BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Martes 23 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 143559
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19267 Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora  de  la  propiedad  de  Oropesa  del  Mar  n.º  1,  por  la  que  se 
suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de  elevación  a  público  de  un 
contrato privado de subarriendo.
En el recurso interpuesto por don F. R. A., en nombre y representación de la 
sociedad «VF Renovables 20, S.L.U.», contra la calificación de la registradora de la 
Propiedad de Oropesa del Mar número 1, doña Paula Escrivá Giner, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de un contrato privado de 
subarriendo.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 3 de junio de 2021 por el notario de Castellón de 
la Plana, don Jorge Sos Ansuategui, por la representación de «VF Renovables 20, 
S.L.U.» y de «Valfortec Inversiones, S.L.», se otorgó elevación a público de un contrato 
de subarrendamiento de una finca rústica sita el Vall d’Alba, de fecha 20 de abril 
de 2021.
«Valfortec Inversiones, S.L.» era arrendataria de la finca que ahora se subarrendaba 
en virtud de un contrato con los propietarios, don V. C. B. y doña T. R. F., de fecha 10 de 
agosto de 2018, elevado a público ante el mismo notario el día 21 de septiembre 
de  2020.  Ahora,  la  entidad  arrendataria,  el  día  20  de  abril  de  2021,  contrataba 
subarrendamiento con la entidad «VF Renovables 20, S.L.U.» en el cual, el plazo de 
duración se expresaba así: «El presente contrato de arrendamiento entrará en vigor a la 
fecha de su firma y prorrogará su vigencia entre las partes desde la fecha de la firma 
hasta transcurridos 25 años desde que la instalación fotovoltaica quede conectada a la 
red de distribución eléctrica. Transcurrido el plazo señalado en los párrafos anteriores el 
contrato  se  entenderá  prorrogado  de  forma  tácita  por  un  período  de  5  años,  con 
limitación  hasta  30  años,  salvo  denuncia  de  la  subarrendataria  notificada  a  la 
arrendataria,  con  al  menos,  un  mes  de  antelación  a  la  expiración  de  la  duración 
inicialmente pactada, no admitiéndose más prorrogas. En cualquier caso, la duración del 
contrato nunca podrá exceder de la duración del contrato de arrendamiento suscrito en 
fecha 10 de agosto de 2018».
En el Registro de la Propiedad de Oropesa del Mar número 1 figuraba inscrito, en la 
finca  registral  número  6.401  correspondiente  a  la  rústica  que  se  subarrienda,  el 
arrendamiento a favor de la entidad «Valfortec Inversiones, S.L.», de manera que en el 
apartado de la duración del mismo resultaba lo siguiente: «El presente contrato de 
arrendamiento entrará en vigor a la fecha de su firma y prorrogará su vigencia entre las 
partes desde la fecha de la firma hasta transcurridos 25 años desde que la instalación 
fotovoltaica quede conectada a la red de distribución eléctrica. Transcurrido el plazo  e.
señalado, el contrato se entenderá prorrogado de forma tácita por períodos de 5 años,  w.b
salvo denuncia de la arrendataria con tres meses de antelación a la expiación de cada  267ww
dpuorra tcaiónnto  ou pnraó rfraosgea  deen  leasst umdiisom parse vcioan, dqicuieo nveas  rdeecsodgeid laas  feirnm eal  pdreel spernetsee cnoten trdaotocu. mExeinsttoe 
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todos aquellos permisos, que no entra a formar parte del cómputo de 25 años señalados
anteriormente,  y  su  duración  máxima  será  de  1  año  desde  la  firma  del  presente 
documento. Este período se podrá prorrogar de forma tácita por seis meses más en caso 
de  que  esté  pendiente  de  tramitación  alguno  de  los  permisos  necesarios  para  la 
construcción  y  explotación  futura  de  la  planta,  en  adelante,  Fase  de  Desarrollo  y 
Construcción».
II
Presentada la referida escritura el día 28 de junio de 2021 en el Registro de la 
Propiedad de Oropesa del Mar número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos:
Habiéndose presentado en esta oficina para su despacho el documento con los 
siguientes datos:
Fecha autorización: 03/06/2021.
Lugar: Castellón de la Plana Notario: Jorge Sos Ansuátegui.
Número de protocolo: 1458/2021.
Presentado el: veintiocho de junio del año dos mil veintiuno.
Asiento: 977.
Diario: 35.
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  18  Ley  Hipotecaria  “Los 
Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas 
de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y entidad arrendataria de los asientos del 
Registro.”
Y, 98 del Reglamento Hipotecario, cuyo tenor literal es el siguiente: “El Registrador 
considerará, conforme a lo prescrito en el artículo 18 de la Ley como faltas de legalidad 
en las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la 
inscripción, las que afecten a la validez de los mismos, según las leyes que determinan 
la forma de los instrumentos, siempre que resulten del texto de dichos documentos o 
puedan conocerse por la simple inspección de ellos. Del mismo modo apreciará la no 
expresión, o la expresión sin la claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias 
que, según La Ley y este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de 
nulidad.”
– Se considera no inscribible lo relacionado a continuación en base a los siguientes:
Argumentos y fundamentos de Derecho:
En  el  documento  ahora  calificado,  se  eleva  a  público  un  contrato  privado  de 
subarriendo.
Defecto: la duración del contrato de subarriendo no podrá exceder la duración del 
contrato de arrendamiento, artículo 23 Ley de Arrendamientos Rústicos.
Del contrato de subarriendo resulta que dicho subarriendo no podrá exceder la 
duración del contrato de arrendamiento (firmado el 10 agosto de 2018) si bien a la vez en 
la misma clausula segunda indica que “el presente contrato entrara en vigor a la fecha de 
su firma (20 abril 2021) y prorrogará su vigencia entre las partes desde la fecha de la  e.
firma hasta transcurridos 25 años desde que la instalación fotovoltaica quede conectada  w.
a la red de distribución eléctrica...” 267ww
PProinr ctoipdioo  deell oe,s epne caiaplliidcaadc,i ónno  dqeu elodsa  aclrat.r a1 9la- bdisu rya c3ió2n2  ddeel  slau bLaeryri eHnidpoo.tecaria, acuerdo
suspender la inscripción del documento.
La presente calificación lleva consigo la prórroga del asiento de presentación de 
conformidad con lo que dispone el art. 323 de la Ley Hipotecaria.
Contra esta decisión (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Paula Escrivá 
Giner registrador/a de Registro Propiedad de Oropesa de Mar (Orpesa) 1 a día doce de 
julio del dos mil veintiuno».
III
Contra la anterior nota de calificación, don F. R. A., en nombre y representación de la 
sociedad «VF Renovables 20, S.L.U.», interpuso recurso el día 10 de agosto de 2021 
mediante escrito en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente:
«Primero.–(…).
Segundo.–Tal y como se ha expuesto el documento calificado se trata de la elevación 
a público de contrato de subarrendamiento de fecha 20 de abril de 2021 entre las 
mercantiles Valfortec Inversiones, S.L. como parte arrendataria y VF Renovables 20, S.L. 
como parte subarrendataria, elevado a público en virtud de escritura de 3 de junio 
de 2021 otorgada ante el Notario de Valencia D. Jorge Sos Ansuategui, con número de 
protocolo 1.458.
De acuerdo con lo dispuesto en el Manifiesto Tercero del precitado contrato ambas 
partes “tienen conocimiento del contenido del contrato de arrendamiento suscrito entre 
D. V. C. y Dña T. R. F. como parte arrendadora y Valfortec Inversiones, S.L “suscrito en 
fecha 10 de agosto de 2018. El mencionado contrato de arrendamiento fue también 
elevado a público en virtud de escritura de 21 de septiembre de 2021 otorgada ante el 
Notario de Valencia D. Jorge Sos Ansuategui, número de su protocolo 1223, constando 
el mismo inscrito en el Registro de la Propiedad de Oropesa del Mar n º 1 habiendo sido 
el documento presentado según asiento 13, del diario 35 y quedando el mismo inscrito 
en el tomo 1.633 del Archivo, libro 79 de Vall D’Alba, folio 174, finca 6401 en la 
inscripción  2.ª,  CRU  número  12021000859776,  a  favor  de  la  mercantil  Valfortec 
Inversiones. S.L. (…)”.
La cláusula relativa a la vigencia y duración del contrato de arrendamiento de 10 de 
agosto de 2018 es la cláusula Segunda la cual reza lo siguiente: “El presente contrato de 
arrendamiento entrará en vigor a la fecha de su firma y prorrogará su vigencia entre las 
partes desde la fecha de la firma hasta transcurridos 25 años desde que la instalación 
fotovoltaica quede conectada a la red de distribución.
Transcurrido el plazo señalado en los párrafos anteriores del contrato se entenderá 
prorrogado de forma tácita por periodos de 5 años salvo denuncia de la arrendataria con 
tres meses de antelación a la expiración de cada duración o prórroga en las mismas 
condiciones recogida en el presente contrato.
Existe por tanto una fase de estudio previa, que va desde la firma del presente 
documento hasta la conexión a la red del Proyecto durante la cual el arrendador cede a 
la arrendataria la finca contenida en el Exponen I con la finalidad de proceder al estudio, 
desarrollo y consecución de todos aquellos permisos que no entra a formar parte del 
cómputo de los 25 años señalada en los párrafos superiores y su duración máxima será 
de un año desde la firma del presente documento. Este periodo se podrá prorrogar de 
forma tácita por 6 meses más en caso de que esté pendiente de tramitación alguno de 
los permisos necesarios para la construcción y explotación futura de la Planta. En  es
adelante ‘Fase de Construcción’. De igual forma y vinculado a la entrada en vigor y  bo
duración del contrato se halla vinculada la renta y forma de pago se conformidad con lo  267ww
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mismo el 10 de agosto de 2018 hasta transcurridos 25 años prorrogables, desde la
conexión a la red de distribución de la Planta fotovoltaica que se va a construir existiendo 
un período previo denominado “fase de desarrollo y construcción” que de forma evidente 
también forma parte de la duración del contrato.
Tercero.–En  idéntico  sentido  al  anteriormente  mencionado  consta  redactada  la 
cláusula Segunda del contrato de subarrendamiento, la cual establece literalmente lo 
siguiente: “Segunda.–Duración,
– El presente contrato de arrendamiento entrará en vigor a la fecha de su firma y 
prorrogará su vigencia entre las partes desde la fecha de la firma hasta transcurridos 25 
años desde que la instalación fotovoltaica quede conectada a la red de distribución 
eléctrica.
Transcurrido el plazo señalado en los párrafos anteriores el contrato se entenderá 
prorrogado de forma tácita por un periodo de 5 años, con limitación hasta 30 años, salvo 
denuncia de la subarrandataria [sic] notificada a la arrendataria con al menos un mes de 
antelación a la expiración de le duración inicialmente pactada, no admitiéndose más 
prórroga.
En cualquier caso, la duración del contrato nunca podrá exceder de la duración del 
contrato de arrendamiento suscrito en fecha 10 de agosto de 2018”.
La duración de ambos contratos y de conformidad con lo pactado por las partes, se 
divide en dos fases, la primera denominada “fase de estudio y desarrollo” en la que se 
necesitan tramitar las licencias y permisos correspondientes y que tiene una duración de 
doce meses prorrogables y la segunda, de 25 años, también prorrogares tácitamente, 
que comenzarán a computarse desde que la instalación fotovoltaica quede conectada a 
la red eléctrica.
De la mera lectura de las cláusulas de vigencia y duración de ambos contratos de 
arrendamiento y subarrendamiento aquí transcritas consta claramente acreditado que 
ambos se encuentran absoluta y completamente vinculados en cuanto a su duración, no 
existiendo posibilidad alguna de que el contrato de subarrendamiento pueda exceder de 
la  duración  del  contrato  de  arrendamiento,  teniendo  en  consideración  las  fases  de 
duración en las que se divide el contrato de arrendamiento y al que expresamente se 
someten las partes en el contrato de subarrendamiento. No existe falta de claridad ni 
vulneración  por  supuesto  al  principio  de  especialidad  como  de  argumenta  en  la 
calificación por la Registradora.
Cuarto.–De acuerdo con lo expuesto queda bien acreditado que la duración del 
contrato de subarrendamiento queda total y completamente vinculada a la del contrato 
de arrendamiento, cuya duración no queda limitada a los 25 años que la nota de 
calificación manifiesta, sino que la misma computa desde la firma del contrato hasta 
transcurridos 25 años desde que la instalación fotovoltaica quede conectada a la red 
eléctrica.
El  contrato  de  arrendamiento  fue  calificado  y  debidamente  inscrito,  habiendo 
determinado el Registro de la Propiedad que el mismo cumple con los requisitos legales 
oportunos (…), sin embargo, se argumenta por la Registradora que en atención a lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley de Arrendamientos Rústicos el plazo de duración 
del contrato de subarrendamiento, idéntico al de arrendamiento, no queda claro.
El hecho de que no se inscriba el actual contrato de subarrendamiento cuando de 
forma paralela el plazo de duración es exactamente el mismo que en el de contrato de 
arrendamiento que sí fue inscrito supone un trato desigual de ambos actos jurídicos y 
una violación del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, 
recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española) y podríamos hasta anunciar que  s
vulnera  el  principio  de  legitima  confianza  al  que  están  sometidas  todas  las  oe.
administraciones públicas (artículo 3 de la Ley 39/2015), por lo que mediante el presente  w.
se solicita sea revocada la negativa del Registro de la Propiedad y se proceda a la  267ww
inscripción del contrato de subarrendamiento».
IV
Mediante escrito, de fecha de 18 de agosto de 2021, la registradora de la Propiedad 
elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria; 23 de la Ley 49/2003, de 26 de 
noviembre, de Arrendamientos Rústicos, y 98, 322 y 323 del Reglamento Hipotecario.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
elevación a público de un contrato privado de subarriendo en la que concurren las 
circunstancias siguientes:
– El  día  3  de  junio  de  2021  se  eleva  a  público  del  contrato  privado  de 
subarrendamiento de fecha 20 de abril de 2021. La finca objeto del mismo es una finca 
rústica.
– La arrendataria de la finca que ahora se subarrienda lo es en virtud de un contrato 
de arrendamiento con los propietarios, de fecha 10 de agosto de 2018, elevado a público 
el día 21 de septiembre de 2020. En el Registro figura inscrito el arrendamiento en la 
finca correspondiente a la rústica que se subarrienda, de manera que en el apartado de 
la duración del mismo resulta lo siguiente: «El presente contrato de arrendamiento 
entrará en vigor a la fecha de su firma y prorrogará su vigencia entre las partes desde la 
fecha de la firma hasta transcurridos 25 años desde que la instalación fotovoltaica quede 
conectada a la red de distribución eléctrica. Transcurrido el plazo señalado, el contrato 
se entenderá prorrogado de forma tácita por períodos de 5 años, salvo denuncia de la 
arrendataria con tres meses de antelación a la expiación de cada duración o prórroga en 
las mismas condiciones recogidas en el presente contrato. Existe por tanto una fase de 
estudio previa, que va desde la firma del presente documento hasta la conexión de la red 
del proyecto, durante la cual el arrendador cede a la arrendataria la finca con la finalidad 
de proceder al estudio, desarrollo y consecución de todos aquellos permisos, que no 
entra a formar parte del cómputo de 25 años señalados anteriormente, y su duración 
máxima será de 1 año desde la firma del presente documento. Este período se podrá 
prorrogar de forma tácita por seis meses más en caso de que esté pendiente de 
tramitación alguno de los permisos necesarios para la construcción y explotación futura 
de la planta, en adelante, Fase de Desarrollo y Construcción».
– Ahora,  la  entidad  arrendataria,  el  día  20  de  abril  de  2021,  contrata 
subarrendamiento, en el cual, el plazo de duración se expresa así: «El presente contrato 
de arrendamiento entrará en vigor a la fecha de su firma y prorrogará su vigencia entre 
las  partes  desde  la  fecha  de  la  firma  hasta  transcurridos  25  años  desde  que  la 
instalación fotovoltaica quede conectada a la red de distribución eléctrica. Transcurrido el 
plazo señalado en los párrafos anteriores el contrato se entenderá prorrogado de forma 
tácita por un período de 5 años, con limitación hasta 30 años, salvo denuncia de la 
subarrendataria notificada a la arrendataria, con al menos, un mes de antelación a la 
expiración de la duración inicialmente pactada, no admitiéndose más prorrogas. En 
cualquier caso, la duración del contrato nunca podrá exceder de la duración del contrato 
de arrendamiento suscrito en fecha 10 de agosto de 2018».
La registradora señala como defecto que del contrato de subarriendo resulta que 
dicho subarriendo no podrá exceder la duración del contrato de arrendamiento (firmado  s
el día 10 agosto de 2018) si bien a la vez en la misma clausula segunda indica que «el  oe.
presente contrato entrará en vigor a la fecha de su firma [20 de abril de 2021] y  w.
eaplñréoocrsrtor icgdaae rsá(d. .es.) u»q ,v upiego erln alc oii anq seutneat larsecie ilónands  opf oaqtrouteveos l latda eidcsuadr eaq cluaióe nfde ecd hecalo  cndoeenc lttaraa dftioarm  daae   hlsaau sbrteaadr rt rideaenn dsdociu snrtrroiidb pouosc di2ór5ná    2021-19267n https://ww
exceder la duración del contrato de arrendamiento, no queda clara la duración del
subarrendamiento. Bc
La entidad recurrente alega lo siguiente: que existe una fase de estudio previa, que 
va desde la firma del documento hasta la conexión a la red del proyecto durante la cual 
el arrendador cede a la arrendataria la finca con la finalidad de proceder al estudio, 
desarrollo y consecución de todos aquellos permisos que no entra a formar parte del 
cómputo de los 25 años y su duración máxima será de un año desde la firma del 
documento, prorrogable de forma tácita por 6 meses más en caso de que esté pendiente 
de tramitación alguno de los permisos necesarios para la construcción y explotación 
futura de la planta; es decir, que la duración del contrato de arrendamiento comienza 
desde  la  firma  del  mismo  el  10  de  agosto  de  2018  hasta  transcurridos  25  años 
prorrogables, a contar desde la conexión a la red de distribución de la planta fotovoltaica 
que se va a construir, existiendo un período previo denominado «fase de desarrollo y 
construcción» que, de forma evidente, también forma parte de la duración del contrato; 
que en idéntico sentido al anteriormente mencionado consta redactada la cláusula de 
duración del contrato de subarrendamiento; que la duración de ambos contratos y de 
conformidad  con  lo  pactado  por  las  partes,  se  divide  en  dos  fases,  la  primera 
denominada «fase de estudio y desarrollo» en la que se necesitan tramitar las licencias y 
permisos correspondientes y que tiene una duración de doce meses prorrogables y la 
segunda, de 25 años, también prorrogable tácitamente, que comenzarán a computarse 
desde que la instalación fotovoltaica quede conectada a la red eléctrica; está bien 
acreditado  que  la  duración  del  contrato  de  subarrendamiento  queda  total  y 
completamente vinculada a la del contrato de arrendamiento, cuya duración no queda 
limitada a los 25 años, sino que la misma computa desde la firma del contrato hasta 
transcurridos 25 años desde que la instalación fotovoltaica quede conectada a la red 
eléctrica; que no existe posibilidad alguna de que el contrato de subarrendamiento pueda 
exceder de la duración del contrato de arrendamiento, teniendo en consideración las 
fases  de  duración  en  las  que  se  divide  el  contrato  de  arrendamiento  y  al  que 
expresamente se someten las partes en el contrato de subarrendamiento.
2.  El principio hipotecario de especialidad registral exige e implica concreción en la 
inscripción tanto de la finca registral como de la extensión del derecho real sobre la 
misma. Esto determina que, en la inscripción de los actos y negocios jurídicos se exija 
claridad para esta determinación. Este principio es también aplicable a la inscripción de 
ciertos derechos personales que tienen acceso al Registro, como es el caso del derecho 
de arrendamiento. Así, en el caso de los arrendamientos urbanos, tras la Ley 29/1994, 
de Arrendamientos Urbanos, la redacción del artículo 2.5.º de la Ley Hipotecaria quedó 
modificada, al permitir la inscripción en el Registro de la Propiedad de «los contratos de 
arrendamiento de bienes inmuebles, y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de los 
mismos».  A  resultas  de  la  disposición  adicional  segunda  de  la  Ley  29/1994,  de 
Arrendamientos Urbanos, se dictó el Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero, sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de los Contratos de Arrendamientos Urbanos. 
Con ello, quedaba patente en nuestro ordenamiento jurídico, el plus adicional que en 
orden  a  la  seguridad  jurídica  del  arrendatario  constituye  la  constancia  del  derecho 
personal de arrendamiento derivado de su contrato, en el Registro de la Propiedad. En 
aras a esta finalidad, el Real Decreto 297/1996, establece una cierta flexibilidad en los 
requisitos que deben cumplir los títulos presentados (artículo 2) en orden al principio de 
especialidad, pero no en relación al tracto sucesivo.
En el caso de los arrendamientos rústicos, el principio de especialidad funciona de la 
misma forma. En el supuesto concreto de este expediente, señala la registradora que, 
dado que el plazo del subarrendamiento no puede ser superior al del arrendamiento, la  s
expresión de la duración del subarrendamiento no queda clara, por lo que conculca el  oe.
principio de especialidad registral. En definitiva, se trata de analizar si hay claridad en la  w.
expresión del plazo señalado para determinar si excede o no del inscrito en cuanto al  267ww
contErafetoc tdivea marerennted,a eml iaernttíocu.lo 23 de la Ley de Arrendamientos Rústicos establece que la
daurrreancdióanm ideenlt oc: on«t(r…at)o  ddeeb esruáb aortroiergnadros en op opro dtorád oe xecl etdieemr plao  dquurea crióenst ed edl ecl opnltarazoto  ddeel   BOE-A-cable e
arrendamiento (…)». Ahora se trata de ver, en aras de la especialidad, si es claro el 
plazo establecido para el subarriendo y este no supera la duración del arrendamiento.
3.  En  el  supuesto  concreto,  ambas  cláusulas  de  duración  de  los  contratos  –
arrendamiento y subarrendamiento– son parejas: marcan una primera fase «técnica» 
que termina con «(…) la concesión de la conexión de la red del proyecto, durante la cual 
el arrendador cede a la arrendataria –en el contrato de subarrendamiento lo es entre las 
partes– la finca con la finalidad de proceder al estudio, desarrollo y consecución de todos 
aquellos permisos, que no entra a formar parte del cómputo de 25 años señalados 
anteriormente (…)». Del expediente y de la escritura de elevación a público del contrato 
de arrendamiento no consta si se ha producido o no la consecución de los permisos que 
marcan la finalización de aquella, pero el pacto de la misma en el subarrendamiento 
evidencia que no ha llegado esa consecución.
Llegada  esa  fecha  de  consecución  de  los  permisos  necesarios  para  que  la 
instalación fotovoltaica quede conectada a la red de distribución eléctrica, la duración en 
ambos contratos será de 25 años prorrogados de forma tácita por períodos de 5 años, 
salvo denuncia de la arrendataria en el caso de arrendamiento y de subarrendataria en el 
del subarriendo. Además, en el caso del subarrendamiento, se establece un límite 
máximo de 30 años a la duración prorrogada, y específicamente se establece que «en 
cualquier caso, la duración del contrato nunca podrá exceder de la duración del contrato 
de  arrendamiento  suscrito  en  fecha  10  de  agosto  de  2018»  –contrato  que  consta 
inscrito–.
Así pues, si no ha llegado la fecha de finalización de la primera fase, la duración de 
ambos contratos es la misma. En consecuencia, es clara la duración del subarriendo y 
no puede sobrepasar la del arrendamiento y por tanto no conculca el principio de 
especialidad.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.