BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 148 Martes 22 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 75487
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
10405 Resolución  de  18  de  junio  de  2021,  de  la  Secretaría  General  de 
Investigación, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma 
de  Andalucía,  para  la  constitución  del  consorcio  para  el  impulso  de  la 
construcción en España de la infraestructura científico-técnica «International 
Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source».
Habiendo sido suscrito el 9 de junio de 2021, el Convenio entre la Administración 
General del Estado (Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía [Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, para la 
constitución  del  consorcio  para  el  impulso  de  la  construcción  en  España  de  la 
infraestructura científico-técnica «International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo 
Oriented Neutron Source» (IFMIF-DONES)], y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 123.2.c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, 
que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 18 de junio de 2021.–El Secretario General de Investigación, Rafael Rodrigo 
Montero.
ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Ciencia 
e Innovación) y la Comunidad Autónoma de Andalucía [Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, para la constitución del consorcio 
para el mpulso de la construcción en España de la infraestructura científico-
técnica «International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron 
Source» (IFMIF-DONES)]
En Granada a 9 de junio de 2021.
De una parte, la Administración General del Estado (a través del Ministerio de 
Ciencia e Innovación) y en su representación don Pedro Duque Duque, Ministro de 
Ciencia e Innovación, nombrado para dicho cargo por el Real Decreto 8/2020, de 12 de 
enero  (BOE  núm.  11,  de  13  de  enero  de  2020)  actuando  en  el  ejercicio  de  la 
competencia atribuida por el artículo 123.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra, la Comunidad Autónoma de Andalucía y en su representación, don Rogelio 
Velasco  Pérez,  Consejero  de  Transformación  Económica,  Industria,  Conocimiento  y 
Universidades de la Junta de Andalucía, nombrado para dicho cargo por el Decreto del 
Presidente 7/2020, de 3 de septiembre (BOJA, boletín extraordinario número 54, de 3 de 
septiembre de 2020), actuando en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 26.2.i) 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Las partes se reconocen la capacidad necesaria para obligarse en los términos del  e.
presente Convenio y, al efecto w.
EXPONEN
inveIs. tigQacuieó n ccoiernretísfipcoan yd eté cnailc aE»s, tdaed oa cueel rd«of ocmone netlo a rtyíc ucloo o1r4d9in.1a.c1i5ó nd e glae nCeornasl titduec iónla. 
De forma específica, según el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se
desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación, 
corresponde a este la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 
ciencia,  desarrollo  tecnológico  e  innovación  en  todos  los  sectores,  incluyendo  la 
investigación científica. Todo ello de acuerdo con los objetivos que se concretan en el 
vigente Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, junto con las 
orientaciones  de  la  Comisión  Europea  sobre  construcción  del  Espacio  Europeo  de 
Investigación y las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión.
II.  Que la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 54 de su Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la competencia exclusiva en 
materia de investigación científica y técnica, con relación a los centros y estructuras de 
investigación de la Junta de Andalucía y a los proyectos financiados por esta, así como 
la  competencia  compartida  sobre  la  coordinación  de  los  centros  y  estructuras  de 
investigación de Andalucía. De forma específica, de acuerdo con el Decreto 117/2020, 
de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Transformación  Económica,  Industria,  Conocimiento  y  Universidades,  corresponde  a 
esta,  el  fomento  y  la  coordinación  de  la  investigación  científica  y  técnica  y  la 
transferencia del conocimiento y la tecnología en el Sistema Andaluz del Conocimiento.
III.  Que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
establece  el  marco  para  el  fomento  de  la  investigación  científica  y  técnica  y  sus 
instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir a la generación, difusión y 
transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad. El 
objeto fundamental es la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la 
innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico 
sostenible y el bienestar social.
Que la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, 
establece el marco general para la regulación de las actividades de ciencia y tecnología 
y su traslación a innovación en Andalucía.
IV.  Que la Unión Europea está desarrollando un ambicioso programa para desarrollar 
la Fusión como fuente de Energía en una colaboración internacional sin precedentes que 
incluye a la República Popular China, la República de Corea, Estados Unidos de América, la 
República de la India, Japón y la Federación de Rusia como socios fundamentales a través 
de International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).
V.  Que el «roadmap» Europeo para conseguir el objetivo de construir una Planta 
Demostradora de Producción Eléctrica de Fusión (DEMO), contempla dos elementos 
fundamentales: la construcción y explotación científica tecnológica del Tokamak ITER en 
el  sur  de  Francia,  y  la  construcción  de  una  fuente  de  neutrones,  IFMIF-DONES 
(«International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source»), 
para el desarrollo, cualificación y licenciamiento de materiales capaces de soportar las 
condiciones extremas a las que estarán expuestos los componentes de la primera pared 
del futuro reactor de fusión DEMO.
VI.  Que, en febrero de 2017, la Agencia Europea «Fusion for Energy» (F4E) formó 
un grupo internacional de expertos para evaluar las candidaturas europeas para IFMIF-
DONES. En diciembre del mismo año, el «Governing Board» de la F4E unánimemente 
declaró Granada como el emplazamiento europeo para IFMIF-DONES, si el proyecto 
finalmente se construye en Europa.
VII.  Que España desea optar a la construcción en Granada de la infraestructura 
IFMIF-DONES y para impulsar la misma, mediante el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de 
mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica,  s
económica,  de  empleo  y  Seguridad  Social  y  tributarias  para  paliar  los  efectos  del  oe.
COVID-19, la Administración General del Estado, de conformidad con lo previsto en el  w.
artículo 123.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  405ww
dPeú blalic ion,f raauetsotrriuzcat ulara c rceieanctióífnic od-etél cCnoicnas o«rcIniote prnaarati oenl aiml Fpuuslsioon d Me alat ecroianlss trIurrcacdióianti oenn  FEascpialiñtya-
Dmeamntoe nOdrráie mntieedn trNaesu dtruorne  lSa ocuarncdei»d.a tDuricah paa raau atolbriezragcaiór nla  einsftraabelestcreu cqtuurea  IeFlM CIFo-nDsOorNcEioS ,s ey   BOE-A-cable e
podrá  continuar  posteriormente  en  caso  de  éxito  de  la  misma  para  atender  las 
obligaciones  que  corresponda  a  España  como  país  anfitrión  de  la  infraestructura 
internacional y para prestar apoyo en su construcción.
Por su parte, mediante Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía, se instó a la entonces Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad a iniciar los trámites para la creación del Consorcio entre el 
Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  y  la  Consejería  de  Economía,  Conocimiento, 
Empresas  y  Universidad,  para  el  impulso  de  la  construcción  en  España  de  la 
infraestructura científico-técnica «International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo 
Oriented Neutron Source (IFMIF DONES)». De acuerdo con lo anterior y lo previsto en el 
artículo 12 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 15 
de diciembre de 2020, se autorizó la creación del Consorcio para el impulso de la 
construcción  en  España  de  la  infraestructura  científico-técnica  «International  Fusion 
Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source».
VIII.  Que  hasta  la  fecha  la  Administración  General  del  Estado  (AGE)  y  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (CAA) se han venido coordinando para el desarrollo 
de las diversas actividades que, a nivel nacional e internacional, han sido necesarias 
para impulsar la candidatura referida. En el marco de las mismas, se ha establecido una 
unidad  mixta  entre  el  Centro  de  Investigaciones  Energéticas,  Medioambientales  y 
Tecnológicas (CIEMAT) y la Universidad de Granada (UGR), vinculada con el desarrollo 
de actividades enfocadas a la promoción del diseño, construcción y explotación del 
proyecto IFMIF-DONES.
Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se 
regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto la creación de un Consorcio entre el Ministerio 
de  Ciencia  e  Innovación  (en  adelante,  MinCI)  y  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía,  a  través  de  la  Consejería  de  Transformación  Económica,  Industria, 
Conocimiento y Universidades, (en adelante, CTEICU), con el objeto de dar apoyo a la 
candidatura y eventual construcción en España de la «International Fusion Materials 
Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source» (IFMIF-DONES)», así como para la 
gestión de proyectos de I+D+i en este ámbito.
El citado Consorcio se regirá por los Estatutos que se incluyen como anexo I al 
presente Convenio.
El plan de actuación y la proyección presupuestaria trienal establecidas en el artículo 123 
de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público se incluyen como anexo II.
Segunda.  Financiación y compromisos de las partes.
1.  La financiación del Consorcio en aplicación del presente Convenio, asciende a 
1.502.000,00 euros. Dicho importe será financiado por la CTEICU y la AGE al 50 % a través 
de este Convenio, de acuerdo con la siguiente distribución del gasto por anualidades: 
  2021 2022 2023 Total bo
AGE. 250.000,00 250.000,00 251.000,00 751.000,00 405ww
CTEICU. 250.000,00 250.000,00 251.000,00 751.000,00
  TOTAL. 500.000,00 500.000,00 502.000,00 1.502.000,00
2.  Las  aportaciones  anuales  de  ambas  Administraciones  al  Consorcio  serán 
obligadas y podrán realizarse de las siguientes formas:
a)  Transferencias o subvenciones de sus presupuestos respectivos.
Las  aportaciones  de  la  Consejería  de  Transformación  Económica,  Industria, 
Conocimiento, y Universidades durante el periodo 2021 a 2023 se harán con cargo a la 
partida presupuestaria 1400010000 G/54A/40501/00 01 o partida presupuestaria análoga 
que la sustituya de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
ejercicios sucesivos. Las aportaciones de la CTEICU que puedan producirse durante el 
periodo posterior a 2023 se formalizarán mediante la oportuna adenda modificativa de 
este Convenio.
Las transferencias del MinCI durante el periodo 2021 a 2023 se harán con cargo a la 
partida  de  los  28.07.463B.74918  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  o 
equivalente que le sustituya en ejercicios sucesivos. Las aportaciones del MinCI que 
puedan producirse durante el periodo posterior a 2023 se formalizarán mediante la 
oportuna adenda modificativa de este Convenio.
b)  Asignación de recursos procedentes de fondos europeos programados para 
cada una de las Administraciones, en particular con cargo a los Programas Operativos 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) o FSE (Fondo Social Europeo) para 
Investigación, Desarrollo e Innovación. Esta asignación por parte de una Administración 
consorciada no podrá superar el 80 % de la aportación de la misma para las actividades 
concretas objeto de financiación mediante fondos europeos, de manera que se posibilite 
la completa financiación y ejecución de dichas actividades de acuerdo a la normativa 
comunitaria de aplicación. La selección de las operaciones objeto de financiación por el 
FEDER se realizará de acuerdo con los procedimientos de gestión aplicables en cada 
administración y respetando la normativa comunitaria al respecto. En este caso las 
aportaciones implicaran la oportuna adenda modificativa de este Convenio.
Ambas  partes  firmantes  del  presente  Convenio  se  comprometen  a  adecuar  las 
decisiones y plazos que impliquen financiación comunitaria a la normativa europea de 
aplicación,  en  particular  en  lo  relativo  a  su  programación,  calendario,  elegibilidad, 
verificación y certificación.
3.  Los libramientos correspondientes a las aportaciones anuales obligatorias del 
MinCI a efectuar con cargo a sus presupuestos se realizarán como sigue:
– La anualidad correspondiente al ejercicio 2021 se librará de manera fraccionada 
en cuatro libramientos iguales, el primero de ellos a la entrada en vigor de este Convenio 
y los restantes a la finalización de cada trimestre, previa presentación, en todos los 
casos, de una memoria de las actividades desarrolladas en el periodo correspondiente.
– Los  libramientos  de  las  anualidades  sucesivas  se  realizarán  de  manera 
fraccionada trimestralmente a lo largo del ejercicio correspondiente. Los libramientos 
correspondientes al primer trimestre se producirán previa presentación a MinCI, dentro 
de los tres meses siguientes a la finalización de cada ejercicio, de las cuentas anuales 
del  ejercicio  anterior  formuladas  por  la  Dirección  del  Consorcio.  Los  libramientos 
correspondientes al segundo trimestre y sucesivos se producirán previa presentación de 
la  documentación  justificativa  completa  del  ejercicio  anterior,  que  consistirá  en  una 
memoria técnica sobre las actividades desarrolladas y de las cuentas anuales de dicho 
ejercicio debidamente auditadas por el órgano competente de la Intervención General de 
la Administración del Estado. Dicha documentación justificativa completa se presentará  e.
dentro  de  los  seis  meses  siguientes  a  la  finalización  de  cada  ejercicio,  quedando  w.
supeditados a ella los pagos del segundo trimestre y sucesivos, que podrán suspenderse  405ww
en caso de deficiencias en la misma.
ConPsoorrc ieox cdeupracinótne  daelg ulon od idsep uleosst oe jeernc iceilo sp áernra floo sa nqtueer iolar,s  epna rcteass oc odme peroxmtinectieónn  sduesl 
aportaciones a través del presente Convenio, los pagos se suspenderán desde el mes
en que el Consejo Rector acuerde dicha extinción, procediéndose desde entonces a 
efectuar las operaciones de liquidación del Consorcio de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
A la finalización de la vigencia del Convenio, el Consorcio presentará, en el plazo de 
los seis meses siguientes, una memoria detallada de las actividades técnicas realizadas, 
y de la totalidad de los gastos e ingresos.
4.  Las  aportaciones  anuales  a  realizar  por  la  CTEICU  quedan  en  todo  caso 
supeditadas a las disponibilidades presupuestarias y al cumplimiento de la normativa 
reguladora y de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
5.  La  financiación  prevista  en  el  presente  Convenio  es  compatible  con 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de las aportaciones 
recibidas, incluida la que se regula en el presente Convenio, no supere el coste total de 
la actividad incentivada.
Tercera.  Seguimiento del Convenio.
Con el fin de realizar un seguimiento detallado del presente Convenio, se creará una 
Comisión  de  Seguimiento  formada  por  tres  representantes  de  cada  una  de  las 
administraciones signatarias. Dos de los representantes de la AGE serán designados por 
la persona titular de la Secretaría General de Investigación del MinCI, y el otro será 
designado por la Delegación del Gobierno en Andalucía. Los representantes de la Junta 
de Andalucía serán designados por la persona titular de la Consejería competente en 
materia de I+D+i.
La Comisión de Seguimiento será presidida por uno de los representantes del MinCI.
La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año convocada por su 
presidente. Con independencia de ello, se reconoce a cada parte firmante el derecho de 
solicitar al presidente la convocatoria de reuniones extraordinarias de la Comisión.
Corresponderá a la Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
a)  Velar por el cumplimiento del presente Convenio.
b)  Resolver las dudas que, en su caso, se susciten en el desarrollo del presente 
Convenio.
c)  Proponer aquellas otras iniciativas que considere oportuno con ocasión de la 
ejecución del presente Convenio, su mejora y eventual prórroga.
En  todo  lo  no  dispuesto  expresamente  en  esta  cláusula,  será  de  aplicación  lo 
establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarta.  Vigencia.
El presente Convenio surtirá efectos de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 
séptima y continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de la 
finalización de las actuaciones de justificación, liquidación o de cualquier otro orden que 
correspondan, así como de lo previsto en los estatutos del Consorcio. De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en cualquier momento antes de la finalización del plazo 
anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga, con los  e.
límites establecidos en la legislación vigente, siempre respetando los trámites formales y  w.b
procedimentales observados en su tramitación. 405ww
Quinta.  Resolución del Convenio y responsabilidades.
1.  El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su  objeto  o  por  incurrir  en  causa  de  resolución.  Serán  causas  de  resolución  del 
Convenio:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo mutuo entre las partes.
c)  El incumplimiento por alguna de las partes de lo dispuesto en las cláusulas del 
mismo.
d)  La denuncia expresa del Convenio, con un preaviso mínimo de un año.
e)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
2.  Las responsabilidades a las que, en su caso, pudiera dar lugar la resolución del 
Convenio con respecto a la entidad IFMIF-DONES serán asumidas respectivamente por 
cada una de las partes de acuerdo con las obligaciones correspondientes a cada una de 
ellas en caso de que la resolución del Convenio fuera por incumplimiento de una de las 
dos, y conforme al acuerdo de resolución que ambas partes adopten en los demás 
casos, y en todo caso sin que el posible coste financiero correspondiente a una pueda 
repercutirse sobre la otra.
3.  En su caso, será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera,  relativa  a  responsabilidad  por  incumplimiento  de  normas  de  Derecho 
comunitario.
4.  Sin perjuicio de lo establecido en los anteriores apartados, en el caso de que 
alguna de las partes prevea que no podrá hacer frente a sus obligaciones, lo pondrá en 
conocimiento de la otra en el menor plazo posible.
Sexta.  Modificación del Convenio.
El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo expreso y unánime de las 
partes firmantes, teniendo en cuenta las previsiones de los estatutos del Consorcio y 
siguiendo los procedimientos que exija la normativa vigente.
Séptima.  Publicación y eficacia.
De acuerdo con los artículos 48.8 y 123.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de junio, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, este Convenio resultará eficaz una vez inscrito en 
el Registro Electrónico estatal de Órganos e instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal y será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
De acuerdo con los citados artículos y el artículo 12 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, el presente Convenio será 
publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
Octava.  Naturaleza y jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, y se realiza al amparo  s
de lo establecido en el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de junio, del Régimen  oe.
Jdsuuerb íRsdEéiidlc gioaimC rdioaeenmnl vS eJeenunctrieítodo,  ircp Psooe úrd  bleolril c eSdogie.sircpátuo erp sPotoúr  belilnco o e.le csatippíutulalod oV I pdoer  lal aLse y p4a0r/t2e0s1 5e, nd e e1l  dme ioscmtuob rey,,   2021-10405n https://www.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo,  Bc
según lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, y en su caso, de la competencia del Tribunal Constitucional.
Y, en prueba de conformidad, las partes firman este Convenio, en dos ejemplares 
iguales, en el lugar y en la fecha indicados en el encabezamiento.–El Ministro de Ciencia 
e  Innovación,  Pedro  Duque  Duque.–El  Consejero  de  Transformación  Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco Pérez.
ANEXO I
Estatutos del Consorcio para el impulso de la construcción en España de la 
Infraestructura Científico-Técnica «International Fusion Materials Irradiation 
Facility-Demo Oriented Neutron Source»
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Constitución y denominación.
1.  El Consorcio para el impulso de la construcción en España de la infraestructura 
científico-técnica  «International  Fusion  Materials  Irradiation  Facility-Demo  Oriented 
Neutron Source» (IFMIF-DONES) se constituye como una entidad de derecho público sin 
ánimo  de  lucro,  integrada  por  la  Administración  General  del  Estado,  a  través  del 
Ministerio competente en materia de investigación científica, y por la Administración de la 
Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de investigación 
científica.
2.  De conformidad con el artículo 118.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el 
Consorcio toma el nombre de «Consorcio IFMIF-DONES».
Artículo 2.  Personalidad jurídica.
El  Consorcio  tiene  personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  para  el 
cumplimiento de sus fines específicos.
Artículo 3.  Fines.
El  Consorcio  tiene  como  fin  gestionar  la  colaboración  económica,  técnica  y 
administrativa de las entidades que lo integran para el impulso de la construcción en 
España de la infraestructura científico-técnica de irradiación de materiales de fusión 
«International  Fusion  Materials  Irradiation  Facility-Demo  Oriented  Neutron  Source» 
(IFMIF-DONES).  En  caso  de  éxito  de  la  candidatura,  el  Consorcio  atenderá  las 
obligaciones  que  corresponda  a  España  como  país  anfitrión  de  la  infraestructura 
internacional y prestará apoyo a la entidad internacional titular de la misma en su 
construcción  y  explotación.  Asimismo  el  consorcio  podrá  impulsar  y  participar  en 
proyectos de I+D+i en el campo de la fusión y en otros ámbitos de la ciencia y la 
tecnología afines, y en particular en los incluidos en la hoja de ruta europea para la 
fusión.
Artículo 4.  Duración. e
CcaolobrnerEesrgsol parCcoro inolnad s caiono rfnacrta iionEe usssateprr uaáccñ otavun irsgacteio tnIumFtyeMoe   IppFpooa-rDrí  sOtt iieeNammnEpfpSitoor  i eóiinnnndd  eEedffseiinnp iialddañoo a  iyn.p  faEmrarniaee  scnatatrtruseaocnst d uddereuar  r éeliaxn slitate o orc nbdaalenicg dialoiadcn aimaotlun isreyams   papqa,a urreeaal     2021-10405n https://www.
prestar apoyo en su construcción y explotación. El Consorcio sólo podrá disolverse por
las causas previstas en la Ley o en los presentes Estatutos. Bc
Artículo 5.  Régimen jurídico y Administración Pública de adscripción.
1.  El  Consorcio  se  rige  por  las  disposiciones  de  estos  Estatutos,  por  la 
reglamentación  interna  dictada  en  desarrollo  de  los  mismos  y  por  el  ordenamiento 
jurídico de la Administración Pública de adscripción determinada en estos Estatutos, y en 
todo caso por la normativa básica que resulte de aplicación, y en particular por la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  En aplicación del artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Consorcio 
está adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
3.  El Consorcio es una entidad de investigación, compartida a partes iguales entre 
la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo 
dispuesto en la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia la Tecnología y la Innovación, y tiene carácter de agente de ejecución del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3.4 de la misma Ley.
El consorcio podrá acreditarse y registrarse como Agente del Sistema Andaluz del 
Conocimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza 
de la Ciencia y el Conocimiento, y su normativa de desarrollo.
Artículo 6.  Sede.
El Consorcio tiene su sede en la ciudad de Granada, provincia de Granada.
CAPÍTULO II
Órganos de gobierno y administración
Artículo 7.  Enumeración.
Son  órganos  de  gobierno  y  administración,  de  seguimiento  y  de  gestión  del 
Consorcio los siguientes:
a)  El Consejo Rector.
b)  La Comisión Ejecutiva.
c)  La Dirección.
Artículo 8.  Composición y naturaleza del Consejo Rector.
1.  El Consejo Rector es el órgano de gobierno y administración del Consorcio, y 
está integrado por los siguientes miembros:
a)  Presidencia: la presidencia del Consejo Rector tendrá carácter rotatorio anual y 
será asumida inicialmente por la persona titular del Ministerio competente en materia de 
investigación científica o cargo designado por esta, o persona en quien delegue y, 
seguidamente,  por  la  persona  titular  de  la  Consejería  de  la  Junta  de  Andalucía 
competente en materia de investigación científica o cargo designado por ésta, o persona 
en quien delegue.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la presidencia será 
sustituida por la vicepresidencia, y en su defecto, por la vocalía de mayor jerarquía,  s
antigüedad y edad, por este orden, de entre las designadas por la Administración a la  oe.
que pertenezca la presidencia. w.
Corresponde a la presidencia del Consorcio ejercer la más alta representación del  405ww
Casoín csoomrcoio d, iryig ciro snuvso cdaerl,i bperreasciidoinr eys .dar por finalizadas las reuniones del Consejo Rector,
asumb)i daV iinceicpiarelmsiednetnec ipao: r Llaa  pveircseopnrae stiidtuelnacr iad et elan dCráo nsceajreárcíate rd er olata tJourinot a adneu aAl ndya lsuecríáa   BOE-A-cable e
competente en materia de investigación científica, o cargo designado por esta, o persona 
en quien delegue y, seguidamente por la persona titular del Ministerio competente en 
materia de investigación científica, o cargo designado por ésta, o persona en quien 
delegue.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la vicepresidencia 
será sustituida, por la vocalía de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de 
entre las designadas por la Administración a la que pertenezca la vicepresidencia.
c)  Vocales: Tres vocales en representación del Ministerio competente en materia de 
investigación científica, designados por la persona titular del Ministerio, y tres vocales en 
representación de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de 
investigación científica, designados por la persona titular de la Consejería.
d)  La dirección, con voz pero sin voto.
Ejercerá la secretaría del Consejo Rector, con voz pero sin voto, la persona que 
designe el propio Consejo Rector.
2.  Las vocalías y la secretaría del Consejo Rector, serán designadas por un periodo 
de  cuatro  años,  renovables,  pudiendo  no  obstante  ser  revocados  libremente  y  en 
cualquier momento por la entidad por la que hayan sido designados.
3.  Los miembros del Consejo Rector que lo son en razón del cargo que ocupan, 
cesarán en su representación en el momento que pierdan la condición por la que fueron 
nombrados.
4.  Únicamente  los  miembros  designados  en  razón  de  su  cargo  podrán  ser 
sustituidos en el Consejo Rector por quien reglamentariamente les sustituya o sea 
nombrado expresamente por escrito.
5.  En el caso de vacante de uno de los miembros del Consejo durante el periodo a 
que se refiere el apartado 2 de este artículo, la persona que le sustituya tendrá la 
condición de miembro hasta la finalización de dicho periodo.
6.  Los miembros del Consejo Rector no perciben retribución por el mero ejercicio 
de su cargo, sin perjuicio del derecho a ser resarcidos de los gastos que les represente 
cumplir con su cometido.
Artículo 9.  Competencias del Consejo Rector.
El Consejo Rector, cumpliendo la normativa aplicable al sector público estatal, tiene 
las siguientes atribuciones:
a)  Fijar las directrices y los criterios generales de actuación del Consorcio.
b)  Aprobar,  a  propuesta  de  la  Comisión  Ejecutiva,  el  anteproyecto  de  los 
presupuestos anuales y las cuentas anuales del Consorcio.
c)  Aprobar, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, el plan anual de actuaciones y 
proyectos.
d)  Aprobar los programas de inversión y financiación de la entidad.
e)  Aprobar la forma de gestión por la que se deba regir el cumplimiento de los fines 
del Consorcio.
f)  Nombrar y separar al director, determinar su periodo de contratación de acuerdo 
a la normativa vigente, y proponer al Ministerio de adscripción las retribuciones que éste 
haya de percibir en el ejercicio de su cargo, dentro de los límites establecidos en el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, y  s
su normativa de desarrollo. oe.
edanectd iveg2iu)d6 da adAm.dpeireo nbntaoor ,v qdieuemen btrproeu ,dd iee Gsloees n nleíemracilte essiPt aerers staeublp lueCecoisdntosaosri raec,ni o  elapl saa rratíe cvueello nó t1up1at1ilme.2so  d edo eplase arLraercoyilo l4on7 e/ds2e 0 0ds3ue,    2021-10405n https://www.
h)  Proponer la modificación de los Estatutos.
i)  Proponer la disolución y liquidación del Consorcio. Bc
j)  Determinar los límites económicos a partir de los cuales el representante legal y 
órgano  de  contratación  del  Consorcio  requerirá  autorización  para  llevar  a  cabo  los 
contratos,  convenios  o  acuerdos,  así  como  otorgar  dicha  autorización  cuando  sea 
necesaria.
k)  Proponer a las Administraciones consorciadas la admisión de nuevos miembros, 
que tendrán la condición de Administraciones Públicas, u organismos públicos.
l)  Cambiar el domicilio social del Consorcio.
m)  Ejercer todas aquellas atribuciones no expresamente asignadas a otros órganos 
en los presentes Estatutos.
Artículo 10.  Régimen de reuniones del Consejo Rector.
1.  El Consejo Rector se reunirá con carácter ordinario dos veces al año y, con 
carácter extraordinario, siempre que sea convocado por la presidencia o cuando lo 
solicite la vicepresidencia o, como mínimo, la mitad de sus miembros.
Podrán  ser  convocadas  a  dichas  reuniones  cualesquiera  otras  personas,  cuya 
asistencia se estime adecuada en función de los asuntos incluidos en el orden del día 
correspondiente.
2.  Para la válida constitución del Consejo Rector, a efectos de la celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a 
distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la 
mitad,  al  menos,  de  sus  miembros,  siempre  que  estén  representadas  las  dos 
instituciones  consorciadas.  El  Consejo  Rector  podrá  convocar  sesiones  mediante 
procedimiento escrito.
3.  Cada una de las instituciones que integran el Consorcio dispone de un voto único 
indivisible, ejercido por el representante de mayor rango que asista a la reunión o, en 
caso  de  coincidencia  de  representantes  del  mismo  rango,  por  el  que  la  institución 
designe  para  cada  reunión  a  tal  efecto.  El  peso  del  voto  de  cada  institución,  en 
correspondencia con su porcentaje de participación en el consorcio, será el siguiente:
Administración General del Estado 50 %.
Junta de Andalucía 50 %.
4.  Los acuerdos del Consejo Rector se tomarán por unanimidad.
Artículo 11.  Composición y naturaleza de la Comisión Ejecutiva.
1.  La Comisión Ejecutiva es el órgano de seguimiento de la ejecución de las 
actividades del Consorcio y está integrada por los siguientes miembros:
a)  Presidencia: Ejercerá la presidencia de la Comisión Ejecutiva una vocalía de las 
indicadas en el apartado b). La presidencia será rotatoria por periodos anuales, de 
acuerdo al mismo régimen establecido para el Consejo Rector, de manera que recaiga 
en todo momento en la Administración que ejerce la vicepresidencia del Consejo Rector.
b)  Vocales:
– Dos  vocales  en  representación  del  Ministerio  competente  en  materia  de 
investigación científica designados por la persona titular del Ministerio.
– Dos  vocales  en  representación  de  la  Consejería  de  la  Junta  de  Andalucía 
competente en materia de investigación científica de la Junta de Andalucía. s
c)  La Dirección del Consorcio, con voz pero sin voto. w.
RecEtojer,r ccoenrá v loaz s peecrroe tsairnía v odteo .la Comisión Ejecutiva quien ejerza la secretaría del Consejo
régim2.e nA e slotasb lmecieidmob rpoasr ad elo sla  mCieommbisroiósn  dEejle cCuotinvsae jole sR escetroár  deen  aepl liacratcícióunlo  e8l  dmeis mloos 
Estatutos.
3.  La  Comisión  Ejecutiva  podrá  recabar  el  asesoramiento  de  especialistas  en 
función de los temas a tratar.
Artículo 12.  Competencias de la Comisión Ejecutiva.
La  Comisión  Ejecutiva  tiene  las  siguientes  atribuciones,  siempre  cumpliendo  la 
normativa aplicable al sector público estatal:
a)  Elevar  al  Consejo  Rector  los  anteproyectos  de  presupuestos  y  el  plan  de 
actuación anual, así como las cuentas anuales del ejercicio vencido, para su aprobación, 
y hacer el seguimiento una vez aprobado.
b)  Aprobar las modificaciones presupuestarias, dentro de los límites que establezca 
el Consejo Rector y de acuerdo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General  Presupuestaria,  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  una  entidad  cuyo 
presupuesto de gastos tiene carácter estimativo.
c)  Elevar al Consejo Rector, para su aprobación, la propuesta de devolución de los 
bienes  muebles  o  inmuebles  cedidos  por  las  instituciones  consorciadas  que  ya  no 
resulten de utilidad para los fines del Consorcio, así como el presupuesto de gastos que 
ello origine.
d)  Contratar obras, servicios y suministros, de acuerdo con los límites económicos 
fijados por el Consejo Rector.
e)  Ejercer  aquellas  atribuciones  que  le  puedan  ser  delegadas  por  el  Consejo 
Rector.
Artículo 13.  Reuniones de la Comisión Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al semestre, y 
en sesión extraordinaria siempre que sea convocada por la presidencia, o cuando lo 
solicite, como mínimo, la mitad de sus miembros.
Las  reuniones  se  celebrarán  en  primera  convocatoria  cuando  concurran  como 
mínimo  la  mitad  de  sus  miembros,  siempre  que  estén  representadas  ambas 
administraciones.  De  no  alcanzarse  dicho  quórum,  se  celebrarán  en  segunda 
convocatoria, siempre que estén representadas ambas administraciones.
La Comisión Ejecutiva podrá convocar sesiones mediante procedimiento escrito.
El régimen de votaciones de la Comisión Ejecutiva se ejercerá de igual forma a la 
acordada para el Consejo Rector. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad.
Artículo 14.  La Dirección.
1.  Corresponde  a  la  Dirección  impulsar  y  coordinar  el  funcionamiento  de  los 
servicios a su cargo y, en particular:
a)  La  gestión  de  los  recursos  financieros  del  Consorcio,  ordenando  gastos  y 
contrayendo obligaciones conforme al presupuesto.
b)  Elaborar el anteproyecto de presupuestos, y las cuentas anuales del ejercicio 
vencido.
c)  Elaborar el anteproyecto de plan anual de actuación y proyectos.
d)  Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva.
e)  En materia de recursos humanos, le corresponde la dirección y contratación del 
personal. e
f)  La gestión del patrimonio y los bienes que corresponden a los servicios a su  bo
cargo. 405ww
cnoencsehgis))d  aerriEPaolrc  epióepanjarea rra dcereil c lai oldCa e oacndnusotaeecd juoolmo  eRsej eenTrctcartoiicbcriiuó onny d a edled esse u  lasdl  eocC so omtomapdsieosut ieóntnnitpoc osiEa  jsedq.ceuu etai vcadc,ie obena enisn  fojsuromdmiaceria telderess ,e t opdraoe  vlliaoa    OE-A-2021-10able en https://
autorización por el Consejo Rector.
i)  Aprobar y realizar los contratos, convenios y acuerdos del Consorcio y concertar 
y firmar los compromisos necesarios para el funcionamiento del Consorcio, dentro de los 
límites establecidos por el Consejo Rector. Hasta que el Consejo Rector establezca los 
límites que correspondan, se requerirá autorización previa del Consejo Rector, para 
aquellos contratos, convenios, acuerdos y compromisos que supongan obligaciones 
económicas para el Consorcio, de importe superior a 3.000.000,00 de euros.
j)  El seguimiento de las obras que se realicen y de los servicios que se presten.
k)  Solicitar  y  aceptar  ayudas  y  subvenciones,  y  dirigir  la  realización  de  las 
actividades asociadas para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
l)  Las demás funciones que le deleguen el Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva.
La Dirección deberá rendir cuentas ante el Consejo Rector y ante la Comisión 
Ejecutiva.
2.  La  Dirección  ejercerá  la  representación  legal  del  Consorcio  en  la  firma  de 
contratos,  convenios  y  todo  tipo  de  acuerdos  y  compromisos,  precisando  de  la 
autorización previa del Consejo Rector cuando dichos contratos, convenios, acuerdos y 
compromisos impliquen obligaciones económicas para el Consorcio que superen los 
importes que fije el propio Consejo Rector. De conformidad con la letra i) del apartado 
anterior,  hasta  que  el  Consejo  Rector  establezca  los  límites  para  los  contratos, 
convenios, acuerdos y compromisos que requieran de su autorización, se requerirá para 
aquellos contratos, convenios, acuerdos y compromisos que supongan obligaciones 
económicas para el Consorcio de importe superior a 3.000.000,00 de euros.
CAPÍTULO III
Régimen Económico-Financiero y de Personal
Artículo 15.  Recursos económicos.
Los recursos económicos del Consorcio son los siguientes:
a)  Las subvenciones, ayudas y donaciones que se reciban de cualquier empresa o 
entidad pública, española o extranjera.
b)  Las transferencias y subvenciones que reciba con cargo a los presupuestos de 
las Administraciones consorciadas.
c)  Los ingresos que pueda obtener por sus actividades, así como los rendimientos 
de su patrimonio.
d)  Créditos y préstamos que le sean concedidos.
e)  Aquellos otros legalmente establecidos.
Artículo 16.  Patrimonio.
El Consorcio posee un patrimonio propio vinculado a sus fines, que está integrado 
por los siguientes bienes:
a)  Los bienes adscritos o cedidos por las entidades que integran el Consorcio. 
Estas adscripciones y cesiones deberán realizarse de acuerdo con la normativa de 
patrimonio aplicable a cada una de las administraciones consorciadas.
b)  Los bienes que adquiera el Consorcio por cualquier concepto.
Artículo 17.  Régimen contractual. o
De conformidad con el artículo 3.1.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  405ww
Claosn Dtriaretocsti vdaesl  Sdeecl tPoar rPlaúmbleicnoto,  pEour rloap qeuoe y s dee tlr aCnosnpsoenjoe n2 a0l1 o4r/2d3e/nUaEm iye n2t0o1 j4u/r2íd4i/cUoE e, sdpea ñ2o6l 
ddiec hfeab lreeyr.o de 2014, la actividad contractual del consorcio se regirá por lo establecido en  BOE-A-cable e
Artículo 18.  Régimen presupuestario, contabilidad y control.
1.  El Consorcio estará sujeto al régimen presupuestario, de contabilidad y control 
previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para las 
entidades que forman parte del sector público estatal.
2.  El Consorcio estará sujeto al control externo del Tribunal de Cuentas y al control 
interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado a través de 
las modalidades de control que resulten de aplicación al Consorcio de conformidad con 
la Ley General Presupuestaria.
3.  La Comisión Ejecutiva someterá a estudio y aprobación del Consejo Rector el 
plan anual de actuación para el año siguiente y el anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio económico siguiente.
4.  Los presupuestos del Consorcio formarán parte de los Presupuestos Generales 
del Estado en los términos y condiciones que determine el Ministerio de Hacienda.
5.  La Comisión Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo Rector, la memoria 
de  la  gestión  económica,  el  inventario  y  las  cuentas  anuales,  de  acuerdo  con  la 
normativa que sea de aplicación. El órgano competente para rendir las cuentas anuales 
al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del 
Estado es la Dirección del Consorcio.
Las cuentas anuales del Consorcio se integrarán en la Cuenta General del Estado.
Artículo 19.  Recursos humanos.
1.  El régimen jurídico del personal del Consorcio será el de la Administración 
pública de adscripción.
2.  En todo caso, la selección de personal se regirá por los principios de capacidad, 
mérito,  publicidad,  igualdad  y  concurrencia,  teniendo  en  cuenta  lo  previsto  en  el 
artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
CAPÍTULO IV
Modificación de los Estatutos y separación y disolución del Consorcio
Artículo 20.  Modificación de los Estatutos.
1.  La modificación de los estatutos se realizará a propuesta del Consejo Rector, 
que la remitirá para su aprobación a las Administraciones consorciadas.
2.  Las  Administraciones  consorciadas  deberán  aprobar  la  modificación  de  los 
estatutos, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación. La modificación de los 
estatutos  no  será  efectiva  hasta  que  haya  sido  aprobada  por  las  Administraciones 
consorciadas. La modificación de los estatutos será publicada en los Boletines Oficiales 
correspondientes.
Artículo 21.  Separación.
1.  La separación del Consorcio de alguna de las entidades consorciadas podrá 
hacerse con un preaviso de un año.
2.  En caso de que el derecho de separación se ejercite por el incumplimiento de 
alguna de sus obligaciones por alguno de los miembros del consorcio, no se aplicará el 
plazo de preaviso indicado en el apartado anterior. En este supuesto, el derecho de  e.e
separación  habrá  de  ejercitarse  mediante  escrito  notificado  al  máximo  órgano  de  b
gobierno del Consorcio, en el que deberá hacerse constar el incumplimiento que motiva  405ww
ldae ls pelpaazroa coitóonrg, alad ofo prmarual accuimónp ldire d reesqpuueérsim dieeln rteoq pureervimioi ean tsou. cumplimiento y el transcurso
salv3o.  quLea  esl erepsatroa cdieó ns udse  muineom bdreo slo asc umeiredmenb rsous , cpornotdinuucidiraád l ay  sdiigsaonlu cpieórnm daenle ccioennsdoor ceino 
el  consorcio,  al  menos,  dos  Administraciones,  o  entidades  u  organismos  públicos 
vinculados o dependientes de más de una Administración.
Artículo 22.  Disolución del Consorcio.
1.  El Consorcio se disolverá por acuerdo de las entidades consorciadas que lo 
integran, o por imposibilidad legal o material de cumplir con sus objetivos, o por haberse 
cumplido sus fines estatutarios.
2.  En el acuerdo de disolución se determinará la forma cómo se debe proceder a la 
liquidación  de  los  bienes  del  Consorcio  y  a  la  reversión  de  las  obras  o  de  las 
instalaciones existentes, siguiéndose en todo caso las previsiones contenidas en el 
artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Si después de la aportación de las 
Administraciones consorciadas no existiera activo para satisfacer la totalidad de las 
obligaciones del consorcio, las Administraciones consorciadas asumirán las obligaciones 
pendientes de liquidar según sus porcentajes de participación en el Consorcio.
Disposiciones adicionales
Disposición adicional única.  Uso de medios electrónicos.
Los órganos de gobierno y administración y de seguimiento del Consorcio podrán 
constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, respetando los trámites 
esenciales  establecidos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  en  las  normativas  de 
desarrollo.  El  Consejo  Rector  aprobará  las  normas  internas  de  funcionamiento  por 
medios electrónicos de los órganos de gobierno del Consorcio.
En el empleo de la firma electrónica deberán cumplirse los requisitos establecidos en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 6/2020, 
de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos 
de confianza y en el resto de normativa que pueda resultar de aplicación.
ANEXO II
Plan inicial de actuación y proyección presupuestaria trienal
Según el artículo 92 «Contenido y efectos del plan de actuación» de la Ley 40/2015, 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plan 
inicial de actuación contendrá, al menos:
a)  Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no 
poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la 
creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o 
entidad preexistente.
La Unión Europea (UE) está desarrollando un ambicioso programa para desarrollar la 
Fusión como fuente de Energía en una colaboración internacional sin precedentes que 
incluye a la propia Unión Europea, Corea del Sur, Estados Unidos de América, India, 
Japón  y  Rusia  como  socios  fundamentales  a  través  de  ITER  (lnternational 
Thermonuclear Experimental Reactor). Este experimento científico técnico a gran escala 
tiene como objetivo demostrar la viabilidad de la fusión nuclear como fuente de energía. 
Se encuentra actualmente en construcción en Cadarache (Francia). e.
El  «roadmap»  Europeo  para  conseguir  el  objetivo  de  construir  una  Planta  w.
Demostradora  de  Producción  Eléctrica  de  Fusión  (Demonstration  power  plant),  405ww
tceocnntoelmógpilcaa  ddoesl  Teolkeammeankto IsT EfRun, dya mlae cnotanlsetsr:u clcaió nc odnes turuncac ifóune nyte  edxep lnoetauctrioónne sc,i eInFtMífiIcFa-
DSoOuNrcEeS),  (pIanrtear neal tidoensaal rrFoullsoi,o nc uaMliafictearciaiólsn  Iyr ralidceianticoianm  Fieanctoili tyd-eD emmaote rOiarlieesn tecadp aNceeust rdoen   BOE-A-cable e
soportar las condiciones extremas a las que estarán expuestos los componentes de la 
primera  pared  del  futuro  reactor  de  fusión  DEMO.  Consiste  en  un  acelerador  de 
partículas  de  alta  potencia  incidiendo  sobre  un  blanco  de  litio  líquido  que,  como 
consecuencia, genera neutrones de  características similares a los presentes en un 
reactor de fusión. La construcción de IFMIF-DONES está incluida en el «roadmap» 
aprobado  por  el  Programa  de  Fusión  de  la  Unión  Europea  que  lo  considera 
indispensable para el objetivo de la UE de demostrar la viabilidad de la Fusión Nuclear 
como fuente de energía.
En febrero 2017, la Agencia Europea «Fusion for Energy» (F4E) formó un grupo 
internacional de expertos para evaluar las candidaturas europeas para IFMIF-DONES. 
Entre las candidaturas se encontraba la propuesta española, liderada por el CIEMAT, que 
ofrecía Granada como emplazamiento para albergar el acelerador. El grupo evaluador 
visitó el emplazamiento de Granada en junio de 2017 donde se les realizó una extensa 
presentación  de  las  características  técnicas,  socio-económicas  y  regulatorias  del 
emplazamiento de Granada. En julio del mismo año, el grupo evaluador realizó una visita 
similar  al  otro  emplazamiento  evaluado,  propuesto  por  Croacia.  A  la  vista  de  la 
evaluación realizada, y en paralelo con la suscripción de un acuerdo entre el Gobierno 
español y el Gobierno croata, el «Governing Board» de la F4E de diciembre 2017 
unánimemente declaró Granada como el emplazamiento europeo para IFMIF-DONES.
Para  afianzar  el  carácter  europeo  de  IFMIF-DONES,  España  presentó  en 
agosto 2017 la candidatura, con el aval de Croacia y el Programa de Fusión Europeo, 
para  que  el  Proyecto  en  Granada  fuera  incluido  en  el  «2018  Roadmap»  de 
infraestructuras  europeas  creado  por  el  foro  ESFRI  (European  Strategic  Forum  for 
Research Infraestructures) y después de ocho meses de discusión técnica y estratégica, 
el 28 de junio de 2018, la propuesta española fue incluida dentro del «roadmap» europeo 
de ESFRI.
Para diseñar y poner en marcha la infraestructura IFMIF-DONES el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía vienen trabajando conjuntamente y para 
poder hacer efectiva esta colaboración se propone la constitución de un consorcio que 
estaría  encargado  de  promover  la  candidatura  de  Granada  como  el  futuro 
emplazamiento de IFMIF-DONES y el impulso de las acciones preliminares del proyecto, 
como son las actividades previas del proceso de diseño, construcción y explotación de la 
nueva infraestructura. En caso de éxito de la candidatura, dicho consorcio prolongaría su 
existencia y se encargaría de prestar el apoyo que correspondería a España, como país 
anfitrión,  a  los  acuerdos  internacionales  que  se  realizarán  para  la  construcción  de 
IFIMIF-DONES. La continuidad del consorcio quedaría por tanto condicionada al éxito de 
la candidatura. En caso de prosperar ésta, se conseguiría instalar en España una 
instalación tecnológica internacional de primer nivel mundial, que puede atraer unos 
retornos sociales, científicos, tecnológicos e industriales muy significativos.
Las actividades administrativas y científico-técnicas que deben ser llevadas a cabo 
para,  por  un  lado,  plasmar  la  colaboración  efectiva  entre  las  dos  administraciones 
consorciadas, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Transformación 
Económica,  Industria,  Conocimiento  y  Universidades  de  la  Junta  de  Andalucía,  no 
pueden ser abordadas por ningún organismo público existente actualmente, ya que 
serán funciones muy específicas dedicadas a poner en marcha una infraestructura única, 
con  un  enfoque  totalmente  europeo,  pues  formará  parte  de  un  proyecto  en  cuyo 
desarrollo participarán otras instituciones y centros de investigación de varios países de 
la UE, y cuyo objetivo y alcance no coincide con el objetivo y el alcance de ningún  s
organismo público preexistente. La instalación científica que se va a gestionar a través  oe.
de este nuevo consorcio constituye, en sí misma, un avance científico y tecnológico,  w.
cuyo alcance sólo se conoce por estimación. Es un reto tecnológico que requerirá el  405ww
cdoenssatrrruocllcoi ódne  yc oonpoecraimciióenn,t opsr eqvuiset as ep airráan l opsr opdróuxciimenodso  aeñno se, l pdoers laor rqoulloe  drees ulaltsa  feavsiedse ndtee 
qdueesa, rlaro cllree caucaiólqnu dieerl  cootrnos óorrgciaon qou oe  esnet ipdraodp opnreee nxois tseunpteo,n eya d quupelic nidoa de xcisotne  lean a Ectsivpiadñaad  uqnuae   BOE-A-cable e
infraestructura científico-técnica de estas características y de esta importancia a nivel 
europeo e internacional. Ningún organismo público existente puede llevar a cabo todas 
las actividades necesarias para cumplir con los exigentes objetivos de este proyecto.
b)  La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más 
eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado.
La  forma  jurídica  propuesta  es  un  Consorcio  de  dos  administraciones:  La 
Administración  General  del  Estado  (AGE)  a  través  del  Ministerio  de  Ciencia  e 
Innovación,  y  la  Junta  de  Andalucía  a  través  de  la  Consejería  de  Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Dado que las dos administraciones 
han mostrado su intención de colaborar y de financiar el proyecto al 50 %, se considera 
el Consorcio como la forma jurídica más idónea para llevar a cabo esta colaboración.
Además,  debido  a  la  especificidad  del  proyecto  científico-técnico  que  se  va  a 
desarrollar, se encuentran ventajas para la gestión del mismo. Los aspectos de régimen 
jurídico a los que se ha prestado mayor atención respecto de cada una de las estructuras 
organizativas propuestas han sido, por el interés que presentan en relación con el 
proyecto, los siguientes:
– Requisitos jurídico-públicos de la constitución de las entidades que integran cada 
estructura.
– Régimen de contratación del personal, con especial atención a la situación de los 
funcionarios públicos que puedan adscribirse para prestar servicios en la instalación.
– Sistema de control financiero de la/s entidad/es creada/s.
– Posibilidad de percepción de Fondos Estructurales de origen comunitario.
IFMIF-DONES es un proyecto estratégico para España. Para su gestión y desarrollo 
resulta necesario la creación de un nuevo organismo o institución, con personalidad 
jurídica propia, que asuma las responsabilidades que corresponden al país anfitrión. La 
participación  de  la  AGE  limita  las  posibilidades  organizativas  al  sector  público 
institucional. Por otra parte, la participación, en régimen de igualdad de la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía,  recomienda  la  exclusión  de  los  organismos  públicos 
dependientes,  exclusivamente  de  la  AGE,  como  son  los  organismos  autónomos 
estatales o de los organismos dependientes de la AGE o de un organismo autónomo 
estatal, como son las entidades públicas empresariales. Lo mismo sería de aplicación a 
un organismo dependiente de la Comunidad Autónoma. Así, el análisis de la forma 
jurídica del organismo se ha centrado en algunos de los aspectos diferenciales de 
sociedades mercantiles, fundaciones del sector público y consorcios.
Se han examinado las posibilidades siguientes:
1.  Sociedades mercantiles estatales.
Su  creación  requiere  autorización  del  Consejo  de  Ministros  y  aunque  estén 
controladas por el Estado u organismos que integran el sector público institucional 
estatal, su regulación específica se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital,  tienen  carácter  mercantil,  cualquiera  que  sea  su  objeto.  Su  personal  está 
sometido al derecho laboral y la rendición de sus cuentas, se realiza, básicamente, 
siguiendo principios y normas recogidas en el Código de Comercio. Las sociedades 
mercantiles estatales en ningún caso podrán disponer de potestades que impliquen el 
ejercicio de autoridad pública. Este régimen jurídico, a pesar de los mecanismos de 
control público, no resulta idóneo para la gestión de una gran instalación científica  e.
europea. w.
crea2Sd.oo nre Fsou,rn tgdieaannceiizonan caeifosen cdeteasld  soce oscnutos prt iatputúridibmaliocso n.isoi na  láan cimonos edceu cliuócnr od e qfiunee,s  pdoer i nvteorluéns tgaedn edrea l.sus  OE-A-2021-10able en https://
Son fundaciones del sector público cuando se da alguna de estas circunstancias: la 
aportación inicial es mayoritaria de la Administración General del Estado, más del 50 % 
de su patrimonio está constituido por bienes o derechos aportados por organismos del 
sector  público  institucional  estatal  o  cuando  la  mayoría  de  votos  en  el  patronato 
pertenecen a organismos del sector público institucional estatal. Su regulación, aparte de 
las normas previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público,  se  recoge  en  la  Ley  50/2002,  de  26  de  diciembre,  de  Fundaciones.  Las 
fundaciones del sector público no pueden ejercer potestades públicas y su personal, al 
igual que sucede en las sociedades mercantiles estatales, está sometido al derecho 
laboral. La estructura de sus órganos de dirección y control, compuesta por un patronato 
y el protectorado no aporta ventajas para la gestión de una gran instalación científica.
Si bien una fundación tendría la flexibilidad necesaria para un proyecto de este tipo, 
hay que tener en cuenta que la fundación no es una persona jurídica dependiente de las 
administraciones  que  la  crean.  No  se  podría  por  ello  hablar  propiamente  de  una 
fundación dependiente de las administraciones interesadas en el proyecto de referencia, 
sino únicamente de una fundación creada por dichas administraciones para el desarrollo 
de la instalación, pero formalmente desvinculada de aquéllas.
Las ventajas de esta opción, compartidas con la siguiente, serían la imagen pública y 
énfasis de la utilidad pública y social del proyecto, la flexibilidad en el régimen de 
contratación y laboral, la posibilidad de obtener los terrenos para la instalación y de 
obtener cofinanciación comunitaria. A estas habría que añadir un régimen fiscal algo más 
favorable  y  el  hecho  de  que  una  fundación  no  tiene  finalidad  de  lucro.  Entre  los 
inconvenientes podría haber algunos límites a la hora de realizar actos económicos.
3.  Consorcio.
Los  consorcios  son  entidades  de  derecho  público  creadas  por  varias 
Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre 
si o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés 
común.  Cuando  participa  la  AGE  o  entidades  dependientes,  su  creación  debe  ser 
autorizada por Ley y se plasma en un Convenio entre las entidades consorciadas y en 
sus estatutos. Su característica esencial es, por tanto, su base asociativa en la que 
participan administraciones o entidades públicas. Se genera, así, una nueva persona 
jurídica para la gestión de intereses comunes de esas administraciones o entidades 
públicas. Su régimen jurídico está marcado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, así como por la normativa autonómica aplicable y 
finalmente,  también  por  sus  estatutos.  En  particular,  el  personal  al  servicio  de  los 
consorcios se somete al régimen previsto en el artículo 121 de dicha Ley.
Uno de los elementos esenciales de la constitución del consorcio IFMIF-DONES 
como persona jurídica es la participación de dos administraciones públicas, la AGE y la 
de la Junta de Andalucía en el proyecto. Ambas administraciones actuando en el uso de 
sus competencias, tienen intereses comunes en esta gran instalación científica. En este 
sentido, el consorcio es la forma jurídica específicamente diseñada para canalizar la 
gestión de estos intereses comunes. En su regulación se refleja la adscripción del 
consorcio a la AGE, quedando por tanto sujeto a la normativa estatal y al régimen de 
control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, y del 
Tribunal de Cuentas.
La posible integración de funcionarios y de personal laboral en el consorcio, abre 
alternativas en el ámbito de la gestión y ofrece un abanico más amplio de instrumentos  e
de gestión. Por ello, el consorcio se considera la forma jurídica más eficiente para la  bo
gestión de este proyecto. Se ha demostrado en la gestión de grandes infraestructuras de  405ww
In+uDm+eI roqsuoes  eesjteam epnlotsid adde  juerllíod icean  gEasrapnatñizaa,  csoum coo nssotnru clocisó nn uye vfuen ccioonnsaomrcieionsto .d eE xIi+sDte+ni 
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Laboratorio de Luz Sincrotrón, que ha permitido gestionar con éxito la gran instalación
científica «Sincrotrón ALBA», cuyo coste de inversión total ascendió a 201 M€ y cuyo 
coste de explotación anual supone 21 M€/año.
c)  La  fundamentación  de  la  estructura  organizativa  elegida,  determinando  los 
órganos  directivos  y  la  previsión  sobre  los  recursos  humanos  necesarios  para  su 
funcionamiento.
Atendiendo al tipo de proyecto de que se trata, la estructura que se ha propuesto 
reúne una serie de características que se consideran esenciales:
– Asegurar que las administraciones públicas participantes en el proyecto ejercen el 
control del Consorcio a través de los órganos de dirección (Consejo Rector, Comisión 
Ejecutiva  y  Dirección)  y  a  través  de  la  participación  de  la  Abogacía  del  Estado 
(previéndose la suscripción de un Convenio con el Servicio Jurídico del Estado al efecto) 
y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) (cuentas anuales y 
auditorías operativas).
– Asegurar la percepción de la naturaleza pública del proyecto.
– Proporcionar flexibilidad en el proceso de construcción y en la posterior fase de 
explotación de la instalación, necesaria en la gestión de proyectos internacionales de 
gran  envergadura  como  el  actual,  en  especial  para  la  contratación  de  obras  e 
instalaciones y para la contratación de personal o servicios especializados. En el marco 
de esa flexibilidad, asegurar también la posibilidad de una relación fluida con terceros 
usuarios de los servicios de la instalación.
– Asegurar la posibilidad de acceso a los Fondos Estructurales comunitarios para la 
construcción de la instalación y la concurrencia del Consorcio a convocatorias públicas 
de  financiación  de  proyectos  de  I+D+i.  Para  ello,  los  estatutos  establecen  que  el 
consorcio es un agente público de ejecución del sistema español de I+D+i, según lo 
establecido  en  el  artículo  3.4  de  la  Ley  14/2011,  de  1  de  junio,  de  la  Ciencia,  la 
Tecnología y la Innovación.
El Consorcio se regirá por las disposiciones establecidas en sus estatutos, por la 
reglamentación  interna  dictada  en  desarrollo  de  los  mismos  y  por  el  ordenamiento 
jurídico de la administración pública de adscripción y en todo caso por la normativa 
básica que resulte de aplicación.
Los recursos humanos necesarios son muy distintos en las diferentes fases del 
Consorcio. En general, se considera que el Consorcio necesita una estructura básica 
que asegure su funcionamiento. Durante la fase inicial (fase de candidatura) los recursos 
humanos necesarios serían limitados (se incrementarían progresivamente hasta alcanzar 
en torno a 5-10 personas en función de las actividades específicas que se pongan en 
marcha y las disponibilidades económicas).
d)  El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un 
estudio  económico-financiero  que  acredite  la  suficiencia  de  la  dotación  económica 
prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del 
organismo,  atendiendo  a  las  fuentes  futuras  de  financiación  de  los  gastos  y  las 
inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del 
Estado.
La  actividad  del  Consorcio  se  organiza  en  diferentes  fases  con  objetivos  y 
necesidades de financiación diferentes en función de los resultados obtenidos en las 
fases anteriores. En una fase inicial (fase de candidatura), que se extiende por un 
periodo  de  tiempo  entre  uno  y  4  años,  el  objetivo  principal  del  Consorcio  será  el 
desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para promover la puesta en marcha  e
internacional del proyecto. Esta fase se abordará en virtud del Convenio de constitución  bo
del consorcio y mediante la dotación presupuestaria contenida en el mismo para el  405ww
perioEdno  c2a0s2o1 -2d0e2 3é.xito  de  la  candidatura,  se  iniciaría  la  fase  de  construcción  de  la
einxfpraloetsatcruiócntu rcaie, nctoífnic uon-tae cdnuoralócgióicna  apcoronx imunaad ad duera 1c0ió na ñaops.r oYx, impoasdtae riodrem 2e0n tea,ñ uonsa.  fAasmeb daes 
fases se abordarían previa modificación del Convenio de constitución del consorcio y
dotación presupuestaria correspondiente en ejercicios futuros, que quedaría sometida a 
las autorizaciones pertinentes.
Fase de candidatura
Para  la  fase  inicial,  el  presupuesto  anual  provendría  fundamentalmente  de  las 
aportaciones de las partes consorciadas, según la distribución prevista en la cláusula 
segunda del Convenio de constitución del mismo, que se reproduce a continuación:
  2021 2022 2023 Total
AGE. 250.000,00 250.000,00 251.000,00 751.000,00
CTEICU. 250.000,00 250.000,00 251.000,00 751.000,00
  TOTAL. 500.000,00 500.000,00 502.000,00 1.502.000,00
Estos fondos estarían dedicados a la financiación de actividades relacionadas con la 
preparación de la estructura básica del Consorcio, actividades para la promoción de la 
candidatura y actividades para la preparación de la fase de construcción que se justifican 
por su importante efecto de promoción de la candidatura.
El Consorcio deberá tener la capacidad de acudir a convocatorias competitivas de 
organismos nacionales e internacionales que permitirían conseguir fondos adicionales 
para actividades específicas.
Fase de construcción
Para la fase de construcción de la infraestructura, España presentó a la Agencia 
Europea F4E y la Comisión Europea, una propuesta para instalar IFMIF-DONES en 
Granada basada en una financiación del 50 % de la construcción utilizando fondos 
estructurales (un 25 % adicional sería financiado por la UE y el otro 25 % restante 
debería ser financiado por otros socios internacionales, europeos u otros, como Japón o 
Estados Unidos). El período de construcción previsto es de diez años.
El presupuesto actualmente estimado para la construcción de IFMIF-DONES es 
de  600  M€.  La  aportación  española,  por  tanto,  sería  de  unos  300  M€  de  fondos 
estructurales (teniendo en cuenta el emplazamiento propuesto, con un ratio de cobertura 
por parte de la Comisión Europea del 80 %), complementados con cierta cantidad de 
financiación nacional para tener en cuenta actividades no cubiertas por la financiación 
basada en fondos estructurales. Los fondos FEDER necesarios, si bien se han reservado 
parcialmente dentro del periodo de programación FEDER 2014-2020, se emplearían en 
su mayoría dentro del siguiente periodo de programación FEDER 2021-2027.
En cualquier caso, en el momento en el que se confirme el inicio de la construcción 
del  proyecto  internacional  se  realizará  un  anteproyecto  presupuestario  y  una 
actualización de la planificación financiera asociada teniendo en cuenta los acuerdos 
internacionales a los que se haya llegado.
En  esta  fase,  el  Consorcio  deberá  también  tener  la  capacidad  de  acudir  a 
convocatorias competitivas de organismos nacionales e internacionales que permitirían 
conseguir fondos adicionales para actividades específicas.
Fase de explotación s
En el periodo de explotación científico-tecnológica se prevé que el Consorcio sea el  w.b
Operador de la instalación. En la oferta presentada por España para la instalación IFMIF- 405ww
DmOayNoEr Sp aernte  Gproarn laad Ca osmei spióronp Eonuero pqeuae,  lyo sE csopsatñeas  sdee  hoapríear accaiórgno  sdeeríla 1n0  c%ub ideert oéss teons.  sEul 
períLoodso  dceo sotepse radcei óonp perreavciisótno  aecst udael male mnteen oess tvimeiandteo sa ñsoosn. del orden de 55 M€ anuales
(1100 M€ en veinte años). La aportación española, por tanto, sería de unos 5,5 M€
anuales. Estos gastos no pueden cubrirse mediante la utilización de fondos estructurales 
y deberán ser aportados por las entidades consorciadas. En cualquier caso, en el 
momento en el que se confirme el inicio de la construcción del proyecto (y en el inicio de 
la fase de explotación científica) se realizará un anteproyecto presupuestario y una 
actualización de la planificación financiera asociada teniendo en cuenta los acuerdos 
internacionales a los que se haya llegado.
En  esta  fase,  el  Consorcio  deberá  también  tener  la  capacidad  de  acudir  a 
convocatorias competitivas de organismos nacionales e internacionales que permitirían 
conseguir fondos adicionales para actividades específicas.
Impacto socioeconómico
Los  beneficios  del  proyecto  para  España  indican,  en  estudios  preliminares 
financiados por la Universidad de Granada, que la producción de bienes y servicios 
aumentará en más de 6.000 M€ (79,0 % del total generado por el Proyecto), lo que 
elevará el Valor Agregado Bruto (VAB) en alrededor de 2.700 M€, provocando la creación 
de alrededor de 1.600 empleos (directos e indirectos) durante el periodo en el que el 
proyecto esté en marcha. Andalucía será la región española que más se beneficiará de 
IFMIF-DONES, pues su producción crecerá en más de 4.000 M€, se generarán 1.000 
empleos y el VAB aumentará en 1.800 M€. La experiencia del impacto local de proyectos 
como CERN, ITER o la ESA avalan estas estimaciones.
e)  Los  objetivos  del  organismo,  justificando  su  suficiencia  o  idoneidad,  los 
indicadores para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para 
alcanzarlos,  especificando  los  medios  económicos  y  personales  que  dedicará, 
concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su 
procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en 
que  se  prevé  desarrollar  la  actividad  del  organismo.  Asimismo,  se  incluirán  las 
consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en 
particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en el caso 
de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de productividad o concepto 
equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el plan de creación y en los anuales.
Objetivos del organismo
El Consorcio tendría como objetivo contribuir al Programa Europeo de Fusión, entre 
otras cosas, a través del diseño, construcción, equipamiento y explotación del acelerador 
IFMIF-DONES.  El  Consorcio  gestionará  y  promoverá  la  colaboración  científica, 
económica, técnica y administrativa de las entidades que lo integran y ostentará la 
titularidad  de  la  infraestructura  científico-técnica  construida  y  financiada  con  sus 
recursos.
IFMIF-DONES será una instalación científica y tecnológica puesta a disposición de la 
comunidad científica y tecnológica nacional, europea e internacional dentro del Programa 
Europeo de Fusión. La infraestructura contará con la colaboración internacional y se 
insertará de pleno en las iniciativas de coordinación y colaboración europeas en este 
campo.
Programación plurianual estratégica s
Como ya se ha indicado anteriormente, en una fase inicial (fase de candidatura), que  w.b
se extiende por un periodo de tiempo de hasta 4 años, el objetivo principal del Consorcio  405ww
smearárc heal  dinetsearnrraocllioo ndael  dtoedl apsro ayqeucetoll.as actividades necesarias para promover la puesta en
infraEens trcuacstuor ad, ec oénx iuton ad deu rlaac icóann adpidraotxuimraa, dsae d ein idciieazrí aa ñloas .f aYs, ep odsete rcioornmsterunctec,i óunn ad efa slea 
de explotación científico-tecnológica con una duración aproximada de veinte años.
En lo que sigue se consideran tan solo aquellos aspectos relativos a la citada fase 
inicial.
En este sentido, las actividades a desarrollar en esa fase inicial encaminadas a 
potenciar la candidatura de Granada para acoger la infraestructura IFMIF-DONES se 
pueden resumir en las siguientes:
1.  Generar una infraestructura y un entorno de trabajo en el que sea posible 
desarrollar todas las actividades necesarias para la puesta en marcha de un proyecto de 
estas características, así como otras relacionadas con la promoción de la candidatura 
incluyendo la posibilidad de acoger, de forma provisional, al personal de otros centros de 
investigación o empresas que, formando parte del equipo de proyecto, deban realizar 
sus actividades en la cercanía del emplazamiento.
2.  Desarrollar  una  estructura  que  asegure  la  coordinación  las  actividades 
relacionadas  con  la  infraestructura  IFMIF-DONES  que  se  desarrollen  en  otros 
organismos e instituciones españolas e internacionales.
3.  Soporte de algunos laboratorios de interés general que sirvan de apoyo a la 
futura instalación IFMIF-DONES, en colaboración con CIEMAT y UGR.
Estas actividades complementarán a las que tengan lugar en el marco del proyecto 
de la Fase Preparatoria de ESFRI (proyecto DONES-PreP, financiado por la UE y 
coordinado por el CIEMAT), ya en marcha, para la preparación del equipo internacional 
que gestionará IFMIF-DONES. También complementarán a las que se llevan a cabo en 
el marco del consorcio europeo EUROfusion con el objetivo de avanzar en el diseño 
técnico de los diferentes sistemas y componentes de la instalación, y las que se llevarán 
a cabo por el CIEMAT y cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
el marco del proyecto DONES-PRIME, encaminadas a la construcción de un conjunto de 
infraestructuras auxiliares en el emplazamiento de IFMIF-DONES.
Los indicadores asociados al seguimiento de los objetivos del consorcio deberán ser 
muy distintos en función de las diferentes fases previstas a lo largo del tiempo. Para la 
fase inicial, el principal indicador es el éxito en la consecución de la candidatura, y por 
consiguiente la posterior construcción del proyecto internacional IFMIF-DONES en el 
emplazamiento de Escúzar. Como indicador complementario se podría definir el grado 
de cumplimiento del plan de trabajo.
Medios económicos y personales
Se  considera  que  el  Consorcio  necesita  una  estructura  básica  que  asegure  su 
funcionamiento, que constará con personal contratado en régimen laboral. La contratación de 
este equipo de trabajo se ajustará a los principios de capacidad, mérito, publicidad, igualdad y 
concurrencia, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre. Se valorará también la posibilidad de adscripción temporal de personal procedente 
de entidades públicas de I+D+i con competencias relevantes para los fines perseguidos, 
previo Convenio entre la entidad cedente y el consorcio.
La modalidad de contratación de la dirección será mediante contrato de alta dirección 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se 
regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades, y su normativa de desarrollo.
Proyección presupuestaria trienal Consorcio IFMIF-DONES e.e
Inversiones 405www.
  2021 2022 2023
  Inversiones: 88.000,00 45.000,00 0,00
212.  Instalaciones técnicas. 48.000,00 45.000,00 0,00
  2021 2022 2023
213.  Maquinaria. 0,00 0,00 0,00
215.  Otras Instalaciones. 16.000,00 0,00 0,00
216.  Mobiliario. 8.000,00 0,00 0,00
217.  Equipos proceso información. 16.000,00 0,00 0,00
231.  Construcción. 0,00 0,00 0,00
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  2021 2022 2023
  INGRESOS: 500.000,00 500.000,00 502.000,00
MCIN. 250.000,00 250.000,00 251.000,00
Junta de Andalucía. 250.000,00 250.000,00 251.000,00
  GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 396.100,00 456.500,00 502.000,00
602.  Consumo materias primas y otras materias 
3.900,00 4.500,00 5.600,00
consumibles.
607.  Trabajos realizados por otras empresas. 78.000,00 63.000,00 20.000,00
64.  Gastos de personal. 99.100,00 180.000,00 290.000,00
621.  Arrendamientos y cánones. 39.000,00 51.500,00 50.000,00
622.  Reparaciones y conservación. 0,00 0,00 0,00
623.  Servicios de profesionales independientes. 39.000,00 27.000,00 10.000,00
624.  Transportes. 7.800,00 13.500,00 16.900,00
625.  Primas de seguros. 2.340,00 2.700,00 3.000,00
626.  Servicios bancarios y similares. 390,00 450,00 500,00
627.  Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 11.700,00 18.000,00 5.000,00
628.  Suministros. 3.900,00 4.500,00 5.000,00
629.  Otros servicios. 81.510,00 40.050,00 30.000,00
630.  Tributos. 780,00 900,00 10.000,00
680.  Amortización del inmovilizado intangible. 0,00 0,00 0,00
681.  Amortización del inmovilizado material. 28.680,00 50.400,00 56.000,00
  RESULTADO DEL EJERCICIO. 103.900,00 43.500,00 0,00