BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 241 Miércoles 9 de septiembre de 2020 Sec. I.   Pág. 75523
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DEL INTERIOR
10366 Orden INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo 
relativo a plazos de adecuación de medidas de seguridad electrónica, la 
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, 
la  Orden  INT/316/2011,  de  1  de  febrero,  sobre  funcionamiento  de  los 
sistemas  de  alarma  en  el  ámbito  de  la  seguridad  privada,  y  la  Orden 
INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempló 
una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de los 
ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad. Estas medidas han 
desplegado,  necesariamente,  sus  efectos  sobre  los  ciudadanos  y  los  agentes 
económicos, habiendo generado un impacto sin precedentes.
En este sentido y en cumplimiento de las previsiones de la disposición derogatoria 
única de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, tanto el Reglamento de 
Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, como el 
resto de la normativa dictada en desarrollo de la ya derogada Ley 23/1992, de 30 de 
julio, de Seguridad Privada, mantienen su vigencia en lo que no contravengan a la propia 
Ley 5/2014, de 4 de abril.
Entre las disposiciones que mantienen, transitoriamente, su vigencia se encuentran 
la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada; la Orden 
INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el 
ámbito de la seguridad privada, y la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas 
de  seguridad  privada,  todas  ellas  dictadas  en  desarrollo  del  citado  Reglamento  de 
Seguridad Privada de 1994.
Estas Órdenes ministeriales regularon, en su momento, nuevos requisitos en materia 
de medidas de seguridad y establecieron diferentes plazos para la adecuación de las 
medidas de seguridad física, electrónica y sistemas de alarma. Posteriormente, dichos 
plazos fueron modificados mediante la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio, por la que 
se modifica la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad 
privada; la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas 
de alarma en el ámbito de la seguridad privada; la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, 
sobre medidas de seguridad privada, y por la que se establecen las reglas de exigibilidad 
de Normas UNE o UNE-EN en el ámbito de la seguridad privada.
Asimismo, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, en su disposición transitoria 
única, concedía un plazo de dos años, contado desde su entrada en vigor, para que las 
empresas  de  seguridad  adecuasen  sus  sistemas  de  alarmas  a  las  exigencias  de 
diversos artículos, así como de diez años para que todos los sistemas de alarmas 
conectados a una central de alarmas, ajena o propia y que no tuviesen, expresamente, 
señalado un plazo menor, se adecuasen a dicha Orden. Del mismo modo, la Orden 
INT/316/2011, de 1 de febrero, en su disposición transitoria primera, concedía un plazo 
de diez años para que los sistemas de seguridad instalados y conectados a centrales de  s
alarmas o a centros de control, antes de la fecha de entrada en vigor de dicha orden, en  oe.
eetinéslescttamnabiclealoendsctoo imses s.iyeta ncbtoolesnc eidcootbasldi goeasnd  olaas   cmeyins tmrnaaole  yso  abd leicg oaandlatoarsrm ,c aosan d oel acc ueeevnnatr loussau cdsióe n s cidsoetne tmcrooaln,s f oar dmloeis d asrdee qgduueirs idistaoudss    2020-10366n https://www.
Por su parte, la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, en su disposición transitoria
única, fijó, también, un plazo de diez años contado desde su entrada en vigor, para que  Bc
los establecimientos obligados y no obligados adecuen sus sistemas de seguridad física 
y electrónica y sistemas de alarma, instalados con anterioridad a su entrada en vigor a la 
misma,  otorgando,  además,  un  plazo  de  dos  años  para  que  los  establecimientos 
obligados a disponer de una unidad de almacenaje de seguridad se conecten a una 
central de alarmas, así como para disponer de sistemas de captación y registro de 
imágenes.
El citado plazo de diez años debía empezar a contarse desde la entrada en vigor de 
las referidas órdenes, lo cual tuvo lugar a los seis meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», es decir el 18 de agosto de 2011, por lo tanto, los vencimientos de 
los plazos de adecuación se fijaron el 18 de agosto de 2013 y 2021, respectivamente.
No obstante, en 2013 debido a importantes cambios socioeconómicos, tanto en la 
situación  de  las  empresas  de  seguridad  que  atravesaban  por  serias  dificultades 
económicas  y  de  mantenimiento  de  su  empleo,  como  en  el  sector  de  los 
establecimientos obligados, en especial, en el sector financiero, que resultaba el principal 
obligado  del  cumplimiento  de  dichas  medidas  de  seguridad,  hicieron  necesaria  la 
aprobación de la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio. En realidad, se consideró que el 
período  de  adaptación  de  dos  años  para  que  las  empresas  de  seguridad  y  los 
establecimientos obligados, pudiesen adecuar sus sistemas de seguridad a las medidas 
afectadas por las mencionadas órdenes ministeriales, y que se cumpliría el 18 de agosto 
de 2013, no parecía ni suficiente ni adecuado a la negativa evolución económica que 
experimentaba el país.
Esta Orden INT/1504/2013, de 30 de julio, establece una distinción entre las medidas 
de seguridad física contra robo e intrusión obligatorias y, por otro, las electrónicas y 
sistemas de alarma de las empresas de seguridad de los establecimientos obligados y 
de las instalaciones de los usuarios no obligados, otorgando a las primeras, instaladas 
antes de la fecha de entrada en vigor de las órdenes de 2011, una validez indefinida 
hasta el final de su vida útil, debiendo ser actualizadas en caso de resultar afectadas por 
reformas estructurales de los sistemas de seguridad de los que formen parte. Y se 
prescribe, para las segundas, cuando hubieran sido instaladas, también, antes de la 
fecha de entrada en vigor de dichas órdenes, un plazo de adecuación de diez años a 
partir de su entrada en vigor, es decir hasta el 18 de agosto de 2021.
Sin embargo, la necesidad de atender a las consecuencias excepcionales derivadas 
de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que dio lugar a la declaración del 
estado de alarma, ha dificultado tanto a los sujetos obligados, como a los usuarios de 
sistemas de seguridad, la posibilidad de cumplir con la referida adecuación, por lo que se 
precisa prorrogar los plazos para la adecuación de las mismas.
En su virtud, conforme a las atribuciones que me confieren la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Real Decreto 734/2020, de 4 de 
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, 
dispongo:
Artículo  primero.  Modificación  de  la  Orden  INT/314/2011,  de  1  de  febrero,  sobre 
empresas de seguridad privada.
El apartado 2 de la disposición transitoria única de la Orden INT/314/2011, de 1 de 
febrero, sobre empresas de seguridad privada, queda redactado como sigue:
«2.  Las  medidas  de  seguridad  electrónica  y  los  sistemas  de  alarma 
instalados en las empresas de seguridad antes de la fecha de entrada en vigor de  e
esta orden tendrán de plazo para adecuarse a lo dispuesto en la misma hasta  bo
el 31 de diciembre de 2023.» 366ww
Artículo  segundo.  Modificación  de  la  Orden  INT/316/2011,  de  1  de  febrero,  sobre 
funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.
El párrafo primero de la disposición transitoria primera de la Orden INT/316/2011, 
de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la 
seguridad privada, queda redactado como sigue:
«Los sistemas de seguridad instalados y conectados a centrales de alarmas o 
a centros de control, antes de la fecha de entrada en vigor de esta orden, en 
establecimientos obligados y no obligados, tendrán de plazo para adecuarse a lo 
dispuesto en los artículos 2 y 3 de esta orden hasta el 31 de diciembre de 2023.»
Artículo  tercero.  Modificación  de  la  Orden  INT/317/2011,  de  1  de  febrero,  sobre 
medidas de seguridad privada.
El párrafo segundo de la disposición transitoria única de la Orden INT/317/2011, de 1 
de febrero, sobre medidas de seguridad privada, queda redactado como sigue:
«Dispondrán de plazo para su adecuación a lo dispuesto en esta orden hasta 
el 31 de diciembre de 2023:
a)  Las medidas de seguridad electrónicas contra robo e intrusión instaladas, 
antes  de  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  esta  orden,  en  establecimientos 
obligados.
b)  Los sistemas de seguridad electrónicos contra robo e intrusión de los que 
dispongan los usuarios no obligados, instalados antes de la fecha de entrada en 
vigor de esta orden, que se encuentren conectados a una central de alarmas o a 
un centro de control.
c)  Los  establecimientos  a  que  hace  referencia  la  disposición  adicional 
primera de esta orden, respecto a su obligatoria conexión a central de alarmas y 
disponer de sistema de captación y registro de imágenes.»
Disposición derogatoria única.  Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta orden.
Madrid, 3 de septiembre de 2020.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska 
Gómez.