BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227 Lunes 24 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 71933
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
9942 Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen 
sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones 
dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Desde  la  calificación  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  como  pandemia 
internacional, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 
ha evolucionado, tanto a nivel nacional como mundial, con enorme rapidez y esto ha 
puesto de relieve una intensa actividad de los poderes públicos para contener y mitigar 
sus efectos, especialmente a partir de la declaración del estado de alarma, llevada a 
cabo por el Gobierno central mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Nos encontramos ante una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria 
amplitud y gravedad, tanto por el riesgo extraordinario de contagio y por el elevado 
número  de  personas  afectadas,  con  la  consiguiente  presión  sobre  los  servicios 
sanitarios,  como  por  el  alto  coste  social  y  económico  derivado  de  las  medidas 
extraordinarias de contención adoptadas internacionalmente.
La  evolución  de  la  pandemia  ha  exigido  la  adopción  de  sucesivas  medidas 
adicionales para hacer frente a la misma y para garantizar la gestión eficaz de esta 
emergencia sanitaria, contener la propagación de la enfermedad y preservar y garantizar 
la respuesta de nuestro sistema de salud.
Durante este tiempo, el estado de alarma ha sido prorrogado hasta seis veces, pero 
los  indicadores  y  las  capacidades  estratégicas  de  asistencia  sanitaria,  vigilancia 
epidemiológica, contención de las fuentes de contagio y protección colectiva, el avance 
favorable  en  la  contención  de  la  pandemia  y  de  las  cadenas  de  transmisión,  han 
permitido, en el momento actual que, una vez expirada la vigencia de la última prórroga 
del estado de alarma, y superadas todas las fases del proceso de desescalada, hayan 
quedado sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma a nivel 
estatal.
Ahora bien, la actual evolución favorable en la contención de la pandemia no exime a 
los poderes públicos del deber de organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, establecido en el 
artículo 43.2 de la Constitución española para garantizar el derecho a la protección de la 
salud que reconoce este mismo artículo en el primero de sus apartados.
Los efectos de la pandemia han sido considerablemente controlados en las Illes 
Balears,  gracias  a  las  medidas  de  contención  adoptadas.  Aún  así,  la  naturaleza  y 
evolución imprevisible de la misma, en relación con las formas de contagio y con la 
propagación del virus, provoca que se hayan adoptado o se adopten medidas urgentes 
de  prevención,  contención  y  coordinación,  que  deben  permitir  seguir  afrontando  y 
controlando la pandemia, una vez expirada la vigencia del estado de alarma y de las 
medidas  derivadas  de  aquel,  en  la  medida  en  que  la  pandemia  subsiste,  aunque  e.e
notablemente atenuada en las Illes Balears, y que la superación todavía no ha sido  b
oficialmente declarada ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos  42ww
y auEtol rGidoabdieesrn coo mdeple Etesnttaedso., para hacer frente a los posibles riesgos sanitarios en esta
nuurgeevnat ecso dyeu nptruervae, nacpiórno,b óco netle nRceióanl  yD eccoroertdoi-nleayc ió2n1 /p2a0r2a0 h, adcee r 9fr ednete  jau nlaio c, ridseis  msaenditiadraias 
ocasionada por la COVID-19 y, en las Illes Balears, se aprobó el Acuerdo del Consell de
Goven  de  día  19  de  junio  de  2020  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  Medidas 
Excepcionales  de  Prevención,  Contención  y  Coordinación  para  Afrontar  la  Crisis 
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la 
Transición hacia una Nueva Normalidad.
Este Plan contiene medidas relativas a la protección de la salud pública y establece 
una serie de limitaciones a la movilidad y a otras actividades de la ciudadanía, cuyo 
incumplimiento es susceptible de ser denunciado por los diferentes cuerpos policiales e 
inspectores  que  actúan  en  las  Illes  Balears,  y  sancionado,  en  función  de  las 
circunstancias que concurran en cada caso, de acuerdo con la legislación sanitaria.
II
El artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020 establece que el incumplimiento de las 
medidas  de  prevención  y  de  las  obligaciones  establecidas,  cuando  constituyan 
infracciones administrativas en salud pública, será sancionado en los términos previstos 
en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud pública, y que la 
vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas, así como la instrucción 
y resolución de los procedimientos sancionadores que sean procedentes, corresponde a 
los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades 
locales en el ámbito de las competencias respectivas.
Añade también, en los apartados 2 y 3, que el incumplimiento de la obligación de uso 
de mascarillas debe considerarse infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 
de la mencionada Ley 33/2011, y sancionado con multa de hasta cien euros y que el 
incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando constituyan 
infracciones  administrativas  en  el  ámbito  del  transporte,  debe  ser  sancionado  de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes.
De acuerdo con estas previsiones, debe tenerse presente que cada Administración 
conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de 
sus servicios.
En este contexto, se considera una necesidad extraordinaria y urgente establecer 
medidas que permitan a la Administración de la Comunidad Autónoma las Illes Balears 
afrontar  con  celeridad  y  eficacia  la  tramitación  y  resolución  de  los  procedimientos 
sancionadores que se incoen por incumplimientos de las disposiciones vigentes dictadas 
para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
Por ello, este Decreto-ley completa el cuadro de infracciones y sanciones en la 
materia, determina el procedimiento a seguir, y atribuye las competencias sancionadoras 
derivadas  de  infracciones  de  las  disposiciones  y  resoluciones  que  se  dictan  para 
continuar  afrontando  la  pandemia  y  que  corresponden  a  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma, lo que responde a la necesidad inaplazable de tramitar sin más 
dilación los procedimientos para sancionar los incumplimientos, para que las sanciones 
que puedan recaer desarrollen sus funciones de prevención general y especial, y, por lo 
tanto, se conviertan en un instrumento efectivo de salvaguarda de la salud pública en la 
crisis actual.
En la medida en que concurren legislaciones sectoriales diferentes, que atribuyen la 
competencia para tramitar e imponer las correspondientes sanciones previstas en este 
Decreto-ley  a  órganos  diversos,  procede  centralizar,  en  el  ámbito  autonómico,  la 
tramitación e imposición de estas a órganos de una misma consejería, tanto por razones 
de eficacia de la actuación administrativa como para garantizar los derechos de la  s
ciudadanía  y  el  respeto  a  los  principios  del  derecho  administrativo  sancionador,  e.
especialmente el de non bis in idem. w.
Dado también que se puede tratar de sanciones derivadas de actas extendidas por  42ww
edsiftearbelnetcees  qcuuee erpsotoss  qpuuee daecnt úeannv iaernla sl absie nIl leasl  óBrgaalenaor cso mcopne tefunnteci odnee lsa  Addem  ainuitsotrriadcaiódn,  dsee 
lcao mCpoemteunncidiaasd q uAeu teónn ocamdaa  coa sboie cno rare slap onpdroepni.a  administración,  en  el  ejercicio  de  las  BOE-A-cable e
III
El Decreto-ley consta de tres capítulos, 13 artículos, una disposición adicional, una 
disposición transitoria y dos finales.
El capítulo I contiene las disposiciones generales y establece su objeto y el ámbito 
subjetivo de aplicación.
El capítulo II contiene un régimen específico de infracciones y sanciones, así como 
las normas de graduación y de responsabilidad.
El capítulo III contiene disposiciones referidas al procedimiento sancionador. De este 
capítulo destaca la regulación de la actividad inspectora que, en la Administración de la 
Comunidad  Autónoma  se  encomienda  a  todo  el  personal  inspector  que  tiene  esta 
condición con independencia del órgano al que está adscrito y de las competencias 
materiales concretas atribuidas a este. Así mismo, se prevé que las actas o denuncias 
por las infracciones previstas en este Decreto-ley que formulen las policías locales, los 
servicios de inspección insulares y municipales, en el ámbito de sus competencias, se 
pueden enviar al órgano autonómico previsto para la instrucción del correspondiente 
procedimiento  sancionador,  siempre  respetando  el  ejercicio  de  las  competencias 
atribuidas a los municipios y a los consejos insulares para sancionar los hechos y las 
conductas infractoras, cuando resulte oportuna.
Se prevé así mismo que el personal inspector, como también los policías locales, al 
extender el acta o denuncia pueden proponer la adopción de medidas provisionales, e 
incluso adoptarlas, de manera inmediata, en los supuestos de riesgo grave para la salud 
de las personas.
Finalmente,  se  atribuyen  las  competencias  de  iniciar,  instruir  y  resolver  los 
procedimientos sancionadores a órganos de la Consejería de Administraciones Públicas 
y  Modernización,  en  atención  al  hecho  de  que  esta  consejería  tiene  atribuidas  las 
competencias en materia de emergencias y protección civil, así como en la coordinación 
de las policías locales.
La disposición adicional promueve la formalización de un protocolo de colaboración 
para asegurar la necesaria coordinación y apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado en la aplicación de las medidas que contiene este Decreto-ley.
La disposición transitoria establece un régimen transitorio para los procedimientos de 
carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley.
La  disposición  final  primera  modifica  el  apartado  2  del  artículo  3  del  Decreto-
ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad de 
zonas turísticas, y finalmente, la disposición final segunda establece, por una parte, la 
entrada en vigor inmediata del Decreto-ley, y por otra, la duración de los efectos del 
mismo hasta que el Gobierno central declare la finalización de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
IV
Estas medidas deben acometerse sin dilaciones, por lo que debe utilizarse la figura 
del decreto-ley, en atención al carácter extraordinario y excepcional de la grave situación 
de crisis sanitaria planteada, que requiere adoptar con urgencia y de manera inaplazable 
la centralización del ejercicio de la potestad sancionadora autonómica.
La adopción de este Decreto-ley se adecúa a las previsiones que se contienen al 
artículo 86 de la Constitución española y al artículo 49 del Estatuto de autonomía, que 
permite al Govern de les Illes Balears dictar decretos leyes «en caso de extraordinaria y  e.e
urgente necesidad», siempre que no afecten a los derechos establecidos en el Estatuto  b
de  autonomía,  las  materias  objeto  de  leyes  de  desarrollo  básico  del  mismo,  los  42ww
eplreecstuopraule nsti oesl  goerdneenraalmesie dneto l ad ec olamsu ninidstaitdu caiountóenso mbáas,i claa sr edfoer mlaa c doeml uEnsidtaatdu taou, teóln roémgiam edne 
las Illes Balears.
Los motivos de oportunidad que se han expuesto, así como las medidas que se 
adoptan en este Decreto-ley, justifican de manera amplia y razonada la adopción de esta 
norma de acuerdo cono la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de Ley 1/2019, de 31 de enero, del 
Govern  de  les  Illes  Balears,  este  Decreto-ley  se  ajusta  a  los  principios  de  buena 
regulación, atendiendo los principios de necesidad y eficacia, dado que la iniciativa se 
fundamenta en el interés general para afrontar la crisis de salud pública provocada por la 
COVID-19.
La norma se adecúa también a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad 
y eficiencia, establece una norma clara que asegura la mejor protección de los derechos 
de los ciudadanos y proporciona certeza y agilidad a los procedimientos, sin imponer 
cargas administrativas no justificadas y la regulación que contiene resulta proporcionada, 
en atención a la particular situación existente y a la necesidad de garantizar el principio 
de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
En cuanto al principio de transparencia, vista la urgencia para la aprobación de esta 
norma, se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información 
públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2.c) y h) de la Ley 1/2019.
Por lo tanto, por su naturaleza y finalidad, concurren en este caso las circunstancias 
de extraordinaria y urgente necesidad que exigen los artículos 86 de la Constitución 
española y 49 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, como presupuestos que 
habilitan la aprobación de este Decreto-ley, por lo que el Govern de les Illes Balears 
considera plenamente adecuado el uso de este instrumento para dar cobertura a las 
disposiciones que se han descrito, dado que responde a la exigencia de que haya una 
conexión  de  sentido  o  relación  de  adecuación  entre  la  situación  excepcional  y  las 
medidas que se pretenden adoptar, que son idóneas, concretas y de eficacia inmediata.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de autonomía, a propuesta de las 
consejeras  de  Salud  y  Consumo  y  de  Administraciones  Públicas  y  Modernización, 
habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 10 de julio de 2020, se 
aprueba el siguiente Decreto-ley:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Constituye el objeto de este Decreto-ley establecer medidas urgentes que permitan a 
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears afrontar con celeridad 
y eficacia la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores que se incoen 
por incumplimientos de las disposiciones vigentes dictadas para paliar los efectos de la 
crisis ocasionada por la COVID-19.
Artículo 2.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1.  Las  disposiciones  de  este  Decreto-ley  son  de  aplicación  a  los  hechos  y 
conductas realizados, en las Illes Balears, por cualquier persona física o jurídica que 
incumpla las medidas y obligaciones establecidas para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19.
2.  Las disposiciones de este Decreto-ley no afectan a las competencias atribuidas a  es
los municipios y a los consejos insulares para sancionar los hechos y las conductas a los  o
que hace referencia el apartado anterior. 42www.
CAPÍTULO II
Régimen de infracciones y sanciones
Artículo 3.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
a)  El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando este produzca un riesgo 
o un daño muy grave para la salud de la población. A tal efecto puede entenderse que 
producen un riesgo o daño muy grave los incumplimientos que supongan un riesgo de 
contagio a más de 150 personas.
b)  La comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico 
o eventual, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios públicos o privados, 
en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las 
medidas sanitarias de prevención.
c)  Los incumplimientos de las prohibiciones relativas a la apertura de locales.
d)  El incumplimiento de la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso.
e)  La realización de otras conductas u omisiones que infrinjan las obligaciones 
establecidas por el Estado o por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para 
afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que produzcan un riesgo o un 
daño muy grave para la salud de la población.
f)  El  incumplimiento,  de  forma  reiterada,  de  las  instrucciones  recibidas  de  la 
autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de la misma, si este 
comporta daños graves para la salud.
g)  Las  infracciones  graves,  si  24  meses  antes  de  cometerlas  la  persona 
responsable de las mismas ha sido sancionada mediante resolución definitiva en vía 
administrativa por infracción tipificada como grave.
Artículo 4.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a)  El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido a los establecimientos o en las actividades, cuando este no sea constitutivo de 
una infracción muy grave ni leve.
b)  La organización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o 
eventual, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios públicos o privados, 
en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las 
medidas sanitarias de prevención.
c)  La participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o 
eventual,  de  carácter  privado,  en  espacios  privados,  en  los  que  se  produzcan 
aglomeraciones  que  impidan  o  dificulten  la  adopción  de  las  medidas  sanitarias  de 
prevención.
d)  La realización de otras conductas u omisiones que infrinjan las obligaciones 
establecidas por el Estado o por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para 
afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que produzcan un riesgo o un 
daño grave para la salud de la población.
e)  El  incumplimiento,  de  forma  reiterada,  de  las  instrucciones  recibidas  de  la  e
autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de la misma, cuando este  bo
no sea constitutivo de una infracción muy grave. 42ww
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por infracción tipificada como leve.
Artículo 5.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a)  El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas.
b)  El  incumplimiento,  por  parte  de  los  establecimientos  abiertos  al  público,  de 
informar a los usuarios sobre el cumplimiento horario, el aforo del local, la distancia 
social y, en su caso, de la obligatoriedad del uso de mascarilla.
c)  El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido en los establecimientos o en las actividades, cuando no suponga riesgo de 
contagio o este sea inferior a 15 personas.
d)  Cualquier otra infracción de las obligaciones establecidas por el Estado o por la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para afrontar la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, y que no esté calificada como falta grave o muy grave.
Artículo 6.  Sanciones.
1.  A  las  infracciones  muy  graves  les  corresponde  una  sanción  de  multa 
entre 60.001 y 600.000 euros.
2.  A las infracciones graves les corresponde una sanción de multa entre 3.001 
y 60.000 euros.
3.  A las infracciones leves les corresponde una sanción de multa entre 100 y 3.000 
euros.
4.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  el  incumplimiento  de  la 
obligación del uso de mascarillas solo puede sancionarse, como máximo, con multa 
de 100 euros.
Artículo 7.  Sanción accesoria.
1.  En los casos de infracciones muy graves y en consideración a las circunstancias 
que se presenten, puede imponerse, además de la multa y como sanción accesoria, el 
cierre  del  local  o  el  establecimiento  donde  se  haya  producido  la  infracción,  o  la 
prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de tres años.
2.  El local o el establecimiento debe permanecer cerrado durante todo el plazo que 
se  fije  en  la  resolución,  con  independencia  de  los  cambios  de  titular  que  puedan 
producirse.
3.  Cuando las infracciones previstas en los artículos 3.b) y 4.b) se produzcan en un 
inmueble dado de alta como vivienda destinada a estancias turísticas, puede imponerse, 
además de la multa y como sanción accesoria, la prohibición de la comercialización 
turística de esta vivienda durante el plazo máximo de tres años.
Artículo 8.  Graduación de las sanciones.
Las  sanciones  que  se  impongan  deben  ser  graduadas  teniendo  en  cuenta  la 
naturaleza de la infracción y las circunstancias concurrentes, atendiendo especialmente 
a los siguientes criterios:
a)  La trascendencia del daño o el perjuicio causado a la salud pública.
b)  El número de personas afectadas.
c)  La intencionalidad. s
d)  El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción. oe.
e)  La reincidencia, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción. w.
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Artículo 9.  Personas responsables.
1.  Son personas responsables de las infracciones establecidas en este Decreto-ley 
las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que incurran en las acciones u 
omisiones tipificadas como tales.
2.  La persona titular de la explotación, empresa o actividad turística o comercial es 
responsable  administrativamente  de  las  infracciones  que  cometan  los  trabajadores 
ocupados  o  terceras  personas  que,  sin  tener  vinculación  laboral,  lleven  a  cabo 
prestaciones comprendidas en los servicios contratados por estos.
3.  La  persona  titular  de  la  explotación,  empresa  o  actividad  a  quien  se  haya 
impuesto una sanción como consecuencia de la infracción cometida por el personal 
ocupado o terceras personas que presten servicios contratados, puede ejercitar las 
acciones de repetición que le correspondan contra los autores materiales de la infracción 
que ocasione la sanción.
4.  Son responsables principales de las infracciones cometidas por menores de 
hasta catorce años los padres, tutores o guardadores.
5.  Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, cuando comete la infracción 
un menor de edad, son responsables subsidiarios los padres, tutores o guardadores.
CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artículo 10.  Actuaciones inspectoras.
1.  El personal inspector de la Administración de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears que, en el ejercicio de sus funciones, detecte cualquier infracción de las 
referenciadas en este Decreto-ley, debe extender un acta que debe enviar al órgano 
competente que se determina en el artículo 13 para la instrucción del procedimiento.
2.  El personal inspector de la Administración de la Comunidad Autónoma está 
facultado, cuando sea necesario, para actuar bajo una identidad encubierta, con el fin de 
detectar las infracciones a las que hace referencia este Decreto-ley y obtener pruebas de 
las mismas.
3.  Las  actas  o  denuncias  por  las  infracciones  previstas  en  este  Decreto-ley 
que formulen las policías locales, los servicios de inspección insulares y municipales, en 
el ámbito de sus competencias, pueden enviarse al órgano previsto en el artículo 13 para 
la instrucción del procedimiento sancionador correspondiente.
4.  El  personal  inspector,  así  como  los  policías  locales,  al  extender  el  acta  o 
denuncia pueden proponer o, si procede, adoptar las medidas provisionales previstas en 
este Decreto-ley.
Artículo 11.  Procedimiento sancionador.
1.  El procedimiento sancionador debe instruirse y resolverse de acuerdo con el 
régimen  sancionador  que  se  contiene  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los principios y 
disposiciones que se contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del  Sector  Público.  El  órgano  competente  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma aplicará también el Decreto 14/1994, de 10 de febrero, por el que se aprueba  s
el  Reglamento  del  procedimiento  a  seguir  por  la  Administración  de  la  Comunidad  e.
Autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora. w.
2.  Cuando del contenido del acta o denuncia emitida se desprenda la existencia de  42ww
ointfrroasc chióenc haodsm, indiissttrianttiovsa  ad e loasc uperredvoi sctoosn  lean  neosrmtea tDiveac sreetcot-oleriya,l  aqpuleic apbulee,d asne  dceobnes tidtuairr 
ccuoerrnetsap oanld aó, rrgeasnpoe ctoo  dae  alaq ueAldloms.inistración  competente  para  que  resuelva  lo  que  BOE-A-cable e
Artículo 12.  Medidas provisionales.
1.  En  los  supuestos  de  imputación  de  infracciones  muy  graves,  el  órgano 
competente para resolver el procedimiento puede ordenar cualesquiera de las medidas 
provisionales  previstas  en  el  artículo  56  de  la  Ley  39/2015,  incluido  el  cierre  del 
establecimiento o la suspensión de la actividad o acto objeto de infracción.
2.  La  medida  provisional  debe  ser  ratificada,  rechazada  o  modificada  en  la 
resolución iniciadora del procedimiento sancionador, que debe dictarse en los quince 
días siguientes a la adopción de la medida. Quedan sin efecto aquellas que, vencido el 
plazo, no se han ratificado.
3.  Las medidas provisionales, salvo que se levanten, permanecen vigentes hasta la 
resolución firme en vía administrativa, con independencia de los cambios de titular que 
se puedan producir en el establecimiento.
4.  Excepcionalmente,  en  los  supuestos  de  riesgo  grave  para  la  salud  de  las 
personas, las medidas provisionales previstas en el apartado 1 de este artículo puede 
adoptarlas directamente el personal inspector, o las policías locales, con carácter previo 
a la iniciación del procedimiento, y deben ratificarse, modificarse o revocarse en la 
resolución iniciadora del procedimiento sancionador en el plazo máximo de quince días. 
En  todo  caso,  estas  medidas  quedan  sin  efecto  si,  una  vez  transcurrido  el  plazo 
mencionado, el procedimiento no se inicia o la resolución de inicio no contiene un 
pronunciamiento expreso sobre las medidas.
Artículo 13.  Órganos competentes.
1.  Corresponde a la Dirección General de Emergencias e Interior de la Consejería 
de  Administraciones  Públicas  y  Modernización  la  instrucción  de  los  procedimientos 
sancionadores correspondientes a:
a)  Las infracciones establecidas en este Decreto-ley.
b)  Las  infracciones  establecidas  en  cualquier  otra  norma  que  supongan  el 
incumplimiento  de  las  medidas  y  obligaciones  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19.
2.  Corresponde a la consejera de Administraciones Públicas y Modernización la 
competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores a los que hace 
referencia el apartado anterior, así como para la adopción de medidas provisionales.
Sin  embargo,  si  se  tiene  conocimiento  de  la  tramitación,  por  parte  de  otra 
administración competente en la materia, de un procedimiento sancionador por el mismo 
hecho infractor, debe abstenerse de iniciar el procedimiento.
3.  La atribución de las competencias sancionadoras establecidas en los apartados 
anteriores se establece con carácter preferente sobre cualquier otra competencia relativa 
a la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores que haya sido atribuida, 
en cualquier materia, a otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o 
a sus entes públicos de carácter instrumental.
4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las normas 
sobre delegación de competencias.
5.  Corresponde  así  mismo  a  la  consejera  de  Administraciones  Públicas  y 
Modernización  la  competencia  para  resolver  los  recursos  administrativos  que  se 
interpongan  contra  los  actos  administrativos  dictados  en  cualquiera  de  los 
procedimientos sancionadores a los que hace referencia este artículo. e.
Disposición adicional única. 42ww
El Govern de les Illes Balears promoverá la firma de un protocolo de colaboración
dpealr aE satsaedgou eranr  lala  anpelicceascaiórina  dceo olarsd imnaecdióidna sy  qaupeo ysoe  dceo nlaties nfeune rezna se syt ec uDeerpcroest od-ele ys.eguridad
Disposición transitoria única.
1.  Los procedimientos de carácter sancionador iniciados antes de la entrada en 
vigor de este Decreto-ley se seguirán tramitando y se resolverán de acuerdo con la 
normativa vigente en el momento de dictarse el acto iniciador del procedimiento.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, deben aplicarse las reglas de 
competencia previstas en el artículo 13 de este Decreto-ley cuando, a su entrada en 
vigor, no se haya acordado todavía el trámite de audiencia. A tal efecto, los órganos 
instructores darán traslado de las actuaciones a la Dirección General de Emergencias e 
Interior.
3.  Corresponde  en  todo  caso  a  la  consejera  de  Administraciones  Públicas  y 
Modernización la competencia para resolver los recursos administrativos interpuestos 
contra los actos administrativos dictados, antes de la entrada en vigor de este Decreto-
ley, en los procedimientos sancionadores iniciados por cualquier otro órgano por el 
incumplimiento  de  las  medidas  y  obligaciones  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19.
Disposición final primera.  Modificación del Decreto-ley 1/2020, de 17 de enero, contra 
el turismo de excesos para la mejora de la calidad de zonas turísticas.
Se modifica el apartado 2 del artículo 3 del Decreto-ley 1/2020, que queda redactado 
de la siguiente manera:
«2.  Quedan prohibidas las prácticas peligrosas para la vida, la salud y la 
integridad física de los clientes en los establecimientos de alojamiento turístico y 
en  las  viviendas  objeto  de  comercialización  turística.  En  todos  los  casos  se 
consideran practicas peligrosas, entre otras, pasar de un balcón o ventana a otro, 
o lanzarse o despeñarse desde lugares no adecuados a piscinas, al vacío o a 
cualquier elemento (la práctica del denominado balcóning). Los clientes que las 
realicen deben ser expulsados del establecimiento con carácter inmediato, con 
independencia de las sanciones que se les puedan imponer, de acuerdo con este 
Decreto-ley y con las ordenanzas municipales correspondientes. La expulsión 
debe ordenarla la dirección del establecimiento o la persona comercializadora de 
la vivienda, que pueden requerir la colaboración de la policía local.»
Disposición final segunda.  Vigencia y efectos.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en «Boletín Oficial de 
las Illes Balears» y produce efectos hasta que el Gobierno central declare la finalización 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Palma, 10 de julio de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–La 
Consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez Picard.–La Consejera de Administraciones 
Públicas y Modernización, Isabel Castro Fernández.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 121, de 10 de julio de 2020. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
número 131, de 25 de julio de 2020)