BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7672
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1113 Sala Segunda. Sentencia 181/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo  5576-2018.  Promovido  por  doña  Mercedes  Astengo  Travieso  en 
relación con el auto dictado por un juzgado de instrucción de Madrid que 
denegó la incoación del procedimiento de habeas corpus. Vulneración del 
derecho a la libertad personal: resolución judicial adoptada sin garantizar los 
derechos de la afectada a ser informada de los hechos y motivos de su 
detención  y  el  efectivo  control  judicial  de  las  privaciones  de  libertad 
gubernativas.
ECLI:ES:TC:2020:181
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5576-2018, promovido por doña Mercedes Astengo 
Travieso contra el auto núm. 1685/2018, de 27 de septiembre, dictado por el Juzgado de 
Instrucción núm. 33 de Madrid, que denegó la incoación del procedimiento de habeas 
corpus a favor de la recurrente, y contra la posterior providencia de 3 de octubre 
de 2018, que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por 
aquella contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente 
el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 27 de octubre de 2018 tuvo entrada en el registro general de este 
tribunal  un  escrito  del  letrado  don  Gonzalo  Ordóñez  Vergara,  en  nombre  de  doña 
Mercedes  Astengo  Travieso,  solicitando  el  beneficio  de  justicia  gratuita  para  el 
nombramiento de procurador de oficio, a fin de poder formular la demanda de amparo 
que se presentaba por medio de ese mismo escrito contra las resoluciones descritas en 
el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes para la resolución de este recurso de amparo son los 
siguientes:
a)  Sobre las 10:00 horas del día 26 de septiembre de 2018, doña Natividad Vieitez  s
Romeo presentó denuncia por un presunto delito de hurto contra la ahora recurrente en  e.
amparo. Los hechos denunciados consistían en la sustracción de efectos del domicilio de  w.
laaapv armonvzaeadcdrheaa  ndededo a dlqa u (end oelavn eudnnetcania uynn tcecia,in dcuaob  eicajaeñdrocosí a)  ecyno  cmloaon   cccuaaildlpeaa dcPoidaraasde,  oac l odtrgean tiatliarvs aeH  ddaeebt aeunrniaoa r apddeear s.M oEnanad  rdisdeu,    2021-1113n https://w
tdeesntiugnoc diae  slaes a spuosrttraabcacnio lnoess d.atos de otra de las cuidadoras de su madre, que habría sido  BOE-A-cable e
b)  Sobre las 13:35 horas del mismo día 26 de septiembre, doña Mercedes Astengo 
fue interceptada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando salía del domicilio 
de la persona a la que cuidaba. Al ser informada de los hechos denunciados reconoció 
los  mismos,  entregando  algunos  objetos  que  portaba  y  que  había  sustraído  de  la 
vivienda. En ese momento, los agentes procedieron a su detención y fue conducida a la 
comisaría sobre las 13:50 horas. Ya en dependencias policiales le fueron intervenidos 
varios efectos procedentes de la vivienda y resguardos de haber vendido en diversos 
establecimientos algunos de los objetos sustraídos. Según consta en las diligencias 
policiales,  la  detenida  mostró  su  predisposición  a  entregar  otros  objetos  de  ilícita 
procedencia que tenía en su domicilio.
c)  Sobre las 18:38 horas de ese día 26 de septiembre, los agentes de policía 
encargados del atestado recibieron declaración a la detenida en dependencias policiales, 
previa información de derechos y en presencia del letrado designado de oficio. En el acta 
de declaración consta que la detenida manifestó su deseo de no declarar y que ni ella ni 
su letrado desearon firmar la diligencia, por mostrar su desacuerdo con el hecho de que, 
una vez expresado su deseo de no declarar, se le siguieran haciendo preguntas tales 
como  si  reiteraba  su  consentimiento  para  la  entrada  en  su  domicilio,  si  deseaba 
manifestar algo más o si deseaba firmar la diligencia.
d)  En  el  marco  de  las  actuaciones  policiales  incoadas  se  practicaron  varias 
diligencias durante los días 26 y 27 de septiembre de 2018. Así, se tomó declaración a la 
denunciante, a la testigo de los hechos y a los responsables de los establecimientos a 
los que correspondían los resguardos de compraventa incautados, así como fue llevada 
a efecto una entrada y registro en el domicilio de la detenida, con autorización del 
Juzgado de Instrucción núm. 33 de Madrid, que entonces se encontraba en funciones de 
guardia, procediéndose a la intervención de más efectos.
e)  Sobre las 14:00 horas del día 27 de septiembre de 2018, el letrado, que le había 
asistido en la diligencia de detención, presentó una solicitud de habeas corpus a favor de 
la detenida. En su escrito se alegaba, sustancialmente, lo siguiente: i) que la detención 
se habría prolongado excesivamente sin justificación alguna, de forma ilegal; y ii) que la 
detenida había manifestado su deseo de no declarar y, pese a ello, la instrucción policial 
quiso incluir en la diligencia «un presupuesta [sic] respuesta negativa» a las nuevas 
preguntas formuladas, lo que motivó que el letrado hiciera constar que no se iba a firmar 
el acta, en desacuerdo con la misma. La solicitud se fundamentaba en la vulneración del 
derecho a no declarar y del derecho de información, puesto que no le fueron entregadas 
las actuaciones para el debido conocimiento de su contenido.
f)  El mismo día 27 de septiembre de 2018, el Juzgado de Instrucción núm. 33 de 
Madrid, previo informe del Ministerio Fiscal, denegó la incoación del procedimiento de 
habeas corpus al considerar que la detención era ajustada a Derecho. En su resolución, 
de fundamento jurídico único, el órgano judicial señala que «la solicitud formulada […] no 
puede  encuadrarse  en  ninguno  de  los  apartados  del  […]  artículo  1  [de  la  Ley 
Orgánica 6/1984], y por ello, conforme establece el artículo 6 de la referida Ley, debe 
considerarse  improcedente  la  petición  efectuada».  Considera  el  juzgado  que  este 
procedimiento tiene por objeto «poner fin a las situaciones de detención ilegal […], que 
en modo alguno concurren en el presente caso, del que este juzgado de guardia ha 
conocido  con  anterioridad,  autorizando  medidas  cautelares  limitativas  de  derechos 
relacionados con su domicilio». Culmina el razonamiento señalando que «la incidencia 
que el letrado manifiesta sobre la declaración prestada, en nada determina la ilegalidad 
de la detención, siendo su constancia un pleno ejercicio de legalidad, al contrario». s
g)  El día 2 de octubre de 2018, el letrado defensor de la señora Astengo Travieso  oe.
promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el auto anterior, invocando la  w.
vceuoslncnr eirteoras, ceeiñóxanp  opdnaeíarl c dqiaeulr eed celah  olaa c atS uTlaaCc il óib2ne0 r4dta/e2dl 0 ju1(az5rg,t aídcdeuo lo 5f u 1de7e ,c  ooencntt rusaburrisae  ,a app luaaer tdsao decontrstie n1na d ydí ae4  ,qe usCteeE,  )td.r iabEdunan  salual,    2021-1113n https://w
dcoenbceurírare hnacbiae r daec olordsa droe qluai saitdoms,i sitóann tao  trfoármmitael edse lc ionmciod enptreo cye shaalbees,r  reels uóergltoa neol  hjuadbiecaiasl   BOE-A-cable e
corpus, previa sustanciación del procedimiento correspondiente. Al no haberlo hecho así, 
se carecía de los elementos de juicio necesarios, entre otros, la audiencia al afectado y 
la posible aportación de pruebas, para poder decidir sobre la solicitud formulada.
h)  El día 3 de octubre de 2018, el Juzgado de Instrucción núm. 33 de Madrid dictó 
providencia por la que acordó «no admitir la nulidad planteada», al entender que se 
habían seguido los trámites legalmente establecidos, «ya que este juzgado conocía el 
atestado por el que fue detenida Mercedes Astengo Travieso, y por tanto ningún derecho 
fundamental» había «sido vulnerado».
i)  Una vez designados por el turno de oficio el procurador de los tribunales don 
Alberto  Collado  Martín,  para  representar  a  la  recurrente,  y  el  letrado  don  Gonzalo 
Ordóñez Vergara para defenderla, el día 14 de noviembre de 2018 presentó el primero 
un escrito solicitando su personación, al tiempo que interesaba que se le tuviera por 
ratificado  en  la  demanda  de  amparo  formalizada  por  el  letrado.  La  demanda,  sin 
embargo, no se tuvo por ratificada hasta el día 26 de febrero de 2019, después de 
subsanar determinadas deficiencias que fueron interesadas por este tribunal.
3.  La demanda de amparo alega la vulneración del derecho a la libertad personal 
(artículo 17.1 CE) y a la defensa letrada (artículo 17.3 CE), en relación con el derecho a 
la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), en su vertiente de obtener una resolución 
fundada en Derecho. Estas vulneraciones se concretan de la siguiente manera: i) el 
abogado designado de oficio solo tuvo un «mínimo acceso al contenido del atestado 
policial»; ii) pese a la voluntad inequívoca expresada por la detenida de acogerse a su 
derecho a no declarar en dependencias policiales, los agentes intervinientes le siguieron 
formulando preguntas y haciendo constar sus presuntas respuestas negativas, lo que 
motivó que no firmara el acta de declaración, ni ella ni el letrado que la asistía, por 
disconformidad con su contenido; iii) prolongación indebida de la situación de detención, 
por  transcurso  de  más  de  veinticuatro  horas  sin  justificación  alguna;  iv)  falta  de 
motivación suficiente del auto judicial que denegó la incoación del procedimiento de 
habeas corpus solicitado por la defensa de la detenida, como consecuencia de las 
vulneraciones anteriores.
La falta de motivación la hace extensiva la demanda a la providencia del juzgado que 
inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones posteriormente promovido 
contra el citado auto.
La demandante considera que, inicialmente, las actuaciones policiales han vulnerado 
su derecho de información (artículo 17.3 CE), puesto en relación con el derecho a la 
asistencia letrada (artículo 17.3 CE) y con el derecho de defensa (artículo 24.2 CE) que, 
en definitiva, afectan a su derecho a la libertad personal (artículo 17.1 CE), por no 
haberse respetado los plazos y garantías propias de una detención. No tuvo acceso 
suficiente al contenido del atestado policial ni, por lo tanto, a los motivos de su detención, 
para valorar, por ejemplo, si se estaba en presencia de un delito leve de hurto, que 
hubiera determinado la ilegalidad de la detención, o su prolongación excesivamente 
injustificada,  con  incumplimiento  de  la  doctrina  de  este  tribunal  contenida  en  la 
STC 95/2012, de 7 de mayo.
Agrega  que  tales  vulneraciones  de  derechos  no  fueron  reparadas  por  las 
resoluciones judiciales que, a pesar de la concurrencia de los presupuestos y requisitos 
previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del 
procedimiento de habeas corpus, inadmitieron a limine la solicitud con una interpretación 
restrictiva y opuesta a la efectiva consideración de los derechos fundamentales en juego.
4.  Tras la subsanación de algunos defectos de postulación procesal y de aportación  bo
de documentación, en fecha 28 de octubre de 2019, la Sección Cuarta de este tribunal  w
aucnoar deós plae caiadlm trisaisócne an dteránmciiate c doenls ptirteusceionntael  r[eacrutírcsuolo,  a5p0r.e1c idaen dlao  Lqeuye  Ocorngcáunricrea  edne le Tl rmibisumnaol   2021-1113n https://w
iCnocunrsrtiidtuoc ieonn aul n(aL OnTegCa)]t,iv aco mmaon icfioensstae cdueeln dceiab edre  dqeu aec aetla mórigeanntoo  djued liaci adl opcutrdiniear ad eh aebseter 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]. Una vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo 51
LOTC,  se  acordó  dar  traslado  a  las  partes  para  que  formularan  sus  escritos  de 
alegaciones (artículo 52 LOTC), previa incorporación a las actuaciones del atestado 
policial, a solicitud del Ministerio Fiscal.
5.  En fecha 8 de junio de 2020, la fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su 
escrito de alegaciones, en el que interesó la estimación parcial del recurso de amparo.
Para el Ministerio Fiscal, se trata de un recurso de amparo mixto, en el que deben 
ser analizadas, en primer lugar, las denunciadas vulneraciones de derechos cometidas 
por los funcionarios policiales, «cuya posible estimación tendría un mayor impacto en el 
procedimiento de origen».
En este sentido, analiza las actuaciones policiales respecto de las que la parte 
entiende que contienen una insuficiente justificación de los motivos de la detención. Tras 
exponer la doctrina contenida en la STC 21/2018, de 5 de marzo, FJ 6, el Ministerio 
Fiscal considera que el derecho de información al detenido ha sido vulnerado. A tal 
efecto, hace una descripción exhaustiva de la diligencia de información de derechos 
obrante en el atestado, para poner de manifiesto que se informó a la detenida sobre la 
calificación jurídica de los hechos (hurto), pero que no se describió mínimamente la 
conducta material realizada. Tampoco se hizo referencia a cuáles eran las fuentes de 
prueba o indicios existentes contra la persona detenida. Solo consta la reseña genérica a 
la «declaración de testigos», sin ninguna concreción sobre quiénes fueran estos o lo que 
hubieran podido aportar sobre los hechos. En este punto, la fiscal resalta que en ese 
momento ya se contaba con el testimonio de la denunciante, en el que se describía la 
operativa supuestamente delictiva, así como el hecho de que había sido descubierta por 
la otra cuidadora. También figuraba la actuación de la dotación policial que acordó la 
detención,  en  la  que  se  hizo  constar  que  la  detenida  había  admitido  los  hechos, 
entregando  algunos  efectos  sustraídos,  y  que  le  habían  sido  intervenidos  varios 
justificantes de establecimientos de compraventa y empeño de joyas. Y otro tanto puede 
decirse del momento en que se tomó declaración a la detenida, en el que ya figuraba el 
resultado  de  las  gestiones  realizadas  por  la  policía  en  dos  de  los  citados 
establecimientos. Además, en el acta de toma de declaración se hace constar que se 
informó  de  nuevo  a  la  detenida  del  motivo  de  su  detención,  sin  que  se  indique 
expresamente  cuál  fue  la  información  concreta  que  se  facilitó,  por  lo  que  debe 
entenderse que fue la que figuraba en la diligencia de información de derechos ya 
descrita.  Para  la  fiscal,  esta  diligencia  de  información  de  derechos  no  solo  debe 
considerarse  exigua,  sino  también  insuficiente  desde  la  perspectiva  del  contenido 
constitucional del derecho a la información, puesto que no se cumplió con la exigencia 
de facilitar los elementos de prueba o indicios que permitían establecer la vinculación 
objetiva y subjetiva del detenido con los hechos delictivos atribuidos, en garantía de su 
derecho de defensa y para poder, en su caso, impugnar fundadamente la legalidad de la 
detención practicada.
Sin embargo, la fiscal no aprecia la vulneración del derecho a no declarar, que consta 
efectivamente ejercido; a tal efecto, hace un repaso de las actuaciones policiales y 
señala que la detenida fue informada de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal (a las 14:10 horas del día 26 de 
septiembre de 2018), mediante la confección del oportuno formulario de puesta en 
conocimiento de sus derechos, e informándole, también, de que había sido detenida por 
su presunta participación en un hurto. Que, a las 18:38 horas, le fue practicada la 
diligencia de declaración, previa nueva información de sus derechos y en presencia de 
letrado,  habiéndose  negado  a  declarar.  Que,  a  continuación,  le  fue  preguntado  si  e.
consentía expresamente la entrada en su domicilio, a lo que aquella contestó que no  w.b
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adle nreoc choon, cdraedtaor sqeu een n qou éc omnesdtaid sai qsuei ehraa  puondaid soo vliecrit ulimd intai duon dae n feogrmataiv rae aplo yli ceiafel catilv am aisqmuoe;l 
tampoco se acredita protesta alguna en tal sentido.
Del mismo modo, se considera que no concurre la vulneración del plazo máximo de 
detención, al entenderse justificadas las diligencias policiales practicadas durante la 
privación de libertad.
Finalmente, entiende la fiscal que ha sido vulnerado el derecho a la garantía de control 
judicial del derecho de libertad (artículo 17.4 CE), en relación con el derecho a la tutela 
judicial efectiva (artículo 24.1 CE), por falta de motivación de las resoluciones judiciales, que 
no repararon debidamente las vulneraciones alegadas por la recurrente, con incumplimiento 
de la doctrina de este tribunal expuesta, entre otras muchas, en la STC 72/2019. Considera 
el Ministerio Fiscal que la solicitud de habeas corpus contenía los presupuestos formales 
exigidos por los artículos 2 a 4 de la Ley Orgánica 6/1984, ya que había sido presentada por 
el letrado, en nombre de la persona detenida, y se alegaba la vulneración de las garantías 
previstas en el artículo 17 CE, en particular, los derechos a no declarar, el derecho de 
información y acceso a las actuaciones, y el del plazo de la detención. A pesar de ello, el 
juzgado inadmitió a limine la incoación del procedimiento y se pronunció directamente sobre 
la cuestión de fondo, declarando que no concurría ninguno de los supuestos de detención 
ilegal del artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984. A juicio de la fiscal, se trata de una 
contravención de la doctrina de este tribunal expuesta, entre otras, en la STC 72/2019 que 
transcribe parcialmente. En estos casos, no se puede adoptar una decisión sobre el fondo 
sin  que,  al  menos,  se  haya  concedido  audiencia  a  la  persona  detenida,  y  una  vez 
sustanciado el procedimiento con la práctica, en su caso, de las diligencias de prueba que 
se estimen pertinentes. Esta contravención se mantuvo en la providencia de inadmisión del 
incidente de nulidad de actuaciones, en el que expresamente se invocaba la doctrina 
omitida. Se trata, en definitiva, de un supuesto de negativa manifiesta al acatamiento de la 
doctrina de este tribunal, así reflejado en la providencia de admisión del recurso como causa 
de especial trascendencia constitucional.
La fiscal, al término de su escrito de alegaciones, concluyó lo siguiente:
«1.  Se ha vulnerado el derecho de libertad del artículo 17.1 CE de la recurrente 
respecto de la garantía del derecho de información del artículo 17.3 CE, en relación con 
el artículo 520.2 LECrim, no habiéndose producido la vulneración del derecho a no 
declarar, ni del derecho de acceso de actuaciones del artículo 17.3 CE, en relación con 
el  artículo  520.2  apartados  a)  y  d),  ni  del  plazo  máximo  de  detención  preventiva 
conforme al artículo 17.2 CE.
2.  Se  ha  vulnerado  el  derecho  de  libertad  respecto  del  control  judicial  de  la 
detención preventiva por la autoridad judicial reconocido en el artículo 17.4 CE, puesto 
que las resoluciones judiciales no restablecieron el derecho de libertad en cuanto a la 
garantía del derecho de información y de defensa del artículo 17.3 CE, al denegar la 
incoación del procedimiento de habeas corpus».
Finaliza  señalando  que,  para  al  restablecimiento  de  los  derechos  vulnerados, 
procede declarar la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas.
6.  En fecha 8 de septiembre de 2019, previa solicitud de aplazamiento que fue 
concedida,  la  representación  de  la  señora  Astengo  Travieso  presentó  su  escrito  de 
alegaciones, en el que se ratificó en los argumentos expuestos en la demanda de amparo.
7.  Mediante  providencia  de  fecha  10  de  diciembre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
2021-1113n https://w
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
La  demanda  de  amparo  alega  la  vulneración  de  los  siguientes  derechos 
fundamentales:
a)  Del derecho a no declarar (artículo 17.3 CE), en relación con lo dispuesto en el 
artículo 520.2 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). El escrito justifica esta 
pretensión en el hecho de que, tras manifestar la recurrente su intención de no declarar 
en  dependencias  policiales,  los  agentes  intervinientes  en  el  atestado  continuaron 
formulando preguntas y haciendo constar sus presuntas respuestas negativas.
b)  Del plazo máximo de detención policial (artículo 17.2 CE). En este punto se 
alega que se dejaron transcurrir más de veinticuatro horas desde la detención, sin 
justificación suficiente ni puesta a disposición judicial.
c)  Del derecho de información sobre los motivos de la detención (artículo 17.3 CE), 
en relación con lo dispuesto en el artículo 520.2 LECrim, y con el derecho de defensa y a 
la asistencia letrada (artículo 24.2 CE). A tal efecto, considera que no se conocieron de 
manera real y efectiva los hechos objeto de investigación ni los motivos de la detención.
d)  Del  derecho  de  acceso  a  las  actuaciones  policiales  (artículo  17.3  CE),  en 
relación con lo dispuesto en el artículo 520.2 d) LECrim, y con el derecho de defensa y a 
la asistencia letrada (artículos 24.2 CE). Según la recurrente, el abogado designado de 
oficio  tuvo  acceso  a  un  contenido  mínimo  del  atestado  policial,  impidiendo  el 
conocimiento de los elementos esenciales para impugnar la legalidad de la detención. 
Entre esos elementos estarían el concreto tipo delictivo investigado o las diligencias 
practicadas y su posible repercusión en un exceso del plazo máximo de detención.
e)  Del derecho a la garantía del control judicial de la detención (artículo 17.4 CE), 
en relación con el derecho a la libertad (artículo 17.1 CE) y a la tutela judicial efectiva 
(artículo 24.1 CE), en su vertiente de obtener una resolución fundada en Derecho. Esta 
alegación se concreta en el hecho de que el juzgado rechazó a limine su solicitud de 
habeas  corpus,  con  una  motivación  insuficiente  que  se  mantuvo  en  la  inadmisión 
posterior del incidente de nulidad de actuaciones.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita la estimación parcial del recurso de amparo 
porque entiende que han sido vulnerados: i) el derecho de información sobre los motivos 
de detención (artículo 17.3 CE, en relación con el artículo 520.2 LECrim), al considerarse 
insuficientes las razones que figuran en el atestado policial; y ii) la garantía del control 
judicial de la detención (artículo 17.4 CE), en relación con los derechos a la libertad 
(artículo 17.1 CE) y a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), por haber denegado la 
admisión  a  trámite  del  procedimiento  de  habeas  corpus,  con  incumplimiento  de  la 
doctrina de este tribunal (STC 72/2019, de 20 de mayo), y por haber reiterado aquella 
infracción de derechos en la providencia de inadmisión del incidente de nulidad de 
actuaciones.
A la vista de las vulneraciones denunciadas en la demanda, el recurso se configura 
como un «amparo mixto», al haber invocado violaciones de derechos fundamentales, 
tanto referidas a la actuación de los funcionarios policiales que realizaron el atestado 
(artículo 43 LOTC), como a las resoluciones judiciales que revisaron la regularidad de 
esa actividad previa (artículo 44 LOTC). En estos casos, para dar respuesta a las quejas 
de una forma ordenada y coherente, hemos de proceder conforme a la lógica de la 
«mayor  retroacción»,  asegurando  así  la  más  amplia  tutela  de  los  derechos  e.
fundamentales (SSTC 152/2015, de 6 de julio, FJ 3, y 56/2019, de 6 de mayo, FJ 2). w.
en  2ae.)l   aEErtlíl  cddueelorree cc1hh7oo. 3 dd eeCl  ldEae,  ptebenarsijdooo n laaa   dnfeoót redmneuicdllaaa r aad re.n ol ad epcrlaorhaibr ivciieónne  deex pqreusea mseean te« orebcliognaodcai dao   OE-A-2021-1113able en https://w
declarar». Su desarrollo normativo se encuentra en el artículo 520.2 a) LECrim, cuando
señala el derecho del detenido «a guardar silencio no declarando si no quiere, a no 
contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que solo 
declarará ante el juez».
Este tribunal, en reconocimiento a la especial significación que tiene este derecho de 
la persona detenida, ha declarado que su «finalidad […] estriba […] en "asegurar la 
situación de quien, privado de su libertad, se encuentra en la eventualidad de quedar 
sometido a un proceso", procurando que la situación de detención no produzca "en 
ningún caso [...] la indefensión del afectado" (SSTC 107/1985, de 7 de octubre, FJ 3; 
196/1987, de 11 de diciembre; 341/1993, de 18 de noviembre, y 21/1997, de 10 de 
febrero)» (STC 202/2000, de 24 de julio, FJ 3, con cita de otras anteriores).
No obstante, este derecho ha de ser contemplado no solo desde la perspectiva de su 
relevancia para los derechos de la persona detenida, como garantía de protección de su 
derecho a la libertad frente a la actuación gubernativa, sino también por la indudable 
proyección en el eventual proceso penal que, en su caso, sea incoado. Así, este tribunal 
ha destacado:
«[La]  Constitución  reconoce  el  derecho  a  no  ser  obligado  a  declarar  en  el 
artículo 17.3, en relación con la persona detenida y […] en el artículo 24.2, con especial 
referencia, por tanto, al proceso penal, los derechos a no declarar contra sí mismo y a no 
confesarse culpable, derechos estrechamente relacionados con los de defensa y a la 
presunción  de  inocencia,  de  los  que  constituyen  una  manifestación  concreta 
(SSTC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 6; 161/1997, de 2 de octubre, FJ 5; 127/2000, 
de 16 de mayo, FJ 4; 67/2001, de 17 de marzo, FJ 6; 18/2005, de 1 de febrero, FJ 2, 
y 76/2007, de 16 de abril, FJ 8).
En cuanto al origen y contenido de ambos derechos, hemos explicado que frente al 
viejo proceso penal inquisitivo (regido por el sistema de prueba tasada en el que el 
imputado  era  considerado  como  objeto  del  proceso  penal,  buscándose  con  su 
declaración, incluso mediante el empleo de la tortura, la confesión de los cargos que se 
le imputaban), en el proceso penal acusatorio el imputado ya no es objeto del proceso, 
sino sujeto del mismo y, en cuanto tal, "ha de reconocérsele la necesaria libertad en las 
declaraciones que ofrezca y emita, tanto en lo relativo a su decisión de proporcionar la 
misma declaración, como en lo referido al contenido de sus manifestaciones. Así pues, 
los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable […] son garantías 
o derechos instrumentales del genérico derecho de defensa, al que prestan cobertura en 
su manifestación pasiva, esto es, la que se ejerce precisamente con la inactividad del 
sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, 
puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para 
sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o 
compulsión  alguna,  a  declarar  contra  sí  mismo  o  a  confesarse  culpable" 
(SSTC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 6, y 161/1997, de 2 de octubre, FJ 5; en el 
mismo sentido, SSTC 67/2001, de 17 de marzo, FJ 7; 18/2005, de 1 de febrero, FJ 2, 
y 76/2007, de 16 de abril, FJ 8).
Por  otra  parte,  los  derechos  alegados  entroncan  también  con  una  de  las 
manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia, en virtud de la cual la carga 
de la prueba en el proceso penal corresponde a la acusación, sin que pueda hacerse 
recaer en el acusado la obligación de aportar elementos de prueba que supongan una 
autoincriminación (SSTC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 5; 18/2005, de 1 de febrero, 
FJ 2, y 76/2007, de 16 de abril, FJ 8). O, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el derecho a no autoincriminarse "presupone que las autoridades logren  e.
probar su caso sin recurrir a pruebas obtenidas mediante métodos coercitivos o de  w.b
cpJaoreshsoni ó JMn.B uer.n rac c.y o Scnu.t riRzaae d,i ne§o  l a6U 4vn;o ideluonn,  te§al d 4m d5ie;s  mdlaeo  p 1se7er sndoteind daoi ,ca iSceuSmsTbaErdeDa dH" e( Sd 1eT9 E98D6 d,H ec  dafeeso b3 r Sedraeou  mnddeae y1ros9  d9ce6.  ,R2 c0ea0ins1oo,    2021-1113n https://w
Uden i2d0o0, 0§,  6c8a;s doe H 2e0a ndeey o yc tMubcrGe udinen 1e9s9s7 c, .c Iarlsaon dSae,r v§e 4s0 c; . dFer a2n1c idae,  §d i4ci6e;m dber e2 1d ed e2 0d0ic0ie, mcabsroe 
Quinn c. Irlanda, § 40; y de 8 de abril de 2004, caso Weh c. Austria, § 39).
Pero, con una u otra perspectiva, puede afirmarse que el contenido esencial de tales 
derechos  es  "la  interdicción  de  la  compulsión  del  testimonio  contra  uno  mismo" 
(STC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 6) y el reconocimiento de la necesaria libertad para 
declarar  o  no  y  para  hacerlo  en  el  sentido  que  se  estime  más  conveniente» 
(STC 142/2009, de 15 de junio, FJ 3).
Por  otro  lado,  estos  derechos  vienen  reconocidos  en  el  Pacto  internacional  de 
derechos civiles y políticos de 16 de diciembre de 1966 que, al recoger las «garantías 
mínimas» de las personas acusadas de un delito en su artículo 14.3, cita entre ellas el 
derecho «[a] no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable» [letra 
g)]. Y, aunque es verdad que «este derecho no viene consagrado en el Convenio 
europeo de derechos humanos de 4 de noviembre de 1950, sin embargo, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de todo acusado en materia 
penal a guardar silencio y a no contribuir de ninguna manera a su propia incriminación 
como  una  garantía  integrada  en  el  "derecho  a  un  proceso  equitativo"  a  que  hace 
referencia el artículo 6.1 CEDH (así, por ejemplo, STEDH de 25 de febrero de 1993, 
asunto Funke c. Francia). Admitir lo contrario supondría, en consecuencia, vulnerar el 
derecho de todo acusado a no autoincriminarse (así, por ejemplo, SSTEDH de 25 de 
febrero de 1993, asunto Funke c. Francia; de 4 de octubre de 2005, asunto Shannon c. 
Reino Unido; de 11 de julio de 2006, asunto Jalloh c. Alemania; de 19 de junio de 2007, 
asunto Macko y Kozuval c. Eslovaquia; y de 29 de junio de 2007, asunto O’Halloran y 
Francis c. Reino Unido), derecho este que se encuentra estrechamente conectado con 
los derechos a la presunción de inocencia y a la defensa [entre otras, SSTC 197/1995, 
de 21 de diciembre, FJ 6; 161/1997, de 2 de octubre, FJ 5; 229/1999, de 13 de 
diciembre, FJ 3 b); 127/2000, de 16 de mayo, FJ 4; 67/2001, de 17 de marzo, FJ 6; 
18/2005, de 1 de febrero, FJ 2; 75/2007, de 16 de abril, FJ 6, y 76/2007, de 16 de abril, 
FJ 8] y que impiden que pueda hacerse recaer en el acusado la obligación de aportar 
elementos de prueba que supongan una autoincriminación (SSTC 161/1997, de 2 de 
octubre, FJ 5; 18/2005, de 1 de febrero, FJ 2; 75/2007, de 16 de abril, FJ 6, y 76/2007, 
de 16 de abril, FJ 8, entre otras).
En suma, […] es constitucionalmente inadmisible que [la] falta de colaboración puede 
tomarse, desde un punto de vista punitivo, como una circunstancia perjudicial a los 
efectos de determinar su posible responsabilidad penal» (STC 147/2009, de 15 de junio, 
FJ 2).
b)  En el presente supuesto, consta que la diligencia policial de declaración de la 
recurrente tuvo lugar sobre las 18:38 horas del día 26 de septiembre de 2018, en el 
marco del atestado núm. 15542-2018 de la comisaría del distrito de Chamartín (Madrid). 
En el acta figura que, tras una nueva información de derechos y de los motivos de la 
detención, le fueron formuladas a la actora una serie de preguntas generales (si entendía 
el idioma español, si sabía leer y escribir, y si había sido detenida con anterioridad), a las 
que respondió.
A continuación, se hizo constar que manifestaba su deseo de «no prestar declaración 
ante  esta  instrucción»  (policial)  «y  sí  ante  la  autoridad  judicial».  Seguidamente,  la 
recurrente fue informada sobre el plazo de detención y sobre su derecho a solicitar un 
habeas corpus.  Consta en las diligencias que, en aquel momento, el letrado que le 
asistía  intervino  para  expresar  «su  deseo  de  no  añadir  ningún  extremo  a  esta 
declaración». Los agentes preguntaron si, tal y como había manifestado previamente, 
consentía  expresamente  la  entrada  en  su  domicilio  y  figura  como  respuesta  en  el  e
atestado que «como ha dicho anteriormente no desea prestar declaración». bo
La siguiente pregunta fue si deseaba añadir algo más, pero fue el letrado el que  w
iemxppuregsnóa mquoes ,« dnaod foir mqau[eb ala]  edne tdeensidaac umeradnoif iceosnta e sl ua cdtae sdeeo  ddeec laarcaocgióenrs qeu ael  edxeprreecshaom ae nntoe   2021-1113n https://w
mdeacnlaifreasrt ayc pióonr  tdaen taoc noog etiresnee  apl odr eqrueéch foo rma unloá rsdeelcel aprraerg»u. nCtao naslgtau ntaam ab piéanrt ier nd ee ll aa rteefsetraiddao 
que, «siguiendo los consejos de su letrado la detenida no desea firmar esta declaración,
manifestando el señor letrado que tampoco está de acuerdo que se le pregunte si desea 
firmar la declaración, ya que una vez dicho que no desea firmar, no hay que preguntarle 
el motivo por el que se niega» (sic). Finaliza la diligencia de la siguiente forma: «que no 
tiene más que decir, manifestando que no va a firmar esta declaración […]».
A partir de la anterior relación de hechos que consta en el atestado, la demanda 
sostiene que, una vez manifestada la intención de no declarar, no procede hacer ninguna 
otra pregunta ni recoger las supuestas respuestas negativas. Esta misma consideración, 
alega la demandante que la hizo en la posterior solicitud de habeas corpus.
c)  El derecho a guardar silencio y a no declarar, que constituye una garantía 
instrumental del ejercicio del derecho de defensa, y que aparece conectado a otros 
derechos como el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de 
inocencia, comprende tres aspectos:
(i)  Que el detenido pueda ejercer libremente su derecho a no declarar, es decir, que 
no sea obligado a hacerlo. Eso incluye la prohibición de utilizar cualquier forma de 
violencia, intimidación, coacción, sugestión o engaño para obtener el testimonio de la 
persona detenida, como garantía de protección de su derecho a la libertad frente a la 
actuación gubernativa.
(ii)  Que de esa conducta no se derive perjuicio alguno, ni para la efectividad de su 
derecho de defensa, ni tampoco para su derecho a la presunción de inocencia. Como se 
ha expuesto, la negativa a declarar forma parte del derecho de defensa, y este debe 
poder ejercerse desde el momento de la detención y conforme a la estrategia que 
libremente decida la persona investigada. En coherencia, no puede suponer una ulterior 
limitación o impedimento en el derecho a utilizar los medios de prueba que estime 
pertinentes, en igualdad de condiciones con el resto de las partes, y con independencia 
de su posición procesal. Además, el derecho a no declarar incluye necesariamente el 
derecho a no declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, por lo que la negativa a 
declarar no puede ser considerada como un reconocimiento de su culpabilidad o de su 
implicación  en  los  hechos,  lo  que  supondría  una  contravención  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia derivada de una inversión de las reglas sobre la carga de la 
prueba que, en todo caso, corresponde a la parte que acusa.
(iii)  Que, como derecho directamente vinculado al derecho a la defensa y a la 
presunción de inocencia, ha de predicarse respecto de aquellas preguntas relativas a los 
elementos esenciales objeto de investigación, que hayan motivado la detención, y que 
puedan ser determinantes para el ejercicio efectivo de tales derechos. Se trata, por tanto, 
de que el derecho a no declarar se ejerza respecto de aquellos elementos que integran 
el objeto de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia, concretados en la 
propia existencia del hecho delictivo y de su participación en el mismo, así como en el 
material incriminatorio que pueda existir en relación con ambos aspectos. Quedarían, por 
tanto, fuera del ámbito de protección de este derecho aquellas preguntas que afectaran 
al  contenido  esencial  de  otros  derechos  fundamentales  (por  ejemplo,  solicitud  de 
consentimiento  para  la  práctica  de  una  diligencia  de  entrada  y  registro  o  para  la 
obtención  de  muestras  biológicas)  o  a  los  aspectos  meramente  formales  de  las 
actuaciones policiales.
d)  El análisis de la diligencia policial de toma de declaración a la ahora recurrente 
pone de manifiesto que, una vez expresado el deseo de no declarar de la detenida, le 
fueron formuladas tres preguntas: i) si prestaba el consentimiento para la entrada en el 
domicilio; ii) si deseaba manifestar algo más; y iii) si deseaba firmar la declaración. En  e
ese momento, fue el letrado el que manifestó que su defendida había expresado su  bo
deseo de no declarar y que, por tanto, no tenía «por qué formulársele pregunta alguna a  w
partEir ld aec ltaa  rceofnecrilduay em daenjiafensdtoa ccioónns dtaen acciao gdeer sqeu ea,l  dtaenrteoc hlao  dae nteon dideac lcaormaro» .el letrado que le  2021-1113n https://w
shea  laes pisrteidgou nstee  hsai nd enseegaa dfiorm aa fri rlma adre yc laqruaec ieósnt,e y úal tqimuoe  «utnaam vpeozc od icehsotá  qduee  ancou edredsoe ac ofnir mqaure, 
no hay que preguntarle el motivo por el que se niega». De los términos de la redacción
del atestado que acabamos de recoger, parece deducirse que los agentes le habrían 
preguntado a la recurrente sobre las razones para no querer firmar la declaración, pero 
esa pregunta no consta expresamente formulada.
e)  A partir de las anteriores consideraciones, resulta procedente que analicemos a 
continuación,  y  de  modo  detenido,  el  contenido  de  aquellas  preguntas,  formuladas 
después de que la detenida hubiera manifestado que no quería responder a ninguna de 
las que le fueran formuladas.
En este sentido, por lo que respecta a la primera pregunta, referida a la solicitud del 
consentimiento para la entrada en el domicilio, no puede ser entendida, necesariamente, 
como una limitación del ejercicio del derecho a no declarar, toda vez que la pregunta le 
fue formulada a la actora porque, con anterioridad y al momento de su detención, el 
atestado refleja que aquella, de forma verbal y espontáneamente, había expresado su 
arrepentimiento de todo lo sucedido y estaba dispuesta a devolver los efectos sustraídos. 
Por  ello,  para  dejar  constancia  de  una  manifestación  anterior,  le  fue  solicitado  el 
consentimiento para la práctica de una diligencia de entrada y registro en su domicilio. La 
respuesta consignada no puede considerarse, tal y como se dice en la demanda, como 
una «presunta respuesta negativa». En la diligencia policial no consta tal negativa a dar 
el consentimiento, sino que queda reflejado exclusivamente el deseo de no declarar de la 
detenida.
Por tanto, la pregunta formulada, en nada afectó al derecho a guardar silencio y a no 
declarar de la demandante, toda vez que el atestado reflejó la respuesta de la actora y 
no  fue  reiterada  aquella  pregunta.  Además,  la  consecuencia  no  fue  presumir  su 
consentimiento, ni hacer valer las manifestaciones que, según los agentes, habían sido 
hechas  en  su  presencia  con  anterioridad;  los  policías  que  investigaron  los  hechos 
solicitaron la correspondiente autorización judicial para la práctica de la entrada en el 
domicilio de la recurrente, que fue concedida.
En todo caso, y al margen de lo anterior, lo relevante desde la perspectiva de la 
vulneración  alegada  es  que  la  pregunta  aparece  desconectada  del  derecho  a  no 
declarar. Este tipo de preguntas se mueve en el ámbito de protección de otros derechos 
que puedan verse potencialmente afectados por medidas de investigación policial. En 
concreto,  la  pregunta  era  el  presupuesto  necesario  para  la  debida  constancia  del 
consentimiento de la interesada a fin de otorgar plena legitimidad constitucional a una 
diligencia de investigación consistente en una entrada y registro domiciliario. Por lo tanto, 
la pregunta no afectaba directamente al derecho a no declarar, sino al derecho a la 
inviolabilidad del domicilio reconocido en el artículo 18.2 CE.
En segundo término, las preguntas relativas a si deseaba añadir algo más o a si 
quería firmar la declaración no pueden considerarse, tampoco, como atentatorias al 
núcleo esencial que protege este derecho. Ofrecer la oportunidad a la persona detenida 
de  añadir  lo  que  considere  pertinente  no  puede  considerarse  como  una  pregunta 
limitativa de derechos porque no entraña ninguna actuación o iniciativa policial que 
pretenda incidir en el ánimo de la detenida para inducirla a cambiar su deseo de no 
declarar  por  alguna  manifestación  expresa;  todo  lo  contrario,  hace  referencia  a  la 
posibilidad de ofrecerle la oportunidad de tener la última palabra o de expresar la última 
consideración  en  relación  con  la  diligencia  realizada.  Tampoco  la  constancia  en  el 
atestado de la negativa a firmar debe conllevar consecuencia alguna para la detenida, 
toda vez que constituye una formalidad propia de lo acontecido en la diligencia de 
declaración.
En definitiva, la recurrente hizo un uso efectivo de su derecho a no declarar. No se  s
reseñó respuesta negativa alguna a las preguntas formuladas, al margen de reiterar su  oe.
deseo de no declarar y no firmar la diligencia. Tampoco consta que fuera conminada a  w.
ahdpaercseeecrsiltaoim  uoan daqo ua.efe sceta cdieórniv maraat epriearlj udiecli od earlegcuhnoo  ad en oe dseac lnaeragra, tipvoar.  lEo nq uceo nesl emcouteivnoc iad,e bneo  sseer   2021-1113n https://w
3.  El plazo máximo de detención policial.
a)  El artículo 17.2 CE dispone que «la detención preventiva no podrá durar más del 
tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos 
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial». 
Esta redacción se reproduce, casi en su literalidad, en el artículo 520.1, párrafo segundo, 
LECrim.
Este tribunal, de modo reiterado, ha declarado que «nuestra Constitución, habida 
cuenta del valor cardinal que la libertad personal tiene en el Estado de Derecho, somete 
la detención de cualquier ciudadano al criterio de la necesidad estricta y, además, al 
criterio del lapso temporal más breve posible, en consonancia con lo dispuesto en el 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales (artículo 5.2 y 3) y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
(artículo 9.3), que exigen que el detenido sea conducido ‘sin dilación’ o ‘sin demora’ ante 
la autoridad judicial (en este sentido, STC 165/2007, de 2 de julio, FJ 2, recogiendo 
pronunciamientos  anteriores  de  este  tribunal,  como  los  contenidos  en  las 
SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 8, y 224/1998, de 24 de noviembre, FJ 3)» 
(STC 88/2011, de 6 de junio, FJ 2, por todas).
También, este tribunal ha recordado que «el artículo 17.2 CE ha establecido dos 
plazos, en lo que se refiere a los límites temporales de la detención preventiva, uno 
relativo y otro máximo absoluto. El primero consiste en el tiempo estrictamente necesario 
para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos 
que, como es lógico, puede tener una determinación temporal variable en atención a las 
circunstancias del caso. Sin embargo, el plazo máximo absoluto presenta una plena 
concreción temporal y está fijado en las setenta y dos horas computadas desde el inicio 
de la detención, que no tiene que coincidir necesariamente con el momento en el cual el 
afectado  se  encuentra  en  las  dependencias  policiales  (STC  288/2000,  de  27  de 
noviembre, FJ 3) […]. Este sometimiento de la detención a plazos persigue la finalidad 
de ofrecer una mayor seguridad de los afectados por la medida, evitando así que existan 
privaciones de libertad de duración indefinida, incierta o ilimitada […]. En consecuencia, 
la vulneración del citado artículo 17.2 CE se puede producir, no solo por rebasarse el 
plazo máximo absoluto, es decir, cuando el detenido sigue bajo el control de la autoridad 
gubernativa o sus agentes una vez cumplidas las setenta y dos horas de privación de 
libertad, sino también cuando, no habiendo transcurrido ese plazo máximo, se traspasa 
el relativo, al no ser la detención ya necesaria por haberse realizado las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos y, sin embargo, no se procede a la liberación 
del detenido ni se le pone a disposición de la autoridad judicial (STC 23/2004, de 23 de 
febrero, FJ 2)» (STC 165/2007, de 2 de julio, FJ 2).
b)  La demanda señala que los agentes policiales intervinientes en el atestado 
dejaron transcurrir más de veinticuatro horas desde la detención, sin que hubiera existido 
justificación  suficiente  de  esta  demora,  ni  tampoco  de  la  tardanza  en  la  puesta  a 
disposición judicial de la detenida.
La queja de la recurrente atiende en este extremo a la eventual vulneración del 
denominado «plazo relativo» de detención, es decir, al plazo estrictamente necesario 
para la realización de las investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Así 
se alegó igualmente en la solicitud de habeas corpus.
Este motivo de amparo aparece huérfano de toda concreción. La demanda no ofrece 
razón alguna por la que se considera que existía una demora en la tramitación del  e.
atestado o en la puesta a disposición judicial de la recurrente. Por lo tanto, se puede  w.b
apafarigrrmau maqre unqetu aeer  sstloaeb  rrterei bclouusrnr aeplnr etsese u nppouu eehsdatoa s le pfváraocnntitucaondsco iae rlna   alocl sar rqegusape e –scqetou b,e a yslaea   lcqaou imen vpnoeocte a–lce ió dnceo  froarrepmsopurotlaandrd aey,    2021-1113n https://w
rdeec o1n0s dtreu imr adrez oo, fiFcJio 2 l,a esn tdreem oatrnadsa ms u(cShSaTsC).  E6s8t/a2 0o0m6i,s idóen  s1e3r ídae s umfiacriezon,t eF pJa 3ra,  dye 4s2e/s2ti0m0a8r, 
esta pretensión. No obstante, con la finalidad de ofrecer la más amplia respuesta a los
motivos alegados, se analizarán las actuaciones policiales llevadas a cabo durante el 
periodo de detención.
Como se ha expuesto en los antecedentes, consta que la diligencia de información 
de derechos a la detenida le fue practicada a las 14:10 horas del día 26 de septiembre 
de 2018 y que la solicitud de habeas corpus fue formulada sobre las 14:00 horas del día 
siguiente, 27 de septiembre de 2018, lo que, en efecto, coincide con la afirmación de la 
recurrente de haber permanecido detenida en la comisaría de policía durante veinticuatro 
horas.
Por tanto, debemos ahora examinar si las diligencias llevadas a efecto durante el 
tiempo  de  la  detención  fueron  necesarias  o,  al  menos,  pertinentes  para  el 
esclarecimiento de los hechos, así como para determinar la presunta participación de la 
demandante en los mismos. Estas cuestiones guardan estrecha conexión con el tiempo 
en  que  permaneció  detenida  la  demandante  en  las  dependencias  policiales  y  que 
requieren, para su valoración, del análisis de las circunstancias del caso concreto.
c)  El  examen  de  las  actuaciones  policiales  pone  de  manifiesto  que,  entre  el 
momento de la detención y el de la solicitud de habeas corpus, fueron practicadas las 
siguientes diligencias: (i) recuperación de efectos en tres establecimientos, lo que tuvo 
lugar en diversos momentos de la tarde del día 26 de septiembre (16:45, 17:25 y 18:00 
horas); (ii) declaración de la investigada, (18:38 horas del mismo día); (iii) declaración de 
la  denunciante  (20:48  horas  de  aquel  día),  a  efectos  de  reconocer  los  efectos 
intervenidos hasta ese momento; (iv) declaración de la testigo (10:00 horas del día 27 de 
septiembre),  a  fin  de  corroborar  el  testimonio  de  la  denunciante  y  acreditar  la 
participación  de  la  detenida  en  los  hechos  denunciados;  y  (v)  la  solicitud  de  una 
diligencia de entrada y registro en el domicilio de la detenida (practicada sobre las 12:43 
horas de ese día 27 de septiembre), y que dio como resultado la intervención de diversos 
efectos procedentes de la vivienda en la que se produjeron los hechos.
Por  otro  lado,  desde  el  momento  de  la  solicitud  de  habeas  corpus  hasta  la 
finalización del atestado se practicaron las siguientes actuaciones: (i) declaración de la 
denunciante del hecho delictivo (17:24 horas del día 27 de septiembre), a efectos de 
reconocer  los  efectos  encontrados  en  el  domicilio  de  la  investigada,  con  resultado 
parcialmente positivo; (ii) una diligencia de comprobación de la procedencia de un reloj 
de alta gama y las consiguientes gestiones para localizar a su antiguo propietario, que 
resultaron infructuosas, así como la remisión de los objetos intervenidos al depósito de 
efectos judiciales; (iii) consta, igualmente, la recepción de la resolución del procedimiento 
de  habeas  corpus  interpuesto  por  el  letrado  de  la  recurrente,  que  fue  notificada 
personalmente  a  las  19:25  horas  del  día  27  de  septiembre,  siendo  firmada  por  la 
detenida. Es la última actuación del atestado antes de la diligencia de su cierre y 
remisión al juzgado de guardia, con la puesta a disposición de la ahora recurrente.
d)  La valoración sobre las actuaciones policiales practicadas durante la detención 
de la demandante debe conducir, como con acierto destaca el Ministerio Fiscal, a la 
desestimación del motivo de amparo. Tanto antes como después de su declaración y de 
la solicitud de habeas corpus fueron practicadas numerosas diligencias recogidas en el 
atestado policial, que solo pueden entenderse como necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos y para la determinación de la presunta participación de la demandante en 
los hechos denunciados. Como hemos destacado supra, las actuaciones comprendieron 
la verificación del hecho en sí mismo considerado, la constatación de la participación de 
la  detenida  y  la  recuperación  de  los  efectos  sustraídos.  Se  trata  de  diligencias 
necesarias, practicadas en un plazo razonable, y proporcionadas a la propia naturaleza  s
de los hechos y a la dinámica de una investigación de este tipo penal, en la que se  oe.
produce una progresiva determinación del total de los objetos presuntamente sustraídos,  w.
daesít ecEnoncm ióocn od (neas rsetíucc uuvelaonl oc1ri7aa.,c2 i ónCnoE. ),a pporer cloia qmuoes  ell am ovtuivlnoe drea caiómnp adreol  depblaez os erd dee sdeusrtaimciaódno .de  la  2021-1113n https://w
4.  El derecho de información sobre los hechos y los motivos de la detención.
a)  El  artículo  17.3  CE  reconoce  a  toda  persona  detenida  el  derecho  a  «ser 
informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y 
de las razones de su detención». Por su parte, el artículo 520.2 LECrim, en redacción 
introducida por la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, concreta este derecho señalando 
que «toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y 
accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le 
atribuyan  y  las  razones  motivadoras  de  su  privación  de  libertad,  así  como  de  los 
derechos que le asisten […]». Este derecho es inherente a la propia detención ya que, 
como señala el artículo 17.1 CE, nadie puede ser privado de libertad sino «en los casos 
y en la forma previstos en la ley». Pero, sobre todo, se configura como presupuesto 
absolutamente necesario para poder ejercer, en su caso, el derecho a impugnar la 
legalidad de la detención, a través del procedimiento de habeas corpus correspondiente 
(artículo 17.4 CE).
La doctrina de este tribunal, sobre la forma en que ha de llevarse a la práctica este 
derecho, tras la reforma legal reseñada, puede resumirse de la siguiente manera:
(i)  En cuanto a la forma en que la información ha de ser suministrada, se «destaca 
la exigencia de que la misma sea proporcionada al detenido por escrito. Esta es una de 
las  importantes  novedades  de  la  regulación  legal:  la  información  no  puede  ser 
únicamente verbal, ni puede ser sustituida por la más genérica y habitual ‘información de 
derechos’. Ha de formalizarse en un documento que ha de ser entregado al detenido, 
que bien puede ser el mismo en el que se recoja la información sobre sus derechos. En 
todo caso, debe también dejarse constancia en el atestado de la fecha y hora en que se 
ha producido dicha información. Se evitan así posteriores debates sobre el momento y 
contenido de la información facilitada, y se favorece el control de su consistencia y 
suficiencia» (STC 21/2018, de 5 de marzo, FJ 6).
(ii)  En cuanto al momento en el que la información ha de ser facilitada, «la ley 
reitera la exigencia constitucional: ha de serlo ‘de forma inmediata’ en los casos de 
privación de libertad. La exigencia de inmediatez se dirige a evitar innecesarios espacios 
de incertidumbre personal acerca de la situación de privación de libertad. En todo caso, 
en garantía de su derecho de defensa, deberá  proporcionarse antes de su primer 
interrogatorio por parte de la policía» (STC 21/2018, de 5 de marzo, FJ 6).
(iii)  La información que debe ser facilitada «solo es suficiente si tiene un triple 
contenido: se ha de extender a los hechos atribuidos, a las razones motivadoras de la 
privación de libertad y a los derechos que, durante su detención, definen su estatuto 
personal. La información que la policía debe facilitar al detenido se extiende, por tanto, a 
los motivos jurídicos y fácticos de la detención; es decir, no solo debe identificar y 
calificar provisionalmente la infracción penal que se sospecha ha cometido la persona 
detenida, sino también los datos objetivos que permiten establecer una conexión lógica 
entre la conducta del sospechoso y el hecho investigado. No es suficiente, por tanto, con 
hacer referencia al hecho investigado, su lugar y fecha de comisión y su calificación 
jurídica provisional, sino que la información policial ha de poner también de manifiesto el 
fundamento de la conexión subjetiva y objetiva del detenido con el hecho ilícito que 
justifica la detención. En este sentido, y a ello se hace referencia acertadamente en la 
demanda de amparo, la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en su 
reunión de 15 de julio de 2015, vigente ya la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, fijó 
como contenido mínimo de la información policial que ha de facilitarse a los detenidos la  e
que se refiere al lugar, fecha y hora de la detención y la comisión del delito, a la  bo
identificación del hecho delictivo, y también a los ‘indicios de los que se deduce la  w
psua rptircoipcaecdieónnc diae ol bdjeetteivnaid.o en el hecho delictivo’, indicios sobre los que ha de reseñarse  2021-1113n https://w
Debemos destacar también que la  obligada  referencia policial a las fuentes de
prueba  que  permiten  afirmar  la  concurrencia  de  los  indicios  que  relacionan  al
sospechoso  con  el  hecho  investigado  (documentos,  informes  periciales,  actas  que 
describan el resultado de un registro, de una inspección ocular o de la recogida de 
vestigios, y, si procede, fotografías, y grabaciones de sonido o vídeo, u otras similares), 
dota de contenido al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean 
esenciales para impugnar la legalidad de la detención, garantía adicional del derecho 
constitucional  a  la  libertad  y  seguridad  personal  que  ha  obtenido  por  primera  vez 
reconocimiento legal como derecho del detenido en el nuevo artículo 520.2 d) LECrim» 
(STC 21/2018, FJ 6).
b)  La demanda denuncia la vulneración del derecho a ser informado de los hechos 
y de los motivos de la detención, porque la recurrente no llegó a tener conocimiento real 
y efectivo de los hechos objeto de investigación, como tampoco de los motivos de la 
detención.
En la solicitud de habeas corpus se había formulado una queja en el mismo sentido, 
aunque puesta en relación con el derecho de acceso a las actuaciones. Sobre esta 
cuestión es importante precisar que el derecho del detenido a la información sobre los 
hechos y sobre los motivos de su detención conlleva, en realidad, el correlativo deber 
que incumbe al que realiza la detención de facilitar aquella información. Se trata de un 
derecho distinto del derecho de acceso a las actuaciones policiales, porque este último 
es un derecho instrumental o complementario del anterior, aunque ambos aparecen 
conectados funcionalmente. Desde el punto de vista lógico-jurídico, el derecho a la 
información, de acuerdo con lo que este tribunal declaró en la STC 21/2018, FJ 7, se 
configura como presupuesto necesario para el ejercicio del derecho de acceso a las 
actuaciones. Sin una previa información no es posible conocer los elementos esenciales 
de las actuaciones que deben ser objeto de acceso, mientras que sin ese acceso no 
sería posible comprobar la veracidad y suficiencia de la información facilitada.
Además, ambos derechos tienen una configuración distinta en lo que se refiere a la 
exigencia para hacer efectivo su ejercicio, pues, mientras que el derecho a la información 
lleva consigo el correspondiente deber de facilitar aquella información por parte de las 
fuerzas policiales que intervengan en la detención, sin que el detenido deba asumir 
ningún tipo de iniciativa para solicitarla, el derecho de acceso a las actuaciones, en 
cambio, debe ser instado por la persona detenida para que deba ser cumplido por los 
agentes policiales. En el primero de los casos, los agentes están obligados a facilitar 
aquella información, a diferencia de lo que acontece en el derecho de acceso, que solo 
se convierte en deber para los policías intervinientes cuando es el detenido o el letrado 
que le asiste en la detención quien lo solicita. A partir de dicho momento es cuando 
surge el deber de los instructores del atestado de facilitarle dicho acceso.
En cualquier caso, la valoración sobre la posible conculcación de ambos derechos 
solo puede ser ponderada desde un análisis casuístico, que necesariamente ha de 
remitirnos al examen del atestado policial.
c)  La  diligencia  de  información  de  derechos,  cumplimentada  en  el  modelo 
correspondiente, está fechada el día 26 de septiembre de 2018, a las 14:10 horas. En la 
misma se indica que la ahora demandante fue detenida por «su presunta participación 
en los hechos: hurto». En cuanto al lugar, fecha y hora de la detención, figuran las 
referencias al «26-9-18» y a la calle «Paseo de la Habana, 169». En lo relativo al lugar, 
fecha y hora de la comisión del delito, se reseñan los mismos datos, con la concreción 
de la vivienda por la referencia a la escalera, piso y puerta. Finalmente, en lo que ahora 
interesa, se consignan como «indicios de participación» en el hecho delictivo: «por 
declaración de testigos». La diligencia está firmada por el instructor y secretario del  s
atestado, así como por la detenida. oe.
Esta diligencia de información de derechos resulta insuficiente, pues se limita a  w.
drdaeez soutannce asdr e dqlietuo el a dl oeds e «thehenuccrhtioóo»ns,,   imssionpl oum tasádeso  ascp oaon rlctaar endc ecimóonma nsodo aibnnrdetie c liaeo rsac ondn ecd alualic fiptcaaa.r dtIiogcsuip acalomcmióeonn  tcelao,  nismsotpbitrureetic vlioasass    2021-1113n https://w
creofnetreennicdioa  dae  lasu « ddeeccllaarraacciióónn. de testigos», sin más datos sobre quiénes eran o sobre el  BOE-A-cable e
Hemos de tener en cuenta que, al momento de la detención, ya figuraba en el 
atestado la manifestación de la denunciante en la que explicaba los hechos, el supuesto 
modus  operandi  y  el  testimonio  de  referencia  de  la  otra  cuidadora.  También,  la 
comparecencia de los agentes que practicaron la detención, en la que se hace constar el 
reconocimiento espontáneo de los hechos por la detenida y la intervención de algunos 
efectos y de los resguardos de venta de otros objetos sustraídos. Por lo tanto, puede 
decirse que la detención estaba indiciariamente justificada, pero no suficientemente 
explicada en la diligencia de información de derechos.
Una valoración de lo expuesto hasta ahora permite alcanzar la conclusión, interesada 
por el Ministerio Fiscal, de que la actuación policial ha incurrido en una vulneración del 
contenido esencial del derecho de información del detenido. En este caso, la diligencia 
policial de información de derechos no explica la conducta concreta investigada, ni 
tampoco las fuentes de prueba concurrentes. No alude al presunto modus operandi, que 
ya estaba indiciariamente determinado, ni a la identidad o datos referenciales del testigo 
que había presenciado algunos de los hechos, o a los aspectos más relevantes de su 
testimonio.
Tampoco  consta  que  esta  deficiente  información  hubiera  sido  subsanada  y 
complementada en el acta de toma de declaración de la entonces detenida, en presencia 
del letrado de oficio. En ese momento ya habían sido intervenidos algunos de los efectos 
sustraídos, a partir de los resguardos incautados a la demandante. Nada se dice al 
respecto, al margen de una genérica referencia a que se informa «una vez más del 
motivo de su detención, así como de los derechos que le asisten».
Es cierto que las circunstancias que rodearon a la detención permitirían deducir que 
la recurrente no solo conocía los hechos sino que, además, facilitó la investigación de los 
mismos al reconocer y colaborar con los agentes, a los que entregó algunos de los 
objetos sustraídos. Estos extremos no han sido negados en la demanda.
Sin embargo, como hemos señalado con anterioridad, la información de los hechos y 
de los motivos de la detención es una carga que recae sobre quien acuerda y ejecuta la 
privación  de  libertad.  Un  reconocimiento  espontáneo  de  los  hechos  no  exime  a  la 
autoridad gubernativa de informar a la persona detenida de los elementos esenciales 
que justifican la privación de libertad y que, en función de su contenido, pueden motivar 
incluso un cambio en su estrategia de defensa. En este caso concreto, por ejemplo, 
podría haber tenido relevancia para la determinación de la cuantía total de lo sustraído y 
su  posible  influencia  en  la  calificación  jurídica  de  los  hechos,  con  la  consiguiente 
repercusión en la propia legalidad de la detención, para el caso de que se tratara de un 
delito leve de hurto.
Este derecho no puede quedar reducido a una mera formalidad que haya de ser 
complementada con el conocimiento de los hechos o con la conducta desplegada, en 
cada caso concreto, por la persona detenida. De lo contrario, quedaría desnaturalizado 
como deber de quien acuerda y ejecuta la detención, con la consiguiente merma del 
correlativo derecho del detenido, instrumentalmente orientado al ejercicio de su derecho 
de defensa.
En  definitiva,  la  información  facilitada  a  la  recurrente  no  cumplía  los  requisitos 
exigidos por este tribunal para considerar colmado su derecho a conocer los hechos y 
las razones de su detención, es decir, los motivos jurídicos y fácticos así como el 
fundamento de la conexión subjetiva y objetiva con el hecho ilícito que justifica la 
privación de libertad.
El motivo debe ser estimado. s
5.  El derecho de acceso a las actuaciones policiales. w.b
ineluad) iblEeml  ednetree cchoom  dpele maeccnetasroio  ae  lainss traucmtueanctiaoln edse l pdoelirceiaclheos  ad esbeer  einnftoernmdaedrsoe  dceo mlaos   2021-1113n https://w
arapzaorntaedso sd e2  yla 4  ddeetle anrctíiócunl oy  1d7e Cl Ed,e rreescpheoc taiv aimmpeungten.ar su legalidad, reconocidos en los
Como ha declarado este tribunal, la redacción vigente del artículo 520.2 d) LECrim, 
introducida por la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, reconoce a toda persona detenida 
«el derecho a ‘acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para 
impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad’ [artículo 520.2 d) LECrim]; 
derecho  de  acceso  que,  en  idénticos  términos,  se  extiende  a  la  fase  sumarial  de 
instrucción judicial para el caso de que se decrete la prisión provisional del investigado 
(artículo 505.3 LECrim.)». Se trata de un derecho que debe ser entendido «de forma 
inescindible, complementaria e instrumental a los derechos a recibir información sobre 
las razones de la detención y a impugnar la legalidad de la detención» (STC 21/2018, 
de 5 de marzo, FJ 7).
Este  derecho  «está  en  línea  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  7.1  de  la 
Directiva  2012/13/UE,  de  22  de  mayo,  relativa  al  derecho  a  la  información  en  los 
procesos penales, conforme al cual: «Cuando una persona sea objeto de detención o 
privación  de  libertad  en  cualquier  fase  del  proceso  penal,  los  Estados  miembros 
garantizarán  que  se  entregue  a  la  persona  detenida  o  a  su  abogado  aquellos 
documentos  relacionados  con  el  expediente  específico  que  obren  en  poder  de  las 
autoridades  competentes  y  que  resulten  fundamentales  para  impugnar  de  manera 
efectiva,  con  arreglo  a  lo  establecido  en  la  legislación  nacional,  la  legalidad  de  la 
detención o de la privación de libertad». En la medida en que, para ser suficientes, las 
razones de la detención deben venir apoyadas en datos objetivos, las mismas han de 
poder ser contrastadas y verificadas accediendo a los elementos de las actuaciones que 
les dan sustantividad. Resulta evidente que solo si el detenido, debidamente asesorado, 
recibe información suficiente sobre los motivos por los que ha sido privado de libertad 
estará en condiciones de contrastar su veracidad y suficiencia. Tal constatación permite 
identificar el fundamento, momento, forma y contenido del derecho de acceso en el que 
el demandante fundamenta su pretensión de amparo» (STC 21/2018, FJ 7).
Esta  facultad  de  acceso  reconocida  por  la  ley  «tiene  como  finalidad  facilitar  la 
posibilidad de contrastar objetivamente la veracidad y consistencia de la información 
recibida y, en caso de desacuerdo, permite cuestionarla fundadamente ante la autoridad 
judicial. Es además relevante para decidir la estrategia que el detenido considera útil a 
sus intereses de defensa. Por ello, el reconocimiento legal expreso de este derecho 
refuerza la importancia del habeas corpus como procedimiento de control judicial de los 
casos y modos en que la privación de libertad es legítima» (STC 21/2018, FJ 7).
Para este tribunal, a partir de este doble fundamento, «es posible determinar la forma 
y momento en que el derecho de acceso a los elementos esenciales de las actuaciones 
puede ejercerse. Dicho intervalo se sitúa después de ser informado sobre las razones 
fácticas y jurídicas de la detención y antes de ser interrogado policialmente por primera 
vez. Por tanto, la pretensión de acceso a las actuaciones se produce siempre antes de 
que haya finalizado la redacción del atestado, del que la declaración del sospechoso es 
un elemento nuclear. De esta manera, el detenido, asesorado por el letrado designado 
voluntariamente o de oficio con quien previamente puede entrevistarse reservadamente 
[artículo 520.6 d) LECrim], podrá decidir fundadamente su conducta procesal durante el 
interrogatorio, así como tomar la decisión de impugnar la legalidad de su privación de 
libertad  cuando  no  comparta  la  causa  que  la  motivó  o  la  forma  en  que  se  está 
desarrollando. En este último caso, es al detenido a quien corresponde instar el ejercicio 
de su derecho, solicitando justificadamente los elementos de las actuaciones a los que 
quiere  acceder.  Una  vez  solicitado,  el  acceso  debe  producirse  de  forma  efectiva, 
mediante exhibición, entrega de copia o cualquier otro método que, garantizando la  s
integridad de las actuaciones, permita al detenido conocer y comprobar por sí, o a través  oe.
de su letrado, las bases objetivas de su privación de libertad. En caso de discrepancia  w.
cdcoairnsimo l aoc sola na ccgroeennttotre,o svp eoprdosrliiáac »iaa lc(eStsivT asCro  2bla1r e/g2 aq0ru1aé8n ,te íFaleJ md 7ee)l. nhtoasb edaes  lacos rapcutsu apcairoan qeus es olan  aeusteonricdiaadle sju deinc ieall   2021-1113n https://w
los Leale rmeleanctióons  ednetr el aesl  daecretucahcoio an ecso noqcueer  lsaesa rna zoenseens cdiael elas  dpeateran ciiómnp yu genl adrela a c«ceexdpelirc aa   BOE-A-cable e
también,  en  gran  medida,  el  contenido  de  esta  segunda  garantía.  A  partir  de  la 
información  recibida,  para  contrastar  su  veracidad  y  suficiencia,  el  detenido  puede 
solicitar el acceso a aquella parte de las actuaciones que recoja o documente las 
razones  aducidas.  La  determinación  de  cuales  sean  dichos  elementos  es 
necesariamente casuística, pues depende de las circunstancias que han justificado la 
detención» (STC 21/2018, FJ 7).
Por su parte, la STC 83/2019, de 17 de junio, FJ 6, aclara que «mientras que el 
derecho a ser informado sobre los hechos investigados y sobre las razones que han 
llevado al detenido a presencia judicial debe ser promovido directamente por el instructor 
[…] los restantes derechos enumerados en el artículo 520.2 LECrim y, entre ellos, el 
acceso a los materiales del expediente relacionados con su privación de libertad que 
resulten esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad 
[artículo 520.2 d) LECrim] requieren, en cambio, de la rogación por el interesado, quien 
después de informado del derecho que le asiste en tal sentido habrá de exteriorizar su 
voluntad de hacer uso del derecho o derechos de que se trate».
b)  En el caso ahora enjuiciado, la demanda alega que el abogado designado de 
oficio tuvo acceso a un contenido mínimo del atestado policial, lo que le impidió el 
conocimiento de los elementos esenciales relacionados con la detención policial, para 
poder impugnar la legalidad de esta. Entre esos elementos estarían el concreto tipo 
delictivo investigado o las diligencias practicadas y su posible repercusión en un exceso 
del plazo máximo de detención. Por el contrario, en la solicitud de habeas corpus se 
había dicho que las actuaciones no le habían sido entregadas a la defensa.
Tal y como ha sido planteada esta queja, la propia demanda admite que el abogado 
sí tuvo acceso a las actuaciones policiales, aunque fuera mínimo. Lo que no se ha 
concretado es la parte del atestado que fue conocida, para poder valorar entonces la 
suficiencia del conocimiento de su contenido, a los efectos de la protección de este 
derecho. Es decir, la demanda no ha precisado si los elementos del atestado conocidos 
hasta ese momento permitían a la detenida y a su abogado saber sobre los hechos 
investigados, los motivos de su detención, de su participación en los hechos y del 
material incriminatorio hasta entonces recopilado.
Por lo tanto, la recurrente no ha levantado la carga –que le compete– de aportar y 
argumentar sobre los presupuestos fácticos en los que se basa la invocación formulada, 
para que este tribunal se pueda pronunciar al respecto, ya que no le corresponde 
reconstruir de oficio las demandas (SSTC 68/2006, de 13 de marzo, FJ 3, y 42/2008, 
de 10 de marzo, FJ 2, entre otras muchas). Esta omisión sería suficiente para desestimar 
esta pretensión. No obstante, con la finalidad de ofrecer la más amplia respuesta a los 
motivos alegados, se analizarán las actuaciones policiales llevadas a cabo durante el 
periodo de detención.
Un examen del atestado inicial (núm. 15523-2018) que motivó la detención de la 
recurrente, pone de manifiesto que, en el momento en que debe ejercerse este derecho, 
es decir, entre la detención y la declaración en las diligencias policiales, consta el 
testimonio de la denunciante, prestado sobre las 10:20 horas del día 26 de septiembre 
de 2018. En esa comparecencia inicial se narraba el objeto de la denuncia (sustracción 
de objetos de la vivienda de su madre), la presunta autoría de los hechos denunciados 
(se identifica a la recurrente), los datos de una testigo de los hechos (la persona que 
también prestaba servicios en el domicilio), así como una somera descripción de algunos 
de los objetos sustraídos (ropa de casa, prendas de vestir, bandejas de plata, etc.).
Además, ya dentro del atestado abierto con la detención de la demandante (núm.  s
15542-2018), iniciado en la tarde de aquel mismo día 26 de septiembre de 2018 (entre  oe.
las 16:45 y las 18:00 horas), figura la recuperación de algunos efectos depositados en  w.
einsttearPbvueleencsiidm boiisee nnat, o lalso   rqeduceue r cereosnmtetep t rreaibnvu eennla tmal  qodumeiee rnjeot oyp aodsne,e  srcu od ndese meteganunciidifóioenss. toa  cpoanr teirs todse  dlaotso sr eessg quuaerd uons   2021-1113n https://w
acceso a las actuaciones practicadas hasta el momento de realizar la diligencia de su
declaración  hubiera  permitido  tener  un  conocimiento  suficiente  de  los  elementos 
esenciales que motivaron su detención.
Sin embargo, lo relevante en este caso es que no consta en el atestado policial que 
hubiera petición alguna de acceso a las actuaciones por parte de la recurrente, que era 
la titular de ese derecho, o de su abogado, que no adoptaron ninguna iniciativa sobre 
este aspecto. La falta de petición explica, igualmente, que no haya quedado constancia 
en las actuaciones policiales de la negativa de los agentes a permitirle a la detenida el 
acceso al contenido de lo realizado, ni tampoco se refleja en el atestado la formulación 
de una protesta sobre la actuación de los policías en este punto.
En consecuencia, no es posible determinar que la actuación policial haya causado a 
la  demandante  una  vulneración  de  su  derecho  de  acceso  al  contenido  de  las 
investigaciones policiales porque, ni ella ni el letrado que le asistía en su defensa, 
solicitaron el acceso que aquella reclama en la demanda de amparo; en el atestado 
policial no constan, ni la solicitud, ni tampoco la subsiguiente protesta por la eventual 
negativa a serle facilitada aquella información.
Este motivo de amparo debe ser desestimado.
6.  El derecho al control judicial de la privación de libertad.
a)  La última lesión invocada por la demanda se refiere a la alegada vulneración del 
derecho a la libertad personal (artículo 17.4 CE), que la recurrente imputa directamente a 
la resolución judicial que inadmitió a limine el procedimiento de habeas corpus, así como 
a la posterior providencia que, igualmente, inadmitió a trámite el incidente de nulidad de 
actuaciones promovido contra aquel. Según la demanda, a pesar de la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, 
reguladora del procedimiento de habeas corpus, el Juzgado de Instrucción núm. 33 de 
Madrid denegó la apertura de aquel procedimiento con una interpretación restrictiva y 
opuesta a la efectiva consideración de los derechos fundamentales en juego.
Pues bien, este tribunal ha declarado en reiteradas ocasiones:
«El artículo 17.1 CE establece que "[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad.  Nadie  puede  ser  privado  de  su  libertad,  sino  con  la  observancia  de  lo 
establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley". Por su 
parte, el artículo 17.4 CE establece que "[l]a ley regulará un procedimiento de habeas 
corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida 
ilegalmente". La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de 
habeas corpus (LOHC) ha desarrollado ese mandato constitucional. El artículo 1 LOHC 
establece que mediante este procedimiento podrá obtenerse la inmediata puesta a 
disposición  de  la  autoridad  judicial  competente  de  cualquier  persona  detenida 
ilegalmente, entendiendo por tal quien lo fuera sin que concurran los supuestos legales, 
o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes; 
las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; las que lo 
estuvieran  por  plazo  superior  al  señalado  en  las  leyes;  y  a  quienes  no  les  sean 
respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda 
persona detenida» (STC 72/2019, de 20 de mayo, FJ 2, por todas).
Además, este tribunal ha establecido una consolidada jurisprudencia en relación con 
esta previsión constitucional y la incidencia que sobre ella tienen las decisiones judiciales 
de no admisión a trámite de la solicitud de habeas corpus.  Ha declarado que, aun 
cuando la Ley Orgánica de regulación del procedimiento de habeas corpus posibilita  e.
denegar la incoación del correspondiente procedimiento, fundamentar la decisión de no  w.
qacoudnemc iuismirórpinrl i cneainn  guqununaeo   redel esro ellocusuc risóreunnp tsueoe bnsrtooe s s eedl  eeflon ancrdotoínc turqaloub ea1   siLlíocOliotHa Cpmu evenudtleen  epsrreaivr  eavld aaolor tdríaceud llaiob  ey1r 7tea.4nd j uCpicoEir,a  dnyaoa    2021-1113n https://w
Mdeinsipsuteérsio  dFeis csaul.stanciado  el  procedimiento  y  oído  el  detenido,  con  intervención  del  BOE-A-cable e
Los únicos motivos constitucionalmente legítimos para no admitir un procedimiento 
de habeas corpus son los basados en la falta del presupuesto necesario de una situación 
de  privación  de  libertad  no  acordada  judicialmente  o  en  el  incumplimiento  de  los 
requisitos formales a los que se refiere el artículo 4 LOHC. Esta jurisprudencia es 
reiterada, constante e inequívoca (entre otras, SSTC 21/1996, de 12 de febrero, FJ 7; 
66/1996, de 16 de abril, FJ 6; 86/1996, de 21 de mayo, FJ 11; 224/1998, de 24 de 
noviembre, FJ 5; 174/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 232/1999, de 13 de diciembre, 
FJ 4; 179/2000, de 26 de junio, FJ 5; 208/2000 y 209/2000, de 24 de julio, FJ 5; 
233/2000, de 2 de octubre, FJ 5; 263/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 287/2000, de 27 de 
noviembre, FJ 4; 288/2000, de 27 de noviembre, FJ 6; 24/2002, de 25 de noviembre, 
FJ 5; 94/2003, de 19 de mayo, FJ 3; 23/2004, de 23 de febrero, FJ 5; 122/2004, de 12 de 
julio, FJ 3; 37/2005, de 28 de febrero, FJ 3; 29/2006, de 30 de enero, FJ 3; 46/2006, 
de 13 de febrero, FJ 2; 93/2006, de 27 de marzo, FJ 3; 169/2006, de 5 de junio, FJ 2; 
165/2007, de 2 de julio, FJ 4; 35/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 37/2008, de 25 de febrero, 
FJ 3; 147/2008, de 10 de noviembre, FJ 2; 172/2008, de 18 de diciembre, FJ 3; 88/2011, 
de 6 de junio, FJ 4; 95/2012, de 7 de mayo, FJ 4; 12/2014, de 27 de enero, FJ 3; 
21/2014, de 10 de febrero, FJ 2; 32/2014, de 24 de febrero, FJ 2; 195/2014, de 1 de 
diciembre, FJ 3; 42/2015, de 2 de marzo, FJ 2, y 204/2015, de 5 de octubre, FJ 2).
«Por tanto, se hace necesario reiterar una vez más que este tribunal ha declarado 
que el procedimiento de habeas corpus no puede verse mermado en su calidad o 
intensidad; y que el control judicial de las privaciones de libertad que se realicen a su 
amparo  debe  ser  plenamente  efectivo,  y  no  solo  formal,  para  evitar  que  quede 
menoscabado el derecho a la libertad, ya que la esencia histórica y constitucional de 
este procedimiento radica en que el juez compruebe personalmente la situación de quien 
pide el control judicial, siempre que la persona se encuentre efectivamente detenida, 
ofreciéndole una oportunidad de hacerse oír (STC 95/2012, de 7 de mayo, FJ 4). Por 
otra parte, también es preciso recordar que es a los órganos judiciales a los que 
corresponde  la  esencial  función  de  garantizar  el  derecho  a  la  libertad  mediante  el 
procedimiento de habeas corpus controlando las privaciones de libertad no acordadas 
judicialmente; que en esa función están vinculados por la Constitución; y que tienen la 
obligación  de  aplicar  e  interpretar  las  leyes  según  los  preceptos  y  principios 
constitucionales,  conforme  a  la  interpretación  de  los  mismos  que  resulte  de  las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (artículo 5.1 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
El frecuente incumplimiento de esta jurisprudencia constitucional que se pone de 
manifiesto con ocasión de los sucesivos recursos de amparo que se van presentado es 
motivo de muy alta preocupación para el Tribunal Constitucional en una materia que 
suscita  especial  sensibilidad  desde  el  punto  de  vista  del  respeto  a  los  derechos 
fundamentales y que constituye uno de los fundamentos elementales del Estado de 
Derecho  desde  el  punto  de  vista  histórico  e  institucional.  No  resulta  fácilmente 
comprensible que, tras el extenso número de resoluciones dictadas por este tribunal 
sobre esta cuestión, la jurisprudencia constitucional en la materia siga sin ser trasladada 
al quehacer cotidiano de todos los que participan en la labor de tramitación judicial de los 
procedimientos de habeas corpus y que por esta razón deban seguir admitiéndose 
recursos  de  amparo  que  se  acogen  a  la  alegación  del  incumplimiento  de  la 
jurisprudencia  constitucional  como  motivo  de  especial  trascendencia  constitucional» 
(STC 72/2019, FJ 2, ya citado).
b)  Como se ha expuesto en los antecedentes de esta resolución, sobre las 14:00  s
horas del día 27 de septiembre de 2018, el letrado de la ahora demandante presentó una  oe.
solicitud de habeas corpus por la que, en esencia, alegaba la vulneración del plazo  w.
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referencia) por parte de los funcionarios policiales, no implicaba la ilegalidad de la 
detención, sino más bien todo lo contrario.
En fecha 2 de octubre de 2018, el letrado promovió un incidente de nulidad de 
actuaciones contra el auto anterior. En el escrito se citaba expresamente la doctrina de 
este tribunal recogida, entre otras, en la STC 204/2015, de 5 de octubre, y se invocaba 
que, dada la concurrencia de los requisitos, tanto formales como procesales, el juzgado 
debió acordar la admisión a trámite y la resolución de su solicitud de habeas corpus, 
previa sustanciación del procedimiento correspondiente. Al no hacerlo así, se hacía ver 
en el escrito que el órgano judicial carecía de los elementos de juicio necesarios, entre 
otros, la audiencia al afectado y la posible aportación de pruebas, para resolver si la 
privación de libertad de su defendida se ajustaba o no a la ley.
El  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  fue  inadmitido  a  trámite  por  medio  de 
providencia de 3 de octubre de 2018, en la que el juzgado entendió que se habían 
seguido los trámites legalmente establecidos, «ya que el juzgado conocía el atestado 
[…], y por tanto ningún derecho fundamental» había «sido vulnerado».
c)  Las  resoluciones  judiciales  impugnadas  han  sido  dictadas  con  manifiesta 
contravención de la doctrina de este tribunal. El juzgado dictó un auto por el que 
inadmitió a trámite la solicitud de habeas corpus por un motivo de fondo como era la 
legalidad de la detención. Como se acaba de exponer, una decisión de ese tipo solo 
puede acordarse tras la incoación del procedimiento y, al menos, con la audiencia del 
detenido a presencia judicial y con intervención del Ministerio Fiscal.
A pesar de que en el escrito de promoción del incidente de nulidad de actuaciones, la 
parte había invocado la doctrina de este tribunal (STC 204/2015), fue aquel inadmitido a 
trámite con afirmaciones apodícticas como la de entender que se habían seguido los 
trámites legalmente establecidos, «ya que el juzgado conocía el atestado […], y por tanto 
ningún derecho fundamental» había «sido vulnerado». En cualquier caso, ninguna de las 
resoluciones dictadas por el juzgado justifica por qué se considera que la detención se 
ajustaba a Derecho, más allá de una mera remisión genérica a la regulación legal.
De manera reiterada, este tribunal ha declarado que, estando en juego el derecho 
fundamental a la libertad, como sucede en el caso de autos, «la eventual ausencia de 
una motivación suficiente y razonable de la decisión no supondrá solo un problema de 
falta de tutela judicial, propio del ámbito del artículo 24.1 CE, sino prioritariamente una 
cuestión que afecta al derecho a la libertad personal, en cuanto que la suficiencia o 
razonabilidad  de  una  resolución  judicial  relativa  a  la  garantía  constitucional  del 
procedimiento de habeas corpus, prevista en el artículo 17.4 CE, forma parte de la propia 
garantía» (SSTC 204/2015, de 5 de octubre, FJ 4, por todas).
d)  La solicitud de incoación del procedimiento de habeas corpus cumplía, pues, con 
el presupuesto de la existencia de una privación de libertad acordada por autoridad 
gubernativa, se dirigía al órgano judicial competente para su tramitación y se cumplían 
todas las exigencias formales de legitimación y contenido del escrito a que se refieren los 
artículos 3 y 4 LOHC. Además, la resolución judicial impugnada adoptó la decisión, 
prevista en el artículo 6 LOHC, de denegar la incoación del citado procedimiento de 
habeas corpus apoyándola en razones de fondo sobre la legalidad de la privación de 
libertad gubernativa de que estaba siendo objeto el ahora demandante de amparo, que 
únicamente podrían haber sido adoptadas después de incoado el procedimiento y oído a 
la detenida, asistida de letrado y con intervención del Ministerio Fiscal.
Hay que concluir, pues, que esta actuación judicial ha vulnerado el derecho a la 
libertad personal de la demandante (artículos 17.1 y 4 CE), al haberse visto privada esta  s
de la plena sustanciación del procedimiento de habeas corpus y, con ello, haberse  oe.
frustrado el efectivo control judicial de las privaciones de libertad gubernativas que se  w.
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el MEinl ismteortiiovo F disec aalm. paro debe ser estimado, de conformidad con lo que también interesa  BOE-A-cable e
7.  Alcance del amparo.
La  estimación  del  recurso  de  amparo  debe  acarrear  la  nulidad  del  auto  núm. 
1685/2018, de 27 de septiembre, del Juzgado de Instrucción núm. 33 de Madrid, que 
inadmitió a trámite la solicitud de habeas corpus de la demandante de amparo, por 
vulneración del derecho a la libertad personal de la misma (artículo 17.1 y 4 CE), así 
como de la providencia del mismo juzgado de 3 de octubre de 2018, que, igualmente, 
inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la recurrente 
contra la anterior resolución. En cuanto a la estimación de la vulneración del derecho a la 
información sobre los hechos y los motivos de la detención, el pronunciamiento será 
meramente declarativo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo solicitado por doña Mercedes Astengo 
Travieso y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la libertad personal, en su vertiente de ser informada de los hechos y de los 
motivos de la detención (artículo 17.1 y 3 CE).
2.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la libertad personal, en su vertiente de la garantía del control judicial de la 
detención (artículo 17.1 y 4 CE).
3.º  Restablecerla en la integridad de su derecho y, en consecuencia, declarar la 
nulidad del auto núm. 1685/2018, de 27 de septiembre, del Juzgado de Instrucción núm. 
33  de  Madrid,  y  la  ulterior  providencia  de  3  de  octubre  de  2018,  recaídas  ambas 
resoluciones en el procedimiento de habeas corpus núm. 1970-2018.
4.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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