BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 158939
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
21182 Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil XXIII de Madrid a inscribir la escritura de constitución de 
una sociedad de responsabilidad limitada.
En el recurso interpuesto por don Fernando Olaizola Martínez, notario de Valencia, 
contra la negativa del registrador Mercantil XXIII de Madrid, don Fernando Trigo Portela, 
a inscribir la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos
I
En escritura autorizada el día 19 de julio de 2021 por el notario de Valencia, don 
Fernando Olaizola Martínez, con el número 1.194 de protocolo, se constituyó la sociedad 
«Aishteru,  S.L.»,  unipersonal.  Según  el  artículo  14  de  los  estatutos  sociales,  la 
convocatoria de la junta general «se hará mediante burofax o carta remitida por correo 
certificado con acuse de recibo con una antelación de quince días en la que se contenga 
el anuncio de convocatoria de Junta que deberá necesariamente expresar el nombre de 
la sociedad, el lugar, fecha y hora del orden del día en que figurarán los asuntos a tratar, 
y el cargo de la persona o personas que realicen la comunicación (...)».
II
Presentada el día 9 de agosto de 2021 la referida escritura en el Registro Mercantil 
de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Fernando Trigo Portela, registrador mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos
Diario/Asiento: 156/297
F. presentación: 09/08/2021
Entrada: 1/2021/125968,0
Sociedad: Aishteru SL
Autorizante: Olaizola Martínez Fernando
Protocolo: 2021/1194 de 19/07/2021
Fundamentos de Derecho (defectos)
1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de sociedades de  oe.
Capital y con la finalidad de que la convocatoria se realice por un medio que asegure la  2ww.
rceocnevEposcc idaóetnof erdicaet osl  esa urnebuasnlaiccnieoa  bmpleeo.dr iatondteo sb ulorosf asxo, céisotse,  seesa  ncoence ascaursioe  deest arebcleibcoe.r que cuando la  2021-2118n https://w
Sin perjuicio del derecho a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…) Bc
Madrid, a 25 de agosto de 2021 El registrador (firma ilegible)».
III
Contra la anterior nota de calificación, don Fernando Olaizola Martínez, notario de 
Valencia, interpuso recurso el día 16 de septiembre de 2021 mediante escrito en el que 
alegaba los siguientes fundamentos de Derecho:
«1.  El presente recurso se ciñe a la interpretación que deba darse al apartado 
transcrito del artículo 14 de los estatutos sociales. El señor Registrador calificante parece 
entender que cuando se establece que la convocatoria de la junta se haga “mediante 
burofax o carta remitida por correo certificado con acuse de recibo”, solamente se está 
exigiendo dicho acuse de recibo si la convocatoria se realiza por carta certificada, pero 
no si la convocatoria tiene lugar mediante burofax, en que no se precisaría, según dicha 
interpretación, tal acuse de recibo, con lo que no quedaría asegurada la recepción del 
anuncio por el destinatario.
2.  El problema hermenéutico que el señor Registrador se plantea debe resolverse 
acudiendo a las reglas contenidas en los artículos 1.281 y siguientes del Código Civil.
Como ha señalado la Dirección General de los Registros y del Notariado en la 
resolución de tres de marzo de 2007, recogiendo su reiterada doctrina al respecto, “...en 
la calificación registral de los títulos que contengan negocios jurídicos... el registrador 
habrá de tener en cuenta no solo la simple y pura literalidad de los términos empleados, 
sino  también  la  intención  evidente  de  los  otorgantes  reflejada  en  el  negocio 
documentado, la valoración global de sus cláusulas y su inteligencia en el sentido más 
adecuado para que produzca efecto (cfr. artículos 1281, 1284 y 1285 del Código Civil)”.
El párrafo segundo del artículo 1281 del Código Civil nos dice que “Si las palabras 
parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 
aquellas”.
Según el artículo 1284 las cláusulas de los contratos deben interpretarse del modo 
más adecuado para que produzcan efecto. Por el principio de conservación del negocio 
hemos de descartar aquellos sentidos que conduzcan a privar al negocio de efectos: 
entre un sentido que conduce a desproveer de eficacia una cláusula y otro que la hace 
eficaz debe optarse por este.
El artículo 1285, que recoge el criterio hermenéutico sistemático (la relación entre las 
distintas cláusulas del negocio, partiendo de la unidad lógica y coherencia interna del 
mismo, y tanto más la coherencia interna de una misma cláusula) que debe llevarnos a 
rechazar aquellas interpretaciones de las que resulten incongruencias, contradicciones o 
antinomias.
Además de las consideraciones antecedentes, ha de recordarse que la calificación 
registral en ningún caso podría atribuir a una determinada cláusula precisamente aquel 
sentido  que  la  hiciera  ilegal,  sino  todo  lo  contrario.  Antes,  al  contrario,  la  tarea 
interpretativa ha de basarse, por el principio de buena fe, en la presunción de que los 
contratantes no han querido infringir la ley imperativa aplicable al negocio. A la hora de 
calificar no resulta admisible que el Registrador deba hacer la peor interpretación posible 
de una cláusula contractual o estatutaria. Si un precepto estatutario es susceptible de 
varias interpretaciones y sólo alguna de ellas se puede considerar contraria a la ley, no 
cabe rechazar su acceso al Registro invocando precisamente esa interpretación.
3.  Pues  bien,  aplicando  los  criterios  hermenéuticos  expuestos,  lo  racional  es 
entender que el requisito de envío con acuse de recibo se predica tanto de la carta  e.e
certificada como del burofax, y que no es la voluntad del socio fundador establecerlo  b
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nombre de la sociedad, lugar, fecha y hora, orden del día, etc., todo ello sólo se predica
del envío por carta certificada, pero no por burofax; y que, por tanto, la convocatoria por 
burofax podría hacerse prescindiendo, no ya solo del acuse de recibo, sino igualmente 
de la observancia del plazo mínimo legal o de que la convocatoria que se remita 
contenga todos los requisitos legales; y que, cuando el precepto estatutario añade que 
“la carta irá dirigida a cada socio en el domicilio designado al efecto o en el que conste 
en el Libro Registro de socios”, ello es porque el burofax no tiene por qué remitirse a 
tales domicilios. Tal incongruencia por su parte pone de manifiesto la falta de fundamento 
de la calificación que por la presente se recurre.
4.  Ha  de  señalarse  además  que  el  precepto  estatutario  calificado  es  el  que 
habitualmente  se  recoge  desde  hace  años  en  las  escrituras  de  constitución  de 
sociedades que el notario recurrente autoriza; todas las cuales vienen inscribiéndose en 
los diversos Registros Mercantiles competentes (incluido el de Madrid) sin que hasta la 
fecha ninguno de sus respectivos titulares haya visto problema alguno al respecto, lo que 
reafirma la procedencia de la interpretación que aquí se sostiene.
5.  No debe olvidarse, finalmente, que la decisión del señor Registrador de denegar 
la  inscripción  solicitada  constituye  una  restricción  del  derecho  a  la  inscripción  del 
otorgante del título, derecho que, en cuanto tal, es decir, en su sentido más propio, solo 
cabe restringir u obstaculizar de manera reglada, esto es, motivadamente y con base 
estricta en un precepto que lo justifique. Mientras que aquí más bien puede decirse que 
nos encontramos ante una actuación registral reveladora, en palabras de la Resolución 
de siete de octubre de 2002, “de un exceso de celo en la calificación, que parece a su 
vista más inclinada a poner trabas a la seguridad jurídica que con la inscripción registral 
se pretende lograr que a procurarla”.»
IV
Mediante escrito, de fecha 17 de septiembre de 2021, el registrador Mercantil emitió 
informe y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1281 1282, 1284 y 1285 del Código Civil; 18 del Código de 
Comercio; 173 y 176.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 19 bis y 322 y siguientes 
de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2011; las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de octubre 
de 2002, 16 de abril de 2005, 21 de marzo y 5 de julio de 2011, 2 de agosto de 2012, 20 
de diciembre de 2017, 17 de octubre de 2018 y 2 de enero y 6 de noviembre de 2019, y 
las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de 
junio y 17 de diciembre de 2020.
1.  El  artículo  14  de  los  estatutos  sociales  incorporados  a  la  escritura  cuya 
calificación es objeto del presente recurso dispone que la convocatoria de la junta 
general «se hará mediante burofax o carta remitida por correo certificado con acuse de 
recibo  con  una  antelación  de  quince  días  en  la  que  se  contenga  el  anuncio  de 
convocatoria de Junta que deberá necesariamente expresar el nombre de la sociedad, el 
lugar, fecha y hora del orden del día en que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la 
persona o personas que realicen la comunicación (...)».
El  registrador  suspende  la  inscripción  solicitada  porque  considera  que  «de  e.e
conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de sociedades de Capital y  b
drceoeanl l aiclane u fminnceaiodlid iapanodtr e dt oebd uqoruosef al oxlas,   écsosotnceivo ossec, aaet ocso rninae  acseceus raseerai oldi ceee sr tepacobirbl euocn»e .rm qeudeio c quuaen daos elag ucroen vlao creactoerpiac iósen   2021-21182n https://ww
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sustitución  de  la  forma  de  convocatoria  prevista  con  carácter  supletorio  (anuncio
publicado en la página web de la sociedad, inscrita y publicada, o, en su defecto, anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social) permite que los 
estatutos  sociales  establezcan  que  «la  convocatoria  se  realice  por  cualquier 
procedimiento  de  comunicación  individual  y  escrita,  que  asegure  la  recepción  del 
anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la 
documentación de la sociedad».
Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita 
conocer,  con  la  suficiente  antelación,  las  cuestiones  sobre  las  que  es  llamado  a 
pronunciarse y reflexionar detenidamente sobre el sentido del voto por emitir. Por ello, 
para  enjuiciar  la  admisibilidad  o  el  rechazo  de  los  procedimientos  estatutarios  de 
convocatoria de la junta general en sustitución de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si con aquéllos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende 
asegurar por la norma legal.
Como se ha expresado en la Resolución de 2 de agosto de 2012, este Centro 
Directivo ha entendido que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple 
tales exigencias legales (cfr., por todas, la Resolución de 16 de abril de 2005), a lo que 
debe añadirse que según la doctrina del Tribunal Supremo, acreditada la remisión, y 
recepción  de  la  comunicación  postal,  incumbiría  al  socio  la  prueba  de  la  falta  de 
convocatoria (Sentencia de 3 de abril de 2011), por lo que no cabe exigencia adicional 
sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta.
También ha admitido esta Dirección General (vid. Resoluciones de 21 de marzo y 5 
de julio de 2011, 2 de enero y 6 de noviembre de 2019 y 15 de junio de 2020) que la 
convocatoria se realice mediante burofax con certificación del acuse de recibo, por ser 
un sistema equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo y que 
permite al socio disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la 
celebración  de  la  junta  (habida  cuenta  de  la  rápida  recepción  del  burofax  por  los 
destinatarios, sin que ello pueda predicarse de la misma forma de la comunicación por 
carta certificada con acuse de recibo; diferencia que adquiere importancia, dado que la 
antelación con que debe ser convocada la junta se computa desde la fecha en que se 
remite el anuncio, y no desde su recepción –artículo 176.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital–).  Pero,  además,  para  que  pueda  admitirse  la  remisión  por  burofax  con 
certificación  del  acuse  de  recibo  es  imprescindible  que  el  operador  postal  sea  la 
«Sociedad  Estatal  Correos  y  Telégrafos,  S.A.»,  y  así  lo  ha  entendido  este  Centro 
Directivo en las citadas Resoluciones de 2 de enero y 6 de noviembre de 2019 y 15 de 
junio de 2020.
3.  La objeción que en el presente caso opone el registrador es que, según la 
interpretación que de la cláusula estatutaria debatida mantiene, es necesario establecer 
que cuando la convocatoria se realice mediante burofax, éste sea con acuse de recibo.
Esta interpretación no puede confirmarse.
Debe recordarse que, en atención a su doble carácter, contractual y normativo, los 
estatutos deben interpretarse teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los 
contratos (y, además, sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las 
leyes –cfr., entre otras muchas, las Resoluciones de este Centro Directivo de 20 de 
diciembre de 2017, 17 de octubre de 2018 y 17 de diciembre de 2020–).
En  el  ámbito  de  las  normas  de  la  interpretación  de  los  contratos,  de  los 
artículos  1281  y  1282  del  Código  Civil  resulta  que  la  intención  evidente  de  los  s
contratantes prevalece sobre las palabras empleadas; y según los artículos 1284 y 1285  oe.
si «una cláusula de un contrato admitiera diversos sentido –el artículo de los estatutos  w.
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comunicación de la convocatoria se realice «certificado con acuse de recibo», se está 
estableciendo  este  último  requisito  (igual  que  los  restantes  previstos  en  la  misma 
cláusula sobre antelación de la comunicación y contenido de la misma) no sólo para la 
remisión mediante carta remitida por correo sino también para el envío mediante burofax 
por el operador postal «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.».
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 3 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
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