BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Lunes 6 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 48044
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7349 Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora mercantil accidental III de Madrid, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de apoderamiento.
En el recurso interpuesto por don Juan Pérez Hereza, notario de Madrid, contra la 
negativa de la registradora Mercantil accidental III de Madrid, doña Dulce María Calvo 
González-Vallinas,  por  la  que  se  suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de 
apoderamiento.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 28 de octubre de 2019 por el notario de Madrid, 
don  Juan  Pérez  Hereza,  con  el  número  2.046  de  protocolo,  don  D.  J.  H.,  en 
representación de la sociedad «3M España, S.L.», otorgó un «poder general mercantil» a 
favor de determinadas personas. Dicho otorgante actuaba en virtud de una escritura de 
poder autorizada por la notaria de Madrid, doña Ana Fernández-Treguerres García, el 
día 17 de julio de 2019, con número 1.608 de protocolo, cuya copia autorizada tenía a la 
vista el notario autorizante de la escritura calificada, quien expresaba que, a su juicio, de 
la  misma  resultaban  sus  facultades  representativas  que  eran  suficientes  para  el 
otorgamiento  de  dicha  escritura  de  poder  general  mercantil  calificada.  Además, 
expresaba que en la referida escritura de fecha 17 de julio de 2019 se «“…confiere poder 
a favor de don D. J. H… para que configuren la denominada estructura segundo nivel de 
apoderados, sustituyendo en lo necesario las facultades conferidas a los ‘apoderados de 
primer nivel’ según consta en la certificación unida que, a efectos internos, se eleva a 
público…”».
II
Presentada el día 8 de noviembre de 2019 la referida escritura en el Registro 
Mercantil de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Dulce María Calvo González-Vallinas, Registradora Mercantil Accidental de Madrid, 
previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del 
Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, y habiéndose dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no 
practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de 
Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 2990/562. e.
F. presentación: 08/11/2019. w.b
Entrada: 1/2019/163.820,0. 49ww
SAouctoieridzaadn:t e3:M P éErsepza Hñear SezLa., Juan.
Protocolo: 2019/2046 de 28/10/2019.
Fundamentos de Derecho.
1.1.–El compareciente carece de legitimación para conceder el poder que en la 
escritura  se  otorga.  Se  hace  constar  que  comparece  en  virtud  de  poder  especial 
“conferido a su favor (...) a cuyo tenor ‘... confiere poder a favor de don D. J. H... para 
que configuren la denominada estructura segundo nivel de apoderados, sustituyendo en 
lo necesario las facultades conferidas a los ‘apoderados de primer nivel’ según consta en 
la certificación unida, que, a efectos internos, se eleva a público...’”. Es decir, don D. J. H. 
interviene en nombre de la sociedad 3M España SL, en virtud de poder en el que se le 
confiere la facultad de sustituir facultades de otros apoderados, facultades que él mismo 
no ostenta.
Falta la previa atribución al poderdante de las facultades que éste confiere a los 
apoderados. En otro caso, hace falta ratificación por persona con facultades suficientes.
Como recuerda la Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, el “Centro Directivo ha reiterado (vide Resolución de 10 de 
marzo de 2016), que los poderes han de ser interpretados en un sentido estricto, sin 
extender la representación más allá de los actos previstos en ellos, si bien, como señala 
la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2000, ‘la 
extralimitación o no, ha de determinarse atendiendo no de manera automática y sumisa 
a la literalidad del poder, sino principalmente a la intención y voluntad del otorgante en 
orden  a  la  finalidad  para  la  que  lo  dispensó  y  en  relación  a  las  circunstancias 
concurrentes (…)’”.
Como señala la Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado: “no pueden desconocerse las diversas interpretaciones 
doctrinales y jurisprudenciales existentes en torno a la calificación de la naturaleza del 
negocio jurídico de ‘sustitución’ del poder al que se refiere el artículo 1721 Código Civil 
en lo que hace a la diferenciación entre la sustitución en sentido propio o por vía de 
transferencia del poder y el subapoderamiento o delegación subordinada del poder 
(sustitución en sentido impropio).
La correcta conceptualización tiene evidente trascendencia registral puesto que en la 
trasferencia del poder o sustitución plena se extingue la relación entre el principal y el 
apoderado-sustituyente y el sustituto queda en relación directa y única con el principal 
(habría entonces que cancelar el poder por auto-revocación en la hoja registral); y en los 
casos de subapoderamiento la relación jurídica media entre apoderado y subapoderado 
sin perjuicio de los efectos del acto representativo que continúan dándose en servicio del 
‘dominus’ y sin entender extinguido o auto-revocado el poder subapoderado (no hay que 
cancelar el poder del primer apoderado).
En principio, autorizada la sustitución del poder ex artículo 1721.2.º del Código Civil, 
y salvo que otra cosa resulte con claridad del examen conjunto del título habilitarte de la 
sustitución (el poder) y del título sucesivo de “sustitución” de dicho poder, hay que 
presumir que quien puede sustituir en sentido propio también puede subapoderar y que a 
menos que expresamente resulte o que claramente se infiera que es voluntad de las 
partes que el primer poder conferido quede revocado, el dicho primer apoderado no 
queda excluido en la relación jurídica con el poderdante.
De cualquier modo, en ambos supuestos, habrá que estar al título principal de 
apoderamiento  para  determinar  el  ámbito  objetivo  o  material  de  las  facultades 
concedidas  de  sustitución  o  subapoderamiento  habida  cuenta  que  el  negocio  de 
sustitución o de subapoderamiento puede alcanzar todas o parte de las facultades 
primeramente concedidas.” e.
Es defecto insubsanable, en cuanto falta ratificación por persona con facultades  w.b
suficientes (artículos 18 de la Ley Hipotecaria, 6, 7, 8, 9, 11, 58, 94, 107, 108 del  49ww
R28e8g,l a2m96e ndtoe l dCeól dRigeog isdtero C Moemrecarcniotil,,  a1r2tí5c9u,l o1 79184.2,  1d7e2 l1a,  L1e7y2 22 4d1e2l 0C0ó1d,i gdoe  C2i7v ild, e2 ,d 2ic4ie4m, 2b6r1e,, 
ddee  2m0e0d1i,d adse  1fi2sc daele sa,b raild mdein 2is0tr0a2t,iv daes  1y8  ddeel  jourldioe, n1 2s,o c1i3a l,y  R27R DdGe RsNep tdieem  2b3re  ddee  e2n0e0r6o, 
de 16 y 27 de febrero de 2012, de21 de junio de 2013, de 28 de abril de 2015, de 11 de
abril, 14 de diciembre de 2016, Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 25 
de octubre de 2006 declarada firme por auto del Tribunal Supremo de 21 de abril 
de 2009, sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 3 de noviembre de 2008 que 
confirma la del Juzgado de Primera instancia N.º 8 de Murcia, sentencia de la Audiencia 
Provincial de Málaga de 4 de febrero de 2009, sentencia de la Audiencia Provincial de 
Alicante de 20 de marzo de 2009, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 13 de mayo de 2009).
2.  El juicio de suficiencia de las facultades representativas del compareciente es, 
por tanto, incongruente.
Existe incongruencia de la reseña del documento auténtico de representación y el 
juicio de suficiencia de las facultades representativas con la comparecencia (artículo 98 
Ley 24/2001). Falta legitimación del compareciente para conceder el poder.
El  artículo  98.2  de  la  Ley  24/2001,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  fiscales, 
administrativas y del orden social establece que “La reseña por el notario de los datos 
identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades 
representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo 
responsabilidad del notario. El registrador limitará su calificación a la existencia de la 
reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia 
de éste con el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda solicitar que 
se le transcriba o acompañe el documento del que nace la representación”.
En este sentido, la Resolución vinculante de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado (DGRN, en lo sucesivo) de 12 de abril de 2002 reconoció tajantemente la 
vigencia del artículo 18 de la Ley Hipotecaria respecto de la calificación registral, sin que 
el artículo 98.2 citado pueda suponer merma alguna en la función calificadora de los 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
En posteriores resoluciones la DGRN insiste en la necesaria calificación registral (por 
todas, RRDGRN de 12, 13 y 27 de septiembre de 2006).
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 25 de octubre de 2006 afirma 
respecto  del  artículo  98  de  la  ley  24/2001,  que  “es  suficientemente  claro  y  que 
efectivamente faculta al notario para juzgar y evaluar las capacidades de representación 
que se le someten, pero permite al registrador, posteriormente, calificar el juicio notarial 
de suficiencia y por tanto disentir de la previa opinión del notario y hacerla valer con sus 
funciones  calificadoras.”  También  señala  que,  en  virtud  del  artículo  18  de  la  Ley 
Hipotecaria, “el registrador no sólo podía sino que debía (y debe) calificar la capacidad 
de los otorgantes de la escritura que se le presentó a inscripción.” Esta sentencia ha sido 
declarada firme por auto del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2009.
En  la  misma  línea  cabe  citar  otros  pronunciamientos  judiciales  tales  como  la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 3 de noviembre de 2008 confirma la 
del Juzgado de Primera Instancia N.º 8 de Murcia, que había anulado la RDGRN de 21 
de septiembre de 2005 y declara que la acreditación o cumplida demostración de las 
facultades representativas de un cargo societario orgánico no puede derivar tan sólo de 
un juicio de suficiencia formulado tras insertarse una reseña identificativa del documento 
público, pues ello no colma la letra y el espíritu del art. 18 LH que impone, como 
exigencia normativa indeclinable, una complementaria e insustituible calificación, tanto 
de la validez de los actos dispositivos como de la capacidad de los otorgantes.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 4 de febrero de 2009 anula la 
RDGRN de 4 de octubre de 2005, confirmando la procedencia de la calificación registral 
de las facultades del apoderado aun constando el juicio notarial de suficiencia. s
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de mayo de 2009 que parte  oe.
de la base de que el artículo 98 ha de interpretarse desde una perspectiva constitucional  w.
y de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico y respetuosa con el  49ww
adret ícsuulfoic i1e8n,c1i ad em loat ivLaedyo H oip ofutencdaarmiae, nptoard olo  aq utrea vaéfisrm dae  qlau ere esle Nñao ta-ariuon dqeubee s heaac seur cuinnt aju-i cdieo 
las facultades representativas tal como resulten del poder, para que el Registrador pueda
calificar este juicio, en cuanto que éste, como todo juicio de valor, no es vinculante y 
puede ser desvirtuado en el procedimiento registral.
A la vista de todos estos pronunciamientos en sede judicial, cabe concluir que el 
Notario debe hacer una reseña del documento auténtico que se le exhibe y hacer constar 
en la escritura su juicio de ser suficientes las facultades que derivan del mismo para el 
acto concreto que autoriza, junto con una reseña -siquiera mínima de facultades- y que 
el  Registrador  debe  calificar  la  concurrencia  de  los  dos  requisitos  así  como  la 
congruencia del juicio con el acto que se pretende inscribir.
De lo anterior resulta que el juicio notarial de suficiencia adolece de incongruencia 
habida cuenta de que el compareciente carece de legitimación para los actos contenidos 
en la escritura.
Es defecto subsanable (artículos 18 de la Ley Hipotecaria, 6, 7, 8, 9, 11, 58, 94, 107, 
108 del Reglamento del Registro Mercantil, 1259 y 1714 del Código Civil, articulo 98.2 de 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, 165, 166 del Reglamento Notarial, RRDGRN 12 de abril de 2002, 12, 13 y 27 de 
septiembre de 2006, 16 y 27 de febrero de 2012, Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Valencia de 25 de octubre de 2006 declarada firme por auto del Tribunal Supremo de 21 
de abril de 2009, sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 3 de noviembre 
de 2008 que confirma la del Juzgado de Primera Instancia N.º 8 de Murcia, sentencia de 
la Audiencia Provincial de Málaga de 4 de febrero de 2009, sentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante de 20 de marzo de 2009, la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 13 de mayo de 2009).
3.  En consecuencia, falta ratificación por persona con facultades suficientes. Es 
defecto  insubsanable,  en  cuanto  la  ratificación  producirá  efectos  ex  nunc  (no 
retroactivos). Puede sanarse por la ratificación de persona u órgano con facultades 
suficientes (artículos 1259, 1280 y 1713 del Código Civil).
4.  Conforme  al  artículo  38  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil,  falta  hacer 
constar el segundo apellido de doña M. A. A. y de doña E. C. y el documento nacional de 
identidad de la última.
5.  En cuanto a la facultad número 15 conferida a los apoderados don J. M. M. G. y 
doña B. M. M., parece haber algún error que debe aclararse, ya que la facultad reseñada 
es la número 14 (artículos 6, 58, 94 RRM).
6.  Debe aclararse igualmente que facultades son las conferidas a don B. N., ya que 
parece ser únicamente la facultad número 7, pero a continuación se indica en la forma 
de ejercicio, facultades 6 y 7 solidariamente (artículos 6, 58, 94 RRM).
7.  En cuanto a la facultad número 5 conferida al apoderado don A. J. S. M., parece 
haber algún error que debe aclararse, ya que la facultad reseñada es la número 1 
(artículos 6, 58, 94 RRM).
En relación con la presente calificación: (…)
Madrid, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (…).»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  únicamente  respecto  de  los  defectos 
expresados con los números 1, 2 y 3, don Juan Pérez Hereza, notario de Madrid, 
interpuso recurso el día 12 de diciembre de 2019 mediante escrito en el que alegaba lo 
siguiente: es
«Hechos. w.
Primero: (…)
Tercero:  Calificación.–El  documento  fue  calificado  negativamente.  A  efectos  del 
recurso estima conveniente distinguir los siguientes extremos de la nota, contra los que 
aquél se dirige:
1.  El compareciente carece de legitimación para conceder el poder que en la 
escritura se otorga.
2.  El juicio de suficiencia de las facultades representativas del compareciente es, 
por tanto, incongruente.
3.  En consecuencia, falta ratificación por persona con facultades suficientes.
Con relación a determinados apoderados y facultades se consignan otros defectos 
que no son objeto del presente recurso que se limita a impugnar los defectos expresados 
con el número 1, 2 y 3 de la nota de calificación, que aún expresados de forma separada 
son,  en  sustancia  un  solo  defecto:  la  ausencia  de  facultades  del  apoderado  para 
formalizar el negocio jurídico que consta en la escritura, otorgamiento de poder general.
Fundamentos de Derecho
Primero.–El artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, bajo la rúbrica “Juicio 
de suficiencia de la representación o apoderamiento por el Notario” dispuso lo siguiente:
“1.  En  los  instrumentos  públicos  otorgados  por  representantes  o  apoderado,  el 
Notario autorizante insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le 
haya aportado para acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son 
suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el 
instrumento  se  refiera.  2.  La  reseña  por  el  Notario  del  documento  auténtica  y  su 
valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí 
solas, de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario. El registrador 
limitará su calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio 
notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado, 
sin que el registrador pueda solicitar que se le transcriba o acompañe el documento del 
que nace la representación 3. Deberán ser unidos a la matriz, original o por testimonio, 
los documentos complementarios de la misma cuando así lo exija la ley y podrán serlo 
aquéllos  que  el  Notario  autorizante  juzgue  conveniente.  En  los  casos  de  unión, 
incorporación o testimonio parcial, el Notario dará fe de que en lo omitido no hay nada 
que restrinja ni, en forma alguna, modifique o condicione la parte transcrita.”
La escritura calificada expresa lo siguiente: que Don D. J. H. interviene en nombre y 
representación, de 3M España S.L, “en virtud del poder especial conferido a su fervor por 
la persona física representante del Administrador Único de la sociedad, Doña S. B. M. B. 
en escritura de elevación a público de acuerdos sociales autorizada por el Notario de 
Madrid, Doña Ana Fernandez-Tresguerres García, el día 17 de julio de 2019, con el 
número 1608 de su protocolo... de cuya copia autorizada, que he tenido u la vista 
resultan  sus  facultades  representativas  que  son,  a  mi  juicio,  suficientes  para  el 
otorgamiento  de  la  presente  escritura  de  poder.  general  mercantil,  manifestando  la 
vigencia de sus facultades y que subiste la entidad a la que representa.”
Queda claro, por tanto, que la escritura cumple las exigencias del artículo 98 citado:
– el apoderado interviene facultado por un poder conferido en documento auténtico 
cuya fecha, notario autorizante y número de protocolo quedan identificados. s
– se incluye un juicio notarial de suficiencia del poder invocado por parte del notario  oe.
autorizante y dicho juicio se pone en conexión con el negocio formalizado (la concesión  w.
de un poder general) por lo que es congruente. 49ww
Es cierto que la reseña va más allá de las exigencias del artículo 98 pero lo hace no
preagrais tpraedrmori,t irs uinnoa  rpeavrisai ósna dlveal rj ueicxiop rdees asmufeicniteen cliaa  nreostaproianls qaubeili dpaodr  ledye ll e ceosmtáp aprreochiiebnidteo  ayl 
también del notario autorizante que con ello fundamenta su juicio de suficiencia que 
efectúa bajo su exclusiva responsabilidad.
Sin necesidad de repasar la abundante jurisprudencia vertida sobre el precepto y su 
interpretación  (antes  y  después  de  su  reforma  del  año  2005),  la  cuestión  parece 
definitivamente resuelta con las sentencias del Tribunal Supremo 645/2011 de 23 de 
septiembre, 643/2018 de 20 de noviembre y 661/2018 de 22 de noviembre, ninguna de 
las cuales es si quiera citada en la profusa recopilación de sentencias y resoluciones que 
contiene  la  nota  de  calificación.  La  doctrina  firme  y  reiterada  de  estas  sentencias 
establece que:
– con  respecto  a  la  posible  colisión  entre  el  artículo  18  de  la  LH  y  98  de  la 
Ley 24/2001, la evidente antinomia existente entre ambas normas ha de resolverse 
mediante la aplicación del principio de especialidad según el cual la ley especial supone 
una concreta derogación de la general para el caso que contempla, “por lo cual las 
facultades  de  calificación  del  registrador  en  el  caso  de  constancia  notarial  de  la 
representación no se rigen por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, sino 
por lo establecido en el artículo 98 de la Ley 24/2001”.
– de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 24/2001 la valoración 
de la suficiencia de las facultades de representación el otorgante de la escritura le 
corresponde al notario autorizante sin que el registrador pueda revisar dicho juicio en la 
medida en que resulte congruente con el contenido del título al que se refiere.
Especialmente relevante por su evidente conexión con el caso objeto de este recurso 
es la sentencia del TS 661/2018 de 22 de noviembre se refiere a un poder societario 
inscrito con respecto al cual la registradora, después de acudir al Registro Mercantil 
como medio auxiliar de calificación, discrepa del juicio de suficiencia notarial. El Alto 
Tribunal después de reproducir lo declarado en la sentencia de 20 de noviembre termina 
diciendo que “Esta previsión resulta de aplicación también a los casos en que el poder 
sobre el que el notario realiza el juicio de suficiencia se encuentre inscrito en el Registro 
Mercantil, y por lo tanto puede ser consultado por el registrador que califica. Como el 
registrador no puede revisar en su calificación la corrección del juicio de suficiencia, 
resulta irrelevante que esa pretendida revisión del registrador se funde en la información 
que respecto del poder aparece en la hoja registral de la sociedad representada por el 
otorgante”.
Finalmente la DGRN ha tenido ocasión de recoger esta doctrina del TS en su 
reciente Resolución de 17 de septiembre de 2019, también ignorada en la nota de 
calificación, en la que el Centro Directivo reitera que el registrador no puede revisar el 
juicio de validez, vigencia y suficiencia del poder realizado por el notario autorizante.
Por todo ello efectuado correctamente la reseña exigida en el artículo 98 de la 
ley 24/2001 y siendo de exclusiva responsabilidad del notario emitir un juicio sobre la 
suficiencia de las facultades representativas del otorgante, procede revocar los defectos 
invocados en la nota de calificación por cuanto no es revisable por el registrador el juicio 
notarial.
Segundo.–Pese a que, de acuerdo con lo expuesto no sería necesario fundamentar 
el juicio de suficiencia notarial que no puede ser revisado por el registrador, para el 
improbable caso en que el Centro Directivo considerase lo contrario conviene señalar lo 
siguiente:
– En  la  escritura  autorizada  por  la  Notario  de  Madrid,  Doña  Ana  Fernández- s
Tresguerres García, el día 17 de julio de 2019, con el número 1608 de su protocolo,  oe.
otorgada por la representante del Administrador. Único de la sociedad 3M España S.L.,  w.
Dpaorñtea  dSis. pBo. sMiti.v aB .d see l ac oenstcierintuerna :diversos actos que se expresan de forma separada en la  2020-7349n https://ww
que 1c.ºo-n Sseta enl eevna  cae prtúifbicliaccoi óyn e juenciudtaa.  laEsn  ddeiccihsaio nceesrt iafidcoapcitóand asse p ocor nefli eardemn inpiostdreardeosr  úan ilcoos   BOE-A-cable e
apoderados del primer nivel que causaron la inscripción número 186.ª Entre dichos 
apoderados no se encuentra Don D. J. H.
2.º- Se confiere poder a favor de Don D. J. H. para que configure la denominada 
estructura segundo nivel de apoderados, sustituyendo en lo necesario las facultades 
conferidas a los “apoderados de primer nivel” según consta en la certificación unida que, 
a efectos internos, se eleva a público. Evidentemente se trata de un poder distinto del 
contenido en la certificación que se eleva a público como lo prueba el hecho de que 
figure en cláusula separada.
Aunque su redacción pueda ser mejorable y sea incorrecta la referencia al término 
sustitución puesto que en rigor Don D. J. H. no puede sustituir facultades de las que 
carece,  una  interpretación  conjunta  del  documento  permite  concluir  que  se  le  han 
conferido facultades para otorgar poderes en las que se atribuyan a terceros facultades 
que estén dentro de las que figuran en la certificación unida, todo ello dentro de una 
facultad amplia de configurar la estructura segundo nivel de apoderados.
– Esta es la interpretación que ha guiado el juicio de suficiencia notarial con arreglo 
a la cual no hay sustitución sino concesión de poder general actuando don D. J. H. en 
uso de las facultades que resultan del poder especial conferido en el otorgamiento 2.º, 
poder especial que no está inscrito.
Por ello en el otorgamiento de la escritura objeto de calificación: se expresa que 
todas las facultades que figuran en el documento unido están comprendidas en las del 
grupo de primer nivel que figuran en la certificación unida a la escritura de poder antes 
citada, con lo cual queda claro que el apoderado está actuando dentro del ámbito de sus 
atribuciones configurar la estructura segundo nivel de apoderados confiriendo en lo 
necesario las facultades conferidas a los “apoderados de primer nivel”.
– La interpretación expuesta deja claro que no estamos ante una mera sustitución, 
que exigiría que quien sustituye ostente previamente las facultades sustituidas, sino una 
concesión de poder en el ejercicio de unas facultades cuya suficiencia únicamente 
corresponde al notario evaluar sin que puedan ser objeto de revisión por el registrador.
En su virtud,
Solicita
Se admita el presente escrito, teniendo por interpuesto recurso frente a la calificación 
dicha, procediendo, previos los trámites correspondientes, a dictar resolución por la que 
se revoque la nota de calificación recurrida y se ordene la inscripción de la escritura en 
cuanto al punto recurrido.»
IV
Mediante escrito, de fecha 27 de noviembre de 2019, la registradora Mercantil elevó 
el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, con su preceptivo 
informe.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1224, 1259, 1279, 1462, 1463, 1721 y 1722 del Código Civil; 2, 
18, 20, 21, 22, 244, 261, 288 y 296 del Código de Comercio; 98 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 165 y 166 del  e.e
Reglamento Notarial; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- w.b
Administrativo, de 20 de mayo de 2008 y de, Sala de lo Civil, 29 de octubre de 2001, 23  49ww
Gdee nseerpatli edmeb lroes  dRee g2i0s1tr1o sy  y2 0d eyl  2N2o tdaeri andoov ideem cboren sduelt a2 0v1in8c; ullaa nRtee sdoelu 1c2ió nd ed ea blari l Ddiere 2c0c0ió2n, 
dRiectsaodluac iaoln easm dpea rlao  Ddierel cacriótíncu Gloe n1e0r3a l ddee  lolas  LReeyg is2t4ro/2s0 y0 1d,e ld Neo t2a7ri addeo  ddeic i2e4m dbere o, cytu blares 
de 1986, 10 de febrero de 1995, 14 de marzo y 12 de abril de 1996, 17 de diciembre
de 1997, 13 de febrero y 4 de junio de 1998, 13 de julio de 1999, 17 de febrero de 2000, 
23 de enero, 3 y 23 de febrero y 21 de septiembre de 2001, 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 
de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 15 de febrero, 9 de abril, 3 de 
junio, 19 de julio y 29 de septiembre de 2003, 24 de marzo, 9 de abril y 11 de junio 
de 2004, 2 de enero, 2 de abril, 12 y 23 de septiembre, 24 de octubre y 18 de noviembre 
de 2005, 30 y 31 de mayo, 20 de septiembre y 6 y 20 de diciembre de 2006, 1 de junio 
y 13 de noviembre de 2007, 7 de mayo de 2008, 4 de marzo de 2009, 17 de enero y 5 de 
abril de 2011, 27 de febrero, 1 de marzo, 1, 4 y 11 de junio, 5, 22, 24 y 30 de octubre y 6 
de noviembre de 2012, 15 de febrero, 3 y 24 de junio, 8 de julio y 6 y 30 de septiembre 
de 2013, 28 de enero, 11, 13 y 22 de febrero, 9 de abril, 9 de mayo y 9 de julio de 2014, 
23 de febrero, 5 de marzo, 14 de julio, 26 de noviembre y 11 y 16 de diciembre de 2015, 
10 de marzo, 25 de abril, 26 de mayo, 29 de junio, 29 de septiembre y 10 y 25 de octubre 
de 2016, 5 de enero, 17 de abril, 25 de mayo y 17 de julio de 2017, 18 de septiembre, 7 
de noviembre y 18 de diciembre de 2018 y 8 de febrero, 10 de abril, 3 de julio, 17 de 
septiembre, 11 de octubre y 18 de diciembre de 2019.
1.  El título objeto de la calificación impugnada es una escritura de apoderamiento 
autorizada el día 28 de octubre de 2019, en cuyo otorgamiento la sociedad poderdante 
está representada por persona que actúa mediante un poder conferido en su favor el 
día  17  de  julio  de  2019  que  el  notario  autorizante  considera  suficiente  para  dicho 
otorgamiento, según expresa en dicha escritura. Además, expresa que en la referida 
escritura de 17 de julio de 2019 se confiere poder a aquella persona «…“para que 
configuren la denominada estructura segundo nivel de apoderados, sustituyendo en lo 
necesario las facultades conferidas a los ‘apoderados de primer nivel’ según consta en la 
certificación unida que, a efectos internos, se eleva a público…”».
La  registradora  suspende  la  inscripción  solicitada  porque,  a  su  juicio:  a)  el 
compareciente carece de legitimación para conceder el poder que en la escritura se 
otorga, pues falta la previa atribución al poderdante de las facultades que éste confiere a 
los apoderados, ya que en el poder en virtud del cual actúa se le confiere la facultad de 
sustituir facultades de otros apoderados, facultades que él mismo no ostenta; b) el juicio 
de  suficiencia  de  las  facultades  representativas  del  compareciente  es,  por  tanto, 
incongruente.  Existe  incongruencia  de  la  reseña  del  documento  auténtico  de 
representación  y  el  juicio  de  suficiencia  de  las  facultades  representativas  con  la 
comparecencia (artículo 98 de Ley 24/2001). Falta legitimación del compareciente para 
conceder el poder; y c) en consecuencia, falta ratificación por persona con facultades 
suficientes.
El recurrente alega lo siguiente: a) sustancialmente, en la calificación impugnada se 
expresa un solo defecto: la ausencia de facultades del apoderado para formalizar el 
negocio jurídico que consta en la escritura, otorgamiento de poder general; b) la escritura 
cumple las exigencias del artículo 98 de Ley 24/2001: 1.º) El apoderado interviene 
facultado por un poder conferido en documento auténtico cuya fecha, notario autorizante 
y número de protocolo quedan identificados, y 2.º) Se incluye un juicio notarial de 
suficiencia del poder invocado por parte del notario autorizante y dicho juicio se pone en 
conexión con el negocio formalizado (la concesión de un poder general) por lo que es 
congruente, y c) la cuestión parece definitivamente resuelta con las Sentencias del 
Tribunal  Supremo  número  645/2011,  de  23  de  septiembre,  643/2018,  de  20  de 
noviembre,  y  661/2018  de  22  de  noviembre,  según  las  cuales  la  valoración  de  la 
suficiencia  de  las  facultades  de  representación  el  otorgante  de  la  escritura  le 
corresponde al notario autorizante sin que el registrador pueda revisar dicho juicio en la  e.
medida  en  que  resulte  congruente  con  el  contenido  del  título  al  que  se  refiere;  y  w.b
especialmente relevante es la citada Sentencia número 661/2018, de 22 de noviembre,  49ww
jauli caifoir mdea r squufiec,i ecnocmiao,  reel sruelgtais tirraredloerv annot ep uqeudee  erseav isparre teenn dsiud ac arleifvicisaicóinó nd elal  creogrrisetcrcaidóonr  dseel 
sfuoncdieed aedn  relap riensfoernmtaadcaió pno rq eule o troersgpaenctteo. del poder aparezca en la hoja registral de la
2.  El apartado primero del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
establece lo siguiente: «En los instrumentos públicos otorgados por representantes o 
apoderados, el Notario autorizante insertará una reseña identificativa del documento 
autentico que se le haya aportado para acreditar la representación alegada y expresará 
que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o 
contrato a que el instrumento se refiera». El apartado segundo del mismo artículo 98 
dispone: «La reseña por el Notario de los datos identificativos del documento auténtico y 
su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por 
sí  solas,  de  la  representación  acreditada,  bajo  responsabilidad  del  Notario.  El 
Registrador  limitará  su  calificación  a  la  existencia  de  la  reseña  identificativa  del 
documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido 
del título presentado, sin que el Registrador pueda solicitar que se le transcriba o 
acompañe el documento del que nace la representación».
Por su parte, el artículo 166 del Reglamento Notarial, dispone: «En los casos en que 
así proceda, de conformidad con el artículo 164, el notario reseñará en el cuerpo de la 
escritura que autorice los datos identificativos del documento auténtico que se le haya 
aportado para acreditar la representación alegada y expresará obligatoriamente que, a 
su  juicio,  son  suficientes  las  facultades  representativas  acreditadas  para  el  acto  o 
contrato  a  que  el  instrumento  se  refiera.  La  reseña  por  el  notario  de  los  datos 
identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades 
representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo la 
responsabilidad del notario. En consecuencia, el notario no deberá insertar ni transcribir, 
como  medio  de  juicio  de  suficiencia  o  en  sustitución  de  éste,  facultad  alguna  del 
documento auténtico del que nace la representación».
El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en su Sentencia de 20 
de mayo de 2008, al examinar la legalidad del artículo 166 del Reglamento Notarial, 
expresó lo siguiente:
«Decimotercero.–Impugnación del artículo 166, párrafo primero.
“En los casos en que así proceda, de conformidad con el artículo 164, el notario 
reseñará en el cuerpo de la escritura que autorice los datos identificativos del documento 
auténtico que se le haya aportado para acreditar la representación alegada y expresará 
obligatoriamente  que,  a  su  juicio,  son  suficientes  las  facultades  representativas 
acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera. La reseña por el 
notario  de  los  datos  identificativos  del  documento  auténtico  y  su  valoración  de  la 
suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la 
representación  acreditada,  bajo  la  responsabilidad  del  notario.  En  consecuencia,  el 
notario  no  deberá  insertar  ni  transcribir,  como  medio  de  juicio  de  suficiencia  o  en 
sustitución  de  éste,  facultad  alguna  del  documento  auténtico  del  que  nace  la 
representación”.
Entiende la recurrente que el precepto impugnado crea las dos obligaciones del 
Notario que se destacan en negrita, que no se encuentran previstas en el art. 98 de la 
Ley 24/2001 de 27 de diciembre, redacción dada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre 
del que trae causa.
Frente a tales alegaciones, el examen del invocado art. 98 de la Ley 24/2001 permite 
apreciar  que  el  precepto  reglamentario  impugnado,  rectamente  interpretado,  no  es 
contrario a sus previsiones y no introduce obligaciones o modificaciones que supongan 
la infracción denunciada. Así, cuando el art. 98 establece que el Notario expresará que, a  e
su  juicio,  son  suficientes  las  facultades  representativas  acreditadas,  el  Reglamento  bo
establece que el Notario expresará obligatoriamente, lo que no hace sino precisar el  49ww
cleagraálc.ter imperativo de tal juicio de suficiencia por el Notario que resulta del precepto
ni trPaonrs cortirbai rp, acrotem, ola  mpreedviios iódne  rejugiclaiom ednet asruiaf icsieegnúcnia  lao  ceuna l s“euls ntiotutaciróion  ndoe d eébsteer,á  fiancsuelrttaadr 
alguna del documento auténtico del que nace la representación”, ha de entenderse que
no establece otra cosa que la necesidad de que el Notario lleve a cabo un verdadero 
juicio de suficiencia de la representación invocada, sin que el mismo pueda sustituirse o 
limitarse a la mera inclusión o transcripción de facultades establecidas en el documento 
auténtico en el que consta la representación, lo que no impide que en la realización 
efectiva  del  juicio  de  suficiencia  puedan  incluirse  y  transcribirse  cláusulas  o 
estipulaciones del documento como fundamento del mismo, en otras palabras, lo que 
persigue el precepto es impedir que se eluda la realización del juicio personal del Notario 
sobre la suficiencia de la representación mediante la impersonal fórmula de transcribir 
las facultades según se reflejan en el documento presentado.
Ello no es más que una consecuencia de lo establecido en dicho artículo 98 de la 
Ley, que además de imponer el juicio de suficiencia al Notario, establece que “La reseña 
por el notario de los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la 
suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la 
representación acreditada, bajo responsabilidad del notario. El registrador limitará su 
calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de 
suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado, sin que el 
registrador pueda solicitar que se le transcriba o acompañe el documento del que nace la 
representación”.
El Reglamento, con lo dispuesto en dicho párrafo impugnado, viene a reiterar y 
precisar la obligación impuesta por la Ley al Notario de efectuar un juicio de suficiencia 
de la representación alegada, que es el elemento fundamental en el que se sustenta la fe 
pública de tal representación, por lo que no puede sustituirse por la mera transcripción 
de las facultades que se establezcan en el documento auténtico presentado.
Por todo ello la impugnación de este precepto debe ser desestimada».
También el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en su Sentencia de 23 de septiembre 
de 2011, en su fundamento de Derecho cuarto, afirma lo siguiente: «Por último, tampoco 
puede el registrador, según la norma citada, solicitar que se le transcriba o acompañe el 
documento del que nace la representación, ni le corresponde examinar el cumplimiento 
que el notario haya dado a lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 98 en cuanto 
a la incorporación a la matriz de determinados documentos, de modo que si lo hace 
parcialmente deba dar fe el propio notario de que en lo omitido no hay nada que restrinja 
ni  en  forma  alguna  modifique  o  condicione  la  parte  transcrita,  pues  tal  previsión 
normativa se refiere a la actuación del propio notario autorizante de la escritura en que 
alguna de las partes compareció representada y no al supuesto de que ante él se 
acredite la representación mediante copia parcial de la escritura de apoderamiento, que 
es el supuesto litigioso».
Más recientemente se ha referido a la misma cuestión el Alto Tribunal, que, en la 
Sentencia  número  643/2018,  de  20  de  noviembre  (con  criterio  seguido  por  la 
Sentencia 661/2018, de 22 de noviembre), se ha pronunciado en los siguientes términos:
«(…) 18 LH, cuyo párrafo primero dispone lo siguiente:
“Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas 
extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así 
como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en 
las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro”.
Esta previsión normativa, en relación con la calificación de la capacidad de los 
otorgantes, se complementa con el art. 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en la 
redacción consiguiente a la modificación introducida por la Ley 24/2005. El precepto  e
regula lo siguiente: (…) bo
En nuestra sentencia 645/2011, de 23 de septiembre, ya declaramos que la posible  49ww
acotrnibtruaydei cacli óreng qisutera dpourd ilear afu nacdivóenr tdires ec aelinfitcrea r la“l ap creavpiasicóidna cdo dnete lnoisd ao teonrg ealn taerst.” ,1 y8  eLl Ha,r t.q 9u8e 
ndoet alari aLl edye  2s4u/f2ic0ie0n1c, iaq uye a  lilma ictao nlag ruceanlifciciaa cdieó ne srteeg cisotrna le la c olan t“erneisdeoñ dae iln tdítiuclaot ipvare sdeenl tjaudicoi”o, 
debía resolverse dando prioridad a esta segunda norma, que tiene a estos efectos la 
consideración de ley especial.
3.  Conforme a esta normativa, parece claro que corresponde al notario emitir un 
juicio de suficiencia de las facultades de representación, con una reseña del documento 
auténtico del que resulta la representación, que debe ser congruente con el negocio 
jurídico representativo. Y la función del registrador es calificar la existencia de esta 
reseña y del juicio notarial de suficiencia, así como su congruencia con el negocio 
jurídico otorgado.
La valoración de la suficiencia de las facultades de representación del otorgante de la 
escritura le corresponde al notario autorizante de la escritura, sin que el registrador 
pueda revisar dicho juicio de suficiencia, en la medida en que resulte congruente con el 
contenido del título al que se refiere.
Para  emitir  ese  juicio  de  suficiencia,  el  notario  autorizante  ha  de  examinar  la 
existencia, validez y vigencia del poder del que resulta la legitimación. Y en la escritura o 
el título otorgado, el notario debe dejar constancia expresa de que ha cumplido esa 
obligación, es decir, que ha comprobado la validez y vigencia del poder, además de 
realizar una “reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para 
acreditar la representación alegada”.
Cuando, como es el caso, se trata de un poder conferido por una sociedad mercantil 
que no consta inscrito, el notario autorizante debe, bajo su responsabilidad, calificar de 
forma rigurosa la validez y vigencia del poder otorgado por una sociedad mercantil y 
dejar constancia de que ha desarrollado tal actuación, de forma que la reseña del 
documento auténtico del que resulta la representación exprese las circunstancias que, a 
juicio del notario, justifican la validez y vigencia del poder en ejercicio del cual interviene 
el apoderado, ya se trate de un poder general no inscrito, ya de un poder especial.
Conforme al tenor del art. 98.2 de la Ley 24/2001, el registrador no puede revisar el 
juicio de validez y vigencia del poder realizado por el notario autorizante, pues limita la 
calificación registral “a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio 
notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado, 
sin que el registrador pueda solicitar que se le transcriba o acompañe el documento del 
que nace la representación”.
Bajo este régimen legal, el registrador debe revisar que el título autorizado permita 
corroborar que el notario ha ejercido su función de calificación de la existencia y vigencia 
del poder y de la suficiencia de las facultades que confiere de forma completa y rigurosa, 
y que este juicio sea congruente con el contenido del título presentado, es decir, que 
resulte del contenido del juicio de suficiencia que dicha suficiencia se predica respecto 
del negocio jurídico otorgado, con la precisión necesaria para que no quepan dudas de 
que el notario ha calificado correctamente el negocio de que se trata y referido al mismo 
la suficiencia o insuficiencia de las facultades representativas.
De tal forma que, a los efectos de precisar el alcance de la calificación registral, no 
cabe distinguir, como pretende la recurrente, entre el primer negocio de apoderamiento y 
el posterior acto de disposición, para sujetar el primero al ámbito de la calificación 
registral previsto en el art. 18 LH y el segundo al previsto en el art. 98 de la Ley 24/2001. 
El juicio que este último precepto atribuye al notario sobre la suficiencia del poder para 
realizar el acto o negocio objeto de la escritura que el notario autoriza incluye, como 
hemos visto, el examen de la validez y vigencia del apoderamiento y su congruencia con 
aquel acto o negocio; y, lo que ahora resulta de mayor interés, su corrección no puede 
ser revisada por el registrador. s
Esto es, también el examen de la suficiencia del apoderamiento está sujeto a la  oe.
previsión del art. 98 de la Ley 41/2001, y por ello la calificación registral se limita a  w.
revisar, como decíamos antes, que el título autorizado permita corroborar que el notario  49ww
dhea  elajesr cfiadcou sltua dfuensc iqóune d ec ocnafliiefircea cdióen  fdoerm laa  vcaolimdepzle yt av igye nricgiuar odseal ,p oyd eqru ey  dees tlae  sjuuifcicioie nsceiaa 
cong(…ru)ente con el contenido del título presentado. BOE-A-cable e
de estos preceptos no se infiere que, en estos casos en que uno de los otorgantes 
actúa en representación de otro, el documento autorizado por el notario deba indicar qué 
persona y órgano dentro de la entidad otorgó la representación, si su cargo era válido y 
estaba vigente, y si tenía facultades suficientes para otorgar representación en nombre 
de la sociedad. La norma exige, y consta que en este caso se cumplía con ello, la 
identificación y circunstancias personales  del  representante que acude a otorgar la 
escritura, la entidad representada y los datos del poder del que resulta la representación.
Todo lo cual está en consonancia con la interpretación que hemos realizado del 
art. 98 de la Ley 24/2001, según la cual corresponde al notario autorizante el juicio de 
suficiencia, que incluye en este caso el examen de la existencia, validez y vigencia del 
poder del que resulta la legitimación, sin que el registrador pueda revisar este juicio de 
validez y vigencia del poder realizado por el notario autorizante».
3.  De  la  interpretación  de  la  referida  norma  legal  por  el  Tribunal  Supremo 
(Sentencias de 23 de septiembre de 2011 y 20 y 22 de noviembre de 2018) y de la 
doctrina  expresada  por  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  en 
numerosas Resoluciones cabe extraer un criterio ya asentado y pacífico respecto del 
alcance de la calificación registral del juicio notarial de suficiencia de las facultades 
representativas de los otorgantes.
Conforme  a  ese  criterio,  para  entender  válidamente  cumplidos  los  requisitos 
contemplados en el mencionado artículo 98 en los instrumentos públicos otorgados por 
representantes o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio 
acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio 
jurídico pretendido o en relación con aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Las 
facultades  representativas  deberán  acreditarse  al  notario  mediante  exhibición  del 
documento auténtico. Asimismo, el notario deberá hacer constar en el título que autoriza, 
no sólo que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades 
representativas,  congruente  con  el  contenido  del  título  mismo,  sino  que  se  le  han 
acreditado dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la 
expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación.
Conforme a la misma doctrina citada, el registrador deberá calificar, de un lado, la 
existencia  y  regularidad  de  la  reseña  identificativa  del  documento  del  que  nace  la 
representación  y,  de  otro,  la  existencia  del  juicio  notarial  de  suficiencia  expreso  y 
concreto  en  relación  con  el  acto  o  negocio  jurídico  documentado  y  las  facultades 
ejercitadas, así como la congruencia del juicio que hace el notario del acto o negocio 
jurídico documentado y el contenido del mismo título. Dicho de otro modo, deberá 
calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha incorporado un 
juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste 
congruente con el acto o negocio jurídico documentado.
En definitiva, el notario debe emitir su juicio relativo a la suficiencia de las facultades 
representativas para el acto concreto que autoriza, bien especificando cuál sea éste o 
bien incluyendo otra reseña, siquiera mínima, de facultades. El registrador, por su parte, 
calificará la concurrencia de los dos requisitos y también la congruencia de ese juicio 
notarial  con  el  acto  o  negocio  jurídico  documentado.  Por  ello,  el  registrador  debe 
suspender  la  inscripción  por  falta  de  congruencia  del  juicio  notarial  acerca  de  las 
facultades representativas del apoderado o representante si el notario utiliza expresiones 
genéricas, ambiguas o imprecisas, como cuando usa fórmulas de estilo que -a falta de 
reseña, siquiera somera, de las facultades acreditadas- se circunscriben a afirmar que la 
representación es suficiente «para el acto o negocio documentado», en vez de referirse  s
de forma concreta y expresa al tipo de acto o negocio que en la escritura se formaliza  oe.
(cfr., entre otras muchas, la Resolución de 14 de julio de 2015). w.
El criterio seguido por la Dirección General de los Registros y del Notariado se  49ww
aSdaalap tdae  plole nCaomnteenntcei oas ola-A ddomcitnriisntara dtievol ,T drieb u2n0a ld eS umpareymo od eq 2u0e0 r8e,s yu lStaa ldae d ela slo  SCeivnitle, ndcei a2s3, 
ddeic iseempbtireem dber e2 0d1e5 2 q0u11e  (rcefvr.o cSae nlate Rnceisao dluec ilóan A dued i4e ndceia j uPnrioov dinec i2a0l 1d2e) .B Eaxrcperelosnaam deen t2e  dsee   BOE-A-cable e
rechaza la posibilidad de que el juicio de suficiencia se realice de forma genérica, 
debiendo hacerse de manera concreta en relación con un específico negocio jurídico, si 
bien  puede  hacerse  dicha  especificación  al  hacer  la  reseña  de  las  facultades 
representativas (de acuerdo con la interpretación dada por el Tribunal Supremo en su 
Sentencia de 20 de mayo de 2008), o bien al emitirse el juicio de suficiencia, como se 
deduce de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de septiembre de 2011.
4.  Por lo que se refiere a la calificación registral de la congruencia entre el juicio 
notarial de suficiencia de las facultades representativas acreditadas y el contenido del 
negocio formalizado en la escritura cuya inscripción se pretende, según la doctrina de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado anteriormente referida, se entiende 
que hay falta de congruencia si el citado juicio notarial es erróneo, bien por resultar así 
de la existencia de alguna norma que exija algún requisito añadido como, por ejemplo, 
un poder expreso y concreto en cuanto a su objeto, bien por inferirse el error de los datos 
contenidos en la misma escritura que se califica, u obrantes en el propio Registro de la 
Propiedad o en otros registros públicos que el notario y el registrador de la Propiedad 
pueden consultar. Este carácter erróneo debe inferirse con claridad de tales datos, sin 
que pueda prevalecer una interpretación de los mismos realizada por el registrador que 
difiera de la que haya realizado el notario en el ejercicio de la competencia que a tal 
efecto le atribuye la ley y sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudiera 
deducirse contra él por una negligente valoración de la suficiencia (vid., por todas, las 
Resoluciones de 11 de diciembre de 2015 y 25 de octubre de 2016).
Así resulta de la citada la Sentencia número 661/2018, de 22 de noviembre, del 
Tribunal Supremo: «Esta previsión resulta de aplicación también a los casos en que el 
poder sobre el que el notario realiza el juicio de suficiencia se encuentre inscrito en el 
Registro Mercantil, y por lo tanto puede ser consultado por el registrador que califica. 
Como el registrador no puede revisar en su calificación la corrección del juicio de 
suficiencia, resulta irrelevante que esa pretendida revisión del registrador se funde en la 
información  que  respecto  del  poder  aparece  en  la  hoja  registral  de  la  sociedad 
representada por el otorgante».
En  el  presente  caso,  el  notario  autorizante  del  título  calificado  ha  reseñado 
debidamente el documento auténtico del que nacen las facultades representativas. Así, 
manifiesta que el mismo es una escritura pública mediante la cual ha conferido el poder 
la  sociedad  poderdante  y  se  especifican  datos  suficientes  de  dicha  escritura  de 
apoderamiento (notario autorizante, fecha, número de protocolo y datos de inscripción en 
el Registro Mercantil). Además expresa que mediante tal documento se conceden al 
apoderado facultades que considera suficientes para el otorgamiento de la escritura de 
poder general mercantil calificada. Y lo cierto es que no puede entenderse que en este 
caso dicho juicio de suficiencia sea erróneo y, por tanto, incongruente con el contenido 
del negocio formalizado.
Como afirma el recurrente en su escrito de impugnación, de la escritura calificada 
resulta  que,  a  su  juicio,  el  apoderado  está  actuando  dentro  del  ámbito  de  sus 
atribuciones al configurar la denominada «estructura segundo nivel de apoderados» 
confiriendo en lo necesario las facultades conferidas a los «apoderados de primer nivel», 
sin que se trate propiamente de una mera sustitución.
Debe concluirse, por tanto, que en el caso a que se refiere el este expediente la 
calificación comporta una revisión de la valoración notarial sobre la suficiencia de las 
referidas facultades representativas acreditadas que no compete al registrador, pues no 
se trata de uno de los supuestos en los cuales -según la referida doctrina de este Centro  s
Directivo-, por error evidente en el juicio que bajo su responsabilidad emita el notario,  oe.
pueda ser entendido como falta de congruencia entre dicho juicio notarial de suficiencia  w.
de las facultades representativas y el contenido del negocio formalizado en la escritura  49ww
calificada.
impuEgsntaa dDa.irección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.