BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Sábado 5 de febrero de 2022 Sec. V-B.  Pág. 5521
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
3396 Resolución de 31 de enero de 2022, de la Subdelegación del Gobierno
en Valladolid, de revocación de actos administrativos de gravamen o
desfavorables al interesado.
Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo
de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Esta Subdelegación del Gobierno dictó en su momento resolución
sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente resolución y
relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo
7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las
Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de
tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su
inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
SEGUNDO.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de
multa, no constando que se haya procedido al pago de las mismas.
Y teniendo en cuenta los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone
que ‘’El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno’’.
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/
2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº
2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los
apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia
sentencia.
TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional establece que ‘’Las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no e.
permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa w.b
juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos w
iandcmoninsitsitturacitoivnoasle rse,f esarelvnote esn a e lu cna sporo dceed loimsi epnrotoce ssaonsc pioennaadleosr  oe nc oqnuteen, ccioosmoo-
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CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
‘’Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico’’.
QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación
corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de
procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves corresponde
al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
competencia que fue delegada, para los hechos ocurridos en la provincia, en el
Subdelegado del Gobierno en Valladolid por resolución de 22 de abril de 2021,
relativa a la delegación de competencias en materia sancionadora sobre seguridad
ciudadana (B.O.E. de 12 de mayo de 2021), de conformidad con el artículo 32.1.c)
de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las
resoluciones sancionadoras emitidas.
SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, al apreciar razones de interés público.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de
UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.
ANEXO RESOLUCIÓN
Expediente/Año Identificador Infractor
1453/2020 Y6821644L
1430/2020 Y7422916W
1416/2020 71175251A
1409/2020 71139634J
1397/2020 M4700762E
1396/2020 M4700763T
1384/2020 12427096N es
1378/2020 Y0934016T o
1366/2020 12389269C ww.
11336509//22002200 YY78209256469013CP 22-3396https://w
1352/2020 09320054V 20n 
1349/2020 74394534E
1347/2020 X7232591B
1340/2020 12441377X
1049/2020 12445064V
1044/2020 71145985Q
1042/2020 X8809586B
1041/2020 71570393M
1025/2020 71154214B
1022/2020 X9231098W
1021/2020 Y7346247S
1016/2020 12431947X
1013/2020 71207401E
1000/2020 71173621Y
997/2020 72334854S
985/2020 71316322S
972/2020 71383366Z
961/2020 71148386W
960/2020 71943639F
959/2020 X8374726N
949/2020 12413538R
946/2020 12414473Q
944/2020 12438157X
943/2020 71578301R
938/2020 12408027X
936/2020 12426444G
864/2020 71204102N
849/2020 71141840B
800/2020 X8313731J
796/2020 X7237254M
794/2020 09335224F
791/2020 12404627Z
784/2020 71579519T
Valladolid, 31 de enero de 2022.- El Subdelegado del Gobierno en Valladolid,
Emilio Álvarez Villazán.
ID: A220003293-1