BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23540
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3348 Pleno. Sentencia 23/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 
3807-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los 
autos del magistrado instructor de causa especial y de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que desestimaron su solicitud de medidas para poder 
asistir  a  la  sesión  de  investidura  en  el  Parlamento  de  Cataluña  como 
candidato a la presidencia de la Generalitat. Supuesta vulneración de los 
derechos  a  la  participación  política,  al  ejercicio  de  los  cargos  públicos 
representativos y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que 
denegaron el permiso penitenciario solicitado al apreciar riesgo de reiteración 
delictiva; inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:23
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3807-2018, promovido por don Jordi Sànchez i 
Picanyol, representado por el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, 
y asistido por el letrado don Jordi Pina Massachs, contra el auto de 18 de junio de 2018, 
dictado por la Sala de Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por el que 
se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 12 de abril de 2018, 
dictado  por  el  magistrado  instructor  de  la  causa  especial  núm.  20907-2017,  sobre 
solicitud de medidas para tomar parte como candidato en la sesión de investidura de la 
presidencia  de  la  Generalitat  de  Cataluña.  Han  sido  parte  la  asociación  Politeia, 
representada por el procurador de los tribunales don Javier Fernández Estrada y asistida 
por el letrado don Víctor Hortal Fernández; doña Meritxell Borrás Santacana y don 
Joaquim Forn Chiarello, representados por el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz y asistidos por el letrado don Javier Melero Merino; doña Ramona Barrufet 
Santacana, representada por el procurador de los tribunales don Ignacio Argós Linares y 
asistida por la letrada doña Judit Gené Creus; don Lluis Guinó Subirós y don Lluis María 
Corominas Díez, representados por el procurador de los tribunales don Ignacio Argós 
Linares y asistidos por el letrado don Javier Melero Merino; el partido político VOX,  e.e
representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López y  b
asistido por el letrado don Pedro Fernández Hernández; doña Carme Forcadell i Lluis y  48ww
dMoañratí nAenzn aB eSnimíteóz ,i  Cy aassteislltóid, ares ppreosr elnat aledtarsa dpao rd eolñ par oOculgraa dAorrd deeri ulo sR tiprioblul;n ay,le ds odñoan  DEomloilrios 
BHausidsoab rio ;C hoalln,  irnetperrevseennidtaod eal  apboor geald op rdoeclu Erasdtaodr od ye  ello sM intriisbtuenriaol eFsi scdaoln.  HAan ísbidaol  Bpoonrdeanltloe 
la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 3 de julio 
de 2018, don Aníbal Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en nombre y 
representación de don Jordi Sànchez i Picanyol, interpuso recurso de amparo contra las 
resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes para el examen de la pretensión de amparo, tal y como 
derivan de las actuaciones recibidas, son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  El 22 de septiembre de 2017, el ministerio fiscal formuló denuncia por delito de 
sedición contra don Jordi Sànchez i Picanyol y otras personas, en relación con las 
concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo los anteriores días 20 y 21 de 
septiembre en la zona de la Rambla-Gran Vía de Barcelona, en el transcurso de la 
práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la Consejería de Economía de 
la Generalitat de Cataluña. Fue repartida al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la 
Audiencia Nacional que, por auto de 27 de septiembre de 2017, incoó las diligencias 
previas núm. 82-2017, para la investigación del delito denunciado. Tras celebrar la 
preceptiva comparecencia, el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, por auto de 16 de 
octubre de 2017, acordó la prisión comunicada y sin fianza del demandante de amparo.
b)  Dos  semanas  después,  en  virtud  de  querella  presentada  el  30  de  octubre 
de 2017 por el fiscal general del Estado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
fue incoada causa penal por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales 
públicos y desobediencia contra determinadas personas, miembros de la diputación 
permanente del Parlamento de Cataluña, excepto una de ellas. La acción penal fue 
admitida a trámite mediante auto del siguiente día 31 de octubre por el que, ex art. 57.2 
del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña,  la  sala  se  declaró  competente  para  el 
conocimiento de la causa y, conforme al turno establecido, designó magistrado instructor 
para la investigación de los hechos denunciados (causa especial núm. 20907-2017).
c)  En dicha causa, el magistrado instructor extendió subjetivamente la investigación 
a los presidentes de las asociaciones Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana 
(ANC) y a quienes habían sido miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
(auto de 24 de noviembre de 2017). En la misma resolución se reclamó al Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional la remisión de las actuaciones 
originales o testimoniadas que, en relación con los hechos investigados y las personas 
sometidas a investigación en la causa especial, se siguieran en dicho juzgado en la 
causa núm. 82-2017.
d)  Proclamado candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas 
para el día 21 de diciembre de 2017, el demandante solicitó la modificación de la medida 
cautelar acordada por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. El 
magistrado instructor, por auto de 4 de diciembre de 2017, desestimó la pretensión y 
dispuso  el  mantenimiento  de  la  prisión  provisional  previamente  acordada.  Para  el 
instructor: «en estos investigados [don Oriol Junqueras i Vies, don Joaquim Forn i 
Chiariello y don Jordi Sànchez i Picanyol] el riesgo de reiteración delictiva refleja la 
probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables 
consecuencias para la comunidad». El demandante de amparo no interpuso recurso de 
apelación contra este auto, pero se adhirió al presentado por otro de los investigados 
que se encontraba en prisión provisional y que concurría también como candidato a las 
elecciones al Parlamento de Cataluña; la apelación fue desestimada por la sala de  s
recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en auto de 5 de enero de 2018. oe.
Encontrándose en situación de prisión provisional, el demandante formó parte –como  w.
Pndúeam rdlaeicmrioee mdnotbosr e–d  edd eeC  la2at0 ac1lau7nñ. daLi adp aoctrau lnraad  cipdirraectusuenrans ctfaruidpeac  pipóroonrc  dl«aeJm uBanadtrsac  eppleoornr C aa,ac tquaueluerdn soyea d »ce ea ll ealab Jsrau ernolteanc  cEeilol edncíeatos r2 aa1ll    2020-3348n https://ww
Provincial de Barcelona de 24 de noviembre de 2017 («BOE» núm. 287, de 25 de
noviembre de 2017). Celebrada la votación, el demandante fue proclamado diputado
electo por la Junta Electoral Provincial de Barcelona en sesión de 27 de diciembre 
de 2017 [«Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» («BOPC») núm. 1, de 19 de enero 
de 2018]. Los resultados electorales y la relación de diputados electos fueron publicados 
por acuerdo de la Junta Electoral Central de 11 de enero de 2018 («BOPC», núm. 1, 
de 19 de enero de 2018). Los diputados proclamados electos se reunieron el día 17 de 
enero de 2018 en la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña de la XII legislatura 
(«BOPC», núm. 1, de 19 de enero de 2018). El demandante de amparo no pudo asistir a 
esta sesión por encontrase en prisión provisional, habiendo acordado el magistrado 
instructor, por auto de 12 de enero de 2018, que por el parlamento se habilitasen los 
instrumentos precisos para que pudiera acceder a la condición de diputado pese a la 
situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que se encontraba.
e)  Mediante escrito de 11 de enero de 2018, la defensa del señor Sànchez i 
Picanyol solicitó al instructor, de nuevo, que dejase sin efecto la medida cautelar de 
prisión provisional. En síntesis, alegó la irrelevancia penal de los hechos cuya comisión 
se le atribuye, así como la ausencia de fumus boni iuris, en relación con dichos hechos, y 
la desaparición sobrevenida del periculum in mora motivada por un sensible cambio de 
circunstancias en sus condiciones personales, como consecuencia de su elección como 
diputado al Parlamento de Cataluña en los comicios del 21 de diciembre de 2017.
La petición fue denegada por auto de 6 de febrero de 2018. La denegación fue 
recurrida en apelación alegando la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela 
judicial efectiva, a la libertad personal, a la libertad ideológica y a la participación en 
asuntos públicos (arts. 16, 17.1, 23 y 24.1 CE). El recurso fue desestimado por la sala de 
recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo mediante auto de 20 de marzo 
de 2018, tras considerar que el magistrado instructor contó con indicios suficientes de 
delito y apariencia de buen derecho, (fundamento jurídico 3). El auto de apelación ratificó 
la necesidad de evitar el riesgo de reiteración delictiva argumentando que el Convenio 
europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(CEDH) lo ha admitido como fundamento de la prisión provisional, pues así lo reconoce 
su art. 5.1 c) al autorizarla cuando se estime necesario para impedir que la persona 
privada de libertad cometa una infracción.
f)  Paralelamente, mientras se tramitaba la citada apelación, el 6 de marzo de 2018 
el demandante fue propuesto por el presidente del Parlamento de Cataluña, por primera 
vez, como candidato a la presidencia de la Generalitat. Ese mismo día, con apoyo 
expreso en dicha propuesta, el señor Sànchez solicitó de nuevo al magistrado instructor 
su libertad provisional, esta vez con la finalidad de asistir al pleno del Parlamento de 
Cataluña  a  exponer  su  programa  de  gobierno,  debatirlo  y  someter  a  votación  su 
investidura, prevista para el siguiente día 12 de marzo de 2018. Subsidiariamente, con la 
misma finalidad, al amparo de lo establecido en el art. 47 de la Ley Orgánica general 
penitenciaria  (LOGP),  reclamó  que  se  le  otorgasen  permisos  penitenciarios 
extraordinarios.
Tanto la petición de libertad provisional como el permiso extraordinario interesado 
fueron denegados por el magistrado instructor mediante auto de 9 de marzo de 2018 
que, recurrido en apelación ante la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, únicamente en lo que se refiere al permiso penitenciario, fue ratificado por 
auto de 17 de abril de 2018.
Para  el  instructor,  el  derecho  de  participación  política  representativa  alegado 
(art. 23.1 y 2 CE) puede ser limitado en atención a finalidades constitucionales legítimas 
que  presenten  «una  correspondencia  razonable  en  su  intensidad».  De  esta  forma,  s
señaló, no es el riesgo de alteración del orden público lo que justifica la denegación de  oe.
los permisos extraordinarios solicitados para defender la propia investidura, sino el riesgo  w.
de reiteración delictiva tomado en consideración para decretar su privación cautelar de  48ww
lriebietertraód q. uCeo ns urbesmisitsíiaó nu na  culanrao  rpersoonluócsitóicno  pdree creediteenratec,i óenl  daeultioc tidvea  d6a ddeo  fqeuber e«roe xdiset e2 0u1n8a 
posibilidad razonable de que se reproduzca el ataque al bien jurídico y de que esa
eventualidad pueda confluir de nuevo con la voluntad del encausado de sumarse a la 
ejecución delictiva desde cualquier tarea o función».
La sala de apelación ratificó la denegación del permiso solicitado mediante auto 
de 17 de abril de 2018. En su argumentación, tras relatar extensa y cronológicamente los 
hechos  nucleares  que  expresan  el  contexto  político  y  actividad  gubernativa, 
parlamentaria y social dirigida a favorecer la independencia de Cataluña en los que se 
inserta  la  conducta  del  demandante,  y  ratificar  la  apreciación  delictiva  indiciaria 
formulada  por  el  magistrado  instructor  en  la  resolución  apelada,  se  refirió  en  su 
fundamento jurídico 5 a la petición de permiso, reiterando los argumentos expuestos en 
el auto de 14 de marzo de 2018, dictado en relación con otro de los investigados en la 
misma causa (señor Junqueras i Vies). Tras apreciar que la imputación penal que 
sustenta su prisión provisional expresa la concurrencia de un grave conflicto con el 
derecho de representación política que ahora pretende ejercitar, dado que se le atribuye 
«la ejecución de hechos dilatados en el tiempo, debidamente planificados y orientados a 
una ‘ruptura estructural’ del Estado de Derecho y de la convivencia social, generando un 
clima de desasosiego en la ciudadanía, que asistió estupefacta a lo que consideraba un 
incumplimiento permanente, reiterado y ostentosamente público de las normas más 
elementales del ordenamiento jurídico y de las decisiones de los tribunales con mayores 
competencias para hacer cumplir su observancia».
Tales indicios, en opinión de la sala, «obstaculizan de forma clara la viabilidad de su 
pretensión»  de  excarcelación;  y  coincide  con  el  instructor  en  que  «no  se  han 
desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el encausado 
persevere en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a la norma penal». 
Para la sala, a partir de la previsión establecida en el art. 3.1 LOGP, «no resulta factible 
compatibilizar la asistencia al pleno parlamentario con la cumplimentación de los fines de 
la  prisión  provisional,  y  más  en  concreto  con  la  conjuración  del  grave  riesgo  de 
reiteración delictiva que se generaría con la sola presencia del recurrente en el lugar de 
los hechos objeto del procedimiento, debido a las incitaciones que el propio investigado 
realizó en su día en el curso de su actividad política». Por lo que concluye que lo que 
permite ratificar la decisión del magistrado instructor es la protección de dichos valores, 
que, con la conducta investigada, habían sido ya puestos en riesgo por el recurrente.
Una vez denegada la autorización solicitada, el señor Sànchez i Picanyol comunicó 
al  presidente  del  parlamento  su  renuncia  a  la  candidatura  para  la  que  había  sido 
propuesto.
g)  El 21 de marzo de 2018, mediante comunicación individual, la representación del 
demandante  se  dirigió  al  Comité  de  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas  (en 
adelante, el comité) en la que, en virtud del Protocolo facultativo del Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966 (en adelante PIDCP), 
denunció la supuesta vulneración de sus derechos de representación política como 
consecuencia  de  la  negativa  judicial  a  autorizar  su  participación  en  el  debate  de 
investidura previsto para el 12 de marzo anterior. En escrito adicional solicitó del comité 
la adopción de medidas provisionales; singularmente: que se recordaran a España las 
obligaciones que derivan de los arts. 25, 19, 21 y 22 PIDCP, y que se solicitara a las 
autoridades españolas que permitieran al señor Sànchez presentarse a la elección como 
presidente de la Generalitat, ya sea autorizando su excarcelación con el fin de asistir a la 
sesión parlamentaria en la que se le debe elegir presidente, o permitiendo su elección a 
través de una comparecencia en el debate mediante videoconferencia u otros medios 
apropiados. s
La denuncia fue inmediatamente registrada y, en aplicación de lo previsto en el  oe.
artículo 92 del Reglamento de procedimiento del comité, el relator especial sobre nuevas  w.
comunicaciones  se  dirigió  al  denunciante  y  al  representante  del  Estado  español  48ww
minfeodrimanatre  ael sdcerimtoasn ddaen fteec dhea  q2u3e d seu  mdaernzuon cdiea  2h0a1b8ía.  Eqnu eldaasd coi taredgaiss trcaodma,u nsiec alcei oinnefosr,m aól 
dtaeml bcioémn itdée,  eqnu ea epll icrealcaiótonr  deespl eacrtiíaclu sloo b9r2e  ndueel vRaesg claommeunntioc adceio pnreosc, eadcimtuiaenndtoo  deenl  ncoommbitrée,   BOE-A-cable e
había solicitado al Reino de España, a través de su representante, que adoptase todas 
las medidas que fueran necesarias para asegurar que el señor Sànchez i Picanyol 
pudiera ejercer sus derechos políticos de conformidad con el artículo 25 PIDCP, mientras 
se tramitaba, deliberaba y resolvía la denuncia presentada. En la comunicación se 
especificaba que tal solicitud no significaba ni que la queja hubiera sido admitida, ni que 
con ello se anticipara una eventual decisión sobre el fondo de la denuncia.
Con apoyo en dicha comunicación, mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2018, 
el demandante se dirigió de nuevo al magistrado instructor solicitando que procediera a 
la mayor brevedad «al pleno restablecimiento de sus derechos políticos […] incluido su 
derecho a acceder a la presidencia de la Generalitat de Cataluña».
El 16 de abril de 2018, el demandante dirigió un escrito al comité en el que solicitó la 
clarificación de las medidas a que se refería su comunicación de 23 de marzo pasado, 
dado que el Gobierno y los órganos judiciales españoles habían interpretado que la 
decisión cautelar del comité no les imponía realizar actuación alguna en favor del señor 
Sànchez. Específicamente se solicitó que se indicara a las autoridades españolas que 
las medidas cautelares adoptadas suponían la obligación de autorizar su excarcelación 
para asistir a la sesión de investidura o autorizar que su elección se produjera con su 
participación en la sesión por medio de videoconferencia u otros medios apropiados. 
El 22 de mayo de 2018, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas informó al representante español de que los relatores especiales, 
actuando en nombre del comité, habían decidido no conceder la solicitud de clarificación 
de las medidas provisionales emitidas en la comunicación de 23 de marzo anterior, 
recordando  que  «todo  Estado  parte  que  no  adopta  tales  medidas  temporales  o 
provisionales incumple la obligación de respetar de buena fe el procedimiento de las 
comunicaciones individuales establecido en el Protocolo facultativo».
h)  Paralelamente,  el  9  de  abril  de  2018,  el  demandante  fue  propuesto  por  el 
presidente  del  Parlamento  de  Cataluña,  por  segunda  vez,  como  candidato  a  la 
presidencia de la Generalitat.
Y el día siguiente, 10 de abril, con apoyo expreso en dicha propuesta y con la 
finalidad de asistir al pleno del Parlamento a exponer su programa de gobierno, debatirlo 
y someter a votación su investidura, prevista para el siguiente día 13 de abril, el señor 
Sànchez solicitó al magistrado instructor su libertad provisional o, subsidiariamente, con 
la misma finalidad, al amparo de lo establecido en los arts. 47 y 48 LOGP, reclamó que 
se  le  otorgasen  permisos  penitenciarios  extraordinarios  para  acudir  a  los  plenos 
parlamentarios de investidura o bien, se le permitiera participar en los citados plenos por 
medio de videoconferencia, ofreciéndose a desplazarse, a tal efecto, al lugar que el 
instructor determinara.
i)  Tanto la nueva petición de libertad provisional como los permisos extraordinarios 
interesados y la autorización para participar telemáticamente en la investidura, de forma 
no presencial, fueron denegados por el magistrado instructor mediante auto de 12 de 
abril de 2018; como consecuencia, la sesión del Pleno del Parlamento fue suspendida. 
La decisión denegatoria fue recurrida en apelación ante la Sala de Recursos de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo, y fue ratificada por auto de 18 de junio de 2018.
El  magistrado  instructor,  al  justificar  su  negativa,  reiteró  los  argumentos  que 
fundamentaron el anterior auto de 9 de marzo de 2018 por el que fue desestimada una 
pretensión similar. La denegación se apoyó en la necesidad de evitar el riesgo de 
reiteración delictiva que había sido ya apreciado, interés este que se contrapuso a la 
pretensión de ejercicio de sus derechos políticos. En la resolución se expresan dos  s
consideraciones adicionales: en la primera, se describe el mecanismo de quejas y  oe.
comunicaciones que, sobre la observancia del Pacto internacional de derechos civiles y  w.
políticos, se contempla en su Protocolo facultativo, comunicaciones que son analizadas y  48ww
qreuseu eloltsa ds icptoárm eel nCeosm yi trée dcoem Deenredcahcoiosn eHsu mdealn coosm diteé  Ncaacreiocneens d Uen eidfeacst.o S deir eecxtpor,e psae rtoa msirbviéenn 
dseeñ ianldaunddaob qleu ere lfae rceonmciuan aic alocsió tnri baudnoapletasd ean a el lr emgoismtreanr tloa  dqeu eejaje rdceel rd seum faunndciaónnt.e Y n oc oensc lsuinyeo   BOE-A-cable e
una solicitud de que los órganos del Estado contemplen la relevancia del derecho cuya 
supuesta afectación se denuncia al comité.
Por  otra  parte,  al  analizar  la  subsistencia  del  riesgo  de  reiteración  delictiva,  el 
magistrado instructor destacó «la marcada probabilidad que esta reiteración sobrevenga 
en la eventualidad de que se le llegaran a atribuir las funciones ejecutivas para las que 
se postula». Y añadió: «la postulación del procesado como presidente de la Generalitat 
de Cataluña presenta elementos que apuntan, marcada y racionalmente, a que su 
eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional por el 
que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática, y 
a que la transgresión pueda hacerse con profundo quebranto de las mismas normas 
prohibitivas penales que han justificado la incoación de la presente causa. Es esta 
circunstancia  la  que  refleja  la  conveniencia  de  sobreponer  la  protección  de  unos 
derechos políticos colectivos, sobre un liderazgo que, por su ejercicio delictivo, suponga 
una restricción parcial del derecho reconocido al procesado en el artículo 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
j)  La denegación de las medidas solicitadas fue cuestionada en apelación. En su 
escrito de recurso, tras reiterar los argumentos con base en los cuales consideraba 
prevalente su derecho de participación política frente a los intereses cuya tutela procesal 
y penal fue tomada en consideración por el magistrado instructor, se alegó también, al 
amparo de lo establecido en el art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la 
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial) 
como motivo de nulidad de la resolución impugnada. Esta última alegación se anudaba a 
la  expresión  «[…]  y  termina  el  relato  de  la  estrategia  que  sufrimos  diciendo, 
inmediatamente después:», que fue utilizada por el instructor en el auto recurrido al 
relatar cronológicamente los hechos indiciariamente atribuidos al señor Sànchez en el 
auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018. Para el recurrente, dicha expresión 
compromete la imparcialidad del instructor y permite afirmar que ha tomado partido 
previo a favor de la culpabilidad de los procesados, porque pone de manifiesto que se 
considera víctima del hecho investigado, esto es, que tiene un interés directo con el 
objeto del procedimiento (art. 219.10 LOPJ).
La Sala de Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al desestimar el 
recurso de apelación presentado (auto de 18 de junio de 2018), rechazó –en primer 
lugar–  la  causa  de  nulidad  alegada  afirmando  que  el  recurrente  «desenfoca  y 
descontextualiza el sentido de las expresiones utilizadas por el magistrado instructor, 
tiñendo así de falta de imparcialidad lo que ha de ser entendido como una percepción 
generalizada  de  la  forma  en  que  se  fueron  desarrollando  los  acontecimientos  en 
Cataluña, con ocasión de exponer el instructor el desarrollo de la estrategia secesionista 
que se recogía en el Libro Blanco que era objeto de explicación y comentario en la 
resolución recurrida». Según su criterio, tal referencia solo puede entenderse «como la 
expresión  de  la  incomodidad  o  desazón  que  generaba  la  repetición  de  noticias  e 
imágenes que cualquier ciudadano podía percibir a diferentes horas del día relacionadas 
con la evolución del llamado procés y a las incidencias que en el día a día se iban 
produciendo».
En relación con el fondo de la impugnación que, en motivos separados, alegó la 
vulneración del art. 25 PIDCP y del 23 CE, la sala rechaza los argumentos expuestos por 
la parte, ratificando, por referencia a lo expuesto en el ATC 55/2018, de 22 de mayo, que 
la comunicación del comité de 23 de marzo de 2018, tanto por su carácter genérico 
como por el momento inicial en que se adoptó, no tiene el sentido imperativo que el  s
recurrente le atribuye, ni impone a los órganos nacionales la obligación de adoptar las  oe.
medidas que dan contenido a su pretensión. Por último, la sala considera que la tutela  w.
penal y procesal de los bienes jurídicos tomados en consideración para acordar y  48ww
lmegaíntitmenae qr ulae  jpursistiifóicna  ptaronvtois iloan dael ndeegl arceicóunr rdeen tlea,  licboenrstatidtu pyeronv iusnioan afiln caolimdaod l ad ea dporpocteiócnc iódne 
lmegeidtiimdaidsa dd ec oenxsctiaturcceiolancailó dne.  lAa  inlov eqsutied usrae  ah dai sdtaen caiañ aqduire  qseu ep, roepno naíqau ceol mmoo amlteenrntoa,t ivlaa   BOE-A-cable e
había sido constitucionalmente cuestionada y se hallaba pendiente de enjuiciamiento por 
este Tribunal Constitucional.
3.  La  demanda  de  amparo  se  dirige  contra  las  resoluciones  judiciales  que 
denegaron  al  recurrente,  preso  preventivo  que  adquirió  la  condición  de  diputado 
autonómico en las elecciones del pasado 21 de diciembre de 2017, la concesión de 
autorización para asistir al Parlamento de Cataluña a la defensa y debate de su propia 
investidura como presidente de la Generalitat, bien en situación de libertad provisional, 
mediante un permiso penitenciario extraordinario, o bien permitiendo su participación no 
presencial en la misma, por medio de videoconferencia. Considera que tal denegación 
vulnera sus derechos a la participación directa como diputado en asuntos públicos y al 
acceso a cargos públicos (art. 23 CE) en relación con el derecho a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE); alega también la vulneración de su derecho a un juez imparcial 
incluido en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
a)  Afirma el recurrente que las resoluciones judiciales cuestionadas le anticipan la 
aplicación del art. 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), en cuanto le 
suspende  el  ejercicio  del  cargo  público  representativo  obtenido  cuando  todavía  no 
concurrían sus presupuestos, por no ser firme su procesamiento por delito de rebelión. 
Considera desproporcionado e insuficientemente justificado entender prevalente la tutela 
del proceso penal y los bienes jurídicos protegidos por los delitos imputados frente a las 
pretensiones de excarcelación o participación no presencial que solicitó.
Entiende que, en este caso, la denegación de permisos penitenciarios se fundamenta 
en la apreciación de un riesgo de reiteración delictiva que se apoya en meras conjeturas 
y  no  en  indicios  reales  sobre  los  delitos  que  podría  llegar  a  cometer  durante  la 
autorización solicitada pues, la alocución del candidato quedaría siempre amparada por 
su inviolabilidad parlamentaria. Con referencia a una autorización precedente, concedida 
por un tribunal penal, que en 1987 dispuso la excarcelación de un preso preventivo 
investigado por delito de terrorismo para que pudiera defender su propia investidura en el 
Parlamento  del  País  Vasco,  sostiene  que  era  posible  facilitar  la  defensa  de  su 
candidatura, presencial o por videoconferencia, sin poner en riesgo los fines perseguidos 
con su privación cautelar de libertad.
En  favor  de  la  videoconferencia,  como  medio  no  presencial  de  defender  su 
candidatura a la presidencia de la Generalitat, afirma que este modo de participar en el 
debate reduce los riesgos propios de una conducción policial, sin que sea justificación 
suficiente para denegarla las dudas de constitucionalidad sobre tal forma de intervención 
que, en aquellas fechas, habían sido planteadas ante este Tribunal.
La denegación de cualquier modo de participación en el debate de investidura habría 
vulnerado también lo dispuesto en el art. 10 CE, dado que los derechos fundamentales 
han de interpretarse conforme a los convenios internacionales sobre la materia y, sin 
embargo, el Tribunal Supremo ha decidido ignorar un pronunciamiento cautelar del 
Comité  de  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas  instando  al  Estado  español  a 
respetar sus derechos mientras se tramitaba la denuncia presentada ante el mismo. 
Según alega, la comunicación del relator especial del comité no fue inconcreta ya que 
venía referida a su pretensión de acceder a la presidencia de la Generalitat, por lo que 
se ha ignorado la decisión del comité, lo que no cabe justificar en que se haya adoptado 
inaudita parte, sin oír al representante del Estado español, dada la urgencia de su 
petición.
b)  En el recurso, la vulneración del derecho a un juez imparcial se anuda a la  e
referencia que, al recoger los hechos imputados, el magistrado instructor realiza a «la  bo
estrategia que sufrimos». Con referencia al ATC 226/2002, considera que con dicha  48ww
einxcplirneascióiónn  sdee p ráensiemnota  qcuoem poe vrmícittiem afu dned alro su nhae cdhuods aq uleeg íitnimveas tisgoab, relo  squu ea peaxrpierenscaia  udnea 
liomsp aprrcoicaelisdaaddo, slo.  Rqueec hpaezram iates imafiisrmmaor  lqouse a hrgau tmomenatdoos  pdaer tildao s aa lfaa vdoer  daep elala cciuólnp aebnil idcauda ndteo 
califican como normal la expresión por parte del juez instructor de sensaciones de 
molestia o incomodidad, tedio o atosigamiento.
El recurrente solicita, por ello, el reconocimiento de las vulneraciones de derechos 
fundamentales que denuncia y su reparación mediante la anulación de las resoluciones 
judiciales impugnadas.
4.  Mediante providencia de 17 de julio de 2018, a propuesta de tres magistrados, y 
conforme establece el artículo 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC),  el  Pleno  acordó  recabar  para  sí  el  conocimiento  del  presente  recurso  de 
amparo. En la misma resolución se acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, 
apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. 
Asimismo,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  se  acordó  dirigir 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que, en plazo que no 
exceda de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes a las resoluciones impugnadas en la causa especial núm. 20907-2017; 
debiendo previamente emplazarse a quienes sean parte en el procedimiento, excepto a 
la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si 
lo desean, en el presente recurso de amparo.
5.  En escrito presentado el 30 de julio de 2018, la asociación Politeia, representada 
por el procurador de los tribunales don Javier Fernández Estrada y asistida por el letrado 
don Víctor Hortal Fernández, se personó en el presente recurso de amparo. El siguiente 
día 31 se personaron también: doña Meritxell Borrás Santacana y don Joaquim Forn 
Chiarello, representados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y 
asistidos por el letrado don Javier Melero Merino; doña Ramona Barrufet Santacana, 
representada por el procurador de los tribunales don Ignacio Argós Linares y asistida por 
la letrada doña Judit Gené Creus; don Lluis Guinó Subirós y don Lluis María Corominas 
Díez, representados por el procurador de los tribunales don Ignacio Argós Linares y 
asistidos por el letrado don Javier Melero Merino; así como el partido político VOX, 
representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López y 
asistido por el letrado don Pedro Fernández Hernández. El 11 de septiembre de 2018 se 
personaron doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna Simó i Castelló, representadas por 
el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez, y asistidas por la letrada 
doña  Olga  Arderiu  Ripoll;  el  abogado  del  Estado  y  doña  Dolors  Bassa  i  Coll, 
representada  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Aníbal  Bordallo  Huidobro,  lo 
hicieron el 14 de septiembre siguiente.
6.  Las personaciones solicitadas, y la del abogado del Estado, fueron admitidas por 
diligencia de ordenación de 18 de septiembre de 2018, de la secretaria de justicia del 
Pleno. A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó también dar vista de las 
actuaciones al ministerio fiscal y a las partes personadas para que pudieran presentar 
las alegaciones que a su derecho convinieran, por plazo común de veinte días.
7.  La representación procesal del partido político VOX, en escrito de fecha 16 de 
octubre de 2018, solicitó la celebración de vista y la inadmisión y, subsidiariamente, la 
denegación del amparo pretendido.
a)  A su juicio, el recurso incurre en el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial  e.e
previa [art. 44.1 a) LOTC] al no haber acudido la parte recurrente al incidente de nulidad  b
de actuaciones previsto en el art. 241 LOPJ tras conocer el auto que desestimó la  48ww
aTpriebluancaiól nS uppreresmenot ahdaab.í aSni  ilnocsu rrreidcuor erenn lteessi odneedsu dceía dne qreuceh olas  apcrotucaecsiaólne sy d reel saorltu. c2i4o nCeEs , deenl 
tsaonlitcoit alnatse s redseobleurcíaionn ehsa biemr pinutgenrpaudeasst on roe speeracnto  sau stacleepst iibrrleesg uldaeri daredceusr,s aol  malegnuonso,,  al olas 
postre, un incidente de nulidad de actuaciones para concluir correctamente la vía judicial 
previa antes de acudir en amparo.
Considera también que no fue debidamente denunciada en vía judicial la vulneración 
del art. 23 CE que ahora fundamenta su queja, por lo que también concurriría la causa 
de inadmisión consistente en denunciar formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, 
la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera 
lugar para ello [art. 44.1 c) LOTC]. Añade, por último, que las cuestiones planteadas por 
el  recurrente  carecen  de  especial  trascendencia  constitucional  y,  también,  que  su 
concurrencia no ha sido expuesta por el demandante que se limita a desarrollar su queja 
a base de preguntas sucesivas que no expresan sino la disyuntiva acerca de si se ha 
producido o no la vulneración de derechos fundamentales denunciada; vulneración que 
considera inexistente.
b)  En cuanto al fondo de las quejas planteadas en amparo, entiende que las 
decisiones judiciales que denegaron las pretensiones de excarcelación planteadas no 
han  vulnerado  el  derecho  de  participación  política  y  acceso  a  cargos  públicos  del 
demandante, dado que el aducido no es un derecho absoluto sino de configuración legal 
y  limitable  en  atención  a  otras  finalidades  constitucionalmente  legítimas  y  más 
necesitadas de protección (STC 71/1994). Reitera que las limitaciones denunciadas, 
incluida la denegación de permisos penitenciarios para asistir a la investidura, son 
consecuencia  de  la  legítima  situación  de  prisión  provisional  cautelar  en  la  que  se 
encuentra  el  demandante.  En  tal  sentido,  y  con  referencia  al  riesgo  de  reiteración 
delictiva  apreciado  como  concurrente  y  justificador  de  las  decisiones  cuestionadas, 
señala que «hay que tener en cuenta no solo el hecho de que una personación [del 
demandante]  –bien  física  o  por  vía  digital–  puede  ahondar  en  sus  intenciones  de 
socavamiento  de  la  democracia,  la  seguridad  nacional,  la  integridad  territorial,  la 
seguridad pública, la defensa del orden y del régimen de derechos que la Constitución 
reconoce, sino también su posición de persona influyente en la política radical catalana y, 
con ello, su capacidad para pervertir el mensaje de la Constitución española y la paz 
social y seguir perjudicando la convivencia en Cataluña y el resto de España».
En cuanto a la alegada vulneración del Convenio europeo para la protección de los 
derechos  humanos  y  de  las  libertades  fundamentales  y  el  Pacto  internacional  de 
derechos  civiles  y  políticos  de  1966,  destaca  que  ambos  textos  internacionales 
reconocen el derecho de participación política, pero también reconocen la posibilidad de 
acordar  la  privación  de  libertad  de  acuerdo  con  las  previsiones  de  la  ley 
(respectivamente, en los arts. 3 y 9). Añade que ni en la Constitución ni en el Convenio ni 
en el Pacto, citados, hay expresamente un pretendido derecho del recluso a gozar de 
permisos  especiales  sobre  la  base  de  sus  circunstancias  personales.  Aun  así,  su 
concesión se hace depender, entre otros factores, de la fiabilidad de que el privado de 
libertad no continúe su acción delictiva. Y respecto a la recomendación del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha sido alegada, recuerda que se trata de 
una  recomendación  de  adopción  de  una  medida  cautelar  expresada  al  decidir  la 
admisión a trámite de su reclamación. Y aunque fuera una resolución, hay que recordar 
igualmente  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  entendido  que  el  «comité  no  tiene 
facultades jurisdiccionales (como claramente se deduce de la lectura de los arts. 41 y 42 
PIDCP), y sus dictámenes no pueden constituir la interpretación auténtica del Pacto, 
dado que en ningún momento, ni el Pacto ni el Protocolo facultativo le otorgan tal 
competencia» (SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7, y 240/2005, de 10 de octubre, FJ 6).
Por último, rechaza la alegada vulneración del derecho a un juez imparcial. Afirma  s
que jueces y tribunales están vinculados a la Constitución, por lo que la finalidad de  oe.
juzgar es su protección. De ello deduce que las expresiones controvertidas, recogidas  w.
por el magistrado instructor en el auto de 12 de abril de 2018 se limitan a mostrar su  48ww
svoarloprrae,s ap oor  ploe rqpuleeji dsaud  impopra lrac iainlicdoamd pnaoti bpiluideadde  csoenr  lpau eCsotnas teitnu ceiónntr eddeic hloos  choenc hcoitsa  qdueel 
vAuTlCne r2a2c6ió/2n0 a0l2e gayd ad en ol ap uSedTeC  se5r/ 2r0e0co4n, oyc idcao.ncluye  que,  a  tenor  de  sus  criterios,  la  BOE-A-cable e
8.  El abogado del Estado, por escrito registrado el 18 de octubre de 2018, solicitó la 
desestimación  del  recurso  de  amparo  por  entender  que  no  se  han  producido  las 
vulneraciones de derechos fundamentales que han sido alegadas.
a)  En sus alegaciones expone la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos sobre la relación entre los derechos de participación 
política y la prisión provisional, destacando que la medida cautelar limita parte de las 
facultades  que  definen  el  contenido  del  derecho  alegado  cuando  este  pretende 
ejercitarse en situación de libertad (ATC 55/2018). Tal limitación implícita sería una de las 
admitidas por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también en el 
art. 25 PIDCP de 1966. Considera que la cuestión a resolver en este caso consiste en 
determinar si las decisiones judiciales desestimatorias cuestionadas son proporcionadas 
a la situación de prisión provisional del demandante. Y, a partir de los razonamientos de 
la decisión judicial, que se apoya en los hechos imputados y el riesgo de reiteración 
delictiva apreciado, descarta la existencia de la lesión denunciada, que tampoco aprecia 
como discriminatoria o como aplicación anticipada del art. 384 bis LECrim.
b)  En relación con la comunicación de 23 de marzo de 2018 remitida al Estado 
español por el relator especial sobre nuevas comunicaciones del comité, considera: (i) 
que ni tan siquiera los dictámenes del comité que resuelven las denuncias individuales 
son vinculantes, sino que se consideran recomendaciones a los estados dirigidas a dar 
efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos, y (ii) que la comunicación de 23 de marzo de 2018, que sustenta la solicitud de 
amparo, no incluye ninguna medida provisional que permita afirmar el derecho del 
demandante a participar en la sesión de investidura, sino que el comité ha rechazado 
expresamente dicho alcance al rechazar la petición de clarificación planteada por el 
recurrente mediante una nueva comunicación de 22 de mayo de 2018.
Destaca el abogado del Estado que el comité, tras admitir y registrar la denuncia del 
recurrente, no ha acordado la adopción de medidas cautelares provisionales en atención 
a la existencia de un daño irreparable, sino que se ha limitado a trasladar la denuncia al 
Estado español a fin de que la conteste, solicitando que adopte «las medidas que sean 
necesarias para asegurar que el señor Jordi Sànchez i Picanyol pueda ejercer sus 
derechos políticos de conformidad con el art. 25 del Pacto». Recuerda también que el 
señor Sànchez, pese a su situación cautelar privativa de libertad, pudo presentarse como 
candidato en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, pudo ser elegido, 
y fue aceptada su toma de posesión, pudo votar en dichas elecciones y puede participar 
en la actividad del parlamento mediante la delegación de voto que ha sido autorizada. Lo 
que permite concluir que las limitaciones que derivan de su situación de privación de 
libertad son objetivas y razonables en términos del Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos.
Añade que no pueden situarse en el mismo plano los efectos jurídicos y el grado de 
vinculación de las comunicaciones y decisiones del Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas con las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del 
Tribunal Internacional de Justicia, tal y como, en relación con sus decisiones, se ha 
puesto de relieve en la STC 70/2002, de 3 de abril. Señala que el comité no es un 
órgano jurisdiccional ni tiene competencias jurisdiccionales, ni a sus miembros se les 
exige formación jurídica para llevar a cabo su función, por lo que sus decisiones carecen 
de fuerza jurídica vinculante y no pueden superponerse al ejercicio de la potestad 
jurisdiccional de los estados firmantes del Pacto internacional.
c)  Alega  el  abogado  del  Estado  que  la  pretensión  de  participar  mediante  e.
videoconferencia en la sesión de investidura carece de fundamento e incurre en una  w.b
inconstitucionalidad manifiesta, dado que es únicamente la mesa del Parlamento de  48ww
Cpaarttaicluipñaac iqóuni edne bpeo dsreíar  esisetmabplerec eprr edsicehnac imal o(daartli.d 1a4d9 d dee pl aRrteicgilpaamceiónnto y ,d eenl  Psaur loapmineinótno,  dtael 
lCaa rteadluañcac ióy na ertn. t4o.n3c dees  vlaig Leenyte 1).3/2008 de presidencia de la Generalitat y del gobierno, en
d)  Por último, descarta también la aducida lesión del derecho a un juez imparcial, 
coincidiendo con la sala de apelación (auto de 18 de junio de 2018) en que la frase de 
instructor que sirve de base a la queja ha sido descontextualizada y desenfocada en el 
recurso, sin que tenga relevancia suficiente para entender afectada la imparcialidad 
judicial.
9.  El 3 de diciembre de 2018 presentó el Ministerio Fiscal sus alegaciones en las 
que solicita la desestimación del amparo pretendido.
A)  Tras describir las vulneraciones esgrimidas, los motivos y las alegaciones del 
demandante, analiza en primer lugar la alegada vulneración del derecho a un juez 
imparcial,  justificada  en  el  empleo  por  el  magistrado  instructor  de  la  expresión  «la 
estrategia que sufrimos» en el fundamento jurídico 5 del auto de 12 de abril de 2018. Su 
análisis se dirige a determinar si tal expresión es suficiente o no para considerar que 
revela un «interés» proscrito desde la perspectiva de la debida imparcialidad judicial. A 
partir del examen y descripción de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (STC 47/2011, ATC 81/2008 y SSTEDH de 6 de noviembre 
de 2018, asunto Otegi y otros c. España, § 53, y de 15 de octubre de 2009, asunto 
Micallef c. Malta, § 94), destaca que la regla general presume la imparcialidad del juez 
predeterminado por la ley, por lo que su cuestionamiento ha de ser consistentemente 
justificado indagando sobre la convicción personal del juez (vertiente subjetiva) y sobre si 
los temores del interesado pueden considerarse objetivamente justificados (vertiente 
objetiva).
A partir de dichos parámetros, tomando en consideración el medio, ámbito y ocasión 
en los que se vierte la expresión alegada por el recurrente, así como su modo de 
exteriorización y contenido, concluye que «no cabe cuestionar ni poner en duda, bajo 
tacha de parcialidad, la rectitud y probidad personal del magistrado que ha llevado a 
cabo la instrucción en el cumplimiento del deber de investigación objetiva de la verdad 
que le compete y conforme al que ha de indagar, consignar y apreciar las circunstancias 
tanto  adversas  como  favorables  al  presunto  reo»,  deber  en  el  que  se  concreta  la 
imparcialidad del juez instructor. En tal sentido, considera relevante que la expresión 
cuestionada es mera transcripción de la ya utilizada en el relato fáctico del auto de 
procesamiento –de 21 de marzo anterior– en el que se exponían los hechos sobre los 
que se sustentaba la incriminación provisional de criminalidad, sin que pueda afirmarse 
que la misma exteriorice un sentimiento de animadversión o toma de partido en favor de 
la culpabilidad de los procesados.
B)  El ministerio fiscal concreta en dos los argumentos que en la demanda sustentan 
como motivo de amparo la vulneración de los derechos de participación política y acceso 
al  cargo  representativo  alegados:  (i)  la  decisión  de  denegación  de  las  solicitudes 
efectuadas  para  posibilitar  la  intervención  reclamada  es  absolutamente 
desproporcionada, y (ii) con tal decisión el Tribunal Supremo ha vulnerado también el 
art. 10 CE, que comporta la necesaria interpretación de los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución conforme a los convenios internacionales en la materia, 
al ignorar de manera clamorosa un pronunciamiento cautelar del Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas instando al Estado español a respetar en su integridad los 
derechos políticos del candidato hasta que se resolviera la denuncia interpuesta ante 
dicho organismo.
Entiende que la queja coincide sustancialmente con la que ha dado lugar al recurso 
de amparo 2228-2018, presentado por el demandante contra los autos de 9 de marzo  e
y 17 de abril del magistrado instructor y la Sala de Recursos del Tribunal Supremo, que  bo
pocas semanas antes denegaron al recurrente un permiso penitenciario para asistir al  48ww
dcoeibnactied ednec iian vejussttidifiucraa  aqlu qeu, ee, np ogr rparnim  meread videaz,,  hlaasb íaal esgidaoc ipornoepsu eashtoo rcao mfoorm caunladdidaas tos.e Taanl 
coinNciod eonbtessta cnoten,  laesl  qfuisec aful eproonn ep redsee nmtaadnaifsie esnto a quuneal  psreorciee sdoe c ocnirsctuitnusctioannacila.  fácticas  y
jurídicas sobrevenidas que, aunque no hacen perder objeto al presente recurso, sí
inciden sobre el alcance del amparo pretendido, e impedirían en cualquier caso atender 
la pretensión de comparecer ante el Parlamento como consecuencia de un eventual 
otorgamiento del amparo. Entre ellas, las siguientes: en un nuevo debate parlamentario, 
el 14 de mayo de 2018, don Joaquim Torra Pla ha sido investido como presidente de la 
Generalitat;  el  26  de  junio  de  2018  fue  confirmado  el  auto  de  procesamiento  del 
recurrente, lo que, ex art. 384 bis LECrim, abrió la vía a la suspensión en el ejercicio del 
cargo público de diputado, acordada y ratificada por autos de 9 y 30 de julio de 2018. De 
otra  parte,  por  ATC  97/2018,  de  18  de  septiembre,  dictado  en  el  recurso  de 
inconstitucionalidad 2533-2018, se ha mantenido la suspensión de varios preceptos de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 2/2018, que modificaron diversos preceptos de la 
Ley 13/2008 que autorizaban la investidura no presencial del candidato a presidente de 
la Generalitat de Cataluña.
a)  No comparte el ministerio fiscal la queja que anuda la vulneración del contenido 
del  derecho  fundamental  reconocido  en  el  art.  23  CE  con  el  incumplimiento  de  la 
obligación constitucional de interpretarlo conforme a los convenios internacionales sobre 
la materia (art. 10.2 CE). No solo porque la premisa de dicha queja, según la cual las 
medidas acordadas por el comité son concretas, determinadas y coincidentes con la 
solicitadas  en  la  causa  penal,  ha  sido  ya  desestimada  por  este  Tribunal  en  el 
ATC 55/2018, de 22 de mayo –que resolvió su solicitud de medidas cautelares en el 
recurso de amparo 2228-2018–, sino porque la puesta en relación de las medidas 
solicitadas al comité el 21 de marzo de 2018 y la respuesta recibida de este en la 
comunicación de 23 de marzo siguiente, reflejan no solo dicho carácter genérico, sino 
también que la medida propugnada ante el comité, reiterada ante el magistrado instructor 
y denunciada como causa de vulneración de sus derechos políticos, no ha sido acogida 
por el comité en la admisión a trámite de su denuncia. Lo expuesto permite rechazar 
terminantemente tanto que la misma haya sido ignorada por el Tribunal Supremo, como 
que  se  desprenda  de  la  misma  una  indefectible  obligación  judicial  de  conceder  al 
demandante  la  libertad,  el  permiso  o  la  comparecencia  por  videoconferencia  para 
posibilitarle presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat en la sesión 
parlamentaria convocada al efecto.
b)  En cuanto al juicio sobre la legitimidad constitucional de las decisiones judiciales 
cuestionadas en amparo destaca que no es solo la decisión denegatoria la que impone 
como consecuencia la limitación de su pretensión de defender su candidatura a la 
presidencia de la Generalitat, sino que tal limitación deriva también de las normas 
legales que impiden su investidura no presencial y del acto de aplicación adoptado por el 
presidente  del  Parlamento.  Según  se  expresa  en  las  alegaciones:  «la  afección  al 
derecho fundamental invocado es efecto y consecuencia de la suma de tres factores: un 
acto judicial en un proceso penal, una disposición legislativa autonómica que ex lege 
determina el carácter presencial de un acto parlamentario, y un acto parlamentario 
aplicativo de dicha normativa autonómica». Así lo acreditaría la propia propuesta de 
modificación legislativa dirigida a favorecer la investidura no presencial.
c)  Después de resumir la jurisprudencia de este Tribunal sobre el contenido de los 
derechos  de  representación  política  cuya  vulneración  se  denuncia  (art.  23  CE),  y 
exponer  la  fundamentación  de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas,  entiende  el 
ministerio fiscal que la denegación cuestionada constituye una injerencia legítima y 
proporcionada  en  el  derecho  fundamental  alegado,  por  hallarse  prevista  en  la  ley, 
responder a un fin legítimo debidamente objetivado y no resultar desproporcionada en 
relación con dicha finalidad, que no es otra que evitar el riesgo de reiteración delictiva  e.
que se aprecia en este caso. w.b
d)  Considera  que  la  decisión  judicial  está  prevista  en  la  ley  de  forma  48ww
sbuiefinc ilean rteegmlae ngteen perreacl irseas. pEenc tota dl es elonsti dinot,e srneoñsa lean q cueen dtreols  apret.n 3it.e1n cLiOarGioPs  sees  edle erijvearc qicuioe ,d sei 
lcoosn  deelr eochbojest op odlíeti csous , dceatbeen ceióstna,b lceocmero  exficneaplmcieonntees  seen  seusptimueas toesn  deel  inccaosmo pcaotinbcilriedtaod, 
lógicamente en función de las circunstancias concurrentes en el sometido a prisión y en
los hechos (por su naturaleza, gravedad, características, bienes o valores jurídicamente 
protegidos, etc.).
e)  Expone que la decisión impugnada responde a una finalidad legítima, como lo es 
la necesidad de preservar el orden constitucional, los derechos, principios y valores 
básicos del Estado de Derecho que están en el basamento de nuestra democracia y, con 
ellos, la salvaguarda de los derechos de todos y hasta la integridad y convivencia 
pacífica ciudadana frente a nuevos ataques delictivos que quiebren o desafíen sus 
presupuestos. Y también, en los términos expresados por la sala de apelación, lo es la 
preservación de delitos atentatorios contra la Constitución y el elenco de principios, 
derechos y valores que constituyen la esencia del ordenamiento constitucional vigente 
con el que se ha dotado el Estado social y democrático de Derecho, a cuya ruptura 
estructural junto con la quiebra de la convivencia social se entiende ir orientada la 
estrategia en la que se inserta la actividad y contribución del recurrente.
f)  En atención a las referencias ya hechas, constata el Ministerio Fiscal que las 
decisiones cuestionadas han sido extensa y razonadamente motivadas, satisfaciendo así 
las  exigencias  constitucionales  de  las  decisiones  limitativas  de  los  derechos 
fundamentales. Así, la motivación se ha extendido tanto a las circunstancias particulares 
del  recurrente  de  las  que  depende  legalmente  la  concesión  del  permiso  de 
excarcelación, como a las especificas circunstancias en que el hecho delictivo se ejecutó 
y se desplegó «desde actuaciones legislativas y ejecutivas manifiestamente ilegales, 
desatendiendo  de  manera  flagrante  los  controles  constitucionales,  judiciales  e 
institucionales dispuestos en el ordenamiento jurídico, así como la suma gravedad y 
pertinaz persistencia en su comportamiento y determinación en el papel de incitador, 
impulsor,  líder  y  gestor  de  movilizaciones  ciudadanas  en  creciente  evolución  hasta 
manifestaciones violentas dirigidas a actualizar una planeada estrategia de conversión 
de la ciudadanía en un emergente y decidido actor político propulsor del proceso de 
independencia».
g)  Argumenta también el ministerio fiscal que la decisión impugnada cumple los 
requisitos intrínsecos de los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. 
Así, señala:
(i)  Respecto del juicio de idoneidad, que la no concesión del permiso resulta útil, 
apta  y  eficaz  para  preservar  la  finalidad  legitima  perseguida,  puesto  que  impide 
absolutamente que el investigado preso pueda utilizar su condición de diputado, la 
acción  parlamentaria,  su  dominio  sobre  instrumentos  jurídicos  e  instituciones  y  su 
liderazgo o ascendente sobre el movimiento ciudadano afecto incondicionalmente al 
independentismo catalán en la estrategia de combate ilegítimo al Estado de Derecho y la 
Constitución e incluso emplee la movilización violenta para la reiteración en el delito de 
rebelión.
(ii)  En relación con el juicio de necesidad, que un pronóstico razonable ad casum 
descarta que la concesión de los permisos penitenciarios, disponiendo e implementando 
medidas de acompañamiento, cautela y de conducción segura del recurrente a cargo de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pudiera preservar con suficiente y mínima 
garantía  la  salvaguarda  del  fin  legítimo  con  las  mismas,  semejantes,  próximas  o 
aceptables condiciones de aptitud y eficacia que la ahora enjuiciada. Por último, descarta 
como  alternativa  la  posibilidad  de  autorizar  la  participación  telemática  o  por 
videoconferencia del recurrente en la investidura, por ser una posibilidad que «ya era 
manifiestamente  cuestionada  por  los  grupos  parlamentarios  no  afectos  al  propósito 
independentista  y  se  revelaba  altamente  problemática,  amén  de  ser  un  aspecto  e.
discutible hasta qué punto un órgano judicial del orden jurisdiccional penal puede incidir  w.b
en supuestos como el presente sobre el contenido de los derechos fundamentales de  48ww
timerpcuegronsa»d ad aa dtroa véqsu ed,e  deons  apqrouceellsaoss  cfeocnhsatistu, cidoincahlae s epsepnedcieífnictae s pdoes ribeisliodlaudc ióhna abníate  essidteo 
Tribu(inii)a lR [AeTspCe 5ct5o/ 2d0e1l8 ,ju FicJi o4  bd)e] .proporcionalidad estricta, no tratándose de un derecho
absoluto o ilimitado, el ministerio fiscal considera proporcionada la limitación cuestionada
debido a la necesidad de conjurar el riesgo de reiteración delictiva de tipos penales 
indiciariamente imputados –rebelión y sedición– Esta alegación finaliza señalando que 
«en este contexto conflictual, precisamente lo exigible conforme al interés general es el 
sacrificio del interés individual del encausado, puesto que de la medida restrictiva se 
derivan, tanto cualitativa como cuantitativamente, más beneficios o ventajas para el 
interés general que perjuicios sobre los bienes o valores en conflicto correspondientes al 
recurrente y a quienes votaron opciones cercanas a la aspiración independentista en el 
proceso de elecciones autonómicas que culminó el 21 de diciembre de 2017.
h)  Para  el  ministerio  fiscal,  la  denegación  del  permiso  penitenciario  solicitado 
tampoco vulnera el derecho a la presunción de inocencia del recurrente por cuanto no 
limita indebidamente ninguna de las tres dimensiones en la que la misma se proyecta en 
el ámbito penal (regla de juicio, regla de tratamiento, y regla de interpretación de las 
medidas cautelares penales).
Específicamente,  entiende  que  la  decisión  judicial  no  da  al  señor  Sànchez  el 
tratamiento de culpable antes de que se haya dictado sentencia condenatoria en un 
juicio justo, dado que la presunción de inocencia es compatible con la adopción de 
medidas cautelares, tal y como ha sido declarado en una jurisprudencia constitucional 
reiterada (por todos, AATC 98/1986, FJ 3, y 30/1997, de 29 de enero, FJ 5; y entre otras, 
SSTC 108/1984, de 26 de noviembre, FJ 2 b); 66/1989, de 17 de abril, FJ 6, y 71/1994, 
de 3 de marzo, FJ 7.
Concluye sus alegaciones señalando que este motivo de amparo que denuncia la 
supuesta vulneración del art. 23.1 y 2 CE, carece de significación constitucional y debe 
ser también desestimado.
10.  No  formuló  alegaciones  adicionales  la  representación  del  demandante,  ni 
tampoco lo hicieron el resto de las partes personadas en este proceso de amparo. No 
obstante, el 9 de enero de 2019, se registró escrito de la representación del demandante 
de amparo en el que, en virtud de lo dispuesto en los arts. 24 CE y 6 CEDH, solicitó que 
se diera el máximo impulso procesal a la tramitación del presente recurso de amparo. 
Por diligencia de ordenación de 10 de enero de 2019, se acordó unir el anterior escrito, 
dar copia a las partes y pasar a dar cuenta. La petición de impulso procesal fue reiterada 
en escrito que fue registrado el 6 de septiembre de 2019. Asimismo, por diligencia de 
ordenación de la misma fecha, se acordó unir el anterior escrito y pasar a dar cuenta.
11.  Por providencia de 11 de febrero de 2020 se acordó señalar para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes.
El objeto de este recurso de amparo es determinar si las resoluciones judiciales 
dictadas en la causa especial núm. 20907-2017 que han sido impugnadas –auto del 
magistrado instructor de 12 de abril de 2018 y auto de la Sala de Recursos de la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2018, que lo ratifica en apelación–, han 
vulnerado sus derechos fundamentales a la participación directa como diputado en 
asuntos públicos y al acceso a cargos públicos (art. 23 CE en relación con el art. 25 
PIDCP) en relación con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), así como 
el derecho a un proceso con todas las garantías en cuanto garantiza la imparcialidad del  e.
juez (art. 24.2 CE). w.b
Las vulneraciones denunciadas se habrían producido por denegar la petición de  48ww
slibitueartcaidó np rcoavuistieolnaar l dfeo rmpruislaiódna  pproerv eeln tdiveam aqnudea nhtaeb ídae  saidmop aprroo,c edsipaudtoa dpoo ar uutonn ódmeliictoo  edne 
nreebceelsióanri,o sy  dpeanrae gaasri sttairm  pbeiérnso nlaa lcmoennctees iaó n las usbesdidei adrieal  dPea rlloasm epnetrom idsoes  Cpaetnailtueñnac iapraioras 
defender y debatir su propia investidura como presidente de la Generalitat, candidatura
para la que había sido propuesto, por segunda vez, el 9 de abril de 2018. Tampoco se le 
autorizó a participar en las referidas sesiones de investidura, ya convocadas, por medio 
de videoconferencia. El recurrente se encontraba ya cautelarmente privado de libertad 
en la citada causa penal cuando decidió concurrir a las elecciones autonómicas al 
Parlamento de Cataluña celebradas el 21 de diciembre de 2017; y también cuando fue 
elegido diputado por la circunscripción de Barcelona.
Dada la incidencia nuclear que la situación cautelar de prisión provisional ha tenido 
en  la  denegación  de  las  solicitudes  reseñadas,  el  objeto  de  esta  demanda  está 
conectado con el de los recursos de amparo recientemente desestimados por el Pleno 
en las SSTC 3 y 4/2020, de 15 de enero, relativas a la petición de libertad provisional del 
demandante y a la solicitud de concesión de permisos penitenciarios para asistir al 
debate de investidura, tras su primera propuesta como candidato a la presidencia de la 
Generalitat.
En los casos analizados en dichas sentencias, el señor Sànchez i Picanyol impugnó 
respectivamente, de una parte, el auto de fecha 6 de febrero de 2018 (ratificado en 
apelación por otro de 20 de marzo de 2018), por el que el magistrado instructor de la 
causa denegó su petición de libertad provisional, en la que se encontraba desde el 16 de 
octubre de 2017, por decisión del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, que fue 
después confirmada por el propio magistrado instructor mediante auto de fecha 4 de 
diciembre del 2017. Y, de otra parte, cuestionó la denegación de permisos penitenciarios 
extraordinarios dirigidos a comparecer personalmente en el Parlamento a debatir su 
candidatura (autos de 9 de marzo y de 17 de abril de 2018, que lo confirmó).
No obstante, tampoco en el presente recurso de amparo resulta controvertida en 
modo  alguno  la  constitucionalidad  del  mantenimiento  de  la  prisión  provisional  del 
demandante de amparo. Por lo tanto, el enjuiciamiento de la denunciada vulneración del 
derecho al cargo representativo obtenido tiene como presupuesto que la situación de 
prisión  provisional  en  la  que  se  encontraba  no  era  contraria  a  sus  derechos 
fundamentales, tal y como hemos establecido en la STC 3/2020, de 15 de enero. Esta 
conexión, y la coincidencia de algunas de las alegaciones formuladas, nos obligarán, en 
su caso, a remitirnos a lo expresado en las SSTC 3/2020 y 4/2020, de 15 de enero.
Como con más detalle se ha recogido en los antecedentes de esta resolución, el 
partido político VOX, personado en esta causa como codemandado en cuanto ha sido 
parte  acusadora  en  el  proceso  penal  en  el  que  se  han  dictado  las  resoluciones 
impugnadas, ha solicitado la inadmisión de las pretensiones de amparo formuladas al 
amparo del art. 24.1 CE por considerar que incurren en falta de agotamiento de la vía 
judicial previa, por no haber interesado el recurrente ante el propio Tribunal Supremo, ex 
art. 241.1 LOPJ, la nulidad de las resoluciones impugnadas en amparo. Opone, además, 
dos causas adicionales de inadmisibilidad: la falta de invocación temporánea de la 
aducida  vulneración  del  art.  23  CE  [art.  44.1  c)  LOTC],  y  la  carencia  de  especial 
trascendencia constitucional de las quejas planteadas, dado que en la demanda se 
desarrollan afirmando exclusivamente que se han producido las vulneraciones alegadas. 
Subsidiariamente, solicita la desestimación de la pretensión de amparo por apreciar que 
no se han producido las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas.
Por último, el ministerio fiscal ha solicitado la desestimación en todos sus términos de 
las distintas pretensiones de amparo por considerar también que, a tenor del contenido 
de  los  derechos  fundamentales  alegados,  no  se  han  producido  las  vulneraciones 
denunciadas.
2.  Requisitos para la admisibilidad. e.
Con carácter previo al examen de fondo de las pretensiones de la demanda de  48ww
aadmmpiasriob,il iddaedb eemstoasb lepcriodnousn ecina rlnao sL eys oObrreg ánlaic ac odnecl uTrrreibnucniaa l dCeo nlsotsit urceioqnuaisl,i topsu epsa, rcao msuo 
ahfeemctoasd od eecll arreacduors eon d oet raams poacraos inoon erse,s luolsta nd esfeucbtsoasn iandsousb spaonraqbulee sh adyea q suied op uindiiceiaralm eesntater 
admitido a trámite, de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para
la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de 
oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta 
de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los 
pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, 
FJ 3; o SSTC 89/2011, de 6 de junio, FJ 2; 174/2011, de 7 de noviembre, FJ 2, y 
STC 130/2018, de 12 de diciembre, FFJJ 3 a 5).
Entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se encuentra, como expresión 
del carácter subsidiario del recurso de amparo, que se hayan agotado las posibilidades 
que el ordenamiento proporciona para lograr tal protección ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria [art. 44.1 a) LOTC]. Por la misma razón es preciso que se haya 
puesto de manifiesto («denunciado formalmente») la lesión del derecho fundamental en 
el proceso, si hubo oportunidad, tan pronto como esta hubiera sido conocida por la parte 
[art.  44.1  c)  LOTC],  contribuyendo  también  con  ello  a  la  efectividad  del  carácter 
subsidiario del amparo constitucional.
a)  Como ha quedado reseñado, el partido político VOX aduce que, respecto de las 
quejas referidas al art. 24 CE, el presente recurso incurre en el óbice de falta de 
agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], al no haber acudido la parte 
recurrente al incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241 LOPJ frente al 
auto de la Sala de Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 18 de junio 
de 2018, que desestimó la apelación presentada contra el previo auto del magistrado 
instructor de 12 de abril de 2018.
Tal y como, en relación con este mismo óbice, hemos expuesto en la STC 50/2019, 
de 9 de abril, FJ 2 a), y reiterado en la STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 4, ha de 
tenerse en cuenta que el incidente de nulidad de actuaciones constituye un instrumento 
procesal que, en la vía jurisdiccional ordinaria, sirve para remediar aquellas lesiones de 
derechos fundamentales del art. 53.2 CE que no hayan «podido denunciarse antes de 
recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea 
susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» (art. 241.1 LOPJ), de modo que su 
función en materia de tutela de derechos es esencialmente la misma que cumple la 
propia interposición de un recurso ordinario (STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3). En 
consecuencia, en el caso de que la ley conceda recurso, ordinario o extraordinario, frente 
a la resolución que la parte estime lesiva de su derecho, es este medio de impugnación 
el que deberá ser interpuesto por el interesado, sin que, tras el agotamiento de la cadena 
de recursos que legalmente quepan frente a la decisión adoptada, sea ya necesario que 
el recurrente reitere la queja a través de un incidente de nulidad que, por referirse a una 
vulneración  ya  denunciada  con  anterioridad  en  el  procedimiento,  deviene 
manifiestamente improcedente a tenor del propio art. 241 LOPJ (ATC 293/2014, de 10 de 
diciembre, FJ 2).
Como señaló el citado ATC 293/2014, FJ 3, «la determinación en cada caso del 
remedio legalmente posible y, por tanto, exigible a los efectos del debido agotamiento de 
la vía judicial previa dependerá de la concreta vulneración que el recurrente denuncie en 
amparo y a qué resolución atribuya su causación». A estos efectos debe recordarse que 
corresponde estrictamente a la demanda la fijación del objeto procesal del recurso de 
amparo, tanto en cuanto a la individualización del acto o la disposición cuya nulidad se 
pretenda, como respecto de la razón para pedirla o causa petendi (SSTC 235/1994, 
de 20 de julio, FJ 1; 26/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 124/1999, de 28 de junio, FJ 1; 
205/1999, de 8 de noviembre, FJ 4, y 224/2007, de 22 de octubre, FJ 2).
De acuerdo con esta doctrina, puede concluirse que, para agotar adecuadamente la  e.
vía procesal previa a la interposición del recurso de amparo en el caso que nos ocupa,  w.b
no era necesaria la promoción del incidente extraordinario de nulidad de actuaciones.  48ww
Sdee ginúinc iola,  edne meal npdroap dioe  aaumtop adreo ,1 l2a sd ev ualnberirl adceio 2n0e1s8 d, ednicutnacdioa dpaosr  seel  mhaabgriísatrna dcoom inesttidruoc, toyra, 
hdaeb rieécnudrossoes , lirmeiintacdidoi ean dnoo,  rdeep aersaer lmaso deol ,p eons teerlliaosr . aEunto c doen s1e8c udeen cjuian,i oto ddea s2 0la1s8 e dvee nlatu asalelas 
vulneraciones expuestas en la demanda procederían de la resolución dictada por el
magistrado instructor y pudieron, en su caso, ser remediadas al resolver el recurso de 
apelación interpuesto. En tal medida, salvo la denuncia referida al derecho a un juez 
imparcial, que analizaremos separadamente, el demandante ha respetado el principio de 
subsidiariedad del recurso de amparo mediante el agotamiento de los medios procesales 
ordinarios de impugnación, en concreto a través del pertinente recurso de apelación.
b)  Como hemos anticipado, para que puedan examinarse los motivos que integran 
la demanda de amparo es también requisito indispensable, conforme al art. 44.1 c) 
LOTC, que «se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la 
vulneración del derecho constitucional, tan pronto como, una vez conocida la violación, 
hubiere lugar para ello». En este caso, el recurso de apelación constituyó el trámite 
procesal idóneo para invocar los derechos fundamentales que se reputaban lesionados 
por la resolución del magistrado instructor que denegó las medidas que le habían sido 
solicitadas, dando así ocasión a que la Sala de Recursos del Tribunal Supremo se 
pronunciara sobre tales vulneraciones. De este modo quedaría preservado el carácter 
subsidiario  del  recurso  de  amparo,  «evitando  que  el  acceso  a  esta  jurisdicción 
constitucional se produzca per saltum, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la 
oportunidad  de  pronunciarse  y,  en  su  caso,  remediar  la  lesión  invocada  como 
fundamento del recurso de amparo constitucional» (por todas, SSTC 42/2010, de 26 de 
julio, FJ 2; 91/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
La aplicación de la doctrina expuesta nos lleva a apreciar que la queja de amparo 
que denuncia ahora la vulneración del derecho de participación política representativa y 
acceso  al  cargo  público  (art.  23  CE)  fue  debidamente  invocada  como  motivos  de 
apelación segundo y tercero al cuestionar ante la sala de recursos la decisión inicial 
denegatoria de 12 de abril de 2018. En estos motivos se alegaba también la vulneración 
del art. 10.2 CE puesto en relación con el art. 25 del Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos. Por lo expuesto, la causa de inadmisibilidad planteada, ex art. 44.1 c) 
LOTC, debe ser desestimada.
c)  El partido político comparecido plantea como causa de inadmisión, asimismo, 
que no se ha justificado en la demanda la especial trascendencia constitucional del 
recurso en los términos que exige el art. 49.1 LOTC, pues el demandante se refiere 
únicamente a la disyuntiva acerca de si se han producido o no las indebidas limitaciones 
de derechos fundamentales denunciadas.
A fin de dar respuesta a la objeción procesal opuesta, conviene recordar que la 
previsión del art. 49.1 in fine LOTC, según la cual, «[e]n todo caso, la demanda justificará 
la especial trascendencia constitucional del recurso», se configura como una carga 
procesal de la parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia 
constitucional, habida cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del 
Tribunal  acerca  de  la  especial  trascendencia  constitucional  de  cada  recurso  venga 
siempre precedida de la iniciativa y apreciaciones de la parte, recogidas en su escrito de 
demanda (STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3). A la parte recurrente le es exigible un 
«esfuerzo  argumental»  (ATC  154/2010,  de  15  de  noviembre,  FJ  4)  que  ponga  en 
conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el 
artículo 50.1 b) LOTC, criterios que se concretan, sin ánimo exhaustivo, en los supuestos 
contemplados en el fundamento jurídico 2 de la conocida STC 155/2009, de 25 de junio. 
De este modo, no basta argumentar la existencia de la vulneración de un derecho 
fundamental (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3; 
143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también 
AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008,  s
de 22 de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 de  oe.
noviembre,  FJ  único),  sino  que  es  preciso  que  «en  la  demanda  se  disocie  w.
adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un  48ww
dcuearelqcuhioe r fduenmdaamndean tdael  –aqmupea rsoig–u ye  lossie rnadzoo,n aombvieianmtoesn etes,p eucní fipcraemsuepnutee sdtiori ginideoxsc uas jaubstleifi ceanr 
fqeuber eerlo ,r eFcJu 2rs)o. presenta especial trascendencia constitucional» (STC 17/2011, de 28 de  BOE-A-cable e
De acuerdo con esta doctrina, el óbice planteado ha de ser también desestimado. La 
demanda que da inicio al proceso de amparo contiene un apartado III específico relativo 
a la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso. En él se destaca 
la supuesta novedad de algunas de las cuestiones planteadas que, en la STC 4/2020, 
de  15  de  enero,  hemos  declarado  ya  que  presentan  especial  trascendencia 
constitucional. Esta fue la causa que apreció el Pleno del Tribunal para la admisión del 
recurso  de  amparo.  Entre  estas  cuestiones  destaca  la  incidencia  que  la  limitación 
cautelar del derecho a la libertad personal acordada en tutela del proceso penal puede 
tener en relación con otros derechos fundamentales sustantivos alegados, singularmente 
el derecho de participación política representativa y el acceso a cargos públicos que 
corresponde  a  los  diputados;  la  proporcionalidad  de  las  decisiones  denegatorias 
cuestionadas, o el hecho de que la privación cautelar de libertad que se cuestiona pueda 
suponer la vulneración de derechos de contenido político. A ellas se añade la incidencia 
que sobre la imparcialidad judicial pueda tener la utilización por el juez de expresiones 
que el demandante considera exteriorizan un juicio previo sobre su culpabilidad, lo que 
otorgaría a esta pretensión un alcance general más allá del caso concreto [supuestos a) 
y g) de la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2].
Se trata de una argumentación expresa que va más allá del ámbito de la concreta 
queja por la vulneración de derechos fundamentales que la parte estima padecida y 
expone una razón adicional para que se dicte una sentencia que resuelva la cuestión de 
fondo  debatida.  Por  consiguiente,  puede  afirmarse  que  pone  de  relieve  los  datos 
necesarios para justificar la proyección objetiva del amparo solicitado [SSTC 143/2011, 
de 26 de septiembre, FJ 2, y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 c)], por lo que hemos de 
entender satisfecha en el presente caso la carga de justificar la especial trascendencia 
constitucional a la que, in fine, se refiere el artículo 49.1 LOTC.
3.  La invocación del derecho a un juez imparcial no ha agotado la vía judicial previa 
y es prematura.
Distinta es la conclusión a la que debemos llegar en relación con el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad respecto a la queja que denuncia la vulneración del 
derecho a un juez imparcial, vertiente del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), dado que se ha acudido a la vía de amparo sin que conste haber 
intentado la recusación del magistrado instructor por la causa ahora aducida. A lo que 
hay que añadir que, ni tan siquiera, la resolución judicial que hubiera puesto fin a ese 
incidente cerraría el paso a poder volver a plantearla ante el Tribunal de enjuiciamiento 
(art. 228.3 LOPJ).
En el presente supuesto el recurrente adujo en apelación la supuesta parcialidad del 
magistrado instructor como motivo de nulidad del auto de 12 de abril de 2018 que había 
dictado.  Esa  pérdida  de  imparcialidad  se  habría  producido,  precisamente,  por  el 
contenido de una de las expresiones utilizadas en su fundamentación que, en opinión del 
recurrente, expresa un prejuicio sobre su culpabilidad. Con independencia del contenido 
concreto de la cuestión de fondo planteada en el recurso, el cauce procesal utilizado 
para denunciar la supuesta vulneración en la vía judicial impide su examen en este 
proceso de amparo; conclusión en la que también es relevante el momento procesal en 
el que ha sido presentado el presente recurso, como lo ha sido en los analizados en las 
SSTC 129/2018, 130/2018 y 131/2018, de 12 de diciembre; 20/2019, de 12 de febrero, 
y 38/2019 y 39/2019, de 26 de marzo.
Tal y como se analizó en la STC 147/1994, de 12 de mayo, nos encontramos en un  e
supuesto en el que, sin haber finalizado el proceso a quo, se acude ante este Tribunal en  bo
demanda de amparo por una aducida vulneración de derechos fundamentales producida  48ww
epnre seel nstaernsoe  ldae  duenm apnrodcae. sEon  plae nCaol nqsutietu csieó nh a(allrat.b a5 3a.2ú)n  y elna  Lcuerys oO regná neicl am doeml eTnritbou ndael 
eCsopnesctiítfuiccaio vníaal  d[aer tsp.r o4t1e.c1c,i ó4n3 .d1e y  d4e4t.e1r ma)i]n aedl aoms pdaerroe cchoonss tyit ulicbieorntaadl sees  cfuonndfiagmurean ctaolmeso  «usnian 
perjuicio de su tutela general, encomendada a los tribunales de justicia», esto es, de
forma subsidiaria a la actuación de los órganos judiciales, a quienes ha de otorgarse, en 
todo  caso,  la  posibilidad  de  reparar  las  presuntas  violaciones  de  derechos 
fundamentales. De esta manera: «[E]l principio de subsidiariedad que rige el proceso de 
amparo constitucional, y que lo hace necesariamente final, obliga a que solo pueda ser 
intentado cuando se hayan hecho valer ante los tribunales ordinarios los derechos que 
se estiman vulnerados y se hayan agotado ‘todos los recursos utilizables’ [art. 44.1 a) 
LOTC]» (ATC 64/1991, de 21 de febrero). Se trata así de evitar que los jueces y 
tribunales ordinarios queden privados de la función, constitucionalmente atribuida, de 
tutelar los derechos e intereses legítimos y, señaladamente, los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución. No respetar la subsidiariedad del proceso de amparo, 
pronunciándose  este  Tribunal  antes  que  los  tribunales  ordinarios,  sería  tanto  como 
«advertir  a  los  ciudadanos  de  que  no  pueden  esperar  que  los  jueces  y  tribunales 
ordinarios protejan sus derechos fundamentales, y que solo en este Tribunal pueden 
confiar  a  este  respecto,  lo  que  no  es  compatible  con  el  dictado  constitucional» 
(ATC 173/1995, de 6 de junio, FJ 2). Al mismo tiempo, con este diseño es posible 
prevenir que quede abierta una vía de intersección de la jurisdicción constitucional con la 
ordinaria, lo que, de forma indirecta, provocaría una indeseable inseguridad jurídica: de 
una parte, en cuanto se residenciarían ante el Tribunal Constitucional cuestiones aún no 
solventadas definitivamente en la vía judicial; de otra, porque finalizado el proceso de 
amparo proseguiría la vía judicial, en cuyo curso no sería imposible un pronunciamiento 
contradictorio con lo resuelto en vía de amparo.
En lo que se refiere al proceso penal hemos venido manteniendo una regla general, 
a tenor de la cual, «en aquellos casos en los que el proceso aún no ha concluido por 
decisión que se pronuncie sobre la condena o absolución, e incluso en los que la 
celebración del juicio oral no ha tenido lugar, resulta prematura la invocación de lesiones 
que podrían ser examinadas ulteriormente en el curso del proceso» (STC 20/2019, de 20 
de febrero, FJ 3, y las resoluciones que en ella se citan).
Pues bien, en las citadas SSTC 129/2018, 130/2018 y 131/2018, se expuso ya que 
son prematuras e incurren en causa de inadmisión por falta de agotamiento de la vía 
judicial previa las quejas de amparo que expresan dudas sobre la imparcialidad del 
instructor de la causa antes de finalizar el proceso en el que se plantean, máxime si –
como ocurre en este caso– se acude a esta vía de amparo sin intentar su recusación 
previa, supuesto este en el que la invocación de la vulneración en la vía judicial no se 
produce  a  través  del  cauce  procesal  legalmente  establecido  tan  pronto  como  es 
procesalmente posible (fundamentos jurídicos 6 y 7).
Se recordó entonces, y ahora debemos reiterarlo, que el cauce procesal adecuado a 
través del cual han de hacerse valer las dudas sobre la imparcialidad judicial es el 
incidente de recusación previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (SSTC 140/2004, 
de 13 de septiembre, FJ 4; 28/2007, de 12 de febrero, FJ 3; 44/2009, de 12 de febrero, 
FJ 3, o 178/2014, de 3 de noviembre, FJ 2). De manera específica, lo que nuestra 
jurisprudencia ha exigido, por razón de lo dispuesto en el artículo 44.1 c) LOTC, es que 
la invocación en el proceso judicial del derecho fundamental vulnerado se produzca tan 
pronto como, conocida la vulneración, hubiera lugar para ello. A lo expuesto se ha de 
añadir que este Tribunal ha concluido, de forma reiterada y continua, que tampoco la 
resolución judicial que en una causa penal pone término al incidente de recusación, pese 
a su finalidad e importancia sobre el desarrollo del proceso penal, supone el agotamiento 
de la vía judicial previa. No solo porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 228.3) 
prevé expresamente que «contra la decisión del incidente de recusación no se dará  s
recurso alguno, sin perjuicio de hacer valer, al recurrir contra la resolución que decida el  oe.
pleito o causa, la posible nulidad de esta por concurrir en el juez o magistrado que dictó  w.
la resolución recurrida, o que integró la sala o sección correspondiente, la causa de  48ww
oreracul, seanci ósnu  aflaesgea dpar»e,li msiinnoa rp, otraqnuteo,  eand eeml ápsr,o scie sdeim llieegnator aa ab rdeevciardeota, r clao mapoe ertnu rae l dperlo jcueicsioo 
oerndteinnadriidoo p loar  judreisliptoru dae tnrcaivaé ds edl eT rilbaus ncaul eSsutiporneemso  ddee spdreev 1io9 8p2r–o,n eusn cpiaomsibielen toh a–cseer gvúanle rh ay   BOE-A-cable e
obtener la reparación de las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales que se 
aleguen por las partes (ATC 173/1995, de 6 de junio, FJ 2).
4.  La invocación del derecho a la participación y a la representación política (art. 23 
CE): jurisprudencia constitucional sobre su contenido y límites.
El demandante de amparo invoca el derecho a la participación y a la representación 
política frente a la decisión judicial impugnada por la que, debido a su situación de 
prisión provisional, vio denegada su solicitud para asistir al Parlamento de Cataluña a la 
sesión previamente convocada para la defensa, debate y votación en pleno de su propia 
investidura como presidente de la Generalitat, bien en situación de libertad provisional, 
mediante un permiso penitenciario extraordinario, bien permitiendo su participación no 
presencial en el debate parlamentario por medio de videoconferencia.
Entiende que la ponderación de los derechos fundamentales en juego debió conducir 
a autorizar su excarcelación o su participación no presencial, atendida la finalidad para la 
que se solicitó y los medios alternativos que propuso para satisfacerla. Califica como 
desproporcionada e insuficientemente justificada la decisión judicial en cuanto hace 
prevalecer los fines de la prisión provisional sobre los derechos fundamentales que 
alega. Cuestiona también la suficiencia y base objetiva del riesgo de reiteración delictiva 
tomado en consideración por el magistrado instructor para justificar la denegación del 
permiso penitenciario o la participación por videoconferencia. Concluye su razonamiento 
señalando que la denegación de cualquier modo de participación en el debate de su 
propia investidura habría vulnerado también lo dispuesto en el art. 10 CE, dado que los 
derechos fundamentales han de interpretarse conforme a los convenios internacionales 
sobre  la  materia  y,  sin  embargo,  el  Tribunal  Supremo  ha  decidido  ignorar  un 
pronunciamiento  cautelar  del  Comité  de  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas 
instando al Estado español a respetar sus derechos políticos mientras se tramitaba la 
denuncia que, dos días antes, había presentado ante el mismo.
Dado  el  conjunto  de  alegaciones  que  sustentan  su  queja,  al  igual  que  hemos 
expuesto en la STC 4/2020, de 15 de enero, FJ 3, desestimatoria de la petición de 
permisos  penitenciarios  extraordinarios  solicitados  por  el  demandante  para  asistir 
presencialmente al debate de su investidura, propuesta por primera vez para el día 12 de 
marzo de 2018, el análisis sobre si se ha producido la denunciada lesión del derecho de 
acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE) en relación con el derecho de los ciudadanos 
a participar en los asuntos públicos a través de representantes libremente elegidos en 
elecciones periódicas por sufragio universal (art. 23.1 CE), exige tomar en consideración 
la reiterada doctrina constitucional sobre el contenido y la vinculación existente entre 
ambos derechos fundamentales.
De sus pronunciamientos, por referencia a lo expresado en la STC 155/2019, de 28 
de noviembre, FJ 15, a la cual hemos de remitirnos íntegramente, cabe extractar las 
siguientes conclusiones:
a)  El derecho a acceder a los cargos de naturaleza representativa implica también, 
necesariamente, el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con la ley, sin 
constricciones  o  perturbaciones  ilegítimas  [SSTC  10/1983,  de  21  de  febrero,  FJ  2; 
32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; 220/1991, de 25 de noviembre, FJ 5; 71/1994, de 3 de 
marzo, FJ 6; 109/2016, de 7 de junio, FJ 3 a); 11/2017, de 10 de enero, FJ 3 a), 
y 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 4 a)]. Esta última garantía adicional resulta de 
particular relevancia cuando, como ocurre en el presente caso, la petición de amparo se  s
presenta por un representante parlamentario en defensa del ejercicio de sus funciones,  oe.
ya que, en tal supuesto, resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a  w.
apFraJt r.4 ti2c; 3i1p.17a 7rC /2eE0n 0[ S2loS,s Td eCa s 11u46n 1tdo/e1s 9 o8pc8útu,b bdlirceeo ,2s F0 Ja d  3et;r  as1ve/é2ps0ti e1dm5e,b  drseeu,  s1F 9Jr e d6pe;r  e1es8ne1en/r1ota9, n8Ft9eJ,s  3d, ,e ry e3 c4 od7ne/2o n0co1idv8oi,e  dmeenb  r2ee6,l    2020-3348n https://ww
de abril, FJ 3 a)]. De esta suerte, el derecho del art. 23.2 CE, así como indirectamente el
que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería
ineficaz si el representante político se viese privado del mismo o perturbado ilegalmente 
en su ejercicio [SSTC 119/2011, de 5 de julio, FJ 3; 109/2016, de 7 de junio, FJ 3 a); 
11/2017, de 30 de enero, FJ 3 a); 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 4 d), y 49/2018, 
de 10 de mayo, FJ 4].
b)  El derecho de acceso a los cargos públicos es un derecho de configuración 
legal.  Corresponde  a  la  ley  (concepto  en  el  que  se  incluyen  los  reglamentos 
parlamentarios)  ordenar  los  derechos  y  facultades  que  pueden  ejercer  los  distintos 
cargos públicos, pasando aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados 
en el estatus propio de cada cargo, con la consecuencia de que sus titulares podrán 
defender, al amparo del art. 23.2 CE, el ius in officium que consideren ilegítimamente 
constreñido o ignorado por actos de los poderes públicos [SSTC 27/2000, de 31 de 
enero, FJ 4; 36/2014, de 27 de febrero, FJ 5; 107/2016, de 7 de junio, FJ 4 B); 143/2016, 
de 19 de septiembre, FJ 3; 224/2016, de 19 de diciembre, FJ 2 b); 11/2017, de 30 de 
enero, FJ 3 b); 47/2018, de 26 de abril, FJ 3 b), y 49/2018, de 10 de mayo, FJ 4]. El 
desarrollo legal de estos derechos ha de respetar el principio de igualdad y los derechos 
fundamentales  que  la  Constitución  garantiza,  así  como  salvaguardar  su  naturaleza 
[STC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4 a), con cita de las SSTC 10/1983, de 21 de 
febrero, FJ 2, y 24/1990, de 15 de febrero, FJ 2].
c)  El  derecho  a  acceder,  mantenerse  y  desempeñar  los  cargos  públicos 
representativos no es incondicionado o absoluto, no es ilimitado, en la más usual de las 
formulaciones; «es, por el contrario, un derecho delimitado [en su contenido tanto] por su 
naturaleza como por su función» (STC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 6). El legislador 
puede regularlo e imponer limitaciones y restricciones a su ejercicio que, respetando ese 
contenido y los imperativos del principio de igualdad, se ordenen desde la perspectiva 
constitucional a un fin legítimo, en términos proporcionados a dicha válida finalidad. Las 
limitaciones y restricciones al ejercicio del derecho pueden provenir de las normas 
legales que lo regulen o incidan en el mismo, y, por tanto, también de los aplicadores de 
dichas normas y, en especial, de los órganos judiciales, si bien en este caso tales 
injerencias, de conformidad con nuestra doctrina sobre los límites o restricciones que 
pueden sufrir los derechos fundamentales, han de estar previstas por la ley, han de 
responder  a  un  fin  constitucionalmente  legítimo,  han  de  ser  adoptadas  mediante 
resolución  judicial  especialmente  motivada  y,  en  fin,  no  han  de  manifestarse 
desproporcionadas en relación con la finalidad perseguida por ellas (SSTC 207/1996, 
de 16 de diciembre, FJ 4; 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6; 11/2006, de 16 de enero, 
FJ 2, y 96/2012, de 7 de mayo, FJ 7).
d)  Los  criterios  reseñados  de  la  doctrina  de  este  Tribunal  en  relación  con  el 
contenido y límites del derecho de acceso a los cargos públicos son semejantes a los 
que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre el art. 3 del Protocolo núm. 1 al Convenio para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades públicas. Jurisprudencia esta última que, ex art. 10.2 CE, 
constituye un relevante elemento hermenéutico en la determinación del sentido y alcance 
de los derechos y libertades que la Constitución reconoce (SSTC 303/1993, de 25 de 
octubre, FJ 8; 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5, y 8/2017, de 19 de enero, FJ 4).
5.  Incidencia  de  la  aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  expuesta:  la 
solicitud de permisos penitenciarios o de participación no presencial en la investidura por 
videoconferencia.
a)  Dada la identidad de circunstancias fácticas y jurídicas analizadas en la reciente  e
STC 4/2020, de 15 de enero, FJ 4, sobre la denegación al recurrente de un permiso  bo
penitenciario solicitado para asistir por primera vez a la sesión de investidura a la que  48ww
hraazboínaa msiideon topsr oppaurae srteos oclvoemr ola  pcraensdeindtaet oq,u ehjeam, roesla tidvea  ar eumnait inrnuoesv aí npteetgicriaómn ednet ep eram issouss 
rpelapnretesaednata cuiónn  mpoelsít icdae sqpuueé sd edrieva  lad ea llalí  ealencacliizóand are. pCreosnefnotramtieva  ad eel lldae, meal nddaenretec hcoo mdoe 
parlamentario no es, en sí mismo, obstáculo que impida acordar y mantener en el tiempo
su prisión provisional cuando concurran las condiciones constitucionales y legales que la 
hacen legítima. Así lo ha destacado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en la sentencia de 20 de noviembre de 2018, asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, § 
231, a la que hemos hecho allí referencia.
De  otra  parte,  en  la  STC  3/2020,  de  15  de  enero,  hemos  declarado 
constitucionalmente legítimo el mantenimiento en prisión provisional del señor Sànchez i 
Picanyol, tras apreciar que vino apoyada en indicios de criminalidad basados en datos 
objetivos, se fundamentó en una finalidad constitucionalmente legítima razonadamente 
apreciada (conjurar el riesgo de reiteración delictiva concurrente) y supera el juicio de 
proporcionalidad de la limitación de los derechos fundamentales en juego, tanto la 
libertad  personal  como  el  derecho  de  representación  política  que  derivaba  de  su 
condición de diputado autonómico electo.
A partir de dichas consideraciones, dado que el derecho de representación política 
ha de ejercerse de conformidad y con los requisitos establecidos en las leyes, hemos 
estimado legítimas las limitaciones que en su derecho derivan indefectiblemente de su 
situación de prisión provisional (ATC 55/2018, de 22 de mayo). Y hemos declarado 
también que decisiones judiciales como las cuestionadas en este proceso de amparo no 
son la fuente directa de las limitaciones que fundamentan su queja, sino que estas 
derivan de una previa y legítima situación de prisión provisional; por más que el modo de 
ejercicio de tales funciones representativas se haya mantenido restringido, y en esa 
medida afectado, como consecuencia de la denegación que se cuestiona.
En consecuencia, dada la naturaleza extraordinaria de los permisos penitenciarios 
solicitados y la apreciación fundada de riesgo de reiteración delictiva que justificó el 
mantenimiento de su prisión provisional, debemos reiterar ahora, con plena remisión a lo 
expuesto en la STC 4/2020, FJ 6, que la apreciación como legitimadores de los fines 
tomados en consideración por las resoluciones judiciales impugnadas es coherente con 
la previsión legal y expresa una adecuada ponderación de los derechos e intereses 
constitucionales  en  juego,  lo  que  en  este  aspecto,  justifica  también  ahora  la 
desestimación de esta queja.
b)  En relación con la solicitud de autorización hecha al juez de instrucción para 
participar no presencialmente, sino por videoconferencia, en el pleno de investidura, 
debemos destacar que tiene una premisa de partida que trasciende al objeto del propio 
proceso de amparo pues se apoya, como presupuesto, en la legitimidad material de tal 
investidura no presencial. Así lo apreciamos ya en el ATC 55/2018, de 22 de mayo, al 
desestimar la protección cautelar que, con el mismo contenido, había sido planteada por 
el demandante.
En el momento en que tal autorización fue solicitada, el 10 de abril de 2018, este 
Tribunal  ya  había  acordado  cautelarmente  la  suspensión  de  cualquier  sesión  de 
investidura que no fuera presencial (ATC 5/2018, de 27 de enero, que fue declarado 
inmediatamente ejecutivo, y fue ratificado poco después por ATC 6/2018 de 30 de 
enero). Si bien es cierto que, en aquel caso, a diferencia del actual, estaba vigente una 
orden de busca y captura e ingreso en prisión de quien entonces era candidato –señor 
Puigdemont i Casamajó–, las decisiones entonces adoptadas incidían en la resolución 
en la vía judicial del caso presente. De esta manera, elementales razones de seguridad 
jurídica que han de ser compartidas llevaron a la sala de apelación a ratificar la decisión 
denegatoria a la vista de que, en aquel momento (18 de junio de 2018) la legitimidad 
constitucional de una investidura telemática como la solicitada por el demandante, que 
no había sido propuesta por la mesa del Parlamento, se encontraba entonces sometida a  s
enjuiciamiento en dos procesos constitucionales ya admitidos a trámite (impugnación de  oe.
disposiciones autonómicas 492-2018, en el que se dictó el ATC 5/2018; y recurso de  w.
inconstitucionalidad 2533-2018, en el que se impugnaron determinados preceptos de la  48ww
Lpereys iddeeln Pciaar ladme elan tGo ednee rCaalittaaltu yñ ae l2 /G2o0b1i8e rpnoor,  leons  eqlu eq usee,  pmoord pifricoóv idlae nLceiay  1d3e/ 290 0d8e,  mdea yloa 
dpere c2e0p1to8s,  lteagmableiés nim  fpuueg naacdoords aqduae  alau tosruizsapbeanns iólan i ndvee stlaid uvraig ennoc piare sye nacpialicl)a.ción  de  los  BOE-A-cable e
Aquellas dudas sobre la legitimidad de la pretensión de ser investido de forma no 
presencial han sido resueltas en las SSTC 19/2019, de 12 de febrero, FJ 4, y 45/2019, 
de 27 de marzo, FJ 4, en las que hemos establecido que la naturaleza parlamentaria del 
debate de investidura del presidente de la Generalitat, y la propia configuración del 
procedimiento  para  su  designación,  exigen  que  el  candidato  comparezca  de  forma 
presencial ante la cámara. Hemos señalado también que, como regla general y salvo 
excepciones  que  estén  debidamente  justificadas  en  la  salvaguarda  de  un  bien 
constitucional  necesitado  de  mayor  protección,  el  cargo  público  de  carácter 
representativo ha de ejercerse de forma personal, sin que el ejercicio de las facultades 
que integran su contenido pueda ser objeto de delegación. Esta exigencia constitucional, 
al ser inherente al derecho fundamental reconocido en el art. 23.1 CE, resulta aplicable 
tanto al Congreso de los Diputados y al Senado (art. 79.3 CE) como a los parlamentos 
autonómicos [STC 19/2019, FJ 4 A), a)]. De la misma forma, hemos destacado que «[l]a 
celebración de este debate en ausencia del candidato privaría a este procedimiento de 
los elementos necesarios para que pudiera cumplir su finalidad –aportar a la cámara 
elementos de juicio necesarios para que pueda valorar si el candidato merece o no su 
confianza– y por esta razón, al afectar a una garantía necesaria para asegurar el 
correcto ejercicio de la función representativa, vulneraría el derecho de los diputados a 
ejercer su cargo público sin perturbaciones ilegítimas y de conformidad con lo previsto en 
la  ley  y  en  los  principios  constitucionales  (SSTC  10/2018,  de  5  de  febrero,  FJ  5, 
y 27/2018 de 5 de marzo, FJ 5), lo que conllevaría, también, la lesión del derecho de los 
ciudadanos  a  participar  en  los  asuntos  públicos  a  través  de  sus  representantes, 
reconocido  en  el  artículo  23.1  CE  (SSTC  161/1988,  de  20  de  septiembre,  FJ  6; 
181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 4; 177/2002, de 14 
de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2; 1/2015, de 19 de enero, FJ 3; 10/2018, 
de  5  de  febrero,  FJ  3,  y  27/  2018  de  5  de  marzo,  FJ  3,  entre  otras  muchas)» 
(STC 19/2019, FJ 6).
En consecuencia, tampoco este aspecto de la queja puede ser estimado al no poner 
de manifiesto la vulneración del derecho de participación política alegado.
6.  La invocación del art. 10.2 CE en relación con la denuncia presentada ante el 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Resta  por  analizar  la  alegación  complementaria  recogida  en  la  demanda  que 
denuncia la vulneración del art. 10.2 de la Constitución por haber desatendido los 
órganos judiciales los pronunciamientos expresados en las comunicaciones de 23 de 
marzo de 2018 por las que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
informó  al  representante  del  demandante,  y  también  al  del  Estado  español,  de  la 
recepción y registro de su denuncia individual que, alegando la violación del art. 25 
PIDCP de 1966, y con el mismo contenido que la formulada ante los órganos judiciales, 
fue presentada el 21 de marzo de 2018, en nombre del demandante, ante el Comité de 
Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas.  Como  ya  hemos  expuesto  en  los 
antecedentes, en las citadas comunicaciones, al informar al demandante de que su 
denuncia había quedado registrada, se le informó también de que el relator especial 
sobre  nuevas  comunicaciones,  actuando  en  nombre  del  comité,  en  aplicación  del 
artículo 92 del reglamento de procedimiento, había solicitado al Reino de España, a 
través de su representante, que adoptase todas las medidas que fueran necesarias para 
asegurar que el señor Sànchez i Picanyol pudiera ejercer sus derechos políticos de 
conformidad con el artículo 25 PIDCP, mientras se tramitaba, deliberaba y resolvía la  e
denuncia presentada. En la comunicación se especificaba que tal solicitud no significaba  bo
ni que la queja hubiera sido admitida, ni que con ello se anticipara una eventual decisión  48ww
sobrEen etile fnodned oe ld ree clau rdreennuten cqiuae p drees deincthaad as.olicitud de adopción de las medidas necesarias
peal srae ñaosre Sguàrnacrh qeuz ei  Pmicieanntyraosl  psued iteraram eitajebrace, rd seulibs edrearbeac hyo rse psoollvítíiaco lsa  ddee ncuonncfoiarm pirdeasde nctoand ae,l 
artículo 25 PIDCP, se deriva la obligación de los órganos judiciales de atender la petición 
de comparecencia personal o no presencial del demandante en el debate de investidura.
Atendidos el momento procesal de tramitación de la denuncia individual presentada 
ante el comité, el contenido de la propia comunicación y el del art. 25 PIDCP al que se 
refiere, así como el significado y contenido del art. 10 de la Constitución que se cita en 
apoyo de la presente queja, cabe ya anticipar que la misma ha de ser desestimada.
Pese a no ser directamente invocable en amparo como objeto de vulneración directa, 
el art. 10.2 CE establece un principio fundamental de interpretación de la Constitución, a 
cuyo tenor «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración universal de 
derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España». Sobre su contenido hemos señalado que contiene una remisión 
abierta  a  los  tratados  internacionales  para  la  interpretación  de  los  derechos 
fundamentales,  de  forma  que,  como  pauta  interpretativa  indisponible,  los  textos 
internacionales ratificados por España son instrumentos valiosos para configurar su 
sentido y alcance (STC 38/1981, de 23 de noviembre, FJ 4). Como expusimos en la 
STC 91/2000, de 30 de marzo, la decisión del constituyente expresa el reconocimiento 
de nuestra coincidencia con el ámbito de valores e intereses que dichos instrumentos 
protegen, así como nuestra voluntad como Nación de incorporarnos a un orden jurídico 
internacional que propugna la defensa y protección de los derechos humanos como base 
fundamental de la organización del Estado. Por eso, desde sus primeras sentencias este 
Tribunal  ha  reconocido  la  importante  función  hermenéutica  que,  para  determinar  el 
contenido de los derechos fundamentales, tienen los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por España.
En este caso, el demandante no fundamenta su queja en el contenido mismo del 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966 que, en cuanto a los derechos 
de  participación  política  en  elecciones  representativas  (art.  25),  tiene  un  contenido 
equivalente  al  expresado  por  la  Constitución  en  el  art.  23.  Más  limitadamente,  se 
denuncia la vulneración del art. 23 CE, con apoyo en el significado y eficacia de la 
comunicación emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al 
registrar una denuncia individual por incumplimiento presentada por el demandante. El 
hecho de que, como veremos, dicha comunicación no exprese valoración alguna sobre 
el contenido del art. 25 PIDCP impide apreciar la alegada vulneración o ignorancia del 
art. 23 CE o, de forma mediata, desconocimiento del art. 10.2 CE.
Sobre tal alegación hemos de recordar que, a diferencia de las funciones atribuidas 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el convenio que lo instituye, 
el comité es una instancia no jurisdiccional de tutela de los derechos, un órgano de 
garantía  que,  mediante  dictámenes,  resuelve  las  quejas  que  pueden  presentarse 
individualmente. Pero, como destacamos en la STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7, en 
virtud de los arts. 41 y 42 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y del 
Protocolo  facultativo  de  16  de  diciembre  de  1966,  las  competencias  del  comité  le 
habilitan exclusivamente para recibir y examinar comunicaciones, tanto de estados parte 
que  aleguen  que  otro  estado  parte  incumple  las  obligaciones  del  Pacto,  como  de 
individuos  que  aleguen  ser  víctimas  de  violaciones  de  cualquiera  de  los  derechos 
enunciados en el Pacto. Y, respecto de las comunicaciones individuales, en virtud del 
art. 5 párrafo 4 del Protocolo facultativo, para presentar sus observaciones al estado 
parte y al individuo, haciendo constar en su caso la existencia de una violación del Pacto 
en el caso concreto. Debido a su naturaleza, «las ‘observaciones’ que en forma de  s
dictamen emite el comité no son resoluciones judiciales, puesto que el comité no tiene  oe.
facultades jurisdiccionales (como claramente se deduce de la lectura de los arts. 41 y 42  w.
PIDCP), y sus dictámenes no pueden constituir la interpretación auténtica del Pacto,  48ww
cdoamdop eqteunec, iae»n. ningún momento, ni el Pacto ni el Protocolo facultativo le otorgan tal
ATCH 5e5c/h2a0 1e8s, tdae  c2o2n sdied emraacyioó,n  epnr eelli mseinnatird, oh deem qouse  dbea srteai treerpaar raarh oerna  ello c aerxápcuteers gtoe neénr iceol   BOE-A-cable e
del contenido de la comunicación del comité que ha sido alegada para rechazar la 
relación que establece el demandante entre esta y la autorización de comparecencia, 
bien personal o no presencial, que le fue denegada por los órganos judiciales. La 
comunicación se emitió dos días después de presentarse la denuncia individual. En ella 
solo se da cuenta de haber sido recibida y registrada la denuncia, se solicita a través del 
representante  español  la  presentación  de  información  y  observaciones  sobre  su 
admisibilidad y el fondo de la denuncia, y se solicita también, en aplicación del art. 92 de 
las  reglas  de  procedimiento,  que  el  Estado  español  tome  las  medidas  que  sean 
necesarias para asegurar que el demandante pueda ejercer sus derechos políticos de 
conformidad con el art. 25 PIDCP; esto es, sin restricciones indebidas. Precisamente el 
carácter indebido o no de las restricciones que conforman la queja es lo que deberá ser 
evaluado por el comité, pero es necesario destacar que, al tiempo que emite la solicitud, 
el relator especial informa también de que la misma no implica que se haya llegado a 
una decisión respecto a la admisibilidad o el fondo de la denuncia individual presentada.
Como han destacado el ministerio fiscal y el abogado del Estado, es especialmente 
relevante poner de manifiesto que la solicitud de medidas hecha por el comité no se 
adopta en aplicación del art. 94 de las reglas de procedimiento, que es el precepto que le 
faculta para «solicitar al Estado parte interesado que adopte con carácter urgente las 
medidas provisionales que el comité considere necesarias para evitar posibles actos que 
pudieran tener consecuencias irreparables para los derechos invocados por el autor», 
medidas cuya inaplicación es incompatible con la obligación de respetar de buena fe el 
procedimiento  de  comunicaciones  individuales  establecido  en  virtud  del  Protocolo 
facultativo. Tales evaluaciones y conclusiones no han sido hechas por el comité en la 
comunicación alegada y, por tanto, no ha existido ignorancia ni desconocimiento de sus 
mandatos. Tal conclusión viene confirmada por la propia actuación posterior del comité, 
en la medida en que, ante una solicitud de clarificación de las medidas solicitadas y de 
concreción de ellas en el mismo sentido que las instadas ante los órganos judiciales 
españoles, el comité, según comunicación posterior de 22 de mayo de 2018, acordó no 
hacer clarificación alguna en el sentido que le había sido solicitado.
En conclusión, el comité no ha interpretado el contenido del art. 25 PIDCP en la 
comunicación de 23 de marzo de 2018 que ha sido alegada, ni tampoco ha instado a las 
autoridades españolas a la adopción de las medidas solicitadas a los órganos judiciales 
que  han  sido  justificadamente  denegadas,  por  lo  que  no  cabe  apreciar  el 
desconocimiento  de  sus  pronunciamientos  que  se  denuncia  ni,  mucho  menos,  el 
desconocimiento  de  la  obligación  constitucional  de  interpretar  el  contenido  de  los 
derechos fundamentales a tenor, en este caso, del Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos de 1966. Por lo que esta alegación, debe ser desestimada.
7.  La invocación conjunta del derecho a la presunción de inocencia.
Como expresamos en la STC 4/2020, FJ 7, la toma en consideración del riesgo de 
reiteración delictiva para fundamentar la denegación del permiso de salida penitenciario 
solicitado por el recurrente no vulnera el derecho a la presunción de inocencia que ha 
sido alegado. Coincidimos en este aspecto con la valoración expresada por el Ministerio 
Fiscal en sus alegaciones: ninguna de las tres dimensiones que protege este derecho 
han resultado desconocidas. El recurrente no ha sido condenado por las resoluciones 
recurridas (regla de juicio), pero tampoco se refieren a él como culpable ni, a través de 
ellas, ha recibido anticipadamente tal tratamiento como consecuencia de su situación 
cautelar (regla de tratamiento). Reiteradamente hemos señalado que la presunción de  e
inocencia es compatible con la adopción de medidas cautelares en resolución fundada  bo
en Derecho que se base en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y  48ww
leanse rcoir,c FuJn s5t;a yn,c eianst rec oontrcausr,r eSnSteTsC ( 1p0o8r /t1o9d8o4s,,  dAeA 2T6C d 9e8 n/1o9v8ie6m, bFrJe , 3F, Jy 2 3 b0)/;1 6969/71,9 8d9e,  2d9e  1d7e 
dseep atibermil,b FreJ  d6e,  y2 07118/1, 9a9su4n, tdoe E 3m dile M mileavrz, oC,- 3F1J0 7/1; 8y ,P ePnU e, l §m 4is4m). oP osre netlliod,o u, nSaT JvUezE d deec l1a9ra ddae 
legítima su prisión provisional por venir apoyada en indicios basados en datos objetivos
(regla de interpretación de las medidas cautelares), tal apreciación se extiende también a 
aquellas restricciones de ejercicio que, como consecuencia, derivan de la privación de su 
libertad deambulatoria.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º Inadmitir el presente recurso de amparo en lo que respecta a la vulneración del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en cuanto garantiza el 
derecho a un juez imparcial.
2.º Desestimar en todo lo demás el recurso de amparo interpuesto por don Jordi 
Sànchez i Picanyol.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de febrero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formulan los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos y don Fernando 
Valdés Dal-Ré y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la 
sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 3807-2018
Con el máximo respeto a nuestros compañeros del Tribunal, manifestamos nuestra 
discrepancia  con  la  fundamentación  jurídica  y  con  el  fallo  de  la  sentencia,  que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a ejercer 
las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en 
relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través 
de sus representantes (art. 23.1 CE), a causa de no haberse realizado la ponderación 
requerida por la afectación de este derecho.
El presente recurso de amparo avocado plantea esencialmente la misma cuestión 
que la resuelta en la STC 4/2020, de 15 de enero, cuyo objeto era determinar, desde la 
perspectiva del derecho a la representación política, la constitucionalidad de la decisión 
judicial de denegar al recurrente un permiso penitenciario para acudir personalmente a la 
sede del Parlamento de Cataluña para la defensa y debate de su propia investidura 
como presidente de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, en la medida en que en el 
presente recurso de amparo la decisión judicial era la misma pero referida a un segundo 
proceso  de  investidura  en  que  el  presidente  del  Parlamento  de  Cataluña  volvió  a 
proponer al recurrente como candidato, nos remitimos al voto particular formulado a la 
citada STC 4/2020, en que ya se expusieron las razones de nuestra discrepancia.
Madrid, a trece de febrero de dos mil veinte.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio  e.e
Xiol Ríos.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. b