BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Lunes 3 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 63165
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9059 Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Llíria, por la que se suspende la inscripción 
a nombre de la Generalitat Valenciana de determinados inmuebles adquiridos 
por sucesión intestada.
En el recurso interpuesto por la Directora General de Sector Público y Patrimonio de 
la Generalitat Valenciana, doña I. C. G., contra la nota de calificación del registrador de la 
Propiedad de Llíria, don Manuel Uña Llorens, por la que se suspende la inscripción a 
nombre de la Generalitat Valenciana de determinados inmuebles adquiridos por sucesión 
intestada.
Hechos
I
Se  presentan  varias  resoluciones  de  la  Dirección  General  de  Sector  Público  y 
Patrimonio  de  la  Generalitat  Valenciana  dictadas  en  el  seno  del  expediente  de 
declaración  administrativa  de  herederos  abintestato  de  don  B.  S.  I.  a  favor  de  la 
Generalitat. El registrador de la Propiedad de Llíria suspende la inscripción solicitada por 
entender  que  no  se  han  cumplido  los  trámites  esenciales  del  procedimiento.  La 
recurrente afirma que sí, ya que entiende que el Decreto 47/2013, de 5 de abril, del 
Consell, por el que se regulaba la tramitación de expedientes de herencias intestadas a 
favor de la Generalitat, debe ser interpretado al amparo de la reforma operada por la 
Ley  15/2015,  de  2  de  julio,  de  Jurisdicción  Voluntaria,  que  desjudicializó  el 
procedimiento.
II
Presentadas las referidas resoluciones en el Registro de la Propiedad de Llíria, 
fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y al artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario,  que  regulan  la  calificación  registral  de  los  documentos  presentados  a 
inscripción  y,  en  especial,  de  los  documentos  administrativos:  el  registrador  de  la 
propiedad que suscribe, previo examen y calificación del documento que se presentó por 
la Generalitat Valenciana el 28/11/2019, bajo el asiento número 58 del tomo 164 del 
diario y número de entrada 7025/2019, y que fue objeto de calificación desfavorable por 
este registrador con fecha 13 de diciembre de 2019, así como del total expediente de 
declaración de herederos a favor de la Generalitat Valenciana de la herencia de don B. 
S. I., acompañado de escrito de la Directora General de Sector Público y Patrimonio, 
doña I. C. G., firmado electrónicamente el 9 de enero de 2020, y con fecha de salida 
catorce  de  enero  último,  considera  que  no  procede  practicar  su  inscripción  por  lo  es
siguiente: o
– Porque, como se desprende del examen del expediente objeto de calificación, y tal  59ww
qy uceo mseo  sineicñiaól,a  slae  sseigñuoiróa  eDl irpercotcoerad imGieennetora le ennto snuc eess cvriigtoe,n tteen, ieesntdoo  eesn,  ceul ernetgau llaad foe cphoar  eenl 
dDeelc reextop e4d7ie/2n0te1 3 ad ela 5  Adeb oagbarcil,í aq uGee enxeigrael,  cdoem  loa  trGámeniteersa leitsaet,n cpiarolecse ddieml iemnistom oju: driecmiails idóen   BOE-A-cable e
declaración de herederos a favor de la Generalitat, y acta de entrega de los bienes 
inventariados del Juzgado también a favor de la Generalitat, ninguno de cuyos trámites 
constan  en  el  expediente  presentado,  en  especial,  de  aquellos  que  aseguran  un 
cumplimiento estricto de la legalidad y una exhaustiva investigación que garantice los 
derechos de los posibles interesados en la herencia objeto de declaración.
– Porque si se considera que la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria, que vino a reformar y "desjudicializar" diversos preceptos y procedimientos, 
entre  ellos,  las  declaraciones  de  herederos  abintestato,  podía  haber  modificado 
tácitamente el Decreto regulador del procedimiento (cosa que de modo expreso no tuvo 
lugar hasta el Decreto 20/2019 de 15 de febrero, del Consell), habría que entender dicha 
modificación procedimental en el mismo sentido en que lo hizo el artículo 20, bis, 5 y 6 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de las Administraciones Públicas que, al regular 
la declaración de herederos a favor del Estado, establecen:"5. La Abogacía del Estado 
de  la  provincia  deberá  emitir  informe  sobre  la  adecuación  y  suficiencia  de  las 
actuaciones practicadas para declarar a la Administración General del Estado como 
heredero abintestato." 6. La resolución del expediente y, en su caso, la declaración de 
heredero  abintestato  a  favor  del  Estado  en  la  que  se  contendrá  la  adjudicación 
administrativa de los bienes y derechos de la herencia corresponde al Director General 
del Patrimonio del Estado, previo informe de la Abogacía General del Estado -Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado".
De  modo  análogo,  y  tal  y  como  se  señala  en  su  preámbulo  el  citado 
Decreto 20/2019, éste se dictó para la adaptación del procedimiento regulado en el 
decreto 47/2013 a la ley 15/2015, que supone la desjudicialización del procedimiento, 
sustituyendo "el procedimiento judicial por una declaración administrativa". Pero esa 
declaración y ese procedimiento ha de hacerse con estricto cumplimiento de los trámites 
establecidos, entre los que se encuentra, conforme al artículo 6,1 de dicho Decreto, el 
siguiente: "La resolución del expediente y, en su caso, la declaración de heredera 
abintestato a favor de la Generalitat, que ha de contener la adjudicación administrativa 
de los bienes y derechos de la herencia, corresponde a la dirección general competente 
en materia de patrimonio, con un informe previo de la Abogacía General de la Generalitat 
sobre la propuesta de resolución de finalización del procedimiento”.
También, de acuerdo con el artículo 7.1 del citado Decreto, se requiere la "toma de 
posesión de los bienes y derechos del causante por medio de acta de la Dirección 
General competente en materia de patrimonio", que sustituye al acta judicial de entrega 
que establecía el Decreto antes vigente de 2013, y cuya exigencia fue reiterada por 
diversas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, como las 
de 7 de marzo de 2009 y 27 de enero de 2015.
De hecho se observa que en la tramitación del expediente hay actuaciones que se 
hacen de acuerdo con el decreto 47/2013 y las leyes 14/2003 y 33/2003, en la redacción 
derivada de la ley 15/2015, antes examinado, como la resolución de la Dirección General 
de terminación del expediente y aceptación de herencia de 13 de diciembre de 2018 y 
otras, como la resolución de aprobación de la relación de bienes y derechos que integran 
el  caudal  hereditario  de  7  de  noviembre  de  2019,  dictadas  al  amparo  del  vigente 
Decreto 20/2019, pero no consta en ningún caso:
Ni auto judicial de declaración de herederos a favor de la Generalitat.
Ni informe previo ni intervención alguna de la Abogacía General de la Generalitat.
Ni acta de entrega o documento que acredite la toma de posesión de los bienes del 
caudal hereditario a favor de la Generalitat. e.
Ambos trámites (auto judicial o informe de la Abogacía y acta de entrega o de toma  w.b
de posesión) se consideran esenciales en el procedimiento y, como tales, constituyen  59ww
defectos que impiden la inscripción, conforme al artículo 99 del Reglamento Hipotecario.
Y por considerarlo un defecto subsanable se procede a la suspensión de los asientos 
solicitados del documento mencionado.
Contra la presente nota de calificación (…)
El Registrador (firma ilegible)».
III
Contra la anterior nota de calificación, doña I. C. G., Directora General de Sector 
Público y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, interpuso recurso el día 21 de febrero 
de 2020, con arreglo a las siguientes alegaciones:
«(…) Hechos:
Primero:  Mediante  escrito  de  fecha  24  de  octubre  de  2017,  presentado  por 
denunciante, se pone en conocimiento de la entonces Dirección General del Sector 
Público, Modelo Económico y Patrimonio, el fallecimiento sin testar de D. B. S. I.
Segundo: Seguidos los trámites procedimentales exigidos por la normativa aplicable, 
el 24 de octubre de 2018, se publicó en el DOGV la Resolución de 11 de julio de 2018, 
de  la  Dirección  General  de  Sector  Público,  Modelo  Económico  y  Patrimonio,  de 
terminación  de  investigación  previa  e  incoación  del  expediente  de  declaración 
administrativa de herederos abintestato de B. S. I. a favor de la Generalitat, siendo 
igualmente objeto de exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Llíria.
Tercero: Con fecha 13 de diciembre de 2018, se dictó Resolución de la Dirección 
General  del  Sector  Público,  Modelo  Económico  y  Patrimonio  de  terminación  del 
expediente de declaración administrativa de herederos abintestato y aceptación de la 
herencia de B. S. I.
Cuarto: El 7 de noviembre de 2019 se firmó la Resolución de la Dirección General del 
Sector Público y Patrimonio por la que se aprueba la relación de bienes y derechos que 
integran el caudal de la herencia abintestato de D. B. S. I.
Quinto: En fecha 28 de noviembre de 2019, se solicitó al Registrador de la Propiedad 
de Llíria inscripción a nuestro nombre de los bienes inmuebles de los que era titular el 
causante.
Sexto: La solicitud se acompañó de la siguiente documentación: (…)
Séptimo: En fecha 27 de diciembre de 2019, se recibe en esta conselleria notificación 
de calificación desfavorable respecto de la solicitud arriba referenciada.
Octavo: La notificación desfavorable exigía la presentación de expediente completo e 
informe de la Abogacía General de la Generalitat.
Noveno: El 14 de enero del año en curso, se presentó ante el Registrador de la 
Propiedad de Llíria expediente completo acompañado de informe justificativo de los 
trámites  seguidos  de  acuerdo  con  la  normativa  aplicable  en  cada  momento  del 
procedimiento.
Décimo:  El  5  de  febrero  del  2020,  se  recibe,  de  nuevo,  calificación  negativa, 
solicitando auto judicial, informe de la Abogacía General de la Generalitat y acta de 
entrega de bienes.
Fundamentos de derecho: En cuanto a los motivos de no inscripción:
Primero: Atendiendo al principio de jerarquía normativa y a partir de aquí atendiendo  s
al principio de especialidad, nuestra ley de patrimonio, Ley 14/2003, de 10 de abril, de  o
Patrimonio de la Generalitat Valenciana, establece en su artículo 43.3 que, en caso de  w.
ssjueur cídieniscteiaóg nra dirneát ne sevtaandl eeanl  cypi aaatn rfoiam.l toanE diol e  dppeer orlasc oeGndeaimns ieecrnoatnloit  adte acrdeumcahninodi soat  rehalet icrveaodu asara npstleiecg aoúbsnlt eela n tlseee ylr,aá  l ocsoe nbl dieicqnióuenes    2020-9059n https://ww
reglamentariamente se determine.
El procedimiento aplicable en 2017, momento en que se inicia el expediente de 
referencia, era el previsto en el Decreto 47/2013, de 5 de abril, del Consell, por el que se 
regula el procedimiento para la tramitación de expedientes de herencias intestadas a 
favor de la Generalitat, no existiendo en nuestro ámbito territorial ningún otro Decreto 
regulador del mismo.
El artículo 5.2 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la 
Generalitat, enumera los supuestos en que es preceptivo informe de la Abogacía. Su 
letra n), establece: Cualquier otro asunto en que las disposiciones vigentes exijan un 
informe jurídico con carácter preceptivo.
El artículo 6 del Decreto 47/2013, exigía la remisión de la correspondiente propuesta 
a la Abogacía en dos supuestos: para instar el procedimiento judicial o, en su caso, el 
archivo  del  expediente  administrativo  de  investigación.  El  expediente  se  inicia  por 
denuncia de un particular y por otro lado no hay intención de archivar el mismo. No 
concurriendo,  pues,  ninguno  de  esos  dos  supuestos,  no  se  solicitó  informe  de  la 
Abogacía.
Por otro lado, sí se garantizaron los derechos de posibles interesados en la herencia 
objeto de declaración, al publicarse en el DOGV y exponerse en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento Llíria la Resolución de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de 
Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, de terminación de investigación previa 
e incoación del expediente de declaración administrativa de herederos abintestato. No 
constan alegaciones ni la existencia de herederos con mejor derecho.
Segundo: Desde esta Dirección General no se ha interpretado que la Ley 15/2015, 
de  2  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Voluntaria  haya  modificado  tácitamente  el 
Decreto  47/2013.  En  cuanto  al  procedimiento  y  por  remisión  de  nuestra  Ley  de 
Patrimonio, al tratarse de un expediente iniciado en 2017, se ha aplicado el Decreto 
arriba citado; pero en virtud del principio de jerarquía normativa y en cuanto al fondo 
en 2015, la Ley de Jurisdicción Voluntaria desjudicializa el procedimiento y admite como 
título suficiente para inscribir a favor de la Administración en el Registro de la Propiedad 
inmuebles que figuraron a nombre del causante.
En nuestro ámbito territorial, no resulta aplicable la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, salvo en lo dispuesto en la Disposición 
Final 2a. 5 de la misma, por tener la consideración de legislación básica. Analizado el 
contenido  de  esta  disposición  se  comprueba  que  los  artículos  en  ella  enumerados 
regulan las herencias intestadas.
Existiendo  una  Ley  propia  (Ley  14/2003,  de  10  de  abril,  de  Patrimonio  de  la 
Generalitat Valenciana), se aplicó lo dispuesto en la misma.
Tercero: La Resolución de aceptación es de fecha 13 de diciembre de 2018, no 
siendo todavía aplicable el Decreto 20/2019, de 15 de febrero, del Consell, según su 
Disposición Final, ni, por tanto, su artículo 6.1 que exige informe previo de la Abogacía 
General  de  la  Generalitat  sobre  la  propuesta  de  resolución  de  finalización  del 
procedimiento.
Cuarto:  El  único  momento  en  el  que  se  aplica  el  Decreto  20/2019,  es  con  la 
Resolución de aprobación de bienes y derechos por ser de fecha 7 de noviembre 
de 2019, de acuerdo con lo dispuesto en su Disposición Transitoria única.
En cuanto a los documentos que no constan en el expediente:
Primero:  Auto  judicial.  Por  aplicación  de  la  Ley  15/2015,  de  2  de  julio,  de  la 
Jurisdicción Voluntaria, se desjudicializa el procedimiento y se sustituye por declaración 
administrativa. e.
Segundo: Informe Abogacía General de la Generalitat. El procedimiento aplicable en  w.b
el 2017-2018, previsto en el Decreto 47/2013, de 5 de abril, del Consell, por el que se  59ww
rfaevgourla d ee ll ap rGoecneedrimaliietantt,o s óplaor ae xliag et rianmfoirtmaceió dne  dlae  Aebxopgeadcieían tGese ndeer ahl edree nlac iGase ninetreaslittaadt apsa raa 
einxsptaerd ieeln ptero acdemdiminiisetnratoti vjuod diceia iln (veens teigsatec icóans (on os ep rineitceinad píao ra drcehniuvnacrsiae)) .o, para el archivo del
Tercero: La Abogacía General de la Generalitat no solicitó por aplicación del art. 9 del 
Decreto arriba citado entrega de bienes al Juzgado por no ser el Juzgado quien inicia el 
procedimiento ni quien nos declara herederos.
Por todo ello, en virtud de las competencias que me confiere la normativa aplicable 
solicito: Tenga por presentado el presente recurso y proceda a la inscripción a nombre de 
la Generalitat de los inmuebles previstos en la Resolución de la Dirección General del 
Sector Público y Patrimonio por la que se aprueba la relación de bienes y derechos que 
integran el caudal de la herencia abintestato de D. B. S. I.»
IV
El registrador de la Propiedad de Llíria, don Manuel Uña Llorens, emitió informe el 
día 9 de marzo de 2020 y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 14, 16 y 38 de la Ley Hipotecaria; 193 y siguientes, 40 y 954 
a 958 del Código Civil; 20.6, 20 bis y 20 ter de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas; 17 de la Ley del Notariado; 2, 3, 4, 84 y 92 
y siguientes de la Ley del Registro Civil de 1957; 2, 17, 19 y 62 de la Ley 20/2011, de 21 
de julio, del Registro Civil; 74 y siguientes de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria; 43.3 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana; 4 a 16 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas; 209 y 209 bis del Reglamento Notarial; 278 y 363 del 
Reglamento del Registro Civil; 1 y siguientes del Decreto 47/2013, de 5 de abril, del 
Consell;  1  y  siguientes  del  Decreto  20/2019,  de  15  de  febrero,  del  Consell,  y  las 
Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  7  de 
noviembre de 2001, 27 de febrero de 2002, 4 de junio de 2002, 14 de noviembre y 2 de 
diciembre de 2008, 7 de marzo de 2009, 13 de diciembre de 2010, 12 de noviembre 
de 2011, 12 de junio de 2012, 12 y 16 de noviembre de 2015, 20 de diciembre de 2017, 2 
de agosto y 17 de septiembre de 2018 y 13 de febrero de 2019, entre otras.
1.  Se  discute  si  es  inscribible  un  expediente  administrativo  de  declaración  de 
herederos abintestato a favor de la Generalitat Valenciana.
El  registrador  de  la  Propiedad  de  Llíria  suspende  la  inscripción  solicitada  por 
entender  que  no  se  han  cumplido  los  trámites  esenciales  del  procedimiento.  En 
particular, considera que faltan el auto judicial de declaración de herederos y el acta 
judicial de entrega, de acuerdo con el Decreto 47/2013, de 5 de abril, del Consell, norma 
vigente en el momento en que se inició y tramitó la mayor parte del procedimiento. De 
mantenerse la postura de la recurrente, lo que faltaría es el informe de la Abogacía 
General de la Generalitat Valenciana y el acta administrativa de toma de posesión de los 
bienes, de conformidad con los apartados 5 y 6 del artículo 20 bis de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, introducido por la 
Ley de Jurisdicción Voluntaria, y el Decreto 20/2019, de 15 de febrero, del Consell.
Por su parte, la recurrente sostiene que, habiéndose iniciado el expediente en el 
año 2017, resulta de aplicación el Decreto 47/2013, que debe ser interpretado al amparo 
de la reforma operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Ésta 
desjudicializó  el  expediente  de  declaración  de  herederos  abintestato  a  favor  de  la  e.e
Administración, por lo que no resulta exigible intervención judicial. Tampoco es necesario  b
informe del Abogado General de la Generalitat ya que: i) el Decreto 47/2013 no lo exige  59ww
ldae L feoyrm 3a3 /e2x0p0r3e spau epsatora q eule c laosso a dpea retaxdpoesd i5e nyt e6  addem siun iastrrtaíctuivloo;  2ii0)  nbois  rneos utiletan edne  eal pcliacraáccitóenr 
dDee clreegtios l2a0ci/ó2n0 1b9á essic ap oys teerxiiosrt ea  ulan are sleoylu vcaiólenn dceia ancae pqtuaec iódne,s adrer o1ll3a  dees dtaic imematberreia d; ey  2ii0i)1 8e,l 
por lo que no resulta aplicable.
2.  Con carácter previo, procede recordar que, conforme a la doctrina de este Centro 
Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), la calificación registral de los 
documentos administrativos que pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se 
extiende en todo caso a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución 
con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del 
documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la 
relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro (cfr. 
artículo 99 del Reglamento Hipotecario). En efecto, cuando el ejercicio de las potestades 
administrativas haya de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del 
Registro  de  la  Propiedad,  se  ha  de  sujetar,  además  de  a  la  propia  legislación 
administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación 
en  los  términos  previstos  por  los  artículos  18  de  la  Ley  Hipotecaria  y  99  de  su 
Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia legislación hipotecaria atribuye a 
aquellos asientos, y entre los que se encuentran no sólo los derivados del principio de 
legitimación registral (con los que sólo en parte se confunden los resultantes de la 
presunción de validez del artículo 39.1 de la Ley 39/2015), sino también otros distintos y 
superiores, también con transcendencia erga omnes, como el de inoponibilidad de lo no 
inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. 
Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de julio de 2014). En efecto, ya antes de la 
redacción actual del artículo 99 del Reglamento Hipotecario, dada por el Real Decreto 
de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo había mantenido de forma reiterada 
la doctrina de que, dentro de los límites de su función, goza el registrador de una mayor 
libertad  para  calificar  el  documento  administrativo  en  relación  con  el  judicial,  y  en 
particular si se trata del examen de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a 
fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que están establecidas por las leyes y 
los reglamentos (cfr., entre otras, Resolución de 30 de septiembre de 1980). Tras la 
citada reforma reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza normativa, y 
por  ello  esta  Dirección  General  ha  venido  considerando  desde  entonces  que,  no 
obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están 
investidos los actos administrativos (cfr. artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, actualmente artículos 38 y 39 de la Ley 39/2015), el artículo 99 
del  Reglamento  Hipotecario  faculta  al  registrador  para  calificar,  respecto  de  los 
documentos  administrativos,  entre  otros  extremos,  la  competencia  del  órgano,  la 
congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias 
esenciales  de  éste,  así  como  la  relación  del  mismo  con  el  título  registral  y  a  los 
obstáculos que surjan con el Registro (cfr., entre otras, las Resoluciones de 27 de abril 
de 1995, 27 de enero de 1998, 27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo 
de 2005, 31 de octubre de 2011, 1 de junio de 2012, 12 de febrero, 11 de julio de 2014, 
30 de noviembre de 2016, 18 de octubre de 2018 y 13 de febrero de 2019).
3.  Por otro lado, en relación con el fondo de la cuestión planteada, se hace preciso 
examinar, en primer término, cuál es la normativa aplicable en este caso al expediente 
de declaración de herederos abintestato.
No resulta de aplicación la Ley 33/2003 puesto que la disposición final segunda 
apartado  2  de  la  citada  ley  dispone  que  el  artículo  20  se  dicta  al  amparo  del 
artículo 149.1. 8.ª de la Constitución, y es de aplicación general, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan. A la entrada en 
vigor de la citada ley ya estaba vigente la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de  s
la Generalitat Valenciana. oe.
Habrá  que  estar  por  tanto  a  la  ley  autonómica  correspondiente;  esto  es,  la  w.
Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. Dispone su  59ww
ahretríceudlaor , 4l3o.s3  bqieunee, se nse c iansteog draer ásnu ceens ieóln p ianttreimstoandiao  yd ea  lafa lGtae ndeer apleitarst ocnuaasn dcoo ne ld ceareucshaon tea 
aopstliecnatbel el ae l qcuoen driecgiólanm  jeunrítdairciaam  deen tev asele ndceitaenrmo,i nsei.endo  el  procedimiento  administrativo  BOE-A-cable e
Dicho desarrollo reglamentario se encuentra actualmente en el Decreto 20/2019, 
de 15 de febrero, del Consell, que ha derogado el anterior Decreto 47/2013, de 5 de 
abril, del Consell.
En  su  Disposición  Transitoria  Única,  el  Decreto  20/2019  prevé  que  todos  los 
expedientes que estén en tramitación en la fecha de su entrada en vigor se rijan por las 
normas contenidas en el mismo. No obstante, en el presente procedimiento resulta de 
aplicación el Decreto 47/2013 y no el Decreto 20/2019, dado que la resolución de 
terminación del expediente de declaración administrativa de herederos abintestato y de 
aceptación de la herencia, de 13 de diciembre de 2018, es anterior a su entrada en vigor.
Por otro lado, la reforma operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción 
Voluntaria en la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003 no es 
aplicable por las razones ya expresadas de que en este ámbito prevalece lo dispuesto en 
la  normativa  valenciana.  Además,  conforme  a  la  disposición  final  vigésima  de  la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la disposición adicional octava 
de  modificación  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas se dicta al amparo de la competencia que corresponde al 
Estado en materia de legislación civil conforme al artículo 149.1. 8.ª de la Constitución y 
por tanto sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Valenciana.
En consecuencia, deberá aplicarse transitoriamente el Decreto 47/2013 del Consell 
que exige, como señala la nota de calificación, auto judicial de declaración de herederos, 
acta de entrega e informe del Abogado General de la Generalitat.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos,  esta  Dirección  General  ha  acordado  la  desestimación  del  recurso  y  la 
confirmación de la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 16 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.