BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 319 Lunes 7 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 112044
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
15801 Sala Segunda. Sentencia 154/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 4355-2014. Promovido por don Abdelbarie Dahane respecto de las 
resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  del 
Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2020:154
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4355-2014, promovido por don Abdelbarie Dahane 
contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo de 28 de abril de 2014, por la que se declara no haber lugar al recurso de 
casación para la unificación de doctrina núm. 1880-2013, interpuesto contra la sentencia de 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
de 15 de enero de 2013, pronunciada en el procedimiento ordinario núm. 210-2011, por la 
que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del 
secretario de Estado de Justicia de 23 de marzo de 2011,pronunciada en el expediente 
núm. 150-2010, que desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial derivada del 
tiempo que permaneció en prisión provisional en una causa penal en la que resultó 
absuelto. Ha sido parte el abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don Abdelbarie Dahane, representado por el procurador de los tribunales don 
Sergio  Cabezas  Llamas,  y  bajo  la  dirección  del  letrado  don  Benet  Salellas  i  Vilar, 
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales y administrativa que se 
mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito registrado en este 
tribunal el 23 de febrero de 2015.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: e
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Juzgado Central de Instrucción núm. 5, en el que fue absuelto por sentencia de la
Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional núm. 31/2009, de 30
de abril de 2009. La reclamación dio lugar al expediente de responsabilidad patrimonial 
núm. 150-2010.
b)  La Secretaría de Estado de Justicia dictó resolución desestimatoria el 23 de 
marzo de 2011 argumentando que la absolución se había producido por insuficiencia 
probatoria para acreditar la participación del recurrente en el hecho delictivo acontecido y 
no por inexistencia objetiva del hecho.
c)  El demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo, dando 
lugar al procedimiento ordinario núm. 210-2011 tramitado por la Sección Tercera de la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional.  El  recurso  fue 
desestimado por sentencia de 15 de enero de 2013 argumentando que no se trata de un 
supuesto de inexistencia objetiva reconducible al art. 294 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ).
d)  El demandante interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, 
tramitado por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, cuya sentencia de 28 de abril de 2014, declaró que no había lugar al recurso 
por no haber doctrina alguna que unificar, toda vez que el denunciado apartamiento de la 
doctrina previa estaba apoyado en un cambio de criterio del Tribunal Supremo.
3.  El  demandante  solicita  que  se  otorgue  el  amparo  por  vulneración  de  los 
derechos a la igualdad (art. 14 CE), la libertad personal (art. 17.1 CE) y la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE), declarándose la nulidad de las resoluciones impugnadas, con 
fundamento en que ha obtenido una respuesta judicial que conlleva un apartamiento 
irreflexivo y arbitrario de la doctrina previa sentada por el Tribunal Supremo respecto de 
la  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  de  Justicia  en  supuestos  de 
inexistencia subjetiva del hecho imputado, interpretándose erróneamente el art. 294 
LOPJ y desatendiéndose lo dispuesto en el art. 6.2 del Convenio europeo de derechos 
humanos y el verdadero sentido de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en la materia (STEDH de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España).
4.  La Sección Cuarta de este tribunal, por providencia de 27 de enero 2020, acordó 
la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la posible vulneración del derecho 
fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter 
general [STC 155/2009, FJ 2 c)]; dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para 
que remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento para 
que puedan comparecen en el recurso de amparo quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 13 de julio de 2020, acordó tener por personado al abogado del Estado y 
dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo 
común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de 
conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El abogado del Estado, mediante escrito registrado el 10 de septiembre de 2020, 
solicita que se dicte sentencia conforme a derecho y, en caso de estimación del recurso, 
que se ordene la «retroacción del expediente a la instancia oportuna a fin de que, de 
acuerdo  con  lo  que  dispone  el  art.  294  LOPJ,  y  siguiendo  siempre  el  cauce 
procedimental adecuado, se acrediten los daños y perjuicios que en su caso se hubieran 
podido llegar a producir». Destaca el abogado del Estado que la STC 85/2019, de 19 de 
junio, «deja incólume la expresión ‘siempre que se hayan arrogado perjuicios’», lo que  e.
implica que el resarcimiento no es automático y que no le corresponde al Tribunal  w.b
Constitucional  pronunciarse  sobre  su  procedencia  determinando  la  realidad  de  los  801ww
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STC 85/2019, de 19 de junio, en la que los incisos «por inexistencia objetiva del hecho
imputado»  y  «por  esta  misma  causa»  del  art.  294.1  LOPJ  son  declarados 
inconstitucionales  y  nulos  por  vulneración  de  los  arts.  14  y  24.2  CE.  Al  haberse 
denegado la indemnización por no tratarse de un supuesto de inexistencia objetiva del 
hecho se incurre, a juicio del fiscal, en la vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia que es inherente a la fijación normativa, por parte del legislador, de ese 
supuesto indemnizatorio, que exige diferenciar entre distintos tipos de absueltos.
8.  El demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 17 de 
agosto de 2020 ratificándose en las formuladas en su demanda de amparo y destacando 
la declaración de inconstitucionalidad parcial del art. 294.1 LOPJ por la STC 85/2019, 
de 19 de junio.
9.  Por providencia de 3 de noviembre de 2020 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 4 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El objeto del presente recurso de amparo es determinar si la decisión de denegar la 
indemnización solicitada por el recurrente del tiempo que estuvo sometido a prisión 
preventiva  en  un  procedimiento  en  que  finalmente  fue  absuelto,  ha  vulnerado  sus 
derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
El objeto de este recurso y los motivos invocados son sustancialmente coincidentes 
con los que ya han sido abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en los 
fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de octubre, a cuyos fundamentos 
jurídicos debemos remitirnos. En concreto, en su fundamento jurídico 4 se determinaron 
los efectos sobre el recurso de amparo de la declaración de inconstitucionalidad de los 
incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 
LOPJ llevada a cabo por la STC 85/2019, de 19 de junio, para concluir que procede 
otorgar el amparo en tanto «las resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha 
normativa  —a  la  que  atendieron  los  órganos  administrativos  y  judiciales  por  estar 
entonces vigente— materializan la misma vulneración del derecho a la igualdad y del 
derecho a la presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma 
en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización respecto de 
la prisión provisional a la que estuvo sometido se adopte en cuanto a sus criterios 
rectores de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la retroacción debe remontarse al 
momento anterior a dictarse la resolución del secretario de Estado de Justicia de 23 de 
marzo de 2011, que denegó la indemnización y que origina la lesión de los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 
CE en los términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido w.
consEesctiumeanrc iae:l  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Abdelbarie  Dahane  y,  en
1.º  Declarar que han sido vulnerados sus derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de 
la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 
de abril de 2014, pronunciada en el recurso de casación para la unificación de doctrina 
núm. 1880-2013; la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de enero de 2013, pronunciada en el 
procedimiento ordinario núm. 210-2011; y la resolución del secretario de Estado de 
Justicia de 23 de marzo de 2011, pronunciada en el expediente núm. 150-2010.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  a  pronunciarse  la  última 
resolución citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
prisión provisional de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y 
a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.