BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Viernes 6 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 96808
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13540 Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora mercantil XVII de Madrid a inscribir determinadas cláusulas de 
los estatutos sociales de una entidad.
En el recurso interpuesto por doña B. B. M., en nombre y representación y como 
administradora única de la sociedad «Bellido Decoración, S.L.», contra la negativa de la 
registradora Mercantil XVII de Madrid, doña María del Carmen de Grado Sanz, a inscribir 
determinadas cláusulas de los estatutos sociales de dicha entidad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 1 de marzo de 2021 por el notario de Madrid, 
don Carlos Pérez Ramos, con el número 681 de protocolo, se elevaron a público los 
acuerdos  adoptados  por  unanimidad  en  junta  universal  de  la  sociedad  «Bellido 
Decoración, S.L.», por los que se modificaban los estatutos sociales, de modo que el 
artículo 23 los mismos se dispone –en lo que interesa en este recurso– lo siguiente:
«(…) 2. Para la adopción de cualquier acuerdo por parte de la Junta General, 
deberán concurrir presentes o representados, como mínimo, un número de socios que 
representen más de la mitad de las participaciones sociales en que se divide el capital 
social. En caso contrario, se entenderá que la Junta General no ha quedado válidamente 
constituida, no estando legitimada para la adopción de ningún acuerdo.
3.  Los acuerdos de la Junta General se adoptarán conforme al siguiente régimen 
de mayorías:
a)  Los acuerdos ordinarios se adoptarán por mayoría simple, es decir más votos a 
favor que en contra de votos válidamente emitidos siempre y cuando representen al 
menos más de la mitad de las participaciones sociales en que se divide el capital social, 
sin computar las abstenciones o votos en blanco. Se entiende por acuerdos ordinarios 
aquellos  para  los  que  la  Ley  o  los  presentes  estatutos  sociales  no  reserven 
expresamente una mayoría especial reforzada».
Y en el artículo 35 de los mismos estatutos se establece lo siguiente:
«(…) 1.–Serán causas de exclusión de los socios de la sociedad las siguientes:
(…) c) Cualquier género de omisión rechazo o incumplimiento en la obligación de 
transmitir sus participaciones sociales por el ejercicio de un derecho de adquisición de 
otro socio o socios en los términos previstos en el Apartado IV del artículo 10.º de los 
presentes estatutos.
(…) 4.–En el caso concreto de exclusión del socio por la causa prevista en el 
apartado 1.c) por omisión de la obligación de transmitir sus participaciones sociales, el 
importe a reembolsar al socio excluido como reembolso a sus participaciones sociales  e.
amortizadas, se le podrá abonar a voluntad de la sociedad en: (i) dinero y/o especie; y (ii)  w.
de forma aplazada dentro del año natural siguiente al acuerdo de amortización de sus  540ww
partEicnip aecl iroenfeersid soo caipaalersta»d.o IV del artículo 10 de los estatutos («transmisión obligatoria»)
se dispone lo siguiente:
«1.  Cuando un socio, por sí mismo, o de manera conjunta y concertada con otros 
socios con quienes les una relación o vínculo de parentesco de hasta segundo grado 
entre todos ellos, alcance una participación en el capital de la sociedad igual o superior 
al  50%  tendrá  un  derecho  de  adquisición  sobre  la  totalidad  de  las  participaciones 
sociales restantes de la sociedad, estando facultado para requerir al resto de los socios a 
que le transmitan a prorrata de su respectiva participación social, las participaciones 
sociales de su titularidad, quienes a su vez se hallan sujetos a la obligación de transmitir 
al socio ejerciente en los términos previstos en el presente Apartado IV.
(…) 5.–Si por el socio o socios transmitentes sujetos a la obligación de transmisión 
no se procediera tal transmisión en el anteriormente referido plazo máximo de tres 
meses a contar desde la recepción de la comunicación del socio ejerciente, se estará a 
lo dispuesto en los presentes estatutos sociales en materia de exclusión de socios.
6.  El precio de adquisición de las participaciones sociales se corresponderá con el 
valor razonable de las mismas, entendiéndose por valor razonable el valor contable que 
resulte  del  último  balance  aprobado  por  la  Junta  General.  Asimismo,  el  precio  de 
adquisición deberá ser satisfecho íntegramente en metálico, salvo acuerdo en contrario 
por las partes, pudiendo no obstante ser aplazado como máximo un año desde el día del 
otorgamiento de la escritura pública que documente la transmisión, en los términos y 
condiciones que libremente determine la parte adquirente».
II
Presentada el día 15 de marzo de 2021 la referida escritura en el Registro Mercantil 
de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Carmen de Grado Sanz, registradora mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos
Diario/Asiento: 3113/480
F. presentación: 15/03/2021
Entrada: 1/2021/40.078,0
Sociedad: Bellido Decoración SL
Autorizante: Pérez Ramos Carlos
Protocolo: 2021/781 de 01/03/2021
Fundamentos de Derecho (defectos)
1.  Calificado el precedente documento se suspende la inscripción porque la misma 
exige  aclarar  la  redacción  del  artículo  23  de  los  estatutos,  ya  que  la  necesidad 
establecida en su apartado 2 para la adopción de cualquier acuerdo por la Junta General 
y  para  que  la  Junta  General  quede  válidamente  constituida  hayan  de  concurrir  un 
número de socios que representen más de la mitad de las participaciones en que se 
divide el capital social, y la exigencia establecida en su apartado 3 para la adopción de 
los acuerdos ordinarios de mayoría de votos a favor que representen más de la mitad de 
las participaciones en que se divide el capital social, ha de dejar a salvo aquellos  e
supuestos en que la Ley de Sociedades de Capital exige de forma imperativa la mayoría  bo
inferior de un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide  540ww
leols c aapdimtailn issotrcaiadlo (raerst,í cyu laor t2íc3u8l oL .3S6.4C .L p.Sa.rCa . epl aerjae raciccoiord daer  llaa  daicscoilóunc idóen  rdees plao nssoacbieildidaadd  pdoer 
causUan lae gvael)z. aclarado este extremo se procederá a la inscripción sin recoger en ella
conforme  a  la  solicitud  de  inscripción  parcial  la  referencia  del  artículo  10.6  de  los
estatutos a que el pago del precio de adquisición de las participaciones sociales en el 
supuesto de transmisión obligatoria pueda ser aplazado como máximo un año desde el 
día del otorgamiento de la escritura de transmisión, en los términos y condiciones que 
determine la parte adquirente; ni la referencia del artículo 35.4 relativa al caso de 
exclusión del socio que incumpla la obligación de transmitir sus participaciones en el 
supuesto de transmisión obligatoria, a que el reembolso de su participación pueda 
hacerse de forma aplazada dentro del año siguiente al acuerdo de amortización de las 
mismas, porque dada la analogía de la transmisión obligatoria con la de exclusión del 
socio,  y  siendo  consecuencia  del  incumplimiento  de  la  obligación  de  transmitir  la 
exclusión del socio, el aplazamiento del pago en un año del precio de las participaciones 
resulta incompatible con el plazo establecido en el artículo 356.1 L.S.C. para reembolsar 
al socio excluido el valor de sus participaciones, sin que los estatutos puedan imponer al 
socio dilaciones a la hora de realizar el valor patrimonial de sus participaciones, tal como 
ha indicado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en resolución de 23 
de noviembre de 2020.
Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…)
Madrid, a 6 de abril de 2021 La registradora (firma ilegible)».
Presentada nuevamente el día 19 de abril de 2021 en el Registro Mercantil de 
Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de inscripción
Carmen de Grado Sanz, Registradora Mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto practicar la inscripción del documento 
al tomo 6014 folio 126 inscripción 7, habiendo resuelto no practicar la inscripción de los 
extremos que constan a continuación conforme a los siguientes hechos y fundamentos 
de Derecho:
Hechos
Diario/Asiento: 3113/480
F. presentación: 15/03/2021
Entrada: 1/2021/58913,0
Sociedad: Bellido Decoración SL
Hoja: M-98362
Autorizante: Pérez Ramos Carlos
Protocolo: 2021/781 de 01/03/2021
Fundamentos de Derecho
– Conforme a la solicitud de inscripción parcial contenida en la escritura, se ha 
practicado la inscripción del cese de don J. J. S. B. y el nombramiento de doña B. B. M. 
como  administradora  única.  Se  ha  suspendido  la  inscripción  de  la  modificación  y 
refundición de los estatutos sociales porque la misma exige aclarar la redacción del 
artículo 23 de los estatutos, ya que la necesidad establecida en su apartado 2 para la 
adopción de cualquier acuerdo por la Junta General y para que la Junta General quede 
válidamente constituida hayan de concurrir un número de socios que representen más  s
de la mitad de las participaciones en que se divide el capital social, y la exigencia  oe.
establecida en su apartado 3 para la adopción de los acuerdos ordinarios de mayoría de  w.
votos a favor que representen más de la mitad de las participaciones en que se divide el  540ww
cCaappititaal l soecxiiagle,  hdae d efo drmejaa r iam psaelrvaoti vaaq uleal loms asyuopruíae sitnofse reionr  qduee  lau nL etye rdceio  Sdoec ieldoasd evso tdoes 
correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social (artículo 238
L.S.C.  para  el  ejercicio  de  la  acción  de  responsabilidad  de  los  administradores,  y 
artículo 364 L.S.C. para acordar la disolución de la sociedad por causa legal).
Una vez aclarado este extremo se procederá a la inscripción sin recoger en ella 
conforme  a  la  solicitud  de  inscripción  parcial  la  referencia  del  artículo  10.6  de  los 
estatutos a que el pago del precio de adquisición de las participaciones sociales en el 
supuesto de transmisión obligatoria pueda ser aplazado como máximo un año desde el 
día del otorgamiento de la escritura de transmisión, en los términos y condiciones que 
determine la parte adquirente; ni la referencia del artículo 35.4 relativa al caso de 
exclusión del socio que incumpla la obligación de transmitir sus participaciones en el 
supuesto de transmisión obligatoria, a que el reembolso de su participación pueda 
hacerse de forma aplazada dentro del año siguiente al acuerdo de amortización de las 
mismas, porque dada la analogía de la transmisión obligatoria con la de exclusión del 
socio,  y  siendo  consecuencia  del  incumplimiento  de  la  obligación  de  transmitir  la 
exclusión del socio, el aplazamiento del. pago en un año del precio de las participaciones 
resulta incompatible con el plazo establecido en el artículo 356.1 L.S.C. para reembolsar 
al socio excluido el valor de sus participaciones, sin que los estatutos puedan imponer al 
socio dilaciones a la hora de realizar el valor patrimonial de sus participaciones, tal como 
ha indicado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en resolución de 23 
de noviembre de 2020.
Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que 
se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, 
en el Índice Centralizado de Incapacitados ni en el Registro Público Concursal, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.
En relación con la presente calificación: (…)
Madrid, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. La registradora, Carmen de Grado 
Sanz».
III
Contra la anterior nota de calificación, doña B. B. M., en nombre y representación y 
como administradora única de la sociedad «Bellido Decoración, S.L.», interpuso recurso 
el  día  24  de  mayo  de  2021  mediante  escrito  en  el  que  formulaba  las  siguientes 
alegaciones:
«Primera.  Acuerdos adoptados en Junta Universal y por unanimidad, en protección 
del interés social.
A los efectos de contextualizar la interposición del presente Recurso respecto a los 
Estatutos Sociales aprobados y elevados a público, resulta imprescindible remarcar que 
tal íntegra modificación estatutaria ha sido aprobada en acuerdos adoptados en Junta 
Universal y por acuerdo unánime de la totalidad de los socios, lo que implica: (i) que tal 
modificación responde a la inequívoca voluntad de todos los socios; y (ii) que se cumplen 
asimismo determinados preceptos legales para la adopción de determinados acuerdos, 
como los relativos al régimen de exclusión de socios.
Teniendo  en  cuenta,  asimismo,  que  la  entidad  recurrente  es  una  sociedad  de 
responsabilidad limitada, supone que por su tipo social ostente naturaleza esencialmente 
cerrada, que en este caso se evidencia, más si cabe, por su reducido número de socios 
unidos por vínculo familiar. Ello implica que, conforme a la especial tipología de las SL, 
se pretenda dotar a la compañía de resortes estatutarios que aseguren mantener el  es
núcleo familiar y el carácter cerrado mediante la evitación de la entrada de terceros o  bo
extraños;  que  establezcan  un  procedimiento  flexible  entre  los  socios  ante  el  540ww
ssuaio ctounaba elccitgiiitomauncliaeeiórnsen tsod ;d e de yec  o trdnqaefunltiesecm rtomsi tiufinrup ataoudlnr aagrsesa ,ssn tti otau nudatneco i  oeltoennsxe  tsvos iro otcu rceidoof sudn netliadn silgda eo psn aucrectiasiectssiap itqóauunctae iodr ineeoev  lisodq sesu noescc oiiceapinlroee sslva,  e dcnaeoe  mclyaeo ss e aidqvnauittdeee     OE-A-2021-13able en https://
hipotéticos desacuerdos corporativos que bloqueen y pongan en riesgo la continuidad de 
la actividad de la compañía.
Es cierto, no obstante, que pueda resultar habitual o común en nuestras sociedades 
mercantiles de carácter cerrado la suscripción de un pacto extraestatutario de socios. Sin 
embargo, la voluntad respecto a la presente modificación estatutaria trasciende más allá 
de los actuales titulares o personas integrantes de la estructura de propiedad, sino que al 
contrario, trata de vincular a los socios futuros (previsiblemente los descendientes de los 
actuales, y familiares todos ellos entre sí) mediante un texto articulado que ostente una 
doble función: la previsión del acaecimiento de un concreto conflicto societario; y la 
solución y salida al mismo, lo que incuestionablemente representa un texto estatutario 
adoptado en interés de la Sociedad al objeto de que las posibles discrepancias, sean de 
carácter societario-empresarial o sean de carácter familiar, entorpezcan o pongan en 
riesgo la actividad social.
Y es que la adopción de este pacto en sede estatutaria refuerza la protección del 
interés social y de la Sociedad en su conjunto consecuencia del carácter oponible frente 
a terceros de los Estatutos inscritos. Por ello, a los efectos del presente Recurso, resulta 
especialmente  significativo  que  la  totalidad  de  los  artículos  estatutarios  aprobados, 
incluidos aquellos objetos de calificación registral, hayan sido acordados por el cien por 
cien del capital suscrito con derecho a voto. Ello es precisamente el objeto de tal 
modificación estatutaria: (i) la forma, es decir, la voluntad unánime de la Sociedad; y (ii) 
el motivo, salvaguardar el interés social estableciendo un procedimiento oponible frente a 
terceros de resolución de conflictos corporativos futuros.
Segunda.  Acuerdos adoptados en base al art. 28 LSC en refuerzo de los principios 
del buen gobierno corporativo, sin causar perjuicio a terceros.
Continuando los argumentos del apartado anterior en lo que a la contextualización 
del Recurso se refiere, resulta igualmente imprescindible remarcar que la naturaleza 
jurídica de la sociedad de responsabilidad limitada entraña un régimen de evidente 
flexibilidad en cuanto a su funcionamiento y estructura interna, respecto a otros tipos 
sociales de tipología más rígida, como las sociedades anónimas. Constituye, por tanto, 
un principio general de nuestra normativa societaria el carácter acomodaticio de la SL 
respecto  de  la  voluntad  de  los  socios,  en  aplicación  del  artículo  28  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital respecto a la autonomía de la voluntad de los socios y de la 
Sociedad  en  su  conjunto,  dimanante  de  los  acuerdos  adoptados,  conforme  se  ha 
expuesto, por la voluntad de la totalidad de los socios.
Pero, asimismo, entrando  en las cuestiones  de fondo del Recurso, resulta que 
algunos de los artículos estatutarios calificados se refieren a cuestiones de quórum de 
asistencia y regímenes de mayoría en la Sociedad, porcentajes o umbrales que son 
ligeramente  incrementados  en  los  Estatutos  Sociales  aprobados  (sin  llegar  a  la 
unanimidad)  precisamente  como  una  forma  de  fomentar  y  garantizar  la  máxima 
participación posible de los socios y de la Junta General. Huelga decir que conforme 
establecen  los  muy  numerosos  estudios  de  nuestra  más  autorizada  Doctrina 
mercantilista, en los últimos lustros hemos asistido a una suerte de «crisis» de la Junta 
General, lo que motivó la proliferación en su momento de los códigos de buen gobierno 
corporativo  que  pretendieron  incentivar  en  cierto  modo  la  participación  de  la  Junta 
General  en  asuntos  comprendidos  a  la  actividad  social,  dotándola  de  mayores 
competencias o mecanismos de participación activa. Es cierto, no obstante, que tales 
códigos tenían por destinatarias a las sociedades anónimas cotizadas, esto es, aquellas 
cuyas acciones se hallaban admitidas a negociación en un mercado secundario de  e.
valores,  cuya  diferenciación  tipológica  y  estructural  respecto  a  las  SL,  como  la  w.b
recurrente, es más que obvia. Sin embargo, ello no ha sido óbice para reconocer que tal  540ww
rcerisspiso ndsea beilxidisatde nlicmiait addea ,l ah eJcuhnot aq usee  vhieanyea  emviadneinfecsiataddoo p toarm lab ipérno menu lglaasc iósno,c eiendtared eostr adse, 
edlee vlaac iLóeny  a3 1/r2a0n1g4o  pdaer a Lleay  mdeejo rap redceel pgtoosb ieqruneo  choarsptoar altaiv of,e cqhuae  scuopnusstiotu íuanna  mceierratas 
recomendaciones de los códigos de buen gobierno para pasar a formar parte de la
normativa legal e imperativa también de aplicación a las sociedades limitadas. Resulta 
importante, por tanto, contextualizar dicha modificación estatutaria con los objetivos que 
el movimiento del gobierno corporativo ha pretendido, especialmente en lo que a los 
problemas de agencia y las competencias, facultades y participación de la Junta General 
se  refiere,  y  es  que  conforme  consta  en  los  artículos  estatutarios  aprobados, 
precisamente  lo  que  se  pretende  es  el  aseguramiento  y  necesidad  de  una  mayor 
participación de los socios, de no dejar determinadas e importantes decisiones en manos 
de un reducido grupo sino, al contrario, exigir la concurrencia de un determinado número 
de socios superior al legalmente previsto. Pues como veremos más adelante, dichos 
Estatutos contemplan una figura que, es cierto, viene legamente contemplada de forma 
exclusiva para las sociedades anónimas como es el quorum mínimo de asistencia, lo que 
no debe impedir en modo alguno que las sociedades limitadas puedan, en el marco de la 
autonomía de su voluntad, establecer los suyos propios.
Asimismo,  resulta  de  igual  forma  muy  importante,  al  objeto  de  la  aludida 
contextualización, que los artículos estatutarios aprobados unánimemente y calificados 
por la Sra. Registradora Mercantil no tienen incidencia o afección alguna sobre posibles 
intereses de terceros ajenos a la Sociedad, ya sean acreedores, proveedores o personas 
con interés legítimo, ni respecto a la Sociedad ni respecto a los socios. Y es que como 
más  tarde  se  desarrollará,  la  resolución  de  la  Sra.  Registradora  Mercantil  cita 
erróneamente en nuestra opinión la Resolución de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública de 23 de noviembre de 2020, toda vez que dicha Resolución se 
refería a un supuesto de exclusión de socio por embargo de sus participaciones sociales, 
situación que sí entraña la concurrencia de los intereses de un tercero a proteger, en tal 
caso los del acreedor embargante del socio. No es nuestro caso, pues el establecimiento 
de un concreto procedimiento de adopción de acuerdos sociales en lo que a quórum y 
mayorías se refiere, o el procedimiento de valoración y reembolso de participaciones 
sociales del socio excluido (no por embargo de sus participaciones, sino por otras 
cuestiones que no entrañan incidencia frente a terceros) valga la redundancia, no implica 
incidencia respecto a terceros cuyos intereses deban verse especialmente protegidos 
por la naturaleza de su vínculo. Al contrario, es el fiel reflejo de la inequívoca voluntad 
social en lo que a las relaciones internas se refiere.
Tercera.  La facultad de incrementar el mínimo de asistencia a la Junta General no 
contradice el art. 238.1 LSC.
Como  decíamos  anteriormente,  los  Estatutos  Sociales  aprobados  incluyen  una 
mención expresa al porcentaje mínimo de socios que han de concurrir a la Junta General 
para  que  ésta  se  entienda  válidamente  constituida  que,  de  forma  concreta,  el 
artículo  23.º  calificado,  cifra  en,  «(…)  como  mínimo,  un  número  de  socios  que 
representen más de la mitad de las participaciones sociales en que se divide el capital 
social. En caso contrario, en entenderá que la Junta General no ha quedado válidamente 
constituida''. Es cierto, no obstante, que la cuestión del quórum mínimo de asistencia a la 
Junta  General  viene  legalmente  contemplada  para  las  sociedades  anónimas 
(artículos 193 y 194 de la Ley de Sociedades de Capital) y no para las sociedades de 
responsabilidad limitada. Pero ello no es óbice para que las SL, en el marco de la 
autonomía de su voluntad, puedan asimismo establecer su propio quórum de asistencia 
mínima, por dos motivos fundamentales: el primero, porque de forma implícita la Ley de 
Sociedades de Capital sí exige un quorum mínimo de asistencia al establecer, a su vez, 
el porcentaje mínimo de votos para la adopción de según qué acuerdo -en concreto, el 
artículo 198 LSC exige que voten a favor o en contra, al menos, el 33% del capital social,  e.
lo que supone de facto una implícita exigencia de quorum- y el segundo, porque la Ley  w.b
no prohíbe de forma expresa que los Estatutos de las SL puedan establecer un quórum o  540ww
adseils 2te0n0c.1ia  LmSCín irmelaa tiav al aa  Jlau nptrao hGibeicnióenra dl, en eox iegxeinsctiiean ddeo ,l ae unn parninimciipdiaod,  pmaáras  dlíemteitrem qinuaed oesl 
acueErsdtoos e.s, lo que establece el referido artículo 23.º de los Estatutos es la exigencia de
un mínimo de asistencia para que la Junta General se entienda válidamente constituida,
quórum que, ya se ha dicho, se establece en al menos el 50,01% del capital social. Pero 
no por ello han de confundirse constitución del órgano con adopción de acuerdos, 
básicamente porque la práctica societaria evidencia que no todos los puntos del Orden 
del Día de una Junta General han de tener necesariamente carácter decisorio o votación 
de acuerdos, sino al contrario, puntos a tratar de forma exclusivamente informadora. Con 
ello únicamente se pretende que el número de socios concurrentes a la Junta, con 
absoluta independencia del contenido de los acuerdos que en ella se traten, constituyan 
un porcentaje lo suficientemente importante o relevante (más de la mayoría) para que se 
asegure el conocimiento, consentimiento, seguimiento y control por parte de los socios, o 
de una parte relevante de los mismos, respecto de aquellas cuestiones que resultan 
materia reservada o competencia de los socios.
Dicho todo lo cual, establecido un porcentaje mínimo de asistencia, el artículo 23.º de 
los  Estatutos  Sociales  incrementa  las  mayorías  legalmente  establecidas,  facultad 
expresamente contemplada en el artículo 200 de la Ley de Sociedades de Capital, toda 
vez que cumple, además, con la exigencia de no llegar a la unanimidad. Al contrario, 
aumenta los acuerdos ordinarios al 51%, y asimismo unifica en uno sólo la mayoría 
legalmente establecida en el artículo 199 LSC, apartados a) y b), delimitando tales 
acuerdos en el 66% del capital social. Es decir, que únicamente aumenta la mayoría 
legalmente exigible para, entre otros, el aumento o reducción del capital social, para 
unificarlo con, por ejemplo, la fusión o escisión, cuyo porcentaje no sufre modificación 
respecto al legalmente previsto.
Por ello, como decíamos, el establecimiento de un quorum mínimo de asistencia a la 
Junta General para la válida constitución del órgano no afecta o no contradice la mayoría 
prevista en el art. 238.1 LSC que establece que, para la adopción de la acción social de 
responsabilidad, «los estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria». 
La única exigencia es, como se ha dicho, que a la Junta acudan un mínimo de socios, 
sin perjuicio de las mayorías que resulten legal o estatutariamente exigibles para la 
adopción de según qué acuerdo.
Ahora bien, sin perjuicio de que, como decimos, entendemos válida y compatible la 
exigencia de un mínimo de asistencia con el régimen legalmente previsto de mayorías, sí 
queremos hacer mención a que, a mayor abundamiento, entendemos válido que los 
Estatutos  puedan  contemplar  que  para  la  adopción  de  la  acción  social  de 
responsabilidad  se  exija  una  mayoría  al  tercio  de  los  votos  válidamente  emitidos 
(art. 238.1 en relación al art. 198), por los siguientes motivos:
A.  Por responder a la inequívoca voluntad social.
A efectos meramente enunciativos y recordatorios, nos remitimos a lo ya alegado 
anteriormente: dicho artículo estatutario ha sido adoptado en Junta Universal y por 
unanimidad, respondiendo a la inequívoca voluntad de todos los socios, en aras de 
salvaguardar el interés social, y al objeto de fomentar el conocimiento, consentimiento, 
seguimiento y participación de la Junta General respecto de aquellos asuntos que son de 
su competencia.
Cualquier calificación que contradiga tal manifestación de hecho supondría, a nuestro 
juicio, ciertamente cercenar la autonomía de la voluntad de los socios y la flexibilidad del 
régimen jurídico previsto para las sociedades limitadas.
B.  Por la facultad de aumentar los porcentajes legales ex art. 200 LSC.
Como ya se ha dicho, el art. 200 LSC faculta a las sociedades de responsabilidad 
limitada a incrementar los tres niveles de mayorías legalmente establecidas para la  e
adopción de acuerdos, sin más límite que la prohibición de exigencia de la unanimidad,  bo
requisito expresamente cumplido en el artículo estatutario propuesto, que únicamente  540ww
eosrdtainbalericae,  deossto lí meiste, st oedno ssu  raéqguimelelons  dneo m aeyxoprríeassa: mele dnetel  5c1o%n tpeamrap llaodso asc ueenr deols  dseu pínudeostleo 
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segundo y tercer nivel que refleja la Ley.
Por  tanto,  la  exigencia  de  acordar  la  interposición  de  la  acción  social  de 
responsabilidad  mediante  una  mayoría  estatutariamente  prevista  en  el  51%  resulta 
acorde,  lógico  y  coherente  con  la  exigibilidad  de  asistencia  a  la  Junta  en  idéntico 
porcentaje, en uso de la facultad contemplada expresamente en el art. 200 LSC.
Ha de hacerse mención, además, a la importancia que la interposición de tal acción 
entraña para la Sociedad, lo que motiva, si no la exigencia, sí la idoneidad de implicar a 
un mayor número de socios en la adopción del mismo, ya que interponer tal acción 
supone: (i) la inmediata destitución del administrador de su cargo; (ii) la evaluación del 
posible daño producido por el mismo al patrimonio social; y (iii) la incursión de la 
Sociedad en un procedimiento judicial, con las vicisitudes que ello conlleva. Por ello, se 
trata de un acuerdo de incuestionable importancia social que, a juicio de quien suscribe, 
no cabe asimilar a acuerdos de naturaleza «ordinaria» tales como aquellos propios o 
habituales de la Junta General.
De forma concreta, la RDGRN núm. 6123/2019, de 3 de abril de 2019, señala que el 
régimen  obligatorio  previsto  en  el  artículo  238.1  LSC  «permite  no  obstante  su 
modalización pues (...) se puede establecer un quórum de votación reforzado, pero 
siempre que no rebase el límite legal (...)».
C.  Por aplicación analógica del cese de administradores.
Conforme establece el art. 238.3 LSC, la adopción del acuerdo de interposición de la 
acción  social  de  responsabilidad  contra  los  administradores  implica  la  inmediata 
destitución de los mismos de su cargo, cuestión que traemos a colación al respecto del 
régimen de mayorías legalmente previsto por su indudable vinculación o aplicación 
analógica con el propio acuerdo de cese ad nutum del órgano de administración por 
parte de la Junta General. De forma concreta, el art. 223.2 LSC establece que los 
Estatutos Sociales «podrán exigir para el acuerdo de separación de los administradores 
una mayoría reforzada» con un límite máximo de dos tercios del capital social.
No resulta lógico, por tanto, que el mero acuerdo de cese de los administradores 
pueda ser un acuerdo cuya adopción sí quepa incrementar el umbral mínimo de mayoría, 
y no así para la interposición de la acción social de responsabilidad, cuya adopción 
entraña, además del citado cese del cargo, la incursión en un proceso judicial. No existe 
por tanto relación de identidad analógica, habida cuenta de la especial importancia y 
naturaleza que la adopción de la acción entraña.
D.  Por la salvaguarda del art. 239 LSC.
Dicho lo cual, nos preguntamos: ¿qué sentido tendría no poder incrementar el umbral 
de mayoría mínima para la interposición de la acción social? ¿A quién se pretende 
proteger  si,  conforme  dispone  el  art.  239  LSC,  la  minoría  está  legitimada  para  la 
interposición de la misma acción si la Sociedad no la acuerda o interpone, y a quiénes se 
le habrán de reintegrar los gastos, en su caso? Al tratar de una cuestión que entraña no 
sólo la destitución del órgano, sino también la incursión en proceso judicial ¿no resulta 
más lógico requerir de la necesaria adhesión de un porcentaje cualificado de socios?
No quedan, en consecuencia, cercenados los derechos de ningún socio pues, de no 
aprobarse la interposición de la acción social, nada obsta a que los socios minoritarios 
interpongan  la  misma  ex  art.  239  LSC,  con  las  consecuencias  y  efectos  que  ello 
conlleva, especialmente en caso de estimación de la acción.
Tampoco cabe deducir que incrementar el umbral de aprobación pudiere suponer 
una suerte de abuso por parte de la mayoría ya que, con independencia de porcentaje 
mínimo, el socioadministrador no se ve privado del voto conforme dispone el art. 190  e
LSC, de modo que, nuevamente, siempre le quedará la salvaguarda del citado 239 LSC. bo
GenMCeurisaamlr ntoaos.   coaIgnrgutruaamldmiecenent oteesl , a lrqatu.  fe3a 6c4luo lLsta SdeC xd.peu einsctroesm  eannttaerr ioerlm meínntiem, op deero a seisnt eensctiea  ac alas oJ ucnotan   2021-13540n https://ww
respecto al artículo 364 LSC, el cual establece el régimen de mayoría necesaria para la
adopción del acuerdo de disolución de la Sociedad, el cual, en el caso de las SL, se 
remite al art. 198 LSC sobre mayorías ordinarias.
Al  respecto,  entendemos  que  la  Sra.  Registradora  Mercantil  realiza  una 
interpretación excesivamente rígida de dicho art. 364 LSC, toda vez que el mismo se 
limita a encuadrar tal decisión en el nivel correspondiente de los tres previstos en los 
artículos 198 y 199, tal vez por olvido o descuido de éstos, sin que en ningún caso 
establezca de forma imperativa la restricción al aumento o incremento de tal umbral de 
mayoría, que viene, insistimos, expresamente admitido por el art. 200 LSC.
No alcanzamos a comprender, por tanto, que de un artículo que, a diferencia del 
supuesto anterior, no realiza mención o previsión alguna de la prohibición de incremento 
del porcentaje para la válida adopción del acuerdo, se realice una interpretación tan 
sumamente restrictiva que atenta contra los principios configuradores de las sociedades 
de responsabilidad limitada, su flexibilidad, y la autonomía de la voluntad de la totalidad 
de los socios.
A tal efecto, reincidimos nuevamente en que ello viene configurado tanto por la 
especial importancia que el acuerdo de disolución entraña, como por la exigibilidad de 
asistencia mínima a la Junta General que dichos Estatutos contemplan, lo que justifica la 
elevación del porcentaje para la adopción del acuerdo, por lo que nos remitimos a los 
argumentos anteriormente expuestos.
A mayor abundamiento, hemos de hacer mención asimismo a la absoluta ausencia 
de perjuicio para los socios de la sociedad, no sólo por la ya aludida adopción del 
acuerdo por el cien por cien del capital social, sino también por la expresa salvaguarda 
contemplada en el art. 366 LSC, que faculta a la minoría, si entiende que concurre 
causa, a instar la disolución judicial de la Sociedad.
Quinta.  Improcedencia de la inadmisión del aplazamiento del pago en el supuesto 
de transmisión obligatoria.
Conforme dispone el apartado IV, artículo 10.º de los Estatutos, se ha previsto un 
supuesto por el cual uno o varios socios deberán transmitir de forma obligatoria a uno o 
varios del resto de socios, ante el acaecimiento de determinadas circunstancias, artículo 
cuyo contenido o fondo no ha sido discutido por la Sra. Registradora Mercantil, lo cual 
resulta muy significativo habida cuenta que no cuestiona el motivo sino el procedimiento.
Y es que tal artículo o, mejor dicho, tal apartado, ha de leerse e interpretarse en su 
sentido global, ya que en puridad se trata de un supuesto añadido o accesorio de 
transmisión ínter vivos entre socios, pero no con carácter libre (como el apartado 1) sino 
con carácter obligatorio o forzoso. Tiene por tanto una suerte de naturaleza híbrida entre 
la  transmisión  ínter  vivos  y  la  transmisión  forzosa,  esa  por  la  cual  el  socio  cuyas 
participaciones han sido embargadas debe transmitir las mismas en unas condiciones 
concretas a la Sociedad o socios que se hallen interesados en su adquisición, artículo 
que fue redactado en virtud de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado de fechas 9 y 23 de mayo de 2019.
Por tanto, dicho artículo establece en qué supuesto obligatorio un socio ha de 
transmitir  ínter  vivos  a  otro,  contenido  insistimos  que  no  ha  sido  discutido  por  la 
Registradora Mercantil, sí en cambio el procedimiento.
De forma concreta, como ya se sabe, dicho artículo faculta al socio adquirente que 
se acoge al supuesto de transmisión obligatoria, a abonar el precio de las participaciones 
al socio transmitente de forma aplazada, como máximo, en un año. En primer lugar, cabe 
explicar el motivo de tal facultad, y es que como se ha indicado al inicio, estos Estatutos 
tratan de cumplir una doble función: (i) la de previsión de situaciones, contingencias o  e.
conflictos futuros entre los descendientes de los actuales socios que pongan en peligro  w.b
la viabilidad y continuidad de la actividad social; y (ii) los mecanismos y resortes de  540ww
aso alubcoiónna ry a sl asliodcai oa  ttraalnessm piotesnibtlee sle s iptuearmcioitinráe sf.l ePxeibrmilizitairr  ael ls mocisiom aod qsiuni revenrtese a polbalzigaar deol  paa guon 
iemnptroarñtaanr tec ondteinsueamrb coolsno  lad inseitruaarcioió nq uceo, nfdliec tivnao  op oddee rb lroeqauliezoa r seonci ael l qmueo mteernmtoin, apreo dproíar 
poner en riesgo a la propia Sociedad, cuestión que es precisamente la que se trata de 
evitar.
Ha de hacerse mención, además, a dos cuestiones importantes. En primer lugar, el 
aplazamiento máximo para la satisfacción del precio es de sólo un año, tiempo que se 
fija de forma prudencial para que el socio transmitente no se vea perjudicado por las 
vicisitudes  del  mercado,  el  incremento  o  reducción  del  valor  del  dinero,  ni  por  el 
aplazamiento en condiciones excesivamente gravosas para sus intereses. Y, en segundo 
lugar, la ausencia de perjuicio para el propio transmitente, toda vez que la transmisión de 
dichas participaciones sociales y el aplazamiento de su pago se instrumentará mediante 
documento público ex artículo 106 LSC, lo que, ante el acaecimiento de un impago por el 
adquirente, la escritura pública de compraventa constituirá para el transmitente un título 
ejecutivo en los términos dispuesto en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sin embargo, la Sra. Registradora Mercantil inadmite el aplazamiento de la cláusula 
«dada la analogía de la transmisión obligatoria con la exclusión de socios» cuestión que 
en modo alguno compartimos, toda vez que no existe ninguna identidad objetiva entre un 
supuesto de transmisión inter vivos con la incursión o comisión de determinados actos 
que  impliquen  la  apertura  del  procedimiento  de  exclusión  de  socios.  A  mayor 
abundamiento y como veremos a continuación, aunque fuere un supuesto asimilable a la 
exclusión de socios (que no es el caso), tampoco vemos inconveniente en la facultad de 
aplazamiento  del  reembolso,  si  por  el  socio  transmitente  así  expresamente  se  ha 
facultado.
Pero con independencia de ello, insistimos, el apartado IV del artículo 10.º de los 
Estatutos constituye un supuesto de transmisión inter vivos de participaciones sociales 
entre socios, cuyo procedimiento y régimen ha sido establecido de mutuo acuerdo entre 
parte adquirente y transmitente ex ante al nacimiento de la propia exigibilidad de la 
transmisión. Y es que aplicando analógicamente lo resuelto en las citadas Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 9 y 23 de mayo 
de 2019, en aquellas, el Registro Mercantil calificó entonces la improcedencia de la 
valoración en el acuerdo de exclusión de socios al no prever el procedimiento previsto en 
el art. 353 LSC, si bien dichas Resoluciones acordaron estimar el procedimiento al 
entender acertadamente que la mención del citado art. 353 LSC, «a falta de acuerdo 
entre sociedad y socio», ya venía recogida por la propia adopción del acuerdo entonces 
unánime.  Se  trata  por  tanto  del  mismo  supuesto,  ya  que  sociedad  y  socio  están 
acordando con carácter previo las determinadas condiciones, pactos, procedimiento, 
valoración y forma de pago de una transmisión inter vivos de participaciones sociales 
que podrá tener lugar, o no. Por tanto, cercenar el derecho de las partes a acordar 
libremente las condiciones de la transmisión implica en consecuencia una inadmisible 
injerencia en la autonomía de la voluntad de las partes, de dos socios de la Sociedad, sin 
que se vean afectados los derechos de terceros.
Sexta.  Improcedencia de la inadmisión del aplazamiento del reembolso en un único 
supuesto de exclusión de socios.
Finalmente,  y  a  colación  de  lo  anterior,  la  Sra.  Registradora  Mercantil  también 
rechaza  por  los  mismos  argumentos  la  posibilidad  de  que  el  reembolso  del  valor 
razonable de la participación le pueda ser abonado al socio excluido de forma aplazada 
a un año.
Al respecto, resulta imprescindible realizar un importante matiz, y es que en tal 
supuesto su fraccionamiento del reembolso se da única y exclusivamente en el caso del 
socio excluido por omisión de la obligación de transmitir sus participaciones sociales en  e.
los términos previstos en el citado Apartado IV del artículo 10.º, y no en el resto de  w.b
supuestos legales o estatutarios de exclusión de socios. 540ww
RegSisetr atrdaotara,  aM neurceasntrtoil  sjueic bioa,s dae e urrnó nseuapmueesnttoe  deen  mlau Ry eresoleluvacinótne  dmea tlaiz ,D diraedcoc ióqnu eG lean Serraa.l 
dae e Sseteg ucraidsaod  cJounrícdriecato y,  Ftoed Pa úvbelizc aq duee  2d3i cdhea n oRveiesmolubcreió dne  s2e0 2r0e,f eqruíae  nao  uens  dseu paupelisctaoc iódne 
exclusión de socio por embargo de sus participaciones sociales, situación que sí entraña
la concurrencia de los intereses de un tercero a proteger, en tal caso los del acreedor 
embargante del socio. Resulta lógico, pues en aquella Resolución la Sociedad entonces 
recurrente pretendía imponer al acreedor embargante el aplazamiento de la recuperación 
o liquidación del crédito embargado (y a 5 años, además), entendiendo no aplicable ni 
lógico que dicho tercero se viera perjudicado en tales términos. Pero como decimos, no 
es nuestro caso, porque el supuesto del aplazamiento únicamente opera en el supuesto 
de  exclusión  por  incumplimiento  de  la  obligación  de  transmisión,  de  modo  que  no 
concurren intereses de terceros a proteger.
Una vez aclarado ello, nos remitimos igualmente a los mismos argumentos que los 
expuestos anteriormente, y que es en virtud del art. 353 LSC, los socios (insistimos, de 
forma unánime por todos ellos) han acordado ex ante el procedimiento relativo a la 
exclusión, tanto en lo que a la valoración económica se refiere como al procedimiento de 
reembolso  del  valor  razonable  de  las  participaciones  sociales  titularidad  del  socio 
excluido.
Y es que la aplicación del art. 356 LSC relativa al plazo máximo de reembolso del 
socio excluido, interpelado por la Sra. Registradora Mercantil, no resulta de aplicación en 
nuestro caso, o a sensu contrario, sólo resultaría de aplicación en los casos de emisión 
de un informe de valoración por parte de un experto independiente del valor razonable 
de las participaciones, supuesto que ya hemos manifestado que no se produce por la 
adopción de un acuerdo entre sociedad y socio ante el eventual o hipotético nacimiento 
futuro, o no, de la causa de exclusión. Y es que los citados 353 y 356 LSC constituyen 
un régimen subsidiario para el caso en que no exista acuerdo entre la Sociedad y el 
Socio con respecto a la amortización de sus participaciones sociales como consecuencia 
de la exclusión estableciendo: (i) la competencia para la designación de un experto 
independiente;  (ii)  el  plazo  de  emisión  del  informe  sobre  el  valor  del  experto 
independiente;  y  (iii)  la  facultad  de  exigir  el  reembolso  por  la  amortización  de  las 
Participaciones Sociales, cumplidos los dos meses desde la recepción del informe del 
experto independiente. De modo que el acuerdo entre la Sociedad y el socio desplaza el 
contenido legal previsto.
A mayor abundamiento, no resulta lógica la posibilidad de convenir ex ante el valor 
de las participaciones sociales y no sobre la forma de pago, máxime cuando nuestra 
Doctrina más autorizada se ha pronunciado al respecto:
«Igualmente,  se  ha  suscitado  el  interrogante  de  si  el  plazo  de  dos  meses  es 
imperativo o puede modularse por vía estatutaria, o incluso si dicha exigencia puede 
atenuarse admitiendo que los pagos se realicen de forma fraccionada. Ante el silencio de 
la  norma  debe  entenderse  que  el  plazo  y  la  forma  de  pago  pueden  modularse  si 
estatutariamente se prevé un plazo distinto, al quedar en manos de los Socios prever de 
antemano tales circunstancias. Sin embargo, parece indiscutible que el aplazamiento del 
pago  (...)  sólo  podrá  admitirse  si  el  socio  afectado  manifiesta  expresamente  su 
aceptación, pues se trata de una circunstancia personal que incide en el interés personal 
del socio y por la que, por tanto, él debe manifestar su respaldo para que sea admisible».
«El plazo de los dos meses debe considerarse dispositivo, si bien la disposición 
estatutaria que lo supera o lo modalice deberá contar con el consentimiento de todos los 
socios».
Y es que la voluntad del socio afectado por la exclusión y/o sometido a la obligación 
de transmisión ha quedado inequívocamente manifestada en la adopción del acuerdo, al 
haber consentido de forma expresa a un determinado procedimiento y condiciones de 
forma anterior a su acaecimiento, lo que es muestra de su voluntad y conformidad». e.
IV 540ww
Mediante escrito, de fecha 23 de junio de 2021, la registradora Mercantil elevó el
expediente, con su informe, a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 57, 174 y 225 del Código de Comercio; 7, 348, 1255, 1256, 
1258, 1281 a 1289, 1291, 1787, 1789 y 1911 del Código Civil; 23.f), 28, 73.2, 74.2 83, 93, 
94, 107, 108, 109, 110, 123.2, 124, 125, 198, 199, 200, 206.4, 223, 275, 238, 346, 350, 
351, 352, 353, 356, 363, 364, 366, 389 y 392.1 de la Ley de Sociedades de Capital; 
123.6, 175.2.b) y 188 del Reglamento del Registro Mercantil; Sentencias del Tribunal 
Supremo de 30 de septiembre de 1997, 29 de mayo de 2012, 27 de mayo de 2013 y 12 
de noviembre de 2014; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 7 de noviembre de 1957, 24 de abril de 1980, 6 de junio de 1990, de 6 de 
junio de 1992, 30 de marzo, 17 de mayo y 20 de agosto de 1993, 7 de junio de 1994, 9 
de enero y 4 de julio de 1995, 23 de mayo y 13 de octubre de 1998, 30 de marzo y 8 y 28 
de julio de 1999, 21 de marzo de 2001, 15 de octubre y 1 de diciembre de 2003, 4 de 
mayo de 2005, 23 de enero de 2006, 17 de enero y 28 de julio de 2009, 2 de noviembre 
de 2010, 19 de agosto de 2011, 28 de enero de 2012, 23 de abril y 23 de julio de 2015, 
15 de noviembre de 2016, 20 de septiembre de 2017 y 3 de abril, 9 y 23 de mayo 
de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 6 y 27 de febrero y 23 de noviembre de 2020 y 17 de mayo de 2021.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  ha  motivado  el  presente  recurso  se 
elevaron a público los acuerdos adoptados por unanimidad en junta general universal de 
la sociedad «Bellido Decoración, S.L.», por los cuales se modifican los estatutos sociales 
en lo relativo, entre otros extremos, a las mayorías para adopción de acuerdos en junta 
general y el régimen de transmisión de participaciones sociales, así como la exclusión de 
socios.
2.  El primero de los defectos expresados por la registradora en su calificación se 
refiere al artículo 23 de los estatutos sociales según el cual «para la adopción de 
cualquier  acuerdo  por  parte  de  la  Junta  General,  deberán  concurrir  presentes  o 
representados, como mínimo, un número de socios que representen más de la mitad de 
las participaciones sociales en que se divide el capital social»; y en el mismo artículo se 
añade que los acuerdos ordinarios (aquellos para los que la Ley o los mismos estatutos 
sociales no reserven expresamente una mayoría especial reforzada) «se adoptarán por 
mayoría simple, es decir más votos a favor que en contra de votos válidamente emitidos 
siempre y cuando representen al menos más de la mitad de las participaciones sociales 
en que se divide el capital social».
Según  la  calificación  impugnada,  tal  disposición  «ha  de  dejar  a  salvo  aquellos 
supuestos en que la Ley de Sociedades de Capital exige de forma imperativa la mayoría 
inferior de un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide 
el capital social (artículo 238 L.S.C. para el ejercicio de la acción de responsabilidad de 
los administradores, y artículo 364 L.S.C. para acordar la disolución de la sociedad por 
causa legal)».
3.  Esta  Dirección  General  (cfr.,  entre  otras  muchas,  Resoluciones  de  20  de 
septiembre de 2017 y 3 de abril de 2019) ha puesto de relieve que, como ya expresó la 
Exposición  de  Motivos  de  la  Ley  2/1995,  de  23  de  marzo,  uno  de  los  postulados 
generales que han servido de base al régimen de ésta hace referencia al carácter híbrido 
de la sociedad de responsabilidad limitada, de modo que en la forma legal de este tipo 
social  deben  convivir  en  armonía  elementos  personalistas  y  elementos  capitalistas. 
Asimismo, otro de los postulados basilares de dicha disciplina legal es el de la flexibilidad 
del régimen jurídico, a fin de que la autonomía de la voluntad de los socios tenga la  e
posibilidad  de  adecuar  el  régimen  aplicable  a  sus  específicas  necesidades  y  bo
conveniencias. Por ello, al imprescindible mínimo imperativo se añade así un amplio  540ww
cmoendjuianntote  dlaes  noopromrtausn assu pplreetvoirsiaiosn edse  elast avtoultuanrtiaasd. privada que los socios pueden derogar
la cuLeasst icóonn asheocruae dnecibaast iddea .ambos postulados se manifiestan en la regulación aplicable a
El carácter capitalista de la sociedad de responsabilidad limitada se muestra en la 
configuración legal del principio mayoritario en la adopción de acuerdos de la junta 
general, en tanto en cuanto se establece un sistema de mayorías de decisión por 
referencia al capital social (siquiera sea indirectamente, por atender no al capital social 
en sí mismo sino a los votos correspondientes a las participaciones en que se divide 
aquél).  Además,  se  fijan  unas  mayorías  mínimas,  ordinaria  y  reforzadas,  que  son 
imperativas, como resulta de los artículos 198 y 199 de la Ley de Sociedades de Capital.
Por otra parte, la flexibilidad del régimen legal, con posibilidad de acentuar el carácter 
personalista de la sociedad, se manifiesta, entre otras cuestiones, en la admisibilidad de 
aquellas disposiciones estatutarias que exijan para la adopción de acuerdos de la junta 
general una mayoría estatutaria reforzada, bien estableciendo un porcentaje de votos 
favorables superior al establecido por la ley (artículo 200.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital), o bien exigiendo mayorías viriles, aunque (a diferencia de lo que permitía el 
artículo 14 de la Ley de 17 de julio de 1953 -cfr. las Resoluciones de 7 de noviembre 
de 1957 y 24 de abril de 1980-) esta mayoría de personas puede completar pero -como 
entendió este Centro Directivo en la Resolución de 17 de enero de 2009- en ningún caso 
puede sustituir las mayorías referidas a las participaciones en que se divide el capital, 
como  resulta  del  apartado  2  del  actualmente  vigente  artículo  200  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital conforme al cual «los estatutos podrán exigir, además de la 
proporción  de  votos  legal  o  estatutariamente  establecida,  el  voto  favorable  de  un 
determinado número de socios» (cfr., asimismo, el apartado 3 de la Exposición de 
Motivos de la Ley 2/1995: «Los estatutos pueden acentuar el grado de personalización, 
(…) completando el principio general de adopción de acuerdos por la mayoría de capital 
con la exigencia del voto favorable de un determinado número de socios»).
Esa posibilidad de establecer una mayoría estatutaria reforzada plantea un problema 
en  relación  con  aquellos  casos  especiales  en  que  la  Ley  contiene  una  previsión 
específica de mayorías máximas, inalterables por disposición estatutaria.
Así ocurre en el supuesto de cese del administrador designado. Como afirmara la 
Resolución de 23 de enero de 2006: «En una sociedad eminentemente capitalista como 
la anónima prevalece el principio de amovilidad del Administrador, de modo que la 
separación de este podrá ser acordada, en cualquier momento por la junta general. Este 
principio  característico  del  tipo  social  quedaría  comprometido  por  las  cláusulas 
estatutarias  que,  al  fijar  quórum  o  mayorías  superiores  a  los  establecidos  en  los 
artículos 93 y 102 de la Ley, dificulten directa o indirectamente el acuerdo de separación 
en detrimento de la agilidad revocatoria que la defensa del interés social normalmente 
exige».
Este razonamiento (que tras la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital 
es predicable de las sociedades de responsabilidad limitada), obedece a la previsión 
legal de que el administrador pueda ser removido de su cargo por la junta general en 
cualquier momento. Dispone el artículo 223.1 de dicha que: «Los administradores podrán 
ser separados de su cargo en cualquier momento por la junta general aun cuando la 
separación no conste en el orden del día».
El  carácter  esencialmente  removible  de  los  administradores  de  la  sociedad  se 
refuerza por la norma del artículo 238.1 según la cual: «La acción de responsabilidad 
contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta 
general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio aunque no conste en el 
orden del día. Los estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria para 
la adopción de este acuerdo». s
En  definitiva,  por  lo  que  interesa  respecto  del  presente  expediente,  se  puede  oe.
establecer una mayoría reforzada pero siempre que no rebase el límite legal y que no  w.
afecte  al  acuerdo  de  ejercicio  de  la  acción  social  de  responsabilidad  contra  los  540ww
admYin, ipsotrra dloo rqeuse. se refiere al acuerdo de disolución, los artículos 360 y siguientes de la
Ldeeyre cdheo ,S doicsioelduacdióens  pdoer  cCoanpcituarlr ednisctiian gduee nca eunsatr ele lgoasl  syu dpiuseoslutocisó nd ep odri scoaluuscaió ne sdtaet uptalerniao.   BOE-A-cable e
Cuando concurre causa de disolución de las previstas legalmente (artículo 363 de la ley), 
el artículo 364 dispone lo siguiente: «En los casos previstos en el artículo anterior, la 
disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la mayoría 
ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el artículo 198, 
y  con  el  quórum  de  constitución  y  las  mayorías  establecidas  para  las  sociedades 
anónimas en los artículos 193 y 201». Tratándose de una sociedad de responsabilidad 
limitada el artículo transcrito se remite al régimen ordinario de mayorías, régimen que no 
puede ser modificado por afectar a los derechos individuales de los socios. Así lo ha 
entendido este Centro Directivo en Resolución de 4 de mayo de 2005 para un supuesto 
en que era de aplicación la anterior Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por 
considerar que a diferencia de los supuestos de concurrencia de causa estatutaria (en 
los que se puede modalizar el régimen de mayorías), «no cabe autonomía estatutaria 
para reforzar la mayoría legalmente establecida». En definitiva, el acuerdo puramente 
voluntario  y  discrecional  de  disolución  que  adopte  la  junta  general  puede  ser 
condicionado por los estatutos a la concurrencia de una concreta mayoría reforzada (cfr. 
artículo 368 en relación con el artículo 200 de la Ley de Sociedades de Capital), pero no 
así  los  acuerdos  que  consisten  en  una  mera  constatación  o  corroboración  de  la 
existencia  de  una  causa  legal  de  disolución  siempre  susceptible  de  ser  declarada 
subsidiariamente por resolución judicial (cfr. artículo 366.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital).
4.  Según el segundo de los defectos expresados en la calificación, relativo a las 
disposiciones del artículo 10, apartado IV, punto 6, y del artículo 35.4 de los estatutos 
(transcritos en el apartado I de los «Hechos» de esta Resolución) sobre el régimen de 
transmisión de participaciones sociales, y concretamente respecto de la obligación de 
transmitir a determinados socios así como la exclusión del socio que incumpla dicha 
obligación,  el  pago  del  precio  de  adquisición  de  las  participaciones  sociales  en  el 
supuesto de transmisión obligatoria no puede ser aplazado como máximo un año desde 
el día del otorgamiento de la escritura de transmisión, ni en tal caso de exclusión del 
socio que incumpla la obligación de transmitir sus participaciones el reembolso de su 
participación puede «hacerse de forma aplazada dentro del año siguiente al acuerdo de 
amortización de las mismas, porque dada la analogía de la transmisión obligatoria con la 
de exclusión del socio, y siendo consecuencia del incumplimiento de la obligación de 
transmitir la exclusión del socio, el aplazamiento del. pago en un año del precio de las 
participaciones resulta incompatible con el plazo establecido en el artículo 356.1 L.S.C. 
para reembolsar al socio excluido el valor de sus participaciones, sin que los estatutos 
puedan imponer al socio dilaciones a la hora de realizar el valor patrimonial de sus 
participaciones, tal como ha indicado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública en resolución de 23 de noviembre de 2020».
Ciertamente, este Centro Directivo, en esta última Resolución ha afirmado que aun 
cuando «la exigencia de que el precio o valor de las participaciones se pague al contado 
se establece únicamente respecto de las transmisiones «mortis causa» y no en relación 
con las transmisiones forzosas (cfr., respectivamente, artículos 109 y 110 de la Ley de 
Sociedades de Capital) ello se debe a que para estas últimas se contempla -con carácter 
supletorio- un sistema consistente en la atribución de un derecho de subrogación por el 
adquirente en lugar del rematante o, en su caso, del acreedor, mediante la aceptación 
expresa de todas las condiciones de la subasta y la consignación íntegra del importe del 
remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados. 
Además, dadas las analogías de la transmisión forzosa con la exclusión del socio, debe  s
tenerse en cuenta que un aplazamiento de cinco años en el pago del precio del valor de  oe.
las participaciones embargadas resulta también incompatible con el plazo establecido en  w.
el artículo 356.1 de la Ley de Sociedades de Capital para reembolsar al socio excluido el  540ww
vimaploor nedres es uas  lopsa rstioccipioasc iodnileasc,i odneels  cau alal  rheosrual tad eq ureea, liezanr  veíla  vdaelo r ppriantcriipmioo,n ianlo  dpeu esdues 
participaciones; algo que, además, es acorde con el interés de los acreedores».
No  obstante,  debe  tenerse  en  cuenta  que  -como  afirma  la  recurrente-  tales 
afirmaciones se refieren a un supuesto diferente al del presente recurso, toda vez que la 
cláusula estatutaria entonces enjuiciada regulaba en derecho de adquisición preferente 
en caso de transmisión forzosa de participaciones sociales, por embargo de las mismas, 
mientras que la estipulación estatutaria ahora analizada tiene características propias que 
justifican un distinto tratamiento.
Este Centro Directivo (vid. Resolución de 23 de mayo de 1998) ha puesto de relieve 
que aun cuando, en vía de principio, no puede imponerse a los socios dilaciones a la 
hora de realizar el valor patrimonial de sus participaciones (cfr., respecto del reembolso 
del  valor  de  la  participación  del  socio  excluido  y  del  que  ejercite  el  derecho  de 
separación, el artículo 356 de la Ley de Sociedades de Capital), es igualmente cierto que 
una aplicación excesivamente rigurosa de este principio puede dejar desprovisto el 
interés social a que responde la limitación legal y estatutaria de la transmisibilidad de las 
participaciones sociales (así podría ocurrir en casos en los cuales sea cuantioso el 
número de participaciones por adquirir -cfr. el artículo 108.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital, que impide un ejercicio parcial, impuesto al socio, del derecho de adquisición 
preferente- e insuficiente la liquidez de los titulares del derecho de preferencia); y, por 
ello, siempre que no exista una norma legal que imponga el pago al contado (cfr., para 
las transmisiones «mortis causa», el artículo 110 de la Ley de Sociedades de Capital), no 
deben  ser  rechazadas  aquellas  cláusulas  de  aplazamiento  que  no  contradigan  los 
principios  configuradores  de  la  sociedad  de  responsabilidad  limitada  y  resulten 
compatibles con la razonable composición de ambos intereses (cfr. artículo 225 del 
Código de Comercio y la Resolución de 4 de julio de 1995, que admitió el aplazamiento 
del ochenta por ciento del precio por un año), como sucede con aquellas cláusulas que 
como sucede con la ahora debatida, se caractericen por la moderación del plazo fijado.
En el presente caso es determinante el hecho de que la cláusula debatida establece 
una  obligación  de  transmisión  de  participaciones  sociales  que,  en  realidad,  es 
consecuencia  del  derecho  de  adquisición  preferente  que  sobre  la  totalidad  de  las 
participaciones sociales restantes de la sociedad se atribuye al socio que llegue a ser 
titular de un determinado porcentaje del capital social, de suerte que se enmarca en el 
ámbito de las transmisiones voluntarias por actos «inter vivos» y no en el campo de las 
transmisiones forzosas. Y precisamente por esta peculiar configuración del derecho de 
adquisición preferente de participaciones no pueden trasladarse las consecuencias que 
derivarían de la aplicación indiscriminada del régimen de exclusión de socios. Así, sin 
necesidad de prejuzgar sobre el margen que la norma del artículo 356.1 de la Ley de 
Sociedades  de  Capital  deje  a  la  autonomía  de  la  voluntad,  lo  cierto  es  que  está 
justificado  que  en  caso  de  incumplimiento  de  la  obligación  de  transmitir  sus 
participaciones sociales (en unas condiciones de aplazamiento del pago del precio que 
deben reputarse lícitas según la doctrina referida de esta Dirección General) se imponga, 
estatutariamente y con el consentimiento de todos los socios, como sanción la exclusión 
del socio incumplidor en las mismas condiciones a la hora de reembolsarle el valor de las 
participaciones que se habrían transmitido de haber cumplido aquella obligación. En 
supuestos en que existe justificación análoga este Centro Directivo ha admitido que para 
el caso de incumplimiento de la obligación de formalizar la transmisión consecuencia de 
una derecho estatutario de tanteo se establezca una cláusula penal (cfr. la Resolución 
de 6 de junio de 1992 respecto de la cláusula estatutaria según la cual «si por causas 
imputables  al  socio  que  pretenda  realizar  la  enajenación  no  se  formalizase 
voluntariamente la misma y fuese necesario acudir a un procedimiento judicial o arbitral  s
de los que resulte laudo o sentencia condenatoria del mismo, el precio de la enajenación  oe.
en  favor  de  los  socios  que  ejerciten  el  derecho  de  adquisición  preferente  será  el  w.
equivalente al 80% del precio o valor señalado en la oferta o del valor real de las  540ww
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los límites generales a la autonomía de la voluntad (cfr. artículos 1255 y 1258 del Código 
Civil y 28 de la Ley de Sociedades de Capital) y establece un sistema que no perturba la 
realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea 
prácticamente insalvable, máxime si se tiene en cuenta que, al ser aplicada, deben 
respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso del 
derecho (cfr. artículos 1 y 57 del Código de Comercio y 7, 1258, 1287 y 1291 del Código 
Civil). Por otra parte, si por las circunstancias del caso concreto, el aplazamiento en el 
pago o reembolso del valor de tales participaciones pudiese implicar para el socio una 
vinculación excesiva o abusiva, o un perjuicio para terceros, quedará a salvo el eventual 
control judicial de este extremo, atendiendo a tales circunstancias.
Esta Dirección General ha acordado desestimar parcialmente el recurso, respecto del 
primero de los defectos expresados por la registradora, y estimarlo respecto del segundo 
defecto, en los términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.