BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28797
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3808 Pleno.  Sentencia  21/2022,  de  9  de  febrero  de  2022.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 6179-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con el artículo 14 nonies del texto refundido de las disposiciones 
legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en la 
redacción  dada  por  el  artículo  39.8  de  la  Ley  de  la  Junta  General  del 
Principado  de  Asturias  3/2020,  de  30  de  diciembre,  de  presupuestos 
generales para 2021. Límites a la potestad tributaria de las comunidades 
autónomas:  nulidad  del  precepto  legal  autonómico  que  establece  una 
deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que afecta al 
desarrollo de actividades económicas (STC 161/2012).
ECLI:ES:TC:2022:21
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don  Santiago  Martínez-Vares  García,  don  Antonio  Narváez  Rodríguez,  don  Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique 
Arnaldo  Alcubilla,  y  las  magistradas  doña  Concepción  Espejel  Jorquera  y  doña 
Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6179-2021, promovido por el presidente 
del Gobierno contra el art. 14 nonies del texto refundido de las disposiciones legales del 
Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado mediante 
Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en la redacción dada por el art. 39.8 de la 
Ley de la Junta General del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de 
presupuestos  generales  para  2021.  Ha  comparecido  y  formulado  alegaciones  el 
Gobierno  del  Principado  de  Asturias.  Ha  sido  ponente  el  magistrado  don  Antonio 
Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el día 30 de septiembre de 2021, el 
abogado  del  Estado,  en  representación  del  presidente  del  Gobierno,  interpuso  un 
recurso de inconstitucionalidad contra la norma citada en el encabezamiento, mediante 
la que el Principado de Asturias crea una nueva deducción autonómica en el impuesto  e.
sobre la renta de las personas físicas (IRPF) «por la obtención de subvenciones y/o  w.b
ayudas  para  paliar  el  impacto  provocado  por  la  Covid-19  sobre  los  sectores  08ww
espeLcai arelmperenstee natfaecciótand oess tpaotarl  ldae pnaunndceiam qiau»e. la norma autonómica impugnada desborda el
IáRmPbFi,t op odre  lola  qcuees iiónnv addee  ceol mámpebtieton cciaosm pneotremnactiiavla es xac lulas ivcoo mdeuln Eidsatda daou tsóonborme a« hsaocbieren deal 
general» (art. 149.1.14 CE). A su juicio, infringe los arts. 10.2 y 19.2 a) de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas 
(en adelante, LOFCA) y el art. 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y 
ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (en 
adelante, Ley 22/2009).
a) La demanda comienza recordando la doctrina constitucional sobre el contenido 
del título competencial de «hacienda general» del art. 149.1.14 CE, según la cual este 
confiere al Estado competencia exclusiva para regular sus propios tributos, el marco 
general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de 
las comunidades autónomas respecto de las del propio Estado (STC 192/2000, de 13 de 
julio, FJ 6).
Con  cita  del  dictamen  del  Consejo  de  Estado  núm.  623/2021,  que  obra  en  el 
expediente, recuerda que forman parte del bloque de la constitucionalidad tanto la 
LOFCA, que concreta la definición de tributo cedido, la enumeración de los tributos 
cedibles y las competencias normativas que sobre cada uno de ellos puede asumir la 
comunidad autónoma (arts. 10.1, 11 y 19.2 LOFCA); como la Ley 22/2009, que fija el 
alcance y condiciones de la cesión de cada tributo cedido (arts. 25 a 56). Asimismo, 
destaca la evolución que ha experimentado el sistema de financiación autonómica hacia 
el principio de corresponsabilidad fiscal.
Aclara, citando la STC 65/2020, de 18 de junio, FFJJ 5 y 8, que, a diferencia de los 
tributos propios, la titularidad de los tributos cedidos corresponde al Estado y el ejercicio 
de competencias normativas por parte de las comunidades autónomas en relación con 
ellos está supeditado al cumplimiento de los límites fijados en la normativa de cesión.
b) Centrando ya el marco normativo competencial en el art. 46 de la Ley 22/2009 
(«Alcance de las competencias normativas en el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas»),  el  abogado  del  Estado  recuerda  que  su  apartado  1.c)  prevé  que  las 
comunidades autónomas puedan crear deducciones en la cuota íntegra autonómica del 
IRPF, en concreto, sobre «[s]ubvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban 
de la comunidad autónoma» pero «con excepción de las que afecten al desarrollo de 
actividades económicas o a las rentas que se integren en la base del ahorro».
El precepto objeto de recurso incide en la excepción legalmente establecida en la 
Ley  22/2009.  La  deducción  está  destinada  precisamente  a  contribuyentes  que 
desarrollan  actividades  económicas  afectadas  por  la  pandemia  y  perciban  ayudas 
autonómicas por ello. Por tanto, incurriría en un exceso competencial, al incumplir el 
límite previsto en el bloque de la constitucionalidad.
Prosigue razonando que el legislador estatal, dentro de su margen de configuración, 
ha  optado  por  que  el  gravamen  en  el  IRPF  de  las  actividades  económicas  sea 
homogéneo  en  todo  el  territorio  nacional  y,  en  consecuencia,  no  ha  cedido  a  las 
comunidades autónomas la competencia para alterar dicha tributación por medio de 
deducciones para este tipo de rentas.
En consecuencia, solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la norma 
impugnada, interesando, mediante otrosí, la suspensión de su vigencia con fundamento 
en los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
2. El Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Cuarta, mediante 
providencia de 28 de octubre de 2021, acordó admitir a trámite el presente recurso de 
inconstitucionalidad,  dando  traslado  de  la  demanda  y  documentos  presentados, 
conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por  e.e
conducto de sus presidentes, así como a la Junta General y al Consejo de Gobierno del  w.b
Principado de Asturias, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de  08ww
qcouninvceen ideínatse,s p; utednieerra np opre irnsvooncaardseo  eenl  aerlt .p 1ro6c1e.2s oC yE f olorm quulea,r  ala ssu a tleegnaocr iyo nceosn fqourem ees dtiimspaorenne 
eiml paurgt.n a3d0o  LdOesTdCe,  lap rofedcuhcae  dlea  isnutesrppeonssicióiónn  ddee l lare cvuigrseon cpiaa ray  laasp lipcaarcteiósn  ddeel l prporceecseop toy 
desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado»
para los terceros; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» (lo 
que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2021) y en el «Boletín Oficial del Principado de 
Asturias» (lo que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2021).
3. Mediante escrito registrado el día 11 de noviembre de 2021, el presidente del 
Senado comunicó el acuerdo de la mesa de la Cámara en el sentido de darse por 
personada en el proceso y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. 
Lo mismo hizo la presidenta del Congreso de los Diputados en escrito registrado en este 
tribunal el día 18 de noviembre de 2021.
4. La letrada de la Junta General del Principado de Asturias, en la representación 
que legalmente ostenta, por escrito registrado en este tribunal el 19 de noviembre 
de 2021, se personó en nombre de la Cámara y manifestó, de conformidad con lo 
acordado por la mesa en su sesión de 16 de noviembre anterior, que no formularía 
alegaciones, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
5. El letrado del Principado de Asturias, en representación de dicha Comunidad 
Autónoma y de su Consejo de Gobierno, se personó y formuló alegaciones mediante 
escrito  registrado  el  29  de  noviembre  de  2021,  oponiéndose  al  recurso  con  los 
argumentos que siguen:
a) Considera  que  el  planteamiento  del  recurso  es  equivocado,  puesto  que  la 
finalidad  de  la  deducción  autonómica  no  es  favorecer  a  contribuyentes  que  hayan 
desarrollado actividades económicas, sino beneficiar a los que, precisamente a causa de 
la pandemia, no hayan podido hacerlo. La deducción recurrida no pretende fomentar una 
determinada actividad, como en los casos a los que se refieren las SSTC 161/2012, 
de 20 de septiembre, y 197/2012, de 6 de noviembre, invocadas en la demanda. Por el 
contrario, tiene por objeto favorecer a contribuyentes que, por causa de la pandemia, o 
bien no han desarrollado actividad alguna, o bien han visto reducida la misma a la 
mínima expresión.
Transcribe, a continuación, el art. 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19. Dicho precepto (i) suspendió la apertura al público de los 
locales y establecimientos minoristas, salvo los casos expresamente citados, referidos a 
bienes  y  servicios  de  primera  necesidad;  (ii)  limitó  la  permanencia  en  los 
establecimientos cuya apertura estaba permitida; y (iii) suspendió las actividades de 
hostelería y restauración, salvo los servicios de entrega a domicilio. Recuerda que, 
posteriormente, fue promulgado el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por  el  SARS-CoV-2,  en  cuyo  art.  5  se  establecieron  limitaciones  a  la  libertad  de 
circulación y en cuyo art. 7 se regularon limitaciones de permanencia en espacios 
públicos y privados.
En relación con estas normas las autoridades sanitarias autonómicas competentes 
dictaron  diversas  disposiciones  que  impidieron  o  limitaron  gravemente  el  normal 
desarrollo  de  muy  diversas  actividades  económicas  y  profesionales.  Señala  como 
ejemplo la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 tras la expiración de la 
vigencia  del  estado  de  alarma  (suplemento  del  «Boletín  Oficial  del  Principado  de  s
Asturias» núm. 118, de 19 de junio de 2020). oe.
Argumenta que, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021, en virtud  w.
ddaeect  idvpiivederasrdso anesac sdo inssópemo sviciiceair ooonn e psir moyf peaoscsitooibnsial iatla.d doPapastra adp oapsraa lp iaodrre  llsaoassr  raeouvlltaiodrre idneatned set osed, foeu cnot on súe mnn eegrgoraa tsnivi gopnsai firdcteae t isvtauol    2022-3808n https://ww
situación,  se  arbitraron  diversas  medidas;  en  concreto,  el  Principado  de  Asturias
concedió ayudas económicas dirigidas a personas trabajadoras autónomas o por cuenta  Bc
propia cuyas actividades fueron suspendidas o muy limitadas en virtud de la crisis 
sanitaria.
Cita, en particular, el Decreto 12/2020, de 8 de abril, de la Consejería de Industria, 
Empleo y Promoción Económica (suplemento del «Boletín Oficial del Principado de 
Asturias» núm. 69, de 8 de abril de 2020), que establece como beneficiarios (art. 5) a 
«las personas físicas que ejerzan su actividad en establecimientos abiertos al público 
ubicados en alguno de los concejos del Principado de Asturias y con domicilio fiscal en el 
Principado de Asturias, que sean personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia, 
y que desarrollen alguna de las actividades cuya apertura al público haya quedado 
suspendida con arreglo a lo previsto en el anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, que cumplan los requisitos previstos en la norma 
siguiente».
Así  pues,  concluye  que  los  beneficiarios  de  la  deducción  por  la  obtención  de 
subvenciones y/o ayudas para paliar el impacto provocado por la Covid-19 sobre los 
sectores especialmente afectados por la pandemia no son contribuyentes a los que se 
incentiva  para  que  desarrollen  una  determinada  actividad  económica,  sino 
contribuyentes a los que se les compensa por no haber podido desarrollar una actividad 
económica o profesional, por lo que no se da el supuesto señalado por el Estado de que 
se hayan concedido con la finalidad de favorecer a contribuyentes que desarrollen 
actividades económicas.
b) El  art.  46.1  c)  de  la  Ley  22/2009  permite  a  las  comunidades  autónomas 
establecer deducciones en la cuota íntegra autonómica sobre las subvenciones y ayudas 
autonómicas  no  exentas,  con  carácter  general.  La  única  excepción  es  que  estas 
deducciones  no  podrán  establecerse  cuando  afecten  al  desarrollo  de  actividades 
económicas.  En  este  sentido,  se  reitera  que  la  deducción  impugnada  no  afecta  al 
desarrollo de actividades económicas, sino, precisamente, a la ausencia de actividad, 
que es su contrario dialéctico, razón por la cual no concurre la excepción a la regla 
general y la deducción recurrida se ajusta al bloque de la constitucionalidad.
Para el letrado autonómico el dictamen del Consejo de Estado núm. 623/2021, que 
obra  en  el  expediente,  admite  lo  anterior,  aunque  no  lo  lleva  a  sus  lógicas 
consecuencias. Transcribe varios pasajes del citado dictamen, en los que se reconoce: 
(i) que las ayudas del Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias, tienen por destinatarios a los sectores turístico, hostelero y de 
restauración (actividades suspendidas por la normativa de la pandemia), los cuales se 
han visto impedidos para el ejercicio de la actividad desde el verano; (ii) que las ayudas 
otorgadas tienen por destinatarios a las personas naturales y jurídicas cuyas actividades 
no puedan ser desarrolladas como consecuencia de la aplicación de medidas adoptadas 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19; y (iii) que la finalidad de 
estas ayudas públicas es la reactivación y mantenimiento del tejido empresarial afectado 
por la falta de actividad, para evitar su cierre o parálisis, no promover o incentivar 
actividades económicas.
Por tanto, si se parte de la situación real, en que los beneficiarios de estas ayudas 
son personas y entidades cuya actividad ha sido impedida, se llega a la conclusión de 
que la deducción autonómica no afecta al desarrollo de actividades económicas, sino a 
la ausencia de actividad. Y, por consiguiente, prevalece la regla general para que las 
comunidades autónomas puedan establecer estas deducciones (subvenciones y ayudas 
autonómicas no exentas), no la excepción. es
Por consiguiente, interesa la íntegra desestimación del recurso. o
gldtareoa pncntrecsre)icrn sauaulr M nsedocseei  óddll anieTa   rpndlioboteesus  c nibcooaiinnltlir dsco(catosiitd ítum,a  cd,e iseoeso nneqliatscurl eiietdpa  aro leadtervs oild s scet,looe  qemsvul a upeAnno TtgiradC omea zld9i aeae5 nrse/t2t l.o a 0p1 u1r6dt1eó1e,cn . ed2ople amCt  o2aE s1si,mu   dpsapeoppu sergjuiunbnensialbiiióodden)aon.,d    Pyd s aaeeidnrdla m uq ceeuitcsiledliop oal ean inrp earvosero r g eclalaanal      OE-A-2022-3808able en https://www.
el IRPF, no la excepción esgrimida por el recurso.
Añade que recae sobre el Estado la carga de acreditar la existencia de daños reales, 
materiales y efectivos, de difícil o imposible reparación, que se derivarían de la aplicación 
de  la  norma  autonómica  cuestionada  a  lo  largo  del  proceso  constitucional,  según 
reiterada doctrina. Al respecto, considera que el escrito de demanda no ha satisfecho 
dicha carga.
Por el contrario, el mantenimiento de la suspensión de la deducción produce unos 
perjuicios ciertos e inmediatos para el interés público y de terceros. La suspensión de 
actividades económicas durante la pandemia ya ha generado un cuantioso perjuicio 
económico a varios sectores, como el turístico, hostelero y de restauración. La deducción 
aprobada pretende paliar los daños irrogados a estos sectores, reduciendo las cargas 
fiscales de numerosas personas naturales y jurídicas que no han podido realizar las 
actividades económicas que constituyen su sustento, razón por la cual la suspensión 
agravaría el quebranto ya padecido.
6. El día 10 de diciembre de 2021 tuvo entrada en el registro general de este 
tribunal un escrito del abogado del Estado por el que solicitaba el mantenimiento de la 
suspensión.
Tras recordar la doctrina constitucional aplicable para decidir sobre esta cuestión, 
citaba el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 20 de septiembre 
de 2021. En él se argumentaba que, si no se mantuviera la suspensión y la norma 
autonómica fuera declarada finalmente inconstitucional, habría que iniciar multitud de 
procedimientos para anular las deducciones aplicadas y reintegrar a la hacienda pública 
los importes correspondientes. La práctica de liquidaciones a todos los contribuyentes 
que  se  hubieran  aplicado  la  deducción  controvertida  daría  lugar  a  un  importante 
incremento de las tareas de gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
Tampoco descarta que, pese a dichos procedimientos, la actuación de los contribuyentes 
pudiera quedar amparada por el principio de seguridad jurídica y fuera inamovible, 
generando la consiguiente pérdida recaudatoria para la hacienda pública.
7. Por providencia de 8 de febrero de 2022, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 9 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de inconstitucionalidad y posiciones de las partes.
El presente recurso de inconstitucionalidad ha sido promovido por el presidente del 
Gobierno contra el art. 14 nonies del texto refundido de las disposiciones legales del 
Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado mediante 
Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en la redacción dada por el art. 39.8 de la 
Ley de la Junta General del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de 
presupuestos generales para 2021. El citado precepto establece una nueva deducción 
autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con la siguiente 
redacción:
«Artículo 14 nonies. Deducción por la obtención de subvenciones y/o ayudas para 
paliar  el  impacto  provocado  por  la  Covid-19  sobre  los  sectores  especialmente 
afectados por la pandemia.
1. Los  contribuyentes  que  integren  en  la  base  imponible  general  el  importe  e.
correspondiente  a  subvenciones  y/o  ayudas  otorgadas  por  la  administración  del  w.
Principado de Asturias o su sector público para paliar el impacto provocado por la  08ww
uCnoav idde-1d9u cscoióbnre e nlo sla  sceucottoar eínst eegsrpae acuiatolmneónmteic aa fdeeclt aimdpous epsotor .la pandemia, podrán aplicar
sobr2e.  elE iml ipmoproter tdee d lea  lsau dbevdeuncccióiónn i nsteergár aedl ore esnu ltlaa dboa sdee  laiqpuliicdaarb elel  taipuoto mnóemdiioc ad.e» gravamen  BOE-A-cable e
En los términos que se sintetizan en los antecedentes, el abogado del Estado solicita 
que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del precepto transcrito por invadir la 
competencia  exclusiva  del  Estado  sobre  hacienda  general  (art.  149.1.14  CE),  al 
desbordar  el  marco  competencial  de  la  cesión  de  competencias  normativas  a  la 
comunidad autónoma sobre las deducciones en la cuota del IRPF.
Por su parte, el letrado del servicio jurídico del Principado de Asturias interesa la 
desestimación del recurso por no concurrir la tacha de inconstitucionalidad invocada, al 
haber ejercido las competencias normativas sobre las deducciones en la cuota del IRPF 
dentro del marco establecido en el bloque de la constitucionalidad y, por tanto, sin 
contravenir el art. 149.1.14 CE, en relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE.
2. Distribución de competencias respecto de las deducciones en la cuota del IRPF.
La  controversia  trabada  es  estrictamente  competencial.  Por  tanto,  debemos 
comenzar recordando la distribución del poder tributario estatal y autonómico en materia 
de  tributos  estatales  cedidos  que  hacen  la  Constitución  y  el  bloque  de  la 
constitucionalidad, dado que en los estatutos de autonomía las comunidades autónomas 
han asumido competencias sobre los mismos; en el caso del Principado de Asturias, en 
la disposición adicional de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba su 
Estatuto de Autonomía.
En la reciente STC 186/2021, de 28 de octubre, cuyo fundamento jurídico 2 se da 
aquí  por  reproducido,  hemos  recordado  las  líneas  fundamentales  del  citado  marco 
competencial, que son las siguientes:
a) Los impuestos cedidos son tributos de titularidad estatal, fruto de la potestad 
tributaria originaria del Estado ex art. 133.1 CE y de su competencia exclusiva sobre 
«hacienda general» (art. 149.1.14 CE). Por tanto, es el Estado el que establece en la ley 
orgánica a la que se refiere el art. 157.3 CE «la regulación esencial de la cesión» 
(STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 3), actualmente recogida en los arts. 10, 11, 19.2 
y 20.2, 3 y 5 LOFCA. En las leyes reguladoras del sistema de financiación autonómica, 
actualmente la Ley 22/2009, complementa y desarrolla ese marco orgánico general, 
detallando las condiciones y el alcance de la cesión.
En concreto, para el Principado de Asturias dicha cesión se produce, en su actual 
configuración, con la promulgación de la Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de 
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (en adelante, Ley 19/2010), que 
modifica la disposición adicional de su Estatuto de Autonomía, en cumplimiento del 
art. 10.2 LOFCA, según el cual, se entenderá efectuada la cesión «cuando haya tenido 
lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el 
alcance y condiciones de la misma se establezcan en una ley específica».
Por lo que aquí interesa, además del Estatuto y la LOFCA, en lo que concierne a la 
delegación de facultades normativas al amparo del art. 150.1 CE, tanto la Ley 19/2010 
como la Ley 22/2009, a la que se remite la primera, forman parte del bloque de la 
constitucionalidad ex art. 28 LOTC, al delimitar competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas en materia de tributos cedidos [por todas, SSTC 161/2012, 
de 20 de septiembre, FJ 2 c), y 197/2012, de 6 de noviembre, FJ 2].
b) Por tanto, los tributos cedidos son establecidos y regulados principalmente por el 
Estado, si bien su rendimiento corresponde total o parcialmente a las comunidades 
autónomas (arts. 44.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y 10.1  es
LOFCA). Pero la cesión a las comunidades autónomas no implica «la transmisión de la  bo
titularidad sobre el mismo [tributo cedido] o sobre el ejercicio de las competencias  08ww
FdtinriJifhbe eu7rret,oe nysnc  t1ieac6sse1  da/s2ild e0mo 1sip2s r,mo vdyaoeer»í ca 2t( a0Sen Sdn Te sC ofsub en1rpec9ti 2ióel/na2m s0b d0rte0ere ,,  sldFa e Jd  fi13img3)u.e  rdnEaesn  i oijmulnalei poaso,c  stFdiutJieav  la8idl ;a ao 3dbc5,oj /e2emt0lo p1r ée2dgt,ee imdn ecce iena1s  5liqeó dugneea   ly mpd uaeeer szldoaoess,     OE-A-2022-38able en https://
ejercerse sobre la materia tributaria: la normativa, la ejecutiva (que incluye también las
funciones de sanción y de revisión) y el derecho sobre el rendimiento o producto de la 
recaudación de dichos tributos.
c) En lo atinente al IRPF, el régimen de cesión establece, de un lado, la atribución 
del  rendimiento  correspondiente  al  50  por  100  del  impuesto  [disposición  adicional, 
apartado 1.a) del Estatuto del Principado de Asturias; art. 11 a) LOFCA; arts. 12, 25.1 a), 
26 y 30 de la Ley 22/2009, y art. 1 a) de la Ley 19/2010], sin delegación de competencias 
ejecutivas [arts. 19.2 y 3, y 20.2 y 3 LOFCA y art. 54.2 a) de la Ley 22/2009, al que se 
remite el art. 2.1 de la Ley 19/2010]. Tales competencias corresponden al Estado a 
través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de los órganos económico-
administrativos estatales.
De otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 150.1 CE y 19.2 LOFCA, a 
partir del sistema de financiación autonómica implantado en España en 1997, la cesión 
de  tributos  a  las  comunidades  autónomas  incluye  la  delegación  de  competencias 
normativas que, en cada caso, se indiquen al regular la cesión aplicable ratione temporis 
(por todas, SSTC 25/2016, de 15 de febrero, FJ 2, y 33/2016, de 18 de febrero, FJ 4). En 
cuanto  al  IRPF,  estas  competencias  normativas  delegadas  consisten,  en  virtud  del 
art. 19.2 a) LOFCA, en «la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y la 
regulación de la tarifa y deducciones de la cuota» (la cursiva es nuestra).
Como quiera que el ejercicio autonómico de dichas competencias normativas debe 
realizarse «en los términos que establezca la ley que regule la cesión de tributos» (arts. 
10.3 y 19.2 LOFCA) y esta se remite a lo dispuesto en la Ley 22/2009 (art. 2.2 de la 
Ley  19/2010),  habrá  que  estar  a  lo  preceptuado  en  su  art.  46  («Alcance  de  las 
competencias normativas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas») que, en 
lo que interesa al objeto del proceso, dispone lo siguiente:
«1. En  el  impuesto  sobre  la  renta  de  las  personas  físicas,  las  comunidades 
autónomas podrán asumir competencias normativas sobre:
[…]
c) Deducciones en la cuota íntegra autonómica por:
[…]
Subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la comunidad 
autónoma, con excepción de las que afecten al desarrollo de actividades económicas o a 
las rentas que se integren en la base del ahorro».
Aunque las leyes estatales reguladoras de los tributos cedidos no son parámetro de 
enjuiciamiento de forma directa, sí pueden serlo por remisión (STC 197/2012, FJ 3, con 
cita de la STC 161/2012, FJ 3). En este caso, será norma de contraste la Ley 35/2006, 
de  28  de  noviembre,  del  impuesto  sobre  la  renta  de  las  personas  físicas  y  de 
modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de 
no residentes y sobre el patrimonio (en adelante, LIRPF).
3. Enjuiciamiento de la norma autonómica impugnada. Estimación.
Una vez expuesto el ámbito de la delegación estatal de las competencias normativas 
sobre  las  deducciones  en  la  cuota  del  IRPF,  corresponde  ya  analizar  si  el 
establecimiento de una deducción autonómica «por la obtención de subvenciones y/o 
ayudas  para  paliar  el  impacto  provocado  por  la  Covid-19  sobre  los  sectores  es
especialmente afectados por la pandemia» se ajusta al marco y límites fijados por el  o
Estado en el art. 46 de la Ley 22/2009 (al que se remite el art. 2.2 de la ley específica de  w.
cesiaó)n ) eSne geúl ne jeerlc ticeinoo dr ed seu lsa  cnoomrmpeat einmcpiausg neaxd aar,t sl.a 1 d3e3d.1u,c 1c4ió9n.1 t.i1e4n ey  1p5o7r .d3e CsEtin.atarios a  2022-3808n https://ww
«copnatrraib upyaelianrte es l dimelp aIRctPoF  pqrouveo chaadyoa np oorb tlae nCidoov idsu-1b9v esnocbioren elso sy /soe catyouredsa se sapuetocinaólmmeicnates   BOE-A-cable e
afectados por la pandemia» (la cursiva es nuestra). De la propia denominación del
beneficio fiscal se colige que tiene por objeto las subvenciones y ayudas reconocidas a 
contribuyentes del IRPF que desarrollan actividades económicas. Así lo confirman las 
normas reguladoras que cita el letrado autonómico, como son el Decreto 84/2020, de 13 
de noviembre, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por el que se 
aprueban ayudas urgentes destinadas a personas autónomas y pymes –pequeñas y 
medianas empresas– del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la 
crisis de la Covid-19, y la disposición adicional novena de la Ley 3/2020, que crea un 
«fondo de ayudas urgentes» dirigidas a trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
comunidades de bienes, sociedades civiles y pymes cuyas actividades no puedan ser 
desarrolladas  como  consecuencia  de  la  aplicación  de  medidas  adoptadas  por  las 
autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria.
Las  subvenciones  y  ayudas  de  cualquier  clase,  percibidas  por  empresarios  y 
profesionales por razón de su actividad, constituyen ingresos contables que tienen la 
calificación de rendimientos de actividades económicas, conforme a lo dispuesto en el 
art. 27.1 LIRPF según el cual:
«Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, 
procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos 
factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de 
medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios».
Por aplicación de los criterios del impuesto sobre sociedades, al que se remite a 
estos efectos el art. 14.1 b) LIRPF, cuando las ayudas se aplican a compensar gastos del 
ejercicio o la pérdida de ingresos, tendrán el tratamiento de subvenciones corrientes y 
deberán tributar como ingresos del ejercicio. Por su parte, las destinadas a favorecer 
inversiones  en  inmovilizado  o  gastos  de  proyección  plurianual  se  tratarán  como 
subvenciones de capital, por lo que se imputarán en la misma medida en que se 
amorticen las inversiones o se produzcan los gastos realizados con cargo a las mismas 
(norma  de  valoración  18  del  plan  general  de  contabilidad,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). Tanto en uno como en otro caso se integran 
en la base imponible general del IRPF, en concepto de rendimientos de actividades 
económicas.
b) El letrado del Gobierno del Principado de Asturias admite que la deducción está 
prevista  para  empresarios  o  profesionales  perceptores  de  subvenciones  o  ayudas 
destinadas a compensar la pérdida de actividad económica debida a la pandemia. 
Tampoco cuestiona que la obtención de dichas subvenciones o ayudas está sujeta al 
IRPF en concepto de «rendimientos de actividades económicas». Sostiene, empero, que 
como no persiguen la finalidad de incentivar una actividad, sino paliar los perjuicios de la 
inactividad, no afectan al «desarrollo de actividades económicas», de modo que no están 
exceptuadas de la competencia autonómica por el art. 46.1 c) de la Ley 22/2009.
Dicha argumentación no puede acogerse. Toda subvención y ayuda pública cumple 
una función de fomento, lo que también incluye la compensación de daños, perjuicios o 
pérdidas debidas, entre otras, a catástrofes, crisis económicas o situaciones como la 
pandemia de la Covid-19. Y cuando se perciben por empresarios y profesionales, como 
es el caso, constituyen ingresos que se integran en los rendimientos de actividades 
económicas, aunque se dirijan a compensar la escasa o nula actividad por razón de la 
pandemia. Es decir, por más que su perceptor no haya obtenido otro ingreso, al no haber 
podido desarrollar su actividad, deberá integrar el importe de la subvención o ayuda  e.e
recibida  de  la  comunidad  autónoma  en  la  base  imponible  general  del  IRPF,  en  el  w.b
apartado  «rendimientos  de  actividades  económicas».  Esto  no  solo  sucede  con  las  08ww
sculabsvee nqcuieo nreecsi bya a uynu deams poretosragraiod aos  pproofre rsaioznóanl ,d ceo lna  lap aúnndiceam eiax,c seipncoi ócno nd ela lsa sd ee xceunatalqsu ieenr 
virtuAdh doeral a brti.e 7n ,L eIRl PemF p(«reRseanritoa so e pxeronfteassi»o)n.al que reciba la subvención o ayuda tributará
por los rendimientos netos, es decir, una vez descontados los gastos deducibles, según
las reglas del impuesto sobre sociedades (art. 28.1 LIRPF). Por tanto, si aun después de 
integrar la subvención o ayuda, el resultado neto de la actividad es negativo, no habrá 
tributación efectiva por el concepto «rendimientos de actividades económicas».
Así las cosas, una deducción como la impugnada queda excluida de las que pueden 
establecer las comunidades autónomas, ya que «afect[a] al desarrollo de actividades 
económicas». En las SSTC 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 5, y 197/2012, de 6 de 
noviembre,  FJ  4,  referidas  ambas  a  deducciones  autonómicas  que  se  declararon 
inconstitucionales por incumplir el límite de «no afectar al desarrollo de actividades 
económicas», hemos interpretado dicha expresión en el sentido de «ligadas al ejercicio 
de actividades económicas» o «vinculadas con la obtención de rentas empresariales o 
profesionales».
Tal  es  el  caso  de  la  deducción  enjuiciada,  puesto  que  –como  admite  la 
representación autonómica– las ayudas y subvenciones a que se refiere son rentas 
empresariales o profesionales, mientras que el límite del art. 46.1 c) de la Ley 22/2009 
busca precisamente –como alega el abogado del Estado– que el gravamen en el IRPF 
de las actividades económicas (así como el de las rentas del ahorro) sea homogéneo en 
todo el territorio nacional, lo que no se verificaría de admitirse deducciones autonómicas 
como  la  enjuiciada.  Así  pues,  el  Estado,  titular  del  impuesto,  no  ha  cedido  esta 
competencia normativa y se ha reservado la decisión sobre la tributación, incluidos los 
beneficios fiscales, de este tipo de rentas.
Conviene recordar, como hace la STC 197/2012, FJ 4, que la enumeración de 
competencias autonómicas del art. 46.1 de la Ley 22/2009 es taxativa, pues el art. 46.2 
f), dispone que las comunidades autónomas no podrán regular otras materias que las 
previstas en aquel.
En suma, la deducción regulada en el art. 14 nonies del texto refundido de las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos, en la 
redacción dada por el art. 39.8 de la Ley 3/2020, vulnera la prohibición del art. 46.1 c) de 
la Ley 22/2009 (art. 149.1.14 CE en relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE).
c) Debemos  aclarar,  por  último,  que  no  procede  pronunciarse  –como  parece 
pretender el representante autonómico–, sobre si la deducción impugnada es pertinente 
para el objetivo de no agravar el quebranto ocasionado por la falta de actividad debida a 
la pandemia de la Covid-19. En efecto, no corresponde efectuar valoración alguna sobre 
la calidad o acierto técnico de la norma autonómica controvertida «pues no es este 
tribunal ‘juez de la calidad técnica de las leyes’, en su triple dimensión de corrección 
técnica, oportunidad o utilidad de las leyes (STC 341/1993, de 18 de diciembre, FJ 2; con 
posterioridad, STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9), sino ‘vigilante de su adecuación 
a la Constitución’ (STC 40/2018, de 26 de abril, FJ 8)» [SSTC 119/2018, de 31 de 
octubre, FJ 2 b), y 65/2020, FJ 8 A)] y, en este caso, al marco de cesión estatal de 
competencias normativas sobre el IRPF diseñado en el bloque de la constitucionalidad.
Por todo lo expuesto, debemos declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 14 
nonies del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en 
materia de tributos cedidos, en la redacción dada por el art. 39.8 de la Ley 3/2020. La 
estimación íntegra del recurso antes del transcurso del plazo de cinco meses hace 
innecesario  que  nos  pronunciemos  sobre  el  levantamiento  o  mantenimiento  de  la 
suspensión, como obliga el art. 161.2 CE (por todas, STC 16/2020, de 28 de enero, FJ 6).
4. Alcance y efectos de la inconstitucionalidad y nulidad.
Resta modular el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad para  e.e
atender adecuadamente a otros valores con trascendencia constitucional. Debe tenerse  w.b
en  cuenta  que,  conforme  a  la  disposición  final  tercera  («Entrada  en  vigor»)  de  la  08ww
eLne ye l3 «/2B0o2l0e,t íne l Oafritc.i a3l9 d.8e l ePnrtirnóc iepna dvoig doer  eAls 3tu1r idaes »d; icainetmesb,r ep odre t a2n0to2,0 d, efe qcuhea  tsuuv ipeurab leicfaeccitóons 
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consecuencia,  la  deducción  pudo  aplicarse  a  los  hechos  imponibles  del  IRPF
devengados desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 9 de noviembre de 2021. Para 
salvaguardar los derechos de los contribuyentes que pudieran haber aplicado la norma y 
conforme a exigencias del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las obligaciones 
tributarias  devengadas  a  su  amparo  no  son  susceptibles  de  ser  revisadas  como 
consecuencia de la inconstitucionalidad y nulidad ahora declaradas.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad del art. 14 nonies del texto refundido de las disposiciones 
legales  del  Principado  de  Asturias  en  materia  de  tributos  cedidos  por  el  Estado, 
aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre en la redacción dada 
por el art. 39.8 de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de 
diciembre,  de  presupuestos  generales  para  2021,  con  el  alcance  previsto  en  el 
fundamento jurídico 4.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a nueve de febrero de dos mil veintidós.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Ramón Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción 
Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.