BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Viernes 17 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 52576
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
8012 Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del 
territorio de las Illes Balears.
I
El preámbulo del Estatuto de autonomía de las Illes Balears dice expresamente que 
para avanzar hacia una sociedad moderna es imprescindible profundizar y continuar 
apostando  en  los  valores  de  cohesión  social,  paz  y  justicia,  desarrollo  sostenible, 
protección del territorio y la igualdad de derechos, especialmente la igualdad entre 
hombres y mujeres.
En  cuanto  al  desarrollo  sostenible  y  la  protección  del  territorio,  el  Estatuto  de 
autonomía recoge, en su articulado, el derecho de las personas a disfrutar de una vida y 
un medio ambiente seguro y sano, por lo que contiene varias obligaciones de protección 
territoriales  y  medioambientales.  En  este  sentido,  el  artículo  23  del  Estatuto  de 
autonomía contiene un mandato expreso a las administraciones públicas de las Illes 
Balears que, en el ámbito de sus competencias, protejan el medio ambiente e impulsen 
un modelo de desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible.
El mencionado artículo 23 añade, en el apartado 2, que los poderes públicos de la 
Comunidad Autónoma deben velar por la defensa y la protección de la naturaleza, del 
territorio,  del  medio  ambiente  y  del  paisaje.  Deben  establecer  políticas  de  gestión, 
ordenación y mejora de su calidad armonizándolas con las transformaciones que se 
producen por la evolución social, económica  y ambiental. Asimismo, la Comunidad 
Autónoma ha de cooperar con las instancias estatales e internacionales en la evaluación 
y en las iniciativas relacionadas con el medio ambiente y el clima. Y finalmente, el 
apartado 3 de este mismo artículo, encomienda a las administraciones públicas de las 
Illes Balears la promoción de políticas de equilibrio territorial entre las zonas costeras y 
las del interior.
Por su parte, el apartado 1 del artículo 24 del Estatuto, que reconoce la actividad 
turística como elemento económico estratégico de las Illes Balears, nos recuerda que el 
fomento y la ordenación de la actividad turística se deben llevar a cabo con el objetivo de 
hacerla compatible con el respeto al medio ambiente, al patrimonio cultural y al territorio. 
Y también desde el reconocimiento social y cultural del sector primario de las Illes 
Balears y de su importante labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del 
paisaje,  del  territorio,  del  medio  ambiente,  de  la  cultura,  de  las  tradiciones  y  las 
costumbres más definitorias de la identidad balear, a lo que se refiere el apartado 2 del 
mismo artículo 24, encomienda a las administraciones públicas de las Illes Balears a 
adoptar las medidas políticas, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos de este 
sector y de sus agricultores y ganaderos en su desarrollo y protección.
Actualmente, la lucha contra los efectos de la crisis sanitaria pone de relieve una intensa 
actividad de los poderes públicos para contener y mitigar sus efectos, y las medidas 
adoptadas han hecho aún más patentes los efectos de la actividad humana sobre el medio 
ambiente, de manera que se ha evidenciado la necesidad de adoptar también medidas de  s
contención, de protección territorial y de lucha contra el cambio climático. Es por ello que, en  e.
paralelo a las medidas relativas a la protección de la salud pública, que son prioritarias, y en  w.
las  medidas  de  reactivación  de  impulso  a  la  actividad  económica,  de  simplificación  12ww
aimdpmreinsisctinradtiibvale  yta dmeb piéront eacdcoiópnta rs omceiadl idaadso pqtuaed apsr opfourn deilc Geno beine rlnao p droet elacsc iIóllne sd eBla tleerarritso,r iroe syu eltna 
slao sdteefneibnlsea y  dreels pmeetudoios oa cmobni ennutees, trcoo ne netol rfnino .de avanzar hacia un modelo socioeconómico  BOE-A-cable e
Por todo ello, este decreto ley tiene por objeto establecer determinadas medidas de 
rango legal, en cumplimiento de los mandatos contenidos en el Estatuto de autonomía y 
que pretenden incrementar la protección del suelo rústico de las Illes Balears, contener el 
desarrollo  urbanístico  del  suelo  no  adaptado  a  las  limitaciones  establecidas  en  los 
instrumentos  de  ordenación  territoriales  vigentes,  introducir  medidas  de  integración 
paisajística y ambiental relativas a la recuperación y conservación de las fincas rústicas, 
así como establecer medidas de ahorro de agua.
Estas medidas deben acometerse sin dilaciones, por lo que se debe hacer uso de la 
figura del decreto ley.
II
Los  conflictos  urbanos  y  ambientales,  agudizados  en  las  últimas  décadas,  se 
manifiestan tanto a escala global, regional como local y, al mismo tiempo, las tres 
escalas interactúan y se influyen entre sí. La resolución de tales conflictos, por lo tanto, 
se debe implementar desde todas las escalas teniendo en cuenta que, sin embargo, las 
políticas urbanísticas y ambientales que se activan desde cada uno de los niveles de 
decisión influyen directa o indirectamente en los otros.
A escala global, ya hace tiempo que se han hecho hueco en la agenda de los 
organismos  internacionales  una  serie  de  temas  que  sólo  hace  unas  décadas  eran 
desconocidos o, cuando menos, muy minoritarios. Una gran cantidad de convenciones, 
tratados, convenios, protocolos y acuerdos de alcance interestatal han proliferado los 
últimos decenios demostrando la consolidación de la llamada conciencia global. Una 
conciencia global que en los últimos años ha puesto en primera línea la emergencia 
climática —declarada oficialmente por el Consejo de Gobierno el 08/11/2019 y por el 
Consejo de Ministros del Estado el 21/01/2020— y la sostenibilidad, como demuestra la 
adopción, el año 2015, de la Agenda 2030 por parte de la Asamblea General de la ONU.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, desde su constitución en 1983, ha 
adoptado diversas iniciativas proteccionistas pioneras en el Estado en muchos de estos 
campos y ha sido objeto de declaraciones internacionales expresas de reconocimiento y 
protección por parte de la UNESCO: la de Menorca como Reserva de la Biosfera (1993); 
el conjunto formado por la de Dalt Vila, las praderas de posidonia oceánica de las 
Pitiusas y la necrópolis fenicio-púnica del Puig des Molins y el asentamiento de sa Caleta 
como Patrimonio de la Humanidad (1999); y la de la sierra de Tramuntana de Mallorca 
como Patrimonio de la Humanidad en su versión de paisaje cultural (2011).
Y, sin embargo, las Illes Balears se han visto profundamente transformadas por la 
urbanización y la edificación de sus costas e interior, incrementando la presión sobre 
unos territorios y recursos limitados. A causa de los excesos producidos, el crecimiento 
cuantitativo de la nueva urbanización se ha cuestionado y se ha generado un cierto 
consenso en la idea de que hay que enfocar la actividad urbanística y territorial hacia la 
conservación, recuperación y rehabilitación de todo el patrimonio ambiental y urbano de 
la comunidad, un patrimonio que va más allá de las áreas naturales y los centros 
históricos de las poblaciones y que abarca todo el mundo rural, los ensanches, las 
urbanizaciones residenciales y las zonas turísticas.
Con el objetivo de consolidar esta política de fondo este decreto ley quiere contener 
el crecimiento expansivo de la nueva urbanización y asegurar la protección del suelo 
rústico, evitando la consolidación de situaciones que puedan ir en la línea contraria a la 
que  diseñen  la  revisión  de  las  Directrices  de  Ordenación  Territorial  y  los  Planes  s
Territoriales Insulares. e.
Conforme con el objetivo general que se acaba de exponer, el decreto ley establece  w.
un conjunto de determinaciones específicas que afectan a las diversas clases de suelo,  12ww
aeqstuoe lelas , ottaran toq uae ,a qcuoenltlraasr iaqmuee netes,t árne sapsooncdiaed aasl  par olap óidseitoa  ddee  dperessaerrrovlalor  eulr bsauneolo c odme olo as 
procesos de transformación urbanística.
Así, a la vista de que ha transcurrido el plazo previsto en el apartado 4 de la 
disposición transitoria undécima de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de 
las Illes Balears, sin que todos los municipios afectados hayan iniciado la adaptación a 
dicha disposición, se considera urgente y necesario establecer una serie de medidas 
dirigidas a garantizar esta adaptación respecto de los suelos urbanos sin urbanización 
consolidada,  destinados  a  uso  residencial,  turístico  o  mixto,  en  los  que  concurran 
determinadas circunstancias, como son que el planeamiento general municipal donde se 
han previsto no esté adaptado íntegramente al correspondiente plan territorial insular, 
que no dispongan de todos los servicios urbanísticos básicos y que requieran de una 
actuación de transformación urbanística, a estos efectos, habiendo sido incluidos en la 
delimitación del correspondiente ámbito o unidad de actuación, entre otros requisitos.
En este sentido, se prevé una doble subrogación, primero de los consejos insulares y 
después del Gobierno de las Illes Balears, respecto de las potestades de alteración del 
planeamiento  previstas  en  dicha  disposición  transitoria.  En  coherencia  con  esta 
necesidad de adaptación de los desarrollos previstos en estos terrenos al ordenamiento 
territorial  vigente,  se  suspenden  las  tramitaciones  y  aprobaciones  de  planes  de 
desarrollo y de instrumentos de gestión, así como el otorgamiento de toda clase de 
autorizaciones y licencias urbanísticas en estas áreas, hasta el 31 de diciembre de 2022, 
o hasta la aprobación definitiva de las adaptaciones a que se refiere este artículo, si es 
anterior.
En segundo lugar, el decreto ley actúa sobre el suelo urbanizable con la intención de 
disponer su reclasificación como suelo rústico. La razón que explica esta operación se 
puede entender a la vista de los criterios que determinan la identificación de los terrenos 
afectados por dicha reclasificación. Se trata siempre de terrenos que se encuentran en 
situación  básica  de  suelo  rural  porque  ni  siquiera  han  iniciado  el  proceso  de 
transformación urbanística. Y todo ello con la circunstancia añadida de haberse ya 
agotado  los  plazos  previstos,  o  razonablemente  previsibles,  para  ejecutar  la 
correspondiente actuación urbanística. En este sentido, pues, se puede decir que se 
trata  de  suelos  cuya  clasificación,  otorgada  por  el  planeamiento  urbanístico  en  un 
momento  pretérito,  hoy  ya  no  es  expresión  cierta  de  las  necesidades  actuales  de 
ordenación del espacio urbano. Y tampoco está en conexión, puede decirse igualmente, 
con el diseño que hacen los planes territoriales insulares en cuanto a las condiciones 
estratégicas de organización de dicho espacio urbano.
Sin embargo, la reclasificación que establece el decreto ley no es obstáculo para que 
las administraciones competentes puedan  ejercer  con total plenitud su potestad de 
planeamiento,  redefiniendo  la  ordenación  de  los  terrenos  afectados  conforme  a  la 
clasificación y calificación que, en su caso, resulte adecuada y oportuna. Y haciendo 
posible así, con esta eventual nueva operación, conseguir una ordenación del espacio 
urbano  que  satisfaga  las  necesidades  locales  a  la  vez  que  se  adecue  al  marco 
supralocal.
En  cuanto  a  la  necesidad  y  la  urgencia  de  este  decreto  ley,  respecto  a  la 
reclasificación de suelo urbanizable del artículo 3, se trata de terrenos que hace años 
que están clasificados como urbanizables y que no se han desarrollado a pesar de haber 
transcurrido los plazos para hacerlo. Pues bien, conviene en la actualidad dar a estos 
terrenos la clasificación que corresponde a su estado fáctico real, lo que requiere cuanto 
antes una norma de rápida aprobación, promulgación y entrada en vigor como es el caso 
de un decreto ley, a fin de ahorrar posibles intentos de transformar los terrenos si se 
tramitara una ley por el Parlamento mediante el procedimiento legislativo ordinario,  s
dando lugar con ello a situaciones fácticas irreversibles. oe.
Por otra parte, el decreto ley, en el artículo 4, amplía las prohibiciones de edificar  w.
viviendas unifamiliares en las zonas de suelo rústico en el que parece claramente  12ww
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unifamiliares en terrenos que tienen un gran peligro de ser inundados, de ser objeto de 
incendios, sufrir deslizamientos, etc.: la seguridad de las personas y bienes propugna 
esta regla prohibitiva. En cuanto a los terrenos afectados parcialmente por estas áreas, 
se prevé un régimen específico.
Al margen de lo anterior, el decreto ley, artículo 5, revisa los parámetros urbanísticos 
aplicables a las edificaciones destinadas al uso de vivienda unifamiliar en el suelo 
rústico, ajustándolos respecto de los que se aplicaban anteriormente. La enorme presión 
edificatoria que existe sobre el suelo rústico de las Illes Balears, motivada en gran parte 
por la expansión en los últimos años del llamado alquiler turístico sobre este tipo de 
suelo,  está  conduciendo  al  reiterado  intento  de  construir  viviendas  unifamiliares  de 
dimensiones claramente desproporcionadas para las necesidades de una familia, por lo 
que resulta conveniente reducir los parámetros aplicables. Esta es la razón por la que el 
decreto ley revisa a la baja y ajusta los parámetros urbanísticos aplicables al caso, 
fijándolos en unas cifras que parecen proporcionadas y razonables.
Finalmente, los artículos 6 y 7 del decreto ley introducen medidas de integración 
paisajística y de sostenibilidad ambiental. Estas medidas derivan en parte del deber de 
conservación  de  los  bienes  inmuebles  que  establece  en  general  la  legislación 
urbanística, como es el caso de la obligación de recuperar y mantener en buen estado la 
totalidad de los terrenos y los elementos de valor etnográfico o cultural. Otras medidas 
derivan del deber de respetar al máximo el perfil y las características del paisaje rural en 
cuanto a cierres, muros, sistemas y elementos constructivos, impacto de la edificación en 
el paisaje, etc. Y en el artículo 7 se establecen algunas medidas de ahorro de agua, en 
defensa de la sostenibilidad ambiental, dada la falta de agua que hay tradicionalmente 
en la mayor parte de la superficie de nuestras Islas.
En el caso de las determinaciones relativas al suelo rústico de los artículos 4 a 7, la 
necesidad y urgencia de la nueva regulación proviene de que, como ya se ha dicho 
antes, es necesario poner límites lo antes posible a la gran presión edificatoria que existe 
sobre el suelo rústico de las Islas, motivada en gran parte por la expansión en los últimos 
años  del  llamado  alquiler  turístico  sobre  este  tipo  de  suelo,  lo  que  ha  provocado 
reiterados  intentos  de  construir  viviendas  unifamiliares  de  dimensiones  claramente 
desproporcionadas para las necesidades de una familia, invirtiendo de esta manera el 
sentido original y excepcional que tiene la posibilidad de edificar viviendas unifamiliares 
en suelo rústico. Una política que sea respetuosa con el desarrollo sostenible y armónico 
del suelo rústico exige introducir algunas limitaciones a esta posibilidad mencionada, de 
tal manera que la construcción de viviendas unifamiliares en rústico se mantenga como 
tal, es decir, como una posibilidad excepcional. Pues bien, esto requiere cuanto antes 
una norma de rápida aprobación, promulgación y entrada en vigor como es el caso de un 
decreto ley, a fin de ahorrar posibles intentos de transformar los terrenos si se tramitara 
una ley por el Parlamento mediante el procedimiento legislativo ordinario, dando lugar 
posiblemente a situaciones fácticas irreversibles.
El decreto ley contiene una disposición adicional que establece que no serán de 
aplicación las previsiones de los artículos 4 a 7 en el caso de que los consejos insulares, 
en ejercicio de sus competencias, hayan aprobado definitivamente por el Pleno una 
modificación o revisión del Plan Territorial Insular, en los últimos dos años. En este caso 
se aplicará lo que hayan establecido en las determinaciones de su Plan Territorial Insular.
La regulación de este decreto ley contiene también dos disposiciones transitorias que 
determinan en síntesis que el decreto ley no se aplica a los suelos urbanos, urbanizables 
o aptos para la urbanización así clasificados por instrumentos de planeamiento general  s
que en el momento de la entrada en vigor de este decreto ley estén tramitando su  oe.
adaptación al Plan Territorial Insular y en las limitaciones de crecimiento establecidas por  w.
las Directrices de Ordenación Territorial, como tampoco a las solicitudes de licencia  12ww
quurbea dneísbtiec ac odnete endeirfi cleagcaiólmn eennt es ulae sloo lriúcistuticdo y  qquuee  chuaeynatne ns idcoon p rlae sdeonctaudmaesn atal cAióynu nctoammpielenttao 
respectivo antes de la entrada en vigor del decreto ley.
Finalmente,  el  decreto  incluye  tres  disposiciones  finales,  las  dos  primeras  para 
modificar puntualmente dos normas de rango legal y la tercera para determinar su 
vigencia.
III
Ante una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en las últimas décadas, 
se necesitan actuaciones rápidas y eficaces de los poderes públicos por medio de los 
instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance.
El artículo 49 del Estatuto de autonomía permite al Gobierno de las Illes Balears 
dictar medidas legislativas en forma de decreto ley, en casos de necesidad extraordinaria 
y  urgente,  siempre  que  no  afecten  a  los  derechos  establecidos  en  el  Estatuto  de 
autonomía, las materias objeto de leyes de desarrollo básico de este, los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma, la reforma del Estatuto, el régimen electoral ni al 
ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes 
Balears.  Se  trata  de  una  figura  inspirada  en  la  prevista  en  el  artículo  86  de  la 
Constitución española, el uso de la cual ha producido una jurisprudencia extensa del 
Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha insistido en que la definición, por parte de los 
órganos políticos, de una situación de extraordinaria y urgente necesidad debe ser 
explícita  y  razonada,  y  que  debe  haber  una  «conexión  de  sentido»,  o  relación  de 
adecuación, entre la situación excepcional y las medidas que se pretendan adoptar, que 
deben ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata. Es exponente de esta doctrina 
constitucional la reciente Sentencia 12/2015, de 5 de febrero, en la que se recogen los 
pronunciamientos reiterados del alto tribunal sobre la utilización de este instrumento 
normativo.
Desde la Sentencia 137/2011, de 14 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido  que  la  valoración  de  la  necesidad  extraordinaria  y  urgente  puede  ser 
independiente de su imprevisibilidad e, incluso, puede tener origen en la inactividad 
previa  de  la  Administración  competente,  siempre  que  concurra  efectivamente  la 
excepcionalidad de la situación. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la misma línea 
que la anterior Sentencia 29/1986, de 20 de febrero, en la Sentencia 237/2012, de 13 de 
diciembre, razona que no se debe confundir la eficacia inmediata de la norma con su 
ejecución instantánea y, por tanto, se debe permitir que las medidas adoptadas con 
carácter  de  urgencia  incluyan  un  posterior  desarrollo  normativo  y  de  actuaciones 
administrativas de ejecución de aquellas.
Por lo tanto, la necesidad y la importancia de alcanzar los objetivos explicitados en 
este preámbulo determina la urgencia de las medidas que se deben adoptar, que exigen 
un plazo más breve que el que requiere la tramitación parlamentaria de las leyes, tanto 
por el procedimiento ordinario como por el de urgencia, y, en consecuencia, justifica la 
utilización del instrumento del decreto ley que prevé el artículo 49 del Estatuto de 
autonomía de las Illes Balears.
Se trata de evitar comportamientos que impidan o dificulten alcanzar los objetivos de 
las  normas  de  protección  y  de  defensa  de  los  valores  naturales,  dado  que  éstas 
requieren una exigencia de inmediatez para evitar que su conocimiento por parte de los 
sujetos  previsiblemente  afectados  pueda  conducir  a  que,  durante  el  tiempo  de  la 
tramitación del procedimiento legislativo, se realicen actuaciones o comportamientos con 
el fin de impedir o dificultar la aplicación protectora, o se creen situaciones edificatorias 
de reparación difícil. s
De este modo, el decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito,  e.
siempre que la finalidad que justifica la legislación de urgencia sea atender una situación  w.
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que requiere una acción normativa  12ww
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públEicna ,e lp aecrotu atal mesbciéenn aersio  aedse ucrugaednat el ay  vníeac deesa lreiog iasldaocpiótanr  dmee edxidcaesp cpiaórna  pparorate lgae ra dlao spacliuódn   BOE-A-cable e
de medidas de protección territorial y medio ambiental que deben contribuir a encarar 
mejor el futuro de las Illes Balears una vez finalizada la situación crítica.
Los motivos de oportunidad que se han expuesto, así como las medidas que se 
adoptan en este decreto ley, justifican ampliamente y razonadamente la adopción de esta 
norma de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 29/1982, de 31 
de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Así las cosas, la utilización de esta figura normativa como instrumento para la 
introducción de las medidas que contiene, cumple con los dos presupuestos de validez, 
como son, la situación de extraordinaria y urgente necesidad y la no afectación a las 
materias que le son vedadas.
Este decreto ley se ajusta a los principios de buena regulación, atendiendo a los 
principios de necesidad y eficacia, dado que la iniciativa se fundamenta en el interés 
general que supone la protección del territorio y del medio ambiente, en atención a las 
circunstancias sociales y económicas excepcionales derivadas de la crisis actual, que 
han puesto de manifiesto la necesidad de acometer la actividad protectora que contiene 
este decreto ley, siendo este el momento de adoptar medidas adicionales para atender 
estas necesidades, y siendo también el decreto ley el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución.
La norma se adecua también al principio de proporcionalidad porque contiene la 
regulación imprescindible para alcanzar el objetivo de proteger el territorio, el paisaje y el 
medio ambiente. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, estableciendo 
normas claras que aseguran la mejor protección de los derechos de los ciudadanos, 
proporcionando certeza y agilidad.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, 
por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 49 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, así como el 
artículo 86 de la Constitución Española, como presupuestos que habilitan la aprobación 
de este decreto ley, por lo que, en el contexto de alarma que están afrontando todas las 
comunidades  autónomas,  el  Gobierno  de  las  Illes  Balears  considera  plenamente 
adecuado el uso de este instrumento para dar cobertura a las disposiciones que se han 
descrito, dado que responde a la exigencia de que haya una conexión de sentido o 
relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se pretenden 
adoptar, que son idóneas, concretas y de eficacia inmediata.
IV
Este decreto ley se estructura en siete artículos, distribuidos en tres capítulos, una 
disposición adicional única, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
tres disposiciones finales.
El capítulo I define el objeto y finalidad del decreto ley.
En el capítulo II, los artículos 2 y 3 incluyen las determinaciones aplicables a los 
suelos de desarrollo urbano. Por un lado, regula las determinaciones sobre suelo urbano 
con urbanización no consolidada y, por otro lado, determina el suelo urbanizable que 
queda reclasificado mediante el decreto ley.
En el capítulo III, los artículos 4, 5, 6 y 7 regulan las condiciones de ordenación del 
suelo  rústico  y  contienen  determinaciones  relativas  a  la  implantación  de  nuevas 
edificaciones  y  usos  en  determinados  terrenos  de  suelo  rústico,  establecen  las 
condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico, así  s
como las medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y  e.
conservación de la finca y las medidas de ahorro de agua que se deben adoptar. w.
La disposición adicional única, como ya se ha explicado, prevé excepciones a la  12ww
arepvliicsaacdioósn  od melo dcifaicpaítduolos  eIInI  lopsa rúal timaqouse allñaoss .islas  que  cuenten  con  planes  territoriales
Las dos disposiciones transitorias establecen el régimen transitorio aplicable a los 
suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización y el relativo a las solicitudes 
de licencia en suelo rústico.
La  disposición  final  primera  modifica  la  Ley  5/2005,  de  26  de  mayo,  para  la 
conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) para aclarar que las 
modificaciones puntuales del artículo 9.4 de la citada ley también se podrán aplicar a los 
PRUG y los Planes de Gestión de Red Natura 2000.
La disposición final segunda modifica el artículo 6 del Decreto ley 8/2020, de 13 de 
mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y 
la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, para corregir el 
hecho de que este artículo ha introducido, entre los usos permitidos a los sistemas 
generales  de  infraestructuras  y  servicios  el  de  las  instalaciones  destinadas  a  la 
construcción, reparación, almacenamiento y mantenimiento de embarcaciones, cuando 
la intención del Gobierno es la de permitir y facilitar los usos de recogida municipal de 
residuos (puntos verdes).
Por  último,  la  disposición  final  tercera  determina  la  vigencia  inmediata  de  este 
decreto ley.
Este decreto ley se dicta al amparo de los títulos competenciales establecidos en los 
puntos 3, 8, 9, 10 y 46 del artículo 30 y en el punto 6 del artículo 31 del Estatuto de 
autonomía de las Illes Balears.
Por todo esto, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Territorio, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión extraordinaria del día 25 de mayo 
de 2020, se aprueba el siguiente Decreto Ley:
CAPÍTULO I
Objeto y finalidad
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
Este decreto ley tiene por objeto establecer medidas de protección y conservación de 
los valores ambientales, paisajísticos y urbanos del territorio de las Illes Balears, dirigidas 
a contener el crecimiento de la nueva urbanización y reforzar la protección del suelo 
rústico, con el fin de asegurar la rehabilitación y recuperación de este patrimonio.
CAPÍTULO II
Determinaciones aplicables a los suelos de desarrollo urbano
Artículo 2.  Determinaciones sobre suelo urbano con urbanización no consolidada.
1.  Transcurrido el plazo previsto en el apartado 4 de la disposición transitoria 
undécima de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, sin 
que el municipio afectado haya iniciado la adaptación a dicha disposición, los consejos 
insulares, antes del día 31 de diciembre de 2021, deben asumir las potestades de 
alteración del planeamiento, al que se refiere el apartado 3 de la citada disposición 
transitoria, sea para conferir una nueva ordenación de los terrenos manteniendo la 
condición de suelo urbano sin urbanización consolidada, sea por conferirles una nueva  e.
clasificación como suelo urbanizable o como suelo rústico, respecto de los terrenos que  w.
el  planeamiento  general  clasifica  formalmente  como  urbanos,  destinados  a  uso  12ww
creirsciudnesntcainacl,i atsu:rístico o mixto, en los que concurran acumulativamente, las siguientes
a)  Que el planeamiento general municipal donde se han previsto no esté adaptado
íntegramente al correspondiente plan territorial insular.
b)  Que, para poder disponer de todos los servicios urbanísticos básicos, tenga que 
llevar a cabo una actuación de transformación urbanística y que, a estos efectos, los 
terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del correspondiente ámbito o unidad de 
actuación.
c)  Que no se haya iniciado la ejecución material de la actuación de transformación 
urbanística.
d)  Que no estén rodeados con más de dos tercios de su perímetro por suelos que 
tengan la condición de urbanos por haber sido completamente urbanizados.
e)  Que ya hayan vencido cualquiera de los plazos que, a efectos de legitimar o 
hacer  efectiva  la  actuación  de  transformación  urbanística,  estén  previstos  en  los 
instrumentos  de  planeamiento,  en  la  delimitación  del  ámbito  de  actuación  o  en  el 
proyecto de urbanización, y que el vencimiento no sea imputable a la Administración.
2.  En caso de que no se hayan previsto plazos de vencimiento a los que se refiere 
la letra e) de la parte 1 de este artículo, se debe entender que estos han vencido si en el 
momento de entrada en vigor de este decreto ley se da alguna de las siguientes 
circunstancias:
a)  Haber  transcurrido  ocho  años  de  vigencia  del  instrumento  de  planeamiento 
general, o de la aprobación de la delimitación del ámbito de actuación, si ésta no 
estuviera contenida en el plan, y no haberse dictado acto de aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización.
b)  Haber transcurrido dos años desde la aprobación definitiva del proyecto de 
urbanización  y  no  haberse  iniciado  la  ejecución  material  de  la  actuación  de 
transformación urbanística.
3.  Los consejos insulares pueden realizar las adaptaciones a las que se refiere este 
artículo mediante modificaciones puntuales del plan territorial insular.
4.  Se  entiende  iniciado  el  procedimiento  de  adaptación  a  que  se  refiere  el 
apartado 4 de la disposición transitoria undécima de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de las Illes Balears, por parte de los ayuntamientos, cuando se haya 
llevado a cabo la aprobación inicial antes de la entrada en vigor de este decreto ley. 
Asimismo,  se  entiende  que  los  consejos  insulares  han  asumido  las  potestades  de 
alteración del planeamiento referidas en el apartado 1, si han aprobado inicialmente el 
instrumento de ordenación antes de día 31 de diciembre de 2021.
5.  La subrogación de los consejos insulares establecida en el apartado primero de 
este artículo, no será aplicable al Ayuntamiento de Palma, el cual deberá llevar a cabo 
las adaptaciones en el mismo plazo y condiciones establecidas para los consejos.
6.  En caso de que el día 31 de diciembre de 2021 los consejos insulares o el 
Ayuntamiento de Palma no hayan ejercido las potestades a que se refiere el apartado 
primero de este artículo, estas serán asumidas, por subrogación, por parte del Gobierno 
de las Illes Balears, el cual debe aprobar el correspondiente instrumento de ordenación 
antes del 31 de diciembre de 2022.
7.  Quedan suspendidas las tramitaciones y aprobaciones de planes de desarrollo y 
de instrumentos de gestión, así como el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y 
licencias urbanísticas en estas áreas, hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta la 
aprobación definitiva de las adaptaciones a que se refiere este artículo, si es anterior.
Artículo 3.  Reclasificación de suelo urbanizable. s
1.  Quedan automáticamente clasificados como suelo rústico, con la categoría de  w.b
suelo rústico común, en virtud de este decreto ley, los terrenos siguientes: 12ww
a)  Los  clasificados  por  el  planeamiento  general  como  suelo  urbanizable  no
eplr oPgrroagmraadmoa,  cdoen  Avicgteunacciiaó ns uUperbriaonr ísat iocach oco anñ oasn,t eqruioer indoa dh uab ielar aenn atrpardoab aedno  ivniigcoiarl mdeen tlae 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
b)  Los clasificados por el planeamiento general como suelo urbanizable o apto para 
la urbanización, destinados a uso residencial, turístico o mixto, que en el momento de 
entrada en vigor de este decreto ley cumplan con los siguientes requisitos:
i.  Que el planeamiento general municipal donde se han previsto no esté adaptado a 
las determinaciones relativas al suelo urbanizable establecidas por el correspondiente 
Plan Territorial Insular.
ii.  Que no se haya iniciado la actuación material de nueva urbanización al amparo 
de  los  instrumentos  de  planeamiento  y  de  ejecución  previstos  en  la  legislación 
urbanística.
iii.  Que ya hayan vencido cualquiera de los plazos que, a efectos de legitimar o 
hacer efectiva la ejecución de dicha actuación, estén previstos en los instrumentos de 
planeamiento, general o de detalle, o en el proyecto de urbanización, por causas no 
imputables a la Administración.
2.  En el caso de que no se hayan previsto los plazos a que se refiere la letra b), 
epígrafe iii anterior, se entenderá que estos han vencido si en el momento de entrada en 
vigor de este decreto ley se dan las siguientes condiciones:
a)  En el suelo urbanizable que no cuente con ordenación detallada, transcurridos 
ocho años de vigencia del instrumento de planeamiento general y no haber recaído acto 
de aprobación definitiva del plan parcial.
b)  En el suelo urbanizable que cuente con ordenación detallada, haber transcurrido 
cuatro años de vigencia del instrumento exigido como presupuesto de la ejecución y no 
haber recaído acto de aprobación definitiva del proyecto de urbanización.
c)  En el suelo urbanizable que cuente con ordenación detallada y proyecto de 
urbanización, haber transcurrido dos años desde la aprobación definitiva del proyecto de 
urbanización y no haberse iniciado la ejecución material de la actuación de nueva 
urbanización.
3.  A pesar de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores, no se verán afectados 
por esta norma aquellos suelos en los que concurra cualquiera de las circunstancias 
siguientes:
a)  Que estén incluidos en convenios urbanísticos firmados, al amparo de los cuales 
se haya obtenido suelo para la construcción de equipamientos e infraestructuras ya 
construidas o que tengan por objeto destinar sus usos lucrativos a vivienda de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública.
b)  Que estén incluidos en el ámbito de un plan parcial o proyecto de urbanización 
en tramitación. A los efectos de este precepto, se entenderá que un plan parcial o 
proyecto  de  urbanización  está  en  tramitación  si  se  ha  aprobado  inicialmente  con 
anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley y no han pasado ocho años de 
vigencia del instrumento de planeamiento general, en el caso de la tramitación del plan 
parcial, o cuatro años de vigencia del instrumento exigido como presupuesto de la 
ejecución, en el caso de la tramitación del proyecto de urbanización.
c)  Que no hayan iniciado la ejecución material de la actuación de transformación 
urbanística por causas imputables a la Administración.
4.  Las reclasificaciones de suelos urbanizables conforme a lo previsto en este 
artículo no dan lugar a indemnización, de acuerdo con lo establecido en la legislación  es
estatal. o
CAPÍTULO III
Condiciones de ordenación del suelo rústico
Artículo 4.  Determinaciones relativas a la implantación de nuevas edificaciones y usos 
en determinados terrenos de suelo rústico.
1.  No se pueden ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas en los terrenos que 
estén incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR) de erosión, de 
desprendimiento,  de  incendio  y  de  inundación,  a  menos  que  estén  vinculados  a 
explotaciones agropecuarias y de acuerdo con lo establecido en la legislación específica.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en aquellas parcelas incluidas 
parcialmente dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR), se pueden 
autorizar los usos, las edificaciones o instalaciones de acuerdo con el plan territorial o el 
planeamiento, siempre que la edificación no se emplace en la superficie de la parcela 
incluida  dentro  de  la  citada  área.  A  los  efectos  de  parcela  mínima,  edificabilidad, 
ocupación, volumen máximo y otros parámetros edificatorios, la superficie a considerar 
será la totalidad de la parcela.
Artículo 5.  Condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo 
rústico.
1.  Son aplicables a las edificaciones destinadas al uso de vivienda unifamiliar en el 
suelo rústico, siempre que este uso no esté prohibido, los parámetros edificatorios, 
según las distintas categorías recogidas en el correspondiente Plan Territorial Insular, 
siguientes:
a)  Superficie construible máxima, expresada en metros cuadrados de techo, que no 
puede superar los porcentajes de parcela siguientes:
– En Red Natura 2000 y suelo rústico protegido que sea Área Rural de Interés 
Paisajístico (SRP-ARIP): 1%
– En el resto de categorías de suelo rústico: 1,5%.
b)  El porcentaje máximo de la parcela que se puede ocupar para la edificación y 
demás elementos constructivos es:
– En Red Natura 2000, SRP-ARIP: 1,5%.
– En el resto de categorías de suelo rústico: 2%.
c)  Volumen máximo del conjunto de la edificación, en cualquier categoría de suelo 
rústico: 900 m3.
2.  El planeamiento territorial o urbanístico puede fijar parámetros más restrictivos 
que los anteriores.
Artículo 6.  Medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y 
conservación de la finca.
La solicitud de construcción de nuevas edificaciones y de reforma integral de las 
existentes en suelo rústico, salvo las vinculadas a explotaciones agropecuarias que se  s
regirán por la legislación específica, debe incluir un proyecto técnico que recoja todas las  e.
medidas  de  integración  paisajística  y  ambiental  que  se  deben  llevar  a  cabo  en  la  w.
totalidad de la finca, en función de sus características, tendentes a: 12ww
a)  Recuperar y mantener la totalidad de los terrenos en buen estado según sus
mcainraimctiecreís ltaic aesx tennastuióranl edse,  iennc epnadrioticsu floarre, smtaalenste yn edre  lafo rmmaas aq ubeo sncoo spae rjeund iqcuoen dlaicsio ensepse cqiuees 
protegidas que deban preservarse y, en zonas agrícolas, mantener los cultivos tradicionales 
y las plantaciones frutales o, en otro caso, mantener la explotación agraria existente.
b)  Recuperar  y  mantener  todos  los  elementos  de  valor  etnográfico  o  cultural 
existentes en la finca, como es el caso de bancales, paredes u otros elementos de piedra 
seca.
c)  Eliminar los elementos de cierre construidos sin seguir los sistemas y materiales 
tradicionales propios de cada isla.
d)  Reducir el impacto de la edificación sobre el cielo nocturno, garantizando el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de contaminación lumínica.
e)  Los cierres de las fincas y edificaciones sólo se podrán hacer con acabados 
tradicionales o bien con vallas cinegéticas que permitan el paso de la fauna. Se adoptará 
la estructura y trazado que mejor se adecue al paisaje y se debe priorizar el uso de 
elementos vegetales, que deben ser autóctonos.
Artículo 7.  Medidas de ahorro de agua.
1.  Los  proyectos  de  construcción  de  edificaciones  en  suelo  rústico,  salvo  las 
vinculadas a explotaciones agropecuarias que se regirán por la legislación específica, 
deben prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en 
las necesidades de la edificación y/o de la finca.
2.  El  uso  de  vivienda  unifamiliar  en  suelo  rústico  no  puede  dar  lugar  a  la 
construcción de más de una piscina por finca. La lámina de espejo de agua de las 
nuevas piscinas en suelo rústico no puede exceder de treinta y cinco (35) m2 y su 
volumen, los sesenta (60) m3.
Disposición adicional única.  Excepciones.
Las previsiones del capítulo III no son de aplicación cuando el Pleno del Consejo 
Insular correspondiente haya aprobado definitivamente una revisión o modificación del 
Plan Territorial Insular en los dos años anteriores a la vigencia de este decreto ley.
Disposición  transitoria  primera.  Régimen  transitorio  aplicable  a  suelos  urbanos  sin 
urbanización consolidada, urbanizables o aptos para la urbanización.
Mantienen la clasificación de suelo urbano o de suelo urbanizable programado o apto 
para la urbanización aquellos terrenos así clasificados por instrumentos de planeamiento 
general que en el momento de la entrada en vigor de este decreto ley estén tramitando 
su  adaptación  a  las  determinaciones  relativas  al  suelo  de  desarrollo  urbano  del 
correspondiente Plan Territorial Insular.
A los efectos de la aplicación de esta disposición, se debe entender que se está 
tramitando la adaptación cuando se haya adoptado el acuerdo de aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley, y 
siempre que no haga más de tres años del último acto esencial en la tramitación del 
procedimiento de adaptación del planeamiento municipal a las determinaciones relativas 
al suelo de desarrollo urbano del correspondiente Plan Territorial Insular.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de las solicitudes de licencia en 
suelo rústico.
Las determinaciones contenidas en este decreto ley en relación con el suelo rústico  e.e
no son de aplicación a las solicitudes de licencia urbanística de edificación que cuenten  w.b
con la documentación completa que debe contener legalmente la solicitud y que hayan  12ww
sdiedcor eptore lseeyn.tadas en el Ayuntamiento respectivo antes de la entrada en vigor de este
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a este 
decreto ley, lo contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto y, en concreto, el 
apartado tercero de la disposición transitoria primera del Reglamento general de la 
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, para la isla de Mallorca.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la 
conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
Se añade un último párrafo al apartado 4 del artículo 9, sobre procedimiento de 
elaboración, con la siguiente redacción:
«Este procedimiento simplificado también se podrá aplicar en el caso de las 
modificaciones puntuales de los planes rectores de uso y gestión de los espacios 
naturales protegidos y de los planes de gestión Natura 2000.»
Disposición final segunda.  Modificación del artículo 6 del Decreto ley 8/2020, de 13 de 
mayo,  de  medidas  urgentes  y  extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad 
económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones 
públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 
COVID-19.
Se modifica el contenido del artículo 6 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, que pasa a tener 
la siguiente redacción:
«Artículo  6.  Procedimiento  urbanístico  extraordinario  para  la  ordenación  de 
sistemas generales de infraestructuras y equipamientos para la implantación 
de actividades de recogida municipal de residuos (puntos verdes).
1.  Con  carácter  extraordinario  y  para  impulsar  y  revitalizar  la  actividad 
económica tras la crisis provocada por la pandemia del SARS COV 2, y con el fin 
de  atender  la  necesidad  de  áreas  urbanizadas  aptas  para  actividades  que 
requieren de espacios adecuados con un nivel bajo de edificación, como los 
vinculados a la recogida municipal de residuos (puntos verdes), se establece un 
procedimiento urbanístico extraordinario para la ordenación de sistemas generales 
de infraestructuras y equipamientos.
2.  Los sistemas generales de infraestructuras y equipamientos a que se 
refiere el apartado 1 de este artículo se pueden delimitar preferentemente en suelo 
urbano, aunque también se podrán delimitar en cualquier clase de suelo, siempre 
que esté debidamente justificado y no existan otras alternativas ya ordenadas en 
el planeamiento. En caso de que se delimiten en suelo rústico deben ubicarse en 
categorías de suelo rústico común.
En el caso de municipios con más de un 90 por ciento de suelo rústico 
protegido también se pueden ubicar en áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) 
que no sean de naturaleza boscosa; en este caso dentro del mismo procedimiento 
se  han  de  añadir  medidas  compensatorias  equivalentes  para  incrementar  las  e
superficies de suelo rústico protegido y, si no es posible, de incrementar el nivel de  bo
protección de este. 12ww
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de  ordenación  del  ámbito  que  debe  ser  sometida  a  la  tramitación  ambiental
correspondiente. Junto con la documentación técnica para la ordenación ha de 
elaborar un estudio de movilidad generada que incluya las medidas necesarias 
para  garantizar  una  conectividad  adecuada  al  sistema  viario.  Asimismo,  se 
elaborará un estudio de impacto paisajístico que incorpore las medidas correctoras 
necesarias para garantizar la integración adecuada en el entorno.
5.  Posteriormente  la  propuesta  debe  ser  aprobada  inicialmente  con  los 
efectos  de  suspensión  de  licencias  previsto  en  la  legislación  urbanística,  y 
expuesta al público por un período común de 24 días hábiles, tanto en cuanto a la 
documentación  sustantiva  como  la  ambiental  y  se  solicitarán  los  informes 
preceptivos que deben ser emitidos en un plazo máximo de 20 días hábiles.
6.  Una vez concluido el trámite de exposición pública, consulta y audiencia, 
se formulará la propuesta final para completar el trámite de declaración ambiental 
estratégica y, posteriormente, con los ajustes que sean necesarios, para proceder 
a la aprobación definitiva por parte del órgano competente de la administración 
promotora previo informe de la comisión insular competente en ordenación del 
territorio y urbanismo, que debe ser emitido en un plazo máximo de 20 días 
hábiles.
7.  La aprobación definitiva de la propuesta se publicará en el Boletín Oficial 
de las Illes Balears (BOIB) y una vez publicada se puede proceder a la ejecución 
prevista en la ordenación del sector delimitado y debe considerarse integrada en el 
planeamiento urbanístico municipal. La aprobación definitiva de esta ordenación 
tiene los efectos previstos para los planes en la legislación urbanística (publicidad, 
ejecutividad, obligatoriedad y declaración de utilidad pública).
8.  Dado  el  carácter  extraordinario  de  este  procedimiento  se  limita  su 
aplicación temporal de tal manera que sólo se podrá iniciar durante un periodo de 
dos años desde la entrada en vigor de este decreto ley.»
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de las Illes Balears».
Palma, 25 de mayo de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–El 
Consejero de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir i Gual.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 92, de 25 de mayo de 2020. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
número 114, de 25 de junio de 2020)