BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 68 Domingo 15 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 25404
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DEL INTERIOR
3694 Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de 
actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En desarrollo de las previsiones recogidas en el artículo 116 de la Constitución ha 
tenido lugar la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el 
Gobierno de España declara el estado de alarma en todo el territorio nacional por un 
periodo de quince días naturales, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio que, con las 
garantías  y  condiciones  previstas  en  la  misma,  contempla  la  posibilidad  de  su 
declaración  en  caso  de  «crisis  sanitarias,  tales  como  epidemias  y  situaciones  de 
contaminación graves».
La problemática derivada de la evolución de la actual situación sanitaria en España 
producida por el coronavirus COVID-19 ha dado lugar a la gradual adopción de medidas 
y recomendaciones excepcionales en materia de salud pública. Como continuación de 
aquellas, y haciendo uso de las facultades y poderes que a tal fin confiere la Ley 
Orgánica 4/1981,de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, al Poder 
Ejecutivo  para  promover,  durante  el  tiempo  imprescindible,  las  actuaciones  que  se 
consideren estrictamente necesarias para el restablecimiento de la normalidad cuando 
concurran circunstancias extraordinarias, el citado real decreto contempla, dentro del 
marco de las atribuciones previstas a este objeto en la Ley Orgánica, una amplia serie de 
actuaciones proporcionadas a la actual situación de emergencia sanitaria tendentes a 
garantizar y reforzar la eficacia de las medidas de profilaxis así como, en su caso, a 
paliar los efectos que colateralmente pueden seguirse de la situación sanitaria en otros 
ámbitos, como es la garantía de la prestación de determinados servicios esenciales para 
la  sociedad  y  de  aquellos  otros  necesarios  para  el  mantenimiento  de  la  normal 
convivencia.
En este contexto, si bien las medidas acordadas en el día de hoy tienen un marcado 
carácter transversal, implicando a todas las administraciones públicas y necesitando 
para su buen fin de la máxima colaboración de la ciudadanía, algunas de ellas tienen, 
por su intrínseca naturaleza, una especial incidencia en el ámbito de competencias del 
Ministerio del Interior, cuyo titular ha sido declarado, a tal efecto, autoridad competente 
delegada.  Asimismo,  en  la  medida  en  que,  conforme  al  artículo  9.1  de  la  Ley 
Orgánica 4/1981, por la declaración del estado de alarma los integrantes de los Cuerpos 
de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales «quedarán 
bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la 
protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios 
por su duración o por su naturaleza», se ha considerado conveniente impartir criterios 
comunes de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación 
con el cumplimiento y el seguimiento de las actuaciones previstas en el citado real 
decreto, así como directrices para la coordinación con los Cuerpos de Policía de las  s
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, conforme a las competencias  oe.
que, bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior, corresponden al Secretario de  w.
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en relación con las policías autonómicas y locales.
Por todo lo anterior, conforme a las atribuciones que me confiere la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real Decreto 952/2018, 
de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior, y lo dispuesto en los artículos 4.1,b y 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que el Gobierno de España declara el estado de alarma en todo el territorio 
nacional, he acordado:
Primero.  Destinatarios, objeto y criterios de actuación.
1.  La  presente  Orden  tiene  como  destinatarios  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de 
Seguridad del Estado; los cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales y el personal de las empresas de seguridad privada.
2.  La presente Orden tiene por objeto:
a)  Impartir directrices para adecuar al ámbito competencial del Ministerio del Interior 
las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del 
estado de alarma en relación con la actuación operativa que para su ejecución deban 
asumir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, articulando mecanismos para el 
seguimiento de su actuación y evaluación de su eficacia.
b)  Garantizar una acción concertada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado,  los  Cuerpos  de  Policía  Autonómicos,  las  Policías  Locales  y  el  personal  y 
empresas de seguridad privada, para la implantación y el cumplimiento, en todo el 
territorio nacional, de las medidas previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.
c)  Adecuar los planes de contingencia elaborados por los cuerpos policiales con 
motivo  de  la  expansión  del  coronavirus  COVID-19  a  la  aplicación  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, contemplando aquellas actuaciones en las que 
deban concretarse la aplicación de los controles previstos, manteniendo al mismo tiempo 
los niveles de actividad necesarios en los ámbitos de la prevención y la investigación.
d)  Poner a disposición de las autoridades y de los profesionales sanitarios aquellas 
capacidades de los Cuerpos policiales que sirvan para auxiliar a las instituciones y a los 
profesionales sanitarios ante situaciones en las que dicho auxilio sea necesario para que 
pueda prestarse asistencia sanitaria urgente a las personas que lo precisen.
3.  Las medidas previstas en la presente Orden se aplicarán de acuerdo con los 
principios de proporcionalidad y necesidad, dirigidos a proteger la salud y seguridad de 
los ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad.
4.  Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 4/1981, el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma designa al Gobierno como 
Autoridad competente, y al Ministro del Interior Autoridad competente delegada en su 
respectiva área de responsabilidad.
5.  En los términos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el 
Gobierno de España declara el estado de alarma en todo el territorio nacional y de la 
presente Orden, los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil, así como las 
Autoridades  de  las  que  dependan  los  Cuerpos  de  Policía  de  las  Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales estarán sujetos a las órdenes del Ministro del 
Interior y a las que, bajo su autoridad, emanen de las Autoridades y órganos directivos 
de  este  Departamento  en  sus  respectivos  ámbitos  de  competencia,  y  tomarán  las 
oportunas disposiciones operativas y organizativas para garantizar el cumplimiento de  s
las  obligaciones  y  la  cobertura  de  los  servicios  que  para  los  mismos  deriven  del  oe.
cumplimiento del citado real decreto o de las órdenes que reciban de las Autoridades y  w.
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prioritariamente al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cumplimiento de
lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de las órdenes a las que  Bc
se refiere el apartado anterior, limitando, en la medida de lo posible, aquellos servicios 
que no se consideren imprescindibles.
7.  Los  agentes  de  la  autoridad  podrán  practicar  las  comprobaciones  en  las 
personas,  bienes,  vehículos,  locales  y  establecimientos  que  sean  necesarias  para 
comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades 
suspendidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de 
alarma, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y 
prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a 
cabo.
Segundo.  Obligaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1.  Conforme al artículo 9.i) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen 
de Personal de la Policía Nacional, en los casos de declaración del estado de alarma los 
miembros de la Policía Nacional tienen la obligación de presentarse al servicio cuando 
sean emplazados para ello, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad competente, 
cuando sea requerida la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.
2.  Según el artículo 20 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora 
de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en los casos de 
declaración del estado de alarma los Guardias Civiles se presentarán en su dependencia 
de destino o en la más próxima y se pondrán a disposición inmediata de las autoridades 
correspondientes.
3.  De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, por la declaración del estado de alarma todas las 
Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, 
los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones  Locales,  y  los  demás  funcionarios  y  trabajadores  al  servicio  de  las 
mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea 
necesaria  para  la  protección  de  personas,  bienes  y  lugares,  pudiendo  imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
Tercero.  Autoprotección y vigilancia de la salud.
1.  Los  funcionarios  policiales  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta 
Instrucción, independientemente de su Cuerpo de pertenencia, tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se observarán en todo 
caso las recomendaciones e instrucciones impartidas en cada caso por las Autoridades 
sanitarias en relación con la prevención de la transmisión del coronavirus COVID-19.
2.  Las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, así como las 
Autoridades  de  las  que  dependan  los  Cuerpos  de  Policía  de  las  Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales adoptarán las medidas necesarias para que 
los equipos de trabajo de su personal involucrado en las actuaciones objeto de la 
presente  regulación  sean  adecuados  para  garantizar  su  seguridad  y  salud  en  el 
cumplimiento de las funciones previstas, velando por su uso efectivo y correcto, y 
procurando la necesaria vigilancia y seguimiento del estado de salud de los mismos.
3.  Los distintos Cuerpos policiales informarán periódicamente a la Secretaría de 
Estado de Seguridad, conforme a lo previsto en el apartado primero, letra b) de la 
instrucción sexta, de los casos de infección por el coronavirus COVID-19 que se puedan  es
producir entre sus respectivos integrantes así como del personal sometido a cuarentena  bo
o medidas de aislamiento, sin perjuicio de las comunicaciones que en otros ámbitos  94ww
territoriales o competenciales se puedan producir.
Cuarto.  Ejecución de medidas de seguridad con ocasión de la declaración del estado 
de alarma.
1.  Medidas restrictivas de la libertad de circulación y en materia de transportes:
Los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para la 
realización de las siguientes actividades:
a)  Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b)  Asistencia a centros sanitarios.
c)  Desplazamiento  al  lugar  de  trabajo  para  efectuar  su  prestación  laboral, 
profesional o empresarial.
d)  Retorno al lugar de residencia habitual.
e)  Asistencia  y  cuidado  a  mayores,  menores,  dependientes,  personas  con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f)  Desplazamiento a entidades financieras.
g)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h)  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.
Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso 
público para la realización de las actividades referidas o para el repostaje en gasolineras 
o estaciones de servicio. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse 
las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
El titular del Ministerio del Interior, como Autoridad competente delegada, podrá 
acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud 
pública,  seguridad  o  fluidez  del  tráfico  o  la  restricción  en  ellas  del  acceso  de 
determinados vehículos por los mismos motivos. Las autoridades estatales, autonómicas 
y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial 
garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al 
tráfico rodado.
En relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la Administración 
competente sobre los mismos, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
podrá dictar los acuerdos, resoluciones y disposiciones necesarios para garantizar los 
servicios  de  movilidad,  ordinarios  o  extraordinarios,  en  orden  a  la  protección  de 
personas, bienes y lugares, atribuyéndosele la facultad de reducir la oferta total de 
operaciones en los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, 
aéreo y marítimo en los términos establecidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, así como para modificar los porcentajes o establecer condiciones específicas.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establecerán dispositivos de seguridad, fijos y 
móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte, y en 
particular en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se vean afectados 
por las restricciones que se recogen a continuación, para asegurar la observancia de las 
medidas limitativas acordadas en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
comprobar su cumplimiento y, si procede, sancionar su infracción, pudiendo realizar a tal 
fin las comprobaciones personales y documentales necesarias al amparo de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
En todo caso, en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se tendrá en 
cuanta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de 
trabajo y a los servicios básicos en caso necesario, así como la de permitir la movilidad 
del personal perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales  e.
o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad. w.
2.  Medidas de apoyo a las autoridades sanitarias y a las disposiciones que éstas 
adopten para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la 
protección de la salud pública:
El Ministro de Sanidad podrá impartir órdenes para asegurar el abastecimiento del 
mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por 
el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública, así 
como intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o 
locales  de  cualquier  naturaleza,  incluidos  los  centros,  servicios  y  establecimientos 
sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica, y practicar requisas 
temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, en 
aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, 
en el contexto de esta crisis sanitaria.
Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se prestará el apoyo que se 
requiera para garantizar el ejercicio de sus competencias por parte de las Autoridades 
competentes en materia de salud pública.
Asimismo, se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar 
el normal funcionamiento de los centros sanitarios, ya sean permanentes o habilitados 
temporalmente para este fin, así como, en su caso, de establecimientos de elaboración, 
almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos o sanitarios, y se intensificará 
el uso de la figura del «interlocutor policial sanitario» regulado en la Instrucción 3/2017 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, como cauce de comunicación permanente 
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el sistema sanitario.
Cuando  resulte  necesario  en  atención  a  las  circunstancias,  se  apoyarán  los 
desplazamientos de los servicios sanitarios o de emergencias.
3.  Apoyo a las medidas restrictivas en relación con la actividad comercial, apertura 
de establecimientos y actos de culto:
Se  ha  establecido  la  suspensión  de  la  apertura  al  público  de  los  locales  y 
establecimientos minoristas, a excepción de los de alimentación y productos y bienes de 
primera necesidad recogidos en el Anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
así como de cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad 
competente  pueda  suponer  un  riesgo  de  contagio.  La  permanencia  en  los 
establecimientos cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria 
para  la  adquisición  de  alimentos  y  productos  de  primera  necesidad,  quedando 
suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.
Asimismo se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos en los 
que se desarrollen espectáculos públicos, las instalaciones culturales y artísticas y las 
actividades deportivas y de ocio recogidos en el Anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo.
Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración relacionadas en 
el Anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Las cafeterías y restaurantes 
permanecerán cerrados al público, pudiendo prestar exclusivamente servicios de entrega 
a domicilio. También quedan suspendidas las verbenas, desfiles y fiestas populares.
La asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las 
fúnebres, queda condicionada a la adopción de medidas organizativas consistentes en 
evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de 
los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la  s
distancia entre ellos de al menos un metro. oe.
4.  Apoyo a las medidas destinadas a garantizar el suministro alimentario, y de otros 
bienes y servicios:
Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar, 
cuando sea preciso:
a)  El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de 
los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde 
el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo 
almacenes, centros logísticos y mercados en destino.
b)  El establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de 
personas,  materias  primas  y  productos  elaborados  con  destino  o  procedentes  de 
establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, fábricas de 
piensos para alimentación animal y los mataderos.
c)  El suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como 
de gas natural.
d)  La intervención de empresas o servicios.
Los planes adoptados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán 
por objeto respaldar la actuación de las autoridades competentes en este ámbito y 
asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en los puntos anteriores así como, en 
su caso, el abastecimiento de bienes de primera necesidad. En particular, cuando resulte 
necesario  por  razones  de  seguridad,  se  podrá  acordar  el  acompañamiento  de  los 
vehículos que realicen el transporte de los bienes mencionados.
En  los  puntos  de  inspección  fronteriza  ubicados  en  puertos  o  aeropuertos  se 
atenderá  de  manera  prioritaria  la  importación  de  productos  que  sean  de  primera 
necesidad.
5.  Medidas de apoyo a los operadores críticos y de servicios esenciales:
Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se prestará el apoyo que se 
requiera para asegurar la prestación de los servicios esenciales para la sociedad por 
parte de aquellos operadores críticos identificados en aplicación de la Ley 8/2011, por la 
que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
Se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal 
funcionamiento de las infraestructuras críticas, sobre la base de los correspondientes 
planes de apoyo operativo puestos en ejecución por el cuerpo policial responsable de la 
protección de la infraestructura de que se trate. Cuando resulte necesario en atención a 
las  circunstancias,  se  podrán  apoyar  los  servicios  de  seguridad  propios  de  dichas 
instalaciones.
La Secretaría de Estado de Seguridad, a través del Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras  y  Ciberseguridad  (CNPIC)  recabará  de  los  operadores  críticos 
información del personal vinculado con las tareas necesarias de mantenimiento de sus 
servicios esenciales, y comunicará los datos correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos 
de  Seguridad  para  su  consulta.  El  CNPIC  emitirá  las  pertinentes  acreditaciones  a 
aquellas  personas  autorizadas  para  efectuar  determinados  desplazamientos,  que 
deberán exhibirse cuando sean requeridas para ello por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.
Lo anteriormente previsto será extensible a otras organizaciones que, no siendo 
consideradas  operadores  críticos  con  arreglo  a  la  Ley  8/2011  tengan,  por  las  e.e
circunstancias  especiales  que  concurren,  una  especial  consideración,  tales  como  b
cadenas de suministro alimentario, de medicinas o artículos de primera necesidad, o  94ww
servicios de emergencia o reparación urgente.
6.  Medidas relativas al control de la entrada y salida de personas del territorio 
nacional:
Queda  exceptuado  de  las  limitaciones  generales  a  la  libertad  de  circulación  el 
personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas 
consulares y organismos internacionales sitos en España, tanto para desplazamientos 
dentro del territorio nacional, como a su país de origen o a terceros Estados, en los que 
se  encuentre  igualmente  acreditado,  siempre  que  se  trate  de  desplazamientos 
vinculados con el desempeño de funciones oficiales.
7.  Se preverá la disponibilidad de recursos para la ejecución o prestación del apoyo 
que resulte necesario por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con 
las requisas temporales que puedan ordenarse por el Ministro del Interior o por otras 
Autoridades competentes de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los 
fines previstos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en particular para la 
prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales.
8.  Las actuaciones de prevención y protección previstas en los diferentes planes 
operativos que se desarrollen por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para apoyar la 
ejecución de las medidas previstas en los puntos anteriores se integrarán en los planes 
de contingencia elaborados por las mismas al objeto de evitar la dispersión de esfuerzos. 
En todos los dispositivos de seguridad se potenciará la colaboración y coordinación entre 
los  Cuerpos  policiales  con  competencia  en  cada  ámbito  territorial  así  como  la 
coordinación del personal de seguridad privada que preste servicio en las instalaciones o 
servicios afectados por los mismos.
Por parte de los Cuerpos policiales actuantes y los centros competentes de la 
Secretaría de Estado de Seguridad se impartirán directrices para prevenir y minimizar los 
efectos de la desinformación, extremándose la vigilancia y monitorización de las redes y 
páginas web en las que se difundan mensajes e informaciones falsas orientadas a 
incrementar el estrés social, e instando en su caso las medidas de intervención previstas 
en la legislación aplicable.
De la activación de los planes y dispositivos correspondientes, así como de sus 
resultados e incidencias, se informará a la Secretaría de Estado de Seguridad conforme 
a lo previsto en el apartado primero, letra b) de la instrucción sexta, sin perjuicio de las 
comunicaciones que se deban mantener a nivel territorial.
Quinto.  Régimen sancionador.
1.  La ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obstaculizar la labor de los 
agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y conforme establecen el 
artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, y el artículo 20 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente 
será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
2.  Si estos actos señalados en el punto anterior fuesen cometidos por empleados 
públicos,  se  tramitará  el  correspondiente  atestado  o  se  incoará  procedimiento 
sancionador, notificándolo al superior jerárquico a efectos disciplinarios, y se pondrá en 
conocimiento inmediato de la Secretaría de Estado de Seguridad, para su traslado a la 
Autoridad competente, que podrá suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus 
cargos.
3.  De acuerdo con ello, sin perjuicio de otros delitos o infracciones en los que se  s
pueda incurrir, conviene recordar que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de  oe.
la Autoridad competente pueden ser constitutivos de delitos de atentados contra la  w.
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protección de la seguridad ciudadana, considera como infracción grave, la desobediencia
o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no  Bc
sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la 
autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de 
identificación.
Sexto.  Medidas de coordinación y seguimiento.
1.  Coordinación y seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo:
a)  Sin perjuicio de las atribuciones que, en virtud de la declaración del estado de 
alarma, corresponden al Ministro del Interior como Autoridad competente delegada y, 
bajo su autoridad, al Secretario de Estado de Seguridad -para impartir órdenes directas a 
todos los Cuerpos policiales involucrados-, en el ámbito del Gabinete de Coordinación y 
Estudios  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad,  se  constituirá  un  Centro  de 
Coordinación Operativa que asegure la coordinación permanente de las actuaciones, así 
como la toma conjunta de decisiones ante la evolución de los acontecimientos. Formarán 
parte  de  dicho  Centro  de  Coordinación  Operativa  representantes  de  los  centros 
directivos responsables de la ejecución de las medidas.
Asimismo,  en  el  marco  del  Centro  de  Coordinación  Operativa  se  establecerán 
cuantas medidas de coordinación sean necesarias con el Ministerio de Defensa, como 
autoridad competente delegada para el cumplimiento del objetivo previsto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
b)  Para el adecuado seguimiento y evaluación cuantitativa y cualitativa de las 
actuaciones adoptadas, así como de las incidencias que se produzcan con ocasión del 
cumplimiento de las medidas o por efecto de los posibles contagios que afecten a los 
funcionarios  policiales,  diariamente  se  remitirá  a  la  cuenta  de  correo  electrónico 
ses.covid19@interior, habilitada al efecto en el Centro Permanente de Información y 
Coordinación (CEPIC) de la Secretaría de Estado de Seguridad, antes de las 09:30 
horas,  un  informe  resumen  de  las  novedades  más  importantes  y  la  información 
actualizada referida a los indicadores que se expresan en el documento que se adjunta 
como Anexo a la presente Instrucción.
c)   Asimismo, en línea con las atribuciones que el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, confiere a las Autoridades de la Administración General del Estado en relación 
con el mando de los Distintos Cuerpos policiales para el cumplimiento de las medidas 
previstas  en  dicha  disposición,  con  independencia  de  la  Administración  a  la  que 
pertenezcan,  en  las  Delegaciones  del  Gobierno  y  en  aquellas  subdelegaciones  del 
Gobierno que se determinen, se constituirán Centros de Coordinación bajo la autoridad 
de  los  Delegados  y  Subdelegados  del  Gobierno,  en  su  caso,  integrados  por 
representantes de los órganos periféricos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, y los correspondientes Cuerpos de Policía Autonómica y de Policía Local con 
implantación en los respectivos territorios. Dichos Centro de Coordinación informarán de 
su  actividad  al  Centro  de  Coordinación  establecido  en  la  Secretaría  de  Estado  de 
Seguridad, coordinando sus actuaciones con los criterios e instrucciones establecidos o 
impartidos por aquel.
d)  Dentro  de  los  criterios  de  dependencia  jerárquica  definidos  en  la  Ley 
Orgánica 4/1981 y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con sujeción a las 
órdenes impartidas por el Ministro del Interior como Autoridad competente delegada, o 
bajo su autoridad, y sin perjuicio de las atribuciones conferidas en el marco de esta 
Instrucción  a  los  Delegados  y  Subdelegados  del  Gobierno,  en  las  Comunidades  e
Autónomas  con  Cuerpos  de  Policía  Propia  las  Comisiones  de  Seguimiento  y  bo
Coordinación previstas en las correspondientes Juntas de Seguridad establecerán los  94ww
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e)  En el ámbito local, para facilitar la cooperación y coordinación operativa de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término municipal, se hará uso de 
los cauces de coordinación existentes a través de las Juntas Locales de Seguridad.
f)  Todo los expuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la 
celebración de las reuniones y contactos operativos entre responsables policiales que, 
en atención, a las circunstancias, se consideren necesarias, de cuya celebración y 
contenido se informará oportunamente a la Secretaría de Estado de Seguridad y al 
Delegado o Subdelegado del Gobierno respectivo, y de las órdenes directas que se 
puedan impartir.
2.  Criterios  de  coordinación  con  los  Cuerpos  de  Policía  de  las  Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales:
a)  Durante la vigencia del estado de alarma los miembros de los Cuerpos de Policía 
de  las  Comunidades  Autónomas  y  de  las  Corporaciones  Locales  quedan  bajo  las 
órdenes directas de esta Autoridad, en cuanto sea necesario para la protección de 
personas,  bienes  y  lugares,  pudiendo  imponerles  servicios  extraordinarios  por  su 
duración o por su naturaleza.
b)  La función de velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del 
Estado, y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y vigilar los 
espacios  públicos,  corresponde  a  las  Policías  de  las  Comunidades  Autónomas  en 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No obstante, el ejercicio de esta última corresponderá, con carácter prioritario, a los 
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la intervención de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las 
Autoridades de aquella, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades 
estatales competentes.
c)  Si bien los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los 
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales deberán 
prestarse  mutuo  auxilio  e  información  recíproca  en  el  ejercicio  de  sus  funciones 
respectivas, cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de 
una  actuación  concreta  concurran,  simultáneamente,  miembros  o  Unidades  de  las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de aquellas, serán los Mandos de los 
primeros los que asuman la dirección de la operación.
Séptimo.  Comunicación y efectos.
La presente Orden surtirá plenos efectos a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», de acuerdo con lo estipulado en el artículo segundo de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma así como, 
en su caso, sus sucesivas prórrogas.
Madrid, 15 de marzo de 2020.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska 
Gómez.
ANEXO
Información a incluir en el parte diario de novedades remitido al CEPIC
– Incidencia  de  contagios  entre  profesionales  policiales:  número  de  efectivos  bo
afectados por contagios de coronavirus. 94ww
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desarrollada y tipo de unidad o especialidad que ha intervenido.
– Actuaciones específicas en materia de seguridad para garantizar el funcionamiento 
de servicios esenciales:
• Número de dispositivos y efectivos movilizados para proteger centros sanitarios.
• Número  de  dispositivos  y  efectivos  movilizados  para  proteger  centros  de 
suministros de productos de primera necesidad (mercados centrales y otros centros 
alimentarios mayoristas o minoristas y centros logísticos).
• Número  de  servicios  de  custodia  establecidos  para  proteger  el  transporte  y 
distribución de este tipo de productos).
• Número de dispositivos y efectivos movilizados para custodiar las infraestructuras 
de transporte de viajeros.
– Actuaciones  específicas  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  medidas 
decretadas en el Estado de Alarma:
• Número de personas identificadas.
• Número  de  personas  detenidas  por  actos  de  desobediencia  o  resistencia 
penalmente sancionables.
• Número  de  propuestas  de  sanción  por  infracciones,  especialmente  las 
contempladas en el artículo 36.4, 36.5, 36.6 y en el artículo 37 de la LO 4/2015, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana.
• Número de vehículos interceptados en vía pública, sin autorización para circular.
– Cualquier otra incidencia de relevancia no incluida en las anteriores y relacionadas 
con el brote de nuevo coronavirus.