BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Lunes 31 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 66365
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
9007 Decreto-ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 
17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para 
agilizar la gestión administrativa de las renovaciones de la Prestación Canaria 
de Inserción, se mejora la financiación de la gestión municipal y se aprueba 
un suplemento económico en favor de las familias con personas menores de 
edad a cargo.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la 
que se regula la Prestación Canaria de Inserción para agilizar la gestión administrativa 
de las renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la financiación de 
la gestión municipal y se aprueba un suplemento económico en favor de las familias con 
personas menores de edad a cargo, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que 
lo cumplan y lo hagan cumplir.
I
Con la aprobación del Decreto ley 16/2020, de 24 de septiembre, de modificación de 
la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción 
(PCI) para su adaptación al Ingreso Mínimo Vital, se persiguió la reforma, adaptación y 
coordinación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación 
Canaria de Inserción, cuyas ayudas son competencia de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, garantizando su función como sistema complementario a las personas que no 
puedan acogerse al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a los apoyos que se precisen en los 
procesos de inclusión social y laboral, con el fin de superar la pobreza, la exclusión 
social y la desigualdad. En concreto, se modificaron los artículos 6 (carácter subsidiario y 
complementario)  8  (determinación  de  recursos),  9.4  (importe),  11.3  (iniciación  el 
procedimiento),  20  (suspensión)  y  22  (extinción)  de  la  citada  ley,  introduciendo  las 
modificaciones precisas para hacer compatible y complementarias ambas prestaciones 
económicas y en general, para la clarificación de los instrumentos para la inclusión social 
a tenor de la irrupción de la nueva prestación estatal, a efectos de que no se produzcan 
duplicidades que generen confusión.
No  obstante,  la  situación  actual  de  crisis  social  y  económica  provocada  por  la 
pandemia de COVID-19 y los retrasos experimentados en la tramitación, concesión y 
abono del IMV por parte de la Administración de la Seguridad Social, así como el alto 
número de denegaciones, dejan a las personas solicitantes y perceptoras de la PCI que 
hayan solicitado el IMV en una situación de incertidumbre y, además, de desamparo ante 
el riesgo de pérdida de la PCI.
En efecto, según datos facilitados públicamente por la Delegación del Gobierno en 
Canarias en diciembre de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había  s
reconocido a 6.916 hogares canarios el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De esta manera, la  oe.
prestación llegaba en diciembre del año pasado a 17.396 personas en Canarias, de las  w.
que 8.046 eran menores de edad (el 46,25 %). Por provincias, en Las Palmas eran 3.847  07ww
hmoegnaorreess )l,o sm rieenctornaos cqiduoes  eenn  Sdaicnietam bCrreu zd ed e2 0T2e0n,e rlliefeg alonsd oh oagsaí rae s9 .b4e6n7e fpiceirasroionsa sd e(4l .I2M4V6 
eran 3.069, en los que se acogían a 7.929 personas (de las cuales, 3.800 menores).
Sin embargo, uno de los problemas del IMV es que, a pesar de que sus cuantías son 
mayores que la PCI, de momento solo tiene en cuenta las rentas del año anterior; una 
situación que deja en desamparo a las personas a las que la pandemia empeoró su 
economía. Por ello, las peticiones de la PCI y de solicitudes resueltas no han parado de 
incrementarse durante todo el verano de 2020. Entre junio y julio del año pasado, el 
Gobierno  de  Canarias,  a  través  de  la  Consejería  de  Derechos  Sociales,  Igualdad, 
Diversidad  y  Juventud  activó  1.376  nuevas  altas,  una  cifra  que  ha  continuado  en 
aumento en agosto, con 263 nuevas solicitudes dadas de alta. De las 5.687 unidades de 
convivencia a las que llegaba la prestación el año pasado, ahora llega a 8.184 familias. 
Es decir, casi 2.500 familias más se benefician de esta prestación.
Por otra parte, la Administración de la Seguridad Social rechaza el 84% de las 
solicitudes del ingreso mínimo vital en Canarias. Es decir, 84 de cada cien peticiones 
cursadas  desde  las  Islas,  más  de  ocho  de  cada  diez,  acaban  en  la  carpeta  de 
denegadas. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
correspondientes  al  cierre  de  2020,  en  el  Archipiélago  se  habían  resuelto  un  total 
de 43.322 expedientes de solicitudes. Pero solo se habían aprobado 6.916, un 16%. O lo 
que es lo mismo, se habían denegado 36.406 solicitudes del IMV. Es decir, en las islas 
de la provincia occidental –Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro–, la Administración 
de la Seguridad Social rechaza el 83% de las peticiones del ingreso mínimo vital. En las 
islas orientales –Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura–, el porcentaje de solicitudes 
denegadas es aún mayor y roza el 85% (84,7). De lo que concluye que el porcentaje de 
peticiones que terminan en la carpeta de rechazadas es bastante alto en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
Por tanto, la tardanza en resolver los expedientes, el bajo porcentaje de peticiones 
aceptadas  y  las  condiciones  a  cumplir  para  percibir  el  IMV  obligan  a  promover  el 
presente  Decreto  ley,  con  el  fin  de  ampliar  con  la  máxima  celeridad  la  reforma, 
adaptación y coordinación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción, mediante la adopción de medidas urgentes para agilizar 
la gestión administrativa de las renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, el 
mejorar  la  financiación  de  la  gestión  municipal  y,  además,  aprobar  un  suplemento 
económico en favor de las familias con personas menores de edad a cargo, a fin de 
mejorar las cuantías que perciban las unidades de convivencia ante el reto de las cifras 
de pobreza infantil existentes en Canarias. En concreto, se reforma y adapta la Ley de 
PCI  para  proteger  a  aquellas  personas  que  se  puedan  ver  perjudicadas  en  las 
renovaciones por la falta de citas en los servicios sociales municipales, posibilitando la 
renovaciones  de  oficio  hasta  dos  meses  después  de  finalizado  el  percibo  de  la 
prestación, aunque no se hubiera solicitado dicha renovación en plazo. Además, es 
imprescindible que los ayuntamientos sigan contando con todo el personal municipal 
especializado en el ámbito de los servicios sociales destinado para llevar a cabo las 
finalidades de la PCI previstas (comprobación de los requisitos, la subsanación de 
solicitudes y la remisión de la documentación aportada por las personas interesadas), así 
como  toda  función  que  implique  el  seguimiento  y  desarrollo  de  las  actividades  de 
inserción, por lo que también se modifica el régimen de financiación a los ayuntamientos 
para asegurar la financiación de la gestión municipal en este ámbito. Igualmente, se crea 
un complemento de 50 euros por menor a cargo, destinado a proteger a la infancia como 
colectivo  especialmente  vulnerable  ante  situaciones  de  carencia  de  recursos 
económicos.
Por  ello,  con  las  adaptaciones  que  introduce  el  presente  Decreto  ley  se  sigue  s
garantizando, hasta la entrada en vigor de la Ley de Renta de Ciudadanía, la función de  oe.
la PCI como sistema complementario a las personas que no puedan acogerse al IMV y  w.
mejorando los apoyos que se precisen en los procesos de inclusión social y laboral,  07ww
sfaitcuialitcaionndeos l adse r epnoobvreazcaio, ndees  edxec leusstiaó np rseosctaiacl ióyn d, ed adnedsoig, upauledsa,d ,u ngaa rraenstpizuaensdtao  duing nsais tae mlaas 
integral de responsabilidad pública de apoyo a la inclusión social en Canarias.
II
El Decreto ley se estructura en una parte expositiva, un artículo único compuesto de 
tres apartados que modifican otros tantos preceptos de la vigente Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, una disposición adicional, 
una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. En 
concreto, se introducen en el texto de la Ley las modificaciones precisas para crear un 
complemente fijo para personas menores de edad, para cambiar el régimen jurídico de 
las renovaciones y para mejorar el criterio de financiación a los ayuntamientos en el 
ejercicio de sus competencias en la gestión de la PCI.
Podemos destacar las siguientes modificaciones que se operan en los preceptos de 
la Ley 1/2007, de 17 de enero:
En primer lugar, se modifica el artículo 9.1, que trata del importe de la PCI, para 
implantar un complemento fijo mensual de 50 euros por cada persona menor de edad 
integrante de la unidad de convivencia del solicitante que se añade al complemento 
mensual variable ya existente. Se trata de un complemento no consolidable en función 
de la minoría de edad de las personas integrantes de las familias, que se establece 
como medida destinada a luchar contra la pobreza infantil, dado la escasez de la cuantía 
establecida actualmente en la PCI, y ante la falta de oportunidades laborales en el actual 
contexto de crisis económica.
En segundo lugar, se da nueva redacción al artículo 18 de la Ley, que trata de las 
renovaciones de la PCI. De manera que aparte de la posibilidad de las renovaciones a 
instancia de parte, ahora de manera subsidiaria también se podrán renovar de oficio 
previo informe de los servicios sociales municipales. De manera que si la Administración 
municipal  apreciara  que  persisten  las  causas  que  motivaron  su  concesión,  podrá, 
mediante un informe social motivado, proponer su renovación por otro periodo de seis 
meses, siempre que se acredite que la unidad de convivencia mantiene las mismas 
circunstancias que motivaron la concesión.
Esta  medida  es  fundamental  para  aligerar  el  procedimiento  y  las  cargas 
administrativas  a  las  personas  perceptoras  de  la  PCI  que  están  viendo  que  los 
ayuntamientos  se  están  demorando  en  las  citas  previas  para  acceder  de  manera 
presencial a las oficinas municipales para presentar las solicitudes de renovación. En 
efecto,  ante  la  saturación  actual  de  los  servicios  sociales  municipales,  se  está 
provocando que solicitudes se presenten fuera de plazo, lo que ha supuesto la salida del 
sistema, y en los casos de no tener menores a cargo, la imposibilidad de solicitar la 
renovación, por ello, se hace preciso establecer la posibilidad de realizar la renovación 
de oficio hasta dos meses con posterioridad al vencimiento de la prestación mediante un 
informe social motivado.
Esta importante medida permitirá flexibilizar el régimen de renovación dados los 
problemas que a raíz de la pandemia se están produciendo con la presentación de 
solicitudes de renovación de la PCI por las personas interesadas, y los retrasos en 
informar a dichas personas de la posibilidad de renovación, dada la saturación de trabajo 
de los servicios sociales municipales, lo que está provocando que muchas personas se 
vean  perjudicadas,  ya  que  no  están  llegando  a  tiempo  a  registrar  su  solicitud  de 
renovación.
Por otro lado, dadas que dichas solicitudes de renovación ya vienen con informe 
favorable de la Administración municipal, y de cara a agilizar las renovaciones y evitar 
que retrasos en la resolución de las mismas provoque que las personas beneficiarias  e
están meses sin cobrar, la Administración responsable de resolver, en este caso, la  bo
Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, lo hará de manera favorable,  07ww
rceiracluiznásntadnocsiea su nfaam cioliamrepsro ob aeccioónnó cmoinc apso.sterioridad, por si se detectaran variaciones en la
finanEcnia tceiórcne rd elu lgaa rg, ecsotimóno  dmee ldai dPaC dI epsotri nlaods aa yau ndtaarm sieegnutorsid, adda djuor íqduicea  eal  Rloesg clarmiteerniotso  ddee 
esta prestación, aprobado por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, estableció en la
redacción  dada  por  el  Decreto  153/2017,  de  8  de  mayo,  que  las  aportaciones 
económicas de la Comunidad Autónoma se dirigían exclusivamente a financiar «personal 
especializado en trabajo social», por lo que otro personal fundamental para la tramitación 
de la PCI, como administrativos, o el destinado a las actividades de inserción previstas 
en  la  Ley,  como  profesionales  de  la  psicología  o  de  la  educación  social,  estarían 
excluidos de este régimen de financiación si se realizara una interpretación literal y 
estricta del Reglamento. Esta situación puede provocar que buena parte del personal 
que financia el Gobierno de Canarias a los ayuntamientos como personal administrativo 
o de educación social, se puedan ver excluido, por lo que es una de las cuestiones 
fundamentales a modificar en la Ley.
Para ello, se procede a dar nueva redacción al artículo 42.2 de la Ley, de manera 
que a fin de contribuir a la financiación de las competencias de los ayuntamientos 
reguladas en el artículo 39 de esta Ley, anualmente los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias establecerán una asignación económica destinada a 
sufragar los gastos de personal de trabajo social, administrativo y de apoyo a las 
actividades de inserción necesario para la gestión de la Prestación Canaria de Inserción 
por parte de estas entidades.
Por último, la parte final de este Decreto ley, se completa con una disposición 
adicional,  una  disposición  transitoria,  una  disposición  derogatoria  general,  y  dos 
disposiciones finales, la primera para establecer un plazo para la implantación efectiva 
del complemento fijo para hijos a cargo, y la segunda, para fijar su entrada en vigor el 
mismo día de su publicación.
Por su parte, la disposición transitoria única trata de las solicitudes de renovación ya 
remitidas por los ayuntamientos con informe social municipal favorable pero que se 
hayan pendientes de resolución en la Dirección General competente para su aprobación, 
a la fecha de la entrada de vigor de este Decreto ley. A fin de agilizar, por ello, la carga 
de expedientes de renovación pendientes de resolver, sin perjuicio del silencio positivo 
reconocido en el artículo 19 de la Ley, se hace necesario establecer, pues, una medida 
de agilización excepcional y transitoria, de manera que siempre que las mismas no 
impliquen  variación  del  importe  de  las  prestaciones,  aquellas  serán  en  todo  caso 
resueltas favorablemente, sin necesidad de nuevos informes, sin perjuicio de su revisión 
posterior en los términos señalados en el artículo 18.4 de la Ley de la Prestación Canaria 
de Inserción, con la redacción dada por este Decreto ley.
En  efecto,  la  puesta  en  marcha  del  mencionado  complemento  fijo  necesita 
previamente implementar, ensayar y poner en producción de manera fiable el aplicativo 
informático para la gestión de la nómina de la PCI, por lo que por razones de prudencia y 
seguridad en la gestión se hace preciso establecer un plazo máximo de hasta tres meses 
desde la entrada en vigor de esta norma para empezar a abonar el citado complemento 
fijo por personas menores de edad que se establece con el presente Decreto ley. En todo 
caso, se procurará que la puesta en marcha de esta medida fuera lo antes posible a fin 
de no agotar innecesariamente el citado plazo si ello fuera materialmente posible.
III
En consecuencia, a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente 
necesidad de este Decreto ley resulta plenamente justificada.
La adopción de medidas mediante Decreto ley ha sido avalada por el Tribunal 
Constitucional  siempre  que  concurra  una  motivación  explícita  y  razonada  de  la  s
necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura de crisis sanitaria exige una rápida  e.
respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la  w.
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo  07ww
ocordnisntaitruioc iopnoadlmríae ngtee nlíecritaor,  sailegmúnp rep eqrujuei ceiol –fin.  qEul eD jeucsrtiefitcoa  lleay l ecgoisnlastcitióunye d eu nu rginesntcruiam, esnetao, 
dtael  c4o dmeo  ferebirteerraod, aFmJ.e 5n;t e1 1h/a2 0e0x2ig, iddoe  n1u7e dsetr oe nTerirbou, nFaJl .C 4o; n1s3ti7tu/2c0io0n3a,l  d(see 3n tednec jiualsio 6, /F1J9.8 33,,   BOE-A-cable e
y 189/2005, de 7 de julio, FJ. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Ante  los  enormes  retrasos  en  la  aprobación  del  IMV  y  el  elevado  número  de 
solicitudes denegadas a personas de Canarias, se hace especialmente urgente por el 
impacto económico y social que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 está 
ejerciendo sobre las personas en situación de vulnerabilidad y el riesgo de cronificación y 
aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con carácter inmediato 
para mejorar las cuantías de la PCI y flexibilizar las renovaciones respecto de las 
personas y sus unidades de convivencia que ya venían siendo beneficiarias de la misma. 
Por todo ello queda acreditada la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria 
y urgente necesidad de las medidas adoptadas en el presente Decreto ley.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto ley se 
inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC 
de 28.01.2020, Recurso de Inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas en el 
cumplimiento de la seguridad jurídica y la cobertura de las necesidades básicas de la 
ciudadanía. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en 
ningún caso, este Decreto ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este 
instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, 
FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, 
todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la norma 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, 
de 20 de octubre, FJ 3).
Debe  señalarse,  por  otra  parte,  que  este  Decreto  ley  no  afecta  al  ámbito  de 
aplicación  delimitado  por  el  artículo  46.2  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias. 
Además, responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exigen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  A  estos 
efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia 
dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo 
el Decreto ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma 
es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible 
para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al 
principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. 
Asimismo, cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente 
su propósito y se ofrece una explicación, sin que se hayan realizado los trámites de 
participación pública que se establecen en el artículo 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno, 
al amparo de la excepción que, para los Decretos leyes, regula el apartado 11 del aludido 
precepto. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este Decreto ley no 
impone cargas administrativas adicionales a las existentes con anterioridad, al contrario, 
aligera cargas a fin de flexibilizar las renovaciones de PCI y de aprobación de los 
procedimientos ya remitidos por los ayuntamientos a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
Por  otra  parte,  dada  la  finalidad  de  este  Decreto  ley  y  el  ámbito  material  de  s
competencias donde se inserta, la presente disposición forma parte del bloque normativo  oe.
sobre  servicios  sociales  derivado  de  las  competencias  exclusivas  en  esa  materia  w.
reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias. En efecto, el artículo 142.1, letra  07ww
an)o vdieelm Ebsrtea,t uetos tdaeb leAcueto enno msíua  daert íCcualnoa r1ia4s2,,  arperfoebriaddoo a p olor sla « LSeeyr vOicrigoásn iscoac 1ia/2le0s1»8, , qduee 5  «d1e. 
mCoartreersiap odned see rvai cliao s Csoocmiaulneisd,a qdu eA iuntcólnuoyem, ae nd teo dCoa cnaasroia:s  la  competencia  exclusiva  en  BOE-A-cable e
a)  La regulación y la ordenación de los servicios sociales, las prestaciones técnicas 
y económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de previsión 
pública, así como de los planes y los programas específicos dirigidos a personas y 
colectivos en situación de pobreza o de necesidad social. (…).»
Por último, debe mencionarse la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, que establece en su artículo 4 los principios generales de 
actuación  de  los  poderes  públicos  de  Canarias,  entre  ellos,  el  de  transversalidad, 
principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, 
ejecución  y  evaluación  de  todas  las  políticas  con  la  finalidad  de  eliminar  las 
desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde esa perspectiva, 
el presente Decreto ley, aunque se trata de una norma modificativa de otra anterior del 
mismo rango y con la finalidad esencial de hacer más ágil el percibo de la PCI en lo que 
respecta a los procedimientos de renovación de la misma, dado que existe un estado de 
necesidad a fin de atender situaciones de vulnerabilidad social, especialmente para las 
familias con personas menores de edad, por lo que se ha tenido en cuenta la perspectiva 
de género en su análisis previo, haciendo, además, un uso no sexista o inclusivo del 
lenguaje utilizado en las expresiones utilizadas.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el 
día 18 de marzo de 2021, dispongo:
Artículo único.  Modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción.
La Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de 
Inserción se modifica en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el artículo 9.1 que queda redactado como sigue:
«1.  El importe de la ayuda económica básica estará integrado por la suma de 
una cuantía básica mensual, un complemento fijo mensual de 50 euros por cada 
persona menor de edad integrante de la unidad de convivencia del solicitante y un 
complemento  mensual  variable,  que  estará  en  función  de  los  miembros  que 
formen  dicha  unidad  de  convivencia  y  acepten  participar  en  los  programas 
específicos de actividades de inserción, salvo que concurra lo previsto en el 
artículo 12.5 de esta ley, cuando las alegaciones suscritas por el solicitante sean 
estimadas favorablemente por parte del órgano competente.»
Dos.  Se modifica el artículo 18 que queda redactado como sigue:
«Artículo 18.  Renovación.
1.  La Administración municipal actuante tiene la obligación de informar a las 
personas beneficiarias, dentro del mes décimo de la percepción, de la fecha de la 
finalización del abono de la ayuda y de la posibilidad de su renovación.
2.  La persona interesada podrá solicitar la renovación de la ayuda con una 
anticipación mínima de un mes al vencimiento del plazo de la misma, mediante 
solicitud ante la Administración municipal. Junto a la solicitud se acompañará una 
declaración responsable suscrita por la persona solicitante sobre si han concurrido 
o no variaciones en las circunstancias económicas y familiares de la unidad de  s
convivencia. oe.
A la vista de la documentación presentada a que se refiere el párrafo anterior,  w.
ilqdouose ns emeidrovatiicdvia oarso  qnsu osecu i asoleeto sar gpdareum elaibe enA tdodm.ichinais rtreancoióvna cmióunn sicieipmapl reem qituireá ns uubns iinstfaonrm laes s coabures alas   2021-9007n https://ww
3.  No obstante lo señalado en el apartado anterior, si en dicho plazo se
comprobara que por la persona interesada no se hubiera presentado la solicitud  Bc
de la renovación de la ayuda o tampoco constara renuncia expresa a la misma, y a 
fin de activar, en su caso, su renovación de oficio, en el plazo máximo de dos 
meses inmediato posterior, la Administración municipal mediante un informe social 
motivado, si apreciara que persisten las causas que motivaron su concesión, 
podrá proponer su renovación por un periodo adicional de seis meses, siempre 
que se acredite que la unidad de convivencia mantiene, además, las mismas 
circunstancias que motivaron la concesión.
4.  El informe social, junto con la documentación aportada por la persona 
interesada, en su caso, será remitido a la consejería competente en materia de 
servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
que  mediante  resolución  expresa  y  notificada  fehacientemente  a  la  persona 
interesada, aprobará la renovación de la ayuda por igual cuantía y por un período 
sucesivo de seis meses y con los efectos económicos desde el día siguiente al 
vencimiento del período inmediato anterior, siempre que la misma no implique 
variación del importe de las prestaciones que venía percibiendo y que del informe 
social municipal se derive que no han cambiado las circunstancias que dieron 
origen a la concesión de la prestación.
No  obstante,  de  esta  renovación  quedan  excluidos  los  expedientes  que 
conlleven un efectivo cambio de circunstancias que puedan implicar un aumento o 
disminución de las cuantías que le correspondan de la prestación, en cuyo caso 
por la Dirección General competente deberán ser valoradas para establecer los 
nuevos importes que les correspondan.
En  todo  caso,  la  Dirección  General  competente  podrá  revisar  las 
circunstancias que concurren en la unidad de convivencia, a fin de valorar la 
continuidad o no de las renovaciones por los subsiguientes periodos, así como si 
procede incrementar o disminuir el importe de las prestaciones, solicitando, en su 
caso, los informes complementarios que estime necesarios y verificando mediante 
las comprobaciones oportunas si la unidad de convivencia hubiera obtenido la 
resolución favorable de concesión o de denegación del Ingreso Mínimo Vital por 
parte de la Administración de la Seguridad Social.»
Tres.  Se modifica el artículo 42.2 que queda redactado como sigue:
«2.  A  fin  de  contribuir  a  la  financiación  de  las  competencias  de  los 
ayuntamientos  reguladas  en  el  artículo  39  de  esta  ley,  anualmente  los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias establecerán 
una asignación económica destinada a sufragar los gastos de personal de trabajo 
social, administrativo y de apoyo a las actividades de inserción, necesario para la 
gestión de la Prestación Canaria de Inserción por parte de estas entidades, la cual 
será distribuida de acuerdo con los siguientes criterios de reparto:
a)  Población empadronada en el municipio. Para esta variable, se utilizarán 
las cifras anuales de las revisiones de los padrones municipales de habitantes 
aprobados para el año a que se refiere el cálculo objeto de distribución.
b)  Media  mensual  de  demandantes  de  empleo  inscritos  sin  prestación 
económica y residentes en el municipio de los tres años anteriores al cálculo 
objeto de distribución. Para esta variable, se utilizarán las cifras publicadas por el 
Servicio Canario de Empleo.
c)  Índice  medio  mensual  de  perceptores  de  la  Prestación  Canaria  de  s
Inserción reconocida en los últimos tres años en el municipio al cálculo objeto de  oe.
distribución.  Para  esta  variable,  se  utilizarán  el  número  de  resoluciones  de  w.
rseoccoianloecsi mcoienn ctoa rdáect elar  mayuundicai paaplirzoabdaod.a»s por la consejería competente en servicios  2021-9007n https://ww
Disposición adicional única.  Modelo normalizado de Declaración responsable.
Por resolución de la persona titular de la Dirección General de Derechos Sociales e 
Inmigración se aprobará un modelo normalizado de Declaración responsable a que se 
refiere el artículo 18 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación 
Canaria  de  Inserción,  en  su  nueva  redacción,  a  los  efectos  de  lo  que  dispone  el 
artículo 69.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y que estará accesible a los ayuntamientos en 
el aplicativo de gestión de la PCI y así como al público en la Sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio para las solicitudes de renovación 
de la Prestación Canaria de Inserción pendientes de resolución.
Aquellos expedientes con solicitudes de PCI en trámite de aprobar la renovación en 
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto ley, que contasen con informe social 
municipal antes de esa fecha y que se encuentren pendientes de resolución por la 
Dirección  General  de  Derechos  Sociales  e  Inmigración,  siempre  que  la  misma  no 
implique  variación  del  importe  de  las  prestaciones,  serán  en  todo  caso  resueltas 
favorablemente, sin perjuicio de su revisión posterior en los términos señalados en el 
artículo 18.4 de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, con la redacción dada por 
este Decreto ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan, 
resulten incompatibles o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto ley.
Disposición final primera.  Implantación del complemento fijo por menores a cargo.
Lo previsto en el presente Decreto ley en lo que respecta a la implantación del 
complemento  fijo  por  persona  menor  de  edad  recogido  en  el  artículo  9.1  de  la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, en 
su nueva redacción, el mismo será de aplicación en el plazo máximo de tres meses 
desde la entrada en vigor de esta norma.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Canarias, 18 de marzo de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí 
Santana Perera.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 56, de 19 de marzo de 2021. Convalidado por Acuerdo 
del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 85, de 27 de abril de 2021)