BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 217 Miércoles 12 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 68442
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
9553 Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los  artículos  65  y  67  del  Estatuto  prevén  que  las  leyes  de  Cataluña  son 
promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad. De 
acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente Ley.
PREÁMBULO
I
El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 fijó como competencia exclusiva de la 
Administración de la Generalidad la ordenación del territorio y del litoral y el urbanismo 
(art. 9.9) y como competencia ejecutiva el salvamento marítimo y los vertidos industriales 
y contaminantes a las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral catalán 
(art. 11.10). De acuerdo con ello, y mediante el Real decreto 3301/1981, de 18 de 
diciembre, sobre transferencia de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña en 
materia de ordenación del litoral, se operó una primera transferencia de servicios con 
relación a la elaboración y aprobación de planes de ordenación de las zonas del litoral y 
la autorización de las obras e instalaciones de vertido al mar.
Con la aprobación de la Ley del Estado 22/1988, de 28 de julio, de costas, y la 
posterior Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio, la Administración 
de la Generalidad dispuso de la competencia para autorizar los usos permitidos en la 
zona  de  servidumbre  de  protección  en  el  litoral  de  Cataluña,  previsión  que  fue 
desarrollada mediante el Decreto 55/1992, de 10 de febrero, por el que se atribuyen 
competencias al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas en la zona de 
servidumbre de protección de la Ley de costas.
Actualmente, el Estatuto de autonomía de Cataluña reconoce como uno de sus 
principios rectores la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. En este 
sentido, su artículo 46 establece la obligación de los poderes públicos de velar por la 
protección del medio ambiente mediante la adopción de políticas públicas basadas en el 
desarrollo sostenible y que aseguren, entre otros aspectos, la defensa del litoral.
En cuanto a las competencias, el artículo 149.3 del Estatuto de autonomía establece 
que, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio 
público, corresponde a la Administración de la Generalidad la competencia exclusiva, 
que incluye en todo caso: a) El establecimiento y la regulación de los planes territoriales 
de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento 
de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes; b) La gestión de los títulos 
de  ocupación  y  uso  del  dominio  público  marítimo  terrestre,  especialmente  el 
otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras 
fijas  en  el  mar,  respetando  las  excepciones  que  puedan  establecerse  por  motivos 
medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición; c) La regulación y la  e.
gestión del régimen económico financiero del dominio público marítimo terrestre en los  w.b
términos previstos por la legislación general, y d) La ejecución de obras y actuaciones en  53ww
deel ll itoErsatla tcuattoa,l ácno rcrueasnpdoon dneon  sae alna  dAed mintineirsétsra gceiónne rdael.  Alas imGiesnmeora, lsideagdú nla e le ajerctíuccuilóon 1 4y9 .l4a 
egsetsatbiólenc dideo  lapso ro eblr aarst ídcuel oin 1te4r8é.s P goer noetrraa l psaitrutea,d eals E esnta etul tolit oreraclo cnaotcaelá, ne,n  dseu  aacrtuíceurdloo  8c4o.n2 .nlo, 
que los gobiernos locales de Cataluña tienen en todo caso competencias propias sobre
la regulación, la gestión y la vigilancia de las actividades y los usos que se llevan a cabo 
en las playas.
Mediante  el  Real  decreto  1404/2007,  de  29  de  octubre,  se  traspasaron  a  la 
Administración de la Generalidad las funciones y los servicios en materia de ordenación 
y gestión del litoral (autorizaciones e instalaciones marítimas). Este último traspaso fue 
ampliado mediante el Real decreto 1387/2008, de 1 de agosto, que traspasaba a la 
Administración de la Generalidad, entre otras funciones, la gestión de las concesiones 
demaniales y la gestión y el otorgamiento de autorizaciones en zonas de servidumbre de 
tránsito y de acceso al mar.
Asimismo, cabe destacar que, de acuerdo con los artículos 149.1, 149.5 y 144 del 
Estatuto de autonomía, la Administración de la Generalidad dispone de competencias 
exclusivas en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y de competencias 
compartidas en materia de medio ambiente, las cuales pueden proyectarse también 
sobre el ámbito costero.
II
La Administración de la Generalidad, a lo largo de los más de treinta años de 
ejercicio de esta competencia exclusiva, ha elaborado planes y programas de protección 
del litoral para garantizar su desarrollo urbanístico sostenible, entre los que destacan los 
planes directores urbanísticos del sistema costero aprobados en los años 2005 y 2006 
con el fin de proteger el suelo de los espacios costeros que no habían sufrido un proceso 
de transformación urbanística y preservarlos de cualquier transformación y desarrollo 
urbano, además de otros documentos con incidencia sobre el litoral catalán que se 
encuentran  en  tramitación,  como  el  Plan  director  urbanístico  de  las  actividades  de 
camping,  que  tiene  por  objeto  establecer  los  criterios  para  ordenar  las  nuevas 
implantaciones de actividad turística, o el Plan director urbanístico de revisión de los 
suelos no sostenibles del litoral gerundense, que tiene por objeto desclasificar los suelos 
que  no  son  sostenibles  y  establecer  las  directrices  para  que  los  planeamientos 
municipales  puedan  revisar  las  previsiones  de  otros  sectores  con  deficiencias 
importantes  de  modelo  o  de  ubicación  que  los  hacen  no  sostenibles  por  razones 
económicas, sociales o ambientales.
Ahora bien, la ordenación del litoral catalán hasta hoy día se ha articulado de una 
manera muy segmentada a partir de una distribución competencial compleja, en la que 
concurren las competencias de las tres administraciones territoriales, amparada también 
en diversos títulos competenciales que van desde el medio ambiente hasta la ordenación 
del territorio y el urbanismo, pasando por la ordenación del litoral y la propia titularidad 
estatal del dominio público marítimo-terrestre.
La actual concepción del litoral, segmentado en función de un mapa competencial 
complejo, contradice el espíritu y el texto de la Recomendación del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las 
zonas costeras en Europa (2002/413/CE), y el Protocolo relativo a la gestión integrada 
de las zonas costeras del Mediterráneo, adoptado en el marco del Convenio para la 
protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (Convenio de 
Barcelona), que promueven justamente la adopción de un planeamiento estratégico 
basado en la gestión integrada, con el apoyo y la participación de todas las instancias 
administrativas competentes a escala estatal, regional y local.
Por otra parte, la situación de emergencia climática declarada por el Gobierno de la  s
Generalidad el 14 de mayo de 2019 obliga a priorizar, en las políticas públicas, las  e.
opciones  con  menor  impacto  climático  y  mayor  contribución  a  la  adaptación  a  las  w.
condiciones derivadas del cambio climático, así como a adoptar las medidas necesarias  53ww
epcaoras isdteetmenaesr. la preocupante pérdida de biodiversidad y promover la recuperación de
adveErls olitso rdael,l  yc asminbgiuol acrmlimeánttiec os, ucso pmlaoy apso,n eso dne u nm aensipfiaecsitoo  melu yT esrecenrs ibinlefo ram leo ss oebferect oesl   BOE-A-cable e
cambio climático en Cataluña (2016), que reconoce que en el año 2060 las playas de 
Cataluña tendrán unos ciento cuarenta kilómetros de costa muy vulnerables a los efectos 
de los temporales –en comparación con los sesenta y un kilómetros en 2016– y que 
cerca  del  setenta  por  ciento  de  la  costa  será  vulnerable  o  muy  vulnerable  a  la 
inundación. Estos datos evidencian la contradicción entre la tendencia regresiva de la 
extensión de playas y el aumento constante de su oferta turística por falta de políticas 
reguladoras.
Ante esta realidad, es necesario y urgente desarrollar nuevos instrumentos para 
hacer  frente  a  los  retos  climáticos,  ya  que  el  beneficio  que  pueden  tener  estos 
instrumentos se reduce a medida que el cambio climático avanza.
Para hacer frente a esta problemática se aprueba la presente ley, que nace con el 
objetivo de desarrollar la competencia exclusiva de la Administración de la Generalidad 
en materia de ordenación del litoral, mediante la articulación de un modelo de gestión 
integrada del espacio costero catalán, con la Administración de la Generalidad como 
Administración  de  referencia  y  un  mayor  protagonismo  de  los  ayuntamientos.  Este 
modelo debe permitir abordar la alta vulnerabilidad de este espacio, con un tratamiento 
individual de cada playa o tramo costero que asegure sus funciones ambientales y 
establezca sus medidas de protección, y al mismo tiempo debe garantizar la aplicación 
de las estrategias supramunicipales más idóneas para cada realidad, tal como reclama el 
mencionado Tercer informe sobre el cambio climático en Cataluña.
Asimismo, en el marco de los requerimientos de la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de 
accesibilidad,  la  ordenación  del  litoral  debe  afrontar  las  carencias  en  materia  de 
accesibilidad  que  siguen  persistiendo  en  muchos  espacios  y  debe  prever  medidas 
suficientes para permitir que todo el mundo disfrute de ellos en igualdad de condiciones.
Finalmente, la presente ley debe dar cumplimiento a la Ley 16/2017, de 1 de agosto, 
del cambio climático, dados los valores biológicos, geológicos y de la biosfera del litoral 
catalán, y debe ser un agente activo no solo de preservación, sino de lucha contra el 
cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad y promover la recuperación de los 
ecosistemas.
III
La presente ley se estructura en ocho títulos, diez disposiciones adicionales, cinco 
disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales.
El título I establece el objeto, el ámbito de aplicación y las finalidades de la Ley, 
mediante las que se transponen al ordenamiento catalán los objetivos del Protocolo 
relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo.
El título II regula los instrumentos de ordenación y gestión del litoral, articulados 
mediante el Plan de protección y ordenación del litoral y los planes de uso del litoral y de 
las  playas.  La  Ley  define  el  Plan  de  protección  y  ordenación  del  litoral  como  el 
instrumento básico de ordenación y gestión integrada del ámbito terrestre y marino del 
litoral  catalán,  y  configura  los  planes  de  uso  del  litoral  y  de  las  playas  como  un 
instrumento  para  ordenar,  en  el  ámbito  municipal,  los  servicios  de  temporada  y 
determinadas actividades que se planifique situar a lo largo del año en el dominio público 
marítimo-terrestre y en los terrenos de titularidad pública que incluya situados en su zona 
de servidumbre de protección.
Entre las prescripciones normativas del Plan de protección y ordenación del litoral 
destacan las que permitirán la clasificación y la categorización de tramos de playas y la  s
determinación de los umbrales de su capacidad de carga, la definición de los límites  e.
máximos de ocupación, y el establecimiento de normas, directrices o recomendaciones  w.
para  el  uso  de  estos  espacios  en  términos  de  seguridad.  Estas  medidas  deben  53ww
mgaarracnot izleagra ul nqau em úenjoicra cmlaesnitfeic adcisiótinn gyu ere egnutlraec piólany daes  ular bdainvearss yid palda ydaes  pnlaatyuarsa leys s, uppeerora qr uuen, 
en cambio, admite la compatibilidad de usos en todas ellas.
El Plan también prevé la incorporación de medidas de adaptación de la costa a los 
efectos  del  cambio  climático.  Gracias  a  su  naturaleza  jurídica  como  plan  director 
urbanístico,  el  Plan  garantiza  la  efectividad  de  sus  prescripciones  gracias  a  la 
ejecutividad  inmediata  de  sus  determinaciones  en  las  diferentes  escalas  de 
planeamiento. Dichas previsiones también se extienden a los terrenos colindantes con el 
dominio  público  marítimo-terrestre  y,  en  este  sentido,  el  Plan  debe  garantizar  la 
preservación  y  la  recuperación  de  los  paisajes  costeros  con  la  regulación  de  las 
fachadas costeras y la preservación de unidades visuales y puntos de interés territorial.
Esta nueva planificación, junto con los planes de uso del litoral y de las playas, debe 
garantizar, por primera vez, una planificación integral del conjunto del litoral catalán, de 
sus usos y ocupaciones, y superar la limitación física y temporal de la regulación vigente 
en el momento de la aprobación de la presente ley, que solo tiene en cuenta las playas 
durante los meses de temporada.
El  título  III  regula  el  régimen  de  intervención  administrativa  en  las  zonas  de 
servidumbre.  Cabe  destacar  el  establecimiento  de  un  régimen  de  declaración 
responsable ante los ayuntamientos para determinadas obras y usos que no impliquen el 
incremento de la superficie ocupada ni de la volumetría existente, ni un cambio del uso 
autorizado,  una  medida  que  simplifica  mucho  la  tramitación  administrativa  de  los 
expedientes de obras y usos, a la vez que garantiza su adecuación a la normativa 
urbanística y costera.
El título IV tiene por objeto establecer el régimen de utilización del dominio público 
marítimo-terrestre.  En  el  primero  de  los  capítulos  se  establecen  los  criterios  de 
clasificación  de  los  tramos  de  playas  y  su  régimen  de  ocupación,  que  el  Plan  de 
protección  y  ordenación  del  litoral  deberá  terminar  de  determinar,  garantizando,  en 
cualquiera de los casos, la definición de una categoría de tramos de playas de especial 
protección incompatibles con la presencia de instalaciones y servicios, que permita 
proteger los tramos de playas de mayor valor ambiental.
El capítulo segundo regula las autorizaciones, y, entre las novedades, destaca el 
hecho de que los ayuntamientos pasan a ser competentes para el otorgamiento de las 
autorizaciones que se hayan previsto en sus planes de uso del litoral y de las playas y 
que se extienden más allá del período de la temporada. La descentralización de estas 
autorizaciones permite acercar la ciudadanía a la toma de decisiones y supone una 
reducción de plazos para su otorgamiento.
El  Plan  de  protección  y  ordenación  del  litoral  debe  fijar  los  criterios  para  el 
otorgamiento de autorizaciones y concesiones, y debe determinar, asimismo, los criterios 
de gradación de los plazos máximos de otorgamiento y prórroga de las concesiones. La 
definición de estos criterios mejora la transparencia administrativa y la seguridad jurídica 
de los diferentes operadores.
El título V regula el régimen económico financiero del dominio público marítimo-
terrestre. Como aspecto más relevante, se prevé la creación de un nuevo canon a favor 
de la Administración de la Generalidad para la explotación de actividades que requieran 
una concesión. Los ingresos derivados de la liquidación de este canon están destinados 
a la mejora, la conservación, la recuperación y la restauración del dominio público 
marítimo-terrestre del litoral de Cataluña.
El título VI tiene por objeto articular los instrumentos de participación pública de la 
Ley. Con respecto a estos instrumentos, destaca la creación del Consejo Rector del Plan 
de Protección y Ordenación del Litoral y los consejos rectores de los planes de uso del 
litoral y de las playas, que, en el marco de los planes y los instrumentos que establece la  s
presente ley, ejercen las funciones de participación, consulta y tutela de la gestión,  oe.
velando  por  el  cumplimiento  de  la  normativa  reguladora.  Los  consejos  tienen  w.
representantes  de  las  administraciones  públicas  competentes  y  de  asociaciones  y  53ww
osirngearngiizaasc eionnteres  lare ipnriceisaetinvtaa tpivúabsli cdae y  ilnat eprreivsaedsa e.conómicos y sociales para favorecer las
ayunEtla mtítiuelnot oVs,I I ceosntcarbeletac el oesl  ónrugeavnoo sm  caorcmop ectoemntpeest eennci aml aetnetrriea  ldae  Gpernoeteraclcidióand  dye  lolas   BOE-A-cable e
legalidad y crea la Comisión de Ordenación del Litoral dependiente de la Administración 
de la Generalidad, con funciones de carácter resolutivo, consultivo e informativo y, a 
instancias de los ayuntamientos, con funciones interpretativas. Destaca el hecho de que, 
por primera vez, una única norma ordena las competencias de la Generalidad en materia 
de ordenación del litoral, entre ellas la aprobación de las normas e instrucciones en 
materia de protección civil sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas y la 
supervisión de su cumplimiento, con la voluntad de garantizar que se cumplan unos 
mismos estándares de seguridad en la totalidad del litoral catalán.
Con  relación  a  los  ayuntamientos,  las  nuevas  competencias  les  permiten  el 
otorgamiento de diversas autorizaciones en dominio público cuando hayan sido previstas 
en el correspondiente plan de uso del litoral y de las playas, así como la intervención 
administrativa  de  determinadas  obras  que  deban  llevarse  a  cabo  en  las  zonas  de 
servidumbre  de  protección  y  de  tráfico  que  hasta  ahora  eran  competencia  de  la 
Administración  de  la  Generalidad.  Todo  ello  simplifica  los  procedimientos  y  acerca 
nuevamente la decisión al ciudadano.
Finalmente, el título VIII regula la inspección del litoral y las facultades y funciones de 
los agentes que la llevan a cabo, y otorga la condición de autoridad al personal al 
servicio de las entidades públicas al que se encomienden dichas funciones.
Esta regulación se completa con las disposiciones contenidas en la parte final de la 
Ley.
Las diez disposiciones adicionales establecen el plazo para la redacción del Plan de 
protección y ordenación del litoral; la participación de determinadas administraciones de 
régimen  especial  en  la  elaboración  de  los  planes  de  ordenación;  la  colaboración 
interadministrativa necesaria para la aplicación de los instrumentos de ordenación en el 
espacio marítimo; la paridad en la composición de los órganos derivados de la aplicación 
de la presente ley, de acuerdo con lo establecido por la Ley 17/2015, de 21 de julio, de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres; la ventanilla única empresarial en las solicitudes 
de autorizaciones o concesiones y en las declaraciones responsables; especificaciones 
relativas al cumplimiento de la normativa en materia de pesca y acción marítimas en las 
concesiones y los instrumentos de ordenación del espacio marítimo; el fomento de la 
náutica deportiva y popular en la ordenación del litoral; la creación del Conservatorio del 
Litoral  de  Cataluña,  y  la  previsión  de  la  aplicación  de  medidas  excepcionales  en 
situaciones de fuerza mayor.
Las cinco disposiciones transitorias regulan el período entre la entrada en vigor de la 
Ley y la de los instrumentos de planificación que establece; el procedimiento aplicable en 
los expedientes en trámite, los supuestos de aplicación del canon de explotación de 
actividades en los expedientes en trámite y en las concesiones ya otorgadas, y los 
órganos competentes mientras no se constituya la Comisión de Ordenación del Litoral.
Finalmente, además de la disposición derogatoria, la Ley contiene dos disposiciones 
finales, relativas al desarrollo reglamentario y la entrada en vigor, que establece al cabo 
de un mes de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente ley es regular la ordenación y la protección del litoral en el  e.e
territorio de Cataluña. b
eAcrtoícs1ui.s ltoe Lm2a.a ss dÁ mimsapbroíittsoimic diooe-n taeeprsrl eidcseat rcleaiós np d.reels leitnotrea ll edye  sCea ataplluicñaan. a los bienes de dominio público y  OE-A-2020-95able en https://
2.  La zona de influencia del dominio público marítimo-terrestre comprende una 
franja mínima mil metros, aplicada en proyección horizontal tierra adentro, desde el 
deslinde del dominio público marítimo-terrestre, en la totalidad del litoral de Cataluña, 
franja  que  puede  ser  ampliada  pero  nunca  reducida  por  el  Plan  de  protección  y 
ordenación del litoral.
Artículo 3.  Finalidades.
Las finalidades de la presente ley, así como de los instrumentos de protección, de 
ordenación y de gestión que regula, son:
a)  Facilitar, mediante una planificación racional de las actividades, el desarrollo 
sostenible de las zonas costeras, garantizando que se tengan en cuenta el medio 
ambiente  y  los  paisajes  de  forma  conciliada  con  el  desarrollo  económico,  social  y 
cultural.
b)  Establecer medidas de conservación de las playas naturales y de recuperación 
de la calidad ambiental de las playas.
c)  Preservar  y  recuperar  las  zonas  costeras,  sus  ecosistemas  y  las  especies 
protegidas, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
d)  Garantizar la preservación y la recuperación de la integridad de los ecosistemas 
de la costa, y también de los paisajes y la geomorfología costeros.
e)  Prevenir y reducir los efectos de los riesgos naturales, y en particular de la 
emergencia climática, que puedan ser causados por actividades naturales o humanas.
f)  Adaptar las zonas costeras a los efectos del cambio climático.
g)  Garantizar la coherencia entre las iniciativas públicas y privadas, priorizando 
siempre las iniciativas de conservación, recuperación y protección públicas, y entre todas 
las decisiones de las diversas administraciones públicas que afectan a la utilización de la 
zona costera.
h)  Prevenir y mitigar el cambio climático.
i)  Conservar y velar por mantener las masas de agua en el ámbito costero.
j)  Limitar el acceso a las playas según su capacidad de carga y regular su acceso, 
para detener la pérdida de biodiversidad y preservar las especies protegidas.
TÍTULO II
Instrumentos de protección, ordenación y gestión del litoral
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 4.  Instrumentos de planificación.
1.  La  ordenación  y  la  gestión  del  litoral  deben  llevarse  a  cabo  mediante  los 
siguientes instrumentos de planificación:
a)  El Plan de protección y ordenación del litoral.
b)  Los planes de uso del litoral y de las playas.
2.  El Plan de protección y ordenación del litoral y los planes de uso del litoral y de  es
las playas deben aprobarse de acuerdo con el procedimiento específico que determina la  o
presente ley y las disposiciones reglamentarias que la desarrollen. 53www.
Artículo 5.  Directrices para los instrumentos de protección, ordenación y gestión del 
litoral.
Los instrumentos de protección, ordenación y gestión del litoral deben formularse 
atendiendo a las siguientes directrices:
a)  Priorizar la riqueza biológica, la dinámica y el funcionamiento naturales de la 
zona intermareal, la necesidad de recuperación de la dinámica sedimentaria natural, así 
como la complementariedad y la interdependencia entre la parte marina y la parte 
terrestre que constituyen una entidad única.
b)  Tomar en consideración, de manera integrada, el conjunto de aspectos relativos 
a los sistemas hidrológicos y geomorfológicos y a los impactos climáticos, ecológicos, 
socioeconómicos y culturales para no superar la capacidad de carga de la zona costera y 
para prevenir los efectos externos negativos y los del desarrollo, de la emergencia 
climática y de las catástrofes naturales que de ellos se derivan.
c)  Aplicar un enfoque ecosistémico en la planificación y la gestión de las zonas 
costeras a fin de garantizar su desarrollo sostenible.
d)  Garantizar una gobernanza adecuada que permita una suficiente participación, 
de  manera  apropiada  y  oportuna,  en  un  proceso  de  decisión  transparente  de  las 
poblaciones locales y los sectores de la sociedad civil interesados en las zonas costeras.
e)  Garantizar  una  coordinación  institucional  intersectorial  organizada  de  los 
diversos servicios administrativos y autoridades competentes en las zonas costeras.
f)  Formular estrategias de utilización de la zona costera que abarquen el urbanismo 
y las actividades socioeconómicas, así como otras políticas sectoriales pertinentes.
g)  Tener en cuenta la multiplicidad y la diversidad de actividades en las zonas 
costeras y dar prioridad a los servicios públicos que requieran, a los efectos de utilización 
y emplazamiento, la proximidad inmediata del mar.
h)  Garantizar la conservación y la recuperación del territorio en toda la zona costera 
y prohibir la concentración y expansión urbanas que se opongan a los principios y 
valores de protección, conservación y ordenación que establece la presente ley.
i)  Realizar evaluaciones preliminares de los riesgos relacionados con las diversas 
actividades humanas e infraestructuras a fin de preservar la seguridad de las personas y 
evitar y reducir los impactos negativos en las zonas costeras.
j)  Impedir que se produzcan daños tanto en los ecosistemas litorales como en el 
medio ambiente costero y, si se producen, sancionar a los responsables y obligarlos a 
hacer su adecuada restauración, de acuerdo con la normativa.
k)  Incluir las directrices de paisaje que afecten al litoral de conformidad con los 
catálogos de paisaje y los planes territoriales que les sean aplicables.
l)  Regular  las  actividades  para  impedir  que  perjudiquen  la  biodiversidad  y  los 
valores ecológicos del litoral.
CAPÍTULO II
Plan de protección y ordenación del litoral
Artículo 6.  Objeto, naturaleza jurídica y ámbito territorial.
1.  El  Plan  de  protección  y  ordenación  del  litoral  es  el  instrumento  básico  de 
ordenación y gestión integrada del ámbito terrestre y marino del litoral catalán. s
2.  El Plan de protección y ordenación del litoral, en cuanto a la ordenación de los  oe.
usos del suelo, tiene la naturaleza jurídica propia de los planes directores urbanísticos y  w.
le son de aplicación las disposiciones de la legislación urbanística aplicables a estos  53ww
plan3e.s  uErbl aánmísbtiitcoo tse rcroitno rliaasl  deexlc Pelpacnio ense es l eqsutaeb élescteid daesf ipnoar  deel  parceuseerndtoe  ccoanp íetul laor.tículo 2.
Artículo 7.  Contenido.
1.  El Plan de protección y ordenación del litoral, respetando el régimen general del 
dominio público marítimo-terrestre, debe contener:
a)  El diagnóstico y la caracterización del estado del litoral, con indicación de la 
tipología de costa, la climatología, los espacios protegidos y la determinación de su 
regresión o acreción.
b)  La  indicación  gráfica  de  la  línea  de  deslinde  del  dominio  público  marítimo-
terrestre y de las servidumbres de protección y tránsito, y la delimitación de la zona de 
influencia.
c)  La clasificación y la categorización de los tramos de playas, de acuerdo con los 
criterios fijados por el artículo 19, la determinación de los umbrales de su capacidad de 
carga y la definición de los límites máximos de ocupación.
d)  La localización de las infraestructuras y las instalaciones existentes, así como la 
determinación,  en  su  caso,  de  nuevas  infraestructuras  o  instalaciones  y  de  sus 
ampliaciones.
e)  La  localización  de,  como  mínimo,  los  principales  accesos  al  mar  y  de  las 
correspondientes zonas de aparcamiento.
f)  La identificación de las playas donde hay peligro de desprendimientos y caídas 
de piedras y otros materiales desde los taludes adyacentes.
g)  Los criterios territorializados para atender las demandas de autorizaciones y de 
los servicios de temporada de las playas en dominio público marítimo-terrestre.
h)  Los criterios territorializados para resolver las demandas para el otorgamiento, 
renovación, prórroga, modificación y extinción de concesiones, así como los criterios de 
gradación de los plazos de otorgamiento y prórroga de las mismas.
i)  Las medidas normativas o de actuación necesarias para preservar la integridad y 
la recuperación de la geomorfología y de los ecosistemas y paisajes costeros y el 
establecimiento de la regulación de las fachadas costeras en el ámbito territorial del plan, 
referidas, entre otros aspectos, a la preservación de unidades visuales y a puntos de 
interés de conformidad con los catálogos de paisaje y los planes territoriales que les 
sean aplicables.
j)  Las medidas de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de 
acuerdo con las estrategias que se establezcan.
k)  Los criterios para determinar las prioridades de inversión en el ámbito territorial 
del plan.
l)  La identificación de los tramos de los caminos de ronda que son accesibles y de 
los que no lo son.
m)  La identificación y la clasificación de las playas y otras zonas de baño en función 
del riesgo para las vidas humanas, y las normas, directrices y recomendaciones para su 
uso.
n)  Fijar la distribución de las rampas públicas a lo largo del litoral, manteniendo las 
rampas ya existentes en playas urbanas siempre que sean compatibles con los usos que 
estén permitidos en ellas.
2.  El Plan de protección y ordenación del litoral puede establecer las regulaciones y 
limitaciones necesarias para lograr la adecuada conservación del litoral de acuerdo con 
las finalidades y las directrices que determina la presente ley, y establecer el régimen 
transitorio de las autorizaciones y concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada  s
en vigor que se opongan a sus disposiciones, e impedir o limitar sus prórrogas. oe.
ArtícEul loP 8la. n Ddoec upmroetenctaccióiónn .y ordenación del litoral debe contener, como mínimo, los  2020-9553n https://ww
siguientes documentos:
a)  Una memoria justificativa.
b)  La documentación medioambiental adecuada a la legislación sectorial aplicable.
c)  Las normas de ordenación que sean necesarias.
d)  Los planos de información y de ordenación.
e)  Un  estudio  de  impacto  económico  y  social,  que  incorpore  una  evaluación 
específica del impacto de género.
Artículo 9.  Tramitación y aprobación.
1.  El Plan de protección y ordenación del litoral se tramita y se aprueba de acuerdo 
con  el  procedimiento  específico  que  establece  la  legislación  urbanística  para  la 
aprobación de los planes directores urbanísticos.
2.  En el trámite de información pública del Plan de protección y ordenación de 
litoral, los ayuntamientos de los municipios comprendidos en el ámbito territorial del Plan 
pueden informar, con carácter vinculante, con relación a los aspectos que afecten a sus 
competencias propias.
3.  El Plan de protección y ordenación del litoral debe someterse al procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.
CAPÍTULO III
Planes de uso del litoral y de las playas
Artículo 10.  Objeto y ámbito territorial.
1.  Los planes de uso del litoral y de las playas son un instrumento de desarrollo del 
Plan de protección y ordenación del litoral que tienen por objeto, en el dominio público 
marítimo-terrestre  y  en  los  terrenos  de  titularidad  pública  situados  en  su  zona  de 
servidumbre  de  protección  que  incluya  el  plan,  ordenar  las  ocupaciones  para  los 
servicios de temporada y las actividades que se planifique situar en ellos y que solo 
exijan, en su caso, instalaciones desmontables o bienes muebles.
2.  El ámbito de los planes de uso del litoral y de las playas pueden abarcar uno o 
varios términos municipales colindantes.
Artículo 11.  Contenido.
Los planes de uso del litoral y de las playas, de acuerdo con el contenido del Plan de 
protección y ordenación del litoral, deben:
a)  Regular los servicios de temporada de las playas y de aquellas actividades que 
el Plan prevé que puedan ser objeto de autorización en el dominio público marítimo-
terrestre y, en su caso, en los terrenos de titularidad pública que incluya situados en su 
zona de servidumbre de protección, atendiendo a la clasificación de las playas, los 
umbrales de capacidad de carga y los límites máximos de las ocupaciones fijadas por el 
Plan de protección y ordenación de litoral.
b)  Regular  la  utilización  de  las  playas,  los  servicios  mínimos  de  vigilancia  y 
salvamento,  la  seguridad  humana  en  los  lugares  de  baño,  la  accesibilidad  y  otras 
condiciones generales sobre el uso de las playas y sus instalaciones. En las playas 
donde se determine peligro de desprendimientos desde los taludes adyacentes, deben 
delimitarse  las  zonas  de  seguridad  donde  han  de  adoptarse  las  correspondientes 
medidas preventivas e informativas del peligro. e.e
c)  Determinar las actividades susceptibles de ser autorizadas en la playa por el  b
ayuntamiento como consecuencia de fiestas de relevancia local, eventos deportivos,  53ww
icnuslttaulraacleiosn, edse d einstmeroénst agbelense.ral con repercusión turística u otras ocupaciones mediante
pasedo)  mCaorínticmreot.ar las actividades y las instalaciones que pueden llevarse a cabo en el
e)  Establecer  los  criterios  para  la  apropiada  integración  paisajística  de  las 
instalaciones  admitidas  y  la  obligación  de  adecuar  las  actividades  propuestas  a  la 
normativa de contaminación acústica.
f)  Regular la obligatoriedad de que cualquier autorización que pueda ser otorgada y 
cualquier explotación de servicios de temporada que pueda ser adjudicada dispongan de 
un régimen de responsabilidad que garantice que se podrá hacer frente a los daños que 
puedan derivarse hasta la completa retirada de las instalaciones.
g)  Fijar el plazo de vigencia de las autorizaciones que puedan otorgarse y de la 
explotación  de  los  servicios  de  temporada  que  puedan  adjudicarse,  que  no  puede 
exceder los cuatro años.
h)  Determinar las playas que deben disponer de lugares de baño accesibles y el 
número mínimo de puntos que corresponden a cada una de ellas.
i)  Prohibir  las  actividades  privadas  molestas  e  incompatibles  con  los  valores 
medioambientales en las playas situadas en los espacios protegidos del litoral.
Artículo 12.  Documentación.
Los planes de uso del litoral y de las playas deben contener, como mínimo, los 
siguientes documentos:
a)  Una memoria justificativa.
b)  La documentación medioambiental adecuada a la legislación sectorial aplicable.
c)  Las normas de ordenación que sean necesarias.
d)  Los planos de información y de ordenación.
e)  Un estudio económico financiero, con la previsión de ingresos y gastos fruto de 
la explotación de los servicios de temporada y de la autorización de actividades que 
prevea el Plan.
f)  Un programa de gestión.
Artículo 13.  Tramitación y aprobación.
1.  Los ayuntamientos deben acordar, de acuerdo con el Plan de protección y 
ordenación del litoral, la elaboración del plan de uso del litoral y de las playas de los 
municipios  respectivos  o,  en  su  caso,  de  un  plan  conjunto  con  otros  municipios 
colindantes en lo relativo a las playas compartidas.
2.  El plan de uso del litoral y de las playas debe someterse al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.
3.  La Administración municipal, tras acordar la aprobación inicial del plan de uso del 
litoral y de las playas, debe someterlo a información pública y debe solicitar los informes 
a los organismos afectados por razón de sus competencias sectoriales por el plazo de un 
mes a menos que una disposición establezca uno más largo.
4.  Una vez terminado el trámite de información publica y previa valoración técnica y 
jurídica de las alegaciones, el ayuntamiento debe aprobar provisionalmente el plan de uso 
del litoral y de las playas y debe remitirlo al órgano competente en materia de ordenación 
del litoral de la Administración de la Generalidad para su aprobación definitiva.
5.  En caso de que el plan de uso del litoral y de las playas afecte a más de un 
término municipal, corresponde a las administraciones municipales afectadas aprobar 
inicial y provisionalmente el plan y tramitarlo en régimen de colaboración o asociativo.
6.  El plazo para aprobar definitivamente los planes de uso del litoral y de las playas  s
aprobados provisionalmente por los ayuntamientos es de seis meses. El vencimiento del  oe.
plazo para aprobar definitivamente el plan legitima al ayuntamiento para entenderlo  w.
adle nae7ygu. andtLaoam  paieopnrr tosoibl eacnoccirórioen s adpdeomln pidnliaiesnntr tadete idv uoes. loa  daeul tolitroizraacl iyó nd ep alaras  plala eyaxps lostuapcoiónne  deel  olotosr gsaemrviiecniotos   2020-9553n https://ww
de temporada de las playas para el plazo previsto por el Plan, que no puede exceder los
cuatro años. Bc
CAPÍTULO IV
Entrada en vigor, publicidad, vigencia, modificación y revisión de los planes
Artículo 14.  Entrada en vigor y publicidad.
1.  El Plan de protección y ordenación del litoral y los planes de uso del litoral y de 
las playas entran en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación 
definitiva en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», conjuntamente con sus 
normas de ordenación.
2.  El contenido de los planes a que se refiere el apartado 1 debe publicarse en la 
web del departamento competente en materia de ordenación del litoral. En el caso de los 
planes de uso del litoral y de las playas, el contenido también debe publicarse en la web 
de los respectivos ayuntamientos.
Artículo 15.  Vigencia.
1.  La vigencia del Plan de protección y ordenación del litoral es indefinida.
2.  Los planes de uso del litoral y de las playas tienen una vigencia de cinco años 
prorrogables por períodos de como máximo cinco años, si antes de agotarse el plazo el 
departamento competente en materia de ordenación del litoral autoriza la prórroga a 
solicitud municipal debidamente justificada. El otorgamiento de la prórroga supone la 
renovación de la autorización para la explotación por parte del ayuntamiento de los 
servicios de temporada de las playas para un nuevo plazo máximo de cinco años.
Artículo 16.  Modificación y revisión.
1.  El Plan de protección y ordenación del litoral y los planes de uso del litoral y de 
las playas son susceptibles de modificación y revisión.
2.  Para la modificación o revisión de los planes a que se refiere el apartado 1 deben 
seguirse los mismos trámites que para su elaboración, con las excepciones que pueden 
establecerse por reglamento.
3.  El Plan de protección y ordenación del litoral debe ser objeto de actualización, al 
menos,  cada  diez  años  y  si  los  trabajos  de  actualización  ponen  de  manifiesto  la 
necesidad  de  modificar  algún  aspecto  del  Plan  aprobado,  debe  tramitarse  su 
correspondiente modificación o revisión.
TÍTULO III
Régimen de intervención administrativa en las zonas de servidumbre
Artículo 17.  Procedimiento de autorizaciones competencia de la Administración de la 
Generalidad.
1.  Las solicitudes de autorización de usos, obras e instalaciones admitidos en las 
zonas de servidumbre de protección, tránsito y acceso al mar, con excepción de las que 
son de competencia municipal de acuerdo con la presente ley, deben dirigirse al órgano 
competente en materia de ordenación del litoral de la Generalidad junto con la siguiente 
documentación:
a)  La descripción y la justificación de la actuación, su finalidad y adecuación a la  e.
normativa urbanística y en materia de ordenación del litoral y de costas. w.
b)  Un plano relativo al emplazamiento y situación precisos de las obras y los usos  53ww
del dco) mEinli op rpoúybelcictoo  bmáasriíctiom doe-t elarsre osbtrrea sy  od ela lsa  iznosntaala dceio sneersv.idumbre que corresponda.
2.  El órgano competente en materia de ordenación del litoral de la Generalidad 
debe solicitar los informes de los organismos afectados por razón de sus competencias 
sectoriales. El plazo para la emisión del informe es de quince días, a menos que una 
disposición establezca uno más largo.
3.  El plazo para notificar la resolución expresa es de cuatro meses a contar desde 
la  fecha  de  entrada  de  la  solicitud  en  el  registro  del  órgano  competente  para  su 
tramitación. El transcurso de este plazo sin que se haya notificado resolución expresa 
legitima a la persona interesada a entenderla desestimada por silencio administrativo.
4.  El  órgano  competente  para  otorgar  las  autorizaciones  puede  acordar 
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por las personas 
interesadas cuando se opongan de manera notoria a la normativa en vigor.
5.  El  plazo  de  vigencia  de  las  autorizaciones  que  se  otorguen  al  amparo  del 
presente artículo es el que determine el correspondiente título habilitante y no podrá 
exceder los dos años. Una vez transcurrido este plazo de vigencia, la autorización queda 
sin efecto, a menos que la falta de ejercicio sea imputable a la Administración.
Artículo 18.  Actuaciones sometidas al régimen de declaración responsable ante el 
ayuntamiento.
1.  Las nuevas actuaciones que se planteen con relación a las obras, actividades e 
instalaciones legalmente implantadas en la zona de servidumbre de protección y de 
tránsito del dominio público marítimo-terrestre que no comporten ningún incremento de la 
superficie ocupada o de la volumetría existente, ni un cambio del uso autorizado, están 
sujetas al régimen de declaración responsable ante el ayuntamiento que corresponda.
2.  La  declaración  responsable  debe  expresar,  bajo  la  responsabilidad  del 
declarante, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa en materia de 
costas y se formaliza de manera conjunta con la solicitud de licencia o la comunicación 
urbanísticas, según sea el régimen de intervención en materia urbanística.
3.  El plazo para ejecutar las actuaciones a que se refiere el presente artículo es el 
que establezca la licencia urbanística o lo que indique la comunicación previa, que en 
ningún caso podrá ser superior a un año.
TÍTULO IV
Utilización del dominio público marítimo-terrestre
CAPÍTULO I
Régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza
Artículo 19.  Clasificación y ocupación de los tramos de playas.
1.  Los tramos de playas se clasifican en urbanos, seminaturales, naturales y de 
especial protección.
2.  El Plan de protección y ordenación del litoral debe definir los tramos de playas, 
de acuerdo con la clasificación del apartado 1, y las diferentes categorías teniendo en 
cuenta la clasificación y las categorías de suelo que establece la planificación territorial y 
urbanística  para  los  terrenos  adyacentes  que  no  forman  parte  del  dominio  público 
marítimo-terrestre; las infraestructuras con que las playas confrontan, y la mayor o menor  s
presencia de elementos naturales. En todo caso, el Plan de protección y ordenación del  oe.
litoral debe tener en cuenta, en la definición de los tramos de playas de especial  w.
dpero pt3er.co cteióEcncl ,il óíqmnu iteye  o smordnáe xinnimaccooim ódnpe a dlateibsl  lleoitsoc urcapola nac tlieaon npderisee sndedeno cl oaias s  dturea c mianopssata cdliaedc apiodlan dyeeas s cy ae srsge afrivj ayicd aioo s lop.so rc erilt ePrliaons   2020-9553n https://ww
definidos por el propio Plan.
CAPÍTULO II
Explotación de servicios de temporada de las playas, autorizaciones y 
concesiones
Artículo 20.  Servicios de temporada y actividades previstos por los planes de uso del 
litoral y de las playas.
1.  Corresponde a los ayuntamientos, de acuerdo con los respectivos planes de uso 
del litoral y de las playas:
a)  La explotación de los servicios de temporada de las playas, por gestión directa o 
indirecta.
b)  El otorgamiento de las autorizaciones para el resto de actividades previstas por 
el plan de uso del litoral y de las playas.
c)  La regulación de las actividades no previstas por el plan de uso que sean de 
competencia municipal.
2.  Los procedimientos para la licitación de la explotación de los servicios de las 
playas  deben  respetar  los  principios  de  publicidad,  objetividad,  imparcialidad, 
transparencia y concurrencia competitiva. El plazo de explotación por terceros no podrá 
exceder los cuatro años.
3.  El plazo para notificar la resolución expresa de las solicitudes de autorizaciones 
a que se refiere el apartado 1.b es de un mes a contar de la fecha en que la solicitud de 
autorización  haya  tenido  entrada  en  el  registro  del  órgano  competente  para  su 
tramitación. El transcurso de este plazo sin que se haya notificado resolución expresa 
legitima a la persona interesada a entenderla desestimada por silencio administrativo.
4.  El plazo de vencimiento de las autorizaciones a que se refiere el apartado 1.b es 
el que determine el título habilitante de acuerdo con lo dispuesto por el correspondiente 
plan de uso del litoral y de las playas y no puede exceder los cuatro años.
Artículo 21.  Autorizaciones de actividades no previstas por los planes de uso del litoral 
y de las playas.
1.  Están sujetos a la previa autorización administrativa del órgano competente en 
materia de ordenación del litoral de la Administración de la Generalidad las siguientes 
actividades en el dominio público marítimo-terrestre no previstas por los planes de uso 
del litoral y de las playas:
a)  Aquellas en las que, sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran 
circunstancias de especial intensidad, peligrosidad o rentabilidad.
b)  Aquellas que comporten la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con 
instalaciones desmontables o con bienes muebles.
2.  En  caso  de  que  el  proyecto  objeto  de  la  autorización  deba  someterse  a 
procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental  de  acuerdo  con  la  legislación 
aplicable,  la  solicitud  de  autorización  debe  ir  acompañada  del  correspondiente 
documento  ambiental.  En  el  supuesto  del  apartado  1.b,  la  solicitud  también  debe 
acompañarse  de  una  justificación  de  la  adecuada  integración  paisajística  de  las 
instalaciones.
3.  Durante la tramitación de las autorizaciones, el órgano competente en materia de  e.
ordenación del litoral de la Administración de la Generalidad debe solicitar los informes  w.
de los organismos afectados por razón de sus competencias sectoriales. 53ww
mes4e.s  aE cl opnlatazro d peasrdae  nlao tfieficchaar  lean r eqsuoel ulac isóonl iceixtupdre dsea  aduet olraizsa acuiótonr ihzaaycaio tneensid eos e dnetr acduaa terno 
el registro del órgano competente para su tramitación. El transcurso de este plazo sin
que se haya notificado resolución expresa legitima a la persona interesada a entenderla 
desestimada por silencio administrativo.
5.  No pueden otorgarse autorizaciones que sean contrarias al Plan de protección y 
ordenación del litoral. El plazo de vencimiento de las autorizaciones es el que determine 
el correspondiente título habilitante y no puede exceder los cuatro años.
Artículo 22.  Concesiones.
1.  Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre con obras o 
instalaciones no desmontables está sujeta a concesión previa otorgada por el órgano 
competente en materia de ordenación del litoral de la Administración de la Generalidad.
2.  La  documentación  de  la  solicitud  de  concesión  debe  incluir  un  estudio  de 
integración paisajística y el documento ambiental que corresponda en caso de que el 
proyecto deba someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental de 
acuerdo con la legislación aplicable.
3.  Durante la tramitación de la concesión, el órgano competente en materia de 
ordenación del litoral de la Administración de la Generalidad debe solicitar los informes 
de los organismos afectados por razón de sus competencias sectoriales.
4.  No pueden otorgarse concesiones ni prórrogas de estas que sean contrarias al 
Plan de protección y ordenación del litoral. Los plazos de vigencia de las concesiones y 
de las prórrogas correspondientes deben determinarse de acuerdo con los criterios de 
gradación que establece dicho plan.
5.  Para  el  otorgamiento  de  las  concesiones,  debe  valorarse  la  integración 
paisajística  de  las  obras  o  las  instalaciones  y  el  cumplimiento  de  condiciones  de 
accesibilidad adecuadas al tipo de actividad y entorno.
6.  El plazo para notificar la resolución expresa sobre las solicitudes de concesión es 
de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación. El transcurso de este plazo sin que 
se haya notificado resolución expresa legitima a la persona interesada a entenderla 
desestimada por silencio administrativo.
Artículo  23.  Obras  en  construcciones  existentes  con  concesión,  contrarias  a  la 
normativa aplicable.
1.  Las  obras  de  reparación,  mejora,  consolidación  y  modernización  de  las 
construcciones existentes en el dominio público marítimo-terrestre que cuenten con una 
concesión vigente y que resulten contrarias a la legislación en materia de costas o al 
Plan de protección y ordenación del litoral aplicables que no comporten incremento de la 
superficie ocupada o de la volumetría existente están sujetas al régimen de declaración 
responsable  ante  el  órgano  competente  en  materia  de  ordenación  del  litoral  de  la 
Administración de la Generalidad.
2.  La declaración responsable a que se refiere el apartado 1 debe expresar, bajo la 
responsabilidad  del  declarante,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por  la 
normativa en materia de costas y debe acreditarse su presentación en el trámite de la 
solicitud  de  licencia  o  la  comunicación  urbanísticas,  según  sea  el  régimen  de 
intervención en materia urbanística.
3.  El plazo para ejecutar las actuaciones a que se refiere el presente artículo es el 
que establezca la licencia urbanística o lo que indique la comunicación previa, sin que 
pueda exceder un año. es
Artículo 24.  Registro de concesiones del dominio público marítimo-terrestre. 53ww
de la1 .G  eEnle órarglidaando  dceobmep leletevnatre,  aecntu malaiztaedrioa,  deel  reogrdisetnroa cdieó nc odnecl elistoiornael sd ed elal d Aodmmininiois ptrúabcliiócon 
mpoarr írteimgloa-mteernretos,t rlea,s  ecno necl eqsuioen deesb.en ser inscritas de oficio, en la forma que se determine  BOE-A-cable e
2.  El Registro de concesiones del dominio público marítimo-terrestre tiene carácter 
público y pueden solicitarse las certificaciones oportunas sobre su contenido, las cuales 
son  un  medio  de  prueba  de  la  existencia  y  la  situación  del  correspondiente  título 
administrativo. Los cambios de titularidad y de características que puedan producirse 
deben reflejarse, asimismo, en el correspondiente asiento.
TÍTULO V
Régimen económico financiero del dominio público marítimo-terrestre
Artículo 25.  Canon de explotación de actividades.
1.  Toda explotación de actividades en el dominio público marítimo-terrestre para 
cuya realización sea necesario disponer de una concesión de la Administración de la 
Generalidad devenga el canon correspondiente a su favor, sin perjuicio de los cánones 
que también sean exigibles por otras administraciones.
2.  La base imponible del canon de explotación de actividades es el volumen de los 
beneficios netos anuales, antes de impuestos, de estas actividades que se determinen 
de acuerdo con los estudios económicos y las cuentas anuales que facilite la persona 
solicitante de la concesión, así como de las informaciones que pueda obtener y las 
valoraciones que pueda hacer el departamento competente en materia de ordenación del 
litoral, directamente o por comparación con otras concesiones existentes.
3.  La cuota del canon de explotación de actividades se determina aplicando un tipo 
de gravamen del 3% sobre el importe de la base imponible.
4.  La Administración del Estado, la Administración de la Generalidad, las entidades 
locales y las entidades de derecho público dependientes están exentas del pago del 
canon de explotación de actividades en las concesiones que se les otorguen para el 
ejercicio  de  sus  competencias,  siempre  que  las  actividades  no  sean  objeto  de 
explotación lucrativa, directamente o por terceros.
5.  Quedan exentas del pago del canon de explotación de actividades:
a)  Los  títulos  habilitantes  otorgados  a  entidades  náutico-deportivas  para  el 
desarrollo de actividades de carácter no lucrativo. Para la obtención de esta exención es 
necesario  que  la  federación  deportiva  correspondiente  certifique  que  las  entidades 
respectivas  están  debidamente  inscritas  y  que  ejercen  exclusivamente  la  actividad 
náutico-deportiva.
b)  Las  concesiones  que  se  otorguen  en  dominio  público  marítimo-terrestre 
portuario, de acuerdo con lo que regula la legislación portuaria.
6.  El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios que establece este 
artículo, tiene carácter anual y se produce con el otorgamiento inicial de la concesión.
7.  Los ingresos derivados del canon de explotación de actividades que acrediten 
las  concesiones  sobre  dominio  público  marítimo-terrestre  a  la  Generalidad  están 
destinados a la mejora, conservación, recuperación y restauración del dominio público 
marítimo-terrestre del territorio de Cataluña. El departamento competente en materia de 
ordenación del litoral, mediante la dirección general correspondiente, debe establecer en 
cada momento las prioridades en la aplicación de estos recursos.
Artículo 26.  Régimen económico correspondiente a la explotación de los servicios de  s
temporada de las playas y a las actividades autorizadas en el marco de los planes de  e.
uso del litoral y de las playas. w.
caso1 . deL ag eexsptilóonta cdióirne cdtae,  loasl  sperrevcicioio sp údbel itceom  py,o reand a edl e claasso p ladyea sg eqsuteiódna  sinudjeirteac, tae,n  aell 
correspondiente canon de licitación a favor del ayuntamiento.
2.  Las actividades que los ayuntamientos autoricen en el marco de los planes de 
uso del litoral y de las playas no comprendidas en el apartado 1 son gravadas con una 
tasa a su favor.
3.  El importe de las tasas y precios públicos municipales a que se refieren los 
apartados 1 y 2 deben determinarse en las respectivas ordenanzas fiscales.
4.  El pago de las tasas, precios públicos y cánones a que se refiere este artículo se 
entiende sin perjuicio de los pagos que sean exigibles por otras administraciones.
TÍTULO VI
Participación pública
Artículo 27.  Garantía de información pública.
1.  Para  garantizar  la  participación  pública  en  la  gestión  del  litoral,  las 
administraciones  públicas  deben  proporcionar  información  de  manera  adecuada, 
oportuna y eficaz.
2.  El Registro de concesiones del dominio público marítimo-terrestre, gestionado 
por  la  Administración  de  la  Generalidad,  tiene  carácter  público  y  pueden  pedirse 
certificaciones sobre su contenido.
3.  Los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones y 
autorizaciones deben publicarse en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en 
el boletín oficial correspondiente.
4.  En  la  tramitación  de  concesiones,  así  como  de  autorizaciones  de  vigencia 
superior a un año no previstas por los respectivos planes de uso del litoral y de las 
playas, debe garantizarse un trámite de información pública.
Artículo 28.  El Consejo Rector del Plan de Protección y Ordenación del Litoral y los 
consejos rectores de los planes de uso del litoral y de las playas.
1.  El Consejo Rector del Plan de Protección y Ordenación del Litoral y los consejos 
rectores de los planes de uso del litoral y de las playas son órganos colegiados, sin 
personalidad jurídica, que velan por la aplicación de los planes a que se refiere el título II 
y ejercen las funciones de participación, consulta, tutela de la gestión y evaluación del 
cumplimiento de objetivos velando por el respeto de la normativa reguladora.
2.  El Consejo Rector del Plan de Protección y Ordenación del Litoral está adscrito 
al departamento competente en materia de ordenación del litoral y los consejos rectores 
de  los  planes  de  uso  del  litoral  y  de  las  playas  están  adscritos  a  los  respectivos 
ayuntamientos que impulsan su aprobación.
3.  Deben  establecerse  por  reglamento  el  régimen  de  funcionamiento  y  la 
composición de los consejos rectores a que se refiere este artículo, que deben tener 
representantes  de  las  administraciones  públicas  competentes  y  de  asociaciones  y 
organizaciones  representativas  de  intereses  económicos  y  sociales  en  el  ámbito 
territorial de los planes respectivos, garantizando la representación municipal a través de 
las entidades asociativas de entes locales así como la participación efectiva de expertos 
de las disciplinas profesionales directamente relacionadas con la ordenación y la gestión 
del litoral y de las playas.
4.  Los consejos rectores de los espacios litorales a que se refiere el apartado 1 son 
competentes para: es
a)  Establecer, de acuerdo con las disposiciones del mismo instrumento de gestión y  w.
ordenación, las directrices para ejercer la gestión de los espacios litorales. 53ww
bc))   PArporpoobnaer re l perl ogpraremsau pduee astcotu aacnióuna ly  lad em eimnvoeriras iaonnueas l deen g eestl ióná.mbito  territorial
coordrreensapcoiónnd.iente de acuerdo con las prioridades fijadas por los instrumentos de gestión y  BOE-A-cable e
d)  Hacer el seguimiento de las actuaciones de las administraciones representadas 
que puedan afectar al espacio litoral.
e)  Ser  objeto  de  consulta  en  la  tramitación  de  cualquier  disposición,  plan  o 
programa que afecte al ámbito territorial del instrumento de ordenación y gestión.
f)  Proponer y promover medidas y actuaciones para la mejora del espacio litoral de 
acuerdo con los principios y los objetivos que establece la presente ley.
g)  Proponer, en su caso, modificaciones del instrumento de ordenación y gestión o 
la aprobación de nuevos instrumentos de gestión.
h)  Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan.
TÍTULO VII
Competencias administrativas
Artículo 29.  Competencias de la Administración de la Generalidad.
Corresponde a la Administración de la Generalidad, en los términos establecidos por 
la presente ley:
a)  La elaboración, tramitación y aprobación del Plan de protección y ordenación del 
litoral y la aprobación definitiva de los planes de uso del litoral y de las playas.
b)  La gestión del dominio público marítimo-terrestre con respecto al otorgamiento 
de  concesiones  y  de  las  autorizaciones  para  su  ocupación  y  aprovechamiento  no 
previstas por los planes de uso del litoral y de las playas.
c)  Las  concesiones  de  obras  fijas  en  el  mar,  así  como  las  de  instalaciones 
marítimas  menores,  tales  como  embarcaderos,  humedales,  pantalanes,  varaderos, 
rampas públicas, marinas secas, clubes náuticos de playa y otras análogas que no 
formen parte de un puerto ni estén adscritas a este.
d)  El  otorgamiento  de  autorizaciones  en  las  zonas  de  servidumbre,  salvo  las 
previstas sobre suelos de titularidad pública en los planes de uso del litoral y de las 
playas.
e)  La autorización de vertidos de tierra al mar.
f)  La intervención administrativa mediante el régimen de declaración responsable 
de las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización de las construcciones 
existentes en el dominio público marítimo-terrestre que dispongan de una concesión 
vigente  y  que  sean  contrarias  a  la  legislación  en  materia  de  costas  o  al  Plan  de 
protección y ordenación del litoral aplicables.
g)  La tutela y la policía del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de 
servidumbre con respecto a: las actuaciones llevadas a cabo sin la concesión o la 
preceptiva autorización de la Administración de la Generalidad o del ayuntamiento o sin 
haber hecho la correspondiente declaración responsable; la vigilancia del cumplimiento 
de las condiciones de acuerdo con las que la Administración de la Generalidad haya 
otorgado las concesiones y autorizaciones; la observancia de los requisitos exigidos por 
la  legislación  en  materia  de  costas  para  las  actuaciones  sujetas  a  declaración 
responsable ante la Administración de la Generalidad, y la adopción de las medidas 
correspondientes para la protección de la legalidad relativas a la restauración de la 
realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado, la imposición y recaudación de 
sanciones y la determinación de los daños y perjuicios causados.
h)  El establecimiento y recaudación del canon de explotación de actividades en el  es
dominio público marítimo-terrestre y de las tasas en materia de ordenación del litoral. o
i)  La planificación, elaboración y aprobación de los proyectos, así como la gestión y  53ww
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la redacción de los proyectos correspondientes a estas obras.
k)  La ejecución y la gestión de las obras de interés general situadas en el litoral 
catalán en los términos fijados por convenio con la Administración general del Estado.
l)  La gestión del registro de concesiones en dominio público marítimo-terrestre en el 
ámbito de Cataluña.
m)  La emisión del informe previo al rescate de las concesiones demaniales cuando, 
por razones de interés general, el ejercicio de esta función sea competencia de la 
Administración general del Estado.
n)  La emisión del correspondiente informe durante la tramitación de los planes 
urbanísticos cuando el ámbito de los planes forme parte del ámbito de aplicación de la 
presente ley.
o)  La prestación de todo tipo de servicios técnicos relacionados con el ejercicio de 
las competencias de este artículo y el asesoramiento a las corporaciones locales y otras 
entidades públicas o privadas y a los particulares que lo soliciten.
p)  La  ejecución  de  las  obligaciones  derivadas  de  los  tratados  y  convenios 
internacionales en las materias de su competencia.
q)  La  cooperación  transfronteriza  para  garantizar  la  correcta  aplicación  de  la 
estrategia de gestión integrada de la costa catalana en el marco del Protocolo relativo a 
la  gestión  integrada  de  las  zonas  costeras  del  Mediterráneo  y  de  la  legislación 
internacional.
r)  El control de la calidad de las aguas de baño.
s)  La aprobación de las normas e instrucciones en materia de protección civil sobre 
salvamento y seguridad de las vidas humanas y la supervisión de su cumplimiento.
t)  Cualquier otra competencia atribuida por el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 30.  Competencias de los ayuntamientos.
Corresponde a los ayuntamientos, en los términos establecidos por la presente ley:
a)  La participación en la tramitación del Plan de protección y ordenación del litoral.
b)  La elaboración y la tramitación hasta la aprobación provisional de los planes de 
uso del litoral y de las playas de acuerdo con el procedimiento regulado por la presente 
ley.
c)  La explotación de los servicios de temporada de las playas autorizados mediante 
el correspondiente plan de uso del litoral y de las playas, por cualquiera de las formas de 
gestión directa o indirecta establecidas por la legislación de régimen local.
d)  El otorgamiento de las autorizaciones para actividades previstas por los planes 
de uso del litoral y de las playas.
e)  La intervención administrativa mediante el régimen de declaración responsable 
de las nuevas actuaciones que se planteen sobre las obras, las instalaciones y las 
actividades implantadas legalmente en la zona de servidumbre de protección o de 
tránsito del dominio público marítimo-terrestre, cuando no conlleven la incremento de la 
superficie ocupada o de la volumetría existente, ni el cambio del uso autorizado.
f)  La emisión del informe sobre las solicitudes de autorizaciones de competencia de 
la  Administración  de  la  Generalidad  y  de  concesiones  para  la  ocupación  y  el 
aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.
g)  La recaudación de los ingresos derivados de la explotación de servicios de 
temporada  de  las  playas  y  de  las  tasas  para  el  otorgamiento  de  autorizaciones 
establecidas por los planes de uso del litoral y de las playas.
h)  La vigilancia del cumplimiento de las condiciones de acuerdo con las que hayan  e
adjudicado la explotación de los servicios de temporada de las playas o hayan otorgado  bo
las autorizaciones derivadas de los planes de uso del litoral y de las playas y de la  53ww
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imposición y recaudación de sanciones y la determinación de los daños y perjuicios 
causados.
i)  El  mantenimiento  de  las  playas  y  de  los  lugares  públicos  de  baño  en  las 
adecuadas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como la vigilancia de la 
observancia  de  las  normas  e  instrucciones  que  dicten  la  Administración  de  la 
Generalidad y el resto de administraciones competentes en materia de protección civil 
sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
j)  Cualquier otra competencia que les atribuya el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 31.  Órganos competentes en materia de protección de la legalidad.
1.  En el supuesto de que la potestad sancionadora con relación a las infracciones 
tipificadas por la legislación en materia de costas sea ejercida por los municipios de 
acuerdo  con  sus  competencias,  los  órganos  competentes  para  resolver  sobre  los 
procedimientos sancionadores son los siguientes:
a)  El alcalde, en el caso de infracciones leves.
b)  El pleno del ayuntamiento, en el caso de infracciones muy graves.
2.  En el supuesto de que la potestad sancionadora con relación a las infracciones 
tipificadas por la legislación en materia de costas sea ejercida por los órganos del 
departamento  de  la  Administración  de  la  Generalidad  competente  en  materia  de 
ordenación del litoral, tienen competencia para resolver el procedimiento sancionador:
a)  La persona titular de la dirección general competente en materia de ordenación 
del litoral en el caso de que la multa propuesta sea inferior a 600.000 euros.
b)  El consejero del departamento competente en materia de ordenación del litoral, 
en el caso de que la multa propuesta sea igual o superior a 600.000 euros.
3.  Los órganos competentes para resolver sobre los procedimientos sancionadores 
también lo son para ordenar en el mismo procedimiento las medidas de restauración de 
la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado. Si las medidas de restauración 
se adoptan en otros procedimientos que los procedimientos sancionadores, los órganos 
competentes para ordenarlas son el alcalde, cuando la competencia sancionadora sea 
de los municipios, y la persona titular de la dirección general competente en materia de 
ordenación del litoral, si la Administración de la Generalidad ejerce esta potestad.
Artículo 32.  Comisión de Ordenación del Litoral.
1.  Se crea la Comisión de Ordenación del Litoral, dependiente del departamento 
competente en materia de ordenación del litoral, con funciones de carácter resolutivo, 
consultivo, informativo y, a petición de los ayuntamientos, con funciones interpretativas.
2.  La composición de la Comisión de Ordenación del Litoral, que debe establecerse 
por reglamento, debe garantizar que estén representados los departamentos y los entes 
locales con competencias en materia de ordenación del litoral y que cuenten con la 
participación de personas con reconocido prestigio profesional y experiencia en materia 
ambiental, de lucha contra el cambio climático, de costas y de urbanismo.
3.  Corresponden a la Comisión de Ordenación del Litoral las competencias de 
aprobar definitivamente el plan de uso del litoral y de las playas, otorgar las concesiones 
de  ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  establecer  sus  modificaciones  s
sustanciales y sus prórrogas, y las otras que puedan serle atribuidas por reglamento. o
4.  El consejero del departamento competente en materia de ordenación del litoral  w.
mpuaetedreia s qoumee cteorn as idceornes uclotan vdeen ilean Cteo.misión de Ordenación del Litoral los asuntos en esta  2020-9553n https://ww
TÍTULO VIII
La inspección del litoral
Artículo 33.  La inspección del litoral.
1.  La inspección del litoral, que incluye las funciones de tutela y policía en el ámbito 
de aplicación de la presente ley, es ejercida por el departamento de la Administración de 
la Generalidad competente en materia de ordenación del litoral y por los órganos de la 
Administración local, en el marco de las competencias respectivas y de acuerdo con la 
legislación vigente.
2.  Los informes en materia de inspección del litoral que elaboren los órganos de la 
Administración de la Generalidad que afecten a las competencias municipales deben 
ponerse  en  conocimiento  de  los  ayuntamientos  de  los  municipios  donde  se  hayan 
producido los hechos.
3.  El personal al servicio de las entidades públicas a que se refiere el apartado 1 a 
quien se encomiende expresamente el ejercicio de la inspección del litoral tiene la 
condición  de  autoridad.  En  el  ejercicio  de  dicha  actividad,  el  personal  de  las 
administraciones competentes puede inspeccionar toda clase de obras e instalaciones, y 
los hechos que constate tienen valor probatorio, de acuerdo con lo establecido por la 
legislación de procedimiento administrativo común.
Artículo 34.  Facultades y funciones en materia de inspección del litoral.
1.  El personal al servicio de las administraciones públicas al que se encomiende el 
ejercicio de la inspección del litoral está facultado para entrar y permanecer en las fincas, 
construcciones y otros lugares sujetos a su actuación inspectora el tiempo necesario 
para llevar a cabo esta actuación.
2.  En el ejercicio de las funciones de inspección se puede solicitar la colaboración 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la cooperación de funcionarios y autoridades de 
otras administraciones públicas.
3.  Corresponden al personal que tenga encomendado el ejercicio de la inspección 
del litoral las siguientes funciones:
a)  La  investigación  y  la  comprobación  del  cumplimiento  de  la  normativa,  y  la 
práctica de las pruebas y mediciones necesarias para esta finalidad.
b)  La documentación de sus actuaciones mediante las actas de inspección, los 
informes, las diligencias y las correspondientes comunicaciones.
c)  La propuesta de adopción, en su caso, de medidas provisionales y de incoación 
de un procedimiento de protección de la legalidad.
Disposición adicional primera.  Elaboración del Plan de protección y ordenación del 
litoral.
El Gobierno ha de elaborar el Plan de protección y ordenación del litoral en el plazo 
de dos años a contar de la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición adicional segunda.  Régimen especial del municipio de Barcelona.
1.  El Ayuntamiento de Barcelona participa en la elaboración del Plan de protección  s
y ordenación del litoral de acuerdo con lo determinado por la Ley 22/1988, de 30 de  oe.
diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, y la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la  w.
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el régimen especial del municipio de Barcelona.
3.  En las cuestiones relativas a los planes de uso del litoral y de las playas a las 
que se refieren las letras e y g del apartado 1 del artículo 7 y el artículo 13, se estará a 
las disposiciones de la Carta Municipal de Barcelona, y en los aspectos de competencia 
propia son vinculantes las prescripciones establecidas por el Ayuntamiento de Barcelona.
Disposición adicional tercera.  Régimen especial del Área Metropolitana de Barcelona.
El Área Metropolitana de Barcelona participa en la elaboración del Plan de protección 
y ordenación del litoral de acuerdo con lo que determina la Ley 31/2010, de 3 de agosto, 
del Área Metropolitana de Barcelona.
Disposición adicional cuarta.  Cooperación y colaboración interadministrativa.
1.  El Consejo Rector del Plan de Protección y Ordenación del Litoral y el Consejo 
Catalán de Cogestión Marítima deben establecer los mecanismos de cooperación y 
colaboración necesarios para asegurar la aplicación de los instrumentos de ordenación 
en el espacio marítimo.
2.  El departamento competente en materia de coordinación de la ordenación del 
espacio  marítimo  debe  emitir  informe  con  relación  al  ámbito  marino  del  Plan  de 
protección y ordenación del litoral.
Disposición adicional quinta.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres en los órganos.
Los órganos derivados de la aplicación de la presente ley no pueden constituirse 
hasta que no se cumpla la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en lo relativo a la paridad exigida.
Disposición adicional sexta.  Ventanilla única empresarial.
Las solicitudes de autorizaciones o concesiones y las declaraciones responsables a 
que se refiere la presente ley, cuando sean llevadas a cabo por empresas, deben 
presentarse en la ventanilla única empresarial mediante los canales de comunicación 
que se establezcan en cada momento.
Disposición  adicional  séptima.  Concesiones  y  otros  instrumentos  específicos  de 
ordenación del espacio marítimo.
1.  Las  autorizaciones,  concesiones  y  demás  instrumentos  de  ordenación  del 
espacio marítimo regulados por la normativa en materia de pesca y acción marítimas se 
rigen por su normativa específica.
2.  Los planes a que se refiere el título II de la presente ley se aplican sin perjuicio 
de los instrumentos de ordenación del espacio marítimo regulados por la normativa en 
materia de pesca y acción marítimas.
Disposición adicional octava.  Náutica deportiva y popular.
El Plan de protección y ordenación del litoral y los planes de uso del litoral y de las 
playas deben velar por el fomento de la náutica deportiva y popular en la ordenación del 
litoral  catalán,  procurar  el  mantenimiento  de  las  instalaciones  náutico-deportivas 
existentes y facilitar la práctica de la náutica popular, entendida como la que se lleva a  s
cabo con embarcaciones que no superan los ocho metros de eslora. e.
Disposición adicional novena.  Conservatorio del Litoral de Cataluña. 53ww
1.  El Gobierno, en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la presente
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artificialización, a partir de la adquisición pública del suelo.
2.  El Conservatorio del Litoral de Cataluña debe financiarse con las aportaciones 
del Gobierno, mediante los presupuestos de la Generalidad, y con las aportaciones de 
las demás administraciones, de entidades y de empresas.
3.  El  proceso  de  creación  del  Conservatorio  del  Litoral  de  Cataluña  debe  ser 
participativo  y  contar  con  expertos  en  materia  ambiental  y  territorial,  entidades  de 
conservación del medio natural y representantes de los entes locales.
Disposición adicional décima.  Medidas excepcionales en situaciones de fuerza mayor.
1.  Las autorizaciones y las concesiones que establece la presente ley pueden ser 
modificadas por la Administración otorgante en situaciones de fuerza mayor sin que la 
parte perjudicada tenga derecho a indemnización.
2.  A los efectos de la presente disposición, son situaciones de fuerza mayor la 
regresión no prevista de la costa que no sea originada por las obras objeto de concesión, 
los movimientos sísmicos o los maremotos, los temporales imprevisibles, los incendios 
no provocados, las emergencias sanitarias y cualquier otra causa excepcional similar.
3.  En situaciones de fuerza mayor de acuerdo con la presente disposición, las 
administraciones  competentes  en  materia  de  protección  civil  pueden  dictar  las 
disposiciones necesarias para proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente.
Disposición  transitoria  primera.  Zona  de  influencia  del  dominio  público  marítimo-
terrestre y clasificación de las playas.
Mientras no entre en vigor el Plan de protección y ordenación del litoral:
a)  La zona de influencia del dominio público marítimo-terrestre a que se refiere el 
artículo 2.b se amplía sobre los ámbitos exteriores incluidos en las unidades territoriales 
de regulación de suelo costero especial definidas por el Plan director urbanístico del 
sistema costero de Cataluña que sobrepasan la franja definida en dicho artículo.
b)  La clasificación de las playas y el correspondiente régimen de ocupación son los 
que determine el departamento competente en materia de ordenación del litoral.
Disposición transitoria segunda.  Usos y servicios de temporada de las playas.
1.  Mientras no entre en vigor el Plan de protección y ordenación del litoral, los 
planes de distribución de usos y servicios de temporada de las playas se aprueban de 
acuerdo con la normativa anterior.
2.  A partir de la entrada en vigor del Plan de protección y ordenación del litoral, los 
ayuntamientos deben tramitar los planes de uso del litoral y de las playas. Mientras no se 
aprueben estos nuevos instrumentos, los vigentes planes de distribución de usos y 
servicios  de  temporada  de  las  playas  continúan  aplicándose  y  rigiéndose  por  la 
normativa anterior durante su plazo de vigencia.
3.  Mientras  sean  aplicables  los  planes  de  distribución  de  usos  y  servicios  de 
temporada de las playas, las autorizaciones para la ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre y la explotación de los servicios de temporada comprendidos dentro 
del ámbito territorial de dichos planes se rigen por la normativa anterior.
Disposición transitoria tercera.  Procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de 
la Ley.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se rigen  bo
por la normativa anterior, sin perjuicio del derecho de la persona interesada a desistir del  53ww
procedimiento iniciado y acogerse a las disposiciones de la presente ley.
Disposición transitoria cuarta.  Aplicación del canon por explotación de la actividad.
El canon por explotación de la actividad a que se refiere el artículo 25 se aplica 
también a:
a)  Las concesiones en trámite a la entrada en vigor de la presente ley, en cuyo 
procedimiento de  otorgamiento la Administración de  la Generalidad no haya hecho 
todavía la oferta de condiciones al peticionario.
b)  Las  prórrogas,  modificaciones  sustanciales  y  cambios  de  titularidad  de  las 
concesiones vigentes que se otorguen a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria quinta.  Órganos competentes.
1.  Mientras no se constituya la Comisión de Ordenación del Litoral las funciones 
que le atribuye el artículo 32 son ejercidas por los órganos competentes de acuerdo con 
la normativa anterior.
2.  Mientras no se determinen los órganos competentes de la Administración de la 
Generalidad para el ejercicio de las competencias atribuidas por la presente ley, el 
órgano competente en materia de ordenación del litoral es el director general competente 
en materia de ordenación del litoral.
Disposición derogatoria.
Se derogan:
a)  La disposición adicional sexta y la disposición final segunda de la Ley 3/2012, 
de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado 
por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto
b)  El Decreto 55/1992, de 10 de febrero, por el que se atribuyen competencias al 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas en la zona de servidumbre de 
protección de la Ley de costas.
c)  Cualquier otra disposición que se oponga a la presente ley.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para desarrollar 
y ejecutar los preceptos de la presente ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al mes de su publicación en el «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 30 de julio de 2020.–El Presidente de la Generalidad de 
Cataluña, Joaquim Torra i Pla.–El Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i 
Valera.
(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8192, de 3 de agosto de 2020) e.