BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Lunes 24 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 9115
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
1059 Orden  TES/26/2022,  de  20  de  enero,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo  en  el  ámbito  laboral,  en  relación  con  la  oferta  formativa  de  las 
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación.
La  Orden  TMS  368/2019,  de  28  de  marzo,  por  la  que  se  desarrolla  el  Real 
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el  ámbito  laboral,  en  relación  con  la  oferta  formativa  de  las  administraciones 
competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación, tiene por objeto el desarrollo del 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla a su vez la Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones 
competentes y su financiación, así como el establecimiento de las bases que regulan la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
La gestión de las subvenciones reguladas en la mencionada orden ha puesto de 
manifiesto la necesidad de modificar determinados aspectos de su regulación, como 
consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la 
crisis sanitaria, la cual subsiste y cuya superación aún no ha sido oficialmente declarada 
ni  en  el  ámbito  nacional  ni  en  el  internacional  por  los  organismos  y  autoridades 
competentes.
Como consecuencia de la situación descrita, durante la vigencia del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19,  se  consideró  necesario  adoptar  una  serie  de  medidas  urgentes  con  el 
objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes, lo que conllevó, entre 
otras actuaciones, la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para  hacer  frente  al  COVID-19,  en  cuyo  artículo  54  se  previó  expresamente  la 
modificación de las resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones para 
ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada, aunque no se hubiera 
contemplado en las correspondientes bases reguladoras.
Aplicando esta previsión legal, la Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, amplió el plazo de ejecución de todos 
los programas formativos que se estuvieran desarrollando en ese momento por un  s
tiempo equivalente al del periodo de vigencia del estado de alarma establecido por el  oe.
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, junto con un periodo adicional de seis meses. w.
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dificultades con las que las entidades de formación se han encontrado para la impartición
de las acciones formativas subvencionadas en el ámbito del Sistema de formación  Bc
profesional para el empleo considerando, por este motivo, la necesidad de adoptar 
nuevas medidas, entre las que se encuentra la de prolongar los plazos de ejecución en 
aquellos supuestos en los que concurran las circunstancias excepcionales que impidan 
la consecución del interés público y el mantenimiento del derecho a la percepción de la 
subvención.
A la vista de lo expuesto, para dar una solución estable a los problemas planteados, 
se considera, así, oportuno que las bases reguladoras de concesión de subvenciones en 
el ámbito de la formación profesional para el empleo incluyan la posibilidad de que, una 
vez  dictada  la  resolución  de  concesión  de  la  subvención,  se  pueda  solicitar  una 
ampliación  del  plazo  de  ejecución  del  programa  formativo  afectado,  lo  que  no  se 
menciona de forma expresa en la redacción de la Orden TMS 368/2019, de 28 de marzo, 
de  manera  extraordinaria  y  justificada,  a  través  de  una  modificación  de  la  citada 
resolución.
Se considera que las modificaciones introducidas conllevarán una flexibilización de la 
gestión, facilitando el desarrollo de los programas de formación que se conceden a su 
amparo,  al  tener  en  cuenta  la  posibilidad,  entre  otras  opciones,  de  solicitar  una 
ampliación del plazo de ejecución de la actividad subvencionada en el caso de que se 
produzcan situaciones sobrevenidas y de carácter excepcional que anteriormente no se 
incluían en el supuesto de hecho de la normativa aplicable.
Esta orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia  previstos  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, estos se cumplen en la medida en 
que la norma resulta el instrumento más indicado para lograr los intereses que se 
persiguen, dadas las circunstancias que vienen impidiendo el cumplimiento de los plazos 
de ejecución y que impiden el normal desarrollo de los programas formativos. El ajuste 
de  la  presente  norma  a  estos  principios  deriva  de  la  defensa  del  interés  general, 
materializado en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
por medio de la formación profesional para el empleo.
En cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma establece la regulación 
imprescindible para atender la necesidad de modificar parcialmente, para su mejora, 
determinados aspectos de la ejecución de la actividad formativa financiada mediante 
subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, en la Orden TMS/368/2019.
Por otra parte, se cumple con el principio de seguridad jurídica, ya que la orden es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico en su ámbito de aplicación y, en 
particular, con la legislación reguladora del procedimiento subvencional.
Igualmente,  se  ha  tenido  en  cuenta  el  principio  de  transparencia,  definiéndose 
claramente el objeto y ámbito de aplicación en el proceso de tramitación de la orden y 
posibilitando que los potenciales destinatarios participen en la elaboración de la orden.
Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la 
norma  persigue  una  correcta  utilización  de  los  recursos  públicos,  racionalizando  el 
proceso de ejecución de la actividad subvencionada.
En el proceso de elaboración de esta orden ha emitido informe la Abogacía del 
Estado en el departamento y la Intervención Delegada de la Intervención General de la 
Administración del Estado en el Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. s
En su virtud, oe.
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación de la Orden TMS 368/2019, de 28 de marzo, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la 
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa 
de las administraciones competentes y su financiación, así como el establecimiento 
de las bases que regulan la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación.
El apartado 3 del artículo 11 de la Orden TMS 368/2019, de 28 de marzo, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la 
Ley  30/2015,  de  9  de  septiembre,  por  la  que  se  regula  el  Sistema  de  Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 
administraciones competentes y su financiación, así como el establecimiento de las 
bases que regulan la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, 
queda redactado como sigue:
«3.  Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar 
la modificación o modificaciones de la misma. Cualquier modificación, incluida la 
ampliación  del  plazo  de  ejecución  del  programa  formativo,  podrá  solicitarse 
cuando  concurran  circunstancias  de  toda  índole,  excepcionales  y  ajenas  al 
beneficiario,  especialmente  por  razones  sanitarias,  catástrofes  naturales  o 
cualesquiera otras de naturaleza análoga que se puedan incluir en la resolución de 
la Convocatoria, que imposibiliten la realización de la formación en las condiciones 
establecidas en la resolución de concesión.
La  petición  deberá  fundamentarse,  mediante  memoria  justificativa,  en 
circunstancias sobrevenidas tras la resolución y durante el plazo de ejecución de 
la actividad subvencionada para cada entidad beneficiaria y habrá de formalizarse 
con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización 
del citado plazo de ejecución.
En el caso de modificaciones en los porcentajes de ejecución de las entidades 
agrupadas, dichas modificaciones no deberán suponer minoración en la valoración 
técnica obtenida en la solicitud de la subvención.
A las modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes 
en las acciones formativas no les será de aplicación lo dispuesto en este apartado, 
siempre  que  no  suponga  minoración  de  la  valoración  técnica  obtenida  en  la 
solicitud de subvención.
Las solicitudes de modificación serán resueltas por el órgano concedente de la 
subvención. En todo caso, la modificación solo podrá autorizarse si no daña 
derechos de terceros y no afecta a la valoración técnica obtenida por la solicitud 
presentada por el beneficiario.
El órgano competente dictará resolución, de forma motivada, aceptando o 
denegando la modificación propuesta en el plazo de dos meses desde la fecha en 
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación,  salvo  que  la  convocatoria  establezca  un  plazo  inferior.  Una  vez 
transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud 
podrá entenderse desestimada. Las resoluciones podrán retrotraer sus efectos, 
como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación.» e
Disposición final única.  Entrada en vigor. 59ww
OficLiaal  dperel sEesntated oo»rd.en entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Madrid, 20 de enero de 2022.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez.