BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50 Lunes 28 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 23610
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
3162 Resolución de 25 de enero de 2022, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma 
de Canarias, para la formación de la policía portuaria.
Con fecha 24 de enero de 2022 y previa tramitación del oportuno procedimiento, 
según lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  se  concluye  la  firma  del  Convenio  entre  la 
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  a  través  de  la 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife para la formación de la Policía Portuaria, cuya copia se anexa 
a la presente resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la citada Ley 40/2015, la 
eficacia del Convenio se condiciona a su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal (REOICO), y además 
deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles 
desde su formalización, por lo que por medio de la presente se acuerda:
La  publicación  en  el  BOE  del  Convenio  entre  la  Administración  Pública  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  a  través  de  la  Consejería  de  Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para la 
formación de la Policía Portuaria.
Santa  Cruz  de  Tenerife,  25  de  enero  de  2022.–El  Presidente  de  la  Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Enrique González Pérez.
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
JUSTICIA Y SEGURIDAD Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, PARA LA FORMACIÓN DE LA POLICÍA PORTUARIA
24 de enero de 2022.
REUNIDOS
De  una  parte,  el  Excmo.  Sr.  don  Julio  M.  Pérez  Hernández,  Consejero  de 
Administraciones  Públicas,  Justicia  y  Seguridad  del  Gobierno  de  Canarias,  según 
nombramiento efectuado por Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente (BOC 
número 137, de 18 de julio de 2019), en nombre y representación de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 
k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias, y en virtud de las competencias atribuidas a dicho Departamento  es
en materia de seguridad y emergencias por el artículo 4 del Decreto 119/2019, de 16 de  o
julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias  62ww
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uso de las competencias que le atribuye el artículo 31.2 a) del Texto Refundido de la Ley
de  Puertos  del  Estado  y  de  la  Marina  Mercante,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Los comparecientes intervienen con la representación que ostentan y en el ejercicio 
de  las  facultades  que  sus  respectivos  cargos  les  confieren,  se  reconoce  mutua 
capacidad para obligarse y convenir y en orden al mismo,
EXPONEN
Primero.
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias en materia de seguridad y 
protección civil, en los términos de los artículos 149 y 150 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias.
En dicho ámbito de competencias, el artículo 31 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de 
Coordinación de Policías Locales de Canarias, creó la Academia Canaria de Seguridad, que, 
conforme  al  apartado  2  del  referido  precepto,  tiene  a  su  cargo  la  formación, 
perfeccionamiento y especialización de los miembros de los Cuerpos de Policía de Canarias, 
participando en los procesos de selección de los mismos. Además, desarrolla funciones de 
investigación, estudio y divulgación en materias relacionadas con la seguridad pública. 
Posteriormente,  la  Ley  9/2007,  de  13  de  abril,  del  Sistema  Canario  de  Seguridad  y 
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las 
Policías Locales de Canarias, determinó en su artículo 27 que las actuaciones en materia de 
protección civil y de atención de emergencias incluirán la formación adecuada del personal 
adscrito a los servicios de emergencia, así como del voluntariado de protección civil.
La disposición final tercera del Decreto 2/2013, de 10 de enero, que modifica el 
Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica 
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, extinguió la referida 
Academia  Canaria  de  Seguridad,  cuyas  competencias  fueron  asumidas  desde  ese 
momento  por  la  Dirección  General  de  Seguridad  y  Emergencias  de  la  entonces 
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
Actualmente, a través del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se 
determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías y, posteriormente, del 
Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así 
como  las  sedes  de  las  Consejerías  del  Gobierno  de  Canarias,  están  asumidas  por  la 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad las competencias en materia de 
seguridad  y  emergencias,  residenciándose  en  la  Dirección  General  de  Seguridad  y 
Emergencias, conforme previene el Reglamento Orgánico de la citada Consejería, aprobado 
por Decreto 14/2021, de 18 de marzo (BOC número 62, de 25 de marzo de 2021), en su 
artículo 120 y siguientes. Entre las funciones específicas en materia de formación en seguridad, 
emergencias y protección civil que dicho reglamento orgánico atribuye a la persona titular del 
Departamento, se encuentran las de promover la mejora profesional de los miembros de los 
Cuerpos de Policía de Canarias, Cuerpos de Bomberos y del personal perteneciente a los 
distintos  servicios  relacionados  con  la  seguridad  pública  y  la  protección  civil,  y  el 
perfeccionamiento, especialización y promoción de sus miembros, así como promover la 
colaboración institucional con las Universidades canarias, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas y otras entidades públicas o 
privadas en el desarrollo de las actividades –artículo 52, apartados a) y c)–.
Segundo. w.b
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Cristianos, San Sebastián de La Gomera, La Estaca y Santa Cruz de La Palma.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es un Organismo Público de los 
previstos en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, que goza de 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, constituida al amparo de las 
leyes, objeto de compendio y refundición en el nuevo Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, 
de 5 de septiembre, cuyas competencias son las siguientes:
a) La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los 
servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, 
economía,  productividad  y  seguridad,  sin  perjuicio  de  la  competencia  de  otros 
organismos.
b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en 
coordinación  con  las  Administraciones  competentes  en  materia  de  ordenación  del 
territorio y urbanismo.
c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras 
y servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con 
sujeción a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante.
d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les sea 
adscrito.
e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de 
los recursos que tengan asignados.
f) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el 
tráfico marítimo o portuario.
g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el 
espacio portuario.
h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.
Para el ejercicio de sus funciones, la Autoridad Portuaria dispone de un personal 
adscrito al servicio de policía portuaria, al que le compete controlar dentro del ámbito 
portuario  la  regulación  y  el  control  del  tráfico  de  vehículos;  el  cumplimiento  de  la 
normativa que afecta a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías 
peligrosas; la seguridad contra incendios y prevención y control de emergencias en los 
términos  establecidos  por  la  normativa  sobre  protección  civil;  la  lucha  contra  la 
contaminación marina; la vigilancia de las instalaciones y control de accesos a las 
mismas, etc. Asimismo, y sin perjuicio de las competencias que tienen atribuidas las 
Policías Portuarias en el espacio portuario, éstas sujetas al deber de colaboración con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tercero.
Si bien la formación del personal que integra dicha Policía Portuaria le compete al 
Organismo  Público,  las  partes  intervinientes  consideran  que  la  participación  en  las 
acciones  formativas,  actividades,  ejercicios  y  simulacros  de  protección  civil  de  la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias por parte de la Autoridad Portuaria, y en 
particular del personal de la Policía Portuaria, complementaría la formación de este 
personal, dado que las labores que desempeñan están vinculadas a la seguridad y 
protección civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, circunscrito al 
entorno portuario, y precisan, por tanto, de una coordinación con el resto de los sectores  es
de seguridad y protección civil. o
Tanto  para  la  Autoridad  Portuaria  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  como  para  62ww
CAjudosmntifsiinceaijsedtrroíaasc  ilóodnse   fiPnAeúdsbm lciicnoaims tudranece isola nd eeCs i notPmeúruébnsliid cpaaúsdb,  liAcJouu tspótenicroisame gayu  iddSoees g Cpuoarirnd eaalrd ipa, rse,e sseatná tnter  aCpvloéensnv aedmneei on.steu   OE-A-2022-31able en https://
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto articular una relación de cooperación entre la 
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  a  través  de  la 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y el Organismo Público 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, para posibilitar el acceso de su personal 
de policía portuaria que presta servicios en los puertos gestionados por la misma, a las 
acciones formativas que imparta la Dirección General de Seguridad y Emergencias en el 
marco de su programación formativa anual en seguridad pública, protección civil y 
emergencias, que sean de interés para el ejercicio de las funciones de dicho personal 
dentro de los recintos portuarios, así como para desempeñar por la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife una efectiva coordinación con los servicios de seguridad y 
emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segunda. Compromisos de las partes.
Las partes signatarias aceptan el cumplimiento de los siguientes compromisos:
1. Por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en su 
Dirección General de Seguridad y Emergencias:
a) Reservar al personal de la Policía Portuaria que preste sus servicios en puertos 
dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife un cupo de plazas en 
aquellas acciones formativas que se programen anualmente por la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias y que, por la materia sobre la que versan, se considere que 
revistan interés para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas dicho 
colectivo (entre otros, acciones formativas sobre seguridad, protección civil y atención a 
emergencias,  tráfico  y  seguridad  vial,  policía  administrativa  etc.).  Dicho  porcentaje  se 
determinará en cada caso por la citada Dirección General previo acuerdo de la Comisión de 
Seguimiento  prevista  en  la  Cláusula  Sexta  de  este  Convenio  atendiendo  a  las 
características y contenido de cada acción formativa, así como a las plazas y previsiones de 
demanda existentes del resto de los sectores de personal de seguridad y protección civil.
La impartición de tales acciones formativas deberá recogerse en el plan anual de 
formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, y tendrán carácter 
gratuito  para  las  personas  destinatarias,  si  bien  podrá  exigirse  el  cumplimiento  de 
determinados requisitos específicos, además del general consistente en la pertenencia al 
colectivo receptor de la acción formativa.
b) Podrán acordarse la celebración de acciones formativas que incidan en materias 
dirigidas  específica  y  exclusivamente  al  personal  portuario,  que  deberán  recogerse 
igualmente en el plan anual de formación o tener carácter extraordinario, por atender una 
necesidad formativa sobrevenida y urgente no recogida en dicho plan anual en el marco 
de  este  Convenio.  Tales  acciones  formativas  excepcionales  serán  acordadas  y 
financiados sus gastos de contratación de profesorado y de preparación de materiales,  s
por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio del uso de las  oe.
instalaciones formativas de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. w.
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d) Expedir los títulos individuales, diplomas o certificaciones que procedan por la 
realización de las acciones formativas que se impartan por la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias al personal de la policía portuaria.
e) Tramitar  y  resolver  sobre  la  homologación  de  las  acciones  formativas  que 
directamente vaya a impartir la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en aquellos 
contenidos vinculados a la seguridad y protección civil, conforme con los criterios y 
procedimiento  previsto  en  la  regulación  departamental  aprobada  al  efecto  sobre 
homologaciones de acciones formativas organizadas por instituciones públicas y privadas, 
dirigidas a personal integrante de los Cuerpos de Policía de Canarias y de los Servicios de 
Salvamento y Extinción de Incendios, Agrupaciones de Protección Civil y otros servicios 
relacionados con la seguridad pública en la Comunidad Autónoma de Canarias.
f) Incluir el logotipo de la marca Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en 
cualquier difusión, impresa o digital, en las acciones formativas dirigidas a su personal 
previstas en la letra b) anterior.
2. Por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife:
a) Favorecer, impulsar y fomentar la asistencia del personal perteneciente a la 
policía portuaria que trabaje en los puertos a las acciones y actividades formativas que 
pudieran programarse por la Dirección General de Seguridad y Emergencias en virtud 
del presente Convenio.
b) Informar de la veracidad de los datos profesionales y académicos que aporte el 
personal de su policía portuaria al Servicio de Formación de la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias para acceder a las acciones formativas que les incluyan o 
vayan dirigidas a este, a efectos de su selección.
c) Favorecer  la  intervención  en  las  tareas  de  impartición  de  docencia  de 
profesionales de dicho Organismo Público a los que le sea solicitada su participación por 
disponer de la titulación académica o las competencias profesionales exigibles en base 
al perfil profesional requerido.
d) Favorecer el reconocimiento de los certificados, títulos o diplomas entregados al 
alumnado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias, dentro de los baremos 
que pudieran establecerse a los efectos de méritos y gestión por competencias.
e) Financiar los gastos de contratación de profesorado y de la preparación de los 
materiales de aquellas acciones formativas que incidan en materias dirigidas específica y 
exclusivamente a su personal y vayan a ser impartidos y gestionados por la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias.
f) Colaborar  con  los  Servicios  de  Seguridad  y  Emergencias  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias, tanto en el ámbito formativo en aquellas materias especializadas 
sobre Seguridad en Puertos, como actividades, ejercicios y simulacros de Protección 
Civil, en los recintos portuarios.
g) Incluir el logotipo de  la  marca Gobierno  de  Canarias en cualquier difusión, 
impresa o digital, en las acciones formativas dirigidas a su personal en las que puedan 
participar, incluidas las previstas en el apartado 1 anterior, letra b), de esta Cláusula..
Tercera. Titularidad de los resultados.
Los derechos de explotación y difusión de los materiales elaborados y los resultados 
obtenidos de las actividades objeto de este Convenio, en lo que se refiere a las acciones 
formativas  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  y  Emergencias,  lo  serán  de  la  es
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  excepto  de  las  o
acciones formativas previstas en la Cláusula Segunda, apartado 1, letra b), que también  62ww
lo serán de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Cuarta. Protección de datos de carácter personal.
A efectos del presente Convenio se entenderá por datos personales toda información 
guardada, procesada o transmitida relativa a una persona identificada o identificable, así 
como cualquier otro significado, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de 
protección  de  datos  personales.  Los  datos  personales  se  considerarán  información 
sujeta a las obligaciones de salvaguarda y confidencialidad sobre toda la información de 
datos personales que, con ocasión del presente Convenio, reciban de la otra parte. 
Dicha obligación se extiende a cuantas personas o empresas se contraten por cualquiera 
de las partes para la ejecución del presente Convenio, a cuyo efecto las partes se 
obligan a poner en conocimiento y exigir de las mismas el cumplimiento de idéntica 
obligación de confidencialidad respecto del alumnado.
Las partes se comprometen asimismo al cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la normativa de protección de datos y, en particular, del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 
de abril de 2016 y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, manteniendo las debidas medidas de 
seguridad sobre los datos personales que recaben en el marco del presente Convenio.
En cualquier caso, las personas titulares de los datos podrá ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 
datos y, en su caso, a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiéndose por 
escrito a la Dirección General de Seguridad y Emergencias para ejercitarlos.
Quinta. Contenido económico.
El presente Convenio no supone incremento del gasto público para la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los posibles gastos que pudieran 
generarse  por  la  impartición  de  las  acciones  formativas  (elaboración  de  materiales 
curriculares,  profesorado  y  gastos  corrientes  necesarios  para  la  organización  de  la 
acción  formativa),  serán  atendidos  con  cargo  a  los  presupuestos  ordinarios  de  la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias para cada ejercicio.
Asimismo  del  presente  documento  no  se  derivan  derechos  u  obligaciones  de 
contenido económico para la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, salvo los 
referidos aquellas acciones formativas previstas en la Cláusula Segunda, 1, letra b), que, 
en  su  caso,  se  llevasen  a  cabo,  correspondiéndole  el  abono  de  los  gastos  de 
profesorado y personal auxiliar, así como de elaboración de materiales específicos a 
dicha Autoridad Portuaria, a excepción de los propios del uso de las instalaciones y 
actividades ordinarias administrativas organizativas de la acción formativa que serán 
asumidas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias.
Sexta. Comisión de Seguimiento.
1. Se constituye una Comisión de Seguimiento, como órgano mixto de composición 
paritaria, compuesta por seis miembros, tres de ellos representando a la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y otros tres a la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife.
La  Presidencia  de  dicha  Comisión  le  corresponderá  a  la  representación  de  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o a de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, según acuerden por unanimidad, alternándose 
sucesivamente por periodos anuales. En el supuesto de que las partes no llegaran a un  es
acuerdo unánime respecto a cuál de ellas le corresponda ejercer la presidencia en  o
primer lugar, se conviene que la misma sea determinada mediante sorteo. 62www.
SPoonr  lam iAedmmbirnoiss tirnatceiógnra Pntúebsl icdae  dlae  claita Cdoam Cuonmidisaidó nA:utónoma de Canarias:
– La persona titular de la Dirección General de Seguridad y Emergencias o persona
de la Consejería en la que ésta delegue.
– Una persona responsable de la unidad de Protección Civil y Atención de las 
Emergencias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.
– La persona responsable de a la unidad de formación de la referida Dirección 
General de Seguridad y Emergencias, que actuará igualmente como Secretario.
Por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife:
– La persona titular de la Dirección de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, o persona de la entidad de derecho público en quien delegue.
– La persona responsable del Área de Recursos Humanos de la referida Autoridad 
Portuaria.
– Una persona responsable en materia de seguridad portuaria de dicha Autoridad 
Portuaria.
2. La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Resolver las dudas y discrepancias que pudieran surgir en la interpretación del 
presente Convenio, dictando las instrucciones necesarias para su adecuada realización.
b) Vigilar y controlar el cumplimiento del Convenio.
c) Aquellas que prevé el contenido de este Convenio y, en particular, acordar 
aquellas acciones formativas específicamente dirigidas a la Policía Portuaria, en los 
términos de la Cláusula Segunda, apartado 1, letra b), de este Convenio.
d) Informar a las partes de las incidencias acaecidas durante la ejecución del 
Convenio.
e) Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Convenio y proponer 
razonadamente la aprobación mediante adendas, de las modificaciones o adaptaciones 
precisas del contenido del Convenio para su adecuada ejecución.
3. En cuanto a su régimen de sesiones la Comisión se reunirá al menos dos veces 
al año o cuando lo solicite cualquiera de sus integrantes, debiendo celebrar su primera 
reunión en el plazo máximo de tres meses desde la publicación del presente Convenio 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Todas sus decisiones se tomarán por unanimidad de las partes y de sus reuniones se 
elaborarán las correspondientes actas.
4. Su funcionamiento en cuanto a régimen de convocatorias, sesiones y actas, se 
adecuará a lo establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima. Garantías.
Como  garantía  del  adecuado  funcionamiento  del  Convenio,  la  Comisión  de 
Seguimiento  prevista  en  la  Cláusula  Sexta  se  reunirá  anualmente,  antes  de  la 
aprobación  del  plan  anual  de  formación  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  y 
Emergencias, para abordar aquellas acciones formativas donde sea adecuado reservar 
plazas  para  la  Policía  Portuaria,  vinculadas  a  la  finalidad  de  este  Convenio.  La 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de su Dirección 
General de Seguridad y Emergencias, se compromete mediante este Convenio a no 
aprobar su Plan Anual de Formación sin previamente haberse convocado a la Comisión 
de Seguimiento a los efectos indicados, comprometiéndose la Autoridad Portuaria a su 
asistencia y participación. e
La no convocatoria a estos efectos, o la inasistencia de la representación de la  bo
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife será causa suficiente para denunciar el  62ww
Convenio, dejándolo sin efectos.
Octava. Mecanismos de evaluación.
Antes de diciembre de cada año, la unidad competente en materia de personal y la 
responsable de la Seguridad Portuaria, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
emitirán un informe técnico sobre la repercusión y evaluación de las acciones previstas en 
este Convenio en el año en curso con relación a las funciones de sus unidades.
Igualmente,  en  el  mismo  plazo  las  personas  responsables  de  Formación  y  de 
Protección Civil y Atención de las Emergencias de la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias, elaborarán un informe sobre la repercusión y evaluación de las acciones 
previstas en este Convenio en el año en curso con relación a las funciones de sus unidades.
Dichos informes serán vistos y debatidos en la Comisión de Seguimiento para el 
adecuado ejercicio que prevé este Convenio de sus funciones.
Novena. Eficacia del Convenio, publicación y prórroga.
1. El presente Convenio surtirá efectos una vez inscrito, en el plazo de cinco días 
hábiles  desde  su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición 
adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Su vigencia se extenderá a lo largo 
de los próximos cuatro años. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles 
desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación 
facultativa  en  el  boletín  oficial  de  la  comunidad  autónoma  o  de  la  provincia  que 
corresponda a la otra administración firmante. Las partes podrán, en cualquier momento 
antes de la finalización del plazo anterior, acordar unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
La prórroga del Convenio no operará de forma tácita y deberá producirse antes de la 
finalización de su plazo de vigencia, previa valoración por las partes signatarias de la 
conveniencia  de  continuar  con  la  relación  pactada  a  la  vista  de  los  informes  de 
evaluación emitidos por la Comisión de Seguimiento. La ampliación del plazo de vigencia 
se instrumentará a través de una adenda de prórroga.
2. En aplicación del artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se 
regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de 
Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de 
Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el presente Convenio deberá, además, publicarse en el «Boletín Oficial de 
Canarias» dentro de los veinte días siguientes a su firma; y en el plazo de quince días 
hábiles a contar desde la fecha de publicación, se habrá de realizar la inscripción en el 
Registro  General  de  Convenios  del  Sector  Público  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias.
Décima. Causas de resolución y régimen de modificación.
1. El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Serán  causas  de  resolución  del  presente  Convenio  las  establecidas  en  el 
artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
así como:
a) La inasistencia inexcusable del personal de la policía portuaria propuesto a, al  s
menos, dos acciones formativas al año, en las que se les hayan reservado plazas, tanto  e.
a solicitud propia, como aquel personal convocado por el servicio de Formación de la  w.
Dirección General de Seguridad y Emergencias de acuerdo con la Autoridad Portuaria de  62ww
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recintos portuarios, que se organicen periódicamente.
2. No se prevén criterios parta determinar posibles indemnizaciones en los supuestos 
previstos en el apartado anterior, que en todo caso se limitarán a la obligación del abono por 
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de aquellos compromisos que ya haya 
adquirido la Dirección General de Seguridad y Emergencias con anterioridad a su resolución 
de acuerdo con el apartado 2 de la cláusula quinta de este Convenio.
3. Las partes podrán introducir modificaciones puntuales en el Convenio durante su 
plazo de vigencia, a través de adendas de modificación. Las propuestas de modificación 
serán debatidas y acordadas por unanimidad de las partes en el seno de la Comisión de 
Seguimiento, iniciándose, en su caso, los trámites de modificación, que culminarán con 
la suscripción de una adenda que se incorporará al Convenio, como parte integrante del 
mismo, previa la autorización del Ministerio de Hacienda para la modificación a la que se 
refiere el artículo 50.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
Undécima. Régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la 
actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios 
del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de 
Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
No obstante, se aplicarán los principios previstos en la legislación estatal en materia 
de contratos del sector público a los efectos de resolver las dudas y lagunas que puedan 
surgir en relación a la interpretación y aplicación del Convenio.
Duodécima. Jurisdicción.
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación, 
aplicación,  modificación,  resolución  y  efectos  del  presente  Convenio  deberán  de 
solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de los acuerdos que se adopten 
en la Comisión de Seguimiento prevista en el mismo.
Agotada dicha vía y para el supuesto de que las referidas controversias no hubieran 
podido ser solucionadas, el conocimiento de las cuestiones litigiosas competerá a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa 
Cruz de Tenerife.
Y para que así conste y en prueba de conformidad se firma electrónicamente este 
documento  en  la  fecha  indicada,  en  Santa  Cruz  de  Tenerife.–El  Consejero  de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio M. 
Pérez Hernández.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
Carlos E. González Pérez.