BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Martes 17 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 100953
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
13981 Decreto-ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto-ley 6/2021, 
de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, la concesión de la «Línea Covid de ayudas directas a personas 
autónomas y empresas» prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
de  12  de  marzo,  de  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el 
Gobierno de España.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto ley 7/2021, 
de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea Covid de ayudas 
directas a personas autónomas y empresas» prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, ordenando a la 
ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Gobierno de Canarias aprobó el pasado día 4 de junio el Decreto ley 6/2021, de 4 
de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
concesión de la «Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas» 
prevista  en  el  título  I  del  Real  Decreto-ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, financiada por el Gobierno de España. Dicha norma fue publicada en el 
«Boletín Oficial de Canarias» número 115, del día 5 de junio de 2021, entrando en vigor, 
de acuerdo con su disposición final única, en esa misma fecha.
Tal y como se justifica en la exposición de motivos de dicho Decreto ley, el mismo 
tiene por objeto cumplir con el mandato otorgado a las comunidades autónomas por el 
citado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en cuyo artículo 2.4 
encomienda a las mismas la realización de las correspondientes convocatorias para la 
concesión de las ayudas directas a los destinatarios ubicados en sus territorios, así como 
la tramitación, gestión y resolución de las solicitudes, el abono de las ayudas y los 
controles previos y posteriores al pago, constituyendo el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, 
el marco regulador de las citadas ayudas en el territorio canario.
Con ello se pretende poner en marcha, con carácter urgente y extraordinario, este 
sistema de ayudas directas, con una dotación de 1.144 millones de euros financiados por 
el Gobierno de España, que beneficiará a las personas autónomas y empresas de 
Canarias, para que puedan resolver sus problemas de solvencia generados por la crisis  e.
pandémica y puedan reactivar su actividad, tan importante para la recuperación de la  w.b
economía y la generación de empleo en las islas. 981ww
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que se manifiesta en pérdida importante de ingresos, así como graves problemas de liquidez.
II
El 19 de marzo de 2020 se aprobó la Comunicación de la Comisión – Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en 
el contexto del actual brote de COVID-19 (en adelante, el Marco Temporal Comunitario). 
A partir de entonces, el Marco Temporal Comunitario ha sido adaptado en sucesivas 
ocasiones con el fin de incorporar nuevas modalidades de ayuda o para adecuar los 
límites en la aplicación de las preexistentes.
El Marco Temporal Comunitario supone un marco especial, aprobado con carácter de 
urgencia, para facilitar la concesión de medidas de apoyo temporales a empresas a 
través  de  distintos  instrumentos  y  recoge  diferentes  modalidades  de  ayuda, 
estableciendo en qué condiciones las medidas de apoyo de los Estados miembros 
podrán  ser  consideradas  compatibles  con  el  mercado  interior  al  amparo  de  las 
excepciones del artículo 107, apartado 3, letra b) del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE): ayudas destinadas a «poner remedio a una grave perturbación 
en la economía de un Estado miembro», y del artículo 107, apartado 3, letra c) del TFUE: 
«ayudas  destinadas  a  facilitar  el  desarrollo  de  determinadas  actividades  o  de 
determinadas  regiones  económicas,  siempre  que  no  alteren  las  condiciones  de  los 
intercambios en forma contraria al interés común».
Dicho Marco Temporal Comunitario tiene aplicación desde el 19 de marzo de 2020, 
fecha en la que se acordó su contenido, habida cuenta del impacto económico del brote 
de COVID-19, que requería una acción inmediata, hasta el 31 de diciembre de 2021, tras 
la última modificación adoptada por la Comisión, prorrogándolo hasta dicha fecha, y sin 
perjuicio de las ulteriores revisiones que puedan adoptarse.
En el contexto del Marco Temporal Comunitario, se adoptó en España el Marco 
Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de 
la  Comisión  Europea  de  2  de  abril  [Decisión  SA.56851  (2020/N)],  que  se  ha  ido 
adaptando  sucesivamente  a  las  ulteriores  modificaciones  del  Marco  Temporal 
Comunitario, y con vigencia desde su fecha de aprobación hasta el 31 de diciembre 
de 2021, sin perjuicio de las posteriores ampliaciones que puedan acordarse.
Dicho Marco Temporal actúa como «marco paraguas», lo que significa que las ayudas 
que se concedan bajo su amparo se consideran conformes con la normativa comunitaria y no 
es necesario proceder a una notificación individual de dichas medidas a la Comisión Europea.
El  régimen  de  subvenciones  aplicable  a  las  ayudas  convocadas  por  el 
Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, es el previsto en el mencionado Marco Nacional 
Temporal; en sus modalidades de concesión de ayudas en forma de subvenciones 
directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales o de pago, garantías, préstamos y 
capital, y de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos.
En  aplicación  del  Marco  Nacional  Temporal,  los  artículos  5.1,  letra  d),  párrafo 
segundo y 11.4, letra m) del mencionado Decreto ley, recogen como obligación para las 
personas y empresas interesadas, la presentación de una declaración responsable sobre 
las ayudas temporales relativas a los mismos gastos subvencionables que, en aplicación 
del Marco Nacional Temporal, o en aplicación del Marco Temporal Comunitario, hayan 
recibido durante el ejercicio fiscal en curso.
El pasado 7 de junio de 2021, el Estado español ha comunicado a la Comunidad 
Autónoma de Canarias una modificación de la versión consolidada del Marco Nacional 
Temporal de ayudas COVID-19, que afecta al punto 16.2 en lo que se refiere a las 
condiciones que facilitan el control de las líneas de ayuda por parte de las autoridades  e.
competentes y que viene a precisar que la declaración que la empresa o autónomo  w.b
solicitante  de  la  ayuda  debe  presentar,  antes  de  la  concesión  de  la  ayuda,  sobre  981ww
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Marco Nacional Temporal.
Dicha modificación obliga a introducir modificaciones en los artículos 5.1, letra d), párrafo 
segundo y 11.4, letra m) del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, que constituyen el objeto exclusivo 
de esta norma, con el fin de adecuar su contenido a las exigencias recogidas en el Marco 
Nacional Temporal en vigor, antes referido, así como se da coherencia a la redacción de ambos 
artículos que están referidos a la misma declaración responsable, dándoles el mismo alcance.
III
El apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado 
mediante  la  Ley  Orgánica  1/2018,  de  5  de  noviembre,  dispone  que,  en  caso  de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, 
que recibirán el nombre de decretos-leyes.
El Decreto ley, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se constituye 
como  un  instrumento  estatutariamente  válido  y  lícito,  siempre  que,  tal  como 
reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, 
F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, 189/2005, de 7 julio, 
F. 3; 68/2007, de 28 de marzo, F. 10; y 137/2011, de 14 de septiembre, F. 7), el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Concurren las mismas razones de extraordinaria y urgente necesidad que legitimaron 
en su momento la aprobación, por la vía excepcional del Decreto ley, de la norma cuya 
modificación se pretende, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que el plazo de 
presentación de las solicitudes de subvenciones está previsto entre el 15 de junio y el 28 de 
julio, siendo imposible que, por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de las leyes, pudiera alcanzarse el fin perseguido, debiendo 
ofrecer a los destinatarios de las subvenciones las mayores garantías de certidumbre 
jurídica sobre las condiciones a las que se sujetan en el momento de presentar su solicitud.
Igualmente, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar el presente Decreto ley 
se  inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión,  sin  duda,  supone  una  ordenación  de  prioridades  políticas  de  actuación 
(STC 14/2020, de 28 de enero), en cuanto las ayudas previstas en el Decreto ley que se 
modifica se configuran como medidas de naturaleza económica que persiguen atenuar 
los efectos de la crisis, siendo necesario adecuar su marco regulatorio al Marco Nacional 
Temporal  en  vigor,  de  manera  que  no  existe  un  uso  abusivo  o  arbitrario  de  este 
instrumento normativo (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, 
FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).
Asimismo concurren en el presente Decreto ley los mismos títulos jurídicos que 
ampararon  la  aprobación  del  Decreto  ley  6/2021,  de  4  de  junio,  concretamente  el 
artículo 114.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce que la Comunidad 
Autónoma  de  Canarias  tiene  competencia  exclusiva  en  materia  de  planificación  y 
promoción de la actividad económica en Canarias, lo que habilita para establecer y 
regular  líneas  de  ayudas  económicas  públicas  para  las  personas  trabajadoras 
autónomas como para las empresas de nuestra comunidad autónoma, ejercitando con 
ello una competencia normativa dentro de la actividad de fomento de la Comunidad  s
Autónoma, a que se refiere el artículo 102.1 del mencionado Estatuto de Autonomía.  e.
Igualmente, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias en materia de  w.
régimen  jurídico  y  procedimiento  de  las  administraciones  públicas  canarias  981ww
(artíPcuolro  ú1lt0im6.o1,) ,l oass íc coonmteon iedno sm iantceorirap odrea dporosm aol cDióenc rdeeto la l eayc tnivoid aafde cetcaonn aó mmicaate.rias que la
lCeognisslatictuiócnió dne y u regl eEnsctiaa.tuto de Autonomía de Canarias impiden que sean objeto de la  BOE-A-cable e
En efecto, la regulación contenida en la presente norma no afecta a los aspectos 
esenciales de los derechos y deberes de la ciudadanía, no se refiere a las instituciones 
autonómicas, ni tampoco incide en la ley de presupuestos, sin que sobrepasen, por lo 
tanto, los limites materiales vedados al Decreto ley.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta conjunta del Consejero de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos y de la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, y previa 
deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 10 de junio de 2021, dispongo:
Artículo único.  Modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se 
regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la 
«Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas» prevista en el 
Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 
financiada por el Gobierno de España.
Se modifica el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea Covid de ayudas 
directas  a  personas  autónomas  y  empresas»  prevista  en  el  Título  I  del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el 
Gobierno de España, en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el segundo párrafo de la letra d) del apartado 1 del artículo 5, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«Especialmente, antes de la concesión de una ayuda, la empresa o persona 
autónoma solicitante ha de declarar por escrito ante la autoridad que concede la 
ayuda, cualesquiera otras “ayudas temporales” relativas a los mismos gastos 
subvencionables que en aplicación del Marco Nacional Temporal, o en aplicación 
del Marco Temporal Comunitario, haya recibido.»
Dos.  Se modifica la letra m) del apartado 4 del artículo 11, que queda redactada en 
los siguientes términos:
«m)  Las ayudas temporales relativas a los mismos gastos subvencionables 
que  en  aplicación  del  Marco  Nacional  Temporal,  o  en  aplicación  del  Marco 
Temporal Comunitario, haya recibido.»
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
En Canarias, 10 de junio de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–El Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
Román Rodríguez Rodríguez.–La Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, 
Elena Máñez Rodríguez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 120, de 11 de junio de 2021. Convalidado por Resolución 
del Parlamento de Canarias, publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 140, de 9 de julio de 2021). es