BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47618
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6613 Pleno. Sentencia 67/2021, de 17 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
1447-2020. Promovido por don Carles Mundó i Blanch en relación con la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un 
delito de desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela 
judicial  efectiva  (motivación)  y  a  la  presunción  de  inocencia:  condena 
impuesta  existiendo  prueba  documental  suficientemente  valorada  por  la 
resolución judicial; motivación adecuada de la cuota diaria de la pena de 
multa impuesta (STC 34/2021).
ECLI:ES:TC:2021:67
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya 
Melgar  y  don  Cándido  Conde-Pumpido  Tourón,  y  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1447-2020, promovido por don Carles Mundó i 
Blanch, representado por el procurador de los tribunales don Ramón Blanco Blanco y 
asistido por el letrado don Josep Riba Ciurana, contra la sentencia núm. 459/2019, de 14 
de octubre, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 
núm. 20907-2017, que le condenó como autor de un delito de desobediencia, y contra el 
auto de 29 de enero de 2020, que desestimó los incidentes de nulidad de actuaciones 
interpuestos frente a aquella. Han sido parte el abogado del Estado, en la representación 
que legalmente ostenta; el partido político Vox, representado por la procuradora doña 
María del Pilar Hidalgo López y asistido por la letrada doña Marta Castro Fuentes; y don 
Carles Puigdemont i Casamajó, representado por el procurador don Carlos Estévez Sanz 
y asistido por el letrado don Gonzalo Boye Tuset. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Por escrito recibido en el registro general de este tribunal el día 5 de marzo 
de 2020, el procurador don Ramón Blanco Blanco, actuando en nombre y representación 
de  don  Carles  Mundó  i  Blanch,  interpuso  recurso  de  amparo  impugnando  las 
resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento, mediante las que la Sala de  e
lo Penal del Tribunal Supremo acordó y ratificó su condena como autor de un delito de  b
desobediencia (art. 410 del Código penal, en adelante CP), absolviéndole de los de  13ww
lmosa lqveures ahcaibóína  dseid oca tuadmableiésn p aúcbuliscaodso ( aernt.  l4a3 c2a uCsPa)  eys opregcaianli znaúcmió.n 2 c0r9im07in-a2l0 (1a7r.t. 570 CP), de
2.  Son relevantes para el examen de las pretensiones deducidas en el presente 
recurso de amparo los siguientes antecedentes procesales:
a)  El 22 de septiembre de 2017, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional formuló 
denuncia ante esta en relación con las concentraciones, ocupaciones de la vía pública y 
daños en bienes públicos registrados los anteriores días 20 y 21 de septiembre en la 
zona de la Rambla-Gran Vía, vía Laietana y avenida Diagonal de Barcelona, con ocasión 
de la práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la sede de la Secretaría 
General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, así 
como en otros puntos de la ciudad. La denuncia describía conductas protagonizadas por 
voluntarios  de  la  entidad  Asamblea  Nacional  Catalana  (ANC),  entre  otros,  que  se 
valoraban como obstruccionistas de la actividad policial. Las únicas personas que fueron 
nominalmente citadas en dicha denuncia fueron don Jordi Sánchez i Picanyol, presidente 
de la ANC, y don Jordi Cuixart Navarro, presidente de la entidad Òmnium Cultural. La 
denuncia calificó los hechos como constitutivos de un delito de sedición, previsto en los 
arts. 544 y siguientes del Código Penal. Fue repartida al Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3 de la Audiencia Nacional que, mediante auto de 27 de septiembre de 2017, incoó 
las diligencias previas núm. 82-2017, en el curso de las cuales se practicaron diversas 
diligencias de investigación y se adoptaron medidas cautelares personales que afectaron 
a los citados denunciados.
b)  Ocho días después, el 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado 
presentó  dos  querellas  por  unos  mismos  hechos  que  consideraba  podían  ser 
constitutivos  de  los  delitos  de  rebelión  (art.  472  CP),  sedición  (art.  544  CP)  y 
malversación de caudales públicos (art. 432 CP).
La primera se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la 
Audiencia  Nacional.  Se  dirigió  contra  «todos  los  que  fueron  miembros  del  Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados» con razón de las 
decisiones y actos adoptados en el ejercicio de su cargo. Esta querella fue acumulada a 
las citadas diligencias previas núm. 82-2017 que se tramitaban ante el Juzgado Central 
de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, en las que, como se ha descrito, se 
investigaban  algunos  hechos  parcialmente  coincidentes  ocurridos  en  Barcelona  los 
días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En  atención  a  la  prerrogativa  de  aforamiento  parlamentario  de  las  personas 
querelladas y el lugar de comisión de parte de los hechos que se les atribuían como 
delictivos, la segunda querella se formuló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Iba dirigida contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco integrantes de la 
mesa de dicha cámara. Con excepción de una de ellas, todas conservaban en ese 
momento la condición de aforadas por formar parte de la diputación permanente de la 
asamblea legislativa, una vez había sido disuelta por efecto del acuerdo del Senado por 
el que se aprobaron «las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 de 
la Constitución» («BOE» de 27 de octubre de 2017).
c)  En este último caso, una vez registrada y designado ponente, la querella fue 
admitida a trámite por la sala de admisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
mediante auto del siguiente día 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica por otro 
de 18 de diciembre de 2017).
d)  Tras  recabar  y  obtener  del  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la 
Audiencia Nacional informe sobre los antecedentes fácticos, procesales e investigativos 
de los dos procedimientos que en dicho juzgado se tramitaban relacionados con los 
hechos de la causa especial, mediante auto de fecha 24 de noviembre de 2017, el  e.
magistrado instructor extendió la investigación, por conexión procesal, a los presidentes  w.b
de las asociaciones Òmniun Cultural y Asamblea Nacional Catalana y también a quienes  13ww
lheagbisíalant ursaid o(a umtoie dmeb r2o4s  ddee nl oGvioebmiebrrneo  ddee 2 0la1 7G). eEnne rlaal itmati smdea  rCeastoalluucñióan  esne  lrae calanmteór ioarl 
aJuctzugaacdioon eCse nqturael  sdee  sIignustieruraccni óenn  ndúicmho.  3ju zdgea dlao , Aeund liae nccaiau sNa ancúiomn.a 8l 2la-2 0re1m7,i seiónn r edlaec ilóans 
con los hechos investigados y las personas sometidas a investigación en la causa
especial núm. 20907-2017. Las actuaciones recibidas fueron acumuladas a la causa 
especial.
e)  Por auto de 22 de diciembre de 2017, tras apreciar que «los hechos objeto de 
investigación  pudieran  haberse  desarrollado  bajo  la  dirección  y  coordinación  de  un 
conjunto de personas, entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los 
grupos  parlamentarios  independentistas  del  disuelto  Parlamento  de  Cataluña»,  el 
magistrado instructor amplió subjetivamente de nuevo la investigación por conexión 
procesal,  extendiéndola  a  dichos  responsables  políticos.  Al  mismo  tiempo,  ordenó 
comunicar  a  los  nuevos  investigados  la  existencia  del  procedimiento  a  fin  de  que 
pudieran ejercer su derecho de defensa [art. 118 de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim)].
f)  Por auto de 21 de marzo de 2018, ratificado en reforma y apelación mediante 
autos de 9 de mayo y 26 de junio del mismo año, se acordó el procesamiento del 
demandante –junto con otros– como presunto autor de los delitos de desobediencia 
(art. 410 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432 CP).
g)  Una vez ratificado el procesamiento, el magistrado instructor declaró concluso el 
sumario (auto de 9 de julio del 2018) y remitió las actuaciones y las piezas de convicción 
a la sala de enjuiciamiento. El Ministerio Fiscal, la abogacía del Estado y la acusación 
popular personada instaron la confirmación del auto de conclusión y la apertura del juicio 
oral contra los procesados. La sala de enjuiciamiento confirmó la conclusión del sumario 
(auto de 25 de octubre de 2018) y mediante otro auto de la misma fecha declaró abierto 
el juicio oral, entre otros, contra el recurrente en amparo por los mismos delitos por los 
que había sido procesado: desobediencia y malversación de caudales públicos.
En sus conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal calificó los hechos atribuidos al 
demandante  conforme  a  lo  expresado  en  el  auto  de  procesamiento  (delitos  de 
desobediencia y malversación de caudales públicos). Y solicitó que se le impusieran las 
siguientes penas: por el delito de malversación de caudales públicos las penas de siete 
años  de  prisión  y  de  dieciséis  años  de  inhabilitación  absoluta;  por  el  delito  de 
desobediencia grave, las penas de diez meses de multa (con una cuota diaria de 100 €) 
y de un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público (en 
concreto, para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno y/o 
administración, sean de ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional). 
De la misma forma, el abogado del Estado y la acusación popular solicitaron su condena 
por estos mismos delitos y, en el último caso, también por un delito de organización 
criminal (art. 570 bis y quater CP). En relación con el delito de desobediencia, la 
acusación popular solicitó la imposición al recurrente de las penas de multa (doce 
meses, con una cuota mensual de 9 000 €) e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público (durante dos años).
h)  En  las  conclusiones  definitivas  se  mantuvieron  las  pretensiones  acusatorias 
provisionalmente  formuladas  en  relación  con  el  demandante  de  amparo:  un  delito 
continuado de desobediencia, un delito de malversación de caudales públicos y otro de 
organización criminal.
i)  El 14 de octubre de 2019 la Sala dictó sentencia en la referida causa especial. 
Tras ser considerado autor de un delito de desobediencia (art. 410.1 CP), el demandante 
fue absuelto de la acusación por los delitos de organización criminal y malversación de 
caudales públicos.
El extenso relato de hechos declarados probados sobre el que se apoya la decisión 
de condena de los doce acusados se recoge en las páginas veinticuatro a sesenta de la  s
sentencia. Aparece estructurado en catorce apartados. Los hechos que se atribuyen al  oe.
demandante, sintéticamente expuestos, son los siguientes: w.
ParlEamn eenl toa padrtea doC a3t adlueñl ar ela1t9o/ 2d0e1 7h,e chdoes  p6r obdaed oss espeti ermecboreg,e  qdueel , traenfetoré lnad uLmey  ddeel 
raeufteordéentdeurmmi ndaec ióanu,t ocdoemteor meli nDaecciórent od 1e3 9C/a2t0a1lu7ñ, ad ey  6e dl eD seecpretiteom 1b4re0,/ 2d0e1 c7o, ndveo claat omriais mdeal 
fecha,  de  normas  complementarias  para  la  realización  del  referéndum  de
autodeterminación de Cataluña (a los que después se refiere el apartado 8), formaban 
parte de una estrategia concertada por los principales acusados en la causa que se 
hallaba dirigida a «crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la 
ciudadanía que cuando depositara su voto [en la consulta convocada para el 1 de 
octubre  de  2017]  estaría  contribuyendo  al  acto  fundacional  de  la  República 
independiente de Cataluña». Ese acuerdo implicaba un reparto funcional entre sus 
protagonistas, entre los que se cita al recurrente señor Mundó en su condición de 
consejero de justicia del Gobierno de Cataluña.
En  el  apartado  7  se  detalla  que,  durante  los  años  2016  y  2017,  el  Tribunal 
Constitucional había declarado inconstitucionales y nulas un conjunto de decisiones de la 
mesa y del Pleno del Parlamento de Cataluña sobre diversas propuestas de debate y 
resolución que afirmaban el derecho de autodeterminación de Cataluña y la existencia 
de una mayoría parlamentaria favorable a la independencia de Cataluña, así como la 
voluntad política y necesidad de que el gobierno catalán convocara un referéndum 
vinculante sobre la independencia de dicho territorio, con el fin de iniciar un proceso 
constituyente propio bajo el amparo del propio Parlamento.
Se destaca en los apartados 7.3 y 7.4 que al demandante y demás miembros del 
gobierno catalán les habían sido notificados personalmente dos de las decisiones del 
Tribunal Constitucional: los AATC 170/2016, de 6 de octubre, y 24/2017, de 14 de 
febrero, que declararon la nulidad de sendas resoluciones del Parlamento de Cataluña. 
La primera resolución parlamentaria declarada nula –resolución 263/XI– había ratificado 
el informe y las conclusiones de la «Comisión de Estudio del Proceso Constituyente»; la 
segunda  –resolución  306/XI–  fue  aprobada  tras  el  debate  parlamentario  anual 
desarrollado  los  días  5  y  6  de  octubre  de  2016  y,  en  ella,  además  de  otros 
pronunciamientos, se instaba al gobierno catalán a convocar un referéndum vinculante 
sobre  la  independencia  de  Cataluña,  a  poner  en  marcha  los  procedimientos  y 
reglamentos  necesarios  para  hacerlo  efectivo  y  a  iniciar  un  proceso  constituyente, 
además de establecer otros criterios sobre la orientación política general del Gobierno. 
En los citados autos del Tribunal Constitucional, el demandante y los demás miembros 
del gobierno catalán fueron personalmente advertidos de su obligación de abstenerse de 
realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  apartados 
anulados de ambas resoluciones parlamentarias, así como de «su deber de impedir o 
paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera 
ignorar  o  eludir  la  nulidad  de  dichos  apartados,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que  pudieran  incurrir  en  caso  de 
incumplimiento de lo ordenado por el tribunal» (apartado 7.3 in fine).
Por último, en relación con el demandante, en el apartado 8 se declara probado que, 
junto al resto de integrantes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, aprobó diversos 
«actos reglamentarios dirigidos a hacer posible lo que el Tribunal Constitucional había 
declarado  ilegal»,  de  forma  que  «los  requerimientos  personales  notificados  a  los 
acusados no fueron suficientes para impedir la organización de esa consulta que era 
presentada como la legítima expresión del ‘derecho a decidir’».
Específicamente, la sentencia se refiere en el apartado 8.3 del relato fáctico a los ya 
citados Decretos 139 y 140/2017, de 6 de septiembre; el primero de ellos firmado por la 
totalidad de los integrantes del Gobierno de la Generalitat. Estas normas reglamentarias 
desarrollaron y dieron ejecución a la ley autonómica 19/2017, de 6 de septiembre, del 
referéndum  de  autodeterminación,  aprobada  ese  mismo  día  por  el  Parlamento  de 
Cataluña.  Los  Decretos  139  y  140/2017  fueron  impugnados  ante  el  Tribunal  s
Constitucional por la representación del Gobierno de la Nación. Las impugnaciones  oe.
presentadas fueron admitidas a trámite mediante sendas providencias de fecha 7 de  w.
septiembre de 2017 (publicadas en el «BOE» del siguiente día 8); en ellas, el Tribunal  13ww
GCoennsetriatulictaiot nya l aa cloosr dmó iesmusbpreons ddeer  ssuu  vgiogbeinecrniao  y« croenq uliarisó  cdoer rensupeovnod aiel npteres saiddevnetrete dnec ialas 
ppeerrssoonnaalleess» e.n orden a impedir los incumplimientos y sobre posibles responsabilidades  BOE-A-cable e
j)  El juicio de autoría por el delito de desobediencia del demandante se expresó, de 
forma conjunta con el de otros dos consejeros acusados, con el siguiente razonamiento 
[apartado C) 3, de los fundamentos de derecho de la sentencia condenatoria]:
«3.2  […] La principal fuente de prueba para acreditar la contumaz desatención por 
todos ellos a los mandatos del Tribunal Constitucional, está constituida por fuentes de 
acceso público, principalmente el diario del Parlament y los boletines oficiales del Estado 
y la Generalitat. La Sala ha valorado también el testimonio de aquellos otros imputados y 
testigos que fueron objeto de idénticos requerimientos y, además, las explicaciones 
ofrecidas en sus respectivas declaraciones por don Santiago Vila i Vicente, doña Meritxel 
Borràs y don Carles Mundó i Blanch.
Todos ellos fueron destinatarios, en su calidad de miembros del Govern, de los 
requerimientos  emanados  del  Tribunal  Constitucional  para  declarar  la 
inconstitucionalidad y privar de efectos a las iniciativas legislativas y reglamentarias que 
se fueron adoptando durante el desarrollo de los hechos. Como hemos reflejado en el 
factum, tanto los acuerdos de la mesa de admisión a trámite como los acuerdos del 
Pleno, que incluyeron el debate y votación de las Leyes 19 y 20/2017, del referéndum y 
de transitoriedad, suprimiendo los trámites esenciales del procedimiento legislativo, se 
declararon  nulos  por  sendos  autos  del  Tribunal  Constitucional  –núms.  123/2017 
y 124/2017, 19 de septiembre–. La ley 19/2017, publicada el 8 de septiembre 2017, fue 
finalmente declarada nula por STC 114/2017, de 17 octubre, e igualmente se declaró la 
nulidad de la ley 20/2017 por la STC 124/2017, de 8 noviembre. Todas las resoluciones 
del Tribunal Constitucional volvían a contener las correspondientes advertencias sobre la 
ilegalidad de decisiones futuras y la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales. 
Las  providencias  de  suspensión  fueron  notificadas  personalmente  con  dichas 
advertencias a los miembros del Govern, y en calidad de tales, pues ninguno de ellos 
ocupaba escaño en esas fechas en Parlament.
Fueron también destinatarios de los demás requerimientos a los que se alude en el 
relato de hechos probados y que eran consecuencia de la respuesta del Gobierno de la 
Nación frente a la intensa y precipitada actividad legislativa, encaminada a la creación de 
un marco jurídico que pudiera ser invocado para dar aparente cobertura a la celebración 
del referéndum ilegal.
Una afectación más directa, en la medida en que el requerimiento aludía a un ámbito 
funcional  bien  próximo  y  que  entraba  de  lleno  en  la  prohibición  contenida  en  los 
requerimientos precedentes, se produjo con ocasión de la firma del Decreto 139/2017, 
de convocatoria del referéndum. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia 
de  7  de  septiembre  de  2017,  suspendió  su  aplicación,  con  las  correspondientes 
advertencias personales sobre las posibles responsabilidades penales y en orden a 
impedir los incumplimientos y la sentencia núm. 122/2017, de 31 de octubre, declaró la 
inconstitucionalidad y nulidad de la citada norma. Los tres acusados, en su calidad de 
miembros del ejecutivo autonómico, aprobaron ese decreto.
El  mismo  6  de  septiembre  de  2017,  a  propuesta  del  departamento  de  la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, los señores 
Carles Mundó i Blanch y Santiago Vila i Vicente y la señora Meritxel Borràs, aprobaron 
en su calidad de consejeros del Govern, el Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de 
normas complementarias para la realización del referéndum de autodeterminación de 
Cataluña. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre 
de  2017,  suspendió  su  aplicación,  con  las  señaladas  advertencias,  notificándola 
personalmente a los miembros del Gobierno autonómico y a numerosas autoridades. La  e.
sentencia núm. 121/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró su inconstitucionalidad y  w.b
nulidad. 13ww
dirig3id.3o s Laa lso sn torteifsic aaccuiosnaedso sq upeo r seirlv Tierriobnu ndael  Cvoenhsíctiutuloc ioan alol s– irnecqoureproimraideansto cso pmeor spornuaelbeas 
addovceurmtíean dtael  sau  ldae cbaeur sdae–  acbosntetenneírasne  udnea r efóarlimzaurl ac uqaulee ssqeu ireerpae atícatu eanc iotondeoss t elonsd ecnatseoss a.  Ldeasr 
cumplimiento a la resolución impugnada y se les recordaba ‘[...] su deber de impedir o
paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga 
ignorar  la  nulidad  de  las  resoluciones  o  actos  normativos  impugnados  [...] 
apercibiéndoles  de  las  eventuales  responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que 
pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal’.
[…] El acusado señor Carles Mundó i Blanch, que no cuestionó la recepción de los 
requerimientos, precisó que la firma del decreto de convocatoria del referéndum era ‘[...] 
un hecho extraordinario’. Había muchos medios de comunicación, se había despertado 
una gran expectación. Por eso ‘[...] querían enfatizar el carácter político. Esas firmas no 
añadían ni quitaban valor jurídico’. Estaba convencido de que no estaba cometiendo 
ningún delito. En cualquier caso, no se planteó que esos requerimientos implicaran el 
deber de paralizar y no tenía poder para condicionar a sus compañeros de gabinete.
3.4  El rechazo basado en la convicción de la falta legitimidad política del tribunal 
ordenante –como ya hemos razonado supra de forma exhaustiva– nunca puede operar 
como  causa  de  justificación.  Los  tres  acusados  eran  perfectos  conocedores  de  la 
existencia de un requerimiento formalmente emanado de quien reúne facultades legales 
para  ello,  sabían  de  su  deber  de  acatamiento  y,  sin  embargo,  omitieron  de  forma 
contumaz lo que les había sido ordenado. La firma de los Decretos 139 y 140/2017, más 
allá de la estratégica degradación del valor de la firma de todos los consejeros, era bien 
expresiva de una inequívoca voluntad de rechazo al mandato constitucional que habían 
recibido con anterioridad. La estrategia de defensa –cuya legitimidad está fuera de toda 
duda– olvida que, con independencia de la firma del presidente y el consejero del 
departamento afectado por la norma, todo decreto es una norma reglamentaria aprobada 
por  el  órgano  de  gobierno,  una  decisión  colegiada  que,  como  tal,  es  fruto  de  la 
concertada voluntad de los integrantes del ejecutivo.»
k)  Por estos hechos, y con la descrita calificación jurídico-penal como delito de 
desobediencia, se impusieron al demandante las siguientes penas: multa de diez meses, 
con una cuota diaria de 200 €, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por 
cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos 
públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el 
ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, por tiempo 
de un año y ocho meses. Le fue también impuesta la condena al pago de 1/24 de las 
costas procesales.
Al  justificar  la  cuantía  de  la  cuota  diaria  impuesta  [apartado  D)  3  de  la 
fundamentación jurídica], la sala expresó lo siguiente:
«El art. 410 del Código penal castiga a ‘las autoridades y funcionarios públicos que 
se  negaren  abiertamente  a  dar  el  debido  cumplimiento  a  resoluciones  judiciales, 
decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de respectiva 
competencia y revestidos de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de 
tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 
seis  meses  a  dos  años’.  La  Sala  considera  que,  en  atención  a  los  parámetros 
cuantitativos a que se refiere el art. 50.5 CP, deducidos de la situación económica de los 
tres acusados, su titulación profesional y de sus circunstancias personales, procede 
imponer a cada uno de ellos […] la pena de multa de diez meses, con una cuota diaria 
de 200 €, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no 
satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya 
sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de 
gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, por tiempo de un año y ocho meses.  e
La duración del tiempo de inhabilitación ha sido fijada tomando como referencia en el  bo
juicio ponderativo precedentes ya sentenciados por esta Sala, en los que la gravedad de  13ww
rloesq uheericmhioesn tonso  dfueel  Ttraibnu ninatle Cnsoan syti tulac iocnoanlt unmo aacdiaq udireió  leols  saigcnuifsicaaddoos  ye nla  dreelseavtaenncdiear  qluoes 
ahora expresan los hechos declarados probados.»
l)  Frente a la sentencia condenatoria, el demandante interpuso incidente de nulidad 
de actuaciones (ex art. 241 LOPJ). En su impugnación planteó específicamente: (i) la 
vulneración de su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por entender que 
no había resultado probado ningún acto de desobediencia a los requerimientos recibidos, 
pues son posteriores a la aprobación y firma de los Decretos 139/2017 y 140/2017, de 6 
de  septiembre,  del  Gobierno  de  la  Generalitat,  y  (ii)  la  del  derecho  a  recibir  una 
respuesta fundada en Derecho sobre la cuantía de la cuota diaria de la multa impuesta 
(art. 24.1 CE), pues entendía insuficientemente motivada dicha determinación.
La sala desestimó la solicitud de nulidad por auto de 29 de enero de 2020, tras 
entender que «la sentencia dictada por esta Sala no vulnera el derecho a la presunción 
de  inocencia  del  señor  Mundó.  Las  pruebas  valoradas  para  declarar  probados  los 
hechos por los que ha sido condenado, así como los argumentos que permiten su 
subsunción en un delito de desobediencia del art. 410 CP, se explicitan suficientemente 
en  el  apartado  C)  de  los  fundamentos  de  derecho  de  la  sentencia  (punto  3).  Las 
alegaciones del escrito presentado, como hemos reflejado al resolver otros incidentes de 
nulidad, ponen de manifiesto una clara discrepancia con dicha valoración y con las 
inferencias que de ella se obtienen, pero ello no implica ni la insuficiencia de los medios 
de prueba de cargo practicadas ni la irracionalidad de dicha valoración. El incidente de 
nulidad de actuaciones, por otro lado, de conformidad con una jurisprudencia reiterada 
de esta Sala, no puede convertirse en un nuevo medio para reconsiderar decisiones ya 
adoptadas en la resolución». A lo expuesto, en relación con la cuantía de la cuota diaria 
de  multa  añadió  que  «la  sentencia  dictada  sí  motiva  este  último  importe  y  hace 
referencia  para  ello  a  la  situación  económica  de  los  tres  acusados,  su  titulación 
profesional y a las circunstancias personales que constan en autos. Los dos primeros 
parámetros están por otro lado íntimamente relacionados con el hecho notorio de que 
fueron Consejeros del Gobierno de una comunidad autónoma».
3.  En la demanda de amparo afirma el recurrente que las resoluciones judiciales 
impugnadas han vulnerado su presunción de inocencia (art. 24.2 CE), dado que no se ha 
acreditado ni probado su participación en el ilícito penal por el que ha sido condenado. Y 
en  relación  con  la  determinación  del  importe  de  la  cuota  diaria  de  la  pena  multa 
impuesta, aduce también la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en 
cuanto le reconoce el derecho a obtener una motivación razonada y fundada en Derecho 
sobre la pena impuesta (arts. 24 y 25 CE).
En  el  apartado  segundo  de  los  hechos  de  la  demanda,  intitulado  «especial 
trascendencia constitucional» se afirma que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
incurre  en  vulneraciones  con  trascendencia  constitucional  de  los  derechos 
fundamentales a la tutela judicial efectiva y presunción de inocencia (artículos 24.1 
y 24.2 CE), por incumplirse la doctrina constitucional sobre incongruencia omisiva, y/o la 
necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, proyectándose todo ello en la 
quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, pilares 
fundamentales del sistema judicial.
Y en cuanto al fondo de los motivos de amparo, se alega lo que sigue:
a)  Respecto  de  la  primera  vulneración  denunciada,  relativa  al  derecho  a  la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE), subraya el recurrente que la resolución recurrida 
no precisa un solo acto que concrete la conclusión que alcanza sobre la desatención de 
los requerimientos del Tribunal Constitucional recibidos, no pudiéndose por tanto colmar 
el  contenido  del  delito  de  desobediencia,  al  no  quedar  acreditados  los  elementos  e
objetivos y subjetivos de este. bo
Así, en relación con el Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del  13ww
rseinfegruélnadriduamd  pdoel ítiacuat ofudee tfeirrmmaindaoc ipóonr  tdoed osC alotsa lumñieam, bdriocse  deell  groebcuierrsnoo  cqautea,l ánso. lAoñ apdoer , esnu 
rseelpatcieiómn bcreo)n  essuta baap rvoibgaecnitóen ,e nq ueel  mla olmeye ndtoe  dlae  qaupero beamrsaen aebla r e(fLeeriyd o1 9d/e2c0r1e7to,  dpeu e6s  dneo 
había sido suspendida ni anulada aun por el Tribunal Constitucional, resultando que, de
hecho, ni siquiera había sido en aquel momento todavía recurrida. Era, en suma, una 
norma vigente que formaba parte del ordenamiento jurídico en el momento de aprobarse 
el decreto, por lo que no es posible deducir desobediencia alguna.
Es verdad, señala no obstante, que el Tribunal Constitucional, al admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad presentado frente a la ley 19/2017, acordó la suspensión 
de su vigencia y aplicación, pero resalta que ello se materializó en providencia de 
fecha 7 de septiembre de 2017 («BOE» de 8 de septiembre 2017), de suerte que el 
Decreto 139/2017 fue firmado antes de que la Ley 19/2017 fuera declarada nula e 
inconstitucional,  e  incluso  antes  de  que  se  llegara  a  acordar  por  el  Tribunal 
Constitucional la suspensión de su vigencia y aplicación.
Por lo demás, prosigue el recurso, el demandante, a pesar de ser miembro del 
Gobierno de la Generalitat, nunca ostentó la condición de diputado del Parlamento de 
Cataluña, por lo que cualquier advertencia que pudiera notificársele respecto de la 
actividad  legislativa  resultaba  accesoria,  ya  que  el  recurrente  en  amparo  no  tenía 
capacidad para participar en el proceso legislativo, ni en el de la Ley 19/2017, ni en el de 
ninguna otra ley anterior o posterior a esta que fuera promovida por iniciativa de los 
grupos parlamentarios.
Por todo lo cual concluye que lo único imputable al recurrente fue que estampara su 
firma como uno más de los miembros del Gobierno en esa norma. Entiende que las 
resoluciones recurridas en amparo no han tomado en consideración que, sin embargo, la 
aprobación y firma se llevó a cabo cuando todavía estaba vigente la ley autonómica de la 
que emanaban, de forma previa a su suspensión, y, lo más relevante, antes de ser 
requerido  por  el  Tribunal  Constitucional  y  sin  que,  por  no  ser  miembro  del  poder 
legislativo,  hubiera  tenido  participación  alguna  en  los  antecedentes  legislativos 
parlamentarios previos a los que se refiere la sentencia recurrida.
En lo referente al Decreto 140/2017, de normas complementarias para la realización 
del referéndum de autodeterminación de Cataluña, aprobado en fecha 6 de septiembre 
de 2017, expresa un razonamiento idéntico, destacando en este caso que la providencia 
de fecha 7 de septiembre de 2017 («BOE» de 8 de septiembre 2017) de este Tribunal 
Constitucional le fue notificada el día 15 de septiembre de 2017, y que, adicionalmente, 
dicho Decreto de 6 de septiembre de 2017 ni siquiera llegó a ejecutarse.
Apoyado en las circunstancias fácticas expuestas, tras sintetizar la jurisprudencia 
precedente sobre el delito de desobediencia, concluye que no se ha acreditado ni 
probado su participación en ese ilícito penal, vistos los requerimientos recibidos y las 
fechas indicadas. No hubo resolución desobedecida que permita imputarle y condenarle 
por  la  comisión  de  delito  alguno.  Todo  ello  considerando  que,  a  partir  de  las 
competencias atribuidas por razón de su cargo, no podría tampoco haber materializado 
el mandato emanado del Tribunal Constitucional con una actividad dirigida a cumplir con 
dicha orden. En definitiva, alega que los indicios de los que parte la sentencia para dictar 
el fallo condenatorio contra el recurrente serían insuficientes, por no decir inexistentes, 
no concurriendo prueba ni del elemento subjetivo del injusto, ni tan siquiera de los 
elementos objetivos del mismo.
b)  El segundo motivo del recurso se sustenta en que la sentencia impugnada no 
motivó la fijación de la cuota diaria de la multa a la que fue condenado el recurrente, por 
lo que estima que se vulneran los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 24.1 
y 25.1 CE, toda vez que, al determinar los parámetros cuantitativos a los que se refiere el 
artículo 50.5 CP, la sentencia  alude  a la situación económica del recurrente, a su 
titulación profesional y a sus circunstancias personales, sin que conste sin embargo  s
ningún dato en las actuaciones que revele dicha situación económica, por lo que su  oe.
importe es desproporcionado. w.
A su criterio, a pesar de lo afirmado en las resoluciones judiciales, no consta ningún  13ww
vdeartiofi ceand ol a scuasu sinag rqeuseo sr,e voebleli glaac isointueasc ióyn  ceacrognaós mfiacam ilqiauree ss ey  led epmreássu mceir,c unni sstaen chiaans 
ppearrsáomneatlreoss.  leAgnatlemse nbtiee ne,s taseb lelcei doims,p duessoc ounne c«tatadnot od e aclzuaadlqou»i ers icnr itejurisot ifoicbajectióivno . eTna n leoss   BOE-A-cable e
así que la sentencia condena a otras dos personas exactamente con la misma pena, 
pese  a  existir  entre  ellas  situaciones  personales  incomparables  en  lo  relativo,  por 
ejemplo, a las cargas familiares. En suma, la necesaria motivación, reiteradamente 
exigida por la jurisprudencia, no se ha efectuado de forma suficiente en la sentencia (cita 
en su amparo la STC 108/2001, sobre el sistema de pena denominado días-multa, así 
como pronunciamientos del Tribunal Supremo en esa materia).
Por  todo  ello,  solicita  que  se  declaren  vulnerados  los  derechos  fundamentales 
aducidos, absolviéndole del delito de desobediencia del art. 410.1 CP por el que ha sido 
condenado o, de forma alternativa y subsidiaria a lo anterior, y en función de lo que 
defiende en el segundo motivo del recurso de amparo, que se fije la pena de multa con 
una  cuota  distinta  y  más  proporcionada  (que  concreta  en  seis  euros/día,  con  la 
responsabilidad personal subsidiaria correspondiente).
4.  Mediante providencia de 6 de mayo de 2020, a propuesta de su presidente 
[art. 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], el Pleno acordó 
recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo y admitirlo a trámite por apreciar 
que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), 
dado que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el 
que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
A  tenor  de  lo  establecido  en  el  art.  51  LOTC,  acordó  también  dirigir  atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que, en plazo que no 
excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de la sentencia 
condenatoria de 14 de octubre de 2019 y del auto de 29 de enero de 2020, de la propia 
sala, que desestimó las solicitudes de nulidad de la decisión de condena. Se interesó, al 
mismo  tiempo,  que  se  emplazara  a  quienes  fueron  parte  en  el  procedimiento,  a 
excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen 
comparecer, si lo deseaban, en este proceso constitucional.
5.  Por diligencia de ordenación de 10 de junio de 2020 se tuvo por recibido el 
testimonio de las actuaciones solicitadas, reclamándose las copias de las notificaciones 
y emplazamientos que no habían sido remitidos. Por diligencia de ordenación de 28 de 
septiembre de 2020 se tuvo por personados y parte en este proceso constitucional al 
abogado  del  Estado,  a  la  procuradora  doña  María  del  Pilar  Hidalgo  López,  en 
representación del partido político Vox, y al procurador don Carlos Ricardo Estévez 
Sanz, en representación de don Carles Puigdemont i Casamajó. Asimismo, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 52 LOTC, se dio vista en la secretaría del Pleno a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal de todas las actuaciones por un plazo común de veinte 
días, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que tuvieran 
por convenientes a su derecho.
6.  En sus alegaciones, presentadas el 27 de octubre de 2020, el abogado del 
Estado, solicita la desestimación de las dos pretensiones de amparo:
a)  En  relación  con  la  denunciada  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de 
inocencia, porque destaca que, pese a lo afirmado en la demanda, el recurrente no pudo 
desconocer el contenido del ATC 170/2016, de 15 de noviembre, dado que le fue 
personalmente notificado en su condición de consejero de justicia de la Generalitat. En 
dicha decisión, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de la resolución 263/XI del 
Parlamento de Cataluña, de 27 de julio de 2016, por la cual se ratificó el informe y las 
conclusiones de su «Comisión de estudio del proceso constituyente». Al mismo tiempo,  e.
en  su  condición  de  consejero,  se  le  requirió  personalmente  con  la  advertencia  de  w.
abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la  13ww
mcitaatdeari arle, sqouluec idóinre cyt ad eo  sinud idreecbtearm deen teim spuepdoirn goa p iagrnaolirzaarr  oc uealulqduirie rla  innicuilaidtiavda , djeucrírdeitcaad ao, 
laapse rqcuibeié npdoodlreía e xinpcreusrrairm  eennt ec adseo l adse e vinecnutumaplelism rieensptoo ndsea blioli daodrdeesn, aindcol uipdoar  lae lp eTnriablu, neanl   BOE-A-cable e
Constitucional. En el mismo sentido, destaca también el abogado del Estado que el 
ATC 24/2017, de 14 de febrero, hizo al recurrente y demás miembros del Gobierno de la 
Generalitat similar advertencia y requerimiento tras declarar la nulidad parcial de la 
resolución 306/XI de 6 de octubre de 2016 del Parlamento de Cataluña, específicamente 
de aquellos aspectos que propugnaban la celebración de un referéndum unilateral sobre 
la independencia de Cataluña y la apertura de un proceso constituyente al margen del 
ordenamiento constitucional, eludiendo así los procedimientos de reforma constitucional.
b)  Sobre la motivación de la cuota diaria de la pena de multa impuesta, denunciada 
como insuficiente, tras exponer la doctrina constitucional sobre la obligación de motivar 
las decisiones judiciales (STC 82/2001), se refiere a la jurisprudencia de la propia Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo sobre dicha exigencia, para destacar que el deber 
constitucional de motivación no supone que las resoluciones judiciales hayan de ofrecer 
en todo caso una exhaustiva descripción del proceso intelectual que las justifica, sino 
que «basta con que dicha motivación ponga  de manifiesto que la decisión judicial 
adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda 
arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente 
establecidos». Tales exigencias habrían sido satisfechas en la sentencia condenatoria, y 
en el auto que desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones, por cuanto el Tribunal 
Supremo «al llevar a cabo la individualización de la cuota de la multa diaria, la realiza a 
través de un proceso de deducción de la solvencia del condenado en base a las 
circunstancias concurrentes, siendo la motivación llevada a cabo de carácter suficiente y 
bastante, por realizarse en base a indicios o criterios relacionados con la capacidad 
económica del condenado, que es lo que se exige para determinar la imposición de la 
cuota diaria en la imposición de la multa». Concluye señalando que los criterios tomados 
en consideración en este caso han sido los de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, 
a partir de la capacidad económica del condenado, lo que le lleva a propugnar también la 
desestimación de esta queja.
7.  Mediante escrito registrado el 30 de octubre de 2020, la representación procesal 
del partido político Vox ha solicitado también la desestimación íntegra del recurso de 
amparo con las alegaciones que, en lo sustancial, se extractan a continuación:
Arguye, inicialmente, que en el presente recurso no se hace el necesario esfuerzo 
argumental para fundamentar su especial trascendencia constitucional puesto que ni 
siquiera  menciona  la  jurisprudencia  que  se  vulnera  lo  que  permite  apreciar  como 
insuficiente la justificación expresada.
En relación con la aducida vulneración del derecho a la presunción de inocencia, 
destaca que el recurrente no niega los hechos imputados –la aprobación de los decretos 
del Gobierno de la Generalitat–, por lo que no se expresan adecuadamente los motivos 
de recurso dado que las personales circunstancias administrativas del recurrente nada 
tienen que ver con la actuación cuestionada que llevó a efecto el gobierno autonómico 
del que formaba parte. Por último, sobre la pena de multa impuesta, en lo que se refiere 
a la determinación de la cuantía de su cuota diaria, con transcripción parcial de la 
STC 136/1999, de 20 de julio, señala que aunque «se aduce la ausencia de motivación 
de la sentencia, sin embargo, como hemos dicho anteriormente, se tratan de unas 
acciones que se han llevado a cabo por parte del condenado y por las cuales no puede 
ser absuelto en amparo».
8.  El  Ministerio  Fiscal  evacuó  el  trámite  de  alegaciones  que  le  fue  conferido  s
mediante escrito registrado el 12 de noviembre de 2020. Tras delimitar el objeto del  oe.
recurso de amparo y resumir las razones en las que se apoyan las pretensiones que en  w.
séul sstaen cfioarlm, eunla lna,s  ssiogluicieitnat essu c oínnsteidgerara cdioenseess:timación.  La  propuesta  se  apoya,  en  lo  2021-6613n https://ww
resuam) ir Solab re dloac tarilneag adcao nvsutlintuecraiocnióanl  dseol bdree recehl o cao nlate pnrideos undcieóln  ddee reincohcoe ncaiad:u ctridaos   BOE-A-cable e
(SSTC  31/1981,  189/1988,  137/2005,  300/2005,  328/2006,  177/2007  y  111/2008) 
sostiene que el demandante interesa de este tribunal que valore objetivamente si el 
tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del 
hecho imputado y la participación en el mismo del señor Mundó. Dicha petición se 
apoya,  según  el  fiscal,  en  dos  consideraciones:  (i)  no  llegó  a  existir  resolución 
desobedecida que permitiera su imputación y condena, (ii) no era legal y materialmente 
posible exigir al recurrente que, en su condición de consejero de Justicia, impidiera 
actuaciones que se desarrollaban fuera de su ámbito de actuación.
El Ministerio Fiscal descarta que dichos razonamientos puedan ser compartidos a la 
vista de las premisas fácticas sobre las que se asienta la decisión de condena, que no 
son las que utiliza el recurrente.
Sostiene que los hechos que para la Sala Segunda del Tribunal Supremo han 
cubierto el tipo del delito de desobediencia por el que el señor Mundó ha sido condenado 
no se circunscriben a los acontecimientos que se resaltan por la representación procesal 
de este en su demanda de amparo (aprobación de los decretos 139 y 140/2017, luego 
declarados nulos), sino que son los siguientes: (i) concierto previo, con reparto de 
funciones,  entre  miembros  del  Parlamento  de  Cataluña,  su  gobierno  autonómico  y 
dirigentes de organizaciones ciudadanas, al objeto de proceder a la celebración de un 
referéndum de autodeterminación de Cataluña; (ii) colaboración del demandante en los 
actos que correspondían al gobierno  autonómico; (iii) participación específica en la 
aprobación de los Decretos 139/2017 y 140/2017, de 6 de septiembre, relativos a la 
convocatoria y celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña; (iv) 
conocimiento  de  los  requerimientos  personales  efectuados  desde  el  Tribunal 
Constitucional en relación con dichos decretos que advertían sobre la ilegalidad de las 
iniciativas  gubernativas  y  legislativas  suspendidas,  y  (v)  no  adopción  de  ninguna 
iniciativa  que  revelara  su  voluntad  de  quebrar  su  concierto  previo  con  los  demás 
acusados para la celebración del referéndum de autodeterminación y de proceder en su 
lugar a promover el cumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional, con la 
inevitable consecuencia de la renuncia a la celebración de la jornada de votación, que 
tenía que haberse presentado como inviable una vez suspendidos por el Pleno del 
Tribunal  Constitucional  todos  los  instrumentos  jurídicos  que  habrían  de  permitir  su 
celebración.
Delimitados así los hechos y razonamiento que han dado lugar a la condena del 
recurrente, considera el Ministerio Fiscal que fue debidamente desvirtuada la presunción 
de inocencia del recurrente dado que sobre los hechos imputados sí se practicó prueba 
documental ante el tribunal de enjuiciamiento, la cual fue literalmente valorada, en tanto 
no deja lugar a dudas sobre la imperatividad de los mandatos del Tribunal Constitucional, 
su contenido y finalidad, pues se trataba de mandatos con proyección de futuro que no 
fueron atendidos.
Rechaza también el Ministerio Fiscal los argumentos del demandante que aducen la 
imposibilidad legal y material de impedir actuaciones que desbordaban su competencia 
como consejero de la Generalitat. Aduce, en tal sentido, que «el señor Mundó hubo de 
conocer desde el primer momento el contenido de las providencias dictadas por el 
Tribunal Constitucional a que ya se ha hecho referencia, por haber sido inmediatamente 
publicadas en el «BOE». Pero resulta además que fue personalmente requerido en 
numerosas ocasiones por el Pleno del Tribunal Constitucional para que personalmente 
adoptara las medidas que fueran necesarias para dar cumplimiento a las órdenes de 
suspensión de la aplicación de diversas normas legales y reglamentarias dirigidas a la  s
celebración  de  un  referéndum  de  autodeterminación  de  Cataluña  que  habían  sido  oe.
dictadas por ese mismo Tribunal Constitucional con el apercibimiento de que, en otro  w.
caso; podía incurrir en responsabilidades de tipo penal. Se trataba con ello, en definitiva,  13ww
dcoeb eimrtupread ilre glaal , acel lheabbraecr isóind o dseu sepseen dirdeafe préonr deul mTr ibduen aal uCtoodnesttieturmciionnaacli ótond, ap loar n ofarmltaa tidvae 
qseuñeo hr aMbuían dsiód oi  Bplraonmchu l(gya ddea  oat rtaasle ns ufimneesro. sEasse p ye rnsoo noatrso) »e.ra el comportamiento debido del  BOE-A-cable e
Concluye  sus  alegaciones  sobre  este  motivo  de  amparo  señalando  que  «el 
recurrente se desentendió de modo absoluto del cumplimiento de lo que le había sido 
ordenado»  por  lo  que  «su  comportamiento  completamente  pasivo  no  puede  sino 
interpretarse como de completa adhesión, hasta sus últimas consecuencias, al concierto 
a que se ha venido haciendo referencia» lo que es expresión de «una voluntad contraria 
al cumplimiento de lo ordenado por el Pleno del Tribunal Constitucional». Todo lo cual le 
lleva a proponer la desestimación de la alegada vulneración del derecho a la presunción 
de inocencia (artículo 24.2 CE).
b)  En relación con la motivación de la cuota diaria de la pena de multa que le fue 
impuesta,  reitera  el  fiscal  la  doctrina  constitucional  sobre  el  contenido  del  derecho 
alegado en cuanto garantiza la motivación de las decisiones judiciales (art. 24.1 CE). 
Destaca específicamente la obligación constitucional de motivar las condenas penales y 
la individualización de las penas que en ellas se imponen.
Tras exponer la regulación legal de la pena de multa en el art. 50 CP, concluye 
señalando que no cabe entender que la resolución judicial analizada haya vulnerado el 
derecho alegado ya que ha sido motivada suficientemente, pues contiene los elementos 
y razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que, 
conforme al código penal, han fundamentado la decisión, por lo que no cabe considerar 
que  sea  consecuencia  de  una  aplicación  arbitraria  de  la  legalidad,  ni  que  resulte 
manifiestamente irrazonable ni consecuencia de un error patente. Un análisis integral de 
la  decisión  condenatoria  permitiría  apreciar  que,  junto  a  los  criterios  específicos 
expresados  para  justificar  la  cuantía  de  la  cuota  diaria  de  la  multa  (la  presumible 
situación  económica  del  acusado,  su  titulación  profesional  y  sus  circunstancias 
personales), la sala atendió a su anterior condición de consejero del Gobierno de la 
Generalitat, al número de requerimientos no atendidos y al carácter contumaz de su 
desatención a los mandatos de este tribunal. Añade el representante del Ministerio Fiscal 
que «ha de afirmarse que el tribunal sentenciador ha tomado en consideración de modo 
principal» la retribución anual que le correspondió como consejero de la Generalitat; 
retribución  que  aparece  reflejadas  en  la  ley  de  presupuestos  de  la  Generalitat  de 
Cataluña y que, por superar la suma de 110 000 € anuales, es racionalmente expresiva 
de una relevante capacidad económica.
9.  Por providencia de 16 de marzo de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 17 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posición de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone contra la sentencia de 14 de octubre 
de 2019, dictada en única instancia por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que, 
en la causa especial núm. 20907-2017, condenó al demandante como autor de un delito 
de desobediencia, previsto en el art. 410 del Código Penal, a la pena de multa de diez 
meses, con cuota diaria de 200 €. La decisión de condena fue ratificada por auto de 29 
de enero de 2020, que desestimó los incidentes de nulidad de actuaciones promovidos 
por el demandante y otros condenados.
El  recurrente  imputa  a  las  citadas  resoluciones  judiciales  la  vulneración  de  su 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); afirma que no se ha acreditado ni 
probado su participación en el ilícito penal por el que ha sido condenado. En relación con  es
la determinación del importe de la cuota diaria de la pena multa impuesta, tras afirmar  bo
que la sentencia no la ha motivado de forma suficiente e individualizada, aduce la  13ww
dovuebl tnseEeenlrre a prac rbuioóonpngao a drmdceoi oos tnuidva eaddlce airóE e(nsac trhrataosdz. o ao2  n4lsaa o ydtl uia2ct i5etya l aC fu lEjaun) dd.diacedisaael  esetnfiem cDateicvriaeó,cn eh nod  ecs uolabanrset o pl alree p treeenncsaoi onimnoecpesu  eedsl etda e,a rmqeucpeha orh oaa.    OE-A-2021-66able en https://
Alega que la presunción de inocencia del recurrente ha quedado desvirtuada en la causa
pues, cuando el 6 de septiembre de 2017 decidió dar su aprobación a los decretos 139 
y  140/2017  del  Gobierno  catalán,  sobre  convocatoria  del  referéndum  de 
autodeterminación de Cataluña y sobre normas complementarias para su realización, 
conocía el contenido de los AATC 170/2016, de 15 de noviembre y 24/2017, de 14 de 
febrero,  por  los  que,  meses  antes,  el  Tribunal  Constitucional  le  advirtió  expresa  y 
personalmente, precisamente en su condición de consejero del gobierno autonómico, de 
su  obligación  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar 
cumplimiento a sendas resoluciones del Parlament de Cataluña (resoluciones 263/XI 
y  306/XI)  que  habían  sido  declaradas  nulas  por  infringir  la  Constitución,  en  tanto 
proclamaban como vigente el derecho a la autodeterminación y exigían la convocatoria 
de un referéndum para someter a consulta la pretensión unilateral de independencia a la 
que se aspiraba en dichas resoluciones parlamentarias; se reclamaba también en ellas la 
apertura  de  un  proceso  constituyente  al  margen  del  ordenamiento  constitucional, 
eludiendo así los procedimientos de reforma constitucional. Considera, por último, que la 
cuantía de la cuota diaria de la multa impuesta ha sido suficientemente motivada por 
referencia a criterios relacionados con la capacidad económica del demandante, tal y 
como exige el Código penal.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox, que fue admitido 
como acusación popular en el proceso penal, postula también la desestimación íntegra 
del recurso de amparo. Cuestiona que el demandante haya hecho el necesario esfuerzo 
argumental para justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. En cuanto 
a los motivos de amparo, entiende que el recurrente no niega los hechos imputados por 
los que fue condenado como autor de un delito de desobediencia. También considera 
suficiente la motivación de la determinación judicial de la cuantía de la cuota diaria de la 
multa impuesta, considerándola proporcionada a la gravedad de los hechos por los que 
ha sido condenado.
El Ministerio Fiscal, que discrepa de las premisas fácticas sobre las que en el recurso 
se asienta la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, considera 
que fue debidamente desvirtuada con prueba documental sobre la imperatividad de los 
mandatos del Tribunal Constitucional que el demandante eludió al aprobar, en concierto 
previo  con  otros  acusados,  los  decretos  de  convocatoria  del  referéndum  sobre 
autodeterminación de Cataluña y normas complementarias para su desarrollo. En lo 
demás,  tras  considerar  que  la  pena  de  multa  impuesta  ha  sido  adecuada  y 
suficientemente fundada en derecho con referencia a los parámetros legales exigidos, 
interesa la desestimación íntegra de la demanda.
2.  Requisitos  de  admisibilidad:  justificación  de  la  especial  trascendencia 
constitucional del recurso.
La representación procesal del partido político Vox cuestiona como insuficiente la 
justificación que se hace en la demanda sobre la especial trascendencia constitucional 
de las cuestiones planteadas.
En  la  fase  de  admisión,  el  Pleno  de  este  tribunal  apreció,  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  el  art.  50.1  b)  LOTC,  que  concurría  la  especial  trascendencia 
constitucional exigida para la admisión a trámite del presente recurso. En el momento 
procesal en que ahora nos hallamos, a partir de la relación que el recurso de amparo 
mantiene con los que han sido presentados por las demás personas condenadas en la 
misma  causa,  no  encontramos  razones  que  justifiquen  la  modificación  de  esta 
apreciación inicial. e
Como declara la STC 96/2012, de 7 de mayo, FJ 4, corresponde al tribunal apreciar  bo
si  el  contenido  del  recurso  justifica  una  decisión  sobre  el  fondo  por  su  especial  13ww
itmrapsocretnadnecinac iap arcao nlast itiuncteiorpnrael,t acaiótenn ddieen dlao , Ccoonnsftoiturmcieó n,a lp aarrat.  s5u0 .a1p libca) ciLóOn ToC , paar a «ssuu 
gfuenndearmal enetfaiclaecsi»a.  yE sptaorsa   clar itedreiotesr mfiunearcoiónn  ddeesl arcroonlltaednoidso  ay   atíltcualon cee nduen clioasti vod ereenc holas 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2. Entre ellos se encuentra el supuesto reseñado en la
letra a), consistente en que se trate de un «recurso que plantee un problema o una 
faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina 
del Tribunal Constitucional». Este fue el supuesto que el Pleno consideró relevante en la 
reunión del día 6 de mayo de 2020, en la que se analizó el presente recurso de amparo 
junto a los presentados por otras nueve de las doce personas condenadas en esta 
causa.
El tribunal ha afirmado que el deber de justificar de modo suficiente la especial 
trascendencia constitucional del recurso «tiene un alcance instrumental, en cuanto se 
dirige a proporcionar al Tribunal elementos de juicio para decidir sobre la admisibilidad 
de la demanda». Por esta razón, «si ab initio el tribunal se consideró suficientemente 
ilustrado, no cabe sino hacer un uso prudente de la facultad de inadmitir posteriormente 
la demanda por meros defectos en el modo de redactarla» (SSTC 17/2011, de 28 de 
febrero,  FJ  2,  y  212/2013,  de  16  de  diciembre,  FJ  2).  En  el  caso  enjuiciado  no 
apreciamos  que  hayan  sido  aducidas  razones  que  justifiquen  de  forma  suficiente 
modificar la apreciación inicial hecha al admitir la demanda a trámite [SSTC 183/2011, 
de 21 de noviembre, FJ 2; 96/2012, de 7 de mayo, FJ 4; 27/2013, de 11 de febrero, FJ 2; 
127/2013, de 16 de diciembre, FJ 2; 77/2015, de 27 de abril, FJ 1, y 9/2020, de 28 de 
enero, FJ 3 a)]. La naturaleza y características del delito por el que el recurrente fue 
condenado –desobediencia a los requerimientos del Tribunal Constitucional–, el carácter 
público y representativo que, en el momento de participar en los hechos que han dado 
lugar a la causa, ejercían el demandante y otros acusados y condenados en la presente 
causa –entre ellos, todos los miembros del Gobierno de la Generalitat y la presidenta del 
Parlamento de Cataluña–, y la interrelación existente entre las demandas de amparo 
presentadas por unos y otros acusados, con distintos motivos en parte coincidentes, 
justifican la decisión de admisión adoptada en su momento.
En conclusión, el recurrente pone de relieve los datos necesarios para justificar la 
proyección objetiva del amparo solicitado [SSTC 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, 
y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 c)], por lo que hemos de entender satisfecha en el 
presente caso la carga de justificar la especial trascendencia constitucional a la que se 
refiere el artículo 49.1 in fine LOTC.
3.  La vulneración alegada de la presunción de inocencia del demandante.
a)  Según  lo  declarado  en  las  SSTC  189/1998,  de  28  de  septiembre,  FJ  2; 
220/1998, de 16 de noviembre, FJ 3, y 155/2002, de 22 de julio, FJ 7, los recursos de 
amparo atinentes a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia deben 
examinarse  respetando  la  falta  de  jurisdicción  del  tribunal  para  valorar  la  actividad 
probatoria practicada en un proceso penal.
La función del tribunal de protección del derecho a la presunción de inocencia 
comporta, en primer lugar, la supervisión de que la actividad probatoria se ha practicado 
con las garantías necesarias para su adecuada valoración y para la preservación del 
derecho de defensa. En segundo lugar, lleva consigo la comprobación de que el órgano 
de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a fijar el relato de hechos 
probados a partir de la actividad probatoria practicada. En tercer y último lugar, desde la 
perspectiva del resultado de la valoración, la labor del Tribunal se ciñe a supervisar 
externamente la razonabilidad del discurso que pone en relación la actividad probatoria 
con  el  relato  fáctico  resultante.  La  función  del  tribunal  no  consiste  en  enjuiciar  el 
resultado alcanzado, sino el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar 
a él. e
El Tribunal Constitucional, en resolución, ha de limitarse a comprobar que la prueba  bo
existente se haya obtenido y practicado conforme a la Constitución, que sea de cargo y  13ww
rqauzeo,n eanb lceo yn sneoc uaerbnictriaar,i olo.s hechos declarados probados puedan inferirse de ella de modo
fundba)m  eEnlt ere clau rrceonntec lucsoinósni decroan dqeunea ltao rrieas oblauscaiódna  reecnu rrlaid ac onnot ucmonaczr edtae saactteon acligóunn oa  qluoes 
requerimientos del Tribunal Constitucional recibidos personalmente. Añade que esta
desatención constituye uno de los elementos objetivos del delito de desobediencia por el 
que ha sido condenado.
Examinada la sentencia condenatoria, tanto en el relato de hechos probados como 
en la fundamentación y la subsunción de la conducta atribuida en el tipo penal aplicado, 
el Tribunal no comparte la premisa en la que se funda la pretensión, pues aprecia que la 
demanda  de  amparo  identifica  solo  parcialmente  los  requerimientos  y  advertencias 
desobedecidos.
El recurrente se refiere en la demanda únicamente a los requerimientos que se 
incluyeron en las tres providencias de fecha 7 de septiembre de 2017, dictadas (i) al 
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4334-2017 presentado contra la 
Ley 19/2017, de 6 de septiembre, y (ii) al admitir a trámite las impugnaciones de 
disposiciones  autonómicas  4333-2017  y  4335-2017,  presentadas  contra  los 
decretos 140/2017 y 139/2017 del referéndum de autodeterminación de Cataluña, y de 
normas complementarias para su celebración, respectivamente.
El tribunal observa que, además de considerar desobedecidos los requerimientos 
de 7 de septiembre de 2017, que se identifican en la demanda de amparo, la sentencia 
de condena se refiere a otras resoluciones anteriores del Tribunal Constitucional y a 
otros requerimientos previos mencionados en el relato de hechos probados. Estos, que 
tuvieron lugar en el mismo sentido y con similar contenido, fueron también notificados 
personalmente al demandante y demás miembros del Govern de Cataluña antes de ser 
aprobados los decretos 139 y 140/2017, de 6 de septiembre.
Conforme a dicho relato fáctico se observa que cuando el Govern de Cataluña del 
que el señor Mundó formaba parte como consejero de justicia aprobó la convocatoria de 
un  referéndum  de  autodeterminación  y  dictó  normas  complementarias  sobre  su 
desarrollo  por  medio  de  los  decretos  citados,  el  Tribunal  Constitucional  ya  había 
declarado inconstitucionales y nulas las resoluciones del Parlament de Cataluña que 
instaban al Govern de la Generalitat a tomar dichas decisiones si quedaba excluida la 
utilización de los cauces establecidos en la Constitución. Así se deduce de la publicación 
de los acuerdos del Tribunal en el «Boletín Oficial del Estado» y de su notificación 
personal al recurrente y demás miembros del Gobierno.
Como se recoge en el apartado 3 de la fundamentación de la sentencia impugnada, 
todos  los  miembros  del  Govern  de  la  Generalitat  conocían  en  ese  momento  la 
inconstitucionalidad de cualquier pretensión unilateral de iniciar un proceso constituyente 
en favor de la creación de un Estado catalán independiente en forma de república. Como 
se recoge en el relato de hechos probados, así se había acordado expresamente en la 
STC 259/2015, de 2 de diciembre (publicada en el «BOE» de 12 de enero de 2016), que 
declaró inconstitucional y nula la resolución I/XI del Parlament de Cataluña, adoptada 
el 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como 
consecuencia de los resultados electorales del anterior 27 de septiembre» y su anexo.
Consta documentalmente acreditado que mediante la notificación personal de los 
AATC 170/2016, de 6 de octubre, y 24/2017, de 14 de febrero (que estimaron sendos 
incidentes de ejecución de la citada STC 259/2015), todos los miembros del Govern de 
la Generalitat fueron expresamente advertidos de su obligación de abstenerse de realizar 
cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a aquellos pronunciamientos de 
las resoluciones parlamentarias 263/XI y 306/XI que habían sido declaradas nulos por 
infringir  la  Constitución,  en  tanto  proclamaban  como  vigente  el  derecho  a  la 
autodeterminación, exigían al Govern de la Generalitat la convocatoria de un referéndum 
para someter a consulta la pretensión unilateral de independencia, y reclamaban la  s
apertura  de  un  proceso  constituyente  al  margen  del  ordenamiento  constitucional,  oe.
eludiendo  así  los  procedimientos  de  reforma  de  la  Constitución.  También  les  fue  w.
notificado «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que  13ww
daipreecrctaib iéon dinodleirse cdtaem  elanst ee vseunptuusaielersa  rigenspooranrs aob ileidluaddier sl,a  innculluididaad  ldae  pdeincahlo, s ena palarsta dqouse, 
pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por el tribunal».
Teniendo en cuenta estos hechos, documentalmente acreditados en la causa, en el 
diario  del  Parlament  de  Cataluña  y  en  los  boletines  oficiales  del  Estado  y  de  la 
Generalitat, ha de ser desestimada la queja que denuncia la inexistencia de prueba de 
cargo sobre la desobediencia que le ha sido atribuida. El tribunal reitera que dicha 
desobediencia no solo se refiere a la conducta mantenida por el recurrente a partir de la 
notificación de las providencias de 7 de septiembre citadas, sino que se concreta en la 
aprobación  de  los  decretos  139  y  140/2017.  Así  se  recoge  expresamente  en  el 
apartado 3 de la fundamentación jurídica de la decisión de condena, en la que se 
argumenta que «los tres acusados eran perfectos conocedores de la existencia de un 
requerimiento formalmente emanado de quien reúne facultades legales para ello, sabían 
de su deber de acatamiento y, sin embargo, omitieron de forma contumaz lo que les 
había sido ordenado. La firma de los decretos 139/2017 y 140/2017, más allá de la 
estratégica degradación del valor de la firma de todos los consejeros, era bien expresiva 
de una inequívoca voluntad de rechazo al mandato constitucional que habían recibido 
con anterioridad».
4.  La motivación de la cuantía de la cuota diaria de la pena de multa impuesta.
En  el  último  motivo  de  amparo  el  recurrente  denuncia  la  falta  de  motivación 
individualizada de la cuota diaria de la pena de multa que le ha sido impuesta. Considera 
que se ha atendido a su situación económica, pero que no consta en la causa dato 
alguno que revele dicha situación. En su opinión, la fijación en 200 € de la cuota diaria de 
la  multa  impuesta  (6000  €  mensuales)  se  ha  hecho  «a  tanto  alzado»,  de  manera 
conjunta con otras dos personas condenadas, atendiendo a su condición de abogado en 
ejercicio, pero sin evaluar su capacidad económica individual y sin realizar investigación 
alguna adicional sobre su situación económica real, sus circunstancias personales o sus 
cargas  familiares,  por  lo  que,  conforme  a  la  jurisprudencia  constitucional  que  cita 
(SSTC 108/2001, de 23 de abril), no puede ser considerada una resolución fundada en 
derecho.
El Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y la acusación popular consideran, por el 
contrario, que la motivación expresada en la sentencia condenatoria es suficiente por 
venir referida, implícitamente, a los ingresos públicos asociados al cargo de libre elección 
que venía ejerciendo como consejero del Gobierno de la Generalitat de Cataluña cuando 
protagonizó los actos imputados.
La cuestión planteada no es nueva en la jurisprudencia constitucional y ha sido 
recientemente analizada en la STC 34/2021, de 17 de febrero.
Como recuerda la STC 91/2009, de 20 de abril, FJ 7, el tribunal ha declarado 
reiteradamente que el deber general de motivación de las sentencias que impone el 
art. 120.3 CE se integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del 
art. 24.1 CE, por lo que las decisiones judiciales deben exteriorizar los elementos de 
juicio sobre los que se basan y su fundamentación jurídica ha de ser una aplicación de la 
legalidad no arbitraria, manifiestamente irrazonable o incursa en un error patente. Esta 
exigencia resulta reforzada en el caso de las sentencias penales condenatorias, por 
cuanto en ellas el derecho a la tutela judicial efectiva se conecta con otros derechos 
fundamentales y, directa o indirectamente, en muchas ocasiones, con el derecho a la 
libertad personal. El deber de motivación incluye la obligación de fundamentar no solo 
los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta, por cuanto 
el margen de discrecionalidad del que goza el juez penal legalmente en la determinación 
de  la  pena  que  debe  imponerse  no  justifica  por  sí  mismo  la  decisión  finalmente  e
adoptada, sino que el ejercicio de aquella facultad se subordina a la exigencia de que la  bo
resolución esté motivada, pues solo así puede procederse a su control posterior en  13ww
evitaLcai óna pdleic taocdióan a rbailt racraiesdoa dd.e  los  criterios  de  control  expuestos  conduce  a  la
dSeSsTeCs tim10a8ci/ó2n0 0d1e,  e1s0te8 /2m0o0t5iv, o 1d9e6 /a2m00p7a roy.  Aeln i gulaa l cqituaed ae nS loTsC  ca9s1o/2s0 a0n9a, lizlaa dsoesn etenn claias 
condenatoria  aplicó  el  sistema  legal  de  «días-multa»  previsto  en  la  ley  penal  para
cuantificar su concreta intensidad. Lo que el demandante cuestiona no es la extensión 
temporal de la pena impuesta (diez meses, sobre un máximo de doce meses previsto 
para el delito por el que fue condenado), sino la motivación del importe de la cuota diaria 
que  el  demandante  ha  de  satisfacer  (200  €/día,  para  una  horquilla,  entre  dos  y 
cuatrocientos euros diarios, establecida en el art. 50.4 CP).
Conforme al art. 50.5 CP la cuota diaria se ha de determinar teniendo en cuenta, 
exclusivamente, la situación económica de la persona condenada, «deducida de su 
patrimonio,  ingresos,  obligaciones  y  cargas  familiares  y  demás  circunstancias 
personales». En la sentencia condenatoria se establece que la pena de multa de diez 
meses, con una cuota diaria de 200 €, se determina «en atención a los parámetros 
cuantitativos a que se refiere el art. 50.5 CP, deducidos de la situación económica de los 
tres  acusados,  su  titulación  profesional  y  de  sus  circunstancias  personales».  Tal 
referencia,  ciertamente  genérica,  resultó  concretada  al  desestimarse  la  solicitud  de 
nulidad de actuaciones planteada, que denunció este mismo motivo de amparo, cuando 
se dijo que «la sentencia dictada sí motiva este último importe y hace referencia para ello 
a  la  situación  económica  de  los  tres  acusados,  su  titulación  profesional  y  a  las 
circunstancias personales que constan en autos. Los dos primeros parámetros están por 
otro lado íntimamente relacionados con el hecho notorio de que fueron consejeros del 
gobierno de una comunidad autónoma».
En el caso presente, como ha destacado el abogado del Estado, la individualización 
de la cuota de la multa diaria impuesta ha sido realizada tomando como base criterios 
indicativos de la capacidad económica del recurrente a partir del relevante nivel de 
ingresos salariales que ha venido obteniendo durante el ejercicio del cargo de consejero 
del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Tales ingresos, como alega el Ministerio 
Fiscal y se recoge en la ley autonómica de presupuestos, superaban la suma de 110000 
€ anuales. Tal referencia expresa permite diferenciar el presente supuesto de los casos 
analizados en las SSTC 108/2001, 108/2005, o 91/2009, en los que la estimación del 
amparo vino justificada en constatar que la determinación del importe de la cuota diaria 
de multa que, en cada caso, debían satisfacer los demandantes, carecía de cualquier 
motivación o se apoyaba en criterios totalmente ajenos a las pautas establecidas en el 
precepto  legal  aplicado,  esto  es,  prescindía  de  toda  consideración  de  la  situación 
económica de los recurrentes. Tomando en consideración los criterios legales reseñados 
y  la  fundamentación  expuesta  para  justificar  el  ejercicio  del  margen  penológico 
establecido  por  el  apartado  4  del  propio  art.  50  CP,  el  Tribunal  concluye  que  la 
motivación  expresada  no  puede  ser  calificada  como  inexistente,  arbitraria, 
manifiestamente  irrazonable  ni  apoyada  en  un  error  patente  que  derive  de  las 
actuaciones.
Procede, en suma, la desestimación del motivo de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Carles Mundó i Blanch.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». e.e
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