BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95558
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13460 Pleno.  Sentencia  131/2020,  de  22  de  septiembre  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 4417-2019. Interpuesto por más de cincuenta senadores 
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado respecto de la Ley 5/2019, de 
4  de  abril,  de  modificación  de  la  Ley  12/2016,  de  28  de  julio,  de 
reconocimiento  y  reparación  de  víctimas  de  vulneraciones  de  derechos 
humanos  en  el  contexto  de  la  violencia  de  motivación  política  en  la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  entre  1978  y  1999.  Principio  de 
exclusividad judicial: interpretación conforme de los preceptos que establecen 
el deber de colaboración de los poderes públicos vascos en la realización del 
«derecho a la verdad» y regulan la función instructora de la comisión de 
valoración (STC 83/2020). Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2020:131
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don 
Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  4417-2019  interpuesto  por  más  de 
cincuenta  senadores  del  Grupo  Parlamentario  Popular  en  el  Senado  contra  la 
Ley 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de 
reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el 
contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco entre 1978 y 1999. Han comparecido y formulado alegaciones el Gobierno Vasco 
y el Parlamento Vasco. Ha sido ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 15 de julio de 2019 se ha 
promovido recurso de inconstitucionalidad por más de cincuenta senadores del Grupo 
Parlamentario Popular en el Senado contra los artículos primero, segundo, tercero y 
cuarto y la disposición adicional única de la Ley del País Vasco 5/2019, de 4 de abril, de 
modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de  e
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de  b
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. 460ww
interLpooss icrieócnu rerle ncotenst enreidfoie rdeen  lae nL eye l 5/a2p0a1r9ta, dpoa rad ed easpnuteécse dreecnoterdsa rd qeu es ud icehsac rnitoor mdae, 
adheo rEas itmadpou grneasdpae,c etos  mao deisfitcaa cúióltnim dae,  lala L einyt e1r2p/o2s0i1c6ió, ny  seenñ aslua r edlí ad icdtea muenn  dreecl uCrosnos edjoe 
inconstitucionalidad  por  parte  del  presidente  del  Gobierno  frente  a  aquella,  el
mantenimiento por el Tribunal Constitucional de la suspensión inicialmente acordada ex 
art.  161.2  CE,  el  posterior  acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  de  Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
respecto a los motivos de inconstitucionalidad que llevaron a interponer aquel recurso, 
acuerdo que tuvo como consecuencias tanto el desistimiento del recurso planteado en su 
día por el presidente del Gobierno contra la Ley 12/2016 como la modificación de la 
citada Ley 12/2016, modificación plasmada en la Ley 5/2019 que ahora se impugna.
El  recurso  de  inconstitucionalidad  se  interpone  contra  la  Ley  5/2019,  pero  los 
recurrentes  señalan  que  no  puede  existir  una  contradicción  interpretativa  entre  la 
Ley 5/2019, de 4 de abril y la Ley 12/2016, de 28 de julio; entre la ley modificadora y la 
ley modificada. Por ello, subrayan que tanto una sentencia de inconstitucionalidad de la 
Ley 5/2019, de 4 de abril, como una sentencia interpretativa que ofrezca la adecuada 
hermenéutica de la Ley 5/2019, de 4 de abril, de conformidad con la Constitución, 
obligarían en ambos casos a interpretar la Ley 12/2016, de 28 de julio, de conformidad 
con  la  Constitución.  Por  ello  los  recurrentes  exigen  al  Tribunal  Constitucional  que 
interprete de conformidad con la Constitución la Ley 12/2016, de 28 de julio.
En este punto los recurrentes recuerdan lo afirmado por el Consejo de Estado en el 
informe de 4 de mayo de 2017 relativo a la Ley 12/2016, de 28 de julio, donde se señala 
que «ha de subrayarse que, aun cuando el objeto principal de la Ley vasca no es la 
creación del referido órgano [la comisión de valoración del Gobierno Vasco], sino el 
establecimiento de la regulación necesaria para permitir la declaración de víctima de 
vulneraciones  de  derechos  humanos  a  favor  de  las  personas  que  las  sufrieron  y 
reconocerles determinados derechos inherentes a tal condición, no ofrece dudas que 
dicha regulación se articula a través de un procedimiento cuya fase nuclear se asienta 
sobre  la  atribución  a  la  comisión  de  valoración  de  las  mencionadas  funciones  de 
investigación  de  delitos  y  determinación  de  su  autoría,  incardinadas  en  la  función 
jurisdiccional. Ello determina que la impugnación deba dirigirse frente a la totalidad de la 
Ley, dada la evidente interconexión que existe entre todos los preceptos que la integran, 
orientados todos ellos a un fin cuya consecución quedaría frustrada si se declarase la 
inconstitucionalidad de los preceptos de los que se infiere la naturaleza jurisdiccional de 
las funciones de la comisión de valoración».
Los recurrentes en el presente proceso igualmente señalan que la Ley 5/2019, de 4 
de abril, tiene un contenido material semejante a la Ley Foral de Navarra 16/2015, de 10 
de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política, 
que ha sido declarada parcialmente inconstitucional por la STC 85/2018, de 19 de julio.
A continuación, enumeran los recurrentes los preceptos constitucionales que se 
consideran infringidos. Se trataría de los artículos 1, 9, 16, 18, 24, 103, 117, 118 y 149.1, 
en sus apartados 1, 5, 6, 18 y 29.
Así, como primer motivo del recurso se alega la vulneración de la reserva constitucional 
de la función jurisdiccional que corresponde al Poder Judicial ex art. 117 CE.
Afirman los senadores recurrentes que la Ley 5/2019, de 4 de abril, así como la que 
esta modifica, la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas 
de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación 
política  en  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  entre  1978  y  1999,  invaden 
competencias  reservadas  por  la  Constitución  al  Poder  Judicial.  Así,  señalan  los 
recurrentes que, de acuerdo con el art. 117.3 CE, les corresponde exclusivamente a los 
juzgados y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Recoge ampliamente el recurso lo afirmado en  s
la STC 85/2018, de 19 de julio, donde el tribunal en relación con la Ley Foral de  oe.
Navarra 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por  w.
actos de motivación política, entendió que «la configuración por el legislador foral de una  460ww
cdoemlitois,i óanl  mllaamrgaedna,  pao rla e ‘nintevreos,t idgealc Pióond’ eyr  J‘fuijadcicióianl ’ yd ceo hne pcohtoess toa dc, oinncdluucstoa,s p caoran sdteitusctiovanso cdeer 
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articulan a través de un mecanismo, la comisión instituida en la Ley Foral, que lleva a 
cabo una genuina labor de averiguación de hechos calificados como delitos ante la 
existencia de denuncias o reclamaciones singulares. Dicha conmixtión de funciones, 
identificación y protección de la víctima, así como investigación de hechos que podrían 
ser constitutivos de delito, hace que la Ley Foral supere los límites constitucionales antes 
mencionados, menoscabe con ello la plenitud de la jurisdicción penal al respecto y 
vulnere el artículo 117 CE» (FJ 6).
Para los recurrentes, la Ley 5/2019, de 4 de abril, trata de adecuarse solo de manera 
formal a la STC 85/2018, de 18 de julio, sin respetarla en su contenido material. La 
exposición de motivos de la Ley 5/2019, de 4 de abril, pone de manifiesto la voluntad de 
sortear el recurso de inconstitucionalidad núm. 2336-2017 promovido por el presidente 
del Gobierno contra la Ley 12/2016, de 28 de julio, tratando de separar, torticeramente 
afirman  los  recurrentes,  la  comisión  del  hecho  en  que  consiste  la  vulneración  de 
derechos humanos, hecho normalmente delictivo, de la responsabilidad, normalmente 
penal, de su autor o autores. De esta forma, la Ley 5/2019, de 4 de abril, con la 
modificación de algunos preceptos de la Ley 12/2016, de 28 de julio, trata de mostrar 
una apariencia de que no invade competencias reservadas constitucionalmente al Poder 
Judicial.
Señalan  los  recurrentes  que  es  manifiestamente  inconstitucional  el  ámbito  de 
aplicación contenido en el artículo primero de la Ley 5/2019, de 4 de abril, que da nueva 
redacción al art. 4 de la Ley 12/2016, de 28 de julio; los principios de actuación que 
incluye el artículo segundo de la Ley 5/2019, de 4 de abril, y que se insertan como 
nuevos apartados c), d) y e) del art. 4 de la Ley 12/2016, de 28 de julio; el derecho a la 
verdad regulado en el artículo tercero de la Ley 5/2019, de 4 de abril, que da una nueva 
redacción al art. 7 de la Ley 12/2016, de 28 de julio; y la instrucción del procedimiento, 
según la regulación contenida en el artículo cuarto de la Ley 5/2019, de 4 de abril, que 
modifica el art. 14 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, porque todos ellos se insertan en 
una Ley cuyo artículo 1 señala que tiene por objeto atribuir a órganos administrativos «la 
configuración de los derechos al reconocimiento y, en su caso, a la reparación de las 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia 
de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde el 29 de 
diciembre de 1978 al 31 de diciembre de 1999, con los efectos y el alcance previstos en 
esta Ley».
De acuerdo con el recurso, los preceptos impugnados de la Ley 5/2019, de 4 de abril, 
al ser incorporados a la Ley 12/2016, de 28 de julio, vulneran la reserva constitucional de 
la función jurisdiccional que corresponde al Poder Judicial. El artículo primero que afecta 
al ámbito de aplicación, el artículo segundo que afecta a los principios de actuación, el 
artículo tercero que afecta al derecho a la verdad, el artículo cuarto que da una nueva 
redacción a la instrucción y la disposición adicional única, que abre un nuevo plazo 
extraordinario para la aplicación del Decreto 107/2012, de 12 de junio, todos ellos 
preceptos  de  la  Ley  5/2019,  de  4  de  abril,  siguen  incurriendo  en  vicios  de 
inconstitucionalidad porque la comisión de valoración creada en la Ley 12/2016, de 28 de 
julio, y a la que se sigue refiriendo la Ley 5/2019, de 4 de abril, siguen desarrollando 
funciones propias de la jurisdicción penal en la investigación de hechos que pueden ser 
constitutivos  de  delitos  –aunque  puedan  estar  prescritos–,  cuyos  autores  serían 
considerados socialmente como delincuentes –con independencia de que, por el instituto 
de la prescripción, no se les pudiera aplicar la correspondiente pena–, por lo que la Ley 
invade la reserva de la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado  s
contemplada en el art. 117 CE. oe.
Así, de acuerdo con el recurso, el art. 2, en la redacción formulada por la Ley 5/2019,  w.
de 4 de abril, supone que la existencia de una vulneración de los derechos humanos no  460ww
sreosloo luvcai óan  asdemr iancisrteradtitivaad ae sa s utrfaicviéesn ted ep auran ala  raecsroelduictaiócnió nju ddiec ilaal ,v uslinneor aqcuióen  tdaem dbeiérne cuhnoas 
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desarrolle competencias que exceden de la reserva de administración pública contenida 
en el art. 103 CE que se limita a las funciones administrativas a las que no alcanza en 
ningún supuesto la acreditación de la vulneración de los derechos humanos.
La Ley 5/2019, de 4 de abril, únicamente introduce en el art. 2.4 in fine que «en todo 
caso, la acreditación a que se refiere el presente apartado no podrá desconocer lo ya 
resuelto por la jurisdicción penal». Por tanto, el art. 2.4 solo introduce como límite que la 
resolución  administrativa  no  entre  en  contradicción  con  una  sentencia  judicial.  Sin 
embargo, admite que sea una administración pública la que acredite «la vulneración de 
derechos  humanos»,  reconociendo  «la  realidad  de  unos  hechos  ilícitos,  que  se 
relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados», «sin que 
sea preciso que haya existido un proceso judicial previo». De esta forma, se sigue 
manteniendo que corresponda a un órgano administrativo y no a un órgano judicial la 
acreditación de vulneraciones de derechos humanos. Para los recurrentes, si bien es 
legítima la reparación de las víctimas de cualquier vulneración de los derechos humanos, 
la única forma constitucional de determinar la vulneración de derechos humanos en un 
contexto de violencia de motivación política es su acreditación a través de una resolución 
judicial que reconozca los hechos ilícitos.
Por tanto, de acuerdo con el recurso, la redacción que la Ley 5/2019, de 4 de abril, 
da al art. 2.4 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, supone una vulneración de la reserva de 
jurisdicción del Poder Judicial (art. 117 CE) y un exceso de las competencias atribuidas a 
una administración pública que van más allá de la reserva de administración pública 
(art. 103 CE).
Recuerdan los recurrentes que, como ha señalado la STC 85/2018, de 19 de julio, es 
competencia exclusiva del orden jurisdiccional penal conocer las vulneraciones de los 
derechos ocasionadas por infracciones penales. En ningún caso le corresponde a una 
comisión  de  valoración  dirigida  por  el  Gobierno  Vasco  fijar  de  manera  extrajudicial 
hechos que pueden ser constitutivos de delitos, pues la Ley 5/2019, de 4 de abril, 
atribuye a un órgano administrativo el reconocimiento de hechos que tienen el carácter 
de delitos perseguibles de oficio y tipificados como delitos por el Código penal –arts. 138 
y ss. en relación con el homicidio y arts. 147 y ss. en relación con las lesiones–.
El segundo motivo de impugnación recogido en el recurso sería la vulneración del 
principio  de  Estado  de  Derecho  y  del  sometimiento  de  los  poderes  públicos  a  la 
Constitución  y  al  resto  del  ordenamiento  jurídico.  Se  invocan  como  lesionados  los 
artículos 1.1, 9.1 y 16 de la Constitución, y los recurrentes se refieren a la exposición de 
motivos de la Ley 12/2016. Los recurrentes argumentan que en aquella se «acusa al 
sistema democrático español de no hacer nada contra las vulneraciones de derechos 
humanos», lo que «supone la afirmación abierta de que España no es un Estado de 
Derecho –art. 1 CE– y que los poderes públicos no están sometidos a la Constitución y 
al resto del ordenamiento jurídico –art. 9.1 CE –». La acusación de que la comisión de 
valoración del Gobierno Vasco establece «la verdad oficial sobre las vulneraciones de 
derechos humanos» es lo que permite fundamentar la lesión de la libertad ideológica, así 
como de la prohibición de que ninguna ideología ni ninguna religión tenga carácter 
estatal, art. 16 CE.
Como tercer motivo de impugnación se alega por los recurrentes la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
Para los recurrentes que «un órgano administrativo dirigido por el Gobierno Vasco 
pueda imputar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado violaciones 
de los derechos humanos, sin las garantías recogidas en el art. 24 CE vulnera el derecho  s
a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia». oe.
Como cuarto motivo del recurso se alega la vulneración del derecho al honor, del  w.
derecho a la intimidad y del derecho a la protección de datos personales. 460ww
por Puanr aó rlogsa nreoc ujurdreicniatel sd eel  eqsutea bulencaim pieenrstoo nma ehdaia nvtuel nuenraa droe sodleurceicóhno asd mhuinmisatnraotsiv ae ny  nuon 
caodnmteinxistotr adteiv av iyo lneon cpiao r dsee nmteontciviaa cjuiódnic ipaol ldíteic ala  yre alali daacdr eddei taqcuieó nu naa  tprearvséosn ad eh ar ecsoomluectiidóon   BOE-A-cable e
unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los 
derechos alegados, supone una vulneración del derecho al honor y del derecho a la 
intimidad personal y familiar.
Por su parte el establecimiento en la norma impugnada de un deber de colaboración 
interinstitucional que obligue a las instituciones púbicas a suministrar en tiempo y forma 
«todos  los  datos  que  les  sean  solicitados»  supone  una  vulneración  del  derecho 
fundamental a la protección de datos personales de las personas titulares de los datos 
que pudieran obrar en estos ficheros, un derecho que atribuye a la persona un control 
sobre  sus  datos  personales  sometidos  a  tratamiento  y  que  obliga  a  respetar  unos 
principios y unos derechos de protección de datos personales, como ha establecido la 
STC 292/2000, de 30 de noviembre.
Para  los  recurrentes  un  tratamiento  de  datos  para  una  finalidad  contraria  a  la 
Constitución como la recogida en la Ley 5/2019, de 4 de abril, que permite a una 
comisión  administrativa  del  Gobierno  Vasco  declarar  vulneraciones  de  derechos 
humanos  en  un  contexto  de  violencia  de  motivación  política,  no  es  conforme  al 
Reglamento general de protección de datos porque vulnera los principios de licitud, 
lealtad  y  transparencia  porque  los  datos  no  son  tratados  de  manera  lícita,  leal  y 
transparente en relación con el interesado y porque vulnera el principio de limitación de 
la finalidad porque los datos serán «recogidos con fines determinados, explícitos y 
legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines», 
salvo que este tratamiento ulterior de los datos personales se haga con fines de archivo 
en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos, lo que, 
señalan los recurrentes, no es el supuesto del presente caso.
Se  alega  como  quinto  motivo  de  impugnación  la  vulneración  del  principio  de 
seguridad jurídica.
Entienden los recurrentes que la Ley 5/2019 adolece de una deficiente técnica 
legislativa, empleando recursos como los puntos suspensivos, a veces entre paréntesis 
(...), y en otras ocasiones acotaciones, que «hacen que no quede claro cómo queda la 
redacción final de los preceptos modificados», defecto que atribuye especialmente al 
artículo 4 de la Ley en lo que se refiere a la nueva redacción del artículo 14.8 de la 
Ley 12/2016. Por todo ello considera vulnerado el principio de seguridad jurídica y 
también el de publicidad de las normas y el de interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos del art. 9.3 CE.
Finalmente  alegan  los  recurrentes  un  sexto  motivo  de  inconstitucionalidad,  la 
vulneración  de  la  distribución  constitucional  de  competencias  entre  el  Estado  y  la 
Comunidad Autónoma.
Señalan los recurrentes que la redacción que el artículo cuarto de la Ley 5/2019, de 4 
de abril, establece del apartado 4 del artículo 14 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, al 
incluir obligaciones de colaboración con la comisión de valoración tanto de entidades 
públicas como de personas privadas, previstas en el art. 118 de la Constitución Española 
para la colaboración requerida por jueces y tribunales, no tiene en cuenta que el principio 
constitucional de cooperación se encuentra vinculado al de competencia y no ampara 
extralimitaciones competenciales (STC 194/2004, de 10 de noviembre). Esta previsión 
afecta, además de a los arts. 117 y 118 de la Constitución, a las competencias exclusivas 
del Estado recogidas en el art. 149.1.5 CE sobre la administración de Justicia, en el 
art.  149.1.6  CE  sobre  legislación  mercantil,  penal,  penitenciaria  y  procesal,  en  el 
art. 149.1.18 CE sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y 
en el art. 149.1.29 CE sobre seguridad pública. s
Así,  subrayan  los  recurrentes  que  la  atribución  a  un  órgano  administrativo  de  oe.
competencias  de  naturaleza  jurisdiccional  vulnera  las  competencias  exclusivas  del  w.
Estado en materia de legislación penal y procesal –art. 149.1.6 CE–. Los actos que  460ww
cvoumlneor edne lidtoe rpeocrh oesl  óhrugmanaon ojusd iscoianl  choemchpoeste natnet ijyu ríqduiceo sta mqubeié np upeudeedne ns eller vcaor nascidaerrreaaddoas 
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derechos humanos constitutivas de infracciones administrativas fuera de los cauces de 
los  procedimientos  sancionadores  o  disciplinarios  correspondientes,  donde 
correspondería pronunciarse sobre la misma a la administración competente en cada 
caso, y habría de cumplirse con las exigencias del procedimiento administrativo común 
en lo que al ejercicio de la potestad sancionadora se refiere, por lo que la ley impugnada 
infringe el art. 149.1.18 CE que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las 
bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de 
los funcionarios y el procedimiento administrativo común.
Asimismo señalan los recurrentes que el artículo segundo de la Ley 5/2019, de 4 
abril, recoge una nueva redacción del art. 4.2 c) de la Ley 12/2016, de 28 de julio, 
estableciendo el principio de colaboración institucional, «de manera que las instituciones 
públicas suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos que les sean solicitados y 
facilitarán la colaboración, tanto de autoridades como del personal técnico a su servicio, 
que sea precisa para la más completa resolución de los expedientes». El establecimiento 
de  una  obligación  de  colaboración  a  las  instituciones  públicas  hace  referencia 
indirectamente a funcionarios públicos pertenecientes a otras administraciones como 
pueden ser, señaladamente, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, lo que afecta a la competencia estatal exclusiva en materia de seguridad pública 
establecida en el art. 149.1.29 CE.
2.  Por providencia de 5 de septiembre de 2019, el Pleno, acordó admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad promovido contra los artículos primero, segundo, tercero, 
cuarto y disposición adicional única de la Ley del Parlamento Vasco 5/2019, de 4 de abril, 
de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999; dar 
traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus presidentes, así como al Gobierno Vasco y al Parlamento 
Vasco, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, 
puedan  personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimaren 
convenientes. También se acordó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco».
3.  Mediante escrito registrado el día 13 de septiembre de 2019, la presidenta del 
Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara, por el que se 
persona en el proceso y ofrece su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo 
mismo hizo el presidente del Senado por escrito que tuvo entrada en este tribunal el 
día 19 de septiembre de 2019.
4.  El abogado del Estado, en la representación que ostenta, se personó en el 
proceso por escrito registrado el día 23 de septiembre de 2019, señalando que lo hace 
exclusivamente a los efectos de que se le notifiquen las resoluciones que en su día se 
dicten y que no va a formular alegaciones.
5.  Las alegaciones del Parlamento Vasco en las que solicita la desestimación del 
recurso se registraron en este tribunal el día 1 de octubre de 2019.
Comienza señalando el letrado del Parlamento Vasco que la demanda se dirige, de 
acuerdo con su encabezamiento, en primer lugar, contra la Ley 5/2019, de 4 de abril, de 
modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de  e.
víctimas  de  vulneraciones  de  derechos  humanos  en  el  contexto  de  violencia  de  w.
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, pero  460ww
tdaeml bPiaérnla, mene nsteog uVnadscoo l ulag amr, ecroan tproas liab ilpidroapdi ad eL eqyu 1e2 l/a2 0L1e6y,  1d2e/ 22081 d6e p juueliod.a  Psaerra  oebl jeletotr addeol 
presente recurso debe ser rechazada a limine por el tribunal.
Para el letrado del Parlamento Vasco la pretensión de los recurrentes de extender el 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2016 es irremisiblemente extemporánea 
por haber transcurrido sobradamente el plazo de tres meses establecido por el art. 33 
LOTC.
Por lo expuesto considera el letrado del Parlamento Vasco que es necesario depurar 
el recurso deslindando las consideraciones pertinentes de aquellas otras que, atinentes a 
los preceptos de una ley no impugnable, como la Ley 12/2016, deben quedar desgajados 
y fuera de la presente controversia.
A continuación, señala el letrado del Parlamento Vasco que la demanda argumenta 
como primer motivo de inconstitucionalidad que la norma impugnada vulnera la reserva 
constitucional de la función jurisdiccional. Sin embargo, estima que dicho motivo de 
inconstitucionalidad es difícilmente predicable de la Ley 5/2019.
Destaca en sus alegaciones lo que denomina el «giro en la atención hacia las 
víctimas» que en las últimas décadas se viene dando en el mundo político, jurídico y 
académico. A continuación, alude a lo que considera limitaciones de la jurisdicción penal 
para atender y dar satisfacción a las necesidades de las víctimas, por cuanto se centra 
en determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, de modo que la reparación de 
la víctima solo se alcanza, de forma derivada y parcial, en muchas ocasiones, en la 
sentencia condenatoria. Es el principio acusatorio y no el principio de reconocimiento y 
reparación de la víctima el que informa la jurisdicción penal, lo que implica que son la 
presunción de inocencia y los derechos del acusado en forma de garantías procesales 
los  que  deben  prevalecer  en  el  desempeño  de  la  actividad  del  juez  frente  a  las 
necesidades de reconocimiento y reparación de la víctima. Destaca que la condición de 
víctima no es una variable dependiente de la previa acusación o condena de alguien, 
aunque pueda sostenerse que no hay víctima sin victimario.
Una de las causas por las que la justicia penal puede fracasar, con la consiguiente 
frustración de la víctima, es la falta de investigación de la denuncia, circunstancia que 
podría  concurrir  en  los  supuestos  de  la  legislación  impugnada  que  aborda  el 
reconocimiento y reparación de víctimas «en el contexto de la violencia de motivación 
política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999», lo que, a juicio 
del letrado del Parlamento Vasco, y teniendo en cuenta las circunstancias del período, 
hace plausible pensar en la posibilidad real de que existan víctimas de vulneraciones de 
derechos que no se hayan visto reconocidas ni reparadas. Cita al respecto informes de 
organismos internacionales de derechos humanos y se refiere a las condenas a España 
por  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  por  falta  de  investigación  de  las 
denuncias  presentadas  por  supuestos  casos  de  tortura.  Otro  elemento  que,  en  su 
criterio, pone de manifiesto las limitaciones de la justicia penal en este ámbito es el 
discurrir del tiempo, en particular en relación con la prescripción de las conductas, lo que 
coadyuva a generar una problemática propia y específica de las víctimas que no siempre 
se acompasa con el devenir del proceso penal.
Seguidamente expone el letrado del Parlamento autonómico que el ya aludido «giro 
hacia las víctimas» hace que su identificación para su reconocimiento y reparación tenga 
sentido sin necesidad de identificar al supuesto infractor para su imputación o acusación. 
Y  el  reconocimiento  de  la  víctima  es  posible  incluso  cuando  la  exigencia  de 
responsabilidad penal se ha tornado inviable por cualquier circunstancia. Menciona a 
continuación la existencia de vías extrajudiciales y administrativas de asistencia a las 
víctimas. Estos procedimientos administrativos no tienen la finalidad de suplantar a la 
jurisdicción penal, sino que se plantean como su complemento y, eventualmente, como  s
su sustituto para cuando la vía penal ha resultado infructuosa o devenido impracticable.  oe.
Hace referencia a instrumentos internacionales que se refieren a ello, así como normas  w.
estatales (cita la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que ha sido desarrollada por el Real  460ww
dDeescarerrtool l1a7d9a1 p/2o0r 0e8l,  dRee a3l  dDee ncroevtioe m6b7r1e/,2 0y 1t3a,m dbeié n6  lad eL esye p2t9ie/2m0b1r1e,)  dye  2a2u todneó smeipctaiesm (bLreey, 
vreasspcoan 4sa/2b0il0id8a, ddees  1p9e ndael ejsu,n iyo ).a dEmstian isdturaatliivdoa,d  pdaer ap rroecpeadraimr iean tloass,  vjuícdtiicmiaals, ,p haarab rfíiaja rs ildaos   BOE-A-cable e
reconocida por la doctrina constitucional en los AATC 30/2017 a 34/2017 y asumida por 
la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Ley 5/2019 y la que esta reforma, la Ley 12/2016, se inscriben en esta orientación 
general del «giro» hacia la atención y asistencia de la víctima. Ambas normas descartan 
la tarea de identificar y perseguir al culpable, dado que se parte del supuesto de la 
prescripción de la responsabilidad penal por los delitos que hubieran podido cometerse. 
Identificar a la víctima, darle reconocimiento y tratar de reparar la ofensa y los daños 
sufridos  cuando  la  vía  jurisdiccional  ha  quedado  cerrada  es  el  objetivo  de  esta 
legislación. La comisión de valoración prevista en la norma autonómica lleva a cabo una 
tarea administrativa de comprobación siempre circunscrita a la vinculación causal entre 
los  hechos  y  la  vulneración  de  derechos  humanos,  que  no  depende  del  previo 
señalamiento de un culpable y que debe atenerse a lo que se haya declarado probado 
en cualquier procedimiento judicial con relevancia para el caso.
El letrado del Parlamento Vasco se refiere a los argumentos de los recurrentes 
señalando que se centran en que la comisión de valoración desarrollaría una actividad 
materialmente jurisdiccional encaminada a esclarecer hechos delictivos y a establecer 
responsabilidades penales, usurpando de esta manera la potestad jurisdiccional atribuida 
en exclusiva a los órganos judiciales.
En  relación  con  la  posible  existencia  de  órganos  administrativos  dedicados  al 
reconocimiento y reparación de las víctimas recuerda el letrado del Parlamento Vasco 
cómo la STC 85/2018, de 19 de julio, ha afirmado que «no hay inconveniente alguno, en 
términos constitucionales, en la configuración de una actividad administrativa tendente a 
la acreditación de hechos a los que se vincula la producción de un resultado dañoso 
para,  a  partir  de  ahí,  articular  los  correspondientes  mecanismos  de  reparación  o 
compensación en favor de los perjudicados. El nexo causal entre hecho y daño se 
configura como presupuesto de un sistema asistencial fijado en favor de determinadas 
personas, netamente diferenciado de la depuración de eventuales responsabilidades 
penales por dichos hechos. Así, las actuaciones públicas que procuran la protección de 
las víctimas y su asistencia no han de orientarse prioritariamente a la investigación de 
posibles ilícitos penales, ni a la identificación y eventual castigo de sus autores, sino, 
más  precisamente,  a  la  fijación  del  nexo  causal  entre  determinados  hechos,  la 
producción del resultado dañoso y la situación de necesidad o atención de la que se 
hace merecedora determinada persona, en tanto que ha sufrido las consecuencias de 
los mismos.
En  sí  mismo,  por  tanto,  el  objetivo  de  reconocer  y  reparar  a  las  víctimas  o  a 
determinadas víctimas, no merece reproche constitucional alguno. Ahora bien, la libertad 
de configuración del legislador para ordenar tal régimen de asistencia y reparación, en el 
que prevalece una perspectiva compensadora en favor de quien ha sufrido el daño, 
tiene,  no  obstante,  un  límite  constitucional  indudable.  No  pueden  confundirse  esos 
cometidos públicos de carácter asistencial con los que son propios y reservados al Poder 
Judicial. El deslinde entre la tarea administrativa de reconocimiento y compensación 
respecto a la investigación y persecución de hechos delictivos ha de ser particularmente 
claro. De este modo, la intervención pública para la protección de las víctimas podría ser 
anterior, simultánea o posterior a la iniciación, sustanciación y conclusión del proceso 
penal (así, por ejemplo las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de 
ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, o la 
Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo), pero el 
límite a estos efectos consiste en que el hecho lesivo no fuera delictivo y que se preserve  s
en todo caso la preeminencia de la jurisdicción penal en la investigación y persecución  oe.
de conductas que sí lo fueran» (FJ 4). w.
Señala el letrado del Parlamento Vasco que la cuestión que se plantea es que tras  460ww
ahfeircmhoasr  laa  cloosn sqtuituec sioen avilnidcaudla d ela  upnrao dauccticviiódna dd ea dumni nriesstrualttiavdao t ednadñeonstoe,  ala l aS aTcCre d8i5ta/2c0ió1n8 ,d ea 
jcuornídtiincou a4c iócno,n cplruoycee dfieja nad od eelilm siitgaur ieenl tea lclíamnictee:  d«eq uees teal  haecctihviod aleds. ivEol  nmois fmueor afu dnedlaicmtiveon toy   BOE-A-cable e
que se preserve en todo caso lo preeminencia de la jurisdicción penal en la investigación 
y persecución de conductas que sí lo fueran».
Para el letrado del Parlamento Vasco esta última precisión solo tiene sentido si, 
implícitamente, se admite que los hechos con resultado dañoso pudieron ser delictivos, 
por lo que añadir a continuación que el límite consiste en que el hecho lesivo no sea 
delictivo  supone  contradecir  lo  que  se  acaba  de  reconocer  –la  posibilidad  de  una 
actividad administrativa tendente a acreditar hechos que producen un resultado dañoso 
como  una  actividad  diferenciada  de  la  depuración  de  eventuales  responsabilidades 
penales– y supone neutralizar por completo sus consecuencias. Salvo que se trate del 
caso de víctimas de catástrofes naturales –y no siempre porque también en estos casos 
podrían confluir supuestos hechos delictivos por imprudencia, negligencia, omisión de 
socorro...–, las víctimas lo serán en la mayoría de los casos por haber padecido hechos 
prima facie delictivos.
Para el letrado del Parlamento Vasco poner como límite que el hecho lesivo no sea 
delictivo sería tanto como cegar la posibilidad de una vía administrativa propia para el 
reconocimiento y reparación de la víctima que formalmente se acaba de aceptar. El único 
reconocimiento y reparación posible para la víctima derivaría de una sentencia penal 
previa.
Es por ello por lo que considera que se debe hacer una interpretación de la doctrina 
del  Tribunal  Constitucional  que  parta  igualmente  del  fundamento  jurídico  4  de  la 
STC  85/2018  cuando  dispone  la  necesidad  de  «que  se  preserve  en  todo  caso  la 
preeminencia de la jurisdicción penal en la investigación y persecución de conductas que 
sí lo fueran [delictivas]». En primer y fundamental lugar, se reconoce la posibilidad de 
que coexistan distintos tipos de investigación sobre unos mismos hechos, gozando la 
que se desarrolla a impulsos y bajo la supervisión de la jurisdicción penal de preferencia 
sobre las demás. Justamente en esto consiste la preeminencia que es un concepto 
relacional: que algo o alguien tiene o goza de ventaja o preferencia sobre otros. En este 
caso, la investigación judicial sobre otras posibles investigaciones que pudieran estar en 
curso sobre los mismos hechos.
Las  consecuencias  serían  diferentes  si  se  parte  de  la  preservación  de  la 
preeminencia de la jurisdicción penal en la investigación y persecución de conductas 
sobre otras posibles investigaciones que pudieran estar en curso sobre los mismos 
hechos. La preeminencia de la investigación judicial tiene que ver, en primer lugar, con 
su vinculación al valor de la Justicia. Tiene también que ver, en segundo lugar, con la 
movilización de recursos públicos y de autoridad que implica y, en tercer lugar, con los 
poderes exorbitantes con los que cuenta. Esta es la preeminencia de la investigación 
judicial que hay que preservar, lo que significa que caben otras investigaciones sobre los 
mismos hechos siempre que no interfieran ni obstaculicen la primera, poniendo como 
ejemplos  las  comisiones  parlamentarias  de  investigación  y  las  investigaciones 
periodísticas.
Una característica de la Ley 12/2016 y de la Ley 5/2019 es que la primera vía para la 
acreditación de las vulneraciones de derechos humanos son las resoluciones judiciales o 
administrativas aportadas que reconozcan «la realidad de unos hechos ilícitos, que se 
relacionen causalmente con los daños o con la afección a los derechos alegados» con lo 
que ya se está reconociendo la preeminencia de la vía jurisdiccional penal. Solo en 
defecto de resolución judicial, la comisión de valoración apreciará de manera autónoma 
la acreditación de los hechos «por cualquier medio de prueba admisible en Derecho». La 
legislación vasca toma como presupuesto de partida el instituto de la prescripción, esto  s
es, se centra en los casos sucedidos en un ámbito temporal delimitado por la extinción  oe.
de la responsabilidad penal. Considera así que la interferencia con la jurisdicción penal  w.
queda descartada, justamente porque al haberse extinguido la responsabilidad penal,  460ww
qcuuyea l ad ecotemrmisiinóanc dióen v easlo eral coibójne tpou deedla p droecsecoson,o cseer  elov itdais lpau ceosntofu psoiórn l ae jnutrries dlaicsc idóons p veínaas,l,  syina 
que se trata de uno de los principios que inspiran el procedimiento.
Si en la STC 85/2018 el tribunal consideraba inconstitucional que la comisión de la 
Ley Foral 16/2015 dispusiera de «potestad, incluso, para desconocer lo ya resuelto por la 
jurisdicción penal» (FJ 6, párrafo 3), la Ley 5/2019, al contrario, dispone expresamente 
que la acreditación de los hechos vinculados causalmente a los daños o vulneraciones 
de  derechos  «no  podrá  desconocer  lo  ya  resuelto  por  la  jurisdicción  penal».  La 
investigación o comprobación administrativa autónoma o «exenta» queda pues, en todos 
los casos, vinculada a las resoluciones de la jurisdicción.
En la misma línea el artículo 14.5 de la Ley 12/2016 dispone que «en aquellos casos 
en los que la comisión de valoración tenga conocimiento de la existencia de causas 
judiciales  abiertas,  el  órgano  encargado  de  resolver  el  expediente  suspenderá  la 
tramitación  del  procedimiento,  hasta  que  la  vía  judicial  se  haya  agotado.  Igual 
suspensión  se  producirá  cuando  se  tenga  conocimiento  de  la  existencia  de 
procedimientos  administrativos  sancionadores  abiertos,  hasta  que  los  mismos  sean 
firmes en la vía administrativa».
Subraya el letrado del parlamento cómo la preservación de la preeminencia de la 
jurisdicción penal en la investigación, por si todas las medidas referidas hasta ahora no 
fueran suficientes, queda expresamente reconocida como uno de los principios que debe 
inspirar  el  procedimiento  por  el  artículo  4.2  e):  «Principio  de  preservación  de  la 
jurisdicción penal en la investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de 
delito».
Concluye el letrado  del  Parlamento  Vasco en relación con el primer motivo de 
impugnación señalando que el sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas 
de la Ley 5/2019 no vulnera la reserva constitucional de la jurisdicción sino que establece 
un procedimiento administrativo específico para identificar y asistir a las víctimas, en el 
que  el  órgano  administrativo  competente  se  limita  a  asegurar  la  acreditación  y  el 
cumplimiento de los requisitos legales, y lo hace, en primer lugar, sirviéndose de las 
resoluciones  judiciales  y  administrativas  que  se  le  aportan  para  acreditar  las 
vulneraciones. Solo subsidiariamente y en defecto de tales resoluciones, la causalidad 
entre los hechos y los daños y afecciones a los derechos se acreditarán por cualquier 
medio de prueba admisible en Derecho.
En relación con el segundo motivo del recurso, la supuesta vulneración del principio 
de Estado de Derecho y del sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico, señala el escrito del representante del Parlamento cómo 
el único precepto concernido es el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 12/2016 en la 
redacción dada por la Ley 5/2019.
Señala el letrado del Parlamento que este segundo motivo plantea una impugnación 
de marcado carácter ideológico construida a partir de la exposición de motivos –sin valor 
jurídico en sentido estricto– de una ley no recurrida ni recurrible en cuanto tal (la 
Ley 12/2016), que no acaba de encarnarse en los concretos artículos de la Ley 5/2019 y 
que, o bien carece de entidad propia suficiente respecto del primer motivo ya examinado, 
o bien, y dicho esto desde un punto de vista interno o inmanente, carece de consistencia 
lógica por hacer equivalente la afirmación de que España no es un Estado de Derecho 
con la vulneración del principio de Estado de Derecho, y la afirmación de que los 
poderes públicos no actúan con sometimiento a la Constitución, art. 9.1 CE, con una 
violación de dicho artículo.
Procede a continuación el letrado del Parlamento Vasco a examinar el tercer motivo 
del recurso: la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la 
presunción de inocencia. s
Afirma el letrado del Parlamento autonómico que este motivo coincide exactamente  oe.
con el primero, esto es, con aquel que imputa a la Ley vasca 5/2019 el haber creado un  w.
órgano  administrativo  que  juzgaría  hechos  delictivos  y  atribuiría  culpabilidades,  460ww
ucusuersptiaonndeos  leas tpáont eisnteasdc ijnudriisbdleicmcieonntael  vqiunec uclaodrraess,p odned me aan elorsa  jquueece esl  yp rtirmibeurn amleosti.v Ao mllbeavas 
idnedmefoescttriabdleom qeunete  eal l psroecgeudnidmoi.e nPtoe roa dam ilnai sitnravteivrsoa ,e setna bllae cmidoe dpidoar  elan  leqguies lahcaió nq uveadsacdao,   BOE-A-cable e
pretende  exclusivamente  el  reconocimiento  de  las  víctimas  de  vulneraciones  de 
derechos humanos sin inmiscuirse en el procedimiento penal y descartando de raíz 
cualquier atribución de responsabilidad criminal, adoptando a tal efecto toda una seria de 
cautelas, disposiciones y medidas, las alegadas violaciones del derecho a la tutela 
judicial efectiva y a la presunción de inocencia pierden su fundamento.
Subraya  el  letrado  del  Parlamento  que  el  procedimiento  establecido  en  la  Ley 
concluye, eventualmente, con la declaración de reconocimiento de la víctima y, en su 
caso, de la reparación que le corresponda, pero en ningún caso con la determinación 
directa  o  indirecta  del  responsable.  Ciertamente  la  Ley  puede  ser  incorrectamente 
aplicada, pero ello no determina la inconstitucionalidad de la norma sino, en todo caso, la 
del acto concreto de aplicación y, desde luego, carece de viabilidad un juicio preventivo 
de la constitucionalidad de la Ley sobre la base de los futuros e hipotéticos casos de 
aplicación incorrecta.
En relación con el cuarto motivo del recurso, la supuesta vulneración del derecho al 
honor, del derecho a la intimidad y del derecho a la protección de datos personales 
reitera el letrado del Parlamento Vasco que la comisión de valoración no se dirige a 
identificar a los responsables de las vulneraciones de derechos humanos, sino a las 
víctimas,  y  que  descarta  o  se  desentiende  de  lo  problemático  de  la  autoría.  La 
determinación del supuesto de hecho de la Ley en absoluto requiere la identificación 
individualizada  del  autor  de  la  vulneración.  La  resolución  con  la  que  concluya  el 
procedimiento de reconocimiento y reparación reconocerá, en su caso, a la víctima, pero 
la autoría permanecerá anónima, al menos en lo que concierne al procedimiento, pero no 
por una deficiencia del mismo, sino por cabal cumplimiento de lo legalmente previsto. 
Siendo esto así, la Ley 5/2019 en modo alguno lesiona el derecho al honor, ni el derecho 
a la intimidad de las personas.
En relación con el quinto motivo del recurso, la supuesta vulneración del principio de 
seguridad jurídica, señala el letrado parlamentario que sostienen los recurrentes que la 
técnica normativa empleada vulnera el principio de seguridad jurídica, pero más allá de 
la referencia a los recursos tipográficos empleados, no exponen cuáles son las dudas 
insuperables que albergan en cuanto a la redacción final de los preceptos modificados.
En relación con el sexto motivo del recurso, las supuestas vulneraciones de la 
distribución constitucional de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, 
considera el letrado del Parlamento Vasco que son en su gran mayoría deudores del 
primer motivo del recurso, su mera secuela o prolongación sin entidad propia. Así, de la 
supuesta  invasión  de  las  competencias  de  jueces  y  tribunales  por  la  comisión  de 
valoración se seguiría la invasión de las competencias estatales en administración de 
Justicia y legislación procesal.
La invasión de la competencia estatal en las bases del régimen jurídico de las 
administraciones  públicas  resultaría  de  permitir  que  las  vulneraciones  de  derechos 
humanos constitutivas de infracciones administrativas se declararan fuera de los cauces 
de los procedimientos sancionadores o disciplinarios. Para el letrado del parlamento 
autonómico la comisión de valoración no ejerce competencias jurisdiccionales lo que 
descarta la lesión del art. 149.1.5 y 6 CE, siendo la única y exclusiva función de la 
comisión identificar y reparar a las víctimas.
En  cuanto  al  deber  de  colaboración  interinstitucional  se  trata  de  un  principio 
inherente  al  funcionamiento  de  un  Estado  compuesto  como  es  el  Estado  de  las 
Autonomías,  que  está  reconocido  en  la  legislación  administrativa  básica  y  por  la 
jurisprudencia y que, por ende, para el letrado del Parlamento, en absoluto invade la  s
competencia estatal del 149.1.18 CE, ni tampoco la de seguridad pública del 149.1.29  oe.
CE, pues resultaría insólito que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quedaran  w.
eximidas del deber de colaborar con las demás administraciones siempre, por supuesto,  460ww
dentro de los cauces, condiciones y procedimientos que establezcan las leyes.
Gob6ie. rnPo oVr aessccori tof orremguisltór adsou se l adleíag a1c dioen eosc tuibnrteer edsea 2n0d1o9  llaa  ríenpteregsrae ntdaecsióens tpimroacceiósna l ddeell 
recurso.
Comienza en los antecedentes examinando los hechos de los que trae causa la 
modificación  de  la  Ley  12/2016  por  la  Ley  5/2019,  aludiendo  especialmente  a  las 
negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del 
Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la tramitación 
parlamentaria de la modificación de la Ley 12/2016 que se corresponde con el contenido 
del acuerdo de la comisión bilateral de cooperación de 30 de julio de 2018.
Se refiere seguidamente la representación procesal del Gobierno Vasco a la falta de 
rigor del escrito de interposición al referirse a la ley vasca y la confusión a la que induce. 
Alteraciones de la realidad, interpretaciones fuera de contexto, duras acusaciones sin 
justificación,  preceptos  mal  traídos  y  silencios  interesados  son,  de  acuerdo  con  el 
representante procesal del Gobierno Vasco, las técnicas empleadas durante todo el 
escrito  de  interposición  para  presentar  una  norma  que  no  es  la  del  legislador 
autonómico, el cual acomete esta modificación, a instancias de la Comisión Bilateral, 
para adecuar el texto a los parámetros de constitucionalidad y reparar a las víctimas 
desde un punto de vista asistencial; es decir, en un ámbito que no es el jurisdiccional.
Solicita  a  continuación  la  inadmisión  a  limine  del  recurso  contra  la  disposición 
adicional de la Ley 5/2019, ya que no se justifican las concretas razones por las que 
podría ser inconstitucional como exige la doctrina del Tribunal Constitucional.
Considera la representación procesal del Gobierno Vasco que el recurso pese a estar 
interpuesto  formalmente  contra  la  Ley  5/2019,  busca  impugnar  y  lograr  la 
inconstitucionalidad de la Ley 12/2016 y por ello solicita que el tribunal, en virtud de los 
art. 31 y 33.1 LOTC rechace la pretensión de resucitar un recurso contra preceptos 
legales aprobados hace ya tres años. El presente recurso no puede tener por objeto 
ninguna otra disposición que la contenida en la Ley 5/2019, de 29 de julio.
Procede a continuación a examinar los concretos motivos de inconstitucionalidad 
alegados en el escrito de interposición comenzando con aquel que se refiere a la 
vulneración de la reserva constitucional de la función jurisdiccional que corresponde al 
Poder Judicial.
De forma extensa la representación procesal del Gobierno Vasco argumenta que el 
procedimiento administrativo previsto en la norma impugnada no materializa reproche 
penal o sancionador alguno, sino que aborda la corrección de desigualdades producidas 
por el efecto de una grave vulneración de derechos humanos desde una perspectiva 
asistencial. Una actuación que responde al ánimo de que las víctimas sean tratadas de 
forma justa y equitativa.
Un repaso de la Ley 5/2019 muestra la voluntad del legislador de patentizar el 
rotundo deslinde del procedimiento en el ámbito administrativo prestacional y reparador 
que se regula con el ámbito que es propio de la jurisdicción penal. El examen real del 
articulado muestra que el quehacer de la comisión de valoración se constriñe a la 
actividad  propia  de  un  órgano  tramitador  en  un  procedimiento  administrativo 
subvencionador que no persigue el reproche sancionador ni la atribución de una eventual 
culpabilidad al autor de un daño, sino el reconocimiento y reparación a la víctima de ese 
daño mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos que dan lugar a una 
reparación socio-sanitaria. Finalidad esta que es totalmente posible y acorde con la 
doctrina internacional y con la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
De acuerdo con el escrito de la representación procesal del Gobierno Vasco, la 
comisión  de  valoración,  tal  y  como  enuncia  el  art.  14  de  la  Ley  12/2016,  en  su 
modificación de 2019, no puede realizar de oficio actuaciones para la comprobación de  s
los hechos o datos alegados por los solicitantes de la declaración de víctima. Por si  oe.
hubiera alguna duda, se le ha suprimido explícitamente la finalidad de esclarecer ningún  w.
hecho (arts. 4, 7 y 14). Únicamente realizará un resumen de los hechos que ocasionaron  460ww
ldae  v2u0ln1e9r)a ccióonn  dlea  lfoinsa ldidearedc hdoes  choummparnoobsa rd eq ulea  vsíec timcuam (palertn.  1lo4s.8  reenq usisui tomso dpiafircaa csióenr 
beneficiario de una ayuda, prestación o indemnización.
La comisión de valoración sigue un procedimiento que vela por los derechos de 
terceros [arts. 4.2 d) y 14.2 d) de la Ley 12/2016 modificados por la Ley 5/2019). No es 
cierto, como hacen ver los recurrentes, que el procedimiento seguido por la comisión no 
garantiza  el  respeto  a  sus  derechos  fundamentales  o  a  su  tutela  judicial  efectiva. 
Recuerda la representación procesal del Gobierno Vasco que la Ley 5/2019 introduce por 
dos veces el mandato expreso de que en todo caso debe prevalecer el principio de 
garantía de todos los derechos y garantías jurídicas y constitucionales, con cita expresa 
de todas las citadas de contrario, de las terceras personas que puedan aparecer.
Considera el representante procesal del Gobierno Vasco que el debate suscitado se 
centra sobre la regulación legal que se hace del proceso de acreditación de hechos en el 
inciso  relativo  a  que,  en  defecto  de  resoluciones  administrativas  o  judiciales  que 
acrediten los hechos, pueda resultar eficaz cualquier medio de prueba admisible en 
Derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo. El contenido 
de  este  precepto  de  la  Ley  recurrida  (artículo  primero  de  la  Ley  5/2019)  respeta 
totalmente  los  parámetros  del  bloque  de  constitucionalidad  al  determinar  que  la 
acreditación de los hechos se llevará a cabo de forma ordinaria mediante resoluciones 
administrativas y judiciales que han de ser respetadas. De forma subsidiaria, cuando no 
ha existido proceso judicial previo, la acreditación de hechos lesivos se podrá hacer por 
otros medios de prueba admisibles en Derecho. E incorporando como cláusula de cierre 
que, en todo caso la acreditación a que se refiere el presente apartado no podrá 
desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal.
La propia Ley recurrida incorpora en su artículo segundo, a través de la modificación 
del art. 4.2 de la Ley 12/2016, un nuevo apartado e) en el que se añade el principio de 
preservación de la jurisdicción penal. Además, en los supuestos en los que se detecte 
que del contenido de un expediente se pudiera desprender alguna actuación ilegal no 
prescrita, el artículo tercero de la Ley 5/2019, en su modificación al art. 7.2 b) de la 
Ley 12/2016, obliga a la comisión de valoración a comunicarlo a los tribunales y a 
suspender el procedimiento administrativo.
Señala el representante procesal del Gobierno Vasco que el análisis por la comisión 
de valoración de solicitudes sin un proceso penal previo será excepcional y afectará 
únicamente a aquellos supuestos en los que los delitos ya han prescrito, aspecto en el 
que  ha  de  considerarse  que  los  hechos  objeto  de  la  ley  han  debido  tener  lugar 
entre 1978 y 1999.
En relación con el segundo motivo de inconstitucionalidad relativo a la vulneración 
del principio de Estado de Derecho y del sometimiento de los poderes públicos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, considera el representante procesal del 
Gobierno Vasco que debe ser desestimado a limine, tanto por la generalidad de sus 
reproches, como por ser preventivo respecto de las resoluciones que se adopten en su 
virtud,  no  sin  previamente  recordar  que  la  Ley  5/2019  y  la  norma  modificada, 
Ley 12/2016, atienden a la doctrina emanada de los tratados y acuerdos internacionales 
en materia de protección de los derechos humanos. El recurso en este punto se limita a 
una retórica negación de la Ley, en la que falta una mínima argumentación que siempre 
ha de exigirse al recurrente.
En relación con el tercer motivo sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva y a la presunción de inocencia señala el representante procesal del Gobierno 
Vasco  que  no  es  sino  una  reiteración  del  primero,  ya  que  insiste  en  que  la 
inconstitucionalidad  contra  la  que  se  reacciona  es  que  la  vulneración  de  derechos 
humanos exige de una tutela judicial efectiva, lo que conduce a que sea la función  s
jurisdiccional la única competente. oe.
En cuanto al cuarto motivo referido a la vulneración del derecho al honor, intimidad y  w.
protección de datos considera el letrado del Gobierno Vasco que el artículo cuarto de la  460ww
gLaerya n5t/i2z0a1 9e l indceorerpcohroa  fuunnd aapmaertnatdaol  deenl  aerl tíacrut.lo 1 148.2  CdE) ,d dee l afo Lrmeya  1q2u/e2 0l1o6s  einnfo erml eqsu eq usee 
solicite la comisión de valoración se recabarán «siempre dentro del marco de respeto a
los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de los datos de 
carácter personal de las terceras personas que pudieran concurrir».
De acuerdo con el escrito del representante del Gobierno Vasco el quinto motivo del 
recurso se limita a afirmar que la Ley vulnera el principio de seguridad jurídica por la 
deficiente técnica normativa empleada y exclusivamente a los efectos de que no está 
claro cómo queda la redacción final de los preceptos modificados. También se limita a 
denunciar, sin el más mínimo esfuerzo argumentativo, una vulneración del principio de la 
publicidad de las normas y de la interdicción de la arbitrariedad.
Rechaza  finalmente  el  letrado  del  Gobierno  Vasco  el  sexto  motivo  de 
inconstitucionalidad pues las previsiones de la Ley, de carácter resarcitorio, se insertan 
sin dificultad en el ámbito de los servicios sociales, a la vista de que responde a una 
situación o carencia real en la población beneficiaria de las prestaciones, situación que 
se pretende reconocer y aliviar.
Tampoco habría vulneración competencial a la hora de establecer la obligación de 
colaboración en los términos dispuestos por la ley recurrida, ya que no son sino una 
proyección a este supuesto del principio de cooperación, colaboración y coordinación 
entre las administraciones públicas contenido en los arts. 3.1 k) y 140.1 c) y, más 
particularmente, el art. 141, todos ellos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, en cuanto a las administraciones se refiere, y del art. 18 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas, para las personas físicas y las jurídicas no públicas.
Por último, en cuanto a la invasión del art. 149.1.29 CE sobre seguridad pública ya 
se ha dejado claro que la Ley 5/2019 únicamente ampara una actividad compensatoria 
por lo que los títulos competenciales en los que se soporta nada tienen que ver con el 
art. 149.1.29 CE.
Prosigue el escrito del representante procesal del Gobierno Vasco examinando la 
doctrina recogida en la STC 85/2018, de 19 de julio, que declaró la inconstitucionalidad 
parcial de la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, para seguidamente poner de manifiesto 
las  diferencias  entre  la  citada  Ley  Foral  y  la  Ley  5/2019  del  Parlamento  Vasco. 
Diferencias  que  entorpecen  una  pretendida  aplicación,  como  único  parámetro  de 
constitucionalidad de la STC 85/2018, de 19 de julio, a la Ley 5/2019.
Señala el letrado del Gobierno Vasco que el núcleo de la cuestión que allí se dirimía 
se situaba en la consideración de que un órgano de naturaleza administrativa no puede 
atribuirse  funciones  propias  de  la  jurisdicción  penal,  como  son  las  consistentes  en 
actuaciones de indagación, investigación y fijación de hechos delictivos, toda vez que 
dichas  funciones  se  encuentran  encomendadas  por  la  Constitución  a  los  jueces  y 
tribunales.  La  Ley  12/2016,  tras  su  modificación  por  la  Ley  5/2019,  no  contiene 
disposición alguna de la que pudiera desprenderse una presunta vulneración de los arts. 
117 y 124 CE, en los términos recogidos en la STC 85/2018. La razón es que la función 
de la comisión no se corresponde con ninguna actividad dirigida al esclarecimiento de 
hechos, propia de la jurisdicción penal, sino que únicamente se pretende que valore los 
hechos que le aleguen los solicitantes para poder dictaminar si existe relación con los 
daños invocados. Reparación de unos daños que constituyen el objeto del sistema 
asistencial en el que se incardina toda la Ley.
Para el representante del Gobierno Vasco, de la redacción de la Ley 5/2019, de 4 de 
abril, no cabe deducir que a la comisión de valoración se le atribuyan funciones de 
investigación y fijación de hechos delictivos en los términos referidos en la STC 85/2018. 
Las claras diferencias constatadas entre el contenido de la Ley foral 16/2015, que fue  s
objeto de esa sentencia, y la Ley del Parlamento Vasco 5/2019 impiden su uso como  oe.
canon de enjuiciamiento de esta última. w.
Se  mencionan  a  continuación  instrumentos  internacionales  y  doctrina  sobre  el  460ww
DLeeyre 1c2h/o2 0in1t6e rsnea caiojunsatla hnu aml adneitraercioh od ed elo lsa sq uveíc tsime adse daul cree cqouneo claim nieonrmtoa y i mreppuagrnaacdióan  yd leal 
dmaeñdoio c daeu sparduoe.b aE sapdemciítfiidcoa mene nDtee rreecshpoe,c stoe ñaall am qoudeo  edne  eal cDreedreitcahr olo ess pdaaññools s peo er nccuuaelnqturaienr   BOE-A-cable e
vigentes normas que contemplan de manera expresa la acreditación de los requisitos 
exigidos en cada caso por medio de cualquier prueba admisible en Derecho (cita la Ley 
de memoria histórica y el Real Decreto 1791/2008, así como la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, y la 
Ley 4/2015, del estatuto de la víctima del delito). Alude a los AATC 30/2017 a 34/2017, 
en los que se rechaza que las resoluciones administrativas (y las sentencias de la 
Audiencia Nacional que las confirmaron) vulneraran, como sostienen los recurrentes, el 
derecho  a  la  presunción  de  inocencia  de  sus  familiares  fallecidos  en  atentados 
perpetrados por grupos terroristas, por la denegación de indemnización al considerar 
acreditado que sus familiares eran miembros o habían colaborado con una organización 
terrorista,  con  fundamento  en  los  informes  policiales  aportados  al  expediente 
administrativo.  No  se  observa  ningún  problema  de  constitucionalidad  en  que  unos 
informes policiales sean considerados un medio de prueba válido y suficiente para dar 
por probada una actividad criminal, sin que esta haya sido declarada en una sentencia 
penal previa. Tal posibilidad se admite (como sucede en el caso de la Ley que se 
impugna en este recurso de inconstitucionalidad), a los solos efectos de adoptar una 
resolución administrativa en el marco de un procedimiento administrativo de concesión 
de ayudas, sin que se formule ningún juicio de culpabilidad. La Ley impugnada seguiría 
el  mismo  método,  por  cuanto  la  acreditación  de  la  existencia  de  vulneraciones  de 
derechos humanos en el período temporal que contempla el texto legal, lo es a los solos 
efectos de establecer el nexo causal con el daño alegado y con pleno respeto a los 
derechos de terceros. Se citan también las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos relativas a los asuntos resueltos en los AATC 30/2017 a 34/2017, de las que 
se deduce que una norma como la impugnada ni requiere determinar hechos probados 
subsumibles en algún tipo penal, ni exige identificar a posibles autores de supuestos 
delitos, ni reclama el examen de procesos penales previos. Se trata de seleccionar a las 
personas que cumplan los requisitos determinados en la Ley para acceder al sistema de 
ayudas establecido, para lo cual se podrán aportar los medios de prueba que cada 
persona  considere  adecuados  para  sustentar  su  petición  y  cuya  valoración  deberá 
atenerse a las reglas que rigen a tal fin en nuestro Derecho administrativo. A lo anterior 
se añade que, por aplicación del art. 10.2 CE, se da ocasión a que el tribunal pueda 
aclarar o cambiar la doctrina contenida en la STC 85/2018.
7.  Por providencia de 22 de septiembre de 2020 se señaló para deliberación y fallo 
de esta sentencia este mismo día.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto de la presente resolución es resolver el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado contra los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y la disposición adicional 
única de la Ley 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, 
de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en 
el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco entre 1978 y 1999.
2.  La Ley 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, 
de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en 
el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País  es
Vasco entre 1978 y 1999, ha sido ya objeto de la reciente STC 83/2020, de 15 de julio,  bo
resolutoria del recurso de inconstitucionalidad núm. 3413-2019, interpuesto por más de  460ww
DcsieinpncutAuetaesnídnc oteiaasn    c(edo«fibBeprcuoattlo ear,etd íalnoeq svOu aefdnicle cirailea lc  gdeurenrusl  peoEol  sdp terape daisnorecl»ano mtnneúse ptmnitrtuo.a cc2riie2oos0n o,aC .dliideua d1da5 dy da eenl o apsgr eoessneto n tdeeel  f o2Cr0mo2nu0gl)ar. enLs aroe  ipndrdoeicc ahldoeass    OE-A-2020-13able en https://
y suscitan controversias constitucionales muy similares en términos generales, por lo que
la doctrina de la sentencia resolutoria del primero sirve para responder a buena parte de 
las impugnaciones del segundo. Así, y de acuerdo con una pauta no infrecuente (por 
ejemplo, SSTC 138/2013, 28/2016, 111/2016, 168/2016, 180/2016, 44/2017, 45/2017, 
54/2017, 93/2017 o 101/2017), cabe dar aquí por reproducidos, en primer lugar, los 
fundamentos jurídicos que la STC 83/2020, de 15 de julio, dedica:
– A las circunstancias que rodearon la aprobación de la referida Ley 5/2019, de 4 de 
abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación 
de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 
[STC 82/2020, FJ 2 a)];
– al examen y presentación del contenido de la Ley 5/2019 y de los preceptos 
impugnados (fundamentos jurídicos 3 a 5), y
– a la exposición de la doctrina contenida en la STC 85/2018, de 19 de julio, que 
resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno 
contra la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las 
víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos (fundamento jurídico 6).
3.  Señalado lo anterior, cabe asimismo pronunciarse acerca de la determinación del 
objeto del presente recurso por remisión a lo que establecimos en la STC 83/2020, y que 
supone considerar que debe quedar al margen de este proceso cualquier consideración 
sobre la Ley 12/2016, en aquellos aspectos que no se han visto afectados por la 
modificación de la Ley 5/2019. En efecto, tal y como señalamos «si se entiende la 
pretensión  de  los  recurrentes  como  una  impugnación  directa  de  los  preceptos  no 
reformados de la Ley 12/2016, el recurso es extemporáneo, ya que la Ley 5/2019 es, 
formalmente,  una  norma  diferente  a  la  Ley  12/2016,  resultando  dicho  defecto 
insubsanable al haber transcurrido ya el plazo de impugnación de la norma fijado en el 
art. 33.1 LOTC. La circunstancia de que una ley sea parcialmente modificada por otra ley 
posterior aprobada precisamente para su reforma, abre, naturalmente, el plazo para que 
esos preceptos así reformados puedan ser recurridos en la redacción que les ha dado la 
ley modificadora. Sin embargo, de otro lado, esos preceptos legales modificados van a 
integrarse en una norma que, en la parte que permanece con la redacción inicialmente 
aprobada, resulta inatacable directamente por la vía del recurso de inconstitucionalidad, 
cuando, como es el caso, ya han transcurrido más que sobradamente los plazos en los 
que el art. 33 LOTC permite su interposición» [STC 83/2020, FJ 2 b)].
De esta forma, también el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad ha de 
entenderse  únicamente  referido  a  los  artículos  primero  a  cuarto  y  a  la  disposición 
adicional única de la mencionada Ley 5/2019.
4.  Asimismo, la ya referida STC 83/2020 desestimó impugnaciones formuladas 
entonces por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el 
Congreso  de  los  Diputados  que  en  el  presente  recurso  se  plantean  en  términos 
análogos; se refieren a los mismos preceptos y se basan en los mismos motivos. A la 
vista de esta coincidencia objetiva entre los dos recursos de inconstitucionalidad, y de 
acuerdo  con  nuestra  doctrina  constitucional  recogida,  por  ejemplo,  en  las 
SSTC 172/1998, 111/2016, 168/2016, 180/2016, 44/2017, 45/2017, 54/2017, 93/2017 
y 101/2017, cabe desestimar aquellas impugnaciones que se reproducen a continuación 
por remisión a los argumentos recogidos, de manera ampliada, en la STC 83/2020,  s
de 15 de julio. oe.
a)  Tal es el caso de la impugnación del art. primero de la Ley 5/2019, en el que se  460ww
dreap nauraecviaó nr eddea cvcíicótnim aal sa rdtíecu vlou l2n.e4r adcei olan eLse yd e1 2d/2e0re1c6h, odse  2h8u mdea njuolsio ,e dne e rle ccoonnotecximtoi edneto  lay 
violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 
y 1999, referido al «ámbito de aplicación» de la norma y que tiene la siguiente redacción:
«4.  La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación 
política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa 
que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con 
los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por 
cualquier medio de prueba admisible en Derecho, sin que sea preciso que haya existido 
un proceso judicial previo. En todo caso, la acreditación a que se refiere el presente 
apartado no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal.»
Tal  y  como  se  ha  desarrollado  en  los  antecedentes,  se  impugna  tanto  por 
menoscabar la plenitud de la jurisdicción penal y vulnerar el art. 117 CE como por 
suponer una ausencia de garantías y una vulneración de derechos de aquellos que 
fueran determinados como responsables de las actuaciones.
A la vista de la coincidencia objetiva, en este concreto punto, entre los dos recursos 
de inconstitucionalidad, cabe desestimar la indicada impugnación con fundamento en lo 
que sostuvimos en la STC 83/2020, FJ 7, en donde afirmamos en relación con la primera 
tacha de inconstitucionalidad que:
«La Ley 12/2016, en la redacción dada por la Ley 5/2019, veda expresamente que la 
indagación de los hechos determinantes del resarcimiento pueda llevarse a cabo por la 
propia  comisión,  en  cuanto  que  exige  que,  para  la  acreditación  de  los  hechos 
determinantes de las reparaciones que regula con la finalidad asistencial o protectora 
que persigue, la ley ha de partir de los hechos declarados probados en resolución judicial 
o administrativa, o bien de los acreditados por el solicitante [...]. En este último caso, la 
decisión de la comisión se toma a partir de los medios de prueba aportados por el 
solicitante, siempre que tales medios de prueba sean válidos, ciñéndose la actuación de 
la comisión a valorar la relación de causalidad que necesariamente ha de existir entre los 
hechos aportados y las lesiones producidas.
No hay aquí, a diferencia del supuesto resuelto en la STC 85/2018, investigación y 
fijación de conductas constitutivas de delito, pues la tarea de la comisión no persigue 
tales fines de averiguación y fijación de hechos sino que su finalidad es más limitada, en 
tanto que vinculada a la comprobación de la relación de causalidad entre hecho y daños, 
y, por tanto, diferente y directamente vinculada al fin de compensación a las víctimas que 
la  Ley  vasca  dice  perseguir.  De  este  modo,  conforme  al  reformado  art.  2.4,  la 
acreditación de los hechos se llevará a cabo de forma ordinaria mediante resoluciones 
administrativas y judiciales, que han de ser respetadas. De forma subsidiaria, solamente 
cuando  no  ha  existido  proceso  judicial  o  procedimiento  administrativo  previo,  la 
acreditación de hechos lesivos se podrá hacer, a falta de un relato de hechos probados, 
por  otros  medios  de  prueba  admisibles  en  derecho.  Se  trata  con  ello  de  que  los 
solicitantes proporcionen el soporte argumental válido para que el órgano administrativo, 
la comisión en este caso, determine si procede otorgar la condición de beneficiario, lo 
que lleva aparejado el otorgamiento de medidas de reparación.
[…]  La  referencia  del  precepto  a  la  preeminencia  de  la  jurisdicción  penal  y  la 
incorporación, como cláusula de cierre, de que, en todo caso, la acreditación de los 
hechos no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal, supone la sujeción a 
los pronunciamientos judiciales y excluye que la comisión de valoración pueda intervenir 
en  asuntos  no  prescritos  o  revisar  acciones  sobre  las  que  los  tribunales  no  se  s
pronunciaron  en  su  día,  sustituyendo  a  estos.  De  esta  manera,  a  diferencia  de  la  oe.
ilSdnaeTd rcCeeom c8mhn5oiis/z’2 iaól0abn1 ln e8do.,  erlCma o uadnn ev  ecadisssetcilaóiat no rv e, aifesednirmneeoin n acil siarate r acasotfuiivnrbmaos ciandecoiarió  rsqniauu  pedao e pn‘ cueque uaudelneq a uch iodaenebr ccemuirs reisródeuni po lupa dea esrca toopjnusrddu eiieccnbiióa alnlo   pasd edqenmu aeivtl i ídsncoooti bm eernaes     2020-13460n https://www.
posible llegar hasta el resultado final de una sentencia que fije los hechos, delimite las
responsabilidades  penales  y  establezca  un  resultado  condenatorio  y  evita  que  tal
circunstancia vete o impida un fin extrapenal de resarcimiento como el que se contempla 
en la ley impugnada.»
En cuanto a la segunda perspectiva que los recurrentes igualmente plantean, acerca 
de la falta de garantías de aquellos que sean identificados como autores por cualquier 
medio  de  prueba  admitido  en  Derecho,  debemos  asimismo  remitirnos  a  los  que 
establecimos en el fundamento jurídico 7 de la STC 83/2020 cuando resaltamos:
«[La] amplitud y laxitud de los términos utilizados en la norma [art. 2.2 b)] para 
referirse a las personas que hubieran podido participar en los hechos excluye cualquier 
indagación  o  asignación  individualizada  de  responsabilidad,  en  la  medida  en  que 
cualquier persona cumple la condición, bien de tratarse de un funcionario público o bien 
de un particular. A partir de dicha generalidad, la identificación del supuesto de hecho de 
la  norma  en  absoluto  requiere  la  determinación  individualizada  del  autor  de  la 
vulneración. No se persigue aquí la presunción de certeza sobre el responsable del 
hecho ilícito que solo puede ser garantizado por el proceso judicial penal, sino solamente 
determinar, a partir preferentemente de lo ya probado en vía administrativa o judicial, la 
relación de causalidad entre hechos y resultado dañoso determinante de la puesta en 
marcha de los mecanismos de reparación diseñados por el legislador autonómico. No 
hay en la tarea de la comisión, tal como resulta de la Ley 5/2019, posible calificación 
jurídica de eventuales actos o conductas punibles, ni tampoco imputación o atribución 
individualizada a los sujetos a los que pudiera alcanzar la investigación. […]
Además, la Ley 5/2019 ha introducido expresas referencias a la garantía de los 
derechos de los terceros que se relacionen con la comisión en sus arts. 4.2 d) y 14.2 d).»
Por lo tanto, de acuerdo con la doctrina reproducida, la impugnación del artículo 
primero  de  la  Ley  5/2019,  en  cuanto  que  da  nueva  redacción  al  art.  2.4  de  la 
Ley 12/2016, debe ser desestimada también en el presente proceso.
b)  Es igualmente el caso de la impugnación del art. segundo de la Ley 5/2019, en el 
que se da nueva redacción a los apartados c) y d), y se introduce una nueva letra e), en 
el artículo 4.2 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, 
referido a los «principios de actuación» y que dispone:
«Artículo 4.  Principios de actuación.
[…]
c)  Principio  de  colaboración  interinstitucional,  de  manera  que  las  instituciones 
públicas suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos que les sean solicitados y 
facilitarán la colaboración, tanto de autoridades como del personal técnico a su servicio, 
que sea precisa para la más completa resolución de los expedientes.
d)  Principio de garantía de los derechos de terceras personas, que conlleva la 
salvaguarda de los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de 
los datos de carácter personal de las terceras personas que pudieran concurrir en los 
expedientes, sin que tal concurrencia pueda suponer, en ningún caso, vulneración ni 
afección alguna a sus garantías jurídicas y constitucionales.
e)  Principio de preservación de la jurisdicción penal en la investigación de las 
conductas que pudieran ser constitutivas de delito.»
El precepto se impugna, como ha quedado desarrollado en los antecedentes, por no  b
evitar  que  la  resolución  concreta  que  se  dicte  por  la  comisión  en  la  instrucción  y  460ww
lrae smooludciifóicna cdieó nla dse r elac lLaemya 1c2io/2n0e1s6 s, oeml eesticdlaasre ac imsuie cnoton sdidee hraeccihóons  imdeplilciqtiuveo,s ,c oemn od eatnritmese ndtoe 
ddeer leac hjuorsis ddicec iótenr cpeernoas l, nao  lov aqnu e as es earñ aedfee cqtiuvea sla, sc goamroa nttíaams proecsop ecloto  sdeerlá r elas pedteoc ldaera ldoas 
preeminencia de la jurisdicción penal, por cuanto se admite la posibilidad de acreditar el 
supuesto de hecho sin procedimiento judicial previo.
A la vista de la coincidencia objetiva entre los dos recursos de inconstitucionalidad, 
cabe asimismo desestimar esta concreta impugnación con fundamento, en este caso, en 
lo  que  sostuvimos  en  el  fundamento  jurídico  8  de  la  STC  83/2020,  en  el  que  ya 
señalamos que tal queja se relacionaba con la formulada al art. 2.4 de la Ley 12/2016, en 
la nueva redacción que le ha dado la Ley 5/2019, con lo que bastaría para desestimarla 
lo que se ha recordado en el apartado anterior del presente fundamento jurídico.
Ahora bien igualmente añadimos entonces que, por lo que respecta al denominado 
principio de colaboración interinstitucional, «este se refiere a asuntos sobre los que no 
esté conociendo la jurisdicción penal, pues, caso de posibles actuaciones no prescritas o 
de existencia de causas judiciales abiertas, la Ley 12/2016 prevé la comunicación al 
tribunal  competente  [art.  7.2  b)]  y  la  suspensión  del  procedimiento  administrativo 
(art. 14.5), lo que, ya de por sí, excluye cualquier riesgo de interferencia en la actuación 
de la jurisdicción penal que denuncian los recurrentes» (STC 83/2020 FJ 8).
Asimismo afirmamos que «la preferencia de la jurisdicción penal en la investigación 
de las conductas que pudieran ser delictivas se configura ahora como un principio de 
actuación específico en el nuevo art. 4.2 e), que se ve confirmado en otros preceptos, 
tanto de la Ley 12/2016 [los citados arts. 7.2 b) y 14.5], como de sus disposiciones de 
desarrollo  (arts.  4.3  y  7.3  del  Decreto  20/2020).  Este  principio  y  sus  concreciones 
excluyen interferencias, que no serían constitucionalmente aceptables, con procesos 
penales ya finalizados, que se estén sustanciando o que puedan llegar a iniciarse» 
(STC 83/2020, FJ 8).
En cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de terceras personas cabe 
considerar que la impugnación remite a un problema relacionado con la aplicación de la 
norma, más que con la norma en sí, y ahora, como entonces, cabe señalar que «la 
eventual lesión de derechos fundamentales en que pudiera incurrirse en aplicación de la 
norma  deberá  resolverse,  en  su  caso,  en  la  vía  jurisdiccional  correspondiente,  sin 
perjuicio de advertir que la expresa proclamación de dicha garantía de los derechos de 
terceros se encuentra recogida también en el art. 14.2 d) de la Ley 12/2016, como 
criterio que ha de regir las potestades de instrucción de la comisión respecto a la 
solicitud de informe o testimonio de terceras personas, así como también en el art. 7.1 
del Decreto 20/2020 y en el art. 5.2 de la misma norma respecto a la protección de datos 
de carácter personal» (STC 83/2020, FJ 8).
En atención a los argumentos reproducidos, la impugnación del artículo segundo de 
la Ley 5/2019 debe ser, asimismo, desestimada.
5.  Procede, igualmente, señalar que la STC 83/2020 estableció la interpretación 
conforme de algunas de las impugnaciones formuladas entonces por más de cincuenta 
diputados del grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados que en 
el  presente  recurso  se  plantean  en  términos  análogos;  se  refieren  a  los  mismos 
preceptos y se basan en los mismos motivos. A la vista de esta coincidencia objetiva 
entre los dos recursos de inconstitucionalidad, cabe igualmente remitirse a aquellas 
interpretaciones de conformidad que se realizan en la STC 83/2020, de 15 de julio.
a)  Es el caso del art. 3 de la Ley 5/2019, en el que se da nueva redacción a los 
apartados 1, en el que se suprimen las letras a) y b), y 2.b) del artículo 7 de la 
Ley  12/2016,  de  28  de  julio,  de  reconocimiento  y  reparación  de  víctimas  de 
vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política  e
en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, referido al denominado  bo
derecho a la verdad cuando dispone: 460ww
«Artículo 7.  Derecho a la verdad.
1.  Los poderes públicos vascos colaborarán con los órganos y organismos del
Gobierno Vasco que ejerzan funciones en materia de derechos humanos, promoción de  Bc
la  memoria  o  convivencia  democrática  para,  en  el  marco  de  las  respectivas 
competencias,  contribuir  al  conocimiento  de  la  verdad  sobre  las  vulneraciones  de 
derechos humanos a las que se refiere esta ley, a través de acciones para facilitar a las 
personas el acceso a los archivos oficiales y examinar las posibles vulneraciones de 
derechos humanos a las que se refiere esta ley.
2.  Los poderes públicos vascos colaborarán, en la medida de sus posibilidades y 
competencias, para garantizar el acceso de todas las víctimas a las siguientes acciones:
a)  [...]
b)  Cuando la comisión de valoración considere que del contenido del expediente 
pudiera desprenderse alguna actuación ilegal no prescrita, lo comunicará a los tribunales 
competentes y, en su caso, a la administración competente, determinando la suspensión 
del procedimiento mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales a quienes 
corresponda.»
Como ha quedado recogido en los antecedentes los motivos de la impugnación son 
parcialmente  coincidentes  cuando  se  refieren  al  menoscabo  de  la  plenitud  de  la 
jurisdicción penal y a la vulneración del art. 117 CE así como a la ausencia de garantías 
y una vulneración de derechos de aquellos que fueran determinados como responsables 
de las actuaciones.
A la vista de la coincidencia objetiva, en este punto, entre los dos recursos de 
inconstitucionalidad, cabe recordar la interpretación conforme que en relación con el art. 
tercero de la Ley 5/2019 realiza el fundamento jurídico 9 de la STC 83/2020. De acuerdo 
con  ella,  «las  referencias  a  la  colaboración  que  incluye  el  precepto  no  pueden 
interpretarse aisladamente, sino que han de entenderse en el marco del sistema de 
reparación diseñado por la Ley 12/2016, en el que ocupa un lugar destacado la comisión 
de valoración que se encarga de valorar las solicitudes presentadas y proponer la 
inadmisión  de  solicitudes  o,  cuando  proceda,  la  declaración  de  la  condición  de 
beneficiario.  La  función  de  esta  comisión,  para  la  que  el  precepto  requiere  la 
colaboración de los poderes públicos vascos, no se corresponde con ninguna actividad 
dirigida al esclarecimiento de hechos, propia de la jurisdicción penal, sino que, como ya 
se ha señalado, únicamente se pretende que valore los hechos que le aleguen los 
solicitantes para poder dictaminar si existe relación con los daños invocados. Téngase 
en cuenta, además, que según el art. 142 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, el deber de colaboración puede hacerse efectivo, 
entre otras, a través de la técnica del suministro de información, datos, documentos o 
medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que 
se dirige la solicitud y que la administración solicitante precise disponer para el ejercicio 
de sus competencias. Esta referencia a la colaboración ha de entenderse asimismo en el 
marco del principio que la Ley 12/2016 concreta en su art. 4.2 c), en el sentido de que las 
instituciones públicas autonómicas suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos que 
les sean solicitados y facilitarán la colaboración, tanto de autoridades como del personal 
técnico a su servicio (igualmente, art. 9.1 del Decreto 20/2020)» (STC 83/2020, FJ 9).
Por tanto, interpretado conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, el art. 7.1 de la 
Ley 12/2016, en la redacción dada por el artículo tercero de la Ley 5/2019, no es 
inconstitucional y así se dispondrá en el fallo.
Por otra parte, nada puede reprocharse al apartado 2 b) de ese mismo art. 7 desde la 
perspectiva de la posible coincidencia de la actividad de la comisión de valoración con 
las actuaciones judiciales, en la medida en que, como ya señalamos en la STC 83/2020,  e
FJ 8, se determina la suspensión del procedimiento en el caso de que la comisión estime  bo
que del contenido del expediente pudiera deducirse alguna actuación ilegal no prescrita,  460ww
con bla)  coErnre espl omnisdmieon tes ucpoumeusntoic saec ióenn caul eónrgtraan eol  jaurdti.c 4ia ld ceo mla pLeeteyn 5te/2.019, en el que se da
njuulieov, ad ere rdeaccocnioócni ma ielonst oa yp arertpaadroasc i1ó,n 2 d, e4 v yíc 8ti mdaesl  adretí cvuullon e1r4a cdioen leas L deey  d1e2r/e2c0h1o6s,  hduem 2a8n does 
en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco entre 1978 y 1999, referido a la instrucción y que dispone:
«Artículo 14.  Instrucción.
1.  Recibida la solicitud... dará traslado de la misma a la comisión de valoración 
regulada en el capítulo V de esta ley.
2.  En todo caso, si lo considera necesario, la comisión de valoración podrá:
[...]
d)  Solicitar informe o testimonio de personas... (resto igual), siempre dentro del 
marco de respeto a los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección 
de los datos de carácter personal de las terceras personas que pudieran concurrir.
e)  Llevar a cabo cuantas actuaciones estime precisas en orden a la más completa 
resolución de los expedientes.
[...]
4.  Las entidades públicas y personas privadas relacionadas con el cumplimiento de 
los objetivos de la comisión de valoración habrán de prestarle la colaboración que les 
sea requerida al objeto de posibilitar la más completa resolución de los expedientes 
tramitados al amparo de esta ley. (resto igual).
8.  Para ello, la comisión... realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la 
vulneración de los derechos humanos de la víctima...»
El precepto se impugna por no evitar que la resolución concreta que se dicte implique 
el esclarecimiento de hechos delictivos en detrimento de la jurisdicción penal, a lo que se 
añade que las garantías respecto del respeto de los derechos de terceros recogidos en 
los  arts.  18  y  24  CE  no  van  a  ser  efectivas,  como  tampoco  lo  será  la  declarada 
preeminencia de la jurisdicción penal, por cuanto se admite la posibilidad de acreditar el 
supuesto de hecho sin procedimiento judicial previo.
A la vista de la coincidencia objetiva entre los dos recursos de inconstitucionalidad, 
cabe  recordar  la  interpretación  conforme  que  en  relación  con  el  art.  cuarto  de  la 
Ley 5/2019 realizamos en el fundamento jurídico 10 de la STC 83/2020, de 15 de julio. 
De  acuerdo  con  ella,  la  referencia  de  la  norma  autonómica  «a  la  más  completa 
resolución de los expedientes», que se emplea en los arts. 14.2 e) y 14.4 «no puede ser 
entendida sino en el propio contexto que diseña la Ley 12/2016, en la modificación 
llevada a cabo por la Ley 5/2019, en el sentido de que, a partir de la documentación 
aportada  por  el  solicitante,  se  acomete  la  tarea  reservada  a  la  comisión  que  es 
determinar  precisamente  la  relación  de  causalidad  existente  entre  los  hechos  y  la 
producción del resultado dañoso. Relación de causalidad imprescindible para que se 
produzca la compensación regulada en la norma vasca, pero sin que ello implique 
indagación alguna sobre los concretos responsables de los daños compensados, más 
allá, y fuera de lo declarado en resoluciones judiciales y administrativas que vinculan a la 
comisión, de lo previsto con carácter general e indeterminado en el art. 2.2 b) en relación 
con la condición de funcionarios públicos o de particulares de los participantes en la 
producción del resultado dañoso» (STC 83/2020, FJ 10).
Por tanto, la doctrina de este tribunal «no impide que la condición de víctima se 
reconozca y los beneficios se dispensen en ausencia de pronunciamiento judicial (pues, 
de existir, hay que atenerse a este), siempre que la actuación administrativa que lleve a 
dicho reconocimiento no interfiera en las potestades reservadas a los jueces y tribunales  e.
del orden penal» (STC 83/2020, FJ 10). w.b
Así, cabe reiterar que no hay declaración de responsabilidad respecto de los hechos  460ww
qreuaeli zsaer  pvraeloseranctaiónn  aa llgau ncoam qiuseió np.u eEdna  esl esri srteepmuata ddae  clao mLeoy j u1r2is/d2i0c1c6io nlaa lc, oremsiesiróvna dnao  pdoer beel 
acortn. d1u1c7t.a3s C pEu nai bloless  juye lcae sd eyt etrrimbuinnaacleiósn,  pduee ss un oa uleto críoar.r eDsep oensdtae  dmeacnlaerraar,  lnao e xsies tepnocniea  edne 
cuestión la investigación del eventual delito y la verificación pública de su comisión y 
circunstancias y de su posible autor que es tarea exclusiva del Poder Judicial.
En suma, y como dispusimos en el fundamento jurídico 10 de la STC 83/2020, «el 
artículo  cuarto  en  cuanto  da  nueva  redacción  al  art.  14  de  la  Ley  12/2016  no  es 
inconstitucional siempre que se entienda que i) las menciones ‘a la más completa 
resolución de los expedientes’, que se emplea en los arts. 14.2 e) y 14.4, no permiten 
una actividad indagatoria propia de la comisión de valoración, sino solamente que, a 
partir  de  la  documentación  aportada  por  el  solicitante  y  en  defecto  de  resolución 
administrativa  o  judicial,  se  determine  la  existencia  de  la  relación  de  causalidad 
necesaria para articular los mecanismos compensatorios previstos en la norma y ii) el 
resumen de los hechos del art. 14.8 se circunscribe a la apreciación del nexo causal que 
ha de existir entre tales hechos y el resultado dañoso alegado ante la comisión». La 
presente interpretación será, como entonces, llevada al fallo.
Igualmente, tampoco es posible apreciar la falta de garantías en relación con el 
respeto a los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de los 
datos de carácter personal de las terceras personas. Como ya recordamos «la actividad 
de  la  comisión  debe  desarrollarse  en  todo  momento  sin  lesionar  los  derechos 
fundamentales y libertades públicas de la persona, que nuestra Constitución declara 
‘fundamento del orden político y de la paz social’ (art. 10.1 CE) y ‘que son vinculantes 
para todos los poderes públicos de acuerdo con el artículo 53.1 CE y, en consecuencia, 
protegibles a través del recurso de amparo, según disponen los arts. 53.2 y 161.1 b) CE 
y 41 LOTC’» (STC 83/2020, FJ 10).
6.  Una vez examinadas las impugnaciones que son sustancialmente coincidentes 
con aquellas que se resolvieron por la STC 83/2020, se debe señalar que el presente 
recurso plantea, en relación con aquellos preceptos que fueron igualmente impugnados 
en  el  recurso  resuelto  por  la  STC  83/2020,  argumentos  nuevos  que  no  fueron 
examinados entonces y que, por tanto, deben ser abordados específicamente en la 
presente resolución.
a)  En  efecto,  se  invocan  como  lesionados  los  artículos  1.1,  9.1  y  16  de  la 
Constitución. El recurso argumenta por un lado su vulneración por parte de la exposición 
de motivos de la Ley 12/2016, de 28 de julio, y por otro por parte del artículo tercero de la 
Ley 5/2019, de 4 de abril, en cuanto establece una nueva redacción del apartado 1 del 
artículo 7 de la Ley 12/2016, de 28 de julio.
De acuerdo con el escrito de recurso, el derecho a la verdad –que se encuentra 
recogido en el art. 7.1 de la Ley 12/2016, modificado por el art. tercero de la Ley 5/2019– 
consistiría en que una comisión administrativa dirigida por el Gobierno Vasco calificaría 
como víctimas a quienes no lo han sido y no han conseguido la calificación de víctimas a 
través de los procedimientos jurisdiccionales legalmente establecidos y condenaría como 
culpables de violaciones a los derechos humanos a quienes no han sido calificados 
como culpables a través de los procedimientos jurisdiccionales legalmente establecidos, 
lo que «supone la afirmación abierta de que España no es un Estado de Derecho –art. 1 
CE– y que los poderes públicos no están sometidos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico –art. 9.1 CE–». El hecho de que la comisión de valoración del 
Gobierno  Vasco  establezca  «la  verdad  oficial  sobre  las  vulneraciones  de  derechos 
humanos» es lo que fundamentaría, a juicio de los recurrentes, la lesión de la libertad 
ideológica, así como de la prohibición de que ninguna ideología ni ninguna religión tenga 
carácter estatal, art. 16 CE. e
En primer lugar, es doctrina consolidada de este tribunal que las pretensiones de  bo
declaración de inconstitucionalidad y nulidad de párrafos o apartados del preámbulo o la  460ww
leaxsp oesxipcoiósnic dioen emso tdiveo sm doetiv uonsa d lee yl adse bleeyne sse cr arreeccheanz addea sv aalo lirm ninoerm, pautiveos  lyo sn op repáumedbeunlo sse or 
FobJ je7t;o 1 d1i6re/1c9to9 9d,e d uen 1 r7e cduer sjuon dioe,  iFnJc o2n; s9ti9tu/2c0io1n2a, ldidea d8  (dSeS mTCay 3o6, /F1J9 821, ,y d 1e0 142/2 d0e1 5n,o dveie m18b rdee, 
mayo, FJ 3).
En segundo lugar, el presupuesto en el que se basa la impugnación del artículo 
tercero de la Ley 5/2019, de 4 de abril, en cuanto establece una nueva redacción del 
apartado 1 del artículo 7 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, sería que el denominado 
derecho a la verdad en virtud de lo previsto en la Ley impugnada, no sería consecuencia 
del funcionamiento de los tribunales en un Estado de Derecho sino de la decisión del 
Gobierno Vasco a través de una comisión de valoración que calificaría como víctimas a 
quienes no lo han sido y no han conseguido la calificación de víctimas a través de los 
procedimientos jurisdiccionales legalmente establecidos; y condenaría como culpables 
de  violaciones  de  los  derechos  humanos  a  quienes  no  han  sido  calificados  como 
culpables a través de los procedimientos jurisdiccionales legalmente establecidos.
Rechazado el presupuesto en el que se basa la impugnación no cabe sino rechazar 
la misma sin mayor argumentación, pues como ya estableció la STC 83/2020, en sus 
fundamentos jurídicos 7 y 8, –cuyo contenido sustancial ha quedado recogido en los 
anteriores fundamentos jurídicos de la presente resolución–; el sistema asistencial fijado 
en  la  Ley  12/2016,  y  que  modifica  la  Ley  5/2019,  no  buscaría  la  depuración  de 
eventuales  responsabilidades  penales  o  administrativas  sino  la  asistencia  social  a 
aquellas personas en situación de necesidad en tanto que han sufrido las consecuencias 
de determinados hechos.
b)  Asimismo, el presente recurso considera vulnerados los principios de seguridad 
jurídica, publicidad de las normas e interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos  reconocidos  en  el  art.  9.3  CE  por  la  técnica  normativa  empleada  por  la 
Ley 5/2019, de 4 de abril, para modificar la Ley 12/2016, de 28 de julio, que hace que no 
quede claro cómo queda la redacción final de los preceptos modificados.
Los  razonamientos  de  los  recurrentes  giran  fundamentalmente  en  torno  a  la 
pretendida infracción del principio constitucional de seguridad jurídica. En cuanto a las 
también alegadas vulneraciones de la publicidad de las normas y de la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos, el recurso se limita a afirmar que se infringen esos 
principios constitucionales porque «no queda claro cómo queda la redacción final de los 
preceptos modificados». Así planteados, los reproches en relación con la publicidad y la 
arbitrariedad que los recurrentes dirigen a los preceptos impugnados de la Ley 5/2019 
carecen de sustantividad propia que los diferencie de la tacha de inconstitucionalidad 
basada en la infracción del principio de seguridad jurídica.
Para determinar si los referidos preceptos impugnados de la Ley 5/2019 vulneran el 
principio  de  seguridad  jurídica  garantizado  por  el  art.  9.3  CE  ha  de  tomarse  en 
consideración  que,  conforme  a  la  doctrina  de  este  tribunal  [sintetizada  en  las 
SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 9, y 2006/2013, de 5 de diciembre, FJ 8, entre 
otras,  y  recientemente  reiterada  en  la  STC  81/2020,  de  15  de  julio,  FJ  14  b)],  la 
seguridad jurídica ha de entenderse como la «certeza sobre el ordenamiento jurídico 
aplicable y los intereses jurídicamente tutelados» (STC 156/1986, de 31 de enero, FJ 1), 
procurando «la claridad y no la confusión normativa» (STC 46/1990, de 15 de marzo, 
FJ 4), así como «la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser 
la actuación del poder en la aplicación del Derecho» (STC 36/1991, de 14 de febrero, 
FJ 5). En definitiva, «solo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan, y teniendo en 
cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones 
de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios 
una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su 
cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma 
infringe el principio de seguridad jurídica» (SSTC 96/2002, de 25 de abril, FJ 5; 93/2013,  s
de 23 de abril, FJ 10, y 161/2019, de 12 de diciembre, FJ 4, por todas). oe.
De  acuerdo  con  esta  doctrina  constitucional,  no  cabe  apreciar  la  infracción  del  w.
principio de seguridad jurídica, entendido en su sentido más básico como «claridad y  460ww
cseerntteidzoa  edse lc lDareor eyc hcioe»rt,o e. nL alo pso spirbelcee epxtoisste inmcpiau gdnea udnoas  ddeef iclaie nLceiya  e5n/2 0la1 t9é,c pnuiceas tleog qisulaet ivsau 
peamrpélnetaedsais,   [r.e..c],u ryri eennd o otara sr eocucarssoiosn ecso maoc otlaocsi onpeusn,t onso  siumsppiednes ivcoosn,o cae r veelc ecso necnretrteo   BOE-A-cable e
contenido  de  la  modificación  realizada.  La  forma  como  se  recoja  o  se  plasme  la 
modificación constituye una cuestión de mera técnica legislativa que no le corresponde 
valorar a este tribunal. Por todo ello, cabe concluir, que la Ley 5/2019 no contraviene los 
principios  de  seguridad  jurídica,  publicidad  de  las  normas  e  interdicción  de  la 
arbitrariedad de los poderes públicos reconocidos en el art. 9.3 CE.
c)  Finalmente,  el  presente  recurso  considera  que  los  preceptos  impugnados 
vulnerarían la distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma. 
Así,  subrayan  los  recurrentes  que  la  atribución  a  un  órgano  administrativo  de 
competencias  de  naturaleza  jurisdiccional  vulnera  las  competencias  exclusivas  del 
Estado en materia de administración de Justicia –art. 149.1.5 CE– y legislación penal y 
procesal –art. 149.1.6 CE–. Asimismo, los actos que vulneren derechos humanos son 
hechos antijurídicos que pueden ser considerados como delito por el órgano judicial 
competente  y  que  también  pueden  llevar  acarreada  una  sanción  administrativa  y 
disciplinaria. En este último caso la Ley impugnada vulneraría el artículo 149.1.18 CE, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de 
las  administraciones  públicas  y  del  régimen  estatutario  de  los  funcionarios  y  el 
procedimiento administrativo común, al permitir que la determinación de la existencia de 
violaciones de derechos humanos constitutivas de infracciones administrativas se haga 
fuera  de  los  cauces  de  los  procedimientos  sancionadores  o  disciplinarios 
correspondientes,  donde  correspondería  pronunciarse  sobre  la  misma  a  la 
administración competente en cada caso, y habría de cumplirse con las exigencias del 
procedimiento administrativo común en lo que al ejercicio de la potestad sancionadora se 
refiere.
Asimismo, señalan los recurrentes que el establecimiento de una obligación de 
colaboración a las instituciones públicas hace referencia indirectamente a funcionarios 
públicos pertenecientes a otras administraciones como pueden ser, señaladamente, los 
miembros  de  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del  Estado,  lo  que  afecta  a  la 
competencia  estatal  exclusiva  en  materia  de  seguridad  pública  establecida  en  el 
art. 149.1.29 CE.
Los  argumentos  que  sustentan  la  vulneración  competencial  se  encuentran 
directamente relacionados con el argumento de que la comisión de valoración creada en 
la  Ley  12/2016,  desarrollaría  funciones  propias  de  la  jurisdicción  penal  por  lo  que 
invadiría la reserva de la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado 
contemplada en el art. 117 CE.
Una vez se ha rechazado, en los precedentes fundamentos jurídicos, este último 
argumento  por  considerarse  que  el  deslinde  entre  la  tarea  administrativa  de 
reconocimiento y compensación respecto a la investigación y persecución de hechos 
delictivos es suficientemente claro en la norma impugnada no cabe sino rechazar la 
alegación de vulneración de la distribución de competencias.
En efecto, y como ya concluimos en las STC 83/2020, el nexo causal entre hecho y 
daño  se  configura  como  presupuesto  de  un  sistema  asistencial  fijado  en  favor  de 
determinadas  personas,  netamente  diferenciado  de  la  depuración  de  eventuales 
responsabilidades  penales  por  dichos  hechos.  Así,  las  actuaciones  públicas  que 
procuran  la  protección  de  las  víctimas  y  su  asistencia  no  han  de  orientarse 
prioritariamente a la investigación de posibles ilícitos penales, ni a la identificación y 
eventual castigo de sus autores, sino, más precisamente, a la fijación del nexo causal 
entre  determinados  hechos,  la  producción  del  resultado  dañoso  y  la  situación  de 
necesidad o atención de la que se hace merecedora determinada persona, en tanto que  s
ha sufrido las consecuencias de los mismos. oe.
Por  tanto,  una  vez  establecido  lo  anterior,  y  en  lo  que  se  refiere  al  encaje  w.
competencial de la norma recurrida, tanto la Ley 5/2019 como la Ley 12/2016 que la  460ww
ppreimrseornaa sm  qoudeif iccao, minos tiytuay eens taubnl ecsiióst elma aS TaCsi st8e3n/c2i0a2l 0f ijandoo  beuns cfaarvíao r lad ed edpeuterarmciiónna ddaes 
veuvlennetruaaclieósn  rdees ploonss aarbtisli.d a1d4e9s.1 .p5e nya 1le4s9 .–1p.6o rC loE –q uoe a sdem idneisbtera trievcahsa –zapro re nlo  eqsutee  pseu ndtoe blea   BOE-A-cable e
igualmente rechazar la vulneración del art. 149.1.18 CE–, sino la asistencia social a 
aquellas personas.
Asimismo,  las  previsiones  de  la  Ley,  de  carácter  resarcitorio,  se  insertan  sin 
dificultad, como señala el representante legal del Gobierno Vasco, en el ámbito de los 
servicios sociales, a la vista de que responden a una situación o carencia real en la 
población beneficiaria de las prestaciones, situación que se pretende reconocer y aliviar. 
Ámbito,  el  de  la  asistencia  social,  sobre  el  que  la  Comunidad  Autónoma  ostenta 
competencia de acuerdo con el artículo 10.12 de su Estatuto de Autonomía.
Finalmente y de acuerdo con la doctrina sentada en la STC 83/2020 «el deber de 
colaboración de las entidades públicas y privadas que se relaciona con el cumplimiento 
de los objetivos de la comisión del art. 14.4 se conecta con el genérico deber de 
colaboración de los particulares con la administración, contemplado en el art. 18 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas y al mismo le es de aplicación el principio de garantía de 
derechos  de  las  terceras  personas  que  contempla  tanto  la  Ley  12/2016  como  su 
desarrollo reglamentario». Asimismo, en cuanto a las administraciones se refiere, sería 
una  proyección  del  principio  de  cooperación,  colaboración  y  coordinación  entre  las 
administraciones públicas contenido en los arts. 3.l k) y 140.1c) y, más particularmente, 
el art. 141, todos ellos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector 
público. Todo ello supone que tampoco se produzca la vulneración de la competencia 
estatal exclusiva en materia de seguridad pública establecida en el art. 149.1.29 CE.
Por  tanto,  la  impugnación  por  motivos  competenciales  debe  ser  igualmente 
desestimada.
7.  Cabe finalmente examinar la impugnación de la disposición adicional única de la 
Ley  5/2019,  de  4  de  abril.  Impugnación  que  no  se  recogía  en  el  recurso  resuelto 
mediante la STC 83/2020.
De acuerdo con la disposición impugnada:
«Se abre un nuevo plazo extraordinario de doce meses, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, para que se acojan a ella todas aquellas personas que, aun 
cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, no 
hubieran solicitado su reconocimiento y reparación o lo hubieran hecho fuera de plazo.»
La  impugnación  de  la  disposición  no  tiene  una  argumentación  específica  y  se 
impugnaría por las mismas razones por las que se impugnan el resto de preceptos de la 
Ley 5/2019, porque afirman los recurrentes que la comisión de valoración creada en la 
Ley 12/2016, de 28 de julio, y a la que se sigue refiriendo la Ley 5/2019, de 4 de abril, 
desarrollaría funciones propias de la jurisdicción penal en la investigación de hechos que 
pueden ser constitutivos de delitos –aunque puedan estar prescritos–, cuyos autores 
serían considerados socialmente como delincuentes –con independencia de que, por el 
instituto de la prescripción, no se les pudiera aplicar la correspondiente pena–, por lo que 
la Ley invadiría la reserva de la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado contemplada en el art. 117 CE.
Sin embargo, la disposición adicional única de la Ley 5/2019, de 4 de abril, de 
modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, no se 
refiere estrictamente al procedimiento que se crea en la referida Ley 12/2016, de 28 de  s
julio, para la cobertura a las víctimas producidas con posterioridad al año 1978 y hasta el  oe.
dcaaoeññn oo1s s21e  9c1d9u9e9e6 j,n0u c pniyuiao e ,1s dd9 eel7a  8 dm leaeci snlamv rueaalln  csceióeorna nr ctyeei ófxrienetor pe ad draeael  c pislóaruon sc v deioeddl eeilmanrescie civanhí tcoodts iem r ehamgusuo mldtaieavd naosoc ueisófr,nn im  eppilre ooDnldítetouiccscra iedi ntavoju i vs1eitd0ona7str / e2ce 0on1m lo2laos,     2020-13460n https://www.
Comunidad Autónoma del País Vasco; y que precisamente establece un procedimiento
destinado a dar cobertura y reparar a las víctimas de un periodo distinto al que da 
cobertura la Ley 12/2016.
En efecto, el objeto del Decreto 107/2012, de 12 de junio, es como afirma su art. 1 
«el establecimiento del procedimiento y los requisitos para la declaración de la condición 
de víctima, y la reparación de los sufrimientos injustos producidos como consecuencia de 
la vulneración de sus derechos humanos, en el contexto de la violencia de motivación 
política sufrida en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978». Se trata de un periodo de 
tiempo anterior al que cubre la Ley 12/2016, que precisamente tiene por objeto «la 
configuración de los derechos al reconocimiento y, en su caso, a la reparación de las 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia 
de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde el 29 de 
diciembre de 1978 al 31 de diciembre de 1999».
Así, tal y como se explica en la exposición de motivos de la Ley 12/2016, de 28 de 
julio, «el Pleno del Parlamento Vasco aprobó, el 31 de marzo de 2011, la proposición no 
de ley 61/2011, sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos 
injustos  producidos  en  un  contexto  de  violencia  de  motivación  política.  En  esta 
proposición,  el  parlamento  instó  al  Gobierno  Vasco  a  poner  en  marcha  medidas  y 
actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas, y a la reparación de su 
sufrimiento, lo que, en su momento, se materializó en el Decreto 107/2012, de 12 de 
junio,  de  declaración  y  reparación  de  las  víctimas  de  sufrimientos  injustos  como 
consecuencia  de  la  vulneración  de  sus  derechos  humanos,  producida  entre  los 
años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política, vivida en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco durante la dictadura franquista. Fue un primer 
paso que tenía un ámbito temporal limitado, dejando para un ulterior momento legislativo 
la extensión de esta política de acompañamiento a las víctimas».
Es  precisamente  la  Ley  12/2016,  de  28  de  julio,  «la  continuación  del  camino 
entonces emprendido y la plasmación de la voluntad de atender a las víctimas de 
vulneraciones de derechos humanos a partir del 29 de diciembre de 1978».
La disposición adicional única de la Ley 5/2019, de 4 de abril, que es la que ha sido 
impugnada en el presente proceso, abre un nuevo plazo extraordinario de doce meses a 
partir de la entrada en vigor de la Ley, para que se acojan al mismo todas aquellas 
personas que, aun cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Decreto 107/2012, 
de 12 de junio, no hubieran solicitado su reconocimiento y reparación o lo hubieran 
hecho fuera de plazo, pues, en efecto, el art. 9 del referido Decreto 107/2012, estableció 
«el plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto» para poder dirigir 
las solicitudes a la Dirección de Derechos Humanos de Lehendakaritza-Presidencia del 
Gobierno.
Examinado el contenido de la disposición adicional única de la Ley 5/2019, de 4 de 
abril, se hace evidente la falta patente de argumentación específica con relación al 
precepto, pues la misma se refiere al procedimiento y a la comisión de valoración 
creados en la Ley 12/2016, lo que no permite entender levantada la carga alegatoria en 
este proceso constitucional, no pudiendo este tribunal reconstruir de oficio la demanda ni 
suplir  las  razones  del  recurrente  [por  todas,  SSTC  85/2016,  de  28  de  abril,  FJ  2, 
y 142/2018, de 20 de diciembre, FJ 2 b), y las en ellas citadas].
En efecto, es doctrina constitucional reiterada que la obligación del recurrente de 
levantar la carga alegatoria en todos los procesos ante este tribunal supone no solo una 
exigencia  de  colaboración  con  la  Justicia,  sino  además  una  condición  inexcusable  s
inherente a la propia presunción de constitucionalidad de las normas con rango de ley,  oe.
que no puede desvirtuarse sin un mínimo de argumentación. De ahí que en un proceso  w.
constitucional no pueda darse respuesta a impugnaciones globales carentes de una  460ww
rdaez ó2n3  sduef icaibernilt,e FmJe n1t1e;  d4e4s/2a0rr1o5ll,a ddea  5[S dSeT Cm a1r0z0o/,2 0F1J3 4, ;d 3e1 2/230 1d6e,  adber il1, 8F Jd e2  fce)b; r1e0ro1,/ 2F0J1 32,; 
F85J /22 0e1)6, ,e dnetr e2 8o tdraes a mbruilc, hFaJs 2].; 140/2016, de 21 de julio, FJ 2, y 27/2017, de 16 de febrero,  BOE-A-cable e
La disposición adicional impugnada simplemente reabre el plazo para solicitar el 
reconocimiento y reparación previsto en el Decreto 107/2012. Los recurrentes debían 
justificar las razones por las que consideran que tal reapertura para el reconocimiento y 
reparación recogida en una norma con rango de ley es en sí misma inconstitucional, sin 
que quepa, por cierto, que al hilo de la impugnación de tal reapertura se pretenda que 
este tribunal entre a examinar la constitucionalidad del contenido sustantivo de una 
norma infralegal, el Decreto 107/2012, que podría, en su caso, ser impugnada a través 
de los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico.
La desestimación de la impugnación de la disposición adicional única por falta de 
carga alegatoria no es óbice para recordar que al procedimiento de reconocimiento y 
reparación del Decreto 107/2012, que ha quedado reabierto por la disposición adicional 
única de la Ley 5/2019, y específicamente a la actuación de la comisión que la propia 
norma reglamentaria prevé, le es aplicable, en todo caso, la doctrina recogida en la 
presente sentencia, y que remite a aquella desarrollada en las SSTC 85/2018 y 83/2020, 
en virtud de la cual el reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas en 
ningún caso se puede articular a través de una comisión a la que se le encomiende la 
investigación y fijación de hechos constitutivos de delito, al margen del Poder Judicial y 
con potestad para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Declarar que el art. 7.1 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y 
reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la 
violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 
y 1999, en la redacción dada por el artículo tercero de la Ley 5/2019, y las menciones «a 
la más completa resolución de los expedientes», de los arts. 14.2 e) y 14.4, y a que «la 
Comisión… realizará un resumen de los hechos», del art. 14.8 de la Ley 12/2016, en la 
redacción  dada  por  el  artículo  cuarto  de  la  Ley  5/2019,  no  son  inconstitucionales 
interpretados en los términos de los apartados a) y b) del fundamento jurídico 5.
2.º  Desestimar en todo lo demás el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
más de cincuenta senadores del grupo parlamentario Popular en el Senado contra los 
artículos primero, segundo, tercero, cuarto y la disposición adicional única de la Ley del 
País Vasco 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de 
reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el 
contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco entre 1978 y 1999.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–
Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer 
Callejón.–Firmado y rubricado. es
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia  460ww
Con el mpráoxniumnoc iraedsap eetno  eal  rleac ouprsinoi ódne  minacoyonrsittiaturicai odnea lmidiasd c noúmmp.a 4ñ4e1ro7s-2 d0e1l9 Pleno en la
que se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica
desarrollada en los apartados a) y b) del fundamento jurídico 5 y el apartado primero del  Bc
fallo en que se sostiene la constitucionalidad de determinados preceptos solo en la 
medida  en  que  sean  interpretados  en  los  términos  de  los  citados  apartados  del 
fundamento jurídico 5.
Esta declaración de constitucionalidad limitada a la interpretación aportada en los 
apartados a) y b) del fundamento jurídico 5 es idéntica a la declaración que se hizo en la 
STC 83/2020, de 15 de julio, respecto de esos mismos preceptos en su fundamento 
jurídico 10 y el apartado primero de su fallo. En el voto particular que formulé a la citada 
STC 83/2020 expuse que esa opinión de la mayoría del Pleno en que se sustenta la 
sentencia  tenía  como  fundamento,  a  su  vez,  los  razonamientos  sostenidos  en  la 
STC  85/2018,  de  19  de  julio,  respecto  de  los  que  ya  había  hecho  expresa  mi 
discrepancia en el voto particular formulado a dicha resolución. Por tanto, de nuevo, 
como hice en el voto particular a la STC 83/2020, me remito a lo que expuse en el voto 
particular a la STC 85/2018 para justificar las razones por las que disiento del fallo 
interpretativo contenido en el apartado primero.
Madrid,  a  veintidós  de  septiembre  de  dos  mil  veinte.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la 
sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4417-2019
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría reflejada en la 
sentencia,  formulo  el  presente  voto,  dejando  constancia  de  mi  discrepancia  con  la 
argumentación contenida en el fundamento jurídico 5 b) de la sentencia.
Este fundamento, a la vista de la coincidencia objetiva entre el presente recurso y el 
recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  3413-2019,  interpuesto  por  más  de  cincuenta 
diputados del grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados contra 
la  misma  Ley  del  Parlamento  Vasco,  se  remite  al  fundamento  jurídico  10  de  la 
STC  83/2020,  de  15  de  julio,  que  resolvió  aquel  recurso  de  inconstitucionalidad, 
realizando una interpretación conforme con la Constitución del art. 14, apartados 2 e), 4 
y 8, de la Ley del Parlamento Vasco 12/2016, de 28 de julio, en la redacción dada por el 
art. 4 de la Ley 5/2019, de 4 de abril.
El voto particular que formulé a la STC 83/2020, se centraba en manifestar mi 
discrepancia  con  el  fundamento  jurídico  10  de  la  misma,  y  a  él  me  remito  en  su 
integridad, reiterando tal discrepancia. Y, del mismo modo en que lo manifesté entonces, 
comoquiera que el análisis de la constitucionalidad de los preceptos impugnados se 
realiza  a  partir  de  la  doctrina  establecida  en  la  STC  85/2018,  de  19  de  julio,  en 
coherencia con la disconformidad que, en su día, mostré también frente a dicha doctrina, 
he  de  dejar  constancia  de  nuevo  de  mi  postura  discrepante  respecto  a  tal 
fundamentación, remitiéndome a las razones expuestas, con mayor detalle, en el voto 
particular que formulé a la referida STC 85/2018.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.