BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 88  Martes 13 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 40920
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
5772 Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
I
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptó una 
serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así como 
de las actividades sociales y económicas de nuestro país, que han contribuido a contener 
el avance del COVID-19.
Desde entonces se procedió a acordar desde el Gobierno, a través de diversos 
instrumentos normativos, distintas iniciativas dirigidas a ordenar la aplicación de las 
medidas que se han entendido como necesarias para proteger a las personas del riesgo 
de contagio, para atender a las que son especialmente vulnerables, para garantizar la 
prestación de servicios sanitarios y sociales esenciales, así como para velar por las 
empresas y las personas trabajadoras que se vean afectadas en el aspecto económico y 
productivo, de modo que puedan recuperar la normalidad tan pronto como sean removidas 
las circunstancias excepcionales que a día de hoy tienen paralizado ya a gran parte del 
tejido productivo, asistencial y de servicios en nuestro país.
Todas estas medidas, particularmente las que han incidido en la limitación de la 
movilidad de las personas, han contribuido a contener el avance del COVID-19. El 
teletrabajo, las medidas de flexibilidad empresarial y el resto de medidas económicas y 
sociales adoptadas en las últimas semanas, están permitiendo al mismo tiempo minimizar 
el impacto negativo sobre el tejido empresarial y el empleo.
Sin embargo, a pesar del impacto que estas medidas de distanciamiento social 
tuvieron para favorecer el control de la epidemia, la cifra de personas contagiadas y de 
víctimas del COVID-19 que son ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos, en 
ocasiones durante periodos relativamente largos, con un efecto de acúmulo de pacientes, 
continuaron creciendo, provocando una presión creciente sobre el Sistema Nacional de 
Salud y, en particular, sobre los servicios asistenciales.
Por  ello,  atendiendo  a  las  recomendaciones  de  los  expertos  en  el  ámbito  s
epidemiológico, fue necesario adoptar nuevas medidas que profundicen en el control de la  oe.
propagación del virus y evitar que el acúmulo de pacientes en las Unidades de Cuidados  w.
Intensivos lleve a su saturación. II OE-A-2021-5772able en https://ww
Teniendo en cuenta que la actividad laboral y profesional es la causa que explica la  Bc
mayoría de los desplazamientos que se producen en nuestro país, se puso de manifiesto
la necesidad de adoptar una medida en el ámbito laboral, que permitiera articular la 
referida limitación de movimientos y reducirla hasta los niveles precisos para conseguir el 
efecto deseado.
Con la finalidad de limitar al máximo la movilidad, a excepción de personas trabajadoras 
de determinados sectores por estrictas razones de necesidad, el Gobierno aprobó el Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19, que tras su convalidación por el Congreso de los Diputados ha sido 
tramitado como proyecto de ley.
III
La presente ley regula un permiso retribuido recuperable para personal laboral por 
cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 
9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste 
servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las 
actividades no esenciales calificadas como tal en el anexo.
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley las personas trabajadoras que 
tengan su contrato suspendido durante el período indicado y aquellas que puedan 
continuar prestando servicios a distancia.
Se establece la posibilidad de que las autoridades competentes delegadas, en su 
ámbito de competencia, puedan modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, 
las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este 
artículo y sus efectos.
En las disposiciones transitorias se establecen excepciones puntuales y limitadas para 
(i) aquellas actividades que puedan verse perjudicadas de manera irremediable o 
desproporcionada por el permiso establecido en la presente ley y (ii) el personal de 
actividades de transporte que se encuentre realizando un servicio en la fecha de entrada 
en vigor de esta ley.
Por su parte, en las disposiciones adicionales se establecen previsiones específicas 
para empleados públicos y personal con legislación específica propia, servicios esenciales 
de la Administración de Justicia y otros colectivos.
IV
Esta ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos, 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el 
interés general en el que se fundamentan las medidas establecidas, siendo la ley el 
instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Así, responde a la necesidad 
de minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e irreversible de la situación de 
emergencia extraordinaria que se sigue del estado de alerta sanitaria provocada por 
el COVID-19, tanto en la actividad económica como en el mantenimiento y salvaguarda del 
empleo, evitándose así situaciones de desprotección y garantizando el restablecimiento y 
recuperación de la actividad económica.
Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para  s
conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situación temporal y  oe.
extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo  w.
coherente con el resto del ordenamiento jurídico. 72ww
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daen teefriicoireidnacida., esta ley no impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con  BOE-A-cable e
Artículo 1.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1.  La presente ley se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya 
actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de 
alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
2.  No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación:
a)  Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como 
esenciales en el anexo de esta ley.
b)  Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas 
de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales 
en el anexo de esta ley.
c)  Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan 
solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de 
suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación 
temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto en esta 
ley.
d)  Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o 
cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
e)  Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con 
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de 
prestación de servicios.
Artículo 2.  Permiso retribuido.
1.  Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de 
la presente ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, 
entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
2.  El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el 
derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con 
carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.
Artículo 3.  Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso 
retribuido.
1.  La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día 
siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
2.  Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto 
entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una 
duración máxima de siete días.
En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la 
comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará 
integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora 
del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por 
cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por 
las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta 
representación, la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia  s
empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Real Decreto  e.
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  w.
del Estatuto de los Trabajadores. 72ww
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las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en su
caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos 
casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por este 
permiso extraordinario.
Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de 
consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos 
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 
del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las 
horas de trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con que 
la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, 
así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no 
desarrollado.
De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a 
las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde 
la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no 
prestadas durante la aplicación del presente permiso.
3.  En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el 
incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley 
y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido 
en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada 
máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán 
ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar 
reconocidos legal y convencionalmente.
Artículo 4.  Actividad mínima indispensable.
Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este 
artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los 
turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad 
indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la 
mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.
Artículo 5.  Adaptación de actividades.
El Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, podrá 
modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven 
afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos.
Disposición transitoria primera.  Garantías para la reanudación de la actividad empresarial.
En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la 
actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de esta ley podrán 
prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las 
tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin 
perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad 
empresarial.
Disposición transitoria segunda.  Continuidad de los servicios de transporte.
Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se encuentren realizando  e.
un servicio no incluido en esta ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el  w.
permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como  72ww
parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente.
Disposición adicional primera.  Empleados públicos.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las 
comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las 
instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios 
de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los 
servicios públicos que se consideren esenciales.
Disposición adicional segunda.  Personal con legislación específica propia.
1.  Respecto del personal comprendido en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, se dictarán las instrucciones y resoluciones necesarias para 
determinar el régimen jurídico aplicable tanto en lo que se refiere al carácter esencial de 
sus servicios como a la organización concreta de los mismos.
2.  Las instrucciones y resoluciones a que se refiere el apartado primero se dictarán, 
en sus respectivos ámbitos, por las autoridades competentes de las Cortes Generales, de 
los demás Órganos Constitucionales del estado, por el Ministerio de Defensa, por el 
Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Centro Nacional de Inteligencia y 
por el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos.
Disposición adicional tercera.  Servicios esenciales en la Administración de Justicia.
Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al 
servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta 
manera, cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio 
de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las 
comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución 
del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones 
que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en la presente ley. Asimismo, 
continuarán prestando servicios el personal de Administración de Justicia que sea 
necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las 
Instrucciones del Ministerio de Justicia.
Disposición adicional cuarta.  Continuación de actividad.
Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de 
contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Disposición adicional quinta.  Personal de empresas adjudicatarias de contratos del 
sector público.
El permiso retribuido recuperable regulado en esta ley no resultará de aplicación a las 
personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y 
suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad  e.e
de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de  b
los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34  72ww
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Disposición final única.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 12 de abril de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en la presente ley a las 
siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:
1.  Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo 
de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y 
las Autoridades Competentes Delegadas.
2.  Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento 
del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de 
bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación 
animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto 
necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde 
el origen hasta el destino final.
3.  Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que 
prestan servicios de entrega a domicilio.
4.  Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, 
servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento 
sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de 
servicios sanitarios.
5.  Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de 
la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios 
para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.
6.  Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de 
mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, 
así como de aquellas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados 
para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las 
autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
7.  Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, 
salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las 
minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de 
seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante 
alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el 
desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el 
abastecimiento a la población.
8.  Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las 
fuerzas armadas.
9.  Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas 
que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, 
y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados 
al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios 
mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de 
productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios 
funerarios y otras actividades conexas.
10.  Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
11.  Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de 
comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su  e.e
impresión o distribución. w.b
12.  Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y  72ww
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sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente
aquellos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios 
públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
14.  Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas 
de violencia de género.
15.  Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, 
intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, 
cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de 
Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las 
Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución 
del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones 
que en su caos puedan acordarse.
16.  Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías 
administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de 
riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
17.  Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los 
servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18.  Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías 
urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y 
tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no 
peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación 
y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en 
cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.
19.  Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de 
Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada 
subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de 
la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
20.  Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, 
potabilización y saneamiento de agua.
21.  Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de 
predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control 
de procesos operativos.
22.  Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, 
con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, 
distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
23.  Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en 
la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, 
transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que 
participan en los corredores sanitarios.
24.  Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el 
comercio por internet, telefónico o correspondencia.
25.  Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.