BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37420
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5131 Sala Segunda. Sentencia 49/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 3547-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:49
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la Magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, Presidenta, y los Magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3547-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 5 de Lorca, de 21 de septiembre de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 353-2018; y contra el auto del mismo juzgado, de fecha 23 de abril 
de  2019,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la  anterior 
resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la entidad Pera Assets 
Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  de  la  entidad 
ejecutante, Banco de Sabadell, S.A. Ha sido ponente el Magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 6 de junio 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y asistida por 
el letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra las 
resoluciones arriba mencionadas. e
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icnosnctrriata  lcao nm eelr cnaúnmtil.  4E3u.r2o8in4v eenrs eiol nReesg iIsntmroo dbeili alari aPsr oCpioesdtaad  Snuúrm, .S 3.L d.,e  rLeolarctiava.  Eal  Jluaz gfiandcoa   BOE-A-cable e
de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, al que correspondió el conocimiento 
de la causa, dictó auto, el día 8 de junio de 2018, por el que acordó el despacho de 
ejecución  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  353-2018;  asimismo, 
resolvió requerir a las ejecutadas del pago de las cantidades que se reclaman y que 
dicho auto, junto con el decreto que debe dictar el letrado de la administración de justicia, 
«serán  notificados  simultáneamente  a  la  parte  ejecutada,  tal  y  como  dispone  el 
artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin citación ni emplazamiento, para 
que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se advirtió además que 
contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de que la parte ejecutada 
pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 
LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente 
auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace referencia fue dictado por el 
letrado de la administración de justicia del juzgado a quo en la misma fecha, el cual 
dispuso la expedición de mandamiento de certificación de la finca al registro de la 
propiedad competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Con fecha 13 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lorca, relativa al proceso
EJH/0000353/2018, notificación a la que podía acceder entre los días 13 de junio a 29 de 
julio  de  2018,  a  través  de  unos  enlaces  electrónicos  que  también  indicaba.  Como 
información adicional se añadía que «si no procediera a su lectura en el plazo indicado 
se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable».
c)  El día 24 de julio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por 
el juzgado de primera instancia ejecutante, en relación con el procedimiento hipotecario 
núm. 353-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos) dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
d)  El 31 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
e)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca dictó auto, el 21 
de septiembre de 2018, en cuya virtud inadmitió la oposición planteada. En dicha 
resolución se expone que «[e]n fecha 12 de junio de 2018 se notificó y requirió en legal 
forma a través de la sede judicial electrónica a la ejecutada y en fecha 31/7/18 se ha 
presentado por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., oposición a la ejecución 
hipotecaria»,  para  luego  fundar  la  inadmisión,  en  esencia,  en  que  conforme  a  la 
improrrogabilidad de los plazos y la preclusión que establecen los artículos 134 y 136 
LEC, en relación con lo dispuesto en el artículo 695 LEC, la oposición habría de 
haberse presentado dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto y 
decreto por el que se despachó la ejecución. Por tanto, al haberse opuesto la ejecutada 
pasado el plazo legalmente establecido, se debe inadmitir la oposición presentada por 
extemporánea.
f)  Por la demandante de amparo se interpuso recurso de reposición contra el 
anterior auto, en el que defendió que la notificación y requerimiento de pago tuvo lugar 
cuando accedió al contenido de la notificación electrónica remitida y no antes, siendo 
desde entonces que cabía computar el plazo de diez días del artículo 556 LEC. Con  s
invocación también de los artículos 135, 152,158, 158, 160, 162 LEC y la doctrina de  oe.
este Tribunal Constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión y la importancia  w.
de los actos de comunicación procesal, afirmó que, de no tener el juzgado por formulada  31ww
jsuud idceiaml aenfedcati vdae  yo spions iincdióenf eanl sdióens.pacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela
desegs) timPaodro ,a cuoton  ldoes  a2r3g udmee natobsri lq udee  c2o0n1s9ta, ne el nr esucu rraszoo ndaem ireenptoos jiucrióídni coin steergpuunedsoto:  fue  BOE-A-cable e
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de los recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art.  14.2.a)  de  la  Ley  39/2015  LPAAP  y  artículo  273.3.a)  LEC].  Interpretan  las 
recurrentes  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable.  Así  el  artículo  162.2  LEC  en 
cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la 
correcta  remisión  del  acto  de  comunicación  por  dichos  medios  técnicos,  salvo  los 
practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de 
procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se 
entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente 
sus efectos. [...]
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 13/6/2018 no accediendo al contenido hasta el día 24 de julio de 
2018 (fuera de los tres días que establece la normativa procesal), presentando los 
escritos de oposición a la ejecución en fecha 31 de julio de 2018, claramente fuera del 
plazo legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes 
al de la notificación del auto despachando ejecución) y siendo que conforme al artículo 
136 LEC transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto 
procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el 
acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la 
consecuencia legal la inadmisión.»
3.  En la demanda de amparo se alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
causaron la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento,  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas y no mediante entrega de la documentación correspondiente en papel en la 
sede  de  su  domicilio  social,  y  ello,  pese  a  que  esa  comunicación  fue  el  primer 
emplazamiento  en  la  causa.  En  todo  caso,  la  recurrente  expone  que  siguió  las 
indicaciones  que  le  facilitó  la  comunicación  electrónica,  de  manera  que  accedió  al 
contenido de la notificación del juzgado el último día fijado, fecha que, sin embargo, el 
órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la inadmisión del escrito 
de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el artículo 556 LEC.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de medios 
electrónicos, según dispone el artículo 273 LEC, sin embargo, cuando se trata del primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía aquella «aún no ha tenido ninguna relación con el 
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha 
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los 
artículos 135, 152, 162 y 155 LEC. Este último precepto es categórico al respecto, ya 
que en su punto primero dispone que «cuando las partes no actúen representadas por 
procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de 
comunicación  se  harán  por  remisión  al  domicilio  de  los  litigantes».  Corrobora  la 
expuesto,  según  indica,  la  reciente  STC  47/2019,  de  8  de  abril,  parte  de  cuya 
fundamentación jurídica transcribe y de cuyo contenido deduce «que en modo alguno  e.
debe entenderse que, tratándose del emplazamiento, este no se efectúe en el domicilio  w.b
como impone el artículo 155.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que todas las normas  31ww
qpuaera  snea hdaac ceu mesetinocnióann  eenl  cealr áacutteor  riemcpuerrriadtoiv oy  edne  leossa  eosbclrigitoasc iódne,  icmupaungdnoa dcieó na qdueel lr eaccutor ssoe, 
tllraamtaa, dmaá axli mpreo cceusaon»d.o se constata que el medio telemático no dio resultado como primera
Respecto del auto de 10 de septiembre del 2019, que desestimó el recurso de 
reposición promovido contra la anterior resolución, se rechaza por la recurrente que el 
juzgado haya fundamentado su decisión en la Ley del procedimiento administrativo 
común, norma que estima que no es de aplicación en el ámbito procesal civil, puesto que 
la Ley de enjuiciamiento civil no se remite a la normativa administrativa en esta materia. 
Reitera  que,  pese  a  lo  previsto  en  el  art.  273  LEC,  respecto  de  la  obligación  de 
relacionarse por medios electrónicos con la administración de justicia, ello no supone la 
obligación de tener que recibir la primera notificación o emplazamiento en un proceso 
judicial por medios electrónicos.
4.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de la Sección Tercera de este 
tribunal, de fecha 5 de septiembre de 2019, se acordó requerir al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de que, a la mayor brevedad posible, 
remita certificación acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación contra 
alguna de las resoluciones dictadas en las actuaciones principales o en alguna pieza 
separada en el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese juzgado con el 
número 353-2018, y si ha recaído resolución se remita a esta Sala testimonio de la 
misma.
5.  Por certificación expedida por el letrado de la administración de justicia de 
requerido órgano judicial, de fecha 17 de septiembre de 2019, se hizo constar que no 
se había interpuesto recurso de apelación contra ninguna resolución recaída en el 
procedimiento.
6.  Mediante providencia de 26 de noviembre de 2019, la Sección Tercera de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo «al apreciar que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), ya que el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2.a)], y que el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2.b)]».
Al  haberse  recibido  con  anterioridad  copia  autenticada  del  procedimiento  de 
ejecución hipotecaria núm. 353-2018, solamente se resolvió, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de 
que, en un plazo que no excediera de diez días emplazara a quienes hubieran sido parte 
en el procedimiento de ejecución referenciado, excepto a la parte recurrente en amparo, 
por si quisieran comparecer en el presente proceso constitucional, en el plazo de diez 
días, al efecto de formular alegaciones. Finalmente, acordó: «De conformidad con la 
solicitud de la parte actora, fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión».
7.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 16 de diciembre de 2019, 
la  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Claudia  Munteanu,  en  nombre  y 
representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  sucesora 
procesal del Banco de Sabadell, S.A., y asistida del letrado don Alejandro Ingram Solís, 
solicitó que se tuviera a la primera de las entidades citadas como personada y parte, 
entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
8.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de la Sección Tercera de este  e.e
tribunal, de 28 de diciembre de 2020, se acordó tener por personada y parte en el  b
procedimiento a la procuradora de tribunales doña María Claudia Munteanu en nombre  31ww
dy arre vpirsetsae dneta lcaisó na cdtuea Pcieornae As sresecitbsi dDaess aig nlaast epda rAtecsti vpietyr sCoonmadpaasn yy.  aAl  Msiun ivsetezr,i os eF isrecsaol lpvoiór 
epslatizmoe cno mpeúrnti ndeen vteesin, tec odnífaosr,m dee ndterote drme ilnoas  ceul aalretsíc uplood r5á2n. 1p rdees elan taLre lya sO argleágnaiccaio ndees  eqsutee 
tribunal.
9.  El 29 de enero de 2021 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Tras 
reflejar los aspectos del procedimiento judicial y de la tramitación seguida ante este 
tribunal que consideró relevantes, recuerda que el presente recurso de amparo forma 
parte de una serie, cuyo denominador común son las idénticas vulneraciones que se 
atribuyen a las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia e instrucción 
de  Lorca,  en  diferentes  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  seguidos  contra 
Euroinversiones Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L.
Al respecto, el fiscal pone de relieve que algunos de esos recursos ya han sido 
resueltos por el Tribunal Constitucional, en concreto por las SSTC 40/2020, de 27 de 
febrero, dictada por el Pleno, y la 43/2020, de 9 de marzo, de la Sala Segunda. En 
relación con las citadas sentencias, señala que recogen la doctrina establecida por las 
SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril; y añade que, en esta última 
sentencia, el tribunal por primera vez apreció la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por la inobservancia del emplazamiento 
personal de la entidad demandada, pues dicha diligencia se realizó a través de la 
dirección electrónica habilitada de la entonces demandante de amparo, sin tener en 
cuenta que el artículo 155 LEC obliga a que el primer emplazamiento del demandando o 
ejecutado se realice de manera personal.
Seguidamente,  el  fiscal  transcribe  parte  de  la  fundamentación  jurídica  de  la 
STC 40/2020 y recuerda que la STC 43/2020 resuelve en el mismo sentido por remisión 
a la anterior y, asimismo, reproduce la parte de la argumentación de la STC 19/2020, 
de 10 de febrero, que recoge la doctrina establecida en las SSTC 6 y 47/2019 ya 
indicadas. Finalmente, afirma que la doctrina expuesta resulta íntegramente aplicable, 
por lo que interesa su estimación, por haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
10.  En  fecha  1  de  febrero  de  2021  presentó  sus  alegaciones  la  entidad 
demandante  de  amparo.  Como  primera  cuestión,  y  a  fin  de  evitar  repeticiones 
innecesarias, se reiteró en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de 
amparo.  No  obstante,  destaca  la  reciente  sentencia  del  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional 40/2020, de 27 de febrero, que resuelve el recurso de amparo núm. 
5377-2018, promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en un asunto 
prácticamente igual al del presente recurso de amparo, en el que el citado tribunal 
sostiene que, tratándose del primer emplazamiento o citación al demandado, este ha 
de efectuarse en el domicilio del litigante, como impone el artículo 155.1 LEC, pues de 
lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE). Por último, tras reproducir parte de la fundamentación jurídica de la 
referida  sentencia,  solicita  que  se  dicte  sentencia  estimatoria,  en  los  términos 
interesados en el escrito de interposición del recurso.
11.  La entidad Pera Assets Designated Activity Company no ha presentado alegaciones.
12.  Mediante providencia de 25 febrero de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el 3 de marzo del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por  e.
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos  w.b
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales,  31ww
dtrea s deimrepclcaiózanr laesle pcotrró vníiaca e lehcatbróilnitaicdaa a  dtrea vléas  dFeálb sriecrav icNioa cdieo nnaolt ifdicea ciMonoense deale cyt róTniimcabsre y, 
ianla cdomnistiiedreorna ralo str áemxtietem lpoos reásnceroitso.s  Edne  coopnocsriectióon,  ean l ae le jperceusceinótne  prreecsuernstoa dsoes  impopru agqnuaenl laloss, 
autos  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  5  de  Lorca,  de  21  de
septiembre  de  2018  y  23  de  abril  de  2019,  recaídos  en  el  proceso  de  ejecución 
hipotecaria núm. 353-2018.
La demandante de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  el  primer 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, 
singularmente el art. 155.1. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del 
amparo  por  el  primer  motivo,  mientras  que  la  entidad  comparecida  se  opone  a  la 
demanda en cuanto al fondo, interesando su desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo, en cuanto 
al  fondo  del  asunto,  que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo 
declarado  entonces,  procede  por  tanto  que  hagamos  aplicación  de  la  citada 
sentencia 40/2020.
En su fundamento jurídico 3 se resuelve así la queja de fondo por lesión del 
art. 24.1 CE, derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución. Al 
respecto  se  afirma  que  resulta  de  aplicación  al  caso  la  doctrina  de  este  tribunal 
plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4.a), dictada al resolver una 
cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4.a), recaída en un 
proceso  de  amparo,  «en  relación  con  la  garantía  de  emplazamiento  personal  del 
demandado  o  ejecutado  en  los  procesos  regidos  en  esta  materia  por  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica»,  como  puede  ser  el  caso  de  la  efectuada  a  través  de  la  dirección 
electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el artículo 155.1 LEC y 
lo complementa la regla del artículo 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, en aplicación de la doctrina de referencia.
Al igual que se constató en el fundamento jurídico 4 de la STC 40/2020, en el 
presente caso las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la 
tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en 
el  proceso  a  quo,  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente  permitirle 
presentar  su  oposición  a  la  ejecución,  optando  el  juzgado  por  un  emplazamiento 
electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica 
habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa 
procesal, y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para 
poder conocer el contenido de la notificación. Además, el órgano judicial fundamentó el 
computó del plazo para presentar el escrito de oposición en normas del procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del artículo 556 LEC. Todo lo cual  s
determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho a la tutela judicial  oe.
efectiva sin indefensión, con reconocimiento de tal derecho. w.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado  31ww
eenm pella zparomcieednitmo iean ttroa vhéisp odteec alar iod irae cqcuióon,  deelescdtreó neilc am ohmabeilnittaod ae,n  cqoune r estero apcrocvióeny ód ea  lasus 
actuaciones  para  que  el  juzgado  practique  dicho  emplazamiento  en  los  términos
exigidos por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho 
fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de fechas 21 de septiembre de 2018 y 23 de 
abril de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de 
Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 353-2018, así como la nulidad de las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente de 
forma respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.