BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 37 Viernes 12 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 16262
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2101 Resolución de 29 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la Propiedad de Vilagarcía de Arousa, por la que se 
deniega la práctica de un asiento de presentación de un documento privado.
En el recurso interpuesto por don J. C. M. contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Vilagarcía de Arousa, doña Ana Cristina Nogueira 
Ramadas, por la que se deniega la práctica de un asiento de presentación de un 
documento privado.
Hechos
I
Mediante instancia suscrita el día 28 de septiembre de 2020 por don J. C. M., y tras 
exponer que había requerido en varias ocasiones «la presencia de algún técnico de ese 
Organismo que verifique un error en la cartografía catastral, así como, la existencia de 
canal de riego» sobre la finca de un colindante por posible usurpación del dominio 
público (cuestión ya resuelta por este Centro Directivo en Resolución de 16 de junio 
de 2020 en sentido desestimatorio para el recurrente), solicitaba, «a la vista del informe 
emitido  por  la  Diputación  Provincial  del  departamento  de  Infraestructuras  en  vías 
provinciales», la rectificación  de una  inscripción registral por considerar que existía 
contradicción entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica. Sin embargo, no 
identificaba la finca sobre la que se pretendía la rectificación ni los términos en los que 
ésta debía practicarse.
II
Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Vilagarcía de Arousa, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Por la presente pongo en su conocimiento, que examinado el escrito de fecha 28 de 
Septiembre de 2.020, suscrito por Vd, en el que tras alegar lo que considera oportuno y, 
a  la  vista  de  un  informe  emitido  por  la  Diputación  Provincial  del  departamento  de 
Infraestructuras en vías provinciales y un informe del Defensor del Pueblo, “(...) se pone 
en conocimiento de ese organismo por si procede la rectificación de ese Registro a la 
inscripción efectuada al considerar contradicción entre Registro y realidad jurídica, al 
considerar que es necesario modificar este defecto en base al informe aludido que 
modifica la situación de la finca inmatriculada con la realidad en base a la inexactitud 
registral y error de Registro”, y al que se acompañan: comunicación de la Diputación de 
Pontevedra,  con  su  correspondiente  CSV;  informe  emitido  por  el  Servicio  de 
Infraestructuras e Vías Provinciáis, con su correspondiente CSV y un plano; informe 
emitido por el Servicio de Contratación, Facenda e Patrimonio; y, por último, fotocopia de  es
informe del Defensor del Pueblo que no contiene CSV, se deniega la práctica del asiento  o
de presentación del documento, con arreglo a los siguientes hechos y fundamentos de  01ww
dereHcehcoh:os:
Con  fecha  1  de  octubre  de  2020,  tiene  su  entrada  en  esta  oficina  toda  la
documentación relacionada, mediante la cual el suscribiente, tras alegar lo que considera
oportuno y reiterar su solicitud de presencia de “algún técnico de ese Organismo que 
verifique el error de cartografía catastral así como la existencia de canal de riego” 
(cuestión ya resuelta por resolución de la DGSJFP en fecha 16 de junio de 2020 en 
sentido desestimatorio para el recurrente) solicita la rectificación registral, al considerar 
contradicción entre registro y realidad jurídica en la forma indicada más arriba.
Fundamentos de Derecho:
El documento presentado junto a varios informes, uno de los cuales es una fotocopia, 
no hace referencia a finca alguna respecto de la cual se solicite rectificación. Tampoco se 
hace constar en qué términos quedaría rectificada la finca o fincas respecto de las que 
se pretende dicha modificación. El artículo 420 del Reglamento Hipotecario dispone que: 
“Los  Registradores  no  extenderán  asiento  de  presentación  de  los  siguientes 
documentos:  1.  Los  documentos  privados,  salvo  en  los  supuestos  en  que  las 
disposiciones legales les atribuyan eficacia registral. (…) 3. Los demás documentos que 
por su naturaleza, contenido o finalidad no puedan provocar operación registral alguna”.
Asimismo, en relación con la petición de llevar a cabo actuaciones distintas de las 
que constituyen el objeto del Registro de la Propiedad, se debe recordar que según el 
art. 1 de la LH: “Los asientos del Registro practicados en los libros que se determinan en 
los artículos doscientos treinta y ocho y, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, 
están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se 
declare su inexactitud en los términos establecidos en esta Ley”. El art. 40 de la LH, del 
mismo modo, y en cuanto a la pretensión de rectificación del Registro por parte del 
solicitante que debería sustanciarse, en su caso, en dichos términos, recoge que: “La 
rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular del dominio o derecho real 
que no esté inscrito, que lo esté erróneamente o que resulte lesionado por el asiento 
inexacto, y se practicará con arreglo a las siguientes normas: a) Cuando la inexactitud 
proviniere de no haber tenido acceso al Registro alguna relación jurídica inmobiliaria, la 
rectificación tendrá lugar: primero, por la toma de razón del título correspondiente, si 
hubiere lugar a ello; segundo, por la reanudación del tracto sucesivo, con arreglo a lo 
dispuesto en el Título VI de esta Ley, y tercero, por resolución judicial, ordenando la 
rectificación. b) Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún derecho 
inscrito o anotado, la rectificación se hará mediante la correspondiente cancelación, 
efectuada conforme a lo dispuesto en el Título IV o en virtud del procedimiento de 
liberación que establece el Título VI. c) Cuando la inexactitud tuviere lugar por nulidad o 
error de algún asiento, se rectificará el Registro en la forma que determina el Título VII. 
d) Cuando la inexactitud procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere 
motivado el asiento y, en general, de cualquier otra causa de las no especificadas 
anteriormente, la rectificación precisará el consentimiento del titular o, en su defecto, 
resolución judicial”.
A mayor abundamiento, en relación con las fotocopias, la Resolución de la DGRN 
de 22 de octubre de 2018, reiterando la doctrina recogida en muchas otras, señala que: 
“Como ha dicho este Centro Directivo –cfr. Resoluciones de 25 de octubre de 2005 y 16 
de junio de 2010– uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el 
llamado principio de legalidad que, por la especial trascendencia de efectos derivados de 
los asientos del Registro –que gozan ‘erga omnes’ de la presunción de exactitud y 
validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional– –artículos 1 y 38 de la Ley 
Hipotecaria–, está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos 
a la calificación del registrador, y así el artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, entre  e
otros  requisitos,  la  exigencia  de  documento  público  o  auténtico  para  que  pueda  bo
practicarse la inscripción en los libros registrales, y esta norma se reitera a través de toda  01ww
alaje Lneays  aHli pcoatseoc aarhiao,r aa dsíe bcaotmidoo ”d.e su Reglamento, salvo contadas excepciones que son
En conclusión, el documento presentado no tiene atribuida, por ley, eficacia registral 
alguna, no puede dar lugar a ninguna operación registral y, según lo expuesto, no puede 
ser objeto de presentación en los términos recogidos más arriba.
Contra la presente nota de denegación de presentación podrá (…)
Vilagarcía de Arousa, a 2 de octubre de 2020.–La registradora (firma ilegible) Fdo.: 
Ana Cristina Nogueira Ramadas.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. C. M, interpuso recurso el día 25 de 
noviembre de 2020 alegando lo siguiente:
«Primero.  Esta parte, don J. C. M., mediante escrito dirigido al Registro de la 
Propiedad de Vilagarcía de Arousa, apercibe de forma fehaciente de que se debe 
intervenir por parte de ese Organismo para impedir la usurpación de una titularidad sobre 
una propiedad de dominio público, enviando una inspección sobre el terreno para que se 
verifique lo manifestado.
Esta parte quiere dejar manifiesto mediante la presente que la idea básica que 
preside la usurpación es la ocupación o utilización de inmuebles ajenos persiguiendo un 
interés propio, y se encuentra tipificada en el Capítulo V del CP.
Segundo.  Esta parte como parte colindante de la finca que se pretende inscribir en 
el Registro de la Propiedad atisba que efectivamente una parte de terreno incluye un 
camino de servicio de presa y desvía por tanto el cauce de esta última por lo que 
procede a su debida reclamación.
La finca se denomina con el nombre de (…). Y la parte que pretende inscribirla, 
consta de titularidad don B. P. C. y su esposa, doña P. V. C.
Tercero.  Por  lo  que  esta  parte  actuando  diligentemente,  procedió  a  avisar 
preceptivamente a un perito para que llevase a cabo la medición en referencia a la 
realidad y que se ajustase lo máximo posible al terreno.
Cuarto.  Por lo cual, esta parte se pone en contacto con la este ente para que revise 
de forme fehaciente este hecho, y se proceda a verificar lo manifestado “in situ” siendo 
menester  proceder  de  forma  diligente,  esta  parte  ha  remitido  sendos  escritos  al 
Ayuntamiento de Vilanova de Arousa, la Diputación de Pontevedra, Gerencia Territorial 
del Catastro, así como a la Xunta de Galicia, en la sección de Aguas de Galicia, en su 
demarcación Sur.
De facto, Aguas de Galicia ha autorizado a esta parte a destapar la presa de riego al 
considerar que existe. Por lo que con la autorización preceptiva, esta parte ha dejado a 
la vista la presa de riego al tener a la Entidad de Aguas de Galicia que le avala en su 
afán por proteger el patrimonio público.
Ámbito jurídico-material.
1.  La regulación del delito de usurpación la encontramos en el Capítulo V del Título 
XIII del Código Penal, concretamente en los artículos 245 a 247.
2.  Artículo 247.1. “El que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso 
público o privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial, será castigado con la 
pena de multa de tres a seis meses. 2. Si la utilidad reportada no excediere de 400 
euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”.
3.  Las aguas públicas que se derivan de sus cauces naturales y entran en otros  e.
artificiales construidos siguen siendo públicas. w.b
Tanto si se derivan a título de concesión o de prescripción adquisitiva; si el titular es  01ww
uon p apracritaicl uelna rr ioe guonsa  oC aobmausnteidcaimd iednet ore og asnótleos s; ey  ussi ae lp daeras tipnroo dduecl caiógnu ad ee se nsue rcgoían seulémcotr ictoat aol 
nfuúemrzear o m5o.ºt ridze. l Taordt.a  40la8  adreglu Cmóednitgaoc iócniv ile, nn i cloons traarrtiso.  9ca8r eyc e1 6d6e  dec olnas ilsetye nacdiam. itNeni  elal 
pretendida interpretación de contradecir y triunfar sobre la definición de aguas públicas
del art. 407 del Código y 4.0 de la ley; aquéllos no representan el antecedente del 
derecho patrio como sostenía la s. de 30 de septiembre de 1896 y localizan en la Ley 8, 
tít. XXVIII, y Ley 18, tít. XXXII, de la Partida 3. (31); ni cabe afirmar que cuando las aguas 
han sido separadas de sus cauces naturales no pueden figurar en ninguna de las 
enumeraciones de aguas públicas contenidas en la legislación, ya que según sostienen 
el R. D. de 8 de febrero de 1898 y la sentencia de 8 de enero de 1919, tampoco hay 
posibilidad de comprenderlas en ninguna de las clasificaciones sobre aguas privadas, y 
en realidad tratándose de las mismas aguas sólo en situación diferente, la Ley no tenía 
por qué incluirlas ni en una ni en otra enumeración.
Cuando el párrafo, primero del núm. 5.º del art. 408 del Código nos dice: “Los cauces 
de aguas corrientes, continuas o discontinuas, formados por aguas pluviales, y los de los 
arroyos que atraviesen fincas que no sean de dominio público”, no se refiere a otra cosa 
que a los cauces, de ahí el valor interpretativo de la sentencia de 5 de mayo de 1943 al 
concordarlo con los arts. 28, 29, 32 y 33 de la ley, de los cuales es fiel trasunto y con 
relación a los cauces, nunca a las aguas.
Al agregar en su párrafo segundo: “En toda acequia o acueducto, el agua, el cauce, 
los cajeros y las márgenes serán considerados como parte integrante de la heredad o 
edificio a que van destinadas las aguas. Los dueños de los predios, por los cuales o por 
cuyos linderos pase el acueducto, no podrán alegar dominio sobre él, ni derecho al 
aprovechamiento  de  su  cauce  o  márgenes,  a  no  fundarse  en  títulos  de  propiedad 
expresivos del derecho o dominio que reclamen”, transcribe literalmente el art. 98 de la 
ley, más todo el contenido con palabras muy semejantes del párrafo segundo del art. 99, 
ambos referentes a la servidumbre de acueducto y normativos, como los anteriores y 
posteriores, de las relaciones entre los predios sirviente y dominante, sin que estas 
relaciones entre partes tengan virtualidad para modificar la naturaleza jurídica de las 
aguas públicas. Por último, el art. 166 de la ley encuadrado en la sección que trata del 
aprovechamiento de las aguas públicas para el abastecimiento de poblaciones, sí reúne 
un ejemplo de la impropiedad terminológica de los reformadores de 1879, cuando nos 
habla de “cuyo caudal tenga propietario o propietarios” con referencia a las aguas de un 
río; su antecedente, el art. 213 de la Ley de 1866, empleaba la expresión “los que 
disfruten tales aprovechamientos”, único derecho susceptible de poseer en la corriente 
del río; pero la modificación establecida no va dirigida al cambio de esos términos y sí a 
obligar al pago de indemnización en todos los casos de expropiación, como se aprecia 
relacionándolo con el 168 y ambos con sus precedentes de la Ley de 1866, y todo ello, 
con la Constitución y la Ley de Expropiación Forzosa de 30 de junio de 1876 y 10 de 
enero de 1879, entonces de tanta actualidad.
En  consecuencia  de  todo  ello  llegamos  al  convencimiento  de  que  frente  a  las 
terminantes manifestaciones de la exposición de motivos y la clara expresión de los arts. 
407 del Código civil y el 4.º de la Ley, no pueden prevalecer ni el núm. 5.º del art. 408 de 
aquél, ni los arts. 98 y 166 de ésta, que, además de no ser contradictorios con aquéllos, 
nunca pudieron tener la pretensión de normar la naturaleza de las aguas, limitándose a 
disponer  lo  pertinente  sobre  cauces,  relaciones  entre  partes  en  la  servidumbre  de 
acueducto  y  formas  de  indemnización  en  expropiaciones  forzosas  u  ocupaciones 
temporales de aprovechamientos de aguas.
4.  Instrucción del DOG n.º 80 de 2015/4/29 de planificación hidrológica.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito:
1.  Que se tenga por presentado este escrito (…) se sirva admitirlo y se tenga a bien  e
contestarlo a la mayor brevedad posible. bo
2.  Que se proceda a la intervención por parte del Registro de la Propiedad para  01ww
idmep deodmir inuino  dpeúlbitloic toip.ificado como el de usurpación de una titularidad sobre una propiedad
ante3r.io rmQeunet es em apnroifceesdtaad ao .enviar una inspección sobre el terreno para verificar todo lo
4.  De ser necesaria la documentación original se aporta, al fundamentarse su no 
asiento también en que se tratan de fotocopias.
5.  Se proceda a reconocer que se ha lesionado un derecho por el asiento inexacto 
y se ordene su rectificación.»
IV
La registradora de la Propiedad de Vilagarcía de Arousa emitió informe el día 1 de 
diciembre  de  2020,  ratificando  su  calificación  en  todos  los  extremos,  y  elevó  el 
expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 3, 9, 17, 18, 19, 19 bis, 24, 38, 40, 66, 82, 198, 248.3, 258.4 
y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 416 y 420 del Reglamento Hipotecario; las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de enero 
de 2000, 7 de mayo de 2002, 9 de mayo de 2003, 2 de marzo de 2005, 15 de marzo y 5 
de julio de 2006, 19 de julio de 2007, 11 de febrero, 4 y 10 de noviembre y 23 de 
diciembre de 2008, 20 de septiembre de 2010, 28 de marzo de 2011, 3 de mayo y 14 de 
julio de 2012, 20 de noviembre de 2013, 17 de febrero de 2014, 9 de julio y 30 de 
noviembre de 2015, 3 de mayo de 2016, 6 de junio de 2017, 12 de enero, 23 de marzo, 
17 de mayo y 4 y 12 de junio de 2018 y 10 de abril y 5 y 20 de septiembre de 2019, y la 
Resolución  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  de  16  de 
septiembre de 2020.
1.  El presente expediente tiene por objeto decidir si procede o no practicar un 
asiento de presentación de un documento privado en el que se solicita la rectificación 
registral de la descripción de una finca que no se identifica.
El presentante y ahora recurrente entiende que existe contradicción entre el Registro 
y la realidad jurídica, al considerar que la finca inmatriculada de un colindante invade el 
dominio público.
Fundamenta su pretensión en un informe emitido por la Diputación Provincial del 
Departamento de Infraestructuras en vías provinciales de Pontevedra, en el que se 
aprecia un error en la cartografía catastral.
La registradora suspende la práctica del asiento porque, conforme al artículo 420 del 
Reglamento Hipotecario, el documento presentado no tiene atribuida por ley eficacia 
registral alguna, ni puede dar lugar a ninguna operación registral, ya que no se identifica 
la finca ni tampoco en qué términos quedaría rectificada la misma. Además, pone de 
manifiesto que, conforme al artículo 1 de la Ley Hipotecaria, los asientos del Registro 
una vez practicados están bajo la salvaguardia de los tribunales y su rectificación queda 
sujeta a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Hipotecaria.
2.  En primer lugar, respecto a la idoneidad del recurso, conviene recordar que 
frente  a  la  negativa  a  practicar  un  asiento  de  presentación  ha  habido  en  nuestra 
legislación hipotecaria diferentes tipos de posibles vías de reacción a lo largo de la 
historia.
En la primera redacción del Reglamento Hipotecario, el artículo 416 estableció que, 
ante la negativa a extender el asiento de presentación, cabía recurso de queja ante el 
juez de la localidad.
Con posterioridad, la Ley 24/2001 previó en el artículo 329 de la Ley Hipotecaria que  e.e
cabía interponer recurso de queja ante esta Dirección General, con alzada ante el juez  b
de la capital de la provincia. 01ww
Ley P2e4r/o2 00e5s,t ep orú lloti mquoe  apcretucaelpmtoe ntqeu lead cóu edsteiórong caadroe cey  ded eujnaad ore gsuinla cicóonn dteirneidctoa .por  la
«VisNtoos »o)b sqtuaen tlea,  neesgtea tiCvae natr ola  Dpirreáccttiivcoa  dheal  eanstieenndtoid doe ( cpfrre. sReenstaocluiócnio neess u cniata dcaalsif iceanc ilóons 
más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el mismo recurso que puede
interponerse  contra  una  calificación  que  deniegue  o  suspenda  la  inscripción  del 
documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto 
en los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria. Así se deduce igualmente del 
apartado  4  del  artículo  258  de  la  Ley  Hipotecaria  que  habla  de  «calificación»  del 
registrador del título entregado o remitido.
Naturalmente, el objeto del recurso en estos casos es exclusivamente determinar si 
procede o no la práctica del asiento de presentación, sin prejuzgar sobre la calificación 
que, de practicarse dicho asiento, deberá en su momento llevar a cabo el registrador 
respecto al acceso del título presentado a los libros de inscripciones.
3.  Dados los efectos que, conforme al principio de prioridad registral produce el 
asiento de presentación en el Libro Diario (artículos 17 y 24 de la Ley Hipotecaria), es 
lógico que el legislador no quiera que dicho asiento se extienda mecánicamente con la 
sola aportación del título correspondiente al Registro.
Por ello el registrador ha de analizar cada documento, con el objeto de decidir si 
procede o no su efectiva presentación al Diario. Pero la calificación que a estos efectos 
realiza el registrador es distinta de la que debe llevar a cabo con los documentos ya 
presentados  para  determinar  si  son  o  no  susceptibles  de  inscripción  o  anotación. 
Consecuentemente, en este momento inicial el registrador debe limitarse exclusivamente 
a comprobar que concurren los requisitos que nuestro ordenamiento establece para que 
un documento pueda acceder al Libro Diario. Si se cumplen estos requisitos ha de 
practicarse el asiento de presentación, aunque se pueda ya observar que existe algún 
defecto que en su momento provocará la negativa a practicar la anotación o inscripción 
definitiva del título.
4.  Por lo que se refiere a la calificación objeto de este recurso, el artículo 420.1 del 
Reglamento Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, ordena 
a los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados, 
salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral.
Este Centro Directivo ha reiterado que la negativa a la práctica de un asiento de 
presentación sólo debe realizarse cuando el documento cuya constancia registral se 
solicita sea indudablemente de imposible acceso al Registro.
Este  es  el  criterio  que  ha  de  presidir  la  interpretación  del  referido  precepto 
reglamentario, lo que concuerda también con el apartado 3 del mismo artículo 420, que 
prohíbe  extender  asiento  de  presentación  de  «los  demás  documentos  que  por  su 
naturaleza, contenido o finalidad no puedan provocar operación registral alguna» y con el 
artículo 416 del Reglamento Hipotecario, según el cual, se extenderá en el diario el 
asiento de presentación cuando el título presentado «pueda producir en el Registro 
alguna inscripción, anotación preventiva, cancelación o nota marginal».
Por tanto, sólo en aquellos casos en los que el propio presentante manifieste que su 
objetivo no es la práctica de un asiento en los libros del Registro, o en los que de una 
forma evidente resulte que el título nunca podría provocar dicho asiento, cabría denegar 
la presentación.
Es indudable que en el presente expediente nos encontramos ante ese supuesto, ya 
que se trata de una instancia privada que no puede provocar asiento registral alguno, 
pues no se identifica ni describe la finca sobre la cual se pretende la rectificación registral 
ni tampoco los términos en los que dicha rectificación habría de practicarse.
No puede ni siquiera darse cumplimiento a lo exigido por el artículo 249 de la Ley 
Hipotecaria, que exige que en el asiento de presentación se exprese necesariamente «el 
derecho que se constituya, reconozca, transmita, modifique o extinga por el título que se  s
pretenda inscribir», «la naturaleza de la finca o derecho real que sea objeto del título  oe.
presentado, con expresión de su situación y de su nombre y número, si lo tuviere» así  w.
como «el nombre y apellidos de la persona a cuyo favor se pretenda hacer la inscripción  01ww
o asEienn tcoo dnese qcuuee nscei atr,a htea» .de considerarse acertada la decisión de la registradora de no
practicar asiento de presentación.
Además, en cuanto a la rectificación del Registro, es principio esencial en nuestro 
Derecho hipotecario que una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la 
salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo 
con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley 
Hipotecaria).  Por  ello,  aunque  se  hubiera  practicado  el  asiento  de  presentación,  la 
rectificación pretendida exigiría consentimiento del titular registral.
Si lo que se pretende es la rectificación de la cartografía catastral, que es lo que 
parece deducirse de la documentación aportada, el interesado deberá acudir en primer 
lugar al organismo competente de Catastro para subsanar el error, y después, podrá 
lograr  la  coordinación  entre  Catastro  y  Registro  utilizando  cualquiera  de  los 
procedimientos previstos legalmente para ello, enunciados tras la reforma operada por la 
Ley 13/2015, de 24 de junio, en el artículo 198 de la Ley Hipotecaria, pero que en todo 
caso prevén la intervención o solicitud por parte del titular registral.
Por  todo  lo  expuesto,  la  negativa  de  la  registradora  a  practicar  el  asiento  de 
presentación del documento presentado está plenamente justificada ya que ninguna 
disposición legal atribuye eficacia registral al documento privado que pretende rectificar 
un asiento que se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales y porque es imposible 
que dicho documento provoque un asiento registral al no referirse a ninguna finca en 
concreto (cfr. artículo 420 Reglamento Hipotecario).
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 29 de enero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.