BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 41965
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6380 Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador 
de la propiedad interino de Belorado, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto por doña M. Z. O. contra la calificación del registrador de la 
Propiedad interino de Belorado, don Fernando Serna Rubio, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 17 de agosto de 2019 por el notario de Belorado, 
don Alfredo Colmenarejo González, se otorgaron las operaciones de adjudicación de la 
herencia causada por el óbito de doña A. O. L. Había fallecido el día 16 de marzo 
de 2019, careciendo de ascendientes y descendientes. Ocurrió su óbito bajo la vigencia 
de su último testamento otorgado ante el mismo notario citado, el día 27 de julio de 2018, 
en el que, tras la realización de algunos legados, instituyó herederos a diversos sobrinos 
de la testadora, sustituidos por sus descendientes. En la escritura referida, intervinieron 
en su otorgamiento todos los llamados en el citado testamento.
Interesa a los efectos de este expediente, que, en el inventario, figuraban las fincas 
registrales número 6.733, 6.734 y 6.736 del Registro de la Propiedad de Belorado. En el 
Registro constaba lo siguiente: que dichas fincas procedían de la división horizontal de 
otra –la 4.135– que, a su vez, procedía de una reanudación de tracto sucesivo y 
disolución  de  comunidad,  y  que,  en  cuanto  a  una  tercera  parte  indivisa  de  esa 
comunidad, la causante había adquirido por herencia de su esposo, don E. M. E., quien 
falleció el día 8 de marzo de 1971, bajo la vigencia de su último testamento otorgado 
ante el notario de Belorado, don Julián Sastre Martín, el día 6 de marzo de 1971, en el 
cual, dispuso lo siguiente: «Instituye heredera fiduciaria en todos sus derechos, bienes y 
acciones a su esposa Doña A. O. L., con la condición de que no contraiga nuevo 
matrimonio,  pues  en  este  caso  quedará  sin  efecto  y  reducida  a  su  cuota  legal 
usufructuaria, y la sustituye vulgar y fideicomisariamente por sus hermanos Doña M. y 
Don B., sustituidos a su vez por sus respectivos descendientes legítimos».
II
Presentada la referida escritura el día 10 de septiembre de 2019 en el Registro de la 
Propiedad de Belorado, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Previa calificación del documento presentado –escritura autorizada por el Notario de 
Belorado, don Alfredo Colmenarejo González, el diecisiete de agosto del año dos mil 
diecinueve, protocolo número 522-, que ha sido presentada a las catorce horas veinte  es
minutos  del  diez  de  septiembre  de  dos  mil  diecinueve,  según  el  asiento  1145  del  o
diario 57, y una vez examinados los antecedentes del Registro, de conformidad con los  80ww
arts.S1e8  syu 1s9p ebnisd eL:H:
La inscripción de las fincas inventariadas.
Hechos y Fundamentos de Derecho: Vistos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria, 
artículos 781, 783 párrafo segundo, 784, 785 1.º del Código Civil, y 82 del Reglamento 
Hipotecario.
Doña A. O. L. es dueña de las fincas como heredera fiduciaria. En el Registro consta 
que doña A. por fallecimiento de su esposo fue instituida heredera fiduciaria, con la 
condición de que no contraiga nuevo matrimonio, pues en este caso quedará sin efecto y 
reducida a su cuota legal usufructuaria y la sustituye vulgar y fideicomisariamente por 
doña M. y don B. M. E.
Si no resultan ser otros los términos en que fue redactado el testamento, la voluntad 
del  testador  es  establecer  un  orden  sucesivo  de  llamamientos  en  favor  de  varios 
herederos, fiduciario primero, doña A., y posteriormente a ella, a su fallecimiento, a dos 
fideicomisarios. El fideicomitente dispone una múltiple institución de heredero, de tal 
manera que el fiduciario y el fideicomisario son herederos suyos, pero por el orden 
sucesivo que ha señalado. Habiendo un orden sucesivo de llamamientos, el fiduciario no 
es titular definitivo de la herencia, por lo que no puede disponer de ella, y cuando llega 
su fallecimiento debe hacer entrega de la herencia a los fideicomisarios designados. Es 
decir, el fiduciario, doña A., es heredera y titular de la herencia, pero a su fallecimiento, 
los herederos y titulares serán los fideicomisarios a quién se deberá entregar la herencia 
fideicomitida, a esta obligación de entrega se refiere el párrafo segundo del artículo 783 
del Código Civil –citado en vistas–.
El  defecto  observado  se  considera  subsanable,  pudiendo  solicitarse  anotación 
preventiva de suspensión dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación a que 
se refieren los arts.42.9.º, 65 y 323 LH. No se practica anotación de suspensión por no 
haberse solicitado. La presente nota de calificación negativa lleva consigo la prórroga 
automática de la vigencia del asiento de presentación por un plazo de sesenta días 
contados desde la última notificación a que se refiere el art.323 LH. Contra esta nota de 
calificación negativa (…)
Belorado, a 19 de septiembre de 2019.– El registrador interino (firma ilegible) Fdo: 
Fernando Serna Rubio.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. Z. O. interpuso recurso el día 24 de 
octubre de 2019 en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente:
Primero.  Que la voluntad del testador es Ley en la sucesión, y que toda disposición 
testamentaria habrá de interpretarse de la manera que parezca más conforme a la 
intención del testador según el tenor del mismo testamento, de conformidad con el 
artículo 675 del Código Civil.
Se trata por lo tanto de averiguar la voluntad del testador, y, en este sentido, el tenor 
literal de las palabras empleadas por el testador en el testamento es determinante en 
este caso, y solo cuando aparezca claramente que otra fuera la voluntad del testador 
será cuando puede prescindirse del sentido literal y determinar un alcance distinto. 
Frente a la interpretación de la calificación, entendemos que la sustitución fideicomisaria 
establecida está directamente ligada a la condición negativa impuesta a la heredera 
fiduciaria de no contraer matrimonio. Dicha condición negativa de no contraer matrimonio 
y la sustitución fideicomisaria se incluyen en el mismo párrafo, sin separación alguna, 
siendo que la institución de heredera y su posición jurídica como fiduciaria es una única  es
institución, que es la que se quiere someter a condición por el causante. bo
Segundo.  Si se admitiera que nos encontramos ante una doble institución sucesiva,  80ww
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De hecho, el Código Civil no la contempla entre sus disposiciones legales, y en todo
caso, presenta serios problemas de interpretación, que, desde luego, no se cohonestan 
con los términos en que está redactado el testamento. En este caso, el instituido bajo 
condición resolutoria tiene una delación a la herencia desde la apertura de la sucesión. 
Si la acepta, el cumplimiento o incumplimiento de la condición le obligará a la restitución 
de la herencia y de todo lo percibido. Lo cuestionable estriba en, si pese a esta delación, 
puede entrar en el goce de la herencia sin afianzar el cumplimiento de esa obligación de 
restitución. El artículo 800 del Código Civil impone el afianzamiento cuando la condición 
impuesta al heredero fuese negativa de no dar o de no hacer, sin distinguir si aquella 
condición es suspensiva o resolutoria. En resumen: los términos en que está redactado 
el  testamento,  no  parecen  indicar  que  la  voluntad  del  testador  haya  sido  la  de 
condicionar la institución de heredera, sino que lo que se quería era la transmisión de los 
bienes desde ésta a los hermanos del testador para el supuesto de que la condición 
negativa no se cumpliera. En definitiva, que hay un orden sucesivo de llamamientos a 
una misma herencia, pero sujeto el segundo al cumplimiento de una condición, lo que 
estructura  una  sustitución  fideicomisaria  condicional,  que  está  sujeta  a  sus  propias 
reglas, distintas de las que son aplicables a las sustituciones de heredero y del legado 
condicional o a término, previstas en los artículos 790 y siguientes del Código Civil.
Tercero.  Por otro lado, está la voluntad del causante que se puede inferir de la 
condición impuesta. La condición de no contraer nuevo matrimonio, con independencia 
de los conflictos éticos o morales que le son intrínsecos, está expresamente admitida en 
el ordenamiento jurídico para el caso de que haya sido impuesta al viudo o viuda por su 
difunto consorte, tal y como establece el artículo 793 del Código Civil. Se trata de un 
propósito de castigo al cónyuge viudo que, con posterioridad al fallecimiento del primer 
consorte contraiga nuevas nupcias. Y esta afirmación viene reforzada por la época en 
que fue redactado el testamento en cuestión, en que las circunstancias socio familiares 
venían marcadas por el gran sentido de la fidelidad y por la consideración del nuevo 
matrimonio como afrentoso para el honor del marido fallecido. El establecimiento de 
sustitución fideicomisaria siendo fiduciaria la viuda y fideicomisarios los hermanos del 
causante,  con  la  condición  de  no  contraer  nuevo  matrimonio,  so  pena  de  quedar 
reducida la viuda a la participación legítima, es congruente con las convicciones sociales 
imperantes en el momento del otorgamiento del testamento objeto de interpretación, de 
lo que se puede inferir que esta pudo ser la verdadera voluntad del causante. Aceptado 
este propósito de castigo, cabe desterrar de la voluntad del causante la intención de 
establecer un orden sucesivo en la sucesión de sus bienes, por lo que carecería de 
fundamento interpretar la disposición testamentaria en el sentido de imponer una doble 
restricción a la herencia adquirida por la fiduciaria de su difunto consorte: una restricción 
en vida a través de la condición de no contraer matrimonio, y otra, tras su muerte, a 
través de una sustitución fideicomisaria sometida a plazo presunto de su fallecimiento. 
Esto supondría un castigo añadido e infundado a la esposa que cumpliera con la 
voluntad de su difunto consorte. De acuerdo con lo previsto en el 675 del Código Civil, 
cabe interpretar que la sustitución fideicomisaria está impuesta bajo la condición de no 
contraer matrimonio y no bajo el supuesto plazo constituido por el fallecimiento de la 
fiduciaria.
Cuarto.  Las  dos  interpretaciones  en  conflicto  conllevan  unas  consecuencias 
totalmente diferentes en relación a las restricciones impuestas al derecho de propiedad 
que fue adquirido por la fiduciaria en el momento de la aceptación. La interpretación de 
que  hay  una  institución  de  herencia  condicional  y  una  sustitución  fideicomisaria, 
implicaría  la  existencia  de  un  plazo  presunto  constituido  por  el  fallecimiento  de  la  s
fideicomisaria,  que  determinaría  a  su  muerte  el  tránsito  de  los  bienes  a  los  oe.
fideicomisarios. Sin embargo, la interpretación aquí defendida, y que vienen a configurar  w.
la  condición  de  no  contraer  nuevo  matrimonio  como  propia  de  la  sustitución  80ww
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obligación  de  evitar  las  restricciones  innecesarias  y  no  expresamente  previstas  al 
derecho  de  propiedad,  debiendo  acudir  a  las  presunciones  única  y  exclusivamente 
cuando no quepa otra alternativa. En este caso si cabe otra alternativa, ya que partiendo 
de la consideración de que la sustitución fideicomisaria siempre debe estar sometida a 
una condición a un plazo, carece sentido acudir a un plazo presunto cuando ya se ha 
establecido por el testador una condición expresa.
Quinto.  Extinción  de  la  sustitución  fideicomisaria.  La  condición  impuesta  fue 
debidamente observada por la fiduciaria, toda vez que falleció sin contraer matrimonio. 
En la medida en la que no se ha cumplido la condición negativa resolutoria a la que se 
sometía la sustitución fideicomisaria, se debe considerar purificada la posición jurídica de 
la  fiduciaria,  y  considerar  extinguida  la  obligación  de  transmitir  los  bienes  a  los 
fideicomisarios pasando los bienes a los futuros herederos de la fiduciaria conforme lo 
establecido en su propio testamento.
IV
Mediante escrito, el registrador de la Propiedad interino emitió informe y elevó el 
expediente a este Centro Directivo. Notificada el 25 de octubre de 2019 la interposición 
del recurso al notario autorizante de la escritura calificada, no se produjo alegación 
alguna. Del informe del registrador resultaba que, con fecha de 27 de agosto de 2019, se 
presentó por vía telemática una escritura autorizada el día 26 de agosto de 2019 por el 
notario de Haro, don Carmelo Prieto Ruiz, de adjudicación por sustitución fideicomisaria 
de  las  fincas  registrales  número  6.733,  6.734  y  6.736,  y  que  fue  suspendida  la 
calificación por no acreditarse el pago del Impuesto.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 675 del Código Civil; 1, 3, 17, 18, 20, 34, 38 y 255 de la Ley 
Hipotecaria, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 18 de junio de 1993, 9 de abril de 1994, 2 de octubre de 1998, 8 de abril de 1999, 22 
de marzo y 15 de junio de 2001, 9 de enero de 2004, 1 y 13 de abril, 19 de mayo y 13 de 
octubre de 2005, 13 y 18 de enero, 14 de abril, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 26 
de enero y 25 de agosto 2011, 22 de mayo, 20 de julio, 26 de noviembre y 19 de 
diciembre de 2012, 19 de julio, 30 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 24 de 
enero y 30 de abril de 2014, 29 de junio, 2 y 16 de julio, 18 de septiembre y 22 de 
diciembre de 2015 y 26 de mayo y 7 de junio de 2016.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: la causante 
falleció el día 16 de marzo de 2019, careciendo de ascendientes y descendientes; en su 
último testamento, instituyó herederos a diversos sobrinos suyos sustituidos por sus 
descendientes; en la escritura intervienen todos los llamados en ese testamento; en el 
inventario figuran unas fincas que según consta el Registro, proceden de la división 
horizontal de otra, que, a su vez, procedía de una reanudación de tracto sucesivo y 
disolución  de  comunidad,  y  que,  en  cuanto  a  una  tercera  parte  indivisa  de  esa 
comunidad, la causante había adquirido por herencia de su esposo, quien falleció el 
día 8 de marzo de 1971, bajo la vigencia de su último testamento, en el cual, dispuso lo 
siguiente: «Instituye heredera fiduciaria en todos sus derechos, bienes y acciones a su 
esposa Doña A. O. L., con la condición de que no contraiga nuevo matrimonio, pues en  e.e
este caso quedará sin efecto y reducida a su cuota legal usufructuaria, y la sustituye  b
vulgar y fideicomisariamente por sus hermanos Doña M. y Don B., sustituidos a su vez  80ww
por Esul sr eregsisptreacdtiovro ss edñeaslcae ncdoimenot edse lfeegcíttoim qouse» .la causante es dueña de las fincas en la
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ella como heredera fiduciaria, y posteriormente a su fallecimiento, a los dos hermanos 
del esposo testador, como herederos fideicomisarios.
La recurrente alega lo siguiente: que la sustitución fideicomisaria establecida está 
directamente ligada a la condición negativa impuesta a la heredera fiduciaria de no 
contraer  matrimonio,  y  dicha  condición  negativa  de  no  contraer  matrimonio  y  la 
sustitución fideicomisaria se incluyen en el mismo párrafo, sin separación alguna, siendo 
que  la  institución  de  heredera  y  su  posición  jurídica  como  fiduciaria  es  una  única 
institución, que es la que se quiere someter a condición por el causante; que los términos 
en que está redactado el testamento, no parecen indicar que la voluntad del testador 
haya sido la de condicionar la institución de heredera, sino que lo que se quería era la 
transmisión de los bienes desde ésta a los hermanos del testador para el supuesto de 
que la condición negativa no se cumpliera y que en definitiva, hay un orden sucesivo de 
llamamientos a una misma herencia, pero sujeto el segundo al cumplimiento de una 
condición,  lo  que  estructura  una  sustitución  fideicomisaria  condicional;  que  cabe 
desterrar de la voluntad del causante la intención de establecer un orden sucesivo en la 
sucesión de sus bienes, ya que carecería de fundamento interpretar la disposición 
testamentaria en el sentido de imponer una doble restricción a la herencia adquirida por 
la fiduciaria de su difunto consorte: una restricción en vida a través de la condición de no 
contraer matrimonio, y otra, tras su muerte, a través de una sustitución fideicomisaria 
sometida a plazo presunto de su fallecimiento; que en resumen, la condición de no 
contraer nuevo matrimonio es propia de la sustitución fideicomisaria, y afecta solo a la 
misma, de manera que si no se contrae matrimonio no tiene efecto la sustitución.
2.  La cuestión central de este expediente radica en la interpretación que se deba 
dar a la cláusula del testamento del esposo da la causante, de cuya herencia provienen 
las fincas objeto del inventario de la misma. En primer lugar, en cuanto a la interpretación 
de las disposiciones testamentarias, hay que recordar la doctrina reiteradísima de este 
Centro  Directivo,  que  ha  afirmado  lo  siguiente:  «En  cuanto  a  los  elementos  de  la 
interpretación (…) La interpretación de las cláusulas de los testamentos puede resultar 
dificultosa en múltiples ocasiones pues esas cláusulas pueden ser a veces oscuras, 
ambiguas, imprecisas, incompletas, equívocas, excesivamente rígidas o drásticas, de 
significado dudoso, etc., si bien, como ha recogido la Jurisprudencia (Vistos), la mayor 
parte de los testamentos se otorgan en forma abierta ante Notario y hallándose el 
testador en condiciones normales de capacidad, por lo que la inteligencia de estas 
cláusulas no debería suscitar dudas ni problemas aun cuando en numerosas ocasiones 
son productoras de mucha jurisprudencia. El precepto fundamental en esta materia es el 
artículo 675 del Código Civil, del que resulta el entendimiento de las cláusulas conforme 
el sentido literal de las palabras a menos que aparezca claramente que fue otra la 
voluntad del testador. Lo que confirman otras disposiciones del Código Civil, como el 
artículo 773 para el nombre y apellidos de los designados como herederos o legatarios. 
En cualquier caso, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que el 
centro de gravedad de la interpretación de las disposiciones de última voluntad radica 
esencialmente en la fijación de la voluntad real del testador, esto es, sentido espiritualista 
de las disposiciones. La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Diciembre de 1985 
establece que “a diferencia de lo que ocurre con los actos inter vivos, en los que el 
intérprete debe tratar de resolver el posible conflicto de intereses entre el declarante y el 
destinatario de la declaración, la interpretación de los actos testamentarios, aunque tiene 
su punto de partida en las declaraciones del testador, su principal finalidad es investigar 
la voluntad real, o al menos probable, del testador en sí misma, pues no cabe imaginar  s
un conflicto entre los sujetos de la relación –causante y herederos– sin que pueda ser  oe.
obstáculo la impropiedad o lo inadecuado de los términos empleados, siempre que  w.
aquella voluntad resulte de las circunstancias, incluso externas del testamento –como ya  80ww
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interpretación de los testamentos debe prevalecer un criterio distinto de la interpretación 
de los contratos. Con todo, el artículo 675 CC no excluye la posible aplicación de 
algunos de los preceptos relativos a la interpretación de los contratos contenidos en los 
artículos 1281 a 1289 CC. Ciertamente el primer elemento en la interpretación de los 
testamentos es el literal, pero merced a la utilización de otros elementos interpretativos 
se debe establecer cuál es el verdadero significado de las cláusulas testamentarias. El 
Tribunal Supremo ha hecho aplicación en numerosas ocasiones de la prueba extrínseca, 
y señala la importancia del factor teleológico y sistemático con objeto de llegar a una 
interpretación armónica del testamento. En este sentido, la Sentencia de 9 de noviembre 
de 1966: “atendiendo fundamentalmente a la voluntad del testador, para la que ha de 
tomarse en consideración todo cuanto conduzca a interpretar la voluntad verdadera, 
captando el elemento espiritual sin limitarse al sentido aparente o inmediato de las 
palabras  y  basándose  para  tal  indagación  en  los  elementos  gramatical,  lógico  y 
sistemático, más sin establecer entre ellos prelación o categorías”. En consecuencia, la 
interpretación debe dirigirse fundamentalmente a interpretar la voluntad del testador con 
los límites de que el que puede aclararla en primera persona ya no vive, y el carácter 
formal del testamento, que exige partir de los términos en que la declaración aparece 
redactada  o  concebida.  La  jurisprudencia  ha  empleado  como  primera  norma  de 
interpretación  la  literalidad  de  las  palabras  empleadas  en  el  testamento,  si  bien 
atemperada  y  matizada  por  los  elementos  lógicos,  teleológicos  y  sistemáticos  que 
conforman el sentido espiritual de la voluntad del testador, esto es su voluntad real. La 
sentencia de 5 de octubre de 1970 exige para la interpretación matizada de la literalidad 
del testamento, que existan otros datos o elementos que claramente demuestren que fue 
otra la voluntad del testador, y que, si bien debe partirse del elemento literal, debe serlo 
siempre que la intención no parezca la contraria. Por su parte, la Resolución de la 
Dirección General de fecha 26 de Mayo de 2.016, precisa y delimita algunos principios 
de interpretación: que ha de primar el criterio subjetivista, que busca indagar la voluntad 
real del testador, armonizando en lo posible las distintas cláusulas del testamento, y 
acudiendo con la debida prudencia a los llamados medios de prueba extrínsecos o 
circunstancias exteriores o finalistas a la disposición de última voluntad que se interpreta, 
tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo en diferentes Sentencias; Que debe 
prevalecer mientras tanto la interpretación favorable a la eficacia de la institución, en 
congruencia con el principio de conservación de las disposiciones de última voluntad que 
late en diversas normas del Código Civil (cfr., por ejemplo, el propio artículo 767, y los 
artículos 715, 743, 773, 786, 792, 793, así como, “ex analogía”, el 1284); Que es lógico 
entender que en un testamento autorizado por notario las palabras que se emplean en la 
redacción de aquél tienen el significado técnico que les asigna el ordenamiento, puesto 
que preocupación del notario debe ser que la redacción se ajuste a la voluntad del 
testador, en estilo preciso y observando la propiedad en el lenguaje. Así, en la Sentencia 
de 6 de febrero de 1958, tras afirmar que se ha de estar a los términos del testamento, 
indica  que  las  palabras  empleadas  por  el  testador  no  han  de  entenderse  siempre 
conforme el común sentir de la comunidad en el sector social “en el que se hallaba 
rodeado el agente” sino “en el propio y peculiar de este al referirse concretamente a sus 
bienes y derechos”. En esta jurisprudencia se trataba de un huerto que consideraba la 
testadora cuando se refería a él, que incluía la edificación dentro del mismo. En parecido 
sentido la sentencia de 24 de marzo de 1983. “aunque el criterio prioritario deba ser el 
literal, hay que dar a aquellas palabras el significado que proceda en relación con las 
circunstancias personales y sociales concurrentes”. La sentencia de 26 de junio de 1951  s
se fija fundamentalmente en el elemento teleológico, que establece que, en la duda,  oe.
debe preferirse la interpretación del testamento que le permita surtir efecto. El elemento  w.
lógico se destaca en la de 18 de diciembre de 1965. La sentencia asevera que el tenor  80ww
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noviembre de 1966. Pero en la de 9 de junio de 1962 se había forjado la prevalencia de 
la interpretación espiritualista: se antepone la voluntad del testador a toda expresión 
errónea o incompleta. En la de 8 de mayo de 1979, no sólo se admite la prueba 
extrínseca, es decir, en hechos o circunstancias no recogidas en el testamento, sino que 
conductas posteriores pudieron constituir medios de prueba. Por último, la elocuente 
sentencia  de  10  de  febrero  de  1986,  que  ante  la  existencia  de  ambigüedad  y 
consiguiente duda entre la voluntad del testador, su intención y el sentido literal de las 
palabras, da paso a los elementos lógico, sistemático y finalista, que no se pueden aislar 
de los otros, ni ser escalonados como categorías o especies distintas de interpretación, 
por lo que el artículo 675 no pone un orden de prelación sin que se excluya acudir a los 
medios de prueba extrínsecos, o sea, a circunstancias exteriores al testamento mismo, 
de muy diversa índole, “con tal que sean claramente apreciables y tengan una expresión 
cuando menos incompleta en el testamento, o puedan reconocerse dentro del mismo de 
algún modo”. En este sentido la Sentencia de 6 de junio de 1992, que permite hacer uso 
“con las debidas precauciones de los llamados medios extrínsecos o circunstancias 
exteriores y finalistas a la disposición de última voluntad que se interpreta”. En el mismo 
sentido las de 31 de diciembre de 1992, 30 de enero y 24 de abril de 1997 y 19 de 
diciembre de 2006».
En  cuanto  a  quien  puede  realizar  la  interpretación  de  las  disposiciones 
testamentarias, este Centro Directivo se ha manifestado en la Resolución de 30 de abril 
de 2014, que resuelve un supuesto de interpretación de testamento redactado de forma 
confusa, vinculando sus disposiciones al acaecimiento de hechos que no se sabía si 
habían ocurrido, y con legados de bienes de dudosa identificación. Señala como doctrina 
general  del  Centro  Directivo  que,  «en  principio,  la  interpretación  del  testamento 
corresponde a los herederos, o en su caso al albacea o en su defecto a la Autoridad 
Judicial y que a falta de datos concluyentes que resulten del testamento, debe prevalecer 
la interpretación literal de sus cláusulas. Así pues, la interpretación del testamento en 
caso de colisión de decisión entre los herederos, y a falta de albacea, contador partidor o 
cualquier figura designada por el testador para ello, corresponde, en particular, a los 
Tribunales  de  instancia.  Corresponde  a  los  Tribunales  de  instancia  interpretar  el 
testamento y no al Tribunal Supremo, si bien, excepcionalmente, cabe que nuestro Alto 
Tribunal revise la interpretación realizada. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha 
seguido siempre el criterio de no examinar las conclusiones interpretativas efectuadas 
por los Tribunales de instancia ya que a ellos está atribuida la facultad de interpretar el 
testamento. En cuanto a la interpretación hecha por los herederos, ha dicho este Centro 
Directivo en Resolución de 19 de mayo de 2005, que “En la interpretación del testamento 
ha de estarse a su literalidad, y a las palabras ha de otorgárselas el sentido que de ellas 
se desprende (…) Ante una posible duda, esta ha de decidirse a favor del que se halle 
obligado a ejecutar la disposición –los herederos en este caso-, dado que el obligado 
debe entenderse obligado a lo menos. Del mismo modo, y por razón del criterio antes 
expuesto, en caso de existir duda sobre lo legado, la interpretación ha de hacerse a favor 
del que debe cumplir dicho legado (…) Son los herederos, cuando lo son ‘in locus et in 
ius’, quienes han de realizar en primer término esa labor interpretativa”».
Centrados  en  el  concreto  supuesto  de  este  expediente,  la  interpretación  del 
testamento del esposo de la causante ha sido realizada por los herederos de ella, y no 
por los herederos llamados como fideicomisarios por el testador-esposo de la misma, 
que, por su parte, han otorgado una escritura divergente en cuanto a la adjudicación de 
las citadas fincas, que ha sido presentada en el Registro. En consecuencia, no puede ser  s
aceptada la interpretación dada por aquellos herederos de la causante, que sin estar  oe.
habilitados para hacerla por sí solos, además, están interesados en la misma. w.
3.  En cuanto a la cuestión central de este expediente, esto es, la interpretación de  80ww
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fideicomisariamente por sus hermanos Doña M. y Don B., sustituidos a su vez por sus 
respectivos descendientes legítimos».
El registrador entiende que la voluntad del testador, según el tenor literal de las 
palabras  empleadas,  es  la  de  imponer  a  su  esposa  como  heredera  fiduciaria,  la 
condición  de  no  contraer  matrimonio,  como  requisito  para  conservar  la  titularidad 
fiduciaria de los bienes hasta su fallecimiento; de manera que, si la fiduciaria hubiese 
contraído matrimonio –hecho que no se cuestiona puesto que se entiende acreditado 
suficientemente que falleció viuda de sus únicas nupcias contraídas con el testador-, 
quede la institución fiduciaria sin efecto y se anticipe la entrega de los bienes a los 
fideicomisarios, respetando eso sí, la cuota legal usufructuaria, que en este supuesto 
sería  de  dos  tercios;  en  caso,  que  se  ha  producido,  de  que  no  contrajera  ulterior 
matrimonio, conserva los bienes como fiduciaria hasta su fallecimiento, momento a partir 
del cual debe hacerse entrega de los mismos a los fideicomisarios. Por su parte, la 
recurrente interpreta que se trata de una institución de herencia en la cual, lo que se 
condiciona es el llamamiento fideicomisario exclusivamente, de manera que si contrae 
matrimonio  recibe  la  cuota  legal  usufructuaria  que  le  corresponde  y  suceden  los 
fideicomisarios; y si no lo contrae, adquiere como heredera los bienes y los transmite a 
sus herederos.
Pues bien, de los términos literales y las palabras utilizadas por el testador, resulta 
que está llamada como «heredera fiduciaria» y no como «heredera pura», y, dado que de 
un testamento abierto notarial se trata, es evidente que la redacción de aquél, tiene el 
significado técnico que asigna el ordenamiento, puesto que es función y obligación del 
notario, lo que cumple escrupulosamente, que la redacción se ajuste a la voluntad del 
testador, en estilo preciso y observando la propiedad del lenguaje y los tecnicismos 
precisos  para  que  la  voluntad  del  testador  quede  plasmada  de  forma  fiel  en  el 
testamento. De la redacción, resulta de forma clara, quien es la fiduciaria y quienes los 
fideicomisarios, si bien, somete la subsistencia de la titularidad fiduciaria a la condición 
de no contraer nuevo matrimonio, de manera que, en el caso de hacerlo, quedará 
reducida  a  su  cuota  legal  usufructuaria.  Por  lo  tanto,  se  trata  de  una  sustitución 
fideicomisaria en cualquier caso, en la que la condición resuelve la institución de la 
fiduciaria pero no la de los fideicomisarios, que lo son desde el mismo momento de la 
apertura de la sucesión, ya que no es la sustitución fideicomisaria la que se condiciona 
sino el disfrute la titularidad de la fiduciaria, reduciéndola a su cuota legal usufructuaria 
en el caso de contraer matrimonio y anticipando por tanto la entrada en la posesión de 
los bienes por parte de los fideicomisarios.
Bien es cierto, que otra redacción de la cláusula, en la que la condición determinase 
de forma clara que los fideicomisarios entraran en el llamamiento solo para el caso de 
nuevas nupcias de la fiduciaria, determinaría otra forma de llamamiento, pero esto no 
resulta de los términos en los que está redactada la disposición, y por lo tanto se debe 
confirmar la calificación.
4.  Por  otro  lado,  siendo  que  la  titularidad  de  la  causante  con  esa  carga 
fideicomisaria, consta inscrita en el Registro, resulta imprescindible recordar el principio 
de salvaguardia judicial de los asientos registrales (artículo 1.3.º de la Ley Hipotecaria) 
de  tal  manera  que,  como  resulta  de  la  doctrina  reiterada  (por  todas  citaremos  la 
Resolución de 17 de enero de 2001) el recurso no es el medio adecuado para plantear 
cuestiones relativas a asientos registrales vigentes, debiendo dirimirse tales cuestiones 
en sede judicial respetando el principio de tutela judicial efectiva de todos aquellos que 
pudieran ostentar interés legítimo en el mismo. s
Consecuentemente, conforme al artículo 17 de la Ley Hipotecaria, inscrito o anotado  oe.
preventivamente en el Registro cualquier título traslativo o declarativo del dominio de los  w.
inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos no podrá inscribirse o  80ww
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derecho  de  la  persona  que  otorgue  o  en  cuyo  nombre  sean  otorgados  los  actos 
referidos.
En consecuencia, estando las fincas del inventario, inscritas en el Registro de la 
Propiedad y bajo la salvaguardia de los tribunales a favor de una persona sometida a la 
sustitución fideicomisaria referida, no podrá accederse a la inscripción del título ahora 
calificado,  sin  consentimiento  de  los  herederos  fideicomisarios,  que  a  mayor 
abundamiento  han  otorgado  otra  escritura  de  adjudicación  en  su  condición  de 
fideicomisarios adjudicándose los bienes (cfr. artículo 17 de la Ley Hipotecaria). Sólo con 
las  mencionadas  cautelas  puede  garantizarse  el  adecuado  desenvolvimiento  del 
principio  constitucional  de  la  protección  jurisdiccional  de  los  derechos  e  intereses 
legítimos  y  de  la  interdicción  de  la  indefensión,  con  base  en  el  artículo  24  de  la 
Constitución  Española,  una  de  cuyas  manifestaciones  tiene  lugar  en  el  ámbito 
hipotecario a través de los reseñados principios de salvaguarda judicial de los asientos 
registrales, tracto sucesivo y legitimación.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 22 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro