BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 272 Miércoles 14 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 87517
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
12218 Real Decreto 904/2020, de 13 de octubre, por el que se declara la aplicación 
de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 
de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños 
causados  por  temporales  y  otras  situaciones  catastróficas,  a  situaciones 
catastróficas acaecidas hasta el 31 de marzo de 2020.
I
Los gravísimos daños personales y materiales derivados de las distintas situaciones 
catastróficas acaecidas entre junio y septiembre de 2019, la magnitud de las emergencias, 
las medidas necesarias para mitigar la grave perturbación de las condiciones de vida de la 
población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y, en definitiva, la 
recuperación de la normalidad en las zonas afectadas justificaron la intervención de la 
Administración General del Estado mediante la aprobación del Real Decreto-ley 11/2019, 
de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños 
causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
Entre las medidas contempladas en el citado real decreto-ley, el artículo 9 establece 
un régimen de ayudas a entidades locales para la recuperación de la zona siniestrada, 
consistente en que a los proyectos directamente relacionados con los siniestros a los 
que se refiere el artículo 1 que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, 
los consejos y cabildos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las comunidades 
autónomas  uniprovinciales  relativos  a  las  obras  de  reparación  o  restitución  de 
infraestructuras,  equipamientos  o  instalaciones  y  servicios  de  titularidad  municipal 
incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen  Local,  y  de  la  red  viaria  de  los  consejos  y  cabildos  insulares,  de  las 
diputaciones  provinciales  y  comunidades  autónomas  uniprovinciales,  se  les  podrá 
conceder una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste, excluidos los trabajos 
llevados a cabo con medios propios no personificados de la entidad local, ya sean 
materiales, maquinaria o personal.
Todas las medidas articuladas a través del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de 
septiembre, son de aplicación respecto de los daños ocasionados por los episodios 
descritos en el apartado 1 del artículo 1. No obstante, la norma prevé la posibilidad de 
extender dichas medidas a otros sucesos de características similares.
En ese sentido, el artículo 1.3 prevé que el Gobierno podrá acordar, con delimitación 
de las zonas afectadas, la aplicación de las medidas necesarias previstas en dicho real 
decreto-ley a otros sucesos de características similares que puedan acaecer hasta el 31 
de marzo de 2020, mediante real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio 
competente para la ejecución de la correspondiente medida.
II
Entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se produjeron episodios de 
naturaleza catastrófica, que azotaron diversos puntos de la geografía nacional provocando  e.
daños extraordinarios sobre infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de  w.
titularidad municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y sobre la  218ww
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aplicación las medidas previstas en el artículo 9 para paliar los daños causados en 
infraestructuras municipales y red viaria por esos episodios de naturaleza catastrófica.
Tal decisión se materializó con la aprobación del Real Decreto 778/2020, de 25 de 
agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas 
situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
En este contexto, se han considerado otros episodios de naturaleza catastrófica, 
sucedidos hasta el 31 de marzo de 2020, como han sido los producidos, a partir del 
día 18 de diciembre, por la borrasca Elsa que trajo lluvias intensas y persistentes, viento 
fuerte con rachas muy fuertes, incluso huracanadas, a las que, se sumó el deshielo de la 
nieve  acumulada  durante  las  anteriores  semanas,  propiciando  el  crecimiento  y 
desbordamiento  de  numerosos  ríos,  lo  que  provocó  daños  en  infraestructuras 
municipales en varios puntos de la provincia de Salamanca.
En otro orden, a finales del mes de febrero de este año, la Comunidad Autónoma de 
Canarias se vio afectada por varios incendios, que se vieron potenciados por rachas de 
vientos muy fuertes (incluso huracanados en cotas superiores a 650 m). La calima que 
afectó completamente al archipiélago en todas sus islas, con importantes reducciones de 
la  visibilidad,  complicó  las  labores  de  extinción.  Tales  incendios  provocaron  daños 
significativos en infraestructuras municipales.
La virulencia de estos episodios y su carácter extraordinario conllevaron que en 
algunos ámbitos fuera necesaria la incorporación de medios extraordinarios estatales 
para dar respuesta a las emergencias.
Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito temporal, entidad e importancia que 
presentan tales episodios catastróficos, y vista la magnitud de los daños originados 
sobre infraestructuras municipales y la red viaria provincial o insular, se puede concluir 
que estos poseen características similares a los que fueron amparados por el Real 
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, y por el Real Decreto 778/2020, de 25 de 
agosto.  Así  pues,  teniendo  presentes  los  principios  constitucionales  de  solidaridad, 
equidad e igualdad de trato dentro de todo el territorio nacional, se estima procedente 
volver a hacer uso de la facultad prevista en el artículo 1.3 del Real Decreto-ley 11/2019, 
de 20 de septiembre, y declarar de aplicación las medidas previstas en su artículo 9 para 
paliar los daños causados en infraestructuras municipales y red viaria por esos episodios 
de naturaleza catastrófica.
III
Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Responde a los principios de necesidad y eficacia 
dado que se justifica por razones de interés general objetivadas en la autorización al 
Gobierno contenida en el artículo 1.3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, 
cooperando en la correcta restitución de infraestructuras y equipamientos públicos.
En  relación  con  el  principio  de  eficiencia,  este  real  decreto  no  impone  cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la adecuada 
gestión de los recursos públicos, de manera que se contribuye a la ejecución de los 
proyectos que desarrollen las Entidades Locales para la plena reparación de los daños 
producidos  por  los  episodios  catastróficos  que  se  enumeran  en  esta  norma,  s
representando a su vez un instrumento adecuado para fomentar un sostenible desarrollo  e.
social  y  económico  del  ámbito  local.  También  satisface  el  principio  transparencia,  w.
haciendo una definición clara de los objetivos de la norma y su justificación. 218ww
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incardinándose con coherencia en el ordenamiento jurídico.
En su tramitación se ha recabado informe de la Oficina de Coordinación y Calidad 
Normativa  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria 
Democrática; así como de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública y de la Secretaría General Técnica de dicho Departamento.
Este real decreto se dicta al amparo de la habilitación conferida al Gobierno de la 
Nación por el artículo 1.3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras 
situaciones catastróficas.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de 
octubre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Extensión del ámbito de aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 
del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes  para  paliar  los  daños  causados  por  temporales  y  otras  situaciones 
catastróficas.
1.  Se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, respecto de 
los daños ocasionados por los siguientes episodios: a la provincia de Salamanca, por los 
siniestros provocados por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien entre los días 16 y 22 de 
diciembre de 2019; y a la Comunidad Autónoma de Canarias, por los daños causados 
por los incendios que se produjeron entre los días 22 y 26 de febrero de 2020.
2.  A los proyectos directamente relacionados con los siniestros a los que se refiere 
el apartado anterior que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los 
cabildos  insulares  y  las  mancomunidades  relativos  a  las  obras  de  reparación  o 
restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad 
municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  del  Régimen  Local,  y  de  la  red  viaria  de  los  cabildos  insulares  y  de  las 
diputaciones provinciales, se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 por 
ciento  de  su  coste,  excluidos  los  trabajos  llevados  a  cabo  con  medios  propios  no 
personificados de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.
Artículo 2.  Financiación.
Las medidas previstas en este real decreto se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 22.04.942A.769 de los Presupuestos Generales del Estado, conforme a 
lo  previsto  en  el  artículo  9.2  y  la  disposición  adicional  primera  del  Real  Decreto-
ley 11/2019, de 20 de septiembre.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 29.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y 
la seguridad pública. e.
Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo. 218ww
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública,
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Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 13 de octubre de 2020.
FELIPE R.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública,
CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN