BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211 Miércoles 5 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 64096
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9210 Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de bienes muebles de Asturias, por la que se deniega la 
cancelación de una reserva de dominio.
En el recurso interpuesto por doña G.G.R., en calidad de Administradora Concursal 
en los autos de Concurso Ordinario n.º 88/2014, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil 
n.º 1 de Oviedo, relativo a doña S. A. D. contra la nota de calificación de la registradora 
de Bienes Muebles de Asturias, doña María Concepción Solance del Castillo, por la que 
se deniega la cancelación de una reserva de dominio.
Hechos
I
Con fecha 28 de enero de 2020, se presenta mandamiento, en que se inserta auto 
de 16 de enero de 2020, en el que se autoriza al levantamiento de la reserva de dominio 
que pesa sobre el siguiente bien: vehículo marca (…), matrícula (…).
II
Presentado dicho mandamiento en el Registro de Bienes Muebles de Asturias fue 
objeto de la siguiente nota de calificación: Fundamentos de Derecho. El Registrador de 
Bienes Muebles que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado, 
de conformidad con el artículo 16 de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada, por adolecer dicho 
documento de los siguientes defectos: Del Registro resulta que sobre el bien objeto del 
presente mandamiento lo que resulta inscrito (folio 1, inscripción de fecha 13/01/2010), 
es un contrato de arrendamiento financiero (leasing), en el que figura como arrendador el 
Banco Popular Español S.A. C.I.F (…) y como arrendataria Doña S. A. D. N.I.F. (…). En 
un contrato de Leasing no hay reserva de dominio: se inscribe el dominio (propiedad) del 
bien  a  nombre  del  arrendador,  Banco  Popular  Español  S.A.,  y  el  derecho  de 
arrendamiento a nombre del arrendatario, Doña S. A. D. (en este caso con opción de 
compra). De procederse a la cancelación del arrendamiento inscrito el dominio del bien 
(propiedad) seguiría inscrito a nombre del arrendador en este caso Banco Popular 
Español S.A., si lo que se pretende es proceder a la cancelación del contrato inscrito, 
debe acompañarse el documento de cancelación expedido por el Banco Popular Español 
en el que se haga constar que el arrendatario ejercitó la opción de compra (con lo que el 
dominio del vehículo queda a favor del que era arrendatario, Doña S. A. D.). Contra la 
presente calificación, que ha sido extendida con la conformidad de los cotitulares, cabe 
(…) Firmado con firma digital reconocida en Oviedo el seis de febrero de dos mil veinte 
por María Concepción Solance del Castillo. Registradora de Bienes Muebles de Asturias.
III w.b
ConCcuornstaral  l(ae na natedreiolarn nteo taA Cde)  ceanl ifiscuasctiiótunc, iódno ñdae G  l.aGs. Rf.a, ceunlt acdaelisd adde d ea dAmdimniisntirsatcraiódno ray 
ddies p2o0s2ic0ió, ne nd eb alas ed eeundtorera ,o tinrotesr pao nloes  resciguursieon teens  vairrtguudm deen teossc: riIt.o– Qdeu ef eccohna  1fe1c hdae  m12a rdzoe 
febrero de 2020 le fue comunicada la Nota de Calificación dictada por el Registrador del
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Asturias (…) denegando la cancelación de la 
inscripción relativa al levantamiento de la reserva de dominio realizada en el año 2010 en 
garantía del arrendamiento financiero de bienes muebles serie n.º (…) inscrito en el 
Registro de Bienes Muebles de Asturias, acordada mediante Auto y Mandamiento de 
fecha 16 de enero de 2020, dictados por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo II en 
los autos de Concurso Ordinario n.º 88/2014, NIG 33044-47-1-2014-0000231 (Pieza 
Cuestión Incidental Especial Pronunciamiento 88/2014 0002 -Autorización Judicial-B) 
relativo a Doña S. A. D.–Que, dentro del plazo conferido al efecto, formula recurso contra 
la citada Calificación, dictada en el expediente al inicio referenciado, sobre la base de los 
siguientes, hechos: Primero.–Con fecha 28 de enero de 2020, por Gestoría Velasco en 
representación de Castrillo Truck, S.l., CIF (…), se presentó ante el Registro Mercantil y 
de Bienes Muebles de Asturias contrato de compraventa del vehículo matrícula (…), 
Bastidor (…), Tractocamión marca (…), Modelo (…), suscrito con fecha 10 de diciembre 
de  2019  entre  esta  Administración  Concursal  y  Don  J.  C.  C.  M.,  NIF  (…)  en 
representación de Castrillo Truck, S.L., CIF (…), junto con la documentación anexa al 
mismo, así como entre otros documentos, las siguientes resoluciones dictadas por el 
Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo, en los autos de Concurso Ordinario n.º 88/2014, 
NIG  33044-47-1-2014-0000231(Pieza  Cuestión  Incidental  Especial 
Pronunciamiento 88/2014 0002 - Autorización Judicial-B) relativo a Doña S. A. D., NIF 
(…): Auto de fecha 02 de diciembre de 2019 autorizando la venta del referido vehículo 
interesada por esta AC a favor de Castrillo Truck, S.L., Auto y Mandamiento de fecha 16 
de enero de 2020 autorizando el levantamiento de la reserva de dominio que pesa sobre 
el referido vehículo, (…). Segundo.–En relación al vehículo matrícula (…), Bastidor (…), 
Tractocamión marca (…), Modelo (…), en el Registro Mercantil y de Bienes Muebles de 
Asturias  aparecen  el/los  siguiente/s  asiento/s,  que  transcritos  literalmente  dicen: 
«Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Asturias bien n.º 20100000258 folio: 1 
asiento: inmatriculación leasing con opción de compra tractocamión, marca (…), modelo 
(…), matrícula (…) comunicado por la DGT, bastidor (…) S. A. D., N.I.F. (…) arrienda con 
opción  de  compra,  el  bien  a  que  se  refiere  esta  inscripción  mediante  contrato  de 
arrendamiento financiero (leasing) actuando como arrendador Banco Popular Español 
SA, C.I.F. (…) Es fiador J. A. M. G., N.I.F. (…) En su virtud inscribo el dominio a favor del 
arrendador Banco Popular Español SA, C.I.F. (…) y el derecho de arrendamiento con 
opción de compra a favor del arrendatario S. A. D., N.I.F. (…) Según resulta de las 
condiciones  generales  y  particulares  del  contrato  celebrado  en  Gijón  a  cuatro  de 
diciembre  de  dos  mil  nueve  en  un  modelo  de  arrendamiento  financiero  de  bienes 
muebles, serie n.º: (…) presentado en este Registro el día cinco de enero de dos mil diez 
que causó el asiento n.º 20100000092 del diario 12. Queda archivada una copia en la 
base  de  datos  con  la  referencia  20100000103».  Tercero.–Para  la  adquisición  del 
vehículo  matrícula  (…),  Bastidor  (…),  Tractocamión  marca  (…),  Modelo  (…),  la 
concursada  suscribió  el  contrato  de  arrendamiento  financiero  (leasing)  n.º  (…) 
formalizado en póliza intervenida por el Notario de Gijón, Don Ángel Luis Torres Serrano 
en fecha 04 de diciembre de 2009, por importe de 94.030,15€, del que, a fecha de 
declaración del Concurso n.º 88/2014, la entidad Banco Popular Español, S.A., conforme 
a lo dispuesto en el art. 85 LC, comunicó a la AC ser titular de un crédito por importe 
de 11.986,15€ según liquidación practicada el día 04 de marzo de 2014 para ser incluido 
en  la  lista  de  acreedores,  como  así  se  procedió  por  parte  de  esta  AC.  En  la 
comunicación de su crédito remitida a esta AC, la citada entidad manifestó que dicho 
crédito resultaba del saldo que, a la fecha indicada, arrojaba el meritado contrato de  s
arrendamiento financiero (…). Cuarto.–Por Auto de fecha 05 de diciembre de 2016 (…),  oe.
se acordó la apertura de la fase de liquidación en el Concurso 88/2014 aprobándose el  w.
plan de liquidación mediante Auto de fecha 17 de octubre de 2017, tal y como consta  10ww
dines c2r0it1o9 e, nC aesl tRrilelog iTstrruoc kP, úSb.lLic.o r eCaolinzócu orsfearlt.a M deed aiadnqtuei seicsicórnit od efel cvheahdícou elol  m14a tdríec unlao v(i.e..m) bproer 
dimicpieomrteb rdee d e8 .020001€9  ((…oc)h, ou nmai lv eeuzr oses) d, iaou ttroarsizlaádnod odsee l alas  omfeisrmtaas  edne  ceol mAuptroa  edxei sfetecnhtae s0 a2  ldaes   BOE-A-cable e
partes personadas y a la entidad Banco Popular Español, S.A. (…), sin que, por ninguna 
de ellas, se formulase oposición alguna a dicha venta. Igualmente, ni Banco Popular 
Español, S.A. ni ninguno de los acreedores personados, realizaron alegaciones o se 
opusieron a la cancelación de cargas en el período que media desde que se dictó el Auto 
autorizando la venta del vehículo matrícula (…) hasta que se notificó el Auto acordando 
autorizar el levantamiento de la reserva de dominio existente sobre el citado vehículo 
(…) ni tampoco después, ni se formuló incidente alguno al respecto, como tampoco se 
impugnaron la lista de acreedores ni el Plan de Liquidación. La cancelación de cargas 
interesada se refiere a la de fecha 05 de enero de 2010, es decir, muy anterior a la 
declaración de Concurso (05 de junio de 2014). Quinto.–Solicitada la inscripción de la 
nueva titularidad del vehículo matrícula (...) a favor de Castrillo Truck, S.L., el Registrador 
acuerda  no  practicar  la  inscripción  por  entender  que  la  documentación  presentada 
adolece de los siguientes defectos: 1.–Sobre el citado bien resulta inscrito un contrato de 
arrendamiento financiero (leasing) en el que figura como arrendador el Banco Popular 
Español, S.A. y como arrendataria la concursada. Considera que en un contrato de 
leasing no hay reserva de dominio sino que se inscribe el dominio (propiedad) del bien a 
nombre del arrendador (Banco Popular Español, S.A.) y, el derecho de arrendamiento a 
nombre del arrendatario (la concursada, D.ª S. A. D.), en este caso con opción de 
compra. 2.–De proceder a la cancelación del arrendamiento inscrito, el dominio del bien 
(propiedad) seguiría inscrito a nombre del arrendador (Banco Popular Español, S.A.), por 
lo que si se pretende proceder a la cancelación del contrato inscrito, debe acompañarse 
el documento de cancelación expedido por Banco Popular Español, S.A., en el que 
conste que el arrendatario ejercitó la opción de compra, con lo que el dominio quedaría a 
favor de quien era arrendatario (la concursada, D.ª S. A. D.). A estos hechos, les son de 
aplicación los siguientes, Fundamentos de Derecho. Ley Hipotecaria: arts. 1, 8, 18, 38, 
76, 83, 97 y concordantes y 324 y siguientes. Reglamento Hipotecario: art. 100 y 
concordantes. Ordenanza de 19 de julio de 1999, por la que se aprueba la Ordenanza 
para  el  Registro  de  Venta  a  Plazos  de  Bienes  Muebles:  art.  24  párrafo  3.º  y 
concordantes. Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles: 
art. 15.2 y concordantes. Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio: arts. 8.3, 55.3, 149.3, 
149.5, 155.1 y 4 y concordantes. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: 
arts. 18 y 86 ter l. Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: art. 103.1 y 4. Constitución Española: art. 24 y 118. Se interesa la práctica 
de la cancelación de la reserva de dominio que afecta al vehículo matrícula (...); dicha 
reserva se practicó con antelación o anterioridad a la declaración de concurso. Dicha 
cancelación se ordena en virtud de Auto y Mandamiento de cancelación de cargas 
expedido al efecto por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo, encargado de resolver 
el Concurso n.º 88/2014, una vez se ha autorizado judicialmente la venta del referido 
vehículo. Tanto en la tramitación de la autorización de venta a un tercero como de la 
solicitud de cancelación de cargas existentes sobre dicho bien, se ha dado traslado y 
audiencia a los acreedores personados y al titular del arrendamiento financiero (leasing) 
el  Banco  Popular  Español,  S.A.,  quienes,  en  ningún  momento,  se  han  opuesto, 
incidentado o alegado causa alguna para impedir su realización y levantamiento de 
cargas, tal y como se refleja en las resoluciones judiciales que acompañan al presente 
Recurso. Con carácter general, la venta de los bienes en el Concurso se llevará a efecto 
durante la fase de liquidación (arts. 142 y siguientes de la Ley Concursal), una vez 
aprobado el plan de liquidación y solo en la fase de liquidación, por el Juzgado Mercantil 
que tramita el concurso, podrá ordenarse la cancelación de las cargas y gravámenes.  s
Existiendo pues aprobado un plan de liquidación con previsión expresa de levantamiento  oe.
de  cargas  y  embargos  y  de  autorización  para  la  venta  de  bienes,  el  Auto  y  el  w.
Mandamiento expedidos por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo en el incidente  10ww
daete nvdeindtoas  trpaomr iteald oR eegnis etrla dCoorn cMuersrcoa nnt.iºl  8to8d/2a0 1ve4z,  pquueed, esne yg údne bdeonc trsinear  nreeicteersaadriaa mdeen tlae 
mDGayRoN  d(ee n2tr0e1 1o trya s5,  Rdees oolcutcuibornee sd ed e2 2011 5d),e  eeln ereros pdeeto 2 0a0 5la,  2fu7n cdieó nju ljiuor isddei c2c0io1n0a, l 9q udee   BOE-A-cable e
corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y 
funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los Registradores, el deber de cumplir 
las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con 
las leyes. Al Registrador no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los trámites 
del  procedimiento  que  las  motivan,  sino  únicamente  y  en  virtud  del  principio 
constitucional  de  protección  jurisdiccional  de  los  derechos  y  de  interdicción  de  la 
indefensión procesal que impide dar cabida en el Registro a una extralimitación del Juez, 
el Registrador, a los exclusivos efectos de la inscripción, debe calificar la competencia 
del Juez o Tribunal la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento 
seguido  y  los  obstáculos  que  surjan  del  Registro,  así  como  a  las  formalidades 
extrínsecas del documento presentado. En el presente caso, no se vulnera ni el principio 
de tracto sucesivo (el acto que pretende inscribirse deriva de otro previamente inscrito) ni 
se causa indefensión a los interesados al haber dado el oportuno traslado e intervención 
al titular registral afectado por dicha cancelación. Como quiera que Banco Popular 
Español, S.A., no se opuso ni a la venta ni a la solicitud de cancelación de cargas, ni 
siquiera recurrió en queja, resulta evidente que con sus propios actos se ha aquietado a 
las mismas por lo que su consentimiento debe interpretarse como prestado y así lo ha 
considerado el Juez del Concurso; en consecuencia, se debió proceder a la cancelación 
interesada por el comprador del vehículo matrícula (...). La competencia del Juez del 
Concurso  se  extiende  para  ordenar  también  la  cancelación  de  los  embargos  y 
anotaciones que afecten a los bienes que integran la masa activa del Concurso, toda vez 
que  su  mantenimiento  pueda  dificultar  gravemente  la  continuidad  de  la  actividad 
profesional  o  empresarial  del  concursado,  requisito  éste  que  ya  no  es  exigible  en 
supuestos como en el presente caso cuando se ha aprobado el plan de liquidación y la 
solicitud de venta y el levantamiento de las cargas resultan de la aplicación del Plan de 
Liquidación judicialmente aprobado. Debe señalarse que, el plan de liquidación, fue 
aprobado por el Juzgado competente para el conocimiento del procedimiento concursal, 
indicando  que  la  realización  de  los  activos  se  llevaría  a  cabo  libre  de  cargas  y 
gravámenes. Señalado lo anterior, debe manifestarse además, que la Jurisprudencia se 
ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la coordinación entre la subsistencia de 
embargos y prohibiciones de disponer previos al Concurso con la necesidad de transmitir 
dichos bienes en fase de liquidación libres de cargas pues en fase de liquidación como la 
que nos ocupa, esos bienes o derechos pasarán a formar parte del activo del deudor 
para el pago de los créditos, y ello siempre según la prelación de los mismos y, como no 
puede ser de otra forma, regidos, dentro de cada clase, por el principio de la «par 
conditio  creditorum»;  por  tanto,  como  subraya  la  Exposición  de  Motivos  de  la  Ley 
Concursal, «de la integración de los acreedores en la masa pasiva del concurso» con la 
finalidad de hacerles pago, total o parcialmente, de sus respectivos créditos, por el orden 
previsto en los arts. 154 y siguientes, sólo puede hacerse efectiva a través de la purga o 
extinción de todas las cargas o gravámenes que pesaran sobre los bienes del deudor, 
como indica la SAP de Barcelona, Sección 15.ª, de 15 de mayo de 2009 (los bienes se 
venden en liquidación libres de carga). La competencia exclusiva y excluyente del Juez 
del Concurso (arts. 86 ter 1 LOPJ y 8 LC) en materia de ejecución frente a los bienes y 
derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la 
hubiera ordenado, le faculta para adoptar las decisiones relativas al patrimonio del 
concurso  entre  ellas,  el  alzar  los  embargos  existentes.  En  este  sentido,  se  cita  la 
Sentencia 392/2012 de sección 1.il de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 16 de 
julio de 2012: «La competencia del juez del concurso en sede de liquidación, como en el  s
resto de materias previstas en el art. B LC, es exclusiva y excluyente, en línea con el  oe.
triple principio de unidad que informa la normativa concursal legal, de disciplina y de  w.
sistema. No se ven razones para que en sede de liquidación la aprobación del plan tenga  10ww
jquuries divcecnióirn , cloon dqiuceio naaddeam áas  udne  nporo ncuonnctaiar,m -ineonsto  paardemcein-i,s tcraotniv ou,n  rseovpisoarbtele  leagnatle  claortroa, 
cdoenl vqeurteir íala l ap frináactliidcaa d sdee  lean ccoanrgsae rvdaec iódnib eumjapr,r erseasruialtla ennd ou nc olabrjaemtiveon tteo dadvisíafu nmcáiosn ialul.s oNrioo   BOE-A-cable e
creemos que resulte preciso una atribución competencia/ expresa para autorizar un plan 
de liquidación en el que se incluya una previsión de no subrogación en cargas del deudor 
o en obligaciones laborales, que quedaría entonces siempre condicionado a su posterior 
ratificación por el organismo administrativo correspondiente (Fogasa, Hacienda Pública o 
TGSS) y a la revisión de su criterio por otra jurisdicción. Si el conocimiento de la 
legalidad de este pronunciamiento. -expresamente atribuido al juez del concurso en la 
medida en que, normalmente, constituirá uno de los apartados del plan-, implica que éste 
deba de abordar cuestiones que pudieran exceder del ámbito de su jurisdicción, habría 
de entenderse incluido en todo caso a los efectos prejudiciales que autoriza el art. 9 LC. 
Lo contrario, insistimos, resultaría disfuncional y contrario a los fines de la normativa 
concursal». En idéntico sentido, la Sentencia n.º 53/2019, de 14 de febrero del Juzgado 
Mixto n.º 1 de Toledo y las que en ella se citan: «En este sentido, el Auto del Juzgado de 
lo Mercantil núm. 1 de Oviedo de 12 marzo 2008 destacaba que «la posibilidad de 
reinicio con subsistencia de los embargos resulta incompatible con el carácter universal 
del procedimiento concursal y es natural consecuencia, como subraya la Exposición de 
Motivos de la Ley Concursal de la integración de los acreedores de la masa pasiva del 
concurso con la finalidad de hacerles pago, total o parcialmente, de sus respectivos 
créditos, por el orden previsto en los artículos 154 ss.... Esta finalidad satisfactoria en el 
seno del concurso solo puede hacerse efectiva a través de la purga o extinción de todas 
las cargas o gravámenes (no reales) que pesaran sobre los bienes del deudor... Con 
frecuencia  esa  purga  se  llevará  a  cabo  a  través  del  auto  aprobando  el  plan  de 
liquidación, en el que habrá de preverse la venta de esos bienes libres de cargas, 
dirigiendo a tal efecto comunicación a los Juzgados u otros organismos públicos que las 
hayan acordado al objeto de que procedan a su cancelación... Nada obsta a que con 
posterioridad el Juez del concurso ordene la cancelación de esas medidas de garantía». 
En términos coincidentes puede citarse también el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 
1 de Bilbao de 31 marzo 2008: «en principio el proceso de liquidación que regulan los 
artículos 148 de la ley Concursal obliga, conforme al plan de liquidación aprobado, o en 
aplicación de las normas subsidiarias del artículo 149 LC, a la enajenación de los bienes 
para  con  el  producto  obtenido  proceder  al  abono  de  los  créditos  en  el  modo  que 
disponen los artículos 15455....(...) Por lo tanto, para la enajenación del bien podrá 
acordarse en el auto de adjudicación correspondiente la cancelación de las cargas 
anteriores que tengan las características antes expresadas. No es posible que tras su 
realización permanezcan estos embargos inscritos, y corresponde al juez del concurso 
acordar su desaparición para que el adquirente no los padezca y para no otorgar un 
privilegio que la sola anotación no concede, para perseguir el bien así transmitido a un 
tercero»... los argumentos que entonces se utilizaban deben considerarse vigentes con 
independencia  de  la  introducción  del  último  inciso  del  art.  55,3  LC,  tanto  por  las 
características propias de estafase como por la expreso previsión incorporada como 
apdo. 3 del art. 149 LC. En efecto, el mantenimiento de las trabas administrativas no 
sería acorde con la naturaleza de la liquidación que, por definición, cierra la puerta a las 
ejecuciones separadas. Si la realización del bien no fuese libre de cargas el acreedor 
público ejecutante podría satisfacer su crédito de forma dispar a otros acreedores con 
igual  calificación,  alterando  el  principio  de  la  par  conditio  creditorum.  llegada  la 
liquidación  cualquier  instrumento  asociado  a  la  tutela  individual  del  crédito  ha  de 
desaparecer en beneficio del procedimiento concursal por lo tanto debe entenderse que 
la prohibición del último inciso del art. 55,3 LC no resulta de aplicación en sede de 
liquidación». Entiende pues esta AC en aquellos procedimientos concursales en los que  s
se  haya  aprobado  el  plan  de  liquidación  y  en  éste  se  prevean  expresamente  el  oe.
levantamiento de cargas y embargos como sucede en el caso que nos ocupa, deberá  w.
aplicarse el artículo 149.5 de la vigente Ley Concursal que establece: «En el auto de  10ww
adper ofobramcaió sne dpealr aredma,a pteo ro l odtee sl ao  trfoarnmsmanisdioó np adret el odse b uiennae es mop dreesreac oh ousn irdeaadli zpardoodsu,c ytiav as, eeal 
fjuaevoz r adceo rdcraérdái tloas  ccaonncceularscaiólens d, es atolvdoa sla sla sq ucea rggoacse ann dteer ioprreivsil eagl ioc oenscpuerscoia lc, ocnosntiftourimdaes  aal   BOE-A-cable e
artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia de gravamen». En el 
contrato de venta del Tractocamión matrícula (...) 4,24%; que entregados los 8.000€ a 
Banco Popular Español, S.A., se extingue el privilegio del que disfrutaba en el Concurso; 
que el resto de su crédito cambia en cuanto a su calificación pasando a ser ordinario; 
que los créditos ordinarios quedan sometidos a la regla general de la cancelabilidad por 
mandato del Juez del Concurso; que dicha cancelación queda sometida únicamente a 
doble condición en fase de liquidación (cancelación decretada a petición de la AC siendo 
las anotaciones anteriores al Concurso y que se dé audiencia previa a los afectados), 
siendo esa la situación en la que se encuentra la venta autorizada judicialmente del 
vehículo matrícula (...) en el Auto y el Mandamiento cuya inscripción se deniega, resulta 
todavía más difícil no entender que ha habido una clara extralimitación en sus funciones 
de la titular del Registro Mercantil.
En este sentido, la Resolución de la DGRN de 5 de octubre de 2017 [sic], establece 
que «la doctrina de la DGRN procura siempre respetar el principio de no revisar el fondo 
de  la  resolución  que  se  ejecuta  cuando  es  de  origen  judicial,  por  eso  admite  la 
cancelación  de  asientos  pese  a  no  constar  propiamente  demandados  los  titulares 
registrales siempre que ‘el órgano jurisdiccional que ha conocido del procedimiento se 
pronuncie en relación a si dichos terceros han tenido ocasión de intervenir en el proceso, 
si las sentencia les vincula y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de 
protección  en  términos  tales  que  el  obstáculo  registral  señalado  por  el  registrador 
desaparezca» (Resolución de 12 de marzo de 2014, B.O.E. 25 de abril de 2014). 
También se admite la cancelación derivada de un procedimiento de ejecución directa en 
que no se demandó ni requirió de pago al tercer poseedor inscrito porque: ‘en el decreto 
aclaratorio de 8 de marzo de 2017, que sí fue debidamente presentado en el Registro, 
consta que los cónyuges actuales titulares de la finca han formulado oposición y que la 
misma ha sido desestimada. Y aunque no figure el fundamento. de dicha oposición sí 
queda  suficientemente  acreditado  que  los  citados  titulares  registrales  han  tenido 
intervención directa en el procedimiento de ejecución, no pudiendo por tanto entenderse 
que ha existido indefensión en los términos antes indicados. Desestimada la oposición y 
finalizado el procedimiento, no puede la registradora cuestionar dicha decisión judicial, 
conforme a Jo señalado en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario». En el presente 
caso, resulta muy difícil explicar que el Registrador pueda, en su labor de calificación, 
denegar el acceso al Registro de aquellos documentos que tienen un origen judicial, 
precisamente por la obligación de cumplir los mandatos judiciales, hasta el punto de 
constituir  delito  la  negativa  de  todo  funcionario  público  en  este  sentido.  La  propia 
Dirección general, señala que la calificación de la congruencia el mandato judicial con el 
procedimiento  seguido,  entra  en  el  ámbito  de  la  calificación  registral,  sin  que  ello 
signifique, en absoluto, entrar en la validez, corrección o justicia de la decisión judicial, 
extremo que queda al margen de las competencias calificadoras de los registradores. 
Extremo  que  debe  achacarse  a  la  titular  del  Registro  de  Asturias,  al  haberse 
extralimitado en el ejercicio de sus funciones, causando con ello el enorme perjuicio que 
se ha irrogado para mi representada, al rechazar la inscripción del título de cancelación 
de cargas. Tanto el Auto como el Mandamiento que autorizan el levantamiento de la 
reserva de dominio, son resoluciones que tienen aptitud legal para provocar el asiento 
por lo que se ha de estar y pasar por dichas resoluciones judiciales y practicar la 
inscripción  solicitada  pues,  de  lo  contrario,  la  titular  del  Registro  interferiría  en  el 
fundamento de la resolución judicial y realizaría una actividad jurisdiccional que no le 
corresponde.  Así  sucede  en  este  caso,  donde  las  consideraciones  por  parte  del  s
Registrador corresponden propiamente al fondo de la se fijan las condiciones de la  oe.
transmisión  (libre  de  cargas  y  sin  asunción  de  deudas  de  la  concursada  por  el  w.
adquirente), por lo que negarse a practicar la inscripción solicitada y ordenada por el  10ww
rJeuszpgeacdtoo  ddee  lloa sM fearccualtnatdil ens. ºq 1u ed ele  Ocvoinefdieor,e  suepl oRneeg luanmae netxot raHliimpoittaecciaórnio  dye l sRuepgoinsetr audnoar 
veuxlcnluesraivcaió ny  deex cllousy eanrttes . d8e.l3  Jyu e1z4 9d.5e l LcCo,n ceunr stoa nyto  aq ulaes  nore galtaiesn dees taab lleac icdoams ppeateran cliaa   BOE-A-cable e
liquidación de los activos de la concursada a través de venta directa previa autorización 
judicial, tratándose además de un Auto que es meramente instrumental del Plan de 
Liquidación judicialmente aprobado, el cual, se reitera, no fue impugnado en ningún 
momento por el Banco Popular Español, S.A., aquietándose por tanto a su contenido, 
directrices y mandatos.
Por otra parte, la exigencia del Registro como requisito para la inscripción que se 
cancele el contrato de arrendamiento inscrito y que para ello se acompañe el documento 
de cancelación expedido por Banco Popular Español, S.A., en el que se haga constar 
que el arrendatario ejercitó la opción de compra para que el dominio del vehículo figure a 
favor de quien era arrendatario (D.ª S. A. D.), supone añadir una exigencia y unos 
condicionantes que ni tan siquiera han sido contemplados por el Juez del Concurso por 
lo que entiende esta AC que, tal exigencia de pretender llevarla a cabo, dejaría vacío de 
contenido el procedimiento judicial seguido para la venta del vehículo matrícula (...), lo 
que llevaría a tener que pensar en la inutilidad de la actividad y competencias legales del 
Juez  del  Concurso,  incluso  del  propio  Concurso,  lo  que  resulta  de  todo  punto 
inaceptable. En definitiva, no puede una calificación o requisito administrativos pretender 
estar por encima de una resolución o procedimiento judicial que, entre otras facultades, 
puede ordenar modificaciones, inscripciones y cancelaciones en los distintos Registros 
Públicos a fin, entre afros de evitar que tras la realización de los bienes, permanezcan 
los embargos inscritos para que los padezca el nuevo adquirente, otorgando un privilegio 
que la sola anotación no concede para perseguir el bien así transmitido a un tercero. Tal 
posibilidad imposibilitaría la aplicación práctica de la Ley Concursal, lo que no es factible 
ni permitido. En consecuencia, entiende esta AC que la calificación contra la que se 
recurre, dicho en términos de defensa, supone una extralimitación del Registrador de las 
facultades que le confiere el art. 100 del Reglamento Hipotecario y, además supone una 
vulneración de los arts. 8.3 y 149.5 de la Ley Concursal en tanto que no atiende a la 
competencia exclusiva y excluyente del Juez del Concurso y a las reglas establecidas 
para la liquidación de los activos de la concursada, así como un claro incumplimiento de 
valores supremos del ordenamiento jurídico, la ejecutividad de las resoluciones judiciales 
sin que ningún obstáculo pueda poner ninguna autoridad o persona a su cumplimiento 
(Principio  consagrado  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  en  su  artículo  18,  y 
fundamento del Estado de Derecho; el artículo 118 de la Constitución). Teniendo en 
cuenta que, la compra del vehículo se realizó por 94.030,15€; que Banco Popular 
Español, S.A., comunicó a esta AC el reconocimiento de un crédito en relación por el 
contrato de arrendamiento financiero (leasing) n.º (…) originador de esa operación, por 
importe  de  11.986,51€;  que  la  autorización  judicial  de  venta  se  hizo  por  importe 
de 8.000€; que en consecuencia la concursada habría abonado ya el 95,76% de las 
cuotas (94.030,15 - 11.986,51 = 82.043,64); (82.043,64 + 8.000 = 90.043,64); [(11.986,51 
- 8.000) = (94.030,15 - 90.043,64) = 3.986,51], quedando únicamente pendiente de 
satisfacer el resolución judicial, por lo que fundarse en tales argumentos a la hora de 
proceder a su calificación registral supone una extralimitación de su función calificadora 
respecto de los documentos judiciales. En consecuencia, el presente Recurso ha de ser 
estimado, considerando el Auto y el Mandamiento de fecha 16 de enero de 2020, 
dictados por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo en los autos de Concurso 
Ordinario  n.º  88/2014,  NIG  33044-47-1-2014-0000231  (Pieza  Cuestión  Incidental 
Especial Pronunciamiento 88/2014 0002 - Autorización Judicial-B) relativo a Doña S. A. 
D., título suficiente para acceder al levantamiento de la reserva de dominio que pesa 
sobre el vehículo matrícula (...), Bastidor (…), Tractocamión marca (…), Modelo (…), sin  s
necesidad de documento de cancelación expedido por Banco Popular Español, S.A. que  oe.
se requiere en la calificación que se recurre. w.
IV
califLicaa crieógni syt realedvoóra e le emxiptieód iiennfoterm ae e setel  Cdíean t8ro  dDeir ejuctnivioo .de  2020,  mantuvo  la  nota  de  BOE-A-cable e
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  7  a  10  de  la  Ley  venta  a  Plazos  de  Bienes  Muebles;  el 
artículo 198.3 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Concursal; el artículo 4 de la Ordenanza para el Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles aprobada por Orden del Ministerio de Justicia de 19 
de julio de 1999; las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1981, 18 de 
noviembre de 1983, 26 de junio de 1989, 22 de abril de 1991, 8 de julio de 1992, 22 de 
febrero de 2006, 11 de febrero de 2020, 21 de noviembre de 2017 y 4 de junio de 2019. 
Así como la resolución de este Centro Directivo de 20 de septiembre de 2018.
1.  Con fecha 28 de enero de 2020, se presenta mandamiento, en que se inserta 
auto de 16 de enero de 2020, en el que se autoriza al levantamiento de la reserva de 
dominio que pesa sobre el siguiente bien: vehículo marca (…) modelo (…), matrícula 
(…). Se ordena así por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo, encargado de 
resolver el Concurso n.º 88/2014, seguido contra la arrendataria financiera del vehículo 
Doña S. A. D., una vez se ha autorizado judicialmente la venta del referido vehículo. La 
registradora suspende la cancelación de la reserva de dominio porque -según su nota de 
calificación- lo que consta inscrito es un arrendamiento financiero. La administradora 
Concursal en sustitución de las facultades de administración y disposición de la deudora, 
recurre la calificación alegando que la venta del vehículo se hizo dentro de un plan de 
liquidación autorizado judicialmente en el que el Banco arrendador financiero no ha 
recurrido y que se ordenó la cancelación de las cargas anteriores.
2.  Ambas figuras, la reserva de dominio y el arrendamiento financiero, aunque 
algún sector doctrinal haya visto alguna similitud, son fundamentalmente distintas. La 
reserva de dominio, como su propio nombre indica, consiste en una retención de la 
propiedad por el vendedor hasta el pago del precio por el comprador. Se produce en el 
seno  de  un  contrato  de  compraventa  con  precio  aplazado  y  en  los  préstamos  de 
financiación a comprador donde el vendedor puede ceder esa garantía al financiador. Es 
precisamente en el ámbito de la compraventa a plazos y los préstamos de financiación, 
donde la reserva de dominio despliega sus funciones de garantía. Una vez inscrita, la 
presunción de legitimación derivada del Registro de Bienes Muebles despliega toda su 
eficacia en favor del vendedor o financiador que tiene reservado el dominio a su favor.
Por el contrario el arrendamiento financiero constituye una operación crediticia, un 
contrato  complejo,  atípico,  regido  por  disposiciones  específicas  de  contenido  no 
uniforme, que se caracteriza por: a) encargo de adquisición por el usuario a la compañía 
de leasing de un bien determinado a un proveedor y por un precio designado por el 
usuario; b) una vez aceptado por la compañía de leasing se formaliza el contrato de 
compraventa para la adquisición del bien, en los términos fijados por el usuario; c) 
seguidamente se concierta el contrato de arrendamiento sobre la cosa adquirida, que 
contiene una opción de compra ejercitable por el usuario al finalizar el período de cesión 
de uso.
3.  El Tribunal Supremo en numerosas sentencias (véase las citadas en los vistos), 
ha sancionado la falta de identidad entre la compraventa de bienes muebles a plazos y el 
contrato de arrendamiento financiero o «leasing».
La jurisprudencia configura el arrendamiento financiero, mayoritariamente, como un 
contrato complejo –de cesión de uso con opción de compra–, con causa única, y en 
principio atípico, que tiene «como objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o 
inmuebles, adquiridos con dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a  e
cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, y que  bo
incluirá necesariamente una opción de compra a su término a favor del usuario». 10ww
cedeA ssíu,  euns oe ld aer rmenoddaom qiueen,t op ofirn asun cpierorop inao n saetu trraalneszma,i tneo l ac apbroep eiesdtaabdl edceel rb pieanc,t os ianlog uqnuoe  dsee 
rpeesretervnae cedne  ad lao menintiiod adn if indaen cpierroah/iabrirceiónnd addoer , dqiusep osnoenr .s uLso tsit ublaierense sle goítbimjeotos .de  leasing
Existe entre la reserva de dominio y el arrendamiento financiero una diferencia 
esencial: en la compraventa a plazos, al finalizar el contrato, se le transmite directamente 
la propiedad del bien al comprador cuando cumple con el pago de la última cuota. Es 
decir,  el  pago  de  todas  las  cuotas  estipuladas  determinará  irremediablemente  la 
adquisición de la propiedad del bien, porque esta es la única finalidad del contrato: la 
transmisión de la propiedad. Sin embargo, en el arrendamiento financiero, no solo se 
pacta una contraprestación fraccionada por el uso de la cosa, sino que además debe 
existir  siempre  una  opción  de  compra.  Ello  comporta  que  al  finalizar  el  contrato  y 
habiendo abonado el usuario todas las cuotas estipuladas, esto no conlleve directamente 
a la adquisición de la propiedad del bien. Ésta solo se conseguirá si el usuario decide 
ejercitar su derecho de opción, el cual cumple la función económica de un precio 
autónomo; no de cuota. Si el usuario no ejercita la opción, a pesar de haber abonado 
todos los cánones, no adquirirá la propiedad del bien, aunque sí lo habrá utilizado.
4.  No  se  trata  de  disquisiciones  teóricas,  ya  que  la  diferencia  entre  una 
compraventa a plazos con reserva de dominio y un arrendamiento financiero con opción 
de compra conlleva consecuencias bien distintas, especialmente en el ámbito concursal 
en  el  que  se  sitúa  este  expediente.  En  efecto  es  discutida  doctrinal  y 
jurisprudencialmente la posibilidad de la venta en el plan de liquidación de los bienes 
cedidos en arrendamiento financiero.
Dispone así el artículo 82.5 de la vigente Ley concursal (198.3 del Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, Texto Refundido de la Ley Concursal) los bienes de 
propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no 
se incluirán en el inventario, ni será necesario su avalúo. Por excepción se incluirá en el 
inventario el derecho de uso sobre un bien de propiedad ajena si el concursado fuera 
arrendatario financiero.
Dado que la masa activa del concurso está constituida por la totalidad de los bienes y 
derechos integrados en el patrimonio del concursado a la fecha de la declaración de 
concurso y por los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del 
procedimiento (artículo 192 TRLC) para un sector jurisprudencial mayoritario el plan de 
liquidación debe prever la realización de bienes y derechos integrados en la masa activa 
del  concurso,  y  que  los  bienes  cedidos  en  leasing  son  titularidad  del  arrendador 
financiero, por lo que -a diferencia de los bienes con pacto de reserva de dominio- no 
deben ser incluidos en el inventario, debiendo figurar únicamente el derecho de uso 
sobre los mismos.
Es cierto que hay otra línea jurisprudencial minoritaria que considera, en cambio, que 
el reconocimiento al arrendador financiero de la condición de acreedor con privilegio 
especial sobre los bienes arrendados (vigente artículo 90.1.4.º de la ley concursal, 
artículo 270.4 del TRLC, que entrará en vigor el 1 de septiembre) implica que en sede de 
liquidación no pueda separar los bienes, que pasan a ser titularidad del concursado, por 
lo que sí deben ser realizados para, con su producto, atender el privilegio especial, 
equiparándolo a la reserva de dominio.
5.  En cuanto al ámbito de calificación registral del artículo 100 RH debe recordarse 
que incluye la existencia de obstáculos registrales. En relación con la función calificadora 
que los registradores ejercen respecto de los documentos judiciales, cabe destacar la 
reciente  Sentencia  de  Pleno  de  la  Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal  Supremo,  la 
número 625/2017, de 21 de noviembre, relativa a una Resolución de esta Dirección 
General. Dicha resolución del Alto Tribunal, no obstante tener un objeto que no tiene que 
ver con el de este recurso, analiza la función del registrador en torno a los documentos  s
judiciales y la posterior valoración de hechos que no pudieron tenerse en cuenta por el  oe.
registrador y por la Dirección General. Dice la citada Sentencia en su fundamento  w.
tercero: «(…) Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función calificadora  10ww
rqeusep eccotno  dcea rláocst edro cguemneernatlo sle  ecxopnefdieidreo sa pl orre lgai satruatdoorird aedl  jaurdt.i c1ia8l  eLlH a,r ty.  1m00á sR Hen.  Cpoanrtfiocrumlaer 
alel gaarltid. a1d8  dLeH ,l aesl  rfeogrmisatrsa deoxrt rdínes elac apsr odpeie dloasd  ddoecbuem ceanlitfoicsa re, nb acjuoy sau  vriretsupdo nssea bsoilildicaitda,  llaa   BOE-A-cable e
inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos 
contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos 
registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el art. 100 
RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado o 
tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se 
hubiera  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento  presentado  y  a  los 
obstáculos que surjan del Registro. Esta función calificadora no le permite al registrador 
revisar  el  fondo  de  la  resolución  judicial  en  la  que  se  basa  el  mandamiento  de 
cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el 
mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que 
preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya 
cancelación se ordena por el tribunal».
Este centro directivo -véase resolución de 20 de septiembre de 2018- recuerda como 
el  registrador  puede  calificar  la  congruencia  del  plan  de  liquidación  aprobado 
judicialmente con la normativa registral.
Como recuerda la RDGRN de 18 de enero de 2018 «la función calificadora del 
registrador incluye ese juicio de congruencia, es decir, el juicio sobre la validez del acto 
dispositivo por su conformidad a esas reglas. Conforme a la normativa vigente, no puede 
ponerse en duda que el registrador, al analizar una operación de liquidación inscribible 
en el Registro, debe calificar si la operación es o no conforme con el plan de liquidación 
aprobado por el juez, con o sin modificaciones, o, en defecto de aprobación o de 
específica previsión, con las reglas legales supletorias. La Ley establece expresamente 
que la calificación del título presentado a inscripción incluye el juicio de validez de los 
actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas «por lo que resulte de ellas y de 
los asientos del Registro» (artículo 18, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria). Si en el 
Registro de la Propiedad figuran anotada o inscrita, como es preceptivo, la declaración 
de concurso y la apertura de la fase de liquidación de la masa activa, el registrador tiene 
base más que suficiente, según esos asientos, para que la función calificadora incluya 
ese juicio de validez del acto de enajenación.
La STS de 21 de noviembre de 2017, precisamente en un recurso contra una 
RDGRN, expresamente considera el Alto Tribunal que es una cuestión calificable por el 
registrador. El mandamiento debe constar expresamente el cumplimiento del plan de 
liquidación y los requisitos exigidos por la legislación concursal sin que baste afirmarlo o 
acreditarlo en el recurso. En los mismos términos se pronuncia la STS de 4 de junio 
de 2019.
6.  En definitiva, en el caso objeto de este expediente es cierto que hay aprobado un 
plan de liquidación por el juez del concurso en el que se ordena la cancelación. Pero 
también  es  cierto  es  que  existe  un  claro  obstáculo  registral,  al  ordenarse  el 
levantamiento de una reserva  de dominio inexistente, sin que el juez haya podido 
pronunciarse  con  conocimiento  de  causa  sobre  la  inclusión  o  no  del  activo  en  el 
inventario y sobre la procedencia o no de incluirlo en el plan de liquidación.
Sea cual sea la decisión que tome el juez del concurso sobre incluir el activo o no en 
el  plan  de  liquidación,  siempre  será  sobre  la  base  de  que  los  datos  aportados  al 
expediente  sean  correctos  -en  particular  congruente  el  inventario  con  los  registros 
públicos-,  de  manera  que  no  basta  registralmente  para  cancelar  un  arrendamiento 
financiero sobre un vehículo el mandamiento judicial en el que en el plan de liquidación 
aprobado expresamente se ordena la cancelación de una reserva de dominio, que como 
se ve son conceptualmente distintos y que tiene o puede tener consecuencias diversas  s
en su tratamiento concursal. oe.
El  defecto  no  obstante  es  fácilmente  subsanable,  mediante  mandamiento  w.
complementario, en el que el juez expresamente cancele el arrendamiento financiero  10ww
rmeigsimstora tdraot a-ym nieon ltao  rceosnecrvuars dael q duoem ain uion ain reexsiestrevnat ed-e  sdi oemntienniod.iera que quiere dar a aquél el
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos,  esta  Dirección  General  ha  acordado  la  desestimación  del  recurso  y  la 
confirmación de la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de julio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.