BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Lunes 31 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 66352
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
9006 Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador 
por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 1/2021, 
de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las 
medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
PREÁMBULO
I
Desde la irrupción de la pandemia ocasionada por la COVID-19, y la situación de 
emergencia de salud pública que ha originado, los poderes públicos, a una escala global, 
han tenido que adoptar una serie de medidas acordes a la gravedad de una crisis 
sanitaria sin precedentes. A nivel estatal, la máxima expresión de estas medidas la ha 
constituido la declaración del estado de alarma, decretado por el Gobierno de la nación 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que hubo de ser prorrogada en 
seis ocasiones. Tras la finalización el pasado 20 de junio del estado de alarma el Real 
Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha 
erigido en el principal marco jurídico de referencia para hacer frente al reto de salud 
pública. En este real decreto ley, dictado por el Gobierno de España al amparo de 
diversos títulos competenciales básicos del Estado, se establecen una serie de medidas 
que van a regir en todo el territorio nacional hasta que sea declarada la finalización de la 
crisis  de  emergencia  sanitaria  y,  además,  se  impone  expresamente  al  resto  de 
administraciones, en cuanto autoridades competentes para organizar y tutelar la salud 
pública,  el  mandato  de  implementar  aquellas  medidas  que  fueren  necesarias  para 
garantizar las condiciones de higiene, prevención y contención en relación con los 
distintos sectores de actividad.
De  esta  manera,  las  comunidades  autónomas  y  sus  autoridades  sanitarias 
recuperaban sus competencias, en coordinación con el Estado, para adoptar cuantas 
medidas en materia de salud pública fueran necesarias para evitar la generación de 
riesgos de propagación de la enfermedad, a partir de las medidas de prevención e 
higiene  que  establece  el  capítulo  II  de  este  real  decreto  ley,  así  como  aquellas 
complementarias  que  fueran  necesarias  con  fundamento  en  las  previsiones  de  la 
legislación sanitaria. Esta normativa se concreta en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de medidas especiales en materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que 
establecen la posible adopción de medidas por parte de las autoridades sanitarias en  e.
situaciones de riesgo para la salud de las personas. w.b
El Gobierno de Canarias, de conformidad con las competencias que como autoridad  06ww
sdaen Citaarniaa roiatos,r gean  esl easritóícnu lcoe l4e3b rdaed ala  eLl edyí a1 11/91 9d9e4 ,j udneio 2 6d ed e2 0ju2l0io, , addeo pOtórd eenl aacciuóenr dSoa npiotar reial 
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una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de
alarma (BOC n.º 123, de 20/6/2020). Mediante acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 
13 y 20 de agosto de 2020 (BOC n.º 134, de 4/7/2020; BOC n.º 139, de 10/7/2020; BOC 
n.º 157, de 5/8/2020; BOC n.º 164, de 14/8/2020 y BOC n.º 169, de 21/8/2020), se han 
ido adoptando las actualizaciones de determinadas medidas de prevención, incluyendo 
la incorporación de las medidas derivadas de la orden comunicada del Ministerio de 
Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la declaración de 
actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial 
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, en el ámbito previsto 
en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud, y que producirá efectos hasta que se apruebe por el Ministerio de 
Sanidad la finalización de su vigencia.
II
De este modo, durante los últimos meses, el Gobierno de Canarias ha ido utilizando 
en cada momento los instrumentos a su alcance para dar respuesta a la situación de 
extraordinaria y urgente necesidad que la crisis sanitaria ha demandado, incluyendo 
algunas determinaciones, como el uso generalizado obligatorio de la mascarilla aun 
cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad, que fueron aprobadas con carácter 
previo a su consideración por la orden comunicada del Ministerio de Sanidad, de 14 de 
agosto. Si bien hasta cierto momento las medidas desplegadas parecían haber logrado 
que los efectos de la pandemia hubieran sido muy moderados en nuestra comunidad 
autónoma, nos encontramos ante una pandemia con una elevada imprevisibilidad en su 
evolución, dada la naturaleza de un virus caracterizado por una acusada capacidad de 
propagación en relación con sus formas de contagio. Por ello, las autoridades sanitarias 
deben realizar un intenso esfuerzo de vigilancia y de anticipación, a fin de adoptar las 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación que sean necesarias de 
acuerdo con la evidencia disponible en cada momento. Desde esta perspectiva, la 
intervención temprana se ha demostrado como una herramienta fundamental para evitar 
la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.
Este  conjunto  de  medidas  desplegadas  implica  un  abanico  de  obligaciones, 
concretas y exigibles, para la ciudadanía. Sin perjuicio de que su incumplimiento pueda 
ser sancionado a través del régimen general de infracciones y sanciones previsto en el 
ordenamiento jurídico vigente, este empeoramiento en la gravedad y extensión de la 
pandemia aconseja dotarse de un régimen sancionador específico que garantice su 
efectividad. En primer lugar, por elementales razones de prevención general, toda vez 
que un catálogo específico contribuye a un mejor conocimiento ciudadano no solo de las 
infracciones, sino de las correlativas obligaciones que deben cumplirse. En segundo 
lugar,  en  el  ámbito  de  la  prevención  especial,  porque  un  adecuado  diseño  de  las 
infracciones y sanciones, en especial en los supuestos de reiteración, permite reconducir 
aquellas  actitudes  incívicas  de  mayor  riesgo.  Y  tercero,  por  razones  de  eficacia 
administrativa, simplificación procedimental y seguridad jurídica, principios que deben 
regir la respuesta administrativa a una crisis como a la que nos enfrentamos.
El artículo 25 de la Constitución española consagra el principio de legalidad en 
materia sancionadora. Por tanto, es preciso una norma con rango de ley para habilitar el 
ejercicio de la potestad sancionadora, la cual deberá adecuarse a los restantes principios 
que con carácter básico recoge el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. s
Se crea un procedimiento abreviado especial, con  la intención de simplificar el  e.
procedimiento en las infracciones tipificadas en la presente ley como leves, así como las  w.
graves en las que los hechos denunciados no revistan especial complejidad. Se incoará  06ww
mqueiednia nsete a lcat úpero, phiaac aiecntad on cootinficsatadra e pxporre esla amgeennttee  qeune  elal  adceton uanlc iinat ecroemsapdoort ao  lap einrscoonaac ióann tee 
idneic piarcoipóune dsetal  edxep reedsioelnutceió sna necni ocnaasdoo dr.e  Lnao  deefencutnucaiars ea saí lengoaticfiicoandeas .tendrá la consideración  BOE-A-cable e
III
La  ley  se  estructura  en  dieciséis  artículos,  organizados  en  tres  títulos,  dos 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final. El título 
preliminar define el objeto y ámbito de aplicación. El título I se refiere a los deberes de 
cautela y protección, y las medidas de vigilancia y control frente a la COVID-19. El título 
II contiene el régimen sancionador de las conductas infractoras de las medidas de 
prevención y se estructura en cuatro capítulos, dedicados respectivamente a los sujetos 
responsables,  infracciones,  sanciones  y,  por  último,  al  procedimiento  sancionador  y 
órganos  competentes.  La  disposición  transitoria  única  regula  los  procedimientos  de 
carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, que se seguirán 
tramitando y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de 
dictarse  el  acto  iniciador  del  procedimiento.  Por  último,  la  disposición  final  única 
establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Canarias» y producirá efectos hasta que el Gobierno del Estado declare la finalización de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en los términos del Real 
Decreto ley 21/2020, de 9 de junio.
IV
La Constitución española, en el artículo 43 reconoce el derecho a la protección de 
la salud e impone a los poderes públicos el deber de organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 
El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, lo reconoce en su artículo 19 y atribuye a nuestra comunidad autónoma, 
en su artículo 141, competencias sobre salud, sanidad y farmacia, y en particular la 
competencia  de  desarrollo  legislativo  y  de  ejecución  de  la  legislación  estatal  en 
materia de sanidad interior, que incluye, en todo caso (apartado b), la «ordenación y 
la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud 
pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto 
sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia 
epidemiológica». En lo que se refiere al procedimiento sancionador se dicta en virtud 
del artículo 106.2 letra a) del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la 
comunidad  autónoma  la  competencia  en  materia  de  procedimiento  administrativo 
común dentro de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Esta  ley  se  ha  tramitado  por  el  procedimiento  de  urgencia,  después  de  la 
promulgación  y  convalidación  parlamentaria  del  Decreto  ley  14/2020,  de  4  de 
septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las 
medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 182, de 5 de septiembre 
de 2020.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.  Objeto.
Constituye  el  objeto  de  esta  ley  el  establecimiento  de  deberes  de  cautela  y 
protección, medidas de vigilancia y control, así como del régimen sancionador que 
garantice el cumplimiento de las medidas y obligaciones contenidas en las disposiciones  e
o  en  los  actos  en  materia  de  salud  pública  adoptados  por  la  autoridad  estatal  o  bo
autonómica como consecuencia de la COVID-19. 06ww
Artículo 2.  Ámbito espacial de aplicación.
Las disposiciones contenidas en la presente ley se aplicarán a los hechos, acciones
u omisiones realizados en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Bc
TÍTULO I
De los deberes de cautela y protección, y las medidas de vigilancia y control frente 
a la COVID-19
Artículo 3.  Deber de responsabilidad.
1.  Toda  la  ciudadanía  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  evitar  la 
generación  de  riesgos  de  propagación  de  la  enfermedad  COVID-19,  así  como  la 
exposición propia y ajena a dichos riesgos, de acuerdo con las normas establecidas por 
las autoridades sanitarias.
2.  Los  sujetos  que  reciban  comunicación  de  la  necesidad  o  prescripción  de 
cuarentena, aislamiento o diagnóstico por parte de los profesionales con funciones de 
detección, seguimiento y control de la enfermedad estarán especialmente obligados a 
guardar su observancia.
3.  Los  sujetos  responsables  por  cualquier  título  de  establecimientos,  locales  y 
espacios,  así  como  los  organizadores  y  promotores  de  hecho  o  de  derecho  de 
actividades  y  eventos  de  cualquier  naturaleza  estarán  obligados  a  establecer  los 
mecanismos de información, las medidas de prevención, respetar y controlar los aforos y 
desarrollar las acciones que sean necesarias para evitar el riesgo de contagio de la 
COVID-19 en esos espacios o actividades.
4.  Los  sujetos  mencionados  en  el  apartado  anterior  deberán,  con  carácter 
específico, establecer mecanismos para informar e instar a los usuarios y asistentes 
sobre el cumplimiento de las obligaciones de uso de mascarilla, distancia de seguridad 
interpersonal,  higiene  de  manos  o  condición  o  separación  de  espacios,  así  como 
cualquier  otra  medida,  establecida  por  la  autoridad  sanitaria  para  la  contención  o 
prevención  de  la  COVID-19.  Además,  deberán  establecer  medidas  para  poner  en 
conocimiento de las autoridades el incumplimiento reiterado o resistencia a la aplicación 
de tales medidas por parte de los usuarios o asistentes.
Artículo 4.  Actividad de vigilancia y control.
1.  Los  profesionales  sanitarios  que  en  el  desempeño  de  sus  funciones  como 
empleados públicos tengan asignadas funciones de detección, seguimiento y control de 
la enfermedad, tendrán asimismo la condición de autoridad sanitaria a los efectos de la 
instrucción de órdenes vinculadas a la contención de la COVID-19.
2.  Tendrán la consideración de agente de la autoridad sanitaria autonómica los 
profesionales  sanitarios  que  en  el  desempeño  de  sus  funciones  como  empleados 
públicos  tengan  asignadas  funciones  de  detección,  seguimiento  y  control  de  la 
enfermedad, todo el personal al servicio de la Administración autonómica y local que 
desarrollen actividades de inspección, el Cuerpo General de la Policía Canaria y los 
cuerpos de Policía Local dependientes de las corporaciones locales y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado.
3.  También tendrán la consideración de agente de la autoridad a efectos de la 
inspección y control de las medidas establecidas en esta ley los funcionarios a los que 
los órganos correspondientes asignen tales tareas.
TÍTULO II
Régimen sancionador de conductas infractoras de las medidas de prevención
CAPÍTULO I
Sujetos responsables
Artículo 5.  Responsables.
1.  Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en esta ley, las 
personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la 
presente ley.
2.  Los titulares de establecimientos, locales y espacios, así como los organizadores 
y promotores de hecho o de derecho de actividades y eventos de cualquier naturaleza 
serán responsables de las infracciones administrativas reguladas en la presente ley, 
cometidas por quienes intervengan en el establecimiento, espacio, actividad o evento y 
por quienes estén bajo su dependencia, cuando incumplan el deber de informar, instar o 
prevenir la infracción o cualquier otro deber establecido en esta ley o en la normativa o 
actos dispuestos por la autoridad sanitaria.
3.  Cuando el infractor sea un menor de edad, serán responsables solidarios los 
padres,  tutores  acogedores  o  guardadores  legales,  en  el  supuesto  de  multas 
pecuniarias.
4.  Las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios sociales, los titulares 
y directivos de los establecimientos, hogares, centros y residencias de servicios sociales, 
en tanto que obligados a disponer de planes de contingencia orientados a la detección 
precoz de posibles casos entre residentes, visitantes, personal laboral y sus contactos, 
serán  responsables  solidarios  cuando,  por  acción  u  omisión,  permitan  o  toleren  la 
comisión de infracciones por parte de personas residentes, visitantes o usuarios.
En estos casos podrán ejercer las acciones de repetición que correspondan contra 
los autores materiales de la infracción que ocasione la sanción.
5.  La persona titular de los establecimientos, locales y espacios, así como los 
organizadores y promotores de hecho o de derecho de actividades y eventos a quien se 
haya impuesto una sanción como consecuencia de la infracción cometida por el personal 
ocupado o terceras personas que presten servicios contratados, puede ejercitar las 
acciones de repetición que le correspondan contra los autores materiales de la infracción 
que ocasione la sanción.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 6.  Infracciones.
1.  Serán infracciones las acciones u omisiones tipificadas en esta ley, sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran derivar de las 
mismas.
2.  Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.
A)  Se consideran infracciones leves: e.e
1.  El incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o uso inadecuado de  06www.
ilnaa md2ies.c muaaE.dl oi ndceu mla pmlimismienat.o reiterado de la obligación del uso de la mascarilla o uso  OE-A-2021-90able en https://
3.  El incumplimiento de las restricciones de fumar, usar dispositivos de inhalación 
de tabaco, pipas de agua, cachimbas, shisha o asimilados impuestas por la autoridad 
sanitaria para la prevención de la COVID-19.
4.  El consumo en grupo de alcohol o estupefacientes en la vía pública en número 
de hasta 10 personas.
5.  La negativa a la realización de pruebas diagnósticas para la detección de la 
COVID-19  prescritas  por  los  profesionales  sanitarios  con  funciones  de  detección, 
seguimiento y control de la enfermedad.
6.  El incumplimiento de normas u órdenes de limitación a la libertad deambulatoria 
dictadas para la prevención de la COVID-19.
7.  El incumplimiento del deber de observancia de la cuarentena comunicada o 
prescrita por profesionales sanitarios con funciones de detección, seguimiento y control 
de la enfermedad, cuando se trate de contactos estrechos de pacientes diagnosticados 
con COVID-19, con sintomatología compatible con la enfermedad o cualquier otro motivo 
por el que haya sido comunicada o prescrita.
8.  El incumplimiento de los límites de aforo de los locales abiertos al público 
establecidos por las órdenes o medidas vigentes relativas a la COVID-19, cuando la 
conducta no sea constitutiva de infracción grave o muy grave.
9.  La participación en reuniones, eventos o cualquier tipo de acto, en espacios 
públicos o privados, en los que se incumplan las restricciones de celebración o se 
incumplan de forma evidente las medidas de prevención establecidas.
10.  La organización y promoción de eventos o cualquier tipo de acto, en espacios 
públicos o privados, en los que se incumplan las restricciones de celebración, no hayan 
sido autorizadas en los casos en los que sea exigible, o se incumplan gravemente las 
medidas de prevención establecidas para estos, cuando participen hasta 20 personas.
11.  El incumplimiento en los establecimientos, locales y espacios, así como por los 
organizadores  y  promotores  de  hecho  o  de  derecho  de  actividades  y  eventos  de 
cualquier naturaleza, de los deberes de instar el cumplimiento a los usuarios y asistentes 
que  incumplan  las  obligaciones  de  uso  de  mascarilla,  distancia  de  seguridad 
interpersonal, higiene de manos, condiciones de separación de espacios o grupos o 
régimen de horarios de cierre o cualquier otra medida establecida por la autoridad 
sanitaria para la contención o prevención de la COVID-19.
12.  El incumplimiento en los establecimientos, locales y espacios, así como por los 
organizadores  y  promotores  de  hecho  o  de  derecho  de  actividades  y  eventos  de 
cualquier naturaleza, de los deberes de rotulación sobre el aforo e información sobre 
medidas de higiene y distanciamiento social establecidas por la autoridad sanitaria para 
la contención o prevención de la COVID-19.
13.  El incumplimiento de la obligación de informar por parte de los responsables de 
los centros y establecimientos abiertos al personal laboral, al público, a las personas 
residentes, visitantes o usuarias sobre el régimen horario, distancia mínima interpersonal 
y de la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
14.  El incumplimiento del régimen de visitas, salidas e ingresos establecidos en los 
planes de contingencia de los centros de servicios sociales.
15.  El incumplimiento de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos 
impuestos de manera excepcional contra la COVID-19.
16.  Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones y restricciones establecidas 
por el Estado o por la Comunidad Autónoma de Canarias para afrontar la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 y que no esté calificada como falta leve, grave o muy grave  s
por esta ley, así como aquellos que produzcan un riesgo de contagio de menos de 15  oe.
personas. w.
B)  Se consideran infracciones graves:
núm1e.r o Esul pcoenrisour ma o1 0e np egrrsuopnoa sd.e alcohol o estupefacientes en la vía pública en grupo de
2.  El  incumplimiento  del  deber  de  observancia  del  aislamiento  prescrito  por 
profesionales  sanitarios  con  funciones  de  detección,  seguimiento  y  control  de  la 
enfermedad, cuando se trate de pacientes diagnosticados con COVID-19.
3.  La organización y promoción de eventos o cualquier tipo de acto, en espacios 
públicos o privados, en los que se incumplan las restricciones de celebración, no hayan 
sido autorizadas en los casos en los que sea exigible, o se incumplan gravemente las 
medidas de prevención establecidas para estos, cuando participen más de 20 personas 
y hasta 200.
4.  El incumplimiento de los límites de aforo establecidos por las órdenes o medidas 
vigentes relativas a la COVID-19, cuando el aforo efectivo en el local supere en un 
cincuenta por ciento el aforo permitido y ese aforo efectivo sea superior a 20 personas, 
siempre que la conducta no sea constitutiva de infracción muy grave.
5.  El incumplimiento de la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso.
6.  El incumplimiento de la elaboración y ejecución del plan de contingencia o del 
protocolo contra la COVID-19 cuando se esté obligado a ello de acuerdo con las órdenes 
o medidas dictadas por la autoridad competente.
7.  Los  incumplimientos  de  las  prohibiciones  relativas  a  la  apertura  de  locales 
adoptadas en el ámbito de las medidas y contención de la COVID-19.
8.  El mantenimiento de un trabajador en su puesto de trabajo, en cualquier tipo de 
establecimientos,  hogares,  centros  y  residencias  de  servicios  sociales,  cuando  se 
conozca que el mismo tiene síntomas evidentes de haber contraído la enfermedad, o 
haya dado positivo en la COVID-19.
9.  La obstaculización de cualquier actividad inspectora o la comprobación relativa a 
los hechos; la resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar datos, así como 
el proporcionar información inexacta o falsa a los agentes de la autoridad o autoridad 
competente; o la negativa a colaborar con la autoridad sanitaria, los agentes de la 
autoridad correspondientes, policía local, Cuerpo General de la Policía Canaria y de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se encuentren en el ejercicio de su 
empleo o cargo.
10.  El quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad 
con la presente ley cuando este produzca un riesgo o un daño grave para la salud de la 
población.
11.  La realización de otras acciones u omisiones que infrinjan las obligaciones o 
restricciones establecidas por el Estado o la Comunidad Autónoma de Canarias para 
afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que produzcan un riesgo o un 
daño grave para la salud de la población, así como aquellas que produzcan un riesgo de 
contagio entre 16 y 100 personas.
C)  Se consideran infracciones muy graves:
1.  La organización y promoción de eventos o cualquier tipo de acto, en espacios 
públicos o privados, en los que se incumplan las restricciones de celebración, no hayan 
sido autorizadas en los casos en los que sea exigible, o se incumplan gravemente las 
medidas  de  prevención  establecidas  para  estos,  cuando  participen  más  de  200 
personas.
2.  El incumplimiento de los límites de aforo establecidos por las órdenes o medidas 
vigentes relativas a la COVID-19, cuando el aforo efectivo en el local supere en un cien 
por cien el aforo permitido y ese aforo efectivo sea superior a 150 personas.
3.  La conducta tipificada como infracción grave, si en el año anterior a su comisión,  e
la persona responsable de la misma hubiera sido sancionada por el mismo tipo infractor  bo
mediante resolución firme. 06ww
restr4ic. cioLnae sre aelsiztaabclieócni ddaes  optorar se la Eccsitoandeos  ou  lao mCiosimonuensid aqdu eA uintfórninojamna  ladse  oCbalingaarciaiosn epsa roa 
adfarñoon tamru lya  gcrraisvies  psaarnait alar ias aolucda sdioen laad pao pbolarc ilóan C, OasVí IcDo-m19o  qauqeu epllraosd uqzucea np roudnu rziecasgno r ieos guon 
de contagio directo a más de 100 personas.
Artículo 7.  Prescripción.
Las infracciones tipificadas en la presente ley como leves prescribirán en el plazo de 
un año, las tipificadas como graves en el de dos años y las tipificadas como muy graves 
en el de tres años.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 8.  Sanciones.
1.  La comisión de las infracciones previstas en esta disposición dará lugar a la 
imposición de las siguientes sanciones:
a)  En el supuesto de infracciones leves: multa de 100 euros hasta 3.000 euros. En 
el supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 6.2.A) 1 de la obligación de 
llevar mascarillas o su uso indebido corresponderá una sanción de multa de 100 euros.
b)  En el caso de infracciones graves: multa de 3.001 euros hasta 60.000 euros.
c)  En el caso de infracciones muy graves: multa de 60.001 hasta 600.000 euros.
2.  En los casos de infracciones graves, atendiendo a la gravedad de los hechos, 
riesgo  y  circunstancias,  el  órgano  al  que  corresponda  resolver  el  procedimiento 
sancionador podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el 
cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición 
de realizar la actividad, durante el plazo máximo de dos meses.
3.  En los casos de infracciones muy graves, el órgano al que corresponda resolver 
el procedimiento sancionador podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia 
del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción 
o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de tres meses.
4.  En  los  supuestos  a  que  se  refieren  los  dos  apartados  anteriores,  cuando 
concurra negligencia de los administradores de hecho o de derecho de los titulares de 
los establecimientos o actividades, la prohibición de realizar la actividad podrá alcanzar a 
estos.
5.  Cuando la sanción propuesta consista en una multa, el abono del importe de la 
misma  antes  de  dictarse  resolución  en  el  expediente  sancionador  supondrá  el 
reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de los hechos, reduciéndose el 
importe de la sanción en un cuarenta por ciento de su cuantía.
6.  Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las 
circunstancias concurrentes atendiendo especialmente a los siguientes criterios:
a)  El riesgo para la salud pública.
b)  La transcendencia del daño o el perjuicio causado a la salud pública.
c)  El número de personas afectadas.
d)  El grado de culpabilidad o dolo.
e)  El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.
f)  La reincidencia, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
g)  La afección a colectivos vulnerables.
7.  En el supuesto previsto en el artículo 6.2.A) 2 la sanción prevista para las  s
infracciones leves se impondrá en su mitad superior. oe.
8.  En los supuestos de reiteración de las acciones u omisiones tipificadas como  w.
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apartado 1 de este artículo se impondrá en la mitad superior cuando el sujeto infractor
sea contacto estrecho de una persona diagnosticada positiva por COVID-19 o presente  Bc
sintomatología compatible con la COVID-19 así declarado por el profesional sanitario 
que prescriba las pruebas.
10.  En la imposición de sanciones por infracciones leves a excepción de la prevista 
en el artículo 6.2.A) 1 por resolución motivada del órgano que resuelva el expediente 
sancionador, teniendo en consideración la minoría de edad o la indisponibilidad de 
medios económicos, se  podrá  sustituir  la  sanción  pecuniaria, previa aceptación del 
infractor, por trabajos en beneficio de la comunidad, la asistencia obligatoria a cursos de 
formación, a sesiones individualizadas o cualquier otra medida alternativa que tenga la 
finalidad de sensibilizar al infractor sobre cuáles son las normas sanitarias en relación a 
la prevención de la COVID-19 o sus consecuencias.
La sustitución de la sanción pecuniaria por la realización de trabajos en beneficio de 
la comunidad deberá contar con el consentimiento expreso de la persona infractora.
Artículo 9.  Prescripción de las sanciones.
La prescripción de las sanciones impuestas al amparo de esta ley se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, o norma que lo sustituya.
CAPÍTULO IV
Procedimiento sancionador y órganos competentes
Artículo 10.  Actividad inspectora y de control.
1.  Las actividades inspectoras y de control sobre el cumplimiento de lo previsto en 
la  presente  ley  serán  efectuadas  por  cualquier  agente  de  la  autoridad  y  personal 
funcionario debidamente acreditado de la Comunidad Autónoma de Canarias o de las 
entidades locales.
2.  La  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  podrá  solicitar  a  la  Delegación  del 
Gobierno que se cursen las correspondientes instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado dependiente de su autoridad, en relación con su participación en 
las tareas de inspección y control que correspondan.
Del mismo modo, a través de las entidades locales respectivas, se podrán cursar 
instrucciones para la coordinación de actividades y unificación de criterios de inspección 
y vigilancia.
Artículo 11.  Actas.
1.  Los resultados de cada actuación inspectora se reflejarán en un acta cuya 
primera copia se entregará al interesado o persona ante quien se actúe. Este podrá 
hacer  constar  su  conformidad  u  observaciones  respecto  de  su  contenido.  El  otro 
ejemplar del acta será remitido al órgano competente para, en función de la naturaleza 
de la inspección, iniciar el oportuno procedimiento sancionador.
2.  Las actas firmadas por el personal funcionario acreditado en su condición de 
autoridad  y  de  acuerdo  con  las  formalidades  exigidas,  así  como  los  informes 
complementarios que realicen respecto de los hechos que hayan constatado, harán 
prueba en cuanto a los hechos comprendidos en las mismas, salvo prueba en contrario.
3.  Las actas de infracción o denuncias formuladas por los funcionarios al servicio 
de la Administración autonómica y local que desarrollen actividades de inspección, la  e.
policía local, policía autonómica y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado  w.
serán remitidas al órgano que ostente las competencias para su tramitación y posterior  06ww
resolución.
Artículo 12.  Procedimiento sancionador.
El  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  requerirá  la  incoación,  instrucción  y 
resolución  del  correspondiente  procedimiento  administrativo,  de  acuerdo  con  el 
procedimiento abreviado especial previsto en el artículo siguiente, cuando sea aplicable; 
el procedimiento abreviado regulado en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aquellos 
supuestos en que razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento 
así  lo  aconsejen;  o  por  el  procedimiento  sancionador  común  previsto  en  la  citada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, o norma que la sustituya.
Cuando la sanción propuesta consista en una multa, el abono del importe de la 
misma  antes  de  dictarse  resolución  en  el  expediente  sancionador,  supondrá  el 
reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de los hechos reduciéndose el 
importe de la sanción en un cuarenta por ciento de su cuantía.
Artículo 13.  Procedimiento abreviado especial.
1.  Las infracciones tipificadas en la presente ley como leves, así como las graves 
en  las  que  los  hechos  denunciados  no  revistan  especial  complejidad,  podrán  ser 
tramitadas por el procedimiento abreviado especial regulado en el presente artículo.
2.  El procedimiento se incoará mediante la propia acta notificada por el agente en el 
acto al interesado o persona ante quien se actúe que incorpore el contenido señalado en 
el siguiente apartado, y haciendo constar expresamente que la denuncia comporta la 
incoación e iniciación del expediente sancionador. La denuncia así notificada tendrá la 
consideración de propuesta de resolución en caso de no efectuarse alegaciones.
3.  La denuncia notificada al amparo del presente procedimiento abreviado especial 
deberá contener:
– Identificación de la persona presuntamente responsable.
– Los  hechos,  lugar  y  hora,  así  como  cualquier  otro  dato  determinante  de  la 
incoación del procedimiento.
– Su posible calificación.
– La sanción propuesta, y el importe reducido conforme lo previsto en el apartado 
siguiente, en su caso.
– El órgano competente para instruir y resolver.
– El derecho a formular alegaciones en el plazo de quince días desde la notificación 
de la denuncia. Asimismo, se indicará que, si en el plazo indicado no se han formulado 
alegaciones o no se ha abonado la multa, el procedimiento se tendrá por concluido el día 
siguiente a la finalización de dicho plazo.
– La posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer su responsabilidad 
a los efectos previstos en el apartado 4 del presente artículo.
– La imposibilidad de presentar recurso administrativo y la posibilidad de recurrir 
directamente  en  vía  contencioso-administrativa  en  caso  de  pago  en  los  términos 
previstos en el apartado siguiente.
4.  La denuncia indicará que la persona presuntamente responsable dispone de un 
plazo de quince días naturales para efectuar el pago de la sanción de multa, lo que 
supondrá el reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de los hechos y la 
reducción del importe de la sanción en un cuarenta por ciento de su cuantía, o para 
formular las alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. e.
5.  Efectuado  el  pago  voluntario  de  la  multa  dentro  del  plazo  de  quince  días 
naturales  contados  desde  el  día  siguiente  al  de  su  notificación,  concluirá  el 
procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
a)  La reducción del cuarenta por ciento del importe de la sanción.
b)  La renuncia a formular alegaciones e interposición de recursos derivada del 
reconocimiento de los hechos imputados y sus consecuencias. En el caso de que se 
formulen alegaciones se tendrán por no presentadas.
c)  La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el 
día en que se realice el pago.
6.  Transcurrido el plazo de quince días indicado sin que se hubieran efectuado 
alegaciones ni se hubiera abonado el importe de la sanción la denuncia tendrá la 
consideración de acto resolutorio del procedimiento sancionador. Si no se formularan los 
recursos administrativos que procedan en el plazo legalmente establecido se podrá 
ejecutar la sanción.
7.  Si  en  el  plazo  de  quince  días  señalado  el  presunto  infractor  formulara 
alegaciones en las que se aportaran datos nuevos o distintos de los constatados por el 
agente denunciante, y siempre que se estime necesario por la persona designada por el 
órgano instructor, se dará traslado de aquellas al agente de la autoridad denunciante 
para que informe en el plazo de quince días naturales o, en su caso, se ratifique en el 
contenido de su denuncia.
8.  En todo caso, la persona designada para instruir el expediente podrá acordar 
que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la averiguación y calificación 
de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La denegación 
de  la  práctica  de  las  pruebas  deberá  ser  motivada,  dejando  constancia  en  el 
procedimiento sancionador.
9.  Concluida  la  instrucción  del  procedimiento  sancionador,  el  órgano  instructor 
elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la 
resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta a la persona 
interesada, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días 
naturales, si figuran en el procedimiento sancionador o se han tenido en cuenta en la 
resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por la 
persona interesada.
Artículo 14.  Medidas provisionales.
1.  Iniciado el expediente sancionador por la presunta comisión de infracciones 
graves y muy graves, o incluso en los casos que proceda con anterioridad a su inicio, la 
autoridad competente para resolver podrá acordar mediante resolución motivada las 
medidas  provisionales  imprescindibles  para  el  normal  desarrollo  del  procedimiento, 
asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse y evitar la comisión de 
nuevas infracciones.
2.  Las medidas deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las 
infracciones cometidas, pudiendo consistir en:
a)  Suspensión de la licencia o autorización de la actividad.
b)  Suspensión  o  prohibición  del  espectáculo  público,  actividad  recreativa  o 
sociocultural.
c)  Clausura del establecimiento. e.
d)  Cualquiera otra que asegure la eficacia de la resolución que pudiera recaer. w.b
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sancionador correspondiente.
4.  Estas  medidas  provisionales  serán  acordadas  mediante  resolución  motivada 
previa  audiencia  del  interesado  por  un  plazo  de  diez  días.  En  caso  de  urgencia, 
debidamente motivada, el plazo de audiencia quedará reducido a dos días.
Artículo 15.  Caducidad.
1.  El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la resolución que 
proceda al interesado en el plazo máximo de un año desde su iniciación, produciéndose 
la caducidad de este en la forma y modo previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  En  el 
supuesto del procedimiento abreviado especial regulado en esta ley el plazo máximo de 
resolución será de 4 meses desde la denuncia.
2.  No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá acordar la suspensión 
del plazo máximo para resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y 
exigidas para ello en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 16.  Órganos competentes.
1.  La  competencia  para  incoar  e  instruir  los  expedientes  sancionadores  por 
infracciones leves corresponderá a los ayuntamientos.
2.  La  competencia  para  incoar  e  instruir  los  expedientes  sancionadores  por 
infracciones graves y muy graves corresponderá a la Dirección General de Salud Pública 
del Servicio Canario de la Salud.
3.  Serán órganos competentes para resolver e imponer la sanción o sanciones que 
correspondan:
– La persona titular de la alcaldía del municipio correspondiente, cuando se trate de 
infracciones leves.
– La persona titular de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, cuando se trate 
de infracciones graves.
– La persona titular de la Consejería de Sanidad, cuando se trate de infracciones 
muy graves.
4.  Las administraciones públicas con competencias en las materias afectadas por la 
presente ley deberán desarrollar sus respectivas funciones y actuaciones procurando en 
todo momento la seguridad y salud de las personas. A tal efecto, deberán prestarse 
mutuamente la asistencia y colaboración requerida para garantizar el cumplimiento y 
eficacia de lo dispuesto en esta ley.
Disposición adicional primera.  Concurrencia de infracciones.
En  las  conductas  tipificadas  como  infracciones  en  esta  ley  que  puedan  ser 
constitutivas de dos o más infracciones, serán sancionadas únicamente por aquella que 
lleve aparejada la sanción más elevada.
Disposición adicional segunda.  Desempeño de las funciones de detección, seguimiento 
y control de la COVID-19 por los miembros de las Fuerzas Armadas.
Los miembros de las Fuerzas Armadas a los que se encargue el desempeño de las 
funciones de detección, seguimiento y control de la enfermedad les será de aplicación el  s
artículo 4 de esta ley y tendrán la condición de autoridad sanitaria a los efectos de la  oe.
instrucción de órdenes vinculadas a la contención de la COVID-19 y de agente de la  w.
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Disposición transitoria única.  Régimen de los procedimientos de carácter sancionador 
iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley.
Los procedimientos de carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor de 
esta ley se seguirán tramitando y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en 
el momento de dictarse el acto iniciador del procedimiento.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir.
Canarias, a 29 de abril de 2021.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 93, de 7 de mayo de 2021)