BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Lunes 6 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 48082
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7352 Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Cartagena n.º 3, por la que se suspende 
la inmatriculación de una finca.
En el recurso interpuesto por don César Carlos Pascual de la Parte, notario de 
Fuente Álamo de Murcia, contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad 
de Cartagena número 3, doña María del Carmen García-Villalba Guillamón, por la que se 
suspende la inmatriculación de una finca.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 7 de octubre de 2019 ante el notario de Fuente 
Álamo de Murcia, don Cesar Carlos Pascual de la Parte, con el número 1.058 de 
protocolo, se vendió, junto a otra, una finca no inmatriculada en el término de Fuente 
Álamo de Murcia. Se acompañaba como título previo escritura de adición de herencia 
autorizada el día 2 de julio de 2012 por el entonces notario de Fuente Álamo de Murcia, 
don  Miguel  Bañuls  Ribas,  con  el  número  959  de  protocolo,  habiendo  fallecido  el 
causante de la herencia el día 22 de abril de 2004. Se afirma por la registradora que la 
escritura de herencia otorgada en L’Hospitalet de Llobregat el día 19 de octubre de 2004, 
ante la notario doña María Fátima Hernández Ravanals, así como los documentos 
complementarios de la herencia, y copia de la escritura autorizada en L’Hospitalet de 
Llobregat, el día 9 de mayo de 2019, por la notaria doña María del Pilar Raneda 
Cuartero,  con  el  número  596  de  protocolo,  los  tuvo  a  la  vista  con  ocasión  de  la 
inscripción de otra finca contenida en esta última escritura.
II
Presentadas  dichas  escrituras  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Cartagena 
número 3, fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada n.º:
Asiento: 577 del Diario 29, de fecha.
Notario Autorizante: don César Carlos Pascual de la Parte.
Lugar de otorgamiento: Cartagena.
N.º de Protocolo: 1058/2.019, siete de octubre del año dos mil diecinueve.
El título expresado fue presentado en este Registro en la fecha y bajo el asiento del 
Libro Diario indicados, siendo registrado con esta fecha.
Previa calificación del documento presentado conforme al artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria y 98 y siguientes de su Reglamento, en relación con los antecedentes del  s
Registro (artículos 20 y 38 de la misma Ley), el registrador de la propiedad que suscribe  oe.
ha resuelto practicar con esta fecha la inscripción 3.ª, de la finca 33331, al folio 3 del  w.
libro 703 de la sección Fuente-Álamo; en cuya virtud la finca ha quedado inscrita a favor  52ww
dtíetu lJo.  dF.e  Mc.o mE.p, rcaavseandtao.  cSoen  sduosñpae nMd.e C la.  Gin.Vsc.,r ippacrióan s ud es olac iefindcaad  s[seicñ]a ldaed ag acnoann ceila nleúsm, eproor 
dos,A pl omr alorgse mn odteivlo ass qieuneto s ep rdaicráticna.do se ha extendido una nota de afección fiscal. BOE-A-cable e
Esta finca no se encuentra coordinada gráficamente con el Catastro.
Se  hace  constar  que  según  la  normativa  aplicable  el  Código  Registral  Único 
correspondiente a esta/s finca/s es/son: 33331, código registral único: 30035000209192.
Nota: Conforme a los arts. 207 y 229 del Decreto 118/1973, de 12 de Enero, se hace 
constar que con fecha 9/10/92 se aprobaron las Bases Definitivas de Concentración 
Parcelaria  de  la  Zona  Regable  Occidental  del  Campo  de  Cartagena,  Sector  V, 
Subperímetro, Sectores Hidráulicos I, II y III, lo que se hace constar dado el efecto de 
subrogación real de la concentración que opera sobre las nuevas fincas de reemplazo 
sin cancelación de las titularidades de las antiguas parcelas de procedencia.
Se expide en hoja aparte nota simple informativa.
Eficacia de las inscripciones: Los asientos practicados están bajo la salvaguardia de 
los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare judicialmente su 
inexactitud. No podrá inscribirse o anotarse ningún otro documento de igual o anterior 
fecha que se oponga o sea incompatible con el derecho inscrito; para inscribir o anotar 
cualquier otro de fecha posterior, el documento deberá ser otorgado por el titular registral 
o dictarse en virtud de procedimiento judicial en el que dicho titular haya sido parte. No 
perjudicarán al titular registral los títulos que no consten registrados con anterioridad. 
Salvo mala fe, el titular será mantenido en su adquisición aunque se resuelva o anule el 
derecho de su transmitente por causas que no consten en el Registro. Se presume a 
todos los efectos que el derecho inscrito existe y pertenece a su titular en la forma 
determinada por el asiento respectivo. El titular registral goza además de la protección 
procesal derivada de la inscripción a su favor que resulta, entre otros, de los artículos 38 
y 41 de la Ley Hipotecaria. Cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho a 
que se refiere (artículos 1, 17, 20, 32, 34, 38, 41 y 97 de la citada Ley).
Se suspende la inscripción de la finca que se pretende inmatricular, en base a los 
siguientes:
I.  Hechos:
1.º  El documento calificado es copia de escritura otorgada en Fuente-Álamo de 
Murcia el día 7 de octubre de 2019 ante el Notario Don César-Carlos Pascual de la 
Parte, número 1058 de protocolo, presentada bajo el asiento 577 del Diario 29.
2.º  Es  copia  de  escritura  de  compraventa  de  diversas  fincas,  entre  ellas,  la 
señalada bajo el número 2 de la que se manifiesta que no está inmatriculada. Se 
acompaña el título previo que es copia de escritura otorgada Fuente-Álamo de Murcia el 
día 23 de agosto de 2012, ante el Notario Don Miguel Bañuls Ribas, número 959 de 
protocolo, que es copia de escritura de adición de herencia al fallecimiento de Don P. M. 
C. La escritura de herencia otorgada en L’Hospitalet de Llobregat el día 19 de octubre 
de  2004,  ante  la  Notario  Doña  María  Fátima  Hernández  Ravanals,  así  como  los 
documentos complementarios de la herencia, y de copia de la escritura autorizada en 
L’Hospitalet de Llobregat, el día 9 de mayo de 2.019, por la Notario Doña María del Pilar 
Raneda Cuartero, número 596 de protocolo, se tuvieron a la vista por la funcionaria que 
firma la presente con ocasión de la inscripción de otra finca contenida en esta última 
escritura.
3.º  Efectuada  la  correspondiente  busca  en  el  Registro,  ha  sido  localizada  la 
siguiente  finca,  en  cuyo  perímetro  puede  estar  comprendida  la  que  se  pretende 
inmatricular.
La finca 31.188, descrita inicialmente como: “Rústica: tierra de labor con una casa, 
sita en el término de Fuente Álamo, (…). Linda al norte, con P. S. M. y la carretera (…):  e
Sur, J. C.: Este, ejido de los P.; y Oeste, tierras de D. P., su extensión es de cincuenta y  bo
dos  áreas  noventa  y  ocho  centiáreas  treinta  y  siete  decímetros,  setenta  y  cinco  52ww
centFímuee torobsje ctou adder addooss s. eAgtrreagvaecsiaodnae sp:or una boquera”.
La primera, de la finca 31.442, actualmente inscrita a nombre de don J. G. E., casado
con D. R. R., con carácter presuntivamente ganancial, titular de las parcelas catastrales 107
y 106 del polígono 527, la primera de 2.848 metros cuadrados y la segunda de 844 metros 
cuadrados. La finca 31.442, se segregó por el oeste de la finca 31.188, con la siguiente 
descripción:  “Rústica,  tierra  de  secano  de  cabida  cuatro  celemines  y  una  cuartilla, 
equivalente a veintidós áreas y setenta y cinco centiárea, situada en el término de Fuente 
Álamo, (…) y linda: Norte, de P. S. M. y la carretera (…); Sur, tierra de J. C.; Este, con resto 
de la finca matriz que se reserva el vendedor, boquera de la viña de los P. en medio y 
Oeste, tierra de A. G. Sobre la misma, se ha construido una casa de planta baja distribuida 
en comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño, aseo y patio, estando cubierta de tejado. 
Linda por todos sus lados o vientos con el solar donde se ubica, que ocupa en total una 
superficie de veintidós áreas, setenta y cinco centiáreas.
La segunda, también por el oeste del resto de la finca 31.188, es la finca 33.162, 
inscrita  a  nombre  de  don  F.  G.  P.,  titular  catastral  de  la  parcela  con  referencia 
001801000XG68B0001QI, de 1658 metros cuadrados. La finca 33.162 se describe como 
“Rústica.–Un trozo de tierra secano, sito en el término de Fuente Álamo, (…) Tiene una 
superficie de tres celemines y un octavo, igual a diecisiete áreas. Linda: Norte, con 
carretera (…) y en parte ejidos por medio; Sur, don J. C.; Este, resto de la finca que se 
reservó don G. R.; y Oeste, don P. A. G. S.”
El resto de la finca 31.188 se describe como “Rústica.–Trozo de tierra de labor con 
una casa, paraje del Poniente de la Casa (…) término municipal de Fuente Álamo, que 
linda: Norte, P. S. M. y la carretera (…); Sur, J. C.; Este, ejido de los P. y Oeste, J. R. G., 
que ocupa una superficie de mil trescientos veintitrés metros treinta y siete decímetros 
cuadrados,  igual  a  trece  áreas  y  veintitrés  centiáreas  y  treinta  y  siete  decímetros 
cuadrados. Se encuentra atravesada por una boquera.
En consecuencia, la finca situada más al Oeste, es la 31.442 y la que está ubicada 
más al Este es el resto de la finca 31.188 y entre ambas, la finca 33.162.
II.  Fundamentos de Derecho:
1.º  Por existir duda fundada acerca de la identidad de la finca que se pretende 
inmatricular con el resto de la finca 31.188, teniendo en cuenta la descripción y ubicación de 
éste, así como la de la finca 31.442, de J. G. E., titular catastral de las parcelas 107 y 106 
del polígono 527, y de la finca 33.162 a nombre de Don F. G. P., titular de las parcelas con 
referencia  catastral  001801000XG68B0001QI.  Uno  de  los  elementos  a  apreciar  en  el 
proceso  inmatriculador  por  el  funcionario  calificante  es  precisamente  que  la  finca  no 
aparezca  inscrita,  para  cuya  comprobación  debe  realizar  una  investigación  lo  más 
exhaustiva que permitan los datos de que dispone e impedir la inmatriculación cuando tenga 
dudas acerca de que pueda provocarse una doble inmatriculación total o parcial.
En virtud de lo expuesto, acuerdo el día 28 de noviembre de 2019 suspender la 
inscripción  solicitada  por  el  defecto  subsanable  indicado  en  el  número  1.º  de  los 
Fundamentos de Derecho.
Contra el presente fallo del registrador del Código Civil.
La presente calificación negativa lleva consigo la prórroga de vigencia del asiento de 
presentación en los términos establecidos en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
En Cartagena, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.–La registradora 
(firma ilegible), Fdo.: María del Carmen García-Villalba Guillamón.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Cesar Carlos Pascual de la Parte, notario  oe.
de Fuente Álamo de Murcia, interpuso recurso el día 17 de diciembre de 2019 mediante  w.
escr«itEox epno negl oq:ue alegaba lo siguiente: 2020-7352n https://ww
I)  Que, con fecha 7 de Octubre de 2019 y ante mi fe, con número 1.058 de
protocolo, se formalizó escritura de compraventa, en los términos y con los pactos,
cláusulas y condiciones que en la misma se reseñan y a las cuales nos remitimos para 
evitar reiteraciones innecesarias (…)
II)  Que, presentada en el Registro de la Propiedad número 3 de Cartagena dicha 
escritura para su inscripción, se recibió por esta Notaría la correspondiente calificación 
negativa  parcial  de  la  misma,  efectuada  por  la  señora  Registradora  el  día  28  de 
noviembre de 2019 (…)
III)  Que, en dicha calificación, se suspende la práctica de la inscripción de la finca a 
inmatricular porque, en opinión de la Sra. Registradora, existe duda en cuanto a la 
identidad de la finca, por los motivos que después se reseñan.
Pues  bien,  este  notario  no  puede  compartir  tal  calificación  negativa;  pues  se 
considera que es arbitraria y caprichosa, al basarse en conjeturas y presunciones que, 
además, en el presente caso desvirtúan la verdad de los hechos.
Y todo eso en base a los siguientes
Fundamentos de Derecho:
Con  carácter  previo,  hay  que  aclarar  que,  en  realidad,  este  recurso  carece 
prácticamente de sustancia jurídica, pudiendo resolverse atendiendo diligentemente a la 
precisa cartografía catastral georreferenciada.
En efecto:
I)  La Sra. Registradora asegura que ha realizado una búsqueda en el registro a su 
cargo  (pormenorizada,  según  resulta  de  su  detallada  nota  calificadora),  de  la  cual 
resuelve, en conclusión, que no practica el asiento de inmatriculación.
“... 1.º  Por existir duda fundada acerca de la identidad de la finca que se pretende 
inmatricular con el resto de la finca 31.188, teniendo en cuenta la descripción y ubicación 
de éste, así como la de la finca 31.442, de J. G. E, titular catastral de las parcelas 107 
y 106 del polígono 527, y de la finca 33.162 a nombre de Don F. G. P, titular de las 
parcelas con referencia catastral 001801000XG68b0001QI...”
Sin  embargo,  esta  es  una  afirmación  arbitraria  que  no  se  corresponde  con  la 
realidad.
Y no es cierto ni verdad, porque este notario, utilizando exactamente la detallada 
información registral (no otra ni distinta) contenida en la nota calificadora, junto a las 
referencias catastrales georreferenciadas de las parcelas o fincas a que alude la Sra. 
Registradora,  de  todo  ello,  digo,  resulta  todo  lo  contrario  de  lo  afirma  la  Sra. 
Registradora: que la finca que se pretende inmatricular está perfectamente identificada y, 
en absoluto, puede dudarse de que invada o forme parte de otra parcela o finca registral.
Para probar esta afirmación, se acompaña a este recurso, junto con la referencia 
catastral georreferencia de la finca que se pretende inmatricular (que ya se aportó con la 
escritura  de  compraventa  referida),  las  siguientes  referencias  catastrales 
georreferenciadas:
1.  Con carácter general, en donde se sombrea con rotulador amarillo la superficie 
de la finca que se pretende inmatricular, claramente identificada.
2.  Y además, se acompañan y se subrayan: en color rojo, el perímetro de-la finca 
resto, registral número 31.188; en color azul, el perímetro de la finca registral 33.162, de 
Don F. G. P., bajo la referencia catastral 001801000XG68B0001QI; y en color verde, el  s
perímetro de la finca registral 31.442, parcelas 106 y 107, propiedad de Don J. G. E. oe.
Como resulta de estas referencias catastrales, ni si quiera la finca resto (cuyo  w.
contorno va rotulado en tinta roja) puede ofrecer duda respecto a si su perímetro es  52ww
ipnlvaandimideot rpíao r claa tfainsctraa lq, useu s es uppreetrefincidee  einsm aatúrnic umlaar;y pour eqsu, ec omla o rseeg ipsutreadl,e  yc oamupnr oabsaír,  eens tláa 
claramente identificada y separada dicha parcela de la que es objeto de inmatriculación
(cuestión distinta a discutir, sería si la superficie catastral fuese menor que la superficie 
registral).
Y se reitera que esta aportación perimetral de todo el contorno y de la finca a 
inmatricular se desprende con precisión de la propia nota calificadora; es decir, no se 
han utilizado ningún otro medio identificativo o perimetral; tan solo se acompañan las 
referencias catastrales georreferenciadas que ratifican y confirman todo lo expuesto (es 
el documento número 3; 3-a, 3-b, 3- c, 3-dy 3-d bis).
II)  En vista de todo lo anterior, y sin mayor discusión jurídica, es clara la autonomía 
e identidad de la finca que se pretende inmatricular, con sus contornos precisos y 
separados y con su referencia catastral gráfica georreferenciada que lo corrobora.
Por tanto, como ya afirmó la luminosa resolución de 8 de octubre de 2018:
“Lo que identifica de manera indubitada, necesaria y suficiente, la finca y la distingue 
de sus colindantes es la precisión de su ubicación y delimitación geográfica, es decir, 
dónde  se  encuentran  exactamente  sus  límites  perimetrales,  lo  que  determina, 
geométricamente, cual es la superficie que abarca... Incluso, en puridad conceptual, 
bastaría con la concreción de la ubicación precisa de los linderos de la finca que es tanto 
como decir la finca misma. (Resoluciones 15 de diciembre de 2014 y de 158 de julio 
de 2015).
A eso debe añadirse que, según sigue aclarando la citada última Resolución, tras la 
reforma de la Ley 13/2015, el Registrador puede y debe obtener y cualquier dato al 
efecto directamente de la sede electrónica de la Dirección General del Catastro (véase 
apartado según, número 3 letra b) de la Resolución-Circular 3 de noviembre de 2015).
Y aún más, según el apartado 8.º de la Resolución Conjunta del Centro Directivo y la 
dirección General del Catastro de 26 de octubre de 2015, el Registrador debe tener en 
cuenta la descripción catastral vigente en el momento de inscripción, a cuyo fin podrá 
consultar en la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro la información 
catastral disponible sobre las fincas afectadas y obtener la certificación descriptiva y 
gráfica actualizada de la misma.”
Por todo lo cual (y sin perjuicio de otros recursos).
Se solicita.
La  revocación  de  la  mencionada  calificación  negativa,  ordenando  a  la  señora 
Registradora de Cartagena-3 la práctica de la inscripción de la finca que se pretende 
inmatricular; y todo ello, por los argumentos expuestos anteriormente.»
IV
La registradora de la Propiedad de Cartagena número 3 emitió informe ratificando la 
calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 10, 198, 205 y 326 de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de octubre de 2005, 2 de 
febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de 
febrero de 2015, 5 de mayo de 2016, 24 de enero y 29 de septiembre de 2017, 31 de 
enero, 22 de mayo, 21 de junio, 31 de octubre y 5 de diciembre de 2018 y 8 de mayo  s
de 2019. e.
1.  Se plantea en este expediente si es posible la inmatriculación de una finca de  52ww
mcoannfoifermstiaddaod  lac oreng ilsot raddisoprau eqsutoe  tieenn ee dl uadratísc udleo  c2o0in5c iddeen cliaa  dLee yd icHhiap ofitneccaa rciao nh oatbraie qnudeo 
se eAnnctueesn tdrea  iennstcrraitra e.n el fondo del asunto debe aclararse que no puede sostenerse la
afirmación  del  recurrente  de  que  la  calificación  de  la  registradora  es  «arbitraria  y
caprichosa». La expedición de la correspondiente calificación con todos los requisitos 
legales  (artículos  18,  19  bis  de  la  Ley  Hipotecaria),  excluye  claramente  este 
planteamiento,  con  independencia  de  que  los  argumentos  de  tal  calificación  para 
justificar  tal  proceder  puedan  o  no  mantenerse,  cuestión  esta  que  se  dilucidará 
precisamente  en  la  presente  Resolución  al  constituir  el  objeto  del  recurso  (cfr. 
artículo 326 de la Ley Hipotecaria).
2.  El artículo 205 de la Ley Hipotecaria establece que «el Registrador deberá 
verificar la falta de previa inscripción de la finca a favor de persona alguna y no habrá de 
tener  dudas  fundadas  sobre  la  coincidencia  total  o  parcial  de  la  finca  cuya 
inmatriculación  se  pretende  con  otra  u  otras  que  hubiesen  sido  previamente 
inmatriculadas».
Como  ha  reiterado  este  Centro  Directivo,  siempre  que  se  formule  un  juicio  de 
identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino 
que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (Resoluciones 
de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre 
de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero de 2015, 29 de septiembre de 2017 y 5 de 
diciembre de 2018, entre otras).
En el presente caso, la registradora, en su nota de calificación, transcrita más arriba, 
expresa los motivos por los que tiene indicios fundados de que la finca que se pretende 
inmatricular coincide con otra previamente inmatriculada. En particular la fundamentación 
de  las  dudas  deriva  de  la  ubicación  y  descripción  de  la  finca  que  se  pretende 
inmatricular,  en  relación  con  la  ubicación  y  descripción  del  resto  de  una  finca  ya 
inmatriculada en el Registro y de otra finca procedente por segregación de esa misma 
finca inmatriculada, de modo que con tales descripciones y ubicación existen dudas 
fundadas de una posible coincidencia entre la finca a inmatricular y las ya inmatriculadas.
El notario recurrente entiende que existe correspondencia de ese resto de finca y de 
la  finca  segregada  con  sendas  parcelas  catastrales.  Sin  embargo,  como  pone  de 
manifiesto la registradora en su informe, el resto de finca registral número 31.188 linda 
por  el  Norte  con  una  carretera,  mientras  que  las  parcelas  catastrales  con  que  el 
recurrente  las  identifica  -referencias  catastrales  números  51021A527001080000KM 
y 001801100XG68B0001PI, ésta última enclavada en la anterior- no lindan al Norte con 
dicha  carretera,  por  lo  que  no  existe  correspondencia  en  cuanto  a  la  delimitación 
perimetral entre la finca registral y las parcelas catastrales en cuestión.
Por otro lado, el notario afirma que la superficie de las parcelas catastrales que se 
dice que corresponden con el resto de finca registral número 31.188 es aún mayor que la 
superficie de dicha finca registral y que aun así, está claramente identificada y separada 
dicha parcela de la que es objeto de inmatriculación. Sin embargo, además de que, 
como se acaba de señalar, no existe coincidencia en cuanto a los linderos entre la finca 
registral y la parcela catastral con la que se identifica, el hecho de que sea mayor la 
superficie catastral que la registral no significa necesariamente que no coincida la finca 
que se pretende inmatricular con la que ya está inmatriculada, pues puede suceder 
perfectamente que la superficie ya inmatriculada se corresponda precisamente con la 
finca que se pretende inmatricular y el que haya una superficie mayor en la parcela 
catastral que en la finca registral no excluye esta posibilidad.
En cuanto a la afirmación del notario recurrente de que las parcelas catastrales que 
se dice que corresponden al resto de finca registral número 31.188 están claramente 
identificadas y separadas de la finca a inmatricular, tal afirmación es cierta si se toma 
como base las parcelas catastrales -las que se dice que corresponden con el resto de  s
finca  ya  inmatriculada  y  aquella  correspondiente  a  la  finca  a  inmatricular-,  pero  la  oe.
cuestión es que no existe siempre correspondencia entre las fincas registrales y las  w.
parcelas catastrales y es por ello por lo que surgen dudas acerca de que esa parcela  52ww
fcinactaas tyraa l inidmeanttrifiiccualdaad ay  esne peal rRaedgai setnro .r eEasli ddaedc iyr,a e el shteéc hcoom dper eqnudei dlaa  peanr ceel lap ecraímtaesttrroa ld ees tlaé 
identificada y separada no disipa las dudas acerca de que sea una porción de terreno ya
comprendida en la delimitación perimetral del resto de la finca registral número 31.188 y 
por tanto ya inmatriculada en el Registro.
3.  Téngase en cuenta que la apreciación de dudas de que la finca que se pretenda 
inmatricular coincida con otra no tiene por qué referirse a la totalidad de la finca sino que 
debe  evitarse  la  coincidencia  incluso  parcial  con  otras  fincas  inscritas.  Debe 
considerarse, además, que con anterioridad a la Ley 13/2015, de 24 de junio, se permitía 
el acceso al Registro de fincas sin inscribir la representación gráfica georreferenciada, de 
modo que la ubicación, localización y delimitación física de la finca se limitaba a una 
descripción meramente literaria, lo que puede conllevar una cierta imprecisión a la hora 
de determinar la coincidencia de la finca con otras inmatriculadas con anterioridad a 
dicha  norma.  Sin  embargo,  en  el  caso  que  nos  ocupa  en  la  calificación  quedan 
identificadas circunstancias suficientes que justifican tal coincidencia siquiera de forma 
indiciaria o parcial.
Debe recordarse también, como ya ha señalado este Centro Directivo, que en todo 
caso el registrador debe extremar el celo en las inmatriculaciones para evitar que se 
produzca  la  indeseable  doble  inmatriculación.  Además  hay  que  considerar  que  el 
procedimiento previsto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria tiene menores garantías, 
al no exigir la previa intervención de titulares de fincas colindantes que pudieran verse 
afectados, siendo éstos los más interesados en velar que el acceso de una nueva finca 
al Registro no se haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes, pudiendo 
producirse, en caso contrario un supuesto de indefensión.
De lo expuesto, y en los términos que se expresa la nota de calificación, este Centro 
Directivo no puede sino concluir que las dudas de la registradora están suficientemente 
fundadas y que, por tanto, el defecto ha de ser confirmado.
4.  Cabe plantearse aquí como ya se hizo en la Resolución de 5 de mayo de 2016 
(reiterada en otras posteriores, cfr. «Vistos»), si en casos como el presente, continúa o 
no  siendo  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los  artículos  300  y  306  del  Reglamento 
Hipotecario.
Es decir, cabe plantearse si en los casos de suspensión de la inmatriculación por 
dudas del registrador sobre la coincidencia con otras fincas ya inmatriculadas, puede o 
no la autoridad que expidió el documento inmatriculador acudir al juez de Primera 
Instancia del partido en que radique el inmueble para que, éste, a la vista de los 
antecedentes registrales y documentales, y dando audiencia a los titulares registrales de 
las  fincas  previamente  inmatriculadas,  dicte  auto  declarando  o  no  procedente  la 
inmatriculación pretendida.
A este respecto debe recordarse que este Centro Directivo, en su Resolución de 17 
de noviembre de 2015, ya consideró que «cuando la disposición derogatoria única de la 
Ley  13/2015,  de  24  de  junio,  dispone  que  “quedan  derogadas  cuantas  normas  se 
opongan a lo previsto en la presente Ley”, ha de interpretarse que deben entenderse 
tácitamente derogados todos los artículos del Título VI del Reglamento Hipotecario, los 
cuales fueron dictados en ejecución del anterior Título VI de la Ley Hipotecaria, pues la 
nueva redacción legal es en sí misma suficientemente detallada, y basada en principios 
inspiradores totalmente diferentes de los que dieron cobertura en su día a los artículos 
reglamentarios que, ahora, por ello, han de entenderse íntegramente derogados a partir 
del 1 de noviembre de 2015».
En efecto, en la regulación anterior, en la que se atribuían a los órganos judiciales 
competencias para tramitar y resolver mediante expedientes de jurisdicción voluntaria - 
mediante simple auto, como ocurría en el ya derogado expediente de dominio del  s
artículo 201 de la de la Ley Hipotecaria- no era de extrañar que el Reglamento también  oe.
atribuyera  al  juez  de  Primera  Instancia  la  posibilidad  de  dilucidar,  también  en  w.
procedimiento de jurisdicción voluntaria y también mediante simple auto y no sentencia,  52ww
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otras previamente inmatriculadas.
Ahora, tras la nítida desjudicialización de tales procedimientos, como se proclama en 
la Exposición de Motivos de la Ley 13/2015 y se materializa en su articulado, ya no se 
mantiene  la  posibilidad  de  tramitación  de  tales  expedientes  en  sede  judicial,  ni  la 
posibilidad de resolverlos mediante simple auto. Y tal supresión afecta tanto a la anterior 
potencialidad de ordenar la inmatriculación de fincas por vía del expediente de dominio 
del anterior artículo 201, como a la de resolver las dudas registrales fundadas cuando se 
hubiera utilizado la vía de los anteriores artículos 205 o 206 de la Ley Hipotecaria.
Por el contrario, la competencia judicial, en lo que se refiere a los procedimientos de 
concordancia  del  Registro  con  la  realidad  física  y  jurídica  extrarregistral,  queda 
concretada y ceñida a su labor estrictamente jurisdiccional, a través del procedimiento 
declarativo que en cada caso corresponda, y que habría de culminar en forma de 
sentencia.
Por ello, ante la negativa del registrador a practicar la inmatriculación pretendida por 
cualquiera de las vías reguladas en el nuevo Título VI de la Ley Hipotecaria, el legitimado 
para  ello  podrá,  bien  recurrir  judicialmente  contra  la  calificación  registral  ante  los 
juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el 
inmueble, siendo de aplicación las normas del juicio verbal conforme al artículo 324 de la 
Ley Hipotecaria -si lo que pretende es la revisión judicial de la calificación registral-; o 
bien hacer uso de lo dispuesto en el nuevo artículo 198, que, tras enunciar los diferentes 
procedimientos -y entre ellos, el de inmatriculación- para lograr la concordancia entre el 
Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica extrarregistral, señala que «la 
desestimación de la pretensión del promotor en cualquiera de los expedientes regulados 
en este Título no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el 
mismo objeto que aquél».
Y en particular, si de una pretensión de inmatriculación se tratare, el artículo 204 de 
la Ley Hipotecaria establece que «además del procedimiento prevenido en el artículo 
anterior y la posibilidad de inscripción de los títulos previstos en los artículos 205 y 206, 
podrá obtenerse también la inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad (…) 
5.º En virtud de sentencia que expresamente ordene la inmatriculación, obtenida en 
procedimiento declarativo en que hayan sido demandados todos los que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 203, deban intervenir en el expediente, observándose 
las demás garantías prevenidas en dicho artículo».
Por tanto, en el presente caso además del procedimiento judicial declarativo, podría 
acudirse previamente al específico procedimiento notarial de inmatriculación previsto en 
el artículo 203 de la Ley Hipotecaria, en cuya tramitación, con las garantías y con 
audiencia de los interesados que señala tal precepto (en especial los titulares de fincas 
colindantes), podrían disiparse las dudas alegadas por la registradora.
Pero lo que ya no cabe, en modo alguno, es la aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 300 y 306 del Reglamento Hipotecario, pues, como ya señaló la citada Resolución 
de 17 de noviembre de 2015, «deben entenderse tácitamente derogados todos los artículos 
del Título VI del Reglamento Hipotecario, los cuales fueron dictados en ejecución del 
anterior Título VI de la Ley Hipotecaria, pues la nueva redacción legal es en sí misma 
suficientemente detallada, y basada en principios inspiradores totalmente diferentes de los 
que dieron cobertura en su día a los artículos reglamentarios que, ahora, por ello, han de 
entenderse íntegramente derogados a partir del 1 de noviembre de 2015».
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e.
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  w.b
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  52ww
nlao Lrmeya sH dipeol tjeucicairoia v.erbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de
Madrid, 11 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.