BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Lunes 7 de marzo de 2022 Sec. I.   Pág. 26534
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
3527 Resolución  de  23  de  febrero  de  2022,  de  la  Secretaría  General  de 
Administración Digital, por la que se establecen las condiciones de uso de 
firma electrónica no criptográfica vinculada a «AutenticA», para la relación 
con  la  Administración  General  del  Estado  y  sus  organismos  públicos  y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes.
AutenticA es un servicio, desarrollado y gestionado por la Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
para  la  autenticación  y  autorización  de  usuarios  en  el  acceso  a  determinados 
procedimientos de administración electrónica en el ámbito de la Administración General 
del Estado y sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes. Se trata de un servicio de identidad digital basado en un repositorio 
horizontal de usuarios procedentes de fuentes primarias con las que se sincroniza y, en 
la actualidad, ofrece una capa horizontal de autenticación con certificado electrónico, y 
otros  medios  de  autenticación  como  usuario  y  contraseña,  lo  cual  favorece  la 
interoperabilidad y la seguridad del sistema.
Hasta el momento, en los procedimientos electrónicos y trámites en los que en la 
fase de identificación los interesados o usuarios son autenticados a través de AutenticA, 
en el momento de completar la actuación concreta que requiera firma electrónica de 
dicho interesado o usuario sólo pueden firmar electrónicamente por medio de firma 
electrónica avanzada basada en certificados cualificados.
El Reglamento (UE) N.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones  electrónicas  en  el  mercado  interior  y  por  la  que  se  deroga  la 
Directiva  1999/93/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  13  de  diciembre 
de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (en 
adelante Reglamento eIDAS) y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de 
determinados  aspectos  de  los  servicios  electrónicos  de  confianza,  establecen  las 
condiciones de uso de la firma electrónica avanzada basada en certificados cualificados. 
Esta firma se encuentra muy extendida en el ámbito de la administración digital (por 
ejemplo es el sistema de firma de la suite «@firma», entre otras aplicaciones) y se basa 
en tecnología y herramientas muy consolidadas. Sin embargo, la práctica ha demostrado 
que elevada variedad de equipos, de escritorio o en movilidad, versiones de sistemas 
operativos,  navegadores  y,  en  su  caso,  máquinas  virtuales  Java,  provoca  que,  en 
determinadas circunstancias, la firma del interesado o usuario mediante certificados 
cualificados sea muy gravosa o, en el peor de los casos, no sea técnicamente viable.
Para dar respuesta a esta situación no deseada en caso de que se produzca y poder 
extender así el uso de los servicios electrónicos, se considera conveniente disponer, de 
forma  complementaria  a  la  firma  electrónica  avanzada,  de  un  sistema  de  firma 
electrónica básica vinculada a AutenticA que no requiera el procedimiento de firma  s
electrónica local y que, gracias a ello, pueda ser operativa en un contexto como el  oe.
mencionado,  sistema  que  resultará  apropiado  aun  cuando  se  haya  utilizado  un  w.
cceorntfiAfoi cremasdetoos s ea ls eliocst treeósmntaiacbsol  edecenid  efoirl  mpernao  ceeell esacortt rídcóeun liiocd ae2 n5ht.ai1finc d adeceli ó Rrnee.cgolanmoceénrtsoe eleI DeAfeSc,t ossin  jupreídrjiuciocsio  yd es olon   2022-3527n https://ww
previsto en el artículo 27 de la propia norma, que regula las «Firmas electrónicas en
servicios públicos». Bc
Con relación a los potenciales usuarios de la firma electrónica no criptográfica a que 
se refiere esta Resolución, debe tenerse en cuenta un triple marco normativo:
En primer lugar, el artículo 43.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que cada Administración Pública determinará los 
sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal. Así, la firma electrónica no 
criptográfica a que se refiere esta Resolución permitirá una mayor cobertura de los 
servicios  de  administración  digital  orientados  a  los  empleados  públicos  de  la 
Administración General del Estado, como es el caso de los provistos por la Sede 
Funciona, creada según Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, y su versión móvil, o 
bien en el Portal Funciona, a través de Red SARA, ofrecidos por el Sistema Integrado de 
Gestión de Personal y el Registro Central de Personal.
En segundo lugar, la disposición adicional primera del Reglamento de actuación y 
funcionamiento  del  sector  público  por  medios  electrónicos,  aprobado  por  Real 
Decreto  203/2021, de  30 de marzo,  establece  la obligatoriedad de uso de medios 
electrónicos en los procesos selectivos para el acceso al empleo público en el ámbito de 
la Administración General del Estado, sus organismos públicos o entidades de derecho 
público vinculados o dependientes de la misma. La elección de puestos de primer 
destino, ofrecido por el Sistema Integrado de Gestión de Personal, para los aspirantes 
que hayan aprobado un proceso selectivo en este ámbito requiere su firma electrónica, 
que  se  llevará  a  cabo  mediante  los  sistemas  previstos  en  el  artículo  10.2  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, bien mediante un certificado electrónico cualificado de firma 
electrónica a que se refiere el párrafo a) o bien un sistema de firma objeto de esta 
Resolución en aplicación de lo previsto en el párrafo c).
En tercer lugar, los sujetos obligados por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 
del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado, se relacionan con la 
Oficina  de  Conflictos  de  Intereses  exclusivamente  por  medios  electrónicos  para  la 
presentación de todas las declaraciones y el resto de comunicaciones y documentos a 
través de la sede electrónica asociada del Portal FUNCIONA, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 3 y en la disposición final primera del Reglamento por el que se desarrollan 
los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 
alto  cargo  de  la  Administración  General  del  Estado,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre.
El  Esquema  Nacional  de  Seguridad  (en  adelante  ENS)  regulado  por  el  Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, constituye el marco legal que permite definir y establecer 
las medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones 
y  los  servicios  electrónicos,  que  permita  a  los  firmantes  y  a  las  Administraciones 
Públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos 
medios.
En la implantación de un sistema de firma electrónica no criptográfica se deberá 
cumplir con el ENS para garantizar la seguridad de los datos y los servicios, como un 
instrumento capaz de permitir la comprobación de la autenticidad de la procedencia y la 
integridad de la información ofreciendo las bases para evitar el repudio.
El ENS establece la necesidad de categorizar los sistemas de información, siendo la 
categoría de un sistema de información, en materia de seguridad, la que permite modular 
el equilibrio entre la importancia de la información que maneja, los servicios que presta y 
el esfuerzo de seguridad requerido, en función de los riesgos a los que está expuesto,  s
bajo el principio de proporcionalidad. e.
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con el Real Decreto 403/2020, de 25 de  w.
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos  27ww
eEnc oneól meijceorcsi cyi oT radnes folarsm accoiómnp eDtiegnitcaila, se satatr iSbeucidreatsa rípaa rGae ndeerfainl idcieó nA ddmei niesstrtaácnidóanr eDsig, itdael, 
Cdioremcutrniciceasc ioténcensi)c, asd e y nodrem agso bdieer ncoa lidTaICd   e(T eicnnteorloopgeíaras bildidea dl ad eI nfaoprmlicaacciióónn   ya   llaass   BOE-A-cable e
Administraciones  Públicas  y  el  desarrollo  y  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  Real
Decreto  4/2010,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  Esquema  Nacional  de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y sus Normas Técnicas 
de Interoperabilidad, y con el informe favorable preceptivo y vinculante de la Secretaría 
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior previsto en el art. 10.2.c) de la 
Ley 39/2015, de 1 octubre, evacuado el 25 de enero de 2022, dispone:
Primero.
1. Aprobar los términos y condiciones de uso de la firma electrónica no criptográfica 
vinculada a AutenticA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 40/2015, 
de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  el  artículo  10  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y sus 
respectivos desarrollos reglamentarios, así como en la Disposición adicional segunda de 
la  Ley  6/2020,  de  11  de  noviembre,  reguladora  de  determinados  aspectos  de  los 
servicios electrónicos de confianza.
2. Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Segundo.
La presente Resolución entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de febrero de 2022.–El Secretario General de Administración Digital, Juan 
Jesús Torres Carbonell.
ANEXO
Términos y condiciones de uso de la firma electrónica no criptográfica vinculada a 
AutenticA
Primero. Objeto.
Los presentes términos y condiciones tienen como objeto determinar los supuestos 
en que un sistema de firma electrónica no basada en certificados electrónicos vinculada 
al servicio AutenticA podrá ser utilizado en el ámbito de la Administración General del 
Estado,  sus  organismos  públicos  o  entidades  de  derecho  público  vinculados  o 
dependientes  de  la  misma,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  43.2  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los 
títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo. Todo ello sin perjuicio, de 
otros sistemas de firma implantados, que ofrezcan las garantías de seguridad suficientes 
para gestionar la integridad y el no repudio, según el principio de proporcionalidad 
recogido en el artículo 13.3 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad, que regula el análisis y gestión de los riesgos en 
dicho ENS.
Segundo. Ámbito de aplicación.
La  firma  electrónica  no  criptográfica  vinculada  a  AutenticA  prevista  en  esta  e
Resolución  se  podrá  utilizar  en  actuaciones  o  procedimientos  de  administración  bo
electrónica que permitan el uso de la firma electrónica básica, entre otros: 27ww
segúan)  OLrodse ns eTrFviPci/o3s0 3d/2e0 a1d9m, idneis t1ra2c dióen  mdiagriztaol,  pyr osvuis tvoesr spióonr  lma óSveil,d eo  Fbuiennc ioenna e, l cPreoardtaal 
Funciona, a través de Red SARA, que están orientados a los empleados públicos de la
AGE, ofrecidos por el Sistema Integrado de Gestión de Personal y el Registro Central de 
Personal.
b) El servicio de elección de puestos de primer destino, ofrecido por el Sistema 
Integrado de Gestión de Personal, para los aspirantes que hayan aprobado un proceso 
selectivo.
c) Los  servicios  de  declaraciones  y  comunicaciones  del  personal  alto  cargo, 
disponibles en la Sede Funciona, y dirigidas a la Oficina de Conflictos de Intereses, 
conforme al Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se desarrollan los títulos preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 
de  marzo,  reguladora  del  ejercicio  del  alto  cargo  de  la  Administración  General  del 
Estado.
d) En cualquier servicio disponible en la Sede Funciona que permita la relación con 
la Administración General del Estado, por parte de empleados públicos en situación de 
excedencia o servicios especiales.
e) En  el  servicio  TRAMA,  de  gestión  de  permisos  e  incidencias  y  control  de 
presencia de personal, gestionado por la Secretaría General de Administración Digital.
Tercero. Criterios para la utilización de la firma no criptográfica vinculada a AutenticA.
En aplicación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, se podrá utilizar un sistema de 
firma electrónica no criptográfica vinculada a AutenticA cuando el sistema de información 
asociado al procedimiento o servicio electrónico haya sido categorizado, según el ENS, 
de categoría BÁSICA y aquellos de categoría MEDIA en los que no sea necesario utilizar 
la firma avanzada, cuando así lo disponga la normativa reguladora aplicable.
Cuarto. Garantía de funcionamiento.
1. Cuando  la  actuación  realizada  por  el  usuario  del  servicio  AutenticA,  en  su 
relación con la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades 
de Derecho Público vinculados o dependientes de la misma, implique la presentación en 
una sede electrónica o sede electrónica asociada de documentos electrónicos utilizando 
un sistema de firma electrónica contemplado en la presente Resolución, se garantizará la 
integridad de la información presentada mediante el sellado realizado con un sello 
electrónico, conforme al artículo 19 del Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de 
marzo, a la que se añadirá un sello de tiempo realizado con un certificado cualificado y 
emitido por un prestador de sellado de tiempo supervisado, y su incorporación inmediata 
al sistema de información asociado al procedimiento o servicio electrónico.
La Administración General del Estado, sus organismos públicos o entidades de 
derecho  público  vinculados  o  dependientes  de  la  misma  deberán  disponer  de  las 
medidas técnicas, organizativas y procedimentales necesarias para garantizar dicha 
integridad a lo largo del tiempo de igual manera que se hace en los casos de firma 
criptográfica.
2. Asimismo, se garantizará también la integridad de las evidencias necesarias para 
la verificación de la identidad, recopiladas inmediatamente antes del acto de la firma, así 
como, posteriormente, del consentimiento explícito del firmante con el contenido firmado, 
almacenando dichas evidencias junto con la información presentada. La integridad y 
conservación  de  los  documentos  electrónicos  almacenados  y  de  sus  metadatos 
asociados obligatorios quedará garantizada a través del sellado con el sello electrónico  e.e
cualificado  del  organismo  y  del  resto  de  medidas  técnicas  que  aseguren  su  b
inalterabilidad, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior. 27ww
Res3o.l ucEiónn ,l olso ss uspisuteesmtoass  par elvoiss toqsu ee ns elo sr epfiáerrrea foess taa)  rae sdo) ludceiló anp afarctailditoa rsáeng au nldao  pdeer seosntaa 
fdireml aRnteeg ulanm jeunsttiofi cadnet e adcet ufiarmcióan s eyll adfuon ccoionn uanm iseenlltoo  eldeeclt rósneiccoto, rc opnúfobrlimcoe  apl oarr tícmuelod i1o9s 
electrónicos, y acompañado de un el código seguro de verificación, o CSV, que será el 
documento con valor probatorio de la actuación realizada.
La integridad de los documentos electrónicos autenticados mediante CSV podrá 
comprobarse mediante el acceso directo y gratuito a la sede electrónica del Punto de 
Acceso General de la Administración General del Estado o en la Sede Funciona, en 
tanto no se destruyan de acuerdo con la normativa vigente.
Quinto. Acreditación de la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento 
de la persona usuaria.
1. Para acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento del 
firmante, se requerirá:
a) La autenticación del firmante, inmediatamente previa a la firma, utilizando el 
servicio AutenticA.
La autenticación, inmediatamente previa al acto de firma, deberá de hacerse con 
certificado electrónico u otro mecanismo que disponga de un nivel de calidad en la 
autenticación sustancial o alto, conforme a lo establecido en el Reglamento eIDAS.
b) La verificación previa por parte del firmante de los datos a firmar. Estos datos se 
obtendrán a partir de aquella información presentada por el firmante y de cuya veracidad 
se hace responsable, así como de los documentos electrónicos que, eventualmente, 
presente en el procedimiento o servicio electrónico que requiere la firma.
El firmante debe ser consciente de los datos que va a firmar y deberá ofrecérsele de 
un modo visible la posibilidad de consultarlo en un formato legible y, preferiblemente, con 
el mismo formato del documento que posteriormente se entregue al firmante como 
justificante de la firma.
c) La acción explícita por parte del firmante de manifestación de consentimiento y 
expresión de su voluntad de firma.
Cuando las aplicaciones hagan uso de los sistemas de firma previstos en esta 
Resolución, se deberá requerir de forma expresa la expresión del consentimiento y la 
voluntad de firma del firmante, mediante la inclusión de frases que pongan aquéllos de 
manifiesto de manera inequívoca, y la exigencia de acciones explícitas de aceptación por 
parte del firmante (por ejemplo, mediante una casilla junto al texto «Declaro que son 
ciertos los datos a firmar/muestro mi conformidad con el contenido del documento y 
confirmo mi voluntad de firmar» que el firmante debe marcar, y un botón «Firmar y 
enviar» que debe pulsar para realizar la firma).
Sexto. Garantía de no repudio en el proceso de firma y gestión de las evidencias de 
autenticación.
1. Para garantizar el no repudio de la firma por parte del firmante, un sistema de 
firma previsto en esta Resolución deberá acreditar la vinculación de la expresión de la 
voluntad y los datos firmados con la misma persona. Para ello, se volverá a solicitar la 
autenticación del firmante, mediante el servicio AutenticA, en el momento de proceder a 
la firma.
Asimismo, la garantía de no repudio exige que el sistema de firma asegure una 
adecuada trazabilidad en el caso de que sea necesario auditar una operación de firma 
concreta, para lo cual conservará, por cada firma y, por tanto, por cada proceso de 
autenticación, la siguiente información: es
a) Fecha y hora de la autenticación. w.
b) Nombre y apellidos del firmante. 27ww
cd))  DSNisIt/eNmIFa/ NdeIE i ddeenl tfiifricmaacnióten. sustancial o alto empleado.
ef))  PReetiscuióltna daol  epxriotovseoe ddoer  lae xatuetrennot icdaec isóenr.vicios de identificación o, en su caso, de  BOE-A-cable e
validación y respuesta devuelta y firmada por éste.
g) Fecha y hora de la firma.
h) Resumen criptográfico de los datos firmados, realizado con un algoritmo de hash 
que cumpla las especificaciones del esquema nacional de seguridad.
i) Referencia al justificante de firma, en su caso, mediante el CSV asociado a dicho 
justificante.
La  información  a  que  se  refieren  los  párrafos  anteriores  será  sellada  con  un 
certificado de sello electrónico, conforme al artículo 19 del Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Adicionalmente, se añadirá 
un sello de tiempo realizado con un certificado cualificado y emitido por un prestador de 
sellado de tiempo supervisado, y será almacenada, como evidencia de la verificación de 
la identidad previa al acto de la firma, vinculada a los datos firmados.
En  el  caso  de  que  los  datos  de  identificación  obtenidos  en  la  autenticación 
inmediatamente anterior a la firma no coincidan con los datos de identificación obtenidos 
en autenticaciones previas, el sistema de firma no permitirá la realización de la misma, 
informando de esa eventualidad al sistema de información asociado al procedimiento o 
servicio electrónico que requiere dicha firma.
2. Con relación a la gestión de las evidencias de autenticación, a pesar de que el 
sistema de firma proporcionará a los sistemas de información asociados al procedimiento 
o servicio electrónico que requiere la firma la información relativa a la autenticación 
vinculada a dicha firma, en ocasiones puede ser necesario, por motivos de auditoría, 
recuperar las evidencias completas del proceso de autenticación.
En el caso de utilizar un sistema de identificación que requiera la consulta a un 
proveedor  de  servicios  de  identificación  externo  o  a  un  proveedor  de  servicios  de 
validación externo, las evidencias últimas no residen en el propio sistema de firma, sino 
en los sistemas de los proveedores de servicios de identificación o validación externos.
Con objeto de que los proveedores de esos servicios de identificación o validación 
puedan  recuperar  las  evidencias  necesarias  para  acreditar  la  realización  de  la 
identificación y autenticación previas ligadas a la realización de una firma en el sistema, 
se deberá facilitar a dichos proveedores la información de autenticación almacenada 
como evidencia de la verificación previa de la identidad en los sistemas de información 
asociados al procedimiento o servicio electrónico que requiere la firma, descrita en el 
apartado anterior.
A tal efecto, los proveedores de servicios de identificación o validación deberán 
salvaguardar dichas evidencias durante el plazo mínimo de cinco años. La solicitud de 
certificación de dichas evidencias se realizará conforme a la declaración de prácticas 
validación o declaración de política de certificación del proveedor.
Séptimo. Garantía de la integridad de los datos y documentos firmados.
1. Una vez acreditada la expresión de la voluntad y el consentimiento para firmar 
del firmante, se deberán establecer los mecanismos para garantizar la integridad e 
inalterabilidad de los datos y, en su caso, de los documentos electrónicos presentados 
por el firmante, para lo cual el sistema de firma sellará los datos a firmar, con un sello 
electrónico, conforme al artículo 19 del Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos y la adición de un sello de tiempo realizado con 
un certificado cualificado y emitido por un prestador de sellado de tiempo supervisado, y 
la pondrá a disposición del sistema de información asociado al procedimiento o servicio 
electrónico que requiere la firma. e.e
2. En el proceso de firma se entregará al firmante bien el documento firmado  b
electrónicamente, o bien, un justificante de firma, que será un documento legible, de  27ww
apcreufeerrdibole mcoenn tela e nn foorrmmaa toté PcDniFca y  qduee  dinetebreorpáe cruambiplidlira de stdoes  recqautáisloitgoos : de  estándares  y
1.º Contener los datos del firmante tales como nombre, primer apellido y, en su
caso, segundo apellido.
2.º Opcionalmente,  contener  los  datos  a  firmar  expresamente  por  el  firmante, 
pudiendo contener una referencia de los documentos anexos, o, en su defecto, un hash 
del documento firmado.
3.º Garantizar la autenticidad del documento firmado, incluyendo en el justificante 
de firma un código seguro de verificación (CSV), y garantizando que este documento, o 
bien, el justificante, se pueda consultar en línea mediante un sistema de cotejo de CSV 
cuya dirección se incluya en el propio justificante de firma.
4.º En caso de que la consulta en línea, mediante código CSV, permita acceder al 
justificante de firma y no al documento firmado en sí, el justificante deberá contener los 
datos firmados expresamente por el firmante.