BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 279 Jueves 22 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 90825
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
12738 Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica  el  Acuerdo  de  encomienda  de  gestión  de  la  Subsecretaría  de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Subsecretaría de Hacienda, 
para la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial.
La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Subsecretaria de 
Hacienda, han suscrito un Acuerdo de encomienda de gestión de la Subsecretaría de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Subsecretaría de Hacienda para la gestión 
de expedientes de responsabilidad patrimonial.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación del referido Acuerdo de encomienda de gestión, como anejo a la presente 
Resolución.
Madrid, 21 de octubre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Acuerdo de encomienda de gestión de la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones a la Subsecretaría de Hacienda para la gestión de 
expedientes de responsabilidad patrimonial
REUNIDOS
De una parte, doña Raquel González Peña, Subsecretaria de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, nombrada para dicho cargo por Real Decreto 110/2020, de 17 de 
enero, actuando en nombre y representación del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y de las Entidades de Derecho Público adscritas al mismo.
De otra parte, doña Pilar Paneque Sosa, Subsecretaria de Hacienda, nombrada para 
dicho  cargo  por  Real  Decreto  382/2018,  de  8  de  junio,  actuando  en  nombre  y 
representación del Ministerio de Hacienda.
EXPONEN
Los precedentes de reclamaciones masivas por parte de los ciudadanos por la 
actuación de la Administración General de Estado y de las Entidades de Derecho Público 
de ella dependientes, han revelado la necesidad de contar con una coordinación y 
seguimiento de dichos procedimientos de una forma centralizada, cuestión que se pone 
especialmente de manifiesto a raíz de la pandemia del COVID-19. Ello permitirá valorar 
de forma global la incidencia presupuestaria y de gestión de los citados procedimientos.
Por ello, el Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la  e.
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Hacienda  y  se  modifica  el  Real  w.
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica  738ww
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estudio, informe, coordinación, y en el caso de que le sea encomendada, la gestión, de 
los procedimientos masivos de responsabilidad patrimonial.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas,  establece  en  su  artículo  92  que,  en  el  ámbito  de  la 
Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se 
resolverán por el Ministro respectivo; en el caso de las Entidades de Derecho Público, 
dicho artículo dispone que habrá que atender a las normas que determinen su régimen 
jurídico, la cuales podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de 
los  procedimientos  de  responsabilidad  patrimonial.  En  su  defecto,  se  aplicarán  las 
normas previstas en este artículo.
Por ello, ambas partes
ACUERDAN
Primero.
La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Subsecretaria de 
Hacienda acuerdan, en el marco de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que la Subsecretaría de Hacienda, a 
través de su Secretaría General Técnica, por razones de eficacia, lleve a cabo la gestión 
material  de  la  tramitación  de  los  expedientes  de  responsabilidad  patrimonial  de  la 
Administración General del Estado o del Estado legislador que se interpongan por la 
gestión del COVID-19, derivados de la actuación del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, así como, de la actuación de las Entidades de Derecho Público 
adscritas al mismo.
Segundo.
La gestión material que se encomienda se concretará en las siguientes actividades 
con  el  alcance  que  en  cada  caso  se  señala,  según  las  especificaciones  técnicas 
recogidas en el anexo:
a)  Recepción de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y documentación 
que acompañen debidamente digitalizadas, remitidas en todo caso por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio encomendante.
b)  Alta del expediente en la correspondiente base de datos.
c)  Comprobación del cumplimiento de los requisitos de los artículos 14, 66 y 67 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, y en el caso de que sea necesario otorgar, de acuerdo con lo 
dispuesto en su artículo 68, trámite de subsanación o mejora de la solicitud a los interesados.
d)  Petición de informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta 
lesión indemnizable.
e)  Otorgamiento, en su caso, de trámite de audiencia al interesado.
f)  Elaboración de la propuesta de resolución.
g)  Solicitud de informe, en su caso, de la Abogacía del Estado del Ministerio de 
Hacienda sobre la propuesta de resolución.
h)  Cuando sea preceptivo, elevar a la firma de la Ministra de Hacienda la petición 
de dictamen al Consejo de Estado.
i)  Tramitación, en su caso, de la suspensión de los plazos para resolver. es
j)  Elevación de la propuesta de resolución a la consideración del Ministro, o del titular  o
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en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se encomienda 
a la Subsecretaría de Hacienda la realización de todas las actividades necesarias para la 
tramitación de dichos expedientes –que coinciden con las señaladas para la tramitación 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado– hasta la fase 
de elevación de la correspondiente propuesta de Acuerdo resolutorio a la consideración 
del Consejo de Ministros, competente de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, para su resolución. Se encomienda igualmente su notificación a los 
interesados.
En  el  caso  de  que  contra  la  resolución  de  la  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial se interponga por los interesados recurso potestativo de reposición:
a)  Recepción  de  los  recursos  y  documentación  que  acompañen  debidamente 
digitalizados, remitidas en todo caso por la Secretaría General Técnica del Ministerio 
encomendante.
b)  Alta del expediente en la correspondiente base de datos.
c)  Comprobación del cumplimiento de los requisitos de los artículos 14 y 66 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el caso de que sea necesario otorgar, de acuerdo con 
lo dispuesto en su artículo 68, trámite de subsanación.
d)  Petición,  en  su  caso,  de  informe  al  servicio  cuyo  funcionamiento  haya 
ocasionado la presunta lesión indemnizable.
e)  Otorgamiento, en su caso, de trámite de audiencia al interesado.
f)  Elaboración de la propuesta de resolución.
g)  Solicitud, en su caso, de informe de la Abogacía del Estado del Ministerio de 
Hacienda sobre la propuesta de resolución.
h)  Elevación de la propuesta de resolución a la consideración del Ministro, o del 
titular del órgano competente de la entidad de derecho público que corresponda, en su 
caso.
i)  Notificación de la resolución a los interesados.
En el caso de que el recurso potestativo de reposición se interponga contra el 
Acuerdo de Consejo de Ministros resolutorio de la reclamación por responsabilidad del 
Estado  legislador,  se  encomienda  igualmente  a  la  Subsecretaría  de  Hacienda  la 
realización de todas las actividades necesarias para la tramitación de dichos expedientes 
–que coinciden con las que se señalan en el párrafo anterior– hasta la fase de elevación 
de la correspondiente propuesta de Acuerdo resolutorio a la consideración del Consejo 
de Ministros. Se encomienda igualmente su notificación a los interesados.
Finalmente, se encomienda la realización de cualquier otro trámite relacionado con 
las actuaciones cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración de la 
titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
Tercero.
Una vez completada la tramitación de cada uno de los procedimientos objeto de esta 
encomienda, se pondrán a disposición del Ministerio encomendante los correspondientes 
expedientes  administrativos  electrónicos  para  su  custodia,  a  los  efectos  oportunos 
determinados por el ordenamiento jurídico.
Cuarto.
Se crea una comisión de seguimiento de esta encomienda de gestión, integrada por  e.
el  titular  de  la  unidad  responsable  de  la  tramitación  de  las  reclamaciones  de  w.b
responsabilidad patrimonial del Ministerio encomendante y por el titular de la Unidad de  738ww
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Quinto.
Correrán a cargo del Ministerio de Hacienda los gastos originados por la gestión 
material objeto de la presente encomienda.
Sexto.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda será la encargada del 
tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  a  los  que  pudiera  tener  acceso  en 
ejecución  de  la  encomienda  de  gestión,  siéndole  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la 
normativa de protección de datos de carácter personal.
Séptimo.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia de 
Ministro  encomendante  para  la  resolución  de  las  reclamaciones  de  responsabilidad 
patrimonial ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Asimismo, la encomienda de 
gestión tampoco supone cesión de la titularidad de la competencia para la resolución de 
los recursos potestativos de reposición.
Octavo.
El Ministerio encomendante informará al Ministerio de Hacienda de las actuaciones y 
resoluciones  judiciales  que  se  deriven  de  las  reclamaciones  de  responsabilidad 
patrimonial y de los recursos potestativos de reposición objeto de esta encomienda.
Noveno.
El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de dos años, a contar desde la 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de octubre de 2020.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, Raquel González Peña.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque 
Sosa.
ANEXO
Especificaciones operativas
– Cuando los interesados presenten las reclamaciones o recursos en papel, estos 
serán digitalizados en todos los casos por el Ministerio encomendante y serán remitidos 
al Registro Auxiliar de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, a través 
de Geiser (EA0023039).
– En el plazo de un mes desde la suscripción de esta encomienda, el Ministerio 
encomendante  pondrá  a  disposición  del  Ministerio  de  Hacienda  los  modelos  de 
documentos que incluyan la imagen institucional y los pies de firma que correspondan 
para que puedan ser utilizados por el Ministerio de Hacienda para la redacción de la 
propuesta de resolución. Asimismo, el Ministerio encomendante remitirá al Ministerio de 
Hacienda las actualizaciones que procedan a lo largo de la vigencia de esta encomienda.
– Las solicitudes de informe y la remisión de los mismos, así como, en su caso, las 
comunicaciones  de  documentación  que  se  requieran,  se  llevarán  a  cabo  e.e
electrónicamente en la forma que se determine por el Ministerio de Hacienda. w.b
– La Secretaría General Técnica del Ministerio encomendante será la encargada de  738ww
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Hmaacteierniad, al oesn  ceul aplleasz os deerá dni erze mdíiatisd.os a la Secretaría General Técnica del Ministerio de
– La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda recabará la firma del 
Ministro encomendante, o del titular del órgano competente de la entidad de derecho 
público que corresponda, a través del portafirmas electrónico correspondiente, en el cual 
se establecerán los flujos de visto bueno y firma que se requieran.
– La puesta a disposición de los expedientes administrativos electrónicos se llevará 
a cabo electrónicamente en la forma que se determine por el Ministerio de Hacienda.