BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 24 Jueves 28 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 8353
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
1221 Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 5, por la que se suspende la 
práctica de una anotación de embargo contra herencia yacente.
En el recurso interpuesto por don R.M.N. y doña O.T.G. contra la nota de calificación 
de la Registradora de la propiedad de Vigo número 5 doña María Teresa Ruiz de la Peña 
González, por la que se suspende la práctica de una anotación de embargo contra 
herencia yacente.
Hechos
I
El 20 de octubre de 2020, bajo el asiento 1.438 del Diario 65, se presentó por fax 
mandamiento expedido en la misma fecha por el Juzgado de Primera Instancia número 
Tres de Vigo, en el proceso de Ejecución de Títulos Judiciales número 64/2020, a 
instancia de O.T.G. y R.M.N., frente a la herencia yacente de don R.L.L., consolidándose 
el asiento de presentación el 29 de octubre de 2020.
II
Con fecha 4 de noviembre de 2020 fue calificado negativamente de conformidad con 
la siguiente nota de calificación: «Presentado por fax a las 13,12 horas del día 20 de 
octubre de 2020, bajo el asiento 1.438 del Diario 65, y consolidado el 29 de octubre 
siguiente, mandamiento expedido el 20 de octubre de 2020 por doña M R. A., Letrada de 
la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Vigo, en 
el proceso de Ejecución de Títulos Judiciales número 64/2020, procedimiento origen 
ORD 974/2018, a instancia de O.T.G. y R.M.N., frente a la herencia yacente de Don 
R.L.L., se califica negativamente. Otro mandamiento expedido el 14 de septiembre 
de 2020 por el mismo Juzgado y en el mismo procedimiento, bajo el asiento 1.165 del 
Diario 65, fue calificado negativamente el 30 de septiembre de 2020 y prorrogado, por lo 
tanto vigente, de conformidad con la siguiente nota de calificación: "Presentado por fax a 
las 15,19 horas del día 14 de septiembre de 2020, bajo el asiento 1.165 del Diario 65, y 
consolidado el 24 de septiembre siguiente, mandamiento expedido el 14 de septiembre 
de 2020 por Doña M. C. G., Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera Instancia número Tres de Vigo, en el proceso de Ejecución de Títulos Judiciales 
número 64/2020, a instancia de O.T.G. y R.M.N., frente a la herencia yacente de Don 
R.L.L., se califica negativamente por los siguientes: HECHOS: 1.–El procedimiento se 
dirige contra la herencia yacente de Don R.L.L., y se decreta la anotación preventiva de 
embargo sobre la finca 1.181 propiedad del ejecutado. 2.–La finca figura inscrita por 
herencia de Don R.L.L., en cuanto al usufructo vitalicio a favor de su hermano Don 
G.L.L., y en cuanto a la nuda propiedad a favor de los hijos legítimos que tenga dicho  e.e
G.L.L.  al  ocurrir  su  fallecimiento  y  no  habiéndolos,  a  los  sobrinos  del  causante  y  b
descendientes legítimos que representen a dichos sobrinos. Fundamentos de Derecho:  21ww
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también  por  obligaciones  de  éste,  se  consignarán,  además,  las  circunstancias
personales de aquellos.–Si las acciones se hubieran ejercitado contra personas en quien 
concurra el carácter de heredero o legatario del titular, según el Registro, por deudas 
propias  del  demandado,  se  harán  constar  las  circunstancias  del  testamento  o 
declaración de herederos y de los certificados del Registro General de Actos de Ultima 
Voluntad y defunción del causante.–La anotación se practicará sobre los inmuebles o 
derechos  que  especifique  el  mandamiento  judicial  en  la  parte  que  corresponda  el 
derecho hereditario del deudor.".–No se acredita si la deuda es del titular registral o de 
sus herederos, según lo cual será necesaria la constancia de los documentos a que se 
refiere  el  artículo  166.–Resolución  de  la  D.G.R.N.  de  10  de  Enero  de  2011,  que 
determina  que  no  es  anotable  el  embargo  decretado  en  procedimiento  seguido 
genéricamente contra la herencia yacente del titular registral, sin que conste haberse 
citado a persona concreta alguna en concepto de eventual heredero, al no haberse 
nombrado  administrador  judicial  de  la  herencia.  En  virtud  de  dichos  hechos  y 
fundamentos de derecho se suspende la anotación preventiva de embargo decretada, no 
practicándose anotación por suspensión por no haberse solicitado en el mandamiento. 
Contra la precedente nota de calificación podrá (…) Vigo a treinta de septiembre de dos 
mil veinte.»
III
Se presenta ahora, bajo el asiento 1.438 del Diario 65, el nuevo mandamiento 
expedido el 20 de octubre de 2020, al que se acompañan: 1.–Diligencia de ordenación 
de 20 de octubre de 2020, por la que se acuerda remitir nuevo mandamiento a este 
Registro, en el que se hará constar, y así se hace en el mandamiento, lo siguiente: Con 
carácter previo a la interposición de la demanda de la que trae causa la sentencia objeto 
de ejecución, se instaron diligencias preliminares 150/2017 seguidas ante el Juzgado de 
Primera Instancia Número Seis de Vigo, a fin de identificar y localizar a los miembros de 
la herencia yacente de don R.L.L. y, en su caso, al titular o titulares de la finca 1.181 de 
este  Registro.–Tanto  en  el  procedimiento  de  diligencias  preliminares,  como  en  el 
procedimiento ordinario tramitado a continuación del que trae causa la sentencia objeto 
de ejecución, ha resultado imposible localizar un domicilio de alguno de los llamados a 
heredar a don R.L.L..–2.–Auto firme dictado el 24 de mayo de 2019 en el procedimiento 
ordinario número 974/2018, del que dimana la presente ejecución en el que consta: 
Hechos: Único.–Por la representación procesal de R.M.N. y O.T.G. se ha presentado 
recurso de reposición contra la providencia dictada en las presentes actuaciones en 
fecha 10 de mayo de 2019 y no habiendo más partes personadas en el procedimiento, 
han quedado los autos vistos para dictar resolución.–Fundamentos Jurídicos: Primero.–
El recurso formulado debe ser desestimado, con la confirmación del auto impugnado que 
se endiente conforme a derecho....–Insiste, de forma legítima, la parte actora en la 
necesidad de nombramiento de un administrador judicial de la herencia yacente de don 
R.L.L., parte demandada.–Sin embargo, más allá de que en puridad la herencia no 
consta se halle sin aceptar pura y simplemente, o de las evidentes razones prácticas –
por sí solas, ciertamente insuficientes– que desaconsejan la designación interesada, al 
respecto  de  la  cual  tampoco  existe  propuesta  por  la  demandante;  entiende 
modestamente el proveyente, contra lo resuelto en alguna resolución dictada en el foro, 
que la norma tampoco ampara el nombramiento de un administrador, ni así se produce 
ningún déficit de representación.–Segundo.–Así, como la propia parte conviene, se han 
agotado  razonablemente  los  medios  ordinarios  para  proceder  a  la  identificación  y  s
notificación personal a la herencia demandada o sus integrantes.–Y siendo ello así, nada  e.
impide acudir a lo dispuesto en el art.–164 de la LEC y –eventualmente, aunque con  w.
notoria probabilidad– continuar el juicio en rebeldía procesal de la parte demandada.–La  21ww
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podría  comprobarse  si  comparece  correctamente  o  si  existen  problemas  de 
representación.–La sentencia de la AP de Madrid de 9/12/2015 al respecto ya razonó 
que la figura del "defensor de la herencia yacente" no existe en la LEC ni en el C.C. y, 
con cita a la SAP de Zaragoza de 3/2/2012 –posterior a la de la misma Audiencia 
invocada en el recurso–, dispone que en cuanto a la capacidad de la herencia y la 
efectividad  de  su  emplazamiento,  lo  relevantes  es,  de  nuevo,  que  se  agoten  las 
posibilidades de conocimiento y notificación.–De tal modo que, incluso hoy, y no sería tan 
rigurosa la conocida doctrina de la DGRN; visto además que el suplico de la demanda no 
interesa una condena que suponga una afectación directa al Registro de la Propiedad.–
Parte dispositiva: Desestimando íntegramente el recurso de reposición presentado por la 
representación procesal de don R.M.N. y doña O.T.G. frente a la providencia en los 
presentes autos de 10 de mayo de 2019, debo confirmar y confirmo ésta en todos sus 
pronunciamiento.”– Fundamentos de Derecho: Los mismos expresados en la nota de 
calificación del mandamiento expedido el 14 de septiembre de 2020 reproducidos en el 
hecho primero de la presente nota de calificación, así como reiterada doctrina de la 
DGRN.  14  de  diciembre  de  2020.  La  registradora,  María  Teresa  Ruiz  de  la  Peña 
González.
IV
Interpuesto recurso por don R.M.N. y doña O.T.G. el 4 de diciembre de 2020, 
alegando que la exigencia de nombramiento de administrador judicial de la herencia 
yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, que se 
han agotado razonablemente los medios ordinarios para proceder a la identificación y 
notificación personal a la herencia demandada o sus integrantes y que la doctrina de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado debe quedar limitada a los casos en 
que la cuestión no haya sido analizada por el juzgado de instancia.
V
La registradora emitió informe el día 14 de diciembre de 2020, mantuvo su nota de 
calificación en base a la resolución de 25 de junio de 2005 y elevó el expediente a este 
Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  24  de  la  Constitución  Española;  538  a  544  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil 1, 3, 20 y 38 de la Ley Hipotecaria; 100 y 166 del Reglamento 
Hipotecario;  las  Sentencias  del  Tribunal  Constitucional,  Sala  Segunda, 
números 266/2015, de 14 de diciembre, y 200/2016 de 28 de noviembre; las Sentencias 
del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 28 de junio y 21 de octubre de 2013 y 21 de 
noviembre de 2017, relativas al alcance de la calificación y de 7 de abril de 1992, 7 de 
julio de 2005, 12 de junio de 2008 y 3 de marzo de 2011, relativas a la herencia yacente, 
y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de 
noviembre de 2002, 7 y 8 de abril de 2003, 23 de marzo y 22 de junio de 2007, 29 de 
mayo y 26 de agosto de 2008, 6 de junio y 11 de julio de 2009, 8 de noviembre de 2010, 
10 de enero de 2011, 2 de septiembre de 2011, 11 de mayo de 2012, 28 de enero, 27 de 
mayo y 12 de julio de 2013, 29 de enero, 8 de mayo y 2 de octubre de 2014, 29 de 
enero, 11 de febrero, 5 de marzo, 16 y 29 de abril, 21 de mayo, 17 de julio, 22 de octubre  e.
y 9 de diciembre de 2015, 17 de marzo, 17 de mayo, 8 y 23 de septiembre, 4 de octubre  w.b
y 15 de noviembre de 2016, 22 de mayo, 18 de octubre y 18 de diciembre de 2017 y 15  21ww
ddee  2fe0b2r0e.ro y 9, 10 y 20 de julio de 2018 y 4 de noviembre de 2019; y 30 de septiembre
1.  Se plantea la anotación preventiva de embargo sobre herencia yacente. La
registradora entiende que para poder considerarse cumplido el tracto sucesivo, será
preciso que se acredite, en el mandamiento, que se ha emplazado a alguno de los 
posibles  llamados  a  la  herencia,  lo  que  no  se  ha  producido,  o  en  su  defecto  el 
nombramiento de un administrador judicial de la herencia. El recurrente entiende que la 
exigencia de nombramiento de administrador judicial de la herencia yacente no debe 
convertirse  en  una  exigencia  formal  excesivamente  gravosa,  que  se  han  agotado 
razonablemente los medios ordinarios para proceder a la identificación y notificación 
personal a la herencia demandada o sus integrantes y que la doctrina de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, actual Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, debe quedar limitada a los casos en que la cuestión no haya sido analizada 
por el juzgado de instancia, siendo así que ya se ha pronunciado en sentido contrario a 
la necesidad de nombramiento de un administrador judicial de la herencia yacente.
2.  Con  carácter  previo  hay  que  señalar  que  el  artículo  166  del  Reglamento 
Hipotecario  al  regular  los  requisitos  de  extensión  de  las  anotaciones  de  embargo 
seguidos  contra  herederos  indeterminados  o  determinados  del  titular  registral  está 
aplicando el principio de tracto sucesivo si bien con la peculiaridad de que los bienes no 
constan  aun  inscritos  a  favor  de  los  demandados.  El  principio  de  tracto  sucesivo 
establecido en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que intenta evitar la indefensión 
proscrita en el artículo 24 de la Constitución Española, en su aplicación procesal y 
registral, implica que los procedimientos deben ir dirigidos contra el titular registral o sus 
herederos, y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar 
incluida dentro del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el 
artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo, es principio básico de 
nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de 
venir  otorgado  por  el  titular  registral  o  en  procedimiento  seguido  contra  él  (cfr. 
artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino 
desenvolver  en  el  ámbito  registral  el  principio  constitucional  de  salvaguardia 
jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la 
Constitución Española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los 
asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
Este  principio  deriva  a  su  vez  de  la  legitimación  registral  pues  si  conforme  al 
artículo 38 de la Ley Hipotecaria la inscripción implica una presunción «iuris tantum» de 
exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio 
del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los títulos otorgados 
en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que 
esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro 
del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del 
Reglamento Hipotecario.
3.  El respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y 
tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los 
registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero 
no es menos cierto, conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la 
de  nuestro  Tribunal  Supremo  en  la  Sentencias  relacionadas  en  «Vistos»,  que  el 
registrador  tiene,  sobre  tales  resoluciones,  la  obligación  de  calificar  determinados 
extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en 
el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún 
derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión 
proscrita, como se ha dicho, por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución  s
Española), ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al  oe.
registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y  w.
entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido  21ww
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Registros  públicos,  deben  acatar  y  cumplir  lo  que  se  disponga  en  las  sentencias 
constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que 
existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica. Y 
como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 de marzo, “no 
puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de 
los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que 
haya sido parte”».
Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 
de diciembre de 2015, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución 
Española)  y  al  proceso  con  todas  las  garantías  (artículo  24.2  de  la  Constitución 
Española)  de  la  demandante,  titular  registral,  en  los  siguientes  términos:  «(...)  el 
reconocimiento de circunstancias favorables a la acusación particular, (...) no puede 
deparar  efectos  inaudita  parte  respecto  de  quien,  ostentando  un  título  inscrito,  no 
dispuso de posibilidad alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que el 
disponente registral pudiera serlo o no en una realidad extra registral que a aquél le era 
desconocida. El órgano judicial venía particularmente obligado a promover la presencia 
procesal  de  aquellos  terceros  que,  confiando  en  la  verdad  registral,  pudieran  ver 
perjudicados sus intereses por la estimación de una petición acusatoria que interesaba 
hacer valer derechos posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también 
pudieran ser oídos en defensa de los suyos propios».
4.  Como  resulta  de  la  doctrina  de  este  Centro  Directivo  antes  expuesta,  el 
nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en un 
trámite excesivamente gravoso debiendo limitarse a los casos en que el llamamiento a 
los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la 
herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la 
legitimación pasiva de la herencia yacente.
También ha aclarado esta Dirección General, respecto a la incidencia de la renuncia 
de  los  herederos  en  los  supuestos  de  procedimientos  seguidos  contra  la  herencia 
yacente, que no evita la necesidad de nombrar administrador el hecho de que haya un 
pronunciamiento judicial en el que conste haberse otorgado escritura de renuncia a la 
herencia por parte de los herederos, pues, mediando la renuncia de los inicialmente 
llamados a la herencia, esta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, 
quienes  serán  los  encargados  de  defender  los  intereses  de  la  herencia;  así  en 
Resolución de 19 de septiembre de 2015. Distinto sería el caso de que la renuncia de los 
herederos se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento de ejecución como 
consecuencia del requerimiento que se les hubiera hecho en este, pues en este caso sí 
habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses de la herencia 
(Resolución de 15 de noviembre de 2016).
5.  Como señaló la Resolución de 9 de julio de 2011, convendría a este respecto 
recordar que la calificación del registrador del tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria)  será  distinta  en  cada  uno  de  los  supuestos  siguientes:  a)  procesos 
ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido antes o durante el procedimiento; b) 
procesos ejecutivos por deudas de los herederos ciertos y determinados del titular 
registral, y c) procesos ejecutivos por deudas de herederos indeterminados –herencia 
yacente– del titular registral.
a)  Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos 
por deudas del titular registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al  e.
registrador que se demandó al titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la  w.b
tramitación con sus herederos, por sucesión procesal conforme al artículo 16 de la Ley  21ww
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(artículo 166.1.ª, párrafo primero, del Reglamento Hipotecario), sin que proceda en este
caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos fueran indeterminados se abordará 
posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente.
b)  Si  se  ha  producido  el  fallecimiento  del  titular  registral  antes  del  iniciado  el 
procedimiento, y éste se sigue por deudas de herederos ciertos y determinados, además 
del fallecimiento deberá acreditarse al registrador que la demanda se ha dirigido contra 
éstos, indicando sus circunstancias personales y acompañando los títulos sucesorios y el 
certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad (artículo 166.1.ª, párrafo 
segundo, del Reglamento Hipotecario). En definitiva, deberá acreditarse su condición de 
herederos del titular registral.
c)  En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos 
indeterminados, o por deudas de estos herederos indeterminados –herencia yacente–, 
será preciso, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se 
acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles 
llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un 
administrador de la herencia yacente.
6.  Ahora bien, esta doctrina debe entenderse aplicable para cuando no ha habido 
un previo pronunciamiento judicial de fondo sobre la procedencia o no del nombramiento 
de administrador judicial de la herencia yacente, pues en tal caso se entiende cumplido 
el principio constitucional de tutela efectiva que tiene su manifestación en sede registral 
en el llamado principio de tracto sucesivo.
En el supuesto de hecho de este expediente, se han acompañado para subsanar el 
defecto  –correctamente  señalado  por  la  registradora–  auto  firme  dictado  en  el 
procedimiento ordinario número 974/2018, del que dimana la presente ejecución en el 
que se desestima el nombramiento de defensor judicial.
Al haber un pronunciamiento judicial expreso sobre la correcta legitimación pasiva en 
el  procedimiento  (véase  resolución  de  30  de  septiembre  de  2020),  y  existiendo 
judicialmente  pronunciamiento  firme  sobre  la  innecesariedad  del  nombramiento  de 
administrador judicial y sobre la suficiencia de las actuaciones realizadas en orden a la 
averiguación de domicilio –y en su caso por edictos– de los posibles herederos en 
cuanto al emplazamiento de la herencia yacente, la exigencia de nombramiento de 
administrador  judicial  decae  y  no  debe  impedir  la  práctica  de  la  medida  cautelar 
solicitada, al entenderse cumplido el tracto sucesivo (artículo 20 LH).
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado la estimación del recurso y la 
revocación de la nota de calificación.
Contra  esta  Resolución  los  legalmente  legitimados  pueden  recurrir  mediante 
demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica 
el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de enero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.