BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 62  Sábado 13 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 29126
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3946 Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
I
La epidemia de la COVID-19 ha provocado una reducción significativa de los ingresos 
de muchas empresas no financieras (en adelante, empresas) y autónomos. Con el fin de 
proteger el tejido productivo y evitar un impacto estructural sobre la economía, en línea con 
el resto de países europeos, el Estado ha desplegado diferentes paquetes de medidas 
para apoyar a empresas y autónomos. En primer lugar, proporcionándoles liquidez 
mediante créditos con aval público y moratorias en sus principales deudas fiscales, de 
devolución de créditos y de pago de cotizaciones. En segundo lugar, con acciones para 
reducir sus costes fijos y variables, mediante ayudas directas para el pago de los salarios 
y las cotizaciones sociales de sus trabajadores, así como diversas medidas de alivio en el 
pago de alquileres. En tercer lugar, proporcionándoles ingresos mediante una prestación 
extraordinaria para los trabajadores autónomos y a través de las transferencias de recursos 
a las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla para que pudiesen 
atender los gastos extraordinarios en el ámbito sanitario y educativo y proporcionar ayudas 
directas a las empresas más afectadas por las decisiones sanitarias tomadas en su ámbito 
territorial.
En particular, una parte importante de las ayudas se han destinado a preservar la liquidez 
y la solvencia de empresas y autónomos. En este sentido destacan las líneas de avales 
concedidas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 y del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de 
julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Estos avales, 
por un total de 140.000 millones de euros, han permitido movilizar ya más de 120.000 
millones de euros de crédito al conjunto de la economía, facilitando la financiación necesaria 
para hacer frente a la pandemia, especialmente a las pequeñas y medianas empresas y 
autónomos, que han absorbido más del 98% de las operaciones financiadas con aval del 
Estado.
Estas medidas de apoyo a la liquidez se completaron con la creación, mediante el 
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, del Fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y que, gestionado a 
través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), permite reforzar 
los balances de empresas estratégicas para el tejido productivo español y regional 
que sean fundamentalmente viables pero que afronten problemas extraordinarios de 
solvencia como consecuencia de la COVID-19 y no tengan acceso a otras fuentes de 
financiación.
En esta misma línea, el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas 
urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, 
amplió los periodos de carencia y vencimiento de los préstamos con aval público. Y el Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero de refuerzo y consolidación de medidas sociales en  e.
defensa del empleo extendió la cobertura pública extraordinaria a los Expedientes de  w.
Regulación Temporal de Empleo hasta el 31 de mayo, con un esquema de protección  46ww
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En su conjunto, las ayudas acordadas ascendieron en 2020 a un 20 % del PIB, entre 
moratorias bancarias, fiscales y de Seguridad Social, líneas de avales públicos, 
subvenciones directas y otro tipo de medidas. Las medidas discrecionales de respuesta a 
la COVID-19 con impacto presupuestario ya previstas para 2021 superan el 2 % del PIB. A 
ellas se suman las moratorias vigentes para el pago de impuestos y cotizaciones y otras 
moratorias para la devolución de los créditos públicos, créditos hipotecarios y no 
hipotecarios con entidades financieras y otras medidas de alivio de costes.
Con ello, España se sitúa entre los países en el conjunto de la Unión Europea que 
mayores ayudas ha puesto a disposición de sus ciudadanos y con una mayor ejecución 
efectiva y efectos compensatorios del impacto negativo de la pandemia en términos de 
protección de empleo, reactivación empresarial y liquidez del conjunto de la economía, 
protegiendo así la estabilidad financiera y estableciendo una base para la recuperación 
económica.
Sin embargo, después de tantos meses de pandemia, el alargamiento de la crisis 
sanitaria en el primer trimestre de 2021 y los efectos en la economía de las medidas 
tomadas para frenar su expansión en todo el mundo aumentan el riesgo de un deterioro 
significativo de los balances de las empresas y un aumento del sobreendeudamiento 
que podría lastrar la recuperación y la creación de empleo a partir de la segunda parte 
del año.
Con el fin de responder de manera anticipada a posibles problemas de solvencia con 
impacto macroeconómico, es preciso adoptar medidas adicionales de refuerzo de la 
solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una intensa caída de sus 
ingresos debido a la larga duración de la reducción de actividad en determinados 
sectores y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia. En la mayoría de casos, 
las empresas que se están enfrentando con problemas de deterioro patrimonial gestionan 
negocios económicamente viables en sectores altamente rentables antes de la 
pandemia.
El objetivo del presente Real Decreto-ley es, pues, múltiple: proteger el tejido 
productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la 
confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones; evitar 
un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española; 
proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia; y actuar de forma 
preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los 
balances del sistema financiero. En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la 
pandemia, se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, 
que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado 
de una acción reactiva.
En este contexto, este Real Decreto-ley otorga un marco de protección reforzado que, 
más allá de las medidas de carácter horizontal ya desplegadas, concentre un importante 
volumen de recursos en proteger y apoyar a aquellas empresas, sectores y territorios 
potencialmente más vulnerables debido a la duración y el impacto económico de la 
pandemia, con el fin de reforzar la liquidez y solvencia y evitar el sobreendeudamiento del 
conjunto de la economía nacional, preservando así el tejido productivo y el empleo, 
impulsando la inversión y evitando una improductiva destrucción de valor de la actividad 
económica en España, sin por ello impedir la necesaria reasignación de recursos entre las 
distintas empresas y sectores en los próximos meses.
No se trata, por tanto, de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes 
del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la  es
recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades  o
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productivo y fomentar la competitividad de la economía española.
Así, se articula un conjunto de medidas para movilizar una inversión pública de 
hasta 11.000 millones de euros en torno a cuatro líneas de actuación: tres fondos 
adicionales para financiar ayudas directas, restructuración de balances y recapitalización 
de empresas y la prórroga de moratorias fiscales y concursales.
En primer lugar, se crea una nueva Línea Covid de ayudas directas a autónomos y 
empresas, para reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020. Con cargo a 
esta Línea, que contará con una dotación total de 7.000 millones de euros, se canalizarán 
ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente 
afectada por la pandemia. Estas ayudas directas tendrán carácter finalista, empleándose 
para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y 
no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al 
coste de cambio de potencia, incurridos por los autónomos y empresas considerados 
elegibles, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y 
cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de 
contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
En segundo lugar, esta norma habilita al Gobierno para adoptar medidas adicionales 
de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta 
financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y restructuración pactados entre 
los bancos y sus clientes y, por lo tanto, protegiendo la estabilidad financiera. Para ello, se 
crea una segunda Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000 
millones de euros, para permitir, como último recurso tras la articulación del resto de 
medidas de apoyo a la solvencia, la conversión de parte del aval público en transferencias 
a las empresas y autónomos más afectados por la crisis que cumplan con los requisitos 
establecidos por Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un acuerdo alcanzado con 
las entidades financieras acreedoras.
Asimismo, con el fin de detallar la articulación de las operaciones de refinanciación y 
reestructuración de la financiación con aval del sector público y adaptarlas a las 
necesidades de las diferentes empresas y sectores, mediante Acuerdo de Consejo de 
Ministros se desarrollará el contenido del Código de Buenas Prácticas, que podrá ser 
suscrito por las entidades financieras para facilitar una adecuada respuesta del sector 
financiero ante la excepcional situación económica, para reforzar la solvencia empresarial 
y garantizar la liquidez de cara al futuro. La actuación coordinada del conjunto de 
acreedores es fundamental para evitar acciones unilaterales que puedan ir en contra del 
objetivo de garantizar la viabilidad futura de la empresa o trabajador autónomo.
En tercer lugar, para apoyar a aquellas empresas viables pero que se enfrentan a 
problemas de solvencia derivados de la COVID-19 que no pueden acceder al fondo 
gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI) para empresas 
y operaciones de mayor tamaño y necesiten un refuerzo adicional de su capital tras la 
articulación de las medidas previstas en los apartados anteriores, se crea un nuevo Fondo 
de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de 
euros, que será gestionado por COFIDES, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio.
Por último, en cuarto lugar, se extienden hasta finales de año las moratorias para el 
desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un 
margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores 
dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio 
patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. Además, se mantienen las 
mejoras de agilidad en el proceso concursal, mientras se completa la modernización del  es
régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023  o
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En esta misma línea, se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias 
sin intereses y se amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos 
gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.
Las medidas de ayuda directa contempladas en primer lugar serán suficientes para 
resolver los problemas de solvencia de un buen número de empresas y autónomos y 
apoyar el mantenimiento de la actividad de las empresas viables. Las medidas de 
reestructuración pueden ser necesarias en otros casos para abordar problemas puntuales 
de solvencia de mayor entidad. El conjunto de instrumentos articulados para reforzar la 
solvencia empresarial se completa con la creación del nuevo fondo para recapitalización. 
La moratoria concursal proporcionará el marco adecuado para abordar el proceso de 
análisis y refuerzo de los balances y de restructuración financiera, en el curso de 2021, en 
paralelo con la modernización del marco concursal con ocasión de la transposición de la 
correspondiente Directiva. De esta manera, el conjunto de medidas contempladas en el 
Real Decreto-ley permitirá apoyar a las empresas con problemas de solvencia desde las 
situaciones más leves hasta las más severas, siempre con el objetivo de apoyar el 
mantenimiento de la actividad y el empleo.
II
El Título I de este Real Decreto-ley prevé la creación de la Línea Covid de ayudas 
directas a autónomos y empresas, que persigue apoyar la solvencia del sector privado, 
mediante la provisión a las empresas y autónomos de ayudas directas de carácter finalista 
que permitan el pago de costes fijos, por ejemplo, relativos al suministro de energía y a los 
cambios en las pautas de consumo y de potencia demandada, el pago a proveedores, la 
reducción de las deudas derivada de la actividad económica y, en caso de quedar 
remanente, deudas con acreedores bancarios.
La línea cuenta con una dotación total de 7.000 millones de euros y se articula en dos 
compartimentos. Un primer compartimento, con una dotación de 5.000 millones de euros, 
para todas las Comunidades Autónomas, salvo Baleares y Canarias, y para las Ciudades 
de Ceuta y Melilla; y un segundo compartimento, con una dotación de 2.000 millones de 
euros, para las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias.
La cuantía que le corresponderá a las Comunidades Autónomas del primer 
compartimento se distribuirá de manera proporcional a la asignación del REACT EU, en 
base a indicadores de renta, de desempleo y de desempleo juvenil. En el caso del segundo 
compartimento, se repartirá de forma proporcional al peso de cada Comunidad Autónoma 
en la caída en 2020 de los afiliados en términos netos.
Por su parte, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla realizarán 
las correspondientes convocatorias para la concesión de las ayudas directas a los 
destinatarios ubicados en sus territorios. Asimismo, se encargarán de la tramitación, 
gestión y resolución de las solicitudes, del abono de las ayudas y de los controles previos 
y posteriores al pago.
De esta forma, los autónomos y empresas con sede social en territorio español, cuyo 
volumen de operaciones anual en 2020 haya caído como mínimo un 30 % con respecto 
a 2019 y cuya actividad esté incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el Anexo I de este Real Decreto-ley, 
podrán tener acceso a ayudas directas que permitan satisfacer sus obligaciones de deuda 
y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos 
incurridos, siempre y cuando estas obligaciones se hubieran generado entre el 1 de marzo  s
de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la fecha de entrada  oe.
en vigor de este Real Decreto-ley. Se establecen los criterios para determinar las cuantías  w.
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español. No solo se mejorará la posición financiera de los autónomos y empresas que
obtengan las ayudas directas, sino que, además, al saldar las posiciones acreedoras con  Bc
sus proveedores, el conjunto de la economía resultará claramente beneficiada por esta 
medida.
El seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas directas por parte de 
los destinatarios finales corresponde igualmente a las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla.
Estas ayudas estarán en todo caso sujetas al compromiso de mantenimiento de 
actividad de las empresas y no reparto de dividendos, con el fin de garantizar que llevan 
efectivamente a un refuerzo de la solvencia y a una mayor capacidad de producción y 
empleo en el contexto de la recuperación económica.
El Título II de este Real Decreto-ley contiene una batería de herramientas para 
acompañar los procesos de reestructuración acordados por los acreedores financieros de 
los créditos con aval público para las empresas y autónomos que lo necesiten. El objetivo, 
por tanto, es concentrar el esfuerzo presupuestario derivado de las medidas en las 
empresas viables que están sufriendo un deterioro transitorio de sus indicadores de 
solvencia como consecuencia de la intensidad y duración de la caída de actividad 
extraordinaria generada por la pandemia.
Se trata de medidas complementarias a las adoptadas hasta la fecha, como las líneas 
de avales canalizadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) o el refuerzo de la actividad de la Compañía 
Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA). Así, frente al carácter general de los avales 
para todas aquellas empresas y autónomos que cumplieran con unos requisitos mínimos de 
salud financiera, en este caso el ámbito de aplicación subjetivo de las medidas quedará 
restringido a aquellos supuestos de empresas que realmente requieran de medidas 
adicionales relacionadas con su financiación avalada para garantizar la solvencia del negocio 
viable que se ha visto deteriorada como consecuencia de la COVID-19. Por tanto, las 
medidas de solvencia recogidas en este Título del Real Decreto-ley son de carácter selectivo, 
tanto por su finalidad –aliviar la carga financiera de empresas viables con problemas 
puntuales de solvencia– como por su ámbito de aplicación –limitado a empresas y 
autónomos que lo necesiten y que gracias a estas medidas de apoyo público sobre sus 
préstamos avalados puedan ver su solvencia restaurada–.
Las características de las empresas y autónomos elegibles para las medidas se 
determinarán por desarrollo normativo posterior a través de Acuerdo del Consejo de 
Ministros. En cualquier caso, para su elegibilidad, será necesario que la empresa o 
autónomo, en los casos en que le sea aplicable y siempre que el plazo de solicitud 
estuviera vigente, haya solicitado previamente las medidas de ampliación de plazos y 
carencias, recogidas en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre.
Las medidas contenidas en el Título II de este Real Decreto-ley articulan tres niveles 
de posible actuación en torno a la financiación avalada, para reforzar la solvencia 
empresarial. Un primer nivel es la posibilidad de extensión del plazo de vencimiento de los 
préstamos concedidos con aval público a partir del 17 de marzo de 2020, más allá de lo 
realizado en aplicación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre. Para aquellas 
empresas para las que la extensión adicional del vencimiento de los préstamos con aval 
público no fuera suficiente, se plantea como medida de segundo nivel, la posibilidad de 
convertir estos préstamos en préstamos participativos, manteniendo la cobertura del aval 
público. A través de esta medida, los recursos propios de las empresas beneficiarias se 
verán reforzados, al tener los préstamos participativos un tratamiento equivalente al capital 
a efectos mercantiles. Finalmente, este conjunto de herramientas financieras se vería 
completado por una medida de último recurso, de carácter excepcional, consistente en la  es
realización de transferencias a autónomos y empresas para la reducción del principal de  o
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un proceso de renegociación de deudas acordado previamente con las entidades
financieras acreedoras. Por lo tanto, dentro de este proceso de renegociación, las 
entidades financieras acreedoras asumirán la parte que les corresponde de la reducción 
del principal pendiente del préstamo.
Asimismo, el referido Acuerdo de Consejo de Ministros contendrá las características 
del Código de Buenas Prácticas creado mediante este Real Decreto-ley, de adhesión 
voluntaria para las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que haya concedido 
financiación dotada de aval público. Las condiciones contenidas en este Código velarán 
por la implicación del sector financiero en el apoyo de las empresas viables con problemas 
puntuales de sobreendeudamiento y el buen uso de los recursos públicos. Además, este 
Código recogerá los criterios de coordinación entre las entidades a él adheridas en la 
aplicación de medidas de apoyo a las empresas y autónomos considerados elegibles, 
elemento fundamental para evitar acciones unilaterales que puedan ir en contra o poner 
en riesgo el objetivo de reforzar la viabilidad de la empresa o trabajador autónomo 
correspondiente.
El Título II del Real Decreto-ley recoge además el detalle del procedimiento de 
recuperación de los avales liberados al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020, 
de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y que eventualmente pasen a ser ejecutados. Los 
Acuerdos del Consejo de Ministros que han ido autorizando la movilización de los 
diferentes tramos de las respectivas líneas de avales han determinado el porcentaje 
máximo de aval concedido en cada operación. Asimismo, estos Acuerdos incorporan la 
cláusula pari passu, que determina que en caso de que se produzcan pérdidas como 
consecuencia del impago de las operaciones avaladas, dando lugar a una ejecución del 
aval, el Estado y las entidades financieras las asumirán de manera proporcional al nivel de 
cobertura del aval.
La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, contiene un régimen 
jurídico, de carácter supletorio, aplicable a los avales otorgados por el Estado. Tal régimen 
es de aplicación salvo que la ley autorizante de los avales contemple expresamente otro 
régimen distinto. En particular, el 116 bis, en conexión con el 10.1 de la citada ley, 
consagran un régimen de autotutela administrativa para la cobranza de las cantidades a 
que tenga derecho la Administración General del Estado, atribuyendo el sistema de 
prerrogativas establecido para los tributos.
De dicho régimen habría de concluirse que, en caso de ejecución del impago, el 
Estado debería iniciar las acciones de recuperación del importe avalado y satisfecho a la 
entidad financiera. Ello se traduciría en la asunción por los servicios del Estado de los 
procedimientos tendentes a dicha recuperación, siguiendo el procedimiento administrativo. 
Al mismo tiempo, la entidad financiera seguiría sus propios procedimientos, previstos en 
los ordenamientos jurídicos civil y mercantil.
La superposición de ambos procedimientos podría llegar a resultar disfuncional, 
especialmente cuando el importe recuperado debe compartirse entre ambos acreedores 
en función de la mencionada cláusula pari passu.
En tales circunstancias, y en el marco de la excepcionalidad de la situación, se 
considera conveniente hacer decaer la aplicación del régimen y procedimientos de 
recuperación y cobranza de los avales ejecutados previstos con carácter supletorio en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y encomendar los 
procedimientos de recuperación a las entidades financieras concedentes. Todo ello sin 
perjuicio de los procedimientos de control y gestión que puedan implementarse para 
prevenir la existencia de conflictos de interés.
Por último, en aplicación de lo ya previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5  es
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal para las  o
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III
En el Título III de este Real Decreto-ley se crea el «Fondo de recapitalización de 
empresas afectadas por COVID», fondo carente de personalidad jurídica, cuya definición 
se concretará por Acuerdo del Consejo de Ministros.
En efecto, este Fondo, dotado con 1.000 millones de euros, se enfoca en complementar 
el Fondo gestionado por SEPI para la recapitalización de empresas estratégicas, de mayor 
tamaño, mediante el fortalecimiento y recuperación ágil y eficaz de la solvencia de aquellas 
empresas de mediano tamaño que, siendo viables a medio y largo plazo, se están viendo 
afectadas por los efectos de la pandemia en sus balances y en sus mercados.
El Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID dispondrá de distintos 
instrumentos financieros de endeudamiento, capital y cuasi capital para apoyar a las 
empresas, buscando un equilibrio entre el riesgo, el rendimiento y la utilización de los 
recursos públicos para apoyar proyectos viables. Asimismo, las operaciones llevarán 
aparejados instrumentos para la participación del Estado en los beneficios futuros de las 
empresas así como una estrategia de salida debido a la naturaleza temporal del Fondo, 
fijada en 8 años.
La gestión del Fondo corresponderá a la sociedad mercantil estatal Compañía 
Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. Se trata de una sociedad 
anónima mercantil estatal con participación público-privada y más de 20 años de 
experiencia en la gestión de otros fondos del Estado, también carentes de personalidad 
jurídica.
Por otra parte, para adecuar los programas de financiación que gestiona el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo a la actual situación económica derivada de la pandemia 
en lo referente a plazos de ejecución y justificación de inversiones y la refinanciación de 
los préstamos, se procede a recuperar una serie de medidas que se aprobaron en 2020 
para apoyar a las empresas y respecto de las que, dado su cercano plazo de vencimiento, 
se plantea su prórroga o mejora.
Así, con el objetivo de reforzar la solvencia de las empresas, facilitándoles una mayor 
flexibilidad para el cumplimiento de los proyectos subvencionados, la Disposición Adicional 
Primera permite, a instancia del beneficiario y de forma extraordinaria, la ampliación de los 
plazos de ejecución y justificación de proyectos industriales beneficiarios de ayudas o 
financiación de la Secretaría General de Industria y de la PYME que ya hubieran sido 
objeto de prórroga del plazo de ejecución con anterioridad, siempre que se aleguen 
circunstancias sobrevenidas directamente vinculadas a los estados de alarma derivados 
de la crisis de la COVID-19.
Se persigue así evitar incumplimientos atribuibles a estas causas sobrevenidas como 
consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, con un mecanismo similar a la ampliación 
que ya se introdujo durante la vigencia del primer estado de alarma mediante el artículo 54 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. 
Asimismo, la Disposición Final Cuarta modifica el artículo 39 del citado Real Decreto-ley, que 
introdujo la posibilidad de refinanciar los préstamos de la Secretaría General de Industria y 
de la PYME, para incluir modificaciones técnicas basadas en la experiencia adquirida en la 
gestión de la refinanciación habilitada por ese artículo.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en su artículo 41, 
suspendió por un año el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos 
Emprendetur, del 2 de abril de 2020 al 2 de abril de 2021. El programa Emprendetur tuvo  s
lugar de 2012 a 2016, y muchos de sus préstamos tenían pendiente todavía en 2020 su  e.
última cuota de amortización, por lo que, en aras de evitar la declaración concursal, se  w.
decidió prorrogar un año el pago a la vista de la paralización del sector turístico. Teniendo  46ww
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IV
Mediante la Disposición Final Quinta, se modifica la letra j) del apartado 2 de la 
disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, con la finalidad de mantener el 
privilegio especial en caso de concurso del emisor del que tradicionalmente eran 
beneficiarios los tenedores de cédulas y bonos de internacionalización.
Dicho privilegio tiene un valor en términos de rating y, por tanto, en el precio de 
colocación y cotización de las cédulas y bonos de internacionalización. Tradicionalmente, 
las cédulas y bonos de internacionalización de algunas entidades grandes gozan de la 
más elevada calificación crediticia posible, estando incluso algunos escalones por encima 
de la calificación de la propia entidad.
Es conveniente asegurar que las cédulas y bonos de internacionalización son 
beneficiarias del privilegio que se estableció en el momento de su emisión. Las cédulas de 
internacionalización son un instrumento de financiación emitido por las entidades de 
crédito, que tiene como conjunto de activos de cobertura créditos a la exportación 
garantizados por agencias de crédito a la exportación. Este tipo de instrumentos financieros 
gozan de una alta calificación crediticia, con cierta frecuencia mejor que la de la entidad 
que los emite, y son descontables ante el Banco Central Europeo. La normativa concursal 
les ha concedido siempre un privilegio especial frente a otros acreedores en caso de 
concurso, al igual que a las cédulas hipotecarias. No obstante, de manera no intencionada, 
el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, eliminó la disposición que concedía este 
privilegio. Cualquier demora en el reconocimiento de este privilegio especial podría 
suponer una paralización temporal en el mercado de colocación de este tipo de 
instrumentos, con el coste que ello podría tener para las entidades emisoras de cédulas y 
bonos de internacionalización.
Por otro lado, la disposición final séptima lleva a cabo una modificación de la 
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para ampliar la vigencia de 
algunas de las medidas de esta Ley en el ámbito concursal.
Esta ley adoptó una serie de medidas que han evitado la declaración automática de 
concurso o la apertura de la fase de liquidación respecto de empresas, profesionales y 
autónomos que, con carácter previo a la crisis sanitaria de la COVID-19, eran viables y 
mantenían al día el pago de sus obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo 
extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación, evitándose así un posible efecto en 
cadena, con el consiguiente impacto negativo sobre el conjunto de la economía.
El mantenimiento en el tiempo de la situación generada por la pandemia hace 
imperioso que estas empresas, que serían viables en condiciones normales de mercado 
(valor en funcionamiento superior al valor de liquidación), cuenten con instrumentos 
legales que les permitan continuar con su actividad o, en su caso, negociar con los 
acreedores, de forma que continúen en el mercado, manteniendo el empleo, una vez 
superada la situación.
Con el objeto de reforzar la continuidad y solvencia del conjunto del sistema económico 
y garantizar la estabilidad financiera durante el periodo de restructuración o renegociación 
de las condiciones financieras de las empresas en aquellos sectores más afectados por la 
pandemia se amplía la vigencia de algunas de estas medidas extraordinarias relativas al 
ámbito concursal, en tanto se produce la modernización del sistema en el marco de la 
transposición de la Directiva correspondiente. El objetivo último es ayudar a que las  s
empresas puedan reequilibrar sus posición financiera, contando con los instrumentos  e.
previstos en el presente Real Decreto-ley, mediante el refuerzo de sus balances, la  w.
refinanciación o reestructuración de su deuda, y evitar así una situación innecesaria de  46ww
ienmsoplrveesnacsia o,  ssine cptoorr eesll,o a ismí pceodmir ola l an epcueessatraia e rne amsaigrncahcai ódne  dper orecceudrismoise netnotsre c loansc duirsstainletass, 
mcuoydai fivciaacbiiolidnaeds  dneo  cpounevdean isoesr,  rreesnteaguoracdiaac imoneedsia on tree slatrsu cdtiuferarecniotense sm deed iadqause dllaes a epmoypore as alas   BOE-A-cable e
solvencia desplegadas.
Así, en primer lugar, como acompañamiento de las medidas incluidas en este Real 
Decreto-ley, se amplía hasta 31 de diciembre de 2021 la exención del deber del deudor 
que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no 
admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. 
Se aclara también que el plazo de dos meses del que dispone el deudor para solicitar la 
declaración de concurso voluntario debe computarse a partir de la fecha de finalización del 
plazo de suspensión del citado deber.
En segundo lugar, se adoptan una serie de medidas tendentes a facilitar y fomentar 
que las empresas, profesionales y autónomos que se encuentren en dificultades para 
cumplir con un convenio, un acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación 
homologado, puedan presentar una modificación del mismo.
Respecto de estos deudores, por un lado, se aplaza el deber de solicitar la apertura de 
la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la 
imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con 
posterioridad a la aprobación de aquél, siempre que el deudor presente una propuesta de 
modificación del convenio y ésta se admita a trámite dentro de un determinado plazo.
Por otro lado, se facilita la modificación del convenio, del acuerdo extrajudicial de 
pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos últimos se permite 
que, hasta el 31 de diciembre de 2021, el deudor presente una modificación del acuerdo 
en vigor o presente uno nuevo, sin necesidad de que transcurra un año desde la 
homologación del mismo, fomentando así la negociación y los acuerdos de refinanciación 
con los acreedores. Esta posibilidad de renegociar los acuerdos de refinanciación sin 
necesidad de que haya transcurrido un año desde su homologación estaba ya vigente 
para todos aquellos acuerdos homologados hasta el 14 de marzo de 2021 cualquiera que 
hubiese sido la fecha de su homologación.
Además, en caso de que un acreedor presente una solicitud de declaración de 
incumplimiento de acuerdo de refinanciación, de convenio o de acuerdo extrajudicial de 
pagos, se prevé su inadmisión a trámite, y se da un plazo para la renegociación de un 
nuevo acuerdo o convenio. Este régimen, que se encontraba vigente para las solicitudes 
de incumplimiento presentadas hasta 31 de enero de 2021, se aplica para nuevas 
empresas, profesionales y autónomos, desde esa fecha y hasta el 30 de septiembre 
de 2021. Durante este plazo se inadmitirán a trámite por los juzgados las declaraciones de 
incumplimiento presentadas por los acreedores durante el citado período con el objeto de 
que produzca la renegociación.
Por último, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, 
como la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de 
los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar 
el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados actos e 
incidentes como las subastas de bienes, para facilitar el funcionamiento de los Juzgados 
de lo Mercantil y de Primera Instancia. Asimismo, se flexibilizan los incidentes de 
reintegración de la masa activa para facilitar el cierre de la fase común y se modifica el 
modo de enajenación de la masa activa en la fase de liquidación, con el objetivo, en 
ambos casos, de evitar que los bienes pierdan su valor por el retraso en la tramitación del 
concurso y de facilitar la satisfacción de sus créditos a los acreedores, evitando, en la 
medida de lo posible, insolvencias derivadas.
V
La disposición final sexta modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para  oe.
aclarar que el Tesoro Público percibe las retribuciones por la participación en el órgano de  w.
aepmdomdprriáneniss atprsa eceriscótinrba irtdésege i clapase  cresumoannpadreloms éaessnt taes o cloliacrsrite asrneptoternsibd udace ailo  Fnueonsn e dmcoo pdrlreeea sdapopo opnyúdobi elainc tolea, s d seco ulfvoaernnmdcaoia  q loduees    2021-3946n https://ww
designados por el Consejo Gestor del Fondo, atendiendo a las razones técnicas y
profesionales que correspondan en cada caso, no ostenten la condición de empleados  Bc
públicos.
VI
El Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, amplió para el año 2021 algunas de 
las medidas contenidas en el capítulo V del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
La presente norma ha considerado imprescindible que todas las sociedades de capital 
reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y el resto de personas jurídicas de 
Derecho privado (sociedades civiles, sociedades cooperativas y asociaciones) que no 
hayan podido modificar sus estatutos sociales para permitir la celebración de la junta 
general o asambleas de asociados o de socios por medios telemáticos, puedan seguir 
utilizando estos medios durante el ejercicio 2021, garantizando así los derechos de los 
asociados o socios minoritarios que no pudieran desplazarse físicamente hasta el lugar de 
celebración de la junta o la asamblea.
Los mismos motivos justifican que ahora se despeje cualquier duda sobre la posibilidad 
de celebrar durante el año 2021 juntas exclusivamente telemáticas, con las mismas 
garantías que se han exigido para la utilización de estos medios durante la vigencia del 
Real Decreto-ley 8/2020, tal y como se recoge en la disposición final octava.
VII
La disposición final segunda refuerza el marco legal de protección de los ciudadanos 
e inversores en lo relativo a la publicidad de nuevos instrumentos y activos financieros en 
el ámbito digital.
Los criptoactivos –entendidos como representaciones digitales de valor o derechos que 
pueden transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registros 
distribuidos u otra similar– tienen cada vez más presencia en nuestro sistema financiero, sin 
que exista todavía un marco regulatorio específico apropiado a nivel europeo.
A día de hoy, estas tecnologías presentan algunos riesgos. En primer lugar, permiten la 
realización de operaciones de forma anónima lo que facilita su uso para fines ilegales. En 
segundo lugar, la adecuada custodia de las claves asociadas a los criptoactivos de los 
clientes resulta crucial para la prestación de servicios sobre estos activos y para la protección 
de los clientes. En tercer lugar, se están ofreciendo cada vez más frecuentemente como 
objeto de inversión, tanto a inversores especializados como al público en general.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han 
publicado el 9 de febrero de 2021 un comunicado conjunto, que se suma a otro de 2018, en 
el que alertan sobre los riesgos que este nuevo tipo de activos suponen para los participantes 
del sistema financiero y, muy en particular, para los pequeños inversores. El comunicado 
incide en la complejidad, la volatilidad y la potencial falta de liquidez de estas inversiones.
En este sentido, y para reforzar la protección del inversor se incluye en la Disposición 
Final Segunda un nuevo artículo 240 bis en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, para 
otorgar a la CNMV competencias con el fin de sujetar a control administrativo la publicidad 
de criptoactivos y otros activos e instrumentos, que no se regulan en la Ley del Mercado 
de Valores y que se ofrecen como propuesta de inversión. También se habilita a la CNMV 
a desarrollar mediante Circular el ámbito objetivo y subjetivo, así como los mecanismos y 
procedimientos de control que se aplicarán.
VIII s
La Disposición Adicional Tercera establece, al abrigo de las medidas extraordinarias de  w.b
apoyo a la solvencia adoptadas en este Real Decreto-ley, la extensión a cuatro meses del  46ww
pdee rtíroibduot oesn  qeul eq uyea  nsoe  shea bdíeav eesntgaabrleácni dinot eerne seel Rs edael  dDeemcroertao -pleoyr  l3o5s/ 2a0p2la0z,a dmei e2n2t odse  ednic ieelm pabgreo, 
dtreib umtaerdiaid.as urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
En consonancia con lo anterior, mediante de la Disposición Derogatoria Única queda 
derogado el artículo 8 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que regulaba el 
aplazamiento de deudas tributarias, con la finalidad de ampliar de 3 a 4 meses los 
aplazamientos sin intereses.
IX
Las Disposiciones Adicionales Cuarta, Quinta y Sexta establecen criterios generales 
en relación a condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos, sujeción a normativa 
de Ayudas de Estado de la Unión Europea y consecuencias de la aplicación indebida por 
el deudor de las medidas previstas en este Real Decreto-ley.
A su vez, la Disposición Adicional Séptima establece que, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros, podrá determinarse la transferencia de crédito entre los fondos recogidos en los 
títulos I y II de este Real Decreto-ley.
X
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes 
«en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento 
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general. Se configura, por tanto, esta norma como un 
instrumento con unos contornos bien definidos en los que el juicio político de oportunidad 
y necesidad goza de un amplio margen, siempre que se oriente en alcanzar un resultado 
concreto ante una situación de urgencia ineludible.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal 
y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 
de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 
julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea 
subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales que, por razones 
difíciles de prever, requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido por la vía ordinaria o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4)».
No se esconde que la situación que afronta nuestro país como consecuencia de la 
declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la 
segunda declaración de estado de alarma, y prórroga del mismo, generan la concurrencia 
de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas 
medidas de apoyo a la solvencia empresarial.
De acuerdo con una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iniciada en 
la mencionada STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, el control del presupuesto habilitante 
del artículo 86.1 CE exige, primero, que el Gobierno haga una definición «explícita y 
razonada» de la situación concurrente y, segundo, que exista además una «conexión de 
sentido» entre la situación definida y las medidas que en el decreto-ley se adopten. s
Las medidas contempladas en esta norma nacen bajo este escenario de pandemia en  oe.
el que la rapidez de respuesta, a través de la adopción de medidas económicas y jurídicas,  w.
es un requisito imprescindible para asegurar su efectividad. Los objetivos que se pretenden  46ww
ctroanm liata caipórno bdaec iuónn  pinromyeedcitaot ad ed ele eys ptaosr  mele pdridoaces dnimo ipeondtor íadne  cuorgnesnecgiuai rys,e  pao rt rtaavnétos , dees tláa 
pcolenncaumrreenncteia  djues tsiufi cpardesou peul ersetcou hrsaob iliatal nRtee.al Decreto-ley desde la perspectiva de la  BOE-A-cable e
Las medidas de este Real Decreto-ley centran sus esfuerzos en la preservación del 
tejido empresarial y de los autónomos de nuestro país. Por ello, además de las medidas 
anteriores citadas, se suman otras dirigidas a permitir la viabilidad de las empresas que 
están sufriendo un deterioro transitorio de sus indicadores de solvencia como consecuencia 
de la intensidad y duración de la caída de actividad extraordinaria generada por la pandemia.
A estas medidas, se suman otras que tienen como objetivo prorrogar otras ya 
adoptadas en normas anteriores y que han demostrado su efectividad.
Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún 
caso, el presente Real Decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de 
este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de 
mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al 
contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de 
la presente norma. A tal fin, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de enero 
de 2021 (recurso de inconstitucionalidad núm. 2577-2020) es clara cuando afirma que la 
doctrina constitucional ha establecido que «la valoración de la extraordinaria y urgente 
necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de 
que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que concurra 
efectivamente la excepcionalidad de la situación» (STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 6), 
pues «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican 
la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente 
concurran» (SSTC 1 1/2002, de 17 de enero, FJ 6, y 68/2007, de 28 de marzo, FJ 8),
Debe señalarse también que este Real Decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución Española, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
Por lo demás, este Real Decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente 
justificado. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, 
proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes 
con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de 
excepcionalidad, al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución 
de los objetivos previamente mencionados.
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su 
tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia 
e información públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.
Finalmente, respecto al principio de eficiencia, no se imponen más cargas que las 
estrictamente necesarias.
El presente Real Decreto-ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva, 
estructurada en 17 artículos, 7 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria única, 11 disposiciones finales y dos Anexos, y se dicta al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 8.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales; la legislación mercantil, procesal y civil; el régimen aduanero y 
arancelario; comercio exterior; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros; bases y  es
coordinación de la planificación general de la actividad económica; y de Hacienda general. o
CdHCeooa nncAEisssetenunitj nuodstc aoudi,óse   vny EM i rcEdtiounesndi psló,aat rmñ hoMoiascl icaonei,sine s a nyts r dpuaTor  rroad epuneuuss nIeofnoiós drdtnmaue  sda dteclrealii aó  dlna,aí a  uCDV t1ooiigc2mreii tzdapeaelrr,ecc  dmisioóeida nly er Mz ncToiotnua dnir sieTtstere mo2nr 0ciodde2,ea r1 ay J, e udpnser telie cvGlii aaoa,  brddtieeíec lrilunablo eoM r yai8 ncM6iisó itndnraie sd  tdrleaeal     OE-A-2021-3946able en https://www.
DISPONGO:
TÍTULO I
Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas
Artículo 1.  Objeto, ámbito de aplicación y creación de la Línea de ayudas directas a 
empresarios y profesionales.
1.  Se crea la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) 
y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Con cargo a los recursos de esta Línea se concederán ayudas directas en los términos 
previstos en este Real Decreto-ley.
Los destinatarios de las ayudas serán las empresas no financieras y los autónomos 
más afectados por la pandemia, siempre y cuando tengan su domicilio fiscal en territorio 
español o cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en 
España a través de establecimiento permanente. Estas ayudas directas tendrán carácter 
finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros 
acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los 
autónomos y empresas considerados elegibles.
2.  La dotación de esta línea asciende a 7.000 millones de euros, concediéndose de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, los siguientes créditos extraordinarios al 
Presupuesto en vigor:
a)  En la sección 37 «Otras relaciones financieras con Entes Territoriales», servicio 01 
«Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas», 
programa 941O «Otras transferencias a Comunidades Autónomas», concepto 450 «Línea 
Covid de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades 
Autónomas, excluidas Baleares y Canarias», y a las Ciudades de Ceuta y Melilla por 
importe de 5.000 millones de euros.
b)  En la sección 37 «Otras relaciones financieras con Entes Territoriales», servicio 01 
«Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas», 
programa 941O «Otras transferencias a Comunidades Autónomas», concepto 451 «Línea 
Covid de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades 
Autónomas de Baleares y Canarias», por importe de 2.000 millones de euros.
Los dos créditos extraordinarios que se conceden en este apartado se financiarán de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021.
3.  Las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas considerados 
elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y 
pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes 
fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 
y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este 
Real Decreto-ley. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de 
antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la 
reducción del nominal de la deuda con aval público.
Artículo 2.  Compartimentos de la Línea y asignación entre Comunidades Autónomas y  s
las Ciudades de Ceuta y Melilla. e.
1.  La línea estará compuesta por dos compartimentos: 46ww
aas liagsan )aC roáUmnn ua n ptiordidmaadeser  slac Aos muCtpóoanmrotumimnaiedsna atdo eq, suc Aeo nus teóu nnreoafm ideaoresta  eyc li aóa nlpa asdr etCa 5idu.od0 a0bd0).e ms idlleo nCeesu dtae  ye Mureolsil,l aq, usea lsveo   OE-A-2021-39able en https://
b)  Un segundo compartimento, con una dotación de 2.000 millones de euros, que se 
asignarán a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias.
2.  Los recursos de ambos compartimentos se repartirán según los siguientes criterios:
En el caso del primer compartimento se distribuirán de manera proporcional a la 
asignación del REACT EU, en base a indicadores de renta, de desempleo y de desempleo 
juvenil. En concreto, el reparto se basa en los siguientes tres indicadores:
a)  Indicador de renta: mide el peso de cada Comunidad Autónoma en la caída del 
PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas, medida 
a través de la renta per cápita respecto a la media nacional.
b)  Indicador de desempleo: considera la media ponderada entre el peso de la 
Comunidad Autónoma en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución 
al incremento del paro registrado nacional en 2020.
c)  Indicador de desempleo juvenil (16 – 25 años): análogamente al criterio anterior, 
considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma en el total de 
jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro 
juvenil registrado nacional en 2020.
Las ponderaciones así obtenidas se ajustarán sin considerar a las Comunidades 
Autónomas del segundo compartimento.
En el caso del segundo compartimento se repartirán de forma proporcional al peso de 
cada Comunidad Autónoma en la caída en 2020 de los afiliados en términos netos, esto 
es, descontando el efecto de los ERTEs, de acuerdo con el certificado que a tal efecto 
emita el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
3.  La cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos de ambos compartimentos, en aplicación de 
los criterios establecidos en el apartado 2 de este artículo, se determinará por Orden de la 
persona titular del Ministerio de Hacienda. Esta cuantía tendrá carácter limitativo a efectos 
de las convocatorias que realicen las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta 
y Melilla. En esta Orden ministerial podrán concretarse las cuestiones necesarias para la 
aplicación de este Título.
4.  Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla realizarán las 
correspondientes convocatorias para la asignación de las ayudas directas a los 
destinatarios sitos en sus territorios, asumirán la tramitación y gestión de las solicitudes, 
así como su resolución, el abono de la subvención, los controles previos y posteriores al 
pago y cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la adecuada utilización de 
estos recursos, de acuerdo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y su normativa de desarrollo reglamentario.
Artículo 3.  Marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de 
la cuantía de la ayuda:
1.  A los efectos de este Real Decreto-ley, se considerarán destinatarios:
a)  Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en 
el Anexo I, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente  s
en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. Esta información se suministrará  oe.
por la Administración Tributaria correspondiente a petición de las Comunidades Autónomas  w.
yIm lapsuL eoCssiut oed masodpbererses da leari  oCRsee oun ttpaar  oydf eeM sleaiolsinl laaP.leerss oqnuaes a Fpílisqicuaesn  aedl srécgriitmose na  dloes e sseticmtoarceisó nd eofbinjeidtiovsa  eenn  eell   2021-3946n https://ww
Anexo I.
b)  Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades 
en el régimen de tributación consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como un 
contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el volumen 
de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de 
sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.
c)  En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, 
entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los dos 
epígrafes anteriores y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para 
su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, 
antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles 
negativas.  Esta  información  se  suministrará  por  la  Administración  Tributaria 
correspondiente, a petición de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla.
2.  Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla establecerán los 
criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes 
límites máximos:
a)  3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el 
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b)  Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual 
declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o 
tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, 
la ayuda máxima que se concederá será del:
i.  El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del 
año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen 
el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 
empleados.
ii.  El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 
respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o 
profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) i y b) ii anteriores, la ayuda no podrá 
ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.
c)  En el caso de los grupos a que se refiere el apartado 1 del artículo 3.1.b), los 
límites anteriores se aplicarán al grupo en su conjunto.
d)  Las Comunidades Autónomas del segundo compartimento podrán aumentar los 
porcentajes de cobertura de pérdidas y límites máximos de las ayudas dispuestos en los 
apartados b).i y b).ii del presente artículo 3.2.
3.  Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla determinarán los 
parámetros a aplicar para los supuestos de altas o empresas creadas entre el 1 de enero 
de 2019 y el 31 de marzo de 2020, de empresas que hayan realizado una modificación 
estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre  e.
de 2020, y de empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo  w.b
inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020. 46ww
Autó4n. omSaes  pyo Cdriuád caodnecsu drrei r Cae uctoan yv oMcealtiollrai apsa rrae alali zaasdigans apcoiórn  ddiset ilnatsa sa yCuodmasu ndiidreacdteass 
previstas en este Título.
Cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de 
operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de euros y no apliquen el 
régimen de grupos en el Impuesto sobre Sociedades solamente podrán concurrir a la 
convocatoria realizada por la Comunidad Autónoma o, en su caso, las Ciudades de Ceuta 
y Melilla, en la que se ubique su domicilio fiscal.
Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones 
en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros que desarrollen su actividad económica 
en más de un territorio autonómico o en más de una Ciudad Autónoma, podrán participar 
en las convocatorias que se realicen en todos los territorios en los que operen. Para estos 
casos, la Orden del Ministerio de Hacienda de desarrollo del presente Real decreto-ley 
establecerá el criterio de distribución de la caída de la actividad entre los diferentes 
territorios en los que operen, atendiendo al peso de las retribuciones de trabajo personal 
satisfechas a los trabajadores con que cuenten en cada territorio.
5.  Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una actividad que se 
clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas –CNAE 09– previstos en el Anexo I de la presente norma en el momento de 
su entrada en vigor.
6.  No podrá concederse ninguna ayuda directa de las recogidas en este Título 
pasado el 31 de diciembre de 2021.
Artículo 4.  Seguimiento y control de las ayudas directas.
1.  En el primer trimestre de 2022, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de 
Ceuta y Melilla remitirán al Ministerio de Hacienda un estado de ejecución del ejercicio, 
indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y 
pagos realizados en el año. El saldo no ejecutado ni comprometido a 31 de diciembre 
de 2021 deberá reintegrarse al Ministerio de Hacienda. A los efectos de la determinación 
de esta cantidad, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla 
destinatarias de este presupuesto deberán remitir junto con la información enumerada en 
este apartado, informe de sus respectivos órganos de intervención y control en el que se 
acredite y certifique el importe del reintegro.
2.  En el primer trimestre de 2023, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de 
Ceuta y Melilla remitirán al Ministerio de Hacienda los reintegros de ayudas derivados del 
incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión.
3.  Será responsabilidad de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos. En 
consecuencia, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla que 
gestionen los créditos a que se refiere el presente Título deberán proceder a un adecuado 
control de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los 
mismos por los perceptores finales. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de 
Ceuta y Melilla gestoras de los fondos serán las responsables de rendir cuentas, en su 
caso, ante los órganos de control externo, sin perjuicio de las funciones de control y 
verificación del cumplimiento de estas obligaciones que pudiera realizar la Intervención 
General de la Administración del Estado.
4.  El Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta 
y Melilla suscribirán un convenio que articule la necesaria colaboración entre ambas 
Administraciones públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el presente Título, 
contemplando cuestiones como el intercambio de información entre las Administraciones 
Tributarias; la mención en todas las actuaciones y soportes que se utilicen al origen de los  e.
fondos que financian estas ayudas, señalándose que son financiadas por el Gobierno de  w.
España; y la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias  46ww
realiEzsatdoass C yo lnovse rneisousl tdaedboesr ádne  fliarms amrsisem eans .el plazo de un mes desde la entrada en vigor del
presente Real Decreto-Ley, procediéndose por el Ministerio de Hacienda a la transferencia
de los fondos correspondientes a cada Comunidad Autónoma dentro de los 10 días 
siguientes a la fecha en que adquiera eficacia cada convenio.
5.  La empresa beneficiaria de estas ayudas deberá justificar ante el órgano 
concedente el mantenimiento de la actividad que da derecho a las ayudas a 30 de junio 
de 2022. En caso contrario, procederá el reintegro de las ayudas percibidas al amparo de 
este Título.
6.  La Secretaría de Estado de Hacienda podrá solicitar información de las ayudas 
directas concedidas, en base a la obligación de suministro de información amparada en el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.
TÍTULO II
Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 5.  Objeto.
Las disposiciones contenidas en este Título tienen por objeto establecer medidas de 
apoyo público e introducir un Código de Buenas Prácticas que, entre otros aspectos, 
fomente la coordinación de entidades financieras en la adopción de medidas que 
contribuyan a reforzar la solvencia de las empresas y autónomos con domicilio social en 
España que atraviesen un desequilibrio patrimonial temporal, en los términos establecidos 
por Acuerdo de Consejo de Ministros, como consecuencia de la caída significativa de sus 
ingresos derivada de la pandemia de la COVID-19.
Artículo 6.  Ámbito de aplicación.
1.  Las medidas previstas en este Título se aplicarán a las empresas y autónomos 
con sede social en España, que hayan suscrito operaciones de financiación que cuenten 
con aval público, que se hubieran concedido por las entidades de crédito o por cualquier 
otra entidad supervisada por el Banco de España que realice la actividad de concesión 
de préstamos o créditos a empresas y autónomos con sede social en España, entre 
el 17 de marzo de 2020 y la fecha de publicación de este Real Decreto-ley. También 
podrán aplicarse estas medidas a las operaciones de financiación concedidas entre el 17 
de marzo de 2020 y la fecha de publicación de este Real Decreto-ley y que cuenten con 
reaval concedido por la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA). En 
este sentido, CERSA recibirá el mismo tratamiento que la Administración General del 
Estado y podrá beneficiarse, en particular, del apoyo de la línea regulada en el 
artículo 10.
2.  Las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir para acogerse a las medidas 
previstas en este Título, incluyendo el plazo máximo para su solicitud, se establecerán por 
Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo ulterior para su 
aplicación.
3.  Adicionalmente, para su elegibilidad como beneficiario de estas medidas, la 
empresa o autónomo, en los casos en que le sea aplicable y siempre que el plazo de  es
solicitud estuviera vigente, deberá haber solicitado previamente a las entidades  bo
financieras y estas haber comunicado la formalización a ICO las medidas de ampliación  46ww
dmtreieb pdulitadaazriosa s.u yrg ceanrteensc diaes a, preocyoog aid laas s eonlv eenl Rcieaa el mDpercerseatori-alel yy  3a4l s/2e0c2to0r,  ednee 1rg7é dtiec on,o yv ieenm mbraet,e driea   OE-A-2021-39able en https://
CAPÍTULO II
Medidas de apoyo público a la solvencia
Artículo 7.  Extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación 
que han recibido aval público.
El plazo de vencimiento de los avales otorgados por la Administración General del 
Estado o por cuenta del Estado podrá extenderse por un periodo adicional, en los términos 
que se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros. La medida será efectiva dentro 
de los acuerdos de renegociación de deudas que se puedan alcanzar entre los deudores 
y las entidades financieras acreedoras en los términos fijados mediante Acuerdo de 
consejo de Ministros, de tal manera que éstas extenderán el plazo de vencimiento de las 
operaciones avaladas por el mismo plazo de extensión del vencimiento del aval 
correspondiente.
Artículo 8.  Mantenimiento del aval público en caso de la conversión de las operaciones 
del principal pendiente en operaciones de financiación con aval público.
Se mantendrá el aval público de aquellas operaciones de financiación que cuentan con 
aval otorgado por la Administración General del Estado o por cuenta del Estado y que, en 
los términos fijados mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, se conviertan en préstamos 
participativos, regulados en el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre 
medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.
Artículo 9.  Medidas para la reducción de su endeudamiento.
1.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá realizar 
transferencias a las empresas y autónomos que cumplan con los requisitos establecidos 
por el Código de Buenas Prácticas con la finalidad exclusiva de reducir el principal 
pendiente de las operaciones financieras a las que se refiere el artículo 6. Estas 
transferencias se producirán en el marco de los acuerdos de renegociación de deudas que 
alcancen los deudores y las entidades financieras acreedoras.
2.  Las transferencias públicas previstas en este artículo se abonarán directamente a 
través de la entidad concedente de la operación financiera, que la aplicará con carácter 
inmediato a reducir el capital pendiente de dicha operación, incluido en su caso el capital 
vencido, impagado o con el aval ejecutado, si lo hubiere.
3.  Estas transferencias por parte del Estado se producirán dentro de los acuerdos de 
renegociación de deudas que alcancen los deudores y las entidades financieras 
acreedoras, que a su vez asumirán las reducciones del principal pendiente del préstamo 
que les correspondan en los términos que se establecerán por Acuerdo de Consejo de 
Ministros.
4.  La entidad concedente no aplicará comisión alguna por la cancelación anticipada 
de la deuda realizada con los fondos recibidos correspondientes al apoyo público 
concedido.
Artículo 10.  Creación de la «Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid».
Se crea la Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid, para atender los 
gastos derivados de las medidas para la reducción del endeudamiento recogidas en el  e.e
artículo 9, con una dotación inicial que asciende a 3.000 millones de euros, concediéndose  b
un crédito extraordinario al Presupuesto en vigor de la sección 27 «Ministerio de Asuntos  46ww
EFicnoannócmiaiccióons  Iyn tTerrannascfioonrmala»c, i9ó3n1 DMi g«itParle»v, issieórnv iyc iop o0lí4ti c«aS eeccorneótamríiaca G»,e 4n7e0ra «l Ldíenle aTe psaorrao  lay 
rseee fsintrauncctuiararác iódne  dceo ndfeourmdaid fainda ncocine real  Carotívcidu lcoo 4n6 a dvea l ldae Ll eEys t1a1d/o2»0.2 E0,s tdee c 3ré0d diteo  edxictireamorbdrien,a rdioe 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Código de Buenas Prácticas
Artículo 11.  Sujeción al Código de Buenas Prácticas por las entidades financieras 
adheridas.
1.  El Código de Buenas Prácticas, cuyo contenido se aprobará mediante Acuerdo de 
Consejo de Ministros, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o 
de cualquier otra entidad que cuente con operaciones incluidas en el ámbito de aplicación 
definido en el artículo 6 de este Real Decreto ley.
2.  Las entidades comunicarán su adhesión, por escrito, a la Secretaría General del 
Tesoro y Financiación Internacional.
3.  Desde la adhesión de la entidad financiera, y una vez que se produzca la 
acreditación por parte del deudor que así lo solicite de que se cumplen las condiciones y 
requisitos establecidos en el Código de Buenas Prácticas, la entidad financiera aplicará las 
medidas recogidas en ese Código, en los términos en él previstos. Sin perjuicio de lo 
anterior, las partes deberán cumplir las formalidades previstas en las normas para que los 
actos y contratos resultantes desplieguen toda su eficacia. En particular, cuando exista 
obligación legal de inscripción de los actos y contratos afectados, deberá procederse a la 
formalización de la escritura pública y a la inscripción en el Registro correspondiente.
4.  En el caso de que las medidas contenidas en el Código de Buenas Prácticas se 
aplicaran sobre una deuda con garantía hipotecaria, la novación del contrato tendrá los 
efectos previstos en el artículo 4.3 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación 
y Modificación de Préstamos Hipotecarios, con respecto a los préstamos y créditos 
novados.
5.  La adhesión de la entidad al Código de Buenas Prácticas se entenderá producida 
por un plazo equivalente a la duración prevista del Código, salvo denuncia expresa de la 
entidad adherida, notificada por escrito a la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional con una antelación mínima de tres meses.
6.  El contenido del Código de Buenas Prácticas se aplicará exclusivamente a las 
entidades adheridas, deudores y contratos a los que se refiere este Título, que serán 
concretados por medio de Acuerdo de Consejo de Ministros. No procederá, por tanto, la 
extensión de su aplicación, con carácter normativo o interpretativo, a ningún otro ámbito 
no incluido expresamente en su ámbito de aplicación.
7.  Las entidades financieras habrán de informar adecuadamente a sus clientes sobre 
su adhesión o no al Código de Buenas Prácticas y la posibilidad de acogerse a lo dispuesto 
en el Código. Esta información habrá de facilitarse especialmente a través de su red 
comercial de oficinas en la forma y en los términos que se recojan en el propio Código de 
Buenas Prácticas.
Artículo 12.  Seguimiento del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.
1.  El cumplimiento del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades 
adheridas será supervisado por una comisión de control constituida al efecto, que presidirá 
el Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional y cuya composición se 
desarrollará por Acuerdo de Consejo de Ministros.
2.  Las entidades adheridas remitirán al Banco de España, con carácter mensual, la 
información que les requiera la comisión de control. Esta información incluirá los elementos 
que así se determinen por Acuerdo de Consejo de Ministros.
3.  Las reclamaciones sobre la incorrecta aplicación de estas medidas seguirán la  e.e
misma tramitación y resolución que el resto de reclamaciones sobre incumplimientos por  b
parte de las entidades financieras. Inicialmente, la reclamación se formulará ante los  46ww
ssei nrvoic hioasy,  udneap asrotalumceiónnto ssa oti sdfeafcetonrsioar epsa rdae el cl lcielinetnet ed,e é lsat ee nptoiddardá  apcrereseednotarar .u Pnoas rteecriloarmmaecnióten, 
ante el Banco de España.
CAPÍTULO III
Formalización en escritura pública
Artículo 13.  Formalización en escritura pública.
1.  Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e 
inscripción de las operaciones recogidas en este Título y en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de desarrollo, se bonificarán en un 50 por ciento, en los siguientes términos:
a)  Por el otorgamiento de la escritura se devengará el arancel correspondiente a las 
escrituras de novación hipotecaria, previsto en la letra f) del apartado 1 del número 1 del 
anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel 
de los Notarios, reducidos al 50 por ciento, sin que se devengue cantidad alguna a partir 
del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple. En todo caso, la 
suma de todos los aranceles notariales aplicables a la escritura será de un mínimo de 30 
euros y un máximo de 75 euros por todos los conceptos.
b)  Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en 
que se formalice, en su caso, los aplazamientos previstos en esta norma derivadas de todo 
préstamo o crédito sin garantía hipotecaria serán los establecidos en el Decreto de 15 de 
diciembre de 1950 y se bonificarán en un 50 por ciento.
En todo caso, la suma de todos los aranceles notariales aplicables a la póliza será de 
un mínimo de 25 euros y un máximo de 50 euros por todos los conceptos, incluyendo sus 
copias y traslados.
c)  Cuando exista garantía real inscribible, por la práctica de la inscripción se aplicará 
el arancel previsto, según corresponda, en el caso de los registradores de la propiedad, 
para las novaciones modificativas en artículo 2.1.g) del anexo I del Real Decreto 1427/1989, 
de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores, en el caso de 
los registradores mercantiles, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Orden de 19 de 
julio de 1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles. Al resultado se le aplicará una bonificación del 50 por ciento. En todo 
caso, la suma de todos los aranceles registrales aplicables al documento será de un 
mínimo de 24 euros y un máximo de 50 euros por todos los conceptos.
2.  Lo previsto en los apartados anteriores también será de aplicación para aquellos 
supuestos en los que, con motivo de la formalización del aplazamiento, se proceda a la 
elevación a público o intervención de la operación de financiación objeto del acuerdo.
Artículo 14.  Moderación de los intereses moratorios.
En todos los contratos de crédito o préstamo a empresas y autónomos que se 
encuentren dentro del ámbito de aplicación de este Título, el interés moratorio aplicable 
desde el momento en que el deudor solicite a la entidad financiera la aplicación de 
cualquiera de las medidas del Código de Buenas Prácticas, y acredite ante la citada 
entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como máximo, el resultante de 
sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 1 por cien sobre el 
capital pendiente del préstamo.
CAPÍTULO IV
Régimen sancionador b
Aelr taícpLuaolr otpa r1de5ov. i s2t oRd eéelgn ai mertleí canup slaoar tn1ac2di,oo tn e4an dddoerárl.  alart íccounlod i9c,i óenn  dloes n aoprmaratatidvoas d 3e  yo r7d edneal acirótínc uyl od i1s1c,i pyl inean   OE-A-2021-39able en https://
de las entidades correspondientes, conforme a lo previsto en la Ley 10/2014, de 26 de
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y el incumplimiento 
de las obligaciones que derivan de los mismos se considerará infracción leve, en caso de 
incumplimiento ocasional y grave, en caso de incumplimiento reiterado, que se sancionará 
de acuerdo con lo establecido en dicha Ley.
Régimen de cobranza aplicable a los avales otorgados en virtud 
de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 julio
Artículo 16.  Régimen de cobranza.
1.  A los avales otorgados en virtud del artículo 29 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 y del artículo 1 del Real decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas 
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo les será aplicable el régimen 
jurídico de recuperación y cobranza que se especifica en este artículo.
2.  En caso de ejecución de los avales otorgados, por aplicación de los Reales 
decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, se seguirá para el 
conjunto del principal de la operación avalada el mismo régimen jurídico de recuperación 
y cobranza que corresponda a la parte del principal del crédito no avalada por el Estado, 
de acuerdo con la normativa y prácticas de las entidades financieras, y no serán de 
aplicación los procedimientos y las prerrogativas de cobranza previstos en el artículo 116 
bis y 10.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Corresponderá 
a las entidades financieras la formulación de reclamaciones extrajudiciales o ejercicio de 
acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los importes 
impagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de estos avales. 
No obstante, las entidades de crédito no podrán conceder aplazamientos, fraccionamientos 
y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta y en nombre del Estado sin recabar 
previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se podrán otorgar autorizaciones generales 
en determinados supuestos para conceder a dichas operaciones aplazamientos y 
fraccionamientos.
Asimismo, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, previo dictamen del 
Consejo de Estado, se fijarán las condiciones en que estas entidades podrán proceder a 
las operaciones de quita generales.
3.  En caso de declaración de concurso del deudor avalado será de aplicación, las 
reglas generales de representación y defensa en juicio establecidas en la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Los créditos derivados de la ejecución de estos avales podrán quedar afectados por 
los acuerdos extrajudiciales de pagos y se considerarán pasivo financiero a efectos de la 
homologación de los acuerdos de refinanciación.
Asimismo, si el deudor reuniera los requisitos legales para ello, el beneficio de 
exoneración de pasivo insatisfecho se extenderá igualmente a los citados créditos.
4.  Los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales 
otorgados al amparo de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, 
de 3 de julio ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso 
del deudor avalado.
TÍTULO III o
Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid 46ww
Artículo 17.  Creación del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid.
1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se crea el Fondo de recapitalización de
empresas afectadas por Covid, fondo carente de personalidad jurídica, adscrito al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de 
Comercio.
2.  El Fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal bajo criterios de 
rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, para reforzar la solvencia de las 
empresas con sede social en España, cuyos criterios básicos de elegibilidad se 
determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros. En concreto, el Fondo aportará dicho 
apoyo exclusivamente en forma de instrumentos de deuda, de capital e híbridos de capital, 
o una combinación de ellos, a empresas no financieras, que previamente lo hubieran 
solicitado y que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19.
En ningún caso el Fondo apoyará financieramente a empresas que con anterioridad a 
la crisis de la COVID-19 tuvieran problemas de viabilidad o a aquellas que se consideren 
inviables a futuro.
La financiación otorgada con cargo a este Fondo será incompatible con la otorgada por 
el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, previsto en el Real 
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para la reactivación económica y 
el empleo.
El análisis previo de viabilidad y riesgo al que se supedita la concesión del apoyo 
público temporal previsto en el primer párrafo de este apartado valorará las eventuales 
reestructuraciones de deuda que la empresa potencialmente beneficiaria haya realizado, 
incluidas las previstas en los artículos 7, 8 y 9 del presente real decreto ley, en la medida 
en que mejoren su perfil de riesgos y contribuyan a su viabilidad.
3.  La dotación del Fondo asciende a 1.000 millones de euros. Se integrará en el 
Tesoro Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras 
remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen; las 
remuneraciones que eventualmente perciban los consejeros, ya sean empleados públicos 
ya empleados de la gestora, nombrados para participar, en su caso, en los órganos de 
administración de las empresas solicitantes; así como los resultados de las desinversiones 
y reembolsos efectuados, minorándose por las minusvalías y gastos.
No será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior a las remuneraciones que 
eventualmente pudieran percibir los consejeros nombrados para participar, en su caso, en 
los órganos de administración de las empresas solicitantes que no tengan la condición de 
empleados públicos o empleados de la gestora.
A los efectos indicados en el párrafo primero del presente apartado, se concede un 
crédito extraordinario al presupuesto en vigor de la Sección 20 «Ministerio de Industria, 
Comercio  y Turismo»,  servicio  07  «Dirección  General  de  Política  Comercial», 
programa 4310 «Ordenación y modernización de las estructuras comerciales», 
concepto 875 «Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid» por importe 
de 1.000 millones de euros. El crédito extraordinario que se concede en este apartado se 
financiará de conformidad con el artículo 46 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
4.  El Fondo forma parte del sector público estatal como fondo sin personalidad 
jurídica a los efectos del artículo 2.2.f) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, estando sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control 
previsto en la misma. El Fondo se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el presente real decreto-ley y en el 
resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le resulten de  es
aplicación. o
Ccreoonnmds5ipec. ajieóñrnLíoa a d d Eeegs leecpsugateañióndontolaa  s ddd eeea l Cn FFtOieno FaneIndlD coTEia rSiqcb iuuóteennnda ddal er dále e Dln aeCc scouaomernnresotnialdldosea.,r  aCdLcaaOi sóFa ncI  DoldaEme S spc,oeu Scteei.neAntdac.,aid aSdas. nM mdte.eEe  ar.l ca Eea flgn epetcristle otsoesirsd adte aendt taleeall     OE-A-2021-3946able en https://www.
Fondo se determinarán por Acuerdo del Consejo de Ministros. En todas las operaciones y 
acciones relativas al Fondo, su gestora actuará en nombre propio y por cuenta de la 
Administración General del Estado, ejerciendo de depositaria de los títulos y contratos 
representativos de las operaciones de activo realizadas, así como ejerciendo, si así se 
considerara oportuno, los derechos que como administrador pudiera corresponder a la 
participación de la Administración General del Estado.
Todas las operaciones efectuadas con cargo al Fondo serán registradas en 
contabilidad específica, separada e independiente de la de la gestora del Fondo. Los 
acreedores que pudieran surgir de obligaciones contraídas por la gestora del Fondo con 
cargo al mismo y por cuenta de la Administración General del Estado no podrán hacer 
efectivos sus créditos contra el patrimonio de aquella ni contra el de la Administración 
General del Estado, cuya responsabilidad se limita al importe de su aportación al Fondo. 
Igualmente, con el patrimonio del Fondo únicamente se responderá por las obligaciones 
contraídas por su gestora con cargo a aquel y por cuenta de la Administración General del 
Estado.
No formarán parte del Patrimonio de la Administración General del Estado las 
participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos que se pudieran adquirir por 
aquella con cargo al Fondo no resultándoles de aplicación lo previsto en el título VII de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
6.  Se crea un Comité Técnico de Inversiones, órgano colegiado interministerial 
adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuya composición, funcionamiento 
y competencias se regularán por Acuerdo de Consejo de Ministros. El Comité Técnico de 
Inversiones será el órgano de control y seguimiento de las operaciones que realice la 
gestora con cargo al Fondo.
Una vez realizado por la gestora el estudio de viabilidad y evaluación de riesgos de las 
propuestas de financiación recibidas de acuerdo con lo señalado en el apartado 2, ésta, 
respecto de las propuestas viables que haya recibido con la documentación completa, 
solicitará al Comité Técnico de Inversiones la aprobación para realizar las operaciones o 
acciones correspondientes.
7.  Para el desarrollo de las actuaciones que correspondan a la gestora del Fondo en 
ejecución del presente real decreto ley, la gestora podrá contratar con cargo al Fondo y 
con arreglo a la normativa de contratación que le sea aplicable en cada momento todos 
aquellos servicios de apoyo externo que sean necesarios para la efectividad y puesta en 
marcha, desarrollo, ejecución y liquidación del Fondo y de todas las operaciones 
financiadas con cargo al mismo, pudiendo contratar dichos servicios que resulten de 
inaplazable necesidad de forma análoga a la prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de concurrir las circunstancias en él 
previstas.
8.  A efectos de que la gestora del Fondo pueda llevar a cabo de manera eficiente las 
labores encomendadas en el presente real decreto-ley y con el fin de que se le retribuyan 
económicamente las actividades inherentes a la gestión del Fondo, por Orden de la titular 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se establecerán los oportunos mecanismos 
de remuneración de dicha labor de gestión del Fondo con cargo al mismo.
Dicha remuneración deberá ser suficiente, en lo referente a la cobertura de los costes 
de gestión y los de capital, tanto en el período de inversión como en las fases de 
seguimiento, desinversión y recuperación; incentivar la eficiencia en la gestión del Fondo 
y remunerar de distinta manera en función, entre otros criterios, de las fases de desarrollo 
de una inversión y de su resultado. es
Asimismo, se dotará a la gestora de los medios humanos necesarios adicionales para  o
qdfoiurneedc 9pot.aus   eooTd  oiaandm ddaipersels ilcaaatcrasri mootrnlaelaennrsts e smdu deisse  cif oulaannp eacitspiao llpin,c aeqatsucr iiemaó dneoe vndceieaun laeetudssata,a lmom dpeeiesnnprttaeoec.s isioceni óeensje  esc,ou icnteicenltu apsraoiar, asla  ylsa  a accpatoopsritt aadcleiziorainvcaeiódsn od soe,    OE-A-2021-3946able en https://www.
reestructuración financiera y patrimonial de las empresas participadas con cargo al Fondo, 
estarán exentos de cualquier tributo estatal, autonómico o local, sin que proceda, en este 
último caso, la compensación a que se refiere el artículo 9.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. Igualmente, todas las transmisiones, operaciones y 
actos antes mencionados gozarán de exención del pago de cualesquiera aranceles y 
honorarios profesionales devengados por la intervención de fedatarios públicos y de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
10.  En supuestos de participación en el capital social de las empresas elegibles, la 
gestora ejercerá por cuenta de la Administración General del Estado los derechos de voto 
y demás derechos políticos que le correspondan sin necesidad de autorización previa por 
parte del Comité Técnico de Inversiones. Asimismo, decidirá caso por caso sobre la 
oportunidad de proponer o no el nombramiento de consejeros en los órganos de 
administración de las sociedades participadas, pudiendo, con sujeción a lo previsto en la 
normativa mercantil vigente en cada momento, proponer el nombramiento de empleados 
públicos, de empleados de la propia gestora o de otras personas físicas o jurídicas, según 
convenga a la mejor defensa de los intereses públicos.
11.  La responsabilidad que en los casos previstos en las leyes le pudiera corresponder, 
en su caso, tanto a los empleados públicos como a los empleados de la gestora, miembros 
de los consejos de administración de las empresas objeto de participación en su capital 
social nombrados a propuesta de la gestora será directamente asumida por la Administración 
General del Estado, quien podrá exigir de oficio al consejero nombrado la responsabilidad 
en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos 
cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia grave, conforme a lo previsto en las 
leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a la responsabilidad en que 
eventualmente pudieran incurrir, en los casos previstos en las leyes, los miembros de los 
consejos de administración de las empresas participadas con cargo al Fondo que no 
tengan la condición de empleado público ni sean empleados de la gestora.
12.  La adquisición de las participaciones en el capital social con cargo al Fondo 
quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición en los supuestos 
previstos en los artículos 128 y 129 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
13.  El funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del Fondo; las 
condiciones básicas aplicables y requisitos a cumplir en las operaciones del apartado 2 de 
esta disposición se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin requerir ulterior 
desarrollo normativo.
14.  Las operaciones financiadas con cargo al Fondo se ajustarán a la normativa de 
Ayudas de Estado y no se concederán apoyos financieros con cargo a este Fondo en tanto 
en cuanto la Comisión Europa no lo haya autorizado expresamente.
15.  Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Comité Técnico 
de Inversiones y de la gestora del Fondo en virtud de las funciones que les encomienda 
este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la 
normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados 
con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán también 
obligados a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas 
de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y 
demás expertos independientes que puedan ser designados por el Comité Técnico de  es
Inversiones y por la gestora del Fondo en relación con el cumplimiento de las funciones  o
qeinunfoe qr, mureeas cploioesnc teiinvsta esmreee rsneatfedie otresen nhg.aagna antr ipbúubidliacso.s E lsotse  chaercáhcotesr  are lsoesr vqaudeo  lcoess adraát odse,s ddeo ceul mmeonmtoesn teo   2021-3946n https://www.
16.  Conforme al artículo 90 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, este Fondo sin 
personalidad jurídica estará integrado en el concepto de Tesoro Público. El Fondo se 
extinguirá por Orden de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, una vez transcurrido 
un plazo máximo de ocho años a contar desde su creación. No obstante, lo anterior, previo 
informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el Consejo de Ministros podrá 
prorrogar el plazo de extinción. En el momento de la supresión del Fondo, el 
saldo remanente de tesorería del Fondo será ingresado en el Tesoro Público.
17.  Se aprueba el Presupuesto de Explotación y Capital del Fondo para el 
ejercicio 2021, que se incluye en el Anexo II de esta norma.
Disposición adicional primera.  Ampliación extraordinaria del plazo de ejecución y 
justificación de los proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la 
PYME.
1.  En los procedimientos de concesión de apoyo a proyectos industriales competencia 
de la Secretaría General de Industria y de la PYME y que ya hubieran sido objeto de una 
ampliación, ordinaria conforme al procedimiento recogido en la correspondiente orden de 
bases o extraordinaria, del plazo de ejecución, las resoluciones podrán ser modificadas a 
instancia del beneficiario para ampliar los plazos de ejecución de la actividad y, en su caso, 
de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en 
las correspondientes bases reguladoras.
2.  Dicha instancia requerirá de una solicitud que deberá efectuarse antes de que 
finalice el plazo de ejecución del proyecto según se fije en las correspondientes 
resoluciones y deberá ser aceptado de forma expresa por el órgano que dictó la resolución 
de concesión, notificándose al interesado. El plazo para la resolución será de 3 meses 
desde la presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente 
para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados 
para entender desestimada la solicitud.
3.  Solo se podrá alegar como circunstancias que justifican la necesidad de una 
modificación extraordinaria de los plazos establecidos en las correspondientes, 
resoluciones las causas sobrevenidas directamente como consecuencia de la crisis de la 
COVID-19.
4.  No podrán autorizarse ampliaciones de plazo en el caso de que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:
a)  Que no exista una afectación suficientemente acreditada que justifique esa 
ampliación.
b)  Que la empresa no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.
c)  Que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o reembolso de préstamos 
con la Administración.
d)  Que la empresa no tenga cumplidas sus obligaciones de presentación de cuentas 
ante el Registro Mercantil o ante el correspondiente Registro de Cooperativas.
El beneficiario deberá incluir en la solicitud señalada en el apartado 2 una declaración 
responsable confirmando que no concurren estas circunstancias.
Disposición adicional segunda.  Ampliación del plazo de suspensión de pagos y devengos 
de préstamos Emprendetur de la Secretaría de Estado de Turismo. es
Se amplía durante un año adicional la suspensión del pago de intereses y  w.
amortizaciones correspondientes a préstamos Emprendetur, prevista en el artículo 41 del  46ww
Rcoemalp lDemecernettaor-ilaesy  e1n1 /e2l 0á2m0b, idtoe s 3o1ci adle y  mecaornzoóm, picoor  peal rqau hea cseer  afrdeonpteta an  lam CedOiVdaIDs- 1u9rg.entes
Disposición adicional tercera.  Aplazamiento de deudas tributarias.
1.  En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los 
efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda 
tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones 
cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril 
de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan 
los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada ley.
2.  Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen 
referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.
3.  Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea 
una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en 
el año 2020.
4.  Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a)  El plazo será de seis meses.
b)  No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del 
aplazamiento.
Disposición adicional cuarta.  Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos.
1.  Los destinatarios de las medidas previstas en los Títulos I, II y III de este Real 
decreto Ley deberán cumplir en el momento de presentación de la solicitud los siguientes 
requisitos:
a)  No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, 
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos.
b)  No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
c)  Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o 
ayudas públicas.
d)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.
e)  No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, 
salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso.
f)  No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal.
2.  Los destinatarios de las medidas previstas en los Títulos I, II y III asumen asimismo 
los siguientes compromisos:
a)  Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio  e
de 2022. bo
b)  No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022. 46ww
de dco)s  aNñoo sa pdreosbdaer  ianpclriecamceiónnto dse e anl glausn rae tdrieb ulacsio mneesd iddea sla. alta dirección durante un periodo
3.  Por Acuerdo de Consejo de Ministros podrán establecerse requisitos adicionales.
Disposición adicional quinta.  Sujeción a la normativa de Ayudas de Estado de la Unión 
Europea.
1.  Todas las medidas de apoyo público recogidas en este Real Decreto-ley cumplirán 
con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado. No se concederá 
ninguna medida de apoyo público hasta que no se cuente con la autorización expresa para 
ello de la Comisión Europea.
2.  En particular, en lo referente a las ayudas directas y transferencias, con el fin de 
garantizar el respeto de los umbrales cuantitativos correspondientes y las reglas de 
acumulación, será necesario que la empresa o autónomo potencialmente beneficiario 
realice una declaración responsable del conjunto de ayudas públicas recibidas hasta la 
fecha. En aquellos casos en que la ayuda total acumulada por empresa supere los 1,8 
millones de euros, la empresa deberá justificar los costes fijos no cubiertos y resto de 
requisitos exigidos por la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.
Disposición adicional sexta.  Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de 
las medidas establecidas en este Real Decreto-ley.
1.  La empresa o autónomo que se hubiese beneficiado de las medidas establecidas 
en este Real Decreto-ley sin reunir los requisitos previstos en el mismo, será responsable 
de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, en su caso, así como de todos los 
gastos generados por la aplicación de estas medidas de apoyo, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden a que su conducta pudiera dar lugar.
2.  El importe de la responsabilidad por los daños, perjuicios y gastos no podrá 
resultar inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la 
norma.
3.  También incurrirá en responsabilidad la empresa o autónomo que busque situarse 
o mantenerse en las condiciones que este Real Decreto-ley o sus normas de desarrollo 
establecen para la concesión de las medidas de apoyo, con la finalidad de obtener la 
aplicación de estas medidas.
Disposición adicional séptima.  Transferencia de fondos.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros, podrá determinarse la transferencia de crédito 
entre los fondos recogidos en los Títulos I y II de este Real Decreto-ley. A la citada 
transferencia de crédito no le resultarán de aplicación las limitaciones recogidas en el 
artículo 52.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición transitoria primera.  Procedimiento transitorio de gestión de expedientes entre 
el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas y el Fondo de 
recapitalización de empresas afectadas por COVID.
SEPI dará traslado a COFIDES de los expedientes correspondientes a empresas que 
hubieran iniciado el trámite de solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de 
apoyo a la solvencia de empresas estratégicas con anterioridad a la fecha de publicación 
de este Real Decreto-ley en el «Boletín Oficial del Estado» sin alcanzar los umbrales 
mínimos de inversión por este Fondo y que soliciten apoyo del Fondo de recapitalización 
de empresas afectadas por COVID-19.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de cobranza de avales. e.
1.  Lo dispuesto en el artículo 16 será de aplicación a todas las operaciones de  46ww
flain aennctriaadciaó ne nfo vrmigaolri zdaed aloss a ml aismmpoasro c doen  lionsd Repeeanledse Dnceicar edteo sla l efyeecsh a8 /d2e0 2fo0r ym 2a5li/z2a0c2ió0n d deesd lea 
operación.
2.  Lo dispuesto en el artículo 16.2 se aplicará a las reclamaciones extrajudiciales y al 
ejercicio de acciones judiciales que se inicien a partir de su entrada en vigor. No obstante 
lo anterior, si ejecutado el aval, se hubiera iniciado procedimiento administrativo de 
recaudación para la cobranza de los importes impagados, se dejará sin efecto la 
providencia de apremio y se ejercitarán las acciones conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16.2.
3.  Asimismo, lo dispuesto en el artículo 16.3, resultará de aplicación a todos los 
procedimientos concursales con independencia de la fase de tramitación en que se 
encuentren.
4.  Finalmente, lo dispuesto en el artículo 16.4 únicamente resultará de aplicación a 
los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya emitido el informe de 
la administración concursal.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el artículo 8 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de 
medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia 
tributaria.
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se añade un número 31 al artículo 45.I.B) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la siguiente redacción:
«31.  Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras de formalización de 
la extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que 
han recibido aval público previstos en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de 
documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este 
impuesto.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores.
Se modifica el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, en los siguientes términos:
Uno.  Se añade un nuevo artículo 240 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 240 bis.
La CNMV podrá someter a autorización u otras modalidades de control 
administrativo,  incluida  la  introducción  de  advertencias  sobre  riesgos  y 
características, la publicidad de criptoactivos u otros activos e instrumentos 
presentados como objeto de inversión, con una difusión publicitaria comparable,  s
aunque no se trate de actividades o productos previstos en esta Ley. La CNMV  oe.
desarrollará mediante circular, entre otras cuestiones, el ámbito subjetivo y objetivo  w.
y las modalidades concretas de control a las que quedarán sujetas dichas  46ww
activAid easdteoss  peufebclitcoitsa rrieassu.ltará de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 240 de esta Ley.»
Dos.  Se modifica el apartado cuarto del artículo 292, con la siguiente redacción:
«4.  La realización de publicidad con infracción del artículo 240 y 240 bis o de 
sus normas de desarrollo.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.
Se modifica el apartado 2 del artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 
de diciembre de 2021. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo 
el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo 
de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su 
aplicación.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
El artículo 39 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, queda redactado del siguiente modo:
«1.  Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales 
otorgados por la Secretaría General de Industria y de la PYME podrán solicitar 
modificaciones del cuadro de amortización del mismo durante el plazo de dos años 
y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo; siempre y cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya 
provocado periodos de inactividad del beneficiario, reducción en el volumen de sus 
ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor.
Dicha solicitud, que deberá presentarse al menos dos meses antes del 
primer vencimiento del préstamo que se quiere modificar, será resuelta de forma 
expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión. El plazo para la 
resolución será de 6 meses desde la presentación de la solicitud. Si transcurrido 
dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha 
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la 
solicitud.
2.  La solicitud presentada deberá incorporar:
a)  Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad 
de atender al calendario de pagos vigente de acuerdo con lo establecido en el 
apartado anterior. Esta justificación deberá incluir un balance y cuenta de pérdidas 
y ganancias provisionales justo antes de que se produjese la situación a que se 
refiere el apartado 1, una explicación cualitativa y cuantitativa de cómo se ha 
producido esta afectación, su valoración económica y financiera, así como un plan  es
de actuación para paliar esos efectos. bo
b)  En el caso de que el plazo de realización de las inversiones no hubiera  46ww
fip(nifnaavarcetltiriduzsaraioasdns.o  eS,ys e d pr eieanbagcelloiurzsáiar) ád,i n aaucssnl uíca io crtsnoae mbc lauaorn  gcdaooe  nm a llole opsmsr  écodsoratimaato mpstér oodc mehn aiilcsasaosta s yi  ne dveseece ro gsmnaioóosnmmteoies crn aeyt o ajgu lyiasz stdaitfedoicsosag setl,io jvetsaoca duddotoea   deploalolossr     OE-A-2021-39able en https://
debidamente acreditado.
c)  Una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la seguridad social, de que no tiene deudas por 
reintegros de ayudas o préstamos con la Administración, y de que ha cumplido con 
sus obligaciones de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil o ante el 
correspondiente Registro de Cooperativas.
d)  El detalle de la modificación del cuadro solicitada.
3.  No podrán autorizarse modificaciones del calendario en los siguientes 
casos:
a)  Que no exista una afectación suficientemente acreditada que justifique esa 
modificación.
b)  Que la empresa no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.
c)  Que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o deudas por 
reembolso de préstamos con la Administración.
d)  Que la empresa no tenga cumplidas sus obligaciones de presentación de 
cuentas ante el Registro Mercantil o ante el correspondiente Registro de 
Cooperativas.
e)  Que el vencimiento de deuda sea consecuencia de un reintegro por 
incumplimiento o renuncia.
f)  Que en el caso de proyectos que se encuentren dentro del plazo de 
justificación de inversiones, no exista un grado de avance suficiente y que no 
garantice el cumplimiento de los objetivos comprometidos en la resolución de 
concesión.
4.  Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir en:
a)  Aumento del plazo máximo de amortización.
b)  Aumento del plazo máximo de carencia, si aún no se hubiera producido 
vencimiento de alguna cuota de principal.
c)  Otras modificaciones que cumplan con lo establecido en el punto 5 de este 
artículo.
5.  Las modificaciones que se concedan se realizarán de forma que se respeten 
los mismos niveles máximos de intensidad de ayuda y mismos niveles de riesgo que 
en el momento de la concesión. La ayuda equivalente se calculará en el momento 
de la concesión de la modificación del cuadro de amortización. Para ello podrán 
realizarse modificaciones del tipo de interés y/o de las garantías asociadas a los 
préstamos.
Una vez estudiada la solicitud, se notificará una propuesta de modificación del 
calendario de reembolso para que, en el plazo de diez días hábiles, el solicitante 
acepte la propuesta o presente las alegaciones que estime oportunas. En el caso de 
que se presenten alegaciones, se notificará una segunda y definitiva propuesta de 
modificación de calendario de reembolsos, la cual solo podrá ser aceptada o 
rechazada, sin perjuicio de que el beneficiario pueda presentar una nueva solicitud 
de refinanciación.
6.  Durante el plazo de dos años y medio contados desde la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y siempre que se haya finalizado la 
verificación técnico-económica del proyecto, se permitirá la subrogación de una  e.
entidad de crédito en la obligación de devolución del préstamo por parte del  w.b
beneficiario. En aquellos préstamos con tipo de interés, se podrá disminuir el tipo de  46ww
ienxtiegriébsle  ap aarsau mloisr  pproérs ltaa meonsti doatodr gdaed corsé dpiotor ,e rl eEsspteatdaon,d foij aedl ot ipeon  ldae  cionrtreersépso mndínieimntoe 
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
7.  Los programas a los que se aplica esta medida son los programas de la 
SGIPYME de Reindustrialización, Competitividad de Sectores Estratégicos 
Industriales,  Competitividad  del  Sector Automoción,  Reindustrialización  y 
Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, Industria Conectada 4.0 e I+D+i en 
el ámbito de la industria manufacturera.
8.  Quedan suspendidos por el plazo de dos años y medio contados desde la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los artículos de las 
órdenes de bases y de las convocatorias, en virtud de las cuales se otorgaron los 
préstamos afectados por esta medida, en todo lo que contradigan lo dispuesto en 
este artículo.
9.  La presentación de una solicitud de refinanciación no supone la suspensión 
de los vencimientos de los préstamos. Si se produjera el vencimiento de alguna 
cuota antes de dictarse la resolución de modificación del calendario de reembolsos, 
ésta seguirá el procedimiento recaudatorio habitual establecido.»
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
Se modifica la letra j) del apartado 2 de la disposición derogatoria única del Real 
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Concursal, que queda redactado en los siguientes términos:
«j)  Artículo 21; artículo 31; disposición transitoria de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.»
Disposición final sexta.  Modificación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
Se modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo, en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 2 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«2.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 31 
de diciembre de 2021. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo 
el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo 
de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su 
aplicación.»
Dos.  El primer párrafo del apartado 3 del artículo 2 queda redactado como sigue:
«3.  La dotación del Fondo asciende a 10.000 millones de euros. Se integrarán 
en el Tesoro Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera 
otras remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen, 
de la participación, en su caso, de empleados públicos en los órganos de 
administración de las empresas solicitantes, así como los resultados de las 
desinversiones y reembolsos efectuados, minorándose por las minusvalías y 
gastos.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia.
Se modifica la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en los 
siguientes términos:
Uno.  El artículo 3 queda redactado como sigue:
«Artículo 3.  Modificación del convenio concursal.
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, el concursado podrá presentar 
propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de 
cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación de los créditos 
concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido 
contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no hubieran sido 
satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos.
La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas 
establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será 
escrita cualquiera que sea el número de acreedores. Las mayorías del pasivo 
exigibles para la aceptación de la propuesta de modificación serán las mismas que 
las exigidas para la aceptación de la propuesta del convenio originario, cualquiera 
que sea el contenido de la modificación. En ningún caso la modificación afectará a 
los créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del 
convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido 
la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado, a menos que 
voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación.
2.  El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración 
del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre el 31 de 
octubre de 2020 y 31 de enero de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que 
transcurran tres meses a contar desde la última fecha indicada. Durante esos tres 
meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que 
se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.
3.  Asimismo, el juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de 
declaración del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores entre 
el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta 
que transcurran tres meses a contar desde la última fecha indicada. Durante esos 
tres meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, 
que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.
4.  En el supuesto de que entre el 31 de enero de 2021 y la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley se hayan presentado solicitudes de declaración de 
incumplimiento del convenio por los acreedores y éstas hayan sido admitidas a 
trámite, se suspenderá la tramitación del procedimiento, hasta que transcurra un 
plazo de tres meses a contar desde el 30 de septiembre de 2021. Si durante esos 
tres meses el concursado presentara una propuesta de modificación del convenio, 
el juez archivará el procedimiento de solicitud de incumplimiento admitido a trámite 
y tramitará con prioridad la propuesta de modificación del convenio.
5.  Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de  s
pago.» oe.
Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 4 en los siguientes términos: 46ww
«1.  Hasta 31 de diciembre de 2021 inclusive, el deudor no tendrá el deber de
scoolnic liotasr  plaa gliqousi dcaocmiópnro dmee lati dmoas soa  laacst iovbal icguaacniodnoe cso cnoonztcraa íldaa ism cpoons ipboilisdtaedri odreid caudm ap lliar 
aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta
de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo. La 
propuesta de modificación del convenio se tramitará conforme a lo establecido en el 
artículo 3.1.»
Tres.  El artículo 5 queda redactado como sigue:
«Artículo 5.  Acuerdos de refinanciación.
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, el deudor que tuviera 
homologado un acuerdo de refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en 
vigor o alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año de la anterior 
homologación  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  617  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal.
2.  El juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de 
incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores entre 
el 31 octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta 
que transcurra un mes a contar desde la última fecha indicada. Durante ese mes el 
deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de 
concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para 
modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, 
aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. 
Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no 
hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, 
el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento 
presentadas por los acreedores.
3.  El juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de 
incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores entre 
el 31 de enero y 30 de septiembre de 2021, pero no las admitirá a trámite hasta que 
transcurra un mes a contar desde la última fecha indicada. Durante ese mes el 
deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de 
concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para 
modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, 
aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. 
Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no 
hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, 
el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento 
presentadas por los acreedores.
En el supuesto de que entre el 31 de enero de 2021 y la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley se hayan presentado solicitudes de declaración de 
incumplimiento del acuerdo de refinanciación y éstas hayan sido admitidas a trámite, 
se suspenderá la tramitación del procedimiento. En el plazo de un mes desde 30 de 
septiembre de 2021, el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente 
para la declaración del concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones 
con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para 
alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior 
solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación 
al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que 
tuviera en vigor u otro nuevo, el juez levantará la suspensión las solicitudes de  es
declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.» bo
Cuatro«. 1. LoHs aasptaa rteal d3o1s  d1e y d 2ic dieeml abrrteíc duelo  260 q2u1e, dinacnlu rseidvaec, teald doesu cdoomr oq useig suee :encuentre  2021-3946n https://ww
ehna yeas ota ndoo  cdoem inusnoiclvaednoc iaal  njuoz gteanddor ác oeml dpeebteenr tdee l as oalpiceitratur rlaa  ddee cnlaergaoccióianc idoen ecso nccounr sloos, 
acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de
pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo 
de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 
del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha 
fecha.
2.  Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a 
trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 
de marzo de 2020. Si hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor hubiera 
presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con 
preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.»
Cinco.  Se añade un nuevo artículo 8 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 8 bis.  Incidentes de reintegración de la masa activa.
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2021 en los incidentes que se incoen para 
resolver las demandas de reintegración de la masa activa no será necesaria la 
celebración de vista, salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.
2.  La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se 
considerará allanamiento, salvo que se trate de acreedores de derecho público.
3.  Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán 
acompañar necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las 
contestaciones que se presenten.»
Seis.  El artículo 9 queda redactado como sigue:
«Artículo 9.  Tramitación preferente.
Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se tramitarán con carácter 
preferente:
a)  Los incidentes concursales en materia laboral.
b)  Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la 
venta en globo de los elementos del activo.
c)  Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en 
periodo de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación 
judicial del convenio.
d)  Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
e)  La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de 
refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.
f)  La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a 
juicio del juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de 
los bienes y derechos.
g)  El concurso consecutivo de una persona natural en insolvencia actual, que 
carezca de masa activa y de la posibilidad de plantear un plan de pagos, instado por 
mediador, en el que conste lista de acreedores provisional, calificación fortuita y 
solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, junto con declaración 
responsable por parte del deudor en la que manifieste que no dispone de ningún 
activo.
h)  El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.»
Siete.  El artículo 10 queda redactado como sigue: e.
«Artículo 10.  Enajenación de la masa activa. 46ww
dlae p 2r10e.2s e1nE ytn ee  lnLo esloy c,s o laqn ucseuu rbsseao sest and cdeue ea bncitrereenened seo nrye  tdsrae qmreuicetah scoeisó  ndd eeac  lllaaa  rmfeenac shhaaa  asdcteat i evenal t 3rpa1od ddare áe  ndre icvaiilegizmoarbr dsreee    OE-A-2021-39able en https://
bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de
realización autorizado por el juez de entre los previstos en el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal. Excepcionalmente, y durante el mismo período, aunque en el plan de 
liquidación aprobado judicialmente se hubiera previsto una determinada modalidad 
de subasta extrajudicial, ésta podrá realizarse conforme a cualquier otra modalidad, 
incluida la que se realice a través de empresa especializada, sin necesidad de 
modificar el plan ni de solicitar la autorización expresa del juez del concurso. En 
todo caso, esta sustitución se hará constar en el correspondiente informe trimestral.
2.  Con carácter preferente y siempre que fuere posible, la subasta se realizará 
de manera telemática.
3.  Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autorizado la realización 
directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o 
para pago de dichos bienes, se estará a los términos de la autorización.»
Ocho.  Se modifica el artículo 12 en los siguientes términos:
«Artículo 12.  Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, 
concurso consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se considerará que el acuerdo 
extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se 
han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, 
a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado.»
Disposición final octava.  Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, 
de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en 
materia tributaria.
Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 
de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 
energético, y en materia tributaria, con la siguiente redacción:
«1.  Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital 
previstas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se les 
aplicarán las siguientes medidas:
a)  En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta 
general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos 
previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y del artículo 521 del mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas 
cotizadas, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. 
Además, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la 
celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia 
física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías 
razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se 
ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: 
(i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por 
medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de  e
comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se  bo
considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el  46ww
Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.»
Disposición final novena.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 8.ª, 
10.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; la 
legislación mercantil, procesal y civil; el régimen aduanero y arancelario; comercio exterior; 
bases de la ordenación del crédito, banca y seguros; bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica; y de Hacienda general.
Disposición final décima.  Desarrollo reglamentario y habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
Disposición final undécima.  Entrada en vigor.
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 12 de marzo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO I
CNAE-2009 Descripción actividad
0710 Extracción de minerales de hierro.
1052 Elaboración de helados.
1083 Elaboración de café, té e infusiones.
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.
1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores.
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios.
1420 Fabricación de artículos de peletería.
1439 Confección de otras prendas de vestir de punto.
1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
1813 Servicios de pre-impresión y preparación de soportes.
1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma.
1820 Reproducción de soportes grabados.
2051 Fabricación de explosivos.
2441 Producción de metales preciosos.
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
2731 Fabricación de cables de fibra óptica.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
3530 Suministro de vapor y aire acondicionado.
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y 
4616
artículos de cuero.
4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634 Comercio al por mayor de bebidas.
4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.
4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.
Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y  e.
4639 bo
tabaco. w.
44664448 CCoommeerrcciioo  aall  ppoorr  mmaayyoorr  ddee  paortrícceullaons ad,e c rriesltoajleerrííaa  yy  jaoryteícruíalo.s de limpieza.
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.
CNAE-2009 Descripción actividad
Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en 
4724
establecimientos especializados.
4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas 
4741
informáticos en establecimientos especializados.
4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos 
4762
especializados.
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos 
4772
especializados.
Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos 
4777
especializados.
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos 
4782
de venta y en mercadillos.
4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos.
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de 
4799
venta ni en mercadillos.
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010 Transporte marítimo de pasajeros.
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
5221 Actividades anexas al transporte terrestre.
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5530 Campings y aparcamientos para caravanas.
5590 Otros alojamientos.
5610 Restaurantes y puestos de comidas.
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos.
5629 Otros servicios de comidas. es
5630 Establecimientos de bebidas. w.b
55891134 EAdcticivióidna ddees p deeri óedxihciobsic.ión cinematográfica. 2021-3946n https://ww
7420 Actividades de fotografía.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
CNAE-2009 Descripción actividad
7712 Alquiler de camiones.
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos.
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores.
7734 Alquiler de medios de navegación.
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.
7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
7912 Actividades de los operadores turísticos.
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 
8219
especializadas de oficina.
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.
8299 Otras actividades de apoyo a las empresas.
9001 Artes escénicas.
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
9004 Gestión de salas de espectáculos.
9102 Actividades de museos.
9103 Gestión de lugares y edificios históricos.
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas.
9311 Gestión de instalaciones deportivas.
9313 Actividades de los gimnasios.
9319 Otras actividades deportivas.
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
9523 Reparación de calzado y artículos de cuero.
9525 Reparación de relojes y joyería.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9604 Actividades de mantenimiento físico.
ANEXO II
Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por Covid
Presupuesto 
Balance
miles de EUR
N.º cuentas –
–
Activo
2021
  A)  Activo no corriente 250.000
l.  Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
2400, (2930) 1.  Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público
2401, 2402, 2403, (248), (2931) 2.  Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles
241, 242, 245, (294), (295) 3.  Créditos y valores representativos de deuda
246, 247 4.  Otras inversiones
ll.  Inversiones financieras a largo plazo 250.000
250, (259), (296) 1.  Inversiones financieras en patrimonio
251, 252, 256, 257, (297), (298) 2.  Créditos y valores representativos de deuda 250.000
253 3.  Derivados financieros
258, 26 4.  Otras inversiones financieras
  B)  Activo corriente 746.164
l.  Deudores y otras cuentas a cobrar
460, (4900) 1.  Deudores por actividad principal
469, (4901), 555, 558 2.   Otras cuentas a cobrar
47 3.  Administraciones públicas
ll.  Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
530, (539), (593) 1.  Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles
531, 532, 535, (594), (595) 2.  Créditos y valores representativos de deuda
536, 537, 538 3.  Otras inversiones
III.  Inversiones financieras a corto plazo 281
540, (549), (596) 1.  Inversiones financieras en patrimonio
541, 542, 546, 547, (597), (598) 2.  Créditos y valores representativos de deuda 281
543 3.  Derivados financieros
545, 548, 565, 566 4.  Otras inversiones financieras
480, 567 IV.  Ajustes por periodificación
577 V.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 745.883 e.
570, 571 1.  Otros activos líquidos equivalentes 46ww
2 .   TTeostaolr earcítaivo (A+B) 794956..818635 OE-A-2021-39able en https://
Presupuesto 
Balance
miles de EUR
N.º cuentas –
–
Patrimonio neto y pasivo
2021
100   A)  Patrimonio neto 992.165
I.  Patrimonio aportado 1.000.000
ll.  Patrimonio generado –7.835
120 1.  Resultados de ejercicios anteriores
129 2.  Resultados del ejercicio –7.835
-557 3.  Distribución de resultados a cuenta
133 III.  Ajustes por cambio de valor
133 1.  Activos financieros disponibles para la venta
134 2.  Operaciones de cobertura
131, 132 IV.  Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados
  B)  Pasivo no corriente 0
14 l.  Provisiones a largo plazo
ll.  Deudas a largo plazo 0
171, 172, 178, 18 1.  Deudas a largo plazo
176 2.  Derivados financieros
16 III.  Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo
  C)  Pasivo corriente 4.000
58 l.  Provisiones a corto plazo
ll.  Deudas a corto plazo 0
521, 522, 528, 560, 561 1.  Deudas a corto plazo
526 2.  Derivados financieros
51 III.  Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo
IV.  Acreedores y otras cuentas a pagar 4.000
420 1.  Acreedores por operaciones derivadas de la actividad 4.000
429, 554 2.  Otras cuentas a pagar
47 3.  Administraciones públicas
485, 568 V.  Ajustes por periodificación
    Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 996.165
Presupuesto 
Presupuesto de explotación 
miles de EUR
N.º cuentas –
–
Cuenta del resultado económico patrimonial
2021
  A)  Total ingresos de gestión ordinaria (1+2+3) 0
5.  Otros gastos de gestión ordinaria –8.117
-62 a)  Suministros y servicios exteriores –8.117
-676 b)  Otros
  B)  Total de gastos de gestión ordinaria (4+5) –8.117
l.  Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) –8.117
6.  Otras partidas no ordinarias
778 a)  Ingresos
-678 b)  Gastos
ll.  Resultado de las operaciones no financieras (1+6) –8.117
7.  Ingresos financieros 281
a)  De participaciones en instrumentos de patrimonio 281
7630 a.1)  En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
760 a.2)  En otras entidades 281
b)  De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
7631, 7632 b.1)  En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
761, 762, 769, 76454, (66454) b.2)  Otros
8.  Gastos financieros 0
a)  Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b)  Otros
9.  Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros
a)  Derivados financieros
b)  Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados
c)  Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
768, (668) 10.  Diferencias de cambio
11.  Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 0
7960, 7961, 7965, 766, (6960), 
a)  De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
(6961),(6965)(666),7970,(6970),(6670)
765, 7966, 7971, (665), (6671), b)  Otros
III.  Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11) 281 oe.
IV.  Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (11+111) –7.835 46ww
Presupuesto 
Presupuesto de capital
miles de EUR
–
–
Estado de flujos de efectivo
2021
    l.  Flujos de efectivo de las actividades de gestión
  A)  Cobros (+)
1.  Transferencias y subvenciones recibidas
2.  Intereses y dividendos cobrados
3.  Otros cobros
  B)  Pagos (–) –4.117
4.  Transferencias y subvenciones concedidas
5.  Otros gastos de gestión –4.117
6.  Intereses pagados
7.  Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A+B) –4.117
    ll.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión
  C)  Cobros (+)
Venta de activos financieros
  D)  Pagos (–) –250.000
Compra de activos financieros –250.000
Flujos netos de efectivo por de inversión (C+D) –250.000
    III.  Flujos de efectivo de las actividades de financiación
  E)  Aumentos en el patrimonio (+) 1.000.000
1.  Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo 1.000.000
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E+F+G+H) 1.000.000
    IV.  Flujos de efectivo pendientes de clasificación
I)  Cobros pendientes de aplicación (+) J) Pagos pendientes de aplicación (–)
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (1+J)
    V.  Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+1–)
    VI.  Incremento/disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo (1+11+111+1V+V) 745.883
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 745.883