BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Jueves 9 de abril de 2020 Sec. III.   Pág. 28795
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
4387 Orden JUS/332/2020, de 6 de abril, por la que se concede una subvención 
directa  al  Consejo  General  de  Procuradores  de  España  en  materia  de 
prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 
2020.
Con fecha de 6 de marzo de 2020 se ha publicado en «Boletín Oficial del Estado» el 
Real Decreto 400/2020, de 25 de febrero, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los 
Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al 
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las 
víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2020.
Instruido el procedimiento de concesión directa y acreditado que el Consejo General 
de los Procuradores de España cumple con los requisitos previstos en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición 
de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no es deudora 
por procedimiento de reintegro, este Ministro de Justicia, de conformidad con el artículo 3 
del Real Decreto 400/2020, de 25 de febrero, a propuesta de la Dirección General para 
el Servicio Público de Justicia, resuelve:
Primero.
Acordar la continuación del procedimiento de concesión de subvención directa al 
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la prestación de atención 
psicológica a las víctimas de todo tipo de delito, en aplicación de la disposición adicional 
tercera, apartado 4.º del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
Segundo.
Conceder al Consejo General de Procuradores de España una subvención directa 
por importe de 3.673,25 miles de euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación 
presupuestaria 13.02.112A.484 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia, 
para  la  prestación  del  servicio  de  asistencia  jurídica  gratuita,  en  el  ámbito  de 
competencia del Ministerio de Justicia.
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o 
entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos 
podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
Tercero. bo
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Tribunales descritas en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en
el  ámbito  de  competencias  del  Ministerio  de  Justicia,  siempre  que  tengan  por 
destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
2.  Sufragar el coste que genere al Consejo General de Procuradores de España el 
funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Cuarto.
No se requiere la constitución de ninguna garantía.
Quinto.
El  Consejo  General  de  Procuradores  de  España  deberá  destinar  la  cantidad 
subvencionada a financiar las siguientes actuaciones:
a.  De conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, y en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:
1.º  La representación técnica en los procesos a quienes pretendan reclamar la 
tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de 
recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los 
casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto 
procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer 
de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, deba abonar al Procurador de los Tribunales los aranceles 
devengados por su intervención.
Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 
humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la representación técnica 
gratuita  comprenderá  todos  los  procesos  y  procedimientos  administrativos  que  se 
deriven de la violencia padecida.
2.º  Representación gratuita en el procedimiento judicial, cuando la intervención del 
Procurador de los Tribunales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea 
expresamente  requerida  por  el  Juzgado  o  Tribunal  mediante  auto  motivado  para 
garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
b.  De conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita y su reglamento de desarrollo, en el ámbito de competencias del Ministerio de 
Justicia:
1.º  La  puesta  en  funcionamiento  operativo  de  los  servicios  de  representación 
gratuita.
Sexto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 del Real Decreto 400/2020, de 25 
de febrero, el libramiento de pago de  la subvención se efectuará con periodicidad 
mensual, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda, números 1 y 4, 
del citado real decreto, para el pago de las cuantías pendientes correspondientes al 
último trimestre de 2019. e.
Dentro  del  mes  natural  siguiente  al  de  la  finalización  de  cada  mensualidad,  el  w.
Consejo General de los Procuradores de España remitirá al Ministerio de Justicia una  87ww
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económico total asociado a aquéllas.
En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación 
los  libramientos  mensuales  que  correspondan,  pudiendo  llevar  a  cabo  libramientos 
parciales por colegios si así lo requiriera el proceso de comprobación de la certificación 
presentada por el Consejo General de Procuradores de España, sin perjuicio de las 
posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la 
justificación anual regulada en los números siguientes.
Asimismo, será de aplicación lo dispuesto por la disposición transitoria primera, 
número 1, del Real Decreto 400/2020 de 25 de febrero, con respecto a la justificación de 
la actividad realizada en los meses completos de 2020 anteriores a la entrada en vigor 
del real decreto antes citado, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes 
siguiente al de su presentación.
Séptimo.
1.  El Consejo General de Procuradores de España deberá cumplir las obligaciones 
que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en la presente resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios 
para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia, en el formato establecido por esta Dirección General para tal fin.
b)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c)  Distribuir  entre  sus  respectivos  colegios  el  importe  de  la  subvención  que 
corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas 
y acreditadas por éstos ante el Consejo General de los Procuradores de España, así 
como de los expedientes tramitados en conformidad con lo aprobado por las Comisiones 
de Asistencia Jurídica Gratuita durante el mes inmediatamente anterior al de cada 
libramiento.
d)  Remitir  al  Ministerio  de  Justicia,  dentro  del  mes  natural  siguiente  al  de  la 
finalización  de  cada  mes,  una  certificación  que  contenga  los  datos  relativos  a  las 
actuaciones  realizadas  por  cada  colegio  a  lo  largo  del  mes  anterior,  junto  con  la 
justificación del coste económico asociado a aquéllas.
e)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante el procedimiento establecido por 
la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y a la evaluación continua y final 
por parte de la misma, así como al control financiero de los mismos por la Intervención 
General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
f)  Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control.
Octavo.
El Consejo General de Procuradores de España, justificará, dentro de los cuatro 
primeros meses tras la finalización de la ejecución, ante el Ministerio de Justicia la 
aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio y presentará una memoria  s
y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención. oe.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el  w.
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una cantidad igual a la última distribuida por el Consejo General de Procuradores de
España a dichos colegios. Bc
Noveno.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses 
devengados  por  la  subvención,  así  como  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
titular del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad.
Décimo.
Esta  resolución  podrá  modificarse  como  consecuencia  de  la  alteración  de  las 
condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  citada  concesión  y,  particularmente,  en  el 
supuesto de variación de las cuantías inicialmente presupuestadas como consecuencia 
de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.
La modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular del Ministerio 
de Justicia y deberá ser motivada.
Undécimo.
Atribuir a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia la gestión de la 
subvención que se concede por la presente resolución.
Duodécimo.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones la presente resolución.
Esta orden pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el 
plazo  de  un  mes  ante  el  Ministro  de  Justicia  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha  de  su  publicación,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  46.1  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 6 de abril de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.