BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Viernes 4 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 68426
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9324 Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Almería n.º 5, por la que se deniega la 
inscripción de una representación gráfica alternativa de una finca.
En el recurso interpuesto por don J. A. B. S. contra la nota de calificación del 
registrador de la Propiedad de Almería número 5, don Segundo Miguel Pascual Soler, 
por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica alternativa de una 
finca.
Hechos
I
Mediante instancia suscrita el día 16 de octubre de 2020, con firma ratificada ante el 
registrador  de  la  Propiedad,  se  solicitó  la  inscripción  de  la  representación  gráfica 
alternativa a la catastral de la finca registral número 1.876 del término de Turrillas y la 
consecuente rectificación de su descripción, pasando de 472.784 metros cuadrados 
a 440.458.
II
Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Almería número 5, una 
vez tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«El Registrador de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del 
precedente documento (Instancia presentada por uno de los cotitulares registrales con 
firma ratificada ante Registrador solicitando se haga constar la rectificación de superficie 
conforme  a  Catastro,  acompañando  archivo  GML  y  consulta  catastral  descriptiva  y 
gráfica) que fue presentada en este Registro bajo el asiento n.º 1.677 del Diario 94, tras 
examinar los antecedentes del Registro, ha suspendido la práctica de la operación 
registral solicitada con arreglo a los siguientes:
Hechos.
Mediante el título cuya inscripción se pretende y que motiva la presente calificación, 
se solicita la coordinación catastral.
Según Registro, la finca tiene una superficie registral de 47 hectáreas, veintisiete 
áreas y ochenta y cuatro centiáreas (472.784 m2). Según consulta catastral descriptiva y 
gráfica que acompaña, arroja una superficie de 44 hectáreas, 4 áreas y cincuenta y ocho 
centiáreas (440.458 m2), aportando una representación gráfica alternativa que recoge la 
misma superficie que consta en Catastro.
Se inicia el procedimiento del art. 199 de la Ley Hipotecaria, con notificación a todos  e.
los colindantes afectados y publicación en el “BOE” durante el plazo de 20 días hábiles,  w.b
finalizando el plazo el día 25 de enero de 2021. 24ww
solicDiteandtaro. del plazo de alegaciones, se presenta escrito oponiéndose a la inscripción
Fundamentos de Derecho.
Se presenta escrito por parte del Ayuntamiento de Turrillas en el que expone que la 
finca registral objeto de este expediente invade terrenos comunales que actualmente 
están edificados por una estación de Radar de AENA, que realmente y físicamente están 
dentro de la parcela catastral que corresponde a la citada finca registral.
Se  aporta  documentación  consistente  en  planos  de  la  estación  AENA  con 
emplazamiento,  documentación  técnica  junto  con  certificado  del  secretario  del 
Ayuntamiento en el que consta que los terrenos donde se ubica dicha estación radar son 
terrenos  comunales,  plano  de  parcela  catastral  del  Ayuntamiento  con  coordenadas 
georreferenciadas, plano con vuelo georreferenciado de los años 2010-11 de la Junta de 
Andalucía, sentencias judiciales a favor del Ayuntamiento sobre propiedad, instalación y 
terreno circundante con coordenadas.
El Registrador debe calificar la existencia de dudas en la identidad de la finca, que 
pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o en parte 
con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas 
colindantes inmatriculadas o que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 
modificación de entidad hipotecaria (arts. 9, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria).
A  tal  efecto,  el  Registrador  podrá  utilizar,  con  carácter  meramente  auxiliar,  las 
representaciones  gráficas  disponibles  que  le  permitan  averiguar  las  características 
topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, por lo que podrá acudirse a 
la  aplicación  informática  homologada  en  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de agosto de 2016, así como acceder a la 
cartografía catastral, actual e histórica, disponible en la Sede Electrónica del Catastro, a 
la que se ha accedido en este caso para comprobar que efectivamente la representación 
gráfica alternativa presentada invade dichos terrenos en los que se encuentra la estación 
de servicio citada. Superponiendo la representación gráfica alternativa a la cartografía 
catastral, se observa la invasión en dichos terrenos y la presencia de una estación de 
servicio, por lo que no cabe sino suspender la operación registral solicitada, extremo éste 
que viene a corroborar la documentación técnica presentada por el Ayuntamiento de 
Turrillas, por lo que no cabe sino suspender la operación registral solicitada.
La finalidad del procedimiento del art. 199 de la Ley Hipotecaria es la tutela de los 
eventuales derechos de los titulares de fincas colindantes, siempre que estas se vean 
afectadas por la representación gráfica que se pretende inscribir.
El art. 199. 1 de la Ley (al que se remite el apartado 2 referido a la representación 
gráfica alternativa) dispone “… el Registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas, 
decidirá motivamente [sic] según su prudente criterio…”
Por tanto, de los datos y documentos que obran en el expediente, junto con el 
examen efectuado de las certificaciones catastrales gráficas afectadas y superpuesta la 
representación gráfica alternativa a la cartografía catastral, se evidencia que no es 
pacífica la delimitación gráfica de la finca que se pretende inscribir, resultado posible o, 
cuando menos, no incontrovertido, que con la inscripción de la representación gráfica se 
puede alterar la realidad física exterior que se acota con la global descripción registral, 
pudiendo afectar a los derechos de terceros.
Ello de conformidad con los arts. 9, 10, 198, 100, 200 y 201 de la Ley Hipotecaria, y 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 21 de mayo 
y 20 de julio de 2018, 18 de febrero de 2019 o las más recientes de 17 y 21 de enero 
de 2020.
Toda vez que existen dudas que impiden la inscripción de la representación gráfica,  e.
podrá acudirse al procedimiento de deslinde regulado en el art. 200 de la Ley Hipotecaria  w.b
(tal y como prevé para estos casos el propio art. 199), sin perjuicio de poder acudir al  24ww
juiciNo od escela prarativcotic cao rarensoptaocniódnie nptree v(ceonntifvoar mdee  asl uasrptíecnusloió 1n9 8p odre  nlao  Lheayb Herispeo tescoalicriiata).do, con
arreLgalo  parle asret.n 4te2  cdael ilfaic aLceiyó nH inpeogteactiavraia d.etermina la prórroga del asiento de presentación
por el plazo que señala el art. 323 de la Ley Hipotecaria.
Contra la presente nota de calificación se podrá (…)
En Almería, a 29 de enero de 2021. El registrador (firma ilegible) Fdo. Segundo 
Miguel Pascual Soler.»
III
Contra la anterior nota calificación, don J. A. B. S. interpuso recurso el día 23 de 
febrero de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Solicitada al Registro de la Propiedad núm. 5 de los de Almería coordinación gráfica 
el día 16-10-2020 Referencia: asiento 1677 del Diario 94. es suspendida la práctica de la 
operación registral solicitada por las alegaciones presentadas por parte el Ayuntamiento 
de Turrillas “en las que expone que la finca registral objeto de este expediente invade 
terrenos comunales que actualmente están edificados por una estación de Radar de 
AENA, que realmente y físicamente están dentro de la parcela catastral que corresponde 
a la citada finca registral.
Se  aporta  documentación  consistente  en  planos  de  la  estación  AENA  con 
emplazamiento,  documentación  técnica  junto  con  certificado  del  secretario  del 
Ayuntamiento en el que consta que los terrenos donde se ubica dicha estación radar son 
terrenos  comunales,  plano  de  parcela  catastral  del  Ayuntamiento  con  coordenadas 
georreferenciadas, plano con vuelo georreferenciado de los años 2010 - 11 de la Junta 
de Andalucía, sentencias judiciales a favor del Ayuntamiento sobre propiedad, instalación 
y terreno circundante con coordenadas”.
Por todo lo cual “no cabe sino suspender la operación registral solicitada.”
Aunque no se me da traslado de la documentación aportada por el Ayuntamiento de 
Turrillas sí tengo conocimiento de alguno de esos documentos y es por todo ello que 
interesa a mi derecho señalar una serie de circunstancias que no son tenidas en cuenta 
por el juicio del Registrador en su calificación.
Primero.  Reiteradas actuaciones por la vía de hecho de una administración pública, 
incumplimiento del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: Artículo 69.
1.  Las  Corporaciones  locales  promoverán  el  deslinde  de  los  montes  públicos 
catalogados  de  su  pertenencia,  que  se  practicará  con  arreglo  a  las  disposiciones 
especiales que lo regulan.
2.  Salvo la excepción del párrafo anterior, las Corporaciones locales se regirán por 
este  Reglamento  para  practicar  el  deslinde  de  sus  fincas,  cualquiera  que  fuere  la 
naturaleza y características de éstas.
El Ayuntamiento de Turrillas viene realizando actos de dominio por la vía de hecho 
desde el año 2000 en el (…) en el que promovió con AENA un complejo radioeléctrico en 
la entonces parcela 90 del polígono 11 de mi propiedad y ante los cuales nunca me he 
aquietado. De ahí las sentencias aportadas a las que más tarde me referiré.
Segundo.  La  administración  pública  puede  recuperar  la  posesión  mediante 
incoación de Expediente de Investigación, recuperación y desahucio.
Es esta la segunda vez que solicito la coordinación catastral de la misma finca 
registral,  ahora  con  la  Declaración  de  Obra  Nueva  de  la  “Estación  de  Servicio”  s
debidamente  registradas.  La  primera  fue  solicitada  el  06-09-2016  y  denegada  por  o
idénticas razones. w.
mopeodrNitoui snq oul eeeg xadpleeecsdi ire sntuitefeinc eiae dnqmtueiesn  iseptlra arAtaiyv uorne dtcaeum pinieevrnaetrso t,ei gjceaoccmuiótoniv ,a armdemceuninpteies rtralaac cióipónrno  ypp iedúdebasliacdah ,ua c ditoirsa pevonén sec a ddseeol    2021-9324n https://ww
de que tales presuntos montes públicos fuesen efectivamente de su propiedad, estando
obligado,  además,  a  su  completa  identificación  e  inscripción  en  el  Registro  de  la 
Propiedad ateniéndose a lo establecido en la Legislación de Montes.
No lo ha hecho.
Tercero.  Incumplimiento de la legislación forestal.
Se trata de monte y además protegido (…) y si perteneciese al Ayuntamiento sería 
un Monte Público y según Ley 2/92 Forestal de Andalucía Artículo 60. Competencias de 
deslinde.
Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente realizar el deslinde de todos los 
montes públicos de Andalucía con independencia de su titularidad.
Y abundando en la la [sic] Ley 2/92 Forestal de Andalucía, deberán acreditar la 
información pública con audiencia de los colindantes y/o expediente de investigación, 
recuperación y desahucio. Asimismo, deberán instar su inscripción en el Registro de 
Montes  Públicos  de  la  JA  previo  al  Registro  de  la  Propiedad.  como  consta  en  el 
Reglamento  forestal.  BO.Junta  de  Andalucía  7  octubre  1997,  núm.  117/1997  que 
desarrolla la Ley 2/1992, de 15 junio, Forestal de Andalucía:
Por otra parte, según RDGRN de 12-04-2016, sobre montes públicos y protección 
registral del dominio público tras la Ley 13/2015, artículo 39 conforme a la cual “los 
registradores de la propiedad, cuando tuvieren conocimiento de la existencia de bienes o 
derechos pertenecientes a las Administraciones públicas que no estuvieran inscritos 
debidamente, lo comunicarán a los órganos a los que corresponda su administración, 
para que por éstos se inste lo que proceda”.
Ni se hizo entonces ni se hizo ahora.
Es más, el artículo 22 de la Ley de Montes y la propia Ley 2/92 Forestal de Andalucía 
establecen que toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de 
la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte demanial o ubicado en un 
término municipal en el que existan montes demaniales requerirá el previo informe 
favorable de los titulares de dichos montes y para los montes catalogados, el del órgano 
forestal de la Comunidad Autónoma. La parcela 135 es propiedad y colinda con el Monte 
Público Catalogado de la Junta de Andalucía (…)
Tampoco se aporta.
Es por todo ello que carece de sentido tanto la oposición del Ayuntamiento como la 
calificación negativa del Registrador.
Cuarto.  La estación de AENA se ubica en parcela 135 no en la 90.
Según el Registrador “se aporta documentación consistente en planos de la estación 
AENA con emplazamiento, documentación técnica junto con certificado del secretario del 
Ayuntamiento en el que consta que los terrenos donde se ubica dicha estación radar son 
terrenos comunales”.
La estación de AENA se ubica en la parcela 135 y no en la 90 de mi propiedad de la 
que pretendo su coordinación gráfica.
A pesar de no tenerlo a la vista dudo que el certificado del Secretario de ese 
Ayuntamiento incorpore alguna base gráfica y haga referencia a algún título de propiedad 
para la ubicación concreta del presunto monte comunal, asimismo habría que comprobar 
su fecha y decaimiento o caducidad.
Quinto.  La parcela del Ayuntamiento se solapa con la del promotor, no al contrario. es
El Registrador ha accedido “a la cartografía catastral, actual e histórica, disponible en  w.
la Sede Electrónica del Catastro, para comprobar que efectivamente la representación  24ww
gdreá fsicearv aicltieor ncaittaivdaa .p Sreuspeenrtpaodnai einnvdaod ela d ricehporess teenrrtaecnioósn  egnr álofisc aq uaelt esren eantivcau ean tlraa  lcaa ertsotgarcaiófína 
csaetravisctiroa,l ,p soer  loo bqsueer vnao  lcaa ibnev assinióon s eunsp deincdheors  late orrpeenroasc ióyn l are pgrisetsreanl scoiali cditea duan,a e extsrteamcioó né sdtee   BOE-A-cable e
que viene a corroborar la documentación técnica presentada por el Ayuntamiento de 
Turrillas, por lo que no cabe sino suspender la operación registral solicitada”.
La parcela 90, Registral 1876 no se solapa con la finca que aporta el Ayuntamiento 
sino al revés, la presunta finca presentada por el Ayuntamiento se solapa sobre la del 
promotor del expediente.
Prior Tempore, Potior iure.
Si el Registrador hubiese accedido atentamente a la cartografía catastral histórica 
habría comprobado que la parcela 90 ha estado bajo mi apellido desde el inicio del 
catastro. Yo mismo segregué la parcela 135 de la 90 en base a deslinde aportado por la 
Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
[se inserta imagen]
La parcela 135 cuya titularidad catastral también reclama el Ayuntamiento de Turrillas 
es en realidad monte público de la Junta de Andalucía (…) como se puede comprobar a 
día de hoy en la base REDIAM de la Junta de Andalucía.
[se inserta imagen]
Y la estación de servicio a la que hace referencia el dictamen del registrador no es tal 
sino una serie de casetas, de las que ejecuté la oportuna Declaración de Obra Nueva, a 
las que el mismo registrador les dio la calificación oportuna en su Registro núm. 5.
Sexto.  La administración pública que se opone incumple la Ley de Procedimiento 
Administrativo en su oposición.
No  cabe  duda  que  la  oposición  de  una  administración  pública  a  un  acto 
administrativo goza de la presunción de legalidad y debe ser observada con atención, 
pero, por la misma razón, está sujeta a una serie de exigencias y requisitos legales que, 
de  no  verificarse,  no  solo  conduciría  a  la  convalidación  de  posibles  actuaciones 
irregulares de la propia Administración Pública sino que, además, sentaría precedente. 
Así y a pesar de no tenerlo a la vista, habría que comprobar que el informe técnico con la 
base gráfica y las coordenadas georreferenciadas presentado por el Ayuntamiento de 
Turrillas incorpore la firma de un funcionario de carrera y sello de la Administración, del 
propio Ayuntamiento o de la U.T.A.M. de la Diputación Provincial de Almería así como 
trámite de sometimiento a información pública, pues de lo contrario no cumpliría con los 
requisitos  exigidos  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  5  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y debería ser considerado nulo a 
efectos legales.
Séptimo.  El Ayuntamiento no es titular registral de ninguna parcela colindante.
Como “la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o 
de  cualquiera  de  las  registrales  colindantes”  no  determinará  “necesariamente”  la 
denegación de la inscripción y dado que el Ayuntamiento no acredita ser titular registral 
de la finca, ni de cualquiera de sus colindantes, se limita a efectuar una “mera oposición”, 
no  debería  denegarse  la  inscripción,  sino  continuarse  con  la  tramitación  del 
procedimiento,  acceder  a  la  inscripción  y  si  el  Ayuntamiento  que  formuló  la  “mera 
oposición” considera que la inscripción no debía haberse llevado a cabo, será quien  s
deba entablar una demanda de juicio declarativo con la posibilidad incluso, si así lo  oe.
considera  conveniente,  de  solicitar  la  medida  cautelar  de  anotación  preventiva  de  w.
pdueemdPaeon rda oact rrseaod bpitraaerr t leaq,  ufsiene cglaoú  noe blsaj,e  ntfoou redmveaul  lparer oducanecadc iimoópnieo dnsetioc il.óan L edye,  smi aenl teitrual afru dned aamlgeunntaa dfian,c ata qmupeo ncoo   2021-9324n https://ww
deberían por sí mismas ser suficientes para denegar la inscripción.
Las alegaciones formuladas por un tercero que no forma parte de los interesados en 
sentido estricto según la ley, no deberían ser determinantes de la denegación, puesto 
que no pueden considerarse incluidas en aquellas “alegaciones efectuadas” que deban 
influir en la decisión motivada del Registrador.
Octavo.  No es de aplicación el principio de “cosa juzgada”, actuación dolosa por 
parte de la administración.
Como señalé al principio nunca me he aquietado ante las actuaciones que, por la vía 
de hecho y desde el año 2000 viene ejecutando el Ayuntamiento de Turrillas en la 
parcela 90 de mi propiedad; propiedad que viene debidamente escriturada y registrada 
desde el inicio del Registro en el siglo XIX.
Las sentencias aportadas por el Ayuntamiento son prueba de ello. De ellas mismas 
se desprende que:
1.  El juzgador no estimó demostrado el vínculo entre mi título de propiedad y el 
catastro, que entonces no estaba previsto en la Ley.
2.  En  ningún  momento  se  otorgó  la  titularidad  dominical  al  Ayuntamiento  de 
Turrillas quien siempre sostuvo que se trataba de fincas distintas, ni se impugnó mi título 
inscrito.
3.  De entonces a ahora y como no podía ser de otra forma, la nueva legislación 
hipotecaria  establece  la  vinculación  entre  registro  y  catastro  para  mayor  seguridad 
jurídica, siendo esto lo que pretendo.
4.  Por otra parte la registral litigiosa de esos procedimientos (FR.–1702) es distinta 
de las que ahora nos ocupa (FR.–1876), por lo que no son alegables como justificantes 
de la oposición y mucho menos como título dominical.
El ayuntamiento nunca impugnó mi título de propiedad que sigue incólume, tal cual, 
en el Registro lo que me permite seguir ejerciendo mis derechos dominicales. Con la 
aportación de estas sentencias no pretende otra cosa el Ayuntamiento que influir en el 
buen criterio del registrador alegando sutilmente la presunta existencia de Cosa Juzgada 
y a fe que lo consigue.
En este sentido la cosa juzgada no puede impedir una resolución que determine las 
consecuencias jurídicas de hechos, actos o negocios jurídicos posteriores (art. 222. II 
LEC). Así, el artículo 286 LEC considera hechos nuevos y distintos aquellos posteriores 
a la preclusión de los actos de alegación de las partes en el proceso y el ordenamiento 
permite eliminar la eficacia de la cosa juzgada para anteponer “el valor de la justicia” a la 
seguridad jurídica. De nada sirve esa seguridad si la resolución que debe producirla se 
obtuvo de manera “injusta” o con “defectos de legalidad”.
Así, además de todos los incumplimientos señalados, hay que añadir la vulneración 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, Art. 4. Autonomía 
local.
1.  Los  municipios  y  provincias  de  Andalucía  gozan  de  autonomía  para  la 
ordenación y gestión de los asuntos de interés público en el marco de las leyes. Actúan 
bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas que integran su respectiva 
comunidad.
Noveno.  Judicialización del procedimiento, contradicción con calificación anterior de 
la Obra Nueva de la “Estación de Servicio” del mismo registro y actos de dominio del  es
promotor, que abocan a un absurdo jurídico. o
La Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de 27 de  24ww
julio de 2017, BOE 193/2017, de 14 agosto 2017, dispone, en su FJ 6 que:
coor“dEiln eaxcpióend iecnotne  peal raC laat ainsstrcor ipdceió nl ad ef inlac are perse seunntoa cidóen  glorásf icpar ogceeodrirmefieenretonsc iapdaar ay  slua 
concordancia  del  registro  con  realidad  regulados  en  la  reforma  operada  por  la
Ley 13/2015, de 24 de junio. La nueva regulación se incardina en el marco de la 
desjudicialización de procedimientos que constituye uno de los objetivos principales de la 
nueva  Ley  15/2015,  de  2  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Voluntaria,  y  de  la  citada 
Ley 13/2015, de 24 de junio, regulándose en esta última los procedimientos que afectan 
al Registro de la Propiedad y atribuyendo competencia para la tramitación y resolución a 
los notarios y registradores de la Propiedad.
Uno de los principios de esta nueva regulación de la Jurisdicción Voluntaria es que, 
salvo que la ley expresamente lo prevea, la formulación de oposición por alguno de los 
interesados no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación 
hasta que sea resuelto, tal y como se destaca en la Exposición de Motivos de la citada 
Ley 15/2015 o su artículo 17.3.”
Cuando lo que desde esa DGRN se pretende es una desjudicialización de los 
procedimientos la calificación del Registro 5 de Almería supone un paso atrás en ese 
camino al desembocar en un absurdo jurídico: el promotor-legítimo propietario dominical 
con título inscrito pero sin dominio real frente a oposición ilegítima sin ningún título de 
propiedad pero poseyendo el dominio real.
Como se deduce de la propia documentación aportada por el Ayto. de Turrillas, el 
promotor del expediente vio alterada su pacífica posesión por la actuación del citado 
Ayto. ejerciendo en su momento las acciones judiciales oportunas que no otorgaron el 
dominio a ninguna de las partes lo que ha enquistado la disputa. El Ayuntamiento está 
legalmente obligado a identificar, recuperar, catastrar y registrar sus bienes inmuebles 
incoando Expediente de Investigación, Recuperación y Desahucio disponiendo de los 
medios legales para ello y tiempo ha tenido para ejercerlos desde que surgió el conflicto.
Al no reconvenir e impugnar mi inscripción registral mis derechos dominicales siguen 
incólumes, como lo demuestra la segregación de la parcela 135 de la 90 y la Declaración 
y Registro de la Obra Nueva que el Registrador se empeña en pasar, en su calificación, 
por Estación de Servicio.
Por todo ello la calificación negativa del Registrador no supone sino una nueva 
judicialización de la cuestión, no ya sin salida alguna para las partes sino agravando la 
indefensión jurídica del promotor y favoreciendo a la oposición; cuando es más que 
evidente que la propia oposición del Ayuntamiento, que no abre el inmediato Expediente 
Administrativo de Investigación, Recuperación y Desahucio con que la Ley le ampara, es 
prueba más que palmaria de quién ostenta realmente la titularidad registral y debería 
ostentar, además, la dominical.
Décimo.  Ausencia de Coordinación cartográfica catastral y topográfica, aplicación 
de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información 
geográfica en España y esto también afecta a la propia jurisdicción del Registro de la 
Propiedad núm. 5
El propio Registro núm. 5 ciñe su jurisdicción sobre el municipio de Turrillas a la 
cartografía catastral, que puede variar, en lugar de la topográfica que es inamovible. El 
Registro de la Propiedad 5 no se ha percatado que es la falta de coordinación de la 
cartografía catastral con la topográfica entre los términos municipales de Almería y 
Turrillas lo que permite las actuaciones del Ayto. de Turrillas (Almería) por la vía de 
hecho arrogándose la titularidad catastral de la parcela 135 pol. 11 de Turrillas (que 
pertenecería topográficamente a Almería) y parte de la parcela 90, mismo polígono de mi 
propiedad con todos los conflictos que ello conlleva y que pueden comprobar en los 
expedientes catastrales abiertos en las citadas parcelas y a cuyas alegaciones por mi  e
presentadas en esos expedientes les remito. bo
Solo  es  cuestión  de  tiempo  que  la  Dirección  General  del  Catastro  aplique  la  24ww
lDoiss psoesrvicicióions a ddeic iinofnoarml taecrcióenra g deeo glará Lfiecya  1e4n/ 2E0s1p0a,ñ dae q 5u ed ere jzuali:o, sobre las infraestructuras y
1.  La cartografía catastral se regirá por lo establecido en el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo y sus normas de desarrollo, o por la correspondiente normativa foral, así como 
supletoriamente, por lo establecido en la presente ley y en la Ley 7/1986, de 24 de enero 
de Ordenación de la Cartografía.
2.  Cuando exista cartografía topográfica oficial inscrita en el Registro Central de 
Cartografía y debidamente actualizada, realizada por alguno de los agentes integrados 
en  el  Sistema  Cartográfico  Nacional,  la  cartografía  catastral  correspondiente  se 
actualizará o realizará a partir de ella.
3.  En ausencia de la cartografía topográfica necesaria o en caso de no haber 
llegado a un acuerdo con el agente productor, la Dirección General del Catastro o las 
correspondientes  autoridades  forales  podrán  producirla  y  solicitar  su  inscripción  al 
Registro Central de Cartografía.
[se inserta imagen]
Cartografía catastral.
[se inserta imagen]
Cartografía topográfica Instituto Geográfico Nacional.
[se inserta imagen]
Cartografía Histórica Instituto Geográfico Nacional.
Es  por  todo  lo  señalado  que  solicito  a  esa  DGRN  tenga  por  presentadas  las 
anteriores alegaciones en tiempo y forma y se dicte resolución en la que se ordene 
continuar con la tramitación del expediente del art. 199 LH y una vez concluido, se 
proceda a la inscripción solicitada».
Posteriormente, el recurrente presentó nuevo escrito de ampliación del anterior del 
que resultaba lo siguiente:
«Que  interesa  a  mi  derecho  aportar  nuevas  alegaciones  a  la  calificación  del 
registrador  a  las  ya  aportadas  en  fecha  10-02-21  con  N.º  de  Entrada  al  Registro: 
O00000251e2100222847:
Primero.  La parcela 135 es monte público patrimonial de la Junta de Andalucía (…)
Adjunto resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería por la que se autoriza la ocupación de terrenos del monte público 
denominado “(…)” (…) perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía y situados 
en el término municipal de Almería, por un complejo radioeléctrico por parte de la entidad 
pública empresarial Enaire (antes AENA-Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) en 
la  que  se  señala:  “Primero:  El  31  de  octubre  de  1995  se  firmó  un  Convenio  de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Turrillas y la Entidad Pública Empresarial AENA 
en el que aquella administración autorizaba la ubicación de la instalación del Complejo 
Radioeléctrico dentro de unos terrenos supuestamente de propiedad municipal. En este 
convenio se autorizaba la ocupación por un periodo de 50 años prorrogable de mutuo 
acuerdo.
Las instalaciones anexas al radar (9 casetas y un mirador) quedaban según este 
acuerdo  en  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Turrillas,  que  a  su  vez  efectuaría  la 
asignación  de  unidades  construidas  a  los  usuarios  y  se  encargaría  de  todas  las  s
gestiones relacionadas con ellos (punto 3 del anexo al Convenio de cooperación entre el  oe.
Ayuntamiento y AENA). A pesar de lo descrito, la propiedad de la finca (parcela 90 del  w.
cCpeoorlmítgifpioclnaeocjo i1ó R1n a dcdeailot ateéslrétmrcatilrn iaco o Dm (.ue Jnl .ri ceAisp. taBol . f doSer. m Tcauo rnpr ialDlarNtse)I  ,d( s…eol )bm rceoo nnlat e uq npu úe7b 5sl%iec o ad s[e…ie lno])ts ap  delaer trmeencaehycooesrr  písaoa brstreeeg  dúsenul    2021-9324n https://ww
propiedad y Doña M. J. A. G. con DNI (…) en el 25% restante. Esto hace que el convenio
pueda entenderse como inválido al no ser el Ayuntamiento propietario de los terrenos y 
por lo tanto carecer de la autoridad necesaria para administrarlos.
El proyecto de instalaciones auxiliares y acondicionamiento del entorno del complejo 
también  parte  de  un  supuesto  erróneo  al  considerar  al  Ayuntamiento  de  Turrillas 
propietario de los terrenos.
Y resuelve: “Autorizar a D. A. F. F. en nombre y representación de la Entidad Pública 
Empresarial  ENAIRE  la  ocupación  de  una  superficie  de  331  m2  por  un  Complejo 
Radioeléctrico en el monte público ‘(…)’ (…), del término municipal de Almería, cuyo 
titular es la Comunidad Autónoma de Andalucía (…)".
Segundo.  Incumplimiento del Real Decreto de 26/04/1957.Reglamento de la Ley de 
expropiación forzosa con violación del derecho de propiedad.
El Real Decreto de 26/04/1957.Reglamento de la Ley de expropiación forzosa en su 
Artículo 1. (Concepto de expropiación forzosa) establece que:
1.  Toda  la  intervención  administrativa  que  implique  privación  singular  de  la 
propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos a que se refiere el artículo 1 de 
la Ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos y específicamente a los de 
exigencia de habilitación legal, de sometimiento a procedimiento formal y de garantía 
jurisdiccional frente a la misma.
Art. 3.º  1.  Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer 
lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación.
2.  Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario 
o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción 
de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente o en su defecto, a quien 
aparezca con tal carácter en registro fiscales o finalmente, al que lo sea pública y 
notoriamente.
El promotor del expediente es el titular catastral y registral, pública y pacíficamente. 
Esta Ley, por otra parte, me otorga las siguientes Garantías jurisdiccionales
Art. 124.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 32, párrafo 2, del Fuero de los 
Españoles, nadie podrá ser expropiado sino por causas de utilidad pública o interés 
social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las 
Leyes.
Y según el Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 20 de 
marzo de 1952, que ha sido ratificado por España por Instrumento de 2 de noviembre 
de 1990 (RCL 1991/81). Toda ocupación material de un terreno sin título o como simple 
vía de hecho por parte de una Administración pública constituye una vulneración del 
derecho de propiedad que debe ser anulada por los tribunales, en la medida en que 
cualquier intervención de los poderes públicos en el goce del derecho de propiedad debe 
atenerse siempre al principio de legalidad.
Y si la Ley impone a la Administración la obligatoriedad de adoptar una resolución 
que le sirva de fundamento jurídico para iniciar cualquier actuación material y de notificar 
esa resolución, significa exactamente eso: que antes de realizar una actuación material 
que afecte a bienes, derechos o intereses de un particular, el Ayuntamiento ha de 
adoptar esa resolución consistente en una declaración de voluntad ejecutiva de una 
resolución anterior, que ordene la ejecución forzosa de aquélla por uno de los medios  es
legalmente previstos. o
No existe Declaración de Utilidad Pública ni expediente expropiatorio. 24ww
Tercero.  Incumplimiento  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Según  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Artículo 93.  Título.
1.  Las  Administraciones  Públicas  no  iniciarán  ninguna  actuación  material  de 
ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente 
haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
2.  El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará 
obligado  a  notificar  al  particular  interesado  la  resolución  que  autorice  la  actuación 
administrativa.
Es decir, será la Administración pública que ha realizado la actuación material que 
afecta los intereses y libertades particulares quien deberá probar la existencia de unos 
actos administrativos que dieran cobertura a esa actuación y que se hubieran notificado 
al interesado.
Corresponde al Ayuntamiento de Turrillas demostrar que no existe tal vía de hecho, 
sino una actuación conforme al procedimiento legal.
Ni el menor intento ha hecho el ayuntamiento en todo este tiempo para acreditarlo.
Si insiste en su actuación material de ejecución de resoluciones que limiten derechos 
de particulares serían actos nulos de pleno derecho según Artículo 62. Nulidad de pleno 
derecho de la misma Ley: 1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de 
pleno derecho en los casos siguientes:
a)  Los  que  lesionen  los  derechos  y  libertades  susceptibles  de  amparo 
constitucional.
Cuarto.  Incumplimiento de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.
Incidiendo en el fondo de la cuestión, advertir al Ayuntamiento de Turrillas que según 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Artículo 54. 
Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a 
los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los 
términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.
Acción cuyo ejercicio me reservo tanto contra la Administración como contra el 
funcionario o autoridad responsable.
Artículo 82.  Las Entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes 
prerrogativas:
a)  La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se 
trate de los de dominio público, y en el plazo de un año, los patrimoniales.
b)  La de deslinde, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio del 
Estado y en su caso en la legislación de los montes.
A la vista del ramillete de irregularidades expuesto y ateniéndome a lo establecido en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones  e
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por la que, según su Artículo 62.  bo
Nulidad de pleno derecho. 24ww
1.  Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los 
casos siguientes:
a)  Los  que  lesionen  los  derechos  y  libertades  susceptibles  de  amparo 
constitucional...
e)  Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido...
f)  Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición.
g)  Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango 
legal.
2.  También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 
vulneren  la  Constitución  (derecho  a  la  propiedad),  las  leyes  u  otras  disposiciones 
administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que 
establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales.
Quinto.  Imposibilidad de ejercer acción de deslinde a la que remite el Registrador.
Termina la calificación del Registrador: “Toda vez que existen dudas que impiden la 
inscripción de la representación gráfica, podrá acudirse al procedimiento de deslinde 
regulado en el art. 200 de la Ley Hipotecaria (tal y como prevé para estos casos el propio 
art. 199), sin perjuicio de poder acudir al juicio declarativo correspondiente (conforme al 
artículo 198 de la Ley Hipotecaria).
Como el Ayuntamiento de Turrillas no es titular ni catastral ni registral de parcela 
alguna colindante, no es posible ejercer la acción civil de deslinde frente a él como indica 
la calificación del Registrador.
Es por todo lo señalado que solicito a esa DGRN tenga por presentadas estas 
nuevas  alegaciones  en  tiempo  y  forma  y  acumuladas  a  las  presentadas  en 
fecha  10-02-21  con  n.º  de  Entrada  al  Registro:  O00000251e2100222847  se  dicte 
resolución en la que se ordene continuar con la tramitación del expediente del art. 199 
LH y una vez concluido, se proceda a la inscripción solicitada.»
IV
El registrador de la Propiedad de Almería número 5 emitió informe ratificando la 
calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 10, 199 y 326 de la Ley Hipotecaria; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de junio y 10 de octubre 
de 2017, 17 de enero, 6 de febrero, 21 de mayo, 20 de julio, 27 de noviembre y 20 de 
diciembre de 2018 y 18 de febrero y 18 de septiembre de 2019, y las Resoluciones de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de febrero, 11 de marzo, 16 
y 21 de septiembre y 20 y 26 de noviembre de 2020 y 18 de marzo de 2021.
1.  Es objeto de este expediente decidir si es inscribible la representación gráfica  es
correspondiente a una finca registral y consiguiente rectificación de su descripción. bo
Son  circunstancias  de  hecho  relevantes  para  la  resolución  de  este  recurso  las  24ww
sigu–ie nLtae sf:inca registral número 1.876 del término de Turrillas tiene según Registro una
superficie  de  472.784  metros  cuadrados,  formándose  por  segregación  de  la
registral  1.702.  Según  el  Registro,  se  corresponde  con  la  referencia 
catastral 04094A011000900000MB.
– En la instancia presentada se rectifica la superficie de la finca afirmando que la 
correcta, según representación gráfica alternativa, es de 440.458 metros cuadrados, 
coincidente con la cabida que resulta de Catastro.
– Consta  inscrita  previa  declaración  de  obra  nueva  sobre  la  misma  de  cinco 
almacenes, con las coordenadas de la porción de finca ocupada por tales edificaciones.
El registrador deniega la inscripción solicitada, una vez tramitado el expediente 
previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, por manifestar su oposición a la 
inscripción  el  Ayuntamiento  de  Turrillas,  alegando  que  con  la  inscripción  de  la 
representación  gráfica  georreferenciada  se  produciría  una  invasión  de  terrenos 
comunales edificados por una estación de radar de AENA, que realmente están dentro 
de la parcela catastral que se corresponde con la finca registral, aportándose planos del 
emplazamiento de la citada estación de radar, documentación técnica, certificación del 
secretario del Ayuntamiento declarando el carácter comunal de los terrenos donde se 
ubica la estación, planos georreferenciados y ortofotografía de los años 2010-2011, así 
como una sentencia recaída en procedimiento declarativo de dominio entablada por el 
ahora  recurrente  y  que  fue  desestimada.  Igualmente  señala  el  registrador  que, 
superpuesta  la  representación  gráfica  alternativa  sobre  la  cartografía  catastral,  se 
observa la invasión de dichos terrenos.
El  interesado  recurre  alegando,  en  síntesis,  que  no  se  ha  instado  por  el 
Ayuntamiento de Turrillas el oportuno expediente de deslinde de los terrenos comunales, 
no dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y en la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; que la estación de radar de AENA se 
ubica en la parcela 135 del polígono 11 y no en la parcela 90, siendo que es esta última 
la que se solapa con la registral 1.876 y no al revés, como afirma el registrador en su 
nota de calificación; que la parcela 135, cuya titularidad reclama el Ayuntamiento es 
monte público de la Junta de Andalucía (…), y que la estación de servicio a que alude el 
registrador son una serie de casetas, que fueron objeto de declaración de obra nueva y 
que tuvieron su adecuado reflejo registral.
Señala  asimismo  un  posible  incumplimiento  de  la  Ley  de  Procedimiento 
Administrativo por parte del Ayuntamiento, entendiendo que el informe emitido por la 
Administración municipal debe ir firmado por técnico y sellado por la Administración, 
debiéndose someter a trámite de información pública; que el Ayuntamiento no es titular 
de ninguna parcela colindante, por lo que sus alegaciones no deberían ser tenidas en 
cuenta que la sentencia invocada en el escrito de oposición no reconoce la propiedad del 
Ayuntamiento sobre la parcela 90 y que en realidad viene referida a una registral distinta 
(registral 1.702 de Turrillas) de aquélla sobre la que se ha tramitado el procedimiento 
regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria; que la calificación registral conduce a 
un absurdo jurídico, cual es que se perpetúa el conflicto entre promotor del expediente 
con título inscrito pero sin posesión frente al que sin título de propiedad viene poseyendo 
la  finca,  habiéndose  realizado  por  el  primero  actos  de  modificación  de  entidades 
hipotecarias  que  demuestran  que  la  inscripción  sigue  produciendo  los  efectos 
legitimadores  que  le  son  propios;  que  existe  una  discordancia  entre  la  cartografía 
catastral y la topográfica entre los términos municipales de Almería y Turrillas, lo que 
permite  al  Ayuntamiento  de  Turrillas  arrogarse  la  titularidad  de  la  parcela  135  del 
polígono  11,  debiendo  ajustarse  la  cartografía  catastral  a  lo  que  resulta  de  la  e.
Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información  w.b
geográfica en España, debiendo afectar asimismo a la demarcación del Registro de la  24ww
PropEiend saud  pdoes tAelrmioer reías cnrúitmo edreo  a5d.ición al de recurso señala además que no se ha seguido
eplr opcioerdreasdp; olnad ieanutsee ncpirao cdeed imreiesnotlou cieóxnp rroepciaaítdoari o enq ueel   cjuosrtriefisqpuoen dlaie ntper ivparcoiócend imdeie nstuo 
administrativo que sirva de fundamento jurídico a la actuación municipal; que los actos
así dictados deben reputarse nulos de pleno derecho; y que no es posible el ejercicio de 
la  acción  de  deslinde  que,  como  solución,  propone  el  registrador  por  no  ser  el 
Ayuntamiento de Turrillas colindante registral ni catastral de aquélla sobre la que se está 
tramitando el procedimiento.
2.  Como cuestión previa, el recurrente manifiesta que no se le ha dado traslado del 
contenido del escrito de oposición y de la documentación que lo acompaña.
En cuanto a este extremo, la Ley Hipotecaria no se pronuncia al respecto al regular 
el  procedimiento  en  el  artículo  199,  que  no  contiene  ninguna  previsión  sobre  la 
necesidad de dar traslado de las alegaciones de los colindantes originadas en el curso 
del procedimiento al promotor del expediente.
Como ya se indicó en las Resoluciones de 14 de noviembre de 2016 y 21 de mayo 
de 2018, el artículo 342 del Reglamento Hipotecario dispone que «también podrán 
expedir  los  Registradores,  a  petición  de  los  interesados,  certificaciones  de  los 
documentos que conserven en su archivo y respecto de los cuales puedan considerarse 
como sus archiveros naturales», documentos entre los que, sin duda, se encuentran los 
incorporados  a  la  tramitación  del  expediente  previsto  en  el  artículo  199  de  la  Ley 
Hipotecaria.
Esta  posibilidad  debe  entenderse  limitada  a  los  efectos  informativos  que  se 
desprenden de los citados preceptos, sin que en ningún caso pueda traducirse en 
nuevos trámites no contemplados en el procedimiento que pudieran suponer sucesivas 
intervenciones de los interesados, lo que, además de no preverse en dicho expediente 
registral,  haría  derivar  el  mismo  en  una  suerte  de  procedimiento  contencioso  que 
desvirtuaría su naturaleza.
3.  Procede  reiterar,  una  vez  más,  la  doctrina  de  la  Dirección  General  de  los 
Registros y del Notariado relativa a la inscripción de representaciones gráficas que se 
sintetiza del siguiente modo:
a)  El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la 
identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca 
coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la 
posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio 
traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 
y 201 de la Ley Hipotecaria).
b)  A tal efecto el registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, las 
representaciones  gráficas  disponibles,  que  le  permitan  averiguar  las  características 
topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, para lo que podrá acudirse a 
la aplicación informática prevista en dicha norma y homologada en la Resolución de esta 
Dirección General de 2 de agosto de 2016, así como acceder a la cartografía catastral, 
actual e histórica, disponible en la Sede Electrónica del Catastro.
c)  Dado que con anterioridad a la Ley 13/2015, de 24 de junio, se permitía el 
acceso  al  Registro  de  fincas  sin  que  se  inscribiese  su  representación  gráfica 
georreferenciada, la ubicación, localización y delimitación física de la finca se limitaba a 
una descripción meramente literaria, lo que puede conllevar una cierta imprecisión a la 
hora  de  determinar  la  coincidencia  de  la  representación  gráfica  con  otras  fincas 
inmatriculadas con anterioridad a dicha norma.
d)  El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe 
decidir motivadamente según su prudente criterio.
En caso de haberse manifestado oposición por algún interesado, constituye uno de 
los  principios  de  la  regulación  de  la  Jurisdicción  Voluntaria  que,  salvo  que  la  Ley  e.
expresamente lo prevea, la sola formulación de oposición por alguno de los interesados  w.b
no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que  24ww
soepao sriceisóune dlteo . qPuioern  tnaon toh,a yya  caocnrefodrimtaed oa sl earr ttíitcuulalor  r1e9g9is tdrael  dlae  Llae yfi nHcaip oot edcea criuaa, lq«ulaie rma edrea 
las rLeog isqturael enso c oimlinpdidaen,t epso dr eotetrram ipnaer tnee, cqeusea rilaams eanleteg alac idoenneesg raeccióibnid daes  las einasnc rtiepnciiódna»s .en
cuenta para formar el juicio del registrador.
e)  El juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado y 
fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o 
remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.
4.  Como ya se indicó por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
su  Resolución  de  fecha  15  de  marzo  de  2016  y  ha  reiterado  en  otras  muchas 
posteriores, la obligación legal a cargo de los registradores de la Propiedad de tratar de 
impedir la práctica de inscripciones que puedan invadir el dominio público tiene su origen 
y fundamento, con carácter general, en la legislación protectora del dominio público, 
pues,  como  señala  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas, tanto en su artículo 6 como en su artículo 30, los bienes y 
derechos  de  dominio  público  o  demaniales  son  inalienables,  imprescriptibles  e 
inembargables,  lo  cual  no  es  sino  manifestación  del  principio  y  mandato  supremo 
contenido en el artículo 132 de nuestra Constitución.
Por esa razón, el artículo 61 de la misma ley, ordena que «el personal al servicio de 
las Administraciones públicas está obligado a colaborar en la protección, defensa y 
administración de los bienes y derechos de los patrimonios públicos».
En  el  caso  particular  de  los  registradores  de  la  Propiedad,  como  funcionarios 
públicos que son, tal deber de colaboración se articula desde diversos puntos de vista. 
En primer lugar, el artículo 36 de dicha ley ordena que «las Administraciones públicas 
deben  inscribir  en  los  correspondientes  Registros  los  bienes  y  derechos  de  su 
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, 
así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos 
registros».
Y para implicar a los registradores en la promoción de dicha inscripción registral, se 
establece a su cargo, además del mandato general de colaboración y suministro de 
información de los artículos 61 y 64, una previsión específica en el artículo 39 conforme 
a  la  cual  «los  registradores  de  la  propiedad,  cuando  tuvieren  conocimiento  de  la 
existencia de bienes o derechos pertenecientes a las Administraciones públicas que no 
estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarán a los órganos a los que corresponda 
su administración, para que por éstos se inste lo que proceda». En este sentido es 
necesario  insistir  una  vez  más  en  la  conveniencia  de  que  por  parte  de  las 
Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de inmatricular o 
inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (vid. artículos 36 
y 83 y disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas), dado que de esta forma éstos gozarán de la máxima 
protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los medios a su alcance 
de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni siquiera parciales, que 
pudieran invadir el dominio público ya inscrito.
5.  Pero la protección registral que la Ley otorga al dominio público no se limita 
exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio 
público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente (pues el deslinde tiene un valor 
declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento 
jurídico 7), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que 
pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción. Por tal motivo, con carácter 
previo  a  la  práctica  de  la  inscripción,  y  conforme  a  lo  previsto  en  distintas  leyes 
especiales, como la de costas, montes o carreteras, el registrador ha de recabar informe 
o certificación administrativa que acrediten que la inscripción pretendida (en concreto en 
el caso de colindancia con el «demanio» de la finca que se pretende inmatricular) no  e.
invade el dominio público. w.b
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones  24ww
deexp croemsapsr odbea qr uqeu ee le rle sguisetlroa dnoor ,t iaenntee sc adreá catcecr eddeemr aan liaa li nos ecrsitpác iaófne cdtea deod ipfiocra csieornveidsu, mhabbrerás 
de u6s.o  pYú balivcaon gzeannedroa ld.ecididamente en la senda de la protección registral del dominio
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso y no sólo en los respectivos ámbitos sectoriales a que se 
refieren las leyes especiales antes citadas (costas, montes, carreteras, suelo, etc.), el 
registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas, o de la representación gráfica 
georreferenciada de fincas ya inmatriculadas, cuando tuviera dudas fundadas sobre la 
posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto,  sino  también  en  diversos  artículos  del  Título  VI  de  la  ley  que  contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general.
Así, por ejemplo, el artículo 199, al regular el procedimiento para la inscripción de la 
delimitación  georreferenciada  de  las  fincas  ya  inmatriculadas,  ordena  que  «el 
Registrador denegará la inscripción de la identificación gráfica de la finca, si la misma 
coincidiera en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, 
circunstancia que será comunicada a la Administración titular del inmueble afectado».
Y al regular el procedimiento inmatriculador del artículo 203, se establece que «si el 
Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya 
inmatriculación  se  pretende  con  otra  u  otras  de  dominio  público  que  no  estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada, 
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u 
órgano competente, acompañando certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca 
que se pretende inmatricular, con el fin de que, por dicha entidad, se remita el informe 
correspondiente  dentro  del  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la 
recepción  de  la  notificación.  Si  la  Administración  manifestase  su  oposición  a  la 
inmatriculación, o no remitiendo su informe dentro de plazo, el Registrador conservase 
dudas sobre la existencia de una posible invasión del dominio público, denegará la 
anotación solicitada, notificando su calificación al Notario para que proceda al archivo de 
las actuaciones, motivando suficientemente las causas de dicha negativa, junto con 
certificación o traslado de los datos procedentes de la información territorial utilizada y, 
en su caso, certificación literal de la finca o fincas que estime coincidentes».
Igualmente el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, se ocupa de insistir, en términos 
casi idénticos a los ya señalados en otros preceptos, que «si el Registrador tuviera 
dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya inmatriculación se 
pretende con otra u otras de dominio público que no estén inmatriculadas pero que 
aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada  facilitada  por  las 
Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u órgano competente, 
acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca que se pretende 
inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el informe correspondiente, 
dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación». Y añade siguiendo la misma técnica del artículo 203 de la misma ley que 
«si la Administración manifestase su oposición a la inmatriculación o, no remitiendo su 
informe dentro de plazo, el Registrador conservase dudas sobre la existencia de una 
posible invasión del dominio público, denegará la inmatriculación pretendida».
7.  Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, señalando en el 
nuevo artículo 9 de la Ley Hipotecaria que «todos los Registradores dispondrán, como 
elemento  auxiliar  de  calificación,  de  una  única  aplicación  informática  (…)  para  el  s
tratamiento  de  representaciones  gráficas,  que  permita  relacionarlas  con  las  oe.
descripciones de las fincas contenidas en el folio real, previniendo además la invasión  w.
del dominio público, así como la consulta de las limitaciones al dominio que puedan  24ww
dcoerrriveasrpsoen ddiee nlate »c.l asYi ficeanc iósun  yd icsaploifsicicaicóinó na udricbiaonníaslt icpar,im meerad,i oaañmabdieen tqaul eo  «apdamrain isqturaet ivlaa 
Dinifroercmcáiótnic aG reengeisrtaral l dpea ralo se l Rtraetgaismtrieons toy  ddee rle pNroetsaerinatdaoc iopnueesd gar áhfiocmaso,l oag qaur el as ea rpelifciearcei óenl   BOE-A-cable e
artículo 9 de la Ley Hipotecaria, dicha aplicación o sistema de información geográfica 
habrá de permitir, a través de servicios de mapas web en línea, enlazar e interoperar 
visualmente, así como realizar análisis de contraste, con la cartografía elaborada por la 
Dirección  General  del  Catastro  y  con  aquellas  otras  cartografías  o  planimetrías, 
debidamente  georreferenciadas  y  aprobadas  oficialmente  por  las  distintas 
Administraciones competentes en materia de territorio, dominio público, urbanismo o 
medio  ambiente,  que  fueran  relevantes  para  el  conocimiento  de  la  ubicación  y 
delimitación  de  los  bienes  de  dominio  público  y  del  alcance  y  contenido  de  las 
limitaciones públicas al dominio privado».
8.  Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no 
hace sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de 
que los registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada 
que invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del 
territorio catalogada como demanial.
9.  Según el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, corresponde al registrador, a la vista 
de las alegaciones efectuadas, decidir motivadamente según su prudente criterio.
Como  ha  reiterado  este  Centro  Directivo,  siempre  que  se  formule  un  juicio  de 
identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino 
que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (Resoluciones 
de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre 
de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero de 2015 y 21 de abril de 2016, entre otras).
En el presente caso, la oposición formulada se apoya en un escrito firmado por el 
alcalde-presidente  del  Ayuntamiento  de  Turrillas,  al  que  acompaña  planimetría 
georreferenciada y certificación del secretario municipal en el que se declara de modo 
expreso el carácter comunal de los terrenos donde se ubica la estación de radar, 
enclavada en la parcela 135 del polígono 11.
Asimismo, las sentencias aportadas junto con el escrito de alegaciones afirman la 
inclusión  de  la  finca  presuntamente  invadida  en  el  Inventario  Municipal  como  bien 
demanial, suponiendo un indicio contrario a las pretensiones del actor, ahora recurrente 
en este recurso; y se declara expresamente que las instalaciones de AENA ocupan 
parcialmente la parcela 90 del polígono 11.
Junto con el escrito de recurso y posterior de alegaciones se acompaña el pliego de 
condiciones técnicas particulares para la ocupación de terrenos del monte público (…) 
que señalaba que la parcela afectada era la parcela 90 del polígono 11, si bien la 
resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Almería por la que se autoriza la ocupación de terrenos del citado monte público parece 
rectificar la anterior y manifestar que la citada parcela es de titularidad privada, tales 
documentos no pueden servir de título jurídico para la atribución del dominio sobre una 
finca, ni realizan manifestación contraria al contenido de la nota de calificación, pues 
precisamente lo que resulta de la misma es que la representación gráfica alternativa 
aportada invade parcialmente los terrenos donde se ubica la estación de radar que, 
según resulta del levantamiento topográfico aportado por el Ayuntamiento de Turrillas, se 
ubican sobre la parcela catastral 135 del polígono 11; además, se trata de documentos 
que se han aportado junto con el escrito de recurso y que no fueron tenidos a la vista por 
el  registrador  en  el  momento  de  emitir  su  calificación  (cfr.  artículo  326  de  la  Ley 
Hipotecaria). s
10.  Aunque, como señala el artículo 199, «la mera oposición de quien no haya  oe.
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes no  w.
determina necesariamente la denegación de la inscripción», ello no puede entenderse en  24ww
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poniendo de manifiesto una situación de alteración de la configuración física de la finca
que implicaría invasión de dominio público, circunstancia proscrita por la legislación 
hipotecaria, según ha quedado expuesto en los fundamentos anteriores.
En cuanto a la alegación del recurrente relativa a que el Ayuntamiento de Turrillas no 
debería haber sido parte en el procedimiento por no ostentar la condición de colindante, 
cabe afirmar que estando la actuación del registrador de la Propiedad presidida por el 
principio de legalidad, éste debe prevalecer en todo caso, por lo que no cabe sino 
concluir que fue correcta la actuación del registrador al tomar en consideración tales 
alegaciones procedentes de una Administración Pública a fin de preservar el dominio 
público de una posible invasión.
Por todo ello, debe confirmarse la calificación a la vista del informe municipal, pues 
dados  los  términos  del  pronunciamiento  no  puede  procederse  a  la  inscripción,  sin 
perjuicio  de  que  por  el  interesado  se  ejerciten  los  recursos  o  actuaciones 
correspondientes  ante  dicha  autoridad  municipal  o  incluso  judicial  para  instar  la 
rectificación de la resolución dictada. Y sin que por otra parte el procedimiento para la 
inscripción  de  la  representación  gráfica  o  el  recurso  contra  la  calificación  sea  el 
adecuado para contender acerca del contenido de dicha resolución municipal.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.