BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258 Jueves 28 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 130816
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17546 Resolución  de  28  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
de la registradora de la propiedad de Almodóvar del Campo a inscribir una 
escritura de segregación, para la conversión en elemento común, de un 
inmueble en régimen de propiedad horizontal.
En el recurso interpuesto por don J. F. T. S. contra la negativa de la registradora de la 
Propiedad de Almodóvar del Campo, doña Almudena del Río Galán, a inscribir una 
escritura de segregación, para la conversión en elemento común, de un inmueble en 
régimen de propiedad horizontal.
Hechos
I
El día 29 de abril de 2021, con el número 789 de protocolo, se autorizó por el notario 
de Puertollano, don Pedro Antonio Vidal Pérez, escritura por la cual don F. S. M y su 
esposa, doña S. F. L., manifestaban:
«Que resulta necesario para poder instalar un ascensor en el bloque, dar acceso a 
este, y por su futuro emplazamiento, debe hacerse mediante la conversión en rellano y 
elemento común del inmueble de un espacio hoy situado en el interior del local descrito, 
por  lo  que  se  hace  necesario,  mediante  las  obras  correspondientes,  segregar  una 
porción de la finca descrita (…) y convertirla en elemento común del inmueble, y tal fin 
declaran:
– Que las obras se realizan en el interior del local y al amparo de lo dispuesto (…) en 
el artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal.
– Que tales obras obviamente no afectan ni menoscaban o alteran la seguridad del 
edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores ni perjudica los 
derechos de otro propietario. Han sido además promovidas por el presidente de la 
comunidad, quien convocó a la Junta de Propietarios (…) No obstante, se reitera su 
innecesaridad al amparo del artículo citado.
Lo que efectivamente yo, el Notario, compruebo con el citado Libro de Actas que 
devuelvo.
– Que  la  cuota  de  los  respectivos  pisos  y  locales,  de  todo  el  bloque,  en  los 
elementos comunes del inmueble, no se altera.
– Que no es necesaria la licencia de administrativa de conformidad con lo dispuesto 
en la Resolución de la DGRN de fecha 28 de mayo de 2014 (…) y puesto que está 
específicamente contemplado como excepción a la licencia en el artículo 17.6 del texto 
refundido  de  la  Ley  de  Suelo,  que  eximen  la  previa  obtención  de  autorización 
administrativa, concretamente su letra b), relativo a que la “modificación no provoque un 
incremento del número de sus elementos privativos”». s
Los  dos  mencionados  otorgantes  segregaron  una  porción  de  10,32  metros  w.
cuadrados de la finca 19.566 de Puertollano y «la venden y transmiten a la comunidad  546ww
dpere sPidroepniteet acroioms pdaere ceideinfitcei ol ae nc olma pcraa lleu  (a…dq) udieorned, ee ns ee l siptúreac, ioq udieen  (…po)r  emureodsi o( …de)  Lsua 
speo rsciitóúna »s.egregada y adquirida queda convertida en elemento común del bloque en que  BOE-A-cable e
Dicha escritura era otorgada también por don J. F. T. S., como presidente secretario 
de la comunidad de propietarios del referido edificio, quien acreditaba esta condición 
mediante exhibición del libro de actas de la comunidad. Y, en aquélla, se expresaba lo 
siguiente: «Además, cuenta con la reunión de la Junta de Propietarios de fecha 20 de 
noviembre de 2020, donde se aprobó por mayoría de sus asistentes la compra de parte 
del local que se describirá en la parte expositiva de esta escritura, con el fin de dotar de 
acceso al ascensor que se va a instalar en el edificio (…) Esto no obstante, su actuación 
se enmarca en el ámbito del artículo 10,1, letra b de la Ley 49/1960 de Propiedad 
Horizontal que hace innecesario el acuerdo previo de la Junta de Propietarios».
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Almodóvar del Campo, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«En Almodóvar del Campo, a 10 de junio de 2021, se formula la siguiente nota de 
calificación en base a los siguientes
Antecedentes de Hecho:
1.  El día 30 de abril de este año se presentó (asiento 50 del Diario 128) escritura de 
Segregación  y  compraventa  otorgada  el  29  de  abril  de  2021  ante  el  notario  de 
Puertollano Don Pedro Antonio Vidal Pérez, por la que Don F. S. M. y su esposa Doña S. 
F. L., segregan una porción de diez metros y treinta y dos decímetros cuadrados de la 
finca 19.566 de Puertollano y posteriormente venden a la comunidad de propietarios del 
edificio en la calle (…) de Puertollano, con el fin de dotar de acceso al ascensor, que se 
va instalar en el edificio.
2.  Que conforme al artículo 17.2 LPH que dice: 2. Sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 10.1 b), la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios 
comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten 
el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento 
de  los  servicios  de  ascensor,  incluso  cuando  impliquen  la  modificación  del  título 
constitutivo,  o  de  los  estatutos,  requerirá  el  voto  favorable  de  la  mayoría  de  los 
propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
3.  Calificada la escritura a que se refiere el apartado 1, la registradora que suscribe 
ha resuelto suspender su inscripción en base a los siguiente [sic].
Fundamentos de Derecho:
I.  Esta  nota  se  extiende  en  base  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Ley 
Hipotecaria y 99 y siguientes de su Reglamento, y dentro del plazo a que se refiere dicho 
precepto legal.
II.  En cuanto al fondo de la cuestión, es necesario que se acredite que el acuerdo 
de segregación y compra de parte del local de la finca registral 19.566 de Puertollano, 
para  instalación  de  ascensor  en  la  comunidad  de  propietarios  de  la  calle  (…)  de 
Puertollano, se ha tomado al menos por la mayoría de los propietarios de la comunidad 
que representen a su vez la mayoría de las cuotas.
Si no hubieran asistido a la junta y aprobado esa mayoría necesaria, el Presidente de 
la Comunidad podrá notificar fehacientemente el acuerdo adoptado al resto de los no 
asistentes, que, si no se opusieran fehacientemente al mismo en el plazo de 30 días, se  e
entendería votado favorablemente el acuerdo por los que no se hubieran opuesto, a los  bo
efectos  de  conformar  las  mayorías  exigidas  por  el  artículo  17.2  LPH,  conforme  al  546ww
art. P17o.r8 t ayn 1to7,. 9p aLrPaH p.oder inscribir la segregación y compra para instalar el ascensor será
ncoemceusnaidrioa d qcuoen  lasse  moatoyorgríuaes  peesrctirniteunrate sc, odmepblieemndeon tinacrioar proercaor gcieerntdifioc aceiló na cdueel rpdroe siddee ntlae 
que acredite las mismas.
Así se recoge además en reiterada doctrina de la DGSJPYFP, entre otras en la 
resolución de 25 de octubre de 2019.
Con arreglo a lo anterior la registradora que suscribe ha resuelto suspender el 
despacho del citado documento.
Notifíquese al presentante, y al Notario autorizante del documento a los efectos 
oportunos.
Contra esta calificación (…)
La registradora Fdo. Almudena del Río Galán (…) Este documento ha sido firmado 
con firma electrónica cualificada por Almudena del Río Galán registrador/a de Registro 
Propiedad de Almodóvar del Campo a día nueve de junio del dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. F. T. S. interpuso recurso el día 28 de 
junio de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«(…) Adjunto escrito formulado en la institución del defensor del pueblo.
La demás documentación no me la deja enviar por su tamaño, pero se las puedo 
enviar por correo electrónico y se encuentra ya en los registros pertinentes.
El  objeto  del  presente  es  recurrir  potestativamente  a  cerca  del  no  registro  de 
escrituras en el Registro de la Propiedad de Almodóvar del Campo por no acogerse a 
mayoría que estipula la registradora en una interpretación la cual me y nos produce un 
perjuicio.
Dicha registradora pone al mismo nivel y se basa en la denegación de las mismas en 
el art.17.2 de LPH; no estimando la excepcionalidad a esa mayoría contemplada en el 
art. 10.1b) por motivos de accesibilidad y la cual implica la obligatoriedad y el no acuerdo 
previo en junta de propietarios si la obra pretende eliminar barreras por accesibilidad, lo 
solicita persona mayor de 70 años y lo pagan los que la quieran hacer.»
En otro escrito contenido en el mismo recurso se expresaba lo siguiente: «(…) 
Comentar que la persona a la que se le compra la parte de local que aparece en 
escrituras  para  que  el  ascensor  salga  desde  la  planta  baja  ya  ha  recibido  la 
documentación de catastro con la superficie actual, he pagado todas las tasas legales, el 
día de la firma en notaria se advirtió al notario que la mayoría era la que expongo en 
recurso y dijo que no importaba... y aun así después de varias llamadas telefónicas y 
personarme al menos 3 veces en registro de la propiedad de Almodóvar, un mes 
después se emite esta calificación negativa, alegando días antes que la registradora 
estaba teletrabajando y si quería ese documento para reclamar tenía que ir otro día. Aun 
no entiendo como la registradora se acoge al teletrabajo para conciliación de su vida 
familiar y laboral supongo (acogiéndose a una enmienda legal) y yo pagando una tercera 
parte de la obra y acogiéndome a la excepción de la ley en el artículo 10.1b) no; parece 
que mi mujer y yo con 3 hijas menores de 7 años, viviendo en un cuarto sin ascensor y 
pagando una tercera parte de la obra por acuerdo (salvo que en próxima reunión salga 
mayoría de 7 propietarios), no tenemos derecho a conciliar nuestra vida familiar. Se nos 
aplica el artículo 17.2 LHP, que de tener esa mayoría ya lo que estaríamos discutiendo 
es que tendría que pagar todo el mundo obligatoriamente y en mi parecer la calificación 
es nula de pleno derecho por lo que expongo. Es más, si entendemos el contexto de la 
ley, si solo se requiere esa mayoría, la redacción del art. 10.1b) no tiene fundamento  s
ninguno, porque nunca se va a realizar la obra con esa mayoría según el veto que la  oe.
registradora interpreta por el artículo 17.2 LHP». w.
ldoe s piAgrou tpiaeilen ettaesr:c iro«its(o…  (a…)c s)o iemdnepdla omñ apubrneaics iiopdtieroon  qt(edu,ie rri eginpiddroeic saoel n aDtrareinbfetaen;  syto rdar usd eesñla oPlv duaeer  blualons)  ,pi niesmno e eenln sq aluase  Cd eiofximcpuruelntasidadabedas    2021-17546n https://ww
para llegar a un acuerdo de compra con el local existente en la misma comunidad para
colocación de un ascensor, de asumir el coste de la obra del resto de propietarios que no  Bc
están de acuerdo en la colocación del ascensor (…) por tener los pisos pagados y tener 
otras residencias, me acojo a la salvedad incluida en el artículo 10.1b) de la ley de 
propiedad horizontal. En ella se puede leer que no se requerirá acuerdo previo de La 
Junta de Propietarios y tendrá carácter obligatorio la realización de obras para mejora de 
la accesibilidad si lo solicitan personas mayores de 70 años que residan en la vivienda 
(este sería nuestro caso y adjunto d.n.i tal como hice en el registro de la propiedad). Esta 
persona no puede residir en su domicilio por problemas en las piernas, además. Pues 
bien, después de haber firmado en notaria el acuerdo y haber salvado un pequeño 
resumen de dificultades que expongo, me encuentro que la registradora de la propiedad 
se encuentra teletrabajando a estas alturas (para facilitar su vida personal y lo cual ha 
dilatado un mes la resolución que adjunto, además de no atender a lo que estoy 
exponiendo personalmente). Por (…), de indicarle donde venía la salvedad a la que me 
acojo, no tiene en cuenta el motivo de la segregación para mejora de accesibilidad y 
pone al mismo nivel el artículo 17.2 de tal ley con el 10.1b) (que es al que me acojo para 
la mayoría). No entiendo como si en el artículo 17.2 habla de “sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 10.1b)”, sigue exigiendo la mayoría del artículo 17.2. Creo que 
está bastante claro que, por motivos de accesibilidad, si lo pide una persona recogida en 
el art. 10.1b) y la obra la pagan los que estén a favor, deja claro que no se requiere 
acuerdo de la junta. Esta persona recurre a fórmulas de mayorías que no son necesarias 
por el caso y que si las tuviese ya las hubiese presentado. He pagado todos los 
impuestos  correspondientes  y  esto  me  supone  un  desgaste  familiar  (tengo  3  hijos 
menores de 7 años y después de haber cumplido todos los trámites legales y haber 
hecho un desembolso cercano a los 20000 euros, esta persona parece tener derecho a 
la salvedad de la ley de teletrabajar y yo y esta persona mayor de 70 años no a vivir 
dignamente por el egoísmo de algún otro propietario».
IV
La registradora de la Propiedad informó y elevó el expediente a esta Dirección 
General mediante escrito de fecha 12 de julio de 2021.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 396 del Código Civil; 1, 3, 5, 7, 10, 14 y 17 de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, sobre propiedad horizontal; 326 de la Ley Hipotecaria; las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de junio de 1973 y 25 de 
octubre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 1 de junio y 5 de noviembre de 2020, 22 de enero, 27 y 29 de abril y 8 de 
junio de 2021, y, respecto del artículo 326 de la Ley Hipotecaria, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000; las Resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 27 de julio de 2006, 22 de mayo de 2008, 5 de febrero 
de 2009, 8 y 18 de enero y 23 de diciembre de 2010, 13 de enero y 3 de febrero de 2011, 
21 de junio y 28 de agosto de 2013, 13 de octubre de 2014, 19 de enero, 7 de 
septiembre y 1 y 13 de octubre de 2015, 21 de julio de 2017 y 6 y 21 de junio y 11 de 
julio de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 19 de febrero y 9 de octubre de 2020 y 15 de enero de 2021.
1.  En la escritura objeto de la calificación impugnada, otorgada el día 29 de abril 
de 2021, los dos propietarios de un local situado en un edificio constituido en régimen de 
propiedad horizontal manifiestan que, para poder instalar un ascensor, es necesaria la  e.
conversión en rellano y elemento común del inmueble de un espacio situado en el  w.b
interior del local propiedad de aquellos, por lo que se hace también necesario, mediante  546ww
lealse moebnratos  ccoomrrúens pdoenl diniemnuteesb, les.e Agdreegmaár su, nsae  paofirrmcióan q udee  lalas  foinbcraa sd sees creriatali zya nc oennv eelr tiinrltae reionr 
hdoerl izloocnatal l,a ly  ahmapna rsoid doe  aldoe mdiásps upersotom oevnid eals  aprtoícr uelol  p1r0e.s1i.dbe)n dtee  dlae  Llae yc osmoburnei dpardo,p iqeudiaedn 
convocó a la junta de propietarios, si bien se reitera su innecesaridad al amparo del 
artículo citado. Los dos mencionados otorgantes segregan una porción de 10,32 metros 
cuadrados del referido local y «la venden y transmiten a la comunidad de Propietarios de 
edificio en la calle (…) donde se sitúa, quien por medio de su presidente compareciente 
la compra u adquiere, en el precio de (…) euros (…) La porción segregada y adquirida 
queda convertida en elemento común del bloque en que se sitúa».
Dicha escritura es otorgada también por el presidente secretario de la comunidad de 
propietarios del referido edificio (el ahora recurrente), quien acredita esta condición 
mediante exhibición del libro de actas de la comunidad. Y en aquélla se expresa lo 
siguiente: «Además, cuenta con la reunión de la Junta de Propietarios de fecha 20 de 
noviembre de 2020, donde se aprobó por mayoría de sus asistentes la compra de parte 
del local que se describirá en la parte expositiva de esta escritura, con el fin de dotar de 
acceso al ascensor que se va a instalar en el edificio (…) Esto no obstante, su actuación 
se enmarca en el ámbito del artículo 10,1, letra b de la Ley 49/1960 de Propiedad 
Horizontal que hace innecesario el acuerdo previo de la Junta de Propietarios».
La registradora fundamenta su negativa a la práctica de la inscripción solicitada en 
que, conforme al artículo 17, regla segunda, de la Ley sobre propiedad horizontal, es 
necesario acreditar que el referido acuerdo se ha tomado al menos por la mayoría de los 
propietarios de la comunidad que representen a su vez la mayoría de las cuotas.
El recurrente alega, en esencia, que según el artículo 10.1.b) de la Ley sobre 
propiedad horizontal no se requerirá acuerdo previo de la junta de propietarios y tendrá 
carácter obligatorio la realización de obras para mejora de la accesibilidad si lo solicitan 
personas mayores de 70 años que residan en la vivienda, y este es el caso.
2.  La Ley sobre propiedad horizontal ha superado dos características propias del 
clásico concepto de la copropiedad romana o por cuotas, de la que se aparta al no 
reconocer a los copropietarios la acción de división ni el derecho de retracto, y por eso 
dota a esa comunidad sobre los elementos comunes de una regulación especial en la 
que los intereses comunitarios predominen sobre el individual y encuentren su debida 
protección jurídica a través del órgano competente y con las facultades y límites que la 
propia Ley señala (cfr. la Resolución de 15 de junio de 1973).
Por  ello  se  atribuye  a  la  junta  de  propietarios,  como  órgano  colectivo,  amplias 
competencias para decidir en los asuntos de interés de la comunidad (cfr. artículos 14 
y 17 de la Ley sobre propiedad horizontal), si bien tratándose de determinados acuerdos 
(los que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título 
constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad), sólo serán 
válidos cuando se adopten por los propietarios en los términos previstos en la regla sexta 
del artículo 17 de la Ley sobre propiedad horizontal, es decir por unanimidad (siquiera 
sea presunta, como permite la regla octava de tal precepto); e incluso con el voto en 
contra de un disidente, si prospera la acción para obtener la sustitución de la unanimidad 
por vía judicial, en el llamado «juicio de equidad» a que se refiere el párrafo segundo de 
la regla séptima del mismo artículo 17, norma que el Tribunal Supremo ha considerado 
aplicable también a los actos que requieren unanimidad, atendiendo a la realidad social 
actual –cfr. Sentencia de 13 de marzo de 2003–), salvo que se trate de acuerdos que la 
misma ley exceptúa de la regla de unanimidad (cfr. los artículos 10 y 17).
Esta necesidad de unanimidad para los acuerdos que impliquen modificación del 
título constitutivo se ha mantenido aun cuando las sucesivas reformas de la Ley sobre 
propiedad horizontal, entre las últimas por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración  y  renovación  urbanas,  que  precisamente  dio  nueva  redacción  al  s
artículo 17, han ido encaminadas a facilitar que los acuerdos alcanzados, especialmente  oe.
para incorporar actuaciones previstas en la citada ley, no queden ineficaces y así el  w.
Preámbulo  de  la  citada  Ley  8/2013  expresa  que  no  se  puede  hacer  depender  la  546ww
paodro pucnióann imdeid laods  mo ispmoro sm daey oqruíaes l ams ucyo mcuuanliidficaaddeass d, em párxoipmieet acriuoasn addoo vpatenn  ad icinhcalu dire coibsrióans 
qAudem, inaiusntrqauceió na faeccttueann tael  atíututolori zcaorn os,t ietunt ivaolg uon oas l ocsa seosst,a etuxtiogsir,. en realidad competen a la  BOE-A-cable e
Atendiendo a esta finalidad se reformó el artículo 17 de la citada Ley sobre propiedad 
horizontal, en el que se recogen las reglas a las que se han de someter los acuerdos de 
la junta de propietarios. Así, en las cinco primeras reglas se regulan detenidamente unas 
mayorías especiales para ciertos acuerdos cuya sensibilidad social o necesidad para el 
cumplimiento de ciertos objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la 
pobreza energética y favorecimiento de la accesibilidad han determinado que sean 
objeto de una regulación específica. En concreto, por lo que atañe a este expediente, 
interesa destacar que la citada Ley 8/2013 dio nueva redacción al artículo 17, regla 
segunda, de la Ley sobre propiedad horizontal reduciendo la mayoría necesaria para la 
adopción de acuerdos relativos al establecimiento de los servicios de ascensor, en los 
siguientes términos: «Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1 b), la realización 
de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la 
supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas 
con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, 
incluso  cuando  impliquen  la  modificación  del  título  constitutivo,  o  de  los  estatutos, 
requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen 
la mayoría de las cuotas de participación».
3.  En el presente caso, se expresa en la escritura que los acuerdos referidos se 
aprobaron en junta de propietarios el 20 de noviembre de 2020, por mayoría de sus 
asistentes.  Pero  se  trata  de  una  mera  manifestación  sin  que  se  acredite 
documentalmente que tal acuerdo cuenta con el voto favorable de la mayoría de los 
propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Es cierto que, como alega el recurrente, el artículo 10.1.b) de la Ley sobre propiedad 
horizontal contempla la instalación de ascensores como actuación obligatoria y, por 
ende, sin necesidad de acuerdo de la junta de propietarios, si es requerida «a instancia 
de  los  propietarios  en  cuya  vivienda  o  local  vivan,  trabajen  o  presten  servicios 
voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de 
asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la 
instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que 
favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe 
repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas 
públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará 
el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de 
las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido».
Pero en el título presentado a inscripción no se acredita que se cumplan tales 
requisitos subjetivos y es en el escrito de impugnación donde el recurrente alega que un 
vecino tiene más de 70 años y aporta copia de su documento nacional de identidad a tal 
efecto. Por ello, no pueden acogerse favorablemente tales alegaciones, pues debe 
recordarse que, como tiene declarado esta Dirección General, de conformidad con el 
artículo 326 de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma (vid., por todas, las Resoluciones de 27 de julio de 2006, 
22 de mayo de 2008, 5 de febrero de 2009, 8 y 18 de enero y 23 de diciembre de 2010, 
13 de enero de 2011, 21 de junio y 28 de agosto de 2013, 7 de septiembre y 1 de octubre 
de 2015, 21 de julio de 2017 y 6 y 21 de junio y 11 de julio de 2018). En definitiva, el 
objeto  del  recurso  queda  delimitado  en  el  momento  de  su  interposición  y  resulta 
constreñido  tanto  por  la  documentación  presentada  como  por  el  contenido  de  la  s
calificación  negativa  del  registrador,  sin  que  pueda  el  recurrente  en  el  escrito  de  oe.
impugnación introducir nuevos elementos que no se han hecho constar en el título  w.
presentado. Por ello, debe rechazarse cualquier otra pretensión basada en otros motivos  546ww
oC eennt rod oDciuremcetinvtoo s(v nido.,  pproers teondtaasd,o lsa  eRne stioelmucpióon y d feo r1m4 ad,e s jiuelniod od er e2i0te1r7a doa l adso mctráins ar edceie netsetes 
ddeel  1c9i taddeo f epbrreecroe pyt o9  ldeeg aolc tyu berne  dlae  d2o0c2t0ri nya 1 5d edle T erinbeurnoa dl eS 2u0p2re1m), ob a(svaidd. aS eenn teel nccoian,t eSnaidlao   BOE-A-cable e
Tercera, de 22 de mayo de 2000), que el objeto del recurso contra la calificación negativa 
del registrador no es el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho 
funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación fue o no ajustada a 
Derecho. Y es igualmente doctrina reiterada (vid., por todas, Resolución de 19 de enero 
y 13 de octubre de 2015), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar 
los defectos apreciados por el registrador, sin perjuicio de que, una vez terminado el 
procedimiento,  pudiera  ser  presentado  de  nuevo  el  título,  con  los  documentos 
subsanatorios o complementarios correspondientes, y así obtener una calificación nueva 
sobre los mismos.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.