BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 281 Miércoles 24 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 143911
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
19307 Real Decreto 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se modifican el Real 
Decreto  2606/1996,  de  20  de  diciembre,  sobre  fondos  de  garantía  de 
depósitos de entidades de crédito; y el Real Decreto 1012/2015, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de 
diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.
I
En respuesta a la crisis financiera que se desencadenó en 2007-2008 y de los 
mecanismos procíclicos que contribuyeron a provocarla y agravaron sus efectos, el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) publicó un nuevo marco global con 
nuevas normas sobre la adecuación del capital de los bancos (Acuerdo de Basilea III).
Estos  nuevos  estándares  internacionales  fueron  incorporados  al  ordenamiento 
jurídico  de  la  Unión  Europea  a  través  de  la  Directiva  2013/36/UE  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las 
entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las 
Directivas  2006/48/CE  y  2006/49/CE  (Directiva  de  Requisitos  de  Capital)  y  el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (Reglamento de 
Requisitos  de  Capital),  que  serían  complementados  por  el  marco  de  resolución, 
compuesto por la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo, por la que se establece un 
marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y 
las  Directivas  2001/24/CE,  2002/47/CE,  2004/25/CE,  2005/56/CE,  2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) 
n.º  648/2012  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  (Directiva  de  Recuperación  y 
Resolución Bancaria), el Reglamento (UE), n.º 806/2014, de 15 de julio de 2014, por el 
que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de 
entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco 
de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (Reglamento de Recuperación y Resolución Bancaria).
II
La crisis financiera afectó de manera particular a la Eurozona en la que el riesgo 
bancario y el riesgo soberano se han visto estrechamente correlacionados. Si bien esta 
relación  se  debe  en  parte  a  la  exposición  de  las  entidades  financieras  en  valores  e.e
representativos de deuda pública, la principal dificultad provino de la percepción de la  w.b
existencia  de  una  garantía  implícita  del  Gobierno  a  los  depósitos  bancarios.  Esta  307ww
dgea ralanst íae nimtidpalídceitsa  ddaedl aG olab ieexrnpoe,c taastiív pae drcei bqiduae,,  ianncteen tuivnóa  lasi tausaucniócnió nd ed ed ifriiceuslgtaods,  peol rs peacrtoter 
mreacgibniriítau da cpuoaynot ofi nmaanycoierr oe rpao er l ptaarmtea ñdoe ld see clato er nptiúdbaldic op.u eEss tala  dciannátmidiacda , daed qdueipríoas imtaanyteosr 
afectados en caso de quiebra de la entidad sería mayor.
Fruto del consenso internacional gestado a raíz de la crisis financiera global de 2008, 
los  miembros  del  G20  coincidieron  en  que  era  necesario  arbitrar  mecanismos  que 
permitieran abordar las dificultades que pudieran experimentar las entidades financieras 
evitando todo impacto en los recursos de los contribuyentes, a la vez que se preservaba 
la estabilidad del sistema financiero internacional. Como consecuencia de estos trabajos, 
la Junta de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) aprobó en 2015 el 
requerimiento de capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, por sus siglas en 
inglés) de capitalización de entidades que pondera los activos de las entidades según su 
riesgo y exige que al menos un 18 por ciento de dichos activos estén cubiertos por 
capital y deuda subordinada-deuda que puede ser convertida en capital si la entidad se 
encuentra en dificultades. Ahora bien, el estándar TLAC se aplica únicamente a aquellas 
entidades  financieras  que  tengan  una  importancia  sistémica  mundial,  quedando  en 
manos del regulador nacional el régimen de las demás entidades. En el caso de la Unión 
Europea, existía un peligro de arbitraje regulatorio y diferencias de trato a las entidades, 
pues a la regulación de cada Estado miembro se añadía una regulación distinta para las 
grandes  entidades.  Es  por  ello  que  en  el  seno  de  la  Unión  se  decidió  crear  un 
equivalente comunitario del TLAC que fuera aplicable a todas las entidades del espacio 
común: el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus 
siglas en inglés). Este conjunto de reglas comunes dentro de la Unión Europea, que 
delimitan la capacidad necesaria para absorber pérdidas de una forma común para todos 
los Estados miembros, constituye una de las piezas indispensables en la construcción de 
la Unión Bancaria.
La Unión Bancaria dio sus primeros pasos en 2014 llamada a evitar que una futura 
crisis pudiera volver a desencadenar una crisis de deuda soberana, dando solución a la 
ausencia  de  un  mecanismo  de  asunción  compartida  de  riesgos  y  a  establecer  un 
mecanismo uniforme de gestión de crisis de las entidades financieras a nivel de la 
eurozona. Actualmente, se compone del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el 
Mecanismo Único de Resolución (MUR) y el código normativo único. El MUS, primer pilar 
de la Unión Bancaria, entró en funcionamiento en noviembre de 2014. La supervisión se 
lleva a cabo de manera integrada por una autoridad supranacional, el Banco Central 
Europeo, y por las autoridades nacionales de supervisión. El MUR, segundo pilar de la 
Unión  Bancaria,  está  plenamente  operativo  desde  enero  de  2016.  El  MUR  está 
compuesto por la Junta Única de Resolución (JUR), las autoridades nacionales de 
resolución y por el Fondo Único de Resolución (FUR). La JUR es responsable de la 
aplicación uniforme del régimen de resolución, incluyendo los instrumentos de resolución 
y el uso del FUR. El FUR es un fondo establecido a escala supranacional, financiado por 
las contribuciones progresivas en el tiempo, desde enero de 2016, de entidades sujetas 
al régimen de resolución, que puede ser utilizado para la resolución de dichas entidades 
tras haberse agotado otras opciones, como el instrumento de recapitalización interna. La 
estructura institucional compuesta por el MUS y el MUR se completa con un código 
normativo único sobre los requisitos prudenciales, la prevención y la gestión de las 
quiebras y la protección de los depositantes.
III
La reforma del marco legislativo aplicable a las entidades de crédito y a las empresas 
de servicios de inversión que tuvo lugar en 2013 y 2014, así como la reforma de la 
arquitectura  bancaria  europea  sobre  supervisión  y  gestión  de  crisis  bancarias,  han  s
constituido pasos necesarios para garantizar una mayor resiliencia del sistema financiero  e.
y avanzar en el proceso de la Unión Bancaria. w.
No obstante, con objeto de seguir avanzando en la consecución de ambos objetivos,  307ww
lcao mCpormenisdiíóan m  Eoudrifoicpaecai onperess deenlt óc ódeing on noovriemmabtivreo  údnei co2 0y1, 6e n upna rtpicauqluaer,t ed ell eRgeisglalatimvoe nqtou ey 
lRae Dquiriescittoivsa  ddee  CRaepcuitaple. raLcai óCn oym Riseiósno luccuiómnp lBíaa nacsaír iaco, ny  deel l cRoemgplarommeinstoo  cyo lnat rDaiírdeoc tievna  dsue   BOE-A-cable e
comunicación de 24 de noviembre de 2015, «Hacia la culminación de la Unión Bancaria» 
en relación con la presentación de una propuesta legislativa que permitiera la aplicación 
en el Derecho de la Unión de la norma TLAC antes de la fecha límite de 2019 acordada 
a nivel internacional.
Así,  el  Consejo  de  la  Unión  y  el  Parlamento  Europeo  han  aprobado  los  actos 
jurídicos oportunos.
Por  un  lado,  en  relación  con  el  Reglamento  y  la  Directiva  de  Recuperación  y 
Resolución Bancaria, se aprobó el Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º  806/2014  en  lo  que  se  refiere  a  la  capacidad  de  absorción  de  pérdidas  y  de 
recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión; y la Directiva 
(UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la 
que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de 
pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, así como la Directiva 98/26/CE.
Por otro lado, en relación con el Reglamento y la Directiva de Requisitos de Capital, 
se  aprobó  el  Reglamento  (UE)  2019/876  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo, 
de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo 
que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los 
requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el 
riesgo  de  mercado,  las  exposiciones  a  entidades  de  contrapartida  central,  las 
exposiciones  a  organismos  de  inversión  colectiva,  las  grandes  exposiciones  y  los 
requisitos  de  presentación  y  divulgación  de  información,  y  el  Reglamento  (UE) 
n.º 648/2012; y la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que 
respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades 
financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de 
supervisión y las medidas de conservación del capital.
La norma TLAC, aplicable a las entidades de importancia sistémica mundial se 
introduce en el Reglamento de Requisitos de Capital a través del Reglamento (UE) 
2019/876, de 20 de mayo de 2019, a pesar de constituir un instrumento de resolución 
encaminado a consagrar el principio de «bail-in» –sistema de resolución basada en la 
recapitalización interna de las entidades– frente al «bail-out» –sistema de resolución 
basado en el empleo de fondos públicos–.
Dado que la norma TLAC y el MREL persiguen el mismo objetivo de garantizar que 
las entidades establecidas en la Unión dispongan de una capacidad de absorción de 
pérdidas  y  de  recapitalización  suficiente,  ambos  requisitos  deben  ser  elementos 
complementarios  de  un  marco  común.  Esto  ha  requerido  que  el  marco  del  MREL 
presente en la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria se adapte a través de la 
Directiva (UE) 2019/879, de 20 de mayo de 2019.
IV
Partiendo  de  todas  estas  consideraciones,  este  real  decreto,  de  naturaleza 
modificativa, está llamado a completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/879, 
de 20 de mayo de 2019, al ordenamiento jurídico español, para lo que se introducen las 
modificaciones oportunas en el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que 
se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades  s
de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real  e.
Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de  w.
entidades  de  crédito.  En  particular,  este  real  decreto  hace  uso  de  la  habilitación  307ww
c1o8n dcee djuidnaio p, oqru ee,l  lpeogri sslaud coarr ápcatrear  deemsianrernotlleamr ednettee rtmécinnaicdoo,s q pureedcaenp tmose jdoer  ilnac aLredyi n1a1d/2o0s 1e5n, 
elal se joebrcliigcaioc idoen elas  pgoetneésrtaicda sre cgolanmteennidtaarsia  edne l laG oLbeiey rn1o1./ 2A0s1í5, ,e sdtea  n1o8r mdae  tjoumniao ,c ocommoo b apsoer   BOE-A-cable e
ejemplo la obligación de cumplir con el MREL, y las concreta, perfila y determina con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2019/879, como por ejemplo la forma del cálculo del 
MREL a partir de los pasivos de la entidad y sus requisitos combinados de colchón.
Asimismo, se introducen modificaciones en el, Real Decreto 2606/1996, de 20 de 
diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, al objeto de 
adaptar su régimen a lo previsto en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos. En 
concreto se incluyen modificaciones a determinadas disposiciones relacionadas con el 
patrimonio  del  Fondo  de  Garantía  de  Depósitos,  la  definición  y  el  alcance  de  los 
depósitos garantizados, la información a proporcionar por parte de las entidades de 
crédito, así como las pruebas de resistencia.
V
Este real decreto contiene dos artículos, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria y dos disposiciones finales.
El artículo primero modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre 
fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.
Primero, se introducen modificaciones con el fin de otorgar mayor flexibilidad al 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito en relación con el método de 
cálculo y aprobación de derramas.
Segundo, se garantiza la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de los 
depósitos realizados por las entidades de crédito, por las sociedades y agencias de 
valores  y  por  las  sociedades  gestoras  de  carteras  y  empresas  de  asesoramiento 
financiero por cuenta de sus clientes.
Tercero, se atribuye al Fondo de Garantía de Depósitos la facultad de comprobar la 
corrección de la información sobre los depósitos admisibles y garantizados de cada 
depositante, así como la utilizada para determinar la base de cálculo de las aportaciones 
al Fondo de Garantía de Depósitos.
El artículo segundo modifica el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el 
Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de 
entidades de crédito.
Con carácter general, se adapta el real decreto a la nueva terminología empleada por 
la  Directiva  (UE)  2019/879,  de  20  de  mayo  de  2019.  En  este  sentido,  el  término 
«instrumentos  de  capital»  se  sustituye  por  «instrumentos  de  capital  y  pasivos 
admisibles» y, en determinadas ocasiones, el término «pasivos admisibles» se sustituye 
por «pasivos susceptibles de recapitalización interna». Asimismo, en consonancia con el 
espíritu armonizador europeo, los procesos relacionados con la resolución bancaria 
pasan de ser una competencia a ser una facultad de las autoridades de resolución, lo 
cual requiere el correspondiente cambio terminológico en el Real Decreto 1012/2015, 
de 6 de noviembre.
Se modifica el capítulo I al objeto de asegurar que se realice una valoración del 
activo y el pasivo de la entidad por un experto independiente designado por el FROB no 
sólo con carácter previo a la adopción de cualquier medida de resolución sino también al 
ejercicio de las facultades de amortización o conversión de instrumentos de capital y 
pasivos admisibles pertinentes. s
Se modifica la sección 1.ª del capítulo III, relativa a la planificación de la resolución. e.
Por  un  lado,  se  determina  qué  situaciones  de  estrés  deberán  tomarse  en  w.
consideración, necesariamente, a la hora de identificar los instrumentos y facultades de  307ww
resoPluocri óont rao  inlacdluoi,r  esne  loess tpalbalneecse  dqeu ree sloalsu ceiónnti.dades deberán incluir en sus planes de
aredsmoilsuicbilóens  yu, nsai  heas tluimgaacr,i ódne  sdue lr erqeuqeureimrimieinetnot od em síunbimorod indaec iófonn, djuonst op croopni ousn  cya lpeansdiavroios   BOE-A-cable e
que  prevea  una  fecha  límite  para  su  cumplimiento,  sin  perjuicio  de  los  periodos 
transitorios que pudiera establecer la autoridad de resolución preventiva.
Asimismo, se introducen modificaciones respecto a los elementos que han de ser 
incluidos en relación con los planes de resolución de grupos, siendo especialmente 
relevantes las especificidades a tener en cuenta en el caso de grupos formados por más 
de un grupo de resolución.
Se modifica la sección 2.ª del capítulo III, relativa a la evaluación de la resolubilidad. 
Concretamente, se establecen los criterios técnicos para el cálculo del importe máximo 
distribuible a efectos de las restricciones en materia de distribuciones en caso de que 
una entidad no cumpla con los requisitos combinados de colchones de capital evaluados 
en conjunción con el MREL. Se continúa asimismo reforzando los mecanismos de 
cooperación entre las autoridades de resolución comunitarias, estableciendo protocolos 
claros para realizar dicha evaluación en el caso de los grupos que permita, en la mayoría 
de los casos, obtener una decisión conjunta consensuada de los distintos supervisores.
En el capítulo VI, se abunda en los requisitos de colaboración e intercambio de 
información  con  las  autoridades  de  resolución  en  lo  atinente  a  los  requisitos  de 
notificación  y  consulta  en  la  aplicación  consolidada  de  emisiones  de  instrumentos 
admisibles para cumplir con el MREL.
En el capítulo VIII, se modifica el régimen y la dinámica de funcionamiento de los 
colegios de autoridades de resolución europeos, asegurando tanto un enfoque global en 
sus estrategias de resolución como una adecuada coordinación entre los colegios y las 
diferentes autoridades españolas de resolución.
Se crea un nuevo capítulo X al objeto de introducir en éste el nuevo marco para la 
determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles. Este 
nuevo capítulo se divide en cuatro secciones.
En la sección 1.ª se introducen determinados aspectos técnicos relaciones con la 
determinación del MREL. En este sentido, se introducen los criterios que han observarse 
a la hora de determinar dicho requerimiento que, al objeto de adecuarlo a su riesgo 
intrínseco para el sistema financiero, serán diferentes en función del tipo de entidad en 
cuestión. Asimismo, se introducen elementos e importes relevantes que deberá tener en 
cuenta la autoridad resolución preventiva a la hora de determinar el MREL.
En esta sección se recoge también las condiciones que deben cumplirse para que 
determinados pasivos, entre otros, los correspondientes a instrumentos de deuda con 
derivados implícitos, puedan ser empleados para cumplir con el MREL.
En la sección 2.ª se establecen los criterios para la determinación del requerimiento 
de  subordinación,  entendido  como  la  proporción  mínima  del  MREL  que  habrá  de 
cumplirse con fondos propios, con instrumentos admisibles subordinados, o con los 
pasivos emitidos. Este requerimiento también está sujeto a especificidades en función 
del tipo de entidad de que se trate.
En la sección 3.ª se hace uso de la habilitación conferida por el legislador para 
determinar la forma y ámbito de aplicación de este requerimiento, distinguiéndose entre 
entidades de resolución y entidades que no son entidades de resolución prestándose 
una  especial  atención  a  la  posible  complejidad  organizativa  de  estas  últimas, 
garantizándose así una clara delimitación en el plano resolutorio entre la filial y su 
empresa  matriz.  Por  las  características  intrínsecas  de  su  actividad,  y  su  inherente 
contribución a la reducción del riesgo sistémico del sistema financiero internacional, los 
organismos centrales y sus entidades de crédito afiliadas de forma permanente quedan 
excepcionados de cumplir con este requerimiento. s
En la sección 4.ª se regula el procedimiento a seguir por la autoridad de resolución  oe.
preventiva para la determinación del requerimiento, así como obligaciones en materia de  w.
información publicidad y notificación a la Autoridad Bancaria Europea. 307ww
supeErnv iseosrta c soemcpceiótenn stee  eos ltaasb laeucteonr idtaamdebsié dne,  proers oulnu claiódno ,c loams pfaecteunlttaedse ps ood rmáend eidmapsl eqaure e enl 
acal smo edneo isn cuunmap lidmeie nlatos  peoxrp pliacrittaed daes  uenna  eenl tidaartdiceusl addeol ;r epqoure roimtrioe nltaod, od,e bloiesn dpol aezmosp ledaer   BOE-A-cable e
cumplimiento del requerimiento respecto a las entidades que hubieran sido objeto de 
aplicación de instrumentos de resolución o facultades de amortización o conversión de 
instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes, y que deberán ser fijados por la 
autoridad de resolución preventiva.
Se introduce una nueva disposición transitoria tercera que prevé la fijación por parte la 
autoridad de resolución preventiva de un periodo transitorio para el cumplimiento del MREL, 
cuya fecha límite para el cumplimiento íntegro del requerimiento será el 1 de enero de 2024 
y que deberá incluir un objetivo intermedio a cumplir por las entidades el 1 de enero 
de 2022.
La disposición derogatoria establece la derogación de las normas de igual o inferior 
rango que se opongan a este real decreto.
La disposición final primera recoge la declaración de incorporación de Derecho de la 
Unión Europea.
La disposición final segunda establece la entrada en vigor de este real decreto.
VI
El Proyecto tiene naturaleza reglamentaria y encuentra su habilitación general en los 
artículos  97  de  la  Constitución  y  22  de  la  Ley  50/1997,  de  27  de  noviembre,  del 
Gobierno. El real decreto se dicta en virtud de las habilitaciones específicas siguientes. 
La del artículo primero, que modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, 
sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, se encuentra en la 
disposición final primera del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se 
crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que autoriza al 
Gobierno para dictar las medidas precisas para el desarrollo y la ampliación de dicho real 
decreto ley. La del artículo segundo, que modifica el Real Decreto 1012/2015, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se 
modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de 
depósitos de entidades de crédito, se encuentra en la disposición final decimosexta de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, que faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la ley.
Este real decreto está contenido en el Plan Anual Normativo de la Administración 
General  del  Estado  para  2021  como  desarrollo  de  la  Ley  de  transposición  de  la 
Directiva 2019/878.
Asimismo,  la  norma  se  adecua  a  los  principios  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, a los que debe sujetarse 
el ejercicio de la potestad reglamentaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
En  relación  con  los  principios  de  necesidad  y  eficacia,  este  real  decreto  es  el 
instrumento  adecuado  para  llevar  a  cabo  la  transposición  de  aquellas  materias  de 
la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, en norma reglamentaria en función del contenido de la habilitación recogida en 
la ley. Se adecua también esta norma al principio de proporcionalidad y de eficiencia en 
la  medida  en  la  que  se  introducen  las  modificaciones  del  ordenamiento  jurídico 
necesarias para llevar a cabo la transposición de esta directiva en las disposiciones de 
rango reglamentario, que se hallan también en norma con rango de real decreto y que,  s
junto a la modificación introducida en la norma legal, completan la transposición de la  e.
Directiva antes señalada. Respecto al principio de seguridad jurídica, la armonización de  w.
nuestro  ordenamiento  jurídico  con  el  derecho  comunitario  en  todas  las  materias  307ww
Ftriannaslmpueensteta, se on  aadpalipctaacdióans , dneol  hparicnec ipsiion od feo rttraalnescpear rlean sceiag,u traidnatod  jeunrí dlaic afa esne  ldaes  cmoinsmsualtsa. 
2p0ú1b9lic/8a7 9c omdeol  ePna rllaa mdeen taou dEieunrcoipae op úby licdae l soCboren sleaj ot,r adnes po2s0i cidóen  mdea ylao  Ddiere c2t0iv1a9 ,( UloEs)   BOE-A-cable e
interesados han tenido acceso tanto al documento de apoyo, como al proyecto articulado 
en  la  página  web  del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital, 
tramitado de forma conjunta con la ley. 
La redacción del proyecto de real decreto ha sido llevada a cabo por la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional, siendo el Centro Directivo de la misma la 
Subdirección General de Legislación de Entidades de Crédito, Servicios Bancarios y de 
Pago de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. En aplicación del principio de 
transparencia, tanto en la fase de consulta pública como en la fase de audiencia pública 
sobre la trasposición de la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 20 de mayo de 2019, los interesados han tenido acceso tanto al documento de apoyo, 
como al proyecto de articulado en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación  Digital.  De  ambos  procedimientos  se  han  recibido  numerosas 
observaciones que se han tenido en cuenta en la elaboración de este texto.
Adicionalmente, se han recabado informes del Banco de España en distintas fases 
de la tramitación del real decreto. También se ha recabado informe del FROB, de los 
Ministerios  de  la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria  Democrática, 
Justicia, Hacienda y Política Territorial y Función Pública.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la aprobación previa del Ministro de 
Política Territorial y Función Pública, de conformidad con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre 
fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.
El  Real  Decreto  2606/1996,  de  20  de  diciembre,  sobre  fondos  de  garantía  de 
depósitos de entidades de crédito, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el primer párrafo del apartado 3 y el primer párrafo del apartado 5 
del artículo 3, que pasan a tener el siguiente tenor literal:
«3.  Las aportaciones anuales de las entidades adscritas irán destinadas a 
cubrir las necesidades derivadas de las funciones atribuidas a los compartimentos 
del Fondo y se ingresarán en las cuentas que designe la Comisión Gestora, en 
uno o más desembolsos, a la vista de las necesidades del Fondo y en los plazos 
que fije la Comisión Gestora.»
«5.  Cuando  los  recursos  financieros  disponibles  sean  insuficientes  para 
efectuar los pagos a los depositantes o a los inversores, la Comisión Gestora 
acordará  la  realización  de  derramas  entre  las  entidades  adscritas,  que  se 
distribuirán atendiendo a los criterios y a la base de cálculo de las aportaciones 
prevista en el apartado 2. Igualmente, la Comisión Gestora podrá acordar la 
realización de derramas en caso de considerarlo necesario para poner en práctica 
cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 del Real Decreto-ley 16/2011, 
de 14 de octubre.»
Dos.  Se modifica la letra a) del artículo 4.4, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«a)  Los depósitos realizados por las siguientes entidades: bo
132...ººº    LLLaaasss   eesonncttiiiddeaadddaeedsse  sda esye  cagrguéerdanitdcooi.arsa sd.e valores. 2021-19307n https://ww
4.º  Las sociedades de inversión mobiliaria.
5.º  Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, así como 
las sociedades gestoras de fondos de pensiones, de los fondos de titulización y de 
capital-riesgo y los depósitos de las entidades que gestionan.
6.º  Las sociedades gestoras de carteras y las empresas de asesoramiento 
financiero.
7.º  Las  sociedades  de  capital  riesgo  y  sus  correspondientes  sociedades 
gestoras.
8.º  Cualquier  otra  entidad  financiera  definida  en  el  artículo  4.1.26)  del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013.»
Tres.  Se modifica el artículo 7.6, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«6.  Cuando  los  titulares  de  un  depósito  actúen  como  representantes  o 
agentes de terceros, siempre que el beneficiario legal haya sido identificado o sea 
identificable  antes  de  que  se  produzcan  las  circunstancias  descritas  en  el 
artículo 8, la cobertura del Fondo se aplicará a los terceros beneficiarios del 
depósito en la parte que les corresponda.
No obstante, lo anterior, cuando quien actúe como representante o agente sea 
una entidad de las excluidas de cobertura del Fondo de las recogidas en los 
numerales 3.º, 4.º, 5.º, 7.º y 8.º del artículo 4.4.a), se considerará que el depósito 
pertenece a dicha entidad y no será cubierta por el Fondo.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 9 bis.1, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«1.  Las  entidades  de  crédito  tendrán  identificados  en  todo  momento  los 
depósitos admisibles y garantizados de cada depositante con el nivel de detalle 
que determine el Banco de España.
Esta información podrá ser solicitada por el Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito en cualquier momento.
Adicionalmente, las entidades de crédito colaborarán con el Fondo de Garantía 
de  Depósitos  de  Entidades  de  Crédito  y  le  facilitarán  toda  la  información, 
documentación y aclaraciones que éste considere necesarias para comprobar la 
información mencionada en este artículo así como de la utilizada para determinar 
la base de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito. El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 
informará al Banco de España de los resultados de sus comprobaciones.»
Cinco.  El artículo 12 queda sin contenido.
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el 
Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos 
de entidades de crédito.
El  Real  Decreto  1012/2015,  de  6  de  noviembre,  por  el  que  se  desarrolla  la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, 
de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito,  es
queda redactado como sigue: o
Uno.  Se modifica el apartado 1, el apartado 3 y el apartado 5 del artículo 6, que  307ww
pasan a tener el siguiente tenor literal:
ejerc«i1c.i o Cdoen  claasr ácfatecru pltaredveios  ad lea  aadmopocrtiiózna cdióen c uoa lqcuoienrv emresidóind a sdee  rreesaolilzuacrióán  uon eal 
valoración del activo y el pasivo de la entidad por un experto independiente
designado  por  el  FROB,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la 
Ley 11/2015, de 18 de junio. Cuando se cumplan todos los requisitos establecidos 
en el presente artículo, la valoración se considerará definitiva.»
«3.  La valoración será utilizada para los siguientes propósitos:
a)  Ponderar el cumplimiento de las condiciones para la resolución o las 
condiciones  para  la  amortización  o  conversión  de  instrumentos  de  capital  y 
pasivos admisibles.
b)  Adoptar la decisión sobre la medida de resolución adecuada que ha de 
adoptarse respecto de la entidad.
c)  Informar sobre el alcance de la cancelación o el reajuste a la baja del valor 
de las acciones u otros instrumentos de capital, y el alcance de la amortización o 
conversión de los instrumentos de capital y pasivos admisibles, en el caso de que 
se proceda a la amortización o conversión de capital.
d)  Establecer el alcance de la amortización o conversión de los pasivos 
susceptibles de recapitalización interna, en el caso de que se utilice el instrumento 
de recapitalización interna.
e)  Determinar  qué  activos,  derechos,  pasivos  o  acciones  u  otros 
instrumentos de capital habrán de tramitarse, así como la decisión sobre el valor 
que haya de abonarse a la entidad objeto de la resolución o, en su caso, a los 
propietarios de las acciones u otros instrumentos de capital, cuando se aplique el 
instrumento de entidad puente o el instrumento de segregación de activos.
f)  Fundamentar la decisión sobre los activos, derechos, pasivos o acciones u 
otros instrumentos de capital que habrán de transmitirse, cuando se aplique el 
instrumento de venta del negocio, e informar lo que debe considerarse, a juicio del 
FROB, como condiciones comerciales a efectos de lo dispuesto en el artículo 26 
de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
g)  Asegurar la detección de toda pérdida que afecte a los activos de la 
entidad en el momento en que se apliquen los instrumentos de resolución o se 
ejerza la competencia para amortizar o convertir los instrumentos de capital y 
pasivos admisibles.»
«5.  La  valoración  no  contemplará  ninguna  aportación  futura  de  ayudas 
públicas extraordinarias a la entidad, de ayudas en forma de provisión urgente de 
liquidez del banco central o de ayudas en forma de liquidez del banco central 
atendiendo a criterios no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y 
tipos  de  interés,  a  partir  del  momento  en  que  se  emprenda  una  medida  de 
resolución o se ejerza la competencia para amortizar o convertir los instrumentos 
de capital y pasivos admisibles en cuestión.»
Dos.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9, que pasan a tener el siguiente 
tenor literal:
«3.  No obstante lo dispuesto en el artículo 6.1, la valoración provisional 
efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 y 2, permitirá al 
FROB emprender las acciones de resolución que sean necesarias, incluyendo la 
asunción del control de una entidad inviable o el ejercicio de las facultades de 
amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles.
4.  La  valoración  formará  parte  integrante  de  la  decisión  de  aplicar  un  e.e
instrumento de resolución o de ejercer una competencia de resolución, así como  b
de  la  decisión  de  ejercer  las  facultades  de  amortización  o  conversión  de  307ww
instrumentos de capital y pasivos admisibles.»
Tres.  Se modifica el primer párrafo, las letras o) y p) del segundo párrafo y se 
introduce un nuevo párrafo final en el apartado 1 del artículo 25 con el siguiente contenido:
«1.  El plan de resolución previsto en el artículo 13 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio,  contendrá  los  instrumentos  y  competencias  de  resolución  aplicables  a  la 
entidad atendiendo a los diferentes escenarios de estrés que puedan desencadenar 
la inviabilidad, entre los que se incluirán, que el fenómeno de inviabilidad se produzca 
por causas internas a la entidad o que se produzca en un momento de inestabilidad 
financiera general o a causa de factores que afectan a todo el sistema.»
«o)  Los requerimientos de fondos propios y pasivos admisibles a que se 
refieren los artículos 79 y 80 y una fecha límite para alcanzar dicho nivel, del 
periodo  transitorio  que,  en  su  caso,  determine  la  autoridad  de  resolución 
preventiva de conformidad con el artículo 85.
p)  Cuando una autoridad de resolución preventiva aplique los artículos 76 
o 77, si procede, un calendario para el cumplimiento, por parte de la entidad de 
resolución, del periodo transitorio que, en su caso, determine la autoridad de 
resolución preventiva de conformidad con el artículo 85.»
«Al establecer los calendarios a que se refieren las letras o) y p), en las 
circunstancias mencionadas en el artículo 13.3.b) de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, la autoridad de resolución tendrá en cuenta la fecha límite para cumplir la 
orientación sobre fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 69 bis de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 26, que pasa a tener el siguiente 
tenor literal:
«1.  El  plan  de  resolución  de  grupo  previsto  en  el  artículo  14.1  de  la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, incluirá los elementos mencionados en el artículo 25.1 y, 
además, deberá:
a)  Establecer las medidas de resolución previstas para las entidades de 
resolución en los escenarios contemplados en el artículo 25.1, y las repercusiones 
de dichas medidas de resolución respecto de las demás entidades del grupo, para 
la empresa matriz y para las entidades filiales.
Cuando un grupo esté formado por más de un grupo de resolución, establecer 
las medidas de resolución que deben tomarse para las entidades de resolución de 
cada grupo de resolución y las implicaciones de estas medidas sobre:
1.º  Otras entidades del grupo que pertenezcan al mismo grupo de resolución; y
2.º  Otros grupos de resolución;
b)  Examinar en qué medida los instrumentos de resolución pueden aplicarse 
y  las  facultades  de  resolución  pueden  ejercerse  a  entidades  de  resolución 
establecidas  dentro  de  la  Unión  Europea  de  forma  coordinada,  incluidas  las 
medidas para facilitar la compra del grupo en su conjunto por un tercero, o de 
ramas de actividad específicas o actividades desempeñadas por una o varias 
entidades del grupo, o de entidades del grupo o grupos de resolución específicos, 
así como identificar cualquier obstáculo potencial a una resolución coordinada.
c)  Cuando un grupo incluya entidades constituidas en Estados no miembros  e.
de  la  Unión  Europea,  establecer  acuerdos  adecuados  para  la  cooperación  y  w.b
coordinación  con  las  autoridades  que  corresponda  atendiendo  a  las  307ww
consde) cuDenecteiarms ipnaarra  llaas r emseodluidciaósn  neenc eels saerniaos  dpea lraa  Ufancióilnit aEr ulrao preeaso.lución de grupo
fciguuarnadro  las es ecpuamrapclaiónn  lajusr ídcoicnad iyc ioenceosn ódme icrae sdoelu cfiuónnc. ioEnnetsre  ot arlaems ams eddeid aasc tipvoiddarád 
concretas.
e)  Determinar las condiciones de financiación de las acciones de resolución de 
grupo, atendiendo a principios equitativos y equilibrados de reparto de las cargas 
entre fuentes de financiación radicadas en diferentes Estados miembros de la Unión 
Europea. En particular, estos principios deberán basarse en los criterios establecidos 
en el artículo 52.3, y deberán considerar las repercusiones en la estabilidad financiera 
de todos los Estados miembros de la Unión Europea afectados.
f)  Establecer cualquier otra medida adicional que el FROB, cuando sea la 
autoridad de resolución del grupo, tenga intención de adoptar en relación con las 
entidades incluidas dentro de cada grupo de resolución.
En todo caso, los planes de resolución de grupo no podrán tener un impacto 
desproporcionado en ningún Estado miembro de la Unión Europea.»
Cinco.  Se modifica el apartado 2 y el apartado 7 del artículo 28, que pasan a tener 
el siguiente tenor literal:
«2.  Si las autoridades de resolución no alcanzasen la decisión conjunta en el 
plazo de cuatro meses previsto en el apartado anterior, la autoridad de resolución 
preventiva, cuando sea la autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo, 
adoptará su propia decisión sobre el plan de resolución de grupo o, cuando sea la 
autoridad de resolución de una filial, y no esté de acuerdo con el plan de resolución 
del grupo, adoptará su propia decisión y, cuando proceda, identificará a la entidad de 
resolución y elaborará y mantendrá actualizado un plan de resolución para el grupo 
de resolución compuesto de entidades que estén bajo jurisdicción española.
Estas decisiones estarán plenamente motivadas y deberán tener en cuenta las 
opiniones  y  reservas  expresadas  por  las  demás  autoridades  de  resolución  y 
supervisores. Además, en los casos en que la autoridad de resolución preventiva 
sea la autoridad de resolución de una filial, la decisión deberá exponer las razones 
del desacuerdo con el plan de resolución de grupo propuesto.
La  autoridad  de  resolución  preventiva  comunicará  sus  decisiones  a  las 
entidades afectadas y a los miembros del colegio de autoridades de resolución.»
«7.  Cuando se tomen decisiones conjuntas en virtud de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 4 y una autoridad de resolución determine que la cuestión que ha 
suscitado el desacuerdo sobre los planes de resolución a nivel de grupo vulnera 
las competencias fiscales de su Estado, la autoridad de resolución preventiva, 
cuando sea la autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo, procederá a 
una reevaluación del plan de resolución de grupo, incluido el requerimiento mínimo 
de fondos propios y pasivos admisibles.»
Seis.  Se introduce un nuevo artículo 29 bis con el siguiente contenido:
«Artículo  29  bis.  Cálculo  del  importe  máximo  distribuible  relacionado  con  el 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.
1.  El importe máximo distribuible relacionado con el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles previsto en el artículo 16 bis de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, se calculará multiplicando la suma calculada según lo previsto en el 
apartado 2 por el factor determinado de conformidad con el apartado 3. El resultado 
de este múltiplo, se reducirá por el importe que resulte de cualquiera de las medidas 
contempladas en el artículo 16 bis.1.a) o b) de dicha ley. e.e
2.  La  suma  que  deberá  multiplicarse  de  conformidad  con  el  apartado  1  b
consistirá en: 307ww
virtuad)  deLlo sa rbtíecnuelofi c2io6s. 2in tdeerlm Redeigolsa mnoe nintoc lu(iUdEos)  enn.º  e5l 7ca5p/2it0a1l 3d,e  nneivtoesl  1d oer dcinuaarlqiou ieenr   OE-A-2021-19able en https://
reparto de beneficios o pago que resulte de las medidas a que se refieren el 
artículo 16 bis. 1.a) o b) de la Ley 11/2015, 18 de junio;
Más
b)  Los beneficios al cierre del ejercicio no incluidos en el capital de nivel 1 
ordinario en virtud del artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 netos de 
cualquier reparto de beneficios o pago que resulte de las medidas a que se el 
artículo 16 bis.1.a) o b) de la Ley 11/2015, 18 de junio;
Menos
c)  Los  importes  que  habrían  de  pagarse  en  concepto  de  impuestos  de 
conservarse los elementos especificados en las letras a) y b).
3.  El factor previsto en el apartado 1 se determinará de la siguiente manera:
a)  Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se 
utilice para cumplir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en 
porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con 
el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el primer cuartil (es 
decir, el más bajo) de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0;
b)  Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se 
utilice para cumplir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en 
porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con 
el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el segundo cuartil 
de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,2;
c)  Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se 
utilice para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de fondos propios 
y  pasivos  admisibles  previsto  en  el  capítulo  X,  expresado  en  porcentaje  del 
importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el tercer cuartil de los requisitos 
combinados de colchón, el factor será 0,4;
d)  Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se 
utilice para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de fondos propios 
y  pasivos  admisibles  previsto  en  el  capítulo  X,  expresado  en  porcentaje  del 
importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el cuarto cuartil (es decir, el más 
alto) de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,6.
Los límites inferior y superior de cada cuartil de los requisitos combinados de 
colchón se calcularán del siguiente modo:
 
Requisito combinado de colchón
Límite inferior del cuartil  =  X (QN −1) 
4 s
  e.
LíDmonitdee s QuNp eersi eolr n dúeml ecruoa orrtdiiln=al dReel qcuuaisrtiitl oc ocroremspboi4nndaidenot ed.e» colchón X QN 2021-19307n https://ww
Siete.  Se modifica el artículo 30, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 30.  Decisión conjunta sobre eliminación de obstáculos a la resolubilidad 
de grupos.
1.  La  decisión  conjunta  sobre  las  medidas  oportunas  para  eliminar  los 
obstáculos a la resolubilidad de un grupo a que se refiere el artículo 18 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, se adoptará en el plazo máximo de cuatro meses 
desde que la empresa matriz del grupo envíe sus observaciones a las medidas 
propuestas por la autoridad de resolución preventiva para eliminar los obstáculos a 
la resolubilidad, en virtud del apartado 2 del artículo mencionado.
En ausencia de observaciones durante el periodo de cuatro meses con el que 
cuenta la matriz del grupo en virtud del artículo 18.2 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, la decisión conjunta deberá adoptarse en el plazo de un mes desde el 
término de dicho plazo.
Cuando la decisión conjunta en relación con el obstáculo a la resolubilidad 
dimanare  de  una  de  las  situaciones  contempladas  en  el  artículo  17.2  de  la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, dicho plazo será de quince días a partir de la fecha de 
recepción de las observaciones enviadas por la matriz del grupo.
En todo caso, la decisión conjunta se motivará y expondrá en un documento 
que la autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo facilitará a la empresa 
matriz.
2.  La  autoridad  de  resolución  preventiva,  de  conformidad  con  el 
artículo 31.2.c) del Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre 
de 2010, podrá solicitar la mediación de la Autoridad Bancaria Europea para 
alcanzar la decisión conjunta.
3.  Si no se pudiera alcanzar una decisión conjunta en el plazo establecido en 
el apartado 1, la autoridad de resolución preventiva, cuando sea la autoridad de 
resolución a nivel de grupo, adoptará su propia decisión sobre las medidas que 
deban aplicarse a nivel de grupo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
apartado 2 bis y apartado 4 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
Estas  decisiones  estarán  plenamente  motivadas  y  tendrán  en  cuenta  las 
opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución. La 
autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo comunicará la decisión a la 
empresa matriz.
Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 1, una autoridad 
preventiva  de  resolución  ha  remitido  un  asunto  de  los  mencionados  en  el 
apartado 6 a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, la autoridad 
de resolución preventiva a nivel grupo aplazará su decisión en espera de la 
decisión que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el 
artículo 19.3 de dicho reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la 
decisión de la Autoridad Bancaria Europea. En estos casos, el período pertinente 
señalado en el apartado 1 se considerará el período de conciliación en el sentido 
del citado reglamento.
El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado 
el periodo pertinente señalado en el apartado 1 del presente artículo o haberse 
adoptado una decisión conjunta. Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara 
una decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución preventiva a  e.
nivel de grupo. w.b
4.  Si no se pudiera alcanzar una decisión conjunta en el plazo establecido en  307ww
peel ratipnaerntated oa d1o, pltaa raáu tsour idparodp idae  dreecsiosilóunci ósno bprree vlaesn tmivae ddidea sla  qeunet iddaedb adne  arpelsicoalursceió na 
anpivaerlt addeo  g2r ubpiso y d aep arertsaodlou c4ió dne  dlae  Lceoyn 1fo1r/m20id1a5d,  dceo n1 8l od ed ijsupnuioe.sto en el artículo 17
Estas  decisiones  estarán  plenamente  motivadas  y  tendrán  en  cuenta  las 
opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución de otras 
entidades del mismo grupo de resolución y de la autoridad de resolución a nivel de 
grupo. La autoridad de resolución preventiva pertinente comunicará la decisión a 
la entidad de resolución.
Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 1, una autoridad 
preventiva  de  resolución  ha  remitido  un  asunto  de  los  mencionados  en  el 
apartado 6 a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, la autoridad 
de resolución preventiva de la filial aplazará su decisión en espera de la decisión 
que  la  Autoridad  Bancaria  Europea  pueda  adoptar  de  conformidad  con  el 
artículo 19.3 de dicho reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la 
decisión de la Autoridad Bancaria Europea. En estos casos, el período pertinente 
señalado en el apartado 1 se considerará el período de conciliación en el sentido 
del citado reglamento.
El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado 
el periodo pertinente señalado en el apartado 1 del presente artículo o haberse 
adoptado una decisión conjunta. Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara 
una decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución preventiva de la 
entidad de resolución.
5.  Si  no  se  pudiera  alcanzar  una  decisión  conjunta,  las  autoridades  de 
resolución de las filiales que no sean entidades de resolución adoptarán sus 
propias decisiones sobre las medidas que deba adoptar cada una de las filiales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 apartado 2 bis y apartado 4 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio.
La  decisión  estará  plenamente  motivada  y  deberá  tener  en  cuenta  las 
opiniones  y  reservas  expresadas  por  las  otras  autoridades  de  resolución.  La 
decisión se comunicará a la filial afectada y a la entidad de resolución del mismo 
grupo de resolución, a la autoridad de resolución de dicha entidad de resolución y, 
en caso de ser diferente, a la autoridad de resolución a nivel de grupo.
Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 1, una autoridad 
preventiva  de  resolución  ha  remitido  un  asunto  de  los  mencionados  en  el 
apartado 6 a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la autoridad preventiva de resolución de la filial 
aplazará su decisión en espera de la decisión que la Autoridad Bancaria Europea 
pueda  adoptar  de  conformidad  con  el  artículo  19.3,  de  dicho  reglamento,  y 
adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la Autoridad Bancaria 
Europea. En estos casos, el período pertinente señalado en el apartado 1 se 
considerará el período de conciliación en el sentido del citado reglamento.
El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado el 
periodo  pertinente  señalado  en  el  apartado  1  del  presente  artículo  o  haberse 
adoptado una decisión conjunta. Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara una 
decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución preventiva de la filial.
6.  En  ausencia  de  una  decisión  conjunta  en  el  período  señalado  en  el 
apartado  1  sobre  la  adopción  de  cualquiera  de  las  medidas  previstas  en  el 
artículo 17.2 bis.g), h), o m) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la autoridad de 
resolución preventiva podrá solicitar a la Autoridad Bancaria Europea su asistencia 
para llegar a un acuerdo de conformidad con el artículo 19.3 del Reglamento (UE)  s
número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010. oe.
7.  La autoridad de resolución preventiva reconocerá y aplicará las decisiones  w.
alcanzadas por otras autoridades de resolución en las que no haya sido partícipe.» 307ww
Ocho.  Se introduce un nuevo apartado 2 bis en el artículo 32 con el siguiente 
contenido:
«2  bis.  Asimismo,  notificará  sin  demora  a  las  entidades  previstas  en  el 
artículo 1.2.b), c) o d) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y a las autoridades 
previstas en el apartado anterior en caso de ejercer la facultad prevista en el 
artículo 70 ter de dicha ley una vez se haya determinado que la entidad es inviable 
o tiene probabilidad de serlo de acuerdo con el artículo 19.1.a) de dicha ley, y 
antes de tomar la decisión de resolución.»
Nueve.  Se modifica el título del artículo 37, que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«Artículo 37.  Procedimiento para la exclusión, total o parcial, de ciertos pasivos o 
categorías de pasivos susceptibles de recapitalización interna.»
Diez.  Los artículos 38 a 42 quedan sin contenido.
Once.  Se modifica el artículo 46, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 46.  Conversión y amortización de los instrumentos de capital y pasivos 
admisibles pertinentes.
1.  A fin de efectuar la conversión de los instrumentos de capital y pasivos 
admisibles pertinentes con arreglo al artículo 39.1.b) de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, el FROB podrá exigir a las entidades, que emitan instrumentos de capital 
ordinario de nivel 1 para los titulares de los instrumentos de capital definidos en la 
citada ley.
2.  Los instrumentos de capital pertinentes únicamente podrán ser convertidos 
cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)  Que estos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 sean emitidos por la 
entidad, o por una empresa matriz de la entidad, con el acuerdo del FROB, o, 
cuando proceda, de la autoridad de resolución de la empresa matriz.
b)  Que estos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 sean emitidos con 
anterioridad a cualquier emisión de acciones u otros instrumentos de capital por 
parte de dicha entidad, a los efectos de aportación de fondos propios por parte del 
Estado o una entidad estatal.
c)  Que estos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 sean asignados y 
transmitidos sin demora después del ejercicio de la competencia de conversión.
d)  Que el tipo de conversión que determina el número de instrumentos de 
capital ordinario de nivel 1 que se emiten respecto a cada instrumento de capital y 
pasivos  admisibles  pertinentes  contemplados  en  el  artículo  38.1  bis  de  la 
Ley  11/2015,  de  18  de  junio,  se  ajuste  a  los  principios  establecidos  en  el 
artículo 48.5 de dicha ley.»
Doce.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 47, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«1.  El FROB, antes de determinar si se da alguna de las circunstancias 
contempladas en el artículo 38.2.b), c), d) o e) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, 
en relación con una filial española que emita los instrumentos de capital, o los  e.
pasivos admisibles contemplados en el artículo 38.1 bis de dicha ley, computables  w.
a efectos del cumplimiento, con carácter individual, del requerimiento establecido  307ww
ceunm  epll eanr tlíocsu lroe q8u0is, itoo s lodse  fionnsdtrousm pernotpoiso sd een  cbaapsieta iln dpievridtinueanl toe sc oqnusoel idsaed are, cdoenboecráe 
naorttíicfiuclaor  3q8u.e2 .ebs),t ác )p, ladn) eoa deo)  dvea lolar aLre syi  s1e1 /d2a0n1 5la, sd ec ir1c8u ndset ajunnciiaos,  pcroenvtieam cpolnasdualsta e an  leal   BOE-A-cable e
autoridad de resolución de la entidad de resolución pertinente, y en el plazo de 24 
horas desde dicha consulta:
a)  Al supervisor en base consolidada y, si son diferentes, a la autoridad de 
resolución del Estado miembro en el que esté situado el supervisor en base 
consolidada;
b)  A las autoridades de resolución de otras entidades del mismo grupo de 
resolución que hayan adquirido directa o indirectamente los pasivos a que se 
refiere el artículo 80.3, de la entidad sujeta a lo dispuesto en el apartado 1 de 
dicho artículo.
Cuando el FROB se esté planteando proceder a la comprobación contemplada 
en el artículo 38.2.c) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, lo notificará sin demora a la 
autoridad  competente  responsable  de  cada  entidad  contemplada  en  el 
artículo 1.2.b), c) o d) de dicha ley que haya emitido los instrumentos de capital 
pertinentes  sobre  los  que  deben  ejercerse  las  facultades  de  amortización  o 
conversión en caso de que, efectivamente, efectuara tales comprobaciones, y, si 
son diferentes, a las autoridades apropiadas del Estado miembro en el que estén 
situados dichas autoridades competentes y el supervisor en base consolidada.»
«4.  El FROB, tras efectuar la notificación con arreglo al apartado 1, previa 
consulta a las autoridades notificadas, de conformidad con la letra a) y el párrafo 
final de dicho apartado, evaluará los siguientes aspectos:
a)  Si  existe  una  medida  alternativa  al  ejercicio  de  la  competencia  de 
amortización o conversión prevista en el artículo 38.2 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio.
b)  En  caso  de  existir  dicha  medida  alternativa,  si  puede  aplicarse 
adecuadamente.
c)  En el caso de que sea posible aplicar la medida alternativa, si existen 
perspectivas  realistas  de  que,  en  un  plazo  adecuado,  pueda  solventar  las 
circunstancias  que,  de  otro  modo,  requerirían  aplicar  lo  dispuesto  en  el 
artículo 38.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.»
Trece.  Se modifica el artículo 57.1, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«1.  Cuando las autoridades nacionales de resolución españolas actúen como 
autoridades de resolución a nivel de grupo, la autoridad de resolución preventiva 
competente, constituirá colegios de autoridades de resolución que desempeñen 
las funciones previstas en los artículos 14, 16, 18, 20.3 y 44 de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio.
En todo caso, el FROB y la autoridad de resolución preventiva competente, 
cooperarán mutuamente y se coordinarán con las autoridades de resolución de 
terceros países para participar en los colegios de autoridades de resolución que se 
constituyan.»
Catorce.  Se modifica la letra a) del artículo 58.1., que pasa a tener el siguiente 
tenor literal:
«a)  El FROB y la autoridad de resolución preventiva competente, en cuanto 
autoridades  de  resolución  a  nivel  de  grupo.  La  presidencia  del  Colegio  de  s
Resolución corresponderá al FROB o a la autoridad de resolución preventiva  oe.
competente en función de la fase de resolución en la que se enmarquen las  w.
decisiones a adoptar por el Colegio de Resolución. La presidencia por parte de la  307ww
aduet olar idreasdo dluec iróens oclouncsiótintu pyree vlae nútnivicaa d eexl cCeoplceigóino  ad ela R ceosmolpuectieónnc eian  glae nfaesrael  pdreelv FeRntOivBa 
dLee ys 1e1r/ 2la0 1a5u.»toridad de contacto internacional prevista en el artículo 58.1 de la  BOE-A-cable e
Quince.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 59, que pasa a tener 
el siguiente tenor literal:
«1.  En cuanto presidente del colegio de autoridades de resolución, el FROB y la 
autoridad preventiva de resolución competente tendrán las siguientes competencias:»
Dieciséis.  Se modifica el artículo 60, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 60.  Exención de la obligación de constituir un colegio de autoridades de 
resolución.
Ni el FROB ni la autoridad de resolución preventiva, en cuanto autoridad de 
resolución a nivel de grupo, estarán obligados a constituir un colegio de autoridades 
de resolución si ya existen otros grupos o colegios con las mismas funciones y 
sometidos a un mismo régimen de organización y participación que el de los colegios 
de autoridades de resolución. En estos casos, cualquier referencia a los colegios de 
autoridades de resolución de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y de su normativa de 
desarrollo, se considerará asimismo hecha a tales grupos o colegios.»
Diecisiete.  Se modifica el artículo 61, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 61.  Colegios de autoridades de resolución europeos.
1.  Cuando una entidad o una empresa matriz de un tercer país cuente con 
filiales o empresas matrices establecidas en España y en otro u otros Estados 
miembros,  o  dos  o  más  sucursales  situadas  en  la  Unión  Europea  que  se 
consideren significativas por España y por otro u otros Estados miembros, las 
autoridades de resolución de los Estados miembros en los que están establecidas 
dichas  entidades  o  donde  estén  establecidas  tales  sucursales  significativas 
constituirán un colegio de autoridades de resolución europeo.
2.  El  colegio  de  autoridades  de  resolución  europeo  a  que  se  refiere  el 
apartado 1 desempeñará las funciones y realizará los cometidos expuestos en el 
artículo 57, respecto de las entidades a que se refiere el apartado anterior, y, en la 
medida en que dichos cometidos resulten procedentes, respecto de sus sucursales.
Los cometidos a que se refiere el párrafo primero incluirán la fijación del 
requerimiento  mínimo  de  fondos  propios  y  pasivos  admisibles  previsto  en  el 
capítulo  X.  A  la  hora  de  fijar  este  requisito,  las  autoridades  de  resolución 
competentes, como miembros del colegio de autoridades de resolución europeo, 
asegurará que se tenga en cuenta la estrategia de resolución global adoptada, en 
su caso, por las autoridades de terceros países.
Cuando, de conformidad con la estrategia de resolución global, las filiales 
establecidas en la Unión Europea o una empresa matriz establecida en la Unión 
Europea y sus entidades filiales no sean entidades de resolución y los miembros 
del colegio de autoridades de resolución europeo estén de acuerdo con dicha 
estrategia, las filiales establecidas en la Unión o, en base consolidada, la empresa 
matriz  establecida  en  la  Unión  Europea,  deberá  cumplir  el  requisito  del 
artículo  80.1,  mediante  la  emisión  de  instrumentos  contemplados  en  el 
artículo 80.3.a) y b), dirigidos a su empresa matriz final establecida en un tercer 
país, o a sus filiales establecidas en el mismo tercer país o a otras entidades 
sujetas  a  las  condiciones  previstas  en  el  artículo  80.3.a).1.º  y  en  el  e
artículo 80.3.b).2.º bo
3.  Cuando todas las filiales establecidas en la Unión Europea, de una entidad  307ww
dsoel au ne mteprrceesra p maíast,r ioz  edset aubnlae ceidmap erens laa  Umnaitórinz  Eduer oupne tae,r ecel cr opleagísio p deert eanuetozrcidaand ae su ndae 
rmeiseomlubcrioó nd oenudreo peesoté  eessttaarbál epcirdeas ildai deom pporer sala  maauttroizr.idad de resolución del Estado
Cuando no sea aplicable el párrafo primero, la autoridad de resolución de una 
empresa matriz de la Unión o de una filial de la Unión con el valor más alto de 
activos totales dentro del balance mantenidos presidirá el colegio de autoridades 
de resolución europeo.
En el supuesto de que la supervisión consolidada corresponda a una autoridad 
supervisora española, la autoridad de resolución competente presidirá el colegio 
de resolución en función de la fase de resolución en la que se enmarquen las 
decisiones a adoptar por el colegio de resolución europeo. La presidencia por 
parte de la autoridad de resolución preventiva del colegio de resolución europeo 
en  la  fase  preventiva  de  la  resolución  constituye  la  única  excepción  a  la 
competencia general del FROB de ser la autoridad de contacto internacional 
prevista en el artículo 58.1 de la Ley 11/2015.
4.  Mediante  acuerdo  mutuo  de  todas  las  partes  interesadas,  se  podrá 
exceptuar la obligación de constituir un colegio de autoridades de resolución 
europeo si existen otros grupos o colegios con las mismas funciones y sometidos 
a un mismo régimen de organización y participación siempre que se ajuste a todos 
los  procedimientos  y  condiciones  fijados  en  el  presente  artículo  y  en  los 
artículos 57 y 58 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, incluidos los relativos a la 
pertenencia a los colegios de autoridades de resolución y a la participación en 
estos. En tal caso, toda referencia a los colegios europeos de autoridades de 
resolución de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y de su normativa de desarrollo, se 
considerará hecha a tales grupos o colegios.
5.  Sin  perjuicio  de  los  apartados  3  y  4,  el  colegio  de  autoridades  de 
resolución europeo funcionará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57.»
Dieciocho.  Se modifica el párrafo segundo del artículo 67.1, que pasa a tener el 
siguiente tenor literal:
«Será de aplicación en el supuesto previsto en el párrafo anterior, lo dispuesto 
en el artículo 66 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.»
Diecinueve.  Se crea un nuevo capítulo X con el siguiente contenido:
«CAPÍTULO X
Requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles
Sección 1.ª Requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles
Artículo 69.  Determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles.
Las entidades deberán cumplir en todo momento el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles previsto en el artículo 44.1 de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, de acuerdo con lo previsto en la sección 4.ª bis del capítulo VI de 
dicha ley y en este capítulo.
Artículo 70.  Determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles para determinadas entidades.
1.  Para las entidades de resolución que no están sujetas al artículo 92 bis del  b
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y que son parte de un grupo de resolución cuyos  307ww
aqcuteiv soes  rteoftiaelrees  esl uapretírcaunlo l o6s9  1s0e0rá 0, 0a0l  mmeilnloonse, sig duea l eau:ros, el nivel del requerimiento a
a)  El 13,5 por ciento cuando se calcule con arreglo al artículo 44.2.a) de la
Ley 11/2015, de 18 de junio, y
b)  El 5 por ciento cuando se calcule con arreglo al artículo 44.2.b) de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio.
Estas  entidades  cumplirán  este  requerimiento  utilizando  fondos  propios, 
instrumentos admisibles subordinados, o con los pasivos emitidos a accionistas 
que no formen parte del mismo grupo de resolución, de acuerdo con lo previsto en 
la sección 2.ª de este capítulo.
2.  La autoridad de resolución preventiva podrá, previo informe del supervisor 
competente  y  del  FROB,  decidir  aplicar,  a  otras  entidades  distintas  de  las 
entidades de importancia sistémica mundial (en adelante EISM) y las entidades a 
que se refiere el apartado anterior, los requerimientos mínimos establecidos en 
dicho apartado, si la autoridad de resolución preventiva considera razonablemente 
probable que su inviabilidad plantee un riesgo sistémico.
Al  adoptar  esta  decisión,  la  autoridad  de  resolución  preventiva  tendrá  en 
cuenta:
a)  La preponderancia de depósitos y la ausencia de instrumentos de deuda 
en el modelo de financiación;
b)  Hasta  qué  punto  el  acceso  a  mercados  de  capitales  para  pasivos 
admisibles está limitado;
c)  Hasta qué punto la entidad de resolución recurre a capital de nivel 1 
ordinario para cumplir el requerimiento a que se refiere el artículo 79.
3.  La falta de una decisión con arreglo al apartado primero de este artículo no 
impedirá que se tome una decisión en virtud del artículo 76.
Artículo 71.  Determinación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles para las entidades de resolución de las entidades de importancia 
sistémica mundial y las filiales significativas de la Unión de las EISM de fuera 
de la Unión Europea.
1.  El requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto 
en el artículo 44.1 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, para una entidad de 
resolución que sea una EISM o parte de una EISM consistirá en lo siguiente:
a)  Los  requerimientos  a  que  se  refieren  los  artículos  92  bis  y  494  del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
b)  Cualquier requerimiento adicional de fondos propios y pasivos admisibles 
determinado por la autoridad de resolución preventiva específicamente en relación 
con dicha entidad, de conformidad con el apartado 3 de este artículo.
2.  El requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles a que se 
refiere el artículo 44.1 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, para una filial significativa 
establecida en la Unión Europea de una EISM de fuera de la Unión Europea 
constará de lo siguiente:
a)  Los  requerimientos  a  que  se  refieren  los  artículos  92  ter  y  494  del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
b)  Cualquier requerimiento adicional de fondos propios y pasivos admisibles 
determinado por la autoridad de resolución preventiva específicamente en relación  s
con dicha filial significativa de conformidad con el apartado 3 de este artículo, que  e.
deberá cumplirse con fondos propios y pasivos que respeten las condiciones  w.
establecidas en el artículo 80, y en el artículo 61.2 para los colegios de resolución. 307ww
3.  La  autoridad  de  resolución  preventiva,  tras  consultar  al  supervisor 
competente y al FROB, impondrá el requerimiento adicional a que se refieren los 
apartados anteriores cuando:
a)  Los requerimientos previstos en los artículos 92 bis y 92 ter Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 no sea suficiente para cumplir las condiciones establecidas en 
el artículo 44 ter de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
b)  En  la  medida  en  que  garantice  que  se  cumplen  las  condiciones 
establecidas en dichos artículos.
La decisión de la autoridad preventiva contendrá las razones que la justifican, 
incluida una evaluación completa de los elementos mencionados en el párrafo 
anterior, y será revisada por la autoridad de resolución preventiva sin demora 
indebida para reflejar cualquier cambio del nivel del requerimiento a que se refiere 
el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, aplicable al grupo de resolución o 
a una filial significativa establecida en la Unión Europea de una EISM de fuera de 
la Unión Europea.
4.  A los efectos del procedimiento para la determinación del requerimiento, 
previsto en el artículo 82.3, cuando varias EISM pertenecientes a la misma EISM 
sean entidades de resolución, las autoridades de resolución pertinentes deberán 
calcular el importe a que se refiere el apartado 3:
a)  Para cada entidad de resolución;
b)  Para la entidad matriz de la Unión como si fuera la única entidad de 
resolución de la EISM.
Artículo 72.  Pasivos admisibles para las entidades de resolución.
1.  Los pasivos correspondientes a instrumentos de deuda con derivados 
implícitos, tales como bonos estructurados, que cumplan los requerimientos del 
artículo  44  bis.1  de  la  Ley  11/2015,  a  excepción  del  artículo  72  bis.2.l)  del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, se incluirán en el importe de fondos propios y 
pasivos  admisibles  únicamente  cuando  se  cumpla  alguna  de  las  condiciones 
siguientes:
a)  El principal del pasivo correspondiente al instrumento de deuda se conoce 
en el momento de la emisión, es fijo o creciente y no se ve afectado por un 
derivado implícito, y el importe total del pasivo correspondiente al instrumento de 
deuda, incluido el derivado implícito, puede valorarse diariamente por referencia a 
un mercado líquido y activo tanto para la oferta como para la demanda para un 
instrumento equivalente sin riesgo de crédito de conformidad con los artículos 104 
y 105 del Reglamento (UE) n.º 575/2013; o
b)  El instrumento de deuda incluye una cláusula contractual que especifica 
que el valor del crédito en los casos de concurso o de resolución del emisor es fijo 
o creciente, y no es superior al importe del pasivo pagado inicialmente.
Los instrumentos de deuda a que se refiere el párrafo primero, incluidos sus 
derivados implícitos, no estarán sujetos a ningún acuerdo de compensación y su 
valoración no estará sujeta al artículo 48.4, párrafo segundo de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio. es
2.  Los pasivos a que se refiere el apartado anterior solo se incluirán en el  o
iapqm ruqipneuoc 3esri.pt  eesaae lCn d ar uees a qfuifnueosdercneo rds i tloesaose  srl  e epeptfrrmioeaorr ip tbeuaio) nn.lsao   p lyeda tespri avas osuasis)v   odpaseoc  rcad iudoicnmnhaiosi st fiaaiblisplae ales rex taspisdtotaoerb ,n lletoaec  sapid la qairmu teeepn  onc rlooater  rf Ueofisrnjompió ooenn   cpdEraieeurcnrteoitee pnd eteaeall     OE-A-2021-19307able en https://www.
mismo grupo de resolución y dicha filial forme parte del mismo grupo de resolución
que la entidad de resolución, dichos pasivos se incluirán en el importe de fondos 
propios y pasivos admisibles de dicha entidad de resolución, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:
a)  Que sean emitidos de conformidad con el artículo 80.3.a);
b)  Que el ejercicio de la facultad de amortización o conversión en relación 
con esos pasivos con arreglo al artículo 38 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, no 
impida el control de la filial por parte de la entidad de resolución;
c)  Que no superen un importe determinado mediante la sustracción de:
1.º  La suma de los pasivos emitidos y adquiridos por la entidad de resolución 
directa o indirectamente a través de otras entidades pertenecientes al mismo 
grupo de resolución y el importe de los fondos propios emitidos de conformidad 
con el artículo 80.3.b);
2.º  Al importe requerido de conformidad con el artículo 80.1.
Artículo 73.  Absorción de pérdidas y recapitalización en la determinación del 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.
1.  Para el cálculo del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles de las entidades de resolución, el importe de absorción de pérdidas y 
recapitalización a que se refiere el artículo 44 ter.3 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, constará de los importes siguientes:
a)  Para la aplicación del artículo 44.2.a) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la 
suma de:
1.º  El importe de las pérdidas que serán absorbidas en la resolución que 
corresponde  a  los  requerimientos  mencionados  en  el  artículo  92.1.c),  del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
para la entidad de resolución a nivel de grupo de resolución consolidado; y
2.º  Un importe de recapitalización que permita que el grupo de resolución 
resultante de la resolución restablezca el cumplimiento del requisito de ratio de 
capital total aplicable a que se refiere el artículo 92.1.c), del Reglamento (UE) n.º 
575/2013, así como los requisitos a que se refiere artículo 69 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, y su normativa de desarrollo, aplicables a nivel de grupo de 
resolución consolidado tras la aplicación de la estrategia de resolución preferida; y
b)  Para la aplicación del artículo 44.2.b) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la 
suma de:
1.º  El importe de las pérdidas que serán absorbidas en la resolución que 
corresponde  al  requerimiento  de  ratio  de  apalancamiento  de  la  entidad  de 
resolución a que se refiere el artículo 92.1.d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 a 
nivel de grupo de resolución consolidado; y
2.º  Un importe de recapitalización que permita que el grupo de resolución 
resultante de la resolución restablezca el cumplimiento del requerimiento de ratio 
de apalancamiento aplicable a que se refiere el artículo 92.1.d), del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 a nivel de grupo de resolución consolidado tras la aplicación de 
la estrategia de resolución preferida. s
2.  Para las entidades que no sean entidades de resolución, el importe de 
absorción de pérdidas y recapitalización a que se refiere el artículo 44 ter.3 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, constará de los importes siguientes:
a)  Para la aplicación del artículo 44.2.a) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la 
suma de:
1.º  El importe de las pérdidas que serán absorbidas que corresponde a los 
requerimientos  a  que  se  refiere  el  artículo  92.1.c)  del  Reglamento  (UE)  n.º 
575/2013 y el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y su normativa de 
desarrollo para la entidad; y
2.º  Un importe de recapitalización que permita a la entidad restablecer el 
cumplimiento  del  requisito  de  ratio  de  capital  total  a  que  se  refiere  el 
artículo 92.1.c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como el requisito a que se 
refiere el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, tras el ejercicio de la 
facultad para amortizar o convertir instrumentos de capital y pasivos admisibles 
pertinentes de conformidad con el artículo 38 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, o 
después de la resolución del grupo de resolución; y
b)  Para la aplicación del artículo 44.2.b), de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la 
suma de:
1.º  El importe de las pérdidas que serán absorbidas que corresponde al 
requerimiento de la ratio de apalancamiento de la entidad a que se refiere el 
artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
2.º  Un importe de recapitalización que permita a la entidad restablecer el 
cumplimiento del requerimiento de la ratio de apalancamiento a que se refiere el 
artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) n.º 575/2013 tras el ejercicio de la facultad 
para amortizar o convertir instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes 
de  conformidad  con  el  artículo  38  o  después  de  la  resolución  del  grupo  de 
resolución;
3.  A  efectos  del  artículo  44.2.a)  de  la  Ley  11/2015,  de  18  de  junio,  el 
requerimiento de fondos propios y pasivos admisibles se expresará, en términos 
porcentuales, como el cociente entre el importe calculado de conformidad con la 
letra a) de los apartados 1 y 2, respectivamente, y el importe total de la exposición 
al riesgo.
A  efectos  del  artículo  44.2.b)  de  la  Ley  11/2015,  de  18  de  junio,  el 
requerimiento de fondos propios y pasivos admisibles se expresará, en términos 
porcentuales, como el cociente entre el importe calculado de conformidad con la 
letra b) de los apartados 1 y 2 y la medida de la exposición total.
Al establecer los requerimientos individuales previstos en la letra b) sobre 
medida de la exposición total prevista en los apartados 1 y 2, la autoridad de 
resolución  preventiva  tendrá  en  cuenta  los  requisitos  contemplados  en  los 
artículos 50. 2 y 50.3 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
Artículo  74.  Elementos  para  la  determinación  del  requerimiento  mínimo  de 
fondos propios y pasivos admisibles.
1.  Al fijar los importes de recapitalización a que se refiere el artículo anterior,  es
la autoridad de resolución preventiva: o
a)  Utilizará los valores comunicados más recientes para el importe total de la  307ww
aepxpaolasnicciaómn iaeln rtioe,s gaoj uos tlaa dmoes diedna  dfeu nlac ióenxp odsei cicóuna tloqtuaile cr orcraemspboion dideenrtiev aad loa  rdaeti o ldaes 
medidas de resolución previstas en el plan de resolución; y
b)  Tras consultar al supervisor competente, ajustará a la baja o al alza el 
importe de recapitalización correspondiente al requisito actual a que se refiere el 
artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, para determinar el requerimiento 
aplicable a la entidad de resolución tras la aplicación de la estrategia de resolución 
preferida o, en el caso de entidades que no sean entidades de resolución, tras la 
amortización y conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles prevista 
en el artículo 38 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, o la resolución del grupo de 
resolución.
2.  La autoridad de resolución preventiva podrá aumentar el requerimiento 
previsto  en  los  artículos  73.1.a).2.º  y  73.2.a).2.º  con  un  importe  adecuado 
necesario para garantizar que la entidad mantenga una confianza suficiente de los 
mercados durante un periodo adecuado que no excederá de un año:
a)  Tras la resolución, en el caso de las entidades de resolución, o
b)  Tras la amortización y conversión de pasivos admisibles previsto en el 
artículo 38 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en el caso de las entidades que no 
sean entidad de resolución, Este importe será igual a los requisitos combinados de 
colchón aplicables después de la aplicación de los instrumentos de resolución, en 
el caso de las entidades de resolución, o de la amortización y conversión de 
pasivos  admisibles,  en  el  caso  de  las  entidades  que  no  sean  entidades  de 
resolución,  menos  el  colchón  de  capital  anticíclico  al  que  se  refiere  el 
artículo 43.1.a), de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
3.  El importe al que se refiere el apartado anterior se ajustará a la baja o al 
alza si, una vez consultado el supervisor competente, la autoridad de resolución 
preventiva determina que, de modo factible y creíble, un importe inferior bastaría o 
un importe superior sería necesario para:
a)  Mantener la confianza de los mercados,
b)  Garantizar la prestación continuada de funciones económicas esenciales por 
la entidad prevista en el artículo 1.2.b), c) o d) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y
c)  Garantizar su acceso a financiación:
1.º  En caso de ajustar a la baja, sin necesidad de recurrir a un apoyo 
financiero público extraordinario más allá de las contribuciones de los mecanismos 
de financiación de la resolución, de conformidad con los artículos 50.2, 50.3 y 53.2 
de la Ley 11/2015, de 18 de junio, tras la ejecución de la estrategia de resolución o 
tras el ejercicio de la facultad de amortización y conversión de pasivos admisibles 
en el caso de las entidades que no sean entidades de resolución, o;
2.º  En caso de ajustar al alza, sin necesidad de recurrir a dicho apoyo más allá 
de las contribuciones, durante un periodo adecuado, que no excederá de un año.
4.  Cuando la autoridad de resolución preventiva prevea que es razonablemente 
probable que determinadas categorías de pasivos admisibles queden excluidas total 
o parcialmente de la recapitalización interna en virtud del artículo 43 de la Ley 11/215, 
de 18 de junio, o que podrían ser transferidas a un receptor en su totalidad en virtud 
de una transmisión parcial, el requerimiento de fondos propios y pasivos admisibles 
previsto en el artículo 44 de dicha ley, se cumplirá con una cantidad de fondos 
propios u otros pasivos admisibles suficiente para: es
a)  Cubrir el importe de los pasivos excluidos determinados de conformidad  w.
con el artículo 43 de la Ley 11/2015, de 18 de junio; y, 307ww
recabp)i talGizaarcaiónnti zaa qr uqeu see  sreef iecruem epl laerntí clualso  4c4o ntedric.3io dnee sla  dLee ya 1b1s/o2r0c1ió5n,  ddee 1 8p édred ijduansio .y
5.  Cualquier decisión de la autoridad de resolución preventiva de imponer un
requerimiento  mínimo  de  fondos  propios  y  pasivos  admisibles  contendrá  las
razones que  la  justifican, incluida  una evaluación completa de los elementos 
mencionados en el artículo 44 ter.3 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y en los 
artículos  70,  73  y  el  presente  artículo,  y  será  revisada  por  la  autoridad  de 
resolución preventiva sin demora indebida para reflejar cualquier cambio del nivel 
del requisito a que se refiere el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
6.  A efectos de los apartados 1 y 2, los requisitos de capital se interpretarán 
de  acuerdo  con  la  aplicación  por  parte  de  la  autoridad  competente  de  las 
disposiciones transitorias establecidas en la parte décima, título I, capítulos 1, 2 
y 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, en la Ley 10/2014, de 26 de junio, y en su 
normativa de desarrollo.
Sección 2.ª Requerimiento de subordinación de fondos propios y pasivos 
admisibles
Artículo  75.  Requerimientos  de  subordinación  de  fondos  propios  y  pasivos 
admisibles.
1.  A efectos del requerimiento de subordinación previsto en el artículo 44 
bis.4 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, los pasivos por derivados se incluirán en el 
pasivo  total  sobre  la  base  del  pleno  reconocimiento  de  los  derechos  de 
compensación a la contraparte.
2.  Los fondos propios de una entidad de resolución que se utilicen para 
cumplir los requisitos combinados de colchón serán admisibles para cumplir el 
requisito de subordinación.
Artículo 76.  Determinación del requerimiento de subordinación de fondos propios 
y pasivos admisibles.
1.  La  autoridad  de  resolución  preventiva  podrá  fijar  un  requerimiento  de 
subordinación, definido conforme al artículo 44 bis.4 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, equivalente, como máximo, al mayor importe entre el 8 por ciento de los 
pasivos  totales  de  la  entidad,  incluidos  los  fondos  propios,  y  la  fórmula 
Ax2+Bx2+C, en la que A, B y C corresponden a los importes siguientes:
A = El importe resultante del requerimiento a que se refiere el artículo 92.1.c) 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
B = El importe resultante del requisito a que se refiere el artículo 69 de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio;
C = El importe resultante del requisito combinado de colchones de capital.
2.  Para fijar dicho requerimiento de subordinación habrán de cumplirse las 
condiciones siguientes:
a)  Que  los  pasivos  no  subordinados  a  que  se  hace  referencia  en  el 
artículo 44 bis.1 y 3 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, tengan la misma prelación 
en la jerarquía prevista en la legislación concursal que determinados pasivos 
excluidos de la aplicación de las facultades de amortización y de conversión de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio;
b)  Que  exista  un  riesgo  de  que,  como  consecuencia  de  una  aplicación  e.e
prevista de facultades de amortización y conversión a los pasivos no subordinados  w.b
que no están excluidos de la aplicación de las facultades de amortización o de  307ww
cLoenyv 1e1rs/2ió0n1 5d, ed ec 1o8n fodrem jiudnaido , cloosn  tiltou ladriessp udees tcor édeinto slo rse saurlttíacnutleoss  d4e2  tayl es4 3p adseiv olas 
psurofrcaend immiáesn top écrodnidcausrs aqlu.e  las  que  tendrían  en  una  liquidación  con  arreglo  al
c)  Que el importe de los fondos propios y de otros pasivos subordinados no 
supere la cantidad necesaria para garantizar que los acreedores a que se refiere 
la letra b) no sufran pérdidas superiores a las que habrían sufrido en caso de 
liquidación con arreglo al procedimiento concursal.
3.  La autoridad de resolución preventiva evaluará el riesgo a que se refiere la 
letra b) del apartado anterior en caso de que determine que, dentro de una 
categoría de pasivos que comprenda pasivos admisibles, el importe de los pasivos 
que quedan excluidos o que quepa esperar que queden excluidos de la aplicación 
de las facultades de amortización y conversión de conformidad con los artículos 42 
y 43 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, ascienda a más del 10 por ciento de dicha 
categoría.
Artículo 77.  Determinación del requerimiento de subordinación de fondos propios 
y pasivos admisibles aplicables a entidades de importancia sistémica mundial 
y otras entidades.
1.  Las entidades de resolución que sean EISM y aquellas entidades de 
resolución a que se refieren los artículos 70.1 y 2 deberán cumplir un requisito de 
subordinación, tal y como se define en el artículo 44 bis.4 de la Ley 11/2015, de 18 
de junio, de, al menos, el 8 por ciento de los pasivos totales, incluidos los fondos 
propios, sin perjuicio de los requerimientos a que se refieren el artículo 92 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y los artículos 70.1 y 2 de este real decreto.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la autoridad de resolución 
preventiva podrá fijar un requerimiento de subordinación para estas entidades 
inferior al 8 por ciento de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, con el 
límite inferior del importe resultante de la aplicación de la fórmula [(1-(X1/X2)] x 8 
por ciento de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, siempre que se 
cumplan las condiciones indicadas en el artículo 72 ter.3.a), b) y c) del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, donde, respetando el límite de la proporción de la reducción 
posible en virtud del artículo 72 ter.3 de dicho reglamento:
X1 = 3,5 por ciento del importe total de exposición al riesgo, calculado de 
acuerdo con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
X2 = La suma del 18 por ciento del importe total de exposición al riesgo, 
calculado de acuerdo con el artículo 92. 3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y el 
importe de los requisitos combinados de colchón.
3.  La autoridad de resolución preventiva limitará al 27 por ciento del importe 
total de la exposición al riesgo el requerimiento de subordinación de las entidades 
de resolución a que se refiere el artículo 70.1 si considera que:
a)  En el plan de resolución no se considera el acceso a los mecanismos de 
financiación de la resolución como opción para la resolución de dicha entidad de 
resolución; y,
b)  Cuando  no  sea  de  aplicación  la  letra  a),  el  requerimiento  de  fondos 
propios y pasivos admisibles de la entidad de resolución según el artículo 79 
permite a dicha entidad de resolución cumplir los requerimientos de contribución 
mínima a la absorción de pérdidas y recapitalización previa a la contribución del 
Fondo Nacional de Resolución a que se refiere el artículo 50.2 o 50.3 de la  e.e
Ley 11/2015, de 18 de junio, según proceda. b
perne evA4el . mn ltaoiNv daoeh  ltoooer bnadsd etra dánne ett aeglm olelcobvi oiaéd rnid s epae u lnaec  cseautnboeto inde tanaed  sll otodasse    areriepevsaasogrlutlouaascdc ioiódósnen   ,aeu nnnlta  eci mruiaoepursaettocisórt,oni dl .aadsde  sapduretoo prrioderascodioleunsca idódeno    OE-A-2021-19307able en https://ww
resolución podrán determinar que el requerimiento previsto en el artículo 79 sea
cumplido con los instrumentos previstos en el artículo 44 bis.3 de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, por parte de las EISM y las entidades a que se refieren los 
artículos 70.1 y 2 de este real decreto. En todo caso, la suma de los fondos 
propios y pasivos a que se refiere el artículo 44 bis de dicha ley, debido a la 
obligación de la entidad de resolución de cumplir los requisitos combinados de 
colchón y los requerimientos a que se refieren el artículo 92 bis del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, y los artículos 70.1 y 2 de este real decreto, no deberá superar 
el valor más elevado de:
a)  El 8 por ciento de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, de la 
entidad; o
b)  El importe resultante de la aplicación de la fórmula Ax2+Bx2+C, en la que 
A, B y C corresponden a los importes siguientes:
A = El importe resultante del requerimiento a que se refiere el artículo 92.1.c) 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
B = El importe resultante del requisito a que se refiere el artículo 69 de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio.
C = El importe resultante del requisito combinado de colchones de capital.
5.  Las entidades a las que se aplique lo previsto en el apartado anterior 
deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones:
a)  Se  han  detectado  obstáculos  sustantivos  a  la  resolubilidad  en  la 
evaluación de resolubilidad precedente y:
1.º  No se han adoptado medidas de subsanación tras la aplicación de las 
medidas contempladas en el artículo 17.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en el 
calendario exigido por la autoridad de resolución preventiva, o
2.º  Los  obstáculos  materiales  detectados  no  pueden  ser  abordados 
aplicando  ninguna  de  las  medidas  contempladas  en  el  artículo  17.2  de  la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, y el ejercicio de la facultad a que se refiere el 
apartado 4 de este artículo compensaría en parte o en su totalidad los efectos 
negativos de los obstáculos sustantivos a la resolubilidad, o
b)  La autoridad de resolución preventiva considera que la viabilidad y la 
credibilidad de la estrategia de resolución preferida de la entidad de resolución son 
limitadas,  teniendo  en  cuenta  el  tamaño  de  la  entidad,  la  interconexión,  la 
naturaleza, el alcance, el riesgo y la complejidad de sus actividades, su régimen 
jurídico y la estructura del accionariado, o
c)  El requisito a que se refiere el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, refleja el hecho de que la entidad de resolución que es una EISM o una de 
las entidades a que se refieren los artículos 70.1 y 2 se encuentra, en términos de 
riesgo, entre el 20 por ciento de las entidades con más riesgo respecto de las 
cuales la autoridad de resolución preventiva determina el requerimiento a que se 
refiere el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
6.  Las entidades a las que se aplique lo previsto en los apartados 4 y 5 no 
superarán el 30 por ciento del número total de entidades de resolución que sean 
EISM, entidades de resolución a que se refiere el artículo 70.1 y 2 o para las que  s
la autoridad de resolución preventiva determine el requerimiento a de fondos  oe.
propios y pasivos admisibles conforme al artículo 79, redondeando dicha cifra  w.
resultante del cálculo al número entero más próximo. 307ww
Artículo 78.  Adopción del requerimiento de subordinación de fondos propios y 
pasivos admisibles.
1.  La autoridad de resolución preventiva deberá solicitar informe previo al 
supervisor  competente  y  al  FROB  antes  de  adoptar  las  decisiones  de 
subordinación previstas en los artículos 76 o 77.4.
2.  Además, a la hora de tomar dichas decisiones, la autoridad de resolución 
preventiva tendrá en cuenta:
a)  La  profundidad  del  mercado  de  los  instrumentos  de  la  entidad  de 
resolución que son instrumentos de fondos propios o instrumentos admisibles 
subordinados, los precios de dichos instrumentos, en caso de que existan, y el 
tiempo  necesario  para  ejecutar  las  operaciones  necesarias  a  los  efectos  del 
cumplimiento de la decisión;
b)  La cantidad de instrumentos de pasivos admisibles que cumplen todas las 
condiciones a que se refiere el artículo 72 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
con un vencimiento residual inferior a un año a partir de la fecha de la decisión con 
vistas a realizar ajustes cuantitativos de los requerimientos a que se refieren los 
artículos 76 o 77.4;
c)  La disponibilidad y la cantidad de instrumentos que cumplen todas las 
condiciones a que se refiere el artículo 72 ter del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
excepto la letra d) del artículo 72 ter.2 de dicho reglamento;
d)  Si la cantidad de pasivos excluidos de la aplicación de las facultades de 
amortización y de conversión en virtud de los artículos 42 y 43 de la Ley 11/2015, 
de  18  de  junio,  que,  en  la  liquidación  conforme  al  procedimiento  concursal, 
tendrían un orden de prelación equivalente o inferior a los pasivos admisibles con 
máxima prelación es significativa en comparación con los pasivos admisibles y los 
fondos propios de la entidad de resolución;
e)  El modelo empresarial, el modelo de financiación y el perfil de riesgo de la 
entidad de resolución, así como su estabilidad y su capacidad de contribuir a la 
economía; y
f)  Los  efectos  de  los  posibles  costes  de  reestructuración  en  la 
recapitalización de la entidad de resolución.
3.  A efectos de lo dispuesto en la letra d) del apartado anterior, cuando la 
cantidad de pasivos excluidos no supere el 5 por ciento del importe de los fondos 
propios y pasivos admisibles de la entidad de resolución, la cantidad excluida se 
considerará no significativa. Superado ese límite, será la autoridad de resolución 
preventiva quien evalúe el carácter significativo de los pasivos excluidos.
Sección 3.ª Aplicación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles
Artículo 79.  Aplicación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles a las entidades de resolución.
1.  Las entidades de resolución cumplirán los requerimientos establecidos en 
los artículos 70 a 78 en base consolidada al nivel del grupo de resolución.
2.  La  autoridad  de  resolución  preventiva  determinará,  previo  informe  del  s
supervisor  competente  y  del  FROB,  el  requerimiento  a  que  se  refiere  el  oe.
artículo 44.1 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, para una entidad de resolución a  w.
nivel  de  grupo  de  resolución  consolidado  de  acuerdo  con  el  procedimiento  307ww
elosst aabrletícciudloo se n7 0e l aa rt7íc8u lyo  8d2e,  ssio blares  lafil ibaalesse  ddee  ltoesr creerqouse rpimaíiseensto sd eels tgarbulpeoc iddoesb eenn 
resolverse por separado en virtud del plan de resolución.
Para los grupos de resolución identificados conforme al artículo 2.1.v).2.º de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, la autoridad de resolución preventiva pertinente 
decidirá, en función de las características del mecanismo de solidaridad y de la 
estrategia de resolución preferida, las entidades del grupo de resolución que 
estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en los artículos 70.1, 71.1 y 73.1, para 
garantizar que el grupo de resolución en su conjunto cumple lo dispuesto en este 
artículo y la manera en que dichas entidades lo harán de conformidad con el plan 
de resolución.
Artículo 80.  Aplicación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles a las entidades que no son entidades de resolución.
1.  Las entidades que sean filiales de una entidad de resolución o de una 
entidad  de  un  tercer  país  y  no  sean  ellas  mismas  entidades  de  resolución 
cumplirán los requerimientos establecidos en el artículo 44 ter de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, y los artículos que lo desarrollan en este real decreto, de forma 
individual.
La  autoridad  de  resolución  preventiva,  previo  informe  del  supervisor 
competente y del FROB, podrá decidir aplicar el requerimiento establecido en este 
artículo a una entidad contemplada en el artículo 1.2.b), c) o d) de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, que sea filial de una entidad de resolución y no sea ella misma una 
entidad de resolución.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las empresas matrices de la 
Unión  que  no  sean  ellas  mismas  entidades  de  resolución  y  sean  filiales  de 
entidades de terceros países cumplirán los requerimientos establecidos en el 
artículo 44 ter de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en base consolidada y en el 
artículo 71 de este real decreto.
2.  El requerimiento a que se refiere el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, para las entidades a que se refiere el apartado 1, se determinará con arreglo 
a los artículos 61 y 82, cuando proceda, y sobre la base de los requerimientos 
establecidos en el artículo 44 ter de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
3.  Asimismo,  el  requerimiento  a  que  se  refiere  el  artículo  44  de  la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, para las entidades a que se refiere este artículo, se 
cumplirá con uno o varios de los siguientes elementos:
a)  Pasivos:
1.º  Que se emitan a favor de la entidad de resolución y sean adquiridos por 
esta, directa o indirectamente a través de otras entidades del mismo grupo de 
resolución que adquirió los pasivos de la entidad sujeta al presente artículo o que 
se emitan a favor de un accionista existente que no forme parte del mismo grupo 
de resolución y sean adquiridos por este, siempre que el ejercicio de la facultad de 
amortización  o  conversión  de  conformidad  con  los  artículos  38  y  39  de  la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, no afecte al control de la filial por parte de la entidad 
de resolución;
2.º  Que cumplan los criterios de admisibilidad previstos en el artículo 72 bis 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, con excepción del artículo 72 ter.2.b), c), k), l) y 
m), y del artículo 72 ter.3, 4 y 5 de dicho reglamento;
3.º  Que  en  el  procedimiento  de  insolvencia  ordinario  tengan  un  orden  de  s
prelación inferior al de los pasivos que no cumplen la condición a que se refiere el  oe.
nmcouanmnf4oee.rrrºama l  i1dQc.aoºu dhye e  qcreeuosnentt  éenln oo c ssos ounanj re tlaítacod usmel osiasstir  bal3latee8 sg f aaiya  ce u3dfel9teac  tddor eesd s dloeael  ula Lcrmeieóqyonu r et1dir1ziema/2lc i0eigó1nrn5uto ,p  oodd  eedd  feeo1  n8crd eoodsnseov p leurjrucosnipóióiionon,,s   ;eddnee    2021-19307n https://www.
particular no impidiendo el control de la filial por parte de la entidad de resolución;
5.º  Cuya  adquisición  de  la  propiedad  no  haya  sido  financiada  directa  o 
indirectamente por la entidad sujeta al presente artículo;
6.º  Que  estén  sujetos  a  disposiciones  que  no  indiquen  ni  explícita  ni 
implícitamente que los pasivos serán rescatados, amortizados, recomprados o 
reembolsados  de  forma  anticipada,  según  proceda,  por  la  entidad  sujeta  al 
presente  artículo,  salvo  en  caso  de  concurso  o  liquidación  de  la  entidad,  y 
respecto  de  los  cuales  la  entidad  tampoco  haya  dado,  de  otro  modo,  una 
indicación en este sentido;
7.º  Que estén sujetos a las disposiciones que no facultan al titular para 
acelerar los pagos futuros previstos de intereses o del principal, salvo en caso de 
insolvencia o liquidación de la entidad sujeta al presente artículo;
8.º  Que devenguen pagos por intereses o dividendos, según proceda, cuya 
cuantía no se modifique en función de la calidad crediticia de la entidad sujeta al 
presente artículo o de la de su empresa matriz;
b)  Fondos propios, como sigue:
1.º  capital de nivel 1 ordinario, y
2.º  otros fondos propios que:
i)  Se emitan a favor de entidades del mismo grupo de resolución y sean 
adquiridos por ellas, o
ii)  Se  emitan  a  favor  de  entidades  no  incluidas  en  el  mismo  grupo  de 
resolución y sean adquiridos por ellas, siempre que el ejercicio de la facultad de 
amortización o conversión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 
y 39 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, no impida el control de la filial por parte de 
la entidad de resolución.
4.  La autoridad de resolución preventiva de una filial que no sea una entidad de 
resolución podrá eximir a dicha filial de la aplicación del presente artículo cuando:
a)  Tanto la filial como la entidad de resolución estén establecidas en España 
y formen parte del mismo grupo de resolución;
b)  La entidad de resolución cumpla el requerimiento de fondos propios y 
pasivos admisibles previsto para ella conforme al artículo 79;
c)  No  existan  ni  se  prevean  obstáculos  materiales  de  índole  práctica  o 
jurídica, para la inmediata transferencia de fondos propios o para el reembolso de 
pasivos por parte de la entidad de resolución a la filial con respecto a la cual se 
haya realizado una amortización y conversión de conformidad con el artículo 38.2 
de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en particular cuando la medida de resolución se 
tome respecto de la entidad de resolución;
d)  La  entidad  de  resolución  demuestre,  a  satisfacción  de  la  autoridad 
competente, que efectúa una gestión prudente de la filial y se haya declarado, con 
el  consentimiento  de  la  autoridad  competente,  garante  de  los  compromisos 
contraídos por la filial, o bien los riesgos en la filial sean poco significativos;
e)  Los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la 
entidad de resolución incluyan a la filial;
f)  La entidad de resolución posea más del 50 por ciento de los derechos de 
voto vinculados a las acciones de la filial o tenga derecho a designar o cesar a la 
mayoría de los miembros del órgano de dirección de la filial. e.e
5.  La autoridad de resolución preventiva de una filial que no sea una entidad  307ww
adret ícruelsoo cluucaiónnd ot:ambién podrá eximir a dicha filial de la aplicación del presente
formae)n  pTaarnteto d elal  mfiliisaml oco gmruop os ud ee mrepsroeluscai ómn;atriz estén establecidas en España y  BOE-A-cable e
b)  La empresa matriz cumpla en base consolidada el requerimiento a que se 
refiere el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en España;
c)  No  existan  ni  se  prevean  obstáculos  materiales  de  índole  práctica  o 
jurídica para la inmediata transferencia de fondos propios o para el reembolso de 
pasivos por parte de la empresa matriz a la filial con respecto a la cual se haya 
realizado una amortización y conversión de conformidad con el artículo 38.1 y 2 de 
la Ley 11/2015, de 18 de junio, en particular cuando la medida de resolución o las 
facultades a que se refiere el artículo 38.1 de dicha ley, se apliquen respecto de la 
empresa matriz;
d)  La empresa matriz demuestre, a satisfacción de la autoridad competente, 
que  efectúa  una  gestión  prudente  de  la  filial  y  se  haya  declarado,  con  el 
consentimiento  de  la  autoridad  competente,  garante  de  los  compromisos 
contraídos por la filial, o bien los riesgos en la filial sean poco significativos;
e)  Los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la 
empresa matriz incluyan a la filial;
f)  La empresa matriz posea más del 50 por ciento de los derechos de voto 
vinculados a las acciones de la filial o tenga derecho a designar o cesar a la 
mayoría de los miembros del órgano de dirección de la filial.
6.  La autoridad de resolución preventiva de la filial podrá autorizar a cumplir 
con el requerimiento de fondos propios y pasivos elegibles del artículo 44 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, total o parcialmente, con una garantía aportada por la 
entidad de resolución, cuando se cumplan las condiciones de las letras a) y b) del 
apartado 4, siempre y cuando:
a)  El  importe  de  la  garantía  sea  al  menos  equivalente  al  importe  del 
requerimiento al que sustituye;
b)  La garantía se active cuando tenga lugar el primero de estos dos eventos: 
o  bien  la  filial  no  pueda  hacer  frente  a  sus  deudas  u  otros  pasivos  a  su 
vencimiento, o bien se haya realizado una amortización y conversión de acuerdo 
con el artículo 38.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, por lo que se refiere a la 
filial;
c)  La garantía esté respaldada con activos mediante un acuerdo de garantía 
financiera, según se define en el artículo sexto del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 
de marzo de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora 
de la contratación pública, respecto de al menos el 50 por ciento de su cuantía;
d)  Que  los  activos  que  respaldan  la  garantía  cumplan  los  requisitos  del 
artículo 197 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y que, tras unos recortes de 
valoración  suficientemente  prudentes,  sean  suficientes  para  cubrir  el  importe 
garantizado por activos a que se refiere la letra c);
e)  Que  los  activos  que  respaldan  la  garantía  estén  disponibles  y,  en 
particular, que no se utilicen para respaldar ninguna otra garantía;
f)  Que los activos que respaldan la garantía tengan un vencimiento efectivo 
que cumpla las mismas condiciones de vencimiento a que se hace referencia en el 
artículo 72 quater.1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
g)  Que  no  existan  obstáculos  jurídicos,  normativos  u  operativos  para  la 
transferencia de los activos que respaldan la garantía de la entidad de resolución a 
la filial correspondiente, incluso cuando se adopte una medida de resolución en 
relación con la entidad de resolución. e
rdnaeoz romrAena saetodisvloutoo cssio ó  eundf  eeodcmpetoebosresa,r ttáraiav  porp rsees tisapcetaiiónsrnfataa  dcrl taeop  roltairar a maenusestcfnoertriretiedo na qucduin aed   eddn icreoet a slmoeosxleu isncat ieócjuntnirv  ípodorsibec sovqte áuinncetudi vleroaeps,se  lpnajuad erlidíendantiinctdeo a lsady,     2021-19307n https://www.
garantía de la entidad de resolución a la filial correspondiente.
Artículo 81.  Exención aplicable a un organismo central y a las entidades de 
crédito afiliadas de forma permanente a un organismo central.
1.  A efectos de lo previsto en el artículo 80, para los grupos de resolución 
definidos de conformidad con el artículo 2.1.v).2.º de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, las entidades de crédito afiliadas de forma permanente a un organismo 
central, pero que no son ellas mismas entidades de resolución, un organismo 
central que no es una entidad de resolución, y cualquier entidad de resolución que 
no  esté  sujeta  a  un  requerimiento  en  virtud  del  artículo  79.2,  cumplirán  lo 
dispuesto  en  el  artículo  73.2  en  relación  con  la  absorción  de  pérdidas  y 
recapitalización, de forma individual.
2.  La  autoridad  de  resolución  preventiva,  previo  informe  del  supervisor 
competente  y  del  FROB,  podrá  eximir  total  o  parcialmente  de  la  aplicación  del 
artículo 80 a un organismo central o a una entidad de crédito afiliada de forma 
permanente a un organismo central si se cumplen todas las condiciones siguientes:
a)  Que las entidades de crédito y el organismo central estén sujetos a la 
supervisión de la misma autoridad competente, estén establecidos en España y 
formen parte del mismo grupo de resolución;
b)  Que los compromisos del organismo central y de sus entidades de crédito 
afiliadas  de  forma  permanente  constituyan  obligaciones  solidarias,  o  que  los 
compromisos de las entidades de crédito afiliadas de forma permanente estén 
completamente garantizados por el organismo central;
c)  Que el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, 
solvencia y liquidez del organismo central y de todas las entidades de crédito 
afiliadas de forma permanente, estén supervisados en su conjunto sobre la base 
de las cuentas consolidadas de esas entidades;
d)  En el caso de una exención aplicable a una entidad de crédito afiliada de 
forma permanente a un organismo central, que la dirección del organismo central 
esté habilitada para dar instrucciones a la dirección de las entidades afiliadas de 
forma permanente;
e)  Que el grupo de resolución pertinente cumpla el requerimiento de fondos 
propios y pasivos admisibles que le es exigible conforme al artículo 79.2; y
f)  Que no existan ni se prevean obstáculos materiales de índole práctica o 
jurídica para la inmediata transferencia de fondos propios o el reembolso de 
pasivos entre el organismo central y las entidades de crédito afiliadas de forma 
permanente en caso de resolución.
Sección 4.ª Procedimiento de determinación, información y publicidad, 
notificación e incumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles
Artículo 82.  Procedimiento para determinar el requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles.
1.  La  autoridad  de  resolución  preventiva  de  la  entidad  de  resolución,  la 
autoridad de resolución del grupo si fuera diferente de la anterior y las autoridades 
de resolución responsables de las filiales de un grupo de resolución sujetas al 
requerimiento de fondos propios y pasivos admisibles de forma individual según lo  es
previsto en el artículo 80 harán cuanto esté en su mano para alcanzar una  o
decisión conjunta sobre lo siguiente: 307ww
consao) lidEadl oim ppaorart ec addae l ernetiqduaedr idmei ernetsoo luacpilóicna; dyo a nivel del grupo de resolución
de ubn)  grEupl oim dpeo rretes odluecl iróenq uqeureim nioe nsteoa  aupnlaic aednoti ddaed  fdoerm reas oinludcivióidnu.al a cada entidad  BOE-A-cable e
2.  La decisión conjunta a que se refiere el apartado anterior, garantizará la 
conformidad con el artículo 79 y con el artículo 80, y estará plenamente motivada y 
dirigida a:
a)  La entidad de resolución por su autoridad de resolución preventiva;
b)  Las  entidades  de  un  grupo  de  resolución  que  no  sean  entidades  de 
resolución por las autoridades de resolución preventivas de tales entidades;
c)  La empresa matriz de la Unión del grupo por la autoridad de resolución 
preventiva de la entidad de resolución, cuando dicha empresa matriz de la Unión 
no sea una entidad de resolución del mismo grupo de resolución.
Esta decisión conjunta podrá prever que los requerimientos de absorción de 
pérdidas y recapitalización del artículo 73.2 sean satisfechos en parte por la filial 
con arreglo al artículo 80.3, mediante instrumentos emitidos a favor de entidades 
que no pertenezcan al grupo de resolución y adquiridos por estas, siempre y 
cuando  ello  sea  coherente  con  la  estrategia  de  resolución  y  la  entidad  de 
resolución no haya adquirido ni directa ni indirectamente suficientes instrumentos 
que cumplan lo dispuesto en el artículo 80.3.
3.  Cuando varias EISM pertenecientes a la misma EISM sean entidades de 
resolución, las autoridades de resolución contempladas en el apartado 1 debatirán 
y, cuando sea oportuno y coherente con la estrategia de resolución de la EISM, 
acordarán la aplicación del artículo 72 sexies del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y 
cualquier ajuste para minimizar o eliminar la diferencia entre la suma de los 
importes a los que se refiere el artículo 71.4.a) de este real decreto, y el artículo 12 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 para cada entidad de resolución y la suma de 
los importes a los que se refiere el artículo 71.4.b) de este real decreto, y el 
artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
Un ajuste de este tipo podrá aplicarse en las condiciones siguientes:
a)  El ajuste podrá aplicarse a las diferencias en el cálculo de las cantidades 
totales de exposición al riesgo entre los Estados miembros pertinentes ajustando 
el nivel del requerimiento;
b)  El ajuste no se aplicará para eliminar las diferencias resultantes de las 
exposiciones entre grupos de resolución.
La suma de los importes a que se refiere el artículo 71.4.a) de este real 
decreto, y el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 para cada entidad de 
resolución no podrá ser inferior a la suma de los importes a que se refiere el 
artículo  71.4.b)  de  este  real  decreto,  y  el  artículo  12  del  Reglamento  (UE) 
n.º 575/2013.
4.  Si no se alcanza la citada decisión conjunta en un plazo de cuatro meses, 
se adoptará una decisión de conformidad con los apartados 5 a 9.
5.  En los casos en que no se haya tomado una decisión conjunta en un plazo 
de cuatro meses debido a un desacuerdo sobre el requerimiento del grupo de 
resolución consolidado a que se refiere el artículo 79, la autoridad de resolución 
preventiva  de  la  entidad  de  resolución  tomará  una  decisión  sobre  ese 
requerimiento después de haber tenido debidamente en cuenta:
a)  La evaluación de las entidades del grupo de resolución que no sean 
entidades de resolución realizada por las autoridades de resolución pertinentes; e.e
b)  El  dictamen  de  la  autoridad  de  resolución  a  nivel  de  grupo,  si  fuera  b
diferente de la autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución. 307ww
aansuten6rt.ioo  r,aC a ullaga unAnduaot ,o dareild  faliandsa  lB aduaetnol crpaiderairaido edEsou  rddoeep  erceaus aodtrleuo c cmióoenns foienrstme aride qasudae dc asosen  h reuelbf ieiaerrretaí c eurle loam pi1ati9drt oad deeoll    OE-A-2021-19able en https://
Reglamento  (UE)  n.º  1093/2010,  la  autoridad  de  resolución  preventiva  de  la
entidad  de  resolución  aplazará  su  decisión  en  espera  de  la  decisión  que  la 
Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3 de 
dicho reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la 
Autoridad Bancaria Europea.
El periodo de cuatro meses se considerará el periodo de conciliación en el 
sentido del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
El asunto no se podrá remitir a la Autoridad Bancaria Europea tras haber 
finalizado el periodo de cuatro meses o haberse adoptado una decisión conjunta.
Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara una decisión en el plazo de un 
mes desde que se le remita el asunto, se aplicará la decisión de la autoridad de 
resolución preventiva de la entidad de resolución.
7.  En los casos en que no se haya tomado una decisión conjunta en un plazo 
de  cuatro  meses  debido  a  un  desacuerdo  sobre  el  nivel  del  requerimiento 
contemplado en el artículo 80 que habrá de aplicarse a cualquier entidad de un 
grupo de resolución sobre una base individual, la decisión será adoptada por las 
autoridades  de  resolución  de  dicha  entidad  cuando  se  cumplan  todas  las 
condiciones siguientes:
a)  Que las opiniones y reservas manifestadas por escrito por la autoridad de 
resolución  preventiva  de  la  entidad  de  resolución  hayan  sido  debidamente 
tomadas en consideración, y
b)  Si  la  autoridad  de  resolución  a  nivel  de  grupo  fuera  diferente  de  la 
autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución, que las opiniones y 
reservas manifestadas por escrito de la autoridad de resolución a nivel de grupo 
hayan sido tomadas en consideración debidamente.
8.  Cuando, al final del periodo de cuatro meses a que se refiere el apartado 
anterior, la autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución o la 
autoridad de resolución a nivel de grupo haya remitido el asunto a la Autoridad 
Bancaria  Europea  de  conformidad  con  el  artículo  19  del  Reglamento  (UE) 
n.º 1093/2010, las autoridades de resolución responsables de las filiales sobre una 
base  individual  aplazarán  sus  decisiones  a  la  espera  de  la  decisión  que  la 
Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3 de 
dicho reglamento, y adoptarán sus decisiones de conformidad con la decisión de 
la Autoridad Bancaria Europea.
El periodo de cuatro meses se considerará el periodo de conciliación en el 
sentido del Reglamento (UE n.º 1093/2010).
El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado 
el periodo de cuatro meses o haberse adoptado una decisión conjunta.
La  autoridad  de  resolución  preventiva  de  la  entidad  de  resolución  o  la 
autoridad de resolución a nivel de grupo no remitirá el asunto a la Autoridad 
Bancaria Europea para una mediación vinculante cuando el nivel fijado por la 
autoridad de resolución preventiva de la filial:
a)  Se sitúe dentro del 2 por ciento del importe total de exposición al riesgo 
calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
del requerimiento contemplado en el artículo 79; y
b)  Cumpla lo dispuesto en el artículo 73.2.
A falta de decisión de la Autoridad Bancaria Europea en el plazo de un mes, se  e.
aplicarán las decisiones de las autoridades de resolución responsables de las  w.
filiales. 307ww
seráLna r edveiscaisdióans  yc,o cnujuanntdao  yp rtoocdead ad,e accistuióanli zaaddoapst apdeari óad icfaalmtae dnete .decisión conjunta
de  9c.u atEron  lmose csaesso sd eebni dqou ea n ou sne  dheasyaac tuoemrdaod o suonbare d eecli sinóinve cl ondjeuln trae qeune urnim pielanztoo   BOE-A-cable e
consolidado del grupo de resolución y el nivel del requerimiento que habrá de 
aplicarse a las entidades del grupo de resolución sobre una base individual, se 
aplicarán las disposiciones siguientes:
a)  Se adoptará una decisión sobre el nivel del requerimiento que habrá de 
aplicarse a las filiales del grupo de resolución sobre una base individual, de 
conformidad con los apartados 7 y 8;
b)  Se adoptará una decisión sobre el nivel del requerimiento consolidado del 
grupo de resolución de conformidad con los apartados 5 y 6.
10.  La decisión conjunta a que se refiere el apartado 1 y todas las decisiones 
adoptadas por las autoridades de resolución mencionadas en los apartados 4 a 9, 
a falta de decisión conjunta, serán vinculantes para las autoridades de resolución 
afectadas.
La decisión conjunta y toda decisión adoptada a falta de decisión conjunta 
serán revisadas y, cuando proceda, actualizadas periódicamente.
11.  La  autoridad  de  resolución  preventiva,  previo  informe  del  supervisor 
competente y del FROB, fijará y comprobará que las entidades cumplen en todo 
momento el requerimiento mencionado en el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 
de junio. Dicha determinación y comprobación se realizará con ocasión de la 
elaboración y el mantenimiento de los planes de resolución.
Artículo 83.  Información de supervisión y publicación del requerimiento.
1.  Las entidades a que se refiere el artículo 1.2 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio,  sujetas  al  requerimiento  contemplado  en  el  artículo  44.1  de  dicha  ley 
informarán al supervisor competente, a la autoridad de resolución preventiva y al 
FROB sobre lo siguiente:
a)  Los importes de los fondos propios que, cuando corresponda, reúnan las 
condiciones del artículo 80.3.b), y los importes de los pasivos admisibles, así como 
la  expresión  de  estos  importes  de  conformidad  con  el  artículo  44.2  de  la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, tras las deducciones aplicadas, en su caso, conforme 
a los artículos 72 sexies a 72 undecies del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
b)  Los importes de otros pasivos susceptibles de recapitalización interna;
c)  Para los elementos contemplados en las letras a) y b):
1.º  Su composición, incluido su perfil de vencimiento,
2.º  Su orden de prelación en procedimientos de insolvencia ordinarios, y
3.º  Si se rigen por el Derecho de un tercer país y, en tal caso, qué tercer país 
y  si  contienen  las  cláusulas  contractuales  a  que  se  hace  referencia  en  los 
artículos 46.1 y 46.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y en los artículos 52.1.p) 
y q), y 63.n) y o) del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
La obligación de informar sobre los importes de otros pasivos susceptibles de 
recapitalización interna a que se refiere la letra b), no se aplicará a las entidades 
que en la fecha de la transmisión de dicha información posean importes de fondos 
propios y pasivos admisibles de al menos el 150 por ciento del requerimiento a 
que se hace referencia en el artículo 44 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, 
calculados con arreglo a la letra a). es
2.  Las entidades a que hace referencia el apartado 1 deberán transmitir la  o
información en los siguientes términos: 307www.
aparat)a doA 1l .am), eyn;os  cada  seis  meses,  la  información  contemplada  en  el
b)  Al menos cada año, la información contemplada en el apartado 1.b) y c).
Sin  embargo,  a  petición  del  supervisor  competente  o  de  la  autoridad  de 
resolución  preventiva,  las  entidades  a  que  hace  referencia  el  apartado  1 
transmitirán la información contemplada en dicho apartado con mayor frecuencia.
3.  Las entidades a que se refiere el apartado 1 publicarán, al menos con 
frecuencia anual, la siguiente información:
a)  Los importes de los fondos propios que, cuando corresponda, reúnan las 
condiciones del artículo 80.3.b), y los pasivos admisibles;
b)  La composición de los elementos contemplados en la letra a), incluido su 
perfil de vencimiento y su prioridad en el procedimiento de insolvencia ordinario.
c)  El requerimiento aplicable a que se refiere el artículo 79 o el artículo 80 
expresado de conformidad con el artículo 44.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
4.  Los apartados 1 y 3 del presente artículo no se aplicarán a las entidades 
cuyo  plan  de  resolución  prevea  que  la  entidad  sea  liquidada  con  arreglo  al 
procedimiento concursal.
5.  Cuando se hayan ejecutado medidas de resolución o se hayan ejercido las 
facultades de amortización o conversión a que se refiere el artículo 38 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio, los requisitos de divulgación pública contemplados en 
el  apartado  3  se  aplicarán  desde  la  fecha  límite  estipulada  para  cumplir  los 
requisitos del artículo 79 o del artículo 80 de conformidad con el periodo transitorio 
que, en su caso, determine la autoridad de resolución preventiva de conformidad 
con el artículo 85.
Artículo 84.  Notificación a la Autoridad Bancaria Europea.
La  autoridad  de  resolución  preventiva  informará  a  la  Autoridad  Bancaria 
Europea del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles que 
hubiera establecido, con arreglo al artículo 79 o al artículo 80, para cada entidad 
sometida a su jurisdicción.
Artículo 85.  Plazos de cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios 
y pasivos admisibles.
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 11/2015, de 18 de 
junio, la autoridad de resolución preventiva fijará, respecto a las entidades o 
sociedades previstas en el artículo 1.2.b), c) y d) de dicha ley a las que se hayan 
aplicado  los  instrumentos  de  resolución  o  las  facultades  de  amortización  o 
conversión a que se refiere el artículo 38 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, un 
periodo transitorio adecuado para el cumplimiento de los requerimientos previstos 
en los artículos 76, 77, 79 y 80 de este real decreto, según proceda.
2.  Asimismo,  el  nivel  mínimo  de  los  requerimientos  a  que  se  refiere  el 
artículo 70.1 y 2 no será de aplicación en los dos años siguientes a la fecha:
a)  En que la autoridad de resolución preventiva haya aplicado el instrumento 
de recapitalización interna; o
b)  En que la entidad de resolución haya adoptado una medida alternativa del 
sector privado tal como se contempla en el artículo 19.1.b) de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, mediante la cual los instrumentos de capital y otros pasivos se 
hayan amortizado o convertido en capital de nivel 1 ordinario, o si se han ejercido  e
respecto  a  la  entidad  de  resolución  las  facultades  de  amortización  o  de  bo
conversión,  de  conformidad  con  el  artículo  38  de  dicha  ley,  con  el  fin  de  307ww
reca3p.i taAlizsaimr lias menot,i dalods  dere rqeuseorluimciióenn tsoisn  adpeli casru bloosr dininsatrcuimóne nctoosn tdeem rpelsaodlousc ióenn.  el
artículo 77, así como el requerimiento previsto en el artículo 70.1 y 2, según
corresponda, no serán de aplicación en el período de tres años siguientes a la
fecha en que se haya definido que la entidad de resolución o el grupo del que 
forma  parte  la  entidad  de  resolución  es  una  EISM,  o  en  que  la  entidad  de 
resolución pudiera pasar a ser considerara una entidad de resolución a que se 
refieren los artículos 70.1 y 2;
4.  A  los  efectos  de  los  apartados  anteriores,  la  autoridad  de  resolución 
preventiva comunicará a la entidad o sociedad a que se refiere el apartado 1, un 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto para cada 
periodo de doce meses que transcurra durante el periodo transitorio a que se refiere 
el apartado 1, con objeto de facilitar una acumulación gradual de su capacidad de 
absorción de pérdidas y recapitalización. Al término de dicho periodo transitorio, el 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles deberá ser igual al 
importe fijado a tenor de los artículos 70.1 y 2, y 76 a 80, según proceda.
5.  Al determinar el periodo transitorio a que se refiere el apartado 1, la 
autoridad de resolución preventiva tendrá en cuenta:
a)  La preponderancia de depósitos y la ausencia de instrumentos de deuda 
en el modelo de financiación;
b)  El acceso a mercados de capitales para pasivos admisibles;
c)  Hasta qué punto la entidad de resolución recurre a capital de nivel 1 
ordinario para cumplir el requerimiento a que se refiere el artículo 79.
En cualquier caso, no se impedirá a la autoridad de resolución preventiva que 
revise, posteriormente, el período transitorio o cualquier requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles previsto, comunicado con arreglo al apartado 4.
Artículo  86.  Incumplimiento  del  requerimiento  mínimo  de  fondos  propios  y 
pasivos admisibles.
1.  Todo  incumplimiento  del  requerimiento  mínimo  de  fondos  propios  y 
pasivos admisibles a que se refieren los artículos 79 u 80 deberá ser tratado por el 
supervisor competente o la autoridad de resolución preventiva según corresponda, 
atendiendo, al menos, a uno de los siguientes elementos:
a)  Las facultades para abordar o eliminar obstáculos a la resolubilidad de 
conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley 11/2015, de 18 de junio;
b)  La facultad a que se refiere el artículo 16 bis de la Ley 11/2015, de 18 de junio;
c)  Las medidas a que se refiere el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio;
d)  Las medidas de actuación temprana de conformidad con el artículo 9 de la 
Ley 11/2015, de 18 de junio;
e)  Las sanciones y otras medidas administrativas de conformidad con el 
capítulo IX de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
Las autoridades pertinentes podrán también evaluar si la entidad o sociedad a 
que se refiere el artículo 1.2.b), c) y d) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, es 
inviable o tiene probabilidad de serlo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
2.  Las autoridades de resolución competentes y el supervisor competente se 
consultarán entre sí en el ejercicio de sus respectivas facultades a que se refiere 
el apartado 1.»
Veinte.  Se introduce una nueva disposición transitoria tercera con el siguiente contenido: e.e
«Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio para el cumplimiento con el  307ww
1re. quNeori moibesnttaon mteí nliom od idspeu feosntdoo se np roepl iopsá ryra pfoa spivroims eardom diseibl laerst.ículo 44.1, de la
Ley 11/2015, de 18 de junio, la autoridad de resolución preventiva fijará un periodo
transitorio adecuado para las entidades o sociedades previas en el artículo 1.2.b),
c) y d) de dicha ley, con objeto de que cumplan los requerimientos de fondos 
propios  y  pasivos  admisibles  establecidos  en  los  artículos  79  u  80  para  las 
entidades de resolución y las entidades que no sean entidades de resolución, o los 
requerimientos  de  subordinación  que  se  deriven  de  la  aplicación  de  los 
artículos 76 y 77 según proceda.
La  fecha  límite  para  que  las  entidades  y  sociedades  cumplan  estos 
requerimientos será el 1 de enero de 2024.
2.  La  autoridad  de  resolución  preventiva  fijará  unos  niveles  de  objetivo 
intermedio para que las entidades mencionadas en el apartado anterior cumplan 
dichos requerimientos. La fecha límite para el cumplimiento del objetivo intermedio 
será el 1 de enero de 2022. Por norma general, los niveles de objetivo intermedio 
garantizarán  una  acumulación  lineal  de  fondos  propios  y  pasivos  admisibles 
tendente al cumplimiento del requerimiento.
3.  La autoridad de resolución preventiva podrá fijar un periodo transitorio 
cuyo plazo expire después del 1 de enero de 2024, cuando esté debidamente 
justificado  y  sea  adecuado  sobre  la  base  de  los  criterios  previstos  en  el 
apartado 6, teniendo en cuenta:
a)  La evolución de la situación financiera de la entidad;
b)  La perspectiva de que la entidad pueda garantizar, en un plazo razonable, 
el cumplimiento de los requerimientos referidos en el apartado 1; y
c)  Si la entidad es capaz de sustituir los pasivos que ya no cumplen los 
criterios de admisibilidad o vencimiento establecidos en los artículos 72 ter y 72 
quater del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el artículo 44 bis de la Ley 11/2015, 
de 18 de junio, o el artículo 80.3 de este real decreto, y, si no, si dicha incapacidad 
es de naturaleza intrínseca o si se debe a perturbaciones generales del mercado.
4.  La fecha límite para que las entidades de resolución cumplan el nivel 
mínimo de los requerimientos a que se refiere el artículo 70.1 y 2, será el 1 de 
enero de 2022.
5.  A  los  efectos  de  los  apartados  anteriores,  la  autoridad  de  resolución 
preventiva comunicará a la entidad o sociedad a que se refiere el apartado 1, un 
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto para cada 
periodo de doce meses que transcurra durante el periodo transitorio, con objeto de 
facilitar una acumulación gradual de su capacidad de absorción de pérdidas y 
recapitalización. Al término del periodo transitorio, el requerimiento mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles deberá ser igual al importe fijado a tenor de 
los artículos 70.1 y 2, y 76 a 80, según proceda.
6.  Al  determinar  los  periodos  transitorios  previstos  en  esta  disposición 
transitoria, la autoridad de resolución preventiva tendrá en cuenta:
a)  La preponderancia de depósitos y la ausencia de instrumentos de deuda 
en el modelo de financiación;
b)  El acceso a mercados de capitales para pasivos admisibles;
c)  Hasta qué punto la entidad de resolución recurre a capital de nivel 1 
ordinario para cumplir el requerimiento a que se refiere el artículo 79.
7.  A reserva del apartado 1, no se impedirá a la autoridad de resolución 
preventiva  que  revise,  posteriormente,  el  período  transitorio  o  cualquier 
requerimiento  mínimo  de  fondos  propios  y  pasivos  admisibles  previsto,  e.
comunicado con arreglo al apartado 5.» w.
Verinetciua«np6oit..a  lizSDaeec smiógonlod isinfeitce ard neeal  .p»luonst o p6a dseivl oasn exdoe  II,l aq uee nptaidsaad a  tqeunee r esle saignu iesnutsec etepntoibrl elitse radl:e  OE-A-2021-19able en https://
Veintidós.  Se modifica el punto 17 del anexo III, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«17.  El importe y el tipo de pasivos susceptibles de recapitalización interna 
de la entidad.»
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto el presente real decreto.
Disposición final primera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se completa la trasposición de la Directiva (UE) 2019/879 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la 
Directiva  2014/59/UE  en  relación  con  la  capacidad  de  absorción  de  pérdidas  y  de 
recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así 
como la Directiva 98/26/CE.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín  Oficial  del  Estado»,  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  83.3  del  apartado 
diecinueve, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2024, excepto cuando la autoridad 
de resolución haya fijado una fecha de cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos 
propios y pasivos admisibles posterior al 1 de enero de 2024, en cuyo caso dichos 
requisitos de información se cumplirán en la misma fecha límite de cumplimiento.
Dado en Madrid, el 23 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA