BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 148 Lunes 25 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 34279
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5268 Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 
7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación 
pública,  de  salud  y  gestión  de  residuos  sanitarios,  de  transparencia,  de 
transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras 
medidas complementarias.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos-ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
La Generalidad de Cataluña ha adoptado varias medidas urgentes para hacer frente 
a las consecuencias de todo tipo derivadas de los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus COVID-19. En primer lugar, el Gobierno aprobó el Decreto-ley 6/2020, 
de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financieros, 
fiscales y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia 
generada por el coronavirus COVID-19. Este fue seguido del Decreto-ley 7/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de 
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica, que daba continuidad a las medidas. El capítulo I del Decreto-ley 7/2020, 
de 17 de marzo contiene varias medidas relativas a la contratación pública, cuya entrada 
en vigor quedó aplazada, medidas que se orientan a garantizar la continuidad en los 
pagos de los contratos públicos y determinar el alcance de las indemnizaciones por 
daños y perjuicios de los contratistas con el objetivo último del mantenimiento de los 
puestos de trabajo.
Paralelamente, se ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, que regula un conjunto de medidas en materia de contratación pública que 
constituyen un régimen singular respecto de la legislación básica sobre contratos del 
sector público, ya que en lugar de aplicar la regla general del principio de riesgo y 
ventura del contratista, establecen que la entidad contratante tendrá que abonar al 
contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este durante el periodo de 
suspensión, después de hacer la solicitud y la acreditación de su realidad, efectividad y 
cuantía  de  forma  fehaciente  por  parte  del  contratista.  Ante  esta  regulación  resulta 
necesario  efectuar  determinadas  adaptaciones  a  lo  aprobado  mediante  el  Decreto-
ley 7/2020, 17 de marzo, que se lleva a cabo en el capítulo I, artículos 1 a 4 del presente 
Decreto-ley.
Por otra parte, tanto la normativa estatal como la de la Generalidad de Cataluña 
mencionada no contienen medidas en el ámbito subvencional, aunque las actuaciones 
de  fomento  se  han  visto  gravemente  afectadas  por  esta  situación,  por  eso  resulta 
necesario establecer medidas en el ámbito de las subvenciones para paliar los efectos 
desfavorables provocados tanto a los beneficiarios como a los perceptores que se  e.e
pueden ver perjudicados. Esta situación es especialmente relevante en el ámbito cultural  b
y  social,  que  ha  visto  reducido  drásticamente  la  consecución  de  sus  objetivos  y  68ww
actuPaocrio enseos,.  por una parte se tienen que dar viabilidad a los proyectos, actuaciones y
iamcptiveiddiaddoe se la  lcousm cpuliamleiesn tloaa ssi tufaincaiólind addee sf ueprazraa  mlaayso r qgueen ehraadna  spiodro  lao tpoarngdaedmasia  lhaas 
subvenciones y, por otra, se considera conveniente que los órganos concedentes de las
subvenciones hagan uso de las herramientas de la normativa aplicable en materia de 
subvenciones y a la correspondiente al procedimiento administrativo común, con el fin de 
flexibilizar al máximo y favorecer el cumplimiento de la finalidad de la concesión de las 
subvenciones por parte de los beneficiarios, medidas que se establecen en el capítulo II, 
artículo 5, de este Decreto-ley.
En  el  capítulo  III,  en  los  artículos  6  y  7,  se  establecen  una  serie  de  medidas 
extraordinarias para las personas jurídicas del sector público de la Generalidad de 
Cataluña sometidas al ámbito de aplicación del artículo 81 del texto refundido de la Ley 
de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de 
diciembre, tanto con respecto al funcionamiento de sus órganos de gobierno, como a la 
flexibilización de los plazos de formalización y auditoría de cuentas que se indican.
En el ámbito tributario, en el capítulo IV, artículo 8, y en el ámbito de competencias 
de la Agencia Catalana del Agua, como organismo que gestiona el canon del agua, 
tributo ambiental afectado a la financiación del gasto público vinculado al ciclo integral 
del agua, se considera que la reducción temporal de los tipos de gravamen de este 
tributo puede ser una medida que no sólo compense los efectos económicos de la actual 
situación sobre familias e industrias, sino que contribuya a la reactivación de la economía 
catalana.
Estas reducciones, que se vehiculan a través de la aplicación de un coeficiente 0,5 
sobre  los  tipos  doméstico,  industrial  general  y  específico,  sobre  los  valores  de  los 
parámetros de contaminación que permiten determinar el tipo industrial individualizado 
en función de la carga contaminante vertida, y sobre los valores fijados para el cálculo de 
las  cuotas  correspondiendo  a  usuarios  industriales  para  la  producción  de  energía 
eléctrica, y a usuarios ganaderos, aplicables a consumos efectuados durante los meses 
de abril y mayo de 2020, se traducen, en definitiva, en una bonificación de la cuota a 
satisfacer para este periodo. Asimismo, y vista la situación de aislamiento de la población 
con el incremento de consumo que comporta, se hace necesario proteger a los más 
vulnerables. En este sentido también se ha considerado necesario, en estos meses, 
mantener la tarifa social 0 para personas especialmente vulnerables, de acuerdo con lo 
que prevé el artículo 69.8 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, en todos los 
tramos de consumo que alcancen, y no sólo en el primer tramo.
Finalmente, y en relación con las disposiciones adicionales, la primera establece 
determinadas  habilitaciones  sobre  las  previsiones  contractuales  mencionadas,  y  la 
segunda completa el artículo 3 del Decreto-ley 6/2020, de 12 de marzo, autorizando el 
Gobierno para avalar la operación a la que se refiere el precepto mencionado y la tercera 
establece un régimen especial de los convenios relacionados con el COVID-19.
En el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la situación 
deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación sanitaria que 
requiere la adopción con urgencia de medidas que palíen, tanto como se pueda, la 
situación creada y que no pueden aplazarse, incluso, mediante la utilización de medios 
legislativos de urgencia a un momento posterior.
Vista la situación planteada y, de acuerdo con artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno, ante la 
necesidad  extraordinaria  y  urgente  que  puede  suscitar  la  situación  de  prórroga 
mencionada,  puede  dictar  disposiciones  legislativas  provisionales,  bajo  la  forma  de 
decreto-ley, en los términos del artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
La norma del decreto-ley es un recurso extraordinario del Gobierno y, por lo tanto, se  s
tiene que hacer un uso prudente y limitado a las situaciones que realmente merecen la  oe.
consideración urgentes y convenientes. w.
Este  Decreto-ley  contiene  cuatro  capítulos,  ocho  artículos,  tres  disposiciones  68ww
adicionales, una disposición transitoria y una disposición final.
A propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda y 
con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO I
Medidas en materia de contratación
Artículo 1.
Se  modifica  el  artículo  1  del  Decreto-ley  7/2020,  de  17  de  marzo,  que  queda 
redactado de la manera siguiente:
«1.1  Dado que el cierre de los centros educativos de Cataluña, establecido a 
partir  del  13  de  marzo  de  2020,  comporta  la  imposibilidad  de  ejecutar  las 
prestaciones de determinados contratos de prestación sucesiva suscritos por los 
órganos de contratación competentes del Departamento de Educación, de los 
consejos comarcales y de las entidades locales, se declara la suspensión de la 
ejecución de los contratos de los centros educativos que tengan alguno de los 
objetos siguientes: contratos de limpieza, monitorización o análogos, gestión de 
unidades  de  escolarización  compartida,  traducción  de  lenguaje  de  signos  y 
transporte escolar de los jardines de infancia, escuelas de educación infantil y 
primaria, institutos de ESO, bachillerato y formación profesional, escuelas de arte 
y diseño, escuelas de adultos, escuelas oficiales de idiomas, centros de educación 
especial, escuelas de música, escuelas de danza, conservatorios, centros de 
títulos propios, y centros de enseñanzas artísticas superiores. Esta suspensión 
tendrá efectos en todo caso a partir del día 14 de marzo y hasta que se acuerde el 
levantamiento del cierre de los centros escolares.
1.2  Dado que en el marco de las medidas para hacer frente a la pandemia 
del COVID-19, la Instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública, 
3/2020 de 13 de marzo, sobre medidas preventivas, de protección y organizativas 
de aplicación al personal al servicio de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña  con  motivo  del  coronavirus  SARS-CoV-2,  los  departamentos  de  la 
Generalidad  y  el  sector  público  han  establecido  planes  de  contingencia  para 
restringir  la  prestación  presencial  de  servicios  a  los  servicios  básicos  o 
estratégicos y dado que estas medidas comportan la imposibilidad de prestación 
de  determinados  contratos  de  prestación  sucesiva  vinculados  a  edificios, 
instalaciones  y  equipamientos  públicos,  como  los  de  limpieza,  seguridad  y 
vigilancia, mantenimiento, conserjería, jardinería u otros, así como en los contratos 
de centros y establecimientos competencia del Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, la administración o entidad contratante podrá declarar la 
suspensión de estos contratos desde el momento en que resulte imposible su 
ejecución mediante el levantamiento del acta correspondiente o a instancia del 
contratista. Si a causa de las medidas adoptadas se produce una reducción de las 
prestaciones objeto del contrato, el órgano de contratación podrá determinar las 
prestaciones que se siguen realizando, y si aprecia la conveniencia de suspender 
las prestaciones por razones de salud pública y minimización de riesgo de los 
trabajadores, acordará la suspensión total.
1.3  La suspensión de los contratos previstos en los apartados anteriores 
comportará  en  todos  los  casos  el  abono  al  contratista,  por  parte  de  la  es
Administración o entidad contratante, de los daños y perjuicios efectivamente  o
sufridos  por  este  durante  el  periodo  de  suspensión,  de  acuerdo  con  lo  que  68ww
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, teniendo en cuenta igualmente todos los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos y los gastos acreditados.
1.4  Con el fin de garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo 
adscritos a los contratos mencionados y con el objetivo de no afectar, con carácter 
general, la actividad económica y la estabilidad de los puestos de trabajo, por 
resolución  del  consejero  o  consejera  de  Educación  en  los  contratos  del 
apartado 1, del consejero o consejera competente en razón de la materia o del 
órgano competente en el resto de casos, se garantiza la continuidad en el pago de 
los contratos que quedan suspendidos desde la fecha de su suspensión y con la 
misma periodicidad que para cada contrato se establezca en los correspondientes 
pliegos o documentos contractuales, en concepto de anticipo a cuenta del pago de 
los  daños  y  perjuicios  en  los  términos  del  apartado  3,  y  produciéndose  la 
regularización definitiva de los pagos, si procede, a la finalización del periodo de 
suspensión.
1.5  Cuando  las  necesidades  concretas  de  los  edificios,  instalaciones  y 
equipamientos  públicos  cuyos  contratos  hubieran  quedado  suspendidos  de 
acuerdo con este artículo, requieran la ejecución de actuaciones puntuales de las 
prestaciones  suspendidas,  los  contratistas  estarán  obligados  a  atender  los 
requerimientos de la Administración o entidad del sector público contratante y 
garantizar la prestación del servicio requerido.
1.6  Los contratos de concesión de servicios, como comedores escolares y 
otros afectados el cierre de los centros escolares, quedan sujetos al régimen 
establecido en el artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con 
respecto a la suspensión y al pago de las indemnizaciones correspondientes. A 
solicitud del contratista y por resolución del consejero o consejera de Educación o 
del  órgano  de  contratación  correspondiente,  se  establecerán  las  medidas 
necesarias para el reequilibrio económico de estos contratos.»
Artículo 2.
Se  modifica  el  artículo  2  del  Decreto-ley  7/2020,  de  17  de  marzo,  que  queda 
redactado de la manera siguiente:
«Habilitación a las entidades locales de Cataluña.
Los órganos competentes de las entidades locales de Cataluña podrán dictar 
normas o actos administrativos de suspensión de la ejecución de contratos, en los 
mismos términos y con los mismos efectos que se establecen en el artículo 
anterior.»
Artículo 3.
Se  modifica  el  artículo  3  del  Decreto-ley  7/2020,  de  17  de  marzo  que  queda 
redactado de la manera siguiente:
«Mantenimiento de puestos de trabajo afectados.
La suspensión de la ejecución de los contratos total o parcial y la aplicación del 
régimen establecido en los artículos 1.4 y 6.2 de este Decreto-ley en ningún caso 
se podrá considerar un motivo para aplicar expedientes de regulación de empleo  s
en relación con los puestos de trabajo adscritos a los contratos suspendidos, salvo  o
el supuesto previsto en el apartado 6 del artículo 1. En caso de que la empresa o  w.
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que acordará la suspensión del pago a cuenta previsto en este Decreto-ley.»
Artículo 4.
Se  modifica  el  artículo  6  del  Decreto-ley  7/2020,  de  17  de  marzo,  que  queda 
redactado de la manera siguiente:
«6.1  En el marco de lo que establece el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, la suspensión o ampliación de plazo de los contratos de obra afectados por 
la entrada en vigor de este que hayan sido contratados por la Administración de la 
Generalidad de Cataluña o por sus entidades del sector público, salvo los que 
hayan sido por el órgano de contratación, quedan sujetos a la regulación prevista 
en el artículo 34.3 de la norma mencionada. Una vez acordada la suspensión o la 
ampliación del plazo por el órgano competente y a solicitud del contratista sólo 
serán indemnizables los conceptos que se establecen en el artículo mencionado, 
así  como  los  gastos  debidamente  acreditados  que  se  hayan  podido  producir 
durante la suspensión.
Los contratos de los servicios o asistencias vinculados a las obras quedan 
sujetos a la regulación prevista en el artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo. Una vez acordada la ampliación o prórroga del plazo por el 
órgano competente, y a solicitud del contratista solo serán indemnizables los 
gastos  que  se  establecen  en  el  artículo  mencionado  como  consecuencia  del 
tiempo perdido con motivo del COVID-19, debidamente acreditados.
6.2  Para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a 
los contratos mencionados, con el objetivo de no afectar con carácter general la 
actividad económica y la estabilidad de los puestos de trabajo en el supuesto de 
suspensión del contrato, el Gobierno autoriza los órganos competentes a abonar 
en concepto de pago al anticipo y a cuenta del abono de los daños y perjuicios 
derivados de la suspensión de los contratos de obra o la ampliación o prórroga del 
plazo de los servicios o asistencias vinculados a las obras, un importe igual al de 
la última certificación de obra o factura del contrato de servicio o asistencia a la 
obra. Este pago en todo caso tendrá que garantizar los importes correspondientes 
a los gastos salariales del personal adscrito al contrato y no podrá superar el 
precio final del contrato. El importe de este pago al anticipo que excediera de la 
cuantificación de los daños y perjuicios acreditados por el contratista se deducirá, 
una vez levantada la suspensión del contrato, de los pagos siguientes, de forma 
prorrateada en proporción al plazo pendiente de ejecución del contrato.
6.3  El  acuerdo  de  suspensión  de  los  contratos  de  obra  se  considera 
suficiente para que los efectos de la suspensión de los contratos se haga efectiva, 
sin necesidad de levantar acta de suspensión. En caso de que se decida levantar 
acta de suspensión de la ejecución del contrato, se considerará suficientemente 
motivada con la referencia a este Decreto-ley. Con carácter previo a la suspensión 
de las obras y mientras dure esta suspensión, se adoptarán por parte de los 
contratistas y de las respectivas asistencias asociadas las medidas de seguridad 
necesarias. También se podrá levantar esta suspensión en caso de que una vez 
esta haya sido dictada el Gobierno o el órgano competente consideren que la 
actuación ha ocurrido de carácter básico o estratégico.»
CAPÍTULO II
Medidas excepcionales en materia de subvenciones y, en su caso, de ayudas es
Artículo 5. 68ww
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la viabilidad máxima a las actuaciones objeto de subvención o ayuda que se han 
visto afectadas por el contexto generado por el COVID-19 o por las medidas tomadas 
para combatirlo. 
5.2  En los expedientes de subvenciones o ayudas, especialmente en el ámbito 
cultural, social, ocupacional y de deportes, en los que no se ha cumplido el objeto y la 
finalidad como consecuencia del COVID-19 o de las medidas tomadas para combatirlo, 
en función de las circunstancias de cada expediente, el órgano concedente puede:
a)  Aplazar el plazo de cumplimiento del objeto y finalidad de la subvención o ayuda 
y de su justificación, que en ningún caso se podrá considerar un motivo para aplicar 
expedientes de regulación de empleo en relación con los puestos de trabajo vinculados a 
las actuaciones subvencionadas.
b)  Financiar los gastos realizados por las personas beneficiarias, aunque no se 
haya alcanzado, total o parcialmente, el objeto y finalidad de la subvención o ayuda. 
c)  Establecer otras actuaciones para evitar perjuicios a los beneficiarios derivados 
del cumplimiento de sus obligaciones hacia del procedimiento subvencional.
CAPÍTULO III
Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de derecho público del 
ámbito del sector público de la Generalidad de Cataluña
Artículo 6.
6.1  Durante el periodo del estado de alarma, las sesiones de los órganos de 
gobierno y de administración de las entidades autónomas de carácter administrativo, 
Servicio Catalán de la Salud, entidades de derecho público sometidas al ordenamiento 
jurídico privado, consorcios y resto de entes sometidos al derecho público del ámbito de 
la Generalidad de Cataluña, así como las universidades públicas financiadas por la 
Generalidad; y las entidades que dependen, podrán celebrarse por videoconferencia, o 
por  cualquier  otro  soporte  digital,  y  tendrán  plena  validez  jurídica,  siempre  que  se 
asegure la identidad de los miembros o personas que los suplan, la interactividad e 
intercomunicación entre ellos en tiempo real, y la disponibilidad de los medios durante la 
sesión, aunque en sus estatutos no esté prevista esta forma de reunión.
6.2  Durante el periodo del estado de alarma, los acuerdos de los órganos de 
gobierno y de administración de las entidades indicadas en el apartado 1 anterior, 
pueden adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión presencial siempre que lo 
decida el presidente o presidenta, o se solicite por otros miembros de acuerdo con su 
norma de funcionamiento, aunque en sus estatutos no esté prevista esta forma de 
reunión. En todo caso, es necesario garantizar la deliberación previa y la votación de los 
asistentes a través de los medios telemáticos adecuados.
Artículo 7.
7.1  El  plazo  para  formular  y  comunicar  las  cuentas  anuales  a  la  Intervención 
General y ponerlos a disposición de los responsables de la auditoría, previsto en el 
artículo 81.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado 
por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, queda suspendido hasta que 
finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo para tres meses, a contar desde  s
aquella fecha. e.
7.2  En caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de  w.
gobierno o administración de una persona jurídica del sector público de la Generalidad  68ww
vdeer iCficaatacilóunñ a cyoan tahbulbei erdae  foersmtausla dcou elnatsa sc,u ecnutaansd od ell ae jearucdicitioor íaan treersiourl,t ee l opbllaigzaot opriaar,a  slae 
entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
7.3  El plazo para tramitar las cuentas anuales previsto en el artículo 81.3 del texto 
refundido  de  la  Ley  de  finanzas  públicas  de  Cataluña,  aprobado  por  el  Decreto 
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, queda suspendido hasta que finalice el estado de 
alarma. Estas entidades tendrán que enviar las cuentas anuales debidamente aprobadas 
por el órgano correspondiente con el informe de auditoría, dentro de los tres meses 
siguientes a contar desde que finalice el plazo para comunicar las cuentas formuladas a 
la Intervención General y a la Sindicatura de Cuentas.
7.4  El plazo para presentar la Cuenta General por parte de la Intervención General 
a la Sindicatura de Cuentas, previsto en el artículo 81.4 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de 
diciembre y el artículo 39.2 de la Ley 18/2010, del 7 de junio, de la Sindicatura de 
Cuentas, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma. La Intervención 
General tiene que presentar la Cuenta General a la Sindicatura de Cuentas dentro del 
mes siguiente a contar desde que finalice el plazo por el que las entidades mencionadas 
en el apartado 5 anterior envíen las cuentas anuales debidamente aprobados a la 
Intervención General.
CAPÍTULO IV
Medidas en materia tributaria
Artículo 8.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2020, como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para gestionar la situación de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se aplica una reducción en el tipo de 
gravamen del canon del agua correspondiente a los contribuyentes siguientes:
1.  A los contribuyentes usuarios domésticos que disfrutan de la tarifa social del 
canon  del  agua,  de  acuerdo  con  lo  que  prevé  el  artículo  69.8  del  Decreto 
legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, un tipo de gravamen de 0 euros, en todos 
los tramos de consumo.
2.  A los contribuyentes usuarios domésticos que no disfrutan de la tarifa social del 
canon  del  agua,  se  los  aplica  un  tipo  de  gravamen  resultante  de  aplicar  un 
coeficiente 0,5 sobre los tipos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 69 del Decreto 
legislativo 3/2003.
3.  A los contribuyentes que efectúan un uso industrial y asimilable de agua, se les 
aplica, sobre el tipo de gravamen general y específico previsto en los artículos 71 y 72 
del Decreto legislativo 3/2003, un coeficiente reductor de 0,5. La misma reducción se 
aplica a los valores de los parámetros de contaminación utilizados para la determinación 
del tipo de gravamen del canon del agua mediante el sistema de medición directa de la 
carga contaminante propia del régimen especial, previsto en el apartado 4 del artículo 72 
bis de la misma norma, y a los valores previstos en el apartado 4 del artículo 74 para la 
determinación objetiva de la cuota correspondiente a usos de agua para la producción de 
energía eléctrica.
4.  A  los  contribuyentes  que  efectúan  usos  ganaderos  de  agua,  un  coeficiente 
reductor 0,5 sobre los valores previstos en el anexo 6 del Decreto legislativo 3/2003, 
para la determinación objetiva de la cuota que les resulte de aplicación. es
Con carácter general, la reducción del canon del agua se aplica a la factura que  w.
incluya la repercusión del canon correspondiente a los consumos de agua efectuados los  68ww
mcoersreessp odned aiebnrtiel  ya l mmaisymo od pee 2ri0o2d0o,  deen c olan sliuqmuiod.ación que emita directamente la agencia
No obstante, en los casos de contribuyentes a los cuales la entidad suministradora 
factura mensual o bimestralmente el servicio, la reducción se aplica por un periodo de 
dos meses en las facturas emitidas a partir del 1 de abril de 2020.
Disposición adicional primera.
1.  Todas las medidas adoptadas, o que se puedan adoptar en un futuro, respecto 
de los contratos dentro del ámbito de los servicios sociales suscritos al amparo de la 
normativa aplicable en materia de contratos del sector público, resultan aplicables a los 
instrumentos no contractuales adoptados para la provisión de los servicios de la red de 
servicios sociales de atención pública de Cataluña, al amparo del Decreto-ley 3/2016, 
de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública y al amparo de 
las órdenes dictadas por el departamento competente en materia de servicios sociales 
que establecen el régimen jurídico de la prestación de los servicios sociales por parte de 
las entidades colaboradoras, así como de los convenios de colaboración suscritos entre 
este Departamento y los entes públicos para la prestación de los servicios sociales.
2.  Todas las habilitaciones atribuidas a los consejeros y consejeras del Gobierno, 
presidentes y presidentas, y directores y directoras de organismos y entidades del sector 
público para la suspensión de la ejecución de los contratos previstas en el Decreto-
ley 7/2020, de 17 de marzo, resultan aplicables a los instrumentos no contractuales 
adoptados para la provisión de los servicios de la red de servicios sociales de atención 
pública de Cataluña, al amparo del Decreto-ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de contratación pública, y al amparo de las órdenes dictadas por el 
departamento competente en materia de servicios sociales que establecen el régimen 
jurídico  de  la  prestación  de  los  servicios  sociales  por  parte  de  las  entidades 
colaboradoras,  así  como  de  los  convenios  de  colaboración  suscritos  entre  este 
Departamento y los entes públicos para la prestación de los servicios sociales.
Disposición adicional segunda.
A efectos de lo que dispone el artículo 3 de Decreto-ley 6/2020, de 12 de marzo, de 
medidas  urgentes  en  materia  asistencial,  presupuestaria,  financiera,  fiscal  y  de 
contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el 
coronavirus SARS-CoV-2:
1.  Se autoriza al Gobierno a prestar un aval de hasta un importe máximo de 750 
millones de euros, para garantizar el riesgo que asumen el Instituto Catalán de Finanzas 
y Avalis de Catalunya, SGR, en garantía del 80% del principal de los préstamos que las 
entidades financieras otorguen a autónomos y empresas para paliar los efectos de la 
pandemia a los que se refiere el citado Decreto-ley.
2.  El importe del fondo a constituir por 188 millones de euros será un importe inicial 
que se podrá revisar en sucesivos ejercicios, según las necesidades que se produzcan.
Disposición adicional tercera.  Régimen especial de los convenios relacionados con el 
COVID-19.
Mientras  se  mantenga  el  estado  de  alarma,  no  resultarán  de  aplicación  a  los 
convenios suscritos en el ámbito de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus 
COVID-19 las previsiones establecidas en los artículos 111.3 y 112.2 de la Ley 26/2010, 
del 3 de agosto, de procedimiento y régimen jurídico de las administraciones públicas  e.
catalanas.  Consiguientemente,  estos  convenios  desplegarán  su  eficacia  desde  el  w.b
momento de su firma, sin perjuicio de la posterior publicación, y se dará traslado, si  68ww
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Disposición transitoria.
A menos que se establezca otro plazo de vigencia, lo que se dispone en este 
Decreto-ley permanecerá vigente hasta que no se levante el estado de alarma decretado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Disposición final.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
Decreto-ley cooperen a su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 24 de marzo de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim  Torra  i  Pla.–El  Vicepresidente  del  Gobierno  y  Consejero  de  Economía  y 
Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8095A, de 25 de marzo de 2020. 
Convalidado por Resolución 757/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8124, de 30 de abril de 2020)