BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32881
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4508 Sala Segunda. Sentencia 33/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 446-2020. Promovido por Aluminios del Maestre, SA, respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Villafranca de los Barros (Badajoz) en proceso de reclamación de cantidad. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:33
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 446-2020, promovido por Aluminios del Maestre, S.A., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Villafranca de 
los Barros (Badajoz), de 20 de noviembre de 2019, que desestimó el incidente de nulidad 
de actuaciones planteado contra la sentencia 14/2019, de 6 de febrero, dictada en el 
procedimiento ordinario núm. 497-2018, promovido por la entidad Casimiro Canónico 
Santos, S.L., personada en estas actuaciones. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 22 de enero 
de 2020, la procuradora de los tribunales doña María Soledad Domínguez Macías, 
actuando en nombre y representación de Aluminios del Maestre, S.A., bajo la defensa 
del  letrado  don  Luis  Corchero  Romero,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  En fecha 29 de junio de 2018, la entidad Casimiro Canónico Santos, S.L.,  b
interpuso demanda de reclamación de cantidad contra la ahora recurrente de amparo, en  08ww
e4l9 7e-2je0r1c8ic)i,o  pdoer  duencare toa ccdieóln  ledtrea droe pdeet icliaó na. dmInicnoisatdraoc iópnro cdeed ijmusietinctiao  doerdl inJaurzigoa d(on úmde. 
Pocritmuberrea  dInes 2ta0n1c8i as ee  aIcnosrtrduóc claió and nmúismió. n1  ad ter áVmililtaef rdaen claa  ddeem loasn dBaa, rarossí  c(oBmadoa lajo zn)o, tidfiec a9c iódne 
y emplazamiento de la demandada, con traslado de la demanda y documentación anexa,
en el domicilio propuesto por la parte actora, que estaba ubicado en el polígono Los 
Varales, Avda. del Trabajo, s/n, de Villafranca de los Barros.
b)  A pesar de lo anterior, la notificación y emplazamiento se produjeron a través del 
servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Más 
en concreto, a través de la dirección electrónica habilitada. Según las certificaciones 
obrantes en las actuaciones, consta que la notificación de la cédula de emplazamiento 
tenía como número de referencia el «acto 06149410010000019227/2018», y que fue 
enviada el 11 de octubre de 2018, a las 8:30 horas, sin que conste fecha de retirada por 
el destinatario.
c)  Por  diligencia  de  ordenación  de  18  de  diciembre  de  2018  se  declaró  a  la 
recurrente en situación de rebeldía procesal, y se convocó a la audiencia previa. Consta 
que  la  notificación  de  esta  diligencia  tenía  como  número  de  referencia  el 
«acto 06149410010000023816/2018», y que fue enviada también por vía telemática 
el 20 de diciembre de 2018, a las 9:42 horas, sin que fuera retirada por la entidad 
destinataria.
d)  Celebrada la audiencia previa el 29 de enero de 2019, con la sola asistencia de 
la parte demandante, el 6 de febrero de 2019 se dictó sentencia estimatoria de la 
demanda, que también fue notificada a través de la dirección electrónica habilitada. En 
concreto, según la certificación obrante en las actuaciones, la notificación tenía como 
número de referencia el «acto 06149410010000002024/2019», y fue enviada el 14 de 
febrero de 2019, a las 9:55 horas, sin que fuera retirada por el destinatario.
La sentencia fue declarada firme por diligencia de ordenación de 9 de mayo de 2019, 
en la que se afirmaba que la sentencia había sido notificada a las partes el 7 de febrero 
de 2019. La declaración de firmeza también fue notificada electrónicamente en fecha 06 
de septiembre de 2019, a las 9:56 horas.
e)  En fecha 2 de septiembre de 2019, la entidad Aluminios del Maestre, S.A., se 
personó en el procedimiento, interesando que se le diera traslado de lo actuado.
f)  En fecha 5 de septiembre de 2019, la entidad ahora recurrente presentó un 
incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  solicitando  la  nulidad  de  la  sentencia  y  la 
retroacción del procedimiento hasta el momento de la admisión a trámite de la demanda, 
a fin de proceder a su contestación. En el mismo se alegaba haber tenido conocimiento 
de la existencia del proceso por el embargo trabado en sus cuentas corrientes, en el 
marco del procedimiento de ejecución núm. 315/2019, derivado de la firmeza de la citada 
sentencia. En el escrito se invocaba la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, sin indefensión, y del derecho de defensa (art. 24 CE). Se indicaba la infracción 
de lo dispuesto en el art. 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), es decir, por no 
haberse  notificado  la  demanda  y  el  primer  emplazamiento  en  el  domicilio  de  la 
demandada, y con entrega de la documentación correspondiente. Y, finalmente, se hacía 
una amplia reseña de la STC 47/2019, de 8 de abril, cuya doctrina entendía aplicable a 
ese supuesto.
g)  Por auto de 20 de noviembre de 2019 el juzgado desestimó el incidente de 
nulidad de actuaciones planteado por la entidad recurrente. En su fundamento jurídico 
segundo, y tras constatar la forma telemática de las notificaciones impugnadas, se 
admite el conocimiento de la «nueva doctrina constitucional» mencionada en el escrito. 
No obstante, considera que el órgano judicial «actuó conforme al Derecho vigente y 
aplicable durante la tramitación de [ese] procedimiento (previo a tal doctrina) y, por ende, 
ninguna indefensión se le causó a la parte demandada». Para ello, señala que la 
STC 6/2019 (a la que se remite la STC 47/2019) fue publicada con posterioridad a la  s
sentencia dictada en su procedimiento (en concreto, el 14 de febrero de 2019). Sobre  oe.
esa base, con cita y reseña de los arts. 31.1 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal  w.
Constitucional (LOTC), entiende que la STC 6/2019 no puede «afectar a la fuerza de  08ww
csoesgau rijduazdg ajduarí ddieca s»e, nyte n«cmiausc hfoir mmees nyoas »d iccutaadnadso  ye, nc oemsoa  csoennsteenccuiean c«inao,  asl ep rdineccilpairoa  dlae 
einxcpoonnseti tuecni oenla lfiudnadda dmee nutnoa  junroídrmicao» t.e Orcteroro  tadnetlo  asuutcoe dimep cuognn alad oS. TPCa r4a7 e/2l 0j1u9z,g acdoom, oe ssea   BOE-A-cable e
sentencia «nada concreta sobre la posible retroactividad de [su] interpretación, por lo que 
entiende […] que debe prevalecer […] la fuerza de cosa juzgada de la sentencia firme ya 
dictada y el principio de seguridad jurídica». Continúa argumentando que la «eficacia 
temporal del cambio de criterio jurisprudencial debe ser templada cuando su aplicación 
se traduce, en la práctica, en la exigencia de un requisito procesal de carácter formal del 
que depende la acción o el recurso que no se entendía exigible en el momento de la 
presentación  del  escrito,  pues  así  lo  impone  el  parámetro  constitucional  de  la 
racionalidad  de  la  decisión  judicial  y  los  principios  de  seguridad  jurídica,  confianza 
legítima, interdicción de la arbitrariedad y principio tempus regit actum, los cuales [se] 
entiende incompatibles con declarar en este momento la nulidad de todo lo actuado». 
Finalmente,  se  reconoce  el  «especial  deber  que  tienen  los  órganos  judiciales  de 
garantizar la efectividad de los actos de comunicación procesal, dada su vinculación 
[con] el derecho fundamental de defensa y a una tutela judicial efectiva». No obstante, 
señala  que,  por  un  lado,  «hay  constancia  de  la  correcta  remisión  del  acto  de 
comunicación», y por otro, que el emplazamiento se hizo siguiendo las «instrucciones 
dadas por el Ministerio de Justicia en el año 2016». De manera que solo «tras el fallo de 
la citada sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 8 de abril de 2019 [es] cuando el 
Ministerio de Justicia ha comunicado a todos los secretarios de gobierno de Tribunales 
Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo la obligación de notificar 
la  citación  o  primer  emplazamiento  a  las  sociedades  y  demás  personas  jurídicas 
demandadas en su domicilio, y no mediante comunicación telemática a través de la 
dirección electrónica habilitada facilitada por el Ministerio de Hacienda».
Este auto fue notificado en fecha 4 de diciembre de 2019, con expresa indicación de 
que no cabía recurso alguno contra el mismo.
h)  En fecha 22 de enero de 2020 tuvo entrada en el registro de este tribunal la 
presente demanda de amparo, que tiene por objeto el auto de 20 de noviembre de 2019 
por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la 
sentencia de 6 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 1 de Villafranca de los Barros (Badajoz) en el procedimiento ordinario 
núm. 497-2018.
3.  La demanda de amparo alega que la resolución impugnada vulnera el derecho a 
la tutela judicial efectiva, sin indefensión, así como el derecho de defensa (art. 24 CE).
Tras exponer los antecedentes de hecho que considera de interés, el recurrente 
afirma que el órgano judicial incumplió la normativa procesal (art. 155.2 LEC), al haber 
notificado telemáticamente el primer emplazamiento, cuando la norma exige que se haga 
de forma personal y con entrega de la documentación anexa. Esta infracción procesal le 
ha causado una doble indefensión. Por un lado, le ha privado del conocimiento de la 
existencia del proceso y, por lo tanto, del derecho de acceso a la jurisdicción para 
desplegar su derecho de defensa; y por otro lado, le ha privado de su derecho al recurso, 
al no haber podido impugnar la sentencia dictada. La demanda reseña parcialmente la 
STC 47/2019, como ya hizo en el incidente de nulidad de actuaciones, y muestra su 
disconformidad con los argumentos empleados en la resolución impugnada. Considera 
que el órgano judicial alude a un supuesto efecto irretroactivo de la doctrina de este 
tribunal, que solo es aplicable en los casos de recursos de inconstitucionalidad contra 
disposiciones normativas.
La demanda dedica un apartado a justificar la especial trascendencia constitucional 
del recurso, en el que se alega expresamente que es «precisamente la vulneración de 
[la] consolidada doctrina» de este tribunal, concretada en las SSTC 6/2019 y 47/2019, lo  e.
que justifica el requisito exigido en el art. 49.1 LOTC. w.b
La demanda finaliza solicitando su estimación, con el consiguiente restablecimiento  08ww
esenr  epl rdaecrtieccahdoa  vlau lnneortiafidcoa,c mióne ddiaenl teem lap lraezpaomsiiecinótno  (psaicra)  dceo nlatess atacrt ulaa cdioenmeasn «daal,  mpaormae qnutoe  dsee 
proceda a su correcto emplazamiento».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 6 de octubre de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en 
una  negativa  manifiesta  del  deber  de  acatamiento  de  la  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 f)]»; y (ii) dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Villafranca de los Barros, a fin de que remita 
«certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento 
ordinario núm. 497/2018», debiendo «emplazarse […] a quienes hubieran sido parte en 
el  procedimiento»  de  origen,  excepto  a  la  «recurrente  en  amparo»,  para  poder 
comparecer en el presente proceso constitucional en el plazo de diez días.
5.  Por  escrito  presentado  en  el  registro  de  este  tribunal  el  23  de  noviembre 
de 2020, el procurador de los tribunales don Elías Gutiérrez Benito, actuando en nombre 
y representación de la entidad Casimiro Canónico Santos, S.L., bajo la dirección letrada 
de don Luis Martín Terro Saiz-Pardo, solicitó que se le tuviera por personada en este 
recurso, entendiéndose con esa representación las sucesivas diligencias y notificaciones 
que se produjeran.
6.  Con fecha 15 de diciembre de 2020, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda 
de este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que se acordó, de un lado, tener por 
personado  y  parte  a  la  entidad  Casimiro  Canónico  Santos,  S.L.,  a  través  de  la 
procuradora mencionada, y de otro, dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
7.  La fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 19 de 
enero de 2021, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  y  su  restablecimiento  mediante  la 
declaración  de  nulidad  de  «todo  lo  actuado  desde  la  notificación  y  emplazamiento 
efectuado electrónicamente el día 11 de octubre de 2018 por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 1 de Villafranca de los Barros, en el juicio procedimiento 
ordinario  497-2018»,  así  como  la  retroacción  de  las  actuaciones  «al  momento 
inmediatamente  anterior  a  dicha  notificación  para  que  se  le  dé  al  recurrente  [la] 
posibilidad de ejercer su derecho [a] contestar a la demanda».
En su escrito, la fiscal comienza con una reseña de los antecedentes que consideró 
de interés, para continuar señalando que nos encontramos ante el mismo supuesto que 
ya fue resuelto en sentido estimatorio mediante las SSTC 40/2020, de 27 de febrero 
y 43/2020, de 9 de marzo, cuyo contenido extracta parcialmente. En estas resoluciones 
se concedió el amparo solicitado por aplicación de la doctrina expuesta, a su vez, en las 
SSTC 6/2019,  de 17  de enero y 47/2019, de 8 de abril, de las que se deriva la 
obligatoriedad de que el primer emplazamiento se realice de manera personal y con 
entrega en papel de la documentación, conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 LEC. 
Para  la  fiscal,  además,  «el  razonamiento  de  la  juez  de  instancia  basado  en  los 
artículos 31.1 y 40 LOTC debe ser rechazado de plano pues, al no encontrarnos en tales 
supuestos –procedimientos de inconstitucionalidad– no devienen aplicables en este».
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 25 de enero de 2021. En el mismo interesó que se dictara resolución  e.
estimatoria del recurso de amparo reiterando los argumentos expuestos en la demanda,  w.
y haciendo propios los razonamientos del informe emitido por el Ministerio Fiscal. 08ww
9.  En fecha 26 de enero de 2021 tuvo entrada el escrito de alegaciones de la
irneipcriaelsmeenntatec,ió nla  defa lltaa  ednetid aeds pCeacsiaiml itrroa sCcaennódneinccoi aS acnotnosst,i tSuc.Lio.,n aEln  deel l mriescmuors soe,  pqluaen tesae, 
concreta en que la demanda no ha distinguido «claramente entre la argumentación
dirigida a razonar la existencia de la lesión […] invocada y la destinada a justificar que el 
problema planteado tiene una especial trascendencia constitucional». A su juicio, el 
recurrente pretende «obtener una instancia más», cuando «resulta más que evidente 
que si en su momento no recibió la comunicación del juzgado […] fue sencillamente 
porque no prestó una diligencia precisa, exigida legalmente». El juzgado «actuó de forma 
correcta y dentro de los términos que en ese momento fijaba[n] las normas procesales e 
instrucciones al respecto».
En cuanto a la cuestión de fondo, se reiteran los argumentos expuestos en el auto 
impugnado, que se considera ajustado a Derecho. La actuación judicial fue conforme con 
la normativa vigente. La supuesta indefensión del recurrente fue debida exclusivamente 
a su falta de diligencia al consultar o supervisar el sistema de notificaciones establecido, 
mientras que las SSTC 6/2019 y 47/2019 se dictaron con posterioridad a la actuación 
judicial, por lo que no procede su aplicación retroactiva de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 31.1 y 40 LOTC, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica.
En consecuencia, interesa la desestimación del recurso de amparo.
10.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 29 de enero de 2021, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de la representación procesal de las partes personadas, quedando el asunto 
concluso y pendiente para deliberación cuando por turno corresponda.
11.  Mediante  providencia  de  fecha  11  de  febrero  de  2021,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La presente demanda plantea un supuesto de hecho idéntico a los ya resueltos en 
anteriores precedentes de este tribunal en los que se impugnaba la actuación judicial 
consistente en la inadmisión de incidentes de nulidad de actuaciones, por considerar 
realizados conforme a Derecho las notificaciones de la admisión de una demanda y el 
consiguiente emplazamiento para personación a través del servicio de notificaciones 
electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre.
La demanda de amparo alega, en esencia, la vulneración del derecho fundamental a 
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer 
indefensión, al no haberse efectuado aquel emplazamiento de manera personal y con 
entrega  en  papel  de  la  documentación  correspondiente,  tal  y  como  establecen  las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil.
El  Ministerio  Fiscal,  por  su  parte,  interesa  la  estimación  del  amparo.  La  parte 
contraria en el procedimiento judicial de origen interesa la desestimación del recurso, 
planteando su falta de especial trascendencia constitucional.
2.  Sobre la especial trascendencia constitucional del recurso.
La representación procesal de la entidad Casimiro Canónico Santos, S.L., plantea en 
su escrito de alegaciones la falta de especial trascendencia constitucional del recurso. 
Aunque  formalmente  no  invoca  la  concurrencia  de  un  óbice  procesal,  motivos  de 
congruencia  argumental  con  las  alegaciones  formuladas  por  las  partes  aconsejan  e
abordar esta cuestión con carácter previo a la resolución de la queja objeto del recurso. bo
La relevancia constitucional es, ciertamente, requisito exigible de conformidad con lo  08ww
pqruoec edsiaspl o(SneTnC  l1o5s9 /a2r0ts1.9 ,4 9d.e1  1y2  5d0e. 1d ibc)ie mLObrTeC,  FyJ,  2p,o rp ocro nresmigiusiieónnt ea,  ldae  SoTrCde 1n1 3p/ú2b0l1ic2o, 
djues t2ic4ia d (eS mTEayDoH,  FdJe  22,0 y d lea se anlelír oc itdaed a2s0)1. 5E, xaigseunnctoia As rdrieb acse rAtenztóan y  cb. uEesnpaa añdam, §in 4is6t)r aocbióling adne, 
pues, a explicitar el cumplimiento del mismo con el fin de hacer cognoscibles los criterios
empleados al efecto por este tribunal que, en este caso, han sido objetados por una de 
las partes.
En primer lugar, debemos recordar que la inicial admisión a trámite de la demanda de 
amparo  no  es  obstáculo  para,  después,  abordar  o  reconsiderar  en  sentencia  la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales (por todas, SSTC 19/2014, 
de 10 de febrero, FJ 2, o 69/2011, de 16 de mayo, FJ 2). Nada impide que este tribunal, 
en el trámite de dictar sentencia y, por tanto, en un momento o fase procesal distintos del 
previsto para la admisión del recurso, pueda examinar, incluso de oficio, los requisitos 
exigidos para su admisión a trámite y, en caso de comprobar su incumplimiento, dictar un 
pronunciamiento de inadmisión del amparo solicitado (entre muchas, SSTC 126/2011, 
de 18 de julio, FJ 2, y 8/2017, de 19 de enero, FJ 2).
A partir de las anteriores consideraciones iniciales, este tribunal ha decidido admitir el 
presente recurso de amparo porque apreció una especial trascendencia constitucional en 
el  mismo  (art.  50.1  b  LOTC),  vinculada  a  una  «negativa  manifiesta  del  deber  de 
acatamiento de la doctrina de este tribunal» [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)].
No  encontramos  ahora  razones  para  modificar  esa  apreciación.  Como  se  ha 
expuesto con más detalle en los antecedentes de esta sentencia, la parte demandante 
en el procedimiento de origen considera que no se cumple el requisito de la especial 
trascendencia constitucional de este recurso. En realidad, lo que plantea no es la falta de 
trascendencia sino la falta de justificación de esa trascendencia, porque considera que el 
ahora recurrente no ha objetivado o deslindado de forma adecuada la trascendencia 
constitucional del recurso de la propia vulneración alegada.
Sin embargo, un análisis conjunto de los argumentos expuestos en la resolución 
impugnada,  de  las  vulneraciones  alegadas  y  de  la  justificación  de  la  especial 
trascendencia constitucional planteada en la demanda, nos lleva a la conclusión de que 
esta expone, si bien sucintamente, los motivos por los que entiende que concurre este 
requisito procesal (art. 50.1 a, en relación con el art. 49.1 LOTC). El recurrente no alega 
ningún apartado concreto de la STC 155/2009, pero de los términos de su escrito se 
deduce que invoca un incumplimiento del deber del órgano judicial de acatar la doctrina 
de este tribunal. De hecho, en la demanda se dice expresamente que se había invocado 
ante el juzgado la «doctrina constitucional contenida en las sentencias 6/2019 de 17 de 
enero de 2019 y 47/2019, de 8 de abril del mismo año», y que es «precisamente la 
vulneración  de  esta  consolidada  doctrina  lo  que  justifica  la  especial  trascendencia 
constitucional del recurso que exige el último inciso del apartado 1 del art. 49 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, a cuyo contenido nos remitimos».
Por ello, sin incurrir en la reconstrucción de la demanda, ni suplir las razones de las 
partes –sobre las que recae la carga de la argumentación– (tal y como proscriben, entre 
otras, las SSTC 42/2008, de 10 de marzo, y 182/2009, de 7 de septiembre), procede dar 
adecuada respuesta a la cuestión de fondo objeto de este recurso de amparo.
3.  Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada.
Una vez desestimada la cuestión formal alegada, y planteado el debate en los 
términos  descritos,  debe  indicarse  que  el  Pleno  de  este  tribunal  ha  dictado  la 
STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de resolver un 
recurso de amparo donde se dio respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí 
las partes, con fallo estimatorio de la demanda. El pronunciamiento contenido en la 
citada STC 40/2020, ha sido ulteriormente reiterado en las SSTC 43/2020, de 9 de 
marzo;  55/2020,  de  15  de  junio;  76/2020,  de  29  de  junio;  o  176/2020,  de  30  de  e
noviembre, por citar algunas de las más recientes. bo
Descartada en este caso la concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a  08ww
quunea  hfuangdaammoesn atapclicióanc ióon r edseu llata ddooc tdriinfear eenxtpeu eas tlao  edne cella craitaddoo e pnrteocnecdeesn, tper.ocede por tanto
doctArisnía,  edne  eels ftuen tdriabmuneanlt op ljausrmídaicdoa 3 e dne s uess aS rSeTsCol u6c/i2ó0n1 s9e,  daed v1i7e rdtee  qeunee reos,  FdeJ  4a pali)c, adciciótand laa 
en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en
proceso de amparo. En ambos supuestos se afirma la «garantía del emplazamiento 
personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley 
de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica», tal y como ocurre con la efectuada a través de la dirección electrónica 
habilitada. El emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa la 
regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano 
judicial «acarrea por tanto la conculcación [del] derecho fundamental» a la tutela judicial 
efectiva, como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo referidos a 
procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo fundamento 
jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia (ver, en tal sentido, las 
SSTC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2; 122/2019, de 28 de octubre, FJ 3; 129/2019, 
de 11 de noviembre, FJ 4; 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 3, y 7/2020, de 27 de 
enero, FJ 2).
Finalmente, constata entonces la STC 40/2020, en su FJ 4, como ha de hacerse 
también en el presente supuesto, que las resoluciones judiciales impugnadas vulneraron 
el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  la  recurrente.  El  juzgado  optó  por  un 
emplazamiento a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica 
habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que no está previsto en la 
normativa procesal para estos casos. Ese sistema de notificación determinó que el 
procedimiento se siguiera a espaldas de la entidad ahora recurrente, que no pudo ejercer 
las acciones que tuviera por conveniente.
Una vez tuvo conocimiento del proceso, y planteado el correspondiente incidente de 
nulidad de actuaciones, este fue indebidamente desestimado.
En efecto, el ahora recurrente expuso ante el juzgado la existencia de una doctrina 
consolidada de este tribunal, y el juzgado rechazó su aplicación mediante la invocación 
de  su  supuesta  irretroactividad  y  de  una  pretendida  primacía  vinculante  de  unas 
instrucciones gubernativas sobre los sistemas de notificaciones telemáticas.
Los razonamientos empleados en el auto impugnado no pueden ser acogidos. El 
juzgado consideró que no debía aplicar la doctrina de este tribunal, argumentando para 
ello lo dispuesto en los arts. 31.1 y 40 LOTC que, como el propio juzgado reconoce, 
están  previstos  para  los  procedimientos  de  inconstitucionalidad  de  disposiciones 
normativas (art. 40 LOTC), de naturaleza muy diversa a la que nos ocupa. Menor 
consistencia tiene el argumento de que se actuó en cumplimiento de las instrucciones 
gubernativas recibidas sobre la utilización del sistema de notificaciones telemáticas con 
las personas jurídicas, que se modificaron con posterioridad a las sentencias de este 
tribunal invocadas en el incidente. De esta forma, el juzgado obviaba el deber contenido 
en el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de interpretar y aplicar las leyes y los 
reglamentos  según  los  preceptos  y  principios  constitucionales,  «conforme  a  la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional en todo tipo de procesos». Una vez invocada la doctrina de este tribunal, 
el juzgado debió aplicarla en el caso concreto a fin de reparar la vulneración alegada, lo 
que no hizo.
En consecuencia, procede la estimación del amparo por vulneración del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede,  igualmente,  el  restablecimiento  del  derecho  vulnerado,  acordando  la  s
nulidad de la resolución impugnada y de todo lo actuado en el procedimiento de origen,  oe.
desde  el  momento  en  que  se  proveyó  al  emplazamiento  a  través  de  la  dirección  w.
electrónica habilitada, con retroacción de las actuaciones para que el juzgado practique  08ww
mdicahnoe ream repslapzeatumoisean tcoo ne ne l lodse retécrhmoi nfuonsd eaxmigeindtoasl  dpeo rla l ad elemya n(adrat.n t1e5.5.1 y 273.4 LEC), de
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Aluminios del Maestre, S.A., 
y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 20 de 
noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Villafranca de los Barros (Badajoz) en el proceso ordinario núm. 497-2018, así como la 
nulidad de las actuaciones realizadas a partir del decreto de 9 de octubre 2018, por el 
que se acordó la admisión a trámite de la demanda y la notificación y emplazamiento a la 
parte demandada, ahora recurrente.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente posterior al dictado del 
decreto de 9 de octubre de 2018, debiendo llevarse a cabo de nuevo por el juzgado el 
trámite de notificación y emplazamiento a la parte demandada, de forma que resulte 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.