BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145205
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19509 Sala Primera. Sentencia 180/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 4055-2020. Promovido por don Ildefonso García Fernández respecto 
de la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén que le condenó por un 
delito de violencia habitual. Vulneración del derecho a un proceso con todas 
las garantías (imparcialidad judicial): resolución judicial que no se limita al 
ejercicio  de  la  función  de  control  y  depuración  de  la  racionalidad  de  la 
sentencia  absolutoria,  sino  que  plasma  una  toma  de  posición  sobre  el 
resultado de la prueba practicada en la primera instancia susceptible de 
generar dudas objetivas de compromiso de su imparcialidad.
ECLI:ES:TC:2021:180
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo 4055-2020, interpuesto por el procurador de los tribunales 
don José Noguera Chaparro, en nombre y representación de don Ildefonso García 
Fernández, asistido por el letrado don Vicente Tovar Sabio, contra la providencia de 27 
de julio de 2020 que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la 
sentencia núm. 167/2020, de 29 de junio, dictadas ambas por la Sección Tercera de la 
Audiencia  Provincial  de  Jaén,  en  el  recurso  de  apelación  893-2019.  La  meritada 
sentencia desestimó el recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra la 
sentencia núm. 361/2019, de 25 de julio, que le condenaba por un delito de violencia 
habitual del art. 173.2 del Código penal (CP), dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 
de Jaén en el procedimiento abreviado núm. 288-2017. Ha comparecido doña Isabel 
Reyes Reyes, representada por el procurador don Ángel Martín Gutiérrez y asistida por 
el letrado don José María de Castro Llorente. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este tribunal el 25 de agosto de 2020, el 
procurador de los tribunales don José Noguera Chaparro, en nombre y representación 
de don Ildefonso García Fernández, interpuso recurso de amparo por vulneración del 
derecho a un proceso con todas las garantías y a un juez imparcial, y del derecho de  e
defensa y a utilizar medios de prueba pertinentes contra la providencia de 27 de julio  b
de 2020, que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la  509ww
Aseundtieenncciiaa  nPúromv.i n1c6ia7l/ 2d0e2 J0a, édne  e2n9 e dl ero jlulon idoe,  daipcetaladcaiós na 8m9b3a-s2 0p1o9r.  lEa sStae cúcltiiómna T deercseersati mdeó  elal 
3re1c6u/r2s0o1 9d,e  daep e2l5a cdióen  jiunltioe,r pduiecstatod ap opro er l erle cJuurzrgeandteo  edne  alom pPaernoa cl onnútrma . la4  sdeen tJeanécnia  ennú me.l 
procedimiento abreviado núm. 288-2017, que le condenaba a tres años de prisión por un 
delito de malos tratos habituales en el ámbito doméstico.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El recurrente, en sentencia núm. 6/2019, de 8 de enero, dictada por el Juzgado 
de lo Penal núm. 4 de Jaén en el procedimiento abreviado núm. 288-2017, fue absuelto 
de los delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar del art. 173.2 CP, de 
coacciones del art. 172.2 CP y de amenazas graves del art. 169.2 CP. De ellos le 
acusaban el Ministerio Fiscal y su exmujer, doña Isabel Reyes Reyes, personada en la 
causa como acusación particular.
La sentencia declaró prescritos los delitos de malos tratos habituales y de amenazas 
graves, por haber transcurrido con creces a la fecha de interposición de la denuncia, el 4 
de julio de 2014, el plazo de tres años previsto en el art. 131.5 CP para a los delitos 
menos graves en la redacción vigente en la fecha de los hechos; la correspondiente a la 
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. En lo que se refiere a los malos tratos sobre 
los hijos, censura la imprecisión de los escritos de calificación de las acusaciones y del 
auto de apertura de juicio oral que los reproduce, apunta el riesgo de lesión del principio 
acusatorio y fija como fecha susceptible de ser considerada como última referencia clara 
a  episodios  susceptibles  de  integrar  un  maltrato  habitual  el  año  1999.  A  partir  de 
entonces  los  hijos  del  matrimonio  empezaron  a  salir  del  domicilio  familiar  para 
independizarse, y como fecha del episodio de amenazas con cuchillo, que sustentaba la 
acusación del delito de amenazas graves, fija el mes de marzo de 2010, argumentando 
que  «con  posterioridad  a  1999  y  hasta  marzo  de  2010,  en  que  se  produce 
supuestamente un episodio de amenazas con arma, no existe una especificación y 
concreción mínima de hechos delictivos del acusado respecto de sus hijos que deban 
entenderse recogidos en el delito de malos tratos habituales, por lo que no puede 
mantenerse latente durante ese período la vida del delito de malos tratos respecto de 
estos, sin más». En relación con los malos tratos habituales a su mujer, fija como último 
acto valorable el episodio de amenazas con cuchillo del mes de marzo de 2010.
La sentencia absuelve asimismo del delito de coacciones, que la acusación particular 
situaba en episodios acaecidos en los años 2014 y 2015, que se describen como 
acelerones con el coche, golpes en la chapa de un vehículo al encontrarse con su mujer 
en la calle, así como golpes en la puerta de la vivienda de su mujer. Cuestiona tanto su 
tipicidad como su prueba, al apreciar en doña Isabel Reyes Reyes un ánimo espurio y 
vengativo, derivado de la conflictiva ruptura matrimonial y de su interés económico en el 
reparto de bienes de la sociedad familiar, al igual que en los hijos que declararon en 
contra del demandante. La sentencia se apoya en un informe del Instituto de Medicina 
Legal de Jaén, realizado en febrero de 2016, en el que el psicólogo autor del mismo, tras 
entrevistarse con el demandante y la señora Reyes, no aprecia indicadores de maltrato 
habitual y apunta a estresores psicosociales, como la separación conflictiva, desuniones 
y  desencuentros  familiares  y  conflicto  asociado  al  reparto  de  bienes,  negando 
seguidamente que el acusado tenga alteración mental alguna ni personalidad patológica 
que le aparte de la realidad.
b)  Doña Isabel Reyes Reyes interpuso recurso de apelación en el que solicitó la 
nulidad de la sentencia y la devolución de las actuaciones al juzgado para la celebración 
de un nuevo juicio, a lo que se adhirió el fiscal. Fue estimado en sentencia núm. 
145/2019, de 11 de abril, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Jaén en el rollo de apelación núm. 247-2019. e
El tribunal manifiesta su conformidad con la declaración de prescripción de los delitos  bo
de  amenazas  y  coacciones  individualmente  considerados,  pero  rechaza  que  la  509ww
ppreersmcarinpecnióten  oa fdeec theá bailt od, eqliutoe  edneg lmobaalt rdaitsot inhtaobsi teupails oddeilo sa rpt.r o1d7u3c.i2d oCs Pe,n  eenl  mcuaarcnoto d ed eulnitao 
dmeistemrma insait ueal cinióicni oi ldíceilt ac,ó msipeuntdoo d ee l sum polmazeon tdoe  dpere sccersipec idóen .la violencia habitual el que
Reprocha a la sentencia de primera instancia haber hecho una distinción artificiosa 
entre el maltrato sufrido por la mujer y el sufrido por los hijos «cuando todos ellos han 
sido y son víctimas de una misma situación de maltrato». Igualmente la omisión de 
valoración de un informe del Instituto de Medicina Legal relativo a los hijos que sí apreció 
indicadores de maltrato respecto de ellos. Censura también el análisis de la prueba de 
los episodios producidos tras el cese de la convivencia del matrimonio en 2010 en estos 
términos:
«En  el  relato  de  las  acusaciones  se  especifica  que  tras  la  separación  de  los 
cónyuges en el año 2010 el acusado vino manteniendo una actitud de amedrentamiento 
hacia su esposa e hijos, que se traslucía en acelerones con el coche cuando los veía por 
la  calle,  portazos  en  el  portal  de  la  vivienda  para  hacer  notar  su  presencia  en  el 
inmueble, golpes en la chapa de un Mini en el que viajaba como ocupante, miradas 
desafiantes [...]. Dichos episodios que a juicio de esta Sala aparecen suficientemente 
acreditados con las declaraciones de la esposa e hijos realizadas en el acto del plenario, 
no pueden tratarse de forma aislada a la situación de maltrato habitual. El delito de 
maltrato habitual del artículo 173.2 del CP no puede reputarse prescrito por la sencilla 
razón de que los actos de violencia psíquica, tras la ruptura de la convivencia, nunca 
cesaron hasta que se acordó judicialmente la medida cautelar de alejamiento. Hubo 
violencia psíquica antes y después del cese de la convivencia. El acusado, tras la 
separación, continuó exteriorizando un mismo ánimo de control y dominación de la 
denunciante y sus hijos; los golpes en el coche o portal, los acelerones al detectar la 
presencia  de  sus  víctimas,  las  miradas  desafiantes,  sin  respeto  alguno  hacia  los 
derechos ajenos, no eran más que una muestra de su deseo de seguir perpetuando su 
dominación y control del núcleo familiar, y atemorizar a sus víctimas. Todo ello es 
constitutivo de un maltrato habitual, y sancionable como tal, no siendo aceptable el 
artificioso expediente de desligar cronológica, valorativa y causalmente unos actos de 
otros, porque todos ellos presentan la nota de violencia psíquica de género, en un 
contexto temporal bien definido.»
La sentencia declara la nulidad del juicio oral y de la sentencia de primera instancia y 
ordena la celebración de nuevo juicio por otro magistrado.
c)  Contra  esta  sentencia  el  recurrente  promovió  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones en el que invocó la vulneración, entre otros, de sus derechos a la tutela 
judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y al juez ordinario predeterminado 
por la ley, que fue inadmitido por providencia de 15 de mayo de 2019.
d)  El actor interpuso demanda de amparo constitucional contra la providencia y 
sentencia dictadas en el rollo de apelación que fue inadmitida por providencia de 7 de 
octubre de 2019 de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional por «no haber 
satisfecho en modo alguno la carga consistente en justificar la especial trascendencia 
constitucional del recurso (art. 49.1 LOTC), lo que, conforme a reiterada jurisprudencia 
constitucional, requiere, ante todo, una argumentación específica (STC 69/2011, de 16 
de mayo, FFJJ 2 y 3, y jurisprudencia constitucional allí citada)».
e)  El 5 de julio de 2019 se celebró nuevo juicio oral en el Juzgado de lo Penal núm. 
4 de Jaén, dirigido por otro magistrado, que dictó la sentencia núm. 361/2019, de 25 de 
julio, en la que condenó al actor por delito de malos tratos habituales en el ámbito 
familiar del art. 173.2 y 3 CP y le impuso las penas de tres años de prisión, privación del 
derecho a la tenencia y porte de armas por cinco años y prohibición de aproximación y 
comunicación a su exmujer y a sus hijos Antonio, Isabel, Miguel y Juan Francisco García  e
Reyes  durante  cinco  años.  La  sentencia  le  absolvía  del  delito  de  coacciones  del  bo
art. 172.2 CP. Las acusaciones retiraron en el juicio la imputación del delito de amenazas  509ww
gravLeas  psoern etesnticmiaa rlroe cphreaszcar itloa.  prescripción  del  delito  de  malos  tratos  habituales  del
daertl.  p1l7a3z.o2  eCsP ,a pqoureql ueen — ela ql turea tacressea  dlae  usnitu daecliióton  pdeer mviaonleenncteia—, y e el dnítaie nddee in qicuioe  dheal  qcuóemdpaudtoo 
probado que hay hechos posteriores al de marzo de 2010 que forman parte de tal delito.
En la valoración de la prueba otorga mayor credibilidad a las declaraciones de la exmujer 
y de los cuatro hijos que narraron en el plenario los malos tratos, que fueron doña Isabel, 
don Miguel Ángel, don Juan Francisco y don Antonio García Reyes, considerando que 
no existía ánimo espurio en las mismas.
Cita pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre valoración de la credibilidad de la 
víctima de violencia de género en casos de denuncia tardía o de mala relación con el 
agresor, derivada precisamente de su victimización. Señala como elemento corroborador 
de los testimonios incriminatorios el informe del Instituto de Medicina Legal de Jaén 
de 27 de abril de 2016 en el que se concluye que en el caso de los hermanos García 
Reyes tanto por su relato como por sus circunstancias vitales y por la exploración médico 
forense se aprecian en ellos indicadores que están presentes en una situación de 
maltrato, entre ellos, pesadillas, problemas relacionados con el control de esfínteres, 
problemas en las relaciones interpersonales, escasas habilidades en las situaciones 
conflictivas, sentimientos contradictorios de culpa y de vergüenza, disciplina excesiva, 
ansiedad y sentimientos de tristeza y miedo.
Destaca la persistencia en la incriminación porque los perjudicados han declarado lo 
mismo en la instrucción, en los exámenes forenses y en el juicio oral.
Expresa los motivos por los que considera poco creíble la declaración de la hija 
(doña Leonor García Reyes) que en el acto de juicio oral negó la existencia de maltrato.
f)  El demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó también la 
declaración de nulidad de la sentencia de 11 de abril de 2019 dictada por la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, por haber revocado el criterio absolutorio de 
la primera instancia. Excedió, a su juicio, las facultades de revisión que le corresponden 
conforme a la doctrina constitucional y las normas procesales, incurriendo en vulneración 
del derecho a un proceso con todas las garantías y de los principios de inmediación y 
contradicción. Planteó la nulidad de las actuaciones por, entre otros motivos, haberse 
vulnerado su derecho de defensa como consecuencia de haberle sido desestimadas 
diligencias  de  prueba  fundamentales  y  haberse  vulnerado  el  principio  acusatorio. 
Subsidiariamente, solicitaba su absolución por estar prescrito el delito de malos tratos 
habituales, y por no estar probados los hechos. En el otrosí decía que «al amparo de lo 
previsto en el artículo 791.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal, venimos a interesar la 
reproducción de la prueba practicada y grabada en el acto del plenario».
Recibidos los autos en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, por 
diligencia de ordenación de 31 de octubre de 2019 se formó el rollo de apelación núm. 
893-2019 y se designó ponente a la magistrada Ilma. Sra. doña María Esperanza Pérez 
Espino.
Notificada  la  diligencia  a  la  representación  procesal  del  recurrente  el  día  6  de 
noviembre  de  2020,  esta  presentó  escrito  el  8  de  noviembre  de  2020  en  el  que 
manifestaba la concurrencia de la causa de abstención del art. 219.11 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (LOPJ): «haber participado en la instrucción de la causa penal o haber 
resuelto el pleito o causa en anterior instancia», en la magistrada designada ponente por 
haber intervenido en la sentencia de 11 de abril de 2019, cuya nulidad se solicitaba en el 
presente recurso de apelación; problema de falta de imparcialidad que concurriría en los 
otros dos magistrados que suscribieron dicha sentencia, lo que anunciaba «con objeto 
de evitar dilaciones o nulidades en el procedimiento», para el caso de que entrasen a 
conocer del presente recurso de apelación.
Por escrito presentado el 20 de noviembre de 2019 la representación procesal del 
demandante promovió la recusación de los magistrados doña Esperanza Pérez Espino,  s
doña María Jesús Jurado Cabrera y don Saturnino Regidor Martínez, invocando el  oe.
motivo del art. 219.11 LOPJ y manifestando que lo hacía en el plazo legal previsto en los  w.
arts. 219 y ss. LOPJ al no haber recibido contestación a su anterior escrito. 509ww
JaénA deul c1ía1  qduee  alab rsiel ndtee n2c0ia1 9d,i cetand ala p qour ela  iSnteecrcviiónnie rToenrc elorsa  dtree sla m Aaugdiisetnracdiao sP rroevciunscaiadl odse, 
qeusteim  óle e l rheacbuíras o adbes aupeeltloa,c iócno ninstiedrepruaensdtoo  posru flaic iaecnutesmaceiónnte p aprtriocbualadro cso ntlroas  la ascetnotse ncdiea   BOE-A-cable e
amedrentamiento posteriores a la fecha de separación de los cónyuges en el año 2010 
en virtud de las declaraciones de la esposa e hijos verificadas en el plenario. Ello, a su 
juicio, suponía la adquisición de una convicción previa sobre el fondo del asunto que 
comprometía la imparcialidad objetiva del tribunal por contacto previo con el thema 
decidendi, lo que hacía extensivo a la providencia de 15 de mayo de 2019 en la que se 
inadmitía el incidente de nulidad de actuaciones.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén dictó auto el 5 de diciembre 
de 2019 en el que inadmitió el incidente de recusación por dos motivos:
(i)  Falta manifiesta de fundamento, por reflejar lo que consideraban que era una 
mera sospecha subjetiva de parte, dado que la sentencia de 11 de abril de 2019 se limitó 
a examinar y desechar la aplicabilidad del instituto de la prescripción al delito de malos 
tratos  habituales,  sin  valorar  en  modo  alguno  los  hechos  concretos  objeto  de 
enjuiciamiento, declarando la nulidad de la sentencia absolutoria del juzgado de lo penal.
(ii)  Extemporaneidad  (art.  223.1  LOPJ),  porque  el  recusante  ya  sabía  que  la 
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén era el tribunal predeterminado por la 
ley, como única sección competente para resolver cuestiones referentes a la violencia 
sobre  la  mujer  que  existe  en  esa  sede.  Por  ello  que  la  recusación  debió  haberla 
planteado en el mismo recurso de apelación, teniendo en cuenta que, con una mínima 
diligencia, podría haber conocido cuál era la composición de dicho tribunal y si existía o 
no identidad con el anterior.
En el párrafo final de la parte dispositiva del auto se contiene la siguiente instrucción: 
«Contra esta resolución no cabe recurso alguno de conformidad con el art. 228.3 de la 
LOPJ».  El  demandante,  no  obstante,  interpuso  recurso  de  apelación  invocando  el 
art. 236 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim); fue inadmitido por auto dictado 
por  la  sección  el  7  de  enero  de  2020,  contra  el  que  el  demandante  reaccionó 
interponiendo recurso de queja que fue desestimado por auto núm. 32/2020 de la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta que declaró que 
contra la providencia de inadmisión de la recusación no cabía interponer recurso de 
apelación. Comunicado el auto a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, 
por diligencia de ordenación de 16 de junio de 2020 se señaló fecha para votación y fallo 
del recurso.
g)  La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén dictó sentencia el 29 de 
junio de 2020 en la que desestimó el recurso de apelación en su integridad.
El tribunal rechaza la solicitud de anulación de su anterior sentencia de 11 de abril 
de 2019, porque el objeto del recurso de apelación era la sentencia de 25 de julio 
de 2019 del juzgado de lo penal; no aquella, frente a la que ya se había promovido 
incidente de nulidad de actuaciones y un recurso de amparo constitucional.
El tribunal rechaza igualmente que se haya vulnerado su derecho de defensa por 
denegación de diligencias esenciales, en relación con la solicitud de que se librase oficio 
a las compañías telefónicas para verificar la titularidad de la línea que realizó el encargo 
del cambio de cerradura del domicilio de la exmujer que se realizó el 21 de diciembre 
de 2009, según manifestó el propio cerrajero. La sección considera que dicha diligencia 
era innecesaria y que fue correctamente denegada tanto por el juez de instrucción como 
por la Audiencia Provincial que confirmó la denegación. También considera improcedente 
el visionado en el segundo juicio del DVD que contenía la grabación del primero, «ya que 
es totalmente inoportuno y carente de sentido visionar la grabación de un juicio que ha 
sido declarado nulo». e
Desestima asimismo que se haya vulnerado el principio acusatorio pues, desde el  bo
inicio de la causa, se imputó un delito de malos tratos habituales del art. 173.2 CP. 509ww
que Reel cjuhzagzaad qou hei zsoe  uhnaay av aplroordauccióidno r earcrioorn aeln y l af uvnadloardaac idóen  dlaes  lamsi spmruaesb; assin, gpuuleasrm eenntiteen ddee 
Mlasig udeelc lÁanragceilo nye sJ utaens tiFfircaanlecsis cdoe,  lean  elaxms uqjueer  dceoln saicdteorra  ys ed er esuunsi ehroijno sl oIss arbeeql,u isAintotos ndioe, 
ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.
Confirma finalmente la corrección de la calificación jurídica de los hechos como delito 
de malos tratos habituales del art. 173.2 y 3 CP, pues el relato de hechos probados de la 
sentencia  recoge  varios  episodios  de  maltrato  que  han  venido  sucediéndose 
prácticamente desde el inicio del matrimonio.
Desestima  la  apreciación  de  la  atenuante  de  dilaciones  indebidas  y  ratifica  la 
adecuación y proporcionalidad de la pena impuesta en atención a las circunstancias del 
caso.
h)  El recurrente promovió incidente de nulidad de actuaciones en el que, entre otras 
infracciones  constitucionales,  aducía  la  vulneración  del  derecho  al  juez  natural  e 
imparcial porque instada la recusación de los magistrados de la sección, la misma fue 
indebidamente inadmitida por los propios magistrados recusados, sin que se tramitase el 
procedimiento  legalmente  establecido  y  sin  que  se  dieran  los  presupuestos 
jurisprudenciales  para  justificar  este  tipo  de  inadmisión.  El  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones fue inadmitido por la sección en providencia de 27 de julio de 2020, con el 
argumento de que reiteraba las cuestiones  aducidas en el recurso de apelación e 
intentaba reabrir el debate que quedó resuelto en la sentencia.
3.  El recurso de amparo denuncia, en primer lugar, la vulneración del derecho a un 
proceso público con todas las garantías, entre las que se incluye la imparcialidad del 
tribunal, garantizado en el art. 24.2 CE, en relación con los art. 6.1 del Convenio europeo 
para  la  protección  de  los  derechos  humanos,  y  47.2  de  la  Carta  de  derechos 
fundamentales  de  la  Unión  Europea,  porque  el  tribunal  que  resolvió  el  recurso  de 
apelación  interpuesto  contra  la  sentencia  condenatoria  estaba  conformado  por  los 
mismos  magistrados  que  habían  resuelto  anteriormente  el  recurso  de  apelación 
interpuesto contra la sentencia absolutoria. La anularon, tras examinar la prueba y 
formarse un juicio previo sobre los hechos, incurriendo en la causa de recusación del 
art. 219.11 LOPJ. Por otra parte, la inadmisión a limine del incidente de recusación 
habría sido asimismo irregular e indebida, al privarle de la posibilidad de que la causa 
fuera examinada por otro órgano judicial.
El recurso denuncia en segundo lugar la vulneración del derecho de defensa y a la 
actividad probatoria, garantizado en el art. 24.2 CE, porque en relación con el episodio 
de marzo de 2010 –la supuesta amenaza con cuchillo–, se averiguó que la cerradura de 
la casa de su exmujer se cambió el día 21 de diciembre de 2009, por lo que el recurrente 
no  pudo  entrar  en  la  misma  a  amenazarla.  Por  ello  solicitó  que  se  hiciesen 
averiguaciones sobre el titular de la línea telefónica desde la que se había hecho el 
encargo al cerrajero, al considerar que se trataba de una prueba pertinente y útil para 
cuestionar la credibilidad de los testigos de cargo. También vulnera su derecho de 
defensa la denegación del visionado en el segundo juicio oral del DVD que contenía la 
grabación del primero, pues hubiera permitido comprobar la persistencia y credibilidad de 
dichos testigos.
Justifica la especial trascendencia constitucional del recurso aduciendo que «poco o 
nada sabemos sobre quién (una vez anulada la sentencia, repetido el juicio y dictado 
nueva sentencia condenatoria) ha de resolver contra el recurso de apelación interpuesto 
contra la nueva sentencia dictada; existiría así trascendencia constitucional dado que 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal, pudiendo dar ocasión para aclarar o cambiar su doctrina, 
como consecuencia de un proceso de reflexión interna (STC 155/2009, FJ 2 b)». Se 
pregunta si «una vez que queda anulada la sentencia y se repite nuevamente el juicio 
con  un  resultado  totalmente  distinto  al  anterior,  ¿pueden  nuevamente  conocer  del  e.
recurso de apelación los magistrados que anularon la primera sentencia o estos ya han  w.b
resultado viciados por conocer de antemano de fondo del asunto?». Añade que «se  509ww
cimupeastricoinaalid aedn  reessotelv ierencduor sao  lilma indee clais iróenc udsea cilóan ,S ‘aslian  daal r dluegclaarr aar  lasu r epvrisoipóina  dfea ltdai cdhea 
decisión por la vía de recursos’».
También aduce que constituye un problema nuevo determinar si una vez que se 
anula  una  sentencia  absolutoria  y  se  ordena  la  repetición  del  juicio  son  válidas  y 
reutilizables las declaraciones obtenidas en el juicio anterior.
4.  Mediante providencia de 15 de febrero de 2021 la Sección Segunda del Tribunal 
Constitucional acordó la admisión a trámite del recurso de amparo «apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) porque el recurso puede dar ocasión al 
tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de 
reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]».
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  acordó  dirigir  atenta 
comunicación a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén a fin de que, en 
plazo que no exceda de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 893-2019, y asimismo al 
Juzgado  de  lo  Penal  núm.  4  de  Jaén  a  fin  de  que,  en  el  mismo  plazo,  remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento 
abreviado núm. 288-2017, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento –excepto la parte recurrente en amparo– para que en el plazo 
de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso.
También acordó, de conformidad con la solicitud de la parte actora, la formación de la 
correspondiente pieza separada de suspensión.
5.  El 4 de marzo de 2021 se recibió en el Tribunal Constitucional testimonio íntegro 
del rollo de apelación núm. 893-2019 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Jaén.
6.  Mediante escrito presentado en el registro del Tribunal Constitucional el día 15 
de marzo de 2021, doña Isabel Reyes Reyes, representada por el procurador don Ángel 
Martín Gutiérrez y asistida por el letrado don José María de Castro Llorente, solicitó se la 
tuviera por personada en las actuaciones. Por diligencia de ordenación de 8 de abril 
de 2021 de la secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional se admitió la 
personación de la misma.
7.  Sustanciada la pieza separada de suspensión cautelar, en la que el recurrente en 
amparo acotó su solicitud limitándola a la pena de tres años de prisión, el fiscal interesó 
su estimación parcial limitada a la pena de tres años de prisión y a su accesoria de 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La Sala Primera 
del Tribunal Constitucional dictó el ATC 41/2021, de 19 de abril, en el que acordó la 
suspensión únicamente en cuanto a la pena privativa de libertad.
8.  El 19 de mayo de 2021 se recibió en el Tribunal Constitucional testimonio íntegro 
del  procedimiento  abreviado  núm.  288-2017  y  de  la  ejecutoria  núm.  311-2020  del 
Juzgado de lo Penal núm. 4 de Jaén.
9.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional de 20 de mayo de 2021 se acordó dar vista de las actuaciones a 
la parte recurrente, Ministerio Fiscal y parte personada, por plazo común de veinte días a 
fin de que presentasen las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina 
el art. 52.1 LOTC.
10.  Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2021 la representación procesal  oe.
de doña Isabel Reyes Reyes formuló alegaciones en las que opone al recurso de  w.
amparo el óbice procesal de falta de agotamiento de la vía judicial previa, en los términos  509ww
del aErnt.  r4e4la.1c iaó)n L cOoTnC l.a denuncia de vulneración del derecho al juez imparcial, sostiene,
acogno tóc itlaa  dveía l aju SdiTcCia l 1p3r0e/v2i0a1. 8A, ñdaed e1 2q udee,  dciocimemoqbureie,r aq uqeu ee l einnc iedle nretec udrseo  redceu saapceiólanc inóon   BOE-A-cable e
interpuesto contra la sentencia del juzgado de lo penal no se planteó la cuestión de la 
imparcialidad de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, esta no pudo 
pronunciarse, siendo, por lo demás, la única competente para enjuiciar o resolver en su 
ámbito territorial todas las actuaciones referentes a la violencia sobre la mujer.
En relación con la denuncia de vulneración del derecho a la prueba considera que el 
demandante no agotó la vía judicial previa, porque no propuso las pruebas denegadas 
en primera instancia en el recurso de apelación. En relación con el visionado de la 
grabación del juicio, apunta que el recurso de apelación del demandante solicitó el 
visionado del segundo juicio, no el del primero. Considera, por lo demás, irrelevante el 
libramiento de oficio a las compañías telefónicas, toda vez que en actuaciones obra acta 
notarial en la que consta que el cambio de cerradura se verificó en una vivienda distinta 
de la que ocurrieron los hechos. Igualmente el visionado de la grabación del primer juicio 
oral, pues se trataba de un juicio declarado nulo.
11.  Mediante escrito presentado el 22 de junio de 2021 la representación procesal 
del recurrente en amparo formuló alegaciones, en las que repasa someramente el 
itinerario seguido en el procedimiento antecedente, subrayando que el segundo recurso 
de  apelación  fue  resuelto  por  los  mismos  magistrados  que  anularon  la  sentencia 
absolutoria,  quienes  asimismo  inadmitieron  el  incidente  de  recusación  y  el  ulterior 
incidente de nulidad de actuaciones. Argumenta que en la sentencia de 11 de abril 
de 2019, estimatoria del primer recurso de apelación, dichos magistrados no se limitaron 
a valorar si el delito estaba prescrito, sino que hicieron una valoración de la prueba que, 
con independencia de su acierto, les contaminó y privó de la necesaria imparcialidad.
En relación con la denegación de las pruebas, aduce que en el segundo juicio oral 
solicitó la reproducción del CD que contenía la grabación del primero, por considerar que 
era una prueba fundamental para valorar la declaración de las víctimas. Considera 
igualmente fundamental el oficio a las compañías telefónicas, para acreditar que fue 
doña Isabel, la hija del recurrente, quien llamó al cerrajero, lo que pondría de manifiesto 
la falta de veracidad de las declaraciones que efectuaron sus hijos.
12.  Mediante escrito presentado el 2 de julio de 2021 el Ministerio Fiscal formuló 
alegaciones en las que interesa se dicte sentencia por la que se declare la vulneración 
del derecho a un proceso con todas las garantías en cuanto al derecho al juez imparcial 
(art. 24.2 CE) y que para el restablecimiento del derecho se declare la nulidad de la 
sentencia de 29 de junio de 2020 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Jaén, y de la providencia del mismo tribunal de 27 de julio de 2020. Igualmente, interesa 
la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al de la deliberación 
de la sentencia impugnada, con el fin exclusivo de que se dicte otra nueva por un tribunal 
en cuya composición se respete el derecho fundamental reconocido. Interesa, por el 
contrario, la denegación del amparo respecto de la vulneración del derecho de defensa 
en relación con la actividad probatoria.
El  fiscal  aduce  que  el  incidente  de  recusación  constituye  según  la  doctrina 
constitucional un medio idóneo para el agotamiento de la vía judicial (STC 231/2002, 
de  9  de  diciembre,  FJ  2),  que  el  tribunal  tiene  el  deber  procesal  de  poner  en 
conocimiento de las partes su composición (STC 6/1998, de 13 de enero, FJ 2) y que la 
predeterminación del órgano judicial que ha de conocer de un recurso no equivale al 
conocimiento de los magistrados que vayan a intervenir en cada asunto (STC 116/2008, 
FJ 3). En el presente caso el recurrente no podía conocer la identidad concreta de los 
magistrados que podrían integrar la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén  e
en el momento de formular el recurso de apelación, pues su composición podía variar  bo
por  múltiples  circunstancias.  Por  ello  el  planteamiento  del  incidente  de  recusación,  509ww
vauulnnqeuraec iófune rdae l indaedremcihtiod oa,l  jsuaetzis fiimzop alrac iael,x aiggeontcainad od ed elbai daamleegnatceió lna  vteíam jpuedsictiivaal.  Addeu clea 
faijsai muins mtéor mqiuneo  ldae r edcieuzs adcíaiósn  dsees dinet elarp nuosotif iecna cpiólanz od,e  clao npforirmmeer aa lr easrot.l u2c2ió3n.1 .p1o rL OlaP qJu, eq usee 
conozca la identidad del juez o magistrado a recusar, si el conocimiento de la causa de
recusación fuese anterior a aquel. La diligencia de ordenación de 31 de octubre de 2019 
fue notificada al procurador del demandante el 6 de noviembre siguiente, que formuló el 
escrito de recusación el 20 de noviembre de 2019, por lo que estaba dentro de plazo.
En relación con la alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las 
garantías en su manifestación del derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE), el fiscal 
encuadra la cuestión en el ámbito de la garantía de la imparcialidad objetiva. Es la que 
previene que influya en el juicio o en la resolución del recurso la convicción previa que un 
juez se haya formado sobre el fondo del asunto, al decidir en anterior instancia o al 
realizar actos de investigación como instructor. Cita pronunciamientos de este tribunal 
relativos  a  la  afectación  de  la  imparcialidad  por  revocación  de  decisiones  de 
sobreseimiento (SSTC 41/2005, de 28 de febrero, FJ 3, y 26/2007, de 12 de febrero, 
FJ 6) y sobre interdicción de la condena en segunda instancia tras dictarse sentencias 
absolutorias, o agravación de condena, como consecuencia de una nueva fijación de 
hechos probados que encuentre su origen en una reconsideración de las pruebas que 
exijan inmediación (STC 125/2017, de 13 de noviembre, FFJJ 3 y 5). Doctrina de la que, 
apunta, partió la reforma procesal operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, en 
relación con la regulación del recurso de apelación, cuando es la acusación la que 
invoca el fundamento de error en la apreciación de la prueba, quedando limitadas en tal 
caso las facultades del tribunal de apelación, como se dice en el preámbulo de la ley, a 
declarar la nulidad de la sentencia cuando fuera procedente, fijando el alcance de esta 
declaración, esto es, si afecta exclusivamente a la resolución del órgano a quo, o si ha 
de extenderse al juicio oral y, en este último caso, si debe darse una nueva composición 
a ese órgano al objeto de garantizar su imparcialidad, lo que se recoge en los arts. 792.2 
y 790.2, apartado 3, LECrim.
El fiscal argumenta que los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial que dictaron la sentencia de 29 de junio de 2020, que eran los mismos que 
dictaron la sentencia de 11 de abril de 2019, en la que anularon la sentencia absolutoria 
del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Jaén. No se limitaron en esta a hacer un control de 
regularidad  procedimental,  ni  de  calificación  jurídica,  ni  un  análisis  de  la  visión 
incompleta o parcial de las diligencias existentes, sino que se adentraron en la valoración 
del resultado de todo el material probatorio, significadamente de la prueba personal, 
constituida por la declaración de las víctimas integrantes del núcleo familiar, esposa e 
hijos. De este modo, aunque se pronuncian sobre la prescripción, descartándola, lo 
hacen a partir de diferentes episodios, prolongados en el tiempo, que consideran una 
conducta única, partiendo de una valoración de la prueba personal que determinó que se 
formaran una convicción previa sobre el fondo del asunto.
El fiscal rechaza, sin embargo, que se haya vulnerado el derecho a utilizar medios de 
prueba. Considera que no eran decisivas en términos de defensa ni la denegación de la 
averiguación de la titularidad del teléfono desde el que se hizo el encargo de cambiar la 
cerradura de una vivienda, ni la reproducción de la grabación del primer juicio oral. La 
primera acreditaría un dato irrelevante en el contexto de un delito permanente, sin 
invalidar la credibilidad de los testimonios de cargo, y la segunda porque lo acontecido 
en el primer juicio oral no habría de prevalecer sobre la prueba practicada en el segundo 
juicio oral.
13.  Por providencia de 21 de octubre de 2021 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos e.
1.  Objeto del recurso y planteamiento de las partes. 509ww
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incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquella.
El demandante de amparo atribuye a las resoluciones impugnadas la vulneración del 
derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente de derecho a un juez 
imparcial  (art.  24.2  CE),  por  haber  sido  dictadas  por  los  mismos  magistrados  que 
dictaron la sentencia núm. 145/2019, de 11 de abril, en el recurso de apelación núm. 
247-2019, anulatoria de la sentencia núm. 6/2019, de 8 de enero, dictada por el Juzgado 
de lo Penal núm. 4 de Jaén, que había absuelto al demandante.
Denuncia también la vulneración del derecho a utilizar medios de prueba pertinentes 
(art. 24.2 CE) por habérsele denegado en el acto de juicio oral dos que consideraba 
esenciales para el ejercicio efectivo de su derecho de defensa; por lo que en el suplico 
del recurso de amparo a la solicitud de nulidad de las referidas resoluciones de la 
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, añade la solicitud de nulidad del 
segundo  juicio  oral  y  la  retroacción  de  actuaciones  al  momento  previo  a  dicho 
enjuiciamiento.
Doña Isabel Reyes Reyes opone al recurso de amparo el óbice procesal de falta de 
agotamiento de la vía judicial previa, en los términos del art. 44.1 a) LOTC, porque en el 
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria no se recusó a los 
magistrados integrantes de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, ni se 
solicitó la práctica de las pruebas denegadas. Rebate asimismo el fundamento de las 
vulneraciones  alegadas  porque  dicha  sección  era  la  única  competente  para  el 
conocimiento de los delitos de violencia sobre la mujer y porque las pruebas denegadas 
eran innecesarias.
El fiscal interesa la estimación del recurso de amparo en lo que se refiere a la 
vulneración  del  derecho  al  juez  imparcial,  pues  considera  que  los  magistrados  se 
formaron un juicio previo sobre el fondo del asunto en la sentencia de 11 de abril 
de 2019, en la que efectuaron una valoración de la prueba personal. Se opone, sin 
embargo, a la vulneración del derecho a utilizar medios de prueba porque se refiere a 
dos diligencias que no eran relevantes ni decisivas para su derecho de defensa.
2.  Óbice procesal de falta de agotamiento de la vía judicial previa.
La representación procesal de doña Isabel Reyes Reyes opone a la totalidad del 
recurso de amparo el óbice procesal de falta de agotamiento de la vía judicial previa, en 
los términos del art. 44.1 a) LOTC, porque el demandante en su recurso de apelación no 
recusó a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, como 
única sección que tiene atribuida en su ámbito territorial el conocimiento de esta materia, 
ni solicitó la práctica de los medios de prueba que le fueron denegados en la primera 
instancia.  Aduce  que  el  incidente  de  recusación  fue  inidóneo  y  que  el  recurso  de 
apelación –refiriéndose al interpuesto contra la inadmisión de dicho incidente– constituyó 
un defectuoso agotamiento de la vía judicial. Examinaremos el fundamento del óbice 
separadamente para cada uno de los motivos de amparo.
a)  Derecho al juez imparcial: Las alegaciones de la representación procesal de 
doña Isabel Reyes Reyes apuntan a la extemporaneidad del incidente de recusación 
promovido por el demandante, que fue uno de los motivos aducidos por la Audiencia 
Provincial en su auto de 5 de diciembre de 2019 para justificar su inadmisión. En este 
caso el correcto encuadramiento del óbice procesal lo ofrece el art. 44.1 c) LOTC, que 
exige que la vulneración del derecho constitucional «se haya denunciado formalmente en 
el proceso, si hubo oportunidad […] tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar 
para ello», toda vez que el incidente de recusación es presupuesto procesal del recurso  s
de  amparo  en  caso  de  vulneración  del  derecho  al  juez  imparcial  [por  todas,  oe.
aStielTemCgEpa 9nors1  ea/l2a ne0 tne2S  1Tal,oC mds  epó1 a2r4rg2o0a  /dnl2aeo0  sv0a u4bdl,rne ile d, lraeFa  Jcj u1i5ór3.in1s  d.dd1ieec e cl )isdó]e.enpr etoicerhdmoinb aarerli ,aj u FelaJz   rie4mc, puraseracccoiaiórld nsa idmne ohl saj ubeqezur  eop  la«mnnatoeg aipsdtuorea eddneo    2021-19509n https://www.
cuya imparcialidad se cuestiona, de forma tal que no cabe apreciar la lesión del derecho
invocado cuando el recurrente tuvo ocasión de ejercer su derecho a recusar y no
recusó». La carga de denuncia inmediata impuesta en el art. 223.1 LOPJ obedece a que 
«la concurrencia de una causa de recusación no concede […] a la parte que cuestiona la 
imparcialidad de un tribunal la facultad alternativa de optar libremente entre, de un lado, 
la iniciación del correspondiente incidente haciéndola valer de modo preventivo para 
apartar al juez sospechoso del conocimiento del asunto y, de otro, la promoción de la 
anulación  de  la  sentencia  o  resolución  en  la  que  haya  intervenido  el  juzgador 
presuntamente parcial, una vez dictada esta. Esta última posibilidad solo puede tener 
acogida, no como ejercicio del derecho a recusar sino, por el contrario, precisamente 
como remedio posterior de su previa vulneración a consecuencia de haberse impedido a 
la parte el ejercicio temporáneo del mismo». Se trata de impedir que la causa de 
recusación «se exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable 
a los intereses de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se 
emitiera el fallo».
La  premura  exigible  a  la  parte  debe  ser  examinada  igualmente  a  la  luz  del 
cumplimiento por el tribunal de los deberes de comunicación de su propia composición 
(arts. 202 y 203.2 LOPJ), cuyo incumplimiento puede representar, en ciertos casos, un 
serio impedimento para el ejercicio del derecho de recusar, lo que explica a su vez la 
relevancia que el art. 223.1.1 LOPJ otorga a la notificación de la primera resolución 
reveladora de la identidad del juez o magistrado, como elemento activador del cómputo 
del plazo de diez días en el que se deberá promover su recusación.
Si no concurre ninguna causa de recusación, el desconocimiento de la composición 
exacta del órgano judicial es constitucionalmente inocuo (por todas, STC 105/2016, de 6 
de junio, FJ 4), pero si concurre, la buena fe procesal (art. 11.1 LOPJ) impone a la parte 
la  tempestiva  recusación  de  los  magistrados  cuya  intervención  en  la  litis  le  fuera 
conocida. Esto no significa, pues resultaría de un rigor excesivo y enervante, que sea 
igualmente exigible una recusación prospectiva de magistrados cuya integración en la 
sala  de  justicia  no  conste,  aunque  sea  predecible.  Hemos  de  recordar  que  la 
predeterminación del órgano no implica «un necesario conocimiento de los magistrados 
que en cada momento vayan a intervenir en la resolución de cada asunto, puesto que la 
concreta  composición  de  la  sección  puede  verse  afectada  a  causa  de  traslados, 
jubilaciones, pase a las situaciones de servicios especiales, excedencia o suspensión de 
funciones, otorgamiento de comisiones de servicios, licencias o permisos, entre otras 
posibles circunstancias contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, 
hemos  señalado  reiteradamente  que  los  tribunales  tienen  el  deber  de  poner  en 
conocimiento de las partes la composición de la sección o sala que va a juzgar el litigio o 
causa,  pues  ello  hace  posible,  entre  otras  cosas,  que  aquellas  puedan  ejercer  su 
derecho a recusar en tiempo y forma a los jueces y magistrados que pudieran incurrir en 
causa para ello (por todas, SSTC 180/1991, de 23 de septiembre, FJ 6; 230/1992, de 14 
de diciembre, FJ 4; y 384/1993, de 21 de diciembre, FJ 2)» (STC 116/2008, de 13 de 
octubre, FJ 3).
La representación procesal del demandante mediante escrito presentado el 8 de 
noviembre de 2019 puso de manifiesto ante la sección las dudas de parcialidad que le 
suscitaba la magistrada ponente –cuya designación le había sido notificada el día 6 de 
noviembre de 2019–, por haber intervenido en la sentencia de 11 de abril de 2019; dudas 
que hacía extensivas a los otros dos magistrados que aprobaron esta sentencia. Ante 
estas manifestaciones la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén no hizo 
pronunciamiento alguno, ni tan siquiera para confirmar o desmentir si los otros dos 
magistrados  que  participaron  en  la  citada  sentencia  iban  a  integrar  el  tribunal  que  s
resolvería el recurso de apelación pendiente. A continuación el demandante, mediante  oe.
escrito presentado el día 20 de noviembre de 2019, décimo hábil a contar desde la  w.
notificación de la designación de la ponente, promovió formalmente la recusación de esta  509ww
dy,e a a pbrreilv deen c2ió0n1,9 l,a  ddee  llooss  qoutreo st oddoasv íma angois ttreandíoas  cqounes thaanbcíiaa nf eshuasccireitnot ela d see nqtueen cfiuae draen 1 a1 
integrar la sala que juzgaría el recurso de apelación; constancia que solo adquiriría al
serle notificado, precisamente, el auto de 5 de diciembre de 2019 por el que le inadmitían 
la recusación.
En estas circunstancias, consideramos que el demandante satisfizo el presupuesto 
procesal de denuncia tempestiva de la vulneración del derecho al juez imparcial en los 
términos del art. 44.1 c) LOTC, pues en sus escritos de 8 y 20 de noviembre de 2019 
manifestó a la Audiencia Provincial las razones por las que estimaba que concurría 
causa  de  recusación  del  art.  219.11  LOPJ  en  la  magistrada  ponente  y  en  otros 
magistrados  que  podrían  integrar  la  sala  de  justicia  que  resolvería  su  recurso  de 
apelación. Lo hizo antes del pronunciamiento de la sentencia, en tiempo hábil –por lo 
tanto– para que el tribunal pudiera reparar la vulneración en el caso de que lo hubiera 
considerado oportuno y razonable. En definitiva, el demandante no infringió el principio 
de buena fe procesal (art. 11.1 LOPJ) por no haber anticipado la manifestación de las 
dudas de parcialidad en el mismo escrito de formalización del recurso de apelación, ni 
hizo un uso inadecuado del incidente de recusación por haberlas manifestado en el rollo 
de apelación, tras la notificación de la designación de la ponente, dentro del término 
establecido en el art. 223.1.1 LOPJ. Procede, por estas razones, desestimar este óbice 
procesal.
La  STC  130/2018,  de  12  de  diciembre,  citada  en  las  alegaciones  de  la 
representación procesal de doña Isabel Reyes Reyes, establece una doctrina inaplicable 
al caso, pues lo que afirma es que la resolución judicial que pone término al incidente de 
recusación no supone el agotamiento de la vía judicial previa cuando se plantea en una 
fase anterior al inicio del juicio oral; toda vez que en la fase preliminar del juicio oral 
todavía será posible hacer valer y obtener la reparación de la vulneración del derecho 
fundamental (como cuestión previa o artículo de previo pronunciamiento) así como en 
vía de recurso contra la sentencia (FJ 6).
b)  Derecho a la prueba: La representación procesal de doña Isabel Reyes Reyes 
opone el óbice procesal de falta de agotamiento de la vía judicial previa porque el 
demandante  no  propuso  en  el  recurso  de  apelación  la  práctica  de  las  pruebas 
denegadas en primera instancia. Se refiere a la facultad prevista en el art. 790.3 LECrim 
que establece que en el mismo «escrito de formalización podrá pedir el recurrente la 
práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de 
las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado 
en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por 
causas que no le sean imputables».
Este tribunal viene considerando que el agotamiento de la vía judicial ordinaria en los 
términos exigidos en los arts. 50.1 a) y 44.1 a) LOTC se malogra cuando no se hace uso 
de los recursos que son razonablemente exigibles a la parte. También cuando, aun 
haciendo valer los recursos exigibles, el modo de su utilización priva a los órganos 
judiciales de la efectiva posibilidad de reparar la vulneración del derecho fundamental; lo 
que, tratándose de una pretensión de denuncia de vulneración del derecho fundamental 
a la prueba exige que las pruebas denegadas o no practicadas en primera instancia sean 
reiteradas por la parte en el recurso de apelación (vid. STC 93/2003, de 19 de mayo, 
FJ 2; en el mismo sentido, SSTC 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 2, y 271/2006, de 25 
de septiembre, FJ 3, y ATC 77/2006, de 13 de marzo, FJ 4).
Dicho esto, es preciso apuntar que en el presente caso el demandante cuestionó en 
su recurso de apelación la razonabilidad de la denegación de los dos medios de prueba 
que había interesado en el acto de juicio oral y que la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Jaén, al resolver el recurso, le ofreció las razones por las que consideraba  s
que dichas pruebas eran innecesarias; una respuesta sobre el fondo de la pretensión, sin  oe.
oponer reparo alguno por no haber solicitado su reiteración en la segunda instancia. En  w.
estas circunstancias, dicha omisión pierde toda relevancia como óbice de admisibilidad  509ww
del amparo constitucional.
las g3a. raEntxíaasm peonr  dfael tlaa  dqeu eimjap raerfceiraidlidaa ad  ldae vl utrlnibeurnaaciló.n del derecho a un proceso con todas
El demandante denuncia que se ha vulnerado su derecho a un proceso público con 
todas las garantías, en su vertiente de derecho a un juez imparcial, porque el recurso de 
apelación que interpuso contra la sentencia que le condenó por un delito de malos tratos 
habituales en el ámbito doméstico fue desestimado por un tribunal integrado por los 
mismos magistrados que anularon su previa absolución en la misma causa y que, por 
ello, ya había examinado el material probatorio y formado un juicio previo sobre su 
culpabilidad.
En efecto, como se expone en los antecedentes de esta resolución, la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén en su sentencia de 11 de abril de 2019 anuló 
la sentencia de 8 de enero de 2019, de sentido absolutorio, dictada por el Juzgado de lo 
Penal núm. 4 de Jaén, por haber omitido la valoración de una prueba pericial y por haber 
descartado la credibilidad de varios testigos de cargo, ordenando la repetición del juicio 
por un magistrado distinto.
Por razones de método, hemos de aclarar con carácter previo que no procede en 
este recurso de amparo analizar retrospectivamente si dicha sentencia, que adquirió 
firmeza, pudo incurrir en desproporción en la tutela de los derechos procesales de las 
acusaciones en detrimento del derecho del acusado absuelto a no ser sometido a nuevo 
enjuiciamiento (ne bis in idem procesal: SSTC 4/2004, de 14 de enero, FFJJ 3 y 4; 
23/2008, de 11 de febrero, FJ 3, y 112/2015, de 8 de junio, FJ 4), sino examinar si los 
magistrados que la dictaron comprometieron su criterio en grado suficiente para empañar 
su imparcialidad.
En la STC 121/2021, de 2 de junio, FJ 6.1.1, hemos recordado, sintetizando doctrina 
precedente, que el derecho al juez imparcial es una garantía fundamental del sistema de 
justicia y que la imparcialidad judicial comprende dos vertientes: subjetiva y objetiva.
La subjetiva garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las 
partes, lo que integra todas las dudas que se deriven de las relaciones del juez con 
aquellas, en tanto que la objetiva asegura que el juez se acerca al thema decidendi sin 
haber tomado postura en relación con él, lo que debe ponderarse en cada caso concreto. 
También hemos señalado que el instrumento procesal adecuado para hacer valer el 
derecho al juez imparcial es el incidente de recusación, que puede ser rechazado a 
limine, incluso por el propio órgano recusado.
El recurso de amparo cuestiona la imparcialidad objetiva del tribunal de apelación 
como consecuencia de haber declarado la nulidad de la primera sentencia absolutoria 
dictada por el juzgado de lo penal, al conocer el recurso de apelación por error en la 
apreciación  de  la  prueba  interpuesto  por  la  acusación  particular.  Sostiene  que  los 
magistrados integrantes de la sección incurrieron en la causa de recusación décima 
primera del art. 219 LOPJ, «haber participado en la instrucción de la causa penal o haber 
resuelto el pleito o causa en anterior instancia».
Sobre la función de esta causa de recusación afirmamos en la STC 157/1993, de 6 
de mayo, FJ 3, que «la ley quiere evitar, en un supuesto y en otro, que influya en el juicio 
o en la resolución del recurso la convicción previa que un juez se haya formado sobre el 
fondo  del  asunto  al  decidir  en  anterior  instancia  o,  incluso,  al  realizar  actos  de 
investigación como instructor. Tales convicciones previas no merecen, en sí mismas, 
tacha alguna, pero la sola posibilidad de que se proyecten en el ulterior enjuiciamiento, o 
en el recurso que proceda, pone en riesgo el derecho del justiciable a obtener en uno u 
otro –en el juicio o en el recurso– una justicia imparcial. La ley, ante tal riesgo, no impone 
al juez abandonar o superar las convicciones a las que así legítimamente llegó ni exige 
tampoco a los justiciables confiar en que esa superación se alcance. Más bien permite,  s
mediante la abstención de aquel o la recusación por estos, que quede apartado del juicio  oe.
o del recurso el juez que ya se ha formado una convicción sobre la culpabilidad del  w.
acusado o que puede haberla adquirido en el curso de la instrucción». 509ww
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magistrado, en determinados momentos del proceso penal, puede llegar a comprometer 
la imparcialidad objetiva del juzgador y erigirse en un menoscabo y obstáculo a la 
confianza  que  los  tribunales  de  una  sociedad  democrática  deben  inspirar  a  los 
justiciables (STC 142/1997, de 15 de septiembre, FJ 3)» (STC 11/2000, de 17 de enero, 
FJ 4).
De  este  modo  se  han  ido  configurando  unos  cánones  constitucionales  de 
enjuiciamiento  de  la  imparcialidad  que  consideran  incompatibles  las  funciones  de 
resolver, o dictar el fallo, con las previas de acusación o de auxilio a la acusación 
(SSTC 54/1985, de 18 de abril; 225/1988, de 28 de noviembre; 180/1991, de 23 de 
septiembre, y 56/1994, de 24 de febrero), así como las facultades de instrucción y 
enjuiciamiento (STC 145/1988, de 12 de julio, FJ 7). Carece de la debida imparcialidad 
para resolver en segunda instancia el juez que ha conocido del asunto en la primera 
(STC 238/1991 y STEDH de 23 de mayo de 1991, caso Oberschlick), el que ha adoptado 
medidas limitativas de derechos fundamentales (SSTC 60/1995, en relación con el juez 
de menores, y 162/1999), o el auto de apertura del juicio oral (STC 310/2000, de 18 de 
diciembre,  FJ  4).  No  se  ha  considerado,  por  el  contrario,  que  comprometa  la 
imparcialidad objetiva del juez la decisión de admisión de una denuncia o una querella 
(STC 41/1998, de 24 de febrero, FJ 16), o la que adecua el procedimiento a la naturaleza 
de la infracción, al calificarla como falta (STC 52/2001, de 26 de febrero, FJ 6).
Lo decisivo para apreciar la imparcialidad judicial es, tal y como señalamos en la 
STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3, «el criterio material que anima la apreciación de la 
pérdida  de  imparcialidad  más  que  el  concreto  tipo  de  actuación  judicial  del  que 
pretendidamente  se  derivaría  la  pérdida  de  imparcialidad»;  por  lo  que  «deben 
considerarse objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial y, por 
tanto, vulnerado el derecho al juez imparcial, cuando la decisión a la que se pretende 
vincular  la  pérdida  de  imparcialidad  se  fundamenta  en  valoraciones  que  resulten 
sustancialmente  idénticas  a  las  que  serían  propias  de  un  juicio  de  fondo  sobre  la 
responsabilidad penal, exteriorizando, de este modo, un pronunciamiento anticipado al 
respecto».
Resulta relevante, en este sentido, la STC 149/2013, de 9 de septiembre, FJ 4, en la 
que apreciamos contaminación por contacto con el thema decidendi en los magistrados 
de una sección de Audiencia Provincial que dictaron condena en segunda instancia, tras 
haber revocado el auto de sobreseimiento provisional dictado en la misma causa, en una 
resolución que valoró el resultado de una instrucción judicial prácticamente agotada.
A la luz de esta doctrina, el presente recurso obliga a considerar si la Audiencia 
Provincial  de  Jaén  en  su  sentencia  de  11  de  abril  de  2019  deslizó  valoraciones 
sustancialmente  idénticas  a  las  que  serían  propias  de  un  juicio  de  fondo  sobre  la 
culpabilidad del acusado. En este punto es obligado recordar que la sentencia no se 
limita a constatar que el juez de lo penal omitió la valoración de la prueba pericial 
psicológica  realizada  a  varios  de  los  hijos  del  demandante,  o  que  rechazó  sin 
argumentación  debida  la  credibilidad  del  testimonio,  lo  que  hubiera  bastado  para 
justificar la nulidad de la sentencia absolutoria, sino que adicionalmente rechaza la 
prescripción del delito de malos tratos habituales sobre el fundamento fáctico de que los 
episodios de maltrato narrados por la exmujer y cuatro de los hijos del demandante como 
acaecidos con posterioridad al mes de marzo de 2010 resultaban creíbles. Se dice: 
«Dichos episodios que a juicio de esta Sala aparecen suficientemente acreditados con 
las declaraciones de la esposa e hijos realizadas en el acto del plenario, no pueden 
tratarse de forma aislada a la situación de maltrato habitual. El delito de maltrato habitual  s
del artículo 173.2 del CP no puede reputarse prescrito por la sencilla razón de que los  oe.
actos de violencia psíquica, tras la ruptura de la convivencia, nunca cesaron hasta que  w.
se acordó judicialmente la medida cautelar de alejamiento. Hubo violencia psíquica antes  509ww
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una muestra de su deseo de seguir perpetuando su dominación y control del núcleo 
familiar, y atemorizar a sus víctimas. Todo ello es constitutivo de un maltrato habitual, y 
sancionable  como  tal,  no  siendo  aceptable  el  artificioso  expediente  de  desligar 
cronológica, valorativa y causalmente unos actos de otros, porque todos ellos presentan 
la nota de violencia psíquica de género, en un contexto temporal bien definido».
Este razonamiento no se limita al ejercicio de la función de control y depuración de la 
racionalidad de la sentencia absolutoria, elemento que modaliza, en garantía de los 
derechos procesales básicos de las acusaciones, el error en la apreciación de la prueba 
cuando se esgrime por estas (art. 790.2.3 LECrim), sino que añade una toma de posición 
sobre el resultado de la prueba practicada en la primera instancia susceptible de generar 
dudas objetivas de compromiso de su imparcialidad.
Se ha de declarar, por tal razón, la vulneración del derecho del recurrente a un juez 
imparcial, lo que conduce al otorgamiento del amparo solicitado, haciendo innecesario 
resolver sobre la alegada vulneración del derecho a la prueba.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Ildefonso García Fernández y, en 
su virtud:
1.º  Declarar vulnerado el derecho del demandante a un proceso con todas las 
garantías en su vertiente de derecho a un juez imparcial (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 27 de julio de 2020 y de la sentencia de 29 de junio de 2020, dictadas por la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén en el rollo de apelación núm. 893-2019.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  pronunciamiento  de  la 
sentencia para que un tribunal de composición distinta resuelva el citado recurso de 
apelación.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.