BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47560
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6608 Sala Primera. Sentencia 62/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 7505-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:62
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7505-2019, promovido por la sociedad mercantil 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección de la letrada doña Anju 
Nirmala Benavent Rodríguez, contra el auto de 19 de noviembre de 2018, dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 373-2018, y contra el auto del mismo juzgado, de 16 de 
septiembre  de  2019,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la 
anterior resolución. Ha sido parte la entidad Pera Assets Designated Activity Company, 
representada por la procuradora doña Maria Claudia Munteanu y defendida por el letrado 
don Alejandro Ingram Solís. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 26 de diciembre de 2019, la 
entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., con la representación procesal y 
letrada ya expuesta, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones reseñadas en 
el encabezamiento, dictadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de  e
Lorca que, por considerarla extemporánea, acordaron la inadmisión de la oposición a la  b
ejecución  hipotecaria  despachada,  y  la  desestimación  del  recurso  de  reposición  08ww
interpuesto frente a dicha decisión de inadmisión.
2.  Sucintamente expuestos, son antecedentes fácticos y procesales relevantes para 
la resolución del recurso de amparo, los siguientes:
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca se sigue 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 373-2018 promovido por la entidad Banco 
de Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
en calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral  de  un  derecho  de  uso  y  disfrute  sobre  el  inmueble  hipotecado,  la  finca 
registral 43.413 del registro de la propiedad núm. 3 de Lorca.
b)  Por auto de 27 de junio de 2018 se acordó despachar ejecución frente a las 
sociedades demandadas por la cantidad de 8199,12 € de principal y 4510 € como 
intereses y costas presupuestados. El citado auto y el decreto de la misma fecha que le 
sigue, que acordó las medidas de ejecución y el requerimiento de pago al ejecutado, 
fueron comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el 
día 3 de julio de 2018, fecha en la que recibió en su dirección electrónica habilitada un 
mensaje del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre  avisándole  de  que  hasta  el  18  de  agosto  de  2018  tendría  disponible  una 
notificación  del  Juzgado  núm.  4  de  Lorca  relacionada  con  el  procedimiento 
EHJ 00003732018, a la que, para que constase como leída, debía acceder a través de 
un enlace adjunto (http://notificaciones.060.es). La ejecutada afirma haber accedido a 
dicho enlace el 3 de agosto de 2018.
c)  La entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó el 31 de 
agosto de 2018 escrito de oposición a la ejecución despachada. Por auto de 19 de 
noviembre de 2018, el órgano judicial acordó la inadmisión de la oposición formulada por 
entender extemporánea su presentación, tras tomar como fecha de emplazamiento el 29 
de junio de 2018.
d)  La recurrente interpuso recurso de reposición contra el auto de inadmisión. En 
síntesis,  alegó  que  las  actuaciones  de  notificación  y  requerimiento  no  habían  de 
entenderse  realizadas  en  la  fecha  señalada,  sino  durante  el  mes  de  agosto, 
procesalmente  inhábil,  y  que  la  comunicación  remitida  a  través  de  la  dirección 
electrónica habilitada no constituye sino un aviso de puesta a disposición para descarga 
de su contenido durante un plazo determinado (en este caso desde el 3 de julio al 18 de 
agosto  de  2018).  Denunció  haber  sufrido  indefensión  como  consecuencia  de  la 
inadmisión de su oposición a la ejecución ya despachada.
e)  Tras su tramitación, el recurso fue desestimado por auto de 16 de septiembre 
de 2019. Según esta resolución:
«[P]ese a las alegaciones del recurrente que pretende mantener que el escrito de 
oposición fue presentado en plazo para ello por entender que el auto despachando la 
ejecución y el requerimiento efectuado debe entenderse notificado en fecha 3 de agosto 
de 2018, en la que se accedió efectivamente a las citadas resoluciones, lo cierto es que 
debe tenerse en cuenta la fecha en la que efectivamente tuvo la parte posibilidad de 
acceder  a  las  mismas,  de  lo  contrario  se  estaría  dejando  al  arbitrio  de  las  partes 
obligadas a utilizar el sistema electrónico de comunicaciones el cumplimiento de los 
plazos procesales dispuesto en la normativa.
Los artículos citados como infringidos por la parte recurrente (arts. 135, 152, 162 
y  273  y  siguientes  de  la  LEC)  han  sido  perfectamente  respetados  en  el  presente 
procedimiento. La propia parte recurrente afirma estar obligada a utilizar los medios 
electrónicos en sus comunicaciones con el juzgado y afirma que la notificación se remitió  e
a la dirección de correo electrónico ‘habilitada’ del titular a las que se refiere el art. 162  bo
LEC,  que  tiene  carácter  de  norma  especial,  destinada  a  regular  los  actos  de  08ww
caocmerucnai cdaec iólna  paoprli cmabeidlidioasd  edleec tdróicnhicoo sp roe cesipmtoil,a raels . reNcoo neoxciesrt ielnad op rodpisiac usreiócnu rrnei ntdeu dlaa 
ojubsltigicaiato, rsieed allde gean  ae ll au scoo ndcelu sdiiócnh odse  mqeudei olso  ednis plause srteola ecnio neel sm cisomn ola e asd cmlainrois tyra hciaó ns iddeo 
respetado. Del propio documento núm. 1 aportado con el escrito interponiendo recurso
de reposición y de las propias alegaciones vertidas por la recurrente, resulta la correcta 
recepción de la notificación en fecha 3/07/2018, fecha en la que se materializó la ‘puesta 
a  disposición’  de  la  notificación  correctamente  y  del  propio  documento  resulta  que 
pasaron más de tres días desde la misma sin que se hubiera accedido al contenido 
hasta el día 3 de agosto de 2018, por tanto, en aplicación estricta de lo dispuesto en el 
apartado segundo del art. 162 LEC, sin que se haya justificado por el recurrente una 
imposibilidad de acceder al sistema en este plazo. Por todo ello debe ser desestimado el 
recurso interpuesto, al ser el auto recurrido plenamente ajustado a Derecho, al inadmitir 
un escrito que fue presentado fuera de plazo cuando ya había precluido la posibilidad de 
hacerlo.»
3.  La recurrente afirma en su demanda de amparo que las resoluciones judiciales 
impugnadas  han  vulnerado  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión 
(art. 24.1 CE), impidiéndole de forma indebida acceder en tiempo y oponerse en el 
proceso de ejecución hipotecaria seguido en su contra. A tal fin, aduce fue emplazada a 
través de la dirección electrónica habilitada, por lo que se limitó a seguir la literalidad de 
las instrucciones contenidas en el correo electrónico recibido procedente del servicio de 
notificaciones electrónicas, y accedió al contenido de la notificación judicial dentro del 
plazo establecido en el mismo. El citado mensaje electrónico tiene el siguiente contenido:
«La Notificación estará disponible en su dirección electrónica habilitada única desde 
el 03-07-2018 hasta el 18-08-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se 
producirán  los  efectos  correspondientes,  según  la  normativa  aplicable,  según  la 
normativa  aplicable.  Para  que  conste  como  leída,  por  favor  acceda  a  http://
notificaciones.060.es. Asunto: "Jdo. 1 Inst. e Instr. n. 4 de Lorca EJH/0000373/2018". 
Información adicional: Ha recibido un acto de comunicación Judicial. Podrá consultarlo 
en  los  siguientes  enlaces:  https://sede.administracion.gob.es/capeta;  https//
notificaciones.60.es y https://sedejudicial.justicia.es.
Independientemente del tiempo que tenga a su disposición el acto de comunicación, 
transcurridos tres días hábiles desde su puesta a disposición sin que el destinatario 
acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente 
desplegando todos sus efectos, conforme con lo establecido en el art. 162.2 LEC. Este 
aviso conforme a lo dispuesto en el art. 25 del Real Decreto 1065/2015 no tiene efecto 
procesal alguno.»
Concluye la demanda afirmando que las resoluciones impugnadas no han «dado 
cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de notificación 
procesal, donde los órganos judiciales no han de limitarse al formal cumplimiento de los 
requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho fundamental, la 
interpretación de las normas reguladoras del emplazamiento debe hacerse tratando de 
asegurar que el acto de comunicación cumple su finalidad constitucional, es decir, la 
efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la Constitución Española 
contiene un mandato dirigido no solo al legislador, sino también al interprete, obligándole 
a promover la defensa mediante la correspondiente contradicción, tal y como reconoce la 
STC 37/1984 del Tribunal Constitucional».
En la demanda, por medio de otrosí, se solicitó la suspensión del procedimiento de 
ejecución hipotecaria alegando que la continuación de la ejecución «con la celebración 
de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al recurso de 
amparo su finalidad». Tramitada la petición de suspensión, fue resuelta por auto de 15  s
de  febrero,  por  el  que,  tras  desestimarla,  se  acordó  cautelarmente  la  anotación  oe.
preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad. w.
acor4d.ó  iMnaeddmiaintitre a p trroávmiditeen ceila r edceu 1rs6o d dee j uanmiop daero 2 p0o2r0 ,n loa  aSpercecciióanr  ePnri mele mrai sdme oe slate e tsripbeucniaall 
btr)a sdcee nldae nLceiya  cOorngsátintuiccaio ndaell  qTureib, ucnoaml oC coonnsdtiitcuiócnio npaalr a( LsOu TaCdm). isRióenc,u rreriqduai eeren  esl úaprlti.c 5a0 .la1   BOE-A-cable e
providencia por el Ministerio Fiscal, el recurso fue estimado mediante auto de la Sección 
de 22 de septiembre de 2016. Por providencia de fecha 19 de octubre de 2020, el 
recurso  fue  admitido  a  trámite  al  apreciar  la  causa  de  especial  trascendencia 
constitucional  a  que  se  refiere  el  apartado  b)  del  fundamento  jurídico  2  de  la 
STC  155/2009,  por  lo  que  se  acordó  dirigir  comunicación  al  Juzgado  de  Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, a fin de que, en plazo que no excediera de diez 
días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a 
los autos de ejecución hipotecaria y emplazara por el mismo plazo a quienes hubieran 
sido parte en el proceso del que trae causa el presente recurso de amparo.
5.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 18 de diciembre de 2020, 
la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, manifestó ser 
cesionaria a título oneroso de determinados créditos hipotecarios de los que era titular 
Banco de Sabadell, S.A. (entre ellos el que grava la finca hipotecada que es objeto del 
proceso judicial previo), así como haber sido emplazada por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca para comparecer ante este tribunal, por lo que 
solicitó que se le tuviera por personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha 
procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
A través de diligencia de ordenación de 21 de diciembre de 2020, la secretaría de 
justicia de la Sala Primera de este tribunal tuvo por personada y parte a la citada 
procuradora  en  la  representación  acreditada  y,  asimismo,  acordó  dar  vista  de  las 
actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días, a fin de que, conforme con lo previsto en el art. 52 LOTC, pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes.
6.  La entidad recurrente presentó sus alegaciones el 27 de enero de 2021. En ellas 
se  remite  a  lo  expuesto  en  la  demanda,  haciendo  mención  adicional  a  los 
pronunciamientos de la STC 40/2020, de 27 de febrero, que trascribe en parte, a 
propósito del uso indebido de la dirección electrónica habilitada como sede idónea para 
realizar el primer emplazamiento del demandado.
7.  El 28 de enero de 2021 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. En ellas 
solicita  la  estimación  del  recurso  de  amparo  y,  en  consecuencia,  que  se  declare 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante, y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto que despachó la 
ejecución solicitada, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a dicha notificación «para que se le dé al recurrente posibilidad de contestar a la 
demanda».
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas en la 
demanda de amparo, considera que las resoluciones judiciales impugnadas vulneran el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante (art. 24.1 CE). 
Realiza un exhaustivo recorrido por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos 
de comunicación procesal con expresa referencia a las SSTC 6/2019, de 17 de enero; 
32/2019, de 28 de febrero; 47/2019, de 8 de abril, y 40/2020, de 28 de febrero, de las 
que transcribe parte de su contenido. Para justificar la propuesta estimatoria, se remite a 
la doctrina fijada en las SSTC 40 y 43/2020, de 27 de febrero y 9 de marzo, que 
resuelven supuestos que presentan identidad fáctica y jurídica con el presente. No se 
formularon más alegaciones. s
8.  Por providencia de fecha 11 de marzo de 2021 se señaló para deliberación y  w.
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año. 08ww
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
En el presente recurso de amparo la sociedad mercantil Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., impugna el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de 
Lorca, de 19 de noviembre de 2018, que en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 
373-2018 inadmitió, por extemporánea, la demanda de oposición a la ejecución formulada por 
dicha mercantil, y el posterior auto de 16 de septiembre de 2019 que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra aquella resolución. Para el órgano judicial, el plazo que la 
demandada tenía para formular oposición a la ejecución ya despachada ha de computarse 
desde la fecha en la que recibió en su dirección electrónica habilitada una comunicación del 
servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre avisándole 
de que hasta el 18 de agosto de 2018 tendría disponible una notificación del juzgado de Lorca 
relacionada con el procedimiento EHJ 373-2018 a la que, para que constase como leída, 
debía acceder a través de un enlace adjunto (http://notificaciones.060.es). La mercantil 
recurrente  no  accedió  al  enlace  adjunto  hasta  el  3  de  agosto  de  2018  y,  por  ser 
procesalmente inhábil el mes de agosto, presentó su escrito de oposición el siguiente día 31 
de agosto, por lo que considera que lo hizo antes de que transcurriera el plazo de diez días 
hábiles legalmente previsto, computado desde la fecha límite expuesta en la comunicación.
La demandante de amparo alega la vulneración de su derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), como consecuencia de no haberse efectuado 
aquel emplazamiento inicial en el proceso de ejecución de manera personal y con entrega 
material de la documentación correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley 
de enjuiciamiento civil, o bien computando los plazos en la forma que propone, a partir del 
mes de agosto de 2018. Por su parte, el Ministerio Fiscal, con sustento en las razones que 
se han expuesto en los antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al 
considerar que se ha producido la vulneración denunciada en la demanda.
Este recurso de amparo se inscribe en la serie de recursos interpuestos por dos 
entidades,  una  de  ellas  la  aquí  recurrente,  demandadas  en  procesos  ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca (Murcia), en 
los cuales, tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones 
electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre,  han  sido  inadmitidos  a  trámite  los  escritos  de  oposición  a  la  ejecución 
presentados por aquellas, al considerarlos extemporáneos mediante el descrito cómputo 
del plazo de oposición que ha sido realizado con arreglo a normas del procedimiento 
administrativo  común.  El  recurso  de  amparo  núm.  5377-2018  promovido  por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., constituye la cabecera de la serie, y ha 
sido resuelto en sentido estimatorio por la STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, a 
cuyas consideraciones nos remitiremos en lo que sigue.
2.  Aplicación de la doctrina establecida por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
En la STC 40/2020, de 27 de febrero, FJ 3, abordamos ya el examen de la misma queja 
de fondo planteada en este recurso, en la que se aduce también la vulneración del art. 24.1 
CE como consecuencia de la inadmisión por extemporáneo del escrito de oposición a la 
ejecución. Se advierte en ella que para su solución resulta de aplicación la doctrina de este 
tribunal plasmada en las SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a) (iii), dictada al resolver una 
cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el último inciso del artículo 152.2 
de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso  e.
de amparo, en relación con la garantía de emplazamiento personal inicial del demandado o  w.
ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa  08ww
oe lescutrpólneitcoorisa mlae ntceit)a. ciEónn   eol laesm  hpelamzaoms iecnotnoc ludiedlo  dqeumea nndoa dpor ocaeúdne  neof ecpteurasro npaodr o meend ioesl 
dpricohcae dfoimrmiean tdoe,  dcaodmou qnuicea ceisóons p aucetdoas  sdeerb esuns rteituaildizaa rpsoer  pootrra r eemleicstiróónn iaca s, uc odmomo icpiulieod, es ins eqr ueel   BOE-A-cable e
caso de la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento 
personal se exige en el art. 155.1 LEC, exigencia de la que es complemento la regla 
establecida en el art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos 
y documentos que sustenten la acción. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, 
«acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha 
declarado este tribunal en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles 
y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en 
aplicación de la doctrina de referencia.
Lo expuesto permite concluir ahora, al igual que hicimos en la STC 40/2020, FJ 4, 
que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión de la recurrente, por no proceder a su emplazamiento personal 
en el proceso a quo a efectos de requerirla de pago o, alternativamente, permitirle 
presentar su oposición a la ejecución, optando, en cambio, el órgano judicial por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Además, el plazo para 
presentar el escrito de oposición fue computado invocando normas del procedimiento 
administrativo común que son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos.
3.  Conclusión.
El presente recurso de amparo ha de ser estimado en aplicación de la doctrina fijada en las 
SSTC 47/2019 y 40/2020 y, en consecuencia, debe declararse la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión de la entidad demandante (art. 24.1 CE). De conformidad 
con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad de los autos impugnados del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, así como de todo lo actuado en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria desde que se proveyó a su emplazamiento a través de 
la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las actuaciones hasta este momento a fin 
de que el juzgado proceda a efectuar dicho emplazamiento de manera respetuosa con el 
derecho fundamental de la demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 19 de 
noviembre de 2018 y 16 de septiembre de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 
373-2018, así como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la 
entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este  s
último de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido. e.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 08ww
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