BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72789
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10005 Sala Primera. Sentencia 92/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 1944-2019. Promovido por don José Edwin Lara Anticona, doña 
Eusebia Teófila Burgos Ramírez y don José Wilfredo Lara Burgos respecto 
de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de 
primera  instancia  de  Madrid  en  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (motivación):  STC 
31/2019  (ausencia  de  control  judicial  de  las  cláusulas  abusivas  que 
desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia).
ECLI:ES:TC:2021:92
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1944-2019, interpuesto por la procuradora de los 
tribunales doña María del Carmen Olmos Gilsanz, en nombre y representación de don 
José Edwin Lara Anticona, doña Eusebia Teófila Burgos Ramírez y don José Wilfredo 
Lara Burgos, con la asistencia de la abogada doña María Estela Gallardo López, contra 
el auto de 9 de octubre de 2018 del Juzgado de Primera Instancia núm. 100 de Madrid, 
dictado en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 140-2014, y el auto de la 
Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de marzo de 2019, 
dictado  en  el  recurso  de  apelación  núm.  19-2019.  Ha  comparecido  la  entidad 
Caixabank, S.A., representada por el procurador de los tribunales don Manuel Infante 
Sánchez  y  asistida  por  el  abogado  don  Guillermo  López  Morón.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 25 de 
marzo de 2019, la procuradora de los tribunales doña María del Carmen Olmos Gilsanz, 
en nombre y representación de don José Edwin Lara Anticona, doña Eusebia Teófila 
Burgos Ramírez y don José Wilfredo Lara Burgos, solicitó la designación de abogado del 
turno de oficio para interponer recurso de amparo contra las resoluciones judiciales a las 
que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia. e
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plazo de treinta días para que, bajo la dirección de la abogada designada, doña María
Estela Gallardo López, formulase la demanda de amparo.
3.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 24 de mayo de 2019 la referida 
procuradora presentó demanda de amparo contra el auto de 9 de octubre de 2018 del 
Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  100  de  Madrid  (procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria  núm.  140-2014)  y  el  auto  de  la  Sección  Decimoctava  de  la  Audiencia 
Provincial de Madrid de 8 de marzo de 2019, que desestima el recurso de apelación 
interpuesto contra aquel.
Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los que 
seguidamente se relacionan.
a)  En el Juzgado de Primera Instancia núm. 100 de Madrid se sigue frente a los 
demandantes de amparo el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 140-2014, 
promovido por la entidad Bankia, S.A., en relación con una vivienda en Madrid, por el 
impago por aquellos de sus obligaciones derivadas del contrato de préstamo hipotecario 
suscrito entre ambas partes el 4 de marzo de 2005. En dicho procedimiento se dictó auto 
el  16  de  marzo  de  2015  despachando  la  ejecución  y  requiriendo  de  pago  a  los 
ejecutados.
La entidad Bankia, S.A., ha sido absorbida el 25 de marzo de 2021 por la entidad 
Caixabank, S.A.
b)  Con fecha 3 de abril de 2018 se dictó en el referido procedimiento decreto de 
adjudicación de la finca hipotecada en favor de Madrid RMBS III, Fondo de Titulación de 
Activos.  Contra  este  decreto  los  demandantes  de  amparo  interpusieron  recurso  de 
revisión, interesando que se declarase nula, por abusiva, la cláusula de «vencimiento 
anticipado»; y subsidiariamente que se acordase la suspensión del procedimiento por la 
pendencia de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
planteada por el Tribunal Supremo, dada su condición de ejecutados en situación de 
vulnerabilidad.
c)  El recurso fue desestimado por auto de 9 de octubre de 2018, por entender el 
juzgado que había precluido el trámite para alegar el carácter abusivo de las cláusulas, 
dado que el procedimiento se inició con posterioridad a la reforma del art. 695 de la Ley 
de enjuiciamiento civil por la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Además, se razona que el 
examen de oficio ya lo efectuó el juzgador antes de dictar la orden de ejecución, sin que 
se  detectase  entonces  ninguna  cláusula  abusiva  con  arreglo  a  la  legislación  y 
jurisprudencia vigentes; la posterior jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Supremo no tiene efecto retroactivo ni obliga a revisar el auto que 
acordó despachar ejecución. Se afirma, por último, que no concurre prejudicialidad sobre 
el carácter abusivo de cualquiera de las cláusulas del contrato.
d)  Contra  este  auto  interpusieron  recurso  de  apelación  los  demandantes  de 
amparo, que fue desestimado por auto de la Sección Decimoctava de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 8 de marzo de 2019, que viene a reiterar los razonamientos del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 100 de Madrid.
4.  En la demanda de amparo se aduce que los autos impugnados vulneran los 
derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la defensa y a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE). La vulneración alegada se concreta en la ausencia de 
control judicial sobre la cláusula de «vencimiento anticipado», cuyo carácter abusivo 
habría  dejado  claro  e  indubitado  la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión 
Europea de 26 de enero de 2017 (asunto Banco Primus, S.A., y Jesús Gutiérrez García, 
C-421/14), a la que se refiere la STC 31/2019, de 28 de febrero. De acuerdo con el 
Derecho de la Unión, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la  e
doctrina constitucional, el juez nacional debe realizar un control de oficio del carácter  bo
abusivo de las clausulas existentes en el contrato de préstamo hipotecario, sin sujeción a  005ww
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solicitó la suspensión cautelar del procedimiento de ejecución hipotecaria.
5.  Por providencia de 19 de octubre de 2020, la Sala Primera de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)], porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)]. Por 
ello,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  se  ordena  dirigir  atenta 
comunicación a la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid y al 
Juzgado de Primera Instancia núm. 100 de Madrid, para que, en plazo que no exceda de 
diez  días,  remitan,  respectivamente,  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las 
actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 19-2019 y al procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 140-2014; debiendo asimismo emplazar el juzgado a 
quienes  hubieran  sido  parte  en  dicho  procedimiento,  excepto  a  los  recurrentes  en 
amparo,  a  fin  de  que  puedan  comparecer,  si  lo  desean,  en  el  presente  proceso 
constitucional.
6.  La secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 22 de febrero de 2021, acordó tener por personado y parte en el presente 
proceso  constitucional  al  procurador  don  Manuel  Infante  Sánchez,  en  nombre  y 
representación de Bankia, S.A. Acordó asimismo dar vista de las actuaciones recibidas 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 100 de Madrid y de la Sección Decimoctava de la 
Audiencia Provincial de Madrid a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo 
común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de 
conformidad con el art. 52.1 LOTC.
7.  El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado en este tribunal el 16 de marzo 
de 2021, formuló sus alegaciones, que a continuación se resumen.
Tras  aludir  los  antecedentes  procesales  relevantes  para  el  caso  y  acotar  la 
pretensión de los demandantes de amparo, señala que el objeto del presente recurso 
consiste en dilucidar si los órganos judiciales han desconocido la doctrina del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en materia de revisión de las cláusulas abusivas de los 
contratos hipotecarios (STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A., y 
Jesús Gutiérrez García, C-421/14) y la doctrina constitucional al respecto (STC 31/2019, 
de 28 de febrero, reiterada en otras posteriores). No se trata, pues, de un caso original 
que se plantee ante el Tribunal Constitucional, sino de un asunto más de una serie en la 
que ya existe una consolidada doctrina constitucional de aplicación al caso.
Partiendo de esta premisa, el fiscal recuerda los pronunciamientos más relevantes de la 
citada STC 31/2019 y concluye que la aplicación de esta doctrina al presente caso conduce 
derechamente  al  otorgamiento  del  amparo  solicitado.  Como  señala  este  tribunal  en  la 
STC 31/2019, FJ 7, el juzgado debió examinar si la doctrina de la STJUE de 26 de enero 
de 2017 era aplicable al supuesto sometido a su consideración. Esto implicaba llegar a la 
conclusión de que debió proceder al control del carácter abusivo de las cláusulas del contrato 
de préstamo hipotecario que solicitaban los recurrentes, porque ese  control  judicial es 
susceptible de efectuarse mientras el proceso esté en curso, que es lo que ocurría en el 
presente caso. No podía el juzgado, por tanto, dejar de pronunciarse sobre el pretendido 
carácter abusivo de la cláusula de «vencimiento anticipado».
Por todo ello, el fiscal considera que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes 
en amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), debiendo acordarse 
la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 9 de octubre de 2018 y retrotraer las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior dicho auto, a fin de que el juzgado  e
resuelva sobre el carácter abusivo de las cláusula mencionada. bo
Sde.Al .p8, r.h oacC usroiadndo o faerb cdhsooanr b1 Mi4d aadn eeu l ea2lb 5rI nild feda enm te2a 0rSz2áo1n  dtcuehv e2oz0  e2en1nt r paeodl raq l uaee ne  ncetoild mraeudgn iCisctaaroi xq adubeeal  nltarki b,e uSnn.tAiadl.a ,u dmn B eedasinackrniitatoe,    2021-10005n https://ww
fusión por absorción con extinción. Por lo que interesa que se le tenga por personado en
el  presente  proceso  constitucional  en  nombre  y  representación  de  la  entidad
Caixabank, S.A., que ha quedado subrogada en la situación procesal que ostentaba la 
extinguida Bankia, S.A.
9.  La secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 15 de abril de 2021, acordó tener por personado y parte en el presente 
proceso  constitucional  al  procurador  don  Manuel  Infante  Sánchez,  en  nombre  y 
representación de Caixabank, S.A.
10.  La  representación  procesal  de  los  demandantes  de  amparo  no  formuló 
alegaciones en el trámite del art. 52.1 LOTC. Tampoco lo hizo la representación procesal 
de la entidad Caixabank, S.A.
11.  Por providencia de 6 de mayo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Los recurrentes en amparo sostienen que las resoluciones judiciales impugnadas 
han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los 
derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por negarse 
el Juzgado de Primera Instancia núm. 100 de Madrid a controlar si las cláusulas del 
contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito con una entidad de crédito tienen 
carácter abusivo; rechazo al control judicial que ha sido corroborado por la Sección 
Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso de amparo.
2.  Este tribunal en ningún caso puede dirimir si la cláusula contractual denunciada 
por los recurrentes (de «vencimiento anticipado») tiene o no carácter abusivo, pues esa 
cuestión se incardina dentro de los límites de la legalidad ordinaria y, en consecuencia, 
su conocimiento corresponde a la jurisdicción civil (por todas, STC 140/2020, de 6 de 
octubre, FJ 2). Nuestro cometido consiste en determinar si la negativa de los órganos 
judiciales a pronunciarse sobre el carácter abusivo de la cláusula aludida vulnera o no el 
derecho  fundamental  de  los  recurrentes  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión 
(art.  24.1  CE),  lo  que  implica  analizar  las  razones  ofrecidas  en  las  resoluciones 
impugnadas para rechazar el control acerca del posible carácter abusivo de la cláusula 
de «vencimiento anticipado».
Para  dar  respuesta  a  esta  cuestión  habremos  de  tener  en  cuenta  la  doctrina 
constitucional sentada por la STC 31/2019, de 28 de febrero, reiterada en ulteriores 
pronunciamientos de este tribunal. La citada STC 31/2019 resolvió un asunto coincidente 
en lo sustancial con el suscitado en el presente recurso de amparo. Con fundamento en 
el Derecho de la Unión Europea (Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, sobre 
cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con  consumidores  y  sentencia  del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, 
S.A., c. Jesús Gutiérrez García, C-421/14), se instaba el control del carácter abusivo de 
un  contrato  de  préstamo  con  garantía  hipotecaria;  en  concreto,  de  la  cláusula  de 
«vencimiento anticipado».
La  sentencia  recuerda  que  una  selección  irrazonable  y  arbitraria  de  la  norma 
aplicable al proceso vulnera el derecho fundamental del demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Con cita de doctrina precedente, advierte que el 
desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido  e.
interpretada  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  puede  suponer  una  w.b
selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso, lo cual puede dar  005ww
lugaEr na  ulon aq vuuel nienrtaecreiósna  deesl pdeecreífcichaom ae lnat etu tael lap jruedsiecniatel e freecctuivrsao (,S TlaC  S3T1C/2 03119/,2 F0J1 94,) .FJ 6,
dsuebl rTaryibau qnuael ,d ed eJ ulas tDiciirae cdteiv ala  9U3n/1ió3n/C EEuEro, pceoan fo(sremnete an claia i ndtee r2p6re dtaec eiónne rroe adliez a2d0a1 7p,o ar spuanrttoe 
Banco Primus, S.A.), se desprende que el juez nacional viene obligado «a apreciar el
eventual carácter abusivo de una cláusula, incluso tras el dictado de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada, cuando disponga de los elementos de hecho y de derecho 
necesarios para ello, siempre que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada 
previamente. Y, por supuesto, permite que el consumidor pueda formular un incidente de 
oposición cumpliendo con lo que disponga la norma, lo que no exime de la obligación de 
control de oficio por el órgano judicial. En este caso, la sentencia Banco Primus aportaba 
los elementos de hecho y de Derecho que permitían, en el caso de que así procediera, 
declarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado […]».
Así pues, sobre el órgano judicial recae la obligación de llevar a cabo un efectivo 
control del posible abuso de las cláusulas contractuales de los contratos celebrados con 
los consumidores, en los términos establecidos en la doctrina constitucional referida.
3.  La  aplicación  de  esta  doctrina  constitucional  al  presente  caso  conduce  al 
otorgamiento del amparo solicitado.
Como ha quedado expuesto, para rechazar la revisión sobre el alegado carácter 
abusivo de la cláusula de «vencimiento anticipado» el juzgado de primera instancia 
(cuyos razonamientos reitera la Audiencia Provincial de Madrid) se limita a proclamar el 
carácter extemporáneo de la solicitud de revisión, señalando que los ejecutados no 
hicieron uso oportunamente de las posibilidades procesales para denunciar esa cláusula. 
Esta respuesta del órgano judicial no satisface las mínimas exigencias de motivación que 
dimanan  de  la  doctrina  constitucional  referida,  pues  desconoce  las  exigencias  del 
principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y la obligación de control de oficio 
por los órganos judiciales del eventual carácter abusivo de las cláusulas de los contratos 
de préstamo hipotecario. Esta únicamente se exceptúa en el caso de que el posible 
carácter abusivo de la cláusula hubiera sido examinado en un anterior control judicial, lo 
que no consta que sucediera en el presente caso respecto de la cláusula de resolución 
por «vencimiento anticipado» del título de ejecución. En suma, el juzgado rehusó revisar 
esta cláusula como le solicitaron los recurrentes, sin que tal decisión se fundara en el 
hecho de que, en un estadio procesal anterior, hubiera ya examinado, de oficio o a 
instancia de parte, el posible carácter abusivo de la concreta cláusula. La Audiencia 
Provincial de Madrid confirmó en apelación esa decisión.
Por consiguiente, las resoluciones judiciales impugnadas en amparo han vulnerado 
el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), 
pues la decisión de no pronunciarse sobre el eventual carácter abusivo de la cláusula de 
«vencimiento anticipado», aparte de infringir el principio de primacía del Derecho de la 
Unión Europea «al prescindir el juzgado de la interpretación impuesta y señalada por el 
órgano competente para hacerlo con carácter vinculante», incurre «en una interpretación 
irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso» (STC 31/2019, FJ 9). Procede 
por tanto el otorgamiento del amparo, con declaración de la nulidad de las resoluciones 
impugnadas y retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que 
el Juzgado de Primera Instancia, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le 
confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo 
interpuesto por don José Edwin Lara Anticona, doña Eusebia Teófila Burgos Ramírez y 
don José Wilfredo Lara Burgos y, en su virtud: e.e
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin  005ww
inde2fe.ºn siRóne s(taarbt.l e2c4e.1r  eCnE )s.u derecho a los recurrentes y, a tal fin, declarar la nulidad del
auto de 9 de octubre de 2018 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 100 de
Madrid en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 140-2014 y del auto de la  Bc
Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de marzo de 2019, 
dictado en el recurso de apelación núm. 19-2019.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento del auto de 9 de octubre de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 100 de Madrid, para que el órgano judicial dicte una nueva resolución que sea 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–Andrés 
Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.