BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Miércoles 2 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 108568
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
15399 Real Decreto 1056/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de determinadas subvenciones en el ámbito del medio ambiente, para 
el ejercicio presupuestario 2020.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el Departamento 
competente, en el ámbito de la Administración General del Estado, para la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, 
prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, 
de los bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y 
social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno 
frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.
El cambio climático es una realidad cada vez más presente en nuestras vidas, sus 
efectos se manifiestan en todas las regiones del planeta a través de un conjunto cada 
vez  más  amplio  de  certezas  que  no  se  puede  obviar.  Los  datos  que  aporta  la 
observación sistemática del fenómeno son contundentes al respecto, así la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) recoge, en el Open Data Climático, las evidencias más 
relevantes de los impactos del cambio climático en España en los últimos 40 años y 
pone de manifiesto que hay ya más de 32 millones de personas directamente afectadas 
por  sus  efectos;  nuestro  país,  por  su  situación  geográfica  y  características 
socioeconómicas, es muy vulnerable al cambio climático.
Para abordar esta nueva realidad el Gobierno de España remitió el pasado 31 de 
marzo de 2020 a la Comisión Europea, dando así cumplimiento al Reglamento (UE) 
2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030, este plan está estrechamente alineado con las 
nuevas políticas de energía y clima lideradas por Europa.
Asimismo, es relevante señalar el importante hito que ha supuesto la aprobación el 
pasado 19 de mayo por el Consejo de Ministros del primer proyecto de Ley de Cambio 
Climático  y  Transición  Energética,  remitido  a  las  Cortes  para  su  tramitación 
parlamentaria y que articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio 
climático. Dicho proyecto se fundamenta en principios de desarrollo sostenible, justicia 
social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y 
promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y 
cooperación entre Administraciones.
Para afrontar un fenómeno tan diverso y complejo como el del cambio climático es 
indispensable un esfuerzo continuado y un enfoque global, identificando estrategias, 
políticas e instrumentos que permitan desarrollar medidas efectivas de actuación. En 
este marco, la colaboración de las administraciones, empresas, organizaciones sociales 
y ciudadanos es indispensable para avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde 
el punto de vista de la mitigación del fenómeno como desde el ámbito de la adaptación a  s
sus potenciales impactos, siendo muy relevante la participación de las entidades locales,  e.
administraciones que actúan muy unidas al territorio. w.
Por otro lado, el lograr un desarrollo más sostenible, duradero, justo y saludable  399ww
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Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se viene apoyando 
tanto a administraciones locales como a las organizaciones del sector ambiental, a través de los 
instrumentos y mecanismos operativos, con objeto de contribuir a que dichos entes locales y 
entidades ambientales puedan seguir llevando a cabo sus necesarias actuaciones en materia de 
conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. Existe, por parte de administraciones y 
entidades, la firme convicción de que la mejor fórmula para lograr una transición justa y ecológica 
de la sociedad es compartir proyectos y estrategias, en la cual el papel de estas administraciones 
y entidades es fundamental.
Es en este contexto de coadyuvar al desarrollo de las políticas de adaptación al 
cambio climático y de protección medioambiental, en el que este real decreto, como ya 
ocurrió en el pasado ejercicio de 2019, prevé la concesión directa de subvenciones para 
apoyar actuaciones en estas materias.
La primera de las subvenciones reguladas en este real decreto está destinada a la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover y facilitar el 
desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático.
La FEMP es una asociación de entidades locales con personalidad jurídica plena 
para el fomento y defensa de la autonomía de dichas entidades que representa, en la 
actualidad, a más del noventa por cien de los gobiernos locales españoles. Dada la 
relevancia de la FEMP como órgano de representación de las entidades locales en 
ámbitos diversos y su acción de cooperación y colaboración, existe una adecuada 
justificación para el otorgamiento de la subvención, que tiene por finalidad promover y 
facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático.
Por otro lado, es sabido que la Red de Parques Nacionales constituye un conjunto 
destacado de los elementos más singulares y valiosos de nuestro patrimonio natural, y 
una herramienta distinguida para la consecución de múltiples objetivos de las políticas 
ambientales, dada su importante visibilidad y valoración por parte de la sociedad. Por 
ello, es objeto de una especial atención por parte de los poderes públicos.
Así, dada la relevancia que para la política medioambiental tiene la Red de Parques 
Nacionales y, en concreto, la importancia de apoyar el desarrollo sostenible en los territorios 
de influencia de la red de Parques Nacionales, este real decreto contempla una subvención a 
la Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA), para apoyar 
la difusión de la red de Parques Nacionales en el ámbito local.
Actualmente  son  169  municipios  los  que  conforman  las  Áreas  de  Influencia 
Socioeconómica (AIS) de los parques nacionales, es decir, los territorios que aportan terreno 
a los parques nacionales y a sus Zonas Periféricas de Protección (ZPP); son beneficiarios de 
una subvención de carácter anual y en ellos habitan 1.469.948 personas. Un buen número de 
ellos forma parte de esta Asociación, que tiene entre sus fines «la defensa del medio rural con 
un desarrollo armónico respetuoso con el medio natural, apostar por los Parques Nacionales 
como verdaderos motores de progreso de las gentes que habitan en sus municipios, de 
generación de riqueza, de empleo estable, e impulsar procesos educativos de la comunidad 
que  permitan  una  cultura  participativa,  cohesión  social  y  compromiso  ciudadano  en  la 
construcción de un desarrollo armónico del territorio».
Desde  el  año  2010  se  vienen  estableciendo  convenios  de  colaboración  con  la 
Asociación AMUPARNA. Mediante estos convenios se ha posibilitado la realización de 
reuniones,  debates,  intercambios  de  experiencias  entre  todos  los  municipios  que 
conforman las Áreas de Influencia Socioeconómica de los Parques Nacionales y con el 
propio Organismo. En este caso tampoco resulta posible la convocatoria pública, puesto 
que es la única asociación existente de municipios de parques nacionales. s
La colaboración con AMUPARNA se considera estratégica y de gran importancia  oe.
para el desarrollo de la Red y de los territorios de los parques nacionales, ya que, en  w.
última instancia, son los municipios de estos espacios naturales protegidos los que  399ww
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los del Organismo Autónomo Parques Nacionales, se considera de interés social el
desarrollo de estas actividades para la concienciación e implicación de los ciudadanos, y 
la promoción del concepto y la realidad de la Red de Parques Nacionales.
Por otra parte, el presente real decreto concede una subvención al Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Ildefonso para el apoyo mutuo en materia de desarrollo sostenible y en 
el ámbito de sus respectivas actividades. La mayor parte de superficie del municipio del 
Real Sitio de San Ildefonso es propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
(OAPN) mediante el Centro de Montes y Aserradero de Valsaín.
El  Organismo  Autónomo  Parques  Nacionales  y  el  Real  Sitio  de  San  Ildefonso 
(Segovia) mantienen desde hace años una larga y fructífera relación mediante convenios 
entre las partes que permite una gestión más sostenible del municipio eliminando presión 
sobre las fincas del Organismo.
Fruto de esta colaboración se logró el reconocimiento por la Unesco de la Reserva 
de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar, y se impulsó el desarrollo de un 
modelo territorial sostenible en el entorno del Parque Nacional de Guadarrama, con 
acciones divulgativas y formativas entre los jóvenes, entre otras iniciativas.
La concesión de esta subvención permite una gestión más sostenible del municipio y 
eliminar presión sobre las fincas pertenecientes al OAPN dentro del conjunto de actuaciones 
que realizan entre sí las dos partes. La situación descrita solo se produce en este municipio 
de la Sierra de Guadarrama, por lo que no es posible la convocatoria pública.
Por otro lado, se concede una subvención a la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos, para acciones de conservación que dan continuidad a las realizadas 
en el marco del Proyecto Life+Red Quebrantahuesos.
El quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, ha sufrido durante el siglo XX una drástica 
reducción de sus poblaciones en España, lo que ha llevado a que su área de distribución 
se limite únicamente a los Pirineos. La aplicación de la Estrategia para su conservación 
ha contribuido al incremento de su población en las últimas décadas. No obstante, sigue 
presentando importantes problemas de conservación y baja productividad reproductiva.
Esta  subvención  responde  a  los  compromisos  adquiridos  en  el  proyecto  Life+  Red 
Quebrantahuesos de dar continuidad a las actuaciones realizadas en el mismo y en el que el 
OAPN participó como socio cofinanciador desde su inicio por el interés directo que tenía esta 
especie de ave, en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en 
varios parques nacionales de la Red. La contribución financiera del Organismo permite dar 
continuidad a las actuaciones necesarias para la conservación de la especie.
No es posible realizar una convocatoria pública dado que la Fundación para la 
Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) es la única coordinadora de este proyecto y 
que cuenta, además, con los especialistas necesarios en el manejo de la especie. La 
FCQ es una Organización No Gubernamental (ONG) privada, sin fines de lucro y de 
utilidad pública. Constituida en 1995, está inscrita en el Registro de Fundaciones Estatal 
dependiente del Ministerio de Justicia con el n.º 70/AGR, procedente del Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio de Agricultura con el n.º 500001. La FCQ tiene afectado de 
modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general, desarrollando y 
promoviendo proyectos de gestión, conservación y sensibilización en los hábitats de 
montaña en los que vive el quebrantahuesos.
Finalmente, se concede una subvención a la Confederación de Organizaciones de 
Selvicultores de España (COSE).
COSE es la única organización profesional forestal, independiente y sin ánimo de lucro 
que defiende y representa los intereses de los propietarios forestales/selvicultores en todo el 
Estado  Español  y  en  Europa  a  través  de  su  presencia  como  miembro  del  CEPF  s
(Confederación  Europea  de  Propietarios  Forestales)  y  en  el  mundo  a  través  de  IFFA  oe.
(International Family Forest Alliance). Por ello, no es posible realizar una convocatoria pública  w.
ya que es la única asociación de esta naturaleza en el territorio nacional. 399ww
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óptimo desarrollo y gestión, conservación de los recursos forestales y la decisión final de 
su destino también depende de ellos, tal y como reconoce la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes.
Su  objetivo  principal  es  promover  el  desarrollo  sostenible  de  los  ecosistemas 
forestales de forma que éste produzca un beneficio continuo para las generaciones 
actuales, siempre que se mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras.
Respecto a la financiación de este conjunto de ayudas cabe decir que las partidas 
presupuestarias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 
cargo a las cuáles serán financiadas las subvenciones objeto de este real decreto, están 
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado vigentes para el año 2019, 
prorrogados para 2020.
La concesión directa de estas subvenciones viene justificada por la necesidad de 
garantizar la continuidad del esfuerzo que se viene realizando, tanto para combatir un 
fenómeno  tan  complejo  como  el  cambio  climático,  como  para  preservar  el  medio 
ambiente en ámbitos tan sensibles como los Parques Nacionales y los ecosistemas 
forestales. Por este motivo, es preciso acordar dicha concesión directa al amparo de lo 
establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que establece que podrán concederse de forma directa, con carácter 
excepcional,  subvenciones  en  que  se  acrediten  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario,  u  otras  debidamente  justificadas,  que  dificulten  su 
convocatoria pública y del artículo 28.2 de la citada ley que determina que el Gobierno 
aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del 
Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de dicha subvención.
El  presente  real  decreto  cumple  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  y  eficiencia,  contenidos  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder desarrollar las referidas 
competencias en materia de medio ambiente por razones de interés público, como se viene 
comprobando en ejercicios anteriores. Asimismo, esta norma resulta proporcional porque es 
el instrumento necesario para la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a 
dichas entidades en el presupuesto vigente en 2019, prorrogado para 2020, del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y para la consecución de las finalidades 
previstas, como permite constatar la experiencia resultante de la concesión de ayudas para la 
actuación pública de referencia desde que se vienen otorgando.
La norma se adecua al principio de seguridad jurídica, puesto que es coherente con 
dicha situación presupuestaria y posibilita la concesión de las subvenciones objeto de 
esta norma con pleno respeto al marco legal aplicable.
Por último, en aplicación del principio de transparencia, se han definido claramente el 
alcance y objetivo, no solo de la propia dotación presupuestaria, y atiende asimismo al 
principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a 
la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
El gasto correspondiente a las subvenciones figura incluido en el calendario de 
actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobado 
por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado sexto del Acuerdo de Consejo de Ministros, 
de 27 de diciembre de 2019, por el que se establecen los criterios de aplicación de la  s
prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2019,  oe.
se formaliza la distribución por Secciones y se aprueban medidas para reforzar el control  w.
del gasto público. En concreto, salvo la actuación financiada con cargo a la aplicación  399ww
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para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, conforme al artículo 26.9 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y con los artículos 17 y 28.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, en cuanto al trámite de audiencia, previsto 
en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se ha dado audiencia a las 
entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  objeto  de  la  norma  con  el  fin  que 
manifestarán su conformidad con la misma o, en su caso, formularán las observaciones 
correspondientes.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 23.ª del artículo 149.1 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del Ministerio de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, con 
carácter excepcional y por razones de interés público y social, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma Ley, y el artículo 67 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La 
concesión directa de las subvenciones se realizará en los términos fijados en el presente 
real decreto y en las correspondientes resoluciones y convenios.
Artículo 2.  Beneficiarios y actuaciones a financiar.
1.  Las entidades beneficiarias de esta subvención son:
a)  La Federación de Municipios y Provincias FEMP para promover y facilitar el 
desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático.
b)  La Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA) 
para apoyar la difusión de la red de Parques Nacionales en el ámbito local.
c)  El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso para el apoyo mutuo en materia 
de desarrollo sostenible y en el ámbito de sus respectivas actividades.
d)  La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos para acciones de 
conservación que dan continuidad a las realizadas en el marco del proyecto Life+ Red 
Quebrantahuesos.
e)  La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) para 
acciones  de  asesoramiento,  apoyo,  fomento  del  asociacionismo,  comunicación  y 
divulgación en relación con los propietarios y productos forestales.
2.  Estas entidades, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, desarrollarán las siguientes líneas de actuación:
a)  Federación de Municipios y Provincias:
1.º  Desarrollo de acciones encaminadas a promover y facilitar el desarrollo de  bo
iniciativas locales en materia de cambio climático y sostenibilidad. 399ww
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por el Clima en reuniones, eventos locales, nacionales e internacionales en materia de
mitigación y adaptación al cambio climático que resulten decisivos para las políticas 
municipales en esta materia.
4.º  Mantenimiento de las principales herramientas de divulgación de las actividades 
de la Red (página web, publicaciones y envíos informativos a los municipios).
b)  Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA):
1.º  Organización de Jornadas centradas en los parques nacionales y los municipios 
que los integran.
2.º  Acciones formativas destinadas a cargos públicos o personal técnico de los 
municipios de AMUPARNA.
3.º  La difusión de la Red de Parques y sus municipios dentro o fuera del Estado.
4.º  El análisis e intercambio de experiencias de funcionamiento de otras redes y 
otras asociaciones de municipios que centren su trabajo en la implantación de modelos 
de desarrollo sostenible.
c)  Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso: Mantenimiento de la prestación del 
Servicio  Municipal  de  Conservación  y  Limpieza  de  las  22,4  hectáreas  de  parques, 
jardines, arbolado viario y otras zonas verdes en el municipio del Real Sitio de San 
Ildefonso.
d)  Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos:
1.º  Asistencia al «hacking», monitorización clínica y ejecución el programa de cría. 
Asistencia a la liberación de ejemplares.
2.º  Monitorización y seguimiento anual de los ejemplares liberados. Teledetección 
de campo y monitorización satelital, verificaciones in situ del estado físico y evolución de 
las capacidades fisiológicas y cognitivas de las aves liberadas.
3.º  Desarrollo  de  un  programa  de  promoción,  comunicación  y  difusión  de  los 
resultados obtenidos.
e)  Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE):
1.º  Fomento de la vertebración del sector forestal.
2.º  Funciones de asesoramiento en el ámbito forestal.
3.º  Acciones de apoyo en el ámbito forestal.
4.º  Desarrollo del fomento del asociacionismo forestal.
5.º  Reforzamiento y colaboración de la comunicación y labor divulgativa en materia 
forestal.
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de las anteriores subvenciones, en aplicación de 
lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con 
lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, por concurrir razones 
de interés público y social.
2.  La concesión de las subvenciones objeto del real decreto se instrumentará a 
través de las correspondientes resoluciones o de los convenios que, en su caso, se 
suscriban entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o sus 
organismos autónomos y las entidades beneficiarias. En las citadas resoluciones o 
convenios se determinarán adecuadamente los gastos subvencionables para cada línea  s
de actuación de las diferentes subvenciones. e.
Artículo 4.  Obligaciones del beneficiario. 399ww
1.  Las entidades beneficiarias de cada una de las ayudas establecidas en este real
ddee c1re7t od ee nsotavriáenm sbureje.tas a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
Asimismo, llevarán a cabo las actividades previstas en el artículo 2, con el alcance 
que se determine en la resolución o el convenio que se formalice de forma previa al pago 
de la subvención, y deberán dar cumplimiento a las obligaciones que en particular se 
detallen en dicha resolución o convenio.
2.  Los gastos deberán realizarse antes del 31 de diciembre de 2020, salvo que en 
las resoluciones o convenios se establezca un plazo más amplio para la realización de 
las actividades subvencionadas. Por su parte, el período de elegibilidad del gasto se 
iniciará el 1 de enero de 2020 o, en su caso, en el que se determine en los respectivos 
convenios o resoluciones de concesión.
Artículo 5.  Publicidad.
1.  En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante esta 
subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá 
mencionarse al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como 
entidad financiadora, para dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación, 
conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Así mismo, en dicha 
publicidad se deberá incorporar el logotipo institucional del «Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico», de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se 
establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el 
material impreso de la Administración General del Estado.
2.  La información sobre las subvenciones concedidas al amparo de este real decreto se 
hará constar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en los términos y a los 
efectos previstos en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 6.  Cuantía y financiación.
El importe de cada una de las subvenciones previstas se abonará con cargo a las 
correspondientes partidas del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el  Reto  Demográfico,  que  están  consignadas  en  la  prórroga  para  2020  de  los 
Presupuestos  Generales  del  Estado  vigentes  en  el  año  2019,  mediante  sendas 
transferencias corrientes hasta el máximo por actuación de las cuantías que se señalan 
a continuación (en euros):
Aplicación 
Explicación Importe
Presupuestaria
Convenio con la FEMP para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio 
23.10.456M.460 222.280,00
climático.
Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA) para apoyar la difusión de la 
23.101.456C.464 25.000,00
red de Parques Nacionales en el ámbito local.
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso para el apoyo mutuo en materia de desarrollo sostenible y en el 
23.101.456C.463 70.000,00
ámbito de sus respectivas actividades.
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos para acciones de conservación que dan continuidad a 
23.101.456C.488 26.200,00 s
las realizadas en el marco del Proyecto Life+ Red Quebrantahuesos. e.e
Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) para fomentar el asociacionismo entre  w.
23.11.456C.488 los propietarios forestales y la dinamización de productos forestales. 100.000,00 399ww
Artículo 7.  Formalización y pago de la subvención.
1.  La propuesta de pago de las subvenciones previstas a las entidades beneficiarias de 
cada una de las ayudas establecidas en este real decreto se efectuará de acuerdo con lo 
previsto en las respectivas resoluciones o convenios que se suscriban con carácter previo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los que 
se determinarán el programa de actuaciones a realizar y el procedimiento para la justificación 
de la subvención concedida para cada uno de los casos.
2.  Se establece la posibilidad de realizar pagos a cuenta cuando la naturaleza de la 
subvención así lo justifique, que podrán suponer la realización de pagos fraccionados 
que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por 
cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos 
anticipados con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
3.  El pago de las ayudas se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, si 
bien, con carácter previo al pago de la subvención, la entidad beneficiaria deberá acreditar que 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como 
no ser deudor por procedimientos de reintegro.
4.  Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1 k) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las entidades beneficiarias 
podrán  autorizar  al  órgano  competente  para  consultar  a  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria si se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias.
La presentación de la comunicación de aceptación de la subvención conllevará la 
autorización del beneficiario para que el órgano competente obtenga de forma directa la 
acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el 
beneficiario  no  deberá  aportar  la  correspondiente  certificación.  No  obstante,  el 
beneficiario podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces 
la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento.
Artículo 8.  Justificación.
1.  La  justificación  de  la  subvención  y  de  la  aplicación  material  de  los  fondos 
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 72 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en 
el que se regula la justificación de subvenciones con aportación de justificantes de 
gastos, y conforme a los términos que se establezcan en las resoluciones de concesión 
o en los convenios previstos en el artículo 7.
2.  La cuenta justificativa contendrá, con carácter general:
a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
b)  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
recogerá la documentación incluida en el apartado 2 del artículo 72 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. s
3.  Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con esta subvención,  w.b
con  fondos  propios  u  otras  subvenciones  o  recursos,  deberá  acreditarse  en  la  399ww
ajucsttivifiidcaacdieósn  sdueblv egnacsioton aedla sim, speogrúten,  sperñoaclead eeln aciratí cyu loa 3p0lic.4a cdióen l ad Lee yt a3le8s/2 0fo0n3d, odse  1a7  ldaes 
noviembre.
4.  La cuenta justificativa deberá presentarse como máximo en el plazo de tres 
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad y, en defecto de 
éste, el plazo de justificación de la aplicación de fondos finalizará el 31 de marzo 
de 2021.
Artículo 9.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada, se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total,  y  se  acredite  por  las  entidades  beneficiarias  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
competente para la celebración del convenio con las entidades beneficiarias o para 
aprobar la resolución de concesión.
Artículo 10.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias 
se  graduarán  y  sancionarán  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  título  IV  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y título IV de su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición adicional única.  Régimen jurídico aplicable.
Estas subvenciones se regularán, en todo caso, además de por lo particularmente 
dispuesto en este real decreto y en las resoluciones de concesión o convenios, por lo 
previsto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  su  Reglamento  de  desarrollo, 
aprobado Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios 
de publicidad y concurrencia, así como, supletoriamente, por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y por lo previsto 
en las demás disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que resulten de 
aplicación.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este  real  decreto  se  dicta  al  amparo  de  las  competencias  que  la  Constitución 
Española  atribuye  al  Estado  sobre  legislación  básica  en  materia  de  protección  del 
medioambiente,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de  las  comunidades  autónomas  de 
establecer normas adicionales de protección, previstas en el artículo 149.1.23.ª de la 
Constitución Española. e.e
Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo y ejecución. 399ww
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decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 1 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ