BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7684
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1127 Pleno.  Auto  184/2019,  de  18  de  diciembre  de  2019.  Impugnación  de 
disposiciones autonómicas 5813-2018. Estima incidente de ejecución de la 
STC 98/2019, de 17 de julio, instado por el Gobierno de la Nación respecto 
de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas 
para la Cataluña real.
ECLI:ES:TC:2019:184A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, en el incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, 
promovido el día 7 de octubre de 2019 por el Gobierno de la Nación en relación con 
determinados incisos de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las 
propuestas para la Cataluña real», aprobada en la sesión de 25 de julio de 2019, ha 
dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 7 de noviembre de 2018, el 
Gobierno de la Nación, representado por el abogado del Estado, al amparo de lo 
dispuesto en los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), impugnó las letras c) y d) del apartado decimoquinto del epígrafe II de la 
Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre la 
«priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia» (en adelante, la 
resolución  92/XII),  publicada  en  el  «Butlletí  Oficial  del  Parlament  de  Catalunya» 
(«BOPC»), núm. 177, de 18 de octubre de 2018.
La impugnación, tramitada bajo el núm. 5813-2018, fue estimada por STC 98/2019, 
de 17 de julio («Boletín Oficial del Estado» núm. 192, de 12 de agosto de 2019), que 
declaró inconstitucionales y nulas las citadas letras c) y d) del apartado decimoquinto del 
epígrafe II de la resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña.
2.  Por escrito registrado en este Tribunal el día 7 de octubre de 2019, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 
LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, respecto de 
determinados  incisos  de  los  apartados  I.1,  I.2  y  I.3  de  la  Resolución  534/XII  del 
Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», aprobada en la 
sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el «Butlletí Oficial del Parlament de  s
Catalunya» núm. 400, de 1 de agosto de 2019. oe.
De acuerdo con su única versión oficial, en catalán, los incisos de los apartados I.1,  w.
sI.i2g uyi eI.n3t ed eco lnat erensidoolu:ción 534/XII, que son objeto de este incidente de ejecución tienen el  2020-1127n https://w
«I.  Respostes de país a la situació política.
I.1  Autogovern, drets humans i cerca de solucions dialogades.
3.  El  Parlament  de  Catalunya,  per  a  exercir  la  més  ferma  defensa  dels  drets 
humans:
[…]
e)  Reafirma el seu compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició 
d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia, tal com ja va quedar recollit 
en la resolució 92/XII, aprovada per la majoria del Parlament de Catalunya, i reafirma 
també el seu rebuig al posicionament del rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte 
català i a la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials el Primer 
d’Octubre.
I.2  Legitimitat democràtica, sobirania popular i acció política.
6.
2.  El Parlament de Catalunya es referma en la seva reprovació de Felip VI pel seu 
posicionament i la seva intervenció amb relació al conflicte democràtic que genera la 
negació de drets civils i polítics a Catalunya per part de l’Estat espanyol.
[…]
I.3  La sentència del Tribunal Suprem pel judici del Primer d’Octubre.
[…]
7.
[…]
2.  El Parlament de Catalunya referma el seu dret d’expressar valoracions i opinions 
polítiques sobre l’actuació i el futur de la institució monàrquica i el seu compromís amb 
els valors republicans, tal com expressava en la Resolució 92/XII, sobre la priorització de 
l’agenda social i la recuperació de la convivència».
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 4 de octubre de 2019, por el que se 
decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 92 
LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos incisos de los apartados I.1, I.2 y 
I.3 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la 
Cataluña real», por incumplimiento de la STC 98/2019, para que se declare la nulidad de 
esos incisos; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se produzca la 
inmediata suspensión de los incisos controvertidos.
3.  El abogado del Estado, de conformidad con la certificación del Consejo de 
Ministros aportada, solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico alguno los incisos 
señalados de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña, por contravenir la STC 98/2019.
Solicita también que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, 
produce la inmediata suspensión de los referidos incisos de la resolución 534/XII.
Interesa, asimismo, que, conforme a lo previsto en el art. 87.1 LOTC, se notifique 
personalmente la providencia por la que se admita a trámite el incidente de ejecución, 
con suspensión de los apartados impugnados, al presidente del Parlamento de Cataluña, 
a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia de su 
obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la  e
suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en  bo
las que pudieran incurrir. w
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Parlamento de Cataluña, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa,
jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 98/2019, y la decisión que este Tribunal dicte, caso de ser 
estimada esta demanda incidental, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que, a continuación, se recogen:
a)  En  un  primer  apartado  de  «hechos»,  comienza  recogiendo  la  cita  de  la 
STC 98/2019, de 17 de julio, y la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las 
letras c) y d) del apartado decimoquinto del epígrafe II de la resolución 92/XII del 
Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre, que aquella pronunció, así como la relativa a 
la certificación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2019, que ha 
decidido plantear incidente de ejecución de la referida sentencia ante este Tribunal.
b)  Seguidamente, ya en los fundamentos de derecho, se refiere a la «normativa 
procesal que sirve de base para la formulación del presente incidente de ejecución de 
sentencia» y cita, al efecto, el primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados primero, 
tercero y cuarto, primer párrafo, del art. 92 LOTC, para referirse, a continuación, al 
ATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 3, donde 
se destaca que, conforme a reiterada doctrina constitucional, este tipo de incidentes 
tienen  por  finalidad  garantizar  la  defensa  de  la  posición  institucional  del  Tribunal 
Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito 
jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera 
menoscabarla.
c)  Razona, asimismo, en relación con la «admisibilidad del incidente contra la 
resolución del Parlamento de Cataluña», que la idoneidad de los actos del Parlamento 
de Cataluña del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está 
fuera de duda, a la luz de la doctrina contenida en las SSTC 42/2014, de 25 de marzo, 
FJ 2, y 259/2015, FJ 2, así como en los AATC 141/2016, de 19 de julio; 170/2016, de 6 
de octubre, y 24/2017, de 14 de febrero.
Señala, a continuación, que la resolución 534/XII ha sido acordada el día 25 de julio 
de 2019 por el Pleno del Parlamento, órgano de la comunidad autónoma que representa 
al pueblo de Cataluña (art. 55.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC), de 
acuerdo con los arts. 151 y 152 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC), en 
el contexto de la celebración del «Debate general sobre las propuestas para la Cataluña 
real». Previamente, las propuestas de las resoluciones fueron admitidas a trámite por la 
mesa y luego el presidente del Parlamento las sometió a votación del pleno.
En los incisos impugnados de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII, que 
antes quedaron reproducidos, destaca el abogado del Estado que estas decisiones 
«insisten en el contenido de la resolución 92/XII», que «llegan a citar expresamente, 
afirmando, así, que la STC dictada no vincula al Parlamento».
d)  El  escrito  de  demanda  incidental  sostiene,  al  respecto,  que  los  incisos 
impugnados incurren en una triple contradicción con la STC 98/2019:
(i)  En primer lugar, expone que en la decisión I.1.3 e) de la resolución 534/XII, «se 
menciona expresamente la resolución 92/XII y afirma el rechazo al posicionamiento del 
Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán y a su justificación de la violencia 
ejercida por los cuerpos policiales el primero de octubre».
(ii)  En segundo término, alude a la decisión I.2.2 donde, a su juicio, «se reitera la 
reprobación de Felipe VI "por su posicionamiento y su intervención con relación al  e
conflicto democrático" (sic)». bo
(iii)  Por último, la decisión I.3.2 «está redactada desafiando claramente lo decidido  w
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convivencia"».
e)  El abogado del Estado cita, precisamente, el fundamento jurídico 1.2 de la 
STC 98/2019, para sostener el carácter impugnable de esta resolución, pasando, a 
continuación, a recoger su contenido expreso.
Según señala, la impugnación ahora planteada es «idéntica» a la que fue objeto de 
resolución por la STC 98/2019, ha sido adoptada en el ámbito de un debate de política 
general sobre el estado de la Cataluña real (art. 154 RPC), del que se deducen (art. 155 
RPC) «la presentación y aprobación de las propuestas de resolución».
Prosigue su expositivo destacando que la «voluntad de incumplir la decisión del 
Tribunal no es inocente», pues «fija una posición institucional de la Cámara de censura 
expresa de S.M. el Rey D. Felipe VI, para lo cual el Tribunal ha expresado carecen de 
competencia las Comunidades autónomas y es contrario a la posición institucional del 
Rey en la Norma Fundamental». Añade que los diversos incisos impugnados «guardan 
entre sí una indudable unidad de sentido, […] en cuanto todos van dirigidos a la censura 
de la Monarquía y de S.M. el Rey» y los hechos por los que se expresa esta censura al 
monarca «están íntimamente vinculados con el proceso secesionista» del año 2017, que 
dieron lugar a la posterior aplicación del art. 155 CE. Además, la «similitud» entre las 
resoluciones impugnadas (se refiere a las decisiones) y la anulada (resolución 92/XII) es 
evidente puesto que llegan a utilizar las mismas palabras, deteniéndose en la relación de 
las identidades que aprecia.
f)  El siguiente apartado, bajo la rúbrica «vulneración clara y frontal por la resolución 
impugnada de la STC de 17 de julio de 2019», el escrito del abogado del Estado recoge 
el texto del fundamento jurídico 4 letras c) y d) de la STC 98/2019 para concluir que los 
incisos impugnados contienen «un claro incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal», 
reiterando en la práctica totalidad el contenido de la resolución 92/XII, por lo que incurren 
en una vulneración de la precitada STC 98/2019.
g)  Después de hacer unas detalladas consideraciones sobre el deber de la mesa 
del  Parlamento  Catalán  de  inadmitir  a  trámite  las  propuestas  de  resolución  que 
contradigan la STC 98/2019, que no son de interés para la decisión que ha de adoptarse 
en este incidente, puesto que el objeto de impugnación se refiere, en exclusiva, a la 
resolución que finalmente fue adoptada por el Pleno del Parlamento, el escrito del 
abogado del Estado prosigue con un último apartado, que lleva la rúbrica: «Necesidad de 
adoptar las medidas de ejecución necesarias para la efectividad de la STC de 17 de julio 
de  2019»,  en  que  se  incluyen,  además  de  la  petición  de  que  sean  declaradas 
inconstitucionales y nulas las decisiones recogidas en los incisos impugnados, una serie 
de solicitudes a este Tribunal sobre las que, inmediatamente después se pronunciaría el 
Pleno de este Tribunal en la providencia de 10 de octubre de 2019, que se detalla en el 
siguiente antecedente.
4.  Por providencia de 10 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por recibido el escrito presentado el 7 de octubre de 2019 por el abogado 
del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), en relación 
con determinados incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para la Cataluña 
real», por contravención de la STC 98/2019, de 17 de julio.
Asimismo, decidió «dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por 
conducto de su Presidente», de las peticiones formuladas en el incidente de ejecución, 
de conformidad con el art. 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez días 
pudieran formular las alegaciones que estimasen convenientes.
Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 CE, lo  e.
que,  a  su  tenor,  produce  la  suspensión  de  los  mencionados  incisos  de  la  w.b
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los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez 
y doña Adriana Delgado i Herrero, con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Asimismo, acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás 
miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia de su 
obligación  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar 
cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 98/2019.
5.  En  este  antecedente  quedan  recogidas  todas  las  actuaciones  que  guardan 
relación  con  diferentes  solicitudes  de  personación  y  formulación  de  alegaciones 
presentadas por distintos diputados y diputadas, integrantes del Parlamento Catalán y la 
resolución que fue acordada por este Tribunal en respuesta a las mismas:
a)  Por medio de escrito, que tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el 
día 16 de octubre de 2019, los señores don Josep Costa i Roselló y don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, respectivamente, vicepresidente primero y secretario primero 
de  la  mesa  del  Parlamento  de  Cataluña,  representados  por  el  procurador  de  los 
tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz y defendidos por el letrado don Jaume 
Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron que se les tuviera por personados y parte en el 
presente  incidente  de  ejecución,  a  los  efectos  de  poder  defender  sus  derechos  e 
intereses legítimos como miembros de la indicada mesa de la institución parlamentaria 
catalana  y,  al  mismo  tiempo,  interpusieron  recurso  de  súplica  contra  la  anterior 
providencia de este Tribunal de 10 de octubre de 2019.
b)  Igualmente, el día 17 de octubre de 2019 se registró en este Tribunal otro escrito 
firmado por doña Elsa Artadi Vila y treinta y una personas más en su condición de 
diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, representados por el procurador de 
los tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz y defendidos por el letrado don Jaume 
Alonso-Cuevillas i Sayrol, que, del mismo modo, solicitaron personarse y que se les 
tuviera por parte en este incidente de ejecución y, al mismo tiempo, formalizaron recurso 
de súplica contra la ya citada providencia de 10 de octubre de 2019, interesando que se 
dejara  sin  efecto  y  se  inadmitiera  la  impugnación  de  la  resolución  534/XII; 
subsidiariamente, interesaron que se dejaran sin efecto los apartados tercero, cuarto, 
quinto y sexto de la providencia.
Tras  razonar  que  se  encuentran  legitimados  para  intervenir  en  el  incidente  de 
ejecución  porque  este  afecta  a  su  ius  in  officium  como  diputados  y  diputadas  del 
Parlamento de Cataluña, exponen los razonamientos en que se funda su recurso de 
súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019, coincidentes por completo con 
los expresados en el recurso de súplica interpuesto por el vicepresidente primero y el 
secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, pertenecientes también al 
grupo parlamentario Junts per Catalunya y que actúan bajo la misma representación y 
defensa. Estos motivos son los mismos que los que posteriormente, en el antecedente 8 
de este auto se exponen con detalle.
c)  Por medio de posterior ATC de 12 de noviembre de 2019, el Pleno de este 
Tribunal acordó: (i) tener por personados y parte, limitada a los solos efectos de que en 
este  procedimiento  pudieran  defender  sus  derechos  e  intereses  legítimos  a  título 
particular, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus  e
servicios jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull.  bo
(ii) Inadmitir el recurso de súplica interpuesto por don Josep Costa i Roselló y don Eusebi  w
Cquaem epld empisamdroó sh ai bPíuac suirduoll  pcorensteran tlaad por ofuveidrean dceial  pdlea z1o0  pdree voiscttou beren  deel  a2r0t.1 993, .p2o Lr OenTtCen. d(ieiir)   2020-1127n https://w
CDaatra aluuñdaie yn caila M pionri sptelarzioo  Fciosmcaúl np adrea  dqiueez  adlíeagsa aral nG osboiberren ola  dper olac eNdaecnicóina,  dael  Plaa irnlatemrveenntoc iódne 
de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña en este incidente de ejecución, 
que lo solicitaron mediante escrito presentado el día 17 de octubre de 2019.
d)  El día 28 de noviembre de 2019 quedó registrado en este Tribunal el escrito del 
abogado del Estado, que se opone a tener por personados y parte a los 32 diputados y 
diputadas del Parlamento de Cataluña solicitantes.
Las razones de su oposición se fundamentan en que: (i) Conforme a la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, la legitimación en este incidente de ejecución corresponde de 
modo exclusivo a los que fueron parte en el procedimiento inicial, sin perjuicio de la 
intervención  de  quiénes  puedan  ser  requeridos  por  este  Tribunal,  en  cuanto 
individualmente  afectados  por  el  contenido  que  pueda  incorporar  expresamente  el 
requerimiento; (ii) el incidente tiene un objeto determinado y su ámbito de cognición se 
encuentra limitado a lo que ha declarado la doctrina de este Tribunal, por lo que no cabe 
hacer valer intereses distintos a la impugnación o defensa del acto objeto del incidente; 
(iii) menos cabe «alegar como título de intervención el ius in officium de los diputados, 
pues éste, de conformidad con el artículo 87 LOTC, no comprende un imposible derecho 
a la tramitación y aprobación de iniciativas parlamentarias que contravengan lo resuelto 
por el Tribunal, que, es en realidad, lo que están reclamando los que pretenden la 
intervención»; (iv) tampoco cabe la alusión a la doctrina del ATC 5/2018, de 27 de enero, 
que han invocado los solicitantes de personación, pues se trataba de un supuesto 
particularísimo como era el de la impugnación, a través del procedimiento del título V 
LOTC, de las decisiones del Presidente del Parlamento de Cataluña de designar a don 
Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la Presidencia de la Generalitat para la 
sesión de investidura que iba a tener lugar el día 30 de enero de 2018. En este caso, 
según refiere el abogado del Estado, este Tribunal les reconoció legitimación a los 
solicitantes porque la decisión que se adoptara cuando resolviera la impugnación podría 
incidir en sus derechos e intereses legítimos, lo que no sucede en el caso de autos; (v) 
tampoco afecta la eventual decisión de tener por inadmitida la personación de los 
solicitantes a su derecho de acceso a la jurisdicción porque el incidente de ejecución y la 
legitimación para intervenir en un procedimiento de esta naturaleza no proviene de la 
protección de un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de 
la  garantía  del  cumplimiento  de  las  resoluciones  de  este  Tribunal;  (vi)  por  último, 
descarta también la afectación de los derechos de reunión y de libertad de expresión de 
los solicitantes porque, en cuanto al primero, la decisión de admitir a trámite no ha 
prohibido la celebración de ninguna reunión y, en cuanto al segundo, cuando se ha 
adoptado una resolución por el Pleno de la Cámara parlamentaria catalana «constituye 
la expresión de la voluntad de un órgano del Estado» y, por tanto, solo puede hablarse 
de  ejercicio  de  competencias  y  de  potestades  fiduciarias,  pero  no  de  derechos 
fundamentales como garantías de libertad en un ámbito de la existencia.
e)  El trámite de audiencia abierto al Ministerio Fiscal ha sido despachado por este 
mediante escrito que tuvo entrada el día 3 de diciembre de 2019 en el registro general de 
este Tribunal, en el que se opone a que los treinta y dos diputados y diputadas firmantes 
se personen y formulen alegaciones en el presente incidente, toda vez que carecen de 
interés legítimo respecto del mismo, en la medida en que se trata de «un proceso que 
tiene un marcado carácter objetivo pues lo que en él se acciona no pretende una ventaja 
personal, sino procurar que se observe el deber de los poderes públicos de cumplir lo 
que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE), de manera que la legitimación se 
concreta a las partes del procedimiento» y «a la audiencia del Ministerio Fiscal y del 
órgano que dictó el acto (art. 92 LOTC)». Por otro lado, las decisiones adoptadas por la  s
providencia  de  10  de  octubre  de  2019  no  guardan  ninguna  relación  con  los  oe.
parlamentarios  solicitantes,  que  en  nada  se  ven  afectados  en  sus  derechos  de  w.
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f)  En escrito presentado el día 4 de diciembre de 2019, el letrado del Parlamento de 
Cataluña  alega  que  esta  Cámara  «no  tiene  ninguna  objeción  jurídica  sobre  la 
procedencia de la legitimación para comparecer de los diputados y diputadas, en el 
referido incidente de ejecución, a los efectos de que puedan defender sus derechos e 
intereses legítimos». Entiende, al respecto, que, con fundamento en el art. 13 de la Ley 
de enjuiciamiento civil, de aplicación supletoria a este procedimiento por la remisión que 
a esta ley y a la Ley Orgánica del Poder Judicial hace el art. 80 LOTC, debe aceptarse 
tal personación, teniendo en cuenta, además, las alegaciones que aquellos hicieron en el 
recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 10 de octubre de 2019, en el que 
invocaron la vulneración del ius in officium.
6.  En escrito, que quedó registrado el día 31 de octubre de 2019 en este Tribunal, 
el letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que así ha acreditado por 
medio de certificación, ha comparecido ante este Tribunal solicitando, primeramente, la 
inadmisión  y,  de  modo  subsidiario,  la  desestimación  del  incidente  de  ejecución 
promovido por el Gobierno de la Nación.
El escrito de alegaciones se articula en torno a dos grandes apartados: (i) De 
carácter  formal  y  procesal,  en  el  que  suscita  la  concurrencia  de  dos  excepciones 
procesales para sostener la inadmisibilidad de este incidente de ejecución; y (ii), de 
naturaleza  y  alcance  sustantivo,  en  el  que  incluye  otras  tres  consideraciones  que 
controvierten la argumentación de la demanda incidental del abogado del Estado, para 
solicitar después, de modo subsidiario, la desestimación de aquella demanda.
A)  Excepciones procesales:
a)  Comienza el escrito con un primer apartado en el que la representación del 
Parlamento de Cataluña formula una excepción procesal a la admisión de este incidente 
de  ejecución,  pues  «se  halla  fuera  de  plazo  y  pretende  dar  cobijo  a  una  acción 
impugnatoria igualmente extemporánea, como es la establecida en el título V LOTC».
A este respecto, cita el contenido del art. 80 LOTC y recoge expresamente el texto 
de su párrafo segundo, señalando que, «en materia de ejecución de resoluciones se 
aplicará, con carácter supletorio de la presente ley, los preceptos de la Ley de la 
jurisdicción  contencioso-administrativa»,  para  argumentar,  acto  seguido,  que  la 
aplicación del art. 92 LOTC, relativo a la potestad del Tribunal Constitucional de disponer 
en la sentencia, o en la resolución de que se trate, de las medidas de ejecución 
necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución y declarar la nulidad de 
cualesquiera  resoluciones  que  contravengan  las  dictadas  en  el  ejercicio  de  su 
jurisdicción, deben hacerse de conformidad con lo que establecen los arts. 103 y 109 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA).
Seguidamente, después de destacar que, en los dos citados preceptos de la Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, «se distingue con indudable 
claridad entre dos supuestos», el de que una sentencia establezca medidas de ejecución 
para hacer cumplir el fallo de la misma y el de que la resolución se limite a declarar la 
nulidad de un acto, afirma que «si la contravención denunciada por el abogado del 
Estado lo es por contradicción o por apartarse la resolución impugnada de una previa 
sentencia, dicha impugnación debe sustanciarse en el marco de lo establecido por los 
artículos 92.1 LOTC y 103 LJCA (declaración de nulidad de cualesquiera resoluciones 
que contravengan las dictadas por el Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción) y no,  s
como se desprende de la invocación […] del artículo 92 hecha por el abogado del  oe.
Estado, de los apartados tercero, cuarto y quinto de los artículos 92 [LOTC] y 109 LJCA  w.
r(aemcsteoodslui dcaioos n edlases  o e djaeecc tluuacasic órineo snonelesu cceiiosmnaperiusag sqn uapeda oarasc  ugesarid raecnnot ilnzaac sur urresepl ne cnuscmiiórpcnul imdnesiet alnantsoc  idaeissf peocdstieivc oio endseeps e, sclouiassl    2020-1127n https://w
transcendencia constitucional)».
Con cita de la STS 2977/2008, de 27 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, el letrado de la cámara catalana llega al mismo 
entendimiento que el de la doctrina establecida por esta sentencia, en referencia a que 
«las medidas de ejecución del art. 103 LJCA deben entenderse dentro del plazo general 
del artículo 46.1 LJCA, esto es el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del 
acto si fuera expreso: Pues, de no hacerlo así, se estaría pretendiendo "disponer de un 
plazo ilimitado o simplemente mayor a través del incidente de ejecución de sentencia" y 
"se alterarían, sin base ni justificación alguna, los presupuestos del proceso que han sido 
concebidos en aras de la seguridad jurídica"» (STS 2977/2008, FJ 6).
Con fundamento en la argumentación del Tribunal Supremo expuesta, el letrado 
afirma que, en la medida en que la resolución 534/XII fue aprobada por el Pleno del 
Parlamento de Cataluña el día 25 de julio de 2019 y publicada el día 1 de agosto 
posterior y que la demanda del abogado del Estado promoviendo este incidente de 
ejecución de sentencia fue presentada en el registro de este Tribunal el día 7 de octubre 
de 2019, es decir una vez transcurridos los dos meses a que se ha hecho referencia con 
anterioridad, aquella demanda resulta extemporánea y debería ser inadmitida de plano.
Además, entiende la representación del Parlamento de Cataluña que lo que la 
demanda «pretende es sustituir, en fraude del procedimiento, la acción impugnatoria del 
artículo 161.2 CE y del título V LOTC, cuyo plazo de interposición es el de los dos meses 
siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su 
conocimiento (art. 76 LOTC)», pues, a su entender, esa era la vía adecuada para 
impugnar la resolución 534/XII.
b)  En un segundo apartado, también de naturaleza y alcance formal, entiende el 
letrado  del  Parlamento  de  Cataluña  que  «la  invocación  del  artículo  161.2  CE  es 
improcedente por no ser el incidente de ejecución un proceso autónomo de impugnación 
de una resolución del parlamento».
Desarrolla este argumento en los párrafos siguientes poniendo de manifiesto que el 
art.  161.2  CE  «está  reservado  para  aquellas  acciones  en  las  que  se  impugna 
directamente una resolución», negando, por tanto, su aplicación en los incidentes de 
ejecución de sentencias, pues, en estos casos, no nos hallamos ante un procedimiento 
autónomo, sino ante un incidente que es parte integrante de otro procedimiento, que, a 
su vez, tiene su origen en la impugnación de una resolución declarada previamente 
inconstitucional y nula. Por tanto, en el parecer del letrado parlamentario, «la suspensión 
peticionada  y  acordada  ope  legis  no  está  amparada  en  modo  alguno  ni  por  la 
Constitución ni por la LOTC, puesto que se ha aplicado a un supuesto de hecho para el 
que esa medida no está contemplada y al que tampoco puede extenderse si no es, con 
abuso de derecho, de forma expansiva o analógica a todo tipo de procedimiento, con 
evidente fractura del principio de legalidad ex artículo 9.1 y 3 CE». Finaliza señalando 
que la invocación del art. 161.2 CE «no debe plantearse al margen de las medidas 
cautelares  que,  en  su  caso,  se  puedan  solicitar  en  un  incidente  de  ejecución  de 
conformidad con el artículo 92 LOTC, pues este mecanismo ya faculta al Tribunal a 
adoptar las medidas que estime necesarias y a resolver lo que resulte procedente». Por 
todo ello, el Tribunal «debería poder motivar la suspensión de la resolución impugnada 
como medida necesaria para mantener la efectividad de sus resoluciones ex artículo 92 
LOTC».
Por  todo  ello,  concluye  la  parte  señalando  que,  no  sólo  debe  levantarse  la 
suspensión, sino que debe declararse la nulidad del acuerdo que la reconoce, dejándolo  s
sin efecto. oe.
Ba))   ECnu epsrtimioneer slu sguasrt,a anftiirvmaas: que los apartados impugnados de la resolución 534/XII,  2020-1127n https://w
r«epseosluec iaó ns u9s2 /XcoIIn cyo mhiatann csiaidso,  naod ocpotandsotistu yeenn  enli nmgúanrc od esdaer rolall of unnic iaódna pptaarclaiómn endtea rilaa 
autónoma de impulso de la acción política y de gobierno», en su modalidad de debate
específico, previsto en el art. 156 y concordantes del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña.
Constituyen,  pues,  desde  una  perspectiva  formal  «un  producto  parlamentario 
independiente en el ejercicio de la función de impulso de la acción política y de gobierno 
y constituyen una expresión de la voluntad política mayoritaria del Parlamento», sin que 
tengan efectos jurídicos plenos ni vinculantes. Tales acuerdos «solo son susceptibles de 
ser controlados políticamente por el propio Parlamento» que es el órgano representante 
del pueblo de Cataluña (art. 55 EAC) o por éste mismo, a través del proceso electoral. Si 
bien el escrito de alegaciones reconoce la existencia de una doctrina reciente de este 
Tribunal (con cita de sentencias entre las que se encuentra la STC 98/2019) que reputa 
tales actuaciones parlamentarias como idóneas para ser objeto de impugnación en esta 
sede constitucional, insiste en «la necesaria reconsideración» de aquella doctrina «para 
preservar el equilibrio entre las instituciones», de manera que se garantice al Parlamento 
el ejercicio de sus funciones, sin que este Tribunal pueda inferir en las mismas cuando 
ese ejercicio carezca de juridicidad que lo legitime.
Finaliza este apartado negando el letrado del Parlamento la «unidad de sentido» que 
defiende el abogado del Estado y, con sustento en la jurisprudencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, dice que no basta con que exista una coincidencia literal 
entre actos, disposiciones o actuaciones anulados y los posteriores que ocupen su lugar, 
pues esto constituiría el rasgo o factor objetivo del incidente anulatorio del art. 103.4 
LJCA, sino que es necesario, además, que tales actos o disposiciones se dicten con la 
finalidad de eludir su cumplimiento, lo que constituye el elemento subjetivo.
b)  En segundo término, el letrado del Parlamento defiende la carencia de efectos 
jurídicos de los incisos impugnados de la resolución 534/XII, porque se trata de formular 
declaraciones en que se incluyan valoraciones o juicios sobre la actuación de sujetos, 
instituciones o entidades, estatales o extranjeras, como es la de autos. Además, objeta 
que la citada resolución sea constitutiva de una manifestación desvinculada totalmente 
de los intereses de la comunidad autónoma, pues la jefatura del Estado y, por ende, la 
institución de la Corona, no resultan ajenas a las funciones del Parlamento de Cataluña, 
en  la  medida  que  el  rey,  como  jefe  del  Estado  «es  el  que  arbitra  y  modera  el 
funcionamiento normal de las instituciones» y recoge el texto del art. 56.1 CE.
Insiste el escrito de alegaciones en que una mera interpretación gramatical de la 
resolución 534/XII, en lo que se refiere a los incisos ahora impugnados, no constituye 
una moción de reprobación, ni siquiera de control, porque se trata de una resolución 
adoptada en el seno de un debate de impulso de la acción política y de gobierno y 
constituye una opinión o valoración que le merece la institución de la Corona y, en 
concreto, de la intervención del rey el día 3 de octubre de 2017, tras los sucesos 
acaecidos el día 1 de octubre anterior.
Concluye este apartado sosteniendo que la Constitución ampara el derecho de 
promover y defender cualquier proyecto político, incluso los que no coincidan o encajen 
con los postulados constitucionales vigentes, porque ese derecho tiene su fundamento 
en  el  principio  democrático  y  es  libre  en  su  contenido  y  alcance  si  se  formula 
pacíficamente, con respeto a los derechos fundamentales y por medios políticos.
c)  La  última  consideración  sostiene  que  «la  fundamentación  del  incidente  de 
ejecución y, por tanto, el juicio sobre el incumplimiento» de la STC 98/2019, «cuya 
doctrina debería revisarse», no sólo menoscaba «la más elemental noción de pluralismo 
político sino también las funciones representativas del Parlamento al amparo de la 
inviolabilidad del monarca». Critica diversos pasajes de la STC 98/2019 que aluden a la  s
inviolabilidad del rey y a su exención de responsabilidad, en justificación de los términos  oe.
que  se  habían  empleado  en  la  resolución  92/XII  respecto  de  la  monarquía  como  w.
CinasptiCteulilcteaiór,a na  l« crcoeansdtpruaec catEo ys,  palaaje ñSnaTa»E  aDql puHre idn ecai pp1ri3oe  cddióee  mmlaoa crvrzáuotl incdeoer» a2.c0ió1n8 , daesul ndtoe r«eSchteor na T alau lalitbse yrt aRdo udrea   2020-1127n https://w
CexEpDreHs)i,ó ne nd ec olonst rarepcousricreiónnte sc o(na rtl.a  10d odcterli nCa ondvee neiost ee uTroripbeuon adl,e  qdueer ec«hinotsro dhuucmea nuonsa:   BOE-A-cable e
preocupante  restricción  o  prohibición»  a  la  crítica  a  la  figura  del  rey.  Igualmente, 
menciona otra resolución del Tribunal Europeo (STEDH de 15 de marzo de 2011, asunto 
Otegi  Mondragón  contra  España)  para  reforzar  su  tesis  de  que  la  declaración 
parlamentaria se limitaba a expresar un juicio de valor, sin fuerza normativa sobre la 
conducta del rey en un momento determinado, planteamiento en el que coincidió también 
el Consejo de Estado en el dictamen previo a la formulación de la demanda del abogado 
del Estado respecto de la STC 98/2019.
Como conclusión a su detenido expositivo, el representante de la cámara catalana 
solicita  la  inadmisión  o,  en  su  caso,  la  desestimación  del  incidente  de  ejecución 
interpuesto.  Por  medio  de  otrosí  dice  solicita  igualmente  el  levantamiento  de  la 
suspensión de la resolución 534/XII, por entender que no es de aplicación a este caso el 
art. 161.2 CE.
7.  El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 31 de octubre de 2019, 
en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del Estado, que 
la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, constituye objeto idóneo del incidente 
de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC.
a)  Igualmente, afirma, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que el 
contenido  de  los  apartados  I.1,  I.2  y  I.3  de  la  resolución  534/XII  contraviene  los 
pronunciamientos de la STC 98/2019, por cuanto los apartados cuestionados tienen «un 
objeto mediato claro y preciso, la censura de la institución monárquica y la figura del rey 
Felipe VI ante un determinado acontecimiento y el derecho del Parlamento de Cataluña a 
formular  juicios  de  condena  sobre  las  actuaciones  del  Monarca  relativos  a  lo  que 
denomina "conflicto catalán" o "conflicto democrático", persistiendo en la reiteración de la 
censura que, de la institución y figura del Rey, se realizó en la Resolución 92/XII». A su 
entender,  la  Cámara  catalana  «fija,  como  en  la  Resolución  92/XII,  una  posición 
institucional frente a la Monarquía y su representante, el rey Felipe VI, más allá de un 
juicio político, ignorando las normas constitucionales sobre la Corona» y las relativas a la 
reforma constitucional.
Entiende, pues, que la resolución, en sus apartados impugnados, produce efectos 
jurídicos  teniendo  en  cuenta  que  insiste  en  los  mismos  fines  que  la  precedente 
resolución 92/XII, a la que la STC 98/2019 le atribuyó tal eficacia. Además, presenta una 
unidad de sentido concretada en la reprobación de la figura del rey, por una determinada 
conducta, y de la institución monárquica.
b)  Seguidamente, el escrito del fiscal, después de hacer unas consideraciones 
sobre la actuación de la mesa del Parlamento de Cataluña acordando la admisión a 
trámite y permitiendo la votación de la propuesta de resolución presentada que, como 
hemos indicado anteriormente (alegaciones del abogado del Estado), no son relevantes 
para  la  decisión  de  este  incidente,  pues  el  objeto  de  impugnación  de  este  es  la 
resolución 534/XII que fue aprobada por el pleno, se detiene aquel de modo exhaustivo 
en  el  análisis  de  los  contenidos  de  las  resoluciones  92/XII  y  534/XII  poniendo  en 
comparación los términos utilizados en una y otra actuación de la Cámara y llega a la 
conclusión  de  que  esta  última  resolución,  en  los  apartados  ahora  impugnados, 
«desconoce los pronunciamientos de la STC 98/2019 y vuelve a emitir un juicio de 
censura y rechazo de una actuación determinada del Jefe del Estado y realiza idéntico 
juicio de valor sobre la institución monárquica al que contenía la resolución 92/XII, en la 
letra d)». Lo mismo sucede con el contenido de la letra c) de esta resolución, que la 
ahora impugnada «reproduce con distinta redacción» aunque con locuciones sinónimas,  e
en referencia al término «reprobar», que utiliza en la resolución impugnada, frente a los  bo
anteriores  de  »condenar»  y  «rechazar»  la  conducta  y  actuación  del  rey  sobre  el  w
denoEml fiinsacdaol  a«ncaolnizfalic, tao  ccoantatilnáuna»c oió «nc, oenl falicptaor tdaedmo oI.c3r.á etic) od»e. la resolución 534/2019 y llega  2020-1127n https://w
are plau bcliocnacnlou sdióen E sdtea dqou ey  "caupaunedsota "e lp oPra lrala ambeonlitcoió nc adtael álan  m«osen a"rrqeuaíafir, mpao"r  reenp uutanr lam coodmeloo 
una "institución caduca y antidemocrática"… tal afirmación no puede ser extraída del
contexto en que se ha incluido para analizarla aisladamente y entender que es una mera 
declaración de voluntad política, individualizada y separada del resto, pues no hace sino 
una censura de la institución monárquica y la figura del Rey».
Igualmente, a tal conclusión ha de llegarse, también, según el fiscal, cuando se 
interpreta el acuerdo contenido en el apartado I.3.7.2, cuando se pone en relación el 
derecho del Parlamento de Cataluña a expresar valoraciones y opiniones políticas sobre 
la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores 
republicanos con los términos en los que se expresaba la resolución 92/XII, por lo que se 
ignora, no sólo el fallo de la STC 98/2019, sino también la fundamentación de la misma.
En  definitiva,  el  fiscal  entiende  que  los  concretos  incisos  impugnados  de  la 
resolución  534/XII  «suponen  un  incumplimiento  manifiesto»  de  lo  resuelto  en  la 
STC 98/2019, «desconociendo así (el Parlamento de Cataluña) su deber de cumplir las 
resoluciones del Tribunal Constitucional».
Finalizan  las  alegaciones  del  Ministerio  Fiscal  compartiendo  las  propuestas  del 
abogado del Estado, tanto en lo que se refiere a las notificaciones y requerimientos 
efectuados al presidente y a la mesa del Parlamento, como en lo relativo a la obligación 
de éstos de abstenerse de realizar cualquier iniciativa jurídica o material que, directa o 
indirectamente,  suponga  ignorar  o  eludir  la  STC  98/2019.  Asimismo,  solicita  la 
estimación  de  la  demanda  del  abogado  del  Estado  y  la  declaración  de 
inconstitucionalidad y nulidad de los incisos impugnados.
8.  En fecha 29 de noviembre de 2019, tuvo entrada en el registro general de este 
Tribunal el escrito formulado por la representación de don Josep Costa i Roselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente y secretario primero, respectivamente, 
de la mesa del Parlamento de Cataluña, que el auto de este Tribunal de 12 de noviembre 
de 2019 les tuvo por personados y parte en el procedimiento, a los efectos de la defensa 
de sus derechos e intereses legítimos.
El contenido de sus alegaciones puede ser resumido en los siguientes apartados:
a)  En primer lugar, sostiene que la impugnación a la que se refiere la providencia 
de este Tribunal de 10 de octubre de 2019, que admitió a trámite el incidente de 
ejecución promovido por el abogado del Estado es inadmisible porque fue interpuesta 
fuera del plazo establecido. A este respecto señala que, de una parte, el art. 80 LOTC se 
remite a la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de 
ejecución de resoluciones, con independencia de lo que establezca para este trámite el 
art. 92 LOTC; pero, además, de otro lado, un incidente de ejecución presentado con el 
objetivo de conseguir la nulidad de una resolución parlamentaria no puede tener un plazo 
superior al plazo del recurso directo que se debería haber presentado autónomamente 
para impugnación de la misma resolución, que es de dos meses, por lo que esta parte 
entiende que «no se puede utilizar el incidente de ejecución para sortear el plazo que 
establece el artículo 76 LOTC. Hacerlo constituye un verdadero fraude de ley». Cita, al 
respecto,  diferentes  resoluciones  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, así como el carácter 
del mes de agosto como mes hábil para el cómputo de los plazos, de conformidad con lo 
establecido en los acuerdos de este Tribunal de 15 de junio de 1982 y 17 de junio 
de 1999.
b)  En segundo término, suscita igualmente la inadmisibilidad del incidente porque 
entiende que el Gobierno de la Nación no ha consultado a la comisión permanente del 
Consejo de Estado antes de presentar la demanda incidental de ejecución y cita al  e
respecto diferentes resoluciones de este Tribunal que, a su entender y por considerar  bo
que  se  trata  de  la  impugnación  de  un  acto  parlamentario,  debería  haberse  w
dcuem fepblirmereon,t aadsoí  ceosmteo  tlroásm aituet opsr edveio l a[S SSaTlaC  d1e1 4lo/ 2C0o1n7t,e dnec io1s7o d-Aed omcitnuibstrrea,t iyv o1 0d/e2 061 y8 ,2 d7e d 5e   2020-1127n https://w
anrotv. ie2m2.b6r ed ed ela 2 L0e1y4  O(rergcáunrsicoa  n3ú/m19. 8900, 5d-2e0 2124 )]d, et eanbierinl,d od eel nC counesnetjoa  deel  teExsttoa dvoig e(LnOteC dEe).l 
Considera  el  escrito  de  alegaciones  que  este  trámite  es  especialmente  importante
«cuando  las  resoluciones  de  las  comunidades  autónomas  que  se  impugnan  son 
resoluciones de sus asambleas legislativas, como es el caso, pues la aprobación de 
iniciativas parlamentarias se integra en el ius in officium de los parlamentarios», ex 
artículos 23.2 CE y 3 del protocolo núm. 1 CEDH. Además, la negativa a conocer este 
asunto, en el trámite de inadmisibilidad, daría lugar a la inexistencia de un recurso 
efectivo  contra  una  decisión  abiertamente  ilegal,  que  afecta  a  los  derechos  de  los 
diputados intervinientes (art. 13 CEDH).
c)  De modo subsidiario, el escrito de la parte plantea la inaplicabilidad del art. 161.2 
CE y, en consecuencia, entiende que la providencia de este Tribunal de 10 de octubre 
de 2019 ha infringido el derecho a una resolución motivada porque si este Tribunal 
considera erróneamente que el incidente de ejecución no constituye una impugnación a 
los efectos del art. 22.6 LOCE, cuando lo que se pretende es una impugnación de 
disposiciones  sin  fuerza  de  ley  y  resoluciones  de  las  comunidades  autónomas,  de 
conformidad con lo previsto en el art. 161.2 CE, la invocación de este último precepto por 
el  Gobierno,  en  un  procedimiento  de  estas  características,  sería  manifiestamente 
contraria a derecho, lo que habría de dar lugar a su levantamiento inmediato. A su juicio, 
«sería contradictorio considerar que, por llevarse a cabo en el marco de un incidente de 
ejecución,  la  impugnación  de  la  resolución  534/XII  del  Parlamento  de  Cataluña  no 
constituye  "impugnación"  a  los  efectos  del  artículo  22.6»  LOCE,  «pero  sí  es  una 
"impugnación" a los efectos de la suspensión prevista en el artículo 161.2» CE. Termina 
este argumento destacando que, si no es una impugnación del art. 161.2 CE, no debería 
haber sido acordada la suspensión de aquella resolución de modo automático por este 
Tribunal y, para acordarla, debería haber motivado su decisión, lo que no ha efectuado 
en la providencia de 10 de octubre de 2019.
d)  Seguidamente, la parte destaca que, siendo la STC 98/2019 una sentencia 
meramente declarativa de la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 92/XII y 
siendo,  a  su  vez  imposible  que  el  Parlamento  ejecute  una  resolución  que  no  es 
vinculante para la propia cámara catalana y que tampoco le impone a éste obligación 
alguna, «el incidente de ejecución carece de objeto alguno. No puede incumplirse una 
sentencia cuyos efectos, por su propia naturaleza, se agotaban en la propia declaración 
de inconstitucionalidad y nulidad».
e)  A continuación, objeta que el apartado quinto de la providencia de 10 de octubre 
de 2019 (requerimiento al presidente y demás miembros de la mesa del Parlamento para 
que  se  abstuvieran  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  que  tendentes  a  dar 
cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como el deber de 
impedir cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente, supusiera 
ignorar o eludir la STC 98/2019) no se corresponde con ninguna solicitud efectuada por 
el Gobierno y hace referencia, en este sentido, a la certificación expedida por el Ejecutivo 
respecto del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2019. Pese a ello, este 
Tribunal adoptó este acuerdo, obviando lo solicitado «y sin mediar argumentación alguna 
que explique lo acordado de forma extra petita», lo que le lleva a objetar la imparcialidad 
de este Tribunal, citando al efecto el Informe de la Comisión de Venecia sobre la reforma 
introducida por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional.
f)  A su entender, el apercibimiento efectuado por el Tribunal a los que ahora alegan, 
acerca de eventuales responsabilidades, incluso la penal, «no encuentra amparo legal 
de ningún tipo», puesto que entiende que constituye una «manifiesta vulneración de la 
inviolabilidad parlamentaria». Consideran, a este respecto, que el art. 92.4 d) LOTC en  s
que se ha basado este Tribunal, es «manifiestamente inaplicable» porque no se han  oe.
cumplido  los  trámites  específicamente  previstos  en  el  mismo,  ni  se  ha  informado  w.
ppcoraenrvcciilaaumli ddeoen  tpseuo srd  erpe apsrlotaelzu ocd ieoa nlgeeussnt,e oe  sTptraaibrnaud noea lal  cúqunum eep nlhi mafayiseaen  thdoae bd aiedd olma  nisrieinósgnoú.l nuP coiinór cnou, tmrnoip  lltiaamdmioep,n oetcono t iteosntead lhe ano    2020-1127n https://w
gqaurea netlí aa rtd. e5 7la.1  liEbAreC  foqrumea lceisó nr edceo nloac ev olalu nintavido ladbei lildaasd  cpáamrlaarmase nlteagriiasl aetsiv aasn.t eP toord ota nutnoa,   BOE-A-cable e
«cualquier medida judicial o jurisdiccional o simplemente cualquier acto de otro poder del 
Estado que perturbe dicha libre formación de voluntad es intrínsecamente contraria a 
dicha prerrogativa».
g)  A continuación, el escrito alega la «manifiesta vulneración de las libertades de 
expresión y de reunión y del derecho de participación política» porque entiende que la 
providencia de 10 de octubre de 2019, «en la medida en que pretende imponer una 
censura previa sobre las iniciativas parlamentarias absolutamente inaceptable en un 
parlamento democrático, suponen una violación gravísima» de estos derechos de las 
diputadas y diputados del Parlamento de Cataluña. Si los requerimientos y deberes de 
abstención impuestos por la providencia de este Tribunal «se entienden como una 
obligación de la mesa de prohibir cualquier iniciativa parlamentaria que pretenda forzar 
un debate político en la cámara sobre cuestiones de interés público vulneran» los 
derechos reconocidos en los arts. 20, 21 y 23 CE, los arts. 10 y 11 CEDH y 3 del 
Protocolo núm. 1 CEDH, así como los arts. 19, 21 y 25 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos.
El  escrito  propone,  pues,  la  anulación  de  los  apartados  cuarto  y  quinto  de  la 
providencia de 10 de octubre de 2019.
h)  En el mismo sentido y bajo la rúbrica de que la providencia de este Tribunal 
de 10 de octubre de 2019 vulnera de modo manifiesto la autonomía parlamentaria, y, por 
ende, la separación de poderes, entiende el escrito de alegaciones de esta parte que los 
precitados apartados cuarto y quinto de aquella resolución son contrarios al art. 58 EAC, 
que la reconoce al mismo tiempo que los derechos políticos de los diputados y diputadas 
del  Parlamento  de  Cataluña.  Las  órdenes  y  requerimientos  contenidos  en  dichos 
apartados suponen «una clara extralimitación del ejercicio de la función de control de 
constitucionalidad, puesto que la intervención del Tribunal implica tanto como entrar a 
controlar con carácter previo la formación y expresión de una voluntad política que, en 
cuanto tal… es libre y puede tener cualquier contenido». Entiende que es imposible dar 
cumplimiento a tales requerimientos, toda vez que «de hacerlo los requeridos o los 
órganos del Parlamento vulnerarían derechos fundamentales de terceros, el reglamento 
de  la  Cámara  y  otras  normas  del  bloque  de  constitucionalidad».  Las  atribuciones 
reglamentarias de la mesa del Parlamento deben ser interpretadas conforme al ius in 
officium  y  cita,  al  respecto,  la  doctrina  establecida  en  la  STC  208/2003,  de  1  de 
diciembre, FJ 2 b).
i)  Por último, el escrito señala que la providencia de 10 de octubre de 2019 ha 
vulnerado el derecho a una resolución motivada y, en consecuencia, el derecho a la 
tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, que vincula a los apartados cuarto y quinto de la 
citada resolución. Respecto del primero de los apartados, señala que, toda vez que la 
resolución de este Tribunal cita el art. 87.1 LOTC, no ha justificado en la providencia por 
qué considera necesario efectuar la notificación personal a los miembros de la mesa del 
Parlamento, ni tampoco se aporta justificación alguna de las razones por las que se han 
adoptado las demás decisiones que figuran en ambos apartados.
En relación con el apartado quinto, adoptado de oficio, entiende que también vulnera 
el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, «en la medida que requerimientos 
similares no se habían efectuado nunca con anterioridad, de oficio, por el Tribunal 
Constitucional, hasta la providencia de 10 de octubre, respecto de otros miembros de la 
mesa del Parlamento de Cataluña o de cualquier otra asamblea legislativa, sin que el 
Tribunal  Constitucional  explicite  razonamiento  alguno  en  cuanto  al  porqué  de  esta 
diferencia de trato». s
Con  fundamento  en  toda  la  argumentación  expuesta,  la  parte  solicita  el  oe.
levantamiento  inmediato  de  la  suspensión  de  la  resolución  534/XII,  se  dicte  auto  w.
daecoserMdsaetindmdiaaonc tliaeó  nion dtareodlsm iín idsciiicódene, n dltaee l.p inacrtied esnotleic ditae  leaj ecceulecibórna coi,ó nd ed me ovdisota s ourbasli,d ciaornio f,u sned aamcueenrtdoe e lan   2020-1127n https://w
el art. 6 CEDH y en la necesidad de celebrar una vista oral y pública, en la cual puedan
los ahora alegantes ser escuchados, antes de la imposición de cualesquiera obligaciones 
o del apercibimiento de eventuales responsabilidades penales.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Delimitación del objeto de este incidente de ejecución y pretensiones de las 
partes comparecidas y de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que 
pretenden personarse.
a)  Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del 
Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un incidente 
de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, dictada en el proceso de impugnación de 
disposiciones  autonómicas  (título  V  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional: 
LOTC) núm. 5813-2018, que declaró inconstitucionales y nulas las letras c) y d) del 
apartado  decimoquinto  del  epígrafe  II  de  la  resolución  92/XII  del  Parlamento  de 
Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre la «priorización de la agenda social y la 
recuperación de la convivencia». El incidente de ejecución se dirige contra determinados 
incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, 
de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para la Cataluña real».
El único texto oficial, en lengua catalana, de los incisos de la resolución 534/XII que 
son objeto del incidente de ejecución ha quedado transcrito en los antecedentes de este 
auto [apartado segundo], si bien el Gobierno ha incorporado una traducción del texto al 
castellano, que no ha sido objeto de reparo alguno por parte de la representación 
procesal  del  Parlamento  de  Cataluña.  Es  la  que,  a  continuación,  se  detalla,  a  los 
exclusivos efectos de resolver el presente incidente de ejecución.
«I.  Respuestas de país a la situación política.
I.1  Autogobierno, derechos humanos y búsqueda de soluciones dialogadas.
3.  El Parlamento de Cataluña, para ejercer la más firme defensa de los derechos 
humanos:
e)  Reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición 
de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía, tal como ya quedó 
recogido en la Resolución 92/XII, aprobada por la mayoría del Parlamento de Cataluña, y 
reafirma también su rechazo al posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención en el 
conflicto catalán y a su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 
Primero de Octubre.
I.2  Legitimidad democrática, soberanía popular y acción política
6.
2.  El Parlamento de Cataluña se reafirma en su reprobación de Felipe VI por su 
posicionamiento y su intervención con relación al conflicto democrático que genera la 
negación de derechos civiles y políticos en Cataluña por parte del Estado español.
I.3  La sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del 1 de octubre.
7. s
2.  El  Parlamento  de  Cataluña  reafirma  su  derecho  a  expresar  valoraciones  y  w.b
scooopbminrpieor nolaem spi sripooo rcilzíotaincc aiólson s s dvoeab llroaer  ealsga e rneadpcatuu bsaloiccciaóiannlo  ysy , l aet alr le fccuuotupmreoor  aedcxeióp nrlea ds eain blsaat i cteuoncn ivólainv  eRmnecosiano»álu.rcqiuóinc a9 2y/ XsIIu,   2020-1127n https://w
b)  El abogado del Estado entiende, en síntesis, que los incisos impugnados de la
resolución 534/XII, que constituye objeto idóneo de un incidente de ejecución de los arts.
87.1 y 92 LOTC, reiteran el contenido de la resolución 92/XII, insistiendo, con sucesivas 
remisiones a la misma, en la calificación como caduca y antidemocrática de la institución 
monárquica, el rechazo del posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención en el 
conflicto  catalán,  así  como  su  justificación  de  la  violencia  ejercida  por  los  cuerpos 
policiales el día 1 de octubre de 2017; igualmente, reafirma la reprobación del rey por su 
posicionamiento  y  su  intervención  sobre  el  conflicto  «democrático,  que  genera  la 
negación de derechos civiles y políticos en Cataluña por parte del Estado español», así 
como de reafirmarse en su derecho a expresar valoraciones y opiniones políticas sobre 
la actuación y futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores 
republicanos.
Por todo ello interesa que este Tribunal declare la nulidad de los referidos incisos de 
los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII.
Asimismo, solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal al 
presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a 
dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de impedir 
o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga 
ignorar o eludir la STC 98/2019, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluso la penal, en que pudieran incurrir.
El Ministerio Fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita por 
ello que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la 
resolución 534/XII. Solicita, asimismo, que se adopten las medidas que interesa el 
abogado del Estado.
Por  su  parte,  el  letrado  del  Parlamento  de  Cataluña  postula  la  inadmisión  del 
incidente  de  ejecución,  y,  de  modo  subsidiario,  la  desestimación  de  la  demanda, 
conforme a los razonamientos que han quedado reflejados en el relato de antecedentes. 
Igualmente, sostiene que tampoco procedería acordar los requerimientos y advertencias 
al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general 
del Parlamento que solicita el abogado del Estado.
La representación de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i 
Pucurull, en la intervención que les ha sido reconocida por este Tribunal en su auto de 12 
de  noviembre  de  2019,  coincide,  en  los  términos  que  han  sido  detallados  en  los 
antecedentes, con la argumentación del letrado del Parlamento de Cataluña, en el 
sentido  de  interesar  la  inadmisión  o,  de  modo  subsidiario,  la  desestimación  de  la 
demanda del abogado del Estado y el levantamiento de la suspensión acordada sobre 
los incisos de la resolución 534/XII impugnados.
c)  La  representación  de  doña  Elsa  Artadi  Vila  y  de  treinta  y  un  diputados  y 
diputadas del Parlamento de Cataluña han solicitado personarse y comparecer como 
parte en este incidente, a los efectos de la defensa de sus derechos fundamentales de 
participación política, libertades de expresión y reunión y tutela judicial efectiva, en los 
términos recogidos en los antecedentes, habiendo presentado recurso de súplica contra 
la providencia de 10 de octubre de 2019 de este Tribunal, que acordó la admisión a 
trámite del presente incidente de ejecución, oponiéndose al mismo y promoviendo el 
dictado de una resolución que acuerde su inadmisibilidad o, de modo subsidiario, su 
desestimación,  con  levantamiento  de  la  suspensión  que  pende  sobre  los  incisos 
impugnados de la resolución 534/XII. El auto de 12 de noviembre de 2019 inadmitió a 
trámite el recurso de súplica así formalizado, pero acordó un trámite de audiencia al 
abogado del Estado, al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña sobre la posibilidad  s
de que pudieran personarse y comparecer como partes en este incidente. oe.
El interesado trámite de audiencia ha sido cumplimentado por el abogado del Estado  w.
yyin  cpciodorem enplt eaM,r eiancli sentneocr iihaoa,  Fllapisrocsrae l  ecenontm eenpl drsoeemrn teqidtuiode o dsel,o  snq iu seloo seli scdtietea rnTetrceihbsou snc aaflur denecdesaenms etdinmeta el leedsgic,i thnimai  atpacemiróspnoo nceaonc  ilóoensl    2020-1127n https://w
iCnatetarelusñeas  sleogsíttiiemnoes,  pqoure  eal qcuoénltlorasr ioa,l eqguaen . ePs opr roscue dpeanrttee,  lae l cloemtrapdaore cdeenl cPiaa rdlaem aeqnutoe lldoes   BOE-A-cable e
para intervenir como parte, al entender que está afectado de modo primordial su ius in 
officium. En los antecedentes se recogen con detalle los argumentos de cada uno de los 
precitados.
2.  Cuestión previa: Inadmisibilidad de la solicitud de personación de los diputados y 
diputadas del Parlamento de Cataluña.
Como cuestión previa al enjuiciamiento de las excepciones y óbices procesales, así 
como  a  las  alegaciones  materiales  que  han  sido  formuladas  en  este  incidente,  es 
necesario  que  este  Tribunal  se  pronuncie  antes  sobre  la  solicitud  de  personación 
presentada por los señores diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, que aún 
no ha sido resuelta por este Tribunal, toda vez que, de ser aceptada aquella, sería 
necesario  concederles  un  trámite  de  audiencia  para  que  pudieran  intervenir  en  la 
defensa de sus derechos e intereses legítimos invocados en su escrito.
El incidente de ejecución de sentencias constituye un proceso cuyo ámbito subjetivo 
de legitimación se halla circunscrito a quiénes hayan sido parte en el procedimiento de 
impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y de resoluciones de las comunidades 
autónomas regulado en el título V LOTC del que trae causa el incidente, además de 
aquellos que, habiendo solicitado su personación, puedan intervenir como parte, a título 
particular y, en este caso, «a los únicos efectos de que puedan defender sus derechos o 
intereses legítimos» (ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2).
A partir de estas consideraciones iniciales se trata, por tanto, de determinar si los 
diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que han solicitado personarse en el 
procedimiento tienen un interés legítimo en relación con el objeto de este incidente de 
ejecución, a la vista de lo alegado por los mismos en relación con la vulneración de sus 
derechos fundamentales a la participación política, libertades de reunión y expresión, así 
como a la tutela judicial efectiva que denuncian.
A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que el alcance, contenido y 
consecuencias jurídicas que puedan derivarse de las decisiones adoptadas por este 
Tribunal en la providencia de 10 de octubre de 2019, que admitió a trámite este incidente 
de ejecución, no hace ninguna referencia personal a los mismos, de tal manera que, más 
allá del deber general de respeto y acatamiento de las resoluciones que este Tribunal 
dicte, que surten efectos frente a todos, una vez publicadas en el «BOE» (art. 164.1 CE), 
el contenido de la providencia dictada no ha establecido ninguna conexión o relación 
directa con los mismos, más allá de la de ser unos terceros que, en su condición de 
miembros  del  Parlamento  de  Cataluña,  participaron  en  la  aprobación  de  la 
resolución 534/XII, objeto de este proceso.
Por tanto, no se encuentran los solicitantes en igual situación a la de los diputados 
[S] de la mesa del Parlamento, que, además de haber sido relacionados individualmente, 
en  cuanto  componentes  de  aquel  órgano  de  la  Cámara,  les  ha  sido  notificada 
personalmente  la  precitada  providencia,  con  las  advertencias  y  requerimientos 
contenidos en la misma; de ahí que este Tribunal haya admitido su personación y les 
haya tenido por parte interviniente, a los meros efectos de defender sus particulares 
derechos e intereses, derivados de aquella situación individual y particularizada. Como 
tampoco es equiparable esta situación a la singularísima, que fue aceptada por este 
Tribunal  en  su  ATC  5/2018,  de  acceder  a  la  solicitud  de  personación  de  varios 
parlamentarios de la cámara catalana en el proceso seguido a partir de la impugnación 
ante este Tribunal de las decisiones del presidente del Parlamento de Cataluña de 
designar a don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la Presidencia de la  e
Generalitat para la sesión de investidura que iba a tener lugar el día 30 de enero  bo
de 2018. En aquel caso, el Tribunal les reconoció legitimación a los solicitantes en la  w
mene dsuidsa  dqeuree clhao dse ec isiniótenr eqsuees  sleeg aítdimopotsa rcao mcuoa npdaorl armeseonlvtaieriroas ,la q iumep duegbníaacni ópna rptiocdipríaar  iennc iduinr   2020-1127n https://w
cpalenndoid a(qtou ep roacúlna mnaod os ey  vhoatbaíra e nce elel bmraisdmoo) ; paacroan taesciismtiire nat olsa,  qsuees iónno  hdaeb íiannv ellsetgidaudroa  adúenl 
a tener lugar cuando fue dictado el ATC 5/2018. En cambio, en el caso de autos, los
solicitantes han participado en los debates de una propuesta de resolución calificada y 
admitida a trámite por la mesa del Parlamento, de la que no han formado parte; han 
podido alegar lo que han tenido por conveniente en la sesión plenaria, a través de los 
correspondientes grupos parlamentarios; y, por último, también han tenido ocasión de 
participar en la votación final de la propuesta de resolución, eligiendo la opción que 
hayan entendido procedente. Y, precisamente, a partir de lo definitivamente votado y 
aprobado por la mayoría, se ha producido la conversión de la propuesta en resolución 
final, de tal manera que aquella participación individual de los ahora solicitantes se ha 
convertido  en  una  decisión  institucional  de  la  Cámara,  de  naturaleza,  contenido  y 
alcance  distinto  de  la  suma  de  las  voluntades  individuales  de  cada  uno  de  los 
parlamentarios  que  hayan  participado  en  el  debate  y  votación  final.  Por  ello,  las 
situaciones jurídicas de los parlamentarios que enjuició el ATC 5/2018 son distintas a las 
que ahora se analizan y esta resolución, citada como precedente, no ofrece un término 
de  comparación  válido  con  el  que  sustentar  la  pretensión  de  personarse  en  las 
actuaciones.
Por otro lado, es necesario destacar que este proceso incidental de ejecución de 
sentencia es de conocimiento limitado porque su objeto se circunscribe en exclusiva a 
determinar si lo resuelto en la STC 98/2019, que declaró inconstitucionales y nulos 
determinados apartados de la resolución 92/XII, de 11 de octubre, del Parlamento de 
Cataluña, ha sido desconocido o contradicho por la resolución 534/XII, de 25 de julio, de 
la misma Cámara.
Tal delimitación objetiva y el alcance de la misma impiden también, desde esta 
perspectiva,  reconocer  legitimación  a  los  solicitantes  para  personarse  en  las 
actuaciones. Y ello por las siguientes razones: (i) porque el objeto de enjuiciamiento del 
proceso regulado en el título V LOTC, del que trae causa este incidente de ejecución, 
atiende a la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley o resoluciones de los 
órganos  de  las  comunidades  autónomas  previstos  en  el  art.  161.2  CE,  esto  es, 
determinadas  actuaciones  de  alcance  general  que  son  el  resultado  de  la  decisión 
adoptada por órganos de aquellos entes constitucionales de ámbito territorial, de tal 
manera que lo impugnado no es la manifestación de voluntad o de decisión individual de 
cada uno de los miembros que los integren (ejecutivo o legislativo), sino de este en su 
conjunto, como expresión de una decisión institucional adoptada por el conjunto del 
órgano; (ii) porque, como señala el abogado del Estado, el incidente de ejecución y la 
legitimación para intervenir en un procedimiento de esta naturaleza no provienen de la 
protección de un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de 
la garantía del cumplimiento de las resoluciones de este Tribunal. Es conforme a la 
doctrina de este Tribunal que «los arts. 87.1 –párrafo primero– y 92 LOTC tienen por 
finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la 
efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente 
a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla (por todos, 
ATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 2), de tal manera que no puede apreciarse una relación 
entre el objeto de este incidente y la alegada vulneración de derechos o intereses 
individuales, que excede de su ámbito. Por tanto, cualesquiera otras cuestiones que no 
guarden una relación con el objeto de este proceso incidental quedan al margen del 
conocimiento de este Tribunal.
Finalmente,  tampoco  la  alegada  vulneración  de  sus  derechos  fundamentales 
individuales, en especial del ius in officium, por los diputados y diputadas solicitantes 
justifica la legitimación de éstos para personarse en este incidente, por cuanto no les ha  s
sido  impedido,  ni  siquiera  limitado,  su  derecho  de  participación  política  por  la  oe.
formalización de este incidente de ejecución y la resolución que recaiga en el mismo. No  w.
cheausttbaailemarnoaas a  a(flenact etma udenos a rae olc  uceorsln opte ldenenid oao)m  leepssae rhnouc ebianiel  erdale  q duseuen  ledage aarecdctouh aoac,lg iósuninn ado e iq nauiclegi,aú tnpiv oóarr  gpeaal nrcloao mndteera nlratiao cr,ái atmo qdauoreas    2020-1127n https://w
ellos han podido participar, y así lo han hecho, en los debates y en la votación de la
propuesta de resolución aprobada por el pleno celebrado el día 25 de julio de 2019, por 
lo que han ejercitado en plenitud dicho derecho.
Cosa distinta es que, después de aprobada aquella resolución 534/XII, la demanda 
del abogado del Estado impugne determinados apartados de la misma por reputarlos 
inconstitucionales y nulos, pues, en este trámite, lo que ahora se dilucida es un incidente 
de ejecución sobre un acto parlamentario de la cámara catalana adoptado por la mayoría 
del pleno y el pronunciamiento que este Tribunal dicte en el mismo será el propio de un 
Estado social y democrático de derecho, cuya Constitución le ha conferido al Tribunal 
Constitucional  la  potestad  responsable  de  adoptar  una  decisión  final,  en  cuanto 
intérprete máximo de su texto, que debe ser acatada porque surte efectos frente a todos.
La decisión de no admitir la personación de los parlamentarios solicitantes tampoco 
vulnera sus libertades de reunión y expresión que también han alegado, en cuanto 
relacionadas con el anteriormente invocado derecho de participación política, ya que el 
acto  parlamentario  al  que  fueron  convocados  y  al  que  querían  asistir  se  celebró 
finalmente el pasado día 25 de julio de 2019 y, con su participación y voto en el mismo 
pudieron  expresar  libremente  su  posición  política  sobre  la  propuesta  de  resolución 
presentada, lo que no impide que, con posterioridad a la decisión adoptada y a la 
resolución aprobada, ésta sea sometida a enjuiciamiento constitucional en este trámite 
incidental.
En consecuencia, procede denegar, como así lo propugnaban el abogado del Estado 
y el Ministerio Fiscal, la personación en estas actuaciones de los diputados y diputadas 
del Parlamento de Cataluña que han solicitado comparecer y ser parte en el mismo.
3.  Excepciones procesales.
Son  diferentes  y  de  distinta  configuración  las  excepciones  procesales  que  han 
planteado el letrado del Parlamento de Cataluña y, también, la representación de los 
diputados comparecidos, por lo que, en este fundamento jurídico, daremos respuesta a 
los óbices formulados:
A)  Extemporaneidad y aplicación del art. 161.2 CE.
Bajo esta rúbrica quedan englobados dos óbices procesales que guardan, como 
nexo común de conexión, el de la presentación fuera del plazo legalmente establecido, 
de la demanda incidental de ejecución formalizada por el abogado del Estado: (i) De una 
parte, que, bajo la aparente cobertura formal de una demanda que insta de este Tribunal 
la apertura de un incidente de ejecución de la STC 98/2019, lo que, en realidad oculta y 
a lo que pretende dar cobijo, es a la impugnación de una resolución emanada del 
Parlamento de Cataluña, que debería haber sido formalizada según las prescripciones 
del título V LOTC, pero que, al haber transcurrido más de dos de meses desde la fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» (la resolución 534/XII 
fue publicada el día 1 de agosto de 2019) hasta la presentación de la demanda incidental 
en el registro de este Tribunal (el día 7 de octubre de2019), ha pretendido superar el 
óbice de la extemporaneidad, por haber excedido el plazo de los dos meses previsto en 
el art. 76 LOTC. (ii) De otro lado, aun cuando lo verdaderamente formalizado haya sido 
un  incidente  de  ejecución  de  la  STC  98/2019,  ha  transcurrido  también  el  plazo 
legalmente previsto para su planteamiento, que es de dos meses, en interpretación que 
hacen las partes que alegan este óbice del régimen jurídico que establecen los arts. 103 
y siguientes LJCA, por la remisión que el art. 80, párrafo segundo LOTC hace a la Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), supletoria en materia de  e.
ejecución  de  resoluciones.  Además,  el  letrado  del  Parlamento  añade  que,  si  el  w.
ppdareorcaclae rdlaaimt ivfiooe rnmdtoea lld izeqa ucimeió pndu imgdnaean caliaó  ned l deienmlc atidínteudnlaot  aVpl  odLreO  eTelC jeG cpourebcviieóérn n uopn o yps ltaeezrsioo  rme, sáqtexui eme old  edppereo dncodesed  immeinee snsetuos    2020-1127n https://w
alcance de lo que haya sido resuelto por la sentencia de aquel, habrá que concluir que la
demanda incidental proponiendo la adopción de medidas para instar la ejecución de la 
sentencia de este Tribunal no podrá tener una duración superior.
a)  Esta primera objeción no puede ser acogida. A este Tribunal no le corresponde 
pronunciarse sobre la intencionalidad de la estrategia procesal que haya seguido el 
Gobierno de la Nación para elegir la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC, a fin 
de instar la nulidad de los incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII, 
en lugar del cauce impugnatorio del título V LOTC, que sería el procedente según el 
letrado del Parlamento de Cataluña.
Lo  único  relevante,  a  los  efectos  que  aquí  interesan,  es  determinar  si  la 
resolución 534/XII, en los incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 a los que se refiere el 
incidente de ejecución promovido por el Gobierno, pueden constituir objeto idóneo del 
incidente previsto en el art. 92 LOTC. Que ello sea así lo niega también el letrado del 
Parlamento  de  Cataluña,  pero  se  trata  de  una  objeción  que  debe  ser  descartada, 
atendiendo a la doctrina que este Tribunal ha venido sentando en supuestos similares. 
En particular, debe recordarse que, en la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 4, este 
Tribunal ha advertido que el cauce procesal del título V LOTC queda reservado «a las 
infracciones  objetivamente  verificables  de  la  Constitución»,  mientras  que  el 
incumplimiento de las sentencias y demás resoluciones del Tribunal Constitucional debe 
articularse, «por su matiz subjetivo», por la vía del incidente de ejecución del art. 92 
LOTC, pues «la existencia de "incumplimiento" de lo previamente resuelto por el Tribunal 
exige indagar en la voluntad del poder público autor de la resolución impugnada», en 
este  caso  el  Parlamento  de  Cataluña.  Por  ello,  hemos  de  declarar  que  la 
resolución 534/XII resulta idónea para ser enjuiciada por este Tribunal como objeto de un 
incidente de ejecución del art. 92 LOTC.
b)  En lo que atañe a la segunda de las objeciones, se sostiene que el presente 
incidente de ejecución debe ser declarado inadmisible porque ha sido presentado fuera 
de plazo. Tal alegación parte de presumir que el Gobierno de la Nación ha actuado «con 
fraude procesal», o con «abuso procesal», pues habría elegido deliberadamente la vía 
del incidente de ejecución (art. 92 LOTC), en lugar de la vía impugnatoria del título V 
LOTC, para conseguir los efectos especialmente restrictivos que sobre la actuación de la 
Cámara tiene la presentación de un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal 
Constitucional.
Esta objeción ha de ser rechazada. Que la vía del incidente de ejecución sea 
adecuada para atacar la resolución 534/XII (en los incisos impugnados de sus apartados 
I.1, I.2 y I.3), por incumplimiento de la STC 98/2019, excluye que sea aplicable lo 
previsto en el art. 76 LOTC en cuanto al plazo de dos meses desde la publicación de la 
resolución para impugnar esta por la vía procesal regulada en el título V LOTC (arts. 76 
y 77). No habiendo fijado el art. 92 LOTC un plazo determinado para que las partes 
puedan  promover  el  incidente  de  ejecución  de  sentencias  y  resoluciones  de  este 
Tribunal, sin que la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 
aplicación supletoria en esta materia (art. 80 LOTC), contenga tampoco indicaciones 
esclarecedoras a este respecto, debe llevarnos a descartar que el presente incidente de 
ejecución haya sido interpuesto fuera de plazo.
La imprevisión, dentro de la regulación del art. 92 LOTC, de un plazo para promover 
la ejecución conecta, nuevamente, con la especial naturaleza de este incidente, que, 
como ya hemos señalado al examinar la legitimación, tiene por objeto garantizar la 
defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus 
sentencias  y  resoluciones,  protegiendo  su  ámbito  jurisdiccional  frente  a  cualquier  e.
intromisión de un poder público que pudiera menoscabarla. El rol que juegan las partes  w.b
eecisnep reteolc siina cpl iodpdeoensirtceei sóe nsq ,iu npesu teietuss,ct áiionnns atarlu  dmseuen ndtrtioas lp,d opesul iceoisród nse une  mxc oisonifósfintcit iuoec siy op nrqoaumle vo ilgveee rnp tqeeur,m ee inete l cnTu rapibnruetons eamrl veáajxeri rmzsaou    2020-1127n https://w
garaNnote  edse  lcaa Csuoanls, titeunc ióens,t efr esneten taid cou, aqlquueie rla p opdreorp piaú brleicgou lqauceió pnr edteenl daar td. e9s2co ncoocmeirelan.ce
(apartado  primero)  contemplando  la  posibilidad  de  actuación  de  oficio  del  Tribunal,
señalando que este «velará», sin necesidad de petición de parte, «por el cumplimiento 
efectivo  de  sus  resoluciones».  Sólo  después  (apartado  tercero)  hace  referencia  el 
precepto aludido a la posibilidad de que quienes hayan sido parte en el proceso en el 
que se dictó la resolución desconocida o incumplida puedan promover «el incidente de 
ejecución previsto en el apartado primero», que es, por tanto, siempre el mismo, haya o 
no  rogación  de  parte.  No  siendo,  pues,  la  rogación  un  elemento  necesario  o 
imprescindible  para  la  incoación  del  incidente  de  ejecución  –sino,  más  bien,  un 
complemento necesario y útil de la actuación de oficio del Tribunal en la defensa de sus 
propias resoluciones– se comprende sin dificultad que la ley orgánica haya optado por 
no sujetar la petición de las partes a ningún plazo formal. Por ello, una vez que la vía del 
incidente de ejecución se revela como una vía de actuación idónea, en la medida en que 
una resolución del Tribunal pueda estar siendo efectivamente desconocida o incumplida, 
no cabe formular reproche alguno de extemporaneidad. Basta, pues, que una resolución 
del Tribunal esté siendo efectivamente incumplida o contrariada para que éste pueda 
utilizar los poderes previstos en el art. 92 LOTC, sea o no a petición de parte.
No obstante, es cierto que el Gobierno de la Nación no se ha limitado en el presente 
caso a instar del Tribunal la incoación del incidente, para que se ejerzan los poderes de 
ejecución correspondientes, sino que ha invocado una previsión normativa de su propia 
incumbencia, que es ajena al ámbito de disposición del Tribunal, cual es la suspensión 
inmediata de la resolución afectada (art. 161.2 CE). En relación con esta circunstancia 
hemos de señalar lo siguiente:
Ha de recordarse que carece de sustento en nuestra doctrina la tesis según la cual la 
invocación por el Gobierno del art. 161.2 CE sólo es procedente en el marco procesal de 
la impugnación del título V LOTC, pero no en el incidente de ejecución del art. 92 LOTC. 
Baste aquí recordar que la idoneidad de la invocación por el Gobierno del art. 161.2 CE 
en los incidentes de ejecución ha sido admitida ya por este Tribunal en anteriores 
resoluciones (providencia de 1 de agosto de 2016, en el incidente de ejecución de la 
STC 259/2015 resuelto por ATC 170/2016; providencia de 13 de diciembre de 2016, en 
el incidente de ejecución de la STC 259/2015 resuelto por ATC 24/2017; providencia 
de 31 de octubre de 2017, en el incidente de ejecución de la STC 114/2017 resuelto por 
ATC 144/2017). No advertimos razones para modificar este criterio en el presente caso, 
lo que llevó a aplicarlo en la providencia de 10 de octubre de 2019, como quedó indicado 
en el antecedente 4 de este auto.
En  consecuencia,  tampoco  puede  prosperar  este  óbice  procesal  y  debe  ser 
desestimado.
B)  Ausencia del dictamen del Consejo de Estado.
Debe asimismo descartarse que el incidente de ejecución sea inadmisible por no 
haber  sido  consultado  previamente  el  Consejo  de  Estado.  El  art.  22.6  de  la  Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, establece que la comisión 
permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada respecto a la impugnación de 
las  disposiciones  y  resoluciones  adoptadas  por  los  órganos  de  las  comunidades 
autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición del 
recurso. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de señalar reiteradamente, este 
Tribunal, a la hora de admitir o inadmitir los recursos constitucionales que se interpongan 
ante el mismo, debe regirse únicamente por lo dispuesto en su propia ley orgánica [por 
todas, SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 3; 148/2012, de 5 de julio, FJ 2 a); 62/2017,  s
de 25 de mayo, FJ 2, y 16/2018, de 22 de febrero, FJ 3]. En definitiva, la consulta al  oe.
Consejo de Estado prevista en la ley orgánica de ese órgano consultivo no afecta a la  w.
pminrtioeecmrepbsorasoli,cs ip ódoner l d lPoe a qlroulase m pdreeonbcteeo s ddoeess  Cceoasnttiamsltuiatñurasce ipo eenlra sóleobsnic adede oassdd ueec nei dle opl  uipnnoctriod l aed nerte evp.isretas ednet ascui óand mdeis liobsil iddaods   2020-1127n https://w
4.  Deber de fidelidad de los poderes públicos a la Constitución.
Una vez que hemos dado respuesta a los óbices procesales propuestos por el 
letrado  del  Parlamento  de  Cataluña  y  por  la  representación  de  los  dos  diputados 
comparecidos,  importa,  en  este  momento,  recordar  una  vez  más  que  el  deber  de 
fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos «constituye un soporte 
esencial del funcionamiento del Estado autonómico», cuya observancia resulta obligada 
(STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4). Por tanto, son las asambleas parlamentarias, en 
su condición de poderes constituidos, las que, prima facie, deben velar por que sus 
decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico (art. 9.1 CE). Recae así sobre los titulares de cargos públicos, entre ellos los 
parlamentarios, un cualificado deber de acatamiento a la Constitución, que no se cifra en 
una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de 
realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento 
jurídico  (art.  9.1  CE).  Que  «esto  sea  así  para  todo  poder  público  deriva, 
inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho» 
(STC 259/2015, FJ 4). Por tanto, «el ordenamiento jurídico, con la Constitución en su 
cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino como 
su garantía misma» (STC 259/2015, FJ 5).
Ha de reiterarse igualmente que «en el Estado social y democrático de Derecho 
configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática y 
legalidad constitucional en detrimento de la segunda», pues la legitimidad de cualquier 
actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitución, que tiene, 
precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 CE). De modo que «la 
primacía incondicional de la Constitución es la garantía de la democracia tanto por su 
fuente  de  legitimación  y  por  su  contenido,  como  por  la  previsión  misma  de 
procedimientos para su reforma» (STC 259/2015, FJ 5). Reforma que pueden solicitar o 
proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas de las comunidades autónomas 
(arts. 87.2 y 166 CE), como ya advirtió este Tribunal en las SSTC 42/2014, FFJJ 3 y 4, 
y 259/2015, FJ 7.
Por tanto, en un Estado social y democrático de Derecho no hay legitimidad posible 
al margen de la legalidad, pues «la legitimidad de una actuación o política del poder 
público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento 
jurídico» (STC 259/2015, FJ 5). Es así porque un poder político que se sitúa «al margen 
del  derecho»  pone  «en  riesgo  máximo,  para  todos  los  ciudadanos…  la  vigencia  y 
efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución 
como el mismo estatuto. Los deja así a merced de un poder que dice no reconocer límite 
alguno… Un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como 
autoridad merecedora de acatamiento» [STC 114/2017, de 17 de octubre, FJ 5 d)].
Por ello, la legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña «no puede oponerse 
a  la  primacía  incondicional  de  la  Constitución.  El  texto  constitucional  refleja  las 
manifestaciones relevantes del principio democrático, cuyo ejercicio, por tanto, no cabe 
fuera del mismo» (STC 42/2014, FJ 4). En consecuencia, «el ordenamiento jurídico, con 
la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la 
democracia,  sino  como  su  garantía  misma»  (STC  259/2015,  FJ  5).  Así  lo  hemos 
recordado también en la STC 136/2018, FJ 6.
5.  Consideraciones generales.
a)  Planteamiento inicial de las partes. oe.
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parlamentaria con los valores democráticos y apuesta por la abolición de una institución 
caduca y antidemocrática como la monarquía; (ii) en el rechazo a la actuación del rey 
Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán, así como en la justificación de la 
violencia ejercida por los cuerpos policiales el día 1 de octubre de 2017; (iii) en la 
reprobación del rey Felipe VI por su posicionamiento e intervención en el conflicto 
democrático que genera la negación de derechos civiles y políticos en Cataluña por parte 
del Estado; y (iv) en su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la 
actuación y el futuro de la institución monárquica, insistiendo en su compromiso con los 
valores republicanos.
A la vista del texto impugnado, el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal sostienen 
que los citados apartados desconocen y contravienen lo decidido por este Tribunal en su 
STC 98/2019, instando la nulidad de los citados puntos de la resolución 534/XII.
A esta pretensión se opone el letrado del Parlamento de Cataluña, por entender que 
la resolución 534/XII, en los incisos de sus apartados I.1, I.2 y I.3 a los que se refiere el 
incidente  de  ejecución  promovido  por  el  Gobierno,  no  constituye  desarrollo  o 
continuación de la anulada resolución, ni contraviene lo resuelto por este Tribunal en la 
STC 98/2019.
b)  Doctrina de este tribunal sobre los incidentes de ejecución.
La controversia planteada habremos de resolverla aplicando los criterios sentados 
por nuestra doctrina en materia de incidentes de ejecución, conforme a la cual (por 
todos, STC 136/2018, FJ 3, y AATC 107/2009, de 24 de marzo, FJ 2; 177/2012, de 2 de 
octubre, FJ 2, y 141/2016, FJ 2) los arts. 87.1 y 92 LOTC tienen por finalidad garantizar 
la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus 
sentencias  y  resoluciones,  protegiendo  su  ámbito  jurisdiccional  frente  a  cualquier 
intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla. Corresponde, pues, 
al Tribunal Constitucional garantizar el cumplimiento efectivo de sus sentencias y demás 
resoluciones y resolver las incidencias de ejecución de las mismas, adoptando cuantas 
medidas considere necesarias para preservar su jurisdicción, incluyendo la declaración 
de nulidad de aquellos actos y resoluciones que la contravengan o menoscaben, como 
expresamente establece el art. 92.1 LOTC. Podrá aplicar también, en su caso, otras 
medidas  encaminadas  a  asegurar  el  debido  cumplimiento  de  sus  sentencias  y 
resoluciones,  al  que  están  obligados  todos  los  poderes  públicos  (art.  87.1  LOTC), 
incluidas por tanto las cámaras legislativas.
No carece de relevancia a este efecto recordar que nos enfrentamos una vez más a 
un supuesto en el que se reprocha la contravención, por parte del mismo poder público, 
de los pronunciamientos contenidos en la STC 98/2019, en relación con la resolución del 
Parlamento de Cataluña 92/XII. En esta sentencia, como en otros pronunciamientos 
anteriores  de  este  Tribunal,  referidos  a  otras  resoluciones  de  la  cámara  catalana 
(SSTC 259/2015, de 2 de diciembre, 136/2018, de 13 de diciembre, AATC 123/2017, 
FJ 8, y 124/2017, FJ 8, ambos de 19 de septiembre, por todos) se constató que «el 
Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas advertencias de este 
Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar 
unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de este Tribunal». De 
esta suerte la cámara autonómica apela, de nuevo, a un entendimiento del principio 
democrático objetivamente contrario a la Constitución, que menoscaba la eficacia de lo 
resuelto por este Tribunal en la STC 98/2019.
Así  pues,  siguiendo  la  doctrina  constitucional  antes  referida  (por  todos,  e
AATC 107/2009, FJ 4, y 24/2017, FJ 4), lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el  bo
contenido de la STC 98/2019 con los incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la  w
rdees oelujecicóunc i5ó3n4, /XeIsI ,d eel nP adrleafmineitnivtoa ,d es iC  aetsaalu ñrae,s ao lulocsió qnu ep saerl aremfieenreta erila p, reesne ntloes i ncinidceisnotes   2020-1127n https://w
ccoonnstrtoitvuecriotidnoasl.,  Tinacl uorcreu rerinrí aa ldgeu ncao ndtee nlaesr  duons  psriotunaucnicoinaemsi epnrtoos ccroitnatsra prioor  ala  loju rdisepcriuddideon ceina 
aquella sentencia o suponer un intento de menoscabar la eficacia –jurídica o material–
de lo que allí se resolvió por este Tribunal; en el bien entendido de que la vinculación de 
todos los poderes públicos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva 
(art. 87.1 LOTC) se extiende tanto al fallo como a la fundamentación jurídica de sus 
sentencias y demás resoluciones (entre otras, SSTC 158/2004, de 21 de septiembre, 
FJ 4, y 302/2005, de 21 de noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, FJ 4; 
120/2010, de 4 de octubre, FJ 1; 141/2016, FJ 2; 170/2016, FJ 3, y 24/2017, FJ 4, por 
todos).
En caso de constatarse que los controvertidos incisos de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña contradicen los pronunciamientos de la STC 98/2019, o que 
suponen un intento de menoscabar la eficacia de lo allí resuelto por este Tribunal, habrá 
de estimarse el incidente de ejecución y declararse la nulidad de aquella resolución 
parlamentaria, en los incisos impugnados de sus apartados I.1, I.2 y I.3. Habremos 
también de examinar entonces si procede o no aplicar las medidas de ejecución que 
solicitan el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, debiendo recordarse una vez más 
que «el contenido de las disposiciones, resoluciones o actos emanados de un poder 
público, cualquiera que sea, no menoscaba la integridad de las competencias que la 
Constitución encomienda a este Tribunal, que ejercerá cuando proceda (AATC 189/2015, 
FJ 3, y 141/2016, FJ 7)» (AATC 170/2016, FJ 8, y 24/2017, FJ 4).
6.  Aplicación de la doctrina de este Tribunal al caso concreto.
A)  Consideraciones preliminares.
La resolución 534/XII ha sido dictada por el Parlamento de Cataluña, órgano de la 
comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 EAC), en el 
ejercicio  de  una  función  estatutariamente  conferida  (art.  55.2  EAC)  y  a  través  del 
procedimiento parlamentario reglamentariamente establecido al efecto (arts. 151 y 152 
RPC). Se trata, por lo tanto, de un acto parlamentario que, sin perjuicio de su veste 
política,  tiene  también  una  indudable  naturaleza  jurídica;  pone  fin,  asimismo,  a  un 
procedimiento parlamentario, pues constituye una manifestación acabada de la voluntad 
de la Cámara de dar continuidad al proceso secesionista.
A partir de estas iniciales consideraciones, debemos añadir que la STC 98/2019 
estimó la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 5813-2018, 
promovida  por  el  Gobierno  de  la  Nación,  contra  la  resolución  del  Parlamento  de 
Cataluña 92/XII, de 11 de octubre de 2018, «sobre priorización de la agenda social y la 
recuperación de la convivencia», declarando la inconstitucionalidad y nulidad de las 
letras c) y d) del apartado decimoquinto, epígrafe II de dicha resolución, que quedaron, 
en consecuencia, expulsadas del ordenamiento jurídico.
Asimismo, la STC 98/2019 tuvo ocasión de analizar las mencionadas letras c) y d) 
del  apartado  decimoquinto,  epígrafe  II  de  aquella  resolución  92/XII,  que  venía 
encabezado por la rúbrica «En defensa de las instituciones catalanas y de las libertades 
fundamentales». E, igualmente, se indicaba que «las letras c) y d) impugnadas […] se 
dirigen contra determinada actuación del rey y contra la monarquía de la que aquel es su 
titular» [FJ 4 b)].
B)  La STC 98/2019 y los apartados impugnados de la resolución 534/XII: Análisis 
comparativo.
a)  La  indicada  STC  98/2019,  en  relación  con  la  letra  c),  seguía  señalando  que 
comenzaba esta «con el texto de dos verbos que incluyen un contenido extraordinariamente  e.e
expresivo. La resolución destaca que el Parlamento de Cataluña "rechaza" y "condena" la  b
ieEnxstepprraveñesonalc aoi ó ynn,o  ed aned l mfrueintyicr. i lóoEn lq  dpuereiml  pceroornopt oednxeet o lu oe son f tréeqrcumee"i n,s oaess ,ií n cssoeemgrtúaon,  " mseilgo ndsiitfcriaccairo  on"pcaoorisnoit crdaióedn e loac i rdR eloes apqlr ueAecc ioaa dlage uumineiana    2020-1127n https://ww
cpoenrstioennae,  gurnuap oc,a crgoam udnei dvaadlo, reatcci.ó".n P poer ysour aptiavrate ,a úenl d me á"cso inndteennsaa",  qsueeg úenl  ealn mteisrimoro,  adli cscuiopnoanreior,, 
entre otros, el de "reprobar una doctrina, unos hechos, una conducta etc., que se tienen por 
malos y perniciosos"» [FJ 4 c)].
Continuaba  esta  sentencia  destacando  que  «[l]a  utilización  de  ambos  términos 
entraña, pues, un doble juicio de contradicción u oposición hacia una persona, en este 
caso la del rey, al tiempo que una reprobación de unos hechos y de una conducta o 
intervención (discurso del día 3 de octubre de 2017) que aquél adoptó en relación con 
los mismos. Se trata, pues, de una declaración formal en la que el Parlamento de 
Cataluña toma posición institucional emitiendo un juicio de valor que es contrario a la 
configuración constitucional de la Institución de la Corona» [FJ 4 c)].
Proseguía  la  STC  98/2019,  poniendo  de  manifiesto  que  la  persona  del  rey  es 
inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3 CE), por lo que aquella decisión 
de  la  cámara  catalana  de  rechazo  y  condena  de  la  actuación  del  rey  había  sido 
«adoptada fuera del ámbito propio de sus atribuciones, que son las que le confieren la 
Constitución, el estatuto de autonomía de Cataluña y su propio reglamento orgánico, que 
no le reconocen ninguna potestad de censura o reprobación de los actos regios» [FJ 4 
c)]. Y además, destacaba que «cualquier decisión institucional de un órgano del Estado, 
en este caso del Parlamento de Cataluña, que pretenda emitir aquel doble juicio de 
contradicción u oposición, así como de reprobación, en los términos antedichos, hacia la 
persona del rey, resultará contrario al mencionado estatus constitucional del monarca, 
pues la imputación de una responsabilidad política y la atribución de una sanción, 
igualmente política, en forma de "rechazo" y de "condena" a una persona a la que la 
Constitución  le  confiere  la  doble  condición  de  inviolabilidad  y  de  exención  de 
responsabilidad, contraviene directamente el art. 56.3 CE, porque supone desconocer 
este estatus que la Constitución le reconoce al rey, al atribuirle una responsabilidad que 
es incompatible con su función constitucional» [FJ 4 c)].
Por todo ello, la STC 98/2019 finalizaba declarando que la analizada letra c) del 
apartado  decimoquinto,  epígrafe  II  de  la  resolución  92/XII  era  «contraria  a  la 
configuración constitucional del rey, establecida en los arts. 1.3 y 56.1 CE, así como a la 
inviolabilidad y a la exención de responsabilidad de la persona del monarca prevista en 
el art. 56.3 CE, por lo que debe ser declarada inconstitucional y nula» [FJ 4 c)].
Pues bien, el apartado I.1.3 e) de la resolución 534/XII, con remisión expresa a la 
anterior resolución 92/XII y utilizando como término inicial el de que el Parlamento de 
Cataluña se «[r]eafirma también [en] su rechazo al posicionamiento del rey Felipe VI y su 
intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los 
cuerpos  policiales  el  Primero  de  Octubre»,  está  volviendo  a  reproducir  el  anterior 
pronunciamiento institucional que hizo en la precedente resolución 92/XII. Reitera una 
vez más su juicio de contradicción y oposición a la actuación concreta del rey con 
ocasión de los acontecimientos que tuvieron lugar el día 1 de octubre de 2017 y, 
además, sigue utilizando uno de los dos términos de los que ya se sirvió para censurar 
aquella intervención del rey, volviendo a emplear de nuevo el término «rechazo» para 
referirse al monarca.
En el mismo sentido, el apartado I.2 6.2 de su resolución 534/XII, el Parlamento de 
Cataluña  insiste  en  que  «se  reafirma  en  su  reprobación  de  Felipe  VI  por  su 
posicionamiento  y  su  intervención  con  relación  al  conflicto  democrático»,  es  decir, 
guardando una estrecha conexión con el apartado anteriormente analizado, nuevamente 
el Pleno de la Cámara catalana vuelve a poner de manifiesto, utilizando el término 
«reprobación»,  aquella  muestra  de  «oposición  y  desprecio»,  que  señalaba  la 
STC 98/2019 hacia el rey Felipe VI. s
Comparando,  pues,  los  términos  de  los  apartados  ahora  analizados  de  la  oe.
resolución 534/XII con la fundamentación y fallo de la STC 98/2019, se aprecia con  w.
declepacírgildaraarafdec  iqóIuIn e d deae q luaine clrleoasn ionsltcuitucuricróeino  en9na2 liud/XnaaIdI ,  cyqla unreau  lcildaoa npdtrr aeddceiic talcadió alne  stcreaon nct ee) nsdctaeia l ú adltpiema reats,a tddeeo s Tdcroeibncuiomncaoielq nhudainobt oílaa,    2020-1127n https://w
declarado inconstitucional y nula. Además, la ahora impugnada resolución, hace expresa
mención a la anterior 92/XII, precisamente para «reafirmarse» en lo que, en la misma, se 
había aprobado.
b)  Por  otra  parte,  la  STC  98/2019,  en  relación  con  la  letra  d)  del  apartado 
decimoquinto, epígrafe II de la resolución 92/XII, reconoce la unidad de sentido del texto 
de esta letra con la anterior y señala que «[c]uando el Parlamento catalán se "reafirma" 
en un modelo republicano de Estado y "apuesta" por la abolición de la monarquía, por 
reputarla como una "institución caduca y antidemocrática", tal afirmación no puede ser 
extraída del contexto en que se ha incluido, para analizarla aisladamente y entender que 
es una mera declaración de voluntad política, individualizada y separada del resto de 
este  apartado  decimoquinto»  y  agrega  que  «se  dirige  frontalmente  contra  un 
determinado acto del rey, con motivo de la situación de "conflicto" (así viene recogido 
este término en la letra c) que la institución catalana afirma que existe entre el Estado y 
Cataluña, al que censura con términos peyorativos respecto del "posicionamiento" que 
aquel adopta ante aquel conflicto. Lo que hace la letra d) es "reafirmar su compromiso 
con los valores republicanos", esto es reforzar, de una parte, su preferencia por el 
sistema  republicano,  pero,  al  propio  tiempo,  también  su  rechazo  y  condena  a  la 
institución monárquica, en cuanto que es ostentada por el titular de la Corona, que 
previamente ha sido objeto de aquel juicio de rechazo y condena».
No se trata, como dice la representación del Parlamento de Cataluña, de un mero 
desideratum o de una declaración de voluntad política que no va más allá de este deseo, 
precisamente porque el contexto en el que se enmarca excluye toda posibilidad de 
aceptar esta valoración. Si la letra c) expresa con la contundencia que lo hace su 
rechazo y condena al rey por su «posicionamiento» en el conflicto catalán y por su 
«intervención» del día 3 de octubre de 2017, el corolario lógico a este planteamiento será 
también el rechazo de la institución monárquica que aquél representa y de la que es su 
titular. La «apuesta por la abolición» de la monarquía se tiene que interpretar también en 
ese contexto de rechazo y condena que se ha anticipado. La letra d) hace extensivo el 
juicio  de  reprobación  dirigido  contra  el  rey,  también  a  la  Corona  y  al  sistema 
constitucional de monarquía parlamentaria que aquel representa» [FJ 4 d)].
La STC 98/2019 terminaba declarando la inconstitucionalidad y nulidad, también, de 
la letra d) del apartado decimoquinto, epígrafe II de la resolución 92/XII.
Pues  bien,  el  apartado  I.1.3  e)  de  la  resolución  534/XII  ahora  impugnado  se 
«reafirma» en «su compromiso con los valores republicados y apuesta por la abolición 
de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía», es decir, vuelve a 
reiterar,  utilizando  los  mismos  términos  que  ya  hubo  recogido  en  la  letra  d)  de  la 
resolución  92/XII  y,  para  mayor  claridad  de  esta  insistencia  en  el  mismo  texto  y 
contenido, se remite de modo expreso a la propia resolución 92/XII cuando afirma, a 
continuación, que la reafirmación de tal compromiso lo es «tal como ya quedó recogido 
en la resolución 92/XII, aprobada por la mayoría del Parlamento de Cataluña». En los 
mismos términos se vuelve a manifestar en el siguiente apartado I.3.7.2 cuando, de 
nuevo, «reafirma su derecho a expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la 
actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores 
republicanos», citando de nuevo la resolución 92/XII.
Se trata, pues, en esta resolución 534/XII y en los pasajes que se han impugnado, de 
volver a reproducir, con las mismas expresiones, un pronunciamiento institucional del 
Parlamento de Cataluña que este Tribunal declaró inconstitucional y nulo, que, además, 
se remite de modo expreso a aquella resolución 92/XII. Por tanto, nuevamente la cámara 
catalana ha vuelto a desatender lo decidido por este Tribunal en su STC 98/2019, por  s
cuanto ha vuelto a aprobar en los apartados impugnados de la resolución 534/XII los  oe.
mismos pronunciamientos que ya hizo en la precedente resolución 92/XII. w.
7.  Conclusión. 2020-1127n https://w
con Elol sa naáplaisritsa dcoosm Ip.1a,r aIt.i2v oy  dI.e3  ldoes  flau nrdeasmoleunctióons  j5u3rí4d/iXcIoI sl leyv dae al  flaal loc odnec lluas iSóTn Cd e9 8q/u2e0 1e9l 
Parlamento de Cataluña ha vuelto a incidir en la vulneración del orden constitucional y
estatutario. Este Tribunal aprecia que su contenido es objetivamente contrario a la 
Constitución, a la vista de los pronunciamientos contenidos en la citada STC 98/2019, lo 
que la cámara autonómica conocía antes de proceder a debatir y votar en el pleno del 25 
de julio de 2019.
La  aprobación  de  esas  concretas  propuestas  finalmente  incorporadas  a  los 
apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII, en los incisos de las mismas que son 
objeto del presente incidente de ejecución desacatan y contradicen frontalmente lo 
decidido por este Tribunal en dichas resoluciones.
Al aprobar la resolución 534/XII, en los apartados e incisos que son objeto del 
incidente  de  ejecución,  el  Parlamento  de  Cataluña  desatiende  los  reiterados 
pronunciamientos y advertencias de este Tribunal y pretende de nuevo «cancelar de 
hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la 
Constitución, del estatuto de autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se 
avinieran o acomodaran al dictado de su nuda voluntad. […] Se ha situado por completo 
al margen del derecho, ha entrado en una inaceptable vía de hecho (SSTC 103/2008, 
FJ  4,  y  259/2015,  FJ  7,  así  como  ATC  24/2017,  FJ  9)»  (STC  114/2017,  FJ  5,  y 
ATC 144/2017, FJ 5).
Por  otro  lado,  este  Tribunal  viene  advirtiendo  de  forma  expresa  a  los  poderes 
públicos  implicados  y  a  sus  titulares,  especialmente  a  la  mesa  del  Parlamento  de 
Cataluña, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones 
de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 7; 24/2017, FJ 9; 123/2017, FJ 8; 
124/2017, FJ 8, y 144/2017, FJ 8). Tal admonición no supone en modo alguno una 
restricción  ilegítima  de  la  autonomía  parlamentaria  ni  compromete  el  ejercicio  del 
derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE; es 
la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos 
(art. 9.1 CE). De ahí deriva el cualificado deber de acatamiento a la Constitución que 
recae sobre los titulares de cargos públicos, incluidos los electos, «que no se cifra en 
una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de 
realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento 
jurídico  (en  tal  sentido,  entre  otras,  SSTC  101/1983,  de  18  de  noviembre,  FJ  3, 
y 122/1983, de 16 de diciembre, FJ 5). Que esto sea así para todo poder público «deriva, 
inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho» 
(STC 259/2015, FJ 4).
Como este Tribunal recordó también en sus AATC 141/2016, FJ 5; 170/2016, FJ 7; 
24/2017, FJ 9; 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8, el debate público en las asambleas 
legislativas sobre proyectos políticos que pretendan modificar el fundamento mismo del 
orden constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Constitución, de una 
irrestricta libertad; siempre que la misma no se articule o defienda a través de una 
actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto 
de los mandatos constitucionales y que el intento de su consecución efectiva se realice 
en el marco constitucional, lo que excluye la conversión de esos proyectos políticos en 
normas o en otras determinaciones del poder público de manera unilateral, despreciando 
el procedimiento de reforma constitucional (SSTC 42/2014, FJ 4, y 259/2015, FJ 7). La 
autonomía parlamentaria (art. 58 EAC) no puede en modo alguno servir de pretexto para 
que  la  Cámara  autonómica  se  considere  legitimada  para  atribuirse  la  potestad  de 
vulnerar  el  orden  constitucional  (STC  259/2015,  FJ  7),  ni  erigirse  en  excusa  para 
soslayar  el  cumplimiento  de  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional  s
(AATC 170/2016, FJ 6; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8). oe.
Pese a ello, el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas  w.
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a los que se contrae el presente incidente de ejecución. De esta suerte la cámara
autonómica apela de nuevo a un entendimiento del principio democrático objetivamente 
contrario a la Constitución.
Todo  ello  conduce  a  estimar  el  incidente  de  ejecución  (arts.  87.1  y  92  LOTC) 
promovido por el Gobierno contra la resolución 534/XII, en los incisos impugnados de 
sus apartados I.1, I.2 y I.3, cuya apariencia de juridicidad –por provenir de un poder 
público sin duda legítimo en origen– debe ser declarada inconstitucional y nula.
8.  Alcance.
La  garantía  del  orden  constitucional,  gravemente  conculcado  por  la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, en los apartados e 
incisos de la misma a los que se refiere el presente incidente de ejecución, exige que 
este Tribunal ejerza las competencias que la Constitución le encomienda para preservar 
su  jurisdicción  y  el  cumplimiento  de  sus  resoluciones  (STC  259/2015,  FJ  4; 
AATC 189/2015, FJ 3; 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 9; 24/2017, FJ 12; 123/2017, FJ 11, 
y 124/2017, FJ 9).
Ello implica que la estimación del presente incidente de ejecución no se limite a 
declarar la nulidad de la resolución 534/XII en los apartados e incisos impugnados, sino 
que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 87.1, párrafo segundo, 
y 92.4 LOTC, y conforme a lo interesado por el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, 
procede  notificar  personalmente  el  presente  auto  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, 
advirtiéndoles de su deber de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes 
a dar cumplimiento a la resolución 534/XII en los incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 
que declaramos nulos, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, 
jurídica o material, que directa o indirectamente pretenda o suponga ignorar o eludir la 
nulidad acordada de dichos incisos de esa resolución parlamentaria. Todo ello con 
expreso apercibimiento de las eventuales responsabilidades en las que pudieran incurrir, 
incluida la penal, en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
1.º  No tener por comparecidos ni parte en este incidente de ejecución a doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña.
2.º  Estimar el incidente de ejecución formulado por el abogado del Estado en 
representación del Gobierno respecto de los incisos de los apartados I.1.3 e); 1.2.6.2 y 
I.3.7.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, 
«sobre las propuestas para la Cataluña real», que quedan indicados en el antecedente 2 
y en el fundamento jurídico 1 del presente auto y, en su virtud:
a)  Declarar la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1.3 e); 1.2.6.2 y 
I.3.7.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019.
b)  Notificar  personalmente  el  presente  auto  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con 
la  advertencia  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar 
cumplimiento a la resolución 534/XII, en los apartados e incisos anulados, y de su deber 
de  impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa,  jurídica  o  material,  que  directa  o  e
indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados e incisos de dicha  bo
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resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las 
que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José  González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.
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