BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Viernes 25 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 76673
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
10652 Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se publica el Convenio con el Instituto Gallego del Consumo y de la 
Competencia, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo y el Instituto Gallego del Consumo y de la 
Competencia, en fecha 18 de junio de 2021, Convenio para la constitución de la Junta 
Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Galicia, que figura como anexo a 
esta  resolución,  procede  su  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 21 de junio de 2021.–La Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo y el Instituto Gallego del Consumo y de 
la Competencia, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Galicia
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
Y  de  otra  parte,  don  Manuel  Heredia  Pérez,  Director  General  de  Comercio  y 
Consumo y Director del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, nombrado 
por Decreto 192/2020, de 20 de noviembre (DOG núm. 236, de 23 de noviembre), 
actuando en el ejercicio de su cargo y en función de las atribuciones que le confiere el 
artículo 13 de los estatutos del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia 
publicados mediante Decreto 118/2016, de 4 de agosto, por lo que se crea el Instituto 
Gallego del Consumo y de la Competencia (DOG n.º 160, de 25 de agosto de 2016), y el 
artículo 1 de la Resolución de 23 de marzo de 2017 sobre delegación de competencias 
en diversos órganos de este instituto (DOG n.º 74, de 18 de abril de 2017).
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo 
y de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN e.
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa  652ww
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Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 5 de julio de 1994, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  (en  adelante,  la  Junta  Arbitral), 
realizando desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de 
consumo en su ámbito territorial.
Así pues, el Ministerio de Consumo y el Instituto Gallego del Consumo y de la 
Competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, conscientes de la necesidad de 
facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y teniendo en 
cuenta  la  experiencia  positiva  desde  su  constitución,  consideran  aconsejable  dar 
continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su Disposición adicional octava
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, con sede en Santiago de Compostela, cuyo ámbito 
territorial  viene  determinado  por  el  propio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia, 
conocerá, con carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores de dicho 
ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los 
criterios competenciales y el procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que 
lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Comunidad Autónoma de Galicia, a través del Instituto Gallego del Consumo 
y la Competencia, impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y administración del  e.e
arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, comprometiéndose a solicitar ante  b
la Dirección General de Consumo, en el plazo de un año desde la fecha de eficacia del  652ww
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funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo.
3.  La Comunidad Autónoma de Galicia, a través del Instituto Gallego del Consumo 
y la Competencia, facilitará información sobre la designación de Presidente y Secretario 
de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la actividad de la Junta, 
cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y el Instituto Gallego del Consumo y la Competencia 
facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema 
Arbitral de Consumo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  es
Sector Público, así como las siguientes: o
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta  652ww
Ao rsbuit rdael nceogmaoc iEónn.tidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos  adquiridos  en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P.D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.–El Presidente del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, P.D.  s
(Resolución de 23 de marzo de 2017), el Director General de Comercio y Consumo y  oe.
Director del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, Manuel Heredia Pérez. w.