BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138485
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18367 Sala Segunda. Sentencia 164/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 1264-2020. Promovido por don Hassan Ashini respecto de los autos 
dictados por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un juzgado de 
vigilancia  penitenciaria  de  Canarias  desestimatorio  de  su  queja  por  el 
tratamiento penitenciario recibido. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  (motivación):  resoluciones  judiciales  que  no  ponderan 
adecuadamente  el  derecho  de  acceso  a  la  información  administrativa  al 
denegar la consulta por el interno de los informes elaborados por el equipo 
técnico y que habían servido para denegarle un permiso de salida.
ECLI:ES:TC:2021:164
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  1264-2020  interpuesto  por  don  Hassan  Ashini, 
representado por la procuradora de los tribunales doña María de los Ángeles Sánchez 
Fernández y asistido por el abogado don Antonio Ortiz Fernández, contra el auto de 31 
de enero de 2020 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife, que desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 8 de 
agosto de 2019 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Canarias, con sede en 
Santa Cruz de Tenerife, que a su vez desestima el recurso de reforma interpuesto contra 
el auto de 7 de junio de 2019. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el abogado del 
Estado. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este tribunal el 28 de febrero de 2020, don 
Hassan Ashini solicitó la designación de abogado y procurador de oficio con el fin de 
interponer  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento de esta sentencia; efectuadas las correspondientes designaciones, la 
procuradora de los tribunales doña María de los Ángeles Sánchez Fernández, actuando 
en nombre y representación de don Hassan Ashini, bajo la dirección letrada de don 
Antonio  Ortiz  Fernández,  presentó  el  14  de  diciembre  de  2020  escrito  en  el  que 
formalizaba la demanda de amparo. e
sigua2ie).  nteLEsol :sd ehmecahnodsa netne ,lo ins tqeurneo s een s euls cteennttaro l ap edneimteanncdiaar isoo dne,  sTuecnienrtiafem IeI,n eten  eexl pquuees ctousm, ploles   2021-18367n https://www.
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psicólogo y trabajador social, para tener la información necesaria para saber en qué se 
basaba  la  denegación  de  los  permisos  ordinarios  de  salida  que  solicitaba  y  poder 
defender sus intereses en caso de interponer recurso ante el juzgado de vigilancia 
penitenciaria.  La  directora  denegó  la  petición  recomendándole  que  se  pusiera  en 
contacto con el equipo de tratamiento.
b)  El demandante elevó queja al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de 
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en la que invocó su derecho a ser 
informado de forma personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria, con 
cita del artículo 15.2 de la Ley Orgánica general penitenciaria (en adelante, LOGP) y de 
los artículos 4.2 j) y k) y 18.2 del Reglamento penitenciario (en adelante, RP), y su 
derecho a utilizar medios efectivos de defensa de sus derechos e intereses. El juzgado 
incoó el expediente núm. 1361-2019 y desestimó la queja por auto de 7 de junio de 2019 
en el que, con cita de varios pronunciamientos de las Audiencias Provinciales de Madrid 
y Sevilla, se niega que el interno tenga un derecho a recibir copia de los documentos 
obrantes  en  el  expediente  penitenciario  y  en  el  protocolo,  por  razones  de 
confidencialidad, seguridad de los profesionales que emiten los informes técnicos y buen 
fin del tratamiento. El demandante interpuso recurso de reforma que fue desestimado por 
auto de 8 de agosto de 2019, en el que el juzgado se ratificó en su criterio.
c)  El  demandante  interpuso  recurso  de  apelación  en  el  que,  sin  insistir  en  la 
solicitud de entrega de la copia de los informes técnicos, invocaba, en todo caso, su 
derecho a recibir información del contenido del expediente penitenciario, necesaria para 
poder impugnar adecuadamente en vía jurisdiccional las decisiones penitenciarias que 
afectaran a sus intereses en materia de permisos de salida y progresión de grado. El 
recurso de apelación fue desestimado por auto núm. 61/2020, de 31 de enero, de la 
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que considera que 
el artículo 15.2 LOGP, que reconoce el derecho del interno a ser informado de su 
situación procesal y penitenciaria, no impone la obligación de entregarle la copia de los 
documentos obrantes en su expediente y protocolo penitenciarios, y que este derecho 
puede ser restringido justificadamente por motivos de seguridad de los profesionales que 
emiten los informes, confidencialidad de los datos y favorecimiento del acercamiento 
terapéutico entre profesional e interno; la sección añade que es en fase jurisdiccional 
donde el interno y su defensa tendrán acceso a los informes obrantes en el proceso 
judicial para ejercitar la defensa de sus derechos e intereses, con pleno respeto a los 
principios de contradicción e igualdad en el procedimiento.
3.  La demanda reprocha a las resoluciones impugnadas la vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión, garantizado en el artículo 24.1 CE, en relación 
con el deber de motivación de las resoluciones judiciales ex artículo 120.3 CE, así como 
la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 CE. 
Sostiene, en síntesis, que las resoluciones recurridas incurren en un tipo de motivación 
estereotipada, en tanto que no plasman las circunstancias del caso y del interno, ni 
revelan las razones de seguridad, fin del tratamiento, o uso abusivo del derecho que 
justificarían  la  denegación  del  acceso  a  los  informes  obrantes  en  su  expediente 
penitenciario  y  protocolo  de  personalidad.  Afirma  que  el  interno  en  un  centro 
penitenciario tiene derecho a acceder a su expediente y a obtener copias del mismo, lo 
que se desprendería de la normativa administrativa común y de determinados preceptos 
del ordenamiento penitenciario, como el artículo 15.2 LOGP, y los artículos 4.2 k) y 18.1 
RP, que reconocen su derecho a ser informado de su situación procesal y penitenciaria.
La denegación de acceso a los informes le genera adicionalmente una situación de  e.
indefensión, pues merma sus posibilidades de alegación y prueba a la hora de formular  w.b
recursos y quejas en vía administrativa y jurisdiccional sobre aspectos relevantes de su  367ww
esfeLraa  judreídmicaan, dcao maod suocne  locso pmeor mmisootsiv doe  sdael ideas yp elac icalla stirfaicsacceiónnd epnecniaite nccoianrsitait.ucional  la
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profesionales, como el educador, trabajador social y psicólogo, en la medida en que ello
posibilita que el interno formule, con el debido conocimiento, la queja que proceda en 
relación con permisos y grado de clasificación.
4.  Por  providencia  de  15  de  marzo  de  2021,  la  Sección  Tercera  del  Tribunal 
Constitucional acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que 
concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  porque  el  recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. Acordaba, por ello, dirigir atenta 
comunicación a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a 
fin de que, en un plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 1087-2019. 
También acordaba dirigir atenta comunicación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
núm. 2 de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, a fin de que, en plazo que no 
excediera  de  diez  días,  remitiera  certificación  o  copia  adverada  del  expediente 
núm. 1361-2019, debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días 
pudieran comparecer si lo desearan en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
La providencia acordaba asimismo, de conformidad con la solicitud de la parte 
actora, formar pieza separada de suspensión.
5.  Por  escrito  presentado  el  26  de  marzo  de  2021,  el  demandante  formuló 
alegaciones en la pieza separada de suspensión en las que reiteraba su petición, en 
tanto se tramitaba y resolvía el recurso de amparo, y solicitaba el acceso a los informes 
del  educador,  la  psicóloga  y  la  trabajadora  social  para  el  debido  ejercicio  de  sus 
derechos  ante  la  administración  penitenciaria  y  la  jurisdicción,  en  relación  con  la 
denegación de permisos y progresión de grado, a fin de no hacer ilusoria la eficacia del 
amparo constitucional impetrado. El fiscal presentó el 15 de abril de 2021 escrito de 
alegaciones en la pieza separada en el que se opuso a la suspensión por el carácter 
genérico del perjuicio alegado y porque conceder lo solicitado, esto es, la entrega de los 
informes, representaría la anticipación de la decisión de fondo que ha de adoptarse en 
sentencia. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional dictó el ATC 56/2021, de 10 de 
mayo, por el que denegó la suspensión solicitada al entender que el demandante no 
acreditaba, con un principio de prueba suficiente, el perjuicio irreparable que justificaría 
excepcionar la regla general del mantenimiento de la ejecutividad de las decisiones 
judiciales y que, por otra parte, la entrega de los informes del educador, la psicóloga y la 
trabajadora  social,  objeto  de  la  pretensión  cautelar,  proporcionaría  un  resultado 
equivalente al que derivaría del otorgamiento del amparo en sentencia.
6.  Por escrito presentado el 5 de abril de 2021 el abogado del Estado se personó 
en el procedimiento. Mediante diligencia de ordenación de 28 de mayo de 2021 del 
secretario de justicia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, se le tuvo por 
personado y se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y 
al  Ministerio  Fiscal,  por  un  plazo  común  de  veinte  días,  para  que  formularan  las 
alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el artículo 52.1 LOTC.
7.  La parte recurrente presentó escrito el 8 de junio de 2021 en el que se remitía 
íntegramente al escrito de demanda de amparo promovido y a su contenido, dando el 
mismo por reproducido.
8.  El abogado del Estado presentó escrito de alegaciones el 30 de junio de 2021, en  e.e
el que interesó la íntegra desestimación del recurso de amparo. Argumentaba en primer  b
lugar que el recurso plantea una cuestión de mera legalidad ordinaria, relativa a la  367ww
lian tenroprrmeataticviaó ng edneel arartl íacudlmo i1n5is.t2ra LtiOvaG sPo, bnroer macac eessop eac liaa l indfeo ramplaiccaiócnió [na rptírceufelores n1t3e  yre 1s4p.e1c gto)  ddee 
Llae Lye y3 199/2/2001153, , ddee  9 1d e ddeic ieomctburber,e d, e dtrealn sppraorceendciima,i ean ltoos  qaudem rienmisittrea teivl oa rtíccoumloú 1n3  dd)e d ela las 
administraciones  públicas].  Reprocha  al  recurso  no  hacer  la  necesaria  distinción
conceptual y normativa entre la situación en que se halla el común de los ciudadanos, a 
los que se aplica la normativa administrativa general sobre acceso a la documentación en 
poder de las administraciones y entidades públicas, y la situación de sujeción especial en 
que se encuentran los internos en centros penitenciarios, que justifica la modulación que el 
artículo 15.2 LOGP introduce en su acceso al expediente penitenciario y las consiguientes 
restricciones  que  la  misma  puede  acarrear.  Sostiene  que  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas expresan con claridad la razón de su decisión, fruto de una interpretación 
razonable y no incursa en error de la normativa penitenciaria, que reconoce el derecho del 
interno a ser informado de todo lo que conste en su expediente personal, pero no 
necesariamente el suministro o facilitación de los documentos que obran en el mismo, ni el 
acceso directo a los informes de los profesionales que le han valorado, por lo que a su 
juicio no se puede afirmar que las resoluciones judiciales impugnadas carezcan de la 
necesaria motivación, ni que hayan generado al recurrente indefensión, lo que descarta la 
vulneración del artículo 24.1 CE.
9.  El fiscal presentó escrito de alegaciones el 8 de julio de 2021 en el que interesó 
la estimación del recurso de amparo por vulneración del derecho del recurrente a la 
tutela judicial efectiva, en su faceta de derecho a obtener una resolución motivada y 
fundada en derecho, y del derecho de defensa, artículo 24.1 y 2 CE, vulneración que 
entiende ha de conducir a la declaración de nulidad del auto de la Audiencia Provincial 
de Santa Cruz de Tenerife, y de los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 
de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, con retroacción de actuaciones al 
momento previo al pronunciamiento del primer auto de dicho juzgado, para que dicte una 
nueva  resolución  en  la  que,  con  libertad  de  criterio  y,  en  su  caso,  reclamando 
previamente  al  centro  penitenciario  la  información  que  estime  pertinente,  acuerde 
motivadamente lo que proceda respecto al acceso a la información que solicita el interno 
recurrente, con respeto de los derechos fundamentales vulnerados.
Con carácter preliminar, y a efectos dialécticos, descarta el fiscal la concurrencia del 
óbice procesal de falta de denuncia en el proceso de la vulneración de los derechos 
fundamentales invocados en la demanda porque, si bien es cierto que en el recurso de 
apelación interpuesto por el abogado del demandante no se menciona la infracción de 
ningún  precepto  constitucional,  el  recurso  se  remitía  al  contenido  de  los  escritos 
presentados por el interno, en los cuales se denunciaba explícitamente la vulneración de 
los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva sin indefensión y al proceso con 
todas las garantías, y empleaba, por otra parte, unos razonamientos que permitían 
encuadrar la cuestión en el ámbito de dichos derechos fundamentales.
El fiscal hace seguidamente una exposición sucinta de la doctrina constitucional 
configurada en torno al deber general de motivación de las resoluciones judiciales, a los 
límites  de  la  admisibilidad  del  uso  de  resoluciones  estereotipadas,  al  mayor  rigor 
motivacional exigible a las decisiones dictadas en el ámbito penitenciario, en el que se 
ven afectados derechos fundamentales, y al derecho a no sufrir indefensión, y concluye 
que, debidamente aplicada dicha doctrina al caso, se ha de considerar vulnerado el 
derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24.1 CE, 
pues los autos impugnados no revelan ni expresan cuáles son los concretos motivos por 
los que se le deniegan las copias de los informes que solicitó, limitándose a reproducir 
los criterios plasmados en determinados autos de audiencias provinciales, que niegan la 
existencia, como tal, de un derecho de interno a obtener copias de los documentos 
obrantes en su expediente penitenciario y protocolo, y que establecen los supuestos en 
los  que  el  derecho  del  interno  a  ser  informado  de  su  contenido  puede  verse  e.
legítimamente restringido. Destaca el fiscal que no se aporta ningún argumento o razón  w.b
para negar la información, o el acceso al contenido de los informes solicitados, sin  367ww
neceEsnid laod q duee  esnet rreegfaierr ela sa  cloap aialesg daec ilóons  dinefo vrmulnees.ración del derecho de defensa, el fiscal
eo bisneforvrma aqcuieó ne,n  neol  psreo chead imprioednutoc iadnot eucnead emneterm, cau ydoe  olbajse top oesriab illaid aednetrse gdae dl ere dcoucrruemneten tdoes 
alegación y prueba, pero reconoce, no obstante, que comoquiera que la demanda de
documentación e información es instrumental para el ejercicio del derecho de defensa en 
otros procedimientos, y que dicha información puede ser necesaria, en su caso, para 
impugnar  la  denegación  de  un  permiso  de  salida,  este  derecho  se  habría  visto 
igualmente afectado.
10.  Por providencia de 30 de septiembre de 2021 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 4 de octubre del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El recurso de amparo imputa al auto núm. 61/2020, de 31 de enero, dictado por la 
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que confirma en 
apelación  el  auto  de  8  de  agosto  de  2019,  dictado  por  el  Juzgado  de  Vigilancia 
Penitenciaria núm. 2 de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, confirmatorio en 
reforma  del  previo  auto  de  7  de  junio  de  2019,  haber  vulnerado  sus  derechos 
fundamentales a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE) y a la 
defensa  y  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  (artículo  24.2  CE),  por  haber 
desestimado la queja que elevó contra la decisión de la directora del centro penitenciario 
en el que el recurrente cumple condena de denegarle la entrega de copia de los informes 
del educador, la psicóloga y la trabajadora social relativos a su persona.
El recurso de amparo reprocha al auto de la audiencia provincial, y a los autos del 
juzgado de los que trae causa, incurrir en una motivación estereotipada y genérica, que 
le impide conocer las razones concretas por las que se le deniega la documentación e 
información solicitada, lo que redunda en indefensión de cara a la eventual impugnación 
de decisiones denegatorias de permisos de salida o de progresión de grado, pues para 
poder  impugnar  de  forma  solvente  y  eficaz  los  acuerdos  de  la  administración 
penitenciaria, el interno debe disponer de una información completa de lo que consta en 
su expediente y protocolo personal, siendo el derecho a la información un derecho 
instrumental del derecho de defensa.
2.  Especial trascendencia constitucional.
El recurso de amparo se funda en la naturaleza estereotipada, o la ausencia o 
insuficiencia  de  motivación,  de  unas  resoluciones  judiciales  que  dirimen  la  queja 
formulada por un interno que cumple condena en un centro penitenciario, que solicita 
acceder a cierta documentación que considera necesaria para impugnar en su momento 
la denegación de permisos o de una progresión de grado, fundamento encuadrable 
prima facie en el canon de motivación reforzada aplicable a las resoluciones judiciales 
que modalizan la forma en que se ejecuta una restricción de la libertad personal, y que 
exige  «motivaciones  concordantes  con  los  supuestos  en  los  que  la  Constitución 
española  permite  la  afectación  de  la  libertad  contemplada  como  valor  superior  del 
ordenamiento» (por todas, STC 9/2020, de 28 de enero, FJ 6). La materia sobre la que 
se pronuncian los autos judiciales impugnados suscita, sin embargo, un problema nuevo 
que no ha sido abordado hasta la fecha por este tribunal, el del tratamiento que los 
órganos administrativos y judiciales deben dar a las solicitudes que cursen las personas 
internas en centros penitenciarios de acceso a la información obrante en los archivos y 
registros  de  la  administración  penitenciaria,  al  margen  de  todo  procedimiento 
administrativo o judicial en curso, problema que revela una faceta inédita del derecho  e.
fundamental a la tutela judicial efectiva: el grado de motivación exigible a las decisiones  w.b
que diriman este tipo de pretensiones, especialmente cuando sean denegatorias del  367ww
acceso a la información.
3.  El derecho a la información del interno en un centro penitenciario.
El recurrente en amparo solicitó de la directora del centro penitenciario en el que 
cumplía  condena,  con  invocación,  entre  otras  normas,  del  artículo  15.2  de  la  Ley 
Orgánica general penitenciaria (en adelante, LOGP) la entrega de las copias de los 
informes emitidos respecto de su persona por el educador, la psicóloga y la trabajadora 
social del centro o, en su caso, el acceso al contenido de los mismos, por considerarlo 
preciso para poder defender sus intereses frente a decisiones de la administración 
penitenciaria que le rehusasen la concesión de permisos de salida o una progresión de 
grado.
Reclamaba, por lo tanto, informes elaborados en el seno del equipo técnico, que en 
el organigrama de los centros penitenciarios constituye el órgano de apoyo a la junta de 
tratamiento,  con  funciones  de  estudio,  propuesta  y  ejecución  [artículo  265.1  b)  del 
Reglamento penitenciario, en adelante RP], de innegable relevancia en la concesión o 
denegación de los permisos de salida, así como en la determinación de las condiciones 
de su disfrute y control [artículos 156, 160 y 273 g) RP], en la clasificación de grado y en 
la elaboración del plan individualizado de tratamiento.
Ante la negativa de la administración, el actor impetró la tutela del juzgado de 
vigilancia penitenciaria, acogiéndose a la vía del artículo 76.2 LOGP, si bien, como se ha 
expuesto  en  los  antecedentes  de  esta  resolución,  ni  el  juzgado  de  vigilancia 
penitenciaria, ni ulteriormente la audiencia provincial al resolver el recurso de apelación, 
consideraron oportuno rectificar la decisión de la administración, manifestando que el 
artículo 15.2 LOGP no reconoce el derecho a obtener copias de los informes, y que el 
derecho del interno a ser informado sobre su situación personal y penitenciaria puede 
ser restringido en los casos que se enumeran en las mismas resoluciones.
El presente recurso de amparo sostiene que las resoluciones judiciales que combate 
vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 24.1 CE, 
porque (i) utilizan una motivación estereotipada, en la que no se manifiestan las razones 
por las que se le deniega la información, y (ii) le vedan el acceso a la información 
obrante en su expediente penitenciario sin ningún fundamento legal, toda vez que los 
internos tienen el mismo derecho a acceder a la información pública que el resto de los 
ciudadanos  en  sus  relaciones  con  la  administración.  Considera  infringidos  los 
artículos 105 b) CE, 15.2 LOGP y 4.2 k) y 18.1 RP, y las normas administrativas 
generales [se refiere a los artículos 35, letras a) y h), y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, y al artículo 13 d) y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas]; 
aduce que el hecho de que en la fase jurisdiccional, ante el juzgado de vigilancia 
penitenciaria,  el  interno  o  su  defensa  puedan  conocer  los  informes  obrantes  en  el 
proceso, no limita el derecho del interno a ser informado con anterioridad, en la fase 
administrativa, para que pueda ejercer correctamente su derecho de defensa ante dicho 
juzgado.
En relación con el primer fundamento de impugnación, es preciso recordar que este 
tribunal ha calificado de resoluciones estereotipadas, y como tales incompatibles con el 
debido respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE, 
aquellas que «ni dan cuenta de los fundamentos de la queja del interno ni los toman en 
consideración, de modo que podrían aplicarse a cualquier clase de queja fuera cual 
fuese su contenido y cualesquiera que fuesen los preceptos legales en los que se 
fundamentara. La ausencia total de identificación del caso, e incluso de los preceptos  e.
aplicables, convierte en imposible el conocimiento por el interesado o por cualquiera de  w.b
las razones de la decisión» (STC 363/2006, de 18 de diciembre, FJ 3). 367ww
númE. n1 36e1l- 20p1r9o)c, elad iSmeieccnitóon  Saenxtteac deed elan tAe udi(eenxcpiead Piernotvein ciadle d e pSeatnictiao nCersu z dye  Teqnueerjiafes 
LdOictGaP e, na saíp ceolamcoió ne l eal ratíucutolo d 3e7 3 d1e d lea  eLneeyr o3 0d/1e9 29022, 0re ecno neol cqeu qeu, etr aesl  icnittearrn eol  eanrt íucnu loc e1n5tr.2o 
penitenciario, como regla general, tiene derecho a acceder a la información sobre los
datos que consten en sus expedientes personales que afecten a su situación procesal, 
penal y penitenciaria, si bien dicho derecho no presupone que haya de facilitársele en 
todo caso copia de los documentos –reproduce en este particular los razonamientos de 
un auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid– y puede verse 
restringido  «atendiendo  a  las  características  del  interno,  los  posibles  motivos  de 
seguridad  concurrentes  respecto  de  las  personas  que  hayan  emitido  los  informes 
solicitados y que se encuentran en el protocolo del interno, que aconsejan mantener el 
debido grado de confidencialidad de los informes para evitar riesgos innecesarios para 
sus  autores  y  para  favorecer  el  acercamiento  terapéutico».  Considera  que  «las 
particularidades que se pueden presentar en la población reclusa, con individuos que en 
ocasiones  presentan  baja  tolerancia  a  la  frustración,  agresividad  y  el  riesgo  de 
predisposición de los mismos contra los profesionales que redactan informes o notas 
relativos  a  ellos  –si  fueren  de  contenido  no  favorable  a  los  mismos–,  deben  ser 
especialmente ponderadas» y que «tales razones de seguridad o de otra índole (por 
ejemplo  las  peticiones  abusivas  o  injustificadas),  deben  conforme  a  la  legislación 
administrativa común citada al principio ser expuestas razonadamente al interno para 
que este en caso de disenso las pueda recurrir y la jurisdicción determine en definitiva si 
se  han  apreciado  correctamente»;  más  adelante,  afirma  que  «será  en  la  fase 
jurisdiccional ante los juzgados de vigilancia penitenciaria donde el interno y su defensa 
tendrán acceso a los informes que obren en el proceso judicial lo que le permitirá 
ejercitar la defensa de sus derechos e intereses con pleno respeto a los principios de 
contradicción y de igualdad del procedimiento».
Este auto aporta unas razones para la desestimación del recurso y de la queja que 
no cabe tildar de irracionales, arbitrarias, o incursas en error patente, en la medida en 
que  son  trasunto  de  un  criterio  interpretativo,  ampliamente  compartido  en  la 
jurisprudencia menor, de la que hace cita, que no reconoce como parte integrante del 
contenido del derecho del interno a ser informado la facultad de exigir la entrega o 
acceso directo a los documentos obrantes en su expediente personal.
Se trata de una percepción del contenido y alcance del artículo 15.2 LOGP que se 
hace presente en los Criterios de actuación de los juzgados de vigilancia penitenciaria, 
en cuyo apartado 97 bis, aprobado por mayoría cualificada en la reunión de octubre 
de 2007, se manifiesta que «[c]onforme dispone el artículo 15.2 de la LOGP, los internos 
tienen derecho a ser informados de su situación penal y penitenciaria, pero no un 
derecho de acceso directo al contenido del expediente penitenciario, sin perjuicio del 
acceso a los informes que obren en el procedimiento ante el JVP en los términos de la 
LOPJ». Otra cosa es que no pueda calificarse de estereotipado porque no hace una 
aplicación a los concretos problemas presentes en el caso.
Cuestión distinta es evaluar si el auto de la audiencia provincial y los autos del 
juzgado de vigilancia penitenciaria, objeto de impugnación, al asumir esta línea de 
razonamiento,  llegaron  a  identificar  y  a  ponderar  correctamente  los  intereses 
constitucionales en juego, especialmente desde las exigencias de transparencia de los 
poderes públicos impuestas en el artículo 105 b) CE. La afección del derecho del 
recurrente a acceder a los datos personales tratados por la administración penitenciaria 
ofrecería una posibilidad de análisis distinta que, sin embargo, no puede ser abordada en 
la presente resolución, al no haberse planteado en el recurso de amparo, ni formal ni 
materialmente, la vulneración de la facultad de acceso integrada en el contenido del 
derecho fundamental de habeas data garantizado en el artículo 18.4 CE.
El  artículo  105  b)  CE,  encuadrado  en  el  título  IV,  «Del  Gobierno  y  de  la  s
Administración»,  incorpora  un  principio  objetivo  rector  de  la  actuación  de  las  oe.
administraciones públicas (artículo 103.1 CE), derivado de exigencias de democracia y  w.
transparencia, así como un derecho subjetivo de las personas, ejercitable frente a las  367ww
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diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta ley 
complementa las especificaciones normativas sectoriales anteriores, entre las que se 
encuentra,  en  el  ámbito  penitenciario,  el  artículo  15.2  LOGP  y  su  desarrollo 
reglamentario [artículos 4.2 k) y 18.1 RP], constituyendo, en palabras de la STS (Sala 
Tercera, Sección Tercera) 66/2021, de 25 de enero, fundamento de Derecho 4.5, «la 
normativa básica transversal que regula esta materia, al tiempo que complementa al 
resto de las normas» cuyas previsiones «quedan desplazadas, actuando en este caso 
como supletorias, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y 
específico  de  acceso  a  la  información»,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  su 
disposición adicional primera.
A la vista de lo expuesto, debe señalarse que el acceso a la información integra el 
contenido de un derecho público subjetivo ejercitable frente a la administración que, no 
siendo absoluto, solo puede ser limitado por motivos predeterminados en la ley, en virtud 
de una previa ponderación de los intereses en juego. De este modo, la posibilidad de 
limitar  el  acceso  a  la  información  no  constituye  una  potestad  discrecional  de  la 
administración.
Aplicados estos parámetros de interpretación de la configuración constitucional y 
legal del derecho de acceso a la información al presente caso, resulta notorio que la 
decisión de denegar al demandante la entrega de la copia de ciertos informes técnicos 
obrantes en su protocolo de personalidad, o la correspondiente información sobre su 
contenido, no se fundó ni por la administración, ni por la jurisdicción en una causa 
normativamente predeterminada, ni en una ponderación concreta de los intereses en 
juego. El argumento clave utilizado en el auto de la audiencia provincial para rehusar la 
información solicitada fue la posibilidad que tenía el recurrente de acceder a las fuentes 
documentales  solicitadas  mediante  la  impugnación  ante  los  jueces  de  vigilancia 
penitenciaria de los actos y decisiones que adoptara la administración penitenciaria 
sirviéndose de las mismas. El último párrafo de su fundamento de Derecho primero lo 
afirma sin ambages: «De hecho será en la fase jurisdiccional ante los juzgados de 
vigilancia penitenciaria donde el interno y su defensa tendrán acceso a los informes que 
obren en el proceso judicial lo que le permitirá ejercitar la defensa de sus derechos e 
intereses  con  pleno  respeto  a  los  principios  de  contradicción  y  de  igualdad  del 
procedimiento».
Este fundamento, en la medida en que equivale a diferir o mediatizar el ejercicio del 
derecho de acceso por remisión al ejercicio de las acciones procesales, no respeta su 
autonomía  y  sustantividad  propia,  pues  al  incurrir  en  la  indebida  confusión  entre 
publicidad de la actuación administrativa y publicidad de los actos judiciales, vacía de 
contenido  el  derecho  de  acceso  y  lo  desnaturaliza  hasta  el  punto  de  hacerlo 
irreconocible.
Las  resoluciones  impugnadas  tampoco  están  a  la  altura  de  las  necesidades 
especiales de tutela que genera la situación de la persona presa que trata de recabar 
una documentación o información que solo le puede proporcionar la administración 
penitenciaria, especialmente en un caso, como el presente, en el que la información se 
solicita, precisamente, para debatir la procedencia de las decisiones que adopta esa 
misma administración. En este punto es oportuno recordar que la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, de 11 de octubre de 2016, asunto Cano Moya c. 
España, establece que «el artículo 34 del Convenio puede imponer a las autoridades 
estatales la obligación de facilitar copia de documentación a aquellos demandantes que 
se  hallen  en  situaciones  de  especial  vulnerabilidad  o  dependencia  e  incapaces  de  s
obtener la documentación necesaria sin ayuda del Estado (ver, Naydyon v. Ucrania,  oe.
n.º  16474/03,  §  63,  de  14  de  octubre  de  2010)»  (§  50),  siendo  la  situación  de  w.
dependencia resultado del encarcelamiento del demandante, pues «[a] diferencia de  367ww
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encarcelado ni tuvo la oportunidad de escoger la documentación considerada necesaria 
para interponer la demanda ante el tribunal» (§ 51).
La doctrina fijada en esta sentencia, en virtud de la cláusula hermenéutica del 
artículo  10.2  CE,  nos  permite  perfilar,  en  el  ámbito  interno,  la  faceta  del  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE que se activa cuando está 
comprometido el acceso de los internos en un centro penitenciario a la información 
pública, pues concurriendo en el seno de la relación jurídica-penitenciaria una situación 
de claro desequilibrio entre la administración y el interno, resulta perentorio salvaguardar 
el acceso a las fuentes documentales mediante una interpretación restrictiva de las 
causas de excepción o limitación del acceso establecidas en las leyes.
A la vista de lo expuesto, hemos de concluir que el auto de la audiencia provincial, y 
los autos del juzgado de vigilancia penitenciaria confirmados por aquel, no satisfacen las 
necesidades básicas de tutela del derecho de acceso a la información pública de las 
personas que se hallan privadas de libertad en un centro penitenciario, pues se atienen 
al especioso argumento del posible restablecimiento del derecho en fase jurisdiccional, a 
través de la publicidad del procedimiento, para evitar pronunciarse sobre la denuncia de 
su previa lesión en vía administrativa, cuya reparación inmediata era el verdadero objeto 
y fin de la queja, al tiempo que aluden a unas razones de seguridad, preservación de los 
fines del tratamiento y exclusión del ejercicio abusivo del derecho que, aunque en 
abstracto podrían justificar la denegación del acceso por referirse a intereses públicos 
dignos de protección y amparados en la ley, no aparecen conectadas, mediante un 
esfuerzo argumental serio, con las circunstancias del recurrente y del caso planteado.
Esta falta de motivación de las resoluciones judiciales y, particularmente, la renuncia 
de los órganos judiciales a verificar un control de la discrecionalidad de la administración 
mediante un análisis de las causas legales de limitación del acceso y una ponderación 
concreta  de  los  intereses  en  conflicto,  basta  para  declarar  su  nulidad,  y  ordenar  la 
retroacción de las actuaciones al momento anterior al pronunciamiento de la primera de 
ellas, con el fin de que por el juzgado de vigilancia penitenciaria se dicte una nueva 
resolución respetuosa del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE, en 
conexión con el derecho de acceso a la información administrativa del artículo 105 b) CE.
No procede, sin embargo, que este tribunal ordene la entrega al recurrente de los 
documentos solicitados, como se solicita en el suplico de la demanda, pues ello exigiría 
examinar si en el caso concurre algún motivo legítimo de restricción o denegación del 
acceso conforme a la legislación aplicable, cuestión que las resoluciones judiciales han 
omitido  analizar,  y  sobre  la  que  se  habrán  de  pronunciar  los  propios  órganos 
jurisdiccionales  como  consecuencia  de  la  retroacción  de  actuaciones  que  ahora 
ordenamos.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Hassan Ashini y, en su virtud:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(artículo 24.1 CE). e.e
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3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento del auto de 7 de junio de 2019 para que el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria núm. 2, de Santa Cruz de Tenerife, dicte una nueva resolución respetuosa 
con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.