BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17 Jueves 20 de enero de 2022 Sec. TC.   Pág. 6202
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
946 Pleno. Auto 107/2021, de 15 de diciembre de 2021. Recurso de amparo 
1621-2020. Inadmite las recusaciones formuladas en distintos procesos de 
amparo promovidos en causas penales.
ECLI:ES:TC:2021:107A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don  Santiago  Martínez-Vares  García,  don  Antonio  Narváez  Rodríguez,  don  Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique 
Arnaldo  Alcubilla,  y  las  magistradas  doña  Concepción  Espejel  Jorquera  y  doña 
Inmaculada Montalbán Huertas, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 1 de diciembre de 2021, don 
Emilio Martínez Benítez, procurador de los tribunales, en nombre y representación de 
don Oriol Junqueras Vies y de don Raül Romeva Rueda, en el recurso de amparo núm. 
1621-2020, promovió la recusación del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla y de la 
magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, con fundamento en la causa prevista en 
el apartado décimo del art. 219 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial  (LOPJ).  En  el  caso  del  magistrado  don  Enrique  Arnaldo,  la  recusación  se 
sustentaba  en  la  pérdida  de  apariencia  de  imparcialidad  que  resultaría  de  las 
afirmaciones  y  opiniones  que  se  entrecomillan,  efectuadas  en  el  libro  Tiempo  de 
Constitución: Límites, controles y contrapesos del poder, y también por las efectuadas en 
«artículos como el que obra en la colección de la fundación FAES, think tank vinculado al 
Partido Popular», a los que se refiere sin más detalle. Y en el caso de la magistrada 
doña Concepción Espejel, se basaba en «posiciones cercanas ideológicamente a las del 
partido político Partido Popular, con una estrecha afinidad a sus programas y dirigentes 
destacados, así como vinculaciones y afinidades con el cuerpo de la Guardia Civil», 
basadas en «numerosos artículos y estudios periodísticos».
2.  El 2 de diciembre de 2021, fueron registrados seis escritos por los que los 
demandantes de amparo que se dirán, a través de sus representaciones procesales, 
promovían la recusación del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla y de la magistrada 
doña Concepción Espejel Jorquera, en los recursos de amparo núm. 1599-2020 (doña 
Dolors Bassa i Coll), núms. 2835-2021 y 2017-2021 (doña Clara Ponsatí i Obiols), núm. 
1212-2021 (don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres), núm. 
972-2021 (señores Puigdemont y Comín, señora Ponsatí y don Lluís Puig i Gordi) y núm. 
5513-2020 (señores Puigdemont y Comín), con sustento en las causas previstas en los  s
apartados noveno, décimo, decimotercero, decimocuarto y decimosexto del art. 219 LOPJ. oe.
En el caso del magistrado don Enrique Arnaldo, la recusación tenía su anclaje fáctico  w.
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días 30 de julio de 2015 y 28 de julio de 2016, así como por la firma del manifiesto
«Parar el golpe», fechado el 17 de septiembre de 2017, que habrían supuesto una toma  Bc
de posición previa sobre los asuntos que son objeto de los recursos de amparo; (ii) y en 
la amistad íntima con don José Manuel Maza Martín, quien fue fiscal general del Estado, 
don Manuel Marchena Gómez y don Antonio del Moral García, presidente y magistrado 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y con el letrado de la Junta Electoral 
Central, que la representó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, así como por su estrecha relación con el Partido Popular, cuya posición ha 
sido contraria a los recusantes.
La recusación de la magistrada doña Concepción Espejel, se fundamentaba en: (i) 
haber sido presidenta de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que enjuició los 
hechos  objeto  del  procedimiento  sumario  núm.  7-2018,  que  estarían  claramente 
relacionados con los hechos a que se refiere la causa penal núm. 20907-2017 que se ha 
seguido ante el Tribunal Supremo y por algunas afirmaciones contenidas en el voto 
particular  que  formuló  a  la  sentencia  de  21  de  octubre  de  2020  dictada  en  dicho 
procedimiento, como también en las referencias que realizó en el mismo a la sentencia 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 459/2019 –dictada en la causa especial 
núm. 20907-2017–, que demostrarían tener formado criterio sobre la condena de los 
recurrentes en amparo; (ii) y, finalmente, en su pertenencia a la Asociación Profesional 
de la Magistratura, que, a juicio de los recusantes, ha demostrado su animadversión 
hacia distintos dirigentes independentistas, y su estrecha vinculación con el Partido 
Popular, que la privaría de la necesaria apariencia de imparcialidad.
Debe añadirse que, salvo en la recusación que presentó la señora Bassa, en todas 
las demás, en el otrosí quinto, se solicitó la abstención del presidente del Tribunal 
Constitucional, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, por su «estrecha amistad» 
con el magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, para intervenir en la tramitación del 
incidente y subsidiariamente se planteó su recusación.
3.  Por último, el día 3 de diciembre de 2021, se presentaron cinco nuevos escritos 
de recusación de los mismos magistrados, en los recursos de amparo núm. 1638-2020 
(don Joaquim Forn i Chiariello), núms. 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021 
(don Joaquim Torra i Pla). La recusación interpuesta por el señor Torra, se formula en 
idénticos términos, salvo el motivo de amistad íntima con el fallecido don José Manuel 
Maza Martín que no se contempla.
En la recusación formulada por el señor Forn, se invocan las causas previstas en el 
apartado décimo y decimotercero del art. 219 LOPJ. En relación con el magistrado don 
Enrique Arnaldo, al igual que las recusaciones anteriores, los motivos de recusación 
derivaban nuevamente de concretos pasajes contenidos en los libros citados y de la 
firma del citado manifiesto, así como de su estrecha relación con el Partido Popular. Y, en 
relación con la magistrada doña Concepción Espejel nuevamente por su pertenencia a la 
Asociación Profesional de la Magistratura y por su estrecha vinculación con el Partido 
Popular.
4.  Por providencia dictada el 15 de diciembre de 2021 por el Pleno de este tribunal, 
se designó ponente para el conocimiento de los escritos de recusación al magistrado don 
Santiago Martínez-Vares García, al que le correspondía por turno de reparto.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto de la presente resolución.
El objeto de la presente resolución es dar respuesta a las treinta y tres solicitudes de  oe.
recusación del presidente del tribunal y de los magistrados don Enrique Arnaldo Alcubilla  w.
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1638-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021, al considerar que concurren
las causas de recusación previstas en los apartados 9, 10, 13, 14 y 16 del art. 219 LOPJ. Bc
Como se ha expuesto en los antecedentes la recusación del magistrado don Enrique 
Arnaldo  se  sustenta  en  las  manifestaciones  contenidas  en  diversas  publicaciones 
académicas y en algunas periodísticas; en su estrecha relación con el Partido Popular; y 
en su amistad íntima con los ya citados señores Maza, Marchena, Del Moral y con un 
letrado de la Junta Electoral Central, que la representó ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el recurso presentado por los señores Puigdemont y Comín.
La recusación de la magistrada doña Concepción Espejel se fundamenta en sus 
posiciones próximas al mismo partido político, sus vinculaciones con el cuerpo de la 
Guardia Civil, acreditadas por «numerosos artículos y estudios periodísticos», y por 
haber presidido el juicio del procedimiento sumario núm. 7-2018, así como por algunas 
afirmaciones contenidas en el voto particular que formuló a la sentencia que se dictó en 
el mismo.
2.  Legitimación democrática de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Es  obligado  recordar,  a  la  vista  del  cúmulo  de  recusaciones  planteadas,  la 
naturaleza,  legitimidad  y  posición  institucional  del  Tribunal  Constitucional  y  de  sus 
magistrados.
La  especial  naturaleza  de  este  tribunal  viene  determinada  por  su  singular 
configuración  dentro  del  entramado  institucional  definido  por  la  propia  Constitución 
Española y por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Se trata de un 
órgano «único en su orden» (art. 1.2 LOTC), a quien se atribuye en exclusiva un ámbito 
funcional que le coloca en una posición desde la que puede ejercer un control real y 
efectivo sobre la actuación desplegada por los tres poderes del Estado. El eventual 
ejercicio de estas potestades, que aparecen descritas –en sus elementos esenciales– en 
el art. 161 CE, justifica que, en lógica coherencia, sus miembros ostenten la necesaria 
legitimidad de origen que, en este caso, está vinculada a la intervención de esos tres 
poderes. De esta forma, se puede decir que los poderes del Estado depositan en los 
integrantes del tribunal la facultad de control de sus propias actuaciones, otorgando la 
necesaria fuente legitimadora que permite al tribunal corregir la actividad llevada a cabo 
por unos poderes del Estado que poseen su propia fuente de legitimación democrática. 
Solo  así  puede  entenderse,  por  ejemplo,  que  el  tribunal  pueda  anular,  por 
inconstitucionales [art. 161.1 a) CE], las disposiciones legislativas aprobadas por las 
Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66.1 CE) de la que, a su vez, 
emanan los poderes del Estado (art. 1.2 CE).
En palabras de la STC 49/2008, de 9 de abril, «la concreta participación de cada 
órgano constitucional en dicha elección […] debe interpretarse a la luz de las normas 
constitucionales que los regulan, así como del sistema institucional que se deriva del 
texto constitucional. En este sentido, […] la opción constitucional por la Monarquía 
parlamentaria como forma política del Estado (art. 1.3 CE) implica necesariamente que, 
con independencia de la terminología empleada en el art. 159.1 CE, al Gobierno, al 
Consejo General del Poder Judicial, al Congreso y al Senado les corresponde la elección 
de  los  magistrados  –y  no  la  mera  formulación  de  propuestas–,  y  al  monarca  su 
nombramiento».
Este rasgo distintivo del tribunal se proyecta sobre los magistrados que lo integran. 
La naturaleza de las competencias atribuidas a este órgano determina la diversidad de 
planteamientos jurídicos sobre la interpretación de los preceptos constitucionales que, en 
su caso, puedan acontecer. Como señala el ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 3, la 
«inevitable incidencia en la interpretación jurídica de las particulares concepciones del  e
Derecho y visiones del mundo de cada magistrado se refleja en la necesaria pluralidad  bo
de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del tribunal  w
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rango, susceptibles de distintas interpretaciones jurídicas en las que inevitablemente
influyen elementos conceptualmente ideológicos, todos ellos dentro del amplio espacio 
diseñado por el texto constitucional.
Esa pluralidad de perspectivas es lo que justifica que, por ejemplo, la Constitución no 
prohíba la pertenencia de los magistrados a partidos políticos o sindicatos. Se trata de 
una  «nota  diferencial  en  relación  con  los  miembros  del  Poder  Judicial  que  el 
constituyente ha establecido conscientemente –tal y como se evidencia en los trabajos 
parlamentarios de la elaboración del texto constitucional– y que se corresponde con la 
especial naturaleza del Tribunal Constitucional, con la limitación temporal del mandato de 
sus miembros» (art. 159.3 CE), «con el carácter político de sus designaciones por los 
tres  poderes  del  Estado  y  con  el  efecto  de  las  propias  resoluciones  del  tribunal, 
susceptibles de corregir las decisiones de esos tres poderes» (ATC 180/2013, de 17 de 
septiembre, FJ 3). Una característica esta que es perfectamente homologable con los 
países  de  nuestro  entorno,  como  Alemania  (art.  18.2  de  la  Ley  del  Tribunal 
Constitucional Federal, de 12 de marzo de 1951), Francia (art. 2 del Decreto núm. 
59/1292, de 13 de noviembre de 1959) e Italia (conforme a su Ley de 11 de marzo 
de 1953), y que ha sido validada expresamente por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en su sentencia de 22 de junio de 2004, asunto Pabla Ky c. Finlandia (ver, en 
tal sentido, el ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 3).
La pluralidad de la magistratura constitucional se convierte, así, en una seña de su 
propia identidad, por lo que no puede suponer, sin más, la incompatibilidad para el 
ejercicio de sus funciones, mediante una genérica causa de recusación que ponga en 
tela de juicio su imparcialidad. Por ello, «[l]as diversas circunstancias que definen la 
personalidad de cada uno de los magistrados y conforman su trayectoria personal no 
pueden  considerarse  sin  más  condicionamientos  negativos  que  afecten  a  su 
imparcialidad, pues la imparcialidad que exige el art. 22 LOTC no equivale a un mandato 
de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político casi imposible 
de  cumplir  en  cualesquiera  profesionales,  también  en  los  juristas  de  reconocida 
competencia» (ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 3). Así hemos afirmado que «una 
afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar 
los asuntos que según su ley orgánica este tribunal debe decidir» (ATC 226/1988, de 16 
de febrero, FJ 3). Y en diversas resoluciones este tribunal declara que «la afinidad 
ideológica no constituye por sí sola causa de recusación» (ATC 195/1983, de 4 de mayo, 
y STC 162/1999, de 27 de septiembre). De hecho, el perfil ideológico y jurídicamente 
heterogéneo es lo que contribuye a conformar el tribunal, y determina la designación de 
sus miembros. Va en la propia naturaleza de las cosas que un magistrado del Tribunal 
Constitucional haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones expresadas 
a través de los instrumentos habituales de difusión jurídica, que conforman su trayectoria 
profesional y que, por lo tanto, delimitan los principios de mérito y capacidad que le 
habilitan para el ejercicio de sus funciones.
No  obstante,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  «los  miembros  de  este  Tribunal 
Constitucional actúan sometidos a estrictos parámetros jurídicos y con el solo medio de 
la argumentación jurídica para resolver las controversias que llegan a su conocimiento, 
incluso las que presentan un perfil o unas consecuencias más netamente políticos, sin 
más  subordinación  que  a  la  Constitución.  Los  argumentos,  que  son  objeto  de  la 
pertinente y en ocasiones prolongada deliberación en las sesiones colegiadas, quedan 
recogidos debidamente en los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión que 
resuelve el proceso constitucional de que se trate. En última instancia, la obligada 
motivación en la que se sustentan las resoluciones garantiza su transparencia y su  s
accesibilidad, a través de la puntual publicación de las mismas, tanto para las partes del  oe.
proceso como para la comunidad jurídica y la sociedad en general» (ATC 180/2013,  w.
de 17 de septiembre, FJ 3). 6w
3.  Composición del Tribunal Constitucional para decidir las recusaciones.
A)  La resolución que debemos adoptar debe tomar en consideración tres elementos 
fácticos:
a)  El  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  ha  aceptado  la  abstención  de  los 
magistrados don Antonio Narváez Rodríguez y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, en 
los recursos de amparo núms. 1621-2020, 1599-2020 y 1638-2020 (AATC 18/2021, 
de 16 de febrero, y 48/2021, de 21 de abril); 2835-2021 (AATC 98/2021 y 99/2021, de 28 
de octubre); 1212-2021 (AATC 22/2021, de 4 de marzo, y 82/2021, de 15 de septiembre); 
núm. 972-2021 (AATC 93/2021, de 5 de octubre, y 48/2021, de 21 de abril).
b)  En nueve de las doce recusaciones planteadas, que debe resolver este auto, en 
concreto las interpuestas en los recursos de amparo núms. 2835-2021, 1212-2021, 
972-2021, 2017-2021, 5513-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020, 6056-2021, se 
recusa al presidente del Tribunal Constitucional don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, a los efectos de su intervención en el incidente de recusación del magistrado 
don Enrique Arnaldo Alcubilla, para el caso de que no se abstenga, «por su estrecha 
relación de amistad» con él.
c)  Los magistrados recusados don Enrique Arnaldo Alcubilla y la magistrada doña 
Concepción  Espejelj  Jorquera,  fueron  nombrados  respectivamente  por  los  Reales 
Decretos 1034/2021 y 1035/2021, de 17 de noviembre, publicados al día siguiente 
(«BOE» núm. 276). Y por acuerdo de 19 de noviembre de 2021, del Pleno del Tribunal 
Constitucional,  publicado  el  día  23  de  noviembre  siguiente  («BOE»  núm.  280),  se 
dispuso la composición de las Salas y Secciones que lo integran.
B)  Teniendo presentes los datos anteriores, la recusación planteada afecta a un 
número de magistrados de los que componen el tribunal, que reduce el número de los no 
recusados ni abstenidos hasta el extremo de imposibilitar la constitución del Pleno con el 
quórum exigido por la ley para decidir sobre las recusaciones planteadas (art. 14 LOTC).
En situaciones como la descrita, la singular conformación del Tribunal Constitucional, 
que se guía por las reglas generales de sustitución de magistrados contenidas en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, pero que por su naturaleza de órgano constitucional no 
admite la sustitución puntual o meramente circunstancial de los magistrados que lo 
componen, exige una flexibilización de las reglas generales y subsidiarias que rigen los 
institutos de la recusación y la abstención de los magistrados. Es imprescindible, para 
asegurar la propia funcionalidad del órgano constitucional, que la aplicación del régimen 
de  recusación  y  de  abstención  no  conduzca  a  resultados  absurdos  o  gravemente 
perturbadores para las funciones que tiene constitucionalmente asignadas, excluir, en 
ocasiones en las que se ha planteado la recusación integral del colegio de magistrados, 
la aplicación del art. 227 LOPJ por el que se impide a los recusados formar parte del 
órgano que haya de decidir sobre su recusación.
Solo así puede alcanzarse, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 LOTC, el 
quórum imprescindible para que el tribunal pueda actuar (AATC 268/2013, de 19 de 
noviembre; 269/2015, de 17 de diciembre, y 119/2017, de 7 de septiembre, y en el 
mismo sentido AATC 443/2007, de 27 de noviembre, FJ 1, y 387/2007, de 16 de octubre, 
FJ 3). Otra solución supondría una paralización inaceptable del ejercicio de la jurisdicción 
constitucional  (AATC  80/2005,  de  17  de  febrero;  443/2007,  de  27  de  noviembre; 
126/2008, de 14 de mayo; 268/2014 y 269/2014, ambos de 4 de noviembre; 84/2020 
y 85/2020, ambos de 21 de julio, FJ 1, y 86/2021, de 16 de septiembre, FJ 2). Dicho  s
criterio, como se ha indicado, fue ya recogido en el ATC 443/2007 citado, en el que ya se  oe.
advirtió que, si la exclusión de los recusados impidiera la formación del mínimo legal  w.
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como una exigencia de inequívoca plasmación legal en el art. 4.1 LOTC, por el que «[e]l
Tribunal  Constitucional  delimitará  el  ámbito  de  su  jurisdicción  y  adoptará  cuantas 
medidas sean necesarias para preservarla».
En  dicha  defensa  de  la  jurisdicción  constitucional  encuentra  su  justificación  la 
adopción de las medidas necesarias para preservar la jurisdicción del tribunal frente a 
actos  de  las  mismas  partes  del  proceso,  si  por  actos  de  estas  el  ejercicio  de  la 
jurisdicción del tribunal pudiera impedirse u obstaculizarse en términos inaceptables 
(ATC 443/2007, FJ 2). Y, «entre dichas medidas se ha admitido la posibilidad del rechazo 
a limine de recusaciones con participación del propio recusado, [y consiguiente exclusión 
de la regla prevista en el art. 227 LOPJ], en casos excepcionales, sin lesión con ello del 
derecho fundamental al juez imparcial, como en los casos de las SSTC 47/1982, de 12 
de julio, y 155/2002, de 22 de julio» (ATC 443/2007, FJ 3). Participación que ahora 
hacemos extensible a los magistrados abstenidos, pues a la defensa de la jurisdicción 
del tribunal todos sus magistrados están llamados, sin que quepa hacer distinciones 
entre los magistrados recusados y los abstenidos, más cuando la decisión que se adopta 
versa  sobre  si  los  escritos  en  los  que  se  formula  la  recusación  deben  o  no  ser 
tramitados.
Por ello, la salvaguarda del ejercicio de la jurisdicción constitucional reclama, y 
justifica al mismo tiempo que, para dictar esta resolución, no deba excluirse de la 
conformación del Pleno a ninguno de sus magistrados presentes, y que las recusaciones 
deban inadmitirse de plano por comportar un uso manifiestamente abusivo del ejercicio 
de esa facultad por parte de los recurrentes, tendente a impedir el normal ejercicio de su 
jurisdicción por este tribunal.
4.  Inadmisión a limine de las recusaciones por razones de fondo.
Independientemente de lo antes razonado, y sin la participación desde este momento 
de los magistrados recusados, a la misma conclusión de inadmisión a limine de las 
recusaciones conducirá el examen de las causas que han alegado los recusantes.
a)  En primer lugar, debe ser abordada la recusación del presidente del Tribunal 
Constitucional,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  para  participar  en  la 
decisión  del  presente  incidente  de  recusación  del  magistrado  don  Enrique  Arnaldo 
Alcubilla, por hallarse incurso, en relación con dicho incidente, en la causa de abstención 
prevista en el artículo 219.10 LOPJ.
Debe aclararse que, aunque el precepto invocado por los recurrentes como causa 
legal de recusación es el art. 219.10 LOPJ, lo cierto es que toda su argumentación se 
subsume en la causa novena del mencionado precepto, esto es, la «amistad íntima o 
enemistad manifiesta con cualquiera de las partes», por lo que, más allá del error en que 
se incurre, es a esta pretensión a la que ha de darse respuesta.
Como más adelante se insistirá, las causas de abstención y recusación son las que 
se encuentran taxativamente fijadas en la ley y los motivos de recusación «han de 
subsumirse necesariamente en algunos de aquellos supuestos que la norma define 
como tales» (por todos, ATC 226/2002, de 20 de noviembre, FJ 1). Pues bien, tanto el 
tenor del precepto como la interpretación que este tribunal ha realizado en todo momento 
del art. 219.9 LOPJ, exigen que la relación de amistad o enemistad se produzca con las 
partes del proceso (ATC 226/1988, de 16 de febrero, FJ 2) condición que obviamente no 
ostentan los integrantes del colegio de magistrados en el ejercicio de sus funciones.
Debemos, por ello, concluir sin ulteriores consideraciones que procede la inadmisión 
a limine de la recusación propuesta, al aparecer, de modo inequívoco y manifiesto, que  s
el magistrado don Enrique Arnaldo no ostenta la condición de parte en este proceso  oe.
constitucional  de  amparo,  de  tal  manera  que  se  halla  ausente,  a  todas  luces,  el  w.
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recusaciones  formuladas  en  los  recursos  de  amparo  núms.  1638-2020,  3476-2020,
4586-2020 y 5840-2020, toda vez que cuando se presentaron había transcurrido el plazo
de diez días desde que las partes comparecidas –don Joaquim Forn i Chiariello y don 
Joaquim Torra i Pla– pudieron tener conocimiento del nombramiento de los recusados 
como  magistrados  del  Tribunal  Constitucional  a  través  de  su  publicación  el  18  de 
noviembre de 2021 en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 223.1.1 LOPJ), sin que a la 
vista de la naturaleza de los motivos de recusación aducidos pueda inferirse que el 
conocimiento de los hechos en que se sustentan fuera posterior a la fecha de publicación 
del nombramiento.
c)  En  tercer  lugar,  la  aludida  composición  específica  de  este  Tribunal 
Constitucional, cuyos magistrados no son susceptibles de sustitución, conduce a una 
interpretación estricta o no extensiva de las causas de recusación o abstención previstas 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 8). De 
este modo, como hemos adelantado anteriormente «los motivos de recusación han de 
subsumirse necesariamente en algunos de aquellos supuestos que la ley define como 
tales» (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 21, y 157/1993, de 6 de mayo, FJ 1; citadas 
en ATC 61/2003, de 19 de febrero, FJ 1), además de la apariencia de imparcialidad 
objetiva que ha establecido la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Lo anterior conduce al rechazo de plano de las recusaciones que se sustentan en 
meras afirmaciones de imposible encaje en un motivo de recusación y huérfanas de todo 
sustento  en  hechos  concretos,  tales  como  la  atribución  de  «posiciones  cercanas 
ideológicamente» a las de un partido político o de «vinculaciones y afinidades con el 
cuerpo  de  la  Guardia  Civil»,  o  de  la  «pertenencia  a  la  denominada  Asociación 
Profesional de la Magistratura» o, en fin, en la existencia de «animadversión hacia los 
recusantes».
La misma razón determina que se deban inadmitir a limine las recusaciones que se 
apoyan en la mera invocación de una causa legal carente de cualquier vínculo con los 
hechos que se narran para darle sustento. Así sucede en primer lugar cuando los 
recusantes, invocando de modo impropio la causa novena del art. 219 LOPJ, con claro 
error conceptual, atribuyen la condición de parte al que fuera fiscal general del Estado, 
ya fallecido, o a uno de los letrados de la Junta Electoral Central o, en fin, a los 
magistrados del Tribunal Supremo, y confunden de este modo las instituciones con quien 
las representa o atribuyen la condición de parte a quien ontológicamente es evidente que 
no puede tenerla.
También se llega a esta conclusión cuando los recurrentes atribuyen a quien ha 
intervenido en el enjuiciamiento penal de determinados hechos en su condición de 
presidenta de un órgano judicial, el motivo de recusación previsto en la causa décima 
sexta del art. 219 LOPJ, «pues, aunque en la posición de juez se forma criterio cada vez 
que se resuelve, el así adquirido nunca lo es en detrimento de la debida imparcialidad» 
(ATC 80/2005, de 17 de febrero, FJ 4, y 18/2006, de 24 de enero, FJ 3).
d)  Finalmente  debe  descartarse  que  pueda  fundarse  una  duda  legítima  de 
imparcialidad sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un 
proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea 
por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión 
antes de haber adquirido la condición de magistrado.
En efecto, «salvo que se desvirtúe el contenido de la garantía de imparcialidad, no 
puede pretenderse la recusación de un juez por el mero hecho de tener criterio jurídico 
anticipado sobre los asuntos que debe resolver. No solo el Tribunal Constitucional sino 
también el resto de tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por jueces que no 
tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración. Por  e.
imperativo  constitucional,  solo  pueden  ser  nombrados  magistrados  del  Tribunal  w.b
Constitucional quienes reúnan la condición de ‘juristas de reconocida competencia con  6w
cmoámsú dne n qi upiunecdee  aeñxotsra ñdaer  eqjeurec,i caion tepsro dfees iionnteagl’r a(rasret.  e1n5 9e.l2  cColEe)g,i op odre  lom aqguies trnaod oess,  epno ceol 
epjreorncuicnioci addeo   svuoslu nrteasrpiae cutiv aosb lipgraodfeasmioennetes   dsoeb rper ocmeadteenricaisa , jusruísd icmasie mqbureo, s fisnea lmheanytaen, 
pueden llegar a ser objeto directo o indirecto de la labor de enjuiciamiento constitucional
que tienen legalmente atribuida. Lo que precisa la función jurisdiccional son jueces con 
una mente abierta a los términos del debate y a sus siempre variadas y diversas 
soluciones  jurídicas  que  están,  normalmente,  en  función  de  las  circunstancias 
específicas del caso. Por ello, solo las condiciones y circunstancias en las que ese 
criterio previo se ha formado, o la relación con el objeto del litigio o con las partes que 
permita afirmar inclinación de ánimo, son motivos que permitirán fundar una sospecha 
legítima de inclinación, a favor o en contra, hacia alguna de estas» (ATC 18/2006, de 24 
de enero, FJ 3).
A lo expuesto, en relación con la recusación de la magistrada doña Concepción 
Espejel  deben  añadirse  dos  consideraciones:  en  primer  lugar,  en  el  voto  particular 
formulado a la sentencia de 21 de octubre de 2020 dictada por la Sección Primera de la 
Audiencia Nacional, el criterio jurídico que la recusada exteriorizó en el mismo versó 
sobre un proceso penal objetiva y subjetivamente distinto al que ha dado lugar a la 
sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 459/2019, en la causa especial 
núm. 20907-2017, y desde luego, sin ninguna conexión con el que dio lugar a la condena 
de don Joaquim Torra i Pla; y, en segundo lugar, que tras la reforma operada en el art. 50 
LOTC  por  la  Ley  Orgánica  6/2007,  de  24  de  mayo,  el  recurso  de  amparo  se  ha 
objetivado, de modo que la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública 
tutelable en amparo ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso, pues frente 
a la configuración por la que esencialmente se caracterizaba su anterior regulación, es 
imprescindible además su «especial trascendencia constitucional», en tanto que recurso 
orientado  primordialmente  a  reparar  las  lesiones  causadas  en  los  derechos 
fundamentales y libertades públicas (por todos, ATC 29/2011, de 17 de marzo). De modo 
que la perspectiva de enjuiciamiento de la jurisdicción ordinaria y la constitucional es 
distinta  al  operar  en  planos  diversos.  En  coherencia  con  ello,  son  numerosos  los 
pronunciamientos de este tribunal que declaran que el recurso de amparo no es una 
nueva instancia revisora de los hechos afirmados por los órganos judiciales. De ahí que 
la competencia de este tribunal sea limitada, siendo obligado partir de los hechos tal y 
como hayan quedado delimitados en el proceso a través de las resoluciones impugnadas 
(STC 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 3, y las que en ella se mencionan).
Por otra parte, en relación con la recusación de don Enrique Arnaldo, tanto por las 
opiniones vertidas en publicaciones académicas y en artículos de opinión antes de haber 
adquirido la condición de magistrado, como por la firma de un manifiesto con otros 
setecientos  profesores  universitarios  en  septiembre  del  año  2017,  en  el  que  se 
reclamaba el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y 
de las sentencias de este tribunal, antes incluso de que se iniciara el proceso penal que 
ha dado lugar de modo directo o indirecto a buena parte de los recursos de amparo, 
debe indicarse que por su contenido y/o momento temporal de realización, en modo 
alguno comprometen la imparcialidad del magistrado recusado.
En primer lugar, los trabajos académicos como los aludidos no pueden justificar una 
sospecha fundada de parcialidad, incluso si su tesis fuera contraria a la defendida por 
alguna de las partes. Precisamente «el trabajo académico, cuando merece tal calificativo 
–como lo merece el trabajo analizado–, se caracteriza por suponer la participación en 
una discusión racional desde una perspectiva que se somete a debate y consideración 
de la comunidad científica. Por ello, nunca es definitivo en sus conclusiones ya que 
implícitamente admite posiciones en contra y queda abierto a su modificación ante 
argumentos  más  razonables  o  mejor  justificados.  Tal  naturaleza  abierta,  e 
intelectualmente  sometida  a  debate,  no  solo  no  choca  sino  que  entronca  con  el  s
fundamento mismo de la idea de imparcialidad» (ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 5). oe.
Debe añadirse que las opiniones vertidas en un periódico o la firma del manifiesto  w.
aludido se produjeron aproximadamente cinco años antes de adquirir la condición de  6w
cmuaagleisstqraudieor,a  sdien  loqsu ere ctauns ansitqeusi earnat es lea  jhuuribsdieicrac ióinni coiraddinoa rpiaro, cye, sloo  qpueen sael  raelgculanmoa bcao netrraa 
deel cl uEmstpaltiumtoie dneto A duet olonso mpríoan.unciamientos del Tribunal Constitucional, de la Constitución y  BOE-A-cable e
Finalmente debemos concluir recordando que «nadie puede, pues, ser descalificado 
como juez en razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible 
remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les 
atribuyen» (ATC 358/1983, de 20 de julio, FJ 2).
5.  Conclusión.
Las anteriores consideraciones determinan la inadmisión a trámite de todas las 
recusaciones promovidas.
El  rechazo  a  limine  de  una  recusación  puede  producirse,  desde  luego,  como 
consecuencia  de  su  defectuoso  planteamiento  procesal  (ATC  383/2006,  de  2  de 
noviembre, FJ 2, y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2). También es posible inadmitir a 
trámite una causa de recusación, de acuerdo con el art. 11.2 LOPJ, en atención a las 
circunstancias que la circundan, de su planteamiento y de las argumentaciones de los 
recusantes (AATC 394/2006, FJ 2; 454/2006, de 12 de diciembre, FJ 3, y 177/2007, de 7 
de marzo, FJ 1).
En el caso examinado el tribunal considera que en este momento procesal puede 
afirmarse  sin  duda  la  improcedencia  de  la  recusación  solicitada  por  carecer 
manifiestamente de fundamento suficiente.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir  las  recusaciones  promovidas  por  don  Oriol  Junqueras  Vies,  don  Raül 
Romeva Rueda, doña Dolors Bassa i Coll, doña Clara Ponsatí i Obiols, don Carles 
Puigdemont i Casamajó, don Antoni Comín i Oliveres, don Lluís Puig i Gordi, don 
Joaquim  Forn  i  Chiariello  y  don  Joaquim  Torra  i  Pla  en  los  recursos  de  amparo 
núms. 1621-2020, 1599-2020, 2835-2021, 1212-2021, 972-2021, 2017-2021, 5513-2020, 
1638-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021.
Déjese el original de la presente resolución en el primero de ellos y llévese testimonio 
a los demás.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a quince de diciembre de dos mil veintiuno.–Pedro José González-Trevijano 
Sánchez.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa 
Balaguer  Callejón.–Ramón  Sáez  Valcárcel.–Enrique  Arnaldo  Alcubilla.–Concepción 
Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.