BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 267 Viernes 9 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 86866
III. OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
12100 Conflicto  de  Jurisdicción  n.º  1/2020,  suscitado  entre  la  Generalitat  de 
Cataluña  y  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  1  de 
Barbastro (Huesca).
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 3/2020
Fecha Sentencia: 23/09/2020.
Tipo de procedimiento: Conflicto art.38 LOPJ.
Número del procedimiento: 1/2020.
Fallo/Acuerdo: Sentencia Resolviendo Conf. Jurisdicción.
Fecha de votación y fallo: 23/09/2020.
Ponente: Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.
Procedencia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.1 de Barbastro (Huesca).
Secretaría de Gobierno.
Transcrito por:
Nota:
Resumen:
Conflicto art. 38 LOPJ núm.: 1/2020.
Ponente: Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.
Secretaría de Gobierno.
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 3/2020
Excmos. Sres y Excma. Sra.
Presidente:
Don Carlos Lesmes Serrano.
Vocales:
Don Francisco Javier Borrego Borrego.
Don Isaac Merino Jara.
Don Enrique Alonso García.
Don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. s
Doña Victoria Camps Cervera. e.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción constituido por su Presidente y los Excmos.  100ww
Slar eCso. nVsotictuacleiósn a, ndtiectraionr mlae snitgeu iceitnatdeos, dotados de la potestad jurisdiccional reconocida en
SENTENCIA
En Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, constituido por su presidente y los vocales 
anteriormente citados, ha visto el conflicto positivo de jurisdicción A38/1/2020, planteado 
por la Generalitat de Cataluña frente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 1 de Barbastro (Huesca), en el Juicio Declarativo Ordinario núm. 42/2018, resuelto 
por Sentencia 88/2019, de 10 de diciembre de 2019.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García, que expresa el parecer del 
Tribunal.
Antecedentes de hecho
Primero.  Antecedentes previos al planteamiento del conflicto de jurisdicción.
El proceso en cuyo seno se ha planteado el conflicto de jurisdicción ante este 
Tribunal fue instruido en demanda formulada el 6 de febrero de 2018, por el Obispado de 
Barbastro-Monzón,  por  sí  y  en  representación  de  las  parroquias  aragonesas  que 
alegaban ser propietarias de 111 piezas artísticas en ejercicio de acción reivindicatoria 
contra el Consorcio del Museo de Lérida Diocesano y Comarcal, de Lleida, y contra el 
Obispado de Lleida, con el Suplico de que 1.º se declare que los bienes objeto de litigio 
son propiedad de cada parroquia respectiva de los que proceden y que deben ser 
devueltos de forma inmediata a las mismas por mediación del Obispado de Barbastro-
Monzón en su sede social - según así también lo indican y prescriben los Decretos 
vaticanos dictados al efecto-; y 2.º se condene de forma solidaria a los demandados a 
pasar por esta declaración y por lo tanto a entregar de forma inmediata dichos bienes a 
las parroquias propietarias de las que proceden, a través del Obispado de Barbastro-
Monzón.
Dicho procedimiento se resolvió por Sentencia 88/2019, de 10 de diciembre tras la 
correspondiente tramitación durante la cual a) se personaron otros interesados mediante 
intervención adhesiva simple al amparo del artículo 13.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(en  adelante  LEC),  en  concreto,  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  como 
codemandante y la Generalitat de Cataluña como codemandada, b) se admitió y tramitó 
la reconvención respecto de la propiedad de alguna de las obras y de los gastos 
necesarios y/o útiles ocasionados por la posesión de los bienes litigiosos por el Museo 
desde 1999 hasta su efectiva entrega, y c) se desestimó en diversos autos la excepción 
procesal de cosa juzgada parcial y se desestimaron por prematuras, hasta la decisión 
sobre  el  fondo,  las  alegaciones  y  solicitudes  de  carencia  de  competencia  de  la 
Jurisdicción Civil para dar respuesta a la parte del petitum relacionada con la restitución 
de los bienes.
En la Sentencia, 1.º se declara que cada uno de los bienes reseñados en el hecho 
primero de la demanda principal son propiedad de cada parroquia respectiva, de los que 
proceden, y que deben ser devueltos de forma inmediata a las mismas por mediación del 
Obispado de Barbastro-Monzón en su sede social; y 2.º se condena de forma solidaria a 
los  demandados  a  pasar  por  esta  declaración  y  por  lo  tanto  a  entregar  de  forma 
inmediata dichos bienes a las parroquias.
También se desestiman, con sus respectivos fundamentos jurídicos las solicitudes de 
las demandas reconvencionales y, finalmente, se declara que contra la misma cabe  es
interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días conforme a lo dispuesto en los  o
artículos 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por el Obispado de Lleida y el  100ww
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Segundo.  Planteamiento del conflicto de jurisdicción y negativa al requerimiento de 
inhibición.
El 17 de diciembre de 2019 el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
acordó plantear conflicto de jurisdicción al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
N.º 1 de Barbastro, presentando el 18 de diciembre de 2019 la Consejera de Cultura de 
la Generalitat de Cataluña requerimiento de inhibición conforme a lo señalado en el 
artículo 10.2 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales 
(en lo sucesivo, LOCJ), en la medida que la Sentencia 88/2019, de 10 de diciembre, se 
había dictado obviando las competencias que en materia de patrimonio cultural tiene 
atribuidas la Generalidad de Cataluña conforme a lo establecido en el artículo 127 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, las leyes 17/1990, de 2 de noviembre, de Museos 
y 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán y el contenido de las 
Resoluciones de 20 de mayo de 1999 y de 5 de abril de 2006 de la Consejería de 
Cultura del Gobierno  de la Generalitat, sujetando  al  cumplimiento de determinadas 
condiciones cualquier eventual disposición sobre dichos bienes, Resolución esta última 
cuya  legalidad  había  sido  confirmada  por  dos  sentencias  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Cataluña, de 4 de diciembre de 2008.
Subsanados por la Generalitat de Cataluña defectos formales apreciados por el 
Juzgado en la presentación del requerimiento de inhibición, el 7 de enero de 2020 se 
acordó la suspensión del procedimiento, dándose traslado para alegaciones sobre el 
conflicto planteado a las partes y al Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10.4 de la LOCJ por el plazo de diez días. El Obispado de Barbastro-Monzón, la 
Comunidad Autónoma de Aragón y el Ministerio Fiscal se opusieron al requerimiento de 
inhibición solicitando que fuera desestimado.
Mediante Auto de 29 de enero de 2020 el Juzgado acordó rechazar las alegaciones 
de estos interesados y tener por planteado formalmente el conflicto de no acceder al 
requerimiento de inhibición de jurisdicción, suspendiendo el procedimiento a efectos del 
recurso de apelación y de la solicitud de aclaración y complemento de la sentencia 
del  10  de  diciembre  y  remitiendo  las  actuaciones  al  Tribunal  de  Conflictos  de 
Jurisdicción.
Recurrido en reposición dicho auto por la Comunidad Autónoma de Aragón, en el 
sentido de que debió simplemente inadmitirse el planteamiento del conflicto y por la 
Generalitat de Cataluña, el Obispado de Lleida y el Consorcio del Museo, en el sentido 
de que debió inhibirse, el 6 de abril de 2020 el Juzgado dictó cuatro autos desestimando 
cada uno de los recursos de manera motivada para cada uno de ellos, en función de los 
respectivos fundamentos, remitiendo copia de los mismos a este Tribunal de Conflictos 
para su incorporación al procedimiento que ya estaba siendo tramitado por el mismo.
Tercero.  Tramitación ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
Recibidas las actuaciones habidas en el Juzgado hasta el 29 de enero, fecha en que 
el Juzgado dio por formalizado y admitido el conflicto al desestimar la petición de 
inhibición de la Generalitat de Cataluña, el 4 de febrero de 2020 el Secretario de 
Gobierno del Tribunal Supremo, actuando como Secretario del Tribunal de Conflictos 
(artículo 38 LOCJ), interesó del Juzgado la remisión de las actuaciones en formato 
digital. El 11 de febrero el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, solicitó ser 
tenido directamente como parte ante este Tribunal de Conflictos en el procedimiento, y 
el 3 de febrero el Obispado de Barbastro-Monzón solicitó audiencia también ante este  e
Tribunal.  El  13  y  14  de  febrero  el  Secretario  del  Tribunal  mediante  diligencia  de  bo
ordenación, tras indicar que el artículo 38 LOPJ y el artículo 14 LOCJ señalan que para  100ww
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formulado alegaciones ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de 
Barbastro antes de emitir el mismo el auto planteando el conflicto el 29 de enero.
Habiéndose recibido previamente, el 14 de febrero, las actuaciones digitalizadas del 
Juzgado, el 17 de febrero se requirió o or el Secretario de este Tribunal a la Generalitat 
de Cataluña para que remitiera debidamente traducido al castellano el expediente que 
había acompañado al requerimiento de inhibición, solicitud que se reiteró el 27 de mayo 
siendo cumplimentada finalmente el 23 de junio.
Mientras  se  cumplimentaban  los  trámites  referidos,  el  11  de  febrero  de  2020, 
D. Jorge F. Español Fumanal, abogado, actuando en nombre y derecho propio, presentó 
escrito indicando que había tenido conocimiento de la existencia del conflicto por la 
prensa pese a haber participado a dicho título en litigios previos acerca de la titularidad 
de dichos bienes, lo que también habían hecho otros demandantes y terceras personas 
e  instituciones.  Invocaba  que  la  Generalitat  de  Cataluña  no  había  aplicado  el 
artículo 10.1 de la LOCJ que obliga a las Administraciones que van a plantear conflictos 
de jurisdicción a dar audiencia a los interesados antes de hacerlo. Señalaba que no se le 
había notificado nada por la Generalitat de Cataluña ni a él mismo, ni a los otros 
codemandantes, ni a otras personas, pese a que todos ellos sí habían sido interesados 
en el expediente que dio lugar a la Resolución de 5 de abril de 2006 de la Consejería de 
Cultura invocada como fundamento de la competencia administrativa de la Generalitat. 
Dado que dicho defecto no era ya subsanable, sólo procedía desestimar el conflicto por 
ella planteado; en cualquier caso, al amparo del artículo 24 de la Constitución solicitaba 
también ser tenido por parte en el conflicto ante el propio Tribunal de Conflictos.
El 28 de mayo el Secretario del Tribunal tuvo considerado como parte en el conflicto 
a D. Jorge F. Español Fumanal a los solos efectos de las notificaciones. El viernes 5 de 
junio dicho abogado formalizó recurso de reposición ante el propio Tribunal de Conflictos 
alegando que la LOCJ debe interpretarse en el sentido de que en todo conflicto tiene 
derecho a participar todo interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Constitución y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según se 
estableció en su día en la doctrina del Tribunal Constitucional en su Sentencia 161/1995 
respecto de los procesos de conflictos jurisdiccionales.
El Secretario del Tribunal, por Decreto de 22 de junio desestimó dicho recurso del Sr. 
Español Fumanal, tras recordar que el mismo no era parte en el proceso en cuyo seno 
estaba planteado el conflicto y en el que podía haberse personado; estimó que no 
procedía  reponer  actuaciones  ya  que,  en  cualquier  caso,  en  el  procedimiento  del 
conflicto, una vez residenciado ante este Tribunal, según la LOCJ además de oírse a la 
Fiscalía el Tribunal Supremo, sólo se permite ser partes a la Administración y al Juzgado 
cuya competencia es controvertida y no a otras personas físicas o jurídicas. El Decreto 
reitera  que  se  le  tiene  por  personado  a  efectos  de  notificaciones  conforme  al 
artículo  13.4  de  dicha  LOCJ.  Señala,  además,  que  contra  dicho  Decreto  se  podrá 
formular recurso de revisión previo depósito de 25 euros conforme a lo que establece la 
disposición adicional décimo quinta de la LOPJ.
El 23 de junio, interpuso el Sr. Español Fumanal recurso de revisión contra el Decreto 
del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. El recurso fue inadmitido el día 24 de 
junio por el Secretario al no haber depositado la cantidad de 25 euros. Finalmente el 27 
de  junio  el  Sr.  Fumanal,  en  un  mismo  escrito,  por  un  lado,  interpuso  recurso  de 
reposición alegando que el proceso de resolución de conflictos es gratuito según el 
artículo 21 de la LOCJ por lo que no procede el depósito previo y por otro, solicitó la 
nulidad de actuaciones y del Decreto pues no corresponde al Secretario del Tribunal de  s
Conflictos resolver sobre personaciones, sino al Tribunal mismo, debiendo retrotraerse el  oe.
procedimiento hasta el momento en que debió este Tribunal mediante Auto, y no el  w.
Secretario mediante Decreto, resolver acerca de su petición de personación completa y a  100ww
ienfseucbtossa ndaeb pleo ddeer  sfoallitcai tadre l aa duedsieensctiima aac iólno sd einl treerqeuseardimosie nptaor ad es lua  Gfoermneurlaalcitiaótn .p oAr l vidcíiao 
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las cuestiones relacionadas con la nulidad del procedimiento desde que la Generalitat 
presentó su escrito sin cumplir los trámites de audiencia previa que exige la LOCJ, y 
el 29 de junio presentó otro escrito diferenciando su caso del de la desestimación del 
derecho del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena a ser parte en sentido pleno que el 
Tribunal de Conflictos había resuelto por providencia de 17 de septiembre de 2015 en el 
seno  del  procedimiento  por  conflicto  de  jurisdicción  posteriormente  resuelto  por  la 
Sentencia del mismo Tribunal de Conflictos 1/2015 acerca de los bienes de Sijena. 
Además,  alegaba  que  en  aquella  ocasión  quien  decidió  sobre  el  derecho  o  no  a 
personarse en el proceso fue el Tribunal mismo y no el Secretario.
Quedando incorporado dicho escrito al expediente el seis de julio se acordó dar 
traslado del mismo al Vocal ponente y remitir todas las actuaciones a la Fiscalía del 
Tribunal  Supremo  y  a  la  Generalitat  de  Cataluña  conforme  a  lo  previsto  en  el 
artículo 14.1 de la LOCJ quienes formularon sus alegaciones.
Fundamentos de Derecho
Primero.  Delimitación de la cuestión controvertida y marco normativo aplicable.
El objeto del conflicto promovido exige resolver si el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  N.º  1  Barbastro  tiene  competencia  para  continuar  conociendo  de  las 
solicitudes de aclaración y complemento de su Sentencia 88/2019, de 10 de diciembre 
de 2019 en el Juicio Declarativo Ordinario núm. 42/2018, y potenciales recursos de 
apelación contra la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la LEC y 
eventualmente contra su ejecución.
Para dilucidar la controversia ha de partirse del marco normativo que la delimita, 
tanto en lo atinente al objeto del conflicto que puede promover la Administración a los 
órganos jurisdiccionales, como en lo relativo a la posibilidad que tiene de plantearlo en 
fase de recurso de apelación y al alcance de la sentencia que puede recaer en el mismo. 
A este respecto, debe recordarse el contenido de los artículos 5, 7 y 17.1.º de la LOCJ:
«Sólo los titulares de los órganos a que se refiere el artículo 3 podrán plantear 
conflictos de jurisdicción a los Juzgados y Tribunales, y únicamente lo harán para 
reclamar el conocimiento de los asuntos que, de acuerdo con la legislación vigente, les 
corresponda entender a ellos mismos, a las autoridades que de ellos dependan, o a los 
órganos de la Administración Pública en los ramos que representan» (art. 5 de la LCJ).
«No podrán plantearse conflictos de jurisdicción a los Juzgados y Tribunales en los 
asuntos judiciales resueltos por auto o sentencia firmes o pendientes sólo de recurso de 
casación o de revisión, salvo cuando el conflicto nazca o se plantee con motivo de la 
ejecución de aquéllos o afecte a facultades de la Administración que hayan de ejercitarse 
en trámite de ejecución» (art. 7 de la LCJ).
«La  sentencia  declarará  a  quién  corresponde  la  jurisdicción  controvertida,  no 
pudiendo extenderse a cuestiones ajenas al conflicto jurisdiccional planteado» (art. 17.1 
de la LCJ).
Para  la  aplicación  de  estas  normas  deben  precisarse  los  términos  en  que  ha 
quedado planteado el conflicto, para lo que resulta necesario analizar, aunque sea 
someramente, las alegaciones y fundamentos en los que se apoya el mantenimiento de 
su propia competencia por cada uno de los órganos en conflicto.
Segundo.  Razonamientos de la Administración que promueve el conflicto. o
En primer lugar, la Generalitat de Cataluña hace referencia a que durante tres veces  100ww
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Jeuxzisgteandcoi an od ep oudníaa  Rpreosnouluncciióanrs ed es olab rdee l ala p Cetoicnisóenj edrea  ednet rCegualtu drea  ldoes  lbai eGneense ar alalit avtis dtae  d5e d lae   BOE-A-cable e
abril de 2006 sobre la forma en que la Ley del Patrimonio Catalán ha protegido los 
bienes objeto de litigio al incluirlos en una colección oficial; Resolución cuya legalidad 
había sido declarada por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 4 de 
diciembre de 2008, sentencias éstas que de manera prejudicial había resuelto que la 
privación de la posesión de los bienes incluidos en la misma podía venir regulada en esa 
resolución administrativa. Estas peticiones al Juzgado habían sido desestimadas por 
auto o pronunciamiento en la audiencia como una cuestión de debería ser resuelta en la 
sentencia pues afectaba al fondo de la cuestión litigiosa; por todo ello, el momento para 
plantear el conflicto era el correcto y no un abuso como habían señalado codemandantes 
en  las  alegaciones  y  recursos  de  reposición  una  vez  el  Juzgado  les  comunicó  su 
decisión inicial de dar por planteado correctamente el conflicto por la Generalitat.
En segundo lugar alega que la competencia de la Generalitat deriva precisamente de 
que la orden de entrega inmediata no puede decretarse por el Juzgado como ha hecho 
el fallo de la sentencia de 10 de diciembre de 2019 porque dichos bienes, que se 
encuentran en el Museo Diocesano administrados por el Consorcio, forman parte de una 
Colección  de  bienes,  cuestión  «museístico-cultural»  de  orden  administrativo  que  la 
jurisdicción civil no puede enjuiciar, sino que le correspondería hacerlo a la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, que ya lo había hecho pues la no disgregación de estos 
bienes salvo que se cumplieran determinadas condiciones, fue estimada plenamente 
legal por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Cataluña en 
sentencias de 4 de diciembre de 2008 y por Auto del mismo Tribunal de 13 de marzo 
de 2009 en la impugnación del citado acuerdo por el Abogado Sr D Jorge Español 
Fumanal, que, recurrido, fue desestimado por el Tribunal Supremo en sentencia de 
casación de 11 de junio de 2010.
Además el que el Gobierno de Aragón pasara a tutelar estos bienes como patrimonio 
cultural suyo estaría en contra de lo establecido en la Sentencia 6/2012 del Tribunal 
Constitucional que estimó que esas potestades no podían ejercerse más allá del territorio de 
Aragón; que la protección cultural puede extenderse a bienes de propiedad privada pues el 
artículo 33 de la Constitución no le confiere carácter absoluto; que, por tanto la disgregación 
o no de los bienes de una colección declarada como tal a los efectos de su protección 
cultural es una potestad administrativa que sólo corresponde a la autoridad que gestiona 
dicha política cultural conforma a la ley que regula las colecciones (y su revisión a la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa) pero no a la Jurisdicción Civil. Por tanto, si bien no 
discute la jurisdicción en cuanto a la atribución de propiedad de los 111 bienes cuestiona su 
competencia para regular y condicionar su disponibilidad y restitución.
En suma, en lo que se refiere a la disposición y salida de las 111 piezas no debería 
haberse pronunciado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro, 
sino que debería haberse remitido a la Resolución de la Consejera de Cultura de 5 de 
abril de 2006 en cuanto a la forma y condiciones de disponer de los mismos.
Adicionalmente  argumenta  que  no  resulta  aplicable  la  doctrina  sentada  por  el 
Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales en su Sentencia 1/2015 sobre los bienes de 
Sijena porque en ella no se mencionan siquiera los artículos 16 y 45.1 de la Ley el 
Patrimonio Cultural Catalán, que sirven de base al régimen de las colecciones y que es 
lo que ahora se alega como fundamento de la competencia administrativa. Ello con 
independencia de que, al tratarse, la validez de dicha regulación cultural concretada en 
la Resolución de 5 de abril de 2006, de cosa juzgada, si se mantiene la competencia de 
la Jurisdicción Civil se estaría infringiendo el artículo 117 de la Constitución y la doctrina 
del Tribunal Supremo que atribuye el valor de cosa juzgada a las cuestiones prejudiciales  s
resueltas  en  el  seno  de  otro  proceso  (citando  la  STS  271/2014,  de  5  de  junio).  oe.
Y  finalmente  señala  que,  aunque  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  haya  w.
validado en sus sentencias de 28 y 29 de mayo de 2013 la potestad del Gobierno  100ww
Maruasgeoon,é st adneto d elac lasroalri cbitiuedn edse dl ep irnotceerésso  caunlttuer ael ld eJtuezrmgaindaod odse  bBieanrebsa sdterop ocsoitmadoo sd iecnh aesl 
Cseonntsetnitcuicaiso nsaoln i nevna rliedaól ideand s mu aSneinfetesntacciaió n1 5in8d/2ir0e1c9ta,  ddee  1u2n ad ep odlíictiiceam cburletu drael  2q0u1e9 e, lp Torsibteurnioarl   BOE-A-cable e
en dos días a la emitida por el Juzgado pero dentro del plazo para interponer recurso de 
apelación, al anular diversos artículos de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización 
de los derechos históricos de Aragón (copia de cuya publicación en el BOE adjunta) que 
consideraban el retorno a Aragón de dichos bienes un derecho histórico, como sucede 
en  este  caso,  cuestión  ya  decidida,  por  lo  demás,  previamente  por  el  tribunal 
Constitucional en la anteriormente citada STC 6/2012 que impide a la Comunidad de 
Aragón ejercer competencias de recuperación de su patrimonio cultural fuera de su 
territorio.
Tercero.  Razonamientos  del  órgano  jurisdiccional  que  rechaza  el  requerimiento  de 
inhibición.
Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro 
rechaza el requerimiento de inhibición, sintéticamente, por las siguientes razones:
El conflicto ha sido planteado correctamente desde el punto de vista formal por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma conforme a competencias atribuidas a la 
Generalitat  por  el  artículo  127.1b)  del  Estatuto  de  Autonomía  y  la  Ley  9/1993  del 
Patrimonio  Cultural  Catalán,  antes  de  que  la  sentencia  sea  firme  y  antes  de  la 
formulación del recurso de casación que es el momento final pasado el cual no estaría 
permitido su planteamiento. Se cumplen, pues, todos los requisitos de los artículos 7 
y 10.4 LOCJ, por lo que no cabe inadmitir el requerimiento de inhibición sino que debe 
pronunciarse sobre si mantiene o declina su jurisdicción a efectos de tener por planteado 
el conflicto.
Tras transcribir literalmente el citado artículo 127 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y los artículos 15, 16, y 45 de la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán, y 
tras  recordar  algunos  de  los  autos  previos  emitidos  en  el  proceso,  mantiene  su 
jurisdicción ya que la restitución de los bienes constituye una mera consecuencia que 
deriva de una acción reivindicatoria, que abarca tanto la potestad de dirimir el conflicto 
sobre la titularidad como la procedencia o no del traslado a su legitimo propietario 
conforme a lo solicitado en el ejercicio de dicha acción.
La  Sentencia  88/2019,  de  10  de  diciembre,  no  contiene  pronunciamiento 
incompatible con el ejercicio de las facultades de conservación y protección que la 
Constitución, el Estatuto y las leyes atribuyen a la Administración de Cataluña. Entiende 
que ya el Tribunal de Conflictos de en la Sentencia 1/2015, cuyo fundamento sexto 
reproduce, delimitó que la jurisdicción para anular contratos de adquisición de bienes 
implica  la  de  restitución  de  lo  adquirido  mediante  esos  contratos  nulos,  lo  que  es 
equivalente a lo que ahora se plantea: la determinación de quienes son los legítimos 
propietarios de esos bienes y sus consecuencias, acerca de lo cual la Administración no 
tiene competencias. El hecho de que una autoridad administrativa tenga que autorizar un 
traslado no puede servir de pretexto para que quien tiene que autorizar un traslado 
reclame para sí también la competencia para determinar la propiedad y consecuente 
posesión de los bienes conforme a derecho. Y si lo que estima es que al decidir sobre 
dichos efectos se ha inaplicado alguna norma la Generalitat debe hacerlo valer en la vía 
de los recursos ordinarios pero no invocando una competencia de la que se carece.
Cuarto.  Razonamientos del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía el Tribunal Supremo señala que debería desestimarse el planteamiento  s
mismo del conflicto pues las actuaciones de los demandados durante el proceso, entre  oe.
las que se cuenta el planteamiento de una declinatoria de jurisdicción sobre la base de la  w.
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de impedir los efectos de una acción reivindicatoria para la que dicha jurisdicción tiene su
plena competencia. Por ello, debería desestimarse el planteamiento del conflicto ya que  Bc
se trata de demorar el fallo de un pronunciamiento judicial o replantear un conflicto sobre 
una  cuestión  de  fondo  de  un  proceso  judicial  que  ha  sido  ya  resuelto  de  manera 
insatisfactoria para quien ahora alega la ausencia de jurisdicción, citando numerosa 
jurisprudencia de este Tribunal de Conflictos acerca de la necesaria desestimación de los 
planteamientos de conflictos en esos casos. Para el supuesto de que este Tribunal no 
desestime el requerimiento de la Generalitat por entender que realmente existe un 
conflicto de jurisdicción alega la Fiscalía que la competencia debe atribuirse al Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro en aplicación del artículo 17.1 de la 
LOCJ pues la competencia para decidir sobre la titularidad de los bienes es de la 
Jurisdicción Civil.
Quinto.  Cuestiones previas.
Antes de pronunciarse sobre la delimitación del debate y sobre el fondo del asunto 
deben resolverse varias cuestiones previas que se han planteado durante la tramitación 
del presente conflicto ante este Tribunal.
1.  Respecto al órgano competente para determinar la capacidad para ser parte en 
el proceso y la indefensión por no haber participado en términos de igualdad con otros 
interesados.
El Sr Español Fumanal, a quien se le ha reconocido la capacidad para ser parte a 
efectos de notificaciones pero sin capacidad para intervenir en el proceso mismo ante 
este Tribunal (pues según el artículo 14.1 de la LOCJ el Tribunal de conflictos dará vista 
de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Administración interviniente), alega que el 
Secretario del Tribunal no tiene, en este proceso especial, competencia para resolver 
acerca de esta cuestión, ni para determinar si el proceso es gratuito o no.
Por ello, ha formulado recurso de revisión, y posteriormente incidente de nulidad de 
actuaciones, contra el Decreto del Secretario que, resolviendo el recurso de reposición 
mantuvo su personación pero sólo como parte a efectos de notificaciones y exigió para la 
interposición del recurso de revisión contra el Decreto la tasa de 25 euros.
Dado  que  sucesivos  escritos  posteriores  al  que  plantea  el  recurso  de  revisión 
constantemente se solicita nulidad de actuaciones, tanto de dicho Decreto como de todo 
el planteamiento del conflicto, desde el momento mismo de su planteamiento por la 
Generalitat de Cataluña, se pasa a examinar el primer punto, nulidad del Decreto, sin 
perjuicio  del  examen  más  delante  de  la  solicitud  nulidad  de  la  totalidad  del 
procedimiento.
Respecto de la nulidad por no corresponderle dichas decisiones al Letrado de la 
Administración de Justicia, el artículo 38.1 de la LOPJ determina que el Secretario de 
Gobierno  del  Tribunal  Supremo  actuará  como  Secretario  del  Tribunal  de  Conflictos 
Jurisdiccionales. Por ello, en su en su calidad de tal impulsa el procedimiento de los 
asuntos  competencia  de  este  Tribunal,  y  contra  sus  resoluciones  cabe  en  general 
recurso de revisión (artículo 454 bis de la LEC de aplicación general supletoria en todos 
los procedimientos), sin perjuicio de la posibilidad de solicitud en todo momento de instar 
la  nulidad  de  actuaciones  (artículos  227  y  228  de  la  LEC).  Corresponde,  pues,  al 
Secretario,  como  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia,  el  impulso  de  los 
procedimientos  (artículo  456  de  la  LOPJ)  incluido  el  pronunciamiento  acerca  de  la 
personación en los procedimientos de conflictos jurisdiccionales del capítulo Primero de 
la LOCJ y acerca de la gratuidad o no de los recursos, sin perjuicio de su revisión o 
examen por el propio Tribunal de Conflictos cuando se plantee recurso de revisión o  e
nulidad de actuaciones. bo
Entrando en la posible revisión de los términos del Decreto, en lo que se refiere al  100ww
dapreedrogpmcuóielnasdii stiomdtr iacidehteinvo toso2   5dd (yeee p uócrpoosesinnt ofaldsilce  t opplsaaa r rajdau i rsliopslasdo  iscóaiccrciidoóuennsna aealcesdisó i cnjuid oreinps aodlalpi c udcLleiaoOcrni)Cm.a Jloe Nqsdou e icn itv1teai9ln ,8 die7sen o dycla oia s lLi etOyan lPd cJooc, a ntlrtaaeáj ancmtnceitiosre sm oelaa-l    OE-A-2020-12able en https://
afirmación de su artículo 21 («El procedimiento para la sustanciación y resolución de los
conflictos de jurisdicción será gratuito», similar al artículo 95.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional), se estima que no es aplicable la exigencia de dicho depósito, se 
trate de un recurso de revisión, de un incidente de nulidad de actuaciones, o del recurso 
de súplica, único previsto expresamente contra las resoluciones de trámite del Tribunal 
en la LOCJ (artículo 20.2). Ello no obstante no es preciso retrotraer actuaciones pues los 
fundamentos de la impugnación del Decreto obran en el expediente y por tanto basta con 
afirmar la no necesidad de depósito de la misma; depósito que, por lo demás, no se ha 
producido.
En cuanto a la cuestión de la personación a todos los efectos y no sólo a los de 
notificación,  estima  este  Tribunal  sujetos  a  Derecho  los  términos  del  Decreto  del 
Secretario y Letrado de la Administración de Justicia que admitieron la personación 
del afectado en exactamente los mismos términos que los del resto de las partes del 
proceso (con excepción obviamente de la Generalitat de Cataluña dado que es la 
Administración que plantea el conflicto, y el artículo 14.1 de la LOCJ obliga a oírla una 
vez planteado el mismo, al igual que obliga a oir a la Fiscalía del Tribunal Supremo). En 
el presente procedimiento, aunque el interesado alega que no ha tenido ocasión de 
intervenir en los trámites de alegaciones y de recursos que para el planteamiento del 
conflicto tramitó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro 
hasta  su  remisión  de  las  actuaciones  y  formalización  del  conflicto  el  29  de  enero 
de 2020, por no haber sido parte en el mismo (ni tener que serlo, según alega), lo cierto 
es que en la tramitación del expediente llevada a cabo por el Secretario del Tribunal en 
esta sede ha podido alegar y aportar documentación cuanto ha estimado oportuno, 
mucho más allá de su mera solicitud de personación a todos los efectos y no sólo a los 
de notificaciones. Prueba de ello son los argumentos utilizados para su simultánea 
solicitud de que se desestime de plano el conflicto por defectos de tramitación previos al 
requerimiento de inhibición por parte de la Generalitat; documentación y argumentos 
jurídicos que forman parte del expediente y se han tenido en cuenta a la hora de decidir 
lo único que en este procedimiento especial corresponde a este Tribunal y que, por lo 
demás, complementan los aportados por otras partes y por la Generalitat acerca de los 
procedimientos que dieron lugar a la Resolución de la Consejera de Cultura de 5 de abril 
de 2006 en la que la misma basa su competencia. Por ello, no puede entenderse que se 
produzca o haya producido la indefensión que, como violación del artículo 24 de la 
Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos Humanos ha 
alegado al haber presentado sus alegaciones en cuanto a la forma y fondo del conflicto. 
Por lo demás, la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en su Sentencia 161/1995, 
invocada  por  el  Sr  Español  Fumanal,  acerca  de  la  legitimación  para  ser  parte  en 
procesos  sancionadores  donde  se  discute  la  competencia  de  la  Jurisdicción  Militar 
versus la de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no es aplicable la misma por 
tratarse del proceso regulado en el Capítulo II (artículo 39 de la LOPJ) de la LOCJ y no 
del Capítulo Primero (artículo 38 de la LOCJ) a la que debe sujetarse este Tribunal, y 
que tiene reglas especificas al respecto, permitiendo la intervención de todas las partes 
en  el  seno  del  proceso  ordinario  o  indirectamente  haciendo  alegaciones  ante  este 
Tribunal, como se ha visto.
Por esta misma razón tampoco pueden admitirse las alegaciones y solicitudes en el 
mismo sentido de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Obispado de Barbastro-
Monzón,  ambos  parte  en  el  proceso  12/2018  resuelto  por  la  sentencia  de  10  de 
diciembre de 2019, de que el artículo 24 de la Constitución y la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen que sean admitidos como parte a todos  s
los efectos ante este Tribunal para tener igualdad de derechos procesales que va a a  oe.
tener la Generalitat de Cataluña. Habiendo sido parte en el proceso que ha dado lugar al  w.
conflicto y habiendo alegado cuantas veces ha tenido oportunidad en dicho proceso  100ww
caocnefrlcicat od ey  lloas c rueecsutirósno sd seobbarteid as,u  inscolluicidituad l ap oaru dlaie Gnceinae sraolbitraet , etol dpolasn teellaoms ipeonstote mrioisremso  ad leal 
ndoe cclaarbaec iaólne gdaer  iinncdoenfesntitsuiócnio naalgliudnaad,  dpeu elas  Lneayd a8 /n2u0e1v8o  dceo ndsetrae cehno ds ichhisot óprricoocse sdoe  mAárasg aólnlá,   BOE-A-cable e
de la obligatoria audiencia a quien plantea el conflicto y a la Fiscalía del Tribunal 
Supremo, impuestas expresamente por el tantas veces citado artículo 14.1 de la LOCJ.
2.  Respecto a la nulidad del planteamiento del conflicto por parte de la Generalitat 
de Cataluña por el momento en que lo ha planteado y por defectos de tramitación del 
expediente de requerimiento de inhibición.
Tanto el Ministerio Fiscal como los demandantes en el proceso 42/2018, incluida la 
persona física admitida como parte a efectos de notificaciones ante este Tribunal una vez 
planteado el conflicto, alegan que el Juzgado no debió admitir el requerimiento de 
inhibición ni tener por planteado el conflicto por diversos motivos. En concreto a) porque 
alegar una vez terminado el pleito una competencia que es ajena a la determinación de 
la propiedad y posesión objeto del mismo constituye un abuso que sólo pretende retrasar 
el efectivo cumplimiento de una sentencia o ganar tiempo para formular el recurso de 
apelación contra la misma; y b) porque la Generalitat incumplió el artículo 10.1 de la 
LOCJ a la hora de tramitar el expediente que culminó con su requerimiento al Juzgado 
una vez conocida la Sentencia 88/2019, de 10 de diciembre.
a)  Respecto de lo primero, este Tribunal estima que tanto la elección del momento 
adecuado (después de haber sido rechazadas por el Juzgado solicitudes previas) como 
el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigibles  al  órgano  administrativo  que  plantea  el 
conflicto se ajustan plenamente a Derecho, por lo que no procede desestimar la solicitud 
de planteamiento del conflicto, sino resolverlo. A diferencia del asunto planteado y 
resuelto  en  la  sentencia  1/2015  de  este  Tribunal  en  relación  con  el  conflicto  de 
jurisdicción entre la Generalitat de Cataluña y el Juzgado de Primera Instancia N.º 1 
de Huesca en los autos de ejecución provisional núm. 87/2015, no existe duda alguna de 
que en el actual procedimiento objeto del presente conflicto la Generalitat ya en el 
proceso declarativo planteó la cuestión hasta tres veces, y sigue planteándola, mientras 
que en aquel caso no lo hizo en la fase declarativa sino en la fase posterior, de 
ejecución, una vez la sentencia que declaró la nulidad de los contratos invocados que 
atribuían la propiedad y posesión al Obispado de Lleida y al Museo, era firme. No son 
pues aplicables los fundamentos de dicha Sentencia 1/2015 en lo que a su apreciación 
de que el momento procesal para el planteamiento del conflicto no era el adecuado pese 
a que dicha apreciación de este Tribunal decidió, aún así, enjuiciar el conflicto en cuanto 
al fondo (FJ Cuarto). En aquel caso la Generalitat se había aquietado en el proceso 
declarativo, lo que no ha ocurrido en este procedimiento. Y, tampoco es aplicable su 
apreciación (FJ sexto) de que se trata sólo de enjuiciar si un Tribunal tiene competencias 
de "ejecución de las resoluciones judiciales [que] forma parte integrante de la tutela 
judicial efectiva" (artículo 24. 1 CE) pues lo que se cuestiona ahora, en este conflicto 
A38/1/2020, no es la efectividad de lo juzgado sino la capacidad misma para enjuiciar la 
cuestión de la restitución. En suma, la actuación del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción N.º 1 de Barbastro rechazando las alegaciones previas a la Sentencia y 
apreciando  la  existencia  del  conflicto  justo  después  de  su  emisión,  suspendiendo 
trámites  posteriores  tales  como  la  respuesta  a  las  peticiones  de  aclaraciones  y 
complementos así como los posibles recursos de apelación, es plenamente ajustada a 
Derecho.
b)  Respecto de lo segundo (nulidad de lo actuado por la Generalitat, alegada tanto por 
el Sr Español Fumanal, en su escritos ante este Tribunal como por los demandantes, 
Comunidad Autónoma de Aragón y Obispado de Barbastro-Monzón) se pretende la nulidad 
de lo actuado por la Generalitat porque infringió gravemente el artículo 10.1 de la LOCJ al  e
no haber notificado a los interesados de su intención de hacerlo antes de plantearlo, pues  bo
dispone el mismo que: «Cuando un órgano administrativo de los habilitados especialmente  100ww
Jpuazrag aedlloo  op oTr reibsutan aLl euy ne nctoiennfldicato,  ddee  ojfuicriios doic cai óinn,s tadnacráia,  deen  pparirmtee, rq ulueg adre, baeu pdliaenntceiaa r aa  luons 
interesados en el expediente, si los hubiere».
Sin  embargo,  no  puede  estimarse  este  motivo  porque  en  realidad  se  está 
confundiendo el expediente en el que basa su competencia ante el asunto tratado por el 
Juzgado con el expediente que dio lugar a la norma y acto jurídico que le sirve de 
fundamento para argumentar su competencia y que es muy anterior al planteamiento del 
conflicto. Toda competencia administrativa y judicial se basa en normas y actos y no 
puede argumentarse que son interesados en el expediente del conflicto quienes lo fueron 
en el expediente de elaboración de la norma (ley y reglamento) o acto concreto de 
aplicación de los mismos, que presuntamente otorga la competencia a los órganos 
administrativos que ahora la reclaman. No es lo mismo un expediente de elaboración de 
una ley o reglamento o que ha dado lugar a un acto que reconoce una competencia 
administrativa desde hace años, que el expediente en que pretende hacerse valer esa 
competencia frente a una actuación diez años después ante un Juzgado cuya actuación 
procesal, aparentemente según los demandados, cuestiona dicha competencia.
Además, aunque hipotéticamente y a los efectos meramente dialécticos se admitiera 
dicho derecho a ser oído acerca del conflicto que ahora se resuelve, todos los interesados 
que reclaman por la falta de audiencia han sido oídos, sin que pueda este Tribunal entrar 
ahora a examinar si el haber sido o no oído en el expediente relativo a la norma o acto que 
en 2006 afirmó la competencia que la Generalitat debe corresponderse con la legitimación 
para participar en la fase previa de planteamiento del conflicto. Máxime cuando, como se ha 
dicho en el apartado anterior, los demandantes y el interesado que ha formulado esa 
petición ante este Tribunal en cualquier caso han sido oídos y no hay indefensión y cuando 
además, en el expediente que dio lugar a la Resolución de la Consejera de Cultura de 5 de 
abril de 2006 (en el que alega el Sr Español Fumanal haber sido interesado) tanto el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo, no le reconocieron a 
ese interesado la cualidad de tal a efectos de legitimación activa para impugnar dicha 
Resolución. Reconocerle la cualidad de interesado obligaría al este Tribunal a resolver algo 
contrario a lo que acordaron esas decisiones judiciales para lo cual es obvio que carece de 
competencia.  La  falta  de  legitimación  activa  acordada  por  Auto  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña de 13 de marzo de 2009, 
confirmado por otro de 22 de abril de 2009 denegatorio del recurso de súplica contra el 
anterior, no pueden revisarse en esta sede a efectos de atribuirle la cualidad de interesado 
al que debió consultar ahora la Generalitat antes de plantear el conflicto.
Lo mismo cabe decir del resto de interesados que éste menciona en su escrito que lo 
fueron en el expediente administrativo que llevó a la Resolución de 5 de abril de 2006 de 
la Generalitat, destacando que no se ha comunicado el requerimiento a otros tales como 
el Museo del Prado o las propias parroquias que en aquel expediente participaron (entre 
las que se encuentran las parroquias aragonesas que demandan ser los titulares de 
los  111  bienes  y  que  sí  estaban  en  el  listado  de  partes  legitimadas  de  aquel 
procedimiento  administrativo  que  culminó  con  la  citada  Resolución  de  5  de  abril 
de  2006).  Dichas  parroquias,  además  son  parte  demandante  en  la  actual  acción 
reivindicatoria  y  han  alegado  en  el  trámite  que  ahora  les  ha  dado  el  Juzgado  de 
Barbastro antes de admitir el planteamiento del conflicto y remitir los autos a este 
Tribunal, y después de hacerlo, cuando recurrieron esa decisión de 29 de enero hasta la 
desestimación de sus recursos por el Juzgado en abril de 2020. Carece de toda lógica 
pretender que también la Generalitat debió darles audiencia en el procedimiento que 
culminó en la presentación del requerimiento y por ello es nulo su requerimiento y toda la 
tramitación  subsiguiente  cuando  han  intervenido  activamente  todas  las  partes 
interesadas y que optaron por personarse ante el Juzgado y ante este Tribunal. s
3.  Respecto de la nulidad de lo actuado por el Juzgado de Primera Instancia e  w.b
Instrucción N.º 1 de Barbastro por ejercer su jurisdicción desconociendo que se trata de  100ww
una Fcionsaalm yean jtuez, gtaamdab.ién como cuestión previa debe tratarse la petición del Consorcio del
Mesu csoesoa y j udzeg alad ap rpoopri ala G ceitnaedraa lRitaets odleu cqióune  dlae  m5 adnee arab rdil ed etr a2t0a0rs6e.  Elan  dpisripmoesri cluiógna rd qeu loes lo b sieenae os 
no y, por tanto, que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º1 de Barbastro entre a
decidir acerca de ello, es una cuestión que podría, o no, suponer una infracción del 
artículo 117 de la Constitución al suponer la inaplicación de sentencias firmes del Tribunal 
Superior de Cataluña en la medida en que éstas han decidido ya, en 2008, que la 
Resolución  citada  se  ajustaba  a  Derecho.  Pero  se  trata  de  una  cuestión  ajena  a  la 
competencia de este Tribunal de Conflictos que debe hacerse valer en la vía ordinaria, o 
planteándose, en su caso, un conflicto entre Jurisdicciones. Así lo ha hecho el propio 
Juzgado que de Barbastro que ha procedido a desestimar dicha petición de que existe cosa 
juzgada y ello forma en su caso parte de lo debatido en el Juicio Declarativo Ordinario núm. 
42/2018. Ello sin perjuicio de que las sentencias del Tribunal Superior de Cataluña puedan 
ser tenidos en cuenta por este Tribunal para la correcta interpretación del alcance de la 
competencia administrativa que es invocada por la Generalitat solicitando la aplicando dicha 
Resolución como prevalente a los pronunciamientos del Juzgado.
Sexto.  Delimitación del debate suscitado.
El objeto del conflicto positivo de jurisdicción consiste en que dos órganos pretenden 
conocer de un mismo asunto: la determinación de a quién compete decidir acerca si 
debe trasladarse y en qué condiciones la posesión de los 111 bienes a sus legítimos 
propietarios y si la competencia que ostenta a fecha de hoy formalmente la Generalitat 
de Cataluña sobre los bienes de valor cultural para el patrimonio catalán, a través de la 
figura de  las  Colecciones  de bienes en museos  que  se concretó en su día en la 
Resolución de 5 de abril de 2006 de su Consejería de Cultura, debe prevalecer o no 
sobre la de la Jurisdicción Civil para decidir sobre dicho traslado y sus condiciones.
En principio es indubitado que las acciones reivindicatorias de la propiedad pueden 
extenderse a la atribución de la posesión, o restitución de la misma, sobre los bienes a 
quien resulte ser el legítimo propietario cuando quien las posee lo hace en virtud de un 
título que no resulta admitido en Derecho. Si dichos bienes no estuvieran sometidos a la 
política y legislación protectora de una Administración como bienes de valor cultural, no 
cabría duda alguna acerca de la plena jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción N.º 1 de Barbastro.
Sin embargo, a su vez, las potestades que a la Generalitat otorgan su Estatuto de 
Autonomía y legislación de patrimonio podrían en hipótesis impedir a la jurisdicción civil 
decidir siquiera acerca de dicha restitución de la posesión pues es cierto que los bienes 
que tienen tal valor permiten a al Estado y a las Comunidades Autónomas Estado 
matizar el alcance del derecho de propiedad privada consagrado por el artículo 33 de la 
Constitución, pues, según su apartado 2, «la función social de estos derechos delimitará 
su contenido, de acuerdo con las leyes» (y 545.2 del Código Civil de Cataluña: «Tienen 
la  consideración  de  límites  ordinarios  del  derecho  de  propiedad,  entre  otras,  las 
siguientes  restricciones  establecidas  por  la  legislación:  (…)  d)  De  protección  del 
patrimonio cultural»). Por ello, la Comunidad Autónoma titular de esa potestad de tutela 
de los bienes por tener ese carácter cultural podría decidir acerca del alcance de la 
misma, sin perjuicio de la plena revisión de sus actos por la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, lo que por lo demás se alega que ya se ha producido.
En suma se trata, de determinar si dicha tutela del patrimonio supone que toda 
decisión acerca de las condiciones para su destino físico final es competencia de la 
Administración que los gestiona como bienes de valor cultural; competencia de gestión 
amparada por el Estatuto de Autonomía y las leyes, reglamentos y actos administrativos; 
o, por el contrario, si es competencia de la Jurisdicción Civil conforme a sus potestades 
de enjuiciamiento de las acciones reivindicatorias solicitadas por quienes quieren hacer  e.
valer su condición de legítimos propietarios y poseedores. w.b
Com1u. nidNaudeevsa  Auctuóensotmióans .previa:  la  delimitación  de  las  competencias  de  ambas
Pero, de nuevo, antes de entrar en esta cuestión, que es el núcleo del conflicto,
deben también examinarse las alegaciones que, al amparo de similar legislación de la  Bc
Comunidad Autónoma de Aragón de tutela de los bienes con valor cultural (valor que, 
por cierto, el Tribunal Superior de Aragón también ha reconocido ya), han permitido a la 
Generalitat de Cataluña argumentar que la cuestión trasciende a la litigación civil por 
tratarse en realidad de una cuestión constitucional de competencias de las respectivas 
Comunidades Autónomas.
La Generalitat, explícitamente en sus últimas alegaciones, y ella y otros demandados 
a lo largo del litigio, ha venido a señalar que en realidad el Juicio Declarativo Ordinario 
núm. 42/2018 no es sino un mecanismo a través del cual la Comunidad Autónoma de 
Aragón  está  extralimitándose  en  sus  competencias  territoriales  al  actuar  sobre 
patrimonio histórico que alega ser suyo pero que se encuentra fuera de su territorio, lo 
que no puede hacer por estarle constitucionalmente vedado. Invoca la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 6/2012 que al resolver un conflicto positivo de competencia entre 
las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón en materia de cultura y patrimonio 
cultural, determinó que la segunda no podía extender su protección, mediante el ejercicio 
de derecho de retracto, a bienes situados fuera de su territorio. Además, invoca que la 
más reciente Sentencia 158/2019, de 12 de diciembre de 2019, también del Tribunal 
Constitucional,  declaró  inconstitucional  muchos  artículos  de  la  Ley  del  Derechos 
Históricos de Aragón entre los que se encuentra, como uno de esos derechos históricos, 
el de la recuperación de su patrimonio histórico situado fuera de su actual territorio.
Respecto de lo primero, resulta claro que la STC 6/2012 no afecta a la cuestión 
ahora debatida como expresamente señaló este Tribunal en su Sentencia 1/2015 relativa 
al alcance de la acción anulatoria de los contratos en que basaban la Generalitat, otro 
Museo y otros interesados la posesión de otros bienes la Orden Sanjuanista del Real 
Monasterio de Sijena. Mientras en aquel proceso se discutía el ejercicio de una acción 
administrativa de tutela –el retracto- fuera del territorio, lo que se estaba discutiendo en 
el conflicto que resolvía la Sentencia 1/2015 de este Tribunal de Conflictos era la 
titularidad  de  la  propiedad  y  posesión  de  los  bienes  por  posibles  vicios  en  su 
enajenación, cuestión sobre la que la que este Tribunal, en dicha Sentencia 1/2015 
entendió  que  la  propia  Sentencia  6/2012  del  Tribunal  Constitucional  atribuye  a  la 
jurisdicción ordinaria. Por tanto, el ejercicio extraterritorial de potestades administrativas, 
que era lo que la STC 6/2012 se limitó a enjuiciar, es una cuestión que al tratarse la 
restitución no de potestades administrativas sino jurisdiccionales no le era de aplicación 
la  doctrina  fijada  en  la  misma.  Ello,  además,  quedó  plenamente  confirmado 
posteriormente  en  el  Auto  de  21  de  Junio  de  2016  del  Pleno  de  dicho  Tribunal 
Constitucional  (ECLI:ES:TC:2016:128A)  cuando  resolvió,  desestimándolo,  acerca  del 
incidente de ejecución de la STC 6/2012 promovido por la Generalitat de Cataluña 
cuando el Juzgado Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Huesca, al que se había 
atribuido la competencia de ejecución por este Tribunal en la Sentencia 1/2015, continuó 
con la misma.
Tampoco la más reciente STC 158/2019, de 12 de diciembre de 2019, limita la 
Jurisdicción Civil. Es cierto que la Ley 8/ 2018, de 28 de junio, de actualización de los 
derechos históricos de Aragón, disponía en su artículo 25 («Patrimonio expoliado y 
emigrado») que:
«1.  El pueblo aragonés tiene el derecho histórico a que regresen a Aragón todos 
los bienes integrantes de su patrimonio político, jurídico e histórico que se encuentran 
fuera de su territorio.
2.  La Diputación General de Aragón desarrollará todas las actuaciones necesarias 
para  hacer  realidad  el  derecho  histórico  proclamado  en  el  apartado  anterior,  y,  en  e.
especial,  el  regreso  de,  entre  otros,  los  bienes  aragoneses  que  se  encuentran  w.b
depositados en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Museo Nacional de Arte  100ww
Ddeo cCumateanlutñaal  deen l aB Marecmeloorniaa ,H eisl tóMriucsae eon  dSea lLalmeiadnac, aD, iaoscíe csoamnoo  lyo sC qoumea srcea el,n cyu eeln tCraenn teron 
otros Estados.»
Dicho artículo, efectivamente, fue declarado inconstitucional por la STC 158/2019. 
Pero  el  fundamento  jurídico  5.n)  de  la  misma,  que  es  el  que  examinó  la 
inconstitucionalidad de dicho artículo 25, razona que la inconstitucionalidad deriva de 
que no existe tal "derecho histórico": pero salvaguarda la competencia de la Comunidad 
Autónoma si se ejercita en el marco del artículo 71.45 de su Estatuto de Autonomía y de 
su  legislación  de  patrimonio  cultural  (que  es  cierto  que  además  debe  siempre 
interpretarse que impone que las actuaciones de los órganos autonómicos limiten sus 
acciones directas, como lo fue el ejercicio del retracto enjuiciado por la STC 6/2012, a los 
bienes situados en su territorio). Y ello tampoco está ocurriendo en el presente caso 
donde no se invoca esa competencia por el Gobierno de Aragón (porque simplemente no 
la necesitaría invocar sino que habría hecho uso directo de esta potestad sin tener que 
recurrir  al  Juez  Civil),  ni  tampoco  está  actuando  la  Diputación  ni  ningún  órgano 
autonómico pretendiendo aplicar el citado artículo 25, sino un Juzgado de lo Civil en una 
reclamación de los legítimos propietarios (no del Gobierno de Aragón que es mero 
coadyuvante interesado). Y los Juzgados y Tribunales tienen jurisdicción que, como 
señala el artículo 4 de la LOPJ, «se extiende a todas las personas, a todas las materias y 
a todo el territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes». 
Por lo demás, tampoco la sentencia 88/2019, de 10 de diciembre, la invoca como 
fundamento de la jurisdicción del Juzgado, pese a que dicho artículo 25 estaba en vigor 
cuando dictó dicha Sentencia.
2.  Sobre el núcleo de la cuestión debatida.
La inclusión de los 111 bienes en la Colección que legitima las potestades de la 
Generalitat se llevó a cabo el 20 de mayo de 1999 por Resolución del Consejero de 
Cultura que los incluyó en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán como parte de la 
Colección formada por 1810 objetos del Museo de Lleida Diocesano y Comarcal.
Dicha  Resolución  fue  aplicada  posteriormente  con  motivo  de  una  solicitud  del 
Obispado de Lleida de autorización de disgregación de los bienes ahora objeto de la 
acción reivindicatoria.
Fue la tramitación de este segundo expediente la que dio lugar a la tantas veces 
citada Resolución de la Consejera de Cultura de la Generalitat de 5 de abril de 2006, 
«sobre la petición del obispado de Lleida en relación con la disposición de determinados 
bienes que forman parte de la colección del Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal». 
Se basaba la misma en que era necesario reconocer y mantener la unidad e integridad 
de  la  colección  museística  y  que  para  garantizarla  es  imprescindible  garantizar  su 
gestión por parte de una única entidad, razones por las que la Resolución expresamente 
fijó las siguientes condiciones para que se pudiera proceder a la disgregación de la 
colección del Museo diocesano:
«– Que se respete la unidad e integridad de la colección del Museo de Lleida, 
Diocesano y Comarcal, mediante la gestión unitaria de la citada colección por parte de 
un órgano de carácter ejecutivo y decisorio en el cual deben estar representados todas 
las partes afectadas en este conflicto.
– Que una vez garantizada la unidad de gestión de la colección, se facilite la 
creación de más de una sede museística a fin de que haya dualidad de sedes en el 
territorio catalán y aragonés.
– Que se establezcan fórmulas para la difusión conjunta de la colección.
– Que se estimule la creación de nuevos públicos. s
– Que se edite un catálogo único del conjunto de las obras. oe.
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difundir y prestigiar los valores de su patrimonio cultural.
– Que se cree un patronato propositivo y consultivo integrado por todas las partes 
afectadas que debe impulsar todos los anteriores compromisos.»
La legalidad de esta Resolución fue, efectivamente, confirmada en Sentencias 1142 
y 1143/2008, de 4 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña. Por ello, desde la perspectiva de la Generalitat y resto 
de  demandados  se  trata  de  una  potestad  que  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción N.º 1 de Barbastro debe respetar no pudiendo incluir en la resolución de la 
acción reivindicatoria mandatos de restitución de los bienes cuando es la Consejería de 
Cultura de la Generalitat la competente para regularla y condicionarla (y así lo ha hecho).
Pues bien, dichas potestades administrativas de protección del patrimonio cultural 
están  plenamente  condicionadas  a  que  la  propiedad  y  la  posesión  de  los  bienes 
depositados en los museos y agrupados como colección sean plenamente legítimas, sin 
que  pueda  pretenderse  la  catalogación  condiciona  los  extremos  que  le  sirven  de 
fundamento  y  para  los  que  ninguna  Administración  tiene  potestad:  su  localización 
legítima en territorio catalán sobre la base una propiedad y posesión también legítimas. 
O, como mucho, podría estar condicionada dicha protección como bien cultural cuando 
sea dudosa o una cuestión litigiosa la determinación de la propiedad y posesión de los 
bienes por su legítimo dueño y en territorio catalán.
Sólo cuando la posesión de los bienes en territorio catalán está ajustada a Derecho 
pueden  ejercerse  por  la  Administración  de  Cataluña  sus  competencias  de  gestión 
cultural haciendo uso de las respectivas figuras previstas para la protección de los 
bienes de valor cultural. Pretender que prevalece la misma sobre, por ejemplo, bienes 
que  luego  se  demuestra  que  han  sido  robados  o  simplemente  que  se  encuentran 
ilegalmente en territorio catalán (pues la supuesta propiedad y posesión en los que se 
basaba su localización simplemente es ilegal), supone una clara extralimitación de las 
competencias administrativas pues su ejercicio sólo puede fundamentarse en que sólo 
los Jueces y Tribunales, sean penales o civiles (civiles en este caso al tratarse la 
propiedad y posesión de una cuestión civil, la acción reivindicatoria), pueden determinar 
de quién son y quién los debe poseer, presupuesto que condiciona el ejercicio de la 
competencia administrativa.
En suma sólo si los Tribunales determinan que dichos bienes deben poseerse por 
alguien que está localizado en Cataluña o por alguien que, estando localizado fuera 
quiere poseerlos en ese territorio y ello lo permite la legislación de protección del 
petrimonio de la Comunidad Autónoma donde están localizados, puede ejercerse por 
cualquier Comunidad Autónoma la competencia que el Tribunal Constitucional en la 
STC 6/2012 condicionó a ser ejercida en el territorio que delimita su competencia.
Prueba obvia de ello es que la propia Resolución de 5 de abril de 2006 parte de 
dicho supuesto de hecho al afirmar, en su página 5 (énfasis añadido), que:
«Este conflicto eclesiástico entre el Obispo de Lleida y el de Barbastro se inició en el 
año 1995 y actualmente no ha sido todavía definitivamente resuelta a nivel eclesiástico. 
La documentación que consta en el expediente hace referencia a este extremo y en este 
sentido cabe destacar:
– La nota o escrito del profesor Josep Casanova Domènech, de 29 de octubre 
de 2005, que señala que el Decreto de la Congregación por los Obispos, de 20 de 
septiembre de 2005, se trata de un acto administrativo que ''tiene la condición de 
definitivo en vía administrativa, lo que no significa que esté resuelto el objeto del litigio de  s
manera definitiva por la Iglesia''. oe.
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Por tanto, podemos afirmar que la petición del Obispo de Lleida de retorno de las 
piezas tiene su fundamento en dar cumplimiento a un acto (Decreto de la Congregación 
por los Obispos) que todavía no es definitivo en el ámbito eclesiástico.»
Y es sobre esa base sobre la que dicha Resolución de 5 de abril de 2006 procedió a 
condicionar la disgregación y las Sentencias 1142 y 1143/2008, de 4 de diciembre, de la 
sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
afirman su validez.
Lo  que  ahora  está  siendo  enjuiciado  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción N.º 1 de Barbastro es precisamente ese presupuesto. Si son o no propiedad y 
posesión  legítimas,  conforme  al  derecho  eclesiástico  y/o  al  derecho  civil,  es 
precisamente lo que está siendo objeto de debate, prueba (y de ahí el extenso y cuidado 
razonamiento en la Sentencia de 88/2019, de 10 de diciembre del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro). Se trata de cuestiones sobre las que este 
Tribunal no tiene competencia para enjuiciar, pero sí para determinar que decidir acerca 
de las mismas forma parte de la Jurisdicción Civil. Y aunque no constara esa situación 
de pendencia en la propia Resolución de 5 de abril de 2006, ese presupuesto, la 
legalidad y legitimidad de la posesión en territorio de Cataluña de los bienes objeto de 
protección cultural, condicionaría el ejercicio de la competencia por la Consejería de 
Cultura, pues sólo a los jueces y tribunales corresponde determinarlas.
Ello sin perjuicio de que, tratándose de Bienes de Interés Cultural, en la ejecución 
provisional o definitiva de la sentencia el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 
1 de Barbastro tenga que atender a las obligaciones de «singular protección y tutela» 
que impone el interés público, para evitar daños o deterioro de los mismos (F.J 4 de la 
Sentencia de este Tribunal de Conflictos núm.2/2007, de 5 de maro de 2007, BOE de 9 
de abril), lo que en nada afecta a su competencia y a la de la Jurisdicción civil para 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en la acción reivindicatoria. como proclama el principio 
de exclusividad jurisdiccional previsto en el artículo 117.3 de la Constitución Española, ya 
que la ejecución de las resoluciones judiciales forma parte integrante de la tutela judicial 
efectiva (art. 24. 1 CE) y corresponde también exclusivamente a los Jueces y Tribunales 
en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial).
Séptimo.  Gratuidad del procedimiento.
No procede hacer pronunciamiento alguno en materia de costas, habida cuenta del 
carácter gratuito del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la LCJ.
Octavo.  Firmeza de la sentencia.
La presente sentencia es firme, ya que no procede contra ella recurso ordinario ni 
extraordinario, salvo el amparo constitucional cuando proceda, conforme a lo establecido 
en el artículo 20.1 de la LOCJ.
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, por la autoridad conferida 
por la Constitución Española,
FALLAMOS
1.  Que el Decreto del Secretario y Letrado de la Administración de Justicia de 22 de  e.e
junio de 2020 es acorde a derecho, salvo en lo referente al cobro del depósito de 25  w.b
euros al Sr Español Fumanal por el ejercicio de su recurso de revisión antes este  100ww
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al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Barbastro.
3.  Que  procede  declarar  que  corresponde  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción N.º 1 de Barbastro la competencia para seguir conociendo de las solicitudes 
de aclaración y complemento de la Sentencia 88/2019, de 10 de diciembre de 2019 del 
Juicio Declarativo Ordinario núm. 42/2018 y tramitación, en su caso, del recurso de 
apelación contra la misma.
Comuníquese a las partes haciéndoles saber que contra la presente resolución no 
cabe recurso alguno (artículo 20.1 de la LOCJ).
Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado».
Así  por  esta  nuestra  sentencia,  lo  pronunciamos  y  firmamos.–Carlos  Lesmes 
Serrano.–Fco.  Javier  Borrego  Borrego.–Isaac  Merino  Jara.–Enrique  Alonso  García.–
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.–María Victoria Camps Cervera.–Firmado.