BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28693
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3801 Sala Segunda. Sentencia 14/2022, de 7 de febrero de 2022. Recurso de 
amparo 715-2021. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
SL,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2022:14
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo 
Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  715-2021,  interpuesto  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta, con asistencia letrada de don Marcelino Gilabert García, contra 
los autos de 15 de noviembre de 2018 y de 27 de noviembre de 2019 dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en el proceso de ejecución 
hipotecaria núm. 377-2018. Ha comparecido la entidad Pera Assets Designated Activity 
Company,  representada  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Claudia 
Munteanu Null con asistencia letrada de don Alejandro Ingram Solís. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 8 de febrero 
de 2018, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, en nombre y 
representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., interpuso recurso de 
amparo contra las resoluciones judiciales mencionadas en el encabezamiento de esta 
sentencia.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los  bo
que seguidamente se relacionan. 01ww
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Sabadell, S.A., frente a Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en calidad de
prestataria e hipotecante. Bc
b) Despachada  ejecución  por  auto  de  21  de  junio  de  2018,  el  servicio  de 
notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remite al día siguiente a 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  a  través  de  la  dirección  electrónica 
habilitada, un aviso de notificación en el que informa que esta estará disponible en esa 
dirección desde el 22 de junio hasta el 7 de agosto de 2018. El 31 de julio de 2018 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., accede efectivamente a la página web y a 
la notificación.
c) El 29 de agosto de 2018, Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., formuló 
oposición a la ejecución despachada por el juzgado. Por auto de 14 de noviembre 
de 2018 fue inadmitida por extemporánea, al tomar el 22 de junio de 2018 como fecha de 
notificación del auto de 21 de junio de 2018.
d) Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., interpuso recurso de reposición. 
Alegó que las diligencias de notificación y requerimiento se realizaron el 27 de julio 
de 2018. La comunicación remitida a través de la dirección electrónica habilitada no sería 
más que un aviso de puesta a disposición o descarga de su contenido durante un plazo 
determinado. Entenderlo de otro modo vulneraría el art. 24 CE, además de los arts. 135, 
152, 160 y 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC).
e) El recurso fue desestimado por auto de 27 de noviembre de 2019. El juzgado 
rechaza que se hayan infringido los preceptos invocados por la recurrente, por cuanto la 
notificación  se  practicó  el  22  de  junio  de  2018,  fecha  en  la  que  se  materializó 
correctamente su puesta a disposición en aplicación estricta del art. 162 LEC. Razona 
que, a efectos de computar el plazo para formular oposición a la ejecución hipotecaria no 
puede tomarse en consideración la fecha en que el acceso se realizó efectivamente por 
la  recurrente,  pues  de  lo  contrario  se  estaría  dejando  al  arbitrio  de  las  partes  el 
cumplimiento de los términos procesales.
3. La demanda de amparo atribuye a los autos impugnados la vulneración del 
derecho fundamental de la sociedad recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). La interpretación de 
la legislación procesal llevada a cabo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 4 de Lorca habría privado injustamente a la demandante de su derecho a formular 
oposición a la ejecución hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, debió 
realizarse del modo tradicional (art. 273 LEC). El órgano judicial habría incumplido su 
obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el 
cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional.
Por todo ello, se interesa en la demanda de amparo que se declare la nulidad de los 
autos impugnados y se acuerde retrotraer las actuaciones al momento procesal previo a 
realizarse el primer emplazamiento, para que este se efectúe correctamente, de modo 
que la demandante pueda oponerse al despacho de la ejecución. Por otrosí se solicita la 
suspensión del proceso de ejecución hipotecaria.
4. La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 12 de febrero de 2020, acuerda dirigir comunicación al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, 
remita  certificación  o  fotocopia  adveradas  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 377-2018.
5. Mediante providencia de 29 de junio 2021, la Sección Tercera de este tribunal 
acuerda admitir a trámite el recurso de amparo, toda vez que su resolución puede dar  es
ocasión para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos  bo
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009,  01ww
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presente recurso de amparo, excepto a la recurrente.
En la misma fecha, la Sección Tercera de este tribunal dictó providencia acordando 
formar pieza para la tramitación del incidente relativo a la suspensión interesada y 
conceder,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art.  56  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), un plazo común de tres días a la recurrente y al Ministerio Fiscal, 
para que alegaran lo que considerasen procedente. Evacuado el trámite de alegaciones, 
por ATC 92/2021, de 4 de octubre, la Sala Segunda acordó denegar la suspensión 
cautelar del procedimiento de ejecución hipotecaria y ordenar la anotación preventiva de 
la demanda de amparo en el registro de la propiedad.
6. Mediante escrito registrado en este tribunal el 16 de julio de 2021, la entidad 
Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña María Claudia Munteanu Null y bajo la dirección letrada de don Alejandro 
Ingram Solís, hace constar que la entidad Banco de Sabadell, S.A., le ha cedido el 
crédito hipotecario y que, en virtud del régimen de sucesión procesal, las actuaciones 
deben continuarse con ella.
7. La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 2 de diciembre de 2021, acordó tener por personada y parte en el 
presente proceso constitucional a la procuradora de los tribunales doña María Claudia 
Munteanu  Null  en  nombre  y  representación  de  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company.  Acordó  asimismo  dar  vista  de  las  actuaciones  recibidas  a  las  partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
8. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 3 de enero de 2022.
Tras  resumir  los  antecedentes  procesales  relevantes  para  el  caso,  razona,  en 
síntesis, que para resolver el presente recurso de amparo resulta íntegramente aplicable 
lo declarado en la STC 40/2020, de 27 de febrero, que proyectó sobre un asunto 
prácticamente idéntico la doctrina sentada en anteriores resoluciones de este tribunal, 
entre otras, en la STC 47/2019, de 8 de abril. Solicita, en consecuencia, el otorgamiento 
del amparo, que ha de conllevar el reconocimiento de la vulneración del derecho de la 
recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la declaración de nulidad de todo 
lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución, con 
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior, a fin de que se 
practique de nuevo el emplazamiento por el juzgado de forma respetuosa con el derecho 
fundamental reconocido.
9. El 12 de enero de 2022 tiene entrada en el registro de este tribunal el escrito de 
alegaciones de la recurrente, que ratifica las expuestas en la demanda de amparo, y 
trascribe en parte los fundamentos jurídicos de la STC 40/2020, de 27 de febrero.
10. La representación procesal de Pera Assets Designated Activity Company no 
formuló alegaciones.
11. Por providencia de 3 de febrero de 2022, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 7 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo. es
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos de 15 de  w.
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hipotecaria formulada por la recurrente en amparo, mientras que el segundo confirmó la
anterior decisión al desestimar el recurso de reposición interpuesto frente a ella. Para el  Bc
órgano judicial, el plazo que la ejecutada tenía para formular oposición a la ejecución 
despachada  ha  de  computarse  desde  la  fecha  en  la  que  recibió  en  su  dirección 
electrónica  habilitada  (22  de  junio  de  2018)  una  comunicación  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre avisándole de 
que hasta el 7 de agosto de 2018 tendría disponible una notificación del citado juzgado 
relacionada con el referido procedimiento. La sociedad mercantil recurrente no accedió al 
enlace remitido hasta el 31 de julio de 2018 y, por ser procesalmente inhábil el mes de 
agosto, presentó su escrito de oposición el día 29 de agosto, por lo que estima que lo 
hizo  antes  de  que  transcurriera  el  plazo  de  diez  días  hábiles  legalmente  previsto, 
computado desde la fecha límite expuesta en la comunicación.
La  recurrente  en  amparo  considera  que  la  notificación  fue  inadecuadamente 
realizada pues, al tratarse de la primera notificación, debió efectuarse de forma personal 
y  no  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  lo  que  le  habría  generado 
indefensión, y por tanto vulneración del art. 24.1 CE, al inadmitirse la oposición a la 
ejecución. El Ministerio Fiscal solicita también la estimación de la demanda de amparo, 
al considerar que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE).
2. Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
El presente recurso forma parte de una serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos sociedades mercantiles, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos 
ejecutivos hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, 
los cuales, tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones 
electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, han inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por 
aquellas, al considerarlos extemporáneos.
Como  señalan  tanto  la  recurrente  en  amparo  como  el  Ministerio  Fiscal,  la 
STC 40/2020, de 27 de febrero, ha estimado un recurso de amparo basado en los 
mismos motivos que el presente y dirigido contra autos del mismo órgano judicial, de 
contenido muy similar a los impugnados en el presente recurso. Descartada aquí la 
concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado 
diferentes a lo declarado entonces, procede, por tanto, que hagamos aplicación de la 
citada STC 40/2020.
En tal sentido, la STC 40/2020, FJ 3, aborda el examen de la queja de fondo por 
lesión del art. 24.1 CE derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, 
advirtiendo que resulta de aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus 
SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a), y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), «en relación con 
la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos 
regidos en esta materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), 
como  primera  comunicación  con  el  órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser 
sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a 
través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el 
art.  155.1  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de  enjuiciamiento  civil  (LEC),  y  lo 
complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de 
los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este 
deber  del  órgano  judicial,  «acarrea  por  tanto  la  conculcación  de  aquel  derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en la misma  e.e
STC 40/2020, FJ 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia. w.b
Procede, en suma, dar por reproducidos los fundamentos jurídicos de la citada  01ww
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Como en aquel caso, la estimación del recurso de amparo trae consigo la nulidad de 
los autos recurridos, así como de todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo 
desde el momento en que se proveyó al emplazamiento de la recurrente en amparo a 
través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las actuaciones para que 
el órgano judicial practique dicho emplazamiento en los términos exigidos por la ley (arts. 
155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de la recurrente.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 15 de 
noviembre de 2018 y de 27 de noviembre de 2019 dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 
377-2018, así como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la 
sociedad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º Retrotraer las actuaciones del proceso de ejecución hipotecaria núm. 377-2018 
al momento inmediatamente anterior al emplazamiento de la recurrente, a fin de que este 
se lleve a cabo de nuevo de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Xiol Ríos.–
Antonio Narváez Rodríguez.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Ramón Sáez Valcárcel.–
Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.