BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Viernes 23 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 88951
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
12389 Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se publica el Convenio con la Agencia Catalana del Consumo y el 
Ayuntamiento  de  Badalona,  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral  de 
Consumo del Ayuntamiento de Badalona.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Badalona, en fecha 14 de julio de 2021, 
Convenio para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de 
Badalona,  que  figura  como  anexo  a  esta  resolución,  procede  su  publicación  en  el 
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 15 de julio de 2021.–La Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Badalona, para la constitución 
de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Badalona
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
De otra parte, don Francesc Sutrias i Grau, Director de la Agencia Catalana del 
Consumo de la Generalitat de Cataluña, por el nombramiento efectuado por el Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña, mediante Decreto 103/2021, de 1 de junio, y en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana 
del  Consumo.  La  suscripción  de  este  Convenio  se  ha  autorizado  por  acuerdo  del 
Gobierno, de conformidad con el artículo 26.k) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de 
la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en relación con el artículo 175.1 del 
Estatuto de Cataluña.
Y de otra, doña Rosa Bertrán Bartomeu, Concejal del Área de Comercio, Mercados y 
Consumo del Ámbito de Gobierno, Promoción Económica, Ciudadanía e Igualdad del 
Ayuntamiento de Badalona, por delegación de firma del alcalde efectuada mediante 
Resolución número 2020003402 de fecha 18 de mayo de 2020, según artículo 12 de la 
Ley  40/2015,  1  de  octubre,  y  facultada  para  la  firma  del  convenio  por  Resolución 
número 2021005427 de Alcaldía de fecha 3 de junio de 2021, que acuerda la aprobación 
del presente Convenio. s
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo,  oe.
de la Comunidad Autónoma de Cataluña y del Ayuntamiento de Badalona. 389www.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro 
primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, de 15 
de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el cauce para 
que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter inmediato y ágil, sin 
merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las partes, incorporando, 
asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
Finalmente, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, 
completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la ordenación y gestión 
del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General 
de Consumo, tal como se recoge en la letra b del artículo 3 del Real Decreto 495/2020, 
de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de 31 de mayo de 1994, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo del Ayuntamiento de Badalona (en adelante, la Junta Arbitral), realizando 
desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su 
ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Agencia  Catalana  del  Consumo  de  la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de Badalona, conscientes de la 
necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
capítulo VI, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del 
Ayuntamiento  de  Badalona,  con  sede  en  Badalona,  cuyo  ámbito  territorial  viene 
determinado por el propio del municipio de Badalona, conocerá, con carácter prioritario, 
de  las  reclamaciones  de  los  consumidores  de  dicho  ámbito,  en  relación  con  sus  e
derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y el  bo
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se  389ww
regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  El Ayuntamiento de Badalona impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y 
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un 
año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de 
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con el Ayuntamiento de 
Badalona, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema 
Arbitral de Consumo, en cooperación con la Agencia Catalana del Consumo.
3.  El Ayuntamiento de  Badalona  facilitará información sobre la designación de 
Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Agencia Catalana del Consumo facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial del municipio de Badalona.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio. es
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su  bo
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  389ww
hCáoboipleesr adceiósdne d seul  sfoercmtoarl ipzúabcilóicno  eens tealt a«lB. oAlesitmíni sOmfioc,ia sl edreál  pEusbtalidcoa»d.o en el plazo de 10 días
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento.  Este  requerimiento  será  comunicado  igualmente  a  los 
representantes de la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha 
situación en un plazo no superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la 
notificación.  En  todo  caso,  la  Comisión  de  Seguimiento  podrá  decidir  sobre  la 
adopción  inmediata  de  las  medidas  correctoras  oportunas  para  garantizar  el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión de Seguimiento, persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de 
las  partes.  La  Comisión  de  Seguimiento  del  Convenio  decidirá,  en  caso  de 
resolución anticipada del Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en 
curso, conforme a lo previsto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las 
partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión 
de  Seguimiento  las  discrepancias  que  pudieran  surgir  sobre  la  interpretación, 
desarrollo,  modificación,  resolución  y  efectos  que  pudieran  derivarse  de  la 
aplicación del presente Convenio. Las cuestiones litigiosas que en la ejecución y 
cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no  quedasen  resueltas  por  la  Comisión  de 
Seguimiento,  se  someterán  a  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio,  sea  necesario  realizar,  se  efectuará  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  e.
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  27  de  abril  w.b
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento  389ww
dDeir edcatitvoas  p9e5r/s4o6n/aClEes  y(R ae glala mlibernet oc ircguelnaecrióanl  ddee  esptrooste dccaitóons  yd ep ord ealt oqsu) e ys e ad elrao gaL elay 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes  o  por  sus  representantes  acreditados.–El  Ministro  de  Consumo,  P.D. 
(Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana 
Medialdea García.–El Director de la Agencia Catalana del Consumo, Francesc Sutrias i 
Grau.–El  Alcalde  de  Badalona,  P.D.  (Resolución  n.º  2020003402  de  18  de  mayo 
de 2020), la Concejal del Área de Comercio, Mercados y Consumo del Ámbito de 
Gobierno, Promoción Económica, Ciudadanía e Igualdad, Rosa Bertrán Bartomeu.