BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 200 Sábado 21 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 102542
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
14114 Resolución de 12 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
el  funcionamiento  por  medios  electrónicos  del  registro  de  convenios  y 
acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal.
Suscrito  el  Convenio  entre  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  y  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el funcionamiento por medios electrónicos del 
registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Madrid,  12  de  agosto  de  2021.–La  Secretaria  General  Técnica,  P.  S.  (Real 
Decreto 499/2020, de 28 de abril), el Subdirector General de Informes, Recursos y 
Publicaciones, Luis Navas López.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal
A 22 de julio de 2021.
REUNIDAS
De una parte, la Excma. Sra. doña Yolanda Díaz Pérez, en su condición de Ministra 
de Trabajo y Economía Social, nombrada por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 11, de 13 de enero de 2020, en uso 
de sus atribuciones conferidas en virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra, la Excma. Sra. doña Rocío Blanco Eguren, en su condición de Consejera de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo nombrada por Decreto del Presidente 4/2019, 
de 21 de enero, publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 14, de 22 
de  enero  de  2019,  en  uso  de  sus  atribuciones  conferidas  en  el  artículo  26.1  de  la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir.
EXPONEN es
Entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de  w.
Andalucía se han suscrito varios convenios para el funcionamiento de las aplicaciones  11w
electrónicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dan soporte a:
EEll  rdeegpisótsrioto d dee c eosntvaetuntiooss  yd ea clause rodrogsa nciozlaeccitoivnoess  dsein tdriacbaalejos. y empresariales.
El registro de empresas de trabajo temporal.
La entrada en funcionamiento de estas aplicaciones ha permitido que cualquier 
trámite relacionado, tanto con el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, 
el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, o el registro 
de  empresas  de  trabajo  temporal  se  pueda  realizar  de  forma  electrónica,  dando 
cumpliendo así al derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones  Públicas  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Además, la creación, de cada una de estas aplicaciones ha permitido la existencia, 
por  primera  vez,  de  una  información  completa,  tanto  de  los  convenios  y  acuerdos 
colectivos de trabajo existentes como de las organizaciones sindicales y empresariales 
cuyos estatutos están depositados en las oficinas públicas de estatutos, como de las 
empresas de trabajo temporal registradas ante cualquier autoridad laboral del Estado.
2.  El  Real  Decreto  713/2010,  de  28  de  mayo,  sobre  registro  y  depósito  de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, 
sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y el Real 
Decreto  417/2015,  de  29  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  las 
empresas de trabajo temporal, al establecer que sus respectivos procedimientos deberán 
tramitarse a través de medios electrónicos, traen como consecuencia la necesidad de 
una aplicación informática que les dé cobertura.
Además, al establecerse en cada uno de los reales decretos la constitución de una 
base de datos central, exige que la información remitida por cada autoridad laboral 
competente se efectúe siguiendo unas determinadas especificaciones técnicas.
3.  Por ello los reales decretos antes citados prevén la firma de convenios entre el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social,  y  aquellas  comunidades  autónomas  que 
deseen utilizar las correspondientes aplicaciones informáticas como soporte informático 
de los citados procedimientos.
Dichos convenios se firmaron en el momento de entrada en funcionamiento de cada 
una de las aplicaciones.
En virtud de lo anterior, las partes arriba indicadas acuerdan suscribir el presente 
Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo  y  Economía  Social  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  para  el 
funcionamiento y gestión posterior del registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo, del depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y del 
registro de empresas de trabajo temporal.
Segunda.  Uso de las aplicaciones informáticas constituidas en el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social.
Comprobadas las posibilidades de las aplicaciones informáticas gestionadas en el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, para el registro de convenios y acuerdos 
colectivos  de  trabajo,  el  depósito  de  estatutos  de  las  organizaciones  sindicales  y 
empresariales, y el registro de empresas de trabajo temporal la Comunidad Autónoma de  es
Andalucía se compromete a cumplir las especificaciones técnicas que se establecen  o
para dichas aplicaciones informáticas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 4ww.
Tercera.  Utilización de las aplicaciones informáticas por las comunidades autónomas.
1.  La comunidad autónoma albergará los datos obrantes en sus depósitos en las 
aplicaciones informáticas citadas en la cláusula anterior, gestionadas por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social.
2.  La  comunidad  autónoma  puede  plantear  las  adaptaciones  que  considere 
oportunas  para  un  mejor  funcionamiento  de  sus  depósitos  y  registros  a  través  del 
procedimiento previsto en la cláusula décima, siempre que no suponga una modificación 
del Convenio. Los cambios serán evaluados y, en caso de ser aceptados por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, se incorporarán a la aplicación correspondiente.
Cuarta.  Base de datos central.
1.  A través de la correspondiente aplicación informática, las autoridades laborales 
competentes en la materia tendrán acceso a la base de datos central que incluirá todos 
los  asientos  electrónicos  practicados  en  las  condiciones  establecidas  en  los  reales 
decretos 713/2010, de 28 de mayo, 416/2015, de 29 de mayo, y 417/2015, de 29 de 
mayo.
2.  Las bases de datos se configurarán de forma que permitan enlazar digitalmente 
con los boletines oficiales correspondientes en los que figuren las resoluciones del 
registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, del depósito de los estatutos de 
las  organizaciones  sindicales  y  empresariales,  del  registro  de  empresas  de  trabajo 
temporal y de los demás actos que sean objeto de publicación en los citados registros y 
depósitos.
La comunidad autónoma podrá utilizar las bases de datos centrales con el fin de 
realizar consultas y disponer de información sobre los convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo, las organizaciones sindicales y empresariales y las empresas de trabajo 
temporal que figuren en las mismas.
Quinta.  Acceso externo a los depósitos de estatutos y a la base de datos central.
1.  La Administración General del Estado se obliga a crear un sitio de Internet para 
cada aplicación a través de los cuales se realizará el acceso externo a los registros de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, los depósitos de estatutos, y los registros de 
empresas de trabajo temporal y a sus respectivas bases de datos centrales.
La comunidad autónoma podrá personalizar sus páginas de entrada a sus registros y 
depósitos, así como añadir contenidos adicionales ajustándose a los requisitos de diseño 
establecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
2.  Los contenidos insertados en las páginas de entrada a los registros y depósitos 
deberán ser coherentes con la legislación vigente en materia de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y 
empresas de trabajo temporal, sin que en ningún caso puedan contravenir su aplicación, 
así como a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  y  sus  correspondientes 
desarrollos reglamentarios, especialmente el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en cuanto al tratamiento y a la libre circulación de estos datos personales y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE. s
Sexta.  Acceso a los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, a los  w.
depósitos de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y a los  11w
registros de empresas de trabajo temporal.
depó1s. itoEsl  daec ceesstaot uato lso sd er elagsis torrogsa ndiez accoionnveesn isoisn dyi caacleuse ryd eoms pcroelesactriivaoless ,d ye  atr alobsa rjoe,g ias trlooss 
de empresas de trabajo temporal se realizará según el perfil informático correspondiente 
al usuario.
2.  Los perfiles informáticos de acceso a dichos depósitos serán los siguientes:
a)  Perfil de autoridad laboral que utilice la aplicación informática como soporte 
informático de su registro o depósito. Permitirá el acceso a todos los datos obrantes en 
su registro o depósito, así como la realización de los trámites relativos a todos los actos 
registrables o depositables. Permitirá, asimismo, la explotación informática de los datos, 
de acuerdo con las posibilidades de la aplicación.
Este perfil requerirá estar registrado como usuario del sistema.
b)  Perfil de usuario legitimado con certificado digital para solicitar el registro o 
depósito. Permitirá la presentación de solicitudes de los actos registrables o depositables 
y de certificaciones conforme a lo previsto en cada real decreto.
c)  Perfil de usuario sin certificado digital. Permitirá el acceso a la información que 
se considere en cada uno de los registros o depósitos, así como a la obtención de copias 
auténticas del texto de los estatutos.
3.  A efectos de lo previsto en esta cláusula, serán válidos los certificados reconocidos 
por  la  plataforma  @firma  del  Ministerio  de  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y 
Transformación Digital.
4.  Corresponderá a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  adoptar  las  medidas 
necesarias para dar de alta como usuario administrador de cada base de datos central a 
una persona designada por cada autoridad laboral de acuerdo con el perfil asignado a 
cada uno. El acceso deberá facilitarse dentro de los quince días siguientes a la recepción 
de la solicitud.
Una vez dado de alta, corresponderá al usuario administrador gestionar los trámites 
relacionados con los usuarios de la aplicación ubicados en su ámbito de actuación.
Séptima.  Asistencia a los usuarios de la aplicación.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá a disposición de los usuarios un 
sistema  de  atención  electrónica  destinado  a  solucionar  problemas  derivados  de  la 
utilización de las aplicaciones informáticas.
Octava.  Protección de datos.
La gestión de los datos obrantes en cada uno de los registros y depósitos se llevará 
a cabo de conformidad con lo estipulado en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en cuanto al tratamiento y a la libre circulación de datos personales y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, así como disposiciones que los desarrollen.
Novena.  Ausencia de coste.
Este Convenio no conllevará contraprestación económica alguna por las partes. Las 
actividades de colaboración no supondrán para el Ministerio de Trabajo y Economía Social 
incurrir en gasto alguno ni darán lugar a repercusión presupuestaria de ningún tipo.
Décima.  Seguimiento. bo
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Trabajo y Economía Social, o personas en que los mismos deleguen, así como por otros
dos  vocales  representantes  de  cada  Administración.  En  calidad  de  asesores,  con 
derecho a voz, pero sin voto, podrán incorporarse otros técnicos.
La Comisión de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y se 
regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido 
expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del 
título preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Funciones:
a)  Efectuar un seguimiento del sistema, evaluar el funcionamiento de las bases de 
datos centrales y de los depósitos y registros de las autoridades laborales y, en su caso, 
proponer la introducción de cambios en las aplicaciones informáticas que supongan una 
mejora en la gestión de los registros y depósitos de las autoridades laborales, en las 
bases de datos centrales o en el sitio de Internet que les sirve de soporte, siempre que 
ello no suponga contravenir los reales decretos 713/2010, de 28 de mayo, 416/2015, 
de 29 de mayo y 417/2015, de 29 de mayo.
b)  Recibir las comunicaciones relativas a los cambios en las aplicaciones informáticas.
c)  Velar por el cumplimiento del presente instrumento de colaboración y resolver los 
problemas de interpretación y cumplimiento que se pudieran plantear con motivo de la 
aplicación del mismo.
Undécima.  Régimen jurídico aplicable y orden jurisdiccional competente.
Este  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa  conforme  a  lo  dispuesto, 
especialmente para los convenios, en el título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula décima, las cuestiones 
litigiosas surgidas por la ejecución del presente Convenio serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.
Duodécima.  Vigencia del Convenio.
El Convenio tendrá una vigencia de 4 años desde la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». Resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días 
hábiles  desde  su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición 
adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su 
formalización en el «Boletín Oficial del Estado», conforme lo dispuesto en la disposición 
final segunda del Real decreto 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los firmantes podrán acordar, antes del vencimiento del plazo de vigencia, una 
prórroga expresa por un período de hasta cuatro años.
Decimotercera.  Modificación, extinción y resolución del Convenio.
1.º  La modificación del Convenio solo podrá realizarse por acuerdo unánime de 
cada una de las partes.
2.º  El  Convenio  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que  e.
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. w.b
Son causas de resolución las siguientes: 11w
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3.  Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del Convenio.
4.  Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de 
este Convenio por una de las partes. En este caso, la parte interesada deberá notificar a 
la otra parte la existencia del incumplimiento. La parte incumplidora deberá, en un plazo 
de treinta días hábiles, subsanar el incumplimiento denunciado o justificar debidamente 
el incumplimiento.
Transcurrido este plazo, si persiste el incumplimiento, la parte interesada trasladará 
el asunto a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula décima.
Si reunida la Comisión de Seguimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá  resuelto  el  Convenio.  La  resolución  del  Convenio  por  esta  causa  podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
5.  Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse 
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una 
antelación mínima de tres meses.
6.  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
7.  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución 
del Convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes a propuesta de la 
comisión de seguimiento, prevista en la cláusula décima, podrán acordar la continuación 
y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un 
plazo improrrogable para su finalización.
La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez.–La Consejera de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Rocío Blanco Eguren.