BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Jueves 12 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 24858
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3556 Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los 
Registros  y  del  Notariado,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  nota  de 
calificación de la registradora de la propiedad de Callosa d'en Sarriá, por la 
que se deniega la expedición de las certificaciones registrales solicitadas 
para el inicio de un expediente de rectificación de una reparcelación.
En el recurso interpuesto por don Vicente Arques Cortés, alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, contra la nota de calificación de la registradora de la 
Propiedad de Callosa d’en Sarriá, doña Ana María Núñez-Lagos Dégano, por la que se 
deniega la expedición de las certificaciones registrales solicitadas para el inicio de un 
expediente de rectificación de una reparcelación.
Hechos
I
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi 
se inició el expediente de aprobación de la modificación de un proyecto de reparcelación 
forzosa, solicitando la anotación del inicio del expediente sobre determinadas fincas 
registrales y la expedición de la correspondiente certificación de dominio y cargas.
II
Presentado dicho acuerdo en el Registro de la Propiedad de Callosa d’en Sarrià, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Referencia: 1406.
Fecha de entrada: 23/05/2019.
Presentación: Asiento 161 diario 126.
Procedimiento: BAS/616/2019.
Administración: Ajuntament de L’Alfàs del Pi.
En relación al título de referencia, previa la calificación del mismo, se acuerda la 
denegación de la expedición de la certificación, en base a los siguientes hechos y 
fundamentos de Derecho:
– Se deniega la expedición de la certificación y la práctica de los asientos solicitados, 
dado que no cabe ninguna modificación que exceda de un simple error material, en una 
reparcelación ya inscrita, sin el consentimiento de todos los titulares afectados por la 
reparcelación inicial objeto de modificación o bien en virtud de la oportuna resolución 
judicial; deberán iniciar un nuevo expediente de reparcelación con idénticos requisitos 
que el expediente de reparcelación original, y solicitar la correspondiente nota marginal 
de  inicio  del  expediente,  sobre  todas  y  cada  una  de  las  fincas  incluidas  en  dicha 
reparcelación. s
– Habiendo ganado firmeza en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva  oe.
del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de 28 de septiembre  w.
de 2006, del Sector (…), y estando ya inscrito en el Registro de la Propiedad, y bajo la  56ww
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pasos y con los mismos requisitos que fuero [sic] necesarios para su aprobación inicial, 
puesto que es necesario el consentimiento de todos los titulares actuales de las fincas 
objeto de la reparcelación inicial, las cuales han sido objeto de transmisiones, y que son 
terceros  protegidos  por  la  fé  pública  registral,  o  bien  la  correspondiente  resolución 
judicial, cuyo procedimiento hubiera sido entablado contra todos los titulares actuales de 
las fincas que se incluyeron en dicho proyecto de reparcelación.
– En  otro  caso,  se  vulneraría  el  procedimiento  de  rectificación  de  asientos  del 
Registro, que una vez practicados quedan bajo la salvaguardia de los Tribunales, que 
presupone siempre el consentimiento de todos los titulares afectados o la oportuna 
resolución judicial supletoria (arts. 1, 40, 82 de la L.H.); así como el propio régimen 
establecido para la revisión de los actos administrativos en los arts. arts. 102 y siguientes 
de  la  Ley  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento 
Administrativo Común; siendo ésta, además, la doctrina de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado recogida en Resoluciones de 31 de julio de 2001, 12 de enero 
de 2005, 28 de abril de 2008, 18 de enero de 2012, 15 de junio de 2012 y 15 de 
noviembre de 2012 donde manifiesta reiteradamente su doctrina sobre rectificación de 
reparcelaciones ya aprobadas e inscritas, exigiendo el cumplimiento de los mismos 
requisitos que fueron necesarios para su aprobación inicial.
– Por último, aclarar que el art. 92 de la LOTUP se refiere única y exclusivamente a 
modificaciones que pueden realizarse en el proyecto de reparcelación, tras el periodo de 
información pública inicial de un mes, y antes siempre de la aprobación definitiva del 
proyecto de reparcelación.
Hechos:
I.  El pasado día 23/05/2019, se presenta documento expedido por la Secretaria del 
Ayuntamiento de 1’Alfàs del Pi, con el visto bueno del Alcalde, el día dieciséis de Mayo 
del año dos mil diecinueve, por el que se solicita le sea expedida certificación de dominio 
y  cargas,  relativa  a  las  fincas  números  5799,  5800,  20045,  24322,  24324,  24326 
y 24348, del término municipal de Alfaz del Pi, para la Modificación del Proyecto de 
Reparcelación Forzosa de la manzana en Sectores A2 y A3 del Suelo Urbano 1 (Casco 
Urbano) (…)
II.  En el día de la fecha, el título presentado ha sido calificado por el Registrador 
que suscribe apreciando la existencia de defectos que impiden la solicitud de inscripción, 
con arreglo a los siguientes Fundamentos de Derecho.
Fundamentos de Derecho:
1.  Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaría, los Registradores 
calificarán,  bajo  su  responsabilidad,  la  legalidad  de  las  formas  extrínsecas  de  los 
documentos  de  toda  clase,  en  cuya  virtud  se  solicite  la  inscripción,  así  como  la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
2.  Vistos los artículos 1, 40, y 82 de la Ley Hipotecaria.
3.  Resoluciones  de  la  D.G.R.N.  de  fechas  31  de  julio  de  2001,  12  de  enero 
de 2005, 28 de abril de 2008, 18 de enero de 2012, 15 de junio de 2012 y 15 de 
noviembre de 2012.
4.  Vistos  los  arts.  102  y  siguientes  de  la  Ley  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
La  presente  calificación  se  comunica  a  los  efectos  de  retirada  del  título  y  e.
subsanación de defectos dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación. w.
La calificación registral podrá (…) 56ww
Callosa d’en Sarrià, a treinta de mayo del año dos mil diecinueve.–La Registradora
(firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la registradora).»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Vicente Arques Cortés, alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, interpuso recurso el día 8 de octubre de 2019 
mediante escrito con las siguientes alegaciones:
«(…) Calificación que se recurre.: Nota de calificación registral denegatoria de 30 de 
mayo de 2019, del Registro de la Propiedad de Callosa d’Ensarrià (Alicante), de extensión a 
favor del Ayuntamiento, de varias certificaciones de dominio y cargas de diversas fincas 
registrales afectadas por el documento de modificación de Proyecto de Reparcelación y 
nota marginal de iniciación del procedimiento.
Documento objeto de calificación:
Modificación del Proyecto de Reparcelación Forzosa de manzana en suelo urbano 
(…)
Fundamentos de Derecho:
– Art. 92.2 b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
– Arts. 1 y 5 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
El Ayuntamiento tramita en la actualidad y de oficio, la modificación de un proyecto 
de reparcelación forzosa aprobado administrativamente por el Ayuntamiento el año 2006 
–y promovido en su día por el agente urbanizador Urbania Levante S.L.–.
El Ayuntamiento de 1’Alfas del Pi tramita el expediente de modificación del proyecto 
reparcelatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 5/2014, de 25 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana.
En cumplimiento de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del referido art. 92, el 
Ayuntamiento, y previamente al inicio del periodo de información pública, solicitó del 
Registro de la Propiedad, el libramiento o expedición de certificación de dominio y cargas 
de todas y cada una de las fincas iniciales que constan en el citado proyecto de 
modificación de la reparcelación.
La  extensión  de  la  certificación  de  dominio  y  cargas  ha  sido  denegada  por  el 
Registro, por los fundamentos que constan en la calificación registral de 30 de mayo 
de 2019, y a los que en méritos a la brevedad nos remitimos, pero que no compartimos.
Dicho proyecto de reparcelación originario tan solo fue inscrito parcialmente, en su 
día.
Al margen de ello, los titulares de la finca registral n.º 20.045, entablaron un recurso 
contencioso-administrativo frente a la Administración municipal solicitando la exclusión 
de dicha finca como parcela aportada a la reparcelación. Finalmente, por sentencia 
dictada en 2006, en procedimiento ordinario n.º: 1072/2006 por el TSJ de la Comunidad 
Valenciana,  se  da  la  razón  a  los  demandantes,  estimando  en  parte  el  recurso 
contencioso interpuesto y anula parcialmente el proyecto de reparcelación forzosa, por 
cuanto que incluye en el ámbito reparcelatorio la parcela de los actores, del que ha de 
quedar excluida, sin que proceda su exclusión del ámbito de la actuación integrada. s
La citada sentencia fue trasladada por el Ayuntamiento al Registro de la Propiedad  oe.
con fecha 2/11/2016, para su inscripción en la finca registral 24.322 -de titularidad del  w.
Banco de Sabadell S.A. 56ww
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ámbito  reparcelado  la  finca  registral  20.045,  -con  cierre  registral  de  otra  finca 
colateralmente afectada por la sentencia- y además complementariamente, corregir otros 
defectos advertidos en su día por el Registro de la Propiedad.
El  Ayuntamiento,  en  la  formulación  del  proyecto  de  reparcelación,  parte  de  la 
siguientes bases o presupuestos fácticos:
a)  La resolución judicial tan solo anula parcialmente el proyecto reparcelatorio, y a 
efectos  prácticos  y  a  grandes  rasgos,  tan  solo  tiene  incidencia  en  la  [sic]  fincas 
registrales n.º 20.045 (la afectada por el fallo judicial) y la finca registral n.º 24.322, que 
debe cerrarse registralmente, pues también resulta afectada como consecuencia de la 
sentencia.
b)  La reparcelación se modifica por el Ayuntamiento parcialmente, pues el fallo 
judicial anula parcialmente el proyecto de reparcelación (obviamente con abstracción de 
la necesaria redistribución económica de cargas urbanísticas).
c)  El proyecto de modificación de la reparcelación, y a los efectos de notificación, 
audiencia e información pública, parte de las fincas resultantes del proyecto originario, y 
de los titulares actuales de dichas fincas, que constan en el Registro de la Propiedad. 
Dicho  en  otros  términos  las  fincas  aportadas,  son  la  [sic]  resultantes  del  proyecto 
originario, sobre las que se deben operar las correcciones.
Es por cuanto antecede, que no se comparte en modo alguno, los razonamientos 
que se vierten en la calificación registral denegatoria que efectúa el Registro de la 
Propiedad de Callosa, y ello por cuanto que:
– El Ayuntamiento ha seguido el procedimiento legalmente establecido [art. 92.2 b) 
de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana].
– La  certificación  de  dominio  y  cargas,  es  un  medio  legal  que  le  permite  al 
Ayuntamiento obtener la veracidad y validez de los distintos asientos registrales de la 
propiedad, y conocer en definitiva el estado jurídico de los inmuebles afectados por el 
proyecto reparcelatorio (transacciones, cargas, gravámenes, limitaciones, etc.). Además, 
mediante la extensión de la oportuna nota marginal, se da publicidad y noticia de la 
existencia  del  expediente  modificativo  de  la  reparcelación,  a  terceros  y  a  quienes 
inscriban con posterioridad a ella.
– Pretender como se infiere en la nota de calificación denegatoria, que formen parte 
de la modificación del proyecto reparcelatoria las antiguas fincas aportadas al proyecto 
de reparcelación del año 2006, y que se les de audiencia o que presten consentimiento a 
la  modificación  reparcelatoria,  antiguos  titulares  registrales  de  fincas  originarias 
canceladas registralmente no afectadas por la sentencia judicial, no solo no es lógico ni 
razonable, sino que es técnicamente inviable.
Con la negativa del Registro a la extensión de las certificaciones de dominio y cargas 
de las fincas registrales solicitadas por el Ayuntamiento, se impide de forma irrazonada 
que el Administración municipal pueda dirigirse, notificar y otorgar trámite de audiencia, y 
entender  las  actuaciones,  –caso  de  existir–  a  otros  titulares  registrales  y/o  otros 
afectados no tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto de modificación de la 
reparcelación, causando indefensión.
Solicito:
Que se admita a trámite el presente recurso y se dicte resolución por la Dirección 
General de los Registros y el Notariado, por la que se estime la solicitud de extensión a  e.
favor  del  Ayuntamiento  de  las  certificaciones  de  dominio  y  cargas  de  las  fincas  w.
interesadas  para  poder  tramitar  el  expediente  de  Modificación  del  Proyecto  de  56ww
reparcelación Forzosa de Manzana en Suelo Urbano (…).»
IV
Mediante escrito, de fecha 11 de octubre de 2019, la registradora de la Propiedad se 
ratificó en su calificación, emitió informe, y remitió el expediente a este Centro Directivo, 
haciendo constar que la nota de calificación, de fecha 30 de mayo de 2019, se notificó al 
Ayuntamiento  el  día  4  de  junio  de  2019,  y  que  el  recurso  presentado  por  el 
Ayuntamiento, que tuvo entrada en la Subdirección General del Notariado y de los 
Registros en fecha 25 de septiembre de 2019, era extemporáneo y debe ser inadmitido.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 222.7, 322, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria; 68 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 5 y 6 del Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos 
de Naturaleza Urbanística, y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
1.  Contra una nota de calificación de fecha 30 de mayo de 2019, que la registradora 
informa haber notificado al Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi el día 4 de junio de 2019, dicho 
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi interpuso recurso mediante escrito de fecha 17 de junio 
de 2019, el cual tuvo entrada en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia el día 18 
de  junio  de  2019,  siendo  posteriormente  reenviado  a  la  Subdirección  General  del 
Notariado y de los Registros, donde tuvo entrada el día 25 de septiembre de 2019, y de 
nuevo reenviado al Registro de la Propiedad de Callosa d’en Sarrià donde fue recibido el 
día 8 de octubre de 2019.
2.  El artículo 326 de la Ley Hipotecaria establece que «el plazo para la interposición 
será de un mes y se computará desde la fecha de la notificación de la calificación». Y el 
artículo 327 añade que «la Dirección General deberá resolver y notificar el recurso 
interpuesto en el plazo de tres meses, computados desde que el recurso tuvo su entrada 
en Registro de la Propiedad cuya calificación se recurre».
En el caso que nos ocupa, de la anterior reseña de fechas relevantes resulta con 
claridad que el recurso se presentó en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia 
dentro del plazo legal para ello siendo recibido en la Subdirección General del Notariado 
y de los Registros y finalmente en el Registro de la Propiedad cuya calificación se 
recurre. Por tanto, procede admitir a trámite dicho recurso, por haberse interpuesto 
dentro del plazo legal marcado para ello en el artículo 326, y procede entrar a resolver el 
fondo del mismo, por encontrarnos dentro del plazo legal establecido para ello en el 
artículo 327 citado.
3.  En concreto, en el presente recurso se debate acerca de si procede denegar la 
expedición de las certificaciones registrales solicitadas por un Ayuntamiento y la práctica 
de la nota marginal de inicio de un procedimiento de rectificación de errores de una 
reparcelación ya inscrita, por el motivo alegado por la registradora de que no cabe tal 
rectificación  sin  el  consentimiento  de  todos  los  titulares  afectados  o  la  oportuna 
resolución judicial, y de que no cabe un mero procedimiento de rectificación de errores 
sino  iniciar  un  nuevo  expediente  de  reparcelación  con  idénticos  requisitos  que  el 
expediente de reparcelación original.
A  este  respecto,  debemos  recordar  que  el  artículo  68  del  Real  Decreto  es
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  bo
de Suelo y Rehabilitación Urbana, relativo a los expedientes de distribución de beneficios  56ww
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inscripción de dominio de las fincas correspondientes». Y añade que «la nota marginal
tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por otros tres años a instancia 
del órgano o agrupación de interés urbanístico que hubiera solicitado su práctica» y que 
tal nota marginal producirá los efectos que se detallan en el número 4 de ese mismo 
artículo.
Por su parte, el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, establece 
en  su  artículo  5,  dedicado  a  la  nota  marginal  de  iniciación  del  procedimiento  de 
equidistribución, lo siguiente: «1. A requerimiento de la Administración o de la entidad 
urbanística  actuante,  así  como  de  cualquiera  otra  persona  o  entidad  que  resulte 
autorizada por la legislación autonómica aplicable, el Registrador practicará la nota al 
margen de cada finca afectada expresando la iniciación del procedimiento y expedirá, 
haciéndolo constar en la nota, certificación de dominio y cargas. En la solicitud constará 
las  fincas,  porciones  o  derechos  de  aprovechamiento,  afectados  a  la  unidad  de 
ejecución. Cuando se trate de unidades sujetas al sistema de compensación, para la 
práctica de la nota marginal citada bastará que haya sido otorgada la escritura pública de 
constitución de la entidad. 2. La nota marginal tendrá una duración de tres años y podrá 
ser prorrogada por otros tres a instancia de la Administración actuante o de la entidad 
urbanística colaboradora. 3. Cuando con posterioridad a la nota se practique cualquier 
asiento  en  el  folio  registral,  se  hará  constar  en  la  nota  de  despacho  del  título 
correspondiente el contenido de la misma. 4. La nota practicada producirá, en todo caso, 
los efectos previstos en los artículos 14 y siguientes».
Y seguidamente, en su artículo 6 regula cuál es el título que permitirá finalmente la 
inscripción de la reorganización de la propiedad, y en el artículo 7 detalla cuáles han de 
ser las circunstancias que habrá de contener dicho título inscribible.
4.  En  el  caso  objeto  del  presente  recurso,  la  registradora,  al  inicio  del 
procedimiento, deniega la expedición de la certificación de dominio y cargas y la práctica 
de la nota marginal previstas en el citado artículo 5 alegando supuestos defectos que se 
refieren más bien a la futura inscripción del título en el que culmine la reorganización de 
la propiedad.
En concreto, la registradora «deniega la expedición de la certificación y la práctica de 
los asientos solicitados, dado que no cabe ninguna modificación que exceda de un 
simple error material, en una reparcelación ya inscrita, sin el consentimiento de todos los 
titulares afectados por la reparcelación inicial objeto de modificación o bien en virtud de 
la  oportuna  resolución  judicial».  Y  señala  que  «en  otro  caso,  se  vulneraría  el 
procedimiento de rectificación de asientos del Registro, que una vez practicados quedan 
bajo la salvaguardia de los Tribunales». Y sostiene que debería iniciarse «un nuevo 
expediente de reparcelación con idénticos requisitos que el expediente de reparcelación 
original».
Pero es evidente que en el título presentado no se solicita ninguna rectificación de 
asientos registrales, sino tan sólo la constancia por nota marginal de la iniciación de un 
procedimiento administrativo en el que eventualmente sí se podría aprobar y solicitar tal 
rectificación, y a tales efectos se solicita la expedición de certificación registral para que 
la administración actuante pueda, precisamente, entender dicho procedimiento con los 
titulares registrales potencialmente afectados.
Por tanto, los reparos jurídicos relativos a si para inscribir en el futuro eventuales 
rectificaciones de asientos registrales se ha seguido previamente el procedimiento y se 
han cumplimentado todos los trámites adecuados y precisos en derecho, y si en él han  s
acabado teniendo o no la intervención legalmente prevista todos los afectados por el  oe.
mismo, serán cuestiones que quizá constituirán defectos u obstáculos registrales para la  w.
eventual y futura inscripción, cuando se solicite, del título final de reorganización de las  56ww
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registradora, a continuación de dicha certificación, o en documento aparte si lo prefiere, 
emita de oficio informe o dictamen para ilustrar al Ayuntamiento con cuantas sugerencias 
jurídicas estime pertinentes para el buen fin de esa futura y eventual pretensión, que 
todavía no existe, de rectificación de asientos registrales.
Así lo ampara y prevé el artículo 222.7 de la Ley Hipotecaria cuando establece «los 
Registradores  en  el  ejercicio  profesional  de  su  función  pública  deberán  informar  a 
cualquier  persona  que  lo  solicite  en  materias  relacionadas  con  el  Registro.  La 
información versará sobre los medios registrales más adecuados para el logro de los 
fines lícitos que se propongan quienes la soliciten».
En el caso de que el interesado no sea un particular, sino, como ocurre en el 
presente supuesto, una Administración Pública, cabe además traer a colación y aplicar, a 
efectos de habilitar la emisión de dicho informe incluso de oficio y sin solicitud expresa 
previa, el principio general de cooperación y colaboración entre las Administraciones 
Públicas formulado, por ejemplo, en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Por todo ello, procede estimar el presente recurso.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  19  de  diciembre  de  2019.–El  Director  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.