BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Viernes 3 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 47014
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7197 Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador  de  la  propiedad  de  Granollers  n.º  3  a  practicar  asiento  de 
presentación de una instancia privada.
En el recurso interpuesto por don S. M. M. y doña A. F. M. contra la negativa del 
registrador de la propiedad de Granollers número 3, don Antonio Cumella Gaminde, a 
practicar asiento de presentación de una instancia privada.
Hechos
I
Los consortes don S. M. M. y doña A. F. M. son propietarios, por mitades indivisas, 
de la finca registral número 1.676 de Cànoves i Samalús. Mediante escrito, de fecha 8 de 
agosto de 2019, suscrito por don C. G. S., presidente de «La Asociación Unión Usuarios 
Bancarios», obrando –según manifestó– como mandatario de los referidos consortes, en 
unión de un informe pericial de fecha 10 de julio de 2019, se solicitó la rectificación de las 
inscripciones 8.ª, 9.ª y 10.ª que reflejaban a «Caixa d’Estalvis de Catalunya» como titular 
de dos derechos reales de hipoteca, a fin de éstos queden inscritos a favor de la entidad 
«Spain Residential Finance, S.A.R.L.».
II
Presentado el referido escrito en el Registro de la Propiedad de Granollers número 3, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Antecedentes de hecho.
I.  Los consortes don S. M. M. y doña A. F. M. son propietarios, por mitades 
indivisas, de la finca n.º 1676 de Cànoves i Samalús (Barcelona), que se describe como 
sigue: Urbana.–Casa, destinada a vivienda unifamiliar, sita en término de Cànoves i 
Samalús, (…) que consta de planta subterránea, de superficie construida doscientos 
sesenta  y  tres  metros  doce  decímetros  cuadrados,  destinada  a  zona  de  servicios 
formada por garaje, porche, cuarto de máquinas y depósito de agua; planta baja, de 
superficie construida doscientos cincuenta metros noventa y tres decímetros cuadrados, 
destinada a vivienda y que consta de salón, comedor, cocina, despensa, lavadero, tres 
dormitorios,  dos  baños  y  terraza  exterior  y  planta  piso  primero,  bajo  cubierta,  de 
superficie construida ciento cinco metros veintidós decímetros cuadrados, destinada a 
biblioteca, almacén bajo cubierta y terraza exterior; el resto del terreno se destina a patio 
o jardín alrededor. Se ha edificado sobre parte de una porción de terreno que ocupa una 
superficie de dos mil cuatrocientos noventa y un metros dos decímetros cuadrados, y 
linda: al Norte, con resto de que se segregó, en su mayor parte mediante barranco; al  s
Sur, con parcela 14-B del plano de Urbanización de la total finca; al Oeste, parte con final  oe.
de calle por donde tiene su entrada, y parte con futuro vial; y al Este, con las parcelas  w.
números 19, 20, 21 y 226 de la manzana A del plano de la total finca. Constituye la  97ww
parcIeI.l a M14e-dAi adnetle p elasncori tduera u rabuatnoirzizaacdióan  edne  lfae ctohtaa l 2fi6n cdae. abril de 2000 por el Notario de
Lco’Hnocsreptitaadleat  mdeed iaLnloteb reesgcarti,t udrao na uJtoersizúasd aJ ueliná nfe cFhuae n2t1e sd eM maartríznoe zd, e p2r0o0to3c oploor  enl. ºN  o1t0a0r9io,   BOE-A-cable e
de L’Hospitalet de Llobregat, don Eusebio J. González Lasso de la Vega, protocolo n.º 
729,  la  entidad  “Caixa  d’Estalvis  de  Catalunya”  concedió  a  los  consortes  una 
disponibilidad de crédito hasta un límite de cuarenta millones de pesetas, equivalentes 
a 240.404,84 euros; y en garantía del saldo definitivo resultante de la liquidación de la 
cuenta de crédito abierta a estos efectos se constituyó hipoteca de máximo a favor de la 
entidad acreedora, que causó las inscripciones 8.ª y 9.ª en el historial jurídico de la 
descrita finca.
III.  Mediante escritura autorizada en fecha 31 de mayo de 2006 por el Notario de 
L’Hospitalet de Llobregat, don Daniel Tello Blanco, protocolo n.º 1220, la entidad “Caixa 
d’Estalvis de Catalunya” concedió a los citados consortes un préstamo por importe 
de 100.000 euros; y en garantía de su devolución se constituyó hipoteca a favor de la 
entidad acreedora, que causó la inscripción 10.ª en el historial jurídico.
IV.  Mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2019, suscrito por don C. G. S., 
presidente de la “La Asociación Unión Usuarios Bancarios”, obrando –según manifestó– 
como  mandatario  de  los  consortes  propietarios  de  la  finca  n.º  1676  de  Cànoves  i 
Samalús, en unión de un “informe pericial” de fecha 10 de julio de 2019, se solicita la 
rectificación de las inscripciones que reflejan a “Caixa d’Estalvis de Catalunya” como 
titular de las relacionadas hipotecas, a fin de éstas queden inscritas a favor de la entidad 
“Spain Residential Finance S.A.R.L.”. El escrito fue retirado con posterioridad y aportado 
de nuevo a esta Oficina el pasado 3 de diciembre de 2019.
Fundamentos jurídicos.
Conforme  al  artículo  420.1  del  Reglamento  Hipotecario,  los  Registradores  no 
extenderán asiento de presentación de los siguientes documentos: Los documentos 
privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia 
registral. Preceptúa por su parte el artículo 3 de la Ley Hipotecaria que, para que puedan 
ser inscritos los títulos expresados en el artículo 2, deberán estar consignados en 
escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por 
el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos.
La  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  (véase,  por  todas,  la 
Resolución de 4 de junio de 2018) tiene establecido que dados los efectos que, conforme 
al principio de prioridad registral produce el asiento de presentación en el Libro Diario 
(artículos 17 y 24 LH), es lógico que el legislador no quiera que dicho asiento se extienda 
mecánicamente con la sola aportación del título correspondiente al Registro. Por ello el 
registrador ha de analizar cada documento, con el objeto de decidir si procede o no su 
efectiva presentación al Diario. La negativa a la práctica de un asiento de presentación 
deberá  realizarse  cuando  el  documento  cuya  constancia  registral  se  solicita  sea, 
palmaria e indudablemente, de imposible acceso al Registro.
En el caso presente, al problema de la falta de título formal, se añade el que deriva 
del principio de salvaguardia de los asientos registrales por los Tribunales de Justicia 
(artículo 1.3 LH), principio éste que se inspira en la defensa material de los derechos 
publicados por el Registro y que exige, para provocar la toma de razón de cualquier 
modificación  jurídico-real  en  el  Registro,  que  concurra  el  consentimiento  del  titular 
registral o se obtenga una resolución judicial que así lo ordene (artículo 40 d) LH).
Calificación negativa.
El Registrador que suscribe, a la vista de los antecedentes fácticos y jurídicos 
examinados, acuerda denegar la práctica del asiento de presentación en el Libro Diario. e.
La anterior calificación registral negativa podrá (…) w.
RegGisrtarandoollre drse,  laa  4P rdoep dieicdiaedm dbere G drea n2o0ll1e9rs ( f3ir.m»a ilegible). Fdo. Antonio Cumella Gaminde.
III
Contra la anterior nota de calificación, don S. M. M. y doña A. F. M. interpusieron 
recurso el día 13 de diciembre de 2019 atendiendo a los siguientes argumentos:
«Por medio del presente escrito, venimos a solicitar a la Dirección General, en su 
potestad  como  Autoridad  y  como  máximo  garante,  de  los  “Principios  sobre  Tracto 
Sucesivo Registral y Sobre Publicidad Registral”, que impida un Fraude de Ley, al 
permitir, que un tercero, que no tiene nada que ver con el Contrato de Crédito y con la 
Garantía Hipotecaria, que se ofreció en su día, contra la vivienda de la que somos 
propietarios por Título Legitimo, finca 1.676 de Canoves i Samalus.
Es de dominio público, que las entidades de Cajas de Ahorros, entre la que se 
encuentra la desaparecida Caja de Ahorros de Catalunya que posteriormente después 
de varías Fusiones por Absorción se convirtió en el banco Catalula [sic] Banc S.A., luego 
por imperativo legal el Contrato pasó a manos de la Sareb, para posteriormente, una vez 
pagado con los Fondos Públicos recibidos, pasar a manos de un tercero con domicilio 
fuera  del  estado  español,  Transmisiones  del  Contrato  que  ha  sido  reconocido 
expresamente  por  escrito  por  la  propia  Presidencia  del  BBVA,  en  definitiva  que  el 
contrato ha sufrido varías Transmisiones a terceros, siendo los datos a fecha de hoy, 
localizados los siguientes:
1.º  En 9 de Julio del 2010. el negocio bancario en su integridad es asumido por el 
nuevo banco. Cataluña Banc S.A., no consta dicha transmisión en la Hoja Registra [sic] 
N.º 2.842, y esto era de dominio público.
2.º  Con fecha 16 de agosto del 2018. Presidencia del BBVA: reconoce abiertamente 
y por escrito, que con fecha 28 de diciembre del 2012. Transmitió la “Cartera Hércules” a 
la Sareb, documento que se ha protocolizado ante Notario de La Roca del Valles, en su 
número 632.
3.º  También en dicha fecha, y en el mismo protocolo Notarial, el BBVA reconoce 
expresamente, que los mismos “Contratos” que fueron Transmitidos a la Sareb, se 
vuelven a “Vender” a The Blackstore Groip. en fecha 17 de Julio del 2014. ante Notario.
4.º  El BBVA reconoce expresamente que los mismos “Contratos” que componen la 
“Cartera Hércules”, entre los que se encuentran los de la finca 2.842, se vuelven a 
“Vender” por Precio a FTA 2015, Fondo de Titulización, con fecha 15 de abril del 2015.
5.ª  Con fecha 14/12/2017 se ejecuta otra transmisión del contrato parcial a favor de 
SRF 2017-2 Fondo de Titulización.
Al día de hoy desconocemos el destino del contrato.
En la Hoja Registral, de la finca 1.676, no aparecen ni quedan reflejados, ninguna de 
las transmisiones de los contratos entre las empresas citadas, ni tampoco consta inscrito 
la transmisión del contrato a la Sareb, previo pago por el FROB del 63,00 % del valor en 
Libros, condiciones imperativas para que BBVA. absorbiera el resto del negocio bancario. 
Ni tampoco queda acreditado el pago de AJD.
Habida cuenta de que prevalece, sobre cualquier otra cuestión, el “Principio de 
Tracto  Sucesivo  Registral”,  a  no  ser  de  que  se  esté  ante  el  ocultamiento  de  la 
inexistencia de título falso y nulidad del negocio jurídico celebrado entre terceros, para 
contrariar el orden público, y para provocar engaño bastante a esta parte, al postularse 
un tercero sin ser ni parte, ni acreedor ni prestamista en el contrato original.
Atendiendo a lo dispuesto en los arts. 33 y 34 de la LH., atendiendo Sentencias del 
Tribunal  Supremo,  709/2002,  5/2/2002,  señala  que:  “constituye  el  orden  público  la  e.
expresión que se le da a la función de los principios generales del derecho en el ámbito  w.
de la autonomía privada, consistente en limitar su desenvolvimiento en lo que los vulnere  97ww
lyo sq udee,r ebcáhsoicsa mfuenndtaem, heonyta hleasn  rdeeco tneonceirdsoes  eenn  cluae ‘nCtao,n sctoitmucoi óinnt’,e garsaí ncteosm doe lla o Srdeennte pnúcbiali cdoe, 
lo Contencioso del TS, n.º 3054/2008, 19/6/2008, que entiende al “orden público como el
conjunto de aquellos valores fundamentales e irrenunciables sobre los que se apoya 
nuestro entero ordenamiento jurídico”.
Hemos venido a solicitar al registrador, que en aras de hacer prevalecer el “Principio 
sobre Tracto Sucesivo Registral y Publicidad Registral” que requiera al banco, Banco de 
Bilbao  Vizcaya  Argentarla  S.A.  copia  autentica  de  todas  las  transmisiones  de  los 
contratos, ejecutados en contra del cliente consumidor, y propietario legítimo de la 
Finca 1.676, y a espaldas del Registro, lo que al día de hoy nos lleva a pensar, de que 
las informaciones registrales de las fincas, al día de hoy, son totalmente falsas o han sido 
falseadas, y que dicha información no tiene nada que ver con la realidad jurídico-
contractual, por ello se viene a solicitar la Intervención de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, para preservar dichos “Principios”.
En definitiva se trata de que tanto la Dirección General a la que vengo a dirigirme 
como el propio Registro de la Propiedad, preserven los valores y derechos recogidos en 
nuestra  Constitución,  por  todo  lo  anterior,  vengo  a  formular  en  tiempo  y  forma,  lo 
solicitado,  y  se  sirvan  emitir  los  preceptivos  requerimientos  al  presunto  acreedor 
prestamista, para que aporte dentro del plazo legal correspondiente copia autentica de 
todos y cada uno de las Transmisiones habidas, del Contrato ofertado en su día por la 
Caja de Ahorros de Cataluña, desde la desaparición de la Caja mencionada hasta la 
actualidad, con mención expresa a la identificación del contrato del que soy titular, así 
como de todas o cualquier cantidad dineraria que hayan recuperado y/o anticipado, por 
imperativo legal por causa de mi contrato y de la garantía sobre la finca 1.676, de 
Cánoves i Samalús.
En definitiva se trata de que esta Dirección General y el propio Registrador, disponen 
de autoridad suficiente, para exigir la documental que refleje la veracidad registral con la 
veracidad contractual, según las sanas realas del Art. 1 y 38 de la LH.
Solicitamos:
Que se nos facilite copia tanto de los requerimientos realizados tanto por el Registro 
como por esta Dirección General al BBVA. así como copia de cualquier documento que 
se aporte al presente escrito de petición de nulidad de las inscripciones que ha ejecutado 
el BBVA en la finca mencionada.
Así como que, se proceda por esta Dirección General, a exigir al BBVA y a terceros, 
que aporten los Títulos originales de todas las transmisiones del activo financiero que 
soporta la finca 1.676. como garantía y de la cual somos titulares propietarios por título 
legítimo, se inscriban y quede constancia de las mismas en la Hoja Registral de la 
finca 1.676 de Canoves i Samalus, de común acuerdo con lo dispuesto en los “Principios 
sobre Tracto Sucesivo Registral” y “Principios de Información Registral”, de no ser así, 
esta Dirección General ampararóa [sic] el fraude ejecutado por el BBVA, en contra de 
dichos principios».
IV
El  registrador  de  la  Propiedad  de  Granollers  número  3,  don  Antonio  Cumella 
Gaminde, emitió informe en el que mantuvo íntegramente su calificación y formó el 
oportuno expediente que elevó a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 3, 17, 18, 19, 19 bis, 24, 38, 40, 66, 248.3, 258.4 y 322 de la  o
dLsDdeeeiicrp yeie2 tcim0eHc0mibióp2rbno,e r t e9Ged  cdeedae ner2 ei 2a0mr0;0a 1a6l 40y,d 1o,e2 6 2 3 dl8o eyd sd  e 2eR4 0 d2me0i0cg3a iies,rd zmt2eroo lb  sdyrR  ee2y  e 3dfdge edelba elr2 me N0are0oogn8t,oa t,so2 rt1i  ao0dHd d eoidpe  emo d2 teaje0u rc11nza12ioor,   i od3yd,e  e d1  eye42  n m0ldea0aers9oy  , ao dR1b eye9r  is 1l2 do70del 0ued 0c jeu2i,o  n0s7nie0o edp5 syet, i  e 12dmm90ea  b ddyrlaoeee      OE-A-2020-7197able en https://www.
de 2012, 20 de noviembre de 2013, 17 de febrero y 8 de abril de 2014, 5 y 20 de febrero,
27 de marzo, 9 de julio y 25 de septiembre de 2015, 14 de marzo y 20 de julio de 2016, 5 
de mayo de 2017 y 10 de abril y 13 de noviembre de 2019.
1.  El presente recurso tiene como objeto la negativa del registrador de la Propiedad 
de Granollers número 3 a practicar el asiento de presentación de una instancia privada 
aportada por quien dice representar a los titulares registrales de una finca. Mediante 
dicha instancia se solicita que se rectifiquen una serie de inscripciones de hipoteca en 
las que figura como titular «Caixa d’Estalvis de Catalunya», a fin de éstas queden 
inscritas a favor de la entidad «Spain Residential Finance, S.A.R.L.».
El registrador deniega la práctica del citado asiento de presentación porque, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 420 del Reglamento Hipotecario, los documentos 
privados,  salvo  en  casos  excepcionales  previstos  por  la  ley,  no  son  título  formal 
adecuado para ello. Además, también impide el acceso al Registro de esta pretensión, el 
principio  de  salvaguardia  de  los  asientos  registrales  por  los  tribunales  de  Justicia 
(artículo 1.3.º de la Ley Hipotecaria), principio este que se inspira en la defensa material 
de los derechos publicados por el Registro y que exige, para provocar la toma de razón 
de cualquier modificación jurídico-real en el Registro, que concurra el consentimiento del 
titular registral o se obtenga una resolución judicial que así lo ordene (artículo 40 d) Ley 
Hipotecaria).
Los ahora recurrentes solicitan de esta Dirección General: «Que se nos facilite copia 
tanto de los requerimientos realizados tanto por el Registro como por esta Dirección 
General al BBVA. así como copia de cualquier documento que se aporte al presente 
escrito de petición de nulidad de las inscripciones que ha ejecutado el BBVA en la Finca 
mencionada. Así como que, se proceda por esta Dirección General, a exigir al BBVA y a 
terceros,  que  aporten  los  Títulos  originales  de  todas  las  Transmisiones  del  Activo 
Financiero que soporta la Finca 1.676. como Garantía y de la cual somos Titulares 
Propietarios por Título Legítimo, se inscriban y quede constancia de las mismas en la 
Hoja Registral de la Finca 1.676 de Canoves i Samalus, de común acuerdo con lo 
dispuesto en los “Principios sobre Tracto Sucesivo Registral” y “Principios de Información 
Registral”».
2.  Resulta  conveniente,  antes  de  entrar  a  analizar  el  fondo  de  la  calificación 
impugnada,  hacer  algunas  aclaraciones  sobre  el  funcionamiento  del  Registro  de  la 
Propiedad y el objeto del recurso.
Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley Hipotecaria: 
«El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y 
contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles». En 
nuestro sistema registral rige el principio de voluntariedad de la inscripción. De ahí que 
este Centro Directivo haya declarado reiteradamente que no se puede practicar en el 
Registro ningún asiento –salvo casos excepcionales– sin que hayan sido solicitados 
expresamente  por  los  interesados,  que  lo  serán  las  personas  enumeradas  en  el 
artículo 6 de la Ley Hipotecaria, y mediante la presentación de los documentos que sean 
pertinentes al caso concreto.
Según la reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el contenido del 
artículo  326  de  la  Ley  Hipotecaria  y  en  la  doctrina  de  nuestro  Tribunal  Supremo, 
Sentencia de 22 de mayo de 2000 (vid., por todas, la Resolución de 18 de abril de 2018), 
el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad 
es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No 
tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente.
Por  todo  ello,  han  de  ser  rechazadas  las  pretensiones  de  los  recurrentes  e.
encaminadas a que, o bien el registrador, o bien esta Dirección General, requieran a  w.b
determinadas  entidades  bancarias  a  fin  de  que  presenten  en  el  Registro  los  97ww
cdoerrreecshpoosn rdeieanletes sd et íhtuiplooste cqau.e  permitan  actualizar  la  titularidad  registral  de  ciertos
prác3ti.c a Ednetlr aansideon teon d lea  prerevsiseinótna cdieó nla d ed elac isiniósnta nacdioap ptaridvaa dpao ra peol rrteagdiast rpaodro dro dne C d.e Gn.e Sga.,r  hlaa 
de recordarse que, dados los efectos que, conforme al principio de prioridad registral
produce el asiento de presentación en el Libro Diario (artículos 17 y 24 de la Ley 
Hipotecaria),  es  lógico  que  el  legislador  no  quiera  que  dicho  asiento  se  extienda 
mecánicamente con la sola aportación del título correspondiente al Registro. Por ello el 
registrador ha de analizar cada documento, con el objeto de decidir si procede o no su 
efectiva  presentación  al  Diario.  Pero  la  calificación  que  a  estos  efectos  realiza  el 
registrador es distinta de la que debe llevar a cabo con los documentos ya presentados 
para determinar si son o no susceptibles de inscripción o anotación. Consecuentemente, 
en este momento inicial el registrador debe limitarse exclusivamente a comprobar que 
concurren los requisitos que nuestro ordenamiento establece para que un documento 
pueda acceder al Libro Diario. Si se cumplen estos requisitos ha de practicarse el asiento 
de presentación, aunque se pueda ya observar que existe algún defecto que en su 
momento provocará la negativa a practicar la anotación o inscripción definitiva del título.
El artículo 420.1 del Reglamento Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de la 
Ley Hipotecaria, ordena a los registradores no extender asiento de presentación de los 
documentos  privados,  salvo  en  los  supuestos  en  que  las  disposiciones  legales  les 
atribuyan eficacia registral. Este Centro Directivo ha reiterado que la negativa a la 
práctica de un asiento de presentación sólo debe realizarse cuando el documento cuya 
constancia registral se solicita sea indudablemente de imposible acceso al Registro. Este 
es el criterio que ha de presidir la interpretación del referido precepto reglamentario, lo 
que concuerda también con el apartado 3 del mismo artículo 420, que prohíbe extender 
asiento de presentación de «los demás documentos que por su naturaleza, contenido o 
finalidad no puedan provocar operación registral alguna». Por tanto, sólo en aquellos 
casos en los que el propio presentante manifieste que su objetivo no es la práctica de un 
asiento en los libros del Registro, o en los que de una forma evidente resulte que el título 
nunca podría provocar dicho asiento, cabría denegar la presentación. Es indudable que 
en el presente expediente nos encontramos ante ese supuesto, ya que se trata de una 
instancia privada cuya finalidad no es provocar asiento registral alguno, sino demandar 
del registrador la realización de una serie de requerimientos a terceras personas para 
que aporten los títulos necesarios para actualizar la titularidad registral de determinadas 
inscripciones de hipoteca.
Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del Reglamento 
Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro Directivo relativa a la rectificación del 
Registro parte de un principio esencial y que constituye un pilar básico en nuestro 
Derecho hipotecario que afirma que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de 
los  tribunales  y  producen  todos  sus  efectos  en  tanto  no  se  declare  su  inexactitud 
(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, como ha reiterado este 
Centro Directivo (cfr., las Resoluciones en «Vistos»), la rectificación o cancelación de los 
asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el 
asiento  atribuya  algún  derecho  –lógicamente  siempre  que  se  trate  de  materia  no 
sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad–, bien la oportuna resolución judicial 
recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se 
trate de rectificar conceda algún derecho.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del  e
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley  bo
Hipotecaria. 97ww
PúbMlicaad, rSido, fí2a8 P duee nfteeb Srearnot iadgeo 2.020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe