BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186 Jueves 5 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 96191
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13442 Resolución de 23 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora  de  la  propiedad  de  Almonte,  por  la  que  se  suspende  la 
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdo relativo a la 
transmisión de la mitad indivisa de determinadas fincas.
En el recurso interpuesto por don J. M. R. M., abogado, en nombre y representación 
de doña A. M. R. C., contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Almonte, 
doña María de los Reyes Muñiz Grijalvo, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de elevación a público de acuerdo relativo a la transmisión de la mitad indivisa 
de determinadas fincas.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 8 de marzo de 2021 por el notario de Sevilla, 
don Antonio Luis Ruiz Reyes, con el número 779 de protocolo, se elevó a público el 
acuerdo alcanzado en vía judicial por el que doña A. M. R. C., divorciada, entrega a la 
sociedad mercantil «Acase 2010, S.L.», en pago de determinada deuda, la mitad indivisa 
que decía ostentar sobre las tres fincas a que se refería el documento (fincas registrales 
número 22.247, 26.242 y 26.324 de Almonte), inscritas con carácter ganancial.
II
Presentada copia autorizada de la referida escritura en el Registro de la Propiedad 
de Almonte, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos:
D.ª A. M. R. C., presentó telemáticamente el 08/03/2021, copia digital de la escritura 
autorizada el 08/03/2021, por el Notario D. Antonio Luis Ruiz Reyes, número 779/2021 
de su protocolo, que causó el asiento de presentación número 1133, del tomo Diario 185, 
suspendida su calificación por no acreditar el pago/exención/no sujeción del impuesto 
con fecha nueve de marzo del año dos mil veintiuno, acreditado el mismo mediante 
autoliquidación telemática / diligencia certificada de presentación/autoliquidación-carta de 
pago que acompaña a la copia en soporte papel presentada por D.ª A. M. R. C. con 
fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno.
En dicha escritura de elevación a público de acuerdo alcanzado en vía judicial, D.ª A. 
M. R. C. hace entrega a la entidad mercantil “Acase 2010, Sociedad Limitada” de la 
titularidad de la mitad indivisa que dice ostentar sobre las tres fincas a que se refiere el 
documento (registrales 22247, 26242 y 26324 de Almonte), si bien, dicha señora no es 
titular  de  la  mitad  indivisa  de  dichas  fincas  registrales,  ya  que  las  mismas  fueron  s
adquiridas  por  la  citada  D.ª  A.  M.  R.  C.  encontrándose  casada  en  régimen  de  oe.
gananciales con D. J. C. C. E., por título de compra, con carácter ganancial. Por tanto,  w.
deberá con carácter previo liquidar la sociedad de gananciales y adjudicarse una mitad  442ww
indivisa de las mismas.
Fundamentos de Derecho:
Artículo  20  de  la  Ley  Hipotecaria,  que  en  sus  dos  primeros  párrafos  dice 
textualmente: “Para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá 
constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo 
nombre sean otorgados los actos referidos. En el caso de resultar inscrito aquel derecho 
a  favor  de  persona  distinta  de  la  que  otorgue  la  transmisión  o  gravamen,  los 
Registradores denegarán la inscripción solicitada”.
Acuerdo:
En virtud de lo anteriormente expuesto, se deniega la práctica del asiento solicitado, 
por el defecto insubsanable antes indicado.
De acuerdo con el artículo 323 de la Ley Hipotecaria, queda prorrogado el asiento de 
presentación por un plazo de sesenta días hábiles a contar desde la última notificación 
que se practique de esta calificación.
Contra la presente nota de calificación: (…).
Almonte, a ocho de abril del año dos mil veintiuno. La registradora (firma ilegible) 
Fdo. Reyes Muñiz Grijalvo.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. M. R. M., abogado, en nombre y 
representación de doña A. M. R. C., interpuso recurso el día 21 de mayo de 2021 
mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Hechos:
Primero.  (…).
Tercero.  Existen tres motivos, a nuestro entender, que permiten la inscripción de la 
transmisión.
En primer término, y conforme, al artículo 1319 del Código Civil y concordantes, las 
deudas contraídas, como es la reclamada en conciliación, tiene respuesta solidaria en 
los bienes comunes, y subsidiaria en la de los cónyuges.
Requiriendo el artículo 1320 del Código Civil, consentimiento de ambos cónyuges o 
autorización judicial.
Pues  bien,  la  autorización  judicial  ha  sido  otorgada  otorgando  la  avenencia 
alcanzada, mediante citación del otro miembro de la sociedad de gananciales disuelta, 
cuya ausencia, determina su pasividad ante la reclamación formulada frente a esta, así 
como su consentimiento tácito a cualquier conciliación, dado el origen ganancial de la 
deuda reclamada.
En  segundo  término,  es  preciso  considerar  que  el  citado  de  conciliación,  cuyo 
consentimiento requiere el Registro, no ha interpuesto acción de nulidad frente a la 
conciliación  alcanzada  y  que  supone  la  transmisión  cuya  inscripción  se  deniega, 
conforme prevé el artículo 148 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria. Siendo consciente el citado de conciliación que el acuerdo alcanzado supone, 
conforme al artículo 147 de la Ley 15/2015, que el testimonio del Acta junto al Decreto 
del Letrado de la Administración de Justicia, lleva aparejada ejecución, teniendo lo  s
convenido valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne,  o
jecuosd nicccEiilalnaial r ocsdi uóe qn cu opleano  sre telrlac a uncdeosenmnucsdiiseaainó,  qtnidum,i ecieh crnooetmsco o opn eroesecc le et ápcccotooinmtsos o ele dnegetxiamli sleinteeson n dttoece o tyemt árdmpceiatibnoriea dcnadi  ee(tn…la tnec)t.,oo t iaqtulu laenr o la a a acpluard oibmr aiasc miólana    2021-13442n https://www.
determinan su conformidad a Derecho y su procedente inscripción, por el origen de la
deuda, como por la falta de ejercicio de la acción de nulidad de lo acordado, si a ella se
opone. Reiterando que son deudas que tienen origen en la sociedad de gananciales 
disuelta de las que deben responder los bienes de la sociedad de gananciales.
En tercer término, conforme a aplicación del artículo 1067 del Código Civil, estando 
la  sociedad  de  gananciales  en  liquidación  y  disuelta,  conforme  acredita  la 
Sentencia 633/2019 de 15 de noviembre de 2019 del Juzgado de Primera Instancia 
Número 23 de Sevilla, hubo de inscribirse el título presentado, al menos, en cuanto a que 
la disposición de la cuota abstracta del titular es libre, sin consentimiento del otro 
cónyuge, dando al que no consiente dicha transmisión derecho de retracto conforme 
prevé el artículo 1067 del Código Civil, y debe aplicarse el citado precepto, así como el 
artículo 46 de la Ley Hipotecaria por analogía para, cuanto menos, tomar anotación 
preventiva de la enajenación, lo que no pudo verificarse al calificarse como insubsanable 
el defecto en la calificación, que por tal motivo, debe ser dejada sin efecto alguno (…).
Siendo procedente recordar que conforme a la Resolución de este centro de 27 de 
enero de 1998 y la STS de 24 de abril de 1999 consideraron que, a salvo los acreedores 
y el Registro, el acuerdo de separación produce efectos inter partes a efectos de evitar la 
ganancialidad desde que hay acuerdo, aun no aprobado el mismo judicialmente. Si bien 
en este caso, la transmisión está aprobada judicialmente (…).
Por ello, el defecto no es tal, y procede la inscripción del título presentado con 
revocación de las calificaciones registrales negativas que deniegan su inscripción.»
IV
La registradora de la Propiedad informó mediante escrito de fecha 10 de junio 
de 2021 y elevó el expediente a esta Dirección General. En dicho informe, constaba que 
se dio traslado del recurso interpuesto al notario autorizante del título calificado, sin que 
éste formulara alegaciones.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1344, 1396, 1404 y 1410 del Código Civil; 1, 2, 3, 8, 17, 18, 19 
bis, 20, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo de 10 de julio de 2005, 21 de marzo de 2006 y 28 de junio y 21 de octubre 
de 2013; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 
de febrero de 1983, 18 de junio de 1993, 9 de abril de 1994, 9 de octubre de 1998, 8 de 
abril de 1999, 15 de junio de 2001, 9 de enero de 2004, 13 de abril y 18 de octubre 
de 2005, 20 de julio y 1 de octubre de 2007, 13 de enero 2010, 25 de agosto y 16 de 
noviembre de 2011, 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2012, 6 de marzo y 17 de 
septiembre de 2014, 2 de julio y 18 de septiembre de 2015, 7 de junio y 11 de julio 
de 2016, 3 y 10 de abril y 10 de julio 2017, 22 de enero, 12 de marzo, 25 de abril y 1 de 
junio de 2018 y 22 de marzo, 3 de julio y 7 de noviembre de 2019; y las Resoluciones de 
la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 20 y 26 de noviembre 
de 2020 y 25 de marzo y 15 de junio de 2021.
1.  Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura por la que 
la ahora recurrente, divorciada, transmite la mitad indivisa de determinadas fincas a una 
sociedad en pago de cierta deuda que tenía con ésta.
La registradora funda su negativa a la inscripción solicitada en que, al estar las fincas 
inscritas con carácter ganancial, deberá la transmitente «con carácter previo liquidar la 
sociedad de gananciales y adjudicarse una mitad indivisa de las mismas», por exigencia  e.e
derivada del artículo 20 de la Ley Hipotecaria. b
2.  Como ha afirmado con reiteración esta Dirección General (vid., por todas, la  442ww
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exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente (art. 20 de la Ley
Hipotecaria). En consecuencia, estando las fincas transmitidas inscritas en el Registro de 
la Propiedad y bajo la salvaguardia de los tribunales a favor de una persona distinta, no 
podrá  accederse  a  la  inscripción  del  título  calificado  sin  consentimiento  del  titular 
registral, que resulte de los correspondientes títulos traslativos con causa adecuada (cfr. 
arts. 2 y 17 de la Ley Hipotecaria).
Solo  con  las  mencionadas  cautelas  puede  garantizarse  el  adecuado 
desenvolvimiento  del  principio  constitucional  de  la  protección  jurisdiccional  de  los 
derechos e intereses legítimos y de la interdicción de la indefensión, con base en el 
artículo 24 de la Constitución, una de cuyas manifestaciones tiene lugar en el ámbito 
hipotecario a través de los referidos principios de salvaguardia judicial de los asientos 
registrales, tracto sucesivo y legitimación.
Esta  doctrina  tiene  apoyo  en  la  propia  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo 
(Sentencias de la Sala Primera de 21 de marzo de 2006 y 28 de junio y 21 de octubre 
de 2013), de modo que, como afirmó esta Dirección General en Resolución de 17 de 
septiembre de 2014, «el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia 
de  tracto  aun  cuando  se  trate  de  documentos  judiciales,  ya  que  precisamente  el 
artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento 
judicial  “los  obstáculos  que  surjan  del  Registro”,  y  entre  ellos  se  encuentra  la 
imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular 
registral en el correspondiente procedimiento judicial».
3.  Debe recordarse que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la 
doctrina de este Centro Directivo configuran la sociedad legal de gananciales, al igual 
que la generalidad de la doctrina, como una comunidad de tipo germánico, en la que el 
derecho  que  ostentan  ambos  cónyuges  afecta  indeterminadamente  al  objeto,  sin 
atribución de cuotas, ni facultad de pedir la división material, mientras dura la sociedad, a 
diferencia de lo que sucede con el condominio romano, con cuotas definidas, y en donde 
cabe el ejercicio de la división de cosa común. Y, por eso, en la sociedad de gananciales 
no se es dueño de la mitad de cada uno de los bienes comunes, sino que ambos 
esposos conjuntamente tienen la titularidad del patrimonio ganancial.
Asimismo, disuelta pero no liquidada la sociedad de gananciales, no corresponde a 
los cónyuges individualmente una cuota indivisa en todos y cada uno de los bienes que 
la integran y de la que puedan disponer separadamente, sino que, por el contrario, la 
participación de aquéllos se predica globalmente respecto de la masa ganancial en 
cuanto patrimonio separado colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su propio 
ámbito  de  responsabilidad  y  con  un  régimen  específico  de  gestión,  disposición  y 
liquidación,  que  presupone  la  actuación  conjunta  de  ambos  cónyuges  o  de  sus 
respectivos herederos, y solamente cuando concluyan las operaciones liquidatorias, esta 
cuota sobre el todo cederá su lugar a las titularidades singulares y concretas que a cada 
uno de ellos se le adjudiquen en las operaciones liquidatorias.
Como puso de relieve el Tribunal Supremo en Sentencia de 10 de julio de 2005, 
disuelta y no liquidada la sociedad ganancial, ya no son aplicables las normas del Código 
Civil sobre gestión y disposición de bienes gananciales, y, en cualquier caso, no puede 
uno solo de los cónyuges vender un bien perteneciente a esa comunidad postganancial 
sin el consentimiento del otro o en su caso el de sus herederos o causahabientes.
4.  Por  los  anteriores  razonamientos  debe  confirmarse  la  calificación  de  la 
registradora en cuanto considera que la ahora recurrente no es titular de una mitad 
indivisa de las fincas referidas que pueda enajenar con su solo consentimiento.
No  obstante,  respecto  de  la  exigencia  de  previa  liquidación  de  la  sociedad  de  s
gananciales con adjudicación a doña A. M. R. C. de la mitad indivisa que se pretende  oe.
transmitir, debe tenerse en cuenta que esa no es la única alternativa sino que, como  w.
afirmó este Centro Directivo en Resolución de 16 de noviembre de 2011, «se puede  442ww
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btoiednoess  loqsu ei nlate irnetseagdraons,  qsiueem pargeo tqaune  leal  apcleton ad istiptuolsairtiivdoa ds edae ol tobriegna dcoo cmoon jusnutcaemdeen teen p oerl   BOE-A-cable e
presente caso (cfr. artículos 999 y 1410 del Código Civil, párrafos quinto, número 2, y 
último del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, y artículo 209.1 del Reglamento Hipotecario, 
y las Resoluciones de 30 de abril de 1908, 9 de enero de 1915, 10 de julio de 1975, 21 
de enero de 1993, 10 de diciembre de 1998, 26 de febrero. 11 de diciembre de 1999 y 28 
de noviembre de 2000)». Y este criterio fue confirmado también en la Resolución de 10 
de diciembre de 2012, según la cual «sólo se puede disponer de los bienes concretos de 
una comunidad postganancial, sin necesidad de la previa liquidación y adjudicación de 
los  bienes  que  la  integran,  siempre  y  cuando  el  acto  sea  otorgado  por  todos  los 
interesados que agotan la plena titularidad del bien».
Es evidente que ninguno de los excónyuges ostenta la titularidad privativa de la mitad 
indivisa de las fincas que se da en pago de deuda y no puede, unilateralmente, disponer 
de ella, pero no cabe duda de que cualquiera de aquellos, con el consentimiento del otro, 
puede transmitir una mitad indivisa de cada una de tales fincas como podría hacerlo con 
otra cuota distinta o la totalidad de ellas.
Debe concluirse por tanto que el defecto invocado por la registradora podría quedar 
subsanado, sin necesidad de previa liquidación de la sociedad de gananciales, mediante 
la prestación de consentimiento por el cotitular de la comunidad postganancial.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.