BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 216 Jueves 9 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 108762
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14741 Resolución de 15 de junio de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2018.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 15 de junio de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2018, acuerda:
Primero.
Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
Segundo.
Instar a la Ciudad Autónoma de Melilla a poner en marcha de forma inmediata las 
medidas necesarias para:
– Establecer una adecuada separación de las unidades de la Intervención General 
que  tienen  encomendadas  las  funciones  de  contabilidad  y  fiscalización  económico-
financiera, Igualmente, dentro de la función de control, se debería adscribir a tareas de 
fiscalización previa personal distinto al de las tareas de control posterior.
– Aplicar de forma más estricta el procedimiento administrativo detallado en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio, en la tramitación de los diferentes 
expedientes de gastos y los correspondientes documentos contables.
– Completar la tarea de unificar el inventario de bienes para que ofrezca información 
completa y ultimar las actuaciones de coordinación de los servicios de Patrimonio y 
Contabilidad, así como realizar un correcto registro contable de las operaciones de 
inmovilizado.
– Proseguir con la mejora del sistema de contabilidad de gastos con financiación 
afectada, de forma que se potencie el control del destino de esta financiación y se 
perfeccione la información ofrecida por las magnitudes presupuestarias relacionadas con 
dichos gastos.
– En tanto en cuanto no se lleve a cabo un sistema de presupuestación con la 
metodología base cero, elaborar los presupuestos con el rigor necesario para evitar el 
elevado importe de las modificaciones, hecho que desvirtúa el valor del presupuesto 
aprobado como instrumento de planificación de la actividad.
– Limitar la utilización de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, que ha 
devenido habitual en los últimos años y, siempre que sea posible, recurrir a otras figuras 
previstas  por  el  ordenamiento  jurídico  más  adecuadas  para  la  atención  de  las 
correspondientes necesidades presupuestarias.
– Establecer las mejoras necesarias para que el plan de disposición de fondos de la 
Ciudad Autónoma cumple su función como instrumento de planificación de la tesorería,  s
sin que su elaboración esté meramente destinada al cumplimiento de una obligación  oe.
general. 741www.
ComPisailóanc,io S daenlt oCso Cngerredsáon  dLee ólons.– DEli pSuetacdreotsa, ri1o5  Pdreim jeurnoi od ed el a2 0C2o1m.–isEiló nP,r eJseisdúesn teM adneu elal 
Alonso Jiménez.
 
 
 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 1.399 
 
INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
 DE MELILLA EJERCICIO 2018 
 
 
 
 
 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 
29 de octubre de 2020, el Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2018, y ha 
acordado su elevación a las Cortes Generales y a la Asamblea de Melilla, así como al Consejo de 
Gobierno de la citada Ciudad Autónoma, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de 
Funcionamiento. 
 
 
ÍNDICE 
I.  INTRODUCCIÓN. 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR. 
I.2.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL. 
I.3.  MARCO NORMATIVO. 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE. 
I.5.  TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA. 
II.1.  RENDICIÓN DE CUENTAS. 
II.2.  CONTROL INTERNO. 
II.2.1.  Puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional. 
II.2.2.  La Intervención General de la CA. 
II.2.3.  Instrumentos de control de la gestión de gastos y pagos. 
II.2.4.  Instrumentos de control de la gestión de ingresos y cobros. 
II.2.5.  Inventario. 
II.2.6.  Protección del Patrimonio documental. 
II.2.7.  Servicios a los ciudadanos y racionalización de los procedimientos administrativos. 
II.2.8.  Sistema de supervisión continua. 
II.2.9.  Política de seguridad en la utilización de medios electrónicos (PS). 
II.3.  CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ENTES ADMINISTRATIVOS. 
II.3.1.  Gestión presupuestaria de la Administración General. 
II.3.2.  Situación patrimonial. Balance de la Administración General. 
II.3.3.  Otros estados financieros de la Administración General. 
II.3.4.  Organismos autónomos, ente público y consorcio. 
II.3.5.  Pagos a justificar y anticipos de caja fija. 
II.4.  CUENTAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y DE LA FUNDACIÓN. 
II.4.1.  Visión general del sector público empresarial de la CA. 
II.4.2.  EMVISMESA. 
II.4.3.  PROMESA y Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí. 
II.4.4.  INMUSA. 
II.5.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
II.5.1.  Marco normativo. 
II.5.2.  Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 
II.5.3.  Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera. 
  s
II.6.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN.  b
II.6.1.  Operaciones de crédito y avales.  741ww
II.6.2.  Instrumentos de lucha contra la morosidad.
II.6.3.  Personal.
 
II.6.4.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
II.6.5.  Subvenciones. 
II.6.6.  Transparencia en la actividad pública. 
II.6.7.  Gestión medioambiental. 
II.6.8.  Aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). 
II.7.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. 
II.7.1.  Dotaciones de los Fondos. 
II.7.2.  Recursos de los FCI. 
II.7.3.  Proyectos de inversión. 
II.8.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES. 
II.8.1.  Procedentes de los Informes de fiscalización de ejercicios anteriores. 
II.8.2.  Procedentes de las Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas. 
III.  CONCLUSIONES. 
IV.  RECOMENDACIONES. 
 
ANEXOS 
 
 
RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
BE/BBEE  Base/s de Ejecución del Presupuesto. 
BDNS  Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
BOME  Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
CA  Ciudad Autónoma. 
CCAA  Comunidades Autónomas. 
DA  Disposición adicional. 
DRN  Derechos reconocidos netos. 
EA  Estatuto de Autonomía. 
EBEP  Estatuto Básico del Empleado Público. 
EELL  Entidades Locales. 
EMVISMESA  Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. 
FC  Fondo/s de Compensación. 
FCI  Fondos de Compensación Interterritorial. 
IG  Intervención General. 
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado. 
INMUSA  Sociedad de Información Municipal de Melilla, S.A. 
IMNCL  Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 
IPSI  Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. 
LFCI  Ley  22/2001,  de  27  de  diciembre,  reguladora  de  los  Fondos  de 
Compensación Interterritorial. 
LGS  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
LO  Ley Orgánica. 
LOEPSF  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de  Estabilidad Presupuestaria  y  e.
Sostenibilidad Financiera  741www.
LPGE  Ley de Presupuestos Generales del Estado.
 
OA/OOAA  Organismo/s autónomo/s. 
PGC  Plan General de Contabilidad. 
PGCP  Plan General de Contabilidad Pública. 
PGE  Presupuestos Generales del Estado. 
PMP  Periodo medio de pago. 
PROMESA  Proyecto Melilla, S.A. 
REMESA  Residuos de Melilla, S.A. 
RGS  Reglamento General de Subvenciones 
RD  Real Decreto. 
RD-L  Real Decreto-Ley. 
RD-Leg.  Real Decreto Legislativo. 
TRLRHL  Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
TRLSC  Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
 
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro Nº 1.   PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE LA CA. 
Cuadro Nº 2.   PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL. 
Cuadro Nº 3.   CRÉDITOS/PREVISIONES INICIALES/FINALES DE LOS ESTADOS DE GASTOS E 
INGRESOS DE LA CA. 
Cuadro Nº 4.   DISTRIBUCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO. 
Cuadro Nº 5.   FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ORIGINADAS EN EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS. 
Cuadro Nº 6.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (POR CAPÍTULOS). 
Cuadro Nº 7.   DESGLOSE POR CAPÍTULOS, DE PREVISIONES, DERECHOS RECONOCIDOS Y 
DESVIACIONES. 
Cuadro Nº 8.   ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN. 
Cuadro Nº 9.   ENTIDADES DEPENDIENTES NO EMPRESARIALES. 
Cuadro Nº 10. RECAUDACIÓN DEUDORES EJERCICIOS ANTERIORES. 
Cuadro Nº 11. EVOLUCIÓN EN 2018 DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 
RECONOCIDOS EN 2014 Y ANTERIORES. 
Cuadro Nº 12. SALDO DE TESORERÍA. 
Cuadro Nº 13. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PENDIENTES DE IMPUTAR A PRESUPUESTO. 
Cuadro Nº 14. REMANENTE DE TESORERÍA. 
Cuadro Nº 15. COMPROMISOS DE GASTO EJERCICIOS POSTERIORES. 
Cuadro Nº 16. DOTACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS OOAA, ENTE y CONSORCIO. 
Cuadro Nº 17. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS 
OOAA, ENTE y CONSORCIO. 
Cuadro Nº 18. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS 
OOAA, ENTE y CONSORCIO. 
Cuadro Nº 19. REMANENTES DE TESORERÍA ENTIDADES. 
Cuadro Nº 20. DEGLOSE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE LA CA. 
Cuadro Nº 21. COMPOSICIÓN EMPRESAS SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. 
Cuadro Nº 22. EVOLUCIÓN DEL SALDO VIVO DE LA DEUDA. 
Cuadro Nº 23. EFECTIVOS DE LA CA.  e
Cuadro Nº 24. DISTRIBUCIÓN ALTOS CARGOS, ASAMBLEA Y EMPRESAS PÚBLICAS.  741www.
Cuadro Nº 25. DOTACIONES A POLÍTICAS DE IGUALDAD.
Cuadro Nº 26. SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2018.
 
Cuadro Nº 27. RECURSOS OBTENIDOS DE LOS FCI. 
Cuadro Nº 28. FONDOS DE COMPENSACIÓN. 
Cuadro Nº 29. FONDO COMPLEMENTARIO. 
Cuadro Nº 30. DISTRIBUCIÓN PROYECTOS GENÉRICOS. 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución española y en el 
artículo 12.1.e) de la Ley Orgánica (LO) 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía (EA) 
de Melilla, corresponde al Tribunal de Cuentas el control presupuestario y de las cuentas de la 
Ciudad Autónoma (CA). 
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con el 4, y de forma 
específica en el artículo 13.2 de la LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, se 
procede, en el ejercicio de las competencias de este Tribunal, a emitir el presente Informe sobre 
los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la CA de 
Melilla durante el año 2018. 
La fiscalización figura en el apartado de las derivadas de un mandato legal del Programa de 
Fiscalizaciones para 2020, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 19 de diciembre de 
2019. 
La presente fiscalización se enmarca dentro de los objetivos específicos 1.1 “Realizar actuaciones 
que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional 
y eficiente”, 1.2 “Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las Entidades 
Públicas”, 1.3 “Identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las 
prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción”, 1.4 “Incrementar las fiscalizaciones 
operativas”, 1.5 “Agilizar la tramitación de los procedimientos fiscalizadores” y 2.3 “Contribuir al 
fortalecimiento del control interno”, recogidos en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 
2018-2021, aprobado por su Pleno en sesión de 25 de abril de 2018. 
I.2.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
El ámbito subjetivo de la fiscalización está compuesto por las entidades que forman el sector 
público de la CA, descritas en el apartado II de este Informe. El ámbito objetivo de la fiscalización 
está formado por las cuentas rendidas por el conjunto de entidades anteriores, incluyendo, 
además, las operaciones, actos o hechos que conforman la actividad económico-presupuestaria 
de la CA. No obstante, cabe señalar que, en el referido Programa de fiscalizaciones, también 
figura la realización de la “fiscalización de la contratación de las Comunidades Autónomas (CCAA) 
y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2018”, por lo que dicha 
materia no es objeto de tratamiento en el presente Informe. 
El ámbito temporal se refiere al ejercicio 2018, sin perjuicio de las operaciones o hechos de 
ejercicios anteriores o posteriores que se analicen por su relación con el ejercicio fiscalizado. 
I.3.  MARCO NORMATIVO 
El marco jurídico regulador de la actividad económico-financiera de la CA de Melilla lo constituyen 
la legislación estatal aplicable y los reglamentos y ordenanzas dictados por su Asamblea. 
 
 
a)  Normativa propia 
 
  Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CA de Melilla, de 27 de enero de 
2017. 
  Texto refundido del Reglamento de Organización Administrativa de la CA de Melilla, de 7 de 
mayo de 1999. 
  Reglamento de la Asamblea de Melilla, de 27 de febrero de 2004. 
  Presupuestos Generales y Bases de Ejecución del Presupuesto (BBEE) para el año 2018. 
  Ordenanza Fiscal General de la CA de Melilla, aprobada por Decreto 9 de 23 de febrero de 
2015. 
  Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Tributos y Ordenanzas de los Precios Públicos. 
  Decreto 498, de 7 de septiembre de 2005, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Subvenciones (RGS) de la CA de Melilla. 
b)  Legislación estatal 
  Ley de 22 de diciembre de 1955 de bases sobre el régimen económico y financiero de Ceuta 
y Melilla. 
  LO 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las CCAA. 
  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
  Real Decreto Legislativo (RD-Leg.) 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
  Real Decreto (RD) 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos. 
  Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la que se aprueba el arbitrio sobre la producción y la 
importación en las ciudades de Ceuta y Melilla.  
  LO 2/1995, de 13 de marzo, de EA de Melilla. 
  Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial 
(LFCI). 
  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
  RD-Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 
  RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad  s
(PGC).  e.
  RD 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el PGC de Pequeñas y Medianas  741ww
Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.
 
  Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales (EELL). 
  Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
CCAA de régimen común y Ciudades con EA y se modifican determinadas normas tributarias. 
  LO  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
(LOEPSF). 
  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
La contabilidad de la CA y sus organismos autónomos (OOAA) debe adaptarse a lo establecido 
por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local (IMNCL), de conformidad con el artículo 34 del EA. 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE 
La presente fiscalización se realiza de conformidad con las Directrices Técnicas aprobadas por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de noviembre de 2019, e igualmente, de acuerdo con las 
Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por el Pleno el 23 de diciembre de 
2013.  
La fiscalización se ha realizado en el marco de los objetivos determinados en las Directrices 
Técnicas ya citadas, de conformidad con el artículo 9 de la LO del Tribunal de Cuentas. Dichos 
objetivos se concretan en los siguientes: 
  Verificar si la Cuenta General y las demás cuentas anuales individuales de las entidades 
públicas de la CA se han rendido respetando las normas que les son de aplicación respecto a 
plazo, estructura y contenido. 
  Determinar si las cuentas anuales rendidas se presentan de acuerdo con los principios y 
normas definidos en los planes de contabilidad y en la normativa económico-financiera que rige la 
gestión de los presupuestos, poniendo de manifiesto las observaciones y salvedades que se 
estimen significativas. 
  Analizar los sistemas de control interno establecidos, en especial, en la Administración 
General. 
  Comprobar si se han seguido los procedimientos establecidos para la determinación y 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  que  regula  esta  materia,  así  como  verificar  la 
implantación  de  las  medidas  correctoras  propuestas  en  los  diferentes  Planes 
Económico-Financieros y Planes de Reequilibrio presentados, en su caso. 
  Evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los 
recursos públicos, principalmente en la Administración General, para las que se prevé el análisis, 
entre  otras,  de  las  áreas  de  medioambiente,  personal,  morosidad  de  la  deuda  comercial, 
endeudamiento y subvenciones. 
  Analizar la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de  es
Compensación Interterritorial (FCI) [Fondo de Compensación (FC) y Fondo Complementario].  oe.
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Además, se ha verificado el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como de las prescripciones de transparencia en todo aquello en que lo dispuesto en 
dicha normativa pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
De la exposición de los objetivos anteriores se deduce el carácter integral (de regularidad y 
operativa) de la presente fiscalización. 
No han existido limitaciones al alcance que imposibilitaran el cumplimiento de los objetivos 
previstos en la presente fiscalización. Sin perjuicio de lo anterior y, por tanto, sin afectar a los 
objetivos, en las diferentes áreas en que se estructuran los resultados del trabajo del presente 
Informe se indica la falta de remisión de determinada documentación, en los casos en que hubiera 
dificultado, reducido o alterado el análisis previsto. 
I.5.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
Los resultados de las actuaciones practicadas se pusieron de manifiesto al actual Presidente de la 
CA  de  Melilla  y  a  quien  ostentaba  ese  cargo  durante  el  ejercicio  fiscalizado  para  que  se 
formulasen las alegaciones y se presentasen cuantos documentos y justificantes se estimasen 
pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de 5 de abril de 1988, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu). 
Dentro del plazo de prórroga concedido, tras la petición formulada por el actual Presidente, se 
recibieron  las  correspondientes  alegaciones  de  este  que,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
mencionado artículo 44, se incorporan al presente Informe. 
A la vista de las alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto y, en los 
casos en que se ha visto necesario plantear algunas consideraciones respecto al contenido de las 
mismas, aquellas se reflejan mediante notas a pie de página. No se formulan observaciones 
respecto a las alegaciones que constituyen meras explicaciones en relación con los hechos 
recogidos en el Informe y que, por tanto, no implican oposición al contenido del mismo. En 
cualquier caso, el resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en el presente Informe. 
Se ha recibido documentación remitida por una dirección general de la CA fuera del plazo 
habilitado para realizar alegaciones, por lo que, con arreglo a lo dispuesto en las Normas Internas 
de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de 23 de diciembre de 2013, no se acompaña al Informe, 
aunque ha sido analizada a los efectos de darle el oportuno tratamiento. 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
El sector público de Melilla en el ejercicio fiscalizado, de acuerdo con la información contenida en 
la Cuenta General remitida, se componía de la Administración General, dos OOAA, un ente 
público,  tres  sociedades  mercantiles  de  capital  íntegramente  propiedad  de  la  Ciudad,  una 
fundación cuya dotación inicial fue realizada por una de las sociedades participadas en su 
totalidad por la CA y, por último, un consorcio. Además, la Ciudad ostentaba el 50 % del capital de 
otra  sociedad,  perteneciendo  el  50 %  restante  a  una  sociedad  estatal  y  que,  por  lo  tanto, 
atendiendo a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, se integra en la Cuenta General del 
Estado. 
El Pleno de la Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2017, aprobó 
inicialmente el Presupuesto General Consolidado de la CA, sus OOAA, sociedades mercantiles,  es
fundación y consorcio para el año 2018. Durante el plazo previsto en el artículo 169 del TRLRHL  oe.
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CUADRO Nº 1.   PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE LA CA1 
(miles de euros) 
Ciudad Autónoma  267.204 
OOAA y entes públicos   
     Fundación Melilla Ciudad Monumental  850 
     Patronato de Turismo  2.750 
     Instituto de las Culturas  448 
Sociedades mercantiles   
    Proyecto Melilla, S.A. (PROMESA)  8.803 
    Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA)  7.137 
    Información Municipal de Melilla, S.A. (INMUSA)  3.400 
Fundaciones   
    Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano Marroquí (FHIMADES)  10 
Consorcios   
    Consorcio Rector del Centro Universitario UNED-Melilla  1.625 
Total  292.227 
Eliminaciones  18.316 
Consolidado CA  273.911 
Los anexos I.1-1, I.1-2 y I.1-3 recogen las cifras agregadas correspondientes a la liquidación de 
los  presupuestos  de  gastos  e  ingresos  y  saldos  presupuestarios  de  las  entidades  públicas 
sometidas  a  la  adaptación  para  EELL  del  Plan  General  de  Contabilidad  Pública  (PGCP). 
Asimismo, los anexos I.1-4 y I.1-5 recogen su situación económico-financiera y los resultados 
económico-patrimoniales. 
El resumen agregado de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de las 
sociedades  mercantiles  de  la  CA  se  recoge  en  los  anexos  I.2-1  y I.2-2,  mientras  el  de la 
Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano Marroquí figura en los anexos I.3-1 y 
I.3-2. 
II.1.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
La Cuenta General de 2018 se ha rendido al Tribunal de Cuentas el 15 de octubre de 2019, dentro 
del plazo establecido en el artículo 223.2 del TRLRHL (donde se establece el límite del 15 de 
octubre del año siguiente al que corresponda la cuenta). Por tanto, a diferencia de los tres 
ejercicios anteriores, se ha dado adecuada respuesta a la obligación legal y a la Resolución, de 27 
de mayo de 2014, de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, emitida a la vista del Informe Anual de la CA de Melilla, ejercicios 2010 y 2011, donde se 
instaba a la Ciudad a la rendición de las cuentas dentro de los plazos preceptivos.  
El artículo 209.1 del TRLRHL dispone que la Cuenta General rendida debe integrar las de los 
OOAA y las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la CA. A 
diferencia de lo sucedido en ejercicios precedentes, en los que la Cuenta General no contenía las  s
cuentas de alguna o de ninguna de sus tres sociedades mercantiles, en el ejercicio fiscalizado se  e.
                                                  741ww
1ch oaLn oatsac buciduliiadddaord oa sd i end feola re mCsatAec  ioIón nbfo iperúmnb eali pcsaoe r ptharaodnco escd openonfret ece csditoean  oearndg oae nlp itosrmar neosls cT uerirsbstuaon tadalele,l s pp. rrioncceipdaimlmieennttoe  fais pcaarlitzira ddeo rl.o Es nd actaosso rse pfleujnatduoasle es,n  slae 
 
 
dio cumplimento a este artículo. Ninguna de las tres sociedades acompañó sus cuentas rendidas 
con el certificado acreditativo de su aprobación por la junta general de accionistas, que fue 
remitido en el transcurso de la fiscalización. 
A diferencia de los cuatro ejercicios anteriores al fiscalizado, EMVISMESA rindió sus cuentas en la 
forma prevista por la legislación aplicable y de forma integrada en la Cuenta General de la CA.  
Las cuentas anuales de los OOAA, del Ente público Fundación Melilla Ciudad Monumental y del 
Consorcio Rector del Centro Universitario UNED-Melilla, entidades dependientes de la CA, fueron 
rendidas formando parte de la Cuenta General y, por tanto, dentro del plazo establecido en el 
artículo 223.2 del TRLRHL. Todas ellas se ajustan, en general, al contenido y estructura previstos 
en el régimen contable aplicable (Orden HAP/1781/2013). No obstante, las memorias rendidas no 
incluyen  el  contenido  prefijado  en  esta  Orden  en  relación  con  los  siguientes  apartados: 
organización y actividad, gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de 
colaboración, bases de presentación de las cuentas, normas de reconocimiento y valoración, 
contratación pública, información sobre el coste de las actividades, indicadores de gestión y 
hechos posteriores al cierre. 
Las cuentas de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí, aprobadas 
por el Patronato con fecha 10 de mayo de 2018, se rindieron en el mes de febrero de 2020, fuera 
del plazo previsto en el artículo 35 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas, en relación con el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
II.2.  CONTROL INTERNO 
II.2.1.  Puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional 
De acuerdo con la Disposición adicional (DA) tercera del RD-Leg. 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), los 
funcionarios públicos propios de las administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla se rigen 
por lo dispuesto en este Estatuto, por las normas de carácter reglamentario que en su desarrollo 
puedan aprobar sus Asambleas en el marco de sus estatutos respectivos, por las normas que en 
su desarrollo pueda dictar el Estado y por la Ley de Función Pública de la Administración General 
del Estado. 
Según establece el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en las Corporaciones Locales son funciones públicas reservadas a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal: 
a)  La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
b)  El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la 
contabilidad, tesorería y recaudación. 
En  2018,  los  puestos  de  Secretario  General  de  la  Ciudad,  Interventor  y  Tesorero  estaban 
cubiertos de forma accidental por funcionarios que no ostentaban el carácter señalado por la Ley. 
Si bien el puesto de trabajo de Interventor General ha sido objeto de diversas convocatorias para 
su provisión entre funcionarios para ello habilitados (la última de ellas publicada en el BOME, de 
21 de octubre de 2016) que quedaron desiertas, no ocurre así con los puestos de Secretario  es
General (última convocatoria de 2014) y Tesorero (para el cual no consta su convocatoria pública  oe.
desde 1996).   w.
Nlaos  boabssetasn etes ploe caínfictearsio dr,e p loar  cRoensvoolcuactioórnia n púamrae rloa  3co8b0e drteu rfae cphoar  1co dnec ufersbore dreo  ldae p 2la0z1a8 ,d see i nateprrvueenbtaonr 
 
general de la CA de Melilla por funcionario interino y mediante la Resolución número 1181, de 27 
de marzo de 2018, se procede a la adjudicación del puesto. 
Por último, el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2016, 
teniendo en cuenta la necesidad de contar con un puesto específico para la sustitución del 
Interventor en caso de vacante, ausencia o enfermedad, acordó la creación de una plaza de 
Viceinterventor que, a 31 de diciembre de 2018, no había sido cubierta.  
II.2.2.  La Intervención General de la CA 
Según las BBEE de la Ciudad y OOAA vigentes en el ejercicio fiscalizado (en línea con lo 
señalado en el artículo 213 del TRLRHL), en estas entidades se debían ejercer las funciones de 
control interno en su triple acepción de función interventora, control financiero y control de eficacia. 
En las sociedades mercantiles, procederían estos dos últimos controles. 
Las actuaciones a desarrollar en el ejercicio de la función interventora fiscalizadora se deben 
realizar directamente por la Intervención, correspondiéndole la dirección de las otras funciones 
citadas. 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 204 del TRLRHL a la Intervención le corresponde llevar 
y desarrollar la contabilidad y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los 
presupuestos.  
De los diversos acuerdos del Consejo de Gobierno sobre distribución de competencias entre las 
consejerías, sobre la aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo vigentes en el 
ejercicio 2018 y sobre la determinación de las unidades administrativas básicas, no se desprende 
una separación de las unidades de la Intervención que tienen encomendadas las funciones de 
contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera. Por otra parte, en relación con 
la función de control, ni en el ejercicio fiscalizado ni en 2019, se distingue el personal adscrito a 
tareas de fiscalización previa y de control a posteriori, originando todo ello una debilidad en el 
control interno.  
A 31 de diciembre de 2019 se encontraban vacantes, además de la plaza de Viceinterventor 
citada en el epígrafe anterior, los puestos de trabajo de jefe de intervención, jefaturas de sección 
de presupuestos, de contabilidad y auditoría y de jefe de control interno de fiscalización. 
Según  el  artículo  215  del  TRLRHL,  si  en  el  ejercicio  de  la  función  interventora  el  órgano 
interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, deberá 
formular sus reparos por escrito y, según el artículo 217, en caso de no ser aceptados por el 
órgano afectado, deben ser resueltos por el presidente (o, en su caso, por el Pleno). En este 
sentido, según el artículo 218 del citado Texto, el órgano interventor ha de remitir anualmente al 
Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la entidad 
local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen 
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.  
Referidos al ejercicio 2018, en noviembre de 2019 la Intervención General (IG) remitió diez 
expedientes de reparo, además de un informe resumen que incluye las principales deficiencias 
detectadas en materia de ingresos (además de otros cinco informes que las desarrollan), así como 
tres expedientes de aprobación de gasto tramitados con omisión de fiscalización previa. 
Del análisis de los mismos, destaca lo siguiente:  e.
  Un reparo formulado frente a un acto realizado en el Patronato de Turismo, fue levantado  741ww
pToRrL eRl HPLr easnidteesn tcei tdaed oe syt ee lO 1r5g adneisl mRoD  A4u2t4ó/n2o0m17o,  (dOeA )2,8 p edsee a ab rliol,  dpiosrp ueel sqtuoe p soer  erel gaurtlíac uelol  r2é1g7im deenl 
 
 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local donde se indica que la 
competencia para ello corresponde al Presidente de la entidad local o al Pleno, siendo dicha 
competencia indelegable. 
  Un reparo formulado frente a la inclusión en nómina de una trabajadora, por haberse omitido 
la fiscalización previa del contrato por el que se produjo su incorporación el 5 de diciembre de 
2016, fue elevado a firme al no plantearse discrepancias. Pese a ello, se produjeron pagos, 
aportándose durante la fiscalización documentación sobre reintegros realizados por importe de 3,7 
miles de euros. 
La base 61.3 de ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 estableció por 
primera  vez  un  sistema  de  fiscalización  limitada  previa  de  las  obligaciones  de  contenido 
económico, que consistía en la comprobación de los extremos previstos en el artículo 13.2 del RD 
424/2017. Además de los extremos previstos en las letras a) y b) del citado artículo (crédito 
adecuado y suficiente y competencia del órgano), la letra c) prevé la comprobación de “aquellos 
otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a 
propuesta del Presidente previo informe del órgano interventor”, remitiéndose en este sentido la 
Base de Ejecución del Presupuesto (BE) 61.3 al Acuerdo del Consejo de Ministros vigente a estos 
efectos. Por otra parte, tanto el artículo 13.4 del RD 424/2017 como la BE 61.4 disponen que las 
obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa serán objeto de 
otra plena con posterioridad, sin que a diciembre de 2019 se hubieran realizado tales actuaciones 
con respecto a gastos del ejercicio 2018. 
El RD 424/2017, en vigor desde el 1 de julio de 2018, prevé, en su artículo 37, que el órgano 
interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que incluirá todas aquellas 
actuaciones cuya realización derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen 
sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, 
las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles. El 28 de junio de 2018 
fue aprobado por la Intervención el Plan de fiscalización plena posterior y control financiero de 
gastos e ingresos de los ejercicios 2016 y 2017, comunicado posteriormente a la Asamblea el 3 de 
julio, lo que supone una mejora respecto a los ejercicios precedentes, en los que se advertía la 
ausencia de un programa anual de auditoría interna. A 31 de diciembre de 2019 no se había 
llegado a comunicar a la Asamblea el plan para el análisis del ejercicio 2018, si bien, en el citado 
anteriormente se incluyeron determinados controles como actuaciones no planificadas que sí se 
referían al ejercicio fiscalizado2.  
Se realizaron auditorías de cumplimiento y de cuentas anuales del ejercicio 2018 de dos de las 
tres sociedades de capital íntegramente propiedad de la CA (EMVISMESA e INMUSA), contando 
con la colaboración de firmas privadas de auditoria, posibilidad prevista en el artículo 34.3 del RD 
424/2017. La opinión de estos informes resultó desfavorable en el caso de EMVISMESA y 
favorable con salvedades en el caso de INMUSA. Por su parte, PROMESA contaba con informe 
de auditoría de cuentas anuales de 2018 realizado por firma privada, con opinión favorable, así 
como de informe de auditoría de cumplimiento realizado por la IG en colaboración con auditor 
privado. 
Por último, en virtud de los artículos 37 y 38 del RD 424/2017 y en relación con el informe 
resumen de control financiero sobre los ejercicios 2016 y 2017, fechado el 27 de septiembre de 
                                                 
2 Las citadas actuaciones fueron: 
Tipo de control  Ámbito  e.
Control financiero permanente  Contratación menor publicidad institucional  w.b
Auditoría de cumplimiento  EMVISMESA  741ww
 AAuuddiittoorrííaa  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo   IPNRMOUMSEAS A  OE-A-2021-14able en https://
 
2019, el Presidente de la CA debía formalizar un plan de acción que determinase las medidas a 
adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos manifestados, sin 
que, a 1 de febrero de 2020, el citado plan de acción se hubiera formalizado. 
II.2.3.  Instrumentos de control de la gestión de gastos y pagos 
A)  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CIUDAD 
El Presupuesto General de la CA para 2018 fue aprobado definitivamente el 23 de enero de 2018, 
fuera del plazo previsto en el artículo 169.2 del TRLRHL, donde se prevé su aprobación con 
anterioridad al 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Este es el 
tercer ejercicio consecutivo donde tal aprobación tiene lugar fuera del plazo señalado en dicho 
artículo, si bien se ha ido reduciendo el tiempo de demora (el del ejercicio anterior fue aprobado el 
6 de abril de 2017 y el de 2016 el 1 de marzo de 2016). 
Con relación a la documentación que ha de unirse a los Presupuestos Generales, una vez 
formados estos, conforme prevé el TRLRHL, cabe señalar lo siguiente: 
  El presupuesto no incluía el anexo con los planes y programas de inversión y financiación 
(para un plazo de cuatro años), que se hubiera podido formular conforme prevé el artículo 166.1.a 
del TRLRHL. La elaboración de este anexo, en el que se integraría el de inversiones, serviría para 
dotar de mayor claridad y transparencia a las obligaciones y derechos a reconocer durante el 
ejercicio presupuestado. 
  Aunque  el  informe  económico-financiero  debía  contener  las  bases  utilizadas  para  la 
evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos 
para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los 
servicios,  no  se  incluyeron  cálculos  o  estudios  que  cuantificasen  gran  parte  de  las  cifras 
presupuestadas,  explicándose  las  mismas  en  función  de  su  variación  respecto  de  las 
presupuestadas  en  el  ejercicio  anterior  o  por  remisión  a  estudios  efectuados  por  diversas 
unidades administrativas de la Ciudad (que no se adjuntan). Tampoco se tuvo en cuenta que en el 
ejercicio  2017  habían  quedado  obligaciones  pendientes  de  aplicar  al  presupuesto,  lo  que 
implicaría la insuficiencia de los créditos previstos para atender las obligaciones exigibles. 
  El  anexo  de  inversiones  adjunto  a  los  presupuestos  no  contenía  determinados  datos 
previstos (código de identificación o año de inicio y de finalización de estas), lo que dificulta 
realizar un adecuado seguimiento y control de las inversiones y su financiación, en los términos 
indicados en la Sentencia número 3816/2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que se anuló la aprobación definitiva de los 
Presupuestos de la Ciudad de 2010. 
Las modificaciones cuantitativas sobre el presupuesto aprobado en 2018 ascendieron al 25,4 %, 
destacando los capítulos 1, 6 y 7 de gastos, con una modificación sobre los créditos iniciales del 
15 % (12.358 miles de euros) el primero, del 211 % (38.892 miles) el segundo y del 153 % (9.918 
miles)  el  tercero.  De  forma  similar,  pero  en  el  presupuesto  de  ingresos,  las  transferencias 
corrientes a recibir inicialmente previstas se incrementaron en un 13 % (16.907 miles de euros), 
las enajenaciones de inversiones reales un 139 % (6.245 miles), las transferencias de capital un 
216 % (19.634 miles) y los ingresos previstos por enajenación de activos financieros un 5.590 % 
(25.153 miles). Las variaciones presupuestarias significativas afectan negativamente a la precisión 
en la planificación de las actividades a realizar durante el ejercicio.  s
 
 
B)  PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
Los  presupuestos  de  los  OOAA  (Patronato  de  Turismo  e  Instituto  de  las  Culturas)  no 
acompañaron  la  documentación  que  exige  el  artículo  168  del  TRLRHL  que  se  relaciona  a 
continuación: 
  Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en 
relación con el vigente. 
  Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la 
evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos 
para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los 
servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. 
Por otra parte, en los Presupuestos Generales de la Ciudad se incluyó la previsión de ingresos y 
gastos de las sociedades mercantiles, sin adecuarse estrictamente a la estructura prevista en el 
artículo 112 del RD 500/1990, según el cual deberían contener los estados de la cuenta de 
explotación, la cuenta de otros resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias y el presupuesto de 
capital, si bien, con carácter general, los documentos presentados cumplen los requerimientos 
correspondientes a tales estados. 
II.2.4.  Instrumentos de control de la gestión de ingresos y cobros 
A)  GESTIÓN  DEL  IMPUESTO  SOBRE  LA  PRODUCCIÓN,  LOS  SERVICIOS  Y  LA 
IMPORTACIÓN (IPSI), MODALIDAD IMPORTACIÓN 
Por Decreto número 2018000138, de fecha 17 de julio de 2018, se publicó la Ordenanza Fiscal 
reguladora del IPSI (modalidad Importación y Gravámenes Complementarios aplicables sobre las 
labores del tabaco y ciertos carburantes y combustibles) en la CA, tras la modificación operada 
sobre la existente desde 2015. 
Según dispone el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a 
la modificación del Decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad, 
en  el  ejercicio  fiscalizado  correspondía  a  la  Consejería  Hacienda  la  gestión,  impulsión, 
administración e inspección de la gestión de los recursos. En la estructura fijada para dicha 
Consejería aparece la Dirección General de Importación y Gravámenes Complementarios, si bien 
no se había dictado una norma de detalle en la que se fijasen las competencias que, en particular, 
debían asumir cada uno de los órganos incluidos en dicha estructura.  
Analizado el procedimiento general aplicado por dicha Dirección General para la gestión del IPSI, 
en las citadas modalidades, cabe señalar las siguientes cuestiones: 
  El artículo 30 de la Ordenanza indica que la determinación de la base imponible ha de 
quedar delimitada por el valor en Aduana. A este respecto, aunque este artículo determina que la 
factura de compra en función de la cual se cumplimenta el Documento Único Aduanero sirve de 
elemento de juicio, pero en ningún caso, como único justificante del valor, no se ha acreditado la 
incorporación de otras valoraciones a los expedientes. 
  Si bien el artículo 38 de la Ordenanza habilita el derecho a la devolución total de las cuotas 
pagadas en la importación a los sujetos pasivos que efectúen envíos o exportaciones con carácter  s
definitivo al territorio peninsular, Islas Baleares, Ceuta, Canarias o al extranjero, respecto de los  e.
bienes efectivamente exportados o remitidos fuera del ámbito territorial de la Ciudad, siempre que  w.
se trate de expediciones de carácter comercial, la CA no contaba con un protocolo debidamente  741ww
aprobado para la comprobación física de que la mercancía a exportar es coincidente con la
 
importada y cuya devolución de impuestos se solicita. Tampoco queda constancia registral de los 
resultados de las verificaciones que se llevaron a cabo en este sentido. 
  Se  ha  facilitado  un  listado  de  las  106  inspecciones  realizadas  sobre  los  productos 
importados,  sin  que  en  el  mismo  aparezca  el  resultado  de  las  mismas.  Tampoco  quedan 
identificados los criterios (fijados en algún plan o protocolo de inspección para el ejercicio) a los 
que dichas actuaciones respondan. 
  En el presupuesto de 2018 figuraban créditos para la adaptación de la aplicación informática 
soporte de la gestión del IPSI Importación a la normativa de la administración electrónica, sin que 
este proyecto se llegara a acometer ni en el ejercicio fiscalizado ni en el siguiente. Esta nueva 
aplicación debía solventar las debilidades que presenta la gestión actual, donde parte de la 
información utilizada se recibe en papel. Adicionalmente, la aplicación en funcionamiento en el 
ejercicio fiscalizado no dispone de conexión automatizada con el sistema de gestión contable de la 
CA, por lo que debe realizarse una descarga manual de los ficheros con los datos relativos al 
impuesto, para ser incorporados a este último.  
  La citada Dirección General cuenta con un Negociado de Caja sito en sus dependencias, 
encargado de los expedientes de exportación, devoluciones, altas y devoluciones de garantías, y 
otros trámites administrativos, sin que se disponga de normas escritas y debidamente aprobadas 
en relación con los arqueos de caja, ingresos de efectivo en entidades bancarias o segregación de 
funciones entre las personas habilitadas para realizar las operaciones.  
B)  PLAN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA  
Por Orden número 2175, de fecha 9 de julio de 2018, de la Consejería de Hacienda, se aprueba el 
Plan de Inspección Tributaria de CA para dicho año y, dado que el ejercicio sobre el que han de 
realizarse las actuaciones es el 2018, parece oportuno no demorar la aprobación del plan de 
control hasta mitad del ejercicio, para que pueda estar vigente desde los primeros meses del año. 
En el informe sobre las actuaciones de control realizadas por la Inspección tributaria de la Ciudad 
se procede a su valoración mediante la comparación con los resultados obtenidos en los ejercicios 
anteriores, sin que se contrasten dichos resultados con los objetivos que debieran alcanzarse y 
que habrían de derivar del Plan de Inspección del año correspondiente, documento donde no se 
cuantifican. Por lo que se refiere a 2018, el número de actuaciones realizadas se incrementa en 
un 71 % respecto de las realizadas en 2017, año en el que disminuyeron un 55 % respecto a 
2016, según el propio plan de 2017 por la demorada aprobación del mismo en el mes de julio, 
hecho que sin embargo también acontece en 2018. También destaca el hecho de que, en tres de 
los siete programas de actuación previstos, no se realizaron actuaciones de ningún tipo. Los 
derechos contraídos derivados de liquidaciones y sanciones tributarias (855 miles de euros), son 
muy superiores a los de los ejercicios 2016 y 2017 (33 % y 31 %, respectivamente), tal como se 
muestra en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 2.   PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL 
Ejercicio  2016  2017  2018 
Número de actuaciones  371  166  284 
Derechos contraídos (miles de euros)  643  654  855 
Ratio (2) / (1)  1,73  3,94  3,01  oe.
Afudnecmioánsa,r ioc adbeel  sudbegsrtaucpaor  Ae1l,  orterdou dceidl oA 2n yú mdoesr od edl eC 2e),f eucntiov omse ncoosn  qquuee e nc ueel netjear ceicsitoa  pruencideadde nt(eu.n 
 
 
C)  TASAS 
No se ha acreditado la existencia del informe técnico-económico previsto en el artículo 25 del 
TRLRHL, relativo a la cuantía de las tasas establecidas por la Ciudad y que debió emitirse en el 
momento del establecimiento o revisión de cada una de ellas3. Tal como señala la Sentencia del 
Tribunal Supremo 2198/2016, el informe económico financiero no es un mero requisito formal, es 
un instrumento de principal importancia para la determinación directa de la cuantía de la deuda 
tributaria… La necesidad de garantizar el principio de seguridad jurídica y el de equivalencia 
comporta que el informe económico financiero en los casos de incremento de la cuantía de la tasa 
deba de justificar los mismos así como el porcentaje. 
Por otro lado, el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por distribución de agua 
prevé una bonificación del 50 % sobre la tarifa del agua a los sujetos pasivos que, al momento de 
producirse el devengo y previa petición, se encuentren en una serie de supuestos, sin que la 
Ordenanza especifique cuándo se produce dicho devengo. 
D)  PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN 
Según lo dispuesto en el artículo 8.3 del TRLRHL, las actuaciones en materia de inspección o 
recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de una entidad local en relación 
con los ingresos de derecho público propios de esta, deben ser practicadas por los órganos 
competentes del Estado previa solicitud del presidente de la corporación.  
En el ejercicio fiscalizado no se disponía de ningún convenio de colaboración para articular este 
mecanismo,  existiendo,  al  cierre  del  mismo,  deudas  tributarias  por  el  IPSI  pendientes  de 
recaudación,  por  importe  de  al  menos  135  miles  de  euros,  que  correspondían  a  obligados 
tributarios con domicilio en la península. 
No obstante lo anterior, con fecha 21 de noviembre de 2019, el Pleno de la Asamblea de la CA 
aprobó la solicitud de adhesión al Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los 
recursos  de  derecho  público  de  las  corporaciones  locales,  de  fecha  12  de  abril  de  2019, 
produciéndose la aceptación con fecha 23 de enero de 2020.  
E)  IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
En el informe de control financiero de gastos e ingresos 2016 y 2017, emitido por la IG con fecha 
27 de septiembre de 2019, se recomienda que, en la aplicación informática utilizada para la 
gestión de dicho tributo, se habilite alguna fórmula que permita el control sobre los límites 
temporales de las exenciones concedidas. 
II.2.5.  Inventario 
La CA disponía de un inventario informatizado que incluía los bienes adquiridos hasta 2011. A 
partir de ese ejercicio, se contaba con un soporte separado de las altas y bajas de los ejercicios, 
no integrado en el anterior. El citado inventario, presentado por primera vez en el ejercicio 2010, 
no presentaba una conexión automática con el sistema contable. 
El inventario no estaba actualizado en cuanto al movimiento de bienes muebles, respecto de los 
cuales la CA no acreditó la existencia de procedimientos de control. 
                                                  e.
3 La CA indica en sus alegaciones que, al no haberse acordado en el ejercicio 2018 el establecimiento de ninguna tasa  w.b
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los  741ww
ntaéuucesneviconosc- iaes cdeoernv óricemimoiscis,o i óndnie  d mleoo sldo cisfoi cdnaotdecomu mplalea ndctooussa  neqtnuía ee  lsd aierrv tiíencriunolgnou  d2ne5a   bTdaResLe R,la eHsnL   ysNauo  m aocobomsrtdeaanndttoea,,s  p,e annr aoe  ls suIne if mohrpmao esr iecsaieól inpz aoodn moe  odndeiin fimgcúaancni iófiinne.fs otrom lae 
 
Por último, el inventario no recogía la información sobre el patrimonio público del suelo como 
documentación separada. 
De todo ello se deduce que, durante el ejercicio fiscalizado, el inventario continuaba sin dar el 
adecuado soporte a la contabilidad. 
En septiembre de 2018 la CA informó del desarrollo de un nuevo sistema informatizado para el 
inventario con conexión al sistema contable, sin que se haya acreditado su implantación al cierre 
del ejercicio 2019. 
II.2.6.  Protección del Patrimonio documental 
El Reglamento de protección del Patrimonio documental melillense y del sistema archivístico de la 
CA fue aprobado mediante Decreto de 22 de noviembre de 2012. Según el mismo, la Consejería 
de Cultura debe garantizar que los edificios y locales en donde se ubiquen los Archivos General e 
Histórico tengan las condiciones de instalación y equipamiento óptimos para realizar una correcta 
conservación de la documentación en ellos custodiada. Para ello, los directores o encargados de 
los Archivos realizarán controles periódicos sobre el estado de las instalaciones, el equipamiento y 
los  soportes  documentales,  informando  a  la  Dirección  del  Sistema  de  cualquier  hecho  que 
consideren importante, al igual que de las posibilidades de reproducción y restauración que 
consideren oportunas para una correcta conservación de los fondos, sin que se haya acreditado la 
existencia de procedimientos aprobados para instrumentar los controles periódicos anteriores y 
trasladar sus resultados.  
II.2.7.  Servicios a los ciudadanos y racionalización de los procedimientos administrativos 
A)  CARTAS DE SERVICIOS 
Según el artículo 10 del Reglamento de elaboración de cartas de servicios de la CA, la Consejería 
con la competencia en calidad de los servicios debe presentar anualmente una evaluación global 
de los compromisos incluidos en las cartas de servicios. A tal efecto, la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas elaboró el informe de evaluación global del ejercicio 2018 
(fechado en marzo de 2019), del que se desprenden las siguientes cuestiones: 
  Al igual que en el ejercicio precedente, se contaba con cartas relativas a 43 servicios, sin 
que se ponga de manifiesto si existen cartas pendientes de aprobar, a diferencia del ejercicio 
anterior,  donde  se  indicó  que  quedaban  pendientes  de  aprobar  las  referentes  a  gestión 
urbanística-licencias y limpieza viaria. 
  Se propone la revisión de los compromisos e indicadores de diversas cartas de servicios por 
motivos  tales  como  la  imposibilidad  de  realización,  error  en  la  determinación  o  definición, 
extinción, y, con carácter general, la introducción de nuevos indicadores. 
  Se pretende como mejora la incorporación de servicios certificados con la Norma UNE EN 
ISO 9001:2015 al circuito de Cartas de Servicio de la CA. 
  Según el informe anual de quejas y sugerencias correspondiente al año 2018, las quejas 
presentadas ante la Administración de la CA disminuyeron desde las 321 de 2016 a las 208 de 
2018. De estas últimas, 75 correspondían a servicios que cuentan con carta de servicios. 
B)  SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  o
Eqduel e RG edogeblraoiemgrane one tlo hv adig eedl neGt eop bhroiaecsrentado e layr   fdaee cl ahla a a A(padrpmorboinabicsaitdóraonc  eidónen l1  d9ce9a 6tláa)l, o CpgAroe, v daéep e ronsbi msaudp olDif iAecla  p2cri7ióm nde,e r raea nqceiuoreno a edlli ezCa 2oc0nió1sn7e  joyy    2021-14741n https://ww
 
 
normalización de procedimientos dicho catálogo, sin que ello se hubiera llevado a efecto a 31 de 
diciembre de 2018. 
C)  PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE MELILLA  
Con el marco de referencia temporal del periodo 2012-2015 se aprobó el III Plan de Calidad y 
Modernización de la CA, como documento de referencia en materia de innovación, calidad, 
transparencia y mejora de los servicios públicos de la Ciudad. Este plan sucedió a los vigentes en 
los intervalos 2004-2007 y 2008-2011. Entre sus ejes destacaban el dedicado a la calidad total de 
los servicios y el de racionalización y participación activa de los empleados públicos. 
Tras  la  conclusión  del  mismo  no  se  ha  aprobado  un  nuevo  plan,  indicando  la  CA  en  las 
alegaciones al presente Informe que “en la valoración del criterio de oportunidad de aprobarlo, se 
concluyó, conforme a los principios de eficacia y eficiencia, la no aprobación de un instrumento 
que se consideró caduco y superado por la normativa estatal referenciada y la consecución de los 
objetivos que tales Planes venían contemplando”.  
II.2.8.  Sistema de supervisión continua 
La CA no realizó actuaciones durante el ejercicio fiscalizado que dieran cumplimiento al artículo 
81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual, 
todas las Administraciones Públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus 
entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron 
su  creación  y  su  sostenibilidad  financiera,  y  que  deberá  incluir  la  formulación  expresa  de 
propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. 
II.2.9.  Política de seguridad en la utilización de medios electrónicos (PS)  
El artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, indica que el Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS) tiene por objeto establecer la PS en el ámbito de la citada Ley, y está constituido por los 
principios  básicos  y  requisitos  mínimos  que  garanticen  adecuadamente  la  seguridad  de  la 
información tratada. El RD 3/2010, de 8 de enero, regula el ENS, teniendo por objeto determinar la 
PS que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. 
En los informes precedentes de fiscalización de la CA se pusieron de manifiesto una serie de 
debilidades y deficiencias en la correcta aplicación del ENS, algunas de las cuales extendían sus 
efectos al ejercicio fiscalizado: 
  La PS de la CA fue aprobada por el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 16 de 
diciembre  de  2013,  sin  que  se  contara,  al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado,  con  desarrollos 
formalmente  aprobados,  ni  desde  un  punto  de  vista  técnico  ni  por  sectores  de  actividad 
específicos, tal como prevén el artículo 11 del RD 3/2010 y el punto 9 de la PS. En este último se 
indicaba que, para el desarrollo de dicha política, debían utilizarse los reglamentos del Consejo de 
Gobierno y las guías de seguridad, aprobadas por el Comité de Seguridad en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (Comité STIC)4. 
                                                  b
4 La CA indicó que, siguiendo lo señalado en los informes precedentes del Tribunal de Cuentas, ha procedido a la  741ww
mGla oorbediiaefilrcidnaaocd ieó jnnu  rsíddeeisc iaóla,n  f Pudneoc lí8itoi cdnaea  lmd yea o ySroge adgneui zr2iad0ta1ivd9a   (ddBeeO  llMaa  ECC AEA”x , dtereal  ocMrudaeilnl isallearir,o á a napúnrmoableizaroan dd1oo5   edunen  p 1no5us etdeveroi om rteaesyx otfoi sd cpeao 2lriz0 ap1ca9ir)ot,e n“ eqdsue.e l  sCeo andseecjoú ad ae 
 
  Sin perjuicio de los mecanismos y prácticas utilizadas, no se contaba con procedimientos 
formalmente aprobados para la gestión de incidentes de seguridad5. Por su parte, la valoración de 
referencia para el análisis de riesgos que debía realizar el Comité STIC, según el punto 8 de la 
PS, no fue aprobada hasta el 21 de diciembre de 2018.  
  El responsable de seguridad no había aún formalizado las declaraciones de aplicabilidad 
previstas en el artículo 27 del RD, con las medidas de seguridad a aplicar sobre los sistemas 
afectados por el ENS6. 
II.3.  CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ENTES ADMINISTRATIVOS 
Durante el ejercicio fiscalizado, la Administración General y cuatro entidades (dos OOAA, un ente 
público y consorcio) configuraban el sector público administrativo. Las cuentas anuales rendidas 
se presentaron, en general, de acuerdo con los principios y normas definidos en los planes de 
contabilidad y en la normativa económico-financiera que rige la gestión de los presupuestos, 
poniéndose de manifiesto una serie de observaciones en los apartados siguientes. 
II.3.1.  Gestión presupuestaria de la Administración General 
A continuación, se resumen los créditos y previsiones iniciales y finales de los estados de los 
gastos e ingresos, así como su variación respecto del ejercicio anterior. 
CUADRO Nº 3.   CRÉDITOS/PREVISIONES INICIALES/FINALES DE LOS ESTADOS DE 
GASTOS E INGRESOS DE LA CA 
(miles de euros) 
Incremento respecto ejercicio 
Créditos/  Créditos/  anterior (%) 
Modificaciones 
  Previsiones  netas  Previsiones 
iniciales  finales  Créditos  Créditos 
iniciales  finales 
Total Gastos  267.204  67.939  335.143  2,9  9,9 
Derechos a liquidar  247.492  45.503  292.995  4,1  11,1 
Pasivos financieros  9.670  0  9.670  (20)  (20) 
Total Ingresos  267.204  67.939  335.143  2,9  9,9 
El desglose por capítulos se refleja en los anexos II.1-3 y II.1-5. 
                                                 
5 En las alegaciones, la CA recoge que, con posterioridad al ejercicio fiscalizado y en sesión celebrada el 9 de abril del  e.e
2019, el Comité STIC aprobó la guía del procedimiento y de normativa de gestión de incidencias en el ámbito de la  bo
seguridad.  741www.
62la 1P C edAsee.  d  aic qieumeb erne  ldaes  2a0le1g8a, ceiol dnoecsu sme ehnatcoe s roepfoerrteen dciea  rae flear efonrcmiaa lnizoa hciaó np oddei dlaos s deer cvlearriaficciaodnoe sm deed iaapnltieca ebl ilCidSaVd  efanc islietasdióon p doer 
 
 
A)  MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
En los anexos II.1-1 y II.1-2 se recogen las modificaciones de los créditos presupuestarios 
realizadas durante 2018, atendiendo a su clasificación económica y orgánica, respectivamente, y 
relativas exclusivamente a la Administración General. 
Las modificaciones han supuesto un aumento de los créditos iniciales de 67.939 miles de euros en 
2018 (25,4 % más que la previsión inicial). Destaca el capítulo 6, con una variación neta de sus 
créditos iniciales del 211 % (38.892 miles de euros) como consecuencia en gran medida de la 
incorporación de los remanentes de crédito del ejercicio anterior por importe de 24.760 miles de 
euros, debido a la baja ejecución presupuestaria que viene teniendo este capítulo, hecho ya 
advertido en fiscalizaciones previas sobre esta CA; también es destacable la aprobación de un 
crédito extraordinario, por importe de 12.993 miles de euros, destinado a financiar inversiones 
financieramente sostenibles previstas en la DA sexta de la LOEPSF.  
El  capítulo  1  presenta  unas  modificaciones  de  12.358  miles  de  euros,  que  supusieron  un 
incremento respecto de los créditos inicialmente aprobados del 15 %, debido en gran medida al 
expediente de generación de crédito 4713/2018, por importe de 11.900 miles de euros, destinado 
a financiar los Planes de Empleo 2018/2019.  
En el capítulo 7, los créditos inicialmente previstos se incrementaron en 9.918 miles de euros (un 
153 %), debido a la generación de crédito por importe de 6.245 miles de euros procedente de 
EMVISMESA que se menciona más adelante y se detalla en el epígrafe II.4.2, así como a 
incorporaciones de remanentes de crédito, por un importe total de 3.683 miles de euros, de los 
que 1.736 miles corresponden a ayudas para el desarrollo e innovación empresarial financiadas 
con fondos FEDER y el resto a las ayudas establecidas como consecuencia del terremoto sufrido 
en la CA en enero de 2016.  
La distribución por tipos de modificaciones, recogida en la Cuenta General, aparece en el cuadro 
siguiente. 
CUADRO Nº 4.   DISTRIBUCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
(miles de euros) 
2018 
Tipo 
Nº expedientes  Importe 
-  Créditos extraordinarios y suplementos de crédito  2  14.613 
-  Ampliaciones de crédito  1  97 
-  Transferencias de crédito  18  ±6.024 
-  Créditos generados por ingresos  17  22.193 
-  Incorporaciones de remanentes de crédito  1  31.036 
Total  39  67.939 
El mayor peso relativo corresponde a las incorporaciones de crédito, que representan un 46 % del 
total de modificaciones netas, tramitadas conjuntamente en el expediente 20537/2018 y por 
importe de 31.036 miles de euros, que se destinó a la incorporación de remanentes para gastos  es
con  financiación  afectada  (FC,  Programa  Operativo  del  Fondo  Social  Europeo  2014-2020  y  bo
Programa Operativo FEDER Melilla 2014-2020).  741ww
 
Las anteriores modificaciones originadas en el presupuesto de gastos fueron financiadas por las 
siguientes fuentes. 
CUADRO Nº 5.   FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ORIGINADAS EN 
EL PRESUPUESTO DE GASTOS 
(miles de euros) 
Créditos 
Créditos  Incorporaciones 
extraordinarios  Ampliaciones 
Recursos  generados por  remanentes de  Total 
y suplementos  de crédito 
ingresos  crédito 
de crédito 
Remanente  de  Tesorería  14.613  0  0  3.281  17.894 
(financiación no afectada) 
Remanente  de  Tesorería  0  0  0  13.716  13.716 
(financiación afectada) 
      FCI  0  0  0  6.458  6.458 
      Aportaciones públicas  0  0  0  7.258  7.258 
Aportaciones públicas  0  97  22.193  14.039  36.329 
Aportaciones privadas  0  0  0  0  0 
Total  14.613  97  22.193  31.036  67.939 
La principal fuente de financiación procede de las aportaciones públicas recibidas durante el 
ejercicio, para financiar todas las generaciones de crédito (con fondos procedentes del Estado en 
su mayor parte, como la destinada a los Planes de Empleo por 11.900 miles de euros, además de 
los procedentes de EMVISMESA por 6.245 miles de euros) y gran parte de las incorporaciones 
(con fondos europeos), así como la única ampliación de crédito tramitada durante el ejercicio (con 
fondos del Fondo Social Europeo, Programa Operativo 2014-2020, Iniciativa Empleo Juvenil). 
También es significativa la financiación a través de remanentes de tesorería afectados, por un 
total de 13.716 miles de euros. 
Si bien de la documentación obrante en los expedientes se ha contrastado el cumplimiento de los 
requisitos de tramitación establecidos por la normativa reguladora de la materia, parece oportuna 
la inclusión en las BBEE de los aspectos necesarios para unificar tanto la tramitación como la 
contabilización y documentación a incluir en cada expediente, dado que en los últimos años las 
disposiciones  presupuestarias  del  TRLRHL  no  han  sido  objeto  de  actualización,  quedando 
desfasadas sobre las disposiciones de la Ley General Presupuestaria en esta materia. 
El expediente de crédito extraordinario 26936/2018, por importe de 12.993 miles de euros, se 
destina a créditos para inversiones financieramente sostenibles, previstas en la DA sexta de la 
LOEPSF, en relación con el destino del superávit presupuestario correspondiente al ejercicio 
2017, y reguladas en la DA decimosexta del TRLRHL, modificada en relación con el ámbito 
objetivo  por  el  Real  Decreto-Ley  (RD-L)  1/2018,  de  23  de  marzo.  Una  de  las  aplicaciones 
presupuestarias incluidas en el expediente, por importe de 500 miles de euros, tiene reflejo 
presupuestario en el grupo de programas 155, no previsto en la citada normativa ni en la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
EELL.  
Por otra parte, aunque el RD-L 1/2018 prevé que, en los proyectos de inversión que no pudieran  bo
ejecutarse íntegramente en 2018 (tal como dispone el apartado 5 de la DA decimosexta del  741ww
TejReLrcRicHioL )2, 0la1 9p a(fritnea rnecsiátanndtoes dee cl ogna sctaor gaou taolr irzeamdoa neenn 2te0 1d8e  stees pooredrrííaa) ,c olam CpAro nmoe ltleerg yó  rae ccoonmopcreorm eent eerl 
 
 
gastos ni a reconocer obligaciones derivadas de los proyectos señalados durante el ejercicio 
fiscalizado. 
El expediente de suplemento de crédito 21287/2018, por importe de 1.620 miles de euros, viene 
precedido  del  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  aprobado  en  el  ejercicio  para  la 
Administración General en orden a evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. 
No obstante, en el caso de gastos de ejercicios anteriores que contaban con consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente en el ejercicio de procedencia, pudieron haberse tramitado 
incorporaciones de crédito de acuerdo con los artículos 26.2.b y 47.1.b del RD 500/1990, en lugar 
de acudir al procedimiento que la CA siguió. 
En el sentido señalado, las BBEE para el ejercicio 2019 ya incorporan la previsión de que el 
reconocimiento extrajudicial de créditos procede en aquellos casos en que “existan gastos de 
ejercicios anteriores que no deriven de compromisos de gasto debidamente adquiridos y que no 
exista dotación presupuestaria vinculada al reconocimiento de la obligación”. Si bien la figura del 
reconocimiento extrajudicial de crédito está expresamente recogida en la normativa aplicable, su 
tramitación supone la falta de seguimiento del principio de anualidad presupuestaria recogido en 
los artículos 176.1 TRLHL y 26.1 del RD 500/1990. 
Entre las generaciones de crédito destaca el expediente 40848/2018, por importe de 6.245 miles 
de euros, como consecuencia del ingreso procedente de EMVISMESA con el fin de atender el 
requerimiento de reintegro por parte del Ministerio de Fomento de una subvención recibida del 
Ministerio de Fomento, en el marco del Plan Estatal de la Vivienda y Rehabilitación 2009/2012 y 
anteriores, como se describe en el epígrafe II.4.2.  
Adicionalmente, por su importe, cabe citar las siguientes generaciones de crédito: 
  Expediente 4713/2018, por importe de 11.900 miles de euros, tramitado como consecuencia 
del ingreso del Servicio Público de Empleo Estatal correspondiente a la subvención Plan de 
Empleo a la CA 2018. 
  Expediente  28808/2018,  por  importe  de  795  miles  de  euros,  consecuencia  de  la 
transferencia del Tesoro Público correspondiente a la concesión de ayudas para actuaciones de 
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con cargo al programa del 1,5 % 
cultural del Ministerio de Fomento. 
  Expediente  39255/2028,  por  importe  de  864  miles  de  euros,  por  la  transferencia  del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el desarrollo durante 2018 del Pacto de 
Estado para la Violencia de Género. 
En 2018, se tramitó un solo expediente de incorporación de crédito, por importe de 31.036 miles 
de euros, sin que se distingan los saldos de disposiciones de gasto, autorizaciones y resto de 
créditos con referencia al ejercicio anterior, contenido que debería incluirse en el estado a elaborar 
por la Intervención a que hace referencia el apartado primero de la BE número 14. Tampoco se ha 
podido comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 182 del TRLRHL, puesto que no 
se especifica, por un lado, el supuesto en el que se ampara la incorporación y, por otro, el tipo de 
financiación que se destina a cada uno de los créditos incorporados. 
 
B)  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
1)  Análisis global 
A continuación, se detalla por capítulos la ejecución del presupuesto de gastos. 
CUADRO Nº 6.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (POR CAPÍTULOS) 
(miles de euros) 
(%) 
Créditos Obligaciones  Incremento  Desviación  (%)  (%) 
Capítulos  finales  reconocidas  obligaciones  Pagos  Grado de 
(A – B)  Ejecución 
(A)  (B)  ejercicio  cumplimiento 
anterior 
1.  Gastos de personal  95.288  74.508  8  20.780  78  74.387  100 
2.  Gastos  corrientes  en 
101.906  92.936  0  8.970  91  75.875  82 
  bienes y servicios 
3.  Gastos financieros  1.620  910  (56)  710  56  899  99 
4.  Transferencias 
51.210  47.464  4  3.746  93  41.724  88 
corrientes 
5.  Fondo de contingencia  300  0  0   300  0  0  0 
6.  Inversiones reales  57.282  24.666  156  32.616  43  21.021  85 
7.  Transferencias  de 
16.389  10.211  173  6.178  62  3.288  32 
capital 
8.  Activos financieros  450  384  28  66  85  373  97 
9.  Pasivos financieros  10.698  10.698  (60)  0  100  10.698  100 
Total  335.143  261.777  5  73.366  78  228.265  87 
El grado de ejecución del presupuesto de gastos ascendió al 78 %. En términos absolutos la 
desviación más importante (32.616 miles de euros), se produjo en el capítulo 6, con un grado de 
ejecución del 43 %. En relación con el “Fondo de contingencia”, su dotación testimonial no fue 
utilizada para la financiación de ninguna de las modificaciones presupuestarias realizadas durante 
el ejercicio. 
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio experimentaron un incremento del 5 % respecto del 
ejercicio  anterior,  destacando  los  incrementos  de  los  capítulos  6  y  7  (156 %  y  173 %, 
respectivamente). En cuanto al capítulo 6, el incremento es consecuencia de una mayor ejecución 
del  presupuesto,  tanto  de  créditos  dotados  inicialmente  como  de  las  incorporaciones  de 
remanentes de ejercicios anteriores, dando lugar estos últimos al reconocimiento de obligaciones 
por  13.981  miles  de  euros.  El  incremento  del  capítulo  7  se  debe  fundamentalmente  a  la 
imputación a dicho capítulo del reintegro de una subvención recibida del Ministerio de Fomento, 
en el marco del Plan Estatal de la Vivienda y Rehabilitación 2009/2012 y anteriores, por importe 
de 6.245 miles de euros. Además, las obligaciones del capítulo 1 aumentaron un 8 % en relación 
con las de 2017, según se detalla en el epígrafe II.6.3. Las obligaciones de los capítulos 3 y 9 
disminuyeron un 56 % y un 60 %, respectivamente, como consecuencia de la menor amortización 
de deuda respecto a 2017. 
2)  Análisis de las obligaciones reconocidas  bo
Sgaes thoasn,  eenx afmunincaiódno  doeb lilgoasc iroiensegso sre caodnvoecrtiiddaoss  eyn  ddei felaresn tdeesf icaiepnlicciaacsi ondeeste cdtaedl apsr eesnu puejeesrtcoic idoes   2021-14741n https://ww
 
 
precedentes. Del análisis realizado sobre su tramitación y contabilización se desprenden las 
siguientes cuestiones: 
a)  Con carácter mayoritario, se tramitan documentos ADO y ADOP después de que sean 
efectivas la realización de la obra o la prestación del servicio contratados, en lugar de expedir 
previamente documentos AD al conocer el adjudicatario y el importe exacto del gasto o el importe 
del gasto imputable al ejercicio, incumpliendo el procedimiento administrativo establecido en las 
BBEE 20 a 24. El procedimiento seguido impide obtener información adecuada en cada momento 
del  estado  de  ejecución  del  presupuesto  y,  en  particular,  de  los  saldos  efectivamente 
comprometidos. 
b)  El artículo 176 del TRLRHL, sobre temporalidad de los créditos, dispone que con cargo a los 
créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo podrán contraerse obligaciones derivadas 
de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el 
año natural del propio ejercicio presupuestario. Pese a ello, la Asamblea de la CA, en el ejercicio 
de las competencias reconocidas en el artículo 60.2 del RD 500/1990, aprobó en 2018 un 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito (y posterior imputación al presupuesto de 
2018)  de  gastos  devengados  y  para  los  que  procedía  su  imputación  presupuestaria  con 
anterioridad a dicho ejercicio, por importe de 1.620 miles de euros, financiado con remanente de 
tesorería a través de un suplemento de crédito por dicho importe. 
Si bien el artículo 26.2 del citado RD determina que, no obstante la regla general de imputación 
presupuestaria, pueden aplicarse a los créditos del presupuesto vigente los gastos derivados del 
reconocimiento extrajudicial de créditos, ello pone de manifiesto el incumplimiento del principio de 
anualidad recogido tanto en el artículo 176 del TRLRHL como en el 26.1 del RD 500/1990. El 
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  ha  de  constituir  una  actuación  excepcional,  que,  sin 
embargo, viene utilizándose de forma habitual y recurrente en la CA en los últimos años. 
A 1 de enero de 2018, la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto” presentaba un saldo de 1.620 miles de euros, importe por el que fue tramitado un 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Así, estos gastos fueron imputados al 
presupuesto  de  2018.  El  saldo  a  31  de  diciembre  ascendió  a  2.696  miles  de  euros, 
correspondiendo a gastos que, habiéndose contabilizado durante el ejercicio, no se imputaron al 
presupuesto debiendo hacerlo. 
c)  Los siguientes gastos se imputaron de forma incorrecta al concepto “151 Gratificaciones”, 
previsto para “retribuciones de carácter excepcional reconocidas por servicios extraordinarios 
prestados fuera de la jornada normal de trabajo”, según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL: 
  El abono de una liquidación de 8 miles de euros practicada por la AEAT como consecuencia 
de un error en el porcentaje de retención aplicado a veintiséis trabajadores en 2016 (como se 
describe en el subepígrafe II.6.3.A). 
  El abono de dos indemnizaciones por viudedad, por un importe total de 47 miles de euros. 
  Abonos por indemnizaciones consecuencia de dos sentencias judiciales por un importe total 
de 2 miles de euros. 
  Dietas de viajes por importe de, al menos, 55 miles de euros. 
  Ayudas al estudio por importe de, al menos, 33 miles de euros.  b
  Gastos por acción social del año 2017 por importe de, al menos, 35 miles de euros.
 
En consecuencia, sobre un total de 374 miles de euros imputados a este concepto en el ejercicio 
fiscalizado, al menos 180 miles correspondían a conceptos que no cumplían la definición señalada 
Asimismo,  las  subvenciones  derivadas  del  plan  de  formación  de  fondos  propios  de  la  CA 
(analizadas en el subepígrafe II.6.5.B) se imputaron incorrectamente al capítulo 1, debiendo 
hacerlo al 4. 
C)  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
1)  Análisis global 
La liquidación del presupuesto de ingresos de la AG en 2018 se recoge resumida, a nivel de 
capítulo, en el anexo II.1-5, ascendiendo los derechos reconocidos netos (DRN) a 287.439 miles 
de euros, lo que supone un aumento interanual del 13 %. 
En el siguiente cuadro se presentan (agrupación por capítulos) las desviaciones producidas en el 
reconocimiento de derechos respecto de las previsiones presupuestarias, el grado de ejecución de 
estas últimas, el grado de cumplimiento de la recaudación respecto a los derechos reconocidos y, 
finalmente, el porcentaje de variación interanual de los mismos. 
CUADRO Nº 7.   DESGLOSE POR CAPÍTULOS, DE PREVISIONES, DERECHOS 
RECONOCIDOS Y DESVIACIONES 
(miles de euros) 
Previsiones 
DRN  Desviación  (%)  Recaudación neta  (%)  (%) 
finales 
Capítulos  Peso  Peso  Variación 
 Grado de  Grado de  derechos 
(A)  (B)  relativo  (B) – (A)   Importe  relativo 
Ejecución  Cumplimiento  ejercicio 
(%)   (%)  
anterior 
1.Impuestos directos  12.853  12.498  4  (355)  97  9.923  4  79  2 
2.Impuestos indirectos  79.850  70.877  25  (8.973)  89  70.633  26  100  (9) 
3.Tasas, precios públicos y otros  17.311  16.138  6  (1.173)  93  7.517  3  47  (5) 
ingresos 
4.Transferencias corrientes  149.321  155.929  54  6.608  104  154.343  57  99  20 
5.Ingresos patrimoniales  1.072  1.134  0  62  106  733  0  65  24 
6.Enajenación de inversiones reales  10.745  6.288  2  (4.457)  59  6.288  2  100  295 
7.Transferencias de capital  28.718  14.553  5  (14.165)  51  10.155  4  70  369 
8.Activos financieros  25.602  352  0  (25.250)  1  352  0  100  1 
9.Pasivos financieros  9.670  9.670  4  0  100  9.670  4  100  (20) 
Total  335.142  287.439  100  (47.703)  86  269.614  100  94  13 
El grado de ejecución alcanzado en 2018 fue del 86 %, tres puntos porcentuales superior al del 
ejercicio precedente. Salvo el caso particular del capítulo 8, “Activos financieros” (por la inclusión 
en el presupuesto final de remanentes de tesorería que no dan lugar al reconocimiento de 
derechos en el ejercicio corriente), el menor grado de ejecución corresponde al capítulo 7, 
“Transferencias de capital” con un 51 %, al no haberse reconocido los derechos previstos en 
concepto  de  FEDER  Programa  Operativo  2014-2020.  Todo  ello  origina  una  desviación  en 
términos absolutos en el capítulo 7 de 14.165 miles de euros. 
La recaudación neta del ejercicio corriente fue de 269.614 miles de euros, un 18 % superior a los  e.
229.337 miles de 2017, lo que supone un grado de cumplimiento del 94 %, frente al 90 % del año  b
anterior.  El  capítulo  3  “Tasas,  precios  públicos  y  otros  ingresos”  presenta  un  grado  de  741ww
caunmtepriloimreies,n tdoe  dlae l es4c7a %sa,  rceocnasuedcauceiónnc iae ne lno sg craonn cempetodsid ad,e  asle rivgiucaiol  dqeu ea bsauscteecdiíma ieennt o edjeer caicgiuoas 
 
 
(37 %) y servicio de recogida domiciliaria de basuras (9 %), debido a que en ambos ingresos gran 
parte del período voluntario se extendía a 2019. Por la mecánica establecida en estos tributos, se 
produce una superposición de los plazos de ingreso, al estar abierto el periodo voluntario de 
recaudación simultáneamente para varios ejercicios. 
2)  Análisis de los derechos reconocidos 
El total de derechos reconocidos ascendió a 292.513 miles de euros y el de derechos anulados a 
2.984 miles (frente a los 1.462 miles de 2017). La principal causa de anulación fue la devolución 
de ingresos indebidos, por 2.634 miles de euros, siendo los 350 miles restantes anulaciones de 
liquidaciones. Además, se produjeron cancelaciones de derechos por otras causas por importe de 
2.090 miles de euros, no reflejándose en la Cuenta General ni cobros en especie ni insolvencias, 
ascendiendo los DRN a 287.439 miles. 
Del análisis de los derechos reconocidos, cabe destacar que: 
  Los derechos devengados por los gravámenes complementarios del IPSI aplicables sobre 
las labores del tabaco y sobre ciertos carburantes y combustibles, se registraron en el momento 
de su recaudación, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 8/1991, de 25 de marzo, reguladora de 
este impuesto, donde se indica que el devengo del mismo se produce en el momento de admisión 
de la declaración para el despacho de importación o, en su defecto, a la entrada de los bienes en 
el territorio de sujeción, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación 
aplicable. Por tanto, tal y como prevé el Documento 2 de los Principios Contables Públicos, es en 
este momento en el que debe reconocerse el derecho. En relación con este impuesto, se han 
detectado ingresos por importe de 197 miles de euros contabilizados en el ejercicio fiscalizado, 
correspondientes a gravámenes complementarios sobre carburantes e IPSI importación, que 
correspondían al ejercicio 20177. 
  Las cancelaciones de derechos del ejercicio corriente, todas ellas catalogadas en “otras 
causas”, se concentran en conceptos de carácter tributario y fundamentalmente en la tasa de 
abastecimiento de agua (1.890 miles de euros), que representa el 90 % del total cancelado.  
  Pese a que la Cuenta General no recoge información sobre la cancelación de derechos por 
insolvencia producidas en el ejercicio, se dieron de baja en cuentas por este motivo derechos 
presupuestarios por importe de 204 miles de euros, si bien la CA no ha desglosado este importe 
entre derechos del ejercicio corriente y de cerrados.  
  No  fueron  objeto  de  registro  contable  en  el  presupuesto  corriente  las  bajas  por 
aplazamientos  y  fraccionamientos,  por  lo  que  los  correspondientes  derechos  permanecen 
registrados hasta su cobro. Por este motivo, los DRN del ejercicio estaban sobrevalorados en 
1.055 miles de euros, dado que los aplazamientos y fraccionamientos concedidos en 2018 con 
vencimiento  en  ejercicios  posteriores  ascendieron  a  1.959  miles  de  euros  y los  vencidos  y 
recaudados en este período procedentes de ejercicios anteriores a 904 miles. 
  Como en ejercicios precedentes, se han detectado conceptos que no se adecuan a lo 
previsto por la Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la estructura presupuestaria de las 
EELL: 
  Las  aportaciones  de  fondos  europeos  al  presupuesto  de  ingresos  (conceptos  72004 
“FEDER P.O. 2007-2013” y 72011 “Fondo de Cohesión P.O. 2007-2013”), deberían registrarse, en 
función del agente concedente, en el artículo 79, “Del exterior”, al igual que los correspondientes  e.e
                                                  741ww
7md eoE lmlo sae nrbttíioce undleoes  a 1ed1nm. bei sl ditóeenr r lidatoe rL iloae  ydd ee8 c/s1lua9jre9ac1ci ióósnne,  ñppaarleraav  iqoeu l cedu,em seppnal imclahiseo n ditmoe p diomer ptlaaocsrit oacnoceinósdn,i  coeio,l  nedenes vs eeusn dtgaeobf eledccetoild ,a imesn pe uenel  lsmat oole mgseiesn latpocr oidódenu  lcaaipr áelic naetrbnal deea.l    
 
al Programa Operativo 2014-2020, si bien éstos no han dado lugar al reconocimiento de derechos 
durante el ejercicio. 
  Los reintegros de subvenciones procedentes de obligaciones reconocidas en presupuestos 
cerrados, que figuran registrados en el concepto 47000, deberían incluirse en el artículo 38 del 
presupuesto de ingresos. 
3)  Financiación 
El sistema de financiación vigente para las Comunidades y Ciudades Autónomas en el periodo 
fiscalizado es el aprobado por Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 15 
de julio de 2009 e incorporado al ordenamiento jurídico por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con 
EA y se modifican determinadas normas tributarias. 
La estructura de financiación de la CA de Melilla, atendiendo al origen de los recursos conforme al 
diseño previsto por la citada Ley, se presenta a continuación. 
CUADRO Nº 8.   ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN 
(miles de euros) 
Tipos de Recursos  Derechos Reconocidos  % s/ Total  
I. RECURSOS PERCIBIDOS  170.063  59 
A. Incondicionados  101.414  35 
a) Participación en los ingresos del Estado  25.094  9 
b) Fondo de Suficiencia  35.945  12 
c) Fondos adicionales  0  0 
d) Garantía de mínimos IPSI  40.375  14 
B. Condicionados  68.649  24 
a) Seguridad Social  12.913  4 
b) Unión Europea  8.666  3 
c) Subvenciones y convenios  42.672  15 
d) FCI  4.398  2 
II. RECURSOS PROPIOS  117.376  41 
a) Endeudamiento  9.670  3 
b) Tributarios  94.128  33 
c) Prestación de servicios  138  0 
d) Patrimoniales  7.773  3 
e) Otros  5.667  2 
Total  287.439  100 
Los recursos financieros de la CA de Melilla son los establecidos en el artículo 36 de la LO 2/1995, 
de 13 de marzo, de EA de Melilla. Así, entre otros ingresos, participa en los tributos del Estado de 
acuerdo con lo previsto en el TRLRHL para EELL de ámbito provincial, y le es de aplicación la Ley 
22/2009, antes señalada. Finalmente, Melilla participa en los FCI de conformidad con lo que 
establece  la  LFCI,  además  de  contar  con  la  compensación  con  cargo  a  los  Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) por la que se garantiza la evolución de la recaudación por el IPSI,  s
prevista en el artículo 11 de la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social  e.
(para mantener la suficiencia financiera, en el caso de que la recaudación líquida del ejercicio en  w.b
concepto de este impuesto sobre las importaciones y del gravamen complementario sobre las  741ww
labores del tabaco no alcance la cuantía fijada según la fórmula aplicable). 
 
 
A 1 de junio de 2020, aún no se había producido la liquidación de los recursos correspondiente al 
ejercicio 2018. 
D)  RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
Según se refleja en el anexo II.1-6, el resultado de las operaciones no financieras, de acuerdo con 
la  liquidación  presupuestaria  presentada  por  la  CA,  fue  positivo  en  26.722  miles  de  euros. 
Teniendo en cuenta la variación neta de activos y pasivos financieros de signo negativo, el 
resultado presupuestario del ejercicio se situó en 25.662 miles de euros. No obstante, este 
resultado se vería afectado, entre otros motivos, por las obligaciones que debieron imputarse al 
ejercicio, por corresponder a bienes y servicios recibidos en el mismo y que, finalmente, fueron 
reconocidas en el ejercicio siguiente y por las reconocidas en dicho año generadas en otros 
anteriores e, igualmente, por la falta de registro de los derechos aplazados y fraccionados y por 
los ajustes a los que se hace referencia en el subepígrafe II.3.2.C. 
Por  otra  parte,  los  ajustes  realizados  en  el  resultado  presupuestario  por  desviaciones  de 
financiación del ejercicio (tanto positivas como negativas) no pueden considerarse precisos, dadas 
las deficiencias en el sistema de control de dichos gastos descritas en el subepígrafe II.3.3.B. 
Además, no se realizó ajuste por los créditos gastados financiados con remanente de tesorería 
para gastos generales, pese a que en diversas modificaciones presupuestarias se indica que fue 
esta su fuente de financiación, lo que afecta al resultado presupuestario ajustado reflejado en las 
cuentas de la CA (15.304 miles de euros). 
II.3.2.  Situación patrimonial. Balance de la Administración General 
El anexo II.2-0.1 refleja las magnitudes del Balance de acuerdo con los datos presentados por la 
CA en la Cuenta General. En 2018, el activo ascendía a 912.830 miles de euros, el patrimonio 
neto a 801.667 miles y el pasivo exigible a 111.163 miles. 
A)  INMOVILIZADO 
Del análisis realizado cabe destacar las siguientes deficiencias contables: 
  No se realizaron los análisis oportunos para, en su caso, registrar las pérdidas por deterioro 
del inmovilizado previstas en la norma de registro y valoración 1.8 del PGCP adaptado a la 
Administración Local. 
  El sistema de amortización del inmovilizado no tiene en cuenta los elementos que lo 
componen ni su vida útil, limitándose a un cálculo global por epígrafes de inmovilizado, no acorde 
con la norma de registro y valoración 1.7 del citado Plan. 
  La baja de terrenos del inmovilizado material enajenados se contabiliza por el importe de los 
derechos reconocidos derivados de su venta, en lugar de por su valor contable, sin registrar, por 
tanto, pérdidas o beneficios por estas operaciones. En 2018, se produjeron bajas de terrenos por 
importe de 704 miles de euros cuyo valor en inventario era de 656 miles de euros. 
 
  La cuenta 250 “participaciones a largo plazo en entidades del grupo” únicamente recoge las 
inversiones en derechos sobre el patrimonio de las empresas públicas, sin que se registren las 
correspondientes a las restantes entidades dependientes de la CA. En aplicación de lo dispuesto 
en la disposición transitoria primera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, la cuenta 
250 “Participaciones a largo plazo en entidades del grupo” debió registrar la participación en las 
entidades  dependientes  de  la  CA,  corrigiéndose  dicho  valor,  en  su  caso,  en  los  ejercicios 
posteriores según lo dispuesto en la norma de registro y valoración número ocho, sin que este 
registro inicial se hiciera para las siguientes. 
CUADRO Nº 9.   ENTIDADES DEPENDIENTES NO EMPRESARIALES 
(miles de euros) 
Patrimonio Neto a 1 de enero 
Entidad 
de 2015 
Fundación Melilla Monumental  497 
Instituto de las Culturas  355 
Patronato de Turismo  2.367 
Patronato UNED  7.137 
Total  10.356 
B)  DEUDORES 
Presupuestarios   
El saldo de los deudores presupuestarios disminuyó un 6 %, pasando de 67.217 miles de euros el 
1 de enero de 2018 a 63.111 miles al cierre. En el anexo II.2-1 se resumen los movimientos 
durante 2018 y la situación a 31 de diciembre, tanto de los deudores procedentes del ejercicio 
corriente (17.825 miles de euros) como de ejercicios cerrados (45.286 miles de euros).  
Respecto a los procedentes de ejercicios anteriores, en 2018 continúa la senda de incremento de 
los mismos iniciada en años previos. Por lo que se refiere a su recaudación en el ejercicio, esta 
asciende a 19.962 miles de euros, es decir, un 30 % del saldo inicial, frente a los 5.615 miles 
(11 % del saldo inicial) del ejercicio 2017, si bien este incremento se debe, en gran medida, a que 
en  2018  se  registró  la  recaudación  de  dos  operaciones  de  endeudamiento  por  importe  de 
12.090 miles de euros, imputadas al presupuesto de ingresos del ejercicio 2017 pero formalizadas 
en 2018. La evolución de la recaudación de derechos de ejercicios cerrados puede contemplarse 
en el siguiente estado. 
CUADRO Nº 10. RECAUDACIÓN DEUDORES EJERCICIOS ANTERIORES 
(miles de euros) 
2014  2015  2016  2017  2018 
SI  R (%)  SI  R (%)  SI  R (%)   SI  R (%)  SI  R (%) 
44.814  19  48.464  17  51.033  17  50.756  11  67.217  30 
SI: Saldo Inicial de deudores presupuestarios de ejercicios anteriores. R: Recaudación  es
Del saldo pendiente de cobro al cierre de 2018, un 44 % se concentra en los conceptos “Servicio  w.
de abastecimiento de aguas” (16.683 miles de euros) y “Deudas por IBI” (10.868 miles). Estos  741ww
irmecpoonrtoecsid oaslc eann zeal ne jeerlc ic2i9o6 p %or  dyic heol s 1c2o6n c%e,p toress (p5e.6c2tiv7a ym 8e.n6t0e8,  mdiele sl ad ec euuarnotsía).  de  los  derechos
 
 
En cuanto a las anulaciones y cancelaciones de derechos, las relativas a ejercicios cerrados 
ascienden a un total de 1.970 miles de euros, correspondiendo la mayor parte (1.877 miles) a 
derechos cancelados. 
La totalidad de derechos anulados (93 miles de euros) lo son por anulación de liquidaciones de los 
ejercicios  2015  a  2017,  un  98 %  de  las  cuales  afecta  a  los  conceptos  de  servicios  de 
abastecimiento de agua y de recogida domiciliaria de basuras. Por su parte, los aplazamientos y 
fraccionamientos no son objeto de contabilización como anulaciones, contraviniendo lo previsto en 
el régimen contable aplicable. Estos importes deberían haberse registrado en la subcuenta 2621 
“deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento” o en la cuenta 443 “deudores a corto 
plazo por aplazamiento y fraccionamiento” (o sus divisionarias), en función del vencimiento de 
cada saldo. 
Según  la  información  ofrecida  por la  Cuenta  General,  los  motivos  de  las cancelaciones  de 
derechos contraídos en ejercicios cerrados se limitaban a la prescripción (1.035 miles de euros) y 
a otras causas (842 miles). No obstante, se han detectado expedientes de baja por importe de 204 
miles  de  euros  cuyo  motivo  fue  la  insolvencia  del  obligado  tributario  (tanto  de  derechos 
procedentes del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados) y que, por tanto, no quedan 
adecuadamente reflejados en la citada cuenta. 
El siguiente cuadro muestra la evolución en 2018 de los créditos reconocidos en los ejercicios 
2014 y anteriores que se encontraban pendientes de cobro en el ejercicio fiscalizado, agrupados 
por conceptos. 
CUADRO Nº 11. EVOLUCIÓN EN 2018 DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 
RECONOCIDOS EN 2014 Y ANTERIORES 
(miles de euros) 
Saldo  Importe  %  Saldo 
Concepto  Cancelado 
inicial  recaudado  recaudado  final 
Impuesto sobre Bienes  5.813  124  285  5  5.404 
Inmuebles  
Impuesto sobre Vehículos de  3.659  182  103  3  3.374 
Tracción Mecánica 
Abastecimiento de agua  9.045  492  379  4  8.174 
Recogida domiciliaria de  2.025  10  77  4  1.938 
basura 
Resto  9.304  417  442  5  8.445 
Total  29.846  1.225  1.286  4  27.335 
Nota: el porcentaje recaudado está calculado sobre el saldo inicial una vez descontados los derechos cancelados. 
En 2018, la CA tramitó un expediente colectivo de baja de derechos reconocidos pendientes de 
cobro por prescripciones y por declaración colectiva de fallidos, por un total de 962 miles de euros, 
correspondientes a liquidaciones de los años 2001, 2002 y 2003, aunque, en el informe de 
fiscalización previa de la IG, se ponen de manifiesto diferencias entre las deudas que figuraban en 
los registros de la DG de Gestión Tributaria y en la contabilidad, siendo superiores en 110 miles 
de euros las procedentes del registro extracontable. Por otra parte, los 111 miles de euros  s
detectados en la fiscalización del ejercicio 2016 que se encontraban prescritos permanecían en  e.
cuentas a 31 de diciembre de 2018. En la fiscalización de 2017, la CA señaló que la última  w.
información disponible sobre este importe procedía del auto del Juzgado de Instrucción número 4,  741ww
donde se acordaba la suspensión del procedimiento de apremio, por lo que han transcurrido más
 
de trece años desde este hecho, que no puede seguir fundamentando el mantenimiento en 
cuentas del derecho. 
Por lo que se refiere a la recaudación ejecutiva, en 2018 se emitieron 160.405 providencias de 
apremio, por un importe total de 10.446 miles de euros, relativas a deudas contabilizadas entre 
2014 y 2018, de las que a 31 de diciembre de 2018 se habían recaudado 2.246 miles de euros, 
habiendo sido anuladas 1.097 deudas (970 miles) y quedando pendientes de cobro 114.911 
(7.230 miles). 
Por otra parte, a efectos del cálculo del remanente de tesorería, los derechos antiguos están 
cubiertos en su mayor parte por la dotación a la provisión de derechos de difícil o imposible 
recaudación. Se ha verificado la correcta dotación de la provisión de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 193.bis del TRLHL, tras la redacción otorgada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por un importe conjunto de 30.859 
miles de euros, procediéndose además a la aplicación de lo anteriormente provisionado, que 
ascendía a 28.103 miles. 
No presupuestarios 
El saldo final de los deudores no presupuestarios ascendió a 1.208 miles de euros, según se 
refleja  en  el  anexo  II.2-2.  De  este  importe,  1.205  miles  corresponden  al  concepto 
extrapresupuestario  “Deudores  Consorcio  Melilla  Puerto  XXI”,  que  no  ha  experimentado 
movimientos en los últimos ejercicios, sin que se haya procedido a su depuración y, en su caso, 
regularización. 
C)  TESORERÍA 
El saldo de Tesorería de la CA de Melilla al cierre del ejercicio 2018 ascendía a 58.671 miles de 
euros, un 156 % superior al obtenido al cierre del ejercicio precedente (22.884 miles). El desglose 
de este saldo se presenta a continuación. 
CUADRO Nº 12. SALDO DE TESORERÍA 
(miles de euros) 
Importe a 31 de 
Naturaleza  Número 
diciembre de 2018 
Caja operativa  4  0 
Bancos: cuentas operativas  15  50.010 
Bancos: cuentas restringidas recaudación  19  7.978 
Caja restringida  13  0 
Cuentas restringidas de pago  8  190 
Cuentas financieras (Imposiciones)  1  493 
Total  60  58.671 
El incremento respecto del ejercicio anterior experimentado por las “Transferencias Planes de 
Empleo” (23.811 miles de euros), explica en gran parte el aumento de la tesorería. También 
destaca el aumento en la recaudación derivada del concepto “FEDER Programa Operativo 2007-
2013” (7.167 miles de euros). 
Por lo que se refiere al número de cuentas, en 2018 este se redujo al cancelarse una cuenta  s
restringida de recaudación.  oe.
En el anexo II.2-3 se recoge la evolución de los importes registrados en estas cuentas en el  741ww
ejercicio fiscalizado.
 
 
El plan de disposición de fondos al que se refieren los artículos 187 del TRLRHL y 65 del RD 
500/1990 fue aprobado con fecha 26 de diciembre de 2018, por lo que no puede considerarse 
como instrumento de planificación de la tesorería para el ejercicio fiscalizado. 
La información sobre la tesorería que consta en la memoria de la Cuenta General (conciliaciones 
bancarias) es consistente con el importe reflejado en el Balance de situación de la CA a 31 de 
diciembre de 2018. 
Durante el ejercicio 2017 se utilizó una misma cuenta bancaria como operativa y como restringida 
de recaudación, sin que se aportara en aquel momento, ni tampoco en la presente fiscalización, 
documentación justificativa sobre el cambio de naturaleza de esta cuenta. En 2018 la cuenta 
funcionó ya exclusivamente como operativa. 
Durante el ejercicio, la cuenta 570004 “Caja Ingresos Recaudación” no se utilizó para registrar 
movimientos de efectivo, sino como cuenta puente para la contabilización de los ingresos por 
banco que se reciben en dos cuentas restringidas de recaudación. Por su parte, la cuenta 570005 
“Caja IPSI Importación”, a pesar de su denominación, recoge tanto ingresos de bancos como de 
efectivo. 
En cuanto al régimen de disposición de fondos de las cuentas bancarias, se solicitó, para cada 
una de ellas, certificado bancario en el que se relacionasen las personas con firma autorizada en 
el período, indicando el cargo que desempeñaba y el tipo de autorización, resultando que: 
  No se aportó certificado de una de las oficinas en las que la CA mantiene abierta una cuenta 
bancaria. 
  Uno de los certificados aportados no identifica la cuenta a la que se refiere, pese a que la 
CA dispone de cinco en la misma oficina bancaria8. 
  Uno de los certificados aportados se emite por una oficina en la que la CA no dispone de 
cuentas bancarias, aunque sí en otras de la misma entidad, sin referencia individualizada a las 
cuentas a las que se refiere el certificado9. 
  Uno de los certificados, referido a cinco cuentas restringidas, únicamente detalla el nombre 
del habilitado y el de la Consejería correspondiente, sin especificar el régimen de disposición de 
fondos. 
  Esta falta de especificación del régimen de disposición de fondos concurre en otro de los 
certificados remitidos en relación con dos cuentas bancarias en otra entidad. 
D)  ACREEDORES 
En el anexo II.2-4 se presenta el resumen del saldo de acreedores no financieros presupuestarios. 
El  saldo  al  cierre  del  ejercicio  fue  de  37.348  miles  de  euros,  de  los  que  33.512  miles 
correspondían a acreedores de 2018 y 3.836 miles a ejercicios  anteriores. Dentro de estos 
últimos, 2.139 miles de euros (56 %) procedían de los ejercicios 2013 y anteriores, 170 miles 
(4 %) de 2014, 324 miles (8 %) de 2015, 178 miles (5 %) de 2016 y 1.025 miles (27 %) de 2017. 
Más concretamente, un total de 1.190 miles de euros correspondían a obligaciones pendientes de 
pago a organismos y entes de la CA procedentes del ejercicio 2010, como se pone de manifiesto 
en el epígrafe II.3.4, lo que representa un 83 % sobre los acreedores pendientes de pago de ese  e.
                                                  w.
8 Pese a que en alegaciones se indica que “se adjunta certificado que subsana el error producido”, dicho certificado no  741ww
9a pLaar eCcAe  seenñtraela l ae nd oacleugmaecniotanceisó nq ureem eisti ddae.b ido a que esta entidad ha trasladado toda su operativa a una sola oficina.
 
ejercicio y un 31 % sobre el total de los acreedores de ejercicios cerrados. Estos saldos no tienen 
el correspondiente registro contable en las cuentas de dichas entidades, sin que la CA haya 
realizado actuaciones para conciliar o depurar estas diferencias, por lo que, dado el tiempo 
transcurrido, deberían darse de baja. 
En sendas Circulares de la IG para el cierre, tanto del ejercicio 2017 como del 2018, se pone de 
manifiesto la necesidad de depurar, por todas las áreas gestoras, las facturas pendientes de pago, 
en orden a ser o bien anuladas o bien formar parte del saldo de la cuenta 413 al cierre del 
correspondiente ejercicio. 
En el Balance se recoge el saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto”10, por importe de 2.696 miles de euros, donde se incluyen las obligaciones 
derivadas  de  gastos  realizados  o  bienes  y  servicios  recibidos  que  no  se  han  aplicado  al 
presupuesto, siendo procedente dicha aplicación. El saldo inicial era de 1.620 miles de euros, por 
lo que, tras dos ejercicios de disminución, en el ejercicio fiscalizado su importe se incrementó en 
1.076 miles de euros, un 66 %. Del saldo final, 2.676 miles de euros (el 99 %) corresponden a 
gastos del ejercicio 2018, procediendo el resto de los años 2015 y 2017.Del citado saldo final, un 
total de 1.209 miles de euros correspondían a facturas que, tras reclamación por parte de las 
empresas que prestaron los servicios, fueron incluidas en expedientes de revisión de oficio cuya 
tramitación se encontraba pendiente de resolución al cierre del ejercicio fiscalizado (y también a 
finales de 2019) al no haberse recibido el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Las causas 
de nulidad que motivaban su tramitación a través de dicho procedimiento eran, en su mayor parte, 
la inexistencia de crédito o la prestación de servicios sin contrato o sin que este estuviera vigente 
en el momento de la prestación. 
La cuantía total del saldo inicial de la cuenta (1.620 miles de euros) fue imputada al presupuesto 
del ejercicio 2018, previa tramitación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito y 
de un suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería, ambos aprobados por la 
Asamblea de Melilla el 14 de junio de 2018. 
Según  la  BE  23.6,  procedía  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  cuando  se  hubiera 
realizado un gasto sin haberse seguido el procedimiento legalmente establecido y se fuera a 
realizar el reconocimiento de la obligación. En relación con gastos por importe de 1.345 miles de 
euros  (los  incluidos  en  los  anexos  I  y  III  del  expediente),  en  el  expediente  no  figuran 
suficientemente recogidas las causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-
administrativo correspondiente y que debían acreditarse, según las BBEE, mediante el informe 
suscrito por el director general responsable del área. 
                                                  e.
10 Con efectos de 1 de enero de 2019, la cuenta 413, “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a  w.b
presupuesto”, pasa a denominarse “Acreedores por operaciones devengadas”, suprimiéndose además la cuenta 411,  741ww
1n“A2oc rmrdeeae ld dyoi crsieiemsm ppbloirfreic ,ga apdsootr od slea  d cqeouvneetan sbgeiali ddmoasod”d ,l oifqiccuaaeln,  p alaposrsoa b paala dinnateses gp rdoaerr s lacesu e eÓnnr tdlaaes pn lreoimsc aHelreAasP,  /sa1en7ge8úx1no  ysd  1ias7p 8loa2ns/e2 i 0nla1s 3tOr,u rdcdecei on2n 0He dAse C ds/e1e 3pl6oti4se /m2m0bo1red8.e,  ldoes 
 
 
En el siguiente cuadro se desglosa por capítulos presupuestarios la evolución de la citada cuenta. 
CUADRO Nº 13. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PENDIENTES DE IMPUTAR A 
PRESUPUESTO  
(miles de euros) 
  Obligaciones reconocidas pendientes de aplicar a presupuesto 
  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2018 
Capítulo 2  2.998  936  2.678 
Capítulo 4  11  684  0 
Capítulo 6  8  0  18 
Total  3.017  1.620  2.696 
Las  cuentas  anuales  no  recogían  provisiones  a  largo  o  a  corto  plazo  en  el  balance,  ni 
contingencias en la memoria. La CA no tenía implantados procedimientos de análisis para la 
cuantificación de las obligaciones de contenido económico que pudieran derivar de reclamaciones, 
juicios, litigios u otros procedimientos.  
El saldo final de los acreedores no presupuestarios alcanzó los 5.809 miles de euros, según se 
refleja en el anexo II.2-5 (donde no se incluyen los acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar  a  presupuesto).  No  se  ha  acreditado  la  existencia  de  un  registro  de  los  diferentes 
conceptos de acreedores no presupuestarios cuyos saldos figuren clasificados por su antigüedad, 
en orden a su posible análisis y depuración. 
II.3.3.  Otros estados financieros de la Administración General 
A)  RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
El resultado económico-patrimonial de la Administración General se refleja en el anexo ll.2-0.2. 
Los resultados del ejercicio han supuesto un ahorro neto total de 37.131 miles de euros (17.650 
miles en 2017), lo que supone un incremento muy significativo del 110 %. Los mayores ingresos 
registrados por transferencias y subvenciones recibidas (aumento de 28.731 miles de euros, un 
22 % respecto de 2017) y por subvenciones para la financiación de operaciones financieras 
(incremento de 9.085 miles de euros, un 366 %) explican la variación, que resulta parcialmente 
compensada por la disminución de los ingresos tributarios y urbanísticos (en 5.677 miles de euros, 
un  6  %)  y  por  los  incrementos  en  gastos  de  personal  (5.344  miles  de  euros,  un  8  %), 
transferencias y subvenciones concedidas (4.195 miles de euros, un 9 %) y otros gastos de 
gestión ordinaria (4.801 miles de euros, un 5 %). 
En fiscalizaciones precedentes ya se puso de manifiesto la existencia de numerosos gastos no 
contabilizados  de  acuerdo  con  su  naturaleza,  utilizándose  incorrectamente  las  cuentas  621 
“Arrendamientos y cánones”, 630 “Tributos de carácter local”, 678 “Gastos excepcionales” y 773 
“Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo”. En particular, esta última cuenta, con 
un saldo acreedor de 78 miles de euros en 2018, no debió utilizarse, pues el patrimonio público 
del suelo de la CA no estaba constituido en el ejercicio. 
Por otro lado, las enajenaciones de inmovilizado no llevaban aparejado el registro de la pérdida o  s
beneficio de la operación a través de las correspondientes cuentas de gastos e ingresos.  e.
    741ww
 
B)  MEMORIA 
La  memoria  integrante  de  la  Cuenta  de  la  Administración  General  no  se  configura  en  un 
documento único sino en una multiplicidad de ellos, sin que mantengan la numeración prevista en 
la Norma de Elaboración de las Cuentas Anuales número 11.a) de la IMNCL. En términos 
generales, su contenido cumple con el mínimo exigido en dicha Instrucción, incluyendo la totalidad 
de apartados previstos menos el denominado “hechos posteriores al cierre”. Además, figuran 
incompletos  los  apartados  de  “normas  de  reconocimiento  y  valoración”  y  “organización  y 
actividad”. En este último, no se incluye la consideración fiscal de la entidad a efectos del 
impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a imposición indirecta sobre el 
consumo y porcentaje de prorrata. 
Por otra parte, figuran con importes nulos sin especificar si esta circunstancia se produce como 
consecuencia de la ausencia de operaciones en el ejercicio, los siguientes apartados: 
  Patrimonio público del suelo. 
  Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. 
  Provisiones y contingencias. 
  Compromisos de ingresos del ejercicio corriente. 
  Compromisos de ingresos con cargo a ejercicios posteriores. 
Dentro de los indicadores financieros y patrimoniales aparece la ratio “período medio de pago a 
acreedores comerciales”, con un valor igual a cero, lo que no se corresponde con los datos 
expuestos en el epígrafe II.6.2. 
Al menos las operaciones correspondientes a los apartados de patrimonio público del suelo y 
compromisos  de  ingresos,  tanto  del  ejercicio  corriente  como  con  cargo  a  presupuestos 
posteriores, debieron haber sido objeto de cuantificación y adecuado registro. 
Gastos con financiación afectada 
El módulo del sistema de información contable desarrollado con el objeto de realizar un control y 
seguimiento de los gastos con financiación afectada fue implantado por la Ciudad en el ejercicio 
2010. No obstante, la información que se deduce de la Cuenta General de 2018 presenta las 
siguientes deficiencias: 
  El  cuadro  correspondiente  a  las  desviaciones  de  financiación  por  agente  financiador 
(apartado 24.5 del modelo de memoria) no incluye todos los proyectos con financiación afectada, 
ni se especifican las anualidades en las que se va a realizar el gasto pendiente de ejecución. No 
se ha remitido información de los compromisos de ingreso según los apartados 24.1.2 c) y 
24.3.2 a).  En  consecuencia,  no  puede  deducirse  la  exactitud  del  importe  del  coeficiente  de 
financiación, ni verificarse la corrección en el cálculo de las correspondientes desviaciones. 
  Tan solo se ha tenido en cuenta la ejecución de proyectos de gasto así como de derechos 
reconocidos a partir del ejercicio 2010, sin considerar los importes acumulados de ejercicios 
anteriores.  
Hasta el ejercicio 2017 los proyectos que se incluían en el módulo de gastos con financiación  bo
afectada que da soporte a la contabilidad eran exclusivamente aquellos que, imputándose al  741ww
cFaCp, íytu qlou e6,  daed egmaástso, se, ratenn cíaonfi ncaonmcoia daogse nptoers l afi nCaAn.c Siaedgoúrne sin lfoosr mfoancdióons  dFeE lDa ECRA ,y d FuSraEn,t ea seíl  ecojemrcoic eiol 
 
 
fiscalizado se crearon en el citado módulo un gran número de proyectos que tienen imputación a 
los capítulos 1 (Planes de Empleo y Talleres de Empleo), 2, 4, 6 y 7 del presupuesto de gastos. 
En lo que se refiere a estos dos últimos capítulos, y como mejora respecto a ejercicios anteriores, 
se han incluido como recursos afectados los generados por las operaciones de crédito a largo 
plazo  previstas  en  el  artículo  49  del  TRLRHL,  que  debían  destinarse  a  la  financiación  de 
inversiones, si bien a partir de operaciones formalizadas en el ejercicio 2018. 
De todo ello se deduce que, pese a las mejoras que se han puesto de manifiesto, las desviaciones 
de financiación resultantes continúan sin alcanzar la fiabilidad necesaria y, en consecuencia, los 
ajustes efectuados en función de las mismas, tanto en el resultado presupuestario como en el 
remanente de tesorería, siguen presentando riesgo de inexactitud, dado que el módulo de gastos 
con financiación afectada aún no incluye la totalidad de los proyectos. 
Remanente de tesorería 
El anexo II.2-7 recoge el remanente de tesorería obtenido al cierre del ejercicio fiscalizado, según 
el estado que forma parte de la Cuenta de la Administración General de la Ciudad. El remanente 
de tesorería total resultó positivo por un importe de 79.092 miles de euros, superior en 24.706 
miles  al  obtenido  el  ejercicio  precedente,  un  incremento  muy  significativo  explicado 
fundamentalmente por los motivos expuestos en el subepígrafe II.3.2.C. 
La  evolución  durante  los  últimos  ejercicios  del  remanente  y  su  utilización  como  fuente  de 
financiación de las modificaciones presupuestarias se muestran a continuación. 
CUADRO Nº 14. REMANENTE DE TESORERÍA 
(miles de euros) 
  2016  2017  2018 
Remanente  obtenido  al  cierre  del  ejercicio 
41.504  52.401  54.386 
anterior 
Remanente  utilizado  para  financiar 
26.838  40.678  31.610 
modificaciones en el ejercicio 
Sobre estas cantidades se han detectado deficiencias, expuestas tanto en el presente Informe de 
fiscalización como en los de ejercicios precedentes, que cuestionaban la fiabilidad de los cálculos. 
Así, la cifra del remanente se vería afectada por las siguientes deficiencias:  
  Entre los “fondos líquidos” se incluyen determinados saldos de las subcuentas 5740 “Caja. 
Pagos a justificar” y 5750 “Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar”, que no deberían 
tenerse en cuenta para este cálculo a tenor de lo dispuesto en los modelos de cuentas de la Parte 
Tercera de la IMNCL (punto 24.6 de la memoria). Por este motivo el importe del remanente de 
tesorería que reflejan las cuentas está sobrevalorado en 190 miles de euros. 
  Ausencia de contabilización de aplazamientos y fraccionamientos de derechos. 
  Incorrecto registro de los derechos derivados del IPSI, gravamen complementario y otros 
ajustes expuestos en el subapartado II.3.1.C. 
  Existencia de acreedores del ejercicio pendientes de imputación presupuestaria al cierre e  s
imputación al presupuesto de otros relativos a ejercicios anteriores.  oe.
  Falta de depuración de obligaciones pendientes de pago a los OOAA.  741ww
 
Finalmente, cabe señalar que el cálculo del exceso de financiación afectada, que minora el 
remanente de tesorería para gastos generales en un importe de 18.707 miles de euros, se 
incrementó de forma significativa respecto al informado en ejercicios anteriores debido a las 
mejoras introducidas en el sistema puestas de manifiesto en párrafos anteriores. 
Compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores 
A diferencia de lo que sucedió en el ejercicio 2017, la memoria rendida del ejercicio 2018 sí 
incluye la información relativa a los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios 
posteriores, presentando el desglose por capítulos siguiente. 
CUADRO Nº 15. COMPROMISOS DE GASTO EJERCICIOS POSTERIORES 
(miles de euros) 
Capítulos  2019  2020  2021  2022  Siguientes 
2  4.837  3.002  2.101  1.535  281 
4  1.500  0  0  0  0 
6  4.897  991  2  0  0 
Total  11.234  3.993  2.103  1.535  281 
El 77 % del compromiso de gastos para ejercicios posteriores corresponden a la Sección 1 
“Presidencia y Consejería de Presidencia y Salud Pública” (6.686 miles de euros, un 35 %), la 
Sección 6 “Consejería de Fomento” (5.350 miles, un 28 %) y la sección 14 “Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes” (2.723 miles, un 14 %). 
No obstante, el avance que supone la presentación de este estado, los datos contenidos en la 
memoria de la Cuenta General del ejercicio 2018 presentan discrepancias con los aportados 
durante la fiscalización precedente, según los cuales el total de compromisos de gasto en 2017 
para  los  ejercicios  2019  y  2020  eran  superiores  en  8.080  y  12.623  miles  de  euros, 
respectivamente, a los que se muestran en el cuadro para esos mismos ejercicios. 
Por último, la correcta confección del estado previsto en el modelo de la memoria hubiese 
requerido la inclusión de los importes referidos a los compromisos referidos al endeudamiento 
(capítulos 3 y 9). 
Patrimonio público del suelo 
De acuerdo con lo previsto en la IMNCL, la CA debía informar en la memoria de cada una de las 
cuentas del balance en que se estructurase el patrimonio público del suelo, con indicación del 
saldo inicial y, en su caso, las variaciones producidas, sin que figurase información al respecto ni 
en el balance ni en la mencionada memoria, dado que la consejería con competencias en la 
materia no ha determinado qué fincas han de integrarse en el mismo. 
II.3.4.  Organismos autónomos, ente público y consorcio 
La CA contaba en el ejercicio fiscalizado con dos OOAA (Instituto de las Culturas y Patronato de 
Turismo), un ente público (Fundación Melilla Ciudad Monumental) y un consorcio (Consorcio 
Rector del Centro Universitario UNED-Melilla). En los anexos I.1-1 a I.1-5 se presenta de forma  e
agregada la liquidación presupuestaria y la situación económico-patrimonial de estas entidades.  bo
Laodsm iensisttartauttivoos,  deellol  Ppeastreo naa qtou ed eel  aTrutírcisumloo 8 5in dbiicsa dne  qlau eL esyu 7 /n1a9t8u5ra, ldeeza 2  edse  alab rdil,e  inOtrAod udcei dcoa práocrt elar 
 
 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, prevé solo 
las figuras de OOAA y entidades públicas empresariales locales para la gestión directa de los 
servicios públicos, de lo que se desprende que dichos estatutos no han sido adaptados a la citada 
reforma. 
Las dotaciones presupuestarias (a nivel de créditos aprobados) de estas entidades aumentaron un 
2 % respecto del ejercicio anterior, lo que junto con el incremento del 3 % observado en el 
ejercicio  2017,  rompe  la  tendencia  decreciente  de  años  anteriores.  Cabe  destacar  que  el 
Patronato de Turismo concentra el 48 % de los créditos y previsiones finales de este conjunto. 
En relación con el presupuesto de gastos para 2018 del Consorcio Rector del Centro Universitario 
UNED-Melilla, se ha advertido que este recoge incorrectamente el precio total neto (descontado el 
IPSI) del contrato plurianual de limpieza del edificio de la UNED, el cual asciende a 125 miles de 
euros,  en  lugar  de  la  parte  correspondiente  a  la  anualidad  de  2018,  lo  que  produce  la 
sobrevaloración de sus necesidades iniciales de gastos.  
CUADRO Nº 16. DOTACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS OOAA, ENTE Y CONSORCIO 
(miles de euros) 
Variación  Variación 
Presupuestos aprobados   2017  2018 
Interanual  (%) 
Consorcio  Rector  del  Centro  Universitario  1.569   1.625   56  4 
UNED-Melilla  
Patronato de Turismo  2.700   2.750   50  2 
Instituto de las Culturas  450   448   (2)  0 
Fundación Melilla Ciudad Monumental  840   850   10  1 
Total  5.559  5.673  114  2 
CUADRO Nº 17. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE LOS OOAA, ENTE Y CONSORCIO 
(miles de euros) 
Grado de  Grado de 
Créditos  Obligaciones  Pagos 
Entidad  ejecución  cumplimiento 
definitivos  reconocidas  realizados 
(%)  (%) 
Consorcio  Rector  del  Centro  1.625  1.380  1.353  85  98 
Universitario UNED-Melilla 
Patronato de Turismo  2.750  2.204  1.673  80  76 
Instituto de las Culturas  448  442  357  99  81 
Fundación Melilla Ciudad Monumental  850  824  679  97  82  es
Total  5.673  4.850  4.062  85  84  w.
 
CUADRO Nº 18. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 
DE LOS OOAA, ENTE Y CONSORCIO 
(miles de euros) 
Grado de  Grado de 
Previsiones  Derechos  Recaudación 
Entidad  ejecución  cumplimiento 
definitivas  reconocidos  neta 
(%)  (%) 
Consorcio  Rector  del  Centro  1.625  1.607  1207  99  75 
Universitario UNED-Melilla 
Patronato de Turismo  2.750  2.775  2.375  101  86 
Instituto de las Culturas  448  451  227  101  50 
Fundación Melilla Ciudad Monumental  850  850  850  100  100 
Total  5.673  5.683  4.659  100  82 
Los resultados presupuestarios agregados arrojan un superávit de 833 miles de euros, fruto del 
alto grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la totalidad de las entidades y dado que, 
de ellos, el 97 % constituyen aportaciones de la CA por un importe total de 5.531 miles de euros, 
un 2 % más que en el ejercicio anterior. 
Todas las entidades presentan remanentes de tesorería positivos, con una disminución del 3 % 
respecto del ejercicio 2017. 
CUADRO Nº 19. REMANENTES DE TESORERÍA ENTIDADES 
(miles de euros) 
Remanente de  Remanente de 
Entidad  Variación 
tesorería 2017  tesorería 2018 
Consorcio  Rector  del  Centro  Universitario  341  568  227 
UNED-Melilla 
Patronato de Turismo  1.126  1.048  (78) 
Instituto de las Culturas  340  350  10 
Fundación Melilla Ciudad Monumental  422  198  (224) 
Total  2.229  2.164  (65) 
Esta situación permite a la CA ir adecuando las transferencias a realizar a las disponibilidades 
líquidas de las entidades. Los saldos de tesorería agregados de estas entidades han aumentado 
en 396 miles de euros respecto de 2017, con un importe total al cierre de 1.441 miles.  
 
 
A  31  de  diciembre  de  2018  se  mantienen  diferencias  de  conciliación  entre  los  derechos 
pendientes de cobro registrados por tres de las cuatro entidades y las obligaciones pendientes de 
pago reconocidas por la CA, que suponen un exceso de estas últimas sobre los primeros por un 
importe conjunto de 1.190 miles de euros, según el siguiente desglose. 
CUADRO Nº 20. DEGLOSE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE LA CA  
(miles de euros) 
Obligaciones pendientes de  Derechos pendientes de 
Entidades  pago a 31 de diciembre  cobro a 31 de diciembre 
(Ciudad)  (entidades) 
Consorcio  Rector  del  Centro  Universitario  729  400 
UNED-Melilla 
Patronato de Turismo  1.661  1.200 
Instituto de las Culturas  624  224 
Las diferencias se corresponden en su totalidad con obligaciones pendientes de pago del ejercicio 
2010, sin que la CA haya informado en sus cuentas anuales de la razón de mantener dichos 
importes. 
Por otro lado, ninguna de las entidades a las que se refiere este epígrafe y que contaban con 
activos amortizables, registró en cuentas la correspondiente amortización. 
Las  cuentas  del  Consorcio  Rector  del  Centro  Universitario  UNED-Melilla  no  recogen  en  el 
inmovilizado el inmueble sede de esta entidad, pese a lo establecido en la Orden HAP/1781/2013, 
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la IMNCL. A este respecto, el Consorcio no había 
formado el inventario patrimonial al que se refiere el artículo 32.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas.  Además,  400  miles  de  euros 
procedentes de aportaciones de la CA se contabilizaron incorrectamente en la cuenta contable de 
ingresos 700 “Venta de mercaderías”. Dicho consorcio reconoció derechos presupuestarios e 
ingresos contables por importe de 2 mil euros en concepto de ventas de libros habiéndose 
aportado justificantes solo por importe de 356 euros. 
Este consorcio no contaba con procedimientos internos para la gestión de sus actividades, a 
excepción del Reglamento de Régimen interior. 
En  relación  con  las  cuentas  del  Patronato  de  Turismo,  se  han  observado  las  siguientes 
deficiencias: 
  Se han detectado pagos por importe de 11 miles (documento 52018000000082) y 10 miles 
de euros (documento 52018000000152) que correspondían a facturas de fechas 19 de diciembre 
de  2017  y  de  9  de  enero  de  2018,  respectivamente,  siendo  los  informes  de  necesidad  y 
aprobación del gasto correspondientes de fechas posteriores (26 de diciembre de 2017 y 10 de 
enero de 2018). 
  En los contratos menores originarios de los pagos anteriores se hace referencia a la 
necesidad de comprobar que el precio es el habitual de mercado, sin que se haya acreditado la  e.
realización de actuaciones al respecto.  w.b
2 016 yE la dpeamgoá s5 2s0e1 im80p0u0tó0 0in0c4o4r6re, cptoarm iemnpteo ratel  cdoen c9e,5p tom pileress duep ueeusrtoasri,o c 2o2r6re.0s1po. ndía a un gasto de
 
Por último, la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del 
Patronato de Turismo y la de la Fundación Melilla Monumental presentaban al cierre del ejercicio 
saldos por importe de 490 y 162 miles de euros, respectivamente, que correspondían a abonos en 
la cuenta practicados durante el ejercicio. En el resto de entidades analizadas en este epígrafe, 
esta cuenta presentaba saldo cero, sin que registrara movimiento alguno. En relación con ello y si 
bien la IG remitió oficios mensuales a los centros gestores (incluidos organismos y entes) en los 
que se requería la tramitación de las facturas que constaran como registradas, atendiendo a lo 
dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro Único de Facturas de 
la CA aprobado por Decreto n.º 3083 de 23 de julio de 2013, no puede considerarse (al igual que 
en los ejercicios precedentes) que se realizaran controles específicos sobre las entidades no 
sujetas a auditoría de cuentas para verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos 
realizados  o  bienes  y  servicios  recibidos  para  los  que  no  se  ha  producido  su  imputación 
presupuestaria, tal como prevé la DA tercera de la LO 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público.  
II.3.5.  Pagos a justificar y anticipos de caja fija  
Las BBEE para el año 2018 donde se establecen las normas reguladoras de la expedición de 
órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos no determinan los extremos 
que establece como necesarios el artículo 72 del RD 500/1990, al no hacer referencia a aspectos 
tales como la forma de expedición y ejecución de las órdenes de pago “a justificar”, los pagos con 
fondos  “a  justificar”, los  límites  cuantitativos,  los  conceptos  presupuestarios  a  los  que  sean 
aplicables y el régimen de las justificaciones. En relación con la regulación de los anticipos de caja 
fija, las bases tampoco determinan la situación y disposición de los fondos, tal como prevé el 
artículo 75 de dicho RD. En particular, en el caso del Consorcio UNED se ha constatado la 
práctica de la puesta a disposición de los fondos al habilitado mediante talón bancario, con el 
riesgo de pérdida o sustracción que ello conlleva11. 
Las citadas BBEE tampoco disponen el régimen de control en relación con los dos sistemas 
anteriores, extremo necesario según los artículos citados. 
Del análisis de los pagos a justificar realizados por el citado Consorcio, por un total de 51 miles de 
euros,  para  atender  “otros  gastos  de  funcionamiento  de  la  UNED”,  es  decir,  gastos 
correspondientes al concepto presupuestario 226 (fundamentalmente conferencias y cursos y los 
gastos inherentes al desarrollo de estos como pagos de hoteles, billetes de avión y honorarios de 
los conferenciantes), se aprecia la falta de soporte documental que avale encontrarse en los casos 
excepcionales establecidos en la normativa para utilizar esta figura. En particular, el libramiento de 
tales pagos no se encuentra adecuadamente soportado para los cursos que gestiona esta entidad. 
 1p 1r  o S c ee   di ni dd  oi c  aa     ela n    a lap  se   ra tu l er ag   a dc e i o  un n e as    c q uu e e n ,   t“aa b fainn dcaer mia”e jeonra erl  lma egse sdteió jnu ndieo  ldoes  2fo0n2d0o. s puestos a disposición del habilitado, se ha  2021-14741n https://ww
 
 
II.4.  CUENTAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y DE LA FUNDACIÓN 
II.4.1.  Visión general del sector público empresarial de la CA 
En el cuadro siguiente se ofrece su composición en el ejercicio fiscalizado, coincidente con la 
recogida en el anterior Informe de fiscalización de Melilla. 
CUADRO Nº 21. COMPOSICIÓN EMPRESAS SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL  
(%) 
Participación  Otras  Total 
Empresas  total del sector  participaciones  participación 
autonómico  públicas  pública 
EMVISMESA  100  0  100 
INMUSA  100  0  100 
PROMESA  100  0  100 
Residuos de Melilla, S.A. (REMESA)  50  50  100 
Por lo que se refiere a las cuentas de las tres empresas de propiedad integra de la CA, la 
Administración General de la CA reconoció obligaciones en la cuantía de 11.092 miles de euros 
por transferencias (corrientes y de capital) a realizar a las citadas empresas, un 2,7 % superior a 
2017. 
Respecto de las cuentas de las sociedades de propiedad íntegra de la CA, cabe destacar: 
  PROMESA e INMUSA registraron pérdidas por importe de 613 y 3.309 miles de euros, 
respectivamente, mientras EMVISMESA reconoció un beneficio de 3.161 miles de euros. 
  El balance de PROMESA no mostraba deudas con entidades de crédito, al igual que en el 
ejercicio anterior. Por su parte, los balances de INMUSA y EMVISMESA registraban este tipo de 
deudas por importe de 50 miles y 13.779 miles de euros, respectivamente. Al cierre del ejercicio 
anterior, estos importes eran cero y 15.834 miles de euros, respectivamente. 
Por otro lado, REMESA es una empresa pública participada en la misma proporción (50 %), por la 
CA y la sociedad estatal Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A., ejerciendo su 
actividad en el territorio de la ciudad de Melilla. De acuerdo con la DA novena de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las sociedades mercantiles quedan obligadas a 
rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE), cuando la participación del sector público estatal sea igual o 
superior al de cada una de las restantes Administraciones Públicas. 
Las cuentas anuales de las sociedades se presentaron, en general, de acuerdo con los principios 
y normas definidos en los planes de contabilidad, si bien se realizan una serie de observaciones 
en los siguientes epígrafes. 
 
II.4.2.  EMVISMESA 
EMVISMESA tiene por objeto social la promoción, preparación y gestión del suelo y desarrollo de 
programas de promoción de viviendas y de rehabilitación de viviendas e inmuebles dentro del 
término municipal de Melilla. Posteriormente a su constitución, su Consejo de Administración 
acordó la ampliación de su actividad a campos como urbanismo y participación en empresas 
mixtas para el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. 
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 se formularon con fecha 25 de abril de 2019, fuera del 
plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio previsto en el artículo 253 del texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC). Su aprobación por la Junta General se produjo el 23 de 
mayo de dicho ejercicio, dentro del plazo establecido en el artículo 164 del TRLSC. 
En la memoria de las cuentas anuales se indica que la empresa no está obligada a auditoría. 
Asimismo, mediante escrito de la IG, de fecha 22 de mayo de 2019, se afirma que, al no estar la 
sociedad obligada por la normativa mercantil a auditarse y no haberse incluido en el plan anual de 
auditoría, no es objeto de auditoría de cuentas anuales por parte de dicho órgano interventor, 
argumentos que encuentran apoyo en lo dispuesto en el RD 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, así 
como en lo señalado en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
número 11, de fecha 29 de septiembre de 2017.  
No obstante lo anterior, siguiendo lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 1991, del 
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se fijan los criterios 
generales para determinar el “importe neto de la cifra de negocios”, las cantidades recibidas de la 
CA habrían de integrarse en ese concepto al responder a contraprestaciones por la actividad 
ordinaria de la sociedad, por lo que esta no cumpliría las circunstancias previstas en el artículo 
263.2 del TRLSC para estar excepcionada de la obligación de auditoría. 
Pese a lo indicado en las cuentas y en el escrito citados, con fecha 8 de abril de 2019 se adjudicó 
un contrato para la realización de los trabajos de auditoría, que culminaron en un informe que 
recomendaba  la  reformulación  de  las  cuentas  anuales  de  2018,  dadas  las  observaciones 
advertidas, sin que ello fuera atendido por EMVISMESA, que aprobó sus cuentas el 23 de mayo 
de 2019.  
La IG elaboró un informe de control financiero, de fecha 9 de agosto de 2019, en el que se emitía 
opinión desfavorable sobre las cuentas. 
Entre los ajustes propuestos en este informe está el relativo a la disminución de “otros ingresos de 
explotación” y el incremento simultáneo del “importe neto de la cifra de negocios” en 6.679 miles 
de  euros  (por  los  motivos  expuestos  anteriormente),  lo  que  conduciría  a  la  sociedad  a  la 
obligación de auditar sus cuentas anuales.  
A pesar de que las cuentas se encontraban ya aprobadas, con fecha 6 de noviembre de 2019, el 
Consejero de Hacienda, Economía y Empleo remitió un oficio al Consejo de Administración de 
EMVISMESA, señalando que “debería procederse, a la mayor brevedad posible, a reformular 
dichas cuentas con el objeto de que estas reflejen la imagen fiel de la sociedad. Debiendo 
adaptarse, en todo caso y en lo relativo a la obligatoriedad de auditar sus cuentas a lo establecido 
en el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital, ya que se superan los límites de cifra de 
negocios y de volumen de activo que establece el mencionado artículo”. 
De  las  comprobaciones  realizadas  durante  la  fiscalización  sobre  las  cuentas  de  2018  se  o
desprenden las siguientes observaciones:  741www.
 
 
  No se aplicó al resultado del ejercicio importe alguno por las subvenciones, donaciones y 
legados recibidos, epígrafe que figura en el patrimonio neto del balance por importe de 1.087 
miles de euros, sin que la sociedad explicara los motivos de esta circunstancia. 
  Tampoco  se  ha  aportado,  en  relación  con  las  existencias  que  figuran  en  el  balance, 
desglose de la variación y del saldo final de existencias de promociones en curso y terminadas y 
solares,  ni  las  circunstancias  de  carácter  sustantivo  que  pudieran  afectar  a  la  titularidad, 
disponibilidad o valoración de las existencias (litigios, seguros, embargos).  
  En  la  memoria  se  informa  de  la  existencia  de  correcciones  por  deterioro  en  activos 
financieros originadas por el riesgo de crédito, a 31 de diciembre de 2018, por importe de 1.333 
miles  de  euros,  sin  que  se  haya  informado  sobre  el  procedimiento  llevado  a  cabo  para  la 
determinación de su importe. 
  En 2018 se abonó la deuda que figuraba en las cuentas de ejercicios anteriores, por importe 
de 6.245 miles de euros, correspondiente al requerimiento de la CA de fecha 16 de septiembre de 
2016, por el que reclamaba el reintegro de subvenciones concedidas desde el ejercicio 1992 a 
2016, al haber sido requerida, a su vez, por el Ministerio de Fomento, al no destinarse la ayuda a 
las actuaciones de rehabilitación para las que se otorgó. El requerimiento fue objeto de recurso, 
que resultó desestimado por la Audiencia Nacional en sentencia de 22 de octubre de 2018, por lo 
que la sociedad transfirió el importe citado a la CA, quien a su vez tramitó una generación de 
crédito destinada a afrontar la devolución. 
  En la memoria (nota 4.2) se indican los plazos y coeficientes para la amortización del 
inmovilizado material, siendo incoherentes entre sí12. 
  Pese a que no se logró completar la venta o alquiler de determinados bienes inmuebles, aun 
con la mejora de las condiciones para su logro (según indica la memoria), no se procedió al 
reconocimiento contable del oportuno deterioro de valor o, en su caso, a informar en la memoria 
de la falta de procedencia de la misma. 
Por otro lado, en virtud del acuerdo firmado con la CA el 15 de marzo de 2002, la sociedad tiene 
encomendadas las funciones de emisión y cobro de los recibos de las viviendas, locales y otros 
del Parque de Inmuebles Municipales que aparecen relacionados en dicho convenio, así como 
otros que posteriormente se han ido añadiendo. Durante la fiscalización, la sociedad no ha 
aportado relación actualizada de los inmuebles sobre los que la sociedad gestiona el cobro de 
recibos ni los importes cobrados y pendientes al cierre de 2018. Cabe señalar que EMVISMESA 
dispone de una aplicación informática al efecto, no conectada con su sistema de información 
contable. 
El informe de control financiero de la IG de 9 de agosto de 2019, citado anteriormente, pone de 
manifiesto,  como  deficiencia  de  control  interno,  que  la  sociedad  no  mantiene  debidamente 
actualizado un registro de notas simples registrales de los activos de su propiedad, ni mantiene un 
control sobre las escrituras de los inmuebles que se enajenan en cada ejercicio, no siendo posible 
conocer la cuantía por la que finalmente se venden los distintos activos a los clientes. 
En  el  informe  de  gestión  que  acompaña  a  las  cuentas de  2018, se  ofrece información  no 
actualizada  sobre  la  gestión  de  cobro  de  recibos,  al  referirse  al  ejercicio  2017.  Durante  la 
fiscalización se ha conocido, además, que una de las medidas implementadas por la sociedad 
para la mejora de los índices de cobro consistía en el establecimiento de bonificaciones, aplicadas 
tanto a los conceptos de alquiler como al de amortización de préstamos, acción que, si bien está  e.
                                                  741ww
1a(22ñ 0Po soa,rñ  omesjie eymn 1tpr0alo s%,  ee anl n clauosae lf)ci cuoiee ennlt tames od dbeei li aaEmrMiooV r(t2IiSz0aM acEiñóSonsA  r,ye  sf1lee0 j ian%dd oiac naeu sqa udl)ee.  ll a2  a%m oarntiuzaacl;i ócna sdoe  slaims iclaorn sptarurac claiosn einss tsael arceiaolnizeasr áté ecnn i1c0a0s 
 
prevista en el apartado 2 de la cláusula primera del citado acuerdo con la CA de 15 de marzo de 
2002, no aparece suficientemente explicada ni en sus cuentas anuales ni el citado informe de 
gestión. 
En relación con el cobro de recibos en sus oficinas, la empresa aportó un documento denominado 
“normas  e  instrucciones  para  la  gestión  del  efectivo”,  en  el  que  no  constaba  su  fecha  de 
elaboración, ni acreditación de estar debidamente aprobadas. Pese a que en ellas se indica que 
“no  se  podrá  cobrar  cantidades  superiores  a  2.500  euros”,  durante  la  fiscalización  se  han 
detectado diecisiete cobros en efectivo que rebasaban ese límite, incumpliendo lo establecido por 
la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y 
lucha contra el fraude.  
Aunque las normas citadas recogen medidas para evitar la acumulación en sus oficinas de saldos 
en efectivo, especialmente en los primeros días de cada mes, en el informe de control financiero 
de la IG al que se ha hecho referencia anteriormente se destaca que los saldos mantenidos en la 
cuenta de caja son frecuentemente muy significativos, dando cuenta de un arqueo de caja en el 
que el saldo alcanzó los 52 miles de euros. 
II.4.3.  PROMESA y Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí 
PROMESA se dirige principalmente a promover e impulsar el desarrollo socioeconómico de 
Melilla, así como prestar asesoramiento de todo tipo, de gestión, financiero y/o económico, a los 
proyectos de iniciativa de promoción de empleo y a las empresas en general, incluyendo la 
ejecución de obras públicas por encargo de la CA. 
Las  cuentas  anuales  de  2018  de  PROMESA  fueron  formuladas  el  21  de  marzo  de  2019, 
cumpliendo el plazo previsto en el artículo 253 del TRLSC. Se rindieron acompañadas de informe 
de fecha 22 de marzo de 2018, realizado por auditor privado, con opinión favorable. Además, se 
acompañó informe de auditoría de cumplimiento realizado por la IG en colaboración con auditor 
privado en el que se ponía de manifiesto la ausencia de salvedades, deficiencias o anomalías en 
materia de gastos de personal, contratación, subvenciones y ayudas, estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, así como normativa fiscal y Seguridad Social.  
La  sociedad  no  aportó  las  actas  de  las  reuniones  de  sus  órganos  colegiados  durante  la 
fiscalización, haciéndose llegar en la fase de alegaciones. 
Por otra parte, en 2005, la sociedad fue uno de los tres patronos fundadores de la Fundación para 
el  Desarrollo  Socioeconómico  Hispano-Marroquí,  ostentando,  en  el  ejercicio  fiscalizado,  la 
presidencia del Patronato de dicha entidad no lucrativa. En el momento de constituirse, la dotación 
fundacional recibida fue de 13 miles de euros, mediante una única aportación dineraria efectuada 
por PROMESA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 40/201513, al constituirse 
con una aportación mayoritaria directa de una entidad del sector público, habría de considerarse 
integrante del mismo. Las cuentas rendidas por la fundación estaban constituidas únicamente por 
el balance de situación y la cuenta de resultados. La sociedad realizó en 2018 una aportación de 
10 miles de euros a dicha fundación (5 miles de euros en el año anterior), que constituye el 77 % 
de sus ingresos. 
Es de destacar que esta Fundación, en el ejercicio fiscalizado, tuvo únicamente unos gastos de 
actividad algo inferiores a 9 miles de euros (17 miles de euros en 2017), lo que evidencia una 
reducida actividad.  e.
 1n 3o   rS m e a   tt oiv m a   al o  cc  oa  ml.   o    r e f e  r e  n c  ia    e  s t e    p  r ecepto no básico de la ley estatal, dado que no existe previsión específica en la  2021-14741n https://ww
 
 
Sin perjuicio de las competencias reconocidas a Melilla en su EA, cabe señalar que la DA novena 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé (con efectos 
desde el 31 de diciembre de 2013) que las sociedades dependientes, a efectos del Sistema 
Europeo de Cuentas, de cualquiera de las EELL del artículo 3.1 de esa Ley, no pueden constituir, 
participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología. 
II.4.4.  INMUSA 
INMUSA  tiene  como  objeto  social,  principalmente,  la  realización  de  servicios  de  creación, 
producción, edición y difusión en cualquier tipo de soporte de la información y comunicación 
municipal en el ámbito de la CA, así como el desarrollo de contenido y servicios conexos e 
interactivos de todo tipo de géneros con el fin de atender a las necesidades sociales y culturales 
de la población melillense garantizando el acceso a la información, la cultura, la educación y el 
entretenimiento. 
En el ejercicio 2018, INMUSA recibió de la CA transferencias por importe de 3.400 miles de euros, 
que se registraron mediante abono en la subcuenta 118.0004 “Aportación de socios CAM 2018”.  
De la información que incluye la sociedad en sus cuentas anuales parece deducirse que su 
actividad se ciñe al servicio de radio y televisión, por lo que las aportaciones recibidas de la CA 
para ello, de acuerdo con los criterios generales recogidos en la norma de registro y valoración 18, 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del PGC, y en la Orden EHA/733/2010, de 25 de 
marzo,  por  la  que  se  aprueban  aspectos  contables  de  empresas  públicas  que  operan  en 
determinadas circunstancias, en la medida en que la actividad realizada coincida con el servicio 
de comunicación audiovisual declarado de interés público por el artículo 40 de la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, no estarían correctamente contabilizadas, 
debiendo recogerse en la cuenta de pérdidas y ganancias. Ello supondría la modificación de los 
estados  financieros  para  expresar  correctamente  estas  aportaciones.  En  la  memoria  de  las 
cuentas anuales no se ofrece información suficiente al respecto14. 
En el ejercicio 2017, además de registrar como aportaciones de socios las transferencias recibidas 
de la CA, la sociedad había registrado simultáneamente otro asiento contable, con un cargo en la 
subcuenta 103.4000 “Socios por desembolsos no exigidos” y un abono en la 103.0000 “Socios por 
desembolsos no exigidos CA”. La falta del fiel reflejo de la situación económico-patrimonial en el 
balance de situación que se derivaba de esta incorrecta práctica contable fue corregida en el 
ejercicio fiscalizado. 
La Asamblea de Melilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2016, acordó 
la cesión gratuita a INMUSA de una finca. Aunque este inmueble ya venía siendo utilizado por la 
empresa en ejercicios anteriores, no se había registrado contablemente por no haberse elevado a 
escritura  pública  dicha  cesión,  lo  que  no  es  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  PGC,  dada  la 
preminencia del fondo económico de las operaciones sobre su forma jurídica15. Los valores de 
tasación del inmueble eran de 553 miles de euros el suelo y 739 miles la construcción. 
Por otra parte, las cuentas anuales de 2018 contienen ajustes contra la cuenta de reservas por un 
importe neto de 260 miles de euros, como consecuencia de errores de ejercicios anteriores. Los 
más significativos afectan a la provisión para responsabilidades, que disminuye en 71 miles de 
euros (39 miles por responsabilidades frente a la Seguridad Social que estaban prescritas y 32 
                                                 
14 En las alegaciones, la sociedad se limita a mencionar lo dispuesto en la norma para contabilizar las subvenciones  e.e
recibidas como aportaciones de socios. En todo caso, las razones y fundamentos que dieran lugar a ello deben  bo
recogerse y detallarse en la memoria, tal como se señala en el texto.  741www.
1as5oc ulPaeo, rred sloap  depecr iecamel rsienióleennv cyaiana c,d ipaer  ec2ov0in1st6taa,b  lelaen ,e  pleeelv sPaeGc iaóC nl,o  ad s eeel ñsfcaorlnaitdudoroa  ee pcnúo lbnalósicm aa ilcedoge a ddceiico hlnaoes sa o.c p t oe,r aelc 2io5n edse  smoabyroe  dseu  2fo0r1m9a,  njuor ípdriecsae, nyt ad, apdoor  seíl 
 
miles por una sanción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria abonada en 2016), y a la 
cuenta de organismos acreedores de la Seguridad Social, que disminuye en 196 miles de euros 
por prescripción de una pérdida de bonificación de enero de 2013. 
La sociedad no registra en sus cuentas pérdidas por deterioro de inmovilizado. El informe de 
auditoría emitido por la IG propone un ajuste por este concepto de 23 miles de euros, que no 
tuvieron reflejo en las cuentas anuales rendidas. En el citado informe se proponen otros ajustes 
cuyo efecto determina la emisión de opinión favorable con salvedades, entre los que cabe citar la 
reclasificación a inmovilizado intangible de gastos de digitalización que se contabilizan como 
mercaderías por importe de 115 miles de euros y la baja de derechos de cobro frente a la CA, con 
cargo a aportaciones de socios, por importe de 530 miles de euros, al no evidenciarse que 
estaban comprometidos al cierre del ejercicio. 
La memoria integrante de las cuentas anuales de INMUSA no puede considerarse que cumpla lo 
dispuesto en el RD 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el PGC de Pequeñas y 
Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, donde se indica 
que esta debe completar, ampliar y comentar la información contenida en los otros documentos 
que integran las cuentas anuales, pues habría de incluir información explicativa suficiente de las 
principales operaciones y saldos de la sociedad relativos al ejercicio 2018. En particular: 
  Aunque en el balance y cuenta de pérdidas y ganancias, y a diferencia de ejercicios 
anteriores, sí se hace referencia a la correspondiente nota de la memoria explicativa de cada 
saldo, dicha referencia no es completa para todas las partidas. 
  En la memoria se indican los plazos y coeficientes para la amortización del inmovilizado 
material, siendo incoherentes entre sí16. 
  No se informa de las dietas y otras retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de 
Administración (67 miles de euros). 
  No se informa sobre las razones y forma de cálculo de los importes de las provisiones a 
largo plazo (83 miles de euros). 
  No se detallan los inmovilizados (de valor neto contable 578 miles de euros) con que cuenta 
la sociedad, por lo que no puede conocerse su naturaleza, antigüedad y correcta amortización.  
  Se presentan unos gastos de explotación de 3.494 miles de euros sin ofrecer desglose 
alguno de su composición.  
II.5.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
II.5.1.  Marco normativo 
La Disposición final quinta de la LOEPSF estableció que las Ciudades de Ceuta y Melilla se 
regirían en materia de estabilidad presupuestaria por las disposiciones contenidas en dicha norma 
que resultasen de aplicación a las corporaciones locales, sin perjuicio de las especialidades 
derivadas de su condición de miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA, y 
de que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 13.5 de esta LO, se deba considerar el régimen de 
endeudamiento que para las mismas se establece en sus respectivos EA, teniendo carácter 
supletorio el TRLRHL.  e.e
                                                  741ww
1am6m aDoqerut iifnzoaarmrciiaóa n ds eidm 1ei8 la6 ar8 ñ aao lñso o yds u icynh  uo1n 2e  n%c ol aea fnincuoiaetaln.  taen dteerli o2r , %en a lnausa cl,u elanst ains sdtael aINciMonUeSsA t,é lcansi ccaosn sdteru 2c0c ioanñeoss  pyr eusne n1t0a n% u na npulaazl oo  dlae 
 
 
Por su parte, el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las EELL. Esta 
norma se vio parcialmente modificada por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF. 
No obstante el marco anterior, en el informe 33/2019, de 16 de julio, de cumplimiento esperado de 
los objetivos relativos a dicho ejercicio, la AIREF mantiene la recomendación al MH sobre la 
necesidad  de  aprobar  y  publicar  un  documento  que  recoja  la  interpretación  a  seguir  en  la 
aplicación de cada una las reglas fiscales a las EELL, garantizando la consistencia entre ellas y la 
unidad de criterio interpretativo. En el análisis realizado a continuación se ponen de manifiesto 
determinadas cuestiones donde se evidencia dicha necesidad (II.5.2.B y II.5.3). 
Por lo que se refiere al ámbito subjetivo de aplicación de la normativa de estabilidad, el artículo 4.1 
del RD 1463/2007 prevé que las EELL, sus OOAA y los entes públicos dependientes de aquellas, 
que  presten  servicios  o  produzcan  bienes  no  financiados  mayoritariamente  con  ingresos 
comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al 
principio de estabilidad. 
II.5.2.  Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto 
A)  OBJETIVO DE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO 
Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para el 
ejercicio 2018 se establecieron por Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017. 
El  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  para  las  Corporaciones  Locales  fue  alcanzar  una 
situación de equilibrio. En lo referente a la variación del gasto computable, el artículo 12 de la 
LOEPSF (regla de gasto) determina que la primera no podrá superar la tasa de referencia de 
crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española. Según los cálculos realizados por el 
Ministerio de Economía y Competitividad de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión 
Europea para 2018, esta tasa se situó en el 2,4 %. 
B)  ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO EN EL PRESUPUESTO INICIALMENTE APROBADO  
El cálculo efectivo de la capacidad o necesidad de financiación, en términos de contabilidad 
nacional, necesario para verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad, al no estar la Ciudad 
acogida al sistema de estabilidad presupuestaria en el ciclo económico, previsto en el artículo 5 
del RD 1463/2007, corresponde, de acuerdo con el artículo 16.2 de esta misma norma, a la propia 
Intervención, la cual debe elevar al Pleno (u órgano equivalente) un informe sobre el cumplimiento 
del objetivo de la CA, de sus organismos y entidades dependientes (referido tanto al presupuesto 
inicial como a la liquidación). 
La IG emitió, el 4 de diciembre de 2017, el informe del citado artículo 16.2 sobre el Presupuesto 
General Consolidado de la Ciudad de Melilla, a presentar para la aprobación de la Asamblea, 
concluyendo que este se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria, entendido como la 
situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la 
definición contenida en el SEC 2010.  
Entre los ajustes practicados para el cálculo de la situación de capacidad de financiación se 
encuentra el relativo a la posible inejecución del presupuesto de gastos según datos de ejercicios 
anteriores. Se indica en el informe que “el Ministerio de Hacienda y Función Pública contempla en  e.
la Oficina Virtual de EELL el identificador GR015 Ajuste por grado de ejecución del gasto”,  w.b
poniéndose de manifiesto la debilidad consistente en no especificarse el sistema de cálculo.  741ww
Acodnetmabáisli,d acda bnea ciaoñnaadl ipr ubqluicea deos tpeo ra ljau sIGteA Eno,  sianpoa erenc lea  Genu íae lp aMraa nlau adle tdeerm  cináalccuiólon  ddee ll a dRéefigcilta  deen 
 
Gasto para Corporaciones Locales (3ª edición, noviembre de 2014). Aun no teniendo en cuenta 
dicho ajuste (de 15.946 miles de euros), se mantendría la situación de capacidad de financiación. 
En relación con la regla de gasto y el presupuesto inicial, este órgano basa la no necesidad de 
pronunciamiento en lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre. A este respecto, el citado informe 33/2019 de la AIREF recomienda que se modifique la 
Orden ministerial de suministro de información en el marco de la LOEPSF e incorpore el cálculo 
de la regla de gasto a la información que comunican las EELL en las fases iniciales del ciclo 
presupuestario en orden a conseguir una mayor transparencia. 
C)  ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
De acuerdo con el informe realizado por la Intervención el 4 de junio de 2019, también con base 
en el artículo 16.2 del RD 1463/2007, sobre el presupuesto ejecutado de forma consolidada en 
2018, una vez realizados los ajustes pertinentes se deriva un superávit de 27.741 miles de euros, 
por lo que se cumpliría el objetivo fijado para dicho ejercicio.  
Por otra parte, durante 2018, la CA no cumplió las reglas establecidas en la DA sexta de la 
LOEPSF, en relación con el destino del superávit presupuestario obtenido en el ejercicio anterior, 
que ascendió a 22.703 miles de euros. Esta DA continuó vigente para el ejercicio 2018 en virtud 
del artículo 1 del RD-L 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del 
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica 
el ámbito objetivo de estas. El importe del superávit, antes de proceder a financiar inversiones 
financieramente sostenibles (para lo que se tramitó un crédito extraordinario por importe de 12.993 
miles  de  euros),  debió  destinarse  a  cancelar  las  obligaciones  pendientes  de  pago  con 
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, sin que ello se hubiera 
producido, al permanecer en cuentas de acreedores presupuestarios saldos pendientes de pago 
de ejercicios anteriores por importe de 3.836 miles de euros.  
La IG, en el citado informe, concluyó que la CA cumplía la regla de gasto, a los efectos de que la 
variación del gasto computable (2,11 %) no supere la tasa de referencia del crecimiento del 
producto interior bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad (2,4 %). 
No obstante lo anterior, cabe señalar que las deficiencias señaladas en el subepígrafe II.3.3.B, 
sobre  seguimiento  de  los  gastos  con  financiación  afectada,  pueden  afectar  al  cálculo  del 
cumplimiento de la regla de gasto, dado que dichos gastos, con carácter general, han de ser 
excluidos de dicho cálculo. 
II.5.3.  Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera 
Mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros ya citado, se fijó, para las EELL, un objetivo de 
deuda pública para 2018 del 2,7 % del PIB correspondiente. Dado que la LOEPSF no atribuye un 
objetivo para cada entidad local y que, como en los ejercicios precedentes, no se ha determinado 
el porcentaje en términos de ingresos no financieros que podría alcanzar la deuda, se vienen 
utilizando unas instrucciones formuladas por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local17 del entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública18, donde, como alternativa a los 
                                                 
17 Órgano suprimido por el RD 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales, pasando sus funciones, en aquello que interesa a los efectos de este epígrafe, a ser 
desarrolladas por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Con igual denominación aparece en el  e.e
reciente RD 139/2020, de 28 de enero.  bo
18 Tras el RD 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, Ministerio de  741ww
Hedlea q ceuineeen srdoea.   rye eFsutnrucciótunr aPnú blolisc ad.e Ppoasrttaemrioernmtoesn tme inreisntoemriablreasd, od eMnionmistinearicoi ódne  qHuaec iseen dmaa nptoier neel  ReDn  e3l5 r5e/c2ie0n1t8e,  RdeD 6 2 /d2e0 2ju0n,i od,e p 1o2r 
 
 
cálculos anteriores, se indicaba que el informe de evaluación de la Intervención debía referirse al 
“análisis del nivel de deuda viva”, en términos del TRLRHL.  
Por lo que se refiere al presupuesto aprobado, la Intervención señala que el volumen total del 
capital vivo no excedía del 75 % de los ingresos corrientes liquidados, limitación establecida por la 
DA  decimocuarta  del  RD-L  20/2011,  de  30  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  en  materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, según redacción 
otorgada por la Disposición final trigésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado (LPGE) para 2013. 
La Intervención, en el señalado informe de 4 de junio de 2019, indica que el endeudamiento (en 
términos de contabilidad nacional) de la CA es de 75.876 miles de euros, cantidad equivalente al 
38 % de los recursos corrientes liquidados del último ejercicio (deducidos los ingresos afectados 
no ordinarios), porcentaje que respetaría el límite del 110 % fijado en el artículo 53.2 del TRLRHL 
para no precisarse la autorización del Estado a la realización de estas operaciones. En el informe 
de la Intervención no se incluye una deuda de 50 miles de euros de INMUSA con una entidad de 
crédito. 
Como se deduce de los párrafos anteriores, los informes toman distintos parámetros como 
referencia para acreditar la situación de cumplimiento (DA decimocuarta del RD-L 20/2011 o 
artículo 53.2 del TRLRHL), si bien ello no presenta consecuencias prácticas en este caso. 
En ninguno de los dos informes se hace mención al signo positivo o negativo de la magnitud 
“ahorro neto”, pese a incluirse este indicador en las normas antes referidas. 
Adicionalmente, según prevé el artículo 4 de la LOEPSF, para encontrarse en una situación de 
sostenibilidad financiera, el periodo medio de pago (PMP) a los proveedores no ha de superar el 
plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Por su parte, según el artículo 18.5 de la 
misma norma, el órgano interventor de la Corporación Local debe realizar el seguimiento del 
cumplimiento del PMP a proveedores, con la formulación de una comunicación de alerta en caso 
de determinados incumplimientos. El informe de la Intervención de 4 de junio no hace mención a 
este aspecto. 
El análisis del PMP y de la morosidad se realiza en el epígrafe II.6.2. 
II.6.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 
Se analizan en este apartado diversas cuestiones de la actividad económico-financiera, tanto de la 
Administración General como de los demás entes dependientes de la Ciudad. 
II.6.1.  Operaciones de crédito y avales 
A)  SITUACIÓN GENERAL 
La situación del endeudamiento financiero de la CA durante el ejercicio 2018 se refleja en el anexo 
II.2-6, según los datos obtenidos de la Cuenta General rendida (balance de comprobación e 
información sobre el endeudamiento de la memoria). El importe pendiente de amortización a 31 de 
diciembre  asciende  a  62.097  miles  de  euros  (incluyendo  las  deudas  por  operaciones  de 
arrendamiento financiero, no computadas en el citado anexo) sin que la CA haya aportado todas 
las certificaciones bancarias de los saldos pendientes.  es
 
A continuación, se detalla la evolución del saldo vivo de la deuda de la CA y sus entidades 
dependientes (en miles de euros), donde se aprecia el importante descenso producido en los 
últimos años. 
CUADRO Nº 22. EVOLUCIÓN DEL SALDO VIVO DE LA DEUDA  
(miles de euros) 
  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2018 
  Administración General       
-  Préstamos de entidades de crédito  68.191  54.063  53.618 
-  Préstamo Ministerio Industria Plan Avanza  4.083  3.500  2.917 
-  Operaciones de arrendamiento financiero  7.476  6.587  5.562 
Subtotal  79.750  64.150  62.097 
Empresas Públicas        
-  Préstamos de entidades de crédito y otras deudas  17.690  15.834  13.829 
Total  97.440  79.984  75.926 
B)  LIMITACIONES LEGALES AL ENDEUDAMIENTO 
Tanto el EA de la CA como, principalmente, la legislación del Estado sobre régimen financiero de 
las EELL, de aplicación supletoria a la CA, regulan la concertación de operaciones de crédito. 
Durante el ejercicio 2018 la CA no concertó operaciones para cubrir necesidades transitorias de 
tesorería y formalizó un préstamo a largo plazo, por importe de 9.670 miles de euros, previsto en 
su Presupuesto, además de otros dos préstamos por importe total de 12.090 miles de euros que 
habían sido adjudicados en 2017 e imputados al presupuesto de ese ejercicio, pero que fueron 
formalizados a principios de 2018. 
El régimen legal para la autorización del endeudamiento viene establecido, con carácter general, 
por el artículo 53 del TRLRHL y la DA decimocuarta del RD-L 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público, según la redacción otorgada por la Disposición final trigésima primera de la LPGE para el 
año 2013, la cual, además, le atribuyó vigencia indefinida.  
Según la citada DA decimocuarta, las entidades que presentasen ahorro neto negativo no podían 
concertar operaciones de crédito a largo plazo. De la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2017, así como del cálculo de las anualidades de los préstamos vivos y de las operaciones a 
concertar para 2018, no se deduce que la CA estuviera en tal situación. 
Por otra parte, esta misma DA se refiere al informe de la Intervención regulado en el apartado 2 
del artículo 52 del TRLRHL, indicando que en el mismo se incluirán los cálculos que acrediten el 
cumplimiento de los límites citados en la propia Disposición y cualesquiera otros ajustes que 
afecten a la medición de la capacidad de pago de la entidad. Sobre este informe, previo a la 
concertación del endeudamiento, cabe señalar que el analizado, a diferencia de los emitidos en 
ejercicios anteriores, sí verifica de manera particular la capacidad para afrontar las obligaciones 
que se derivan de las nuevas operaciones de crédito.  s
En el expediente del préstamo a largo plazo imputado al ejercicio 2018 se incluía informe con los  w.b
cálculos  necesarios  para  determinar  el  coste  de  la  operación  de  endeudamiento,  según  la  741ww
mTeestoodroo lyo gPíao líetisctaa bFliencaidnaci eerna , lap oRr elas oqluueci ósne  ddee fi4n ed eel  jpurliinoc dipeio 2 d0e1 7p,r uddee nlac iaS eficnraentacrieíara G aepnliecraabl led eal 
 
 
las operaciones de endeudamiento y derivados de las CCAA y EELL, habiéndose comprobado a 
través de la documentación analizada el cumplimiento de dicho principio de prudencia financiera. 
C)  AVALES 
En el anexo I.4 se recoge la evolución de los avales otorgados por la Administración General de la 
CA, información que figura incluida en la memoria de la Cuenta General de 2018. 
En 2010, EMVISMESA formalizó una póliza de crédito, operación avalada por la CA, y en marzo 
de 2015, un préstamo hipotecario por el crédito dispuesto de la póliza (13.750 miles de euros) que 
fue avalado igualmente por la CA. La información sobre esta operación recogida en la memoria de 
las cuentas anuales de la CA refleja como fecha de concesión del aval 20 de diciembre de 2014, 
mientras que la escritura pública tiene fecha de 18 de marzo de 2015. 
La memoria de las cuentas anuales de la CA incluye como concedido un aval por importe de 436 
miles de euros al Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. No 
obstante, se trata de un aval otorgado por una entidad financiera a la CA, para responder de las 
obligaciones derivadas del acuerdo de compraventa firmado con fecha 20 de julio de 2017 para la 
adquisición de un inmueble por parte de la CA a dicho Instituto. 
II.6.2.  Instrumentos de lucha contra la morosidad 
A)  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ 
Mediante el RD-L 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
CCAA y EELL y otras de carácter económico, se habilitan nuevas extraordinarias de apoyo a la 
liquidez para las CCAA y Corporaciones Locales, en virtud de la DA primera de la LOEPSF. La 
Ciudad no se ha acogido a ninguno de los fondos creados por este RD-L. 
B)  MOROSIDAD 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.6 de la LO 2/2012, las Administraciones públicas 
deben publicar su PMP a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluya, al menos, 
información  relativa  a  la  previsión  de  pago  a  proveedores  de  forma  que  se  garantice  el 
cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. El plan de tesorería 
aprobado no contenía esta información. 
Por su parte, el RD 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del PMP a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención 
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la LOEPSF. Este RD resulta de 
aplicación a todos los sujetos previstos en el artículo 2.1 de la LOEPSF, incluyendo, en el caso de 
la CA de Melilla, a las tres sociedades mercantiles de capital íntegramente de su propiedad. 
El período medio de pago definido en esta norma mide el retraso en el pago de la deuda comercial 
en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido 
en la legislación de contratos y de medidas contra la morosidad.  
Según datos recabados de la Oficina Virtual de EELL del Ministerio de Hacienda, el PMP a 
proveedores de la CA fue de 53,69 días en el primer trimestre del ejercicio fiscalizado, 22,96 en el 
segundo, 28,55 en el tercero y 23,15 días en el cuarto. Estos datos mejoran sustancialmente los 
del ejercicio 2017 (90,32 días en el primer trimestre, 91,55 en el segundo, 87,15 días en el tercero  e.e
y 80,22 en el último) y, salvo en el primer trimestre, cumplen el plazo de 30 días previsto en la  b
normativa.  741ww
 
Estos  datos  se  refieren  al  conjunto  de  la  CA  (Administración  General,  organismos  y  entes 
dependientes y empresas públicas) y coinciden con los publicados por la CA en su portal de 
transparencia, en el que se publica, además, detalle del PMP de cada una de las entidades. 
Según estos datos, en el primer trimestre incumplían el plazo legal la Administración General de la 
CA (56,37 días), la Fundación Ciudad Melilla Monumental (71,04 días) y el Patronato de Turismo 
(41,84 días). En los restantes trimestres solo se observan incumplimientos por parte del Patronato 
de Turismo (38,59 días en el segundo trimestre y 53 días en el tercero) y en la Fundación Ciudad 
Melilla Monumental (31,72 días en el cuarto trimestre). 
El motivo fundamental de la corrección del PMP a partir del segundo trimestre de 2018 cabe 
encontrarlo en la modificación operada sobre el artículo 5 del RD 635/2014 por parte del RD 
1040/2017, de 22 de diciembre, con efectos de 1 de abril de 2018. Según esta modificación, el 
cálculo del PMP se empieza a computar a partir de la aprobación de los documentos que 
acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, y no como hasta el 
momento de su entrada en vigor, que se producía desde los 30 días siguientes a la entrada de las 
facturas en el correspondiente registro. 
En el ejercicio precedente se puso de manifiesto el incumplimiento de los plazos legales en todos 
los trimestres, advirtiendo la IG que determinados centros gestores no daban cumplimiento a lo 
dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro Único de Facturas de 
la CA, donde se indica que una vez recibidas las facturas, las unidades gestoras del gasto han de 
proceder  a  su  tramitación  inmediata  o,  en  caso  de  devolución  al  proveedor,  informar  a  la 
Intervención con el objeto de que ello sea tenido en cuenta en relación a los plazos establecidos 
en la normativa aplicable. Esta deficiencia, que, como se ha dicho, tuvo repercusión en el PMP, no 
fue solventada en el ejercicio fiscalizado, en especial por parte de las Consejerías de Cultura y 
Festejos y de Educación, Juventud y Deportes. 
Asimismo, el Reglamento anterior señala que transcurrido un mes desde la anotación en el 
registro de la factura o documento justificativo sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar 
el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, la IG requeriría a dicho órgano gestor 
para  que  justifique  por  escrito  la  falta  de  tramitación  de  dicho  expediente,  procediendo  la 
Intervención de esta manera, tanto en 2017 como en 2018. 
Finalmente, pese a que el artículo 13.6 de la LOEPSF indica que cuando el período medio de 
pago de una Administración Pública supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre 
morosidad esta debe proceder a la actualización de su plan de tesorería, incluyendo medidas 
sobre los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores y los compromisos 
adoptados para la reducción del periodo de pago, ello no se llevó a cabo a raíz del incumplimiento 
del primer trimestre de 2018. 
 
 
II.6.3.  Personal 
En el siguiente cuadro se reflejan los efectivos de la Ciudad, de sus entes administrativos y 
sociedades mercantiles íntegramente participadas por la primera. 
CUADRO Nº 23. EFECTIVOS DE LA CA  
CA de Melilla  2016  2017  2018 
Consejeros y Viceconsejeros  24  24  21 
Funcionarios propios y transferidos  792  773  787 
Personal eventual  25  25  25 
Laborales propios y transferidos  141  130  118 
235  242 
Laboral contratado  222 
Subtotal CA  1.204  1.187  1.193 
OOAA  11  11  11 
Sociedades mercantiles (nº medio)  101  103 
96 
Total (*)  1.311  1.299  1.307 
(*)  Además, los efectivos de la Escuela Taller y los Planes o Talleres de Empleo, derivados de contratos de duración 
inferior al año y financiados por el Servicio Estatal de Empleo, ascendieron a 1.394 en 2016, 1.113 en 2017 y 1.044 en 
2018. Desde 2015, las contrataciones son competencia de la CA íntegramente (hasta ese momento, compartidas con la 
Delegación del Gobierno en Melilla). 
A)  ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS 
Los efectivos con que contaban las distintas Consejerías y OOAA aumentaron ligeramente en 
2018 respecto a los existentes en el ejercicio inmediato anterior. Las obligaciones reconocidas por 
gastos de personal por parte de la Administración General de la CA ascendieron a 74.508 miles 
de euros, lo que supone, en relación con la misma magnitud del año precedente, un incremento 
del 8 % motivado fundamentalmente por: 
  La mayor ejecución en 2018 de los programas correspondientes a Planes de Empleo, que 
abarcan nueve meses frente a los siete del año anterior.  
  La incorporación de un mayor número de trabajadores de categorías y grupos profesionales 
superiores en 2018. 
  Los aumentos salariales como consecuencia de la aplicación de la Resolución de 22 de 
marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo 
Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. 
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 31 de agosto de 2018, se procedió a la aprobación de la 
Oferta de Empleo Público para dicho año, que incluía 20 plazas de acceso libre, todas ellas para 
funcionarios de carrera, además de otras 7 de promoción interna. Al haber cumplido en el ejercicio 
anterior los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, según informe 
al efecto de la IG de la Ciudad, se disponía de una tasa de reposición del 100 %, junto con una 
tasa adicional del 8 % para determinados ámbitos o sectores, todo ello en virtud del artículo  e.
19.Uno.2 de la LPGE. No se ha acreditado la remisión al Ministerio de Hacienda y Función Pública  w.b
de la certificación del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa de  741ww
reposición, como exige el artículo 19.Uno.8 de la LPGE.
 
Por su parte, la DA centésima sexagésima quinta de la LPGE preveía una tasa adicional de 
reposición de la policía local, condicionada a que, en aplicación de lo establecido en el artículo 
206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se produjera el anticipo de 
edad de jubilación de los policías locales. Con base en este precepto, mediante Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 2018, se aprobó una Oferta de Empleo Público 
adicional, con 32 plazas de acceso libre y 19 de promoción interna, pese a que el RD 1449/2018, 
por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías 
locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, se aprobó posteriormente, 
el 14 de diciembre de 2018, entrando en vigor el 2 de enero de 2019. 
En ninguno de los dos acuerdos mencionados se fija el plazo máximo para la convocatoria de los 
procesos selectivos relativos a las plazas en él incluidas, pese a lo dispuesto en el artículo 70 del 
texto refundido de la Ley del EBEP. Respecto al Acuerdo de 31 de agosto de 2018, al cierre de 
2019 se había finalizado la cobertura de diez plazas de policía local, mientras que los procesos de 
cobertura de nueve aún no se habían iniciado y el de una estaba en curso. Por su parte, en la 
misma fecha, el proceso correspondiente al Acuerdo de 15 de octubre de 2018 se encontraba en 
curso. 
En relación con las plazas cuyos procesos no se habían iniciado a 30 de enero de 2020, cabe 
señalar que el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de diciembre de 2018, afirma que el límite 
temporal de tres años impuesto por el artículo 70 del EBEP para convocar los procesos selectivos 
desde que se aprobaron las convocatorias implica que, tras ese tiempo, las necesidades de 
recursos humanos pueden haber cambiado. En esta línea cabe indicar que una excesiva demora 
en la convocatoria de los procesos, con la superposición de nuevas OEP, implica una gestión de 
los recursos humanos no ajustada al principio de economía. 
Por otra parte, el artículo 19.Uno.9 de la LPGE para 2018 autorizaba una tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal en el caso de plazas de naturaleza estructural que, estando 
dotadas  presupuestariamente,  hubieran  estado  ocupadas  de  forma  temporal  e 
ininterrumpidamente  al  menos  en  los  tres  años  anteriores  a  31  de  diciembre  de 2017,  en 
determinados  sectores  y  colectivos  (personal  de  los  servicios  de  administración  y  servicios 
generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios 
públicos).  Las  ofertas  de  empleo  que  articulasen  estos  procesos  de  estabilización  debían 
publicarse en el periodo 2018-202019. En el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de agosto de 
2018 anteriormente citado,  se convocaban doce plazas de funcionarios de carrera y 48 de 
personal laboral, estando los procesos iniciados, pero no finalizados, a 1 de mayo de 2020. En 
estos sectores, la tasa de cobertura temporal ha de situarse por debajo del 8 % al final del 
periodo.  
Por otra parte, la CA mantenía 22 efectivos que se encontraban en situación de indefinidos no 
fijos, con altas producidas entre 2006 y 2017, sin que la CA informara sobre el origen de sus 
nombramientos, ni de si se trataba de personal laboral temporal o funcionario interino. Además, en 
al menos 19 casos, no se habían promovido los procedimientos para la oportuna provisión de 
estos puestos de trabajo. Cabe destacar que la sentencia del Tribunal Supremo 1426/2018, de 26 
de septiembre de 2018, obligó a readmitir a un funcionario interino cesado debido al abuso de la 
contratación temporal, y que, por otra parte, la Directiva Europea 1999/70/CE establece un marco 
para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de 
duración determinada. 
En este sentido, la DA cuadragésima tercera de la LPGE para 2018 establece la obligación de los 
órganos competentes en materia de personal de velar por evitar cualquier tipo de irregularidad en  e.e
la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en  bo
 1a 9p   Pr u lae  zb o a sn    a m m e p d li ida  ad s o  s e  n h  a m s at a t e  er il a  3  d1  e  d  e e n  d  eircgieíam yb reen d oet r2o0s 2á1m pboitro esl  paartríac ulalo r e1a1c dtieval RciDón-L e 2co3n/2ó0m2i0c,a d. e 23 de junio, por el que se  2021-14741n https://ww
 
 
indefinido no fijo, previendo la exigencia de responsabilidades por actuaciones irregulares en esta 
materia. 
Finalmente, la LPGE para el año 2018 determinaba, en su artículo 19.Dos, la imposibilidad de 
contratar personal temporal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables,  contando  la  CA  con  unas  instrucciones  dictadas  en  el  ejercicio  2012  para  la 
realización de estas contrataciones. Además de once funcionarios interinos, se incorporó personal 
laboral,  con  contratos  de  distinta  duración  (un  total  de  95  contratos)  sin  que  la  CA  haya 
suministrado el detalle de las categorías profesionales a las que pertenecían.  
Complemento de productividad 
Según los artículos 20 y 24 del RD-Leg. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del EBEP, las Administraciones Públicas han de establecer sistemas que 
permitan la evaluación del desempeño de sus empleados, teniendo ello efectos en la percepción 
de las retribuciones complementarias relativas al grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el 
funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos (complemento de 
productividad, en los términos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de 
la Función Pública). 
En el caso de la CA, el complemento de productividad aplicable consiste en una cantidad lineal 
para todos los empleados públicos de la Ciudad, en base a lo establecido en el VIII Acuerdo 
Marco de los Funcionarios de la CA de Melilla, publicado en el BOME de 29 de diciembre de 2009, 
y en el IX Convenio Colectivo del Personal Laboral de la CA, publicado en el BOME de 22 de abril 
de 2010, por lo que no se estarían siguiendo las prescripciones antes indicadas del EBEP.  
Gratificaciones 
La CA reconoció obligaciones por 374 miles de euros con cargo a los créditos del concepto 
presupuestario 151 (gratificaciones), si bien, como se señala en el subepígrafe II.3.1.B, con 
importantes errores en la imputación.  
Adicionalmente, en las propuestas de gastos de la nómina de los empleados públicos de la CA no 
se  incorporaba  la  documentación  prevista  en  el  artículo  16.2  VIII  Acuerdo  Marco  de  los 
Funcionarios y en el artículo 19.2 del IX Convenio Colectivo del Personal Laboral de la CA para el 
reconocimiento de retribuciones en concepto de gratificaciones. 
Cesión ilegal de trabajadores 
La IG, en su informe resumen del Plan de control financiero de gastos e ingresos de los ejercicios 
2016 y 2017 de la CA, pone de manifiesto que “se ha producido una limitación de alcance a esta 
Intervención, al no remitirse la documentación solicitada por esta Intervención en fecha 8 de mayo 
de 2019”, que consistía en una relación individualizada y expediente completo de los casos de 
cesión ilegal de trabajadores acaecidos desde el 1 de enero de 2015. 
Registro de personal  
La CA no contaba con el registro de personal, coordinado con los de las demás Administraciones 
públicas, a que se refiere el artículo 90.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
Personal en comisión de servicios  oe.
Según el artículo 36 del RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  741ww
Gdee nPeureasl tdoes  Idneg rTesraob daejol  Pye Prsroomnaol caiól nse Prvroicfieos dioen laal  Aded mloinsi sFtruancciióonn agreionse rCali vdileels E dseta ldao  Ayd dmei nPisrotrvaicsiióónn 
 
general del Estado, los puestos de trabajo adscritos a funcionarios pueden ser temporalmente 
cubiertos mediante comisión de servicios y adscripción provisional. A 31 de diciembre del ejercicio 
fiscalizado, la duración de las citadas comisiones de servicios (un año prorrogable por otro), se 
había sobrepasado en 24 casos, teniendo algunas de ellas origen en los ejercicios 2003 y 2005. 
Indemnizaciones 
Como consecuencia de diversas sentencias del Juzgado de lo Social de Melilla recaídas en el 
ejercicio fiscalizado, la CA resultó deudora de indemnizaciones por importe de 29 miles de euros 
por reclamaciones de abono de diferencias salariales por realización de trabajos de superior 
categoría, de mil euros por reclamaciones de retribuciones en concepto de turnicidad y de mil 
euros por una reclamación por despido. 
Masa salarial 
Según el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, las Corporaciones locales han de aprobar anualmente la masa salarial del personal laboral 
del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter 
básico en la correspondiente LPGE, debiendo publicarse en la sede electrónica y en el Boletín 
Oficial en el plazo de 20 días. La CA no acreditó la aprobación de la masa salarial, sin que con 
fecha 31 de diciembre de 2019 estuviera publicado el acuerdo correspondiente ni el importe en la 
web institucional. 
B)  SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIÓN 
Los efectivos medios con que contaban las sociedades mercantiles durante 2018 se situaron en 
46 para INMUSA, 34 para PROMESA y 23 para EMVISMESA. Similares cifras se desprendían de 
las cuentas anuales relativas a los ejercicios anteriores, por lo que puede señalarse que el 
personal medio empleado en estas sociedades ha permanecido estable en los últimos años. Los 
importes  totales  registrados  en  las  cuentas  anuales  de  2018  como  gastos  de  personal 
ascendieron a 5.108 miles de euros (5.130 miles en 2017). Por su parte, la Fundación para el 
Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí no contaba con trabajadores asalariados a finales 
del ejercicio fiscalizado. 
 
 
II.6.4.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
A)  INFORMACIÓN GENERAL 
Según datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, al cierre del ejercicio el 33 % de los efectivos de la Ciudad y sus OOAA correspondían a 
mujeres y el 67 % a hombres. En particular, la distribución por sexo de los altos cargos de la CA, 
Asamblea y consejos de administración de las empresas públicas de la Ciudad fue la siguiente. 
CUADRO Nº 24. DISTRIBUCIÓN ALTOS CARGOS, ASAMBLEA Y EMPRESAS PÚBLICAS  
(en porcentaje) 
Administración y puesto  Mujeres  Hombres 
Administración Autonómica  Consejeras/Consejeros  54  46 
Viceconsejeras/Viceconsejeros 
  Directores  Generales  y  Secretarías  21  79 
Técnicas 
Asamblea  Diputadas/os  48  52 
  Mesa de la Cámara  67  33 
  Secretaría General  0  100 
Empresas Públicas  Miembros Consejos Administración     
  PROMESA  44  56 
  INMUSA  33  67 
  EMVISMESA  22  78 
De acuerdo con la DA primera de la LO 3/2007, se entiende por composición equilibrada la 
presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de 
cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
Las principales dotaciones del presupuesto destinadas a las políticas específicas de igualdad se 
relacionan a continuación. 
CUADRO Nº 25. DOTACIONES A POLÍTICAS DE IGUALDAD 
(miles de euros) 
Clasificación económica  Obligaciones 
Denominación actuación  Créditos 
presupuestaria  reconocidas 
22799  Unidad observatorio igualdad  102  63 
22699  Área de la mujer  250  327 
48900  Subvenciones área de la mujer  75  55 
47000  Subvención Cruz Roja piso acogida   50  50 
47000  Subvenciones Federación nacional mujeres en  56  56 
igualdad gastos funcionamiento piso acogida 
22798  Impulsar Igualdad FSE  628  0 
  Total  1.161  551  e
Por tanto, de las dotaciones presupuestadas, solamente se llegaron a utilizar el 47 % de los  741ww
recursos.
 
Estos créditos aparecen reflejados en la memoria de grado cumplimiento de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes incluida en la Cuenta General de 2018. En el área competencial 
“mujer”,  encargada  a  la  Viceconsejería  de  la  Mujer  y Juventud,  se  señalan  los  objetivos  a 
alcanzar, si bien no se concretan y especifican suficientemente, lo que dificulta la valoración del 
grado en que se han alcanzado. Junto a ellos aparecen enumeradas una serie de actividades 
realizadas, a veces solo a título de ejemplo, sin que la unidad responsable concluya el nivel de 
cumplimiento  de  los  objetivos  mediante  su  puesta  en  marcha.  Tampoco  se  indican  las 
obligaciones reconocidas para llevar a cabo dichas actividades. 
B)  ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CA EN MATERIA DE IGUALDAD 
Por Decreto número 227, de 3 de octubre de 2018, se aprobó el Segundo Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades de la CA, que abarca el periodo 2018-2022. 
El plan contempla siete ejes que marcan las líneas de actuación a desarrollar: transversalidad de 
género; formación y empleo; violencia de género y otras formas de violencia hacia la mujer; 
juventud y educación en valores; conciliación y corresponsabilidad; participación y visibilización de 
las mujeres en los distintos ámbitos; político, económico, social y cultural; y, por último, salud, 
actividad física y deporte. 
Pese a que la duración del plan es de cuatro años, solo se prevé su evaluación una vez 
transcurrido dicho periodo, para conocer entonces, a través de una comisión evaluadora, el grado 
de consecución de los objetivos planteados inicialmente. Esta evaluación, según se recoge en el 
plan, servirá para la realización de “las propuestas de mejora necesarias y proponer soluciones 
para los posibles obstáculos acaecidos”, propósito que sería alcanzado con mayor eficacia a 
través de evaluaciones intermedias, las cuales no se incorporan a dicho documento.  
C)  CARENCIAS  EN  LA  APLICACIÓN  DE  LA  LO  3/2007,  DE  22  DE  MARZO,  PARA  LA 
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 
Conforme al artículo 51.g de esta LO, las Administraciones públicas deben evaluar periódicamente 
la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación, sin que se haya 
remitido un informe de evaluación al respecto. 
 
 
II.6.5.  Subvenciones 
A)  ANÁLISIS GENERAL, PLAN ESTRATÉGICO E INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS 
NACIONAL DE SUBVENCIONES (BDNS) 
De acuerdo con los datos remitidos por la CA, el importe global de las subvenciones concedidas 
en 2018, distribuido en categorías según el procedimiento de concesión utilizado, de acuerdo con 
el artículo 22 de la LGS, es el siguiente. 
CUADRO Nº 26. SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 201820 
(en miles de euros) 
Procedimiento de concesión  Importe 
Artículo 22.1 Concurrencia  11.496 
Artículo 22.2.a Previstas nominativamente en presupuestos  17.813 
Artículo 22.2.b Por imperativo legal  0 
Artículo 22.2.c Carácter excepcional (interés público, social, económico, humanitario…)  802 
Total  30.111 
Durante el ejercicio fiscalizado estuvo vigente el Plan Estratégico 2017-2019, cuya propuesta de 
aprobación por parte de la Consejería de Hacienda fue publicada en el BOME el 25 de octubre de 
2017, sin que se llegase a acreditar su aprobación por el Consejo de Gobierno, en virtud de la 
competencia que le atribuye el artículo 16.1.27 del Reglamento del Gobierno y Administración de 
la  CA.  Posteriormente,  con  fecha  14  de  septiembre  de  2018,  este  órgano  sí  aprobó  su 
modificación. 
Según dispone el artículo 20.8.a) de la LGS, en aplicación de los principios recogidos en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la 
BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, las 
administraciones concedentes comunicarán a la BDNS el texto de la convocatoria y la información 
requerida por la BDNS, la que dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la 
convocatoria, para su publicación. Sobre una muestra de 54 convocatorias realizadas en 2018 por 
la CA, solo en ocho casos se ha acreditado haber actuado conforme al procedimiento descrito, 
previendo la ley la anulabilidad de las mismas si se diese tal falta de seguimiento. 
Por otra parte, de la información que consta en la BDNS se deduce que la CA no tramitó ningún 
expediente sancionador a beneficiarios de subvenciones durante 2018. 
                                                  741ww
2gd0ee snEttisrootno dase d iaumsnp apo osrtere csPc RinóOon  MdineEcl SlpuArye,e sncu uplyouose  sicmtoop rdroeers tlepa o CsneAd i.ce onntessig naa  cgolnovboaclmateonritaes,  jduen tos ucbovne nlaciso ntreasn sefne recnocnicausr rae ndciicah ac oemmpperteitsivaa, 
 
B)  PLAN DE FORMACIÓN DE FONDOS PROPIOS DE LA CA 
En los ejercicios precedentes se procedió a analizar las subvenciones concedidas por la CA a las 
organizaciones sindicales más representativas en la Administración de Melilla para la ejecución de 
las acciones formativas enmarcadas en su Plan de Formación de Fondos Propios. En relación con 
los  convenios  de  colaboración  firmados  con  cuatro  organizaciones  para  instrumentar  las 
subvenciones concedidas en 2018, por un importe total de 88 miles de euros, se reconocieron 
obligaciones  por  importe  de  65  miles  de  euros,  correspondientes  a  tres  de  las  cuatro 
organizaciones  sindicales  beneficiarias,  realizándose  pagos  únicamente  a  dos  de  ellas,  por 
importe de 50 miles de euros. En relación con determinadas debilidades en el procedimiento de 
gestión advertidas en los informes de fiscalización de los últimos ejercicios, cabe destacar: 
  Los convenios recogen en la cláusula sexta.2 que “la formación no constituye la actividad 
principal de las entidades sindicales con representación en la Administración de la CA de Melilla y 
que asimismo, no disponen de medios personales ni materiales propios para la ejecución directa 
de  la  acciones”,  por  lo  que  sería  posible  la  subcontratación  de  la  totalidad  del  importe 
subvencionado,  lo  que  cuestiona  el  valor  añadido  que  la  entidad  sindical  aporta  en  estas 
subvenciones, al situarse como una mera intermediaria. En este sentido, se posibilita la inclusión 
de gastos indirectos, tanto de la entidad sindical como del subcontratista, hasta un límite del 30 % 
de los directos. 
  La firma de los convenios se produce el 17 de diciembre de 2018, pese a tener como objeto 
la gestión de la actividad en dicho año, según la cláusula cuarta de estos. Aunque en la cláusula 
quinta de los convenios se prevé el pago anticipado de acuerdo con la LGS, ello puede conducir a 
la falta de ejecución de los gastos y pagos de algunas acciones en el propio ejercicio, dada la 
necesidad, por parte de algunas entidades sindicales, de disponer de estas subvenciones para 
poder ejecutar materialmente dichas acciones, tal como fue señalado por la CA en ejercicios 
anteriores21. Como indica el artículo 21 del RGS de la CA “salvo que en las bases se establezca lo 
contrario, según lo establecido en el artículo 31.2 de la LGS, se considerará gasto realizado el que 
ha  sido  efectivamente  pagado  durante  el  periodo  que  se  establezca  en  la  respectiva 
convocatoria”. 
  En fiscalizaciones de ejercicios precedentes se ponía de manifiesto que los convenios no 
recogían  el  plazo  en  que  debía  aportarse  la  cuenta  justificativa  al  órgano  administrativo 
competente, solventándose ello en los del ejercicio 2018, al hacer referencia expresa en su 
cláusula novena a lo dispuesto por los artículos 30 de la LGS y 69 y siguientes de su reglamento 
(plazo de tres meses para presentar la cuenta justificativa desde la finalización del plazo para 
realizar la actividad). 
                                                  e.
21 La CA señaló en la fiscalización del ejercicio 2016, en relación con que la ejecución de la actividad que fundamente la  w.b
subvención debía efectuarse y abonarse en todo caso antes del 31 de diciembre de 2016, que el hecho de que “por  741ww
pecornortirbdelaesdmpeoasns ds aiienjendntiecosas l peaos  res speta afro tDerm irdeaecl iclzaiaóssn ee Gnnt eiadnla efdirneaasl,l   sdlaiensld  Reicjeeasrlecoislcu iaco i,ol ocnsoe npslr lopevoveór e laads ol arq euimse ap snoetse iabsci ldoiderad ldaa b dfaienn ap llarizosac cseiudóbenvr  deaenl lc peioajengreocs idc aeio  l”laa. ss  dfaiscttiunrtaass 
 
 
C)  SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
Las  obligaciones  reconocidas  en  el  ejercicio  2018  por  subvenciones  concedidas  por  esta 
Consejería ascendieron a 8.511 miles de euros, de los que 5.056 miles correspondían a ayudas 
previstas nominativamente en el presupuesto, en su gran mayoría a favor de clubs y federaciones 
deportivas de la CA para la promoción del deporte. De estas últimas, se han analizado siete 
subvenciones, todas ellas con pago anticipado previsto en el convenio regulador, que dieron lugar 
al reconocimiento de obligaciones por un importe total de 2.585 miles de euros, con los siguientes 
resultados: 
  En  el  ejercicio  2017,  la  IG,  en  informe  de  fiscalización  sobre  uno  de  los  convenios 
analizados, señaló la conveniencia de incluir en los convenios importes máximos en los gastos de 
desplazamiento, poniendo como referencia lo dispuesto en materia de indemnizaciones por razón 
del servicio en el RD 462/2002, recomendación que no se ha  llevado a la práctica en los 
supuestos examinados22. 
  La BE 32.11, en referencia a las subvenciones nominativas, establecía que las entidades 
beneficiarias,  cualquiera  que  fuera  su  naturaleza  jurídica,  cuando  a  lo  largo  del  ejercicio 
inmediatamente anterior hubieran percibido en concepto de aportaciones y subvenciones una 
cuantía igual o superior a 120 miles de euros, debían presentar los estados contables aprobados 
por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el PGC vigente. Los 
convenios con la Unión Deportiva Melilla y el Club Melilla Baloncesto preveían expresamente esta 
exigencia, mientras que no lo hacían, pese a encontrarse los beneficiarios en idéntica situación, 
los convenios con Melilla Voleibol y Melistar 3ª División Fútbol 11. De estas cuatro entidades, tan 
solo el Club Melilla Baloncesto aportó estados contables, que no se ajustaban al PGC vigente al 
estar compuestos únicamente de un balance de situación y un libro mayor y no acreditar su 
aprobación por órgano competente. 
  En los convenios con Unión Deportiva Melilla y Club Melilla Baloncesto se establecía que, 
junto con la memoria económica del cumplimiento del coste de actividades realizadas, el club 
debía aportar la correspondiente auditoría de cuentas correspondiente a la temporada 2017/2018, 
realizada siguiendo las directrices de la Intervención de la CA de Melilla, sin que tales auditorías 
figuren en los expedientes examinados23. 
                                                 
22 Según señala la CA en las alegaciones, esta recomendación se ha contemplado por la Dirección General competente 
en los convenios nominativos para el ejercicio 2020, habiéndose incluido en los mismos una cláusula que establece que  e.e
en el caso de los gastos ocasionados por desplazamientos, el importe máximo a justificar será conforme al Real Decreto  bo
462/2002.  741www.
2ree3x atErleinzma rroe slra eacitpieóurnna tccaioódnno  sld ape o arpu ersele sTnercinbiatua ncdaieól  ndc eup eConrut aepsna traetes i” n,d fsoeir  bmeiesentsa  n dDoe i sraeeuc hcdaiiótnon ra íaGd,j eusnnetea ridanold,  ilcocaos  nce oner lr leafsisnp  oadnleedg ieapncrotioecnse edrsee qrq uuaee ri cm“osimeen patroocsba.ab ra  ldoes 
 
  Todos  los  expedientes  analizados,  excepto  el  convenio  con  Unión  Deportiva  Melilla, 
contienen un documento denominado “gestión de pagos” expedido por la IG, en el que se muestra 
un listado de la situación de subvenciones otorgadas en ejercicios anteriores a cada uno de los 
beneficiarios. En todos ellos constan ayudas en situación de “no justificado”. Por el contrario, 
diversos  escritos  de  la  Dirección  General  de  Juventud  y  Deportes,  como  órgano  gestor, 
refiriéndose a estas mismas ayudas, exponen que se encuentran debidamente justificadas, sin 
que los expedientes analizados contengan otros documentos que aclaren esta discrepancia24. 
  El expediente de la subvención a la Unión Deportiva Melilla no incluía cuenta justificativa25 ni 
documentación  acreditativa  de  los  gastos  subvencionados,  aunque  sí  informe  del  órgano 
concedente de fecha 14 de enero de 2019 (habiendo finalizado el plazo para la presentación de la 
justificación el 30 de septiembre de 2018) en el que consta la comprobación de la adecuada 
justificación de la subvención, en los términos previstos en el artículo 32 de la LGS y en la BE 
32.6. En él se rechazan algunos gastos presentados, si bien el importe total de los gastos 
admitidos (1.306 miles de euros) exceden el importe de la subvención (1.000 miles de euros). 
  El artículo 19.3 de la LGS dispone que el importe de las subvenciones en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. En relación con la subvención a la 
Unión Deportiva Melilla, y pese a que consta declaración de la entidad beneficiaria, previa a la 
justificación, manifestando la no percepción de otras ayudas, el Club dispone de otros ingresos, 
como se deduce del presupuesto presentado, que asciende a 1.701 miles de euros. Al no haber 
aportado la contabilidad exigida por el convenio y por la BE 32.11, como se expuso anteriormente, 
no se ha podido verificar la posible existencia de un exceso de financiación que diera lugar a 
obligación de reintegro, conforme al artículo 34 del RD 887/2006, sin que figuren en el expediente 
actuaciones o declaraciones del órgano gestor en este sentido. Esta misma situación se produce 
en relación con las ayudas otorgadas al Club Melilla Voleibol y a Melistar 3ª División Fútbol 11. 
  El punto decimosexto del convenio entre la CA de Melilla y el Club Deportivo Tercio para la 
organización de la VI Carrera Africana de la Legión en Melilla durante el año 2018, justifica la 
concesión directa de esta subvención amparándose en el artículo 22.2.a de la LGS. No obstante, 
siguiendo lo dispuesto en este artículo y en el artículo 65, apartados 1 y 2, del RD 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los presupuestos aquella en que al menos su objeto, dotación presupuestaria 
y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del presupuesto, sin que la 
subvención otorgada en virtud de este convenio se ajuste a estos requisitos, dado que en el 
estado de gastos del presupuesto no se determina el beneficiario, sino el evento o actividad, al 
definirse la partida como “convenio Carrera Africana”. 
El convenio citado en el párrafo anterior fue firmado el 3 de mayo de 2018, una vez realizada la 
actividad subvencionada, el 21 de abril de 2018, fecha de celebración de la carrera. Además, la 
letra m de la cláusula cuatro del convenio admite incluir en la justificación gastos devengados y 
pagos hasta 31 de diciembre de 2018. Esta cláusula no es acorde con lo dispuesto en el artículo 
23 del RGS de la CA de Melilla, aprobado por Decreto número 498, de fecha 7 de septiembre de 
2005, que establece, en relación con la cuenta justificativa, que "su presentación se realizará ante 
el titular de la Consejería que tramitó el expediente en el plazo máximo establecido en las BBEE 
del Presupuesto de la Ciudad y que en ningún caso será superior a tres meses desde la 
finalización del plazo para la realización de la actividad". La presentación de la cuenta justificativa 
                                                 
24 La CA manifiesta en las alegaciones que esta circunstancia “puede deberse a la no actualización inmediata de esos  e.e
estados, quedando, no obstante, acreditado el cumplimiento de esa obligación por parte de los beneficiarios con el  bo
coefrreticfiicdaadso p doer  lolas  Cdoisntisnetojesr ídao dceu mHeanctioesn.d a”, sin documentar que se realicen actuaciones para solventar las discrepancias  741www.
2re5 mPietisdea  cao mquoe t aeln,  filgausr aanledgoa, cdieo nmeos dloa  aCisAla dmoa en ifiniecsotan eqxuoe,  dsivee arscoosm dpoacñuam lean tcoitsa dqau ec puoednrtíaa nju fsotrifmicaart ipvaa,r tee sdtea  enlola .h a sido
 
 
se produjo con fecha 31 de octubre de 2018, incumpliendo el citado artículo 23, si bien dentro de 
los límites fijados por el convenio.  
Además, el beneficiario declara 8,5 miles de euros en concepto de "otras subvenciones" sin 
especificar  su  procedencia,  pero  que  de  acuerdo  con  los  justificantes  que  constan  en  el 
expediente implicarían un exceso de financiación, que daría lugar a obligación de reintegro 
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del RD 887/2006. 
  En el expediente del Club Melilla Baloncesto consta declaración del beneficiario sobre la 
inexistencia de otras subvenciones o ingresos. Pese a ello, en el libro mayor aportado se registran 
dos subvenciones por importe de 7 miles de euros cada una26. De la información disponible se 
desprende un resultado positivo de 214 miles de euros, con unos ingresos totales de 1.454 miles 
de  euros,  incluyendo  la  subvención  de  la  CA  (mil  euros),  de  lo  que  podría  desprenderse 
igualmente un exceso de financiación. 
  Respecto a la cuenta justificativa de la subvención a Melistar 3ª División Fútbol 11, el 
expediente incluye informe del órgano gestor, de fecha 26 de septiembre de 2019 en el que se 
pone  de  manifiesto  que,  de  los  128  miles  de  euros  de  gastos  presentados  en  la  cuenta 
justificativa, únicamente son subvencionables 60 miles de euros. Además, el informe señala que la 
cuenta justificativa "no presenta una relación clasificada de los gastos en los términos recogidos 
en la cláusula cuarta del convenio", sin que exista correspondencia entre los gastos previstos en 
el presupuesto detallado que acompaña a la memoria de actividades y los finalmente presentados 
junto con la cuenta justificativa. Ello dio lugar a la incoación por el órgano gestor de un expediente 
de reintegro, con fecha 7 de octubre de 201927. 
  En aquellos casos en que la justificación presentada por los beneficiarios incluye gastos por 
pagos a personas no ligadas mediante una relación contractual con aquellos (catalogándose como 
“gratificaciones”), no se aporta acuerdo de incorporación de esas personas que, tal como prevé el 
artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, constituye el instrumento 
principal de la definición y regulación de las relaciones entre los voluntarios y la entidad de 
voluntariado y donde se debe reflejar el régimen de gastos reembolsables que han de abonarse a 
los voluntarios, pues, si la razón del pago es la remuneración de algún tipo de servicio prestado 
(ocasional o no), se estaría ante una relación laboral (tal como indica la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 2 de abril de 2009) o mercantil, lo que en ningún caso queda documentado. Esta 
circunstancia  concurre  en  las  subvenciones  otorgadas  al  Club  Melilla  Voleibol,  al  Sporting 
Constitución Fútbol Sala y a Melistar 3ª División Fútbol 11, representando dichas gratificaciones el 
31 %, el 25 % y el 18 %, respectivamente del gasto total subvencionado28. En el segundo de los 
casos (Sporting), el presupuesto detallado presentado junto con la solicitud de la subvención 
preveía por este concepto un gasto de 12 miles de euros, subvencionándose finalmente 16 miles, 
mientras que, en el tercero (Melistar), el presupuesto no preveía gastos por este concepto, pese a 
lo cual se admitió como gasto subvencionable un total de 24 miles de euros29. 
                                                 
26 En las alegaciones, la CA señala que se trata de dos subvenciones para un objeto distinto al del convenio analizado 
(asistencia a los Campeonatos de España de Baloncesto oficiales de clubes organizados por la Federación Española de 
Baloncesto  en  las  categorías  infantil  y  cadete,  respectivamente),  si  bien  en  los  expedientes  no  figuran  las 
comprobaciones realizadas para descartar el exceso de financiación, las cuales tampoco se han aportado con 
posterioridad. 
27 Según se recoge en las alegaciones, el expediente de reintegro, “debido a las particularidades de este año 
(COVID-19 y la interrupción de plazos administrativos) aún no ha sido resuelto”.  e.e
28 La BE 32ª.14 del presupuesto de la CA para 2019 incorpora un límite al importe admisible en la justificación por este  w.b
concepto. Igualmente, dicha base prevé la inadmisión de todo tipo de gratificación en nómina o productividad distinta de  741ww
va2ilma9or stlpLíu croaneus ttClaiorbiAr bii1lou i2dpsc ao idod(neqn e ueld aedse   eL md eameaybbra o4cenna5riáofd/i2n ea0 pssa1to oep5r n o,e g rdnltarea ass rt1  uitfe4asicl b  daaalaeclceis óuog nsecaa trcudloiaobo rnr ipeader,leso ed  dsqien uu dccVeeoto ilvr llacpuidosona nrtBadavca reiiseanóendinos o   dnc)d.oeó el m etEacinjtleeiavcs ou y pco ie óscrnoso lonoPnt rraeacsosto unc ptaoeupmmeliocspat laavbrnoliea lusslan.   dtapero io2ss0ib 2di0lied e aasdct audbeelred code inec toaynas   elaal    BOE-A-2021-14cable en https://
 
D)  SUBVENCIONES DEL OA PATRONATO DE TURISMO 
En los informes de fiscalización de la CA de los últimos ejercicios venía poniéndose de manifiesto 
que el Patronato concedía subvenciones nominativas a sociedades mercantiles privadas para el 
impulso de la oferta turística de Melilla, sin que, por tanto, se procediera a la promoción de 
concurrencia para su concesión y sin que ello quedara debidamente acreditado. En 2018, estas 
ayudas, que ascendieron a un total de 178 miles de euros, fueron otorgadas por el procedimiento 
de concurrencia competitiva. 
Por su parte, las obligaciones reconocidas procedentes de subvenciones nominativas concedidas 
por este organismo alcanzaron los 159 miles de euros. Además, se imputaron al capítulo 4 del 
presupuesto  de  gastos  obligaciones  derivadas  de  dos  convenios  interadministrativos  por  un 
importe total de 44 miles de euros. 
Con carácter general, en todos los expedientes analizados se observa lo siguiente: 
  Los convenios adolecen de falta de concreción del objeto de la subvención, si bien no todos 
en la misma medida. Adicionalmente, no se hace mención a las categorías de gastos que se 
consideran subvencionables. La falta de definición clara de condiciones impuestas y consecución 
de objetivos imposibilita que la justificación se pueda realizar conforme al artículo 23 del RGS de 
la CA de Melilla. 
  En los informes de fiscalización previa de las subvenciones cuya cuantía es igual o superior 
a 18 miles de euros, la IG advierte que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad, corresponde al Consejo de Gobierno la competencia para 
aprobar y autorizar los correspondientes convenios de colaboración, sin que conste tal aprobación 
y autorización. 
  El Patronato no realiza ningún tipo de comprobación tendente a verificar el cumplimiento del 
artículo 19.3 de la LGS que sea adicional a las declaraciones responsables de los beneficiarios en 
las que manifiestan no haber obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma actividad. 
  No se acredita que los beneficiarios hayan dado adecuada publicidad a la financiación 
pública de las actividades objeto de subvención, como establece el artículo 18.4 de la LGS. 
En relación con la subvención nominativa concedida a la Asociación Amigos del Museo del 
Automóvil de Melilla, por 30 miles de euros, se ha observado lo siguiente: 
  En  el  informe  de  la  Secretaría  Técnica  sobre  el  convenio  se  indica  que,  en  el  Plan 
Estratégico de Subvenciones de la CA, entre los objetivos del Patronato de Turismo, dentro de la 
Consejería  de  Economía,  Empleo  y  Administraciones  Públicas,  se  establece,  la  línea  de 
subvención 4ª “conservación y el mantenimiento de las costumbres y tradiciones populares”. 
Posteriormente, el informe recoge que “a fin de darle cumplimiento, se pretende firmar un acuerdo 
de colaboración para la promoción y el desarrollo del turismo deportivo en la CA de Melilla”, sin 
que se aprecie la relación entre esto último y la línea señalada. A la falta de claridad y encaje del 
objeto del convenio se suma el informe de 4 de octubre de 2018, del Director del Patronato, donde 
se  expone  que  “atendiendo  al  artículo  65.3  del  R.D.  887/2006  de  21  de  julio,  General  de 
Subvenciones, y al informe de la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, el presente 
convenio tiene por objeto recuperar el patrimonio histórico y cultural afecto al Museo”. 
  La Junta Rectora del Patronato de Turismo en sesión ejecutiva extraordinaria y urgente de 5  e.e
de diciembre de 2017 aprobó el Convenio regulador de la concesión de subvención nominativa al  b
M2  0 u 1 s 8 e . o     d  e  l   A  u  t o  m   ó  v  i l,    p  o  r   t a  n  t o  ,   a  n  t e  s     d  e    l a    a  p  r o  b  a  c  i ó  n    d  e  f i n  i t iv  a    d  e  l   P   r e  s  u  p  u  e  s  t o    d  e    l a    C   A     p  a  r a     2021-14741n https://ww
 
 
 
  En informe de 12 de febrero de 2019 se recoge que “La Asociación de Amigos del Museo 
del Automóvil de Melilla aporta facturas originales, que además corresponden a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, es decir, a mantener habilitadas unas instalaciones donde albergar 
vehículos y material original relacionados con la historia automovilística de la Ciudad. Con ello, se 
cumple con el artículo 31 en cuanto a gastos subvencionables”, sin hacer referencia alguna a su 
acomodo a las categorías en las que debieran clasificarse y a los importes fijados para cada una 
de ellas. En este sentido, el informe de la IG sobre el borrador de convenio advirtió previamente 
que “Los gastos subvencionables no constan suficientemente detallados en el texto del borrador 
del convenio, si bien aparecen reflejados en la memoria presentada por la entidad beneficiaria, por 
lo que, si el centro gestor lo estima oportuno, habrá de incorporarse al texto del convenio a efectos 
de delimitar correctamente los gastos subvencionables”. 
  En relación con la justificación presentada, en la categoría de gastos generales de oficina se 
incluyen retenciones e ingresos a cuenta en el Tesoro Público por importe de 1.024 euros, sin que 
se aprecie la relación con dichos gastos. 
  En los gastos de limpieza no se aporta contrato, debidamente formalizado e inscrito, con el 
trabajador cuyos gastos se incluyen. Además, en diversos documentos este aparece contratado 
bajo la categoría “empleado del hogar” (en lugar de limpieza de edificios o locales o categorías 
similar). Cabe señalar que el citado empleado no está contratado directamente por la entidad 
beneficiaria, sino por un representante de esta, a título particular, por lo que no se le efectúa 
retención a cuenta del IRPF por los rendimientos del trabajo abonados. 
  No se incluye el contrato del que derivan los pagos por alquiler del local, ni los justificantes 
de los ingresos a cuenta realizados en el tesoro público. 
En relación con la subvención concedida a la Escudería Delfi Sport, por 15 miles de euros, se ha 
observado lo siguiente:  
  La declaración del beneficiario de no haber solicitado otras subvenciones es de 2 febrero de 
2017, es decir, de un año antes que el resto de los documentos. 
  La Junta Rectora del Patronato de Turismo en sesión ejecutiva extraordinaria y urgente de 5 
de diciembre de 2017 aprobó el convenio regulador de la concesión de subvención nominativa a la 
empresa Escudería Delfi Sport, por lo tanto, con anterioridad a que los Presupuestos Generales 
de la CA fueran aprobados. 
  En documento del Director del Patronato, de 15 de febrero de 2018, se indica, por un lado, 
que el convenio de colaboración está concebido “para la promoción del turismo deportivo de la CA 
de Melilla” y, por otro, que “el convenio a suscribir tiene como objetivo la promoción del turismo 
deportivo mediante la difusión de la imagen de la Ciudad a través de acontecimientos deportivos 
de importante relevancia”. El objeto queda fijado de manera imprecisa, pues, con la actividad 
subvencionada, esto es, la participación de este club deportivo en una determinada carrera fuera 
del territorio de la CA, podría, en su caso, promocionarse la imagen de esta, pero no se aprecia 
relación con el turismo deportivo al que se hacen diversas referencias. 
  La Intervención de la CA advirtió la necesidad de un desglose de los gastos por categorías, 
pues no constaba en la documentación previamente aportada por el beneficiario para solicitar la 
tramitación  de  la  subvención.  Una  vez  aportado  tal  desglose,  este  recogía  las  categorías 
siguientes: cuota, alojamiento y gastos varios (precisándose solo dentro de esta los recambios y la  s
gasolina). La justificación posteriormente presentada no se agrupa en estas tres categorías.  e.
 
  Los justificantes correspondientes a la cuota de inscripción solo alcanzan los 3,3 miles de 
euros frente a los 7,8 miles previstos, sin que se explique tal diferencia. 
  Entre los gastos diversos que se adjuntan, se incluyen 2 miles de euros por dietas de equipo 
y combustibles, sin incluir acreditación alguna de haberse incurrido en los mismos. Por otra parte, 
en la memoria inicial no se asigna cantidad alguna por dietas a percibir por los participantes. 
  Entre la documentación justificativa de los costes, aparecen dos transferencias bancarias a 
favor de una persona física, sin que aparezcan facturas asociadas. 
  En ninguna factura consta explícitamente que se plasme el logo, escudo o identificación de 
la CA en el material a utilizar durante el evento. 
En relación con la subvención nominativa concedida a la Comunidad Israelita de Melilla, por 31 
miles de euros: 
  El acuerdo de colaboración establece la obligación por parte del beneficiario de mantener 
abierta la sinagoga en determinados días y horas, sin que prevea la forma de acreditación de esta 
condición y la consecución de los objetivos previstos, lo que imposibilita que la justificación se 
pueda realizar conforme al artículo 23 del RGS de la CA de Melilla. A este respecto, la IG, en 
informe de control financiero, puso de manifiesto deficiencias en el cumplimiento del horario de 
apertura al público convenido. Durante la fiscalización, el organismo informó de que, por motivos 
de seguridad, la sinagoga permanecía cerrada en el horario señalado y que todas las visitas se 
canalizaban y concertaban a través de la Oficina de Turismo de la CA, de la que se solicitó una 
relación de visitas durante el año 2018, que no fue aportada. 
  El período de vigencia del acuerdo de colaboración, según se expresa en el mismo, era 
desde la firma (2 de julio de 2018) hasta el 31 de diciembre de ese año. Pese a ello, se admitieron 
como subvencionables gastos anteriores al inicio de su vigencia, algunos incluso de ejercicios 
previos al fiscalizado. 
  Entre los gastos subvencionados figuran nóminas y gastos sociales de 3 trabajadores que 
mantienen contratos laborales con el beneficiario, cuyo importe representa el 83 % de los gastos 
presentados con la cuenta justificativa, sin que se hayan aportado los convenios o contratos que 
acrediten la procedencia de los abonos por los conceptos recogidos en las nóminas. Dada la 
imposibilidad  de  verificar  las  visitas  realizadas  a  la  sinagoga,  no  queda  acreditado  en  el 
expediente que los servicios prestados por estos trabajadores se correspondan con la actividad 
subvencionada. 
En relación con la subvención nominativa concedida a la Comunidad Hindú, por 30 miles de 
euros: 
  El convenio regulador de la subvención fue aprobado por la Junta Rectora del Patronato de 
Turismo en sesión ejecutiva extraordinaria y urgente de 5 de diciembre de 2017, por lo tanto, con 
anterioridad a la aprobación de los Presupuestos Generales de la CA. 
  A tenor de lo establecido en el convenio, de los 30 miles de euros que el Patronato se 
compromete a abonar a la entidad beneficiaria, la mitad se destina a financiar actividades ya 
realizadas en 2016, lo que conduce necesariamente a incumplir el artículo 23 del RGS de la CA 
de Melilla, que, en relación con la cuenta justificativa, establece que su presentación debe 
realizarse en el plazo máximo establecido en las BBEE del Presupuesto de la Ciudad, que en  e.
ningún caso será superior a tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la  w.b
actividad. Además, el convenio establece un pago anticipado por la totalidad de la ayuda pese a  741ww
que tanto la LGS, como el RD 887/2006, como el RGS de la CA conciben los pagos anticipados
 
 
“como  financiación  necesaria  para  poder  llevar  a  cabo  las  actuaciones  inherentes  a  la 
subvención”, habiéndose ya desarrollado, en este caso, en una amplia proporción.  
  Entre los gastos subvencionados figuran nóminas y gastos sociales de trabajadores que 
mantienen contratos laborales con el beneficiario, cuyo importe representa el 70 % de los gastos 
presentados con la cuenta justificativa del año 2016 y el 78 % respecto a los de 2018, sin que se 
hayan aportado los convenios o contratos que acrediten la procedencia de los abonos por los 
conceptos recogidos en las nóminas. 
En relación con la subvención concedida a la Cofradía Mayor Dolor, por 3 miles de euros: 
  El convenio no prevé el plazo de presentación de la justificación, que debería formar parte 
de su contenido mínimo de acuerdo con lo establecido por el artículo 65.3 del RD 887/2006. 
En relación con la subvención concedida a la Cofradía Jesús Cautivo, por 7 miles de euros: 
  El convenio regulador de la subvención fue aprobado por la Junta Rectora del Patronato de 
Turismo en sesión ejecutiva extraordinaria y urgente de 5 de diciembre de 2017, por lo tanto, con 
anterioridad a la aprobación de los Presupuestos Generales de la CA. 
  El convenio no prevé el plazo de presentación de la justificación, que debería formar parte 
de su contenido mínimo de acuerdo con lo establecido por el artículo 65.3 del RD 887/2006. 
Finalmente, el Plan Estratégico 2017-2019, que incluía todas las subvenciones que han sido 
objeto de análisis, con el fin de realizar el seguimiento y evaluación de estas ayudas establecía 
que “el Centro Gestor en la Memoria final y con carácter general, al objeto de que se permita 
conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, 
para la valoración de la subvención, tendrá en cuenta los siguientes indicadores: grado de 
cumplimiento económico, impactos publicitarios conseguidos, beneficiarios y usuarios finales, 
entre otros”. Los objetivos se definen en el Plan Estratégico de forma muy genérica, de manera 
que el indicador de su cumplimiento establecido en la memoria presentada por el Patronato es la 
propia concesión de la subvención, calificando el resultado de todos los objetivos marcados como 
“cumplido”, y asignando a todos ellos un grado de cumplimiento del 100 %. Este indicador no 
permite valorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los fondos públicos entregados. 
E)  SUBVENCIONES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL 
Se han identificado subvenciones por importe de 802 miles de euros concedidas de forma directa 
con arreglo al artículo 22.2.c de la LGS, es decir, aquellas con carácter excepcional en que se 
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
Por Decreto del Presidente de la CA de Melilla, de fecha 17 de mayo de 2018, se regula la 
concesión directa de ayudas a colectivos especiales residentes en Melilla para el transporte por 
mar y aire, reconociéndose en 2018 obligaciones por importe de 354 miles de euros. Se ha 
observado el carácter recurrente de estas ayudas, reguladas en sucesivos Decretos del Consejo 
de Gobierno que se han ido prorrogando en el tiempo30, por lo que no se aprecia su carácter de 
excepcionalidad. 
Por último, las normas reguladoras de las siguientes ayudas no contienen una motivación que  s
acredite de forma suficiente el carácter excepcional que justificaría su concesión directa:  e.
 3d 0e   D  ju e lc io r e  dt oe     d2 e0   1 1 22 .    d  e   a  b r i l  d  e   2  0  1 0  ,   D   ecreto de 30 de diciembre de 2010, Decreto de 17 de junio de 2011 y Decreto de 27  2021-14741n https://ww
 
  Subvención a los centros de menores de la CA de Melilla para financiar la asistencia de 
menores acogidos y tutelados por la CA a cursos formativos y festividad de Reyes, por la que se 
reconocieron obligaciones por importe de 68 miles de euros. 
  Subvención a la ONG Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, que dio lugar al 
reconocimiento de obligaciones por importe de 15 miles de euros. 
F)  ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO  
En el informe de control financiero de gastos e ingresos 2016 y 2017, emitido por la IG con fecha 
27 de septiembre de 2019 en relación con las subvenciones que se recogen en el anexo IV-1, se 
señalan,  con  carácter  general,  las  siguientes  deficiencias  en  cuanto  a  las  cuentas 
justificativas con aportación de justificantes de gasto presentadas:  
  No presentan la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos a que se refiere el art.72.1 del RD 887/2006 RGLS. 
  Faltan las memorias de seguimiento y finales previstas en los clausulados de los convenios. 
  Las memorias económicas justificativas del coste de las actividades realizadas no incluyen 
relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación de acreedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso, fecha de pago, ni declaración de otros 
ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su 
importe  y  procedencia,  incumpliendo  la  obligación  de  comunicar  al  órgano  concedente  la 
financiación concurrente (otras ayudas, subvenciones, concesión de contratos, cesiones de local, 
percepción de ingresos de usuarios o matriculaciones en actividades, por ejemplo). 
G)  SUBVENCIONES COMUNITARIAS 
La CA fue receptora de fondos estructurales procedentes de los Programas Operativos del Fondo 
Social Europeo 2014-2020, y de FEDER y Fondo de Cohesión, integrantes del marco 2007-2013.  
Durante el ejercicio 2018, la IG de la CA ostentaba la condición de autoridad de auditoría de los 
fondos comunitarios (Fondo Social Europeo), siendo organismo colaborador de control la IGAE. 
Se realizaron controles sobre tres operaciones de un total de veinticuatro. La cuantía verificada 
ascendió a 342 miles de euros (el 29 % del declarado), sin que se pusiera de manifiesto gasto 
irregular y sin que la Comisión Europea adoptara decisión alguna en relación con ello. 
II.6.6.  Transparencia en la actividad pública 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las 
obligaciones  de  buen  gobierno  que  deben  cumplir  los  responsables  públicos  así  como  las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento.  
Según la citada Ley, los órganos de las CCAA y EELL disponían de un plazo máximo de dos años 
para adaptarse a las obligaciones en ella contenidas. La CA consideró oportuno regular la materia 
a través de un Reglamento, cuya aprobación corresponde al Pleno de la Asamblea atendiendo a  s
la potestad normativa que le atribuye el artículo 12.1 a) del EA. En este sentido, por Decreto  e.
número 43, de 14 de julio de 2016, se produjo la aprobación definitiva del Reglamento de  w.
transparencia y acceso a la información pública de la CA.  741ww
 
 
Del análisis del Portal de la Transparencia de la CA, implantado tras el Plan de Calidad y 
Modernización de la CA de Melilla 2012-2015, se advirtieron, al cierre de 2019, las siguientes 
deficiencias  en  relación  con  el  bloque  denominado  “Información  económica,  financiera  y 
presupuestaria”: 
  En la información sobre “informes de auditoría de cuentas y de fiscalización”, se indicaba 
como fecha de actualización el mes de agosto de 2018, existiendo, por tanto, informes emitidos no 
incluidos. No obstante lo anterior, en otros apartados reseñados en el Informe de fiscalización del 
ejercicio 2017, sí se ha apreciado la incorporación de datos actualizados. 
  Los datos incluidos en las diferentes Cuentas Generales de la CA no presentaban un 
formato abierto, en el sentido previsto en el artículo 5 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público. Tampoco lo hacían los relativos al PMP ni 
los de los Presupuestos Generales, figurando estos últimos, además, solo de forma consolidada, 
sin mayor detalle.  
  Dentro de la información sobre ingresos y gastos figura el apartado “coste efectivo de los 
servicios financiados con tasas o precios públicos”, el cual aparece con los datos de los ejercicios 
2016 y 2017, a diferencia de lo constatado en la fiscalización precedente, si bien la información 
tampoco se presenta en el formato de datos abiertos. 
Las entidades y empresas públicas de la CA no publicaban en sus sedes electrónicas o portales 
web la información sujeta a las obligaciones de transparencia que se especifica en los artículos 6, 
7 y 8 de la Ley 19/2013. El portal de transparencia de la CA tampoco contenía esta información. 
Por otra parte, mediante convenio de 1 de abril de 2016, entre el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno y la CA, se produce el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución 
de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013. Durante 2018 no se trasladó a 
este órgano ninguna reclamación relativa a la CA y, al cierre de 2019, no se había acreditado por 
la CA dar cumplimiento a la estimación parcial sobre la reclamación RT/0263/2017, resuelta por el 
Consejo el 16 de mayo de 2018. 
II.6.7.  Gestión medioambiental 
De acuerdo con el artículo 22 del EA de Melilla, corresponde a esta ciudad la ejecución de la 
legislación del Estado en relación con la gestión en materia de protección del medio ambiente, 
incluidos los vertidos industriales y contaminantes. Por su parte, el artículo 25 de esta norma 
señala que “la ciudad ejercerá todas las competencias que la legislación estatal atribuye a los 
Ayuntamientos, así como las que actualmente ejerce de las Diputaciones provinciales y la que en 
el futuro puedan atribuirse a estas por Ley del Estado”. 
En este sentido, el artículo 26 de la LBRL atribuye a los municipios de población superior a 50.000 
habitantes la prestación de servicios tales como el alumbrado público, la recogida y tratamiento de 
residuos, la limpieza viaria y el medio ambiente urbano. 
A)  PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL EN LA CA 
Durante el ejercicio 2018 y anteriores, la CA contaba como instrumento general de planificación de 
la actividad medioambiental con la Agenda 21 Local de la Organización de las Naciones Unidas, a 
la que se adhirió en 2006, si bien no se ha aportado información sobre la realización de evaluación  es
alguna del grado de consecución de los objetivos consensuados que aparecen en el apartado 3.2  o
dedmejeee  rddcgioiicceaihsomot ióf bisndiec onacmtluaizmelaededsi.ono at,o mn, obp iehenasteba íla a lrn eit aielsimzeap dooh  atarbacínatus acacudirorhindeeorsi d deoen scada em riesnduae dsaa dso dape c laióm nimu. npAilcadinpetimoascá isó,nc o adnl e c soieibsrjrteeetm ivdaoessl    2021-14741n https://www.
 
B)  REGULACIÓN PARTICULAR EN MATERIAS MEDIOAMBIENTALES O CON RELACIÓN 
DIRECTA SOBRE LAS MISMAS 
 
Del análisis particular realizado sobre la existencia de una ordenanza reguladora (o norma similar) 
durante  el  ejercicio  fiscalizado  que  abarcase  las  distintas  materias  de  su  competencia 
relacionadas con el medioambiente, puede señalarse lo siguiente: 
  La gestión de los residuos de construcción y demolición, en relación con su limpieza y 
retirada, estaba regulada en la Ordenanza de Protección de los Espacios Públicos de septiembre 
de 1988, norma que ha quedado obsoleta, al no incorporar, entre otros, el contenido de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
  No se contaba con una norma relativa a la protección de la flora y fauna, si bien en el 
ejercicio  posterior  al  fiscalizado  se  dictó  el  Reglamento  para  la  protección,  administración, 
explotación y regulación de aves. 
  La norma relativa el uso y protección de las zonas verdes, parques y arbolado data del 
ejercicio 1988, presentado un alto riesgo de obsolescencia al haber transcurrido treinta años 
desde su dictado.  
  Aunque la CA contaba con la Ordenanza de Protección del Medioambiente frente a la 
Contaminación por Ruidos y Vibraciones, de 25 de mayo de 2001, esta norma es anterior a la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y, por lo tanto, no está ajustada a los procedimientos de 
medición y evaluación de los niveles de ruido y vibraciones que dicha Ley y los reales decretos 
que la desarrollaron establecieron. 
En  el  año  2014  la  CA  llevó  a  cabo  una  zonificación  de  su  territorio  en  áreas  acústicas, 
elaborándose un mapa de ruido y un plan de acción (aunque ello no era obligatorio según lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 37/2003), si bien no llegaron a aprobarse. 
En el ejercicio fiscalizado, en concreto el 11 de julio de 2018, se aprobó la zonificación del 
territorio de la CA en áreas acústicas; tras contrastar la superación de los objetivos de calidad 
acústica, se hace necesario elaborar un plan de acción, el cual no se había aprobado al cierre del 
ejercicio 2019. 
  En lo que se refiere a la contaminación atmosférica, la CA no disponía de ordenanza 
específica, aplicando las previsiones de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y 
protección de la atmósfera, sin que se hubieran elaborado planes o programas de protección de la 
atmósfera para la mejora de la calidad del aire en su territorio hasta el cierre del ejercicio 
fiscalizado. En el mencionado ejercicio se procedió a adjudicar el contrato de evaluación de la 
calidad del aire y zonificación de la CA de Melilla. 
La CA no informó de las actuaciones llevadas a cabo sobre sus propios servicios para mejorar la 
calidad del aire. 
  La CA no disponía de ordenanzas específicas del alumbrado exterior y para la protección 
del medio ambiente en esta materia, sin que se hubiese llevado a cabo la zonificación lumínica de 
su territorio ni se contase con objetivos de calidad lumínica. 
Al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado,  no  se  habían  llevado  a  cabo  actuaciones  de  vigilancia  e 
inspección en materia de contaminación lumínica.  e.
La principal actuación emprendida para la mejora de la eficiencia energética en el ámbito interno  741ww
fnuoe  slea  hinasbtaíala ecxiótenn ddeid iolu aml irneasctoió nd eL EedDif iecnio esl  pPúablaliccoios .d e la Asamblea, medida que, al cierre de 2019,
 
 
Aunque la CA señala que ha realizado estudios del alumbrado público, no se ha acreditado que 
estos respondieran a las auditorías energéticas o lumínicas previstas en el RD 56/2016, de 12 de 
febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  25  de  octubre  de  2012,  relativa  a  la  eficiencia  energética,  en  lo  referente  a  auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 
eficiencia del suministro de energía de dichas instalaciones. Estas auditorías, que no tienen 
carácter obligatorio según dicha norma para las Administraciones públicas, pretenden detectar 
aquellos procesos y situaciones que pueden reducir el consumo y conseguir una eficiencia 
energética, optimizando recursos.  
La CA no había elaborado planes estratégicos ni de acción específicos en relación con esta 
problemática. 
  La CA no disponía de normativa propia en relación con la recogida selectiva de residuos. 
Además, no ha aportado datos durante la fiscalización sobre la cantidad de residuos que se 
dirigen a vertederos o incineración (dado lo señalado a continuación sobre el reciclaje), por lo que 
no se ha podido comprobar el grado de cumplimiento de las previsiones contenidas al respecto en 
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos (modificada en el ejercicio fiscalizado por la Directiva (UE) 2018/851 del 
Parlamento europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018). 
Conforme dispone el artículo 14 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados, se elaboró el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla para el periodo 
2017-2022, una vez agotado el Plan 2012-2016, si bien la aprobación del primero data de 
diciembre de 2018, por lo que se produjo un importante lapso de tiempo no cubierto efectivamente 
por ninguno de los dos planes. 
Durante 2018 no se llevó a cabo la recogida separada de residuos textiles y aparatos eléctricos y 
electrónicos. Tampoco se contaba con una recogida separada de biorresiduos y del resto de 
materia orgánica. Además, no se disponía de un sistema de recogida separada de envases de 
plástico, por lo que no se han cumplido los objetivos mínimos de reciclado establecidos en el 
artículo 5 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, en los términos 
establecidos por el RD 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y 
por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el RD 782/1998, de 30 de 
abril. 
Al cierre del ejercicio 2018 no se contaba con al menos un punto limpio, instalándose durante 
2019 tres, de carácter móvil. 
No se ha acreditado la realización de actuaciones durante el ejercicio fiscalizado en relación con la 
minimización de la generación de residuos en la actividad ordinaria de los servicios de la propia 
CA ni sobre el fomento de la recogida selectiva de los mismos. 
Por otro lado, al cierre del ejercicio fiscalizado no se habían llevado a cabo actividades de 
formación en materia medioambiental dirigidas a los trabajadores de la CA, en el sentido de 
promover la reducción del consumo de papel, el ahorro energético en las instalaciones públicas o 
el fomento de la movilidad sostenible en los desplazamientos a sus puestos de trabajo. 
Del análisis del presupuesto se desprende que este no recogía, en general, partidas de gasto 
destinadas  específicamente  a  la  gestión  medioambiental  ni  a  las  distintas  acciones  que  la  e
componen,  sin  que,  por  tanto,  existieran  objetivos  presupuestarios  e  indicadores  para  el  bo
seguimiento de los resultados asociados a ello.  741ww
 
II.6.8.  Aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) 
El RD 4/2010, de 8 de enero, regula el ENI en el ámbito de la Administración Electrónica, cuya 
finalidad es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de 
interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por 
las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes 
a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la 
eficacia y la eficiencia. 
De las comprobaciones realizadas sobre su grado de aplicación en la CA al cierre del ejercicio 
fiscalizado, cabe deducir las siguientes cuestiones: 
  No se ha establecido ni publicado un documento con las condiciones de acceso y utilización 
de los servicios, datos y documentos en formato electrónico, pese a lo señalado en el artículo 8 
del RD 4/201031. Tampoco se han publicado aquellos servicios puestos a disposición de las 
demás administraciones a través de la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas 
españolas. Desde 2016, se está gestionando la firma de un convenio con la Administración 
General  del  Estado,  que  sirva  de  marco  para  todas  las  cuestiones  relacionadas  con  la 
interoperabilidad, el cual no había sido ultimado al cierre del ejercicio fiscalizado. 
  Si bien la CA disponía de un inventario/catálogo de trámites publicados, tanto en el Portal 
Web de la CAM, como en su sede electrónica, donde se encuentra el catálogo de trámites, el 
inventario de información administrativa de la CA ni está enlazado ni es interoperable con el 
Inventario de la Administración General del Estado, pese a lo dispuesto en el artículo 9.2 del RD 
4/201032. Según se menciona en la página de Administración electrónica del Gobierno de España, el 
Sistema de Información Administrativa (SIA) es el inventario de información administrativa de la 
Administración General del Estado, reglado por el artículo 9 del ENI y actualizado de forma 
corresponsable  por  todos  los  Organismos  participantes,  debiendo  contener  la  relación  de 
procedimientos y servicios de las diferentes administraciones públicas participantes. 
  Durante  el  ejercicio  fiscalizado,  la  CA  no  contaba  con  un  documento  expresamente 
aprobado (y publicado), tal como exige el artículo 18 del RD citado, donde figurase su política de 
firma electrónica y de certificados33. 
  La CA no ha remitido el correspondiente documento soporte de su política de gestión de 
documentos  electrónicos  conforme  a  la  Norma  Técnica  de  Interoperabilidad,  debidamente 
aprobado y aplicable en 2018, el cual tampoco aparecía publicado en la web34. 
  No se ha acreditado la elaboración formal de protocolos o mecanismos para verificar el 
cumplimiento del ENI, pese a lo dispuesto en el artículo 27 del RD35.  
                                                 
31 La CA hace referencia a que la declaración consta en un documento publicado en su portal y que muestra como 
fecha de actualización 27 de marzo de 2020, sin que se acredite en las alegaciones que ya se hubiera establecido y 
publicado al cierre del ejercicio fiscalizado. Asimismo, no consta expresamente la aprobación de este documento por el 
órgano competente y su contenido no detalla todos los aspectos a los que hace referencia el artículo 8.1 del RD 4/2010, 
tal como prevé la Guía de auditoría de cumplimiento del ENI de la Secretaría de Estado de Administraciones públicas. 
32 La CA indica en sus alegaciones que “durante el ejercicio 2018 y parte del 2019 se han efectuado las gestiones 
necesarias para la integración de la totalidad de los procedimientos de la Ciudad Autónoma de Melilla, habiendo 
concluido dichas complejas y técnicas actuaciones en el ejercicio 2019, encontrándonos actualmente en un proceso de 
validación de los procedimientos para su inclusión en el SIA”. 
33 El Consejo de Gobierno, en sesión de 8 de mayo de 2019, ha aprobado la Política de Firma Electrónica y Certificados  e.e
de la CA de Melilla, documento que será objeto de análisis en la próxima fiscalización para verificar en qué grado  bo
subsana las deficiencias advertidas en el presente informe.  741www.
3mE4l eeEdclit dróCan osincooslvese jodn etda le ala  CGs Aocba direeer nnMcoiea, lsiel lanre,  csdoeogsciiudómans e denent o 8e q sudteee   isnmefoarárym ooe bd.j eet o2 0d1e9 a, nháali saisp eronb laad por ólax imPao líftiisccaa ldizea cGióens tpióanra  dvee rDifioccaur mene nqtuoés 
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control interno a que hace referencia el artículo 27. 
 
 
II.7.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
Los FCI se constituyen, en virtud del artículo 158 de la Constitución Española, con el fin de 
corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. 
Melilla se integra plenamente en este mecanismo, de conformidad con lo que establece la LFCI. 
II.7.1.  Dotaciones de los Fondos 
El artículo 4 de la LFCI establece la distribución del FC entre las CCAA y las Ciudades con EA. La 
forma de asignar la cuantía que corresponde a Melilla aparece recogida en el apartado 2 del 
mencionado artículo. 
La cuantía total de los FCI consignada en la Sección 33 de los PGE para 2018 fue de 582.430 
miles de euros, de los que 150.000 miles se consignaron de forma separada para financiar las 
incorporaciones de remanentes de crédito de los FCI para el conjunto de las CCAA. Ambas 
cantidades no supusieron variación respecto de la dotación del año precedente. En el caso de la 
CA de Melilla, las dotaciones de los fondos con cargo a la Sección 33 de los PGE para 2018 
ascendieron  a  3.310  miles  de  euros,  importe  igual  al  del  ejercicio  anterior.  Además,  se 
incorporaron remanentes de crédito del ejercicio anterior por importe de 6.458 miles de euros. 
El impacto que las medidas de contención del déficit público han tenido en la inversión pública 
puede contemplarse comparando las dotaciones de los fondos entre 2010 y 2018, dada la relación 
directa entre gastos de inversión y dotaciones del FC, con el siguiente detalle. 
CUADRO Nº 27. RECURSOS OBTENIDOS DE LOS FCI 
Importe de las dotaciones   Variación interanual 
Año 
(miles de euros)   (%) 
2010  9.474  (9,5) 
2011  5.926  (37,4) 
2012  5.140  (13,3) 
2013  4.375  (14,9) 
2014  3.310  (24,3) 
2015  3.310  0 
2016  3.310  0 
2017  3.310  0 
2018  3.310  0 
La importancia de estos recursos como instrumento de solidaridad regional ha ido menguando, 
con un descenso del 65 % desde 2010 hasta 2018 y ha pasado a representar en el ejercicio 
fiscalizado exclusivamente el 1,2 % del presupuesto inicial de la CA. 
La distribución por fondos de las dotaciones de la Sección 33 de los PGE para 2018 para Melilla,  es
supone la asignación de 2.482 miles de euros al FC y 828 miles al Fondo Complementario. El  oe.
                                                                                                                                                                741ww
 
anexo III.1 recoge la liquidación en 2018 de las aplicaciones presupuestarias financiadas con 
recursos de ambos fondos, tal y como ha sido facilitada por la CA. A la vista de la misma, cabe 
señalar que dicha liquidación no se ha realizado separadamente. 
II.7.2.  Recursos de los FCI 
La liquidación presupuestaria de los recursos procedentes del FC y del Fondo Complementario se 
recoge, de forma conjunta, en el anexo III.2.  
Como  en  ejercicios  precedentes,  la  CA  no  ha  definido  subconceptos  diferenciados  para 
discriminar el FC del Fondo Complementario, que se integran de forma conjunta en el mismo 
subconcepto (72008 FCI). Tampoco permite distinguir los derechos reconocidos por ejercicio de 
procedencia  de  la  dotación  del  fondo,  lo  que  redundaría  en  un  mejor  seguimiento  de  las 
solicitudes. 
La evolución de las dotaciones de los fondos que han sido objeto de solicitud en el ejercicio 2018, 
distinguiendo el año de origen de estos, se expone a continuación. 
CUADRO Nº 28. FONDOS DE COMPENSACIÓN 
(miles de euros) 
Dotación pendiente solicitar  Pendiente de solicitar 
Año de dotación del Fondo  Solicitado en 2018 
a 1-01-2018  a 31-12-2018 
2008  95  0  95 
2010  149  0  149 
2011  73  0  73 
2012  2  0  2 
2013  67  0  67 
2014  854  758  96 
2015  1.590  842  748 
2016  1.539  0  1.539 
2017  2.209  726  1.483 
2018  2.482  1.296  1.186 
Total  9.060  3.622  5.438 
 
 
CUADRO Nº 29. FONDO COMPLEMENTARIO 
(miles de euros) 
Dotación pendiente solicitar  Pendiente de solicitar 
Año de dotación del Fondo  Solicitado en 2018 
a 1-01-2018  a 31-12-2018 
2009  144  6  138 
2010  208  0  208 
2011  2  0  2 
2012  4  0  4 
2013  42  0  42 
2014  12  10  2 
2015  10  0  10 
2016  176  155  21 
2017  828  605  223 
2018  828  0  828 
Total  2.254  776  1.478 
Todo  el  importe  solicitado  en  2018  quedó  pendiente  de  recaudación  al  cierre  del  ejercicio, 
haciéndose efectiva en enero de 2019. La CA de Melilla ha solicitado tan solo el 38,9 % de las 
disponibilidades de recursos con cargo a los Fondos de los citados años. Ello supone que están 
pendientes de solicitar 6.916 miles de euros de dotaciones de los FCI que se remontan hasta el 
ejercicio 2008, financiación que, en un periodo de menor disponibilidad de recursos a la inversión, 
se está dejando de recibir. 
II.7.3.  Proyectos de inversión 
En  el  ejercicio  2018,  únicamente  el  proyecto  “Infraestructuras  y  equipamiento  básico”  era 
destinatario de los Fondos, distribuyéndose la gestión de estas inversiones entre las siguientes 
Consejerías. 
CUADRO Nº 30. DISTRIBUCIÓN PROYECTOS GENÉRICOS 
(miles de euros) 
Infraestructuras y equipamiento básico  Compensación  Complementario  Total 
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes  827  828  1.655 
Consejería de Medio Ambiente  1.655  0   1.655 
Total  2.482  828  3.310 
De la dotación de los Fondos del 2018 solo se realizaron solicitudes en relación con el principal, 
no así con el complementario. Las peticiones corresponden al único proyecto aprobado, cuya 
definición, como ya se advirtió en fiscalizaciones precedentes ante situaciones similares, es  e.e
genérica, de tal forma que permite su desagregación en subproyectos heterogéneos.  b
Lpao rciennfotarmjeasc idóen  epjerocpuocriócnio ndaedl ap rsooybercet o sgue ngéraridcoo  ddeec laerjaedcuoc isóen  cnoorr epsepromnidtea n accorend ietal r grqaudeo  ldoes 
 
ejecución de los subproyectos en que se desagregan. La información que presta el sistema de 
gastos con financiación afectada no incluye el gasto total previsto por proyecto, ni el acumulado 
hasta la fecha, por lo que no se puede verificar el grado de ejecución acumulado al cierre de 2018. 
II.8.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
II.8.1.  Procedentes de los Informes de fiscalización de ejercicios anteriores 
En  el  presente  subapartado  se  analizan  las  medidas  tomadas  para  el  cumplimiento  de  las 
recomendaciones formuladas en el Informe anual de fiscalización de la CA de Melilla, ejercicio 
2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 25 de octubre de 2018. No obstante, dado 
el  carácter  recurrente  de  las  fiscalizaciones,  gran  parte  de  estas  recomendaciones  fueron 
reiteradas en el informe correspondiente al año 2017, aprobado por el Pleno el 28 de noviembre 
de 2019, una vez formulada la Cuenta General de 2018. En relación con las primeras, que se 
enumeran a continuación, cabe señalar: 
1.   Debería aplicarse de forma más estricta el procedimiento administrativo detallado en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio, en la tramitación de los diferentes expedientes 
de gastos y los correspondientes documentos contables. Durante el ejercicio fiscalizado no se han 
apreciado avances en la solución de esta deficiencia. 
2.   Deberían establecerse medidas rigurosas, en la línea que se avanza en los últimos años, 
para que la liquidación presupuestaria recoja la totalidad de obligaciones y derechos devengados 
en el ejercicio, fomentándose el cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria. A pesar 
de que en los ejercicios 2016 y 2017 se redujo el importe de las obligaciones pendientes de 
imputar a presupuesto (con saldos de 3.017 miles de euros y 1.620 miles respectivamente), en el 
ejercicio fiscalizado se produjo un aumento hasta los 2.690 miles de euros. 
3.   Debería  ahondarse  en  la  tarea  de  unificar  el  inventario  de  bienes,  para  que  ofrezca 
información completa. También se debe impulsar la coordinación de los servicios de Patrimonio y 
Contabilidad y realizar un correcto registro contable de las operaciones de inmovilizado. Si bien en 
2017 se comenzó con el proceso de puesta en funcionamiento de una herramienta de gestión del 
inventario integrada con el sistema de gestión contable, que sustituyera a la precedente no 
vinculada, durante 2018 este proceso no había concluido, realizándose actuaciones de carácter 
técnico y operativo necesarias para su efectiva implantación. 
4.   Se debería mejorar el sistema de contabilidad de gastos con financiación afectada, de forma 
que se potencie el control del destino de esta financiación y se perfeccione la información ofrecida 
por las magnitudes presupuestarias relacionadas con dichos gastos. En 2018 se aprecian mejoras 
en el módulo de gastos con financiación afectada soporte de la contabilidad, pues, si, hasta dicho 
año, solo contenía determinados proyectos imputados al capítulo 6 del presupuesto de gastos, 
desde el ejercicio fiscalizado incluye otros con imputación a los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 (limitados a 
proyectos iniciados desde 2010 en adelante). En lo que se refiere a los dos últimos capítulos de 
gastos citados, y como mejora respecto a ejercicios anteriores, se han incluido como recursos 
afectados los generados por las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el artículo 49 
del TRLRHL, aunque limitados a aquellos cuyo agente financiador es la operación de crédito a 
largo plazo formalizada en el ejercicio 2018. 
5.   Se debería proceder a la elaboración de los presupuestos con mayor rigor para evitar el 
elevado importe de las modificaciones, hecho que desvirtúa el valor del presupuesto aprobado  e.e
como instrumento de planificación de la actividad. Las modificaciones cuantitativas sobre el  bo
presupuesto aprobado en 2018 siguen siendo considerables, ascendiendo al 25,4 % (17,5 % en  741ww
2017 y 18,9 % en 2016).
 
 
6.   Sin perjuicio de las competencias atribuidas por el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales a otras Administraciones, deberían realizarse las gestiones oportunas, especialmente con 
la Administración catastral, para una gestión más eficaz y eficiente de los recursos derivados del 
Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  que  la  Entidad  fiscalizada  tiene  asignados,  mediante  la 
potenciación  del  cobro  de  aquellos  objetos  tributarios  sobre  los  cuales  la  información 
proporcionada por el Catastro no recoge la identidad del titular. No se han acreditado actuaciones 
en la línea señalada en la recomendación, que viene incluyéndose de manera reiterada en los 
informes desde el relativo al ejercicio 2012. 
7.   Debería analizarse la pervivencia de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, cuya misión 
estatutaria  consiste  en  la  coordinación  de  competencias  correspondientes  a  las  distintas 
Consejerías,  función  que  podría  desarrollarse  a  través  de  las  oportunas  comisiones 
interadministrativas,  o  bien  actualizar  sus  Estatutos  si  efectivamente  tiene  encomendadas 
funciones adicionales, como se manifestó por la Ciudad en ejercicios anteriores. El 8 de mayo de 
2020, el Consejo de Gobierno de la CA acordó la constitución de una  comisión técnica de 
asistencia a la disolución de la Fundación Melilla Monumental y del Instituto de las Culturas. En 
dicho acuerdo se indica que “en base al principio de simplificación de la Administración, y 
atendiendo a criterios de reducción del gasto público, gestión integral de los recursos humanos de 
la Ciudad, así como aprovechamiento de sinergias esta Presidencia entiende existen fundadas 
razones para entender que no subsisten, en grado suficiente, los motivos que justificaron la 
creación de las entidades precitadas”. Por tanto, esta recomendación se considera cumplida. 
II.8.2.  Procedentes de las Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas 
Con fecha 27 de diciembre de 2017, la citada Comisión Mixta procedió a aprobar la Resolución 
relativa al Informe anual de fiscalización de Melilla, ejercicio 2015, instando, adicionalmente a lo 
recogido en el citado informe, a: 
  La presentación de la cuenta general de manera completa, incluyendo las cuentas de las 
sociedades mercantiles de capital íntegramente de la Comunidad Autónoma. La Cuenta General 
de 2018 incluyó las correspondientes a las tres sociedades mercantiles. 
  Cumplir de modo estricto la ley en materia de reparos a realizar por la Intervención General. 
Con fecha 30 de octubre de 2019, la IG remitió al Tribunal de Cuentas el informe resumen del plan 
de fiscalización plena posterior y control financiero de gastos e ingresos de los ejercicios 2016 y 
2017, aprobado el 28 de junio de 2018. Como documentación anexa incluía la prevista en el 
artículo 218 del RD-Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la 
entidad local y por el pleno de la corporación contrarios a los reparos formulados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos). 
  Un cumplimiento más riguroso de sus obligaciones en materia de transparencia. Con la 
entrada en vigor el 20 de julio de 2016 del Decreto número 43 de fecha 14 de julio de 2016, 
relativo a la aprobación definitiva del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Melilla y la puesta en marcha del portal de transparencia (o portal web institucional de 
la CA) se ha avanzado en esta materia, aunque con las carencias que se han puesto de 
manifiesto en las fiscalizaciones de los ejercicios 2016 a 2018. 
  Remitir al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales de la Empresa Municipal de la Vivienda y  s
Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA), y la Sociedad de Información Municipal de Melilla, S.A.  oe.
(INMUSA).  La  rendición  de  las  cuentas  de  2018  de  estas  sociedades  se  realizó  en  plazo,  w.
formando parte de la Cuenta General.  741ww
 
  Remitir el proyecto de presupuesto general de la Ciudad Autónoma de Melilla en un formato 
digital y accesible para facilitar la fiscalización del mismo, tanto al Pleno como a la sociedad civil 
de Melilla. El formato del proyecto de presupuesto no ha sufrido variaciones importantes en los 
últimos ejercicios, sin que se presente en formato abierto, como se expone en el apartado de este 
Informe dedicado a la transparencia. 
III. CONCLUSIONES 
III.1.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
1.  A diferencia de los tres ejercicios anteriores al fiscalizado, la Cuenta General de 2018 se ha 
rendido al Tribunal de Cuentas dentro del plazo establecido en el artículo 223.2 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) (15 de octubre de este último año), 
dándose adecuada respuesta a la obligación legal y a la Resolución, de 27 de mayo de 2014, de 
la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde se 
instaba a la Ciudad a la rendición de las cuentas dentro de los plazos previstos.  
La Cuenta General se ha presentado completa, a diferencia de los ejercicios anteriores, en los 
cuales no incluía las cuentas de una o varias de sus tres sociedades mercantiles. 
Tanto las cuentas de la Administración General como las del ente y organismos públicos se 
ajustan, en general, al contenido y estructura previstos en el régimen contable aplicable, si bien 
las memorias rendidas no incluyen determinado contenido prefijado en la normativa. 
Finalmente, las cuentas de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí, se 
rindieron en el mes de febrero de 2020, fuera del plazo previsto en el artículo 35 de la Ley 7/1988, 
de  5  de  abril,  en  relación  con  el  artículo  25  de  la  Ley  50/2002,  de  26  de  diciembre 
(subapartado II.1). 
III.2.  CONTROL INTERNO 
2.  En 2018, los puestos de Secretario General de la Ciudad, Tesorero e Interventor seguían 
cubiertos de forma accidental por funcionarios que no ostentaban el carácter señalado por el 
artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. La 
última convocatoria para la cobertura ordinaria de los dos primeros puestos se remonta al ejercicio 
2014 (epígrafe II.2.1). 
3.  De la estructura organizativa prevista por la normativa de la CA no se desprende una 
adecuada separación de las unidades de la Intervención que tienen encomendadas las funciones 
de contabilidad y fiscalización de la gestión económico-financiera. Por otra parte, en relación con 
la función de control, no se distingue el personal adscrito a tareas de fiscalización previa y de 
control a posteriori, originando todo ello una debilidad en el control interno. 
Un reparo formulado frente a un acto realizado en el Patronato de Turismo, fue levantado por el 
Presidente del propio organismo, pese a lo dispuesto por los artículos 217 del TRLRHL y 15 del 
RD 424/2017, donde se indica que la competencia para ello corresponde al Presidente de la 
entidad local o al Pleno, siendo dicha competencia indelegable. 
Se  han  advertido  mejoras  en  el  ejercicio  del  control  interno,  al  concretarse  un  sistema  de 
fiscalización limitada previa y elaborarse un plan de control, referido a los ejercicios 2016 y 2017,  e.
al que se refiere el artículo 37 del RD 434/2017, si bien, a 31 de diciembre de 2019, no se había  b
remitido a la Asamblea un plan para el ejercicio 2018 (epígrafe II.2.2).   741ww
 
 
4.  El Presupuesto General de la CA para 2018 fue aprobado definitivamente fuera del plazo 
previsto en el artículo 169.2 del TRLRHL, al igual que en los dos ejercicios previos, si bien se ha 
ido reduciendo el tiempo de demora, que en este año ha sido de 23 días. Este estado no venía 
acompañado de determinada documentación prevista en el artículo 168 del TRLRHL o bien la que 
figuraba anexa era incompleta. 
Las  modificaciones  cuantitativas  sobre  el  presupuesto  aprobado  ascendieron  al  25,4 %, 
destacando las relativas a los capítulos 1, 6 y 7 de gastos, lo que afecta negativamente a la 
precisión en la planificación de las actividades a realizar durante el ejercicio.  
Los presupuestos de los Organismos autónomos (OOAA) no acompañaron toda la documentación 
que exige el artículo 168 del TRLRHL. Por su parte, la previsión de ingresos y gastos de las 
sociedades mercantiles incluida en los Presupuestos Generales de la Ciudad no se adecuó a la 
estructura prevista en el artículo 112 del Real Decreto (RD) 500/1990 (subepígrafe II.2.3.B). 
5.  Las actuaciones para el control y la gestión del Impuesto sobre la Producción, los Servicios 
y  la  Importación  (IPSI)  adolecen  de  la  falta  de  procedimientos  escritos  y  de  determinadas 
debilidades, en parte relativas a la aplicación informática soporte, la cual no está conectada con el 
sistema contable de la CA.  
En el informe sobre las actuaciones de control realizadas por la Inspección tributaria de la Ciudad 
no se contrastan los resultados con los objetivos que debieran alcanzarse y que habrían de 
derivar del Plan de Inspección de 2018, cuya aprobación se demoró hasta mitad de ese año. 
Además, no se ha acreditado la existencia del informe técnico-económico previsto en el artículo 25 
del TRLRHL, relativo a la cuantía de diversas tasas establecidas por la Ciudad. 
Hasta el 21 de noviembre de 2019, la CA no solicitó la adhesión al Convenio con la Federación 
Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de 
derecho  público  de  las  corporaciones  locales,  careciendo  en  el  ejercicio  fiscalizado  de 
instrumentos para las actuaciones de inspección o recaudación ejecutiva sobre los ingresos de 
derecho público propios que hubieran de efectuarse fuera de su territorio (subepígrafe II.2.4.D). 
6.  Durante  el  ejercicio  2018,  el  inventario  continuaba  sin  dar  el  adecuado  soporte  a  la 
contabilidad (epígrafe II.2.5). 
7.  No  se  ha  acreditado  la  existencia  de  procedimientos  aprobados  para  instrumentar  los 
controles  periódicos  sobre  el  estado  de  las  instalaciones,  el  equipamiento  y  los  soportes 
documentales previstos en el Reglamento de protección del Patrimonio documental melillense y 
del sistema archivístico de la CA, aprobado mediante Decreto de 22 de noviembre de 2012 
(epígrafe II.2.6). 
8.  A 31 de diciembre de 2018 no se había llevado a efecto la aprobación por el Consejo de 
Gobierno  del  catálogo  de  simplificación,  racionalización  y  normalización  de  procedimientos, 
prevista  en  la  Disposición  adicional  (DA)  primera  del  Reglamento  del  Gobierno  y  de  la 
Administración de la CA, aprobado el 27 de enero de 2017 (subepígrafe II.2.7.B). 
9.  Tras la conclusión del Tercer Plan de Calidad y Modernización de la CA, aprobado para el 
periodo 2012-2015, no se procedió a la aprobación de uno nuevo (subepígrafe II.2.7.C). 
10.  La CA no había implantado mecanismos para dar cumplimiento al sistema de supervisión  es
continua previsto en el artículo 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  o
Sector Público (epígrafe II.2.8).  741www.

 
III.3.  CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ENTES ADMINISTRATIVOS 
11.  Las cuentas de la Administración General y de los entes sujetos a contabilidad pública se 
presentan, en general, de acuerdo con los principios y normas definidos en el plan de contabilidad 
aplicable y en la normativa económico-financiera que rige la gestión de los presupuestos, si bien 
se  formulan  una  serie  de  observaciones  que  derivan  de  las  incorrecciones  contables  y 
presupuestarias que se relacionan a continuación (subapartado II.3).  
Administración General 
12.  En relación con el destino del superávit presupuestario de 2017, a pesar de lo dispuesto en 
el artículo 1 del Real Decreto-Ley (RD-L) 1/2018, la CA no llegó a comprometer gastos ni a 
reconocer  obligaciones  derivadas  de  los  proyectos  de  inversión  financieramente  sostenibles 
previstos en la DA sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) durante el ejercicio fiscalizado. 
En el expediente de suplemento de crédito 21287/2018, por importe de 1.620 miles de euros 
derivado del reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en el ejercicio correlativo se incluyen 
gastos  de  ejercicios  anteriores  que  contaban  con  consignación  presupuestaria  adecuada  y 
suficiente en el ejercicio de procedencia y que debieron tramitarse como incorporaciones de 
crédito de acuerdo con los artículos 26.2.b y 47.1.b del RD 500/1990. Las BBEE para 2019 
establecen una cautela para evitar esta incorrección (subepígrafe II.3.1.A). 
13.  Con  carácter  mayoritario,  se  tramitan  documentos  de  autorización,  compromiso  y 
reconocimiento de la obligación y de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y 
pago  después  de  que  sean  efectivas  la  realización  de la  obra  o  la  prestación  del  servicio 
contratado, incumpliendo el procedimiento administrativo establecido en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto (BBEE) e impidiendo obtener información en cada momento del estado de 
ejecución del presupuesto. 
El artículo 176 del TRLRHL, sobre temporalidad de los créditos, dispone que con cargo a los 
créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo pueden contraerse obligaciones derivadas 
de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el 
año natural del propio ejercicio presupuestario. Pese a ello, la CA imputó al ejercicio 2018 gastos 
realizados en ejercicios anteriores por importe de 1.620 miles de euros y dejó de imputar al 
ejercicio gastos realizados en el mismo (que figuran en la cuenta 413). Esta forma habitual de 
operar  pone  de  manifiesto  el  incumplimiento  del  principio  de  anualidad  presupuestaria, 
volviéndose a incrementar el importe no imputado en el ejercicio  en relación con ejercicios 
anteriores (2.696 miles de euros). Además, el recurso a la figura del reconocimiento extrajudicial 
de crédito ha de constituir una actuación excepcional, que ha devenido habitual en la CA en los 
últimos años (subepígrafe II.3.1.B). 
14.  La Cuenta General no recoge información sobre anulaciones de derechos por cobros en 
especie o insolvencias. Los derechos devengados por los gravámenes complementarios del IPSI 
aplicables sobre las labores del tabaco y sobre ciertos carburantes y combustibles, se registraron 
en el momento de su recaudación, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 8/1991, de 25 de marzo, 
reguladora de este impuesto, que dispone para el registro el momento de devengo del mismo. No 
fueron objeto de registro contable en el presupuesto corriente las bajas por aplazamientos y 
fraccionamientos, por lo que los correspondientes derechos permanecen registrados hasta su 
cobro (subepígrafe II.3.1.C). 
15.  El resultado presupuestario del ejercicio se vería afectado, entre otros motivos, por las  bo
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desviaciones de financiación del ejercicio no pueden considerarse precisos, dadas las deficiencias 
en el sistema de control de dichos gastos. 
Además, no se realizó ajuste por los créditos gastados financiados con remanente de tesorería 
para gastos generales, pese a que en diversas modificaciones presupuestarias se indica que fue 
esta su fuente de financiación, lo que afecta al resultado presupuestario ajustado reflejado en las 
cuentas de la CA (subepígrafe II.3.1.D).  
16.  Por  lo  que  se  refiere  al  balance  de  la  Administración  General,  se  han  apreciado 
incorrecciones contables relacionadas con el inmovilizado (deterioros, registro de resultados y de 
participaciones  en  entidades  vinculadas).  Además,  los  aplazamientos  y  fraccionamientos  de 
deudores no son objeto de contabilización como anulaciones, contraviniendo lo previsto en el 
régimen contable aplicable.  
El plan de disposición de fondos al que se refieren los artículos 187 del TRLRHL y 65 del RD 
500/1990 fue aprobado con fecha 26 de diciembre de 2018, por lo que no puede considerarse 
como instrumento de planificación de la tesorería para el ejercicio. 
Las  cuentas  anuales  no  recogían  provisiones  a  largo  o  a  corto  plazo  en  el  balance,  ni 
contingencias en la memoria, sin que la CA tuviera implantados procedimientos de análisis para la 
cuantificación de las obligaciones de contenido económico que pudieran derivar de reclamaciones, 
juicios u otras acciones. 
No se ha acreditado la realización de actuaciones de depuración sobre los acreedores de mayor 
antigüedad. Respecto a los deudores, al cierre del ejercicio persistían saldos contraídos en el 
ejercicio 2014 y anteriores por importe de 27.335 miles de euros, con una tasa de recaudación 
durante el ejercicio del 4 % (subepígrafe II.3.2.C).  
17.  Diversas  cuentas  de  gastos  propias  del  resultado  económico-patrimonial  de  la 
Administración General de la CA incluyen prestaciones que, según su naturaleza, deberían estar 
registradas en otras diferentes (subepígrafe II.3.3.A). 
18.  La  memoria  integrante  de  la  Cuenta  de  la  Administración  General  muestra  diversos 
apartados sin cumplimentar. Además, el apartado de gastos con financiación afectada, si bien ha 
sido objeto de mejora en 2018, presenta deficiencias en la información que afectan al resultado 
presupuestario y al remanente de tesorería. Asimismo, la cifra del remanente de tesorería total se 
sigue  viendo  afectada  por  la  incorrecta  contabilización  o  imputación  presupuestaria  de 
determinadas operaciones (subepígrafe II.3.3.B). 
Otros organismos sujetos a contabilidad pública 
19.  El  presupuesto  de  gastos  para  2018  del  Consorcio  Rector  del  Centro  Universitario 
UNED-Melilla sobrevaloraba sus necesidades iniciales de gastos, al incluir incorrectamente el 
precio  total  del  contrato  plurianual  de  limpieza  de  su  edificio,  en  lugar  de  la  anualidad 
correspondiente a dicho ejercicio. 
El Consorcio Rector del Centro Universitario UNED-Melilla no ha recogido entre su inmovilizado 
material el inmueble en el que tiene su sede, pese a lo señalado por la Orden HAP/1781/2013, de 
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local 
(IMNCL).  Además,  aportaciones  de  la  CA  por  400  miles  de  euros  se  contabilizaron 
incorrectamente en la cuenta “Venta de mercaderías”.   es
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Las BBEE no establecían todos los extremos previstos en el RD 500/1990 para los procedimientos 
de pagos a justificar y anticipos de caja fija, destacando el relativo a su control. Además, la 
concurrencia de los supuestos necesarios para la utilización del sistema de pagos a justificar por 
parte del Consorcio UNED no quedaba adecuadamente expuesto en la documentación soporte de 
los mismos (epígrafe II.3.4). 
III.4.  EMPRESAS 
20.  Las cuentas anuales de las sociedades se presentaron, en general, de acuerdo con los 
principios y normas definidos en los planes de contabilidad y en la normativa económico-financiera 
que les era de aplicación (epígrafe II.4.1). 
21.  Si bien en la memoria de las cuentas anuales de 2018 de Empresa Municipal de la Vivienda 
y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) se indica que la empresa no está obligada a su auditoría, 
de considerar determinadas contraprestaciones por su actividad ordinaria recibidas de la CA 
dentro del importe neto de la cifra de negocios, siguiendo lo dispuesto en la Resolución de 16 de 
mayo de 1991, del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la sociedad no 
cumpliría las circunstancias previstas para estar excepcionada de la obligación de auditoría. 
Además, se ha apreciado la falta de información sobre las existencias y los inmovilizados en las 
citadas cuentas y, en el informe de gestión, debían reflejarse con mayor detalle determinados 
aspectos de las actividades de la empresa. 
Finalmente, en relación con el cobro de recibos en sus oficinas, la empresa disponía de unas 
normas e instrucciones sin fecha de elaboración ni acreditación de estar debidamente aprobadas. 
Pese a que en ellas se indica que “no se podrá cobrar cantidades superiores a 2.500 euros”, 
durante la fiscalización se han detectado diecisiete cobros en efectivo que rebasaban ese límite, 
incumpliendo lo establecido por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa 
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (epígrafe II.4.2). 
22.  De acuerdo con los criterios generales recogidos en la norma de registro y valoración 18, 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del Plan General de Contabilidad (PGC), y en la 
Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas 
públicas que operan en determinadas circunstancias, en la medida en que la actividad realizada 
por la Sociedad de Información Municipal de Melilla, S.A. (INMUSA) coincida con el servicio de 
comunicación audiovisual declarado de interés público por el artículo 40 de la Ley 7/2010, de 31 
de  marzo,  General  de  la  Comunicación  Audiovisual,  las  citadas  transferencias  deberían 
contabilizarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
La memoria integrante de las cuentas anuales de INMUSA no puede considerarse que cumpla lo 
dispuesto en el RD 1515/2007, de 16 de noviembre, donde se indica que esta debe completar, 
ampliar y comentar la información contenida en los otros documentos contables (epígrafe II.4.4). 
III.5.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
23.  La  Intervención  General  (IG)  emitió  los  informes  que  prevé  el  artículo  16.2  del  RD 
1463/2007,  sobre  el  presupuesto  consolidado  de  la  CA  y  su  liquidación,  señalando  el 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Igualmente se señala el cumplimiento de 
la regla de gasto sobre el presupuesto liquidado, si bien las deficiencias sobre el seguimiento de 
los gastos con financiación afectada pueden afectar al cálculo del cumplimiento de dicha regla  es
(epígrafe II.5.2).  o
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25.  La Intervención, en el informe de 4 de junio de 2019, indica que el endeudamiento respetaba 
el límite fijado en el artículo 53.2 del TRLRHL para no precisarse la autorización del Estado a la 
realización de estas operaciones. El informe no hace mención al ahorro neto derivado de la 
liquidación de los presupuestos de 2017 ni al cumplimiento del periodo medio de pago (PMP) 
(epígrafe II.5.3). 
III.6.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 
26.  El saldo vivo de la deuda de la CA y sus entidades dependientes ascendía a 75.926 miles 
de  euros.  La  CA  no  ha  aportado  certificaciones  bancarias  de  las  deudas  pendientes 
(subepígrafe II.6.1.A). 
27.  El período medio de pago durante 2018, calculado según el RD 635/2014, de 25 de julio, se 
situó fuera del plazo de 30 días previsto en la LOEPSF solo en el primer trimestre del año, lo que 
supone una notable mejora respecto del ejercicio anterior (subepígrafe II.6.2.B). 
28.  La  CA  no  contaba  con  el  registro  de  personal,  coordinado  con  los  de  las  demás 
Administraciones públicas, a que se refiere el artículo 90.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Lo establecido en el VIII Acuerdo Marco de los Funcionarios de la CA de Melilla y en el IX 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la CA sobre el complemento de productividad no se 
adecúa a lo dispuesto en los artículos 20 y 24 del RD-Leg. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Además, 
en las propuestas de gastos de la nómina de los empleados públicos de la CA no se incorporaba 
la documentación prevista en el VIII Acuerdo Marco de los Funcionarios y en el IX Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de la CA para el reconocimiento de gratificaciones.  
La CA no acreditó la aprobación de la masa salarial ni su publicación en la web institucional como 
prevé el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (subepígrafe II.6.3.A). 
29.  No  se  ha  remitido  información  sobre  las  actuaciones  de  evaluación  periódica  de  la 
efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres, previstas en el artículo 51.g de la 
LO 3/2007 (subepígrafe II.6.4.C). 
30.  No se ha acreditado haber actuado conforme al procedimiento establecido en el artículo 
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), en relación con 
la comunicación previa a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en algunas 
subvenciones otorgadas por el procedimiento de concurrencia competitiva (subepígrafe II.6.5.A). 
31.  Si bien se sigue mejorando la gestión y justificación de los recursos asignados al plan de 
formación de fondos propios de la CA, el procedimiento sigue adoleciendo de algunas debilidades 
(subepígrafe II.6.5.B). 
32.  Del análisis de las subvenciones nominativas de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes se han constatado deficiencias en la documentación justificativa a presentar (estados 
contables, cuentas justificativas), posibles casos de exceso de financiación sobre el coste, falta de 
acreditación de todos los extremos exigidos en la norma para la concesión de subvenciones 
nominativas  y,  finalmente,  en  aquellos  casos  en  que  la  justificación  presentada  por  los 
beneficiarios incluye gastos por pagos a personas no ligadas mediante una relación contractual  e.
con aquellos (catalogándose como “gratificaciones”), se apreció la ausencia de los acuerdos de  w.b
incorporación de esas personas que, conforme prevé el artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de  741ww
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33.  En 2018, el Patronato de Turismo dejó de conceder subvenciones nominativas a sociedades 
mercantiles privadas para el impulso de la oferta turística de Melilla, utilizando la concurrencia 
competitiva,  lo  que  supone  una  mejora  reseñable.  En  relación  con  las  ayudas  de  carácter 
nominativo, se advirtieron deficiencias tales como la falta de concreción de su objeto y de los 
gastos que se consideran subvencionables, la ausencia de justificación suficiente por parte del 
beneficiario  de  determinados  gastos  que  fueron  efectivamente  subvencionados,  la  no 
incorporación a los expedientes de la memoria de actividades y de la acreditación de la publicidad 
de la financiación de las actividades por parte de la CA o la distribución de los gastos de forma 
diferente a la prevista en las categorías iniciales (subepígrafe II.6.5.D). 
34.  El bloque del Portal de la Transparencia de la CA denominado “información económica, 
financiera y presupuestaria”, ha sido objeto de actualización y mejora, si bien los datos siguen 
presentándose mediante un formato no abierto, en el sentido previsto en el artículo 5 de la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre. Además, las entidades y empresas públicas de la CA no publicaban 
en sus sedes electrónicas o portales web toda la información que se especifica en los artículos 6, 
7 y 8 de la Ley 19/2013, de transparencia (epígrafe II.6.6). 
35.  Si bien la CA se había adherido en 2006 a la Agenda 21 Local de la Organización de las 
Naciones Unidas, no ha aportado información sobre la realización de evaluación alguna del grado 
de  consecución  de  los  objetivos  consensuados  que  aparecen  en  dicho  documento 
(subepígrafe II.6.7.A). 
36.  En el ejercicio fiscalizado, Melilla carecía de las siguientes ordenanzas reguladoras de 
distintas materias relacionadas con el medioambiente o bien estas presentaban una importante 
obsolescencia: gestión de los residuos de construcción y demolición; protección de la flora y 
fauna; alumbrado exterior; y uso y protección de las zonas verdes, parques y arbolado.  
La  Ordenanza  de  Protección  del  Medioambiente  frente  a  la  Contaminación  por  Ruidos  y 
Vibraciones, de 25 de mayo de 2001, no está ajustada a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido.  
Tras aprobarse en el ejercicio fiscalizado la zonificación del territorio de la CA en áreas acústicas y 
contrastarse la superación de los objetivos de calidad acústica, se hace necesario elaborar un 
plan de acción, el cual no se había aprobado al cierre del ejercicio 2019. 
En  referencia  a  la  contaminación  atmosférica,  la  CA  no  disponía  de  ordenanza  específica, 
aplicando las previsiones de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y protección 
de  la  atmósfera,  adjudicando  en  2018  un  contrato  de  evaluación  de  la  calidad  del  aire  y 
zonificación de la CA de Melilla. 
Al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado,  no  se  habían  llevado  a  cabo  actuaciones  de  vigilancia  e 
inspección en materia de contaminación lumínica. 
Durante 2018 no se llevó a cabo la recogida separada de residuos textiles y aparatos eléctricos y 
electrónicos. Tampoco se contaba con una recogida separada de biorresiduos y del resto de 
materia orgánica. Además, no se disponía de un sistema de recogida separada de envases de 
plástico, por lo que no se han cumplido los objetivos mínimos de reciclado establecidos en el 
artículo 5 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. A 31 de 
diciembre de 2018, no se contaba con al menos un punto limpio, instalándose durante 2019 tres, 
de carácter móvil (subepígrafe II.6.7.B).  s
III.7.  FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  741ww
3de7 . CoDmepl eannsáalcisióisn  dIen telar tearprliitcoaricaiól n(F dCeI) ,l ocsa breec udressotas cparro qveunei elan tiemsp doert alansc iad odtaec eiosntoess  rdeec ulorsso Fs ocnodmoos 
 
 
instrumento de solidaridad regional ha ido menguando, con un descenso del 65 % desde 2010 
hasta 2018, representando en el ejercicio fiscalizado el 1,2 % del presupuesto inicial de la CA. Por 
otro lado, Melilla no estableció subconceptos para diferenciar el Fondo de Compensación (FC) del 
Complementario y tenía pendientes de solicitar 6.916 miles de euros de dotaciones que se 
remontan hasta el ejercicio 2008, lo que supone dejar de percibir financiación en un periodo de 
menor disponibilidad de recursos para inversión. Finalmente, la definición de algunos de los 
proyectos financiados es de un grado tan general que imposibilita verificar su grado de ejecución y 
avance (epígrafe II.7.1). 
III.8.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
38.  En  relación  con  las  medidas  tomadas  por  la  Ciudad  para  el  cumplimiento  de  las 
recomendaciones formuladas en el Informe anual de fiscalización del ejercicio 2016, reiteradas en 
gran medida en el Informe del ejercicio 2017, se pone de manifiesto que se han apreciado 
avances en relación con tres de ellas (unificación del inventario y coordinación entre los diferentes 
sistemas a partir de este, mejora del sistema de contabilidad de gastos con financiación afectada y 
análisis de la pervivencia de la Fundación Melilla Monumental) (epígrafe II.8.1). 
39.  El contenido de la Resolución de la citada Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, de 27 de diciembre de 2017, relativa al Informe anual de fiscalización de 
Melilla, ejercicio 2015, puede considerarse razonablemente cumplido, con las excepciones que 
versan sobre la transparencia, tal como se señala en el oportuno apartado de este informe 
(epígrafe II.8.2). 
   
 
IV. RECOMENDACIONES 
1.  Se deberían implementar medidas tendentes a establecer una adecuada separación de las 
unidades de la Intervención General que tienen encomendadas las funciones de contabilidad y 
fiscalización  económico-financiera.  Igualmente,  dentro  de  la  función  de  control,  se  debería 
adscribir a tareas de fiscalización previa personal distinto del adscrito a las de control a posteriori. 
2.  Debería aplicarse de forma más estricta el procedimiento administrativo detallado en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio, en la tramitación de los diferentes expedientes 
de gastos y los correspondientes documentos contables.  
3.  Sería recomendable limitar la utilización de la figura del reconocimiento extrajudicial de 
crédito, que ha devenido habitual en los últimos años y, siempre que sea posible, recurrir a otras 
figuras  previstas  por  el  ordenamiento  jurídico  más  adecuadas  para  la  atención  de  las 
correspondientes necesidades presupuestarias. 
4.  Se deberían establecer las mejoras necesarias para que el plan de disposición de fondos de 
la Ciudad Autónoma cumpla su función como instrumento de planificación de la tesorería, sin que 
su elaboración esté meramente destinada al cumplimiento de una obligación de carácter legal. 
5.  Debería  completarse  la  tarea  de  unificar  el  inventario  de  bienes,  para  que  ofrezca 
información  completa.  También  se  deberían  ultimar  las  actuaciones  de  coordinación  de  los 
servicios de Patrimonio y Contabilidad. 
6.  Se debería proseguir con la mejora del sistema de contabilidad de gastos con financiación 
afectada, de forma que se potencie el control del destino de esta financiación y se perfeccione la 
información ofrecida por las magnitudes presupuestarias relacionadas con dichos gastos. 
7.  Se debería proceder a la elaboración de los presupuestos con mayor rigor para evitar el 
elevado importe de las modificaciones, hecho que desvirtúa el valor del presupuesto aprobado 
como instrumento de planificación de la actividad.  
 
Madrid, 29 de octubre de 2020 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
 
 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
I. CUENTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
I.1-1 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Liquidación de los presupuestos de gastos. 
I.1-2 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Liquidación de los presupuestos de ingresos. 
I.1-3 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Saldos presupuestarios. 
I.1-4 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. BALANCES. 
I.1-5 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Cuentas del resultado económico-patrimonial.  
I.2-1 EMPRESAS PÚBLICAS. Balances. 
I.2-2 EMPRESAS PÚBLICAS. Cuentas de pérdidas y ganancias . 
I.3-1 FUNDACIONES PÚBLICAS. Balances. 
I.3-2 FUNDACIONES PÚBLICAS. Cuentas de resultados. 
I.4 SITUACIÓN DE AVALES. 
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL
II.1-1 Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación económica. 
II.1-2 Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación orgánica . 
II.1-3 Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica. 
II.1-4 Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación orgánica. 
II.1-5 Liquidación del presupuesto de ingresos. 
II.1-6 Resultado y saldo presupuestario del ejercicio. 
II.2-0.1  Balance. 
II.2-0.2  Cuenta del resultado económico - patrimonial. 
II.2-0.3  Estado total de cambios en el patrimonio neto. 
II.2-0.4  Estado de flujos de efectivo. 
II.2-1 Deudores presupuestarios. 
II.2-2 Deudores extrapresupuestarios . 
II.2-3 Tesorería. 
II.2-4 Acreedores no financieros. Presupuestarios. 
II.2-5 Acreedores no financieros. Extrapresupuestarios. 
II.2-6 Pasivos financieros: Préstamos. 
II.2-7 Remanente de Tesorería. 
III. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
III.1 Liquidación de los créditos del Fondo de Compensación y Fondo Complementario  . s
III.2 Liquidación de los recursos del Fondo de Compensación y Fondo Complementario . o
IV. ISVU.1BVENSCuIbOvNeEncSiones analizadas en el Informe de Control Financiero 2018.  2021-14741n https://ww
Anexo I.1-1 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS / Liquidación de los presupuestos de gastos 
(miles de euros) 
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones 
Subsectores 
iniciales  netas  finales  reconocidas 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  267.204   67.939    335.143   261.777  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 
- Patronato de Turismo 2.750   0  2.750   2.204  
- Instituto de las Culturas 448    0  448    442   
ENTES PÚBLICOS: 
- Fundación Melilla Ciudad Monumental 850    0  850    824   
CONSORCIOS: 
- Consorcio Rector del Centro Universitario 1.625   0  1.625  1.380  
UNED-Melilla
TOTAL  272.877   67.939    340.816   266.627  
 
Anexo I.1-2 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS / Liquidación de los presupuestos de ingresos 
(miles de euros) 
           
  
Subsectores  Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL   267.204     67.939     335.143     287.439    
ORGANISMOS AUTÓNOMOS:         
-  Patronato de Turismo  2.750  0  2.750  2.775 
-  Instituto de las Culturas  448     0  448     451    
ENTES PÚBLICOS:         
-  Fundación Melilla Ciudad Monumental  850     0  850     850    
CONSORCIOS:         
-  Consorcio Rector del Centro Universitario  1.625     0  1.625     1.607    
UNED-Melilla 
           
TOTAL  272.877     67.939     340.816     293.122    
           
           
         
 
Anexo I.1-3 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Saldos presupuestarios 
 
(miles de euros) 
         
Resultado  Resultado 
Subsectores  presupuestario del  Ajustes  presupuestario 
ejercicio  ajustado 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL   25.662        (10.358)       15.304       
ORGANISMOS AUTÓNOMOS:       
-  Patronato de Turismo  571        0  571       
-  Instituto de las Culturas  9        0  9       
ENTES PÚBLICOS:       
-  Fundación Melilla Ciudad Monumental  26        0  26       
CONSORCIOS:       
-  Consorcio  Rector  del  Centro  Universitario  227        0  227       
UNED-Melilla 
TOTAL  26.495        (10.358)       16.137       
 
Anexo I.1-4  o corriente  60.461    1.257  97    336    63    62.214      
v
si
a
P
  asivo  e    2    0         0           0           0           2      
eto y p orrient 50.70 50.70
n c
o  o 
  Patrimoni o Pasivo n   7    2  2    3    8    2      
et 66 81 36 35 56 76
o n 01. 2. 05.
ni 8 8
m
nces    Patri  
a
al                     
B            
CAS  /   s)  nte  706    815  447    372    631    971      
CIONES PÚBLI  (miles de euro   Activo  ente Corrie   124 92.   254 1. 12         317    0           707      95.
STRA o corri 820. 2. 822.
NI   N  
MI
D
A
a 
elill
M
D-
E
N
U
es  ental  ersitari
     Subsector    ADMINISTRACIÓN GENERAL   ORGANISMOS AUTÓNOMOS:  - Patronato de Turismo  - Instituto de las Culturas  ENTES PÚBLICOS:  - Fundación Melilla Ciudad Monum CONSORCIOS:  - Consorcio Rector del Centro Univ    TOTAL    2021-14741n https://www.boe.es
Anexo I.1-5  V. Resultado neto del ejercicio    37.131         (553)      10         (386)        226       36.428      
I
o de ones as    96         83       0           0           0         79      
ultaderacincier 7.8 7.9
spa
eon
rimonial  II. Resultado de las III. Roperaciones las no fifinancieras    29.235         (636)      10         (386)        226       28.449      
nómico-pat partidas    (2.815)        (649)      0           (250)        0         (3.714)     
o s 
o ec Otra
d
a
ntas del result es de euros)  I. Resultado de la gestión ordinaria    32.050         13       10         (136)        226       32.163      
BLICAS  /  Cue (mil astos de gestión ordinaria    (228.084)        (2.679)      (441)        (986)        (1.380)      (233.570)     
Ú G
P
ACIONES  ordinaria  Otras rúbricas    100.868         25       3         0           402       101.298      
R n 
T ó
ADMINIS esos de gesti erencias enciones    159.266         2.667       448         850         1.204       164.435      
Ingr Transfy subv
  Subsectores       ADMINISTRACIÓN GENERAL  ORGANISMOS AUTÓNOMOS:  - Patronato de Turismo  - Instituto de las Culturas  ENTES PÚBLICOS:  - Fundación Melilla Ciudad Monumental  CONSORCIOS:  - Consorcio Rector del Centro Universitario UNED-Melilla  TOTAL     
 
Anexo I.2-1 
EMPRESAS PÚBLICAS  /  Balances 
(miles de euros) 
Activo  Pasivo 
Patrimonio 
Denominación 
No  neto  No 
Corriente  Corriente 
corriente  corriente 
                 
SOCIEDADES  MERCANTILES  Y 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES 
-  EMVISMESA  22.278     14.189     16.433     15.670     4.364    
-  INMUSA  619     707     1.018     91     217    
-  PROMESA 
3.199     14.947     7.328     62     10.756    
             
TOTAL  26.096     29.843     24.779     15.823     15.337    
             
           
             
             
 
nexo I.2-2  Resultado del ejercicio    3.161     (3.309)    (613)    (761)   
A      
ultados aciones umpidas    0  0  0  0 
Resopernterr
Resultados operaciones continuadas i      3.161     (3.309)    (613)    (761)         
ncias  puestos s/ Bº    (4)    0  0  (4)     
a m
didas y gan esultados Iantes de mpuestos      3.165     (3.309)    (613)    (757)       
as de pér uros)  Rultados ncieros i     (497)    (1)    (1)    (499)         
CAS  /  Cuent (miles de e plotación ResfinaOtras rúbricas       3.662     (3.308)    (3.950)    (3.596)         
SAS PÚBLI ultados de ex bvenciones    0  0  3.338     3.338    
RE Res Su
P      
M S 
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enomi CANTIRIALE TOT
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P A  s
                SOCIEDADES PÚBLICAS EM - EMVISMES - INMUSA  - PROMESA          2021-14741n https://www.boe.e

1   
o I.3- nte 
Anex o  Corrie 0  0 
v
si
a    
P
No orriente  0       0      
c
   
monio eto  22          22       
atrin
P
   
orriente  17          17       
s  o  C
e v
nc cti    
a A
S  /  Bal s)  No orriente  5          5       
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Denomi mico y S TOT
ó
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D
el 
a 
ción par boe.es
          - Funda       2021-14741n https://www.
Anexo I.3-2        Resultado del ejercicio    4  4        
  ultados aciones umpidas    0  0     
Resopernterr
i
     
  Resultados operaciones continuadas    4  4        
dos    mpuests/ Bº    0  0     
a I    
ult
s de res   sultados ntes de puestos    4  4    
a eam
BLICAS  /  Cuent miles de euros)       RResultados financieros i   0  0           
Ú   (
NES P ción  Otras bricas    (9)  (9)   
O a ú
CI plot r    
A x
UND s de e nes 
F o o
ultad venci   13  13 
Res Sub
     
micS) 
nóDE
oA
cM
Denominación    para el Desarrollo Epano Marroquí (FHI TOTAL  w.boe.es
       Fundación - y Social His        OE-A-2021-14741able en https://ww
 
Anexo I.4 
SITUACIÓN DE AVALES 
                   
(miles de euros) 
                   
Existencias  Existencias 
  Operaciones del ejercicio   
iniciales  finales 
Avalado 
Avales  Avales 
Nº  Importe      Nº  Importe 
constituidos  cancelados 
                             
1.  Concedidos  por  la                 
Administración General 
 
EMVISMESA  1   13.750     0  0    1   13.750  
  TOTAL    13.750         0  0           13.750      
Anexo II.1-1  Total  sdificacione  12.358       5.663       (276)      1.318       0  19.063       38.892       9.918       48.810       0      66       66  67.939      
m
   
a
ca  es  ativ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
n económi     Otras modificacion ssitivaNeg  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ó o
ci     P
os  /  Clasifica ncorporaciones remanentes de crédito  0  2.069       0  524  0  2.593      24.760       3.683       28.443       0  0  0  31.036      
stari     s Ios  s  58       17       0  78       0  53      95  45       40  0  0  0  93      
nes de créditos presupue    (miles de euros)     Transferencias de Créditocrédito generadpor ositivassNegativaingreso   0 0 12.3 3.183      2.739      2.1 0 276  2.035      2.603      6 0 0  5.218     5.618     15.1 740 396 7 0 10      6.2 740      406      7.0 0 0  66 0  66 0  6.024      6.024      22.1
o P
ci    
a
AL  /  Modific   mpliaciones de crédito  0  97  0  0  0  97  0  0  0  0  0  0  97 
R A
E
STRACIÓN GEN      Créditos extraordinarios y suplementos de crédito  0  936      0  684      0  1.620      12.993      0  12.993       0  0  0  14.613     
NI y  S  E  S 
  ADMI       Capítulos  Gastos de personal  Gastos corrientes en bienes servicios  Gastos financieros  Transferencias corrientes  Fondo de contingencia  TOTAL OPERACIONECORRIENTES  Inversiones reales  Transferencias de capital  TOTAL OPERACIONES DCAPITAL  Activos financieros  Pasivos financieros  TOTAL OPERACIONEFINANCIERAS  TOTAL  2021-14741n https://www.boe.es

exo II.1-2  otal  caciones  44      2.162      1.965      14.274      1.270      1.203      23.174      20.872      (34)     0  3.009      67.939    
An Tdifi
m
a
gánica  Otras  dificaciones  as Negativ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
n or mo ositiv 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ó P
ci
s  /  Clasifica corporaciones emanentes de crédito  0  2.040      695      1.809  0  0  10.122      14.841      452      0  1.077      31.036    
o nr
stari s Ios  s  0  0  0  57      31  10  89      0  0  0  06      93    
supue Créditoeneradpor ngreso 12.3 5 7.3 1.9 22.1
 ones de créditos pre (miles de euros)  Transferencias de gcrédito  iositivas Negativas  0 0  458     353  1.072     276      1.221     1.485      621     45      711     75      250     0  1.120 2.670  0 486  133 133  438 501      6.024    6.024    
ci P
a
c
Modifi ciones édito  0  0  0  97  0  0  0  0  0  0  0  97      
L  /   mpliade cr
A A
ACIÓN GENER Créditos extraordinarios y suplementos de crédito  44   17   474   275  663  57  5.413   7.581   0  0  89  14.613    
R
  ADMINIST Secciones  00 Asamblea CA Melilla  01 Presidencia y Consejería de Presidencia y Salud Pública  02 Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas  03 Consejería de Hacienda   04 Consejería de Cultura y Festejos  05 Consejería de Bienestar Social  06 Consejería de Fomento  07 Consejería de Coordinación y Medio Ambiente  08 PROMESA  13 Consejería de Seguridad Ciudadana   14 Consejería de Educación, Juventud y Deportes  TOTAL    OE-A-2021-14741able en https://www.boe.es
   
 
 
Anexo II.1-3 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de gastos  /  Clasificación 
económica 
(miles de euros) 
             
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Capítulos 
iniciales  netas  finales  reconocidas  de crédito 
1-  Gastos de personal  82.930       12.358       95.288       74.508       20.780      
2-  Gastos corrientes en bienes y  96.243       5.663       101.906       92.936       8.970      
servicios 
3-  Gastos financieros  1.896       (276)      1.620       910       710      
4-  Transferencias corrientes  49.892       1.318       51.210       47.464       3.746      
5-  Fondo de contingencia  300       0      300       0      300      
TOTAL  OPERACIONES  231.261       19.063       250.324       215.818       34.506      
CORRIENTES 
6-  Inversiones reales  18.390       38.892       57.282       24.666       32.616      
7-  Transferencias de capital  6.471       9.918       16.389       10.211       6.178      
TOTAL  OPERACIONES  DE  24.861       48.810       73.671       34.877       38.794      
CAPITAL 
8-  Activos financieros  450       0      450       384       66      
9-  Pasivos financieros  10.632       66       10.698       10.698       0   
TOTAL  OPERACIONES  11.082       66       11.148       11.082       66      
FINANCIERAS 
TOTAL  267.204       67.939       335.143       261.777       73.366      
 
 
 
 
Anexo II.1-4 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de gastos  /  Clasificación 
orgánica 
             
(miles de euros) 
             
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Secciones 
iniciales  netas  finales  reconocidas  de crédito 
00 Asamblea CA Melilla  4.616     44  4.660   4.469     191       
01 Presidencia y Consejería de  12.030     2.162  14.192   11.333     2.859       
Presidencia y Salud Pública 
02 Consejería de Economía,  16.428     1.965  18.393   16.019     2.374       
Empleo y Administraciones Públicas 
03 Consejería de Hacienda  89.373     14.274  103.647   79.082     24.565       
04 Consejería de Cultura y Festejos  7.605     1.270  8.875   8.426     449       
05 Consejería de Bienestar Social  29.978     1.203  31.181   28.114     3.067       
06 Consejería de Fomento  22.252     23.174  45.426   28.788     16.638       
07 Consejería de Coordinación y  42.449     20.872  63.321   45.678     17.643       
Medio Ambiente 
08 PROMESA  8.675     (34)     8.641   6.992     1.649       
09 EMVISMESA  700     0  700   700     0   
10 INMUSA  3.400     0  3.400   3.400     0   
12 Centro Asociado UNED  1.483     0  1.483   1.483     0   
13 Consejería de Seguridad  7.098     0  7.098   6.713     385       
Ciudadana 
14 Consejería de Educación,  21.117     3.009  24.126   20.580     3.546       
Juventud y Deportes 
             
TOTAL  267.204  67.939  335.143  261.777  73.366 
 
Anexo II.1-5 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de ingresos 
 
(miles de euros) 
           
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Capítulos 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
1- Impuestos directos  12.853       0     12.853       12.498      
2- Impuestos indirectos  79.850       0     79.850       70.877      
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos  17.311       0     17.311       16.138      
4- Transferencias corrientes  132.414       16.907        149.321       155.929      
5- Ingresos patrimoniales  1.072       0     1.072       1.134      
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  243.500       16.907        260.407       256.576      
6- Enajenación de inversiones reales  4.500       6.245       10.745       6.288      
7- Transferencias de capital  9.084       19.634        28.718       14.553      
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  13.584       25.879        39.463       20.841      
8- Activos financieros  450       25.153        25.603       352      
9- Pasivos financieros  9.670       0     9.670       9.670      
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  10.120       25.153        35.273       10.022      
TOTAL  267.204       67.939        335.143       287.439      
 
 
Anexo II.1-6  Resultado esupuestario  40.758     (14.036)     26.722    (32)     (1.028)     (1.060)    25.662          (10.358)  15.304    
pr
                   
Ajustes  0  8.838  19.196  10.358)    
o  (
ci
ci
estario del ejer Obligaciones conocidas netas  215.818     34.877     250.695       384     10.698     11.082       261.777                 
u e
p r
u
es             
r
o p 6     1     7       2     0     2       9    
d 7 4 1 5 7 2 3
o y sal euros)  DRN  256.5 20.8 277.4 3 9.6 10.0 287.4
ultad s de 
L  /  Res (mile enerales 
RA os g
E st
N ga
E a 
  ADMINISTRACIÓN G Conceptos             a)      Operaciones corrientes             b)      Operaciones de capital  1.  Total Operaciones no financieras (a+b)                c)      Activos financieros             d)      Pasivos financieros  2. Total operaciones financieras (c+d)     I.  RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)  Ajustes        3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería par 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  II.  TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  2021-14741n https://www.boe.es
nexo II.2-0.1  Ejercicio anterior 715.172      421.643      293.529      0      0      53.456       0     53.456       0      0      0      51.298       0      21.897       0      29.401       0      819.926      
A
o e 67      29      38      0      0      02       0     02       0      0      0      61       0      65       0      96       0      30      
Ejercicicorrient801.6467.4334.2 50.7 50.7 60.4 19.2 41.1 912.8
RAL  /  Balance  os)  Pasivo  A) PATRIMONIO NETO  I. Patrimonio  II. Patrimonio generado  III. Ajustes por cambio de valor IV. Subvenciones recibidas pendientes de  imputación a resultados  B) PASIVO NO CORRIENTE   I. Provisiones a largo plazo  II. Deudas a largo plazo III. Deudas con entidades del grupo,  multigrupo y asociadas a largo plazo IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a  largo plazo V. Ajustes por periodificación a largo plazo   C) PASIVO CORRIENTE  I. Provisiones a corto plazo   II. Deudas a corto plazo  III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo  IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo  V. Ajustes por periodificación a corto plazo  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NE eur       
ACIÓN GE (miles de  Ejercicio anterior   756.159       32       746.141       450       0       9.536        0      0      63.767        0       0      27.772       12.559       552        0       22.884    819.926 
R
NIST o e 24      11      46      23       0      44       0     0      06       0      0      01       59       75       0      71       30      
ADMI Ejercicicorrient820.1 810.14 9.5 92.7 20.9 12.5 5 58.6 912.8
 
s  s 
de o  o  de
a z z a
  Activo  A) ACTIVO NO CORRIENTE  I. Inmovilizado intangible  II. Inmovilizado material  III. Inversiones inmobiliarias   IV. Patrimonio público del suelo  V. Inversiones financieras a largo plazo en entid del grupo, multigrupo y asociadas  VI. Inversiones financieras a largo plazo VII.  Deudores y otras cuentas a cobrar a largo pla B) ACTIVO CORRIENTE   I. Activos en estado de venta   II. Existencias III.  Deudores y otras cuentas a cobrar a corto pla IV. Inversiones financieras a corto plazo en entiddel grupo, multigrupo y asociadas   V. Inversiones financieras a corto plazo  VI. Ajustes por periodificación   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes      TOTAL ACTIVO  2021-14741n https://www.boe.es

2 
xo II.2-0.2 - 1/ Ejercicio anterior 102.116      130.535      287       0      0      4.892       0      237.830       (69.164)     (48.675)      0      (92.137)      (5.790)      (215.766)      22.064      48       (3.059)      19.053      816      (1.923)     
n
A
Ejercicio corriente 96.439  159.266  276   0   0   4.153   0      260.134   (74.508)     (52.870)      0      (96.938)      (3.769)      228.085)      32.049      76       (2.890)      29.235      1.028      (907)     
(
al 
ni
m
ri
at
p
- 
c
mi
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n
co a 
e nt
o  ve
d e 
a d
L  /  Cuenta del result (miles de euros)  ación y deterioro de valor  anciero y activos en estado 
A c n
  ADMINISTRACIÓN GENER    1. Ingresos tributarios y urbanísticos  2. Transferencias y subvenciones recibidas  3. Ventas y prestaciones de servicios   4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabri  5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado   6. Otros ingresos de gestión ordinaria   7. Excesos de provisiones   A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)   8. Gastos de personal  9. Transferencias y subvenciones concedidas   10. Aprovisionamientos   11. Otros gastos de gestión ordinaria   12. Amortización del inmovilizado   B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)  I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no fi 14. Otras partidas no ordinarias  II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)  15. Ingresos financieros  16. Gastos financieros  OE-A-2021-14741able en https://www.boe.es
  
o II.2-0.2 - 2/2      Ejercicio anterior  0      0      0      (2.776)      2.480       (1.403)      17.650       0  17.650      
x
n  
A    Ejercicio corriente  0      0      0      (3.790)      11.565       7.896       37.131       0  37.131      
al 
ni
m
ri
at
p
- 
c
mi
ó
n
c
d
a
sult s) 
e o
     ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Cuenta del r (miles de eur     17. Gastos financieros imputados al activo  18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  19. Diferencias de cambio  20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros  21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)  Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)  + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior  Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)  2021-14741n https://www.boe.es
                  III.  IV.        BOE-A-cable e
xo II.2-0.3    Total  715.172       3.578       718.750       82.917       37.131       0     45.786       801.667      
n
A  
n
  bvenciocibidas  0     0     0     0     0     0     0     0    
ue
Sr
V. 
  I
monio neto    Ajustes por bios de valor  0     0     0     0     0     0     0     0    
patri III. cam
el   
os en  onio do  529       578       107       131       131       0     0     238      
do total de cambi    s de euros)    II. Patrimmonio genera 1.643      293. 0    3. 1.643      297. 5.786      37. 0    37. 0     5.786       7.429      334.
L / Esta (mile   I. Patri 42 42 4 4 46
A s 
  ADMINISTRACIÓN GENER          A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2017  B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errore C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018  D. Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2018   1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio   2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias   3. Otras variaciones del patrimonio neto  E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2018  2021-14741n https://www.boe.es
nexo II.2-0.4    ujo neto  44.718       (16.212)      6.529       752       0      35.787       22.884       58.671      
A Fl
 
  Pagos  9.677       2.851       5.231       0      0      7.759           
3 2 1 7
2 2
 
vo  s  5       9       0       2       0      6           
efecti   Cobro 284.39 6.63 21.76 75 313.54
s d  
uj
de fl V) 
o  V+
AL  /  Estad s de euros)  ctivo (I+II+III+I
ADMINISTRACIÓN GENER   (mile     Flujos de efectivo de las actividades de gestión  Flujos de efectivo de las actividades de inversión  Flujos de efectivo de las actividades de financiación  Flujos de efectivo pendientes de clasificación  Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  Incremento/disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efe Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio  741www.boe.es
        I.  II.  III.  IV.  V.  VI.         

 
Anexo II.2-1 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Deudores presupuestarios 
             
(miles de euros) 
             
Modificaciones 
Años  Saldo inicial  Saldo neto  Cobros  Saldo final 
Aumentos  Disminuciones 
2014 y anteriores  29.846   0  1.225      28.621      1.286      27.335     
2015  5.453   0  52      5.401      349      5.052     
2016  6.828   1  208      6.621      649      5.972     
2017  25.090   0  485      24.605      17.678      6.927     
2018  0  292.513  5.074  287.439      269.614  17.825     
TOTAL  67.217  292.514  7.044  352.687  289.576  63.111 
 
Anexo II.2-2 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Deudores extrapresupuestarios 
             
(miles de euros) 
             
Concepto  Saldo inicial  Modificaciones  Cargos  Total  Abonos  Saldo final 
Deudores Consorcio Melilla Puerto  1.205       0  0        1.205       0        1.205      
XXI (44903) 
Anticipos y préstamos concedidos  2       0  0        2       0        2      
(5429) 
Pagos  pendientes  de  aplicación  0        0  3.753       3.753       3.753       0       
(555) 
Provisiones de fondos (558)  2       0        979       981       980       1      
TOTAL  1.209       0        4.732       5.941       4.733       1.208      
 
 
Anexo II.2-3 
ADMINISTRACIÓN GENERAL / Tesorería 
(miles de euros) 
Cuenta  Concepto  Saldo inicial  Cobros  Pagos  Saldo final 
           
570  Caja operativa  0  46.234     46.234     0   
571  Bancos e instituciones de crédito.  14.010     309.992     273.992     50.010    
Cuentas operativas 
573  Bancos e instituciones de crédito.  7.401     87.483     86.906     7.978    
Cuentas  restringidas  de 
recaudación 
574  Caja restringida  27  423     450     0   
575  Bancos e instituciones de crédito.  181     1.106     1.097     190    
Cuentas restringidas de pagos 
577  Activos  líquidos  equivalentes  al  1.265  0  772  493    
efectivo 
TOTAL  22.884     445.238     409.451     58.671    
 
 
Anexo II.2-4 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Acreedores no financieros  /  Presupuestarios 
(miles de euros) 
Modificaciones 
Años  Saldo inicial  Saldo neto  Pagos  Saldo final 
Aumentos  Disminuciones 
2013 y anteriores  2.139       0  0  2.139       0  2.139    
2014  222       0  0  222       52     170    
2015  540       0  150  390       66     324    
2016  1.023       0  552  471       293     178    
2017  22.138  0  311  21.827       20.802     1.025    
2018  0  251.079       0  251.079       217.567     33.512    
TOTAL  26.062  251.079  1.013  276.128  238.780  37.348 
 
 
 
xo II.2-5  o final  1.113       745       1.789       0    10       246       1.906       5.809      
Ane ald
S
s  0    0       4       0       0    0    6       0      
o 2 1 0 2 6
g 9 4 0 9 2
Car 8. 4. 8. 1. 23.
estarios  Total  1.113       9.665       6.203       8.000       10       246       3.832       9.069      
u 2
p
u
Extrapres Abonos  35       8.732       4.431       8.000       0    0    986       22.184      
s  /  
o s 
r e
e n
no financi uros)  Modificacio 0    0    0    0    0    0    0    0   
reedores  miles de e o inicial  1.078       933       1.772       0    10       246       2.846       6.885      
c ( d
A al
L  /   S
A
R
E
N
E
G
N 
Ó 5) 
CI 47
TRA ptos ( 76) 
  ADMINIS Conceptos  Otros acreedores no presupuestarios (419)  Hacienda Pública, acreedor por diversos conce Organismos de Previsión Social, acreedores (4 Operaciones de Tesorería (521)  Cobros pendientes de aplicación (554)  Fianzas de ejecución de obras (560)  Depósitos recibidos a corto plazo (561)  TOTAL    2021-14741n https://www.boe.es
6 
2-
Anexo II. Pendiente de  mortización al 1 de diciembre  11.286     3.238     5.904     16.006     9.670     7.514     53.618     2.917     2.917     56.535    
a3
ciones  16.927     1.480     2.271     5.897     1.116     3.572     31.263     1.166     1.166     32.429    
a
z
orti
m
s  A
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a
s: Prést siciones  13.391     741     1.141     3.041     10.706     1.798     30.818     583     583     31.401    
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L  /  Pasivos fi es de euros)  Pendiente de  amortización al 1 de enero  14.822     3.977     7.034     18.862     80     9.288     54.063     3.500     3.500     57.563    
RA mil
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ACIÓN G ormalizado Total  40.842     8.000     10.100     19.990     18.723     15.930     113.585     7.583     7.583     121.168    
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DMINI Présta Nº  5     3     2     3     2     2     17     1     1     18    
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estamista  ADES FINAN n Avanza  ADES PUBLI TOTAL 
  Pr  BBVA   BMN   Caixabank   Sabadell   Unicaja   Santander   TOTAL ENTID  Ministerio I. Pla  TOTAL ENTID        2021-14741n https://www.boe.es

 
Anexo II.2-7 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Remanente de Tesorería 
(miles de euros) 
Conceptos  Importes 
 
1.  (+) Fondos líquidos  58.671    
2.  (+) Derechos pendientes de cobro    64.318    
  (+)  del Presupuesto corriente    17.825    
  (+)  de Presupuestos cerrados    45.286    
  (+)  de operaciones no presupuestarias    1.207    
 
3.  (-) Obligaciones pendientes de pago  43.146 
  (+)  del Presupuesto corriente    33.512    
  (+)  de Presupuestos cerrados    3.836    
  (+)  de operaciones no presupuestarias    5.799    
4.  (+) Partidas pendientes de aplicación    (751) 
  (-)  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva    752    
  (+)  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva    1 
 
I.  Remanente de Tesorería Total  (1+2-3+4)  79.092 
 
II.  Saldos de dudoso cobro  30.859 
 
III.  Exceso de financiación afectada  18.703    
  
IV.  Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)  29.530 
Anexo III.1  mentario  Pendiente de pago  0  249  40  0  647  450  1.386 
mpl s  0  89  88  01  25  47  50 
Co ago 1.2 1.5 1 1.5 5 5.0
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ón y Fo anentes crédito  345  117  155  0  2.056  658  3.331 
aci Remde 
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o de Compe Obligaciones reconocidas  0  1.538  1.628  101  2.172  997  6.436 
d
el Fon éditos nales  345  1.655  1.783  101  4.228  1.655  9.767 
d Crfi
crédit os)  Bajas  0  0  0  0  0  0  0 
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quidación de l (miles de  Modificaciones  Otros nes aumentos  45 0  0 0  83 0  01 0  28 0  0 0  57 0 
AL / Li poracio 3 1.7 1 4.2 6.4
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PE pue 200  900  900  901  902  901 
FONDOS DE COM   Aplicaciones presu 02/93100/62 05/23100/60 05/43000/60 06/34200/60 06/34200/60 06/45003/60 TOTAL  2021-14741n https://www.boe.es
 
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ación de lo   (miles de e Previsiones finales  9.767     9.767  
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FON     OE-A-2021-14able en https://
  
Anexo IV.1 
   
SUBVENCIONES ANALIZADAS EN EL IFORME DE CONTROL FINANCIERO 2018 
     
(euros) 
        
Consejerías / Organismos   Beneficiario  Importe 
  
   
Consejería de Bienestar Social  Fundación Tutelar "FUTUMELILLA"  28.667,00 
  Asociación Familiares de Alzheimer de Melilla  54.395,52 
Consejería de Cultura y Festejos  Asociación  de  Banda  de  Música,  Orquesta  330.000,00 
Sinfónica y Coro Ciudad de Melilla 
  Agrupación de Cofradías de Semana Santa  63.000,00 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente  Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóviles de  500.000,00 
Melilla (COA) 
  Comunidad Israelita de Melilla  60.000,00 
Consejería  de  Economía,  Sección Sindical CSI-F  30.896,83 
Empleo  y  Administraciones 
Públicas 
  Asociación de Comerciantes de Melilla (ACOME)  5.996,92 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes  Colegio Público Juan Caro Romero  18.719,59 
  Federación Melillense de Pádel  50.000,00 
Consejería de Fomento  Universidad  de  Granada  Campus  de  Melilla  52.000,00 
(UGR) 
Consejería de Hacienda  Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de  660.000,00 
Aduanas 
Consejería de Presidencia y Salud Pública  Cruz Roja Española en la Ciudad de Melilla  160.000,00 
  Hermandad Donantes de Sangre de Melilla  6.000,00 
Instituto de las Culturas  Centro UNESCO de Melilla  12.000,00 
  Asociación Cultural Rusadir 21  2.000,00 
Patronato de Turismo  Comunidad Israelita de Melilla  31.000,00 
  Cofradía Ntro. Padre Jesús Cautivo y Mª Stma.  9.000,00 
Del Rocío 
     
TOTAL      2.073.676