BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 319 Lunes 7 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 111826
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
15775 Resolución  de  19  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
de la registradora mercantil de Cádiz a inscribir una escritura de elevación a 
público de acuerdos de la junta general de una sociedad.
En el recurso interpuesto por don Manuel Gómez Ruiz, notario de Chiclana de la 
Frontera, contra la negativa de la registradora mercantil de Cádiz, doña Ana María del 
Valle Hernández, a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos de la junta 
general de la sociedad «Construcciones J.A. Reyes Aragón, S.L.».
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por don Manuel Gómez Ruiz, notario de Chiclana de la 
Frontera, el día 23 de junio de 2020, con número 639 de protocolo, se elevaron a público 
determinados acuerdos de nombramiento de auditores, titular y suplente adoptados el 2 
de junio de 2020 por la junta general de la sociedad «Construcciones J.A. Reyes Aragón, 
S.L.». Dicha escritura tiene como base un acta autorizada por el mismo notario, instada 
el 12 de mayo de 2020, de requerimiento para notificar la convocatoria de la junta 
general con determinados documentos anexos y para dejar constancia del resultado de 
las votaciones por escrito y sin sesión sobre los distintos puntos del orden del día.
II
El 13 de julio de 2020 se presentó dicha escritura, junto al acta referida, en el 
Registro Mercantil de Cádiz, y fue objeto de calificación por la registradora, doña Ana 
María del Valle Hernández, el 31 de julio de 2020 por la que resolvió no practicar la 
inscripción con base en los siguientes «Fundamentos de Derecho (defectos)»:
«1.  Cabe establecer en los estatutos de una sociedad limitada la asistencia y 
votación telemática de los socios en la junta general, siempre y cuando se asegure que 
los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurre y en la medida en 
que los socios puedan intervenir. También parece admisible una cláusula estatutaria que 
permita la emisión del voto a distancia anticipado en las juntas - generales de socios, o la 
adopción de acuerdos por parte de los socios "por escrito y sin sesión" (sin - necesidad 
de reunirse formalmente en junta) siempre y cuando todos los socios manifiesten su 
conformidad para la adopción de los acuerdos sin necesidad de sesión; los asuntos 
sobre los que se recabe el acuerdo de la Junta sean susceptibles de voto simplemente 
afirmativo o negativo; las comunicaciones se realicen por escrito físico o electrónico o 
por cualquier otro medio de comunicación a distancia que garantice debidamente la 
identidad del sujeto que la realiza, así como la integridad de su contenido; y quede 
constancia fehaciente en acta del procedimiento seguido y de los acuerdos adoptados,  es
expresando  la  identidad  de  los  socios,  la  conformidad  de  todos  ellos  con  el  o
procedimiento, el sistema utilizado para formar la voluntad de la Junta y el voto emitido  775ww
seposoctra iCetcudoatanodd saoe. csas aosnicóióonn.  idmeAa mlsab,  aspisetu raopc osiósieinbm ielipdxraceed pey csci ouynaaan ld amop oeatsriveaac depano  spirboeirlc idolaag diCd OaessV téIDp oc-1ro 9nl,ta ee ml lepaylrat ídcpaua lorea n 4 0llao.1ss    OE-A-2020-15able en https://
permite hasta el 31 de diciembre de 2020 que, aunque no esté previsto en estatutos, los
órganos de administración de las sociedades mercantiles y las juntas de socios puedan 
celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos 
los miembros del órgano de administración o todas las personas que tengan derecho de 
asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario 
reconozca su identidad y así lo exprese en el acta. Pero el artículo 40.2 sólo se permite 
la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión a el órgano de administración, siempre 
que lo decida el presidente y cuando lo soliciten al menos dos miembros del órgano. El 
artículo 40.1 fue modificado para permitir el sistema de video o teleconferencia no sólo al 
órgano de administración, sino también a la junta. Pero sin embargo no se modificó 
el 40.2 para aplicar el sistema de votación por escrito y sin sesión para la celebración de 
juntas de socios o para la adopción de acuerdos por los socios sin estar efectivamente 
reunidos en junta como establece el artículo 159 Ley Sociedades de Capital. Esto sólo 
sería admisible si estuviese previsto en los estatutos, (artículos 159, 160, 182 Ley 
Sociedades de Capital (Artículos 15 y 19 de los estatutos sociales, Art. 40.1 y 2 Real 
Decreto-ley 8/2020. Resoluciones Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 8-1-2018, 19-12-2012, 27-12-17).
2.  No puede considerarse como Junta universal aun cuando comparecieron en la 
notaría dos de los socios que, a mayor abundamiento, manifiestan, según afirma el 
Notario y reflejan en su escrito, que la situación motivada por la COVID no condiciona 
que los acuerdos se realicen por escrito y sin sesión durante el estado de alarma, y 
consideran que la Junta es nula (artículos 159, 164, 165 y 178 Ley Sociedades de 
Capital).
3.  El acta que se acompaña no puede considerarse como un acta notarial de Junta 
pues el Notario no ha sido requerido para ello, ni cumple los requisitos señalados en los 
artículos 101 y102 del Reglamento del Registro Mercantil. Se trata, como así la califica el 
Notario, de un acta de requerimiento para notificar la convocatoria de la Junta, de 
notificación de la misma y de requerimiento para consignar el resultado de las votaciones 
(arts. 101, 102 y 105 Reglamento Registro Mercantil).
4.  La escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados requiere un acta 
de la junta y se hace tomando como base una certificación de la misma expedida por el 
administrador, la propia acta (que debe ser aprobada) o testimonio notarial del Libro de 
actas. Y tienen que cumplirse los requisitos que establece el artículo 97 Reglamento del 
Registro Mercantil para el acta y el 112 para la certificación de la misma, (artículos 97, 
98, 99, 107 y 112 Reglamento del Registro Mercantil).
5.  Deben  relacionarse  los  datos  de  identificación  y  la  aceptación  a  sus 
designaciones por parte de los auditores (Artículos. 38, 138, 141 y 154 del Reglamento 
del Registro Mercantil).
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15.° del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad del cotitular del Registro.
En relación con la presente calificación: (…).»
Esta calificación fue notificada al notario autorizante de la escritura referida el 3 de 
agosto de 2020.
III
El notario autorizante, don Manuel Gómez Ruiz, interpuso recurso contra la anterior  s
calificación el 3 de septiembre de 2020, si bien únicamente respecto de los cuatro  oe.
primeros defectos, mediante escrito que causó entrada en el Registro Mercantil de Cádiz  w.
el dí«aP sriigmueieron.t e. EEnn  rdeilcahcoió ens ccorinto e al lfeugnad alom seignutoie dnete D: erecho 1.º (defectos) de la resolución  2020-15775n https://ww
erel ceusrtraiddao,  dreel aptaivnod eam laia p soisni bsielidsiaódn  dye p coer leesbcrarirt oJ.unta General de sociedad limitada durante
Interesa poner de manifiesto, en mi opinión, las circunstancias en que se produjo la 
celebración de la Junta General a que se refiere la calificación recurrida que tuvo lugar el 
cinco de junio del presente año, en plena vigencia del estado de alarma decretado en 
nuestro país por el Decreto 463/2020 de 14 de marzo. En la exposición de motivos del 
R.D. ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, en su apartado VII se hace constar que 
“Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país por la declaración de 
emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la reciente declaración 
de estado de alarma, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria 
y urgente necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de contención 
y  prevención  del  COVID-19  es  urgente  y  necesario  atajar  la  epidemia  y  evitar  su 
propagación  para  proteger  la  salud  pública  a  la  vez  que  se  adoptan  medidas  de 
contenido económico para afrontar sus consecuencias”.
Igualmente, en el apartado VI de la misma exposición de motivos se señala “Se 
establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los 
órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado e igualmente se 
establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los 
órganos de gobierno de las sociedades cotizadas”.
De todo ello se deduce el propósito del Gobierno mediante la legislación excepcional 
contenida en los reales decretos ley 8/2020, y 11/2020 (que reformó algunos aspectos 
del anterior) de permitir, con carácter excepcional y en aras de la salud pública, el 
funcionamiento  y  adopción  de  acuerdos  por  parte  de  las  sociedades  mercantiles 
evitando, en lo posible el desplazamiento de sus socios, para evitar riesgos innecesarios. 
A tal fin se previó en el artículo 40 de los reales decretos citados un mecanismo de 
adopción de acuerdos, aunque no estuviera previsto en los estatutos sociales, bien por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, bien por escrito y sin sesión.
Es cierto que en el segundo de los reales decretos citados se introdujo un segundo 
párrafo en el artículo 40.1 regulando la celebración por video o conferencia telefónica 
múltiple de las Juntas o asambleas de asociados o de socios, y que dicho párrafo no 
figura en el apartado 2.º que regula la celebración de dichas reuniones por escrito y sin 
sesión, pero dicho párrafo 2.º sigue diciendo que "Aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, durante el periodo de alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de 
administración de las sociedades civiles y mercantiles... podrán adoptarse mediante 
votación  por  escrito  y  sin  sesión  siempre  que  lo  decida  el  presidente  y  deberán 
adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano"; es decir, se 
diferencia  entre  órganos  de  gobierno  y  de  administración.  Y  si  por  órganos  de 
administración debemos entender necesariamente el Consejo de Administración, o el 
concreto sistema de administración previsto estatutariamente para una compañía, ¿no 
puede entenderse que el órgano de gobierno de la misma es la Junta General a la que el 
artículo 160 de la Ley de Sociedades de capital atribuye las funciones de deliberar y 
acordar sobre los asuntos fundamentales de la sociedad?
Las mismas razones de excepcionalidad y salud publica deberían avalar pues que, 
en orden a evitar desplazamientos y reuniones de socios en circunstancias de pandemia, 
puedan celebrarse tanto las reuniones del órgano de administración como las de la Junta 
general de la sociedad sin sesión y por escrito.
En este sentido en el comunicado conjunto del Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles y la CMNV de 28 de abril de 2020 sobre la Juntas Generales de 
la sociedades cotizadas (y que el mismo comunicado considera que pueden prestar  s
utilidad  a  las  sociedades  que  pudiéramos  llamar  normales),  convocadas  para  su  oe.
celebración mientras estén en vigor restricciones o recomendaciones derivadas de la  w.
crisis sanitaria, de 28 de abril de 2020, se establece, entre otras recomendaciones que  775ww
G"laesn eeranlteidsa ddee sm  daenbeeran  caormbpitraatirb lme ecdoind alass  qreuset ripceciromnietasn e slata bcleelceidbarasc isóonb red em  olavsil idJaudn tdaes 
personas o respecto de reuniones con más de cierto número de personas".
Por ello se señala "los consejos de administración de las sociedades cotizadas 
deben tener el margen de flexibilidad preciso para, dentro del marco legal aplicable, 
'adoptar medidas y soluciones que contribuyan a preservar la salud de las personas y 
evitar la propagación del virus, aunque no estén expresamente contempladas en los 
estatutos, el reglamento de la junta, o en las convocatorias realizadas, siempre que se 
garantice de modo efectivo el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto 
de los accionistas y la igualdad de trato entre aquellos que se hallen en la misma 
posición'".
Y sobre este punto, y en cuanto a las garantías que debe reunir la celebración de 
dicha Junta General, debe considerarse que, en la convocatoria de la Junta general, que 
es objeto del presente recurso, se puso a disposición de todos los socios, por conducto 
notarial, toda la documentación que iba a ser votada en dicha Junta, por lo que los 
mismos tuvieron pleno conocimiento de los asuntos a tratar en la misma, con lo que se 
garantizó su derecho de información.
Igual  habría  que  afirmar  respecto  del  derecho  de  asistencia  y  voto  que  quedó 
garantizado y facilitado a todos los socios por la posibilidad de emitir su voto por correo, 
o compareciendo ante Notario al efecto de emitir dicho voto, en igualdad de condiciones 
para todos los socios de la compañía, como efectivamente tuvo lugar.
Por  otra  parte,  los  asuntos  sometidos  a  votación  son  susceptibles  de  voto 
simplemente afirmativo o negativo (se trata de aprobación de las cuentas anuales, 
aplicación de resultado del ejercicio social en los términos que resultan de la información 
remitida  fehacientemente  a  los  socios,  nombramiento  de  auditor  y  delegación  de 
facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y elevar a público los 
acuerdos que se adopten en la Junta general de socios), las votaciones de los diferentes 
socios de la compañía garantizaron la integridad de su contenido y la identidad del socio 
que la realiza, ya que las mismas se realizaron con intervención notarial, quedando así 
constancia fehaciente del procedimiento de votación utilizado.
Las  sucesivas  diligencias  contenidas  en  el  acta  autorizada  por  mí  identificaron 
fehacientemente a los socios que ejercieron su derecho de voto, y dejaron igualmente 
constancia fehaciente del sentido de dicho voto lo cual permitió conformar de manera 
clara el quórum de asistencia, sin sesión y por escrito, de la Junta, así como el resultado 
de las votaciones y el voto de cada socio, como posteriormente se recogió en diligencia 
dentro de la misma acta notarial y seguidamente en la escritura de elevación a público 
de acuerdos sociales otorgada por el administrador de la sociedad en base a la misma.
Por todo ello considero que debe admitirse la posibilidad de aplicar el sistema de 
celebración de la Junta General de la sociedad Construcciones J.A. Reyes Aragón S.L 
sin sesión y por escrito en las circunstancias excepcionales en que la misma tuvo lugar, 
aplicando el procedimiento excepcional regulado a tal fin por los reales decretos citados, 
considerando además que por las garantías que rodearon la misma, con intervención 
notarial, quedaron salvaguardados los derechos de todos los socios de la compañía. 
Como  algún  autor  ha  comentado  "En  definitiva  lo  que  propugnamos  es  la  mayor 
flexibilidad posible en la interpretación de las normas mercantiles sobre la materia en 
estos momentos de excepción". (J.A.G.V.).
Segundo.  En lo que se refiere al punto 2 de la calificación recurrida, parece claro 
que no se trata de una Junta Universal, en los términos regulados por la LSC, aunque 
también es evidente que en la mismos votaron, sobre los diferentes puntos del orden del 
día,  todos  los  socios  que  representan  el  100%  del  capital  social  en  las  diferentes 
diligencias, con intervención notarial, contenidas en dicha acta. s
Tercero.  En cuanto al punto tercero de la calificación que alude a la no posibilidad  oe.
de considerarse como Acta Notarial de Junta General el acta autorizada por mí el 12 de  w.
mayo de 2020, número 471 de mi protocolo, es cierto que dicha Acta no es un Acta de  775ww
JuntSae G terantear,a el ne ne feelc stoe,n tdideo u cno Antcetma pdlea dreoq eune rloims iaernttíocu mloesd 1ia0n1t ey  l1a0 c2u dael ls ReR cMom. unica a los
soobcjeiotos  dlae  clao nJvuonctaat,o sriea  adcer eJduitnat ala G reenceerpacli óyn s dee l elas  ceonnvvíao claa todroiac uym deonctaucmióenn tqauceió nv aa nae sxear,   BOE-A-cable e
se recogen las intervenciones de todos los socios de la sociedad ejercitando su derecho 
de voto respecto de los diferentes puntos del orden del día, (uno de ellos mediante 
burofax y los otros dos mediante comparecencia en la misma acta y ante Notario), 
poniéndose de manifiesto el quórum de adopción de acuerdos que, posteriormente, va a 
servir de base al administrador de la sociedad para el otorgamiento de la escritura de 
elevación a público de los acuerdos sociales de la repetida Junta.
Por todo ello, y como anteriormente se ha argumentado, si se admite la posibilidad 
de Junta General de sociedad limitada sin sesión y por escrito, el otorgamiento de dicha 
acta y las sucesivas diligencias de la misma prestan una especial garantía a dicha junta, 
que, una vez admitida la posibilidad de dicha celebración, pudiera haberse celebrado sin 
dicha intervención notarial y sin la fehaciencia que de la misma se deriva.
Finalmente hay que tener en cuenta que la precariedad de la situación existente en el 
momento de la convocatoria y de la celebración de la Junta, y el desconocimiento por el 
órgano de administración de si era posible o no la celebración de ésta por medios 
telemáticos o conferencia telefónica múltiple, que no siempre era posible en aquellos 
momentos, aconsejó la convocatoria de la Junta sin sesión y por escrito, garantizándose, 
en  la  forma  que  ya  ha  quedado  expuesta,  que  todos  los  socios  disponían  de  la 
información adecuada, y ejercían su derecho de voto, recogiéndose el mismo en acta 
notarial.
Cuarto.  En cuanto al punto cuarto de la calificación registral éste señala que "la 
escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados requiere un acta de la junta y 
se  hace  tomando  como  base  una  certificación  de  la  misma  expedida  por  el 
administrador, la propia acta (que debe ser aprobada) o testimonio notarial del libro de 
actas. Y tienen que cumplirse los requisitos que establece el art 97 del reglamento del 
Registro  Mercantil  para  el  acta  y  el  112  para  la  certificación  de  la  misma 
(artículos 97,98,99,107 y 112 del reglamento del registro Mercantil)".
Sobre este punto debe afirmarse que la escritura de elevación a público de los 
acuerdos sociales se ha hecho en efecto por el administrador en base al acta de la junta, 
celebrada sin sesión y por escrito, y documentada en diligencia de 5 de junio del 
presente año, contenida en acta notarial autorizada por mí con el número 470 de mi 
protocolo,  y  en  la  que  cumpliendo  el  requerimiento  realizado  por  el  órgano  de 
administración  en  la  repetida  acta  consigné,  en  base  a  las  votaciones  sobre  los 
diferentes puntos del orden del día, el resultado de dichas votaciones y los acuerdos 
consecuentemente adoptados, así como el porcentaje votación de cada uno de los 
mismos. Queda, por tanto, fehacientemente acreditado en dicha acta el ejercicio del 
derecho de voto por cada uno de los socios y el sentido del voto de cada uno de ellos, 
así como el resultado de la votación.
Hay que tener en cuenta sobre este punto que en el párrafo 1.º del artículo 112 del 
RRM, apartado 2.º, se señala que "En la certificación se harán constar la fecha y el 
sistema de aprobación del acta correspondiente o, en su caso, que los acuerdos figuran 
en acta notarial", y que en este caso, aunque no se trate de acta notarial de junta general 
en sentido estricto, si puede afirmarse que los acuerdos adoptados figuran en acta 
notarial, como ha quedado detallado anteriormente, y, por tanto, puede considerarse 
cumplido el requisito exigido por el artículo 112 citado para la elevación a público de los 
acuerdos sociales de la compañía Construcciones J.A. Reyes Aragón S.L.
Por todo lo anterior, considerando la excepcionalidad de la situación derivada de la 
vigencia de un estado de alarma, que dio lugar a medidas legislativas excepcionales, la 
necesidad de interpretar con la mayor flexibilidad posible las normas mercantiles sobre la  s
materia en estos momentos de excepción, como se ha señalado anteriormente, y, corno  oe.
ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones la Dirección General, la conveniencia de  w.
salvaguardar en la medida de lo posible el normal funcionamiento de la sociedades  775ww
ma elarc ainnsticlerisp ceivóinta nedno  elal  pRaerágliisstirso  deM elarsc amnitsilm  daes , lsoosl icaitcou edred oess a sDoicrieaclecsió nd eg enlae rcaol macpcaeñdíaa 
Cefoencstotr ulac cciaolnifeicsa cJi.óAn.  rReecyuerrsid Aar.a»gón S.L. a que se refiere el presente recurso, dejando sin  BOE-A-cable e
IV
Mediante escrito de 18 de septiembre de 2020, la registradora mercantil emitió 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  18  del  Código  de  Comercio;  322  y  siguientes  de  la  Ley 
Hipotecaria; 28, 159, 160, 164, 165, 178, 181, 182, 183, 189, 192, 210.3, 230, 233, 521 
y 522 de la Ley de Sociedades de Capital; 41 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19; la disposición final 1.13 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19; artículos 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 
105, 107 a 112, 126, 175 y 186 del Reglamento del Registro Mercantil; la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012; y las Resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 27 de agosto de 1998, 13 de noviembre de 1999, 22 de 
junio de 2000, 3 de mayo de 2002, 1 de septiembre de 2005, 7 de abril de 2011, 27 de 
octubre, 29 de noviembre y 19 de diciembre de 2012, 24 de abril, 28 de junio y 28 de 
octubre de 2013, 28 de abril, 8 de junio, 28 de julio, 18 de octubre y 12 de diciembre 
de 2016, 19 de julio y 27 de diciembre de 2017, 8 de enero de 2018.
1.  Según el primero de los defectos expresados en la calificación impugnada, el 
registrador rechaza la inscripción de la escritura de elevación a público de acuerdos 
adoptados por la junta general de la sociedad el 2 de junio de 2020 porque, aunque 
considera  admisibles  las  cláusulas  de  estatutos  de  sociedades  de  responsabilidad 
limitada que permitan la emisión del voto a distancia anticipado en las juntas generales 
de socios, o la adopción de acuerdos por parte de los socios «por escrito y sin sesión» 
(sin necesidad de reunirse formalmente en junta) siempre y cuando todos los socios 
manifiesten su conformidad para la adopción de los acuerdos sin necesidad de sesión y 
se  cumplan  determinadas  condiciones  (como  se  admite  expresamente  para  las 
sociedades anónimas en la Ley de Sociedades de Capital), entiende también que, a falta 
de previsión estatutaria, esa posibilidad de adopción de acuerdos por escrito y sin sesión 
se admite únicamente para los órganos de administración pero no para la junta general, 
según resulta de los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.
2.  Respecto de la cuestión planteada, el Preámbulo del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, pone de relieve que para permitir una respuesta adecuada a la situación 
excepcional  originada  por  la  pandemia  de  COVID-19  «Se  establecen  una  serie  de 
medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las 
personas jurídicas de derecho privado e igualmente se establecen una serie de medidas 
extraordinarias  aplicables  al  funcionamiento  de  los  órganos  de  gobierno  de  las 
sociedades anónimas cotizadas».
En  el  apartado  1  del  artículo  40,  según  su  redacción  originaria,  se  dispuso  lo 
siguiente: «Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, 
las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del  s
patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la  oe.
autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de  w.
alopsa arLtsaai sdptoeo ns2tieb sidli edelan d mr edimsem olotao   aa(…drtoí)cp»uc.lioó nq duee ,a ctaumerbdioésn  peonr  essuc rriteod ayc sciinó ns eosriiógnin saeri aa, dmdisitpíau seon  leol   2020-15775n https://ww
siguiente: «Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma,
los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las  Bc
sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin 
sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al 
menos, dos de los miembros del órgano (…)».
Ya con esta redacción inicial de tales normas cabía dudar si esa posibilidad de 
adoptar  acuerdos  sociales  mediante  votación  por  escrito  y  sin  sesión  prevista 
literalmente  para  «los  órganos  de  gobierno  y  de  administración»  de  las  personas 
jurídicas que se citan era o no aplicable a los acuerdos de las juntas generales de las 
sociedades  de  capital.  Y  la  conclusión  que  debe  considerarse  más  ajustada  a  la 
interpretación literal y sistemática de tales normas es que esa forma excepcional de 
adopción  de  acuerdos  sociales  queda  circunscrita  a  los  acuerdos  del  órgano  de 
administración, sin que pueda aplicarse a la junta general de socios; conclusión que fue 
confirmada posteriormente –pocos días después– mediante la modificación legislativa de 
que fue objeto dicho régimen (por la disposición final 1.13 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo).
Es cierto que el epígrafe del artículo 41 del Real Decreto-ley 8/2020 se refiere a los 
«órganos de gobierno» de las sociedades anónimas cotizadas y el contenido de este 
precepto legal comprende tanto normas relativas al órgano de administración como a la 
junta general. Pero esta simple circunstancia no puede prevalecer sobre el sentido que 
resulta del propio contexto del artículo 40 que específicamente regula la adopción de 
acuerdos  de  las  sociedades  de  responsabilidad  limitada.  Y  lo  esencial  es  que  los 
términos empleados en este último precepto cobran todo su sentido si se repara en que 
se  refieren  tanto  al  órgano  de  administración  de  las  sociedades  mercantiles 
(denominación que, en puridad, corresponde al órgano de gobierno de las mismas) como 
a los órganos de gobierno de otras personas jurídicas. Al aludir, por ejemplo, únicamente 
al consejo rector de las sociedades cooperativas –apartados 1 y 2– se está excluyendo 
la aplicación de la norma a la asamblea general de las mismas, por lo que no tendría 
sentido incluir en el ámbito del mismo precepto a la junta general de las sociedades 
mercantiles, que es el órgano equivalente a dicha asamblea. En el apartado 3 del mismo 
artículo 40 se emplea el término «órganos de gobierno» para referirse exclusivamente al 
órgano competente para formular las cuentas anuales, que es únicamente el órgano de 
administración. Y en el apartado 2 la disposición que permite la adopción de acuerdos 
mediante votación por escrito y sin sesión se refiere a la solicitud de dos miembros del 
órgano, de modo que, al referirse a la consideración de los solicitantes por cabezas y no 
por su participación en el capital social (como sería lógico de tratarse de la junta 
general), denota que se alude con ello al órgano de administración. A todo ello debe 
añadirse  que  cuando  la  norma  concierne  a  la  junta  general  así  se  especifica 
expresamente  (vid.  apartados  5,  7  y  11  del  texto  del  artículo  40  en  su  redacción 
originaria).
Lo que resulta determinante es que, además, la conclusión que resulta de esta 
interpretación  literal,  lógica  y  sistemática  del  referido  artículo  40  en  su  redacción 
originaria ha sido confirmada por el legislador cuando, mediante la modificación operada 
en el mismo por la disposición final 1.13 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
se  incluye  un  segundo  párrafo  en  el  apartado  1  de  aquel  precepto  para  permitir 
expresamente que las juntas generales de socios puedan celebrarse por vídeo o por 
conferencia telefónica múltiple –«Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el 
periodo de alarma, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse 
por vídeo o por conferencia telefónica múltiple (…)»–; precisión que no sería necesaria si  s
la referencia a los órganos de gobierno de la sociedad contenida en el párrafo primero  oe.
del mismo apartado 1 del artículo 40 incluyera la junta general (adviértase, además, que  w.
dicho párrafo primero también fue modificado simultáneamente por el Real Decreto- 775ww
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silencio con la previsión expresa que, ya desde su redacción originaria, contiene para las 
sociedades  cotizadas  el  artículo  41.1.d)  párrafo  último  del  mismo  Real  Decreto-
ley 8/2020 para permitir que el órgano de administración acuerde, en determinadas 
condiciones, «la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin 
asistencia física de los socios o de sus representantes»].
Por último, no puede olvidarse que las normas excepcionales, como es la que debe 
aplicarse en el presente caso, «no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de 
los comprendidos expresamente en ellas» (artículo 4.2 del Código Civil). Debe, por tanto, 
confirmarse el primero de los defectos invocados por la registradora.
3.  El segundo defecto expresado en la calificación recurrida consiste en que no 
pueden entenderse adoptados los acuerdos en junta general universal «aun cuando 
comparecieron en la notaría dos de los socios que, a mayor abundamiento, manifiestan, 
según afirma el Notario y reflejan en su escrito, que la situación motivada por la COVID 
no condiciona que los acuerdos se realicen por escrito y sin sesión durante el estado de 
alarma, y consideran que la Junta es nula (artículos 159, 164, 165 y 178 Ley Sociedades 
de Capital)».
Establece el artículo 178.1 de la Ley de Sociedades de Capital que: «La junta 
general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de 
previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital 
social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión».
En consonancia con este precepto, este Centro Directivo viene declarando de forma 
reiterada (cfr. Resoluciones de 27 de octubre de 2012, 24 de abril y 28 de octubre 
de 2013 y 12 de diciembre de 2016, entre otras) que «la singularidad de la denominada 
Junta Universal respecto de la que no tiene dicho carácter consiste en el mantenimiento 
de la validez de su constitución y de los acuerdos en ella adoptados, aunque no se 
hubieran cumplido los requisitos de convocatoria previstos en la ley y en los estatutos, 
siempre  que  estén  presentes  o  representados  todos  los  socios  y  acuerden  por 
unanimidad la celebración de la reunión (artículo 178.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital). En tal supuesto se prescinde exclusivamente de los requisitos de convocatoria, 
por considerar que la presencia de todos los socios y la unanimidad exigida respecto al 
acuerdo de celebración de la junta garantiza el respeto de sus derechos de asistencia, 
información y voto cuya protección subyace a las normas sobre forma de convocatoria, 
que no se considera necesario cumplir en el caso de junta universal».
La unanimidad debe alcanzar también al orden del día, pues, tan fundamental es ese 
orden del día y su aceptación unánime que no puede tener la consideración de universal 
la junta a la que asistan todos los socios si no consta de forma expresa la aceptación 
unánime del orden del día (vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012 y 
Resolución de 17 de abril de 1999). Como ha reiterado este Centro Directivo (cfr. las 
Resoluciones de 7 de abril de 2011, 27 de octubre de 2012 y 24 de abril de 2013), para 
que una junta sea universal no es suficiente la asistencia de todos los socios si no se 
expresa esa aceptación por unanimidad del orden del día de la misma.
En los supuestos en que sea admitida por vía estatutaria la adopción de acuerdos 
por escrito y sin sesión con valor de acuerdos adoptados de junta general no habría 
inconveniente  en  que  se  adoptaran  de  ese  modo  manteniendo  la  validez  de  tales 
acuerdos, aunque no se hubieran cumplido los requisitos de convocatoria previstos en la 
ley y en los estatutos, siempre que -también por la misma vía escrita o, en su caso, 
suplida esta por la presencia del socio de que se trate- todos los socios acuerden por 
unanimidad la adopción de tales acuerdos por escrito y sin reunión así como con  e.
aceptación unánime del orden del día. Lo que ocurre es que en el presente caso (y  w.b
aunque por hipótesis hubiera existido dicha habilitación estatutaria) lo cierto es que  775ww
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confirmado.
4.  También debe ser confirmado el tercer defecto, pues el acta que se acompaña a 
la escritura calificada no puede considerarse como un acta notarial de junta general de 
socios.
Como ha señalado este Centro Directivo (vid., por todas, Resoluciones de 13 de 
noviembre de 1999, 3 de mayo de 2002, 28 de junio de 2013, 28 de julio de 2014 y 19 de 
julio de 2017), el acta notarial de la junta general de una sociedad de capital tiene en 
principio  (cuando  sea  solicitada  voluntariamente  por  los  administradores)  la  misma 
finalidad probatoria que un acta ordinaria, pero con el valor añadido de que, al ser un 
instrumento público, quedan bajo la fe del notario los hechos consignados en la misma. 
De este modo, tratándose de acta notarial de junta, no puede desconocerse que el 
desarrollo del proceso decisorio del órgano soberano de la sociedad consta en un 
documento público que, por la imparcialidad del notario, comporta una garantía para la 
protección de los derechos de la minoría, en cuanto se consigna en dicho título no sólo 
las posibles irregularidades de ese proceso sino también, en su caso, las reservas u 
otras manifestaciones relevantes de los socios con el fin de facilitar la impugnación de 
los acuerdos viciados. Asimismo, al atribuirse a dicho documento notarial el valor de acta 
de la junta conforme a la Ley, queda sustraída al control de quien actúa de presidente de 
aquélla y de los órganos sociales certificantes, por lo que implica una garantía adicional 
a favor de la minoría frente a los posibles abusos de todos aquéllos (cfr. artículo 203.2 de 
la Ley de Sociedades de Capital). Por ello, el legislador, en determinados casos y 
precisamente por la garantía que comporta la intervención notarial, impone la obligación 
de acudir a esa forma de documentación. Así ocurre en el artículo 203.1 de la Ley de 
Sociedades de Capital, que obliga a los administradores para requerir la presencia de 
notario para que levante acta de la junta general siempre que, con cinco días de 
antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten socios que representen, 
al menos, el uno por ciento del capital social en la sociedad anónima o el cinco por ciento 
en la sociedad de responsabilidad limitada. Según este precepto legal, en este caso los 
acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial. Sin duda, mediante este 
condicionamiento de la eficacia de los acuerdos a su constancia en acta notarial se 
pretende dotar a la minoría de una mayor protección.
En  el  presente  caso  el  propio  recurrente  reconoce  que  el  acta  presentada  a 
calificación no es un acta de junta general en el sentido contemplado en los artículos 101 
y 102 del Reglamento del Registro Mercantil, sino un «acta de requerimiento mediante la 
cual se comunica a los socios la convocatoria de Junta General y se les envía la 
documentación  que  va  a  ser  objeto  de  la  Junta,  se  acredita  la  recepción  de  la 
convocatoria y documentación anexa, se recogen las intervenciones de todos los socios 
de la sociedad ejercitando su derecho de voto respecto de los diferentes puntos del 
orden del día, (uno de ellos mediante burofax y los otros dos mediante comparecencia 
en la misma acta y ante Notario), poniéndose de manifiesto el quórum de adopción de 
acuerdos que, posteriormente, va a servir de base al administrador de la sociedad para 
el otorgamiento de la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales de la 
repetida  Junta».  Es  indudable  que,  por  ello,  el  acta  referida  no  puede  tener  la 
consideración de acta de la junta y, por ello, habrá de ser sometida a trámite de 
aprobación (cfr. artículos 202 y 203 de la Ley de Sociedades de Capital y 101 a 105 del 
Reglamento del Registro Mercantil).
5.  Como  consecuencia  de  las  consideraciones  expresadas  en  el  fundamento 
anterior, debe por último confirmarse el cuarto defecto, toda vez que la elevación a 
público  de  los  acuerdos  sociales  debe  tener  como  base  el  acta  o  libro  de  actas,  e.
testimonio notarial de los mismos o certificación de los acuerdos; y también podrá  w.b
realizarse  tomando  como  base  la  copia  autorizada  del  acta,  cuando  los  acuerdos  775ww
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requisitos no han sido cumplidos.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.