BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 124 Martes 25 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 63668
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
8728 Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, para la 
realización  de  actuaciones  conjuntas  en  materia  de  formación  entre  el 
Consejo General del Poder Judicial y la Guardia Civil.
Habiéndose suscrito el 12 de mayo de 2021 el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial y el Ministerio del Interior para la realización de actuaciones conjuntas 
en materia de formación entre el Consejo General del Poder Judicial y la Guardia Civil, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura 
como anexo a esta Resolución.
Madrid, 21 de mayo de 2021.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior 
para la realización de actuaciones conjuntas en materia de formación entre el 
Consejo General del Poder Judicial y la Guardia Civil
En Madrid, a 12 de mayo de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial, Excmo. Sr. don Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013), en ejercicio de las facultades que 
le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Y  de  otra  parte,  don  Fernando  Grande-Marlaska  Gómez,  Ministro  del  Interior, 
nombrado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, actuando en representación de este 
Ministerio y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General 
del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente 
del Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), dispone que el gobierno del Poder Judicial 
corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en  s
todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la  oe.
propia LOPJ, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación y  w.
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inicial  y  continuada  de  Jueces  y  Magistrados  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 560.1.7.ª de la LOPJ, para cuyo ejercicio, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 433bis.4 LOPJ, puede colaborar con entidades y organismos.
Segundo.
Que en la estructura orgánica del Ministerio del Interior se incluye la Dirección 
General de la Guardia Civil, centro directivo de la Guardia Civil, entre cuyas funciones 
según el Art. 4.1.e) del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, se contempla la de 
ejecutar la política de personal y formación de la Guardia Civil.
Tercero.
Que  la  actuación  profesional  de  ambos  colectivos  converge  en  las  labores  de 
averiguación y comprobación del delito, cuya complejidad de territorios, escenarios y 
situaciones  aconseja,  con  pleno  respeto  a  las  competencias  y  funciones  de  cada 
colectivo, profundizar en actividades conjuntas de formación, estudio y análisis, como 
manera de conseguir una mayor eficacia y eficiencia en dichas labores. Adicionalmente, 
la existencia de dichos foros de estudio ha demostrado un importante valor en el fomento 
de las relaciones personales y del conocimiento mutuo capaz de repercutir positivamente 
en la coordinación y desarrollo de los respectivos ámbitos de actuación profesional y que 
entre otras consecuencias aconseja no reducir las actividades de formación a las que 
centralizadamente puedan llevarse a cabo sino extenderlas al mayor número de niveles 
territoriales posibles.
Cuarto.
Que el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior (Dirección 
General de la Guardia Civil) suscribieron el día 29 de mayo de 2014 un Convenio para la 
realización de actuaciones conjuntas en materia de formación, cuya vigencia se extendió 
hasta  el  31  de  diciembre  de  2014,  el  cual  se  ha  venido  prorrogando  anualmente 
mediante las correspondientes adendas, siendo la última firmada el 1 de enero de 2018 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.
Quinto.
Ambas partes consideran de interés proseguir con la realización de actuaciones conjuntas 
en materia de formación, y, atendiendo a todo lo expuesto, los intervinientes comparecen en 
nombre y representación de sus respectivas Instituciones, reconociéndose de modo recíproco 
capacidad para formalizar el presente convenio.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases generales de cooperación 
entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior en materia de 
formación y perfeccionamiento de los miembros del Poder Judicial y de la Guardia Civil  es
en  las  materias  profesionales  comunes,  de  manera  que  posibiliten  un  mutuo  o
enriquecimiento y desarrollo y entre las que a título meramente enunciativo se incluyen:  w.
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policía judicial.
Segunda.  Actuaciones a desarrollar por el Consejo General del Poder Judicial.
a)  Favorecer la participación de Jueces/zas y Magistrados/as, como ponentes y/o 
asistentes,  en  las  actividades  de  formación  organizadas  o  llevadas  a  cabo  por  la 
Dirección  General  de  la  Guardia  Civil  o  por  cualquiera  de  las  Zonas  en  que 
operativamente se organiza ésta.
b)  Cualesquiera otras que participen de análoga significación formativa en interés 
común de ambos colectivos.
Tercera.  Actuaciones a desarrollar por el Ministerio del Interior (Dirección General de la 
Guardia Civil).
a)  Realización  de  actividades  de  formación  inicial  de  los/as  alumnos/as  de  la 
Escuela Judicial en instalaciones de la Guardia Civil-bajo el título de estancias, jornadas, 
visitas o cualquier otro-.
b)  Participación de miembros de la Guardia Civil, como ponentes y/o asistentes, en 
las actividades de formación inicial desarrolladas en la Escuela Judicial.
c)  Participación de miembros de la Guardia Civil, como ponentes y/o asistentes, en las 
actividades de formación continuada - jornadas, cursos, semanarios, etc., organizadas o 
auspiciadas por el Consejo General del Poder Judicial -por si o en colaboración con otras 
instituciones-en materias de interés común para ambos colectivos profesionales.
d)  Cualesquiera otras que participen de análoga significación formativa en interés 
común de ambos colectivos.
Cuarta.  Impacto económico.
El  presente  convenio  no  conlleva  incremento  del  gasto  público  y  no  supondrá 
contraprestación económica para ninguna de las partes, resultando así del mismo, el 
coste cero para cada una de las mismas.
En caso de que algunas de las actuaciones derivadas de este Convenio tuvieran 
alguna incidencia económica o presupuestaria para las partes derivadas de las acciones 
de formación, éstas se articularán en acuerdos de ejecución de este Convenio y estarán 
sujetos a los preceptivos informes de legalidad y a la previa fiscalización del gasto y de 
los compromisos económicos contraídos.
Quinta.  Acreditaciones.
Ambas  partes  acreditarán  a  los  asistentes  y  ponentes  la  participación  en  las 
actividades de formación y perfeccionamiento por medio de la expedición de diplomas o 
certificaciones, de asistencia o de aprovechamiento, a expedir de modo conjunto, en su 
caso, por ambas instituciones organizadoras, sin perjuicio del refrendo o convalidación 
que a su vez pudieren tener de instituciones académicas o profesionales igualmente 
participes en dichas actividades.
Sexta.  Comisión de planificación y seguimiento.
A efectos del presente Convenio se constituirá una Comisión de Planificación y 
Seguimiento con la siguiente composición, funciones y régimen de funcionamiento:
Composición: s
– Por parte del Consejo General del Poder Judicial: Dos miembros del Consejo  w.b
General del Poder Judicial. 28ww
Gen–e rPalo dr ep laar Gteu adredl iaM Cinivisilt.erio del Interior, dos miembros designados por el Director
Funciones:
1.  Entre  las  funciones  que  corresponden  a  la  Comisión  de  Planificación  y 
Seguimiento se incluyen:
a)  Determinar  las  actividades  formativas  que  reuniendo  el  carácter  de  interés 
común, se ofertarán a los miembros de ambas instituciones, a partir de la propuesta de 
los representantes de las partes y con respeto al conjunto o programa general de 
actividades de formación de cada una de las partes, La determinación comprenderá el 
número de plazas ofertadas y en su caso, cuantos requisitos o circunstancias sean 
necesarias para la efectiva participación en las actividades.
b)  El seguimiento de las actuaciones y de los trabajos realizados, en desarrollo de 
las actividades previstas en el presente.
c)  El  estudio  y  la  propuesta,  en  su  caso,  de  las  posibles  revisiones  de  los 
compromisos asumidos.
d)  Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la 
más adecuada consecución de los objetivos formativos.
e)  Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
f)  Resolver  los  problemas  de  cumplimiento  que  pudieran  plantearse  entre  las 
partes.
Funcionamiento:
1.  Esta  Comisión,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  49.1  f)  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento 
acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo 
establecido para los órganos colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre.
2.  La Comisión se reunirá al menos dos veces al año con carácter ordinario y con 
carácter extraordinario siempre que sea solicitado por los representantes de alguna de 
las partes.
Séptima.  Legislación aplicable y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el Capítulo VI del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Acuerdo, se someterán a la 
Comisión de Planificación y Seguimiento.
Si  no  pudiera  alcanzarse  acuerdo,  las  cuestiones  litigiosas  se  someterán  a  la 
jurisdicción  contencioso-administrativa,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa»
Octava.  Relación laboral.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre 
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del 
mismo. s
Novena.  Vigencia y efectos del convenio. w.
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Estado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización. Tendrá una vigencia de 
dos años contados a partir de su firma.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los 
firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro 
años adicionales o su extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un 
documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.
Décima.  Modificación, resolución y extinción del convenio.
El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través 
de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá ser suscrita por 
las mismas autoridades que el presente Convenio.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y expresamente la denuncia del 
Convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las 
condiciones suscritas.
En  caso  de  incumplimiento,  cualquiera  de  las  partes  podrá  notificar  a  la  parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
En caso de resolución del convenio será de aplicación lo estipulado en su artículo 52 
de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público.  La 
resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en 
ejecución,  para  las  que  la  Comisión  Mixta  de  Seguimiento  establecerá  un  plazo 
improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Consecuencias del incumplimiento.
El  incumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  en  el  presente 
Convenio no generará indemnización entre las partes.
Duodécima.  Protección de datos.
En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de carácter 
personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:
a)  En el tratamiento de los datos de carácter personal, cada parte será responsable 
de  los  tratamientos  necesarios  para  la  aplicación  del  convenio  en  aplicación  del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). En el caso del CGPJ 
el responsable del tratamiento a los efectos del RGPD es la Secretaría General. En el 
caso del Ministerio del Interior el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es 
Ministerio del Interior/Dirección General de la Guardia Civil.
b)  Los  datos  derivados  de  este  Convenio  serán  de  carácter  identificativo  y  e.
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto  w.b
establecido en el Convenio. 28ww
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Protección de Datos) y a las personas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y
dos  horas,  según  establece  el  RGPD  en  su  artículo  33.  A  su  vez,  las  partes  se 
comprometen a colaborar para resolver el incidente y poner los medios para que no se 
vuelvan a producir incidentes similares.
d)  Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la 
protección  de  datos  personales,  que  se  encargarán  de  comunicar  y  coordinar  el 
tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.
e)  Los/as  titulares  de  los  datos  podrán  ejercer  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación, supresión, cancelación, limitación de tratamiento y oposición en la dirección 
correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento o, en el caso del Consejo 
General del Poder Judicial, a través del formulario web accesible en:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Proteccion-de-Datos/Ejercicio-de-
derechos--formulario-/.
Y en el caso del Ministerio del Interior en la siguiente dirección de correo electrónico:
dggc-dpd@guardiacivil.org
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos), y demás normativa 
vigente.
Decimotercera.  Confidencialidad.
Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la 
información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente 
Convenio.  Ambas partes también acuerdan no  divulgar esta información a ninguna 
persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también 
mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta 
ejecución de este Convenio.
El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de 
este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.
Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su 
propia  naturaleza,  de  las  obligaciones  de  publicidad  y  transparencia  derivadas  de 
normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  el  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El 
Presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes 
Serrano.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.