BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 103011
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
14639 Sala Segunda. Sentencia 142/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo 3406-2018. Promovido por don Luis Escamilla Garrido en relación 
con las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de lo 
penal de Málaga que le condenaron por un delito de injurias. Vulneración del 
derecho  a  la  defensa  en  relación  con  la  libertad  de  expresión:  ejercicio 
desproporcionado del poder punitivo respecto de las expresiones utilizadas 
por un abogado en ejercicio de la defensa de su cliente.
ECLI:ES:TC:2020:142
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, Presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3406-2018, promovido por don Luis Escamilla Garrido, 
representado por la procuradora de los tribunales doña Olga Romojaro Casado y asistido 
por el abogado don Francisco José Álvarez Benítez, contra la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Málaga (Sección Primera), de 11 de abril de 2018, que desestimó el 
recurso de apelación interpuesto por el aquí demandante de amparo contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 9 de Málaga el 29 de enero de 2018. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el magistrado don Ricardo Enríquez 
Sancho.
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado el 11 de enero de 2019 en el registro general del Tribunal 
Constitucional, se interpuso por la procuradora de los tribunales doña Olga Romojaro 
Casado, en nombre y representación de don Luis Escamilla Garrido, asistido por el 
letrado don Francisco José Álvarez Benítez, recurso de amparo contra la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Málaga (Sección Primera), de 11 de abril de 2018 que desestimó 
el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  aquí  demandante  de  amparo  contra  la 
sentencia de Juzgado de lo Penal núm. 9 de Málaga de 29 de enero de 2018.
2.  Los hechos relevantes para el examen de la pretensión de amparo son los 
siguientes:
a)  En las diligencias previas núm. 6284-2013 abiertas por el Juzgado de Instrucción  e.
núm. 10 de Málaga, se dictó por la magistrada-juez un auto el 27 de enero de 2014 por  w.
el  que  acordó  la  continuación  de  tales  diligencias  por  el  cauce  del  procedimiento  639ww
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lo actuado se desprendía que los hechos investigados podían ser constitutivos de un 
delito de denuncia falsa imputado a don J.A.R.D., quien era defendido en dicha causa 
por el abogado aquí recurrente en amparo.
Contra ese auto, el recurrente interpuso recurso de reforma en nombre de su cliente. 
En el escrito se vertieron entre otras las siguientes afirmaciones literales:
«Tras la exposición realizada en los párrafos precedentes, enumerando la actividad 
realizada  por  la  juez  instructora  debemos  concluir  inevitablemente  que  la  actividad 
instructora realizada por su Ilma. Señoría [cita a continuación su nombre completo], ha 
sido ínfima y/o en aras del descubrimiento de la realidad de lo acontecido en su día y por 
lo que, injustamente, fue condenado J.A.
[…] por parte de la juez instructora lo que en realidad está es prejuzgando la 
culpabilidad de mi mandante […].
Desconozco cual pudiere ser la motivación que provoca en la juez instructora el 
dictado de la resolución de fecha 27 de enero, en virtud de la cual acuerda dar por 
finalizado  el  periodo  de  instrucción  o  investigación  de  los  hechos  puestos  en  su 
conocimiento, pero no se puede dudar que es cuando menos precipitada en tanto que, 
en nuestro escrito de la misma fecha (27 de enero), poníamos en su conocimiento la 
existencia de una circunstancia relevante cual es la aparición en una página web de 
venta de segunda mano de distintas partes de la motocicleta que le sustrajeron en su día 
y que fue objeto de la persecución policial.»
b)  El fiscal interviniente en el procedimiento, dando curso al traslado conferido, 
presentó informe el 7 de marzo de 2014 impugnando el recurso de reforma. En su escrito 
se incluyeron los siguientes pasajes literales:
«1.  Están  absolutamente  fuera  de  lugar  y  son  impropios  de  un  letrado  los 
calificativos que se vierten de forma tan injustificada sobre la actividad instructora, de la 
que se podrá discrepar pero no desde luego en ese tono, que es la adecuada, puesto 
que no se está ante un recurso de revisión contra la sentencia condenatoria de 29 de 
marzo de 2013, que no sería tan "injusta" cuando ha devenido firme, sino ante un 
procedimiento seguido por la comisión de un delito de simulación de delito, al haber 
afirmado ser víctima de un delito de hurto, con la finalidad de eludir su responsabilidad 
penal por otros hechos.
[…]
3.  En cuanto al oficio al grupo policial parece evidente su improcedencia, por más 
que se utilice un tono patético fuera de lugar en un procedimiento penal ya que el hecho 
de que el imputado diga que aparecen piezas de su moto en una página web es 
irrelevante desde el momento en que se le imputa que denunció falsamente que se le 
sustrajo  el  ciclomotor,  por  lo  que  lo  que  haya  pasado  con  las  piezas  él  lo  sabe 
perfectamente puesto que dispuso del ciclomotor y por tanto de sus piezas.»
c)  El juzgado dictó auto el 11 de marzo de 2014 por el que desestimó el recurso de 
reforma promovido contra el anterior auto y contra una providencia de 4 de febrero 
de  2014  que  denegó  la  práctica  de  más  diligencias.  Conforme  señaló  en  su 
razonamiento jurídico único, ambas resoluciones se consideraron:
«[…] plenamente ajustadas a derecho, y ello por sus propios fundamentos, que se 
dan aquí por reproducidos, así como por los consignados por el Ministerio Fiscal en su 
informe  de  fecha  7  de  marzo  de  2014,  cuyo  contenido  también  se  da  aquí  por  e.e
reproducido,  argumentaciones  todas  ellas  que  no  resultan  desvirtuadas  por  las  b
alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso de reforma.» 639ww
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se siguieron actuaciones ante el Juzgado de lo Penal núm. 9 de Málaga, procedente del
Juzgado de Instrucción núm. 8 de Málaga (procedimiento abreviado 26-2015, antes 
diligencias previas 4212-2014), donde el Ministerio Fiscal ejerció la acusación contra don 
Luis Escamilla Garrido como autor de un delito de injurias de los arts. 208 y 209 del 
Código penal (CP).
e)  Con fecha 29 de enero de 2018, el Juzgado de lo Penal núm. 9 de Málaga dictó 
en el procedimiento abreviado núm. 297-2017, la sentencia núm. 31/2018 en la que 
condenó a don Luis Escamilla Garrido como autor responsable de un delito de injurias, 
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Conforme a ello, el fallo de la sentencia impuso al condenado la pena de multa de 
cinco meses con cuota diaria de cinco euros, con la responsabilidad personal subsidiaria 
en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias 
insatisfechas. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, le condenó a reparar el 
daño producido mediante la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a su 
costa, en los términos que se fijasen en la fase de ejecución.
El juzgado estimó probado, en esencia, que el demandante, en el ejercicio de su 
profesión como abogado dentro del ya mencionado procedimiento abreviado núm. 18-2014 
seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 10 de Málaga, el 24 de marzo de 2014 presentó 
escrito recurriendo en apelación el auto de transformación de las diligencias previas en 
procedimiento abreviado, y la providencia que rechazaba la práctica de nuevas diligencias. 
A  estos  efectos  y  conforme  a  la  sentencia,  con  ánimo  de  menoscabar  la  integridad 
profesional y favorecer el descrédito en el ejercicio de la función pública del concreto 
representante del Ministerio Fiscal que actuaba en dicho procedimiento, el demandante 
incluyó en dicho escrito un apartado específicamente dirigido contra el fiscal del caso, con las 
siguientes expresiones:
«[…] "Ningún tiempo y esfuerzo debería dedicarle a responder a los insidiosos y 
malintencionados  comentarios  realizados  por  el  ínclito  funcionario  del  Ministerio  de 
Justicia […] sencillamente no se ha leído el escrito de recurso […] teniendo a la vista los 
presentes autos y posiblemente, entre la lectura del periódico y de alguna revista de 
contenido  inconfesable  se  ha  despistado  vertiendo  en  su  incalificable  escrito  las 
consideraciones que en él se contienen […]."
"Recordarle al señor fiscal que las consideraciones efectuadas por el que suscribe no 
es una apreciación subjetiva […] sino de fácil comprobación […] como también lo habría 
sido para el fiscal de haberse tomado un poco de interés, aunque por ello sufriera alguna 
molestia."
"Con respecto a la simpleza de la consideración efectuada por el señor fiscal en 
sentido que la sentencia condenatoria no sería tan injusta cuando ha devenido firme […] 
recordar que tras la masacre de seis millones de judíos por el Gobierno alemán al frente 
de Adolfo Hitler […] podría reflexionar que, tan injusto habría sido, porque algo habrían 
hecho […]."
"Discrepamos abiertamente de la conclusión adelantada por el señor fiscal […] del 
que desconocemos si posee el don de la videncia, clarividencia o adivinación […]."
"Al letrado que suscribe le parece excesivo tener que recordarle al presentante del 
Ministerio Fiscal que en un Estado democrático de derecho […] no hay cabida para los 
llamados procesos inquisitoriales propios de épocas pasadas […] así como el art. 1 del 
estatuto que regula su función […]."
"La conclusión de la que alardea el Ministerio Fiscal resulta en todo caso procedente 
por  su  simpleza  […]  ya  que  ni  siquiera  se  permite  dudar  de  la  actuación  de  los 
funcionarios adscritos al Ministerio del Interior, descartando totalmente la presunción de  e.
inocencia de mi mandante, lo que resulta sencillamente excesivo y contrario a los  w.b
principios que rigen el Derecho penal (en) nuestro país […]."» 639ww
La sentencia del juzgado (FJ 2) indica que, aceptado por el acusado que presentó su
elas ccroitnos iidmepruagcinóant ivdoe  eens tlaoss  etéxrpmreinsoiosn qeuse c pormeoce indjeunri,o esla dse ob,a pteo rd eell  jcuoicnitor aorrioa,l  gcoirmó oe ne tjeorrcnioc iao 
de la libertad de expresión inherente al derecho de defensa en estrados de un tercero.
Para el acusado, por «descorteses» y/o «desafortunados» que pudieran considerarse los 
términos utilizados, ni se excedería el ámbito de la libertad de expresión, ni el agravio 
alcanzaría la intensidad necesaria como para merecer un reproche penal, siendo a lo 
sumo encajable en el marco de la responsabilidad disciplinaria; a ello añadía referencias 
al expediente disciplinario que se habría abierto y archivado por el Colegio de Abogados, 
al entender que no existía infracción deontológica alguna por enmarcarse el lenguaje 
utilizado por el acusado en la crítica aceptable, como ejercicio de su función de abogado.
La  resolución  del  juzgado  (FJ  3)  estima,  sin  embargo,  que  en  las  expresiones 
proferidas concurren cuantos elementos autorizan una respuesta penal. Así, más allá de 
la crítica que pudiera pretender el acusado respecto de las resoluciones judiciales objeto 
de aquel recurso, lo cierto es que su escrito contenía un «preliminar» rubricado «Sobre el 
contenido  del  escrito  de  impugnación  redactado  por  el  representante  del  Ministerio 
Fiscal, don J. Alberto Quesada Dorador». Se trataría de un dato «más que significativo y 
no simple casualidad», pues el auto que desestimaba el previo recurso de reforma, si 
bien daba por reproducidos los argumentos del Ministerio Fiscal en su informe de 7 de 
marzo de 2014 y tenía por no desvirtuada la decisión judicial por las alegaciones vertidas 
en la petición de reforma, en ningún momento aludía a los términos en los que el 
ministerio público pudiera haberse expresado. De ello extrae el juzgado la conclusión de 
que el acusado, en su escrito de apelación y mediante ese «preliminar», pretendía 
responder al fiscal, y no simplemente apelar un auto perjudicial para sus intereses de 
parte. La sentencia sostiene, así, que resulta incierto que aquellas primeras líneas 
trajeran  causa  del  contenido  de  la  resolución  judicial  impugnada:  con  semejante 
consideración preliminar, el acusado quiso dirigirse al fiscal, identificado por su nombre y 
apellidos, con absoluta superación del objeto del recurso y sin dejar margen a la duda en 
cuanto a que se trata de una contestación individualizada, solo dirigida contra el fiscal y 
separada del resto del recurso.
Así expuesto el contexto de los hechos, la sentencia del juzgado de lo penal se 
adentra a continuación en la controversia de fondo, intentando encontrar un «justo 
equilibrio» entre la necesidad de garantizar la autoridad del poder judicial y la libertad de 
expresión en el ejercicio del derecho de defensa letrada, máxime ante una posible 
sanción  penal.  Entrando  en  ese  juicio  de  ponderación,  se  desgranan  los  distintos 
términos empleados por el acusado y estima que, si bien algunos de ellos podrían 
obedecer al derecho a la crítica amparable en la libertad de expresión, «apreciadas en 
su conjunto y en el contexto que conforma toda esa "consideración preliminar" en el que 
se vierten […] lo sobrepasaría y pueden entenderse encaminadas, no a obtener la 
revocación del auto que en resumidas cuentas es lo que pretende al interponer el 
recurso […] sino que resultan gratuitas e innecesarias para la defensa y dirigidas al 
vilipendio de la actuación fiscal».
La sentencia desciende, acto seguido, al estudio detenido de cada una de estas 
expresiones (FJ 3). Así, se refiere a los «insidiosos y malintencionados comentarios 
realizados por el ínclito funcionario del Ministerio de Justicia», indicando: «Ténganse en 
cuenta que por insidioso debe entenderse "malicioso o dañino con apariencias y por 
malintencionado,  que  tiene  mala  intención".  Y  si  así  considera  la  actuación  del 
representante  del  Ministerio  Fiscal,  no  se  entiende  lo  considere  ínclito  (ilustre, 
esclarecido, afamado), sino no es sin más por su voluntad de degradarle y no de 
expresarse libremente en su derecho de defensa». Se analiza también lo declarado por 
el acusado como explicación de cada término (a modo de ejemplo, se expone que no 
quiso referirse a «revistas pornográficas», sino «del corazón», lo que no comparte el  s
juzgado  al  haberse  empleado  el  calificativo  «inconfesable»,  esto  es,  «algo  oe.
impronunciable, vergonzoso, inmoral, o, bochornoso»). La resolución judicial ve en todo  w.
ello un cuadro peyorativo, absolutamente gratuito e innecesariamente vejatorio del honor  639ww
sinodbivreidpuaasla  dloesl  lsímujietetos  dael  lqau cer ítvicaa  adcireigpidtaob ley  cvoemrtoid ove rctoienn teú ndieco l a alinbiemrutasd  odfee nedxepnredsi ióqnu ey 
del derecho de defensa ante un disentimiento respecto de lo resuelto judicialmente; se
falta, con ello, al respeto que todo abogado debe profesar a los demás partícipes en una 
causa penal.
La consciencia sobre el alcance de sus actos se estima, por último, más evidente 
ante el hecho de que todo ello se plasme con la reflexión que proporciona la confección 
escrita  de  un  recurso  de  apelación:  estamos,  así,  ante  una  ofensa  «plenamente 
consciente, reflexiva y meditada» que excede el campo de la mera ironía para evidenciar 
«una clara intencionalidad de injuriar», deducible de las circunstancias concurrentes.
f)  Contra la anterior sentencia el condenado interpuso recurso de apelación. El 
demandante invocó los arts. 20.1 y 24 CE para poner en cuestión la aplicación de los 
arts. 208 y 209 CP frente a la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de 
defensa de terceros.
g)  La  Audiencia  Provincial  de  Málaga  (Sección  Primera),  encargada  del 
procedimiento (rollo de apelación núm. 50-2018), llegó a una conclusión desestimatoria 
del recurso. Parte la sentencia de apelación núm. 123-2018 de la doctrina de este 
tribunal (SSTC 223/1992, 180/1999, 282/2000, 52/2002 y 51/2008, y las que en ellas se 
mencionan), así como de la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
(SSTS de 25 de mayo de 2016 o la de 16 de diciembre de 2012) en la que ambos 
órganos conocieron supuestos similares a los que aquí son objeto de análisis. Entiende 
que,  en  las  concretas  circunstancias  del  caso,  el  apelante  desbordó  los  límites 
aceptables  a  la  crítica  en  el  ámbito  de  su  actividad  profesional,  incurriendo  en 
descalificaciones  injuriosas  del  comportamiento  profesional  del  fiscal,  innecesarias 
respecto del fin impugnativo pretendido, y con las que puso en duda o menospreció la 
probidad  y  ética  de  aquel  en  el  desempeño  profesional  mediante  «graves 
manifestaciones» vertidas en «claro desprecio a la persona y a la autoridad de la que 
está investido el Ministerio Fiscal».
Asume expresamente la resolución de la Audiencia Provincial los razonamientos 
expuestos por el órgano a quo y su análisis de «todas y cada una de las frases 
contenidas en el escrito de recurso», llegando a igual conclusión sobre la existencia de 
una conducta grave, injustificada y desproporcionada, atentatoria contra el honor ajeno, 
con afectación de la fama y consideración profesional del perjudicado.
3.  La demanda de amparo, mediante un único motivo, se fundamenta en la lesión 
por las resoluciones impugnadas del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1.a) CE] 
del abogado en el ámbito del ejercicio forense del derecho de defensa (art. 24.2 CE). El 
recurso  reitera  los  argumentos  de  instancia  para  expresar  que  la  actuación  del 
demandante  debe  entenderse  desplegada  en  legítimo  ejercicio  de  los  indicados 
derechos  fundamentales.  Para  él,  la  mayor  beligerancia  del  escrito  que  motiva  la 
condena ha de anudarse a un mero animus retorquendi, dadas las manifestaciones que 
el propio representante del Ministerio Fiscal había vertido previamente en su respuesta al 
recurso de reforma interpuesto por el demandante, en el que utilizó términos como 
«impropio» y «patético», en referencia a los calificativos y el tono empleados por la 
defensa del acusado en su previo recurso de reforma. Asimismo, se niega que, en las 
concretas palabras utilizadas en su escrito, haya insulto o descalificación directa hacia el 
fiscal, sino una crítica, más o menos acertada, a los argumentos previamente defendidos 
por este. Por fin, aduce que resulta evidente el carácter reservado de las actuaciones 
judiciales, lo que supuso un menor riesgo para la reputación ajena del perjudicado, pues 
estando en fase de instrucción, las partes debían guardar secreto.
4.  Por providencia de 27 de enero de 2020 de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de  e
este tribunal, se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, apreciando una  bo
especial trascendencia constitucional «porque el recurso puede dar ocasión al tribunal  639ww
pinaterarn aa c[lSaTraCr  1o5 5ca/2m0b0i9a,r  FsJu 2 d bo)c]»tr.i nAas, imcoismmoo , csoen soerdcueennóc diair igdier  cuonm purnoiccaecsioó nd ael  rJeufzlegxaiódno 
pdreo cloe dPieesnea la  neúmmp. la9z adre  aM qáulaiegnae, sa  hfuinb iedrea nq useid, oe np aprtlea zeon  neol  spuropceeridoirm aie ndtioe zj udicíiaos ,o rsael 
núm. 297-2017, excepto a la parte recurrente en amparo, para que pudiesen comparecer 
en el presente recurso de amparo.
5.  Una  vez  cumplimentados  los  emplazamientos  requeridos,  la  Sala  Segunda, 
mediante diligencia de ordenación de su Secretaría de Justicia de 17 de junio de 2020, 
acordó dar vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por un 
plazo  común  de  veinte  días  para  que  formularan  las  alegaciones  que  estimaran 
pertinentes,  conforme  determina  el  artículo  52.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional.
6.  La representación procesal del demandante evacuó el trámite de alegaciones 
mediante escrito registrado en este tribunal el día 18 de julio de 2020, el cual abundó en 
las lesiones denunciadas en el escrito de interposición de la demanda de amparo, 
complementando  su  argumentación  con  la  cita  de  nuevos  pronunciamientos 
jurisdiccionales entre los que destacan la STEDH de 12 de enero de 2016, asunto 
Rodríguez Ravelo contra España, así como la sentencia del mismo tribunal de 8 de 
octubre de 2019, asunto LP y Carvalho contra Portugal.
7.  El  Ministerio  Fiscal  presentó  sus  alegaciones  mediante  escrito  registrado  el 
día 20 de julio de 2020, interesando otorgar el amparo. Entiende que, con menor o 
mayor acierto, el demandante en el escrito litigioso pretendía combatir la denegación de 
pruebas que tildaba imprescindibles, y con las que buscaba conseguir el sobreseimiento 
de la causa seguida contra su cliente y la revisión de una anterior condena, al tiempo 
que expresaba su oposición a la conclusión de la instrucción que le parecía exigua e 
incompleta. Sostiene que toda la actuación procesal del actor estaba encaminada a la 
defensa de su cliente y que las frases que han merecido su condena, ubicadas en su 
contexto, no pueden ser consideradas insultos en sentido estricto, sino que tienen un 
escaso  contenido  afrentoso,  salvo  el  párrafo  primero  del  escrito.  Al  mismo  tiempo 
entiende que no cabe desconocer que con ellas se pretendía salir al paso de otras 
apreciaciones que habían tildado sus pretensiones y alegatos de inapropiados de un 
letrado, fuera de lugar o patéticas. La condena penal, en estas circunstancias, para el 
Ministerio Fiscal, no parecería proporcionada.
8.  Por providencia de 15 de octubre de 2020, se acordó señalar para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El  presente  recurso  se  interpone  contra  la  sentencia  dictada  por  la  Audiencia 
Provincial  de  Málaga  de  fecha  11  de  abril  de  2018,  que  desestimó  el  recurso  de 
apelación interpuesto por el aquí demandante de amparo contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Penal núm. 9 de Málaga el 29 de enero de 2018, que le condenó como 
autor  responsable  de  un  delito  de  injurias,  sin  la  concurrencia  de  circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal. Se le impuso una pena de multa de cinco 
meses, con cuota diaria de cinco euros, y responsabilidad personal subsidiaria en caso 
de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas. 
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, se condenó al acusado a reparar el 
daño producido mediante la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a su  e
costa, en los términos que se fijasen en ejecución de sentencia. bo
Como se ha expuesto en el apartado de antecedentes, en la demanda de amparo el  639ww
erel cáumrrebnittoe  dinevl oecjae recli cdioe refocrheon sae l ad elibl edretaredc dheo  edxep rdeesifóenn s[aa rtd. e2 0s.u1  ac)li eCnEte]  d(ealr ta. b2o4g.a2d oC Ee)n. 
Afuregruomn ednetsap, leeng asdíanste esins ,e ql uleeg íntiom soe e ejemrcpilceioó  dines uloltso  inadlgicuandoo; sq udee rleacsh forsa sfeusn dcaomnternotvaelertsid, aasl 
tratarse de una crítica a los argumentos previamente utilizados por el representante del
Ministerio Fiscal en un procedimiento en el que el actor intervenía como letrado de la 
defensa;  que  los  hechos  cursaron  sin  publicidad  y,  considerando  los  adjetivos  que 
empleó el concernido en un previo escrito, con un mero animus retorquendi.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional interesa la estimación del recurso de amparo 
por desproporción de la condena penal.
2.  Doctrina aplicable.
De los antecedentes expuestos se desprende, sin que resulte controvertido, que nos 
encontramos ante un caso en el que ha de dilucidarse si resulta operativa la libertad de 
expresión [art. 20.1 a) CE] ejercida por el abogado aquí recurrente en orden al legítimo 
derecho de defensa de su patrocinado en juicio (art. 24.2 CE) o si, por el contrario, las 
manifestaciones  vertidas  por  aquel  incurrieron  en  un  exceso  no  cubierto  por  tales 
derechos fundamentales. A fin de dar una respuesta a la cuestión planteada debemos 
precisar, en primer lugar, la jurisprudencia dictada en la materia que resulta directamente 
relevante.
a)  Doctrina constitucional:
(i)  La doctrina dictada por este tribunal se ha desplegado esencialmente en asuntos en 
los que se ventilaba una sanción disciplinaria impuesta a causa de expresiones vertidas por 
letrados en el ejercicio de su labor profesional y dirigidas bien contra alguna de las demás 
partes procesales, bien contra los funcionarios públicos que de cualquier forma debían 
intervenir en los diversos procedimientos, judiciales o administrativos, en los que cursaron 
los hechos (entre otras, SSTC 205/1994, de 11 de julio; 157/1996, de 15 de octubre; 
184/2001, de 17 de septiembre; 226/2001, de 26 de noviembre; 79/2002, de 8 de abril; 
235/2002, de 9 de diciembre; 117/2003, de 16 de junio; 65/2004, de 19 de abril; 197/2004, 
de 15 de noviembre; 22/2005, de 1 de febrero; 232/2005, de 26 de septiembre; 155/2006, 
de 22 de mayo; 338/2006, de 11 de diciembre; 145/2007, de 18 de junio, y 39/2009, de 9 de 
febrero).
Sin embargo, no han faltado pronunciamientos por condenas de naturaleza penal, en 
alguna ocasión por delitos contra el honor, como aquí acaece. Eso es lo que ocurrió, al 
menos, en las SSTC 38/1988, de 9 de marzo; 92/1995 de 19 de junio; 113/2000, de 5 de 
mayo,  y  299/2006,  de  23  de  octubre;  recordando  en  esta  última  los  derechos 
fundamentales en conflicto (fundamento jurídico 4): «de una parte, el derecho de acción 
o de defensa de los propios intereses y pretensiones de los ciudadanos que impetran la 
actuación  de  los  tribunales  de  justicia,  ya  ejerzan  su  autodefensa  o  lo  hagan  con 
asistencia letrada (art. 24 CE) y, en conexión con los mismos, las libertades de expresión 
e  información  de  quien  actúa  el  derecho  de  defensa  en  los  procesos  judiciales  o 
administrativos [art. 20.1 a) y d) CE]. De otra parte, como límites a su ejercicio hemos 
identificado el honor del resto de partes y sujetos procesales que participan en la función 
de administrar justicia, la autoridad e independencia del Poder Judicial y el adecuado 
orden y desarrollo del propio proceso».
(ii)  Juicio de ponderación: en la misma sentencia 299/2006, el tribunal se refiere a 
los factores a tener en cuenta para el juicio de ponderación que ha de hacerse caso por 
caso (fundamento jurídico 4):
«[…] la tutela judicial exige que las alegaciones formuladas en un proceso, que sean 
adecuadas o convenientes para la propia defensa, no pueden resultar «constreñidas por 
la eventualidad incondicionada de una ulterior querella por supuestos delitos atentatorios  e.e
al honor de la otra parte procesal, que actuaría así con una injustificada potencialidad  b
disuasoria o coactiva para el legítimo ejercicio del propio derecho de contradicción  639ww
d(SeTreCc h1o0 0a/ 1l9a8 t7u,t edlae  j1u2d icdiea l juyn dioe,f eFnJs a3 )d. eY  loess  pqruoep ioesl  riencteorneosceism iqeuneto  acsoisntset itau ctioodnoasl  dloesl 
fcigiuudraad adneol sa byo geal dcoa riámcpteorn ees e–ny caiaslí  qlou eh ap adrae setal cfaudnoci oenl almegieisnlatod odre ( alart .J u5s4t2ic.2ia  dree vlias teL elay 
Orgánica del Poder Judicial: LOPJ)– que "en su actuación ante los jueces y tribunales"
los abogados sean libres e independientes", gozando "de los derechos inherentes a la 
dignidad de su función", por lo que deberán ser "amparados por aquellos en su libertad 
de expresión y defensa", sin la cual este último derecho fundamental resultaría ilusorio.
Es  sabido  que,  junto  a  los  supuestos  ordinarios  de  ejercicio  de  la  libertad  de 
expresión y comunicación, como forma genérica, exteriorizada, de una previa libertad de 
opinión o de creencia, se dan supuestos de ejercicio de tal libertad en los que están 
implicados otros bienes constitucionales, o incluso otros derechos fundamentales que 
adquieren así contenido autónomo en la norma fundamental. Tal es el caso de las 
libertades de expresión e información conectadas a los procesos de formación y de 
exteriorización de un poder político democrático (art. 23 CE), el de la libertad de cátedra 
[art. 20.1 c) CE], o el que ahora nos ocupa de la defensa de sus derechos e intereses 
legítimos y la asistencia letrada (art. 24 CE).
De esta manera, la libertad de expresión e información del abogado en el ejercicio de la 
actividad de defensa es una manifestación cualificada del derecho reconocido en el art. 20 
CE, porque se encuentra vinculada con carácter inescindible a los derechos de defensa de 
la parte y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del 
propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye (art. 117 CE). Por esta razón, 
hemos reiterado que cuando la ejercen los abogados se trata de una manifestación de la 
libertad de expresión especialmente resistente, inmune a restricciones que es claro que en 
otro contexto habrían de operar dado su valor instrumental al ejercicio de otros derechos 
fundamentales, lo que justifica el empleo de una mayor beligerancia en los argumentos que 
ante los Tribunales de Justicia se expongan. Por ello su ejercicio ha de valorarse en el 
marco en que se ejerce, y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que 
justifican su privilegiado régimen, sin que carezca de límites ni ampare el desconocimiento 
del mínimo respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento, y a la 
''autoridad e imparcialidad del Poder Judicial", que el art. 10.2 del Convenio europeo de 
derechos humanos (CEDH) erige en límite explícito a la libertad de expresión (Sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 febrero 1989, asunto Barfod). Así hemos 
tenido oportunidad de señalar que excluidos el insulto y la descalificación, la libre expresión 
de un abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada por este 
tribunal  cuando  en  el  marco  de  la  misma  se  efectúan  afirmaciones  y  juicios 
instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria a los fines de impetrar de los 
órganos judiciales la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos (STC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 5).»
(iii) Importa destacar aquí, por último, que ya en la STC 113/2000 de 5 de mayo, 
FJ 5, este tribunal se pronunció a favor de la preferencia de la vía disciplinaria sobre la 
penal en esta clase de asuntos. En concreto, con cita de las SSTC 38/1988, 92/1995 
y  157/1996,  nos  manifestábamos  a  favor  de  «la  preferente  aplicación  de  la  vía 
disciplinaria configurada en los arts. 448 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial [en 
la actualidad, arts. 552 y siguientes de dicha ley orgánica] respecto de la vía penal del 
juicio de faltas para sancionar las conductas que no sean constitutivas de delito de los 
abogados en el proceso, toda vez que aquella vía disciplinaria se ha establecido al 
servicio de los derechos fundamentales garantizados en los arts. 20.1 a) y 24 CE».
(iv)  Fuera del ámbito estricto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los 
abogados es doctrina de este tribunal, en lo que interesa a este amparo, que si bien no 
cabe descartar que en un caso concreto pueda considerarse oportuno examinar el contexto 
en el que las expresiones que se dicen vulneradoras del derecho al honor han sido 
proferidas, en todo caso «también es doctrina firmemente asentada que el art. 20.1 CE no  e.
garantiza un ius retorquendi ilimitado (STC 134/1999, de 15 de julio, FJ 7, y las allí citadas)  w.b
que  consista  en  replicar  al  juicio  que  otros  hayan  formulado  sobre  nuestra  persona  639ww
irnenceucrreiesnadrioa sa»l  (iSnsTuClt o2;0 e4s/2to0 0e1s,,  dae  e1x5p drees oiocntuebsr efo, rFmJa 5l )y. patentemente injuriosas y, además,
b)  Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
(i)  La  doctrina  constitucional  de  referencia  ha  de  ser  complementada  con  los 
pronunciamientos  efectuados  en  este  ámbito  por  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos (art. 10.2 CE), en concreto en el ámbito del derecho a la libertad de expresión 
de  los  abogados,  protegido  por  el  art.  10  de  la  Convención  europea  de  derechos 
humanos de 1950.
El principio del que debe partirse, recordado recientemente en la STEDH 25 de junio 
de  2020,  asunto  Bagirov  contra  Azerbaiyán,  parágrafo  78,  es  que  «el  buen 
funcionamiento de los tribunales no sería posible sin unas relaciones basadas en la 
consideración  y  mutuo  respeto  entre  los  distintos  protagonistas  en  el  sistema  de 
justicia»,  dentro  del  cual  los  abogados  ocupan  una  «posición  central  […]  como 
intermediarios entre el público y los tribunales».
Los  abogados  tienen  entre  otros  el  derecho  a  comentar  las  actuaciones  de  la 
Administración de Justicia. Los límites de una crítica admisible son distintos cuando se 
trata de los magistrados que actúan en el ejercicio de sus poderes, a cuando es un 
particular. No obstante, su situación como servidores públicos no es la misma que la de 
los políticos y no cabe por ello someterles a un control «atento de sus actos y de sus 
gestos» como sucede con aquellos. Los jueces deben «beneficiarse de la confianza del 
público sin perturbaciones indebidas y por tanto puede ser necesario protegerlos contra 
los  ataques  verbales  ofensivos  cuando  están  en  servicio»:  STEDH  de  30  de  junio 
de 2015, asunto Peruzzi contra Italia, parágrafo 52.
Y se advierte también en la STEDH de 8 de octubre de 2019, asunto L.P. y Carvalho 
contra Portugal, que las críticas que puede recibir un juez por considerar el abogado que 
aquel incurre en causa de recusación en un caso por pérdida de su imparcialidad, no 
determinan por ello un atentado a su honor, porque «son críticas que cualquier juez 
puede esperar recibir en el ejercicio de sus funciones» (parágrafo 68).
(ii)  Un límite al ejercicio legítimo de la libertad de expresión del abogado, es el 
insulto: «debe hacerse una clara distinción entre crítica e insulto. Si la única intención de 
cualquier forma de expresión es insultar a un tribunal o a sus miembros, una sanción 
apropiada  podría,  en  principio,  no  constituir  una  violación  del  artículo  10  de  la 
Convención» (STEDH asunto Bagirov contra Azerbaiyán, parágrafo 78).
(iii) De manera específica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que 
un factor a ponderar en estos casos es la comprobación de que los hechos cursaron 
exclusivamente en el ámbito forense, esto es, que no trascendieron a conocimiento de 
terceros por su difusión, por ejemplo: a) en medios de comunicación: SSTEDH de 21 de 
marzo de 2002, asunto Nikula contra Finlandia, parágrafo 52; 16 de enero de 2018, 
asunto Čeferin contra Eslovenia, parágrafo 54; y en la STEDH del asunto Bagirov contra 
Azerbaiyán, parágrafo 80, donde se añade como una «consideración importante, que en 
la sala de audiencias el principio de equidad milita a favor de un libre e incluso enérgico 
intercambio de argumentos entre las partes»; b) o mediante cartas dirigidas a diversos 
tribunales de una localidad sobre la actuación de un juez, lo que supone dañar su 
reputación e imagen profesional: STEDH asunto Peruzzi contra Italia, parágrafo 63; c) no 
cabe apreciar en cambio una publicidad que exceda los límites de la crítica admisible, si 
se trata de una carta poniendo los hechos en conocimiento del «Consejo Superior de la 
Magistratura» de ese país: STEDH asunto L.P. y Carvalho contra Portugal, parágrafo 68.
(iv)  Sobre la adecuación de una sanción por manifestaciones no protegidas por el 
art. 10 CEDH, las partes de este proceso de amparo invocan con propiedad, entre otras, 
la STEDH de 12 de enero de 2016, asunto Rodríguez Ravelo contra España, donde se  e.
hace hincapié en el examen de las circunstancias concurrentes y la aplicación del  w.b
parámetro de proporcionalidad. En dicha resolución se indica (parágrafo 39): «A la hora  639ww
dineje erejenrcciear l istiug iocsoan taro lla,  leulz T drieblu cnoanl juEnutroo pdeeol  adseu nDtoe,r eincchluoisd oH, uemn aensotes  chaas od,e e cl otennsoidr edrea rl olas 
cfoormmeunlatadroio. s Dqeubee  sed eretecrrmimininaar,n  aels pdeecmiaalmndeanntete,  ys ie l laco nitnejxetroe necnia  el ecnu acl ueesstteió nlo s ehraa 
''proporcionada a los fines legítimos perseguidos" y si los motivos aducidos por las
Autoridades nacionales para justificarla se revelan ''procedentes y suficientes". Actuando 
así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe de estar convencido de que las 
Autoridades  nacionales  han  aplicado  unas  normas  que  responden  a  los  principios 
enunciados en el artículo 10 y que además, se han fundado en una valoración aceptable 
de los hechos pertinentes».
Requiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conforme enseña en la misma 
sentencia, «indagar si, a la vista de los hechos de la causa, se ha ponderado un justo 
equilibrio entre, por una parte, la necesidad de garantizar la protección de la autoridad 
del poder judicial y de los derechos de los demás y, por otra, la protección de la libertad 
de expresión del demandante en su condición de abogado» (parágrafo 43).
En esta perspectiva, no cabe descartar absolutamente la utilización de mecanismos 
punitivos frente a expresiones empleadas por los abogados en el marco del ejercicio de 
su profesión. En palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «La libertad de 
expresión de la que goza un abogado en el estrado no es ilimitada, y ciertos intereses, 
tales como la autoridad del poder judicial, son bastante importantes como para justificar 
restricciones de este derecho» (parágrafo 45).
(v)  Precisa también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la imposición 
de  una  sanción  penal  a  un  abogado  por  las  manifestaciones  realizadas  contra  la 
actuación de un juez es una posibilidad excepcional que, en todo caso, exige realizar el 
correspondiente juicio de proporcionalidad de la reacción sancionatoria que pondere los 
derechos en juego, a la luz de la totalidad de circunstancias concurrentes en el caso 
concreto. Tales cautelas, que resultan siempre operativas, han de ser especialmente 
consideradas cuando de sanciones penales se trata. Como se indica en la misma 
STEDH, asunto Rodríguez Ravelo, parágrafo 45: «Es inevitable que la imposición de una 
pena de prisión a un abogado conlleve, por su misma naturaleza, un efecto disuasorio", 
no solo para el abogado afectado, sino también para la profesión en su conjunto […]. 
Todo efecto disuasorio" es un factor importante a tener en cuenta para ponderar un justo 
equilibrio entre los tribunales y los abogados en el marco de una buena administración 
de la justicia». Lo que reitera la STEDH en el asunto L.P. y Carvalho contra Portugal, 
parágrafo 71, añadiendo que ese efecto disuasorio resulta «aún más inaceptable cuando 
se trata de un abogado llamado a asegurar la defensa efectiva de sus clientes».
Así, representa un factor a ponderar, la naturaleza y severidad de las sanciones 
impuestas, a fin de calibrar la proporcionalidad de la respuesta punitiva: SSTEDH 15 de 
diciembre de 2011, asunto Mor contra Francia, parágrafo 61; y 25 de junio de 2020, Caso 
Bagirov contra Azerbaiyán, parágrafo 83.
Viene insistiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este punto, que se 
debe ser particularmente cuidadoso en el ejercicio de la acción penal por delitos como el 
que nos ocupa, singularmente cuando cabe la posibilidad de imponer penas de prisión. 
Al respecto es irrelevante si en el caso concreto se satisfizo dicha multa eludiendo con 
ello  la  privación  de  libertad,  pues  lo  importante  es  que  la  pena  comportaba 
eventualmente esta última medida: STEDH de 12 de marzo de 2016, asunto Rodríguez 
Ravelo contra España, parágrafo 50.
(vi)  Como  consecuencia,  el  Alto  Tribunal  europeo  propugna  igualmente  la 
preferencia de sanciones no penales como respuesta ante esta clase de manifestaciones 
en  estrados.  Con  palabras  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  en  el 
reiteradamente citado asunto Rodríguez Ravelo: «De una manera general, aunque sea 
legítimo  que  las  instituciones  del  Estado  sean  protegidas  por  las  autoridades 
competentes en su condición de garantes del orden público institucional, la posición  s
dominante que esas Instituciones ocupan, exigen a !a autoridades que den muestras de  oe.
mesura en el uso de la vía penal» (parágrafo 44), de forma que la existencia de  w.
posibilidades sancionatorias no penales no es un dato irrelevante (parágrafos 48 y 49). 639ww
3.  Aplicación  de  la  doctrina  expuesta  al  caso  concreto:  preferencia  de  la  vía 
disciplinaria.
Situado el campo de la discusión, debemos trasladar los criterios expuestos al caso 
concreto. Como punto de partida, han de ponerse de manifiesto dos circunstancias:
(i) la primera es que de las actuaciones recabadas del procedimiento abreviado 
núm.  18-2014  del  Juzgado  de  Instrucción  núm.  10  de  Málaga,  resulta  que  las 
afirmaciones por las que luego ha sido condenado el recurrente por un delito de injurias 
cometido  contra  el  fiscal  interviniente  en  aquella  causa,  no  se  produjeron 
inopinadamente, sino como respuesta a unos calificativos vertidos previamente por el 
fiscal contra él en un escrito anterior (de impugnación a un recurso de reforma promovido 
por  aquella  defensa).  El  tenor  de  algunas  de  esas  expresiones  del  fiscal  («estar 
absolutamente fuera de lugar» y ser «impropios de un letrado» los comentarios que este 
vertía a la actuación de la magistrada instructora; o utilizar un «tono patético» para 
fundar la solicitud de una diligencia testifical), como constan en el antecedente segundo 
de esta sentencia, revelan por su parte un exceso que no tiene justificación. Este 
contexto merece ser considerado, sin perjuicio de lo establecido por nuestra doctrina 
acerca  del  no  reconocimiento  constitucional  de  un  ius  retorquendi,  expuesto  en  el 
fundamento jurídico anterior.
(ii)  La segunda circunstancia previa de relieve es que, tal y como reconocen las 
resoluciones impugnadas y el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones ante este 
tribunal, la mayor parte de las expresiones controvertidas no pueden entenderse que 
sean en sí mismas insultantes, aunque manifiestan una crítica enérgica o desabrida. 
Hemos de ordenar esas expresiones en dos grupos distintos, ya que cada uno de ellos 
depara  su  propia  consecuencia  jurídico-constitucional  a  los  efectos  que  aquí  se 
examinan:
a)  Primer grupo de manifestaciones:
En primer lugar, no puede calificarse de insulto el mero hecho de indicar que el 
representante del Ministerio Fiscal «no se ha leído el escrito de recurso»; censurarle «el 
poco  de  interés»  mostrado,  «aunque  por  ello  sufriera  alguna  molestia»;  tildar  de 
«incalificable» su escrito; afirmar que «desconocemos si posee el don de la videncia, 
clarividencia o adivinación»; o, por fin, acusarlo de «simpleza» en sus juicios, por más 
que resulte sin duda rechazable y fuera de contexto la referencia hecha al holocausto del 
pueblo judío en la segunda guerra mundial, con la que el recurrente pretendía hilar un 
razonamiento al absurdo para contrarrestar argumentos del fiscal sobre su actuación. 
Por consiguiente, y más allá de lo que se indica, no cabe concluir que esas expresiones 
desbordaran el umbral de protección constitucional.
Al quedar cubiertas directamente por el canon reforzado del derecho fundamental a 
la libertad de expresión [art. 18.1 a) CE] del abogado en defensa de la posición de su 
patrocinado en las diligencias penales que a este último se le seguían (art. 24.2 CE), sin 
olvidar el contexto en el que las mismas se han pronunciado como recién hemos 
indicado, el derecho del recurrente resulta prevalente frente al derecho al honor del fiscal 
concernido, derecho de este último que en realidad no resultó ni siquiera vulnerado por 
este primer grupo de manifestaciones. En consecuencia, la posterior condena impuesta 
al letrado aquí recurrente por la sentencia que impugna resulta, ya en cuanto a este 
pronunciamiento, vulneradora de aquellos derechos fundamentales. No obstante, como 
la sentencia no se sostiene únicamente en este primer grupo de expresiones vertidas, ha  e.
de continuar nuestro análisis respecto de las demás. w.
«insbDid)i isotsiSnote»og  (utcrnaodtnaofmo grirmeunept ooa  dlm ede icmrceaiconenif aeersli otae cdmieop nllaee osR :peoarl  Aecl aadbeomgaiad oE srpeacñuorrlean, tsei,g ndiefic lao s« madajleictiiovsoos   OE-A-2020-14able en https://
o  dañino  con  apariencias  inofensivas»);  «malintencionado»  y,  especialmente,  la
referencia  a  la  lectura  por  el  fiscal  de  la  causa  de  «alguna  revista  de  contenido 
inconfesable».  Estas  expresiones  pueden  considerarse  vejatorias  y  desde  luego 
innecesarias a los fines de la defensa que ejercía, pues con ellas no se cuestionaba 
legítimamente la calidad del trabajo desempeñado por el fiscal al oponerse este a lo que 
dicha  defensa  planteaba  (utilizando  para  ello  el  fiscal,  a  su  vez,  algunos  términos 
tampoco adecuados en el plano de la debida cortesía profesional), sino que buscaban su 
descrédito como persona con el fin de socavar su credibilidad ante el juez a quo.
Habiendo rebasado estas expresiones, por tanto y conforme a la doctrina de este 
tribunal y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citadas en el fundamento 
jurídico  anterior,  los  límites  a  la  libertad  de  expresión  que  tiene  reconocido  el 
recurrente, incluso teniendo en cuenta el contexto en el que aquellas se pronunciaron, 
resulta  necesario  determinar  a  continuación  si  es  proporcional  la  respuesta 
jurisdiccional recibida por ellas. Pues, reconociendo el carácter despreciativo de este 
segundo  grupo  de  manifestaciones,  el  problema  que  se  somete  a  nuestra 
consideración ahora no es el de si las mismas pueden merecer algún tipo de reproche 
o sanción en general dentro de nuestro ordenamiento, sino si resultan válidas en 
concreto para fundar la sanción penal que se la ha impuesto al demandante en las 
resoluciones que se impugnan en este amparo.
Bajo esta perspectiva y como hemos indicado, en la determinación de si la reacción 
punitiva frente a tales expresiones fue proporcionada deben considerarse todos los 
factores concurrentes conforme a la jurisprudencia expuesta en el fundamento jurídico 
anterior. De ese examen resulta:
(i)  El carácter deliberadamente equívoco y ambiguo de las expresiones empleadas. 
No es cuestionable que en la consideración social la afirmación de que un funcionario 
público  se  ocupa  con  la  lectura  de  determinadas  revistas  conlleva  connotaciones 
peyorativas; sin embargo, el actor se cuidó de especificar a qué clase de publicación en 
concreto se refería, pese a tildar de «inconfesable» su lectura, adjetivo este último que 
puede ser entendido en términos subjetivos (inconfesable para el lector) u objetivos 
(inconfesable para la sociedad).
(ii)  Los hechos cursaron exclusivamente en el ámbito forense; sin trascender su 
conocimiento a terceros, solo al tribunal y a las partes del proceso de origen.
(iii) Las expresiones por las que fue condenado se produjeron en un contexto de 
enfrentamiento con el fiscal del caso tal y como se desprende de los antecedentes. Todo 
ello, dentro del casuismo que preside el enjuiciamiento de este tipo de situaciones, 
refuerza la conclusión de que la reacción penal frente a los evidentes excesos del 
recurrente resultó desproporcionada.
(iv)  La condena por un delito de injurias, por último, llevó aparejada una pena de 
multa de cinco meses con cuota diaria de cinco euros, con fijación de responsabilidad 
personal subsidiaria en caso de impago, a razón de un día de privación de libertad por 
cada dos cuotas diarias insatisfechas. Esta última medida por tanto resultaba, aunque 
eventual, de posible ejecución.
(v)  Y todo lo anterior, sin perjuicio de las vías jurídicas alternativas a la penal que, 
pudieran derivar del enfrentamiento entre ambos profesionales.
En definitiva, la ponderación del conjunto de elementos expresados, considerando la 
singular protección que debe experimentar la libertad de expresión de los abogados, 
especialmente inmune a restricciones, y el carácter excepcional del castigo penal por 
expresiones vertidas por aquellos en el ejercicio de su labor profesional, nos lleva a  e
concluir que la condena por delito de injurias implicó un exceso punitivo incompatible con  bo
los derechos fundamentales invocados, en cuanto al segundo grupo de manifestaciones  639ww
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de actuaciones.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por don Luis Escamilla Garrido, por vulneración 
de los derechos a la defensa jurídica, en relación con el derecho a la libertad de 
expresión [arts. 24.2 y 20.1 a) CE].
2.º  Declarar la nulidad de la sentencia 31/2018 de 29 de enero del Juzgado de lo 
Penal núm. 9 de Málaga, así como de la sentencia núm. 123/2018 de 11 de abril de la 
Audiencia  Provincial  de  Málaga  (Sección  Primera),  que  desestimó  el  recurso  de 
apelación interpuesto contra la anterior (rollo de apelación núm. 50-2018).
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.