BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311 Martes 28 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 164917
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
21634 Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad de Castilla y León, en 
materia estadística.
Con fecha 16 de diciembre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Instituto 
Nacional  de  la  Seguridad  Social,  el  Instituto  Social  de  la  Marina  y  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, en materia estadística y, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, 
que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid,  20  de  diciembre  de  2021.–La  Secretaria  General  Técnica,  Iría  Álvarez 
Besteiro.
ANEXO
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la 
Marina y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia estadística
En Madrid y Valladolid, a 16 de diciembre 2021.
REUNIDAS
De una parte, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por su 
Directora General, doña María del Carmen Armesto González-Rosón, nombrada por 
Real  Decreto  131/2020,  de  21  de  enero  (BOE  de  22  de  enero),  en  virtud  de  las 
atribuciones previstas en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en función de su cargo, y en ejercicio de las facultades que 
le confiere el artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura 
orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación 
parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
De otra parte, el Instituto Social de la Marina, representado por la Sra. Directora del 
Instituto  Social  de  la  Marina,  Doña  Elena  Martínez  Carqués,  nombrada  por  Orden 
ISM/986/2021,  de  7  de  septiembre,  del  Ministro  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones,  actuando  en  nombre  y  representación  del  Instituto,  en  virtud  de  las 
competencias que le atribuye el artículo 7.2 del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de 
estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina, y de acuerdo, con lo 
señalado en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
De otra parte la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada por don  s
Carlos Javier Fernández Carriedo, Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de  oe.
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Castilla y León.
Las  partes  se  reconocen  con  capacidad  suficiente  para  suscribir  el  presente 
Convenio y a tal efecto:
EXPONEN
Uno.  El Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y 
funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS), le atribuye, 
por un lado en su artículo 1.a), el reconocimiento y control del derecho a las prestaciones 
económicas  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  en  su  modalidad  contributiva  en 
consonancia también con lo establecido en el artículo 66.1.a) del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, y por otro lado en el artículo 1.2.d), la gestión y funcionamiento del Registro 
de Prestaciones Sociales Públicas, creado por el artículo 30 de la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, y regulado en el Real 
Decreto 397/1996 de 1 de marzo.
Asimismo, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, en su disposición adicional centésima cuadragésima primera apartado tres, 
atribuye al INSS la administración, la gestión y el mantenimiento del registro y del 
sistema informático que da soporte a la Tarjeta Social Digital.
Dos.  El Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del 
Instituto Social de la Marina (en adelante ISM), le atribuye en su artículo 3.1.a), la 
gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Tres.  La Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, establece las funciones en materia de estadística pública, teniendo como 
objeto regular y promover el desarrollo ordenado de la Actividad Estadística Pública de 
interés para la Comunidad de Castilla y León. De acuerdo con el Decreto 2/2019, del 
Presidente  de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  la  competencia  en  materia  estadística 
corresponde  a  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda.  Por  otra  parte,  el 
Decreto 21/2019, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Economía y Hacienda determina, en su artículo 7, que la Dirección General de 
Presupuestos  y  Estadística  es  el  órgano  competente  en  materia  estadística, 
correspondiendo por tanto a la misma el ejercicio de las funciones señaladas en la Ley 
de 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León, entre las que se encuentra la 
articulación  de  los  mecanismos  de  cooperación  con  las  restantes  administraciones 
públicas a través de las fórmulas más idóneas de colaboración para aprovechar las 
informaciones disponibles y evitar la duplicación innecesaria de operaciones de recogida 
y elaboración de datos.
Cuatro.  La cesión de información para fines estadísticos tiene su base en las 
siguientes disposiciones:
– El artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sobre el tratamiento de datos en 
el ámbito de la función estadística pública:
1.  «El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que 
tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística 
pública  se  someterá  a  lo  dispuesto  en  su  legislación  específica,  así  como  en  el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las  es
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  bo
circulación de estos datos, y en la presente ley orgánica. 634ww
disnoefol or2a ms.b eari clLe ióandn teec  onv2mde0enu1rgná6ai ,ca  ameecnxipói ganliro dadsade  a clp oaeossnr o  desua ln taoearsn t  ínacqou lurloomes   a6ól .ar1dg  eaee n)s otDdaseed lrcí esRotcmiechgaopl  eaptdmeaener tanel atso l a eU( Unnq Eimuó)en a2  t0esE1reui6a r/ ro6eep7sqe9tuaa,i de dírosea t  i2cslaa7e     OE-A-2021-21able en https://
encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
de la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en 
consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los 
datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril de 2016.
3.  Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública 
podrán  denegar  las  solicitudes  de  ejercicio  por  los  afectados  de  los  derechos 
establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril 
de 2016, cuando los datos se encuentren amparados por las garantías del secreto 
estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica.»
– Los trabajos y estudios estadísticos para los que se requiere y se va a hacer uso 
por la Comunidad Autónoma de los datos objeto de cesión, vienen recogidos en la 
legislación autonómica o se encuentran incluidos en los instrumentos de programación 
estadística legalmente previstos.
– El artículo 10.4.c) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de carácter personal, en tanto no se contradiga, se oponga, o 
resulte incompatible con lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, ya 
citados.
– El artículo 15.1 de La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística 
Pública,  que  establece  que  «la  comunicación  a  efectos  estadísticos  entre  las 
Administraciones  y  organismos  públicos  de  los  datos  personales  protegidos  por  el 
secreto estadístico sólo será posible si se dan los siguientes requisitos, que habrán de 
ser comprobados por el servicio u órgano que los tenga en custodia:
a)  Que los servicios que reciban los datos desarrollen funciones fundamentalmente 
estadísticas y hayan sido regulados como tales antes de que los datos sean cedidos.
b)  Que el destino de los datos sea precisamente la elaboración de las estadísticas 
que dichos servicios tengan encomendadas.
c)  Que  los  servicios  destinatarios  de  la  información  dispongan  de  los  medios 
necesarios para preservar el secreto estadístico.».
Cinco.  De forma concreta, la información que precisa la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León está integrada en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y/o 
Tarjeta Social Digital de titularidad del INSS y se estructura en datos de identificación y 
de pensión.
Seis.  La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece  en  su  artículo  141  el  deber  de  colaboración  entre  las  Administraciones 
Públicas,  recogiendo  en  su  apartado  1.c)  la  obligación  de  facilitar  a  las  otras 
Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el 
ejercicio de sus propias competencias, y en su artículo 142, como una de las técnicas de 
colaboración, el suministro de datos que se hallen a disposición del organismo público o 
la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer 
para el ejercicio de sus competencias. s
Siete.  En este contexto los representantes de las partes consideran necesario para  oe.
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En consecuencia, dentro del espíritu de mutua colaboración para el cumplimiento de 
los fines públicos, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de acuerdo con las 
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco estable de colaboración 
en relación con el contenido, las condiciones y los procedimientos por los que se debe 
regir la cesión para el aprovechamiento con fines exclusivamente estadísticos, por parte 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la información gestionada por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS) y el Instituto Social de la 
Marina (en adelante ISM) que figura en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y/o 
Tarjeta Social Digital, cuya titularidad ostenta el INSS.
El ISM, como Entidad Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, presta su conformidad a que los datos incluidos en el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas del citado Régimen sean cedidos por el INSS.
Segunda.  Obligaciones de las partes.
A)  Por parte del INSS:
Facilitar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la información que se señala 
en el anexo con una periodicidad trimestral.
Las variaciones que puedan experimentar tanto la herramienta como el detalle de los 
diseños de los ficheros objetos de cesión, serán también valoradas y acordadas por la 
Comisión Mixta de Seguimiento prevista en la Cláusula quinta de este Convenio.
En aplicación del artículo 25.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  cuando  la 
información trate sobre datos relativos a la salud, como son los referidos a incapacidad 
permanente o cualquier discapacidad, se facilitará incluido en otro dato asociado similar 
o debidamente anonimizado para garantizar la no identificación de las personas a las 
que se refieren, ya que por tratarse de datos especialmente sensibles necesitan del 
consentimiento expreso de los interesados para su cesión a terceros. En el citado 
artículo se remite a su vez a los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) número 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), que establecen que dichos datos pueden ser tratados 
con fines estadísticos sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, 
que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la 
protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los 
intereses y derechos fundamentales del interesado.
La cesión de la información contenida en el anexo se realizará de forma telemática y 
la fecha de referencia será el último día de cada trimestre.
En relación con el soporte para llevar a cabo el suministro de datos, se estará a lo 
establecido en el artículo 44.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, relativo al intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de  es
comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, garantizándose en todo  o
pccineaofnsor otrAéml,ad slasaeim c msidaóeái nfgsec u,rdu eriaeirndidngtaer idadsv go diré aetausdl  idmmem niadent oejiospr nrtrrlaiaoamr  c ceycieor rrnaecre oaadsocd ieroódp  niyúln a bald alrLei  cple aarylossa t,  e 6pTce/oa2cslr0íitótjae1icnbt8aa l,des  ec dSd idelooea cs 3 ip ad erloa dnttDe eo licsagjc u iqtilóaduionlie s,   pcssdoooeesmc t iircoaPai lón rsenismis msupateipudtamuliscneaai»os d.ntdaoaessl     OE-A-2021-21634able en https://www.
Generales del Estado para el año 2018, el INSS, como responsable de la administración,
gestión y mantenimiento del sistema informático que da soporte a la Tarjeta Social 
Digital, facilitará y mantendrá el acceso a la información actualizada contenida en dicho 
sistema a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
B)  Por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León:
Informar anualmente al INSS, de las actividades concretas que consten en sus 
respectivos instrumentos de planificación y programación para las que son necesarios 
los datos previstos en este Convenio.
Además, ya que la finalidad del suministro de la información, contenida en el anexo 
de este Convenio, es estadística, la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de 
la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y 
Hacienda  se  responsabilizará,  estableciendo  los  controles  necesarios,  de  que  la 
información se utilice de forma que la protección de datos de carácter personal quede 
totalmente garantizada en los términos que regulan los artículos 13 de la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en los artículos 32 a 38 de la 
Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León, que regulan lo relativo al 
secreto estadístico.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de la Dirección General de 
Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda se encargará de 
todos los procesos necesarios para la incorporación de la información cedida por el INSS 
a sus registros, a los efectos de depurar y complementar la información disponible de 
otras fuentes y, en su caso de su utilización directa para la realización de explotaciones 
estadísticas, de acuerdo con sus propios diseños.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León podrá realizar la difusión y publicación 
de los resultados que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículos 41 y 42 de la Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León, y 
siempre condicionada a que no se produzca vulneración de ningún precepto de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Los datos que sean objeto de cesión y tratamiento, contenidos en el anexo, tendrán 
carácter de reservados y secretos por lo que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
se compromete a mantener rigurosamente este carácter y a preservar los derechos de 
las Personas físicas y jurídicas a las que se refiere la información estableciendo los 
procedimientos que garanticen su anonimato tanto en los términos previstos por el 
Reglamento  (UE)  número  2016/679,  de  27  de  abril  de  2016,  como  en  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
La Comunidad Autónoma acepta y asume que la cesión de datos se limita a los fines 
exclusivos especificados en el presente Convenio y que el destino de los datos sea 
precisamente la elaboración de estadísticas que dichos servicios tengan encomendadas 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 12/1989, por lo que cualquier 
otro uso que se haga de los datos constituirá un incumplimiento del Convenio suscrito 
que facultará al INSS y al ISM para exigir las responsabilidades oportunas.
La Comunidad Autónoma será garante frente al INSS y al ISM, así como frente a 
terceros, de cualquier reclamación derivada del uso indebido que se haga por sus 
usuarios de los datos cedidos, eximiendo a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social de cualquier responsabilidad al respecto.
Tercera.  Financiación.
Las actuaciones previstas en el presente Convenio no generarán costes ni darán  oe.
lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes. 634www.
Cuarta.  Protección de datos personales.
regirEál  pcoorn ltoro dl iys psueegsutori deand e dl Re elogsla mdaetnotso  s(UumE)in nisútmraedroos 2 a0l1 6a/m67p9a,r od ed e2 7e dstee  aCbroiln dveen 2io0 1s6e; 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; en el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como por lo establecido 
en el apartado seis de la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la 
Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  y  en  la  demás  normativa  de  aplicación  en  materia  de 
protección  de  datos  personales,  así  como  en  los  protocolos  de  Seguridad  de  la 
Información aprobados por el INSS y las normas de acceso y uso seguro de los sistemas 
de información acordadas por el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de 
la Seguridad Social.
Quinta.  Comisión Mixta de Seguimiento.
Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento que estará integrada por los siguientes 
representantes:
A)  Representantes del INSS:
– Persona titular de la Subdirección General de Gestión de Prestaciones.
– Persona titular de la Subdirección Adjunta de Gestión de Prestaciones.
B)  Representantes del ISM:
– Persona  titular  de  la  Subdirección  General  de  Seguridad  Social  de  los 
Trabajadores del Mar.
– Persona titular del Área de la Subdirección General de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.
C)  Representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León:
– La persona titular de la Dirección General de Presupuestos y Estadística.
– La persona titular de la coordinación de los servicios de estadística de la Dirección 
General de Presupuestos y Estadística.
Las funciones son las siguientes:
• Coordinar  las  actuaciones  necesarias  para  la  correcta  ejecución  del  presente 
Convenio, estableciendo, en particular, los procedimientos de intercambio de información 
más  eficaces  así  como  las  medidas  que  garanticen  la  protección  de  los  datos 
suministrados, así como las variaciones que puedan experimentar tanto la herramienta 
como el detalle de los diseños correspondientes a los ficheros objetos de cesión.
• Resolver  sobre  cualquier  discrepancia  o  controversia  que  se  suscite  en  la 
interpretación o ejecución del presente Convenio.
La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, 
siempre que los temas a tratar o las circunstancias lo aconsejen, y para examinar los 
resultados e incidencias de la colaboración realizada. El funcionamiento ordinario de la 
Comisión se realizará a distancia según lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de que se acuerde la 
convocatoria de sesiones presenciales cuando lo solicite algún otro miembro de la Comisión.
La  Comisión  Mixta  de  Seguimiento  se  regirá  en  cuanto  a  su  funcionamiento  y 
régimen jurídico, en lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo 
dispuesto para el funcionamiento de órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II  s
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. oe.
Sexta.  Vigencia. 634ww
El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años, se perfeccionará por la
Rpreegsitsatcroió nE ldeeclt róconnicsoe netsimtaietanlt od ed eÓ lragsa npoasrt ees , Iny srtreusmuletanrtáo se fdicea zC uonoap evraeczi óinns cdreitlo  seenc toerl 
público estatal en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización.
Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El  Convenio  podrá  prorrogarse,  siempre  que  las  partes  así  lo  acuerden 
unánimemente antes de su finalización, por un período máximo de otros cuatro años, 
según lo previsto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Séptima.  Modificación y resolución.
Conforme el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la modificación 
de cualquier cláusula de este Convenio será necesaria la unanimidad de los firmantes. 
En  este  sentido  la  Comisión  Mixta  de  Seguimiento  propondrá  a  las  partes  las 
actualizaciones  o  modificaciones  propuestas,  y  los  sujetos  firmantes  suscribirán  el 
acuerdo correspondiente, que deberá formalizase mediante adenda, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, son causas de resolución del Convenio, las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado 
expresamente su prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
d)  La decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
Asimismo, será causa de resolución del Convenio la denuncia expresa de cualquiera 
de las partes, y precisará de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento para la 
decisión sobre la continuación del mismo.
Octava.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por una de las partes, 
cualquiera de las otras podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que 
cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento. 
Si transcurrido este plazo persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a 
las otras partes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
Convenio.
Si  el  incumplimiento  supusiera  la  infracción  del  algún  precepto  de  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin 
perjuicio de las acciones legales que cualquiera de las partes pueda emprender de 
acuerdo con dicha Ley.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción, sin perjuicio de su 
responsabilidad frente a terceros. s
Novena.  Régimen Jurídico. w.
CapEítul lpor eVsIe ndteel  CToítnuvloe nPior etileimnien anra tduera lleaz aL eayd m40in/2is0tr1a5ti,v ad ey  1se  dreig eo cptourb rleo.  dLisapsu epsatrot eesn  seel 
dcoeml pprreosmeentteen C ao cnovleanbioor aar  elons  totrdáom liote qsu per elevsis stoesa  deen  adpiclihcaa cLióeny ,p aerna  elas peefecciatilv, alo a dreelcautiavcoi óanl 
artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.
Décima. Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente  Convenio,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  la  cláusula  quinta,  serán  de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, de 
conformidad  con  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, las partes indicadas firman el presente documento en 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicada al comienzo.–Por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, la Directora General, M.ª del Carmen Armesto González-Rosón.–
Por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Consejero de Economía y Hacienda, 
Carlos Javier Fernández Carriedo.–Por el Instituto Social de la Marina, la Directora, 
Elena Martínez Carqués.
ANEXO
Información que facilita el INSS al Servicio Estadístico
Pensionistas
Colectivo.
– Titulares  de  pensiones  contributivas  del  sistema  de  la  Seguridad  Social 
gestionadas por el INSS y el ISM.
Criterios de extracción.
– Geográfico: Titulares de pensiones gestionadas por las direcciones provinciales de 
la CA o residentes en ella gestionados por otras direcciones provinciales.
– Situación:
• Prestaciones en alta.
• Prestaciones dadas de baja durante el trimestre al que se refiere la cesión.
– Tipo  de  prestaciones:  Jubilación,  incapacidad,  jubilación  procedente  de 
incapacidad, viudedad, orfandad y a favor de familiares.
Datos que se ceden.
– Datos identificativos completos con NAF y NIF.
– Tipo o clase de pensión a 1 dígito: jubilación, incapacidad, jubilación procedente 
de incapacidad, viudedad, orfandad y favor familiares.
– Fecha de efectos económicos de la prestación.
– Años de cotización acreditados en las pensiones de jubilación.
1.  Datos identificativos.
1.  Número de afiliación.
2.  Tipo de identificador.
3.  DNI, NIE o pasaporte.
4.  Apellido 1.º
5.  Apellido 2.º
6.  Nombre.
7.  Sexo.
8.  Fecha de nacimiento.
2.  Datos de residencia.
9.  Dirección.
10.  Localidad.
11.  Provincia.
3.  Variables adicionales generales.
12.  Situación administrativa (alta o baja).
13.  Fecha de efectos económicos del alta.
14.  Fecha de efectos de la baja. es
15.  Causa de baja (*). bo
viud(1e*6)d .a Cda,T uoispraof ad en ddbaeaj da.,  pSaee  fniansdviioocanr ridásneta  df oasm( cjuiólbidaiiglraoescs:i )óp.onr,  falilneccimapieanctoi doa pdo,r  otjruabs iclaaucsióasn.  de  incapacidad,  OE-A-2021-21able en https://
17.  Régimen.
18.  Importe bruto mensual.
4.  Variables específicas de los pensionistas de jubilación.
19.  Años de cotización acreditados (**).
(**)  Años de cotización acreditados (total). Se dará el dato que figure y que puede incluir bonificaciones.
En casos de más de 35 años, puede figurar 35, ya que el exceso puede no ser relevante para el 
mantenimiento de la prestación.