BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Jueves 12 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 24882
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3559 Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los 
Registros  y  del  Notariado,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  nota  de 
calificación del registrador de la propiedad de Mahón, por la que se suspende 
la inscripción de una representación gráfica catastral solicitada en instancia 
privada.
En el recurso interpuesto por doña G. C. G. contra la nota de calificación del 
registrador de la Propiedad de Mahón, don Celestino Ricardo Pardo Núñez, por la que se 
suspende la inscripción de una representación gráfica catastral solicitada en instancia 
privada.
Hechos
I
Mediante instancia privada presentada en el Registro de la Propiedad de Mahón el 
día 28 de agosto de 2019, doña G. C. G., como titular de la finca 11.675 del término de 
Es Mercadal, solicitó la inscripción de su representación gráfica catastral y consecuente 
rectificación de su descripción al amparo del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Dicha 
finca figuraba inscrita en el Registro con una superficie de 745 metros cuadrados, 
resultando  de  la  representación  gráfica  aportada  una  superficie  de  826  metros 
cuadrados.
II
Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Mahón, fue objeto de la 
siguiente nota de calificación:
«El  Registrador  de  la  Propiedad  firmante,  tras  examinar  los  antecedentes  del 
Registro  y  previo  examen  y  calificación  del  precedente  documento  que  motivó  el 
asiento 546-0 del Diario 156, de conformidad con el artículo 18 y demás concordantes de 
la Legislación Hipotecaria, ha calificado desfavorablemente el mismo, por lo que procede 
a suspender el asiento solicitado y extender la siguiente nota de calificación:
I.  Hechos.
El día 28 de agosto de 2019, bajo asiento 546-0 del Diario 156, se ha presentado en 
este registro instancia suscrita por doña G. C. G., como dueña de la finca registral 11675 
de  Es  Mercadal  en  la  que  solicita  la  inscripción  de  su  representación  gráfica 
georreferenciada catastral, de la que resulta que la superficie de dicha finca en el 
catastro es de 826 m2, superior en más del 10% de la que figura en el Registro.
La finca en cuestión consta inscrita con una superficie de 745 m2 en virtud de 
adjudicación realizada por la Junta de Compensación del polígono (…) de Es Mercadal, 
según acuerdo aprobado definitivamente por el pleno del Ayuntamiento de Es Mercadal  e.
en sesión celebrada el 26 de febrero de 1998. w.b
1II..   PFurinmdearm fuenndtoasm deen tDoe. rEelc hinote.resado pretende con la inscripción de la base gráfica
georreferenciada  la  rectificación  de  la  superficie  inscrita  de  una  finca  que  le  fue
adjudicada en su día en expediente administrativo de reorganización de la propiedad.
Tal  pretensión  está  expresamente  vedada  en  el  caso  del  expediente  notarial 
prevenido en el art. 201,1,e) de la Ley Hipotecaria (en adelante, LH) que exige la previa 
tramitación del expediente administrativo correspondiente.
“No podrá tramitarse el expediente regulado en los apartados anteriores para la 
rectificación descriptiva de edificaciones, fincas o elementos integrantes de cualquier 
edificio  en  régimen  de  división  horizontal  o  fincas  resultantes  de  expediente 
administrativo de reorganización de la propiedad, expropiación o deslinde. En tales 
casos,  será  necesaria  la  rectificación  del  título  original  o  la  previa  tramitación  del 
procedimiento administrativo correspondiente.”
2.  Segundo fundamento. La Dirección General de los Registros y el Notariado (en 
adelante, DGRN) ha destacado repetidamente –entre las últimas resoluciones basta 
resaltar la de 7 de julio de 2019– la sustancial identidad de fines, medios y resultados 
entre el procedimiento del art. 199 de la LH y el prevenido en el 201 de misma ley. 
Ambos procedimientos, efectivamente, según la DGRN, por esta razón, deben integrarse 
en un mismo grupo por cuanto solo ellos permiten
“inscribir  rectificaciones  descriptivas  de  cualquier  naturaleza  (tanto  de  superficie 
como linderos, incluso linderos fijos) de  cualquier  magnitud (tanto superiores como 
inferiores al 10% de la superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción 
de la representación geográfica de la finca y la lista de coordenadas de sus vértices –
pues no en vano como señala el art. 199 es la delimitación georreferenciada de la finca 
la que determina y acredita su superficie y linderos y no a la inversa–, ya que ambos 
procedimientos especialmente cualificados, sí que incluyen una serie de garantías de 
tutela  efectiva  de  intereses  de  terceros  afectado  (...)  ante  el  funcionario  público 
competente –registrador o notario según el caso– competente. (...) Es precisamente por 
virtud de esa mayor complejidad (..). por lo que ámbito de aplicación y efectos es 
justificadamente mucho más amplio que en otros supuestos concretos admitidos en la 
ley (…)
Esta homogeneidad de naturaleza y efectos es la que obliga a extender –dada su 
identidad de razón (evitar dobles inmatriculaciones o invasiones de fincas de terceros o 
del  dominio  público)–  las  restricciones  recogidas  en  la  ley  a  la  tramitación  de  un 
procedimiento (aquí la citada del art. 201.1.e de la LH) al otro (en este caso al del 199 de 
la misma ley) por la vía de entenderlas (también en este segundo expediente) como 
motivo suficiente para la denegación de la solicitud presentada ya que carecería de 
justificación que lo prohibido en un procedimiento fuese posible conseguirlo tramitando el 
otro (cuando persiguen ambos los mismos fines).”
3.  Tercer  fundamento.  Se  precisa  en  consecuencia,  en  el  presente  caso,  con 
arreglo al 201 de la LH, para acceder a la solicitud presentada, la previa tramitación por 
el  órgano  administrativo  actuante  –o,  caso  de  extinción  de  este,  por  aquel  al  que 
corresponda, en la actualidad, la gestión del suelo afectado– del oportuno expediente 
administrativo con todas las garantías prevenidas en las normas vigentes. Estamos 
efectivamente,  ante  una  de  las  operaciones  que  el  Reglamento  de  Gestión  llama 
“operaciones jurídicas complementarias” y regula su art. 113.3.
“3.  Las  operaciones  jurídicas  complementarias  que  sean  del  caso,  que  no  se 
opongan al proyecto de reparcelación ni al plan que se ejecute, se aprobarán por el 
órgano urbanístico actuante, el cual procederá a extender documento con los requisitos y  e.e
solemnidades  previstos  en  el  número  1  de  este  artículo,  que  se  protocolizará  b
notarialmente o a otorgar escritura pública. Uno u otro documento se inscribirán en el  59ww
rReesgo4ilsu. tcroioC ndueeas rl atho Pa f ruaoncpdliaeardmaadedon. ”tqou. eE es l crieegrtisot rqaudeo rh nao  spiduoe dlae  epnro epli ae xDpGeRdiNen qteu ideenl  e1n9 9s ureccehsaivzaasr   OE-A-2020-35able en https://
la inscripción por solo hecho de que la diferencia de cabida exceda del 10%.
En el presente caso la denegación procede como acabamos de ver por otra razón. 
La superficie de las fincas de resultado en las actas de reorganización de la propiedad es 
función del módulo de reparto cuya, justicia y legitimidad (equidistribución de beneficios y 
cargas entre los propietarios de las fincas que integran la unidad de actuación) asegura 
el  seguimiento  del  oportuno  expediente  administrativo  de  reparcelación  en  que  la 
adjudicación de la finca que nos ocupa se produjo.
En consecuencia,  no puede  rectificarse la extensión  de las fincas de resultado 
(menos unilateralmente por un solo propietario) sin implicar, a su vez, la rectificación del 
módulo mismo y por tanto la de la reparcelación efectuada; cosa imposible, sin seguir el 
procedimiento administrativo previsto para esos casos, ya que la rectificación pretendida 
afecta potencialmente no solo a los de las fincas colindantes sino a todos los propietarios 
de fincas integradas en el polígono (cfr., en este sentido, arts 78,1; 80, a) y b); y 88 de la 
ley 12/2017, de urbanismo de las liles Balears).
5.  Quinto fundamento. Por último, es doctrina de la DGRN que, en aras al principio 
constitucional de eficacia (cfr. también los artículos 103.1 de la CE; 3.1 de la reciente Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 129 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo)  las  dudas  que  pueda  plantearse  el  registrador  en  el  procedimiento 
del 201 de la LH debe ponerlas de manifiesto al inicio del procedimiento con el fin de 
“evitar dilaciones y trámites innecesarios” (RR 10.10.2017; 27,10.2017 y 20.6.2018); 
doctrina extensible con más razón al presente caso, en que el defecto advertido y antes 
mencionado  no  podrá  ser  salvado  en  el  curso  posterior  del  expediente  ya  que  la 
rectificación será sólo posible si previamente, como hemos visto, se tramita el expediente 
administrativo correspondiente.
Resolución.
Como consecuencia de todo ello, calificado el documento, se deniega la solicitud que 
incorpora el mismo, por el defecto subsanable de instarse en él un procedimiento de 
inscripción de la representación gráfica georreferenciada catastral de la finca, cuya 
tramitación favorable implicaría la rectificación de la superficie de finca que fue inscrita 
en su día –como resultado de un expediente administrativo de reorganización de la 
propiedad sin haberse realizado, como dice el 201,1e de la LH. “la previa tramitación del 
procedimiento administrativo correspondiente”.
La denegación de la práctica de la inscripción –determina la prórroga del asiento de 
presentación, conforme al artículo 323 de la Ley Hipotecaria.
Contra dicha calificación cabe (…).
Mahón,  a  19  de  Septiembre  de  2019.  El  Registrador  (firma  ilegible  y  sello  del 
Registro con el nombre y apellidos del registrador).»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña G. C. G. interpuso recurso el día 30 de 
septiembre de 2019 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Que el Registro no responde a la petición realizada, así el Registro interpreta que 
pretendo se modifique la superficie inscrita, cuando en mi petición no se manifiesta ese 
requisito en ningún caso. Y así no se pretende por esta vía esa modificación sino la 
inscripción  de  una  representación  gráfica  que  es  admitida  por  los  propietarios,  la  e
Administración General del Estado y el Catastro, representación gráfica a la cual el  bo
mismo Registro tiene acceso. 59ww
regisQtruaed ocur adned ol as ep rreoapliiezód alad  ininsfcorrimpcóió ne nd el ala  efisnccrait uar an upeúsbtrloic an odmeb reco emnp 2ra0v0e7n etal  mdies mloa 
aduisspeonncibiale d eer ar elfae reelnacbioar acdaata sptorar ll oys  pvoern dtaendtoor edse.  Lreap rinesscerniptaccióiónn  cgartaásfitcraa,l  speu erse alaliz óú npicoar 
primera vez en 2008. Y es con mi petición que se pretende corregir la ausencia de esa 
representación en el Registro.
Que lo solicitado se sostiene sobre el correspondiente certificado catastral aportado 
en esa misma solicitud.
Que el registro no considera que la representación gráfica catastral es válida para la 
Administración General del Estado y para el Ayuntamiento de Es Mercadal a efectos 
impositivos con la superficie que le corresponde. Ayuntamiento que por otro lado es 
propietario de una de las parcelas colindantes a la que se refiere este escrito.
Que al igual que es el Ayuntamiento de Es Mercadal quien aprueba en 1998 la 
inscripción de la finca con la representación gráfica que en ese momento dispone, es 
también ese Ayuntamiento el que da por bueno, y grava en consecuencia, la anotación 
realizada por el Catastro.
Que no consta que por parte de ningún propietario de las fincas colindantes y del 
Ayuntamiento de Es Mercadal se haya presentado ninguna reclamación por disminución 
de superficie o por variación de lindes.
Que en la respuesta dada por el Registro de la propiedad en su apartado 4 de los 
fundamentos de derecho sentencia en el segundo párrafo de ese apartado, que la 
“rectificación pretendida afecta potencialmente no solo a las fincas colindantes sino a 
todos  los  propietarios...”  sentencia  que  rechazo  y  es  el  principal  argumento  desde 
distintas posiciones legales y administrativas de la respuesta al tomar como objetivo de 
la  solicitud  una  modificación  de  la  superficie,  cuando  el  escrito  de  solicitud  es 
completamente explícito y preciso.
En cualquier caso, el Registro tiene medios y recursos para verificar que cambios 
produce  la  medición  efectuada  por  el  catastro.  En  concreto  conoce  las  superficies 
escrituradas de todas las parcelas del Polígono (…) de Es Mercadal y puede acceder a 
los datos actualizado o del Catastro.
Así, la finca 1104603FE0310S0001II (103) está limitada por (…) y es colindante con 
la  finca  1104602FE0310S0001XI  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Es  Mercadal  y  la 
finca 1104604FE0310S0001JI (104), que a su vez es paralela en sentido oeste con dos 
fincas más (105 y 106) hasta una vía de servicio del polígono.
Así las cuatro fincas numeradas (103 a 106) forman un “rectángulo con un lado curvo 
alineadas al noroeste y sureste por los lados paralelos de mayor longitud del rectángulo 
y aisladas por el camino de servicio y la (…) del resto de las fincas del polígono. La tabla 
que sigue proporciona los datos que se estiman deben estar inscritos en el Registro y 
que el mismo puede comprobar y en la segunda fila figuran los datos de superficie 
obtenidos en el catastro:
Numero finca 103 104 105 106
Superficie Registro m2 745 1000 1000 1000
Superficie Catastro m2 826 1030 1030 1073
Es decir, si el Registro verifica los datos inscritos en sus propios registros y los del 
Catastro observará que hay un error general en la inscripción de todas las superficies sin 
modificación de la representación gráfica de las mismas.
Es por ello considero que los argumentos aportados por el registro carecen de rigor y 
no se atienen a la realidad catastral e impositiva y desde el mismo deberían iniciarse 
acciones para garantizar al menos que la representación gráfica de todo el Polígono (…) 
se incorpore al registro y se comunique al Ayuntamiento de Es Mercadal la diferencia 
entre los datos de una y otra administración y tome acción al respecto.» e
IV 59ww
todoEsl  sruesg iesxtrtaredmoro dse y  leal ePvróo peile edxapde ddeie nMtea haó ens etam Ditiiróe cincfioórnm Gee rnaetirfaicla.ndo la calificación en  OE-A-2020-35able en https://
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  9,  10,  198,  199  y  201  de  la  Ley  Hipotecaria;  3  del  Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la 
Propiedad  de  Actos  de  Naturaleza  Urbanística,  y  las  Resoluciones  de  la  Dirección 
General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  19  de  octubre  de  2016,  4  y  29  de 
septiembre, 26 de octubre y 10 y 21 de noviembre de 2017, 16 y 30 de julio y 5 de 
diciembre de 2018 y 24 de julio y 28 de noviembre de 2019.
1.  Debe decidirse en este expediente si procede iniciar las actuaciones necesarias 
para la inscripción de una representación gráfica catastral, rectificando la descripción 
descriptiva de la finca 11.675, que según Registro tiene una superficie de 745 metros 
cuadrados y según dicha representación gráfica catastral, 826 metros cuadrados.
El registrador suspende el inicio de las actuaciones previstas en el artículo 199 de la 
Ley Hipotecaria alegando que no es posible realizarlas al proceder la finca de un 
procedimiento de reordenación de terrenos, en concreto, una reparcelación, por lo que 
se requeriría un procedimiento administrativo para la rectificación de la finca. Invoca al 
efecto la previsión de la letra e) del apartado 1 del artículo 201 de la Ley Hipotecaria.
La  interesada  recurre  alegando,  en  síntesis,  que  de  la  comparativa  entre  las 
superficies  registrales  y  catastrales,  tanto  de  la  finca  en  cuestión  como  de  sus 
colindantes  resulta  que  todas  ellas  constan  en  el  Registro  con  menor  superficie, 
existiendo un «error general en la inscripción de todas las superficies sin modificación de 
la representación gráfica de las mismas» y que desde el Registro «deberían iniciarse 
acciones para garantizar al menos que la representación gráfica de todo el Polígono (…) 
se incorpore al registro y se comunique al Ayuntamiento de Es Mercadal la diferencia 
entre los datos de una y otra administración y tome acción al respecto».
2.  Como se ha reiterado por esta Dirección General (cfr., por todas, la Resolución 
de 5 de diciembre de 2018) el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, contempla en su apartado 
b)  la  posibilidad  de  incorporar  a  la  inscripción,  como  operación  específica,  la 
representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, 
expresándose,  si  constaren  debidamente  acreditadas,  las  coordenadas 
georreferenciadas de sus vértices. La incorporación de la representación gráfica a la 
inscripción tiene como consecuencia que «una vez inscrita la representación gráfica 
georreferenciada de la finca, su cabida será la resultante de dicha representación, 
rectificándose, si fuera preciso, la que previamente constare en la descripción literaria» 
(párrafo séptimo del artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria).
Según  dicho  artículo  9.b),  para  efectuar  esta  incorporación  potestativa  han  de 
aplicarse con carácter general los requisitos establecidos en el artículo 199 de la Ley 
Hipotecaria.  Dicho  precepto  regula  las  actuaciones  para  la  inscripción  de  la 
representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro, 
disponiendo que «el titular registral del dominio o de cualquier derecho real sobre finca 
inscrita podrá completar la descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y 
delimitación gráfica y, a través de ello, sus linderos y superficie, mediante la aportación 
de la correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica».
3.  Se plantea como único objeto de este expediente si es posible la realización de 
las actuaciones previstas en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria cuando se trata de una 
finca inscrita en virtud de un procedimiento administrativo de reordenación de terrenos,  e.
concretamente de un proyecto de equidistribución o reparcelación. w.
La  disposición  del  artículo  201.1,  letra  e),  de  la  Ley  Hipotecaria  no  permite  la  59ww
tfrinacmaista crieósnu dltaenl teexsp eddeie netxep reedgieunlatdeo  aednm diincihsotr aptriveoc epdteo  preaorarg laan riezactcifióicna cdióen  dlae spcrroipptiievad adde, 
epxroigcieednidmoi enetno  taadl mciansisot ralati vore cctoifrirceascpióonn ddieenl tetí.t uTlaol  oy ricgoinmaol  os elñaa lap reevl iare gtrisatmraitdaocri óenn  dseul   BOE-A-cable e
calificación, la identidad de ambos procedimientos en cuanto a su finalidad de lograr la 
rectificación descriptiva de una finca registral, hace aplicable analógicamente la norma 
citada al expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria.
Esto no obstante, esta Dirección General, para un supuesto de fincas inscritas 
procedentes de un procedimiento de concentración parcelaria, consideró debe admitirse 
igualmente que en una inscripción posterior se rectifique la descripción cuando no existe 
duda alguna de correspondencia de la finca inscrita con la que figura en la certificación 
catastral aportada para acreditar tal rectificación (cfr. Resoluciones 4 de septiembre y 10 
y 21 de noviembre de 2017).
A tal efecto la letra b) del artículo 9 de la Ley Hipotecaria prevé que «se entenderá 
que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción 
literaria de la finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma porción 
del territorio y las diferencias de cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de 
la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta 
diferenciación respecto de los colindantes». Y todo ello sin perjuicio de que, conforme al 
mismo  artículo  9.b),  al  practicarse  la  inscripción  de  la  representación  gráfica 
georreferenciada de la finca, su cabida será la resultante de dicha representación, 
rectificándose, si fuera preciso, la que previamente constare en la descripción literaria y 
notificándose por el registrador el hecho de haberse practicado tal rectificación a los 
titulares de derechos inscritos.
Por tanto, para alcanzar la conclusión de que existe correspondencia entre la finca 
registral  y  la  representación  gráfica  catastral  deberán  valorarse  las  circunstancias 
concretas que concurran en cada supuesto, tales como datos adicionales que figuren en 
Catastro  o  el  perímetro  de  la  finca  que  conste  en  los  planos  de  la  reparcelación 
archivados en el Registro (cfr. artículo 3 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio).
Asimismo  debe  recordarse  que  este  Centro  Directivo  ha  reconocido  que  aun 
constando  ya  inscrita  una  segregación  conforme  a  una  licencia  o  autorización 
administrativa concedida, no puede negarse la posibilidad de rectificar con posterioridad 
la descripción de las fincas resultantes, sin necesidad de nueva licencia o autorización, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos y procedimientos contemplados para ello en 
la Ley Hipotecaria y, ante todo, siempre que las rectificaciones pretendidas no impliquen 
una  nueva  reordenación  de  terrenos  diferente  a  la  resultante  de  la  modificación 
hipotecaria para la que se concedió la licencia (cfr. Resoluciones de 29 de septiembre 
de 2017, 16 y 30 de julio de 2018 y 24 de julio de 2019).
4.  Sentado lo anterior, en el caso de este recurso, resulta justificada la negativa del 
registrador a iniciar las actuaciones previstas en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria ya 
que no queda acreditada la correspondencia entre la finca registral y la representación 
gráfica que se pretende inscribir.
Y ello porque al proceder la finca inscrita de un concreto procedimiento administrativo 
de equidistribución, la misma fue objeto de una determinación gráfica específica, dando 
lugar a la superficie que figura inscrita; de manera que no ha quedado determinado en 
este caso que el recinto de la representación gráfica que ahora se aporta, cuya superficie 
es superior al diez por ciento de la inscrita, se refiera a la misma porción del territorio que 
la finca registral. Así, la operación que se pretende conllevaría una reordenación de 
terrenos distinta a la prevista en el procedimiento administrativo ya inscrito y que está 
bajo la salvaguarda de los tribunales.
No pueden admitirse en contrario las alegaciones de la recurrente relativas a que 
existe  un  error  generalizado  en  las  superficies  de  las  fincas  colindantes,  ya  que  e.
precisamente esta alegación no hace sino corroborar que lo procedente es aportar el  w.b
documento administrativo del que resulte la oportuna rectificación del expediente de  59ww
rinetoerrdeesnaadcoisó,n  sdien  teqrureen oesn  enn ienlg úqnu e csaes oco mpreotcieerdaa t aal cetruroarc, iócno n ainlgteurnvae ndceió no dfieci oto dpoosr  loesl 
regisEtnra edsotre,  csoemnoti daofi,r myaa  alafi rrmecóu rerestnet eC.entro Directivo (vid. Resolución de 19 de octubre
de  2016)  que  «en  el  supuesto  de  que  el  error  proviniera  de  la  tramitación  de  un
expediente administrativo, tampoco procedería la rectificación del Registro por mera 
solicitud, sino que se precisaría rectificación del expediente administrativo que dio lugar a 
la certificación administrativa que sirvió de título inscribible.
Como  ha  señalado  este  Centro  Directivo  de  forma  reiterada  y  constante  (vid. 
Resoluciones de 27 de junio de 1989, 11 de enero de 1999 y demás expresadas en los 
«Vistos»), es principio básico del sistema registral español que la rectificación de los 
asientos del Registro presupone, como regla, el consentimiento del titular o la oportuna 
resolución judicial supletoria (cfr. artículos 1 y 40 Ley Hipotecaria).
Es cierto que del mismo modo que cabe la rectificación de actuaciones jurídico-
reales por resolución de la Administración, aunque estén inscritas en virtud de título no 
administrativo,  con  no  menor  razón  debe  admitirse  la  rectificación  de  situaciones 
jurídicas reales inscritas en virtud de título administrativo –cfr. Resolución de 30 de julio 
de  2015–,  si  en  el  correspondiente  expediente,  éste,  por  nueva  resolución  de  la 
Administración es alterado (cfr. artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo  Común,  y  109  de  la  nueva  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
No es, por tanto, inexcusable siempre y en todo caso, el consentimiento de los 
titulares afectados o la resolución judicial supletoria, sino que bastará con que se trate de 
expedientes meramente rectificadores en los que la autoridad administrativa interviniente 
sea competente para la modificación que se acuerde y se cumplan en ella las garantías 
legales establecidas en favor de las personas afectadas.
Manifestación concreta de esta posibilidad es la reflejada en el apartado 3 del 
artículo  113  del  Reglamento  de  Gestión  Urbanística,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en el que se contempla la posibilidad de inscribir 
en el Registro de la Propiedad «las operaciones jurídicas complementarias que sean del 
caso, que no se opongan al proyecto de reparcelación ni al plan que se ejecute», una 
vez aprobadas por el órgano urbanístico actuante, a través del procedimiento legalmente 
previsto».
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid,  19  de  diciembre  de  2019.–El  Director  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.