BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 319 Lunes 7 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 112055
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
15803 Sala Segunda. Sentencia 156/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1984-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:156
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1984-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, de 17 de 
septiembre de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por 
dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 59-2018 instado por 
la entidad Banco de Sabadell, S.A.; y contra el auto del mismo juzgado, de 11 de febrero 
de  2019,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la  anterior 
resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Se ha personado la entidad Pera Assets 
Designated Activity Company, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. 
Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 26 de 
marzo de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., bajo la defensa de la letrada 
doña  Anju  Nirmala  Benavent  Rodríguez,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  e
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: b
yb iePneaen)s r ehLii paIno vteeencrtasididoaondse  scB,o anSnt.crLao.  ,l adesen  m Sreearlbacacaidnóetnill le,c soS En.A ul.ra,o  iifnninvtecearrps iuroesngoei ssdt rIeanmlm 4ao3nb.di4lai7a 9rdi aess i teaCj eoecsnuta ce iSól nuté r,rs mSob.inLro.e,    2020-15803n https://ww
municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 29 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  59-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  El 30 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca relativa al proceso «EJH/0000059/2018»; 
notificación a la que podía acceder entre los días 30 de mayo a 15 de julio de 2018.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje, el día 14 de julio de 2018 el servicio de notificaciones electrónicas mencionado 
remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la recurrente en 
amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la notificación en el 
enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día siguiente, 15 de julio.
d)  El día 15 de julio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
59-2018. También en esa fecha, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada».
e)  El 24 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca dictó auto el 17 de 
septiembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representadas por el procurador don Antonio Serrano Caro 
por presentación fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, S.A.
2.  Declarar terminada la pieza de oposición con suspensión de la vista señalada.
3.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la 
improrrogabilidad de los plazos establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que 
transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de 
parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se 
trate, y previniéndose en el artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución 
deberá ser presentado dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y 
decreto por el que se despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y 
constando en el presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto pasado que ha 
sido  el  plazo  que  legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por 
extemporánea, de conformidad con lo establecido en los preceptos citados.»
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días 
ante este tribunal sin efectos suspensivos». e.e
g)  Por el representante procesal de la demandante de amparo se interpuso recurso  803ww
reddeleieeq czurt eerdórpíinamoissci eiacdn ieórteoln m  adrcitteoi.d  n5atp5r aya6  g nLeooEl   Cataun.nv ttoCee sori,lno us rg iienaanvru odtcocoau . dcaeEinósndnd o et ea lae mcnrbcetoiecénduncir ósed ose  a qdll uoecesfeo  cannardttebsióní.a  id1 qco3uo 5em,d  ep1la u5 t2laan.r1 o .net2ifol. i3ctpia,fl iacc1zia5óoc5n iód. 2ney,     OE-A-2020-15able en https://
162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho a no padecer
indefensión y la importancia de los actos de comunicación procesal, afirmó que de no 
tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al despacho de ejecución, se 
vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, quedando denunciado 
a esos efectos.
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 11 de febrero de 2019 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes (sic), las mismas desde el 1 de enero de 2017 (Disposición 
Transitoria  Cuarta  de  la  Ley  42/2015,  de  5  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil) están obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por 
medios electrónicos [art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) LEC].
Interpretan  las  recurrentes  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable.  Así  el 
artículo 162.2 LEC en cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, 
cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios 
técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por 
los colegios de procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su 
contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando 
plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de 
acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera 
a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el 
acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En 
cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que 
conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso 
transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se 
entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo 
acreditativo de su recepción.
En este sentido los artículos 33.2 y 34 de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de 
Justicia  establecen  que  las  comunicaciones  a  través  de  medios  electrónicos  se 
realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán 
válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea 
exigible al remitente y al destinatario de las mismas; El sistema de notificación permitirá 
acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y las de la puesta a disposición del 
interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su contenido. En caso 
de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios electrónicos, se 
procederá a imprimir la resolución y la documentación necesaria, procediéndose a la 
práctica del acto de comunicación en la forma establecida en las leyes procesales e 
incorporándose a continuación el documento acreditativo de la práctica del acto de 
comunicación, debidamente digitalizado, al expediente judicial electrónico. En todo caso, 
el  destinatario  del  acto  de  comunicación  tendrá  derecho  a  obtener  copia  de  la 
documentación recibida en formato electrónico.
A su vez el artículo 11.2 del Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre, sobre 
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del 
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet determina que será de  e.
aplicación a los actos de comunicación realizados a través de la sede judicial electrónica  w.b
lo dispuesto en el artículo 162.2 de la Ley de enjuiciamiento civil. 803ww
CuaArt at adleesl  Terfiebcutnoasl  rSeuspurlteam cola driefi c6a ddoer  juelli oa cduee 2rd0o1 6n o[… ju]:r is"Cdiucacniodnoa lh daeyal  Pcloennsot adnec ilaa  dSea llaa 
cdoersrteincatata rrieom aiscicóend ad eal  sauc tcoo ndtee ncidoom, usnei ceanctieónnd ye rátr aqnusec ular rcaonm turensic adcíaiósn  hháab isleidso  seinfe cqtuuea deal 
con  plenos  efectos  procesales.  Por  tanto,  constando  correcta  la  remisión  de  la
comunicación tal y como se constata por el letrado de la Administración de Justicia, el 
hecho de que el destinatario no hubiera accedido al contenido sino hasta el 9 de 
diciembre de 2017 no es determinante de nulidad de actos por cuanto la comunicación 
se entiende efectuada con plenos efectos procesales. Por todo ello se desestima el 
recurso".
En  parecidos  términos  se  han  manifestado  la  Sección  Tercera  de  la  Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca (sentencia 180/2018 […]), o las Secciones Cuarta y 
Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia (auto 68/2018 y sentencia 109/2018 […], 
respectivamente),  dando  validez  a  la  notificación  a  personas  jurídicas  por  canales 
electrónicos.
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 30-5-18 no accediendo al contenido hasta el día 15-7-18 (fuera de 
los tres días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de oposición 
a la ejecución en fecha 24-7-18 claramente fuera del plazo legalmente establecido en el 
art.  556.1  LEC  (dentro  de  los  diez  días  siguientes  al  de  la  notificación  del  auto 
despachando ejecución,) y siendo que, conforme al art. 136 LEC, transcurrido o pasado 
el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicaba que dicha resolución «es firme, y contra la 
misma no cabe recurso alguno». Tanto este auto como el anterior de 17 de septiembre 
de 2018, fueron notificados por el juzgado al procurador de la demandante de amparo a 
través del sistema Lexnet, tal como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 11 de febrero de 2019, por la indicada mercantil se interpuso 
el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en el proceso, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho 
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto del 11 de febrero de 2019 que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se han expuesto sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
Ley de procedimiento administrativo común, que considera inaplicable al ámbito procesal 
civil. Precisa que, en materia de notificación de actos procesales existe una normativa 
propia detallada en la Ley de enjuiciamiento civil según ha expuesto, ensamblada en el 
haz de garantías que se derivan del art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo  e.
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada. w.b
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la  803ww
csoidnot inoubajectioó nd ed eim lap uegjencauccióiónn,  cdoenri vlaa dcaesle (bsriac)c idóen  ldoes  spurobnausntac iya mlai eenvtoesn tujuadl icaidajlueds icqauceió hna an 
tseurscpeeronss,i ópnu eddee nl ah accoenrt inpueardceiór na l dreelc uprrsooc eddei maimenptaor od esu  efjiencaulidciaódn,  phoipr oltoe cqaureia  so5l9ic-i2tó0 1l8a 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, hasta tanto
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 16 de septiembre de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el 
recurso,  «apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] toda vez 
que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como 
consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del 
derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]; (ii) requerir al juzgado a quo para que en 
plazo  no  superior  a  diez  días  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las 
actuaciones del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 59-2018; (iii) emplazar a 
quienes hubieran sido parte en éste, excepto a la recurrente en amparo, para poder 
comparecer en el presente proceso constitucional en del plazo de diez días, a efecto de 
formular alegaciones; y (iv) formar la correspondiente pieza separada de suspensión».
5.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 4 de octubre de 2019, la 
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero con la asistencia 
letrada de don Alejandro Ingram Solís, actuando en nombre y representación de la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, solicitó se tuviera a esta última como 
personada  y  parte  recurrida  en  lugar  de  la  ejecutante  Banco  de  Sabadell,  S.A., 
entendiéndose  con  dicha  procuradora  las  actuaciones  sucesivas  de  este  proceso. 
Justificaba su petición en la escritura de cesión onerosa de créditos hipotecarios suscrita 
con Banco de Sabadell, S.A., como cedente el 23 de julio de 2019 y en su efectiva 
personación en el proceso de ejecución donde fue acordado su emplazamiento ante este 
tribunal.
6.  Mediante providencia de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de este Tribunal, 
de 28 de octubre de 2019, dispuso: (i) requerir a la procuradora doña Blanca María 
Grande Pesquero en la representación declarada para que en el plazo de diez días 
acreditara su personación en la Ejecución Hipotecaria 59-2018 del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, como sucesora procesal de la entidad Banco de 
Sabadell, S.A., y (ii) trasladar el escrito y documentos aportados al Ministerio Fiscal y 
demás partes personadas para que pudieran alegar, en igual plazo, lo que a su derecho 
conviniera respecto de dicha personación.
La fiscal ante el tribunal condicionó su conformidad a la acreditación de la efectiva 
personación  de  la  entidad  cesionaria  en  el  procedimiento  de  origen  y  la  sociedad 
recurrente en amparo expresó su oposición.
7.  El juzgado ejecutor remitió actuaciones comprensivas del trámite y resoluciones 
adoptadas sobre la sucesión procesal  pretendida,  en  particular, del auto de 17 de 
diciembre de 2019 que la acordaba. También constaba la interposición de un recurso de 
reposición contra esta decisión por la sociedad recurrente en amparo lo que motivó que, 
por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de 6 de febrero de 2020, se 
dirigiera atenta comunicación al juzgado ejecutor a fin de informar a la Sala sobre la 
resolución del recurso de reposición anunciado.
La petición fue cumplimentada por el órgano judicial que remitió copia del auto 
dictado el 11 de marzo de 2020, desestimatorio del recurso de reposición, así como del 
auto de 27 de mayo de 2020, que rectificaba errores materiales del anterior.
8.  La Sala Segunda, Sección Cuarta, de este tribunal, por providencia de 15 de julio 
de 2020, acordó: (i) tener por personada y parte a la procuradora doña Blanca María 
Grande  Pesquero  en  nombre  y  representación  de  Pera  Assets  Designated  Activity  s
Company, en virtud de sucesión procesal ex arts. 17 y 540 LEC (por remisión del art. 80  oe.
LOTC: ATC 473/2006, de 20 de diciembre, FJ 1), y (ii) dar vista de las actuaciones a las  w.
partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días. 803ww
aleg9a.c ioLnae sr eeplr e2s6e ndtaen tea gporsotoc esdael   2d0e2 0la,   peonrti deald  qrueec uirnretenrtees óp ressee ndtióc tasrua  eresscoriltuoc iódne 
eTsritbimunaatol rCiao dnestl itruecciuornsaol  dqeu ea mrepsaureol,v eh aecli ernedcou rsmoe ndcei óanm ap alar oS T53C7 74-02/2001280 «, edne l uPnl eansou ndteol   BOE-A-cable e
prácticamente igual al del presente recurso de amparo» que refuerza las exigencias para 
llevar a efecto el primer emplazamiento. Añadía, como motivo de singular acogimiento, 
haber sido demandante en el recurso de amparo 5379-2018 en el que denunciaba 
idénticas vulneraciones con relación a otro proceso de ejecución hipotecaria sustanciado 
en el mismo partido judicial y que fue estimado por STC 43/2020, de 9 de marzo, dictada 
por la Sala Segunda de este tribunal.
10.  No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, 
ningún escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
11.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 22 
de septiembre de 2020, por el que interesó de este Tribunal que dictara sentencia 
otorgando el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado 
desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando  ejecución 
acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, en el juicio 
de  ejecución  hipotecaria  59-2018»,  y  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediato anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de 
formular oposición a la ejecución».
Identifica el recurso «como uno de los que componen la serie de los interpuestos por 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a 
diversos  autos  dictados  en  procedimientos  hipotecarios  tramitados  por  diferentes 
juzgados de primera instancia de Lorca, por idénticas vulneraciones» y recuerda, con 
cita de la STC 40/2020, del Pleno, de 27 de febrero, y de la STC 43/2020, de 9 de 
marzo, que algunos ya han sido resueltos por lo que, al concurrir identidad fáctica y 
jurídica procedería aplicar la doctrina sentada en dichas resoluciones.
12.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este tribunal 
núm.  127/2019,  de  28  de  octubre  se  acordó:  «1.º  Denegar  la  suspensión  cautelar 
solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
13.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 30 de septiembre 
de 2020, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal, del representante procesal de la recurrente en amparo y de su falta de 
presentación por la entidad recurrida, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
14.  Mediante  providencia  de  fecha  3  de  noviembre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 4 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al  e.
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a  w.
normas del procedimiento administrativo común. 803ww
autoEsn d ceol nJcurzegtoa,d oe nd eel  Pprriemseernat eI nrsetcaunrcsioa  lnaú emn.t i6d adde  PLeonrcreai,  Idnev e1rs7i odnee sse, pSt.iLe.m, bimrep udgen 2a0 l1o8s 
y 11 de febrero de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 59-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y el derecho a la asistencia letrada 
(art. 24.2 CE), ambas sin embargo carentes de soporte argumental propio. El Ministerio 
Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que 
la entidad recurrida no ha efectuado alegaciones.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado, como afirma en trámite de alegaciones la recurrente en amparo y subraya el 
Ministerio Fiscal, la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de 
coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los 
mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. 
Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  obligue  a  una 
fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que 
hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de éste, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 
de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de  s
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo  oe.
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento  w.
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos  803ww
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efectiva sin padecer indefensión (art.24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 17 de septiembre de 2018 y 11 de febrero 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  59-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.