BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Viernes 3 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 46949
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7191 Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil y de bienes muebles V de Barcelona a inscribir una 
escritura de cese y nombramiento del administrador de una sociedad.
En el recurso interpuesto por don Borja Criado Malagarriga, notario de Barcelona, 
contra la negativa del registrador Mercantil y de Bienes Muebles V de Barcelona, don 
Jesús Santos y Ruiz de Eguílaz, a inscribir una escritura de cese y nombramiento del 
administrador de la sociedad «Vincere Serveis Auxiliar, S.L.».
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 2 de mayo de 2019 por el notario de Barcelona, 
don Borja Criado Malagarriga, bajo el número 1.862 de protocolo, se elevaron a público 
los acuerdos adoptados el día 12 de marzo de 2019 por la junta general de la sociedad 
«Vincere  Serveis  Auxiliar,  S.L.»  por  los  que  se  aceptaba  la  renuncia  al  cargo  de 
administradora única por doña G. R. L. y se nombraba para dicho cargo a don A. R. L. 
Dicha escritura tenía como base el acta notarial de la referida junta autorizada por el 
mismo notario.
II
Presentada el día 30 de septiembre de 2019 copia autorizada de dicha escritura en el 
Registro Mercantil de Barcelona, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«El  Registrador  que  suscribe,  previo  el  consiguiente  examen  y  calificación  del 
documento,  de  conformidad  con  los  artículos  18  del  Código  de  Comercio  y  6  del 
Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 1312/1851.
Fecha de la presentación: 27/06/2019 aportado nuevamente el 30/09/2019.
Entrada: 39114658.
Sociedad: Vincere Serveis Auxiliar, S.L.
Documento  calificado:  escritura  de  fecha  02/05/2019.  Notario  Don  Borja  Criado 
Malagarriga, número 1862 de protocolo, en la que consta diligencias de fechas 31 de 
julio de 2019 y 25 de septiembre de 2019, testimonio de esta última ha sido remitido 
telemáticamente.
Fecha de la calificación: 18/10/2019.
Fundamentos de Derecho. bo
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Sociedades de Capital, artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil y reiterada
doctrina  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado,  entre  otras,  Bc
Resoluciones de 11 de abril y 13 de julio de 2001, de 24 de octubre de 2002, de 8 de 
febrero de 2010, de 18 de marzo de 2014 y 18 de mayo de 2016).
2.º  A la vista de la certificación incorporada a efectos de subsanación, en la que se 
expresa que asiste el 100% del capital social, debe constar expresamente el sentido del 
voto (en contra, en blanco o abstención) respecto al 50% del capital social asistente a la 
Junta que no ha votado a favor de los acuerdos. (Artículos 198 de la Ley de Sociedades 
de Capital, 97.1.7.ª del Reglamento del Registro Mercantil y 112 del Reglamento del 
Registro Mercantil y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 16 de abril de 1998, 29 de noviembre de 2012, 6 de junio de 2013 y 13 de octubre 
de 2015).
La  junta  general  se  ha  celebrado  en  Barcelona  y,  por  tanto,  fuera  del  término 
municipal de L’Hospitalet de Llobregat donde, según el Registro y conforme se expresa 
en el documento calificado, la sociedad se encuentra domiciliada. Al no estar previsto en 
los estatutos inscritos que la junta pueda celebrarse fuera del término municipal, ésta 
sólo puede celebrarse en Barcelona si la totalidad del capital social asiste y presta su 
expresa conformidad a que, en efecto, la citada junta se celebre fuera de dicho término. 
En caso contrario, la junta no podría celebrarse o, desde una perspectiva registral, los 
acuerdos no serían inscribibles al haber sido adoptados en junta nula.
Y, en efecto, en el documento presentado se incorpora certificación subsanatoria de 
fecha 30 de julio de 2019 (ya que inicialmente se daba por ausente al 50% del capital 
social)  donde  se  indica  que  “formalizada  la  lista  de  asistencia,  se  comprobó  que 
asistieron a la reunión los socios, que entre presentes y representados, acreditaron 
estatutariamente disponer un 100% del capital social” y que ”tras formalizarse la lista de 
asistentes, los mismos manifestaron su conformidad a la celebración de la Junta en el 
lugar de la convocatoria”.
Sin embargo, tanto en la certificación inicial como en la subsanatoria se especifica 
que los acuerdos se adoptaron con el voto favorable del 50% del capital social, sin hacer 
constar  expresamente  el  sentido  del  voto  (en  contra,  en  blanco  o  abstención)  del 
otro 50% del capital social asistente a la Junta y que no habría votado a favor de los 
acuerdos. Tal circunstancia motivó nota de calificación de fecha 20 de agosto de 2019.
Mediante testimonio de fecha 25 de septiembre de 2019, el notario autorizante hace 
constar la incorporación a la matriz mediante diligencia de esa misma fecha de la 
siguiente aclaración: “Que al empezar la Junta que motiva el acta precedente todos los 
presentes, que representaban la totalidad del capital social, estuvieron de acuerdo en 
celebrar dicha Junta en mi despacho profesional situado en Barcelona, si bien en el 
momento de apertura de la Junta, cuando se debía presentar la documentación relativa a 
la acreditación para la representación de socios, se denegó el derecho de voto al 
representante de la socia D.ª S. V. E., al considerar que el poder de representación 
conferido a Don J. D. D., no cumplía con los requisitos legales, en particular con lo 
dispuesto en el artículo 183 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, si bien se le 
autorizó para estar presente en dicha Junta al tener interés legítimo”.
El primer obstáculo que se observa es de carácter formal. En efecto, la diligencia 
aclaratoria  que  el  notario  autorizante  incorpora  para  superar  el  problema  de  la 
calificación registral previa que destacaba la ausencia de precisión sobre el sentido de 
voto del otro 50% del capital social presente no es, en principio, documento adecuado a 
los fines que se pretenden. Dado que el documento calificado no es un acta notarial de 
junta sino una escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados en junta 
general, la “aclaración” sobre el sentido del voto o, en nuestro caso, la ausencia del  e.
mismo correspondería propiamente al administrador certificante (al igual que libró la  w.b
certificación inicial y la posterior subsanatoria). No obstante, se ha preferido por razón de  91ww
edceocnisoiómní ad ep rolac epsraels iednetnetnad edre  qluae  julan tac,i tacdirac udnislitgaenncciaia  qnuoet adrieatle rrmefilneaja  eclo nju icpiroe criesgióisnt ralal 
expuLeas ctou eesnt ilóons,  feunn dtéarmmeinnotoss j uqruídei csoigsu, ednis.ta de ser sencilla. Como es bien sabido, en las
sociedades  de  responsabilidad  limitada  la  voluntad  social  se  expresa  mediante  la
adopción de acuerdos en junta general (artículo 159 de la Ley de Sociedades de Capital) 
a la que todos los socios tienen derecho a asistir (art. 179 LSC) y, salvo excepciones, a 
emitir un voto por cada participación de su titularidad (artículo 188); unos acuerdos que 
se adoptan con las mayorías establecidas (arts. 198 y siguientes). Dado que la titularidad 
de la participación es la que determina la legitimación para asistir a la junta y emitir el 
voto (artículos 91 y 93), ésta debe ser acreditada frente a la sociedad por quien reclame 
el ejercicio de los derechos inherentes a la misma y, en este sentido, corresponde al 
órgano de administración reconocer dicha legitimación y derechos inherentes (de ahí la 
llevanza del Libro Registro de socios –art. 105.1– en el que han de constar las sucesivas 
titularidades de las participaciones –art. 104.1– con la finalidad de reconocer como 
socios a los que en él constan como tales –art. 104.2–). Desde un punto de vista 
práctico, todo este planteamiento inicial nos debe llevar a la conclusión de que en el 
supuesto  planteado  no  se  discute  (al  menos  así  se  deduce  de  la  documentación 
calificada) que la socia D.ª S. V. E. ostente la titularidad del 50% de las participaciones 
en que se divide el capital social. No es, pues, un problema de legitimación ni de órgano 
de administración que pueda discutir la misma.
Contra lo que puede parecer a primera vista, tampoco se discute en esta calificación 
registral si la citada socia estuvo válidamente representada en la junta en cuestión y, en 
consecuencia, debió permitirse el ejercicio del derecho de voto inherente a su condición 
de socia o si, por el contrario, tal circunstancia no concurrió. En nuestro ordenamiento 
corresponde a la mesa de la junta pronunciarse sobre el particular (arts. 191 y 192 LSC) 
sin que tal pronunciamiento pueda ser objeto de “revisión registral” según reiterada 
jurisprudencia, salvo en los supuestos en que resulte patente la falta de legalidad y 
acierto de su declaración, como sería cuando existen juntas contradictorias (resolución 
de  20  de  diciembre  de  2012),  cuando  existen  dos  listas  de  asistentes  diferentes 
(resolución de 29 de octubre de 1999) o dos Libros Registros diferentes (resolución 
de 13 de febrero de 1998), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente 
realizada la declaración de válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u otros 
supuestos semejantes hay que estar a la declaración del presidente de la junta que es el 
órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes tras apreciar las cuestiones 
que se susciten al respecto y sin perjuicio de que quien se sienta perjudicado ejercite las 
acciones pertinentes y solicite el reflejo de su ejercicio en la hoja registral (resolución 
de 4 de marzo de 2015).
La cuestión objeto de debate es pues, a nuestro juicio, si en la formación de la lista 
de  asistentes  debe  la  mesa  de  la  junta  pronunciarse  con  carácter  previo  sobre  la 
representación que se invoca de manera que sólo puede considerarse asistente a la 
misma quien acredite ostentar una válida representación o no es así. Ítem más, si cabe 
disociar la representación del socio a los efectos de la asistencia y formación de quórum 
constituyente de la representación a efectos del ejercicio del derecho de voto, de manera 
que pueda entenderse suficiente o válida para el primer supuesto e insuficiente para el 
segundo.  Porque,  como  vimos  anteriormente,  en  la  diligencia  aclaratoria  el  notario 
autorizante especificaba que “todos los presentes, que representaban la totalidad del 
capital social, estuvieron de acuerdo en celebrar dicha Junta en mi despacho profesional 
situado en Barcelona, si bien en el momento de apertura de la Junta, cuando se debía 
presentar la documentación relativa a la acreditación para la representación de socios, 
se denegó el derecho de voto al representante de la socia D.ª S. V. E., al considerar que 
el poder de representación conferido a Don J. D. D., no cumplía con los requisitos 
legales”. s
Parece  plausible  deducir  que  el  hecho  de  afirmar  que  todos  los  presentes  oe.
representaban la totalidad del capital social, significa que, al menos en este punto, la  w.
presidenta de la junta estaba dando por buena la representación alegada. Porque,  91ww
p¿rceósmeon tepso d“rreíap rceasseanrt adbeasnd ela  utno tacloidnagdr udeenlt ec applaitnatl esaomciieanl”t oc ujaunríddoic ou ndoe cdire  qlouse  stoodciooss  lnoos 
taosdisot íeal  ecanp pitearls sooncaia sl ienso  aaf irtmraavré sq udee  lau ns orecipar eDs.eª nSta. nVt.e E?.  Aasfiirsmtíaar  vqáulied aemsteanbtae  rreepprreesseennttaaddao   BOE-A-cable e
a la junta. Lógicamente, dicha presencia “representada” e inicialmente validada era 
necesaria si se quería dar a la junta el carácter de universal, único modo de salvar el 
defecto primigenio de celebrarse fuera del término municipal sin habilitación estatutaria 
alguna. Para salvar el obstáculo principal era necesario que todos los socios convinieran 
en la celebración de la junta en el lugar en el que se celebró y por tanto ello implicaba 
necesariamente dar por buena la representación alegada por la socia no presente.
Surgen entonces nuevos interrogantes. ¿No es en sí un ejercicio del derecho de voto 
el consentir en la celebración de la junta fuera del término municipal, dándole el carácter 
de universal y de esta forma enervar los impedimentos legales y estatutarios? ¿Es 
posible entender que una representación puede considerarse suficiente para consentir 
en la celebración de una junta fuera del término municipal y, al mismo tiempo, entender 
que esa representación es en sí misma insuficiente para ejercitar el derecho de voto 
precisamente en la junta que gracias a la representación que ahora se limita puede 
entenderse válidamente constituida?
No  es  nuestro  parecer  fundándonos,  además  de  en  la  lógica  jurídica,  en  los 
siguientes argumentos de derecho positivo y doctrinales (…):
– El artículo 192.1 LSC especifica que antes de entrar en el orden del día debe 
formarse la lista de asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno; 
concluyendo en su apartado 2.º que “al final de la lista se determinará el número de 
socios presentes o representados, así como el importe del capital del que sean titulares, 
especificando  el  que  corresponde  a  los  socios  con  derecho  a  voto».  Y  ello, 
efectivamente, se cumple en la escritura calificada, toda vez que en la lista de asistentes 
transcrita en la certificación de 29 de julio de 2019 se especifica que asiste la socia D.ª S. 
V. E., titular de las participaciones 1 a 1.502 y la mitad indivisa de la 1.503, con un 
porcentaje total del 50% del capital social y “representada por Sr. J. D. D. (letrado)”.
– El artículo 97.1.4.ª RRM indica que el contenido del acta de la junta debe reflejar 
“el número de socios concurrentes con derecho a voto, indicando cuántos lo hacen 
personalmente y cuántos asisten por representación, así como el porcentaje de capital 
social que unos y otros representan” (véase también el art. 102.1.2.ª RRM para el 
supuesto de acta notarial de junta). A continuación, el acta debe reflejarse los asuntos 
debatidos, contenido de los acuerdos adoptados y resultado de las votaciones.
– La RGGRN de 4 de marzo de 2015 recuerda que “(…) sobre estas premisas, el 
ordenamiento atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes 
(artículos 191 y 192), para lo que debe emitir una opinión a la hora de apreciar la 
existencia de representación de socios u otras circunstancias similares”. Y concluye que 
“esta  Dirección  General  tiene  declarado  en  una  dilatadísima  doctrina  (por  todas, 
Resolución de 29 de noviembre de 2012) que corresponde al presidente realizar la 
declaración sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha 
adoptado  una  decisión  cuando  existe  alegación  de  actuación  representativa 
(artículo 102.1.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil)”. En este mismo sentido, 
RDGRN de 24 de octubre de 2016.
En  definitiva,  no  se  cuestiona  en  la  presente  calificación  la  declaración  de  la 
presidenta  de  la  junta  acerca  de  la  válida  constitución  de  la  misma  por  estar 
representado  la  totalidad  del  capital  social,  que  expresamente  consiente  en  la 
celebración de la misma fuera del término municipal del domicilio social, sino que se 
considera que los acuerdos no han sido válidamente adoptados (o, si se prefiere, no 
resulta acreditada su adopción) al no constar el sentido del voto del 50% del capital  e
social que estaba presente en la junta según la propia lista de asistentes que recoge la  bo
certificación subsanatoria de fecha 30 de julio de 2019 incorporada a la escritura objeto  91ww
dsoec ilaa  Dpr.ªe sSe. nVt.e E c.,a lriefipcarecsióenn.t aLdaa  fpoormr laectriaódno d ye t iltau lalirs tdae ld 5e0 a%s idsetel nctaepsi,t acl osno ciniacl,lu ismiópnli cdae p elar 
asele guandaa : toimmpal icdae  dpaor spicoiró nb udeen al ala  pmreissmidae,n tcao ndseid elar ajru nqtuae  alac ejurcnata  dree úlnae  reelp rceasreáncttearc iódne 
universal  y  superar  de  este  modo  el  problema  de  convocatoria  generado  con  la
celebración de la misma fuera del término municipal (resolución de 24 de abril de 2013 y 
sentencias del TS de 16 de marzo de 2010 y 18 de junio de 2012). Si la representación 
hubiera sido insuficiente en los términos del art. 183 LSC (como aclara la diligencia del 
notario autorizante de 25 de septiembre de 2019), la lista de asistentes no hubiera 
podido  incluir  a  la  socia  citada,  no  habría  podido  considerarse  junta  universal  y, 
asimismo, no podría considerarse válidamente constituida al celebrarse fuera del término 
municipal correspondiente al domicilio social sin habilitación estatutaria alguna.
(artículos 175, 178, 183, 191 y 192 de la Ley de Sociedades de Capital, artículos 97, 
98 y 102 del Reglamento del Registro Mercantil, Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 1 de diciembre de 1994, de 16 de septiembre 
de 2012, de 20 de noviembre de 2012, 4 de marzo de 2015 y 24 de octubre de 2016).
Los defectos señalados tienen carácter subsanable.
Contra la presente calificación (…)
El  registrador  Jesús  Santos  y  Ruiz  de  Eguílaz  Registrador  Mercantil  n.º  5  de 
Barcelona.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Borja Criado Malagarriga, notario de 
Barcelona, interpuso recurso el día 29 de noviembre de 2019 mediante escrito en el que 
alegaba lo siguiente:
«(…) Se trata de una sociedad que está formada por dos socias al cincuenta por 
ciento (Doña G. R. y Doña S. V.), siendo la señora R., además, la administradora de la 
compañía.
En el presente escrito me referiré a las dos cuestiones que se plantean por el 
registrador:  la  primera  sobre  la  posibilidad  de  celebrar  la  junta  fuera  del  término 
municipal de la compañía; y la segunda, el alcance del poder otorgado por una de las 
socias sin los requisitos necesarios.
Que no estando conforme con dicha calificación, por medio del presente escrito, 
interpongo el recurso conforme a los artículos 324 y ss. de la Ley Hipotecaria, con base 
en las siguientes:
Alegaciones:
Primera.  Respecto a la celebración de la Junta General el 12 de marzo de 2019 en 
el municipio contiguo al del domicilio social dada la imposibilidad de celebrar la misma en 
el domicilio social:
Se realiza la convocatoria de la junta de socios de la compañía Vincere Serveis 
Auxiliar S.L. por la administradora de la compañía en la ciudad de Barcelona (cuando 
debería haber sido en Hospitalet, que es la sede de la sociedad).
Dicha convocatoria no fue impugnada por ninguna de las dos socias, o de sus 
respectivos abogados, por entender que era lo más cómodo y lo más económico para 
todos los asistentes a la citada junta y se celebró en mi despacho profesional (…)
En este sentido, establece la jurisprudencia que cuando el envío de la convocatoria 
se ha realizado correctamente a todos los socios, haciendo constar su celebración en un 
lugar contiguo al domicilio social, si los socios no se opusieran a la celebración de la 
misma, tras recibir la convocatoria, no existe ninguna causa de nulidad que impida la  e
celebración de la Junta. Aquí no hay menoscabo ni perjuicio de los intereses de los  bo
socios ni de la propia compañía. 91ww
“Tal Ednis ppoasrtiicciuólna r(,r elaf eSriednat eanl cluiag adre d lea  cAePle dbera Zcaiórna gdoez ala  3J3u/n2t0a0 e9n d eel  1m6u enniceiproio e dsotanbdlee crea dqiucae 
eelx tdraovmaigcailinot es opcairaal)  lati ecneele cboramcoió nra dzóen l ai mjupnetad irs eq ucee rmceendeia enlt ed elare dcheosi gdnea acisóisnt ednec iuan d leu gloasr 
socios, de ahí que la doctrina haya señalado que la mención término municipal no ha de
ser  entendido  en  sentido  riguroso,  a  modo  de  interpretación  estricta  del  alcance 
administrativo del concepto, sino que habrá que atender a las circunstancias del caso 
concreto y determinar, ponderando los derechos y posibilidades de los socios, si la 
convocatoria  podría  incluir  su  celebración  en  las  afueras  de  la  ciudad  o  área 
metropolitana, pese a que los límites municipales no le alcancen, y la jurisprudencia 
también ha declarado la validez de las juntas celebradas con infracción del mandato de 
mención cuando haya causa que lo justifique (STS 15–11–1967 y 7–6–1989 ( RJ 1989, 
4345). Por todas estas razones se ha abierto camino en las resoluciones de las AAPP la 
opinión de que no concurre razón alguna para la nulidad cuando el lugar de celebración 
la junta es próximo al término municipal del domicilio social, no causa inconveniente 
alguno a los socios y no es objeto de oposición por parte de los socios al recibir la 
convocatoria (SAP Salamanca 5–11–2004 (PROV 2005, 32449) y 24–7–2005, y Murcia, 
25–3¬2002 (AC 2002, 818)”.
También  la  Sentencia  del  Juzgado  de  lo  Mercantil  de  Palma  de  Mallorca 
número 274/2014 de 27 de octubre sigue el mismo criterio, y también la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Salamanca número 422/2004 de 5 de noviembre.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que:
(i)  El domicilio social, era la vivienda familiar de un anterior socio (hoy difunto) D. X. 
R., y que actualmente ni es el domicilio real de la Sociedad ni está ocupado por ninguna 
de las socias ni administradora.
(ii)  Ninguna de las socias o administradora reside o vive en Hospitalet (el vínculo 
con Hospitalet es inexistente). Además, la compañía tiene la totalidad de la clientela en 
Barcelona, que es donde realiza su actividad principal y ofrece sus servicios.
(iii)  La  administradora  realizó  la  convocatoria  en  virtud  de  la  comunicación  del 
abogado de la otra socia (Dña. S. V.), enviada desde el despacho de abogados de 
Barcelona, que está en la misma calle que la notaría donde se celebró la Junta General, 
y tras la recepción de la convocatoria por parte de la socia, no hubo ninguna oposición ni 
impugnación, más bien al contrario, ya que acudió representada por su abogado a la 
Junta  General,  que  tampoco  hizo  reserva  u  oposición  en  el  mismo  acto  de  su 
celebración.
Es  por  ello,  que  se  entendía  que  no  había  obstáculo  en  celebrar  la  junta  en 
Barcelona y no en Hospitalet, ya que el vínculo de la sociedad con esta localidad en la 
actualidad es inexistente. Se busca celeridad en la celebración, evitar su paralización, 
así como ahorro de costes a la compañía (sin perjuicio del compromiso por parte de la 
administradora de trasladar el domicilio de la compañía tan pronto como sea posible).
Segundo.  De la representación de la socia ausente en la Junta General del derecho 
a voto de su representante que no ostentaba poderes suficientes:
El día de la Junta General notarial, solamente compareció una de las socias (Dña. G. 
R.), ya que la otra socia manifestó a través de su letrado D. J. D. que no tenía voluntad 
de ir a la Junta, y que quería estar representada por este último, con un poder notarial.
Para poder entender el recurso a la calificación del señor registrador es importante 
explicar los diversos pasos de cómo se confeccionó la junta.
En un primer momento: se decide que la presidenta de la junta sea la señora G. R. 
(yo como notario desempeñé el cargo de secretario). Con lo cual, quedó constituida la 
mesa de la junta.
En un segundo momento: le correspondía a la presidenta confeccionar la lista de  s
asistentes y determinar sobre la válida constitución de la misma (RDGRN de 4 de marzo  oe.
de  2015).  Es  ahí  cuando  la  señora  presidenta,  solicita  examinar  el  poder  de  w.
Erseuspf ircpeieosenr nteeta lplocoi órq nnu oed ,ec ulj umsseptñolio r rel onDs  .re eysq,e u disemistoopmsu éedsne tlo da,e r tlíaecn uadlolai z 1a8lar3   sodupe c cliaoó nnlet eyan dli deao ps, ooecdnieetrideaandddoee s p qadureae c  anppooi dtaeelsr.    2020-7191n https://ww
quedarse en la junta y poder opinar sobre las distintas cuestiones del orden del día, pero
no le deja votar. Hasta el momento en que la administradora no es designada presidenta
de  la  junta,  no  puede  solicitar  el  poder  y  examinar  su  contenido,  por  eso  las 
circunstancias acaecieron de la manera explicada en este recurso.
El abogado manifestó su disconformidad por entender que los poderes eran plenos y 
suficientes,  reservándose  las  acciones  legales  que  le  pudieran  corresponder.  No 
obstante, optó por quedarse en la junta para manifestar la opinión de su representada a 
los efectos de que se le aclararan todas las cuestiones derivadas de las cuentas de la 
compañía que le fueron contestadas en el transcurso de la junta.»
IV
Mediante escrito, de fecha 5 de diciembre de 2019, el registrador Mercantil emitió 
informe y elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 20 del Código de Comercio; 326 de la Ley Hipotecaria; 91, 93, 
102, 104, 105, 106, 112, 116, 118, 122, 159, 170, 178, 179, 188, 191, 192, 193, 195, 198, 
199, 203, 204 a 208 y 223 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que 
se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital;  119.5  de  la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; 7, 94.10, 97, 98, 101, 102, 155 
y 157 del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 
de mayo de 1957, 6 de julio de 1963 y 26 de octubre de 1979, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado 21 de septiembre de 1984, 25 de 
junio de 1990, 9 de enero de 1991, 19 de junio y 28 de diciembre de 1992, 16 de febrero 
de 1995, 23 de junio de 1997, 9 de enero, 13 de febrero y 25 de julio de 1998, 29 de 
octubre y 13 de noviembre de 1999, 4 de marzo y 28 de abril de 2000, 3 de mayo 
de 2002, 31 de marzo de 2003, 26 de febrero de 2004, 11 de octubre de 2005, 23 de 
enero de 2006, 26 de noviembre de 2007, 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2012, 
21 de enero, 28 de junio, 22 de julio y 5 de agosto de 2013, 4 de marzo y 28 de julio 
de 2014, 4 de marzo de 2015, 17 de mayo, 13 de junio y 24 de octubre de 2016, 3 de 
abril, 19 de julio y 20 de noviembre de 2017, 5 de febrero de 2018 y 23 y 24 de enero, 13 
de febrero y 23 de julio de 2019.
1.  En la resolución del presente recurso es imprescindible precisar las cuestiones a 
las que debe ceñirse, habida cuenta de las circunstancias y razonamientos que el 
registrador expresa en la calificación que ha sido impugnada, relativa a los acuerdos de 
la junta general de la sociedad «Vincere Serveis Auxiliar, S.L.» por los que se acepta la 
dimisión de la administradora única y se nombra a un nuevo administrador.
En las certificaciones de tales acuerdos sociales incorporadas a la escritura calificada 
y en las diligencias extendidas en ésta se expresa: a) que «una vez formalizada la lista 
de asistencia se comprobó que asistieron a la reunión los socios, que entre presentes y 
representados, acreditaron estatutariamente disponer un 100% del capital social» (dos 
únicas socias, titulares cada una de ellas de participaciones que representan el 50% del 
capital social); b) que «tras formalizarse la lista de asistentes, los mismos manifestaron 
su conformidad a la celebración de la Junta en el lugar de la convocatoria (…)», en 
término  municipal  –Barcelona–  diferente  al  del  domicilio  social  –L’Hospitalet  de 
Llobregat–;  c)  que  todos  los  acuerdos  de  la  junta  «fueron  adoptados  por  mayoría 
del 50% del capital social presente en la Junta», y d) «que al empezar la Junta (…) todos 
los presentes, que representaban la totalidad del capital social, estuvieron de acuerdo en  e.e
celebrar dicha Junta (…) en Barcelona, si bien en el momento de apertura de la Junta,  b
cuando  se  debía  presentar  la  documentación  relativa  a  la  acreditación  para  la  91ww
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Junta al tener interés legítimo».
El registrador manifiesta que no es posible entender que una representación puede 
considerarse suficiente para consentir la celebración de una junta fuera del término 
municipal donde la sociedad tenga su domicilio y, al mismo tiempo, entender que esa 
representación es insuficiente para ejercitar el derecho de voto precisamente en la junta 
que gracias a la misma representación se entiende válidamente constituida. Añade que 
corresponde al presidente de la junta pronunciarse sobre la válida constitución de la 
misma sin que tal pronunciamiento pueda ser objeto de revisión registral, salvo en los 
supuestos en que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración. Y 
concluye que no cuestiona «la calificación la declaración de la presidenta de la junta 
acerca de la válida constitución de la misma por estar representado la totalidad del 
capital social, que expresamente consiente en la celebración de la misma fuera del 
término municipal del domicilio social, sino que se considera que los acuerdos no han 
sido válidamente adoptados (o, si se prefiere, no resulta acreditada su adopción) al no 
constar el sentido del voto del 50% del capital social que estaba presente en la junta 
según la propia lista de asistentes».
El notario recurrente alega que no hay obstáculo para celebrar la junta general en 
Barcelona toda vez que la sociedad no tiene el domicilio real en Hospitalet de Llobregat y 
realiza su actividad principal y tiene la totalidad de la clientela en aquella capital; que las 
socias carecen de vínculo con Hospitalet y, una vez convocada la junta para celebrarse 
en Barcelona ninguna de ellas se opuso. Respecto de la representación de la socia no 
asistente personalmente, añade que fue después de constituida la mesa de la junta 
general cuando la presidenta examinó el poder de representación y entendió que no era 
suficiente, por lo que no dejó votar al apoderado, y éste manifestó su disconformidad, se 
reservó las acciones legales que le pudieran corresponder y, no obstante, optó por 
permanecer  en  la  junta  para  manifestar  la  opinión  de  su  representada  sobre  las 
cuestiones relativas a las cuentas de la sociedad que le fueran contestadas en el 
transcurso de la reunión.
2.  La Dirección General de los Registros y del Notariado (vid. Resoluciones de 5 de 
agosto de 2013 y 24 de octubre de 2016, referidas a una sociedad de responsabilidad 
limitada, y la de 3 de abril de 2017, respecto de una sociedad anónima, con criterio 
reiterado más recientemente en las Resoluciones de 23 y 24 de enero, 13 de febrero 
y 23 de julio de 2019, entre otras) ha puesto de relieve que la formación de la voluntad 
social de las sociedades de capital se lleva a cabo mediante la adopción de acuerdos en 
junta general (artículo 159 de la Ley de Sociedades de Capital), acuerdos que se 
adoptan con las mayorías establecidas mediante la emisión del voto por cada socio 
(artículos 198 y siguientes y 201). Todos los socios tienen derecho a asistir a las juntas 
(artículo 179) y, salvo excepciones, a emitir un voto por cada participación o acción de su 
titularidad (artículo 188). Es por tanto la titularidad la que determina, en principio, la 
legitimación para asistir a la junta y emitir el voto (artículos 91 y 93), por lo que debe ser 
acreditada frente a la sociedad por quien reclame el ejercicio de los derechos inherentes 
a la misma. Al efecto, el órgano de administración tiene encomendada la llevanza del 
libro  registro  de  socios  (artículo  105.1)  en  el  que  han  de  constar  las  sucesivas 
titularidades de las participaciones (artículo 104.1) con la finalidad de reconocer como 
socios a los que en él constan como tales (artículo 104.2). En las sociedades anónimas 
se está a sus propias normas reguladoras en el supuesto de acciones nominativas 
(artículo 116), o representadas por anotaciones en cuenta (artículo 118.3).
Por otra parte, se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes 
(artículos  191,  192  y  193),  para  lo  que  debe  emitir  una  opinión  cuando  existan  s
reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros y que pueden ser tanto  oe.
estimatorias como desestimatorias (como ocurre a la hora de apreciar la existencia de  w.
representación de socios u otras circunstancias similares). El Centro Directivo tiene  91ww
ndoevcileamrabdroe  deen  2u0n1a2 ) dqiulaet acdoírsreimspao nddoec tariln par e(svidide.,n tep orer atloizdaar sl,a  dlae cRlaerascoilóunc iósonb rdee l a 2v9á liddea 
ccuoannstditou cieóxni sdtee  rlae cjluanmtaa,c iólon  qduee  irmecpolicnao cqimuiee nptore vdiaem  elan tec ohnad icaidóonp taddeo  suoncaio  de–coi sidóen   BOE-A-cable e
representante del mismo, como ocurre en caso del presente recurso–, declaración frente 
a la que pueden hacerse reservas o protestas (artículo 102.1.3.ª del Reglamento del 
Registro Mercantil). Asimismo, compete al presidente la declaración sobre los resultados 
de  las  votaciones,  frente  a  la  que  también  pueden  hacerse  manifestaciones  cuya 
constancia en acta se puede solicitar (artículo 102.1.4.ª del citado Reglamento).
No obstante, también es doctrina reiterada del citado Centro Directivo que, aun 
cuando  en  principio  el  presidente  de  la  junta  es  la  persona  llamada  a  declarar 
válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella presentes o 
representados y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el 
resultado de las votaciones de suerte que las manifestaciones u observaciones de los 
asistentes recogidas en la propia acta no pueden tener a efectos registrales el mismo 
valor que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la 
sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de 
que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se 
halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los 
socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los 
acuerdos (cfr. Resoluciones de 9 enero 1991, 13 de febrero de 1998, 31 de marzo 
de 2003 y 5 de agosto de 2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador 
no queda vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la 
declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del 
Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse.
Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal 
que resulte patente la falta de legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre 
cuando  existen  juntas  contradictorias  (Resolución  de  20  de  diciembre  de  2012),  o 
cuando existen dos listas de asistentes diferentes (Resolución de 29 de octubre de 1999) 
o dos Libros Registros diferentes (Resolución de 13 de febrero de 1998), o cuando del 
acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del 
derecho de voto (Resolución de 24 de octubre de 2016); y también cuando se prescinde 
de la legitimación que como socios corresponde a los herederos del socio fallecido 
mientras no se haya consumado el ejercicio por los socios sobrevivientes del derecho de 
adquisición preferente establecido en su favor por los estatutos (Resolución de 23 de 
julio de 2019), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la 
declaración de válida constitución de la junta.
3.  En lo que interesa en este expediente, la importancia de la misión del presidente 
queda revelada en las facultades que se le atribuyen para asegurar que la junta general 
tenga su normal desarrollo, dirigidas a la salvaguarda del libre ejercicio de la voluntad de 
los  socios  en  el  órgano  soberano  de  la  sociedad,  durante  todo  el  proceso  que 
comprende tres fases: constitución de la junta (momento en que ha de formarse la lista 
de asistentes a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Sociedades de Capital), debate 
(manteniendo el orden de la junta y evitando todo obstruccionismo, al dirigir y establecer 
el orden de las diversas intervenciones) y votación (con el correspondiente recuento que 
determinará si se ha alcanzado o no el acuerdo).
La primera actuación encaminada a la constitución de la junta es la formación de la 
mesa, para la cual, si no existe consejo de administración ni determinación estatutaria de 
los cargos de presidente y secretario (o designación por el letrado de la Administración 
de Justicia o por el registrador mercantil –artículos 119.5 de la Ley de la Jurisdicción 
Voluntaria y 170.2 de la Ley de Sociedades de Capital), serán los socios concurrentes 
quienes habrán de designarlos al comienzo de la reunión (artículo 191 de la Ley de  s
Sociedades de Capital). En ese primer momento no existe todavía persona competente  oe.
que determine, en caso de discrepancias entre los asistentes, quienes pueden realizar la  w.
designación por estar legitimados como socios; por ello, la determinación de los socios  91ww
scoocni odse nreoc phroe sdeen taessi stiteennecnia c ya rávcotteor,  parsoív icsoiomnoa l,l ad ea mdmodisoió qnu ed eu nlaa  vreepz rfeosremnatadcai ólan  mdees alo sy 
elegido el presidente a él compete la formación de la lista de asistentes –entre ellos, los
socios presentes y representados– así como la declaración sobre la válida constitución 
de la junta (102.1.2.ª del Reglamento del Registro Mercantil).
En este momento, si el presidente niega legitimación para ejercitar los derechos de 
asistencia y voto a quien, a su juicio, no acredita suficientemente la representación de 
uno de los socios es indudable que no se puede considerar que la junta se constituya 
con carácter de junta universal (cfr. artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital).
En el caso del presente recurso tiene razón el registrador cuando considera que no 
es posible entender que una representación puede estimarse suficiente para consentir la 
celebración de una junta fuera del término municipal donde la sociedad tiene su domicilio 
y, al mismo tiempo, entender que esa representación es insuficiente para ejercitar el 
derecho de voto precisamente en la junta que gracias a la misma representación se 
considera  válidamente  constituida.  Lo  que  ocurre  es  que,  según  la  calificación 
impugnada, el registrador no cuestiona la declaración de la presidenta sobre la válida 
constitución de la junta y se limita a objetar que los acuerdos no han sido válidamente 
adoptados –o no resulta acreditada su adopción– porque no consta el sentido del voto de 
la socia que estaba presente en la junta según la propia lista de asistentes. Y, en 
realidad, es evidente que según el acta notarial de la junta no podía constar el sentido de 
dicho voto porque la presidenta denegó a dicha socia el ejercicio de tal derecho.
Por ello, habida cuenta de que el recurso debe ceñirse a los defectos expresados en 
la calificación impugnada (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria), la misma sólo puede 
ser confirmada en el sentido de que existe contradicción entre el hecho de admitir que la 
junta está válidamente constituida y la denegación del ejercicio del derecho de voto de 
una de las dos únicas socias por negar validez a la representación alegada.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 26 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.