BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23619
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3352 Pleno.  Auto  17/2020,  de  11  de  febrero  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 4362-2017. Desestima una recusación en el recurso de 
inconstitucionalidad 4362-2017, planteada por el Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña en relación con diversos procedimientos que se tramitan ante 
este Tribunal.
ECLI:ES:TC:2020:17A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya 
Melgar,  don  Ricardo  Enríquez  Sancho,  don  Cándido  Conde-Pumpido  Tourón  y  la 
magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  en  el  incidente  de  recusación  del 
magistrado don Andrés Ollero Tassara en el recurso de inconstitucionalidad 4362-2017, 
planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos procedimientos que se 
tramitan ante este Tribunal, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 10 de diciembre de 2019, la 
abogada de la Generalitat de Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, 
planteó  la  recusación  del  magistrado  don  Andrés  Ollero  Tassara,  por  las  causas 
previstas en los apartados noveno y décimo del art. 219 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del poder judicial (LOPJ), en los siguientes procesos:
a)  Recurso de inconstitucionalidad núm. 4362-2017, planteado por el presidente del 
Gobierno contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 
de agosto, del código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, 
segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat.
b)  Recurso de inconstitucionalidad núm. 4814-2017, planteado por el presidente del 
Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, del 20 de septiembre, de la 
Agencia Catalana de Protección Social.
c)  Recurso de inconstitucionalidad núm. 5332-2017, planteado por el presidente del 
Gobierno contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 
de agosto, de comercio, servicios y ferias.
d)  Conflicto de competencia núm. 4088-2019, planteado por el Gobierno de la 
Generalitat en relación con diversos preceptos del Real Decreto 165/2019, de 22 de 
marzo, por el que se aprueba el reglamento de adopción internacional.
e)  Conflicto de competencia núm. 6116-2019, planteado por el Gobierno de la 
Nación en relación con el Acuerdo del Gobierno de la Generalitat GOV/90/2019, de 25  s
de junio, por el cual se aprueba el plan estratégico de acción exterior y de relaciones con  oe.
la Unión Europea 2019-2022 y se acuerda su envío al Parlamento de Cataluña. w.
seguLnad ore cduesl avcoióton  ppalartnicteualadr af otrrmaeu lacdaou spao rd eell  rceofnetreidnoid om adgeis tlroasd oa, peanrt ardeolasc iópnri mceorno  lay 
isnecnotnesntcitiuac i1o3n2a/li2d0a1d9 n, údme.  21535 7d-2e0 1n7o.v Eielm cbornete, ndidicot addea e spoosr  aepla rPtalednoos  eesn e le sl igrueiceunrtseo:  de  BOE-A-cable e
«1.  Mi discrepancia con la sentencia se funda en que con ella una exigua mayoría 
del Tribunal decide romper con una consolidada línea jurisprudencial, sin anunciarlo y sin 
ofrecer  al  respecto  motivación  alguna.  No  se  trata  de  que  olvide  anteriores 
pronunciamientos de hace décadas –que también– sino que actúa con similar soltura al 
ignorar una sentencia (en adelante STC) de este mismo año, como la 13/2019, de 31 de 
enero. Bien es verdad que el ponente de la que ahora analizamos –el que avisa no es 
traidor– ya había presentado un solitario voto particular futurista, que solo generó una 
adhesión, en el que mostró su ‘profunda preocupación por la deriva de la jurisprudencia 
constitucional,  característica  de  los  últimos  años,  favorable  a  la  recentralización  en 
materia  de  legislación  civil  a  través  de  la  preterición  de  los  Derechos  forales  o 
especiales’.
Previamente  me  había  tocado  a  mí  votar  en  contra  de  la  STC  95/2017,  que, 
mediante una brillante prestidigitación, deja a la enfiteusis embarazada hasta el punto de 
hacerle dar a luz a una novedosa criatura: la propiedad temporal. Ya lamenté entonces 
que los padres políticos de la operación no hubieran aprovechado su presencia en las 
Cortes Generales para, vía proposición de ley, poner tal invento al servicio de todos los 
españoles. Se trataba, por el contrario, de aportar una modesta pieza a un código civil 
paralelo, ahora sustanciosamente recrecido.
Lo llamativo es que en este caso ha logrado apoyo mayoritario, si bien es verdad que 
con  algún  reconocimiento  de  profundas  dudas  de  constitucionalidad,  superadas 
disfrazando de Realpolitik al mero fatalismo, para conjurar todo riesgo de melancolía, y 
apelando a un sentido práctico que cobraba aire darwinista.
Hace ya años que, en ámbito académico, escribí sobre Savigny y su Volksgeist, 
consciente de que no actuaba como colegislador sino haciendo historia del Derecho. 
Desde esa perspectiva considero una aportación positiva de nuestra Constitución haber 
respaldado  la  presencia  excepcional  de  vestigios  de  Derecho  foral  y  especial  que 
lógicamente debería hacerla sentir más suya a los entusiastas de las ‘leyes viejas’. Al fin 
y  al  cabo,  como  andaluz,  también  me  nutro  de  mi  Volksgeist  y  agradezco  verlo 
respetado. A lo que no me presto es a someterme a supremacismos de quienes –a estas 
alturas– se sienten humillados si se les trata como si fueran iguales a los demás. Galicia 
y  Valencia  han  debido  conformarse  con  menos  (cf.  SSTC  47/2004  y  133/2017  y 
SSTC 82/2016, 110/2016 y 192/2016).
2.  La  sentencia  que  nos  ocupa  rebosa  de  una  exuberante  referencia  a  los 
principios; tema sin duda relevante en la teoría del Derecho actual, rompiendo con el 
normativismo característico del positivismo legalista y su presentación del Derecho como 
un sistema sin lagunas. Lo que no me queda claro es si esta es la matriz presente en la 
sentencia, dada la dificultad de entender vestigios históricos dispersos como si de un 
sistema pleno se tratara. Por otra parte, mi interés por que se me aclarara si existen 
principios jurídicos catalanes posconstitucionales no se vio correspondido en el curso de 
la deliberación. Es bien conocido que los principios que operan en nuestra Constitución 
no tienen mucho que ver con los principios generales del Derecho poslegales, típicos 
como  subsidiarios  del  normativismo  citado.  Se  presentan,  por  el  contrario,  como 
principios prelegales, que condicionan la intervención de todos los poderes públicos y se 
adueñan de la interpretación de sus resoluciones.»
2.  En su escrito la abogada de la Generalitat aduce, en síntesis, lo siguiente:
a)  Recuerda  que  los  miembros  del  Tribunal  Constitucional  deben  actuar  con 
independencia e imparcialidad, de acuerdo con los arts. 159.5 CE y 22 de la Ley  e
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). A esta exigencia se refieren también la  bo
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  la  propia  doctrina  52ww
dcoen Dsteitrueccihoonsa lH (SumTCan 5o5s/ 2y0 e0l7 r,e dseto  1d2e  dines mtruamrzeon, tFosJ  s4o),b ares íl ac ommaote lraia D seucslcarriatocsió pno Ur nEisvpearsñaal 
y tamElb idéenb eelr c óddei giom éptaicrcoi adleidl aCdo nesnetrjoo nGcean ecoranl  deel l dPeordeecrh Jou dai cuianl. proceso con todas las
garantías (STC 113/1987, de 3 de julio, FJ 4). La imparcialidad no es solo un deber
sustantivo,  sino  que,  en  atención  al  mismo,  también  es  exigible  un  determinado 
comportamiento formal, pues es obvio que la simple apariencia de que el juzgador tiene 
una «idea preconcebida» sobre alguna cuestión trascendente a la hora de enjuiciar los 
litigios que se le planteen quiebra claramente la necesaria imparcialidad que debe regir 
en sus juicios y, al propio tiempo, la confianza de los ciudadanos en el fiel desempeño de 
la elevada tarea encomendada. En este mismo sentido, cita entre otras, las SSTEDH 
de 10 de junio de 1996 (asunto Pullar vs. Reino Unido), 7 de agosto de 1996 (asunto 
Ferrantelli et Santangelo vs. Italia) y 20 de mayo de 1998 (asunto Schopfer vs. Suiza); 
así como las SSTC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5, y 126/2011, de 18 de julio, 
FJ 15.
Puesto que la imparcialidad del juzgador es una de las garantías que reconoce el 
art.  24.2  CE,  el  ordenamiento  dota  a  las  partes  de  un  instrumento  para  hacerla 
prevalecer; concretamente, la posibilidad de formular una recusación contra aquél. A 
través de la misma se garantiza «el derecho fundamental a la imparcialidad, como medio 
dirigido a preservar en el proceso la imparcialidad subjetiva y objetiva del juzgador» 
(STC 140/2004, de 13 de septiembre, FFJJ 3 y 4, y ATC 40/2011, de 12 de abril, FJ 8). 
Por tanto, las causas de recusación legalmente establecidas son el medio legal para 
garantizar la imparcialidad.
El Tribunal Constitucional ha asentado una doctrina sobre la garantía y el deber de 
imparcialidad  de  los  magistrados  constitucionales,  que  ha  sido  sintetizada  en  los 
AATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 2, y 238/2014, de 9 de octubre, FJ 2. A partir 
de esa doctrina, cabe entender que la remisión del artículo 80 LOTC a los preceptos de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de enjuiciamiento civil en materia de 
recusación, con carácter supletorio, ha dado lugar a la aplicación a los magistrados 
constitucionales de las causas de recusación previstas en el artículo 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que esas causas de recusación son también 
apreciables en las controversias referidas al sistema de distribución de competencias, 
mediante  el  planteamiento  de  recursos  de  inconstitucionalidad  o  conflictos  de 
competencia, pues en esa clase de procesos la imparcialidad de los miembros del 
Tribunal Constitucional también opera como un derecho procesal fundamental y como 
una garantía institucional del Estado de Derecho.
b)  El  Gobierno  de  la  Generalitat  de  Cataluña  considera  que  la  «imparcialidad 
subjetiva y objetiva» del magistrado don Andrés Ollero Tassara ha quedado afectada por 
las expresiones del voto particular que ha formulado a la STC 132/2019, de 13 de 
noviembre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2557-2017, interpuesto 
contra  determinados  preceptos  del  Código  civil  de  Cataluña.  El  empleo  de  ciertas 
expresiones permite fundamentar la recusación en las causas previstas en los apartados 
noveno («amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes») y décimo 
(«tener interés directo o indirecto en el pleito o en la causa») del artículo 219 LOPJ.
Alega, a continuación, que la recusación se plantea en plazo puesto que, tal como 
establece el artículo 223.1 LOPJ, se formula tan pronto como se ha tenido conocimiento 
de la causa en que se fundamenta y dentro del plazo de diez días desde el 26 de 
noviembre de 2019, que es la fecha en que se comunicó a la Generalitat la sentencia 
dictada  en  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  2557-2017  sobre  determinados 
preceptos del Código civil de Cataluña.
c)  Comienza por las causas contempladas en el número 9 del artículo 219 LOPJ. 
En el presente caso no se cuestiona una mera posición ideológica del magistrado 
recusado, sino la animadversión exteriorizada mediante su propia actuación, al dirigir  s
unos apelativos de índole ofensiva a los catalanes, a la Generalitat de Cataluña o a su  oe.
Gobierno y Parlamento, así como el propósito manifestado de mantener en el futuro una  w.
determinada interpretación de las competencias de la Generalitat. 52ww
modEon  deef eacdtov,e retel nrecicau sraedspoe hcatoc ea  usnua  arcottuuancdiaó nd efuctluarraa ccióonm od em inatgeisntcriaodnoe se ne ne ll aT rqibuuen, aal 
Cquoinesnteitsu csieo nsaiel,n tiennd ichau mqiullaed onso  csuea nsdoom seete lerás  tara ltoa  cqoume oc iagluifaiclae sd. eE n« eslu cporenmteaxctois emno es»l q duee   BOE-A-cable e
formula ese aviso, resulta inequívoco que el supremacismo se imputa a quien es titular 
de la competencia en materia de Derecho civil especial propio de Cataluña, a quien 
ejerce legislativamente esa competencia y a quien la defiende en el proceso del conflicto 
competencial resuelto en la sentencia en la que se formula el voto particular en cuestión. 
Es decir, a la Generalitat de Cataluña, su Parlamento, su Gobierno y, en términos más 
generales, la ciudadanía de dicha comunidad autónoma. Resulta patente que en el voto 
particular se ha empleado un término que, por sí solo, expresa una descalificación 
ofensiva para cualquier ciudadano, autoridad o institución que basa su actuación en los 
valores  superiores  de  la  democracia,  la  igualdad  y  el  respeto  a  los  derechos 
fundamentales. Para un Gobierno, como el de la Generalitat, que asume dichos valores, 
la imputación de ideologías o conductas de corte racista como es el supremacismo, solo 
puede ser encajado como una expresión intencionadamente ofensiva. Pocas dudas 
puede abrigar respecto a la actitud y las resoluciones que en el futuro cabe esperar del 
magistrado del que ha recibido tan graves descalificaciones.
Las  citadas  manifestaciones  hacia  las  instituciones  catalanas  reflejan  un  claro 
posicionamiento  ideológico  del  magistrado,  de  signo  manifiestamente  opuesto  a 
planteamientos políticos como los propios de los partidos nacionalistas catalanes que 
conforman la actual mayoría en el Parlamento de Cataluña y dan soporte al Gobierno de 
la Generalitat. Además, esas manifestaciones se han formulado por escrito, «denotando 
así,  no  un  posible  enojo  fugaz  y  pasajero,  fruto  de  un  acalorado  debate,  sino  un 
convencimiento íntimo y profundo».
Alega,  asimismo,  que  concurre  en  este  caso  una  circunstancia  especialmente 
agravante. Las expresiones indicadas se han formulado en el voto particular a una 
sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que resulta indiscutible que ha querido dar a 
sus expresiones la publicidad general y oficial que proporcionan la página web del 
Tribunal Constitucional y el «Boletín Oficial del Estado». No son expresiones que reflejen 
solo una comprensión de la Constitución contraria a su letra y su espíritu, sino que 
revelan  la  voluntad  de  no  reconocer  las  prescripciones  del  sistema  de  distribución 
competencial en futuras resoluciones.
No  cabe  encuadrar  las  manifestaciones  denunciadas  en  el  ámbito  de  especial 
protección  inherente  a  los  votos  particulares  que  los  miembros  del  Tribunal 
Constitucional, según se desprende del art. 22 LOTC. En modo alguno los votos son 
ámbitos para el ejercicio impune de la ofensa a las partes ni a terceros, ni para un 
ejercicio  arbitrario  de  las  potestades  inherentes  al  desempeño  de  la  función 
jurisdiccional. Al contrario, los votos particulares deben ser tomados en consideración 
para  valorar  la  concurrencia  de  una  manifiesta  animadversión,  máxime  cuando  se 
utilizan, como en este caso, para lanzar improperios y descalificaciones ofensivas para 
las partes y para advertirlas del sentido de las posiciones que, como miembro del 
Tribunal Constitucional, mantendrá en el futuro respecto de su acervo competencial. Lo 
que se cuestiona es que el emisor de dicha opinión haya anticipado su posición respecto 
de la Generalitat, perdiendo la más elemental apariencia de imparcialidad.
d)  Por lo que se refiere a la causa de recusación del número 10 del artículo 219 
LOPJ, el interés directo o indirecto en los pleitos competenciales pendientes se sustenta 
también en las manifestaciones contenidas en el voto particular. No se cuestiona la 
legitimidad para discrepar de un voto mayoritario, trasladando su opinión a un voto 
particular.  Pero  el  magistrado  recusado  no  se  ha  limitado  a  expresar  su  posición 
discrepante con la mayoría de Tribunal, sino que ha vertido afirmaciones claramente 
contrarias al sistema de distribución de competencias en materia de legislación civil  s
resultante  de  la  Constitución,  del  estatuto  y  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal  oe.
Constitucional [cita las SSTC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1 b), y 31/2010, de 28 de  w.
junio, FJ 76]. 52ww
partLicausla cr ocmompeot e«nvceiassti gaiousto»n, óllmegicáansd odseeri vaa daafisrm daerl  qaurte.  1c4o9n. 1e.l8 d CesEa rsreo llcoa ldifeicl adne reenc heol  vcoivtoil 
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ese reconocimiento que habilita a las comunidades autónomas para la modificación o 
desarrollo de su derecho civil propio. Esta interpretación restrictiva trasciende de una 
mera discrepancia y se formula desde la descalificación como supremacistas de los que 
pretenden el legítimo ejercicio de sus competencias. Esa percepción de la Generalitat 
como un sujeto supremacista que se siente humillado con un trato igualitario es motivo 
suficiente para entender las dudas objetivas sobre la imparcialidad de este magistrado. Y 
esto no solo en los procesos en que se analice una controversia competencial en materia 
de Derecho civil catalán, sino en todos aquellos en los que la Generalitat sea parte en 
defensa  de  sus  competencias.  Estas  dudas  razonables  comportan  una  quiebra  del 
derecho a un juez imparcial tal y como se ha pronunciado el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en sus sentencias de 16 de septiembre de 1999 (asunto Buscemi 
vs. Italia), 5 de febrero de 2009 (asunto Olujic vs. Croacia), 23 de abril de 2015 (asunto 
Morice vs. Francia) y 6 de noviembre de 2018 (asunto Otegi Mondragón y otros vs. 
España).
Por todo lo expuesto, pese a que el Tribunal ha señalado que en los procesos de 
control de constitucionalidad de leyes su labor consiste en un juicio abstracto sobre la 
constitucionalidad de la norma impugnada, donde no se dirimen conflictos entre partes 
que  defiendan  ante  él  derechos  o  intereses  propios  (intereses  subjetivos),  sino 
pretensiones encaminadas a la depuración objetiva del ordenamiento (interés objetivo), 
aquí se ha acreditado que concurren elementos que, pese a la peculiar naturaleza de los 
procesos constitucionales, deberían conllevar que, previos los trámites oportunos, se 
estime la recusación del magistrado don Andrés Ollero Tassara.
3.  Mediante providencia del Pleno de 11 de diciembre se acordó: i) unir a las 
actuaciones el escrito de recusación presentado por la abogada de la Generalitat; ii) 
formar  pieza  separada  de  recusación,  con  suspensión  de  las  actuaciones 
correspondientes a los procesos núms. 4362-2017, 4814-2017, 5332-2017, 4088-2019 
y 6116-2019; iii) designar magistrado instructor al Excmo. señor don Antonio Narváez 
Rodríguez; iv) trasladar el escrito presentado por la Generalitat a las partes personadas 
para que en plazo común de tres días manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa 
de  recusación  propuesta  o  si,  en  este  momento,  conocen  alguna  otra  causa  de 
recusación; y v) verificado lo anterior, entregar copia al magistrado Excmo. Sr. don 
Andrés Ollero Tassara para que alegue lo estime conveniente.
4.  El 17 de diciembre de 2019 tuvo entrada en el registro general del Tribunal el 
escrito de alegaciones del abogado del Estado en el que solicita la desestimación de la 
recusación razonando, en síntesis, lo siguiente:
a)  De acuerdo con la doctrina del Tribunal, la imparcialidad judicial es una de las 
exigencias inherentes al derecho a un proceso con todas las garantías. A estos efectos, 
el art. 22 LOTC obliga a los magistrados del Tribunal a desarrollar su función de acuerdo 
con  dicho  principio,  a  cuyo  aseguramiento  obedecen  las  causas  de  abstención  y 
recusación. Las causas de recusación tienen un carácter taxativo, por lo que la parte que 
propugna su concurrencia ha de subsumir los motivos de recusación en alguno de 
aquellos supuestos que la norma define como tales. En la medida en que las causas de 
recusación permiten apartar del caso al juez predeterminado por la ley, su interpretación 
ha  de  ser  restrictiva  y  vinculada  al  contenido  del  derecho  a  un  juez  imparcial 
(STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 8). Esto tiene especial justificación en un 
órgano, como es el Tribunal Constitucional, cuyos miembros no pueden ser objeto de  s
sustitución (AATC 80/2005, de 17 de febrero, y 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 3). oe.
b)  El escrito de planteamiento de la presente recusación, lejos de ajustarse a una  w.
jeiunmstetpirflpiecraaedrt aoucsni óaen np  éerreld sivtdroaict otdi veca o,lam  aoimm eppla lípracr ioapilniidoda eodbb isdjeuatbomj eedtnievtlae  p yr toaocnbetjesoot iv ecalo.  nAsssetiínt,u tpicdaioor naa dflue, n ad loafismn  edtnéetr ampr oiundnoeasr    2020-3352n https://ww
recusación formulada respecto de procesos muy diversos, se estira de modo subjetivo el
significado del término «supremacismos» utilizado en el voto particular hasta equipararlo
a la «animadversión competencial», cuando lo único que afirma el voto es que la 
sentencia 132/2019 deja la competencia controvertida en posición superior a la que 
resultaría de aplicar el criterio de otras sentencias del Tribunal. Y, a la vez, se amplía el 
ámbito objetivo de la opinión que expresa el voto particular, que pese a referirse a la 
STC 132/2019, y por lo tanto al estricto ámbito objetivo del proceso constitucional en que 
ha recaído (referido al alcance del art. 149.1.8 CE), pasa a convertirse en un supuesto 
prejuicio sobre cualquier controversia competencial entre la Generalitat y el Estado.
c)  Seguidamente, afirma que no concurre el motivo previsto en el art. 219.9 LOPJ, 
pues  tanto  la  amistad  como  la  enemistad  pertenecen  a  la  esfera  subjetiva  de  los 
sentimientos y solo pueden predicarse de las personas físicas [ATC 180/2013, FJ 5 a)]. 
Por eso, no caben los conceptos de amistad íntima (entendida como afecto personal) o 
enemistad manifiesta (aversión u odio notorio entre dos personas) con una persona 
jurídica –la Generalitat de Cataluña– y menos aún con sus instituciones y los ciudadanos 
por ellas representados. En todo caso, el uso del término «supremacismos» no basta 
para sostener una quiebra de la imparcialidad subjetiva que, de conformidad con la 
doctrina constitucional, se presume.
d)  En cuanto a la causa establecida en el art. 219.10 LOPJ, como todos los motivos 
de falta de imparcialidad objetiva, exige que medie una relación del juzgador con el 
objeto del proceso, de la que pueda presumirse que aquel ha perdido la neutralidad 
necesaria para su enjuiciamiento. Aunque no sea necesario definir de modo exhaustivo 
la expresión «interés directo o indirecto en el pleito o causa», una primera aproximación 
al concepto puede ser la que ofrece el Diccionario de la Lengua Española del término 
«interés» en su acepción de inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o una 
narración.  Por  tanto,  en  principio,  son  susceptibles  de  encajar  en  esta  causa  de 
recusación las manifestaciones de opinión realizadas por un magistrado «más o menos 
relacionadas con el objeto del proceso, de modo que un compromiso del magistrado con 
una opinión determinada, expresada al margen del proceso, pudiera determinar una 
sospecha de parcialidad fundada en su ‘interés’ en la causa» (ATC 61/2003, de 19 de 
febrero FJ 3). Ahora bien, no toda declaración más o menos relacionada con el objeto 
del proceso constitucional justificaría, sin más, la existencia de un interés directo o 
indirecto en el mismo. Se exige una relación cercana entre el objeto de la opinión y el del 
proceso, relación que no concurre en este caso entre el parecer manifestado en el voto 
particular a la STC 132/2019 y los procesos constitucionales en los que se plantea la 
recusación. El «interés» debe referirse al «concreto proceso» en que se formula la 
recusación (ATC 81/2008, de 12 de marzo, FJ 8).
Aquí no concurre, sin embargo, el requisito de cercanía entre el objeto del proceso 
en que recae la STC 132/2019 y los procesos constitucionales en que se formula la 
recusación, pues la materia sobre la que versa dicha sentencia nada tiene que ver con la 
propia de tales procesos, salvo que se acepte, como se promueve de contrario, una 
interpretación extensiva de esta causa de recusación, a fin de convertir de un voto 
particular, referido a una sentencia, en una opinión general sobre cualquier controversia 
competencial, lo que en ningún momento se deduce del texto del voto particular. Por 
tanto, hay que concluir que no se atisba un interés, ni siquiera indirecto, del magistrado 
recusado en los pleitos para los que se pretende su recusación.
e)  Por  último,  el  abogado  del  Estado  recuerda  que  los  votos  particulares 
amparados en el artículo 90.2 LOTC deben leerse en «clave de libertad de expresión», 
por su especial importancia −destacada por la doctrina que se ha ocupado de su estudio
−  para  revelar  el  proceso  de  formación  de  la  doctrina  constitucional,  pues  los  s
magistrados tienen derecho a expresar libremente sus opiniones sin perjuicio de sus  oe.
deberes de discreción y reserva (cita las SSTEDH de 24 de febrero de 1997, asunto  w.
Haes y Gijsels vs. Bélgica, y de 16 de septiembre de 1999, asunto Buscemi vs. Italia; así  52ww
como las SSTC 46/1998, de 2 de marzo, FJ 5, y 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 9).
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Gobierno  de  la  Generalitat,  lo  que  achaca  a  «un  profundo  desconocimiento  del
afectado». Considera que el problema arranca de la diversa concepción de lo que es un 
voto particular que –a su juicio– es un ejercicio de transparencia para hacer llegar al 
lector los argumentos esgrimidos en la deliberación justificativos de su discrepancia con 
la mayoría; en ningún caso «un género literario dirigido a enviar mensajes a terceros». 
Aclara que los destinatarios de su voto son los magistrados que formaron parte de la 
exigua  mayoría  del  Tribunal  que  «decide  romper  con  una  consolidada  línea 
jurisprudencial, sin anunciarlo y sin ofrecer al respecto motivación alguna».
Prosigue afirmando que su sorpresa deriva de que no hay motivo alguno para que 
pueda almacenar una animadversión hacia «los catalanes» o Cataluña en general; por el 
contrario, sí hay muchas razones que justifican su admiración y afecto por todo lo 
catalán, como lo demuestra su tiempo de formación universitaria en Barcelona en los 
años sesenta y las personalidades con las que coincidió, alguna de las cuales cita 
expresamente.
Sobre el término «supremacismo», que a su entender ha hecho que algún miembro 
del Govern se haya sentido ofendido, afirma que no se limitó a invocarlo, sino que se 
atrevió a sugerir una definición, aplicándolo a quienes «se sienten humillados si se les 
trata como si fueran iguales a los demás». Afirma que no pensó que todos los catalanes 
pudieran sentirse molestos, teniendo en cuenta la amplia pluralidad de la sociedad 
catalana, «aunque no falte quien se empeñe en negar la condición de catalán a quien no 
piense como ellos». Y explica que siempre respetará la libertad de todos para darse por 
aludidos cuando les parezca razonable o simplemente les pueda interesar, pues no en 
vano el victimismo puede en ciertas circunstancias resultar ventajoso. Añade que nunca 
ha pensado que el supremacismo pueda ser un vicio identificable geográficamente.
En cuanto a los epígrafes del art. 219 LOPJ que cita el escrito de recusación, 
considera «necesario un alarde de imaginación para sugerir que debo considerarme en 
ellos incluido». Califica como «desvarío» que se le achaque una «enemistad manifiesta» 
con la parte recusante y se pregunta qué «interés directo o indirecto» se le puede atribuir 
en  el  pleito  de  referencia,  tras  haber  votado  con  casi  la  mitad  del  Tribunal  su 
discrepancia con una de las muchas resoluciones que se dictan.
Manifiesta, asimismo, no entender con qué fundamento puede sostenerse que su 
voto  encierra  una  descalificación  ofensiva  hacia  la  Generalitat  y  menos  aún  una 
«voluntad de no reconocer el sistema de distribución de competencias en los términos 
que  lo  ha  establecido  la  Constitución  Española»,  dado  el  incontable  número  de 
resoluciones de tales características que a lo largo de más de siete años ha debido 
abordar.  Tilda  también  de  «improperio»,  pero  no  por  ello  menos  ofensivas,  las 
acusaciones que se vierten sobre su persona.
Insiste en que, como reconoce el propio escrito de recusación, la enumeración de 
motivos del art. 219 LOPJ es taxativa y cerrada, de modo que cualquier razón en que se 
fundamente la quiebra de la imparcialidad debe reconducirse a una de las causas 
legales allí recogidas. Tras lo cual, asevera que se siente absolutamente capaz de 
conocer «con mirada limpia, receptiva y sin prejuicios» las controversias sometidas a su 
resolución.
Finaliza su escrito invitando a los autores del escrito recusante a comprobar en 
cuantas ocasiones ha discrepado de la mayoría del Tribunal al abordar este tipo de 
problemas. Afirma que, salvo error u omisión, del más de millar de resoluciones que ha 
suscrito, cerca de un centenar ha tenido por objeto casos con alguna referencia a 
Cataluña. Solo en sesenta ocasiones –apunta– ha discrepado de la mayoría, lo que le ha 
brindado mayor oportunidad de expresarse individualmente; y, únicamente, siete de esos  s
casos tenían relación con Cataluña. Considera que podría deberse a la benevolencia de  oe.
los  recusantes  haber  esperado  hasta  el  último  de  ellos  para  diagnosticar  una  w.
«animadversión manifiesta» en sus resoluciones, «pero quizá sea más razonable admitir  52ww
que es [su] amor por Cataluña lo que les ha hecho tan laborioso llegar a imaginarla».
Rod6rí.g uEezl , macaogrisdtóra mdoe diinasnttreu cptroorv iddeeln ciniac iddeeln tdee  d9e d ere ecnuesaroc iódne,  2d0o2n0 : Ai)n utonniri oa  Nlaa rpvieázeaz 
separada el escrito de alegaciones del abogado del Estado; ii) tener por evacuado el
trámite de audiencia solicitado al magistrado don Andrés Ollero Tassara e incorporar sus 
alegaciones a la pieza; y iii) remitir lo actuado al Pleno del Tribunal para la resolución del 
incidente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 225.3, párrafo segundo, LOPJ, en 
relación con el art. 80 LOTC.
7.  Mediante providencia de 14 de enero de 2020 el Pleno tuvo por recibida del 
instructor la pieza separada de recusación y acordó: i) dar traslado al Ministerio Fiscal 
para informe en el plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 225.3, 
párrafo  tercero,  LOPJ,  en  relación  con  el  art.  80  LOTC;  y  ii)  designar  ponente  al 
magistrado  don  Pedro  González-Trevijano  Sánchez  para  que  proponga  al  Pleno  la 
resolución que proceda.
8.  Mediante escrito registrado el 29 de enero de 2020, el Ministerio Fiscal evacuó el 
trámite de alegaciones conferido. Razona, en síntesis, lo siguiente:
a)  El Tribunal Constitucional ha elaborado una jurisprudencia muy rigurosa respecto 
de las causas de recusación de sus magistrados, según la cual la enumeración del 
art. 219 LOPJ es taxativa y cerrada y debe ser interpretada de forma estricta, dada la 
composición singular de este órgano, que no permite la sustitución de sus miembros. 
Cita, entre otros, los AATC 80/2005, de 17 de febrero, FJ 4; 26/2007, de 5 de febrero, 
FJ 2, y 387/2007, de 16 de octubre, FJ 2.
b)  La primera causa planteada (la novena del art. 219 LOPJ, relativa a la «amistad 
íntima» o a la «enemistad manifiesta» con cualquiera de las partes), no puede prosperar. 
Las expresiones en que se basa el escrito de recusación se integran en el contexto de 
una extensa y argumentada opinión del magistrado, fundada en Derecho, que tiene por 
objeto  expresar  su  disidencia  con  el  criterio  mayoritario  del  Tribunal  que  dictó  la 
STC 132/2019, por lo que su finalidad no es desacreditar a la parte recusante sino, en 
todo caso, a la opinión mayoritaria del Pleno. Además, los conceptos de «amistad 
íntima» o de «enemistad manifiesta» pertenecen a la esfera subjetiva de los sentimientos 
y solo pueden predicarse de las personas físicas (cita el ATC 226/1988, de 16 de febrero, 
FJ 3), no de una persona jurídica (la Generalitat de Cataluña) y, menos aún, de sus 
instituciones  o  de  los  ciudadanos  representados  por  ellas.  Considera  que  la 
imparcialidad debe presumirse y que el mero uso del término «supremacismos» no 
parece suficiente para entender que se haya quebrado, máxime si se tiene en cuenta el 
contexto en que se utiliza dicha expresión. Añade, por último, que los votos particulares 
son especialmente importantes para revelar el proceso de formación de la voluntad del 
Tribunal Constitucional en cada caso concreto y no pueden ser entendidos sino en 
términos de «libertad de expresión».
c)  El fiscal afirma que tampoco debe prosperar la causa décima del art. 219 LOPJ. 
Tras sintetizar la doctrina constitucional sobre tal motivo (con cita, entre otros, de los 
AATC 379/1993, de 12 de diciembre, 226/2002, de 20 de noviembre, y 180/2013, de 17 
de septiembre) argumenta que la Generalitat debería haber identificado con precisión el 
interés  concreto  que  el  magistrado  recusado  tiene  en  el  resultado  del  recurso  de 
inconstitucionalidad en el que se formula la recusación, lo que no ha hecho, toda vez que 
se ha limitado a afirmar que de las expresiones utilizadas en su voto particular a la 
STC 132/2019 se infiere que en cualquier litigio en que se discutan competencias de la 
Comunidad no se ajustará a lo que resulte de los textos constitucional y estatutario, sino 
a «su percepción subjetiva de la Generalitat de Cataluña».
De lo anterior no resulta en modo alguno la atribución al magistrado recusado de un  e.
interés concreto en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4362-2017 relativo al código  w.
tributario de Cataluña. La parte recusante expresa una mera sospecha, completamente  52ww
iinnsduirfeicciteon»t ee na  ello ass ufinnteos  ddeeb eq iur ere afeqruidí os ae  utrnaat ar.e lPaceiróon  rperseuvlitaa  dqeul em easgeis t«raindtoe rcéosn  deirl eocbtjoe too 
edveilt ap ruoncae scoa,r gy as ool op ecrojuniccuior,r ep acruaa nsíd oo  peal rpale situos l ea lplergoapdoorcsi;o innate urénsa  qvueen,t aajdae om báesn, ehfaic dioe  os eler   BOE-A-cable e
actual y singularizado respecto al concreto proceso en que se plantea la recusación. Y, a 
tal efecto, no se ha hecho ningún esfuerzo argumental para individualizar el supuesto 
beneficio o ventaja que obtendría el magistrado del resultado del citado recurso de 
inconstitucionalidad. Menos aún se ha acompañado un principio de prueba sobre todo 
ello. En suma, le parece manifiesto que tampoco concurre esta causa de recusación.
Por  último,  el  fiscal  sostiene  que  lo  argumentado  respecto  del  recurso  de 
inconstitucionalidad  núm.  4362-2017  se  predica  de  los  demás  procedimientos 
constitucionales  en  que  se  ha  recusado  al  mismo  magistrado,  por  lo  que  finaliza 
solicitando que se desestime íntegramente la recusación formulada.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto y pretensiones.
El Gobierno de la Generalitat promueve la recusación del magistrado don Andrés 
Ollero Tassara, al apreciar que concurren en él las causas previstas en los apartados 
noveno y décimo del art. 219 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
(LOPJ), en relación con los procesos que se tramitan ante este Tribunal bajo los núms. 
4362-2017, 4814-2017, 5332-2017, 4088-2019 y 6116-2019, cuyo objeto se detalla en 
los antecedentes de la presente resolución.
Tanto el abogado del Estado como el Ministerio Fiscal solicitan la desestimación de la 
recusación planteada. Por su parte, el magistrado recusado no acepta los motivos de 
recusación formulados, según se ha detallado en los antecedentes.
2.  Doctrina constitucional.
Debemos comenzar recordando nuestra doctrina sobre la garantía y el deber de 
imparcialidad  de  los  magistrados  constitucionales,  que  ya  fue  condensada  en  el 
ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 2, en los siguientes términos:
«a)  La imparcialidad de todo órgano jurisdiccional es una de las garantías básicas 
del proceso (art. 24.2 CE), constituye incluso la primera de ellas (SSTC 60/1995, de 16 
de marzo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5, y ATC 51/2011, de 5 de mayo, 
FJ 2). La jurisprudencia de este Tribunal viene distinguiendo entre una imparcialidad 
subjetiva, que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, 
en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del juez con 
aquellas, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que 
se asegura que el juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura previa en 
relación con él.
b)  En virtud del carácter jurisdiccional que siempre reviste la actuación del Tribunal 
Constitucional y del mandato de que sus magistrados ejerzan su función de acuerdo con 
el  principio  de  imparcialidad  (art.  22  LOTC),  hemos  declarado  que  el  régimen  de 
recusaciones y abstenciones de los jueces y magistrados del Poder Judicial es aplicable 
ex art. 80 LOTC a los magistrados del Tribunal Constitucional (ATC 26/2007, de 5 de 
febrero, FJ 2). La enumeración establecida actualmente en el art. 219 LOPJ es taxativa y 
de carácter cerrado. Cualquiera que sea la quiebra de imparcialidad que se alegue en 
relación  con  un  magistrado  de  este  Tribunal  ha  de  ser  reconducida  a  una  de  las 
mencionadas causas legales (entre otros, AATC 226/2002, de 20 de noviembre, FJ 1, 
y  18/2006,  de  24  de  enero,  FJ  2).  Fuera  del  ámbito  de  tales  causas  legales,  las 
aprensiones  o  los  recelos  que  las  partes  puedan  manifestar  son  jurídicamente  e.
irrelevantes. w.b
c)  Para que en garantía de la imparcialidad un magistrado pueda ser apartado del  52ww
cjuosntioficciamdiaesn,t oe sd ed ecuinr,  eaxstuenrtioor izcaodnacsre yto ,a peosy apdraesc iseon  dqauteo se oxibsjteatniv odsu qduaes  hoabgjeatniv apmoseinbtlee 
apfoirrm caura flquunidear draemlaecnióten  qcuoen  eell  mcaasgois tcraodnocr entoo ,e sn oa jvean oa  au ltaili zcaaru scao moo p ecrrimteirtaion  dteem jueirc iqou ee,l 
previsto en la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. Por tanto,
no basta con que las dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de 
quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una 
consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas 
[por todas, SSTC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 69/2001, de 17 de marzo, 
FFJJ 14 a) y 16; 5/2004, de 16 de enero, FJ 2, y ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 3; así 
como SSTEDH de 28 de octubre de 1998, asunto Castillo Algar c. España, § 45; y de 17 
de junio de 2003, asunto Pescador Valero c. España, § 23].
d)  En la medida en que las causas de recusación permiten apartar del caso al juez 
predeterminado por la ley, la interpretación de su ámbito ha de ser restrictiva y vinculada 
al contenido del derecho a un juez imparcial (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 8). 
Esta interpretación restrictiva tiene especial fundamento respecto de un órgano, como es 
el  Tribunal  Constitucional,  cuyos  miembros  no  pueden  ser  objeto  de  sustitución 
(AATC 80/2005, de 17 de febrero, y 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 3). En efecto, en 
los procesos seguidos en los tribunales ordinarios, la consecuencia de estimar una 
recusación es la sustitución del afectado (art. 228.2 en relación con los arts. 207 a 214 
LOPJ), con lo que se reequilibra la composición del órgano. Por el contrario, cuando el 
Tribunal Constitucional actúa examinando en Pleno la constitucionalidad de una ley o 
norma con rango de ley, la aceptación de una recusación no conlleva posibilidad alguna 
de sustitución del afectado.
e)  Es  necesario  también  destacar  la  naturaleza  de  algunos  procesos 
constitucionales. En los procesos de control de constitucionalidad de leyes también cabe 
la recusación, pues el art. 22 LOTC no hace salvedad alguna entre los distintos procesos 
constitucionales, pero la labor del Tribunal Constitucional consiste en un juicio abstracto 
sobre la constitucionalidad de la norma impugnada; no se dirimen conflictos entre partes 
que  defiendan  ante  él  derechos  o  intereses  propios  (intereses  subjetivos)  sino 
pretensiones encaminadas a la depuración objetiva del ordenamiento (interés objetivo). 
La naturaleza de los procesos constitucionales puede comportar modulaciones en la 
aplicación supletoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de enjuiciamiento civil 
en materia de abstención y recusación (ATC 26/2007, FJ 2)».
Asimismo,  procede  traer  a  colación  el  contenido  del  ATC  394/2006,  de  7  de 
noviembre, FJ 4, dado que en él se abordó una recusación basada en el sentido de un 
voto particular, caso análogo al aquí analizado:
«La facultad de emitir votos particulares es inherente a la función desempeñada por 
los magistrados del Tribunal (art. 164.1 CE, arts. 22 y 90.2 LOTC, y art. 260 LOPJ, 
aplicable ex art. 80 LOTC) que en los distintos procedimientos ante el mismo, al dictar 
las resoluciones pueden manifestar su discrepancia con las argumentaciones de la 
resolución aplicable, sin perjuicio de que el voto, evidentemente, carezca de la fuerza 
vinculante que se atribuye a sentencias y autos por la Constitución y la Ley Orgánica de 
este Tribunal.
Es  evidente  que  el  planteamiento  de  causas  de  recusación  con  argumentos 
exclusivamente  basados  en  las  opiniones  vertidas  en  los  votos  particulares  de  las 
resoluciones del Tribunal resulta, en principio, improcedente, tanto desde el punto de 
vista de servir a la garantía de imparcialidad, único fin de la institución de la recusación, 
como  respecto  al  normal  funcionamiento  de  cualquier  órgano  jurisdiccional,  que 
resultaría con ello gravemente perturbado.»
En el mismo sentido se pronunció el ATC 454/2006, de 12 de diciembre, FJ 5,  s
también referido a una recusación planteada por el contenido de un voto particular. oe.
3.  Análisis del caso. 52ww
La aplicación de la doctrina recogida en el fundamento anterior permite descartar que
lean  eGl ecnaesroa leitnajtu icdiea doC caotanlcuuñrar.a nL laa s acraguusmase ndtea crieócnu sdaecli óne sincvriotoc addaes  preocr uesla Gcioóbni erantoa ñdee, 
exclusivamente, al contenido del voto particular formulado por el magistrado recusado a
la STC 132/2019, de 13 de noviembre, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad 
contra  determinados  preceptos  del  Código  civil  de  Cataluña.  Este  Tribunal  ya  ha 
afirmado  que  la  facultad  de  emitir  votos  particulares  es  consustancial  a  la  función 
desempeñada por los magistrados del Tribunal y que no cabe admitir, en principio, una 
recusación basada en las afirmaciones y posicionamientos que se expresan en ellos.
Por otro lado, cabe ya anticipar que, en el presente supuesto, tampoco concurren los 
motivos de recusación que se han planteado:
a)  En relación con las causas a que se refiere el art. 219.9 LOPJ («amistad íntima o 
enemistad manifiesta con cualquiera de las partes»), en el ATC 238/2014, de 9 de 
octubre, FJ 5, aparece compendiada la siguiente doctrina:
«Como se afirmó en el ATC 226/1988, de 16 de febrero, FJ 3, y se reiteró en la 
STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 7, ‘la causa legal de recusación no es cualquier 
relación de amistad, sino aquella que aparezca connotada por la característica de la 
intimidad entre dos personas, concepto que ciertamente puede considerarse en sentido 
técnico como indeterminado, pero que en ningún caso permite que se le califique como 
vago o subjetivo. De la amistad dice el Diccionario de la Lengua, en la primera de sus 
acepciones, que es afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, que 
nace y se fortalece con el trato, y aparece caracterizado por la nota de la intimidad 
cuando  penetra  y  se  sitúa  en  la  zona  espiritual  y  reservada  de  la  persona. 
Posteriormente, el ATC 351/2008, de 4 de noviembre, rechazó de plano la recusación de 
varios Magistrados de este Tribunal, señalando que ‘la amistad íntima con alguna de las 
partes de la que habla el art. 219.9 LOPJ es patente que nada tiene que ver con una 
supuesta  y  desde  luego  arbitrariamente  insinuada  afinidad  ideológica  entre  los 
Magistrados  recusados  y  la  Sra.  Presidenta  de  este  Tribunal  de  la  que  habla  el 
recurrente,  so  pena  de  confundir  ideología  y  amistad,  y  que  naturalmente  no  son 
conceptos intercambiables’. Así entendida esta causa de recusación, es claro que tanto 
la amistad como la enemistad pertenecen a la esfera subjetiva de los sentimientos y solo 
pueden  predicarse  de  las  personas  físicas.  Quedan,  por  lo  tanto,  excluidos  como 
indicador verosímil de amistad o enemistad los meros sentimientos de inclinación o de 
rechazo  deducidos  del  hecho  de  la  pertenencia  a  partidos  políticos,  asociaciones, 
corporaciones o grupos sociales, así como en relación a la asunción de creencias 
religiosas  e  ideologías  de  signo  diverso,  mientras  no  se  hayan  traducido  en  actos 
individualizados  de  amistad  o  enemistad  …  Faltando  el  antes  referido  carácter 
personalísimo,  el  problema  se  reconduce  a  la  existencia  o  no  de  una  ‘amistad  o 
enemistad ideológica’ a la que no cabe otorgar relevancia a efectos de recusación, pues, 
como dijimos, ‘en el sistema de valores instaurado por la Constitución, la ideología se 
halla  sustraída  al  control  de  los  poderes  públicos,  prohibiéndose  toda  suerte  de 
discriminación en base a la misma. Nadie puede, pues, ser descalificado como Juez en 
razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los 
Magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen’ 
(ATC 358/1983, de 20 de julio, FJ 2).»
Así pues, dado el carácter personalísimo de la causa de recusación analizada, no es 
posible admitir, ni lógica ni jurídicamente, que el magistrado recusado don Andrés Ollero 
Tassara mantenga, como así lo afirma la entidad que plantea la recusación, una relación 
de  enemistad  con  «los  catalanes,  la  Generalitat  de  Cataluña,  su  Gobierno  o 
Parlamento». Por consiguiente, este motivo de recusación debe rechazarse. s
b)  En cuanto a la causa décima del art. 219 LOPJ –el interés directo o indirecto en  oe.
el objeto del proceso–, en el ATC 180/2013, FJ 5 b) este Tribunal recordó que «[p]or  w.
tv‘irneatnteatrarésjase   dodi rbeee cuntone  foici niionte doriér eslec  tseoivn’ idgtaeu bluaenr iazc aocdnaosr igdeaen ro a rrpeselear cjauiqóicunioe ,lcl oop naq ruaee ls  píc rooon ppcoarrercatioo s nupasr oa acl lemlesgaoag diesontrs a.qd Huoea u  dnseea    2020-3352n https://ww
plantee la recusación y actual, esto es, concurrente en el momento en que se promueve
el apartamiento del magistrado mediante su recusación (ATC 26/2007, de 5 de febrero,
FJ 7)». Para que quepa apreciar cualquiera de los intereses a que se refiere el precepto, 
del  resultado  del  proceso  debe  derivar  un  potencial  provecho  para  el  magistrado 
recusado, sin que sea admisible reconducir la tacha al plano exclusivamente de la 
discrepancia en la interpretación de los preceptos constitucionales.
La abogada de la Generalitat vincula el «interés» con el compromiso del magistrado 
recusado en mantener opiniones expresadas con anterioridad, como sería la de su voto 
particular  a  la  citada  STC  132/2019.  Dicha  interpretación  se  aparta  de  la  doctrina 
constitucional sobre lo que debe entenderse como interés en el objeto del proceso pues, 
según afirmaron los antes citados AATC 394/2006 y 454/2006, no puede admitirse que la 
opinión vertida en el ejercicio de las funciones que constitucionalmente corresponden a 
un magistrado constitucional en un asunto ya resuelto pueda revelar un interés en el 
sentido de esta causa de recusación. Y, como allí se constató, la conclusión es la misma 
«cualesquiera que sean la relación que entre sí puedan guardar los objetos de ambos 
pleitos  y  los  términos  empleados  para  expresar  una  opinión  en  el  primero  de  los 
procesos».
Los  anteriores  razonamientos  abocan  a  la  desestimación  de  la  recusación 
promovida.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Desestimar la recusación del magistrado don Andrés Ollero Tassara formulada por el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en los procesos núms. 4362-2017, 4814-2017, 
5332-2017, 4088-2019 y 6116-2019.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  once  de  febrero  de  dos  mil  veinte.–Juan  José  González  Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa 
Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.