BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49  Miércoles 26 de febrero de 2020  Sec. I.   Pág. 17140
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
2669 Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.
I.  Antecedentes
La confluencia de factores de diversa índole, como la caída sostenida de precios 
percibidos por los agricultores; el aumento de la frecuencia de los daños por fenómenos 
climáticos extremos, en particular en los últimos meses, en que se han sucedido, 
prácticamente sin interrupción, fenómenos tan adversos como las encadenadas 
depresiones aisladas en niveles altos (DANAs) y la borrasca Gloria; las tensiones 
comerciales, la volatilidad de las cotizaciones de las materias primas, el incremento de los 
costes de los insumos agrarios y ganaderos, como la energía, el creciente impulso de 
exigencias en la producción, y la falta de equilibrio en la fijación de precios en la cadena 
alimentaria, han conducido a una situación de crisis sin precedentes del sector agrario que 
obliga a los poderes públicos a intervenir de manera urgente.
Por otra parte, el sector agrario es vulnerable por sus propias características, pues se 
trata de un sector muy atomizado, estacionario y con una elevada rigidez de la demanda, 
por la propia naturaleza perecedera de la producción, de manera paulatina ha tendido 
hacia un desequilibrio estructural del mercado, alcanzando en la actualidad cotas sin 
precedentes, con la consiguiente pérdida de tejido productivo y de empleo en el campo.
Ese fenómeno, que es común en países de nuestro entorno, ha propiciado que la 
Comisión Europea y el Parlamento Europeo mediante distintas comunicaciones hayan ido 
profundizando en el análisis y en la identificación de los problemas reales. A todas estas 
iniciativas se han sumado otras instituciones europeas, como el Consejo de Ministros de 
Competitividad y Agricultura o el Comité Económico y Social, que han evidenciado la 
gravedad y extensión global de este problema, subrayando la necesidad de que los 
Estados adopten medidas, ampliando el marco normativo significativamente en tiempos 
recientes, con una apuesta esencial en favor del reequilibrio de la cadena y ampliando 
notablemente el margen de acción para los Estados miembros. Debe tenerse en cuenta 
que el número y el tamaño de los agentes varían en las distintas etapas de la cadena de 
suministro agrícola y alimentario. Las diferencias en el poder de negociación, que se 
corresponden con la dependencia económica del proveedor respecto del comprador, y es 
probable que conduzcan a que los agentes más grandes impongan prácticas comerciales 
desleales a los agentes más pequeños.
Así, en el marco de la cadena de suministro agrícola y alimentario, se producen con 
frecuencia desequilibrios importantes en cuanto a poder de negociación entre proveedores 
y compradores de productos agrícolas y alimentarios. Estos desequilibrios en el poder de 
negociación es probable que conduzcan a prácticas comerciales desleales, si los socios 
comerciales de mayor tamaño y poder tratan de imponer determinadas prácticas o 
disposiciones contractuales que les benefician en relación con una transacción de venta. 
Estas prácticas pueden, por ejemplo, apartarse en gran medida de las buenas conductas 
comerciales, ser contrarias a la buena fe y a un trato justo e imponerse de manera 
unilateral por una de las partes a la otra; o imponer una transferencia desproporcionada e  e.
injustificada de riesgo económico de una de las partes a la otra; o imponer un desequilibrio  w.
importante de derechos y obligaciones a una de las partes. 69ww
II.  Contenido
Las circunstancias descritas obligan a los poderes públicos a adoptar medidas
enfocadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Cabe destacar por su
inmediatez aquéllas que mitiguen las dificultades extremas en que se sitúa una buena 
parte del sector dedicado a la producción primaria. Se trata de actuaciones de carácter 
urgente y de todo punto inaplazable, que tienen como finalidad evitar el abandono de las 
explotaciones agrarias y asegurar en la medida de lo posible un reparto equitativo de los 
costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, que se residencian de 
modo agravado en los operadores que dedican sus esfuerzos al sector primario y, muy 
especialmente, a los eslabones menos protegidos y más vulnerables, que permitan el 
mantenimiento y doten de estabilidad a las explotaciones agrarias.
Por ese motivo, el presente real decreto-ley incorpora un conjunto sistemático de 
medidas concretas y con efectos tangibles, que reduzcan los factores perjudiciales y 
garanticen el nivel de vida, destinadas a mejorar la posición negociadora, la equidad de las 
relaciones y el justo reparto de los costes generales del sector primario.
Como elemento primordial, se introducen únicamente medidas regulatorias puntuales 
en el ámbito de la cadena alimentaria cuya adopción se considera inaplazable, por los 
motivos señalados, anticipándose a la futura reforma en profundidad, que está previsto 
acometer más adelante, de la Ley 12/2013, de 1 de agosto, de medidas para la mejora de 
la cadena alimentaria, en aras de incorporar en ese momento en dicha regulación lo 
dispuesto en la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre 
empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, la cual se emprenderá sin 
demora, asegurando la participación pública, en especial, de todos los agentes sociales 
que intervienen en la cadena alimentaria así como de instituciones públicas y privadas. A 
pesar de que la ley ha funcionado, existen elementos que ahora requieren de medidas 
urgentes para asegurar su plena eficacia.
La actividad de los poderes públicos ha de partir de un enfoque diferenciado con respecto 
de otros subsectores económicos, de modo que se asegure un correcto funcionamiento que 
parta de la necesaria garantía de la cadena de valor, que pueda ser sostenible para todos los 
operadores, mejorando también la posición de los consumidores y usuarios.
La principal novedad en el ámbito de la cadena alimentaria consiste en obligar a que 
cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de 
producción de tal producto en que haya incurrido dicho operador, de modo que se preserve 
ese valor agregado creciente que fundamenta uno de los ejes vertebradores de la acción 
pública en este sector, que contribuya a aumentar su competitividad global a través del 
valor añadido y que, en último término, revierta en beneficio de toda la sociedad. Asimismo, 
se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda 
repercutir a ninguno de los operadores anteriores el riesgo empresarial derivado de su 
política comercial en materia de precios ofertados al público.
También se prevé como novedad destacada la inclusión del coste de producción en el 
precio como elemento mínimo de los contratos. En el texto originario de la ley se tiene en 
cuenta, en la composición del precio, el conjunto de factores objetivos, verificables, y no 
manipulables que deben ser expresamente establecidos en el contrato, si bien no incluye 
expresamente un factor que se considera esencial para su determinación como es el coste 
de producción.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de esas premisas, la norma incorpora una lista 
ejemplificativa de elementos que considerar para las explotaciones agrarias, tales como 
semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria, e índices que, entre otros, puedan 
emplearse para asegurar esa objetividad en su determinación, como los publicados por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta medida resulta de capital importancia,  es
pues permite cerrar el círculo de la cadena de valor, ya que su libre determinación  o
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determinación del coste se introduzcan factores que lo distorsionen, como las referencias
circulares, es decir, las que se obtienen de precios participados por otros operadores o por 
el propio operador.
Por otro lado, cabe destacar la novedosa exigencia de que las actividades 
promocionales que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena se 
desplieguen en un marco equitativo de obligaciones y derechos, entre los que cabe destacar 
que se base en el acuerdo y libertad de pactos, para los cuales se establecen unos 
contenidos mínimos; el interés mutuo; y la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias 
particulares de los distintos operadores, sin que puedan realizarse actividades 
promocionales entre los mismos que induzcan a error sobre el precio e imagen de los 
productos, con el fin de evitar que se perjudique a percepción en la cadena sobre la calidad 
o valor de los productos, banalizando una actividad esencial para la economía y sociedad.
Debe destacarse, a efectos de ajustar su correcto encaje en el ordenamiento, que se 
trata de una medida sectorial encaminada a la protección desde otra perspectiva de la 
cadena de valor en el sector agroalimentario y que no se dirige a los consumidores, a efectos 
de su clara diferenciación con otras normas sectoriales, que se aplicarán sin perjuicio de 
esta novedosa previsión normativa que, por lo demás, ya se encontraba recogida como soft 
law en el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.
Asimismo, adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, 
se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves, con fines disuasorios pero 
también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y es 
procedente, conforme indica el legislador europeo, que el público tenga conocimiento de 
los operadores que han sido objeto de sanción por las autoridades competentes. Con el fin 
de asegurar el pleno respeto a los derechos de los administrados y encontrar una solución 
ponderada, la norma restringe esta publicidad a las que hayan adquirido firmeza en vía 
administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en 
vía judicial. En el caso de las sanciones que imponga la Administración General del 
Estado, esta publicidad se dará por medio de la página web del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.
Por otro lado, la norma incluye una modificación concreta que afecta a la fiscalidad de 
estas actividades en un elemento muy sensible y de una importancia capital para el sector.
Existe una generalizada preocupación por el actual tratamiento fiscal de las ayudas a la 
incorporación de jóvenes a la actividad agraria, una de las líneas esenciales de la política 
de renovación del sector primario y uno de los ejes sobre los que versará la nueva Política 
Agrícola Común (PAC), en cuanto a su imputación temporal. El cambio de calificación fiscal 
de las subvenciones a la incorporación de jóvenes agricultores, derivadas del Marco 
Nacional de Desarrollo Rural, ha dificultado que puedan acceder a éstas una parte de los 
agricultores, desincentivando esta medidas, esencial en el proceso de renovación del 
proceso productivo. Mientras en el Marco Nacional del periodo 2007-2013 se contemplaban 
las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, como medidas destinadas a inversiones 
y gastos de instalación, el Marco Nacional 2014-2020 las condiciona directamente al 
desarrollo de un plan empresarial. En consecuencia, fiscalmente han pasado de considerase 
subvenciones de capital a subvenciones corrientes como ayuda a la renta, lo que obliga al 
perceptor a tener que sufragar la totalidad del impuesto en el primer momento, sin 
posibilidad de fraccionamiento del pago a lo largo del período cuatrienal de percepción.
Por consiguiente, en muchos casos se liquidan los impuestos de una ayuda aún no 
percibida, lo que puede desincentivar precisamente la apuesta por el relevo generacional 
a través de esta medida. En consecuencia, se adapta la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) para permitir en este supuesto, al igual que ya  es
sucede en otros análogos, tributar en varios ejercicios. Esta reforma es de gran importancia  o
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acomodándolo al marco temporal en que se recibe la ayuda.
Asimismo, este real decreto-ley procede a introducir importantes medidas en materia 
de empleo en este ámbito de actividad, de manera que se haga frente a las especiales 
circunstancias en que se desenvuelve el mercado de trabajo en el campo.
Se trata de establecer medidas de protección de los trabajadores eventuales afectados 
por el descenso de actividad, provocado por los cambios progresivamente acuciantes en 
la estructura productiva del país y, por otra parte, medidas de apoyo a los empresarios 
agrarios, con el fin de impedir que los efectos derivados de la pérdida de rentabilidad 
puedan redundar en una pérdida acelerada del empleo en la agricultura y de sostenibilidad 
financiera de las explotaciones.
En relación con la protección por desempleo, se regula en esta norma una medida de 
carácter social que tiene como destinatarios a los trabajadores eventuales agrarios 
residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura afectados por el 
descenso de actividad provocado por diversas circunstancias, mediante la reducción a 
veinte del número de jornadas necesarias para el acceso al subsidio por desempleo 
contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio 
por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, así como a la renta agraria regulada por el Real 
Decreto  426/2003, de 11 de abril, paliando así los efectos negativos de la situación 
descrita en la protección social de un colectivo vulnerable de personas trabajadoras.
La medida, de carácter excepcional, se justifica porque, además del conjunto de 
circunstancias que afectan al sector agrario, en el caso de las comunidades autónomas de 
Andalucía y Extremadura, y de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha constatado un importante descenso de la 
producción del olivar, lo que, unido a las dificultades que han supuesto los aranceles 
impuestos por Estados Unidos a este sector, ha repercutido en una correlativa disminución 
del empleo de los trabajadores eventuales agrarios de dichas comunidades autónomas, 
por lo que se considera que se cumplen las condiciones para regular la reducción del 
número mínimo de jornadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo 
contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, así como a la renta agraria 
regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
Además, se recupera para el año 2020 la medida de conversión de contratos 
temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos que incluye a los 
trabajadores fijos discontinuos, establecida en el artículo 7 del Real Decreto-ley 8/2019, de 
8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo. De esta manera se posibilita a las empresas que 
transformen contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, 
incluidos los fijos discontinuos, de manera inmediata el bonificarse la cuota empresarial 
por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del 
trabajador y de la modalidad de cotización –mensual o por jornadas reales trabajadas–. 
Además, con el objetivo de introducir medidas positivas para reducir la brecha de género, 
se establecen cuantías incrementadas en el caso de la conversión de contratos de mujeres 
trabajadoras. Las características del mercado laboral en el ámbito del trabajo agrario, 
donde priman la temporalidad y, por tanto, la precariedad, exige la adopción de medidas 
urgentes mediante una acción normativa inmediata que justifican la recuperación de esta 
medida a través de un real decreto-ley. A través de este incentivo se busca promocionar la 
contratación estable en el sector, reduciendo un volumen de precariedad que ha alcanzado 
niveles insostenibles desde la perspectiva social y promoviendo la estabilidad en el empleo  es
como principio rector de nuestro ordenamiento laboral. o
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lugares donde se ejecuta la actividad laboral.
Independientemente del carácter obligatorio o no de la puesta a disposición de dichos 
lugares por parte de las empresas (sea vía convencional, contractual o legal), una vez que 
los alojamientos son puestos a disposición de las personas trabajadoras, éstos pasan a 
constituir un elemento de la relación laboral, resultando imprescindible que reúnan las 
adecuadas condiciones de higiene, salubridad y habitabilidad, de acuerdo con el deber de 
protección que se atribuye al empresario por el artículo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, la orden anual por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en 
origen (para el año 2020 la Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre), incluye entre las 
obligaciones empresariales «la puesta a disposición del trabajador de un alojamiento 
adecuado durante la vigencia del contrato de trabajo que reúna las condiciones previstas en 
la normativa en vigor, debiendo quedar garantizada, en todo caso, la habitabilidad e higiene 
adecuada del alojamiento». Además, la propia orden establece en su anexo IX, para el caso 
del sector agrícola, las condiciones mínimas de los alojamientos de temporada y campaña.
Por lo expuesto, correspondiendo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como 
servicio público, la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa legal y convencional 
del orden social, y dentro de ella la de seguridad y salud laboral y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como los artículos 1.2 y 12 de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, resulta necesario incluir dentro de su ámbito de actuación 
locales, viviendas, u otros lugares habilitados, aun cuando no se encuentren en las empresas, 
centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestación laboral, en los que residan, se 
alojen o puedan permanecer los trabajadores por razón de su trabajo durante los períodos de 
descanso, y hayan sido puestos a disposición por el empresario, en cumplimiento de una 
obligación prevista en una norma legal, convenio colectivo o contrato de trabajo. Por aplicación 
del artículo 18.2 de la Constitución Española y el artículo 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de 
julio, también en estos nuevos ámbitos de actuación sujetos a inspección, cuando coincidan 
con el domicilio de los trabajadores, resultará exigible la obtención del consentimiento expreso 
de los mismos, o, en su defecto, de la oportuna autorización judicial.
III.  Justificación de la extraordinaria y urgente necesidad
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción 
de estas modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos 
referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los 
presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En relación 
con los primeros, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-
leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de 
las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente real 
decreto-ley no se realiza afectación alguna a cualquiera de estas materias.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del 
núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna 
institución básica del Estado, no se afecta a derechos y deberes de los ciudadanos, que 
no se verán ni incrementados ni disminuidos, no se incorporan afecciones al régimen de 
las comunidades autónomas puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y 
tampoco tiene relación alguna con el régimen electoral, de modo que nada hay en su 
contenido que obste a su aprobación en este punto. s
Por lo que respecta a la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria  oe.
y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional,  w.
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que ha venido en denominarse, la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una
necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada  Bc
para subvenir a ella». Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente «se ha venido
admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas 
económicas  problemáticas»,  para  cuyo  tratamiento  representa  un  instrumento 
constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin 
que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones 
concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran 
una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal 
o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» 
(SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, 
de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, también se debe advertir que el hecho de que se 
considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del 
decreto-ley, pues el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no 
excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de 
extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que 
deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso 
(STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 
4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, 
de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7) y concurre en el presente caso, el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando 
la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Como se expone 
pormenorizadamente a continuación, ninguna de las medidas recogidas en la norma se 
puede considerar previsible con antelación pues ni la afección climática que se describe, 
ni las perturbaciones comerciales que se han expuesto ni las alteraciones en las 
condiciones productivas se podían conocer con antelación si bien los Poderes públicos no 
pueden permanecer ajenos a su existencia. El único modo posible de hacerles frente ha 
de ser el del real decreto-ley, pues, ya que en cualquier otro mecanismo los plazos 
impedirían la correcta atención de las necesidades detectadas.
En consecuencia, se puede asegurar que existe una conexión directa entre la urgencia 
definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella: ni las medidas laborales 
acordadas podrían esperar a una tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre 
los trabajadores serían demasiado gravosos por el retraso ni las medidas en materia de 
reequilibrio de la cadena pueden acompasarse a la transposición futura de la directiva, 
porque requieren de la decidida e inmediata intervención pública. La inmediatez de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley resulta también oportuna, puesto que otra 
alternativa requeriría de un plazo muy superior en el tiempo. Esta acción normativa urgente 
asegura la puntual modificación legal descrita en un plazo más breve que el requerido para 
la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el 
de urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
El paquete normativo que se acomete ahora constituye un conjunto sistemático de 
medidas coordinadas que hace frente a las situaciones descritas desde diferentes 
perspectivas, compartiendo un objetivo común. Se hace necesario, pues, intervenir en la 
actual coyuntura de modo inmediato y desde distintos ámbitos materiales, por lo que se 
adopta este bloque de decisiones que mejoran la situación de partida desde la perspectiva 
de la cadena alimentaria, en el tratamiento fiscal de determinadas ayudas o las condiciones  es
laborales de los empleados en el sector. o
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conjunto de la economía serían incalculables. Del mismo modo, la seguridad jurídica exige
una pronta solución a estas circunstancias, dado que han de adicionarse medidas al 
ordenamiento sin demora, tanto por motivos coyunturales como estructurales. En cuanto a 
estos últimos, llevar a cabo los cambios señalados es esencial para que existan reglas claras 
donde los operadores no sólo puedan actuar en la legítima confianza de que concurren los 
requisitos de validez de su marco regulador, sino la aspiración a la plena adecuación de dicha 
regulación a las concretas necesidades de su estructura. Como se ha indicado, concurren en 
este sector una serie de motivos que le hacen singular, a los que ya se ha hecho mención en 
párrafos anteriores y que pueden resumirse, en apretada síntesis, en la atomización, el 
desequilibrio estructural existente y el carácter perecedero de los bienes, conjunto de causas 
que fuerzan una intervención adicional en el sector por parte de los poderes públicos. Estas 
mismas causas justificaron en su momento la aprobación de la legislación de 2013, pero en 
este momento no es dable el retraso en la acometida de medidas adicionales de protección 
de los intereses generales, puesto que el presente real decreto-ley requiere de la inmediata 
aplicación de sus importantes novedades, dado el marco de incremento sostenido de las 
afecciones ambientales y climatológicas a los integrantes de la cadena, de incorporación de 
tensiones comerciales tanto en el circuito interno como en el internacional –por citar las más 
destacadas, el abandono de Reino Unido de la Unión Europea, los cambios en las tendencias 
de consumo que se aceleran en los últimos años o el creciente incremento arancelario en el 
marco de una reducción sostenida del crecimiento medio global-, así como factores de índole 
productivo, como el elevado precio de insumos y auge de los costes estructurales que se han 
venido a sumar a factores de creciente importancia tales como la estructura territorial del país 
o los desequilibrios en la oferta y la demanda provocados por cambios exógenos y de 
condiciones productivas, cuyo auge se ha visto potenciado en los últimos meses. Desde el 
lado coyuntural, asimismo, concurren elementos de magnitud clave tales como la imperiosa 
necesidad de articular sin dilaciones un instrumento normativo que dote de plena eficacia a 
las medidas que se han juzgado no demorables, en un mercado específicamente afectado 
por patrones de desnivelación crecientes fruto de la concentración y de la agudización de los 
comportamientos descritos, especialmente en el marco de un mercado interior europeo de 
capital importancia para el sector español.
En paralelo, y por idéntica motivación, es necesario acomodar la parte de los costes 
tributarios para lograr idénticos fines y sin que tampoco sea factible demorar su aprobación, 
incluyendo la imprescindible necesidad de modificar una consecuencia jurídica no deseada 
en el sistema de tributación referido para los jóvenes agricultores, en que no sólo concurren 
causas justificadas de justicia material, sino la necesidad impostergable de que se acometa 
este cambio de inmediato, con el fin de que para cuando el inminente Plan Estratégico de 
la PAC esté aprobado, tal circunstancia haya sido convenientemente corregida y se 
permita la adecuada articulación de sus prioridades con el marco regulatorio interno. La 
actividad por urgencia de los Poderes públicos en este punto es imprescindible por cuanto 
se prevén efectos retroactivos de la medida, que si bien son favorables para el interesado, 
han de publicarse de forma inmediata de modo que puedan aplicarse al completo ejercicio 
presupuestario sin que se produzca una retroactividad en exceso acusada que afecte al 
conocimiento de los interesados sobre los efectos de la medida. El retraso que conllevaría 
su tramitación legislativa ordinaria o por urgencia impediría su aplicación efectiva a este 
ejercicio fiscal, lo que causaría la práctica inhabilidad de la medida para cumplir con los 
fines de fomento del relevo generacional que tiene encomendada y que pueden llegar 
incluso a impedir su correcto funcionamiento como política pública, de modo que no puede 
lograrse su finalidad si no es por este medio.
Del mismo modo, la extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas procede de  es
la concurrencia de una pléyade de causas de fuerza mayor, derivadas de circunstancias  o
aaoslailmbtt uenlibagreaicaceciennoiós tnaainedl  esaass dedd  coecdupr edeet aecnmrsice apimnanrtoleoe dtd medeicde eclao niosóstbe n eer  adelxe ecxemet nlropee slcnma ittosoar nasszba ,oc alnceojraasnis sdsyi tosai tr uufeaertsggicv teucoaodnsdmit zaedasosed.    celaSaonse na   msectrentaaicv tteuaiedel r adincadeoc . idm uaDen edi acreech mm ialoapse  d ildnceiiistodremc arpu niqnanauurscaectia oi óesnnnivcgai itudlaa eesyr      OE-A-2020-2669able en https://www.
múltiples precedentes, como los Reales Decretos-Leyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010,
de 19 de marzo; 1/2013, de 25 de enero; 1/2015, de 27 de febrero; y 28/2018, de 28 de 
diciembre, que reconocían la reducción del número mínimo de jornadas realizadas para 
acceder a las prestaciones señaladas, que se complementa con otras igualmente 
perentorias en materia laboral. Por lo tanto, esta medida se ha venido realizando de 
manera frecuente en el tiempo sin que haya habido cuestionamiento constitucional alguno 
sobre la posibilidad de regularlo por medio de este instrumento.
Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que además de los factores tanto estructurales 
como coyunturales que confluyen en este subsector de actividad y que ya se han expuesto, 
concurre como elemento esencial de agravamiento de esta situación la concatenación de 
fenómenos climatológicos especialmente virulentos que han tenidos los ampliamente 
conocidos efectos adversos sobre la actividad del sector agrario. La sucesión de 
acaecimientos como las encadenadas depresiones aisladas en niveles altos (DANAs) o las 
alteraciones en los patrones de temperaturas y precipitaciones habituales han generado 
evidentes perjuicios en las explotaciones agrarias. Estos perjuicios, que por sí mismos 
suponen un elemento adicional que considerar para la necesidad de atender de urgencia 
estas medidas, tienen un efecto específico en el ámbito de esta concreta medida, pues la 
renta y el subsidio agrarios sólo se verifican en las dos comunidades autónomas referidas. 
Los perjuicios en la actividad han tenido como consecuencia inmediata el descenso drástico 
de la contratación de personal eventual en tales explotaciones, de modo que el número de 
jornadas cotizadas, exigido como requisito para el acceso a tales mecanismos protectores, ha 
decaído también, lo que conlleva la imposibilidad de buena parte de los perceptores de 
cumplir con un requisito habilitante esencial. Esta circunstancia, sumada al evidente impacto 
que los aranceles internacionales y los problemas ambientales que han afectado a la cosecha 
de las actividades oleícolas –predominantes precisamente en el territorio de ambas regiones–, 
justifica sobradamente la necesidad imperiosa e inaplazable de reducir el número de jornadas 
exigidas para acceder a ambas figuras, en línea con lo que en ocasiones similares se ha 
venido acordando en el pasado a través también de la figura del real decreto-ley.
Las características del mercado laboral en el ámbito del trabajo agrario, además, 
donde priman la temporalidad y, por tanto, la precariedad, hacen necesario adoptar 
medidas urgentes mediante una acción normativa inmediata, lo que justifica la recuperación 
de esta medida a través de un real decreto-ley, de modo que se promocione la contratación 
estable en el sector, reduciendo un volumen de precariedad que ha alcanzado niveles 
insostenibles desde la perspectiva social, de modo inmediato.
Del mismo modo, en la modificación de del artículo 19.1.a) de la Ley 23/2015, de 21 
de julio, concurre el presupuesto material del artículo 86.1 de la Constitución Española, 
teniendo en cuenta la necesidad urgente de garantizar las condiciones de salud y 
seguridad de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 14.2 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el ejercicio de las 
potestades de control que de acuerdo con los artículos 1.1 y 1.2 del Estatuto de los 
Trabajadores corresponde al empresario sobre locales, viviendas y alojamientos en la 
medida en que éstos son proporcionados por aquel. La no previsión de acceso por parte 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la consiguiente falta de vigilancia de 
dichos lugares deja fuera una parte inescindible del deber de seguridad y cuidado del 
empresario en el que persisten riesgos (acoso, salubridad, derecho al descanso, etc.) 
vinculados con el trabajo que pueden poner en riesgo grave e inminente la salud y 
seguridad del trabajador y su integridad física. Asimismo, esta modificación que hace 
coincidir el ámbito funcional de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
artículo 12 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, con su ámbito material, artículo 19 de la  es
citada ley, no sólo es conforme con los convenios internacionales de la Organización  o
Idpaenteqecteru )ml.reo nDlisltaoe iccTs hgir ocaaanob rmaalaeln jocadtdtideizvifoaloi crTrse arl asacq  ibuósyaean je l,oup lq  dr(CueO yeso Ie lnTeanv)s t,se a cesnnogiin onuug fnro1uiadr9lma a0mrde mas  dcoeyeoobn nrrtloe  elras  ieel satslr   fagCavbociooa unyljela vtvandeudconleinriaoese   syry1a   e5aebn5tlir l  iisasdbicoatuuobdcasri oe(comn i,oS eusnesjieen gqsroueu  yrseqi d,r u deameesd i p gaayercd acSuetneoamtr leuddásdoes,      OE-A-2020-2669able en https://www.
con la Ley 23/2015, de 21 de julio, corresponde a dicho organismo, requiere su adopción
urgente para evitar situaciones que comprometan el derecho de los trabajadores al disfrute 
de condiciones adecuadas de salud y seguridad y a su integridad física.
Por lo demás, ha de tenerse en cuenta que este real decreto-ley se constriñe a las 
medidas más perentorias con el fin de dar una respuesta adecuada y suficiente dentro de 
los márgenes de la necesaria inmediatez que acompañan a tal figura, pero que se ha de 
enmarcar necesariamente tanto en el conjunto de medidas que el Gobierno de la Nación 
ya está llevando a cabo en este ámbito como en un futuro paquete normativo en que se dé 
una más amplia respuesta a las necesidades detectadas, especialmente en el marco de la 
reciente aprobación de la normativa europea en esa materia.
Por todo ello, por su finalidad y por el marco de exigencia temporal en el que se dicta, 
concurren en este real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
requeridas por el artículo 86 de la Constitución Española.
IV.  Principios de buena regulación
Por todo lo anterior, el presente real decreto-ley se configura de acuerdo con los 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica recogidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta modificación es necesaria y eficaz 
por cuanto es preciso introducir en este momento los cambios más acuciantes para 
subvenir a estas necesidades y no existe otro mecanismo más que el de una norma con 
rango de ley. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-
ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de 
audiencia e información públicas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque 
esta modificación es compatible con el contenido de la directiva que en el futuro haya de 
ser transpuesta en materia de cadena alimentaria y, siendo de mínimos, introduce sólo en 
los elementos necesarios el contenido adicional que se estima procedente para la 
salvaguarda del interés público, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jurídica 
al asegurar un correcto encaje del conjunto de medidas. Finalmente, el principio de 
eficiencia se considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas 
que no sean imprescindibles frente a la regulación actual.
V.  Habilitación competencial
En cuanto a los títulos competenciales que lo amparan, el artículo primero se dicta al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye 
al Estado competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica. Se exceptúa de lo anterior los modificandos uno a tres, relativos al 
título II, y la disposición transitoria única de este real decreto-ley, que se amparan en las 
reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre 
legislación mercantil y legislación civil.
El artículo segundo se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 14.ª del artículo 149.1 
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda 
General.
El artículo tercero se dicta al amparo de la habilitación contenida en la regla 17.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución 
de sus servicios por las comunidades autónomas. s
El artículo cuarto se dicta al amparo de la habilitación contenida en la regla 7.ª del  oe.
artículo 149.1 de la Constitución Española, por la que se atribuye al Estado la competencia  w.
exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio sin perjuicio de su ejecución por  69ww
los óErlg aarntíocsu ldoe q luaisn tcoo smeu dniicdtaad ceosn ajuuntótanmomenatse. al amparo de las reglas 7.ª y 17.ª del artículo
1ex4c9l.u1s idvea  lean  Cmoantsetriitau cdióen l eEgsisplaacñioólna ,l apboorr alal,s s qinu ep esreju iactiori bsuiny epne rajul iEcisot addeo s lua  ecjoemcupceiótenn pcoiar   BOE-A-cable e
los órganos de las comunidades autónomas, y la competencia sobre legislación básica y
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios 
por las comunidades autónomas.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 
la Ministra de Hacienda y de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de febrero de 2020,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, queda modificada como sigue:
Uno.  La letra c) del apartado 1 del artículo 9 queda redactada como sigue y se añade 
una nueva letra j):
«c)  Precio del contrato alimentario, con expresa indicación de todos los pagos, 
incluidos los descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija o variable. 
En este último caso, se determinará en función únicamente de factores objetivos, 
verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato. En ningún 
caso se utilizarán factores que hagan referencia a precios participados por otros 
operadores o por el propio operador. Los factores que emplear podrán ser, entre 
otros, la evolución de la situación del mercado, el volumen entregado y la calidad o 
composición del producto. En todo caso, uno de los factores deberá ser el coste 
efectivo de producción del producto objeto del contrato, calculado teniendo en 
cuenta los costes de producción del operador efectivamente incurridos, asumidos o 
similares. En el caso de las explotaciones agrarias se tendrán en cuenta factores 
tales como las semillas y plantas de vivero, fertilizantes, pesticidas, combustibles y 
energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para los animales, 
gastos veterinarios, trabajos contratados o mano de obra asalariada. Se entenderá 
por factores objetivos aquéllos que sean imparciales, fijados con independencia de 
las partes y que tengan como referencia datos de consulta pública. En el caso de las 
explotaciones agrarias, éstos serán tales como los datos relativos a los costes 
efectivos de las explotaciones publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.».
«j)  Indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario 
agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de éstos y su primer 
comprador cubre el coste efectivo de producción.».
Dos.  Se añade un nuevo artículo 12 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 12 bis.  Actividades promocionales.
En el ámbito de aplicación de esta ley:
1.  El lanzamiento y desarrollo de promociones deberá realizarse basándose 
en los principios de:
a)  acuerdo y libertad de pactos; oe.
b)  interés mutuo; y w.
c)  flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de los distintos  69ww
operadores.
e int2e.g riLdoasd .p Daiccthooss s poabcreto psr,o qmuoec dioenbeesr ácno mcoenrtcaiar lceosn s eel  raecsupeertdaorá enx epnlí csituo  ndaet uarmalebzaas 
partes, recogerán los aspectos que definen la promoción: los plazos (fechas de
inicio y finalización), los precios de cesión, los volúmenes, y aquellas otras 
cuestiones que sean de interés, así como también los aspectos de la promoción 
relativos al procedimiento, el tipo, el desarrollo, la cobertura geográfica y la 
evaluación del resultado de ésta.
3.  No se realizarán actividades promocionales que induzcan a error sobre el 
precio e imagen de los productos o que perjudiquen la percepción en la cadena 
sobre la calidad o el valor de los productos.».
Tres.  Se añade un nuevo artículo 12 ter con el siguiente contenido:
«Artículo 12 ter.  Destrucción de valor en la cadena.
Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada 
operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio 
igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que efectivamente 
haya incurrido o asumido dicho operador. La acreditación se realizará conforme a 
los medios de prueba admitidos en Derecho.
El operador que realice la venta final del producto al consumidor en ningún caso 
podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial 
derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.».
Cuatro.  El artículo 23 queda modificado como sigue:
1.  El artículo 23.1 a) queda sin contenido.
2.  Los párrafos b) y e) del artículo 23.1 quedan redactados como sigue:
«b)  No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos 
alimentarios, sin perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.».
«e)  Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén 
expresamente pactadas por las partes, sin perjuicio de las conductas que se 
incardinen en el apartado 2.».
3.  Se añade un párrafo al artículo 23.2 con el siguiente contenido:
«Del mismo modo, será infracción grave no formalizar por escrito los contratos 
alimentarios a que se refiere esta ley; no incorporar en el contrato alimentario el 
precio recogido en el artículo 9.1 c); realizar modificaciones del precio incluido en el 
contrato que no estén expresamente pactadas por las partes; la destrucción de valor 
en la cadena alimentaria conforme al artículo 12 ter y realizar actividades 
promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos 
conforme al artículo 12 bis.».
Cinco.  El artículo 24.2 queda sin contenido.
Seis.  Se añade un nuevo artículo 24 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 24 bis.  Publicidad de las resoluciones sancionadoras en materia de 
contratación alimentaria.
1.  La Administración pública competente para la imposición de la sanciones 
publicará de forma periódica las resoluciones sancionadoras impuestas por 
infracciones graves y muy graves en materia de contratación alimentaria que hayan  s
adquirido firmeza en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso  oe.
contencioso-administrativo, en vía judicial. En el caso de las sanciones que imponga  w.
la Administración General del Estado, esta publicidad se dará por medio de la  69ww
pági2n.a  wLeab p duebll iMciidnaisdt earcioti vdae  yA gerli cauclctuersao,  Pae lsac ian fyo Armlimaceiónnta cpiúóbnl.ica regulados por el
tinítfuolrom Ia cdióen l ap úLbelicya 1 y9 b/2u0e1n3 g, odbeie r9n od, ea sdí iccoiemmob lraes,  odbeli gtaracniosnpeasr ednec piau,b laiccidcaeds oa cati vlaa   BOE-A-cable e
establecidas por la legislación autonómica, se someterán, cuando la información
contenga datos personales, a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la referida ley, 
así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.».
Siete.  Se añade un nuevo párrafo a la disposición adicional quinta con el siguiente 
contenido:
«En todo caso, serán de aplicación a tal sector las exigencias previstas en el 
artículo 9.1 c) y j) y en el artículo 12 ter de esta ley.».
Artículo segundo.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se modifica como sigue:
Uno.  La letra b) del apartado 1 del artículo 14 queda redactada de la siguiente forma:
«b)  Los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo 
dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio 
de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse.
No obstante, las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes 
agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España podrán 
imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en 
los tres siguientes.»
Dos.  Se modifica la letra c) y se añade una letra l) en el apartado 2 del artículo 14, 
que quedan redactadas de la siguiente forma:
«c)  Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al 
período impositivo en que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones 
previstas en las letras g), i), j) y l) de este apartado.»
«l)  Las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores 
previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España que se destinen a la 
adquisición de una participación en el capital de empresas agrícolas societarias 
podrán imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan 
y en los tres siguientes.».
Artículo tercero.  Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para 
acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores 
eventuales agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura.
1.  Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social y, en dicha fecha, residan 
en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, podrán ser 
beneficiarios del subsidio por desempleo que regula el Real Decreto 5/1997, de 10 de 
enero, o de la renta agraria, regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, aun  e.
cuando no tengan cubierto en el citado Sistema de la Seguridad Social el número mínimo  w.b
de jornadas reales cotizadas establecido en el artículo 2.1.c) o en el artículo 2.1.d) de los  69ww
cEistapdeocsia rle aulne sm díencimreoto sd,e r e2s0p ejocrtinvaadmaesn tree,a sleiesm cporeti zqaudea tse negna nlo csu dbioecrteo  mene sdeicsh on aStiusrteamleas 
ienxmigeiddoiast aemn eenl tea ratínctuelori o2r8e8s  ad elal  tseitxutoa crieófnu nddei ddoe sdeem lpal eLoe,y y G reeúnnearanl  edl er elast oS edgeu lorisd aredq Suoiscitioasl, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en los citados reales 
decretos.
2.  Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará 
acreditado un número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo establecido en:
a)  El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.
b)  Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
3.  En las solicitudes que se presenten a partir de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley en el ámbito territorial indicado en el apartado 1 de este artículo, se estará a lo 
siguiente:
a)  Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de 
enero, se deberá completar un número mínimo de 20 jornadas reales, cotizadas, en la 
forma prevista en dicha disposición.
b)  Para aplicar la disposición transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de 
enero, cuando se acredite un número igual o superior a 20 jornadas cotizadas, se 
considerará acreditado un número de 35 jornadas cotizadas.
Artículo cuarto.  Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en 
contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos.
1.  Las empresas que ocupen a trabajadores encuadrados en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad 
Social que transformen, antes del 1 de enero de 2021, los contratos de trabajo de duración 
temporal suscritos con esos trabajadores, cualquiera que sea la fecha de su celebración, en 
contratos de duración indefinida, incluidos los contratos fijos-discontinuos, tendrán derecho 
a las siguientes bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes a la 
Seguridad Social, durante los dos años siguientes a la transformación del contrato:
a)  Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, 
con cotización por bases mensuales, y que tengan una base de cotización mensual inferior 
a 1.800 euros, la bonificación será de 40 euros/mes (480 euros/año). En el caso de 
trabajadoras, dichas bonificaciones serán de 53,33 euros/mes (640 euros/año).
b)  Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, 
que coticen por jornadas reales trabajadas y cuya base de cotización diaria sea inferior a 
81 euros, la bonificación será de 2 euros/día. En el caso de trabajadoras, las bonificaciones 
serán de 2,66 euros/día.
c)  Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en alguno de los grupos de 
cotización entre el 2 y el 11, que tengan una base de cotización mensual inferior a 1.800 
euros o una base diaria inferior a 81,82 euros, la bonificación se corresponderá con la 
cuantía necesaria para que la cuota resultante por contingencias comunes no supere 94,63 
euros/mes, o 4,30 euros por jornada real trabajada. En el caso de trabajadoras, la 
bonificación se corresponderá con la cuantía necesaria para que la cuota resultante por 
contingencias comunes no supere 63,09 euros/mes, o 2,87 euros por jornada real trabajada.
2.  Las bonificaciones previstas en el apartado 1 no serán de aplicación durante las 
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural, así como de nacimiento y cuidado del menor causadas durante la 
situación de actividad a que se refiere el artículo 5.7 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28  e
de diciembre, en la redacción dada por el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de  bo
marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral  69ww
etErnan b lca3aa .jjsa oodrP nodarae drc aiaon  ncldauter maa tptrpaallidicbmoaa icjeaoinól. tnmo  dedene o eesss ttteare  iosnb caleiñgnoatsciv ióodn el ass deee md leapb rfeeesrcáah  padr eodbceee rdtárea rmn asalf onrerteminnateecrgi óreonn  d deeel ll e incmcopenlntertaoivt ooa..l   OE-A-2020-26able en https://
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo anterior 
cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario 
cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones 
causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez de los trabajadores.
4.  En lo no establecido en esta disposición serán de aplicación las previsiones 
contenidas en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en su artículo 2.7.
Artículo quinto.  Modificación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema 
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La letra a) del apartado 1 del artículo 19 de la Ley 23/2015 de 21 de julio, Ordenadora 
del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quedará redactada de la 
siguiente manera:
«a)  Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares de trabajo 
en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando estén directamente regidos o 
gestionados por las Administraciones Públicas o por entidades de Derecho público 
con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualesquiera de 
ellas, con sujeción, en este último caso, a lo previsto en la normativa que regula 
dicha actuación en las Administraciones Públicas. La actuación de la Inspección de 
Trabajo se podrá ejercer también en locales, viviendas, u otros lugares habilitados, 
aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que 
se ejecute la prestación laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer 
los trabajadores por razón de su trabajo durante los períodos de descanso, y hayan 
sido puestos a disposición de los mismos por el empresario, en cumplimiento de una 
obligación prevista en una norma legal, convenio colectivo o contrato de trabajo.»
Disposición adicional única.   Informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Al año de su entrada en vigor, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
presentará un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en 
el que se analizarán los resultados de la aplicación de las medidas recogidas en este real 
decreto-ley. En particular, este informe detallará el impacto de dichas medidas sobre el 
sector agroalimentario español y sobre los consumidores atendiendo a la evolución que se 
haya producido del sistema de fijación de precios y de los precios finales de los productos 
agroalimentarios.
Disposición transitoria única.  Contratos preexistentes.
Los contratos alimentarios en vigor, incluidas sus prórrogas y novaciones, en el 
momento de entrada en vigor de este real decreto-ley mantendrán su validez, si bien 
tendrán que adaptarse en aquello en que no se ajusten a lo dispuesto en esta norma en el 
plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
El artículo primero se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación de  e.e
la planificación general de la actividad económica. Se exceptúa de lo anterior los  b
modificandos uno a tres, relativos al título II, y la disposición transitoria única de este real  69ww
dEesctaredtoo -lale cy,o mqupee tseen caiam epxacraluns ievan  slaosb rree glelagsis l6a.cªi óyn 8 m.ªe drceal natrilt íyc ulelog i1sl4a9c.i1ó,n  qcuivei l.atribuyen al
de laE lC aortnícsutitlou csieógnu, nqduoe  saetr idbiucytae  aal la Emsptaadroo  dceo mlop deitsepnuceias teox ecnlu lsai vrae gelan  1m4aªt deerila a drteíc Hulaoc 1ie4n9d.1a 
General.
El artículo tercero se dicta al amparo de la habilitación contenida en la regla 17.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución 
de sus servicios por las comunidades autónomas.
El artículo cuarto se dicta al amparo de la habilitación contenida en la regla 7.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, por la que se atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio sin perjuicio de su ejecución por 
los órganos de las comunidades autónomas.
El artículo quinto se dicta conjuntamente al amparo de las reglas 7.ª y 17.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, por las que se atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio sin perjuicio de su 
ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, y la competencia sobre 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución 
de sus servicios por las comunidades autónomas.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor y efectos.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
El artículo segundo surtirá efectos desde el 1 de enero de 2020.
Lo dispuesto en el artículo tercero será de aplicación a las solicitudes presentadas a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre 
de 2020, inclusive.
Dado en Madrid, el 25 de febrero de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN