BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Viernes 3 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 47067
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7204 Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil XIX de Madrid a inscribir una escritura de traslado de 
domicilio de una sociedad.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  T.  G.  S.,  en  nombre  y  representación  de 
«Promociones Almonte 2000, S.L.», contra la negativa del registrador Mercantil XIX de 
Madrid, don Enrique Mariscal Gragera, a inscribir una escritura de traslado de domicilio 
de dicha sociedad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 6 de octubre de 2015 por el notario de Madrid, 
don Segismundo Álvarez Royo-Villanova, con el número 3.437 de protocolo, se elevaron 
a público los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la sociedad 
«Promociones Almonte 2000, S.L.» el día 24 de septiembre de 2015 por los que se 
trasladaba el domicilio social.
II
Presentada el día 28 de octubre de 2019 se presentó copia autorizada de dicha 
escritura, en unión de certificación de traslado del domicilio social a Madrid expedida por 
el registrador Mercantil de Cáceres con fecha 24 de octubre de 2019, en el Registro 
Mercantil de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Enrique Mariscal Gragera, registrador mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 2986/970.
F. presentación: 28/10/2019.
Entrada: 1/2019/157.212,0.
Sociedad: Promociones Almonte 2000 S.L.
Autorizante: Álvarez Royo-Villanova Segismundo.
Protocolo: 2015/3437 de 06/10/2015.
1.  Defecto insubsanable:
Se deniega la inscripción del documento adjunto, por los defectos siguientes:
1.º  El documento objeto de calificación ya fue presentado en este Registro con  bo
anterioridad con el número de entrada 29.862/2016, habiendo sido objeto de calificación  04ww
senquneustgerpa efetu ienvessa oei,ó ssn tpi amodcreau  decloaruds ayo n asdtc oeeu cseltearadsrbaotaads b aeas lol  atcra ainansulolelatisdad adodda ed   deuue nnd eaaos  mJoduiscen iamltiaoca u dsneeodr cda1io,a 4sl  ,pad oq elrua  em lp acar aorzuqvoisun óedc  ielaa s  2edin0 es1 scM3or,ial pidcdciertióiamdnb.a  aA3n 1udl.naaª     OE-A-2020-72able en https://
cuando el documento ahora presentado y también en su día, es un acuerdo de Consejo
de Administración, este fue objeto de calificación negativa por el Registrador Mercantil de 
este Registro, el cual motivó recurso ante la DGRN que confirmó la calificación negativa 
del mismo.
En  consecuencia,  el  documento  ahora  presentado  ya  fue  objeto  de  calificación 
negativa y confirmada dicha calificación negativa por este Centro Directivo, por lo que se 
considera que el documento ya fue calificado negativamente y confirmado por la DGRN, 
ratificando este Registrador la calificación negativa, que en su día se practicó, objeto de 
Resolución de 1 de julio de 2016, publicada en el BOE el 12 de agosto.
2.º  Conforme  al  artículo  4  de  los  Estatutos  Sociales,  por  acuerdo  de  la 
Administración Social, podrá trasladarse el domicilio, pero dentro de la misma población, 
en  consonancia  con  el  artículo  285  LSC  en  la  redacción  existente  en  septiembre 
de  2015,  circunstancia  que  no  concurre  en  el  documento  objeto  de  calificación 
presentado, sin que las modificaciones normativas tengan efecto retroactivo.
3.º  En cualquier caso, en la certificación expedida por el Registro Mercantil de 
Cáceres,  no  se  aportan  las  cuentas  anuales  de  la  Sociedad,  si  bien  existe  una 
inscripción la numero 33 de dicho Registro, correspondiente, a la no aprobación de las 
cuentas anuales de los ejercicios, 2014, 2015, 2016 y 2017, en la Junta de 27 de febrero 
de 2019, y por tanto la reapertura por plazo de 6 meses, habiendo transcurrido, ya dicho 
plazo (artículo 378 RRM).
Fundamentos de derecho (defectos).
Sin perjuicio a proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…)
Madrid, 18 de noviembre de 2019 El registrador (firma ilegible).»
III
El día 10 de diciembre de 2019, se solicitó calificación sustitutoria, que correspondió 
a la registradora de la Propiedad de Alcalá de Henares número 1, doña María Isabel 
Bañón Serrano, quien, el día 19 de diciembre de 2019, confirmó la calificación del 
registrador sustituido.
IV
Contra la nota de calificación sustituida, don T. G. S., en nombre y representación de 
«Promociones Almonte 2000, S.L.», interpuso recurso el día 2 de enero de 2020 con las 
siguientes alegaciones:
«Primera.  Para impugnar el primer defecto que se dice insubsanable.
Es exactamente lo contrario, pues corno comprobamos ya no existe el impedimento 
que  suspendió  (no  que  denegó)  la  inscripción  de  la  escritura  en  el  año  2016  en 
calificación que fue confirmada por resolución de la DGRyN de 1-7-2016.
1.  Se dice en la calificación impugnada que la escritura de elevación a público del 
acuerdo de traslado de domicilio que fue adoptado en consejo celebrado el 24 de 
setiembre de 2015, autorizada el seis de octubre de 2015, ya fue objeto de calificación 
negativa en 2016 (…), confirmada por resolución de Dirección General (…), y que la  s
calificación  negativa  fue  motivada  por  la  anotación  preventiva  de  demanda  de  oe.
impugnación de acuerdos sociales. w.
demFTaoundedo a se ulllesotp reaes n Bscio vrqarue ecpt oofr u seae lfvepocra tqocu tiecs auladb asca aneliafnicb alsece itóidenem rhibvurabedi eods eed  se2i d0lo1a 3 n ae(ngaoal ttaifvocaliió.on  1p2r3e vvetnot.i vdae  dlea   2020-7204n https://ww
certificación de asientos) por mandamiento del Juzgado de Primera Instancia Uno de los
de Cáceres en medidas cautelares 2/2013 del juicio ordinario 309 de 2013, pleito en que  Bc
fue impugnado entre otros un anterior acuerdo de traslado de domicilio social a Madrid a 
calle (…) que había sido adoptado en junta general de 14 de marzo de 2013.
Sin embargo los hechos no son hoy los mismos, pues no existe la tutela cautelar 
suspensiva y prohibitiva emanada del Juicio Ordinario 309/2013 del Juzgado de Primera 
Instancia  1  de  Cáceres  (pieza  de  medidas  cautelares  212013)  según  anotación 
preventiva  letra  B  (al  folio  123  vto.)  desde  la  sentencia  firme  recaída  en  dicho 
procedimiento que fue dictada el presente año 2019. Consta en la certificación de 
asientos para traslado de domicilio librada por el señor RM de Cáceres, de dos formas
a)  por nota al margen de la anotación preventiva letra B, en la que podernos leer 
anulada la adjunta anotación letra B por la inscripción 31a de conformidad con el 
artículo 156.2 del Reglamento, a 17 de julio de 2019. La inscripción 31.ª (folios 130 y 
vto.) publica ergo omnes la sentencia firme del Juicio Ordinario 30912013, lo que colmó 
la tutela judicial de los demandantes del proceso 309 de 2013.
B)  por dos notas al margen de los folios 224, 224 vto. y 225; tras la firmeza de 
dicha sentencia la representación procesal de Promociones Almonte 2000, S.L. pidió y 
obtuvo del Juzgado de Primera Instancia 1 de Cáceres que dictase en la pieza de 
medidas  cautelares  resolución  expresa  ordenando  el  levantamiento  de  todas  las 
medidas  cautelares,  siendo  así  librados  dos  mandamientos  que  causaron  las 
anotaciones marginales de los folios 224, 224 vto. y 225 practicadas el veintitrés de 
octubre de 2019, en las que podemos leer que siendo firme la sentencia dictada en los 
autos  309/2013  quedan  sin  efecto  las  medidas  cautelares  adoptadas  por  auto  n.º 
137/2013 de 12-7-2013 en la pieza 2/2013, y de todas las medidas que fueron acordadas 
en providencias de 29-7-2013 y 30-6-2016.
En consecuencia, según la propia certificación de asientos para traslado de domicilio 
que fue librada por el señor Registrador Mercantil de Cáceres en fecha 24 de octubre 
de 2019 dejó de existir la causa que suspendió (no que denegó) la calificación de la 
escritura de seis de octubre de 2015 que emitió el sellar Registrador Mercantil de Madrid 
de fecha 14 de marzo de 2016 y que resultó confirmada por resolución de DGRyN de 1 
de julio de 2016.
Consta en la calificación de 2016 que lo que se hizo fue cumplir el mandato del 
juzgado en medidas cautelares que prohibió la inscripción del traslado del domicilio 
social a Madrid, y que “la suspensión no implica per se una declaración de invalide pero 
si implica de presente una orden de cierre del registro a dichos acuerdos”.
De forma que eliminadas todas las medidas cautelares es irrelevante lo entonces 
resuelto para denegar hoy la inscripción. Y precisamente por aplicación de lo entonces 
resuelto en vicio que se calificó en 2016 como subsanable, lo que procede es inscribir 
después de que aquel vicio hubiese sido subsanado, producida la subsanación esto es 
después  de  eliminada  la  prohibición  que  suspendió  (no  que  denegó)  la  inscripción 
en 2016, no debe hoy denegarse la inscripción.
2.  La  acción  de  nulidad  del  acuerdo  de  traslado  de  domicilio  de  la  junta 
de 14-3-2013 se habla fundado exclusivamente en vicio de constitución de la junta, y fue 
absolutamente ajena la pretensión a la juridicidad o legalidad en si del acuerdo de 
traslado, que nunca se discutió salvo por vicio formal que afectó a la constitución del 
órgano junta de socios en 14-3-2013. Para justificación adjunto testimonio del escrito de 
demanda del proceso 309 de 2013 (…), y por su lectura comprobamos que no existió 
impugnación del acuerdo de traslado por lesión del interés social ni por infracción de las 
normas  reguladoras  del  domicilio,  en  concreto  no  se  adujo  en  aquella  demanda 
infracción del artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital que ni siquiera se cita en los  e.
fundamentos. w.b
Este  tema  fue  alegado  en  nuestro  recurso  de  alzada  contra  la  calificación  04ww
pdáeg 1in4a- 31-42,0 f1u6n,d ay mael nrteos speegcuton dlao :propia resolución la DGRyN de 1-7-2016 (…) dijo en
interYp reetna rsees teq usee dnitcidhoa,  spuosdpreían stióenn ear fepcatarc isaól lor aaz ólons  eclo nreccreutroresn atec uaelr daofsir madaor pqtaudeo sd epboer 
la junta general objeto de la específica impugnación en que se ha adoptado tal medida
cautelar, y a los que de ellos traigan causa, pero no a otros acuerdos adoptados por el 
órgano competente para ello. En este sentido, basta tener en cuenta los distintos motivos 
de impugnación que pueden concurrir en cada caso para no extender la medida cautelar 
adoptada  más  allá  de  sus  justos  términos.  Por  ejemplo,  si  la  impugnación  de  los 
acuerdos de la junta general se basa en defectos formales de convocatoria de la junta o 
en defectos que tengan como consecuencia que no se ha constituido válidamente dicha 
junta, ningún obstáculo debería impedir para que se inscribiera otro acuerdo adoptado 
por el consejo de administración si éste es competente para ello, como es el traslado de 
domicilio social conforme al artículo 265 de la Ley de Sociedades de Capital. Pero 
cuestión distinta sería si la impugnación se basara en una lesión del interés social, es 
decir cuando el acuerdo, tal y como expresa el artículo 204.1 segundo párrafo de la Ley 
de Sociedades de Capital, “se impone de manera abusiva por la mayoría”, en su propio 
interés y “en detrimento injustificado de los demás socios”, pues si de este caso se 
tratara, el acuerdo suspendido parece evidente que no podría ser sustituido por otro, 
provenga del mismo órgano o de otro que fuera competente por razón de la materia.
Para la Dirección en la anterior resolución lo trascendente fue la existencia de la 
tutela cautelar judicial suspensiva del acuerdo de junta de 13-4-2013 y la prohibición de 
la inscripción del acuerdo de traslado del domicilio social a Madrid.
3.  En palabras de la Res DGRyN de 1-7-2016, después de haber comprobado que 
únicamente  se  accionó  en  juicio  ordinario  309  de  2013  por  vicios  formales  de 
constitución de la junta que no afectan a la constitución de órgano diferente, consejo de 
administración, ningún obstáculo puede ya impedir que se inscriba otro acuerdo diferente 
adoptado por el consejo de administración ya que este es competente para ello, lo que 
en definitiva resulta ser el caso.
4.  Y en suma, el acuerdo de consejo de 24-9-2015 que fue elevado a público en el 
titulo calificado no fue nunca impugnado por nadie, ni fue objeto en sí mismo de medida 
cautelar alguna, nunca. Este es un hecho negativo que solo se puede afirmar, y de los 
asientos regístrales no resulta otra cosa.
Segunda.  Para impugnar el segundo defecto que se dice insubsanable.
Consiste el defecto en que por aplicación del texto estatutario de Promociones 
Almonte 2000, SI, el consejo puede trasladar el domicilio dentro de la misma población, 
en consonancia con la redacción vigente en setiembre de 2015 del artículo 285 de la Ley 
de Sociedades de Capital, sin que las modificaciones legales tengan efecto retroactivo.
El texto estatutario inscrito del domicilio social de Promociones Almonte 2000, S.L. 
dice:
“…por acuerdo de la administración social podrá trasladarse el domicilio dentro de la 
misma población donde se halle establecido”,
Así  resulta  de  la  inscripción  24  al  folio  124  practicada  en  agosto  de  2014 
(modificación por acuerdo de consejo de junio de 2014) y de la inscripción primera del 
año 2000 al folio 58 vto. de la certificación
La previsión estatutaria inscrita remite al régimen legal vigente supletorio en fecha de 
su redacción (anterior al 26 de mayo de 2015), por reproducción en los estatutos de la 
regulación legal supletoria, hecho este que ha de interpretarse como indicativa de la 
voluntad de los socios de sujetarse al sistema supletorio querido por el legislador en 
aquel momento y en cada momento.
Modificado el artículo 285 de la ley de sociedades de capital por Ley 9/2015, de  e.
medidas urgentes en materia concursal que entró en vigor el 26 de mayo de 2015, el  w.
órgano de administración de las sociedades mercantiles está facultado para cambiar el  04ww
dcoonmtricairliioo , syo ecisa lp odre netlrloo  qdueel  ltae rrreitomriisoi ónna scuiopnleatl osriaal vdoe l qtueex tolo ess teastutataturtioo sd ee sPtarobmlezoccaionn elos 
sAulmploentoteri o2,0 d0e0b, eS eLn atel ntedxetros ele agla tl evxigtoe nsutep leento freioc hdae ld ree fsourm readdaoc acriótínc u(lqou 2e8 r5e pdreosdduec ee)l  2c6o mdeo   BOE-A-cable e
mayo de 2015 que faculta al órgano de administración para trasladar el domicilio social 
dentro del territorio nacional pues no existe disposición contraria de los estatutos.
La resolución de la Dirección General de 3 de febrero de 2016 (doc. 7) resolvió un 
caso exactamente igual al contemplado (el texto estatutario era idéntico) de traslado de 
domicilio desde Valladolid a Madrid.
Transcribo en parte dicha resolución:
Como tiene reiteradamente establecido este Centro Directivo (vid. las Resoluciones 
de 4 de julio de 1991, 26 de febrero de 1993, 29 de enero y 6 de noviembre de 1997, 26 
de octubre de 1999 y 10 de octubre de 2012), las referencias estatutarias sobre cualquier 
materia en que los socios se remiten al régimen legal entonces vigente (sea mediante 
una remisión expresa o genérica a la Ley o mediante una reproducción en estatutos de 
la regulación legal supletoria) han de interpretarse como indicativas de la voluntad de los 
socios de sujetarse al sistema supletorio querido por el legislador en cada momento. 
Aplicada esta doctrina a la cuestión planteada en el presente caso resulta que, en todo 
supuesto de reproducción estatutaria de las respectivas normas legales que atribuían a 
los administradores competencia ara el cambio de domicilio social consistente en su 
traslado dentro del mismo término municipal, debe admitirse que después de la entrada 
en vigor de la modificación legal por la que se amplía la competencia del órgano de 
administración «para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional» será ésta 
la norma aplicable, y así lo reconoce el registrador en la calificación impugnada. Y es 
que, de no aceptarse esta conclusión, las sociedades en cuyos estatutos se reprodujo el 
derogado artículo 149 de la Ley de Sociedades Anónimas –o el análogo artículo 285.2 
de la Ley de Sociedades de Capital en su redacción anterior a la Ley 9/2015– resultarían 
agraviadas respecto de aquellas otras en las cuales, por carecer de previsión estatutaria 
o consistir ésta en una mera remisión a dichos artículos, el órgano de administración 
puede, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, cambiar el domicilio social 
dentro del territorio nacional.
Tercero.  Para impugnar el tercer defecto que se dice insubsanable.
Consiste el defecto en que no se aportan las cuentas anuales de la Sociedad, y la 
reapertura por plazo de seis meses de la inscripción 33 ya expiró.
1.  La  calificación  de  9  de  mayo  de  2013  del  Registro  Mercantil  de  Madrid 
denegatoria de la inscripción de escritura de traslado de domicilio a Madrid a calle (…) 
(que fue adoptado por acuerdo de junta 14-3-2013) que fue presentada por Promociones 
Almonte 2000, S.L. tras ser levantado el cierre registrad a causa de no depósito de 
cuentas de 2010 y de 2011 (inscripción 16 folio 69 vto., cierre de hoja levantado por 
certificación)  fue  revocada  por  resolución  de  la  Dirección  General  de  5  de  agosto 
de 2013 en la que expresamente se dijo no solo que si se ha acreditado que concurre 
causa de, enervación del efecto de cierre no se producen los efectos de este, si no 
también que enervado el efecto de cierre no existe causa que impida la práctica de los 
asientos derivados del traslado de domicilio a provincia distinta.
Así resulta de la Resolución de la Dirección General de 5 de agosto de 2013 (…)
Y es que la calificación de mayo de 2013 revocada por la Dirección entre otras cosas 
habla exigido para inscribir el traslado de domicilio el previo depósito de las cuentas 
anuales después de haber sido levantado el cierre registral por acreditar causa de no 
aprobación, extremo este en que fue revocada.
Por tanto la DGRyN ya ha dicho que no cabe exigir el depósito de cuentas si se ha  e.
acreditado que concurre causa de enervación del efecto de cierre porque no se producen  w.
los efectos de este, y que enervado el efecto de cierre no existe causa que impida la  04ww
cparáscot.ica de los asientos derivados del traslado de domicilio a provincia distinta. Que es el
efec2to. s Lea  imtuptiedliaó  dcaeuspteulaérs  sdues plae nressivoalu cdieóln  juDiGcioR yoNr ddinea r5io-8 -320091/32 0q1u3e  ssie  dinesscprliebgieós es uesl   BOE-A-cable e
traslado de domicilio a Madrid de Promociones Almonte 2000, S.L., a calle (…), que fue 
adoptado en acuerdo de junta de 14 de marzo de 2013, al haberse practicado la 
anotación preventiva letra B por mandamiento que fue presentado el 16 de setiembre 
de 2013 (folio 123 vto.). Podemos leer el planteamiento de la cuestión en fundamento 
sexto de la resolución de la DGRyN de 31 de enero de 2014, (…) de este escrito:
“6.  Resta por analizar la trascendencia que para la calificación haya de tener el 
hecho de que con posterioridad a la primera calificación emitida se presente en el 
Registro Mercantil mandamiento de anotación preventiva de demanda y de suspensión 
de eficacia de los acuerdas impugnados con orden expresa de no inscribir”.
Y  la  respuesta  fue  la  confirmación  de  la  calificación  que  había  suspendido  la 
inscripción.
3.  A contrario de lo que se afirma en la calificación combatida, no existe plazo (a fin 
de levantar el cierre de la hoja registra] por falta de depósito ex artículo 378.5 del 
Reglamento  del  Registro  Mercantil,  RRM)  para  acreditar  la  falta  de  aprobación  de 
cuentas e instar la apertura de la hoja registral, ya que el 378.7 RRM emplea la frase en 
cualquier momento. Esto dice el Fundamento 5 de resolución de la DGRyN de 2 de 
agosto de 2005 (…)
En su fundamento 3 esta misma resolución nos recuerda que la norma tiene carácter 
sancionador, y por tanto es de interpretación restrictiva, y el levantamiento del cierre 
únicamente se condiciona a la certificación por órgano de administración con expresión 
de la causa de la falta de aprobación y sin distinción de causa.
Consta en la certificación de asientos (…) al folio 223 vto. la inscripción 33.ª de 
apertura  de  la  hoja  practicada  el  día  Once  de  setiembre  de  2019  causada  por 
certificación de acuerdo de suspensión de celebración de junta adoptado en la junta 
ordinaria de socios de 27-2-2019, en referencia a las cuentas de los ejercicios 2014, 
2015, 2016 y 2017, certificación que fue presentada el 3-9-2019, e inscrita, asiento que 
está bajo la salvaguardia de juzgados y tribunales y despliega sus efectos sin que pueda 
ser desconocido. No hay cierre registral, está levantado.
El plazo de seis meses del artículo 378.5 RRM es de vigencia de apertura de la hoja 
tras la acreditación de la causa de no aprobación, no existe en la norma cómputo de seis 
meses desde que la junta de no aprobó las cuentas.
De ser el plazo de seis meses computable desde la junta de no aprobación celebrada 
el 27-2-2019, como se dice en la calificación combatida, la certificación para apertura no 
podría haber sido inscrita porque se presentó el día 3-9-2019 seis meses y cuatro días 
después de la celebración de la junta el 27-2-2019.
Y  además  de  la  inscripción  33  de  la  certificación  que  acreditó  la  causa  de 
levantamiento del cierre, constan asimismo las inscripciones 34, 35 y 36 de diferentes 
hechos  mercantiles  que  fueron  todas  ellas  practicadas  en  setiembre  y  en  octubre 
de  2019,  tras  ser  presentados  los  correspondientes  documentos  causantes  los 
días 3-9-2019 y 12-9-2019 en el caso de las inscripciones 34 y 35 después de haber 
transcurrido el mes de agosto de 2019, esto es más de seis meses después de la 
celebración de la junta de 27 de febrero de 2019».
V
Mediante escrito, de fecha 28 de enero de 2020, el registrador elevó el expediente, 
con su informe, a la Dirección General de los Registros y del Notariado. es
Fundamentos de Derecho 04ww
H24ip, oV4tei2sc,t oa6sr6i al,o ; 9s2 60a,7 rt2,í c42u80l.8o3 s,y   722 58d85e. 4ld ,Ce  3óla2d 2igL oey y C sdiivgeiu l;Si e1on8ct ieeysd  2a-0ed ned see ld sCep óeCdcaiigapoli,t  adele;l   2aC1rto,í cm2u4el,or c3 i35o2,;  791-3,  ,d3 9e, 4 1l a7y ,  1L10e89y,    OE-A-2020-72able en https://
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; 136, 400, 721, 726, 727, 730, 735 y 738 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; 155, 156 y 157 del Reglamento del Registro Mercantil; 42.1, 97, 
108,  111,  165,  420  y  432  del  Reglamento  Hipotecario;  las  Sentencias  del  Tribunal 
Supremo, Sala Tercera, de 22 de mayo de 2000, y de, Sala Primera, 23 de febrero 
de 2006, 20 de septiembre de 2007, 20 de octubre de 2008, 30 de diciembre de 2010, 3 
de enero y 24 de octubre de 2011 y 4 de marzo y 12 de septiembre de 2013; las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de febrero 
de 1980, 12 de diciembre de 1986, 20 de febrero de 1989, 25 de septiembre de 1991, 8 
de noviembre de 1995, 23 de marzo de 1998, 22 de febrero de 1999, 15 de junio 
de 2000, 15 de marzo y 5 de julio de 2006, 3 de abril, 7 de junio y 19 de julio de 2007, 11 
de febrero, 4 y 10 de noviembre y 23 de diciembre de 2008, 10 de junio de 2009, 18 de 
junio de 2010, 14 de enero, 8 de marzo 3 de mayo, 14 de julio y 7 de diciembre de 2012, 
15 de julio, 5 de agosto y 13 y 20 de noviembre de 2013, 30 y 31 de enero, 17 de 
febrero, 8 de abril, 19 de mayo y 21 de octubre de 2014, 17 de diciembre de 2015, 1 de 
julio de 2016, 12 de junio de 2018 y 21 de noviembre de 2019, y la Resolución de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 de febrero de 2020.
1.  Por el presente recurso se pretende la inscripción de una escritura autorizada el 
día 6 de octubre de 2015 mediante la cual se elevaron a público los acuerdos adoptados 
por el consejo de administración de la sociedad «Promociones Almonte 2000, S.L.» el 
día 24 de septiembre de 2015 por los que se traslada el domicilio social.
Dicha escritura fue ya objeto de calificación negativa el día 14 de marzo de 2016, por 
haberse  practicado,  el  día  13  de  noviembre  de  2013,  anotación  preventiva  de  la 
demanda en el Registro Mercantil «(…) para que se abstengan de inscribir los acuerdos 
suspendidos y de tramitar el cambio de domicilio de la sociedad a la provincia de Madrid 
y apercibiendo al Consejo de Administración (…) de la prohibición de realizar cualquier 
acto de ejecución de los acuerdos suspendidos».
Impugnada dicha calificación, fue confirmada mediante Resolución de la Dirección 
General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  1  de  julio  de  2016.  Por  esa  razón, 
presentada  de  nuevo  la  referida  escritura,  el  registrador  suspende  la  inscripción 
solicitada y expresa que la demanda objeto de anotación fue estimada y declarada la 
nulidad de esos acuerdos, que causó la inscripción 31.ª y entre esos acuerdos estaba el 
traslado de domicilio social a la provincia de Madrid.
2.  La referida calificación debe ser confirmada, según la reiterada doctrina de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado (cfr. Resoluciones de 14 de enero, 8 
de marzo y 7 de diciembre de 2012 y 30 de enero, 19 de mayo y 21 de octubre de 2014), 
con un criterio que ha sido también mantenido en la Resolución de esta Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 de febrero de 2020.
La regulación del artículo 108 del Reglamento Hipotecario, al amparar la posibilidad 
de reproducir la presentación del título, una vez caducado el asiento de presentación 
anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre registral de la finca a los 
títulos  posteriores,  puede  generar  disfunciones  y  abusos  que  pueden  resultar 
incompatibles con las exigencias de seguridad jurídica, situaciones que han de tener su 
remedio en los mecanismos legales frente al abuso de derecho (cfr. artículo 7 del Código 
Civil), y que, con independencia de su posible revisión de «lege ferenda» postulada por 
algunos  autores,  encuentra  fundamento,  además  de  en  el  carácter  sumario  del 
procedimiento registral, en la previsión de posibles cambios en las circunstancias del 
caso  particular  o  de  modificaciones  en  el  régimen  legal  aplicable  que  permitan 
sobrevenidamente  acceder  al  despacho  del  título,  así  como  en  la  necesidad  de  e.
responder  a  la  eventual  apreciación  de  errores  en  la  calificación  inicial  o  de  w.b
circunstancias excepcionales que no pueden ser subsanadas en sede de calificación  04ww
rreegviissitóranl  dmee odfiiacniote d leo slo rse caucrtosos sa neuxltarabolerds inoa rniouslo sd ed er epvliesnióon ,d edreecclhaora c(ciófrn.  adretí cluelsoisv id1a0d6  oy 
siguAiehnoteras  bdiee nla,  Leesyta 3 f9a/c2u0l1ta5d) , dpeo rr esieter rianra plali cparbelseesn etanc eiósnte y á lma bpiteot.ición de calificación, ya
por sí excepcional, no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un
recurso contra la calificación cuestionada, ya se trate de un recurso potestativo ante esta 
Dirección General, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del juicio 
verbal (cfr. artículo 324 de la Ley Hipotecaria), pues en tales casos la resolución que 
recaiga será definitiva, sin posibilidad de reproducir la misma pretensión. Desde luego, 
no cabe durante la pendencia del recurso, pues en tal situación sigue vigente el asiento 
de presentación del título, sin que sea admisible la existencia de un doble procedimiento 
registral –en virtud de la existencia de dos asientos de presentación– respecto de un 
mismo título (cfr. Resolución de 10 de junio de 2009). Pero tampoco cabe una vez 
recaída Resolución en el procedimiento del recurso que haya devenido firme por no 
haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses 
previsto  para  ello  (cfr.  artículo  328  de  la  Ley  Hipotecaria).  Así  lo  ha  entendido  la 
Dirección General de los Registros y del Notariado al afirmar que «la posibilidad que 
brinda el artículo 108 del Reglamento Hipotecario, y en la que pretende ampararse el 
recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido 
previamente (…) no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de 
haberse interpuesto dicho recurso y pendiente de resolución, puede volver a plantearse y 
en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica y la propia eficacia y utilidad del 
sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de tutela jurídica, 
exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el 
mismo  interesado  no  puede  volver  a  plantearla  por  igual  vía,  y,  por  otro,  que  las 
resoluciones que la agoten sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma 
pretensión (cfr. arts. 533.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1252 del Código Civil, 109 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo  común,  69  d)  de  la  Ley  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa)» (cfr. Resolución de 15 de junio de 2000).
3.  Esta interpretación no ha quedado desvirtuada ni por las reformas introducidas 
con  posterioridad  en  la  legislación  hipotecaria  ni  por  la  doctrina  contenida  en  la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 2011; antes al contrario, ha de 
entenderse confirmada por las mismas. Si se tiene en cuenta que: a) una interpretación 
extensiva  del  artículo  108  del  Reglamento  Hipotecario  al  caso  de  las  calificación 
recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma imperativa contenida en los 
artículos 326 y 328 de la Ley Hipotecaria sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del 
acto consentido que resulta del artículo 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al 
cual no es admisible el recurso contencioso-administrativo contra actos consentidos por 
no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 26 
de noviembre, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada sin interponer el 
recurso la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan 
excluidos «a limine» en el terreno propio de la calificación registral por aplicación de la 
doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 2011, por el contrario no 
quedan  exceptuados  en  el  caso  de  las  Resoluciones  dictadas  por  esta  Dirección 
General, de las que la Sentencia no niega su naturaleza administrativa, sin perjuicio de 
su carácter «sui generis» como consecuencia de tener «como presupuesto y objeto un 
acto de calificación del registrador», ni cabe tampoco sostener la exclusión respecto del 
procedimiento especial del recurso contra tales calificaciones de aquellas normas del 
procedimiento administrativo «que respondan a los principios generales materiales o de 
procedimiento propios de todo el ordenamiento», como sucede como regla general con 
la doctrina de los actos consentidos y el carácter preclusivo de los plazos fijados en los 
procedimientos, incluidos los judiciales del orden civil; c) en concreto, el artículo 136 de  s
la Ley de Enjuiciamiento Civil determina la preclusión de los actos procesales de parte y  oe.
la pérdida de la ocasión de realizar el acto procesal de que se trate cuando no se ha  w.
ejercitado  la  facultad  correspondiente  tempestivamente,  incluyendo  la  necesidad  de  04ww
sfoinrm quulea rs teoad apso slaibsl ea llae graecsieornveas d seo sbure a hleegcahcoiósn y  pfaurnad aumn emnotomse dneto D ueltreerciohro – ecnfr .l aa rdtíecmuloa n4d0a0, 
ddee  rlae pLreoyd udceir  Eenl jrueicciuarmsoie jnutdoi cCiaivl icl–o,n ntroar munaa q nuuee svea  vreesríoalu vcuiólnne rreacdaaí dsai,  fpreonr tlea  av íuan ian dnirueecvtaa   BOE-A-cable e
e idéntica calificación del mismo título y con idéntica situación registral de la finca, se 
reabriesen tales plazos; d) el carácter de principio general del derecho que presenta la 
doctrina civil de los actos propios, en conexión con la citada doctrina de los actos 
consentidos, lo que supone que es contrario a las exigencias de la buena fe reproducir 
un recurso contra una decisión desestimatoria de su pretensión frente a la que el 
recurrente se aquietó al dejar expirar los plazos para su impugnación judicial, creando 
una situación registral definitiva y firme, y atentando contra la necesidad de conciliar el 
derecho a la tutela judicial efectiva con el valor de la seguridad jurídica; e) la ilimitada e 
indefinida  posibilidad  de  reiterar  todo  el  procedimiento  de  recursos  contra  las 
calificaciones registrales respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias 
fácticas o jurídicas sobrevenidas que permitan apreciar una falta de identidad en la 
pretensión, supondría admitir la posibilidad discrecional del postulante de provocar el 
cierre registral de la finca y la inviabilidad de inscribir sobre la misma otros títulos 
posteriores, conforme al principio de prioridad del artículo 17 de la Ley Hipotecaria, de 
forma indefinida, con perjuicio de terceros, y f) que en el caso del procedimiento registral 
nos  encontramos,  como  ratifica  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  3  de  enero 
de  2011,  ante  un  procedimiento  especial,  especialidad  que  se  extiende  también  al 
recurso  contra  la  calificación,  integrando  uno  de  los  denominados  procedimientos 
triangulares, en el que ha de primar la seguridad jurídica y en el que no se enfrentan el 
interés de la Administración y del administrado, sino el de diversos administrados entre sí 
–quien solicita la inscripción y quien como consecuencia de ella va a verse expulsado del 
Registro o afectado por su contenido– por lo que no hay razón alguna para que prime el 
interés de uno de ellos (quien no recurrió la Resolución denegatoria) frente al de otros 
terceros  (los  perjudicados  o  afectados  por  la  inscripción)  –como  ha  declarado  la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 26 de abril de 2010, «razones de 
certeza y seguridad jurídica, así como de incidencia respecto de terceros, exigen el 
cumplimiento estricto de los plazos y la especialidad procedimental registral»–.
4.  Ajustándose  plenamente  la  calificación  impugnada  a  los  postulados  de  la 
Dirección General de los Registros y del Notariado reseñados por extenso más arriba, la 
cuestión  de  fondo  habrá  de  plantearse  ante  los  tribunales  de  Justicia;  pues,  al 
encontrarse los asientos del registro bajo la salvaguardia de los tribunales con arreglo al 
artículo 1 de la Ley Hipotecaria, los mismos sólo podrán cancelarse o rectificarse con 
consentimiento del titular registral o mediante resolución judicial firme recaída en el 
procedimiento declarativo correspondiente, seguido contra todos aquellos a quienes los 
asientos  que  se  traten  de  rectificar  concedan  algún  derecho  (cfr.  artículo  40  Ley 
Hipotecaria).
La mera iniciación de estos procedimientos ante los tribunales no puede motivar 
asiento alguno, pues es necesario que el juzgado o tribunal competente decrete la 
correspondiente  medida  preventiva  o  cautelar  que  proceda,  a  través  de  la 
correspondiente  anotación  preventiva;  asiento  idóneo  para  recogerlas  en  los  libros 
registrales mediante la resolución del correspondiente órgano judicial y el consiguiente 
mandamiento decretando la práctica de dicha anotación. Por ello, no cabe tampoco que 
el interesado solicite directamente en el Registro la práctica de una medida cautelar, ni 
que ésta proceda –indirectamente- por el mero hecho de alegar, o incluso acreditar, la 
presentación de la demanda en el Juzgado correspondiente.
Las medidas cautelares son los mecanismos establecidos por la legislación procesal 
para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera obtenerse en la sentencia 
estimatoria que se dictare, o en el laudo arbitral que pusiera fin a la controversia; y  s
siendo su finalidad ese tratamiento asegurativo (obtener una verdadera «restitutio in  oe.
integrum») su adopción puede tener lugar no sólo durante la tramitación y conclusión del  w.
procedimiento sino también con carácter previo al proceso -antes de la demanda- o en el  04ww
momEel natrotí cinuicloia 7l 2d7e.l 5m disem loa. Ley de Enjuiciamiento Civil recoge como medida cautelar la
saunsoctaecpitóibnl esp rdeev einnsticvraip cdióen  deenm Raengdiast rocsu apnúdboli coéss,t ay  esle a rtríecfuielora 7 3a8 .2b,i epnáerrsa foo  tedrecreercoh does   BOE-A-cable e
la misma ley se remite a las normas de la legislación hipotecaria en cuanto a la extensión 
de la anotación preventiva. A su vez, el artículo 42.1 de la Ley Hipotecaria contempla la 
anotación preventiva de demanda y el artículo 165 del Reglamento Hipotecario, aplicable 
a toda anotación que haya de practicarse en virtud de mandato judicial, establece que 
«se verificará en virtud de presentación en el Registro del mandamiento del Juez o 
Tribunal, en el que se insertará literalmente la resolución respectiva con su fecha y se 
hará constar, en su caso, que es firme».
5.  Frente  a  las  alegaciones  del  recurrente,  no  puede  entenderse  que  haya 
sobrevenido un acto posterior que modifique la situación, pues debe tenerse en cuenta 
que de la inscripción 31.ª del historial registral de la hoja de Cáceres resulta que se 
convirtió la medida cautelar de la anotación preventiva letra B en inscripción definitiva 
publicando  «erga  omnes»  la  sentencia  firme  recaída  en  juicio  ordinario 
número  309/2013,  de  modo  que  quedaron  sin  efecto  las  medidas  cautelares 
precisamente porque hay una sentencia firme que ratifica la postura procesal. Y en la 
anotación letra B de ese historial consta que se apercibe al consejo de administración de 
la prohibición de realizar cualquier acto de ejecución de los acuerdos suspendidos 
respecto del cambio de domicilio, no existiendo acto posterior alguno salvo la sentencia 
de fecha 6 de octubre de 2015 que motivó la calificación suspensiva confirmada en la 
referida Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de julio 
de 2016.
Por ello, es improcedente decidir sobre los restantes defectos de la calificación ahora 
impugnada.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.