BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93509
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13027 Sala Primera. Sentencia 143/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de 
amparo  5776-2019.  Promovido  por  don  J.A.V.P.  en  relación  con  las 
sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar 
Central  que  confirmaron  una  sanción  administrativa  por  grave 
desconsideración  con  los  superiores.  Vulneración  de  los  derechos  a  la 
defensa y a la presunción de inocencia: sanción disciplinaria impuesta con 
infracción  del  derecho  de  no  autoincriminación  por  las  declaraciones 
prestadas como testigo en un juicio verbal civil (STC 21/2021).
ECLI:ES:TC:2021:143
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y la magistrada doña María Luisa Balaguer 
Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5776-2019,  promovido  por  don  J.  A.  V.  P., 
representado por el procurador de los tribunales don Julio Alberto Gutiérrez Durán, bajo 
la asistencia del letrado don Jorge Cotrino García, contra la sentencia de la Sala de lo 
Militar del Tribunal  Supremo de fecha 29 de  julio de 2019, dictada en recurso de 
casación contencioso núm. 84-2018, así como contra la sentencia dictada por la Sala 
de Justicia del Tribunal Central Militar de fecha 11 de abril de 2018 dictada en el recurso 
contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 152-2016. Han intervenido el Ministerio 
Fiscal y el abogado del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Alfredo Montoya 
Melgar.
I. Antecedentes
1.  Don J. A. V. P., representado por el procurador de los tribunales don Julio Alberto 
Gutiérrez Durán y bajo la asistencia del letrado don Jorge Cotrino García, interpuso 
recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  judiciales  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en este tribunal el 9 de 
octubre de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La Asociación Unificada de Guardias Civiles, en la sección de comunicación de  s
su página web (www.augc.org), publicó el 10 de diciembre de 2014 un artículo titulado  e.
«AUGC Cádiz denuncia los malos tratos de mandos en los acuartelamientos de Arcos  w.
de la Frontera y Ubrique», en el que, en relación al alférez adjunto a la compañía de  027ww
aVfiilrlammaabratí nlo  qduee l as igGuuea:rdia Civil, con residencia en el acuartelamiento de Ubrique, se
«En Ubrique, el alférez no se conforma con apuntarse tres guardias más que han
debido ser dados de baja médica por causas psicológicas, no le basta con llevar su trato
inhumano al extremo de hacer que dos guardias llegaran a desplomarse, por el estrés a 
que fueron sometidos en el transcurso del último ejercicio de tiro, ni le parece suficiente 
sus vejaciones a sus subordinados, obligados a permanecer firmes a capricho en pleno 
centro de la localidad.
Él va más allá de sembrar el terror entre sus trabajadores y también se despacha con 
las familias de los guardias civiles que viven en la casa cuartel, limitándolos en sus 
derechos, coartando las libertades ciudadanas y orillando el acoso a civiles por el hecho 
de ser esposas, hijos o familiares de subordinados suyos, con acciones como por 
ejemplo prohibirles el acceso a sus viviendas por la entrada principal y desviándolos 
por una puerta trasera, cuestiones estas que han llegado a ser puestas en conocimiento 
del psicólogo de la Comandancia de Cádiz y del Coronel de la misma, sin que hasta la 
fecha se obtengan respuestas decentes».
b)  El 26 de diciembre de 2014 el referido alférez interpuso demanda de juicio verbal 
contra  la  AUGC  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  de  Ubrique, 
ejercitando acción de rectificación respecto de la información difundida. Se celebró el 5 
de mayo de 2015 la vista del juicio verbal, en la que el recurrente y otros dos guardias 
civiles, a propuesta de la demandada, fueron llamados a declarar como testigos, bajo 
juramento o promesa de decir verdad y apercibimiento de las penas establecidas para el 
falso testimonio [art. 458.1 del Código penal (CP)].
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique desestimó la pretensión del 
actor en sentencia de 14 de mayo de 2015. Considera que no ha lugar a la rectificación 
interesada porque lo solicitado por el demandante excede del cauce del procedimiento 
de rectificación, dado que el actor no interesaba la rectificación de los hechos concretos 
y objetivos o de algún dato inexacto que le afectase y que se refiriese directamente a él 
sino  a  la  modificación  de  un  artículo  entero,  sin  especificar  cuál  era  la  redacción 
alternativa que se proponía y que permitiese facilitar su versión sobre lo acontecido. 
La sentencia refleja en sus fundamentos de Derecho la siguiente afirmación: «[…] Lo que 
sí ha quedado acreditado es que el artículo publicado refleja las denuncias presentadas 
en la asociación por los guardias [J. A. V. P., J. C. C., y A. F. D.]. Los tres manifestaron 
que lo recogido en el artículo responde a lo indicado por ellos a la asociación en cuanto a 
los datos fácticos recogidos sin perjuicio de que las conclusiones a las que se llega en el 
artículo puedan no ser compartidas en todo o en parte por los guardias».
c)  El 13 de junio de 2015, el alférez mencionado emitió parte disciplinario contra el 
recurrente, y también contra los otros dos guardias civiles que declararon como testigos 
en la vista del referido juicio verbal, por dos faltas graves. La primera consistente en la 
presunta comisión de la infracción prevista en el art. 8.6 de la Ley Orgánica 12/2007, 
de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil (en adelante, LODGC), 
que tipifica la grave desconsideración con los superiores en el ejercicio de sus funciones 
o con ocasión de ellas. Y la segunda por haber incurrido presuntamente en vulneración 
del secreto profesional (art. 8.8 LODGC). A dicho parte se adjuntó, como sustento 
probatorio, el artículo publicado en la web de AUGC, la grabación audiovisual de la vista 
del  juicio  verbal  civil  sobre  derecho  de  rectificación  reseñado  y  la  sentencia 
desestimatoria de la acción ejercitada en ese juicio verbal.
Previa información reservada, fue incoado, por las referidas infracciones de los 
arts. 8.6 y 8.8 LODGC, expediente disciplinario contra el recurrente y también contra los 
otros dos guardias civiles, quienes se acogieron a su derecho a no declarar (arts. 24.2 
CE y 4 LODGC).
El director general de la Guardia Civil dictó resolución de 18 de abril de 2016  e.
imponiendo al recurrente, y a otro de los guardias civiles que testificaron en la referida  w.b
vista de juicio verbal, sendas sanciones de pérdida de destino, con todos los efectos  027ww
lpeegraíoledso  inhdeer endtoess  ya sñions p, osciboimlidoa da dueto preesd ir ddee stiunnoa e nf alalt ac omgraanvdea nccioan dsies tCenátdei z peonr  ulna 
e«ldlaess»c.o nNsoid esraec ihóinz oc odne lcolsa rsaucpióenri odrees  reens peol nesjearbciilcidioa dd er essupse fcutnoc iaoln etse roc ecro ng uoacradsiaió nc idveil 
encartado.
d)  Agotada  la  vía  administrativa  de  recurso,  el  recurrente  interpuso  recurso 
contencioso-disciplinario militar contra la resolución sancionadora, alegando entre otros 
motivos  la  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art.  24.1  CE)  y  a  la  defensa  (art.  24.2  CE).  Sostiene  en  concreto  la  nulidad  del 
procedimiento en la medida que la prueba de cargo deriva de haber prestado declaración 
en un procedimiento civil, promovido por el redactor del parte disciplinario, en calidad de 
testigo  y  no  de  parte  interesada.  La  Sala  de  Justicia  del  Tribunal  Militar  Central 
desestimó la impugnación en sentencia de 11 de abril de 2018. Resuelve sobre esta 
impugnación en la segunda parte del fundamento jurídico primero y concluye que «el 
hecho de haber sido llamado a deponer como testigo en un juicio verbal civil para el 
ejercicio del derecho de rectificación, en nada impide ni obstaculiza el ejercicio de la 
competencia sancionadora en vía disciplinaria emprendida por el mando y examinada 
ahora en este recurso contencioso disciplinario jurisdiccional. Dicho en otras palabras, no 
se le ha sancionado disciplinariamente por otras razones que aquellas que figuran en la 
resolución atacada y que se ajustan, como después veremos, a la infracción grave 
apreciada».
e)  Contra la citada sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central 
interpuso recurso de casación. Alegó cuatro motivos: (i) lesión del derecho fundamental 
a la defensa, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE); (ii) 
caducidad del procedimiento; (iii) vulneración del principio de presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE) y (iv) desconocimiento del principio de proporcionalidad de la sanción, con 
vulneración del art. 19 LODGC.
El Tribunal Supremo desestimó el recurso mediante sentencia de 29 de julio de 2019. 
Tras resaltar que la totalidad de las cuestiones planteadas por el recurrente ya habían 
sido  resueltas  en  la  sentencia  de  14  de  marzo  de  2019,  en  el  recurso  de 
casación 79-2018, formulado por otro de los guardias civiles implicados en la conducta 
enjuiciada,  examina  la  vulneración  del  derecho  fundamental  a  la  defensa,  y  a  no 
confesarse culpable (art. 24.2 CE) en el fundamento jurídico tercero, y la vulneración del 
principio de presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en el fundamento jurídico cuarto.
En  el  fundamento  jurídico  tercero  reconoce  que  las  garantías  instrumentales 
previstas en el art. 24.2 CE se aplican a los procedimientos sancionadores. Y añade: 
«Pero la virtualidad de tales derechos rige en el procedimiento disciplinario, sin que 
alcance a actuaciones no realizadas en el mismo, como es el caso». En este sentido, el 
recurrente en ningún caso ha sido afectado en su derecho de defensa en el expediente 
disciplinario por su declaración en el juicio civil, que se produjo con todas las garantías 
procesales de obligado cumplimiento y en nada empece que la fijación de los datos 
fácticos que sirven de base al reproche disciplinario se extraigan de una sentencia firme 
que sirve para establecer la realidad de lo ocurrido».
En el fundamento jurídico cuarto resuelve acerca de la invocación de la presunción 
de inocencia. Sostiene que el recurrente la «vincula a la falta de tipicidad absoluta de la 
conducta  sancionada»  y,  así  encuadrada,  la  desestima  porque  las  apreciaciones 
defendidas por la AUGC son un reflejo de los datos fácticos que, según su propia 
declaración testifical en el proceso civil, comunicaron los guardias expedientados a la 
AUGC,  datos  fácticos  que  comportaban  una  grave  descalificación  de  un  superior 
susceptible de reproche disciplinario.
3.  El recurrente, en el encabezamiento del escrito de iniciación registrado el 9 de 
octubre de 2019, dirige el recurso de amparo contra las dos resoluciones judiciales 
reseñadas en los antecedentes. e.
En los fundamentos de Derecho imputa a ambas resoluciones la vulneración del  w.b
derecho fundamental de defensa, a no declararse culpable y a no declarar contra sí  027ww
hmaisbmríao  dya ad ola v parloers uanuctoióinnc driem iinnaotcoernioc iaa  l(aasrt .a 2fi4rm.2a cCioEn),e se nq ulae  mhaebdíidaa r eeanl izqaudeo  ednu erallnatse  slae 
dlae cglraarbaaccióiónn t edset ifliac avl isrteaa lyiz alad atr aenns curnip cpióronc eddei mlaie dnetoc lacrivaicl.i óAnr gnuom peondtraí aenl  ureticlizuarrresnet ec oqmueo 
elementos  de  prueba  porque  fueron  obtenidos  en  una  declaración  testifical  bajo  la
obligación de decir verdad, y sin que nadie leyera los derechos del recurrente acerca de 
si podía o no optar por no declarar ante la posibilidad de que sus afirmaciones luego 
podían utilizarse en su contra en un procedimiento sancionador.
Por otro lado, alega que la sentencia del Tribunal Militar Central de 11 de abril 
de 2018 vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en 
relación con el principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE) y con la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) por cambio de 
criterio en asuntos iguales. Así, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central habría 
llegado a una conclusión distinta a la del presente asunto en sendas sentencias de 29 de 
noviembre  de  2017.  En  concreto,  en  un  supuesto  idéntico  habría  apreciado  la 
vulneración de los derechos a no declarar contra sí mismos, a no declararse culpables y 
a la presunción de inocencia. La sentencia del Tribunal Supremo no habría salvado esta 
situación.
En tercer lugar, imputa adicionalmente a la sentencia de 29 de julio de 2019 dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo («que incluso va más allá») la vulneración de la 
tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE por haber aplicado indebidamente el efecto de 
cosa juzgada material de una sentencia civil y utilizarlo como prueba de cargo en un 
procedimiento disciplinario sancionador, lo que lesionaría la presunción de inocencia así 
como el derecho a obtener una respuesta fundada en Derecho.
En fin, en el suplico de la demanda solicita que se reconozca la vulneración de los 
derechos fundamentales invocados y que sea restablecido en los mismos, para lo cual 
insta del tribunal que «declare la nulidad y anule la sentencia de la Sala de lo Militar del 
Tribunal  Supremo  de  fecha  29  de  julio  de  2019  (recurso  de  casación  contencioso 
núm. 84-2018) y la sentencia dictada por la Sala de Justicia del Tribunal Central Militar 
de fecha 11 de abril de 2018, así como también anule las resoluciones administrativas de 
que  traen  causa  y  que  son  lógica  y  cronológicamente  presupuestos  de  dichas 
resoluciones judiciales, en el recurso contencioso-disciplinario militar núm. 151-2016, y 
retrotraer las actuaciones al momento anterior a aquel en que fue dictada la sentencia 
por la Sala de Justicia del Tribunal Central Militar de fecha 9 de Mayo de 2018, para que 
por dicha Sala se dicte nueva sentencia respetuosa con los derechos fundamentales del 
recurrente a la defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la 
presunción  de  inocencia  del  art.  24.2  CE,  así  como  respetuosa  con  su  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE».
4.  Por auto de 13 de octubre de 2020, la Sección Primera de la Sala Primera 
del Tribunal estimó justificada la abstención formulada por el magistrado, Excmo. Sr. 
D. Cándido Conde-Pumpido Tourón amparada en los arts. 80 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) y 219.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
5.  La Sección Primera de este tribunal, por providencia de 15 de febrero de 2021, 
acordó admitir este recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; dirigir atenta comunicación a la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remita 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de 
casación contencioso 84-2018, así como al Tribunal Militar Central a fin de que, en plazo 
que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al recurso contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 152-2016;  e
debiendo  previamente  emplazarse,  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  puedan  bo
comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo quienes hubieran sido parte en el  027ww
proc6e.d imLaie nSteoc.retaría de Justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de
ordenación de 3 de marzo de 2021, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio
Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días, para presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
7.  El abogado del Estado, mediante escrito registrado en este tribunal el día 25 de 
febrero de 2021, presentó alegaciones en el sentido de acogerse a la doctrina expresada 
en la sentencia de 15 de febrero de 2021, dictada en el recurso de amparo 2914-2019, 
habida cuenta de la identidad sustancial existente con los supuestos de hecho y los 
fundamentos impugnatorios de este recurso.
8.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 7 de abril de 2021, 
interesa que se inadmitan el segundo y el tercero de los motivos esgrimidos por el 
demandante,  y  también  que  se  estime  el  recurso  por  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales del recurrente a no declararse culpable y a no declarar contra sí mismo 
(art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), así como que acuerde la 
nulidad de las dos resoluciones judiciales contra las que se dirige el recurso de amparo y 
de las dos resoluciones administrativas recaídas en el expediente disciplinario de que 
aquellas traen causa.
Aduce, en primer lugar, que la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el principio de igualdad en aplicación de la ley 
(art. 14 CE) y con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), 
por cambio de criterio en asuntos iguales, a pesar de ser imputable a la Sala de Justicia 
del Tribunal Militar Central, no fue invocada en el recurso de casación. Añade que «de 
hecho,  la  Sala  Quinta  de  lo  Militar  del  Tribunal  Supremo  no  pudo  pronunciarse  al 
respecto, como hubiera sido posible de haberse alegado como motivo específico del 
recurso de casación». Insta, en consecuencia, que se aprecie el óbice procesal de falta 
de denuncia previa, citando la doctrina constitucional que destaca que este requisito no 
es un mero formalismo rituario (por todas, STC 191/2009).
Manifiesta el Ministerio Público, en segundo término, que la vulneración de la tutela 
judicial efectiva del art. 24.1 CE, por haber aplicado indebidamente el efecto de cosa 
juzgada  material  de  una  sentencia  civil  y  utilizarlo  como  prueba  de  cargo  en  un 
procedimiento disciplinario sancionador, se imputa de un modo especial a la sentencia 
de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y, sin embargo, el recurrente no presentó 
incidente de nulidad de actuaciones a través del cual suscitase la reparación de esta 
vulneración. Concurriría a su juicio, al menos como opción preferente, el óbice procesal 
de falta de agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo.
En cuanto al primer motivo, cuya estimación insta, el fiscal alega que dado que el 
objeto del proceso constitucional, así como los planteamientos introducidos en el debate, 
son actualmente coincidentes con los abordados por la Sala Primera de este tribunal en 
la reciente STC 21/2021, de 15 de febrero, deben tomarse en consideraciones los 
fundamentos jurídicos cuarto y quinto, que procede a resumir. En el fundamento jurídico 
cuarto el tribunal reseñó la doctrina constitucional sobre el contenido y alcance de la 
garantía de no autoincriminación. Y en el fundamento jurídico quinto se recogió la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la garantía de no 
autoincriminación. En aplicación de esta doctrina, la STC 21/2021 habría apreciado, por 
los  motivos  desarrollados  en  los  fundamentos  jurídicos  séptimo  y  octavo,  que  la 
sentencia del Tribunal Militar Central y la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo «han vulnerado la garantía de no autoincriminación, en tanto que se fundan en 
razones que (a) o bien se apartan del contenido propio de esta garantía tal como la ha 
configurado  la  doctrina  constitucional;  (b)  o  bien  muestran  que  el  análisis  de  las  e
cuestiones que dicha garantía suscita en el presente caso ha sido insuficiente». bo
De esta forma, concluye el fiscal que, siendo las resoluciones impugnadas en el  027ww
prarezosennatmei enretocsu rscoo n dlea s aamnpaalizroa da«sa besno lulata mSeTnCte  21c/o2i0n2c1id,e nntoe sp roecne dseu ss intoé rmeninteonsd eyr 
parmopceadroe ntatem beilé no tohragna mvuielnnetor addoe  laam gpaarraon tpíao rdqeu en ola sa ustoeinntcernimciiansa caióqnu, í einm ptaungtnoa dqause  esne 
fundan en razones que (a) o bien se apartan del contenido propio de esta garantía tal
como se la ha configurado en la doctrina constitucional; (b) o bien muestran que el 
análisis de las cuestiones que dicha garantía suscita en el presente caso ha sido 
insuficiente». Y, en consecuencia, considera que corresponde mandar retrotraer las 
actuaciones «al momento anterior al dictado de la sentencia de instancia, con el fin de 
que el órgano judicial, sin recurrir a argumentos que según la STC 21/2021 pugnan con 
el contenido propio de la garantía de no autoincriminación, haga un análisis suficiente de 
las cuestiones planteadas por esta garantía en el presente caso».
9.  El recurrente, mediante escrito registrado en este tribunal el día 9 de abril 
de 2021, evacua el trámite de alegaciones que le fue conferido, reiterando los hechos y 
motivos de amparo que había hecho valer en su escrito de demanda, con la única 
diferencia de que distingue un epígrafe sobre el objeto del amparo, que es idéntico a los 
motivos de amparo invocados en la demanda, de otro sobre el contenido y alcance de 
las concretas vulneraciones invocadas, en el cual razona que las mismas también son 
imputables a las resoluciones administrativas recaídas en el expediente disciplinario. Sin 
embargo, el suplico de este escrito de alegaciones es el mismo que el del escrito de 
demanda, instando del tribunal que «retrotra[iga] las actuaciones al momento anterior a 
aquel en que fue dictada la sentencia por la Sala de Justicia del Tribunal Central Militar 
de fecha 11 de abril de 2018».
Adicionalmente, reproduce los fundamentos de derecho séptimo, octavo y noveno de 
la STC 21/2021, de 15 de febrero, explicando que la doctrina contenida en la citada 
sentencia es directamente aplicable en el presente recurso de amparo, dada la total y 
absoluta identidad de los hechos de los que deriva. Y contesta de forma anticipada a la 
posible objeción que pudiera presentar el Ministerio Fiscal en relación a la lesión del 
art. 24.1 CE que se imputa específicamente a la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo por haber fundado en el efecto de cosa juzgada material de una sentencia civil 
la  prueba  de  cargo  en  un  procedimiento  disciplinario  sirviendo  para  determinar  la 
realidad de lo sucedido, tal y como habría hecho en el recurso de amparo 2914-2019. 
A tal efecto explica que dicho motivo cabe considerarlo inserto en las argumentaciones 
y alegaciones defendidas durante toda la vía administrativa y en las dos instancias 
judiciales, por lo que no se habría producido ni la falta de invocación previa del art. 44.1 c) 
LOTC ni la falta de agotamiento del incidente de nulidad de actuaciones del art. 44.1 a) 
LOTC, dado que no cabría acudir al mismo cuando tanto el Tribunal Militar Central como 
el Tribunal Supremo habrían tenido la oportunidad de examinar y resolver la vulneración 
del derecho fundamental que constituiría en su caso el motivo del eventual incidente de 
nulidad de actuaciones.
10.  Por providencia de 8 de julio de 2021, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 12 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso y cuestiones previas al examen de las quejas.
La demanda de amparo reprocha a las sentencias impugnadas —la dictada en 
instancia por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, de 11 de abril de 2018, y la 
de la Sala Quinta del Tribunal Supremo desestimatoria del recurso de casación, de 29 de 
julio de 2019— que, al haber confirmado la sanción disciplinaria del recurrente por 
«grave  desconsideración  con  los  superiores»  (art.  8.6  LODGC),  con  base  en  sus  s
declaraciones autoincriminatorias realizadas como testigo obligado a decir verdad en un  oe.
proceso civil previo, han lesionado su derecho fundamental a la defensa, a no declarar  w.
Tcporreinbsturuann acsli íóM nmi liitdsaemr  oCin eoyn ctaera nlnc loiaa   cv(ouanlrntf.ee sr2aa4crsi.ó2en   CcduEell)p .da ebImrleep cu(hatoart ,.f  ua2nd4de.a2mm áCesEn, t)a,a l  adlsaeí  l ccreoitcmaudorar e ensl etepn rtaien nclacip iatiuo t eddleael    2021-13027n https://ww
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el principio de igualdad en aplicación de la
ley (art. 14 CE) y con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3  Bc
CE), lesión que derivaría de haber decidido este proceso conforme a un criterio distinto 
al acogido en otros asuntos iguales. Alega también, como tercer motivo, que la citada 
sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha vulnerado su derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) por basar en el efecto de cosa juzgada material de una 
sentencia civil la prueba de cargo en un procedimiento disciplinario.
En el suplico, el recurrente insta de este tribunal que, estimadas sus alegaciones y 
para  restablecerle  en  su  derecho,  anule  las  dos  sentencias  a  las  que  imputa  las 
vulneraciones, anule las decisiones administrativas «de que traen causa» y, en fin, 
ordene «retrotraer las actuaciones al momento anterior a aquel en que fue dictada la 
sentencia por la Sala de Justicia del Tribunal Central Militar de fecha 11 de abril de 2018, 
para  que  por  dicha  Sala  se  dicte  nueva  sentencia  respetuosa  con  los  derechos 
fundamentales del recurrente».
El Ministerio Fiscal, por su parte, aprecia que el segundo y el tercer motivo de 
amparo están afectados por sendos óbices procesales que determinan su inadmisión. 
Solicita,  por  lo  que  hace  al  otro  motivo  de  amparo,  que  sea  estimado  y  que,  en 
consecuencia, acuerde la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas y también 
de  las  resoluciones  administrativas  recaídas  en  el  expediente  disciplinario  del  que 
aquellas traen causa.
Tanto el recurrente como el Ministerio Fiscal coinciden en considerar directamente 
aplicable la doctrina contenida en la STC 21/2021, de 15 de febrero. El abogado del 
Estado  también  ha  presentado  alegaciones  sosteniendo  la  identidad  substancial 
existente  entre  dicha  sentencia  con  los  supuestos  de  hecho  y  los  fundamentos 
impugnatorios del presente recurso de amparo.
Delimitado así el objeto del proceso, cabe apreciar, como han sostenido las partes en 
las  alegaciones  presentadas,  que  la  Sala  Primera  de  este  tribunal  ha  dictado 
recientemente la STC 21/2021, de 15 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo promovido por otro guardia civil que fue sancionado 
conjuntamente con el recurrente por la comisión de los mismos hechos y con la misma 
sanción disciplinaria. A su vez, las sentencias dictadas en la vía judicial por la Sala de 
Justicia del Tribunal Militar Central y por la Sala Quinta del Tribunal Supremo recurridas 
en el presente recurso de amparo tienen un contenido idéntico a las también examinadas 
en la STC 21/2021, de 15 de febrero. Descartada así la concurrencia de algún elemento 
distintivo  que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo  declarado 
entonces, procede, por tanto, que hagamos aplicación de la citada sentencia 21/2021.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por la STC 21/2021, de 15 de febrero.
a)  Sobre los óbices procesales alegados por el Ministerio Fiscal.
Conforme  a  las  consideraciones  realizadas  en  la  STC  21/2021,  deben  ser 
descartados los motivos de amparo que aduce la demanda en segundo y tercer lugar, 
por no reunir los presupuestos procesales de viabilidad previstos en el art. 44 LOTC.
En lo que respecta al segundo motivo de amparo, relativo al cambio de criterio del 
Tribunal Militar Central respecto de asuntos iguales, que a juicio del recurrente es lesivo 
de  los  derechos  fundamentales  consagrados  en  los  arts.  24.1  y  14  CE,  resulta 
improcedente su examen porque, como ya apreciamos en la STC 21/2021, constituye 
una vulneración que pudo haberse denunciado en el recurso de casación promovido 
ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo para que, en caso de apreciarlo así, reparase 
esta lesión. En dicho recurso de casación no consta ese motivo de impugnación, ni  s
directamente  formulado  ni  expuesto  por  referencia  a  sus  elementos  fácticos  oe.
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razonamiento concreto que, sin haber sido objeto de la discusión en las fases anteriores
de la controversia, aplicó por primera vez la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal
Supremo para desestimar las pretensiones del recurrente. De esta forma, dado que el 
recurrente  no  dedujo  el  referido  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  contra  dicha 
sentencia,  no  agotó  todos  los  medios  de  impugnación  previstos  por  las  normas 
procesales en la vía judicial previa al presente recurso de amparo. Y no cabe considerar, 
como sostiene el recurrente en las alegaciones realizadas en el presente recurso de 
amparo, que estuviese eximido de plantear incidente de nulidad de actuaciones aun 
cuando no se tratase del principal motivo alegado, ni tampoco es posible apreciar que se 
tratase  de  un  motivo  inserto  «en  la  batería  de  argumentaciones  y  alegaciones» 
sustentadas en la vía administrativa y en las dos instancias judiciales, dado que, como 
hemos  apuntado,  es  un  razonamiento  concreto  que  se  usó  por  primera  vez  en  la 
sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
b)  Sobre la delimitación del objeto del proceso.
Descartados los motivos de amparo que aduce la demanda en segundo y tercer 
lugar, por no reunir los presupuestos procesales de viabilidad previstos en el art. 44 
LOTC, procede examinar la invocada vulneración del derecho fundamental a la defensa, 
a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE), así como el 
principio  de  presunción  de  inocencia  (art.  24.2  CE).  Tal  y  como  explicamos  en  el 
fundamento  jurídico  tercero  de  la  STC  21/2021,  este  examen  debe  proyectarse 
únicamente sobre las resoluciones judiciales impugnadas en la medida en que el suplico 
de este recurso de amparo, como petición expresa del recurrente, solicita únicamente 
que el tribunal ordene «retrotraer las actuaciones al momento anterior a aquel en que fue 
dictada la sentencia por la Sala de Justicia del Tribunal Central Militar de fecha 11 de 
abril de 2018, para que por dicha Sala se dicte nueva sentencia respetuosa con los 
derechos fundamentales del recurrente».
c)  Sobre el fondo.
En primer lugar, la STC 21/2021 recoge en los fundamentos jurídico cuarto y quinto 
la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre el contenido y alcance de la garantía de no autoincriminación.
Por una parte, recordamos que la garantía de no autoincriminación es una especie 
de los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable que rige y ha 
de ser respetado en la imposición de sanciones administrativas «sin perjuicio de las 
modulaciones que pudiera experimentar en razón de las diferencias existentes entre el 
orden  penal  y  el  derecho  administrativo  sancionador»  (STC  197/1995,  de  21  de 
diciembre, FJ 7). Y que presupone, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de  Derechos  Humanos,  que  las  autoridades  «logren  probar  su  caso  sin  recurrir  a 
pruebas obtenidas mediante métodos coercitivos o de presión en contra de la voluntad 
de la "persona acusada" (jurisprudencia recogida en las SSTC 42/2009, de 15 de junio, 
FJ 3; 18/2005, de 1 de febrero, FJ 2, y 54/2015, de 16 de marzo, FJ 7). En la sentencia 
también confirmamos, como criterio doctrinal, que «es en principio indiferente que la 
declaración coactiva se produzca en un proceso o procedimiento previo al propiamente 
penal o sancionador, pues lo relevante es que produzca efectos incriminatorios en este 
último».
Por otra parte, sistematizamos los aspectos objetivos que según el Tribunal Europeo 
de  Derechos  Humanos  hay  que  tener  presentes  al  examinar  la  garantía  de  no 
autoincriminación, en la medida en que esta garantía no protege frente al uso en un 
procedimiento penal de cualquier aportación autoinculpatoria. Estos aspectos son: (i) la  e.
naturaleza y el grado de coacción con que el poder público recaba la información del  w.
acusado o de quien puede llegar a serlo, dado que es la existencia de compulsión lo que  027ww
hcoanceve snuierngtire mlae nptree orceusppaectaiódna ;a c(iei)r ceal  dues os id lea  egsaara nintfíoar mdea cnióon  aeunto iunnc ripmrioncaecdióimn iehnat os iddoe 
innactruimrailneaztao rpioe ntiaeln ye  leax eisfticeancciiaa  iinncdreimpeinnadtioerniate q udee  elan  véol luhnatyaad  tedneild aoc, uys a(idii)o  sdi ee lq muiaetne rsiael   BOE-A-cable e
recaba.  Este  tercer  elemento  excluye  aquellos  supuestos  en  los  que  el  material 
incriminatorio, aun habiendo sido obtenido coactivamente del acusado o de quien pueda 
llegar a serlo, tenga una existencia independiente de su voluntad, como documentos 
recabados en virtud de autorización judicial, muestras de aliento, sangre y orina y tejidos 
corporales destinados a pruebas de ADN (caso Saunders c. Reino Unido, § 69, y caso 
O’Halloran y Francis c. Reino Unido, § 47).
En segundo lugar, aplicamos en el fundamento jurídico sexto de la STC 21/2021 
dichos aspectos objetivos en el caso concreto y concluimos que «[a]lgunos de estos 
elementos que […] conforman el contenido propio de la garantía de no autoincriminación 
concurren en el caso que pende de resolución ante este tribunal, lo que justifica que 
proceda analizar si dicha garantía aparece lesionada por las sentencias impugnadas».
Se cuentan, entre estos elementos, (i) que fue el propio recurrente quien aportó, 
dentro  del  proceso  civil  de  rectificación,  la  información  consistente  en  que  fue 
precisamente él la fuente de los datos reflejados en la noticia que, publicada en la página 
web  de  la  AUGC  y  referida  en  ciertos  medios  de  comunicación,  genera  la  grave 
desconsideración  hacia  el  mando  mencionado  en  ella;  (ii)  que  la  comunicación  de 
información del recurrente se trata de una verdadera declaración; (iii) que la declaración 
no fue en absoluto voluntaria, sino que se realizó de un modo forzado, dado que el 
recurrente que la hizo estaba obligado en su condición de testigo a responder a las 
preguntas formuladas y a hacerlo de una forma exacta; (iv) y que la información aportada 
coactivamente  por  el  testigo  en  el  pleito  civil  desplegó  posteriormente  eficacia 
incriminatoria en el procedimiento disciplinario dentro del que se sancionó al recurrente.
En tercer lugar, tras esta constatación, examinamos en los fundamentos jurídicos 
séptimo y octavo de la STC 21/2021, respectivamente, la motivación de las sentencias 
dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central y por la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, y concluimos en el fundamento jurídico noveno que estas sentencias 
vulneraban la garantía de no autoincriminación «en tanto que se fundan en razones que 
(a) o bien se apartan del contenido propio de esta garantía tal como la ha configurado la 
doctrina constitucional; (b) o bien muestran que el análisis de las cuestiones que dicha 
garantía suscita en el presente caso ha sido insuficiente. En cuanto a esta insuficiencia, 
la alegación de la garantía de no autoincriminación exigía que los órganos judiciales 
hubieran examinado si, atendidas las circunstancias del supuesto que enjuiciaban, la 
resolución  sancionadora  del  guardia  civil  se  apoyaba  de  un  modo  exclusivo  en  el 
contenido de su declaración como testigo en el pleito civil o, por el contrario, tuvo 
presente además otros elementos de prueba distintos de aquella y que quepa considerar 
razonablemente autónomos».
En el caso de la sentencia dictada por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, 
consideramos que el análisis de las cuestiones había sido insuficiente porque «[n]o 
basta, desde la óptica constitucional aquí considerada, con razonar de un modo genérico 
que "deponer como testigo en un juicio verbal civil para el ejercicio del derecho de 
rectificación no impide ni obstaculiza el ejercicio de la competencia sancionadora en vía 
disciplinaria". Habría sido necesario que el órgano judicial examinase si, conforme a las 
circunstancias del caso concreto, la sanción del guardia civil se apoyaba únicamente en 
su previa declaración como testigo en el pleito civil o, por el contrario, existían elementos 
de prueba distintos de aquella y razonablemente autónomos respecto de ella que habían 
dado sustento a la resolución sancionadora. Solo en el segundo caso se podía concluir 
que  la  garantía  constitucional  de  no  autoincriminación  no  habría  quedado 
comprometida». s
Y consideramos también que «[n]o satisface este análisis de la garantía constitucional  oe.
que el órgano judicial afirme que "no se le ha sancionado disciplinariamente por otras  w.
razones que aquellas que figuran en la resolución [sancionadora] atacada". El dato  027ww
rsealnecviaonntaed, oq upeo re l laesx armazeonn ceosn qstuiteu cfiiognuaral ne xeigní al av erreifsicoalur,c inóon  essa nqcuieo neal dgouraar, dsiain coi vsili  futaelsees 
razones son conformes con la garantía de no autoincriminación».
En  el  caso  de  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  Quinta  del  Tribunal  Supremo, 
concluimos que «[l]a primera de las razones esgrimidas en la sentencia […], según la 
cual la garantía de no autoincriminación como expresión de los derechos a la defensa y 
a la presunción de inocencia carece de eficacia frente a aportaciones coactivas de 
información no realizadas dentro del procedimiento disciplinario sino fuera de él, se 
separa abiertamente de la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Como se detalló […], este tribunal […] ha reconocido que esta garantía 
despliega también su virtualidad propia frente a las comunicaciones bajo amenaza de 
sanción hechas fuera de un procedimiento de naturaleza penal […] siempre que acaben 
teniendo posteriormente, en un proceso o procedimiento de naturaleza penal, relevancia 
autoincriminatoria del declarante».
Por otro lado, también apreciamos que «[l]a referencia a que la "declaración en el 
juicio civil […] se produjo con todas las garantías procesales de obligado cumplimiento" 
se aparta, por los mismos motivos indicados, de la doctrina constitucional y de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La declaración coactiva, 
aunque no hay objeción en que tenga lugar fuera del procedimiento de naturaleza penal, 
ha de surtir valor incriminatorio dentro de este último, que es donde deben desplegarse 
las cautelas dirigidas a evitar que el derecho a no autoincriminarse resulte desconocido».
Finalmente, concluimos que «[c]on el último argumento ‘en nada empece que la 
fijación de los datos fácticos que sirven de base al reproche disciplinario se extraigan de 
una sentencia firme que sirve para establecer la realidad de lo ocurrido’ sucede lo que 
con la motivación del Tribunal Militar Central, que no es per se lesiva de la garantía de no 
autoincriminación,  pero  revela  un  examen  insuficiente  de  las  cuestiones  que  dicha 
garantía suscita en el presente caso. Habría sido necesario que la Sala Quinta del 
Tribunal  Supremo  hubiera  examinado  si,  conforme  a  las  circunstancias  del  caso 
concreto, la fijación de los datos fácticos que hizo la sentencia civil y en la que se apoyó 
el reproche disciplinario era consecuencia directa de la declaración del testigo o, por el 
contrario, tenía sustento en elementos de prueba distintos de aquella y razonablemente 
autónomos respecto de ella. Solo en el segundo caso se podía concluir que la garantía 
constitucional de no autoincriminación no había quedado comprometida al basarse el 
reproche disciplinario en la realidad establecida por la sentencia civil».
Dada  la  identidad  de  contenido,  anteriormente  apuntado,  entre  las  sentencias 
analizadas en la STC 21/2021 y las examinadas en este recurso de amparo, procede 
otorgar  el  amparo  solicitado  por  el  recurrente  y,  en  consecuencia,  retrotraer  las 
actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia de instancia, con el fin de que 
el órgano judicial, sin recurrir a argumentos que según la presente sentencia pugnan con 
el contenido propio de la garantía de no autoincriminación, haga un análisis suficiente de 
las cuestiones planteadas por esta garantía en el presente caso.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don J. A. V. P. y, en su virtud:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  garantía  de  no  autoincriminación  como  e.e
manifestación específica de los derechos a la defensa y a la presunción inocencia  b
(art. 24.2 CE). 027ww
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actuaciones al momento anterior a aquel en que fue dictada esta última, con el fin de que
el órgano judicial, sin recurrir a argumentos que según la presente sentencia pugnan con 
el contenido propio de la garantía de no autoincriminación, haga un análisis suficiente de 
las cuestiones planteadas por esta garantía en el presente caso.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.