BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 127080
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16934 Resolución  de  21  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación del registrador de la propiedad de Zaragoza n.º 11, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de aceptación de herencia.
En el recurso interpuesto por don Dámaso Cruz Gimeno, notario de Zaragoza, contra 
la calificación del registrador de la Propiedad de Zaragoza número 11, don Miguel 
Temprado Aguado, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación 
de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 29 de marzo de 2021 por el notario de Zaragoza, 
don Dámaso Cruz Gimeno, se otorgó la aceptación y manifestación de la herencia 
causada por el fallecimiento de don L. T. C.
Interesa a los efectos de este expediente que, en la comparecencia de una de las 
herederas y legataria, que estaba casada, no se hacía constar el nombre de su esposo 
ni el régimen económico-matrimonial.
II
Presentada el día 14 de mayo de 2021 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Zaragoza número 11, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de Calificación Negativa al asiento 926 del Diario 61 de 14/05/2021.
Protocolo n.º 461 de 29/03/2021 del Notario de Zaragoza don Dámaso Cruz Gimeno. 
Herencia.
Suspendida la inscripción del precedente documento al amparo de lo dispuesto en el 
artículo  18  y  demás  concordantes  de  la  legislación  hipotecaria  al  amparo  de  los 
siguientes
Hechos
En  la  fecha  arriba  indicada  se  presentó  la  referida  escritura  de  herencia  al 
fallecimiento de don L. T. C., por la que don L. C., doña C. y doña L. T. M. se adjudican 
diferentes fincas, una de ellas la registral 8499/V de las de este Registro, descrita en la 
escritura que con el número 1, la cual corresponde a doña C. y doña L. T. M., por 
mitades indivisas, por legado, suspendiéndose su inscripción con arreglo a los siguientes
Fundamentos de Derecho
No consta el nombre y apellidos del cónyuge de la legataria y heredera doña L. T. M.,  s
de  estado  civil  casada,  ni  su  régimen  económico  matrimonial.  Piénsese  que,  si  el  oe.
Pravéirougardig meoedenlalnéod s,e  ,s cesoounbn  rócetómo nudicynooua  g mcmeaa,i sttcaoruid,m y aioensnsd i ciavielri scxaauipg nlidibsceltaea bd nlieclcai haa as pd  rfsiiecnechc ioaasm i sórieenteñg noids,rte art ea fnllu ad8esr4s í9aec9  ieer/Vcll  udd aneedsrl etqcacuonhinrcoisid aoeasrx c ppiodoe ercc ttaoaaqnlnlauytedué agldlasae,.l     2021-16934n https://www.
determinándose el nombre del cónyuge y su régimen económico matrimonial.
Artículos 9, 14 y 16 del Código Civil, 271 del Código de Derecho Foral de Aragón, 
159 del Reglamento Notarial y 51.9 a del Reglamento Hipotecario.
Contra esta decisión (…)
Zaragoza, 7 de junio de 2021. Este documento ha sido firmado con firma electrónica 
cualificada  por  Miguel  Temprado  Aguado  registrador/a  de  Registro  Propiedad  de 
Zaragoza 11 a día siete de junio del dos mil veintiuno».
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  Dámaso  Cruz  Gimeno,  notario  de 
Zaragoza, interpuso recurso el día 28 de junio de 2021 en el que alegaba lo siguiente:
«1.  Falta de motivación.
Es reiterada la doctrina de ese Centro Directivo (cfr. Resolución de 27 de febrero 
de 2013) según la cual, cuando la calificación del registrador sea desfavorable, deben 
consignarse, junto a los defectos que observe, la íntegra motivación de los mismos, con 
el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos 
en  los  que  se  basa  dicha  calificación  (cfr.  artículo  19  bis  de  la  Ley  Hipotecaria  y 
Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010 y 26 
de enero de 2011, entre otras muchas). «De este modo, serán efectivas las garantías del 
interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial todos los argumentos en 
que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar 
los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de 
todos  los  hechos  y  razonamientos  aducidos  por  el  registrador  que  pudieran  ser 
relevantes para la Resolución del recurso». También ha mantenido la Dirección General 
(vid. la Resolución de 25 de octubre de 2007 cuya doctrina confirma la más reciente 
de 28 de febrero de 2012) que «no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal, 
sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de 
aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse», ya que sólo de ese modo 
se puede erradicar la arbitrariedad del funcionario y combatir la calificación dictada para 
el supuesto de que no se considere adecuada la misma.
Y en este mismo sentido, el Tribunal Constitucional, que, en Sentencia, N º 77/2000, 
de 27 de marzo, señala que la motivación ha de ser la conclusión de una argumentación 
ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado pueda conocer el fundamento, 
y la ratio decidendi de las resoluciones. La motivación es pues, la garantía esencial 
mediante la cual se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de 
una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad del funcionario 
calificador. Y es que, como indica la más reciente Sentencia del Tribunal Supremo, 
Recurso 713/2020, de 9 de junio, la motivación constituye un requisito imprescindible en 
todo acto administrativo de obligado cumplimiento en el específico marco del artículo 35 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
La breve nota de calificación que ahora se recurre, no solo carece de motivación, 
sino que prescindiendo de las herramientas que para ello atribuye al registrador el 
artículo 18 de la Ley Hipotecaria (lo que resulte de las escrituras y de los asientos del 
Registro), acude a una conjetura de la que extrae sus propias conclusiones.
2.  Incorrecta  aplicación  e  interpretación  del  artículo  51.9  del  Reglamento  e.
Hipotecario, y desconocimiento de la doctrina de la DGSJyFP. w.b
del RLae gclaalmifiecanctoió Hn irpeoctuercraidriao ,p maroteti,v aaddeam, párso,b daeb luenmae anpteli,c paociró lna  iingcnoorrraencctaia d ienle axrctuícsualob le5 1d.e9 
dlae dreocchtroin eax dpeelc Ctaenntetr od eD ivrieucdteivdoa; da,  lya  uqnuae  cpoondfruías ióanñ aednirtsree  luan lae yc orengceuplacdióonra e dqeu ivloosc aedfeac dtoesl 
del matrimonio y el régimen económico matrimonial.
Así, en la nota se cita el artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, según el cual: «La 
persona a cuyo favor se practique la inscripción y aquélla de quien proceda el bien o 
derecho que se inscriba se determinarán conforme a las siguientes normas: a) Si se trata 
de personas físicas, se expresarán el nombre y apellidos (...) si el sujeto es soltero, 
casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se 
inscriba  a  los  derechos  presentes  o  futuros  de  la  sociedad  conyugal,  el  régimen 
económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge.»
La  Dirección  General,  ha  resuelto  la  cuestión  en  varias  ocasiones.  Así,  en 
Resoluciones de 27 de abril de 1999 y 16 de julio de 2009, la primera de las cuales dice 
literalmente que «En el caso de adquisiciones mortis causa ha de partirse de la base de 
que las mismas no afectan a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, 
quedando  encuadradas  en  la  excepción  a  la  aplicación  de  aquella  exigencia  del 
artículo 51.9 del RH». Y en este mismo sentido, y más recientemente, la RDGSJyFP 
de 5 de marzo de 2020, que citando la Resolución de 16 de julio de 2009, señala que «la 
expresión tanto del nombre del cónyuge del adquirente de bienes a título hereditario 
como del régimen económico-matrimonial de los mismos, tan sólo es preceptiva en los 
casos en que concurra el cónyuge en la aceptación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 995 del Código Civil, al referirse –a contrario– a la eventual responsabilidad que 
afecta al patrimonio conyugal en las hipótesis de aceptación sin beneficio de inventario si 
concurre el cónyuge a la aceptación...»
3.  Error en la calificación del derecho expectante de viudedad, y confusión entre el 
régimen económico matrimonial y la ley reguladora de los efectos del matrimonio.
La  pretendida  aplicación  del  art.  51.9  RH  no  sólo  es  consecuencia  del 
desconocimiento de la doctrina del Centro Directivo, sino también de un error en la 
concepción  del  derecho  expectante  de  viudedad,  que  no  depende  del  régimen 
económico matrimonial, sino que es una consecuencia del matrimonio, como señala el 
artículo 271.1 del Código de Derecho Foral de Aragón. Este precepto, que también es 
citado en la calificación recurrida sin citar su contenido, señala que: «1. La celebración 
del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes 
del que primero fallezca. 2. Durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta 
como  derecho  expectante.  3.  El  derecho  de  viudedad  es  compatible  con  cualquier 
régimen económico matrimonial.»
A la vista de este precepto, resulta evidente que el derecho de viudedad foral 
aragonés  es  una  consecuencia  del  matrimonio,  cualquiera  que  sea  el  régimen 
económico del mismo, por lo que quiebra su pretendida relación con los derechos 
presentes o futuros de la sociedad conyugal a los que alude el art. 51.9 Rh. «Piénsese», 
que las normas de derecho internacional privado y de derecho interregional nos ofrecen 
infinidad de combinaciones posibles en las que podría existir derecho de viudedad 
aragonés, con independencia del régimen económico, y hasta de la vecindad civil de los 
interesados.
El parecer doctrinal unánime, mantiene que el derecho expectante es un gravamen 
oponible erga omnes, sin necesidad de su toma de razón registral. En este sentido, la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca 248/1998, de 30 de julio de 1998 que, 
literalmente  dice  que  «la  viudedad,  ya  se  encuentre  en  su  primera  fase  –derecho 
expectante– o en la segunda –usufructo vidual– es un beneficio legal o gravamen real 
que es oponible a terceros sin necesidad de inscripción en el Registro, al igual que 
ocurre con determinadas limitaciones, servidumbres aparentes y prohibiciones legales  e
que pesan sobre las fincas o con los retractos legales. Como con acierto señala la  bo
doctrina científica, esta institución familiar está investida de una publicidad legal que se  934ww
stroabnrsempiosnioen eas  olap erreagdiasstr adle. nPtroo ry  efulleor al ad eCl roemgipsitlraoc,i ósnin o( hqouye  sCeD rFeAfie) ren oa  tdoidsatisn geullea s.e»n Etren 
enli nágmunbaito r edset rliacc cióonn tara ltaa cliibórne  idnimspoobniliibairliiad,a lda  deex iasctetinvcoisa  pdoerl  pdaerrteec hdoe l ecxópneycutgaen tetit unloa rs; udpeo nnoe 
mediar la oportuna renuncia al derecho expectante, el bien enajenado se transmitirá con
la indicada carga. Y por ello carece de sentido el celo protector de este derecho que 
pone  de  manifiesto  la  nota  de  calificación  recurrida,  pues  el  derecho  existirá  con 
independencia de lo que publique el Registro de la Propiedad y con independencia del 
régimen económico matrimonial del titular.
En conclusión, a la vista de la doctrina de la DGSJyFP sobre el artículo 51.9 del 
Reglamento Hipotecario, y no existiendo precepto alguno que exija la identificación del 
cónyuge del titular y el régimen económico matrimonial como requisito para la inscripción 
de  las  adquisiciones  por  herencia  o  legado,  solicito  la  revocación  de  la  nota  de 
calificación recurrida».
IV
Mediante escrito, de fecha 12 de julio de 2021, el registrador de la Propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, apartados 2 y 3, 12, apartado 6, 14 y 16 del Código Civil; 271 
del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de 
las Leyes civiles aragonesas; 36, 51.9.ª y 117 del Reglamento Hipotecario; 159 del 
Reglamento Notarial; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 2 de octubre de 1998, 27 de abril de 1999, 22 de marzo de 2001, 15 de 
junio y 16 de julio de 2009, 14 de abril de 2010, 26 de enero y 20 de diciembre de 2011, 
27 de febrero de 2013, 2 de febrero y 6 de mayo de 2015 y 12 de diciembre de 2017, y la 
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 5 de marzo 
de 2020.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
aceptación  y  manifestación  de  herencia  en  la  que  concurren  las  circunstancias 
siguientes: la escritura es de 29 de marzo de 2021; en la comparecencia de una legataria 
y heredera, que está casada, no se hace constar el nombre de su esposo y el régimen 
económico-matrimonial.
El registrador señala como defecto que no consta el nombre y apellidos del cónyuge 
de la legataria y heredera, de estado civil casada, ni su régimen económico-matrimonial.
El notario recurrente alega lo siguiente: falta de motivación; que, las adquisiciones 
«mortis causa» no afectan a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, 
quedando  encuadradas  en  la  excepción  a  la  aplicación  de  aquella  exigencia  del 
artículo 51.9.ª del Reglamento Hipotecario; que el derecho expectante de viudedad no 
depende  del  régimen  económico-matrimonial,  sino  que  es  una  consecuencia  del 
matrimonio, y es compatible con cualquier régimen económico-matrimonial; y, por tanto, 
al  ser  el  derecho  de  viudedad  foral  aragonés  una  consecuencia  del  matrimonio,  y 
cualquiera que sea el régimen económico del mismo, quiebra su pretendida relación con 
los  derechos  presentes  o  futuros  de  la  sociedad  conyugal  a  los  que  alude  el 
artículo 51.9.ª del Reglamento Hipotecario; que la viudedad, ya se encuentre en su 
primera fase –derecho expectante– o en la segunda –usufructo vidual–, es un beneficio 
legal o gravamen real que es oponible a terceros sin necesidad de inscripción en el 
Registro, al igual que ocurre con determinadas limitaciones, servidumbres aparentes y 
prohibiciones legales que pesan sobre las fincas o con los retractos legales; que la  e.e
existencia del derecho expectante no supone ninguna restricción a la libre disponibilidad  b
de activos por parte del cónyuge titular; que, de no mediar la oportuna renuncia al  934ww
ddeerreecchhoo  eexxispteircát acnotne , inedl ebpieennd eenncaiaje ndaed loo  qsuee  tpraunbslimquiteir áe l cRoeng ilsat roin ddeic alad aP rcoapriegdaa; dq uy ec oenl 
inde2p.e nCdeonmcoia  cdueel srétiógnim perne veicao, nróemspiceoc tmo aatr ilma oanlieagl adceiló tnit udlaer .la recurrente de motivación
insuficiente  en  la  nota  de  calificación,  debe  recordarse  la  doctrina  de  este  Centro
Directivo  según  la  cual  cuando  la  calificación  del  registrador  sea  desfavorable  es 
exigible, conforme a los principios básicos de todo procedimiento y a la normativa 
vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el 
desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos 
aducidos  y  con  suficiencia  los  fundamentos  jurídicos  en  los  que  se  basa  dicha 
calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre 
de 1998, 22 de marzo de 2001, 25 de octubre de 2007, 14 de abril de 2010, 26 de enero 
de 2011, 28 de octubre y 20 de julio de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril y 19 de 
junio de 2017, 21 de noviembre de 2018 y 1 de marzo de 2019, entre otras muchas). Es 
indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, 
quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda 
jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de 
Derecho  en  los  que  apoye  su  tesis  impugnatoria,  a  la  vista  ya  de  los  hechos  y 
razonamientos  aducidos  por  el  registrador  que  pudieran  ser  relevantes  para  la 
Resolución  del  recurso.  También  ha  mantenido  esta  Dirección  General  (vid.  la 
Resolución de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28 
de febrero y 20 de julio de 2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto 
legal (o de Resoluciones de este Centro Directivo), sino que es preciso justificar la razón 
por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo 
ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas Resoluciones), ya 
que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que 
no se considere adecuada la misma.
No obstante, conviene tener en cuenta que es también doctrina del indicado Centro 
Directivo (Resoluciones de 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 de 
abril y 13 de octubre de 2005, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 28 de febrero, 22 de 
mayo y 20 de julio de 2012, 9 de julio, 8 de octubre y 12, 16, 17, y 20 de diciembre 
de 2013, 19 de marzo y 10 de junio de 2014, 2 de febrero de 2015 y 12 de diciembre 
de 2017, entre otras) que aun cuando la argumentación en que se fundamente la 
calificación haya sido expresada de modo escueto, cabe la tramitación del expediente si 
expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado 
ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, según el contenido del escrito 
de interposición del recurso.
En el presente caso, el registrador en su calificación ha señalado como defecto que 
«no consta el nombre y apellidos del cónyuge de la legataria y heredera doña L. T. M., de 
estado  civil  casada,  ni  su  régimen  económico  matrimonial»,  y  como  única 
fundamentación de Derecho ha mencionado los preceptos en los que se exige tal 
mención.  La  cuestión  planteada  en  dicha  calificación  ha  podido  ser  objeto  de 
alegaciones suficientes por el recurrente para su defensa, y por ello procede entrar en el 
fondo del asunto.
3.  Entrando en el fondo de la cuestión debatida en este expediente, debe decidirse 
si  en  una  escritura  de  manifestación  y  adjudicación  de  herencia  aceptada  pura  y 
simplemente,  siendo  que  una  de  las  herederas  y  legataria  está  casada,  es  o  no 
necesario expresar el nombre del cónyuge y el régimen económico matrimonial de tal 
heredera, quien, si bien no se especifica su vecindad civil, está domiciliada en Zaragoza 
y el otorgamiento se realiza en esta ciudad, por lo que la vecindad civil foral será la 
aragonesa.
El  registrador  de  la  Propiedad  considera  que  debe  mencionarse  el  nombre  del  s
cónyuge y debe hacerse constar el régimen económico que rige el matrimonio de los  oe.
herederos  casados,  porque  si  el  régimen  económico-matrimonial  aplicable  a  dicha  w.
persona fuese el del consorcio conyugal aragonés, su cónyuge, cuyas circunstancias se  934ww
ofinmciate nr,e gteisntdraríla,  teol ddoe rceocmhoo  epxrpeescutpaunetes tod e pvaiurad eddeatde rsmoibnraer  usni,a  emni tacdu minpdliimvisiean tdoe  ddeic hlao 
eNsottaabrilaelc.ido en los artículos 51.9.a) del Reglamento Hipotecario y 159 del Reglamento  BOE-A-cable e
4.  Según el artículo 51.9.a) del Reglamento Hipotecario, «si se trata de personas 
físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de identidad; si es 
mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la 
causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y 
afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la 
sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio 
del  otro  cónyuge;  la  nacionalidad  y  la  vecindad  civil  del  sujeto  si  se  acreditan  o 
manifiestan;  y  el  domicilio  con  las  circunstancias  que  lo  concreten»;  y,  según  el 
artículo  159  del  Reglamento  Notarial,  «si  el  otorgante  fuere  casado,  separado 
judicialmente o divorciado, y el acto o contrato afectase o pudiese afectar en el futuro a 
las consecuencias patrimoniales de su matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará 
constar el nombre y apellidos del cónyuge a quien afectase o pudiese afectar, así como 
el régimen económico matrimonial».
La cuestión objeto de debate ha sido resuelta, si bien en cuanto a los sujetos a 
Derecho civil común, por la Dirección General de los Registros y del Notariado en sus 
Resoluciones de 27 de abril de 1999 y 16 de julio de 2009, ambas reiteradas por la de 5 
de marzo de 2020.
Según la primera, «en el caso de adquisiciones mortis causa ha de partirse de la 
base de que las mismas no afectan a los derechos presentes o futuros de la sociedad 
conyugal, quedando encuadradas en la excepción a la aplicación de aquella exigencia 
del artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, del mismo modo que el artículo 159 del 
Reglamento Notarial, que al regular la comparecencia impone que conste el estado civil, 
tan solo exige la constancia del nombre y apellidos del cónyuge en el supuesto de que el 
acto o contrato afectare a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal. 
Caben, ciertamente, supuestos excepcionales en los que por ley o pacto exista entre los 
cónyuges una comunidad de tipo universal, pero precisamente por ese carácter han de 
ser  objeto  del  mismo  tratamiento,  de  suerte  que  es  lo  excepcional  lo  que  ha  de 
declararse y no la exclusión de lo ordinario».
De la Resolución de 16 de julio de 2009 resulta que la expresión tanto del nombre del 
cónyuge del adquirente de bienes a título hereditario como del régimen económico-
matrimonial de los mismos, tan sólo es preceptiva en los casos en que concurra el 
cónyuge en la aceptación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 995 del Código 
Civil, al referirse –a contrario– a la eventual responsabilidad que afecta al patrimonio 
conyugal  en  las  hipótesis  de  aceptación  sin  beneficio  de  inventario  si  concurre  el 
cónyuge a la aceptación. Ello sin perjuicio de la gestión o responsabilidad de la sociedad 
de gananciales respecto del patrimonio privativo de un consorte, en cuanto quedaría 
incluido en la obligación de mutua información de los esposos y cogestores, conforme al 
artículo 1383 del Código Civil al igual que ocurre en los patrimonios privativos de otra 
procedencia.
5.  Sentado  esto,  se  trata  de  determinar  si  en  el  Derecho  Foral  aragonés,  la 
existencia  del  derecho  expectante  de  viudedad  y  del  usufructo  viudal,  excluyen  la 
excepción a la aplicación de la exigencia del artículo 51.9.ª del Reglamento Notarial. 
Señala el registrador que, si el régimen económico matrimonial aplicable a dicha señora 
fuese el del consorcio conyugal aragonés, su cónyuge, cuyas circunstancias se omiten, 
tendría el derecho expectante de viudedad sobre una mitad indivisa de dicha finca 
registral adquirida por aquélla, y por ello, en todo caso, es exigible la precisión de las 
circunstancias  detalladas,  determinándose  el  nombre  del  cónyuge  y  su  régimen 
económico matrimonial. s
Desde  antaño,  tanto  las  costumbres  y  normas  forales  de  Aragón  como  la  oe.
Compilación de Derecho Civil Foral de Aragón plasmada por la Ley 15/1967, de 8 de  w.
abril, recogían el principio general (artículo 72 de la antigua Compilación) de que «la  934ww
tcoedleobsr alocsió bni edneels  mdealt rpimrimoneiroo  aqturieb ufaylele zac ac,a ad as aclvóon ylou gpea cetal duos uefnru icntsot rudme evniutod epdúabdlic oso ob rleo 
edxisppeucetastnot ed dee  mviaundceodmadú nr epcoorg iadmo beons  locsó nayrtuícguelso»s.  7E6s yto  ssigeu iceonmtepsl edtea blaa  Ccoomn peilla dcieórne,c dheo   BOE-A-cable e
manera  que,  en  las  antiguas  normas  aragonesas,  estos  derechos  de  viudedad  se 
vinculaban a la celebración del matrimonio, si bien no se resolvía la influencia del 
régimen económico matrimonial, según cual fuere, en la existencia de esos derechos de 
viudedad, pues de la antigua redacción se deducía que solo combinaban con el régimen 
de bienes comunes.
Por ello el Código Civil Común, en su artículo 16.2, dispone lo siguiente: «El derecho 
de  viudedad  regulado  en  la  Compilación  aragonesa  corresponde  a  los  cónyuges 
sometidos al régimen económico matrimonial de dicha Compilación, aunque después 
cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legítima que establezca la ley 
sucesoria. El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título 
oneroso y de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se reconozca tal 
derecho, si el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin haber hecho 
constar  el  régimen  económico  matrimonial  del  transmitente.  El  usufructo  viudal 
corresponde también al cónyuge supérstite cuando el premuerto tuviese vecindad civil 
aragonesa en el momento de su muerte».
Con  la  redacción  dada  por  el  Decreto  Legislativo  1/2011,  de  22  de  marzo,  el 
artículo  271.1  del  Código  de  Derecho  Foral  de  Aragón,  dispone  lo  siguiente:  «La 
celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre 
todos los bienes del que primero fallezca. 2. Durante el matrimonio el derecho de 
viudedad  se  manifiesta  como  derecho  expectante.  3.  El  derecho  de  viudedad  es 
compatible con cualquier régimen económico matrimonial». Así pues, la nueva redacción 
añadió la posibilidad del derecho de viudedad combinado con un régimen económico-
matrimonial distinto del consorcio conyugal de Aragón.
A la vista de este precepto, como bien alega el notario recurrente, resulta que el 
derecho de viudedad foral aragonés es una consecuencia del matrimonio, cualquiera que 
sea  el  régimen  económico  del  mismo  -a  diferencia  de  la  antigua  regulación  foral 
aragonesa–, por lo que quiebra su pretendida relación con los derechos presentes o 
futuros de la sociedad conyugal a los que alude el artículo 51.9.ª del Reglamento 
Hipotecario. En consecuencia, las normas de derecho internacional privado y de derecho 
interregional  ofrecen  infinidad  de  combinaciones  posibles  en  las  que  podría  existir 
derecho de viudedad aragonés, con independencia del régimen económico, e incluso de 
la vecindad civil de los interesados.
6.  Siendo el matrimonio el determinante de la existencia de derechos presentes o 
futuros –y no el régimen económico-matrimonial–, se hace necesario establecer cuál es 
el momento de determinar la eficacia de los derechos de viudedad.
Así, el momento del fallecimiento de uno de los cónyuges determina el nacimiento 
del  derecho  de  usufructo  del  cónyuge  viudo.  Por  tanto,  hasta  ese  momento  de  la 
apertura de la sucesión de uno de los cónyuges, no se sabe quién es el beneficiario del 
usufructo viudal, que podría ser cónyuge de otras nupcias o no existir por separación o 
divorcio. En consecuencia, en el momento de la adquisición por herencia no tiene 
trascendencia quien sea el cónyuge del heredero o legatario ni su régimen económico-
matrimonial.
En el caso del derecho expectante de viudedad es distinto, ya que, durante el 
matrimonio,  ambos  cónyuges  son  titulares  de  una  expectativa  de  derecho  que  se 
ejercitará en el futuro cuando se realice una disposición, que será el momento en el que 
se determinará quién es el cónyuge que tiene que prestar su consentimiento. Así, el 
momento de su eficacia será el de la disposición del bien, a diferencia del usufructo de 
viudedad, que es el de la apertura de la sucesión del primer cónyuge causante. Y ese  s
momento  de  la  disposición  del  bien  determina  quién  sea  el  titular  del  derecho  oe.
expectante,  que,  como  antes,  puede  haber  cambiado  por  separación  o  divorcio  o  w.
ulteriores nupcias. Por tanto, tampoco tiene trascendencia quién sea el cónyuge en el  934ww
mcoommoe nsteo  hdae  dlaic haod,q upiosdicriíóan  speor ro htreor eenl ctiiatu lnair  sdue lr édgeimreecnh oe ceoxnpóemctiacnot em aalt rtimiemonpiaol ,d peu seus 
ejercicio.
7.  Por tanto, en cuanto a la cuestión de si es necesaria la mención del nombre y el 
régimen económico-matrimonial del cónyuge de quien adquiere por vía hereditaria, como 
obligación en la constancia en la inscripción en el Registro, del derecho expectante de 
viudedad foral aragonesa, resulta muy difícil de caracterizar el derecho expectante de 
viudedad foral aragonesa y determinar su naturaleza jurídica, pero es claro que no se 
trata de un derecho real concreto y desarrollado sobre los bienes del cónyuge. Prueba 
de ello es que no tiene un valor patrimonial, puesto que, de tenerlo, tendría que ser 
tomado en consideración, por ejemplo, en los procedimientos expropiatorios y en los 
apremios de naturaleza pública.
Como se ha indicado, lo que caracteriza el derecho expectante de viudedad foral 
aragonesa es cómo afecta al régimen de enajenación de los bienes. Ése es el elemento 
clave de esta figura jurídica, como lo prueba que toda su regulación se centra en la 
enajenación –artículos 279 y siguientes del Código de Derecho civil Foral de Aragón–, 
imponiendo, en la práctica, la intervención en ella del cónyuge del propietario, con una 
peculiar consecuencia para la ausencia de la intervención: la enajenación es válida, pero 
el cónyuge que no ha intervenido en ella podrá hacer valer sobre el bien enajenado su 
derecho de usufructo vidual si sobrevive al que enajenó.
Por otra parte, cuál sea el régimen económico matrimonial y el cónyuge en el 
momento de adquisición, como se ha dicho antes, son irrelevantes. Tales circunstancias 
son relevantes es exclusivamente al enajenar el bien y si no se produce la intervención 
del cónyuge. En el Registro solo se deberá publicar que queda a salvo el derecho del 
cónyuge que no ha intervenido, que es la consecuencia legal establecida para ese 
supuesto –283.1 de Derecho civil Foral aragonés–. Ningún beneficio se obtiene porque 
el Registro publique esos datos al tiempo de la adquisición.
En consecuencia, el derecho expectante de viudedad no es un derecho inscribible y, 
por tanto, no es preciso que en la escritura en la que se acepta la herencia se indique el 
régimen económico matrimonial y el nombre del cónyuge del heredero. Será en el 
momento de la enajenación del bien cuando el enajenante deberá declarar su régimen 
económico-matrimonial y la identidad del cónyuge, con el fin de que se pueda saber si 
hace falta la intervención de éste para evitar que el bien quede sujeto a su usufructo 
vidual si sobrevive al enajenante y, en su caso, expresar las consecuencias de la 
ausencia de la intervención.
8.  La omisión de la constancia de la identidad del cónyuge por tanto no puede ser 
defecto que impida la inscripción, pues no está expresamente exigida en ninguna norma 
específica y el derecho expectante no es en sí mismo un derecho inscribible. Sin 
perjuicio de que su constancia sea conveniente para la seguridad del tráfico y para la 
protección de los derechos de las personas implicadas en un triple aspecto:
a)  Para el cónyuge del titular del dominio del inmueble, esto es, del favorecido por 
el derecho expectante, porque, al constar su identidad, se asegura la defensa de su 
derecho en tanto dure el matrimonio. Así, por ejemplo, en caso de producirse por parte 
de su cónyuge un acto dispositivo sin su consentimiento, el acto sería inscribible con la 
reserva expresa del derecho expectante a favor del cónyuge que no ha consentido la 
transmisión. La reserva sólo se materializará en un usufructo de viudedad si: (i) el 
cónyuge  no  lo  renuncia  expresamente  en  un  momento  posterior;  (ii)  el  cónyuge 
sobrevive a su consorte, y (iii) no hay una separación o divorcio antes del fallecimiento 
del cónyuge.
b)  Para el propio titular del dominio privativo del inmueble, pues se da a conocer 
que su cónyuge tiene un derecho expectante no renunciado y que está protegido. Esta  e.
circunstancia, sirve de «aviso» a los acreedores del cónyuge titular del inmueble, lo que  w.b
conlleva que no sea infrecuente que en un momento posterior los cónyuges pacten en  934ww
cnaop níteucloess amriaatmrimenotnei atalems bpiéons tnaul pdceia vleiusd lead raedn u(anrctíiacu gloe n2é7r2ic.2a  ad esl uC dóedrigeoch doe e Dxpeerecctahnot ec i–vyil 
dFoomrailn idoe  pArivraagtióvno) –q usieorbar eh alocse r bcieonnessta rp reivsaat ivreons udnecila o, tprou ecsó naysuí gceo,n syi gquuee  aeclr etdituitalarr  qdueel 
dichos bienes no están sujetos a las limitaciones que se derivan de la existencia del
derecho expectante y, con ello, se consigue evitar, en muchas ocasiones, que en los 
préstamos personales o hipotecarios se exija por el prestamista la firma del cónyuge 
titular, e incluso en muchos casos la responsabilidad solidaria de los dos cónyuges, 
exigencia  que  en  muchas  ocasiones  viene  derivada  de  la  existencia  del  derecho 
expectante.
c)  Pero, sin duda, la mayor aportación a la seguridad del tráfico se manifiesta en 
materia de ejecuciones forzosas de bienes privativos. Contrariamente a lo que sucede en 
el derecho común, en el que cuando se ejecutan deudas privativas sobre bienes también 
privativos del único cónyuge deudor, el cónyuge no deudor no necesita como norma 
general ser notificado, en derecho aragonés sobre dichos bienes privativos el cónyuge 
no deudor tiene un derecho expectante de viudedad, y como consecuencia de ello, 
ostenta el derecho a ser notificado de la ejecución para, en su caso, hacer constar su 
voluntad a la subsistencia del derecho expectante de viudedad aun en el caso de que la 
ejecución termine con la venta forzosa a un tercero.
En Derecho común, en las ejecuciones por deudas privativos contra bienes privativos 
del deudor, nada hay que notificar al cónyuge no deudor –con excepción del supuesto de 
vivienda familiar– pues el cónyuge del deudor ni es deudor ni tiene derecho alguno sobre 
los bienes privativos. Por el contrario, en el caso de inexistencia o insuficiencia de bienes 
privativos, la ejecución se dirige contra los bienes comunes, y entonces será necesario 
que el cónyuge no deudor sea notificado (artículos 541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y 144 del Reglamento Hipotecario) para que pueda defender sus derechos e incluso 
solicitar la liquidación de la sociedad conyugal. Y, además, de acuerdo con la doctrina de 
este Centro Directivo (entre otras muchas, Resolución de 5 de octubre de 2001) no basta 
con que el órgano que ordena la anotación de embargo ponga de manifiesto que se ha 
notificado «al cónyuge del deudor» sino que debe identificarse a éste con su nombre y 
apellidos para no conculcar el principio de exclusión de la indefensión.
Podemos concluir por tanto que puede ser una buena práctica notarial la constancia 
del nombre y apellidos del cónyuge que adquiere el inmueble por herencia, para facilitar 
la identificación del titular del derecho expectante, aunque –como ya se ha visto– su 
omisión  no  sea  determinante  de  una  calificación  suspensiva  del  título,  pues  tal 
expectativa no genera propiamente un derecho real inscribible en su favor.
9.  Queda por determinar la protección de estos derechos de viudedad.
El derecho de viudedad, ya se encuentre en su primera fase –derecho expectante– o 
en la segunda –usufructo vidual–, es un beneficio legal o gravamen real que es oponible 
a  terceros  sin  necesidad  de  inscripción  en  el  Registro,  al  igual  que  ocurre  con 
determinadas limitaciones, servidumbres aparentes y prohibiciones legales que pesan 
sobre las fincas o con los retractos legales. Lo que cohonesta con la especial protección 
que le concede el artículo 16.2 del Código Civil, si bien con la excepción de la protección 
al «adquirente a título oneroso y de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio 
donde se reconozca tal derecho». En definitiva, el derecho existirá con independencia de 
lo que publique el Registro de la Propiedad y con independencia del régimen económico-
matrimonial del titular.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  s
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  oe.
nlao LrmeMyaa sHd dripiedol, t je2uc1ica idroiea v .seerbpatile, mtobdroe  edlelo  2c0o2n1fo.–rLmae  Dai rleoc etosrtaab Gleecnideora el nd elo Ss eagrtuícriudlaods  3Ju2r5í dyic 3a2 y8  Fdee   2021-16934n https://www.
Pública, Sofía Puente Santiago.