BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 135 Jueves 14 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 32929
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
5020 Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de 
vivienda.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Parlamento de las Illes Balears, en ejercicio de la competencia exclusiva que en 
materia de vivienda le atribuye el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears en su 
artículo 30.3, aprobó la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears. 
Esta Ley establece los principios vertebradores y el marco normativo que regulan las 
políticas públicas en materia de vivienda. Este marco se completa y detalla con el 
desarrollo reglamentario de sus diferentes elementos constitutivos.
De forma previa a la promulgación de esta Ley, el Gobierno de las Illes Balears 
aprobó el Decreto-ley 3/2017, de 4 de agosto, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 
de julio, del turismo de las Illes Balears, y de medidas para afrontar la emergencia en 
materia de vivienda en las Illes Balears.
Las previsiones del artículo 3 de dicho Decreto-ley, que permitía adoptar medidas 
específicas  en  una  ciudad,  municipio  o  isla,  quedan  hoy  superadas,  al  ser 
generalizada –aunque en diverso grado– la problemática de acceso a la vivienda en 
todas las islas. Desde la aprobación del Decreto-ley 3/2017, en agosto de 2017, los 
precios de la vivienda han experimentado en el archipiélago un incremento del 16%, 
según el índice general de precios de vivienda elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística.
Las medidas legales adoptadas, las diferentes convocatorias de ayudas en materia 
de vivienda, como las ayudas de alquiler que año a año se incrementan cubriendo ya 
a 3.000 familias, y la promoción de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler 
social por parte del IBAVI son una línea estratégica positiva, pero en las actuales 
circunstancias y con el marco normativo existente no son suficientes para compensar las 
cada vez más complejas y problemáticas condiciones del mercado de la vivienda.
Las dificultades en el acceso a la vivienda afectan a los sectores de población más 
desfavorecidos, pero no únicamente a estos. Se extienden cada vez más entre la clase 
media, al no existir un mercado, ni de compra ni de alquiler, asequible. La mejora de la 
coyuntura económica no se ha trasladado a las familias en la misma medida, mientras 
que  la  propiedad  del  parque  de  viviendas  sigue  experimentando  un  proceso  de 
concentración muy acusado desde la pasada crisis económica.
Existe una escasez generalizada de vivienda a la que no está dando una adecuada 
respuesta el mercado: la demanda creciente unida a una oferta reducida han impuesto 
un incremento significativo de precios, tanto en los de compraventa como, de una forma 
todavía más intensa, en el mercado de alquiler. La iniciativa privada, por una pluralidad 
de  factores,  no  ha  conseguido  mantener  un  ritmo  de  construcción  de  vivienda 
equiparable al crecimiento de la demanda, por lo que se hace necesario un mayor 
esfuerzo  del  sector  público.  En  concreto,  la  construcción  de  vivienda  protegida  de  e.e
iniciativa privada, que está sujeta a precios máximos, está prácticamente paralizada, lo  b
que hace todavía más necesario incrementar el parque público de vivienda protegida en  20ww
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pública  en  régimen  de  alquiler  social  y  fomentar  la  construcción  de  alojamientos
dotacionales para dar respuesta transitoria a las necesidades habitacionales. De forma 
indirecta, el aumento significativo del parque público de vivienda en régimen de alquiler 
con precios legalmente limitados tiene como efecto colateral una posible mejora de 
precios en el mercado de vivienda libre.
El Parlamento de las Illes Balears ha aprobado durante esta legislatura distintas 
proposiciones no de ley presentadas por diversos grupos políticos, entre las que se 
pueden destacar la 3379/2019, relativa al acceso asequible a la vivienda pública, o 
la  6868/2019,  alineada  en  el  mismo  sentido,  instando  a  que  el  Gobierno  aumente 
significativamente  su  parque  de  viviendas  públicas  en  alquiler  social  para  dar  una 
respuesta inmediata a la necesidad de acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía.
El carácter extraordinario y urgente de las medidas que recoge este Decreto se 
justifica ante esta necesidad de asegurar el derecho de acceso a una vivienda digna 
mediante la ampliación del parque público de viviendas, que viene impuesta por el difícil 
contexto actual del mercado de vivienda. Para ser efectivo, este incremento del parque 
de vivienda de gestión pública tiene que ser ágil.
En  estos  momentos,  el  Instituto  Balear  de  la  Vivienda  (IBAVI)  gestiona  1.769 
viviendas en régimen de alquiler social y tiene como objetivo duplicar este número 
durante esta legislatura.
A nivel presupuestario, dispone de más de cuarenta millones de euros consignados 
durante el ejercicio de 2020 para destinarlos a la construcción de un total de catorce 
promociones que suponen 514 viviendas en construcción durante el ejercicio. Para 
alcanzar los objetivos marcados se debería mantener un ritmo semejante de crecimiento 
del parque público de vivienda durante los próximos ejercicios.
Es precisamente para alcanzar este ritmo de construcción de nuevas viviendas 
protegidas por lo que resulta imprescindible que, además de recursos presupuestarios y 
personales, se disponga de los instrumentos propios que posibiliten su materialización 
de una forma rápida y eficiente. Las herramientas que se diseñan en el marco de la 
legislación  sectorial  de  vivienda  tienen  precisamente  este  objeto:  agilizar  los 
procedimientos administrativos necesarios para la construcción de viviendas públicas. En 
este sentido, se adoptan medidas extraordinarias que permitan ampliar de forma rápida 
el parque público de viviendas.
Y es que la ampliación del parque de vivienda de gestión pública es determinante en 
el avance de las políticas de vivienda. Tiene una doble función: por una parte, atender de 
forma directa a las familias inscritas como demandantes de vivienda protegida y que no 
tienen acceso a ella en este momento por falta de disponibilidad; por otra, la experiencia 
de otros países de nuestro entorno demuestra que la existencia de un parque adecuado 
de vivienda con regímenes de precio limitado legalmente puede producir de forma 
natural y a largo plazo también un efecto de moderación de precios en el mercado de 
vivienda libre. Por tanto, hay que adoptar medidas para favorecer su construcción.
En este momento hay más de 8.000 personas inscritas como demandantes de 
vivienda protegida en régimen de alquiler en las Illes Balears.
Por otra parte, la construcción de viviendas protegidas de iniciativa privada, ante la 
falta de ayudas específicas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, continúa en ritmos 
muy  bajos:  únicamente  dos  promociones  han  recibido  la  calificación  provisional 
entre 2018 y 2019, con un total de 81 viviendas en régimen de venta. En el mismo 
período, se han calificado trece promociones de titularidad pública con un total de 377 
viviendas.
Se hace evidente, por lo tanto, la discrepancia entre la oferta de vivienda protegida,  s
muy  baja,  y  su  demanda,  más  alta  que  nunca.  Es  por  ello  que  resulta  necesario  oe.
intensificar la construcción de este tipo de viviendas, especialmente las de titularidad y  w.
gestión públicas, destinadas al alquiler social. Al ser la construcción de viviendas un  20ww
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dispEonn ibcleusa nstoo bare  lalo ss itúulaticmióons   daeñlo sm  eernc acduoa ndtoe   avi vvieisnaddao  edne  spur ocyoencjtuonst od, el ovsi videantdoas   BOE-A-cable e
muestran un fuerte crecimiento, pasando de las 845 viviendas de nueva obra que se 
visaron en 2014 en el conjunto de las Illes Balears a 2.898 en 2018, casi tres veces y 
media más. Desde la perspectiva de licencias municipales de obras concedidas, en 2014 
se dio licencia para la construcción de 1.020 viviendas nuevas, cifra superior a la de 
visados, mientras que en 2018 se dio licencia para la construcción de 2.405 viviendas 
nuevas, cifra que queda 493 viviendas por debajo de la cifra de viviendas con proyecto 
visado.
En definitiva, se ha producido una recuperación del sector de la construcción durante 
estos  últimos  años,  pero  también  se  observa  una  discrepancia  creciente  entre  los 
proyectos de vivienda visados y los proyectos que reciben licencia cada año, lo que 
parece evidenciar, en su conjunto, un retraso en la concesión de licencias por parte de 
los ayuntamientos, que ante el volumen creciente de peticiones, experimentan unos 
mayores tiempos de tramitación, que son además acumulativos.
Así, entre 2014 y 2018 se dieron licencias para edificar 8.141 viviendas nuevas en 
todas las Illes Balears. Por otra parte, el incremento de población residente durante el 
mismo período fue de 25.466 personas, un 2,3%. La relación entre incremento de 
población e incremento de stock de viviendas es de uno a tres, lo que parece una 
proporción equilibrada. Sin embargo, como se indicaba antes, el índice de precios sí que 
se ha visto incrementado de forma significativa. Queda evidenciado un desequilibrio 
entre  oferta  y  demanda,  que  únicamente  puede  explicarse  de  forma  satisfactoria 
entendiendo que el incremento de vivienda total no se ha destinado a residencia habitual 
de  los  ciudadanos.  El  fenómeno  turístico,  como  principal  actividad  económica  del 
archipiélago, puede explicar esta discrepancia.
Existe, además, una asimetría en la evolución de los precios de vivienda, tanto desde 
una  perspectiva  geográfica,  en  la  que  diferentes  islas  y  municipios  experimentan 
incrementos heterogéneos de precio, como en cuanto al modelo de acceso a la vivienda, 
con discrepancias en la evolución de los precios de venta respecto a los de alquiler.
Queda acreditado que el modelo de tenencia de la vivienda en las Illes Balears está 
cambiando, ya que tiene la segunda menor tasa de vivienda en propiedad de España, 
con un 65,9 %, mientras que la media española se sitúa en un 76,1%. De hecho, 
entre 2004 y 2018 el número de familias que tienen su residencia habitual en una 
vivienda en régimen de alquiler se ha visto incrementado en un 20%, también por encima 
de la media estatal. Esto supone una presión añadida en el mercado de alquiler, con una 
mayor demanda, mientras que la oferta se mantiene estable o incluso se reduce, por el 
impacto que tiene en este mercado el hecho de que se destinen viviendas al alquiler 
vacacional o se vendan a no residentes.
Entre 2014 y 2018, el precio de alquiler por metro cuadrado en las Illes Balears se ha 
visto incrementado en un 38,6%, mientras que en el conjunto de España la subida ha 
sido del 24,6%. Independientemente de la recuperación de precios que sigue a la 
recuperación económica, parece evidente que en las islas el incremento ha sido mayor. 
Sin embargo, siempre con los datos de alquiler, el precio medio por metro cuadrado en 
las Illes Balears en 2018 era todavía un 2% inferior a la media española.
En  cuanto  al  precio  de  tasación  de  la  vivienda  en  las  Illes  Balears,  que  no 
necesariamente  coincide  con  el  precio  de  venta,  en  el  mercado  libre  se  ha  visto 
incrementado  en  un  94%  entre  2014  y  2018.  A  nivel  estatal,  el  incremento 
experimentado durante el mismo período ha sido del 11%. En este caso, el precio de 
tasación por metro cuadrado en el archipiélago es, de media, un 40% superior que en el 
conjunto del Estado. s
El resultado más visible y preocupante de la situación del mercado de la vivienda en  oe.
las Illes Balears son los 1.986 desahucios practicados durante el año 2018, de los que  w.
algo más de tres cuartas partes corresponden a impagos de alquiler, y los restantes a  20ww
ejecCucoino ntoedso h liop oatenctearriioars, .queda acreditado el difícil contexto que, en materia de vivienda,
vdiavre unn laa sr eisslpause, statan táog qilu ae  lao bsliitguaa cai óens tdaebsleccrietar .de forma urgente mecanismos que permitan  BOE-A-cable e
Tratándose de un problema generalizado, que afecta en diferente grado a todos los 
municipios de las Illes Balears y es, por tanto, de interés supramunicipal, corresponde 
también dar una respuesta que sea generalmente aplicable y que permita conseguir el 
objetivo planteado: ampliar el parque de vivienda protegida de gestión pública y facilitar 
la inclusión en el mercado de viviendas a precios asequibles.
Para ello, en primer lugar, el presente Decreto-ley desarrolla una serie de medidas y 
cambios normativos para posibilitar que las administraciones públicas promuevan de una 
forma ágil la construcción de vivienda pública.
El Decreto establece las tipologías de viviendas públicas construidas en suelo de 
titularidad pública que pueden acogerse a lo previsto en esta norma, distinguiendo entre 
las viviendas protegidas públicas y los alojamientos dotacionales.
El alojamiento dotacional se define en el Decreto-ley como la solución residencial 
transitoria  para  personas  que  tienen  necesidad  de  vivienda,  destinándose 
preferentemente a colectivos especialmente vulnerables y otros. Pueden construirse 
tanto  en  suelos  residenciales  como  en  suelo  de  titularidad  pública  reservado  para 
equipamientos públicos y con los parámetros que la norma define.
Para conseguir agilidad en la promoción de las viviendas de titularidad pública que se 
acojan a lo establecido en el presente Decreto, además de declarar su urgencia al efecto 
de reducir a la mitad los plazos de tramitación administrativos, se configuran una serie de 
instrumentos de ordenación y regulación para la construcción o implantación de estas 
viviendas.
Con el objetivo de incidir en la difícil coyuntura descrita en materia de vivienda y en 
base a las competencias exclusivas en materia de vivienda que otorga el Estatuto de 
Autonomía, se definen las figuras de los proyectos de actuación, planes especiales y 
proyectos de desarrollo de vivienda de titularidad pública. Estos planes especiales son 
directamente  aplicables  y  ejecutables,  dado  el  carácter  supramunicipal  de  las 
actuaciones que en ellos se plantean. Se articula también el proceso detallado de 
aprobación de cada uno de estos instrumentos.
Se define igualmente la figura de las áreas residenciales de promoción pública, que 
son las que delimitan y ordenan los planes especiales de desarrollo de vivienda de 
titularidad pública.
Estas figuras dotan a la Administración de la Comunidad Autónoma de instrumentos 
para promocionar la construcción de vivienda pública de una forma mucho más ágil y, a 
la vez, respetuosa con todas las garantías de tramitación y medioambientales. La puesta 
en marcha de estos instrumentos permitirá el desarrollo de proyectos de vivienda pública 
que en estos momentos se encuentran paralizados por la falta de aprobación de diversos 
instrumentos de planeamiento urbanístico.
Mediante los proyectos para ejecución de vivienda pública en suelo público se podrá 
realizar la construcción directa de promociones de vivienda pública de forma acorde con 
el planeamiento urbanístico o los instrumentos que sean de aplicación.
Todas las plusvalías que se puedan generar corresponderán a la Administración, 
dado que estos instrumentos solo pueden utilizarse para la construcción de vivienda 
pública en suelos de titularidad pública. La agilidad en su tramitación es la que ha de 
permitir materializar la construcción de viviendas protegidas y alojamiento dotacional a 
un mayor ritmo, con tramitaciones más breves gracias a estos nuevos instrumentos.
Parece adecuado realizar algunas actuaciones informativas necesarias ante suelos 
urbanos, activar urbanizables, reutilizar activos dotacionales, organizar colaboraciones 
orientadas  naturalmente  a  mejorar  o  resolver  diversos  estudios  en  desarrollos  s
urbanísticos. oe.
Por otra parte, para garantizar además el cumplimiento de la función social de la  w.
vivienda protegida y de la vivienda en general, el presente Decreto-ley regula y amplía  20ww
ldoesl  ddeerreecchhoos d dee t atannteteoo y y r eretrtaractcoto s odber elo sc uqaulqeu dieisr ptoipnoe  daeh ovirvai elnad Aad pmrointeisgtridaaci,ó sne.  Aamdepmlíaáns 
estos derechos al suelo reservado para la construcción de vivienda protegida.
De acuerdo con la habilitación que introdujo en la Ley de Arrendamientos Urbanos el 
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y 
alquiler, se fija un derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración sobre 
edificios en los que haya vivienda alquilada, en el caso de que se vendan a un único 
comprador. De esta forma, los edificios residenciales, en el momento de su transmisión, 
pueden pasar a ser de propiedad pública y destinarse a alquiler social, siempre que las 
condiciones de la operación sean beneficiosas para el erario público.
Igualmente, se incorpora un nuevo derecho de tanteo y retracto legal que afecta a las 
propiedades de los grandes tenedores de vivienda en la transmisión de propiedades que 
tengan su origen en ejecuciones hipotecarias, compensaciones de deuda o daciones en 
pago,  de  forma  que  las  plusvalías  de  estas  operaciones  reviertan  en  lo  público  y 
permitan ampliar el parque de vivienda de gestión pública de una forma todavía más ágil. 
Los mismos derechos se explicitan también para todas aquellas viviendas vacías que 
constan inscritas en el Registro de viviendas desocupadas de los grandes tenedores.
El conjunto de estos derechos de adquisición preferente configurados y reforzados 
por la presente norma responden, tal y como recoge la Sentencia n.º 154/2015 del 
Tribunal de Constitucional, de 9 julio, a una finalidad de interés general, como es el 
acceso a una vivienda digna por parte de personas necesitadas. Esta limitación posibilita 
además la lucha contra el fraude y los sobreprecios en las operaciones de compraventa, 
y permite la ampliación del parque de vivienda protegida de titularidad pública. Esta 
limitación  es  necesaria  y  lícita,  amparada  por  el  principio  constitucionalmente 
consagrado del compromiso de los poderes públicos por la promoción de las condiciones 
que aseguren la efectividad de la integración del individuo (art. 9.2 CE), en general, y el 
acceso a una vivienda digna (art. 47 CE), en particular, derechos que tienen su reflejo en 
el ámbito autonómico en el propio Estatuto de Autonomía y en la Ley de la Vivienda. Del 
mismo modo, la aplicación de estos derechos se hace eco del mandato constitucional de 
protección social y económica de la familia (art. 39.1 CE), la juventud (art. 48 CE), la 
tercera edad (art. 50 CE), las personas con discapacidad (art. 49 CE) y los emigrantes 
retornados (art. 42 CE).
Adicionalmente, el derecho de adquisición preferente indicado tiene alcance limitado, 
en el sentido de que la imposición de los derechos de tanteo y retracto no afecta a la 
capacidad del propietario para disponer de sus bienes ni perjudica el lucro que puede 
obtener al hacerlo, condicionando únicamente la capacidad de elegir al adquirente. Del 
mismo modo, el desarrollo de estos derechos a favor de la Administración se convierte 
en un mecanismo de control e información sobre las transmisiones.
En todo caso, el ejercicio de estos derechos, aunque responda a fines distintos, no 
asociados a comportamientos antijurídicos de los propietarios de viviendas, no produce 
perjuicios relevantes desde la perspectiva del control constitucional de las exigencias 
derivadas del artículo 33 de la Constitución Española. Las viviendas protegidas están 
sujetas ya a un régimen regulado de precio, uso y transmisión. Por otra parte, los 
grandes tenedores tienen una responsabilidad cualificada en el ámbito de la vivienda, al 
dedicarse profesionalmente al tráfico comercial y explotación de estos bienes. Por lo 
tanto, ante situaciones de incumplimiento de la función social de las viviendas que 
componen  su  activo,  es  lícito  que  las  administraciones  públicas  dispongan  de 
herramientas para garantizar que dichas propiedades sí puedan destinarse a su función 
social, que no es otra que la de servir de alojamiento a las familias.
Completan la presente norma algunas medidas que afectan al desarrollo de vivienda 
protegida tanto pública como privada, en el sentido de clarificar su régimen y facilitar su  s
tramitación, además de modificaciones de la Ley 5/2018, de la vivienda de las Illes  oe.
Balears, para adaptarla al acuerdo de la Comisión Bilateral y otras destinadas a adaptar  w.
el régimen sancionador en el sentido de reajustar la gravedad de las sanciones para que  20ww
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El Decreto incorpora también fórmulas de colaboración con el sector privado para 
favorecer la entrada en el mercado libre de viviendas a precios asequibles, con nuevos 
planteamientos como el derecho de superficie, que permitirá un acceso a la vivienda en 
régimen de alquiler más económico.
II
El Decreto-ley tiene habilitación expresa en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía 
y se dicta al amparo de las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears en materia de vivienda, según el artículo 30.3, y también en las previstas a los 
apartados 4, 15 y 36 del artículo 30 del Estatuto de Autonomía.
El  artículo  49  del  Estatuto  de  Autonomía  permite  al  Gobierno  dictar  medidas 
legislativas provisionales, en forma de decreto ley, en casos de extraordinaria y urgente 
necesidad, que no podrán afectar a determinadas materias. Se trata de una figura 
inspirada en la que prevé el artículo 86 de la Constitución Española y cuyo uso ha 
producido una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El alto Tribunal ha 
insistido en que la definición, por parte de los órganos políticos, de una situación de 
urgente y extraordinaria necesidad tiene que ser explícita y razonada, debiendo existir 
una «conexión de sentido», o relación de adecuación, entre la situación excepcional y las 
medidas que se pretendan adoptar, que deberán ser idóneas, concretas y de eficacia 
inmediata. Es exponente de esta doctrina constitucional la Sentencia n.º 12/2015, de 5 
de febrero, donde se recogen los reiterados pronunciamientos del alto Tribunal sobre la 
utilización de este instrumento normativo.
Desde la Sentencia n.º 137/2011, de 14 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido  que  la  valoración  de  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  puede  ser 
independiente  de  su  imprevisibilidad  e,  incluso,  puede  tener  origen  en  la  previa 
inactividad de la Administración competente, siempre que concurra efectivamente la 
excepcionalidad de la situación. Así mismo, el Tribunal Constitucional, en la misma línea 
que la anterior Sentencia n.º 29/1986, de 20 de febrero, en la Sentencia n.º 237/2012, 
de 13 de diciembre, razona que no se tiene que confundir la eficacia inmediata de la 
norma  provisional  con  su  ejecución  instantánea,  permitiendo  por  lo  tanto  que  las 
medidas adoptadas con carácter de urgencia incluyan un posterior desarrollo normativo y 
de actuaciones administrativas de ejecución de aquellas.
Las medidas que se adoptan en este Decreto-ley tienen por finalidad garantizar el 
derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos de las Illes Balears, que les 
reconoce el artículo 22 del Estatuto de Autonomía. Vistos los datos que se han expuesto, 
es necesario y urgente simplificar y abreviar tanto como sea posible el proceso para 
conseguir el objetivo mencionado en un plazo mínimo y, así, satisfacer las necesidades 
básicas e imperiosas del conjunto de los ciudadanos de las Illes Balears y de las 
personas con situación de especial vulnerabilidad y otros colectivos a los que van 
dirigidas las políticas de vivienda.
Por lo tanto, la necesidad de disponer a corto plazo de viviendas y alojamientos en 
condiciones  asequibles  y  con  las  características  exigidas  por  las  normas  de 
habitabilidad, justifica que sea urgente empezar en este momento las actuaciones para 
esta finalidad, puesto que un retraso en su inicio haría imposible el logro del objetivo con 
las consecuencias que podría suponer para la población residente en las Illes Balears, 
que vería vulnerado su derecho a disponer de una vivienda digna. Es urgente poner al 
servicio de la población las viviendas protegidas y alojamientos dotacionales, en régimen  s
de venta y de alquiler, que sean necesarios para garantizar el derecho a la vivienda  e.
digna, sin que tengan que sufrir las demoras derivadas de la aprobación y la ejecución  w.
posterior del planeamiento. 20ww
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instrumento del decreto ley que prevé el artículo 49 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Este Decreto-ley cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional 
para utilizarlo, puesto que las medidas que comprende pretenden facilitar la ejecución de 
obras e inversiones públicas para dar una respuesta urgente a la demanda de servicios y 
prestaciones en materia de vivienda. La construcción e implantación de viviendas de 
titularidad pública, que se considera prioritaria, resolverá la situación antes descrita y 
dará respuesta a las necesidades y demandas de vivienda asequible y digna de la 
población residente.
En este sentido, los instrumentos de planificación, ordenación y gestión sectoriales 
propios en materia de vivienda se crean para impulsar las actuaciones de construcción e 
implantación de las viviendas de titularidades pública con una tramitación más ágil. Esta 
regulación se aborda principalmente desde la competencia de materia de vivienda y 
considerando  su  incidencia  supramunicipal,  si  bien  garantizando  el  respeto  de  las 
competencias sectoriales y concurrentes del resto de administraciones. La regulación de 
las  declaraciones  de  áreas  de  conservación  y  rehabilitación  y  los  convenios  de 
rehabilitación responden a la necesidad de dotar a las administraciones públicas de 
herramientas adecuadas para garantizar la rehabilitación de los inmuebles y la cohesión 
social en materia de vivienda.
Las medidas establecidas mediante este Decreto-ley son concretas y se consideran 
idóneas para la situación excepcional descrita. Aparte de los instrumentos que se crean, 
las medidas que se adoptan introducen una serie de modificaciones legales que tienen 
que permitir resolver problemas muy concretos, pero que se requieren para agilizar y 
facilitar  los  trámites  para  impulsar  y  hacer  efectiva  la  ejecución  e  implantación  de 
viviendas. Así mismo, se introducen medidas para ampliar el parque público de vivienda 
mediante  la  ampliación  de  los  derechos  de  adquisición  preferente  a  favor  de  la 
Comunidad  Autónoma,  la  obtención  de  viviendas  protegidas  vía  convenio  con  los 
promotores  de  edificaciones  residenciales  inacabadas  con  licencia  caducada  o  vía 
derecho de superficie sobre bienes de titularidad pública. Por otro lado, los instrumentos 
de carácter sectorial y territorial en materia de vivienda y el resto de modificaciones 
legislativas permiten garantizar la necesaria cohesión social y la articulación con los 
otros instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos que afecten al mismo ámbito 
físico.
El nuevo régimen jurídico, en la medida que responde a los principios y objetivos 
expuestos, y que se adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y no 
discriminación, se ha diseñado en sintonía con los principios del derecho autonómico y 
constitucional.
Así mismo, las medidas adoptadas por el Gobierno de las Illes Balears, con este 
Decreto-ley,  están  en  sintonía  con  las  vigentes  políticas  y  estrategias  adoptadas 
mediante diversas iniciativas legislativas dictadas para corregir situaciones provocadas 
por la crisis económica y también para facilitar la inversión pública en actuaciones 
estratégicas, como por ejemplo el Decreto-ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas 
urgentes para la mejora y/o ampliación de la red de equipamientos públicos de usos 
educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
III
El Decreto-ley se estructura en dieciséis artículos repartidos en dos capítulos, nueve  s
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. e.
El capítulo I, que incluye las disposiciones generales, recoge los artículos 1 a 4. En  w.
ellos se establece el objeto y la finalidad del presente Decreto-ley, que no es otro que el  20ww
dines truamdoepnttaors  mpaerdaid aasu muerngteanr tedse  qfourem ap oásgibili liteel n paar qulae   pAúdbmliicnois tdraec ióvniv iednidspaos.n eEr stdaes 
pviúvbielincdaas,s   dqeu e titudliaspriodnaedn  púdbel icas u sen ocrlmasaitfiivcaa n peronp idao sr etgipuolas:d olaras,  vyiv ielonsd asa lopjraomteiegnidtoass   BOE-A-cable e
dotacionales,  que  tienen  por  objeto  dar  respuesta  transitoria  a  las  necesidades 
habitacionales para colectivos específicos. La promoción de estas viviendas, con las 
especificidades recogidas en la presente norma, corresponderá a la Administración de la 
Comunidad Autónoma o al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), que forma parte de su 
sector  instrumental,  si  bien  podrá  extenderse  a  promociones  realizadas  por  otras 
administraciones  y  sus  entes  instrumentales  mediante  convenio  u  otro  instrumento 
adecuado.  De  forma  complementaria,  se  establecen  medidas  de  agilización  de  la 
tramitación administrativa de cuanto se regula en el presente Decreto-ley, reduciendo los 
plazos aplicables.
El capítulo II, relativo a las normas para el desarrollo de viviendas de titularidad 
pública,  contiene  los  artículos  5  a  16.  En  él  se  definen  todas  las  figuras  antes 
comentadas, como los planes especiales de desarrollo de vivienda pública, las áreas 
residenciales de promoción pública y los proyectos de desarrollo de vivienda pública, así 
como su proceso de elaboración y aprobación, los efectos que cada uno de ellos 
despliega y la forma en que deben ser aplicados por parte de la Administración en el 
logro de sus fines de promoción de la vivienda pública.
Se establece un régimen específico para la planificación, ordenación, aprobación, 
ejecución,  implantación  y  finalización  de  estas  viviendas,  que  se  desarrollarán 
exclusivamente en suelos urbanos o urbanizables de titularidad pública. Sin perjuicio de 
la  normativa  básica  estatal  y  respetando  las  competencias  concurrentes  de  las 
administraciones locales mediante la previsión de su intervención en los procedimientos 
que se contemplan en este Decreto-ley, se regula una tramitación más ágil para la 
obtención de las viviendas de titularidad pública, todo ello con la debida articulación con 
la normativa urbanística, medioambiental y de patrimonio histórico.
El  artículo  5  determina  el  régimen  aplicable  a  las  actuaciones  previstas  y  los 
artículos 6 y 7 contienen determinaciones específicas para el desarrollo de las viviendas 
protegidas públicas y de los alojamientos dotacionales, respectivamente. Cabe destacar 
como novedad la regulación de los alojamientos dotacionales, a desarrollar en suelos 
residenciales, o en suelos o edificaciones destinados a dotaciones o equipamientos 
públicos, en los que el uso de alojamiento dotacional será compatible, siempre que se 
den las circunstancias previstas en el artículo 7.2.
Seguidamente, los artículos 8, 9 y 10 determinan el ámbito de intervención para el 
desarrollo  de  las  viviendas  de  titularidad  pública,  describen  las  actuaciones  y  los 
requisitos para su ejecución, así como los instrumentos de planificación y ejecución 
mediante los cuales se desarrolla la política de vivienda de titularidad pública de las Illes 
Balears, de carácter sectorial e incidencia supramunicipal.
Las  actuaciones  para  el  desarrollo  de  viviendas  de  titularidad  pública  que  son 
compatibles con el planeamiento urbanístico vigente, en suelos o edificaciones con 
planeamiento detallado aprobado, se aprueban mediante el procedimiento previsto en el 
artículo 11. Por otra parte, la ejecución de las actuaciones de transformación urbanística 
y edificatoria que requieren aprobación de instrumentos de ordenación o que requieren la 
alteración del planeamiento vigente precisa la previa aprobación de un plan especial o 
proyecto  de  desarrollo  de  vivienda  de  titularidad  pública,  conforme  establece  el 
artículo  12.  Los  referidos  planes  y  proyectos,  su  procedimiento  de  elaboración  y 
aprobación y los efectos que comporta su aprobación están regulados en los artículos 13 
a 16.
El Decreto-ley incorpora nueve disposiciones adicionales con diferentes objetivos. La 
primera de ellas hace referencia a la obligación de ayuntamientos y consejos insulares  s
de comunicar a la consejería competente en materia de vivienda las actuaciones que  oe.
quieran promover de acuerdo con los instrumentos previstos en el Decreto-ley, así como  w.
listados  del  suelo  público  del  que  dispongan,  indicando  expresamente  aquellos  20ww
sreesaenr vsaudsocse pati bvlievsie dned ad epsrtointeagrsidea  ay a aloqjaumellioesn tod edsotitnaacdioonsa la,  aesqí uciopmamo ielan tpoesr iopdúibcliidcaods  cyo qnu lae 
que esta información debe actualizarse.
La segunda configura un derecho de superficie sobre propiedades públicas para que 
promotores  privados  ejecuten  en  ellas  las  actuaciones  necesarias  para  desarrollar 
vivienda o alojamiento. A cambio de este derecho, podrán alquilar dichas viviendas o 
alojamientos a un precio asequible máximo que establecerá la Administración durante el 
plazo que se establezca, revirtiendo después dichas viviendas a la gestión pública. El 
objetivo  de  esta  figura  de  cooperación  público-privada  es  promover  viviendas  y 
alojamientos en régimen de alquiler con un precio máximo establecido, sin consumir 
recursos públicos, para atender necesidades de alquiler asequible.
La tercera disposición adicional modifica distintos aspectos de la Ley 5/2018, de 19 
de  junio,  de  la  vivienda  de  las  Illes  Balears.  En  primer  lugar,  se  introducen  las 
modificaciones pactadas en el Acuerdo de la Comisión Bilateral Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears, publicado el 9 de abril de 2019, 
que garantizan la constitucionalidad plena de la norma.
Se aprovecha también para trasladar a la Ley la definición de alojamiento dotacional 
prevista en el presente Decreto-ley, para garantizar su correcto encaje normativo, así 
como clarificar el concepto de cohesión social desde la perspectiva de la vivienda.
A  continuación  se  introducen  las  figuras  de  las  áreas  de  conservación  y 
rehabilitación, así como su procedimiento de declaración, su alcance y los convenios de 
rehabilitación, con el objetivo de garantizar la cohesión social y promover la rehabilitación 
del parque edificado al efecto de disponer de más viviendas dignas.
Se adiciona un nuevo artículo a la Ley que establece que los grandes tenedores 
tendrán que ofrecer un alquiler social en los casos de adquisición de viviendas mediante 
ejecución hipotecaria, dación en pago o compensación, de forma previa a interponer 
cualquier  acción  contra  personas  que  se  encuentren  en  situación  de  especial 
vulnerabilidad y no dispongan de alternativa propia de vivienda.
En  desarrollo  de  la  posibilidad  establecida  por  la  modificación  de  la  Ley  de 
Arrendamientos Urbanos realizada por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, se añade un derecho de tanteo y 
retracto a favor de la Administración en el caso de venta de edificios con más de una 
vivienda, si al menos una de ellas está alquilada.
Se  establece  también  un  derecho  de  tanteo  y  retracto  legal  a  favor  de  la 
Administración para los casos de transmisiones entre grandes tenedores de viviendas o 
terrenos obtenidos mediante dación en pago, compensación de deudas, ejecución de 
garantías hipotecarias o títulos no judiciales.
Como  resultado  del  acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral,  se  puntualizan  aspectos 
relativos al régimen jurídico de la cesión de viviendas desocupadas por parte de los 
grandes tenedores, y se complementa el régimen de cesión con un derecho de tanteo y 
retracto  específico  sobre  los  inmuebles  inscritos  en  el  Registro  de  viviendas 
desocupadas. Se resuelven también algunas cuestiones interpretativas sobre el régimen 
de las viviendas desocupadas y su comunicación por parte de los grandes tenedores que 
pueden tener un impacto directo en la gestión de estas.
Del mismo modo, se ajusta el plazo de cesión de viviendas desocupadas de los 
grandes tenedores mediante su remisión a lo establecido por la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, que se ha visto modificada por el citado Real Decreto-ley, fijando un plazo de 
siete años.
Asimismo, se resuelven con una nueva redacción aspectos interpretativos sobre lo 
que se entiende por vivienda protegida a los efectos de la Ley.
Para resolver dudas interpretativas sobre su aplicabilidad, se traslada a la Ley de la  s
Vivienda como un nuevo artículo el contenido de la disposición adicional segunda de la  oe.
Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo  w.
para  viviendas  de  protección  pública,  en  el  sentido  de  establecer  para  la  vivienda  20ww
protSegei dcao umnp ílnedmiceen tdae  uinnt eanrstíicdualdo  reesxiidsetennctiea l.para confirmar la calificación de viviendas
paryoutdeagsid.as que reciban algún beneficio público independientemente de la concesión de  BOE-A-cable e
También se reduce la exigencia de visado a aquellos casos en los que resulta 
necesario para poder ejercer un adecuado control desde la Administración, reafirmando 
este control con sanciones específicas en caso de incumplimiento, y se clarifican algunos 
casos  para  el  derecho  de  tanteo  y  retracto  general  sobre  vivienda  protegida, 
pormenorizando su aplicación. Para conseguir una mayor transparencia, el régimen de 
publicidad exigible a la compraventa de viviendas de protección pública se extiende 
también a su alquiler para dotarlo de las máximas garantías.
Adicionalmente se incluye a las cooperativas de vivienda protegida en los supuestos 
de excepción al orden de adjudicación establecido en el Registro de demandantes, tras 
comprobarse la incompatibilidad en la práctica entre la aplicación de dicho orden y la 
regulación legal de las cooperativas. Se puntualiza también que en las promociones 
públicas de vivienda protegida el orden de adjudicación aplicable a las personas inscritas 
en el Registro de demandantes será establecido de forma explícita por la Administración 
pública o ente público instrumental.
El derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas protegidas que recoge la Ley se 
extiende para incorporar el suelo reservado a la construcción de vivienda protegida y 
establecer de forma expresa la sujeción a estos derechos de las propiedades implicadas 
en supuestos de transmisión como ejecuciones hipotecarias, dación en pago o procesos 
de  ejecución  basada  en  títulos  no  judiciales.  Se  regula  además  el  proceso  de 
comunicación y ejercicio de dichos derechos.
En  cuanto  al  régimen  sancionador,  se  recoge  explícitamente  la  extensión  de 
responsabilidad en las infracciones relacionadas con la publicidad de viviendas a los 
intermediarios y a los titulares de los medios de comunicación que se hagan servir. En 
este sentido, se añade también una infracción específica para los casos de publicitación 
o comercialización de espacios en régimen de alquiler que se destinen a vivienda de 
personas sin que cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad.
A continuación se incluyen diversos ajustes en el régimen sancionador aplicable a los 
grandes tenedores, además de recoger las infracciones correspondientes a la nueva 
regulación que fija el Decreto-ley. Adicionalmente, se ajusta la gradación de algunos 
supuestos infractores aplicables para que las sanciones sean más proporcionadas al 
daño causado y se distribuya de una forma más equitativa la gravedad de los supuestos 
detectados por la inspección durante este primer año de actividad. Se refuerza el importe 
económico de las sanciones relacionadas con la falta de depósito de las fianzas de 
alquiler, por la importancia que tienen estas en cuanto a obtención de información sobre 
el mercado y su comportamiento.
Se realiza también un cambio en la regulación del derecho de superficie para las 
cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso para clarificar que dicho régimen 
solo es de aplicación en estos casos.
La  disposición  adicional  cuarta  modifica  la  Ley  5/2008,  de  14  de  mayo,  de 
actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección 
pública,  para  posibilitar  que  las  viviendas  que  se  construyan  a  su  amparo  puedan 
destinarse también a alquiler y no solo a la compraventa, como se había establecido 
originalmente.
La quinta establece un mecanismo de colaboración entre colegios profesionales y 
ayuntamientos para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y otros trámites 
relacionados. Como se apuntaba anteriormente, tanto la promoción de viviendas de 
titularidad pública como la promoción privada requieren de plazos de tramitación más 
cortos, por lo que es urgente y necesario disponer de medidas que permitan reducir  s
estos tiempos. Iniciativas semejantes se han puesto en marcha con éxito en distintos  oe.
puntos  del  país.  Esta  misma  posibilidad  se  extiende  también  a  la  Administración  w.
autonómica y a los consejos insulares. 20ww
cuyaL at rdaimspitoasciicóinó ns ea diinciicoinea la  speaxtrati r edseta blale ceen tqraudea e el nré gviigmoern d dee  elastse  vDiveiecnredtaos- lepyro tseegriád aesl 
general, a efectos de determinar tanto su régimen de acceso como su precio máximo,
salvo que el régimen viniera impuesto por el planeamiento urbanístico o por convenio 
vigente.
Por su parte, la disposición adicional séptima propone una solución para los edificios 
inacabados  de  viviendas  construidos  de  acuerdo  con  una  licencia  urbanística  ya 
caducada que se hayan visto afectados por un cambio de planeamiento urbanístico, 
situación que ha afectado en diverso grado a distintos municipios de las Illes Balears. En 
este caso, previo convenio municipal, podrán solicitar una nueva licencia para completar 
la construcción del proyecto siempre que todas las viviendas resultantes pasen a ser 
protegidas,  con  la  condición  de  que  se  cedan  a  la  Administración  pública  las  que 
excedan  los  parámetros  del  planeamiento  actual  o  se  compense  a  esta  su  valor, 
garantizándose así la participación pública en las plusvalías que puedan generarse.
A continuación, la disposición adicional octava modifica la Ley 6/1999, de 3 de abril, 
de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias, 
para recoger de forma expresa el Plan Director Sectorial de Vivienda de las Illes Balears, 
incorporando a dicha norma un nuevo capítulo en el que se establece su objeto y 
criterios de elaboración.
Por último, la disposición adicional novena, a expensas de la aprobación del nuevo 
plan hidrológico de las Illes Balears, en tramitación a cargo de la Consejería de Medio 
Ambiente y Territorio, y de acuerdo a lo que establece el Real Decreto 51/2019, de 8 de 
febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de les 
Illes Balears, con el objetivo de agilizar los procesos de tramitación administrativa, 
precisa aquellas situaciones en las que no es necesaria la autorización previa de la 
Dirección General de Recursos Hídricos en la tramitación de licencias de obras en zonas 
inundables o con riesgo de inundación. Complementariamente, se establece que en el 
caso de obras que sí requieran de esta autorización, se solicitará por parte del promotor 
de forma previa a la solicitud de licencia municipal.
La  disposición  derogatoria  única  completa  las  modificaciones  realizadas  en  la 
disposición adicional segunda en cuanto a adaptar la Ley de la Vivienda a lo acordado en 
el seno de la Comisión Bilateral y en lo referido a reajustar el régimen sancionador. Se 
elimina también la disposición adicional segunda de la Ley 5/2008, de 14 de mayo, de 
actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección 
pública, que se reformula e incluye en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las 
Illes Balears.
Por último, tres disposiciones finales cierran el texto normativo. La primera habilita al 
Consejo de Gobierno para que dicte todas las normativas de desarrollo necesarias. La 
segunda establece un plazo de vigencia de doce años para los capítulos I y II del 
presente Decreto-ley, así como para la disposición adicional séptima. La última fija su 
entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
Por  todo  ello,  a  propuesta  del  consejero  de  Movilidad  y  Vivienda,  y  previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de 28 de febrero de 2020, se aprueba 
el siguiente Decreto-ley:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
Este Decreto-ley tiene por objeto la adopción de medidas urgentes para facilitar la  e.e
promoción, la construcción, la implantación o el uso de viviendas de titularidad pública en  b
las Illes Balears con el fin de contribuir a la efectividad del derecho a la vivienda  20ww
rBeacloenaorsc,i ddoe  eanc ulear dCoo cnosnti tluocsi ópnr inEcsippiaoñso elas tayb leenc ideol sE esnta etul toa rtdíceu loA u2t.o1n odme ílaa  Ldeey  la5s/2 0Il1le8s, 
de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears.
Artículo 2.  Clases de viviendas de titularidad pública.
A los efectos de este Decreto-ley, se consideran viviendas de titularidad pública de 
las Illes Balears las que sean promovidas, financiadas, desarrolladas o gestionadas por 
administraciones públicas o sus entidades instrumentales sobre suelos que sean de 
titularidad  pública,  o  sobre  los  que  una  administración  pública  o  ente  instrumental 
disponga  de  un  derecho  real,  clasificados  como  urbanos  o  urbanizables  por  el 
planeamiento urbanístico, incluyendo los calificados como dotacionales públicos. Se 
distinguen las siguientes clases:
a)  Las  viviendas  protegidas  públicas,  que  son  las  construidas  sobre  suelo  de 
titularidad  pública  destinadas  a  residencia  habitual  de  personas  o  familias  cuyas 
circunstancias  socioeconómicas  les  impidan  o  dificulten  satisfacer  su  derecho 
constitucional  a  disfrutar  de  una  vivienda  digna  y  adecuada  en  las  condiciones 
establecidas por el mercado residencial de vivienda libre.
b)  Los  alojamientos  dotacionales,  que  son  dotaciones  públicas  destinadas  a 
resolver de forma transitoria mediante el pago de una renta o canon la necesidad de 
vivienda de personas o unidades de convivencia. Se destinarán de forma preferente a 
colectivos especialmente vulnerables conforme a lo establecido en el artículo 3 de la 
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, y, en especial, a los 
jóvenes, a los mayores y a las personas con necesidades sociales derivadas de la 
violencia de género y de procesos de desahucio o análogos, sin que en ningún caso 
puedan ser destinadas a residencia habitual o permanente de los beneficiarios.
Estos  alojamientos  dotacionales  deberán  ubicarse  sobre  suelo  calificado  por  el 
planeamiento como equipamiento de uso y dominio públicos o en edificaciones o locales 
existentes destinados a equipamientos de titularidad pública y afectos al servicio público, 
así como en suelo residencial de titularidad pública, siempre que la edificación o el suelo 
no se encuentren situados en el ámbito de un polígono industrial. Por su carácter 
dotacional público, no les serán de aplicación las reservas y los estándares legales 
establecidos en la normativa urbanística para los suelos con aprovechamiento lucrativo. 
Tendrán las características adecuadas en cuanto a espacio e instalaciones mínimas para 
satisfacer  las  necesidades  de  habitación  de  sus  destinatarios,  y  cumplirán  con  la 
normativa de habitabilidad vigente en el momento de la aprobación del correspondiente 
proyecto de actuación.
Artículo 3.  Promoción de viviendas de titularidad pública.
1.  La  promoción  de  viviendas  de  titularidad  pública  autonómica  conforme  a  lo 
previsto en este Decreto-ley corresponderá a la consejería competente en materia de 
vivienda o al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).
2.  Para  acogerse  al  régimen  previsto  en  este  Decreto-ley,  las  viviendas  de 
titularidad pública podrán ser promovidas por las restantes administraciones públicas o 
sus entes instrumentales mediante la previa suscripción de un convenio o instrumento 
jurídico-administrativo adecuado con la consejería competente en materia de vivienda de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, pudiendo utilizarse al 
efecto las técnicas de colaboración interadministrativa previstas en la normativa vigente.
Artículo 4.  Agilización de procedimientos administrativos.
1.  Se  considerarán  de  carácter  urgente  las  actuaciones  que,  conforme  a  lo  e.
establecido en este Decreto-ley, tengan por objeto la ejecución de obras e instalaciones  w.b
necesarias para construir o habilitar edificaciones destinadas a viviendas de titularidad  20ww
tprúabnlsicfoar,m taacnitóon  luarsb agneíssttiiocnaa, by lecus aelqnu ierér gaimctoe nq udee  sea crteuqauciieornae psa erad idfiiccahtao rfiiansa licdoamd.o las de
octu2b.r e,D dee cl oPnrfoocremdiidmaide nctoon  Alod mesintaisbtlreactiivdoo  Ceno melú anr tdíceu lloa s3 3A.d1m dien ilsat rLaecyio n3e9s/2 0P1ú5b,l idcaes 1,  edne 
las actuaciones a que se refiere el apartado 1 y en las actuaciones promovidas por las
restantes administraciones públicas de las Illes Balears o sus entes instrumentales se 
reducirán a la mitad los plazos de los procedimientos administrativos previstos en la 
legislación de las Illes Balears, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y 
recursos.
3.  Los plazos máximos de que disponen las administraciones públicas de las Illes 
Balears  y  sus  entes  instrumentales  para  emitir  los  informes  preceptivos  para  la 
aprobación de los instrumentos de planificación, gestión y ejecución que tengan por 
objeto exclusivo la construcción o implantación de viviendas de titularidad pública, y para 
el otorgamiento de las correspondientes licencias urbanísticas y autorizaciones para su 
construcción, primera ocupación y utilización, serán los que se prevén en los artículos 11 
y 15 de este Decreto-ley, sea cual sea la administración actuante. De no emitirse en los 
plazos establecidos, los informes se entenderán favorables, salvo disposición contraria 
en aplicación de la legislación sectorial.
CAPÍTULO II
Normas para el desarrollo de viviendas de titularidad pública
Artículo 5.  Régimen aplicable.
1.  Las  actuaciones  de  planificación,  ordenación,  aprobación,  ejecución, 
implantación y finalización de las viviendas de titularidad pública de las Illes Balears que 
sean promovidas por la Administración de la Comunidad Autónoma se regirán por las 
determinaciones previstas en este Decreto-ley, si bien se aplicará supletoriamente la 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, en defecto de 
previsiones  específicas  contempladas  en  esta  norma.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  la 
aplicación de la normativa básica estatal.
2.  Las  actuaciones  promovidas  por  otras  administraciones  públicas  para  la 
obtención de viviendas de titularidad pública de las Illes Balears podrán quedar sujetas al 
régimen previsto en el apartado 1 anterior cuando se haya suscrito al efecto un convenio 
o instrumento jurídico-administrativo adecuado con la consejería competente en materia 
de vivienda de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, todo 
ello sin perjuicio de la normativa específica que resulte aplicable a la administración 
promotora.  En  defecto  de  convenio  u  otro  instrumento  adecuado,  las  actuaciones 
promovidas por estas administraciones en base a sus competencias en materia de 
vivienda y urbanismo se regirán por el régimen previsto por la Ley 12/2017.
Artículo 6.  Viviendas protegidas públicas.
Para  el  desarrollo  de  las  viviendas  protegidas  públicas  será  aplicable,  según 
corresponda, el régimen previsto para las actuaciones edificatorias en suelo urbano o el 
régimen previsto para las actuaciones de transformación urbanística en el urbano y 
urbanizable  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  12/2017  y,  en  su  caso,  en  la 
legislación ambiental aplicable, con las especialidades previstas en este Decreto-ley.
Artículo 7.  Alojamientos dotacionales.
1.  Los  alojamientos  dotacionales  se  desarrollarán  en  suelos  calificados  por  el 
planeamiento urbanístico vigente como dotacionales o residenciales de uso y dominio 
públicos  o  en  edificaciones  o  locales  destinados  por  el  plan  a  equipamientos  o  e.
residenciales  de  titularidad  pública  y  afectos  al  servicio  público,  con  sujeción  a  lo  w.
establecido para la implantación de dotaciones públicas. 20ww
uso 2d. otEacni otondaol  csaesñoa,l aedl ou spoo dr ee al lopjlaamneieanmtoie dnotota cviiogneanlt es,e  scioenmspidreer aqráu ec olma piamtipbllaen ctaocnió enl 
conjunta de ambos usos públicos no impida la ejecución material o el mantenimiento del
uso dotacional originario y la administración titular del equipamiento previsto por el 
planeamiento manifieste su conformidad.
3.  En defecto de determinación específica del planeamiento urbanístico vigente, los 
parámetros de edificabilidad y número de plantas atribuibles a la parcela en la que se 
pretenda edificar un equipamiento público de alojamiento dotacional no podrán superar 
el mayor de los índices de edificabilidad neta ni de las alturas máximas permitidas en las 
zonificaciones urbanísticas entre las que se ubique.
Artículo 8.  Ámbito de intervención.
Las viviendas de titularidad pública que queden sujetas a las determinaciones de 
este  Decreto-ley  deberán  ubicarse  en  suelos  urbanos  o  urbanizables  de  titularidad 
pública y el ámbito de las actuaciones que se lleven a cabo para su implantación 
únicamente podrá incluir los suelos de titularidad privada que resulten necesarios para 
dotar a las viviendas de titularidad pública de los servicios urbanísticos básicos previstos 
en el artículo 22 de la Ley 12/2017.
Artículo 9.  Actuaciones y requisitos para su ejecución.
1.  Las actuaciones para la obtención de viviendas de titularidad pública previstas en 
este  Decreto-ley  podrán  consistir  en  actuaciones  edificatorias,  actuaciones  de 
transformación urbanística y actuaciones aisladas en suelos urbanos y urbanizables.
2.  Las  actuaciones  que  sean  compatibles  con  la  ordenación  prevista  en  el 
planeamiento  vigente,  incluidas  las  de  transformación  urbanística  cuando  se  haya 
aprobado el planeamiento más detallado exigible en cada caso, se podrán ejecutar 
directamente previa aprobación del proyecto de actuación conforme al artículo 11.
3.  Las actuaciones que deban llevarse a cabo sobre suelos que no dispongan del 
instrumento  de  ordenación  más  detallado  exigible  en  cada  caso  por  la  legislación 
urbanística para la clase de suelo urbano o urbanizable objeto de intervención o que 
requieran  alterar  el  planeamiento  urbanístico  vigente,  se  podrán  ejecutar  previa  su 
aprobación mediante un plan o proyecto de los previstos en los artículos 13 y 14.
Artículo 10.  Instrumentos de planificación y ejecución de las actuaciones.
1.  Los  planes  especiales  y  proyectos  de  desarrollo  de  viviendas  de  titularidad 
pública son instrumentos de ordenación, planificación y ejecución de carácter sectorial e 
incidencia supramunicipal, mediante los cuales se articula la política de vivienda de 
titularidad pública de las Illes Balears. Tienen por objeto regular la implantación territorial 
de  suelo  y  edificaciones  destinadas  a  su  ejecución,  siendo  vinculantes  para  los 
instrumentos de planeamiento urbanístico.
2.  Los proyectos de actuación son instrumentos que habilitan para la ejecución de 
actuaciones de transformación, edificatorias y de uso del suelo para la construcción o 
implantación  de  viviendas  de  titularidad  pública  que  sean  compatibles  con  las 
determinaciones del planeamiento municipal urbanístico en vigor y que no requieran la 
aprobación de un instrumento de ordenación urbanística.
3.  La  condición  de  administración  actuante  para  formular  y  tramitar  el  plan  o 
proyecto corresponderá al IBAVI si la promotora de la actuación es la Administración de 
la Comunidad Autónoma o cualquiera de sus entes instrumentales. En los supuestos en 
que sean titulares del suelo otras administraciones públicas o sus entes instrumentales,  s
la condición de administración actuante será de la consejería competente en materia de  oe.
vivienda en los términos acordados en el convenio o instrumento jurídico-administrativo  w.
suscrito al efecto con el titular del suelo. 20ww
vivie4n. daL dae  atipturolabraidcaiódn p údbel icloas,  apslía cnoems oe sdpee lcoisa lperso yye cdteo sl odse  apcrotuyaeccitóons  redgeu dlaedsoasr reonll oe sdtee 
Dpreecvriesttoo- eleny ,e sctoer rDesepcorentdoe-lreáy  ayl  cGomobpieorrntaor ád leo sla esf eIcllteoss  Bdeaslecarirtso sc oennf oerl maret ícaul lop r1o6c.edimiento  BOE-A-cable e
5.  Los  planes  especiales  y  proyectos  de  desarrollo  de  viviendas  de  titularidad 
pública que se aprueben durante la vigencia del Plan Director Sectorial de Vivienda de 
las Illes Balears deberán ajustarse a las determinaciones del mismo.
6.  En los supuestos en que así lo prevea la normativa ambiental, los planes y 
proyectos que regula este Decreto-ley integrarán el componente medioambiental en el 
procedimiento de preparación, elaboración, tramitación, aprobación y seguimiento del 
plan o proyecto, en los términos que establece la legislación de evaluación ambiental, si 
bien se reducirán los plazos a la mitad, sin perjuicio de lo que establece la legislación 
básica del Estado.
7.  Los  planes  y  proyectos  regulados  en  este  Decreto-ley  deberán  respetar  el 
régimen de protección de los bienes del patrimonio histórico en los términos previstos 
por la normativa sectorial estatal y autonómica, si bien se reducirán a la mitad los plazos 
administrativos  de  que  disponen  las  administraciones  competentes  en  materia  de 
patrimonio histórico de las Illes Balears para la emisión de los informes o autorizaciones 
preceptivos en relación con estos bienes, sin perjuicio de lo que establece la legislación 
básica del Estado.
Artículo 11.  Ejecución de actuaciones compatibles con el planeamiento urbanístico 
vigente en suelos o edificaciones con planeamiento detallado aprobado.
1.  Las actuaciones de transformación, edificatorias y de uso del suelo para la 
construcción o implantación de viviendas de titularidad pública contempladas en este 
Decreto-ley, incluidas las relativas a los alojamientos dotacionales, que sean compatibles 
con  las  determinaciones  del  planeamiento  municipal  urbanístico  en  vigor  y  que  no 
requieran la aprobación de un instrumento de ordenación urbanística, se autorizarán 
mediante la aprobación de un proyecto de actuación conforme al procedimiento previsto 
en este artículo, que deberá contener los siguientes documentos:
a)  Una memoria justificativa de la necesidad de ejecutar la concreta actuación 
edificatoria o de transformación urbanística y edificatoria, incluyendo una memoria de 
viabilidad  económica  y  un  informe  de  sostenibilidad,  en  el  caso  de  su  formulación 
preceptiva, en los términos establecidos en la Ley 12/2017 y en la legislación estatal 
básica.
b)  En el supuesto de actuaciones que requieran la transformación urbanística, el 
proyecto  de  urbanización  y  el  de  reparcelación  correspondientes  a  la  actuación, 
formulados de manera conjunta, así como el resto de instrumentos jurídico-urbanísticos 
requeridos por la Ley 12/2017, según proceda. El proyecto de urbanización resolverá las 
conexiones  de  los  servicios  que  se  implanten  con  los  generales  preexistentes  y 
justificará que estos tienen la dotación o la capacidad suficiente.
c)  El proyecto básico de edificación y de actividades para el caso de la promoción 
de  usos  terciarios  complementarios  al  residencial,  firmado  por  personal  técnico 
competente,  que  responderá  a  las  necesidades  funcionales  y  edificatorias  de  las 
viviendas  propuestas;  a  las  normativas  de  habitabilidad,  accesibilidad,  seguridad  y 
actividades, respetando las normas de aplicación directa previstas en el artículo 68 de la 
Ley 12/2017.
d)  Los documentos exigidos en la legislación de evaluación ambiental, en los casos 
sometidos a evaluación ambiental.
2.  Los  proyectos  de  actuación,  incluidos  los  que  requieran  actuaciones  de  s
transformación urbanística, deberán ser autorizados por el ayuntamiento en cuyo término  oe.
municipal estén ubicados los suelos o edificaciones afectados, mediante la aprobación,  w.
ledicnee  ansccutiu aasc cauisórobn,a  cndoíems tipclolaesst o, p eernon y eeellc  aptoylasuz nodt aedm eui edrnbotason .mizeasceiósn  a yc oenl taort odregsadmei elan teon tdraed ala sd eol pporortyuencatos   2020-5020n https://ww
3.  Transcurrido el plazo de dos meses previsto en el apartado anterior sin que el
ayuntamiento haya resuelto sobre el proyecto de actuación mediante la aprobación, en  Bc
su caso, del proyecto de urbanización y el otorgamiento de las licencias preceptivas, los 
proyectos de actuación se aprobarán conforme al siguiente procedimiento:
a)  Con respecto a los proyectos que no requieran actuaciones de transformación 
urbanística, se iniciará el procedimiento por la administración actuante, que elevará el 
proyecto de actuación al titular de la consejería competente en materia de vivienda para 
su aprobación inicial.
Una vez aprobado inicialmente el proyecto, se solicitarán los informes preceptivos en 
relación con el ámbito respectivo a todas las administraciones que corresponda en 
aplicación  de  la  legislación  sectorial.  Los  informes  de  las  administraciones  de  la 
comunidad autónoma de las Illes Balears deberán emitirse en el plazo de veinte días. De 
no  emitirse  en  el  plazo  establecido,  los  informes  se  entenderán  favorables,  salvo 
disposición contraria en aplicación de la legislación sectorial.
Introducidas, en su caso, las modificaciones pertinentes, la consejería competente en 
materia de vivienda elevará el proyecto al Consejo de Gobierno para su aprobación.
El  acuerdo  de  aprobación  por  parte  del  Consejo  de  Gobierno  habilitará  a  la 
administración actuante para iniciar la ejecución de las obras de edificación y uso, sin 
necesidad de licencia o cualquier otro acto de control preventivo insular o municipal.
b)  En  cuanto  a  los  proyectos  que  requieran  actuaciones  de  transformación 
urbanística, se iniciará el procedimiento por la administración actuante, que elevará el 
proyecto de actuación al titular de la consejería competente en materia de vivienda para 
su aprobación inicial.
Una  vez  aprobado  inicialmente  el  proyecto  se  someterá  a  información  pública 
durante el plazo de un mes, con citación personal de las personas interesadas y se 
solicitarán los informes preceptivos en relación con el ámbito respectivo a todas las 
administraciones que corresponda en aplicación de la legislación sectorial. Los informes 
de las administraciones de la comunidad autónoma de las Illes Balears deberán emitirse 
en  el  plazo  de  un  mes.  De  no  emitirse  en  el  plazo  establecido,  los  informes  se 
entenderán  favorables,  salvo  disposición  contraria  en  aplicación  de  la  legislación 
sectorial.
Introducidas, en su caso, las modificaciones pertinentes, la consejería competente en 
materia de vivienda elevará el proyecto al Consejo de Gobierno para su aprobación.
El  acuerdo  de  aprobación  por  parte  del  Consejo  de  Gobierno  habilitará  a  la 
administración actuante para iniciar la ejecución de las obras de urbanización, edificación 
y uso, sin necesidad de licencia o cualquier otro acto de control preventivo insular o 
municipal,  pudiendo  simultanearse  la  edificación  y  la  urbanización  en  los  términos 
establecidos por la Ley 12/2017.
4.  Una vez que se haya acreditado la finalización de las obras previstas y el ajuste 
de las mismas al proyecto de actuación autorizado, corresponderá al ayuntamiento la 
autorización  de  la  primera  ocupación  y  la  utilización  de  las  edificaciones  y  las 
instalaciones autorizadas si hubiera otorgado las correspondientes licencias urbanísticas 
conforme  al  apartado  2  de  este  precepto  en  el  plazo  de  quince  días  naturales, 
transcurrido el cual se considerará otorgada la autorización si no hubiera resolución 
expresa.  En  el  supuesto  de  que,  a  consecuencia  del  silencio  administrativo  de  la 
administración  municipal,  se  hubiera  autorizado  el  proyecto  de  actuación  mediante 
acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  conforme  al  apartado  3  anterior,  el  Consejo  de 
Gobierno autorizará la primera ocupación y la utilización de las edificaciones y las 
instalaciones, previo informe del ayuntamiento, que deberá emitirse en el plazo de  e
quince días naturales, entendiéndose favorable una vez transcurrido el indicado plazo. bo
5.  Corresponderán al ayuntamiento donde se ubiquen las viviendas de titularidad  20ww
paúcubelicrdao  lcoosn  aloc tqouse , dceo ni nctaerrávcetnecr igóenn eardaml, irneisgturalati vlaa ,L einy s1p2e/c2c0i1ó7n.,  control  y  sanción,  de
Artículo  12.  Régimen  aplicable  a  las  actuaciones  de  transformación  urbanística  y 
edificatorias  que  requieran  la  aprobación  de  instrumentos  de  ordenación  o  la 
alteración del planeamiento vigente.
1.  Para la ejecución de actuaciones de transformación urbanística y edificatorias 
que deban llevarse a cabo sobre suelos que no dispongan del instrumento de ordenación 
más detallado exigible en cada caso por la legislación urbanística para la clase de suelo 
urbano o urbanizable objeto de intervención o la ejecución de actuaciones en suelos o 
edificaciones que requieran alterar el planeamiento urbanístico vigente, será precisa la 
previa aprobación de un plan especial de desarrollo de viviendas de titularidad pública.
2.  Los  planes  especiales  de  desarrollo  de  vivienda  de  titularidad  pública  son 
instrumentos  de  planeamiento  autónomo  que  tienen  como  finalidad  delimitar  una  o 
diversas áreas residenciales de promoción pública en suelo urbano y urbanizable de 
titularidad  pública  y  establecer  las  determinaciones  necesarias  para  proceder  a  la 
ejecución directa de las actuaciones de desarrollo y construcción de vivienda protegida y 
alojamiento dotacional público del ámbito territorial de las Illes Balears. Estos planes 
podrán  establecer  determinaciones  para  ser  directamente  ejecutadas  o  bien  para 
llevarse a cabo mediante un proyecto de desarrollo de viviendas de titularidad pública.
3.  Las áreas residenciales de promoción pública son aquellas unidades territoriales 
de suelo urbano o urbanizable de titularidad pública delimitadas y ordenadas por un plan 
especial de desarrollo de vivienda de titularidad pública con la finalidad de permitir el 
desarrollo,  la  gestión  y  la  ejecución  de  vivienda  protegida  y  alojamiento  dotacional 
públicos en el ámbito territorial de las Illes Balears.
4.  En  todo  caso,  las  áreas  residenciales  delimitadas  para  la  ejecución  de 
actuaciones de transformación urbanística se emplazarán en municipios con capacidad 
territorial para polarizar el crecimiento urbano, de acuerdo con los planes territoriales 
insulares o los planes urbanísticos que sean de aplicación; respetarán los límites físicos 
de desarrollo que establezcan los mencionados planes; se situarán en continuidad con el 
tejido urbano existente o previsto; tendrán que poder garantizar una buena accesibilidad 
a la red de transporte público y deberán tener garantizada la suficiencia del suministro de 
agua y la posibilidad de disponer de los servicios básicos. Para su delimitación se 
garantizará la adecuada inserción en el territorio de las actuaciones que constituyen su 
objeto, su conexión con las redes y servicios correspondientes sin menoscabo de la 
funcionalidad de los existentes, su adaptación al entorno en el que se emplacen y su 
articulación con las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial vigente.
5.  Las áreas residenciales que hayan sido delimitadas por un plan especial de 
desarrollo de viviendas de titularidad pública constituirán ámbitos de actuación aislada, 
sectores de suelo urbanizable delimitado, sectores de planeamiento derivado o zonas de 
actuación en suelo urbano en el planeamiento del municipio en el que se emplacen.
6.  Las  actuaciones  de  transformación  urbanística  y  edificatorias  de  las  áreas 
residenciales se llevarán a cabo directamente a partir de la aprobación definitiva del plan 
especial o proyecto de desarrollo de vivienda de titularidad pública, tramitado de acuerdo 
con lo dispuesto en este Decreto-ley.
7.  La aprobación de los planes especiales de desarrollo de vivienda de titularidad 
pública legitimará el inicio de la ejecución urbanística de la actuación, sin necesidad de 
adaptación  previa  del  planeamiento  urbanístico  general  municipal,  y  habilitará  a  la 
administración actuante para iniciar la ejecución de obras de transformación urbanística, 
de actuaciones edificatorias y de uso del suelo y edificaciones, previo otorgamiento de la 
correspondiente licencia municipal. e.
8.  El planeamiento urbanístico que resulte afectado por las determinaciones de un  w.b
plan especial o proyecto de desarrollo de vivienda pública se deberá adaptar en los  20ww
pplraozyoesc toq uye s aelsvtaen deos tlaabsl edziscpao, ssicinio pneersj utricainos idtoer ialas  eqnutera indcal ueyna .vigor inmediata del plan o
Artículo 13.  Planes especiales de desarrollo de vivienda de titularidad pública.
1.  Los planes especiales de desarrollo de vivienda de titularidad pública podrán 
modificar las condiciones establecidas para el desarrollo del sector de suelo urbanizable, 
o  de  suelo  urbano  por  el  planeamiento  general  municipal  vigente,  en  su  caso,  y 
establecerán la ordenación detallada del suelo con el nivel y la documentación propios 
de un plan urbanístico derivado; también podrán incorporar la concreción del trazado y 
las características de las obras de urbanización con el nivel y la documentación propios 
de un proyecto de urbanización.
2.  Los planes podrán tener por objeto el desarrollo de subsectores de sectores de 
planeamiento urbanístico, siempre que se acredite el equilibrio del aprovechamiento 
urbanístico y de las cesiones y cargas entre el subsector y el resto del ámbito o, de lo 
contrario, se garantice el reequilibrio correspondiente mediante la cesión de terrenos a la 
administración municipal, a cuenta de la reparcelación posterior.
3.  La ordenación detallada de las áreas residenciales de promoción pública tiene 
que prever:
a)  Una dotación suficiente de suelo con destino al sistema de espacios libres y de 
equipamientos y un adecuado dimensionado de los servicios para hacer frente a los 
requerimientos generados por la población prevista dentro del ámbito. También tiene que 
determinar la asunción por parte de la administración actuante del coste de construcción 
de los equipamientos previstos, el cual se tiene que llevar a cabo simultáneamente con 
la urbanización del área y la construcción de las viviendas.
b)  Las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano, 
tanto con respecto a la integración de la actuación en el medio, como con respecto a la 
eficiencia energética, el ahorro en el consumo de agua y el tratamiento de residuos, con 
especial atención a la utilización de energías renovables.
4.  Los planes especiales de desarrollo de vivienda de titularidad pública ajustarán 
su contenido de conformidad con la naturaleza y el alcance de los objetivos previstos y 
contendrán los documentos escritos y gráficos necesarios para ordenar de manera 
efectiva la actuación. Deberán incluir las determinaciones adecuadas y propias de su 
naturaleza y finalidad, justificadas debidamente a través de una memoria informativa y 
justificativa, reflejando como mínimo los siguientes contenidos:
a)  La  delimitación  de  las  áreas  residenciales  de  promoción  pública  en  suelos 
clasificados como urbanos y urbanizables de titularidad pública, con una relación y 
localización de las obras y actuaciones integradas en el plan y la descripción del ámbito 
territorial de incidencia del mismo.
b)  La administración pública o ente instrumental promotor y titular del suelo o 
edificación.
c)  La descripción, con la suficiente especificación, de la promoción residencial 
pública objeto del plan, la duración temporal estimada de su ejecución y los recursos 
económicos afectos a la misma. Deberá incluir la justificación y la definición del esquema 
general  de  las  infraestructuras,  las  obras,  las  instalaciones  y  los  servicios  que  se 
prevean,  teniendo  en  cuenta  la  incidencia  sobre  el  territorio  físico,  las  afecciones 
ambientales y los medios de corrección o minimización de las mismas.
d)  La  articulación  con  los  planes  territoriales  insulares  y  con  el  planeamiento 
municipal existente, con determinación expresa de las vinculaciones que se creen. En su 
caso, las determinaciones de dicho planeamiento local que han de ser modificadas como  e.
consecuencia de la aprobación del plan sectorial. w.
e)  Las determinaciones exigidas por la Ley 12/2017 para las actuaciones que  20ww
implfi)q ueLna  lfaij atrcaiónns fdoerm loasc ipóanr áy mlae ptraorsc eulrabcaiónnís tuicrboasn qísuteic dae dbeeln s uaeplloic.arse.
g)  La programación de las actuaciones.
h)  Las medidas de apoyo encaminadas a promover las actuaciones que favorezcan 
la consecución de los objetivos señalados.
i)  La fijación de los criterios para realizar el seguimiento del plan.
j)  En su caso, la fijación para la ejecución urbanística de las áreas de cualquier 
sistema  de  actuación  urbanística  o  modalidad  que,  en  razón  de  las  circunstancias 
concurrentes, permita emprender con celeridad la actuación urbanizadora.
5.  Asimismo los planes dispondrán, como mínimo, del desarrollo de los estudios 
justificativos  y  complementarios  necesarios,  de  los  planos  de  información  y  de 
ordenación que correspondan, y de las normas y los catálogos que procedan. Se incluirá 
un estudio de evaluación de la movilidad generada que, en su caso, definirá las medidas 
que se deberán adoptar respecto a los grandes centros generadores de movilidad que se 
prevean, e incorporarán el estudio ambiental estratégico según lo establecido en la 
legislación ambiental a no ser que, por su finalidad y objeto, el órgano ambiental acuerde 
su exoneración por el hecho de no tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 
En su caso, se incluirá también un avance de la equidistribución.
6.  Incorporarán una memoria de viabilidad económica, así como un informe de 
sostenibilidad económica, en que se ponderará en particular el impacto de la actuación 
en la hacienda pública afectada, formulados ambos en los términos establecidos por el 
artículo 47 de la Ley 12/2017 y la legislación estatal de suelo para la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en funcionamiento y la 
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y la adecuación del suelo 
destinado a usos productivos.
7.  Una vez publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» el acuerdo de 
aprobación  de  un  plan  especial  de  desarrollo  de  viviendas  de  titularidad  pública 
directamente ejecutable e inscrito en el Registro de la Propiedad el preceptivo proyecto 
de reparcelación, la administración actuante quedará habilitada para iniciar las obras de 
urbanización  correspondientes,  así  como  para  la  ejecución  de  las  actuaciones 
edificatorias, pudiendo simultanearse la edificación y la urbanización en los términos 
establecidos por la Ley 12/2017. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de contar con la 
pertinente licencia urbanística municipal para las actuaciones edificatorias.
Artículo 14.  Proyectos de desarrollo de viviendas de titularidad pública.
1.  Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria que requieran la 
aprobación de instrumentos de ordenación o la alteración del planeamiento vigente 
también  podrán  ejecutarse  mediante  la  aprobación  de  proyectos  de  desarrollo  de 
viviendas de titularidad pública conforme a lo que se establece en este artículo.
2.  Los proyectos de desarrollo de viviendas de titularidad pública tendrán por objeto 
la regulación detallada y pormenorizada para la construcción o implantación de viviendas 
de titularidad pública en desarrollo de un plan especial que expresamente lo haya 
previsto.
3.  En  ausencia  de  planes  especiales  de  desarrollo  de  vivienda  de  titularidad 
pública,  también  podrán  aprobarse  proyectos  autónomos  para  una  determinada 
actuación conforme al procedimiento regulado en este Decreto-ley y con el contenido 
necesario para posibilitar la construcción o implantación de las viviendas de titularidad 
pública que sean objeto de la actuación.
4.  Los  proyectos  de  desarrollo  de  vivienda  de  titularidad  pública  que  incluyan 
actuaciones  de  transformación  urbanística  y  edificatorias  para  la  construcción  o  e
implantación de las viviendas de titularidad pública deberán incluir, como mínimo, los  bo
siguientes documentos: 20ww
tranasf)o rmUancai ómn eumrboarniaí sjtuicsati fyic eadtivifaic adteo rilaa. necesidad de ejecutar la concreta actuación de
b)  En el supuesto de actuaciones que requieran la transformación urbanística, el
plan de ordenación pormenorizada del proyecto de urbanización y de reparcelación  Bc
correspondientes a la actuación, formulados preferentemente de manera conjunta, así 
como el resto de instrumentos jurídico-urbanísticos requeridos por la Ley 12/2017, según 
proceda.
c)  El proyecto básico de edificación y de actividades para el caso de la promoción 
de  usos  terciarios  complementarios  al  residencial,  firmado  por  personal  técnico 
competente,  que  responderá  a  las  necesidades  funcionales  y  edificatorias  de  las 
viviendas propuestas y a las normativas de habitabilidad, accesibilidad, seguridad y 
actividades;  respetando  también  las  normas  de  aplicación  directa  previstas  en  el 
artículo 68 de la Ley 12/2017.
d)  Los documentos exigidos en la legislación de evaluación ambiental, en los casos 
sometidos a evaluación ambiental.
e)  Un estudio de evaluación de la movilidad generada, en los casos en que su 
finalidad específica lo requiera.
f)  La memoria de viabilidad económica y el informe de sostenibilidad, en el caso de 
su formulación preceptiva, en los términos establecidos en la Ley 12/2017 y en la 
legislación estatal.
5.  Una vez publicado el acuerdo de aprobación del proyecto en el «Boletín Oficial 
de las Illes Balears» e inscrito en el Registro de la Propiedad el preceptivo proyecto de 
reparcelación, la administración actuante quedará habilitada para iniciar las obras de 
urbanización  correspondientes,  así  como  para  la  ejecución  de  las  actuaciones 
edificatorias, pudiendo simultanearse la edificación y la urbanización en los términos 
establecidos por la Ley 12/2017. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de contar con la 
pertinente licencia urbanística municipal para las actuaciones edificatorias.
Artículo 15.  Procedimiento de elaboración y aprobación de los planes especiales y 
proyectos de desarrollo de viviendas de titularidad pública.
1.  La formulación de los planes especiales y proyectos de desarrollo de viviendas 
de titularidad pública previstos en este Decreto-ley será realizada por el IBAVI o la 
consejería competente en materia de vivienda, salvo que por convenio u otra fórmula de 
colaboración interadministrativa se haya acordado que corresponda a la administración o 
ente instrumental titular del suelo o edificación.
2.  Para la tramitación de cada plan especial o proyecto de desarrollo de viviendas 
de titularidad pública contemplados en este Decreto-ley, se creará una comisión con 
naturaleza de órgano colegiado de cooperación interadministrativa para hacer efectiva la 
coordinación entre la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el 
resto de administraciones o entidades del sector público con competencias concurrentes 
con respecto al plan especial o proyecto previsto y también al objeto de conseguir la 
cohesión social descrita en el artículo 12 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda 
de las Illes Balears.
La función de la comisión consistirá en la coordinación interadministrativa para la 
formulación y desarrollo de los planes y proyectos y la emisión de un dictamen con 
carácter preceptivo y no vinculante, en relación con el plan especial o proyecto de 
desarrollo de vivienda de titularidad pública en el plazo previsto en el presente Decreto-
ley,  que  deberá  fundamentarse  en  el  ordenamiento  jurídico.  Solo  podrá  contener 
valoraciones de oportunidad o de conveniencia cuando así lo solicite expresamente la 
consejería  competente  en  materia  de  vivienda  o  cuando  afecte  al  ámbito  de  las 
competencias concurrentes de las administraciones que componen la comisión. Sus  e
acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros. bo
La comisión, que se integrará en la consejería competente en materia de vivienda,  20ww
espceosatsmratiioprcániop enadsero ánte .a ndeS anu c  duslaeae  ldqaeeuus ieettrosrun tcaootrumtárra íaae   nljoo elrcragáa árlciqndiuuiacdidcaaa  d yd  dedfe eu  nlaPncsaiio nlmngIlaulaeln ,s ap s aiBndraa epl e ecalruarjumssi. c pailoEidr n mds eiunc suiqs autfrlieqan ucapiiloeuidnrea eddcsaea  ssrqe,o ua,ye l i zlnaaloasr     OE-A-2020-50able en https://
relaciones entre el órgano colegiado y el Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma y los restantes miembros que lo componen se articularán a través de la 
consejería competente en materia de vivienda.
La creación y funcionamiento de la comisión no conllevará un incremento del gasto 
público ni sus miembros percibirán dietas por el ejercicio de sus funciones. Tanto su 
creación como su funcionamiento serán atendidos con los medios personales, técnicos y 
presupuestarios de las administraciones que la componen. La comisión se extinguirá 
automáticamente  en  la  fecha  en  que  sea  aprobado  el  plan  o  proyecto  para  cuya 
tramitación fue creada.
La  creación,  organización,  funciones  y  régimen  jurídico  de  la  comisión  se 
determinarán  reglamentariamente  mediante  una  orden  del  consejero  o  consejera 
competente en materia de vivienda, atendiendo a los siguientes criterios:
a)  Su  composición  deberá  obedecer  a  criterios  de  competencia  territorial  y 
funcional.
b)  Su composición tendrá carácter multidisciplinar, con representación de políticos y 
personal técnico de las consejerías del Gobierno de las Illes Balears implicadas y de las 
administraciones  cuyas  competencias  resulten  afectadas  por  el  plan  o  proyecto, 
debiendo designarla cada una de las administraciones representadas. En la designación 
de las personas que formen parte de la comisión se fomentará una presencia equilibrada 
de mujeres y hombres.
c)  El  número  de  representantes  que  designe  cada  administración  deberá  ser 
equivalente al número de representantes designados por las restantes administraciones 
participantes de la comisión.
d)  Será presidente o presidenta del órgano colegiado el consejero o consejera 
competente en materia de vivienda y su voto tendrá carácter dirimente. En caso de 
ausencia, vacante o enfermedad el presidente o presidenta será sustituido por uno de los 
vocales representantes de la consejería competente en materia de vivienda.
e)  Actuará como secretario o secretaria del órgano colegiado, con voz pero sin 
voto, un funcionario o funcionaria de la consejería competente en materia de vivienda, 
designado por el presidente o presidenta del órgano, quien podrá designar asimismo, en 
su caso, un sustituto del secretario o de la secretaria para los supuestos de vacante, 
ausencia o enfermedad.
f)  Los suplentes de los miembros del órgano colegiado en casos de ausencia, 
vacante  o  enfermedad  se  designarán  por  el  mismo  órgano  que  nombra  a  los 
representantes titulares.
g)  La aprobación del dictamen precisará para su validez de la presencia del presidente 
o de la presidenta y del secretario o secretaria, o de quien legalmente les sustituya, y de un 
número de miembros que, computado el presidente o presidenta, y el secretario o secretaria, 
constituyan la mayoría simple de los miembros convocados a la sesión. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple de votos de las personas asistentes. En caso de empate, 
decidirá el presidente o presidenta con su voto de calidad.
3.  Para la aprobación del plan especial o proyecto de desarrollo de viviendas de 
titularidad pública se seguirá el siguiente procedimiento:
a)  La iniciación del procedimiento corresponderá a la consejería competente en materia 
de vivienda, que trasladará la propuesta de inicio a la comisión creada al efecto conforme al 
apartado  anterior  para  la  formulación  del  programa  definitivo  y  establecimiento  de  la 
metodología de redacción del plan o proyecto en el plazo de un mes. Una vez redactado el  s
plan o proyecto, con la adecuada supervisión de la misma comisión, se remitirá formalmente  oe.
por parte de la consejería dicho plan o proyecto completo a la comisión para que emita un  w.
pmdirceotsyaeemsce toan   ceponren ctlaae rp sdteivedose d yed  nelao   lafve incchcouaml aeisnnitó eqn u.s oeTb rtraeenn sgecal u prelranidntro a ode apl  rptoolyadezaco tl oas  ecdoñomacluapmdleoeto np teaancra ióe nlla  p cloeammzopis lideóetna   dddoeesll    2020-5020n https://ww
dictamen, se entenderá que es favorable.
b)  Simultáneamente, y durante el mismo plazo, la comisión solicitará un informe 
preceptivo en relación con el ámbito de las competencias respectivas, a todas las 
administraciones  que  corresponda  en  aplicación  de  la  legislación  sectorial.  De  no 
emitirse  en  los  plazos  establecidos,  los  informes  se  entenderán  favorables,  salvo 
disposición contraria contenida en la legislación sectorial.
c)  Una  vez  emitidos  el  dictamen  de  la  comisión  y  los  informes  sectoriales 
preceptivos, o transcurridos los plazos para su emisión, se trasladará la documentación a 
la consejería competente en materia de vivienda para que el consejero o consejera 
proceda, en su caso, a la aprobación inicial del plan o proyecto.
d)  Simultáneamente  al  acuerdo  de  aprobación  inicial,  se  podrá  acordar  la 
suspensión de la aprobación de aquellos instrumentos de planeamiento urbanístico que 
se considere que impidan o dificulten la viabilidad del futuro plan especial o proyecto de 
desarrollo de viviendas de titularidad pública, excepto cuando en su tramitación haya 
finalizado  el  período  de  información  pública,  siempre  con  la  conformidad  del 
ayuntamiento afectado. La suspensión regirá hasta la aprobación definitiva del plan o 
proyecto, en todo caso, por un período máximo de dos años.
e)  Acordada  la  aprobación  inicial,  toda  la  documentación  del  plan  o  proyecto, 
incluidas  las  memorias  de  viabilidad,  los  estudios  realizados  y  los  informes  de 
sostenibilidad económica preceptivos, se someterá a información pública junto, en su 
caso, con la documentación correspondiente a su tramitación ambiental.
Este trámite de información pública tendrá un periodo mínimo de 45 días para aquellos 
planes o proyectos que comporten evaluación ambiental estratégica y de 30 días para 
aquellos que no la comporten; anunciándose, al menos, en el «Boletín Oficial de las Illes 
Balears», en uno de los diarios de mayor circulación en la isla correspondiente y en la sede 
electrónica de la administración que tramite el procedimiento, y constará la documentación 
completa que integre el instrumento o proyecto.
La publicación del anuncio de información pública, tanto en el diario como en el 
«Boletín  Oficial  de  las  Illes  Balears»,  hará  constar  de  manera  clara  el  localizador 
uniforme de recursos de la sede electrónica para acceder a la documentación.
f)  Introducidas, en su caso, las modificaciones pertinentes a la vista del resultado 
de la información pública, de los informes emitidos y de la tramitación ambiental, la 
consejería competente en materia de vivienda elevará el plan al Consejo de Gobierno 
para su aprobación.
g)  El acuerdo de aprobación se publicará en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».
4.  La evaluación ambiental de la actuación se realizará de conformidad con lo que prevé 
la legislación correspondiente, procurando que la información pública del plan o proyecto sea 
simultánea a la información pública del procedimiento ambiental y reduciendo los plazos a la 
mitad, salvo disposición contraria en la normativa básica estatal.
5.  Para la revisión de los planes o proyectos deberá seguirse el mismo procedimiento 
que para su elaboración y aprobación. Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo anterior, 
cuando sean modificaciones que no signifiquen reconsiderar el plan o proyecto en su 
globalidad los plazos de información pública y emisión de informes se reducirán a la mitad. En 
estos casos, solo deberán ser consultadas las administraciones públicas afectadas.
Artículo  16.  Efectos  de  la  aprobación  de  los  planes  especiales  y  proyectos  de 
desarrollo de viviendas de titularidad pública.
La aprobación de un plan especial o proyecto de desarrollo de vivienda de titularidad pública  e
mediante el procedimiento previsto en este Decreto-ley tendrá los siguientes efectos: bo
aL)o s Catelirfriceancoisó n ddeels stiunealdoo.s  a  acoger  la  actuación  aprobada  se  calificarán  2020-5020n https://ww
automáticamente conforme al plan o proyecto aprobado.
b)  Determinaciones urbanísticas.
Las  determinaciones  urbanísticas  se  corresponderán  a  las  requeridas  para  el 
proyecto necesario para llevar a cabo la actuación y, por lo tanto, no dependerán del 
desarrollo territorial o urbanístico previo ni de los correspondientes instrumentos de 
gestión, siendo inmediatamente efectivas, salvo que se trate de un plan que prevea el 
desarrollo mediante un proyecto.
c)  Plazos para la ejecución de la actuación.
La  administración  o  ente  instrumental  público  promotor  dispondrá,  desde  la 
aprobación de la actuación, de un plazo máximo de cuatro años para la presentación del 
proyecto de obras al ayuntamiento competente al efecto de obtener las pertinentes 
licencias urbanísticas, y otros cuatro años para iniciar la ejecución desde el otorgamiento 
de las licencias.
d)  Licencias urbanísticas.
Las licencias urbanísticas deberán otorgarse en el plazo de dos meses a contar 
desde  la  entrada  del  proyecto  de  obras  en  el  ayuntamiento;  y  se  incorporarán  e 
integrarán en el procedimiento los informes sectoriales que se hubieren emitido durante 
la tramitación del plan especial o proyecto de desarrollo, debiendo evitar la repetición de 
trámites o informes ya evacuados durante la tramitación del plan o proyecto, a no ser 
que la normativa estatal aplicable determine su necesidad.
e)  Finalización de las obras, primera ocupación y utilización de las viviendas de 
titularidad pública.
Una vez acreditada la finalización de las obras previstas y el ajuste de las mismas a 
los proyectos autorizados por la consejería o ente instrumental público, corresponderá al 
ayuntamiento la autorización de la primera ocupación y la utilización de las edificaciones 
y las instalaciones autorizadas en el plazo de quince días naturales, entendiéndose 
autorizada una vez transcurrido el indicado plazo sin resolución expresa.
Corresponderán  al  ayuntamiento  donde  se  ubiquen  las  viviendas  de  titularidad 
pública  los  actos  de  intervención  administrativa,  inspección,  control  y  sanción,  de 
acuerdo con lo que, con carácter general, regula la Ley 12/2017.
f)  Adecuación urbanística.
Asimismo,  el  ayuntamiento  incorporará  en  su  planeamiento,  en  los  plazos 
establecidos en el plan especial o proyecto o, en su defecto, cuando se lleve a cabo su 
revisión o modificación, la regularización urbanística de las actuaciones ejecutadas, sin 
perjuicio de su inmediata efectividad.
g)  Declaración de utilidad pública.
Se producirá la declaración de utilidad pública de las obras, de las instalaciones y de 
los servicios que se hayan previsto de manera concreta, a los efectos de lo que prevé la 
legislación sobre expropiación forzosa.
Disposición adicional primera.  Relación de actuaciones proyectadas y suelo disponible.
1.  En el plazo de seis meses a contar desde la publicación de este Decreto-ley, los  bo
consejos insulares y los ayuntamientos enviarán a la consejería competente en materia  20ww
cdoen v aivrireengdloa  au lnoa e rsetalabcleiócnid doe e nla és l.actuaciones que se propongan promover o desarrollar
com2p.e teEnnte  eeln  pmlaaztoe riad ed es eviisv iemndease us nalo sre laacyiuónnt admei elnotso ss ueenlovsia rdáen  titau lalari dacdo npsúebjelircíaa 
clasificados como urbanos o urbanizables, con indicación expresa de aquellos que el
planeamiento  vigente  destina  a  vivienda  protegida,  y  una  relación  de  los  solares 
reservados para equipamientos públicos susceptibles de ser destinados a alojamiento 
dotacional, con expresa indicación de los que no hayan sido objeto de desarrollo.
3.  La información sobre las actuaciones que se proponga promover o desarrollar 
con arreglo a este Decreto-ley se actualizará con periodicidad anual.
Disposición adicional segunda.  Establecimiento del derecho de superficie a favor de 
personas físicas o jurídicas para la construcción y gestión de viviendas protegidas en 
régimen de alquiler con fijación de precios máximos y para la construcción y gestión 
de alojamientos dotacionales.
1.  Las administraciones públicas y los entes públicos podrán promover viviendas de 
titularidad  pública  mediante  la  constitución  a  favor  de  personas  físicas  o  jurídicas 
privadas  de  derechos  de  superficie  sobre  patrimonio  de  su  titularidad  para  la 
construcción y gestión de viviendas protegidas en régimen de alquiler a precio asequible 
o alojamientos dotacionales.
2.  El derecho de superficie a favor de personas físicas o jurídicas privadas para la 
construcción  y  gestión  de  viviendas  protegidas  solo  se  podrá  conceder  mediante 
concurso público, debiendo establecerse necesariamente en las bases los siguientes 
aspectos:
a)  La determinación exacta de los bienes sobre los que se constituye el derecho de 
superficie.
b)  La duración máxima de la concesión y, en su caso, de las oportunas prórrogas. 
La duración máxima de la concesión, incluidas sus prórrogas, no podrá superar el límite 
de cincuenta años.
c)  El canon anual que se debe satisfacer, si procede.
d)  El número mínimo de viviendas por construir y sus características básicas.
e)  Las condiciones de acceso a las viviendas protegidas y los criterios de selección 
de los demandantes, de conformidad con el artículo 70.6 de la Ley 5/2018.
f)  El precio máximo mensual de alquiler asequible por metro cuadrado útil, que no 
podrá ser superior al módulo de alquiler de vivienda protegida de régimen general 
aplicable.
g)  El plazo máximo de ejecución de estas obras, que en caso de incumplimiento 
podría suponer la reversión de la concesión, y el resto de condiciones resolutorias que 
se prevean.
h)  Los mecanismos de colaboración y fiscalización que se deben ejercer por parte 
de la administración pública concedente.
i)  La forma en que se ejecutará la reversión a favor de la administración pública 
concedente una vez agotado el plazo de concesión o resuelta la misma.
3.  La administración o el ente público titular del suelo podrá construir y gestionar 
directamente los alojamientos dotacionales públicos o podrá otorgar un derecho de 
superficie o una concesión administrativa a terceros para que los construyan y gestionen. 
El  derecho  de  superficie  a  favor  de  particulares  solo  se  podrá  conceder  mediante 
concurso  público,  cuyas  bases  establecerán  los  mismos  aspectos  señalados  en  el 
apartado 2, a excepción de los previstos en las letras d) y f), debiendo indicar además el 
número mínimo de alojamientos que se construirán, sus características y la renta o 
canon máximo que deberán abonar los usuarios. s
Disposición adicional tercera.  Modificación de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la  w.
v1i.v ieEnnd ac udme plalism Iilelenst oB daelel aArsc.uerdo de 6 de marzo de 2019 de la Comisión Bilateral de  2020-5020n https://ww
Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad  Autónoma  de  las  Illes
Balears en relación con la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, 
se modifica la misma en los siguientes términos:
a)  La letra c) del apartado 1 del artículo 41 queda redactada en los siguientes 
términos:
«c)  Los funcionarios públicos en relación con los actos, las escrituras u otros 
documentos, a fin de conocer al titular de la vivienda.»
b)  La letra d) del apartado 1 del artículo 42 queda redactada en los siguientes 
términos:
«d)  Se deberá garantizar en todo caso una justa compensación a los grandes 
tenedores por las viviendas desocupadas que se cedan al IBAVI, que podrá ser 
superior a la renta de alquiler que pague el arrendatario de la vivienda. Esta 
compensación se calculará de acuerdo con la legislación estatal en materia de 
expropiación forzosa.»
c)  El apartado 2 del artículo 42 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Se determinará reglamentariamente el procedimiento para reclamar esta 
cesión de viviendas desocupadas de acuerdo con las condiciones citadas, el 
modelo de contrato y las restantes condiciones aplicables a la cesión.»
2.  Se modifica la definición de la letra l) del artículo 4 de la Ley 5/2018, que quedará 
redactada con el siguiente tenor literal:
«l)  Alojamiento dotacional: son dotaciones públicas destinadas a resolver de 
forma transitoria, mediante el pago de una renta o canon, la necesidad de vivienda 
de personas o unidades de convivencia. Se destinarán de forma preferente a 
colectivos especialmente vulnerables conforme a lo establecido en el artículo 3 de 
esta Ley y, en especial, a los jóvenes, a los mayores y a las personas con 
necesidades  sociales  derivadas  de  la  violencia  de  género  y  de  procesos  de 
desahucio o análogos, sin que en ningún caso puedan destinarse a residencia 
habitual  o  permanente  de  los  beneficiarios.  Los  alojamientos  dotacionales  se 
pueden situar en suelos o edificaciones, o en partes de las mismas, destinados a 
equipamientos o dotaciones de titularidad pública, así como en suelo residencial 
de titularidad pública.»
3.  Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 12 de la Ley 5/2018, que quedará 
redactado con el siguiente tenor literal:
«1.  Las administraciones públicas colaborarán en el ejercicio de sus políticas 
de vivienda y concertarán las actuaciones necesarias para conseguir el objetivo de 
cohesión social, entendida como la existencia de un parque residencial público 
(preferentemente  de  alquiler,  en  derecho  de  superficie  u  otros  derechos  que 
incluyan el uso) al servicio de la ciudadanía y de entidad suficiente para satisfacer 
el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna y adecuada.
Concretamente  se  considera  cohesión  social,  desde  la  perspectiva  de 
vivienda, el conjunto de condiciones constructivas y de atribución de las viviendas 
que permiten la diversidad social sobre el territorio, mediante la existencia de un  s
parque de viviendas a precio asequible suficiente para todos los segmentos de  oe.
población y la fijación de criterios de adjudicación de las viviendas protegidas que  w.
relaevssit ieddnee nmlcaáia sls  cevogivnriee ogntadrocaissó ,nu  staoensst poua rcbeianan l.lí osLstia cn oucso eyhv oleass  miódnee zscsaloarrc odialello  slsa usup rvobivnaiene ínsldatia csom spe rzcocotlemag oidd aeesln   uclosoons    2020-5020n https://ww
procesos de renovación urbana. Si la vivienda está en un núcleo de población, es
también condición de cohesión social que tenga un entorno urbanizado, accesible  Bc
para todas las personas, independientemente de la diversidad de capacidades 
funcionales, y equipado, en los términos y con las condiciones que establecen la 
legislación y la planificación territorial y urbanística. Este entorno debe hacer 
posible la movilidad, las relaciones sociales y laborales y el acceso a los servicios 
básicos para garantizar la efectividad de los derechos y deberes constitucionales y 
estatutarios.»
4.  Se añade un nuevo artículo a la Ley 5/2018 con el siguiente tenor literal:
«Artículo 21 bis.  Declaración de áreas de conservación y rehabilitación.
1.  Sin perjuicio de las actuaciones de reforma interior y regeneración urbana 
y otras medidas previstas en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de 
las Illes Balears, los municipios, para promover la rehabilitación de inmuebles en 
áreas especialmente degradadas o para evitar procesos que puedan suponer 
riesgos para la cohesión social, incluyendo situaciones de ineficiencia o pobreza 
energética, así como falta de accesibilidad o prevención de incendios, podrán 
delimitar áreas de conservación y rehabilitación, previo trámite de información 
pública y audiencia a las demás administraciones concernidas. La documentación 
de la delimitación deberá incluir:
a)  Una memoria explicativa y justificativa, que deberá incorporar los datos 
urbanísticos del área y una explicación de la estructura social y las condiciones 
físicas de ocupación de los inmuebles.
b)  Los planos de información y delimitación del área.
c)  La relación de las propiedades afectadas, de acuerdo con la información 
que conste en el catastro y en el Registro de la Propiedad.
2.  La declaración de área de conservación y rehabilitación llevará implícita la 
declaración de utilidad pública de las actuaciones y la necesidad de ocupación de 
los terrenos y edificios afectados a los efectos de expropiación e imposición de 
servidumbres u ocupación temporal de los terrenos, si las necesidades, los medios 
económico-financieros de que se disponga, la colaboración de la iniciativa privada 
y las demás circunstancias concurrentes justifican la conveniencia del mecanismo 
expropiatorio.
3.  El acuerdo de declaración de un área de conservación y rehabilitación 
deberá  establecer,  expresamente,  los  derechos  y  deberes  del  propietario  o 
propietaria y de los ocupantes legales y las habilitaciones de las administraciones 
públicas, en el marco de lo establecido por el artículo 21 ter.
4.  Si la declaración de un área de conservación y rehabilitación supone la 
obtención de financiación procedente del Gobierno de la Comunidad Autónoma o 
del  Gobierno  del  Estado  mediante  los  planes  de  vivienda  convenidos,  la 
delimitación  deberá  realizarse  de  acuerdo  con  la  consejería  competente  en 
materia de vivienda.
5.  Por decreto del Gobierno, si el ente o los entes locales afectados no 
actúan,  la  consejería  competente  en  materia  de  vivienda  podrá  aprobar  la 
delimitación de un área de conservación y rehabilitación y subrogarse en las 
tareas municipales a que se refiere el presente artículo.
6.  La  declaración  de  un  área  de  conservación  y  rehabilitación  podrá 
adoptarse en el marco de las políticas dirigidas a la rehabilitación y mejora de  e.
barrios que requieran una atención especial a las que se refiere la Ley 2/2009,  w.b
de 19 de marzo, de rehabilitación y mejora de barrios de los municipios de las Illes  20ww
Bdealliemairtas.d oA ys imdeiscmlaor,a dsoe  toinmcalunydeon  coemn oe bstaes ec omnacrecpotso  alnatse riáorreeass d eq ulae  psoel ítihcaay adne 
vivienda, si no se ha completado su programa de actuaciones.»
5.  Se añade un nuevo artículo a la Ley 5/2018 con el siguiente tenor literal:
«Artículo  21  ter.  Alcance  de  la  declaración  de  áreas  de  conservación  y 
rehabilitación.
La declaración de un área de conservación y rehabilitación podrá suponer:
a)  La aprobación de normas, planes, programas o proyectos de conservación 
y rehabilitación de viviendas o su entorno que especifiquen justificadamente el 
deber de conservación y rehabilitación de todos o algunos inmuebles concretos 
incluidos en el área delimitada.
b)  La adopción de órdenes de ejecución dirigidas al cumplimiento del deber 
de conservación y rehabilitación. Si el coste de las obras supera el límite del deber 
imputable a los propietarios, la Comunidad Autónoma o los entes locales podrán 
sufragar,  a  solicitud  de  los  propietarios,  la  parte  de  exceso  y  suspender,  si 
procede, los procedimientos de declaración de ruina iniciados.
c)  La sujeción de las transmisiones de bienes inmuebles incluidos en el área 
a los derechos de tanteo y retracto a favor de la administración actuante.
d)  La  exigencia  de  que  cualquier  procedimiento  iniciado  ante  la 
Administración del Estado al amparo de la legislación de arrendamientos urbanos 
para obtener la autorización para el derribo de inmuebles ocupados deba disponer 
de un informe favorable de la consejería competente en materia de vivienda que 
pondere la necesidad de incrementar de forma inmediata el parque residencial.
e)  La creación de un órgano administrativo o un ente gestor que impulse el 
proceso de rehabilitación, movilice a los sectores concernidos y asesore y proteja 
los  derechos  de  los  ocupantes  legales  de  los  inmuebles  residenciales, 
especialmente  si  sufren  situaciones  de  presión  para  hacerles  abandonar  los 
inmuebles.
f)  La  suscripción  de  convenios  de  rehabilitación,  de  acuerdo  con  el 
artículo 21 quater, que podrán dotarse de un fondo económico específico.
g)  La  obligación  de  incorporar  al  mercado  inmobiliario  los  inmuebles 
desocupados en un plazo concreto y de acuerdo con lo establecido en la propia 
declaración.»
6.  Se  añade  un  nuevo  artículo  a  la  Ley  5/2018,  redactado  en  los  siguientes 
términos:
«Artículo 21 quater.  Convenios de rehabilitación.
1.  Las medidas de intervención administrativa dirigidas al cumplimiento del 
deber de conservación y rehabilitación, así como las declaraciones de áreas de 
conservación y rehabilitación a que se refiere el artículo 21 bis, podrán dar lugar a 
un convenio de rehabilitación entre la Administración y las personas interesadas 
en el procedimiento.
2.  Los consejos insulares podrán establecer vías de colaboración con los 
municipios de su territorio para impulsar y formalizar las medidas contenidas en 
este artículo.
3.  El convenio de rehabilitación deberá incluir el programa de actuaciones de 
conservación y rehabilitación que se tengan que ejecutar, especificando si son 
subvencionadas o a fondo perdido, y las obligaciones concretas que asume cada  e.
una  de  las  partes.  En  todo  caso,  el  propietario  o  propietaria  deberá  w.b
comprometerse a ejecutar inmediatamente las obras dirigidas a garantizar las  20ww
cond4i.c ioLnoess  bápslaicnaess d e dsee gurreidhaadb.ilitación  de  viviendas  que  aprueben  las
easdtmabinleisctrearc iuonnae s línpeúab liceassp eecníf iceal  mdea rcaoy uddea slo  peasrata baletecniddoe r ena  elossta  cLoenyv edneiobse rádne 
rehabilitación.
5.  Las ayudas que comprometa la Administración podrán suponer que el 
inmueble o una parte del mismo se destine a vivienda protegida. También podrán 
fijarse mecanismos de recuperación de las ayudas para el supuesto de que se 
produzca una transmisión onerosa del inmueble, de acuerdo con lo establecido 
por los planes de rehabilitación.
6.  Los contenidos del convenio de rehabilitación deberán ser una condición 
especial de la correspondiente licencia de obras.
7.  El convenio de rehabilitación podrá contener una cláusula de sujeción al 
derecho de tanteo y retracto de las transmisiones que se produzcan después de 
su suscripción, si previamente no se ha delimitado un área a tales efectos.
8.  El incumplimiento del convenio de rehabilitación dará lugar a su resolución 
y podrá suponer la prohibición temporal del uso residencial, multas coercitivas, la 
ejecución subsidiaria a cargo de los obligados y la inscripción en el Registro 
municipal de solares sin edificar. La resolución del convenio no dejará sin efectos, 
en ningún caso, el destino de las viviendas protegidas previstas.
9.  Los pactos con trascendencia real deberán inscribirse en el Registro de la 
Propiedad.»
7.  Se añade un nuevo artículo a la Ley 5/2018 con el siguiente tenor literal:
«Artículo 26 bis.  Obligación de oferta de alquiler social respecto de viviendas y 
terrenos objeto de procesos judiciales o extrajudiciales, a cargo de grandes 
tenedores.
1.  Antes de adquirir una vivienda resultante de la consecución de acuerdos 
de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la 
vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda que tenga 
como causa de la venta la imposibilidad por parte del prestatario de devolver el 
préstamo hipotecario, el adquirente que tenga la condición de gran tenedor de 
vivienda deberá ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si la 
adquisición o la compraventa afecta a personas o unidades familiares que no 
tengan una alternativa propia de vivienda y que estén en situación de especial 
vulnerabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 5/2018, 
de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears. El deber de comprobar dichas 
circunstancias  recae  sobre  el  adquirente,  que  deberá  requerir  previamente  la 
información a los afectados.
2.  Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o 
de ejecución de títulos no judiciales, el demandante deberá ofrecer a los afectados 
una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta a personas o unidades 
familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de 
los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente Ley, lo 
cual  deberá  comprobar  el  propio  demandante,  requiriendo  previamente  la 
información a los afectados, y siempre que el demandante tenga la condición de 
gran tenedor de vivienda.
3.  Una vez verificada la situación de especial vulnerabilidad y formulada la 
oferta  de  alquiler  social,  en  los  términos  del  apartado  5,  si  los  afectados  la 
rechazan, el demandante podrá iniciar el procedimiento judicial.
4.  La  oferta  obligatoria  de  alquiler  social  a  que  hacen  referencia  los 
apartados 1 y 2 se comunicará, en un plazo de tres días hábiles desde su  e
realización, al organismo competente en materia de vivienda. bo
5.  A efectos de lo establecido por los apartados 1 y 2, para que la propuesta  20ww
puedaa)  seFrij acro nrseindtearsa dqau ed eg aalrqaunilteicre sno cqiaule d eebl eersáf uceurmzop lipr olor se sl igpuaigeon tedse lr eaqlquuisiilteors :no
supere el 30% de los ingresos ponderados de la unidad familiar.
b)  Ofrecer  preferentemente  la  vivienda  afectada  por  el  procedimiento  o, 
alternativamente, una vivienda ubicada dentro del mismo término municipal, salvo 
que se disponga de un informe de los servicios sociales municipales acreditativo 
de  que  el  traslado  a  otro  término  municipal  no  afectará  negativamente  a  la 
situación de riesgo de exclusión residencial de la unidad familiar.»
8.  De acuerdo con la habilitación prevista en el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en el apartado 13 de su 
artículo primero, por el que se modifica el apartado 7 del artículo 25 de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se añade un nuevo artículo a la 
Ley 5/2018 en los siguientes términos:
«Artículo 26 ter.  Derecho de tanteo y retracto sobre la totalidad de un inmueble.
1.  Cualquier transmisión del dominio de la totalidad de un inmueble que 
disponga de más de una vivienda, cuando al menos una de ellas esté arrendada, 
quedará sujeta a un derecho de tanteo y retracto legal a favor de la consejería 
competente  en  materia  de  vivienda  u  otro  ente  del  sector  público  que  ésta 
designe.
A los efectos del derecho de tanteo y retracto previstos en esta Ley, se 
considerará  transmisión  el  cambio  producido  en  la  sociedad  propietaria  del 
inmueble  como  consecuencia  de  la  fusión,  transformación  o  escisión  de  la 
sociedad,  así  como  la  venta  de  las  acciones  o  participaciones  sociales  que 
representen un porcentaje superior al 50% de su capital social.
2.  El  ejercicio  de  este  derecho  de  tanteo  y  retracto  estará  sujeto  a  los 
términos previstos en la normativa aplicable a efectos de notificación y ejercicio del 
mismo.
3.  La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá los derechos de 
adquisición preferente en beneficio propio, del municipio, del consejo insular, de 
otras entidades vinculadas que dependan de estos, o de sociedades mercantiles 
de capital íntegramente público.»
9.  Se establece un derecho de tanteo y retracto en las transmisiones entre grandes 
tenedores  respecto  de  viviendas  y  terrenos  adquiridos  en  procesos  judiciales  o 
extrajudiciales, mediante la incorporación del artículo 26 quater a la Ley 5/2018 en los 
siguientes términos:
«Artículo 26 quater.  Derechos de tanteo y retracto en las transmisiones entre 
grandes tenedores respecto de viviendas y terrenos adquiridos en procesos 
judiciales o extrajudiciales.
1.  La transmisión entre grandes tenedores de las viviendas y terrenos en 
suelos clasificados como urbanos o urbanizables adquiridos en un proceso de 
ejecución hipotecaria, en un proceso de ejecución basada en títulos no judiciales o 
mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria estará sujeta al 
derecho de tanteo y retracto de la Administración de la Comunidad Autónoma. 
Este  derecho  de  adquisición  preferente  afectará  a  la  primera  y  posteriores 
transmisiones de las viviendas.
A los efectos del derecho de tanteo y retracto previstos en esta Ley, se 
considerará  transmisión  el  cambio  producido  en  la  sociedad  propietaria  del  e.
inmueble  como  consecuencia  de  la  fusión,  transformación  o  escisión  de  la  w.b
sociedad,  así  como  la  venta  de  las  acciones  o  participaciones  sociales  que  20ww
representen un porcentaje superior al 50% de su capital social.
2.  El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se llevará a cabo de 
conformidad con el siguiente procedimiento:
a)  Los derechos de tanteo y retracto los podrá ejercer la Administración de la 
Comunidad Autónoma, directamente o a través de entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia competentes en materia de vivienda, en beneficio 
propio,  del  municipio,  del  consejo  insular,  de  otras  entidades  vinculadas  que 
dependan de estos, o de sociedades mercantiles de capital íntegramente público.
b)  La decisión de transmitir la vivienda se deberá comunicar por parte del 
titular transmisor al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). La notificación deberá 
incluir  el  precio  de  venta  previsto,  una  declaración  expresa  del  estado  de 
ocupación de la vivienda, así como la valoración justificada sobre su estado de 
conservación.
c)  Una vez notificada la decisión de transmitir, el titular estará obligado a 
mostrar  la  vivienda  a  la  Administración  cuando  esta  se  lo  solicite.  El 
incumplimiento  de  este  deber  en  la  fecha  señalada  suspenderá  el  plazo  de 
ejercicio del derecho de tanteo hasta la fecha de su cumplimento efectivo, sin 
perjuicio de la aplicación del régimen sancionador que corresponda.
d)  Transcurridos dos meses desde la notificación de la voluntad de transmitir 
la vivienda o el suelo realizada al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) para el 
ejercicio  del  derecho  de  tanteo  sin  que  la  Administración  haya  notificado  su 
voluntad de ejercerlo, se entenderá que renuncia a ejercer el derecho en relación 
con esta transmisión.
e)  La Administración de la Comunidad Autónoma podrá ejercer el derecho de 
retracto en los casos de inmuebles transmitidos infringiendo lo previsto en este 
artículo y en los siguientes casos:
– Si habiéndose efectuado las notificaciones de la transmisión legalmente 
exigidas, se ha omitido cualquiera de los requisitos legales.
– Si la transmisión se ha producido antes de que venza el plazo para ejercer el 
derecho de tanteo.
– Si la transmisión se ha realizado en condiciones distintas a las fijadas por la 
notificación.
El derecho de retracto se podrá ejercer por el mismo precio y en las mismas 
condiciones  de  adquisición  en  que  efectivamente  se  haya  producido  la 
transmisión.
La Administración deberá dictar una resolución sobre si hay causa suficiente 
para el ejercicio del derecho de retracto en el plazo de treinta días a contar desde 
el día en que haya tenido conocimiento de la transmisión efectuada y de sus 
condiciones. En el plazo de un mes a contar desde que se haya establecido 
administrativamente la existencia de una causa suficiente para el ejercicio del 
retracto, la Administración, examinadas las condiciones físicas del inmueble, en su 
caso,  y  las  circunstancias  y  condiciones  que  sean  precisas,  deberá  fijar  el 
correspondiente precio y las condiciones de adquisición. La Administración deberá 
comunicar la decisión a la persona interesada y en el caso de viviendas deberá 
adjudicarlas en los términos y las condiciones que se aprueben, en cumplimiento y 
ejecución de lo establecido por la presente Ley. Este derecho tendrá un plazo de 
prescripción de tres meses. s
f)  Se  priorizará  el  ejercicio  del  derecho  de  tanteo  y  retracto  sobre  las  oe.
viviendas en buen estado de conservación y que tengan un precio inferior al de  w.
dmee rTcvaaivmdieobn.iédna ss earád qpuriiroidriatasr iod eel  epjeerrcsiocnioa sd efl ísdiecraesc heon d elo tsa ntperoo cye rseotsra cdtoe  eenj eecl uccaiósno   2020-5020n https://ww
hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria.
g)  El plazo para formalizar la adquisición de las viviendas será de tres meses 
a contar desde la notificación al titular transmisor de la resolución del ejercicio del 
derecho de tanteo o del retracto.»
10.  Se añaden dos apartados al artículo 36 de la Ley 5/2018 con el siguiente tenor 
literal:
«3.  Los  grandes  tenedores  de  vivienda  tendrán  la  obligación  de  dar 
cumplimiento  a  la  función  social  de  la  misma  mediante  su  uso  habitacional 
efectivo. El incumplimiento de la referida obligación durante un tiempo superior a 
dos años, acreditada con la inscripción de la vivienda en el Registro de viviendas 
desocupadas,  será  causa  bastante  de  interés  social  para  proceder  a  la 
expropiación forzosa del uso temporal de aquellas viviendas que se encuentren 
inscritas en el Registro, siempre que se den las circunstancias establecidas en el 
artículo 42 de esta Ley y conforme al procedimiento establecido en la legislación 
sobre expropiación forzosa.
4.  La transmisión entre grandes tenedores de las viviendas inscritas en el 
Registro de viviendas desocupadas estará sujeta al derecho de tanteo y retracto a 
favor  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma.  Este  derecho  de 
adquisición  preferente  estará  vigente  mientras  las  viviendas  se  mantengan 
inscritas  en  el  Registro  de  viviendas  desocupadas  y  afectará  a  la  primera  y 
posteriores transmisiones de las viviendas. El ejercicio del derecho de tanteo y 
retracto se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento regulado en el 
apartado 2 del artículo 26 quater.»
11.  Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 39 de la Ley 5/2018, que quedarán 
redactados en los términos siguientes:
«2.  En la relación de viviendas se hará constar, como mínimo, su situación; 
su precio de adquisición o de adjudicación; su superficie útil; si es una vivienda 
libre o con protección pública y, en este caso, si es de régimen de venta o de 
alquiler; el título legal y, en su caso, la fecha de la ejecución o dación en pago, y la 
referencia catastral de la vivienda.
5.  La transmisión de viviendas desocupadas mediante cualquier título entre 
grandes tenedores no interrumpirá ni reiniciará el cómputo del plazo de dos años 
necesario para considerarlas desocupadas a los efectos previstos en esta Ley.»
12.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 42 de la Ley 5/2018 
para remitir al plazo previsto por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, quedando redactado en los siguientes términos:
«1.  Los  grandes  tenedores  que  dispongan  de  inmuebles  inscritos  en  el 
Registro de viviendas desocupadas cederán su gestión al Instituto Balear de la 
Vivienda (IBAVI), por el plazo mínimo establecido para un alquiler de vivienda 
habitual en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
prorrogable  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  siempre  que  se  verifiquen  las 
siguientes circunstancias objetivas:»
13.  Se modifica el apartado 1 del artículo 62 de la Ley 5/2018, que pasará a tener la 
siguiente redacción:
«Artículo 62.  Viviendas protegidas. o
1.  Se consideran viviendas protegidas las que se encuentren en cualquiera  20ww
ddeec llaarsa csióignu:ientes  situaciones  mientras  dure  la  vigencia  de  su  calificación  o
a)  Las  viviendas  con  calificación  de  protección  oficial,  tanto  si  son  de
promoción pública como privada, al amparo del Real Decreto-ley 31/1978, de 31
de octubre, sobre política de viviendas de protección oficial, y las declaradas 
expresamente protegidas en virtud de normativa específica o norma de desarrollo 
de planes de vivienda de ámbito estatal o autonómico, sea cual sea la fecha de la 
declaración.
b)  Las viviendas que cumplan con los requisitos o baremos de protección 
pública que se determinarán reglamentariamente para otros títulos habilitantes de 
uso de la vivienda que se quieran impulsar y priorizar, como la cesión de uso, el 
derecho de superficie u otros.»
14.  Se añade un nuevo artículo a la Ley 5/2018 en los siguientes términos:
«Artículo 63 bis.  Índice de intensidad residencial para vivienda protegida.
El índice de intensidad de uso residencial para un solar en suelo urbano 
cuando el techo que se destine a uso residencial sea todo para vivienda protegida 
será de una vivienda por cada 60 m² de superficie edificable residencial.»
15.  Se modifica el apartado 2 del artículo 64 de la Ley 5/2018, que quedará 
redactado en los siguientes términos:
«2.  La calificación es la declaración administrativa por la que una vivienda, 
un anexo o un local puede tener acceso a los beneficios y asume las limitaciones 
propias del régimen de protección correspondiente. En el ámbito territorial de las 
Illes Balears podrá ser calificada como vivienda protegida cualquier vivienda que 
reciba algún tipo de beneficio de carácter público en su promoción o construcción, 
independientemente de la existencia de ayudas al promotor o al adquirente.»
16.  Se modifica el artículo 65 de la Ley 5/2018, que quedará redactado en los 
siguientes términos:
«Artículo 65.  Visado.
1.  Los contratos de compraventa en primeras transmisiones y los contratos 
de  arrendamiento  de  las  viviendas  protegidas  así  como  de  sus  anexos  se 
presentarán  para  ser  visados  ante  la  consejería  competente  en  materia  de 
vivienda en el plazo de treinta días a contar desde su formalización.
1.bis.  En las segundas y posteriores transmisiones, el adquirente deberá 
presentar  una  declaración  responsable  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos para la adquisición de viviendas protegidas, ante la misma consejería 
y en el plazo indicado en el apartado anterior.
2.  También será preceptivo el visado cuando se trate de constituir o transmitir 
cualquier derecho o cesión total o parcial del uso de la vivienda protegida por 
cualquier título admitido en derecho.
3.  Los obligados a presentar la solicitud de visado son los promotores, en la 
primera  transmisión,  y, en caso  de  arrendamiento u otros derechos, la parte 
arrendadora o titular de la vivienda.
4.  El visado tiene por objeto comprobar que se cumplen los requisitos para la 
adquisición o el arrendamiento de una vivienda protegida y sus anexos vinculados.
5.  Se  establecerán  reglamentariamente  los  requisitos  y  las  cláusulas 
obligatorias  que  tengan  que  contener  los  actos  y  contratos  de  primeras  y 
posteriores transmisiones o cesiones de uso, por cualquier título admitido en  e
derecho, de viviendas protegidas y sus anexos vinculados o locales. bo
6.  Los contratos que no hayan sido visados o para los que no se haya  20ww
epsrecsrietunrtaa dpoú bllaic ap nrei cseepr toivbaje tdoe dcela irnascciórinp crióens peonn esal Rbleeg instor o pdoed lraá nP rospeire dealedv.»ados  a
17.  Se modifica el punto 2 del artículo 68 de la Ley 5/2018, que quedará redactado 
en los siguientes términos:
«2.  En la publicidad de venta o alquiler que se efectúe a través de cualquier 
medio  de  comunicación  o  difusión  se  indicará  el  régimen  legal  al  que  están 
acogidas  las  viviendas,  su  superficie  útil,  su  precio  de  venta  y  el  resto  de 
condiciones.»
18.  Se modifica el apartado 2 del artículo 70 de la Ley 5/2018, que quedará 
redactado en los siguientes términos:
«2.  Esta inscripción también será exigible a los adquirentes o arrendatarios 
de viviendas protegidas de promoción privada. En todos los casos, se ofrecerán 
estas  viviendas  a  las  personas  que  consten  inscritas  en  el  Registro  de 
demandantes, por orden de inscripción, dentro del término municipal donde se 
haga la promoción. No será aplicable el criterio del orden de inscripción a las 
viviendas protegidas promovidas por cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro 
que hayan obtenido esta calificación ni a las promovidas por cooperativas de 
vivienda en régimen de cesión de uso.»
19.  Se añade un apartado 6 al artículo 70 de la Ley 5/2018 en los siguientes 
términos:
«6.  Las viviendas protegidas promovidas por una administración pública o 
por un ente instrumental del sector público serán ofrecidas a los demandantes que 
consten inscritos en el Registro público conforme al apartado 1 anterior, siguiendo 
el orden y los criterios que establecerá al efecto cada administración o ente 
promotor.»
20.  Se modifica el artículo 75 de la Ley 5/2018 en los siguientes términos:
«Artículo 75.  Derechos de tanteo y retracto.
1.  Las segundas o posteriores transmisiones entre vivos de las viviendas 
protegidas y de sus anexos, incluidos los supuestos de ejecución hipotecaria, 
dación en pago o procesos de ejecución basada en títulos no judiciales, durante el 
periodo  legal  de  protección,  como  también  de  los  suelos  no  edificados  con 
calificación urbanística para viviendas protegidas o destino asimilable, estarán 
sujetas  a  los  derechos  de  tanteo  y  retracto  legal  a  favor  de  la  consejería 
competente en materia de vivienda u otro ente del sector público que se designe.
2.  Se exceptúan del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto legal las 
transmisiones que, cumpliendo los requisitos establecidos para la transmisión de 
una vivienda protegida, se encuentren en alguno de estos casos:
a)  Transmisión entre cónyuges, entre miembros de una pareja registrada 
como  pareja  de  hecho  o  entre  parientes  hasta  el  segundo  grado  de 
consanguinidad.
b)  Transmisión de una cuota indivisa de la vivienda a favor de otro cotitular. 
Se entienden comprendidas en este supuesto las particiones de herencia y las 
disoluciones de condominio cuando uno de los titulares adquiera la totalidad de la 
vivienda. s
c)  La cesión de la vivienda y sus anexos a la sociedad de gananciales del  e.
matrimonio  y  su  adjudicación  a  uno  de  los  integrantes  del  matrimonio  por  w.
disolución de la sociedad de gananciales. 20ww
3.  A estos efectos, los propietarios de viviendas protegidas comunicarán a la
adm4in. istEral ceijóenrc oic aiol  ednetle d ceoremcpheot ednet eta lnat edoe cyis rieótnra dceto e snea jheanraár ladse. conformidad con el
procedimiento previsto en los siguientes artículos.»
21.  Se añaden los artículos siguientes a la Ley 5/2018:
«Artículo 75 bis.  Derechos de adquisición en favor de la Administración.
1.  En  todo  caso,  la  calificación  de  una  vivienda  como  protegida  y  la 
calificación  urbanística  de  suelo  destinado  a  vivienda  protegida  supondrá  la 
sujeción a los derechos de tanteo y retracto establecidos por la presente Ley, en 
favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en 
tanto esté vigente dicha calificación, como forma de control de las transmisiones.
2.  En los actos y contratos de transmisión de vivienda protegida o de suelo 
reservado  para  su  construcción  deberán  hacerse  constar  expresamente  la 
sujeción a los derechos de adquisición preferente y las notificaciones a que se 
refiere el artículo 75 quater.
3.  La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá los derechos de 
adquisición preferente, incluido el de retracto, en beneficio propio, del municipio, 
del  consejo  insular,  de  otras  entidades  vinculadas  que  dependan  de  estas 
administraciones, o de sociedades mercantiles de capital íntegramente público. La 
persona beneficiaria en última instancia del derecho de adquisición en favor de la 
administración será la que resulte seleccionada en el proceso de adjudicación 
establecido  por  la  normativa  vigente  para  la  adjudicación  de  viviendas  de 
protección oficial.
4.  La contraprestación que deberá pagarse como consecuencia del ejercicio 
de los derechos de adquisición no podrá superar en ningún caso el precio máximo 
de transmisión fijado normativamente.
Artículo 75 ter.  El derecho de tanteo de la Administración.
1.  En los procesos de transmisión de viviendas protegidas, como también de 
suelos  no  edificados  con  calificación  urbanística  para  viviendas  protegidas  o 
destino asimilable, la Administración de la Comunidad Autónoma se reservará un 
derecho de tanteo legal.
2.  El ejercicio del derecho de tanteo deberá fundamentarse en la necesidad 
de la administración que lo ejerza o del ente beneficiario de poseer un parque 
suficiente de viviendas vinculadas a políticas sociales y atender a situaciones de 
necesidades socialmente perentorias.
3.  La Administración no podrá ejercer el derecho de adquisición en caso de 
transmisiones gratuitas entre vivos en favor de ascendientes y descendientes, del 
cónyuge o de la pareja de hecho y en caso de transmisiones por causa de muerte, 
sin perjuicio de que la vivienda continúe sujeta al régimen de protección oficial y 
de que el nuevo titular deba destinarla a residencia habitual y permanente.
Artículo 75 quater.  El deber de notificación de la decisión de transmitir.
1.  Cualquier  decisión  de  transmitir  vivienda  calificada,  provisional  o 
definitivamente, como protegida o de suelo reservado para su construcción deberá 
notificarse a la consejería competente en materia de vivienda de la Comunidad 
Autónoma.
2.  La notificación deberá incluir, como mínimo, los siguientes datos, que una 
orden del consejero o consejera competente podrá concretar: s
a)  La identificación indubitada, tanto física como jurídica, de la promoción o  w.b
del inmueble objeto de la transmisión. 20ww
bc))   LEal stí tfuólrom quulaes s jeu roídsitceansta d seo tbraren seml iinsmiónu epbrleev.istas.
d)  Las condiciones de la transmisión, en especial el precio.
3.  En el supuesto de segundas o posteriores transmisiones, la notificación 
deberá  incluir  además  de  los  contenidos  que  establece  el  apartado  2  los 
siguientes:
a)  La calificación de la vivienda o identificación del expediente, en su caso.
b)  El motivo o justificación alegado para la transmisión.
c)  En los supuestos a que se refiere el apartado 3 del artículo 75 ter, la 
identificación del adquirente y la causa de excepción.
4.  Las notificaciones a que se refiere el apartado 3 deberán tramitarse de 
acuerdo con las normas del procedimiento administrativo.
Artículo 75 quinquies.  Ejercicio del derecho de tanteo.
1.  Si en el plazo de dos meses desde la notificación de la voluntad de 
transmitir la vivienda o el suelo realizada a la Administración de la Comunidad 
Autónoma esta no ejerce el derecho de adquisición preferente, el propietario podrá 
proceder a su venta. En el caso de vivienda protegida, solo podrá venderla a 
personas inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial y 
que cumplan todos los requisitos exigidos por la normativa.
2.  El plazo de dos meses que fija el apartado 1 se amplía quince días en las 
segundas y posteriores transmisiones de la propiedad de viviendas protegidas, 
para que la Administración pueda examinar las condiciones físicas de la vivienda y 
las circunstancias y condiciones que sean precisas para fijar el correspondiente 
precio y las condiciones de venta. La Administración deberá comunicar la decisión, 
en forma de propuesta de resolución, a la persona interesada. La aceptación de la 
propuesta habilitará a la Administración para adjudicar la vivienda.
Artículo 75 sexies.  Ejercicio del derecho de retracto.
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma podrá ejercer el derecho de 
retracto  en  los  casos  de  viviendas  protegidas  y  suelos  reservados  para  su 
construcción transmitidos infringiendo los instrumentos de control que establece el 
artículo 75 quater y en los siguientes casos:
a)  Si, habiéndose efectuado las notificaciones de la transmisión legalmente 
exigidas, se ha omitido cualquiera de los requisitos legales.
b)  Si la transmisión se ha producido antes de que venza el plazo para ejercer 
el derecho de tanteo.
c)  Si la transmisión se ha realizado en condiciones distintas a las fijadas por 
la notificación.
2.  La  Administración  deberá  dictar  una  resolución  sobre  si  hay  causa 
suficiente para el ejercicio del derecho de retracto en el plazo de treinta días a 
contar desde el día en que haya tenido conocimiento de la transmisión efectuada y 
de  sus  condiciones.  En  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  que  se  haya 
establecido administrativamente la existencia de causa suficiente para el ejercicio 
del retracto, la Administración, examinadas las condiciones físicas de la vivienda, 
en su caso, y las circunstancias y condiciones que sean precisas, deberá fijar el 
precio  correspondiente  y  las  condiciones  de  adquisición,  de  acuerdo  con  lo  s
establecido  por  el  artículo  75  quater.  La  Administración  deberá  comunicar  la  o
decisión a la persona interesada y, en el caso de viviendas, deberá adjudicarlas en  w.
etlorsests at ébmrlemecsiinedoso.s » pyo lra lsa  cpornedsiecnioten eLse qy.u eE sstee  adperrueecbheon t,e ennd rcáu munp lpimlaizeon tod ey  perjeesccurcipiócnió dne d loe   2020-5020n https://ww
22.  Se añade un apartado 6 al artículo 80 de la Ley 5/2018 en los siguientes 
términos:
«6.  En  relación  con  las  infracciones  en  materia  de  publicidad,  serán 
responsables, además de los sujetos señalados en el apartado 1, los titulares de 
los canales de intermediación a través de Internet u otros sistemas de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, las personas o entidades dedicadas a 
la intermediación inmobiliaria, así como los titulares de medios de comunicación 
social en los que se inserte la publicidad, cualquiera que sea su tipo o soporte.»
23.  Se modifica la letra g) del artículo 87 de la Ley 5/2018, que quedará redactada 
en los siguientes términos:
«g)  Ocultar a las personas interesadas en comprar o alquilar una vivienda la 
condición de vivienda calificada como vivienda protegida.»
24.  Se modifica la letra ab) del artículo 87 de la Ley 5/2018, que quedará redactada 
en los siguientes términos:
«ab)  Incumplir los grandes tenedores de vivienda la obligación de comunicar 
las viviendas desocupadas de que disponen en el plazo establecido.»
25.  Se incorporan al artículo 87 de la Ley 5/2018 seis puntos con el siguiente 
redactado:
«ad)  Incumplir los grandes tenedores de vivienda la obligación de comunicar 
a la consejería competente en materia de vivienda cualquier cambio con respecto 
a la situación de las viviendas que constan inscritas en el Registro de viviendas 
desocupadas.
ae)  No destinar la vivienda con protección pública a domicilio habitual y 
permanente  de  la  persona  propietaria  o  de  las  titulares  de  la  obligación  de 
ocuparla, sin autorización.
af)  Obtener un lucro o beneficio indebido mediante la comisión de cualquier 
fraude con respecto a las viviendas con protección pública, por parte de los 
promotores, de los titulares de las viviendas, de los agentes mediadores en la 
compraventa o el arrendamiento de bienes inmuebles, o de cualquier otro que 
intervenga en los procesos de transmisión o de arrendamiento de viviendas con 
protección pública.
ag)  Transmitir, alquilar o ceder el uso de una vivienda protegida a personas 
que no cumplan los requisitos exigibles.
ah)  No disponer de póliza de seguro contra incendios en vigor durante todo 
el tiempo de duración del régimen de protección de las viviendas protegidas.
ai)  Publicitar o comercializar en régimen de alquiler espacios para destinarlos 
a  habitáculo  de  personas  sin  que  los  mismos  cumplan  las  condiciones  de 
habitabilidad.»
26.  Se incorporan al artículo 88 de la Ley 5/2018 cinco puntos con el siguiente 
redactado:
«r)  Incumplir la obligación de notificación fehaciente a la Administración de la 
voluntad de transmitir el inmueble sujeto a los derechos de tanteo y retracto 
regulado en el artículo 26 ter de esta Ley. e.
s)  Incumplir el titular transmisor de la vivienda la obligación de notificación a  w.b
la Administración de su voluntad de transmitir un inmueble sujeto a los derechos  20ww
de tat)n teInoc yu mreptrlairc toe lr egduelmadaonsd aennt ee l aor tíceul loa 2d6q uqiureanteter  dela e sotab lLigeayc.ión  de  ofrecer
sfourpmuaelsmtoesn tceo nutne mcopnlatdraotso  edne  loaslq aupilaerrt asdoocsia 1l  ayl  2o cduepl aanrttíec udloe  2u6n ab isv idveie nedsata  eLne yl,o os 
realizar dicha oferta sin cumplir con los requisitos establecidos.
u)  Incumplir  el  demandante  o  el  adquirente  a  que  hace  referencia  el 
artículo 26 bis de esta Ley la obligación de comunicar, en un plazo de tres días 
hábiles desde su realización, al organismo competente en materia de vivienda la 
oferta obligatoria de alquiler social a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del 
mismo artículo 26 bis.
v)  Incumplir los grandes tenedores de vivienda cualquiera de las obligaciones 
derivadas de los derechos de tanteo y retracto regulados en el artículo 36.4 de 
esta Ley.»
27.  Se modifica la letra b) del punto 2 del artículo 90 de la Ley 5/2018, que quedará 
redactada en los siguientes términos:
«b)  En cuanto a la infracción grave establecida en la letra aa) del citado 
artículo 87, el importe de la sanción se fijará a partir del 100% hasta el 200% del 
importe de las fianzas o las actualizaciones no depositadas, con un máximo 
de 9.000 euros.»
28.  Se modifica la letra i) del artículo 92 de la Ley 5/2018, que quedará redactada 
en los siguientes términos:
«i)  Ejecutar la expropiación forzosa de la vivienda y los anexos vinculados, 
así como de los garajes y trasteros, en los términos de esta Ley y en caso de que 
la persona titular de la vivienda fuera reincidente en la comisión de una infracción 
firme de carácter muy grave de las previstas en esta Ley, así como en el supuesto 
de falsedad o inexactitud en la declaración responsable prevista en el apartado 1 
bis del artículo 65.»
29.  Se  modifica  el  segundo  párrafo  de  la  disposición  adicional  novena  de  la 
Ley 5/2008, que quedará redactado en los siguientes términos:
«Para este tipo de cooperativas, el derecho de superficie para la construcción 
de viviendas solo se podrá conceder mediante un concurso público reservado para 
las mismas, debiendo establecerse necesariamente en las bases los siguientes 
aspectos:»
Disposición  adicional  cuarta.  Modificación  de  la  Ley  5/2008,  de  14  de  mayo,  de 
actuaciones  urgentes  destinadas  a  la  obtención  de  suelo  para  viviendas  de 
protección pública.
Se modifica el apartado 4 del artículo 1 de la Ley 5/2008, que quedará redactado en 
los siguientes términos:
«4.  Las viviendas de precio tasado, destinadas a venta, opción de compra o 
alquiler, tendrán a todos los efectos la consideración de viviendas libres y sus 
calidades de acabado se corresponderán con las del resto de viviendas del sector 
de reserva estratégica en que se ubiquen.
Se  entenderá  por  precio  tasado  un  precio  máximo  de  venta  por  metro 
cuadrado construido, que deberá ser inferior al precio máximo de la vivienda de 
protección de régimen especial regulado en el Real Decreto 801/2005, de 1 de 
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de 
los ciudadanos a la vivienda. e.e
La renta máxima inicial anual de las viviendas a precio tasado que se destinen  w.b
a alquiler será como máximo el 5 % del precio máximo de compraventa de  20ww
vciovrireensdpao nddeie nptreo.tección oficial de régimen especial establecido en la normativa
los pPraercaio esl  tsauspaudeosst od ed ceo omtoprrgaavresnet au yn  adleqrueilcehro s edñea olapdcoiósn e dne e sctoem appraar,t asdeo a.plicarán
Estas viviendas, cuando se destinen a la compraventa, no podrán transmitirse 
entre vivos ni podrá cederse su uso por ningún título durante el plazo mínimo de 
veinte  años  desde  la  fecha  de  la  formalización  de  la  adquisición,  salvo  las 
excepciones justificadas establecidas reglamentariamente.»
Disposición  adicional  quinta.  Colaboración  de  los  colegios  profesionales  en  la 
agilización administrativa.
1.  Los ayuntamientos podrán ejercer las funciones en materia urbanística a que se 
refiere este precepto mediante la colaboración de los distintos colegios profesionales, en 
relación con las competencias específicas que sus colegiados ostenten, de acuerdo con 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y el resto de la 
normativa de aplicación, y sin perjuicio de la actuación y de la competencia municipal 
relativas a la emisión de los informes técnicos y jurídicos de legalidad urbanística.
2.  La colaboración de los colegios profesionales tendrá la consideración de control 
colegial de calidad sobre el cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación. Los 
colegios profesionales podrán desarrollar las siguientes tareas:
a)  Verificar los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los 
proyectos y la documentación correspondientes a la licencia urbanística o comunicación 
previa, exigidos por la normativa aplicable.
b)  Acreditar que los proyectos y la documentación técnica cumplen las previsiones 
y la normativa aplicable, en materia de accesibilidad, habitabilidad, seguridad y uso del 
edificio, seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, eficiencia energética, 
protección frente al ruido, salubridad y cualquier otra norma de carácter técnico de 
obligado cumplimiento.
c)  Emitir los informes sobre la adecuación de las obras a la licencia otorgada 
durante el proceso de ejecución de las mismas o a la comunicación previa.
d)  Emitir el informe técnico de conformidad de las obras ejecutadas a efectos de la 
licencia de ocupación o de primera utilización, o a la comunicación previa.
3.  En ningún caso los colegios profesionales podrán asumir la función pública de 
verificación del cumplimiento de la legislación territorial ni del planeamiento urbanístico a 
que esté sometida la concreta actuación. No obstante, a través del correspondiente 
convenio  se  les  podrá  encomendar  la  colaboración  en  materia  urbanística  para  la 
elaboración de informes de carácter no vinculante sobre la concordancia o discrepancia 
de concretas actuaciones respecto de la normativa urbanística, sin que esta colaboración 
pueda sustituir a la comprobación por la administración competente del cumplimiento de 
la normativa territorial ni del planeamiento urbanístico a que esté sometida la concreta 
actuación.
4.  La colaboración con los colegios profesionales en ningún caso implicará que las 
administraciones públicas dejen de cumplir con las funciones que tienen legalmente 
encomendadas,  como  requisitos  legales  previos,  para  la  adopción  de  los  actos 
administrativos  donde  se  materializan  las  licencias  urbanísticas  o  las  pertinentes 
comprobaciones de la legalidad urbanística de las actividades sujetas al régimen de 
comunicación  previa.  No  será  función  de  los  colegios  profesionales  validar  que  la 
documentación  técnica  presentada  se  corresponda  con  el  régimen  de  intervención 
(autorización, licencia o comunicación previa) aplicable a la obra, edificación o uso del 
suelo de que se trate. s
5.  La firma de los convenios previstos en esta disposición adicional conllevará  oe.
necesariamente la obligatoriedad de que los colegiados que materialicen la colaboración  w.
dcdoeen blafaid nce onglacabiraaolinrdataiczdiaó ryn  ,e dsle uc snucomr ibipnilecimnudrieroinr  uteonn ad  uedn ealco lsas irtaruecaqicóuinóis nriet odssep  odinnesc aoimbmlepp aaart ictbaiailli ldiedafaeddc ,tp oai.nrad eeple dnedseanrcroiall oi   2020-5020n https://ww
6.  Los colegios profesionales podrán también colaborar con la Administración de la
Comunidad Autónoma y con los consejos insulares para un mejor cumplimiento de las  Bc
funciones públicas y en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de la 
obligación de las administraciones públicas de cumplir con las funciones que tienen 
legalmente encomendadas o de realizar las actividades materiales y técnicas que les son 
propias.
7.  En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto-ley se 
publicará un modelo de convenio para instrumentar la colaboración de los colegios 
profesionales.
Disposición adicional sexta.  Régimen único para las viviendas de protección oficial de 
nueva construcción.
A partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley y mientras no se desarrolle la 
normativa propia en materia de vivienda protegida, solo se podrá otorgar la calificación 
de vivienda protegida en régimen general, salvo que por vía de convenio urbanístico o 
planeamiento vigente anterior a la entrada en vigor de este Decreto-ley se determine 
expresamente otro régimen.
Disposición  adicional  séptima.  Régimen  especial  aplicable  a  las  edificaciones 
inacabadas con licencia caducada.
1.  A  los  efectos  de  la  aplicación  del  régimen  especial  que  se  regula  en  este 
Decreto-ley se considerarán edificaciones inacabadas con licencia caducada aquellas 
que se encuentren ubicadas en ámbitos de suelo urbano y con uso residencial permitido 
por el planeamiento vigente que tengan las siguientes características:
a)  Las  obras  ejecutadas  lo  sean  de  conformidad  con  una  licencia  urbanística 
otorgada de acuerdo con el planeamiento urbanístico en vigor en el momento de su 
otorgamiento.
b)  Se trate de edificaciones inacabadas con la estructura totalmente finalizada.
c)  La finalización de las obras conforme al proyecto autorizado no se ajuste a las 
determinaciones del planeamiento urbanístico vigente.
d)  En el planeamiento urbanístico en vigor no esté previsto que tengan que ser 
objeto de expropiación, cesión obligatoria y gratuita o derribo.
e)  Se haya excedido el tiempo máximo fijado en la licencia para su finalización y se 
requiera una nueva licencia urbanística para acabar el edificio, por no ser procedente la 
concesión de una prórroga para continuar las obras. Se incluyen los supuestos de 
caducidad de licencias decretada por la administración y caducidad operada de manera 
automática.
2.  En las edificaciones descritas en el apartado anterior serán autorizables las 
obras  necesarias  para  su  total  finalización  y  para  la  obtención  de  la  calificación 
provisional  y  definitiva  de  viviendas  protegidas,  de  acuerdo  con  los  parámetros 
urbanísticos del planeamiento conforme al que fue otorgada la licencia urbanística, si 
bien aplicando el índice de intensidad residencial establecido en el artículo 63 bis de la 
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, siempre que se cumplan 
las siguientes obligaciones:
a)  Todo el edificio resultante deberá ser calificado de protección pública, debiendo 
ser destinado a viviendas protegidas, sin perjuicio de poder mantener usos compatibles 
con esta calificación en los locales y garajes en planta baja o planta sótano que hayan  e
sido previstos en el proyecto. Quedarán exceptuados de la calificación de protegidos las  bo
viviendas, locales y garajes que hayan obtenido del correspondiente ayuntamiento el  20ww
efinna vl idgeo ro bdrea  eos tlae  lDiceecnrceiato d-lee yo, cluops accuióanle os  pnroim ceorma puutitlaizraácni óan  lcoosn  eafenctetoriso rdideal dc aá lclau leon dtrea dlaa 
intenbs) idaDde rbeesriád esnocliiacli.tarse una nueva licencia en base a un proyecto ajustado a la
vigente normativa técnica en materia de edificación y habitabilidad, y a los requisitos
exigidos por la normativa en materia de viviendas protegidas, manteniendo el número de 
plazas  de  aparcamiento  previsto  en  el  proyecto  en  base  al  cual  se  construyó  la 
edificación existente, siempre que sea técnicamente posible. En ningún caso se podrá 
superar el número de plantas del edificio previsto en la licencia caducada. Las viviendas 
protegidas a los efectos de este precepto podrán tener una superficie útil que no exceda 
de 120 metros cuadrados, debiendo destinarse preferentemente a familias numerosas 
las que tengan una superficie útil superior a 90 metros cuadrados.
c)  El promotor de las obras deberá ceder a la Administración local o autonómica la 
edificabilidad  que  sobrepase  la  máxima  establecida  en  el  planeamiento  vigente, 
descontando la parte proporcional de elementos o zonas comunes. En el supuesto de 
que dicha edificabilidad no sea suficiente para ceder una parte determinada del edificio 
destinada a vivienda, deberá cederse un mínimo de una vivienda del edificio.
d)  El  promotor  de  las  obras  deberá  finalizarlas  en  su  totalidad  y  recibirá  una 
compensación  económica  por  parte  de  la  administración  beneficiaria  de  la  cesión 
anterior,  por  valor  del  coste  de  las  obras  que  estén  pendientes  de  ejecutar  en  el 
momento de la entrada en vigor de este Decreto-ley en la parte de la edificación que 
haya  sido  objeto  de  la  cesión.  La  cesión  no  comportará  ningún  otro  coste  a  la 
administración cesionaria.
e)  Las obras deberán terminarse durante la vigencia de este Decreto-ley.
3.  Para autorizar las obras previstas en el apartado 2 anterior, en función de las 
disponibilidades presupuestarias y de las circunstancias que puedan concurrir en la 
edificación inacabada, la administración beneficiaria podrá exigir al promotor que el 
cumplimiento del deber de cesión previsto en la letra c) del apartado 2 anterior se realice 
mediante  la  compensación  en  metálico  de  su  valor  equivalente  y  determinada  en 
aplicación de la legislación estatal de suelo. De dicha compensación deberá descontarse 
el valor del coste de las obras que estén pendientes de ejecutar previsto en la letra d) del 
apartado  2.  La  administración  beneficiaria  deberá  destinar  dicha  compensación  en 
metálico al patrimonio público de suelo para la promoción o adquisición de viviendas 
protegidas.
4.  La autorización de las obras descritas requerirá la previa formalización de un 
convenio  o  instrumento  administrativo  adecuado,  que  se  deberá  suscribir  entre  el 
propietario o propietarios del edificio y la Administración local o autonómica, en el que se 
concreten los derechos y obligaciones de ambas partes en relación con la finalización del 
edificio y las cesiones que se deben realizar a la administración correspondiente, y en el 
que  quedará  fijado  el  coste  de  construcción  que  deberá  asumir  la  administración 
beneficiaria en concepto de compensación y el resto de las obligaciones determinadas 
en el apartado 2 de esta disposición.
5.  Se adjuntará al convenio, para formar parte integrante del mismo, un informe 
urbanístico que deberá emitir el ayuntamiento competente a instancias de la propiedad, 
en el que conste la acreditación de que se trata de una edificación inacabada con 
licencia caducada, que se halla ubicada en suelo clasificado como urbano y con uso 
residencial  permitido  por  el  planeamiento  vigente,  y  que  tiene  las  características 
previstas en el apartado 1 de esta disposición adicional.
6.  Para poder acogerse al régimen especial previsto en esta disposición adicional, 
todos los propietarios de la finca registral y de la edificación inacabada con licencia 
caducada  deberán  suscribir  el  convenio  o  instrumento  administrativo  previsto  en  el 
apartado 3 en el plazo de cinco años a contar desde la entrada en vigor de este Decreto-
ley. El proyecto de obra deberá presentarse al ayuntamiento en el plazo de dos años a  e.
contar desde la firma del convenio o instrumento administrativo. w.b
7.  Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de este Decreto-ley las  20ww
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régimen legal vigente en el momento de aprobarse este Decreto-ley.
Disposición adicional octava.  Modificación de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las 
Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias.
1.  Se añade un nuevo punto al artículo 58 de la Ley 6/1999 con el siguiente tenor 
literal:
«6.  Plan Director Sectorial de Vivienda de las Illes Balears.»
2.  Se añade un capítulo nuevo al título II de la Ley 6/1999 en los siguientes 
términos:
«Capítulo VIII
El Plan Director Sectorial de Vivienda de las Illes Balears
Artículo 78 bis.  Objeto.
1.  El Plan Director Sectorial de Vivienda de las Illes Balears tiene por objeto 
la concreción, coordinación y programación de las actuaciones sectoriales en el 
territorio derivadas de la política de vivienda, de acuerdo con los principios y los 
objetivos establecidos en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes 
Balears, y demás normativa sectorial vigente.
2.  El ámbito de aplicación del Plan Director Sectorial de Vivienda de las Illes 
Balears es la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 78 ter.  Criterios para la redacción del Plan.
Para la redacción del Plan Director Sectorial de Vivienda de las Illes Balears 
deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:
1.  Hacer efectivo el derecho de acceso de los ciudadanos de las Illes Balears 
al disfrute de una vivienda digna, adecuada, accesible y asequible, y a la mejora 
de su calidad de vida.
2.  Adoptar las medidas necesarias para favorecer la equidad social y para 
garantizar la dimensión social que hay que otorgar a las políticas de vivienda.
3.  Conseguir un parque público de viviendas suficiente.
4.  Garantizar  las  actuaciones  necesarias  para  el  mantenimiento  de  los 
suministros básicos de la población que no pueda satisfacer su pago.
5.  Promover la diversidad y la cohesión social en los barrios y los sectores 
residenciales de las ciudades y los pueblos como garantía de una integración 
adecuada al entorno urbano o rural, y prevenir o evitar fenómenos de segregación, 
exclusión, discriminación o acoso por razones socioeconómicas, demográficas, de 
género, culturales, religiosas o de cualquier otro tipo.
6.  Impulsar la construcción, la conservación, la rehabilitación, la reforma, la 
renovación, la accesibilidad y la sostenibilidad del parque público de viviendas, en 
el marco de una vivienda digna y adecuada.
7.  Promover e impulsar la construcción, la rehabilitación y la optimización de 
las viviendas de manera sostenible y compatible con el medio ambiente y los 
recursos  naturales,  mediante  técnicas  de  eficiencia  energética  y  energías 
renovables. s
8.  Establecer, desarrollar y ejecutar una planificación en materia de vivienda  oe.
de acuerdo con las necesidades reales de los ciudadanos y de sus circunstancias  w.
personales, sociales, económicas y laborales.» 2020-5020n https://ww
Disposición  adicional  novena.  Exclusiones  de  la  autorización  administrativa  de  la 
administración hidráulica y requisitos para la tramitación de las autorizaciones y de 
los informes preceptivos en materia de recursos hídricos.
1.  En aplicación de los artículos 105 y 114 del Real Decreto 51/2019, de 8 de 
febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las 
Illes Balears, y mientras dure su vigencia, tendrán en todo caso consideración de obras 
de conservación o rehabilitación de construcciones y edificaciones existentes, entre 
otras,  las  de  reforma,  mantenimiento,  higiene,  seguridad,  salubridad,  consolidación, 
modernización, reparación, mejora de las condiciones estéticas y de funcionalidad, así 
como las necesarias para el cumplimiento de las normas de prevención de incendios y 
las ampliaciones, siempre que no supongan un aumento de la superficie de suelo 
ocupada ni la modificación de la configuración exterior en planta.
2.  Mientras se mantenga la vigencia del Real Decreto 51/2019 no requerirán la 
autorización previa por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos las siguientes 
obras:
– Las de conservación o rehabilitación de construcciones y edificaciones existentes 
en zonas inundables y potencialmente inundables, excepto que se ejecuten en sótanos o 
estén vinculadas a usos y servicios públicos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 105.3 del Real Decreto 51/2019.
– Las de conservación y rehabilitación de edificaciones existentes en zona de policía, 
que no sean obra nueva o no supongan la modificación de la orografía del terreno ni un 
aumento de la superficie ocupada, que puedan suponer un obstáculo para las aguas o 
su desvío.
3.  Para las tramitaciones administrativas relativas a obras situadas en zona de 
policía de dominio público hidráulico, en zona inundable o en una zona potencialmente 
inundable,  los  promotores  deberán  acompañar  la  solicitud  de  licencia  de  obras  al 
correspondiente ayuntamiento con la solicitud de autorización previamente presentada 
ante  la  Dirección  General  de  Recursos  Hídricos  de  acuerdo  con  el  modelo  oficial 
debidamente cumplimentado.
4.  A los efectos de determinar de forma preliminar si el ámbito de una actuación 
afecta al dominio público hidráulico, la zona de servidumbre o la zona de policía se 
utilizará la cartografía de la Red hidrográfica provisional elaborada por la Dirección 
General de Recursos Hídricos o la que la sustituya. Dicha cartografía y sus revisiones 
estarán disponibles en la Infraestructura de datos espaciales de les Illes Balears (IDEIB) 
y son orientativas.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
1.  Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a 
este Decreto-ley, lo contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto en él.
2.  A  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto-ley  quedarán  derogados  los 
artículos  61,  86.e),  86.j),  86.m),  88.f),  88.h),  88.i),  88.k),  la  disposición  adicional 
undécima y la disposición adicional duodécima de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la 
vivienda de las Illes Balears.
3.  A la entrada en vigor del presente Decreto-ley quedará derogada la disposición 
adicional segunda de la Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas 
a la obtención de suelo para viviendas de protección pública. e.
Disposición final primera.  Desarrollo normativo. 20ww
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que dicte todas las disposiciones que sean
nmeacteesriaar idaes  vpivairean ddae spaarrrao lqlaure e dsitcete D, eenc rseuto c-laesyo ,y  latasm óbrdiéenn eas  ldae  cdoenssaerjreorlíloa. competente en
Disposición final segunda.  Vigencia.
Los capítulos I y II y la disposición adicional séptima tendrán una vigencia de doce 
años a contar desde la entrada en vigor de este Decreto-ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».
Palma, 28 de febrero de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–
El Consejero de Movilidad y Vivienda, Marc Pons i Pons.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 28, de 5 de marzo de 2020; convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 58, 
de 18 de abril de 2020)