BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 328  Jueves 17 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 115662
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
16347 Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones 
de forma eficaz en relación con los costes.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo instauró el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión 
Europea con el fin de fomentar la reducción de las emisiones de estos gases de una forma 
eficaz, en relación con el coste y económicamente eficiente. Esta directiva fue transpuesta 
al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
El Consejo Europeo de 24 de octubre de 2014 asumió el compromiso de reducir las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea por lo menos en 
un 40 % para 2030 con respecto a los valores de 1990. Para ello, todos los sectores de la 
economía deben contribuir a lograr esa reducción de las emisiones y el objetivo ha de 
alcanzarse de la manera más eficaz posible en relación con los costes. Confirmó, además, 
que el principal instrumento europeo para alcanzar este objetivo es un régimen de 
comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (en adelante RCDE UE) reformado 
que funcione correctamente, más un instrumento para estabilizar el mercado. El objetivo 
para los sectores cubiertos por el RCDE UE quedó establecido en una reducción en 2030 
del 43 % por debajo de los niveles de 2005.
El 12 de diciembre de 2015, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, se adoptó el Acuerdo de París, entrando en vigor con carácter general 
el 4 de noviembre de 2016. España firmó el citado acuerdo el 22 de abril de 2016 y lo 
ratificó el 23 de diciembre de 2016. Fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 2 
de febrero de 2017 y entró en vigor el 11 de febrero de 2017. El Acuerdo de París tiene 
como objetivo principal mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por 
debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales y perseverar en los esfuerzos 
para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de dichos niveles. La Unión  s
Europea envió contribución determinada de la Unión Europea y sus Estados miembros a  e.
la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  w.
el 6 de marzo de 2015. 347ww
de 1E4n d 2e0 m18a rszeo a dper o2b0ó1 l8a,  Dpoirre clati vqau e(U sEe)  m20o1d8if/ic4a1 0la d Deli rPeactrilvaam 2e0n0to3 /E8u7r/oCpEe op ayr ad einl tCeonnssifeicjaor, 
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entró en vigor el 8 de abril de 2018.
Esta Directiva constituye el marco legislativo de la Unión Europea para el periodo de 
comercio 2021-2030 (fase IV) del RCDE UE y se configura como uno de los instrumentos 
principales de la Unión Europea para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones 
a 2030, en línea con los compromisos asumidos por el Consejo Europeo en 2014 y como 
parte de la contribución de la Unión Europea al Acuerdo de París. Para ello, la Directiva 
(UE) 2018/410, de 14 de marzo de 2018, introduce una serie de medidas destinadas a 
reforzar el RCDE UE. Entre ellas, destacan el incremento del factor de reducción lineal 
–que pasa del 1,74 % en la fase III (periodo 2013-2020) al 2,2 % en la fase IV, a partir 
de 2021–, la subasta como método principal de asignación de derechos de emisión, la 
continuidad de la asignación gratuita con una mejora de las disposiciones sobre fugas de 
carbono, más enfocadas a los sectores en riesgo de fuga, así como la creación de diversos 
fondos destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono. En la 
fase IV, el periodo de comercio 2021-2030 se divide, a efectos de asignación gratuita de 
derechos y en relación a las instalaciones fijas, en dos periodos de asignación, que 
abarcan respectivamente los años 2021-2025 y 2026-2030.
Junto con la Directiva (UE) 2018/410, de 14 de marzo de 2018, la Unión Europea ha 
adoptado diversos actos delegados y de ejecución dirigidos a garantizar la eficacia y la 
robustez del RCDE UE en el periodo 2021-2030. Así, en lo referente al seguimiento y 
notificación de emisiones y a la acreditación y verificación, pilares claves en los que se 
sustenta el RCDE UE, han sido aprobados el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 
de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 601/2012 de la Comisión; y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativo a la verificación de los datos y a la 
acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Se han introducido cambios también en la regulación 
del Registro del Unión Europea, mediante el Reglamento (UE) 2018/208 de la Comisión, 
de 12 de febrero de 2018, que modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2013 por el que se 
establece el Registro de la Unión.
En lo relativo al sector aéreo ha sido adoptado el Reglamento (UE) 2017/2392 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifica la 
Directiva 2003/87/CE con objeto de mantener las limitaciones actuales del ámbito de 
aplicación para las actividades de la aviación y preparar la aplicación de una medida de 
mercado mundial a partir de 2021. Dicho reglamento prolonga la vigencia del alcance 
reducido del RCDE UE en la aviación hasta el año 2023.
Es igualmente reseñable la Decisión Delegada (UE) 2019/708 de la Comisión, de 15 
de febrero de 2019, que completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo referente a la determinación de los sectores y subsectores que se consideran 
en riesgo de fuga de carbono para el periodo 2021-2030.
En cuanto a las normas sobre cómo debe efectuarse la asignación transitoria gratuita 
de derechos de emisión entre 2021 y 2030, ha sido adoptado el Reglamento delegado 
(UE) 2019/331 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 por el que se determinan las 
normas transitorias de la Unión Europea para la armonización de la asignación gratuita de 
derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. También ha sido adoptado el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2019/1842 de la Comisión, de 31 de octubre de 2019, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del  es
Consejo respecto de las disposiciones adicionales de ajuste de la asignación gratuita de  o
dedafneeectrceeuLtrcaeamhnn io ntnarseaal  ccnRdei óCeesnn Did e dfEamae dsU il esoEdi sóde e nep ni  ann derceáelog mbnroiupedceotioravro acoasir óp   dnamee lr eo iorondedr ifdefoeielc r deánaenmac cmicboioainitme oepn esadtr orecad  io ljeaula l qr  Uínaudnsieivcii ógeconnol   amedEcseiuiepó rnaoanzñp cgaoet rilavea i lltd lau1aasi stdd a nne.. oo eArvnmseeidamraosi  dsdsmeoesb o2 r,q0e u2s lea1e     OE-A-2020-16347able en https://www.
incluidas por la Directiva (UE) 2018/410, de 14 de marzo de 2018; introducir los elementos
conexos de las restantes normas adoptadas a nivel de la Unión Europea; dotar de la 
suficiente coherencia y efectividad al RCDE UE en España y alinearlo a la normativa de la 
Unión Europea, modificada en profundidad en los últimos dos años, justifican la 
modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
Tal como sucedió en modificaciones anteriores, existen determinadas cuestiones 
clave en la configuración de la fase IV del RCDE UE que no se recogen en esta ley, en la 
medida en que se trata de aspectos que son objeto de una gestión que debe realizarse a 
nivel de la Unión Europea y que, por lo tanto, bien no requieren transposición, bien se 
abordan mediante una remisión general a la normativa de la Unión Europea, sin 
menoscabar la necesidad de que la ley incluya una visión completa y coherente de la 
fase IV del RCDE UE.
La Directiva (UE) 2018/410, de 14 de marzo de 2018, señala que los Estados miembros 
pondrán en vigor a más tardar el 9 de octubre de 2019 las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar su cumplimiento.
De este plazo se exceptúa el artículo 1, punto 14, letra f), que modifica el artículo 10 
bis, apartado 6, de la Directiva 2003/87/CE, que debía estar en vigor a más tardar el 31 de 
diciembre de 2018 y que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico mediante la 
disposición final tercera del Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se 
desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030.
Esta modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, viene acompañada de otros 
cambios normativos a nivel reglamentario que aseguran la correcta implementación del 
RCDE UE en la fase IV. Cabe destacar, entre las normas ya adoptadas, la aprobación del 
mencionado Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, así como el Real Decreto 317/2019, 
de 26 de abril, por el que se define la medida de mitigación equivalente a la participación 
en el régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan 
determinados aspectos relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones 
del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
Asimismo, se encuentra en fase de tramitación el proyecto de Real Decreto por el que se 
desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030 y que transpondrá el apartado 14 
letras m) y n); y el apartado 17, en su último inciso, del artículo 1 de la Directiva (UE) 
2018/410, de 14 de marzo de 2018.
Esta ley, que constituye por tanto una transposición parcial, consta de un artículo 
único, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.
En la redacción del anteproyecto de ley se ha tenido en cuenta la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en relación con las competencias del Estado y de las comunidades 
autónomas en materia de cambio climático, y en particular la Sentencia 87/2019, de 20 de 
junio de 2019.
II
Las modificaciones introducidas en el capítulo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
incluyen la actualización del objeto de la norma conforme a lo establecido en la Directiva 
2018/410, de 14 de marzo de 2018, y la inclusión de nuevas definiciones, entre las que 
destaca la de nuevo entrante respecto de cada uno de los dos periodos de asignación.
Asimismo, se introduce un artículo 2 bis para ahondar en las relaciones de cooperación 
y colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas  s
en las materias sobre cambio climático, incluyendo las medidas equivalentes adoptadas  oe.
paCcoarotorímacrdu ilsialnoisóa  2cnp1ie ó dqndeu eye   Cñclaoao lsDoa briinrdoesirnctaatacilvacióaicón io2n en0 ned0ts3ere / e8 Plxa7co /AlCluídtEidimc,a aidsns eid s dte1rela3 R c CdiCóeanD m oEGcb eUtiunoEbe  rrCqeaul li demde esá le 2tEi 0crse0otfa3,i ed.ó roLar agny  a leranensog  e cuclol ailmnacfvuioóenrnm id edeaned d  elleaasl     2020-16347n https://www.
autónomas para la aplicación del RCDE UE en España, se adecua mediante una
formulación más flexible. Bc
Finalmente, se añade un nuevo apartado en el artículo 3 bis relativo a las Mesas de 
Diálogo Social, garantizando la participación de las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales en el seguimiento del impacto de la normativa relacionada con 
la lucha contra el cambio climático y las políticas de transición ecológica en la 
competitividad, el empleo y la cohesión social y territorial.
III
El capítulo II, regula el régimen de las autorizaciones de emisión de gases de efecto 
invernadero con las que deben contar las instalaciones sometidas al ámbito de aplicación 
de la ley y cuyo otorgamiento corresponde al órgano competente que designe la comunidad 
autónoma en la que se ubique la instalación. Destaca la eliminación de la obligación por 
parte del órgano autonómico de revisar cada cinco años la autorización de emisión de 
gases de efecto invernadero.
IV
Por razones de sistemática y claridad expositiva, dado su carácter general, el 
capítulo III contiene la regulación de los derechos de emisión que hasta ahora se venía 
recogiendo en el capítulo V de la ley.
Como novedad, se precisa que los derechos de emisión expedidos a partir del 1 de 
enero de 2013 tendrán una validez indefinida. Los derechos de emisión y los derivados 
sobre los mismos tienen la consideración de instrumentos financieros conforme a la 
normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de aplicación, entre otras, la 
Sección C del anexo I de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que 
se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE.
A su vez, la duración de los periodos de comercio de derechos de emisión podrá 
comprender más de un periodo de asignación, en relación con la asignación gratuita. De 
este modo, la fase IV del RCDE UE se divide, para las instalaciones fijas, en dos periodos 
de asignación que abarcan respectivamente los años 2021-2025 y 2026-2030.
V
El capítulo IV, regula la asignación de derechos de emisión y se divide en dos 
secciones. En la sección primera, entre los principios generales, la subasta sigue 
consagrada como el método básico de asignación de conformidad con la normativa de la 
Unión Europea que determinará, entre otros, el porcentaje de derechos a subastar. Se 
designa a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como el órgano encargado de la 
organización de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de 
velar por que estas se lleven a cabo conforme a la normativa de la Unión Europea y, en su 
caso, a su normativa de desarrollo. Se establece, entre otras novedades, que el titular de 
la citada secretaría de estado ejerza la función de subastador. Igualmente, se indica que, 
en caso de cese de la capacidad de generación de electricidad como consecuencia de la 
adopción de medidas nacionales adicionales, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
podrá proceder a la cancelación de una cantidad máxima de los derechos de emisión a 
subastar hasta alcanzar el promedio de las emisiones verificadas de la instalación de que 
se trate en los cinco años anteriores al cese de capacidad de la instalación afectada. s
A continuación, en la sección segunda de este capítulo se actualizan las disposiciones  e.
relativas a la asignación gratuita transitoria que pueden recibir las instalaciones para la  w.
fase IV del RCDE UE. Se mantiene la cantidad de derechos de emisión asignados  347ww
gnroartmuiatasm deen tlea,  Uquneió nse Eráu rdoepl e1a0 0p aproar  lcoiesn s deec tolar ecsa not idsaudb sdeectteorrmeisn aedxap udees atocsu ear duon c roiens lgaos 
sriiegsngifoic asitgivnoif idcea tfiuvog ad dee f ucgaarbs odneo .c Sareb oennotie anqduee plloosr  seenc tloorse qs uoe  sluab aspelcictoarceiósn e xdpeul eRsCtoDsE a  UuEn   BOE-A-cable e
provocaría un aumento de las emisiones en terceros países que no han impuesto a su 
industria obligaciones comparables en materia de emisiones de carbono.
En cambio, para las instalaciones que no pertenezcan a sectores o subsectores 
expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono y sean susceptibles de recibir 
asignación gratuita, la cantidad de derechos de emisión asignados gratuitamente será 
objeto de reducción. Así, en 2021 y hasta 2026 el porcentaje se reduce al 30 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con las normas de la Unión Europea armonizadas. A 
partir de 2026, el porcentaje se irá reduciendo de forma anual en la misma cantidad con el 
fin de llegar en 2030 a una situación en la que no se asigne ningún derecho de emisión de 
forma gratuita, a excepción de la calefacción urbana, que mantendrá hasta el año 2030 el 
porcentaje del 30 por ciento de la cantidad determinada de acuerdo con las normas de la 
Unión Europea armonizadas.
A partir de 2021, al igual que sucedía en el periodo 2013-2020, no se asignarán 
derechos de emisión de forma gratuita a la generación de electricidad, a las instalaciones 
de captura, a las conducciones para el transporte ni a los emplazamientos de 
almacenamiento de dióxido de carbono.
Asimismo, al igual que en el periodo 2013-2020, una cantidad de derechos de emisión 
será reservada como asignación gratuita para los nuevos entrantes en la fase IV. Esta 
reserva es común y única para toda la Unión y se regirá por la normativa de la Unión 
Europea.
Destaca como principal novedad respecto del procedimiento para solicitar asignación 
gratuita de derechos de emisión que determinados aspectos, como son la determinación 
del plazo para la presentación de las solicitudes, su contenido, formato y la documentación 
a aportar, serán desarrollados reglamentariamente. En este sentido, en lo que afecta a las 
instalaciones, ha sido aprobado el Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, que ya ha 
adelantado algunas cuestiones para el periodo de asignación 2021-2025.
VI
Se dedica un nuevo capítulo V a la regulación de los ajustes y de la devolución de la 
asignación gratuita de derechos de emisión, que responde a la necesidad de incorporar en 
nuestro ordenamiento jurídico una de las novedades más relevantes introducidas por la 
Directiva (UE) 2018/410, de 14 de marzo de 2018, así como a la necesidad de aportar 
mayor seguridad jurídica y agilidad a los procedimientos que se han venido desarrollando 
hasta la fecha y cuyo volumen se incrementará previsiblemente de forma muy notable en la 
fase IV del RCDE UE como consecuencia de las novedades introducidas. Así, se establece 
que la cantidad asignada gratuitamente a cada instalación deberá ser ajustada de acuerdo 
con el nivel de actividad de la instalación determinado sobre la base de un promedio móvil 
de dos años, cuando la variación de dicho nivel de actividad, sea al alza o a la baja, supere 
el quince por ciento en comparación con el nivel de actividad utilizado inicialmente para 
determinar la asignación gratuita en el periodo de asignación. Nótese que, de acuerdo con 
la regulación de la Unión Europea, el ajuste en la asignación se realiza empleando los datos 
a nivel de subinstalación facilitados en el informe de nivel de actividad verificado. En caso 
de que la diferencia entre el nivel de actividad de una subinstalación y su nivel histórico de 
actividad sea mayor que el quince por ciento, se ajustará la asignación de la instalación. Se 
consagra también la obligación de devolver los derechos gratuitos expedidos en exceso. 
Tanto los aspectos relativos a los ajustes, como las circunstancias que motiven la 
devolución, así como el procedimiento que la regule, son objeto de desarrollo reglamentario,  s
atendiendo a lo que determina la normativa de la Unión Europea. oe.
El capítulo VI regula las obligaciones dVe IsIeguimiento y notificación de las emisiones
py aarcar eladsit aincsiótanl adceio lnoes sv efijraifsic ya ddoer eloss,  innicvoerlpeos rdaen daoc tliavsid naodv, eadsaí dceosm qou lea  svee rhifaicna ceisótna bdlee cdidaoto as   BOE-A-cable e
nivel de la Unión Europea en este ámbito. Este capítulo se divide en dos secciones y
afecta exclusivamente a las instalaciones fijas. La normativa aplicable a los operadores 
aéreos relativa a esta materia queda incluida en el capítulo IX dedicado a la aviación a 
efectos de claridad expositiva.
En la sección primera, junto a las obligaciones de seguimiento de las emisiones, que 
deberán seguir realizándose con base en el plan de seguimiento de emisiones incluido en 
la autorización de emisión de gases de efecto invernadero aprobado por el órgano 
autonómico competente, se establece como novedad para la fase IV del RCDE UE la 
obligación de llevar a cabo un seguimiento de los niveles de actividad de las 
subinstalaciones en las que esté dividida cada instalación. Esta nueva obligación, que 
afecta a las instalaciones que reciben asignación gratuita de derechos de emisión, deberá 
llevarse a cabo con base en el plan metodológico de seguimiento, que aprobará la Oficina 
Española de Cambio Climático, de conformidad con la normativa de la Unión Europea y 
con las normas que se adopten a nivel reglamentario, además de las previsiones ya 
contenidas en el Real Decreto 18/2019, de 25 de enero.
Asimismo, junto a la obligación ya existente en las fases anteriores del RCDE UE de 
presentar el informe verificado correspondiente a las emisiones del año precedente, el 
titular de la instalación deberá presentar también, el 28 de febrero de cada año, un informe 
verificado anual sobre los datos del nivel de actividad del año precedente correspondientes 
a las subinstalaciones en las que esté dividida la instalación. Este informe será valorado 
por Oficina Española de Cambio Climático, de acuerdo con la normativa de la Unión 
Europea y permitirá el ajuste de la asignación gratuita, en los casos en que así proceda.
En la sección segunda se introduce una nueva disposición relativa a la acreditación de 
los verificadores que desarrollen las actividades de verificación bajo el RCDE UE, que 
deberán estar acreditados con arreglo a los requisitos establecidos en la normativa de la 
Unión Europea.
VIII
El capítulo VII hace referencia a la regulación del Registro de la Unión Europea y a las 
obligaciones de entrega de derechos de emisión. En concreto, se presenta la regulación 
del área española del Registro de la Unión Europea de derechos de emisión, cuya 
administración está atribuida a la Oficina Española de Cambio Climático, en la que los 
titulares de instalaciones fijas y operadores aéreos administrados por España deberán 
abrir una cuenta de haberes para cumplir con la obligación de entrega de derechos de 
emisión en cantidad equivalente a las emisiones producidas en el año anterior. En relación 
con la expedición de derechos de emisión las circunstancias en las que no se propondrá 
la transferencia de derechos gratuitos de emisión serán determinadas reglamentariamente 
y de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión Europea. A su vez, se 
identifican algunos casos en que se suspenderá la transmisión de derechos de emisión. 
Por último, se prohíbe la entrega con derechos de emisión expedidos por un Estado 
miembro que haya notificado al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión con 
arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, cuando proceda y mientras sea 
necesario a fin de proteger la integridad medioambiental del RCDE UE.
IX
El régimen sancionador se regula en el capítulo VIII y es de aplicación a todos los 
sujetos afectados por el RCDE UE, comprendiendo, por tanto, instalaciones fijas y  s
operadores aéreos. Acorde con las nuevas obligaciones de seguimiento y notificación que  oe.
afectan a la IV fase del RCDE UE, se introducen nuevas infracciones, como las relativas a  w.
la no presentación del plan metodológico de seguimiento y del informe de nivel de actividad  347ww
vinecruifmicpaldimo iednet ola dse s luab oinbsligtaalcaicóino ndees d eenv ollavse rq luoes  deesrteéc dhoivsid gidraat ulaito isn strtaanlascfeiórnid,o ass eí nc oexmcoe saol 
uarnrae gvloe,z e hna cyaad aad cqausiori,d ao  lofir pmreevzias tloa  erne seol lduecsióanrr oplolor  rlaeg qlaume esnet aorirod ednea e slata d leevy.olución, con  BOE-A-cable e
En relación con las instalaciones excluidas del RCDE UE, se tipifica como infracción 
muy grave el incumplimiento de la medida de mitigación equivalente a la participación de 
dicha instalación en el RCDE UE definida reglamentariamente. Las referencias a esta 
medida de mitigación se efectúan en la disposición adicional cuarta, cuyo desarrollo se 
lleva a cabo a nivel reglamentario. Se modifican, asimismo, los artículos relativos a la 
atribución de la potestad sancionadora.
X
Finalmente, el capítulo IX, dedicado a la aviación, contiene la regulación específica del 
sector aéreo bajo el RCDE UE. En él se describe la normativa de aplicación a las 
obligaciones de seguimiento y a la notificación de las emisiones de los operadores aéreos. 
Se mantienen las disposiciones relativas a la asignación gratuita de los operadores aéreos, 
incluida la reserva especial de derechos de emisión. Este capítulo se completa con lo 
dispuesto en la modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, que comprende el régimen transitorio para el sector aéreo en los años 2013 a 2023, 
así como con la modificación llevada a cabo en el anexo I de la ley para introducir la 
exclusión del RCDE UE hasta el 31 de diciembre de 2030 de los operadores aéreos no 
comerciales con un total de emisiones anuales inferiores a 1.000 toneladas de CO , 
2
correspondientes a vuelos con origen o destino en un aeródromo situado en el territorio al 
se aplica la Directiva 2003/87/UE, de 13 de octubre de 2003 en su versión consolidada.
XI
Respecto a las disposiciones adicionales de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, destaca en 
particular la modificación efectuada en la disposición adicional cuarta por la que se regula 
la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño. España ha decidido seguir dando opción 
a la exclusión de estas instalaciones durante el periodo de asignación 2021 a 2025, 
procediendo, no obstante, a redefinir el contenido mínimo de la medida equivalente con 
base en los nuevos objetivos de reducción de emisiones, a cuyo efecto se ha aprobado el 
Real Decreto 317/2019, de 26 de abril de 2019. Ha de tenerse en cuenta que las emisiones 
de las instalaciones excluidas se computan dentro del objetivo nacional de reducción de 
emisiones establecido en el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que 
contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en 
el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 525/2013. Es 
imperativo pues que las instalaciones excluidas contribuyan de forma significativa al 
cumplimiento del objetivo nacional. Con el fin de evaluar si efectivamente es así, en el 
año 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realizará un 
informe sobre la aplicación hasta la fecha del régimen de exclusión de las instalaciones de 
bajas emisiones. A la vista de este informe, mediante real decreto de Consejo de Ministros, 
se podrá extender la aplicación del régimen de exclusión a partir de 2026.
También hay que referirse al cambio que se lleva a cabo en la disposición adicional 
séptima por la que se añade la obligación de la Oficina Española de Cambio Climático, 
como autoridad competente en materia de la administración del área española del Registro 
de la Unión Europea, de informar sin demora a las autoridades competentes en materia de 
investigación y lucha contra el fraude, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo,  s
de cualquier transacción en dicho registro que pueda estar relacionada con el blanqueo de  oe.
capitales o la financiación del terrorismo, así como de cooperar con las autoridades  w.
competentes nacionales o europeas en materia de supervisión de los mercados de  347ww
dreearelizcahnods od ea cetomsis cióonn,s ctiutuatnivdoos  tedneg oap meroatcivioons ersa zcoonna binlefos rmpaarcai ósno sppreivcihleagri aqduae  esne  edsictháno 
mla eUrcnaiódno ,E duero apceuae.rdo a los mecanismos de coordinación establecidos por la normativa de  BOE-A-cable e
Se modifican las disposiciones transitorias primera a tercera de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, y se suprimen aquellas que han perdido vigencia.
La disposición transitoria primera contempla el régimen transitorio para el cumplimiento 
de las obligaciones de entrega hasta el 30 de abril de 2021. Queda establecido que los 
titulares de instalaciones podrán entregar hasta el 30 de abril de 2021 derechos de emisión 
distintos de los derechos de emisión asignados a la aviación para cumplir con la obligación 
anual de entrega.
La disposición transitoria segunda garantiza que las unidades correspondientes a los 
créditos internacionales generados por las actividades de proyectos de aplicación conjunta 
(«URE») o mecanismos de desarrollo limpio («RCE») del Protocolo de Kioto, de 
conformidad con el artículo 11 ter de la Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre de 2003, 
sean elegibles para su uso e intercambio por derechos de emisión válidos, en la medida 
en que no superen los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la normativa de 
la Unión Europea y hasta la fecha que esta determine.
En la disposición transitoria tercera se procede a aclarar el régimen transitorio para la 
aviación durante los años 2013-2023, como consecuencia de los cambios introducidos por 
la normativa de la Unión Europea. En concreto, mediante el Reglamento (UE) 2017/2392, 
de 13 de diciembre de 2017, se prorroga la actual excepción a la aplicación de las 
obligaciones del RCDE UE para los vuelos con origen o destino en terceros países hasta 
el 31 de diciembre de 2023 que introdujo el Reglamento (UE) n.º 421/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, que modifica la Directiva 2003/87/CE, por 
la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad, con vistas a la ejecución, de aquí a 2020, de un 
acuerdo internacional que aplique una única medida de mercado mundial a las emisiones 
de la aviación internacional. Durante los años 2013-2023 se encuentran excluidas del 
ámbito de aplicación del RCDE UE determinadas rutas a las que hace referencia expresa 
la disposición transitoria tercera, respecto de las cuales los operadores aéreos no tienen, 
por tanto, obligaciones de seguimiento, notificación y entrega de derechos de emisión. Ello 
no obsta a que los operadores aéreos incluidos en el RCDE UE puedan estar sujetos a 
obligaciones adicionales que se introduzcan en la normativa nacional o de la Unión 
Europea para la aplicación del instrumento de mercado global en el marco de la 
Organización de Aviación Civil Internacional. En este sentido, la Comisión Europea está 
facultada para adoptar actos delegados en lo que respecta al seguimiento, notificación y 
verificación adecuados de las emisiones de la aviación internacional, a efectos de la 
aplicación del mencionado instrumento de mercado global. Se añaden, además, 
novedades que permiten a los operadores aéreos poder acogerse a metodologías de 
seguimiento y notificación de emisiones simplificadas en caso de emitir por debajo de 
las 3.000 toneladas de CO  anuales en el alcance reducido del RCDE UE. Se hace 
2
referencia, igualmente, a la asignación gratuita y a los derechos a subastar para la aviación 
en ese periodo sujetos a la regulación establecida por la normativa de la Unión Europea.
Asimismo, se modifican las disposiciones finales primera a tercera de la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, y se suprime la disposición final tercera bis. En la nueva disposición final 
segunda sobre incorporación del derecho de la Unión Europea se añade expresamente la 
incorporación parcial de la Directiva (UE) 2018/410, de 14 de marzo de 2018.
Se modifica el anexo I para incluir en el punto 29, dedicado a la Aviación, una letra k) 
que incorpora la exclusión de los operadores no comerciales que emitan por debajo del 
umbral establecido en la normativa de la Unión Europea. Se modifica, asimismo, el 
anexo V de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, para actualizar el cuadro relativo a los sujetos  es
afectados por las distintas disposiciones de la ley. o
defaenst eleoEF r ImisqInItu aiaynel  mal alsdee eafyna s rtse emdef,i io escIVdrpoeio nf diastceiielac lp nitRoeievnCr atieorD esdcEs omo   dUndoisteEdipe .icfoniocsemai cdeuioarnncsai eos s ed2 f i0imsn1paa3olne-s2tsii0ec. 2inLó0ean,n   da tivssriapegnogessuniirttceaoisónr indae o nfi ún lasna ucli c poraern,idmt iandecuercia difó aornedr cm aeonangtt eerqe rlui oolaesr     OE-A-2020-16347able en https://www.
títulos competenciales que sirven de base a la regulación adoptada. Cabe invocar en
primer lugar el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que reserva al Estado la 
competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas de establecer 
normas adicionales de protección. Ello se debe a que, como ya sucedió con la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, y la modificación operada por la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se 
modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, las novedades introducidas por esta ley siguen 
siendo disposiciones de carácter marcadamente medioambiental tanto por su objetivo 
–contribuir a la reducción de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera– como por su origen los compromisos asumidos con arreglo al Acuerdo de 
París, la directivas objeto de transposición y los demás reglamentos de la Unión Europea. 
De esta forma, se han regulado con carácter de legislación básica en materia de protección 
del medio ambiente las modificaciones relativas a las autorizaciones de emisión, las 
obligaciones de seguimiento y notificación de las emisiones y de verificación de datos, 
salvaguardando las competencias autonómicas de dictar normas de desarrollo que 
establezcan un nivel de protección superior, así como sus competencias de ejecución o 
gestión en materia de medio ambiente en sus respectivos territorios. En cuanto a los 
operadores aéreos, su control ambiental se lleva a cabo por la Administración General del 
Estado con base en la misma justificación que respecto a la Ley 13/2010, de 5 de julio, 
sirvió de fundamento para incorporar en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 
2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 por la 
que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en 
el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero.
Asimismo, esta ley se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica. Ello se debe a que el 
RCDE UE tiene consecuencias sobre sectores económicos concretos, como son el sector 
industrial y eléctrico y el sector de la aviación, y afecta a la toma de decisiones 
empresariales. Las modificaciones que se introducen ahora incluyen igualmente una 
dimensión económica y es por ello que debe seguir teniéndose en cuenta la competencia 
estatal prevista en dicho artículo. De esta forma, al igual que sucedió con la Ley 13/2010, 
de 5 de julio, y de acuerdo con lo que ha admitido la jurisprudencia constitucional, las 
novedades ahora introducidas tienen el carácter de bases que rigen el funcionamiento del 
mercado de derechos de emisión, así como el carácter de medidas singulares de ejecución 
indispensables para garantizar la aplicación homogénea del RCDE UE, evitando 
distorsiones en la competencia o diferencias injustificadas entre sectores de actividad y 
entre instalaciones. En este sentido, se ha regulado el régimen jurídico de los derechos de 
emisión y su comercio, incluida la regulación de los periodos de comercio y la forma, así 
como los métodos de asignación de derechos de emisión, la tramitación y la resolución de 
determinados procedimientos, entre ellos, los de asignación gratuita, ajuste y devolución 
de derechos transferidos en exceso, de forma que se garantice que la aplicación del 
RCDE UE en España se adecue a los objetivos establecidos a escala de la Unión Europea 
y se realice de forma homogénea en el territorio, con independencia de la ubicación 
territorial de cada instalación. Destacan en este sentido las novedades introducidas en 
cuanto al seguimiento de los niveles de actividad, así como los ajustes en los niveles de 
asignación en cuanto aquellos experimenten modificaciones.
Finalmente, cabe señalar que se ha considerado necesario invocar el título 
competencial concreto contenido en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española en  es
materia de control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, respecto del apartado  o
tEDersesirtiteanaLcbtdaatloie v d.cdaeei s(l  UpqaouErtse)íci  c2luai0ól o1en 8n úf/tn4irnai1cad0ola ,  ds deeeeng  e 1uvs4nitg addo aelre   rdymee eca onlrazg  otena o nderteomx  2paq0r ue1sese8 a .in hmPcaeoirdánre  tú eeelf teinlmac l toaiivn,  caclao oe mrdlp ipsdoepírataoe cssniiiccógiinuóa in epe nafxitncreclau ilaas tlli e vddraece e d srleaaul     OE-A-2020-16347able en https://www.
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
XII
Esta ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En particular, cumple con los principios de necesidad y eficacia 
en tanto que, mediante la modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, contribuye al 
objetivo de interés general de adecuar el ordenamiento jurídico nacional a las novedades 
introducidas por la normativa de la Unión Europea en materia de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero y, particularmente, a la Directiva (UE) 2018/410, 
de 14 de marzo de 2018, siendo una norma con rango de ley y una norma de modificación 
de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, el instrumento más eficaz para garantizar su consecución. 
Es acorde también con el principio de proporcionalidad, ya que la ley contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir. De esta forma, se introducen en el 
ordenamiento jurídico español no solo las disposiciones necesarias para llevar a cabo la 
transposición de la mencionada directiva sino que además se adapta la norma para que la 
implementación de la fase IV pueda hacerse de acuerdo con las novedosas previsiones de 
los reglamentos de la Unión Europea señalados y de la forma más eficaz posible. 
Asimismo, como se ha apuntado, no se incluyen aquellas previsiones que son objeto de 
definición y gestión en el ámbito de la Unión Europea, sino que se realizan remisiones a 
dicha regulación, aportando así mayor flexibilidad a la regulación del RCDE UE en España. 
Esta ley es también acorde con el principio de seguridad jurídica, al quedar engarzado con 
el derecho nacional y el derecho de la Unión Europea, cumple con el principio de 
transparencia, fomentando el conocimiento general del funcionamiento y aplicación del 
RCDE UE en España. Por último, es coherente con el principio de eficacia, al buscar 
dinamizar y simplificar procesos y limitar en lo posible las cargas administrativas.
Artículo único.  Modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero queda modificada como sigue:
Uno.  El primer párrafo del artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«Esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen de comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de las 
emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con los costes y de 
manera económicamente eficiente.»
Dos.  La letra b) del artículo 2 queda redactada en los siguientes términos:
«b)  Expedición: el acto mediante el cual el administrador correspondiente del 
Registro de la Unión Europea incorpora a la cuenta alojada en dicho registro las 
unidades o los derechos de emisión.»
Tres.  La letra k) del artículo 2 queda redactada en los siguientes términos:
«k)  Nuevo entrante: dado un periodo de asignación, se considera nuevo 
entrante respecto a este periodo de asignación a toda instalación en la que se lleve 
a cabo una o más de las actividades enumeradas en el anexo I, que haya obtenido 
una autorización de emisión de gases de efecto invernadero por primera vez dentro  e.
de un plazo que se inicia dieciocho meses antes del inicio del periodo de asignación  w.
en cuestión y que finaliza dieciocho meses antes del inicio del siguiente periodo de  347ww
asignación.»
Cuatro.  La letra s) del artículo 2 queda redactada en los siguientes términos:
«s)  Estado miembro responsable de la gestión: es el Estado miembro 
responsable de gestionar el régimen de comercio de derechos de emisión de la 
Unión Europea en lo que respecta a los operadores aéreos.
Si el operador aéreo dispone de una licencia de explotación de la Unión 
Europea, el Estado miembro responsable de la gestión será el que haya concedido 
la licencia de explotación a dicho operador. En otro caso, el Estado miembro 
responsable de la gestión será aquel para el que se hayan calculado las emisiones 
de la aviación atribuidas más elevadas, procedentes de los vuelos operados por el 
operador aéreo durante el año de referencia y que conste atribuido a dicho Estado 
en la «Lista de operadores de aeronaves y Estados miembros responsables de la 
gestión que les corresponden» a la que se refiere el apartado 6 del anexo I.»
Cinco.  La letra v) del artículo 2 queda redactada en los siguientes términos:
«v)  Plan de seguimiento de las emisiones: la documentación pormenorizada, 
completa y transparente de la metodología de seguimiento de las emisiones de una 
instalación u operador aéreo concreto, incluida la documentación de las actividades 
de adquisición y tratamiento de datos y el sistema de control de su veracidad.»
Seis.  Se añaden las letras h), ñ), y) y z) al artículo 2, que quedan redactadas como 
sigue:
«h)  Entrega: contabilización de un derecho de emisión por el titular de una 
instalación o un operador de aeronaves a efectos de las emisiones verificadas de su 
instalación o aeronave.»
«ñ)  Supresión: eliminación definitiva de un derecho de emisión por su titular 
sin contabilizarlo a efectos de las emisiones verificadas.»
«y)  Cancelación: eliminación definitiva de una unidad de reducción de 
emisiones o reducción certificada de emisiones por su titular sin contabilizarla a 
efectos de las emisiones verificadas.»
«z)  Retirada: contabilización de una unidad de reducción de emisiones o 
reducción certificada de emisiones por una Parte en el Protocolo de Kioto a efectos 
de las emisiones notificadas de dicha Parte.»
Siete.  Se introduce un nuevo artículo 2 bis que queda redactado en los siguientes 
términos:
«Artículo 2 bis.  Relaciones de cooperación y colaboración.
La Administración General del Estado y las comunidades autónomas cooperarán 
y colaborarán en materia de cambio climático y se suministrarán mutuamente la 
información que obre en su poder, en particular, en relación con las metodologías 
aplicables a los diferentes sectores, con mejoras tecnológicas y cualquier otra que 
sea relevante a efectos de la autorización de emisión de gases de efecto 
invernadero, la verificación de las emisiones, la asignación individualizada de 
derechos de emisión o en relación con el informe relativo a la aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre de 2003, previsto en su artículo 21, 
incluyendo las medidas equivalentes adoptadas para las pequeñas instalaciones  s
excluidas del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea  e.
que se hayan referido en dicho informe. La Administración General del Estado y las  w.
comunidades autónomas también cooperarán y colaborarán en los proyectos de  347ww
dMeasracror odlleo  Nliamcpioion eys d Uen aidpalisc ascoibórne  cCoanmjubnitoa  Cdleiml Pátrioctoo.c»olo de Kioto a la Convención
Ocho.  El artículo 3 queda redactado como sigue:
«Artículo 3.  Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
1.  Se crea la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, 
como órgano de coordinación y colaboración entre la Administración General del 
Estado y las comunidades autónomas para la aplicación del régimen de comercio 
de derechos de emisión y el cumplimiento de las obligaciones de información 
internacionales y de la Unión Europea inherentes a este y, en general, para la 
coordinación y colaboración en los siguientes ámbitos:
a)  El seguimiento del cambio climático y adaptación a sus efectos.
b)  La prevención y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
c)  El fomento de la capacidad de absorción de carbono por las formaciones 
vegetales.
d)  Teniendo en cuenta los criterios que establezca el Consejo Nacional del 
Clima, el establecimiento de las líneas generales de actuación de la Autoridad 
Nacional Designada por España y de los criterios para la aprobación de los informes 
preceptivos sobre la participación voluntaria en los proyectos de desarrollo limpio y 
de aplicación conjunta del Protocolo de Kioto a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
e)  El impulso de programas y actuaciones que fomenten la reducción de 
emisiones en los sectores y actividades no incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta ley.
f)  La elaboración y aprobación de directrices técnicas, recomendaciones y 
notas aclaratorias para la armonización de la aplicación del régimen de derechos de 
emisión.
g)  El desarrollo e implantación de un régimen nacional de proyectos 
domésticos.
h)  Informar los anteproyectos de ley y reales decretos que se tramiten en el 
ámbito del régimen de comercio de los derechos de emisión.
2.  La Comisión estará presidida por la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente. La persona titular de la Oficina Española de Cambio 
Climático designará a la persona que desempeñe las funciones de secretaría de la 
Comisión.
La Comisión contará con los siguientes vocales:
a)  Por la Administración General del Estado: diecinueve vocales designados 
por los ministerios competentes en materia de medio ambiente, energía, economía, 
hacienda, industria, turismo, comercio, interior, movilidad, educación, ciencia, 
empleo, agricultura, pesca, alimentación, administraciones públicas, sanidad, 
consumo, Agenda 2030 y vivienda, y un vocal designado por Presidencia del 
Gobierno.
b)  Un vocal designado por cada comunidad autónoma.
c)  Un vocal designado por cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla.
d)  Un vocal representante de las entidades locales, designado por la 
asociación de ámbito estatal con mayor implantación.
3.  La Comisión adoptará su propio reglamento de funcionamiento interno.» e
Nueve.  El artículo 3 bis queda redactado en los siguientes términos: 347www.
«Artículo 3 bis.  Consejo Nacional del Clima y Mesas de Diálogo Social.
orga1n. izaEcli oCneosn sseinjod icNaalecsi,o nemalp rdeesla rCialilmesa  y gaamrabnietinztaarleás  lae np eal rtsiecgipuaimciióenn tod ed el alas 
aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión en cuanto a sus efectos
en la competitividad, la estabilidad del empleo, la cohesión social y la coherencia 
ambiental.
2.  En tal sentido, se impulsarán las Mesas de Diálogo Social necesarias para 
garantizar la participación de las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales en el seguimiento del impacto de aplicación del régimen de comercio 
de derechos de emisión en España.»
Diez.  El apartado 2 del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
«2.  La autorización de emisión de gases de efecto invernadero será otorgada 
por el órgano autonómico competente y tendrá el contenido siguiente:
a)  Nombre y dirección del titular de la instalación.
b)  Identificación, domicilio de la instalación y domicilio a efectos de 
notificaciones.
c)  Una descripción básica de las actividades y emisiones de la instalación.
d)  Un plan de seguimiento de las emisiones que cumpla los requisitos con 
arreglo a la normativa de la Unión Europea aplicable y a la normativa de desarrollo 
que se adopte.
e)  Las obligaciones de suministro de información, de acuerdo con la normativa 
de la Unión Europea aplicable y, en su caso, con la normativa de desarrollo.
e bis)  Las obligaciones sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de 
intercambio de datos para armonizar la comunicación sobre el plan de seguimiento, 
el informe anual sobre las emisiones y las actividades de verificación entre el titular, 
el verificador y las autoridades competentes.
f)  La obligación de entregar, en los cuatro meses siguientes al final de cada 
año natural, derechos de emisión en cantidad equivalente a las emisiones totales 
verificadas de la instalación durante el año anterior.
g)  Fecha prevista de entrada en funcionamiento.
h)  La obligación de abrir una cuenta de haberes de titular en el área española 
del Registro de la Unión Europea.»
Once.  El apartado 5 del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
«5.  Los titulares deberán mantener los planes de seguimiento de las emisiones 
actualizados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y deberán notificar 
sin demora injustificada al órgano autonómico competente cualquier propuesta de 
modificación del plan de seguimiento. El órgano autonómico competente podrá 
permitir que los titulares actualicen los planes de seguimiento de emisiones sin 
modificación de la autorización.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que dicha modificación no sea 
considerada significativa con arreglo a la normativa de la Unión Europea, el titular 
de la instalación podrá presentar la modificación del plan de seguimiento a más 
tardar el 31 de diciembre del mismo año en que tenga lugar.
Cualquier modificación del plan de seguimiento de las emisiones considerada 
significativa con arreglo a lo establecido en la normativa de la Unión Europea se 
someterá a la aprobación del órgano autonómico competente. Cuando el órgano 
autonómico competente considere que una modificación notificada como significativa 
por el titular de la instalación no tenga tal consideración con arreglo a lo establecido 
en la normativa de la Unión Europea, informará de dicha circunstancia al titular de  e.
la instalación.» w.b
Doce. «fL) a lUetnraa  fp) rdoepl uaertsítcau lod e5  pqluaend ad ere sdeagctuaimdaie ennt olo ds es igeumieisnitoense tsé rqmuineo csu:mpla los
requisitos exigidos por la normativa de la Unión Europea y nacional vigentes en
cada momento.»
Trece.  El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 7.  Extinción de la autorización.
Las autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero quedarán 
extinguidas en los supuestos de:
a)  Cierre de la instalación.
b)  Falta de puesta en funcionamiento de la instalación transcurridos tres 
meses desde la fecha de inicio de actividad prevista en la autorización, salvo causa 
justificada declarada por el órgano competente para otorgar la autorización.
c)  En los supuestos de sanción, conforme a lo previsto en el artículo 30.1.a).3.º
d)  Suspensión de la actividad de la instalación durante un plazo superior a un 
año. Excepcionalmente, el órgano competente podrá demorar la extinción de la 
autorización hasta que transcurra un plazo máximo de dieciocho meses de 
suspensión de la actividad, de acuerdo con lo previsto en la normativa reglamentaria 
de desarrollo de esta ley y en el Derecho de la Unión Europea.»
Catorce.  El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 8.  Comunicaciones al órgano competente en materia de registro.
Las comunidades autónomas comunicarán a la Oficina Española de Cambio 
Climático, como órgano competente en materia de registro conforme al artículo 25.3, 
las resoluciones de otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones en 
el plazo de diez días desde la fecha de la resolución.»
Quince.  El Capítulo III pasa a denominarse «Derechos de emisión» y queda 
redactado en los siguientes términos:
«CAPÍTULO III
Derechos de emisión
Artículo 9.  Naturaleza jurídica de los derechos de emisión.
1.  El derecho de emisión se configura como el derecho subjetivo a liberar a la 
atmósfera una tonelada equivalente de dióxido de carbono desde una aeronave o 
desde una instalación incluida en el ámbito de aplicación de esta ley.
2.  La titularidad originaria de la totalidad de los derechos de emisión que se 
otorguen de manera gratuita a instalaciones ubicadas en territorio español y a los 
operadores aéreos cuya gestión corresponda a España, y la titularidad de los 
derechos de emisión subastados, corresponden a la Administración General del 
Estado, que los asignará, enajenará o suprimirá de conformidad con lo establecido 
en esta ley.
3.  El derecho de emisión tendrá carácter transmisible.
4.  La expedición, titularidad, transferencia, transmisión, entrega y supresión de 
los derechos de emisión deberá ser objeto de inscripción en el área española del 
Registro de la Unión Europea.
Artículo 10.  Normativa financiera aplicable a los derechos de emisión. es
1.  Los derechos de emisión y los derivados sobre los mismos tienen la  w.
consideración de instrumentos financieros conforme a la normativa nacional y de la  347ww
Unió2n.  ELuaro npoeram qauteiv are essutlateb ldeec iadpal iac anciivóenl .nacional y de la Unión Europea relativa a
laopsl icmaecricóand ao sla dse p ienrsstorunmase nfítsoicsa fsin oa njucrieídroicsa sy  qduee c oonpterroel nd ec odnic dheorse cmheorsc addeo esm siesrióán d oe   BOE-A-cable e
derivados sobre los mismos.
Artículo 11.  Transmisión de los derechos de emisión.
1.  Los derechos de emisión podrán ser objeto de transmisión:
a)  Entre personas físicas o jurídicas en la Unión Europea.
b)  Entre las anteriores y personas físicas o jurídicas en terceros Estados o 
entidades  regionales  o  subfederales  de  dichos  terceros  Estados,  previo 
reconocimiento mutuo de los derechos de las partes firmantes en virtud de 
instrumento internacional.
2.  La adquisición de derechos de emisión por una persona física o jurídica que 
no tenga la condición de titular de instalación u operador aéreo requerirá la previa 
apertura de la correspondiente cuenta en el área española del Registro de la Unión 
Europea.
3.  Los derechos de emisión solo podrán ser objeto de transmisión por parte de 
su titular una vez expedidos y transferidos a su cuenta conforme a lo establecido en 
el artículo 26.
4.  La transmisión tendrá lugar en el momento de su inscripción en el área 
española del Registro de la Unión Europea.
5.  La titularidad publicada por el Registro de la Unión Europea se presume 
legítima y no estará sujeto a reivindicación el tercero que adquiera de quien figure 
inscrito a título oneroso y sin mala fe ni culpa grave.
Artículo 12.  Validez de los derechos de emisión.
Los derechos de emisión expedidos a partir del 1 de enero de 2013 tendrán 
validez indefinida. Los expedidos a partir del 1 de enero de 2021 indicarán en qué 
periodo de comercio se expidieron, y serán válidos para las emisiones desde el 
primer año de ese periodo en adelante.
Artículo 13.  Periodos de comercio.
1.  Los periodos de comercio tendrán la duración que determine la normativa 
de la Unión Europea y podrán comprender más de un periodo de asignación.
2.  El periodo de comercio 2021-2030 se divide, en el ámbito de las 
instalaciones fijas, en dos periodos de asignación, siendo estos los siguientes: 
2021-2025 y 2026-2030.»
Dieciséis.  El artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 14.  Principios generales.
1.  La subasta es el método básico de asignación, de conformidad con la 
normativa de la Unión Europea. El porcentaje de derechos de emisión que se 
subasten será aquel que determine la Comisión Europea en aplicación de la 
normativa de la Unión Europea.
2.  Las subastas se desarrollarán con arreglo a la normativa de la Unión 
Europea y se regirán por los principios de libertad de concurrencia, publicidad, 
transparencia, no discriminación y eficiencia. En este sentido, el régimen de 
subastas se ajustará a los siguientes criterios:
a)  Se deberá velar por que los titulares y, en particular, cualquier pequeña o  oe.
mediana empresa incluida en el ámbito de aplicación de esta ley, tengan un acceso  w.
pleno, justo y equitativo. 347ww
mismb)o  tTieomdopso  loys  npianrgtúicnip apnatretisc idpeabneterá dn etbeenreár  aocbcsetascou ali zlaa r meils mdeas ianrfroorlmloa cdieó nl aasl 
subacs) tasL.a organización y participación en las subastas deberán ser eficientes  BOE-A-cable e
desde el punto de vista de los costes y evitar todo coste administrativo innecesario.
d)  La subasta garantizará que se conceda a los pequeños emisores el acceso 
a los derechos de emisión.
3.  Corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente velar por que la 
aplicación y gestión de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero se lleven a cabo de acuerdo con lo que establezca la normativa de la 
Unión Europea y, en su caso, con la normativa de desarrollo de esta ley.
El titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente desempeña la función 
de subastador, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea en materia de 
subastas.
4.  En caso de cese de la capacidad de generación de electricidad como 
consecuencia de medidas nacionales adicionales, la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente podrá cancelar una cantidad máxima de los derechos de emisión a 
subastar hasta alcanzar el promedio de las emisiones verificadas de la instalación 
de que se trate en los cinco años anteriores al cese de capacidad. Dicho órgano 
informará a la Comisión Europea de la cancelación prevista de conformidad con la 
normativa de la Unión Europea en materia de subastas.»
Diecisiete.  El artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 15.  Informes.
En el plazo de un mes tras la celebración de cada subasta, la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente publicará un informe sobre el desarrollo de la misma, en 
particular detallando la aplicación de las normas de subasta, el acceso justo y libre 
por todos los operadores, la transparencia en su resolución, el cálculo de los precios 
y los aspectos técnicos y operativos de su celebración.»
Dieciocho.  El artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 16.  Instalaciones susceptibles de recibir asignación gratuita transitoria.
1.  Los sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono serán 
los que haya determinado la Comisión Europea, de acuerdo con la normativa de la 
Unión.
En 2021 y en cada uno de los años siguientes hasta 2030, las instalaciones de 
sectores o subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono 
recibirán derechos de forma gratuita. El grado de asignación gratuita alcanzará en 
este caso el cien por cien de la cantidad determinada de acuerdo con las normas de 
la Unión Europea de carácter transitorio para la armonización de la asignación 
gratuita de derechos de emisión.
2.  Para las instalaciones que no pertenezcan a sectores o subsectores 
expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono y sean susceptibles de 
recibir asignación gratuita, la cantidad de derechos de emisión correspondientes 
a 2021 asignados de forma gratuita será hasta 2026 el treinta por ciento de la 
cantidad determinada de acuerdo con las normas de la Unión Europea armonizadas. 
Después de 2026 y hasta 2030, y a menos que se decida de otro modo en la revisión 
que se realice en virtud del artículo 30 de la Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre 
de 2003, ese porcentaje se irá reduciendo cada año en la misma cantidad con la 
finalidad de llegar en 2030 a una situación en la que no se asigne ningún derecho  es
de emisión de forma gratuita, a excepción de la calefacción urbana, que mantendrá  o
haapcauasert3tara.d  d2oo0S ,c3 ioan0n   pp elaealr rstjpi urno idocrecirome  2nda0tes2a  1jdleo en   dodlae is slU petn uraeieósisnnigtt onEa a ueprrnáoo nprl  oedcsaei e rpaenárctmrohr ooadnsfoe izds ale apd  eracimmsa.inestiróiodn a ydd e sd efeogtruemnradm ogin rdaaedtu aeit asd teae    2020-16347n https://www.
los generadores de electricidad, a las instalaciones de captura, a las conducciones
para el transporte ni a los emplazamientos de almacenamiento de dióxido de carbono.
No obstante, en el caso de la electricidad producida mediante la combustión de 
gases residuales cuya emisión en el proceso de producción industrial no pueda ser 
evitada, reglamentariamente, de conformidad con lo previsto por la normativa de la 
Unión Europea, y siempre que dicha normativa así lo autorice, se asignarán 
derechos de emisión de forma gratuita a los titulares de las instalaciones de 
combustión de los gases residuales o a los titulares de las instalaciones de origen 
de dichos gases.
Se asignarán derechos de emisión de forma gratuita a la calefacción urbana y a 
la cogeneración de alta eficiencia, tal y como se define en la Directiva 2012/27/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, respecto de la 
producción de calor o refrigeración con objeto de satisfacer una demanda justificada 
desde el punto de vista económico. En cada anualidad, la asignación total a este 
tipo de instalaciones para la producción de calor se adaptará de acuerdo con las 
normas de la Unión Europea.
4.  De acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión Europea, no se 
asignará ningún derecho de forma gratuita a una instalación que haya cesado de 
funcionar, a menos que el titular de la instalación demuestre a la autoridad 
competente que dicha instalación reanudará la producción en un plazo especificado 
y razonable.»
Diecinueve.  El artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 17.  Reglas de asignación.
La metodología de asignación gratuita transitoria se regirá por las normas de la 
Unión Europea de carácter transitorio para la armonización de la asignación gratuita 
de derechos de emisión, así como por la normativa de desarrollo de esta ley que 
pudiera establecerse.»
Veinte.  El artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 18.  Nuevos entrantes.
1.  Una cantidad de derechos de emisión será reservada como asignación 
gratuita para los nuevos entrantes en el periodo 2021-2030, de conformidad con lo 
establecido en la normativa de la Unión Europea. Esta reserva de nuevos entrantes 
es común y única para toda la Unión y se regirá por la normativa de esta.
2.  No se asignará ningún derecho de forma gratuita a ningún tipo de producción 
de electricidad por los nuevos entrantes.»
Veintiuno.  El artículo 19 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 19.  Asignación gratuita individualizada de derechos de emisión.
1.  Los titulares de las instalaciones podrán solicitar a la Oficina Española de 
Cambio Climático la asignación gratuita de derechos de emisión para cada periodo 
de asignación.
2.  Reglamentariamente se establecerá el plazo de presentación de las 
solicitudes de asignación gratuita de derechos de emisión y, en su caso, su 
contenido, formato y la documentación que deba acompañarla, así como cualquier 
otro aspecto que se considere pertinente, de acuerdo con la normativa de la Unión  e.e
Europea. b
3.  La solicitud de asignación gratuita de derechos deberá venir acompañada  347ww
deem liasai )ód no Acducemre egdnaittsaaeccsiióó ndn e de ene  flseaec qrto ut ietiun clvaoernr sndtaeed :lear oin.s Etanla ccaiósno  yd ed isqpuoen eern  deel  mauotmoreiznatcoi ódne  dlea   OE-A-2020-16able en https://
solicitud de asignación el titular hubiese solicitado la correspondiente autorización,
pero esta no hubiese sido otorgada todavía, podrá solicitar asignación presentando 
únicamente la solicitud de autorización. No obstante, al menos dieciocho meses 
antes del inicio del periodo de asignación deberá haber obtenido la citada 
autorización y, en un plazo de un mes desde la obtención de la misma, haberla 
presentado ante la Oficina Española de Cambio Climático. De no ser así, pasará a 
ser considerado nuevo entrante conforme a la letra k) del artículo 2.
b)  Todos aquellos datos de la instalación que sean necesarios para calcular 
su asignación de acuerdo con las normas de la Unión Europea armonizadas 
sobre asignación gratuita transitoria y, en su caso, con la normativa de desarrollo 
de esta ley.
c)  Una declaración responsable de que la instalación cuenta con todos los 
permisos y licencias administrativos exigidos por la normativa aplicable estatal, 
autonómica y local para poner la instalación en funcionamiento.
No será necesario aportar los datos de emisiones verificadas que ya consten 
inscritas en el Registro de la Unión.
En el supuesto de instalaciones que no se encuentren aún en funcionamiento, 
se indicará la fecha probable de su puesta en marcha.
4.  La asignación gratuita de derechos de emisión, una vez realizado el trámite 
de información pública, se adoptará mediante acuerdo del Consejo de Ministros, 
previa consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y a 
propuesta de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital; de 
Industria, Comercio y Turismo; y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Asimismo, a fin de determinar la cantidad de derechos a asignar, se sustanciarán las 
comunicaciones  que  resulten  oportunas  con  la  Comisión  Europea  y  que 
correspondan de acuerdo con la normativa de la Unión.
5.  El acuerdo determinará la cantidad de derechos asignada durante un 
periodo de asignación y los derechos asignados para cada año a cada instalación. 
Transcurrido el plazo de veintidós meses desde la solicitud de asignación sin 
haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su 
solicitud por silencio administrativo.
6.  Este acuerdo será comunicado, en el plazo de diez días desde su adopción, 
a las comunidades autónomas.
7.  Las resoluciones sobre la asignación individualizada de derechos de 
emisión serán accesibles al público, en los términos y con las limitaciones previstas 
en las normas reguladoras del derecho de acceso a la información en materia de 
medio ambiente.»
Veintidós.  El Capítulo V pasa a denominarse «Ajustes y devolución de la asignación 
gratuita de derechos de emisión» y queda redactado en los siguientes términos:
«CAPÍTULO V
Ajustes y devolución de la asignación gratuita de derechos de emisión
Artículo 20.  Ajustes en los niveles de derechos de emisión asignados de manera 
gratuita a las instalaciones.
1.  A partir de 2021, cuando el nivel de actividad de una instalación, de acuerdo  s
con evaluaciones sobre la base de un promedio móvil de dos años, haya aumentado  e.
o disminuido más del quince por ciento en comparación con el nivel de actividad  w.
utilizado inicialmente para determinar la asignación gratuita en el periodo de  347ww
adsicighnaa icniósnta lpaecritóinne, ndtee,  asecu aejrudsota rcáo nla  lcoa qnutidea eds dtaeb dleezrecach loas  ndoer mematiisviaó nd aes ligan Uadnaió an 
Europea.
Para su ajuste, se tendrá en cuenta el informe de actividad verificado según lo 
dispuesto en el artículo 22.2 en los términos establecidos en la normativa de la 
Unión Europea y en la normativa de desarrollo de esta ley.
2.  Se  precisarán  reglamentariamente  para  el  periodo  2021-2030  las 
circunstancias que determinen el cese de la actividad o el cierre de la instalación y 
los aspectos relativos a los ajustes en los niveles de derechos de emisión asignados 
gratuitamente a las instalaciones como consecuencia de cambios en los niveles de 
actividad o como consecuencia de otras circunstancias, de conformidad con la 
normativa de la Unión Europea.
Artículo 21.  Devolución de derechos de emisión.
1.  Los titulares de las instalaciones procederán a la devolución de los derechos 
de emisión que hayan sido transferidos en exceso o que deban ser objeto de 
devolución. El procedimiento para su devolución se desarrollará reglamentariamente 
y, en todo caso, garantizará la audiencia al titular de la instalación.
2.  Transcurridos seis meses desde la fecha en que se notifique la resolución 
por la que se acuerde la devolución de los derechos de emisión que hayan sido 
transferidos en exceso o que deban ser objeto de devolución sin que el titular de la 
instalación haya procedido a su devolución, la Administración podrá proceder a su 
ejecución forzosa conforme al procedimiento que el Gobierno establezca mediante 
real decreto.
3.  El derecho de la Administración para exigir a los titulares de las instalaciones 
la devolución de la asignación transferida en exceso o que deba ser objeto de 
devolución prescribirá a los cinco años desde la fecha en la que se haya realizado 
la transferencia de la asignación reclamada a la cuenta del titular en el Registro de 
la Unión.
El derecho de la Administración para proceder a la ejecución de oficio prescribirá 
a los cinco años desde la fecha en que se haya notificado la resolución por la que 
se acuerde la devolución de los derechos transferidos en exceso o que deban ser 
objeto de devolución.»
Veintitrés.  El Capítulo VI pasa a denominarse «Obligaciones de seguimiento y 
notificación de las emisiones para instalaciones fijas y verificación de datos y acreditación 
de los verificadores» y queda redactado en los siguientes términos:
«CAPÍTULO VI
Obligaciones de seguimiento y notificación de las emisiones y de los niveles 
de actividad para las instalaciones fijas y verificación de datos y acreditación 
de los verificadores
Sección 1.ª  Obligaciones de seguimiento y notificación de las emisiones 
y de los niveles de actividad para las instalaciones fijas
Artículo 21 bis.  Seguimiento de las emisiones y de los niveles de actividad de las 
instalaciones fijas.
1.  A partir del 1 de enero de 2021 el seguimiento de las emisiones se realizará 
con base en el plan de seguimiento de emisiones incluido en la autorización de  e.
emisión de gases de efecto invernadero aprobado por el órgano autonómico  w.
competente, de conformidad con la normativa de la Unión Europea. 347ww
emis2i.ó n Lreaasl iiznasrtáanla ecli osneegsu iqmuiee nhtoa ydaen l osso lnicivitealdeos  daesi gancativciidóand g draet ulaitsa s dueb idnestraelcahcoiosn dees 
eseng luaism iqeuneto  easptréo bdaivdiod ipdoar  claa dOafi cininsat aElascpiaóñno lcao dne b Caasme beion  Celli mpálatinc om, deeto cdoonlófogrimcoid dade   BOE-A-cable e
con la normativa de la Unión Europea y la normativa de desarrollo de esta ley.
3.  Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el plan 
metodológico de seguimiento y sus modificaciones, de conformidad con la normativa 
de la Unión Europea de aplicación.
Artículo 22.  Notificación de información.
1.  El titular de la instalación deberá remitir al órgano autonómico competente, 
antes del 28 de febrero de cada año, el informe verificado sobre las emisiones del 
año precedente, que se ajustará a lo exigido en la autorización, según lo dispuesto 
en el artículo 4.2.e) y en la parte A del anexo III.
2.  El titular de la instalación que tenga otorgada asignación gratuita de 
derechos de emisión deberá remitir a la Oficina Española de Cambio Climático, 
antes del 28 de febrero de cada año, un informe de nivel de actividad verificado de 
las subinstalaciones en las que esté dividida su instalación, en los términos 
establecidos en la normativa de la Unión Europea y en la normativa de desarrollo de 
esta ley.
3.  El contenido mínimo de los informes referidos en los apartados 1 y 2 se 
ajustará a lo establecido en la normativa de la Unión Europea y en la que se dicte 
en desarrollo de esta ley.
Estos informes deberán ser verificados de conformidad con lo dispuesto en la 
parte A del anexo IV y la normativa de la Unión Europea sobre verificación y 
acreditación, y, en su caso, con arreglo a la normativa de desarrollo de esta ley. 
Dicha normativa será informada preceptivamente por la Comisión de Coordinación 
de Políticas de Cambio Climático.
La normativa de desarrollo podrá prever requisitos para que los titulares de 
instalaciones notifiquen las emisiones asociadas a la fabricación de productos por 
industrias grandes consumidoras de energía que puedan estar sujetas a la 
competencia internacional y para que la información relativa a sus emisiones sea 
verificada de forma independiente. Esos requisitos pueden referirse a la notificación 
de los niveles de emisión por la generación de electricidad incluida en el régimen de 
la Unión Europea asociada a la fabricación de esos productos.
La normativa de desarrollo en materia de seguimiento y notificación podrá incluir 
requisitos sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de intercambio de 
datos para armonizar la comunicación para las instalaciones fijas.
4.  La información cubierta por el secreto profesional no podrá divulgarse a 
ninguna otra persona o autoridad excepto en virtud de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas aplicables.
Artículo 23.  Valoración del informe verificado sobre las emisiones del año 
precedente.
1.  Si el órgano autonómico competente da su conformidad al informe verificado 
sobre las emisiones del año precedente descrito en el artículo 22.1, procederá a 
inscribir antes del 31 de marzo del año en curso el dato sobre emisiones del año 
precedente en la tabla de emisiones verificadas que a tal efecto se habilite en el 
área española del Registro de la Unión Europea.
2.  Si el órgano autonómico competente discrepara del informe verificado, 
notificará al titular de la instalación la existencia de discrepancias, la propuesta de 
resolución de estas para poder considerar satisfactorio el informe y, en su caso, la  s
estimación de emisiones. Examinadas las alegaciones del titular de la instalación, el  oe.
órgano autonómico competente resolverá e inscribirá en la tabla de emisiones  w.
vEeurriof3ipc. eaadE aensl   ldohasat bosiu lsiptoaubderase t oeasm t eaisnl io elonfese csqt uode ee  elnal   teiintlu sáltaarrel anaco ieó rsnep.maiñtieoslae  deel iln Rfoermgiset rvoe rdifeic alad oU ennió enl   2020-16347n https://ww
plazo establecido en el artículo 22.1, el órgano autonómico competente procederá a
la estimación de emisiones e inscribirá en la tabla de emisiones verificadas habilitada  Bc
a tal efecto en el área española del Registro de la Unión Europea el dato sobre
emisiones de la instalación. Se sustanciará el trámite de audiencia previa al titular 
de la instalación conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.  La estimación del dato de emisiones en los supuestos de los apartados 2 
y 3 de este artículo se realizará de acuerdo con la metodología exigible.
5.  La Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático podrá 
solicitar que las autoridades competentes para el ejercicio de las funciones previstas 
en este artículo informen en su seno del desarrollo de las mismas.
Sección 2.ª  Verificación de datos y acreditación de los verificadores
Artículo 24.  Verificación de datos.
El informe anual sobre los datos de emisiones, el informe sobre los datos de 
referencia para solicitar asignación gratuita, el informe sobre los datos de nuevo 
entrante y el informe de nivel de actividad deberán ser verificados de conformidad 
con la normativa de la Unión Europea que desarrolla los artículos 14 y 15 de la 
Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre de 2003.
Artículo 24 bis.  Acreditación de los verificadores.
Los verificadores que desarrollen las actividades de verificación del artículo 24 
deberán estar acreditados de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa de la Unión Europea y, en particular, el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/2067 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 relativo a la verificación de 
los datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.»
Veinticuatro.  El Capítulo VII pasa a denominarse «Registro de la Unión Europea y 
obligaciones de entrega de derechos de emisión» y queda redactado en los siguientes 
términos:
«CAPÍTULO VII
Registro de la Unión Europea y obligaciones de entrega de derechos 
de emisión
Artículo 25.  Registro de la Unión Europea.
1.  El Registro de la Unión Europea es el instrumento a través del cual se 
asegura la publicidad y permanente actualización de la titularidad y control de los 
derechos de emisión y de otras unidades, como las unidades de reducción de 
emisiones o las reducciones certificadas de emisiones del Protocolo de Kioto, y se 
regula por la normativa de la Unión Europea y por lo establecido en esta ley.
2.  Los titulares de instalaciones fijas y los operadores aéreos tendrán la 
obligación de abrir una cuenta de haberes de titular en el área española del Registro 
de la Unión Europea.
A estos efectos, las resoluciones de aprobación y extinción de los planes de 
seguimiento de las emisiones de los operadores aéreos se comunicarán a la Oficina 
Española de Cambio Climático, como órgano competente en materia de registro  es
conforme al apartado siguiente, en el plazo de diez días desde su adopción. o
3.  El Registro de la Unión Europea será accesible al público, en los términos  347www.
pcCEorsaentmva ei bsOlit ooáfi srcCe inealiman e  áeslatjpei canrocño eodrmrleaála   dsMtiuevinsla  Ri scdetoeegmr iilsoapt  erpUotae ndrniaóec n ilalaa s E T Uueranrnoni óprseneicl aaEió.cu niEór oEln p ócceorogalóna sg nleiaocr a áac  cyolat mie vOlip dRfeiacetdeitn onda tDee E  elesamnps oa crgñeuroleáalanfci citódaones.     OE-A-2020-16able en https://
de haberes de las instalaciones ubicadas en territorio español, de los operadores
aéreos cuya gestión corresponda a España, y de las cuentas de personas físicas y 
jurídicas que hayan sido abiertas en el área española del Registro de la Unión 
Europea tras petición dirigida a la misma, sin perjuicio de la competencia que 
ostentan las comunidades autónomas en relación con la inscripción del dato de 
emisiones verificadas de las instalaciones fijas.
4.  El Registro de la Unión Europea tendrá por objeto la inscripción de todas las 
operaciones relativas a la expedición, titularidad, transmisión, transferencia, entrega, 
supresión, retirada, y cancelación de los derechos de emisión, de las unidades de 
reducción de emisiones y de las reducciones certificadas de emisiones, así como a 
la constitución de derechos reales u otra clase de gravámenes sobre los mismos, en 
la medida que así lo contemple la normativa por la que se establezca y regule el 
Registro de la Unión Europea. Asimismo, inscribirá la suspensión de la capacidad 
de transmitir las unidades citadas en los supuestos previstos en el artículo 26 bis, 
así como en el resto de supuestos que estén previstos por la normativa de la Unión 
Europea de desarrollo.
5.  Las normas de organización y funcionamiento del área española del 
Registro de la Unión Europea se desarrollarán por real decreto, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa de la Unión Europea por la que se establece y regula el 
Registro de la Unión Europea.
Artículo 26.  Expedición de derechos de emisión.
1.  Cada año, la Oficina Española de Cambio Climático comunicará a la 
Comisión Europea la cantidad de derechos de emisión que deben expedirse ese 
año, de conformidad con los artículos 14, 19, 38 y 41, tanto para instalaciones fijas 
como para el sector de la aviación.
2.  Antes del 28 de febrero de cada año la Oficina Española de Cambio 
Climático propondrá al administrador central del Registro de la Unión Europea la 
ejecución automática de la transferencia, desde la cuenta de asignación de la Unión 
Europea correspondiente a la cuenta de haberes de cada titular y operador aéreo, 
por la cantidad de derechos de emisión otorgados gratuitamente que le correspondan 
conforme a los acuerdos a los que se refieren los artículos 19.5, 38.5 y 41.
3.  No obstante, la transferencia a la que se refiere el apartado 2 no será 
propuesta a 28 de febrero de cada año cuando concurra alguna de las circunstancias 
establecidas en la normativa de la Unión Europea de aplicación y en la normativa de 
desarrollo de esta ley.
4.  Podrá no ser propuesta a 28 de febrero de cada año la transferencia a que 
se refiere el apartado 2 en el caso de que se haya ejecutado la transferencia de la 
asignación de años anteriores y, con posterioridad, se tenga conocimiento de que 
existe una disminución de la actividad que suponga una reducción de la asignación 
gratuita otorgada para dicho año y hasta el momento en que el titular de la cuenta 
de haberes de la instalación realice la devolución del exceso de derechos de emisión 
transferidos.
5.  Podrá no ser propuesta a 28 de febrero de cada año la transferencia a que 
se refiere el apartado 2 cuando el plan metodológico de seguimiento no cumpla con 
los requisitos establecidos reglamentariamente.
6.  La transferencia de derechos de emisión otorgados gratuitamente a los 
nuevos entrantes se producirá de conformidad con la normativa de la Unión Europea 
y, en su caso, con la normativa de desarrollo de esta ley, y en todo caso tras la  e.e
comunicación de la comunidad autónoma a la Oficina Española de Cambio Climático  w.b
de que la instalación se ha puesto en funcionamiento. 347ww
Artículo 26 bis.  Suspensión de las operaciones de transmisión de derechos de 
emisión.
1.  En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 23, el titular 
no podrá transmitir derechos de emisión en tanto no se produzca la inscripción del 
dato sobre emisiones por el órgano autonómico competente.
2.  En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 36 ter, el 
operador aéreo no podrá transmitir derechos de emisión en tanto no se produzca la 
inscripción del dato sobre emisiones por el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.
Artículo 27.  Supresión y entrega de derechos de emisión.
1.  La Oficina Española de Cambio Climático tomará las medidas necesarias 
para que los derechos de emisión se supriman en cualquier momento a petición de 
su titular.
2.  Antes del 30 de abril de cada año, los titulares de las instalaciones y los 
operadores aéreos deberán entregar un número de derechos de emisión equivalente 
al dato de emisiones verificadas inscrito de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 23 y 36 ter.
La entrega determinará la transferencia de derechos desde la cuenta de haberes 
del titular de la instalación o del operador aéreo y quedará reflejada en las tablas de 
entrega de derechos y de estado de cumplimiento.
3.  No habrá obligación de entregar derechos de emisión relativos a emisiones 
cuya captura esté comprobada y que se hayan transportado para su almacenamiento 
permanente a una instalación con una autorización vigente de conformidad con la 
legislación en vigor sobre almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
4.  Para cumplir con las obligaciones previstas en el apartado 2 los titulares de 
instalaciones fijas y los operadores aéreos incluidos en el régimen de comercio de 
derechos de emisión no podrán entregar derechos de emisión expedidos por un 
Estado miembro respecto del cual existan obligaciones que se extingan para los 
titulares de instalaciones fijas y los operadores aéreos, como consecuencia de la 
notificación de retirada de la Unión de dicho Estado miembro conforme a lo previsto 
en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
Artículo 28.  Relación del área española del Registro de la Unión Europea con el 
administrador central.
Cuando el administrador central al que la Comisión Europea encomiende la 
función de gestión del Registro de la Unión Europea informe a la Oficina Española 
de Cambio Climático de irregularidades que haya detectado en relación con alguna 
operación de transferencia de derechos de emisión, se suspenderá cautelarmente 
la inscripción de la operación afectada, así como cualquier otra en la que estén 
implicados los derechos de emisión correspondientes, hasta que se hayan resuelto 
las irregularidades detectadas.»
Veinticinco.  El artículo 29 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 29.  Tipificación de las infracciones para instalaciones fijas.
1.  A los efectos de esta ley, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación  e.
autonómica y en la normativa de la Unión Europea, sin perjuicio de las  w.
responsabilidades penales, civiles u otras administrativas a que hubiere lugar, las  347ww
infra2c.c ioSnoens  iandfrmacinciisotnraetsiv aads msein cislatrsaitfiivcaasn  menu ym gurya vgerasv leass,  sgigrauvieenst eys l:eves.
1.º  Ejercer la actividad sin la preceptiva autorización de emisión de gases de
efecto invernadero.
2.º  Incumplir la obligación de informar sobre la modificación del carácter, el 
funcionamiento o el tamaño de la instalación, establecida en el artículo 6, siempre 
que suponga alteraciones significativas en los datos de emisiones o requiera 
cambios en la metodología aplicable para cumplir las obligaciones de seguimiento 
previstas en el artículo 4.2.d).
3.º  No presentar el informe anual verificado de las emisiones exigido en el 
artículo 22.1.
4.º  Ocultar o alterar intencionadamente la información exigida en el artículo 
19.3 o incumplir la obligación de informar, al amparo del artículo 6, de cambios en la 
instalación que pudieran tener incidencia en la determinación del volumen de 
derechos asignados.
5.º  Incumplir la obligación de entregar derechos exigida en el artículo 27.2 o, 
en el caso de las instalaciones excluidas del régimen de comercio de derechos de 
emisión, incumplir la medida de mitigación equivalente a la prevista por la 
participación en el régimen de comercio de derechos de emisión definida 
reglamentariamente.
6.º  Impedir el acceso del verificador a los emplazamientos de la instalación en 
los supuestos en los que esté facultado por el anexo IV de esta ley y su normativa 
de desarrollo.
7.º  No aportar la información necesaria para el procedimiento de verificación.
8.º  No presentar el informe de nivel de actividad verificado exigido en el 
artículo 22.2.
9.º  No presentar la modificación del plan metodológico de seguimiento con 
arreglo a lo previsto en el desarrollo reglamentario de esta ley, cuando dicha 
modificación tenga incidencia en la determinación del volumen de derechos 
asignados.
10.º  Incumplir la obligación de devolver los derechos gratuitos transferidos en 
exceso una vez haya adquirido firmeza la resolución por la que se ordena la 
devolución.
3.  Son infracciones administrativas graves:
1.º  Ocultar o alterar intencionadamente la información exigida en los artículos 5 y 6.
2.º  Incumplir la obligación de informar sobre la modificación de la identidad o 
el domicilio del titular establecida en el artículo 6.
3.º  Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas en 
la autorización cuando de dicho incumplimiento se deriven alteraciones en los datos 
de emisiones.
4.º  Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados sobre 
las emisiones, siempre que implique alteración de los datos de emisiones.
5.º  Incumplir las normas reguladoras del informe de nivel de actividad 
verificado, siempre que implique alteración de los datos de niveles de actividad.
6.º  No presentar la modificación del plan metodológico de seguimiento con 
arreglo a lo previsto en el desarrollo reglamentario de esta ley, cuando dicha 
modificación se considere importante con arreglo a la normativa de la Unión Europea 
y no tenga incidencia en la determinación del volumen de derechos asignados.
4.  Son infracciones administrativas leves:
1.º  Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas en  oe.
la autorización cuando de dicho incumplimiento no se deriven alteraciones en los  w.
dlaast oe2sm. ºd isei Ioennmceuissm,i opsnileierm sla.psr en oqrumea nso r eimgupllaiqduoera asl tdeera lcoisó nin fdoer mloess d aantousa ldees  veemriifsicioandeoss. sobre  2020-16347n https://ww
3.º  Incumplir las normas reguladoras del informe de nivel de actividad
verificado, siempre que no implique alteración de los datos de niveles de actividad. Bc
4.º  No presentar la modificación del plan metodológico de seguimiento, con 
arreglo a lo previsto en el desarrollo reglamentario de esta ley, cuando dicha 
modificación no se considere significativa con arreglo a la normativa de la Unión 
Europea.
5.º  Incumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en esta ley cuando 
dicho incumplimiento no haya sido tipificado como infracción administrativa muy 
grave o grave en los apartados precedentes.»
Veintiséis.  El artículo 29 bis queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 29 bis.  Tipificación de las infracciones para la aviación.
1.  A los efectos de esta ley, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa 
de la Unión Europea, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles u otras 
administrativas a que hubiere lugar, las infracciones administrativas en materia de 
aviación se clasifican en graves, muy graves y leves.
2.  Son infracciones administrativas muy graves las siguientes:
1.º  No presentar el informe anual verificado exigido en el artículo 36 bis 
apartado 1.
2.º  Ocultar o alterar intencionadamente la información exigida en los 
artículos 38 y 40.
3.º  Incumplir la obligación de entregar derechos exigida en el artículo 27.2.
4.º  No aportar la información necesaria para el procedimiento de verificación.
5.º  Incumplir la obligación de presentar el plan de seguimiento de emisiones.
3.  Son infracciones administrativas graves:
1.º  Ocultar o alterar intencionadamente la información exigida en el artículo 36.
2.º  Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas en 
el plan de seguimiento, cuando de dicho incumplimiento se deriven alteraciones en 
los datos de emisiones.
3.º  Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados, 
siempre que implique alteración de los datos de emisiones.
4.  Son infracciones administrativas leves:
1.º  Incumplir las condiciones de seguimiento, de las emisiones establecidas en 
el plan de seguimiento cuando de dicho incumplimiento no se deriven alteraciones 
en los datos de emisiones.
2.º  Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados, 
siempre que no implique alteración de los datos de emisiones.
3.º  Incumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en esta ley, cuando 
tal cosa no haya sido tipificada como infracción administrativa muy grave o grave en 
los apartados precedentes.»
Veintisiete.  Se introduce una letra e) en el apartado 1 del artículo 32 con la siguiente 
redacción:
«e)  La diferencia entre el nivel de actividad real y el notificado en virtud del 
artículo 22.2.» es
Veintiocho.  El artículo 34 queda redactado en los siguientes términos: w.
«gArarvtCíecu uoalo ng d3roa4v . see,M  yhe asdyii dafua iesn ridace ian cdeaocre áuscnate ripro rp oprcoaevrdaisi imaosnieeangl.tuor asra lnac ieofnicaadcoiar  dpeo rl ain rferascocluiócnió nm, ueyl   OE-A-2020-16able en https://
órgano competente para sancionar podrá acordar alguna o algunas de las siguientes 
medidas provisionales para instalaciones fijas:
a)  Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones, únicamente cuando 
se trate de procedimientos incoados por infracciones muy graves, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 32.4.
b)  Precintado de aparatos o equipos.
c)  Suspensión temporal de la autorización de emisión de gases de efecto 
invernadero.
d)  Suspensión del acceso a las cuentas del Registro de la Unión Europea.
e)  Suspensión de la transferencia de la asignación gratuita de derechos de 
emisión que tuviera reconocida.
Las medidas provisionales previstas en los apartado d) y e) podrán acordarse 
también para operadores aéreos cuando se haya iniciado un procedimiento 
sancionador por infracción muy grave o grave.»
Veintinueve.  El artículo 35 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 35.  Potestad sancionadora.
1.  En lo que respecta a las instalaciones fijas, corresponde a las comunidades 
autónomas el ejercicio de la potestad sancionadora, a excepción de las infracciones 
previstas en los artículos 29.2.4.º, 8.º, 9.º y 10.º; 29.3.5.º y 6.º y 29.4.3.º y 4.º, en las 
que el ejercicio de la potestad sancionadora recaerá en la Administración General 
del Estado.
2.  El titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá la potestad 
sancionadora sobre los operadores aéreos, previo informe de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea.»
Treinta.  El apartado 3 del artículo 35 bis queda redactado en los siguientes términos:
«3.  La resolución del procedimiento sancionador, en los supuestos previstos 
en el artículo 35 de competencia de la Administración General del Estado, recaerá 
en la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a excepción de 
la infracción tipificada en artículo 29.2.4.º, sobre la que resolverá el Consejo de 
Ministros, previo informe de la Abogacía del Estado.»
Treinta y uno.  El Capítulo IX queda redactado en los siguientes términos:
«CAPÍTULO IX
Aviación
Artículo 36.  Planes de seguimiento.
1.  Los operadores aéreos deberán contar con un plan de seguimiento en el 
que se establezcan medidas para realizar el seguimiento y la notificación de sus 
datos de emisiones anuales y toneladas-kilómetro transportadas.
2.  Al menos cuatro meses antes del comienzo del primer periodo de 
notificación, los operadores aéreos deberán presentar ante el Ministerio de  es
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana planes de seguimiento. o
lpDimeerimitoE3aod.rl  ágop r eadCárlef ioioa crcdñorooeo,m  s pdnpereaoer tcvnsuiioedroa.ge lui rnqáimfu oeaire mlnf inetMoa  idlneiecnisel  t rMeveerliainioncis tióitpcenaur aricoato r ondl  aemlo  TTser rsadaeannstss opaiscno idtróeteens s  tdo,E enMcle ooclalovódimglaiidiscea-ankd zi lyóoy m  deAeelg t erRconae ddstaeao     OE-A-2020-16347able en https://www.
Urbana, aprobar, conforme a los criterios establecidos en la normativa de la Unión
Europea y en los desarrollos reglamentarios de esta ley que en su caso se adopten, 
los planes de seguimiento sobre los datos de emisiones y toneladas-kilómetro 
transportadas presentados por los operadores aéreos antes del comienzo del 
periodo de notificación. El informe del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana deberá ser emitido en el plazo máximo de dos meses desde la presentación 
del plan. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente informará a la Comisión de 
Coordinación de Políticas de Cambio Climático de los planes de seguimiento 
aprobados.
4.  El operador aéreo deberá revisar regularmente el plan de seguimiento 
aprobado y, en todo caso, antes del comienzo de cada periodo de comercio.
Cualquier modificación del plan de seguimiento deberá presentarse ante el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para su informe y posterior 
aprobación por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considere 
que la modificación del plan presentado no sea significativa con arreglo a la 
normativa de la Unión Europea y no requiera aprobación informará de dicha 
circunstancia al operador aéreo. El operador aéreo mantendrá un registro de todas 
las modificaciones del plan de seguimiento con arreglo a la normativa de la Unión 
Europea.
5.  Los planes de seguimiento de emisiones quedarán extinguidos en los 
supuestos siguientes:
a)  Apertura de la fase de liquidación en concurso de acreedores si la disolución 
de la persona jurídica no se hubiese acordado previamente, o extinción de la 
personalidad jurídica.
b)  Pérdida definitiva de los certificados o licencias exigibles para operar.
Artículo 36 bis.  Notificación de emisiones de operadores aéreos.
1.  El operador aéreo deberá remitir al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, antes del 28 de febrero, el informe verificado sobre los datos de las 
emisiones producidas durante el año anterior, que se ajustará a lo exigido en el plan 
de seguimiento, según lo dispuesto en el artículo 36, y a la parte B del anexo III.
El contenido mínimo del informe verificado sobre las emisiones vendrá 
determinado por la normativa de la Unión Europea sobre notificación y seguimiento 
de las emisiones y, en su caso, por la normativa de desarrollo de esta ley.
El informe deberá ser verificado de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV 
y la normativa de la Unión Europea sobre verificación y acreditación, y, en su caso, 
con la normativa de desarrollo de esta ley. Dicha normativa será informada 
preceptivamente por la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
La normativa de desarrollo en materia de notificación y seguimiento podrá incluir 
requisitos sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de intercambio de 
datos para armonizar la comunicación sobre el plan de seguimiento, el informe 
anual sobre los datos de las emisiones y las actividades de verificación entre el 
titular, el verificador y las autoridades competentes.
2.  Los operadores aéreos a los que se refiere el anexo I que comiencen a 
desarrollar una actividad de aviación de las recogidas en el anexo I después del 1 
de febrero de 2009, realizarán el informe relativo a las emisiones del primer año de 
actividad utilizando las disposiciones relativas a lagunas de datos previstas en la  es
normativa de la Unión en materia de seguimiento y notificación de las emisiones. bo
Las obligaciones previstas en este apartado serán aplicables a las emisiones  347ww
qndouere m 3etea.s nttiavgLa ao nldse e lyuo ,lgpa a esUrre anaadió npon ar ecErtsouir nr adoséepird ee1eao r dsaae pdq leioucnesae, b rpcloeoe  dynq,e  uea 2enr0rñ es1oug0s lc.o a easm ol,oi slsoo scr erditeses raipororsod lerloásstna r beelgemlcaipmdloeesna trea nrli oolass    OE-A-2020-16able en https://
procedimientos de seguimiento y notificación simplificados que se prevean en la 
citada normativa.
Asimismo, se podrán aplicar procedimientos simplificados para los operadores 
aéreos siempre que dichos procedimientos no proporcionen menos exactitud de la 
que proporciona el instrumento para pequeños emisores en los casos previstos en 
la normativa de la Unión Europea.
4.  Cuando, de conformidad con la definición de la actividad de aviación 
recogida en el cuadro del anexo I, un operador aéreo deje de realizar actividades de 
aviación incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, deberá remitir una 
comunicación al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la que se 
acredite esta circunstancia. En el plazo de un mes, el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana responderá informando de que no tiene objeciones, o 
bien, si las tuviera, indicando cuáles son.
Cuando un nuevo operador que aparezca atribuido a España en la “Lista de 
operadores de aeronaves y Estados miembros responsables de la gestión que les 
corresponden” a la que se refiere el apartado 6 del anexo I no realice actividades 
incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, procederá de conformidad con lo 
previsto en el apartado anterior.
5.  La información cubierta por el secreto profesional no podrá divulgarse a 
ninguna otra persona o autoridad excepto en lo previsto por disposiciones legales o 
reglamentarias.
Artículo 36 ter.  Valoración del informe verificado sobre las emisiones del año 
precedente de los operadores aéreos.
1.  Si el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana emitiese informe 
favorable respecto al informe sobre los datos de las emisiones verificado presentado 
por un operador aéreo, lo notificará al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico para que este proceda a inscribir, antes del 31 de marzo, el dato 
sobre emisiones del año precedente en la tabla de emisiones verificadas que a tal 
efecto se habilite en el área española del Registro de la Unión Europea.
2.  Si el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana discrepara del 
informe verificado, notificará al operador aéreo la existencia de discrepancias, la 
propuesta de resolución de estas para poder considerar satisfactorio el informe y, en 
su caso, la estimación de emisiones. Examinadas las alegaciones del operador 
aéreo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana resolverá y solicitará 
al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que inscriba, en la 
tabla de emisiones verificadas habilitada a tal efecto en el registro, el dato sobre 
emisiones del operador aéreo.
3.  En los supuestos en los que el operador aéreo no remitiese el informe 
verificado en el plazo establecido en el artículo 36 bis, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, a solicitud del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, procederá a la estimación de emisiones e inscribirá en la tabla de 
emisiones verificadas habilitada a tal efecto en el área española del Registro de la 
Unión Europea el dato sobre emisiones del operador aéreo.
4.  La estimación del dato de emisiones en los supuestos de los apartados 2 
y 3 se realizará de acuerdo con la metodología exigible.
La estimación del dato de emisiones de las actividades de aviación se realizará 
aplicando las disposiciones relativas a lagunas de datos previstas en la normativa  e.e
de la Unión Europea en materia de seguimiento y notificación de las emisiones  w.b
sobre las actividades realizadas por el operador aéreo. 347ww
solic5it.a r Lquae C laosm aisuitóonri ddaed eCs ocoormdipneatceinótne sd pea rPao elílt eicjearsc idcieo  dCea mlasb ifou nCclioimnáesti cpore pvoisdtarás 
en este artículo informen en su seno del desarrollo de las mismas.
Artículo 37.  Cantidad total de derechos para el sector de la aviación.
Los derechos de emisión de cada periodo de comercio se asignarán a los 
operadores aeronaves de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes.
La cantidad total de derechos de emisión que se expida para el sector de la 
aviación en la Unión Europea en su conjunto será la determinada por la Comisión 
Europea de acuerdo con la normativa de la Unión.
Artículo 38.  Asignación de derechos de emisión a los operadores aéreos.
1.  Para cada uno de los periodos de comercio definidos en el artículo 13, cada 
operador aéreo podrá solicitar la asignación de derechos de emisión gratuitos, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión Europea.
2.  Dicha solicitud se presentará ante el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico.
El plazo de presentación de la solicitud para cada periodo de comercio, su 
contenido y la documentación que deba acompañarla serán determinados 
reglamentariamente.
La solicitud consistirá en los datos de toneladas-kilómetro verificados en relación 
con las actividades de aviación enumeradas en el anexo I realizadas por ese 
operador aéreo en el año de seguimiento para la asignación de un periodo de 
comercio.
A los efectos del párrafo anterior, el año de seguimiento para la asignación de 
un periodo de comercio será el año natural que finalice veinticuatro meses antes del 
comienzo del periodo de comercio.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitirá las 
solicitudes de asignación recibidas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana que podrá emitir informe sobre dichas solicitudes en un plazo de un mes a 
contar desde la recepción de la solicitud.
3.  El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitirá a 
la Comisión Europea las solicitudes de asignación recibidas acompañadas del 
informe que, en su caso, hubiese emitido el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión Europea.
4.  La asignación a los operadores aéreos se basará en los parámetros que, de 
conformidad con la normativa de la Unión Europea, determine la Comisión Europea 
al menos quince meses antes del comienzo de cada periodo de comercio. Dichos 
parámetros son:
a)  La cantidad total de derechos de emisión que se asignarán para ese periodo 
de comercio.
b)  El número de derechos de emisión que deban subastarse en ese periodo de 
comercio.
c)  El número de derechos de emisión de la reserva especial para los 
operadores aéreos en ese periodo de comercio.
d)  El número de derechos de emisión que deban asignarse gratuitamente en 
ese periodo de comercio restando el número de derechos de emisión contemplados 
en las letras b) y c) de la cantidad total de derechos de emisión sobre los que se 
haya tomado la decisión a que se refiere la letra a), y
e)  El valor de referencia que se utilizará para asignar gratuitamente los  s
derechos de emisión a los operadores aéreos que hayan presentado solicitud de  oe.
asignación conforme al apartado 2. w.
infor5m. acLióan a psúigbnlicaac,i ósne  addeo dpetarreác hmoesd idaen teem acisuióenrd, ou dneal  Cveozn sreejaol idzea dMoi neisl ttrroásm, pitree vdiea 
cporonpsuueltsat aa d lea  lCoso mMiisniiósnte rdioes C doeo Ardsiunnatcoisó nE cdoen Pómoliíctiocsa sy  dTera nCsafmorbmioa cCiólnim Dáitgicitoa,l ; yd ea 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Dicho acuerdo deberá adoptarse y publicarse en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de adopción de la decisión de la Comisión Europea a la 
que se refiere el apartado 4.
6.  El acuerdo de Consejo de Ministros relativo a la asignación de derechos de 
emisión determinará:
a)  El total de derechos asignados para el periodo de comercio en cuestión a 
cada operador aéreo que haya solicitado asignación que se determinará 
multiplicando las toneladas-kilómetro verificadas que figuren en su solicitud por el 
valor de referencia indicado en la letra e) del apartado 4.
b)  Los derechos de emisión asignados a cada operador aéreo para cada año, 
que se determinarán dividiendo el total de los derechos de emisión asignados para 
el periodo de comercio en cuestión, calculado de conformidad con la letra a), entre 
el número de años del periodo en el que ese operador aéreo esté realizando una 
actividad de aviación enumerada en el anexo I.
Aquellos solicitantes que no se incluyan en la lista de operadores con derechos 
de emisión asignados deberán entender desestimada su solicitud.
7.  El acuerdo de asignación será comunicado, en el plazo de diez días desde 
su adopción, a la Oficina Española de Cambio Climático.
8.  Las resoluciones sobre la asignación individualizada de derechos de 
emisión a los operadores aéreos serán accesibles al público, en los términos y con 
las limitaciones previstas en las normas reguladoras del derecho de acceso a la 
información en materia de medio ambiente.
Artículo 39.  Reserva especial para determinados operadores aéreos.
1.  El tres por ciento de la cantidad de derechos de emisión que deban 
asignarse a los operadores aéreos a escala de la Unión Europea para los periodos 
de comercio establecidos en el artículo 13 se destinará a una reserva especial para 
los operadores aéreos:
a)  Que comiencen a desarrollar una actividad de aviación de las contempladas 
en el anexo I una vez transcurrido el año de seguimiento para la asignación de un 
periodo de comercio.
b)  Cuyos datos sobre toneladas-kilómetro aumenten por término medio más 
de un dieciocho por ciento anual entre el año de seguimiento para la asignación de 
un periodo de comercio y el segundo año natural de dicho periodo de comercio.
2.  Las actividades descritas en el apartado anterior no representarán en su 
totalidad o en parte una continuación de una actividad de aviación realizada 
previamente por otro operador aéreo.
3.  La gestión de la reserva especial se realizará de acuerdo con la normativa 
de la Unión Europea y, en su caso, en la normativa de desarrollo de esta ley.
Artículo 40.  Solicitud de asignación a la reserva especial para determinados 
operadores aéreos.
1.  Podrán solicitar asignación gratuita de derechos de emisión de la reserva 
especial los operadores aéreos que cumplan los criterios establecidos en el artículo  s
anterior. Las solicitudes de asignación se dirigirán en formato electrónico a la Oficina  e.
Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto  w.
Demográfico antes del 30 de junio del tercer año del periodo de comercio al que se  347ww
refiera la solicitud en cuestión, y deberán:
partea )B  dFea lcoisli taanre dxoasto IsII  ys oIVb,r een  troenlaeclaiódna cso-kni llóasm aectrtiov,id vaedreifsi cdaed aovsi accoiónn  aernruemgleor aad alas 
en el anexo I realizadas por el operador aéreo en el transcurso del segundo año del 
periodo de comercio al que se refieran las solicitudes.
b)  Aportar pruebas de que se cumplen los criterios para la obtención de 
derechos de emisión con arreglo al artículo 39, y
c)  En el caso de los operadores aéreos a que se refiere la letra b) del 
artículo 39.1, declarar:
1.º  El incremento porcentual en toneladas-kilómetro realizado por el operador 
aéreo entre el año de seguimiento para la asignación en un periodo de comercio 
contemplado en el artículo 13 y el segundo año natural de dicho periodo,
2.º  El crecimiento absoluto en toneladas-kilómetro realizado por el operador 
aéreo entre el año de seguimiento para la asignación en un periodo de comercio 
contemplado en el artículo 13, y el segundo año natural de dicho periodo, y
3.º  El crecimiento absoluto en toneladas-kilómetro que exceda del porcentaje 
indicado en la letra b) del artículo 39.1, realizado por el operador aéreo entre el año 
de seguimiento para la asignación en un periodo de comercio contemplado en el 
artículo 13, y el segundo año natural de dicho periodo.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitirá las 
solicitudes de asignación recibidas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana que deberá emitir informe sobre el cumplimiento, por parte de los 
operadores, de los criterios para solicitar asignación de la reserva especial en un 
plazo de tres meses a contar desde la recepción de la solicitud.
2.  El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes 
del 31 de diciembre del tercer año del periodo de comercio en cuestión, remitirá a la 
Comisión Europea las solicitudes de asignación de la reserva especial recibidas 
junto con el informe relativo al cumplimiento de los criterios del artículo 39.
Artículo 41.  Acuerdo de asignación de derechos desde la reserva especial.
1.  La resolución de la asignación de derechos de emisión de la reserva 
especial, una vez realizado el trámite de información pública, se adoptará por 
acuerdo del Consejo de Ministros, previa consulta a la Comisión de Coordinación de 
Políticas de Cambio Climático, y a propuesta de los Ministerios de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital; de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; 
y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
2.  El acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la asignación de derechos de 
emisión determinará:
a)  La asignación de derechos de emisión de la reserva especial a todo 
operador aéreo cuya solicitud haya sido presentada a la Comisión Europea con 
arreglo al artículo 40.2, que se calculará multiplicando el valor de referencia que 
establezca la Comisión Europea, antes del 30 de junio del cuarto año del periodo de 
comercio en cuestión, por:
1.º  En el caso de los operadores aéreos a los que sea aplicable la letra a) del 
artículo 39.1, las toneladas-kilómetro incluidas en las solicitudes presentadas a la 
Comisión Europea con arreglo al artículo 40,
2.º  En el caso de los operadores aéreos a los que sea aplicable a la letra b) del 
artículo 39.1, el crecimiento absoluto en toneladas-kilómetro que exceda el dieciocho  e
por ciento y que se haya indicado en las solicitudes presentadas a la Comisión  bo
Europea con arreglo al artículo 40, y 347ww
año,b q) ueL ase a csaiglcnualcairóán d diveid dieenredcoh sous  adseig enmacisióiónn d ea  dceardeac hoopse rdaed oerm aiséióreno c poanr aar rceagdlao 
a la letra a) entre el número de años naturales completos restantes del periodo
comercio al que corresponda la asignación.
3.  En lo que respecta a los operadores que reciban asignación de la reserva 
especial, el acuerdo se adoptará y se publicará en un plazo máximo de tres meses 
tras la fecha de adopción del valor de referencia establecido en la letra a) del 
apartado anterior.
4.  Las asignaciones a un operador aéreo en virtud de la letra b) del 
artículo 39.1, no excederán de 1.000.000 de derechos de emisión.
5.  Los derechos de emisión de la reserva especial que no hayan sido 
asignados se subastarán conforme a lo dispuesto en el artículo 14.»
Treinta y dos.  Se modifica la disposición adicional primera que queda redactada en 
los siguientes términos:
«Disposición adicional primera.  Incorporación de la autorización de emisión de 
gases de efecto invernadero a la autorización ambiental integrada.
El contenido de la autorización de emisión de gases de efecto invernadero podrá 
incorporarse a la autorización ambiental integrada regulada en el texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en las condiciones que determinen 
las comunidades autónomas.»
Treinta y tres.  Se modifica la disposición adicional segunda que queda redactada en 
los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda.  Autoridad nacional de los mecanismos basados 
en proyectos del Protocolo de Kioto.
1.  Se crea una comisión que ejercerá como Autoridad Nacional Designada 
para los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto, con las 
siguientes funciones:
a)  Emitir los informes preceptivos sobre la participación voluntaria en los 
proyectos de desarrollo limpio y aplicación conjunta, de acuerdo con lo previsto en 
la normativa internacional y de la Unión Europea vigente.
b)  Actuar como punto focal de España en la relación con la autoridad nacional 
designada por otros países para la promoción y desarrollo de proyectos de 
desarrollo limpio y aplicación conjunta.
c)  Elevar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y a 
la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático un informe anual 
sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el año anterior.
2.  La Autoridad Nacional Designada promoverá la suscripción de convenios 
con las comunidades autónomas al objeto de fomentar y facilitar el desarrollo de los 
mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
3.  La comisión estará integrada por un vocal de Presidencia del Gobierno y 
dos vocales con rango de subdirector general designados por los titulares de los 
ministerios competentes en materia de asuntos exteriores, Unión Europea, 
cooperación, economía, industria, turismo, comercio, medio ambiente y energía, y 
por un representante de las comunidades autónomas competentes elegido en la  s
forma que las mismas acuerden. e.
La presidencia de la comisión corresponde a la persona titular de la Secretaría  w.
de Estado de Medio Ambiente. 347ww
EspLaañ oslae cdree tCaraíma bdieo  Clal imcoámticisoi óqnu es,e d een ncoo mteennedr alar ác oan duinc iófunn dcieo nvoacriaol ,d aes ilsat irOá faic ilnaas 
reuniones con voz y sin voto.
4.  La comisión se regirá por lo dispuesto en el título preliminar, capítulo II, 
sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.»
Treinta y cuatro.  Se modifica la disposición adicional tercera que queda redactada en 
los siguientes términos
«Disposición adicional tercera.  Proyectos de desarrollo limpio y de aplicación 
conjunta.
1.  Los promotores de proyectos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta 
que, de acuerdo con lo previsto en la normativa internacional y de la Unión Europea 
deban contar con informe de la Autoridad Nacional Designada por España 
presentarán solicitud acompañada de una copia del proyecto y su descripción 
técnica.
2.  La Autoridad Nacional Designada deberá analizar el proyecto en un plazo 
máximo de dos meses, y emitir informe basándose en los criterios técnicos y 
ambientales establecidos en la normativa internacional y de la Unión Europea, en 
particular, en las Decisiones 16 y 17/CP.7 de la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
3.  El uso de mecanismos basados en proyectos para el cumplimiento de las 
obligaciones cuantificadas asumidas por España dará carácter prioritario a los 
proyectos en materia de eficiencia energética y energías renovables.
4.  Para facilitar el desarrollo de los mecanismos basados en proyectos, las 
comunidades autónomas podrán crear centros que colaboren con la Autoridad 
Nacional en los siguientes ámbitos:
a)  Facilitar el conocimiento de las alternativas disponibles a los diferentes 
actores económicos locales para que valoren los costes y beneficios.
b)  Trabajar con los participantes potenciales en el mercado para aumentar su 
capacidad y para facilitar los conocimientos de las modalidades de los mecanismos 
basados en proyectos del Protocolo de Kioto.
c)  Editar material sobre los mecanismos basados en proyectos y servir de 
punto de contacto para los promotores de proyectos.
d)  Fomentar el intercambio de conocimientos entre diferentes regiones.
e)  Conocer y aplicar programas de la Unión Europea, de Naciones Unidas o 
de otros organismos multilaterales.
f)  Facilitar que los actores económicos definan y desarrollen innovación en 
metodología.
g)  Facilitar y coordinar los intereses de las empresas en los diferentes 
momentos de un mecanismo basado en proyectos.
h)  Fomentar la colaboración entre el sector público y el sector privado en esta 
materia.
i)  Efectuar una valoración previa en relación con los proyectos presentados 
por empresas ubicadas en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, y 
proponerlos, en su caso, a la Autoridad Nacional Designada a efectos de lo previsto 
en el apartado 1.a) de la disposición adicional segunda.»
Treinta y cinco.  Se modifica la disposición adicional cuarta que queda redactada en 
los siguientes términos: e.
«Disposición adicional cuarta.  Exclusión de instalaciones de pequeño tamaño. 347ww
del 1M. iniEstle órirog apnaora a luat oTnróamnsicicoió cno mEcpoeltóegnitcea  pyo derl áR aectoo rDdaerm, porgerváifoic ion,f olarm eex cfaluvsoióranb, lae 
partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2025, de las instalaciones
ubicadas en el territorio de su comunidad autónoma que tengan la consideración de
pequeños emisores o sean hospitales, cuando los respectivos titulares de las 
instalaciones lo hayan solicitado y hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos 
que se establecen en este apartado. A los efectos de lo dispuesto en esta disposición 
adicional serán pequeños emisores las instalaciones que hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores a 25.000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la biomasa, para cada uno de los 
tres años precedentes a la solicitud de asignación a que se refiere el artículo 19, y 
que, cuando realicen actividades de combustión, tengan una potencia térmica 
nominal inferior a 35 MW.
Reglamentariamente se establecerá el plazo de presentación de las solicitudes 
de exclusión y cualquier otro aspecto que se considere pertinente, de acuerdo con 
la normativa de la Unión Europea.
La solicitud de exclusión deberá presentarse al órgano competente que designe 
la comunidad autónoma. Vendrá acompañada de documentación justificativa que 
acredite el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a)  Que se aplicarán medidas de mitigación que conduzcan a una contribución 
a la reducción de emisiones equivalente a la prevista por la participación en el 
régimen de comercio de derechos de emisión.
El Gobierno determinará mediante real decreto qué medidas de mitigación se 
consideran equivalentes a los efectos del párrafo anterior.
b)  Que se implantará un sistema de seguimiento y notificación de información 
sobre emisiones equivalentes a las previstas en esta ley.
A este respecto, el órgano autonómico competente podrá autorizar medidas 
simplificadas de seguimiento, notificación y verificación para las instalaciones cuyas 
emisiones medias anuales verificadas entre 2008 y 2012 sean inferiores a 5.000 
toneladas anuales.
Asimismo, podrá autorizar a las instalaciones no incluidas en el régimen de la 
Unión Europea durante el periodo de aplicación de la exclusión requisitos 
simplificados para el seguimiento, la notificación y la verificación a fin de determinar 
las emisiones en los tres años precedentes a la solicitud de asignación a que se 
refiere el artículo 19.
2.  El órgano competente, previo trámite de información pública no inferior a 
tres meses, remitirá el expediente completo al Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, a más tardar dieciséis meses antes del comienzo del periodo 
de comercio de que se trate, para su tramitación a la Comisión Europea a efectos 
de lo dispuesto por el artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre 
de 2003.
Si en un plazo de seis meses desde la notificación a la Comisión Europea, esta 
no formula objeciones la exclusión se considerará adoptada.
3.  Las instalaciones excluidas quedarán sometidas al régimen de infracciones 
y sanciones previsto en el capítulo VIII, en cuanto afecte al cumplimiento de las 
obligaciones de seguimiento y suministro de la información sobre emisiones.
4.  Lo establecido en esta disposición adicional no exime a los titulares de las 
instalaciones del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley hasta 
que se formalice la exclusión una vez obtenido la conformidad de la Comisión 
Europea.
En este caso, se entenderá extinguida la autorización de emisión de gases de  e.e
efecto invernadero con fecha correspondiente al primer día del periodo de  w.b
asignación en que va a estar excluida. La instalación excluida no recibirá derechos  347ww
de e5m. isiSóin  umniae nintrsatsa lpaecrimóna neexzccluai dean,  ecsuaa snidtuoa cnioó ns.e trate de un hospital, emitiera
2em5.i0s0io0n etosn deela ldaa bsi oemquaisvaa,l eennt eesl  tdraen dscióuxrisdoo  ddee u cna mrbiosnmoo  oa ñmoá csi,v isl ion,  csoenat acubaililz saer al alas 
tipología de la instalación ya no se aplicaran a dicha instalación medidas que
permitan conseguir una contribución equivalente a la reducción de emisiones, la 
instalación se introducirá de nuevo en el régimen.
Las instalaciones que se reintroduzcan en el régimen de comercio de derechos 
de emisión permanecerán en el mismo hasta la finalización del periodo de 
asignación en curso. De conformidad con las normas de la Unión Europea de 
carácter transitorio para la armonización de la asignación gratuita de derechos de 
emisión, la instalación podrá solicitar asignación. Todos los derechos que se le 
expidan se concederán a partir del año de la reintroducción. Los derechos expedidos 
a estas instalaciones se deducirán de la cantidad que vaya a ser subastada.
6.  El Gobierno podrá excluir del régimen de comercio de derechos de emisión 
las instalaciones que emitan menos de 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, sin contabilizar las emisiones de la biomasa, para cada uno de los tres 
años precedentes a la solicitud de asignación a que se refiere el artículo 19, de 
acuerdo con lo que se establezca en desarrollo de la misma.
7.  En el año 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico realizará un informe sobre la aplicación hasta la fecha del régimen de 
exclusión de las instalaciones de bajas emisiones. A la vista de los resultados de 
este informe, el Gobierno, reglamentariamente, podrá extender la aplicación del 
régimen de exclusión a partir de 2026.»
Treinta y seis.  Se modifica la disposición adicional quinta que queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional quinta.  Reducción de gases de efecto invernadero 
procedentes de actividades no sujetas al régimen de comercio de derechos de 
emisión.
1.  Se articulará un mecanismo para la expedición de derechos de emisión o 
créditos en relación con proyectos ubicados en el territorio nacional para reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de actividades que no están 
sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión. Reglamentariamente, y 
previa consulta de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, 
se establecerán los términos concretos de este mecanismo, que se ajustará a la 
normativa de la Unión Europea sobre esta materia, y que se aplicará sin perjuicio de 
otras medidas estratégicas para reducir emisiones procedentes de dichas 
actividades contempladas en la normativa vigente.
2.  En ningún caso se permitirá la expedición de derechos de emisión o créditos 
que supongan un doble cómputo de reducciones de emisiones.
3.  Igualmente, podrán articularse otros sistemas de comercio de emisiones al 
margen del régimen de la Unión Europea con el fin de favorecer una reducción de 
gases de efecto invernadero en las actividades no sujetas al mismo.»
Treinta y siete.  Se modifica la disposición adicional sexta que queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional sexta.  Compensación de costes indirectos.
1.  El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Industria, Comercio 
y Turismo; Asuntos Económicos y Transformación Digital; y para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, establecerá la creación de un mecanismo de  e
compensación de los costes indirectos significativos imputables a las emisiones de  bo
gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad del que  347ww
pexopduráens tobse nae ufinc iraierssego l aresa iln dseta fluagcaiosn dees  cpaerbrtoennoe.cientes a sectores y subsectores
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electricidad y mantendrá el incentivo para que se reduzca el consumo de electricidad
en la instalación, garantizando la compensación por los consumos eficientes. La 
compensación de los costes quedará condicionada al cumplimiento de las normas 
de la Unión Europea sobre ayudas de Estado aplicables y, en concreto, no 
provocarán distorsiones indebidas de la competencia en el mercado interior.
3.  En su caso, y en la medida en que la normativa de la Unión Europea 
aplicable lo permita, en particular la referida a ayudas de Estado, serán susceptibles 
de beneficiarse de dicho mecanismo tanto instalaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta ley, como aquellas que, aun no estando, se puedan ver afectadas 
por los costes indirectos a los que se refiere el apartado 1.
4.  El Gobierno procurará no destinar a este mecanismo de compensación de 
los costes indirectos un importe anual superior al veinticinco por ciento de los 
ingresos anuales obtenidos por España procedentes de la subasta de derechos de 
emisión. A partir de 2021 y anualmente, en los casos en que se supere dicho 
porcentaje, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborarán conjuntamente y publicarán 
un informe que justifique los motivos por los que se superó dicho importe.
El informe incluirá, al menos, la siguiente información:
a)  Información pertinente sobre los precios de la electricidad en el año de 
referencia para los grandes consumidores industriales que se beneficien de las 
ayudas, sin perjuicio de las exigencias relativas a la protección de la información 
confidencial.
b)  Información sobre si se han tenido debidamente en cuenta otras medidas 
para reducir de manera sostenible los costes indirectos del carbono a medio y largo 
plazo.
5.  En el primer trimestre de cada año, el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo pondrá a disposición del público, en una forma fácilmente accesible, el 
importe total de las ayudas que en su caso se concedan conforme a la presente 
disposición, desglosado por sectores y subsectores beneficiarios.
Esta información quedará recogida, además, en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.»
Treinta y ocho.  Se modifica la disposición adicional séptima que queda redactada en 
los siguientes términos:
«Disposición adicional séptima.  Prácticas contrarias a la libre competencia, 
actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo o abuso de mercado.
1.  La Secretaría de Estado de Medio Ambiente notificará a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, en su caso cuando proceda, 
cualesquiera hechos de los que tenga conocimiento en relación con la organización 
de las subastas que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 
competencia. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia en el proceso de subasta.
2.  Asimismo, la Oficina Española de Cambio Climático, como autoridad  e.
competente en materia de la administración del área española del Registro de la  w.b
Unión Europea, informará sin demora a las autoridades competentes en materia de  347ww
itnevrreosritsigmaoc,i ócno ryru lpuccihóan  uc oontrtoras  deel lfitroasu dgera, vbelsa,n dqeu ecou adlqeu icearp aitcatuleasc ioó nf isnoasnpceiacchioósna  deenl 
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cuando tenga motivos razonables para sospechar que se están realizando actos
constitutivos de operaciones con información privilegiada en dicho mercado, y de 
acuerdo a los mecanismos de coordinación establecidos por la normativa de la 
Unión Europea.»
Treinta y nueve.  La disposición transitoria primera queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio para cumplimiento de las 
obligaciones de entrega hasta el 30 de abril de 2021.
1.  Para cumplir con la obligación de entrega referida en el artículo 27.2 en el 
periodo de comercio 2013-2020, los titulares de instalaciones deberán entregar un 
número de derechos de emisión distintos de los derechos de emisión asignados a 
la aviación, en cantidad equivalente al dato de emisiones verificadas de esa 
instalación durante el año anterior, a más tardar el 30 de abril de cada año.
2.  Para cumplir con la obligación de entrega referida en el artículo 27.2 en el 
periodo de comercio 2013-2020, los operadores aéreos deberán entregar un número 
de derechos de emisión, en cantidad equivalente al dato de emisiones verificadas 
de ese operador aéreo durante el año anterior, a más tardar el 30 de abril de cada 
año.»
Cuarenta.  La disposición transitoria segunda queda redactada en los siguientes 
términos:
«Disposición transitoria segunda.  Uso de créditos internacionales para el periodo 
de comercio 2013-2020.
Las unidades correspondientes a los créditos internacionales generados por las 
actividades de proyectos de aplicación conjunta (unidades de reducción de 
emisiones “URE”) o mecanismos de desarrollo limpio (reducciones certificadas de 
emisiones “RCE”) del Protocolo de Kioto, de conformidad con el artículo 11 ter de la 
Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre de 2003, serán elegibles para su uso e 
intercambio por derechos de emisión válidos, en la medida en que no superen los 
límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la normativa de la Unión Europea, 
y hasta la fecha que esta determine.»
Cuarenta y uno.  La disposición transitoria tercera queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio para la aviación durante el 
periodo 2013-2023.
1.  Durante cada año natural comprendido entre el 1 de enero de 2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2023, no serán aplicables las obligaciones del RCDE UE para 
los vuelos con destino u origen en aeródromos situados en países no pertenecientes 
al Espacio Económico Europeo, ni tampoco a vuelos entre un aeródromo situado en 
una región ultraperiférica en el sentido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y un aeródromo situado en otra región del Espacio Económico 
Europeo. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones adicionales 
que pueda introducir la normativa de la Unión Europea o la nacional a efectos del 
instrumento de mercado global de la Organización de Aviación Civil Internacional.
2.  En relación con lo dispuesto en el artículo 36 bis.3, cuando un operador 
aéreo tenga unas emisiones anuales inferiores a 3.000 toneladas en el ámbito de  e.e
aplicación descrito en el apartado 1 de esta disposición, sus emisiones notificadas  b
se considerarán verificadas si han sido determinadas mediante el instrumento para  347ww
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que se reducirá en proporción a la reducción de las obligaciones del RCDE UE en 
el ámbito de aplicación descrito en el apartado 1 de este artículo.
4.  A partir del 1 de enero de 2021, el número de derechos de emisión asignado 
gratuitamente a los operadores aéreos estará supeditado a la aplicación del mismo 
factor de reducción lineal aplicable a la asignación de las instalaciones fijas.
5.  Antes del 1 de septiembre de 2018, se publicará el número de derechos de 
emisión del sector de la aviación asignados a cada operador de aeronaves en lo que 
respecta de las actividades del periodo que comienza el 1 de enero de 2017 y 
finaliza el 31 de diciembre de 2023.
6.  Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2023 se subastará la 
cantidad de derechos de emisión para el sector de la aviación que determine la 
normativa de la Unión Europea.
7.  A efectos del cumplimiento de la obligación de entrega de derechos descrita 
en el artículo 27.2, los operadores aéreos deberán entregar un número de derechos 
de emisión equivalente al dato de emisiones verificadas incluidas en el ámbito de 
aplicación al que se refiere el primer apartado de este artículo.»
Cuarenta y dos.  Se suprimen las disposiciones transitorias cuarta a decimocuarta de 
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, ambas inclusive.
Cuarenta y tres.  Se modifica la disposición final primera que queda redactada como 
sigue:
«Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas 
en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica y de legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, a excepción de la disposición adicional segunda, sin 
perjuicio de las competencias de ejecución que ostentan las comunidades 
autónomas en materia de legislación de medio ambiente.
No obstante lo anterior, aquellas materias relacionadas con la aviación se dictan 
también al amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 
149.1.20.ª de la Constitución en materia de control del espacio aéreo, tránsito y 
transporte aéreo.»
Cuarenta y cuatro.  Se modifica la disposición final segunda que queda redactada 
como sigue:
«Disposición final segunda.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se 
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad, modificada por las Directivas 2008/101/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en 
el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, la Directiva 2009/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y  e
ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de  bo
efecto invernadero, y parcialmente la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento  347ww
E20u0ro3p/8e7o/ Cy Ede pl Caroan sinetjeon, sdiefi c1a4r  dlea sm raerdzuoc dceio 2n0e1s8 ,d peo er mlai sqiuoen esse  mdeo dfoifircmaa la e Dfiicreaczt ievan 
rceolmacoió lna  cDoenc ilsoisó nc o(UstEes)  2y0 f1a5c/il1it8a1r 4la.»s inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así
Cuarenta y cinco.  Se modifica la disposición final tercera que queda redactada como 
sigue:
«Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario.
1.  El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de esta ley.
2.  El Gobierno, mediante real decreto, podrá modificar el anexo I de esta ley 
para establecer la exclusión de determinados vuelos de las actividades de aviación 
en caso de que la Comisión Europea adopte modificaciones de las actividades de 
aviación enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE para excluir los 
vuelos procedentes de un tercer país que haya adoptado medidas para reducir el 
impacto en el cambio climático de los vuelos procedentes de dicho país que 
aterricen en la Unión Europea.»
Cuarenta y seis.  Se suprime la disposición final tercera bis.
Cuarenta y siete.  En el anexo I relativo a «Categorías de actividades y gases 
incluidos en el ámbito de aplicación» se modifican los epígrafes 6, 9 y 13, y se añade un 
nuevo apartado k) en el epígrafe 29 en la tabla de actividades, que quedan redactados del 
siguiente modo:
(…)
«6.  Producción o transformación de metales férreos (como ferroaleaciones) 
cuando se explotan unidades de combustión con una potencia térmica nominal total 
superior a 20 MW. La transformación incluye, entre otros elementos, laminadores, 
recalentadores, hornos de recocido, forjas, fundición y unidades de recubrimiento y 
decapado.»
(…)
«9.  Producción o transformación de metales no férreos, incluida la producción 
de aleaciones, el refinado, el moldeado en fundición, etc., cuando se explotan 
unidades de combustión con una potencia térmica nominal total (incluidos los 
combustibles utilizados como agentes reductores) superior a 20 MW.»
(…)
«13.  Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular de 
tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o porcelanas, con una 
capacidad de producción superior a 75 toneladas por día.»
(…)
«29.  Aviación:
Vuelos con origen o destino en un aeródromo situado en el territorio de un 
Estado miembro al que se aplica el Tratado o un Estado del Espacio Económico 
Europeo.
Esta actividad no incluirá:
(…)
k)  A partir del 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2030, los 
vuelos que, excepto por el presente punto, entrarían dentro esta actividad, 
efectuados por un operador de aeronaves no comerciales que realice vuelos con un 
total anual de emisiones inferior a 1.000 toneladas al año.»
Cuarenta y ocho.  En la parte A del anexo III relativa a «Seguimiento y notificación de  o
leans  leoms issiigoun«iee4sn.  tdeeSs  eitnégsrumtaimilnaioecsino:tnoe dse f iljaass »e mseis mioondeisfi cdae  eolt aropsa rgtaasdeos c duea retofe, cqtuoe i nqvueerdnaa dreerdoa.ctado  2020-16347n https://www.
Se recurrirá a los métodos normalizados o aceptados desarrollados por la
Comisión Europea, en colaboración con todos los interesados correspondientes, y
adoptados de conformidad con la normativa de la Unión Europea sobre notificación 
y seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre de 2003.»
Cuarenta y nueve.  El anexo V queda redactado como sigue:
«ANEXO V
Sujetos afectados por las disposiciones de la ley
Sujetos afectados Disposiciones
Artículos 4 a 8, 13.2, 16 a 23 bis y 29.
Instalaciones fijas. Disposiciones adicionales primera, cuarta y sexta.
Anexo III parte A y anexo IV parte A.
Artículos 29 bis, 31 y 36 a 41.
Operadores aéreos. Anexo III parte B y anexo IV parte B.
Disposición transitoria tercera.
Artículos 1 a 3 bis, 9 a 12, 13.1, 14 y 15, 24 a 28, 30 y 32 
a 35 bis.
Instalaciones fijas y  Disposiciones adicionales segunda, tercera, quinta y séptima.
operadores aéreos. Disposiciones finales primera a quinta.
Disposiciones transitorias primera y segunda.
Anexo I, II y V.»
Disposición transitoria única.
Lo relativo a asignación gratuita de derechos de emisión y nuevos entrantes del 
periodo de comercio 2013-2020 se regirá por lo previsto en los artículos 2, 16, 17, 18 y 19 
de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, en su versión anterior a las modificaciones 
introducidas por el artículo único de esta ley.
Asimismo, el artículo 4.5 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en su 
versión anterior a las modificaciones introducidas por el artículo único de esta ley, 
continuará siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha a partir de la cual 
desplegará sus efectos el apartado once del citado artículo único.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Esta ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el 
artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y de legislación básica sobre protección 
del medio ambiente, a excepción del apartado treinta y dos del artículo único, sin perjuicio 
de las facultades que ostentan las comunidades autónomas para establecer normas 
adicionales de protección y de gestión en materia de protección del medio ambiente. No 
obstante lo anterior, el apartado treinta del artículo único se dicta también al amparo de la 
competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución en 
materia de control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo. es
Disposición final segunda.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea. 347ww
2018E/s4t1a0 l edye l inPcaorlrapmorean tpoa Ercuiarolmpeeon tye  dael l oCrdoensneajmo,i ednet o1 4ju dríed imcoa rezsop daeñ o2l0 l1a8 ,D piroerc ltaiv qau (eU sEe) 
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así como la Decisión (UE) 2015/1814.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 16 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN