BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 328  Jueves 17 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 115650
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
16346 Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La confluencia de factores de diversa índole, como la caída sostenida de precios 
percibidos por los agricultores; el aumento de la frecuencia de los daños por fenómenos 
climáticos extremos, en particular en los últimos meses, en que se han sucedido, 
prácticamente sin interrupción, fenómenos tan adversos como las encadenadas 
depresiones aisladas en niveles altos (DANAs) y la borrasca Gloria; las tensiones 
comerciales, la volatilidad de las cotizaciones de las materias primas, el incremento de los 
costes de los insumos agrarios y ganaderos, como la energía, el creciente impulso de 
exigencias en la producción, y la falta de equilibrio en la fijación de precios en la cadena 
alimentaria, han conducido a una situación de crisis sin precedentes del sector agrario que 
obliga a los poderes públicos a intervenir de manera urgente.
Por otra parte, el sector agrario es vulnerable por sus propias características, pues se 
trata de un sector muy atomizado, estacionario y con una elevada rigidez de la demanda, 
por la propia naturaleza perecedera de la producción, y de manera paulatina ha tendido 
hacia un desequilibrio estructural del mercado, alcanzando en la actualidad cotas sin 
precedentes, con la consiguiente pérdida de tejido productivo y de empleo en el campo.
Ese fenómeno, que es común en países de nuestro entorno, ha propiciado que la 
Comisión Europea y el Parlamento Europeo, mediante distintas comunicaciones, hayan 
ido profundizando en el análisis y en la identificación de los problemas reales. A todas 
estas iniciativas se han sumado otras instituciones europeas, como el Consejo de Ministros 
de Competitividad y Agricultura o el Comité Económico y Social, que han evidenciado la 
gravedad y extensión global de este problema, subrayando la necesidad de que los 
Estados adopten medidas, ampliando el marco normativo significativamente en tiempos 
recientes, con una apuesta esencial en favor del reequilibrio de la cadena y ampliando 
notablemente el margen de acción para los Estados miembros. Debe tenerse en cuenta 
que el número y el tamaño de los agentes varían en las distintas etapas de la cadena de 
suministro agrícola y alimentario. Hay diferencias en el poder de negociación, que se 
corresponden con la dependencia económica del proveedor respecto del comprador, y es  s
probable que conduzcan a que los agentes más grandes impongan prácticas comerciales  oe.
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negociación es probable que conduzcan a prácticas comerciales desleales, si los socios
comerciales de mayor tamaño y poder tratan de imponer determinadas prácticas o  Bc
disposiciones contractuales que les benefician en relación con una transacción de venta.
Estas prácticas pueden, por ejemplo, apartarse en gran medida de las buenas conductas 
comerciales, ser contrarias a la buena fe y a un trato justo e imponerse de manera 
unilateral por una de las partes a la otra; o imponer una transferencia desproporcionada e 
injustificada de riesgo económico de una de las partes a la otra; o imponer un desequilibrio 
importante de derechos y obligaciones a una de las partes.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el Gobierno aprobó el Real 
Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación, que tras su convalidación por el 
Congreso de los Diputados ha sido tramitado como Proyecto de ley.
II
Las circunstancias descritas obligan a los poderes públicos a adoptar medidas 
enfocadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Cabe destacar por su 
inmediatez aquellas que mitiguen las dificultades extremas en que se sitúa una buena 
parte del sector dedicado a la producción primaria. Se trata de actuaciones de carácter 
urgente y de todo punto inaplazable, que tienen como finalidad evitar el abandono de las 
explotaciones agrarias y asegurar en la medida de lo posible un reparto equitativo de los 
costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, que se residencian de 
modo agravado en los operadores que dedican sus esfuerzos al sector primario y, muy 
especialmente, a los eslabones menos protegidos y más vulnerables, que permitan el 
mantenimiento y doten de estabilidad a las explotaciones agrarias.
Por ese motivo, la presente Ley incorpora un conjunto sistemático de medidas 
concretas y con efectos tangibles, que reduzcan los factores perjudiciales y garanticen el 
nivel de vida, destinadas a mejorar la posición negociadora, la equidad de las relaciones y 
el justo reparto de los costes generales del sector primario.
Como elemento primordial, se introducen únicamente medidas regulatorias puntuales 
en el ámbito de la cadena alimentaria cuya adopción se considera inaplazable, por los 
motivos señalados. Se anticipa a la futura reforma en profundidad, que está previsto 
acometerse más adelante, de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria, en aras de incorporar en ese momento en dicha 
regulación lo dispuesto en la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las 
relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, la cual se 
emprenderá sin demora, asegurando la participación pública, en especial, de todos los 
agentes sociales que intervienen en la cadena alimentaria así como de instituciones 
públicas y privadas. A pesar de que la Ley ha funcionado, existen elementos que ahora 
requieren de medidas urgentes para asegurar su plena eficacia.
La actividad de los poderes públicos ha de partir de un enfoque diferenciado con 
respecto de otros subsectores económicos, de modo que se asegure un correcto 
funcionamiento que parta de la necesaria garantía de la cadena de valor, que pueda ser 
sostenible para todos los operadores, mejorando también la posición de los consumidores 
y usuarios.
La principal novedad en el ámbito de la cadena alimentaria consiste en obligar a que 
cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de 
producción de tal producto en que haya incurrido dicho operador, de modo que se preserve 
ese valor agregado creciente que fundamenta uno de los ejes vertebradores de la acción 
pública en este sector, que contribuya a aumentar su competitividad global a través del  s
valor añadido y que, en último término, revierta en beneficio de toda la sociedad. Asimismo,  oe.
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precio como elemento mínimo de los contratos. En el texto originario de la Ley se tiene en
cuenta, en la composición del precio, el conjunto de factores objetivos, verificables y no  Bc
manipulables que deben ser expresamente establecidos en el contrato, si bien no incluye
expresamente un factor que se considera esencial para su determinación como es el coste 
de producción.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de esas premisas, la norma incorpora una lista 
ejemplificativa de elementos que considerar para las explotaciones agrarias, tales como 
semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria, e índices que, entre otros, puedan 
emplearse para asegurar esa objetividad en su determinación, como los publicados por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta medida resulta de capital importancia, 
pues permite cerrar el círculo de la cadena de valor, ya que su libre determinación 
conforme a las reglas de mercado permite cohonestar la libre formación de la voluntad y la 
autorregulación de oferta y demanda con el aseguramiento de que esos costes efectivos 
de producción –que además deberán cubrirse con el precio y aparecer así en el contrato– 
no se destruyen en estadios sucesivos de la cadena.
En este punto, se introducen precisiones con el fin de impedir que en dicha 
determinación del coste se introduzcan factores que lo distorsionen, como las referencias 
circulares, es decir, las que se obtienen de precios participados por otros operadores o por 
el propio operador.
Por otro lado, cabe destacar la novedosa exigencia de que las actividades 
promocionales que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena se 
desplieguen en un marco equitativo de obligaciones y derechos, entre los que cabe 
destacar que se base en el acuerdo y libertad de pactos, para los cuales se establecen 
unos contenidos mínimos; el interés mutuo; y la flexibilidad para adaptarse a las 
circunstancias particulares de los distintos operadores, sin que puedan realizarse 
actividades promocionales entre los mismos que induzcan a error sobre el precio e imagen 
de los productos, con el fin de evitar que se perjudique la percepción en la cadena sobre 
la calidad o valor de los productos, banalizando una actividad esencial para la economía y 
sociedad.
Debe destacarse, a efectos de ajustar su correcto encaje en el ordenamiento, que se 
trata de una medida sectorial encaminada a la protección desde otra perspectiva de la 
cadena de valor en el sector agroalimentario y que no se dirige a los consumidores, a 
efectos de su clara diferenciación con otras normas sectoriales, que se aplicarán sin 
perjuicio de esta novedosa previsión normativa que, por lo demás, ya se encontraba 
recogida como soft law en el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación 
Alimentaria.
Asimismo, adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, 
se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves, con fines disuasorios pero 
también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y es 
procedente, conforme indica el legislador europeo, que el público tenga conocimiento de 
los operadores que han sido objeto de sanción por las autoridades competentes. Con el fin 
de asegurar el pleno respeto a los derechos de los administrados y encontrar una solución 
ponderada, la norma restringe esta publicidad a las que hayan adquirido firmeza en vía 
administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en 
vía judicial. En el caso de las sanciones que imponga la Administración General del 
Estado, esta publicidad se dará por medio de la página web del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.
Por otro lado, la norma incluye una modificación concreta que afecta a la fiscalidad de 
estas actividades en un elemento muy sensible y de una importancia capital para el sector.
Existe una generalizada preocupación por el actual tratamiento fiscal de las ayudas a 
la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, una de las líneas esenciales de la  es
política de renovación del sector primario y uno de los ejes sobre los que versará la nueva  o
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se contemplaban las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, como medidas
destinadas a inversiones y gastos de instalación, el Marco Nacional 2014-2020 las 
condiciona directamente al desarrollo de un plan empresarial. En consecuencia, 
fiscalmente han pasado de considerarse subvenciones de capital a subvenciones 
corrientes como ayuda a la renta, lo que obliga al perceptor a tener que sufragar la totalidad 
del impuesto en el primer momento, sin posibilidad de fraccionamiento del pago a lo largo 
del período cuatrienal de percepción.
Por consiguiente, en muchos casos se liquidan los impuestos de una ayuda aún no 
percibida, lo que puede desincentivar precisamente la apuesta por el relevo generacional 
a través de esta medida. En consecuencia, se adapta la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) para permitir en este supuesto, al igual que ya 
sucede en otros análogos, tributar en varios ejercicios. Esta reforma es de gran importancia 
y responde a una demanda tradicional del sector, dado que la incorporación de jóvenes es 
una de las líneas esenciales de la política de renovación del sector primario y uno de los 
ejes de la nueva PAC. Siendo sus efectos muy relevantes, no obstante, tiene coste cero 
para las arcas públicas pues permite el pago del impuesto a lo largo de las anualidades de 
ejecución de las ayudas, sin disminuir el volumen final de ingresos públicos pero 
acomodándolo al marco temporal en que se recibe la ayuda.
Asimismo, la presente Ley procede a introducir importantes medidas en materia de 
empleo en este ámbito de actividad, de manera que se haga frente a las especiales 
circunstancias en que se desenvuelve el mercado de trabajo en el campo.
Se trata de establecer medidas de protección de los trabajadores eventuales afectados 
por el descenso de actividad, provocado por los cambios progresivamente acuciantes en 
la estructura productiva del país y, por otra parte, medidas de apoyo a los empresarios 
agrarios, con el fin de impedir que los efectos derivados de la pérdida de rentabilidad 
puedan redundar en una pérdida acelerada del empleo en la agricultura y de sostenibilidad 
financiera de las explotaciones.
En relación con la protección por desempleo, se regula en esta norma una medida de 
carácter social que tiene como destinatarios a los trabajadores eventuales agrarios 
residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura afectados por el 
descenso de actividad provocado por diversas circunstancias, mediante la reducción a 
veinte del número de jornadas necesarias para el acceso al subsidio por desempleo 
contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio 
por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, así como a la renta agraria regulada por el Real Decreto 
426/2003, de 11 de abril, paliando así los efectos negativos de la situación descrita en la 
protección social de un colectivo vulnerable de personas trabajadoras.
La medida, de carácter excepcional, se justifica porque, además del conjunto de 
circunstancias que afectan al sector agrario, en el caso de las Comunidades Autónomas 
de Andalucía y Extremadura, y de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha constatado un importante descenso de la 
producción del olivar, lo que, unido a las dificultades que han supuesto los aranceles 
impuestos por Estados Unidos a este sector, ha repercutido en una correlativa disminución 
del empleo de los trabajadores eventuales agrarios de dichas comunidades autónomas, 
por lo que se considera que se cumplen las condiciones para regular la reducción del 
número mínimo de jornadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo 
contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, así como a la renta agraria 
regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
Además, se recupera para el año 2020 la medida de conversión de contratos  es
temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos que incluye a los  o
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incluidos los fijos discontinuos, de manera inmediata el bonificarse la cuota empresarial
por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del 
trabajador y de la modalidad de cotización –mensual o por jornadas reales trabajadas–. 
Además, con el objetivo de introducir medidas positivas para reducir la brecha de género, 
se establecen cuantías incrementadas en el caso de la conversión de contratos de mujeres 
trabajadoras. A través de este incentivo se busca promocionar la contratación estable en 
el sector, reduciendo un volumen de precariedad que ha alcanzado niveles insostenibles 
desde la perspectiva social y promoviendo la estabilidad en el empleo como principio 
rector de nuestro ordenamiento laboral.
Por último, se procede a modificar el apartado 1.a) artículo 19 de la Ley 23/2015, de 21 
de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que delimita 
el ámbito de actuación de esta. El tenor literal de dicho apartado determina la exclusión del 
ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto de los 
alojamientos y locales de descanso, ubicados fuera de los centros de trabajo o lugares 
donde se ejecuta la actividad laboral.
Independientemente del carácter obligatorio o no de la puesta a disposición de dichos 
lugares por parte de las empresas (sea vía convencional, contractual o legal), una vez que 
los alojamientos son puestos a disposición de las personas trabajadoras, estos pasan a 
constituir un elemento de la relación laboral, resultando imprescindible que reúnan las 
adecuadas condiciones de higiene, salubridad y habitabilidad, de acuerdo con el deber de 
protección que se atribuye al empresario por el artículo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, la orden anual por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en 
origen (para el año 2020 la Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre), incluye entre las 
obligaciones empresariales «la puesta a disposición del trabajador de un alojamiento 
adecuado durante la vigencia del contrato de trabajo que reúna las condiciones previstas 
en la normativa en vigor, debiendo quedar garantizada, en todo caso, la habitabilidad e 
higiene adecuada del alojamiento». Además, la propia orden establece en su anexo IX, 
para el caso del sector agrícola, las condiciones mínimas de los alojamientos de temporada 
y campaña.
Por lo expuesto, correspondiendo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como 
servicio público, la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa legal y 
convencional del orden social, y dentro de ella la de seguridad y salud laboral y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales, así como en los artículos 1.2 y 12 de la Ley Ordenadora 
del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, resulta necesario incluir dentro 
de su ámbito de actuación locales, viviendas, u otros lugares habilitados, aun cuando no 
se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la 
prestación laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores por 
razón de su trabajo durante los períodos de descanso, y hayan sido puestos a disposición 
por el empresario, en cumplimiento de una obligación prevista en una norma legal, 
convenio colectivo o contrato de trabajo. Por aplicación del artículo 18.2 de la Constitución 
Española y del artículo 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, también en estos nuevos 
ámbitos de actuación sujetos a inspección, cuando coincidan con el domicilio de los 
trabajadores, resultará exigible la obtención del consentimiento expreso de los mismos, o, 
en su defecto, de la oportuna autorización judicial.
III
Por todo lo anterior, la presente Ley se configura de acuerdo con los principios de  oe.
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transpuesta en materia de cadena alimentaria y, siendo de mínimos, introduce solo en los
elementos necesarios el contenido adicional que se estima procedente para la salvaguarda  Bc
del interés público, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jurídica al asegurar
un correcto encaje del conjunto de medidas. Finalmente, el principio de eficiencia se 
considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no 
sean imprescindibles frente a la regulación actual.
IV
En cuanto a los títulos competenciales que amparan esta Ley, el artículo primero se 
dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica. Se exceptúa de lo anterior los modificandos uno a tres, relativos al 
título II, y la disposición transitoria única de la presente Ley, que se amparan en las 
reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre 
legislación mercantil y legislación civil.
El artículo segundo se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 14.ª del artículo 149.1 
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda 
General.
El artículo tercero se dicta al amparo de la habilitación contenida en la regla 17.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución 
de sus servicios por las comunidades autónomas.
El artículo cuarto se dicta al amparo de la habilitación contenida en la regla 7.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, por la que se atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de 
las comunidades autónomas.
El artículo quinto se dicta conjuntamente al amparo de las reglas 7.ª y 17.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, por las que se atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por 
los órganos de las comunidades autónomas, y la competencia sobre legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios 
por las comunidades autónomas.
Artículo primero.  Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, queda modificada como sigue:
Uno.  La letra c) del apartado 1 del artículo 9 queda redactada como sigue y se añade 
una nueva letra j):
«c)  Precio del contrato alimentario, con expresa indicación de todos los pagos, 
incluidos los descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija o variable. En 
este último caso, se determinará en función únicamente de factores objetivos, 
verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato. En ningún 
caso se utilizarán factores que hagan referencia a precios participados por otros 
operadores o por el propio operador. Los factores a emplear podrán ser, entre otros, 
la evolución de la situación del mercado, el volumen entregado y la calidad o 
composición del producto. En todo caso, uno de los factores deberá ser el coste 
efectivo de producción del producto objeto del contrato, calculado teniendo en cuenta  es
los costes de producción del operador efectivamente incurridos, asumidos o similares.  o
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factores objetivos aquellos que sean imparciales, fijados con independencia de las
partes y que tengan como referencia datos de consulta pública. En el caso de las
explotaciones agrarias, éstos serán tales como los datos relativos a los costes efectivos 
de las explotaciones publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.»
«j)  Indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario 
agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de éstos y su primer 
comprador cubre el coste efectivo de producción.»
Dos.  Se añade un nuevo artículo 12 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 12 bis.  Actividades promocionales.
En el ámbito de aplicación de esta ley:
1.  El lanzamiento y desarrollo de promociones deberá realizarse basándose 
en los principios de:
a)  acuerdo y libertad de pactos;
b)  interés mutuo; y
c)  flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de los distintos 
operadores.
2.  Los pactos sobre promociones comerciales se respetarán en su naturaleza 
e integridad. Dichos pactos, que deberán contar con el acuerdo explícito de ambas 
partes, recogerán los aspectos que definen la promoción: los plazos (fechas de 
inicio y finalización), los precios de cesión, los volúmenes, y aquellas otras 
cuestiones que sean de interés, así como también los aspectos de la promoción 
relativos al procedimiento, el tipo, el desarrollo, la cobertura geográfica y la 
evaluación del resultado de ésta.
3.  No se realizarán actividades promocionales que induzcan a error sobre el 
precio e imagen de los productos o que perjudiquen la percepción en la cadena 
sobre la calidad o el valor de los productos.»
Tres.  Se añade un nuevo artículo 12 ter con el siguiente contenido:
«Artículo 12 ter.  Destrucción de valor en la cadena.
Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada 
operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio 
igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que efectivamente 
haya incurrido o asumido dicho operador. La acreditación se realizará conforme a 
los medios de prueba admitidos en Derecho.
El operador que realice la venta final del producto al consumidor en ningún caso 
podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial 
derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.»
Cuatro.  El artículo 23 queda modificado como sigue:
1.  El artículo 23.1.a) queda sin contenido.
2.  Los párrafos b) y e) del artículo 23.1 quedan redactados como sigue:
«b)  No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos 
alimentarios, sin perjuicio de las conductas que se incardinen en el apartado 2.»
«e)  Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén  e.
expresamente pactadas por las partes, sin perjuicio de las conductas que se  w.b
incardinen en el apartado 2.» 346ww
3.  Se añade un párrafo al artículo 23.2 con el siguiente contenido:
«Del mismo modo, será infracción grave: no formalizar por escrito los contratos
alimentarios a que se refiere esta ley; no incorporar en el contrato alimentario el
precio recogido en el artículo 9.1.c); realizar modificaciones del precio incluido en el 
contrato que no estén expresamente pactadas por las partes; la destrucción de valor 
en la cadena alimentaria conforme al artículo 12 ter y realizar actividades 
promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos 
conforme al artículo 12 bis.»
4.  Se presume, salvo prueba en contrario, que son autores de las infracciones 
tipificadas en la letra b) del apartado 1 y en los dos primeros incisos del párrafo tercero del 
apartado 2 de este artículo, relativos a no formalizar por escrito los contratos alimentarios 
y no incorporar en el contrato alimentario el precio recogido en el artículo 9.1.c), los 
operadores que no tengan la condición de PYME, los que no tengan la condición de 
productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o agrupación de los mismos y 
los operadores respecto de los cuales el otro operador que interviene en la relación se 
encuentre en situación de dependencia económica, cuando cualquiera de ellos se 
relacione con otros operadores que tengan la condición de PYME o de productor primario 
o agrupación de los mismos, o se encuentre en situación de dependencia económica.
Cinco.  El artículo 24.2 queda sin contenido.
Seis.  Se añade un nuevo artículo 24 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 24 bis.  Publicidad de las resoluciones sancionadoras en materia de 
contratación alimentaria.
1.  La Administración pública competente para la imposición de la sanciones 
publicará de forma periódica las resoluciones sancionadoras impuestas por 
infracciones graves y muy graves en materia de contratación alimentaria que hayan 
adquirido firmeza en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, en vía judicial. En el caso de las sanciones que imponga 
la Administración General del Estado, esta publicidad se dará por medio de la 
página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2.  La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el 
título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como las obligaciones de publicidad activa 
establecidas por la legislación autonómica, se someterán, cuando la información 
contenga datos personales, a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la referida ley, 
así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.»
Siete.  Se añade un nuevo párrafo a la disposición adicional quinta con el siguiente 
contenido:
«En todo caso, serán de aplicación a tal sector las exigencias previstas en el 
artículo 9.1.c) y j) y en el artículo 12 ter de esta ley.»
Artículo segundo.  Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la  s
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se modifica como sigue: oe.
Uno.  La letra b) del apartado 1 del artículo 14 queda redactada de la siguiente forma: 346ww
«b)  Los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo
ddies plause setsop eecni alali dnaodremsa qtiuvae  rreeggulalamdeonrtaa rdiaeml Iemnpteu epsutoe dsaonb rees tSaobcleiecdearsdee.s, sin perjuicio
No obstante, las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes 
agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España podrán 
imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en 
los tres siguientes.»
Dos.  Se modifica la letra c) y se añade una letra l) en el apartado 2 del artículo 14, 
que quedan redactadas de la siguiente forma:
«c)  Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al 
período impositivo en que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones 
previstas en las letras g), i), j) y l) de este apartado.»
«l)  Las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores 
previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España que se destinen a la 
adquisición de una participación en el capital de empresas agrícolas societarias 
podrán imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan 
y en los tres siguientes.»
Artículo tercero.  Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para 
acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores 
eventuales agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura.
1.  Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha 
de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, estén incluidos 
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad 
Social y, en dicha fecha, residan en el territorio de las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura, podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo que regula 
el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, o de la renta agraria, regulada por el Real 
Decreto 426/2003, de 11 de abril, aun cuando no tengan cubierto en el citado Sistema de 
la Seguridad Social el número mínimo de jornadas reales cotizadas establecido en el 
artículo 2.1.c) o en el artículo 2.1.d) de los citados reales decretos, respectivamente, 
siempre que tengan cubierto en dicho Sistema Especial un mínimo de 20 jornadas reales 
cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de 
desempleo, y reúnan el resto de los requisitos exigidos en el artículo 288 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en los citados reales decretos.
2.  Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará 
acreditado un número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo establecido en:
a)  El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.
b)  Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
3.  En las solicitudes que se presenten a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de agricultura y alimentación, en el ámbito territorial indicado en el apartado 1 de 
este artículo, se estará a lo siguiente:
a)  Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de 
enero, se deberá completar un número mínimo de 20 jornadas reales, cotizadas, en la  e
forma prevista en dicha disposición. bo
b)  Para aplicar la disposición transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de  346ww
econnesroid,e crauraán adcor esdeit aadcor eudni tneú umne rnoú dmee 3r5o  jiogrunaald aos  scuoptiezraidoar sa. 20 jornadas cotizadas, se
Artículo cuarto.  Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en 
contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos.
1.  Las empresas que ocupen a trabajadores encuadrados en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la 
Seguridad Social que transformen, antes del 1 de enero de 2021, los contratos de trabajo 
de duración temporal suscritos con esos trabajadores, cualquiera que sea la fecha de su 
celebración, en contratos de duración indefinida, incluidos los contratos fijos-discontinuos, 
tendrán derecho a las siguientes bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias 
comunes a la Seguridad Social, durante los dos años siguientes a la transformación del 
contrato:
a)  Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, 
con cotización por bases mensuales, y que tengan una base de cotización mensual inferior 
a 1.800 euros, la bonificación será de 40 euros/mes (480 euros/año). En el caso de 
trabajadoras, dichas bonificaciones serán de 53,33 euros/mes (640 euros/año).
b)  Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, 
que coticen por jornadas reales trabajadas y cuya base de cotización diaria sea inferior 
a 81 euros, la bonificación será de 2 euros/día. En el caso de trabajadoras, las 
bonificaciones serán de 2,66 euros/día.
c)  Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en alguno de los grupos de 
cotización entre el 2 y el 11, que tengan una base de cotización mensual inferior a 1.800 
euros o una base diaria inferior a 81,82 euros, la bonificación se corresponderá con la 
cuantía necesaria para que la cuota resultante por contingencias comunes no supere  4,63 
euros/mes, o 4,30 euros por jornada real trabajada. En el caso de trabajadoras, la 
bonificación se corresponderá con la cuantía necesaria para que la cuota resultante por 
contingencias comunes no supere 63,09 euros/mes, o 2,87 euros por jornada real 
trabajada.
2.  Las bonificaciones previstas en el apartado 1 no serán de aplicación durante las 
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural, así como de nacimiento y cuidado del menor causadas durante la 
situación de actividad a que se refiere el artículo 5.7 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 
de diciembre, en la redacción dada por el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de 
marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral 
en la jornada de trabajo.
3.  Para la aplicación de este incentivo la empresa deberá mantener en el empleo al 
trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de transformación del contrato. 
En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro del incentivo.
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo anterior 
cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario 
cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones 
causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez de los trabajadores.
4.  En lo no establecido en esta disposición serán de aplicación las previsiones 
contenidas en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en su artículo 2.7.
Artículo quinto.  Modificación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema  es
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. o
La letra a) del apartado 1 del artículo 19 de la Ley 23/2015 de 21 de julio, Ordenadora  346ww
dsieglu Sieinsttee mmaa ndeera I:nspección de Trabajo y Seguridad Social, quedará redactada de la
«a)  Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares de trabajo
en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando estén directamente regidos o
gestionados por las Administraciones Públicas o por entidades de Derecho público 
con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualesquiera de 
ellas, con sujeción, en este último caso, a lo previsto en la normativa que regula 
dicha actuación en las Administraciones Públicas. La actuación de la Inspección de 
Trabajo se podrá ejercer también en locales, viviendas, u otros lugares habilitados, 
aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que 
se ejecute la prestación laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer 
los trabajadores por razón de su trabajo durante los períodos de descanso, y hayan 
sido puestos a disposición de los mismos por el empresario, en cumplimiento de una 
obligación prevista en una norma legal, convenio colectivo o contrato de trabajo.»
Disposición adicional única.  Informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Al año de su entrada en vigor, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
presentará un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en 
el que se analizarán los resultados de la aplicación de las medidas recogidas en el Real 
Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación. En particular, este informe detallará el 
impacto de dichas medidas sobre el sector agroalimentario español y sobre los 
consumidores atendiendo a la evolución que se haya producido del sistema de fijación de 
precios y de los precios finales de los productos agroalimentarios.
Disposición transitoria única.  Contratos preexistentes.
Los contratos alimentarios en vigor, incluidas sus prórrogas y novaciones, en el 
momento de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación 
mantendrán su validez, si bien tendrán que adaptarse en aquello en que no se ajusten a lo 
dispuesto en esta norma en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
El artículo primero se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica. Se exceptúa de lo anterior los 
modificandos uno a tres, relativos al título II, y la disposición transitoria única de la presente 
Ley, que se amparan en las reglas 6.ª y 8.ª del artículo 149.1, que atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva sobre legislación mercantil y legislación civil.
El artículo segundo se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 14.ª del artículo 149.1 
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda 
General.
El artículo tercero se dicta al amparo de la habilitación contenida en la regla 17.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución 
de sus servicios por las comunidades autónomas. e.
El artículo cuarto se dicta al amparo de la habilitación contenida en la regla 7.ª del  w.
artículo 149.1 de la Constitución Española, por la que se atribuye al Estado la competencia  346ww
elaxsc lcuosmivuan eidna mdeaste ariuat ódneo lemgaissl.ación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de
artícEul loa r1tí4c9u.lo1  qduei nltao  Csoe ndsitcittuac icóonn jEunstpaamñeonlate,  paol ra lmasp aqruo ed es el aast rribegulyaesn  7a.ªl  yE s1t7a.dªo d leal   BOE-A-cable e
competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por
los órganos de las comunidades autónomas, y la competencia sobre legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios 
por las comunidades autónomas.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor y efectos.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
El artículo segundo surtirá efectos desde el 1 de enero de 2020.
Lo dispuesto en el artículo tercero será de aplicación a las solicitudes presentadas a 
partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación 
y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 16 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN