BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Lunes 1 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 12094
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
1469 Resolución de 19 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el control 
de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022.
Con fecha 15 de enero de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (INSS) y la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, para el control de la Incapacidad Temporal durante el período 2021-2022 y, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.
Madrid, 19 de enero de 2021.–La Secretaria General Técnica, Iria Álvarez Besteiro.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (INSS) 
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el control de la incapacidad 
temporal durante el período 2021 a 2022
En Madrid a 15 de enero de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, don Israel 
Arroyo  Martínez,  nombrado  mediante  Real  Decreto  70/2020,  de  14  de  enero,  y  la 
Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, doña María Carmen 
Armesto González-Rosón, nombrada mediante Real Decreto 131/2020, de 21 de enero.
Y de otra parte, la Consejera de Sanidad y Presidenta de la Gerencia Regional de 
Salud  de  Castilla  y  León,  doña  Verónica  Casado  Vicente,  nombrada  por 
Acuerdo 14/2019 de 16 de julio del Presidente de la Junta de Castilla y León y actuando 
en virtud de las competencias que le otorga el artículo 31.2 d) de la Ley 8/2010, de 30 de 
agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y
MANIFIESTAN
Primero.
Que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Entidad Gestora de la 
Seguridad  Social,  encuadrada  en  el  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  e.e
Migraciones tiene competencias para gestionar y controlar la prestación de Incapacidad  w.b
Temporal  (IT)  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  1  del  Real  69ww
Ddeelc reIntos ti2tu5t8o3 /1N9a9c6i,o ndael  13d ed e lad iciSemegburreid, aqdu e Sreogcuialal  lay  esmtroudcitfuicraac ioórng ánpiacarc iya lf undcei onleass 
correspondientes a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Que el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones actúa en virtud de lo 
establecido en el artículo 62.2, apartado g), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
Que la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social es competente 
en virtud de las atribuciones previstas en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en función de su cargo y en el ejercicio 
de las facultades que le confiere el artículo 1 del Real Decreto 2583/1996 de 13 de 
diciembre.
Segundo.
Que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, es competente para prestar la 
Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social y, a través de los facultativos de su Servicio 
Público de Salud (SPS), extender los partes médicos de baja, confirmación de la baja y 
alta que establecen el inicio y la duración, con carácter general, de los procesos de IT en 
su  territorio  y,  mediante  la  Inspección  de  Servicios  Sanitarios  de  la  Consejería  de 
Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León participar en la responsabilidad 
de gestionar y controlar la prestación junto con las Entidades gestoras y colaboradoras 
de la Seguridad Social de conformidad con el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por 
el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de IT en 
los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
Tercero.
Que  a  ambas  Administraciones  les  interesa,  en  consecuencia,  el  estudio  del 
comportamiento de la citada prestación y el establecimiento de los controles oportunos 
sobre la misma. A tal efecto, en el apartado f) del punto 4 del artículo 82 del TRLGSS 
(aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), y el punto uno del 
artículo 10 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, se contempla la posibilidad de 
establecer acuerdos de colaboración, con el fin de mejorar la eficacia en la gestión y 
control de la IT, con los Servicios de Salud de las distintas Comunidades Autónomas.
Cuarto.
Que en el Presupuesto del INSS, para el año 2021, concepto presupuestario 459, se 
incluye un crédito de hasta un máximo de 315.023.458,60 €, que se destina a dar 
cobertura económica a los Convenios para todas las CCAA e INGESA (excluidas la 
Comunidad  Foral  de  Navarra  y  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco).  Para  el 
ejercicio 2022, ese crédito se encuentra fijado en ese mismo importe, condicionada su 
aprobación por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año.
Cada  Comunidad  Autónoma  participará  en  dicho  crédito  según  su  número  de 
asegurados con derecho a la prestación de Incapacidad Temporal en el Sistema de la 
Seguridad  Social.  La  liquidación  del  crédito,  se  efectuará  en  función  del  grado  de 
cumplimiento de la realización de determinadas actuaciones de gestión y control de la IT, 
fijadas en cada ejercicio económico.
Quinto.
Que es voluntad de las partes, recogiendo experiencias derivadas de la ejecución  e.e
de anteriores Convenios, establecer en el Anexo que acompaña al Convenio, el Plan de  w.b
Actuaciones para la modernización y mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal y  69ww
la raEcli omneanlizcaiocnióand od ePl lgaans dtoe  dAec ltau apcrieosnteasc,ió qnu, ed ufirgaunrtae  etond eal  laA nveigxeon cdieal  dperel sCeonntvee Cnioon.venio,
es fiQjou ee  incvoanr ialab lef idnuarliadnatde  tdoed af iljaa rv igloesn cciao mdeplr ommisimsoos.  entre  el  Ministerio  de  Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones (INSS) y la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
lo que se refiere a la asignación del crédito y la liquidación del mismo, así como las 
obligaciones de la Comunidad Autónoma recogidas en el Plan de Actuaciones, ambas 
partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y ámbito.
El presente Convenio tiene como finalidad establecer el marco de colaboración para 
alcanzar los objetivos fijados en el Plan de Actuaciones para la modernización y mejora 
de la gestión, el control de la IT y la racionalización del gasto de la prestación durante la 
vigencia de este Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Segunda.  Distribución del crédito asignado.
La participación en el crédito de esta Comunidad Autónoma, ascenderá para cada 
ejercicio, a la cuantía que resulte de distribuir el crédito global aprobado en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada año, entre las distintas CCAA e INGESA 
en proporción al número de asegurados con derecho a la prestación de Incapacidad 
Temporal en el Sistema de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio anterior.
Para el año 2021, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León le corresponde la 
cantidad, resultante de distribuir el crédito de 315.023.458,60 €, conforme se especifica 
en el párrafo anterior.
Para  el  ejercicio  2022  existe  crédito  retenido  mediante  los  correspondientes 
documentos contables, por el mismo importe que el relativo a la anualidad del año 2021.
El importe de los gastos derivados del presente Convenio se imputa a la aplicación 
presupuestaria 1102 4592 del presupuesto de gastos del INSS (1001 6000).
No obstante, la gestión, justificación y el resto de actuaciones relacionadas con los 
gastos derivados del presente Convenio, se ajustan a lo establecido en la legislación 
presupuestaria.
Tercera.  Obligaciones a realizar por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León se obliga a la realización, hasta el 31 de 
diciembre de 2022, del Plan de Actuaciones que se acompaña como Anexo al Convenio. 
Este Plan establece la siguiente distribución del crédito:
a)  Un 60 % del crédito se destina al grado de cumplimiento del Programa de 
actividades.
b)  Un 40 % del crédito se destina al grado de cumplimiento de los Objetivos de 
racionalización del gasto, medido para esta Comunidad Autónoma según se detalla en el 
Plan de Actuaciones.
Si bien la vigencia del Convenio, a efectos de liquidación y pago será hasta el 30 de 
abril de 2023, el plazo para la realización de las obligaciones contenidas en el Plan 
de Actuaciones finalizará el 31 de diciembre de 2022.
El Plan de Actuaciones, con el detalle de las actividades y objetivos a realizar, y la 
medición de los mismos, se mantendrá invariable durante toda la vigencia del Convenio.
Sin que en ningún caso suponga una alteración de los objetivos y actividades que 
forman parte del Anexo, ni del porcentaje sobre el crédito asignado a cada uno de ellos,  e.e
se podrán acordar por las partes, a propuesta del INSS, al comienzo de cada año, en el  b
seno de la comisión de seguimiento, los criterios de ponderación a aplicar dentro de  69ww
cuandoa d ea cetilvloidsa.d u objetivo, sin modificar las actuaciones y epígrafes contenidos en cada
que Dsueraa nntee cleas avirgioe nacdiaa pdtaerl loC oan vlaesn imo opdoidficráa caioltneerasr sneo reml aPtilvaans  dqeu eA cstuuarjcaino,n eass,í  scioemmop rea 
posibles cambios en el comportamiento de la prestación en todo el territorio nacional.
En el supuesto de que fuera aconsejable la alteración del Plan de Actuaciones, tal y 
como figura en el párrafo anterior, su modificación se llevará a cabo mediante una 
adenda modificativa acordada entre las partes y tramitada conforme a los requisitos 
previstos en la Ley.
Cuarta.  Entregas a cuenta y liquidaciones sobre el crédito asignado.
La entrega anual del crédito asignado en la Cláusula Segunda se efectuará de la 
siguiente forma:
Durante el primer cuatrimestre de 2021, el INSS realizará un anticipo a cuenta, en un 
pago único, del importe total del crédito asignado a la Comunidad Autónoma en ese 
ejercicio. No obstante, previamente la Comunidad Autónoma debe acreditar el ingreso de 
las cantidades que pudieran resultar de la liquidación de los créditos correspondientes al 
Convenio anterior, en función de la consecución de los objetivos en su día marcados, en 
la cuenta bancaria designada por el INSS.
Durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2022, el INSS realizará igualmente un 
anticipo  a  cuenta,  en  un  pago  único,  del  importe  total  del  crédito  asignado  a  la 
Comunidad Autónoma en ese ejercicio.
No obstante, antes del 30 de abril de 2022 y, con carácter previo al pago se 
procederá a la liquidación del crédito asignado en el ejercicio anterior, en proporción al 
grado de cumplimiento del Programa de actividades y Objetivos de racionalización del 
gasto.
En caso de acordarse la prórroga, las operaciones de liquidación del Convenio se 
realizarán durante el último cuatrimestre de vigencia, procediendo a realizarse durante el 
primer cuatrimestre de 2023, las operaciones de liquidación del ejercicio precedente.
La entrega del crédito a anticipar en cada ejercicio de vigencia del Convenio, queda 
condicionada a la conformidad de la liquidación del crédito del año anterior por parte de 
la Comunidad Autónoma.
El procedimiento para el cálculo de la mencionada liquidación del crédito asignado 
será el siguiente:
El porcentaje de incumplimiento de los objetivos del Programa de actividades y de 
los Objetivos de racionalización del gasto registrado por la Comunidad Autónoma en el 
año anterior, se aplicará sobre el crédito anual asignado a la Comunidad en el año 
inmediatamente  anterior.  De  esta  forma  se  obtiene  el  importe  adeudado  por  la 
Comunidad Autónoma al INSS derivado del incumplimiento de los objetivos.
En el año 2022, de la entrega anual del crédito asignado en la Cláusula Segunda se 
podrá descontar el importe adeudado por la Comunidad Autónoma al INSS derivado del 
incumplimiento de los objetivos en el ejercicio 2021. El resultado, una vez realizadas las 
deducciones será el importe a entregar a la Comunidad Autónoma por parte del INSS.
A la finalización de la vigencia del Convenio, el 30 de abril de 2023, se calculará el 
importe  adeudado  por  la  Comunidad  Autónoma  al  INSS  por  incumplimiento  de  los 
objetivos en 2022. Este importe lo liquidará la Comunidad Autónoma al INSS mediante 
ingreso en la cuenta corriente que al efecto se determine en el primer cuatrimestre 
del año 2023. En el año 2023 únicamente se realizará la liquidación de los gastos del 
Convenio, conforme a lo dispuesto en la presente cláusula y en el artículo 52 de la 
Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público, sin incluirse ningún 
otro pago adicional. e.
El Programa de actividades y el Programa de objetivos de racionalización del gasto  w.b
serán valorados de forma independiente, conforme a los criterios homogéneos que  69ww
elabDoerel  ym riesmmiota  melo IdNoS, Sl oas t oddiassti nlatoss C  oobmjeutnividoasd eess tAaubtleócniodmosa se.n  cada  uno  de  los  dos
pernotrger aemlloass. se valorarán de forma independiente, y no será posible la compensación
La  valoración  obtenida  en  cada  programa  será  el  resultado  de  la  suma  de  la 
puntuación alcanzada en cada uno de los objetivos incluidos en dicho programa.
Quinta.  Destino del Crédito.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León deberá destinar los créditos percibidos 
en aplicación de este Convenio a la mejora de los procesos de control y gestión de la 
Incapacidad Temporal, a la modernización de sus equipos informáticos, materiales y 
humanos y a la incentivación de éstos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.6 de la LRJSP, las aportaciones 
financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los 
gastos derivados de la ejecución del Convenio.
La Comunidad Autónoma deberá elaborar una Memoria Técnica y Financiera en la 
que se especifique el destino dado a los créditos recibidos y los resultados obtenidos con 
el empleo de los mismos, reconociendo en la Memoria Financiera la naturaleza finalista 
de este Convenio.
En relación a la elaboración de la Memoria Técnica, la Comunidad Autónoma deberá 
proporcionar informes detallados sobre las actuaciones más relevantes realizadas en 
orden al cumplimiento del Programa de actividades.
Se consignarán en dicha memoria las actividades realizadas para el cumplimiento de 
cada objetivo incluido en el programa, así como el personal destinado a las mismas, 
describiéndose el contenido de las certificaciones si las hubiera. Así mismo, se incluirá 
un resumen de las reuniones de las Comisiones provinciales celebradas, señalando los 
aspectos más relevantes tratados, las sugerencias y aportaciones habidas, y el número 
de reuniones realizadas. Por último, se incluirá un informe valorativo de los resultados 
positivos obtenidos con las actividades realizadas.
En cuanto a la Memoria Financiera, la Comunidad Autónoma deberá consignar en 
ella el desglose de los costes de las distintas actuaciones realizadas en el ejercicio al 
que correspondan, de modo que pueda visualizarse una correlación entre los importes 
invertidos y los objetivos a alcanzar previstos en el Convenio.
Deberán detallarse las actuaciones realizadas y el coste de las mismas, en el caso 
de coste directo de adquisición de bienes o servicios, su concepto e importe; o su 
porcentaje de financiación si no se imputa íntegramente al Convenio, así como su criterio 
de distribución. También se señalará el coste de las retribuciones destinadas al personal 
que desarrolle las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Al final 
se presentará un cuadro resumen de gasto por cada actuación finalizada.
Sexta.  Coordinación, seguimiento, verificación y control.
El seguimiento del Convenio se realizará a través de una Comisión Central y una 
Comisión en cada provincia.
Estas comisiones de seguimiento no implicarán gastos adicionales sobre el crédito 
que corresponderá a esta Comunidad Autónoma en proporción al número de asegurados 
con derecho a la Prestación de Incapacidad Temporal en el Sistema de la Seguridad 
Social en cada ejercicio, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda.
Comisión Central.  Composición y funcionamiento.
La Comisión Central estará integrada por los siguientes miembros:
– Cuatro representantes del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Con presencia  bo
del área de gestión, del área de Inspección Médica, y del área económica. 69ww
Con–  pCreusaetnroc iare pdree sleons taSnetervsi cdioesl  Sdeer vIincsiop ePcúcbiólinc oM déed Sicaal,u dd ed elo lsa  SCeormviucnioids aAd sAisutetónncoiamleas. 
San–it aDriooss  yre dpere rseesnptoannsteasb ldees  dlaesl  Máruetau aesc oCnoólmabicoara.doras con la Seguridad Social (MCSS),
debido a la competencia que asumen en la gestión de los procesos de incapacidad
temporal. Uno de los dos representantes será rotatorio entre las dos o tres MCSS de 
mayor implantación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Presidirá las reuniones el Subdirector General de Incapacidad Temporal y otras 
prestaciones  económicas  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  en  su  modalidad  no 
contributiva y otras prestaciones a corto plazo, y hará funciones de secretario el/la Jefe/a 
de Área de Subsidios, ambos del INSS.
La Comisión se reunirá con la frecuencia que sea precisa y, al menos, una vez al 
semestre.
Para la válida constitución de la Comisión Central, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, a 
efectos de la celebración de las sesiones, en primera convocatoria, se requerirá como 
mínimo la asistencia del Presidente, el Secretario o en su caso, de quienes le suplan, y 
de la totalidad de los miembros que representen al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y al Servicio Público de Salud, así como los representantes de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social.
En segunda convocatoria el número de miembros necesarios para estar válidamente 
constituida la Comisión Central será de dos representantes del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, además del Presidente y Secretario o persona que les sustituya, dos 
representantes del Servicio Público de Salud, uno correspondiente al Área de Inspección 
y el otro al Área Sanitaria, y además uno de los representantes por parte de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, de conformidad con el apartado segundo del 
citado artículo.
Esta Comisión asume las siguientes funciones:
– Efectuar  el  seguimiento  de  lo  establecido  en  este  Convenio,  velando  por  el 
cumplimiento de su contenido en los términos fijados y, en su caso, ejercer las funciones 
de  coordinación  que  resulten  procedentes.  Así  como  resolver  los  problemas  de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto al Convenio.
– Conocer el Plan de Actuaciones para la modernización y mejora de la gestión y 
control de la IT, que figura en el Anexo del Convenio, proponer las orientaciones precisas 
y aquellas actividades que la experiencia aconseje en orden a la consecución de sus 
fines.
– Examinar los resultados del seguimiento de la aplicación de la normativa vigente 
en materia de IT, singularmente en lo referido a la adecuada cumplimentación de los 
partes e informes médicos de IT.
– Analizar el resultado de las reuniones celebradas por las Comisiones Provinciales, 
asesorando y orientando a las mismas en relación a la interpretación del Convenio.
– Efectuar el seguimiento de cada indicador del Programa de actividades de modernización 
y mejora de la gestión y control de la IT y de los Objetivos de racionalización del gasto, 
dándose cuenta por el INSS de la liquidación del ejercicio anterior en la primera reunión 
de cada año.
– Conocer la Memoria Técnica y Financiera en la que la Comunidad Autónoma 
especifique el destino de los créditos recibidos y los resultados alcanzados.
– Estudiar cualesquiera otros asuntos propuestos por las partes que sean de interés 
para la gestión y el control de la prestación de IT.
Comisión Provincial.  Composición y funcionamiento.
A nivel provincial se crearán comisiones que llevarán a cabo el seguimiento de  e.
la ejecución del Convenio y cuya composición y régimen de funcionamiento será el  w.
siguiente: 69ww
– Tres representantes de la Dirección Provincial del INSS. Con presencia de las
áreas de gestión y de la Inspección Médica.
– Tres representantes de la Comunidad Autónoma designados por la Consejería de 
Sanidad.  Con  presencia  de  los  Servicios  de  Inspección  Médica  y  de  los  Servicios 
Asistenciales Sanitarios.
– Un representante de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS), 
debido a la competencia que asumen en la gestión de los procesos de incapacidad 
temporal.
Actuará como presidente el Director del INSS en esa provincia y hará las veces de 
secretario un funcionario designado por el presidente.
– Se reunirán con la frecuencia que sea precisa y, al menos, una por mes.
– La  Comisión  Provincial  tendrá  encomendadas  las  funciones  derivadas  de  la 
ejecución del Programa de actividades en esa provincia. Periódicamente enviará a los 
servicios  centrales  del  INSS  los  datos  correspondientes  a  los  resultados  de  dicho 
seguimiento.
Para la válida constitución de la Comisión Provincial se requerirá la asistencia a las 
reuniones, además del Presidente y Secretario o en su caso de quienes les suplan, de 
dos  representantes  por  el  Servicio  Público  de  Salud,  uno  de  cada  área,  y  el 
representante de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
Tanto en la Comisión Central como en la Provincial, los miembros que formen parte 
de las mismas, en caso de ausencia justificada del titular, serán sustituidos por suplentes 
designados al efecto. Los citados miembros podrán estar acompañados por el personal 
técnico que estimen necesario.
Séptima.  Seguimiento y control de datos.
El INSS y la Comunidad Autónoma de Castilla y León se relacionarán entre sí a 
través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los 
sistemas y soluciones adoptadas por cada uno de ellos, garantizando la protección de 
los  datos  de  carácter  personal;  todo  ello  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica regulada en el Real 
Decreto 3/2010 de 8 de enero.
En este sentido, cabe aludir al artículo 155.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico 
del  Sector  Público  que  establece  que:  «De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y su normativa de desarrollo, cada 
Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los 
datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, 
protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con 
las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad».
El tratamiento de los datos de los trabajadores afectados, así como el acceso a los 
mismos, quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de  los  Derechos  Digitales,  en  sus 
disposiciones de desarrollo y de conformidad con lo establecido en el punto 3 del  e.
artículo 8 del RD 625/2014, de 18 de julio. w.b
Para la correcta autorización y control de usuarios del sistema informático facilitado  69ww
pLoeró ne,l  tIaNnStoS  lya  dEenlt isdiastde mGeas itnofroar mcoámticoo  lafa Cciolitmaduon idpaodr  lAa uCtóonmoumnaid:ad Autónoma de Castilla y
– Indicarán a las MCSS y al SPS el procedimiento adecuado para la gestión de
usuarios, no permitiéndose ninguna autorización que incumpla los requisitos establecidos.
– Podrán realizar los cambios que consideren oportunos en los roles (operaciones 
que puede realizar un determinado usuario con un determinado recurso) e informaran de 
ello al organismo usuario.
– Se reservan el derecho a realizar las auditorías que consideren oportunas sobre 
los recursos autorizados a los usuarios, con el objetivo de garantizar que el uso de los 
mismos responde a las necesidades legítimas.
El INSS y la Comunidad Autónoma de Castilla y León aceptan comprometerse a:
– Identificar y comunicarse mutuamente los responsables que están capacitados en 
cada una de las Entidades para solicitar, en su nombre, autorizaciones de acceso para el 
personal que esté bajo su dependencia.
– Realizar las actividades de control que garanticen la debida custodia y adecuada 
utilización de los datos recibidos y cualquier otra actividad encaminada a garantizar la 
correcta forma y justificación del acceso a los ficheros o bases en que aquéllos figuren 
incluidos.
– Colaborar en todas las actuaciones de control y supervisión que puedan acordarse 
entre ambas Administraciones, al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización 
de los servicios y/o la información cedida. En ningún caso podrá procederse a un 
tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se 
recogieron  inicialmente  los  datos  personales  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 155.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava.  Duración, modificación y extinción del Convenio.
El presente Convenio se perfecciona desde el momento de su firma por todas las 
partes, teniendo una vigencia o duración hasta el 30 de abril de 2023, debido al régimen 
de liquidación previsto en la Cláusula cuarta. El Convenio será eficaz una vez inscrito en 
el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector 
Público Estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», surtiendo efectos desde 
el 1 de enero de 2021.
De conformidad con el artículo 49.h) 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  los  firmantes  del  Convenio  podrán  acordar 
unánimemente  su  prórroga  por  un  periodo  de  hasta  dos  años  adicionales,  dando 
continuidad a la ejecución de las actividades para el control de la Incapacidad Temporal, 
durante el periodo del año natural correspondiente a la prórroga, es decir, de 1 de enero 
de 2023 a 31 de diciembre de 2023, o en su caso, de 1 de enero de 2023 a 31 de 
diciembre de 2024. Durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2024, o en su caso 
de 2025, se realizarán las operaciones de liquidación del ejercicio o del Convenio a que 
se refiere la Cláusula cuarta.
Por su parte, la eficacia de este Convenio quedará supeditada a lo dispuesto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La modificación del contenido del Convenio requerirá el acuerdo unánime de los 
firmantes, según se establece en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, o por incurrir en alguna de las causas de resolución que dispone el 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Consecuencias del incumplimiento. oe.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.e) de la Ley 40/2015 de Régimen  69ww
dJuer íldaisc oo bdliegla Scieocnteosr  Py úcbolimcop,r osmobisroes c aosnusmeciduoesn cpiaosr  caapdliac aubnleas d een l acsa spoa rdtees ,i nyc uemn psluim cieanstoo, 
lqouse c nriote srieo sp rpeavréan d ientdeermmninizaar claio pnoessi belne  cinadseom dnei zinaccuiómnp pliomr ieenl itnocsu.mplimiento, cabe señalar
Décima.  Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.
Este Convenio es de naturaleza interadministrativa, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  Cláusula  Sexta  de  este  Convenio,  las 
controversias no resueltas por la Comisión de Coordinación, Seguimiento, Verificación y 
Control, que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo serán sometidas a la 
jurisdicción contenciosa-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio.–Por el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Secretario de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones, Israel Arroyo Martínez, y la Directora General del INSS, María 
Carmen  Armesto  González-Rosón.–Por  la  Comunidad  Autónoma  de  Murcia,  la 
Consejera de Sanidad, Verónica Casado Vicente.
ANEXO
Plan de Actuaciones para la modernización y mejora de la gestión y control de la 
Incapacidad Temporal y para la racionalización del gasto de dicha prestación 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
Este plan se compone de los apartados siguientes con la ponderación que se señala:
– Programa de actividades de modernización y mejora de la gestión y control de la IT: 60 %.
– Objetivos de racionalización del gasto: 40 %.
La valoración ponderada que cada uno de estos apartados tiene fijada, deberá 
llevarse a efecto de forma independiente.
A fin de calcular las liquidaciones de crédito que han de realizarse a favor de cada 
una de las Comunidades, la valoración se realizará, por cada una de las actividades y 
objetivos recogidos en el plan, atendiendo al resultado que alcance cada una de las 
provincias que componen la Comunidad.
Esos  resultados  provincializados  servirán  para  determinar  el  porcentaje  de 
cumplimiento alcanzado en cada actividad y objetivo, salvo en los apartados del Plan 
de Actuaciones en que se totalicen los resultados para establecer el porcentaje total 
alcanzado por la Comunidad Autónoma en cada actividad y objetivo.
I.  Programa de actividades de modernización y mejora de la gestión y control de la IT.
El Programa de actividades para la modernización y mejora de la gestión y control de 
la Incapacidad Temporal con una ponderación del 60 % del crédito, se concreta en las 
siguientes áreas de actuación:
A.  Transmisión por vía telemática al INSS de los partes de IT, con calidad en los 
datos y en plazo: 12 %.
Creada en la Comunidad Autónoma una base de datos de procesos de IT, se habrá 
de conseguir que se incluyan en ella todos los partes médicos de baja, confirmación y 
alta emitidos por los facultativos de su ámbito territorial. Los partes médicos de baja y de  es
confirmación se extenderán en función del periodo de duración que estime clínicamente  o
el médico que los emite, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Real  69ww
Dparletoacc Areyes stdíoo em s6  ibq2sau5mje/a2o  e0,e s1emt4nai, bt diddleiecoc hse1a  8pd  boidcareh sl ooeju s Rdl iIoeen a s(dlBp aDeOtoecEstco  rddreeeetoslb  .deMíraáé nd2 i1cino)c,s ly ua icrdsosenc  rtaaitromrseb giaéloln  I anlo slstoi tsup tacoru taeNtsar ocm iogénrduaipcl oodsse   ddlaee    OE-A-2021-14able en https://
Seguridad Social, y remitidos por este Instituto a la Comunidad Autónoma.
Los partes médicos de baja, confirmación y alta se transmitirán por vía telemática 
al INSS, con independencia de cuál sea la Entidad competente en la gestión de la 
prestación económica, conforme a las especificaciones técnicas, diseño de registro y 
periodicidad que determine la Entidad Gestora, siempre con programas compatibles.
Así mismo, los citados partes habrán de transmitirse, por vía telemática, al INSS, de 
manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 7 del RD 625/2014.
Los datos a transmitir, con carácter obligatorio, en los partes de baja, confirmación y 
alta, serán los que figuran en el modelo aprobado en la Orden ESS/1187/2015, de 15 de 
junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, así como los que se estimen 
oportunos para la adecuada gestión de la prestación de incapacidad temporal, conforme 
se fija en los protocolos de transmisión por vía telemática; y, en todo caso, deberá 
constar el Código Nacional de Ocupación, así como el código de diagnóstico, según la 
clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en 
la edición que establezca el INSS. En el supuesto de que la Comunidad Autónoma utilice 
otro sistema de codificación, deberá realizar la conversión a la clasificación señalada.
Dentro de este apartado, se valorará la calidad en la cumplimentación de los datos 
de  los  partes  médicos,  especialmente  en  lo  relativo  a  los  códigos  de  diagnóstico, 
profesión, a las recaídas en los procesos, así como la prontitud en la transmisión 
informática al INSS, por el SPS, de la modificación del parte de baja cuando es recaída 
de un proceso anterior.
B.  Aplicación de tablas de duración óptima: 3 %.
El SPS dotará a sus médicos de Atención Primaria de tablas de duración óptima 
elaboradas y facilitadas por el INSS, en las que se reflejen los tiempos de duración de 
cada uno de los procesos de mayor frecuencia, teniendo en cuenta la patología y la edad 
del trabajador; debiendo incorporar esas a los procedimientos informatizados de atención 
primaria. Estas tablas, que servirán como instrumento y como respaldo técnico a los 
médicos de Atención Primaria, podrán variarse a lo largo del tiempo. La edición de las 
nuevas tablas se efectuará por el INSS.
En este apartado se valorará expresamente no sólo la incorporación de las tablas de 
duración óptima facilitadas por el INSS a los sistemas informáticos de la Comunidad 
Autónoma, también y al mismo tiempo la implantación de avisos y alarmas de ayuda al 
facultativo de Atención Primaria que debe expedir los partes de confirmación cuando se 
haya sobrepasado la duración óptima del proceso; incluyendo, así mismo, de forma 
automática la necesidad de justificación expresa por dicho facultativo de las causas que 
hayan llevado al mantenimiento del proceso.
El SPS de la Comunidad debe establecer y remitir al INSS un plan de acción en el 
que se fijen las actuaciones a seguir en aquellos procesos de IT que han superado la 
duración óptima prefijada.
C.  Análisis Predictivo: 4 %.
El INSS hará participe al SPS de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de los 
resultados de la herramienta predictiva que se disponga y que se venga empleando en 
este Instituto para que, por medio de este instrumento de analítica predictiva, que 
combina una gran cantidad de variables que inciden en los procesos de IT (duración, 
sexo, edad, patología, ocupación, etc.), pueda la Inspección Médica del SPS seleccionar 
aquellos procesos que requieran una valoración clínica por parte de dicha Inspección  e.
Médica, para mantener o no la situación de incapacidad temporal. A la vez podrán  w.
descartarse  aquellos  procesos  en  los  que  la  herramienta,  analizando  las  citadas  69ww
variaPbalreas ,e pllroe,d eicl eIN qSuSe  aeúnnv inaorá e pse nreiócdeicsaamrioe nsute c aoln StrPolS. los procesos de IT seleccionados
mreecdoinaoncteim ielan toh, eerrna mfuiennctióan  pdree díincdtivicae s spursocveipntcibialelizsa ddoes  dseelr  INvSalSo,r addeo sm  ayn ecraita dqouse  laa   BOE-A-cable e
Inspección Médica del SPS y/o los facultativos del SPS realicen actuaciones concretas 
en las valoraciones/reconocimientos de esos trabajadores en IT.
Por su parte, el SPS realizará los desarrollos informáticos necesarios para recibir esa 
información del INSS, y facilitará información sobre las actuaciones/reconocimientos 
realizados, así como el resultado efectivo de los mismos.
Los criterios de ponderación a aplicar en este objetivo serán los siguientes:
1.º  Porcentaje de respuesta del SPS al número de procesos enviados.
2.º  Tiempo de respuesta a los procesos enviados.
3.º  Desviación, respecto a la media de las provincias con procedimiento EVI, del 
resultado de los controles efectuados (altas o mantenimiento de IT).
D.  Aviso en el Parte de Confirmación y Creación de Unidades Especializadas en el 
Control de Determinados Procesos de IT: 12 %.
D.1  Aviso en el parte de confirmación.
Con el fin de facilitar la detección de procesos de incapacidad temporal que se 
prolonguen en el tiempo más allá del que precise el cuadro clínico en sí, se valorará que 
en todos los partes de confirmación de incapacidad temporal legalmente exigibles, el 
médico del Servicio Público de Salud, responsable de esa baja, consigne de manera 
obligatoria si, a su juicio, el proceso de IT de que se trate:
– Transcurre de forma adecuada por las características clínicas del mismo.
– No transcurre de forma adecuada por una de las siguientes causas:
a)  Asistencial: el proceso de IT se alarga indebidamente por estar pendiente de 
realizar  una  consulta  con  el  especialista,  una  prueba  diagnóstica,  un  determinado 
tratamiento médico, una determinada intervención quirúrgica o un determinado tratamiento 
rehabilitador.
b)  No asistencial: serían aquellos supuestos que para el facultativo del SPS le 
supongan una alteración importante en la imprescindible relación médico paciente.
En los protocolos de trasmisión de datos se implantarán estos campos, de forma que 
la Inspección Médica del SPS y/o la Inspección Médica del INSS tengan conocimiento 
inmediato de estas situaciones, debiendo actuar en consecuencia.
En los casos asistenciales la Inspección del SPS debe derivar estas situaciones de 
manera inmediata y preferente a las unidades médicas especializadas, consultores, etc., 
financiados con cargo a este Convenio de IT.
En los casos no asistenciales, tanto la Inspección del SPS como la del INSS, con la 
debida coordinación, procederán a realizar las actuaciones de control médico de estos 
asegurados para comprobar la situación clínica y actuar en consecuencia.
La valoración de este objetivo se realizará teniendo en consideración el total de 
procesos  de  IT  por  contingencias  comunes  del  año  anterior  en  cada  Comunidad 
Autónoma.
Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la crisis del COVID-19, el 
ejercicio 2020 no puede servir de referente a efectos comparativos, por lo que para la 
valoración del año 2021, los procesos de IT a tener en consideración serán los del 
ejercicio 2019.
Las Inspecciones Médicas de los Servicios Públicos de Salud deberán realizar las  s
actuaciones  referidas  en  función  del  número  de  procesos  de  IT  en  los  que  se  oe.
cumplimente el campo de aviso por los facultativos de Atención Primaria. w.
EspCDec.o2ina  liezCasrtdeeaa csoi óbpnjea dtrieav  oUc nosienda trpdoreleastr eE nlsodpsee c pliaarol izccaeredsaaoscs i eódnne  e pl IoCTro  ndloterso  lp SdaPeto SDlo edgteeíar msU innmaidduaosdsce uPslor o-Acesesisqsotuese ndléceit aiIcTlea.ss   OE-A-2021-14able en https://
y psiquiatría menor preferentemente, dirigidas a la intervención temprana (diagnóstico y 
tratamiento) de los trabajadores que han iniciado procesos de IT en esas patologías.
Se valoraría a los SPS en función de la atención temprana, con disminución de los 
tiempos de los procesos que excedan del tiempo óptimo, siempre que se haya realizado 
una gestión eficaz tanto de pruebas complementarias como de procedimientos.
El SPS elaborará un plan de viabilidad que incluirá un estudio inicial, el personal 
sanitario (médicos, psicólogos, fisioterapeutas, etc.) necesario destinado específicamente 
a este plan, los medios necesarios para su realización, así como los indicadores de 
seguimiento y los resultados obtenidos.
Se considera necesario que un determinado porcentaje de los procesos derivados 
de patología musculo-esquelética o psiquiátrica menor, que superen los 45 días de 
duración, tengan alguna actuación en estas unidades especializadas.
Durante el primer ejercicio de vigencia del Convenio, se valorará la creación de las 
Unidades Especializadas y el Plan de Viabilidad de las mismas. En el siguiente ejercicio 
se valorará el número de procesos atendidos y los resultados respecto a la duración de 
la IT.
E.  Existencia de Médicos Consultores Especializados en Determinadas Patologías: 4 %.
Esta actividad consiste en la creación, por el SPS de la Comunidad, de consultores 
especializados  en  los  Centros  de  Salud  de  determinadas  especialidades  a  plena 
disposición  de  los  médicos  de  Atención  Primaria,  así  como  la  intervención  de 
especialistas o consultores que realicen un seguimiento del proceso de IT relacionado 
con el puesto de trabajo del ciudadano, valorando la necesidad de permanencia o no en 
dicha situación.
Estos consultores facilitarían a los MAP el trabajo en la adecuada asistencia y control 
de los trabajadores en IT, para que con inmediatez puedan atender a esos trabajadores 
desde el mismo momento en que acuden al Centro de Salud cuando inician su IT.
Los médicos especialistas a disposición del médico de atención primaria, serán de 
manera  preferente  consultores  en  patología  musculo  esquelética  (reumatólogo, 
traumatólogo, rehabilitador) y patología psiquiátrica menor (psiquiatra, psicólogo), así 
como  ocasionalmente,  aquellos  especialistas  relacionados  con  el  proceso  clínico 
causante de la IT a los que se solicitará la información actualizada que precise, debiendo 
tener respuesta en tiempo inferior al que se determine anualmente. Las contestaciones a 
estas solicitudes deberán suponer, al menos, un volumen equivalente a un porcentaje 
determinado de los procesos que superen el tiempo óptimo por estas patologías.
Las comunicaciones entre el médico de Atención Primaria y los consultores deben 
realizarse de manera electrónica a través de la e-consulta, correo electrónico, etc.
La ponderación de este objetivo se determinará poniendo en relación los siguientes 
parámetros:
1.º  Número de consultores existentes en cada provincia de la Comunidad.
2.º  Número de beneficiarios de cada provincia con derecho a la prestación de IT.
3.º  Porcentaje de procesos en la provincia que superen el tiempo óptimo.
F.  Gestión de propuestas de alta: 7 %.
El SPS tramitará y contestará, motivadamente y en plazo, todas las propuestas de 
alta formuladas por las MCSS, a través del procedimiento informatizado diseñado por 
el INSS. e.e
La contestación a las propuestas de alta formuladas por las MCSS, en caso de  b
desacuerdo del SPS, deberá estar motivada desde un punto de vista clínico-funcional,  69ww
aincdtiivciadnaddo  lalabso raliml ditealc itornaebsa jaodrográ. nAicqause lyla sf upnrcoiopnuaelsetsa s qquuee  imnop idseena ne lc odnetesastrarodlalos  deen  leal 
plazLoa e svtaabloleraccidióon,  pdaesa reásnt ed iraepcatarmtaednot ed ae le voablujeatrivsoe  psoer  erle IaNlSizSar.á  en  base  a  la  ratio
propuestas  de  alta  de  Mutuas  remitidas  al  SPS  en  relación  a  las  propuestas
contestadas  por  dicho  SPS.  En  cuanto,  al  apartado  de  la  fundamentación  de  las 
propuestas denegadas por el SPS, la valoración se realizará en base al resultado del 
análisis  de  las  respuestas  a  dichas  propuestas  denegadas  que  serán  puestas  en 
común en las Comisiones Provinciales.
G.  Control médico de la adecuación de la incapacidad temporal: 10 %.
La finalidad de este objetivo es implicar a los médicos de atención primaria, como 
principales responsables de la emisión de los partes de incapacidad temporal, así como 
a la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud (SPS), en adecuar la duración 
de los procesos de IT a los días estrictamente necesarios para la recuperación funcional 
de los trabajadores en situación de baja laboral.
El indicador a utilizar será: Número de días de IT/número de afiliados, referido al 
periodo analizado.
El SPS facilitará los datos relativos a las áreas de inspección en las que esté 
distribuido su territorio, así como el número de afiliados con derecho a la prestación de IT 
asignados en cada una de dichas áreas.
Para poder realizar el seguimiento y valoración de este indicador, se creará un 
campo específico para consignar el dato numérico de cada área de Inspección. Este 
campo será trasmitido por el SPS junto con el registro informático del parte de baja. Para 
ello se modificará el documento técnico relativo al protocolo de estandarización del 
proceso de envío y recepción de partes médicos emitidos desde los SPS.
La valoración se realizará en función del resultado alcanzado en cada área de 
inspección, comparado con el resultado alcanzado a nivel nacional, obteniendo el 50 % 
de los puntos asignados a este apartado si el valor alcanzado se corresponde con la 
media nacional. Los resultados de las áreas que se sitúen por debajo o por encima de 
dicha media, alcanzarán la puntuación de manera inversamente proporcional al resultado 
alcanzado respecto a la media nacional; es decir, el porcentaje de puntuación a obtener 
se minorará o aumentará en el porcentaje que se haya superado o reducido la citada 
media nacional.
H.  Formación e información: 4 %.
Conscientes tanto el INSS como la Comunidad Autónoma, de la importancia que 
para el trabajo eficaz tiene la formación de los profesionales sanitarios, en materia de 
incapacidades laborales, se comprometen a fomentar la formación de éstos en sus 
distintas modalidades: presencial o no presencial, utilizando para ello las metodologías y 
herramientas  que  estimen  necesarias,  tales  como  cursos,  seminarios,  jornadas, 
estancias  formativas,  intercambio  de  profesionales  y  cualesquiera  otras  que  se 
consideren eficaces a la hora de lograr el objetivo planteado.
Las acciones formativas destinadas a estos profesionales deberán ser planificadas 
por el SPS, al menos con periodicidad semestral. Deberán ser acordadas en su diseño y 
contenido por el SPS y el INSS, pudiendo intervenir las MCSS en su desarrollo. Dando 
conocimiento a las Comisiones Provinciales que informarán a su vez a la Comisión 
Central.
Para alcanzar el éxito adecuado, la Comunidad Autónoma deberá integrar estos 
programas  formativos  dentro  del  programa  formativo  general  de  sus  médicos, 
estableciendo políticas de incentivación que los hagan atractivos.
El conjunto de las acciones formativas realizadas, incluirá la participación de al 
menos el 20 % de los médicos de Atención Primaria de cada Comunidad. De ese 20 %,  e.
la Comunidad podrá, a su criterio, destinar un 10 % a la formación de facultativos  w.
Especialistas, incluidos MIR de especialidades distintas a Medicina Familiar y Comunitaria,  69ww
qeujeercdiacniod.o el 90 % restante para la participación de médicos de Atención Primaria en
La formación en materia de IT incluirá los siguientes contenidos:
1.  Conceptos  básicos  de  la  prestación  por  IT.  Regulación  legal,  tramitación, 
seguimiento y control de los procesos de IT. Competencias de las entidades implicadas 
en la gestión de la IT.
2.  Conceptos generales de valoración de puestos de trabajo.
3.  Valoración clínico-laboral de las patologías con mayor incidencia y prevalencia 
en IT. Estándares de duración.
H.1  Cursos en Centros de Salud y Jornadas sobre Incapacidad Temporal y otras 
prestaciones de la Seguridad Social.
En este apartado se valorarán los cursos, jornadas, seminarios, etc., que se impartan, 
relacionados con la IT y otras prestaciones de la Seguridad Social que se realicen, así 
como  otras  acciones  formativas  de  interés  destinadas  a  los  médicos  de  Atención 
Primaria.
Las acciones formativas destinadas a estos profesionales que se impartan en los 
Centros de Salud deberán contar con la participación del SPS, INSS y/o MCSS.
H.2  Formación MIR. 
Mediante este Convenio se pretende que la Inspección Médica de la Comunidad 
Autónoma, esté acreditada como dispositivo asociado a las unidades docentes de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria por el Ministerio de Sanidad.
Además, se deberán llevar a cabo las gestiones pertinentes a fin de que los Médicos 
Internos Residentes (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria roten por la Inspección 
Médica de la Comunidad Autónoma, con una formación mínima de 2 jornadas laborales, 
en la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal.
Las rotaciones también serán extensibles a los Médicos Internos Residentes de 
Medicina del Trabajo.
La  valoración  se  realizará  en  función  del  porcentaje  de  MIR  que  roten  por  la 
inspección  médica  del  SPS  respecto  al  total  de  MIR  existentes  en  la  comunidad 
autónoma de la especialidad.
H.3  Cursos On-line sobre incapacidad laboral.
Con  independencia,  de  las  actividades  presenciales  o  no,  organizadas  por  la 
Comunidad Autónoma, el INSS pondrá a disposición de la misma, actividades on-line 
para la formación, investigación e innovación en valoración médica de las incapacidades 
laborales y en cualquier materia que se considere relevante para el buen funcionamiento 
de las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social.
H.4  Información a los ciudadanos.
Este objetivo pretende fomentar la concienciación e información de los ciudadanos 
de la Comunidad Autónoma sobre la prestación de IT en general y el uso adecuado y 
responsable de la misma, así como, las consecuencias negativas que se pueden derivar 
de un uso inadecuado de la prestación.
Para la valoración de este apartado los Servicios Públicos de Salud deberán realizar:
– Actuaciones de información directa en relación a los perceptores de IT. s
– Campañas de concienciación a los ciudadanos en general. oe.
– Información dirigida a colectivos concretos. w.
I.  Acceso telemático a historias clínicas: 3 %.
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Inspectores Médicos del INSS el acceso informatizado, directo y sin otros condicionantes
telemáticos previos, desde sus puestos de trabajo, a las historias clínicas completas 
tanto de atención primaria como especializada de los asegurados.
Dicho acceso será en las mismas condiciones que los propios Inspectores Médicos 
del SPS.
El acceso y tratamiento de esta información por parte de los Inspectores Médicos 
del INSS tendrá por objeto, única y exclusivamente, el ejercicio de las competencias que 
tienen encomendadas en orden a la valoración del menoscabo funcional que justifica la 
percepción de las prestaciones económicas garantizándose, en todo caso, la seguridad y 
confidencialidad de los datos.
En las historias clínicas también estará incluido el informe propuesta de incapacidad 
permanente. En caso de no ser posible su inclusión, dicho informe propuesta será 
transmitido  por  el  SPS  a  la  Unidad  Médica  del  INSS  a  través  del  sistema  de 
comunicación telemático que se alude en el párrafo siguiente.
Se establecerá un sistema telemático de comunicación entre los Inspectores Médicos 
del INSS y los Inspectores Médicos de la Comunidad Autónoma, de forma que ambos 
colectivos que intervienen en un proceso de incapacidad laboral de un trabajador puedan 
relacionarse y comunicarse sus decisiones para gestionar las incapacidades laborales de 
una manera ágil y eficaz, cumpliendo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su 
normativa de desarrollo.
Por último, se valorará la información proporcionada por la Comunidad Autónoma al 
INSS acerca de los accesos realizados por los Médicos Inspectores adscritos a dicho 
Instituto.
J.  Objetivos específicos: 1 %.
Este apartado del Programa de actividades va destinado a dar acogida cada año a 
determinados objetivos, caracterizados por su especificidad basada en su temática, en 
su ejecución temporal, en su concreción, en función de las necesidades de gestión o 
control existentes en cada momento, bien a instancia del INSS o sugeridos por la 
Comunidad Autónoma.
Se  pretende  potenciar  objetivos  orientados  hacia  la  modernización  de  procesos 
informáticos,  a  la  implantación  de  técnicas  sanitarias  tales  como  telemedicina, 
interconsultas, diagnósticos de alta resolución, consultas on-line, control de determinados 
colectivos concretos con una casuística elevada, etc.
Podría acoger, por otra parte, acciones de coordinación necesarias y urgentes y 
estrategias  de  gestión  del  conocimiento.  Así  como  pilotar,  en  fase  experimental, 
determinados proyectos que una vez consolidados puedan generalizarse en el sistema.
II.  Objetivos de racionalización del gasto.
El 40 % del crédito asignado a la Comunidad Autónoma queda condicionado al 
cumplimiento  de  los  Objetivos  de  racionalización  del  gasto  que  a  continuación  se 
especifican:
A los efectos del presente Convenio, se tendrá en cuenta el coste, la prevalencia, la 
incidencia y el seguimiento de los procesos de corta duración de la prestación de IT 
derivada  de  contingencias  comunes  de  todo  el  Sistema  de  la  Seguridad  Social, 
quedando  excluidos  expresamente  los  procesos  cubiertos  por  las  empresas  que 
colaboran voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social e.e
A.  Indicador: Coste/afiliado/mes: 20 %. 69ww
AutóEnl oombjae,t isveo  ddeir irgeed uac pciróonp idceial rg qauseto,  ddeu rIaTn pteo rl ac ovnigtienngceinac diaesl  cporemsuennetes  eCno nlav eCnoimo,u ennid asdu 
tdeer rcitoosritoe /saefi liaaldcoa/nmcee su, ns eggaúsnto s dee f ijlaa  epnre esstatec iAónn eexcoo.nómica señalada, medido en términos  BOE-A-cable e
Puede alcanzarse este objetivo reduciendo su coste real en la cantidad que más 
adelante se establece. Alternativamente, puede cumplirse el objetivo, total o parcialmente, 
dependiendo  de  la  posición  en  que  se  encuentre  su  valor  coste/afiliado/mes,  en 
comparación  con  la  media  nacional  (esta  segunda  comparación  se  llevará  a  cabo 
relacionando valores homogéneos de coste corregido).
En el caso de que no se reduzca el indicador del coste real y el coste corregido se 
sitúe en valor igual o por encima de la media nacional, se podrá participar de una parte 
del crédito, teniendo en cuenta el grado de convergencia de la Comunidad, con respecto 
al coste afiliado medio nacional sin aplicación de coeficientes correctores.
Para  la  fijación  del  objetivo  de  racionalización  del  gasto  de  IT,  se  toma  como 
situación  de  partida  la  media  del  indicador  coste/afiliado/mes  de  IT  (coste  real), 
registrado en esta Comunidad durante el año 2019, ello debido a las circunstancias 
excepcionales ocasionadas por la crisis del COVID-19, que hace que el ejercicio 2020 no 
pueda servir como referente a efectos comparativos.
Coste corregido: Para medir la racionalización del gasto en términos comparativos 
equivalentes, se establece un coeficiente corrector que neutraliza la parte del coste en IT 
proveniente del distinto peso que tienen las bases reguladoras de IT por contingencias 
comunes (derivado éste de salarios/cotizaciones) en cada CCAA. Con la elaboración de 
estos datos se calcula un «índice agregado» homogeneizador del gasto, obteniendo para 
la Comunidad Autónoma un indicador coste/afiliado/mes corregido del «efecto bases 
reguladoras de IT» comparable, por tanto, con las restantes CCAA e INGESA. A partir de 
este  indicador  homogéneo,  se  fija  el  coste  medio/afiliado/mes  de  la  Comunidad 
Autónoma y se calcula el correspondiente a la media nacional.
Durante la vigencia del presente Convenio se analizará la posibilidad de implantar 
otros factores correctores.
B.  Otros indicadores: 16 %.
B.1  Indicador sobre incidencia: 8 %.
Este indicador refleja el número de procesos de IT iniciados por cada 1000 afiliados. 
Con él se analiza el comportamiento de los servicios de atención primaria de esta 
Comunidad.
B.2  Indicador sobre prevalencia: 8 %.
Este indicador refleja el número de procesos en vigor por cada 1000 afiliados. Con él 
se pone de manifiesto la permanencia de los procesos de IT en el momento analizado.
A y B.  Valoración de objetivos de racionalización del gasto.
La valoración de estos objetivos se llevará a cabo poniendo su comportamiento en 
comparación con su propia trayectoria y alternativamente con el comportamiento de los 
valores alcanzados por las demás CCAA e INGESA.
El cumplimiento de estos objetivos exigirá la reducción del valor alcanzado en este 
ejercicio, comparado con el obtenido en igual periodo del año anterior y en su defecto 
comparándolo con el valor alcanzado por la media nacional. Todo ello según se desprende 
del contenido de las bases de cotización del INSS.
En el ejercicio 2021 la comparación con igual periodo del año anterior no se efectuará, 
sino que se tomará en consideración el ejercicio 2019, esto es debido a la crisis sanitaria  s
habida en el año 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19. oe.
Se considerarán plenamente alcanzados los objetivos, cuando se consiga la reducción  w.
del  2  %  del  valor  de  partida  del  periodo  analizado  (excepto  para  el  objetivo  coste/ 69ww
caofilmiapdaor/amnedso,  loqsu ed arteoqsu deerilr áp etraiond os óalon aluiznaad or ecdounc cloiósn d ed eigl u1a l %pe).r ioLdao  dvaello arañcoi óann tesreio rh, aerán 
términos de homogeneidad, excepto en el ejercicio 2021.
Si la Comunidad Autónoma no ha alcanzado la reducción establecida anteriormente, 
podrá  considerarse  cumplido  el  objetivo  en  las  circunstancias  que  a  continuación  se 
especifican (para el objetivo coste/afiliado/mes, esta segunda comparación se refiere al 
valor corregido).
– Si el resultado se sitúa entre el 100 % y el 90 % del valor de la media nacional 
(v.m.n.): se considera cumplido 1/3 del objetivo.
– Si el resultado se sitúa en valores inferiores al 90 % e iguales o superiores al 80 % del 
v.m.n.: se consideran cumplidos 2/3 del objetivo.
– Si el resultado se sitúa por debajo del 80 % del v.m.n.: se considera plenamente 
cumplido el objetivo.
Si no se ha alcanzado la reducción establecida en el coste afiliado real y tampoco se 
está por debajo de la media nacional en el coste corregido, podrá obtenerse el 25 % del 
crédito del objetivo cuando el porcentaje de variación del coste/afiliado de la Comunidad se 
sitúe en 5 puntos por debajo del porcentaje de variación de la media nacional, reduciendo 
por tanto la desviación respecto de esa media.
El INSS facilitará a la Comunidad Autónoma el valor alcanzado al final de cada ejercicio, 
en estos indicadores:
– Coste/afiliado/mes valor real.
– Coste/afiliado/mes valor corregido.
– N.º de procesos iniciados/1000 afiliados.
– N.º de procesos en vigor/1000 afiliados.
Asimismo, el INSS comunicará el valor de la media nacional de dichos indicadores, 
alcanzado para cada año.
C.  Indicador procesos de corta duración: 4 %.
Del análisis de los procesos de IT se desprende que un número elevado de ellos 
corresponde a procesos de corta duración, que provocan además una merma importante 
para la organización del sistema productivo. Por ello se establece este objetivo, consistente 
en la puesta en marcha de un plan que someta a un seguimiento más riguroso a los 
procesos de IT cuyo diagnóstico tenga establecida una duración estándar no superior a 30 
días. En este objetivo se contemplan los procesos de IT por contingencias comunes 
de INSS y de Mutuas.
Con su aplicación se pretende ajustar el número de procesos de IT de esta modalidad que 
se inicien, y establecer una cultura de utilización racional de la prestación en procesos de corta 
duración, sensibilizando para ello, tanto al médico prescriptor de la baja como al trabajador y al 
empresario, mejorando al propio tiempo la atención sanitaria sobre los beneficiarios.
En la evaluación del cumplimiento de este objetivo tendrán especial consideración los 
siguientes parámetros:
– Número de controles realizados a trabajadores en IT con procesos de corta duración.
– Resultados derivados de dichos controles.
– Número de nuevos procesos de IT de corta duración.
– Procesos de IT en vigor de corta duración.
– Número de días que superen la duración estándar.