BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 67 Sábado 14 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 25390
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
3692 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, 
requiere  la  adopción  de  medidas  inmediatas  y  eficaces  para  hacer  frente  a  esta 
coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una 
crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número 
de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las 
facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de 
alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que 
supongan alteraciones graves de la normalidad.
En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la 
acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, 
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las 
medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los 
niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el 
virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a 
la declaración del estado de alarma.
Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles 
para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la 
misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el 
artículo 55 de la Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, 
de la Ministra de Defensa, y de los Ministros del Interior, y de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 
de marzo de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Declaración del estado de alarma.
Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  cuarto,  apartados  b)  y  d),  de  la  Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el 
estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada  e.
por el coronavirus COVID-19. w.b
ArtícLual od e2c. larÁamcibóinto d tee reristotardiaol. de alarma afecta a todo el territorio nacional. OE-A-2020-36able en https://
Artículo 3.  Duración.
La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de 
quince días naturales.
Artículo 4.  Autoridad competente.
1.  A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno.
2.  Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto, 
bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes 
delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad:
a)  La Ministra de Defensa.
b)  El Ministro del Interior.
c)  El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
d)  El Ministro de Sanidad.
Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de 
alguno de los Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente 
delegada el Ministro de Sanidad.
3.  Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real 
decreto  quedan  habilitados  para  dictar  las  órdenes,  resoluciones,  disposiciones  e 
instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios 
para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a 
la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las 
medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán 
adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales 
competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar 
atención  a  las  personas  vulnerables.  Para  ello,  no  será  precisa  la  tramitación  de 
procedimiento administrativo alguno.
4.  Durante la vigencia del estado de alarma queda activado el Comité de Situación previsto 
en la disposición adicional primera de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad 
Nacional, como órgano de apoyo al Gobierno en su condición de autoridad competente.
Artículo 5.  Colaboración con las autoridades competentes delegadas.
1.  Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos 
de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo 
las órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto 
sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
2.  Los  agentes  de  la  autoridad  podrán  practicar  las  comprobaciones  en  las 
personas,  bienes,  vehículos,  locales  y  establecimientos  que  sean  necesarias  para 
comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades 
suspendidas  en  este  real  decreto,  salvo  las  expresamente  exceptuadas.  Para  ello, 
podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o 
servicios que se estén llevando a cabo.
A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los 
agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. e
3.  En  aquellas  comunidades  autónomas  que  cuenten  con  cuerpos  policiales  bo
propios, las Comisiones de Seguimiento y Coordinación previstas en las respectivas  92ww
Jeunn ltoass  ddoes  Saepgaurtraiddaods  easnttaebriloerceesr.án los mecanismos necesarios para asegurar lo señalado
defin4i.d osL oesn  seelr vaicrtiíocsu lod e1 7in tdeerv elan cLieóyn  1y7 /a2s0is1t5e,n cdiea  9e nd ee mjuelirog,e dnecli aSs isdteem par oNteaccciioónna lc idveil 
Protección Civil, actuarán bajo la dependencia funcional del Ministro del Interior.
5.  El Ministro del Interior podrá dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e 
instrucciones que considere necesarias a todos los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
6.  Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente real decreto, 
las autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas 
Armadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, 
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
Artículo 6.  Gestión ordinaria de los servicios.
Cada  Administración  conservará  las  competencias  que  le  otorga  la  legislación 
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime 
necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos 
del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.
Artículo 7.  Limitación de la libertad de circulación de las personas.
1.  Durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma  las  personas  únicamente  podrán 
circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:
a)  Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b)  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c)  Desplazamiento  al  lugar  de  trabajo  para  efectuar  su  prestación  laboral, 
profesional o empresarial.
d)  Retorno al lugar de residencia habitual.
e)  Asistencia  y  cuidado  a  mayores,  menores,  dependientes,  personas  con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f)  Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h)  Cualquier  otra  actividad  de  análoga  naturaleza  que  habrá  de  hacerse 
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa 
justificada.
2.  Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de 
uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para 
el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.
3.  En  todo  caso,  en  cualquier  desplazamiento  deberán  respetarse  las 
recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
4.  El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o 
tramos  de  ellas  por  razones  de  salud  pública,  seguridad  o  fluidez  del  tráfico  o  la 
restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.
Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio 
se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias 
de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y 
seguridad vial.
Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de 
las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.
Artículo 8.  Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias. bo
ddee  1l1a d.s e c Djouemn iocuo,n nliadfsoa rdameusitdo aariddu atcódonenos ml oca odsmi sopp eudteeesn ttolea sse  nde eneletl idgaaartddíceaussl  opl ooocdnarcláeens  b,a )cq douered  laasr e,L  depeyr  aoOcfitrcigqioáu neoinc a a r se4oq/l1uic9iis8tua1ds,    2020-3692n https://ww
temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en
este real decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los  Bc
operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará 
previamente a la Administración autonómica o local correspondiente.
2.  En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales 
obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto.
Artículo 9.  Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación.
1.  Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, 
ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así 
como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros 
centros públicos o privados.
2.  Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a 
través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.
Artículo  10.  Medidas  de  contención  en  el  ámbito  de  la  actividad  comercial, 
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de 
hostelería y restauración, y otras adicionales.
1.  Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a 
excepción  de  los  establecimientos  comerciales  minoristas  de  alimentación,  bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas 
y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible 
para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos 
para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías 
y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la 
autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.
2.  La  permanencia  en  los  establecimientos  comerciales  cuya  apertura  esté 
permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan 
realizar  la  adquisición  de  alimentos  y  productos  de  primera  necesidad,  quedando 
suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.
En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y 
empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar 
posibles contagios.
3.  Se  suspende  la  apertura  al  público  de  los  museos,  archivos,  bibliotecas, 
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del 
presente real decreto.
4.  Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio.
5.  Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.
Artículo 11.  Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las 
ceremonias civiles y religiosas.
La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas 
las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en 
evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de 
los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la  s
distancia entre ellos de, al menos, un metro. oe.
Artículo 12.  Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el  92ww
territorio nacional.
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mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea
necesario  para  la  protección  de  personas,  bienes  y  lugares,  pudiendo  imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
2.  Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales 
mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes 
servicios  sanitarios,  asegurando  en  todo  momento  su  adecuado  funcionamiento.  El 
Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias 
para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.
3.  En  especial,  se  asegurará  la  plena  disposición  de  las  autoridades  civiles 
responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en el 
mismo.
4.  Estas  medidas  también  garantizarán  la  posibilidad  de  determinar  la  mejor 
distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las 
necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.
5.  Las  autoridades  competentes  delegadas  ejercerán  sus  facultades  a  fin  de 
asegurar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar 
contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.
6.  Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten 
necesarias  a  estos  efectos  respecto  de  los  centros,  servicios  y  establecimientos 
sanitarios de titularidad privada.
Artículo  13.  Medidas  para  el  aseguramiento  del  suministro  de  bienes  y  servicios 
necesarios para la protección de la salud pública.
El Ministro de Sanidad podrá:
a)  Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y 
el  funcionamiento  de  los  servicios  de  los  centros  de  producción  afectados  por  el 
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
b)  Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o 
locales  de  cualquier  naturaleza,  incluidos  los  centros,  servicios  y  establecimientos 
sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el 
sector farmacéutico.
c)  Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones 
personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada 
protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.
Artículo 14.  Medidas en materia de transportes.
1.  En  relación  con  todos  los  medios  de  transporte,  cualquiera  que  sea  la 
Administración competente sobre los mismos, se aplicará lo siguiente:
a)  El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para 
dictar los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean 
necesarios  para  establecer  condiciones  a  los  servicios  de  movilidad,  ordinarios  o 
extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.
b)  Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo a) anterior podrán 
adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales 
competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. Para ello no será 
precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
2.  Asimismo, se adoptan las siguientes medidas aplicables al transporte interior: bo
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un 50 %. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrá
modificar este porcentaje y establecer condiciones específicas al respecto.
b)  Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y 
marítimo  de  competencia  estatal  que  están  sometidos  a  contrato  público  u  OSP 
reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes:
i.  Servicios ferroviarios de media distancia: 50 %.
ii.  Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50 %.
iii.  Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50 %.
iv.  Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %.
v.  Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 50 %.
Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios.
Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán 
modificar  los  porcentajes  de  reducción  de  los  servicios  referidos  anteriormente  y 
establecer condiciones específicas al respecto. En esta resolución se tendrá en cuenta la 
necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y 
los servicios básicos en caso necesario.
c)  Los  servicios  de  transporte  público  de  viajeros  por  carretera,  ferroviarios  y 
marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u 
OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.
El  Ministro  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  y  las  autoridades 
autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un 
porcentaje  de  reducción  de  servicios  en  caso  de  que  la  situación  sanitaria  así  lo 
aconseje, así como otras condiciones específicas de prestación de los mismos.
Al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los 
ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso 
necesario.
d)  Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos a), b) y c) se establecerán unos 
criterios específicos para el transporte entre la Península y los territorios no peninsulares, 
así como para el transporte entre islas.
e)  En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de 
transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de 
transporte,  de  acuerdo  con  las  recomendaciones  que  establezca  el  Ministerio  de 
Sanidad.
f)  Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de 
venta de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar 
salvo por razones inaplazables. Por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana se podrán establecer las características y contenido de este anuncio.
g)  En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, 
los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima 
separación posible entre los pasajeros.
3.  Los operadores de transporte llevarán a cabo los ajustes necesarios para cumplir 
con los porcentajes establecidos en este artículo de la forma lo más homogéneamente 
posible  entre  los  distintos  servicios  que  prestan  y  podrán  plantear  al  Ministerio  de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuantas cuestiones requieran interpretación o 
aclaración.
Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los 
porcentajes establecidos desde el primer día, se deberá llevar a cabo el ajuste más 
rápido posible de los servicios, que no podrá durar más de cinco días. s
4.  Por  resolución  del  Ministro  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  se  oe.
establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en  w.
taoddico5i oe. nl atLelearrssit  onareuiocto enrsiadacariiodanes asp l,ca ocraom nlpi moebtietjaenrtt oela sd  cedi ergclaeurglaaancditóaiznsa  rpd eoeld  marábenad siaotdesoc dpimeta ietrr natotnods.apso rateq uceolllaesc timvoesd iqduaes   2020-3692n https://ww
resulten necesarias y proporcionadas para preservar la salud pública.
Artículo 15.  Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario.
1.  Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar:
a)  El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de 
los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde 
el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo 
almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara 
necesario  por  razones  de  seguridad,  se  podrá  acordar  el  acompañamiento  de  los 
vehículos que realicen el transporte de los bienes mencionados.
b)  Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la 
entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o 
procedentes  de  establecimientos  en  los  que  se  produzcan  alimentos,  incluidas  las 
granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos.
2.  Asimismo,  las  autoridades  competentes  podrán  acordar  la  intervención  de 
empresas o servicios, así como la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo 
dispuesto en el presente artículo.
Artículo 16.  Tránsito aduanero.
Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar  el  tránsito  aduanero  en  los  puntos  de  entrada  o  puntos  de  inspección 
fronteriza ubicados en puertos o aeropuertos. A este respecto se atenderá de manera 
prioritaria los productos que sean de primera necesidad.
Artículo  17.  Garantía  de  suministro  de  energía  eléctrica,  productos  derivados  del 
petróleo y gas natural.
Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias 
para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, 
así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Artículo 18.  Operadores críticos de servicios esenciales.
1.  Los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 28 
de abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, 
adoptarán  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la  prestación  de  los  servicios 
esenciales que les son propios.
2.  Dicha exigencia será igualmente adoptada por aquellas empresas y proveedores 
que,  no  teniendo  la  consideración  de  críticos,  son  esenciales  para  asegurar  el 
abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales.
Artículo 19.  Medios de comunicación de titularidad pública y privada.
Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados 
a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes  e.
delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario  w.b
emitir. 92ww
Artículo 20.  Régimen sancionador.
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el 
estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos 
en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición adicional primera.  Personal extranjero acreditado como miembro de las 
misiones diplomáticas.
Queda  exceptuado  de  las  limitaciones  a  la  libertad  de  circulación  el  personal 
extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y 
organismos internacionales sitos en España, tanto para desplazamientos dentro del 
territorio nacional, como a su país de origen o a terceros Estados, en los que se 
encuentre igualmente acreditado, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al 
desempeño de funciones oficiales.
Disposición adicional segunda.  Suspensión de plazos procesales.
1.  Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en 
las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismo.
2.  En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los 
procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de 
guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones 
urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia 
de violencia sobre la mujer o menores.
Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la 
práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
3.  En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se 
refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:
a)  El  procedimiento  para  la  protección  de  los  derechos  fundamentales  de  la 
persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  ni  a  la  tramitación  de  las 
autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
b)  Los  procedimientos  de  conflicto  colectivo  y  para  la  tutela  de  los  derechos 
fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social.
c)  La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno 
psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.
d)  La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el 
artículo 158 del Código Civil.
4.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá 
acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para 
evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el 
proceso.
Disposición adicional tercera.  Suspensión de plazos administrativos. bo
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las prórrogas del mismo.
2.  La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
3.  No  obstante  lo  anterior,  el  órgano  competente  podrá  acordar,  mediante 
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias 
para  evitar  perjuicios  graves  en  los  derechos  e  intereses  del  interesado  en  el 
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4.  La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los 
que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.
Disposición adicional cuarta.  Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Los  plazos  de  prescripción  y  caducidad  de  cualesquiera  acciones  y  derechos 
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, 
de las prórrogas que se adoptaren.
Disposición adicional quinta.  Carácter de agente de la autoridad de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.
De  acuerdo  con  la  disposición  adicional  tercera  de  la  Ley  39/2007,  de  19  de 
noviembre, de la Carrera Militar, en relación con los artículos 15.3 y 16 e) de la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, los miembros de las 
Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en este real decreto tendrán 
carácter de agentes de la autoridad.
Disposición final primera.  Ratificación de las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes de las Administraciones Públicas.
1.  Quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente 
por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades 
locales con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán 
los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este real decreto.
2.  La ratificación contemplada en esta disposición se entiende sin perjuicio de la 
ratificación judicial prevista en el artículo 8.6.2.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Disposición final segunda.  Habilitación.
Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto el Gobierno 
podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen o amplíen las medidas establecidas en 
este, de los cuales habrá de dar cuenta al Congreso de los Diputados de acuerdo con lo 
previsto en el artículo octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de marzo de 2020. s
FELIPE R. w.b
La ViceprReesliadceinotnae Ps rcimone rlaa sd Celo Grtoebs iey rMnoe my oMriinai sDtream doec rlaá tPicrae,sidencia,
CARMEN CALVO POYATO
ANEXO
Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda 
suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3
Museos.
Archivos.
Bibliotecas.
Monumentos.
Espectáculos públicos.
Esparcimiento y diversión:
Café-espectáculo.
Circos.
Locales de exhibiciones.
Salas de fiestas.
Restaurante-espectáculo.
Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
Culturales y artísticos:
Auditorios.
Cines.
Plazas, recintos e instalaciones taurinas.
Otros recintos e instalaciones:
Pabellones de Congresos.
Salas de conciertos.
Salas de conferencias.
Salas de exposiciones.
Salas multiuso.
Teatros.
Deportivos:
Locales o recintos cerrados.
Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
Galerías de tiro.
Pistas de tenis y asimilables.
Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
Piscinas.
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
Velódromos.
Hipódromos, canódromos y asimilables.
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
Polideportivos.
Boleras y asimilables. e
Salones de billar y asimilables. bo
Gimnasios. 92ww
PEOistsrttoaasds i loodsce.a aletlse,t iisnmstoa.laciones o actividades asimilables a los mencionados. OE-A-2020-36able en https://
Espacios abiertos y vías públicas:
Recorridos de carreras pedestres.
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
Recorridos de motocross, trial y asimilables.
Pruebas y exhibiciones náuticas.
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
Actividades recreativas:
De baile:
Discotecas y salas de baile.
Salas de juventud.
Deportivo-recreativas:
Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de 
uso público, en cualquiera de sus modalidades.
Juegos y apuestas:
Casinos.
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
Salones de juego.
Salones recreativos.
Rifas y tómbolas.
Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y 
apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.
Locales específicos de apuestas.
Culturales y de ocio:
Parques de atracciones, ferias y asimilables.
Parques acuáticos.
Casetas de feria.
Parques zoológicos.
Parques recreativos infantiles.
Recintos abiertos y vías públicas:
Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.
De ocio y diversión:
Bares especiales:
Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
Bares de copas con actuaciones musicales en directo.
De hostelería y restauración:
Tabernas y bodegas. es
Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. bo
Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 92ww
SBBRaaaelrrsoeetnasse- uyrsre a rsdentesate tubasrau,a nranaqutneutto.eestsee sdrv.eic hiooste dlees r,e esxtacuerpatoci ópna rya  adsaimr silearbvliecsio. a sus huéspedes. OE-A-2020-36able en https://
Terrazas.