BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 62 Sábado 13 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 29249
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3966 Orden JUS/228/2021, de 8 de marzo, por la que se concede una subvención 
directa  al  Consejo  General  de  Procuradores  de  España  en  materia  de 
prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 
2021.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, establece en su 
artículo 37 que las Administraciones Públicas competentes subvencionarán con cargo a 
sus  dotaciones  presupuestarias  la  implantación  y  prestación  de  los  servicios  de 
asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y Procuradores. El importe de 
la subvención se aplicará a compensar las actuaciones profesionales previstas en los 
apartados 1 a 3 del artículo 6 de dicha ley, cuando tengan por destinatarios a quienes 
hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, 
se destinará a sufragar los gastos devengados por la tramitación de los expedientes de 
asistencia jurídica gratuita, así como, en su caso, el asesoramiento y la orientación 
previos al proceso.
Con fecha 31 de diciembre de 2020 se publicó en «Boletín Oficial del Estado» la 
Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año 2021.
En el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia se recoge una subvención al 
Consejo  General  de  Procuradores  de  España,  en  la  aplicación  presupuestaria 
13.02.112A.484,  en  concepto  de  «Aportación  del  Estado  para  indemnizar  a  los 
procuradores en los asuntos de asistencia jurídica gratuita», de conformidad con la 
prestación de dicho servicio de asistencia jurídica gratuita en los términos señalados por 
la Ley 1/1996, de 10 de enero.
Acreditado que el Consejo General de Procuradores de España cumple con los 
requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la subvención, así como 
estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no es deudora por procedimiento de reintegro, este 
Ministro de Justicia, a propuesta de la Dirección General para el Servicio Público de 
Justicia, resuelve:
Primero.
Conceder  al  Consejo  General  de  Procuradores  de  España  una  subvención 
nominativa de acuerdo con el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General  de  Subvenciones,  por  importe  de  3.673.250  euros,  con  cargo  al  crédito 
disponible en la aplicación presupuestaria 13.02.112A.484, para la prestación del servicio 
de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, 
para el ejercicio presupuestario 2021.
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,  e.
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o  w.b
entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos  66ww
podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
Segundo.
La subvención concedida tiene por objeto:
1.  Indemnizar las actuaciones profesionales que realicen los procuradores descritas 
en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, siempre que 
tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.
2.  Sufragar el coste que genere al Consejo General de Procuradores de España el 
funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades 
encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos, en el 
ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
3.  Sufragar  los  gastos  devengados  por  la  tramitación  de  los  expedientes  de 
asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
Tercero.
No se requiere la constitución de ninguna garantía.
Cuarto.
El  Consejo  General  de  Procuradores  de  España  deberá  destinar  la  cantidad 
subvencionada a financiar las siguientes actuaciones:
a)  De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, y en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:
1.º  La representación técnica en los procesos a quienes pretendan reclamar la 
tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de 
recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los 
casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto 
procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer 
de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, deba abonar al Procurador de los Tribunales los aranceles 
devengados por su intervención.
Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 
humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la representación técnica 
gratuita  comprenderá  todos  los  procesos  y  procedimientos  administrativos  que  se 
deriven de la violencia padecida.
2.º  Representación gratuita en el procedimiento judicial, cuando la intervención del 
Procurador de los Tribunales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea 
expresamente  requerida  por  el  Juzgado  o  Tribunal  mediante  auto  motivado  para 
garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
b)  De conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, y su reglamento de desarrollo, en el ámbito de competencias del Ministerio de 
Justicia,  la  puesta  en  funcionamiento  operativo  de  los  servicios  de  representación  e.
jurídica gratuita. w.
Quinto.
en lEosl  liabrrtaícmuileons to3 6d ey  p4a1g doe dl eR leag slaumbveenntoc iódne  saes isetfeencctuiaa rjáu rdídei ccao ngfroartmuiitdaa, da pcroonb alod op repvoirs teol 
Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.
En el plazo y con respecto al periodo correspondiente establecidos en el artículo 41.1 
del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, 
de 25 de julio, el Consejo General de Procuradores de España remitirá al Ministerio de 
Justicia una certificación que contenga los datos relativos a las actuaciones realizadas 
por cada colegio a lo largo del periodo anterior, junto con la justificación del coste 
económico asociado a aquéllas.
En  función  de  dichas  certificaciones,  el  Ministerio  de  Justicia  efectuará  los 
libramientos  que  correspondan,  pudiendo  llevar  a  cabo  libramientos  parciales  por 
colegios si así lo requiriera el proceso de comprobación de la certificación presentada 
por el Consejo General de Procuradores de España, y sin perjuicio de las posteriores 
regularizaciones que procedan, una vez cumplimentada en su totalidad la justificación 
anual regulada en los números siguientes.
El  primer  libramiento  a  efectuar  corresponderá  al  trimestre  que  comprende  las 
certificaciones  de  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  de  2020,  así  como  enero 
de 2021.
Sexto.
1.  El Consejo General de Procuradores de España deberá cumplir las obligaciones 
que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en la presente resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios 
para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia, en el formato establecido por esta Dirección General para tal fin.
b)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c)  Distribuir,  entre  sus  respectivos  colegios,  el  importe  de  la  subvención  que 
corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas 
y acreditadas por estos ante el Consejo General de Procuradores de España, así como 
de los expedientes tramitados, de conformidad con lo aprobado por las Comisiones de 
Asistencia  Jurídica  Gratuita  durante  el  mes  inmediatamente  anterior  al  de  cada 
libramiento.
d)  Remitir  al  Ministerio  de  Justicia,  dentro  del  mes  natural  siguiente  al  de  la 
finalización de cada periodo, una certificación que contenga los datos relativos a las 
actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del periodo anterior, junto con la 
justificación del coste económico asociado a aquéllas.
e)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante el procedimiento establecido por 
la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y a la evaluación continua y final 
por parte de la misma, así como al control financiero de los mismos por la Intervención 
General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
f)  Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control.
Séptimo. es
El Consejo General de Procuradores de España, justificará, dentro de los cuatro  w.
pya rpuimlnicaea rccoiuóse nnm dtaee s jlueass st iuftircbaavste ivnlaac  ifófiinnna apll eiqzruacecib ióaidncar e dddeuit reala ne tlee c jeutocmdupocl iieómln ie,e jneatrnoct iedc eioel  loy  bMpjerientosis edtenert ailoar á sd uuenb avJe umnscteiicmóiano .rliaa   2021-3966n https://ww
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el
contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de  Bc
noviembre. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u 
omisión de algún Colegio de Procuradores, se detraerá de los libramientos posteriores 
una cantidad igual a la última distribuida por el Consejo General de Procuradores de 
España a dichos colegios.
Octavo.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses 
devengados  por  la  subvención,  así  como  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo II del Título III del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
titular del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad.
Noveno.
La presente orden podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión.
La modificación de la orden de concesión se dictará por el titular del Ministerio 
Justicia y deberá ser motivada.
Décimo.
Atribuir a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia la gestión de la 
subvención que se concede por la presente orden.
Undécimo.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones la presente orden.
Esta orden pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el 
plazo  de  un  mes  ante  el  Ministro  de  Justicia  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha  de  su  publicación,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  46.1  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 8 de marzo de 2021.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.