BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128 Viernes 8 de mayo de 2020 Sec. III.   Pág. 31837
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
4889 Orden TED/393/2020, de 5 de mayo, por la que se acuerda el reconocimiento 
de  las  repercusiones  económicas  derivadas  de  la  adopción  de  medidas 
temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro de 
energía eléctrica en la isla de Formentera.
El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de 
producción  de  energía  eléctrica  y  el  procedimiento  de  despacho  en  los  sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares, establece en su artículo 59 que en los casos 
que el operador de sistema ponga de manifiesto riesgos de cobertura de la demanda en 
el  corto  plazo,  la  comunidad  o  ciudad  autónoma  afectada  deberá,  en  virtud  de  lo 
establecido en el artículo 7.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, solicitar al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo el reconocimiento de las repercusiones económicas para 
la  adopción  de  medidas  para  la  garantía  del  suministro,  con  carácter  previo  a  su 
adopción. Asimismo, el citado artículo 59 indica que, por orden del Ministro de Industria, 
Energía  y  Turismo,  se  reconocerá,  en  su  caso,  las  repercusiones  económicas  que 
pudieran derivarse de la adopción de estas medidas extraordinarias para garantizar la 
seguridad  de  suministro  para  una  potencia  determinada,  según  las  características 
técnicas y económicas aprobadas y por un periodo de tiempo determinado.
En las normas mencionadas, las referencias al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo se entenderán realizadas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, según la disposición final segunda del Real Decreto 2/2020, de 12 de 
enero, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales.
En  el  informe  de  cobertura  anual  de  la  demanda  de  Baleares  (enero  2020-
diciembre 2020) de diciembre de 2019 realizado por Red Eléctrica de España, en calidad 
de operador del sistema, se ha puesto de manifiesto que «para evitar que el disparo 
simultáneo de la turbina TG1 de la CT Formentera y el mayor de los dos enlaces que 
unen esta isla con Ibiza provoque sobrecargas inadmisibles en el enlace de menor 
capacidad y el consiguiente cero de tensión en Formentera se recomienda el incremento 
de generación en la isla de Formentera mediante la instalación de grupos electrógenos 
que, además, logra suavizar las sobrecargas aparecidas en el caso de fallos simples. 
Con  las  demandas  previstas,  dentro  de  periodo  de  análisis  de  este  informe,  esta 
generación será necesaria, al menos, desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre 
de 2020. Se debe garantizar, al menos, 12 MW de potencia adicional».
Estas  necesidades  de  potencia  adicional  habían  sido  puestas  de  manifiesto  en 
informes de cobertura previos realizados por Red Eléctrica de España, si bien estos 
informes no abarcaban todo el periodo en el que esta generación adicional resulta 
necesaria. En este sentido y en base a los informes de cobertura previos realizados por 
el operador del sistema, con fecha 16 de octubre de 2019 tuvo entrada en el Ministerio 
para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  un  escrito  del  Gobierno  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el que se solicitaba que se reconocieran  s
las  repercusiones  económicas  de  las  medidas  extraordinarias  para  garantía  del  e.
suministro para el periodo de 15 de mayo al 15 de octubre de 2020, con una potencia  w.
garantizada de 12 MW de potencia adicional, todo ello condicionado, si procede, a la  89ww
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diciembre  2020)  cubre  el  periodo  de  tiempo  en  el  que  la  generación  adicional  es
necesaria  y  habiendo  solicitado  el  Gobierno  balear  la  repercusión  de  las  medidas 
extraordinarias asociadas, se procedió a tramitar la correspondiente propuesta.
En la preceptiva audiencia a la propuesta de orden, el operador del sistema presentó 
alegaciones en fecha 9 de marzo de 2020 en las que refería nuevas necesidades de 
generación de emergencia para el sistema eléctrico Ibiza-Formentera durante el periodo 
estival. El aumento en la generación de emergencia necesaria está motivado en que 
para algunas horas del citado periodo se han detectado localizaciones puntuales de las 
líneas de 66 kV Ibiza-Bossa e Ibiza-San Antonio donde se podrían dar sobrecargas 
inadmisibles de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de operación en vigor. 
La generación adicional a la incluida en la propuesta de Orden afecta tanto a la isla de 
Formentera como a la de Ibiza.
La Dirección General de Política Energética y Minas procedió a dar traslado de estas 
alegaciones  al  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  para  su 
conocimiento y consideración a efectos de lo dispuesto en el artículo 59 del Real 
Decreto  738/2015,  de  31  de  julio,  recibiéndose  respuesta  con  fecha  20  de  marzo 
de 2020. En la citada respuesta, y vistas las alegaciones del operador del sistema, el 
Gobierno balear ha solicitado el reconocimiento de las repercusiones económicas para 
unas  medidas  extraordinarias  de  generación  adicional  de  18  MW,  a  instalar  en  su 
totalidad en la central térmica de Formentera. Esta solicitud se separa de lo propuesto en 
las alegaciones del operador del sistema debido a la imposibilidad de tramitar en el plazo 
requerido la instalación de generación adicional en la isla de Ibiza.
Con fecha 30 de marzo de 2020, y a petición de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, se recibió nuevo informe del operador del sistema valorando muy 
positivamente la nueva solicitud del Gobierno balear. Adicionalmente, se informa de que aún 
se podrían producir sobrecargas en la línea 66 kV Ibiza-Bossa sin generación adicional en la 
subestación  de  San  Antonio  (Ibiza),  no  pudiéndose  resolver  estas  sobrecargas  con  la 
generación  adicional  en  Formentera,  pues  se  producirían  incumplimientos  en  caso  de 
contingencia en los enlaces submarinos San Jorge (Ibiza)-Formentera.
Como se ha indicado anteriormente, la generación adicional en Ibiza por sobrecarga 
en las líneas de la isla indicada por el operador del sistema fue puesta en conocimiento 
del Gobierno balear, no habiendo solicitado este el reconocimiento de las repercusiones 
económicas asociadas a medidas extraordinarias en Ibiza. De acuerdo a lo establecido 
en el artículo 59 del meritado Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, se incorporan en la 
presente orden las medidas solicitadas por el Gobierno balear.
En lo que respecta a la tramitación administrativa, la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece la suspensión de los 
plazos administrativos. No obstante, en su apartado cuarto indica que «sin perjuicio de lo 
dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las 
entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos 
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas 
a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección 
del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios».
El reconocimiento económico aprobado en la presente orden obedece a la necesidad 
de garantizar el suministro eléctrico en el sistema eléctrico balear, mediante la adopción 
de medidas temporales y extraordinarias. El suministro eléctrico constituye un bien de 
interés económico general, y, teniendo en cuenta que la presente orden, necesaria para 
el buen funcionamiento del servicio, tiene efectos desde el 15 de mayo de 2020, inicio  s
del periodo solicitado por el Gobierno balear a partir de los informes del operador del  oe.
sistema, la tramitación de la presente orden estaría recogida en las excepciones a la  w.
suspensión de los plazos administrativos, en virtud del anteriormente citado apartado  89ww
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establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tanto la Administración 
autonómica como  el  operador del sistema consideran  que resulta imprescindible la 
continuación del procedimiento administrativo para que la aprobación de la orden se 
realice con anterioridad al 15 de mayo de 2020.
En virtud de las solicitudes del Gobierno de las Illes Balears y de todo lo expuesto 
anteriormente, resuelvo:
Primero.  Reconocimiento de las repercusiones económicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, se autoriza el reconocimiento de las repercusiones económicas en 
el sistema eléctrico que pudieran derivarse de la instalación de grupos de emergencia de 
hasta 18 MW de potencia para garantizar el suministro en la isla de Formentera desde 
el 15 de mayo al 15 de octubre de 2020. Dichos costes se incluirán dentro de la 
retribución de la actividad de producción de los territorios no peninsulares.
A estos efectos, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dará traslado a la 
Dirección  General  de  Política  Energética  y  Minas  de  la  solicitud  del  titular  de  la 
instalación de reconocimiento de dichas repercusiones junto con una auditoría de los 
costes en que se haya incurrido.
Para que se reconozcan las repercusiones económicas, los grupos de emergencia 
que  se  instalen  en  virtud  de  esta  autorización  no  podrán  sustituir  a  otros  grupos 
disponibles inscritos en el Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, exceptuando que, a 
criterio del operador del sistema, sea imprescindible para prevenir situaciones de riesgo 
en la prestación del suministro.
Segundo.  Eficacia.
La presente orden surtirá efectos desde las cero horas del día 15 de mayo de 2020.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente orden, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden, significando que, 
en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
No  obstante,  al  efecto  del  cómputo  de  plazos  para  la  interposición  de  recurso 
contencioso-administrativo  o  recurso  de  reposición,  se  suspenden  términos  y  se 
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del  s
sector público, de acuerdo a la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020,  oe.
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación  w.
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Madrid, 5 de mayo de 2020.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.