BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37348
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5123 Sala Segunda. Sentencia 41/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 1128-2018. Promovido por don Gerardo González León en relación 
con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo 
del  Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2021:41
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1128-2018, promovido por don Gerardo González 
León, representado por la procuradora de los tribunales doña Rosa María del Pardo 
Moreno y asistido por la letrada doña Eva María Fernández Moray, contra las siguientes 
resoluciones:  la  resolución  de  la  secretaria  de  Estado  de  Justicia,  de  fecha  3  de 
septiembre  de  2014  (expediente  núm.  361-2013),  que  denegó  la  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial del Estado formulada por el recurrente, por el tiempo que 
estuvo en prisión provisional; la sentencia de 3 de marzo de 2016, de la Sección Tercera 
de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el 
recurso  contencioso-administrativo  núm.  242-2014,  que  fue  interpuesto  frente  a  la 
resolución de la secretaria administrativa antes indicada; la sentencia núm. 36/2018, 
dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, de fecha 16 de enero de 2018, que declaró no haber lugar al recurso de 
casación para la unificación de doctrina núm. 2282-2016, interpuesto contra la sentencia 
identificada en primer lugar. Han intervenido la Abogacía del Estado y el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  1  de  marzo  de  2018,  la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  Rosa  María  del  Pardo  Moreno,  en  nombre  y 
representación de don Gerardo González León, interpuso recurso de amparo contra las  e
resoluciones que se mencionan en el encabezamiento. b
amp2a.r o Lsoosn , heenc hsíonst eys isa,n ltoesc esidgeunietenste ps:rocesales de los que trae causa la demanda de  2021-5123n https://ww
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Jurado 1-2012, por la presunta comisión de un delito de homicidio. En el curso del 
referido procedimiento se acordó la prisión provisional del demandante de amparo, por 
auto de fecha 15 de julio de 2005, situación en la que permaneció hasta el día 26 de 
junio de 2006, data en la que se acordó su libertad provisional tras la prestación de la 
fianza establecida.
b)  Por auto de fecha 6 de junio de 2012, el órgano judicial indicado dispuso «el 
sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones por falta de autor 
conocido de los hechos, de conformidad con el art. 641.2 LECrim». Una vez finalizada la 
investigación procesal, en el fundamento jurídico segundo del indicado auto, el órgano 
judicial analizó detalladamente el potencial incriminatorio de los indicios inicialmente 
tenidos en cuenta para dirigir el procedimiento contra el demandante de amparo; y de 
consuno con lo interesado por el fiscal, concluyó que «no existe fundamento suficiente 
para sostener la acusación contra el imputado».
c)  En  fecha  6  de  junio  de  2013,  el  recurrente  formuló  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial por importe de 300000 euros por el tiempo en que estuvo en 
situación de prisión provisional, concretamente, 346 días. Dicha solicitud dio lugar a la 
incoación del expediente de responsabilidad patrimonial núm. 361-2013.
d)  Por resolución del secretario de Estado de Justicia, de fecha 3 de septiembre 
de 2014, se acordó, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, desestimar 
la  reclamación  de  indemnización  formulada  por  el  recurrente.  En  síntesis,  la 
desestimación se fundó en los siguientes motivos: i)  que en el procedimiento penal «no 
se  dictó  sentencia  absolutoria  ni  auto  de  sobreseimiento  libre,  sino  acto  de 
sobreseimiento provisional, sin que conste que el interesado haya solicitado y haya 
obtenido que se dicte el sobreseimiento libre respecto de su persona»; ii)  que el 
razonamiento que lleva a acordar el sobreseimiento «evidencia que ese sobreseimiento 
no se basó en la inexistencia del hecho imputado, sino, expresamente, en la insuficiencia 
de fundamentos suficientes para sostener la acusación contra el imputado».
e)  Disconforme  con  lo  resuelto,  el  demandante  interpuso  recurso  contencioso-
administrativo, que dio lugar a la incoación del procedimiento ordinario núm. 242-2014, 
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. Por sentencia de fecha 3 de marzo de 2016, el órgano judicial desestimó la 
pretensión del demandante de amparo. El fundamento jurídico tercero expresa cuál es el 
contenido y alcance que se confiere al término «inexistencia del hecho imputado» que 
figuraba en la anterior redacción art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
«[E]l supuesto contemplado en el artículo 294 de la LOPJ se limita, de acuerdo con la 
interpretación  restrictiva  imperante,  a  aquellos  de  inexistencia  objetiva  del  hecho 
imputado –no existe tal hecho– o bien los supuesto de atipicidad, tal y como ha recogido 
la última Jurisprudencia (a partir de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos  de  25  de  abril  de  2006,  asunto  Panella  c.  España,  núm.  1483/2002,  y 
posteriormente la de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España, núm. 25720/2005). 
La interpretación vigente hasta entonces recogía en el marco del precepto tanto los 
supuestos  de  inexistencia  objetiva  como  los  de  inexistencia  subjetiva  (falta  de 
participación);  pero  tal  interpretación  es  abandonada  a  raíz  de  las  mencionadas 
sentencias,  plasmándose  en  las  pronunciadas  por  el  Tribunal  Supremo  el  23  de 
noviembre de 2010, recurso 1908-2006 y 4288-2006.
Dicha  doctrina  ha  sido  reiterada,  en  sentencia  de  21  de  mayo  de  2012, 
recurso 4357-2010, entre otras, en la que se afirma que: “Pues bien, siendo clara la 
improcedencia  de  una  interpretación  del  precepto  como  título  de  imputación  de  s
responsabilidad patrimonial en todo supuesto de prisión preventiva seguida de una  oe.
sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre y descartada la posibilidad de  w.
argumentar  sobre  la  inexistencia  subjetiva,  en  cuanto  ello  supone  atender  a  la  23ww
lpoasr titcéiprmacinióons  dqeul eim ipnudtiacdao  eel nT lari bruenaalizl aEcuiórno pdeeol  hdeec hDo edreelcichtoivso ,H puomniaennodso  eenn  cluaess tcióitna,d eans 
sdeenctlaernacciaiósn,  aebl sdoeluretocrhiao,  aq ulea  dperbees usnecri órens pdeet aindoac peonrc itao dya  ealu troersidpaedto j uddeicbiiadlo,  sae alna  cpuraelveias   BOE-A-cable e
sean los motivos referidos por el juez penal, en esta situación decimos, no se ofrece a la 
Sala otra solución que la de abandonar aquella interpretación extensiva del art. 294.1 
LOPJ y acudir a una interpretación estricta del mismo, en el sentido literal de sus 
términos,  limitando  su  ámbito  a  los  supuestos  de  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial con apoyo en sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre ‘por 
inexistencia del hecho imputado’, es decir, cuando tal pronunciamiento se produzca 
porque  objetivamente  el  hecho  delictivo  ha  resultado  inexistente,  entendida  tal 
inexistencia objetiva en los términos que se han indicado por la jurisprudencia de esta 
Sala, que supone la ausencia del presupuesto de toda imputación, cualesquiera que 
sean las razones a las que atienda el Juez penal [...]”».
Y en el fundamento jurídico cuarto se razona específicamente sobre la resolución 
que, en el presente caso, puso fin a la vía penal:
«En este caso, el auto de sobreseimiento se dictó al amparo del artículo 641.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal (sobreseimiento provisional ‘cuando resulte del sumario 
haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o 
determinadas personas como autores, cómplices o encubridores’). El instructor razona 
que ‘el Ministerio Fiscal ha interesado el archivo de las actuaciones por considerar que 
no existen indicios suficientes para imputar al acusado del delito de homicidio/asesinato 
que  es  objeto  de  procedimiento’;  ‘los  indicios  existentes  contra  el  imputado  son 
insuficientes para sostener la acusación frente a él. Sin perjuicio de que en su momento 
todos los indicios apuntaban a su autoría, habida cuenta de las exposiciones policiales 
ciertamente razonables por otra parte, lo cierto es que habiéndose concluido todas las 
diligencias acordadas en su momento y habiendo hecho un examen y estudio de los 
actuado, este magistrado comparte la conclusión a la que llega el Ministerio Fiscal por 
las siguientes razones’. Y a continuación analiza las diferentes pruebas y vestigios 
existentes, para concluir que no existe fundamento suficiente para sostener la acusación.
Por lo tanto, aun cuando atendamos al verdadero significado del auto, conforme 
venimos haciendo en línea con las exigencias de la doctrina del Tribunal Supremo, el 
fundamento del mismo no es que no hayan existido los hechos, sino que las pruebas no 
arrojan indicios con suficiente contundencia como para mantener la acusación contra 
quien  venía  siendo  imputado.  El  archivo  de  la  causa  se  plantea  en  términos  de 
suficiencia probatoria no de ausencia o atipicidad de los hechos. Y por consiguiente 
teniendo en cuenta el título de imputación –artículo 294.1 LOPJ– la sentencia no puede 
ser sino confirmatoria de la resolución denegatoria de la reclamación, por ser la misma 
conforme a derecho y a la interpretación correcta de la norma».
f)  El demandante interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina 
contra la sentencia antes mencionada, que fue desestimado por sentencia de la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 16 de 
enero de 2018 (recurso núm. 2282-2016), al no apreciar la contradicción exigida entre 
las sentencias contrastadas en el recurso.
3.  En la demanda de amparo se alega la vulneración del derecho a la presunción 
de inocencia reconocida en el art. 24.2 CE. Tras resumir los aspectos más relevantes de 
la reclamación de responsabilidad patrimonial que le fue desestimada y transcribir parte 
de la fundamentación jurídica de la sentencia recaída en la instancia, el recurrente funda 
la lesión en el hecho de que su pretensión fuera desestimada porque el sobreseimiento 
provisional acordado no se basó en la inexistencia del hecho imputado, sino en una  s
valoración sobre la insuficiencia de la prueba. Y esa motivación, afirma, cuestiona y pone  oe.
en duda su inocencia. w.
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afirma que aquellas deben ser anuladas y sustituidas por otras que sean compatibles
con el derecho a la presunción de inocencia. También refiere que, conforme a la doctrina
asentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se menosprecia la presunción 
de inocencia si una decisión judicial refleja la sensación de que el afectado es culpable, 
cuando su culpabilidad no ha sido previamente establecida.
Por todo lo expuesto, interesa que se reconozca la vulneración del referido derecho 
fundamental; que se declare la nulidad de las sentencias judiciales y de la resolución 
dictada por el Secretario de Estado de Justicia; y que se retrotraigan las actuaciones al 
momento de dictar esta última resolución, para que se resuelva nuevamente sobre la 
reclamación de responsabilidad patrimonial de conformidad con el derecho que ha sido 
vulnerado.
4.  Por providencia de fecha 15 de octubre de 2020, la Sección Tercera de este 
tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso, al apreciar que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional (LOTC)], ya que el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)] y porque la posible vulneración del derecho fundamental que se 
denuncia  pudiera  provenir  de  la  ley  o  de  otra  disposición  de  carácter  general 
[STC 155/2009, FJ 2 c)].
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  se  resolvió  dirigir  atenta 
comunicación a la Sección Quinta de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 2282-2016. Al 
haberse remitido previamente testimonio del procedimiento ordinario núm. 242-2014, 
solamente se dispuso remitir atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a fin de que, en plazo que no 
exceda de diez días, emplace a quienes hubieran sido parte en el citado procedimiento, 
excepto la parte recurrente en amparo, para que, dentro del término de diez días puedan 
comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo.
5.  En fecha 4 de noviembre de 2020, la Abogacía del Estado interesó que se la 
tuviera por personada y parte en el presente procedimiento.
6.  Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia de la Sección Tercera 
de este tribunal, de fecha 17 de diciembre de 2020, se acordó tener por personado y 
parte en el procedimiento a la Abogacía del Estado. También se dispuso dar vista de las 
actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de 
veinte  días,  dentro  de  los  cuales  podrán  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
7.  En  fecha  28  de  enero  de  2021  presentó  sus  alegaciones  el  fiscal.  Tras 
compendiar los antecedentes que estimó de interés y el contenido de la demanda, trae a 
colación  la  doctrina  establecida  por  el  Pleno  de  este  tribunal  en  los  fundamentos 
jurídicos 4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de octubre, en los que se determinaron los 
efectos que sobre el recurso de amparo debía producir la STC 85/2019, que declaró la 
inconstitucionalidad de los incisos «inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma 
causa» del art. 294.1 LOPJ y se concretó el alcance que la estimación del amparo debía 
producir. En consecuencia, el fiscal estima que procede otorgar el amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art. 14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. e.
Por último sostiene que, si bien de la literalidad del precepto depurado de su tacha  w.
de inconstitucionalidad, cabría entender que cuando el proceso penal concluya con un  23ww
opbrosntaunntceia smeiñeanltao  qduee a dbes ololu ceisótna bol edceid soo berne slae iSmTieCn t8o5 l/i2b0re1 9p rnooc esdee dráe slap riennddeem, npizoar csióí ns,o nloo, 
eqlu eti eeml dpeor epcahsoa ad ola  einnd epmrisnióizna.c iSóno bsreea  easueto masápteiccot,o ,e nr etafienrtoe  sqeu ea crdeedbiteer ápno r aepl liscoalricsieta nlotes   BOE-A-cable e
criterios propios del derecho general de daños (como puede ser la compensatio lucri cum 
damno o la relevancia causal de la conducta de la propia víctima). Por ello, «también en 
el caso subyacente, cabría el juego de estos criterios de atemperación o incluso rechazo 
total  o  parcial  tomando  en  cuenta  las  particulares  circunstancias  concurrentes  que 
podrán valorar las autoridades administrativas y, en su caso, judiciales». Por todo lo 
expuesto,  el  fiscal  interesa  que  se  declare  vulnerado  el  derecho  fundamental  a  la 
presunción de inocencia del recurrente (art. 24.2 CE); que se anulen las sentencias 
judiciales  y  la  resolución  de  la  secretaría  de  Estado  de  Justicia  que  denegó  la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el demandante; y que se 
retrotraigan las actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución indicada, 
para que la administración resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial en 
términos respetuosos con el derecho fundamentales del demandante de amparo a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la igualdad (art. 14 CE).
8.  El 29 de enero de 2021 presentó sus alegaciones la Abogacía del Estado. Tras 
resumir los antecedentes que consideró relevantes, puso de relieve la similitud del 
presente caso con los que dieron lugar a la SSTC 8/2017, de 19 de enero, y 10/2017, 
de 30 de enero, así como con el que suscitó la cuestión interna de inconstitucionalidad 
que  fue  resuelta  por  la  STC  85/2019,  de  19  de  junio,  en  la  que  se  declara  la 
inconstitucionalidad y nulidad de los incisos del art. 294.1 «por inexistencia del hecho 
imputado» y «por esta misma causa». Sin embargo, señala que en el presente supuesto 
concurre un aspecto diferencial, puesto que se acordó el sobreseimiento provisional y 
archivo de las actuaciones por falta de autor conocido. Ello supone, según afirma, la 
pendencia del proceso penal puesto que, a diferencia del sobreseimiento libre, que 
produce la terminación del procedimiento y el efecto de la cosa juzgada material, el 
sobreseimiento provisional solo supone la paralización del proceso.
A  continuación,  recuerda  que  la  STC  85/2019  no  declaró  inconstitucional  la 
referencia al sobreseimiento libre que aparece en el art. 294.1 LOPJ. Por ello, en el 
presente supuesto no está en juego el derecho a la presunción de inocencia sino la 
concurrencia  de  los  requisitos  legales  para  que  proceda  reconocer  el  derecho  al 
resarcimiento. Por tanto, hasta que no se convierta el sobreseimiento provisional en libre 
no  cabría  apreciar  la  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  con 
fundamento en la doctrina asentada en la STC 85/2019, por lo que procede desestimar 
el presente recurso.
Subsidiariamente, la Abogacía del Estado afirma que la STC 85/2019 deja incólume 
la expresión del art. 294.1 «siempre que se le hayan irrogado perjuicios». De esta 
constatación, deduce que la sola acreditación del tiempo pasado en prisión preventiva –
seguida de absolución– no genera un derecho automático al resarcimiento, pues el 
interesado ha de probar los supuestos daños acaecidos, más allá solo del hecho de 
haber padecido prisión por un tiempo determinado, «de acuerdo con la aplicación de 
criterios propios del Derecho general de daños», conforme a las razones asentadas en el 
fundamento jurídico 13 de la indicada sentencia. En aplicación de este principio, entiende 
la  Abogacía  del  Estado  que,  en  el  presente  caso,  el  recurrente  solicita  una 
indemnización, pero no acredita la hipotética correlación de los daños sufridos con la 
cantidad específica y concreta en la que los valora, pues se limita a pedir una cantidad 
en  abstracto.  Señala  que  a  este  tribunal  no  le  corresponde  «la  determinación  y 
valoración de la suficiencia de la prueba y de liquidación de los eventuales daños; 
máxime en tanto que en el caso concreto no se han acreditado debidamente». Y ello, 
porque la eventual fijación de esos daños debe hacerse en un procedimiento autónomo y  e.
estrictamente sujeto a las reglas sustantivas y procesales del Derecho de daños, no  w.b
«vicarial o seguidista del previo proceso penal habido». 23ww
caráPcoter rt osduob lsoi deiaxrpiou,e sdtoe,  enno p raimcoerrd laurgsaer  inlate rdeesase qsutiem aseci ódne,s essotilmiceita l a qdueem aenld aT.r iYb ucnoanl 
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que se ordene la retroacción del expediente a la vía administrativa, a fin de que, de
acuerdo con lo que dispone el art. 294 LOPJ y siguiendo siempre el cauce procedimental 
adecuado, se acrediten los posibles daños y perjuicios que, en su caso, hubiera podido 
sufrir el recurrente.
9.  El demandante de amparo no ha formulado alegaciones.
10.  Por providencia de fecha 25 de febrero 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 3 de marzo del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El recurso de amparo se dirige contra la resolución de la secretaria de Estado de 
Justicia, de fecha 3 de septiembre de 2014, recaída en el expediente núm. 361-2013; la 
sentencia de 3 de marzo de 2016, de la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 242-2014; y contra la sentencia núm. 36/2018, dictada por la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 16 de enero 
de 2018, que fue pronunciada en el recurso de casación para la unificación de doctrina 
núm. 2282-2016.
El demandante interesa la estimación de la demanda, pues afirma que tanto la 
resolución  administrativa  como  la  sentencia  que  puso  fin  al  recurso  contencioso-
administrativo  vulneran  su  derecho  a  la  presunción  de  inocencia,  al  emplear  una 
argumentación para denegar la responsabilidad patrimonial interesada, por la prisión 
provisional sufrida, que siembra dudas sobre su inocencia.
La Abogacía del Estado interesa la desestimación del recurso, toda vez que la 
resolución que puso fin al proceso penal no es una sentencia absolutoria ni un auto de 
sobreseimiento libre. Subsidiariamente, interesó que se dictara por este tribunal una 
sentencia conforme a Derecho y, para el caso de resultar estimatoria, que se acordará la 
retroacción de actuaciones a la vía administrativa.
El fiscal, con sustento en los argumentos que detalladamente se han expuesto en los 
antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al considerar que se ha 
vulnerado el derecho de la demandante a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.  Para la resolución del presente recurso procede tomar en consideración los 
siguientes extremos: i)  el sobreseimiento provisional que puso fin al procedimiento 
penal se basó en la «insuficiencia de fundamentos suficientes para sostener la acusación 
contra el imputado»; ii)  la resolución administrativa que denegó la reclamación de 
responsabilidad  patrimonial  se  sustentó  tanto  en  la  naturaleza  del  sobreseimiento 
provisional acordado, como en el dato de que esa resolución no tuvo su razón de ser en 
la  inexistencia  del  hecho  imputado;  iii)  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  que  desestimó  el  recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el demandante, argumentó que aunque se 
atendiera  «al  verdadero  significado  del  auto»  (de  sobreseimiento  provisional),  el 
fundamento del mismo no fue la inexistencia del hecho imputado.
Para resolver la pretensión del recurrente, en primer lugar debemos dilucidar si la 
circunstancia de que el sobreseimiento acordado no tuviera por causa la inexistencia del 
hecho imputado, que tanto la resolución administrativa como la sentencia que puso fin al 
recurso contencioso administrativo invocan, es conforme con la doctrina de este tribunal. 
Una  vez  esclarecido  este  aspecto,  seguidamente  valoraremos  la  incidencia  que  s
presenta, a efectos del presente recurso, el hecho de que el referido sobreseimiento  oe.
fuera de carácter provisional. w.
que Ean c orenltaincuióanc icóonn s ee lt rparnimscerrib aes, pqeucet oo bernau ennc ieald FoJ,  p4r odcee ldae S rTeCp r1o2d5u/c2i0r 1la9 :argumentación  2021-5123n https://ww
FFJ«J S6i na  p1e3r,j uciacbioe d ree croermdiatirr nqouse ,d ceo fmorom eax ípnrteesgar as ian tléotsic raamzoennatem sieun ftuonsd daem lean StoT Cju r8íd5i/c2o0 1193,, 
“[l]os incisos del art. 294 LOPJ ‘por inexistencia del hecho imputado’ y ‘por esta misma
causa’ reducen el derecho a ser compensado por haber padecido una prisión provisional 
acordada conforme a las exigencias constitucionales y legales en un proceso que no 
concluyó en condena de forma incompatible con los derechos a la igualdad y a la 
presunción  de  inocencia.  La  selección  de  supuestos  indemnizables  excluye  otros 
abarcados por la finalidad de la previsión resarcitoria, atenta a indemnizar los daños fruto 
del sacrificio de la libertad de un ciudadano en aras del interés común, de modo que 
introduce una diferencia entre supuestos de prisión provisional no seguida de condena 
contraria al art. 14 CE, en tanto que injustificada, por no responder a la finalidad de la 
indemnización, y conducente a resultados desproporcionados. De otro lado, en tanto la 
referida  delimitación  del  ámbito  resarcible  obedece  a  las  razones  de  fondo  de  la 
absolución,  establece  de  forma  inevitable  diferencias  entre  los  sujetos  absueltos 
vinculadas a la eficacia del derecho a la presunción de inocencia, obliga a argumentar 
con base en esas diferencias y deja latentes dudas sobre su inocencia incompatibles con 
las exigencias del art. 24.2 CE”».
En el presente caso, el rechazo de la indemnización interesada también derivó de 
que el auto que puso fin al proceso penal no consideró acreditada la inexistencia del 
hecho  imputado.  Por  ello,  las  consideraciones  efectuadas  en  el  párrafo  transcrito 
resultan aplicables al caso que nos ocupa, al producirse también una diferencia de trato 
injustificada que conduce a resultados desproporcionados y, a su vez, por arrojar dudas 
sobre la inocencia del demandante.
3.  La  resolución  que  dio  lugar  al  archivo  de  la  causa  penal  fue  un  auto  de 
sobreseimiento provisional, que fue acordado al amparo de lo dispuesto en el art. 641.2 
de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). Para la abogacía del Estado, este dato 
determina la desestimación del recurso de amparo, habida cuenta de que, al no ser libre 
el sobreseimiento, no se cumple el requisito que prevé el art. 294.1 LOPJ: que la 
resolución que ponga fin al procedimiento penal sea una sentencia absolutoria o auto de 
sobreseimiento libre. Por otro lado, también advierte que mientras el sobreseimiento libre 
produce  efectos  de  cosa  juzgada  material,  el  sobreseimiento  provisional  solamente 
determina la paralización del procedimiento.
Este tribunal ya se ha pronunciado, concretamente en la STC 166/2020, de 16 de 
noviembre, respecto de un supuesto similar al presente, en el que la causa penal finalizó 
también con el dictado de un auto de sobreseimiento provisional previsto en el art. 641.2 
LECrim. Y en relación con este aspecto, en el fundamento jurídico 6 de la citada 
sentencia figura la siguiente argumentación:
«Más limitadamente, debemos pronunciarnos sobre si por su conclusión, o por su 
razonamiento, la decisión desestimatoria de la indemnización solicitada vulneró o no los 
derechos fundamentales alegados. Ya hemos expuesto que, en el presente caso son las 
razones del sobreseimiento, y no su carácter provisional, lo que, en las resoluciones 
cuestionadas,  justificó  la  desestimación  de  la  pretensión  indemnizatoria.  No  es  la 
denegación,  sino  su  fundamentación,  lo  que  vulnera  los  derechos  fundamentales 
alegados. Al hacerlo, tanto la resolución administrativa como la judicial, utilizaron una 
interpretación  jurisprudencial  que  excluye  genéricamente  de  la  compensación  del 
sacrificio de la libertad personal a las absoluciones o terminaciones anticipadas del 
proceso penal que tengan su origen en la insuficiencia de pruebas para condenar. Lo 
hicieron utilizando argumentos que afectan a la presunción de inocencia, cuestionando 
su vertiente extraprocesal, al distinguir para conceder la indemnización entre las razones  s
que llevan a no condenar o a no seguir el procedimiento contra el sospechoso de haber  oe.
participado en el hecho. Así fue ya apreciado, en un caso similar de sobreseimiento  w.
Epprosodpvíaiasñ isaoe,n ra§ dl ,e 4et5en r amla i 4nS8aT)n,Et eDq uaHel   vdcaeol o1nr6sai rdd elear  ófve ubqlnrueeerr oae cdl ióecn a2 ra0ád1cu6tec (ridV palir eodevelia slanio dpn rBaelo sddudenylc  isóyo nMb draeers cieneiolmoc ieLenancntoina i.n co.   2021-5123n https://ww
Es dicha constatación la que, también en este caso, justifica el otorgamiento del
amparo pretendido, que debe limitarse a reconocer el derecho del recurrente a que la
decisión  sobre  su  solicitud  de  indemnización  se  adopte,  en  cuanto  a  sus  criterios 
rectores,  de  acuerdo  con  las  exigencias  constitucionales  del  art.  14  CE  y  del 
art. 24.2 CE, sin vulnerarlos. Por ello, la retroacción debe remontarse al momento 
anterior a dictarse la resolución de la secretaria de Estado de Justicia de 21 de julio 
de  2015,  que  denegó  la  indemnización  y  que  origina  la  lesión  de  los  derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que, tomando en 
consideración todas las circunstancias concurrentes en el caso presente, incluido el 
carácter provisional del sobreseimiento, la administración resuelva de nuevo la cuestión 
planteada  conforme  a  las  exigencias  de  los  arts.  14  y  24.2  CE  señaladas  en  la 
STC 85/2019 y en la presente resolución».
Como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución, la denegación 
de la responsabilidad patrimonial por parte de la administración se sustentó tanto en la 
naturaleza provisional del sobreseimiento como en la circunstancia de que el archivo de 
la causa penal no se fundó en la inexistencia del hecho imputado. Sin embargo, la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
se  basó,  exclusivamente,  en  esta  última  circunstancia  para  desestimar  el  recurso 
contencioso-administrativo,  de  conformidad  con  la  restrictiva  doctrina  jurisprudencial 
imperante sobre el contenido y alcance del término «inexistencia del hecho imputado».
Sentado lo anterior, de conformidad con los postulados de la sentencia última citada 
debemos  indicar  que  a  este  tribunal  solamente  le  corresponde  proclamar,  en 
consonancia  con  la  doctrina  establecida  en  la  SSTC  85/2019  y  125/2019,  que  las 
resoluciones impugnadas en el presente recurso vulneran el derecho del recurrente a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la igualdad (art. 14 CE), por rechazar la 
pretensión del demandante porque la resolución que puso fin al proceso penal no se 
fundó  en  el  cumplimiento  de  un  requisito  previsto  en  el  art.  294.1  LOPJ,  que 
ulteriormente fue declarado nulo e inconstitucional.
Una vez anulados los incisos del art. 294.1 LOPJ que condicionaban el éxito de la 
indemnización  a  la  inexistencia  del  hecho  imputado,  será  fuera  de  esta  sede 
constitucional  donde,  de  manera  respetuosa  con  los  derechos  fundamentales 
reconocidos, se deberá resolver, de acuerdo a las circunstancias que concurren en el 
presente  supuesto,  sobre  la  reclamación  por  la  prisión  provisional  sufrida  por  el 
demandante.
4.  Por todo lo expuesto, debemos reconocer la vulneración de los derechos del 
recurrente a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la igualdad (art. 14 CE), con la 
consiguiente nulidad de las resoluciones impugnadas en este recurso. También procede 
acordar la retroacción al momento anterior al dictado de la resolución de la secretaría de 
Estado  de  Justicia,  a  fin  de  que  dicte  nueva  resolución  que,  ponderando  las 
circunstancias  concurrentes  en  el  presente  caso,  sea  respetuosa  con  los  derechos 
fundamentales reconocidos.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Gerardo González León, por  e.e
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción  b
de inocencia (art. 24.2 CE). 23ww
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de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  recaída  en  el  recurso
contencioso-administrativo núm. 242-2014; y de la sentencia núm. 36/2018, dictada por 
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 
fecha 16 de enero de 2018, que resolvió el recurso de casación para la unificación de 
doctrina núm. 2282-2016.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  dictado  de  la  resolución 
administrativa  indicada,  para  que  se  resuelva  la  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial de forma respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.