BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 325 Lunes 14 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 114636
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
16114 Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Entidad Arzobispado de Valencia Pastoral Penitenciaria, 
para la gestión de la unidad dependiente «Antonia María de la Misericordia» 
del Centro de Inserción Social de Valencia.
Habiéndose suscrito el 17 de septiembre de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y la Entidad Arzobispado de 
Valencia-Pastoral Penitenciaria para la gestión de la unidad dependiente «Antonia María 
de la Misericordia» de Valencia CIS, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid,  3  de  diciembre  de  2020.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias) y la Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral Penitenciaria para la 
gestión de la unidad dependiente «Antonia María de la Misericordia» de Valencia 
CIS
Madrid, 17 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades (en su redacción dada por el artículo 1, 
apartado 3, de la Orden INT/50/2010, de 12 de enero), en relación con el artículo 62.2.g) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con 
domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Vicente Fontestad Pastor, Vicario General de la Diócesis de 
Valencia, actuando en nombre y representación de la Entidad Arzobispado de Valencia-
Pastoral Penitenciaria, con CIF R4600005E, y facultado para este acto en virtud de las 
atribuciones que tiene conferidas, conforme al canon 479 del Codex Iuris Canonici, y los 
poderes concedido el 15-9-2015.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el  s
presente convenio y, a tal efecto, oe.
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución española establece, en sus artículos 10 y 14, el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la igualdad ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o racial.
Asimismo,  el  artículo  25.2  de  la  Constitución  y  el  artículo  1  de  la  Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establecen, como fin 
primordial de las penas y medidas penales privativas de libertad, la reeducación y 
reinserción social de las personas a ellas sometidas.
Segundo.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Tercero.
El artículo 72.2 de la citada Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que el tercer 
grado de tratamiento se cumplirá en establecimientos de régimen abierto. Dentro de 
ellos, el artículo 80 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/96, 
de 9 de febrero, prevé la existencia de las Unidades Dependientes, consistentes en 
instalaciones fuera de los recintos penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la 
Administración  Penitenciaria,  mediante  la  colaboración  de  las  entidades  públicas  o 
privadas.
Cuarto.
Igualmente, el artículo 69.2 de la referida Ley Orgánica contempla, a fin de conseguir 
una efectiva reinserción social de los residentes, la colaboración y participación de los 
ciudadanos  y  de  instituciones  o  asociaciones  públicas  o  privadas  dedicadas  a  la 
resocialización de los reclusos.
A raíz de estas previsiones legales, se han consolidado diferentes experiencias de 
cumplimiento de penas privativas de libertad en unidades dependientes de los centros 
penitenciarios,  ubicadas  fuera  de  sus  recintos,  con  una  amplia  participación  de 
organismos y asociaciones no penitenciarias que ponen de manifiesto la idoneidad de 
esta modalidad de régimen abierto para conseguir la plena normalización e integración 
social de grupos definidos de penados.
La  realidad  de  las  Unidades  Dependientes  (desarrolladas  en  el  Reglamento 
Penitenciario en sus artículos 165 y siguientes) pone de manifiesto la confluencia de dos 
estrategias de integración que, si bien parten de puntos diferentes, han coincido para 
conseguir  objetivos  idénticos.  El  servicio  social  comunitario  y  los  organismos  e  e.e
instituciones  públicas  y  privadas,  confluyen  con  los  esfuerzos  de  la  Administración  w.b
Penitenciaria para conseguir que el cumplimiento de las penas privativas de libertad, en  114ww
medio abierto, pueda alcanzar su más preciado objetivo.
Quinto.
Que la Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral Penitenciaria viene colaborando 
desde  hace  tiempo  con  Instituciones  Penitenciarias  desarrollando  una  actividad 
ampliamente  demostrada  y  reconocida  socialmente  en  tareas  de  reeducación  y 
reinserción  social  de  personas  privadas  de  libertad  a  través  de  las  Unidades 
Dependientes para mujeres y madres con niños.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es establecer la colaboración entre la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral 
Penitenciaria para la gestión de la Unidad Dependiente «Antonia M.ª de la Misericordia», 
ubicada en C/ Pascual y Genís, n.º 23, 46003 Valencia, para mujeres-madres con hijos 
con un régimen de vida compatible con el denominado régimen abierto, de tal manera 
que puedan beneficiarse de las intervenciones educativas, sociales y psicológicas que 
recibirán por parte del personal profesional, voluntarios de la entidad y colaboradores 
autorizados por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
Segunda.  Características de la Unidad Dependiente.
La  Unidad  Dependiente  del  Centro  de  Inserción  Social  (CIS)  Valencia  «Torre 
Espioca» contará con las características que a continuación se acuerdan:
1.  La  Unidad  Dependiente  estará  ubicada  en  el  inmueble  referenciado  en  la 
cláusula primera, dependiente del CIS de Valencia, destinado a mujeres-madres con 
hijos en tercer grado de cumplimiento de condena y a los que se les ha concedido la 
condición de artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario.
2.  La vivienda tendrá una capacidad máxima de 15 plazas, posibilitando así la 
adecuada  atención  educativa,  social,  psicológica  o  de  otro  tipo  para  favorecer  su 
inclusión social.
Se  fomentará  que  la  vivienda  se  encuentre  la  mayor  parte  del  tiempo  con  su 
capacidad  óptima  de  usuarios  cubierta,  bien  mediante  la  derivación  de  penadas 
propuestas por parte de los centros penitenciarios que corresponda o bien del propio CIS 
de Valencia.
El destino de las residentes de la Unidad Dependiente tendrá carácter voluntario, 
siendo requisito, por parte de cada una de ellas, la aceptación del contrato terapéutico, 
cuyo contenido será elaborado por la Comisión de Seguimiento del convenio que al 
efecto se menciona en la cláusula séptima de este documento.
Las  penadas  propuestas  como  posible  perfil  de  la  Unidad  Dependiente  serán 
entrevistados por el equipo técnico de la Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral 
Penitenciaria previamente a su valoración por parte de la Junta de Tratamiento, a fin de 
poder establecer un programa individualizado de tratamiento (PIT) adecuado a la usuaria 
y que el contenido de éste se tenga en cuenta en dicha reunión. es
Asimismo, siempre que se prevea el cambio de situación penitenciaria de una de las  bo
usuarias atendidas por la Unidad Dependiente, se solicitará informe de valoración al  4w
daeecqu uigeiLpuraodas ol t  émrcceoonsndiicd oeoe,l  n édptseertos elg a prd auEeme ndatliaa dy  ao Udnfr noeAircdmreazraod ssb  uiDds vpeeia psfdieuóonnn dc daiioee nln aVat eJma uleirneentnacctii obad i-erqPá uTaners a tctotraoarmantalj iuemPnneitetanonmi ttqeoeun necrt eeilao era didacue uccpeaiardddraaoe. rn,q  uldaees,    OE-A-2020-16able en https://
partes firmantes.
La atención sanitaria de estas residentes correrá a cargo de los servicios médicos del 
Sistema Nacional de Salud de acuerdo con la normativa vigente.
Tercera.  Obligaciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se obliga, como con cualquier 
otro interno/residente, a aportar el importe del racionado establecido para cada residente 
así  como  los  correspondientes  lotes  de  aseo  que,  por  interno/residente,  pudiera 
corresponder y el material de limpieza para mantener el piso en condiciones óptimas.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se obliga a llevar a cabo los 
controles  presenciales  y  aleatorios  necesarios  para  la  comprobación  del  buen 
funcionamiento de la vivienda.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se compromete a informar 
sobre la marcha de los programas e iniciativas relacionados con actividades a desarrollar 
en  la  Unidad  Dependiente,  que  la  Entidad  Arzobispado  de  Valencia-Pastoral 
Penitenciaria presente ante las instancias pertinentes a fin de recabar apoyo económico 
para los mismos.
Cuarta.  Obligaciones de la Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral Penitenciaria con 
relación al domicilio de la Unidad Dependiente y las usuarias de la misma.
La  Entidad  Arzobispado  de  Valencia-Pastoral  Penitenciaria  se  obliga  a  poner  a 
disposición de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el espacio físico 
necesario para el desarrollo de la Unidad Dependiente, en estado óptimo para su uso.
La Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral Penitenciaria se obliga a comunicar a 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través del Director/a del CIS de 
Valencia y con dos meses de antelación, el posible cambio que, por motivos de fuerza 
mayor, pueda producirse en el domicilio en que se ubique la Unidad Dependiente.
La Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral Penitenciaria se obliga, igualmente, a 
llevar a cabo el programa de intervención específico de la unidad, aportando a su cargo 
el personal técnico y voluntario adecuado.
Los gastos de luz, agua, teléfono, calefacción, etc., que pudieran generar el local 
donde se ubica la Unidad Dependiente, correrán a cargo de la Entidad Arzobispado de 
Valencia-Pastoral Penitenciaria.
Quinta.  No nacimiento de obligaciones contractuales.
Del  presente  convenio  no  nacerán  obligaciones  contractuales,  funcionariales, 
laborales  ni  estatutarias  de  ningún  tipo  entre  el  personal  asignado  por  la  Entidad 
Arzobispado  de  Valencia-Pastoral  Penitenciaria  y  la  Administración  Penitenciaria  y 
viceversa.
Sexta.  Financiación.
El presente convenio conlleva coste para las partes que lo suscriben.
En  los  términos  de  la  cláusula  tercera,  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias se obliga, como con cualquier otro interno/residente, a aportar el importe 
del racionado establecido para cada residente así como los correspondientes lotes de 
aseo que, por interno/residente, pudiera corresponder y el material de limpieza para 
mantener  el  piso  en  condiciones  óptimas,  con  un  coste  anual  de  22.018,56  euros  e.e
(1605133A22105) y 2009,52 euros (1605133A22199), respectivamente. w.b
Por su parte, en los términos de la cláusula cuarta, los gastos de luz, agua, teléfono,  114ww
csaul effuanccciioónna, meitecn. tqou, ec pourrdeireárna na g ceanregroa r deel  lolac aEl ndtoidnadde  Aserz oubbiiscpaa ldao U dneid aVda lDenecpiean-Pdiaesnttoer ayl 
Penitenciaria y que ascienden a 6.218,79 euros de media anual.
Séptima.  Comisión mixta de seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes de la Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral Penitenciaria que serán 
nombrados por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias y por su Presidente/
Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octava.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  La Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral Penitenciaria se compromete a 
mantener  en  secreto  todos  los  datos  e  informaciones  facilitados  por  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y que sean concernientes a la ejecución del 
objeto  del  presente  convenio.  En  particular,  será  considerado  como  información 
confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo la Entidad mantener dicha 
información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a 
ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la Entidad. Los datos objeto de tratamiento 
tendrán  por  finalidad  la  ejecución  de  sanciones  penales,  al  amparo  de  la  Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías de: Nombre y apellidos, DNI o NIS,  e
dirección, familia, lugar donde disfrutar los permisos (datos contenidos en informe social  bo
entregado en la Unidad Dependiente). 4w
ocargráa54cn..t  iezarLL tpaaivessar  ssop pnanaaretrlect eyess  se afvirriitfmaeirsnma  nsaqtuneu tseae  lsteeg rsaatdrácaeninól  tnico,c ebponléin grvdalaeidd naasiso,e   tgrauaq rtauiidmmeadpdieal annent o ta ioenr  xtaeolcgancrseie drsaamodd ea ndsdoi de aa udslote os rt iézdccaaundtaiooclaq.s su ideeyr    OE-A-2020-16able en https://
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  quebrantado  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Novena.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones  Penitenciarias  y  de  la  Entidad  Arzobispado  de  Valencia-Pastoral 
Penitenciaria.
Décima.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previstos en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Undécima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia del convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Entidad 
Arzobispado de Valencia-Pastoral Penitenciaria podrán acordar, expresamente y por 
escrito, su prórroga por otros cuatro años adicionales.
Duodécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El 
Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–Por la 
Entidad Arzobispado de Valencia-Pastoral Penitenciaria, Vicente Fontestad Pastor.