BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7520
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1118 Sala Segunda. Sentencia 174/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo 1288-2019. Promovido por don Francisco Roca Martínez respecto de 
las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad 
de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a 
la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización 
resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 
19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:174
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  1288-2019,  promovido  por  don  Francisco  Roca 
Martínez, contra providencia de 10 de enero de 2019 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supremo, por la que se inadmite a trámite 
el recurso de casación núm. 3374-2018, promovido contra la sentencia de 22 de marzo 
de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia 
Nacional,  que  había  acordado  desestimar  el  recurso  contencioso-administrativo 
interpuesto por el ahora demandante de amparo contra anterior resolución de 20 de 
octubre de 2016, dictada, por delegación del ministro de Justicia, por el secretario de 
Estado de aquel Ministerio, que desestimó, en el seno del expediente núm. 599-2015, la 
reclamación por responsabilidad patrimonial derivada del tiempo que permaneció en 
prisión provisional con cargo a una causa penal de la que resultó absuelto. Ha sido parte 
el abogado del Estado en la representación que ostenta. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 28 de febrero de 2019, 
el  procurador  de  los  tribunales  don  Carlos  Manuel  Rodríguez  Saura,  en  nombre  y 
representación de don Francisco Roca Martínez, interpuso recurso de amparo contra las 
resoluciones  judiciales  y  administrativa  que  se  citan  en  el  encabezamiento,  por 
vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). e
2.  La demanda trae causa de los siguientes hechos: ww.
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las  diligencias  previas  núm.  1831-2010,  del  Juzgado  de  Instrucción  núm.  5  de 
Cartagena,  convertidas  luego  en  sumario  núm.  3-2011,  y  seguidas  después  por 
procedimiento ordinario núm. 22-2011 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Murcia. El reclamante, tras una condena inicial en sentencia de 29 de julio de 2014 de la 
Audiencia Provincial por tres delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito contra 
la salud pública, fue, finalmente, absuelto de dichos delitos por el Tribunal Supremo (Sala 
de  lo  Penal)  en  sentencia  de  12  de  noviembre  de  2014  (recurso  de 
casación 10371-2014). El demandante de amparo fue, no obstante, condenado a la pena 
de un año y seis meses de prisión por delito de tenencia ilícita de armas.
b)  El expediente de responsabilidad patrimonial (núm. 599-2015) abierto a instancia 
del ahora demandante de amparo finalizó por medio de resolución de 20 de octubre 
de 2016, del secretario de Estado de Justicia, por delegación del ministro, que desestimó 
la pretensión formulada al entender que el supuesto planteado no podía catalogarse, en 
relación con los delitos por los que había sido absuelto, de inexistencia objetiva del 
hecho.
c)  Contra la anterior resolución, el actor formalizó en fecha 28 de diciembre de 2016 
recurso contencioso-administrativo alegando vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia  (art.  24.2  CE),  entendiendo  que  la  resolución  administrativa  ignoraba  la 
doctrina fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 13 de julio 
de 2010, asunto Tendam c. España, y se apartaba de lo resuelto por la STC 8/2017. El 
conocimiento  del  recurso  correspondió  a  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que dio inicio al procedimiento 
ordinario núm. 1009-2016 y en cuyo seno dictó sentencia en fecha 22 de marzo de 2018. 
En su pronunciamiento, la sala desestima el recurso contencioso-administrativo en el 
entendimiento  de  que  «no  estamos  ante  un  supuesto  de  inexistencia  objetiva 
reconducible al art. 294 de la LOPJ», consideración que se hace tras reproducir los 
extractos de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en los que se afirma la 
existencia de una causa de justificación (legítima defensa), circunstancia que determina, 
a juicio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, que el hecho que dio 
lugar a la prisión, en cuanto hecho tipificado en el Código penal, existió objetivamente.
d)  La representación procesal del Sr. Roca interpuso recurso de casación contra la 
anterior sentencia, pero dicho recurso fue inadmitido por providencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  (Sección  Primera)  de  10  de  enero  de  2019  por 
«incumplimiento palmario de los requisitos exigidos en la preparación del recurso», en 
concreto por falta de cita de alguno de los supuestos del art. 88.2 y 3 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) en la justificación del 
interés casacional objetivo y por falta de justificación del carácter determinante de la 
infracción denunciada en la decisión adoptada en la resolución recurrida.
3.  La demanda de amparo, después de identificar las resoluciones, administrativa y 
judiciales recurridas, invoca la violación de su derecho a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE).
Para el recurrente la especial trascendencia constitucional del asunto radica en que 
se ignora, por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la 
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, citando expresamente la sentencia 
de  13  de  julio  de  2010,  dictada  en  el  asunto  Tendam  c.  España,  pues  se  sigue 
estableciendo un tratamiento distinto en función de la razón de la absolución penal, 
reservando la indemnización a los supuestos de la llamada «inexistencia objetiva». Al 
rechazarse la indemnización solicitada por estar fundada la absolución en la apreciación  e.
de legítima defensa, el órgano judicial deja latentes dudas sobre la culpabilidad, de modo  w.b
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ello, que el recurso de amparo sea estimado «con la consiguiente declaración de que se
ha vulnerado el derecho de mi mandante a la presunción de inocencia», acordándose «el 
restablecimiento de mi representado en sus derechos por medio de la declaración de 
nulidad del auto [sic] de 10 de enero de 2019».
4.  Por medio de providencia de 16 de septiembre de 2019, la Sección Cuarta de 
este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que en el mismo 
concurre «una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la posible vulneración del 
derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de 
carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]». En la misma providencia se acordaba remitir 
atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del  Tribunal  Supremo  para  que  remitiera  certificación  o  copia  adverada  de  las 
actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 3374-2018. Igualmente, se 
acordó dirigir idéntica comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, a fin de que en el plazo de diez días remitiera 
certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento 
ordinario núm. 1009-2016, debiendo emplazarse para que, en el plazo de diez días 
pudieran comparecer, si lo deseaban, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
5.  El abogado del Estado, en virtud de escrito presentado el día 1 de octubre 
de 2019 en el registro de este Tribunal, solicitó que se le tuviera por parte personada en 
el procedimiento, lo que así se acordó por diligencia de ordenación de 14 de octubre 
siguiente. En la misma diligencia se concedió también dar vista de las actuaciones a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, en un plazo común de veinte días, 
formularan las alegaciones que estimaran pertinentes a su derecho, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este Tribunal el día 7 de noviembre 
de 2019, plantea, en primer lugar, la posible extemporaneidad del recurso de amparo 
presentado,  por  ser  de  aplicación  al  mismo  lo  prevenido  en  el  art.  43  LOTC,  y, 
subsidiariamente, la estimación del mismo por aplicación de la doctrina dimanante de la 
STC 85/2019, de 20 de junio, en la que los incisos «por inexistencia objetiva del hecho 
imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ) son declarados inconstitucionales y nulos por vulneración de los arts. 14 y 24.2 
CE.  Al  haberse  denegado  la  indemnización  por  no  tratarse  de  un  supuesto  de 
inexistencia objetiva del hecho se incurre, a juicio del fiscal, en la vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia que es inherente a la fijación normativa, por parte 
del legislador, de ese supuesto indemnizatorio, que exige diferenciar entre distintos tipos 
de absueltos.
No  obstante,  advierte  el  fiscal  que  la  estimación  del  recurso  de  amparo,  y 
consiguiente retroacción de las actuaciones, no debe llevar consigo, automáticamente, el 
reconocimiento del derecho de indemnización por parte de la administración o de los 
jueces, pues la propia STC 85/2019 aclara que el resarcimiento no es automático tras la 
anulación de los dos incisos inconstitucionales del art. 294.1 LOPJ, debiendo aplicarse, 
en todo caso, las reglas generales del Derecho de daños, como la compensatio lucri cum 
damno y la valoración de la contribución causal de la propia víctima, destacando el fiscal, 
en este punto, que el ahora demandante de amparo contribuyó decisivamente en su 
propia prisión provisional «una vez que huyó del lugar de los hechos (siendo finca de su  s
propiedad) el día de su producción, 21 de junio de 2010, permaneciendo en tal situación  oe.
de fuga hasta ser finalmente capturado y detenido el 11 de mayo de 2011 (casi once  w.
edmxeec slluoesssi  vdcaea saspol uspé,e srl)íao  edinno d ueenxm ccneoidnzetarnoctileó d nes o plabo rrGe  uplaari rscdioóiann d Cepivnroialv,  isasísi oíc nocaonlmf irsomu fearlid dhaae  dcpeho olda dr íepa e qnsueaer , d reeen fu eenrli  damañe ojeo nyr    2020-1118n https://w
seis  meses  de  prisión  por  el  delito  de  tenencia  ilícita  de  armas  (que  en  sede
administrativa  y  judicial  ordinaria  deberían  restarse  del  total  de  726  reclamados),
aspectos  estos  que  podrán  valorar  las  autoridades  administrativas  y,  en  su  caso, 
judiciales».
7.  El día 13 de noviembre de 2019 quedaron registradas en este Tribunal las 
alegaciones del abogado del Estado, que solicita, en primer lugar, la inadmisión del 
amparo  por  extemporáneo  y,  subsidiariamente,  la  estimación  del  recurso  «con 
retroacción del expediente a la instancia oportuna a fin de que, de acuerdo con lo que 
dispone el art. 294 LOPJ, y siguiendo siempre el cauce procedimental adecuado, se 
acrediten los daños y perjuicios que en su caso se hubieran podido llegar a producir». 
Destaca el abogado del Estado que, aunque resulta de aplicación la STC 85/2019, de 19 
de junio, y, por ello, ha de declararse la vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia al haberse aplicado un inciso del art. 294.1 LOPJ declarado inconstitucional 
por su contradicción con el art. 24.2 CE, el fallo de la citada resolución «deja incólume la 
expresión  ‘siempre  que  se  hayan  arrogado  perjuicios’»,  lo  que  implica  que  el 
resarcimiento no es automático y que la administración debe ahora pronunciarse sobre la 
procedencia del resarcimiento determinando la realidad de los daños, sin atender ya, una 
vez depurado el art. 294.1 LOPJ de sus incisos inconstitucionales, a la concurrencia de 
un supuesto de absolución por «inexistencia del hecho».
8.  El demandante de amparo, por escrito registrado en este Tribunal el día 20 de 
noviembre de 2019, postuló la estimación de su demanda, reiterando en sus alegaciones 
los fundamentos de la misma y ratificándose en su petición de otorgamiento de amparo.
9.  Por providencia de 12 de diciembre de 2019, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El presente recurso de amparo se dirige contra la providencia de 10 de enero 
de 2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal 
Supremo, por la que se inadmite a trámite el recurso de casación núm. 3374-2018, 
promovido contra la sentencia de 22 de marzo de 2018 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  (Sección  Tercera)  de  la  Audiencia  Nacional,  que  había  acordado 
desestimar el recurso contencioso-administrativo (núm. 1009-2016) interpuesto por el 
ahora demandante de amparo contra anterior resolución de 20 de octubre de 2016, 
dictada, por delegación del ministro de Justicia, por el secretario de Estado de aquel 
Ministerio, que desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial derivada del 
tiempo que permaneció en prisión provisional con cargo a una causa penal de la que 
resultó absuelto.
Procede  descartar,  en  primer  lugar,  que  la  demanda  haya  incurrido  en 
extemporaneidad. Hasta el dictado de la STC 85/2019, de 19 de junio, no estaba 
establecida  una  doctrina  constitucional  que  permitiera  asegurar  que  la  vulneración 
denunciada trae causa exclusiva de la resolución administrativa, lo que no podía ser 
conocido por el recurrente en el momento de interponer su recurso de amparo.
Descartado el óbice planteado, puede observarse que el objeto del presente proceso 
constitucional y los planteamientos sustantivos introducidos por las partes en el debate 
de este recurso son sustancialmente coincidentes con los que ya han sido abordados por 
el Pleno del Tribunal Constitucional en los fundamentos jurídicos 4 y 5 de nuestra  e.
reciente STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de amparo núm. 4035-2012), que  w.b
«SdieTntCeexr m8is5tine/2an0rco1ian9  ,d deloel s h1 e9ec fdheeoc  tjioumsnp iouq,t aupdeoo,r  »la sy o qb«urpeeo  sr eee ls dtearec mlcaurisrósm olaa   icdnaecuo snaasm»ti tpudaceriloo an, rat.dli de2ab9dí4a .d 1e pL rlOoosdP uiJnc,c iryi s solaes    2020-1118n https://w
fcuonndcaremtóe netol sa julcraídnicceo sq dueeb elam oess triemmaictiirónno sd.el amparo debía producir. Por ello, a tales
En concreto, en su fundamento jurídico 4 se determinaron los efectos sobre el 
recurso  de  amparo  de  la  declaración  de  inconstitucionalidad  de  los  incisos  «por 
inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ por la 
STC 85/2019, de 19 de julio, para concluir que procede otorgar el amparo en tanto «las 
resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha normativa —a la que atendieron 
los órganos administrativos y judiciales por estar entonces vigente— materializan la 
misma vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la presunción de inocencia 
(arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art. 14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la 
retroacción debe remontarse al momento anterior a dictarse la resolución del secretario 
de Estado de Justicia de 20 de octubre de 2016, que denegó la indemnización y que 
origina la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de 
inocencia, para que la administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme 
a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE en los términos indicados en las STC 85/2019, 
FJ 13 y STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Francisco Roca 
Martínez y, en consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 10 de enero de 2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) 
del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación núm. 3374-2018, la sentencia 
de 22 de marzo de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) 
de  la  Audiencia  Nacional,  dictada  en  el  recurso  contencioso-administrativo  núm. 
1009-2016, y la resolución de 20 de octubre de 2016, dictada por el secretario de Estado 
de Justicia en el expediente núm. 599-2015.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial por prisión 
provisional de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la 
presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.–Encarnación Roca 
Trías.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y  es
rubricado. bo
2020-1118n https://w