BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138530
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18371 Pleno. Sentencia 168/2021, de 5 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
2109-2020. Promovido por don Santiago Abascal Conde y otros cincuenta y 
un diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados 
en respecto de las resoluciones de la mesa de la Cámara acordando la 
suspensión del cómputo de los plazos reglamentarios desde la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que fue declarado el 
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Vulneración del derecho a la participación política: suspensión de 
la tramitación de las iniciativas parlamentarias que impide el ejercicio de la 
función representativa y de control al Gobierno. Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2021:168
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 2109-2020, promovido por don Santiago 
Abascal Conde, don Javier Ortega-Smith Molina, don Iván Espinosa de los Monteros y 
de Simón, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, doña Carla Toscano de Balbín, don 
Pedro Fernández Hernández, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, doña Cristina Esteban 
Calonje, don Ignacio Gil Lázaro, don Manuel Mestre Barea, don Manuel Mariscal Zabala, 
doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Rocío de Meer Méndez, don José María 
Figaredo Álvarez-Sala, doña Lourdes Méndez Monasterio, don Joaquín Robles López, 
don Ignacio Garriga Vaz de Concicao, doña Patricia Rueda Perello, don José Ramírez 
del Río, don Agustín Rosety Fernández de Castro, doña Macarena Olona Choclán, don 
Rodrigo Jiménez Revuelta, don Ricardo Chamorro Delmo, don Víctor Sánchez del Real, 
don Tomás Fernández de los Ríos, don Francisco José Contreras Peláez, don Francisco 
José  Alcaraz  Martos,  don  Carlos  José  Zambrano  García-Ráez,  don  Carlos  Hugo 
Fernández-Roca  Suárez,  don  Rubén  Silvano  Manso  Olivar,  don  Andrés  Alberto 
Rodríguez Almeida, don Rubén Darío Vega Arias, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, 
don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, don Ángel López Maraver, doña Inés María 
Cañizares Pacheco, don Pablo Juan Calvo Liste, don Víctor Guido González Coello de 
Portugal, doña Georgina Trías Gil, don Pedro Requejo Novoa, don Juan José Aizcorbe  e.e
Torra, doña María Teresa López Álvarez, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, doña  b
Mireia Borrás Pabón, don Julio Utrilla Cano, don José María Sánchez García, don  371ww
dEedlu Caradmo pLou,i sd oRnu iAz nNtoanviaor rSoa, ldvoán V Aelrbde, rdtoo ñAas aPrtaat rCicuiae vdaes ,l adso ñHae rMasa rFíae rMnáangddeazle nya d None vLaudios 
CGoensgtorseos od ed Me igluoes l, Dtoidpousta edloloss,  dcipounttarad olsa  y ddeipcuistaiódna sd dee l lGa rumpeos Pa ardlaem  eanqtuaerliloa  VoCxá mena real 
parlamentaria de 19 de marzo de 2020, que acordó la suspensión, desde la citada fecha,
del  cómputo  de  los  plazos  reglamentarios  que  afectaban  a  las  iniciativas  que  se 
encontraran en tramitación en la citada Cámara hasta que la mesa levantara dicha 
suspensión, así como de los plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los 
procedimientos  administrativos  del  Congreso  de  los  Diputados,  desde  el  día  de  la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que fue declarado el 
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
los términos establecidos por las disposiciones adicionales tercera y cuarta de esta 
última disposición; así como contra el acuerdo de 21 de abril de 2020 de la misma mesa 
parlamentaria, que desestimó la solicitud de reconsideración formulada por el citado 
Grupo  Parlamentario  Vox  contra  la  anterior  decisión.  Ha  comparecido  y  formulado 
alegaciones el Congreso de los Diputados e intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Por medio de escrito registrado en este tribunal el día 11 de mayo de 2020, don 
Santiago Abascal Conde y las personas que se citan en el encabezamiento de esta 
resolución,  todos  ellos  diputados  y  diputadas  del  Grupo  Parlamentario  Vox  en  el 
Congreso de los Diputados, representados por el procurador de los tribunales don 
Antonio Ortega Fuentes y asistidos por el letrado don Juan José Aizcorbe Torra, han 
presentado  recurso  de  amparo  contra  la  decisión  de  la  mesa  de  aquella  Cámara 
parlamentaria, de 19 de marzo de 2020, que acordó la suspensión, desde la citada 
fecha, del cómputo de los plazos reglamentarios que afectaban a las iniciativas que se 
encontraran en tramitación en la citada cámara hasta que la mesa levantara dicha 
suspensión, así como de los plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los 
procedimientos  administrativos  del  Congreso  de  los  Diputados,  desde  el  día  de  la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que fue declarado el 
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
los términos establecidos por las disposiciones adicionales tercera y cuarta de esta 
última disposición; así como contra el acuerdo de 21 de abril de 2020 de la misma mesa 
parlamentaria, que desestimó la solicitud de reconsideración formulada por el citado 
grupo parlamentario contra la anterior decisión.
2.  Los antecedentes relevantes para resolver el presente recurso son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  Las disposiciones adicionales tercera y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de 
la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  (BOE  núm.  67,  de  14  de  marzo), 
establecieron,  respectivamente  y  con  el  contenido  y  alcance  que  así  expresaba  la 
redacción de sus términos, la suspensión de los plazos administrativos establecidos para 
la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público definido en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones  públicas;  así  como  la  suspensión  de  los  plazos  y  prórrogas  de 
prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos. En ambas situaciones 
durante toda la vigencia del estado de alarma.
b)  El día 19 de marzo de 2020 la mesa del Congreso de los Diputados adoptó la 
siguiente decisión:
«Acuerdo de la mesa de la Cámara de 19/03/2020, sobre la suspensión, desde la  oe.
citada fecha, del cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que  w.
pssueros cpeeendncismuióeiennn,t rteoyns   daeedn m loitnsra ismptrliaatatzicvoiosós n a ddeemnl  inCliasot nragCtriáevmososa  rayd, e d heloa ssp tarDe sipqcuuritepa cdiolóasn ,  myd eecssaadd eu lecevilda anddtíea   ddede ic lholaas    2021-18371n https://ww
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el  Bc
COVID-19, en los términos de lo establecido en sus disposiciones adicionales tercera y 
cuarta.
La mesa del Congreso de los Diputados, el día de 19 de marzo de 2020, ha 
acordado suspender desde el día 19 de marzo el cómputo de los plazos reglamentarios 
que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la 
mesa levante la suspensión.
Asimismo, la mesa ha acordado suspender los plazos administrativos y los plazos de 
prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos del Congreso de los 
Diputados, desde el día de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  en  los  términos  de  lo  establecido  en  sus 
disposiciones adicionales tercera y cuarta.»
La decisión fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» núm. 57, 
de  24  de  marzo  siguiente,  y  comunicada  a  todos  los  grupos  parlamentarios  de  la 
Cámara.
c)  El día 23 de marzo de 2020, don Santiago Abascal Conde y doña Macarena 
Olona Choclán, en sus respectivas condiciones de presidente y de portavoz adjunta del 
Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, presentaron solicitud de 
reconsideración del anterior acuerdo de la mesa, haciendo expresa invocación de la 
eventual vulneración del art. 23.2, en relación con los arts. 66.2 y 116, todos de la 
Constitución, al entender que dicho acuerdo «supone la práctica paralización de la 
actividad del Congreso y, muy en particular, de la función de control al Gobierno que ha 
de desempeñar de conformidad con el artículo 66.2 CE». A tal efecto, añadían, a título 
enunciativo, una serie de iniciativas que, por aplicación del citado acuerdo, quedarían 
suspendidas en tales plazos: solicitudes de información a la administración pública, 
preguntas al Gobierno, emisión de informes por ponencias y de dictámenes por las 
comisiones, inclusión de proposiciones de ley en el orden del día de los plenos a efectos 
de  su  toma  en  consideración,  presentación  de  enmiendas  a  proyectos  de  ley,  o 
prestación o no de conformidad por el Gobierno a la tramitación de proposiciones de ley 
que supongan aumento de los créditos autorizados por el presupuesto.
Añadían  en  su  escrito  que,  únicamente,  las  sesiones  parlamentarias  de 
convalidación de los reales decretos-leyes del Gobierno, aprobados durante la vigencia 
del estado de alarma, quedarían exceptuadas de la paralización de las actividades del 
Congreso, precisamente «en el momento en el que la Cámara baja debería estar más 
activa  que  nunca  en  su  función  de  control  al  Gobierno  dadas  las  prerrogativas 
excepcionales que este asume en el estado de alarma» cuando la mesa «decide eliminar 
dicha  actividad,  privando  al  Congreso  de  los  Diputados  de  una  de  sus  funciones 
fundamentales a tenor de lo dispuesto en el artículo 66.2 CE».
En  su  escrito,  los  precitados  parlamentarios  hacían  cita  expresa  de  la  doctrina 
establecida en la STC 124/2018, de 14 de noviembre, en referencia a la función de 
control  al  Gobierno  que  corresponde  al  Congreso  de  los  Diputados,  y  de  la 
STC 203/2001, de 15 de octubre, respecto de las facultades que integran el derecho de 
participación política del art. 23.2 CE.
Finalizaban  su  escrito  de  reconsideración  solicitando  la  revocación  del  anterior 
acuerdo de la mesa de 19 de marzo de 2020 y que se alzara la suspensión del cómputo 
de los plazos decidida en el mismo.
d)  En su reunión del día 7 de abril de 2020, la mesa del Congreso de los Diputados 
acordó levantar la suspensión del cómputo de todos los plazos reglamentarios que  e.
afectaban  a  las  iniciativas  parlamentarias  que  se  encontraran  en  tramitación  en  la  w.b
cámara baja, con efectos desde el día 13 de abril de 2020. Este acuerdo fue publicado  371ww
en eel )« BEolne tísnu O  rfeicuianli ódne  ldaesl  Cdoírat es2 1G ednee raablerisl »d neú m20. 2604,,  dlae l dmíeas 1a3  ddeel  aCbroiln dgere 2s0o2 0d.e  los
Ddiippuuttaaddooss  seañcoorredsó  Adbeassecastl imy Oarl onlaa , esonl irceitpurde sednet acreiócno ndseild Gerraucpioó nP aprlraemseennttaadriao  Vpooxr.  los
En el citado acuerdo, la mesa, después de resumir los antecedentes de hecho, 
destacó,  en  síntesis,  los  siguientes  argumentos  para  desestimar  la  solicitud  de 
reconsideración formulada:
(i)  Que la decisión de suspender el cómputo de los plazos reglamentarios de las 
iniciativas parlamentarias en tramitación era «una medida adecuada y proporcionada a 
las circunstancias sanitarias y de salud pública concurrentes».
Añade  a  lo  expuesto  que  la  mesa,  desde  el  primer  momento  en  que  tuvo 
conocimiento de la existencia de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, de acuerdo 
con la junta de portavoces y siguiendo las directrices del comité de seguridad y salud del 
Congreso de los Diputados, fue adoptando, de forma escalonada, una serie de medidas 
que, sin ánimo de pretender la paralización de la Cámara, se habían encaminado «a 
permitir el ejercicio de sus funciones en términos compatibles con las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias».
A este respecto, después de destacar un episodio de suspensión de la convocatoria 
de la junta de portavoces por el resultado positivo de un diputado y la cuarentena 
decretada de todo su grupo parlamentario, acaecida el día 10 de marzo de 2020, lo que 
motivó la suspensión de las reuniones durante quince días, la reducción del horario del 
registro presencial de la Cámara, aunque no del telemático, y la ampliación de los plazos 
para presentar enmiendas a las iniciativas en tramitación hasta el día 24 de marzo 
de 2020, la mesa, en atención a todas estas circunstancias, «adoptó, el 19 de marzo, el 
acuerdo  de  suspensión  del  cómputo  de  los  plazos  reglamentarios»,  que  «se  ha 
mantenido vigente desde entonces y también mientras lo han hecho las medidas de 
confinamiento especial de la población, establecidas entre el 30 de marzo y el 9 de abril 
por la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo».
Señala, a continuación, que «[e]n este contexto, el acuerdo de la mesa de suspender 
el cómputo de los plazos reglamentarios debe entenderse, no como una reacción a la 
declaración del estado de alarma con vocación restrictiva de las funciones de la Cámara, 
sino más bien como una medida excepcional, coherente y conectada con el resto de las 
adoptadas por los órganos competentes de la Cámara, justificada en la necesidad de 
hacer frente a una crisis sin precedentes». La voluntad de la mesa, agrega, era que el 
acuerdo  de  suspensión  durara  únicamente  el  tiempo  estrictamente  necesario  para 
garantizar la efectividad de las medidas de confinamiento y la seguridad y la salud del 
personal que presta servicios en la Cámara y de los diputados», lo que, a su entender, 
se acredita con que la mesa, a iniciativa de la Presidencia, acordara el día 7 de abril 
levantar la suspensión con efectos del siguiente día 13.
La decisión de suspender los plazos fue, pues, adoptada «de forma proporcionada, 
razonada y justificada, lejos de toda arbitrariedad», en los términos en que se expresa la 
doctrina de este tribunal [con cita de las SSTC 215/2006, de 3 de julio; 30/2017, de 27 de 
febrero, y 89/2019, de 2 de julio, FJ 11 b)].
(ii)  Que, en contra de lo que aducen los recurrentes, el acuerdo de 19 de marzo 
de 2020 «no contraviene los artículos 66.2 y 116.5 de la Constitución».
Partiendo del reconocimiento de  que,  por  imperativo constitucional y de lo que 
dispone el art. 1.4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados 
de alarma, excepción y sitio, así como de lo que ha declarado la STC 83/2016, de 28 de 
abril, FJ 7, «estando vigente alguno de estos estados, no cabe la interrupción del 
funcionamiento del Congreso. Pero, en cambio, sí es posible, y en este caso incluso 
necesario, dada la excepcionalidad de la situación a la que el Congreso, no obstante su 
autonomía, no puede permanecer ajena, adecuar tal funcionamiento a las circunstancias  e.
concurrentes,  siempre  y  cuando  esta  adecuación  sea  proporcionada  y  esté  w.b
suficientemente justificada». 371ww
realiSdoabdr eim lpae braanstee »d eso esstitean e« alad emceusaac ióqnu ep loan Cdeármadaara  dhea  lcoosn ttrinaubaadjoos  fupnacrliaomnaenndtaor ieons  tao dlao 
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suspensión de la sesión plenaria prevista para el día 10 de abril, «se han celebrado
cuatro sesiones plenarias, siendo la previsión que el Pleno se convoque ya de manera 
regular, cuatro sesiones de la Comisión de sanidad y consumo y una de la Comisión de 
trabajo, inclusión, seguridad social y migraciones». Igualmente, «la mesa, que se ha 
reunido formalmente en cuatro ocasiones, ha estado permanentemente activa y ha 
calificado, desde el 9 de marzo más de 6000 escritos, entre los que se incluyen tanto 
iniciativas de todo tipo presentadas por los grupos parlamentarios y por los diputados, 
como contestaciones del Gobierno a preguntas formuladas para respuesta escrita y 
solicitudes de informe. Asimismo, la junta de portavoces se ha reunido hasta en seis 
ocasiones», tomándose, en paralelo, todas las precauciones necesarias para que tales 
reuniones se hubieran celebrado con todas las garantías, con limitación del número de 
asistentes a las reuniones plenarias (sin público ni medios de comunicación), utilización 
del voto telemático de forma generalizada y con participación, por videoconferencia, de 
los miembros de la mesa y de la junta de portavoces.
Por ello, frente a la alegada paralización de la actividad del Congreso, el acuerdo 
opone que tal funcionamiento «no se ha visto interrumpido y la función al Gobierno se ha 
seguido  ejerciendo»,  en  términos  distintos  a  los  habituales,  pues,  con  cita  de  la 
STC 124/2018, de 14 de noviembre, FFJJ 7 y 9, «este control no tiene por qué realizarse 
siempre de la misma forma ni con los mismos instrumentos».
La adecuación a la realidad provocada por la situación de la pandemia padecida ha 
determinado, según el acuerdo, que «la actividad parlamentaria se haya procurado 
circunscribir a aquella que es de imposible aplazamiento por imperativo constitucional, o 
necesaria para controlar la acción del Gobierno durante la vigencia del estado de alarma, 
especialmente en lo que respecta al seguimiento de la pandemia», pero sin pretender 
eliminar ni desconocer el carácter esencial de esta función de control. El presidente del 
Gobierno ha comparecido ante el Pleno de la Cámara «para informar de la declaración 
del estado de alarma y con ocasión de las sucesivas solicitudes de prórroga del mismo». 
También, han comparecido distintos ministros ante sus respectivas comisiones para dar 
cuenta de la situación y de las medidas adoptadas ante el COVID-19, así como «a través 
del  establecimiento  de  mecanismos  específicos  de  control  e  información,  como  el 
previsto en la propuesta de resolución aprobada con ocasión de la autorización de la 
primera de las prórrogas solicitadas y que obliga al Gobierno a remitir información 
específica a la Cámara con carácter semanal». Finalmente, agrega que, a través del 
mecanismo  de  convalidación  de  los  reales  decretos-leyes,  respecto  de  los  que  el 
Congreso ha acordado su tramitación como proyectos de ley, se ha operado, igualmente, 
este control.
(iii)  Que  otros  órganos  constitucionales  e  instituciones  han  adoptado  medidas 
equivalentes, señalando, al respecto, una tan extensa como pormenorizada cita que se 
inicia con los acuerdos de la mesa del Senado de 12 y 17 de marzo de 2020, de 
suspensión  del  cómputo  de  los  plazos  reglamentarios,  de  los  administrativos  y  de 
prescripción y caducidad, desde el día 13 de marzo hasta el levantamiento de aquella 
suspensión cuando así lo acuerde la mesa correspondiente. Y, seguidamente, continúa 
con atención detallada al acuerdo del Pleno de este tribunal de 16 de marzo de 2020, a 
los  de  la  Comisión  Permanente  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial  (sesiones 
extraordinarias celebradas los días 14 y 18 de marzo de 2020), a los del Pleno y 
Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas (de 16 de marzo de 2020) y a la 
instrucción de 15 de marzo de 2020 «sobre la adopción de medidas que garanticen la 
adecuada prestación del servicio público notarial, dictada por la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en coordinación con el Consejo General del Notariado,  s
en el que se dispone la obligatoriedad de establecer el contacto por vía telemática»,  oe.
atendiendo únicamente de modo presencial las actuaciones urgentes. w.
(iv)  Que,  del  mismo  modo,  las  asambleas  legislativas  de  las  comunidades  371ww
acountócnuorrmenatse , «choann m eaddideacus aqduoe , esun  aalgcutinvoidsa cda spoas,r lsaomne mntáasri are satr icltaiv assi tquuaec ilóans  adceo rdcardisaiss 
edne  ealq uáemllbaisto c dáeml aCraosn gsree shoa  dseu slopse nDdipiduot aldao asc»t.i vDideasdta pcaar,l aaml reenstpaericat,o «, mquaen teenn iélan dtootsaeli,d naod   BOE-A-cable e
obstante, en algunos casos, la posibilidad de celebrar plenos y comisiones, si así se 
acordara, por ejemplo en las Cortes de Aragón o en el Parlamento de Cataluña»; 
igualmente, hace una pormenorizada referencia a la suspensión de los términos de las 
iniciativas parlamentarias en curso en todas las cámaras autonómicas, salvo en la Junta 
General del Principado de Asturias y en el Parlamento de Cantabria.
(v)  El acuerdo rechaza también la alegada vulneración por el grupo parlamentario 
recurrente de la previsión recogida en el art. 116.6 CE, pues este precepto, según refiere, 
«ha de entenderse en conexión» con el art. 3 de la Ley Orgánica 4/1981, «siendo así 
que lo que se pretende es que, durante los estados excepcionales, y no obstante el 
reforzamiento  que  experimentan  los  poderes  gubernamentales,  el  principio  de 
responsabilidad  del  Estado  se  mantenga  sin  alteración».  Cita,  en  apoyo  de  esta 
afirmación, la STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 11.
(vi)  El  acuerdo  rechaza,  también,  que  la  anterior  decisión  de  la  mesa  haya 
vulnerado el art. 23.2 CE que alegan los recurrentes. Las medidas adoptadas «han 
buscado lograr un equilibrio entre el necesario respeto a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y el correcto ejercicio del derecho fundamental, permitiendo a los 
diputados mantenerse en el ejercicio de sus funciones (art. 23.2 CE) y evitando que 
durante un período de tiempo en todo caso limitado se viera perjudicado su derecho a 
presentar iniciativas y a participar en la tramitación de las mismas, acarreando perjuicios 
de difícil o imposible reparación».
La suspensión del cómputo de los plazos ha tenido un efecto «prácticamente nulo» 
en la actividad parlamentaria pues, si bien ha podido afectar a la posibilidad de tramitar 
iniciativas  legislativas,  al  haber  quedado  suspendido  el  plazo  de  presentación  de 
enmiendas, tal y como habían solicitado algunos grupos parlamentarios, «los diputados y 
grupos parlamentarios han podido, y de hecho lo han hecho en un número muy elevado, 
seguir presentando iniciativas, las cuales se han ido calificando por la mesa de la 
Cámara»  que,  incluso,  ha  permitido  su  envío  por  correo  electrónico.  Además,  «el 
Gobierno  ha  continuado  remitiendo  contestaciones  a  preguntas  y  a  solicitudes  de 
informe,  además  de  comparecer  cuando  así  se  ha  acordado  por  los  órganos 
competentes de la Cámara».
(vii)  Por último, se pone de manifiesto que «la mesa de la Cámara, en su reunión 
del pasado 7 de abril, acordó levantar la suspensión del cómputo de todos los plazos 
reglamentarios con efectos del día 13 de abril».
El acuerdo finaliza tomando la decisión de desestimar la solicitud de reconsideración 
presentada por el Grupo Parlamentario Vox. La citada resolución le fue notificada el 
día 22 de abril siguiente a dicho grupo parlamentario.
3.  Los diputados y diputadas recurrentes, al amparo de lo dispuesto en el art. 42 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), alegan en su demanda que los 
acuerdos de la mesa del Congreso de 19 de marzo y de 21 de abril de 2020 que, 
respectivamente, decidió el primero y ratificó el segundo en trámite de reconsideración, 
la suspensión del cómputo de los plazos reglamentarios de las iniciativas parlamentarias, 
así  como  de  los  plazos  administrativos,  de  prescripción  y  caducidad  de  los 
procedimientos del Congreso de los Diputados, han vulnerado su derecho fundamental 
de participación política previsto en el art. 23.2 CE. La demanda alega una doble 
vulneración de ese derecho:
A)  En primer lugar, comienza el escrito con la rúbrica «Esencialidad de la función  s
parlamentaria del control del Gobierno». oe.
A  este  respecto,  se  señala  que  «la  insólita  decisión  aquí  recurrida  supone  la  371ww
pcoanratrliozla caiól nE djeec luat ivaoc,t ivpidraedci spaamrlaemnteen teanri a udne l mCoonmgernetsoo  ye,n e nq puaer tisceu lahr,a dllae  siun vfeusntcidióon  ddee 
epxatrrlaaomrednintaarriioos» .poderes, que convierten en absolutamente esencial el normal control  BOE-A-cable e
a)  Con apoyo en la cita de los arts. 66 y 116.5 CE, 1.4 de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 14 de noviembre, y la referencia a la STC 124/2018, de 14 de noviembre, FFJJ 7 y 9, 
que  recoge  con  detalle,  sostiene  que  la  decisión  de  la  mesa  «supone  simple  y 
llanamente una suspensión en toda regla de la función constitucional de control que 
corresponde al Parlamento sobre el Ejecutivo». A partir de lo recogido en el FJ 4 de la 
antedicha STC 124/2018, acerca de que la teoría del control se presenta como parte 
inseparable de la teoría de la Constitución y que esta solo es verdadera norma y no una 
pura entelequia siempre que exista control de la actividad estatal, es posible «afirmar, sin 
un ápice de exageración, que la decisión de la mesa supone la suspensión del “Estado 
constitucional” y del “Estado democrático”, para los que resulta “esencial” “la existencia 
de  un  Parlamento”  que  representa  al  pueblo  español  y  tiene,  “entre  otras  tareas 
capitales”, la de “controlar la acción del Gobierno” (STC 124/2018, FFJJ 5 y 6)».
A continuación, el escrito se detiene en lo que, a juicio de los recurrentes, se 
concretan las específicas facultades de los diputados del Congreso, en relación con la 
función de control al Gobierno, que aluden:
(i)  A la potestad de recabar información y ayuda del Gobierno, sus miembros o 
cualquier  autoridad  pública  (art.  109  CE),  a  que  se  refieren  los  arts.  7  y  44  del 
Reglamento  del  Congreso  de  los  Diputados  (en  adelante,  RCD).  Subraya,  en  este 
sentido, la posibilidad de recabar la documentación que estimen adecuada al ejercicio de 
sus funciones.
Para los demandantes, la decisión de la mesa «supone que ni la Presidencia del 
Congreso está obligada a tramitar las correspondientes peticiones de información, ni, en 
el caso de que las tramitase, el Gobierno o las autoridades públicas estarían obligados a 
dar respuesta a la misma, dado que, una vez la iniciativa se encuentre en tramitación, 
quedan  en  suspenso  los  plazos  reglamentarios  “hasta  que  la  mesa  levante  la 
suspensión”».
(ii)  A la potestad de reclamar la presencia de los miembros del Gobierno ante el 
Pleno o las comisiones (art. 110 CE), de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 RCD. 
Sostiene el escrito que, en la medida en que la solicitud de comparecencia se ha de 
hacer a través de la Presidencia del Congreso, la decisión ha suspendido la práctica de 
aquella iniciativa parlamentaria hasta que otra decisión posterior la deje sin efecto.
(iii)  A la iniciativa parlamentaria de formular interpelaciones y preguntas (art. 111 CE) 
previstas en los arts. 180 y siguientes RCD, que queda en suspenso como consecuencia 
de la decisión impugnada. La mesa «no estará obligada a tramitarlas ni a calificarlas por 
lo que no comenzarán a computarse los plazos para la “respuesta oral en comisión” del 
art. 189 RC[D], ni los “veinte días siguientes a su publicación” para la contestación por 
escrito de las preguntas al Gobierno previstas en el art. 190 RC[D]».
b)  La decisión de la mesa también supuso la suspensión de la función legislativa de 
la  Cámara  pues,  de  conformidad  con  el  art.  89.1  CE  las  proposiciones  de  ley  se 
regularán por los reglamentos de las Cámaras, de tal manera que, a partir de la vigencia 
de aquella decisión, no eran de aplicación los plazos previstos en el art. 126 y siguientes 
RCD para la tramitación de las mismas.
c)  Seguidamente, el escrito califica de «insólita» la respuesta recibida a la solicitud 
de reconsideración por parte del acuerdo de la mesa de 21 de abril de 2020 pues, a su 
parecer, aborda cuestiones que nada tienen que ver con el contenido de la decisión 
precedente del 19 de marzo. A este respecto, señala como cuestiones que no se 
corresponden con el ámbito de este recurso las relativas a las medidas que se adoptaron  e
para  preservar  la  salud  de  los  trabajadores  del  Congreso,  cuando  podría  haberse  bo
recurrido a la vía telemática para no interrumpir la tramitación parlamentaria y la actividad  371ww
propIgiau daelml Cenotneg, reels aoc.uerdo de 21 de abril no responde a la queja de que la decisión dejó
«eajel rpciucrioo  adreb liatr ifou ndcei ólan  mdee scao nyt rdoel lh Gaboíbaienr dneo  slae re lteracmcióitand does  qyu rée scpoonncdreidtooss »m. eDceasnaipsmaroesc iddea 
la obligación legal de tramitar y responder, «deviene absolutamente irrelevante la función
de control: el Gobierno y la mayoría que lo sostiene pueden decidir sobre qué y en qué 
medida se ejerce el control parlamentario». Además, señala que «el simple hecho de 
que […] la mesa hubiese calificado 6000 escritos desmiente por completo la aducida 
necesidad de suspender los plazos reglamentarios. Podían y debían haber seguido 
tramitándose, de manera telemática, con total normalidad».
La suspensión acordada pudo, en definitiva, «permitir al Gobierno filtrar, en atención 
a sus intereses políticos, las concretas manifestaciones de la función parlamentaria de 
control que se habrían de tramitar». Según el escrito, confirma lo expuesto el hecho de 
que fuera el Gobierno y la mayoría que lo apoya los que decidieron «cómo, cuándo y 
sobre  qué  se  informa  a  los  representantes  de  la  ciudadanía;  cuando  la  función 
constitucional de control consiste precisamente en lo opuesto: los parlamentarios y, 
específicamente la oposición y los grupos minoritarios –y no el Gobierno– son los que 
deciden  sobre  qué  y  en  qué  momento  ejercen  las  distintas  manifestaciones  de  su 
potestad de control sobre la acción del Ejecutivo, garantizando así la primacía del 
Parlamento».
d)  Frente a la alegada adecuación ponderada de los trabajos parlamentarios, la 
demanda opone que el examen de la página web del Congreso de los Diputados pone 
de manifiesto que «las iniciativas parlamentarias registradas por los grupos desde el 9 de 
marzo no se calificaron por la mesa hasta el día 30 de marzo», cuando, con anterioridad 
y posterioridad al período de «hibernación» que se impuso al Congreso, «el tiempo 
medio de calificación por la mesa de las iniciativas registradas por los grupos es de 4-5 
días». Subraya el escrito que la calificación de las iniciativas parlamentarias por la mesa 
es un requisito preceptivo y necesario para que, a partir de la decisión favorable de la 
mesa, comiencen a correr los plazos reglamentarios que pesan sobre el Gobierno, lo que 
quedó suspendido por la decisión de 19 de marzo.
e)  Asimismo, quedaron suspendidos los plenos semanales de control al Ejecutivo 
«al no ser convocados por la presidenta de la Cámara, desde el pasado día 26 de 
febrero en que se celebró el último (la semana del 2 de marzo no se celebraba Pleno 
[…]) y hasta el 15 de abril, en que se reanudaron los plenos de control».
Según destacan los recurrentes, desde la declaración del estado de alarma y de sus 
sucesivas  prórrogas  «ha  sido  el  Gobierno  quien  ha  decidido  cómo  y  cuándo  se 
celebraban plenos en el Congreso y se ha limitado su contenido a dar cuenta del estado 
de alarma declarado, recabar la autorización a los fines de la prórroga del estado de 
alarma y someter a convalidación los reales decretos-leyes aprobados por el Ejecutivo». 
En el período de tiempo comprendido entre el 18 de marzo y el 9 de abril (en que se 
celebraron los tres únicos plenos de la Cámara) el Grupo Parlamentario Vox registró más 
de 1600 iniciativas parlamentarias a fecha 4 de abril, que se han visto afectadas por la 
suspensión acordada por la mesa.
f)  A continuación, expone el escrito que, a pesar de haber quedado levantada la 
suspensión el día 7 de abril de 2020, «el control parlamentario del Ejecutivo permanece 
absolutamente “cercenado”» pues, a la fecha de presentación de esta demanda de 
amparo (11 de mayo de 2020), «únicamente se están convocando las sesiones del Pleno 
del  Congreso  de  los  Diputados  de  los  miércoles,  correspondientes  a  preguntas  e 
interpelaciones, pero no se han reactivado las sesiones de los martes, en los que se 
debaten las tomas en consideración de proposiciones de ley y de proposiciones no de 
ley de los grupos parlamentarios», por lo que tal actuación afecta, no solo a la función de 
control al Gobierno, sino también a la propia función legislativa.
g)  A juicio de los recurrentes, que otros órganos o instituciones constitucionales  s
hayan acordado la suspensión de los plazos de sus procedimientos, no es determinante  oe.
porque el art. 116 CE atribuye específicamente al Congreso de los Diputados «el control  w.
político de la acción del Gobierno durante los estados de alarma, excepción y sitio». El  371ww
epsacrlraitmo esnutobsr aayuat olnaósm  dicifoesr.e Tnacmiabs iéenn streeñ alala  ldaibfeorre ndceia se setnat reC láoms aarcau eyr deols  Sdee nsaudsop eon silóons 
raehfoerraid oims paul gPnoaddeors  J«uhdaicnia lp oe rma iteidsote  atrl ibEujneaclu tpivuoe se, luad diri feerle nccoinat rodle  deelllo sL,e lgoiss laatcivuoe»r;d olas   BOE-A-cable e
decisión de 19 de marzo de 2020 «ha supuesto que ni la mesa –controlada por los 
representantes que sirven de apoyo al Gobierno– ni en particular el Ejecutivo tuvieran la 
obligación  legal  de  atender  en  un  concreto  plazo  al  mecanismo  elegido  por  cada 
diputado o grupo parlamentario para ejercer la función constitucional de control del 
Gobierno», «debilitando el “régimen del checks and balances (pesos y contrapesos) 
entre  los  diferentes  poderes  del  Estado”,  que  conforman  el  propio  concepto  de 
“Constitución democrática” (STC 124/2018, FJ 4)».
B)  La  demanda  alega  una  segunda  vulneración  del  art.  23  CE  y,  para  su 
sostenimiento, parte de la exposición detallada de la doctrina constitucional sobre el 
ejercicio del derecho de participación política de los representantes de los ciudadanos 
reconocido en el art. 23.2 CE. A tal fin, cita las SSTC 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, 
y 115/2019, de 16 de octubre, FJ 4, esta última en relación con el respeto que ha de 
guardarse a las minorías en un parlamento democrático.
En  relación  con  el  caso  de  autos  y  poniendo  en  conexión  la  anterior  doctrina 
constitucional, señala que la decisión y acuerdo impugnados «han supuesto la completa 
interrupción  de  la  actividad  del  Congreso,  desactivando  el  núcleo  de  la  función 
representativa  que  corresponde  a  los  diputados  recurrentes».  Según  denuncian,  el 
Parlamento  ha  perdido  la  centralidad  que  le  corresponde  en  una  democracia 
representativa; de este modo ambos acuerdos de la mesa han invadido «el núcleo 
constitucionalmente protegido del art. 23 CE: los parlamentarios quedan privados de las 
funciones constitucionales que individual y colectivamente les corresponden al amparo 
del artículo 66 CE».
Además, en el parecer de los recurrentes, tales acuerdos «suponen simplemente 
arrasar con los derechos de la minoría en el Congreso de los Diputados, de la que 
forman parte los diputados recurrentes».
C)  Por último, la demanda justifica la especial transcendencia constitucional del 
recurso apoyándola en los siguientes motivos de la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2:
(i)  Plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de 
amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional, toda vez que, a su 
parecer, este tribunal no se ha pronunciado sobre la función de la mesa del Congreso de 
los Diputados en los supuestos de estado de alarma y las limitaciones que puede 
imponer aquella a la actividad parlamentaria.
(ii)  El asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión 
jurídica  de  relevante  y  general  repercusión  social  o  económica  y  tiene  unas 
consecuencias políticas generales. Con este motivo se pretende justificar la posición 
especial que ostentan los amparos parlamentarios en relación con la repercusión general 
que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito particular del 
parlamentario y del grupo en que se integra.
4.  Por providencia de 16 de junio de 2020, el Pleno de este tribunal aceptó la 
propuesta de avocación efectuada por el presidente y recabó para sí, de acuerdo con lo 
que establece el art. 10.1 n) LOTC, el conocimiento del presente recurso de amparo, 
acordando, en la misma resolución, «admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009. FJ 2 a)] y porque el asunto suscitado 
trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general  s
repercusión  social  o  económica  y  tiene  unas  consecuencias  políticas  generales  oe.
d[nSiorTi geCIixge cu1reaa5d l5mai/et2eer0ann0 ttdea9e, ,  c sFdoeJime  a2zuc  gndo)iírca]d»asó.c,  irqóeunme a,it li eeCnrao a ncpgelrircetaisficoci aódcnei ó dlnoe s ol o Df oditpiosucptoaupdeiosast oa,  daev nef inrea l ddaaer  tdíqceuu ellao, s e5 na1 c pLtulOaazTcoiCo q,n uesees    2021-18371n https://www.
correspondientes a los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados de 19 de
marzo y 21 de abril de 2020; debiendo previamente emplazarse, para que en diez días
pudieran comparecer en el recurso de amparo, si así lo deseaban, quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente.
5.  El día 7 de julio de 2020 quedó registrado en este tribunal el acuerdo de la mesa 
del Congreso de los Diputados del día 2 de julio anterior por el que se ha dado curso al 
traslado de fotocopia adverada de las actuaciones relativas a los acuerdos impugnados, 
así como a la decisión de personarse en el procedimiento, bajo la representación y 
dirección de la letrada de las Cortes Generales, jefa de la asesoría jurídica de la 
secretaría general de la Cámara, doña Paloma Martínez Santa María, con quien habrían 
de entenderse las sucesivas actuaciones.
6.  Por diligencia de ordenación de 8 de julio, de la secretaría de justicia del Pleno 
de este tribunal, se tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones solicitadas y por 
personado y parte en el procedimiento al Congreso de los Diputados. Asimismo, a tenor 
de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se procedió a dar vista de todas las actuaciones en la 
secretaría del Pleno, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las 
partes  personadas,  para  que,  dentro  de  dicho  término,  pudieran  presentar  las 
alegaciones que a su derecho conviniere.
7.  El de septiembre de 2020, tuvieron entrada en este tribunal las alegaciones de la 
letrada de las Cortes Generales, que interesa la desestimación de la demanda de 
amparo.
a)  Después de hacer una exposición detallada de los antecedentes que, a su juicio, 
se estiman relevantes para la resolución de este recurso, comienza la representante 
procesal del Congreso de los Diputados la exposición de los fundamentos jurídico-
materiales de su escrito, haciendo unas consideraciones generales bajo la rúbrica «Las 
circunstancias y el contexto de los acuerdos. El sometimiento de la Cámara a las normas 
del estado de alarma».
Para ello, parte de la afirmación de que el ejercicio de los derechos parlamentarios 
integrados  en  el  art.  23  CE,  «aun  siendo  susceptible  de  la  mayor  protección 
constitucional, no es absoluto, sino que ha de atender a su configuración legal de la cual 
pueden resultar determinadas limitaciones». Y que, para enjuiciar la vulneración del 
derecho que se denuncia, «es indispensable situarse en el contexto de la declaración del 
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
acordada mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo».
Señala  que  son,  precisamente,  las  limitaciones  impuestas  por  esta  norma, 
establecidas en una situación de crisis extraordinaria, «las que justifican la decisión de la 
mesa  de  suspender  los  plazos  reglamentarios  de  las  iniciativas  pendientes  de 
tramitación» e identifica, como cuestión a dilucidar en este recurso, «la relación» entre 
los arts. 23 y 116 CE y, más en concreto, si el ejercicio del derecho del art. 23 CE «puede 
quedar condicionado o limitado cuando concurra alguno de los estados proclamados en 
el artículo 116 y, en caso positivo, de qué forma y en qué medida».
Para dar respuesta a este interrogante la letrada de la Cámara hace alusión a «la 
situación jurídica creada en España a raíz de la crisis sanitaria generada por la pandemia 
de coronavirus». A su juicio, el análisis de la cuestión suscitada en el recurso no puede 
prescindir del examen de la situación legal de nuestro país en el momento de adoptarse 
la decisión de 19 de marzo de 2020.
En  este  sentido,  objeta  a  la  demanda  que  se  limite  a  reproducir  la  doctrina 
establecida por la STC 124/2018, de 14 de noviembre, en relación con la función de  e.
control, sin tener en cuenta «la situación de excepcionalidad» antes citada, que «es  w.
completamente ignorada en los alegatos posteriores del recurso, de tal modo que la  371ww
impuDgensapcuióéns  ddee  losse ñaacluaer rdqouse  n«ol otise nees teand ocsu eenxtac eepl ccioonntaelextso  pdree vlaisst odse ceisnio lnae sC»o.nstitución
óprugeadneon  lseugsitpimenaddeor  paalgrau neollso ,d eelr eCcohnogsr,e dseo  fdoerm loas  teDmippuotaradlo, sy» ,s opna saau tao reizxaadmoisn apro, rd eel  múnoidcoo   BOE-A-cable e
detallado,  algunas  de  las  medidas  contenidas  en  el  Real  Decreto  463/2020  y  sus 
ampliaciones, todas ellas adoptadas en desarrollo del art. 116 CE, que han limitado 
derechos de los ciudadanos en todo el territorio nacional (limitaciones al derecho de 
circulación, requisas temporales de bienes e imposición de prestaciones personales, 
intervención  y  ocupación  transitoria  de  industrias,  fábricas,  etc.,  limitación  o 
racionamiento del uso de servicios o consumo de productos de primera necesidad, 
órdenes tendentes a asegurar el suministro y abastecimiento de productos básicos).
A su juicio, la crisis sanitaria propiciada por la pandemia hace diferente este estado 
de alarma de otros que puedan imponerse en otras situaciones, pues la capacidad de 
expansión  de  aquella  no  permite  hacer  excepciones,  so  pena  de  que  estas  «se 
constituirían inmediatamente en un debilitamiento de los objetivos de la lucha contra la 
misma». Añade que «las propias autoridades están sometidas a las medidas, del mismo 
modo que estas pueden extenderse a otros medios». Por ello, afirma que el «ámbito» de 
la declaración del estado de alarma «alcanza a las Cámaras y al Gobierno sin duda, del 
mismo modo que la ley que aprueba el Parlamento le obliga», sin excepción alguna.
La propia actividad del Parlamento está también sujeta al riesgo generado por la 
pandemia  y  los  efectos  de  la  misma  pueden  ser  determinantes  en  su  propio 
funcionamiento,  teniendo  en  cuenta  que  requiere  este  de  la  asistencia  de  los 
parlamentarios y de la colaboración de funcionarios y otro personal de la Cámara, todos 
ellos en riesgo de posible contagio si tuvieran que seguir actuando con normalidad.
En tales circunstancias excepcionales la situación del estado de alarma «dio lugar a 
una situación novedosa para el Parlamento, nunca antes imaginada, ni prevista, al 
quedar muy dificultada la reunión parlamentaria en su concepción clásica» presencial, lo 
que obligó a la Cámara «a tener que adaptarse a esa situación». En la necesidad de 
tener que ponderar el respeto de los derechos de los parlamentarios, basado en la 
presencialidad de los mismos en la sede de la Cámara, y el problema de la crisis 
sanitaria, así como las «serias dudas constitucionales» que pudiera acarrear el paso 
súbito del parlamentarismo presencial al  telemático,  teniendo en cuenta la doctrina 
constitucional expuesta en la STC 19/2019, de 12 de febrero, entiende la letrada de las 
Cortes Generales que, en su opinión, el acuerdo de la mesa de suspender los plazos ha 
de considerarse como «una medida adecuada y proporcionada a las circunstancias 
sanitarias y de salud pública concurrentes», como así se decía en el acuerdo de 21 de 
abril de 2020.
Añade que «no fue una decisión autónoma o libre, como lo puede ser cuando la 
mesa califica una iniciativa parlamentaria, sino una decisión condicionada por un hecho 
ajeno a la propia Cámara, como es la declaración del estado de alarma y sus gravísimas 
consecuencias (limitaciones en el desplazamiento y en las posibilidades de reunión) que 
vinieron a alterar, por efecto mismo de la proclamación de la alarma, el régimen de 
funcionamiento normal de la Cámara». El Congreso no podía sustraerse al cumplimiento 
de normas públicas generales vinculantes, como lo eran las sanitarias acordadas para la 
lucha contra el COVID-19 pues, a pesar de su autonomía organizativa (art. 72 CE), el 
Congreso, en cuanto poder público, estaba sujeto al ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE) y 
a la imposibilidad de establecer normas que excepcionara a las limitaciones generales 
impuestas  por  la  declaración  del  estado  de  alarma  (movilidad,  reuniones,  etc.).  La 
situación contraria, esto es, un funcionamiento normal de la actividad parlamentaria de la 
Cámara  durante  el  estado  de  alarma,  «hubiera  supuesto  un  ejercicio  de 
irresponsabilidad», contrario a lo dispuesto en el art. 9.3 CE, «al poner en grave riesgo la 
seguridad y la salud tanto de los diputados como de todo el personal que presta sus  s
servicios en la Cámara». oe.
En el parecer de la letrada de las Cortes Generales, «la mejor prueba de ello es la  w.
propia percepción del riesgo que tenía el grupo parlamentario recurrente que, antes de la  371ww
daed oppocritóanv odceel sa ccueelerdbora mdae necl idoínaa 1d0o  yd,e s megaúrnzo s ed ere 2c0o2g0e,  ecno melu ancictaó  dae t rlaav réesu ndieó ns ud ep olar tjauvnotaz 
acodrjuonntaav,i rulas  dsee ñuonr dai pOutlaodnoa  deC hsouc glárunp, oq puaer,l amhaebnitéanridoo ys ete ncioennfdirom eand oc uelan tain qfeucec eiól nfi np doer   BOE-A-cable e
semana anterior coincidieron con él en un acto de su partido, todos los diputados del 
Grupo Parlamentario Vox se iban a poner en cuarentena». La letrada alude a una carta 
(que adjunta a su escrito de alegaciones) en la que la señora Olona le comunica a la 
presidenta del Congreso que, por esa causa «no estaremos presentes en la junta de 
portavoces y le rogamos encarecidamente que suspenda todas las actividades plenarias 
y en comisiones previstas esta semana y hasta el momento en que tengamos la certeza 
de que podemos desarrollar nuestra actividad en el Congreso sin riesgo alguno para la 
salud».
b)  Seguidamente, el escrito de la letrada de las Cortes Generales inicia un segundo 
apartado bajo la rúbrica «La suspensión del cómputo de los plazos no es equivalente a la 
paralización del órgano».
Comienza afirmando que la decisión tomada por la mesa del Congreso de suspender 
los  plazos,  no  supuso  la  paralización,  tampoco  una  «completa  interrupción»  de  la 
actividad parlamentaria del Congreso, ni «la suspensión del “Estado constitucional” y del 
“Estado democrático”», como se llegó a exponer por los recurrentes.
La letrada, para rebatir ese planteamiento de la demanda, recoge, de modo literal en 
su escrito, la referencia detallada que hizo el acuerdo de 21 de abril de 2020 de la mesa 
a todas las actividades que llevó a efecto el Congreso de los Diputados en las fechas 
inmediatamente anteriores, así como de los argumentos que aquella ofreció para negar 
la alegada interrupción de la actividad de la Cámara. Por todo ello, vuelve a reiterar sus 
anteriores argumentos en el sentido de negar el cierre de la actividad parlamentaria, así 
como la suspensión de la obligación de responder por parte del Gobierno a las preguntas 
formuladas por los parlamentarios en sus iniciativas de control por escrito, para concluir 
que la suspensión de los plazos «fue una medida limitada en el tiempo y justificada 
teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  concurrentes,  las  medidas  restrictivas  de 
confinamiento y la evolución del estado de alarma».
Además, durante el período de tiempo comprendido entre el 19 de marzo y el 13 de 
abril de 2020, en que tuvo lugar la suspensión de los plazos, «diversas iniciativas 
parlamentarias fueron tramitadas y se celebraron reuniones de Pleno y comisiones, así 
como reuniones de la mesa de la Cámara y de la junta de portavoces».
En concreto, destaca en el escrito que entre las fechas anteriormente indicadas se 
celebraron:
«– Reuniones de mesa: 30/03 y 7/04.
– Reuniones de junta de portavoces: 18 de marzo y 7 de abril.
– Sesiones plenarias: 18 y 25 de marzo y 9 de abril.
En cuanto a los escritos:
– Entre el 9 de marzo y el 7 de abril entraron en el registro 5700 escritos.
– La  mesa  de  30/03  calificó  3124  escritos,  de  entre  los  cuales  destacan:  12 
preguntas para respuesta oral en comisión; 2522 preguntas para respuesta escrita; 53 
solicitudes de informe al Gobierno; y 21 solicitudes de comparecencia de miembros del 
Gobierno.
– La mesa de 7/04 calificó 1965 escritos, de entre los que destacan: 6 preguntas 
para respuesta oral en comisión; 993 preguntas para respuesta escrita; 86 solicitudes de 
informe al Gobierno; y 25 solicitudes de comparecencia de miembros del Gobierno.
– Se recibieron 1000 contestaciones del Gobierno a preguntas con respuesta escrita 
y 62 contestaciones a solicitudes de informe.» s
La letrada señala que «[en] el punto primero de la resolución de 21 de abril de 2020,  w.
se detalla el modo escalonado en que se fueron adoptando por la Cámara dichas  371ww
mdeel digdrausp,o p rpeacrilsaammeenntater ioa  paahrotirra d ere ccounrroecnetres ey  ella p opsuiteivsota p oern  cocruoanraevnitreunsa d ed eu nt oddipoust aldoos 
integrantes del mismo».
Igualmente, el escrito objeta la afirmación sostenida por los demandantes de que el 
Parlamento dejó de ejercer su función en el período de crisis y, en oposición a lo 
sostenido por los recurrentes, señala que «los órdenes del día de las sesiones de las 
comisiones que se celebraron en el periodo de suspensión de los plazos (Sanidad y 
Consumo, los días 26 de marzo, 2 y 16 de abril –esta última acordada el 13 de abril–, y 
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el día 15 de abril –acordada el 13 de 
abril–) […], tuvieron por único objeto el tema de la gestión que el Gobierno estaba 
realizando  de  la  crisis  sanitaria.  Cabe  pues  decir,  incluso,  que  por  parte  de  las 
comisiones  competentes  por  razón  de  la  materia,  se  dio  un  control  especialmente 
enfocado a la crisis provocada por la COVID-19, por lo que el Gobierno nunca dejó de 
estar controlado sobre el tema de mayor preocupación social en esos momentos».
A continuación, frente a lo denunciado por los recurrentes de que la suspensión de 
los plazos reglamentarios habría permitido al Gobierno filtrar, en atención a sus intereses 
políticos, las concretas manifestaciones de la función de control, alega la letrada que «no 
se indican cuáles han sido las concretas iniciativas, contrarias al interés del Gobierno, 
que no se pudieron tramitar». Existió, por el contrario, un criterio objetivo de interés 
general respecto de las iniciativas tramitadas, que se concretó en la actuación del 
Gobierno durante la crisis y en relación con la evolución de la situación de pandemia 
padecida. A tal efecto, señala que comparecieron, el presidente del Gobierno ante el 
Pleno para informar de la declaración del estado de alarma y de sus prórrogas, así como 
diferentes ministros ante sus respectivas comisiones parlamentarias, en asuntos propios 
de  su  competencia  relacionados  con  la  gestión  de  la  crisis  sanitaria.  Todas  estas 
afirmaciones venían en el acuerdo de la mesa de 21 de abril de 2020, al que se remite la 
letrada.
Defiende, a continuación, que no hay una única manera de ejercer el control del 
Gobierno en los supuestos excepcionales de estado de alarma «ni este ha de ejercitarse 
siempre con los mismos medios, como se desprende de la STC 124/2018, FJ 9». 
Aunque la función de control se siga ejerciendo, «esta se tendrá que realizar en unos 
términos distintos a los habituales como consecuencia misma de la alarma y de las 
restricciones sanitarias, siendo lo relevante a la hora de determinar la intensidad de 
dicho control, la debida ponderación entre el respeto al derecho de los parlamentarios y 
la protección de la salud y de la vida», como cree la letrada que se ha hecho en este 
caso.
Igualmente,  rechaza  que  los  acuerdos  adoptados  hayan  prescindido  del  cauce 
reglamentario y niega que se le haya impedido a la oposición y a las minorías la 
posibilidad de defender sus derechos e intereses, o «que haya habido una imposición de 
las iniciativas a tramitar o un “rodillo” del Gobierno, o que los derechos de las minorías 
hayan quedado “arrasados”». Dicho respeto «no significa que sus pretensiones deban 
prosperar siempre y necesariamente, pues ello dependerá finalmente de la voluntad de 
la mayoría de la Cámara, que en todo caso debe ser aceptada por la minoría, como regla 
parlamentaria  fundamental  de  todo  Estado  democrático».  En  apoyo  de  este 
planteamiento, el escrito recoge algunos párrafos de la STC 115/2019, de 16 de octubre, 
FJ 3.
A continuación, el escrito de la letrada resta importancia al supuesto retraso de la 
mesa en la calificación de los escritos en el período comprendido entre el 9 y el 30 de 
marzo de 2020 pues, si bien la mesa habitualmente se reúne con periodicidad semanal, 
son muchas las ocasiones en que dicha periodicidad es distinta. Además, objeta que, en 
aquellos días, la mesa «estuvo plenamente activa, adoptando acuerdos a través de  s
consultas telefónicas», como fue, por razones de urgencia, el propio acuerdo de 19 de  oe.
marzo de 2020. w.
Destaca, seguidamente, la relación de la actividad de la mesa en aquel período: 371ww
«– Jueves 19 de marzo: acuerdos de voto telemático y de suspensión del cómputo
de p–la zLousn.es 23 de marzo: solicitud de EH Bildu de plenos y juntas de portavoces
telemáticas.
– Martes 24 de marzo: solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma 
y reducción del plazo de presentación de propuestas.
– Miércoles 25 de marzo: propuestas presentadas por los grupos.
– Lunes 30 de marzo: mesa sin reunión pero con documentación disponible en 
intranet. Se califican todos los escritos presentados en el registro general de la Cámara 
entre el 9 y el 25 de marzo.
– Mesa sin reunión 8 de abril para calificar las propuestas a la prórroga y para 
calificar preguntas, interpelaciones y mociones.
– Mesas sin reunión de 13 de abril para calificar comparecencias y 16 de abril para 
plazos de enmiendas.»
Continúa el escrito de la letrada justificando en la situación de crisis sanitaria la no 
celebración de reuniones físicas de la mesa durante el mes de marzo, la imposibilidad de 
celebración de los plenos semanales, aunque, «atendiendo a la urgencia y el carácter 
inaplazable de los asuntos a tramitar por exigencia constitucional (autorizaciones del 
Congreso de la prórroga del estado de alarma y convalidaciones de reales decretos-
leyes) se celebraron plenos los días 18 y 25 de marzo y 9 de abril», así como también, 
por resultar «materialmente imposible», el ejercicio de la función legislativa, habiendo 
sido descartada la alternativa telemática.
En  definitiva,  no  hubo  paralización  de  la  actividad  parlamentaria,  ni  tampoco 
interrupción del funcionamiento de la Cámara, por lo que, a juicio de la letrada de Cortes, 
no hubo vulneración del art. 116.5 CE. Simplemente, lo que hubo fue una «adecuación 
de los trabajos parlamentarios a la realidad imperante», lo que trataron de llevar a la 
práctica  los  acuerdos  de  la  mesa  impugnados.  El  art.  116  CE  «no  establece  una 
actividad parlamentaria “con toda intensidad”, en el sentido en que utilizan la expresión 
los  recurrentes»,  sino  que  «lo  característico»  de  este  régimen  de  excepción 
constitucional, «no es el ejercicio de los derechos en su intensidad o frecuencia, sino su 
limitación o restricción» y cita, al respecto la STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 8.
Termina el apartado con la cita de acuerdos de otros órganos e instituciones, de este 
tribunal, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y de la 
mesa del Senado, con contenido similar al de los acuerdos impugnados, para sostener la 
«corrección y proporcionalidad» de los mismos y que sus efectos no pueden equipararse 
a la paralización del órgano.
c)  El tercer y último apartado del escrito, que la letrada de las Cortes Generales 
titula «La naturaleza de los efectos de la suspensión de los plazos reglamentarios», 
comienza señalando que el «principio de continuidad», que rige la actividad de las 
Cámaras y que aparece reconocido en el art. 116 CE, excluye el cierre y clausura de las 
mismas, entendiendo por tal la ausencia de actividad. «Pero esta prohibición absoluta, 
que  incluye  la  garantía  del  libre  acceso  de  los  miembros  de  la  Cámara,  no  está 
necesariamente vinculada con una imposibilidad de que los plazos de tramitación se 
puedan interrumpir», dado que se trata de cuestiones diferentes.
Señala que «la suspensión del plazo es una cuestión procedimental. El plazo es una 
norma de procedimiento, que tiene por objeto regular el espacio temporal en que una 
acción u omisión produce efectos jurídicos. En sí misma considerada, la suspensión de 
los plazos no afecta a un derecho, ni supone la supresión de la actividad de la Cámara». 
Insiste en que «lo característico de la suspensión o interrupción del plazo es que no 
afecta al derecho, sino que aunque lo aplaza en su ejercicio, lo conserva. La figura de la 
suspensión, por lo tanto, no responde a una voluntad de eliminar el derecho afectado, 
sino de garantizar su ejercicio». e.
«La  suspensión  del  plazo  tiene  que  ser  excepcional,  temporal,  motivada  y  w.b
proporcional. No se puede suprimir el derecho al trámite correspondiente sino aplazar su  371ww
aeqjeurceilclaio ,e pxuceesp ceiló pnl.a zEon c oenlt incúaas oe xidseti enaduoto»s y,  dlae bee xacpeopycaiórsne  veine nuen a mcaoutisvaa dqau ep jours ti«fiuqnuae 
cmireccuannsitsamnoci ad edle  ccoanrátacgteior.  eExtnr aeolr dsiunpaurieos, tloa  adme elan apzaan gdreamveia  ao l ae spaidluedm piaú,b llaic ap rao htriabvicéisó nd eol 
restricción  de  movimientos  como  medida  para  evitar  el  contagio  determinaría  la
imposibilidad o dificultad de preparar, revisar y presentar los diversos escritos en tiempo, 
del mismo modo que perturbaría la contestación y dejaría sin sentido y finalidad a los 
plazos de prescripción de acciones, pues existiría la misma imposibilidad de ejercicio».
Según  refiere,  la  suspensión  de  los  plazos  tiene  una  eficacia  favorecedora  del 
ejercicio del derecho pues excluye la caducidad de la iniciativa y lo preserva para el 
futuro, una vez concluya la suspensión. Por ello, los acuerdos impugnados «obedecieron 
a la temporalidad de la medida y la mejor evidencia de ello es que se alzan casi 
inmediatamente. La temporalidad está acreditada por el escaso número de días en que 
se suspenden los plazos, a diferencia de otras suspensiones, y por el mínimo número de 
sesiones que se interrumpen cuando se plantea la mayor emergencia a mitad del mes de 
marzo de 2020», lo que no impidió la continuidad en la actividad de las comisiones, a 
pesar de las medidas muy estrictas impuestas para su celebración, por no existir la 
posibilidad del voto telemático que sí se habilitó para las sesiones plenarias.
Por otro lado, los acuerdos impugnados motivaron «adecuadamente» la medida (de 
suspensión de los plazos) «poniendo en relación la declaración del estado de alarma y 
sus prohibiciones y limitaciones con el objetivo y características de la medida». Los 
acuerdos,  además,  fueron  adoptados  con  proporcionalidad,  pues  supusieron  una 
interrupción temporal muy limitada, «con la mínima restricción posible, y el derecho al 
plazo y al trámite no se ha visto afectado». No se produjo el cierre de la Cámara, sino la 
adecuación de su ocupación a las exigencias sanitarias, sin que fueran modificados los 
procedimientos ni las condiciones de ejercicio de las diversas facultades que integran el 
contenido esencial del art. 23.2 CE. Además, dicha suspensión quedó alzada el día 7 de 
abril de 2020, aún en plena vigencia del estado de alarma. La propia parte recurrente 
reconoce que «las iniciativas parlamentarias registradas por los grupos desde el 9 de 
marzo no se calificaron por la mesa hasta el 30 de marzo, es decir, un retraso mínimo en 
términos de días hábiles, que como antes se ha dicho está justificado, y que si algo 
prueba es que no se ha paralizado la actividad y el funcionamiento del Congreso y de 
sus órganos. De ese retraso mínimo, teniendo en cuenta la celeridad de los trámites en 
casos semejantes, no se puede deducir un cercenamiento del derecho fundamental del 
representante a ejercer su función».
Finaliza la letrada de las Cortes Generales argumentando que, incluso, los arts. 90 
a  92  RCD  no  excluyen  la  posibilidad  de  suspender  excepcionalmente  los  plazos 
reglamentarios por parte de la mesa. En este sentido, desarrolla tal afirmación haciendo 
una interpretación de los arts. 90 y 91 RCD, que atribuyen a la mesa la posibilidad de 
acordar la prórroga o la reducción de los plazos, incluso en circunstancias ordinarias, así 
como la habilitación de días, por lo que, siendo posible esta decisión en circunstancias 
ordinarias de funcionamiento de la Cámara, mucho más en situaciones extraordinarias 
de pandemia y de crisis sanitaria como la padecida.
8.  Las alegaciones del Ministerio Fiscal tuvieron entrada en el registro de este 
tribunal  el  día  25  de  septiembre  de  2020.  Propugna  el  fiscal  en  su  escrito  la 
desestimación del recurso.
Tras una detallada descripción de los hechos, de los argumentos de la demanda y 
del contenido de los acuerdos de la mesa del Congreso impugnados, colige el fiscal que 
la suspensión de los plazos, aparte de no haber afectado al control del estado de alarma 
por parte del Congreso de los Diputados, que no es objeto de impugnación por este 
recurso, tampoco la suspensión acordada ha supuesto «una paralización de la actividad 
o  funcionamiento  de  la  Cámara»,  pues  los  propios  acuerdos  se  han  cuidado  de 
enumerar una serie de actos propios de la Cámara (celebración de sesiones de la junta  e.
de portavoces, calificación de escritos de grupos y de diputados), además de los plenos  w.b
de control del estado de alarma, respuestas por escrito de los miembros del Gobierno a  371ww
pfurnecgiuonntaams iednet o lyo sa cdtiivpiduatadd qous,e  saes ía fcirommao.  solicitudes  de  informe,  que  denotan  aquel
la inFtererrnutep caiól na rgduem lae nftuon dcieó nlo sle rgeiscluartrievan tedse ld eC oqnuger elas os,u sspeeñnaslaió ne ld feis lcoasl  pqluaezo tsa mdeptoecrmo inseó 
produjo esta consecuencia pues, con apoyo en la afirmación sostenida por la mesa de
que incluso algunos grupos parlamentarios habían solicitado la suspensión del plazo de 
presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas en tramitación, sostiene que, 
aunque «la mesa no especifica los grupos parlamentarios a los que se refiere», esta 
afirmación evidencia que fueron los propios representantes de los diputados los que 
promovieron la suspensión del procedimiento legislativo con su petición de suspensión 
de  los  plazos  de  presentación  de  enmiendas,  que  es  uno  de  los  trámites  del 
procedimiento  legislativo  (art.  126.5  RCD).  Además,  se  celebraron  plenos  para 
convalidar reales decretos-leyes, que posteriormente se han convertido algunos de ellos 
en proyectos de ley.
A continuación, el fiscal se opone a la tesis de los recurrentes de que la suspensión 
de los plazos parlamentarios haya supuesto la completa inactividad del Congreso y 
desactivado la función representativa que corresponde a los diputados en el ejercicio de 
su derecho del art. 23.2 CE, al quedar privados de las facultades que les reconoce el 
art. 66.2 CE. Para ello, recoge algunos pasajes de los acuerdos impugnados en relación 
con la tesis de que las medidas adoptadas buscaron el equilibrio entre la preservación de 
aquellas funciones y el respeto a las recomendaciones realizadas por las autoridades 
sanitarias.
En  este  sentido,  después  de  aportar  un  detallado  comentario,  con  cita  de  la 
STC 159/2019, de 12 de diciembre, FJ 5, sobre la doctrina de este tribunal en relación 
con el contenido esencial del derecho de participación política reconocido en el art. 23.2 CE 
y de que la función de control de la Cámara sobre la acción del Gobierno (art. 66.2 CE) 
forma parte del núcleo esencial de aquel derecho fundamental, de modo particular en los 
supuestos de estado de alarma (hace cita extensa de la STC 124/2018, FFJJ 3 y 7), el 
fiscal pone de relieve que la mesa tomó la decisión de suspender los plazos sobre la 
base de tener que «compatibilizar el funcionamiento del Congreso de los Diputados y el 
ejercicio de las funciones de los diputados con las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19», 
limitando su duración al tiempo estrictamente necesario para garantizar la efectividad de 
las medidas de confinamiento y la seguridad y salud del personal de la Cámara y de los 
propios diputados. Subraya, a este respecto, la puesta en cuarentena de un grupo 
parlamentario como consecuencia de haber dado positivo por COVID-19 uno de sus 
miembros.
El fiscal sostiene que las «limitaciones que la medida de suspensión haya podido 
suponer al ejercicio del derecho vendrían impuestas por la necesidad de proteger otros 
valores constitucionales» y, con cita del ATC 40/2020, de 30 de abril, FFJJ 2 y 4, que 
hace  referencia  a  las  limitaciones  en  el  ejercicio  de  los  derechos  de  reunión  y 
manifestación en período de pandemia, concluye su razonamiento destacando que, en el 
contexto  histórico  en  que  fueron  adoptados  los  acuerdos  impugnados,  la  mesa, 
atendiendo a «una situación extraordinaria, compleja y de suma gravedad» que alteró 
profundamente «el funcionamiento normal de las instituciones y del país en general», 
persiguió la finalidad de «garantizar la efectividad de las medidas de confinamiento y la 
seguridad y la salud» del personal y diputados del Congreso. Reputa, pues, ambos 
acuerdos impugnados como motivados y fundados en argumentos de preservación de la 
salud y seguridad de las personas que integran o desarrollan su actividad parlamentaria 
en la Cámara.
Seguidamente, destaca el fiscal que, si bien el acuerdo de suspensión de los plazos 
parlamentarios no concretó el tiempo en que tendría efecto dicha medida, hay que tener 
en cuenta que la situación de incertidumbre generada por la evolución de la pandemia  s
impedía fijar una fecha concreta para el levantamiento de la medida y que, en todo caso,  oe.
esta suspensión no superó el mes de duración, «por lo que el período temporal en que la  w.
tramitación de las iniciativas parlamentarias ha estado suspendida no puede decirse que  371ww
sea Neix cheas iveox»is.tido, pues, una limitación o restricción al ejercicio de los derechos del
adrets. c2o3n.o2c iCmEie, nntoi  tdaeml paortc. o1 1p6u.e5d Ce Ed elac irascet ivqiduaed  spea rhlaamyae nintaterirar.u mPoprid eol loo,  plaa rpaolinzdaedroa ccioónn   BOE-A-cable e
realizada  por  la  mesa  del  Congreso  «debe  entenderse  como  razonada  pues  ha 
analizado los diferentes derechos y bienes constitucionales afectados y que debían ser 
objeto de protección o salvaguardia y tras su confrontación ha adoptado la medida de 
suspensión», que debe tenerse por adecuada, necesaria y proporcional además de 
indispensable para la consecución de la finalidad legítima perseguida. Añade a esta 
afirmación la cita de la STC 89/2019, de 2 de julio, FJ 11 b).
Por todo ello, concluye el fiscal que la demanda de amparo presentada debe ser 
desestimada.
9.  Mediante providencia de 5 de octubre de 2021, se señaló ese mismo día para 
deliberación y votación de la presente sentencia.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso. Planteamiento de las partes.
El  presente  proceso  de  amparo  tiene  por  objeto  la  impugnación  por  parte  de 
cincuenta y dos diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso 
de los Diputados, de la decisión de 19 de marzo de 2020 de la mesa de la citada cámara 
de suspender, desde esa fecha, el cómputo de los plazos reglamentarios que afectaba a 
las iniciativas en tramitación en el Congreso de los Diputados, hasta que la mesa 
levantara dicha suspensión, así como de los plazos administrativos y de prescripción y 
caducidad de los procedimientos administrativos de la Cámara, desde el día de la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que fue declarado el 
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
los términos establecidos por las disposiciones adicionales tercera y cuarta de esta 
última disposición; así como contra el acuerdo de 21 de abril de 2020, de la misma 
mesa, que desestimó la solicitud de reconsideración formulada por el citado grupo 
parlamentario.
Los recurrentes, en los términos detallados en los antecedentes, estructuran su 
petición de amparo en una doble vulneración del derecho de participación política del 
art. 23.2 CE, pero que pueden quedar refundidos en uno solo, que es el de entender que 
los acuerdos impugnados de la mesa han vulnerado su derecho al ejercicio del cargo 
público representativo, pues la suspensión de los plazos parlamentarios ha afectado de 
modo inconstitucional al ejercicio de sus funciones de control de la acción del Gobierno 
(art. 66.2 CE), así como la interrupción o paralización de todas las iniciativas legislativas 
que se hallaban en tramitación en la citada cámara durante el período de tiempo en que 
se mantuvo dicha suspensión. A su parecer, tal actuación de la mesa ha causado la 
infracción del núcleo esencial del ius in officium, que es consustancial a su condición de 
representantes  electos  de  la  ciudadanía.  Por  todo  ello,  interesan  la  estimación  del 
recurso de amparo y la anulación de los acuerdos de la mesa del Congreso impugnados.
Por su parte, la representación del Congreso de los Diputados y el fiscal ante este 
tribunal propugnan la desestimación del recurso, por entender que las decisiones de 
suspensión de los plazos adoptadas por la mesa fueron motivadas, proporcionadas y 
adecuadas a la situación extraordinaria de crisis sanitaria causada por la epidemia de 
COVID-19, con una duración temporal reducida, que apenas se extendió a un mes (entre 
el 19 de marzo y el 13 de abril de 2020). Además, fueron acordadas en un contexto 
histórico en el que el Gobierno de la Nación había declarado el estado de alarma inicial, 
que se prolongó en el tiempo por sucesivas prórrogas autorizadas por el Pleno de la  es
propia Cámara parlamentaria. bo
2E.l  pEresspeenctiea l rteracsucreson ddeen caiam cpoanrsot,i tupcroiomnaolv dideol  rpeocru rlsao .vía del art. 42 LOTC, ha sido  2021-18371n https://ww
atrdamsciteidnod ean ctiará mcoitnes tyit uacviooncaald oa l apl laPnletenaor  puanraa  csuue srteiósno lujucrióídni cap odrqeu ere lperveasnetnet ay  egsepneecriaall 
repercusión social y política.
Además, también ofrece un aspecto del derecho de participación política de los 
representantes parlamentarios que no ha sido abordado anteriormente, pues la denuncia 
de los recurrentes se localiza temporalmente en el curso de una situación excepcional de 
estado de alarma que no ha sido hasta ahora objeto de nuestro enjuiciamiento. Las 
resoluciones de este tribunal, dictadas en relación con la declaración del estado de 
alarma (ATC 7/2012, de 13 de enero, y SSTC 83/2016, de 28 de abril, y 148/2021, de 14 
de julio), han abordado la cuestión desde la perspectiva de la naturaleza jurídica y del 
rango en la jerarquía normativa del Real Decreto del Consejo de Ministros inicialmente 
aprobatorio del estado de alarma, al que le ha reconocido valor de ley, además de haber 
resuelto la más reciente de las citadas la afectación de las medidas adoptadas por el 
Gobierno de la Nación, en cuanto autoridad competente, a los derechos fundamentales 
de  los  ciudadanos.  Sin  embargo,  el  tribunal  no  ha  tenido  hasta  el  momento  la 
oportunidad de analizar y resolver sobre la incidencia que la proclamación del estado de 
alarma propiciado por una pandemia pueda tener en el derecho de participación política 
de los parlamentarios que forman parte del Congreso de los Diputados, encargado, por 
mandato constitucional, del control (junto al Senado) y de la exigencia en exclusiva de 
responsabilidad política de la actuación del Gobierno durante aquel estado.
En definitiva, el presente recurso de amparo tiene como objeto de su enjuiciamiento 
la novedosa cuestión de resolver, respecto del derecho de participación política de los 
diputados  miembros  de  aquella  cámara  legislativa,  en  qué  medida  pueden  verse 
afectados en su ejercicio por la decisión de un órgano del Congreso de los Diputados (en 
el caso de autos, la mesa) de acordar una medida de suspensión, en los términos que 
más  adelante  analizaremos,  del  cómputo  de  plazos  de  determinadas  iniciativas 
parlamentarias y actuaciones administrativas de la Cámara durante un cierto período de 
tiempo en el que permaneció en vigor el estado de alarma y, en su caso, si tal afectación 
ha podido o no vulnerar el ejercicio de aquel derecho fundamental.
3.  El control parlamentario del Gobierno en el estado de alarma.
A)  El control político del Gobierno por el Congreso de los Diputados en el estado de 
alarma.
La STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 7, en referencia al art. 116 CE, declaró que el 
constituyente de 1978 ha optado «por un modelo de regulación del denominado derecho 
constitucional de excepción caracterizado, frente a los precedentes históricos, por la 
mención de los tres estados de emergencia –estado de alarma, estado de excepción y 
estado  de  sitio–  con  los  que  hacer  frente  a  posibles  situaciones  de  anormalidad 
constitucional,  reservando  a  una  ley  orgánica  la  regulación  de  cada  uno  de  estos 
estados, así como las competencias y las limitaciones correspondientes (art. 116.1 CE)».
En tan extenso como pormenorizado análisis del citado art. 116 CE y de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio 
(en  adelante,  LOAES),  la  STC  83/2016  estableció  una  doctrina  general  sobre  la 
configuración de este derecho constitucional de excepción, determinando, en lo que 
atañe al estado de alarma, su régimen jurídico, tanto en lo que se refiere a su aprobación 
inicial como a su prórroga temporal, a su contenido y alcance, así como a los efectos y 
consecuencias jurídicas que su declaración lleva consigo, lo que nos permite ahora 
declinar el estudio pormenorizado de dicho régimen jurídico y remitirnos en su totalidad a 
lo que aquella sentencia declaró.
Sin  embargo,  importa  destacar,  en  lo  que  es  de  interés  para  la  resolución  del  s
presente recurso de amparo, la función relevante que el Gobierno de la Nación y el  oe.
lC«nacoo irnrdmcgeuarcnelliasdstroaaa dnc»cdió ie(ana s r tldo. ees1  x.1atrD lagLiopuOrundAtoiaEn daSdor)eis;a   aslo»cdso e nbqttereuences i m dehieesasntgaetoadmsnop  sqe u«ñqeiamu rse po oencsn oil bonlsfeeo  lqr mueceala  nss imorve ael ndnpte edr neeqic miputaireeed nsotcuo op dnuecderuesert croah lnaoa     2021-18371n https://www.
constitucional de excepción.
Cuando el desenvolvimiento ordinario del Estado de Derecho se ve alterado, a la par 
que condicionado en el funcionamiento de sus órganos e instituciones, por determinadas 
situaciones extraordinarias, el art. 116 CE y la LOAES, conforman un régimen jurídico 
que busca el equilibrio entre la necesidad de hacer frente a la situación extraordinaria 
que determina la declaración de alguno de aquellos estados y la exigencia del respeto al 
propio Estado de Derecho, a la preservación de sus órganos e instituciones y a los 
derechos fundamentales, libertades y garantías de los ciudadanos.
El  Gobierno,  con  su  iniciativa  de  declaración  de  los  estados  de  alarma  o  de 
excepción, en los términos del art. 116, apartados 2 y 3, CE, y el Congreso de los 
Diputados, a través del mecanismo de la autorización, en la forma establecida en los 
apartados anteriores para cada caso, o de aprobación por mayoría absoluta a propuesta 
exclusiva del Gobierno, para la declaración del estado de sitio (art. 116.4 CE), están 
llamados a preservar ese necesario equilibrio entre la apreciación de aquel suceso o 
situación  extraordinaria,  que  requiere  de  medidas  igualmente  extraordinarias,  y  la 
preservación del Estado de Derecho y del sistema de derechos fundamentales. Pero, 
además, recae sobre aquella institución parlamentaria el deber constitucional de asumir 
en exclusiva la exigencia de responsabilidad al Gobierno por su gestión política en esos 
períodos de tiempo excepcionales, con más intensidad y fuerza que en el tiempo de 
funcionamiento  ordinario  del  sistema  constitucional.  Al  Congreso  de  los  Diputados 
corresponde, entonces, velar por que la aplicación de cualquiera de los tres estados por 
parte del Ejecutivo, en cuanto autoridad competente, se desarrolle con estricto respeto al 
equilibrio entre las dos definidas necesidades, que no deben resultar antitéticas.
Las SSTC 83/2016, ya citada, y 148/2021, de 14 de julio, en referencia al estado de 
alarma, que también es el marco jurídico en que se desarrolla el enjuiciamiento de este 
recurso de amparo, y con cita expresa de los diferentes apartados del art. 116 CE y de la 
LOAES, han venido a destacar el trascendente papel que este bloque constitucional 
reserva al Congreso de los Diputados. Y han señalado, a este respecto, lo siguiente:
(i)  Que durante la vigencia de alguno de los tres estados, el de alarma en nuestro 
caso, «no se puede interrumpir el funcionamiento de las Cortes Generales, así como el 
de los demás poderes constitucionales del Estado», ni tampoco «disolver el Congreso de 
los Diputados, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieran en 
período de sesiones, y asumiendo las competencias del Congreso de los Diputados su 
diputación permanente si estuviera disuelto o expirado su mandato» (STC 83/2016, 
FJ 7).
(ii)  Que la declaración de cualquiera de estos estados «no modifica el principio de 
responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las 
leyes» (STC 83/2016, FJ 7).
(iii)  Que pesa sobre el Gobierno el deber de dación de cuenta al Congreso de los 
Diputados, reunido inmediatamente al efecto, de su decisión de declarar el estado de 
alarma,  «suministrándole  la  información  que  le  sea  requerida,  así  como  la  de  los 
decretos que dicte durante su vigencia relacionados con aquella (arts. 116.2 CE y 6 y 8 
LOAES).  Esta  dación  de  cuenta  no  altera  el  carácter  exclusivo  de  la  competencia 
gubernamental para declarar inicialmente el estado de alarma por un plazo máximo de 
quince días, configurándose como un mecanismo de información que puede activar e 
impulsar, en el marco de la relación fiduciaria que ha de existir entre el Gobierno y el 
Congreso de los Diputados, un control político o de oportunidad sobre la declaración del 
estado excepcional y las medidas adoptadas al respecto, así como, subsiguientemente, 
la puesta en marcha, en su caso, de los pertinentes instrumentos de exigencia de  e.
responsabilidad política». w.b
(iv)  Que,  respecto  de  la  prórroga  del  estado  de  alarma,  el  Congreso  de  los  371ww
lDei pcuotraredsopso ansduem ael  Punlean op ossuic piórne vaiaú na umtoársiz raecleióvna ny,t ee ne ns us uc atosmo,a e dseta dbelecciseiró enl,  atolcdaan vceez y q luaes 
dcoenl dCiocinognreess ov idgee nlotess D dipuuratandteo sla u np rdóerrtoagllaa d(oa ritt.e r6 .p2r oLcOeAdiEmSe)n, tadli shpaosntiae nsduo c oenl cReesgiólanm (eanrttso. 
162 y 165 RCD).
(v)  Que los efectos de la declaración del estado de alarma o su prórroga «se 
proyectan en la modificación del ejercicio de competencias por parte de la administración 
y  las  autoridades  públicas  y  en  el  establecimiento  de  determinadas  limitaciones  o 
restricciones.  Por  lo  que  al  primer  plano  se  refiere,  la  autoridad  competente  es  el 
Gobierno o, por delegación de este, el presidente de la comunidad autónoma cuando la 
declaración afecte exclusivamente a todo o parte de su territorio. Quedan bajo las 
órdenes  directas  de  la  autoridad  competente  todas  las  autoridades  civiles  de  la 
administración pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los 
cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, así 
como los demás trabajadores y funcionarios de las mismas, pudiendo imponérseles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza» (STC 83/2016, FJ 8).
(vi)  Que la declaración del estado de alarma «no permite la suspensión de ningún 
derecho  fundamental  […]  aunque  sí  la  adopción  de  medidas  que  pueden  suponer 
limitaciones o restricciones a su ejercicio» (STC 83/2016, FJ 8). En este sentido, este 
tribunal  ha  declarado  recientemente  que  «[l]a  alteración  –siempre  temporal–  en  el 
régimen de ejercicio de los derechos fundamentales afectados tendrá la intensidad y 
generalidad que demanden las concretas circunstancias determinantes de la declaración 
de  este  estado  de  crisis  en  cada  supuesto,  respetando  ciertos  límites.  El  primero, 
genérico: que las condiciones y requisitos de ejercicio del derecho no supongan la 
«suspensión» del derecho fundamental, incompatible con el estado de alarma (i); y otros, 
específicos,  derivados  del  obligado  respeto  a  los  principios  de  legalidad  (ii)  y  de 
proporcionalidad  (iii).  En  el  estado  de  alarma,  y  pese  a  su  posible  limitación 
extraordinaria,  los  derechos  fundamentales  mantienen,  pues,  esta  condición» 
(STC 148/2021, FJ 3).
Igualmente, el estado de alarma supone el establecimiento de un régimen jurídico de 
«excepciones o modificaciones pro tempore en la aplicabilidad de determinadas normas 
del  ordenamiento  vigente,  incluidas,  en  lo  que  ahora  importa,  determinadas 
disposiciones legales, que sin ser derogadas o modificadas sí pueden ver alterada su 
aplicabilidad ordinaria» (STC 83/2016, FJ 9), pues «el fundamento de la declaración de 
cualquiera  de  estos  estados  (en  el  caso  de  autos,  el  de  alarma)  es  siempre  la 
imposibilidad  en  que  se  encuentran  las  autoridades  competentes  para  mantener 
mediante los “poderes ordinarios” la normalidad ante la emergencia de determinadas 
circunstancias extraordinarias (art. 1.1 de la Ley Orgánica 4/1981)» (STC 83/2016, FJ 9, 
que cita expresamente el ATC 7/2012, 13 de enero, FJ 3).
(vii)  Por último, que la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno 
«tiene un carácter normativo, en cuanto establece el concreto estatuto jurídico del estado 
que  se  declara».  Además,  «dispone  la  legalidad  aplicable  durante  su  vigencia, 
constituyendo también fuente de habilitación de disposiciones y actos administrativos. La 
decisión gubernamental viene así a integrar en cada caso, sumándose a la Constitución 
y a la LOAES, el sistema de fuentes del derecho de excepción, al complementar el 
derecho de excepción de aplicación en el concreto estado declarado» (STC 83/2016, 
FJ 10). Esta legalidad excepcional afecta, pues, a la legalidad ordinaria, «cuya aplicación 
puede suspender o desplazar», por el tiempo que dure la vigencia de aquel estado.
Así pues, de una parte, la declaración del estado de alarma permite, de modo 
temporal,  al  Poder  Ejecutivo  disponer  y  aplicar  con  valor  de  ley  este  derecho 
excepcional,  con  la  posibilidad  de  limitar  o  restringir  el  ejercicio  de  derechos 
fundamentales,  así  como  de  sus  competencias  ordinarias  a  las  autoridades  e 
instituciones públicas, en los términos que hemos dicho anteriormente. Pero, de otro  s
lado, corresponde en exclusiva al Congreso de los Diputados el control político del  oe.
correcto  ejercicio  de  aquel  derecho  excepcional,  a  través  de  los  mecanismos  que  w.
establece  el  art.  116  CE,  y  los  capítulos  primero  y  segundo  de  la  LOAES,  y  de  371ww
confLoarm diedcaladr caocnió ne l dperlo ecestdaimdoie dneto a rlaergmulaa,d coo pmoor  leal  dpero cpuioa lRqCuiDer a(a drtes .l o1s6 2o tyro 1s6 d5o).s estados,
cnoon sptuiteudceio neanle sn indgeúl En sctaadsoo  yi,n etenr rcuomnpseirc ueel nfucinac, iodnea lmasie Cnotort edse G neinnegruanleos  d(ea rtl.o 1s1 6p.o5d CerEe)s.   BOE-A-cable e
No puede quedar, pues, paralizada o suspendida, ni siquiera transitoriamente, una de las 
funciones esenciales del Poder Legislativo como es la del «control político» de los actos 
del Gobierno. Además, el Congreso de los Diputados, en cuanto que es la única cámara 
constitucionalmente  habilitada  para  hacer  efectiva  la  exigencia  de  responsabilidad 
política por la actuación del Gobierno, en relación con las iniciativas y medidas que este 
pueda adoptar y aplicar durante aquel período de vigencia, en ningún caso puede dejar 
de desempeñar esa función; ni siquiera por propia iniciativa de alguno de sus órganos 
internos, pues el Congreso de los Diputados ostenta una responsabilidad exclusiva para 
con  el  diseño  constitucional  del  Estado  de  Derecho,  que  le  obliga  a  estar 
permanentemente atento a los avatares que conlleve la aplicación del régimen jurídico 
excepcional  que  comporta  la  vigencia  y  aplicación  de  alguno  de  aquellos  estados 
declarados.
B)  El ius in officium de los diputados durante el estado de alarma.
a)  La doctrina de este tribunal sobre el ius in officium del parlamentario, cualquiera 
que sea el órgano legislativo al que pertenezca, queda resumida en la declaración de 
que el del art. 23.2 CE es un derecho de configuración legal, cuyo contenido se extiende 
al acceso y permanencia en el ejercicio del cargo público, así como a desempeñarlo de 
acuerdo  con  la  ley,  sin  constricciones  o  perturbaciones  ilegítimas,  correspondiendo 
establecer su delimitación, sentido y alcance a los reglamentos parlamentarios. Ahora 
bien, «“no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in 
officium  resulta  lesivo  del  derecho  fundamental,  pues  solo  poseen  relevancia 
constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que 
pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, siendo vulnerado el 
artículo 23.2 CE si los propios órganos de las asambleas impiden o coartan su práctica o 
adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de 
representantes” [por todas, STC 47/2018, FJ 3 b)]» (STC 96/2019, de 15 de julio, FJ 3).
Además, «[e]sta garantía adquiere especial relevancia cuando se trata, como sucede 
aquí, de representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que 
ello comporta defender también el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través 
de la institución de la representación en los asuntos públicos reconocido en el art. 23.1 
CE» (STC 159/2019, de 12 de diciembre, FJ 5, y las que se citan en el mismo).
«Una función consustancial a la forma de gobierno parlamentaria» es, precisamente, 
la función de control al Gobierno «y se fundamenta en el carácter representativo de las 
Cortes Generales» [STC 124/2018, FJ 7 b)]. Los diputados, integrados en los diferentes 
grupos parlamentarios del Congreso, tienen, además, la más específica función de exigir 
la responsabilidad por la gestión política del presidente y de los miembros del Gobierno 
(art. 108 CE), a través de los instrumentos constitucionales que establece el título V CE y 
mediante los procedimientos establecidos en el Reglamento de aquella cámara.
Esta  actividad  parlamentaria  de  control  y  de  exigencia,  en  su  caso,  de 
responsabilidad política del Gobierno permite el debate público y el conocimiento por los 
ciudadanos de lo actuado por el Ejecutivo, en relación con cuestiones de interés general 
que, a través de las iniciativas correspondientes, sean suscitadas por los parlamentarios 
y a las que aquel debe dar respuesta y actuar en consecuencia. La STC 124/2018, FJ 7 
c),  a  la  que  nos  remitimos,  destaca  con  todo  detalle  el  análisis  de  los  diferentes 
mecanismos de control de la acción del Gobierno por parte de las Cortes Generales y, de 
modo más específico, por el Congreso de los Diputados y por los grupos parlamentarios 
que lo integran. e
La  declaración  del  estado  de  alarma  conlleva  la  apreciación  de  alguna  de  las  bo
situaciones que prevé el art. 4 LOAES, en desarrollo de la habilitación que le confiere el  371ww
asurtc. e1s1o6 .1o  CsEit,u ya ccioómn peoxrctae,p ecnio cnoanl sqeuceu,e ndceia ,m lao daop retecmiapcioórna ld, ep qeurme istee,  hian iociraiglmineandtoe  aaq uleal 
Cinoicniagtrievaso d deel G loosb iDeripnuot,a sduo sre, gau llaa cpióronl oyn dgeascpióuné sd,e a l atr aevxéisst ednec ilaa  odpeo artquuneall aa ustioturiazcaicóinó ny  ddeel 
la normativa correspondiente mediante la concesión de una o de sucesivas prórrogas.
Durante ese período de tiempo, de modo excepcional, determinadas normas del 
ordenamiento vigente, incluidas disposiciones legales, sin ser derogadas o modificadas, 
sí pueden ver alterada su aplicabilidad ordinaria por tener valor de ley la disposición 
general que decida su  declaración. También,  la  apreciada situación de emergencia 
puede conllevar la restricción o incluso la privación temporal de las competencias de «las 
autoridades  civiles  de  la  administración  pública»,  que  «quedarán  bajo  las  órdenes 
directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de 
personas,  bienes  y  lugares,  pudiendo  imponerles  servicios  extraordinarios  por  su 
duración y por su naturaleza». Esta autoridad competente puede ser «el Gobierno o, por 
delegación de este, el presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración 
afecte exclusivamente a todo o parte» del territorio de una comunidad (art. 9.1 en 
relación con el art. 7 LOAES). Por último, la declaración del estado de alarma puede 
llevar  consigo,  igualmente,  la  adopción  de  medidas  que  supongan  la  limitación  o 
restricción  del  ejercicio  de  determinados  derechos  fundamentales  o  de  diversas 
actividades (art. 11 LOAES).
Así pues, el acto formal de proclamación del estado de alarma habilita para adoptar 
un  conjunto  de  actuaciones,  que,  en  ejecución  de  lo  acordado  por  aquel,  acarrea 
consecuencias  jurídicas  que  afectan  temporalmente  a  los  tres  ámbitos  descritos, 
normativo,  competencial  de  las  autoridades  públicas  y  limitación  o  restricción  de 
derechos fundamentales y libertades públicas. Así lo ha declarado este tribunal cuando 
ha afirmado que «los efectos de la declaración del estado de alarma se proyectan en la 
modificación  del  ejercicio  de  competencias  por  parte  de  la  administración  y  las 
autoridades  públicas  y  en  el  establecimiento  de  determinadas  limitaciones  o 
restricciones» (STC 83/2016, FJ 8).
La declaración del estado de alarma, por tanto, puede limitar el ejercicio de derechos 
fundamentales. Los derechos quedan en vigor durante el estado de alarma y no pueden 
quedar desplazados ni, mucho menos, suspendidos en su ejercicio durante la aplicación 
de la normativa establecida por la declaración del estado de alarma.
b)  A  partir  de  este  planteamiento  general,  delimitador  de  los  efectos  de  la 
declaración del estado de alarma sobre los derechos fundamentales y las libertades 
públicas, es necesario ahora determinar en qué medida pueda incidir aquel acto formal 
en  el  ejercicio  del  derecho  de  participación  política  de  los  parlamentarios  y,  más 
concretamente de los diputados miembros de esta Cámara legislativa.
Ya hemos dicho que la declaración del estado de alarma puede habilitar al Gobierno, 
en cuanto autoridad competente, para declarar formalmente la limitación del ejercicio de 
determinados  derechos  fundamentales  y  libertades  públicas,  en  función  de  la 
concurrencia de alguno o algunos de los supuestos previstos en el art. 4 LOAES; 
igualmente, que las autoridades de la administración pública del territorio afectado por la 
declaración «quedan bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea 
necesario para la protección de personas, bienes y lugares» y para la imposición de 
«servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza» (art. 9.1 LOAES), pero la 
cuestión que ahora se suscita guarda estrecha conexión con la función de control y de 
exigencia de responsabilidad que la Constitución de 1978 asigna, de modo específico, a 
los miembros del Congreso de los Diputados, en la medida en que esa función de control 
forma parte inescindible del ius in officium.
Y ello, además, desde la consideración de que la preeminencia del Poder Legislativo 
sobre  el  Ejecutivo  en  un  sistema  de  democracia  parlamentaria  cobra  especial 
significación  ante  sucesos  o  situaciones  que,  de  modo  excepcional,  afectan  al  s
funcionamiento ordinario del Estado de Derecho. Como en el caso de autos ha sucedido,  oe.
una vez proclamado el estado de alarma y habilitado constitucionalmente el Gobierno,  w.
como autoridad competente, para dictar normas con valor de ley que puedan haber  371ww
ddeetseprlmazinaaddoa st ecmompopreatlemnecniates  deel  omtraasrc oa utnoorirdmadaetivso,  y oarfdeinctaardioo,s , apsourm liad oli meitna cióenx cdlues isvua 
ejercicio, algunos derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, el
Congreso de los Diputados está legitimado constitucionalmente para realizar un control 
de la gestión del Gobierno en aquella situación jurídica excepcional.
Por tanto, en el estado de alarma, el ejercicio del derecho de participación política de 
los diputados del Congreso debe estar, en todo caso, garantizado y, de modo especial, la 
función de controlar y, en su caso, exigir al Gobierno la responsabilidad política a que 
hubiera lugar, haciéndolo a través de los instrumentos que le reconoce el título V CE y 
mediante el procedimiento que establezca el Reglamento de la Cámara para cada caso.
Los diputados, durante el período de tiempo a que se contraiga el estado de alarma, 
no  pueden  verse  privados  de  su  derecho  a  ejercitar  esta  función  de  control  y  de 
exigencia, en su caso, de responsabilidad. Por ello, llegados a este momento de la 
argumentación, la siguiente cuestión a dilucidar es la de determinar si el ejercicio de la 
función de control que aquellos también tienen durante una situación de estado de 
alarma, ha de ceñirse, de modo exclusivo, a cuantas cuestiones se hallen relacionadas 
directa o indirectamente con el presupuesto de hecho del art. 4 LOAES que haya sido 
apreciado para acordar la declaración del estado de alarma o, por el contrario, aquella 
función  podrá  desarrollarse  siempre  que  venga  delimitada  por  su  vinculación  a  tal 
función específica de control.
En definitiva, la pregunta alude directamente al ámbito posible de actuación de los 
miembros del Congreso de los Diputados, durante el transcurso de una situación de 
estado  de  alarma,  respecto  de  la  específica  función  de  control  y  de  exigencia  de 
responsabilidad política al Gobierno por su gestión.
El art. 116 CE, después de establecer con carácter general en su apartado 5 que la 
declaración de cualquiera de los tres estados no podrá interrumpir el funcionamiento de 
los demás poderes del Estado, además del Ejecutivo y, por ende, tampoco el del Poder 
Legislativo, añade, en su apartado 6, que la declaración de aquellos estados de alarma, 
excepción y sitio, «no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus 
agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes». Es decir, que en ningún caso y 
bajo ninguna situación, ni siquiera en aquella que sea excepcional al funcionamiento 
ordinario del Estado de Derecho, el Gobierno podrá «modificar» o ver «modificada» su 
responsabilidad reconocida en la Constitución y en las leyes.
El Gobierno no puede, en consecuencia, dejar de seguir asumiendo la titularidad y el 
ejercicio de ninguna de las funciones y potestades que, de modo general y ordinario, le 
atribuye el art. 97 CE, como tampoco las que le reconozca el resto del ordenamiento 
jurídico. Igualmente, deberá asumir el dictado y ejecución de las decisiones que se 
contengan en el real decreto de aprobación inicial del estado de alarma y de las que, con 
autorización del Congreso de los Diputados, pueda seguir disponiendo y llevando a 
efecto en el tiempo de prórroga. Como contrapartida, el desempeño del conjunto de 
aquellas funciones, potestades y atribuciones que le corresponden como titular del Poder 
Ejecutivo que es, acarrea indefectiblemente la posible exigencia de una responsabilidad 
derivada de la gestión de las mismas, ya guarden o no relación, directa o indirecta, con 
el suceso o situación que propició el acto de la declaración del estado de alarma, 
excepción o sitio correspondiente. Aquella responsabilidad se extenderá, pues, a toda 
clase de decisiones, iniciativas o toma de posición sobre las cuestiones que sean propias 
del ejercicio de sus funciones.
En correlativa réplica a aquella inmodificada e inmodificable responsabilidad del 
Gobierno,  corresponderá  su  exigencia  al  Congreso  de  los  Diputados  y  a  los 
parlamentarios que lo integran, no solo durante el funcionamiento ordinario del Estado de 
Derecho, sino también y, con mayor predicamento democrático, en cualquiera de las tres  s
situaciones excepcionales que sean causa de la declaración del estado correspondiente.  oe.
El art. 108 CE, que es el que legitima al Congreso de los Diputados para exigir la  w.
responsabilidad política del Gobierno, tiene tal alcance general que no ha establecido  371ww
lEímstiatedso  cdoem Doe rteacmhpoo.co ha distinguido entre situaciones ordinarias o excepcionales del
respPoonrs atbainlitdoa, ds pi olalít icparo dcelal mGaocbióienr ndoe  y aclgourrneos pdoen dleo sa lt rCeso negsretasdoo sd e «lnoos  Dmiopduitfaicdao»s  llaa   BOE-A-cable e
exigencia de tal responsabilidad a aquel por la gestión de sus funciones, potestades o 
atribuciones, sin distinción de situaciones, los diputados, en el ejercicio de su derecho de 
participación política, tienen, como una de sus más caracterizadas funciones, la de 
controlar y, en su caso, exigir responsabilidad política al Gobierno por su gestión, porque 
la Constitución (art. 116.6 CE) no ha establecido modulaciones ni alteraciones en su 
configuración o intensidad a aquella responsabilidad.
El Gobierno, en el desempeño de sus funciones, atribuciones o potestades, puede 
seguir  tomando  decisiones  o  adoptando  iniciativas  con  la  situación  excepcional 
declarada, de tal manera que el Congreso de los Diputados y los parlamentarios que lo 
integran, han de tener también la correlativa posibilidad efectiva de controlar la acción 
del Gobierno y de exigirle, en su caso, aquella responsabilidad, tenga o no que ver con el 
suceso o situación que haya servido de presupuesto para declarar el estado de alarma, 
excepción o sitio.
En este sentido, la actuación del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de su 
función de control y de exigencia de responsabilidad política del Gobierno por su gestión 
durante una situación excepcional del Estado de Derecho, habrá de disponer de todos 
los instrumentos que la Constitución le reconoce a esta Cámara, a sus órganos y a sus 
miembros para poder llevar a efecto dicho ejercicio, sin que pueda verse tampoco 
privada en aspecto alguno, ya lo sea por conexión, directa o indirecta, con el suceso o 
situación que fue presupuesto de hecho de la declaración formal de alguno de los tres 
estados, como en aquellos otros supuestos en los que no exista tal conexión pero que 
atiendan a la exigencia de aquel control y de aquella responsabilidad política respecto de 
decisiones, iniciativas o actuaciones que realice el Gobierno durante la vigencia de tales 
situaciones excepcionales.
De ese modo, el Congreso de los Diputados, por medio de sus órganos, grupos 
parlamentarios o de los propios diputados individualmente considerados, ante este tipo 
de situaciones excepcionales, ha de seguir ejercitando esas funciones, en cuanto que 
forman parte del núcleo esencial del ius in officium.  Este derecho adquiere, si cabe, 
una mayor intensidad y necesidad de protección durante la vigencia de aquellos estados 
porque, en esa garantía fiscalizadora de la labor del Gobierno, queda depositada la 
salvaguarda  del  equilibrio  de  poderes  que  es  propio  del  Estado  de  Derecho.  Y, 
precisamente para preservar y facilitar el ejercicio de este derecho en toda su intensidad, 
el Congreso dispone de la autonomía reconocida por el art. 72 CE para habilitar los 
medios personales y materiales necesarios a fin de que aquella función no cese.
4.  Análisis del recurso: Planteamiento y argumentos excluidos.
A)  Planteamiento.
a)  En el supuesto de hecho del que trae causa este recurso de amparo, la mesa del 
Congreso de los Diputados aprobó un acuerdo inicial de 19 de marzo de 2020, publicado 
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el día 24 de marzo siguiente, cuyo 
íntegro texto se ha recogido en los antecedentes.
En el citado acuerdo, la mesa de la Cámara tomó dos decisiones: (i) la suspensión, 
desde  la  indicada  fecha  de  19  de  marzo  de  2020,  del  cómputo  de  los  plazos 
reglamentarios que afectaran a las iniciativas parlamentarias que se encontraran en 
tramitación  en  la  Cámara  hasta  que  la  mesa  levantara  dicha  suspensión;  y  (ii)  la 
suspensión, también, de los plazos administrativos, de prescripción y de caducidad de 
los procedimientos administrativos de la Cámara desde el día de la entrada en vigor del  s
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, con  oe.
er(emsmteaEid sdilia óicsnniptt eaoa ds eloiocs sicaó rctniétu orgem erpdnirnoeeo srfsaue lene. tsaimtdapobu leegcln iddaoídaso  2 ee3nn   dlraees c modniassrpzidooes irdcaeico in2óe0ns2 p 0ao)d rp iceeilor Gon,ar umlepsioe  ntPetrraacresla raem seyta nc tuasaorirloitca Vi tduoedx    2021-18371n https://www.
de reconsideración era tramitada, la mesa del Congreso, en sesión celebrada el día 7 de
abril  de  2020,  acordó  «levantar  la  suspensión  del  cómputo  de  todos  los  plazos
reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación, con 
efectos desde el día 13 de abril de 2020». Es decir, la mesa de la Cámara dejó sin efecto 
la primera de las decisiones adoptadas en el anterior acuerdo, de tal manera que la 
suspensión del cómputo de plazos de iniciativas parlamentarias quedó temporalmente 
delimitada entre los días 19 de marzo y 13 de abril de 2020.
Con posterioridad, en los términos y con la extensión detallada que se recoge en los 
antecedentes, la mesa del Congreso, oída la junta de portavoces, acordó desestimar la 
reconsideración formulada por el Grupo Parlamentario Vox en sesión celebrada el día 21 
de abril de 2020.
A partir, pues, de los antecedentes reseñados y de las consideraciones expuestas, el 
objeto del presente recurso de amparo se limita, en exclusiva, a la primera de las 
decisiones adoptadas por la mesa del Congreso de los Diputados en su sesión del 
día 19 de marzo de 2020, luego confirmada en reconsideración por el acuerdo del día 21 
de abril siguiente. Los recurrentes, aunque en el suplico de la demanda impugnan en su 
totalidad los mencionados acuerdos parlamentarios, únicamente se refieren a la primera 
de las decisiones, centrando su impugnación en esta, lo que así han hecho, tanto en el 
trámite parlamentario de reconsideración como en el escrito de promoción de este 
recurso de amparo. En consecuencia, no hacen referencia, como tampoco han aportado 
carga  argumentativa  alguna  que  sustente  la  impugnación  de  la  segunda  de  las 
decisiones adoptadas, por lo que la relativa a la suspensión del cómputo de plazos 
administrativos, de prescripción y de caducidad de los expedientes tramitados en aquella 
Cámara, debe quedar excluida del ámbito de este recurso de amparo.
b)  Limitado, pues, el objeto de este recurso a la decisión de la mesa del Congreso 
de suspender el cómputo de los plazos de las iniciativas parlamentarias, hemos de 
precisar que, en realidad, la precitada decisión afecta a dos aspectos concretos de 
aquellas actuaciones parlamentarias tramitadas en el Congreso: (i) De una parte, la 
decisión misma de suspender el cómputo de los indicados plazos, que quedó referida a 
toda clase de iniciativas parlamentarias que se encontraran en tramitación. Es decir, sin 
ninguna  precisión,  la  mesa  decidió  suspender  el  cómputo  de  plazos  de  todas  las 
iniciativas parlamentarias, tanto las que, a fecha 19 de marzo de 2020, habían tenido ya 
entrada en la Cámara, como también las que en las fechas sucesivas fueran a acceder 
al registro presencial o telemático instalado en el Congreso; en definitiva, la suspensión 
del cómputo de plazos iba a afectar a todas las iniciativas, sin excepción alguna. (ii) De 
otro lado, la decisión de suspender el cómputo de plazos no tenía una fecha concreta de 
finalización, sino que el levantamiento de la suspensión quedaba supeditado a una 
decisión  ulterior  de  la  mesa,  de  tal  modo  que  la  medida  de  suspensión  quedaba 
establecida de manera indeterminada en el tiempo de duración (sine die) hasta que la 
propia mesa ordenara su levantamiento.
B)  Argumentos excluidos.
En una primera aproximación al análisis de los dos aspectos de la decisión de 
suspender el cómputo de plazos de las iniciativas parlamentarias, hay que descartar, de 
entrada, dos argumentos que ofrece la letrada de las Cortes Generales para sustentar la 
adecuación a la Constitución de la decisión impugnada.
a)  En primer lugar, no podemos tomar como referentes de nuestro enjuiciamiento 
los términos de comparación que ofrece la letrada de Cortes respecto de lo que otros 
órganos e instituciones del Estado (entre ellos, este tribunal) hubieran acordado en las  s
mismas fechas sobre la suspensión de plazos en la tramitación de sus respectivos  oe.
Cpedrneáo cmcelaeal rdraPaimco,i ódiceneon rmit noLoisce .ih agTelia smdll aeaotlirs vge ouds,mti caqheduonoe t aad anceist óeaunrlmai ocrermam raleea cnsye  ted ed,ex e eca sleuu fstieocilvar iaúczsniaa irc f suolaun saóc sripogornaórienrarso oe  gcdnaoe lsna  ss smteuitrecu edcinsiiodfiovnaara mesl,n,a  i adnqsatueí  egcd roeeams dtlooaa     2021-18371n https://www.
de realizar un efectivo control, a través de aquel mecanismo autorizatorio, de la gestión
del Gobierno durante el período de estado de alarma.
En consecuencia, no resultan comparables, a los efectos de nuestro enjuiciamiento, 
los acuerdos suspensivos de plazos que hagan otros órganos e instituciones del Estado 
durante la vigencia de aquel estado, por la importancia del papel que desempeña el 
Congreso de los Diputados en una situación de estado de alarma.
b)  En segundo término, hemos de rechazar, también, el argumento de la letrada de 
que, por medio de una interpretación conjunta y flexible de lo dispuesto en los arts. 90 
y 91 RCD, la mesa del Congreso tenga la posibilidad de suspender excepcionalmente 
los  indicados  plazos  reglamentarios,  como  consecuencia  de  la  constatación  de  un 
suceso o situación como los que determinaron el establecimiento del estado de alarma 
por la pandemia del coronavirus.
A lo que habilita el art. 91.1 RCD es a que la mesa pueda acordar «la prórroga o la 
reducción de los plazos establecidos en el Reglamento», pero no su suspensión. La 
suspensión  implica  el  cese  temporal  de  los  plazos  reglamentarios,  es  decir,  la 
interrupción o paralización temporal de los plazos establecidos por el Reglamento de la 
Cámara  para  tramitar  y  resolver  sobre  las  diferentes  iniciativas  parlamentarias.  En 
cambio, la prórroga o la reducción no suponen en ningún caso la interrupción temporal 
de los trabajos parlamentarios, sino simplemente que, a partir de su concesión, los 
plazos para la realización de los trámites quedan prolongados o disminuidos en los 
respectivos procedimientos y trabajos parlamentarios, pero su cómputo no cesa como sí 
sucede con la suspensión, pues en aquellos casos simplemente se dilatan o se contraen 
en su ámbito temporal, pero en ningún caso se interrumpen o paralizan temporalmente.
La «prórroga» o la reducción» de plazos son, pues, conceptos jurídicos distintos de 
la «suspensión», que no viene específicamente regulada en los preceptos indicados, por 
lo que aquellas modificaciones del régimen general del cómputo de plazos no permiten 
una aplicación que vaya más allá del significado y extensión expresados. Además, la 
prórroga o reducción de plazos tiene en el Reglamento un alcance general y no acotado 
a ningún tipo de suceso o situación, sino que puede obedecer a múltiples razones 
derivadas de la propia dinámica del funcionamiento de la Cámara. Por esta razón, el 
precepto de referencia configura la prórroga o la reducción de los plazos como una 
facultad no reglada, que tiene la mesa para prolongar o a reducir aquellos plazos, en 
función de la propia evolución de los trabajos parlamentarios, sin que sea necesario que 
concurra algún suceso o situación externa a la propia dinámica de la actividad de la 
Cámara.
5.  Enjuiciamiento de la pretensión de amparo.
A partir, pues, de las anteriores consideraciones y dejando de lado los argumentos 
excluidos,  habremos  de  iniciar  el  análisis  de  la  cuestión  sometida  a  nuestro 
enjuiciamiento.
A)  Consideraciones previas.
a)  Procede, antes que nada, delimitar el objeto de la demanda de amparo. En este 
sentido, toda la cuestión radica en el contrapuesto planteamiento que sostienen, de una 
parte, los demandantes de amparo, que, con los términos en que se expresan, alegan 
que aquella decisión comportó «la práctica paralización de la actividad del Congreso» 
hasta  el  punto  de  impedir  a  los  recurrentes  o,  al  menos,  restringirles 
inconstitucionalmente  el  ejercicio  de  sus  funciones  de  control  y  de  exigencia  de 
responsabilidad política al Gobierno por su gestión, tanto en asuntos ordinarios como 
también en los extraordinarios relacionados con la pandemia por coronavirus, para cuya  e.
lucha  había  sido  declarado  el  estado  de  alarma  por  el  Gobierno  en  fechas  w.
inmediatamente anteriores a la del acuerdo parlamentario impugnado. Y, de otro lado, la  371ww
fleutera addae cduea ldaas,  Ceonr tteésrm Gineonse rdaele ps roy peolr cMioinniasltiedraiod ,F ais claa ls, itquuaec idóenf ieexncdeepnc iqounea l ecsatau sdaedcais pióonr 
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orientadas a conseguir el equilibrio entre la preservación de la salud de aquellos y el 
ejercicio  de  sus  funciones  como  parlamentarios  de  los  diputados.  Además,  según 
sostienen, los trabajos parlamentarios en ningún momento llegaron a quedar impedidos 
o restringidos en la práctica, como lo demostró la relación de actividades que se citan en 
el acuerdo de la mesa denegatorio de la reconsideración y en las propias alegaciones de 
las partes que propugnan la desestimación del recurso de amparo.
b)  En el fundamento jurídico segundo hemos advertido de la preeminencia que 
tiene el Congreso de los Diputados sobre el Ejecutivo en las situaciones de crisis, en 
este caso del estado de alarma, porque aquel debe ejercer de modo efectivo la función 
de control sobre la gestión del Gobierno. Consciente el constituyente de la especial 
importancia que, para la preservación del Estado de Derecho, tiene el ejercicio de la 
función  de  control  del  Gobierno  por  parte  de  las  Cortes  Generales  y,  de  modo 
predominante, la específica función de exigencia de responsabilidad política al Gobierno 
que tiene atribuida el Congreso de los Diputados (art. 108 CE), y que una situación de 
excepcionalidad como la que motiva la declaración del estado de alarma no modifica 
para  nada  aquella  responsabilidad  del  Ejecutivo  y  de  su  control  específico  por  el 
Congreso de los Diputados (art. 116.5 y 6 CE), la decisión de la mesa de suspender el 
cómputo de los plazos de tramitación de toda clase de iniciativas parlamentarias podría 
suponer,  en  la  práctica,  la  interrupción  temporal  del  curso  de  las  actuaciones 
parlamentarias hasta que fuera alzada aquella suspensión. Y lo que es más importante 
aún,  aquella  decisión,  tomada  sin  matiz  ni  cautela  alguna,  podría  producir,  como 
consecuencia, que el Congreso y sus diputados, por el tiempo que durara la suspensión, 
dejaran de ejercitar aquella labor de control y, en su caso, de posible exigencia de 
responsabilidad política al Gobierno.
Pues bien, el análisis de los términos que integran el contenido de la decisión 
impugnada permite extraer una primera conclusión: La suspensión del cómputo de los 
plazos tenía un alcance general, de tal modo que todas las iniciativas parlamentarias en 
tramitación, sin distinción alguna, iban a experimentar esa interrupción temporal en su 
devenir procedimental. Por consiguiente, tanto las que ya habían tenido entrada en la 
Cámara al momento de tomarse aquella decisión, como las que en los días sucesivos 
hubieran  ingresado  en  el  registro  del  Congreso  de  los  Diputados,  quedarían 
automáticamente suspendidas en su tramitación, lo que en la práctica suponía que, de 
modo temporal, aquellas mociones o iniciativas no llegaran a tener efectividad por haber 
quedado interrumpidos los trámites previos a su resolución.
La  decisión,  pues,  adoptada  por  la  mesa  del  Congreso  de  acordar  aquella 
suspensión de plazos en la tramitación de las iniciativas parlamentarias habría podido 
contravenir directamente los arts. 66.2, 108 y 116.5 y 6 CE, porque hubiera impedido, 
aunque  fuera  de  modo  temporal,  esta  función  de  control  y  de  exigencia  de 
responsabilidad política al Gobierno, en la medida en que cualesquiera iniciativas que 
pretendieran llevar a efecto o estuvieran realizando los grupos parlamentarios o los 
diputados quedarían interrumpidas hasta que fuera alzada la suspensión.
Además, a la decisión de suspender, sin ninguna excepción, el cómputo de los 
plazos de todas las iniciativas parlamentarias, han de añadirse otros dos aspectos de 
aquel acuerdo: (i) de una parte, la indeterminación del período de duración de la medida 
de  suspensión,  pues  el  acuerdo  no  hace  referencia  a  ningún  margen  temporal  de 
permanencia de aquella medida; (ii) y, en segundo término, que el alzamiento de la 
suspensión quedó supeditado a la única y discrecional decisión de la mesa, sin que se 
aportara en el acuerdo criterio o requisito alguno que vinculara a la mesa en orden a  s
poder levantar aquella suspensión. La decisión no ofrecía una mínima posibilidad de  oe.
limitar el margen temporal de aquella suspensión, aparte del que, indeterminadamente,  w.
pudiera  derivarse  de  la  valoración  de  la  evolución  de  la  pandemia  y  de  las  371ww
modificaciones que pudieran producirse respecto del estado de alarma declarado.
B)  Enjuiciamiento.
a)  A partir de las anteriores consideraciones, que llevarían, en un análisis abstracto 
de constitucionalidad de la decisión de 19 de marzo de 2020, a la declaración de su 
inconstitucionalidad y nulidad, hemos, sin embargo, de profundizar en el enjuiciamiento 
constitucional de la pretensión de los recurrentes, dado que nos hallamos en un recurso 
de amparo en el que ha sido denunciada la vulneración del ius in officium de aquellos, lo 
que obliga a este tribunal a determinar en qué medida aquella suspensión del cómputo 
de  los  plazos  parlamentarios  ha  incidido  en  su  derecho  a  ejercer  las  funciones 
parlamentarias que les son propias.
b)  Para el enjuiciamiento de la queja hemos de descartar ab initio la aplicación del 
test de proporcionalidad que postulan la letrada de las Cortes Generales y el Ministerio 
Fiscal. Ambas partes han entendido que, partiendo del estado de alarma declarado días 
antes (el día 14 de marzo de 2020, en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo), debían tomarse como elementos de valoración, de una parte, el interés general 
de preservar la vida y la salud de los diputados y del personal del Congreso de los 
Diputados, como consecuencia de la situación de pandemia sufrida en las fechas en que 
fue acordada la suspensión; y, de otro lado, el derecho de participación política, en el 
específico aspecto de la función de control y exigencia de responsabilidad política del 
Gobierno, reconociendo la prevalencia del precitado interés general sobre el ejercicio del 
derecho fundamental.
En sus alegaciones, han defendido que el acuerdo de suspensión del cómputo de 
plazos fue una medida proporcionada y adecuada a la necesidad de preservar la vida y 
la salud de diputados y personal del Congreso, a la vista de la situación de estado de 
alarma propiciada por la pandemia que se estaba propagando por todo el territorio 
nacional, lo que, además, impedía o limitaba los traslados y viajes de los parlamentarios 
a Madrid para acudir al Congreso y poder desempeñar con normalidad sus actividades. 
Y, en todo caso que, pese a ello, el Congreso, aunque limitadamente, pudo seguir 
ejerciendo aquellas funciones.
Sin embargo, el test de proporcionalidad precisa de la subsistencia del derecho 
fundamental para su aplicación. El juicio de ponderación entre el derecho fundamental 
afectado  y  el  fin  o  interés  general  constitucionalmente  protegido  que  se  pretenda 
alcanzar, comporta que aquella afectación del derecho para alcanzar dicho fin o interés 
general prevalente, no pueda ir más allá de la limitación del ejercicio del primero. De 
quedar su titular impedido de todo ejercicio la afectación alcanzará al contenido esencial 
del derecho dejando este de existir. Y la desaparición de uno de los dos elementos a 
valorar acarrea, también, la imposibilidad de realizar aquel juicio de proporcionalidad.
Además, la declaración del estado de alarma «no consiente la suspensión» del 
ejercicio de ninguno de los derechos fundamentales, «pero sí “la adopción de medidas 
que pueden suponer limitaciones o restricciones” a su ejercicio (STC 83/2016, FJ 8), que 
habrán de atemperarse a lo prescrito en la LOAES y a las demás exigencias que la 
Constitución impone» (STC 148/2021, de 14 de julio, FJ 3); en definitiva, la decisión de 
suspender el ejercicio de un derecho fundamental sobrepasa los límites del estado de 
alarma.
En el presente caso, la decisión tomada por la mesa del Congreso de los Diputados 
resolvió no dar trámite, por tiempo inicialmente indeterminado, a cualquier clase de 
iniciativa  parlamentaria  que  registraran  los  grupos  o  los  miembros  de  la  Cámara, 
suspendiendo el cómputo de los plazos de tramitación de las mismas hasta que el 
precitado órgano parlamentario decidiera el alzamiento de aquella interrupción. Por otro  e.
lado, pese a la vigencia del estado de alarma, aquella decisión, sin duración concreta y  w.b
predeterminada en el tiempo, era de tal intensidad que iba incluso más allá de los límites  371ww
iqmupee pduíad ieqruae i mlopso ndeirp luat apdroocsl admeal cCióonn dgerel seos tavdieor adne  atrlaamrmitaa,d pause sy  lare ssuuseplteanss icóuna alecsoqrudiaedraa 
ipnriicviaadtiovas st epmarplaomraelmnteanrtiaes d qeu eej erercgiitsatrr asrua nd eerne clah oC ádme apraar,t iqcuipeadcaiónnd op,o clíotinc aa.q Puoerll aim dpeecrisaitóivno, 
constitucional (art. 116.5 CE), el funcionamiento del Congreso de los Diputados no puede
quedar interrumpido durante la vigencia del estado de alarma; por tanto, el derecho de 
los diputados que lo integran a participar en las funciones que les son propias, tampoco 
permite la suspensión de su ejercicio bajo ninguna circunstancia.
Por  consiguiente,  según  el  dictado  de  aquella  resolución,  cualquier  iniciativa 
parlamentaria  registrada  en  la  Cámara  quedaba  de  facto  temporalmente  paralizada 
hasta que la mesa, en su momento, alzara la suspensión, lo que consecutivamente 
acarreaba  que  el  ejercicio  del  derecho  de  participación  política  de  aquellos 
parlamentarios quedara temporalmente imposibilitado. Faltaba, pues, uno de los dos 
elementos imprescindibles del juicio de proporcionalidad, el del derecho fundamental de 
participación  política  del  art.  23  CE.  El  juicio  de  proporcionalidad  no  es,  por  los 
razonamientos expuestos, el canon apropiado para el enjuiciamiento constitucional de la 
cuestión que ahora se dilucida.
c)  La letrada de las Cortes Generales y el Ministerio Fiscal han argumentado que el 
acuerdo de suspensión del cómputo de los plazos tuvo por objeto preservar la vida y la 
salud de los diputados y del personal de la Cámara, teniendo en cuenta que, además, 
algunos de los ahora recurrentes habían resultado contagiados por el virus, que se 
hallaba en fase activa de propagación. Ciertamente, aquella medida de suspensión 
podía resultar apta para la consecución del fin enunciado porque la suspensión del 
cómputo  de  plazos  parlamentarios  y  la  paralización  temporal  de  la  tramitación  de 
cualesquiera iniciativas parlamentarias llevaba consigo una liberación de la labor de los 
diputados, que no verían correr los plazos reglamentarios para la propuesta o gestión de 
sus iniciativas, así como, también, una flexibilización de la actividad laboral del personal 
del Congreso de los Diputados, con reducción de sus horarios y turnos de trabajo.
Pero la decisión de la mesa de suspender, sin limitación alguna de supuestos o 
causas de exclusión, el cómputo de los plazos parlamentarios, no daba opción a tomar 
en consideración cualquier otra medida alternativa, menos gravosa para el derecho de 
los  parlamentarios,  que  pudiera  cohonestar  el  ejercicio  de  este  derecho  con  la 
preservación de la vida y la salud de los mismos y del personal del Congreso. La 
doctrina de este tribunal (SSTC 19/2019, de 12 de febrero, y 45/2019, de 27 de marzo), 
si bien ha subrayado, con carácter general, la inmediatez y presencialidad de la actividad 
parlamentaria,  también  ha  admitido  la  posibilidad  de  que  los  Reglamentos  de  las 
Cámaras, en el ejercicio de su autonomía parlamentaria, puedan prever el voto en 
ausencia  cuando  concurran  circunstancias  excepcionales  o  de  fuerza  mayor 
[STC 19/2019, FJ 4 A)].
Además, ese planteamiento, que es de alcance general y que alude a determinadas 
actividades parlamentarias que tienen que ver con las relaciones de confianza entre el 
Legislativo y el Ejecutivo y la exigencia de responsabilidad política de este (sesión de 
investidura del candidato a presidente, moción de censura o cuestión de confianza, etc.), 
no excluye la posibilidad de que, para otras iniciativas parlamentarias de control del 
Gobierno,  puedan  utilizarse  las  nuevas  tecnologías  que  faciliten  la  tramitación  y 
resolución de aquellas y que no requieran de la presencia física de los parlamentarios en 
la sede de la Cámara correspondiente (solicitudes de informes, preguntas dirigidas al 
Gobierno, comparecencias del presidente o de miembros del Gobierno en la Cámara, 
etc.), así como también, y para el caso de autos, precisamente la prerrogativa que 
apuntó la letrada de las Cortes Generales, de prorrogar, en este caso, el cómputo de los 
plazos, pero sin paralizar en su totalidad la tramitación de los trabajos parlamentarios 
(art. 91.1 RCD).
El funcionamiento del Congreso de los Diputados, junto con el de los demás poderes  s
constitucionales del Estado, «no podrá[n] interrumpirse durante la vigencia» de estos  oe.
estados  excepcionales  (arts.  116.5  CE  y  1.4  LOAES)  y,  como  hemos  señalado  w.
anteriormente,  la  citada  Cámara  disponía  de  medios  alternativos  para  asegurar  la  371ww
acoqnuteinl uairdgaudm deen tosu n ofu pnuceiodnea mjusietinfitcoa rd ular adnetcei sliaó nv idgee ninctiae rrdueml peisr tatedmop doera almlaermntae,  lap oarc tloiv idqaude 
parlamentaria de la Cámara.
En definitiva, si bien es conforme con la Constitución aquel objetivo de preservar la 
vida y la salud de los propios parlamentarios y del personal del Congreso, la decisión de 
suspender el cómputo de los plazos de la tramitación de toda clase de iniciativas 
parlamentarias, sin excepción alguna, y sin haber establecido un margen temporal de 
duración o, al menos, acordado unos mínimos criterios que delimitaran las atribuciones 
de la mesa en orden a levantar aquella suspensión, dejándola a su libre discrecionalidad, 
resulta contrario a una de las funciones más caracterizadas del trabajo parlamentario 
como es la del control político del Gobierno y, respecto del Congreso de los Diputados, 
también de la exigencia de responsabilidad política (arts. 66.2 y 108 CE).
Este primer argumento, opuesto de contrario por la letrada de las Cortes Generales y 
por el Ministerio Fiscal, debe ser desestimado.
d)  Las partes que propugnan la desestimación del recurso sostienen, también, que: 
(i) la suspensión del cómputo de los plazos tuvo una duración muy limitada en el tiempo, 
que no llegó al mes de duración (la suspensión se hizo efectiva entre el 19 de marzo y 
el 13 de abril de 2020, fecha en que un acuerdo de la mesa del día 7 de abril anterior, 
alzó aquella) y que, además, fue en gran parte coincidente con el del período de 
duración del confinamiento especial de la población, establecido por el Real Decreto-
ley 10/2020, de 29 de marzo (entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020), en que fue 
reducida a su máxima intensidad la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra la pandemia del coronavirus; y (ii) en todo caso, el Congreso de los Diputados no 
suspendió su actividad parlamentaria, sino que simplemente la atemperó a la situación 
de pandemia que se padecía. Así, con apoyo en la resolución de la mesa de 21 de abril 
de 2020, desestimatoria de la reconsideración formulada por el Grupo Parlamentario 
Vox,  la  letrada  de  las  Cortes  Generales  y  el  Ministerio  Fiscal  han  alegado  que  el 
Congreso de los Diputados celebró, durante la vigencia del acuerdo de suspensión, dos 
sesiones de trabajo los días 30 de marzo y 7 de abril de 2020, en las que procedió a 
realizar calificaciones de iniciativas parlamentarias de los diferentes grupos (preguntas 
para  respuesta  oral  en  comisión,  para  respuesta  escrita,  solicitudes  de  informe  al 
Gobierno y de comparecencia de miembros del Gobierno), así como el Gobierno también 
contestó  a  las  solicitudes  del  Congreso  (respuestas  escritas  y  contestaciones  a 
solicitudes  de  informes).  Asimismo,  se  destaca  que  la  junta  de  portavoces  celebró 
sesiones los días 18 de marzo y 7 de abril de 2020; que, también, hubo sesiones 
plenarias los días 18 y 25 de marzo y 9 de abril de 2020 y que la Comisión de sanidad y 
consumo se reunió, igualmente, los días 26 de marzo y 2 de abril de 2020, en los que se 
abordaron cuestiones relacionadas con la situación de crisis sanitaria causada por la 
pandemia por coronavirus, que había motivado la declaración del estado de alarma.
Ninguno de los anteriores argumentos puede ser acogido por este tribunal:
(i)  En relación con el primero de aquellos, lo relevante para nuestro enjuiciamiento 
constitucional, teniendo en cuenta la particular función de control sobre el Ejecutivo que 
el art. 116 CE y la LOAES le han conferido al Congreso de los Diputados, no es tanto la 
duración de la suspensión acordada cuanto más el propio acuerdo de suspender la 
tramitación de las iniciativas parlamentarias de los miembros de la Cámara, porque tal 
decisión conlleva en sí misma un desapoderamiento de la función que la Constitución ha 
conferido al Congreso de los Diputados como es la del control del Ejecutivo; función 
constitucional de control que debe ser ejercitada con la máxima intensidad durante un 
estado excepcional, como en este caso el estado de alarma, para garantizar de ese 
modo los derechos de los ciudadanos y el propio Estado de Derecho.
Si la mesa del Congreso de los Diputados tiene, entre otras funciones, la de adoptar  e.
cuantas decisiones y medidas requiera la organización del trabajo parlamentario y el  w.b
régimen y gobierno del Congreso; la de calificar y, en su caso, declarar la admisibilidad o  371ww
icnaalednmdisairbioil iddaed a cdtiev idloasd eess dcerilt oPsl eyn od yo cduem laesn ctoosm idseio nínedso plea rap acraladma epnetraioridao;  dlae  sdees iofijnaer s eyl 
cpooortradvinoacre sl o(sa rt.t ra3b1a.1jo, sa pdaert asduoss  1d,i s4ti nyto 6s , óRrCgaDn),o sc,o mpore vtaiam baiuédni,e an cmiao ddoe  dlea  njournmtaa  ddee 
cierre, el ejercicio de cualesquiera otras funciones que no estén encomendadas a otros
órganos de dicha Cámara (art. 31.1.7 RCD), recae sobre este órgano parlamentario el 
cometido de adoptar cuantas decisiones sean necesarias para, precisamente, mantener 
la actividad de la Cámara y permitir a los diputados el propio ejercicio de sus funciones 
parlamentarias, de modo principal, el control del Gobierno; máxime cuando la vigencia 
del estado excepcional de crisis le obliga a extremar su diligencia en el desempeño de 
aquel cometido.
Por  tanto,  la  decisión  de  interrumpir  temporalmente  la  actividad  parlamentaria, 
suspendiendo el cómputo de los plazos de las iniciativas registradas contraviene el 
mandato constitucional dirigido al Congreso de los Diputados para el ejercicio de sus 
propias funciones, particularmente la de control del Gobierno, con independencia del 
tiempo de duración de aquella interrupción, pues es de esencia a esta función que el 
funcionamiento de la Cámara no deba ver paralizada, aunque sea de modo temporal, su 
actividad, ni siquiera y con mayor fundamento en el caso de un estado de alarma en 
vigor.
Además,  como  hemos  dicho  supra,  aquella  decisión  fue  adoptada  sin  límite 
temporal alguno, sin ofrecer medidas alternativas menos gravosas, sin criterios de 
fijación de la eventual duración de la medida y supeditándolo a la propia decisión de la 
mesa de alzar aquella suspensión. Se trata de un supuesto de hecho diferente al 
abordado en un supuesto anterior (STC 173/2020, de 19 de noviembre), en el que este 
tribunal desestimó la pretensión de amparo de los recurrentes con fundamento en la 
falta de concreción de las iniciativas que hubieran podido proponer para su debate y 
resolución en el Pleno de la institución parlamentaria (en aquel caso, el Parlamento de 
Cataluña). En el asunto que nos ocupa, no se impugna una concreta desestimación de 
una iniciativa parlamentaria, lo que exigiría un análisis singularizado de la afectación 
para el derecho invocado, sino un acuerdo que impedía, de facto, la tramitación de 
cualquier iniciativa parlamentaria. La rotundidad de los términos en que se expresó el 
texto del acuerdo impugnado y el carácter absoluto de la suspensión acordada, impide 
ahora aplicar la doctrina establecida en la STC 173/2020, toda vez que la interrupción 
temporal de su tramitación tenía una vocación de generalidad y afectaba a todas las 
que los parlamentarios recurrentes hubieran registrado para su tramitación y debida 
resolución.
La decisión de suspender la tramitación de toda actividad parlamentaria afectó, por 
ello, al contenido esencial del ius in officium de los recurrentes, en cuanto diputados que 
eran de la Cámara. A partir del dictado de aquel acuerdo ordenando la paralización 
temporal de la tramitación de las iniciativas, se vieron aquellos en la imposibilidad de 
que, sine die, cualquier iniciativa que registraran llegara a ser tramitada por el Congreso, 
en tanto que la mesa no aprobara una nueva resolución que decidiera alzar aquella 
suspensión.
(ii)  Por  lo  que  se  refiere  al  segundo,  tampoco  este  tribunal  puede  acoger  la 
argumentación de la letrada de las Cortes Generales y del Ministerio Fiscal.
Aquellos argumentos, reproducción de los del acuerdo de la mesa de 21 de abril 
de 2020 de desestimación de la reconsideración presentada por los actores, no han 
dado respuesta a la queja de estos. Su reclamación consistió, en su momento, en que la 
citada resolución no había contestado a su denuncia de habérseles impedido ejercer la 
función  de  control  al  Gobierno,  por  haber  sido  suspendidas  en  su  tramitación  las 
iniciativas que habían presentado.
La  Cámara  ha  pretextado  que  desplegó  una  matizada  actividad  parlamentaria 
durante el período de suspensión, por imperativo del estado de alarma declarado por la  s
pandemia, que así describe con detalle. Pero, en ningún momento se ha referido ni  oe.
tampoco ha respondido a la reclamación efectuada en su momento por los recurrentes,  w.
que ahora reproducen en amparo. Contesta de modo genérico sobre las actuaciones que  371ww
rtuevgiiesrtroand alusg paor re enl  Glar uCpáom Paarrala mduernatnatreio a Vqouxe lsloes l edsí adsio,  tprearmoi tsaicni ópnr,e ccuisáaler sa f uqeuréo ni niniccialutiidvaass 
yre lcautaá leesn  lelel gteaxroton  dae  slau  rteésrmoliuncoió, ns,i etonddaos a acqeupetalldaass a cot uraeccihoanzeasd aress. pYo nedsie rqoune ,a  soebgjúentiv oses   BOE-A-cable e
de interés general relacionados con la pandemia del coronavirus y con la gestión de su 
lucha por parte del Gobierno, que fueron apreciados discrecionalmente por la mesa de la 
Cámara, pero no ha precisado si atendieron o no a las iniciativas presentadas por los 
diputados del Grupo Parlamentario Vox.
Las razones de necesidad de aprobación de la normativa y de las comparecencias 
del presidente del Gobierno, del ministro de Sanidad o de otros altos cargos de dicho 
ministerio en cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria no excluyen esa misma 
exigencia respecto de otras cuestiones propias de la gestión del Gobierno, relacionadas 
o no con el problema de la pandemia, que no podían escapar a la labor de su control 
político por parte de los grupos parlamentarios o de los diputados de la Cámara, en 
especial de los pertenecientes a la minoría.
Además, durante la vigencia del período de suspensión al que se contrae este 
recurso,  fueron  otras  muchas  las  cuestiones  suscitadas,  relacionadas  o  no  con  la 
epidemia  que  asolaba  en  aquellas  fechas  nuestro  país  (seguridad  pública,  trabajo, 
asistencia social, residencias de mayores, etc.), de las que eran competentes otros 
ministerios del Gobierno, que no consta que hayan recibido respuesta. Si los ahora 
recurrentes han acudido a esta sede de amparo constitucional, denunciando no haber 
podido ejercitar su función parlamentaria de control del Ejecutivo es porque las iniciativas 
que registraron en la Cámara para controlar la acción del Gobierno (alegan que en 
número superior a 1600) no fueron tramitadas hasta que, en su caso, quedó alzada la 
suspensión. No compete a ellos la carga de tener que acreditar cuáles fueron las 
concretas iniciativas registradas y no tramitadas durante la suspensión acordada, ni 
tampoco a este tribunal valorar el contenido y alcance de aquellas, sino a la propia 
Cámara ofrecer, de  contrario, argumentos  y elementos de convicción que permitan 
acreditar que aquellas iniciativas fueron debidamente atendidas, tramitadas y resueltas 
con decisión de aceptación o de rechazo a su debido tiempo.
La práctica parlamentaria pone de manifiesto que son muy diversas las iniciativas 
parlamentarias  que  los  grupos  y  sus  miembros  pueden  llegar  a  registrar  para  su 
tramitación y que, en no pocas ocasiones, aquellas presentan contornos permeables en 
lo que respecta a su naturaleza y objetivos a alcanzar pues, en función de la propia 
dinámica  parlamentaria,  pueden  llegar  a  experimentar  variaciones  en  sus  objetivos 
finales, convirtiendo, por ejemplo, iniciales preguntas o interpelaciones en eventuales 
proposiciones en relación con una determinada materia o cuestión.
Por ello, el motivo de amparo alegado por los recurrentes debe ser estimado y el 
amparo otorgado, porque los acuerdos impugnados de la mesa del Congreso resolvieron 
suspender la tramitación de las iniciativas parlamentarias del grupo parlamentario en que 
se integraban los diputados ahora recurrentes, lo que impidió a estos el ejercicio de su 
propia  actividad  parlamentaria  y  de  cualquier  iniciativa  parlamentaria  que  pudieran 
registrar  en  la  Cámara,  entre  ellas  y  de  modo  primordial  la  función  de  control  al 
Gobierno, que forma parte del contenido esencial de su derecho de participación política.
6.  Alcance del amparo.
En lo que atañe al alcance del amparo otorgado se extenderá a la declaración de 
nulidad del primero de los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados de 19 de 
marzo de 2020, relativo a la suspensión «desde el día 19 de marzo [de 2020] [d]el 
cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en 
tramitación en la Cámara hasta que la mesa levante la suspensión». Y del acuerdo, 
también de la mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de abril de 2020, que  e
desestimó  el  escrito  de  solicitud  de  reconsideración  presentado  por  el  Grupo  bo
Parlamentario Vox contra el precedente acuerdo. 371ww
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el presente recurso de amparo núm. 2109-2020, promovido por don Santiago 
Abascal Conde y cincuenta y un diputados más del Grupo Parlamentario Vox en el 
Congreso de los Diputados y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental de participación política 
(art. 23 CE).
2.º  Restablecerles en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del primero de los 
acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados de 19 de marzo de 2020, que 
disponía: «La Mesa del Congreso de los Diputados, el día de 19 de marzo de 2020, ha 
acordado suspender desde el día 19 de marzo el cómputo de los plazos reglamentarios 
que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la 
mesa levante la suspensión». Asimismo, declarar la nulidad del acuerdo de la mesa del 
Congreso de los Diputados de 21 de abril de 2020, que desestimó la solicitud de 
reconsideración presentada por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los 
Diputados contra el anterior.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cinco de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el presidente don Juan José González Rivas a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 2109-2020
Con el mayor respeto a la posición mayoritaria y a la sentencia, discrepo de su 
contenido y emito el siguiente voto particular, con fundamento en el art. 90.2 LOTC.
1.  Mi primera discrepancia es de rango metodológico y consiste en que, a pesar de 
que nos encontramos en un recurso de amparo, la sentencia reconoce explícitamente el 
análisis de inconstitucionalidad de la decisión de la mesa del Congreso de 19 de marzo 
de  2020  y  nulidad,  lo  que  supone  realizar  un  examen  de  tipo  abstracto  sobre  la 
conformidad con la Constitución de la decisión de 19 de marzo de 2020. Entiendo 
necesario separar en dos grupos los motivos que sustentan esta divergencia.
a)  La resolución de la que ahora disiento parte de interpretar el sentido de los 
artículos  66.2  y  116  CE  con  el  propósito  de  determinar  si  mediante  esa  decisión 
parlamentaria se materializó la paralización del Congreso de los Diputados prohibida por 
el apartado 5 del artículo 116 CE. Con ello la sentencia, a mi juicio, desconoce que los 
artículos 66 y 116 CE no integran el conjunto de preceptos constitucionales aplicables en 
el contexto de este recurso de amparo. La alegación de los recurrentes de que la  e.
decisión impugnada alteró el régimen ordinario previsto en el Reglamento del Congreso  w.b
de los Diputados más allá de lo permitido por los artículos 66.2 y 116 CE es, en el  371ww
htraabtaemr iesindtoo  qsuuest alen cdiaa dlaa  sae ntrtaevnécsia ,d uenl ap rporceetesnos icóonn astbitsutcraiocntaa l qcuoer rpeesrpfeocntdaimenetnet,e  ppeurdoi eerna 
nidinegnútifnic actiavsaos  dae  terastveé sú ltdimeol  rpercoucressoo  dsee  caumenptaar ol a pdoerq useer vier natr el a lapsr otceacrcaiócnte rdíset iclaoss 
ciudadanos  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  fundamentales  enunciados  en  los 
artículos 14 a 29 CE.
b)  Las consideraciones que hace la mayoría con motivo de este análisis abstracto, 
aparte de que no encuentran lugar adecuado en este cauce procedimental, tampoco me 
convencen en su totalidad en cuanto al fondo. No disiento, y esto quiero resaltarlo, de 
que el Congreso de los Diputados tenga atribuida una función principal de control político 
del Gobierno durante la vigencia de un estado de alarma, muy en conexión con la 
necesidad  de  supervisión  de  las  facultades  extraordinarias  que  se  confiaron  a  los 
poderes públicos para atajar los efectos de la pandemia y que supusieron limitaciones 
importantes, pero proporcionadas, de los derechos de los ciudadanos.
Sin embargo, estoy persuadido de que al Tribunal Constitucional le corresponde un 
papel igualmente destacado en esta coyuntura de estado de alarma, esta vez en el 
control jurídico del ejercicio de las referidas facultades extraordinarias, muy en especial 
en lo atinente a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y lo 
mismo se puede afirmar del Poder Judicial, en la medida en que participa, en primer 
término, de la tutela de los derechos fundamentales de las personas a través de los 
medios de impugnación regulados en las leyes procesales.
Los órganos constitucionales y las autoridades públicas, sin caer en una completa 
paralización que habría supuesto dejar de realizar las indeclinables funciones descritas, 
se vieron obligadas a adaptar su funcionamiento a las difíciles circunstancias existentes 
durante los días que siguieron inmediatamente a la declaración inicial del estado de 
alarma en marzo del año 2020. Y para instrumentar esta necesidad dispusieron medidas 
de contenido similar a las que constan en la decisión parlamentaria que ahora se 
impugna, como es el caso del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 16 de 
marzo de 2020 y los acuerdos de la comisión permanente del Consejo General del Poder 
Judicial aprobados en las sesiones extraordinarias de 14 y 18 de marzo de 2020.
Me parece, en definitiva, que ni el Congreso de los Diputados ni el resto de los 
órganos  constitucionales  ni  las  autoridades  públicas  mencionadas,  al  acomodar  su 
funcionamiento a la coyuntura, incierta y peligrosa, concurrente en los meses de marzo y 
abril de 2020, quedaron paralizados ni detenido el ejercicio de sus funciones esenciales. 
No se puede decir, por tanto, que asistiéramos en esas fechas a una interrupción del 
funcionamiento de los órganos constitucionales, que es lo que prohíbe de un modo 
expreso el artículo 116.5 CE.
2.  Centrándome ya en la perspectiva que sí resulta adecuada en el seno de este 
proceso de amparo, que no es otra que la evaluación concreta, y referida a su situación 
jurídica subjetiva, de si los diputados recurrentes han visto lesionado su derecho a 
participar en el ejercicio de cargos públicos, considero que nuestra resolución habría 
debido seguir los siguientes pasos.
a)  El punto de partida, y aquí no radica mi discrepancia con la sentencia, sería que 
el derecho a la participación política ex artículo 23.2 CE, en su dimensión pasiva, 
comprende el ejercicio de las facultades del cargo público que conforman el núcleo del 
ius in officium. Y, por supuesto, no tengo objeción en reconocer que, tratándose de un 
diputado del Congreso de los Diputados, forman parte de dicho núcleo con carácter 
general los instrumentos que le permiten controlar políticamente al Gobierno y actualizar 
la exigencia de su responsabilidad política.
b)  Entiendo, sin embargo, que a continuación debería haberse puesto el acento en 
que ningún derecho es absoluto y, en consecuencia, en la fijación de sus límites, que en  e
este caso los hay tanto de carácter intrínseco, asegurando la realización más genuina  bo
del derecho a la participación política, como extrínseco, dirigidos a hacer compatibles los  371ww
idnitgenroess edse  qpuroet epcrcoióteng, es eegsútne  ladse rceircchuon sctaonnc ioatsr ofás ctinictaesre dsee sc ajduarí dmicooms eqnutoe. también sean
talesD einssdtreu munean tpoesr sdpee ccotivnatr oinl tyrí nesxeigcean, clioas  ddeip ruetsapdoonss naob ilpiduaedd epno lpítriceate dnedle Gr eolb eiejernrcoi ceion  duen 
contexto que no respete la esencia de la representación política, como ocurriría, en
principio,  si  su  sustanciación  pudiera  imponerse  en  momentos  en  que  por  motivos 
sanitarios o de otra índole, pero en todo caso graves, la composición del Congreso de 
los Diputados quedase esencialmente alterada. Una situación de este tipo se produjo en 
marzo  de  2020  con  motivo  de  que  un  número  relevante  de  diputados  tenían 
contraindicada la asistencia al Congreso de los Diputados por haber sufrido contagio de 
coronavirus o por haber tenido contacto estrecho con quienes estaban contagiados. Una 
decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que, para evitar que el ejercicio de 
estas manifestaciones nucleares del ius in officium derivasen en un cierto falseamiento 
de la representación política nacida de las urnas, acuerda limitar proporcionadamente las 
facultades  reglamentarias  de  los  diputados,  lejos  de  menoscabar  el  derecho  a  la 
participación política de los diputados, concurre a que no quede desvirtuado en la 
práctica sino que se acometa de un modo genuino.
De otro lado, en la situación de marzo de 2020, caracterizada por la propagación sin 
control del coronavirus y por la notable capacidad letal que demostraba tener, resultaba 
constitucionalmente  admisible  que  el  derecho  a  la  participación  política,  incluidas 
aquellas manifestaciones de control y exigencia de responsabilidad política del Gobierno 
que integran su núcleo más propio, se viera modulado proporcionadamente en aras de la 
realización de otros objetivos públicos, como es la protección de la salud pública y del 
funcionamiento eficaz del sistema sanitario mediante la reducción de oportunidades de 
contagio, haciendo efectivos los arts. 15 y 43 CE y así lo declaró este tribunal en el 
auto 40/2020.
c)  Es ya el momento de examinar el contenido limitativo de la participación política 
de la decisión de 19 de marzo de 2020 y valorar si la restricción del derecho de 
participación política que conlleva fue proporcionada.
La mesa del Congreso de los Diputados acordó «suspender desde el día 19 de 
marzo el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se 
encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la mesa levante la suspensión», 
levantamiento que acordó en sesión celebrada el 7 de abril de 2020 «con efectos desde 
el día 13 de abril de 2020». Pero esta suspensión de plazos reglamentarios no ha 
impedido que en el Congreso de los Diputados se celebrasen sesiones plenarias los 
días 18 y 25 de marzo y 9 de abril de 2020, así como reuniones de la Comisión de 
Sanidad y Consumo (los días 26 de marzo y 2 y 16 de abril, esta última acordada el 
día 13 de abril) y de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
(el día 15 de abril, pero acordada el día 13 de abril), con presencia destacada en el 
orden del día de todas esas sesiones de las cuestiones relativas a la gestión por el 
Gobierno de la crisis sanitaria del coronavirus. Y tampoco ha sido obstáculo para que la 
mesa y la junta de portavoces mantuvieran algunas reuniones, ni para que el Gobierno 
continuase contestando preguntas por escrito, como ha acreditado la secretaría general 
del Congreso de los Diputados.
Las circunstancias que han quedado expuestas acerca del contenido de la decisión 
de 19 de marzo de 2020 y de la práctica parlamentaria consecuente son relevantes en 
cuanto a la ponderación que nos corresponde hacer, y que ha de girar en torno a los 
límites a que se puede sujetar el derecho a la participación política, desde dos puntos de 
vista.
Por un lado, muestran que la mesa del Congreso de los Diputados, mediante la 
decisión de 19 de marzo de 2020, no limitó de un modo completo las posibilidades de los 
diputados recurrentes de controlar al Gobierno y exigirle responsabilidad política. Esta 
función la pudieron realizar, de un modo efectivo, al menos en las sesiones plenarias y  s
en las reuniones de comisión mencionadas, pues todas esas actividades parlamentarias  oe.
giraron en torno a la rendición de cuentas por el Gobierno de la gestión que estaba  w.
haciendo de la situación de emergencia sanitaria vigente en aquel momento. 371ww
sidoQ  upero emsotavsid oaps orptuonr idlaodse sd idpeu tdaedsoasr rorellacur rlrae nfutensc,ió ns idneo  caocnotrrodla ddeals G  opboire rnloos  noó rhgaaynaons 
ecollamsp, edteicnhteoss  ad itprauvtaédso ds e hlaons  cdaisufcreusta dreog ladme eunnta reiossp,a nciaod aa dreesctuaa dao q upea,r ac oenj emrcoetriv oe sdtae   BOE-A-cable e
dimensión central de su ius in officium, de donde se desprende la conclusión de que no 
han visto completamente interrumpido durante este periodo que va del 19 de marzo al 13 
de abril este aspecto esencial de su derecho a la participación política.
Ahora bien, como segunda perspectiva a tener en cuenta, que este derecho no haya 
quedado completamente  interrumpido por la  decisión de 19 de marzo de 2020 no 
excluye  reconocer  que  algunas  de  sus  manifestaciones  nucleares  han  resultado 
restringidas, pues los diputados recurrentes en circunstancias ordinarias habrían podido 
promover otras actividades de control del Gobierno. En mi opinión, esta constricción del 
derecho a la participación política, considerada en las condiciones de los meses de 
marzo  y  abril  de  2020,  aparece  proporcionada  al  logro  de  los  bienes  jurídicos  ya 
referidos al configurarse como una regla general y no como una previsión absoluta.
A mi juicio, resultaba justificado establecer esta limitación como regla general porque 
un ejercicio ilimitado del derecho a promover el control del Gobierno, instando reuniones 
presenciales en la sede del Congreso de los Diputados cuando estaba (o podía estar en 
cualquier momento) contraindicada la concurrencia de algunos de sus miembros, podría 
tanto desvirtuar en la práctica el ejercicio del derecho a la participación política (debido a 
que  la  ausencia  de  los  diputados  que  pudieran  resultar  afectados  alteraría  la 
composición  natural  del  órgano  parlamentario)  como  contribuir  al  incremento  de 
contagios entre los asistentes y quienes luego se relacionaran con ellos, empeorando así 
la crisis de salud pública y poniendo en riesgo el funcionamiento del sistema sanitario.
Entiendo que, al igual que la decisión de 19 de marzo de 2020 no impidió que los 
órganos  competentes  acordaran  por  excepción  la  celebración  de  algunas  sesiones 
plenarias y la reunión de ciertas comisiones, tampoco impedía de un modo absoluto que 
tales órganos competentes hubieran admitido y tramitado, también como excepción, 
iniciativas concretas de control al Gobierno promovidas por los diputados recurrentes, ya 
estuvieran  referidas  a  la  actuación  gubernamental  de  la  pandemia  ya  cuestionaran 
cualquier otro aspecto relevante de la gestión del Gobierno.
En mi opinión y concluyendo, la constricción de los derechos de los diputados 
adoptada en la decisión de 19 de marzo de 2020 no tiene aptitud por sí misma para 
restringir  de  un  modo  inconstitucional  el  derecho  a  la  participación  política  de  los 
diputados recurrentes, pues como regla general era una limitación proporcionada de sus 
derechos de representación política dada la coyuntura vigente en aquel momento. Por 
tanto, el elemento decisivo, que debería haber conducido a la desestimación de este 
recurso  de  amparo,  es  que  no  consta  en  este  recurso  de  amparo,  ni  siquiera  los 
diputados recurrentes alegan, que dentro del periodo que va del 19 de marzo al 13 de 
abril  de  2020  hubiesen  registrado  una  concreta  iniciativa  que  demostrase  las 
características de relevancia y urgencia y acreditase el necesario nexo de causalidad 
entre dicho acto y la lesión del contenido esencial del art. 23.2 CE, pues no basta con 
razonar que presentaron cientos de escritos, en las circunstancias especiales de crisis 
sanitaria, lo único que daría lugar a una vulneración de su derecho a la participación 
política habría sido que se les hubiera impedido poner en marcha actividades de control 
imprescindibles por su relevancia y/o urgencia.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a ocho de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–Firmado 
y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón a la  e.e
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2109-2020 b
spTerreinbstuEeennnna ctelei a lC  veoorjneteoscr ctaipitícudaicaorti  oicdenuenal a l,lra e y pl  focaprocr nued lsitesaecldn rm teeqpá uaxperimr  otmaocne ert seocos o,dp neeef tienolar  e acf  uuelanal  dnoaatoprmt i.n eei9óns0ntta.i m2cd iaeód  nella  ac l amo pmaLreyeooty edr níOeasl,r i ógffaonálr nlmoidc ueadl  eodl  oleeasll     OE-A-2021-18able en https://
recurrentes  y  considera  vulnerado  su  derecho  fundamental  de  participación  política
(art. 23 CE) por los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados de fechas 19 de 
marzo y 21 de abril de 2020.
Mi desacuerdo con la estimación acordada es formal y sustantivo: afecta tanto a la 
metodología como a la fundamentación que se realiza en la sentencia.
1.  El asunto que motivó el presente proceso era el siguiente: la mesa del Congreso 
de los Diputados el 19 de marzo, estando vigente el estado de alarma declarado por el 
Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  para  combatir  la  grave  crisis  sanitaria 
ocasionada  por  el  COVID-19,  y  a  petición  de  los  grupos  parlamentarios,  acordó 
suspender el cómputo de los plazos reglamentarios que afectaran a las iniciativas que se 
encontraran  en  tramitación  en  la  Cámara  hasta  que  la  propia  mesa  levantara  la 
suspensión. Levantamiento que se acordó el 7 de abril, con efectos desde el 13 de abril 
de 2020. Los diputados recurrentes impugnan en vía de amparo el referido acuerdo 
de 19 de marzo, así como el posterior de 21 de abril de 2020, por el que se desestimó la 
solicitud de reconsideración, al entender que ambas decisiones vulneran su derecho 
fundamental de participación política (art. 23.2 CE).
2.  En primer lugar, debo destacar que discrepo de la metodología utilizada para la 
resolución  del  amparo,  pues  la  sentencia  aprobada  mayoritariamente  realiza  con 
carácter  previo  una  serie  de  consideraciones  en  relación  con  la  adecuación  a  la 
Constitución de los acuerdos impugnados que no es sino un largo obiter dictum que 
considero inadecuado, por las razones que expondré a continuación, y cuya finalidad es 
dar sustento al fallo estimatorio partiendo de la premisa errónea, a mi juicio, de que se 
produjo  la  «suspensión»  del  derecho  fundamental  de  participación  política,  y  no 
únicamente su restricción o limitación. En relación con la configuración y alcance de las 
categorías jurídicas de «suspensión» y «restricción» me remito a lo expresado en el voto 
particular que formulé en la STC 148/2021, de 14 de julio, que resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 2054-2020.
La función de este tribunal al resolver un recurso de amparo es exclusivamente 
reparar o, en su caso, prevenir concretas y efectivas lesiones del derecho fundamental 
alegado por los recurrentes, sin que sea posible convertir la vía de amparo en un medio 
para oponerse a lesiones meramente hipotéticas, eventuales o genéricas (STC 45/1990, 
de 15 de marzo, FJ 4), o para la invocación de un valor o principio general constitucional 
(STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 3). El recurso de amparo, como hemos señalado 
repetidas veces, «no está establecido para el logro de declaraciones abstractas de 
inconstitucionalidad, sino para la reparación de vulneraciones de derechos y libertades 
fundamentales concretamente producidas a los recurrentes (SSTC 167/1986, 193/1987, 
93/1990 y 363/1993, entre otras)» (STC 78/1997, de 21 de abril, FJ 3).
La lesión constitucional que se invoque en un recurso de amparo ha de ser, por 
tanto, una lesión real y efectiva, por lo que es necesario probar la imputación al acto u 
omisión impugnado de la lesión del derecho fundamental, pues en caso contrario el 
amparo estaría abocado al fracaso. La sentencia aprobada mayoritariamente debería 
haber examinado, a mi entender, si los acuerdos de la mesa del Congreso vulneraron el 
derecho de participación política de los recurrentes; no si puede afirmarse en abstracto la 
vulneración del derecho, sino qué aspecto del contenido esencial del ius in officium se ha 
visto lesionado de forma concreta, real y efectiva. Y ese examen, en mi opinión, está 
ausente en la sentencia de la que discrepo.
La sentencia sostiene que la decisión de la mesa de suspender el cómputo de los 
plazos de tramitación de toda clase de iniciativas parlamentarias podría suponer, en la  e
práctica, la interrupción temporal del curso de las actuaciones parlamentarias hasta que  bo
fuera  alzada  aquella  suspensión.  Afirma  que  aquella  decisión,  tomada  sin  matiz  ni  371ww
csauupteedlait adaolg usnua a, lzcaamraiecntetori zaa dlaa  úandiceam yá sd ispcorre csioun ainl ddeetceirsmióinn addea  lad umraecsiaó,n h ayb rpíao rp oedsitdaor 
cyo 1n1tr6a.5ve yn ir6  dCirEe.c tLaam ceonntec,l ucsoiónnfo qrmuee  sael  rdaezdouncairmíaie dneto  edsete  laa nmáalisyiosr íaab, sltorsa catort ss.e 6rí6a.,2 c, o1m08o 
afirma la opinión de la mayoría, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del 
acuerdo de suspensión.
Más allá de manifestar mi disconformidad con la eventual contravención de los 
arts. 66.2, 108 y 116.5 y 6 CE por el acuerdo impugnado, cuestión sobre la que volveré 
con ocasión del examen de la medida adoptada por la Cámara, interesa subrayar en 
este momento que el eventual juicio de inconstitucionalidad se emite con el fin de dotar 
de fundamento al fallo estimatorio del amparo. El acuerdo de la mesa del Congreso 
supone, a juicio de la mayoría, una «suspensión» del ejercicio del derecho fundamental 
de  participación  política  que  no  tiene  cabida  bajo  ninguna  circunstancia,  pues  por 
imperativo  constitucional  (art.  116.5  CE),  el  funcionamiento  del  Congreso  de  los 
Diputados no puede quedar interrumpido durante la vigencia del estado de alarma. La 
desaparición  del  derecho  fundamental,  por  ser  objeto  de  una  «suspensión» 
inconstitucional deducida del control abstracto del acuerdo, impide efectuar el juicio de 
ponderación entre aquel derecho y el fin o interés constitucionalmente protegido que se 
pretendía alcanzar con el acuerdo recurrido. Conforme al razonamiento de la sentencia, 
al faltar uno de los dos elementos imprescindibles, el juicio de proporcionalidad no es el 
canon apropiado para el enjuiciamiento constitucional de la cuestión objeto del presente 
proceso.
No obstante, pese a negar de forma categórica –ab initio– la aplicación del juicio de 
proporcionalidad, la sentencia de la que discrepo somete la decisión de la mesa a dicho 
juicio. Lo hace a los efectos de considerar que la medida, si bien pudiera ser adecuada a 
la consecución del fin de preservar la vida y la salud de los diputados y del personal de la 
Cámara, no es ni necesaria ni proporcional, pues existían otras opciones alternativas 
menos gravosas para el ejercicio del derecho fundamental. Y dado que se parte de la 
premisa de la suspensión del derecho de participación política, por el efecto general de 
la medida adoptada por la Cámara, se concluye la irrelevancia, a los efectos de su 
enjuiciamiento, de la valoración de la duración temporal de aquella, así como de la 
actividad parlamentaria desarrollada en ese periodo. Todo ello lleva a la mayoría a 
conceder el amparo.
3.  Más allá de la discrepancia metodológica referida, no comparto, en segundo 
lugar, que la decisión de la mesa del Congreso contravenga los arts. 66.2, 108 y 116.5 
y 6 CE, ni que de la misma se derive vulneración alguna del derecho fundamental de 
participación política de los demandantes de amparo.
Conviene  recordar,  nuevamente,  que  nos  hallamos  ante  un  proceso  en  vía  de 
amparo, en el que no cabe efectuar un control abstracto de inconstitucionalidad. Antes al 
contrario, el enjuiciamiento de las decisiones impugnadas desde la perspectiva de la 
tutela de los derechos fundamentales exige (a) contextualizar las circunstancias que 
motivaron la adopción de las decisiones impugnadas; (b) examinar la satisfacción por los 
recurrentes de la carga que tienen de acreditar qué lesión concreta, real y efectiva se ha 
ocasionado a su derecho fundamental; y (c) someter la decisión de la Cámara Baja al 
juicio de proporcionalidad. Cuestiones que abordaré a continuación desarrollando, para 
ello, los argumentos que ya expuse durante la deliberación.
a)  La decisión acordada por la mesa del Congreso, el 19 de marzo de 2020, de 
suspender los plazos reglamentarios de las iniciativas parlamentarias pendientes de 
tramitación se ha de situar, necesariamente, en el contexto de las circunstancias de 
extrema gravedad para la salud pública que llevaron al Gobierno de la Nación a declarar 
el estado de alarma, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el objetivo  e
de combatir la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Conviene no olvidar, desde la  bo
más benigna situación presente, los momentos de total incertidumbre científica, política,  371ww
ae cnoinveólm micuan yd isaol cyi aqlu qeu een s eE sepsatañbaa ens vtaivbiean pdroo dauncteie nudno f eunnóoms eenfeoc ptoasn ddéemvaicsota ddeosrecos,n tcroonla duon 
reiens eglo e rsetaadl doe d ceo alalaprsmoa d, ecl asriasctetemriaz asdoacsio p-soarn eitla erisot.a Lbalesc iemxiteranotord dinea lriimasit amceiodnideas sd per elav ilsibtares 
circulación, las restricciones del transporte, el cierre de los establecimientos hoteleros y,
sobremanera, el confinamiento de la población, son el marco que justifican o explican la 
decisión del órgano parlamentario. No se puede pretender que la actividad parlamentaria 
fuese ajena a esta grave situación, del mismo modo que no lo fueron otros órganos 
constitucionales obligados a adaptarse, progresivamente, a las inéditas e imprevisibles 
circunstancias provocadas por la pandemia. Estas afirmaciones en nada contradicen una 
defensa  sin  fisuras  del  ejercicio  por  el  Congreso  de  sus  exclusivas  y  esenciales 
funciones  de  control  del  Ejecutivo  en  tiempos  de  excepción,  y  responden  al  único 
objetivo de contextualizar la situación real en el momento de adoptarse el acuerdo 
parlamentario impugnado.
Por otro lado, se ha de tener muy presente al enjuiciar la adaptación de la Cámara 
Baja a las limitaciones derivadas de la pandemia y a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, la singularidad de la actividad parlamentaria. Como ha declarado 
este tribunal, la regla general es que las actuaciones parlamentarias se han de ejercer de 
modo presencial; la interacción entre los presentes es un elemento esencial para que la 
Cámara pueda formar su voluntad: el debate y la discusión en las sesiones de la Cámara 
es el mecanismo para hacer efectivo el pluralismo político y el principio democrático 
[STC 19/2019, de 12 de febrero, FJ 4 A)]. Sin embargo, también hemos reconocido que 
esta exigencia puede ceder ante circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, como 
son la necesidad de salvaguardar un bien constitucional merecedor de mayor protección. 
Así, al enjuiciar las medidas adoptadas durante el estado de alarma, este tribunal ha 
entendido que mayoritariamente aquellas se han orientado a la preservación, defensa y 
restauración de la salud y, en última instancia, de la vida, derecho fundamental esencial y 
troncal sin el cual los demás no tendrían existencia posible; bienes constitucionales en 
riesgo extremo para el conjunto de la ciudadanía –por lo que cabe entender que también 
para los parlamentarios y el personal al servicio del Congreso– y lesionado para un gran 
número de ciudadanos por la rápida y creciente expansión de la pandemia (por ejemplo, 
STC 148/2021, de 14 de julio, FJ 8).
En este contexto brevemente descrito y sobradamente conocido, la decisión de la 
mesa del Congreso de suspender los plazos de tramitación de las iniciativas se adoptó 
en beneficio de los propios diputados: en primer lugar, para salvaguardar su salud y sus 
vidas; y en segundo lugar, para preservar la actividad parlamentaria en tanto se iban 
adoptando otras medidas que contribuyeran a dotar de mayor seguridad al desempeño 
de las facultades propias de sus funciones representativas.
b)  Afirman los recurrentes, y así lo estima la mayoría, que las decisiones de la 
mesa del Congreso han vulnerado gravemente su derecho fundamental de participación 
política garantizado por el art. 23.2 CE. De acuerdo con nuestra reiterada y consolidada 
jurisprudencia, este ius in officium es definido como un derecho de configuración legal, 
«en el sentido que compete básicamente a los Reglamentos de las Cámaras fijar y 
ordenar los derechos y atribuciones que corresponden a los parlamentarios, de modo 
que, una vez reconocidos y configurados aquellos derechos y facultades, se integran en 
su estatus representativo» (STC 143/2016, de 19 de septiembre, FJ 3). Ello no implica 
una  remisión  en  blanco  a  la  norma,  pues  su  contenido  esencial  tendrá  que  ser 
respetado, en todo caso, conforme al art. 53 CE. En este sentido, nada cabe oponer a 
las afirmaciones de la mayoría sobre el deber constitucional que recae en el Congreso 
de  los  Diputados  de  asumir  en  exclusiva  la  función  de  control  y  exigencia  de 
responsabilidad  al  Gobierno  por  su  gestión  política  tanto  en  los  tiempos  de 
funcionamiento ordinario del sistema constitucional como en los tiempos excepcionales 
con mayor intensidad si cabe; función de control que, por otra parte, es consustancial a  s
la forma de gobierno parlamentario. Por el mismo motivo, se ha de compartir que entre  oe.
las facultades que integran el núcleo de la actividad representativa parlamentaria se  w.
encuentra el ejercicio por los diputados de la función legislativa y de control político de la  371ww
acoccnitóronl  dqeule G eonbgielornboa , (SenTtCre  1o4t1ra/2s0, 0l7a,  sdoeli c1it8u dd ed eju niniofo, rFmJa c3i,ó ny  l(aSsT Cal lí1 c6i1ta/1d9a8s8);,  laFbJo 7r )d eo 
c(SoTmCp a2r2e5c/e1n9c9ia2s,  d(eS T1C4  d9e0 /d2ic0i0e5m, bdree )1 o8  pdreeg aubnrtial,s F (JS T3C),  1la0 7fo/2rm00u1la, cdieó n2 3d ed ein atebrrpil,e FlaJc i4o)n.es  BOE-A-cable e
Igualmente,  este  tribunal  tiene  declarado  que  el  art.  23.2  CE  no  contempla  un 
derecho  fundamental  de  los  parlamentarios  al  cumplimiento  de  la  legalidad 
parlamentaria, sino un derecho a ejercer las facultades inherentes al núcleo de su 
función representativa de acuerdo con lo previsto en dicha normativa y en condiciones 
de igualdad. El ius in officium tutelado por dicho precepto no otorga, por lo tanto, 
relevancia  constitucional  a  cualquier  infracción  del  Reglamento  parlamentario,  sino 
únicamente a las lesiones que afecten a derechos o facultades que pertenezcan al 
núcleo de la función representativa parlamentaria (entre otras, SSTC 119/2011, de 5 de 
julio, FJ 3, o 191/2013, de 18 de noviembre, FJ 3). En relación con ello, nuestra doctrina 
ha establecido que la autonomía parlamentaria garantizada constitucionalmente (art. 72 
CE) y la propia naturaleza del art. 23.2 CE como derecho de configuración legal también 
obligan a otorgar a los parlamentos y, significativamente, a sus órganos rectores, un 
necesario  y  amplio  margen  de  aplicación  en  la  interpretación  de  la  legalidad 
parlamentaria que este tribunal no puede desconocer (por todas, la STC 242/2006, de 24 
de julio, FJ 4).
Definido el marco del derecho fundamental cuya lesión se invoca y de acuerdo con 
nuestra jurisprudencia constitucional, los recurrentes deberían haber demostrado, de 
manera  singularizada  y  no  abstracta,  que  ha  habido  una  relación  causal  entre  las 
lesiones concretas que se denuncian y el acto u omisión impugnado, lo que, en mi 
opinión, no ha tenido lugar en la presente demanda de amparo. No es, pues, suficiente 
invocar  una  genérica  e  inconcreta  denuncia  de  la  vulneración  de  las  facultades 
parlamentarias.  Y  no  es  sostenible  eximir,  como  hace  la  sentencia  de  la  que 
discrepamos,  a  los  recurrentes  de  la  carga  de  tener  que  acreditar  qué  concretas 
iniciativas  parlamentarias  registradas  (solicitudes  de  comparecencia,  interpelaciones, 
preguntas…) se han visto afectadas por la decisión de la mesa de la Cámara Baja, y 
trasladar  dicha  carga  a  la  propia  Cámara.  Esta  ausencia  de  motivación  por  los 
recurrentes de la lesión de su derecho fundamental hubiera sido suficiente para rechazar 
el amparo solicitado.
c)  En último lugar, es necesario examinar la decisión impugnada desde el canon de 
la proporcionalidad. El acuerdo de suspensión del cómputo de plazos adoptado por el 
órgano parlamentario es una medida adecuada, y por ello conforme con la Constitución, 
para la consecución del objetivo de preservar un bien jurídico prevalente –la vida y salud 
de  los  propios  parlamentarios  y  del  personal  del  Congreso–,  y  así  lo  reconoce  la 
sentencia de la que discrepo.
Es, en mi opinión, una medida necesaria sin que pueda negársele ese carácter por la 
existencia de otras potenciales alternativas menos gravosas. La mayoría apunta de 
forma correcta a la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, y la propia Cámara fue 
implementando, de forma progresiva, su uso: videoconferencia, voto telemático, que se 
sumaron a otras dirigidas a minorar los riesgos para la salud derivados del contacto 
social. Lo que no parece razonable es exigir ni al Congreso, ni a ningún otro órgano 
constitucional, una transición inmediata de lo presencial a lo virtual.
Igualmente, se plantea por la mayoría la posibilidad de haber recurrido a la prórroga 
de plazos prevista en el art. 91.1 RCD, en lugar de la suspensión, cuando materialmente 
los  efectos  son  los  mismos:  evitar  la  caducidad  de  las  iniciativas  parlamentarias, 
preservando  para el futuro el ejercicio  del  derecho, temporalmente suspendido. De 
acuerdo con nuestra jurisprudencia constitucional sobre las decisiones de las Cámaras 
en relación con los plazos de tramitaciones legislativas (sintetizada en la STC 143/2016, 
FJ  3),  una  suspensión  temporal  como  la  acordada  por  la  mesa  del  Congreso  en  s
circunstancias extraordinarias, no priva, a mi juicio, a la Cámara del ejercicio de su  oe.
función legislativa, al incidir solo sobre su cronología, ni tiene por qué traducirse en  w.
merma alguna de los principios constitucionales que han de informar el procedimiento  371ww
dleegcisislaiótniv oc eonm cou alan taod porpotcaeddaim eievintato,  dpeo rf osrmu aaclicóann dcee  lgae vnoeluranlt,a du nd etlr aótragmanieon. tAo ddeemsáigsu, auln ao 
discriminatorio al afectar por igual a todas las fuerzas políticas parlamentarias, y por su
breve duración no altera, de forma sustancial, el proceso de formación de la voluntad de 
la Cámara.
Es evidente, por otra parte, que la suspensión del cómputo de los plazos, en unas 
circunstancias extraordinarias de extrema gravedad e imprevisibles como las vividas en 
el mes de marzo de 2020, supera un control de proporcionalidad en sentido estricto. A mi 
juicio, esta suspensión no supuso una interrupción del funcionamiento del Congreso 
proscrita por el art. 116.5 CE, pues la misma afectaba únicamente –y por un breve 
periodo  de  tiempo,  del  19  de  marzo  al  13  de  abril  de  2020–  a  las  iniciativas 
parlamentarias que se encontraban en tramitación en la Cámara con lo que no es posible 
afirmar, como hace la sentencia de la que discrepo, que «tal decisión conlleva en sí 
misma un desapoderamiento de la función que la Constitución ha conferido al Congreso 
de los Diputados como es la del control del Ejecutivo». La función de control al Gobierno, 
por exigencia del art. 116 CE, es, a mi juicio, la que debe ser salvaguardada con mayor 
intensidad durante la vigencia del estado de alarma, y esta función no decayó, ni sufrió 
interferencia grave, durante el breve periodo de suspensión de los plazos de tramitación, 
como así se acreditó en el proceso por la propia Cámara. Cuestión distinta es que otro 
tipo de actuaciones de control previas, ajenas al propio estado de alarma, pudieran 
quedar  diferidas  temporalmente  en  atención  a  las  graves  circunstancias  acaecidas. 
Exigir al Congreso de los Diputados un funcionamiento a pleno rendimiento y propio de 
los  tiempos  ordinarios  atendiendo  a  los  más  variados  asuntos,  en  las  concretas 
circunstancias del mes de marzo de 2020, con un estado de alarma recién declarado por 
segunda  vez  desde  la  vigencia  de  la  Constitución  de  1978,  es,  a  mi  entender 
improcedente.
Considero por tanto que el recurso de amparo debería haber sido desestimado al no 
haberse ocasionado lesión alguna al derecho fundamental de participación política de los 
recurrentes.
Y, en este sentido, emito mi voto particular.
Madrid, a siete de octubre de dos mil veintiuno.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la 
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2109-2020, al que se adhiere el 
magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría reflejada en la 
sentencia, formulo el presente voto, dejando constancia de los fundamentos de mi 
posición  discrepante  con  el  fallo  y  con  los  razonamientos  que  sustentan  el 
pronunciamiento estimatorio del recurso de amparo núm. 2109-2020.
En el voto particular que emití respecto del fallo de la STC 148/2021, de 14 de julio, 
puse de manifiesto mis diferencias respecto de la aproximación, análisis y conclusiones 
alcanzadas por mis compañeros. La naturaleza inédita que ha supuesto la pandemia de 
la Covid, tanto para nuestra sociedad como para nuestro ordenamiento jurídico, exige 
una reflexión sobre las circunstancias en las que, en ocasiones, se deben interpretar las 
normas  jurídicas.  Ningún  país  ni  sus  respectivos  sistemas  jurídico-institucionales 
contaban con los instrumentos precisos para hacer frente a la situación que la pandemia 
mundial sigue hoy planteando. Y, en ese sentido, ha de tenerse en cuenta que el relato  es
fáctico  que  sustenta  el  amparo  resuelto  en  esta  sentencia  se  refiere  a  hechos  y  bo
decisiones tomadas durante las primeras semanas de la llegada masiva de la Covid a  371ww
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nuestra función en un recurso de amparo es determinar si en aquellas circunstancias de
absoluta  excepcionalidad,  los  actos  impugnados  fueron  conformes  con  el  marco 
constitucional existente. Tras dieciocho meses de experiencia frente a una situación a la 
que ninguna institución del Estado había tenido que hacer frente antes y en el contexto 
de crisis sanitaria de aquellas semanas, causada por un virus desconocido, las medidas 
adoptadas difícilmente podían ser otras, tanto en sus tiempos como en su contenido y 
alcance, sin posibilidades inmediatas de valorar su impacto.
1.  Objeto del recurso. Las funciones de las Cámaras y el derecho al ius in officium 
de los recurrentes.
Como  acertadamente  expresa  la  sentencia  en  su  fundamento  jurídico  5,  las 
funciones del Congreso y también su función de control no deben cesar durante la 
vigencia de cualquiera de los estados excepcionales. Por ello, una vez declarados estos, 
la limitación de la función de control que conforma el ius in officium debe ser la mínima 
imprescindible, en caso de darse, para que se pueda seguir desarrollando la función 
parlamentaria de control y de exigencia de responsabilidad política. La jurisprudencia 
constante de este tribunal, como venimos reiterando, sostiene que «la Constitución no ha 
asumido en el artículo 23.2 CE un genérico derecho fundamental al respeto de todos y 
cada uno de los derechos y facultades del estatuto del parlamentario, sino tan solo el de 
aquellos  que  pudiéramos  considerar  pertenecientes  al  núcleo  de  la  función 
representativa, como son, principalmente, los que tienen relación directa con el ejercicio 
de  las  potestades  legislativas  y  de  control  de  la  acción  del  Gobierno  [entre  otras, 
SSTC  159/2019,  de  12  de  diciembre,  FJ  5  c),  y  69/2021,  FFJJ  4  y  5  C)  c)]» 
(STC 137/2021, de 29 de junio, FJ 4). Es decir, la función de control es parte inherente al 
ejercicio del ius in officium.
Ahora bien, también es constante la doctrina que sostiene que «“no cualquier acto 
del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del 
derecho fundamental, pues solo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los 
derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su 
función representativa parlamentaria, siendo vulnerado el artículo 23.2 CE si los propios 
órganos de las asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que 
contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de representantes” [entre 
otras, STC 47/2018, FJ 3 b)]» (STC 96/2019, de 15 de julio, FJ 3).
Así, nuestro cometido en el presente recurso de amparo era analizar si la resolución 
recurrida afectaba esencialmente a esa función de control, y, por tanto, menoscaba el 
derecho de participación política de los parlamentarios, teniendo en cuenta el contexto 
que se estaba viviendo en el momento en que se adopta la decisión impugnada, el 
tiempo de duración de la medida en cuestión, y las limitaciones preexistentes derivadas 
de la propia declaración del estado de alarma y de la necesidad de preservar la salud y 
la vida de la ciudadanía, incluidos los diputados y diputadas del Congreso.
2.  La relevancia del contexto de crisis sanitaria.
No debe olvidarse, que la mesa del Congreso acordó suspender con carácter general 
los plazos reglamentarios y administrativos y los de prescripción y caducidad de los 
procedimientos administrativos del Congreso el 19 de marzo de 2020, esto es, cinco días 
después de que por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se decretara el primer 
estado de alarma que suponía, entre otras cosas, el confinamiento domiciliario, así como 
la paralización de una parte importante de la movilidad y de la actividad. Como explica la 
mesa  de  la  Cámara  en  su  respuesta  a  la  petición  de  reconsideración  de  los  hoy  e.
recurrentes en amparo, desde que se tuvo conocimiento de la crisis sanitaria, dicho  w.
órgano, en el ejercicio de sus competencias, había ido adoptando una serie de medidas  371ww
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positivo  y  hubo  que  poner  en  cuarentena  a  todos  los  integrantes  de  su  grupo 
parlamentario y observar la evolución de otros diputados y diputadas que hubieran 
entrado en contacto con aquel.
3.  El acuerdo y las medidas.
El acuerdo establecía «suspender desde el día 19 de marzo el cómputo de los plazos 
reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la 
Cámara hasta que la mesa levante la suspensión».
Es cierto que, como señalan los recurrentes y acepta la mayoría del Tribunal, el 
acuerdo no definía un plazo de finalización de la suspensión y que dejaba en manos de 
la mesa la decisión de cuándo y cómo levantar dicha medida. Ahora bien, no parece que 
este  tribunal  pueda  obviar  el  contexto  descrito,  inédito,  excepcional  y  de  absoluta 
incertidumbre sobre el desarrollo del virus, a la hora de interpretar el alcance temporal de 
la medida: la mejora de la situación y, en su caso, el cambio del marco jurídico sentado 
por el decreto de alarma. Todo ello bajo el criterio del órgano director de la Cámara, la 
mesa del Congreso y su Presidencia. Otra cosa supone negar a dichos órganos las 
potestades que les reconocen la Constitución y el Reglamento de la Cámara.
Debe señalarse que la incertidumbre venía también dada por que las Cámaras y las 
funciones que tienen atribuidas (como la de otros órganos constitucionales –este tribunal 
entre ellos– y otras instituciones) no están pensadas para ser desarrolladas de forma 
virtual u on-line, sino que, más bien, se trata de instituciones con un alto grado de 
presencialidad. Fueron días de probar, pensar e improvisar, en muchos casos, métodos 
de trabajo que permitieran  seguir desarrollando  las  actividades esenciales de cada 
institución, también de forma no presencial. Este tribunal no puede abstraerse de una 
realidad por la que también se vio afectado y a la que, como el resto de órganos e 
instituciones, se fue adaptando.
Dicho  esto,  la  sentencia  aprobada  por  la  mayoría  entra,  como  hiciera  en  la 
STC  148/2021,  en  unas  disquisiciones  conceptuales  sobre  el  significado  de  la 
suspensión  acordada  que,  a  mi  modo  de  ver,  poco  tienen  que  ver  con  la  función 
jurisdiccional  de  tutela  de  los  derechos  fundamentales  que  debemos  ofrecer  en  la 
resolución de un recurso de amparo. Aquellas llevan a la mayoría a rechazar, ab initio, 
en el FJ 5 B), que puede aplicarse el principio de proporcionalidad a la medida de 
suspensión porque, afirman, no estamos ante una restricción del derecho fundamental, 
sino ante la imposibilidad de todo su ejercicio.
En este sentido, y siguiendo el posicionamiento que ya defendí en la deliberación de 
la citada STC 148/2021, deberíamos habernos situado en la realidad de aquellos días y 
analizar la proporcionalidad de la medida adoptada por la mesa del Congreso. La mesa 
tomó las medidas que, de acuerdo con el marco jurídico existente, fijado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, le permitían 
sus parámetros normativos de actuación, básicamente la Constitución y el Reglamento 
de la Cámara. En contra de la opinión mayoritaria del Pleno, considero que deberían 
haberse aceptado las explicaciones ofrecidas por la mesa del Congreso en su acuerdo 
de 21 de abril de 2020, en que se daba respuesta a la petición de reconsideración de los 
hoy  recurrentes,  aceptando  la  premisa  de  que  la  suspensión  era  una  «medida 
excepcional, coherente y conectada con el resto de las adoptadas por los órganos 
competentes de la Cámara, justificada en la necesidad de hacer frente a una crisis 
sanitaria sin precedentes», en el marco de las limitaciones a la libertad de circulación de 
las personas desde el 14 de marzo, y el confinamiento total de la población entre el 30  e
de  marzo  y  el  9  de  abril,  y,  ante  todo,  acotada  temporalmente.  Debe  destacarse,  bo
igualmente, que la mesa pone de manifiesto que la suspensión estaba pensada para que  371ww
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la medida adoptada supera el principio de proporcionalidad exigible a toda restricción de
los derechos fundamentales y, en particular, a toda medida limitativa del ius in officium de 
los parlamentarios.
4.  Aplicación del canon constitucional de proporcionalidad.
El  canon  de  proporcionalidad  fue  aplicado  por  la  Sala  Primera  del  Tribunal 
Constitucional en el ATC 40/2020, de 30 de abril, FJ 4. Su aplicación fue defendida y 
desarrollada por la letrada del Congreso de los Diputados y el Ministerio Fiscal en sus 
alegaciones  al  presente  amparo.  Ambas  representaciones,  adecuadamente  en  mi 
opinión, tomaban como elementos de valoración, de una parte, el interés general de 
preservar la salud de los diputados y del personal del Congreso de los Diputados, como 
consecuencia de la situación de pandemia sufrida en las fechas en que fue acordada la 
suspensión, y, de otro lado, el derecho de participación política, en el específico aspecto 
de la función de control y exigencia de responsabilidad política del Gobierno.
Así, tal y como mantuvimos en el ATC 40/2020, en el supuesto que nos ocupa, la 
limitación del ejercicio del derecho a la participación política tiene una finalidad que no 
solo ha de reputarse como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional 
bastante en los arts. 15 CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE 
(protección de la salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil imaginarlos 
por  separado,  máxime  en  circunstancias  pandémicas.  Ya  he  hecho  referencia  a  la 
justificación ofrecida por la mesa: «la necesidad de hacer frente a una crisis sanitaria sin 
precedentes».
La idoneidad concurría porque existía una finalidad constitucionalmente legítima para 
adoptar las medidas restrictivas, en este caso, la preservación de la salud de todo el 
personal del Congreso, más teniendo en cuenta que ya se habían padecido los efectos 
de  un  foco  de  contagio.  Así,  la  medida  de  suspensión  adoptada  era  apta  para  la 
consecución del fin de preservar la salud colectiva de diputados y personal del Congreso 
de los Diputados, porque la suspensión del cómputo de plazos parlamentarios y la 
paralización temporal de la tramitación de cualesquiera iniciativas parlamentarias llevaba 
consigo una liberación de la labor de los diputados, que no verían correr los plazos 
reglamentarios para la propuesta o gestión de sus iniciativas, así como, también, una 
flexibilización de la actividad laboral del personal del Congreso de los Diputados, con 
reducción de sus horarios y turnos de trabajo.
Por último, más allá de que la medida fuera idónea, y estuviera justificada, debe 
concluirse que tampoco se produjo un menoscabo notable del núcleo fundamental de la 
función  de  control  parlamentario  de  la  Cámara,  por  más  que  durante  unas  pocas 
semanas no fuera posible convocar los plenos de control al Ejecutivo, de modo que no 
puede entenderse desproporcionadamente limitado el ejercicio del ius in officium de los 
diputados recurrentes en amparo. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que existió 
actividad parlamentaria durante el período de vigencia del acuerdo de suspensión (del 19 
de marzo al 13 de abril de 2020), tal y como ejemplifican la celebración de diversas 
actividades.  Por  ejemplo,  la  mesa  celebró,  durante  la  vigencia  del  acuerdo  de 
suspensión, dos sesiones de trabajo en los días 30 de marzo y 7 de abril de 2020, en las 
que procedió a realizar calificaciones de iniciativas parlamentarias de los diferentes 
grupos (preguntas para respuesta oral en comisión, para respuesta escrita, solicitudes 
de informe al Gobierno y de comparecencia de miembros del Gobierno), a la vez que el 
Gobierno  también  contestó  a  las  solicitudes  del  Congreso  (respuestas  escritas  y 
contestaciones a solicitudes de informes). Asimismo, se destaca en las actuaciones que 
la junta de portavoces celebró sesiones los días 18 de marzo y 7 de abril de 2020; que,  e
también, hubo sesiones plenarias los días 18 y 25 de marzo y 9 de abril de 2020 y que la  bo
Comisión de Sanidad y Consumo se reunió los días 26 de marzo y 2 de abril de 2020,  371ww
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superior a los veinte días, de modo que no puede entenderse que concurriera una
demora  inaceptable  del  conjunto  de  la  actividad  parlamentaria  en  los  términos 
esgrimidos por los recurrentes.
A este respecto, como argumento adicional, ha de ponerse de manifiesto que los 
recurrentes no han acreditado en qué medida la falta de convocatoria de las sesiones 
plenarias de control del Ejecutivo haya podido afectar, de modo singular y concreto, al 
ejercicio de su ius in officium pues, más allá de la mera referencia genérica a la queja de 
haberles sido vulnerado su derecho por la infracción de los arts. 66.2 y 116, apartados 5 
y 6 CE y de haber denunciado que, durante la suspensión, registraron unas 1600 
iniciativas en el Congreso, no han especificado a qué se referían aquellas, no han 
detallado, en relación con alguna o algunas de las mismas, a qué actuaciones del 
Gobierno se referían en el ejercicio de su función de control, que no admitieran demora. 
Según la opinión mayoritaria de mis colegas, expresada en el FJ 5 B) d) ii), este tribunal 
no puede entrar a valorar el contenido y alcance de las iniciativas presentadas por Vox 
durante el periodo de suspensión, pero sí era obligación, en cambio, que la Cámara 
acreditara que habían recibido la tramitación requerida. Debo decir que teniendo que 
cuenta  que  se  valora  si  se  ha  producido  la  vulneración  del  ius  in  officum  de  los 
recurrentes,  una  valoración  formal,  a  peso  –si  se  me  permite–  de  la  supuesta 
desatención sufrida por los recurrentes no supera los estándares de escrutinio propios 
de este tribunal. Como dije más arriba, no toda afectación del ius in officium supone una 
vulneración del derecho y, para determinar si esta se ha producido, debe llevarse a cabo 
un análisis concreto de las circunstancias y ponderar la perentoriedad de las iniciativas 
cursadas por los recurrentes.
Tampoco cabe apreciar como desproporcionada la duración total de la suspensión de 
los plazos que fue retomada con normalidad.
En definitiva, durante la suspensión fue posible desarrollar una actividad de control 
parlamentario  de  la  acción  de  Gobierno,  independientemente  de  que  hubiera  otros 
muchos aspectos de la actividad parlamentaria que se vieran afectados, como no podía 
ser de otro modo, por las resoluciones objeto de este recurso de amparo. La actividad, 
teniendo en cuenta las restricciones de movilidad existentes con carácter general, no 
podía seguir desempeñándose normalmente como venía siendo habitual, y las medidas 
adoptadas  tenían  por  finalidad  trasladar  al  funcionamiento  de  la  Cámara  las 
modificaciones funcionales imprescindibles para asegurar la reducción de los contactos 
personales  y  de  la  afluencia  de  personal  a  las  instalaciones  del  Congreso  de  los 
Diputados. Finalidad esta estrechamente conectada con la necesidad de garantizar el 
derecho a la salud y a la integridad física de los trabajadores de la institución, así como 
de los diputados y las diputadas.
Por consiguiente, a la vista de los argumentos expuestos, no habiéndose constatado 
la vulneración del art. 23.2 CE, la pretensión de amparo debió ser desestimada.
5.  La mayoría del Pleno desarrolla un método ajeno a nuestra forma habitual de 
proceder, que se inicia en el fundamento jurídico 4, en el que más que entrar en el 
análisis del fondo del asunto a partir de la alegación hecha por la parte, examinando 
nuestra jurisprudencia y aplicándola al caso, el tribunal dedica sus esfuerzos a rebatir los 
argumentos  expuestos  por  la  letrada  del  Congreso  y  el  Ministerio  Fiscal  en  sus 
alegaciones. En ocasiones, la sentencia parece alejarse de la argumentación jurídica 
que se espera de un tribunal que debe resolver sobre el fondo de un conflicto. En el 
citado fundamento jurídico 4 se indican, incluso, los argumentos que se consideran 
excluidos, esto es, inválidos para defender la medida de suspensión adoptada por el 
Congreso. Y a partir de ahí, el esquema argumental que guía al tribunal para construir la  e.
fundamentación de la sentencia estimatoria es la de ir rebatiendo y rechazando los  w.b
argumentos expuestos por las partes en el proceso. 371ww
6.  No debe olvidarse que el Tribunal Constitucional tiene una importante función
nqoume osfeil ádcetiscean, vou edlev eo bcjaedtiav accaiósno  dye lt aDmebrieécnh ou nmaá fsu naclliáó nd ep rloapse dcoénuctirceat aesn s ietul asceinotnideos  edne 
mostrar a la sociedad en sus resoluciones qué tipo de razonamientos y valores son los
que permite el texto constitucional y cómo se debe adecuar a la realidad y circunstancias 
concretas del momento.
En este sentido, puede producir cierta extrañeza que ante una situación extrema 
como la vivida en los primeros meses de la pandemia, la inevitable puesta en peligro de 
la población al no poder evitarse la vía de contagio y en ausencia de la vacunación que 
luego se alcanzaría, la relación entre el derecho a la vida y la posdatación de algunas 
actividades por importantes que fueran, lleve a la mayoría a estimar una lesión del 
derecho al ejercicio de una función representativa de los recurrentes, tan condicionada 
por el riesgo de muerte.
Hubiera sido necesaria una mayor clarificación en este razonamiento para que la 
sociedad pudiera entender qué perentoriedad justificaba esta exigencia y, desde luego, 
por qué razón es predicable del Congreso, y no de los tribunales de justicia o del propio 
Tribunal Constitucional, instituciones en las que suspendieron los plazos jurisdiccionales, 
ante la misma peligrosidad del contagio.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a cinco de octubre de dos mil veintiuno.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.