BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Viernes 30 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 92566
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12901 Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador  de  la  propiedad  de  Jávea  n.º  2  a  inscribir  una  escritura  de 
compraventa.
En el recurso interpuesto por don A. B. contra la negativa del registrador de la 
Propiedad de Jávea número 2, don Gonzalo Aguilera Anegón, a inscribir una escritura de 
compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 26 de febrero de 2021 por el notario de Jávea. 
don Juan Luis Millet Sancho, con el número 238 de su protocolo, la entidad «Cap Mirco 
S.L.», representada por doña Y. C. S. N., como apoderada de dicha sociedad, vendió a 
don A. B. la finca registral número 19.010 del Registro de la Propiedad de Jávea 
número 2. En dicha escritura, la parte vendedora manifestaba que la finca transmitida 
tenía  la  consideración  de  activo  esencial  de  la  sociedad  y,  especialmente,  que  lo 
transmitido superaba el 25% del valor de los activos que figuraban en el último balance 
aprobado, incorporándose a la escritura la declaración de la apoderada al respecto.
II
Presentada telemáticamente el mismo día 26 de febrero de 2021 dicha escritura en el 
Registro de la Propiedad de Jávea número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación, 
que, a continuación, se transcribe respecto del único defecto objeto de impugnación:
«N.º Entrada: 1030.
Asiento y Diario: 231/158.
Notario: Juan Luis Millet Sancho.
N.º Protocolo: 238/2021.
El Registrador que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19-bis de la Ley Hipotecaria (redacción 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre), y en base a los siguientes:
Hechos:
1)  El documento precedente otorgado el 26/02/2021, ante el Notario de Jávea Don 
Juan Luis Millet Sancho número de protocolo 238/2021, fue presentado en este Registro 
de la Propiedad el día 26/02/2021, entrada número 1030 y Asiento de presentación 231 
Diario 158. Acreditado el Impuesto mediante su aportación el 17/03/2021.
2)  Por la escritura relacionada la mercantil “Cap Mirco SL” representada por Doña  e
Y. C. S. N., vende la finca de su propiedad registral 19.010 de Jávea, a Don A. B. que  bo
compra con carácter privativo. 901ww
Defectos y fundamentos de Derecho:
Arts. 9 y 18 LH y arts. 51 y 98 RH.
1.º  (…)
2.º  Según  consta  en  documento  incorporado  a  la  escritura  suscrito  por  la 
apoderada de la sociedad vendedora el inmueble vendido tiene la consideración de 
activo  esencial  de  la  sociedad,  por  lo  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital dicha venta debe ser autorizada por la 
Junta General de la Sociedad. (Resoluciones de la Dirección general de los Registros y 
del Notariado (hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) de 11 de junio 
de 2015, 26 de junio de 2015, 8 de julio de 2015, 10 de julio de 2015, 27 de julio 
de 2015, 23 de octubre de 2015, 22 de noviembre de 2017, 29 de noviembre de 2017, 12 
de junio de 2020, 18 de junio de 2020).
Ha resuelto suspender el asiento registral solicitado, quedando prorrogado el asiento 
de presentación practicado por plazo de 60 días, a contar desde la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 323 de la Ley 
Hipotecaria (redacción Ley 24/2001, de 27 de diciembre).
Contra esta decisión (…)
Jávea, a nueve de abril de dos mil veintiuno El Registrador, Fdo. electrónicamente: 
Gonzalo  Aguilera  Anegón  Este  documento  ha  sido  firmado  con  firma  electrónica 
cualificada por Gonzalo Aguilera Anegón registrador/a de Registro Propiedad de Jávea a 
día diez de Abril del año dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. B. interpuso recurso el día 24 de mayo 
de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«(…)  El  suscribiente  es  tercer  adquirente  de  buena  fe,  por  lo  que  ninguna 
responsabilidad por lo que entiendo que dicho defecto debe ser anulado en la medida en 
que no aportar el acuerdo de la junta para la venta de un activo esencial se trataría en 
todo  caso  de  una  cuestión  interna  de  la  empresa.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  la 
responsabilidad del apoderado frente a la mercantil vendedora. Esta petición tiene su 
apoyo,  entre  otras,  en  la  Dirección  general  de  los  registros  y  del  notariado, 
concretamente la resolución del 26 de junio de 2015 (…)
Solicito tenga a bien anular el defecto número 2 contenido en la calificación negativa, 
en base a los motivos alegados por esta parte, es decir, la buena fe de tercer adquirente 
sin ninguna responsabilidad por ello en los formalismos internos de empresa vendedora 
a la hora de vender, lo cual tiene sustento entre otras en la Dirección general de los 
registros y del notariado, concretamente la resolución del 26 de junio de 2015.»
IV
Mediante escrito, de fecha 7 de junio de 2021, el registrador de la Propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. En dicho informe afirmaba que, el 
día 25 de mayo de 2021, dio traslado del recurso interpuesto al notario autorizante de la 
escritura calificada, sin que éste haya presentado alegaciones. es
Fundamentos de Derecho 901ww
4d7ic9ie,V mi4sb8tor9es ,  ylop so5 r1a 1rlat í cbquiuslo esd  se1e 2 l8am1 o Lade iyf1i c2ad8 e6l a dS eLolec Cyie ódddaeid gSeoos C cidieveidl ;a C1d6ae0ps, it da1el6;  1Cl,a a2 p3Li4eta,y l  3p37a11r/,a2 3 0l81a74 ,m,  3ed9jeo2 r,a 33  9dd3ee,l    OE-A-2021-12able en https://
gobierno corporativo; los artículos 9.1 de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del 
Derecho de sociedades; 3, 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria; 3, 6, 7, 166, párrafo 
primero, 186, párrafo tercero, 271.2.º, 323, 324, 396, párrafo segundo, 399, 480, 489, 
498, 647, párrafo segundo, 649, párrafo primero, 650, párrafo primero, 785.2.º, 975, 
1259, 1297, 1298, 1320, 1322, 1377, 1389 y 1713 del Código Civil; 43.2 y 226.2.3.ª de la 
Ley Concursal; 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado; 25.5 de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos; 11.1 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de 
Arrendamientos Rústicos; 91 y 420 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1984, 24 de noviembre de 1989 
y 2008 17 de abril de 2018, y de la Salta Tercera, de 24 de octubre de 2000; y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de mayo 
y 4 de noviembre de 1968, 1 de julio de 1976, 2 de octubre de 1981, 31 de marzo 
de 1986, 22 febrero y 12 de mayo 1989, 7 de julio y 17 de noviembre de 1998, 20 de 
abril de 2005, 22 de mayo de 2006, 26 de febrero de 2008, 11 y 26 de junio, 8, 10, 27, 28 
y 29 de julio, 17 de septiembre, 23 de octubre y 14 de diciembre de 2015, 22 y 29 de 
noviembre de 2017 y 31 de mayo de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 y 18 de junio de 2020 y 13 de abril de 2021.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  objeto  del  presente  recurso  una 
sociedad  de  responsabilidad  limitada,  representada  por  una  apoderada,  vendió 
determinado  inmueble  al  ahora  recurrente.  En  dicha  escritura,  la  apoderada  de  la 
sociedad vendedora manifiesta que la finca transmitida tiene la consideración de activo 
esencial de la sociedad y especialmente que lo transmitido supera el 25% del valor de 
los activos que figuran en el último balance aprobado, incorporándose a la escritura la 
declaración de la apoderada al respecto.
El  registrador  suspende  la  inscripción  porque  considera  que  la  venta  debe  ser 
autorizada  por  la  junta  general  de  la  sociedad  vendedora,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital y las Resoluciones 
que cita de este Centro Directivo.
El recurrente alega que es tercer adquirente de buena fe y el acuerdo de la junta 
general de la sociedad vendedora es una cuestión interna de ésta.
2.  Para resolver el presente recurso debe partirse de la reiterada doctrina sentada 
por esta Dirección General a la que se refiere el recurrente (vid. las Resoluciones de 11 
y 26 de junio, 8, 10, 27, 28 y 29 de julio, 23 de octubre y 14 de diciembre de 2015, 22 
y 29 de noviembre de 2017, 31 de mayo de 2018, 12 y 18 de junio de 2020 y 13 de abril 
de  2021)  sobre  la  aplicación  del  precepto  legal  invocado  por  el  registrador  en  su 
calificación impugnada.
La norma del artículo 160.f), que atribuye a la junta general competencia para 
deliberar y acordar sobre «la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad 
de activos esenciales», fue incorporada a la Ley de Sociedades de Capital mediante la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica aquélla para la mejora del 
gobierno corporativo. En el apartado IV del Preámbulo de esa ley se expresa que 
mediante la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en lo 
que ahora interesa «se amplían las competencias de la junta general en las sociedades 
para reservar a su aprobación aquellas operaciones societarias que por su relevancia 
tienen efectos similares a las modificaciones estructurales». Y, en la misma reforma, se 
añade el artículo 511 bis, según el cual en las sociedades cotizadas constituyen materias 
reservadas a la competencia de la junta general, además de las reconocidas en el 
artículo 160, entre otras, «a) la transferencia a entidades dependientes de actividades  e.
esenciales  desarrolladas  hasta  ese  momento  por  la  propia  sociedad,  aunque  esta  w.b
mantenga  el  pleno  dominio  de  aquellas»  y  «b)  las  operaciones  cuyo  efecto  sea  901ww
equiLvaa lfeinnateli daal dd ed ela  llaiq duiisdpaocsióicni ódne  dlae ls aorctiíecdualod »1.60.f), como se desprende de la ubicación
esissttaetmutáatriicaa y d leo sl ad em mismodai fi(ceanc ieoln mesis emsotr uacrttuícrualloe s1)6, 0lle, vean tare i nlcolsu isr uepnu eels stousp udees mtoo ndoifrimcaactiióvno 
los casos de «filialización» y ejercicio indirecto del objeto social, las operaciones que
conduzcan a la disolución y liquidación de la sociedad, y las que de hecho equivalgan a 
una modificación sustancial del objeto social o sustitución del mismo. Pero debe tenerse 
en cuenta, que dada la amplitud de los términos literales empleados en el precepto («la 
adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales»), 
surge la duda razonable sobre si se incluyen o no otros casos que, sin tener las 
consecuencias de los ya señalados, se someten también a la competencia de la junta 
general por considerarse que exceden de la administración ordinaria de la sociedad.
El hecho de que la norma se refiera a un concepto jurídico indeterminado –«activos 
esenciales»– comporta evidentes problemas de interpretación. Pero, sin duda, son las 
consecuencias que haya de tener la omisión de la aprobación de la junta general lo que 
debe tomarse en consideración para determinar, en el ámbito de la seguridad jurídica 
preventiva, la forma de actuar del notario y del registrador.
Ciertamente,  no  es  de  aplicación  la  inoponibilidad  frente  a  terceros  de  las 
limitaciones  voluntarias  al  poder  de  representación  de  los  administradores 
(artículos 234.1 de la Ley de Sociedades de Capital, al que se remite el artículo 161. Cfr., 
asimismo, los artículos 479.2 y 489, relativos a la sociedad anónima europea), toda vez 
que se trata de un supuesto de atribución legal de competencia a la junta general con la 
correlativa falta de poder de representación de aquéllos. Cuestión distinta es la relativa a 
la posible analogía que puede existir entre el supuesto normativo del artículo 160.f) y el 
de los actos realizados por los administradores con extralimitación respecto del objeto 
social inscrito frente a los que quedan protegidos los terceros de buena fe y sin culpa 
grave ex artículo 234.2 de la Ley de Sociedades de Capital (cfr. artículo 9.1 de la 
Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, 
sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, que se corresponde con los 
artículos 10.1 de la derogada Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  16  de  septiembre  de  2009,  y  9.1  de  la  también  derogada  Primera 
Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968).
Según la Sentencia del Tribunal Supremo número 285/2008, de 17 de abril, los 
consejeros delegados de una sociedad anónima carecen de poderes suficientes para 
otorgar la escritura pública de transmisión de todo el activo de la compañía (en el caso 
enjuiciado,  las  concesiones  administrativas  de  transportes,  tarjetas  de  transporte  y 
autobuses,  dejando  a  la  sociedad  sin  actividad  social)  sin  el  conocimiento  y 
consentimiento de la junta. Señala que «excede del tráfico normal de la empresa dejarla 
sin sus activos, sin autorización de la Junta General para este negocio de gestión 
extraordinario». Primero, porque la sociedad no se dedicaba a nada más que a las 
actividades realizadas a través de esos activos. En segundo lugar, porque la enajenación 
equivalía a una modificación del objeto social. Y lo fundamental de esta Sentencia es 
que en el caso concreto no casa la sentencia recurrida por entender que prevalece «la 
protección de terceros de buena fe y sin culpa grave ante el abuso de exceso de poderes 
de los Consejeros-Delegados (art. 129.2 LSA [actual 234.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital], aplicable por una clara razón de analogía)».
Aun cuando no se puede afirmar que constituyan actos de gestión propia de los 
administradores la adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos 
esenciales, debe tenerse en cuenta que el carácter esencial de tales activos escapa de 
la apreciación del notario o del registrador, salvo casos notorios –y aparte el juego de la 
presunción legal si el importe de la operación supera el veinticinco por ciento del valor de 
los activos que figuren en el último balance aprobado–. Por ello, es muy difícil apreciar a 
priori si un determinado acto queda incluido o no en el ámbito de facultades conferidas a  s
los  representantes  orgánicos  de  la  sociedad  o,  por  referirse  a  activos  esenciales,  oe.
compete a la junta general; y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de  w.
investigar la conexión entre el acto que va a realizar y el carácter de los activos a los que  901ww
se reDfaiedroe . que  el  carácter  esencial  del  activo  constituye  un  concepto  jurídico
icnodne tseurm «inraatdioo , ledgeibse»n  sdineos ccaortna rlsae  iminpterrepsrceitnadciibolnee sa gdileid alad  ndoerlm tará finiccoo mjupríadtiicbole. sA nsoí,  suónlao   BOE-A-cable e
interpretación de ese tipo es la que exigiera un pronunciamiento expreso de la junta 
general en todo caso, por entender que cualquiera que sea el importe de la operación 
puede que se trate de un activo esencial. Y, por las mismas razones, tampoco puede 
estimarse  exigible  esa  intervención  de  la  junta  en  casos  en  que  sea  aplicable  la 
presunción  legal  derivada  del  importe  de  dicha  operación.  De  seguirse  esas 
interpretaciones se estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la 
sociedad por la junta general, con las implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.
No obstante, y aunque normalmente el notario carecerá de suficientes elementos de 
juicio de carácter objetivo para apreciar si se trata o no de activos esenciales, es 
necesario que en cumplimiento de su deber de velar por la adecuación a la legalidad de 
los actos y negocios que autoriza (cfr. artículo 17 bis de la Ley del Notariado), a la hora 
de redactar el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes –que 
deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico–, despliegue la mayor 
diligencia al informar a las partes sobre tales extremos y reflejar en el documento 
autorizado los elementos y circunstancias necesarios para apreciar la regularidad del 
negocio y fundar la buena fe del tercero que contrata con la sociedad. Así, cobra sentido, 
por ejemplo, la exigencia de una certificación del órgano social o manifestación del 
representante de la sociedad sobre el hecho de que el importe de la operación no haga 
entrar  en  juego  la  presunción  legal  establecida  por  la  norma  (por  no  superar  el 
veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado) 
o, de superarlo, sobre el carácter no esencial de tales activos.
Dados  los  privilegiados  efectos  que  en  nuestro  ordenamiento  se  atribuye  a  la 
escritura pública, deben extremarse las cautelas para que cumpla todos los requisitos 
que permitirán que despliegue la eficacia que le es inherente y que, además, permiten 
asegurar  una  sólida  publicidad  registral  basada  en  títulos  en  apariencia  válidos  y 
perfectos mediante la añadida función calificadora del registrador.
Conforme al artículo 17 bis, apartado a), de la Ley del Notariado, el notario debe 
velar por que «el otorgamiento se adecúe a la legalidad», lo que implica según el 
apartado  b)  que  «los  documentos  públicos  autorizados  por  Notario  en  soporte 
electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido 
se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes». Y según 
el artículo 24 de la misma ley, reformado por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, «los 
notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la regularidad no 
sólo  formal  sino  material  de  los  actos  o  negocios  jurídicos  que  autorice[n]  o 
intervenga[n]».
Por lo que se refiere a la actuación del registrador, debe tenerse en cuenta que al 
Registro sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo ser 
rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad 
o  resolución  susceptible  de  impugnación  (cfr.  artículos  18,  33,  34  y  38  de  la  Ley 
Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica 
preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento 
público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el Tribunal 
Supremo  en  Sentencia  de  24  de  octubre  de  2000,  Sala  Tercera,  «a  Notarios  y 
registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, 
recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento 
público, o sobre los títulos inscribibles». Pero debe también tomarse en consideración 
que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al 
establecer que los registradores calificarán «(…) la legalidad de las formas extrínsecas  s
de los documentos de toda clase, (...) así como la capacidad de los otorgantes y la  oe.
validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas (…)». Ciertamente,  w.
en el procedimiento registral se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la  901ww
iancscceridpacnió anl  Rdeelg itsíttruolo,  dcaodna  llaa  enfieccaecsiaid pardo tedcet oirmap deed iér sqteu.e A hloosr aa bciteons,  eqsu eig ueasltméne nvteic ciaiedrotos 
iqnueex isetne nncuiae sdtreo  usins tevmiciao  riengviasltirdaal nnteo;  sye  leax ifgaec ullata adf irqmuea csióen  aptorirb uloyse  oatlo rrgeagnistetrsa dsoorb rpea rlaa   BOE-A-cable e
calificar esa validez –a los efectos de extender o no el asiento registral solicitado–, 
implica la comprobación de que el contenido del documento no es contrario a la ley 
imperativa o al orden público, ni existe alguna falta de requisitos esenciales que vicie el 
acto o negocio documentado. Por ello, sólo cuando según los medios que puede tener 
en cuenta al calificar el título presentado pueda apreciar el carácter esencial de los 
activos objeto del negocio documentado podrá controlar que la regla competencial haya 
sido respetada, sin que pueda exigir al representante de la sociedad manifestación 
alguna sobre tal extremo, pues en ninguna norma se impone dicha manifestación, a 
diferencia de lo que acontece en otros supuestos en los que se exige determinada 
manifestación del otorgante y la falta del requisito establecido (como, por ejemplo, la 
manifestación sobre la falta de carácter de vivienda habitual de la familia –artículo 91 del 
Reglamento Hipotecario en relación con el artículo 1320 del Código Civil–, la inexistencia 
de  arrendamiento  de  la  finca  vendida,  según  los  artículos  25.5  de  la  Ley  de 
Arrendamiento Urbanos y 11.1 de la Ley de Arrendamientos Rústicos, etc.) constituye 
impedimento legal para la práctica del asiento.
Cabe concluir, por tanto, que aun reconociendo que, según la doctrina del Tribunal 
Supremo  transmitir  los  activos  esenciales  excede  de  las  competencias  de  los 
administradores, debe entenderse que con la exigencia de esa certificación del órgano 
de administración competente o manifestación del representante de la sociedad sobre el 
carácter no esencial del activo, o prevenciones análogas, según las circunstancias que 
concurran en el caso concreto, cumplirá el notario con su deber de diligencia en el 
control sobre la adecuación del negocio a legalidad que tiene encomendado; pero sin 
que tal manifestación pueda considerarse como requisito imprescindible para practicar la 
inscripción, en atención a que el tercer adquirente de buena fe y sin culpa grave debe 
quedar protegido también en estos casos (cfr. artículo 234.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital);  todo  ello  sin  perjuicio  de  la  legitimación  de  la  sociedad  para  exigir  al 
administrador  o  apoderado  la  responsabilidad  procedente  si  su  actuación  hubiese 
obviado el carácter esencial de los activos de que se trate.
Resumidamente, el artículo 160 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital no ha derogado el artículo 234.2 del mismo texto legal, por lo que la sociedad 
queda obligada frente a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No 
existe ninguna obligación de aportar un certificado o de hacer una manifestación expresa 
por parte del administrador de que el activo objeto del negocio documentado no es 
esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre el carácter no 
esencial de tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de 
diligencia y valoración de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación 
expresa no es por sí defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador podrá 
calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por 
ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea notoriamente imprescindible para el 
desarrollo del mismo) o cuando resulte de los elementos de que dispone al calificar (caso 
de que del propio título o de los asientos resulte la contravención de la norma por 
aplicación de la presunción legal).
3.  Según las consideraciones anteriores, el recurso no puede ser estimado. Como 
el notario ha de cumplir con su deber de diligencia en el control sobre la adecuación del 
negocio a legalidad, tiene que denegar la autorización de la escritura cuando –como 
sucede en este caso– el carácter esencial del activo enajenado es manifiesto. Y, al ser 
indubitado ese carácter esencial, está debidamente fundada la negativa del registrador a 
la inscripción de dicha escritura. s
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación  w.b
impugnada. 901ww
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ainnmteu eebl leJ uezng aedl op ldaez ol od eC idviol sd em elas ecsa pdietasld ed es ula  nPotriofivciancciióan ,d esli elnudgoa r ddeo nadpelic aracdióicna  laesl 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.