BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125  Miércoles 26 de mayo de 2021  Sec. I.   Pág. 63831
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
8749 Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva 
para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual 
límite.
La disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y bajo el título de «medidas en favor de las personas con capacidad 
intelectual límite», establece que «El Gobierno, en el marco de la Estrategia Global de 
Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, y en el plazo de doce meses, 
presentará medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las 
personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta 
situación,  aunque  no  alcancen  un  grado  de  discapacidad  del  33  por  ciento. 
Reglamentariamente el Gobierno determinará el grado mínimo de discapacidad necesario 
para que opere esta aplicación».
Por su parte, el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
establece que «el Gobierno podrá regular medidas de reserva, duración o preferencia en 
el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores demandantes de 
empleo» así como «otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas para fomentar 
el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren dificultades especiales 
para acceder al empleo. La regulación de las mismas se hará previa consulta a las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas».
El mandato legal expresado en la citada disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, 
de 1 de agosto, obliga a adoptar medidas que promuevan la inclusión laboral del 
colectivo descrito, mediante la elaboración de un real decreto a través del cual el 
Gobierno, con la autorización expresada en el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, regule la definición de lo que se entiende como una persona con capacidad 
intelectual límite a efectos laborales y las medidas concretas de acción positiva 
destinadas a favorecer dicha inclusión.
El presente real decreto consta de dos capítulos, seis artículos y tres disposiciones 
finales.
En su capítulo I se establece lo que, a los efectos laborales de acceder a las medidas 
de acción positiva previstas, debe entenderse como persona con capacidad intelectual 
límite y los empleadores beneficiarios; una vez definido el ámbito subjetivo, en su capítulo 
II, la relación concreta de medidas de acción positiva que mejor se adecúan al perfil 
personal y profesional del colectivo con el objetivo de promover su acceso al empleo y 
favorecer las expectativas y opciones de integración laboral en el mercado ordinario de 
trabajo. Para ello, se procede a la modificación de la normativa reguladora vigente, 
introduciendo los ajustes necesarios para su aplicación a dicho colectivo, así como la  s
descripción del beneficio reconocido en cada caso de acuerdo con las características y  oe.
necesidades de las personas con capacidad intelectual límite y el objetivo de mejorar su  w.
integración laboral. 49ww
cumEpnlim pireimnteor  dlueg laor ,p sreev misotod iefinc ala e Ll eRye 1a3l D/1e9c8r2e,t od e1 475 d1e/1 a9b8r3il,,  dsee  r1e1g duela m eal eyom, ppleoor  esle qleucet ievon 
oré glaims emne ddeid laas s dueb vfeonmceiónnto p adreal  eelm fopmleeon dtoe  dloesl  etrmapblaejoa dporreevsis mtoi neuns svuá laidrotísc,u lpoa 7ra. aplicar el  BOE-A-cable e
Asimismo, se establece la posibilidad de que dichos empleadores soliciten las 
subvenciones previstas en su artículo 12 con cargo a los servicios públicos de empleo 
competentes, con el objetivo de introducir las adaptaciones necesarias en el puesto de 
trabajo y eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas 
con capacidad intelectual límite.
En segundo lugar, se modifica el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se 
regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, para establecer que las personas 
con capacidad intelectual límite que sean contratadas por los empleadores serán 
destinatarias finales de este programa de empleo con apoyo.
Por último, se modifica el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual, para establecer ciertas peculiaridades aplicables a los 
contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con personas con capacidad 
intelectual límite.
El real decreto cumple con los principios de buena regulación exigibles conforme al 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Así, cumple con los principios de necesidad y eficacia pues responde a la 
necesidad de regular medidas que promuevan la inclusión laboral del colectivo de 
personas con capacidad intelectual límite mediante la elaboración de un real decreto a 
través del cual el Gobierno, de acuerdo con la habilitación reconocida en la disposición 
adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, regula la definición de lo que es una 
persona con capacidad intelectual límite a efectos laborales y las medidas concretas 
de acción positiva.
Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su 
propósito y la memoria ofrece una explicación completa de su contenido, habiendo sido 
objeto de consulta y de audiencia e información públicas.
La norma es proporcional ya que regula los aspectos imprescindibles para conseguir 
su objetivo de adoptar medidas de acción positiva para mejorar el acceso al empleo de 
personas con capacidad intelectual límite, sin imponer obligaciones innecesarias a los 
destinatarios de las medidas.
Se cumple, además, el principio de seguridad jurídica, pues la propuesta es coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico nacional efectuando las modificaciones necesarias 
en cada norma específica reguladora de las medidas de fomento del empleo para su 
aplicación al colectivo de personas descrito. Todo ello genera un marco normativo estable, 
predecible e integrado, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.
Asimismo, cumple con el principio de eficiencia, dado que no impone cargas 
administrativas innecesarias o accesorias.
Con este real decreto se avanza en el cumplimiento de la meta 8.5 de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, es decir, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las organizaciones 
sindicales y las asociaciones empresariales más representativas, así como las 
comunidades autónomas.
De igual modo, este real decreto ha sido objeto de informe por el Pleno del Consejo  es
Nacional de la Discapacidad y de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. o
ClaeuogtniósEEsnltansoitt cmuseiuóc ari nósve .inarlat lu Ebddose,pr caaar lepñ; rtosoolia pns,u  epeq esudtreiajcu  taciacot rinoaibj lu udanyemte as p aduale  re Eolaj se dtVcaeuidc cloeoió p lnrdae i sspcpioodumre enlpsoteatsot  eT óeenrnrcgci aaeen rlae oa xsdrc tedlíucl esGu illvooaab s1 i ee4crn9on .mom1 y.ua7 ntM.eªid rinidaaieds  tderleaas     OE-A-2021-8749able en https://www.
de Trabajo y Economía Social y de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, de
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 25 de mayo de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecer un conjunto de medidas de 
acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo ordinario de las personas con 
capacidad intelectual límite que tengan reconocida oficialmente esta situación siempre que 
respondan a la definición establecida en el artículo siguiente.
Artículo 2.  Personas con capacidad intelectual límite destinatarias de las medidas de 
acción positiva para el acceso al empleo.
A los efectos previstos en este real decreto y en las distintas normas laborales que 
regulen medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de las personas 
con capacidad intelectual límite, se entiende por tales aquellas personas inscritas en los 
Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo no ocupados que acrediten 
oficialmente, según los baremos vigentes de valoración de la situación de discapacidad, al 
menos un 20 por ciento de discapacidad intelectual y que no alcancen el 33 por ciento.
Artículo 3.  Empleadores beneficiarios.
1.  Podrán acceder a los beneficios previstos en este real decreto las empresas y las 
trabajadoras y los trabajadores autónomos que contraten a las personas con capacidad 
intelectual límite a que se refiere el artículo 2.
2.  También podrán acceder a los beneficios establecidos en este real decreto las 
sociedades laborales y las cooperativas a las que se incorporen como socios y socias 
trabajadores o de trabajo las personas con capacidad intelectual límite a que se refiere el 
artículo 2. En el caso de las cooperativas, será condición necesaria que la cooperativa haya 
optado por la modalidad de asimilados a personas trabajadoras por cuenta ajena, a los efectos 
de la Seguridad Social.
3.  No se aplicará lo previsto en este real decreto en el sector público, entendiendo 
por tal el incluido en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
CAPÍTULO II
Medidas de acción positiva
Artículo 4.  Modificación del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en 
cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo 
selectivo o las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
Se añade una nueva disposición adicional tercera al Real Decreto 1451/1983, de 11 de  e.e
mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula  w.b
el empleo selectivo o las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos,  49ww
con la «sDigiusipeonsteic iróend aacdcicióionn:al tercera.  Personas con capacidad intelectual límite. OE-A-2021-87able en https://
1.  Será de aplicación el régimen de subvención previsto en el artículo 7 a los  Bc
empleadores descritos en el artículo 3 del Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo,
sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas 
con capacidad intelectual límite, que contraten por tiempo indefinido a personas con 
capacidad intelectual límite según se definen en el artículo 2 del real decreto 
anterior. La cuantía de la subvención en este caso será de 2.000 euros por cada 
contrato de trabajo celebrado a tiempo completo.
2.  Asimismo, los empleadores descritos en el apartado 1 que contraten a las 
citadas personas con capacidad intelectual límite mediante un contrato indefinido 
podrán solicitar las subvenciones establecidas en el artículo 12 con cargo al Servicio 
Público de Empleo Estatal, que serán compatibles en su caso con el beneficio 
establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional.»
Artículo 5.  Modificación del Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el 
programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La disposición adicional primera del Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se 
regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera.  Personas sordas, con discapacidad auditiva y con 
capacidad intelectual límite.
1.  Se considerarán también destinatarios finales del programa de empleo con 
apoyo a las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, que a efectos del tiempo 
mínimo de atención exigido en el artículo 7 y de las subvenciones establecidas en 
el artículo 8, tendrán la misma consideración que los trabajadores que presentan las 
circunstancias descritas en el artículo 7.2.c).
2.  Asimismo, serán también destinatarias finales del programa de empleo con 
apoyo las personas con capacidad intelectual límite según se definen en el artículo 2 
del Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para 
promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite, que 
sean contratadas por los empleadores a que se refiere el artículo 3 del citado Real 
Decreto 368/2021, de 25 de mayo, conforme a lo establecido en el presente real 
decreto, con las siguientes particularidades:
a)  El tiempo mínimo de atención exigido en el artículo 7.2, será una doceava 
parte de la jornada de trabajo del trabajador con capacidad intelectual límite.
b)  La cuantía de las subvenciones establecidas en el artículo 8 será de 1.625 
euros anuales por cada trabajador.»
Artículo 6.  Modificación del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de 
la formación profesional dual.
Se añade una nueva disposición adicional sexta al Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
establecen las bases de la formación profesional dual, relativa a los contratos para la 
formación y el aprendizaje concertados con personas con capacidad intelectual límite, con 
la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta.  Contratos para la formación y el aprendizaje  e.
concertados con personas con capacidad intelectual límite. w.
pdeelr sELaoso)n tsaa tsAcu oc tlooon ntdsr  eace talfooepssca  tTpcoraisdar abadda el jai ane dtfseootlrereme crstae uycaa ielól  dnlníem  eycsi trteeee lts  oraee ps aarelje ud ensedntcaitrzireeáatnnjoed  a ceq olnuon e  pel aoscsrtea  splbeieglberursceieoidnnno tale aesssn   cp eeoemln cau prcltriaíeacpsruiaadlocsa  id1dc1eao.sd2n:    BOE-A-2021-87cable en https://
intelectual límite las definidas en el artículo 2 del Real Decreto 368/2021, de 25 de
mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de 
personas con capacidad intelectual límite.
b)  La duración máxima del contrato podrá ampliarse, previo informe favorable 
del Servicio Público de Empleo competente, que a estos efectos podrá recabar 
informe de los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad 
competentes, cuando, debido al tipo y grado de discapacidad y demás circunstancias 
individuales y profesionales del trabajador, así como las características del proceso 
formativo a realizar, el trabajador no hubiese alcanzado el nivel mínimo de 
conocimientos requeridos para desempeñar el puesto de trabajo, sin que, en ningún 
caso, pueda exceder de cuatro años.
c)  Las personas con capacidad intelectual límite podrán realizar en el puesto 
de trabajo o en procesos formativos presenciales la formación de módulos 
formativos que no sean a distancia.»
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
Disposición final segunda.  Facultades de aplicación y desarrollo.
Se autoriza a las personas titulares del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación y el desarrollo de lo establecido en este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de junio de 2021.
Dado en Madrid, el 25 de mayo de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
 Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO