BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Lunes 27 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 164131
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
21536 Resolución de 20 de diciembre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio entre el Centro de Referencia 
para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés de 
Rabanedo (León) y el Centro Educativo IES Giner de los Ríos de León, para 
el desarrollo del módulo profesional de formación y de prácticas formativas en 
centros de trabajo.
Con fecha 13 de diciembre de 2021 se ha suscrito un Convenio entre Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales a través del Centro de Referencia para la Atención a 
Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia en San Andrés de Rabanedo (León) y el Centro Educativo 
IES Giner de los Ríos de León para el desarrollo del módulo profesional de formación y 
de prácticas formativas en centros de trabajo.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y,  de  conformidad,  con  las 
competencias conferidas por el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, resuelvo:
Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que 
se incorpora como anexo a esta resolución.
Madrid, 20 de diciembre de 2021.–El Director General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, Luis Alberto Barriga Martín.
ANEXO
Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, a través del Centro 
de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad 
y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
en San Andrés del Rabanedo (León) y el Centro Educativo IES Giner de los Ríos 
de León para el desarrollo del módulo profesional de formación y de prácticas 
formativas en centros de trabajo
En León, a 13 de diciembre de 2021.
De una parte, don Luis Alberto Barriga Martín, Director General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (Imserso), como entidad gestora de la Seguridad Social 
adscrita al Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales, cargo para el que fue nombrado en virtud del Real 
Decreto 207/2020, de 29 de enero (BOE n.º 26, de 30 de enero), y facultado para su 
representación  conforme  a  las  atribuciones  establecidas  en  el  artículo  5  del  Real 
Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE n.º 246, de 14 de octubre de 2005), y a los 
efectos  del  presente  Convenio  también  en  representación  del  Centro  de  referencia 
estatal para la atención a personas con grave discapacidad y para la promoción de la  e.
autonomía  personal  y  atención  a  la  dependencia  del  Imserso  en  San  Andrés  de  w.
Rabanedo, creado bajo la dependencia orgánica y funcional del Imserso por Orden  536ww
TASD/3e4 6o0tr/a2 0p0a7r,t ed,e d 2o8ñ ad eM n.oª vCieamrmbreen. de la Rosa García, Directora del centro educativo
IES Giner de los Ríos con CIF Q-2468001I y domicilio en, Avd. Real, número 35,
DP 24006, en su nombre y representación, en calidad de directora, según acuerdo de 1 
de julio de 2020 por el que se le nombra en provisión ordinaria de primera prórroga.
Ambas  partes  se  reconocen  capacidad  legal  suficiente  y  en  el  ejercicio  de  las 
facultades que por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las entidades que 
representan
EXPONEN
Que el Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se adscribe a 
dicho Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la entidad 
gestora de la Seguridad Social Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, que regula la estructura orgánica 
y  funciones  del  Imserso,  le  atribuye  competencias  en  materia  de  los  servicios 
complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social para personas 
mayores,  con  discapacidad  y  en  situación  de  dependencia,  como  también  el 
establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquellos a los que 
se les atribuyan objetivos especiales de investigación y ámbito de actuación estatal.
Que el artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, configura, 
dentro de la red de centros para la autonomía y atención a la dependencia a los centros 
de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y 
cuidado de situaciones de dependencia.
Que la Orden TAS/3460/2007, de 28 de noviembre, crea y regula el Centro de 
Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, adscrito al Imserso y 
ubicado  en  San  Andrés  del  Rabanedo  (León),  configurándolo  como  un  centro 
sociosanitario y estableciendo sus fines.
Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 2, 
entre sus fines, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
A su vez, el artículo 42.2 determina que el currículo de las enseñanzas de formación 
profesional incluirá una fase de formación práctica en los centros de trabajo, de la que 
podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda 
con los estudios profesionales cursados. Que el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, regula los módulos profesionales.
Conforme a lo establecido en la normativa vigente emitida por la Dirección General 
de  Formación  Profesional,  Régimen  Especial  y  Equidad  Educativa,  ambas  partes, 
considerando  que  tienen  objetivos  complementarios  para  sus  fines  institucionales, 
formalizan el presente convenio para el desarrollo de un programa de formación en 
centros de trabajo, dirigido a los alumnos que cursan formación profesional reglada, con 
arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS e.
Primera.  Objeto y finalidad. 536ww
El objeto del Convenio es el desarrollo del módulo profesional de formación en
cGernatvreo sD disec tarapbaacijdoa, de ny  epl aCrean ltaro  Pdreo mRoecfeiórenn dciea  lEas tAautatol npoamraí ala  PAetresnocnióanl  ya  APteernscoinóans  ac olan 
Dependencia, del Imserso (en adelante, centro de trabajo) de los ciclos formativos y las
prácticas formativas de otras enseñanzas, a los alumnos del centro IES Giner de los 
Ríos (en adelante, centro educativo).
Segunda.  Compromisos que asumen el centro de trabajo y el centro educativo.
El  centro  de  trabajo  se  compromete  al  cumplimiento  de  la  programación  de 
actividades formativas que previamente hayan sido acordadas con el centro educativo, a 
realizar sus seguimiento, a la valoración del progreso del alumnado y a la revisión de la 
programación junto con el profesor-tutor del centro educativo, si una vez iniciado el 
periodo de prácticas, y a la vista de los resultados, esta fuera necesaria.
El centro educativo se compromete a:
a)  Realizar una selección previa de los candidatos que van a realizar las prácticas 
entre estudiantes matriculados en dicho Centro al que se vinculan las competencias 
básicas, genéricas y/o específicas a adquirir por el estudiante en la realización de la 
práctica.  El  Centro  de  Referencia  Estatal  para  la  Atención  a  Personas  con  Grave 
Discapacidad  y  para  la  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  la 
Dependencia del Imserso, determinará el número de estudiantes que puedan realizar las 
prácticas en función de las necesidades de dicho Centro de trabajo.
b)  Nombrar un tutor académico responsable de las prácticas, que será un profesor 
de la Escuela, que coordine junto con el tutor del Centro, el desarrollo de las mismas.
c)  Emitir el informe de evaluación de las practicas desarrolladas y un documento 
acreditativo de las mismas al finalizar el período de ejecución, que contendrá, al menos, 
referencia al centro del Imserso que actúa como entidad colaboradora, descripción de la 
práctica especificando su duración y fechas de realización y actividades realizadas.
d)  Acreditar  al  tutor  designado  por  el  centro  de  trabajo  el  reconocimiento  de 
profesor colaborador con el centro educativo y al personal del centro partícipe en las 
prácticas la consideración de colaborador con dicha entidad, o cualquier otra figura que 
considere, teniendo en cuenta la implicación del tutor y del personal en la formación de 
los alumnos derivados por la misma.
Tercera.  Hoja semanal del alumnado y ficha de seguimiento.
El  alumnado  dispondrá  de  un  documento  de  seguimiento  de  las  actividades 
realizadas u «hoja semanal del alumno», que será supervisado por el tutor del centro de 
trabajo en colaboración con el profesor-tutor del centro educativo. En dicho documento 
figurarán las actividades formativas más significativas realizadas cada semana, con 
registro de la fecha, los resultados obtenidos, las orientaciones recibidas, el tiempo 
dedicado y las dificultades encontradas en su realización. Los resultados de aprendizaje 
se reflejarán en la «ficha de seguimiento y evaluación», que cumplimentará el tutor del 
centro de trabajo.
Cuarta.  Coordinador de actividades.
El centro de trabajo nombrará una persona responsable para la coordinación de las 
actividades formativas a realizar, que garantizará la orientación y consulta del alumnado, 
facilitará las relaciones con el profesor-tutor del centro educativo y aportará los informes 
valorativos que contribuyan a la evaluación. A tal fin, facilitará al profesor-tutor del centro 
educativo el acceso al centro de trabajo y las actuaciones de valoración y supervisión del 
proceso. e.
Quinta.  Ausencia de relación laboral. 536ww
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contratados.  En  este  caso,  se  considerara  que  el  alumno  abandona  el  programa
formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este hecho por el centro de 
trabajo al director del centro educativo, quien lo comunicará a la Dirección Provincial de 
Educación.
Sexta.  Retribuciones.
El  alumnado  no  percibirá  cantidad  alguna  por  la  realización  de  las  actividades 
formativas en el centro de trabajo.
Séptima.  Seguridad social de las personas que desarrollan programas de formación y 
prácticas no laborales y académicas.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medias urgente en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía 
no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes 
se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que 
asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley. 
En la adenda se determinará la aportación económica de las partes para cubrir las 
cotizaciones de la Seguridad Social de los estudiantes, comprendiendo como mínimo un 
intervalo de aportaciones mínimas y máximas que se prevean hacer por cada firmante.
Octava.  Seguro escolar.
Cualquier accidente que pudiera producirse será contemplado a tenor del Seguro 
Escolar, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, de 13 
de agosto (BOE de 13 de septiembre). El centro educativo dispondrá de una póliza de 
seguro  de  responsabilidad  civil  que  cubra  los  daños  materiales,  personales  y  sus 
perjuicios  derivados  causados  a  terceros  por  el  estudiante  en  el  ejercicio  de  las 
prácticas.
Novena.  Identificación del alumnado.
El alumnado irá provisto del DNI y de la tarjeta de identificación del centro educativo.
Décima.  Protección de datos.
El estudiante en prácticas que por razón de sus prácticas tenga acceso a datos de 
carácter personal vendrá obligado a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. La 
citada obligación subsistirá aun después de terminado el proyecto. Asimismo vendrán 
obligados al cumplimiento de lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica.
Undécima.  Propiedad intelectual. es
En aquellos casos en que la práctica realizada genere un producto susceptible de  w.
propiedad intelectual, los derechos relativos corresponderán al Imserso, sin perjuicio de  536ww
los derechos que reconoce la legislación vigente al resto de las partes.
Duodécima.  Dirección Provincial de Educación.
El centro educativo se compromete a enviar a la Dirección Provincial de Educación, 
para su notificación a la Inspección de Trabajo, una copia del presente documento, así 
como  la  relación  del  alumnado  que,  en  cada  período  de  tiempo,  estén  realizando 
prácticas formativas en la empresa.
Decimotercera.  Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas.
Durante  la  realización  de  las  prácticas  académicas,  los  estudiantes  tendrán  los 
siguientes derechos:
a)  A la tutela, durante el periodo de duración de la correspondiente práctica, por un 
profesor del centro educativo y por un profesional que preste servicios en el centro de 
trabajo del Imserso.
b)  A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por el centro educativo.
c)  A la obtención de un informe por parte del centro de trabajo, con mención 
expresa a la actividad desarrollada, su duración, y en su caso, su rendimiento.
d)  A  la  propiedad  intelectual  e  industrial  en  los  términos  establecidos  en  la 
legislación reguladora de la materia.
e)  A  recibir,  por  parte  del  centro  de  trabajo,  información  de  la  normativa  de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.
f)  A  cumplir  con  su  actividad  académica,  formativa  y  de  representación  y 
participación, previa comunicación con antelación suficiente al centro de trabajo.
g)  A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con 
discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las 
prácticas en igualdad de condiciones.
h)  A conciliar, en el caso de estudiantes con discapacidad, la realización de las 
prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con 
la situación de discapacidad.
i)  Aquellos  otros  derechos  previstos  en  la  normativa  vigente  y/o  en  los 
correspondientes convenios suscritos por el centro de trabajo y, en su caso, la entidad 
gestora de prácticas vinculada a la misma, con el centro de trabajo.
Durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes deberán 
atender al cumplimiento de los siguientes deberes:
a)  Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecidas por el 
centro educativo.
b)  Conocer y cumplir con el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las 
indicaciones del tutor asignado por el centro de trabajo bajo la supervisión del tutor 
académico del centro educativo.
c)  Mantener  contacto  con  el  tutor  académico  del  centro  educativo  durante  el 
desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el 
mismo, así como hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio 
y la memoria final que le sean requeridos.
d)  Incorporarse al centro de trabajo en la fecha acordada, cumplir el horario previsto 
en  el  proyecto  educativo  y  respetar  las  normas  de  funcionamiento,  seguridad  y 
prevención de riesgos laborales de la misma.
e)  Desarrollar  el  proyecto  educativo  y  cumplir  con  diligencia  las  actividades  e.e
acordadas con el centro de trabajo, conforme a las líneas establecidas en el mismo. b
f)  Elaboración de la memoria final de las prácticas. 536ww
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estah.)  Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del centro de
trabajo, salvaguardando el buen nombre del centro educativo al que pertenece.
i)  Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes 
convenios suscritos por el centro educativo y, en su caso, la entidad gestora de prácticas 
vinculada a la misma, con el centro de trabajo.
Decimocuarta.  Comisión mixta.
Se constituye una Comisión mixta integrada por un representante nombrado por 
cada una de las partes, a la que corresponde concretar las actuaciones de cooperación 
que se vayan a llevar a cabo entre las previstas en este Convenio, así como velar por el 
cabal cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por ambas partes.
Las actuaciones de cooperación son las de conocer el funcionamiento del Centro de 
Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, del Imserso, sus 
métodos de trabajo y organización, como complemento práctico a sus estudios, en 
relación al programación de actividades formativas.
El representante de cada una de las partes será el coordinador nombrado por el 
centro del Imserso y el profesor-tutor nombrado por el centro educativo.
La Comisión mixta constituirá el cauce estable de comunicación entre el Imserso y el 
centro educativo.
La propia comisión, una vez constituida, decidirá su régimen de reuniones y de 
adopción válida de acuerdos.
Decimoquinta.  Vigencia.
El  presente  Convenio  tiene  vigencia  de  cuatro  años  pudiendo  prorrogarse,  en 
cualquier momento antes de su finalización, por el mismo periodo por acuerdo expreso 
de las partes.
Conforme a lo indicado en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, este Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en 
el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal 
de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la 
disposición adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles 
desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación 
facultativa en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma.
Decimosexta.  Modificación.
La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes, según el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Público  y  se  tramitará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 50 de la citada Ley, siguiendo la misma tramitación que para su suscripción.
Decimoséptima.  Causas de extinción y resolución.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo. es
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes. bo
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de  536ww
alguden))o   dPCeoe lrso eds  edficreims aiaócnntit vejuisdd.aicdieasl  ddeecl lcaeranttorori ae dduec laat invuol iod adde ld ceel nCtroon vdeen tiroa.bajo. OE-A-2021-21able en https://
f)  Incumplimiento  de  las  cláusulas  establecidas  en  el  Convenio,  inadecuación 
pedagógica de las prácticas formativas, o vulneración de las normas que, en relación con 
la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.
g)  Se  podrá  rescindir  para  un  determinado  alumno  o  grupo  de  alumnos,  por 
cualquiera  de  las  partes  firmantes,  y  ser  excluido  de  su  participación  por  decisión 
unilateral de una de las partes, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
– Faltas repetidas de asistencia o puntualidad no justificadas.
– Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia al interesado.
h)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la 
otra parte interviniente por escrito con tres meses de antelación a la fecha en la que se 
desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga.
Si cuando concurra cualquiera de las causa de resolución del Convenio, hubiese 
algún  estudiante  realizando  prácticas  en  el  centro,  las  partes  podrán  acordar  su 
continuación hasta la finalización del plazo acordado para su ejecución, conforme a lo 
establecido en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
Decimoctava.  Incumplimiento de obligaciones y compromisos.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos cualquiera 
de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en 
el plazo de un mes. Este requerimiento será comunicado a la Comisión mixta quién, 
además,  determinará,  en  su  caso,  la  posible  indemnización  a  satisfacer  por  dicho 
incumplimiento.
Decimonovena.  Información sobre el Convenio.
El centro educativo informará a la Dirección Provincial de Educación de la extinción o 
rescisión del Convenio, y esta lo comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.
La representación de los trabajadores de los centros de trabajo será informada del 
contenido específico del programa formativo que desarrollará el alumnado sujeto a este 
Convenio con anterioridad a su firma, actividades, calendario y horario de las mismas y, 
localización del centro de trabajo donde se realizarán.
Vigésima.  Régimen jurídico y resolución de conflictos.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico está 
regulado en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
La  jurisdicción  contencioso-administrativa  será  la  competente  para  resolver  las 
cuestiones  litigiosas  que  pudieran  surgir  entre  las  partes,  en  la  ejecución  de  este 
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de dicha jurisdicción.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las  e.
partes  firman  el  presente  Convenio  digitalmente,  tomándose  como  fecha  de  w.
formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por el Imserso, el  536ww
DCiarermcteonr  dGee nlae Rraol,s aL uGisa rAclíbae.rto Barriga Martín.–Por el centro educativo, la Directora, M.ª