BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 103084
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
14645 Pleno.  Sentencia  148/2020,  de  22  de  octubre  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 3993-2019. Interpuesto por el Defensor del Pueblo en 
relación  con  diversos  preceptos  de  la  Ley  9/2019,  de  28  de  marzo,  de 
modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Competencias en materia de caza y protección 
ambiental  y  leyes  singulares  autoaplicativas:  constitucionalidad  de  los 
preceptos  legales  autonómicos  relativos  a  la  clasificación  de  especies 
cinegéticas y determinación de los períodos hábiles para el ejercicio de la 
caza.
ECLI:ES:TC:2020:148
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón;  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3993-2019, interpuesto por el Defensor 
del Pueblo en relación con el artículo único, apartados 1, 3, 5 y 6, y la disposición 
transitoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de 
julio, de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Han comparecido y 
formulado alegaciones la Junta de Castilla y León y las Cortes de Castilla y León. Ha 
sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 26 de 
junio de 2019, el Defensor del Pueblo promueve recurso de inconstitucionalidad en 
relación con el artículo único, apartados 1, 3, 5 y 6 y la disposición transitoria de la 
Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Se  afirma  en  síntesis,  que  los  citados  preceptos,  que  regulan  las  especies 
cinegéticas y cazables y los períodos y días hábiles de caza en esa comunidad 
autónoma, así como la autorización del ejercicio de la caza, son inconstitucionales por  e
haberse aprobado sin los estudios científicos y técnicos necesarios para garantizar la  b
protección de las especies, y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin  645ww
efefebcretoro l odse  a2u0t1o8s,  dqeule T dreibcuidniaelr oSnu plaesr iomre ddeid aJsu sctaicuiate dlaer eCs adseti lslau syp eLnesóinó,n  ddee  2la1  vyi g2e6n cdiea 
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y 149.1.23 CE. Los argumentos que sustentan la impugnación formulada, pueden 
resumirse en los siguientes:
a)  Vulneración de la legislación básica estatal y de la doctrina constitucional sobre 
protección del medio ambiente, conservación de la biodiversidad y la caza.
Afirma el Defensor del Pueblo que, de acuerdo con lo señalado en la exposición de 
motivos de la Ley 9/2019, son dos los criterios utilizados para la declaración como 
cinegéticas de determinadas especies: i) que las especies no se encuentren en ninguno 
de  los  supuestos  de  protección,  conforme  a  la  normativa  comunitaria,  estatal  y 
autonómica;  y  ii)  que  de  acuerdo  con  sus  niveles  poblacionales,  su  distribución 
geográfica y su índice de reproductividad puedan soportar una extracción ordenada de 
ejemplares. Y es este segundo aspecto el que no está probado que se cumpla, pues la 
norma declara por ministerio de la ley las especies cinegéticas sin los estudios científicos 
y técnicos que la avalen, lo que supone que no se garantiza la adecuada conservación 
de las especies silvestres, y se vulnera la garantía legal que imponen con carácter 
básico  los  arts.  54.1  y  5,  61.1  y  65  de  la  Ley  42/2007,  de  patrimonio  natural  y 
biodiversidad (LPNB en adelante) y, con ello, del art. 149.1.23 CE.
Argumenta la demanda que de lo dispuesto en los arts. 54. 1 y 5 LPNB se deduce 
que existe una obligación general para las administraciones estatales y autonómicas, de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que 
vive en estado silvestre, y, entre las actuaciones que es necesario realizar para ello, se 
encuentra la atención preferente a la preservación de los hábitats y el establecimiento de 
regímenes específicos de protección de determinadas especies cuya situación así lo 
requiere, incluyéndolas en el listado de especies silvestres en régimen de protección 
especial. Por su parte, el art. 65 regula las especies objeto de caza y pesca, y establece 
un serie de reglas, entre las que se destacan la garantía de la conservación y el fomento 
de las especies autorizadas, las prohibiciones y limitaciones generales en la actividad 
cinegética,  y  la  admisión  de  moratorias  temporales  y  prohibiciones  especiales  por 
razones de orden biológico o sanitario; asimismo, el art. 61.1 recoge una serie de reglas 
básicas para dejar sin efecto la prohibiciones de ejercicio de la actividad cinegética. 
Estas normas básicas no se respetan por los preceptos impugnados.
Tras recordar la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con la delimitación de 
competencias  en  materia  de  medio  ambiente  y  protección  de  la  biodiversidad 
(singularmente la STC 69/2013), afirma el Defensor del Pueblo que: i) el apartado 1 del 
artículo único vulnera lo señalado en el art. 45, apartado 1 y 2 CE, que contempla el 
deber general de conservar el medio ambiente y el mandato expreso a los poderes 
públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales, en cuanto permite 
la caza de determinadas especies sin los estudios científicos que avalen su estado de 
conservación y acrediten que este no se verá disminuido por la práctica de la caza, lo 
que  infringe  también  los  citados  preceptos  de  la  Ley  de  patrimonio  natural  y 
biodiversidad  que  contemplan  el  mencionado  deber  de  conservación,  y  que  tienen 
carácter básico al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE; ii) el apartado 3 del 
artículo único es inconstitucional por idénticos motivos, al establecer períodos y días 
hábiles de caza de determinadas especies sin existir estudios científicos relativos a su 
población, distribución geográfica e índice de reproductividad, lo que pone en riesgo la 
conservación de las especies afectadas; iii) los apartados 5 y 6 son inconstitucionales en 
cuanto  constituyen  la  concreción  de  lo  expresado  más  arriba  en  relación  con  la 
conservación de las especies que se especifican en el anexo I, y a los períodos y días  e
hábiles de caza, que se especifican en el anexo II, y iv) la disposición transitoria dispone  bo
que, en tanto se apruebe el plan general de caza de Castilla y León, la caza se  645ww
ipnrcaocntisctaitruác icoonnaflo rpmoerq au el ass udpiosnpeo sipcieornmeisti r dee l lae jperrocpiciiao  Ldeey  9la/2 0c1a9z.a D  idceh a lapsr eveissipóenc ieess 
csoinn dteismppolnaedra sd ee nlo se le axnigeixbole sI,  iennfo rlomse pse criíeondtoífsic yo sd íya sté chnáibcioless q rueela rceiosnpaadldoesn  elan  aedl eacnueaxcoi óIIn, 
a la conservación de las especies afectadas.
En suma, considera que el ejercicio de la potestad legislativa de las comunidades 
autónomas  en  materia  medioambiental  tiene  como  límite  que  las  medidas  sean 
compatibles, no contradigan, ignoren, reduzcan o limiten la protección recogida en la 
legislación básica del Estado, límite que se ha visto transgredido en el presente caso, 
pues se pretende reducir la protección establecida en los arts. 61 y 65 LPNB al no existir 
informes que acrediten el grado de conservación de las especies declaradas como 
cinegéticas, lo cual supone una vulneración del mandato contenido en el art. 45.1 CE.
b)  Vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos 
(art. 9.3 CE), al haberse aprobado los preceptos impugnados por ley singular.
Los preceptos impugnados constituyen una ley singular, que ha sido aprobada con la 
única finalidad de eludir determinados pronunciamientos judiciales (autos del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León de 21 y 26 de febrero de 2018, de suspensión de 
la vigencia del Decreto 10/2018, de 26 de abril y la Orden de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente 728/2018, anual de caza). A juicio del recurrente, ello constituye una 
arbitrariedad prohibida por el art. 9.3 CE, e incurre en violación del art. 24.1 CE, respecto 
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Se relata en el texto de la demanda que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León de 17 de mayo de 2017, anuló los arts. 13 y 14 y el anexo del 
Decreto 32/2015, que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y 
León; el Decreto 10/2018 vino a modificar varios artículos del Decreto 32/2015, pero las 
modificaciones  de  los  artículos  13  y  14  fueron  mínimas,  por  lo  que  su  contenido 
resultaba prácticamente idéntico al anulado en la sentencia. Tras la suspensión cautelar 
de la vigencia tanto del Decreto 10/2018 como de la Orden de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente 728/2018, las Cortes de Castilla y León aprueban la Ley 9/2019, que 
modifica la Ley de caza 4/1996, incorpora dos anexos que contienen las especies 
cinegéticas y los períodos y días hábiles de caza (anexos I y II) y sustituye las órdenes 
anuales de caza por un plan general de caza de Castilla y León, con una vigencia 
máxima  de  cinco  años,  previéndose  en  la  disposición  transitoria  que,  en  tanto  se 
apruebe el citado plan, la caza se practicará conforme a las disposiciones de la propia 
Ley 9/2019.
Afirma  el  Defensor  del  Pueblo  que  nos  encontramos  ante  una  ley  singular, 
disconforme con la Constitución, tal y como este concepto se ha configurado por la 
doctrina constitucional, porque se eleva a rango de ley la determinación de las especies 
cinegéticas y de los períodos y días hábiles de caza, si bien ambas determinaciones 
pueden ser modificadas por el plan general de caza, que se aprueba por orden de la 
consejería competente; y se permite asimismo la práctica de la caza conforme a las 
disposiciones legales, mientras no haya plan. Con ello se elude el pronunciamiento 
judicial  contenido  en  la  sentencia  de  17  de  mayo  de  2017,  la  suspensión  del 
Decreto 10/2018 y de la orden anual de vedas de 2018, al aprobarse las especies 
cinegéticas  y  los  períodos  y  días  hábiles  de  caza  sin  ninguna  clase  de  informes 
científicos y técnicos que lo avalen y permitir la actividad cinegética con la mera entrada 
en vigor de la Ley 9/2019.
Tras recordar la doctrina constitucional en materia de leyes singulares, afirma el 
Defensor del Pueblo que nos encontramos ante una ley parcialmente autoaplicativa y de 
supuesto de hecho concreto, siendo esto así respecto de los anexos y la disposición 
transitoria de la Ley 9/2019, que no requieren la emisión de un acto administrativo. 
Además  se  trata  de  una  ley  de  supuesto  de  hecho  concreto,  siendo  este  la  e
determinación de las especies cinegéticas y sus períodos de caza en Castilla y León,  bo
pues no se trata de una regulación general de la actividad cinegética, sino de una  645ww
csuieensdtioó no bmjeutyo  cdoen crreegtual aqcuióen,  apdoerm náosr,m haa srteag leasmtee nmtaormiae, nstion  yq udee sedxei s1ta9 9u6n, ah ajubsíatif ivceanciidóon 
paraS eelñeavlaar  seul  Draenfgeon snoorr mdealt ivPou.eblo que, aunque no resulta en principio contrario a la
Constitución que el legislador asuma una tarea que antes había encomendado al poder
reglamentario, la forma en la que el legislador autonómico la asume no se ajusta, en este 
caso, a las exigencias constitucionales, pues frente a la vocación de generalidad que la 
ley ha de tener, la Ley 9/2019 no contiene mención alguna tendente a justificar la 
excepcional relevancia de la modificación determinante de su aprobación por ley, por lo 
que  la  utilización  de  este  instrumento  normativo  no  es  una  medida  razonable  ni 
proporcionada a la situación excepcional que ha justificado su aprobación. Todo ello le 
permite concluir que los preceptos impugnados presentan las características de una ley 
singular  disconforme  con  la  Constitución:  regulan  un  hecho  concreto  (especies 
cinegéticas  y  períodos  y  días  hábiles  de  caza);  suponen  una  elevación  de  rango 
normativo realizado sin justificación alguna, con lo que ello implica de arbitrariedad; y 
tienen  el  carácter  de  disposición  autoaplicativa  en  la  medida  en  que,  mediante  la 
disposición transitoria, se permite la caza sin ningún tipo de intervención administrativa.
c)  Vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.2 CE)
Señala el Defensor del Pueblo que la ley ha sido aprobada con la finalidad de eludir 
el cumplimiento de los autos del Tribunal Superior de Justicia de 21 y 26 de febrero 
de  2018,  que  decidieron  las  medidas  cautelares  de  suspensión  de  la  vigencia  del 
Decreto  10/2018  y  de  la  Orden  de  la  Consejería  de  Fomento  y  Medio 
Ambiente  728/2018,  de  una  forma  desproporcionada  al  ejercicio  de  la  actividad 
cinegética y en detrimento de la garantía, legalmente establecida, de conservación de las 
especies que conforman la biodiversidad de la fauna silvestre. Los titulares de un interés 
legítimo carecen así de otro recurso que no sea denunciar la inconstitucionalidad de la 
ley, pues su rango veda el control por los tribunales ordinarios, y tiene, además, el efecto 
material de desvirtuar o neutralizar el contenido de las resoluciones judiciales.
2.  Por providencia de 5 de septiembre de 2019, el Pleno, a propuesta de la Sección 
Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la 
demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado por 
conducto de sus presidentes; al Gobierno a través de la ministra de Justicia, así como a 
las Cortes de Castilla y León y a la Junta de Castilla y León por conducto de sus 
presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el 
proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. Se acordó asimismo 
publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León».
3.  Por escrito registrado en este tribunal el 13 de septiembre siguiente, se recibió 
comunicación del presidente del Congreso de los Diputados por el que se ponía en 
conocimiento de este tribunal la personación de dicha Cámara y su ofrecimiento de 
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Y en fecha 18 de septiembre se remitió 
asimismo comunicación del presidente del Senado, en el que se notifica el acuerdo de la 
mesa de dar por personada a esa Cámara y por ofrecida su colaboración a efectos del 
art. 88.1 LOTC.
4.  El día 23 de septiembre de 2019 el abogado del Estado se personó en las 
actuaciones y solicitó una prórroga hasta el máximo legal, del plazo concedido para 
formular  alegaciones.  El  Pleno,  mediante  diligencia  de  24  de  septiembre  siguiente, 
acordó incorporar a las actuaciones el escrito del abogado del Estado, a quien se le tiene 
por personado y se le prorroga en ocho días más el plazo concedido, a contar desde el  e.e
siguiente al de expiración del ordinario. b
En posterior escrito de fecha 1 de octubre de 2019, el abogado del Estado comunica  645ww
aelx ctlruibsiuvnaaml eqnutee  an loo s veafe cfotorsm duela rq uael eegna csiuo ndeías  seen l e ensotteif iqpureonce ldaism aiecntutoa,c ioyn esse  qupee resonn éal 
se dicten.
5.  En  fecha  2  de  octubre  de  2019  tuvo  entrada  en  este  tribunal  escrito  de 
alegaciones de la Junta de Castilla y León, en el que considera que la norma recurrida 
no  vulnera  el  bloque  de  constitucionalidad.  Tras  referirse  a  los  antecedentes  que 
precedieron a la aprobación de la ley, y a las posteriores actuaciones procesales en 
relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 17 de 
mayo de 2017, y con los autos del citado Tribunal Superior de Justicia, de 21 y 26 de 
febrero  de  2018,  los  argumentos  de  fondo  se  resumen  en  los  términos  que  a 
continuación se mencionan:
a)  La comunidad autónoma al dictar la ley recurrida ha actuado en ejercicio legítimo 
de la competencia exclusiva prevista en el art. 70.1 décima séptima de su Estatuto de 
Autonomía,  sin  que  la  misma  contravenga  la  legislación  básica  estatal.  No  existe 
previsión legal alguna que exija los informes y la documentación, sobre cuya ausencia se 
sustenta  la  presente  impugnación,  ni  puede  utilizarse  como  parámetro  de 
constitucionalidad de la ley la ausencia de tales informes por el hecho de que la carencia 
de los mismos hayan sido utilizados por un tribunal para acordar una medida cautelar en 
un proceso contencioso-administrativo.
Considera la representación autonómica que la demanda no desarrolla ninguna 
argumentación tendente a justificar la vulneración de los arts. 45 y 149.1.23 CE ni de los 
preceptos  que  cita  de  la  Ley  de  patrimonio  natural  y  biodiversidad,  pues  se  ciñe 
meramente a su cita, sin concretar tampoco cuál pueda ser la previsión normativa que 
exija  que  la  ley  recurrida  haya  de  ir  acompañada  de  los  estudios  científicos  que 
menciona. La Ley de patrimonio natural y biodiversidad (art. 65.1), se limita a establecer 
que  la  caza  únicamente  podrá  realizarse  sobre  las  especies  que  determinen  las 
comunidades autónomas; requisito al que da cumplimiento la ley autonómica, al no 
afectar a especies incluidas en el listado de especies en régimen de protección especial 
o a las prohibidas por la Unión Europea. Recuerda también que el Gobierno de la Nación 
no ha considerado que la Ley 9/2019 contenga tacha de inconstitucionalidad por estos 
motivos.
Afirma que el criterio interpretativo empleado al resolver una medida cautelar en vía 
contencioso-administrativa  –a  insuficiencia  de  estudios  científicos–  no  puede  ser 
parámetro de constitucionalidad, y que los defectos en la tramitación de las disposiciones 
reglamentarias que pudieran afectar a su validez y eficacia, no constituyen sin más 
requisitos para la aprobación de las leyes, ni son determinantes para decretar que la 
misma  es  contraria  a  la  Constitución.  Es  por  ello,  que  de  la  simple  ausencia  de 
hipotéticos estudios para la elaboración de una ley no podría deducirse necesariamente 
su inconstitucionalidad. Se subraya también la ausencia de norma que exija dichos 
informes para elaborar el catálogo de especies cinegéticas, y se pone de relieve que la 
STC 70/2018, de 21 de junio vino ya a afirmar que «de una genérica denuncia de la 
omisión  de  informes  en  la  tramitación  de  la  norma  […]  no  puede  deducirse 
inconstitucionalidad alguna».
La Ley 9/2019 se tramitó en las Cortes de Castilla y León como proposición de ley, 
presentada  por  los  grupos  parlamentarios  mayoritarios  (Popular,  Socialista  y 
Ciudadanos). Una vez ejercitada la iniciativa, la mesa de las Cortes la remitió, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 122.2 del Reglamento de las Cortes, a la Junta de Castilla y 
León, para que manifestase su criterio respecto a la toma en consideración, y el informe 
emitido por la Junta de Castilla y León manifestó no tener nada que objetar a su 
tramitación («Diario de Sesiones» de 13 de marzo de 2019, Pleno, IX Legislatura, págs. 
11507 y 11508) en base al informe técnico y especializado emitido por la Consejería de  e.
Fomento y Medio Ambiente, que se incorporó al expediente. En su votación posterior no  w.b
hubo ningún voto en contra (Pleno, «Diario de Sesiones» de 27 de marzo de 2019). 645ww
que Elal sR pergolapmoseicnitoon dees  ldaes  lCeyo rstees p drees Cenatsatrilálan  yd eL efoórnm ean  asruti caurlta. d1a2 1e  diriásnp oanceo,m ppoar ñsaud paasr dtee, 
eulnlaas ,e axp toosdioc ilóon c udael  mseo dtivioo sc uym dpelim loiesn taon etenc elad ternatmesit anceiócne sdaer iloas l epya rreac uprrroidnau.nciarse sobre
b)  La finalidad perseguida por la Ley 9/2019 es constitucionalmente legítima, en 
cuanto  expresión  de  una  opción  política  adoptada  al  amparo  de  competencias 
autonómicas exclusivas, y su contenido, por su naturaleza normativa y carácter general, 
no puede ser calificado de ley singular, no encajando en ninguna de las modalidades o 
tipologías de ley singular elaboradas por la doctrina del Tribunal Constitucional: no es 
una ley singular, en el sentido de ley autoaplicativa, puesto que no encierra en sí misma 
una actividad materialmente administrativa de aplicación de la norma al caso concreto; 
no es una ley de hecho concreto; y su contenido, por su naturaleza normativa y carácter 
general, tiene una justificación objetiva. Al no ser una ley singular, no resulta contraria 
por ello al derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, puesto que aquella 
calificación  es  presupuesto  o  fundamento  para  que  pudiese  ser  vulneradora  de  tal 
derecho.
La Ley 9/2019, modifica la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad de 
Castilla y León, y ambas tienen naturaleza normativa. Esta ley nace, al igual que la que 
viene a modificar, con vocación de permanencia, no se proyecta hacia el pasado sino hacia 
el futuro, y es susceptible de ser aplicada mientras continúe vigente, precisando en todo 
momento de actos administrativos de aplicación. Ninguna de sus previsiones contiene 
actividad administrativa en sí misma; tampoco la tienen los anexos, y menos aún la 
disposición transitoria, que determina simplemente el régimen normativo al que se ha de 
sujetar la actividad cinegética desde la entrada en vigor de la norma y siempre hacia el 
futuro. Al igual que ocurría con la regulación vigente hasta la aprobación de la Ley 9/2019, el 
ejercicio  de  la  actividad  cinegética  sobre  las  especies  recogidas  en  el  listado  exige 
actuaciones administrativas concretas: declaración de terrenos cinegéticos (arts. 19 a 25 de 
la Ley 4/1996); plan cinegético (art. 40 de la Ley 4/1996) aprobado por la administración, 
con un contenido reglado y que impone una valoración concreta de la situación poblacional 
de las distintas especies y de la cuantía de las capturas previstas, para determinar los cupos 
diarios; y el desarrollo de una actividad administrativa que incluye, en su caso, la expedición 
de licencias, fijación de horarios de caza en función de la época y especie, limitaciones al 
uso de la munición y condiciones de armas de fuego, etc.
La Ley 9/2019 no es tampoco una ley de supuesto de hecho concreto, es decir, no 
entra dentro de la clasificación que el Tribunal Constitucional utiliza para las leyes que no 
son autoaplicativas (STC 170/2016). No estamos ante una norma de destinatario único o 
de estructura singular en atención a los destinatarios a los que va dirigida, pues la 
totalidad del articulado tienen una generalidad de destinatarios, los mismo contemplados 
en la Ley 4/1996, que se viene a modificar, sin ningún tipo de distinción o restricción. 
Tampoco nos encontramos con una norma ad casum, entendida como aquella que agota 
su contenido en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese 
supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable a ningún otro; por el 
contrario, la norma que se examina opera un cambio de modelo normativo con una clara 
vocación de permanencia. Como afirma la exposición de motivos, su finalidad es dotar a 
la actividad cinegética en Castilla y León de un marco jurídico estable, que garantice la 
protección de las especies cinegéticas de acuerdo con lo establecido en el marco 
comunitario y nacional, y asegure el control de las poblaciones cinegéticas cuando estas 
afectan a la seguridad y salud de las personas y de sus bienes. Es pues una norma con 
vocación de generalidad, cuyo objetivo es someter la actividad cinegética a unas reglas 
comunes contenidas en una norma con rango de ley.
Por otro lado, el hecho de que una parte de la regulación, ahora contenida en la ley, 
se encontrase incorporada a una norma reglamentaria (determinación de las especies  s
cinegéticas y cazables, y períodos y días hábiles de caza) no determina per se la  oe.
inconstitucionalidad de la ley. Se trata de una legítima opción de política legislativa,  w.
adoptada al amparo de las competencias autonómicas, que coincide con la que ha sido  645ww
staecghuaid dae p ionrc odnivsetirtsuocsio pnaarlildaamde nseto sh aayuat odneódmuicciodso  efrne ndties tain teolslo  m(aormtse. n1t4o sy,  s1i5n  dqeu ela n Linegyu dnea 
lCaas ntCaborritae s1 2/V2a0l0e6n,c diaen a1s7  d1e3 j/u2l0io0; 4L, eyd dee  2la7 A  sdaem  bdliecaie Rmebgreio;n aLl edye  Mdeulr ciPa a7r/l2a0m0e3n, tdoe  d1e2   BOE-A-cable e
de noviembre, y Ley del Parlamento de Andalucía 8/2003, de 28 de octubre). Existe otro 
modelo  de  regulación  seguido  en  algunas  comunidades  autónomas  (Cataluña  y 
Comunidad de Madrid) que, al carecer de legislación autonómica en materia de caza, 
aplican directamente el Real Decreto 10/1995, donde se declararon las especies objeto 
de caza, sin que desde esa fecha se haya actualizado por el Estado el listado de 
especies declaradas. Concurre una clara justificación objetiva, expuesta por los grupos 
parlamentarios en el trámite de toma en consideración («Diario de Sesiones» de 13 de 
marzo de 2019, págs. 11507 y ss.) que determina que el poder legislativo haya adoptado 
esa decisión, en garantía del interés general (vid, STC 73/2000, FJ 6).
El hecho de que el cambio legislativo se lleve a cabo en un momento determinado, 
es la solución por la que optó el legislador, a la vista de la paralización de la actividad 
cinegética y los riesgos a ello asociados, sin que dicha conducta del órgano legislativo 
pueda  ser  reprochada,  pues,  como  ha  establecido  la  doctrina  constitucional,  «del 
principio  de  exclusividad  de  jueces  y  magistrados  en  el  ejercicio  de  la  potestad 
jurisdiccional  (art.  117.3  CE)  no  puede  inferirse  la  existencia  de  una  correlativa 
prohibición impuesta al legislador, por la que se condicione su libertad de configuración 
para elegir el nivel de densidad normativa con que pretende regular una determinada 
materia» (STC 139/2005, FJ 3). Vid también STC 73/2000, FJ 6.
Se argumenta finalmente, la inexistencia de vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues sería la naturaleza singular de la norma la que 
constituye presupuesto o fundamento de dicha vulneración, y como ya señaló el tribunal 
(STC 170/2016), no cabe otra consecuencia que considerar la exclusión del examen 
desde la perspectiva de los arts. 9.3 y 24.1 CE, por entender infundada su vulneración.
En relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
de 17 de mayo de 2017, destaca que la misma no es firme, al haber sido recurrida en 
casación por esa representación procesal, y admitida a trámite por auto de 22 de octubre 
de  2018.  Y  recuerda  que  el  motivo  de  la  declaración  de  nulidad  de  determinados 
preceptos del Decreto 32/2015, fue la no incorporación al expediente administrativo 
remitido al tribunal por la administración autonómica, de la totalidad de la documentación 
empleada para la declaración de especies cinegéticas. En relación con los autos del 
citado Tribunal Superior de Justicia, de 21 y 26 de febrero de 2018, que decretaron la 
medida cautelar de suspensión del Decreto 10/2018 y de la Orden de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente 728/2018, se pone de relieve que tales autos no son firmes.
La consecuencia de estas resoluciones judiciales, en cuanto decretan la suspensión 
de las disposiciones reglamentarias aprobadas por el poder ejecutivo es impedir, hasta 
tanto se dicte sentencia en el proceso principal, que apliquen determinados preceptos de 
las mismas. Con la modificación legislativa operada, tales preceptos no se van a aplicar, 
porque la propia ley los deroga de forma expresa, al someter la actividad cinegética, en 
los aspectos controvertidos, a un nuevo marco regulatorio. El propósito del legislador no 
ha sido pues el de enervar la ejecución de un fallo adverso a la administración, sino 
subvenir a una situación extraordinaria, sin que la Ley 9/2019 incida ni en la validez ni en 
la eficacia de la disposición que se encontraba impugnada, pues ni sana los eventuales 
vicios en los que pudiera incurrir, ni tampoco le otorga la eficacia de la que había sido 
privada por decisión judicial (STC 38/2016), por lo que no se produce una vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva.
Concluye el texto con una extensa referencia al posicionamiento del Defensor del 
Pueblo en un supuesto análogo al presente, que califica de contradictorio. Se refiere, en 
concreto, a la respuesta del Defensor del Pueblo a la petición de un interesado, de que  s
se interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal 7/2018, de 20 de  oe.
julio. w.
de C6a. stiEllan  yfe Lcehóan 3,  qduee  oscet uinbircei ad ceo 2n0 u1n9  esxet efonrsmo ualpóa ertsacdrioto e dxpel iaclaetgivaoc idoenle cso nptoerx ltaos g Cenoertreasl 
aepnr eolb qauceió ns.e inserta la Ley 9/2019, así como de la tramitación legislativa seguida para su
Afirma el letrado, que actúa en representación de las Cortes de Castilla y León, que 
la nueva ley modifica radicalmente el procedimiento existente para la determinación de 
las especies cinegéticas y cazables y para la fijación de los períodos hábiles para la 
práctica de la caza. La Ley 4/1996 remitía a un futuro reglamento la determinación de las 
especies cinegéticas, y a las órdenes anuales de caza, la determinación de las que, 
entre ellas, adquirían la condición de especies cazables. Ahora el legislador opta por que 
sea  la  propia  ley  la  que  enumere  las  especies  de  animales  susceptibles  de 
aprovechamiento  cinegético,  y  por  declarar  todas  las  especies  cinegéticas  como 
cazables, sin perjuicio de permitir que el futuro plan general de caza de Castilla y León 
pueda  excluir  temporalmente  la  caza  de  alguna  de  esas  especies,  cuando  así  lo 
aconseje la información de que disponga. Por otra parte, la nueva ley suprime la figura 
de las órdenes anuales de caza y las sustituye por el plan general de Caza de Castilla y 
León, que deberá ser aprobado por orden de la Consejería competente en la materia, y 
que tendrá una vigencia máxima de cinco años. En el mismo sentido, la fijación de los 
períodos hábiles de caza, que antes se efectuaba a través de las órdenes anuales de 
caza, pasan a ser establecidos por la propia ley, sin perjuicio de que, el plan general de 
caza pueda modificar, de forma justificada, los períodos establecidos en el anexo II de la 
norma legal. Por último, la Ley 9/2019 incorpora un nuevo art. 42 bis, en el que se 
establecen medidas adicionales destinadas a mejorar la protección de las especies 
susceptibles de ser cazadas.
En cuanto al fondo del asunto, se pone de relieve que la demanda parece asumir la 
inexistencia  de  diferencia  cualitativa  alguna  entre  el  poder  normativo  propio  del 
Legislativo y aquel que se confía al Ejecutivo para la elaboración de reglamentos. Afirma 
que no es posible equiparar la libertad de configuración normativa de la que disfruta el 
Parlamento con la que se concede al Ejecutivo. El ejercicio de la función legislativa 
permite al Parlamento establecer la orientación política general, fijar los fines y objetivos 
a los que debe tender la actividad pública y elegir las estrategias a las que deberán 
atenerse en su actuación los restantes poderes públicos; para ello goza de una libertad 
solo limitada negativamente por la Constitución y, en su caso, el Estatuto de Autonomía. 
El Parlamento dispone, además, de autonomía para regular su propio procedimiento 
legislativo  y  es  juez  de  su  aplicación,  en  tanto  que  la  tramitación  de  las  normas 
reglamentarias  por  la  administración  está  sometida  a  un  estricto  procedimiento, 
disciplinado por la ley, cuya fiel observancia puede ser fiscalizada por los jueces y 
tribunales. Estas radicales diferencias entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, entre la 
ley y el reglamento, son consecuencia necesaria del Estado democrático, fundado sobre 
la  soberanía  popular  en  el  que  a  los  representantes  legítimos  de  los  ciudadanos 
corresponde el poder da autodisposición sobre la comunidad misma.
Afirma  el  representante  de  las  Cortes  de  Castilla  y  León  que  la  disposición 
controvertida ha venido a elevar a rango de ley una regulación que hasta ese momento 
se contenía en normas de naturaleza reglamentaria; sus disposiciones no tienen un 
destinatario único, ni se pueden calificar como de «caso concreto», y no agotan sus 
efectos con un solo acto de aplicación. Son, por el contrario, normas generales y 
abstractas, con vocación de permanencia, y cuyo supuesto de hecho –la caza de los 
animales pertenecientes a las especies en ella señaladas– puede repetirse un número 
indeterminado  de  veces.  Continúa  afirmando  que  nuestro  ordenamiento  jurídico  no 
contempla las reservas de reglamento, por lo que el legislador es libre de sustituir las 
reservas reglamentarias, pasando a regular las cuestiones que allí se abordaban. Tal 
decisión no requiere justificación previa pues descansa en un juicio de mera oportunidad  s
efectuado por el órgano parlamentario en el ejercicio de la potestad legislativa que la  oe.
Constitución o el Estatuto de Autonomía le atribuyen (SSTC 61/2016, FJ 7, y 87/2018,  w.
FJ 39). 645ww
dereSceh or eac hlaaz tau taeslaim jiusdmicoia ql ueefe ccotinv ala.  Eanp roebl amcoiómne dneto l ae nL eqyu 9e/ 2lo0s1 9g rsuep ohsa ypaa vrlualmneernatdaori oesl 
pProoppuolsairc, ióSno dceia lliesyta,  qyu eC diiuod laudgaanr oas  lae nL eyla 9s /2C0o1r9te, sla  dseitu aCcaiósntil lean  yla  Lqeuóen s ep reensceonntatrraobna  llaa   BOE-A-cable e
regulación de la caza en Castilla y León era la derivada de los autos del Tribunal 
Superior de Justicia, en los que se había suspendido cautelarmente la aplicación del 
Decreto 10/2018 y la orden anual de caza de Castilla y León (autos de 21 y 26 de febrero 
de 2019). El tribunal justifica esta suspensión en que las normas se habían adoptado por 
la  administración  autonómica  sin  contar  previamente  con  los  estudios  científicos 
objetivos que avalasen el nivel de población, la distribución geográfica y la tasa de 
reproducción de las distintas especies que se declaraban cinegéticas, pero sin que en 
estas resoluciones judiciales se efectúe reproche alguno al contenido de las normas 
reglamentarias,  ni  sobre  la  posibilidad  de  que  la  inclusión  por  la  administración 
autonómica de alguna especie animal concreta entre las cazables, vulnere la legislación 
básica del Estado. Lo que se imputaba en esos autos tanto al decreto como a la orden, 
eran simples irregularidades formales producidas en el procedimiento seguido para su 
aprobación; en concreto, la omisión en los expedientes administrativos de elaboración de 
dichas normas reglamentarias, de una documentación científica que, a juicio del órgano 
judicial, era imprescindible para poder determinar si las decisiones de fondo en ellas 
contenidas, eran o no correctas. Esta suspensión dio lugar a una absoluta paralización 
del ejercicio de la caza en todo el territorio autonómico. Es por ello que las Cortes de 
Castilla  y  León  –afirma  el  letrado–  decidieron  cubrir  el  vacío  normativo  existente, 
asumiendo  la  regulación  de  la  materia,  y  dotando  de  rango  legal  a  unas  normas 
reglamentarias que no habían sido declaradas contrarias a derecho por el Tribunal 
Superior de Justicia. Por esta razón, en el caso que nos ocupa, no se ha sacrificado 
ningún pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial firme. Por otro 
lado, la regulación de la materia en norma de rango legal, es similar a la adoptada con 
anterioridad en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se analiza a continuación la alegada vulneración del art. 45 CE, señalando que en 
virtud de lo dispuesto en el mismo, las Cortes de Castilla y León están obligadas a 
compaginar la defensa del medio ambiente y de la utilización racional de los recursos 
naturales que le impone dicho precepto, con su deber de promover las condiciones 
favorables para el progreso social y económicos y para una distribución de la renta 
regional y personal más equitativa, exigido por el art. 40.1 CE y art. 16 de su Estatuto de 
Autonomía, haciendo compatible la protección del medio ambiente y de la biodiversidad 
con el crecimiento económico sostenible, en los términos señalados en la STC 64/1982; 
es decir en la forma que en cada caso decida el legislador competente la protección de 
ambos bienes constitucionales: el medio ambiente y el desarrollo económico.
Respecto  de  la  vulneración  de  la  legislación  básica  estatal  por  la  disposición 
impugnada, afirma el letrado que no se incumplen ninguno de los requisitos exigidos por 
la misma para la declaración como cinegética de una determinada especie. Ninguna de 
las especies a las que la ley ha atribuido esta condición se encuentra incluida en el 
listado de especies silvestres en régimen de protección especial o entre aquellas cuya 
caza está prohibida por la Unión Europea; y en cuanto a los requisitos relativos a sus 
niveles poblacionales, su distribución geográfica y su índice de reproductividad, las 
Cortes de Castilla y León han entendido que también resulta cumplido, sin que tal 
afirmación haya sido combatida por el órgano recurrente. El único argumento que se 
esgrime, en contra de los preceptos recurridos, es que al no haber contado con los 
informes científicos que el recurrente considera necesarios, podría ocurrir que alguna de 
las especies declaradas no cumpliera los citados requisitos. Tal planteamiento ignora que 
las leyes emanadas del legislador democrático se presumen constitucionales, y es a 
quien sostiene la inconstitucionalidad de las mismas a quien corresponde demostrar que  s
tal presunción es infundada; premisa que no se cumple en el presente supuesto, lo  oe.
que hace que el recurso presente un carácter hipotético, preventivo o cautelar que  w.
desnaturaliza la esencia de este mecanismo de control de constitucionalidad y que ha de  645ww
llevaSre n eacrgeusmareianmtae,n pteo ra ú sltuim doe,s eascteimrcaac idóen .la regularidad procedimental en la tramitación
ey na plaro bleagciisólna cdióen l ab Láesyic 9a/ 2e0s1t9a,t apl odneie nedxoig deen cmiaa naifligeusntoa  erne lpartiimvae ra t élram ienmo,i slaió na udsee nlcoias   BOE-A-cable e
informes  científicos  a  que  alude  el  Defensor  del  Pueblo.  En  ausencia  de 
condicionamientos procedimentales específicos, el procedimiento para la aprobación 
de la misma, se encuentra sometido exclusivamente a lo previsto en el Reglamento de 
la Cámara (arts. 121 y 122), que fue el seguido en la tramitación de la proposición de 
ley que dio lugar a la citada Ley 9/2019.
El hecho de que en los antecedentes que acompañaron a la misma no se incluyeran 
los reiterados informes científicos, en ningún caso podría afectar a la validez de la ley 
finalmente aprobada. Recordando lo señalado al respecto en las SSTC 108/1986, FJ 3, 
y 136/2011, FJ 10 a), señala el Letrado que tras la admisión a trámite y la publicación en 
el boletín oficial de la cámara de la proposición de ley y de los antecedentes presentados 
con la misma, ningún procurador ni grupo parlamentario se dirigió a la mesa de las 
Cortes para denunciar la insuficiencia de los antecedentes aportados ni para solicitar 
ampliación de los mismos. Por otra parte, entiende el representante de las Cortes, que la 
exigencia de estos informes científicos y técnicos supondría, en la práctica, la negación 
del derecho de los procuradores al ejercicio de la iniciativa legislativa que les reconoce el 
art. 25.1 del Estatuto de Autonomía, y que es parte de status parlamentario garantizado 
por el art. 23.2 CE, al hacerlo inviable. Finalmente, el hecho de que la disposición 
legislativa  se  aprobara  por  el  procedimiento  de  lectura  única,  tampoco  da  lugar  a 
infracción  constitucional,  de  acuerdo  con  una  reiterada  doctrina  constitucional 
(STC 139/2017, FJ 7).
7.  Por providencia de 20 de octubre de 2020 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto de la presente resolución es resolver el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el artículo único, apartados 1, 3, 5 y 6, y la 
disposición  transitoria  de  la  Ley  9/2019,  de  28  de  marzo,  de  modificación  de  la 
Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
El apartado 1 modifica el art. 7 de dicha ley, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 7.  Especies cinegéticas cazables.
1.  Tienen la condición de especies cinegéticas las definidas como tales en el 
anexo I de esta ley, clasificándose en especies de caza menor y de caza mayor.
2.  Son  especies  cazables  todas  las  cinegéticas,  salvo  las  que  pudieran 
excluirse en el plan general de caza de Castilla y León en atención a la mejor 
información  técnica  disponible  que  aconsejase  su  exclusión  temporal  de  la 
actividad cinegética.»
El apartado 3 modifica el art. 42 de la Ley 4/1996, y dispone lo siguiente:
«Artículo 42.  Limitación de los períodos hábiles de caza.
1.  La  caza  solo  se  podrá  efectuar  durante  los  períodos  y  días  hábiles 
establecidos en el anexo II. No obstante, el plan general de caza de Castilla y 
León, de forma justificada, podrá modificar dichos períodos y días, si bien en 
ningún caso las especies de aves, tanto sedentarias como migratorias, podrán ser 
cazadas durante su período de reproducción y las especies de aves migratorias  e.e
tampoco podrán ser cazadas durante su período de migración prenupcial. w.b
2.  Excepcionalmente, en los planes cinegéticos que se aprueben podrán  645ww
fcigauzara dr ep eCraíosdtiollsa  hy áLbeilóens,  dseie ncdaoz an edcisetsinatroios , ae nlo es sstoesñ aclaasdooss,  elan  juesl tpifilcaanc igóenn etércanl idcae 
dmea tlear ima eddei dcaa zpar.etendida y su aprobación por la dirección general competente en
3.  Toda extracción autorizada fuera de los períodos considerados en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo será considerada control poblacional.
4.  Cuando, en determinadas zonas existan razones que así lo justifiquen, la 
consejería competente en materia de caza, oído el órgano colegiado previsto en el 
artículo 65 de esta ley, podrá reducir los períodos hábiles de las distintas especies 
de caza o establecer la veda total o parcial.»
En el apartado 5 se añade un anexo I, en el que se incluye el listado de las 
«especies cinegéticas». Y en el apartado 6, se incorpora un anexo II en el que se 
relacionan los «períodos y días hábiles». Finalmente, la disposición transitoria determina 
que: «En tanto se apruebe el plan general de caza de Castilla y León, la caza se 
practicará conforme a las disposiciones de esta ley».
El Defensor del Pueblo fundamenta su impugnación en dos motivos diferenciados: 
por un lado, considera que los preceptos impugnados vulneran la legislación básica 
estatal en materia de medio ambiente, en concreto, lo señalado en los arts. 54.1 y 5; 
61.1  y  65  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  de  patrimonio  natural  y  de  la 
biodiversidad, por haber sido aprobados sin los estudios científicos y técnicos necesarios 
para garantizar la adecuada protección de las especies silvestres, y, en consecuencia, 
infringen lo señalado en los arts. 45 y 149.1.23 CE; por otro, afirma que dichos preceptos 
tienen la naturaleza de ley singular, y han sido aprobados con la única finalidad de eludir 
el cumplimiento y dejar sin efecto determinadas resoluciones judiciales, por lo que 
vulneran los arts. 9.3, y 24.1 CE; las resoluciones que se citan son, en concreto, los 
autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 21 y 26 de febrero de 2018, 
que habían suspendido cautelarmente la vigencia del Decreto 10/2018, de 26 de abril, 
por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 20 de abril, por el que se regula la 
conservación  de  las  especies  cinegéticas  de  Castilla  y  León,  su  aprovechamiento 
sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre; y la Orden FYM/728/2018, de 25 
de junio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se aprueba la orden 
anual de caza.
Los representantes de la Junta y de las Cortes de Castilla y León rechazan los 
anteriores argumentos, y afirman la constitucionalidad de la disposición impugnada, en 
los términos que se resumen en los antecedentes.
2.  La Ley 9/2019, de 28 de marzo, tiene por objeto la modificación parcial de la 
anterior Ley 4/1996, de 12 de julio de caza de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. En su exposición de motivos se justifica la aprobación de la norma, afirmando que 
«en Castilla y León más del 88 por 100 de su superficie son terrenos cinegéticos y que la 
mayor parte de los mismos, en torno a 78 000 kilómetros cuadrados están constituidos 
bajo la figura de cotos privados de caza»; considera que «la actividad cinegética se ha 
demostrado en los últimos años como la herramienta de gestión y control más eficaz de 
las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o conejos, que permiten reducir los 
daños  ocasionados  por  esta  fauna  silvestre  sobre  los  cultivos,  la  ganadería,  los 
accidentes  de  tráfico  y  evitar  posibles  epizootias  y  zoonosis  […]»  añadiendo  más 
adelante que, «precisamente las comarcas rurales de Castilla y León especialmente las 
menos industrializadas o pobladas, son las más vinculadas a la actividad económica 
derivada  de  la  caza,  hasta  el  punto  de  que  los  ingresos  obtenidos  de  la  misma 
constituyen  su  principal  fuente  de  riqueza  y  contribuyen,  por  tanto,  a  evitar  la 
despoblación del medio rural». Y concluye afirmando que la nueva regulación «conforme 
a lo establecido en las directivas europeas, traspuestas en la Ley 42/2007, de 13 de  e
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, persigue dotar de un marco  bo
jurídico  estable  a  las  especies  definidas  como  cinegéticas,  declarando  como  tales  645ww
caoqnufeolrlamse  qau ela,  nnoor menactiovan trcáonmduonseita erina , neisntgautanlo y  daeu tloonsó msuicpau,e syt oqsu ed ed epbridoote cac isóuns  ensivtreicletas 
upnoab laecxitorancacleiósn,  sourd deinstardibau cdieó ne jgeemopglaráreficsa» .y su índice de reproductividad, puedan soportar
En los aspectos que son relevantes para este proceso constitucional, la Ley 9/2019 
introduce las siguientes modificaciones: i) en el apartado 1 se modifica el art. 7 que 
regula el procedimiento para la determinación de las especies cinegéticas y cazables. La 
Ley 4/1996 remitía a un futuro reglamento la determinación de las especies cinegéticas y 
a las órdenes anuales de caza, la fijación de aquellas especies cinegéticas que adquirían 
la condición de especies cazables; tras la modificación operada, el legislador opta por 
que sea la propia Ley 9/2019 (en los términos previstos en el anexo I) la que enumere 
las especies animales susceptibles de aprovechamiento cinegético, y declare todas las 
especies cinegéticas como cazables, sin perjuicio de que el futuro plan general de caza 
de Castilla y León pueda excluir temporalmente la caza de alguna de las especies, 
cuando así lo aconseje la información de que se disponga. ii) El apartado 3 modifica el 
art. 42 de la Ley 4/1996, y determina que la fijación de los períodos hábiles para la 
práctica de la caza –que antes se efectuaba a través de las órdenes anuales ahora 
suprimidas– pasan a quedar establecidos en el anexo II de la propia ley, sin perjuicio de 
que esta autorice al plan general de caza para que pueda, de forma justificada, modificar 
los  períodos  y  días  hábiles,  y  en  cuanto  a  la  disposición  transitoria  contempla  el 
desarrollo de la caza conforme a las prescripciones contenidas en la propia ley, en tanto 
se apruebe el plan general de caza.
3.  El primer motivo de impugnación alegado por el Defensor del Pueblo, tiene un 
carácter competencial, pues lo que se alega es un supuesto de inconstitucionalidad 
mediata o indirecta, que se sustenta en la vulneración de la legislación básica estatal en 
materia de medio ambiente; en concreto, de lo dispuesto en los arts. 54.1 y 5; 61.1 y 65 
de la Ley 42/2007, de patrimonio natural y de la biodiversidad, lo que determinaría a su 
vez la infracción de lo señalado en los arts. 45.1 y 149.1.23 CE. Resulta preciso, por ello, 
antes de examinar el fondo del asunto, efectuar un breve examen del encuadramiento 
competencial de la materia regulada.
El tribunal comparte el criterio coincidente de las partes en el sentido de que la 
regulación controvertida ha sido dictada conforme a lo dispuesto en el art. 70.1.17 del 
Estatuto  de  Autonomía  de  Castilla  y  León  (reforma  aprobada  por  la  Ley 
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre), que determina que la comunidad autónoma 
tiene competencia exclusiva en materia de «caza y explotaciones cinegéticas». Y sobre 
esta competencia exclusiva incide transversalmente la competencia que el art. 149.1.23 
CE reserva al Estado para dictar la legislación básica en materia de protección del medio 
ambiente,  en  los  términos  en  que  reiteradamente  ha  señalado  nuestra  doctrina 
(SSTC 102/1995, de 26 de junio; 196/1996, de 28 de noviembre; 16/1997, de 30 de 
enero; 14/1998, de 22 de enero; 166/2002, de 18 de septiembre; 101/2005, de 20 de 
abril; 69/2013, de 14 de marzo; 114/2013, de 9 de mayo, y 79/2019, de 5 de junio), sin 
que ello impida el diseño y ejecución de una política autonómica propia en materia de 
caza  y  de  protección  de  los  ecosistemas  vinculados  directamente  a  su  ejercicio 
(SSTC 14/1998, FJ 2; 69/2013, FJ 3, y 79/2019, FJ 5). A esta doctrina procede pues 
remitirnos en este punto.
No resulta tampoco discutible, como también reconocen las partes, que la legislación 
básica medioambiental, que actúa como parámetro de contraste de la norma autonómica 
se contiene en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la 
biodiversidad, en la que se transponen al derecho español la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debidamente actualizadas. e.
La  doctrina  constitucional  ha  venido  a  reconocer  el  carácter  básico  de  la  w.b
Ley 42/2007, tanto en sentido material como formal, así como su capacidad para  645ww
idnec idcairz tar.a nDsevsedrsea llam epnritme eerna  edle e ejesrtcaisc iop edres plaesc ticvoams,p «enteon cciaabse a duutodnaó mdeic aqsu ee nla m leayte rdiea 
pparotrcilmamonairo  enna tusrua l diys ploas icbiióond ivfeinrasli dasedg ucnudmap lesu  locsa rárecqteuri sidtoes  ledgei sloarcdióenn  bfoársmicaal,  dael 
protección del medio ambiente, de conformidad con el art. 149.1.23 CE», añadiendo
que «la afectación transversal del título competencial del Estado, que se ciñe al 
ámbito de lo básico (art. 149.1.23 CE), será conforme con el orden constitucional de 
competencias,  en  su  condicionamiento  de  las  competencias  sectoriales  de  las 
comunidades autónomas, cuando dicha afectación se traduzca en la imposición de 
límites a las actividades sectoriales en razón a la apreciable repercusión negativa que 
el ejercicio ordinario de la actividad sectorial de que se trate pueda tener […]. Cuando 
así ocurra, los límites impuestos podrán calificarse de normas básicas ex art. 149.1.23 
CE» (STC 69/2013, FJ 1).
Las afirmaciones contenidas en la precitada STC 69/2013, FJ 6 b), respecto a la 
naturaleza materialmente básica de determinados preceptos de la Ley 42/2007, resultan 
trasladables a los artículos de la misma ahora alegados como parámetro de contraste. 
Señalamos entonces que tal carácter básico no depende de lo genérico o lo detallado, 
de lo abstracto o lo concreto de cada norma, pues el criterio decisivo para calificar como 
básica una norma de protección del medio ambiente es su propia finalidad tuitiva; y 
hemos admitido que «la afectación transversal de la normativa básica de protección del 
medio  ambiente  se  pueda  traducir  en  la  imposición  de  límites  a  las  actividades 
sectoriales, como la caza o la pesca, en razón de la apreciable repercusión negativa que 
estas puedan tener sobre la finalidad tuitiva [STC 101/2005, FJ 5 c)]», añadiendo que 
«las medidas de protección de la fauna silvestre […] son una clara manifestación de la 
protección  del  medio  ambiente,  al  estar  orientadas  a  la  salvaguarda  del  interés 
ecológico, que es manifestación del ‘interés general y público en la preservación de la 
riqueza biológica, escasa y fácilmente extinguible’(ATC 56/2010, de 19 de mayo, FJ 4). 
Por este motivo, deben prevalecer sobre la regulación de la caza y la pesca, actividades 
que resultan legítimas solo en la medida en que se desenvuelvan con pleno respeto de 
las exigencias medioambientales, sin comprometer o poner en riesgo las medidas de 
conservación de la fauna silvestre, pues las exigencias de la caza comprenden no solo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad, sino también 
al de su protección, dentro de la que refiere al medio ambiente […]».
Los preceptos de la Ley 42/2007 aquí alegados como normativa básica de contraste 
cumplen  pues  los  anteriores  requisitos  para  ser  considerados  como  normas 
materialmente básicas, en la medida en que contienen una serie de prescripciones 
generales y comunes de carácter mínimo, que inciden en el ejercicio de la actividad 
cinegética  con  una  finalidad  tuitiva,  dirigida  a  garantizar  la  conservación  de  la 
biodiversidad  de  las  especies  que  viven  en  estado  silvestre.  Así,  en  el  art.  54  se 
contienen reglas relativas a la garantía de conservación de las especies autóctonas 
silvestres, estableciendo la obligación de la Administración General del Estado y de las 
comunidades  autónomas,  de  adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la 
biodiversidad que vive en estado silvestre, y de contemplar regímenes específicos de 
protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera; el artículo 61 
contempla las excepciones a las prohibiciones generales contenidas en la norma, previa 
autorización de la administración competente, y siempre que ello no suponga perjudicar 
el  mantenimiento  de  la  especie  en  un  estado  de  conservación  favorable  de  las 
poblaciones de que  se trate; por  su  parte,  el art. 65 dispone que la caza «podrá 
realizarse sobre las especies que determinen las comunidades autónomas, declaración 
que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el listado de especies en 
régimen de protección especial, o a las prohibidas por la Unión Europea» (art. 65.1); y 
asimismo que el ejercicio de la caza se regulará de modo que queden garantizados la 
conservación y el fomento de las especies autorizadas, a cuyos efectos las comunidades  s
autónomas  determinarán  los  terrenos  y  las  aguas  donde  puedan  realizarse  tales  oe.
actividades, así como las fechas hábiles para cada especie (art. 65.2). w.
Atendiendo al marco competencial expuesto, debemos tener presente que, como se  645ww
ihnac ornesctoitrudcaidoon arleiditaedra dmaemdeianttae  (epxoigr eto dqause,  SlaT Cc o1n6t1ra/2d0ic1c9ió, nd ee 1n2tr ed el adsi cideomsb ren,o rFmJa 7s), , llaa 
ainutetorpnróemtaictiav ay.  Elall oe simtaptalilc aprríoap, ueens teal  cporemsoe nptaer ácmaseotr, ol,a  sceoan setfaetcatcivióan  ee fiencstaivlvaa bdlee  qpuoer  vlaías   BOE-A-cable e
disposiciones  autonómicas  impugnadas  contradicen  y  vulneran  lo  dispuesto  en  los 
citados los arts. 54.1 y 5; 61.1 y 65 LPNB, alegados en la demanda como normas 
básicas de contraste, sin que resulte posible una interpretación integradora de ambas 
regulaciones.
4.  Considera el Defensor del Pueblo que, de acuerdo con la exposición de motivos 
de la Ley 9/2019, dos son los criterios utilizados en la norma autonómica para la 
declaración  como  cinegéticas  de  determinadas  especies:  por  un  lado,  que  no  se 
encuentren  en  ninguno  de  los  supuestos  de  protección,  conforme  a  la  normativa 
comunitaria,  estatal  y  autonómica;  por  otro,  que  de  acuerdo  con  sus  niveles 
poblacionales, su distribución geográfica y su índice de reproductividad, puedan soportar 
un  extracción  ordenada  de  ejemplares.  Sin  embargo,  en  el  escrito  de  demanda 
únicamente  cuestiona  el  cumplimiento  del  segundo  de  los  mencionados  requisitos, 
afirmando que de los preceptos impugnados no resulta probada la garantía de una 
extracción cinegética compatible  con la conservación  de las especies afectadas; la 
demanda no pone, pues, en cuestión el cumplimiento del primero de ellos; esto es, que 
ninguna de las especies definidas como cazables en la ley autonómica se encuentra 
incluida en el listado de especies silvestres de protección especial, o entre aquellas otras 
cuya caza resulte excluida por la normativa comunitaria o estatal.
El argumento que se alega –con carácter único–, para fundamentar esa efectiva e 
insalvable contradicción entre la ley autonómica y la estatal, es que la primera ha sido 
aprobada sin los exigibles informes y estudios científicos y técnicos que respalden su 
adecuación al deber básico de conservación de las especies afectadas y que acrediten 
que este no se verá disminuido por la práctica de la caza. Ahora bien, no se hace 
mención en el texto de la demanda a cuáles hayan de ser estos informes o estudios 
técnicos omitidos; es decir, no se individualiza la fuente normativa que los contempla 
como exigibles, ni se hace mención a las específicas razones de carácter sustantivo de 
las que deriva que tales preceptos son susceptibles de atentar contra el deber general de 
protección de la fauna silvestre. En definitiva, más allá de la mención de los preceptos 
básicos presuntamente vulnerados, se omite toda confrontación precisa entre una y otra 
regulación, pues la demanda se limita a señalar que la ausencia de dichos estudios e 
informes determina per se que no resulte probado que la regulación autonómica permita 
el ejercicio de la caza en términos compatibles con la conservación de la biodiversidad, 
lo que implicaría la vulneración de la garantía de conservación que imponen con carácter 
básico los precitados artículos de la LPNB.
Aunque el texto de la demanda no lo afirma de modo expreso, en la medida en que 
se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma por entender que no se 
han incorporado a la misma informes o estudios científicos que avalen su conformidad 
con la protección de la biodiversidad, cabría deducir que lo que de manera inconcreta 
vendría a fundamentar esta impugnación, no es sino lo que podría ser calificado, a 
efectos constitucionales, como una vulneración del procedimiento legislativo seguido 
para la aprobación de la ley; vulneración fundada en la insuficiencia de la documentación 
aportada  en  su  tramitación,  es  decir,  en  la  ausencia  de  unos  elementos  de  juicio 
(informes y estudios técnicos y jurídicos) que avalaran el cumplimiento de las reglas de 
protección medioambiental.
En relación con estos vicios de procedimiento legislativo, este tribunal ha tenido 
ocasión de pronunciarse sobre una cuestión similar en la STC 70/2018, de 21 de junio, 
FJ 4 b), cuyo contenido resulta de especial relevancia para el examen que aquí nos 
compete. Señala la citada sentencia que, en relación con las alegaciones de vulneración  e.
del procedimiento legislativo, la doctrina de este tribunal ha venido sosteniendo «la  w.b
necesidad de examinar, ante todo, si se ha producido o no vulneración de la normativa  645ww
areqguuelallad ovrual ndeer alcai óenla pbuodraoc itóenn edre r elalesv laenyceisa  ppaarraa,  lsao floo rmdeascpióuné sd, ey  lae nv osluu nctaasdo ,le vgaislolaradro rsai 
[p…ro]c. edEimn iepnrtiom edre  leulgaabro rahcai ónd ed ed leatse rlmeyineasr sqeu, e phoar  retasnutlota, dola  innfroinrmgiad a rye,g uelna dsoergau nddeol 
término, una vez localizada tal infracción, ha de evaluarse después la magnitud del
defecto de procedimiento detectado, que solo adquiere dimensión constitucional si es 
susceptible de afectar no de cualquier manera, sino de forma sustancial, el proceso de 
formación de la voluntad de una cámara, incidiendo, en consecuencia, al ejercicio de la 
función representativa inherente al estatuto del parlamentario […]. De este modo, una 
vez detectada la fuente normativa aplicable, la ausencia de un determinado antecedente 
solo tendrá transcendencia si se hubiere privado a las cámaras de un elemento de juicio 
necesario para su decisión».
En  lo  que  respecta  al  primero  de  estos  juicios,  continúa  señalando  la  citada 
sentencia, «cuando se trata del procedimiento legislativo de una comunidad autónoma, 
la vulneración de la normativa sobre el procedimiento de elaboración de las leyes no 
puede  determinarse  con  la  mera  traslación  de  las  exigencias  que  rigen  en  el 
procedimiento estatal […]. Por el contrario, dado su ámbito autonómico, la valoración 
desde la perspectiva constitucional de la denuncia aquí formulada requerirá atender al 
bloque de constitucionalidad aplicable […]. Es por tanto imprescindible que el defecto 
denunciado tenga cobertura normativa en el propio ordenamiento autonómico, de suerte 
que exista una violación específica del bloque de constitucionalidad».
En el caso que nos ocupa, la Ley 9/2019 se tramitó en las Cortes de Castilla y León 
como proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos 
de Castilla y León; por lo que el bloque de constitucionalidad aplicable es el que se 
contiene en el art. 24.1 del Estatuto de Autonomía en relación con los arts. 121 y 122 del 
Reglamento de las Cortes de Castilla y León.
Examinada su tramitación, se constata que el texto de la proposición se presenta de 
forma articulada y acompañado de unos antecedentes y una exposición de motivos, en 
donde se detallan las razones que sustentan la modificación normativa operada, dando 
así cumplimiento a lo dispuesto en el art. 121del Reglamento de las Cortes de Castilla y 
León. Asimismo, y de conformidad con lo señalado en el art. 122 del citado Reglamento, 
la  mesa  de  la  Cámara,  en  reunión  de  1  de  marzo  de  2019,  admitió  a  trámite  la 
proposición de ley, ordenando su publicación y su remisión a la Junta de Castilla y León, 
para que manifestase su criterio respecto de la toma en consideración, así como su 
conformidad o no a su tramitación, si implicara aumento de los créditos o disminución de 
los  ingresos  presupuestarios  («Boletín  Oficial  de  las  Cortes  de  Castilla  y  León», 
IX Legislatura, núm. 535, de 6 de marzo de 2019). La Junta de Castilla y León en su 
reunión de 7 de marzo de 2019, manifiesta no tener nada que objetar a su tramitación 
(«Diario de Sesiones» de 13 de marzo de 2019, Pleno, IX Legislatura, págs.11507 
y 11508). El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 13 de marzo 
de 2019, debatió y aprobó la toma en consideración de la proposición de ley («Diario de 
Sesiones»  núm.  127,  Pleno,  IX  Legislatura,  de  13  de  marzo  de  2019),  que  fue 
definitivamente aprobada en sesión plenaria de 27 de marzo de 2019 («Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León», IX Legislatura, núm. 52, de 2 de abril de 2019).
La norma ha sido pues aprobada de conformidad con el procedimiento previsto en el 
bloque de constitucionalidad aplicable. El recurrente no ha identificado tampoco una 
fuente normativa de la que pueda deducirse la obligatoriedad en el ordenamiento jurídico 
autonómico,  de  aportar  unos  concretos  informes  técnicos  y  jurídicos,  que  hubieran 
debido obrar en los antecedentes, pues no se menciona ninguna norma del Estatuto de 
Castilla y León o del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, de la que resultare la 
obligación de aportación de los mencionados documentos. Y la mera referencia a la 
supuesta ausencia de una documentación específica «no es por sí sola suficiente para 
deducir la exigibilidad de un concreto informe o dictamen, debiendo complementarse  s
dicha cláusula genérica con alguna otra fuente normativa que permita singularizar el  oe.
específico elemento de juicio que ha sido sustraído a la cámara» [STC 70/2018, FJ 4 b)];  w.
condición que la demanda no ha venido a satisfacer. Por este motivo, la queja no pueda  645ww
ipnrfoosrmpeersa r,e np uleas  tryaam hitaecmióons  dreec hlaa znaodrom aq upeu e«ddae  dlae dguecniérsreic ain dcoennsutnitcuicai odnea lliad aodm aislgióunn ad»e; 
afirmación que este tribunal ha venido aplicando tanto a las quejas formuladas por este
motivo contra la totalidad de una ley, como en relación a concretos preceptos de la 
misma (STC 70/2018, de 21 de junio, FJ 5).
Descartada pues la violación del procedimiento legislativo seguido en la aprobación 
de la norma, no cabe sino concluir que, dados los términos en que la controversia ha 
sido planteada, no resulta posible un pronunciamiento estimatorio por este tribunal por 
carecer la demanda de una carga argumental mínima, y por haberse formulado la 
controversia con un carácter hipotético o preventivo, limitándose a afirmar que no resulta 
probada  la  conformidad  de  los  preceptos  impugnados  con  la  legislación  básica 
medioambiental, siendo así que este tribunal exige la existencia de un efectivo y real 
despojo de la competencia por el ente territorial invasor, no admitiendo planteamientos 
«cautelares», «virtuales» o «hipotéticos» (por todas, STC 132/2018, de 13 de diciembre, 
FJ 5). En consecuencia, procede rechazar la impugnación formulada por este motivo.
5.  En  segundo  lugar,  el  recurrente  considera  que  los  preceptos  cuestionados 
vulneran el art. 9.3 CE, que proscribe la arbitrariedad, por tratarse de una ley singular, 
carácter que deriva, según afirma de las siguientes notas: i) es una norma «parcialmente 
autoaplicativa», siendo esto así respecto de los anexos y la disposición transitoria, que 
no requieren la emisión de acto administrativo de aplicación; ii) se trataría de una ley de 
supuesto de hecho concreto, siendo este la determinación de las especies cinegéticas y 
sus períodos de caza en Castilla y León; iii) no aparece suficientemente motivada ni se 
justifica la excepcional relevancia de la modificación determinante de la regulación por 
ley  de  una  materia  antes  objeto  de  norma  reglamentaria,  e  incluye  una  solución 
desproporcionada. Se afirma, además, la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva ex art. 24.1 CE, al impedir el acceso a la justicia de los titulares de derechos e 
intereses  legítimos  y  privar  de  efectividad  a  la  resoluciones  judiciales  recaídas  en 
conexión con la materia objeto de la norma cuestionada. Los letrados de la Comunidad 
Autónoma y de las Cortes de Castilla y León rechazan las vulneraciones alegadas y 
solicitan la desestimación del recurso en este punto.
En el examen de esta cuestión, seguiremos lo señalado en la STC 134/2019, de 13 
de noviembre, FJ 5, que ha venido a sistematizar la extensa doctrina constitucional en 
relación con las denominadas leyes singulares. En este sentido, debemos comenzar 
recordando que, conforme a la doctrina de este tribunal, las leyes singulares no son, por 
este mero hecho, inconstitucionales, si bien al no constituir un ejercicio normal de la 
potestad  legislativa,  están  sujetas  a  una  serie  de  límites  contenidos  en  la  propia 
Constitución (STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 4). Por ello, cuando la ley o disposición de 
rango legal objeto del proceso es calificada como «ley singular» por alguna de las partes, 
antes  que  nada  debe  examinarse  su  naturaleza,  pues  una  vez  determinada  esta, 
estaremos en condiciones de pronunciarnos sobre las vulneraciones que se le reprochan 
(STC 50/2015, de 5 de marzo, FJ 3).
En dicho análisis, debemos atender a los tipos de leyes singulares identificados por 
nuestra doctrina. En este sentido, la STC 203/2013, de 5 de diciembre, FJ 3, señala que: 
i) un primer tipo de ley singular es la ley autoaplicativa, término este que hace alusión a 
las leyes que contienen una actividad típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al 
caso concreto, como era el supuesto analizado en la STC 129/2013, de 4 de junio; ii) en 
segundo lugar, una ley también puede calificarse de estructura singular, en atención a los 
destinatarios a los que va dirigida, caso de la norma examinada en la STC 166/1986, 
de 19 de diciembre; y iii) finalmente, pertenecen asimismo a este género, aquellas 
dictadas  en  atención  a  un  supuesto  de  hecho  concreto  y  singular,  que  agotan  su 
contenido y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador  e.
ante ese supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable a ningún otro,  w.b
categoría en la que se encuadró, por ejemplo, el supuesto de la STC 203/2013, de 5 de  645ww
dicieAm pbarert.ir de lo expuesto, procede determinar si los preceptos recurridos tienen su
Tenricbaujnea el n Caolgnusntiotu dceio nloasl,  sudpeubeisetnodso  dea lpelyic ásrinsgeulelas,r  sissit emasaít izafudeorsa ,e n elal  dcoacntroinna  ddeel 
constitucionalidad correspondiente. Ha de advertirse que si no existiera tal encaje
sería infundada la consecuencia a la que llega el recurrente; esto es, la vulneración de 
los arts. 9.3 y 24.1 CE.
En  cuanto  al  primero  de  los  supuestos  mencionados,  el  Defensor  del  Pueblo 
considera que constituyen normas «parcialmente autoaplicativas» las que aprueban los 
anexos I y II, y la disposición transitoria de la Ley 9/2019, en cuanto no requieren de un 
acto administrativo de aplicación. Conviene recordar, no obstante, que para que una ley 
pueda ser calificada como ley singular por ser autoaplicativa, no es suficiente con que 
esta norma pueda aplicarse directamente sin precisar desarrollo reglamentario ni actos 
intermedios de aplicación; es preciso, además, que a través de la ley se realice una 
actividad «materialmente administrativa» (STC 129/2013, FJ 4) o «típicamente ejecutiva, 
de aplicación de la norma al caso concreto» (SSTC 50/2015, FJ 3; 231/2015, FJ 3, 
y  134/2019,  FJ  5).  Circunstancias  que  no  se  cumplen  en  este  supuesto.  Las 
determinaciones establecidas en la ley cuestionada tienen naturaleza normativa, pues 
regulan con carácter general y abstracto la actividad cinegética en Castilla y León, sin 
que su eficacia se agote con la aplicación a un caso concreto. El ejercicio de dicha 
actividad cinegética sobre las especies y en los plazos determinados en los anexos I y II, 
exige de actuaciones administrativas concretas contempladas en la propia ley (existencia 
de un plan cinegético; expedición de licencias, fijación de horarios de caza; limitaciones 
al uso de la munición, etc.); y lo mismo cabe decir de la disposición transitoria, que 
determina simplemente el régimen aplicable al ejercicio de la actividad cinegética desde 
la entrada en vigor de la norma hasta la aprobación del plan de caza, lo que no excluye 
que haya de seguirse el procedimiento establecido en la misma.
Tampoco puede calificarse la norma como ley de destinatario único o de estructura 
singular en atención a los destinatarios a los que a los que va dirigida, pues sus 
previsiones van dirigidas a una pluralidad indeterminada de sujetos, que incluyen tanto a 
los que pretendan llevar a cabo la actividad regulada, como a las administraciones 
competentes  que  han  de  desarrollar  las  actuaciones  y  adoptar  las  resoluciones 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de lo señalado en los preceptos 
controvertidos. Se dirige, por tanto, a una variedad de sujetos, todos aquellos que 
confluyen en el legítimo ejercicio de la actividad cinegética, cuya identidad específica no 
ha sido el factor determinante en la configuración de la norma ni constituye en sí un dato 
obvio o que se aprecie en su simple lectura (STC 42/2018, de 25 de abril, FJ 6).
Cabe descartar asimismo que nos encontremos ante una ley singular dictada en 
relación a un supuesto de hecho concreto y singular que agote su contenido en la 
adopción de la medida establecida por el legislador. Estamos, por el contrario, ante una 
norma que nace con vocación de permanencia, que se proyecta hacia el futuro y que es 
susceptible de una pluralidad de aplicaciones.
Finalmente, tampoco se produce una infracción de los arts. 9.3 y 24.1 CE por el 
hecho de que la ley autonómica se apruebe en un tiempo coincidente con determinadas 
resoluciones judiciales; en concreto, con el auto de 21 de febrero de 2019 que acordó la 
suspensión cautelar del Decreto 10/2018. El hecho de que la aprobación de la ley 
conlleve que el incidente cautelar pueda perder objeto, no convierte a esta norma en ley 
singular pues este efecto no agota el contenido de la norma cuestionada, la cual tiene 
efectos generales y abstractos, en relación con la regulación de la caza en la citada 
comunidad  autónoma.  En  nuestro  ordenamiento  no  existe  la  reserva  reglamentaria 
(SSTC 120/2014, de 17 de julio, FJ 8; 12/2015, de 2 de marzo, FJ 5, y 38/2016, de 3 de 
marzo, FJ 7, entre otras muchas), por lo que la ley puede regular cualquier materia, y 
esta posibilidad no puede verse restringida porque el reglamento que regulaba dicha  s
materia se encuentre impugnado en vía judicial, pues como ya ha establecido este  oe.
tribunal, del principio de exclusividad de jueces y magistrados en el ejercicio de la  w.
potestad jurisdiccional no puede inferirse la existencia de una correlativa prohibición  645ww
inmivpeul esdtea  adl elengsiisdlaadd orn, opromr alati vqau ec soen  coqnudei ciporneete snud elib erertgaudl adre  cuonnaf igduertaecrimónin paadraa  emleagteirr eial 
(STC 139/2005, FJ 3).
En el presente caso, no puede apreciarse que carezca de justificación o resulte 
desproporcionada  la  decisión  del  legislador  para  regular  la  actividad  cinegética.  La 
exposición de motivos de la ley viene a poner el acento en determinados aspectos, como 
son los problemas derivados de la superpoblación de especies silvestres en materia de 
seguridad vial; salud humana, seguridad alimentaria, daños en cultivos; importancia 
económica  de  la  actividad  cinegética  en  zonas  rurales,  y  efectos  en  materia  de 
despoblación, así como la incidencia negativa que la sobreabundancia de determinadas 
especies puede producir en los hábitats de otras catalogadas en peligro de extinción. Es 
decir, el legislador ha establecido la regulación que ahora se impugna atendiendo a unos 
fines  y  objetivos  que  forman  parte  de  una  orientación  de  política  general,  cuya 
determinación corresponde al órgano legislativo, y que no constituyen la respuesta ad 
casum de determinadas resoluciones judiciales (en el mismo sentido STC 73/2000; 
FJ 6). En definitiva, conforme declara la STC 110/2015, de 28 de mayo, FJ 5, «no 
corresponde a este tribunal interferirse en el margen de apreciación que corresponde al 
legislador democrático, ni examinar la oportunidad de la medida legal para decidir si es la 
más adecuada o la mejor de las posibles, sino únicamente examinar si la decisión 
adoptada es plenamente irrazonable o carente de justificación (STC 156/2014, FJ 6)».
Por lo expuesto procede rechazar el motivo de inconstitucionalidad alegado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad formulado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de octubre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.