BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Martes 24 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104241
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
14822 Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Acuerdo de encomienda de gestión de la Dirección General de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  a  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria, para la realización de investigaciones patrimoniales.
El  Secretario  de  Estado  de  Justicia  y  la  Presidenta  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, han firmado un Acuerdo de encomienda de gestión de la 
Dirección  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  a  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, para la realización de investigaciones patrimoniales.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación del referido Acuerdo de encomienda de gestión, como anexo a la presente 
Resolución.
Madrid, 13 de noviembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Acuerdo de encomienda de gestión de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la realización 
de investigaciones patrimoniales
En Madrid, a 18 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
Don  Pablo  Zapatero  Miguel,  Secretario  de  Estado  de  Justicia,  en  nombre  y 
representación  del  Ministerio  de  Justicia,  según  nombramiento  efectuado  por  Real 
Decreto 160/2020, de 29 de enero, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 30 de 
enero de 2020, y actuando conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto 453/2020 
de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el 
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, y
Doña Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en nombre y representación de la misma, según nombramiento efectuado por 
Real  Decreto  380/2018,  de  8  de  junio,  actuando  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 103.tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.
Las partes se reconocen recíprocamente, en calidad con que cada uno interviene, 
capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Acuerdo y, al efecto s
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De acuerdo con el Real Decreto 453/2020 de 10 de marzo, corresponde al Ministerio 
de Justicia, dentro del ámbito de las competencias que le confieren las disposiciones 
legales vigentes, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo 
del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos, así 
como la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la entidad de Derecho Público 
encargada, según el artículo 103.Uno.2 de la Ley 31/1990, en nombre y por cuenta del 
Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero y de aquellos 
recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea 
cuya gestión se le encomiende por la Ley o por Convenio.
II
La  Ley  Orgánica  1/2015,  de  30  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, recogió el artículo 10 de la 
Directiva 2014/42/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, y 
atribuyó a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos funciones de administración y 
gestión de los bienes, medios, instrumentos y ganancias, habilitando al Gobierno a 
aprobar las disposiciones reglamentarias precisas para la regulación de la estructura, 
organización, funcionamiento y actividad de dicha Oficina.
Mediante  el  Real  Decreto  948/2015,  de  23  de  octubre,  modificado  por  el  Real 
Decreto 93/2018, de 2 de marzo, se reguló la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos, configurándose en su artículo 1 como un órgano de la Administración General 
del  Estado  y  auxiliar  de  la  Administración  de  Justicia,  al  que  corresponden  las 
competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización 
de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas 
cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le 
atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal.
Por su parte, la disposición adicional segunda del Real Decreto 453/2020, de 10 de 
marzo, dispone que las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a la Oficina 
de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos,  suprimida  por  el  artículo  2.2  del  Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los Departamentos Ministeriales, se entenderán realizadas a la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.
III
La  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  para  la  aplicación  efectiva  del 
sistema tributario estatal y aduanero, despliega un amplio conjunto de actuaciones, entre 
las  que  se  encuentran  las  de  investigación  patrimonial,  desarrolladas  en  distintos 
ámbitos procedimentales.
IV
El deber de colaboración con jueces y tribunales en el curso del proceso y en 
ejecución de lo resuelto, previsto en el artículo 118 de la Constitución Española, ha sido 
incorporado en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
regulándose en su artículo 1 que «cuando sea necesario para el desempeño de sus 
funciones y realización de sus fines, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos  e.
podrá  recabar  la  colaboración  de  cualesquiera  entidades  públicas  y  privadas,  que  w.b
estarán obligadas a prestarla de conformidad con su normativa específica». 822ww
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efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas.
Es por ello, que se prevé necesaria la suscripción de esta encomienda de gestión, en 
virtud de la cual, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública encomienda a 
la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  la  realización  de  investigaciones 
patrimoniales por medio de expertos analistas tributarios y aduaneros en cumplimiento 
del deber de auxilio a los Tribunales, y con el fin de prestar la colaboración necesaria a la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en tanto que ésta no cuente con personal 
propio cualificado para realizar esas funciones. Los analistas desarrollarán su actividad 
en las dependencias de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Por todo ello, las partes manifiestan su voluntad de formalizar el presente Acuerdo 
con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) 
realizará, mediante personal especializado, las investigaciones patrimoniales que sean 
necesarias para el mejor desarrollo y la mayor eficacia de las competencias atribuidas a 
la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública respecto a la localización y 
recuperación  de  los  efectos,  bienes,  instrumentos  y  ganancias  procedentes  de 
actividades  delictivas  cometidas  en  el  marco  de  una  organización  criminal  y  de 
cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y 
procesal.
Segunda.  Ejercicio de las tareas encomendadas.
Con el objetivo de alcanzar un eficaz cumplimiento del objeto de este Acuerdo, la 
Agencia Tributaria:
1.  Asignará el personal con perfil adecuado para llevar a cabo las investigaciones 
patrimoniales, asegurando en todo momento el personal necesario para la realización de 
las mismas. Dicho personal realizará las funciones encomendadas en las dependencias 
de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, con acceso remoto a las 
aplicaciones y herramientas informáticas propias de la Agencia Tributaria.
2.  Tendrá la condición de encargado  del  tratamiento  de los datos de carácter 
personal, de los que sea responsable la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, 
siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter 
personal, como regula el artículo 11.2 párrafo 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP).
Por su parte, el Ministerio de Justicia:
1.  Delimitará  los  expedientes  en  los  que  sea  precisa  la  realización  de 
investigaciones patrimoniales por la Agencia Tributaria.
2.  Facilitará a la Agencia Tributaria los ordenadores y demás medios técnicos y 
dispositivos electrónicos necesarios para el desarrollo de las labores de análisis en sus 
dependencias,  incluyendo  el  acceso  remoto  a  sus  aplicaciones  y  herramientas 
informáticas.
3.  Facilitará  a  los  expertos  analistas  tributarios  y  aduaneros  asignados  por  la  e.e
Agencia  Tributaria  para  realizar  las  investigaciones  patrimoniales  objeto  de  esta  w.b
encomienda,  el  acceso  a  las  bases  de  datos  y  demás  recursos  disponibles  en  la  822ww
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labores de investigación encomendadas, en su equipo multidisciplinar de análisis.
5.  Facilitará cursos de formación y perfeccionamiento al personal de la Agencia 
Tributaria con el objeto de permitir un mejor conocimiento de las necesidades del órgano 
encomendante.
Tercera.  Titularidad.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de la LRJSP, la encomienda 
de gestión no supone la cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública.
Es responsabilidad de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dictar 
los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la 
concreta actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.
Cuarta.  Financiación.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en 
el  presente  acuerdo,  no  se  asumen  obligaciones  ni  compromisos  económicos  de 
naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes firmantes.
Quinta.  Vigencia.
La presente encomienda entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el plazo de cuatro años desde dicha 
fecha.
Dicho plazo podrá prorrogarse de mutuo acuerdo, mediante adenda expresa, sin que 
el plazo total de duración de la encomienda pueda exceder, prórrogas incluidas, de ocho 
años.
Sexta.  Publicidad.
El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11.3 de la LRJSP.
Leído el presente documento por ambas partes, y encontrándolo de su conformidad, 
lo firman por duplicado en el lugar y fecha antes indicados.–El Secretario de Estado de 
Justicia, Pablo Zapatero Miguel.–La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Inés María Bardón Rafael.