BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 70978
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9671 Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil XXIII de Madrid a inscribir una escritura de constitución 
de una sociedad de responsabilidad limitada.
En el recurso interpuesto por don José Manuel Benéitez Bernabé, notario de Soria, 
contra la negativa del registrador Mercantil XXIII de Madrid, don Fernando Trigo Portela, 
a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos
I
El día 11 de febrero de 2021 se otorgó escritura de constitución de la sociedad «Safe 
Haven Investments, S.L.» ante el notario de Soria, don José Manuel Benéitez Bernabé.
En el artículo 2 de los estatutos sociales se establecía, en lo que interesa en este 
expediente, que la sociedad tenía por objeto, entre otras, las siguientes actividades:
«–  La  suscripción  o  adquisición  por  cualquier  medio  lícito,  y  la  tenencia, 
administración y enajenación de acciones y participaciones en el activo de Sociedades 
de toda clase, civiles, mercantiles, industriales, cooperativas y mutualidades, así como 
de bonos, obligaciones simples o hipotecarias y cualquier otra clase de títulos o valores 
mobiliarios, cotizados o no en Bolsa. Todas estas operaciones se realizarán por cuenta 
propia, y excepción hecha de las operaciones sujetas a las Leyes del Mercado de 
Valores y sobre Instituciones de Inversión Colectiva, y, en particular, con exclusión del 
objeto propio de las sociedades de Inversión Colectiva, que es el objeto social principal, 
con CNAE, 6420 (…)
– La prestación a terceros de servicios administrativos y contables y la realización de 
estudios, proyectos de asesoramiento técnicos, financieros y de inversión, con CNAE, 
6920 y 7022 (…)
Las  actividades  enumeradas  anteriormente  podrán  ser  desarrolladas  por  la 
Sociedad, ya directamente, ya indirectamente mediante su participación en sociedades 
de objeto análogo o idéntico.
En  relación  con  las  actividades  que  integran  el  objeto  social  que  pueden 
considerarse propias de una sociedad profesional, se hace constar que la presente no es 
tal, sino que es, respecto de dicha actividad, una sociedad de intermediación.
Quedan  excluidas  todas  aquellas  actividades  para  cuyo  ejercicio  la  ley  exija 
requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si las disposiciones 
legales exigieran para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el 
objeto social, algún título profesional o autorización administrativa o la inscripción en 
Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que 
ostente la requerida titulación, y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan  s
cumplido los requisitos administrativos exigidos.» oe.
Y en el artículo 18 se dispone lo siguiente: 71ww
«El cargo de administrador es retribuido y consiste, no en una participación en los
dbeesneemficpioesñ,o  sdineol  ceanrg ou ndae  caadnmtiidnaisdtr afidjao rq euse  ccoamdpaa taibñloe  ceosnta ebll edceesreám lpae Jñuon dtae  oGtreanse rtaarl.e aEsl 
laborales para la entidad. En el caso de que las mencionadas tareas sean las labores de
gerencia y dirección de la entidad, la remuneración por estas labores consistirá en una 
cantidad fija que cada año determinará la Junta General.»
II
Presentada el día 24 de febrero de 2021 la referida escritura en el Registro Mercantil 
de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Fernando Trigo Portela, Registrador Mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 146/341.
F presentación: 24/02/2021.
Entrada: 1/2021/28.096,0.
Sociedad: Safe Haven Investments SL.
Hoja:
Autorizante: Benéitez Bernabé José Manuel.
Protocolo: 2021/254 de 11/02/2021.
Fundamentos de Derecho.
1.  El artículo 2 de los estatutos establece como una actividad del objeto social 
asesoramiento financiero que está reservado, en exclusiva, por los artículos 143, 144 
R.D. 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el TR. de la Ley del Mercado de 
Valores, a las empresas de servicios de inversión, cuyos requisitos, autorización en 
inscripción en los correspondientes registros administrativos, esta sociedad no cumple.
Artículo 143.  Clases de empresas de servicios de inversión.
1.  Son empresas de servicios de inversión las siguientes:
a)  Las sociedades de valores.
b)  Las agencias de valores.
c)  Las sociedades gestoras de carteras.
d)  Las empresas de asesoramiento financiero.
2.  Las sociedades de valores son aquellas empresas de servicios de inversión que 
pueden operar profesionalmente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y 
realizar  todos  los  servicios  de  inversión  y  servicios  auxiliares  previstos  en  los 
artículos 140 y 141, respectivamente.
3.  Las agencias de valores son aquellas empresas de servicios de inversión que 
profesionalmente sólo pueden operar por cuenta ajena, con representación o sin ella. 
Podrán realizar los servicios de inversión y los servicios auxiliares previstos en los 
artículos  140  y  141,  respectivamente,  con  excepción  de  los  previstos  en  el 
artículo 140.1.c), y en el artículo 141.b). es
4.  Las sociedades gestoras de carteras son aquellas empresas de servicios y  o
actividades de inversión que exclusivamente pueden prestar los servicios y actividades  71www.
ptdaeoeuns xeiiinclriva ióefronerns sdid óeponurs ed pvoorires atvvo iacsslot oonerse nr s eee snldp  aeeer lc tcítacolirue taílnco tsu eu1lsos4   11pc.4locie0r)  n.y1lto e.de sq)). .u yEe g,s )tea. nsT  aenmminbpgiérúenns  apcsoa dsnrooá, n e psroetadarrláiáznna  ra cluootlsoo rcsizaearrsdveiac sieo nas    OE-A-2021-96able en https://
5.  Las empresas de asesoramiento financiero son aquellas personas físicas o jurídicas 
que exclusivamente pueden prestar los servicios y actividades de inversión previstos en el 
artículo 140.1.g) y los servicios auxiliares previstos en el artículo 141.c) y e).
En ningún caso, las actividades realizadas por las empresas de asesoramiento 
financiero estarán cubiertas por el fondo de garantía de inversiones regulado en el título 
VI. Estas empresas no estarán autorizadas a tener fondos o valores de clientes por lo 
que, en ningún caso, podrán colocarse en posición deudora con respecto a sus clientes.
Las agencias de valores, las sociedades gestoras de carteras y las empresas de 
asesoramiento financiero no podrán realizar operaciones sobre valores o efectivo en 
nombre propio, salvo para, con sujeción a las limitaciones que reglamentariamente se 
establezcan, administrar su propio patrimonio.
Artículo 144.  Reserva de actividad y denominación.
1.  Ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y 
hallarse inscrita en los correspondientes registros administrativos de la CNMV o del 
Banco  de  España,  desarrollar  con  carácter  profesional  o  habitual  las  actividades 
previstas en el artículo 140 y en el artículo 141.a), b), d), j) y g), en relación con los 
instrumentos financieros contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, a 
las operaciones sobre divisas.
Asimismo, la comercialización de servicios y actividades de inversión y la captación 
de clientes sólo podrán realizarlas profesionalmente, por sí mismas o a de los agentes 
regulados en el artículo 146, las entidades que estuvieran autorizadas a prestar tales 
servicios.
2.  Las denominaciones de “Sociedad de Valores”, “Agencia de Valores”, “Sociedad 
Gestora  de  Carteras”  y  “Empresa  de  Asesoramiento  Financiero”,  así  como  sus 
abreviaturas “S.V.”, “A.V.”, “S.G.C.” y “E.A.F.” respectivamente, quedan reservadas a las 
entidades inscritas en los correspondientes registros de la CNMV, las cuales están 
obligadas a incluirlas en su denominación. Ninguna otra persona o entidad podrá utilizar 
tales denominaciones o abreviaturas ni la denominación de “empresa de servicios y 
actividades de inversión” ni cualquier otra denominación o abreviatura que induzca a 
confusión.
3.  Las  personas  o  entidades  que  incumplan  lo  previsto  en  los  dos  apartados 
anteriores serán requeridas para que cesen inmediatamente en la utilización de las 
denominaciones o en la oferta o realización de las actividades descritas. Si, en el plazo 
de treinta días a contar desde la notificación del requerimiento, continuaran utilizándolas 
o  realizándolas  serán  sancionadas  con  multas  coercitivas  por  importe  de  hasta 
quinientos  mil  euros,  que  podrán  ser  reiteradas  con  ocasión  de  posteriores 
requerimientos.
4.  Será competente para la formulación de los requerimientos y para la imposición 
de las multas a que se refiere el apartado anterior la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores que también podrá hacer advertencias públicas respecto a la existencia de esta 
conducta. Los requerimientos se formularán previa audiencia de la persona o entidad 
interesada y las multas se impondrán con arreglo al procedimiento previsto en esta ley. 
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las demás sanciones que 
procedan con arreglo a lo dispuesto en el título VIII ni de las demás responsabilidades, 
incluso de orden penal, que puedan ser exigibles.
5.  El Registro Mercantil y los demás Registros públicos no inscribirán a aquellas 
entidades cuyo objeto social o cuya denominación resulten contrarios a lo dispuesto en  e.
esta ley. Cuando, no obstante, tales inscripciones se hayan practicado, serán nulas de  w.b
pleno derecho, debiendo procederse a su cancelación de oficio o a petición de la  71ww
Cteorcmeirsoiósn  dNea cbiouneanl ad efle M, earcdaqduoir iddeo sV acloornefso.r mDiec haa l nucloidnatedn nidoo p edreju dliocsa rác olorsre dseproencdhioesn tdees 
RegLisat roRse.solución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de
febrero de 2019 finaliza diciendo lo siguiente: Por otro lado, es cierto que la Resolución
de 29 de enero de 2014 consideró que la actividad de compraventa de valores no exige 
una expresa exclusión de actividad de la Ley del Mercado de Valores, pero así se 
consideró precisamente porque dicha actividad no es, per se, una actividad regulada y 
reservada por la ley a las empresas de servicios de inversión. No ocurre así en el 
supuesto  que  da  lugar  a  la  presente  en  el  que  la  actividad  de  asesoramiento  de 
inversión, equivalente a la consultoría financiera como ha quedado acreditado, sí que 
constituye una actividad típica y reservada a las empresas de servicios de inversión 
(artículo 140.1.g) de la Ley del Mercado de Valores). Y es que, a diferencia de la 
actividad de compraventa de valores que no implica necesariamente una actuación por 
cuenta de terceros, la asesoría se realiza, por definición, por dicha cuenta por lo que, 
como ha sido reiterado, es precisa una exclusión expresa y amparada en las previsiones 
de la ley (vid artículo 139.1.k) de la Ley del Mercado de Valores de difícil encaje en el 
derecho de sociedades, cuestión que escapa al objeto de la presente sin que proceda 
ahora llevar a cabo un pronunciamiento al respecto).
2.  En relación al artículo 18 de los estatutos sociales, si bien en principio la relación 
orgánica que por naturaleza corresponde al administrador no impide la celebración de un 
contrato laboral o civil con la sociedad con sus retribuciones correspondientes (ver 
art 220 LSC), esta acumulación de relaciones y retribuciones ha sido condicionada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias 21 abril 2005, 30 diciembre 1992, 26 
marzo  1996  y  especialmente  la  de  la  Sala  4.ª  de  9  diciembre  2009)  a  que  el 
administrador desarrolle como consecuencia de las últimas, una actividad distinta a la 
que le corresponde como órgano de administración y excluyendo en todo caso los 
contratos  laborales  de  alta  dirección  pues,  en  caso  contrario,  la  función  que  el 
administrador ha de desempeñar sobre la base del vínculo laboral estaría ya incluida 
dentro  de  la  posición  orgánica  siendo  incompatible  la  dualidad  de  relaciones  y 
retribuciones prevaleciendo la relación orgánica sobre la laboral -doctrina del vínculo 
único-  (Resoluciones  3  abril  2013  y  12  mayo  2014).  Por  todo  lo  dicho  deberán 
condicionarse las retribuciones que el administrador perciba por relaciones laborales a 
que el administrador desarrolle como consecuencia de las mismas una actividad distinta 
a la que le corresponde como órgano de administración y excluyendo las relaciones 
laborales de alta dirección.
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2009: Teniendo siempre 
presente el anterior argumento, esta Sala ha resuelto reiteradamente la cuestión que se 
plantea, en el sentido asumido por la sentencia referencial. Las sentencias de 29-9-1988, 
21 de enero, 13 mayo y 3 junio y 18 junio 1991, 27-1-92 (rcud. 1368/1991), 11 de marzo 
de 1.994 (rcud. 1318/1993), 22-12-94 (rcud. 2889/1993), 16-6-98 (rcud. 5062/1997), 
20-11-2002  (rcud.  337/2002)  y  26-12-07  (rcud  1652/2006)  han  establecido  que  en 
supuestos  de  desempeño  simultáneo  de  actividades  propias  del  Consejo  de 
administración de la Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que 
determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido de 
las funciones que se realizan sino la naturaleza de vínculo, (de ahí que en el caso 
presente, sea irrelevante que la amplitud de los poderes sea distinta en el caso de la 
sentencia recurrida y en el de la referencial, al haber actuado ambos demandantes en 
función del vínculo que como miembros de consejo de administración les unía con las 
empresas demandadas); por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el 
campo  de  la  administración  social,  cuyas  facultades  se  ejercitan  directamente  o 
mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva a 
que, como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de  e.
dependencia, pero no calificables de alta dirección sino como comunes, cabría admitir el  w.b
desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de  71ww
caráRcetesro llaubcoiórna l.de 3 de abril de 2013 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pesútbalbicleac: ie“Nseo  qsueerí alo sin sacdrmibiinbilset raudnoar ecsl áou scuolan seesjetarotust adriisaf rudtea ráunn,a  psoor csieudsa sde rlivmicitioasd ac oqmueo 
tales, además de la retribución cuyo sistema se describa en estatutos, de sueldos u
honorarios a percibir, en virtud de cualesquiera contratos, laborales, civiles o mercantiles, 
la celebración de los cuales se contempla en estatutos”.
Resolución de 10 de mayo de 2016 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe  Pública:  “Sin  embargo,  también  en  estos  supuestos  que  hemos  llamado  de 
administración  simple  pueden  existir  funciones  extrañas  al  cargo.  Estas  funciones 
extrañas al cargo -es decir, las que nada tienen que ver con la gestión y dirección de la 
empresa- tampoco es necesario que consten en estatutos, sino simplemente en los 
contratos que correspondan (contrato de arrendamiento de servicios para regular las 
prestaciones profesionales que presta un administrador a la sociedad, contrato laboral 
común, etc., en función de las labores o tareas de que se trate); lo único que no cabría 
es un contrato de alta dirección se solapan o coinciden con las funciones inherentes al 
cargo de administrador en estas formas de organizar la administración”.
Son defectos subsanables.
En relación con la presente calificación: (…)
Madrid, uno de marzo de dos mil veintiuno
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Fernando Trigo 
Portela a día 01/03/2021.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don José Manuel Benéitez Bernabé, notario de 
Soria, interpuso recurso el día 4 de marzo de 2021 mediante escrito el que alegaba los 
siguientes fundamentos jurídicos:
«Primero.
La actividad que constituye el objeto principal de la sociedad es, y así se establece 
de manera inequívoca por dos veces en la escritura calificada, en la cláusula segunda y 
en el artículo segundo, “la suscripción o adquisición por cualquier medio lícito, y la 
tenencia, administración y enajenación de acciones y participaciones en el activo de 
Sociedades de toda clase, civiles, mercantiles, industriales, cooperativas y mutualidades, 
así como de bonos, obligaciones simples o hipotecarias y cualquier otra clase de títulos o 
valores mobiliarios, cotizados o no en Bolsa, por cuenta propia, y excepción hecha de las 
operaciones  sujetas  a  las  Leyes  del  Mercado  de  Valores  y  sobre  Instituciones  de 
Inversión Colectiva, y, en particular, con exclusión del objeto propio de las sociedades de 
Inversión Colectiva, con código de actividad económica, 6420.”, extremo este que no 
ofrece ninguna controversia, ni es ni puede ser objeto de calificación negativa.
Sí la ofrece –y no lo ha ignorado nunca el Notario autorizante- el relativo a incluir en 
el objeto social el asesoramiento financiero. Y es precisamente por ello, como no puede 
desconocerse en la calificación registral, que ha de tener en cuenta para calificar el título 
en su conjunto, por lo que en la propia escritura se dice textualmente que “En relación 
con las actividades que integran el objeto social que pueden considerarse propias de una 
sociedad profesional, se hace constar que la presente no es tal, sino que es, respecto de 
dicha  actividad,  una  sociedad  de  intermediación”,  y  que  “Quedan  excluidas  todas 
aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden 
cumplidos por esta Sociedad. Si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de 
algunas de las actividades comprendidas en el objeto social, algún título profesional o  s
autorización administrativa o la inscripción en Registros Públicos, dichas actividades  oe.
deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación, y, en su  w.
caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos  71ww
exigTidoomsa.”da en consecuencia, en relación con el asesoramiento financiero, la sociedad
qcoume usnei ccaocnióstnit udyee g caonmanoc diaes -i,n nteor mhae ddiea coiófrne c-ehru bpireorbal epmoad idaolg usneor  tsaum inbsiécnri pdcei ómn erdeigoiss,t roa l.d Ye   BOE-A-cable e
así lo establecen las RRDGRN de 11 de septiembre de 2017 (BOE 240 de 5 de octubre 
de 2017, página 96664 y siguientes); la número 2009/005012 de cinco de marzo de dos 
mil nueve; y la de 24 de abril de 2017 (BOE 116 de 16 de mayo de 2017, página 40211).
Entre otras.
Cuestión distinta hubiera sido si el asesoramiento financiero se hubiera constituido 
como objeto principal de la sociedad. Pero no lo es en ningún caso, sin que quepa 
interpretación al respecto.
Segundo.
Aun en el supuesto de que no se admitiera lo anterior, no puede desconocer el señor 
Registrador  que  se  ha  solicitado  por  los  comparecientes  y  otorgantes,  de  manera 
expresa y en la propia escritura, la inscripción de los negocios jurídicos inscribibles, aún 
en el supuesto del artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil.
Por tanto, el señor Registrador hubiera podido denegar la inscripción solo en relación 
con que el asesoramiento financiero formara parte del objeto social. Pero nunca y bajo 
ninguna circunstancia se puede negar a la inscripción del resto.
Tercero.
Lo  mismo  cabe  decir  del  defecto  segundo,  relativo  al  artículo  dieciocho  de  los 
estatutos sociales.
Con independencia de que la redacción del artículo dieciocho nunca ha ofrecido el 
más mínimo problema para la inscripción en distintos registros mercantiles para el 
Notario autorizante, lo cierto es que este no niega que efectivamente pueda tener razón 
el señor Registrador.
Pero como la redacción del artículo dieciocho está también bajo la cobertura de la 
solicitud expresa de inscripción de los negocios jurídicos inscribibles aún en el supuesto 
del artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil, tampoco puede dedicarse el señor 
Registrador a una denegación total de la inscripción.
Podrá efectivamente denegar la inscripción de la parte del artículo dieciocho que dice 
que el desempeño del cargo de administrador es compatible con el desempeño de otras 
tareas laborales para la entidad, y que en el caso de que las mencionadas tareas sean 
las labores de gerencia y dirección de la entidad, la remuneración por estas labores 
consistirá en una cantidad fija que cada año determinará la Junta General.
Pero bajo ningún concepto, y precisamente por el contenido de su propia calificación, 
podrá  denegar  la  inscripción  del  resto  del  artículo,  es  decir,  que  “El  cargo  de 
administrador es retribuido y consiste, no en una participación en los beneficios, sino en 
una cantidad fija que cada año establecerá la Junta General.”, porque la parte inscribible 
del artículo dieciocho tiene entidad suficiente, sin necesidad del resto, para constituir una 
norma estatutaria completa.»
IV
Mediante escrito, de fecha 8 de marzo de 2021, el registrador Mercantil elevó el 
expediente, con su informe, a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1271 y 1272 del Código Civil; 1, 2, 18 y 117 del Código de  oe.
Comercio; 22.1.b), 23.b) y.e), 28, 217, 218, 219, 220, 227, 228, 232, 236, 249, 249 bis,  w.
2SL6eo0gc,iise 5lda2at9idv oeq su4 in/2dd0ee1c 5ie,C sda, ep5 i22ta93l  ;s deep1 ot3dc8et,uc bie1rse3,, 9 5p,2 o9r1  oe4cl0 tq,o udee1 c4si1ee, s a, p51r24u93e  bnaoy v eol 1dte4ex4cti oe sdr eeyf lu 5n4Rd1ie ddaoel   dlaeD  Lelaec yrL edeteoy    2021-9671n https://ww
del Mercado de Valores; 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero,
sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás  Bc
entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento  de  la  Ley  35/2003,  de  4  de  noviembre,  de  Instituciones  de  Inversión 
Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre; 5, 6, 15, 58 y 63 
del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de 
diciembre de 1992, 21 de abril de 2005, 24 de abril y 31 de octubre de 2007, 29 de mayo 
de 2008, 28 de septiembre de 2010, 19 de diciembre de 2011, 19 de diciembre de 2012, 
18 y 25 de junio de 2013 y 26 de febrero de 2018; las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 5 de noviembre de 1956, 1 de diciembre 
de 1982, 13, 14 y 15 de octubre de 1992, 5 de abril, 1 de septiembre y 15 de diciembre 
de 1993, 11 de diciembre de 1995, 17 de abril de 1998, 8 de julio y 18 de noviembre 
de 1999, 8 de enero de 2000, 12 de abril de 2002, 12 de noviembre de 2003, 29 de 
enero de 2005, 14 de julio de 2006, 23 de septiembre de 2008, 15 de octubre de 2010, 
23 de marzo, 5 de abril, 4, 17 y 29 de junio, 5 de septiembre y 14 y 15 de noviembre 
de 2011, 25 de enero, 2 de febrero, 13 de marzo y 8 y 19 de mayo de 2012, 16 de 
febrero, 5, 7, 16 y 19 de marzo, 3 de abril, 23 de mayo y 11 de noviembre de 2013, 29 de 
enero, 25 de febrero, 5 y 11 de marzo, 12 de mayo, 17 de junio, 10 de julio y 26 de 
septiembre de 2014, 19 de febrero, 12 y 25 de marzo, 1 de abril, 5 y 16 de junio, 30 de 
julio, 7 y 17 de septiembre y 5 de noviembre de 2015, 21 de enero, 10 de mayo, 17 de 
junio y 2 de noviembre de 2016, 31 de octubre, 8 de noviembre y 12 de diciembre 
de 2018 y 27 de febrero de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de junio de 2020 y 18 de marzo y 26 de abril 
de 2021.
1.  En relación con la primera objeción que el registrador opone a la inscripción de la 
escritura de constitución la sociedad «Safe Haven Investments, S.L.», debe decidirse en 
este expediente si es o no inscribible la cláusula de los estatutos por la que se incluye en 
el objeto social como actividad la de «asesoramiento financiero».
2.  Es doctrina de este Centro Directivo (vid., por todas, las Resoluciones de 15 de 
diciembre  de  1993  y  30  de  abril  de  1999,  con  criterio  reiterado  en  muchas  otras 
posteriores)  que  es  la  definición  estatutaria  del  objeto  social,  y  no  el  efectivo 
desenvolvimiento posterior de las actividades en él comprendidas, lo que determina la 
aplicabilidad de aquellas disposiciones especiales que prevén el cumplimiento de ciertos 
requisitos por razón del ámbito de actuación delimitado, de modo que desde el momento 
fundacional la sociedad ha de reunir todos los requisitos que hagan viable el completo 
desarrollo de cualesquiera actividades que integran el objeto social (artículos 36, 1271, 
1666 y 1700.2.º del Código Civil y 117 del Código de Comercio); la delimitación por el 
género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión específica para 
que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa.
Con base en tal doctrina puede ocurrir que la actividad social cuestionada, lícita y 
posible en términos generales, choque en ocasiones con las limitaciones legales que se 
imponen para su ejercicio en relación con determinadas ramas o manifestaciones de la 
misma, lo sea por la necesidad de un título habilitante, una forma o estructura social 
concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc. En tales casos, resultará que 
el ejercicio de la actividad que se define como objeto social, que ha de entenderse 
extensiva a todas las especies incluidas en su enunciado al no excluirse ninguna, no 
será posible ni lícita, dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los 
artículos 1271 y 1272 del Código Civil.
Esta  apreciación  es  de  especial  importancia  en  supuestos  como  el  de  este 
expediente en que el legislador ha tenido especial empeño en acotar cuidadosamente el  e.
conjunto  de  actividades  sujetas  a  un  régimen  especial.  Esta  especial  previsión  del  w.b
legislador quedaría vacía de contenido si se permitiese la inscripción de actividades  71ww
geel neésfruicearsz oq udee lc loemgipsrlaednodrie esne nd etasnlitnodsa lra su nreags udlaed laass  cootrmaos.  laDse n aoc reepgtualrasdea lsa  hinasccierinpdcoió inn údteil 
ilnas cerxippcreiósnió enn  geel nRéerigcias trdoe M  aecrctiavnidtial de xscelu siinvcaummepnltireí ad ela a qpureelvlaissió sno cleiegdaal dedse  qpueer mreitúirn alna 
los requisitos especialmente previstos para el desarrollo de la actividad reservada.
3.  En relación con las actividades de servicios de inversión, el legislador español ha 
querido  ser  especialmente  cuidadoso  habida  cuenta  de  que  el  ámbito  de  posible 
actividad se refiere a una, la inversión en productos financieros, en la que el compromiso 
patrimonial que se puede derivar para los clientes no profesionales puede tener, y de 
hecho ha tenido en nuestra reciente historia, consecuencias muy negativas y un impacto 
social grave. Se justifica así el especial empeño en privar de la inscripción en el Registro 
Mercantil y de la protección que de la misma se deriva a la realización de determinadas 
actividades de servicios de inversión, salvedad hecha de que la sociedad reúna los 
requisitos legalmente previstos para el ejercicio de la actividad reservada.
La  regulación  de  dichas  actividades  se  encuentra  en  el  Real  Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores, y por el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el 
régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que 
prestan servicios de inversión.
La sujeción de las empresas al contenido de la ley implica, entre otros requisitos, la 
necesidad  de  obtener  autorización  administrativa  e  inscripción  en  el  registro 
administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en caso de 
sociedades, el de añadir a su denominación aquella correspondiente al tipo de empresa 
de inversión que corresponda (artículo 144 de la Ley del Mercado de Valores).
De  la  regulación  legal  resulta  una  primera  delimitación  conceptual  de  lo  que 
constituyen  empresas  de  servicios  de  inversión  que  viene  contemplada  en  el 
artículo 138.1 de la Ley del Mercado de Valores cuando afirma: «Las empresas de 
servicios de inversión son aquellas empresas cuya actividad principal consiste en prestar 
servicios  de  inversión,  con  carácter  profesional,  a  terceros  sobre  los  instrumentos 
financieros señalados en el artículo 2».
Del concepto legal resulta que las empresas de servicios de inversión se conceptúan 
tanto en relación con las actividades que llevan a cabo (artículos 140, 141 y 142 de la 
propia ley), como por el objeto sobre el que recae su actividad, así como por el carácter 
profesional  de  su  ejercicio  (en  el  sentido  de  habitual  y  cualificado),  y  por  sus 
destinatarios. Las sociedades que comprendan en su objeto alguna de las actividades de 
servicios  de  inversión  han  de  acomodar  su  contenido  a  los  requisitos  especiales 
previstos en la Ley del Mercado de Valores.
Cuando las sociedades no realicen ninguna actividad de servicios de inversión o 
cuando realizándola no confluyan los requisitos legales para considerarlas como tales, 
no será precisa su acomodación a las exigencias de la Ley del Mercado de Valores. La 
propia ley excluye de su regulación aquellas empresas en que no se aprecia la necesaria 
concurrencia de los requisitos anteriormente citados (artículo 139).
En aplicación de la doctrina de esta Dirección General expuesta anteriormente la 
concurrencia de una causa de exclusión de las previstas en el artículo 139 de la Ley del 
Mercado de Valores debe expresarse en los estatutos sociales de forma expresa y 
determinada siempre que concurran aquellas circunstancias que el propio precepto exige 
para evitar la aplicación de la previsión general de sujeción a la Ley.
4.  Por lo que se refiere a la actividad específica de asesoramiento, la ley reserva la 
actividad «asesoramiento en materia de inversión», a las empresas de inversión que 
sean sociedades de valores (con denominación igualmente reservada, artículo 144: 
S.V.), o agencias de valores (con denominación igualmente reservada, artículo 144: 
A.V.), o a sociedades gestoras de carteras (con denominación igualmente reservada, 
artículo 144: S.G.C.), o a empresas de asesoramiento financiero (con denominación  s
igualmente reservada, artículo 144: E.A.F.). oe.
La  ley  define  el  asesoramiento  en  materia  de  inversión  de  forma  negativa  al  w.
establecer  en  su  artículo  140.1.g),  que  «no  se  considerará  que  constituya  71ww
acaseráscotrearm  gieenntéor,i cao  loys  enfoe cptoesrs doen aloli zdaidspaus eqstuoe  ense e spteu eadpaanr taredaol,i zlaasr  reenc oeml eánmdabcitioo nedse  dlea 
tceonmderárcni aelizl avcaiólonr   ddee   cvoamlourensic aec ioinnesstr udmee nctaorsá ctfeinra nccoimereorsc.i alD. icAhsaims isrmecoo, mtaemndpaoccioo nsees   BOE-A-cable e
considerará  recomendación  personalizada  las  recomendaciones  que  se  divulguen 
exclusivamente al público».
Consecuentemente para que una actividad social de asesoramiento en materia de 
inversión  quede  excluida  de  la  aplicación  de  la  ley  será  preciso  que  la  previsión 
estatutaria lo refleje de modo expreso pues de lo contrario se aplicaría la regla general 
de reserva de actividad y de denominación con las graves consecuencias previstas en el 
artículo 144.5 de la Ley del Mercado de Valores: «El Registro Mercantil y los demás 
Registros  públicos  no  inscribirán  a  aquellas  entidades  cuyo  objeto  social  o  cuya 
denominación resulten contrarios a lo dispuesto en esta ley. Cuando, no obstante, tales 
inscripciones se hayan practicado, serán nulas de pleno derecho, debiendo procederse a 
su cancelación de oficio o a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
Dicha nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme 
al contenido de los correspondientes Registros».
Las  mismas  consideraciones  que  en  relación  al  asesoramiento  en  materia  de 
inversión en general son de aplicación al supuesto de actividad auxiliar que la ley -
artículo 141.c)-, contempla como: «El asesoramiento a empresas sobre estructura del 
capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás 
servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas».
Esta actividad auxiliar, como la principal, está reservada a sociedades de valores, a 
agencias de valores, a sociedades gestoras de carteras, o a empresas de asesoramiento 
financiero. En consecuencia, sólo estas formas empresariales pueden desenvolver dicha 
actividad por lo que cualquier otra sociedad tiene vetado incluir en su objeto social una 
actividad como la descrita.
5.  En el presente caso es evidente que la actividad de asesoramiento financiero 
equivale a la asesoría en materia de inversión como resulta de la propia Ley del Mercado 
de Valores que define a las empresas de asesoramiento financiero en función de su 
actividad  de  asesoramiento  en  materia  de  inversión  (artículo  143.5).  Por  ello,  la 
calificación registral debe ser confirmada en este punto.
No obstante, dado que en la escritura se solicitó expresamente la inscripción parcial, 
el registrador debe acceder a ella, conforme artículo 63 del Reglamento del Registro 
Mercantil, excluyendo la disposición relativa al asesoramiento financiero, pues no afecta 
a la esencia del negocio jurídico formalizado y las restantes actividades incluidas en el 
objeto social cuya inscripción se rechaza tienen autonomía en relación con la actividad 
rechazada.
6.  La segunda objeción que el registrador opone a la inscripción solicitada se refiere 
al artículo de los estatutos sociales según el cual «el cargo de administrador es retribuido 
y consiste, no en una participación en los beneficios, sino en una cantidad fija que cada 
año  establecerá  la  Junta  General.  El  desempeño  del  cargo  de  administrador  es 
compatible con el desempeño de otras tareas laborales para la entidad. En el caso de 
que las mencionadas tareas sean las labores de gerencia y dirección de la entidad, la 
remuneración por estas labores consistirá en una cantidad fija que cada año determinará 
la Junta General». A juicio del registrador, deberán condicionarse las retribuciones que el 
administrador perciba por relaciones laborales a que el administrador desarrolle como 
consecuencia de las mismas una actividad distinta a la que le corresponde como órgano 
de administración y excluyendo las relaciones laborales de alta dirección.
7.  Según el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, si es retribuido el 
cargo de los administradores deberá constar, en todo caso, en los estatutos sociales el 
sistema de retribución. s
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha afirmado que la exigencia de constancia  oe.
estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución  w.
«aunque también tutela el interés de los administradores, tiene por finalidad primordial  71ww
apcottueancciióanr  dlae  mésátoxism ean  iunnfoar mmaacteiórnia  eas ploesc iaalcmceionnties tsaesn sai bflien,  ddaed afa lcai liitnaicr iaell  ccoonntrtaroplo sdieci ólna 
elonst rdee l olas  sinotceireedsaeds  epna rmticinuolararer slo dse g laosst omsi sym does  loesn  aocbcteionneisr tlaas m eánx mimaax irmetirziabru cloiósn b peonseifbicleio sy   BOE-A-cable e
repartibles -en este sentido: la sentencia 441/2007, de 24 de abril, afirma que su finalidad 
es “proteger a los accionistas de la posibilidad de que los administradores la cambien (la 
retribución) por propia decisión”; y la sentencia 448/2008, de 29 de mayo, que “se inspira 
en  la  conveniencia  de  hacer  efectivo  el  control  de  los  socios  sobre  la  política  de 
retribución de los administradores, mediante una imagen clara y completa de ella”» 
(Sentencias número 893/2011, de 19 de diciembre, y número 412/2013, de 18 de junio).
Esta Dirección General ha tenido ocasión de pronunciarse, repetidamente, sobre la 
materia en diversas Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente, de las que 
resulta  que  el  concreto  sistema  de  retribución  de  los  administradores  debe  estar 
claramente establecido en estatutos, determinando si dicho sistema consiste en una 
participación en beneficios, con los límites legalmente establecidos, en dietas, en un 
sueldo  mensual  o  anual,  en  seguros  de  vida,  planes  de  pensiones,  utilización  en 
beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o derechos de opción sobre 
las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer.
Así, en concreto, la Resolución de 12 de noviembre de 2003 (cuyo criterio ha sido 
reiterado en las Resoluciones de 16 de febrero y 7 de marzo de 2013 y 17 de junio 
de 2014, entre otras), mantuvo que el régimen legal de retribución de los administradores 
exige que se prevea en estatutos, de forma expresa, que el administrador es retribuido, 
para así destruir la presunción de gratuidad, y también la determinación de uno o más 
sistemas concretos para la misma, de suerte que en ningún caso quede a la voluntad de 
la junta general su elección o la opción entre los distintos sistemas retributivos, que 
pueden ser cumulativos pero no alternativos.
La conveniencia de hacer efectivo el control de los socios sobre la política de 
retribución  de  los  administradores  es  lo  que  inspiró  la  consolidada  doctrina  del 
«tratamiento unitario» de las retribuciones percibidas por los administradores, acogida en 
las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2011 y 18 y 25 de junio 
de 2013, según las cuales, para entender justificada y legítima la percepción por el 
administrador social de una retribución abonada por la sociedad pese a que el cargo sea 
gratuito según los estatutos, ha de resultar probada la concurrencia de lo que dichas 
sentencias denominan «elemento objetivo de distinción entre actividades debidas por 
una y otra causa», que -añade la última de ellas- ha de ser preciso y cierto, sin que 
sirvan  a  tales  efectos  situaciones  ambiguas  de  realización  por  el  administrador  de 
actividades no suficientemente precisadas que se sitúen en el ámbito de las actuaciones 
de gestión, administración y representación de la sociedad, porque es incompatible con 
el citado régimen de transparencia y claridad que exige la normativa societaria.
En la misma línea, esta Dirección General concluyó que el administrador remunerado 
no podía recibir ninguna otra retribución extraestatutaria por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento, por lo que «no sería inscribible 
una  cláusula  estatutaria  de  una  sociedad  limitada  que  estableciese  que  los 
administradores o consejeros disfrutarán, por sus servicios como tales, además de la 
retribución cuyo sistema se describa en estatutos, de sueldos u honorarios a percibir, en 
virtud de cualesquiera contratos, laborales, civiles o mercantiles, la celebración de los 
cuales se contempla en estatutos» (Resolución de 3 de abril de 2013). Indudablemente, 
tales doctrinas están condicionadas por el Derecho positivo entonces vigente, como lo 
reconocía la citada Resolución de este Centro Directivo de 3 de abril de 2013, al afirmar 
que  la  cuestión  sobre  la  licitud  de  un  mecanismo  retributivo  dual,  estatutario  y 
contractual, se planteaba «a falta entre nosotros de una normativa en Derecho positivo 
de sociedades como la francesa, en que se contempla la cuestión con algún detalle  s
regulatorio (el artículo L.225-21-1; artículo L.225.22; artículos L.225-38 y ss. del Code  oe.
Commerce)». w.
A tal efecto, no pueden ignorarse las modificaciones introducidas sobre esta materia  71ww
eqnu el as eL emyo ddeif icSao caiqeudéaldlae sp adrea  Claa mpietajol rma eddeila gnoteb ielar nLoe yc o3r1p/o2r0a1tiv4o, .de 3 de diciembre, por la
comCoo amnote ceexdperenstea  deilr eacptaor teald Aoc IuIIe rddeol  dPerel áCmobnuselojo d dee d Micihnais tLreoys  dmeo d1i0fi cdaed omraa,y oé sdtea  2ti0e1n3e   BOE-A-cable e
(publicado por Orden ECC/895/2013, de 21 de mayo), por el que se crea una Comisión 
de expertos en materia de gobierno corporativo, «para proponer las iniciativas y las 
reformas normativas que se consideren adecuadas para garantizar el buen gobierno de 
las empresas, y para prestar apoyo y asesoramiento a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores en la modificación del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas. El objetivo final de estos trabajos, tal y como indica el acuerdo, fue velar por 
el  adecuado  funcionamiento  de  los  órganos  de  gobierno  y  administración  de  las 
empresas españolas para conducirlas a las máximas cotas de competitividad; generar 
confianza y transparencia para los accionistas e inversores nacionales y extranjeros; 
mejorar el control interno y la responsabilidad corporativa de las empresas españolas y 
asegurar la adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades en las 
empresas, desde una perspectiva de máxima profesionalidad y rigor». Añade que la 
citada Comisión presentó su informe el 14 de octubre de 2013 y «Sobre la base del 
citado  informe  y  respetando  la  práctica  totalidad  de  sus  recomendaciones  se  ha 
elaborado esta norma». En tal informe (apartado 4.10.1 -«Normas aplicables a todas las 
sociedades de capital»-) la Comisión proponía «que los estatutos de las sociedades 
deberán establecer el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones 
como administradores (“por su condición de tal” -o de “tales”-), y que podrán percibir una 
remuneración consistente en una retribución fija o variable, en dinero o en especie, 
dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución en acciones, sistemas de 
ahorro, cualquier otro mecanismo admisible o una combinación de distintas modalidades 
y que la remuneración anual del conjunto de los administradores deberá ser aprobada 
por la junta (artículo 217 de la LSC)». Y añade lo siguiente: «Por otra parte, también 
resulta  necesario  clarificar,  con  carácter  general,  el  régimen  de  retribución  de  los 
administradores que, formando parte de un consejo de administración, desempeñen 
funciones ejecutivas (en virtud de un nuevo título, sea este de delegación orgánica, o 
contractual de facultades). La fijación de su retribución corresponde al Consejo de 
Administración si bien, dada su trascendencia y los posibles conflictos de interés a los 
que  puede  dar  lugar,  resulta  conveniente  una  regulación  específica  en  la  que  se 
introduzcan  las  cautelas  apropiadas,  como  la  exigencia  de  mayoría  reforzada  o  la 
abstención de los consejeros interesados y la previsión de que el consejo se circunscriba 
necesariamente  en  su  actuación  a  las  decisiones  que,  en  su  caso  -ya  que  su 
intervención no es obligatoria en sociedades no cotizadas- adopte la junta». Termina 
expresando  que  «para  ello  se  propone,  siguiendo  el  artículo  231.97.3  de  la  PCM 
[Propuesta de Código Mercantil], introducir un nuevo apartado 3 en el artículo 249 de la 
LSC  que  regule  el  régimen  de  aprobación  y  documentación  de  la  retribución  de 
consejeros por el desempeño adicional de funciones ejecutivas».
Como consecuencia de ello, la Ley 31/2014, entre otras cuestiones referentes al 
gobierno corporativo, modificó la Ley de Sociedades de Capital en materia de retribución 
de administradores. Por una parte, dotó de nueva redacción a los artículos 217 a 219, 
incrementando  su  densidad  preceptiva  con  mantenimiento  de  los  principios 
caracterizadores  del  régimen  anterior,  singularmente  la  reserva  estatutaria  y  la 
competencia de la junta general para la fijación de las cuantías, si bien, con relación a 
estos  dos  aspectos,  introduce  la  precisión  de  que  el  mandato  se  refiere  a  los 
«administradores en su condición de tales». Por otra parte, dentro del mismo Título VI, 
pero en este caso en el Capítulo VI, dedicado al consejo de administración, se incluyeron 
dos apartados (3 y 4) en el artículo 249, de contenido hasta entonces inédito en este 
lugar, referentes a la retribución de consejeros ejecutivos; en ellos se prevé que, cuando  s
un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le  oe.
atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesaria la celebración de  w.
un contrato previamente aprobado por el propio consejo con el voto de las dos terceras  71ww
lpaa rqteuse  deel  dseussi gmniaedmob rdoesb, eqruáe a dbesbteenráe rsseer  ain cdoer paosrisatdiro  yc ovmotoa ra, nye jsoe  ael sapcetac ifdicea l aq usee seiónn ,t aal 
ccaosnotr,a ptoo,r  qlau eju hnatab rgáe dnee ra«ls»e, rd ceobnefroárnm dee ctaolnla rlas ep «otlíotidcoas  dloes r ectornibcuecpiotonse sp oarp lroosb aqduae,  peune dsau   BOE-A-cable e
obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su 
caso,  la  eventual  indemnización  por  cese  anticipado  en  dichas  funciones  y  las 
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución 
a sistemas de ahorro», de manera que «el consejero no podrá percibir retribución alguna 
por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén 
previstos en ese contrato». Y, dentro del Título XIV, atinente a las sociedades anónimas 
cotizadas, se añade una nueva Sección, la Tercera, relativa a las «Especialidades de la 
remuneración de los Consejeros» e integrada por los artículos 529 sexdecies a 529 
novodecies,  donde  expresamente  se  atribuye  al  consejo  de  administración  la 
competencia para «fijar la retribución de los consejeros por el desempeño de funciones 
ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos con la sociedad de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  249.3  y  con  la  política  de  remuneraciones  de  los 
consejeros  aprobada  por  la  junta  general»  (artículo  529  octodecies,  apartado  2). 
Finalmente, esta última Sección ha sido recientemente modificada por la Ley 5/2021, 
de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas 
financieras,  en  lo  que  respecta  al  fomento  de  la  implicación  a  largo  plazo  de  los 
accionistas en las sociedades cotizadas (no vigente aún en el momento de la calificación 
ni de la interposición del recurso).
La  reforma  llevada  a  cabo  por  la  Ley  31/2014  fue  interpretada  por  la  doctrina 
mayoritaria en el sentido de que la competencia del consejo de administración para fijar 
las retribuciones de los consejeros ejecutivos regía tanto para las sociedades cotizadas 
como para las no cotizadas, criterio del que también ha participado este Centro Directivo. 
Así, la Resolución de 30 de julio de 2015 declaró que el contrato era el lugar donde 
habrían de detallarse «todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por 
el  desempeño  de  funciones  ejecutivas,  incluyendo,  en  su  caso,  la  eventual 
indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la 
sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro», 
aclarando que el «artículo 249.4 exige que la política de retribuciones sea aprobada, en 
su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, (…) no 
necesariamente debe constar en los estatutos», en la misma línea se pronunció la 
Resolución de 5 de noviembre de 2015. Con mayor detalle, la Resolución de 17 de junio 
de  2016  advierte  que,  conceptualmente,  deben  separarse  dos  supuestos,  el  de 
retribución de funciones inherentes al cargo de administrador y el de la retribución de 
funciones extrañas a dicho cargo; a partir de esta afirmación señala que «las funciones 
inherentes al cargo de administrador no son siempre idénticas, sino que varían en 
función del modo de organizar la administración», de manera que, cuando se opta por la 
fórmula  compleja  de  administración  colegiada  (consejo  de  administración),  «las 
funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a la llamada función deliberativa 
(función de estrategia y control que se desarrolla como miembro deliberante del colegio 
de administradores)», mientras que «la función ejecutiva (la función de gestión ordinaria 
que  se  desarrolla  individualmente  mediante  la  delegación  orgánica  o  en  su  caso 
contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente al cargo de “consejero” 
como tal», sino que tiene un carácter adicional «que nace de la relación jurídica que 
surge del nombramiento por el consejo de un consejero como consejero delegado, 
director general, gerente u otro», por lo que «la retribución debida por la prestación de 
esta función ejecutiva no es propio que conste en los estatutos, sino en el contrato de 
administración que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero». s
Con posterioridad a las reseñadas Resoluciones de este Centro Directivo, se dictó  oe.
por la Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la Sentencia de 26 de  w.
febrero de 2018, en la que, apartándose de lo que venía siendo el criterio mayoritario,  71ww
dTeRcLlaSrCa , (rye sspue cdtoe sdaerr olallso  spoocri eldoasd easrt sn. o 2c1o8t izya d2a1s9, ) qyu ee l« laa rtr.e l2a4c9ió nT RenLtSreC  enl oa ret.s  21d7e 
raeltterirbnuactiióvind adde,  locos madom sionsistiterandeo lrae ss eqnutee nncoia s ereacnu crroidnase yje lrao sD dGeRleNg,a edno se ol  seejenctiudtoiv odse  sqeu eri glea   BOE-A-cable e
por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos se rige 
exclusivamente por el art. 249 TRSLC, de modo que a estos últimos no les afecta la 
reserva estatutaria del art. 217, la intervención de la junta de los arts. 217.3, 218 y 219, 
los criterios generales de determinación de la remuneración del art. 217.4 y los requisitos 
específicos para el caso de participación en beneficios o remuneración vinculada a 
acciones de los arts. 218 y 219», sino que la relación entre ellos es «de carácter 
cumulativo», de suerte que el régimen general será el contenido «en los arts. 217 a 219 
TRLSC,  preceptos  que  son  aplicables  a  todos  los  administradores,  incluidos  los 
consejeros  delegados  o  ejecutivos»,  mientras  que  el  artículo  249  «contiene  las 
especialidades aplicables específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, que 
deberán  firmar  un  contrato  con  la  sociedad,  que  sea  aprobado  por  el  consejo  de 
administración con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros y con la 
abstención del consejero afectado tanto en la deliberación como en la votación, pero 
cuyo contenido ha de ajustarse al “marco estatutario” y al importe máximo anual de las 
retribuciones de los administradores, en el desempeño de su cargo, fijado por acuerdo 
de la junta general, en cuyo ámbito ejercita el consejo de administración su competencia 
para  decidir  la  distribución  de  las  remuneraciones  correspondientes  a  los 
administradores», así como respetar también «los criterios generales establecidos en el 
art. 217.4 TRLSC y cumplir los requisitos específicos previstos en los arts. 218 y 219 
TRLSC  cuando  se  establezcan  como  conceptos  retributivos  los  previstos  en  tales 
preceptos legales» (fundamento 21).
No obstante lo anterior, añade la Sentencia (fundamento 23) que «la consideración 
conjunta del nuevo sistema que regula las retribuciones de los miembros del órgano de 
administración en las sociedades no cotizadas nos lleva también a la conclusión de que 
la atribución al consejo de administración de la competencia para acordar la distribución 
de la retribución entre los distintos administradores, mediante una decisión que deberá 
tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y 
la atribución de la competencia para, en el caso de designar consejeros delegados o 
ejecutivos, aprobar con carácter preceptivo un contrato con los consejeros delegados o 
ejecutivos en el que se detallen todos los conceptos por los que pueda obtener una 
retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, ha de tener como consecuencia 
que la reserva estatutaria sea interpretada de un modo menos rígido y sin las exigencias 
de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en sentencias de 
varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN, sin perjuicio de que 
las  sentencias  más  recientes  de  esta  sala,  aun  referidas  a  la  anterior  normativa 
societaria, ya han apuntado hacia esa mayor flexibilidad de la exigencia de reserva 
estatutaria». Sin embargo, pese a aludir a la necesidad de interpretar con menor rigidez 
la reserva estatutaria sobre retribución de consejeros, suavizando las exigencias de 
precisión mantenidas en relación con la normativa anterior, no llega a determinar los 
confines  de  la  flexibilidad  propugnada,  limitándose  a  señalar  que  la  atribución  de 
competencia al consejo de administración para fijar la retribución de los consejeros 
ejecutivos «supone el reconocimiento de un ámbito de autonomía ·dentro del marco 
estatutario· a que hace mención el art. 249.bis.i TRSLC, que es el regulado con carácter 
principal en el art. 217 TRLSC, y dentro del importe máximo de la remuneración anual 
del conjunto de los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé 
el art. 217.3 TRLSC», y que ese «ámbito de autonomía dentro de un marco estatutario 
entendido de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los 
consejeros  delegados  o  ejecutivos  a  las  cambiantes  exigencias  de  las  propias  s
sociedades  y  del  tráfico  económico  en  general,  compaginándolo  con  las  debidas  oe.
garantías  para  los  socios,  que  no  deben  verse  sorprendidos  por  remuneraciones  w.
desproporcionadas, no previstas en los estatutos y por encima del importe máximo anual  71ww
que Dlae bjuen taad hvaeyrtair saec oqrudea dlao  cplaáruas uella c iomnpjuungtnoa ddea  lojusd aicdiamlmineisntrtea deonr eesl  scoacsioa laensa»l.izado por el
Areltsoe rTvraib eusntaalt uetna rliaa  Sy ecnotemnpceiate dneci a2 6d ed ela f ejubnretaro  gdeen e2r0a1l 8d ee xlcal usíao ccieadteagdó rriecsapmeecntote  dteo dlaa   BOE-A-cable e
remuneración de los consejeros ejecutivos, en los siguientes términos: «El cargo de 
administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la 
remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de 
las funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de 
previsión  estatutaria  alguna  de  mayor  precisión  del  concepto  o  conceptos 
remuneratorios, todo ello en aplicación de lo que se establece en el artículo 249.2.º de la 
Ley de Sociedades de Capital». Por ello, esta Dirección General, en la Resolución de 31 
de octubre de 2018 (cfr., también las Resoluciones de 8 de noviembre y 12 de diciembre 
de 2018 y 4 de junio de 2020), consideró inscribibles otras cláusulas estatutarias que no 
incluyen mención alguna que contradiga la eventual reserva estatutaria para acoger 
ciertos  extremos  relacionados  con  los  emolumentos  de  los  consejeros  ejecutivos  o 
nieguen la competencia de la junta general para delimitar algunos elementos de su 
cuantificación, limitándose a prever que tendrán derecho a percibir las retribuciones 
adicionales que correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas y a reproducir 
sustancialmente los requerimientos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 249 
de la Ley de Sociedades de Capital.
Por ello, este Centro Directivo, con las anteriores aclaraciones, y en la línea de 
flexibilidad que en la interpretación de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades 
de Capital patrocina la referida Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 
y siguen las citadas Resoluciones, ha admitido que aun cuando los distintos conceptos 
retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos 
sociales, podrán éstos remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y 
la sociedad para que se detalle si se remunerará al mismo por todos o sólo por algunos 
de los conceptos retributivos fijados en los estatutos. De este modo se compatibiliza la 
debida protección de los socios, por cuanto se fijan en estatutos los posibles conceptos 
retributivos y se aprueban en junta general el importe máximo de la remuneración anual 
del conjunto de los administradores, con la adaptación a las necesidades de la práctica 
por cuanto se atribuye al consejo de administración la competencia de elegir, caso por 
caso,  entre  los  distintos  conceptos  retributivos  previstos  en  los  estatutos  aquellos 
concretos que deben incluirse en el contrato al que se refiere el artículo 249 de la Ley de 
Sociedades de Capital, sin necesidad de modificación estatutaria alguna.
8.  En  el  presente  caso,  la  cláusula  estatutaria  debatida  se  refiere  a  los 
administradores que integren tanto un órgano de administración simple (administrador 
único, dos administradores mancomunados o administradores solidarios), pues no se 
contempla la posibilidad de que el órgano de administración sea colegiado (consejo de 
administración).
Cabe recordar que la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 25 de 
junio de 2013 -recurso número 1469/2011-, afirmó que, según la jurisprudencia de la 
Sala Cuarta del mismo Tribunal «…“como regla general, sólo en los casos de relaciones 
de trabajo, en régimen de dependencia, pero no calificables de alta dirección sino como 
comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la 
Sociedad y de una relación de carácter laboral...” [SSTS (4.ª) de 26 de diciembre 
de 2007 (recurso 1652/2006), 9 de diciembre de 2009 (recurso 1156/2009), 24 de mayo 
de 2011 (recurso 1427/2011) y 20 de noviembre de 2012 (recurso 3408/2011)]».
Como puso de relieve esta Dirección General en Resolución de 10 de mayo de 2016, 
en definitiva, conceptualmente, deben separarse dos supuestos: el de retribución de 
funciones  inherentes  al  cargo  de  administrador  y  el  de  la  retribución  de  funciones 
extrañas a dicho cargo. s
Y no sólo en el caso de órgano de administración colegiado, sino también en los  oe.
supuestos de administración simple pueden existir funciones extrañas al cargo. Estas  w.
funciones extrañas al cargo -es decir, las que nada tienen que ver con la gestión y  71ww
dsiimrepclceiómne ndtee  enla  loesm cpornetsraat-o st aqmuep occoor reessp onnedcaens (acroion trqautoe  deco anrsretennd aemni enetsot adteu tsoesr, visciinoos 
pcoanratr aretog ulalabro rlaasl  cpormesútna,c ieotnce.,s e pnr ofufensciioónna dlees  laqsu ela bporeressta  ou tna raedams idneis tqraudeo sr ea t rlaat es;o sciine dqaude,   BOE-A-cable e
proceda decidir en este expediente sobre el posible margen existente para el contrato 
laboral de alta dirección, según la estructura del órgano de administración de que se 
trate).
Según las anteriores consideraciones -y como ya afirmara este Centro Directivo en la 
citada Resolución de 10 de mayo de 2016- se admite una cláusula estatutaria que, a la 
vez que establezca el carácter gratuito del cargo de administrador -con la consecuencia 
de que no perciba retribución alguna por sus servicios como tal- añada que se le 
retribuirá  por  la  prestación  de  otros  servicios  o  por  su  vinculación  laboral  para  el 
desarrollo  de  otras  actividades  ajenas  al  ejercicio  de  las  facultades  de  gestión  y 
representación inherentes a aquel cargo.
En el presente caso -en que el cargo de administrador es retribuido- la redacción de 
la cláusula estatutaria objeto de debate podría haber sido más clara. Pero, interpretada 
en su conjunto (vid. la Resolución de este Centro Directivo de 12 de mayo de 2014) y del 
modo más adecuado para que produzca efecto, debe entenderse que consta en los 
estatutos debidamente el sistema de retribución de los administradores por el ejercicio 
de las funciones inherentes a dicho cargo, de modo que únicamente existe falta de 
fijación estatutaria del sistema retributivo para esas «otras tareas laborales para la 
entidad»  distintas  del  desempeño  del  cargo  de  administrador  -con  el  que  son 
compatibles,  según  la  misma  disposición  estatutaria-.  Así  interpretada  la  cláusula 
debatida, debe entenderse que lo que se dispone es que la remuneración por las tareas 
que sean las labores de gerencia y dirección de la entidad, es la prevista en general para 
el cargo de administrador, es decir una cantidad fija que cada año determinará la junta 
general.
9.  Por último, respecto de las alegaciones del recurrente sobre el hecho de que se 
hayan inscrito cláusulas estatutarias y escrituras análogas en el Registro Mercantil de 
Madrid, debe recordar que, como ha reiterado este Centro Directivo, el registrador, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados 
a  inscripción,  no  está  vinculado  por  las  calificaciones  llevadas  a  cabo  por  otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma 
documentación o de la anterior presentación de otros títulos, y ello por aplicación del 
principio de independencia en ese ejercicio de su función, dado que debe prevalecer la 
mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de 
seguridad jurídica (vid., por todas, Resoluciones de 13 de marzo y 8 de mayo de 2012, 5 
y 11 de marzo y 10 de julio de 2014, 25 de marzo, 1 de abril, 5 y 16 de junio y 7 y 17 de 
septiembre de 2015, 2 de noviembre de 2016 y 4 de junio de 2020, entre muchas otras).
Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso y revocar la 
calificación  únicamente  respecto  del  segundo  de  los  defectos  impugnados,  y 
desestimarlo, con confirmación de la calificación, respecto del primer defecto, en los 
términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme  a  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  vigésima  cuarta  de  la 
Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 25 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago. s