BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Viernes 17 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 53140
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
8080 Orden ICT/656/2020, de 15 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras  para  la  convocatoria  de  ayudas  a  entidades  que  realicen 
inversiones  para  la  fabricación  de  dispositivos  médicos,  equipos  de 
protección  personal  y  aquellos  productos  que  sean  considerados  de 
emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-19, durante el ejercicio 
2020.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación ocasionada por el COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, 
requirió  la  adopción  de  medidas  inmediatas  y  eficaces  para  hacer  frente  a  esta 
coyuntura. En consecuencia, con fecha 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España, en 
virtud del artículo cuatro, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, y en el ejercicio de las facultades que le atribuye el 
artículo 116.2 de la Constitución, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. El real decreto establece una serie de medidas inmediatas 
y  eficaces  para  hacer  frente  a  esta  situación  de  crisis  y  para  proteger  la  salud  y 
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el 
sistema de salud pública con una duración inicial de 15 días naturales, de acuerdo con el 
artículo tercero.
El  ritmo  de  contagios  ha  experimentado  un  crecimiento  muy  rápido,  lo  que  ha 
provocado que los servicios públicos sanitarios y las entidades se hayan resentido a la 
hora de hacer frente a este súbito problema. Las reservas y disponibilidades de equipos 
de protección, tanto para el personal sanitario como para el resto de los trabajadores, así 
como de material y equipos sanitarios, no han sido los suficientes, como es lógico en una 
epidemia sobrevenida de manera tan rápida.
A ello se une que esta situación no sólo afecta a nuestro país, sino que la infección 
por COVID-19 es una pandemia mundial, de forma que existe una demanda de este tipo 
de  productos  muy  elevada  en  los  mercados  y  éstos  están  teniendo  problemas  en 
abastecerla.
La necesidad de estos productos va a prolongarse a más largo plazo, y en todo caso, 
hasta que se encuentre una vacuna efectiva y que pueda aplicarse a la mayoría de la 
población.
Por ello, desde la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (SGIPYME), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), se 
están implementando diversas acciones encaminadas a impulsar una oferta nacional de 
producción industrial de equipos de protección y material y equipos sanitarios, así como 
alternativas de fabricación nacional para las sustancias, con restricciones en el mercado, 
ingredientes en la fabricación de hidrogeles de mano y desinfectantes, que permita, al 
menos en parte, solventar la escasez mundial y asegurar, en el futuro más próximo, la 
satisfacción de las necesidades de España en estos ámbitos. s
Con base en la Comunicación de la Comisión Europea del 19 de marzo de 2020  oe.
relativa  al  «Marco  Temporal  relativo  a  las  medidas  de  ayuda  estatal  destinadas  a  w.
srreeusg pímmaloeddnaierfi scl aap caeirócanog nuodamesl í pa3a e rand  eEe sl pacaboñrnialt e, [xcCtoo(n2 d 0fee2lc0 ha) acst2u 22a1 ly 5b ]2,r o4tl aed  ed Caeob CmrilOi.sVióInD -1h9a»  a[Cpr(o2b0a2d0o)  1s8e6n3d],o ys   2020-8080n https://ww
Las ayudas proyectadas se acogen al Marco Nacional Temporal, aprobado por Decisión
de la Comisión de 24 de abril de 2020, relativo a las medidas de ayuda para la contención  Bc
sanitaria del COVID-19, a través de apoyo a la I+D, al desarrollo de infraestructuras de 
ensayo y ampliación de escala y a la fabricación de productos y materiales médicos 
necesarios, así como ayudas urgentes en forma de aplazamiento del pago de impuestos y 
cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  y  subsidios  salariales  para  empleados  para  evitar 
reducciones de plantilla en el contexto del actual brote de COVID-19.
En  este  contexto,  se  establece  un  nuevo  programa  que  apoye,  mediante 
subvenciones, a entidades privadas con personalidad jurídica propia que lleven a cabo 
proyectos para la producción industrial orientada a cubrir las necesidades generadas a 
partir de la crisis sanitaria del COVID-19; en concreto se apoyará la producción de 
dispositivos médicos y equipos y material sanitario y de protección individual (como los 
recogidos, entre otros, en el artículo tercero de la Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, 
por la que se establecen determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo 
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) y 
aquellos otros productos, como principios activos, sustancias químicas, medicamentos, u 
otros productos, que sean considerados de emergencia por el Gobierno en relación con 
el COVID-19.
Resulta por tanto necesario aprobar unas bases reguladoras para la financiación de 
actuaciones  industriales  realizadas  por  el  sector  manufacturero  que  permitan 
incrementar la producción nacional de los productos citados anteriormente.
El artículo 23.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
habilita la posibilidad de unir en un solo acto orden de bases y convocatoria atendiendo a 
su especificidad. Dicha especificidad se sustenta en el ámbito temporal de la presente 
orden, así como por la urgencia para articular las prioridades de la política industrial del 
Gobierno para atender a la situación de crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y 
sus repercusiones en el sector industrial. Igualmente, las ayudas proyectadas se acogen 
al referido Marco Nacional Temporal, aprobado por Decisión de la Comisión de 24 de 
abril de 2020.
Esta orden se estructura en dos capítulos y un anexo. En el primer capítulo figuran 
las disposiciones de carácter general, que se refieren a aspectos como los objetivos 
generales, los tipos de actuaciones financiables, los beneficiarios, las características de 
la financiación y sus límites; el segundo regula el procedimiento de gestión: órganos 
convocantes, forma de realizar la solicitud, proceso de evaluación, tramitación y pago, 
justificación y comprobación de la realización de las inversiones y criterios de graduación 
de los posibles incumplimientos.
Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
orden incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  así  como  las  de  su  Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas todas las 
solicitudes de ayuda al régimen general de concurrencia competitiva y a las normas de 
procedimiento definidas para él en dicha normativa.
El  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  es  el  Departamento  de  la 
Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, 
de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de política comercial y de 
apoyo a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere 
el ordenamiento jurídico. La gestión que la Administración General del Estado realiza de  s
esta financiación, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una  oe.
planificación racional y eficaz de la misma. w.
En otro orden de cosas, debido a que los potenciales beneficiarios de la ayuda  80ww
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Cseormá úonb ldigea tlaosri aA ednm tinoidsatrsa claiosn feass ePsú dbelilc parso, clae dtrimamieintatoci.ón electrónica de los citados apoyos  BOE-A-cable e
El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa  y  la  potestad  reglamentaria,  las  Administraciones  Públicas  actuarán  de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia.
La iniciativa se ajusta los principios de necesidad y eficacia que se fundamentan en 
el  interés  general  que  supone  generar  condiciones  que  permitan  garantizar  el 
abastecimiento de los productos sanitarios que serán masivamente utilizados durante un 
tiempo prolongado asegurando unos precios compatibles con un mercado amplio y 
competitivo.
En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios de 
evaluación  de  las  solicitudes  que  son  objetivos,  públicos  y  conocidos  previamente, 
muchos de los cuales son de cálculo automático, de forma que se deje el menor peso de 
la evaluación al criterio del evaluador.
Esta norma no supone una vulneración del principio de seguridad jurídica y para 
asegurarlo se han pedido todos los informes necesarios a los Servicios Jurídicos del 
Estado.
La  presente  orden,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  segundo  párrafo  del 
artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha sido 
objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada 
de la Intervención General del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación temporal y de las actuaciones.
1.  Mediante esta orden se efectúa la aprobación de las bases reguladoras de las 
ayudas, así como la convocatoria correspondiente al ejercicio 2020, en régimen de 
concurrencia competitiva, para apoyar a entidades privadas con personalidad jurídica 
propia que realicen inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de 
protección  personal,  geles  y  aquellos  productos  que  han  sido  considerados  de 
emergencia por el Gobierno en relación con la gestión sanitaria derivada del COVID-19, 
que figuran dentro del artículo 2.
Artículo 2.  Beneficiarios.
1.  Podrán acogerse a la ayuda establecida en esta orden las entidades privadas 
con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España, y que vayan a 
desarrollar un proyecto de los establecidos en el artículo 1 de esta orden para la 
producción  industrial  de  dispositivos  médicos  y  equipos  y  material  sanitario  y  de 
protección individual y aquellos otros productos, como principios activos, sustancias 
químicas, medicamentos, u otros productos, que sean considerados de emergencia por 
el Gobierno en relación con el COVID-19, entre otros:
Mascarillas quirúrgicas, de tipo II y IIR. s
Mascarillas de protección individual FFP2 y FFP3. e.
Kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus consumibles. w.
Kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno). 80ww
HGiasfoapso dse. protección.
GBautaanst edse sdeec nhiatrbilloe,s c eo nim yp seirnm peoalvbole.s. BOE-A-cable e
Soluciones hidroalcohólicas (biocida y cosmético) y sus materias primas.
Equipos y dispositivos de ventilación mecánica invasiva (VMI).
Fungibles o consumibles de equipos de VMI.
Alcoholes sanitarios.
Clorhexidrina.
2.  Los productos deberán ser fabricados en territorio nacional y deberán cumplir los 
requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.
Artículo 3.  Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario entidades en quienes 
concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni aquellas empresas que se encuentren 
sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión 
Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el 
mercado común. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.5 de la 
Decisión SA.57019 (2020/N) de 24 de abril, que aprobó el Marco Nacional Temporal, 
tampoco podrán obtener las ayudas aquellas empresas que se encontraran en crisis en 
fecha  de  31  de  diciembre  de  2019,  en  el  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  2, 
apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de 
exención por categorías).
Artículo 4.  De las obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones del beneficiario:
a)  Realizar la actividad y adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 
de la ayuda.
b)  Acreditar, en los plazos estipulados, la realización de la actividad, así como el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión.
c)  Colaborar con las actuaciones de comprobación y control, aportando cuanta 
documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d)  Comunicar a la Dirección General de Industria y de la PYME la obtención de 
cualquier  otra  financiación  pública  concurrente  parcial  o  totalmente  con  los  gastos 
financiables.
e)  Acreditar, en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de 
sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
f)  Acreditar, en cualquier momento que se solicite, el cumplimiento de obligaciones 
de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
Artículo 5.  Tipos de actuaciones financiables.
1.  Tendrán  el  carácter  de  actuaciones  financiables  con  arreglo  a  las  normas 
establecidas en esta orden, las inversiones y gastos industriales realizados en territorio 
nacional para llevar a cabo proyectos para la producción de los bienes descritos en el 
artículo 2, que:
a)  establezcan  nuevas  instalaciones  para  la  producción  de  los  productos  oe.
anteriormente reseñados; w.
prodcbu)) c toce;oxnpvainedrtaann  llían eparso ddeu cpcrioódnu cdceió ns uesx isetestnrtuecst uar atasl  eefxeicsttoe.ntes  que  producen  dicho  2020-8080n https://ww
2.  Las inversiones industriales deberán ser viables técnicamente según el estado o 
situación actual de la tecnología a escala industrial.
Artículo 6.  Conceptos de gasto financiable.
1.  Tendrán la consideración de gastos financiables los que satisfagan lo establecido 
el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad a financiar, y que resulten estrictamente 
necesarios con base en la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de 
solicitud. En ningún caso, el coste de adquisición de esos gastos financiables podrá ser 
superior al valor de mercado.
2.  Se financiará la adquisición de activos fijos de carácter material y gastos en los 
siguientes términos:
a)  Edificación: inversiones para la adecuación de naves industriales estrictamente 
necesarias para la operación de los aparatos y equipos imputados en el siguiente 
epígrafe b).
b)  Aparatos y Equipos: Adquisición o alquiler de aparatos y equipos materiales y/o 
amortización de aparatos y equipos existentes, directamente vinculados a la producción 
de los bienes a los que se refiere esta orden, excluidos los elementos de transporte 
exterior.
c)  Ingeniería de proceso de producción: colaboraciones externas necesarias para el 
diseño y/o rediseño de procesos, directamente vinculados con los aparatos y equipos 
que se consignen en el párrafo anterior. Queda expresamente excluida cualquier forma 
de ingeniería civil o consultoría asociada a la gestión y tramitación de la ayuda solicitada.
d)  Gastos de validación técnica: gastos relacionados con la obtención, validación y 
defensa de patentes y otros activos inmateriales, la obtención de las evaluaciones de la 
conformidad o las autorizaciones necesarias para la comercialización de vacunas y 
medicamentos, productos sanitarios, equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes y 
equipos de protección individual, con exclusión expresa de gastos de personal interno.
Cuando  se  financie  la  adquisición  de  activos,  éstos  deberán  permanecer  en  la 
entidad, afectos al proyecto y en funcionamiento al menos dos años, desde la fecha de 
puesta en operación de los mismos.
3.  Se  establecen  los  siguientes  límites  en  la  composición  del  presupuesto 
financiable:
a)  La suma de los conceptos de las partidas Aparatos y Equipos y Gastos de 
validación técnica representarán al menos el 70 por ciento del presupuesto financiable 
total. El presupuesto financiable de la partida de Aparatos y Equipos deberá ser mayor 
que cero.
b)  La  partida  Edificación  no  podrá  superar  el  20  por  ciento  del  presupuesto 
financiable total.
c)  La partida Ingeniería del proceso de producción no podrá superar el 10 por 
ciento del presupuesto financiable total.
4.  Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse 
individualmente tanto en la memoria siguiendo el modelo del anexo de esta orden, como 
en el cuestionario de solicitud. Asimismo, deberán imputarse a la partida correspondiente 
en el cuestionario de solicitud. e.e
5.  Son reglas aplicables a los conceptos de gasto financiable, las siguientes: b
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cuenten con autorización expresa por parte del órgano gestor y se realicen de acuerdo
con las condiciones normales de mercado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29.7 de la Ley.
b)  Los  costes  de  adquisición  de  activos  fijos  de  segunda  mano  serán 
subvencionables siempre que cumplan además los siguientes requisitos:
1.º  Que conste una declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y que 
los mismos no han sido objeto de financiación pública nacional o de la Unión Europea.
2.º  Que el precio no sea superior al valor de mercado y, al tiempo, sea inferior al 
coste de bienes nuevos similares.
3.º  Que la antigüedad del bien no supere su período máximo de amortización 
según se indica en el artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de 
Sociedades.
c)  La adquisición de empresas no es financiable.
d)  En  ningún  caso  se  consideran  gastos  financiables  los  impuestos  indirectos 
cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación,  según  establece  el 
artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)  Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en artículo 31.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso 
para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 
concesión.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
o, en su caso, en la solicitud, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.
f)  Respecto  a  las  subcontrataciones  entendidas  en  los  términos  que  define  el 
artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberán seguirse las siguientes 
normas:
1.º  Solo serán admisibles aquellas subcontrataciones que se ajusten a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.º  No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes 
concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, salvo lo dispuesto en su apartado d). En cualquier caso, en los 
contratos se mencionará si existe o no vinculación entre las partes.
3.º  Las  personas  o  entidades  subcontratadas  deberán  estar  al  corriente  en  el 
momento de la contratación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad  Social.  Dicho  cumplimiento  deberá  acreditarse  en  el  momento  de  la 
justificación de inversiones con el correspondiente certificado vigente a la fecha de 
contratación.
g)  Para  la  determinación  de  los  importes  de  las  inversiones  financiables 
correspondientes a los anteriores apartados, la comisión de evaluación podrá establecer 
módulos por unidad de medida, de manera que se garantice que no se superan los 
precios de mercado. e.
Artículo 7.  Plazo de realización de las actuaciones. 80ww
1.  Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el 1 de febrero
de 220.2 0E hna setla c eals 3o1 d dee p droicyieecmtobsre i ndicei a2d0o2s0 .antes del 1 de febrero de 2020, se considerará
solo las actuaciones necesarias realizadas desde esa fecha para acelerar o ampliar el
alcance del proyecto, en cuyo caso, la solicitud de la ayuda deberá limitarse a los costes 
adicionales relacionados con los esfuerzos de aceleración o la ampliación del alcance 
del mismo.
Artículo 8.  Importe total de las ayudas convocadas.
1.  La  ayuda  que  se  conceda  en  el  marco  de  esta  orden  revestirá  la  forma  de 
subvención, tendrá una cuantía total máxima en su conjunto de 11.000.000 euros, y se 
imputará a las aplicaciones presupuestarias correspondientes del programa 20.09.422M.778 
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, lo que se entiende sin perjuicio 
de la estructura y cuantías que deriven de operar con los Presupuestos Generales del Estado 
Prorrogados de 2018.
2.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
Artículo 9.  Régimen de concesión.
1.  El régimen de concesión de las ayudas será de concurrencia competitiva, de 
conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo a 
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos.
2.  El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3.  La ayuda otorgada conforme a la presente orden se concederá siempre en forma 
de subvención.
Artículo 10.  Características y límites de las ayudas a conceder.
1.  El importe de cada ayuda que se conceda no podrá exceder de forma global 
el 80 por ciento sobre el total del presupuesto del proyecto que haya sido considerado 
financiable según el artículo 6. Se establecen además los siguientes importes máximos 
de ayuda por partida financiable:
a)  80 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Aparatos y 
Equipos;
b)  80  por  ciento  sobre  el  presupuesto  financiable  de  la  partida  de  Gastos  de 
validación técnica;
c)  30 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Ingeniería de 
proceso de producción;
d)  20 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Edificación.
2.  Cada ayuda quedará limitada hasta un máximo de 500.000 euros por entidad 
jurídica. En caso de que la ayuda global calculada en función del apartado 1 superase 
este límite, en la composición del presupuesto financiable se priorizarán los conceptos 
imputados según el siguiente orden: aparatos y equipos, gastos de validación técnica, 
ingeniería de proceso de producción y, en último lugar, edificación.
En caso de que existiera disponibilidad presupuestaria suficiente la ayuda máxima 
por entidad podría aumentar hasta los 800.000 euros. e
3.  Estas ayudas podrán acumularse entre sí, siempre y cuando se respeten los  bo
importes máximos y los umbrales de intensidad máxima establecidos para cada tipo de  80ww
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Categorías, siempre que las reglas de acumulación previstas en los citados Reglamentos 
y en el propio marco temporal, sean respetadas.
Artículo 11.  Régimen de garantías.
De conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, no será necesaria la 
presentación de garantías para el acceso a la ayuda regulada en esta orden.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión
Artículo 12.  Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.
1.  Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta 
orden, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones 
vigentes sobre la materia.
2.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es 
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
3.  La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa será el 
órgano responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas.
Artículo 13.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
tramitación  electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las 
solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico del 
Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://sede.serviciosmin.gob.es/
registroelectronico).
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  Ministerio  (https://sede.serviciosmin.gob.es),  donde  podrá 
consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Adicionalmente, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario 
de alertas por medio de correo electrónico. En la sede del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, 
podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la 
presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano 
actuante.
3.  La publicación de las propuestas de resolución, así como la publicación de las 
resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás 
actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del Ministerio (https://
sede.serviciosmin.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los 
procedimientos de concurrencia competitiva. e.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las  w.
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de  80ww
nLoetyif i3c9a/c2i0ó1n5 p doer  1co dmep oacrteucbernec.ia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la
elec5tr.ó nLicooss  foar mcuulmarpiolism, elnatsa r deecnl arlaacsi ondeifes rernetsepso nfsaasbelse s dye l lopsr ocdeedmimásie ndtoo,c uemsetanrtáons   BOE-A-cable e
disponibles en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando 
proceda.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre y cuando no hayan 
transcurrido  más  de  cinco  años  desde  la  finalización  del  procedimiento  al  que 
correspondan. En cumplimento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de 
Datos),  se  solicitará  el  consentimiento  expreso  para  el  tratamiento  por  parte  del 
Ministerio, de los datos incluidos en el cuestionario por el beneficiario. En los supuestos 
de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestará la 
negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente 
requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios 
de los requisitos a que se refiere el documento.
Artículo 14.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de apoyo 
financiero, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los 
términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El firmante de la solicitud de ayuda deberá acreditar que en el momento de la 
presentación  de  la  solicitud  tiene  representación  suficiente  para  el  acto.  El 
incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por 
desistido  de  la  solicitud,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  68  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
De la obligación de acreditar representación suficiente estarán exentas las entidades 
inscritas en el Registro de Entidades solicitante de ayudas, habilitado en el Portal de 
Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/
PortalAyudas), siempre que el firmante de la solicitud esté acreditado en dicho registro 
como representante de la entidad.
Artículo 15.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes y de la correspondiente documentación 
comenzará el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado» y finalizará el día 30 de julio de 2020.
2.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
Artículo 16.  Formalización y presentación de solicitudes. o
1.  Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Dirección General de  80ww
Ipnrdoucestdriiam ieyn tdoe,  yla  ePsetaqruáenñ ad isyp oMneibdleiasn ap aEram psrue scau, móprglimaneon taccoimónp eyte nptree speanrtaa ciiónnst reunir  eell 
Portal  de  Ayudas  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://
www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), donde se dispondrán los medios electrónicos de 
ayuda necesarios.
2.  La solicitud de ayuda deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud de ayuda y cuestionario electrónico: Fichero firmado 
electrónicamente  cumplimentado  necesariamente  con  los  medios  electrónicos 
disponibles en el Portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas),  que  incluirá  una  declaración  de  otras 
ayudas concurrentes con la inversión presentada.
b)  Memoria descriptiva de la inversión, según la estructura y contenido establecido 
en el Anexo de esta orden, y firmada electrónicamente. En el caso de disponer de las 
licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto, deberán aportarse 
como documento anexo a la memoria.
c)  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
d)  Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, salvo que el solicitante autorice a que el órgano concedente obtenga de forma 
directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos.
e)  Liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2018 y 
del 2019 si la solicitud se presenta finalizado el plazo para la liquidación de dicho 
impuesto; y cuentas del ejercicio 2019, auditadas si está obligado a ello. En el caso de 
empresas constituidas en 2020, balance y cuenta de pérdidas y ganancias con datos 
reales a fecha de solicitud.
f)  Las siguientes declaraciones responsables de:
1.ª  No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni 
estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la 
Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 
común.
2.ª  Estar al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera 
otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.
3.ª  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
4.ª  Que cumplirá toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de 
aplicación (en particular en materia de competencia, contratación y adjudicación de 
obras y suministros y medio ambiente), y que se compromete a presentar en el momento 
de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el 
proyecto.
5.ª  Que entre los gastos para los que se solicita la ayuda no existen operaciones 
con personas o entidades vinculadas al solicitante, o en caso contrario, declaración de la 
citada  vinculación  y  de  que  la  operación  cumple  los  requisitos  exigidos  en  el 
artículo 6.5.a).
3.  Los interesados presentarán la solicitud de ayuda y el resto de la documentación 
en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con firma 
electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la  s
firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de las copias  oe.
digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud. w.
mdigaintEacnloiz meauld ncaaa dsdeoo  slda.e s roelipcrietusde nfitramcaiódna  melaencctroómniucnaamdean, tdee pboerr ác aadpao rutanros ed ea sloims irsempore usnean tacnotpeias   2020-8080n https://ww
4.  De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos [Reglamento
(UE) 2016/649 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016], el solicitante
deberá indicar en la solicitud, su consentimiento expreso para que el órgano concedente 
obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social a través de certificados electrónicos.
En caso de no concederlo, deberá aportar dicha certificación junto con la solicitud.
5.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado, para que, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de recepción 
del  requerimiento,  subsane  la  falta  o  acompañe  los  documentos  preceptivos,  con 
advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. A esos efectos, se tendrá por subsanada la omisión documental cuando se 
presenten documentos cuya existencia, antes de expirar el plazo de presentación de las 
solicitudes, resulte acreditada, pero no así en el supuesto de aportación de documentos 
de fecha posterior a dicho vencimiento, aunque tiendan a adverar el cumplimiento de 
dicho requisito.
6.  El solicitante deberá declarar, en el cuestionario de solicitud, cualquier tipo de 
fondos públicos que haya obtenido o solicitado para financiar las actividades para las 
que  solicita  la  ayuda.  Además,  deberá  actualizar  esta  declaración  si  en  cualquier 
momento  ulterior  de  la  instrucción  se  produce  una  modificación  de  lo  inicialmente 
declarado.
7.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la 
representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para 
aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la 
comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente 
practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure 
en el expediente
Artículo 17.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
1.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de 
concesión en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán 
las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir 
aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de 
esta.
2.  La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este 
artículo. La puntuación total de la evaluación estará distribuida en el rango entre 0 y 10 
puntos. En los casos en los que se establezcan umbrales de puntuación, será necesario 
alcanzarlos para poder optar a la ayuda. En ningún caso se podrá conceder ayuda a 
aquellas inversiones cuya puntuación, en los correspondientes criterios, no alcance los 
referidos umbrales, o en su caso, el criterio excluyente.
3.  En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, tendrá preferencia la 
solicitud que se haya presentado antes.
4.  Serán de aplicación los siguientes criterios:
Puntuación  Umbral de 
Criterio
máxima puntuación
A)  Adecuación a los tipos de proyectos y los beneficiarios  s
establecidos en la orden. Criterio excluyente e.e
B)  Viabilidad económica y financiera. 3 1,5 80ww
bla. 1e)n tidRaedla.ción entre la inversión a realizar y los fondos propios de  1 
b.2)  Relación entre la inversión a realizar y el activo de la entidad. 1 
b.3)  Rentabilidad del proyecto. 1 
Puntuación  Umbral de 
Criterio
máxima puntuación
C)  Viabilidad técnica de la propuesta. 7 4
c.1)  Experiencia industrial. 1  
c.2)  Viabilidad técnica, en función de los fundamentos teóricos 
2  
presentados.
c.3)  Planificación detallada y proporcionada de los medios 
4  
técnicos y humanos para llevar a cabo la inversión.
  Total. 10  
A)  El criterio de adecuación a los tipos de proyectos y los beneficiarios establecidos 
en la orden, determinará el cumplimiento de lo establecido en los artículos 2, 3 y 5. En el 
caso de no superar el criterio de evaluación A), no se realizará la evaluación del resto de 
criterios establecidos en este artículo.
B)  Viabilidad  económica  y  financiera.  Se  valorará  la  capacidad  económico–
financiera de la entidad, así como la viabilidad económica y financiera del proyecto 
presentado. Para acreditar el cumplimiento de este requisito, deberá superarse el umbral 
de 1,5 puntos.
Para validar el cumplimiento de este requisito, los solicitantes deberán aportar las 
cuentas  anuales  del  último  periodo  cerrado  contablemente.  La  acreditación  del 
cumplimiento  de  este  requisito  se  realizará  mediante  la  presentación  de  la 
documentación aportada en el apartado 2.e) del artículo 16, que podrá no ser validada 
motivadamente.  Igualmente  podrá  requerirse  documentación  adicional  sobre  la 
formación de los elementos de las cuentas, y especialmente sobre el capital social, los 
fondos propios, la determinación de pasivos corrientes y a largo plazo, y cualquier otro 
elemento  que  cuyo  contraste  sea  necesario  para  la  determinación  de  la  situación 
económico-financiera real de la entidad.
C)  Viabilidad técnica de la propuesta. El proyecto presentado deberá ser viable 
técnicamente. Los solicitantes deberán poseer experiencia y capacidad técnica suficiente 
para acometer las inversiones para las que solicitan la ayuda en plazo, lo que deberá 
justificarse  mediante  la  acreditación  de  unos  medios  técnicos  y/o  personales  en  la 
situación previa a la realización de la actuación compatible con su ejecución.
Para  acreditar  el  cumplimiento  de  este  requisito,  se  valorarán  los  siguientes 
aspectos:
1.º  Experiencia industrial demostrable de la entidad, su equipo directivo o sus 
accionistas personas físicas o jurídicas, en el ámbito de actividad del proyecto a realizar, 
con objeto de determinar que se dispone de la capacitación necesaria para la ejecución 
exitosa de las inversiones.
2.º  El proceso industrial descrito debe ser realizable a escala industrial. Para ello, 
deberán justificarse la adecuación del proyecto presentado para la consecución de los 
objetivos, en función de la validación de la tecnología a escala industrial, la descripción 
de los insumos, productos, procesos de producción, regulación específica de obligado 
cumplimiento, y la función de cada uno de los conceptos de gasto presentados dentro 
del proyecto.
3.º  La planificación de las inversiones y ejecución material de estas debe ser  s
posible en los plazos que establece el artículo 7. Para ello, se evaluará la descripción y  oe.
adecuación de los medios técnicos y humanos para llevar a cabo la inversión durante las  w.
fyaa  lscaea sbju ods teeif li icnpasroctaiyóleancc trioóe.na liys tpau deeslt aim epna mctaor cdhea l,a e tlr apmreistaucpiuóens dtoe  cliocnesnicginaasd yo  peenr mcaisdoas  fpaasera o l lehvitaor,   2020-8080n https://ww
Los  requisitos  del  apartado  C)  deberán  acreditarse  mediante  una  memoria 
presentada junto con la solicitud que siga la estructura y contenido establecido en el 
anexo de esta orden. En el caso de disponer de las licencias, autorizaciones y permisos 
necesarios para el proyecto, deberán aportarse junto a este documento.
Artículo 18.  Comisión de evaluación.
1.  Se encomienda a la comisión de evaluación la emisión de informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La comisión de evaluación se integrará administrativamente en el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y será presidida por el Director General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa.
Serán vocales:
a)  Por parte del órgano gestor: la persona titular de la Subdirección General de 
Gestión y Ejecución de Programas, la de la Subdirección General de Áreas y Programas 
Industriales y la de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales.
b)  Por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: un representante con 
nivel  orgánico  al  menos  de  Subdirector  General  del  Gabinete  Técnico  de  la 
Subsecretaría, y del Gabinete de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa.
Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, que no tendrá la consideración de miembro de la descrita 
comisión, y que por tanto, tendrá voz pero no voto conforme a lo establecido en el 
artículo 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3.  El nombramiento de los miembros de la comisión de evaluación se realizará de 
acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que por 
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas no sea posible.
4.  El régimen jurídico de la citada comisión será el establecido en la sección 
tercera, del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.  La comisión de evaluación podrá contar con la necesaria asistencia técnica para 
emitir el informe e invitar a asistir a representantes de otros Organismos cuando así lo 
estime oportuno.
6.  El funcionamiento de la comisión de evaluación y su apoyo técnico será atendido 
con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano en el que se 
encuentra integrado. Las medidas y actuaciones incluidas en el funcionamiento de dicho 
consejo serán atendidas con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada 
ejercicio presupuestario y no supondrán aumento neto de los gastos de personal al 
servicio de la Administración.
7.  Es función de la comisión de evaluación proponer la concesión de la ayuda 
regulada por esta orden cuando se cumplan los requisitos. Para este cometido podrá 
contar con la asistencia técnica que considere necesaria.
Artículo 19.  Instrucción del procedimiento y resolución.
1.  El  órgano  competente  para  la  instrucción  realizará,  de  oficio,  cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de  e.
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo  w.b
con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 80ww
del 2in. forUmnea  vdeezl  eófregcatnuoa daco llae geivaadlou,a cfoiórnm, uelal róár glaan op rinospturuecsttoar  dae l ar evsisotalu cdieóln e xpproevdiiseinotnea ly, 
ddeeb nidoavmiemenbtree .motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17
Esta propuesta se notificará a los interesados para que, en el plazo de 10 días 
hábiles, formulen las alegaciones que estimen convenientes.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un 
plazo  de  10  días  hábiles,  para  que  los  solicitantes  propuestos  como  beneficiarios 
actualicen, en su caso, la información aportada en el momento de la solicitud de las 
siguientes condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:
a)  Los certificados que acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente 
a  la  Seguridad  Social,  en  el  caso  de  que  el  interesado  no  hubiera  concedido 
expresamente  su  consentimiento  para  que  el  órgano  obtenga  de  forma  directa  la 
acreditación de tal cumplimiento.
b)  No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni 
estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la 
Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 
común.
c)  Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera 
otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.
d)  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Los párrafos b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración 
responsable del solicitante.
3.  Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, 
el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a 
los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo 
de 10 días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta, y 
presenten la situación actualizada de las inversiones y gastos realizados hasta la fecha 
siguiendo las instrucciones y formulario indicado en la Guía de Procedimiento que se 
encontrará disponible en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa o se 
presente  la  justificación  de  inversiones  y  gastos  realizados,  se  entenderá  que  el 
solicitante renuncia a la ayuda.
4.  En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al 
órgano  instructor,  en  su  caso  y  tan  pronto  como  tengan  conocimiento  de  ello,  la 
obtención de otra financiación pública para la ejecución de las actividades para las que 
se solicita ayuda.
5.  Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para 
resolver, éste dictará en el plazo de 15 días la correspondiente resolución, que será 
motivada y pondrá fin a la vía administrativa, según lo establecido en el artículo 63 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La  resolución  de  concesión,  además  de  contener  los  solicitantes  a  los  que  se 
concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir 
una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas  y  técnicas  establecidas  en  las  bases  reguladoras  para  adquirir  la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del  e
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de  bo
ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma 80ww
proc6e.d imLaiesn top rdoep uceosntcaess iódne  dere asyouludcai ósne  ppurbolvicisaioránna le ny  eld Peofirntaitilv dae  Ay yulad asre dseoll uMciinóins tedreiol 
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formulario de solicitud.
7.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis 
meses  contados  desde  la  publicación  de  la  convocatoria  en  el  «Boletín  Oficial  del 
Estado». Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese 
notificado  dicha  resolución,  los  interesados  estarán  legitimados  para  entender 
desestimada la solicitud.
8.  La  ayuda  concedida  se  publicará  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
9.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor  del  beneficiario  propuesto  frente  a  la  Administración  mientras  no  se  le  haya 
notificado la resolución de concesión.
Artículo 20.  Pago.
1.  El pago de la ayuda quedará condicionado a que exista constancia por parte del 
órgano gestor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en esta orden, 
así como los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre 
ellos: estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro y estar al 
corriente  de  reembolso  de  cualesquiera  otros  préstamos  o  anticipos  concedidos 
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como no estar 
sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión 
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
2.  En  el  caso  de  que  no  conste  la  situación  del  beneficiario  respecto  a  las 
obligaciones reseñadas en el apartado anterior, se le requerirá para que, en el plazo 
máximo de 10 días hábiles, desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, 
aporte los oportunos certificados o declaraciones responsables, según proceda. La no 
aportación o aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho 
al cobro de la ayuda, conforme a lo dispuesto en el título I, capítulo V de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, así como el artículo 89 de su Reglamento.
3.  La ayuda regulada en esta orden se realizará en un solo pago, y dicho pago se 
realizará anticipadamente a la justificación.
Artículo 21.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Las inversiones financiadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se 
recojan  en  la  resolución  de  concesión.  No  obstante,  cuando  surjan  circunstancias 
concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas 
recogidas en la resolución de concesión de la ayuda, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de la citada resolución de concesión, siempre que dicha modificación no 
afecte  a  los  objetivos  perseguidos  con  la  ayuda  concedida,  a  sus  aspectos 
fundamentales, ni dañe derechos de terceros.
2.  Se podrá alegar como circunstancias que han alterado las condiciones técnicas o 
económicas las siguientes:
a)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad, 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en 
la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. s
b)  Necesidad  de  ajustar  la  actividad  a  especificaciones  técnicas,  de  salud,  oe.
medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad  identificadas  o  w.
alopsr otcéb)r amdFianusoe scr ozinnai  cpmiaoalsmyteoerrni otqerui ddeae dhfi inaci idelaos sea. dijmudpiocsaicbilóen l ad ee jleac auycuiódna .de la actuación o proyecto en  2020-8080n https://ww
3.  Cualquier modificación requerirá que el cambio sea solicitado. El plazo para la
presentación de solicitudes concluirá 15 días antes de que finalice el plazo de ejecución
de la inversión inicialmente previsto y deberá ser aceptado de forma expresa por el 
órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado.
4.  No  se  podrán  modificar  las  resoluciones  de  concesión  cuando  se  hayan 
producido las siguientes alteraciones de las condiciones técnicas o económicas:
a)  Prórrogas del plazo de ejecución de los proyectos.
b)  La aprobación de condiciones que no hubieran superado la evaluación inicial, o 
que hubieran afectado a la determinación del beneficiario. No obstante, serán alegables 
las alteraciones relacionadas con la fusión, absorción y escisión de sociedades, siempre 
y cuando se garantice un nivel de protección de la ejecución del proyecto.
c)  Reducciones del presupuesto financiable de la actuación en un porcentaje igual 
o superior al establecido en el artículo 23 para entender el incumplimiento total de los 
fines para los que se concedió la ayuda.
d)  Dar autorización de nuevas condiciones a expedientes que no cumplan sus 
obligaciones de presentación de cuentas en el Registro Mercantil o de liquidación del 
Impuesto de Sociedades.
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con 
funcionalidad equivalente dentro de las siguientes categorías no requerirá la solicitud de 
modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que 
se especifican:
a)  En el caso de gastos en aparatos y equipos de producción, los sustituidos 
deberán  desempeñar  la  misma  función  dentro  del  proceso,  pudiendo  diferir  las 
características técnicas.
b)  En  el  caso  de  colaboraciones  externas,  podrá  sustituirse  el  colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.
c)  En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado 
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse 
las  sustituciones  efectuadas  en  la  documentación  justificativa  que  se  exige  en  el 
artículo 22.
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
7.  Si  se  hubiera  realizado  el  pago  de  la  subvención  con  anterioridad  a  la 
modificación de concesión, y como resultado de la misma se tuviera un exceso de ayuda 
permitida, según los límites establecido en el artículo 10, se procederá de manera 
inmediata a iniciar el procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses 
de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, 
por importe del citado exceso.
Artículo 22.  Justificación, seguimiento y control de la realización de las actuaciones.
1.  El beneficiario deberá presentar la documentación justificativa de las actividades 
financiadas en el marco de esta orden en los tres meses siguientes a la finalización de la 
actuación,  según  la  resolución  de  concesión  y  las  sucesivas  de  modificación  que 
pudieran existir.
Transcurrido  el  plazo  establecido  sin  haberse  presentado  la  documentación  e.e
justificativa ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo  b
improrrogable  de  15  días  sea  presentada,  con  apercibimiento  de  que  la  falta  de  80ww
epsretasbelnetcaicdiaósn  end alará L elyu g3a8r/ 20a0 3la,  dee x1ig7e dnec inao vdieeml brreein.tegro  y  demás  responsabilidades
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de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y de acuerdo con el
capítulo  IV  del  título  I  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  siguiendo  las 
instrucciones y formularios indicados en la Guía de Justificación que se encontrará 
disponible en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://
www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
3.  La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se 
realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de 
gasto y justificantes de pago.
4.  Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo 
de  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  en  la  justificación  de  las 
subvenciones.
La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa,  se  entenderá  que 
comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano gestor.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales 
de  los  justificantes  de  gasto  y  pago,  informes  de  auditoría,  etc.,  por  si  les  fueran 
requeridos posteriormente por el órgano gestor y responsable del seguimiento o, al 
realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la 
Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
5.  El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por 
el órgano gestor y responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas, así como 
al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al 
control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a cualquier otra normativa aplicable.
6.  La comprobación documental de los justificantes de gasto y pago se podrá 
realizar utilizando técnicas de muestreo que permitan obtener evidencia razonable sobre 
la adecuada aplicación de la ayuda. La comprobación material se realizará sobre todo el 
gasto financiado.
Artículo 23.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al 
cobro de la ayuda o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la 
obligación  de  devolver  la  ayuda  percibida  más  los  intereses  de  demora 
correspondientes,  en  el  momento  de  detectarse  el  incumplimiento,  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  artículo  77  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria.
2.  Serán causa de reintegro total las siguientes:
a)  Obtención  de  la  ayuda  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b)  Incumplimiento total del objetivo, de la actividad, del proyecto que fundamentan 
la concesión de la ayuda.
c)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en 
los términos establecidos en el artículo 22.
d)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad contenidas 
en el artículo 26. e
e)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones intermedias de  bo
comprobación que pueda realizar el centro gestor desde el momento de la resolución de  80ww
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de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo  dado  a  los  fondos  percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y 
regularidad de las actividades financiadas, o la concurrencia de ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f)  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  los 
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la 
concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de 
conseguir  los  objetivos,  realizar  la  actividad,  ejecutar  el  proyecto  o  adoptar  el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.
g)  La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la 
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
h)  En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la ayuda.
3.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
4.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectada.
Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá 
presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 15 
días.
Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo 
ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, 
las  obligaciones  incumplidas,  la  causa  del  procedimiento  entre  las  previstas  en  el 
apartado segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de 
demora.
5.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende por devolución voluntaria aquella que es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Modificación de la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero 
de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la 
ejecución del gasto del Estado.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria 
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 24.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta el siguiente criterio:
El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la  e
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al  bo
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje  80ww
dcinoecr url3eam.s  pipnloivAmne direlsioeniósnto nte  etf ofianet aaclaltn o ecisnli a vebedqlreeus ,iiv ólyaon l  ecndnuoitms eep pfaueli emcustnuiteo apn dotoear cn oae  pnnlortooas xj jeuima sipntaiaffdiecrortaai odddrao ea.s lm  6ao0nd tpoeo rsrio icgrienesinf itcosa etdi veoc ro eanals liitzdoaetacrali órenál    OE-A-2020-80able en https://
equivalente a un 60 por ciento o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada 
la que no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, 
la que no respete el desglose de partidas de la resolución de concesión, y la no 
facturada y/o pagada.
4.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
Artículo 25.  Recursos.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  contra  las  resoluciones  del  procedimiento,  que  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano 
que la dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación. 
Sin perjuicio de lo anterior, contra dichas resoluciones cabe interponer recurso ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de las mismas.
2.  La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, a través del Registro Electrónico del mismo.
Artículo 26.  Publicidad.
1.  Toda  referencia  en  cualquier  medio  de  difusión  a  inversiones  financiadas 
deberán incluir que han sido subvencionadas por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, tal como establece el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo 
con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una 
multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley.
Disposición adicional primera.  No incremento del gasto público en el funcionamiento de 
la comisión de evaluación.
El  funcionamiento  de  la  comisión  de  evaluación  será  atendido  con  los  medios 
personales, técnicos y presupuestarios asignados al órgano en el que se encuentra 
integrado.
Disposición adicional segunda.  Normativa aplicable.
En  todo  lo  no  previsto  en  esta  orden  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de 
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 11/2007, de 22 de junio, aprobado por Real 
Decreto  1671/2009,  de  6  de  noviembre  y  demás  disposiciones  que  resulten  de  es
aplicación. bo
DispEosstiac ióonr dfienna l speri mdeicrata.   aTl ítaumlop caormo pdeete nloc iadli.spuesto  en  el  artículo  149.1.13.ª  de  la
Ccooonrsdtiintuacciióónn  dEes lpaa pñlaonlaif,i caqcuieó n agternibeuryael  dea ll a Eacsttiavdidoa dl ae cocnoómmpiceate.ncia  sobre  bases  y  BOE-A-cable e
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 15 de julio de 2020.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María 
Reyes Maroto Illera.
ANEXO
Estructura y contenido de la memoria descriptiva que debe formar parte 
de la solicitud (según el artículo 17)
Parte I. Descripción de la entidad
Esta parte tendrá carácter introductorio, y su objetivo es proporcionar información 
general sobre la entidad, con el objetivo de situar en contexto las actuaciones que 
plantea en la solicitud de ayuda y valorar que tiene una capacidad técnica suficiente.
Constará de los siguientes epígrafes:
1.  Presentación de la entidad
Contendrá una breve descripción de la evolución reciente de la entidad y de su 
situación actual, teniendo en cuenta las características y situación del sector al que 
pertenece. En todo caso, contendrá una tabla resumen en la que se incluyan, al menos, 
los siguientes campos.
Campo de información Contenido
CNAE de la actividad principal de la entidad.  
Actividad principal.  
Explicar brevemente la evolución de la sociedad desde su constitución, detallando los principales 
Antecedentes de la Sociedad. hitos de su historia (proyectos realizados, resultados obtenidos en los mismos, márgenes sobre 
ventas que haya tenido, etc.).
Enumeración (en el caso de productos intermedios, no destinados a mercados finales, se indicará 
Resumen principales productos que la 
el/los sectores a los que van dirigidos y en qué proporción).
entidad fabrica antes de la realización de 
(*)  Si la entidad actualmente solo comercializa, o no tiene actividad económica se hará constar en 
este proyecto (*).
esta casilla, explicando en su caso, que tipo de actividad realiza.
2.  Capacidades generales de la entidad
2.1  Organigrama de la Sociedad: Explicar brevemente la estructura orgánica de la 
entidad.
2.2  Equipo  Directivo  y  personal  que  se  implicará  en  el  proyecto:  Formación 
específica y experiencia profesional de los principales Directivos. Describir brevemente 
su experiencia profesional previa y su actividad actual en la entidad, especificando el 
periodo de permanencia en ella.
2.3  Accionistas  personas  físicas:  deberá  explicar  su  experiencia  previa,  su 
formación específica y la experiencia profesional. e
2.4  Accionistas personas jurídicas: deberá identificar a los accionistas personas  bo
jurídicas describiendo brevemente su actividad actual y su evolución histórica. 80ww
3.  Estructura económica-financiera de la empresa
3.1  Explicación  de  estados  financieros  de  la  empresa:  deberá  reflejar  las
aclaraciones y comentarios que se consideren oportunos sobre la evolución de los
estados financieros de la entidad solicitante, así como las notas aclaratorias al Balance y 
a la cuenta de Pérdidas y Ganancias que se consideren oportunas.
Deberá incluir en cualquier caso una explicación de las variaciones más significativas 
de las cuentas entre los ejercicios 2018 y 2019.
En  el  caso  de  empresas  constituidas  en  2020,  deberá  incluirse  explicación  del 
balance y cuenta de pérdidas y ganancias con datos reales a fecha de solicitud, así 
como una estimación previsional y explicación de los mismos a 31 de diciembre de 2020.
4.  Impacto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 en la entidad
Deberá explicar cómo la crisis sanitaria originada por el COVID-19 ha impactado en 
la actividad económica de la entidad y las acciones que se han llevado o se llevarán a 
cabo para afrontarlo. Detalle todos los elementos de riesgo detectados y sus posibles 
mitigantes.
Parte II. Descripción del proyecto de inversión
1.  Resumen del proyecto de inversión
Se  describirá  brevemente  el  proyecto  de  inversión  para  el  cual  se  solicita  la 
financiación (máximo 6 líneas).
Deberá justificar por qué ha elegido en el cuestionario uno de los tipos de actuación 
financiable descritos en el artículo 5:
(i)  Nuevas  instalaciones  para  la  producción  de  los  productos  considerados  de 
emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-19;
(ii)  Aumento  o  expansión  de  la  producción  de  sus  estructuras  existentes  que 
producen dichos productos;
(iii)  Conversión de líneas de producción existentes a tal efecto.
Se deberá indicar qué producto o productos de los establecidos en el artículo 2 se 
fabrican/fabricarán como consecuencia del proyecto. En caso de no estar en el listado 
indicado anteriormente deberá justificar por qué debe ser incluido como emergencia en 
relación con el COVID-19.
También deberá indicar el municipio de realización de la actuación.
2.  Descripción técnica del proyecto
Deberá  detallar  y  justificar  cualitativa  y  cuantitativamente  viabilidad  técnica  del 
proyecto que se exige en el artículo 17.
2.1  Descripción básica de la línea de producción afecta al presente proyecto:
Deberá realizar una descripción de:
1.º  Materias primas y una indicación de dónde va a obtenerlas que garantice que 
podrá poner la inversión en funcionamiento en el periodo establecido en esta norma. Se 
deberán indicar las limitaciones previstas en el abastecimiento de materias primas y 
mecanismos de limitación del riesgo de desabastecimiento (en su caso).
2.º  Línea/s de producción, con indicación de la secuencia y maquinaria utilizada (se  s
acompañará de un diagrama de flujo del proceso general y procesos individuales). e.
3.º  Productos en curso y terminados. w.
las 2Dd.ei2fbe ereDráne tesdsce rtiapplclaairórt nidin acdusi vailfdiitnuaaatinvlmcai eadnbetl eela scs a (idneavde ifuricsnaiaoc nidóeens , l aa asrep iaanlrviazeatrorss:io nye se qyu gipaossto, si nag erenaielirzíaar  deen   OE-A-2020-80able en https://
proceso de producción y gastos de validación técnica).
Para cada uno de los conceptos de las partidas de edificación y aparatos y equipos 
de producción, deberá rellenar el cuadro siguiente:
Concepto (*).
Descripción.  
Función dentro del proyecto.  
Importe (€).  
Explicación del elemento de coste (**) 
 
(***).
(*)  Los  costes,  para  ser  considerados  financiables,  deberán  tener  un  nivel  de 
desglose suficiente para valorar su adecuación a la actividad a la que se asocien. En el 
caso de activos materiales se especificarán a nivel de equipo. Los conceptos con un 
desglose deficiente, podrán no ser considerados financiables.
(**)  Además de la explicación del elemento de coste, indicad lo que proceda de la 
siguiente lista:
– Coste de adquisición de activo fijo material.
– Coste de alquiler de aparatos y equipos de producción.
– Coste de amortización de aparatos y equipos de producción.
(***)  En caso de costes de amortización de aparatos y equipos, se deberá detallar 
el plazo de amortización total del activo, así como las cuotas para las cuales se solicita la 
subvención.
Nota: para acreditar el alquiler de aparatos y equipos de producción, se adjuntará el 
contrato de alquiler de dichos equipos, como documento anexo a la memoria.
Adicionalmente, para los gastos de la partida de ingeniería de proceso de producción 
deberá incluir los siguientes cuadros:
a)  Colaboraciones externas necesarias para el proyecto.
Concepto (*).  
Descripción.  
Para cada actividad en la que 
Actividades a realizar. participa, tareas específicas 
asignadas.
Importe (€).  
Justificación de la contratación 
 
externa (**).
(*)  Los  costes,  para  ser  considerados  financiables,  deberán  tener  un  nivel  de 
desglose suficiente para valorar su adecuación a la actividad a la que se asocien. Los 
conceptos con un desglose deficiente, podrán no ser considerados financiables.
(**)  No se aceptarán colaboraciones externas que no rellenen una justificación 
mínima de su realización por terceros. e
Adicionalmente, para los gastos de validación técnica, deberá incluir los siguientes 
cuadros:
a)  Gastos de validación técnica:
Concepto (*).  
Descripción.  
Importe (€).  
Producto al que se asocia (**).  
(*)  Los  costes,  para  ser  considerados  financiables,  deberán  tener  un  nivel  de 
desglose suficiente para valorar su adecuación a la actividad a la que se asocien.
(**)  No se aceptarán gastos que no estén directamente relacionados con alguno de 
los productos a fabricar por los aparatos y equipos de producción consignados en el 
proyecto presentado.
2.3  Planificación del proyecto.
Debe incluir una planificación detallada de los medios técnicos y humanos para llevar 
a cabo la inversión durante las fases de instalación, puesta en marcha y operación.
Deberá incluir además un cronograma de la actuación, justificando la viabilidad de 
los plazos señalados en dicho esquema de tiempos, y los que establece el artículo 17.
Deberá indicar qué licencias son necesarias para la implementación del proyecto y 
qué organismo es el concedente, así como el estado de tramitación de las mismas 
(desde licencias de obra a licencias o permisos ambientales y licencia de actividad).
Si dispone de alguna de las licencias/autorizaciones/permisos necesarios, deberá 
presentarlos como anexo a la memoria
2.4  Legislación específica aplicable a los productos obtenidos.
Se  deberá  realizar  una  descripción  de  la  legislación  específica  aplicable  a  los 
productos fabricados/que se fabricarán al amparo de esta orden.
3.  Descripción económico-financiera del proyecto
(Este apartado será especialmente relevante para proyectos no iniciados a fecha 
de solicitud)
3.1  Justificación detallada del origen de fondos del proyecto.
Explicar las necesidades de financiación y la financiación obtenida para el proyecto 
(incluyendo la solicitada en esta convocatoria).
3.2  Resultados económico-financieros del proyecto.
a)  Describir  y  explicar  el  ámbito  temporal  e  hitos  económicos  derivados  del 
proyecto en cuanto a su ejecución.
b)  Análisis del Punto Crítico (punto muerto) del proyecto considerando y explicando 
los costes unitarios –fijos y variables–, márgenes sobre ventas y beneficios. El Punto  s
Crítico queda definido como aquel valor en euros de la producción a partir de la cual el  e.
resultado obtenido es positivo. w.
c)  Tasa de Rentabilidad del Proyecto a cinco años –Tasa Interna de Retorno (TIR)–  80ww
(definida como aquel porcentaje que hace cero el VAN). Explicar su elaboración.