BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Miércoles 5 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 53796
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
7431 Resolución de 28 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que  se  publica  el  Convenio  entre  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación de Desarrollo Social de Zamora-Ades, para el 
cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 10 de marzo de 2021 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Asociación 
de Desarrollo Social de Zamora-Ades para el cumplimiento de las penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 28 de abril de 2021.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Asociación de Desarrollo Social de Zamora-Ades 
para el cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
Madrid, a 10 de marzo de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado/a por Real Decreto 504/2018, de 18 
de junio, actuando por delegación de competencias del/la Secretario/a de Estado de 
Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden 
INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se 
aprueban  las  delegaciones  efectuadas  por  otras  autoridades,  en  relación  con  el 
artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 
28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Javier Zazo Alconada, en nombre y representación de la de la 
Asociación de Desarrollo Social de Zamora -ADES, (en adelante la Asociación) como 
Presidente, elegido por la Asamblea de fecha 04/01/2019 y facultado para este acto en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas como Presidenta según los Estatutos de la 
Asociación en su artículo 14 y facultado para este acto mediante poder otorgado en 
Zamora  ante  el  Secretario  Territorial  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  en  Zamora 
el 10/01/2019. Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con número 1619 de la 
Sección Primera y con domicilio a los efectos del presente convenio en calle Colón 19 
bajo, 49021 de Zamora.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que  oe.
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el  w.
presente convenio y, a tal efecto, 31ww
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y 
por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que  el  Real  Decreto  840/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así  como  de  la  suspensión  de  la  ejecución  de  las  penas  privativas  de  libertad  y 
sustitución de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la 
comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, 
podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas 
que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la 
Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 7.3 a) que 
corresponde  a  la  Subdirección  General  de  Medio  Abierto  y  Penas  y  Medidas 
Alternativas, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la 
libertad  condicional;  la  libertad  vigilada  postpenitenciaria  que  es  competencia  de  la  e.e
Administración Penitenciaria, y la acción social penitenciaria w.b
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desarrollando eficazmente programas de actuación social, fomentando la autonomía e
independencia de la persona e implicando la participación de la comunidad, generando 
así los adecuados cambios para que cualquier persona pueda ejercer sus derechos 
fundamentales de acceso a un bienestar suficiente y a una adecuada calidad de vida. 
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación ADES para el efectivo 
cumplimiento  de  las  penas  de  trabajo  en  beneficio  de  la  comunidad,  mediante  la 
prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito 
competencial.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias,  asume  las  obligaciones  para  la  cobertura  de  las  contingencias  que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del 
trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se 
señala que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «…la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias,  la  derivada  de  su  inclusión  en  la  acción  protectora  del  sistema  de  la 
Seguridad  Social  únicamente  en  los  casos  de  accidente  de  trabajo  y  enfermedad 
profesional».  Todo  ello  también  en  concordancia  con  el  artículo  11  del  Real 
Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo de la Asociación.
Tercera.  Compromisos que asume la Asociación.
1.  La Asociación se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 
del Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  La Asociación, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada 
por los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para 
la realización de la tarea encomendada. e.
3.  La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de  w.
la comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo  31ww
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Cuarta.  Distribución de las plazas.
1.  La Asociación deberá remitir a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  el  anexo  II 
cumplimentado con los datos sobre las plazas que se indican.
2.  Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la 
actividad más adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con 
indicación expresa de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, 
conforme al catálogo de plazas que haya remitido la Asociación de acuerdo con el Anexo 
II de este convenio.
3.  Una  vez  realizada  la  valoración  y  seleccionada  la  tarea  a  desarrollar,  los 
Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, trasladarán a la Asociación de la información necesaria para 
el adecuado desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta.  Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medias  Alternativas  de  la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo 
posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento 
de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta.  Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.  La actividad que realice el penado no será retribuida.
2.  En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo  del  presente  convenio,  ni  para  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias ni para la Asociación.
Séptima.  Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1.  Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias de la Asociación.
2.  La  Asociación  informará  a  los  Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que 
vaya siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan 
en  el  desenvolvimiento  del  plan  de  ejecución,  para  que  por  dichos  servicios  se 
comunique lo oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a)  Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b)  Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c)  Oposición  o  incumplimiento  reiterado  y  manifiesto  a  las  instrucciones  del  e
responsable de la ocupación. bo
d)  Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a  31ww
manItgeunaelmrlee netne ,la l am iAsmsoac.iación deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la
finalización del plan de ejecución. Bc
Octava.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  La  Asociación  se  compromete  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
la Asociación mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna 
forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del 
presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación. Los datos objeto de tratamiento 
tendrán  por  finalidad  la  ejecución  de  sanciones  penales,  al  amparo  de  la  Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías de: nombre y apellidos del penado, 
DNI  y  número  de  jornadas  de  condena  a  la  pena  de  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  quebrantado  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Novena.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida  oe.
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos  w.
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éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Asociación.
Duodécima.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercera.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente 
convenio se perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz 
una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal de 
órganos  e  instrumentos  de  cooperación  del  Sector  Público  Estatal.  Asimismo,  será 
publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del 
Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la 
Asociación podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro 
años adicionales.
Decimocuarta.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El 
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–El  es
Presidente de la Asociación de Desarrollo Social-ADES, Javier Zazo Alconada. bo
ANEXO I
Datos de la asociación
 
PERSONA DE CONTACTO   
CARGO   
 
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
 
DIRECCIÓN DE LA 
 
ENTIDAD 
PROVINCIA   
LOCALIDAD    C.POSTAL   
 
   
 
ANEXO II
 
Oferta de plazas
ANEXO DE PLAZAS   
DATOS DE LA PLAZA   
TIPO DE ACTIVIDAD   
NÚMERO DE PLAZAS     
CARACTERÍSTICAS   
JORNADA DE  PERIODICIDAD   HORARIO   
Mañana    De lunes a viernes   
* (1)  Tarde    Fines de semana     
Noche    Toda la semana   
ESTUDIOS   
Ninguno    Diplomado Universitario o equivalente   
* (2)  Estudios Primarios      Licenciado Universitario o equivalente   
Educación Secundaria o equivalente    Idiomas   
OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS   
 
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA   
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE   
TELÉFONO           
E-MAIL   
   
PROVINCIA    LOCALIDAD   
C. POSTAL     
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