BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287 Miércoles 1 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 148313
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
19807 Ley 3/2021, de 10 de noviembre, para impulsar y agilizar la tramitación de 
ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda.
LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea  notorio  a  todos  los  ciudadanos  que  el  Parlamento  de  las  Illes  Balears  ha 
aprobado  y  yo,  en  nombre  del  Rey  y  de  acuerdo  con  lo  que  se  establece  en  el 
artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La situación causada por la crisis económica y social derivada de la pandemia de 
la COVID-19 ha agravado la problemática del acceso a la vivienda en las Illes Balears 
que motivó el desarrollo y la aprobación de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda 
de las Illes Balears. Así, destaca la exposición de motivos de la ley los graves efectos 
que tuvo el estallido de la burbuja inmobiliaria y la necesidad de dotar de nuevas 
herramientas y mecanismos a las administraciones públicas para avanzar en la garantía 
de este derecho esencial a la vivienda.
Con  la  Ley  5/2018  se  incorporó  la  política  pública  de  vivienda  como  elemento 
esencial de la agenda política y se estableció un marco legal adecuado para dar una 
respuesta integral y coherente sobre las actuaciones que es necesario realizar en las 
Illes Balears para atender a la problemática de la vivienda con carácter general, dándose 
también cobertura a otras acciones más coyunturales para dar respuesta a la realidad 
social entonces existente.
El Decreto ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, 
en la exposición de motivos expone el incremento observado en los precios de la 
vivienda y demuestra que las dificultades en el acceso a la vivienda afectan a los 
sectores de población más desfavorecidos, pero también a la clase media, dado que no 
existe un mercado, ni de compra ni de alquiler, asequible. Se concluye que existe una 
escasez generalizada de viviendas a la que no está dando una respuesta adecuada el 
mercado, a la vez que se registra un elevado número de personas inscritas como 
demandantes de vivienda protegida en régimen de alquiler. Se destaca también el 
número de desahucios, de los que algo más de tres cuartas partes correspondían a 
impagos de alquiler, y los restantes a ejecuciones hipotecarias.
Constatada la necesidad de potenciar e incrementar el parque público de vivienda 
protegida,  mediante  el  Decreto  ley  3/2020  se  adoptan  medidas  extraordinarias 
orientadas a dar una respuesta rápida y efectiva para permitir ampliar la oferta de 
viviendas de protección pública en régimen de alquiler social y fomentar la construcción 
de  alojamientos  dotacionales.  Con  este  objetivo  el  decreto  ley  introduce  en  la 
Ley 5/2018, entre otras modificaciones, una serie de medidas legislativas dirigidas a 
incrementar el parque público de viviendas mediante la incorporación de los derechos de  e.e
adquisición  preferente  a  favor  de  la  administración  autonómica  respecto  a  las  b
transmisiones entre grandes tenedores de viviendas y terrenos adquiridos en procesos  807ww
judicSiaelmesa noa esx tdraejsupduicéiasl edse o  adper voibvaiernsed ase ld edseoccreutpoa dleays .mencionado,  la  irrupción  de  la
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actividad económica y las repercusiones en el paro y la pérdida de capacidad adquisitiva
han  originado  un  incremento  de  las  personas  que  se  encuentran  en  situación  de 
vulnerabilidad en materia de vivienda.
En  este  sentido,  la  adopción  de  las  medidas  extraordinarias  vinculadas  a  la 
pandemia y la situación de incertidumbre generada en el ámbito nacional e internacional 
han afectado muy negativamente al sector servicios en general y a la industria turística 
en particular, lo que repercute de forma directa en el conjunto de la economía y el 
mercado laboral. En conclusión, nos encontramos ante una economía que se ha visto 
afectada de forma significativa, un consumo interno que se ha reducido y unos mercados 
turísticos emisores con restricciones y poco dinámicos, lo que ha impactado en el 
mercado laboral y, por lo tanto, en la renta de las familias.
Este escenario imprevisible y repentino ha ocasionado que, en materia de vivienda, 
se hayan destinado más recursos y esfuerzos públicos para conceder con mayor agilidad 
las ayudas para el alquiler, y que se hayan llevado a cabo también convocatorias 
específicas para personas afectadas por la COVID-19. Así, en el marco del contexto 
descrito, la Consejería de Movilidad y Vivienda ha recibido 1.992 solicitudes de ayudas al 
alquiler en la convocatoria especial derivada de la COVID-19, ayudas diferentes de las 
ayudas de alquiler ordinarias convocadas cada año, y que se han destinado a personas 
afectadas negativamente en el ámbito socioeconómico por la COVID-19.
En el Decreto ley autonómico 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas 
sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de 
fomento  de  la  investigación  sanitaria,  ya  se  introdujeron  medidas  de  simplificación 
administrativa  en  la  tramitación  de  las  ayudas  de  alquiler,  que  finalizaban  con  la 
convocatoria de 2020, a efectos de agilizar al máximo el procedimiento de concesión y 
pago.
Dado el incremento más que considerable de solicitudes en los últimos años y el 
aumento que se prevé de manera inminente, se hace imprescindible dar continuidad a 
este  esfuerzo  de  simplificación  administrativa,  ya  iniciado,  de  cara  a  las  próximas 
convocatorias de ayudas en materia de vivienda.
En  cuanto  a  las  ayudas  ordinarias  de  alquiler,  el  número  de  solicitudes  en  el 
año  2020  es  el  mayor  nunca  registrado,  con  8.215,  y  supone  un  incremento  muy 
significativo, de más del 58% respecto de las de 2019, año en que 5.201 personas 
pidieron la ayuda. El año 2018 fueron 4.763 las personas que la solicitaron en la 
convocatoria ordinaria, más 357 en la convocatoria extraordinaria. En este sentido, hay 
que considerar que el número de solicitudes de la ayuda de alquiler de vivienda ha 
pasado de 2.096 en 2015 a 10.187 en 2020, lo que supone que prácticamente se han 
multiplicado por cuatro en solo cinco años. La Consejería de Movilidad y Vivienda ha 
destinado la totalidad de los recursos del Plan Estatal de Vivienda correspondientes 
a 2020 a las ayudas de alquiler, hecho que se repetirá en 2021.
Dada la problemática de vulnerabilidad económica y social derivada de la crisis 
ocasionada por la COVID-19, para el año 2021 se prevé que el número de solicitudes 
respecto a 2020 se vea incrementado notablemente, es decir, habrá un aumento de 
solicitudes por parte de personas que, antes de la crisis de la COVID-19, no cumplían los 
requisitos de estas ayudas, pero que sí se encuentran actualmente en las circunstancias 
económicas y sociales que las convierte en potenciales solicitantes.
Por otro lado, el número de viviendas que ha recibido la ayuda en materia de 
conservación y rehabilitación de viviendas para mejorar la seguridad de utilización, la 
accesibilidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad ha pasado de 172 en 2015 
a 4.722 el año 2018 (se ha pasado de 51 solicitudes en 2015 a 487 en 2018), y se prevé  s
la llegada de fondos destinados a la rehabilitación de viviendas, edificios de viviendas y  oe.
áreas degradadas para su regeneración. w.
Por este motivo, se requiere un régimen especial de concesión de subvenciones en  807ww
smimatpelrifiaic addeo  pvoivsiiebnilidtaan dqou ela  rpeedrumcictaió ne sdtea blolesc pelra zuons  pparroac eqduiem eiesntatos  amyuudchaos  llmegáuse ná gai ll osy 
beneficiarios cuanto antes.
Por otro lado, con relación al depósito de las fianzas de alquiler, se ha detectado un 
problema para conceder las ayudas de alquiler, como es la exigencia de acreditar el 
depósito de la fianza para solicitar, tramitar y conceder las ayudas que se otorguen a 
favor de los arrendatarios. Esta exigencia impide a muchos arrendatarios acceder a las 
ayudas debido al incumplimiento del deber de los arrendadores. Se considera, por lo 
tanto, urgente y necesario eliminar este requisito para poder conceder las ayudas al 
máximo número de personas que cumplen los requisitos, como ya se hizo de forma 
extraordinaria en las convocatorias del año 2020.
En cuanto a los programas de ayudas para el alquiler que gestiona la Consejería de 
Movilidad y Vivienda, estos se dirigen a beneficiarios que ya disponen de un contrato 
vigente de alquiler de una vivienda y las ayudas son para facilitar el pago de las rentas.
La  crisis  económica  y  social  por  la  COVID-19  ha  incrementado,  como  se  ha 
expuesto,  el  número  de  desahucios  y  lanzamientos  iniciados  por  impago  de  los 
alquileres o por ocupación de viviendas. Buena parte de estos procedimientos judiciales 
que  afectan  a  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  económica  se  encuentra 
suspendida actualmente en virtud del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente a la COVID-19, medida extraordinaria vinculada al estado de alarma y 
que, por lo tanto, no tiene una vigencia indefinida. El incremento previsible de solicitudes 
de vivienda que se producirá cuando desaparezca esta suspensión hace imprescindible 
una actuación decidida y urgente de las administraciones públicas para darle respuesta.
Para paliar esta situación, la Consejería de Movilidad y Vivienda impulsa la cesión 
temporal de las viviendas desocupadas que pertenecen a grandes tenedores, a efectos 
de destinarlas a alquiler social, promueve la construcción de viviendas protegidas y 
ejerce el derecho de adquisición preferente previsto en la Ley 5/2018 con el fin de 
incrementar el patrimonio público de la vivienda. Por otro lado, se han firmado convenios 
de colaboración con varias administraciones públicas, mediante los que se han puesto a 
disposición 67 viviendas públicas para que las diferentes administraciones, en el marco 
de  sus  competencias,  puedan  ofrecer  una  alternativa  habitacional  a  los  diferentes 
colectivos vulnerables a los que atienden, y 13 viviendas más para crear una red de 
alojamiento  de  carácter  transitorio  para  poder  dar  cobertura  a  las  necesidades 
temporales de vivienda derivadas de situaciones de emergencia.
Entre 2020 y 2021 el parque de viviendas de gestión pública se incrementará en 
como mínimo 1.118 viviendas, de las que 902 corresponden a nuevas promociones de 
vivienda de protección oficial por parte del IBAVI. Esto supondrá un incremento muy 
significativo del parque de viviendas públicas destinadas a alquiler social, pero a pesar 
de  las  medidas  adoptadas,  la  demanda  de  viviendas  protegidas  en  la  comunidad 
autónoma de las Illes Balears excede en mucho la oferta de vivienda pública.
Por este motivo, y con el fin de ampliar el parque público de vivienda en propiedad o 
en cesión de uso, durante 2020 se han puesto a disposición del IBAVI 3 millones de 
euros destinados al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de viviendas de 
grandes tenedores y 2 millones de euros para afrontar las indemnizaciones que se tienen 
que pagar a los grandes tenedores como compensación para la cesión temporal de 
viviendas desocupadas. Durante 2021 se han incrementado todavía más las partidas 
destinadas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de inmuebles de grandes 
tenedores y, así, el primer trimestre de 2021 se ha transferido al IBAVI la cantidad total 
de 5,4 millones de euros para esta finalidad.
Desde la aprobación del Decreto ley 3/2020 se han recibido notificaciones para  s
ejercer el derecho de tanteo o retracto con relación a la transmisión de 853 inmuebles de  oe.
grandes tenedores, 62 durante 2020 y 791 en 2021. La administración autonómica, a  w.
través del IBAVI, ha acordado durante este tiempo la adquisición de 38 inmuebles de  807ww
egnra tnrádmesit ete.nedores por un valor cercano a 4,2 millones de euros y hay otros expedientes
voluLmae ne xdpee rnieonticfiicaa caidoqnueisri ddae  etrna nlasm trisaimoniteasc iósunj edtea se psotonse  edxep emdaienniftieesst oy  lae l naeucmeseindtaod  ddeel   BOE-A-cable e
mejorar la eficiencia y eficacia de los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas y 
suelo de los grandes tenedores. En este sentido es preciso maximizar las opciones de 
ampliación  del  parque  público  de  vivienda  incorporando  la  posibilidad  de  que  las 
viviendas o el suelo que no compre la administración autonómica puedan ser adquiridos 
por  los  consejos  insulares,  los  ayuntamientos  y  otras  entidades  de  capital 
mayoritariamente público. También hay que mejorar la regulación de estos derechos 
para adaptar los plazos y trámites a la experiencia práctica adquirida. Es necesario 
también aclarar la redacción para resolver las dudas interpretativas planteadas por los 
grandes tenedores durante la aplicación de estos preceptos y facilitar su cumplimiento.
En  cuanto  a  los  expedientes  relativos  a  la  cesión  de  uso  de  las  viviendas 
desocupadas, es también necesaria la mejora de aspectos puntuales de la regulación 
dado que se han presentado problemas prácticos, debido en muchos casos a la falta de 
colaboración de los grandes tenedores propietarios a facilitar la información requerida 
para el Registro de viviendas desocupadas y el acceso a las viviendas por parte del 
personal inspector.
En cuanto a la situación de la vivienda protegida, es necesario dar un impulso 
normativo  que  facilite  su  promoción  pública  y  privada  y,  por  otro  lado,  dotar  a  la 
administración de nuevas herramientas que permitan dar respuesta a situaciones en que 
no se cumpla su función social.
Se requiere también una regulación transitoria para incorporar a la Ley 5/2018 el 
plazo  y  la  forma  en  que  se  tiene  que  efectuar  el  depósito  de  las  fianzas  de 
arrendamiento, como también las exigencias establecidas en la disposición adicional 
tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, modificada 
por el artículo 1.15 del Real decreto ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler, para favorecer la transparencia y facilitar el intercambio de 
información para el ejercicio de las políticas públicas.
En cuanto al régimen sancionador, y para hacer más efectivas las actuaciones 
inspectoras, es preciso también actualizar la capacidad de intervención de la inspección 
y  dotar  al  personal  inspector  de  las  herramientas  adecuadas  para  comprobar  el 
cumplimiento de la normativa, como también modificar la regulación del incumplimiento 
del  deber  de  colaboración.  Así  mismo,  ante  nuevas  conductas  detectadas  de 
incumplimiento  de  la  normativa  en  materia  de  vivienda,  es  necesario  ampliar  los 
supuestos  de  determinados  tipos  infractores  previstos  y  tipificar  también  nuevas 
infracciones,  como  son  las  relativas  al  ejercicio  de  la  actividad  inmobiliaria.  La 
experiencia práctica derivada de los procedimientos sancionadores tramitados hasta 
ahora  ha  evidenciado  la  necesidad  de  mejorar  la  regulación  de  las  sanciones 
complementarias  y  de  las  multas  coercitivas  no  sancionadoras  para  mejorar  su 
efectividad.
Los principios y las herramientas que prevé la Ley 5/2018 son adecuados para las 
finalidades previstas, pero se tienen que complementar con nuevas medidas para hacer 
frente a las necesidades coyunturales descritas.
Finalmente, el artículo 8 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y 
extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la  simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, ha permitido la actividad de la 
construcción durante todo el año 2020, sin las restricciones habituales en verano, debido 
a la pandemia y a los efectos del confinamiento. Dado que su vigencia está a punto de 
acabar y ante la incertidumbre de cuándo se iniciará de forma generalizada la temporada  s
turística, es necesario prorrogar esta medida de forma efectiva durante el mes de mayo y  oe.
la primera quincena de junio de 2021, para mantener la actividad de la construcción  w.
como sector generador de trabajo y dinamizador de la economía. Esta prórroga, además,  807ww
ppúebrmlicitairsá  cmomanot epnrievar deals .ritmo de construcción de las promociones de viviendas, tanto
adopDcaiódna sd ela sla sc omnseiddiedraasc iloengeissl aativnatesr ionreecse, salar iassit,u eanc iófonr mdae sdceri tale yd, epmaaran dpae rlma ituirr gae nlates   BOE-A-cable e
administraciones públicas garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para 
los ciudadanos de las Illes Balears, en especial para las personas en situación de 
vulnerabilidad.
II
Esta ley tiene por objeto establecer un régimen especial de subvenciones en materia 
de vivienda que se aplica, desde su entrada en vigor, a la concesión de ayudas en 
materia de vivienda que lleve a cabo la Administración de la comunidad autónoma, en el 
marco de los planes estatales o autonómicos de vivienda.
Este régimen especial tiene por finalidad agilizar la tramitación de las ayudas en 
materia de vivienda y posibilita una mayor celeridad en el pago con la máxima eficacia y 
eficiencia en la asignación de los recursos públicos, respetando, en todo caso, los 
principios  de  publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  igualdad  y  no 
discriminación. A tal efecto se regula el procedimiento de aprobación y contenido de las 
bases reguladoras y de las convocatorias de ayudas, y se establecen reglas especiales 
de gestión de estas subvenciones, de forma que se permite reducir considerablemente 
su tramitación.
Con esta ley también se aprueban modificaciones puntuales de la Ley 5/2018, de 19 
de junio, de vivienda de las Illes Balears; del Decreto ley 3/2020, de 28 de febrero, de 
medidas urgentes en materia de vivienda; del Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el 
que se regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de 
grandes tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes 
tenedores; y del Decreto 22/1989, de 22 de febrero, regulador de la creación de papel 
fianza, de la obligación de constituir fianzas de arrendamiento y de la inspección de 
estas fianzas.
La  disposición  final  primera  modifica  la  Ley  5/2018  para  introducir,  entre  otras, 
medidas de impulso y agilización de determinados procedimientos y actuaciones en 
materia de vivienda, y también para dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Bilateral 
Administración  General  del  Estado-Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears  con 
relación a las discrepancias suscitadas respecto al Decreto ley 3/2020, de 28 de febrero, 
acuerdo publicado el 8 de abril de 2021.
Respecto a las viviendas protegidas, se establece que en el ámbito de la comunidad 
autónoma  de  las  Illes  Balears  no  son  de  aplicación  las  antiguas  normas  técnicas 
estatales de diseño y calidad específicamente aplicables a las viviendas protegidas, que 
han quedado superadas por otras normativas más recientes; se prohíbe la cesión de uso 
total o parcial de las viviendas protegidas sin autorización; y también se prevé que las 
viviendas  de  protección  oficial  acogidas  a  regímenes  anteriores  al  Real  decreto 
ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección oficial, que no 
están sujetas a ninguna limitación en el precio de venta, tampoco están sujetas a los 
límites máximos de ingresos de la unidad de convivencia que permita el acceso a la 
vivienda  protegida.  Se  incorpora  también  una  nueva  disposición  transitoria  a  la 
Ley 5/2018 para regular los precios máximos de venta y renta y límites máximos de 
ingresos por vivienda protegida. En esta norma se prevé que mientras no se desarrolle 
reglamentariamente la normativa específica autonómica en materia de precios máximos 
de venta y alquiler de las viviendas protegidas, por acuerdo del Consejo de Gobierno se 
podrá aprobar la declaración de nuevos ámbitos territoriales de precio máximo superior, 
o de modificación de los existentes, a propuesta de los ayuntamientos interesados. En  s
materia  de  viviendas  protegidas  se  añaden  finalmente  dos  nuevas  infracciones,  e.
consistentes  en  incumplir  la  obligación  de  inscripción  en  el  Registro  de  viviendas  w.
protegidas en cualquiera de los supuestos del artículo 71.3 de la ley, y subarrendar o  807ww
cedePro er l outsroo  ltaodtaol,  os ep amrcoiadli fdicea nla sd evtieviremnidnaasd opsro atesgpiedcatso ss idne a ulat orreizgauclaiócnió.n de los derechos
rdeeg ualadcqiuóins icdieó nla sp rveivfeiernednates  deesstaobcluepcaiddoass .a favor de la administración así como de la  BOE-A-cable e
En cuanto a la regulación de los derechos de adquisición preferente, se incorporan 
cambios y novedades con relación a todas las transmisiones sujetas a tanteo y retracto y 
se incorporan nuevas infracciones. Se modifica el artículo 26 quater de la Ley 5/2018 en 
cuanto a las transmisiones entre grandes tenedores respecto de viviendas y terrenos 
adquiridos  en  procesos  judiciales  o  extrajudiciales,  para  aclarar  cuestiones 
interpretativas que se han suscitado durante la aplicación de la ley. Como novedad a 
destacar se incorpora la posibilidad de ceder este derecho de adquisición preferente a 
otras administraciones y  empresas de  capital  mayoritariamente público a través de 
convenio.
Por otro lado, aprovechando la experiencia adquirida en la puesta en marcha de 
estas medidas y para resolver los problemas identificados, se han trasladado las normas 
sobre procedimiento a dos nuevos artículos que se incorporan a la ley para regular el 
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, que son los artículos 26 quinquies y 26 
sexies respectivamente, que regulan más detalladamente los trámites que se tienen que 
seguir para el ejercicio de estos derechos. En este sentido se modifica también el 
apartado 4 del artículo 36 de la Ley 5/2018, para adaptar las concordancias.
Con relación a las transmisiones de viviendas protegidas se modifica el artículo 75 
sexies de la Ley 5/2018, para ampliar el plazo para ejercer el derecho de retracto, que 
pasa  a  ser  de  tres  meses,  como  también  para  regular  más  detalladamente  el 
procedimiento para evitar los problemas observados en la práctica.
Se destaca la modificación del régimen sancionador que incluye la ampliación de 
supuestos de infracción. Concretamente, se modifican la letra n) del artículo 87 y la letra 
s) del artículo 88, y también se añaden cuatro nuevos tipos en las letras w), x), y) y z) del 
artículo 88 de la Ley 5/2018.
En cuanto a las viviendas desocupadas se añade al artículo 39 de la Ley 5/2018 la 
obligación de los grandes tenedores de comunicar a quiénes han vendido las viviendas 
desocupadas inscritas, y se reduce el plazo para comunicar los cambios de situación de 
las viviendas inscritas, que pasa de tres meses a un mes para mantener actualizado el 
Registro de viviendas desocupadas. También, para mejorar la calidad de la información 
recogida en el Registro, se incorpora en el artículo 40 de la Ley 5/2018 una nueva 
obligación a los grandes tenedores para que faciliten la documentación que requiera la 
inspección y también permitir el acceso físico a las viviendas desocupadas para realizar 
todas las comprobaciones necesarias.
Se añade una letra, la f), al apartado 1 del artículo 41 de la Ley 5/2018, para 
incorporar de forma expresa la obligación genérica de colaboración de los grandes 
tenedores con la administración.
Se reestructura el artículo 42 para mejorar su calidad y se modifica la referencia a 
que  el  máximo  de  viviendas  reclamables  lo  establece  el  número  de  solicitudes  de 
vivienda no atendidas. Además, se incorpora también aquí la obligación de los grandes 
tenedores de aportar la información que requiera la administración y de facilitar el acceso 
a las viviendas inscritas.
Finalmente,  en  materia  de  régimen  sancionador  con  relación  a  las  viviendas 
desocupadas se modifican las letras ab) y ad) del artículo 87 de la Ley 5/2018, para 
adecuarlas a las nuevas obligaciones de los grandes tenedores.
Otra de las materias reguladas por esta ley es la relativa al depósito de las fianzas de 
los contratos de alquiler. Así, se añade un nuevo párrafo al artículo 59 de la Ley 5/2018, 
para establecer que no es exigible la acreditación del depósito de la fianza para solicitar, 
tramitar  y  conceder  las  ayudas  para  el  alquiler  que  se  otorguen  a  favor  de  los  s
arrendatarios y que sean convocadas por cualquier administración pública de las Illes  oe.
Balears. w.
También se añade una nueva disposición transitoria a la Ley 5/2018 para regular, de  807ww
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de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, para favorecer la 
transparencia y facilitar el intercambio de información para ejercer las políticas públicas. 
Igualmente se prevé que el IBAVI pueda subscribir convenios de colaboración con otras 
entidades públicas o privadas para gestionar y recaudar las fianzas.
Se modifica también el apartado 2 del artículo 90 de la Ley 5/2018, para eliminar el 
límite máximo de la sanción prevista para la infracción grave tipificada en la letra ac) del 
artículo 87, consistente en el impago por parte de los grandes tenedores de los gastos 
de la comunidad a las propiedades sometidas a régimen de propiedad horizontal.
Finalmente,  se  incluyen  otras  modificaciones  del  régimen  sancionador. 
Concretamente se modifica el artículo 82 de la Ley 5/2018 para actualizar la capacidad 
de intervención de la inspección y dotar al personal inspector de las herramientas 
adecuadas para poder llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para comprobar el 
cumplimiento de la normativa. Asimismo, se modifican las infracciones previstas en las 
letras  x)  y  ai)  del  artículo  87  de  la  Ley  5/2018,  por  incumplimiento  del  deber  de 
colaboración y las relativas al anuncio o comercialización de espacios para destinarlos a 
habitáculo de personas sin que estos cumplan las condiciones de habitabilidad. Se 
añaden, también, las letras am), an) y ao) del artículo 87 de la Ley 5/2018 para tipificar 
conductas infractoras en materia de ejercicio de la actividad inmobiliaria, a pesar de que 
su aplicación dependerá de un desarrollo reglamentario posterior, ya iniciado. En último 
lugar, se modifican las sanciones complementarias reguladas en las letras c) y d) del 
artículo 92 de la Ley 5/2018 y las multas coercitivas no sancionadoras del artículo 93 de 
la misma ley.
Como complemento de las medidas legislativas adoptadas en materia de viviendas 
protegidas  y  de  viviendas  desocupadas,  se  acometen  varias  modificaciones  y 
derogaciones de normas reglamentarias que han quedado afectadas por la normativa 
sobrevenida, que podría ser contradictoria. Se modifica también la redacción de la 
composición  del  Jurado  de  Cesión  de  Viviendas  Desocupadas,  para  actualizar  su 
terminología a la normativa vigente. Estas modificaciones y derogaciones de normas 
reglamentarias son necesarias para eliminar las divergencias en la normativa vigente y 
resolver posibles vacíos normativos, para garantizar la máxima eficacia en el ingreso y la 
devolución  de  las  fianzas  ante  una  situación  de  especial  sensibilidad  económica  y 
financiera de los administrados. Los cambios se realizan para mantener únicamente la 
parte que requiere una regulación específica y eliminar todo aquello que ya no es 
necesario sin elevar su rango, dado que, si conviene, cualquier modificación posterior de 
estos preceptos se podrá llevar a cabo mediante una modificación reglamentaria.
La disposición final segunda modifica el artículo 13.5 del Decreto ley 3/2020, de 28 
de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, en cumplimiento del Acuerdo de 
la Comisión Bilateral Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears antes mencionado. También se añade un nuevo apartado a la disposición 
adicional  sexta  del  mismo  decreto  ley  para  prever  que  la  calificación  de  vivienda 
protegida de las viviendas promovidas por cooperativas de vivienda en ejecución de un 
derecho de superficie u otro derecho de aprovechamiento del suelo de titularidad pública, 
se  tiene  que  otorgar  conforme  al  régimen  concertado  previsto  en  las  bases  del 
correspondiente concurso público, siempre que el procedimiento de licitación se haya 
iniciado antes del 6 de marzo de 2020.
La disposición final tercera modifica el artículo 8 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, 
de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes  s
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, a efectos de  oe.
prorrogar hasta el 15 de junio de 2021 las exenciones de las limitaciones temporales  w.
estivales relativas a la temporada turística que estén vigentes en cualquier normativa  807ww
raeuptoanraócmióicna y,  idnesrurliabro so,  qmuuen picoipdarál np aprrao rrtoodgoa r tidpeo  fodrem oab mraost ivdaed ae dloifisc aacyiuónnt,a mmoiedniftiocsa csiió nlo, 
consideran oportuno.
La disposición final cuarta modifica el Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que se 
regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de grandes 
tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes tenedores. 
Concretamente se modifican el artículo 17.1 para aclarar la función del Jurado de Cesión 
de Viviendas Desocupadas, que tiene como papel determinar el precio solo en caso de 
discrepancia, y el artículo 24.1 para adecuar la terminología que se usa para designar a 
los componentes de este órgano en la normativa aplicable. También se establece que el 
secretario tiene voz pero no voto.
La disposición final quinta modifica los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 22/1989, 
de 22 de febrero, regulador de la creación de papel fianza, de la obligación de constituir 
fianzas  de  arrendamiento  y  de  la  inspección  de  estas  fianzas,  para  adaptar  este 
reglamento a la normativa vigente y eliminar las referencias que han quedado obsoletas 
por la normativa sobrevenida, como es el caso del papel fianza.
III
La eliminación del requisito de acreditar el depósito de las fianzas de alquiler para 
acceder a las ayudas servirá para poder conceder las ayudas al máximo número de 
personas que cumplen los requisitos. En materia de fianzas de alquileres, la regulación 
transitoria  del  depósito  de  las  fianzas  favorecerá  la  transparencia  y  facilitará  el 
intercambio de información para ejercer las políticas públicas de vivienda.
Las medidas que se proponen con relación a las viviendas protegidas también son 
adecuadas para coadyuvar a facilitar la promoción pública y privada y a dotar a la 
administración de nuevas herramientas que permitan dar respuesta a situaciones de 
incumplimiento de su función social. En este sentido, queda superada la normativa 
técnica que dificultaba la construcción, se dota a la administración autonómica de las 
herramientas para delimitar o modificar las áreas geográficas a los efectos de aplicar los 
precios máximos de venta y renta y límites máximos de ingresos por vivienda protegida, 
y se adapta el régimen único para las viviendas protegidas de nueva construcción, para 
promover la construcción privada. La modificación de la situación de las viviendas con 
calificación  de  cincuenta  años  acogidas  a  regímenes  anteriores  al  Real  decreto 
ley 31/1978, de 31 de octubre, es adecuada para garantizar que las mismas cumplan la 
función social que se persigue y que también se logra con las medidas establecidas con 
relación a la cesión de uso y las modificaciones del régimen sancionador.
La regulación que se propone con relación a los derechos de adquisición preferente 
establecidos a favor de la administración y el régimen sancionador aplicable permitirá 
mejorar la eficiencia y eficacia de los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas y 
suelo de los grandes tenedores, y maximizar las opciones de ampliar el parque público 
de vivienda. En este sentido, los cambios normativos pretenden hacer más efectiva la 
tramitación  y,  además,  posibilitan  que  las  viviendas  o  el  suelo  que  no  compre  la 
administración  autonómica  puedan  ser  adquiridos  por  los  consejos  insulares,  los 
ayuntamientos y otras entidades de capital mayoritariamente público. Estas medidas, 
junto con las que se proponen en materia de vivienda desocupada, que afectan a los 
grandes  tenedores  de  vivienda,  ayudarán  a  atender  las  solicitudes  de  vivienda  de 
personas en situación de vulnerabilidad.
Los cambios propuestos con relación al régimen sancionador permitirán hacer más 
efectivas las actuaciones inspectoras, en la medida que se refuerzan la capacidad de 
intervención y las herramientas de la inspección; también se modifica la regulación del  s
incumplimiento del deber de colaboración. Asimismo, ante nuevas conductas detectadas  e.
de incumplimiento de la normativa en materia de vivienda, se propone ampliar los  w.
supuestos  de  determinados  tipos  infractores  previstos  y  tipificar  también  nuevas  807ww
imnferajocrcaiso nqeuse,  caoymudoa rsáonn  alal ss errevlaictiiov adse a iln esjpeerccicciioon edse  yla  saacntcivioidnaeds  ian meojebricliearr iala, se ntatrree aost rdaes 
control exigidas por la Ley 5/2018.
En  cuanto  a  la  prórroga  de  la  vigencia  de  determinadas  medidas  de  carácter 
temporal para hacer frente a los efectos del estado de alarma (medidas temporales 
estivales) esta prórroga permitirá mantener el ritmo de construcción de las promociones 
de viviendas, tanto públicas como privadas, a la vez que mantener la actividad de la 
construcción, como sector generador de trabajo y dinamizador de la economía en un 
contexto  como  el  actual,  en  que  la  incertidumbre  de  cuándo  se  iniciará  de  forma 
generalizada la temporada turística hace que sea adecuado mantener esta medida 
temporal hasta medios de junio, fecha en que se prevé el inicio de las actividades 
turísticas.
Finalmente, las modificaciones propuestas para cumplir los acuerdos adoptados por 
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, para resolver las discrepancias suscitadas con relación al 
Decreto ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, 
servirán no solo para dar cumplimiento a aquellos acuerdos sino también para garantizar 
la correcta tramitación de los planes especiales de desarrollo de viviendas de titularidad 
pública para promover viviendas y alojamientos públicos, como también facilitar los 
alquileres sociales que se tienen que ofrecer en aplicación del artículo 26 bis de la Ley 
de la vivienda.
IV
La ley se estructura en tres artículos, una disposición adicional única, una disposición 
derogatoria única y siete disposiciones finales.
Los artículos 1 y 3 regulan el régimen especial de concesión de subvenciones en 
materia de vivienda.
La  disposición  derogatoria  única  deroga  el  apartado  5  del  artículo  90  de  la 
Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Illes Balears; la disposición transitoria 
tercera del Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que se regulan las viviendas 
desocupadas,  el  Registro  de  viviendas  desocupadas  de  grandes  tenedores  y  el 
procedimiento  de  cesión  obligatoria  por  parte  de  los  grandes  tenedores;  el 
Decreto 109/1990, de 13 de diciembre, que regula la inspección y la recaudación de 
fianzas de alquileres y suministros de la comunidad autónoma de las Illes Balears; así 
como los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, y las disposiciones transitorias primera, segunda y 
tercera, y la disposición final primera del Decreto 22/1989, de 22 de febrero, regulador de 
la creación de papel fianza, de la obligación de constituir fianzas de arrendamiento y de 
la inspección de estas fianzas.
Las disposiciones finales primera y segunda modifican respectivamente y de forma 
puntual la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Illes Balears, y el Decreto 
ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda.
La disposición final tercera modifica el artículo 8 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, 
de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears.
La disposición final cuarta modifica el Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que se 
regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de grandes 
tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes tenedores.
La disposición final quinta modifica los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 22/1989, 
de 22 de febrero, regulador de la creación de papel fianza, de la obligación de constituir  s
fianzas de arrendamiento y de la inspección de estas fianzas. e.
Y las disposiciones finales sexta y séptima regulan el desarrollo normativo y la  w.
entrada en vigor de esta ley. 807ww
Artículo 1.  Régimen especial de concesión de subvenciones en materia de vivienda.
1.  Este régimen especial es de aplicación a las líneas y a los procedimientos de
subvenciones que, en el territorio de las Illes Balears, tengan por objeto la concesión de
ayudas en materia de vivienda que lleve a cabo la Administración de la comunidad 
autónoma, en el marco de los planes estatales o autonómicos de vivienda.
2.  El consejero de Movilidad y Vivienda adoptará las medidas necesarias para 
agilizar la tramitación y el pago de las ayudas en materia de vivienda que se convoquen 
en los planes estatales o autonómicos de vivienda, con el fin de conseguir la máxima 
eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos y respetando, en todo 
caso, los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación.
3.  El procedimiento de concesión de las ayudas se tramita por el sistema de 
concurrencia no competitiva. Su concesión se resuelve mediante sucesivas resoluciones 
de  las  ayudas  a  medida  que  se  complete  su  tramitación.  El  consejero  puede  fijar 
mediante una resolución los criterios adicionales necesarios para determinar los importes 
por conceder y las fórmulas de reparto que permitan la concesión de las ayudas al 
máximo número de solicitantes.
4.  En todo caso, las personas que obtengan la ayuda sin cumplir los requisitos para 
ser beneficiarias de la misma reintegrarán en todo o en parte las cuantías percibidas 
indebidamente,  mediante  un  expediente  de  reintegro  de  los  importes  percibidos 
indebidamente, sin perjuicio de las sanciones que le sean de aplicación de acuerdo con 
la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  general  de  subvenciones,  y  del  Decreto 
legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de subvenciones.
Artículo 2.  Aprobación y contenido de las bases reguladoras y de las convocatorias de 
ayudas en materia de vivienda.
1.  Para la aprobación de las bases reguladoras no son de aplicación las previsiones 
del capítulo II del título IV de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes 
Balears, sino únicamente los siguientes trámites: resolución de inicio, información pública 
por un periodo de siete días, informe de los servicios jurídicos y, en su caso, fiscalización 
previa de la Intervención General.
2.  La elaboración, la aprobación y la publicación oficial de las bases reguladoras 
puede incluir la de las correspondientes convocatorias.
3.  Las bases reguladoras y las convocatorias pueden:
a)  Exigir que la participación en el procedimiento de concesión de la subvención, 
como  también  las  actuaciones  de  justificación  y  comprobación,  se  realicen 
preferentemente por vía telemática.
b)  Prescribir,  cuando  proceda,  que  sea  un  órgano  de  carácter  unipersonal  el 
encargado de ejercer las funciones legalmente atribuidas en las comisiones evaluadoras.
c)  Prever la concesión de anticipos de hasta el 100% del importe máximo de la 
subvención,  con  la  autorización  previa  de  la  consejera  de  Hacienda  y  Relaciones 
Exteriores.
d)  Dispensar total o parcialmente la constitución de garantías en función de la 
capacidad económica del futuro beneficiario.
e)  Establecer  el  carácter  subvencionable  de  todos  o  de  parte  de  los  gastos 
efectivamente realizados que respondan al objeto de la subvención y sean necesarios 
para la ejecución de la actividad, aunque la misma no se materialice completamente, 
siempre que quede debidamente acreditado que la falta de ejecución o la ejecución fuera 
de plazo sean consecuencia directa de las medidas adoptadas para afrontar la situación  e
de crisis económica o sanitaria derivada de la COVID-19. bo
f)  Permitir  la  justificación  de  gastos  inferiores  a  3.000  euros  mediante  una  807ww
jdduees ctcilgfaoi)crm aapccPiiróóornenb v afeoccrrui ómalnana  dyl p docoe os enliablt r iloppidler.aorsdyoe ndctaeo   baeomn pelalfi iacaria cmrtiiavo,idt isvaiandd  panemorj eusnicetie o h dloaesy  alapnsl a ppzooosdst ieddroeio  rdeeejses caaucrrctouiólalnac ri oycn odenes    OE-A-2021-19able en https://
normalidad por alguna de las circunstancias mencionadas en la letra e) anterior.
Artículo 3.  Reglas especiales de gestión.
Las bases reguladoras y las convocatorias pueden establecer que la comprobación 
económica se realice mediante un sistema de muestreo de los documentos acreditativos 
de realización y pago de gastos, siempre que se trate de gastos de carácter sucesivo o 
recurrente vinculados a la actividad subvencionada.
Disposición  adicional  única.  Construcción  de  un  nuevo  instituto  de  educación 
secundaria, de una escuela de educación infantil y de un equipamiento deportivo en 
el municipio de Ibiza.
1.  Los terrenos que se grafían en el anexo, quedan automáticamente clasificados 
como  suelo  urbano  y  calificados  como  equipamientos  educativos  y  equipamiento 
deportivo, con los parámetros urbanísticos que constan en el mismo.
2.  Se declaran como inversión de interés autonómico la construcción del nuevo 
instituto de educación secundaria en el municipio de Ibiza, para su posterior conexión 
con el CEIP Can Cantó, la construcción de una escuela de educación infantil de 0 a 3 
años y la construcción de un nuevo equipamiento deportivo para la práctica del fútbol.
3.  La ejecución de las obras de construcción del nuevo instituto de educación 
secundaria, la escuela de educación infantil y del equipamiento deportivo no dependerá 
del desarrollo territorial o urbanístico previo ni de los correspondientes instrumentos de 
gestión.
4.  Para la ejecución inmediata de las obras necesarias de construcción del nuevo 
IES y de la escuela, solo procede la aprobación del proyecto por parte del Consejo de 
Gobierno, con el informe previo del Ayuntamiento de Ibiza; y para la construcción del 
equipamiento deportivo, el Ayuntamiento de Ibiza seguirá la tramitación establecida en la 
normativa urbanística y de régimen local de aplicación.
5.  El  Ayuntamiento  de  Ibiza  incorporará  a  la  revisión  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbana la modificación efectuada sin perjuicio de su efectividad inmediata.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Se derogan todas las normas de rango igual o inferior a esta Ley que la contradigan 
o se opongan a la misma y, en particular, las siguientes:
a)  El apartado 5 del artículo 90 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las 
Illes Balears.
b)  La disposición transitoria tercera del Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que 
se regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de grandes 
tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes tenedores.
c)  Los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11; las disposiciones transitorias primera, segunda 
y tercera, y la disposición final primera del Decreto 22/1989, de 22 de febrero, regulador 
de la creación de papel fianza, de la obligación de constituir fianzas de arrendamiento y 
de la inspección de estas fianzas.
d)  El Decreto 109/1990, de 13 de diciembre, que regula la inspección y recaudación 
de fianzas de alquileres y suministros de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
e)  La orden de 18 de octubre de 2010, por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears.
f)  El Decreto ley 4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y agilizar la tramitación de  e.
ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda. w.b
Displaoss iIcllieósn  Bfinaalel aprrsim. era.  Modificación de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de
1.  Se añade un nuevo apartado, que es el 7, al artículo 13 de la mencionada
Ley 5/2018, que queda redactado en los siguientes términos:
«7.  En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears no son de 
aplicación las normas técnicas de diseño y calidad específicamente aplicables a 
las  viviendas  protegidas  reguladas  por  la  normativa  estatal  en  materia  de 
viviendas de protección oficial y que no tengan carácter de norma básica. En todo 
caso es de aplicación el Código Técnico de la Edificación y el resto de normativa 
básica estatal aplicable a las viviendas.»
2.  Se  modifica  el  artículo  26  bis  de  la  mencionada  Ley  5/2018,  que  queda 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26 bis.  Obligación de oferta de alquiler social respecto a viviendas y 
terrenos objeto de procesos judiciales o extrajudiciales, a cargo de grandes 
tenedores.
1.  Antes de adquirir una vivienda resultante de la consecución de acuerdos 
de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la 
vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda que tenga 
como causa de la venta la imposibilidad por parte del prestatario de devolver el 
préstamo hipotecario, el adquiriente que tenga la condición de gran tenedor de 
vivienda deberá ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si la 
adquisición o la compraventa afecta a personas, unidades familiares o unidades 
de convivencia que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén en 
situación de especial vulnerabilidad. El deber de comprobar estas circunstancias 
recae sobre el adquiriente, que deberá requerir previamente la información a los 
afectados.
2.  Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o 
de ejecución de títulos no judiciales, el demandante debe ofrecer a los afectados 
una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta a personas, unidades 
familiares o unidades de convivencia que no tengan una alternativa propia de 
vivienda  y  que  estén  en  situación  de  especial  vulnerabilidad,  lo  que  debe 
comprobar el demandante, requiriendo previamente la información a los afectados, 
siempre que el demandante tenga la condición de gran tenedor de vivienda. El 
incumplimiento  de  esta  obligación  comporta  la  imposición  de  la  sanción 
administrativa prevista en esta ley pero en ningún caso obstaculizará, impedirá o 
diferirá el acceso directo a la jurisdicción en favor del demandante.
3.  Una vez verificada la situación de especial vulnerabilidad y formulada la 
oferta  de  alquiler  social,  en  los  términos  del  apartado  5,  si  los  afectados  la 
rechazan, el demandante no será sancionado por incumplimiento de la obligación 
de ofrecer un alquiler social si inicia el procedimiento judicial.
4.  La  oferta  obligatoria  de  alquiler  social  a  que  hacen  referencia  los 
apartados 1 y 2 anteriores se comunicará, en un plazo de tres días hábiles desde 
su realización, al organismo competente en materia de vivienda.
5.  A efectos de lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores, para que la 
propuesta pueda ser considerada de alquiler social debe cumplir los siguientes 
requisitos:
a)  Fijar rentas que garanticen que el esfuerzo para el pago del alquiler no 
supera el 30% de los ingresos ponderados de la persona, la unidad familiar o de 
convivencia. s
b)  Ofrecer  preferentemente  la  vivienda  afectada  por  el  procedimiento  o,  oe.
qaqdulueteee er  nssepael et tidrvcaiaisasmpll aovednunogltn eaae,   rduoaentbr aiouli  ndvt aéiivndrimef odnirendm oala e m u pdbueeinrc silacoodispna aas l,de  uenrvnnoiit cdraioaof edsdc  efstaalo mrmcáiia ilsinalemers goo a m tdtéiuevrna mcimcoininepovna itlmveees una nqc iluciaaie p.s» aaitlcu, rasecadilóvitnoe    2021-19807n https://www.
3.  Se modifica el artículo 26 quater de la mencionada Ley 5/2018, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26 quater.  Derechos de adquisición preferente en las transmisiones 
entre  grandes  tenedores  respecto  a  viviendas  y  terrenos  adquiridos  en 
procesos judiciales o extrajudiciales.
1.  La transmisión entre grandes tenedores de las viviendas, finalizadas o no 
finalizadas, y de los terrenos, situados en suelos clasificados como urbanos o 
urbanizables, que hayan sido adquiridos en un proceso de ejecución hipotecaria, 
en  un  proceso  de  ejecución  basada  en  títulos  no  judiciales  o  mediante 
compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria, está sujeta al derecho 
de tanteo y retracto de la Administración de la comunidad autónoma. Este derecho 
de adquisición preferente afecta a la primera y posteriores transmisiones de los 
bienes inmuebles mencionados llevadas a cabo a partir del 6 de marzo de 2020, 
de  forma  que  estas  transmisiones  están  sujetas  a  los  derechos  de  tanteo  y 
retracto previstos en este precepto aunque no sea el gran tenedor transmitente 
quien  haya  adquirido  la  titularidad  del  inmueble  en  el  proceso  judicial  o 
extrajudicial y con independencia de la fecha en que los inmuebles hayan sido 
adquiridos en aquel proceso.
Excepto prueba en contrario, la adquisición mediante compensación o pago de 
deuda con garantía hipotecaria se presume también en los supuestos en que la 
vivienda o el terreno es adquirido por una entidad perteneciente al mismo grupo de 
sociedades del acreedor hipotecario.
A los efectos del derecho de tanteo y retracto previsto en esta ley, también se 
considera transmisión el cambio producido en la sociedad propietaria del inmueble 
como consecuencia de la fusión, transformación o escisión de la sociedad, así 
como la venta de las acciones o participaciones sociales que representen un 
porcentaje superior al 50% de su capital social.
2.  En el caso de transmisiones conjuntas que afecten a varias viviendas o 
terrenos, la administración puede ejercer estos derechos de adquisición preferente 
sobre determinados bienes inmuebles o sobre la totalidad de los mismos.
3.  La Administración de la comunidad autónoma puede subscribir convenios 
u  otros  instrumentos  jurídicos  adecuados  con  los  municipios,  los  consejos 
insulares o las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, a 
efectos de regular el marco jurídico que permitirá realizar cesiones del derecho de 
adquisición  preferente  en  los  supuestos  de  transmisiones  previstas  en  este 
precepto durante la vigencia de este convenio o instrumento jurídico.
Siempre que se haya subscrito un convenio u otro instrumento jurídico, y 
durante su vigencia, las cesionarias podrán ejercer los derechos de tanteo y 
retracto directamente o, en el caso de administraciones públicas, a través de 
cualquier  ente  del  sector  público  instrumental  en  que  hayan  delegado  las 
competencias en materia de vivienda, de conformidad con las condiciones y el 
procedimiento establecidos en el convenio o instrumento jurídico formalizado.
El convenio o instrumento jurídico adecuado incluirá la vigencia temporal de 
los acuerdos, las condiciones relativas al destino de los bienes inmuebles, los 
criterios para su adjudicación y el procedimiento que se tiene que seguir para 
hacer efectivas las cesiones, respetando las normas y los plazos establecidos en 
esta ley. En todo caso, la Administración de la comunidad autónoma de las Illes  e.
Balears  se  reserva  la  preferencia  en  el  ejercicio  de  estos  derechos.  Estos  w.b
convenios o instrumentos se publicarán en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 807ww
prefLeare andtem ainsiusmtraircái óínnt eog eranmtideandte c leossi ognaasrtioas q quuee e gjeernzear elo lsa  dtrearnescmhoissió dne,  aasdíq cuoismicoió enl 
tpraagnosm  diseiól np.recio  y  otros  gastos  derivados,  directa  o  indirectamente,  de  la
Corresponde  a  la  cesionaria  el  ejercicio  del  derecho,  como  también  el 
cumplimiento de los trámites establecidos en esta ley y en los acuerdos vigentes 
subscritos con la administración cedente.
4.  La administración o entidad cesionaria destinará el bien adquirido en el 
ejercicio  del  derecho  de  tanteo  o  de  retracto  previsto  en  este  precepto  a 
proporcionar  viviendas,  alojamientos  dotacionales  o  cualquier  otra  solución 
habitacional. Este bien inmueble puede ser gestionado directamente o mediante 
entidades del tercer sector.
Las posteriores transmisiones de estos inmuebles están sujetas al derecho de 
adquisición preferente de la Administración de la comunidad autónoma, que se 
ejercerá en la forma y siguiendo el procedimiento previsto en este artículo y en los 
artículos 26 quinquies y 26 sexies.
5.  Cuando se ejerzan los derechos de adquisición preferente mediante tanteo 
o retracto, la adquisición de las viviendas o terrenos será siempre por el mismo 
precio y en las mismas condiciones de adquisición comunicadas para el ejercicio 
del tanteo o en que efectivamente se haya producido la transmisión en caso de 
retracto.»
4.  Se  incorporan  dos  nuevos  artículos,  el  26  quinquies  y  el  26  sexies,  a  la 
mencionada Ley 5/2018, con la siguiente redacción:
«Artículo 26 quinquies.  Procedimiento para el ejercicio del derecho de tanteo en 
las transmisiones entre grandes tenedores respecto a viviendas y terrenos 
adquiridos en procesos judiciales o extrajudiciales.
1.  El gran tenedor transmisor del bien inmueble notificará al Instituto Balear 
de la Vivienda (IBAVI) la decisión de transmitir la vivienda o el terreno sujetos a 
derecho de tanteo y retracto previsto en el artículo 26 quater, de acuerdo con el 
artículo anterior. La notificación, firmada por el transmitente, incluirá, como mínimo, 
los datos y la documentación acreditativa siguientes:
a)  Los datos del gran tenedor titular del bien inmueble objeto de transmisión 
y del gran tenedor interesado en la adquisición.
b)  Los datos de identificación del inmueble y, en su caso, de sus anexos, 
incluidos los datos catastrales, así como la valoración justificada sobre su estado 
de conservación. Se aportarán fotografías en las que se puedan apreciar las 
características del inmueble y de su estado de conservación.
c)  La declaración expresa del estado de las cargas, los gravámenes, las 
limitaciones o las deudas que afecten el inmueble, incluidos los gastos de la 
comunidad de propietarios.
d)  La  declaración  expresa  del  estado  de  ocupación  del  inmueble,  con 
indicación del título y de las condiciones de la ocupación, en su caso. Se aportarán 
los documentos contractuales o judiciales acreditativos del estado de ocupación, si 
el inmueble no se encuentra libre de ocupantes.
e)  El precio de la transmisión, con indicación de si están incluidas las cargas, 
si las hay, y la forma de pago prevista.
f)  Cualquier otra condición esencial de la transmisión, como también otra 
información  y  documentación  complementaria  que  sea  necesaria  para  la 
valoración  de  la  situación  física,  jurídica,  urbanística  y  de  ocupación  de  los  s
inmuebles objeto de transmisión. oe.
2.  El derecho de tanteo puede ejercerse en el plazo de dos meses a contar a  807ww
Gpaerntier rdael ld deíl aIn ssitgituuiteon Btea laela dr ed ela l af eVcihvaie nedna q (uIBeA hVaI)y ala  tennoitdifoic aecniótrna ddae  elan  veoll uRnetagdis tdroe 
transmitir con el contenido descrito en los anteriores apartados. Este plazo puede
ser  suspendido  o  ampliado  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.
En  cualquier  caso,  si  la  notificación  del  gran  tenedor  transmisor  está 
incompleta o es defectuosa, se le puede requerir para que la subsane en un plazo 
que no puede ser superior a veinte días. El plazo para el ejercicio del derecho de 
tanteo queda en suspenso por el tiempo que transcurra entre la notificación del 
requerimiento y su cumplimiento efectivo por parte de la persona destinataria, sin 
perjuicio de la aplicación del régimen sancionador que corresponda.
El gran tenedor transmitente está obligado a comunicar cualquier cambio que 
se  produzca  en  la  situación  física,  jurídica,  urbanística  o  de  ocupación  del 
inmueble o cualquier otra circunstancia, respecto a la notificación referida en el 
apartado 1 anterior, que se produzca en el plazo previsto para ejercer el derecho 
de tanteo. En este caso, el plazo de dos meses para ejercer el derecho de tanteo 
vuelve a iniciarse a partir de la fecha en que ha tenido entrada en el Registro 
General  del  IBAVI  la  nueva  comunicación,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  del 
régimen sancionador que corresponda.
3.  Una vez notificada la decisión de transmitir, el gran tenedor titular está 
obligado  a  mostrar  el  inmueble  a  la  administración  o  entidad  cesionaria  del 
derecho cuando la misma se lo solicite. El incumplimiento de este deber en la 
fecha señalada suspende el plazo de ejercicio del derecho de tanteo hasta la 
fecha  del  cumplimiento  efectivo,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  del  régimen 
sancionador que corresponda.
4.  Si se agota el plazo previsto para ejercer el derecho de tanteo y el IBAVI, 
la administración o la entidad cesionaria no ha notificado su voluntad de ejercerlo, 
se entenderá que se renuncia a ejercer el derecho con relación a esta transmisión 
y el gran tenedor titular puede transmitir el inmueble en las mismas condiciones 
que se hayan notificado y de acuerdo con el régimen que le resulte de aplicación.
El IBAVI, la administración o la entidad cesionaria puede comunicar al gran 
tenedor transmitente su renuncia a ejercer el derecho de tanteo antes de que 
finalice el plazo previsto para su ejercicio.
Los efectos liberadores derivados de la notificación de la voluntad de transmitir 
el bien inmueble y del transcurso del plazo de dos meses para el ejercicio del 
derecho de tanteo caducan al cabo de seis meses desde que se haya realizado la 
notificación. Cualquier transmisión que se lleve a cabo una vez transcurrido este 
plazo requiere una nueva notificación y, si no se realiza, el inmueble se entenderá 
transmitido sin notificación a efectos del ejercicio del derecho de retracto.
5.  El derecho de tanteo se ejercerá mediante una notificación al gran tenedor 
transmitente, que recogerá, al menos, el siguiente contenido:
– La identificación de la administración, el ente del sector público o la entidad 
que ejerce el tanteo.
– Las razones que justifican el ejercicio del derecho.
– El plazo para formalizar la escritura de compraventa.
Una vez ejercido el derecho de tanteo, los grandes tenedores titulares de los 
bienes inmuebles sobre los que se ejerce comparecerán ante el notario designado 
por quien ejerce el derecho con objeto de formalizar la escritura de compraventa a 
favor del IBAVI, la administración o la entidad cesionaria del derecho en el día y la 
hora que hayan sido convocados. La formalización del tanteo con el otorgamiento  e
de la correspondiente escritura pública de compraventa se llevará a cabo en el  bo
plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de la notificación relativa  807ww
al ejEelr cgicraion  dtee neesdteo rd terarencshmoi.tente está obligado a comunicar cualquier cambio que
isnem uperobdleu zoc ac ueanlq ulaie r soitturaa ccióirnc ufníssitcaan,c iaju rríedsicpae,c tuor baa nlaís tnicoati ficoa cdióen  orceufepraidcaió ne nd eell 
apartado 1 anterior que se produzca dentro del plazo previsto para la formalización
de la compraventa, una vez ejercido el derecho de tanteo, sin perjuicio de la 
aplicación  del  régimen  sancionador  que  corresponda  y  del  ejercicio  de  las 
correspondientes  acciones  judiciales  por  parte  de  la  administración  o  entidad 
cesionaria.
Artículo 26 sexies.  Procedimiento para el ejercicio del derecho de retracto en las 
transmisiones  entre  grandes  tenedores  respecto  a  viviendas  y  terrenos 
adquiridos en procesos judiciales o extrajudiciales.
1.  Los grandes tenedores adquirientes de los bienes inmuebles sujetos al 
derecho de tanteo y retracto previsto en el artículo 26 quater deben notificar a la 
Consejería de Movilidad y Vivienda la adquisición efectuada en el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente de la misma, mediante una comunicación 
realizada en el Registro General de la Consejería de Movilidad y Vivienda que 
indique las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo anterior y una copia 
del documento en que se haya formalizado.
2.  Se puede ejercer el derecho de retracto en los casos de bienes inmuebles 
que se hayan transmitido infringiendo lo previsto en el artículo anterior o cuando 
se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
a)  Si, habiéndose efectuado las notificaciones de la transmisión legalmente 
exigidas, se ha omitido cualquiera de los requisitos legales.
b)  Si se ha producido la transmisión después de haber caducado los efectos 
liberadores derivados de la notificación de la voluntad de transmitir la vivienda o el 
terreno, o si la transmisión se ha producido antes de que acabe el plazo para 
ejercer el derecho de tanteo.
c)  Si la transmisión se ha realizado en condiciones diferentes de las fijadas 
por la notificación.
3.  Este derecho se ejercerá en el plazo de tres meses a contar a partir del 
día siguiente al de la fecha en que haya tenido entrada en el Registro General de 
la Consejería de Movilidad y Vivienda la notificación de la transmisión realizada 
por el gran tenedor adquirente. Si no se lleva a cabo la notificación, el plazo de 
tres  meses  se  contará  desde  que  la  consejería  tenga  conocimiento  de  la 
transmisión efectuada y de sus condiciones.
4.  El  procedimiento  para  el  ejercicio  del  derecho  de  retracto  se  iniciará 
mediante una resolución del consejero de Movilidad y Vivienda o, en su caso, del 
órgano competente de la cesionaria del derecho, en la que se hará constar la 
existencia de causa bastante para el ejercicio de este derecho.
Se otorgará al gran tenedor interesado un plazo de audiencia de diez días para 
que presente las alegaciones que considere oportunas respecto a las causas que 
motivan el inicio del procedimiento de retracto y para que aporte las facturas y los 
justificantes de pago de los gastos asociados a la transmisión del bien inmueble y 
los relativos a los gastos útiles y necesarios que se hayan realizado sobre el 
inmueble,  así  como  cualquier  otra  documentación  necesaria  para  ejercer 
correctamente el retracto.
El plazo para ejercer el derecho de retracto se puede suspender o ampliar de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  reguladora  del  procedimiento 
administrativo común. s
5.  El gran tenedor titular está obligado a mostrar la vivienda o el terreno a la  oe.
falsaead cnmfhecaicino hinsdatae rsda eocsñiruó aq nluca ceudu maca opnsrludirmesosp ielpeanon tmndode isa eme.fela cp tsliavezo ol,o   pssaionrl aicp ieteejre.j urEcicel iorin  ecdlu emd eplralei mcahipeoln icdtoae c diróeen ter asdcteetol  d rheéabgseitmra  eelnna    2021-19807n https://www.
6.  El derecho de retracto se ejerce mediante una notificación al gran tenedor
adquiriente que recogerá, al menos, el siguiente contenido: Bc
– La identificación de la administración, del ente del sector público o de la 
entidad que ejerce el derecho.
– Las razones que justifican el ejercicio del derecho.
– El detalle de los gastos que se estiman asociados a la transmisión del bien 
inmueble o que se consideran útiles y necesarios.
– El plazo para formalizar la escritura de compraventa.
7.  La formalización de la adquisición corresponde a la Administración de la 
comunidad autónoma, a la administración o al ente al que se haya cedido el 
derecho de retracto. En caso de ejercicio del derecho de retracto por parte de la 
Administración de la comunidad autónoma, el IBAVI formalizará la adquisición del 
bien o bienes inmuebles objeto de retracto, a propuesta del consejero de Movilidad 
y Vivienda.
8.  Una vez ejercido el derecho de retracto, los grandes tenedores titulares de 
los  bienes  inmuebles  sobre  los  que  se  ejerce  comparecerán  ante  el  notario 
designado por el IBAVI, la administración o la entidad cesionaria del derecho de 
retracto, con objeto de formalizar la escritura de compraventa, en el día y la hora 
en  que  hayan  sido  convocados.  La  formalización  del  retracto  con  el 
correspondiente otorgamiento de la escritura pública de compraventa se llevará a 
cabo  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  a  contar  desde  la  recepción  de  la 
notificación relativa al ejercicio de este derecho.»
5.  Se modifica el apartado 4 del artículo 36 de la mencionada Ley 5/2018, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«4.  La transmisión entre grandes tenedores de las viviendas inscritas en el 
Registro de viviendas desocupadas está sujeta al derecho de tanteo y retracto a 
favor  de  la  Administración  de  la  comunidad  autónoma.  Este  derecho  de 
adquisición preferente está vigente mientras las viviendas se mantienen inscritas 
en el Registro de viviendas desocupadas y afecta a la primera y posteriores 
transmisiones de la vivienda. Para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto son 
de aplicación los artículos 26 quater, 26 quinquies y 26 sexies.»
6.  Se modifica el artículo 39 de la mencionada Ley 5/2018, que queda redactado en 
los siguientes términos:
«Artículo 39.  Inscripción en el Registro.
1.  Los grandes tenedores de vivienda tienen la obligación de comunicar a la 
Consejería  de  Movilidad  y  Vivienda  sus  viviendas  desocupadas  para  que  se 
inscriban en el Registro.
2.  En la comunicación de viviendas desocupadas se hará constar, como 
mínimo, su situación; su precio de adquisición o de adjudicación; su superficie útil; 
si es una vivienda libre o con protección pública y, en este caso, si es de régimen 
de venta o de alquiler; el título legal de adquisición y, en su caso, la fecha de la 
ejecución o dación en pago; y la referencia catastral de la vivienda.
3.  Las situaciones de desocupación de viviendas que se produzcan con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta ley se comunicarán a la Consejería de 
Movilidad y Vivienda en el plazo de un mes.
4.  Los grandes tenedores de vivienda tienen la obligación de comunicar a la  e.e
Consejería de Movilidad y Vivienda cualquier cambio con respecto a su situación.  b
En  caso  de  cambio  de  la  titularidad  del  inmueble  se  hará  constar  en  la  807ww
cnoumevuon itcitauclaiór,n a, pcoormtáon dmosínei mlao a, cerel dnitoamcibórne  dyo ceul mneúnmtaelr od edl ec aimdebnioti.ficación fiscal del
gran5d. esL tae ntreadnosrmesis inóon  dinete vrrivuimenpdea sn i dreesinoiccuiap aedl acsó mmepduitaon tdee lc upalalqzuoi edre t ítduolos  eanñtores 
necesario para considerarlas desocupadas a los efectos previstos en esta ley.»
7.  Se modifica el artículo 40 de la mencionada Ley 5/2018, que queda redactado en 
los siguientes términos:
«Artículo 40.  Actuaciones de inspección.
Con el fin de poder hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda a la 
ciudadanía de las Illes Balears, especialmente a las personas que se encuentran 
en situaciones de especial vulnerabilidad, la Consejería de Movilidad y Vivienda 
llevará a cabo todas las actuaciones inspectoras y comprobaciones que sean 
necesarias para determinar si las viviendas efectivamente desocupadas constan 
en el Registro.
A tal efecto, los grandes tenedores de vivienda tienen la obligación de facilitar 
la información o la documentación requerida por la administración y permitir, en 
todo momento, el acceso a las viviendas mencionadas a los agentes inspectores y 
al personal facultativo adscrito a la Consejería de Movilidad y Vivienda.
2.  Esta inscripción en el Registro la efectuará de oficio la administración en 
caso  de  que  se  identifiquen  viviendas  desocupadas  no  inscritas,  con 
independencia de la sanción que pueda corresponder.»
8.  Se  añade  una  letra,  la  f),  al  apartado  1  del  artículo  41  de  la  mencionada 
Ley 5/2018, con la siguiente redacción:
«f)  Los grandes tenedores de vivienda.»
9.  Se modifica el artículo 42 de la mencionada Ley 5/2018, que queda redactado en 
los siguientes términos:
«Artículo 42.  Cesión de viviendas desocupadas de grandes tenedores.
1.  Los  grandes  tenedores  que  dispongan  de  inmuebles  inscritos  en  el 
Registro de viviendas desocupadas cederán su gestión al Instituto Balear de la 
Vivienda (IBAVI), por el plazo mínimo establecido para un alquiler de vivienda 
habitual en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, 
prorrogable  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  siempre  que  se  verifiquen  las 
siguientes circunstancias objetivas:
a)  Cuando exista una necesidad objetiva de vivienda o se den dificultades de 
acceso a la misma por parte de la ciudadanía, anteponiendo el interés público 
general al particular del gran tenedor, hecho que se entenderá acreditado siempre 
que  existan  personas  inscritas  en  el  Registro  público  de  demandantes  de 
viviendas protegidas cuyas peticiones no se puedan atender con el parque de 
vivienda pública disponible.
b)  Cuando  las  medidas  adoptadas  por  las  diferentes  administraciones 
públicas para resolver los problemas de acceso a la vivienda no sean suficientes 
para atender la necesidad objetiva de vivienda, se podrá exigir a los grandes 
tenedores la cesión de viviendas desocupadas.
2.  Se  garantizará  en  todo  caso  una  justa  compensación  a  los  grandes 
tenedores por las viviendas desocupadas que se cedan al IBAVI, que puede ser 
superior a la renta de alquiler que pague el arrendatario de la vivienda. Esta 
compensación se calculará de acuerdo con la legislación estatal en materia de  s
expropiación forzosa. o
scdeoe n pvs3uit.vie tiudeyEene dlr  aenescúl  lmalpímmeroriatoteer   gdsmiued  áacsxseoi msliqicóouint eud  adenlel o IsBn  súiAnemVs Iceh.rraiotya asdn ee  npv iovedile idRnode agasits etdnreods eporúc budlpuicaroad nadtsee   sdeoel bmúrelati nmladosa  naqtñueoes    2021-19807n https://www.
4.  La  cesión  de  viviendas  desocupadas  queda  limitada  por  las
disponibilidades presupuestarias del IBAVI.
5.  Se determinará reglamentariamente el procedimiento para reclamar esta 
cesión de viviendas desocupadas de acuerdo con las mencionadas condiciones, 
que podrá definir el modelo de contrato y el resto de las condiciones aplicables a 
la cesión.
6.  Los  grandes  tenedores  de  vivienda  tienen  la  obligación  de  facilitar  la 
información o documentación requerida por la administración y permitir, en todo 
momento,  el  acceso  a  las  viviendas  inscritas  en  el  Registro  de  viviendas 
desocupadas a los agentes inspectores y al personal facultativo adscrito a la 
Consejería de Movilidad y Vivienda.»
10.  Se añade un nuevo párrafo al artículo 59 de la mencionada Ley 5/2018, con la 
siguiente redacción:
«No es exigible la acreditación del depósito de la fianza para solicitar, tramitar 
y conceder las ayudas para el alquiler que se otorguen a favor de los arrendatarios 
y que sean convocadas por cualquier administración pública de las Illes Balears. 
Esto no exime de la obligación de los arrendadores de depositar las fianzas de 
contratos de alquiler de vivienda, cuyo incumplimiento constituye una infracción 
administrativa tipificada en esta ley.»
11.  Se añade un nuevo artículo 65 bis a la mencionada Ley 5/2018, con la siguiente 
redacción:
«Artículo 65 bis.  Prohibición de subarriendo o cesión de uso.
Las viviendas protegidas no pueden ser objeto de subarrendamiento ni de 
cesión de uso total o parcial sin autorización de la administración competente.»
12.  Se modifica el artículo 75 sexies de la mencionada Ley 5/2018, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 75 sexies.  Ejercicio del derecho de retracto.
1.  La Administración de la comunidad autónoma puede ejercer el derecho de 
retracto  en  los  casos  de  viviendas  protegidas  y  suelos  reservados  para  su 
construcción transmitidos infringiendo los instrumentos de control establecidos en 
el artículo 75 quater o en cualquiera de los siguientes casos:
a)  Si, habiéndose efectuado las notificaciones de la transmisión legalmente 
exigidas, se ha omitido cualquiera de los requisitos legales.
b)  Si la transmisión se ha producido antes de que venza el plazo para ejercer 
el derecho de tanteo.
c)  Si la transmisión se ha realizado en condiciones diferentes de las fijadas 
por la notificación.
2.  El derecho de retracto se ejerce en el plazo de tres meses a contar desde 
que la Consejería de Movilidad y Vivienda tiene conocimiento de la transmisión 
efectuada y de sus condiciones.
3.  El  procedimiento  para  el  ejercicio  del  derecho  de  retracto  se  inicia 
mediante una resolución del consejero de Movilidad y Vivienda en la que se hará 
constar la existencia de causa bastante para el ejercicio de este derecho. e.e
Se  otorgará  al  interesado  un  plazo  de  audiencia  de  diez  días  para  que  b
presente las alegaciones que considere oportunas respecto a las causas que  807ww
jmusottiifvicaant iveal si nyi clioos  djuesl tipfircoacnetdeism dieen tpoa gdoe  dree trloasc tog ays topsa raas oqcuiaed aops oart ela  latrsa nfsamctiusrióans 
sdoebl rinem lau evbivliee nyd laas o r etelarrteivnaos,  aa sloí sc ogmasot ocsu aúltqilueise ry  onterac edsoacruiomse qnutaec sióen h naeycaens raeraiali zpaadrao 
el correcto ejercicio del retracto.
El plazo para ejercer el derecho de retracto se puede suspender o ampliar de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  reguladora  del  procedimiento 
administrativo común.
4.  El titular está obligado a mostrar la vivienda o el terreno a la administración 
cuando la misma se lo solicite. El incumplimiento de este deber en la fecha 
señalada suspende el plazo de ejercicio del derecho de retracto hasta la fecha de 
su cumplimiento efectivo, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador 
que corresponda.
5.  El derecho de retracto se ejerce mediante una notificación al adquirente, 
que recogerá, al menos, el siguiente contenido:
– La identificación de quien ejerce el derecho.
– Las razones que justifican el ejercicio del derecho.
– El detalle de los gastos que se estiman asociados a la transmisión del bien 
inmueble o que se consideran útiles y necesarios.
– El plazo para formalizar la escritura de compraventa.
6.  La formalización de la adquisición corresponde al IBAVI, a propuesta del 
consejero de Movilidad y Vivienda.
7.  Una  vez  ejercido  el  derecho  de  retracto,  los  titulares  de  los  bienes 
inmuebles sobre los que se ejerce comparecerán ante el notario designado por el 
IBAVI, con objeto de formalizar la escritura de compraventa, en el día y la hora en 
que hayan sido convocados. La formalización del retracto con el otorgamiento de 
la correspondiente escritura pública de compraventa se llevará a cabo en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la recepción de la notificación relativa al 
ejercicio de este derecho.»
13.  Se añaden tres nuevos apartados, que son el 3, el 4 y el 5, al artículo 82 de la 
mencionada Ley 5/2018, que quedan redactados en los siguientes términos:
«3.  El personal inspector puede actuar sin comunicar de forma previa que se 
llevan a cabo actuaciones inspectoras ni identificarse previamente como agente 
inspector.
4.  En  el  ámbito  de  sus  funciones,  cuando  sea  necesario  para  aclarar 
conductas presuntamente infractoras, puede actuar bajo una identidad encubierta.
5.  En el ámbito de sus funciones y cuando sea necesario para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas a la normativa de vivienda, los 
inspectores pueden requerir la identificación de las personas.»
14.  Se añaden dos nuevos apartados, que son el 3 y el 4, al artículo 83 de la 
Ley 5/2018 mencionada, que quedan redactados en los términos siguientes:
«3.  El requerimiento de identificación, realizado en el ejercicio legítimo de las 
funciones de inspección, es de obligado cumplimiento tanto por las personas 
físicas  como  por  las  jurídicas,  y  se  realizará  mostrando  la  documentación 
identificativa solicitada e informando a la persona interesada de forma inmediata y 
comprensible de las razones de la solicitud de identificación.
4.  Los  inspectores  de  vivienda  pueden  requerir  la  colaboración  de  las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea necesario para el desarrollo de las 
funciones  que  tienen  asignadas,  especialmente  en  caso  de  negativa  a  es
identificarse, obstrucción a su trabajo, agresión o amenaza.» o
15.  Se añade la letra o) al artículo 86 de la Ley 5/2018 mencionada, que queda  807ww
redactada en los términos siguientes:
cuan«too)  a Clao msuitnuiaccairó na  dleo sl agsr avnivdieesn dtaesn eqduoere cso ndset avniv iiennsdcrait ocsu aelnq ueiel r Rceagmisbtrioo  edne 
viviendas desocupadas fuera del plazo recogido en las disposiciones legales o 
reglamentarias.»
16.  Se modifican las letras n), x), ab), ad) y ai) del artículo 87 de la mencionada 
Ley 5/2018, que quedan redactadas en los siguientes términos:
«n)  Incumplir la obligación de notificación a la administración de la voluntad 
de transmitir la vivienda, los anexos o los suelos no edificados con calificación 
urbanística para viviendas protegidas o destino asimilable, sujetos a los derechos 
de tanteo y retracto, incluidos los supuestos de ejecución hipotecaria, dación en 
pago o procesos de ejecución basados en títulos de ejecución no judiciales; o 
realizar cualquiera de las acciones previstas en el apartado 1 del artículo 75 sexies 
de esta ley; o incumplir el deber de comunicar o notificar a la administración 
cualquier acto de disposición de viviendas protegidas; o no comparecer al acto de 
formalización de la transmisión a favor de la administración en el supuesto de que 
la  misma  ejerza  el  derecho  de  tanteo  o  retracto  sobre  inmuebles  sujetos  a 
protección pública, cuando no constituya una infracción muy grave.»
«x)  Incumplir el deber de colaborar y suministrar datos o de facilitar las 
funciones de información, vigilancia o inspección de la administración competente, 
siempre que no se califique de infracción muy grave.»
«ab)  Incumplir los grandes tenedores de vivienda la obligación de comunicar 
las viviendas desocupadas de que dispongan en el plazo establecido, así como la 
comunicación  de  información  incorrecta  o  duplicada,  o  no  adjuntar  la 
documentación exigida por la normativa para la comunicación de las viviendas 
desocupadas.»
«ad)  Incumplir los grandes tenedores de vivienda la obligación de comunicar 
a la Consejería de Movilidad y Vivienda cualquier cambio en cuanto a la situación 
de las viviendas que constan inscritas en el Registro de viviendas desocupadas, 
así como la comunicación de información incorrecta o duplicada, o no adjuntar la 
documentación exigida por la normativa para comunicar los cambios de situación 
de las viviendas inscritas.»
«ai)  Anunciar o comercializar en régimen de alquiler, venta o cualquier otro 
régimen de disposición, espacios para destinarlos a habitáculo de personas sin 
que los mismos cumplan las condiciones de habitabilidad.»
17.  Se añaden las letras aj), ak), al), am), an) y ao) al artículo 87 de la mencionada 
Ley 5/2018, con la siguiente redacción:
«aj)  Incumplir  la  obligación  de  inscripción  en  el  Registro  de  viviendas 
protegidas en cualquiera de los supuestos del artículo 71.3 de esta ley.
ak)  Subarrendar o ceder el uso total o parcial de las viviendas protegidas sin 
autorización.
al)  Incumplir  total  o  parcialmente  las  obligaciones  o  los  requisitos 
establecidos para ejercer la actividad de los agentes inmobiliarios.
am)  Falsear,  omitir  o  alterar  los  aspectos  sustanciales  incluidos  en  la 
declaración responsable de cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos 
para el ejercicio de la actividad de los agentes inmobiliarios.
an)  Incumplir  la  obligación  por  parte  de  los  agentes  inmobiliarios  de 
subscribir  la  nota  de  encargo  entre  los  profesionales  y  los  usuarios  de  los 
servicios, de acuerdo con los requisitos establecidos reglamentariamente. e.
ao)  Realizar  la  actividad  de  agente  inmobiliario  sin  haber  presentado  la  w.
correspondiente  declaración  responsable  de  cumplimiento  de  los  requisitos  807ww
iandmmoibniilsiatrraiotisv.o»s  exigidos  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de  los  agentes
18.  Se modifica la letra s) del artículo 88 de la mencionada Ley 5/2018, que queda 
redactada en los siguientes términos:
«s)  Incumplir  el  gran  tenedor  de  la  vivienda  o  terreno  la  obligación  de 
notificación a la administración de su voluntad de transmitir un bien inmueble 
sujeto a los derechos de tanteo y retracto que regula el artículo 26 quinquies, o 
realizar cualquiera de las acciones previstas en el apartado 2 del artículo 26 sexies 
de esta ley.»
19.  Se añaden las letras w), x), y) y z) al artículo 88 de la mencionada Ley 5/2018, 
con la siguiente redacción:
«w)  Incumplir  el  gran  tenedor  adquiriente  de  la  vivienda  o  terreno  la 
obligación de notificación a la administración de la adquisición de un bien inmueble 
sujeto a los derechos de tanteo y retracto establecidos en el artículo 26 sexies de 
esta ley.
x)  Incumplir  el  gran  tenedor  la  obligación  de  facilitar  la  información  o 
documentación  requerida  por  la  administración,  con  relación  a  las  viviendas 
inscritas en el Registro de viviendas desocupadas o susceptibles de estarlo; no 
permitir a los agentes inspectores o al personal facultativo de la Consejería de 
Movilidad y Vivienda el acceso a estas viviendas; o llevar a cabo cualquier acción 
que impida u obstaculice la actividad inspectora.
y)  Incumplir el gran tenedor el deber de colaboración en el ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto a favor de la administración o entidad cesionaria del 
derecho de adquisición preferente, negando el acceso a la vivienda, no facilitando 
la  información  o  documentación  requerida  por  la  administración  o  entidad 
cesionaria, o realizando cualquier acción que impida u obstaculice el ejercicio de 
estos derechos. Se considerará también obstaculización no comparecer al acto de 
formalización de la transmisión a favor de la administración o entidad cesionaria 
del derecho de adquisición preferente en el caso de ejercer el derecho de tanteo o 
retracto.
z)  No  comunicar  los  cambios  producidos  en  la  situación  física,  jurídica, 
urbanística y de ocupación de los inmuebles objeto de transmisión que tengan 
lugar con posterioridad a la comunicación de la intención de transmitir, en los 
supuestos del artículo 26 quinquies de esta ley.»
20.  Se modifica el apartado 2 del artículo 90 de la mencionada Ley 5/2018, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Las infracciones tipificadas en la letra i) del artículo 86 y en la letra aa) 
del artículo 87, ambos de esta ley, cuando se refieran a contratos de alquiler de 
vivienda y de suministros y servicios complementarios, serán sancionadas con las 
siguientes multas:
a)  En el caso de la infracción leve prevista en la letra i) del citado artículo 86, 
el importe de la sanción no podrá superar el 35% del importe de la fianza o de sus 
actualizaciones, con el máximo de 3.000 euros.
b)  En cuanto a la infracción grave establecida en la letra aa) del citado 
artículo 87, el importe de la sanción se fijará a partir del 100% hasta el 200% del 
importe de las fianzas o las actualizaciones no depositadas, con un máximo  es
de 9.000 euros. o
El régimen sancionador aplicable a estas infracciones cuando estén referidas a  807ww
ccoonmtora ttoasm dbeié anr rae nldoasm aierrnetnod daem fieinnctaoss  udreb ainnadsu sptariraa  ou snoe dgiofecrioe,n tceu daenld doe  imvivpileiqnudean, 
arrendamientos de local o de vivienda, es el que fija el apartado 1 anterior.»
21.  Se añade un nuevo apartado, que será el 5, al artículo 90 de la mencionada 
Ley 5/2018, que queda redactado en los siguientes términos:
«5.  La infracción recogida en el artículo 86.o) será sancionada con multa 
de 1.500 a 3.000 euros.»
22.  Se modifican las letras c) y d) del artículo 92 de la mencionada Ley 5/2018, que 
quedan redactadas en los siguientes términos:
«c)  Reponer la situación alterada por la infracción cometida al estado anterior 
en los términos concretos y los plazos que indique la resolución sancionadora.
Esta resolución puede autorizar el mantenimiento de la vigencia del contrato 
de  arrendamiento  para  una  renta  en  ningún  caso  superior  al  precio  máximo 
establecido  para  las  viviendas  protegidas  equivalentes,  cuando  la  persona 
arrendataria o algún miembro de la unidad de convivencia se encuentre en alguna 
de  las  situaciones  de  especial  vulnerabilidad  en  materia  de  vivienda.  Esta 
resolución  en  ningún  caso  supone  una  autorización  para  posteriores 
arrendamientos o cesiones de uso.
d)  Devolver  el  sobreprecio  o  la  prima  y,  en  general,  las  cantidades 
indebidamente percibidas a la persona que las haya entregado, siempre que estas 
cantidades hayan sido entregadas de buena fe a la persona infractora.»
23.  Se modifica el artículo 93 de la mencionada Ley 5/2018, que queda redactado 
en los siguientes términos:
«Artículo 93.  Multas coercitivas no sancionadoras.
1.  La  administración  competente  puede  imponer,  de  forma  reiterada  y 
consecutiva, multas coercitivas no sancionadoras cuando hayan transcurrido los 
plazos establecidos en la resolución del procedimiento sancionador para llevar a 
cabo la acción requerida. En cualquier caso, el plazo es suficiente para cumplir la 
obligación y se pueden imponer hasta un máximo de doce multas coercitivas 
sucesivas.  En  el  caso  de  ejecución  de  obras,  la  periodicidad  mínima  de  las 
sanciones sucesivas es de un mes.
2.  En el caso de ejecución de obras, la cuantía de cada una de estas multas 
coercitivas  no  puede  superar  el  50%  del  coste  de  ejecución  o  contenido 
económico  de  la  acción  que  se  haya  dejado  de  llevar  a  cabo.  En  los  otros 
supuestos, el importe indicado no puede superar el 50% de la multa sancionadora 
establecida por el tipo de infracción cometida.»
24.  Se añade una nueva disposición adicional a la mencionada Ley 5/2018, que es 
la decimoctava, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimoctava.  Viviendas acogidas a regímenes anteriores 
al Real decreto ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de 
protección oficial.
Las viviendas de protección oficial acogidas a regímenes anteriores al Real 
decreto ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección 
oficial, que no están sujetas a ninguna limitación en el precio de venta, tampoco 
están sujetas a los límites máximos de ingresos de la unidad de convivencia que  e.
permita el acceso a la vivienda protegida.» w.
25.  Se  añaden  cuatro  nuevas  disposiciones  transitorias  a  la  mencionada 
Ley 5/2018, que son la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, con la siguiente redacción:
«Disposición  transitoria  tercera.  Precios  máximos  de  venta  y  renta  y  límites 
máximos de ingresos por vivienda protegida.
1.  Mientras  no  se  desarrolle  reglamentariamente  la  normativa  específica 
autonómica en materia de precios máximos de venta y renta en función de la 
superficie útil total de la vivienda protegida, y en materia de límites máximos de 
ingresos  de  la  unidad  de  convivencia  que  permita  el  acceso  a  la  vivienda 
protegida, son aplicables los precios máximos de venta y renta y los límites 
máximos de ingresos familiares establecidos en el Real decreto 2066/2008, de 12 
de  diciembre,  por  el  que  se  regula  el  Plan  Estatal  de  Vivienda  y 
Rehabilitación 2009-2012.
2.  Mientras  no  se  desarrolle  reglamentariamente  la  normativa  específica 
autonómica en materia de precios máximos de venta y alquiler de las viviendas 
protegidas, por acuerdo del Consejo de Gobierno se puede aprobar la declaración 
de nuevos ámbitos territoriales de precio máximo superior, o de modificación de 
los existentes, a propuesta de los ayuntamientos interesados.
A la propuesta de los ayuntamientos se adjuntará un informe justificativo no 
vinculante,  que  tendrá  en  consideración  la  capacidad  económica  de  los 
demandantes de vivienda en el municipio y su esfuerzo económico para acceder a 
la vivienda, como también las circunstancias sociales y de mercado que justifiquen 
la declaración o modificación del ámbito territorial.
La declaración de los nuevos ámbitos territoriales o la modificación de los 
existentes se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposición transitoria cuarta.  Depósito de fianzas de arrendamiento.
1.  Mientras no se desarrolle reglamentariamente el artículo 56 de esta ley, las 
fianzas se depositarán, en el plazo de treinta días desde que se firme el contrato 
de alquiler, mediante ingreso directo o mediante concierto, al IBAVI.
Para formalizar el depósito de las fianzas los arrendadores aportarán los 
siguientes datos:
a)  Los  datos  identificativos  de  las  partes  arrendadora  y  arrendataria, 
incluyendo los domicilios a efectos de notificaciones.
b)  Los datos identificativos de la finca, incluyendo la dirección postal, el año 
de construcción y, en su caso, el año y el tipo de reforma, la superficie construida 
de uso privativo por usos, la referencia catastral y la calificación energética.
c)  Las  características  del  contrato  de  arrendamiento,  incluyendo  la  renta 
anual, el plazo temporal establecido, el sistema de actualización, el importe de la 
fianza y, en su caso, las garantías adicionales, el tipo de acuerdo para el pago de 
los suministros básicos y si se alquila amueblada.
2.  Una vez extinguido el contrato, la devolución de la fianza depositada se 
realizará en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la solicitud del 
depositante.
3.  El IBAVI puede subscribir convenios de colaboración con otras entidades 
públicas o privadas para la gestión y recaudación de las fianzas. e.
Disposición transitoria quinta.  Registro público de demandantes de viviendas  807ww
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demandantes de viviendas protegidas de la comunidad autónoma de las Illes
Balears previsto en el artículo 70 de esta ley, son aplicables las siguientes normas 
que sustituyen la Orden del consejero de Vivienda y Obras Públicas de 18 de 
octubre de 2010, por la cual se regulan la organización y el funcionamiento de este 
registro:
1.  El  Registro  público  de  demandantes  de  viviendas  protegidas  de  la 
comunidad autónoma de las Illes Balears tiene la naturaleza jurídica prevista en el 
artículo  70.3  de  esta  ley,  depende  de  la  Dirección  General  de  Vivienda  y 
Arquitectura de la Consejería de Movilidad y Vivienda y es gestionado por el 
Instituto Balear de la Vivienda con las finalidades siguientes:
– Registrar a las personas físicas o unidades de convivencia demandantes de 
vivienda  protegida  que  reúnen  los  requisitos  previstos  en  la  normativa  para 
acceder a las viviendas protegidas.
– Facilitar la gestión y el control en la adjudicación de viviendas protegidas, 
garantizar  los  principios  de  igualdad,  publicidad  y  concurrencia,  y  eliminar 
cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones.
– Proporcionar datos con fines estadísticos y cualesquiera otros que requiera 
el  desarrollo,  cumplimiento  y  control  de  la  actividad  administrativa  o  el 
funcionamiento interno de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura o del 
Instituto Balear de la Vivienda.
– Proporcionar la información actualizada sobre la demanda real de viviendas 
protegidas en las Illes Balears, el régimen de acceso a la vivienda requerida y su 
distribución geográfica, lo cual permitirá a las diferentes administraciones públicas, 
así como a las empresas promotoras de vivienda, adecuar sus programaciones 
públicas de viviendas protegidas a la demanda existente.
2.  Para  poder  ser  adjudicatario  de  una  vivienda  protegida,  es  requisito 
imprescindible estar inscrito en el Registro público de demandantes de viviendas 
protegidas de la comunidad autónoma de las Illes Balears en la modalidad de 
demanda correspondiente antes del inicio del procedimiento de adjudicación de 
que se trate.
A tal efecto, para participar con garantía de igualdad, publicidad y concurrencia 
en los procedimientos de adjudicación de las viviendas protegidas, en cualquier 
régimen y tanto si son viviendas públicas como privadas y en primeras o en 
posteriores transmisiones, las personas físicas o unidades de convivencia que 
quieran optar a una vivienda protegida, en régimen de compra, arrendamiento o 
arrendamiento con opción de compra u otras modalidades que pueda prever la 
normativa aplicable, se tienen que inscribir en el Registro público de demandantes 
de viviendas protegidas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Esta  inscripción  en  el  Registro  otorgará  la  condición  de  demandante  de 
vivienda y su habilitación para poder participar en los sucesivos procedimientos de 
adjudicación del IBAVI o de promotores privados, pero no da lugar a ningún otro 
derecho ni supone la adjudicación automática de ninguna vivienda. Los requisitos 
necesarios para la adjudicación de una vivienda se tendrán que cumplir hasta el 
momento de la adjudicación.
3.  Se pueden inscribir en el Registro público de demandantes de viviendas 
protegidas de la comunidad autónoma de las Illes Balears las personas físicas 
individuales y las unidades de convivencia. A los efectos de esta disposición se  s
considerarán unidad de convivencia aquellos grupos de personas físicas que viven  oe.
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Para poder estar inscrito en el Registro público de demandantes de viviendas
protegidas de la comunidad autónoma de las Illes Balears se tienen que cumplir
los  requisitos  que  establece  la  normativa  de  viviendas  protegidas  para  las 
personas adjudicatarias de viviendas protegidas que esté vigente en el momento 
de  la  inscripción,  según  la  modalidad  de  solicitud  por  la  cual  se  opte.  Los 
requisitos exigidos para ser inscrito en el Registro público de demandantes de 
viviendas protegidas de la comunidad autónoma de las Illes Balears se tienen que 
cumplir  efectivamente  en  el  momento  de  la  presentación  de  la  declaración 
responsable para proceder a la inscripción y mantenerse durante toda la vigencia 
de la inscripción.
Una  misma  persona  no  puede  formar  parte  de  dos  o  más  unidades  de 
convivencia  al  mismo  tiempo,  ni  aparecer  al  mismo  tiempo  en  más  de  una 
inscripción en el Registro público de demandantes de viviendas protegidas de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, con excepción de los hijos o las hijas de 
progenitores no convivientes.
4.  Las personas o unidades de convivencia interesadas en inscribirse en el 
Registro de público de demandantes de viviendas protegidas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears tendrán que presentar una declaración responsable 
de conformidad con el modelo disponible en las dependencias de la Consejería de 
Movilidad y Vivienda y del Instituto Balear de la Vivienda así como en su página 
web, debidamente rellenada y firmada por todas las personas con capacidad 
jurídica que tienen que constar en la inscripción. En caso de ser unidades de 
convivencia,  la  declaración  responsable  tendrá  que  ir  firmada  por  todos  sus 
componentes con capacidad jurídica.
Las personas o unidades de convivencia interesadas tienen que indicar en la 
declaración responsable el municipio donde solicitan vivienda de conformidad con 
el formulario establecido al efecto y, junto con la declaración responsable firmada, 
las personas o unidades de convivencia interesadas tienen que aportar toda la 
documentación que conste detallada en los modelos de declaración responsable 
disponibles. No serán admitidas las declaraciones responsables que no vayan 
acompañadas de la documentación exigida en cada caso.
5.  La declaración responsable junto con la documentación exigida se podrá 
presentar en cualquier momento y preferentemente por vía telemática mediante la 
web de la Dirección General de Vivienda o del IBAVI, o presencialmente en 
cualquier de las oficinas de Registro de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears o bien mediante cualquier de los medios establecidos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, y las disposiciones que la desarrollan.
6.  La  presentación  de  la  declaración  responsable  subscrita  por  los 
interesados  implica,  respecto  a  las  personas  físicas  firmantes,  incluidas  las 
integrantes de la unidad de convivencia, las siguientes consecuencias:
– La manifestación, bajo su responsabilidad, de que cumplen los requisitos 
establecidos en la normativa  vigente para ser adjudicatarias de una vivienda 
protegida, que disponen de la documentación que así lo acredita, que la pondrán a 
disposición de la administración cuando les sea requerida, y que se comprometen 
a mantener el cumplimiento de las obligaciones anteriores durante el periodo de 
tiempo en que consten inscritas como demandantes de vivienda protegida.
– La autorización expresa a la Consejería de Movilidad y Vivienda y al Instituto 
Balear de la Vivienda para que obtengan de otras administraciones la información 
de carácter registral, catastral, tributario, económico, laboral patrimonial y cualquier  e.
otra que sea pertinente para comprobar que cumplen los requisitos de inscripción,  w.b
así  como  para  contrastar  los  datos  declarados  y  las  comunicaciones  de  807ww
modificación o actualización de datos.
a losS idne pmearjnudicaion tedse  qlou eq ufieg uersetna belenc eeln R loesg isatproa,r tsaed oast eanndtreárnio rae sla,  lloesg idslaatcoisó nre vfeigreidnotes 
sobre protección de datos de carácter personal.
7.  La  declaración  responsable  junto  con  toda  la  documentación  exigida 
supondrá  la  inscripción  en  el  Registro  desde  el  día  de  su  presentación,  sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan 
atribuidas  la  Consejería  de  Movilidad  y  Vivienda  y  el  Instituto  Balear  de  la 
Vivienda.
8.  El Instituto Balear de la Vivienda o la Consejería de Movilidad y Vivienda 
podrán requerir en cualquier momento a la persona o unidad de convivencia que 
aporte  la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
mencionados y la complementaria que considere necesaria para comprobar las 
circunstancias alegadas, y los interesados la deben aportar.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore en la declaración responsable, o la no presentación 
ante la administración competente de la documentación que, en su caso, sea 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo que se ha declarado, determina la 
imposibilidad de continuar como demandante de vivienda protegida en el Registro 
desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan.
9.  Las  personas  inscritas  en  el  Registro  están  obligadas  a  comunicar 
cualquier  modificación  de  los  datos  aportados  anteriormente  y  a  tenerlas 
actualizadas en todo momento.
Con el objeto de mantener actualizada la lista de demandantes, la Consejería 
de Movilidad y Vivienda o el Instituto Balear de la Vivienda podrán, de oficio, 
solicitar a las administraciones correspondientes los datos pertinentes, en cada 
caso, referidas a las personas solicitantes y a los miembros de la unidad de 
convivencia.
Se procederá a la cancelación de la inscripción cuando de los nuevos datos 
aportados o comprobados por la administración resulte que cualquier integrante de 
la solicitud o unidad de convivencia no cumple con los requisitos establecidos para 
el acceso, o bien se compruebe que los datos son falsos.
10.  La inscripción en el Registro tendrá una duración de dos años desde la 
fecha de presentación de la declaración responsable. Al haber transcurrido tres 
meses  a  partir  del  vencimiento  del  plazo  mencionado  sin  que  la  persona 
interesada haya solicitado renovar su inscripción mediante la presentación de una 
nueva declaración responsable, la administración, de oficio, procederá a la baja 
automática de la inscripción, sin necesidad de dictar ninguna resolución al efecto. 
En  caso  de  actualización  o  modificación  de  los  datos  aportados  por  los 
demandantes inscritos, el plazo de vigencia se prorrogará por dos años más 
desde la fecha en que se produzca la mencionada modificación.
11.  Los demandantes inscritos en el Registro podrán solicitar la baja en 
cualquier momento. En caso de unidades de convivencia, la solicitud de baja la 
deberán firmar todas las personas mayores de edad que la forman. En su defecto, 
se  cancelará  la  inscripción  únicamente  de  quien  lo  solicite,  conservando  la 
vigencia de la inscripción a todos los efectos para las restantes personas inscritas 
mayores de edad.
La baja en el Registro se producirá de oficio por los motivos siguientes:
a)  Cuando  la  persona  demandante  haya  resultado  adjudicataria  de  una 
vivienda en el régimen de ocupación solicitado.
b)  Cuando la persona demandante no cumpla los requisitos establecidos en  e.
la normativa estatal y autonómica de acceso de los ciudadanos a las viviendas  w.b
protegidas. 807ww
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admdin) istCraucaiónnd.o la administración constate que hay datos falsos en la declaración
responsable presentada para la inscripción en el Registro.
e)  Cuando se renuncie a una vivienda protegida gestionada por el IBAVI sin 
causa razonable justificada. Se consideran causas razonables justificadas, a los 
efectos previstos en este apartado, las siguientes:
1.  Cuando  la  vivienda  adjudicada  no  se  corresponda  con  los  datos  que 
constan en la inscripción en el Registro de demandantes.
2.  Cuando la persona demandante adjudicataria únicamente haya optado al 
régimen de compraventa y esta no se pueda llevar a cabo por no haber obtenido 
crédito de una entidad financiera.
12.  Los datos incluidos al Registro público de demandantes de viviendas 
protegidas de la comunidad autónoma de las Illes Balears serán los aportados por 
los  mismos  interesados  y  por  las  administraciones  públicas,  instituciones  y 
organismos  con  carácter  oficial  y  serán  incorporados  y  tratados  en  el 
correspondiente fichero de datos de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.
Los datos del fichero, con carácter general, y en especial los relativos a las 
circunstancias personales, consideradas especialmente protegidas, únicamente 
podrán ser tratados en el ámbito restringido de inscripción en el Registro y de los 
procesos correspondientes de adjudicación de las viviendas protegidas por parte 
del  Gobierno  de  las  Illes  Balears,  el  Instituto  Balear  de  la  Vivienda  y  otras 
administraciones públicas que tengan competencias idénticas o que traten sobre 
las mismas materias; así como de las sociedades promotoras y empresas públicas 
encargadas de la construcción de las viviendas protegidas únicamente para la 
adjudicación de estos y de terceros que acrediten un interés legítimo y directo 
respecto a los datos no íntimos, y todo para el cumplimiento exclusivo de las 
finalidades indicadas en esta disposición. En todo caso, la utilización de los datos 
del Registro público de demandantes de viviendas protegidas tendrá lugar de 
acuerdo con lo que se establece en esta disposición y en la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal.
En  el  momento  de  la  presentación  de  la  declaración  responsable,  los 
demandantes deberán autorizar expresamente la cesión de datos de carácter 
identificativo a los promotores y a las empresas privadas con viviendas protegidas 
con el único fin del cumplimiento exclusivo de las finalidades que establece esta 
disposición. Esta cesión de datos se realizará previa solicitud por parte de la 
entidad privada interesada a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
Cualquier publicación no podrá contener más datos que los generales de tipo 
identificativo que resulten necesarios al fin que la justifique y en ningún caso datos 
personales que afecten a la intimidad personal o familiar de los demandantes.
Disposición transitoria sexta.  Inscripciones preexistentes.
Los demandantes de viviendas inscritas al Registro público de demandantes 
de viviendas protegidas regulado por la Orden de 18 de octubre de 2010, por la 
cual  se  regula  la  organización  y  el  funcionamiento  del  Registro  público  de 
demandantes de viviendas protegidas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, disponen del plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley 
para aportar las declaraciones responsables y la documentación anexa previstas 
en la disposición transitoria quinta a efectos de mantener su inscripción. s
Transcurrido este plazo sin haber presentado la declaración responsable con  oe.
dalaou ctdouEommncáu etmeniclte aanmcctaióaesncnoi tó eend xl aeiag  ininqdesuaxce ar ei,p nscle aió e npal  rdepemnlsa eieznnloi stR etrde aeglca iis óstndreo,ei s.cd laemr aeocsfiieócsino  ,p rrepesrvopicsoetnods,e arsbáel e a m judanantrto e dncedo rnáb  aljlaaa    2021-19807n https://www.
antigüedad de la inscripción, pero resultará aplicable el régimen previsto en la
disposición transitoria quinta.» Bc
Disposición  final  segunda.  Modificación  del  Decreto  ley  3/2020,  28  de  febrero,  de 
medidas urgentes en materia de vivienda.
1.  Se modifica el apartado 5 del artículo 13 del mencionado Decreto ley 3/2020, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«5.  Asimismo, los planes dispondrán, como mínimo, del desarrollo de los 
estudios justificativos y complementarios necesarios, de los planos de información 
y de ordenación que correspondan, y de las normas y los catálogos que procedan. 
Se incluirá un estudio de evaluación de la movilidad generada que, en su caso, 
definirá las medidas que se deberán adoptar respecto a los grandes centros 
generadores de movilidad que se prevean, e incorporarán el estudio ambiental 
estratégico  según  lo  establecido  en  la  legislación  ambiental.  En  su  caso,  se 
incluirá también un avance de la equidistribución.»
2.  Se añade un nuevo apartado a la disposición adicional sexta del mencionado 
Decreto ley 3/2020, con la siguiente redacción:
«La  calificación  de  vivienda  protegida  de  las  viviendas  promovidas  por 
cooperativas de vivienda en ejecución de un derecho de superficie u otro derecho 
de aprovechamiento del suelo de titularidad pública, se otorgará conforme al 
régimen concertado previsto en las bases del correspondiente concurso público, 
siempre que el procedimiento de licitación se haya iniciado antes del 6 de marzo 
de 2020.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas 
urgentes  y  extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
Se modifica el artículo 8 de la mencionada Ley 2/2020, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«Durante  2020  y  hasta  el  15  de  junio  de  2021  todo  tipo  de  obras  de 
edificación, modificación, reparación y derribos estarán exentas de las limitaciones 
temporales estivales relativas a la temporada turística que estén vigentes en 
cualquier normativa autonómica, insular o municipal. Los ayuntamientos pueden 
prorrogar de  forma motivada  esta  exención, en  función de las circunstancias 
concurrentes, sin necesidad de modificar la normativa municipal.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que 
se regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de 
grandes tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes 
tenedores.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 17 del mencionado Decreto 36/2019, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Se garantizará, en todo caso, una compensación justa a los grandes 
tenedores por las viviendas desocupadas que se cedan al IBAVI, que fijará, en 
caso de discrepancias respecto al justiprecio de la cesión, el Jurado de Cesión de  e.e
Viviendas Desocupadas, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica que  b
sea de aplicación.» 807ww
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 24 del mencionado Decreto 36/2019, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«1.  El consejero de Movilidad y Vivienda realizará, con audiencia previa a los 
colegios oficiales de abogados, de arquitectos y de aparejadores, de arquitectos 
técnicos  y  de  ingenieros  de  edificación  de  las  Illes  Balears,  una  propuesta 
motivada al Consejo de Gobierno del nombramiento de los miembros del Jurado 
de Cesión de Viviendas Desocupadas. Integran el Jurado los siguientes miembros:
a)  Un presidente o presidenta: una persona titulada en derecho, arquitectura, 
arquitectura técnica o aparejador o aparejadora, de reconocido prestigio y con más 
de diez años de experiencia profesional acreditada en el sector público o privado o 
en el ejercicio libre de la profesión.
b)  Vocales:
i.  Un abogado o abogada de la Dirección de la Abogacía de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears.
ii.  Dos técnicos facultativos superiores al servicio de la Administración de la 
comunidad  autónoma,  expertos  acreditados  en  materia  de  valoraciones 
inmobiliarias, que serán los ponentes.
iii.  Un  o  una  profesional  libre  colegiado,  con  experiencia  acreditada  en 
materia de valoraciones inmobiliarias, miembro del Colegio Oficial de Arquitectos, 
o de alguno de los colegios oficiales de aparejadores, arquitectos técnicos e 
ingenieros de edificación de Mallorca, Menorca o Ibiza y Formentera.
c)  Un  secretario  o  secretaria:  actuará  como  secretario  o  secretaria  un 
funcionario  o  funcionaria,  titulado  en  derecho,  adscrito  a  la  Consejería  de 
Movilidad y Vivienda, designado por su titular, con voz pero sin voto.»
3.  Las modificaciones que contienen los apartados anteriores de esta disposición 
final pueden ser alteradas mediante un decreto del Consejo de Gobierno.
Disposición final quinta.  Modificación del Decreto 22/1989, de 22 de febrero, regulador 
de  la  creación  de  papel  fianza,  de  la  obligación  de  constituir  fianzas  de 
arrendamiento y de la inspección de estas fianzas.
1.  Se modifica el artículo 5 del Decreto 22/1989 mencionado, que queda redactado 
en los términos siguientes:
«En los casos de empresas suministradoras de fluido eléctrico, agua, gas u 
otros de análogos, cualquiera que sea el número de sus abonados e importancia 
de los núcleos de población donde radiquen sus distintos centros, el depósito de la 
fianza se podrá realizar mediante la imposición directa, ante el ente al que la 
comunidad autónoma haya atribuido o atribuya la gestión del 90% del volumen 
total de las fianzas que tenga en su poder y las que sucesivamente se constituyan, 
reservándose la empresa el 10% restante para la devolución de las fianzas que 
aisladamente le sean exigidas y para liquidar las responsabilidades a que aquellas 
estén afectas.
Pueden también acogerse a este régimen concertado los propietarios de fincas 
urbanas cuyas fianzas supongan un volumen superior a 3.000,00 euros, que  s
impondrán directamente el 90% del valor global de las fianzas de cada finca,  e.
especificando claramente a cuál corresponde y reservándose el 10% restante para  w.
atender las posibles devoluciones o liquidaciones. 807ww
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liquidación anual.»
2.  Se  modifica  el  artículo  6  del  mencionado  Decreto  22/1989,  que  quedará 
redactado en los siguientes términos:
«Para que esta modalidad pueda ser utilizada, es preciso solicitarlo al IBAVI o 
al ente que tenga atribuida su gestión mediante una instancia acompañada de la 
documentación que acredite los requisitos mencionados y de una declaración en 
la que expresamente se autorice para realizar cuantas comprobaciones estime 
convenientes respecto a la cuantía y el número de fianzas constituidas.
El IBAVI o el organismo al que se haya atribuido o se atribuya su gestión 
puede conceder o denegar libremente la petición, en atención a la garantía que la 
empresa  y  los  particulares  ofrezcan  y  a  las  condiciones  particulares  que 
concurran.
En todo caso, la solicitud es obligatoria para las empresas que tengan un 
volumen de fianzas superior a 60.000,00 euros.»
3.  Se modifica el artículo 7 del mencionado Decreto 22/1989, que queda redactado 
en los siguientes términos:
«Durante el mes de enero de cada año natural, las empresas y los particulares 
que se encuentren acogidos al régimen de concierto formularán ante el IBAVI o el 
organismo o ente al que se haya atribuido o se atribuya su gestión, un estado 
demostrativo de las fianzas constituidas durante el año anterior, de las devueltas y 
del saldo, acompañado de las relaciones nominales de unas y de otras.
Si el saldo resultante representara un exceso de las fianzas constituidas sobre 
las devueltas, se realizará el ingreso del 90% correspondiente. En caso contrario, 
se hará entrega del importe.»
4.  Se  modifica  el  artículo  8  del  mencionado  Decreto  22/1989,  que  quedará 
redactado en los siguientes términos:
«El saldo de las cuentas del depósito de la fianza tiene que alcanzar como 
mínimo el 20% de las cuentas que reflejen las fianzas depositadas.
El importe del saldo no dispuesto será destinado por el ente competente a la 
devolución de las fianzas vencidas y a los saldos negativos de los conciertos.»
5.  Las modificaciones que contienen los apartados anteriores de esta disposición 
final pueden ser alteradas mediante un decreto del Consejo de Gobierno.
Disposición final sexta.  Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de las Illes Balears para que dicte todas las 
disposiciones reglamentarias que sean necesarias para desarrollar esta ley, y también al 
consejero de Movilidad y Vivienda para que dicte las órdenes de desarrollo que prevé.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Esta ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y 
las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar. es
Palma, 10 de noviembre de 2021.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias. w.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 157, de 13 de noviembre de 2021)
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
61 
Núm. 287 Miércoles 1 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 148344
 
AANnEeXxOo 
 
(Publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears número 157, de 13 de noviembre de 
2021)