BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 87 Domingo 29 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 27629
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4166 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
I
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptó 
una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así 
como de las actividades sociales y económicas de nuestro país, que han contribuido a 
contener el avance del COVID-19.
Desde entonces se ha procedido a acordar desde el Gobierno, a través de diversos 
instrumentos normativos, distintas iniciativas dirigidas a ordenar la aplicación de las 
medidas que se han entendido como necesarias para proteger a las personas del riesgo 
de contagio, para atender a las que son especialmente vulnerables, para garantizar la 
prestación de servicios sanitarios y sociales esenciales, así como para velar por las 
empresas y las personas trabajadoras que se vean afectadas en el aspecto económico y 
productivo,  de  modo  que  puedan  recuperar  la  normalidad  tan  pronto  como  sean 
removidas las circunstancias excepcionales que a día de hoy tienen paralizado ya a gran 
parte del tejido productivo, asistencial y de servicios en nuestro país.
Todas estas medidas, particularmente las que han incidido en la limitación de la 
movilidad de las personas, han contribuido a contener el avance del COVID-19. El 
teletrabajo, las medidas de flexibilidad empresarial y el resto de medidas económicas y 
sociales  adoptadas  en  las  últimas  semanas,  están  permitiendo  al  mismo  tiempo 
minimizar el impacto negativo sobre el tejido empresarial y el empleo.
Sin embargo, a pesar del impacto que estas medidas de distanciamiento social están 
teniendo para favorecer el control de la epidemia, la cifra total de personas contagiadas y 
de víctimas del COVID-19 que son ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos, 
en  ocasiones  durante  periodos  relativamente  largos,  con  un  efecto  de  acúmulo  de 
pacientes, ha continuado creciendo, provocando una presión creciente sobre el Sistema 
Nacional de Salud y, en particular, sobre los servicios asistenciales.
Por  ello,  atendiendo  a  las  recomendaciones  de  los  expertos  en  el  ámbito 
epidemiológico, resulta necesario adoptar nuevas medidas que profundicen en el control 
de la propagación del virus y evitar que el acúmulo de pacientes en las Unidades de 
Cuidados Intensivos lleve a su saturación.
II
Teniendo en cuenta que la actividad laboral y profesional es la causa que explica la 
mayoría de los desplazamientos que se producen actualmente en nuestro país, se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de adoptar una medida en el ámbito laboral, que 
permita articular la referida limitación de movimientos y reducirla hasta los niveles que  e.
permitirán conseguir el efecto deseado. w.b
La prioridad de la regulación contenida en esta norma es, por tanto, limitar al máximo  66ww
dlais mfruotveil iodbaldig. aYto rloios  dseel cptoerremsi sdoe s ea cjutivsitdifaicda na  pcoury easst rpicetarsso rnaazso ntreasb adjea dnoercaess isdea de.xcluye del
III
El presente real decreto-ley regula un permiso retribuido recuperable para personal 
laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 
de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena 
que  preste  servicios  en  empresas  o  entidades  del  sector  público  o  privado  que 
desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tal el anexo.
Quedan  exceptuados  de  la  aplicación  del  presente  real  decreto  las  personas 
trabajadoras que tengan su contrato suspendido durante el período indicado y aquellas 
que puedan continuar prestando servicios a distancia.
Las autoridades competentes delegadas, en su ámbito de competencia, podrán 
modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven 
afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos.
En las disposiciones transitorias se establecen excepciones puntuales y limitadas 
para (i) aquellas actividades que puedan verse perjudicadas de manera irremediable o 
desproporcionada por el permiso establecido en el presente real decreto ley y (ii) el 
personal de actividades de transporte que se encuentre realizando un servicio en la 
fecha de entrada en vigor de este real decreto ley.
Por su parte, en las disposiciones adicionales se establecen previsiones específicas 
para  empleados  públicos  y  personal  con  legislación  específica  propia,  servicios 
esenciales de la Administración de Justicia y otros colectivos.
IV
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes «en 
caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de 
las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y  libertades  de  los 
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, 
y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar la medidas que se 
incluyen este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que 
corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de 
septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades 
políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad 
núm.  2208-2019),  y  que  son  medidas  de  índole  laboral  destinadas  a  reparar  los 
perjuicios económicos y en el ámbito del empleo, derivados de la crisis del COVID-19, 
así  como  proteger  el  empleo  y  mantener  la  actividad  económica.  Los  motivos  de 
oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real 
decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento 
constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8;  e.e
237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). b
En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren  66ww
lCaos ncsirtictuucnisótna,n ccoianss iddee reaxntrdaoo, rpdoinra oritara y  puarrgtee,n tqeu nee lcoess oidbajedt ipvroesv iqsutaes  seen  perle aterntídcuelno  a8l6c adnez alar 
pcoronc eedl immiiesnmtoo  dneo u rpgueendceian. conseguirse a través de la tramitación de una ley por el
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de las Constitución Española, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
V
Este  real  decreto-ley  responde  a  los  principios  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. A estos efectos, pone de manifiesto el cumplimiento de los 
principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las 
medidas establecidas, siendo el real-decreto ley el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución. Así, responde a la necesidad de minimizar el riesgo de un 
impacto incontrolado e irreversible de la situación de emergencia extraordinaria que se 
sigue del estado de alerta sanitaria provocada por el COVID-19, tanto en la actividad 
económica  como  en  el  mantenimiento  y  salvaguarda  del  empleo,  evitándose  así 
situaciones de desprotección y garantizando el restablecimiento y recuperación de la 
actividad económica.
Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para 
conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situación temporal y 
extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
Asimismo,  cumple  también  con  el  principio  de  transparencia,  ya  que  identifica 
claramente su propósito y se ofrece una explicación, sin que se hayan realizado los 
trámites de participación pública que se establecen en el artículo 26 de la Ley 50/1997, 
del Gobierno, al amparo de la excepción que, para los reales decretos-leyes, regula el 
apartado 11 del aludido precepto. Por último, en relación con el principio de eficiencia, 
este real decreto-ley no impone carga administrativa alguna adicional a las existentes 
con anterioridad.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de marzo de 2020.
DISPONGO:
Artículo 1.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1.  El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado 
y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado 
de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
2.  No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación:
a)  Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados 
como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
b)  Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas 
de  producción  cuya  actividad  se  corresponda  con  los  sectores  calificados  como 
esenciales en el anexo de este real decreto-ley. e
c)  Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan  bo
solicitado  o  estén  aplicando  un  expediente  de  regulación  temporal  de  empleo  de  66ww
steumsppeonrasli ódne  ye m(iip) leaoq udeell assu sap elanss ióqnu ed uleras nstee al aa vuitgoerinzcaidao d uenl  peexrpmeisdoie nptree vdiset or eegsutela crieóanl 
decrde)t o-Lleays. personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal
o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
e)  Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con 
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de 
prestación de servicios.
Artículo 2.  Permiso retribuido.
1.  Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del 
presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter 
obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
2.  El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el 
derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con 
carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.
Artículo 3.  Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso 
retribuido.
1.  La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día 
siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
2.  Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al 
efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que 
tendrá una duración máxima de siete días.
En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, 
la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará 
integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora 
del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona 
por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones 
por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta 
representación, la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia 
empresa,  elegidos  conforme  a  lo  recogido  en  el  artículo  41.4  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar 
constituida en el improrrogable plazo de cinco días.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas 
a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría 
de las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en 
su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en 
ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas 
por este permiso extraordinario.
Las  partes  podrán  acordar  en  cualquier  momento  la  sustitución  del  periodo  de 
consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos 
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 
del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las 
horas de trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con 
que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo 
resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo 
no desarrollado. es
De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a  bo
las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde  66ww
pilnarc efusi3nmta.a pdlilzaiEmasnc ide ióuncnrtuoa ad ndletqee u  alliaoeq srua  eppclel,ia crsilaoaocd ,i doóesnlac  md iseríineól icpnmur eospsosee brdanreecte  idó lpaene s rrcedmacenius sopeo.es rdtaaiacsri óionh  yod rsaees m laansno ha olp rpoardser vádis ets otusrp aeobnna ejloar   lneeoyl    OE-A-2020-41able en https://
y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido
en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la 
jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, 
deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar reconocidos legal y convencionalmente.
Artículo 4.  Actividad mínima indispensable.
Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este 
artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los 
turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad 
indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia 
la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.
Artículo 5.  Adaptación de actividades.
El Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, podrán 
modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven 
afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos.
Disposición  transitoria  primera.  Garantías  para  la  reanudación  de  la  actividad 
empresarial.
En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la 
actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-
ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de 
llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido 
recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación 
de la actividad empresarial.
Disposición transitoria segunda.  Continuidad de los servicios de transporte.
Aquellas  personas  trabajadoras  del  ámbito  del  transporte  que  se  encuentren 
realizando un servicio no incluido en este real decreto-ley en el momento de su entrada 
en vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en 
curso,  incluyendo  como  parte  del  servicio,  en  su  caso,  la  operación  de  retorno 
correspondiente. 
Disposición adicional primera.  Empleados públicos.
El  Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública  y  los  competentes  en  las 
comunidades  autónomas  y  entidades  locales  quedan  habilitados  para  dictar  las 
instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios 
de  los  empleados  públicos  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento 
de los servicios públicos que se consideren esenciales.
Disposición adicional segunda.  Personal con legislación específica propia.
1.  Respecto  del  personal  comprendido  en  el  artículo  4  del  Real  Decreto  s
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  e.
del Estatuto Básico del Empleado Público, se dictarán las instrucciones y resoluciones  w.
necesarias para determinar el régimen jurídico aplicable tanto en lo que se refiere al  66ww
cará2c.t erL easse inncsitarul dccei osnuess s ye rrveicsioolsu ccioomneos a a l aq uoerg saen irzeaficeiróen  eclo anpcarerttaad doe p lroims emrois mseo sd.ictarán,
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Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Centro Nacional de Inteligencia 
y por el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos.
Disposición adicional tercera.  Servicios esenciales en la Administración de Justicia.
Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al 
servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta 
manera,  cumplirán  con  los  servicios  esenciales  fijados  consensuadamente  por  el 
Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del 
Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en 
la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con 
las adaptaciones que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el 
presente Real Decreto-Ley. Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de 
Administración de Justicia que sea necesario para la prestación de servicios esenciales 
del Registro Civil conforme a las Instrucciones del Ministerio de Justicia.
Disposición adicional cuarta.  Continuación de actividad.
Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de 
contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Disposición adicional quinta.  Personal de empresas adjudicatarias de contratos del 
sector público.
El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de 
aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, 
servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y 
seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la 
prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en 
el  artículo  34  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de marzo de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente real 
decreto-ley a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:
1.  Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo 
de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad 
Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.
2.  Las  que  trabajan  en  las  actividades  que  participan  en  la  cadena  de 
abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de 
producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, 
alimentación  animal,  productos  higiénicos,  medicamentos,  productos  sanitarios  o 
cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución 
de los mismos desde el origen hasta el destino final.
3.  Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que 
prestan servicios de entrega a domicilio.
4.  Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, 
servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento 
sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de 
servicios sanitarios.
5.  Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas 
de  la  industria  manufacturera  que  ofrecen  los  suministros,  equipos  y  materiales 
necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este 
anexo.
6.  Las  que  realizan  los  servicios  de  transporte,  tanto  de  personas  como  de 
mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, 
así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados 
para  ello,  al  amparo  de  la  normativa  aprobada  por  la  autoridad  competente  y  las 
autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
7.  Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, 
salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de 
las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de 
seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante 
alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el 
desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el 
abastecimiento a la población.
8.  Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las 
fuerzas armadas.
9.  Las  de  los  centros,  servicios  y  establecimientos  sanitarios,  así  como  a  las 
personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con 
discapacidad,  y  las  personas  que  trabajen  en  empresas,  centros  de  I+D+I  y 
biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el 
mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las 
empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las 
personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
10.  Las  de  los  centros,  servicios  y  establecimientos  de  atención  sanitaria  a 
animales. e
11.  Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de  bo
comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su  66ww
impr1e2s.i ónL oa sd idsetr iebmucpiróens.as de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y
adcet ivinidvaedresisó np,r oppiaarsa  dela  lapsr einsftraaceisótnru cdteu ralos sd es pearvgiociso sy  dqeu leo s smeaenrc aidnodsis pfineannsacibelreoss, . y  las
13.  Las  de  empresas  de  telecomunicaciones  y  audiovisuales  y  de  servicios 
informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los 
sectores  o  subsectores  necesarios  para  su  correcto  funcionamiento,  especialmente 
aquéllos que resulten imprescindibles  para la  adecuada prestación de los servicios 
públicos,  así  como  el  funcionamiento  del  trabajo  no  presencial  de  los  empleados 
públicos.
14.  Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas 
de violencia de género.
15.  Las  que  trabajan  como  abogados,  procuradores,  graduados  sociales, 
traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no 
suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19  y,  de  esta  manera,  cumplan  con  los  servicios  esenciales  fijados 
consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la 
Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la 
materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 
de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.
16.  Las  que  prestan  servicios  en  despachos  y  asesorías  legales,  gestorías 
administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de 
riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
17.  Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los 
servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18.  Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías 
urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y 
tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 
no  peligrosos,  recogida  y  tratamiento  de  aguas  residuales,  actividades  de 
descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de 
subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.
19.  Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de 
Estancia  Temporal  de  Inmigrantes  y  a  las  entidades  públicas  de  gestión  privada 
subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco 
de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
20.  Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, 
potabilización y saneamiento de agua.
21.  Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de 
predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control 
de procesos operativos.
22.  Las  del  operador  designado  por  el  Estado  para  prestar  el  servicio  postal 
universal,  con  el  fin  de  prestar  los  servicios  de  recogida,  admisión,  transporte, 
clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio 
postal universal.
23.  Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en 
la  importación  y  suministro  de  material  sanitario,  como  las  empresas  de  logística, 
transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que 
participan en los corredores sanitarios.
24.  Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el  s
comercio por internet, telefónico o correspondencia. oe.
25.  Cualesquiera  otras  que  presten  servicios  que  hayan  sido  considerados  w.
esenciales. 66ww