BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 24 Jueves 28 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 8448
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
1227 Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Valencia n.º 6, a la práctica de una anotación 
preventiva de embargo.
En el recurso interpuesto por doña R.A.V.T., en nombre y representación de la 
comunidad de propietarios del edificio situado en la calle (…) de Valencia, contra la 
negativa de la registradora de la propiedad de Valencia número 6, doña Fátima-María 
Azpitarte Santos, a la práctica de una anotación preventiva de embargo.
Hechos
I
En el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia se tramitó procedimiento 
de ejecución de títulos judiciales número 819/2020 promovido por la comunidad de 
propietarios del edificio situado en la calle (…) de Valencia contra doña C.J.S., y el día 30 
de julio de 2020 se dictó decreto por la letrada de la Administración de Justicia del 
indicado Juzgado, doña M. R. S., en virtud del cual se acordó el embargo de la finca 
número 61.409 del Registro de la Propiedad número 6 de Valencia, consistente en una 
vivienda inscrita a nombre de la persona contra la que se dirigía el mismo, doña C.J.S., 
para su sociedad de gananciales con su esposo, don C.F.G.. En cumplimiento del 
señalado  decreto  se  libró  mandamiento  al  Registro  de  la  Propiedad  número  6  de 
Valencia  el  30  de  julio  de  2020  para  la  correspondiente  anotación  preventiva  del 
embargo.
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad número 6 de Valencia, 
fue objeto de la siguiente calificación negativa:
«Previo examen del precedente mandamiento, presentado el 30 de julio de 2020, 
asiento 212 del diario 75, entrada 1703/ 2020 se acuerda su calificación definitiva, en 
base a los siguientes:
Hechos.
En el Juzgado de Primera Instancia número Doce de Valencia, se tramita proceso de 
Ejecución de Títulos Judiciales número 819/2.020, a instancia de la Comunidad de 
Propietarios de la calle (…) de Valencia, frente a doña C.J.S. En decreto de fecha 30 de 
julio de 2020 se acuerda el embargo de la finca registral 61.409.
Defecto advertido y fundamentos de derecho.
Del examen de los antecedentes del Registro, resulta que la finca embargada está  oe.
inscrita a favor de la demandada doña C.J.S. y de su esposo don C.F.G., en pleno  w.
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procedimiento al cónyuge no demandado don C.F.G. –artículos 144 del Reglamento
Hipotecario y 541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil–. Bc
De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se acuerda, 
con fecha de hoy suspender la anotación ordenada, calificándose el defecto advertido 
como subsanable.
Contra la presente calificación negativa, cabe: (…).
Valencia, 24 de septiembre de 2020.
La Registradora. Fdo.: Fátima Azpitarte Santos [firma ilegible].»
III
Mediante escrito que causó entrada en el Registro de la Propiedad número 6 de 
Valencia el día 20 de octubre de 2020, doña R.A.V.T., en nombre y representación de la 
comunidad de propietarios del edificio situado en la calle (…) de Valencia, interpuso 
recurso contra la anterior calificación, en el que expresa lo siguiente:
«(…) Se recurre la calificación negativa de solicitud de anotación preventiva de 
embargo proveniente de título ejecutivo del Juzgado N.º 12 de Valencia Procedimiento 
ETJ 819/2020 dimanante de procedimiento monitorio 1678/2019.
El procedimiento monitorio se dirigió frente a los dos miembros de la comunidad 
ganancial, siendo que por parte del Juzgado se comunicó el fallecimiento de don C.F.G., 
resultando la imposibilidad material procesal de continuar el procedimiento frente a esta 
persona. Resultando el carácter de la deuda solidario y habiendo fallecido uno de los 
miembros,  esta  parte  entiende  ajustado  a  derecho  la  inscripción  de  la  anotación 
preventiva de embargo.
Solicito. Se rectifique la calificación negativa y se proceda a la notificación preventiva 
de embargo solicitada por el Juzgado. (…).»
Junto con el referido escrito de recurso se acompañaron, entre otros documentos, 
auto de 15 de enero de 2020 por el que declara la falta de capacidad para ser parte de 
don C.F.G. por fallecimiento; unas diligencias de notificación, requerimiento, y diligencia 
negativa; consulta de defunción dirigida al Registro Civil y una notificación “Lexnet”.
IV
Mediante escrito de 23 de noviembre de 2020, la registradora de la propiedad elevó 
el expediente, con su informe, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 2, 18, 20, 42.6.º, 46 y 326 de la Ley Hipotecaria; 397, 1058, 
1067,1083, 1344, 1347, 1373, 1374, 1375, 1401 y 1404 del Código Civil; 541 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil; 100, 144 y 166 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 1 y 8 de febrero de 2016 y 17 de enero de 2018; y las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de julio de 1971, 8 de julio 
de 1991, 12 de febrero de 1998, 10 de junio de 2000, 16 de marzo y 23 de diciembre 
de 2002, 23 de abril, 5 de mayo y 25 de junio de 2005, 30 de enero, 24 de febrero, 5 de 
julio y 18 de noviembre de 2006, 21 de febrero, 28 de mayo y 15 y 19 de octubre 
de 2007, 16 de enero, 17 de marzo, 2 de junio y 6 de noviembre de 2009, 21 de abril, 16 
y 17 de agosto de 2010, 11 de julio de 2011, 4 de octubre de 2012, 19 de febrero, 5 de  e.e
julio y 11 de diciembre de 2013, 6 de marzo, 13 de octubre y 12 de diciembre de 2014,  b
21 de diciembre de 2016, 16 de febrero y 17 de mayo de 2017, 1 y 6 de junio de 2018,  27ww
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noviembre de 2020.
1.  Este recurso tiene por objeto una calificación de la registradora de la propiedad 
de Valencia número 6 por la que suspende la práctica de una anotación de embargo 
ordenada  en  un  mandamiento  librado  en  un  procedimiento  de  ejecución  de  títulos 
judiciales, seguido contra la titular de una de las viviendas de determinado edificio en 
régimen  de  propiedad  horizontal  por  deudas  con  la  comunidad  de  propietarios.  La 
referida  vivienda  figura  inscrita  a  nombre  de  dicha  señora  para  su  sociedad  de 
gananciales.
La registradora expresa en su calificación que no cabe la práctica de la anotación de 
embargo porque no consta que al esposo de la demandada se le haya notificado el 
embargo (conforme a los artículos 144 del Reglamento Hipotecario y 541 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil).
La recurrente alega que el esposo de la demandada falleció y por ello no era posible 
continuar el procedimiento contra él. Alega que, resultando el carácter solidario de la 
deuda y habiendo fallecido uno de los miembros de la comunidad ganancial, debe 
entenderse ajustada a derecho la práctica de la anotación preventiva de embargo. 
Aporta, junto al escrito de impugnación, un auto por el que se declara la falta de 
capacidad para ser parte en el procedimiento de dicho cónyuge, por haber fallecido.
2.  Como  cuestión  procedimental  previa  debe  recordarse  que,  conforme  al 
artículo  326,  párrafo  primero,  de  la  Ley  Hipotecaria,  el  recurso  debe  recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 
calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. Dado que el objeto del 
expediente de recurso contra las calificaciones de los registradores de la propiedad es 
exclusivamente determinar si la calificación es o no ajustada a derecho, dicho recurso 
debe resolverse atendiendo únicamente a la documentación presentada al tiempo en 
que se produjo la calificación, sin que puedan valorarse los documentos que se aporten 
con el escrito de impugnación y no se presentaron en el momento de la calificación 
impugnada (cfr., por todas, las Resoluciones de este centro Directivo de 13 de octubre 
de 2014 y 19 de noviembre de 2020, basadas en el contenido del referido precepto legal 
y en la doctrina del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de mayo de 2000).
Por tanto, es obligado rechazar cualesquiera pretensiones de la recurrente basadas 
en documentos, como la acreditación del fallecimiento del esposo de la demandada o el 
auto  declarativo  de  la  faltad  de  capacidad  procesal  del  mismo,  que  no  han  sido 
presentados para ser objeto de la calificación registral que ahora se recurre, y cuya 
presentación en debido tiempo y forma, tal y como afirma la registradora en su informe, 
habría motivado otra calificación distinta.
3.  Por lo que se refiere a la cuestión de fondo planteada en este expediente, el 
defecto expresado por la registradora e la calificación impugnada debe ser confirmado.
Según el artículo 144.1 del Reglamento Hipotecario: «Para que durante la vigencia 
de la sociedad conyugal sea anotable en el Registro de la Propiedad el embargo de 
bienes inscritos conforme a lo previsto en los apartados 1 o 4 del artículo 93 o en el 
apartado 1 del artículo 94, deberá constar que la demanda ha sido dirigida contra los dos 
cónyuges o que estando demandado uno de los cónyuges, ha sido notificado al otro el 
embargo». Por otra parte, el artículo 541.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece 
que: «Cuando la ejecución se siga a causa de deudas contraídas por uno de los 
cónyuges, pero de las que deba responder la sociedad de gananciales, la demanda 
ejecutiva podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor, pero el embargo de 
bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge, dándole traslado de la demanda  s
ejecutiva y del auto que despache ejecución a fin de que, dentro del plazo ordinario,  oe.
pueda oponerse a la ejecución. La oposición a la ejecución podrá fundarse en las  w.
mismas  causas  que  correspondan  al  ejecutado  y,  además,  en  que  los  bienes  27ww
egjaencaunccióianl.es  no  deben  responder  de  la  deuda  por  la  que  se  haya  despachado  la
probCaur anlad o relas poopnossaibciilóidna ds e dfeu ndloes  ebni eensetsa  úglatinmaan cciaaluessa. , Scio rrneos psoen dearcár eadli taarcar eeedsotar   BOE-A-cable e
responsabilidad, el cónyuge del ejecutado podrá pedir la disolución de la sociedad 
conyugal conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente».
A la luz del contenido de estos preceptos no cabe sino confirmar el criterio sostenido 
por la registradora en su calificación y desestimar el recurso, dado que para que resulte 
anotable un embargo sobre un bien inscrito con carácter ganancial, es imprescindible 
que la demanda se haya dirigido contra ambos esposos, o que, habiéndose demandado 
sólo al que contrajo la deuda, se le dé traslado de la demanda ejecutiva y del auto que 
despache ejecución al cónyuge no demandado.
Todo ello se entiende sin perjuicio de que, presentada nuevamente en el Registro de 
la Propiedad la documentación inicialmente calificada junto con la aportada junto al 
escrito de recurso, pueda ser objeto de examen y nueva calificación por la registradora. 
No obstante, cabe recordar la doctrina de esta Dirección General (cfr., por todas, la 
Resolución de 15 de septiembre de 2020) según la cual, a la hora de anotar un embargo 
sobre un bien ganancial en el periodo que media entre la disolución de la sociedad de 
gananciales y su liquidación, deben distinguirse tres hipótesis diferentes:
En  primer  lugar,  el  embargo  de  bienes  concretos  de  la  sociedad  ganancial  en 
liquidación,  el  cual,  en  congruencia  con  la  unanimidad  que  preside  la  gestión  y 
disposición de esa masa patrimonial (cfr. artículos 397, 1058, 1401 del Código Civil), 
requiere que las actuaciones procesales respectivas se sigan contra todos los titulares 
(artículo 20 de la Ley Hipotecaria).
En segundo lugar, el embargo de la cuota global que a un cónyuge corresponde en 
esa masa patrimonial, embargo que, por aplicación analógica de los artículos 1067 del 
Código  Civil  y  42.6  y  46  de  la  Ley  Hipotecaria,  puede  practicarse  en  actuaciones 
judiciales seguidas sólo contra el cónyuge deudor, y cuyo reflejo registral se realizará 
mediante su  anotación «sobre los inmuebles o  derechos que se especifique en el 
mandamiento  judicial  en  la  parte  que  corresponda  al  derecho  del  deudor»  (cfr. 
artículo 166.1.ª, «in fine», del Reglamento Hipotecario).
En tercer lugar, el teórico embargo de los derechos que puedan corresponder a un 
cónyuge sobre un concreto bien ganancial, una vez disuelta la sociedad conyugal, 
supuesto  que  no  puede  confundirse  con  el  anterior  pese  a  la  redacción  del 
artículo 166.1.ª, «in fine», del Reglamento Hipotecario, y ello se advierte fácilmente 
cuando se piensa en la diferente sustantividad y requisitos jurídicos de una y otra 
hipótesis. En efecto, teniendo en cuenta que el cónyuge viudo y los herederos del 
premuerto puedan verificar la partición del remanente contemplado en el artículo 1404 
del Código Civil, como tengan por conveniente, con tal de que no se perjudiquen los 
derechos del tercero (cfr. artículos 1058, 1083 y 1410 del Código Civil), en el caso de la 
traba de los derechos que puedan corresponder al deudor sobre bienes gananciales 
concretos,  puede  perfectamente  ocurrir  que  estos  bienes  no  sean  adjudicados  al 
cónyuge deudor (y lógicamente así será si su cuota puede satisfacerse en otros bienes 
gananciales de la misma naturaleza especie y calidad), con lo que aquella traba quedará 
absolutamente estéril; en cambio, si se embarga la cuota global, y los bienes sobre los 
que se anota no se atribuyen al deudor, éstos quedarán libres, pero el embargo se 
proyectará sobre los que se le haya adjudicado a éste en pago de su derecho (de modo 
que sólo queda estéril la anotación, pero no la traba). Se advierte, pues, que el objeto del 
embargo cuando la traba se contrae a los derechos que puedan corresponder a un 
cónyuge en bienes gananciales singulares carece de verdadera sustantividad jurídica; no 
puede ser configurado como un auténtico objeto de derecho susceptible de una futura 
enajenación judicial (cfr. Resolución de 8 de julio de 1991) y, por tanto, debe rechazarse  e.
su reflejo registral, conforme a lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Hipotecaria. w.b
confEirnm acro lnas ceacluifeicnacciiaó,n  eimstpau gDniraedcac.ión  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de enero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.