BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Lunes 27 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 163323
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
21397 Ley 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes.
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en 
nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley 
del Principado de Asturias de Medidas Administrativas Urgentes.
PREÁMBULO
1.  La mejora de la calidad normativa y de una gestión administrativa apoyada en el 
principio de legalidad y orientada a la eficacia y eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos y la protección del interés público constituye una obligación de los 
poderes  públicos  y  un  objetivo  estratégico  de  la  acción  de  la  Administración  del 
Principado de Asturias.
2.  Apreciada la existencia de trámites administrativos innecesarios o complejos y 
sin efectos significativos en la protección de los intereses públicos, la excesiva duración 
de  determinados  procedimientos  administrativos,  así  como  la  falta  de  eficacia  y  el 
elevado coste de tales trámites y procedimientos, se pone de manifiesto la necesidad, 
entre  otras,  de  una  revisión  permanente  de  la  implantación  de  procedimientos  de 
autorización previa de actividades.
3.  La  simplificación  de  trámites  y  procedimientos  en  aspectos  con  especial 
incidencia en el ejercicio o la puesta en marcha de actividades económicas resulta 
urgente, en el contexto actual de la pandemia derivada de la COVID-19, por la necesidad 
de paliar los efectos adversos sobre la actividad económica y social.
4.  Con esta finalidad y con el objetivo inmediato y urgente de eliminar o reducir trabas 
administrativas mejorando la eficiencia y la agilidad de los procedimientos en aras de una 
eficaz protección de los intereses públicos, se ha realizado una revisión de la normativa 
legal para simplificar aspectos de la intervención administrativa, en especial en ámbitos y 
sectores con incidencia significativa en la actividad y el desarrollo económicos, tales como la 
ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente, así como en otros ámbitos como 
la protección del patrimonio cultural o la gestión económico-administrativa.
5.  A su vez, a medio de la presente ley se establecen una serie de controles a 
posteriori con efecto de garantizar que las personas que se beneficien de estas medidas 
no lo hagan de forma fraudulenta o vulnerando la ley, ya que la finalidad de la norma es 
suprimir obstáculos, dar agilidad en la tramitación y fomentar la actividad necesaria y 
beneficiosa en un momento de grave crisis, pero en ningún caso promover actividades al 
margen de lo previsto en la ley.
6.  Las  medidas  administrativas  urgentes  adoptadas  lo  son  sin  merma  de  la 
proyectada elaboración y tramitación de iniciativas legislativas de carácter integral en 
ámbitos  sustantivos  como  la  ordenación  del  territorio  y  el  urbanismo  o  la  calidad  s
ambiental, entre otros. oe.
7.  Asimismo, se adoptan determinadas medidas de simplificación de trámites en  w.
mPlaatne rdiae  Rdee cguepsetiróanc iópnre, sTurpaunessfotarmriaa cdióens tyin Radeassil iean fcaivao.recer la más eficiente ejecución del  2021-21397n https://ww
CAPÍTULO I
Medidas en materia de evaluación ambiental
Artículo 1.  Modificación de un proyecto y efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente.
1.  Se  entenderá  que  la  modificación  de  las  características  de  un  proyecto 
comprendido en el anexo I o en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación  Ambiental,  puede  tener  efectos  adversos  significativos  sobre  el  medio 
ambiente cuando lleve aparejadas cualquiera de estas circunstancias:
1.º  Un incremento del 15 por ciento de las emisiones netas anuales o de uno de 
sus parámetros de las emisiones a la atmósfera.
2.º  Un incremento del 15 por ciento de la carga neta anual o de uno de los 
parámetros de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º  Un incremento de la generación de residuos del 15 por ciento con destino a 
eliminación.
4.º  Un incremento en la utilización de recursos naturales del 15 por ciento del 
consumo de agua, suelo o energía.
5.º  Una afección a la Red Natura 2000 por la ejecución de proyectos o actividades, 
salvo que el tipo de proyecto del que se trate sea considerado permitido expresamente 
en los instrumentos de gestión de los espacios.
6.º  Una afección significativa al patrimonio cultural. A estos efectos, se entiende por 
afecciones significativas en el patrimonio cultural los cambios de uso, establecimientos 
de  cargas  o  servidumbres,  obras,  alteraciones,  modificaciones  o  variaciones  de 
naturaleza directa o indirecta que afecten a Bienes de Interés Cultural (BIC) o con 
procedimiento  para  su  inclusión  en  curso,  a  bienes  incluidos  en  el  Inventario  de 
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias que puedan suponer una repercusión 
apreciable y susceptible de tener incidencia sobre los valores que llevaron a otorgarles 
ese nivel de protección.
2.  En  el  caso  de  instalaciones  de  parques  eólicos  se  considerará  que  la 
modificación de las características de un proyecto comprendido en el anexo I o en el 
anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, puede tener 
efectos  adversos  significativos  sobre  el  medio  ambiente  cuando  lleve  aparejadas 
cualquiera de estas circunstancias:
1.º  Un incremento total del área de barrido superior al 15 por ciento.
2.º  Un incremento o merma de altura del fuste de los aerogeneradores superior 
al 15 por ciento.
3.º  Una  modificación  de  la  posición  de  los  aerogeneradores  que  incida  sobre 
elementos protegidos del patrimonio cultural o natural identificados como sensibles en 
los estudios de impacto ambiental, documentos ambientales o en los inventarios públicos 
de la Consejería competente en materia de medio natural.
4.º  Una modificación de la posición de los aerogeneradores o viales internos que 
suponga un movimiento de tierras superior al 15 por ciento.
Artículo  2.  Evaluación  ambiental  estratégica  de  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio y urbanismo. e
1.  Se someterán a evaluación ambiental estratégica ordinaria: 397www.
Subare) gioLnaasl esD  idreec trOicerdse naRceiógnio nTaelersri tordiael,   lOosrd epnlaacnieósn   teTerrrirtoitoriraialel,s   elassp ecDiairleesc,t ricloess 
porrodgernaamciaósn ,d aes aí cctoumacoió nsu tse rrreitovirsiaiol,n eloss  yc amtáolodgifoicsa cuirobnaensí sqtiucoes ,n olo ste pnlgaanne se lg ecnaeráraclteesr  ddee   BOE-A-cable e
modificación menor, los planes especiales que no desarrollen el planeamiento general, 
los planes especiales de reforma interior (PERI) y los planes especiales de protección.
b)  Los  planes  que,  estableciendo  el  marco  para  la  autorización  de  proyectos, 
requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos  en  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la 
Biodiversidad.
c)  La Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias y los Planes de 
Movilidad  Sostenible  de  ámbito  municipal  superior  a  cincuenta  mil  habitantes  y 
supramunicipal.
2.  Se someterán a evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones 
menores de los planes anteriores.
Se  considerarán  modificaciones  menores  de  planes  de  ordenación  territorial  y 
urbanística  las  modificaciones  y  revisiones  que  no  constituyan  variaciones 
fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología.
A  efectos  urbanísticos,  no  se  consideran  variaciones  fundamentales  de  las 
estrategias, directrices y propuestas de los planes generales de ordenación:
a)  La disminución de coeficientes de edificabilidad o de densidad de viviendas, de 
porcentajes de ocupación o de la altura máxima de los edificios.
b)  Los incrementos de la superficie edificada o del aprovechamiento urbanístico en 
suelo urbano inferiores al 25 por ciento respecto al atribuido por el planeamiento anterior.
c)  Los incrementos de la superficie edificada o del aprovechamiento urbanístico en 
suelo urbano superiores al 25 por ciento respecto al atribuido por el planeamiento 
anterior cuando el reajuste de zonas dotacionales no suponga la reclasificación de 
terrenos clasificados como suelo no urbanizable.
d)  El aumento de la superficie, o reajuste por razones funcionales, de zonas de 
equipamientos, espacios libres públicos o infraestructuras siempre que este cambio de 
calificación o clasificación no afecte a terrenos clasificados como suelo no urbanizable.
e)  El aumento de la superficie de la parcela mínima para poder construir o implantar 
un uso urbanístico.
f)  Los cambios de la clasificación de suelo urbano no consolidado o urbanizable con 
la finalidad de clasificarlo como suelo no urbanizable.
g)  La  implementación  o  extensión  de  las  medidas  de  protección  del  medio 
ambiente, de restauración o recuperación de hábitats o especies afectadas por incendios 
forestales u otros desastres naturales en suelo no urbanizable o respecto a bienes 
integrantes del patrimonio histórico.
h)  La  modificación  de  los  catálogos  urbanísticos  cuando  únicamente  incluyan 
medidas que representen un mayor grado de protección del medio ambiente o del 
patrimonio cultural.
i)  Las derivadas de la modificación de los planes de ordenación de los recursos 
naturales, los planes reguladores de uso y gestión, los planes de gestión de espacios 
Red Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos, en la medida que representen 
un mayor grado de protección del medio ambiente.
j)  La asignación de clasificación o calificación a ámbitos que carezcan de ellas 
cuando sean coherentes con los circundantes.
k)  Las actualizaciones normativas.
l)  Las modificaciones puntuales menores de 1 ha. s
3.  Se someterá a evaluación ambiental estratégica simplificada el planeamiento de  w.
desarrollo,  como  los  planes  parciales,  los  planes  especiales  o  los  estudios  de  397ww
impl4a.n taLcoiósn e, sctound ieoxsc deep cdióenta dllee  lqou see ñdaelsaadroro ellne ne lp alapnaertsa dgoe n4e drael eess tqeu aer thícauylaon. sido objeto
deest reavtéagluicaac.ión ambiental no precisan de la tramitación de una evaluación ambiental  BOE-A-cable e
Artículo 3.  Procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Consultas a 
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y elaboración 
del documento de alcance del estudio ambiental estratégico.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 19.1, primer párrafo, de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental, el órgano ambiental someterá el borrador del 
plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las Administraciones 
públicas afectadas y de las personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo de 
treinta días hábiles desde su recepción.
Artículo 4.  Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Consultas a 
las Administraciones publicas afectadas y a las personas interesadas.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 30.2, primer párrafo, de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental, las Administraciones públicas afectadas y las 
personas interesadas consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de veinte 
días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe.
CAPÍTULO II
Medidas en materia de gestión presupuestaria destinadas a la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Artículo 5.  Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.
1.  El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en 
materia de hacienda, podrá autorizar transferencias entre créditos para operaciones de 
cualquier naturaleza de las distintas secciones, financiados con fondos procedentes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del React-EU, sin que resulte de aplicación 
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 del Texto Refundido del Régimen Económico 
y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, 
de 25 de junio (en adelante, TRREPPA).
2.  Cuando se utilice el mecanismo descrito en el apartado anterior, el Consejo de 
Gobierno dará cuenta de dichas autorizaciones de transferencias a la Junta General en el plazo 
de un mes, trasladando información sobre su cuantía, secciones afectadas y los concretos 
fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del React-EU a los que atañe.
Artículo 6.  Gastos plurianuales.
1.  Las limitaciones contenidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 29 
del TRREPPA no serán de aplicación a los compromisos de gastos financiados con 
fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del React-EU.
2.  Cuando se utilice el mecanismo descrito en el apartado anterior, el Consejo de 
Gobierno dará cuenta a la Junta General en el plazo de un mes, trasladando información 
sobre  su  cuantía,  secciones  afectadas  y  los  concretos  fondos  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y del React-EU a los que atañe.
Artículo 7.  Incorporación de remanentes de créditos.
Por resolución del titular de la Consejería competente en materia de hacienda podrán  es
incorporarse al estado de gastos del ejercicio siguiente, generando nuevos créditos en el  o
mismo, los remanentes de crédito resultantes a fin de ejercicio que correspondan a  397www.
tRcereéssodLiriltieaeor nsiína cfc iiaanof areypn codctraeiaadl cdRoioó easna   tacdat el-t Er ficanUrvaé.éndsci tiodasec  isófoenn .fdinoasn cpiraorcáe cdoenn tceasr gdoe la M lae caapnliicsamcoió nd ed eRl erecmupaenreanctióen d ey   OE-A-2021-21able en https://
A estas incorporaciones no les serán de aplicación las limitaciones contenidas en los 
apartados 6 y 7 del artículo 31 del TRREPPA.
De estas operaciones se deberá dar cuenta a la Junta General en el plazo de un mes.
Artículo 8.  Límite de autorización de gastos financiados con fondos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y del React-EU.
1.  Para  la  gestión  de  los  créditos  financiados  con  fondos  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y del React-EU, sin perjuicio de lo establecido con carácter 
general en el apartado 1 del artículo 41 del TRREPPA, corresponderá al Presidente del 
Principado de Asturias y a los Consejeros la autorización de gastos por importe no 
superior a un millón de euros y la disposición de los gastos dentro de los límites de las 
consignaciones incluidas en la sección del presupuesto correspondiente.
2.  Corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de gastos por importe 
superior a un millón de euros, con las excepciones previstas en el referido artículo 41.
Artículo 9.  Tramitación anticipada de expedientes de gasto.
1.  Se  podrá  proceder  a  la  tramitación  anticipada  de  expedientes  de  gasto  de 
ejercicios posteriores para cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del React-EU, cualquiera 
que sea el instrumento o negocio jurídico utilizado para tal fin y sin que resulten de 
aplicación los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 30 del TRREPPA y en 
el artículo 2 del Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación 
anticipada de expedientes de gasto.
2.  Cuando se utilice el mecanismo descrito en el apartado anterior, el Consejo de 
Gobierno dará cuenta a la Junta General en el plazo de un mes, trasladando información 
sobre  su  cuantía,  secciones  afectadas  y  los  concretos  fondos  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y del React-EU a los que atañe.
Artículo 10.  Flexibilización del calendario de cierre de ejercicio.
Las resoluciones que regulen anualmente el calendario de las operaciones de cierre 
del  presupuesto  de  gastos  y  operaciones  no  presupuestarias  podrán  disponer  la 
aplicación  de  plazos  diferenciados  para  los  créditos  vinculados  al  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y a los fondos React-EU.
Artículo 11.  Régimen de control previo aplicable a la gestión de los fondos.
1.  Cuando el Consejo de Gobierno, haciendo uso de lo previsto en el apartado 4 del 
artículo 56 TRREPPA, acuerde, respecto de cualquiera o de todos los actos, documentos 
o expedientes relativos a los fondos procedentes del mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y del REACT-EU, limitar la intervención crítica o previa, no será de aplicación 
lo establecido en el apartado 5 de dicho precepto.
2.  De estas operaciones se deberá dar cuenta de forma inmediata a la Junta 
General en el plazo de un mes.
CAPÍTULO III
Técnicas de intervención administrativa e.e
Artículo 12.  Promoción de la declaración responsable y la comunicación. Entidades  397ww
c1o. laLbao raAddomrainsi sdtera cceiórtnif icdaecl ióPnr.incipado de Asturias y los sujetos del sector público
autonómico podrán promover, en los procedimientos de su competencia, la utilización de
la  declaración  responsable  y  la  comunicación  como  técnicas  de  intervención
administrativa  sobre  la  actividad  de  los  particulares  en  el  marco  establecido  en  la 
normativa de la Unión Europea, en la legislación básica del Estado y en la regulación 
sectorial aplicable.
2.  Para la realización de las actividades de comprobación, control e inspección, la 
Administración del Principado de Asturias y los sujetos del sector público autonómico 
podrán recurrir, en los términos que se determinen reglamentariamente, a las Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación y a los Colegios Profesionales que figuren inscritos 
como entidades colaboradoras de certificación en el Registro que a tal efecto se habilite 
en la Consejería competente en materia de administraciones públicas, sin perjuicio, en 
todo caso, de las potestades de intervención de la Administración.
3.  La Administración del Principado de Asturias y los sujetos del sector público 
autonómico revisarán periódicamente los procedimientos de su competencia con objeto 
de dinamizar la tramitación administrativa.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Se derogan los artículos 11 y 12 de la Ley del Principado de Asturias 5/1991, 
de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales.
2.  Se derogan los apartados 7.2 y 7.3 del Plan de ordenación de los recursos 
naturales del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo.
3.  Se deroga el apartado 9.6 de los «Criterios para la protección del medio ambiente 
y  para  ordenación  y  protección  del  medio  físico»  de  las  Directrices  Regionales  de 
Ordenación del Territorio de Asturias, aprobadas por Decreto 11/1991, de 24 de enero.
4.  Se deroga el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones.
5.  Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en la presente ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley del Principado de Asturias 5/1991, 
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales.
La Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los 
Espacios Naturales, se modifica en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10.
1.  La protección preventiva de los espacios naturales se realizará mediante 
los instrumentos de evaluación de impacto ambiental establecidos por la normativa 
legal en vigor.
2.  En los espacios naturales protegidos la protección preventiva se realizará, 
adicionalmente,  mediante  la  aprobación  y  aplicación  de  los  instrumentos  de 
gestión de estos espacios».
Dos.  Se modifica el párrafo primero del artículo 26, que queda redactado como sigue:
«Artículo 26.
La  regulación  de  los  usos,  los  principios  rectores  de  la  gestión  y  las  s
actuaciones a realizar en los parques naturales se establecerán en los planes  oe.
rectores de uso y gestión, que tendrán una vigencia de diez años y contendrán las  w.
siguientes determinaciones:». 2021-21397n https://ww
Disposición final segunda.  Modificación del Texto Refundido del régimen económico y 
presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, 
de 25 de junio.
Se añaden los apartados 4 y 5 en el artículo 67 del Texto Refundido del régimen 
económico  y  presupuestario,  aprobado  por  Decreto  Legislativo  del  Principado  de 
Asturias 2/1998, de 25 de junio, con la siguiente redacción:
«4.  Los  titulares  de  las  Consejerías  son  los  órganos  competentes  para 
otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa 
consignación presupuestaria para este fin.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, será necesario acuerdo del 
Consejo de Gobierno autorizando la concesión de la subvención o ayuda cuando 
por razón de su cuantía corresponda al mismo la autorización del gasto con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 de este texto refundido, salvo que en 
aplicación de la misma norma se hubiera autorizado por el Consejo de Gobierno el 
gasto  con  destino  a  la  convocatoria  pública  en  cuya  ejecución  se  haya  de 
conceder la subvención o ayuda.
5.  En los organismos y entes del sector público autonómico dotados de 
personalidad jurídica propia, las competencias a las que se refiere el apartado 
anterior serán ejercidas de conformidad con las normas que los regulan».
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 
de marzo, de Patrimonio Cultural.
La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se 
modifica en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 3 del artículo 18, que queda redactado como sigue:
«3.  Cuando ello pueda favorecer la conservación de los Bienes de Interés 
Cultural,  se  adjuntarán  a  la  declaración  unos  criterios  básicos,  de  carácter 
específico, que regirán las intervenciones en los mismos. Asimismo, se acompañará 
una relación de obras menores, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y 
económica, o actuaciones permitidas, que no requerirán autorización previa de la 
Consejería competente en materia de patrimonio cultural siempre que se ejecuten 
conforme a los criterios básicos de intervención antes citados.
Las entidades locales velarán por el cumplimiento de las anteriores condiciones 
en el momento de expedición de la correspondiente licencia de obras».
Dos.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 27, que quedan redactados como sigue:
«1.  Los Ayuntamientos están obligados a incluir en catálogos elaborados de 
acuerdo con la legislación urbanística los bienes inmuebles que, por su interés 
histórico,  artístico,  arqueológico,  etnográfico  o  de  cualquier  otra  naturaleza 
cultural,  merecen  conservación  y  defensa,  aun  cuando  no  tengan  relevancia 
suficiente para ser declarados Bien de Interés Cultural o incluidos en el Inventario 
del Patrimonio Cultural de Asturias. Estos bienes aparecerán diferenciados de 
cuantos sean recogidos en los catálogos urbanísticos por razones distintas de su 
interés cultural. La catalogación será complementaria de las determinaciones del  s
planeamiento general municipal, o del planeamiento especial, y definirá los tipos  e.
de intervención posible, los plazos, en su caso, en que dicha intervención se vaya  w.
a desarrollar y el nivel de protección de cada bien incluido en ella. El nivel de  397ww
prerofietereccni óanl  Iinnvteegnrtaarl iolle dvealr áP actorinmsoignoio l aC ualptulicraalc dióen A dsetu lraiass n»o.rmas de esta ley que se
apar«t3a.d o E1l  dcoen etesnteid oa rtdíceu lloo,s  inccalutáyleongdoos  luarsb aenxícsltuicsoiosn eas ,q usee ráh accoem urenfiecraednoc iaa  elal   BOE-A-cable e
Consejería competente en materia de patrimonio cultural en el momento en que se 
produzca su aprobación inicial. Esta dispondrá de un plazo de tres meses para 
emitir informe al respecto, que será incorporado al expediente correspondiente. 
Transcurrido  el  indicado  plazo  sin  haberse  notificado  el  informe,  se  podrá 
proseguir la tramitación del catálogo».
Tres.  Se modifica el apartado 2 del artículo 34, que queda redactado como sigue:
«2.  La incoación por los Ayuntamientos de expediente de declaración de 
ruina de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, incluido en el Inventario 
del Patrimonio Cultural de Asturias o catalogado con protección integral en el 
correspondiente catálogo urbanístico de protección, se notificará a la Consejería 
competente en materia de patrimonio cultural, que emitirá informe al respecto. El 
plazo para la emisión del informe es de tres meses, transcurridos los cuales sin 
haberse emitido de forma expresa podrá entenderse desestimatorio».
Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 50, que queda redactado como sigue:
«1.  Los Bienes de Interés Cultural deberán ser conservados con sujeción al 
régimen de protección general y específico previsto en la presente ley y legislación 
estatal  aplicable.  Todas  las  obras  e  intervenciones  que  se  realicen  sobre  los 
mismos o, en el caso de los inmuebles, sobre su entorno de protección, requerirán 
autorización expresa de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural 
y solo serán autorizables cuando recojan adecuadamente el respeto de sus valores 
culturales. No será precisa la autorización previa de la Consejería competente en 
materia de patrimonio cultural en el supuesto establecido en el artículo 18.3 de la 
presente ley respecto a obras menores o actuaciones permitidas.
El plazo máximo para la concesión de la autorización es de cuatro meses, 
transcurridos los cuales el interesado podrá entender desestimada su solicitud».
Cinco.  Se modifica el apartado 3 del artículo 57, que queda redactado como sigue:
«3.  Los principios establecidos en el apartado 1 se contemplarán, de la 
misma forma, cuando sean de aplicación, en el caso de los Conjuntos Históricos, 
las Zonas Arqueológicas, las Vías, los Jardines y los Sitios Históricos.
Los principios establecidos en el apartado 2 se contemplarán, de la misma 
forma, cuando sean de aplicación, en el caso de las Zonas Arqueológicas, las 
Vías, los Jardines y los Sitios Históricos».
Seis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 59, que queda redactado como sigue:
«1.  Con carácter general, solo son autorizables sobre Bienes incluidos en el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias las obras e intervenciones que 
respeten  sus  valores  históricos  y  culturales  y  no  pongan  en  riesgo  su 
conservación. Requerirán autorización de la Consejería competente en materia de 
patrimonio cultural en los siguientes casos:
a)  Las restauraciones de bienes muebles.
b)  Las obras mayores sobre inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos.
c)  Los tratamientos de fachadas en inmuebles que vayan más allá de la mera 
conservación. e
d)  Las  obras  menores  de  conservación  y  mantenimiento  en  inmuebles  bo
cuando expresamente, y con carácter excepcional, así se haya señalado en la  397ww
crmeoasnonjEultuenncn tiaieóm,ln  ic tepeanonstrdoo rl  aád snqeo u beienrl  emsc eua leironábsccl eltueseyr,l e etdnmae nee tsnooot bosinrs abc  liueadinuedet oosslr a eizd nae ede naflo v Irnolmavlvseae n noitnatbedrri iaovs.iqd uudeae l  cccooonmnssoee rrdvveea ncfi oórnsmu ays    OE-A-2021-21able en https://
características  originales,  y  siempre  que  se  empleen  idénticos  materiales  y 
técnicas constructivas a las existentes.
e)  Las  obras  en  el  entorno  de  inmuebles,  infraestructuras  o  espacios 
protegidos cuando expresamente se haya señalado en la resolución por la que se 
incluyen  esos  bienes  en  el  Inventario,  que  en  ese  caso  deberá  incluir  la 
delimitación  correspondiente.  La  aprobación  de  un  Plan  Especial  o  figura 
urbanística equivalente podrá suponer la desaparición de dicho trámite en las 
mismas condiciones a que hacen referencia el apartado 2 del artículo 50 y el 
apartado 4 del artículo 55 de esta ley para el entorno de Monumentos.
f)  Las  obras  en  zonas  en  que  se  presuma  la  existencia  de  restos 
arqueológicos».
Siete.  Se añade un apartado 1 bis en el artículo 59, con la siguiente redacción:
«1. bis.  El plazo máximo para la concesión de la autorización es de dos meses, 
transcurridos los cuales el interesado podrá entender desestimada su solicitud».
Ocho.  Se modifica el artículo 60, que queda redactado como sigue:
«Artículo 60.  Planeamiento territorial y urbanístico.
En la elaboración, modificación o revisión de planes territoriales o urbanísticos 
y proyectos de urbanización, así como de los planes y programas de carácter 
sectorial que afecten a bienes inmuebles incluidos en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias, se precisará informe favorable de la Consejería competente 
en materia de patrimonio cultural. Producida la aprobación inicial, con el acuerdo 
correspondiente y de forma simultánea la apertura del trámite de información 
pública, los citados documentos serán sometidos a la citada Consejería para su 
informe, que se entenderá favorable transcurridos tres meses desde la recepción 
de su solicitud».
Nueve.  Se modifica el apartado segundo de la disposición adicional quinta, que 
queda redactado como sigue:
«2.  El Consejo de Gobierno delimitará específicamente los restos históricos 
vinculados al Camino, así como el conjunto de las áreas afectas por su protección, 
para las que se establecerá una norma urbanística con rango de plan territorial 
especial».
Disposición final cuarta.  Modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril.
El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del  territorio  y  urbanismo,  aprobado  por  Decreto  Legislativo  del  Principado  de 
Asturias 1/2004, de 22 de abril, se modifica en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el artículo 16, que queda redactado como sigue:
«Artículo 16.  Procedimiento de coordinación interadministrativa.
1.  En  todos  los  procedimientos  administrativos  que  tengan  por  objeto  la  o
aprobación,  modificación  o  revisión  de  alguno  de  los  instrumentos,  planes  o  397www.
cdpAuerdom mycpeoinlcniirtsssotuersla, t acc siooaunn jle eactssoa  srAá idcmmatep irlni ccpisaortdeoraavrdcisoii no aanq celuaisóe  na a,pf eerocsytbt aaadbscalaieóslzvn, co,s a imn c opoudennifrv ijcuearincéciiogioó i mnde eeos n lpro ee vqcdiíuisfsieictó ionns te,o  ue,e nns ttdtrareeáb bmleelcairtáees     OE-A-2021-21able en https://
en los artículos 17 y 18 de este mismo texto refundido.
Este trámite de consulta será de cumplimiento preceptivo y deberá practicarse 
de forma simultánea y con el plazo señalado para la información pública del 
documento  de  prioridades  de  la  futura  ordenación.  En  el  caso  de  que  la 
aprobación  o  modificación  del  instrumento  de  planeamiento  no  requiera  la 
elaboración de un documento de prioridades de la futura ordenación, se realizará 
el  trámite  de  consulta  por  el  plazo  de  veinte  días,  remitiendo  a  las 
Administraciones afectadas un borrador del plan.
2.  Si alguna de las Administraciones afectadas no compareciese en el trámite 
de consulta practicado, se presumirá su conformidad con el instrumento, plan o 
proyecto formulado. En todo caso, dicho instrumento, plan o proyecto solo podrá 
contener previsiones que comprometan la realización efectiva de acciones por parte 
de otras Administraciones si estas han prestado expresamente su conformidad.
3.  La conclusión del trámite de consulta sin superación de las discrepancias 
que se hubieran manifestado durante el mismo no impedirá la continuación y 
terminación del procedimiento principal, previa la adopción y notificación por la 
Administración  actuante  de  resolución  justificativa  de  los  motivos  que  han 
impedido alcanzar un acuerdo.
4.  El Gobierno del Principado promoverá el desarrollo e implementación de 
instrumentos de colaboración y coordinación interadministrativa, con la finalidad 
general de impulsar la simplificación administrativa y específica de agilizar el 
otorgamiento o control de los títulos habilitantes de desarrollo de actividades 
económicas,  la  ejecución  de  proyectos  concretos  o  de  sectores  económicos 
específicos o la ágil resolución de cualesquiera procedimientos administrativos.
La  colaboración  y  coordinación  entre  Administraciones  públicas  podrá 
articularse a través de convenios y protocolos de colaboración, que concretarán, 
en su caso, los servicios y recursos para realizar la actividad de intervención, 
inspección o control.
5.  Los informes sectoriales que hayan de emitir los órganos o entidades del 
sector público del Principado o por aquellas administraciones con convenio o 
protocolo de colaboración en cualesquiera procedimientos de su competencia, se 
solicitarán y remitirán electrónicamente a través de la plataforma de emisión de 
informes sectoriales constituida al efecto o, si están dotadas de una funcionalidad 
equivalente,  de  otras  plataformas  o  servicios  generales  de  administración 
electrónica existentes o que puedan desarrollarse procurando la interoperabilidad 
de las mismas».
Dos.  Se  añade  un  artículo  16  bis,  sobre  el  procedimiento  de  coordinación  de 
informes sectoriales autonómicos, con la siguiente redacción:
«Artículo  16  bis.  Procedimiento  de  coordinación  de  informes  sectoriales 
autonómicos.
En el trámite de elaboración, revisión o modificación de los instrumentos de 
planeamiento general, los ayuntamientos solicitarán, tras la aprobación inicial, los 
informes  sectoriales  exigibles  en  la  normativa  autonómica  ante  la  Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo a través de la 
Dirección General correspondiente, que será la encargada de remitir la solicitud a 
cada una de las Consejerías afectadas. La Dirección General competente en 
materia  de  ordenación  del  territorio  y  urbanismo  emitirá  un  informe  único  e
comprensivo  de  los  diversos  informes  sectoriales  recibidos,  informe  que  se  bo
entenderá favorable transcurridos tres meses desde la recepción de la solicitud». 397ww
Tres.  Se modifica el artículo 71, que queda redactado como sigue:
«Artículo 71.  Estudios de Implantación.
1.  Los Estudios de Implantación podrán formularse cuando fuere preciso 
completar las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación en 
suelo  no  urbanizable.  Su  contenido  tendrá  por  finalidad  la  localización  de 
actividades, equipamientos y dotaciones de interés público o social incluidas en el 
planeamiento general como autorizables o incompatibles en dicho suelo o no 
contempladas  expresamente  en  el  mismo.  No  podrán  incumplir  las  normas 
específicas que para su redacción haya previsto el Plan General de Ordenación.
2.  Los Estudios de Implantación contendrán los estudios específicos que se 
entiendan oportunos dadas las características de las instalaciones. Entre estos, 
podrán contemplarse:
a)  Justificación de la necesidad o del emplazamiento.
b)  Estudio  de  impacto  sobre  la  red  de  transportes,  acceso  rodado  y 
aparcamiento.
c)  Estudio de impacto visual sobre el medio físico.
d)  Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas.
e)  Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la adecuación en el 
área de implantación.
f)  Estudio del abastecimiento de agua, así como recogida, eliminación y 
depuración de vertidos.
g)  Estudio y gestión del proyecto de obras.
3.  Cuando así se determine específicamente en el Plan General o cuando las 
circunstancias  territoriales  o  la  complejidad  urbanística  de  la  ordenación 
pretendida así lo requiera, por no ser subsumibles sus determinaciones en las 
propias del Estudio de Implantación y así se justifique expresamente mediante 
indicadores objetivos, irán acompañados de un Plan Especial».
Cuatro.  Se modifica el artículo 228, que queda redactado como sigue:
«Artículo 228.  Licencia urbanística.
1.  La licencia urbanística es el acto administrativo mediante el cual adquieren 
efectividad  las  posibilidades  de  parcelación,  edificación,  ocupación, 
aprovechamiento o uso relativos a un suelo determinado, previa concreción de lo 
establecido al respecto en las leyes, planeamiento y demás normativa urbanística.
2.  Cuando los actos de transformación, construcción, edificación o uso del 
suelo o del subsuelo se realizaren en terrenos de dominio público, se exigirá 
licencia,  con  independencia  de  las  autorizaciones  o  concesiones  que  sea 
pertinente otorgar por parte del titular del dominio público.
3.  Sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que fueran procedentes 
con arreglo a la legislación sectorial específica, estarán supeditados a la obtención 
de licencia previa, a los efectos de la legislación urbanística, los siguientes actos:
a)  Las parcelaciones urbanísticas.
b)  Los movimientos de tierras significativos en cualquier clase de suelo, tales  s
como  desmontes,  explanaciones,  excavaciones  y  terraplenes,  las  obras  de  o
eidpndersoi tfgaicrulaaarccmbiiaóóannndi  ozqdasue ce csió oednmris,v opic ooeionbxsgcr aaeps púd tbaeol  i elcicjoecescun,ua cltaniaasdr   oode teno  ereugsjneat ocdpsuar oc.iyóaencc ttdooes d  veihafialneyistai vyna,  mensei ndgtoee n aedprearotl,ab llaaladsdo oo osb  rdaesy    2021-21397n https://www.
c)  Las obras de edificación, así como las de construcción e implantación de
instalaciones de toda clase de nueva planta, entre las que se incluirán igualmente
las obras de construcción de infraestructura civil, tales como presas, embalses, 
balsas, puertos, diques, defensa y corrección de cauces públicos y viario público y 
privado, entre otras.
d)  Las obras de construcción o instalación de cerramientos, muros y vallado 
de fincas, cuando dichos elementos linden con terrenos de dominio público.
e)  Las obras y los usos que se hayan de realizar con carácter provisional.
f)  Las  obras  y  usos  industriales  o  terciarios  que  se  hayan  de  realizar 
anticipadamente.
g)  La  instalación  o  ubicación  de  casas  prefabricadas  e  instalaciones 
similares, provisionales o permanentes.
h)  Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificaciones e 
instalaciones existentes.
i)  Las obras de reforma, modificación o rehabilitación que afecten de forma 
integral  a  la  estructura,  el  aspecto  exterior  o  la  disposición  interior  de  las 
construcciones e instalaciones de toda clase ya existentes, cualquiera que sea su 
finalidad y destino, incluidas aquellas que supongan la división de una vivienda 
preexistente en dos o más viviendas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
siguiente.
j)  La  primera  utilización  y  ocupación  de  las  viviendas  situadas  en 
edificaciones destinadas a vivienda colectiva o promoción conjunta de viviendas y 
casas prefabricadas, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
k)  La modificación del uso de construcciones, edificaciones e instalaciones.
l)  La demolición total o parcial de las edificaciones y construcciones, salvo en 
los casos declarados de ruina inminente.
m)  La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
n)  Las  actividades  extractivas  de  minerales,  líquidos  o  de  cualquier  otra 
índole.
ñ) Las actividades de vertidos en el subsuelo y de depósito de residuos, 
escombros y materiales en general que sean ajenos a las características del 
terreno  o  de  su  explotación  natural,  salvo  las  previstas  en  los  Proyectos  de 
Urbanización.
o)  El uso del vuelo sobre las edificaciones, construcciones e instalaciones de 
toda clase existentes.
p)  Las  instalaciones  subterráneas  dedicadas  a  aparcamiento,  actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso o 
actividad que afecte al subsuelo.
q)  Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio 
boscoso, arboleda o parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por 
los órganos competentes en materia agraria o forestal, así como el abatimiento de 
ejemplares arbóreos que posean un especial interés botánico o ambiental y estén 
singularmente protegidos por el planeamiento.
r)  La  instalación  de  líneas  eléctricas,  telefónicas  u  otras  similares  y  la 
colocación de antenas o dispositivos de telecomunicaciones de cualquier tipo, con 
las excepciones previstas en la legislación sectorial de aplicación.
s)  Las obras de apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo no 
urbanizable.
t)  En general, todos los demás actos de uso del suelo o del subsuelo en que 
lo exijan el planeamiento territorial o urbanístico o las ordenanzas municipales,  s
como  consecuencia  de  la  mayor  intensidad  de  uso,  un  uso  privado  o  una  oe.
utilización anormal o diferente del destino natural de los terrenos. w.
esca4s. a Seen ticdoandc ecpotnusatrráunc ticvoam  yo  eocboransó mmicean oyre sq uaeq uneoll assu pdoen gseannc ialleltez ratécciónnic ad eyl 
nvoúlmumereon d, ed evli vuiesnod aosb jey tilvooc,a ldees  nlai sa fiencstteanla cailo dniesse ñyo  seexrtveirciioors,  ad ela  ucsimo ecnotmacúiónn o,  ad elal 
estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e
instalaciones de todas clases. En ningún caso se entenderán como tales las 
parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase, las 
intervenciones en edificios declarados bienes de interés cultural y catalogados 
cuando así se establezca en la legislación sectorial de aplicación, los grandes 
movimientos de terrenos y la tala masiva de arbolado.
5.  Los  actos  enumerados  en  el  apartado  3  que  se  promuevan  por  la 
Administración del Estado, por la Administración del Principado de Asturias o por 
entes de derecho público dependientes de una u otra estarán igualmente sujetos a 
licencia municipal, salvo que se excepcione por la legislación sectorial aplicable, y 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 17 y 18 de este texto refundido.
6.  Las obras públicas municipales, incluidas las de urbanización realizadas 
por los particulares en cumplimiento de la normativa y el planeamiento urbanístico, 
así como las ejecutadas por los concesionarios de servicios públicos locales para 
la prestación del servicio concedido, se entenderán autorizadas por el acuerdo de 
aprobación  del  proyecto,  previa  acreditación  en  el  expediente  del  respeto  al 
planeamiento en vigor y a la normativa urbanística.
7.  Dentro de los límites marcados por el presente texto refundido y por la 
legislación sobre régimen local, corresponde a los concejos la competencia para el 
otorgamiento  de  licencias,  que  será  ejercitada  en  los  términos  y  con  las 
condiciones fijadas en esta norma.
8.  Se pueden autorizar diversos actos que están sujetos a licencia mediante 
el otorgamiento de una única licencia urbanística».
Cinco.  Se añade un artículo 228 bis, sobre la declaración responsable en materia 
de urbanismo, con la siguiente redacción:
«Artículo 228 bis.  Declaración responsable en materia de urbanismo.
1.  De conformidad con lo establecido en la legislación de procedimiento 
administrativo común, están sujetos a declaración responsable en materia de 
urbanismo los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o 
el subsuelo que no requieran licencia en virtud del artículo anterior y, en particular, 
los siguientes:
a)  Las obras de mantenimiento ordinario y de simple reparación, así como 
las de reforma y rehabilitación y demolición parcial de edificios que no produzcan 
variación sustancial de la composición general exterior, la distribución interior o el 
sistema estructural, ni incremento de la superficie edificada o la volumetría, ni 
conlleve cambio de uso, salvo que afecten a inmuebles catalogados o protegidos 
por la normativa de patrimonio cultural.
b)  La  primera  ocupación  y  utilización  de  las  viviendas  y  las  casas 
prefabricadas construidas en régimen de autopromoción, así como de los edificios, 
construcciones e instalaciones de nueva planta en general, sin perjuicio de lo 
establecido  en  el  artículo  anterior  y  de  lo  que  disponga  a  estos  efectos  la 
legislación ambiental.
c)  La renovación de instalaciones en las construcciones.
d)  Los movimientos de tierras no significativos en cualquier clase de suelo, 
entendiendo como tales los que se produzcan en el interior de la parcela, con una 
superficie inferior a mil metros cuadrados que afecten a menos del cincuenta por  s
ciento de su superficie, y no conlleven alteraciones sustanciales ni de la rasante ni  oe.
sodu epe rllaeoo )t ee dsgecLi dodoorosrs me cpniinoetíirrao r le anps aún tbdoulerrimca olfaei,n tsiscv aadalse vd,lo  ets eq ipreurameetn rpaiomrfe,e o scnqateiulovne oc  a unq loiutnu emsr aeaul f.eepbcrolteedsnu  czaac itananmlo uegenab dcloeossl i nocd apatranolcoteigaga icddooonss    2021-21397n https://www.
por la normativa de patrimonio cultural.
f)  Las talas de árboles que estén autorizadas por los órganos competentes 
en materia agraria o forestal.
g)  La instalación de placas solares térmicas o fotovoltaicas destinadas a 
autoconsumo  sobre  la  cubierta  de  edificios  o  espacios  libres  privados  y  la 
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, salvo que afecten 
significativamente  a  la  estructura  de  los  edificios  o  afecten  a  inmuebles 
catalogados o protegidos por la normativa de patrimonio cultural, y todo tipo de 
instalación de energías renovables destinadas a autoconsumo menor de 10 kw de 
potencia.
h)  Los  trabajos  previos  a  la  construcción,  tales  como  sondeos, 
prospecciones, catas y ensayos.
2.  El documento de declaración responsable habrá de contener, además de 
los datos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común:
a)  La identificación y ubicación de su objeto.
b)  La descripción técnica de las características del acto de que se trate o, en 
su caso, el proyecto técnico legalmente exigible.
c)  La manifestación expresa y bajo su responsabilidad del cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la normativa aplicable
d)  La memoria justificativa del cumplimiento de la legislación vigente, así 
como  de  la  adecuación  a  la  ordenación  territorial  y  urbanística,  así  como  la 
relación  de  los  documentos  acreditativos  del  cumplimiento  de  los  anteriores 
requisitos, sin perjuicio de que voluntariamente puedan aportarse copias de tales 
documentos, indicando en cada caso su contenido general y el nombre del técnico 
o profesional que lo suscriba cuando así venga exigido por la legislación aplicable.
e)  El justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos de derecho 
público o privado que correspondan.
f)  El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos 
durante el periodo de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la 
declaración».
Seis.  Se  añade  un  artículo  228  ter,  sobre  el  régimen  y  los  efectos  de  las 
declaraciones responsables en materia de urbanismo, con la siguiente redacción:
«Artículo  228  ter.  Régimen  y  efectos  de  las  declaraciones  responsables 
urbanísticas.
1.  La declaración responsable habilita al interesado para el ejercicio de la 
actuación pretendida desde el día en que la misma haya tenido entrada en el 
registro electrónico de la Administración competente, sin perjuicio de las funciones 
municipales de comprobación, control e inspección recogidas en la presente ley.
2.  En  el  caso  de  las  declaraciones  responsables  urbanísticas  de  primera 
ocupación y funcionamiento de las edificaciones de nueva planta y de las casas 
prefabricadas, así como de los edificios e instalaciones en general, el incumplimiento 
de los requisitos necesarios para el uso previsto dará lugar al régimen establecido en 
el artículo 11.5 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
3.  En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actuaciones 
amparadas  en  una  declaración  responsable  cuando  sean  contrarias  o  e.
disconformes con la legalidad urbanística aplicable. w.b
4.  Las actuaciones sujetas a declaración responsable urbanística que se  397ww
rheaabliicliteann tes ian  tosduo s plores seefnetcatocisó.n  se  considerarán  como  actuaciones  sin  título
dent5r.o  dLeo lso sa cptloasz oasm dpea riandicoios  deen  suenias  dmeecslaersa cyi ódne  rfeinsaploiznascaióbnle d dee ubne raáñno e djeecsudtaer sseu 
presentación. El plazo podrá ser prorrogado a instancia del interesado antes de la 
conclusión de dichos plazos, por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente previsto.
6.  Las declaraciones responsables podrán ser objeto de control posterior por 
el  Ayuntamiento.  En  el  caso  de  apreciarse  incumplimientos  o  deficiencias 
insubsanables, se ordenará, previa audiencia al interesado, la paralización de las 
actuaciones declaradas. Esta resolución obligará al interesado a restituir el orden 
jurídico infringido, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
7.  Cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación vigente o lo 
solicite el interesado, la comprobación de la conformidad de la actuación con la 
normativa  aplicable  resultará  en  la  emisión  por  el  Ayuntamiento  del 
correspondiente acto de conformidad».
Siete.  Se modifica el apartado 7 del artículo 229, que queda redactado como sigue:
«7.  Las  licencias  se  entenderán  obtenidas  por  silencio  positivo  una  vez 
transcurridos los plazos establecidos, excepto en los supuestos en los que la 
legislación básica disponga que el silencio produce efecto desestimatorio. En 
ningún  caso  podrán  adquirirse  por  silencio  facultades  en  contra  de  las 
prescripciones de las leyes, planeamiento y demás normativa urbanística.
El  plazo  para  resolver  las  solicitudes  de  licencia  de  primera  utilización  y 
ocupación de las edificaciones destinadas a vivienda, en aquellos casos en los 
que su obtención sea exigible de conformidad con lo establecido en esta ley, es de 
tres meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
electrónico  de  la  Administración  competente.  Transcurrido  este  plazo  sin 
notificación de resolución expresa, se entenderán estimadas por silencio positivo, 
excepto en aquellos casos en los que se hubiera condicionado la licencia de obra 
a la ejecución simultánea de obras de urbanización y resulte necesaria la previa 
comprobación  municipal  de  su  cumplimiento,  supuesto  en  el  que  el  silencio 
administrativo tendrá efecto desestimatorio».
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley del Principado de Asturias 8/2006, 
de 13 de noviembre, de Carreteras.
Se  modifican  los  apartados  3  y  4  del  artículo  14  de  la  Ley  del  Principado  de 
Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, que quedan redactados como sigue:
«3.  Cuando  la  redacción,  revisión  o  modificación  del  instrumento  de 
planeamiento  territorial  o  urbanístico  afecte  a  cualquier  carretera  existente 
perteneciente a la red autonómica, elaborado el documento de prioridades o, 
cuando  este  no  fuere  preceptivo,  el  borrador  del  instrumento,  el  órgano 
competente  para  su  aprobación  deberá  recabar  informe  de  la  Consejería 
competente  en  materia  de  carreteras  dentro  del  trámite  de  coordinación 
administrativa establecido en la legislación territorial y urbanística.
Producida la aprobación inicial, con el acuerdo correspondiente y de forma 
simultánea a la apertura del trámite de información pública, el órgano competente 
para  dicha  aprobación  deberá  solicitar  informe  preceptivo  de  la  Consejería 
competente en materia de carreteras.
4.  El informe a que se refiere el apartado anterior tendrá carácter vinculante y 
deberá manifestarse sobre la línea límite de edificación delimitada en suelo urbano  e.
y en los núcleos rurales, sobre la capacidad de las carreteras en la que se apoyen  w.b
nuevos crecimientos, sobre los nuevos puntos de acceso o modificación de los  397ww
mexuisntiecniptaelse sa  ola  lRose d nduee vCosa rrcerteecraims iednetlo sP riyn ciapqaudeol lodse  oAtsrotusr iaass pdeecstdoes  lqaus ev ísaes 
consideren adecuados para la defensa y seguridad vial de las mismas».
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley del Principado de Asturias 12/2018, 
de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible.
La Ley del Principado de Asturias 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y 
Movilidad Sostenible, se modifica como sigue:
Uno.  Se  modifica  el  apartado  6  del  artículo  21,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«6.  Los estudios de evaluación de la movilidad generada deben incorporarse 
al plan como un documento complementario al mismo y tramitarse y someterse a 
información pública conjuntamente con este. En su tramitación, una vez producida 
la aprobación inicial del instrumento de ordenación territorial o urbanística de que 
se  trate,  será  preceptiva  la  emisión  de  informe  favorable  de  la  autoridad 
administrativa competente en materia de movilidad».
Dos.  Se  añade  una  disposición  transitoria  en  la  Ley  del  Principado  de 
Asturias 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible, con la 
siguiente redacción:
«Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
La regulación de la inclusión, por norma general, de estudios de evaluación de 
la movilidad generada a que se refiere el artículo 21, apartado 3, se aplicará a 
todos aquellos instrumentos de ordenación territorial y urbanística que en dicho 
precepto se citan cuya aprobación inicial no se haya producido a la entrada en 
vigor de esta ley».
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley, 
coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la 
guarden y la hagan guardar.
Oviedo, 1 de diciembre de 2021.–El Presidente del Principado de Asturias, Adrián 
Barbón Rodríguez.
(Publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 233, de 3 de diciembre de 2021)