BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 29 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 165876
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21654 Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias,  y  se  fija  un  nuevo  plazo  para  presentar  las  renuncias  o 
revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación.
I
Mediante  este  real  decreto-ley  se  modifica  el  régimen  económico  y  fiscal  de 
Canarias, para adecuarlo al Mapa de Ayudas de Finalidad Regional, y se completa con 
una disposición relativa al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las  Personas  Físicas,  y  a  los  regímenes  simplificado  y  especial  de  la  agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Habiendo notificado España a la Comisión Europea con fecha de 1 de diciembre 
de 2021 su Mapa de Ayudas de Finalidad Regional para el período 2022-2027, es 
necesario modificar varias referencias temporales contenidas en la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de modo que las 
referencias legales tengan el mismo alcance temporal que el periodo de vigencia del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, de aplicación para este tipo de medidas 
fiscales reguladas en la Ley 19/1994 conforme a la disposición adicional segunda del 
Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias. Asimismo, se extiende la vigencia de la Zona Especial Canaria 
hasta el nuevo término del período de vigencia del Mapa de Ayudas Regionales.
Con  dicha  modificación  se  pretende  eliminar  la  inseguridad  jurídica  que  podría 
generar en los operadores económicos el mantenimiento de los plazos mencionados en 
la actual redacción legal.
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el mapa de ayudas regionales español, 
entre las que se encuadran los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, debe contar con la autorización de la Comisión Europea, y no es previsible que 
esta se obtenga antes de que finalice el año, se hace preciso condicionar la eficacia de 
la referida modificación a la obtención de aquella.
Por  otra  parte,  como  consecuencia  de  las  modificaciones  que  resultarán  de 
aplicación para el año 2022 en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en el régimen simplificado y en el régimen especial de la 
agricultura,  ganadería  y  pesca  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  se  considera 
oportuno fijar un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados 
métodos y regímenes especiales.
Este real decreto-ley consta de un artículo, dos disposiciones adicionales y tres 
disposiciones finales. Estas últimas regulan, respectivamente, el título competencial por 
el que se dicta, la habilitación normativa y su entrada en vigor.
II oe.
El  artículo  86  de  la  Constitución  Española  habilita  al  Gobierno  para  dictar  654ww
decrLeato asd-loepyceisó n« edne  cmaesod iddaes e dxetr acoarrdáicntaerri ae cyo unrógmenicteo  nye tcriebsuitdaardio» a.cudiendo al instrumento
udneal  remalo dtiveaccreióton- leeyx phlaíc istaid oy  avraazlaodnaa dpao r deel  Tlraib unneacle Csiodnasdt,i tuecniotennadl iseinedmop rpeo qr utea lc oqnuceu rrlaa   BOE-A-cable e
coyuntura económica exige una rápida respuesta, y la urgencia, asumiendo como tal que 
la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una 
tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
De este modo, el real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, 
siempre  que,  tal  como  reiteradamente  ha  exigido  nuestro  Tribunal  Constitucional 
(Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de 
julio, F. 3; y 189/2005, de 7 de julio, F. 3; 68/2007, de 28 de marzo, F. 10; y 137/2011, de 14 
de septiembre, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4)».
Como se ha señalado, este real decreto-ley modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para adecuar varias de las 
referencias temporales en aquella incluidas, así como para ampliar hasta el 31 de 
diciembre del año 2027 la vigencia de la Zona Especial Canaria al ser este el nuevo 
término del período de vigencia del mapa de ayudas regionales.
La inmediatez del término final de tales medidas, el 31 de diciembre de 2021, y la 
necesidad de conferir seguridad jurídica a la operativa de la Zona Especial Canaria 
hacen ineludible el recurso a la figura del real decreto-ley, pues, de otro modo, esto es, 
su  prórroga  mediante  una  ley  ordinaria,  en  ningún  caso  podría  aprobarse,  como 
consecuencia de los plazos de tramitación de aquellas.
Dados los plazos mencionados en la redacción actual con dicha modificación se 
pretende  eliminar  la  inseguridad  jurídica  que  podría  generar  en  los  operadores 
económicos su mantenimiento, de suerte que, por la razón invocada, se estima que solo 
mediante  el  recurso  al  real  decreto-ley  puede  incorporarse  tal  modificación  en  el 
ordenamiento sin menoscabo de la antes citada seguridad jurídica.
A su vez, el antedicho nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los 
citados métodos y regímenes especiales aplicables en el año 2022 en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido, es preciso que 
se fije con anterioridad al comienzo del aludido ejercicio de aplicación, por lo que se 
juzga  necesaria  la  utilización  del  real  decreto-ley,  pues  de  emplearse  otra  figura 
normativa no se cumpliría con aquel.
En consecuencia, se entiende que en la prórroga de tales medidas concurre la 
extraordinaria y urgente necesidad que el artículo 86.1 de la Constitución española 
establece como presupuesto habilitante para el recurso a la figura del real decreto-ley.
Debe señalarse, asimismo, que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de 
las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y  libertades  de  los 
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
Como señala la STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de que la materia 
tributaria esté sujeta al principio de reserva de ley (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) y de que 
dicha reserva tenga carácter relativo y no absoluto “no se deriva necesariamente que se 
encuentre excluida del ámbito de regulación del decreto-ley, que podrá penetrar en la materia  s
tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no  oe.
‘afecte’, en el sentido constitucional del término, a las materias excluidas” (SSTC 182/1997,  w.
de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7;  654ww
245/Y2,0 0s4o,b dree  1e6s dtee  dpiacrieticmublarer,,  FeJn  4;la y  1s8e9cc/2ió0n0 52, .dªe  d7e dl ec jaupliíotu, lFoJ  7se) g(…un)d»o.  del  título  I  de  la
Carotíncsutliotu c3i1ó.n1,  bdaej ol ala C roúnbsritcitau c«ióDne,  lporse cdeepretoc hqouse y  edsetabbelreecse  d«eu lno sa cuituédnatidcaon mosa»n, dsaet oi njsuerírdtaic oe,l   BOE-A-cable e
fuente de derechos y obligaciones», del que «se deriva un deber constitucional para los 
ciudadanos de contribuir, a través de los impuestos, al sostenimiento o financiación de los 
gastos públicos» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, 
FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7), siendo, en consecuencia, uno de «los deberes cuya 
afectación está vedada al Decreto-ley el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» (SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 245/2004, 
de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7) (…).
Pues bien, el artículo 31.1 de la Constitución «conecta el citado deber de contribuir con el 
criterio de la capacidad económica» y lo relaciona, a su vez, «no con cualquier figura tributaria 
en particular, sino con el conjunto del sistema tributario», por lo que queda claro que «que el 
Decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los 
tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general 
de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
riqueza mediante un sistema tributario justo» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 
137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). 
De  manera  que  vulnerará  el  artículo  86  de  la  Constitución  «cualquier  intervención  o 
innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la 
posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema 
tributario» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, 
de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). Por tanto, será preciso tener en cuenta 
«en cada caso en qué tributo concreto incide el Decreto-ley –constatando su naturaleza, 
estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el 
grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del 
mismo  –esenciales  o  no  resultan  alterados  por  este  excepcional  modo  de  producción 
normativa– y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se 
trate» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, 
de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7)».
A  la  luz  de  estas  consideraciones,  cabe  afirmar  que  las  medidas  tributarias 
contenidas en este real decreto-ley no vulneran el citado artículo 31 de la Constitución ya 
que, como se señala en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), no alteran «de manera 
relevante la presión fiscal que deben soportar los contribuyentes y, por consiguiente, no 
ha provocado un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del 
sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» 
(SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).
III
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
presente real decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.
Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, estos se apoyan en lo 
perentorio de la adopción de las medidas, siendo el real decreto-ley el instrumento más 
idóneo para garantizar, sin demora, su aplicación. Se respeta también el principio de 
proporcionalidad, dado que contiene la regulación imprescindible para la consecución del 
objetivo perseguido con aquellas.
Asimismo, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jurídico, respetando, 
por ello, el principio de seguridad jurídica. En cuanto al principio de transparencia, esta norma,  s
si bien está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública por  e.
tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de  w.
noviembre, del Gobierno, define claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte  654ww
aecxopmospitaivñaa . cPoomro ú letimn ol,a  eMn eremlaocriiaó n acborenv ieald par indceipl ioA ndáeli seisfi cideen cIiam, peasctteo  rNeaolr mdeactirveot o-qleuye  nloo 
ocasiona cargas administrativas para los ciudadanos.
En  su  virtud,  haciendo  uso  de  la  autorización  contenida  en  el  artículo  86  de  la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Con  efectos  desde  el  1  de  enero  de  2022,  se  introducen  las  siguientes 
modificaciones en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias:
Uno.  Se  modifica  el  apartado  11  del  artículo  27,  que  queda  redactado  de  la 
siguiente forma:
«11.  Los contribuyentes a que se refiere este artículo podrán llevar a cabo 
inversiones anticipadas, que se considerarán como materialización de la reserva 
para inversiones que se dote con cargo a beneficios obtenidos en el período 
impositivo en el que se realiza la inversión o en los tres posteriores, siempre que 
se cumplan los restantes requisitos exigidos en el mismo.
Las citadas dotaciones habrán de realizarse con cargo a beneficios obtenidos 
hasta el 31 de diciembre de 2023.
La materialización y su sistema de financiación se comunicarán conjuntamente 
con la declaración del Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del período 
impositivo en que se realicen las inversiones anticipadas.»
Dos.  Se modifica el artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 29.  Vigencia de la Zona Especial Canaria.
1.  La vigencia de la Zona Especial Canaria tendrá como límite el 31 de 
diciembre del año 2027, prorrogable previa autorización de la Comisión Europea.
2.  No obstante, la autorización de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades 
de la Zona Especial Canaria tendrá como límite el 31 de diciembre del año 2023.
3.  El mantenimiento de la Zona Especial Canaria estará condicionado en todo 
caso al resultado de las revisiones periódicas que deba realizar la Comisión Europea.»
Disposición  adicional  primera.  Condicionalidad  de  las  medidas  adoptadas  en  el 
marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Las modificaciones introducidas en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, por el artículo único de este real decreto-ley 
están condicionadas a la autorización por la Comisión Europea del Mapa de Ayudas de 
Finalidad Regional para el período 2022-2027.
Disposición adicional segunda.  Plazos de renuncias y revocaciones al método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los 
regímenes  especiales  simplificado  y  de  la  agricultura,  ganadería  y  pesca  del  es
Impuesto sobre el Valor Añadido, para el año 2022. o
1.  El plazo de renuncias al que se refieren los artículos 33.1.a) del Reglamento del  654ww
Idmep 3u0e sdtoe  smoabrrzeo ,l ay  Reel natrat ícduelo l a3s3 .P2e, rpsáornraasfo  Fsíesigcuansd, oa,p droebl aRdeog lpaomr eenl toR edaell  DImepcrueetost o4 3s9o/b2r0e0 7e,l 
Vreavloocr aAcñióand iddeo , laasp rombiasmdoa sp,o qr ueel  Rdeebael nD escurretitro  e1fe6c2t4o/s1 9p9a2r,a  deel  2a9ñ od e2 0d2ic2i,e msebrráe , daessíd eco eml od ílaa   BOE-A-cable e
siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente real 
decreto-ley hasta el 31 de enero de 2022.
2.  Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2022, a los regímenes 
especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido o al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, durante el mes de diciembre de 2021, con anterioridad al inicio del plazo previsto 
en el apartado 1 anterior, se entenderán presentadas en período hábil.
No obstante, los sujetos pasivos afectados por lo dispuesto en el párrafo anterior, 
podrán modificar su opción en el plazo previsto en el apartado 1 anterior.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Hacienda general.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a la Ministra de Hacienda y Función Pública, en el ámbito 
de  sus  respectivas  competencias,  para  dictar  las  disposiciones  necesarias  para  el 
desarrollo de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN