BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 103041
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
14641 Sala Segunda. Sentencia 144/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo 5907-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las 
resoluciones  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación 
por  infracción  de  normativa  autonómica  en  procedimiento  abreviado  en 
materia de personal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin 
causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas 
autonómicas). Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2020:144
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5907-2018, promovido por la Junta de Extremadura, 
que actúa representada por la letrada de dicha Junta, doña Ana Cristina Sánchez-
Barriga Leiton y, como persona designada a efectos de notificaciones, por la procuradora 
de los tribunales doña Aurora Gómez-Villaboa Mandri, se interpone contra las siguientes 
resoluciones: i) auto núm. 4/2018, de fecha 10 de septiembre, dictado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en cuya 
virtud se inadmite el recurso de casación por infracción de normativa autonómica, que 
fue preparado por la Junta de Extremadura contra la sentencia 31/2018, del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida, de fecha 2 de marzo de 2018, recaída 
en el procedimiento abreviado núm. 154-2017 y ii) providencia de fecha 11 de octubre 
de 2018, en cuya virtud se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones, que fue 
interpuesto por la Junta de Extremadura contra el auto anteriormente mencionado. Ha 
comparecido  don  Ángel  Hernández  Polo,  representado  por  el  procurador  de  los 
tribunales don Luis Mena Velasco y asistido del letrado don Diego Castillo Guijarro. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-
Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  La Junta de Extremadura, quien actúa representada por la letrada de dicha junta  e
doña Ana Cristina Sánchez-Barriga Leiton y, como persona designada a efectos de  b
notificaciones, por la procuradora de los tribunales doña Aurora Gómez-Villaboa Mandri,  641ww
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones indicadas en el encabezamiento.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La  sentencia  núm.  31/2018,  de  2  de  marzo,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida, en el procedimiento abreviado núm. 154-2017, 
estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ángel Hernández Polo, en 
los siguientes términos:
«Que  debo  estimar  y  estimo  íntegramente  el  recurso  contencioso-administrativo 
presentado por don Ángel Hernández Polo, contra la resolución de fecha 20 de febrero 
de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, desestimatoria del 
recurso de alzada formulado contra la resolución del gerente de área desestimatoria de 
la reclamación de abono del complemento de comunidad autónoma, establecido como 
retribución  complementaria  para  el  personal  estatutario  sanitario  del  grupo  A1, 
declarando pues la anulabilidad de la mencionada resolución por considerarla contraria a 
Derecho y declarando y reconociendo, en consecuencia, el derecho de la demandante a 
percibir, con efectos de 1 de septiembre de 2012, el complemento salarial, componente 
del específico, denominado de comunidad autónoma, en las cuantías aprobadas para 
cada  periodo,  más  los  intereses  legalmente  aplicables  sobre  cada  una  de  las 
mensualidades  adeudadas  hasta  completo  pago  […].  Notifíquese  la  presente  a  las 
partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso […].»
b)  La Junta de Extremadura interpuso recurso de casación por infracción de la 
normativa autonómica, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  (LJCA),  que  fue 
tramitado con el núm. 4-2018 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura. La recurrente argumentó, en esencia, que la 
sentencia  impugnada  lleva  a  cabo  una  interpretación  de  la  normativa  autonómica 
contradictoria  con  la  efectuada  por  otros  órganos  jurisdiccionales,  que  atañe  a 
cuestiones de personal, establece un criterio lesivo para los intereses generales y es 
susceptible de extensión de efectos.
c)  El recurso de casación preparado fue inadmitido por auto del órgano judicial 
anteriormente  indicado,  de  fecha  10  de  septiembre  de  2018,  en  cuyo  fundamento 
jurídico 1 argumenta lo siguiente:
«Para pronunciarnos sobre la admisión o inadmisión del recurso de casación por 
infracción de norma autonómica presentado por la Junta de Extremadura, tenemos en 
cuenta lo siguiente:
I.  El artículo 86.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa,  dispone  lo  siguiente:  "Las  sentencias  dictadas  en  única 
instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo y las dictadas en única 
instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional y por las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo.
En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo 
contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias 
que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y 
sean susceptibles de extensión de efectos''. El precepto establece exclusivamente la 
competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso de  e.e
casación frente a las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo  b
contencioso-administrativo. 641ww
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de Justicia: "2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra
sentencias y autos dictados por los juzgados de lo contencioso-administrativo y de los 
correspondientes  recursos  de  queja.  3.  También  les  corresponde,  con  arreglo  a  lo 
establecido en esta ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias 
firmes de los juzgados de lo contencioso-administrativo. […] 5. Conocerán del recurso de 
casación para la unificación de doctrina en los casos previstos en la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 6. Conocerán del recurso de casación en interés 
de la ley en los casos previstos en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa".
El artículo 10 LJCA dispone que las salas de lo contencioso-administrativo:
"2.  Conocerán,  en  segunda  instancia,  de  las  apelaciones  promovidas  contra 
sentencias y autos dictados por los juzgados de lo contencioso-administrativo, y de los 
correspondientes  recursos  de  queja.  3.  También  les  corresponde,  con  arreglo  a  lo 
establecido en esta ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias 
firmes de los juzgados de lo contencioso-administrativo. […] 5. Conocerán del recurso de 
casación para la unificación de doctrina previsto en el artículo 99. 6. Conocerán del 
recurso de casación en interés de la ley previsto en el artículo 101''. Los artículos 99 
y  101  LJCA  han  sido  derogados  por  la  disposición  final  tercera  de  la  Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, de modo que los recursos de casación para la unificación de 
doctrina y en interés de la ley no existen actualmente. Por tanto, ni la LOPJ ni la LJCA 
contienen norma que atribuya competencia a las salas de lo contencioso-administrativo 
de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia  para  enjuiciar  recursos  de  casación  por 
infracción de norma autonómica.
III.  El artículo 86.3 segundo párrafo LJCA se refiere al recurso de casación por 
infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma, pero este precepto, por un 
lado, no menciona como susceptibles de ser recurridas en casación las sentencias de los 
juzgados de lo contencioso-administrativo. Por otro, el precepto ha sido redactado por la 
disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que no tiene rango de ley 
orgánica  sino  de  ley  ordinaria,  según  prevé  la  disposición  final  quinta  de  la  Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio. La atribución competencial de un recurso de casación 
por infracción de norma autonómica debe regularse en norma con rango de ley orgánica 
y no en una ley ordinaria, conforme al artículo 122.1 CE. La reserva de ley orgánica debe 
comprender,  como  mínimo,  además  de  la  institución  de  los  diferentes  órdenes 
jurisdiccionales, la configuración definitiva de los tribunales de justicia y la definición 
genérica de su ámbito de conocimiento litigioso.
IV.  Salvo la mención contenida en el artículo 86.3 LJCA, no existe otro precepto 
que se ocupe de la tramitación del recurso de casación por infracción autonómica. El 
trámite procedimental de la LJCA está previsto en su integridad para la tramitación del 
recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin que exista regulación 
alguna  de  la  tramitación  de  recurso  de  casación  por  las  salas  de  lo  contencioso- 
administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Todo lo anterior conduce a la 
inadmisión del recurso de casación al concurrir la causa de inadmisión prevista en el 
artículo 90.4 a) LJCA al no ser recurrible en casación por infracción de norma emanada 
de la comunidad autónoma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Mérida.»
d)  La Junta de Extremadura interpuso incidente de nulidad de actuaciones, en el  oe.
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casación sí era procedente; y ii) lesión del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley
(art.  14  CE),  puesto  que  otros  tribunales  superiores  de  justicia  autonómicos  han
alcanzado  soluciones  distintas,  en  cuanto  a  la  procedencia  del  citado  recurso  de 
casación por infracción de la normativa autonómica.
e)  El incidente de nulidad fue inadmitido por providencia de 11 de octubre de 2018. 
En  esa  resolución,  el  tribunal  ofrece,  en  relación  con  el  recurso  de  casación  por 
infracción de la normativa autonómica, el siguiente razonamiento:
«Lo alegado por la parte que presenta el incidente de nulidad de actuaciones no 
modifica la fundamentación jurídica del auto de inadmisión del recurso de casación por 
infracción de normativa autonómica. Se trata de un recurso que no está previsto en la 
LJCA  al  no  indicarse  expresamente  que  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo 
contencioso-administrativo puedan ser objeto de recurso de casación ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no se 
indica que resoluciones y en que supuestos las decisiones de los juzgados pueden ser 
objeto de recurso de casación y no existe regulación procesal alguna para este tipo de 
recurso ante las salas de lo contencioso-administrativo. Respetando las decisiones de 
otros tribunales superiores de justicia, no es posible que un recurso de casación pueda 
admitirse, decidirse en qué supuestos cabe, y tramitarse, cuando existe una absoluta 
falta de regulación en la LJCA y en la LOPJ. Por ello, no procede reabrir el debate 
procesal resuelto en la fundamentación expuesta en el auto del que se solicita la nulidad 
de actuaciones, sin que exista la vulneración del derecho fundamental invocado.»
3.  En su demanda de amparo, la Junta de Extremadura interesa que se declare la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a la 
igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), con la consiguiente nulidad de las 
resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura. Tras detallar los trámites más relevantes del procedimiento 
judicial, justificar la pertinencia del incidente de nulidad de actuaciones que interpuso y 
argumentar a favor de la procedencia del recurso de casación que fue inadmitido, la 
entidad  demandante  atribuye  a  las  resoluciones  impugnadas  las  siguientes 
vulneraciones:
(i)  Del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su 
vertiente del derecho al recurso legal, por haberle sido denegada de manera incorrecta la 
posibilidad de entablar un recurso de casación legalmente configurado. Sobre este 
particular, la recurrente considera que se ha infringido la doctrina constitucional reflejada, 
entre otras, en las SSTC 9/1992, de 16 de enero; 122/2013, de 20 de mayo, y 89/2015, 
de 11 de mayo.
(ii)  Del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su 
vertiente del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho y en relación con el 
mandato contenido en el art. 117.1 CE, en tanto que dicho precepto «no solo comporta 
para el justiciable la garantía de obtener una resolución fundada en Derecho, pues 
correlativamente impone a los jueces, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, el 
sometimiento al imperio de la ley (SSTC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 8, y 66/2011, 
de 16 de mayo, FJ 5)». La demandante sostiene que, en el presente caso, se ha 
inaplicado el art. 86.3 LJCA, «al entenderse que no es aplicable a esta comunidad 
autónoma, sin entrar a valorar si es adecuado o no (sic) nuestras alegaciones expuestas 
en el escrito de preparación del recurso». Añade que el tribunal ha inadmitido el recurso 
de casación por considerar que, al no estar previsto en el art. 86.1 LJCA, no procede 
recurrir en casación, por infracción de una norma emanada de la comunidad autónoma,  s
la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo, «saltándose sin  oe.
mmveoertntii(veciiainio)ct neiDóa nedd leo a  dlrageecucrcenuecarssh eoool »  ac.alo  nrlaete ctnuuirdtseoola  d leejugl dacilicmtaiaedl noet eafe rtec.t si8vta6ab. 3lse iqcniu deion ,dd eaef nela nr sepiloóasnci ibó(inalid rtca. od2n d4 ee.1l   inpCtreEinr)pc, iopenione  r dseeul    2020-14641n https://www.
seguridad jurídica (art. 9.3 CE), «habida cuenta que el requisito cuyo incumplimiento ha
determinado la inadmisión del recurso no está expresamente contemplado por la ley y se
ha efectuado una interpretación contraria a la mayor efectividad del derecho fundamental 
al  recurso».  Trae  a  colación  las  SSTC  43/2000,  81/2001,  74/2003  y  7/2015,  que 
sintetizan la doctrina sobre la vertiente del derecho de acceso al recurso legal del 
art. 24.1 CE, para luego afirmar que el órgano judicial ha inadmitido el recurso sobre la 
base de su incompetencia para conocer del mismo, sin entrar a valorar su admisibilidad 
desde  «la  racionalidad  de  la  legislación  aplicable».  Por  ello,  se  ha  eliminado 
injustificadamente y sin motivación alguna el «derecho a que un órgano judicial conozca 
y resuelva la pretensión formulada por esta parte».
(iv)  También alega la lesión del derecho a la igualdad en aplicación de la ley (art. 14 
CE), en relación con el art. 24.1 CE. En primer lugar, destaca la indefensión causada por 
la inadmisión del recurso, «al no entrar a valorarlo en comparación con las soluciones 
contempladas en otras comunidades autónomas, que han puesto soluciones a la falta de 
regulación normativa». Luego formula unas consideraciones relativas al principio de 
igualdad en la aplicación de la ley para, a continuación, insistir en que no se ha aplicado 
el art. 86.3 LJCA, bajo el alegato de que el recurso de casación no es admisible ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. «Y más como es nuestro caso de la 
existencia  de  pronunciamientos  de  dos  órganos  jurisdiccionales  unipersonales 
radicalmente opuestos ante una situación jurídica de empleados públicos iguales».
4.  Por providencia de 20 de mayo del 2019, la Sección Tercera de este tribunal 
acordó la admisión a trámite del presente recurso, al apreciar que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)], porque el asunto suscitado transciende el caso concreto, porque 
plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica 
[STC 155/2009, FJ 2 g)]. También resolvió dirigir atenta comunicación al órgano judicial 
para que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y procediera al 
emplazamiento, por término de diez días, para que pudiesen comparecer en el recurso 
de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento judicial. Finalmente, por 
providencia  de  la  misma  fecha  dispuso  la  formación  de  pieza  separada  para  la 
tramitación del incidente sobre la suspensión solicitada por la parte demandante.
5.  Por escrito presentado el 18 de junio de 2019, don Ángel Hernández Polo 
interesó su personación en el presente recurso de amparo, mediante la representación 
del procurador de los tribunales don Luis Mena Velasco y bajo la dirección del letrado 
don Diego Castillo Guijarro.
6.  Por diligencia de ordenación de 9 de septiembre de 2019, la Secretaría de 
Justicia de la Sala Segunda de este tribunal acordó tener por personado a don Ángel 
Hernández  Polo,  representado  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Luis  Mena 
Velasco y bajo la dirección del letrado don Diego Castillo Guijarro. Asimismo, resolvió dar 
vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, por plazo común 
de  veinte  días,  para  presentar  las  alegaciones  que  estimasen  pertinentes,  de 
conformidad con lo establecido en el art. 52 LOTC.
7.  La demandante de amparo presentó sus alegaciones mediante escrito registrado 
el 4 de octubre de 2019, en el que reitera lo alegado en el escrito de demanda.
8.  Por escrito registrado en este tribunal el 8 de octubre de 2019 presentó sus 
alegaciones el Ministerio Fiscal, quien interesa la estimación del recurso por vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su concreta dimensión de  e.e
derecho de acceso al recurso, así como la nulidad de las resoluciones impugnadas y la  b
retroacción de las actuaciones, a fin de que se dicte otra que sea respetuosa con el  641ww
dlae trreacmhoita fcuinódna dmeel nptraolc veudlnimeireandtoo.  jEudni cpiraiml ye, ra l usgua vr,e ezx, psoinntee tliozsa  aesl pceocnttoesn imdoá sd ere llae vdaenmteasn ddae 
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Sobre ese particular, estima que la triple invocación del derecho a la tutela judicial 
efectiva que efectúa el recurrente se debe reconducir a una sola faceta: la vulneración 
del derecho al recurso legal. Tras resumir la jurisprudencia constitucional en la materia, 
especialmente la referida a la nueva configuración del recurso de casación por infracción 
de la normativa autonómica (ATC 41/2018, de 16 de abril, y STC 128/2018, de 29 de 
noviembre), afirma que las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 7/2015 han 
establecido una doble vía casacional según la regulación que resulte aplicable a cada 
caso; de manera que corresponderá conocer a las salas de lo contencioso-administrativo 
de los tribunales superiores de justicia, cuando en los recursos de casación se denuncie 
la infracción de normativa autonómica.
El fiscal manifiesta que, si esta modalidad casacional debe cumplir su genuina 
función unificadora del Derecho y, mediante una interpretación sistemática de las normas 
propias de la casación estatal es posible integrar los vacíos normativos que presenta la 
actual regulación de la casación autonómica, entonces habrá que concluir: i) que el 
recurso de casación autonómico tiene un régimen jurídico paralelo al estatal; y ii) que el 
órgano judicial encargado de resolverlo, en las mismas condiciones que el Tribunal 
Supremo, será el Tribunal Superior de Justicia que corresponda.
En virtud de lo expuesto, considera que las resoluciones judiciales impugnadas han 
vulnerado  el  derecho  de  acceso  al  recurso,  ya  que  «la  interpretación  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura excluyendo radicalmente la posibilidad de recurso 
de casación autonómico respecto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo elimina 
la  posibilidad  de  esta  perspectiva  de  unificación  de  la  aplicación  de  la  normativa 
autonómica atribuida al Tribunal Superior de Justicia, produciendo, desde esta óptica, un 
vacío  respecto  de  esta  legislación,  incoherente  con  el  sistema  establecido  para  la 
normativa  estatal  y  europea  atribuida  al  Tribunal  Supremo  […]  sin  que  exista  una 
explicación  de  esa  exclusión  ni  una  concreta  cobertura  legal,  que  responde  a  la 
culminación de la organización judicial tanto en el ámbito nacional –Tribunal Supremo– 
como en el ámbito autonómico –Tribunal Superior de Justicia–».
Respecto de la invocación del derecho a la igualdad (art. 14 CE), el fiscal concluye 
que no cabe apreciar su vulneración, porque en la demanda no se ha proporcionado un 
término de comparación, «en relación con el mismo órgano judicial del que se derive un 
cambio arbitrario e injustificado del criterio aplicado en otros supuestos con los que 
exista identidad». Y en este punto, trae de nuevo a colación la STC 128/2018, ahora en 
su fundamento jurídico 5, donde se rechazó la conculcación de la citada igualdad por la 
normativa de referencia; reiterando que, en cambio, sí existe lesión del derecho a la 
tutela judicial efectiva, por lo que debe otorgarse el amparo, con retroacción de las 
actuaciones y con el alcance que fija en el suplico al que ya se ha hecho mención.
9.  Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2019 presentó sus alegaciones el 
codemandado  comparecido,  en  las  cuales  interesa  la  desestimación  del  recuro  de 
amparo. En primer lugar, considera trasladable al presente recurso la argumentación 
jurídica dada en el ATC 41/2018, de 16 de abril, que transcribe parcialmente. Más 
adelante, descarta que se haya producido una vulneración del principio de igualdad en la 
aplicación de la ley (art. 14 CE), toda vez que no ha sido el mismo órgano judicial quien 
ha  realizado  una  interpretación  o  aplicación  distinta  de  una  norma  relevante  para 
conocer de un asunto. Destaca, asimismo, que los administrados cuyos recursos fueron 
enjuiciados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Mérida, tras el 
indebido  rechazo  a  la  acumulación  de  los  recursos,  vieron  desestimadas  sus 
pretensiones y no tuvieron acceso al recurso de casación, por lo que, en realidad, lo que  e.
pretende la entidad  demandante  es situarse en  una posición de privilegio frente a  w.b
aquellos a los que les fue denegado el derecho reclamado por sentencias previas. 641ww
sin iEnnd esfeegnusinódno ( atérrt.m 2in4o.1,  dCeEs)c, aernta  lala  vveurltnieenrtaec idóenl  ddeelr edcehreoc dheo  aac lcae stuot ealla  rejucduicrsiaol.  ePfeacrati veal 
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produzca la necesaria regulación legal.
En relación con el presente caso, sostiene que el art. 86.3 LJCA prevé que el recurso 
de  casación  por  infracción  de  normativa  autonómica  solamente  pueda  interponerse 
contra  la  sentencias  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  de  los 
tribunales superiores de justicia. Ello no obedece a un olvido del legislador, sino que es 
fruto  del  criterio  restrictivo  que  impera  respecto  de  la  interposición  del  recurso  de 
casación  contra  las  sentencias  dictadas  por  los  juzgados  de  lo  contencioso-
administrativo, habida cuenta de que el grave perjuicio para los intereses generales y la 
posibilidad de extensión de efectos, se produce «con mayor transcendencia cuando se 
interpreta la normativa estatal y afectante a todo el territorio nacional, que cuando se 
interpreta o aplica la normativa reglamentaria autonómica». En suma, la inadmisión del 
recurso de casación acordada se ha adoptado «por no venir contemplada la posibilidad 
de entablar dicho recurso en la legislación procesal, ni ordinaria ni extraordinaria, y ello 
sin recurrir a criterios interpretativos restrictivos».
10.  Por providencia de 15 de octubre de 2020, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por la STC 99/2020, de 22 de julio.
Este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el problema jurídico que aquí 
se plantea, al dictar la STC 99/2020, de 22 de julio, que resolvió el recurso de amparo 
núm. 5905-2018, cabecera de la serie de los interpuestos por la Junta de Extremadura 
contra resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Extremadura,  por  las  que  se  inadmitieron  otros  recursos  de  casación 
promovidos por dicha entidad territorial contra sentencias dictadas en única instancia por 
juzgados de lo contencioso-administrativo radicados en aquella comunidad autónoma, 
con  base  en  los  mismos  razonamientos  que  contienen  las  resoluciones  aquí 
impugnadas,  los  cuales  han  sido  contestados,  a  su  vez,  con  idénticos  motivos  de 
impugnación a los que trae la presente demanda. Procede, por tanto, aplicar para la 
resolución de esta última la doctrina sentada en la sentencia citada, en la que se ha 
otorgado el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
con arreglo a los razonamientos que ahora se resumen.
En tal sentido, tras aclarar que el objeto planteado en esta controversia difiere del 
resuelto en el ATC 41/2018, de 16 de abril, que se refería a su vez a una inadmisión del 
recurso  de  casación  por  infracción  del  derecho  autonómico,  pero  respecto  de  una 
sentencia de la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia  indicado,  y  precisar  que  la  queja  realmente  deducida  en  la  demanda  es 
solamente la del derecho al recurso –vertiente del art. 24.1 CE–, la STC 99/2020 
determina cuál es la jurisprudencia constitucional aplicable para resolver la cuestión: de 
un lado, la que define y delimita justamente el derecho fundamental en liza, cuyo canon 
de control por este tribunal es el de aquellas resoluciones que inadmitan un recurso «con 
base en una causa legalmente inexistente o mediante un juicio arbitrario, irrazonable o 
fundado en error fáctico patente» [fundamento jurídico 2 A) c)], si bien con restricciones 
en ese control cuando se refiere al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, 
atendida  la  función  que  se  atribuye  a  este  último  órgano  y  la  propia  naturaleza 
extraordinaria de la casación [fundamento jurídico 2 A) d)]. Y de otro lado, a la doctrina 
sentada  por  la  STC  128/2018,  de  29  de  noviembre  (seguida  en  las  posteriores  e.e
SSTC  18/2019,  de  11  de  febrero,  y  26/2019,  de  25  de  febrero)  que  analiza  la  b
constitucionalidad  del  recurso  de  casación  por  infracción  de  normativa  autonómica  641ww
ainstproedcutocsid por inpcoirp alale sL e[fyu nOdargmáennictao  j7u/r2íd0i1co5 ,2  dBe) ].21 de julio, la cual se desglosa en sus
La aplicación de dicha jurisprudencia llevó entonces al tribunal a afirmar, en su 
fundamento jurídico 3, que las resoluciones judiciales impugnadas habían vulnerado el 
derecho al recurso (art. 24.1 CE) de la entidad recurrente, por las razones siguientes:
«En  primer  lugar,  es  preciso  descartar  como  razonamientos  constitucionalmente 
válidos las referencias que se hacen en la resolución impugnada, por un lado, a la falta 
de carácter orgánico del art. 86.3 LJCA y, por otro, a la omisión de una regulación 
específica  de  la  tramitación  del  recurso  de  casación  por  infracción  de  normativa 
autonómica ante los tribunales superiores de justicia autonómicos. En ambos casos se 
trata de argumentos que ya han sido rechazados por la citada STC 128/2018 al enjuiciar 
la constitucionalidad del art. 86.3 LJCA a los que ahora es preciso remitirse.
Así, este tribunal ha considerado que el art. 86.3 LJCA no contraviene ni el rango de 
ley orgánica ni tampoco el art. 122.1 CE, ya que (i) la composición de las secciones de 
casación  debe  ser  conceptuada  como  referida  a  secciones  "funcionales"  y  "no 
orgánicas", de modo que "no constituyen órganos judiciales distintos a los efectos de 
nuestra doctrina constitucional sobre el alcance de la reserva de ley orgánica que deriva 
del artículo 122.1 CE" [FJ 4 b)]; y (ii) no se trata de una novedad en la normativa 
procesal, pues la composición de las secciones de casación del art. 86.3 LJCA sigue 
siendo la misma que la que el art. 16.4 LJCA, que continúa en vigor, preveía para los 
desaparecidos recursos de casación en interés de la ley y para la unificación de la 
doctrina [FJ 4 b)]. Del mismo modo, en la STC 128/2018 se ha declarado que (i) "la 
regulación contenida en los preceptos cuestionados […] [art. 86.3, párrafos segundo y 
tercero, LJCA] no impide una interpretación lógica y coherente que proporcione un 
sentido  útil  a  la  casación  autonómica",  cumpliendo  una  función  nomofiláctica  y 
unificadora del derecho autonómico [FJ 7 a)] y (ii) el recurso de casación por infracción 
de  normativa  autonómica  se  conforma  como  "un  recurso  de  casación  paralelo"  al 
establecido en el Tribunal Supremo respecto de la denunciada infracción del Derecho 
estatal o de la Unión Europea, además de afirmar que a su "regulación se remite 
implícitamente" [FJ 7 a)].
En segundo lugar, este tribunal constata que la decisión del órgano judicial, en sí 
misma  considerada,  no  es  irrazonable,  pues  no  incurre  en  quiebras  lógicas  en  su 
argumentación (STC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4); tampoco es arbitraria, al no 
ser una "simple expresión de voluntad" (STC 71/2003, de 23 de abril, FJ 5) –la sentencia 
expone las razones por las que considera que las resoluciones dictadas por los juzgados 
de lo contencioso no son recurribles en casación– ni tampoco contiene errores patentes. 
No obstante, el órgano judicial, al inadmitir el recurso de casación en virtud de una 
interpretación literal del art. 86.3 LJCA ha llegado a un resultado materialmente contrario 
al derecho de acceso al recurso que consagra el art. 24.1 CE.
En efecto, la decisión adoptada, al no tomar en consideración que el art. 86.3 LJCA, 
al  regular  el  recurso  de  casación  autonómico,  contiene  una  remisión  implícita  a  la 
regulación del recurso de casación por vulneración del Derecho estatal o de la Unión 
Europea (STC 128/2018, FFJJ 6 y 7) y excluir del recurso de casación autonómico a las 
resoluciones de los juzgados de lo contencioso-administrativo en los supuestos en los 
que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  art.  86.1,  apartado  segundo,  LJCA,  serían 
susceptibles de casación, está inadmitiendo este recurso sin que exista una causa legal 
en la que se prevea esta consecuencia, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de este 
tribunal, determina la vulneración del derecho que garantiza el art. 24.1 CE.»
Al  encontrarnos  con  resoluciones  judiciales  con  el  mismo  contenido  que  las  e
enjuiciadas en nuestra STC 99/2020, ha de otorgarse también el amparo en el presente  bo
recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su  641ww
dveer tiineandtem diseió anc dcees sou a rle rceucrusros od.e E cna ssua ccióonn sdeiccutaednoc ipao, ra clao rSdaalma oas  qlau on uelli d1a0d  dtea nstoe pdtieelm aburtoe 
dneu li2d0a1d8 ,d ceo macot udaec iloan perso vpidroemncoiavi ddoe  1c1o ndtera o cdtiuchbore  aduet o2;0 1a8sí,  qcuoem ion aldam rietitóro ealc icnicóind ednete  ldaes 
actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  a  recaer  la  primera  de  ambas
resoluciones, para que en su lugar se dicte otra que resulte respetuosa con el derecho 
fundamental declarado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por la Junta de Extremadura, por vulneración 
de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad del auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 10 de septiembre de 2018, en el 
recurso de casación autonómico núm. 4-2018, y la nulidad de la providencia dictada por 
la misma Sala, en fecha 11 de octubre de 2018.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento  de  la  primera  de  las  resoluciones  anuladas,  para  que  dicha  Sala 
pronuncie una nueva que resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos respecto de la 
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 5907-2018
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de sala en la que 
se  sustenta  la  sentencia,  he  de  reiterar  mi  discrepancia  con  la  parte  de  la 
fundamentación jurídica que toma como presupuesto la declaración de constitucionalidad 
del art. 86.3 LJCA establecida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre. Los motivos de 
mi disentimiento con esta posición de partida ya los hice expresos en el voto particular 
que formulé a la citada STC 128/2018, al que me remito.
Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil veinte.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado 
y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho respecto de la 
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 5907-2018
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de una parte de la fundamentación de la sentencia 
recaída en el recurso de amparo núm. 5907-2018, que ha conducido a la estimación de 
la demanda. s
Las razones de mi discrepancia son idénticas a las expresadas en el voto particular  oe.
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