BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Miércoles 10 de junio de 2020 Sec. TC.   Pág. 39065
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5966 Sala  Primera.  Sentencia  41/2020,  de  9  de  marzo  de  2020.  Recurso  de 
amparo 3431-2018. Promovido por don Luis Alfredo Carvajal Estrada en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Illescas en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar 
las posibilidades de averiguación del domicilio real del demandado (STC 
122/2013).
ECLI:ES:TC:2020:41
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el Magistrado don Juan 
José González Rivas, Presidente, por los Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3431-2018, promovido por don Luis Alfredo Carvajal 
Estrada, representado por la procuradora de los tribunales doña María Teresa Marcos 
Moreno y defendido por el letrado don Juan Carlos Rois Alonso, contra el auto de 
inadmisión a trámite del incidente extraordinario de nulidad, dictado con fecha 8 de mayo 
de 2018, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Illescas, en procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 720-2012. Ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido parte la 
entidad Wind Luxembourg, S.A.R.L., representada por el procurador de los tribunales 
don José Manuel Jiménez López y defendida por la letrada Victoria Camarero Ruano. Ha 
sido ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  Tribunal  el  15  de  junio  de  2018,  la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Teresa  Marcos  Moreno,  en  nombre  y 
representación de don Luis Alfredo Carvajal Estrada, interpuso recurso de amparo contra 
la resolución referida en el encabezamiento.
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, expuestos de 
manera sucinta, los siguientes:
a)  La entidad Bankia, S.A., sucesora a título universal de Caixa d’Estalvis Laietana, y 
en cuya posición procesal se subrogó, posteriormente, la entidad Wind Luxembourg,  s
S.A.R.L., presentó demanda de ejecución dineraria sobre bienes hipotecados respecto de  e.
una finca situada en la calle Ciudad Real núm. 30 de la localidad de Palomeque (Toledo),  w.
contra  el  ahora  demandante  de  amparo  y  doña  Amparo  Lourdes  Guishcamaigua  66ww
gGauraannotitzuañdao  pcoorn  ihmippoatgeoc ad ep aaram loar taizdaqcuioisniceisó np adrec ilaal ems een ciinotnearedsae fsin pcaac, tpaodro lso  dqeule  pprérosctaemdioó 
al vencimiento anticipado y a la reclamación de la cantidad de 194.953,11 €.
b)  Con fecha 31 de julio de 2013 el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de 
Illescas  dictó  auto  por  el  que  acordó  despachar  ejecución  y  requerir  de  pago  al 
ejecutado, lo que articuló en decreto  de  la misma y en el que se acordó expedir 
mandamiento al Registro de la Propiedad núm. 1 de Illescas. El citado auto y el decreto 
de la misma fecha no se pudieron notificar personalmente al deudor al estar abandonada 
la  vivienda  –así  consta  en  la  diligencia  practicada  por  la  comisión  judicial  de  la 
agrupación de juzgados de paz de Yuncos de fecha 27 de noviembre de 2013–, por lo 
que  el  juzgado  procedió  a  notificar  ambas  resoluciones  por  edictos,  por  acuerdo 
documentado en diligencia de ordenación con fecha 25 de febrero de 2014, al amparo de 
lo previsto en el art. 686.3 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y sin la práctica de 
averiguaciones adicionales.
c)  Por diligencia de 28 de octubre de 2014 se acordó la subasta pública de la 
vivienda, que tuvo lugar en fecha 20 de febrero de 2015 y, al no comparecer ningún 
licitador, la entidad de crédito solicitó la adjudicación de la finca por el 70 por 100 del 
valor de tasación, lo que finalmente se acordó por decreto de 26 de marzo de 2015.
La comisión judicial, el 9 de junio de 2016, se desplazó a la vivienda para el 
lanzamiento y puesta a disposición del inmueble en favor de la adjudicataria.
d)  Mediante comparecencia en la oficina del juzgado, celebrada el día 17 de junio 
de 2016, el demandante de amparo y doña Amparo Lourdes Guishcamaigua Guanotuña, 
manifestaron que ambos residían en el domicilio objeto de la ejecución hipotecaria y que 
el  recurrente  trabajaba  durante  el  día,  mientras  que  la  señora  Guishcamaigua 
abandonaba el mismo de manera esporádica en el mismo horario. A su vez, expusieron 
que el juzgado de paz no había practicado ninguna notificación y que conocieron la 
existencia del procedimiento ante el cambio de cerradura que pudieron constatar el día 9 
de junio de 2016, junto con una copia en la puerta de la diligencia de lanzamiento. En 
dicho acto, interesaron que se dejara sin efecto el lanzamiento, así como la suspensión 
de las actuaciones. Por decreto dictado con fecha 22 de junio de 2016 se acordó 
suspender  el  curso  de  las  actuaciones  hasta  que  por  el  colegio  de  abogados  se 
produjera el reconocimiento o la denegación del beneficio de justicia gratuita.
e)  Una vez concedido el beneficio de justicia gratuita y designados procuradora y 
letrado de oficio, los ejecutados promovieron incidente de nulidad de actuaciones por la 
indebida práctica de los actos de comunicación, causante de indefensión constitucional, 
ante la inexistencia de actos de averiguación del domicilio. Por otra parte, en el escrito se 
solicitó  la  suspensión  del  procedimiento  y  la  retroacción  de  las  actuaciones  hasta  el 
momento inmediatamente anterior al lanzamiento, petición que fue efectivamente acordada 
por auto de 10 de mayo de 2017, en el que se decretó la nulidad de actuaciones –con 
alcance limitado– por la ausencia de notificación a los ejecutados del lanzamiento.
Por escrito de 10 de julio de 2017, junto con otro recordatorio posterior presentado 
el  20  de  noviembre  del  mismo  año,  proveídos  conjuntamente  por  el  juzgado,  el 
demandante de amparo interesó la nulidad de todo el procedimiento, por la práctica 
defectuosa de los actos de emplazamiento y la falta de notificación personal, así como 
por  la  falta  de  legitimación  de  la  ejecutante,  junto  con  la  existencia  de  cláusulas 
abusivas. En concreto, la cláusula sexta de intereses moratorios y la sexta bis de 
vencimiento anticipado. En este caso se solicitó la retroacción de las actuaciones al 
momento inmediatamente posterior al dictado del auto general de ejecución, para que 
los ejecutados pudieran presentar una defensa con garantías constitucionales.
Por auto de 8 de mayo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Illescas, 
acordó no haber lugar a la nulidad de actuaciones interesada. En el auto se afirma que  s
«intentadas las notificaciones a los ejecutados en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria,  oe.
las mismas no fueron recepcionadas por la parte ejecutada, constando en autos como la  w.
parte ejecutante puso de manifiesto al juzgado que el domicilio objeto de las pretendidas  66ww
ndoet ipficaazc dioen eYsu snec ohsa l(lTaboale daob)a, npdoorn alod oq,u leo  sceu aal cfuued ióc oan filram vaídao e pdoicrt alal» A. gErnu pcaucaiónnto d ael  jurezsgtaod does 
vaelergdaacdieornaess , csaeu sraasz ondae  eonp eols iaciuótno  qau el an oe jceacbuec ióenn,t rasri eennd os u laasn ámlisiissm, a«sp ueasb ssoelu ttaramtae ndtee   BOE-A-cable e
extemporáneas, dado el estadio procesal en que nos encontramos. Las cláusulas cuya 
abusividad se pretende, no presentan caracteres que permitan, aun menos en este estadio 
procesal, la declaración de abusividad de oficio, debiendo continuar la tramitación de autos».
3.  En la demanda de amparo, el recurrente alega la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Tras traer a colación la doctrina 
constitucional relativa a los actos de comunicación procesal y su vinculación con el 
referido derecho fundamental (entre otras, la STC 122/2013, de 20 de mayo, o la 
STC  30/2014,  de  24  de  febrero),  sostiene  que  una  deficiente  práctica  de  las 
notificaciones por parte del órgano judicial que, a su vez, sea determinante para la falta 
de emplazamiento personal de quien debe ser llamado al proceso, vulnera el referido 
derecho y acarrea la nulidad de actuaciones. Sitúa la vulneración del derecho reconocido 
en  el  artículo  24.1  CE  en  el  hecho  de  que  el  juzgado  no  agotara  los  actos  de 
averiguación del domicilio, sino que, antes al contrario, procedió al emplazamiento por 
edictos, pese a que los ejecutados residían efectivamente en la vivienda hipotecada, que 
por tanto, constituía el domicilio real y efectivo, y en el que no se practicó tampoco, de 
forma correcta, el acto de comunicación. Añade que la modalidad por la que optó el 
juzgado no es el medio requerido legalmente para llevar a cabo un acto de comunicación 
tan relevante, pues no garantiza el acceso al proceso de la parte, su tutela judicial 
efectiva ni su derecho de defensa. Por ello sostiene, que el ilegal proceder del juzgado 
supuso un arbitrario incumplimiento de los deberes que le concernían, de cara a agotar 
todas las posibilidades para alcanzar la efectividad de la notificación y de velar por la 
correcta ejecución de los actos de comunicación procesal.
Por otra parte, en la demanda se invoca una segunda vulneración, que proviene de 
la  falta  de  un  pronunciamiento  expreso,  por  parte  del  juzgado,  en  el  curso  del 
procedimiento de ejecución hipotecaria, acerca de las cláusulas abusivas. Todo ello se 
conecta  con  el  derecho  previsto  en  el  artículo  24.1  CE  a  obtener  una  resolución 
motivada, en relación con la jurisprudencia que dimana del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea y la primacía del derecho de la Unión (con cita de la STJUE de 26 de 
enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A. y Jesús Gutiérrez García c. España), de 
manera  que  se  achaca  al  juzgado  que  no  decretase  la  nulidad  de  las  cláusulas 
controvertidas, es decir, la de vencimiento anticipado y la de intereses moratorios.
Por todo lo expuesto, interesa que se declare la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso al proceso y del 
derecho  a  la  defensa.  Para  el  restablecimiento  del  derecho  vulnerado  solicita  la 
declaración de nulidad del auto de 8 de mayo de 2018 y de cuantas actuaciones fueran 
realizadas con anterioridad, todo ello con la finalidad de que se realice correctamente un 
nuevo emplazamiento, con retroacción de actuaciones hasta el momento en que, previa 
la correcta notificación personal de la misma, y tras el control de oficio de la abusividad 
de las cláusulas del título de ejecución, se le conceda el plazo común para oponerse en 
tiempo y forma a dicha ejecución.
En la demanda se solicita por medio de otrosí la suspensión del procedimiento de 
ejecución hipotecaria, sobre la base de que la continuación de la misma haría perder al 
amparo su finalidad, puesto que de proseguirse con la ejecución resultaría que en breve 
periodo  de  tiempo  el  recurrente  se  vería  lanzado  de  su  domicilio,  objeto  del 
procedimiento hipotecario y, privado de su derecho a la vivienda, con lo que el amparo 
que se interesa, que en parte está conectado con la nulidad de cláusulas abusivas en el 
contrato de préstamo que ha supuesto el fundamento de la propia ejecución, se vería 
vacío de contenido. Afirma el demandante que si se deniega la suspensión se le irrogaría  e.
un  perjuicio  irreparable,  con  la  consiguiente  pérdida  de  la  vivienda.  Añade  que  la  w.b
suspensión no supone perturbación grave para los intereses generales, puesto que este  66ww
pcoroncseusmoi dvoierense  ya n roe fgoerznaerr ae nl imngaúrcno d daeñ og garraavnetí apsa rdae l olos sd ecriuedcahdoas noo slib eenrt asdue sc odned ticeirócne rdoes 
dpeo rl ac umainstmo ae el sre lacu prrroepnitae  esnigtiudea do ccurepdainticdioa .en la actualidad su vivienda y el adjudicatario
4.  Por providencia de fecha 15 de julio de 2019, la Sección Primera del Tribunal 
Constitucional acordó admitir a trámite la demanda de amparo, al apreciar que concurre 
una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)], toda vez que el asunto suscitado trasciende del caso concreto 
porque  plantea  una  cuestión  jurídica  de  relevante  y  general  repercusión  social  o 
económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]. En aplicación de lo previsto en el artículo 51 LOTC 
dispuso requerir al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Illescas, a fin de que, en 
plazo  que  no  exceda  de  diez  días,  emplace  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo por estar personada, para que, si 
lo desean, puedan comparecer en el presente recurso. No se requirió la remisión de 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 720-2012, por constar ya testimonio de las actuaciones en 
este Tribunal.
Mediante providencia de la misma fecha, la Sección acordó formar pieza para la 
tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, concedió un plazo común de tres días a la parte 
recurrente y al ministerio fiscal para que alegasen lo que estimasen pertinente sobre 
dicha suspensión. A través de escrito presentado el 18 de julio de 2019, la parte 
demandante formuló sus alegaciones, y reiteró, en esencia, lo expresado en el otrosí de 
su demanda, además de transcribir parte del ATC 58/2018, de 4 de junio.
El ministerio fiscal, en escrito registrado el 26 de julio de 2019, alegó en favor de la 
procedencia de la suspensión y alternativamente de la anotación de la demanda, aunque 
esta última no haya sido solicitada en el recurso de amparo. Tras exponer la doctrina de 
este Tribunal sobre suspensión de resoluciones y actos impugnados, esgrime que la 
medida de suspensión está justificada en este caso, pues si se consumara la transmisión 
de la vivienda al ejecutante o a aquel a quien hubiere cedido su derecho, ulteriores 
transmisiones a título oneroso a terceras personas colocarían el bien en situación de 
difícil recuperación, pues lo convertirían en prácticamente irreivindicable. No obstante, 
entendió que sería mucho más eficaz la anotación preventiva de la demanda en el 
registro de la propiedad, ya que de esta manera se daría publicidad sobre la pendencia 
del procedimiento y se evitaría que un eventual tercero adquirente quedase protegido por 
su buena fe en la adquisición.
Por auto de la Sala Primera de este Tribunal, de 16 de septiembre de 2019 se 
denegó la suspensión cautelar interesada y se acordó la anotación preventiva de la 
demanda de amparo en el registro de la propiedad, a cuyo efecto acordó expedir el 
mandamiento oportuno. En la resolución se razona: «Cabe recordar que se trata de una 
medida cautelar que este Tribunal, de conformidad con el artículo 56 LOTC, puede 
adoptar de oficio o a instancia de parte, con fundamento en el artículo 42.1 de la Ley 
Hipotecaria (AATC 274/2002, de 18 de diciembre, 257/2003, de 14 de julio, 230/2007, 
de 7 de mayo, FJ 3; 415/2007, de 5 de noviembre, FJ 4, y 28/2009, de 26 de enero, 
FJ 2), y que, de acuerdo con el ATC 95/2015, FJ 4, "una de cuyas finalidades es que el 
registro  de  la  propiedad  sea  fiel  trasunto  de  la  realidad  jurídica  –en  este  caso,  la 
pendencia del presente proceso constitucional– y, por ende, un eficaz instrumento de 
seguridad  jurídica"  (ATC  18/2012,  de  30  de  enero,  FJ  4.  En  la  misma  línea, 
AATC 282/2014, de 17 de noviembre, FJ 5; 29/2015, de 16 de febrero, FFJJ 3 y 4; 
50/2015, de 2 de marzo, FJ 4, y 59/2015, de 16 de marzo, FJ 3)».
5.  En el ámbito del procedimiento principal, mediante diligencia de ordenación de 
fecha 18 de noviembre de 2019, se tuvo por personada y parte a la entidad Wind  e.
Luxembourg, S.A.R.L., y en la misma resolución, se acordó dar vista a las partes  w.b
personadas y al ministerio fiscal, para que presentaran alegaciones, en el plazo común  66ww
dTeri bvueninatl eC doínasst,i tudcei ocnoanl.formidad con la regulación del artículo 52 de la Ley Orgánica del
su  rEelp dreías e1n8t adceió dni cpiermocbersea dl,e  p2r0e1s9e,n tlóa  esnut idbarde vWe ineds cLruitoxe mdeb oaulregg, aSc.ioAn.Res.L. .,E an  trsaívnétess dise, 
sostuvo  que  la  notificación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  había  sido
correctamente practicada y que la demanda de amparo estaba dirigida a la dilación del 
procedimiento. En definitiva, imputaba a la dejadez de los ejecutados las vulneraciones 
por ellos denunciadas.
6.  El día 10 de enero de 2020, presentó sus alegaciones el ministerio fiscal. En un 
primer apartado, resume los antecedentes más relevantes de los que trae causa el 
presente recurso de amparo, entre los que destaca el auto dictado por el juzgado de 
primera instancia con fecha 8 de mayo de 2018, por el que se denegó la nulidad 
interesada  al  entender  que  se  intentó  la  notificación  pero  que  la  vivienda  estaba 
abandonada, por lo que se acudió a la vía edictal.
En otro apartado, el fiscal elucida sobre las dos vulneraciones denunciadas en la 
demanda  de  amparo,  con  distinción  entre  la  defectuosa  notificación  edictal  con 
indefensión  y,  en  segundo  término,  la  conculcación  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva, que la demanda de amparo centra en la falta de control o revisión de las 
cláusulas sexta y sexta bis, insertas en el contrato de préstamo hipotecario, sobre los 
intereses  moratorios  y  vencimiento  anticipado,  respectivamente.  A  continuación, 
entiende  que  procede  examinar  primero  la  denuncia  relativa  a  los  defectos  de  la 
notificación, ya que su apreciación, y posterior reparación, conllevaría la nulidad de todo 
lo actuado desde el mismo momento en que se admitió la demanda, mientras que la 
apreciación  de  la  otra  denuncia,  por  no  haber  recaído  pronunciamiento  sobre  las 
cláusulas abusivas, solo provocaría la nulidad desde el auto por el que se denegó la 
nulidad de actuaciones puesto que ese pronunciamiento se puede hacer en cualquier 
fase. El fiscal recuerda que es doctrina constitucional consolidada que debe atenderse 
en primer lugar a aquella vulneración cuya existencia suponga una mayor retroacción, lo 
que en este caso supondría, además, la posibilidad de alegar el carácter abusivo de las 
cláusulas y su posible revisión por el órgano judicial competente para la ejecución 
hipotecaria.
Por otra parte, cita doctrina sobre el derecho de acceso al proceso, la preferencia del 
modelo que mejor garantice que el interesado tome conocimiento del procedimiento y de 
la notificación personal sobre la edictal cuando ello sea posible, con especial estudio de 
la STC 150/2008, de 17 de noviembre. Lo anterior supone, recuerda el ministerio público, 
que el órgano judicial concernido debe extremar la diligencia para la averiguación del 
paradero o domicilio de los interesados, para lo que deberá utilizar los medios de 
averiguación que estén razonablemente a su alcance, con remisión a la STC 78/2008, 
de 7 de julio. Por último se refiere a la reforma que da una nueva redacción al art. 686.3 
de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) operada en virtud de la Ley 19/2009, de 23 de 
noviembre, precepto en vigor cuando el órgano judicial resolvió la cuestión, y concluye 
que  dicha  norma  debe  ser  interpretada  secundum  constitutionem  por  fuerza  de  la 
STC  122/2013,  que  incide  en  la  subsidiariedad  de  la  notificación  edictal,  para 
salvaguardar el derecho de acceso al proceso del artículo 24.1 CE, de manera que la 
comunicación edictal en el procedimiento de ejecución hipotecaria solo puede utilizarse 
cuando  se  hayan  agotado  los  medios  de  averiguación  del  domicilio  del  deudor  o 
ejecutado.
Trasladando la doctrina anterior al presente caso, el fiscal concluye que se ha 
vulnerado el derecho de acceso al proceso del demandante, pues el órgano judicial dio 
por válida la situación de abandono de la vivienda, con la mera manifestación de la 
comisión judicial efectuada por el juzgado de paz, sin realizar ninguna otra actividad para 
asegurarse de que la notificación cumplía su finalidad, máxime cuando la propia entidad 
crediticia instó al juzgado a que oficiara a diversas oficinas públicas y a la propia policía,  e.
para averiguar el paradero del demandante, sin que se accediera a tal petición, que  w.b
pudiera haber dado un resultado de ese abandono que no se constató. 66ww
juzgPaodro  ostur as iptuaarcteió, na dñea dtee,m epno relar opse ltaicbióonra ldees , nyu aliddaudje,r olons q eujee cnuot ahdaobsí ahni caiebraonnd osnaabdeor  laal 
vEinvi ednedfian itdivea m, eal nóerrgaa ndoe fjiunditiivcaia,l  yn op ecsuem ap leióll oc oenl  jluazsg eaxdigoe snocsiatusv doe sruiv apdoassic dióen  lay  dnooc rtericntaif icdóe.l 
Tribunal Constitucional, que concibe el emplazamiento edictal como último remedio,
subsidiario de la notificación personal. Como colofón, interesa que se acuerde la nulidad 
del auto de 8 de mayo de 2018, y la retroacción de las actuaciones al momento anterior 
al requerimiento de pago al demandante de amparo, con el fin de que se le comunique lo 
allí acordado en legal forma.
En un segundo término, el fiscal analiza la vulneración alegada acerca de la falta de 
control de las cláusulas abusivas y la inaplicación por parte del juzgado de la primacía 
del Derecho de la Unión, para el supuesto de que no se apreciara la primera de las 
vulneraciones  invocadas  en  la  demanda.  Para  ello,  trae  a  colación  la 
Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, así como jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de  la  Unión  Europea  y  del  Tribunal  Constitucional.  Fijados  los  parámetros  para  la 
resolución del caso, concluye que la respuesta del juzgado, que en el auto de 8 de mayo 
de 2018 rechaza analizar las cláusulas sexta y sexta bis del contrato, «en este estadio 
procesal», choca frontalmente con la doctrina estudiada, en especial con la reflejada en 
la STJUE de 26 de enero de 2017 asunto Banco Primus, S.A. y Jesús Gutiérrez García, 
en la que se sostiene que «en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales 
cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial 
del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de 
cosa juzgada, la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que el juez 
nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, 
un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, 
cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el 
eventual carácter abusivo de esas cláusulas». El fiscal entiende, por tanto, que el órgano 
judicial ha vulnerado el derecho, si bien, insiste, debe prevalecer la subsanación de la 
anterior vulneración.
Por todo ello, interesa que se aprecie la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión del demandante (art. 24.1 CE), con la consiguiente declaración 
de nulidad del auto de 8 de mayo de 2018, y de todas aquellas actuaciones posteriores 
al  dictado  del  auto  por  el  que  se  despachó  ejecución,  y  que  se  acuerde  nuevo 
emplazamiento del demandante de amparo.
7.  Por providencia de fecha 5 de marzo de 2020 se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 9 de dicho mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes. El presente recurso de 
amparo se interpone contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 
de Illescas, con fecha 8 de mayo de 2018, en cuya virtud se desestima el incidente de 
nulidad de actuaciones promovido en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 
720-2012.
Como con más detalle se ha indicado en el apartado de antecedentes, el recurrente 
sostiene que en el procedimiento de ejecución hipotecaria se ha vulnerado su derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en dos ocasiones: (i) en cuanto no 
tuvo conocimiento del desarrollo del referido procedimiento ni, por lo tanto, pudo hacer 
valer en él los medios de defensa que la ley le confiere, como consecuencia de que el 
juzgado acudió a la notificación y requerimiento de pago por medio de edictos tras el 
intento infructuoso en la finca hipotecada y sin tratar de averiguar su domicilio real, como 
exige  la  jurisprudencia  constitucional;  (ii)  y  en  cuanto  que,  hay  una  ausencia  de  e.e
pronunciamiento y control expreso, por parte del juzgado, en el curso del procedimiento  b
de ejecución hipotecaria, acerca de las cláusulas abusivas, en concreto, sexta y sexta  66ww
bis, Pdaerl ac olnat raetnot iddea dp réWsitnadm oL uhxipeomtebcoaurriog.,  S.A.R.L.,  el  recurso  debe  ser  desestimado,
ihmapbuidtaa  cau elnat ad edjea dqeuze  edle ld edmemanadnadnatnet ed ed aem  apmarpoa sroí  qluaes  fvuuel neemrapclaioznaedso  edne nfuonrmciaa dlaesg ayl; 
observa tácticas dilatorias en las pretensiones de la demanda.
El fiscal, con sustento en los argumentos que detalladamente se han expuesto en los 
antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al considerar que se ha 
vulnerado  el  derecho  del  demandante  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión 
(art. 24.1 CE).
2.  Consideración  previa.  Sin  perder  de  vista  las  concretas  circunstancias  del 
presente supuesto, conforme al criterio de «mayor retroacción» que viene empleando 
este Tribunal (STC 180/2015, de 7 de septiembre, FJ 3) y que implica conceder prioridad 
al examen de aquellas causas que, de prosperar, determinarían la retroacción a un 
momento  procesal  anterior,  lo  que  haría  innecesario  un  pronunciamiento  sobre  las 
restantes (SSTC 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y 90/2010, de 15 de noviembre, FJ 2, y 
las que en ellas se citan), procede examinar en primer lugar la queja principal, tal y como 
figura  en  la  demanda,  y  sostiene  con  acierto  el  ministerio  fiscal,  dirigida  contra  la 
defectuosa práctica de los actos de emplazamiento, al considerar que se ha vulnerado el 
derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). La 
estimación de este motivo, caso de entenderse que aquella ha vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva del demandante, en cuanto determinante también de la nulidad del 
auto de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, al no haber reparado la 
lesión originaria, haría innecesario el análisis del motivo autónomo dirigido a la ausencia 
de  control  efectivo  de  las  cláusulas  sexta  y  sexta  bis  del  contrato  de  préstamo 
hipotecario por parte del órgano judicial.
3.  Doctrina constitucional aplicable. Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas 
ocasiones  sobre  el  problema  aquí  planteado  acerca  de  la  comunicación  del 
procedimiento de ejecución hipotecaria en el caso de que sean infructuosos los intentos 
de notificación y requerimiento de pago en el domicilio que consta en el registro de la 
propiedad y, más concretamente, sobre la necesidad de que el órgano judicial agote las 
posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir a notificación por edictos.
En concreto, con inicio en la STC 122/2013, de 20 de mayo, venimos analizando el 
problema constitucional que ha planteado desde la perspectiva del artículo 24.1 CE la 
redacción dada al artículo 686.3 LEC por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, sobre la 
comunicación del procedimiento de ejecución hipotecaria en el caso de que sea negativa 
la notificación y el requerimiento de pago en el domicilio que consta en el registro de la 
propiedad y, más concretamente, sobre la necesidad de que el órgano judicial agote las 
posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir a notificación por edictos 
(así, SSTC 131/2014, de 21 de julio; 137/2014, de 8 de septiembre; 89/2015, de 11 de 
mayo; 169/2014, 22 de octubre; 151/2016, de 19 de septiembre; 5/2017 y 6/2017, de 16 
de enero; 106/2017, de 18 de septiembre; 137/2017, de 27 de noviembre, o 5/2018, 
de 22 de enero).
En todas estas sentencias, en relación con los juicios hipotecarios y la reforma 
llevada a cabo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, se ha afirmado que la doctrina 
constitucional en materia de emplazamientos está muy consolidada y no puede verse 
interferida por la reforma operada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas 
de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.
En relación con ello, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que (i) «cuando del 
examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la 
existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de 
comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación  e
antes de acudir a la notificación por edictos» (STC 122/2013, FJ 3), y que (ii) incluso  bo
cuando no conste ese domicilio en las actuaciones, habría que realizar otras gestiones  66ww
óerng aonrdoe nju dai cliaa l auvneari gdueascmióend iddeal  dlaobmoirc iilniov ersetaigl,a dsioerma psreo bqreu el ae lleof encoti vsiduapdo ndgeal  eaxcitgoi r dael 
comPuanricaa ceiósnte ( eTntrrieb uontraals, , «SdTeCs d1e3 1/u2n0a1 4e, sdter i2ct1a d ep ejurlsiop,e FcJti v2a).  constitucional,  procede
realizar  una  interpretación  secundum  constitutionem  del  artículo  686.3  LEC,
integrando su contenido, de forma sistemática, con el artículo 553 LEC, precepto 
rector de la llamada al proceso de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este 
Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, que tiene su 
fuente directa en el derecho de acceso al proceso del artículo 24.1 CE, de manera 
que la comunicación por edictos en el procedimiento de ejecución hipotecaria solo 
puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio 
del deudor o ejecutado» (STC 122/2013, FJ 5).
4.  Enjuiciamiento de la cuestión de fondo. La aplicación al presente caso de la 
doctrina  sentada  en  la  STC  122/2013,  reiterada  en  sentencias  posteriores 
(SSTC 30/2014, 24 de febrero FJ 3; 131/2014, de 21 de julio, FJ 4; 137/2014, de 8 de 
septiembre, FJ 3; 89/2015, de 11 de mayo, FJ 3; 169/2014, 22 de octubre, FJ 3; 
151/2016, de 19 de septiembre, FJ 2; 5/2017 y 6/2017, FJ 2; 106/2017, FJ 4, 138/2017, 
FJ 3, y 5/2018, FJ 3), conduce a apreciar la vulneración del derecho del recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Esto no supone el 
reconocimiento de eficacia retroactiva a la reforma llevada a cabo por la Ley 19/2015, 
de 13 de julio, sino la aplicación del contenido del artículo 24.1 CE de acuerdo con la 
doctrina constitucional antes referida.
En efecto, una vez que resultó infructuoso el intento de notificación y emplazamiento, 
el juzgado no intentó efectuar ningún acto de comunicación adicional en ese domicilio. 
Por otro lado, aun cuando de la diligencia negativa de notificación podía inferirse que los 
destinatarios no tenían su residencia habitual en el citado inmueble, tampoco efectuó el 
juzgado intento alguno de averiguación de dicho domicilio real a través de medios 
fácilmente accesibles como el punto neutro judicial, red informática al servicio de la 
administración de justicia, que permite a esta el acceso a los datos que se contienen en 
diversos registros y organismos públicos, que estos suministran al juez con sujeción a la 
normativa que les es propia (STC 50/2017, de 8 de mayo, FJ 4).
En suma, el órgano judicial acudió a la comunicación edictal sin haber agotado 
previamente  las  posibilidades  razonables  de  averiguación  del  domicilio  real  del 
recurrente, para proceder a la notificación personal en la finca hipotecada, el juzgado de 
primera instancia ordenó, sin más trámites, que los ejecutados fueran notificados del 
despacho de la ejecución y requeridos de pago por medio de edictos. Por otra parte, 
según consta en escrito registrado en el juzgado con fecha 5 de diciembre de 2013, la 
entonces entidad ejecutante –Bankia, S.A., en cuya posición se subrogó posteriormente 
la  entidad  Wind  Luxembourg,  S.A.R.L.–  interesó,  ante  el  resultado  infructuoso  de 
notificación y emplazamiento, que el juzgado librase oficio a la oficina de averiguación 
patrimonial,  a  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Instituto  Nacional  de 
Estadística, y Dirección General de la Policía Nacional, a fin de averiguar el domicilio 
particular de los ejecutados o en su caso el laboral, a lo que el juzgado hizo caso omiso.
La vulneración del derecho garantizado por el artículo 24.1 CE se colige también sin 
dificultad  de  la  respuesta  ofrecida  en  el  auto  resolutorio  del  incidente  de  nulidad, 
resolución  en  la  que,  según  se  ha  visto  más  arriba,  se  elude  abordar  la  cuestión 
planteada, cuando el demandante de amparo dio oportunidad al órgano judicial para 
reparar la indefensión, le advirtió de su especial situación como trabajador temporero y 
de que, precisamente por motivos laborales, se hallaba fuera de su domicilio habitual en 
la finca hipotecada en el momento del intento de notificación y emplazamiento. Por 
último, consta en las actuaciones –y el órgano judicial pudo comprobarlo al resolver el 
incidente de nulidad– que en la diligencia de posesión y lanzamiento documentada por la 
agrupación de juzgados de paz de Yuncos– se refleja expresamente que una vez abierta  e.
la vivienda se encuentran signos de que está habitada (tales como muebles, enseres,  w.b
ropa, alimentos e incluso una alarma en funcionamiento), por lo que el juzgado debió  66ww
ldaenczraemtaire nlato  n(ucloidmaod  ays ía sceo rdhaizro  lap orre tarouatoc cdióen  10d ed ea cmtuaaycoio ndees  2i0n1te7r)e, ssaidnao,  dneo  tosdoalos  dlaesl 
saocltiucaitcaidoon emse pdoiasnteteri olare pse atilc dióicnt addeo n duelidl aadu.to de despacho de ejecución, tal como se había
Por  otra  parte,  es  asimismo  doctrina  consolidada  de  este  Tribunal  que  el 
conocimiento extraprocesal del proceso tramitado, pues en caso contrario se vaciaría de 
contenido constitucional su queja de indefensión, no puede fundarse sin más en una 
presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse suficientemente 
para que surta su efecto excluyente de la tacha de indefensión, pues lo presumido es, 
justamente, el desconocimiento del proceso, si así se alega. Sin perjuicio de que, como 
también hemos recordado, del examen de las actuaciones pueda inferirse de manera 
suficiente y razonada que el interesado tuvo conocimiento extraprocesal de la pendencia 
del litigio o que no podía ignorar su existencia, lo que asimismo excluiría la indefensión 
alegada (entre otras muchas, SSTC 26/1999, de 8 de marzo, FJ 5; 20/2000, de 31 de 
enero, FJ 5, y 102/2003, de 2 de junio, FJ 3).
En  el  presente  caso  resulta  que  de  las  actuaciones  no  puede  deducirse  que  el 
recurrente tuviera conocimiento extraprocesal del proceso de ejecución hipotecaria más que 
en el momento inmediatamente anterior a su primera comparecencia con solicitud de 
nulidad de actuaciones. Como se ha indicado en el apartado de antecedentes, el 9 de junio 
de 2016, la comisión judicial procedió a la toma de posesión y lanzamiento de la vivienda, y 
en fecha 17 de junio de 2016, el demandante de amparo compareció en el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de Illescas. Fue a raíz de estos hechos cuando el recurrente pudo 
tomar  conocimiento  de  la  existencia  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria, 
procediendo inmediatamente a denunciar la lesión de su derecho fundamental.
5.  Conclusión. Por todo lo expuesto, debe reconocerse la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) del demandante de amparo y, en 
consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 55 LOTC, procede declarar la nulidad del auto de 8 de mayo 
de  2018,  y  de  todas  las  actuaciones  posteriores  al  emplazamiento,  así  como  la 
retroacción de las actuaciones para que se proceda por el juzgado a la notificación de la 
demanda de ejecución hipotecaria y del requerimiento de pago a los recurrentes en 
términos respetuosos con su derecho fundamental vulnerado, según lo razonado en el 
fundamento jurídico 5 de esta resolución.
6.  Consecuencia  de  la  estimación.  Al  apreciarse  la  vulneración  del  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la 
jurisdicción, no procede examinar la segunda lesión denunciada, referida a las cláusulas 
abusivas del contrato de préstamo hipotecario, dado su carácter subsidiario, y una vez 
estimada la queja principal.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Luis Alfredo Carvajal Estrada y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). s
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado  w.b
de Primera Instancia núm. 3 de Illescas de 8 de mayo de 2018, dictado en procedimiento  66ww
erejeqcuuecriiómnie nhtiop odtee cpaargiao , ninúcmlu.s iv7e2.0-2012,  así  como  de  todo  lo  actuado  a  partir  del
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento 
de pago al demandado para que se le comunique el despacho de ejecución en legal 
forma.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a nueve de marzo de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.