BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 135 Lunes 7 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 69346
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
9476 Resolución de 28 de mayo de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A., por la que se publica el Convenio con el Fondo de Garantía Agraria y 
Pesquera de las Illes Balears, para la realización de trabajos de control por 
monitorización en las campañas 2021 y 2022.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»  del  Convenio  suscrito  entre  el  Presidente  del  Fondo  Español  de  Garantía 
Agraria, O.A., y la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears,  para  la  realización  de  trabajos  de  control  por  monitorización  en  las 
campañas 2021 y 2022, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 28 de mayo de 2021.–El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, 
Miguel Ángel Riesgo Pablo.
ANEXO
Convenio entre el Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., y el Fons de Garantia 
Agrària i Pesquera, en su condición del Organismo Pagador de las Illes Balears, para 
la realización de trabajos de control por monitorización en las campañas 2021 y 2022
En Madrid, a 26 de mayo de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Miguel Ángel Riesgo Pablo, en representación del Fondo Español 
de  Garantía  Agraria,  O.A.  (en  adelante  FEGA),  organismo  autónomo  adscrito  al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Actúa en su condición de Presidente del 
mismo, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 767/2018, de 29 de junio, 
(BOE núm. 158, de 30 de junio de 2018), en el ejercicio de la facultad para celebrar 
Convenios que le confieren el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 4.2.f) del Estatuto del FEGA, aprobado 
por Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre.
Y, de otra parte, doña María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, 
Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad de las Illes Balears (en 
adelante,  la  comunidad  autónoma),  cargo  para  el  que  fue  nombrada  por  el 
Decreto 10/2019 de 2 de julio de la Presidenta de las Illes Balears, por el que se dispone 
el nombramiento de la Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación (BOIB núm. 88, 
de 3 de julio de 2019), y habilitada por el Consejo de Dirección del FOGAIBA en el día 24 
de septiembre de 2020. Interviene, como Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y 
Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), en el ejercicio de las facultades que le atribuye 
el artículo 6 del Decreto 64/2005, de 10 de junio, de creación del Fondo de Garantía 
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (BOIB núm. 89, de 11 de junio de 2005). es
Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente 
Convenio y a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común, impone a los organismos pagadores de los Estados miembros la 
obligación  de  implantar  «sistemas  de  gestión  y  control  eficaces  para  garantizar  el 
cumplimiento de la legislación que regula los regímenes de ayuda de la Unión con objeto 
de reducir al máximo el riesgo de perjuicio financiero de la Unión».
Segundo.
Que el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio 
de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema 
integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad, 
dispone en el artículo 40 bis que se podrán monitorizar las superficies para sustituir los 
controles sobre el terreno de las parcelas agrarias.
Tercero.
Que el FEGA es la autoridad encargada de la coordinación de los controles en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria, 
aprobado por el Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre.
Cuarto.
Que  en  cumplimiento  del  artículo  99.5  del  Real  Decreto  1075/2014,  de  19  de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a 
la ganadería, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 
desarrollo rural, el FEGA coordinará el correcto funcionamiento de los sistemas de 
control a cuyo efecto prestará la asistencia técnica necesaria, y en el ámbito de sus 
competencias establecerá, en su caso, Convenios con las comunidades autónomas para 
asegurar  la  correcta  realización  de  los  controles  por  teledetección  y  monitorización 
establecidos en el artículo 40 y 40 bis, respectivamente, del Reglamento de ejecución 
(UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013.
Quinto.
Que  en  cumplimiento  del  artículo  99.4  del  citado  Real  Decreto  1075/2014, 
corresponde  a  las  comunidades  autónomas  como  autoridades  competentes  la 
responsabilidad de los controles de las ayudas.
La competencia del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears, en la 
materia objeto del Convenio se establece en el artículo 2 del Decreto 64/2005, de 10 de 
junio, de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (BOIB  e
núm. 89, de 11 de junio de 2005). Mediante el decreto el 65/2007, de 25 de mayo, de  bo
constitución, organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos del  76ww
Feno ndlao  CEoumroupneiod aAdg rAícuotlóan (oFmEaA GdAe)  lya sd eIll lFeos ndBoa lEeaurrso,p eeol  dFeo nDdeos adrero llGo aRraunratíla ( FAEgAraDrEiaR )y, 
Pesquera se constituye como Organismo Pagador.
Sexto.
Que el FEGA, para servir con objetividad a los intereses generales y actuar de 
acuerdo con los principios de eficacia y coordinación en todo el territorio, considera 
conveniente realizar las tareas de monitorización de las superficies de los regímenes de 
ayuda directa incluidos en la Solicitud Única de las campañas 2021 y 2022.
Séptimo.
Que la colaboración de las partes se articula mediante un Convenio que se ajusta al 
régimen jurídico establecido en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Teniendo en cuenta lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio 
para la realización de trabajos de control por monitorización, con sujeción a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio es definir los términos de la colaboración entre las 
partes para realizar controles por monitorización sobre las parcelas agrícolas declaradas 
en la Solicitud Única de las campañas 2021 y 2022 de los criterios de admisibilidad, 
compromisos y otras obligaciones que puedan ser objeto de control.
Dichos controles se realizarán mediante datos de satélites Sentinel de Copernicus u 
otros datos con valor al menos equivalente, a fin de extraer conclusiones sobre la 
admisibilidad de las ayudas directas y medidas de desarrollo rural establecidas en el 
ámbito del Sistema integrado de Gestión y Control.
Segunda.  Obligaciones del FEGA.
Para ejecutar el objeto del Convenio el FEGA se compromete a:
1.  Realizar  los  trabajos  de  control  por  monitorización  en  todas  las  unidades 
territoriales solicitadas por las comunidades autónomas para los regímenes de ayuda 
especificados en el objeto del Convenio:
a.  Coordinación  general  de  las  actividades  del  proyecto,  incluidas  aquellas  a 
desarrollar por la comunidad autónoma de acuerdo con la cláusula tercera.
b.  Mejora y adaptación de desarrollos y herramientas en la plataforma así como 
mantenimiento y adaptación de aplicaciones informáticas necesarias.
c.  Adquisición de imágenes satélite, preparación y tratamiento automático de las 
mismas, incluyendo la toma de datos de campo previa.
d.  Análisis de impacto económico.
e.  Preparación de datos para revisiones en gabinete y campo.
f.  Juicio de experto en gabinete, incluyendo el análisis de las evidencias adicionales 
aportadas por los agricultores.
g. Juicio de experto en campo, incluyendo en caso necesario la medición de las 
superficies  que  no  cumplen  los  criterios  de  admisibilidad,  compromisos  y  otras 
obligaciones objeto de control. s
h.  Control de requisitos no monitorizables de los regímenes de ayudas directas por  oe.
superficie, excepto aquellos de tipo documental. w.
i.  Comunicación de discrepancias con la información registrada en el sistema de  76ww
minfoonrimtoaricziaócni ógne.ográfica  de  parcelas  agrícolas  (SIGPAC)  derivadas  del  control  por
Para  ello  el  FEGA  anticipará  la  financiación  del  proyecto,  contribuyendo  a  la
financiación de los trabajos en la comunidad autónoma tal y como se detalla en el anexo I.
2.  Entregar a la comunidad autónoma los resultados provisionales a efectos de 
permitir el cumplimiento por parte de la comunidad autónoma de la cláusula 3.3 y los 
resultados finales de los trabajos realizados por el FEGA en las Unidades Territoriales 
indicadas en el anexo III.
3.  Entregar a la comunidad autónoma los documentos de liquidación, previos al 
pago, en los que consten los trabajos individualizados realizados dentro de la comunidad 
autónoma y la descripción de los mismos.
4.  Realizar los trabajos de Control de Calidad necesarios, conforme a las directrices 
que a tal efecto establezca la Comisión Europea.
5.  Los contratos o encargos a medios propios que el FEGA tenga que tramitar al 
amparo  del  presente  Convenio,  se  imputarán  a  la  aplicación  presupuestaria 
21.103.412M.640.  El coste de estos contratos o encargos a medios propios no podrá 
superar el coste total que figura en el anexo I.
Tercera.  Obligaciones de la comunidad autónoma.
Para ejecutar el objeto del Convenio la comunidad autónoma se compromete a:
1.  Realizar el control de los requisitos no monitorizables de carácter documental 
correspondientes  a  los  regímenes  de  ayudas  directas  monitorizados  en  su  ámbito 
territorial.
2.  Realizar el control de todos los requisitos no monitorizables de las medidas de 
desarrollo rural monitorizadas en su ámbito territorial.
3.  Garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  comunicación  con  los 
beneficiarios establecidas por el artículo 40bis, punto 1.º, apartado d) del Reglamento de 
Ejecución  (UE)  809/2014,  informándoles  de  la  decisión  de  realizar  controles  por 
monitorización y estableciendo un sistema de comunicación que permita comunicar a los 
beneficiarios, al menos, los resultados provisionales a nivel de parcela, así como las 
alertas y solicitudes de evidencias adicionales.
4.  Asegurar que las comunicaciones indicadas en el punto 3.º se realizan con 
suficiente antelación, de modo que se permita a los beneficiarios gestionar la situación 
antes de que las conclusiones sean reflejadas en un informe final de control.
5.  Garantizar la gestión de los trámites de audiencia derivados de la ejecución de 
los controles.
6.  Colaborar  con  el  FEGA,  proporcionando  los  medios  y  la  asistencia  técnica 
necesarios para la ejecución de los trabajos y los trabajos de Control de Calidad en su 
ámbito territorial.
7.  Contribuir a sufragar los costes de ejecución de los trabajos de monitorización en 
las unidades territoriales de la comunidad autónoma que se detalla en el Anexo III, 
abonando  al  FEGA  en  cada  anualidad  las  cantidades,  con  cargo  a  las  siguientes 
aplicaciones presupuestarias:
2021: [92100/MONIT/22706/2021A/IB/00000]: 59.256,59 euros.
2022: [92100/MONIT/22706/2022A/IB/00000]: 59.256,59 euros.
Estas cantidades son el resultado de multiplicar los costes unitarios por unidad 
territorial reflejados en el anexo II por el número de unidades territoriales elegido por la 
comunidad autónoma, entendiéndose como unidad territorial la superficie continua que 
será sometida a controles por monitorización dentro de los límites de una provincia.
Si el Convenio se extinguiera antes de la fecha de vencimiento el coste para la  e.
comunidad autónoma se reducirá en proporción a los trabajos incluidos en el anexo III  w.b
que el FEGA todavía no hubiera realizado. 76ww
8.  La comunidad autónoma, una vez recibidos el documento de liquidación de la
mcaomnpitoarñizaa ccioórnr,e stpraosn dcieonmtep royb alorlso s,r easbuoltandaorás  lfain atoletasl iddaed  lodse  cloosn trcoolsetse sr edaeli zaedjeocsu cpióonr 
mencionados antes del 31 de diciembre del año de realización de los trabajos.
9.  Los  abonos  al  FEGA  se  realizarán  mediante  transferencia  bancaria  a  la 
cuenta 9000-0001-20-0200001478, abierta en el Banco de España a nombre del Fondo 
Español de Garantía agraria. Dirección General.
10.  Mantener las reuniones de coordinación necesarias para la correcta aplicación 
de los trabajos de control por monitorización en su ámbito territorial.
Cuarta.  Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
1.  El  seguimiento,  vigilancia  y  control  de  la  ejecución  del  Convenio  y  de  los 
compromisos adquiridos por las partes se atribuye al Grupo de Coordinación del Sistema 
Integrado  de  Gestión  y  Control  existente,  que,  además,  resolverá  los  problemas  de 
interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  El Grupo de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y Control contará 
con dos representantes del FEGA y dos de la comunidad autónoma y estará presidido 
por la persona titular de la Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA. Dicho 
grupo se reunirá dos veces al año como mínimo, de conformidad con un calendario que 
se acordará semestralmente y se publicará en la página web del FEGA.
Quinta.  Consecuencias en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguno 
de los firmantes, cualquiera de las partes podrá, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla, en un 
determinado plazo, con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos.
Este requerimiento será así mismo comunicado al Grupo de Coordinación del Sistema 
Integrado de Gestión y Control de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta.
Si  transcurrido  el  plazo  indicado  en  el  mencionado  requerimiento,  persistiera  el 
incumplimiento,  la  parte  que  dirigió  aquel  notificará  a  la  otra  parte  firmante  la 
concurrencia de la causa de resolución del Convenio y se entenderá resuelto el mismo.
En  todo  caso,  las  partes,  a  propuesta  del  Grupo  de  Coordinación  del  Sistema 
Integrado de Gestión y Control, podrán acordar la continuación y finalización de las 
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable 
para su finalización, transcurrido el cual deberán liquidarse.
Sexta.  Duración del Convenio.
El  Convenio  se  perfeccionará  con  el  consentimiento  de  las  partes  expresado 
mediante su firma y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
La duración del presente Convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022.
Séptima.  Modificación del Convenio.
El  presente  Convenio  podrá  modificarse  por  acuerdo  de  ambas  partes,  de 
conformidad con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Octava.  Extinción y resolución del Convenio. b
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Jurídico del Sector Público.
3.  También, será causa de resolución en caso de que la comunidad autónoma 
decida desistir en su decisión de realizar controles por monitorización.
4.  Extinguido el Convenio se procederá a su liquidación al objeto de determinar las 
obligaciones y compromisos de cada una de las partes, con los efectos previstos en el 
artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Protección y seguridad de la información.
1.  En el desarrollo del presente Convenio las partes adoptarán las medidas de 
seguridad requeridas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), por 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, así como lo indicado en el Esquema Nacional de 
Seguridad  (ENS)  establecido  en  el  Real  Decreto  3/2010,  de  8  de  enero,  y  sus 
modificaciones; así como, aquella otra normativa reguladora de la protección de datos de 
carácter personal que sea de aplicación durante la vigencia de este Convenio.
2.  Las partes se comprometen a cumplir la política de seguridad y confidencialidad 
de la información y a someterse a los sistemas de verificación establecidos por las 
respectivas Administraciones, de acuerdo con la legislación estatal o autonómica que 
resulte aplicable en cada caso.
Décima.  Publicidad del Convenio.
1.  El presente Convenio se inscribirá en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización  en  el  Registro  electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación  y  en  el  Registro  correspondiente  de  Convenios  de  acuerdo  con  la 
legislación autonómica.
2.  Asimismo, se publicarán en el plazo de diez días hábiles desde su formalización 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma», 
de acuerdo con la legislación autonómica.
3.  Los datos personales de las partes y las especificaciones que constan en el 
presente Convenio, se publicaran en los registros de Convenios y en los portales de 
transparencia y buen gobierno u otros análogos de las respectivas Administraciones, de 
acuerdo con la legislación estatal o autonómica que resulte aplicable.
Undécima.  Resolución de conflictos.
1.  En  defecto  de  normas  específicas,  para  resolver  las  dudas  o  lagunas  que 
pudieran producirse se aplicarán los principios de la citada Ley 40/2015.
2.  Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación, 
efectos  o  resolución,  y  que  no  hayan  podido  solventarse  a  través  del  Grupo  de 
Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y Control, se sustanciarán conforme a 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En prueba de conformidad y para la debida constancia de lo convenido, las partes 
suscriben el presente Convenio, del que forman parte sus anexos, en el lugar indicado 
en el encabezamiento y en la fecha que figura en la firma electrónica.–El Presidente del 
Fondo de Garantía Agraria, O.A, Miguel Ángel Riesgo Pablo.–La Presidenta del Fons de  e.
Garantia Agrária i Pesquera de les Illes Balears, María Asunción Jacoba Pía de la  w.b
Concha García-Mauriño. 76ww
ANEXO I
Coste total del proyecto de monitorización para las campañas 2021 y 2022 en todas 
las comunidades autónomas desglosado por actividades
Coste total proyecto
Actividad
Anualidad 2021 Anualidad 2022 Anualidad 2023
COORDINACIÓN ACTIVIDADES. 184.432,93 € 321.888,16 € 135.821,68 €
MEJORAS Y ADAPTACIÓN DE DESARROLLOS Y HERRAMIENTAS PLATAFORMA. 69.582,10 € 121.440,64 € 51.242,25 €
PLATAFORMA EN CLOUD. 21.215,33 € 37.026,80 € 15.623,57 €
MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. 54.554,48 € 95.213,14 € 40.175,48 €
MONITORIZACIÓN AUTOMÁTICA. 408.515,80 € 421.179,79 €  
TOMA DE DATOS DE CAMPO. 235.639,04 € 294.548,80 €  
PREPARACIÓN DE DATOS PARA REVISIONES Y JUICIO DE EXPERTO. 192.452,12 € 248.022,60 €  
CÁLCULO DEL IMPACTO ECONÓMICO. 20.564,88 € 26.503,05 €  
JUICIO DE EXPERTO EN GABINETE. 453.408,67 € 1.022.229,90 €  
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. 538.786,77 € 1.214.718,11 €  
JUICIO DE EXPERTO EN CAMPO. 788.891,69 € 1.778.587,09 €  
REQUISITOS NO MONITORIZABLES. 189.280,95 € 426.739,84 €  
DISCREPANCIAS MONITORIZACION-SIGPAC. 23.750,50 € 53.545,74 €  
COMPRA DE IMÁGENES HHR. 118.191,92 € 152.320,00 €  
TOTAL COSTES DIRECTOS: 3.299.267,18 € 6.213.963,66 € 242.862,98 €
Costes Indirectos 5,0%. 164.963,36 € 310.698,18 € 12.143,15 €
Gastos Generales 7,0%. 242.496,14 € 456.726,33 € 17.850,43 €
3.706.726,68 € 6.981.388,17 € 272.856,56 €
TOTAL PROYECTO.
10.960.971,41 €
* El coste se distribuye en 3 anualidades pero se refiere a dos campañas.
Coste total del proyecto de monitorización en todas las comunidades autónomas
Aportación
CC.AA.
C.A. FEGA O.A.
ANDALUCÍA. 943.990,26 € 950.239,34 €
ARAGÓN. 605.708,21 € 618.414,57 €
PRINCIPADO DE ASTURIAS. 260.926,00 € 291.904,36 €
ILLES BALEARS. 118.513,18 € 132.583,62 €
CANTABRIA. 124.616,60 € 126.947,47 € e.
CASTILLA-LA MANCHA. 1.039.796,31 € 1.046.070,07 € w.
CEXATTARLEUMÑAAD.URA. 133901..436839,,0001  €€ 147058..525553,,2457  €€
GALICIA. 484.225,11 € 497.859,08 €
Aportación
CC.AA.
C.A. FEGA O.A.
LA RIOJA. 179.547,24 € 200.863,93 €
COMUNIDAD DE MADRID. 118.513,18 € 132.583,62 €
REGIÓN DE MURCIA. 179.547,24 € 200.863,93 €
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 179.547,24 € 200.863,93 €
PAÍS VASCO. 206.766,39 € 222.485,24 €
COMUNIDAD VALENCIANA. 377.918,70 € 414.015,88 €
  TOTAL APORTACION CCAA. 5.341.467,66 € 5.619.503,75 €
    TOTAL PROYECTO. 10.960.971,41 €
ANEXO II
Costes unitarios según número de Líneas de Declaración (LD) por Unidad 
Territorial (UT) de los trabajos de monitorización
LD/UT. <20.000 20.000-40.000 40.000-60.000 60.000-100.000
Precio Unitario. 30.774,04 € 34.842,98 € 38.911,93 € 45.015,30 €
LD/UT. 100.000-200.000 200.000-400.000 400.000-600.000 >600.000
Precio Unitario. 59.256,59 € 89.773,62 € 130.463,00 € 172.391,10 €
ANEXO III
Coste total de los trabajos de monitorización por campaña en las Unidades 
Territoriales solicitadas por la comunidad autónoma.
  Número de UT por estrato
Estratos IU 2021 2022
<20.000  30.774,04 €    
20.000-40.000  34.842,98 €    
40.000-60.000  38.911,93 €    
60.000-100.000  45.015,30 €    
100.000-200.000  59.256,59 € 1 1
200.000-400.000  89.773,62 €    
400.000-600.000 130.463,00 €    
>600.000 172.391,10 €    
  Total campaña (euros). 59.256,59 € 59.256,59 € s
ANEXO IV
Distribución de anualidades/importes a financiar por la comunidad autónoma en 
función de la opción de pago
Opción de pago 2021 2022 2023
Abono en un solo pago en el año de 
59.256,59 € 59.256,59 €  
realización de los trabajos.