BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118556
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16814 Sala Primera. Sentencia 167/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1351-2019. Promovido por don Esteban Salas Vargas en relación 
con  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  e 
instrucción  de  Alcalá  de  Guadaira  (Sevilla)  en  proceso  de  divorcio 
contencioso. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta 
de diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios para 
asegurar el emplazamiento personal del demandado (STC 119/2020).
ECLI:ES:TC:2020:167
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1351-2019, promovido por don Esteban Salas Vargas, 
representado por la procuradora de los tribunales doña María Isabel García Martínez y 
asistido por el abogado don Luis Emilio Ugena Yustos, frente a la providencia de 1 de 
febrero de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Alcalá de Guadaira en el procedimiento de divorcio contencioso núm. 859-2015. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-
Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por medio de escrito presentado en el servicio de correos el 1 de marzo de 2019 y 
dirigido a este tribunal, donde fue registrado el 4 de marzo siguiente, don Esteban Salas 
Vargas ponía de manifiesto su voluntad de interponer recurso de amparo frente a la 
providencia de 1 de febrero de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm.1 de Alcalá de Guadaira en el procedimiento de divorcio contencioso núm. 
859-2015, solicitando la suspensión del plazo para interponer recurso de amparo hasta que 
se le designara abogado y procurador del turno de oficio. Efectuado el nombramiento, por 
escrito registrado en este tribunal el día 10 de junio de 2019, el demandante, representado 
por la procuradora de los tribunales doña María Isabel García Martínez y asistido por el 
letrado don Luis Emilio Ugena Yustos, interpuso la demanda de amparo.
2.  Los hechos relevantes para resolver el recurso de amparo son los siguientes: es
a)  Como consecuencia de la demanda interpuesta el 4 de noviembre de 2015 por la  w.
esposa del recurrente de amparo, en la que solicitaba la disolución del matrimonio por  814ww
cdoivmorpceion,s laat oartiraib duec ió4n0 0d e€l  museon syu daislefrsu, tsee d sei glau ivói veiel npdroac ceodnimyuiegnatlo,  yd ela  dfiijvaocricóino  dneú mun. a8 5p9e-n2s0ió1n5 
edniv oerlc iJou szeg asdeoñ adlaeb aP erilm deorma icInilisot acnocniayu ngúaml c.o 1m od ed oAmlcicailliáo  ddee l Greucaudrraeinrate.  dEen  alma pdaermo.anda de  BOE-A-cable e
b)  En fecha 7 de enero de 2016 se intentó la notificación y emplazamiento en el 
domicilio conyugal con resultado negativo, haciendo constar que una vecina dice «que 
vendió el piso y se marchó, no sabe dónde». Por escrito de fecha 1 de febrero de 2016, 
la representación de la demandante hizo constar que el domicilio actual del demandado 
se encontraba en Sevilla, indicando la calle y el piso en el que habitaba. Por medio de 
exhorto se intentó la notificación en ese domicilio el 1 de marzo de 2016 a las 10:45 
horas,  resultando  negativa  y  haciendo  constar  el  actuario  que  nadie  contestó  al 
«telefonillo». Reiterado el intento el día 3 de marzo, sin que conste la hora, también 
resultó infructuoso, haciendo constar que «vecinos dicen que el piso está alquilado hace 
poco y no conocen al destinatario».
c)  Por medio de escritos de 1 de junio y de 27 de julio se aportó el número de 
teléfono del demandado y se solicitó del órgano judicial la averiguación de domicilio del 
demandado, dirigiéndose el juzgado a diversos organismos públicos, obteniendo como 
resultado la constatación de ambos domicilios.
d)  Nuevamente la demandante instó al juzgado mediante escrito de 1 de julio 
de 2016, que se emplazara al demandado, habilitando de ser necesario días y horas 
inhábiles. Esta segunda petición fue rechazada por la letrada de la administración de 
justicia «según instrucción de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia, 
conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1909/2000 en su artículo 8.2 b», y libró 
nuevo exhorto para la citación y emplazamiento. Dicho exhorto se cumplimentó el 19 de 
julio, en dos intentos, uno a las 9:35 horas y el otro no consta hora. Ambos resultaron 
negativos, ya que nadie respondió en la vivienda.
e)  La  letrada  de  la  Administración  de  Justicia  acordó  finalmente  que  el 
emplazamiento del demandado se realizara por edictos, siguiéndose también esta vía de 
notificación en relación con la sentencia dictada el 23 de febrero de 2017.
f)  El recurrente en amparo tuvo conocimiento de este proceso al ser citado para el 
día 17 de diciembre de 2018, en su domicilio en Sevilla, por el Juzgado de Instrucción 
núm. 10 de Sevilla como investigado por un delito de impago de pensiones. Con fecha 2 
de enero de 2019 se personó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcalá 
de Guadaira núm. 1, y en fecha 21 de enero interpuso incidente de nulidad, en el que 
afirmaba la mala fe de la demandante al indicar como domicilio del demandado el 
domicilio conyugal, pese a ser conocedora de que el mismo había sido vendido. Ponía 
de manifiesto que los diversos intentos de notificación se habían realizado en la misma 
franja horaria y que en ninguna de las ocasiones se había dejado aviso, incumpliendo el 
deber de diligencia del órgano judicial en la realización de los actos de comunicación.
g)  Mediante providencia de fecha 1 de febrero de 2019, el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 1 de Alcalá de Guadaira inadmitió el incidente de nulidad. El 
tenor literal de la resolución es el siguiente: «A la vista de la anterior solicitud de 
incidente  de  nulidad  interpuesto  por  doña  Yvón  Rodríguez  Vega  en  nombre  y 
representación  de  Esteban  Salas  Vargas,  no  ha  lugar  al  mismo  en  cuanto  que  la 
resolución es firme y hija (sic) trascurrido los plazos establecidos en el artículo 502 de la 
Ley de enjuiciamiento civil para poder ejercitar la acción de rescisión de sentencia 
firme».
3.  En el recurso se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE) y se solicita la nulidad de todas las actuaciones realizadas en 
el  procedimiento  de  divorcio  núm.  859-2015  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción  núm.  1  de  Alcalá  de  Guadaira  desde  el  emplazamiento  realizado  para 
contestar la demanda de divorcio. e.
Refiere sustancialmente que tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento  w.b
contencioso cuando recibió una citación procedente del Juzgado de Instrucción núm. 10  814ww
ldaes  Speevnisllaio npeasra i mrepcuibeisrltea sd epcolar rlaac sióenn teenn cciaal iddaed d diveo irncvioe sdteig a2d3o d peo fre ubnre dreol idtoe  d2e0 1im7p daigcota ddea 
por Dele Jsutazcgaa doq udee  Perl imeemrap lIanzsatamniceinat oe  Ifnusetr udcecfióenct unoúsmo..  1 Idned icAalc aqláu ed el aG upardimaierara.  de  las
notificaciones se intentó en el que fue domicilio conyugal, pese a que había sido vendido
por ambos cónyuges, dado su carácter ganancial. Posteriormente se realizaron tres 
intentos de notificación en el domicilio en el que vive de alquiler, dos de ellas efectuadas 
por la mañana y una tercera en la que no consta la fecha del intento de notificación, pero 
en todos los casos sin dejar aviso en el buzón. En la diligencia negativa de notificación 
extendida a las 10:45 horas del 1 de marzo de 2016 se hizo constar «no responde», «no 
se  puede  confirmar  el  domicilio  pese  a  las  indicaciones  efectuadas»  y  «existen  4 
telefonillos y no contesta a ninguno». En la realizada el 3 de marzo de 2016, no consta la 
hora del intento de emplazamiento, y, finalmente en la realizada a las 9:35 horas del 19 
de julio de 2016 se hace constar «no responde», «no se puede confirmar». Destaca que 
también se intentó la comunicación a través de un número de teléfono, aportado por la 
actora, pese a tener conocimiento de que no era el teléfono actual.
Refiere que tras esos intentos se realizó el emplazamiento por edictos, e identifica 
como el error más grave determinante de la nulidad de las notificaciones la omisión del 
aviso  en  los  intentos  de  emplazamiento  realizados  en  el  domicilio,  pues  el  primer 
conocimiento que tuvo de la existencia del procedimiento civil fue al recoger un aviso de 
correos dejado en el buzón por el Juzgado de Instrucción núm. 10 de Sevilla. A ello 
añade  que  tampoco  la  sentencia  que  puso  fin  al  proceso  se  le  intentó  notificar 
personalmente como prescribe el art. 497.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).
En segundo lugar atribuye a la providencia que inadmitió el incidente de nulidad de 
actuaciones la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por no 
dar respuesta a la solicitud de nulidad de actuaciones interesada al confundir el incidente 
de nulidad con una solicitud de rescisión de sentencia aplicando los plazos de preclusión 
del art. 502 LEC.
Finalmente mediante otrosí, solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia 
dictada en el procedimiento de divorcio pues de no suspenderse los «efectos de la 
sentencia,  la  misma  podría  seguir  siendo  ejecutada,  y  sus  efectos  se  seguirían 
produciendo tanto en vía civil (embargo de la pensión del señor Salas), como en vía 
penal (proceso por impago de pensiones), y por tanto, el presente recurso de amparo 
habría perdido su finalidad».
4.  La Sección Segunda de este tribunal, por providencia de 27 de enero de 2020, 
acordó la admisión a trámite de la demanda al apreciar la concurrencia de especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)] toda vez que el recurso podía dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su 
doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del 
contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]. En consecuencia, comunicó 
la admisión al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Alcalá de Guadaira 
a  fin  de  que  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al procedimiento de divorcio núm. 859-2015 y emplazara a las partes 
para que pudieran comparecer en el procedimiento de amparo. Asimismo acordó formar 
pieza  separada  para  la  tramitación  del  incidente  de  suspensión,  que  debidamente 
tramitado fue desestimado por la Sala Primera en el ATC 23/2020, de 24 de febrero.
5.  El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones, mediante escrito registrado 
el día 19 de octubre de 2020, en el que interesó que se otorgue el amparo, se acuerde la 
nulidad de lo actuado en el procedimiento de divorcio, y la retroacción de las actuaciones 
al momento anterior al requerimiento para contestar a la demanda.
Tras recordar las actuaciones producidas en el proceso judicial previo en el que han 
sido dictadas las resoluciones cuestionadas en el recurso de amparo, destaca que el  e
recurrente alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por el defectuoso  bo
emplazamiento  en  el  procedimiento  de  divorcio  (art.  24.1  CE)  y  la  existencia  de  814ww
iancctounagcriouneensc iaal  ocmonisfuivnad iarltori bcuoind ala a a lcac ipórno vdied erenscciais qióune  dinea sdemnitteión ceial  indceild aernt.t e5 0d2e  LnEuClid.ad de
retroEal cfcisiócna l esne  pcarosnou ndcei as eern  epsritmimeard lau,g aers tsoo berse,  lala  vvuulnlneeraraccióiónn q dueel  odcearseicohnoa  uan laa  mtuatyeolar 
judicial efectiva por el defectuoso emplazamiento por edictos. Recuerda la doctrina
constitucional en virtud de la cual los llamados a ser parte en el procedimiento deben 
tener conciencia de la existencia del mismo, siendo la notificación personal la que mejor 
garantiza dicho conocimiento, y si bien no se impide la notificación por edictos, se exige 
que en este caso se agoten de modo diligente las posibilidades de citación personal. Con 
el fin de valorar si la diligencia exigida ha sido satisfecha toma en consideración la 
naturaleza del procedimiento en el que debía ser emplazado, esto es, un procedimiento 
matrimonial de divorcio que afecta a bienes personalísimos, lo que conlleva la exigencia 
del órgano judicial de acudir a otros medios alternativos que siendo poco gravosos para 
la actuación judicial, eran exigibles antes de proceder a la citación por edictos.
Considera que dicho defecto ocasionó indefensión al demandado al que no se puede 
reprochar  que  hubiera  intentado  eludir  la  notificación  o  que  hubiera  tenido  un 
conocimiento extraprocesal del procedimiento civil.
Finalmente afirma que al rechazar el incidente de nulidad de actuaciones el órgano 
judicial incurrió en el error de confundir la rescisión de la sentencia con el incidente de 
nulidad, lo que impidió que la vulneración pudiera ser reparada, consumando el cambio 
de estado civil del demandado y el establecimiento de una obligación económica de 
periodicidad mensual cuyas consecuencias determinaron su imputación penal por el 
incumplimiento.
6.  La representación procesal del demandante mediante escrito de 20 de octubre 
de 2020, presentó sus alegaciones en las que tras manifestar el carácter incompleto de 
las actuaciones, consideró que en las mismas se confirmaba lo alegado por él en el 
recurso de amparo.
7.  Por providencia de 12 de noviembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El objeto del recurso de amparo es, por una parte, determinar si la decisión de la 
letrada de la administración de justicia de acordar el emplazamiento por edictos del 
recurrente  de  amparo  para  comparecer  y  contestar  a  la  demanda  de  divorcio  –
confirmada por la providencia que inadmitía el incidente de nulidad de actuaciones–, 
vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al ocasionarle indefensión (art. 24.1 CE), 
por incumplir los deberes de intentar la notificación personal al demandado; así como 
también decidir si la providencia que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones 
incurrió en incongruencia omisiva al no dar respuesta a la vulneración del derecho 
fundamental alegada por el recurrente por haber confundido el incidente de nulidad de 
actuaciones con una solicitud de rescisión de sentencia aplicando, en consecuencia, los 
plazos de preclusión del art. 502 LEC.
Tal como se ha expuesto, el demandante afirma que las vulneraciones existieron 
tanto por la falta de diligencia del órgano judicial al realizar los diversos intentos de 
emplazamiento,  acudiendo  a  citar  por  edictos  sin  agotar  las  posibilidades  de 
emplazamiento personal, como porque la providencia de inadmisión del incidente de 
nulidad de actuaciones no dio respuesta sobre la vulneración alegada.
Por  su  parte,  como  con  más  detalle  se  expone  en  los  antecedentes  de  esta 
resolución, el Ministerio Fiscal ha solicitado el otorgamiento del amparo al entender que  s
las dos lesiones denunciadas por el recurrente se han producido. oe.
2.  Orden de examen de las vulneraciones invocadas. 814ww
En las SSTC 115/2002, de 20 de mayo, FJ 3; 65/2003, de 7 de abril, FJ 2; 198/2003,
dFeJ  120,  yd e7 8n/o2v0i1e9m, bdree,  3F Jd e3 , juon, imo,á Fs Jr e2c,i ednetcelmareanmteo,s e qnu lea sc oSrSreTsCp o3n7d/2e0 a1 8e, sdtee  2tr3ib udnea al,b erinl, 
función de las circunstancias concurrentes en cada supuesto concreto sometido a su
consideración, determinar no solo el orden del examen de las quejas, sino también si 
resulta necesario o conveniente pronunciarse en la sentencia sobre todas las lesiones de 
derechos constitucionales denunciadas, en el caso de que ya se haya apreciado la 
concurrencia de alguna de ellas.
En la presente ocasión procede que en primer lugar el tribunal se pronuncie sobre la 
denuncia  que  trae  causa  del  defectuoso  emplazamiento  del  demandado  mediante 
edictos acordado por la letrada de la administración de justicia en el procedimiento civil 
de divorcio, pues es acorde con el principio de garantizar la plena eficacia y salvaguarda 
de los derechos fundamentales enjuiciar en primer lugar la misma. En efecto, como bien 
advierte  el  Ministerio  Fiscal,  si  la  solución  fuera  que  efectivamente  se  le  ocasionó 
indefensión  debería  repetirse  la  tramitación  procesal  desde  el  momento  del 
emplazamiento, careciendo de sentido que nos pronunciáramos sobre la motivación de 
la providencia que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones.
3.  Doctrina aplicable al emplazamiento por edictos.
La pretensión de amparo que se presenta como objeto de este recurso se concreta, 
una vez más, al examen de la diligencia del letrado de la Administración de Justicia en 
los actos de comunicación procesal. Más concretamente, al enjuiciamiento de dicha 
diligencia desde la perspectiva del obligado respeto por el órgano judicial de la doctrina 
constitucional  que  vincula  la  misma  con  la  especial  trascendencia  de  los  actos  de 
comunicación, más cuando se trata de un procedimiento que afecta al estado civil de las 
personas y del que pueden derivarse obligaciones pecuniarias, cuyo incumplimiento 
eventualmente puede determinar el sometimiento del recurrente a un procedimiento 
penal.
Este tribunal en la reciente STC 119/2020, de 21 de septiembre, FJ 3, ha recordado 
con cita de otras sentencias anteriores, «la gran relevancia que en nuestra doctrina 
posee «la correcta constitución de la relación jurídica procesal para garantizar el derecho 
de  defensa  reconocido  en  el  art.  24  CE,  que  implica  la  posibilidad  de  un  juicio 
contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos. 
De ahí la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano judicial con las 
partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o puede 
ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario 
instrumento  que  facilita  la  defensa  en  el  proceso  de  los  derechos  e  intereses 
cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre 
la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión 
que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación 
sea  imputable  a  la  propia  conducta  del  afectado  por  haberse  situado  voluntaria  o 
negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros medios 
distintos de su existencia, si bien es necesario recordar que la posible negligencia, 
descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa 
judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la queja, ‘no 
puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que 
debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de 
indefensión, pues lo presumido, es justamente, el desconocimiento del proceso si así se 
alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 182/2000, de 16 de mayo, FJ 5)’ 
(STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4»».
Esa especial trascendencia de los actos de comunicación determina, como hemos 
reiterado, que sobre el órgano judicial recaiga no solo el deber de velar por la correcta  e
ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que  bo
dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello  814ww
dcoemsdpeo rotatr,a e np elros ppeocstiivbale, , lala  leimxiigtaecniócnia  ddeell  eemmpplleaoz admei elnat on opteifriscoanciaóln d ee dliocsta la fae cataqduoesll oys, 
scuopnuviecsctioósn  eon c elorste zqau ed ec olan  ifnuuntdiliadmade ndtoe  lean  audno pccriiótenr idoe d me erdaizdoansa boi ldidea dla  suet ilaizlcaacniócne  dlae 
medios tendentes al logro de dicho emplazamiento (STC 138/2017, de 27 de noviembre, 
FJ 3, y 119/2020, FJ 3).
En coherencia con lo expuesto, hemos declarado que cuando del examen de los 
autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un 
domicilio  que  haga  factible  practicar  de  forma  personal  los  actos  de  comunicación 
procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a 
la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, 
de 21 de noviembre, FJ 2; 245/2006, de 24 de julio, FJ 2; 169/2014, de 22 de octubre, 
FJ 3, y 119/2020, FJ 3).
4.  Análisis de la indefensión denunciada.
De la doctrina constitucional expuesta, podemos concluir en el presente caso, como 
alegan el recurrente y el Ministerio Fiscal, que el órgano judicial no ha desplegado la 
actividad que le era exigible desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE), al objeto de notificar debidamente al demandante de 
amparo la existencia del procedimiento de divorcio y su emplazamiento para contestar la 
demanda en el mismo.
El problema se encuentra en establecer con criterios racionales si los intentos de 
emplazamiento  personal  realizados  en  los  dos  domicilios  que  constaban  en  las 
actuaciones como pertenecientes al recurrente, satisfacían las exigencias derivadas de 
la diligencia que el órgano judicial debía atender para poder justificar de este modo el 
emplazamiento por edictos.
Pues bien, el primer intento de notificación y emplazamiento efectuado el 7 de enero 
de 2016 se practicó en el que fuera domicilio conyugal del matrimonio. Ahora bien, según 
consta en la copia simple de la escritura de compraventa obrante en el expediente 
remitido, dicho inmueble había sido vendido unos meses antes, conjuntamente por 
ambos cónyuges, en concreto el 26 de noviembre de 2015, por lo que ya no constituía el 
domicilio del demandado.
El resto de los intentos de emplazamiento personal se efectuaron en el otro domicilio 
que constaba registrado como vivienda del demandado en los diferentes organismos 
públicos a los que solicitó información la letrada de la administración de justicia. En tal 
sentido,  los  días  1  y  3  de  marzo  y  19  de  julio  se  efectuaron  cuatro  intentos  de 
notificación, constando la hora de su realización solo en dos de ellos, siendo realizados 
antes  del  mediodía,  desconociéndose  la  hora  en  que  se  efectuaron  los  otros  dos 
intentos.
La parte demandante solicitó que los emplazamientos fueran realizados habilitando 
de ser necesario días y horas inhábiles. Dicha solicitud fue descartada por la letrada de 
la Administración de Justicia aludiendo a una instrucción de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Justicia en Sevilla –de la que no daba más datos–, que se sustentaba 
en el artículo 8.2 b) del Real Decreto 1909/2000. La diligencia de ordenación parece que 
se refería al contenido de ese Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre, por el que 
se  fijó  el  complemento  de  destino  de  los  funcionarios  de  los  cuerpos  de  médicos 
forenses, técnicos facultativos del Instituto de Toxicología, oficiales, auxiliares y agentes 
de  la  administración  de  justicia,  técnicos  especialistas,  auxiliares  de  laboratorio  del 
Instituto de Toxicología y agentes de laboratorio a extinguir del Instituto de Toxicología, 
cuyo  art.  8.2  b)  en  modo  alguno  se  refiere  a  la  facultad  de  los  letrados  de  la 
Administración de Justicia (art. 131 LEC) de habilitar días y horas inhábiles para la 
práctica  de  actuaciones  por  ellos  ordenadas,  pues  únicamente  se  refiere  a  la  e
«realización de diligencias efectuadas fuera de horario de trabajo establecido en jornada  bo
continuada, al no haberse podido llevar a cabo por ausencia del implicado» y en modo  814ww
alguEnlo r elimchitaaz sou d ree alali zleatcraiódna. de la Administración de Justicia de acordar la realización del
eesmtapblalezacimdoie netno , lan oj orynaa dean  cohnotriansu ayd a,d íiamsp iidnihóá baigleosta, r slianso  pinocsliubsiloid afdueesra  ded eel mhpolraazraior 
personalmente al demandado, sin que ni tan siquiera conste que se le dejara aviso
alguno en su buzón de correos. Descartado el emplazamiento fuera del horario de la 
jornada continuada, así como habilitar horas y días inhábiles para su práctica, la letrada 
de la administración de justicia acudió a la mera notificación por edictos, sin atender 
tampoco a la naturaleza del procedimiento tramitado. En tal sentido dicho procedimiento 
de divorcio afectaba al estado civil del demandante de amparo y a aspectos vinculados a 
su personalidad, y tenía por objeto –ante la ausencia de hijos del matrimonio–, además 
de la disolución del matrimonio y la desaparición del consiguiente impedimento para 
contraer matrimonio (art. 46.2 del Código civil), el establecimiento de la obligación de 
pago de cantidades mensuales en concepto de pensión compensatoria lo que en caso 
de incumplimiento podría ocasionar, como así sucedió, el sometimiento del recurrente a 
un procedimiento penal.
Por ello, partiendo de la doctrina constitucional expuesta, puede concluirse que en el 
presente caso, la letrada de la Administración de Justicia no desplegó la actividad que le 
era exigible desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al 
objeto  de  notificar  debidamente  al  demandante  de  amparo  la  existencia  del 
procedimiento de divorcio, pues se negó a que se realizaran los emplazamientos en 
franjas  horarias  diversas  a  fin  de  agotar  todas  las  posibilidades  exigibles  de 
emplazamiento personal antes de acudir al emplazamiento por edictos.
En consecuencia, hemos de declarar que en el presente caso se ha vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del demandante de amparo (art. 24.1 
CE) por la deficiente actuación del juzgado en el cumplimiento de su obligación de agotar 
los medios para obtener el emplazamiento personal del recurrente de amparo, lo que 
conduce a la estimación del recurso, con declaración de nulidad de las actuaciones y 
retroacción de las mismas al momento anterior al dictado de la diligencia acordando el 
emplazamiento por edictos, al objeto de que se le comunique debida y fehacientemente 
al recurrente la existencia del procedimiento de divorcio, sin que, en consecuencia, sea 
necesario entrar a examinar la vulneración atribuida a la providencia de fecha 1 de 
febrero de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Alcalá de Guadaira.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Esteban Salas Vargas, y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho del demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las actuaciones 
seguidas  en  el  procedimiento  de  divorcio  núm.  859-2015,  del  Juzgado  de  Primera 
Instancia e Instrucción núm. 1 de Alcalá de Guadaira, con retroacción de las mismas al 
momento anterior al dictado de la diligencia acordando el emplazamiento por edictos, a 
fin de que se lleve a cabo el emplazamiento en términos que sean respetuosos con el 
derecho fundamental reconocido. es
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.
RivaDsa.–dAan ednré sM adOrlilde,r oa  dTiaescsisaérias. –dSea nnotiavigeom bMrea drteín edzo-sV amreil sv eiGntaer.c–íJau.–aAnl frJeodsoé  GMoonnztáolyeaz 
rMueblrgicaar.d–oC.ándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y