BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 338 Lunes 28 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 122391
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17204 Sala Segunda. Sentencia 176/2020, de 30 de noviembre de 2020. Recurso 
de amparo 6041-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:176
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  6041-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 4 de Lorca, de 16 de septiembre de 2019, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra el auto, también impugnado, de fecha 15 de noviembre 
de 2018, por el que se inadmitió por extemporánea la demanda de oposición a la 
ejecución formulada por dicha mercantil en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm.  351-2018,  instado  por  la  entidad  Banco  de  Sabadell,  S.A.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Se ha personado la entidad Pera Assets Designated Activity Company, 
actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado 
don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 23 de 
octubre de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., bajo la 
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas. e
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núm. 3 de Lorca. Incoado procedimiento de ejecución hipotecaria (núm. 351-2018), 
mediante  auto  de  fecha  26  de  junio  de  2018,  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 4 de Lorca (en adelante, el juzgado) ordenó la ejecución del título 
hipotecario, despachó ejecución contra otra entidad y contra la ahora demandante de 
amparo y dispuso, a continuación, lo siguiente:
«El presente auto, junto con el decreto que dictará el letrado de la Administración de 
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte 
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin 
citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada 
pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 de 
la LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del 
presente auto y del decreto que se dicte».
b)  La  citada  notificación  se  produjo  a  través  del  servicio  de  notificaciones 
electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Más en concreto, el servicio 
remitió el 3 de julio de 2018 un correo electrónico en el que señalaba como asunto 
«Juzgados y Tribunales – Aviso de Notificación para el NIF B73258006», dirigida a 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. – NIF B73258006. Según el texto del 
correo, la notificación venía referida al asunto «JDO. 1 INST. E INSTR. N 4 DE LORCA 
EJH/0000351/2018», indicándole que la «notificación estará disponible en su dirección 
electrónica habilitada única desde el 3-07-2018 hasta el 18-08-2018. Si no procediera a 
su lectura en el plazo indicado se producirán los efectos correspondientes, según la 
normativa aplicable». Más adelante, se añadía que «independientemente del tiempo que 
tenga a su disposición el acto de comunicación, transcurridos tres días hábiles desde su 
puesta  a  su  disposición  sin  que  el  destinatario  haya  accedido  a  su  contenido,  se 
entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando todos sus 
efectos, conforme con lo establecido en el art. 162.2 de la LEC», para finalizar señalando 
que este «aviso conforme a lo dispuesto en el art. 25 del RD: 1065/2015 no tiene efecto 
procesal alguno».
En la certificación emitida por el servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica  habilitada  también  consta  que  la  notificación  tenía  como  número  de 
referencia el 56144145b3b936074035, que fue puesta a disposición del destinatario el 3 
de julio de 2018 y que la fecha de aceptación fue el 3 de agosto de 2018, figurando como 
certificado digital receptor el correspondiente a don Juan Miguel Jiménez, en su calidad 
de representante de la citada mercantil.
c)  En  escrito  presentado  ante  el  juzgado  el  día  31  de  agosto  de  2018,  la 
demandante de amparo compareció en el procedimiento, formulando oposición a la 
ejecución, con su documentación adjunta.
d)  Con fecha 15 de noviembre de 2018, el juzgado dictó un auto por el que se 
acordó:  «Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada  […] 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., […] por presentación fuera de plazo, 
contra Banco Sabadell, S.A.», advirtiendo que contra dicha resolución cabía recurso de 
reposición.
El juzgado basó su decisión, conforme a su fundamento de Derecho único, en lo 
siguiente: «Se establece en el artículo 134 de la LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 de la LEC, que transcurrido o pasado el  e
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la  bo
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. Establece el  204ww
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ser inadmitida su oposición por extemporánea, de conformidad con lo establecido en los 
preceptos citados».
e)  Formalizado recurso de reposición, el juzgado dictó un nuevo auto el 16 de 
septiembre  de  2019,  por  el  que  se  desestimó  el  recurso,  conforme  a  los  motivos 
expuestos en su fundamento jurídico único:
«Debe ser desestimado el recurso de reposición interpuesto por ser el auto recurrido 
conforme  a  la  normativa  procesal  vigente  en  materia  de  oposición  a  la  ejecución 
(artículos 556.1 LEC y concordantes) y de actos de comunicación. Así, pese a las 
alegaciones  del  recurrente  que  pretende  mantener  que  el  escrito  de  oposición  fue 
presentado en plazo para ello por entender que el auto despachando la ejecución y el 
requerimiento efectuado debe entenderse notificado en fecha 3 de agosto de 2018, en la 
que se accedió efectivamente a las citadas resoluciones, lo cierto es que debe tenerse 
en cuenta la fecha en la que efectivamente tuvo la parte posibilidad de acceder a las 
mismas, de lo contrario se estaría dejando al arbitrio de las partes obligadas a utilizar el 
sistema  electrónico  de  comunicaciones  el  cumplimiento  de  los  plazos  procesales 
dispuesto en la normativa».
Tras aseverar que los artículos considerados como infringidos por la parte recurrente 
han sido respetados en el procedimiento, resalta que la propia recurrente reconoce estar 
obligada a utilizar los medios electrónicos en sus comunicaciones con el juzgado y 
afirma que la notificación se remitió a la dirección de correo electrónico «habilitada» del 
titular a la que se refiere el art. 162 LEC, que tiene carácter de norma especial.
No existiendo duda sobre la aplicabilidad de dicho precepto –prosigue el auto–, 
resulta que la notificación fue recibida el día 3 de julio de 2018, fecha en la que se 
materializó  la  «puesta  a  disposición»  de  la  notificación  correctamente  y  del  propio 
documento se deriva que pasaron más de tres días desde la misma, sin que se hubiera 
accedido al contenido hasta el día 3 de agosto de 2018. En aplicación de lo dispuesto en 
el apartado segundo del art. 162 LEC, no habiéndose justificado por el recurrente una 
imposibilidad de acceder al sistema en este plazo, el juzgado concluye que el recurso 
debe ser desestimado.
Por último, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma no cabe 
recurso alguno».
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causan la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas, tratándose de su primer emplazamiento judicial.
La  recurrente  reconoce  que,  por  ser  una  persona  jurídica,  viene  obligada  a 
relacionarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos. Aclara, no 
obstante, que cuando es el primer emplazamiento y por tanto todavía aquella «no ha 
tenido ninguna relación con el juzgado correspondiente en este especial y concreto 
procedimiento»,  ha  de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la 
documentación correspondiente, conforme establece el art. 273, en relación con los
arts. 135, 152, 162 y 155 LEC. Este último, precisa, «es categórico al respecto ya que en 
su  punto  primero  nos  indica  que  cuando  las  partes  no  actúen  representadas  por 
procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de  s
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes». Añade que incluso la  oe.
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juzgado el 15 de noviembre de 2018 declaró extemporánea la presentación del escrito
de oposición, computando el plazo de diez días desde la fecha de envío de aquel correo 
a través de la dirección electrónica habilitada.
Sobre el auto desestimatorio del recurso de reposición, la recurrente rechaza que 
pueda fundamentar su decisión en la ley de procedimiento administrativo común, «que 
consideramos inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas 
concretas  al  respecto,  no  se  dan  en  uno  y  otro  ámbito  las  mismas  garantías 
procedimentales»; siendo que en materia de notificación de actos procesales existe su 
propia normativa tanto en la Ley de enjuiciamiento civil –los artículos arriba citados– 
como en el haz de garantías del propio art. 24 CE.
Con cita expresa de la doctrina de este tribunal sobre la relevancia de los actos de 
comunicación procesal desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva 
(entre  otras,  SSTC  115/1988,  195/1990  y  326/1993),  finaliza  solicitando  que,  con 
estimación del amparo, se acuerde la nulidad de los autos de 15 de noviembre de 2018 y 
de 16 de septiembre de 2019, reconociendo el derecho individual de Euroinversiones 
Inmobiliarias, S.L., a obtener una resolución con respeto al derecho a la tutela judicial 
efectiva, y la nulidad de actuaciones y reposición de todo al momento previo a dictarse el 
auto de fecha 15 de noviembre de 2018, para que resuelva conforme a Derecho, 
admitiendo a trámite la demanda de oposición al despacho de ejecución formulada por la 
recurrente.
Por medio de un «segundo otrosí digo», en el escrito de demanda se argumentó 
«que la continuación de la ejecución derivadas de los pronunciamientos judiciales que 
han sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación 
a  terceros  o  al  propio  ejecutante,  pueden  hacer  perder  al  recurso  de  amparo  su 
finalidad», por lo que se solicitó «la suspensión de la continuación del procedimiento de 
ejecución  hipotecaria  351-2018  seguido  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 4 de Lorca, hasta tanto sea resuelto el presente recurso de amparo, 
poniéndolo en conocimiento del órgano judicial» [sic].
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 20 de julio de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
[art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede 
dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de 
cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho 
fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) obrando ya en la Sala las actuaciones 
jurisdiccionales,  dirigir  atenta  comunicación  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 4 de Lorca, a fin de que se proceda a «emplazar a quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento» de origen, excepto a la «recurrente en amparo», para 
poder comparecer en el presente proceso constitucional en el plazo de diez días; y (iii) 
formar la «oportuna pieza separada para la tramitación de la suspensión solicitada».
5.  Por nueva providencia dictada por la Sección Cuarta de este tribunal en la misma 
fecha  se  dispuso  «formar  con  la  precedente  fotocopia,  la  oportuna  pieza  para  la 
tramitación del incidente sobre suspensión y conforme determina el artículo 56 de la Ley 
Orgánica de este Tribunal, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y 
al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen pertinente sobre dicha suspensión». 
Este traslado fue cumplimentado por la parte recurrente, mediante escrito de fecha 30 de 
julio de 2020, en el que se ratificó en su petición inicial. Por su parte, el Ministerio Fiscal 
presentó informe en fecha 1 de septiembre de 2020, en el que interesó que se adoptara  e
únicamente la medida de anotación preventiva de la demanda de amparo. bo
Así se acordó por medio del ATC 107/2020, de 21 de septiembre, dictado por la Sala  204ww
aSneogtuancdióan d ep reesvteen ttrivibau ndael . lEan d eel mmaisnmdao  sdee  daemnepgaóro l ae snu sepl ernesgiiósntr os odlicei talad ap yro speie odradde,n óco lna 
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adquisición del bien por un tercero de buena fe lo hiciera irreivindicable, situación a la 
que se hace referencia en la demanda».
6.  Por  escrito  presentado  en  el  registro  de  este  tribunal  el  29  de  septiembre 
de  2020,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  María  Grande  Pesquero, 
actuando en nombre y representación de la entidad Pera Assets Designated Activity 
Company, bajo la dirección letrada de don Alejandro Ingram Solís, solicitó que se le 
tuviera por personada en este recurso, en su condición de adquirente de los créditos 
hipotecarios  que  anteriormente  eran  de  la  titularidad  de  la  entidad  Banco  de 
Sabadell, S.A. Estos créditos le habían sido cedidos por esta en virtud de escritura 
suscrita el 23 de julio de 2019, ante el notario de Madrid don Carlos de Alcocer Torra.
7.  Con fecha 1 de octubre de 2020, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que se acordó, de un lado, tener por 
personada y parte a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, a través de la 
procuradora mencionada, y de otro, dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 4 de noviembre de 2020. En el mismo interesó que se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo reiterando los argumentos expuestos en la demanda. 
Además, se hace una reseña expresa de la sentencia que resuelve el recurso de amparo 
núm. 5377-2018, que se corresponde con la STC 40/2020, de 27 de febrero. En esta 
resolución, por aplicación de las SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril, 
se confirma la doctrina que defiende en este recurso, en torno a la necesidad de que el 
primer emplazamiento o citación se efectúe en el domicilio de la persona jurídica que 
figure como demandada, según impone el artículo 155.1 LEC.
9.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 16 de 
noviembre de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  y  su  restablecimiento  mediante  la 
declaración  de  nulidad  de  «todo  lo  actuado  desde  la  notificación  efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en el juicio de ejecución hipotecaria 351-2018», 
además de la consiguiente retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular la 
oposición a la ejecución».
El fiscal considera que nos encontramos ante el mismo supuesto fáctico y jurídico que 
ya fue resuelto en sentido estimatorio mediante las SSTC 40/2020, de 27 de febrero, 
y 43/2020, de 9 de marzo, cuyo contenido extracta. En estas resoluciones se concedió el 
amparo solicitado por aplicación de la doctrina expuesta, a su vez, en las SSTC 6/2019, 
de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril, de las que se deriva la obligatoriedad de que el 
primer  emplazamiento  se  realice  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la 
documentación, conforme a lo dispuesto en los arts. 155.1 y 273.4, segundo párrafo, LEC.
10.  Por  la  Secretaría  de  Justicia  se  ha  dictado  diligencia  el  17  de  noviembre 
de 2020, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal y de la representación procesal de la recurrente en amparo, quedando  e.e
el asunto concluso y pendiente para deliberación cuando por turno corresponda. No  b
consta presentado dentro del plazo del art. 52.1 LOTC, o con posterioridad, ningún  204ww
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II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia e instrucción de 
Lorca,  los  cuales,  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, han inadmitido a trámite los ulteriores escritos de oposición a la 
ejecución, los recursos de reposición o de nulidad de actuaciones, por considerarlos 
extemporáneos  o  improcedentes,  al  entender  realizados  conforme  a  Derecho  los 
emplazamientos comunicados a través del sistema de notificaciones telemáticas.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de 
Lorca, de 15 de noviembre de 2018 y de 16 de septiembre de 2019, dictados en el 
proceso hipotecario núm. 351-2018.
La demanda de amparo alega, en esencia, la vulneración del derecho fundamental a 
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer 
indefensión, al no haberse efectuado aquel emplazamiento de manera personal y con 
entrega  en  papel  de  la  documentación  correspondiente,  tal  y  como  establecen  las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil.
El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer 
motivo.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos autos de coincidente contenido con el que ahora se impugna, y donde se dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada en este caso la concurrencia de algún elemento distintivo 
que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo  declarado  entonces, 
procede, por tanto, que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En primer lugar, en el fundamento jurídico 2 se descarta cualquier posible óbice 
procesal, tanto por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) 
LOTC] como por ser prematuro el amparo. En el primer caso, porque no cabe recurso 
contra el auto desestimatorio de la reposición, como se indica en el pie de recurso de 
este. En el segundo supuesto, porque no es exigible esperar a la finalización del proceso 
ejecutivo  hipotecario  a quo, ya que condicionar  la interposición  de  la demanda de 
amparo a este hecho genera una dilación injustificada que se traduciría en un gravamen 
adicional o en la intensificación de la lesión constitucional que denuncia, como ya se 
expuso en las SSTC 39/2015, de 2 de marzo, y 49/2016, de 14 de marzo.
En segundo lugar, en el fundamento jurídico 3 de esa resolución se advierte que es 
de aplicación la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero, 
FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, 
FJ 4 a), recaída en proceso de amparo. En ambos supuestos se afirma la «garantía del 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», tal y como ocurre con la efectuada a través de la dirección  e
electrónica habilitada. El emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo  bo
complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de  204ww
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fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Finalmente, constata entonces la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como 
ha de hacerse también en el presente supuesto, que las dos resoluciones judiciales 
impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no 
proceder a su emplazamiento personal en el proceso a quo a efectos de requerirle de 
pago o alternativamente permitirle presentar su oposición a la ejecución. Por el contrario, 
el juzgado optó por un emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones 
electrónicas  y  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y 
Timbre, que no está previsto en la normativa procesal para estos casos, y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, para el cómputo del plazo de presentación del escrito de 
oposición se invocaron normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas 
al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del 
art. 556 LEC. Todo ello produjo una indebida denegación de su escrito de oposición a la 
ejecución, lo que determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede, por ello, acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado 
en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó a su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental 
de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  entidad  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 15 de 
noviembre de 2018 y de 16 de septiembre de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 
351-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del auto de 26 de 
junio de 2018, por el que se acordó el despacho de la ejecución y el requerimiento de 
pago a la entidad deudora.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
requerimiento de pago, debiendo llevarse a cabo de nuevo este trámite por el citado 
juzgado, de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a treinta de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.– es
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  bo
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado. 204ww