BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Lunes 28 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 81572
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11316 Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Coria, por la que suspende la inscripción de 
una escritura de declaración de obra nueva.
En el recurso interpuesto por el notario autorizante, don Andrés Diego Pacheco, 
contra  la  calificación  del  registrador  de  la  propiedad  de  Coria,  don  Alfonso  López 
Villarroel, por la que suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra 
nueva.
Hechos
I
Se presenta con fecha 7 de febrero de 2020, escritura autorizada por el Notario de 
Coria don Andrés Diego Pacheco el día 21 de enero de 2020, número protocolo 94, que 
causó el asiento 1725 del Diario 66.
La obra se declara sobre la finca registral 4328 de Coria, cuya naturaleza jurídica, 
según el título es rústica, situada al sitio (…), en la margen izquierda del río (…), con una 
casa y dos pozos y una cabida de dos hectáreas y cincuenta y cinco áreas, linda por el 
norte con (…), sur con tierras de herederos de don L., este, (…), y oeste, Carretera (…)
A la escritura se incorporan dos certificaciones catastrales, figurando el mismo titular, 
una de urbana, donde consta que el inmueble se sitúa al sitio (…), siendo la parcela 155 
del polígono 17, con una superficie de 27.090 m2, superficie construida de 281 m2 y año 
de construcción el del año 2.000, correspondiendo 110 m2 a vivienda.
En la segunda certificación catastral de rústica consta igualmente que el inmueble se 
sitúa al sitio (…), siendo la parcela 155 del polígono 17, con una superficie de 27.090 m2, 
superficie construida de 127 m2 y año de construcción el del año 1.950, correspondiendo 
a construcciones de uso agrario.
Según la certificación catastral la parcela linda por el oeste con la parcela 9022 
correspondiente a la Carretera (…)
Se incorpora asimismo licencia de obras aprobada por la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Coria el 17 de enero de 2000, aunque el certificado municipal es de 30 
de diciembre de 1999, donde consta que se legaliza la obra nueva radicada en la 
carretera Puente (…), siendo el promotor la misma persona.
Se incorpora también certificado descriptivo expedido por el mismo arquitecto que 
figura en la licencia donde identifica el emplazamiento de la finca a la que se refiere la 
licencia como Carretera (…), al sitio de (…) conocido también como del (…), y certifica 
que se ha legalizado la vivienda existente en la finca registral «6.715», describiendo la 
misma como terminada, siendo su superficie construida total de 283,95 m2, expidiendo el 
certificado a los efectos del RD 1093/1997, de 4 de julio. Junto al certificado descriptivo 
se acompaña otro de final de obra firmado por el mismo técnico de fecha 30 de agosto 
del 2000, con visado colegial, donde consta que la obra ha sido terminada según el  e.
proyecto aprobado. w.b
de 2F0i0n6a lmcoernretes posen diienncoter pao lraa  vtivaimenbdiéan u nciéfadmuliali ard esi tuhaadbait aebni lildaa cda rrdeet erfeac (h…a )29  de  junio  2020-1131n https://w
II
Con  fecha  dos  de  marzo  del  año  dos  mil  veinte  se  califica  negativamente  el 
documento por los siguientes: «Hechos: con fecha 7 de febrero de 2020, a las diez horas 
y quince minutos, se presenta en el Registro copia autorizada de escritura de obra 
nueva, autorizada el día veintiuno de enero de este año, por el notario de Coria, don 
Juan Manuel Ángel Ávila, con el número 94 de su protocolo, y que causa el asiento 1725 
del diario 66.examinada la documentación presentada se acuerda la suspensión de la 
inscripción solicitada en base a los siguientes Fundamentos de derecho: no se acredita 
que la registral 4328 de Coria no se encuentra situada en zona de especial protección 
ambiental, necesario para la inscripción de una obra nueva en suelo rústico. No se 
identifica, mediante las coordenadas de referenciación geográfica, la porción de suelo 
ocupada por la obra. Arts. 18 LH, 98 R.H., 179 lotus y 202 L. H. teniendo los defectos 
señalados el carácter de subsanables, procede la suspensión de la inscripción solicitada, 
no habiéndose tomado anotación preventiva de suspensión al no haber sido solicitada. 
Coria, a 2 de marzo de 2020. El registrador. Fdo. don Alfonso López Villarroel».
III
Con fecha de 15 de junio de 2020, el notario autorizante don Andrés Diego Pacheco, 
interpone  recurso  con  los  siguientes  fundamentos:  «A)  Hechos.–1.–Calificación 
Recurrida.–Es la calificación de fecha dos de marzo de dos mil veinte (notificada por fax 
en fecha doce de marzo de dos mil veinte) del señor Registrador de la Propiedad de 
Coria, Don Alfonso López Villarroel, de la escritura autorizada por el recurrente (no por 
Don Juan-Manuel Ángel Ávila, notario que fue de Coria hace más de diez años, que 
consta  como  autorizante  por  error),  el  día  veintiuno  de  enero  de  dos  mil  veinte, 
número 94 de protocolo, de declaración de obra nueva.
2.  Extremos que se recurren.–Se recurre solo el primer defecto.
Se trata de dilucidar si, dada la naturaleza de la obra nueva, es decir, con proyecto, 
licencia, certificado final de obra y cédula de habitabilidad, es necesario acreditar si el 
suelo es de especial protección para practicar la inscripción.
En efecto, pareciera que el señor registrador hubiese interpretado que la declaración 
de obra nueva que nos ocupa se hiciese al amparo de lo dispuesto en el artículo 28.4 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, por el que se regula el acceso al 
registro  de  la  propiedad  de  las  declaraciones  de  obra  nueva  en  las  que  hayan 
transcurrido los plazos de prescripción, por las que ya no procede adoptar medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición. Si fuera este el 
caso, sería de aplicación el artículo 179.2 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, por los que la protección 
de la legalidad urbanística en los espacios naturales protegidos no está sujeta a plazo 
alguno  y,  por  tanto,  el  ayuntamiento,  como  administración  competente,  tendría  que 
acreditar que el carácter del suelo sobre el que se declara la edificación no es espacio 
protegido.
Sin embargo, el hecho de que hayan transcurrido más de veinte años desde la 
obtención de la licencia de obra, más de diecinueve desde el certificado final de obra 
expedido por el técnico competente y casi catorce desde la obtención de la cédula de 
habitabilidad expedida por el ayuntamiento, no implica que la regulación aplicable sea la 
establecida en el artículo 28.4 del texto refundido de la ley del suelo, sino que es la del  e.e
artículo 28.1 del mismo texto legal, ya que existe autorización administrativa (licencia de  b
odabecrr ealad), i tcaoetbirvrtaaif i cdsaeec  iólaanj u efsinxtapa eliazdali dcpaiór opnyo erd ceet lo lt aép caonrbiacro a  ecclo omcnup aeel steasn etd eeo asbcctrureivpdoci tióaentsiv,a aa  dslicíe e cqnoucmeia o,la   ccdeeerrsttiicffiircciapaccciiióóónnn    2020-11316n https://ww
a(cdémdiunlias tdraet ihvaab qituaeb ilgidaaradn).tiza que la edificación reúne los requisitos para su uso previsto
A mayor abundamiento, aún cuando fuese de aplicación la regulación citada por el 
señor registrador, es evidente que no existiría obstáculo alguno para la inscripción de la 
declaración de obra nueva ya que, si bien expresamente no se indica que no sea un 
espacio especialmente protegido, la propia administración competente ha expedido una 
licencia de obra y una cédula de habitabilidad relativa a la edificación cuya obra nueva se 
declara, por lo que está claro que se ajusta escrupulosamente a la legislación vigente. B) 
Fundamentos de Derecho.–Mis afirmaciones son apoyadas por las normas citadas. C) 
Solicitud.–Solicito a V.E. que admita este recurso y sea estimado. En Coria, a quince de 
junio de dos mil veinte.»
IV
El registrador de la propiedad emitió informe, en el que mantuvo la calificación 
impugnada, y formó el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 28 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; artículo 
único de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la Actividad Urbanística de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  y  Decreto  76/1998,  de  2  de  junio,  que  la 
desarrolla; art. 26.1.2 b) y 79.1.b) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre; art. 179 de la 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 
Extremadura,  y  las  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 29 de febrero y 23 de julio de 2012, 21 de marzo de 2013, 2 de abril 
de 2014, 25 de marzo de 2015, 3 de abril y 6 de noviembre de 2017 y 11 de abril 
de 2018.
1.  En  el  presente  expediente  se  cuestiona  la  inscripción  de  una  escritura  de 
declaración de obra nueva terminada en el año 2000 según se acredita con certificado 
técnico, y a la que se incorpora licencia municipal de obras y cédula de habitabilidad.
El único defecto recurrido por el que se suspende la inscripción es que «no se 
acredita que la registral 4328 de Coria no se encuentra situada en zona de especial 
protección ambiental, necesario para la inscripción de una obra nueva en suelo rústico», 
citando como fundamentos los arts. 18 LH, 98 RH, 179 LOTUS y 202 LH.
El  notario  recurrente,  como  se  expone  en  los  antecedentes,  alega  que  si  bien 
expresamente no se indica que no sea un espacio especialmente protegido, la propia 
Administración  competente  ha  expedido  una  licencia  de  obra  y  una  cédula  de 
habitabilidad relativa a la edificación cuya obra nueva se declara.
2.  En primer lugar, debe recordarse que como tiene declarado el Tribunal Supremo, 
Sala Tercera, en Sentencia de 22 de mayo de 2000, el objeto del recurso contra la 
calificación negativa del registrador no es el asiento registral sino el propio acto de 
calificación de dicho funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación 
fue o no ajustada a Derecho. El hecho de que sea el acto de calificación el que 
constituye el objeto del recurso tiene importantes consecuencias, entre ellas que, por 
imperativo del artículo 326 de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente 
sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 
registrador, pues, de no ser así, y estimarse otros defectos no incluidos en la misma 
supondría indefensión para el recurrente (vid., entre otras muchas, las Resoluciones 
de 24 de marzo de 2004, 13 de diciembre de 2010 y 6 de noviembre de 2017 o 11 de  e.
abril de 2018). w.b
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del registrador, podrá defenderse eficazmente, argumentando jurídicamente acerca de la 
posibilidad de tal inscripción. Por ello estas cuestiones no pueden abordarse en el 
recurso (cfr. artículos 326 y 327 de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 29 de febrero 
de 2012 y 17 de febrero y 3 de abril de 2017).
Hechas las anteriores precisiones sobre el objeto del recurso, es la calificación tal y 
como ha sido formulada en el presente caso la que debe ser objeto de análisis.
En  concreto,  el  objeto  del  presente  expediente  se  limita  a  determinar  si  como 
advierte el registrador en su nota, resulta exigible en este caso acreditar que la finca no 
se encuentra situada en zona de especial protección ambiental, como requisito necesario 
para la inscripción de una obra nueva en suelo rústico en el ámbito de la legislación 
extremeña.
3.  Como  recuerda  la  Resolución  de  25  de  marzo  de  2015,  el  problema  de 
determinar el alcance temporal de las normas aplicables en la inscripción registral de la 
escritura de declaración de obra nueva, a partir de la vigencia de la Ley 8/1990, de 25 de 
julio (con dos correcciones de errores en sendos boletines oficiales del Estado del mismo 
año), fue tratado en varias ocasiones por este Centro Directivo –cfr. Resoluciones de 1 
de  diciembre  de  1998,  9  de  octubre  de  2000  y  3  de  octubre  de  2002–.  Más 
recientemente, tras varias reformas normativas, han sido varias las Resoluciones que 
han tratado de perfilar una doctrina uniforme en la aplicación temporal de los requisitos 
de acceso registral de edificaciones –cfr. Resoluciones de 21 de enero y 1 de marzo 
de 2012–, declarando de esta forma que: «(...) las sucesivas redacciones legales en la 
materia (Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico; texto refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio; Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones; Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y texto refundido de dicha Ley, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), serán de aplicación a los 
documentos  otorgados  durante  sus  respectivos  períodos  de  vigencia,  aunque  las 
correspondientes  obras  se  hayan  ejecutado  en  un  momento  anterior.  Ahora  bien 
tratándose de escrituras autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de una 
determina norma de protección de legalidad urbanística pero presentadas en el Registro 
de la Propiedad durante su vigencia, debe exigir el registrador su aplicación, pues el 
objeto de su calificación se extiende a los requisitos exigidos para la inscripción».
En este sentido cabe citar la Resolución de 23 de julio de 2012, reiterada por las 
Resoluciones de 21 de marzo de 2013 y 2 de abril de 2014, que al diferenciar entre 
normas de naturaleza material o sustantiva y las de carácter procedimental o adjetivas, 
declara: «(...) cuando, se plantean problemas de derecho intertemporal o transitorio –a la 
hora de fijar las reglas y requisitos procedimentales que hay que cumplir para practicar el 
asiento–  procede  atenerse  por  analogía  –a  falta  de  norma  explícita  en  las  leyes 
especiales, que disponga otra cosa– al principio que con toda claridad resulta de la 
disposición transitoria cuarta del Código Civil, en cuya virtud los derechos nacidos y no 
ejercitados (en este caso, no inscritos) ciertamente subsisten con la extensión y en los 
términos que les reconoce la legislación precedente; pero han de sujetarse para hacerlos 
valer (en éste, para inscribirlos) al procedimiento dispuesto en la legislación vigente (que 
lo regula) en el momento en que el asiento se solicite».
Ello no implica una eventual aplicación retroactiva de normas actuales a hechos 
pretéritos, pues el curso del procedimiento registral se desarrolla bajo la vigencia de la 
nueva norma sobre requisitos de inscripción y esta misma se remite a la correspondiente 
normativa  sustantiva  que  resulte  de  aplicación  conforme  a  las  normas  transitorias  s
particulares y principios generales del derecho intertemporal, por tanto, deberá atenderse  oe.
a cada requisito particular –vgr. licencia, seguro, certificado de eficiencia energética,...–  w.
peRaseprsaeo ccluíofcimcióopn,r  oadbuean 2rq  sudiee e  aafeb céritlli  vdsaeem  2ree0nf1ite3er– ar.e lsau lntao rdmea a rpeligciasctriaóln ,c ocmonof orremqeu iasi tsou  dréeg iinmsecnri pncoiórmn a–tcivfor.   2020-1131n https://w
normEas  dreegciisr,t rapla ratipelnicdaob led es ileam dpisretin sceiórná  elan tvreig ennotrem aasl  tpieromcpeod imdee nlata lperse sye mntaatceiórina leesn,  elal   BOE-A-cable e
registro,  mientras  que  los  requisitos  sustantivos  (libro  edificio,  eficiencia  energética, 
norma urbanística) a que se refiere dicha norma registral, serán aplicables o no, en 
función del régimen transitorio de cada norma material.
4.  Aplicando esta doctrina al caso de este expediente en el que por escritura de 21 
de enero de 2020, presentada el 7 de febrero, se declara una obra terminada en el 
año 2000 con licencia de obras del mismo año, según certificado técnico, procede 
afirmar la aplicabilidad del artículo 28 de la Ley de suelo estatal en su redacción actual 
como norma de carácter registral que permite determinar los requisitos de inscripción de 
la obra, sin perjuicio del régimen transitorio al que se someta cada uno de los requisitos 
sustantivos por ella requeridos de acuerdo, a su vez, con la respectiva norma material 
que los regule.
En el caso de este recurso, el único requisito sustantivo que se discute, a tenor de la 
nota de calificación, es la acreditación de la naturaleza del suelo de especial protección 
con cita del art. 179 de la actual Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura, que entró en vigor el 27 de junio 
de 2019, precepto referido a la imprescriptibilidad de las obras realizadas en terrenos 
declarados espacio natural protegido y en los pertenecientes a la Red Natura 2000, entre 
otros.
El registrador en trámite de informe trata de extender la motivación de su nota 
argumentando que si el plazo de antigüedad de la vivienda es superior a 6 años, el suelo 
donde se ubica rústico y falta la calificación rústica previa a la licencia exigida por la 
legislación  extremeña  –actual  art.  68.3–,  hace  que  la  autorización  administrativa 
necesaria que requiere el 28.1 sea el certificado requerido en el defecto que se discute.
5.  Atendiendo a los hechos y normativa de referencia no puede compartirse el 
planteamiento del registrador.
Éste parece partir de la base que la actual norma extremeña –cfr. art. 69– impone 
que la obtención de la calificación administrativa de rústica es un requisito indispensable 
previo a la licencia o comunicación municipal procedente, y que la competencia para 
otorgar la calificación rústica corresponde a la Junta de Extremadura en casos como que 
se trate de construcción en suelo rústico protegido o restringido. Dicha calificación rústica 
es además un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de naturaleza 
no autorizatoria.
Sin embargo, en el caso del presente expediente se trata de un obra terminada en el 
año 2000 y conforme a la licencia municipal del mismo año, según el certificado técnico, 
hechos no discutidos en la nota de calificación, por lo que la construcción se hubo de 
realizar y autorizar atendiendo a la legislación urbanística vigente en tal momento, y en 
particular, la ley material entonces aplicable en Extremadura, que es la Ley 13/1997, 
de 23 de diciembre, reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y Decreto 76/1998, de 2 de junio, que la desarrolla, ambos derogados 
por la posterior Ley 15/2001, de 14 de diciembre.
La  mencionada  Ley  de  23  de  diciembre  1997,  al  igual  que  otras  normas 
autonómicas, se limitó a declarar que el régimen jurídico-urbanístico de la propiedad del 
suelo  y  la  regulación  de  la  actividad  administrativa  en  materia  de  urbanismo  en 
Extremadura se regirá por lo dispuesto en la legislación básica estatal y por el contenido 
de los preceptos que cita del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
Por ello, no fue hasta la Ley 15/2001, de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura –art. 26.1.2 b)– cuando se impuso la calificación urbanística  s
como  requisito  administrativo  de  la  construcción  en  suelo  no  urbanizable  en  los  oe.
siguientes términos: «b) La calificación urbanística es previa a la licencia municipal y su  w.
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pronunciarán sobre ella en el procedimiento de otorgamiento de licencia y con motivo de 
la resolución del mismo.»
Como señala su disposición transitoria primera, desde la entrada en vigor de esta 
Ley serán de aplicación inmediata y directa sus disposiciones relativas a las condiciones 
y los requisitos de los actos de aprovechamiento y uso del suelo no urbanizable, así 
como  a  la  preceptividad  de  la  calificación  urbanística  previa  de  los  terrenos 
correspondientes. No obstante, durante los dos primeros años de vigencia de esta Ley, 
pudieron otorgarse licencias: «a) Para la edificación en terrenos en que la misma esté 
permitida por el planeamiento de ordenación urbanística en vigor, aún cuando dichos 
terrenos no reúnan las dimensiones y características exigidas para integrar unidades 
rústicas aptas para la edificación, siempre que el solicitante acredite fehacientemente la 
realización de gastos necesarios para dicho fin edificatorio con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley y la imposibilidad real de conseguir una superficie que cumpla las 
dimensiones de la unidad rústica apta para la edificación (…).
Es decir, como no podía ser de otro modo, con fundamento en un elemental principio 
de seguridad jurídica, la nueva normativa no puede afectar por sí a la validez de los 
actos administrativos ya otorgados conforme a la legislación anterior, pues la licencia 
debe otorgarse conforme al planeamiento y a la legislación urbanística vigente en tal 
momento, y no a la que en un futuro pudiera existir, como ha señalado la jurisprudencia –
cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1989, de 29 de enero de 2018, y 
Sentencia de 17 de mayo de 2018, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura–, sin perjuicio de los efectos que pueda 
tener la nueva norma sobre la situación urbanística de la edificación –art. 79.1.b) de la 
Ley 15/2001, de 14 de diciembre–.
Por lo que a efectos registrales no pueden exigirse requisitos impuestos por una 
norma urbanística posterior a una edificación terminada conforme a una licencia ya 
otorgada  con  anterioridad  a  la  vigencia  de  aquella,  sin  perjuicio  de  la  situación 
urbanística que presente en la actualidad como consecuencia del planeamiento en vigor, 
de naturaleza cambiante y que podrá tener reflejo en el Registro de la Propiedad al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana.
Por tanto, en el presente supuesto se cumple el requisito exigido por el vigente 
artículo 28.1 de la Ley de suelo estatal de acreditar el acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que requiera  la obra  según la legislación de ordenación 
territorial y urbanística, que en este caso lo constituye la licencia municipal incorporada 
de fecha 17 de enero de 2000, requerida para toda obra de nueva planta según el 
art.  242.2  del  Real  Decreto  Legislativo  1/1992,  de  26  de  junio,  norma  urbanística 
aplicable al tiempo de su realización conforme al artículo único de la Ley de 23 de 
diciembre 1997, vigente hasta el 23 de enero de 2002.
Dicha licencia es la intervención administrativa exigible conforme a la norma registral 
del  apartado  primero  del  art.  28,  sin  que  proceda  en  este  caso,  en  particular,  la 
acreditación de no tratarse de un suelo de especial protección, que podría haber tenido 
relevancia  en  el  caso  de  invocarse  el  apartado  cuarto  del  art.  28,  previsto  para 
edificaciones realizadas sin acreditar licencia o contra la misma, mas no es lo que ocurre 
en el presente supuesto, a tenor de la licencia incorporada y el certificado técnico 
complementario.
Por lo que en el caso del presente expediente, el único defecto recurrido, tal y como  s
se ha planteado en la nota de calificación no puede ser confirmado, sin que proceda  oe.
hacer pronunciamiento alguno respecto a otras cuestiones ajenas a la misma, aunque se  w.
hayaEns tpal aDntiereacdcoió enn  Gtráemneitrea ld eh ain faocrmored addeol  reegsitsimtraadr oer.l recurso y revocar la calificación  2020-1131n https://w
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 10 de agosto de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2020-1131n https://w