BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 319 Lunes 7 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 112078
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
15806 Sala Segunda. Sentencia 159/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 3095-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:159
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3095-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, de 14 de septiembre de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 47-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A.; y contra el 
auto del mismo juzgado, de 8 de abril de 2019, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado 
alegaciones  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo 
Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 16 de mayo 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre  y  representación  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  bajo  la 
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas. e
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  b
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 806ww
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntcrao  lad em Seracbaandtiel lEl, uSro.Ain.v, eirnstieornpeuss oIn mdeombialinadriaa s dCeo setjae cSuucrió, nS .Ls.o, berne 
relación con la finca hipotecada registral núm. 43.208 inscrita en el Registro de la
Propiedad núm. 3 de Lorca.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 29 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  47-2018), 
requiriendo de pago a la ejecutada y alternativo derecho a oponerse a le ejecución en el 
plazo de diez días.
b)  Con fecha 31 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca relativa al proceso «EJH/
0000047/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 31 de mayo a 16 de 
julio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  15  de  julio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónica 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 16 de julio de 2018.
d)  Al día siguiente, 16 de julio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al 
enlace remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada 
por el juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario 
núm. 47-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
e)  El 30 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución, 
alegando la excepción de falta de legitimación pasiva, al entender que dicha entidad 
carecía del carácter o representación con el que se le demandaba.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca dictó auto el 14 de 
septiembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada Euroinversiones 
Inmobiliarias,  S.L.,  representada  por  el  procurador  don  Antonio  Serrano  Caro  por 
presentación fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, S.A.
2.  Declarar terminada la pieza de oposición con suspensión de la vista señalada.
3.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se  establece  en  el  artículo  134  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (LEC),  la 
improrrogabilidad de los plazos establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que 
transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de 
parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se 
trate, y previniéndose en el artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución 
deberá ser presentado dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y 
decreto por el que se despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y 
constando en el presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto pasado que ha 
sido  el  plazo  que  legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por  e.
extemporánea, de conformidad con lo establecido en los preceptos citados.» w.
anteC eosmteo  trpibieu ndael  sreinc uerfesoct,o sse s uosfrpeecnías iv«ores»cu.rso de reposición en el plazo de cinco días
de rge)p osPiociró enl  creopnrteras eenlt aannttee rpioror caeustaol.  dSee l aa dleegmaraonnd acnotme od ein afrminpgaidroo ss elo isn taerrtpsu. s1o3 r5e,c u1r5s2o, 
155, 158, 160 y 1632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el art. 24 de la
Constitución  (CE),  al  haber  sido  emplazada  por  medio  de  la  dirección  electrónica 
habilitada, limitándose a un aviso de que tiene una notificación que puede descargar en 
una página web; en todo caso el plazo para oponerse no podía contarse sino a partir 
del 16 de julio de 2018 fecha en la que accedió a la notificación. No se intentó su 
notificación  en  el  domicilio,  como  estipula  el  art.  155  LEC  tratándose  del  primer 
emplazamiento. También cita doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho a 
no  padecer  indefensión  y  la  importancia  de  los  actos  de  comunicación  procesal, 
afirmando  que  de  no  tener  el  juzgado  por  formulada  su  demanda  de  oposición  al 
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin 
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 8 de abril de 2019 en desestimación del recurso 
de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria  cuarta  de  la  Ley  42/2015,  de  5  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil) están obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por 
medios electrónicos (art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) LEC).
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable.»
A continuación, cita los arts. 162.2 LEC, los arts. 33.2 y 34 de la Ley 18/2011, de 5 de 
julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
Administración de Justicia, el art. 11.2 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, 
sobre  comunicaciones  electrónicas  en  la  Administración  de  Justicia  en  el  ámbito 
territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet, y el acuerdo 
no jurisdiccional del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 6 de julio de 2016, 
y a resoluciones de audiencias provinciales, pasando a su aplicación al caso concreto 
diciendo:
«En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 30/05/2018 no accediendo al contenido hasta el día 16/07/2018 
(fuera de los tres días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de 
oposición a la ejecución en fecha 26/09/18 [sic] claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del auto despachando ejecución,) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no  cabe  recurso  alguno».  Tanto  este  auto,  como  el  anterior  de  14  de  septiembre 
de 2018, se los notificó el juzgado al procurador de la demandante de amparo a través 
del sistema Lexnet, tal y como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 8 de abril de 2019, por la indicada mercantil se interpuso el 
presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento  e.
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de  w.
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente  806ww
ejund icpiaapl eeln  elan  claa ussead, ec odmeo  seus tdaobmleciceil ioe l saortc. ia2l7, 3t rLaEtáCn,d oesne r edlaec isóun  pcorinm elors  eamrtps.la 1z3a5m, ie1n5t2o, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre  el  auto  del  8  de  abril  de  2019  que  desestimó  el  recurso  de  reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se resumen sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
«Ley de procedimiento administrativo común, que consideramos inaplicable al ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación  de  actos  procesales  existe  su  propia  normativa  tanto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil según ha expuesto, como en el haz de garantías que se derivan del 
art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han sido 
objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, puede hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicito la 
suspensión  de  la  continuación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  47-2018 
seguido ante el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción núm. de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  La Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal, por diligencia de 
ordenación de 4 de julio de 2019, acordó requerir al órgano judicial para que remitiera 
certificación acreditativa sobre si el auto de 8 de abril de 2019 había sido recurrido por la 
demandante de amparo. El 22 de noviembre de 2019 se recibió certificación indicativa de 
que no fue presentado recurso alguno.
5.  La Sección Cuarta de este tribunal, por providencia de 11 de febrero de 2020, 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque puede dar ocasión a este tribunal para aclarar o cambiar 
su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración 
del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2, b)]. Asimismo, dispuso 
dirigir atenta comunicación al órgano judicial para remisión de certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones y emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, para que pudieran comparecen en el presente recurso de amparo, y la 
formación de la pieza separada de suspensión, que fue resuelta por ATC 44/2020, de 15 
de junio.
6.  La  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, por escrito registrado el 9 
de marzo de 2020 manifestó ser cesionaria a título oneroso de determinados créditos 
hipotecarios de los que era titular el Banco de Sabadell, S.A., (entre ellos el que grava la 
finca hipotecada objeto del proceso judicial del que trae origen este recurso de amparo), 
así como haber sido emplazada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
6 de Lorca para comparecer ante este tribunal, por lo que solicitó que se le tuviera por  s
personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones  oe.
sucesivas de este proceso. w.
La Sección Cuarta de este tribunal, por providencia de 25 de junio de 2020, tuvo por  806ww
paecrresodnitaaddaa  yy  apcaortred óa  dlaa rp vroisctau rdaed olaras  daocñtuaa cMioanríeas  Cal alausd iap aMrteusn tpeearnsuo neand laas r ey parle Mseinnitsatceiróion 
aFrist.c 5a2l,  LpOoTr Cp,la pzuod iceoramnú pnr edsee nvteairn tlaes d aíalesg, aac iofinne sd eq uqeu ees, tcimonafsoernm pee crtoinne nlote ps.revisto en el  BOE-A-cable e
7.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional, mediante escrito registrado el 16 de 
julio  de  2020,  presentó  sus  alegaciones  interesando  la  estimación  del  recurso  de 
amparo. Tras exponer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los actos de 
comunicación procesal, con expresa referencia a las SSTC 6/2019, de 17 de enero; 
47/2019, de 8 de abril; 19/2020, de 10 de febrero; 40/2020, de 27 de febrero, y 43/2020, 
de 9 de marzo, solicita que se declare vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión de la demandante y la nulidad de todo lo actuado desde la notificación 
electrónica  del  auto  que  despachó  la  ejecución  solicitada,  con  retroacción  de  las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha notificación «para que se le dé 
al recurrente posibilidad de formular oposición a la ejecución».
8.  La entidad demandante de amparo presentó sus alegaciones el 31 de julio 
de 2020, remitiéndose a lo expuesto en su recurso y haciendo mención adicional a los 
pronunciamientos de la STC 40/2020, de 27 de febrero, a propósito del uso indebido de 
la dirección electrónica habilitada para realizar el primer emplazamiento del demandado.
9.  Mediante  providencia  de  fecha  3  de  noviembre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 4 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca, de 14 de 
septiembre de 2018 y 8 de abril de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 
47-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y el derecho a la asistencia letrada 
(art. 24.2 CE), ambas sin embargo carentes de soporte argumental propio. El Ministerio 
Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que 
la entidad comparecida se opone a la demanda en cuanto al fondo, interesando su 
desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio  e.
de  la  demanda.  Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  w.
obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por  806ww
tantoE nq utael  hsaegnatimdoo,s l uaepglioca dceió dne dsep elaja cr iteand ae ls feunntdeanmciae n4t0o/ 2ju0r2íd0i.co 2 cualquier posible óbice
aplr oncoe csaabl epro rr efcaultras od ec oangtorata eml iaeunttoo  ddees leas vtiíma ajutodriicoi adle p lrae vreiap oasl iacmiópna yr oa s[aí ritn. d4ic4a.1rl oa )e lL pOieT Cd]e,   BOE-A-cable e
recurso de éste, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 
de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de acceso al 
proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho. e.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 14 de septiembre de 2018 y 8 de abril  w.b
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en  806ww
aecl tuparocicoenseos  rdeea lizeajedcausc aió np arhtiirp odteel ceamriap lanzúamm.ie n4t7o- 2d0e1 l8a,  enatsidí adco rmecou rrlae ntneu ali dtaradv édse d el alas 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid a cuatro de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.