BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60043
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8347 Sala Segunda. Sentencia 81/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de 
amparo 3826-2019. Promovido por doña A.R.G. y don M.F.J., en relación con 
las resoluciones de la dirección de un colegio público de Alicante y las 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un 
juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante, que confirmaron su 
legalidad. Supuesta vulneración de los derechos a la educación, igualdad y 
no  discriminación,  integridad  física  y  moral  y  a  no  padecer  indefensión: 
medida preventiva de suspensión de asistencia al centro escolar, en tanto se 
procedía a la emisión de un diagnóstico médico, adoptada con ponderación 
del interés superior del menor. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:81
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3826-2019, promovido por doña A.R.G. y don M.F.J. 
contra: i) la resolución de la directora del colegio público Costa Blanca de Alicante de 16 
de febrero de 2017, sobre asistencia a clase del alumno e hijo de los recurrentes, el 
menor M.F.R.; ii) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 
Alicante, de fecha 26 de diciembre de 2017 (procedimiento especial para la protección 
de los derechos fundamentales núm. 411-2017), que desestimó el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra el acto administrativo anterior; iii) la sentencia de la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, de 10 de octubre de 2018 (recurso de apelación 
núm. 86-2018), que confirmó la mencionada sentencia del juzgado; y iv) la providencia 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
de  16  de  mayo  de  2019,  que  inadmitió  el  recurso  de  casación  (núm.  403-2019) 
interpuesto  contra  la  última  sentencia.  Ha  sido  parte  la  abogada  de  la  Generalitat 
Valenciana. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don 
Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito, que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 19 de  e
junio de 2019, la procuradora de los tribunales doña Irene Ortega Ruiz, en nombre y  b
representación de doña A.R.G. y don M.F.J., asistidos por el letrado don Juan Rodríguez  47ww
Zenacpaabteerzoa, minietenrtpou.sieron un recurso de amparo contra las resoluciones indicadas en el
2.  Los hechos relevantes para el examen de la presente demanda de amparo son
los siguientes:
a)  El hijo de los recurrentes –M.F.R.– fue escolarizado a los tres años de edad en el 
ciclo de educación infantil del colegio público Costa Blanca de Alicante, dependiente de 
la Generalitat Valenciana. Durante el primer curso (2015/2016), el niño no presentó 
ningún problema de conducta, pero durante el curso 2016/2017 comenzó a exteriorizar 
una serie de comportamientos, que la demanda califica de «rabietas» y la administración 
educativa  como  conductas  agresivas  que  ponen  en  riesgo  la  integridad  del  propio 
alumno, de sus compañeros de clase y de los profesores que lo atienden.
b)  Entre los informes que obran en el expediente administrativo del procedimiento 
especial para la protección de los derechos fundamentales núm. 411-2017, seguido ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante, consta el emitido el 2 de 
noviembre de 2016 (documento 1, págs. 74 y ss. del expediente) por la inspectora de 
educación responsable del centro Costa Blanca, según el cual M.F.R. «da patadas, 
escupe, se quita los zapatos y los calcetines, lanzándolos al aire» y «[e]stos episodios 
suelen durar más de treinta minutos y se producen a cualquier hora del día. Cada vez se 
producen con más frecuencia». La inspectora describe las conductas como de «rabieta, 
angustia, agresión a compañeros, autolesión, rotura de materiales del aula». Indica que 
«se tiene conocimiento de que el alumno tiene antecedentes de esquizofrenia en padre y 
tío», afirmando que «a la espera del diagnóstico de un especialista, el centro ha indicado 
un protocolo de actuación que incluye time-out, extinción, mediación, registro de los 
episodios disruptivos, etc.».
c)  En el expediente figuran, igualmente, diversos informes elaborados sobre M.F.R. 
por el servicio psicopedagógico escolar A-1 de la Dirección Territorial de Alicante a lo 
largo  del  curso  2016/2017.  En  concreto,  en  el  de  fecha  15  de  febrero  de  2017 
(documento 1, págs. 13 y ss. del expediente) puede leerse que: i) las reacciones se 
producen ante situaciones frustrantes relacionadas con el trato con el resto de niños, 
aunque últimamente, él provoca las situaciones, agrediendo a algún compañero, sin 
previo conflicto; ii) suelen comenzar con una actitud desafiante que va en aumento hasta 
llegar a la agresión a otros compañeros o golpear fuertemente las piernas contra el 
cristal del aula, romper materiales, etc.; iii) ante tales situaciones se aplica la contención 
física para evitar que el alumno se haga daño a sí mismo, a lo que éste reacciona 
mordiendo, golpeando la cabeza contra el adulto y dando patadas, pudiendo durar los 
episodios entre veinte y cincuenta minutos; iv) los episodios pueden repetirse dos y tres 
veces al día, hasta que finalmente hay que llamar al padre o a la madre para que vengan 
a buscarlo; v) los padres niegan que tales conductas se produzcan en el ámbito familiar; 
y vi) el niño tiene un hermano gemelo con trastorno del espectro autista, que inicialmente 
estuvo escolarizado en el centro Costa Blanca pero ahora lo está en un aula específica 
de otro centro escolar.
El citado informe de 15 de febrero de 2017 refiere las medidas que se han tomado 
ante dicha situación: i) trabajo tutorial con el resto de compañeros de clase para que 
colaboren con M.F.R.; ii) reducción de su jornada escolar, retrasando el horario de 
entrada y permitiendo que coma en casa; iii) trabajo individualizado con un profesor de 
pedagogía terapéutica, que, en las primeras sesiones de la mañana, le anticipa de 
manera individualizada las actividades del día, lo que se repite después del recreo con el 
profesor especialista de audición y lenguaje (logopeda), y iv) asignación permanente de 
un segundo maestro para ayudar a supervisar su conducta en todo momento mientras 
M.F.R. está en el aula.
Se reseña, asimismo, que la actitud de la maestra-tutora del grupo, la misma que 
tuvo en el curso anterior, está siendo de gran ayuda, dado que se ha mostrado muy  s
colaboradora. oe.
El informe relata que, en los meses de enero y febrero de 2017, se han producido  w.
nuevos episodios «con el resultado de agresiones graves a la tutora y al maestro de  47ww
aduedseicniócna dye nleanngteu aejes , «dlae  ilnatse rcaucacilóens  choany  lpoasr tieg udaele sle»s ioo n«elas »e, xoigbesnecrviaá nedno lsae r eqauleiz aecl iófanc tdoer 
uinnfaan dtiel tpeerrmoi n«andoa s tea reema»ite.  Pdriaegcinsóas tqicuoe  ys ee sh dae erimvaitdidoo a i nteforarmpiea  dceo nd pesriivcaócloiógno  ac lípnsiciqou»i.a Stríina   BOE-A-cable e
embargo, cuando, desde el centro escolar se mantiene conversación telefónica con la 
psicóloga clínica, se constata que esta no tiene conocimiento de que el alumno haya sido 
atendido previamente por un psiquiatra infantil.
Reseña, asimismo, que el 14 de febrero de 2017 los responsables del centro escolar 
mantuvieron una reunión con la trabajadora social que realiza seguimiento del padre, 
«con el fin de profundizar en la posible problemática familiar», y con la psicóloga clínica 
que atiende al menor, que refiere que en las sesiones «no presenta problemática», 
pudiendo esto deberse a que no hay interacción con otros niños ni exigencia de tarea 
alguna.  Añade  que  el  niño  «muestra  poco  contacto  ocular  y  no  se  muestra 
especialmente cómodo con el contacto físico».
El  servicio  psicopedagógico  concluye  en  el  mencionado  informe  que,  «ante  la 
imposibilidad de llevar a cabo en el centro escolar otras medidas, que entrarían dentro 
de una terapia conductual de tipo clínico y más propio del ámbito sanitario y dado el 
grave riesgo que la agresividad de M.F.R. implica para su propia integridad y para el 
resto de compañeros, así como las graves repercusiones que están suponiendo para el 
profesorado  que  lo  atiende,  se  requiere  con  urgencia:  i)  diagnóstico  por  parte  de 
psiquiatría infantil, o servicio de neuropediatría, que clarifique si nos encontramos ante 
algún tipo de trastorno que explique el origen de la problemática conductual de M.F.R., 
así  como  la  prescripción  del  correspondiente  tratamiento,  ya  sea  farmacológico,  si 
procede, o de modificación de conducta, que permita la mejora de la misma, tanto por el 
bien del niño como por la normalización de su escolarización; ii) seguimiento del caso 
por los servicios sociales de la zona y de los profesionales médicos que atienden al 
alumno».
El informe incorpora como anexos (documento 1, págs. 42 a 73 del expediente 
administrativo) la detallada descripción, semana por semana, de la conducta de M.F.R. 
desde el comienzo del curso 2016/2017, especificando las consecuencias que tuvieron 
para él, sus compañeros y los profesores, las técnicas aplicadas para reconducirla y los 
resultados obtenidos. En la pág. 65 del expediente consta una reseña de hasta seis 
reuniones mantenidas en el centro para abordar el caso, varias de ellas con asistencia 
de los padres. Figuran, igualmente incorporados al expediente (págs. 78 y 81), dos 
partes de lesiones según los cuales dos profesores tuvieron que ser atendidos por 
mordeduras y arañazos.
d)  El día 16 de febrero de 2017, los demandantes recibieron un escrito firmado por 
la directora del centro, que es el acto impugnado en el recurso de amparo, en el que 
expone lo que sigue: i) el niño presenta conductas agresivas que ponen en riesgo su 
propia integridad, la de sus compañeros y los profesores que lo atienden; ii) se han 
tomado numerosas medidas (cambios en el horario, atención personalizada), que no han 
conseguido resultados positivos; iii) estudiado el caso se considera necesario contar con 
un diagnóstico facultativo, a ser posible de la Unidad de Salud Mental Infantil, sobre la 
causa que genera la agresividad de su conducta.
El escrito comunica que «durante el tiempo que sea necesario para determinar el 
diagnóstico desde el ámbito facultativo y la indicación de su tratamiento, como medida 
preventiva, el alumno permanecerá en su domicilio y una vez iniciado el tratamiento se 
procederá  a  establecer  el  protocolo  de  actuación  en  el  centro,  mediante  una 
escolarización progresiva del alumno hasta llegar a una completa integración del alumno 
en su clase o determinar otras posibles modalidades de escolarización. Por tanto, se 
considera necesario que la familia del citado alumno aporte a la dirección del centro 
diagnóstico médico de la situación del alumno y la propuesta de tratamiento adecuado  s
por parte de la Unidad de Salud Mental Infantil». oe.
Por último, añade que «durante el tiempo de permanencia en el domicilio, la familia  w.
del  alumno  podrá  recibir  del  profesorado  del  centro  cuanta  información  y  recursos  47ww
fpaemdialigaór»g.icos sean necesarios para continuar con la educación del mismo en el ámbito
la Ceo)n seEllle drííaa  1d0e  dEed umcaarczioó nd ed e2 0la1 7G, elonse rpaalidtaret sV daele nMc.iFa.nRa.  pdreensuennctaiarnodno u qnuae r elac laremsaocluiócnió an   BOE-A-cable e
de 16 de febrero anterior impedía al menor continuar en el centro educativo si no 
aportaban un diagnóstico médico sobre su salud mental. En ella solicitaban que: i) el 
menor fuera reintegrado al centro, dejando sin efecto lo acordado en la citada resolución 
de la directora; ii) se establecieran las medidas de apoyo educativo que, en su caso, 
requiriese el niño para evitar los problemas conductuales; iii) se abriese expediente 
disciplinario  por  las  actuaciones  de  los  responsables  del  centro  educativo;  iv)  se 
garantizase el derecho a la educación inclusiva del menor, sin discriminación de ningún 
tipo  y  con  los  ajustes  razonables  que  procedan  en  función  de  sus  necesidades 
educativas individuales; y v) se declarase sin valor ni efecto alguno como evaluación 
psicopedagógica  el  informe  emitido  el  15  de  febrero  de  2017  por  el  servicio 
psicopedagógico escolar A-1 de la Dirección Territorial de Alicante.
f)  En el mes de marzo de 2017, los padres matricularon a M.F.R. en la Escuela 
Europea, en la que –informa la demanda– es profesora la madre. Según declaración 
judicial  del  tutor  del  menor  en  dicho  centro  privado,  se  han  utilizado  técnicas  de 
modificación de conducta basadas en que el niño reconociera sus errores y obtuviera un 
premio. Se le recomendó hacer deporte, dado que es fuerte y atlético y, en la parte 
académica, se solicitó un apoyo especial. El mismo profesor precisó que se trataba de 
un niño normal de cuatro años pero que, «debido a su carácter y su fuerza, podía 
parecer que era más agresivo». Teniendo en cuenta estos rasgos, han conseguido 
modificar su conducta y «hoy en día se le puede considerar como un alumno más».
g)  El día 3 de mayo de 2017, los padres fueron convocados a una reunión en la 
sede de la inspección educativa territorial de Alicante para abordar el caso de su hijo, 
con  asistencia  del  inspector-secretario  de  la  inspección  territorial,  el  inspector 
coordinador de la circunscripción, la inspectora responsable del centro Costa Blanca, la 
directora,  las  psicopedagogas  autoras  de  los  informes  de  seguimiento  y  una 
representante de la unidad de atención e intervención del plan de prevención de la 
violencia y de promoción de la convivencia (PREVI).
La madre acudió a la reunión, pero manifestó que no tenía intención de participar en 
ella, mientras no recibiera respuesta a su reclamación de 10 de marzo anterior. A 
pregunta del inspector-coordinador, contestó que renunciaba a la mediación y abandonó 
la sala. Los representantes de la administración educativa firmaron un acta con un 
informe psicopedagógico anexo que recoge varias medidas a adoptar por parte del 
centro ante los «episodios de explosión de ira y de descontrol emocional que evidencia 
una carencia de autonomía personal [de M.F.R.] que le impide seguir con normalidad las 
dinámicas de la clase»: i) cambio de modalidad lingüística; ii) desdoble de curso-grupo; 
iii) incorporación progresiva semanalmente revisada; iv) solicitud de un educador de 
educación especial.
Asimismo, en el acta se solicita a la familia el compromiso de entregar al centro 
educativo el informe facultativo de M.F.R. en el plazo de quince días, y formalizar con el 
centro educativo la declaración de compromiso familia-tutor, con mención explícita al 
«intercambio  de  información  médica  o  social  que  pueda  interferir  en  el  proceso 
educativo,  y  que  será  tratada  confidencialmente  por  ambas  partes»  (Decreto  del 
Consell 30/2014, de 14 de febrero, sobre la información necesaria en el marco del 
compromiso familia-centro).
h)  El día 5 de mayo de 2017, el colegio Costa Blanca remitió al equipo municipal de 
servicios  sociales  una  «notificación  de  posible  situación  de  desprotección  desde  el 
ámbito educativo», suscrita por la tutora de M.F.R. y la directora del centro, marcando los 
indicadores siguientes: «presenta cambios bruscos de humor», «muestra agresividad  s
física o verbal», «parece generalmente ausente», «muestra dificultades en cuestiones de  oe.
autonomía» y «los padres han acudido a recogerlo en condiciones no adecuadas para su  w.
seguridad». Tras indicar que, en reiteradas ocasiones, se ha solicitado a la familia un  47ww
iqnufoer mapeo rmteé adli ccoe-nptsrioq ulaiá itnrficoorm, saec iópnid me éad liocsa  sseorlivciictaiodsa .sociales que insten a la familia para
i)  Asimismo,  constan  en  el  expediente  administrativo  los  siguientes  informes 
emitidos a requerimiento de la inspección general de educación de la Generalitat, en 
relación con la reclamación presentada por los padres de M.F.R. el 10 de marzo de 2017:
– Informe de 5 de mayo de 2017, de la directora del centro escolar (documento 5, 
págs. 121 y ss. del expediente) en el que indica que: i) los padres fueron informados en 
todo momento y consintieron las técnicas de contención aplicadas al niño «para evitar la 
autolesión»; ii) «a partir de esa fecha [16 de febrero de 2017, en que se adoptó la 
resolución impugnada] la madre solicita la programación y recursos para continuar con la 
educación  del  niño  en  el  ámbito  familiar»  y  que  «el  centro  ha  proporcionado 
quincenalmente dicho material»; iii) en vista de la negativa de la madre a participar en la 
reunión de 3 de mayo, convocada para abordar la reincorporación de M.F.R., se acordó 
notificar a los servicios sociales la posible situación de desprotección del menor.
– Informe de 16 de mayo de 2017, de la inspectora de educación responsable del 
centro Costa Blanca (documento 2, págs. 22 y ss. del expediente), en el que manifiesta 
lo siguiente: i) ante los problemas conductuales del niño se ha venido recortando su 
jornada escolar «con carácter preventivo y por el bien del menor y de sus compañeros», 
porque en los episodios que sufre «muerde a otros compañeros y se golpea la cabeza»; 
ii) la familia ha denegado al centro escolar información esencial que permita explicar 
adecuadamente la problemática conductual de M.F.R.; iii) se le ha privado de asistir a 
una excursión «dada la peligrosidad exponencial de realizarse fuera del recinto escolar»; 
iv) la situación se ha hecho insostenible pese a que el centro «ha volcado todos sus 
recursos»; v) cuando se expuso la situación a la madre, esta quedó pendiente de 
consultar con expertos qué es lo mejor para su hijo, pero el centro no recibió información 
alguna. Y concluye que «se trata de un caso extremo de no colaboración» y que, tras la 
férrea oposición de la madre a participar en la reunión del 3 de mayo de 2017, se 
evidencia que ha quedado agotada la vía del diálogo, por lo que el centro ha comunicado 
a los servicios sociales la situación de riesgo y desamparo en que podría hallarse el 
menor.
– Informe de 20 de julio de 2017, de la unidad de atención e intervención del Plan de 
prevención de la violencia y de promoción de la convivencia (PREVI), suscrito por dos 
inspectoras de educación. En el mismo se recoge que: i) la unidad asesoró en la 
redacción  de  la  resolución  impugnada,  solicitando  la  intervención  y  tratamiento  del 
alumno desde salud mental, para su protección y la de sus compañeros y adultos que le 
rodean, «dada la peligrosidad de las conductas»; ii) se propuso la coordinación con la 
trabajadora social de la Federación alicantina de enfermos mentales, donde el padre es 
atendido por esquizofrenia; iii) la reunión de 3 de mayo se planteó para «convencer a la 
madre de la necesaria atención por parte de la unidad de salud mental», para «lograr 
una incorporación del alumno rápida y eficaz»; y iv) se puso en marcha el protocolo 
frente a conductas que alteran gravemente la convivencia, adoptando como medida 
cautelar  la  «separación  del  entorno  escolar  cuando  se  detectó  desde  el  centro  el 
aumento de la frecuencia en la aparición de conductas de riesgo para la seguridad del 
niño y de sus compañeros/as».
j)  El  día  21  de  junio  de  2017,  los  padres  de  M.F.R.  interpusieron  un  recurso 
contencioso-administrativo,  por  el  procedimiento  especial  para  la  protección  de  los 
derechos fundamentales, en el que impugnaron la denegación presunta de las medidas 
solicitadas  en  el  escrito  dirigido  a  la  Consellería  de  Educación  de  la  Generalitat 
Valenciana, el 10 de marzo de 2017, en relación con el escrito de la directora del centro  e
escolar de 16 de febrero anterior. bo
En la demanda solicitaban que i) se declarara que, tanto la actuación del centro  47ww
fCuonsdtaam Belanntaclae,s  cao mla oe dlau cdaec ilóan C, olan sigeullaelrdíaa dd, ela E indtuecgarcidióand,  fhísaibcaía ny  mvuolnraelr ayd ao  lalo sp rdeesruencchióons 
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administración educativa, así como el expediente de servicios sociales; iii) se abriera
expediente disciplinario a los responsables de las actuaciones denunciadas; y iv) se 
condenara a la administración a indemnizar los daños materiales y morales producidos.
A la demanda se acompañaba el informe de una psicóloga de la Fundación Gerard, 
especializada  en  educación  inclusiva.  En  él  se  sostiene  que  i)  los  antecedentes 
familiares  alimentaron  la  creencia  de  que  el  niño  padecía  un  trastorno  psiquiátrico 
heredado,  lo  que  desencadenó  un  conjunto  de  actuaciones  desproporcionadas, 
innecesarias, tendenciosas y negligentes, que desembocaron en su expulsión del centro 
escolar, condicionando su retorno a la aportación de un diagnóstico psiquiátrico y un 
tratamiento; ii) se trató al niño como si tuviera una psicosis y se adiestró a sus iguales 
para que se relacionaran con él a partir del estigma patológico; iii) se emitieron informes 
psicopedagógicos  innecesarios  e  injustificados,  con  una  intervención  conductual 
deficiente, abuso de los castigos y la contención física y una praxis negligente; iv) se 
notificó a los servicios sociales una posible situación de riesgo, cuando la familia siempre 
ha colaborado; v) la expulsión del menor vulneró su derecho a la educación e incumplió 
el procedimiento legalmente establecido, causando indefensión; y vi) habrá que valorar 
las secuelas de estos hechos en el desarrollo de la personalidad del niño, ya que pueden 
ser el germen de trastornos futuros.
El  recurso  fue  desestimado  por  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo núm. 3 de Alicante, de 26 de diciembre de 2017. Afirma que la demanda 
parte de que el menor fue expulsado, lo que no se corresponde con la realidad. En la 
resolución de 16 de febrero de 2017 se indicó a los padres que se suspendía la 
asistencia a clase de M.F.R. por poner «en grave riesgo tanto su propia integridad física 
como la de sus compañeros de clase y el propio profesorado del centro». Así resulta de 
la «situación absolutamente insostenible provocada por el comportamiento del propio 
menor y la absoluta falta de colaboración de sus padres […]. Estamos, por tanto, ante un 
menor con una conducta marcadamente asocial, que no es asumida por sus padres, es 
más,  absolutamente  negada  por  los  mismos  y  cuyas  consecuencias  se  pretenden 
imputar al sistema educativo público» (fundamento tercero).
La  sentencia  argumenta  que  la  medida  adoptada  por  el  centro  escolar  no  es 
disciplinaria, lo que requeriría un grado de intencionalidad que no existe en este caso. No 
estamos ante un niño que tuviera «rabietas infantiles», sino que claramente presentaba 
síntomas de poder tener problemas mentales, lo que hace exigible la colaboración de la 
familia, que no puede desentenderse del problema y desviarlo al centro escolar. Invoca 
los apartados 5 y 7 del art. 27 CE, que aluden a dicha participación de los padres en la 
educación de sus hijos y los arts. 5.2 b) y 7.3 del Decreto 30/2014, de 14 de febrero, del 
Consell, antes citado. Los padres de M.F.R. se negaron a suscribir dicho compromiso, lo 
que demuestra su falta de colaboración (fundamento tercero).
El centro se vio obligado a poner en marcha un calendario de actuaciones para hacer 
frente a la situación creada, con lesiones a profesores, que necesitaron incluso de 
asistencia médica. Lo cual hacía necesario contar con una valoración del menor por un 
especialista médico cualificado. El juzgado asume como propias las conclusiones de la 
inspección educativa. Por último, considera que la reacción de los padres de cambiar al 
menor de centro educativo confirma su falta de colaboración con el sistema educativo 
público.
La sentencia del juzgado resume las manifestaciones realizadas por los testigos en 
la fase de prueba en las que apoya las conclusiones anteriores. Respecto del tutor del 
niño en la Escuela Europea, aclara que manifestó, en presencia judicial, que su única 
información era la recibida de la madre del menor. En cuanto al dictamen de la psicóloga  s
de la Fundación Gerard, señala que excede notoriamente del objeto de un dictamen  oe.
pericial, ya que entra a valorar cuestiones jurídicas que no son competencia de quien  w.
emite  el  dictamen.  En  suma,  el  juzgado  no  les  otorga  credibilidad  y  desestima  47ww
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Valenciana de 10 de octubre de 2018. En ella se recuerda que, si bien la vía de 
apelación permite una reconsideración integral del tema debatido, tanto en el plano 
fáctico como jurídico, en este caso debe darse prevalencia a la apreciación de la prueba 
realizada en la instancia.
La Sala destaca que el recurso de los padres se centra en una valoración de la 
prueba, alternativa a la realizada por el juzgado. Ahora bien, no aprecia que el órgano 
judicial de instancia haya incurrido en ningún error ni contradicción en el enjuiciamiento 
de la prueba. A partir del relato de hechos de la sentencia de instancia, califica la medida 
enjuiciada  como  preventiva,  dirigida  a  evitar  que  persistiera  el  riesgo  y  «del  todo 
adecuada y proporcionada con la situación creada».
l)  Los ahora demandantes prepararon un recurso de casación, que fue inadmitido a 
trámite  por  providencia  de  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2019, que entendió que el asunto 
carecía de interés casacional objetivo. A continuación, interpusieron el presente recurso 
de amparo.
3.  El recurso de amparo se dirige contra la resolución de la directora del colegio 
público Costa Blanca de Alicante de 16 de febrero de 2017 y las resoluciones que la han 
confirmado en la vía judicial.
a)  La demanda comienza precisando que, desde el momento en que empezaron 
las  «rabietas»  de  M.F.R.  (aclara  que  así  las  denominan  los  informes  de  la  propia 
administración  educativa),  diversos  documentos  del  centro  escolar  aluden  a  los 
antecedentes psiquiátricos de familiares directos del menor y que, con base en esta 
creencia o prejuicio, el centro educativo ha enfocado la respuesta a los comportamientos 
de M.F.R. desde un punto de vista psiquiátrico o mental, lo que ha viciado toda la 
actuación administrativa.
M.F.R. no tiene ninguna discapacidad ni diversidad funcional ni, por ello, necesidades 
educativas especiales. No hay ningún informe en el expediente escolar –alega– que 
constate discapacidad intelectual o cognitiva alguna. Siguiendo las instrucciones del 
centro, los padres llevaron al menor a una consulta de psiquiatría infantil y en ella no se 
constató ninguna patología mental. Desde dicha consulta se le remitió a una psicóloga 
clínica para tratar los problemas de conducta. Comunicaron a los responsables del 
centro escolar los datos del psiquiatra para que se pusieran en contacto con él, lo que 
demuestra que colaboraron. Asimismo, autorizaron el uso de medidas de contención, 
que incluían reducirlo mediante bloqueos en los que el adulto llegaba a ponerse encima 
del niño. También, asistieron a las reuniones a las que fueron convocados por el colegio.
En resumen, M.F.R.: i) no tenía ninguna patología; ii) fue objeto de malos tratos, 
físicos y morales, con contenciones físicas injustificadas, que tenían su origen en una 
inadecuada y errónea atención educativa; iii) fue expulsado del centro Costa Blanca, 
aunque se haya presentado como una medida preventiva; y iv) lo anterior se ha hecho 
sin procedimiento, audiencia ni expediente alguno, mediante una comunicación de la 
directora  del  centro  educativo  que,  además,  condicionó  su  vuelta  a  que  la  familia 
aportase un diagnóstico médico de la Unidad de Salud Mental Infantil.
b)  La resolución de la directora del colegio Costa Blanca de 16 de febrero de 2017 
ha vulnerado el derecho a la educación (art. 27 CE), a la igualdad (art. 14 CE), a la 
presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y a la integridad física y 
moral (art. 15 CE) de M.F.R.. Las lesiones se imputan a la actuación administrativa, 
achacándose a las resoluciones judiciales únicamente el no haberlas reparado. e
c)  El derecho a la educación del art. 27 CE se ha conculcado mediante: i) prácticas  bo
de  discriminación  con  respecto  al  resto  de  alumnos;  ii)  empleo  inadecuado  y  47ww
udneasp eronpfeorrmcieodnaadd om deen tlaal  yc oanctetunaccióiónn  feísdicuac;a tiiiiv)a c baatejog oersizaa cóipótnic ad;e  yM iv.F) .Rem. cpolemoo d esi  mtuevdieioras 
atenStaet oardiousc ea  llaa  dinigfrnaicdcaidó,n p deers loan Lael yy  mOorgraáln diceal  p2r/o2p0i0o6 m, deen o3r. de mayo, de educación (en
adelante, LOE), que prescribe, entre los fines del sistema educativo, el libre desarrollo de
la personalidad y de las capacidades de los alumnos [art. 2.1 a)], así como la igualdad de 
oportunidades y la inclusión educativa [art. 2.1 b)]. También, se han vulnerado los arts. 
28 y 29 de la Convención sobre derechos del niño, que recogen los anteriores principios.
El derecho a la educación alcanza a todas las etapas educativas y M.F.R. fue privado 
de la permanencia en el centro en que estaba escolarizado mediante una resolución de 
la directora que no puede ser cautelar, porque en todo caso tendría que haberse abierto 
el  correspondiente  expediente.  Además,  no  se  basa  en  ninguna  infracción  de  la 
normativa aplicable. Se justifica la expulsión del centro educativo sobre la base de hacer 
un diagnóstico médico de salud mental, de modo que el regreso se condicionaba al 
cumplimiento de obligaciones no justificadas, externas al sistema educativo.
d)  Asimismo,  M.F.R.  sufrió  discriminación.  Se  le  trataba  como  si  tuviese  una 
enfermedad mental o psiquiátrica y se decía que el niño tenía «brotes». No iba a las 
excursiones como los demás niños. Se le sacaba del grupo y de su clase durante dos 
horas al día y sin comunicarlo a los padres por escrito, solo verbalmente.
Como  acredita  el  informe  de  la  psicóloga  de  la  Fundación  Gerard  aportado  al 
proceso judicial, ha habido una mala orientación educativa con M.F.R. Se ha utilizado la 
contención  física  con  un  niño  de  cuatro  años,  lo  que  agravó  su  reacción.  No  se 
adaptaron las técnicas y los métodos educativos a su edad. Y toda esa situación se 
produjo en el curso escolar 2016/2017, cuando en el curso 2015/2016 no había tenido 
ningún problema.
Desde marzo de 2017, el menor fue escolarizado en la Escuela Europea, donde se 
adaptó bien y desaparecieron todos los problemas de conducta. Lo acredita plenamente 
el  profesor  que  le  atendió  en  dicho  centro  educativo.  Sin  embargo,  las  sentencias 
dictadas ignoraron por completo el valor probatorio de este testimonio determinante, que 
demuestra que los problemas conductuales del menor se debieron a una estrategia 
educativa inadecuada.
e)  Privar de la asistencia al centro educativo y, por tanto, de la escolarización a un 
menor,  a  través  de  una  comunicación  de  la  directora  del  centro,  sin  expediente 
disciplinario alguno y sin ni siquiera haber oído al menor, constituye una vulneración, 
tanto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, como de la presunción de 
inocencia y la prohibición de indefensión.
f)  M.F.R. fue objeto de malos tratos físicos y morales, lo que vulnera el art. 15 CE. 
Así lo confirma la lectura del expediente administrativo, que describe la técnica de 
contención física que le aplicaron los responsables del centro. La demanda transcribe el 
testimonio de la directora en el proceso judicial, así como la valoración de la psicóloga de 
la  Fundación  Gerard,  según  la  cual  «las  contenciones  físicas  tampoco  son 
recomendables a esa edad tan temprana, ni en la frecuencia que se han aplicado, ni con 
la intensidad que reflejan los registros, llegándose a hacer entre varias personas y en el 
suelo, pues en esa forma, constituyen un maltrato para un niño de cuatro años».
La demanda concluye solicitando al Tribunal que otorgue el amparo y: i) anule la 
resolución administrativa, declarando que vulneró los derechos de los arts. 27, 14, 15 
y 24 CE; ii) anule las sentencias judiciales que la han confirmado, por no haber reparado 
las  lesiones  producidas;  y  iii)  reconozca  el  derecho  de  los  demandantes  a  ser 
indemnizados por los daños morales y materiales sufridos.
4.  Mediante providencia de 29 de junio de 2020, la Sección Cuarta de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que en el mismo concurre una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), «porque el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina  e.
de este tribunal» [STC 155/2009, FJ 2 a)]. w.b
En la misma providencia se ordenaba enviar atenta comunicación a la Sección  47ww
PCruimaretara d dee la l aS Salaal ad ed elo  loC oCnotenntecniocsioos-oA-dAmdimniisntirsatrtiavtoiv od edl eTlr iTbruibnuanl aSl uSpuepriroerm doe,  Jau slati cSiae cdceió lna 
Cpaorma uqnuied arde mViatileernacnia cnear tyif iacal Jcuiózng aod coo dpeia  loa dCvoenratednac dioes ola-sA damctiunaisctiroantievso  cnoúrmre.s 3p odned Aielnictaens tea 
los procedimientos judiciales respectivos (procedimiento especial para la protección de
los derechos fundamentales 411-2017; recurso de apelación 86-2018; y recurso de 
casación núm. 403-2019). Igualmente, se acordó que el juzgado emplazara a quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para 
que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer.
5.  Por virtud de escrito registrado el día 14 de agosto de 2020, la procuradora de 
los tribunales doña Rosa Sorribes Calle, en representación de la Generalitat Valenciana, 
solicitó que se la tuviera por comparecida y parte en las actuaciones, lo que se acordó 
por diligencia de ordenación del día 23 de septiembre de 2020.
6.  Por diligencia de ordenación de 1 de diciembre de 2020, la secretaría de justicia 
de la Sala Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dispuso dar 
vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común 
de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
7.  Por escrito que tuvo entrada el día 30 de diciembre de 2020 en el registro de 
este  tribunal,  presentó  sus  alegaciones  la  abogada  de  la  Generalitat  Valenciana, 
solicitando  la  desestimación  del  recurso  de  amparo,  con  base  en  los  siguientes 
argumentos:
a)  Como precisión previa, no se puede aceptar que la comunicación de la directora 
del  centro  escolar  Costa  Blanca,  remitida  a  los  recurrentes  de  amparo,  sea  una 
resolución de expulsión. Dicha comunicación tenía por finalidad buscar una solución y 
tratamiento a la situación generada en el aula por las conductas agresivas del menor, 
para lo que se estimaba necesario, como medida preventiva, que permaneciera en su 
domicilio durante el tiempo necesario para determinar un diagnóstico facultativo y un 
tratamiento a seguir para poder establecer un protocolo de integración. Además, se 
informaba  a  los  padres  que  durante  la  permanencia  en  el  domicilio,  recibirían  del 
profesorado del centro cuanta información y recursos pedagógicos fueran necesarios 
para continuar con su educación, como así se hizo. La prueba de que el menor no había 
sido expulsado es que continuaba matriculado en el centro e incluido en la lista de 
alumnos de su tutora.
En segundo término, enfatiza que los padres nunca aportaron un diagnóstico médico 
del menor que permitiera conocer al centro escolar la patología que presentaba, a pesar 
de los numerosos requerimientos. Se les informó de la necesidad de llevarle a la Unidad 
de  Salud  Mental  Infantil,  pero  no  colaboraron.  A  este  respecto,  se  invoca  la 
STC  10/2014,  de  27  de  enero,  que  analiza  la  escolarización  de  un  menor,  con 
determinado grado de autismo, en un centro de educación especial en lugar de incluirle 
en un centro ordinario con los apoyos necesarios para su integración y en el que los 
padres demandantes de amparo alegaron la vulneración de los derechos a la igualdad 
(art. 14 CE), a la educación (art. 27 CE), a la integridad física y moral (art. 15 CE) y a la 
tutela judicial efectiva (art. 24 CE), denuncias que fueron desestimadas íntegramente. La 
referencia es importante, no solo porque se denuncia la vulneración de los mismos 
derechos y por las mismas razones que en el presente recurso de amparo, sino también 
por el sentido del fallo, a pesar de que, a diferencia del que aquí se analiza, en aquel 
caso se conocía que el menor tenía autismo.
b)  Abordando la presunta vulneración del art. 27, en relación con el art. 14 CE, 
debe partirse, de lo siguiente: i) de manera reiterada, el menor M.F.R. presentaba 
conductas  agresivas  y  violentas  que  no  se  reducían  a  simples  rabietas;  ii)  dicho 
comportamiento suponía un peligro y riesgo grave para la propia integridad del menor y  e.
la de sus compañeros de clase y profesores; y iii) algunos de los cuales sufrieron  w.
lesiones intentando contener al menor. 47ww
medEidna se:l  i)e xspee daiseignnteó  aad lma inaitsetrnactiióvno  dceoln mstae nqour,e u ne l mcaeenstrtoro  eedsupceactiiavolis taad eonp tóa uddiivceiórsna ys 
alelunmgunaojes  dy eol tgroru peosp, esceia lhisiztao  eseng pueimdiaegnotog íap otre rlaap éouriteicnata; dioi)r as,e  ster aibnatejón tóc oqnu ee l lare smtoa ddree   BOE-A-cable e
recibiera asistencia de terapia familiar; y iii) se propuso a los padres el cambio de opción 
lingüística de inglés a castellano y que solicitaran un educador de educación especial. 
Pero los padres no colaboraron.
El art. 27 CE reconoce a todos el derecho a la educación, del que deriva, no solo la 
responsabilidad que pesa sobre los poderes públicos para su consecución, sino también 
el deber de los padres, madres, tutores o tutoras de cumplir con la escolarización de sus 
hijos e hijas y atender a las necesidades educativas que surjan. Así, se exige de los 
padres la participación en el proceso educativo.
Las modificaciones y adaptaciones para procurar la integración de los alumnos con 
una discapacidad o trastorno grave de conducta en los centros ordinarios deben ser las 
necesarias y adecuadas. Para ello, sus necesidades educativas deben identificarse y 
valorarse lo más tempranamente posible, por personal cualificado y en los términos que 
determinen las administraciones educativas.
A la vista de lo anterior, la letrada autonómica concluye que, en el presente caso, no 
cabe hablar de vulneración del derecho a la educación, sino del incumplimiento de la 
obligación de los padres de permitir la valoración de las medidas que permitieran ajustar 
las necesidades educativas del menor a su patología. Ante la falta de colaboración de los 
padres, tal y como señala la sentencia de instancia, el centro educativo iba «a ciegas» 
con el niño.
c)  Respecto a la vulneración del art 14 CE, precisa que el principio de igualdad no 
solo consiste en el derecho a ser tratado de igual modo cuando se habla de colectivos 
vinculados a un criterio de identidad común, sino el de no ser tratado en forma desigual 
por mera arbitrariedad. Invoca y transcribe parcialmente la STC 36/2011, de 28 de 
marzo.
d)  En lo concerniente a la vulneración del art. 24.2 CE, la abogada de la Generalitat 
hace referencia al informe de la inspectora de educación de fecha 16 de mayo de 2017, 
según el cual: «es evidente que el centro ha requerido en múltiples ocasiones a los 
padres de M.F.R. un informe facultativo considerado como información necesaria e 
imprescindible  para  poder  establecer  los  procedimientos  y  recursos  precisos  que 
permitan identificar tempranamente las necesidades educativas específicas del menor y 
poderle aplicar una atención integral regida en todo momento por los principios de 
normalización e inclusión».
Con base en lo expuesto, concluye interesando la desestimación íntegra del recurso.
8.  El día 18 de enero de 2021 se presentó en el registro del Tribunal un escrito de 
alegaciones de los demandantes en el que reproducen, en esencia, las argumentaciones 
de la demanda, solicitando la estimación del recurso de amparo, con reconocimiento de 
los derechos vulnerados y del derecho de los padres a ser indemnizados por los daños 
producidos,  tanto  morales  como  materiales,  teniendo  en  cuenta  las  secuelas 
psicológicas y emocionales futuras para el menor.
9.  En fecha 28 de enero de 2021 tuvo entrada en el registro del tribunal el escrito 
de alegaciones del Ministerio Fiscal en el que solicita la estimación parcial del recurso de 
amparo, con base en las razones siguientes:
a)  Para enmarcar sus alegaciones comienza refiriéndose al interés superior del 
menor, que debe actuar como guía en el examen del caso, con cita de la normativa y 
jurisprudencia aplicable. Respecto de la alegada vulneración del derecho a la educación, 
la LOE y la normativa autonómica establecen, en primer lugar, que la enseñanza infantil  s
es  un  derecho  educativo  que  debe  contribuir  al  desarrollo  físico,  afectivo,  social,  oe.
cognitivo y artístico del alumnado, al pleno desarrollo de la personalidad y cuyo principio  w.
rseec teoEsrn te as bienlgeteucrnepd roee tl lautdgiveaobr ,ee rrse  cldaue ep rrldiomas a qcauílaeu ,md penalo risan  tfedarecéi slirt aesurs pplaee trcaioornr  vdaie vlel omnsce iand oeermn s áloosbs r yec  eclnautsaro lqsnu odieromrc oaetsnr oted.se,   2021-8347n https://ww
convivencia  y,  para  ello,  se  prevé  la  posibilidad  de  adoptar  medidas  correctoras  o
disciplinarias de carácter educativo y rehabilitador, pero, en ningún caso, los alumnos 
podrán ser privados del ejercicio de su derecho a la educación.
La conducta del alumno alteraba el normal desarrollo de las actividades del centro 
educativo, lo que se corrobora con la prueba testifical practicada en la instancia y no es 
controvertido por los recurrentes, aunque estos la tachan de «rabietas» y niegan su 
carácter violento y agresivo.
b)  Así,  se  produjo  un  conflicto  de  intereses  entre  el  derecho  del  menor  a  la 
educación, del que no se le puede privar, y el interés general para el sistema educativo y 
sus integrantes, profesores y alumnos, a que la educación se preste en un ambiente 
adecuado, sin la alteración del normal desarrollo de las clases. La medida adoptada, que 
restringe un derecho fundamental, debe tener en cuenta el interés superior del menor, 
ser proporcional y respetar su dignidad e integridad física, psicológica o moral. Debe 
hacerse  compatible  ese  interés  superior  del  menor  con  la  proporcionalidad  de  la 
respuesta a su conducta.
El fiscal examina si el acto administrativo impugnado y las resoluciones judiciales que 
lo confirmaron analizaron la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto 
de la medida, en atención a las circunstancias concretas del caso y, por tanto, determinar 
si  se  ha  llevado  a  cabo  un  juicio  de  ponderación  entre  los  derechos  y  bienes 
constitucionalmente protegidos.
Hay que partir de que la suspensión de asistencia del menor al centro educativo por 
un tiempo sin determinar y condicionado a que los padres aportaran un diagnóstico 
médico del alumno y la propuesta de tratamiento adecuado por parte de la Unidad de 
Salud Mental Infantil, provocó de facto que M.F.R. «no pudiera seguir con su formación 
educativa, con la posible afección al desarrollo de su personalidad y su desarrollo físico, 
afectivo, social, cognitivo y artístico, así como la educación en valores cívicos para la 
convivencia(art. 12.3 LOE)».
La medida carece de una determinación temporal y su cese viene condicionado a un 
diagnóstico médico de la salud mental del menor que permitiría determinar las causas de 
su comportamiento, su tratamiento y su posterior integración en el proceso educativo del 
centro escolar. Así, se impone por el comportamiento del menor, pero su duración se 
condiciona por la administración educativa a un deber de colaboración de los padres a 
quienes  se  exige  aportar  un  informe  médico  de  la  salud  mental,  convirtiendo  la 
colaboración con el centro educativo en determinante de la duración de la medida.
A juicio del fiscal, aunque la situación exigiera una respuesta, las normas invocadas 
no  dan  cobertura  a  la  medida  impuesta  por  el  centro  pues  el  propio  Decreto  del 
Consell  30/2014,  de  14  de  abril  (art.  1),  establece  como  voluntario  el  compromiso 
familia/tutor, aunque sea conveniente y necesario. El Decreto 39/2008, de 4 de abril, del 
Consell, por su parte, no prevé la medida de no asistencia al centro educativo de manera 
indeterminada  condicionada  a  la  realización  por  los  padres  del  menor  de  una 
determinada  conducta,  existiendo  así  un  vacío  normativo,  pese  a  que  la  medida 
pretendiera evitar que persistiera la situación provocada por el niño.
c)  En principio, la medida es adecuada al objetivo propuesto, que sería lograr que 
los padres presten su colaboración mediante la aportación de un diagnóstico sobre las 
razones  médicas  del  comportamiento  del  menor.  Ahora  bien,  considerando  que  la 
restricción del derecho a la educación se hace sine die, la medida deja de ser idónea, ya 
que la determinación temporal va ligada a la proporcionalidad.
El Ministerio Fiscal señala que para el órgano judicial la medida es necesaria. Ahora 
bien, precisa que esta necesidad se predica del informe médico, no de la conducta del  s
menor, que fue la determinante de la suspensión. En consecuencia, cabe decir que la  oe.
medida adoptada se orientaba a un fin constitucionalmente legítimo, como es procurar  w.
que el proceso educativo se realizara de forma adecuada y corregir el comportamiento  47ww
dcoeml mpaeñneorro, sq duee  cslauspeo ny ílao su pnr orfieessogroe so. peligro para la integridad de sí mismo, de sus
beneEfnic icousa on tvoe nat asjai sla p amread eidl ain teesr épso gnedneeraradla q uoe  epqeurijluibicraiodsa s, opborre  doetrroivsa brsieen dees  oe lvlaa lomreáss   BOE-A-cable e
en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto), la ponderación que lleva a 
cabo el órgano judicial obvia cualquier referencia a los perjuicios que la medida suponía 
para  el  menor.  Por  ello,  no  se  ha  motivado  suficientemente  el  juicio  estricto  de 
proporcionalidad, pues el órgano judicial no contiene ningún razonamiento sobre la 
afectación que la medida supone para la educación del menor y el pleno desarrollo de su 
personalidad.
En consecuencia, la medida preventiva adoptada por resolución de la directora de 
dicho centro de 16 de febrero de 2017, así como las posteriores dictadas en la vía 
judicial, que no la revocaron, han vulnerado el derecho a la educación del menor del 
art. 27 CE.
d)  Respecto de la vulneración del derecho a la igualdad y a no ser discriminado del 
art. 14 CE, que los recurrentes vinculan a la mala praxis del centro, se debería haber 
aportado un elemento de contraste que permitiera comparar si había habido un trato 
diferenciado y sin justificar en supuestos iguales, lo que no se ha hecho. Tampoco se 
aporta principio de prueba alguna de que el menor haya sido discriminado.
e)  En cuanto al art. 15 CE, la denuncia se centra, nuevamente, en la mala praxis 
del centro, particularmente en el uso de la técnica de contención física. Pero no consta 
ningún tipo de lesión que M.F.R. hubiera sufrido como resultado de la misma. Por tanto, 
la alegada vulneración no se ha producido.
f)  Abordando la última queja, respecto del derecho a la presunción de inocencia del 
art.  24.2  CE,  entiende  que  está  huérfana  de  cualquier  argumentación.  Tampoco 
considera lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 
CE, pues se ha podido alegar y aportar prueba en el proceso contencioso-administrativo. 
Ahora  bien,  como  la  vulneración  del  derecho  a  la  educación  del  menor  por  la 
administración no ha sido reparada por los órganos judiciales, aduce que no puede 
hablarse de que las resoluciones judiciales sean razonables, lógicas, no arbitrarias y en 
Derecho, lo que conllevaría la vulneración de este derecho fundamental.
Por  todo  lo  expuesto,  concluye  solicitando  la  estimación  parcial  del  recurso  de 
amparo por vulneración de los arts. 27 y 24.1 CE y la desestimación en cuanto al resto.
10.  Por providencia de 15 de abril de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
a)  Como  cuestión  preliminar,  corresponde  a  este  tribunal  adoptar  las  medidas 
pertinentes para la adecuada protección de los derechos reconocidos en el art. 18.1 y 4 
CE, en aplicación del art. 86.3 LOTC y del acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2015, por 
el que se regula la exclusión de los datos de identificación personal en la publicación de 
las resoluciones jurisdiccionales («Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 27 de julio 
de 2015). En consecuencia, la presente sentencia identifica por sus iniciales al menor al 
que se refieren los hechos y a sus progenitores.
b)  La demanda de amparo articula sus pretensiones por la vía del art. 43 LOTC, 
impugnando la resolución de la directora del colegio público Costa Blanca de Alicante 
de 16 de febrero de 2017, sobre asistencia a clase del alumno e hijo de los recurrentes, 
el menor M.F.R.; las resoluciones judiciales que la han confirmado en primera instancia 
(sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Alicante de 26 de  es
diciembre de 2017) y, en trámite de apelación (sentencia de la Sección Cuarta de la Sala  bo
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad  47ww
qllVoauas Sel ea aninnlcaatie addcnmeea dil todieó enC e t1eol 0snr,e t declaenus cro siolcoets sudoiboe-rAn ecde admsse iasn 2ecisi0 óit1mrna8 ptp)iu,vr etaoaps ndaí  ercaalo  dTlmaor io bac ucloantnu aptarlra coS ivóluaindp ú eraelntdimcmmioaai, n. d diCseet or laa1mt 6iSov  deasec,e c a mihócaahn ya iPnocd rádiimncedae od2rsao0e  1de 9ean,     OE-A-2021-83able en https://
las resoluciones judiciales únicamente el no haberlas reparado. El tenor literal de la 
resolución administrativa impugnada es el siguiente:
«El alumno M.F.R., escolarizado en el C.P. Costa Blanca, ha presentado conductas 
agresivas que ponen en riesgo la integridad del propio alumno, de sus compañeros de 
clase y de los profesores que lo atienden.
Desde el inicio del curso se han puesto en marcha numerosas actuaciones con el 
objetivo de modificar dicha conducta: técnicas de modificación de conducta, cambios en 
el horario del aula y atención personalizada por parte del profesorado del centro.
No se han conseguido resultados positivos en la modificación de la conducta, ya que 
reiteradamente ha continuado agrediendo a compañeros de clase, a la tutora del aula y 
al profesor de audición y lenguaje, provocándole lesiones a ambos, recogidas en partes 
médicos.
Este comportamiento inadecuado se debe reconducir con el objetivo de normalizar el 
proceso educativo del alumno y del grupo-clase en el que está integrado.
Con la finalidad de buscar una solución y tratamiento a esta situación, que superaba 
el ámbito escolar, se mantuvo una reunión en el centro, para estudiar el caso, a la que 
asistieron:
Profesorado del centro que interactúa con el alumno.
Orientadora del centro.
Dirección y jefatura de estudios del centro.
Orientadora de la unidad de actuación e intervención (PREVI).
Inspectora del centro.
Inspector coordinador del CIR núm. 1 de Alicante.
Estudiado el caso se considera necesario contar con un diagnóstico facultativo, a ser 
posible de la USMI [Unidad de Salud Mental Infantil] sobre el origen o causa que provoca 
en el alumno la agresividad en su conducta.
Igualmente, se considera necesario proteger al propio alumno y a los alumnos del 
grupo de estas situaciones con riesgo de lesiones.
Por ello, durante el tiempo que sea necesario para determinar el diagnóstico desde el 
ámbito facultativo y la indicación de su tratamiento, como medida preventiva, el alumno 
permanecerá en su domicilio y una vez iniciado el tratamiento se procederá a establecer 
el protocolo de actuación en el centro, mediante una escolarización progresiva del 
alumno hasta llegar a una completa integración del alumno en su clase o determinar 
otras posibles modalidades de escolarización.
Por tanto, se considera necesario que la familia del citado alumno aporte a la 
dirección del centro diagnóstico médico de la situación del alumno y la propuesta de 
tratamiento adecuado por parte de la Unidad de Salud Mental Infantil (USMI).
Durante el tiempo de permanencia en el domicilio, la familia del alumno podrá recibir 
del profesorado del centro cuanta información y recursos pedagógicos sean necesarios 
para continuar con la educación del mismo en el ámbito familiar».
c)  Con los argumentos detallados en los antecedentes, la demanda alega que la 
resolución transcrita privó a M.F.R. del derecho a la educación, con carácter indefinido, 
condicionando su reincorporación a que la familia presentara un diagnóstico médico sobre 
su  estado  mental.  Además,  denuncia  que  el  trato  dado  al  menor  M.F.R.  por  los 
responsables del centro escolar Costa Blanca de Alicante infringió su derecho a la igualdad 
y a la no discriminación del art. 14 CE; a la tutela judicial efectiva y a la presunción de  e.
inocencia del art. 24 CE, así como a la integridad física y moral del art. 15 CE. w.
Por su parte, la Generalitat Valenciana solicita la desestimación del recurso de  47ww
parmepteanrod íaa rgeuvmitaern tuann droie sqguoe  lgar amvee dpidaar ai mlap upgrnoapdiaa  einrate gprriedvaedn tdiveal  ym ennoo dr ey  elxap udlsei ósnu sy 
cootrmasp,a sñine réoxsi tyo , pdraodfeas loar efasl,t ah adbei éunnd doisaeg naódsotipctoa dmoé ddeicsop. uSéusb draey ap,o anseirm eisnm por,á qctuicea,  am Muc.Fh.aRs.   BOE-A-cable e
se  le  ofrecieron  todos  los  recursos  pedagógicos  necesarios  para  continuar  con  su 
educación  en  el  ámbito  familiar.  Niega,  igualmente,  el  resto  de  vulneraciones 
denunciadas.
Finalmente, el Ministerio Fiscal interesa, por el contrario, la estimación parcial de la 
demanda porque considera que se ha vulnerado el art. 27 CE al privar de facto al menor 
del derecho a la educación. Aunque la situación exigiera una respuesta, se ha priorizado 
la convivencia en el centro educativo, obviando los perjuicios para el menor. Al no 
reparar la lesión, los órganos judiciales también han vulnerado el art. 24.1 CE. Por lo 
demás, interesa la desestimación de las quejas relativas al art. 14 y al art. 15 CE.
2.  El derecho a la educación del art. 27 CE: Doctrina constitucional.
A)  Consideraciones generales.
Este tribunal ha declarado reiteradamente que «el derecho de todos a la educación 
recogido sintéticamente en el apartado 1 del artículo 27 CE y desarrollado en los 
apartados siguientes, tiene una doble ‘dimensión’ o ‘contenido’ de ‘derecho de libertad’ y 
‘prestacional’ (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 7)» (STC 191/2020, de 17 de diciembre, 
por todas).
Esta doble dimensión del derecho cobra una especial significación en el supuesto de 
autos porque la queja de los recurrentes, como tendremos ocasión de analizar en el 
fundamento jurídico siguiente, se localiza, de una parte, en el contenido primario del 
derecho de su hijo a recibir una educación en libertad tendente a garantizarle el pleno 
desarrollo  de  su  personalidad;  pero,  de  otro  lado,  incluye,  también,  el  mandato 
prestacional  dirigido  a  los  poderes  públicos  para  que  promuevan  las  condiciones 
necesarias  a  fin  de  conseguir  que  esa  libertad  sea  real  y  efectiva.  Además,  el 
enjuiciamiento de la vulneración del derecho a la educación, en la doble dimensión que 
denuncian los recurrentes, debe tener en cuenta el «interés superior del menor», que es 
un principio que debe guiar la actuación de los poderes públicos en la aplicación de las 
normas que desarrollan el contenido del derecho fundamental de referencia.
A  partir  de  estas  consideraciones  generales,  hemos  de  hacer  mención  a  las 
dimensiones  enunciadas  del  derecho  a  la  educación,  así  como  también  poner  de 
manifiesto la relevancia del principio del «interés superior del menor», que debe regir la 
actuación de la administración educativa en estos casos.
B)  Doble dimensión del derecho a la educación del art. 27 CE.
En la temprana STC 86/1985, de 10 de julio, este tribunal, además de reconocer la 
doble dimensión del derecho a la educación, declaró que «los poderes públicos habrán 
de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo, para los niveles básicos de la 
enseñanza, en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 
de este art. 27 de la norma fundamental. Al servicio de tal acción prestacional de los 
poderes públicos se hallan los instrumentos de planificación y promoción mencionados 
en el apartado 5 del mismo precepto» (FJ 3).
El ámbito material al que se refiere el recurso de amparo es el de la etapa de la 
educación infantil, que comprende desde el nacimiento hasta los seis años de edad 
(art. 12.1 LOE); más concretamente, el del período correspondiente al segundo ciclo, 
que transcurre entre los tres y los seis años (art. 14.1 LOE).
La  educación  infantil  aparece  configurada  como  la  primera  etapa  del  proceso 
educativo, que no forma parte del periodo de escolarización obligatoria pues «tiene  e.e
carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social,  b
cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la  47ww
pcorensvtiavceinocniaal» d (ealr td. e1r2e.c3h oL OcoEn).s Saginr aedmo beanr geol ,a nrtu. e2s7tr.a1  jCuEris ap rluad eednucciaa cnioó nli mbáitsai claa ,d qimuee ndseióbne 
speúrb loicbolisg,a gtoarriaan yti zgarnadtuoi t«ae (l adret.r e2c7h.4o  dCeE )to, dsoinso a q luae e ddeubcaecráiónn  hmaceedrialan teef eucntaiv ap rloogsr apmodaecrióens 
general de la enseñanza (art. 27.5 CE)» (STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 8). Por
tanto, esa dimensión prestacional alcanza también a las etapas no obligatorias, como es 
la de la educación infantil, que será gratuita (art. 15.2 LOE), como así lo ha establecido el 
legislador.
C)  El «interés superior del menor».
a)  El art. 39.4 CE dispone que «los niños gozarán de la protección prevista en los 
acuerdos internacionales que velan por sus derechos», de tal modo que este precepto 
constitucional prevé una protección integral del niño, que deberá ajustarse a lo prescrito 
en los convenios internacionales ratificados por España (art. 10.2 CE).
Lugar destacado dentro de la relación de derechos del niño lo ocupa el derecho a la 
educación, reconocido por el art. 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Reino de 
España el 30 de noviembre de 1990. Además, el citado Tratado consagra el «interés 
superior del menor» como un principio que debe tener una «consideración primordial» 
por los Estados parte. Así, el art. 3.1 de la indicada Convención establece que «[e]n 
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño».
De este modo, nuestra Constitución, además de reconocer el derecho fundamental a 
la educación de todos (art. 27.1 CE), prevé también, de modo especial, el derecho de los 
niños a gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales ratificados por 
España, en relación con aquel derecho (art. 39.4 CE), al tiempo que impone a las 
administraciones educativas el deber de regir su actuación conforme al principio rector 
del «interés superior del menor».
Precisamente, el art. 1 a) LOE, en la vigente redacción introducida por la Ley 
Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  enumera,  entre  los  principios  del  sistema 
educativo español, «[e]l cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo 
establecido en la Convención sobre los derechos del niño […] reconociendo el interés 
superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las 
decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos». Por 
todo ello, los centros de enseñanza, al tiempo que prestan el servicio de formación y 
educación, y como responsables de la guarda y custodia de los alumnos durante la 
jornada  lectiva,  deben  garantizar  en  todo  momento  su  integridad,  atendiendo  a  la 
primacía del «interés superior del menor», por mandato del citado art. 39.4 CE.
El tribunal ha advertido, también, que, en todas aquellas ocasiones en que haya sido 
denunciada la vulneración del derecho fundamental de un menor, su interés superior 
«inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE es, considerado en abstracto, un 
bien  constitucional  suficientemente  relevante  para  motivar  la  adopción  de  medidas 
legales que restrinjan derechos y principios constitucionales» (STC 99/2019, de 18 de 
julio, FJ 7).
Además, la reciente STC 178/2020, de 14 de diciembre, con cita de la precedente 
STC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4, ha recordado que «el interés superior del menor es la 
consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los 
menores  ‘que  tomen  las  instituciones  públicas  o  privadas  de  bienestar  social,  los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos’, según el art. 3.1 de 
la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España mediante instrumento 
de 30 de noviembre de 1990». (FJ 3). Y la precitada STC 178/2020 ha insistido, también,  e
en la necesidad de que todos los poderes públicos cumplan el mandato dirigido a ellos  bo
en el art. 39 CE y atiendan de un modo preferente a la situación del menor de edad,  47ww
Pobosr eúrlvtiamnod,o h ya  hreaccaielcnaddoo  oqbusee, rpvaarra e vl aelostraatru qtou éd eels  mloe qnuoer  creosmuolt an morámsa b deen eofircdioesno p púabrlaic oe.l 
hmaeyn odro, s« hsuap duee sattoesn digeursaele ess, pnei cpiaulemdeen etes taa blalesc ceirrsceu nusnta cnrcitiearsio c oanpcriroertíassti cdoe ls coabsreo , cpuuáel ss enao 
su mayor beneficio» (FJ 3).
b)  Para  completar  el  régimen  jurídico  de  este  principio,  el  art.  74.2  LOE, 
específicamente  destinado  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales, 
menciona «el interés superior del menor», junto con el del respeto a «la voluntad de las 
familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo», como los dos 
criterios que deben utilizar las administraciones educativas para resolver las posibles 
discrepancias que puedan surgir en la escolarización de aquellos alumnos, haciendo 
mención, de modo particular, a los que tengan «trastornos graves de conducta» (art. 73.1 
LOE), como eventualmente sucede con el caso que nos ocupa.
Para que estos alumnos puedan «alcanzar los objetivos establecidos con carácter 
general para todos los alumnos» (art. 73.2 LOE), el legislador prevé la habilitación de los 
recursos  necesarios  para  una  «detección  precoz»  de  aquellos  trastornos,  la 
«identificación  y  valoración  de  sus  necesidades  educativas  por  profesionales 
especialistas» y el «apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la 
detección  de  su  necesidad»  (arts.  73  y  74  LOE),  rigiéndose,  en  todo  caso,  su 
escolarización «por los principios de normalización e inclusión», asegurándose «su no 
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo» (art. 74.1 LOE). Como así lo declaró la STC 10/2014, de 27 de enero, «la 
educación  debe  ser  inclusiva,  es  decir  se  debe  promover  la  escolarización  de  los 
menores  en  un  centro  de  educación  ordinaria,  proporcionándoseles  los  apoyos 
necesarios  para  su  integración  en  el  sistema  educativo  si  padecen  algún  tipo  de 
discapacidad» (FJ 4).
3.  Aplicación al caso: desestimación de la alegada vulneración del art. 27 CE.
A)  La  demanda  de  amparo  tiene  como  eje  central  de  la  queja  la  dimensión 
prestacional de este derecho fundamental, toda vez que el núcleo del debate se localiza 
en determinar, a la vista de los hechos descritos en los antecedentes, si la decisión 
adoptada por la directora del centro escolar Costa Blanca vulneró el derecho a la 
educación  del  menor  M.F.R.  por,  según  destaca  la  demanda,  haber  expulsado 
indefinidamente al menor del colegio público en el que estaba matriculado, hasta tanto 
los padres hubieran aportado una certificación médico-psiquiátrica que identificara los 
trastornos  de  conducta  que  aquel  había  exteriorizado,  sin  que  la  administración 
educativa hubiera realizado el aporte de recursos materiales y personales necesarios 
para  solucionar  aquella  problemática,  pero  manteniendo  la  asistencia  de  M.F.R.  al 
centro, como el resto de los alumnos.
Como acabamos de recordar, nuestra doctrina exige una respuesta a la queja, que 
deberá estar guiada por el principio del «interés superior del menor» en el caso concreto. 
Para llegar a ella, debemos retomar los antecedentes de hecho más relevantes:
a)  En las actuaciones administrativas y judiciales ha quedado acreditado que: i) el 
menor M.F.R sufría episodios de agresividad dirigidos contra compañeros y profesores, 
así como contra sí mismo llegando a autolesionarse, ya que golpeaba fuertemente los 
cristales del aula, daba cabezazos y rompía materiales con violencia; ii) por esta razón, 
el centro tuvo que habilitar una sala acolchada que –según manifiesta la inspectora 
educativa responsable del mismo– solo podía estar en un centro de educación especial; 
iii) para evitar que se hiciera daño a sí mismo, se le aplicaba contención física, al punto 
de que dos profesores sufrieron lesiones al hacerlo; y iv) los referidos comportamientos 
se podían repetir varias veces al día y tener una duración de hasta cincuenta minutos, 
siendo en general de más de treinta minutos. s
b)  Desde que, en octubre de 2016, comenzaron tales comportamientos disruptivos  oe.
hasta el 16 de febrero de 2017, fecha en que fue adoptada la resolución controvertida, el  w.
sseeuprsisv ocicodiomio spd aeqñ upeesr oiscseo  ypp erpodrdaougfecosígaoínrae  csda,e dllaa sc s etenémtcrnoai,nc aae,sn  l aasspu lciccoeansdsivaeoscs up eainnrfaco irarmesc eqosun, edr uetecgniirsíloatrsnó   ypc aolornas   edrele smtauellltena odlroo ssy    2021-8347n https://ww
obtenidos. En dichas reseñas la psicopedagoga del centro relata que, en ocasiones, no
era posible reconducir la situación, que el niño se hacía daño a sí mismo, agredía a la
tutora  y  compañeros  (tirándoles  del  pelo,  escupiendo,  mordiendo,  golpeando, 
lanzándoles objetos) y el resto de niños gritaban que «está loco» y le tenían miedo. El 
logopeda, por su parte, informa que, en las sesiones que tuvo con él, «se tapaba las 
orejas» y que, al preguntarle por qué lo hacía, el niño respondía que oía «ruidos de 
perros  y  gatos».  En  ocasiones,  las  agresiones  a  otros  niños  tenían  lugar  «muy 
violentamente», lo que obligaba a sacarle del aula y a practicar contención, «dada la 
peligrosidad de la situación».
c)  El centro diseñó un protocolo de intervención para abordar la situación creada y 
adoptó medidas específicas, como reducir la duración de su jornada escolar, dedicar dos 
profesores  que  le  atendieran  de  manera  individual  durante  varias  horas  al  día  (un 
pedagogo y un logopeda), así como asegurar que, cuando M.F.R. estuviera con el resto 
de sus compañeros en el aula, hubiera siempre dos personas presentes «para evitar el 
peligro».  Se  le  privó  también  de  acudir  a  alguna  excursión,  «dada  la  peligrosidad 
exponencial de realizarse fuera del recinto escolar».
De todo lo acontecido se fue informando a los padres en sucesivas reuniones, entre 
otras, la de 22 de diciembre de 2016, en la que se hizo saber que «el comportamiento 
agresivo del alumno está llegando a límites insostenibles para garantizar su seguridad e 
integridad física y la de los que le rodean»; también, la de 18 de enero de 2017, en que 
se recalcó «la gravedad y progresión de los episodios de agresividad sufridos por el 
niño».
d)  Ante la imposibilidad de llevar a cabo otras medidas en el centro escolar, se 
requirió repetidamente a los padres que aportaran un diagnóstico de psiquiatría infantil, o 
servicio  de  neuropediatría,  para  así  clarificar  si  había  algún  tipo  de  trastorno  que 
explicara la conducta de M.F.R., tanto por el bien del niño como por la normalización de 
su escolarización. Sin embargo, la familia no aportó ningún diagnóstico médico al centro.
e)  Los episodios sucedían al interactuar con los demás niños y con los profesores, 
informando los padres que en el ámbito familiar no se producían. Esto permitía inferir 
que la situación de riesgo estaba ligada al entorno escolar.
B)  Los antecedentes relatados describen un escenario en el que la dirección del 
centro  escolar  de  M.F.R.  se  vio  imposibilitada  para  poder  reconducir  la  situación 
generada por la conducta reiterada del menor, que, con su comportamiento agresivo, 
había ocasionado lesiones a profesores, a compañeros de clase e incluso a sí mismo, 
con el riesgo probable de que la situación pudiera empeorar aún más, a raíz de su 
interacción con aquellos. Tal imposibilidad venía determinada por dos factores: (i) el 
desconocimiento por parte del centro de la causa que motivaba aquellos trastornos del 
comportamiento, toda vez que los sucesivos informes incorporados a las actuaciones 
describían el resultado del comportamiento del menor, pero no identificaban la etiología 
de aquellos trastornos de conducta y agresividad; faltaba un diagnóstico clínico que 
pudiera determinar el origen para, seguidamente, prescribir el tratamiento terapéutico y 
psicopedagógico adecuado; y (ii) el protocolo de intervención que diseñó el centro para 
tratar de dar solución al problema no obtuvo ningún resultado satisfactorio. A ambas 
conclusiones podemos llegar luego de una atenta lectura de la resolución de 16 de 
febrero de 2017, dictada por la directora del colegio Costa Blanca en el que estaba 
escolarizado M.F.R.
A  partir  de  esta  descripción  de  los  presupuestos  de  este  proceso  de  amparo 
debemos ahora someter a nuestro enjuiciamiento las razones que ofreció la resolución 
administrativa impugnada para justificar las medidas que adoptó y si el conjunto de 
aquellos razonamientos y decisiones se ajustan o no al «interés superior del menor». En  e.
el caso de autos, tal interés superior vendría determinado por la exigencia de garantizar  w.b
el aseguramiento de dos aspectos relevantes para el desarrollo de la personalidad de  47ww
Meq.Fu.iRpo:  dpee udnaag ópgaicrtoe , dlae li ncteegnrtirdoa de spcsoíqlauri;c ad ye  fíostircoa  dlaedl om, eenlo rp yro dgerel sreos teon d ela e sfocormlaarecsió ny 
educFauteivrao nd etrle ms elanso rm. edidas que adoptó la dirección del colegio para tratar de solucionar
la problemática planteada: (i) recabar de la familia del alumno el aporte de un diagnóstico
médico de los padecimientos que tuviera, así como una propuesta de tratamiento, con 
recomendación de que el informe lo elaborara la Unidad de Salud Mental Infantil (USMI); 
(ii) suspender la asistencia a clase del alumno hasta que, iniciado el tratamiento, se 
estableciera el protocolo de actuación en el centro, con una progresiva escolarización del 
menor hasta su completa integración; y (iii) proponer a la familia la información y el 
aporte de recursos pedagógicos de apoyo para continuar con la educación del alumno 
en su ámbito familiar.
a)  Por lo que se refiere a la primera de las medidas adoptadas, se apoya en 
fundamentos razonables y es conforme a una lógica de actuación que responde al hecho 
de haber constatado el centro y quedado acreditada en el expediente la existencia de 
una sucesión reiterada de episodios de conducta agresiva por parte de M.F.R., sin que 
se hubiera llegado a identificar la causa generadora de aquel comportamiento. Era, por 
tanto, imprescindible averiguar por qué se producían aquellos trastornos violentos del 
comportamiento del menor, para poder elaborar más tarde un tratamiento terapéutico y 
un  protocolo  psicopedagógico  adecuado  que  permitiera  reconducir  la  situación  y 
reintegrar al alumno a la normalidad del funcionamiento del centro escolar.
Además, como se desprende de las actuaciones, los accesos de violencia que 
experimentaba M.F.R. tenían lugar en el momento en que se relacionaba con profesores 
y otros alumnos del centro escolar, pero no cuando asistía a las sesiones individuales 
con la psicóloga clínica del centro, ni tampoco cuando se encontraba en el ámbito 
familiar. Interesar de la familia que fuera ella la que aportara un informe médico era una 
forma de hacerla participar de manera activa en el problema suscitado y en las vías de 
solución que podrían abrirse, teniendo en cuenta, además, que se trataba de un menor 
de  muy  corta  edad  (cuatro  años,  cuando  tuvieron  lugar  los  hechos)  y  que,  según 
manifiestan los padres, en el entorno familiar no desarrollaba estos comportamientos 
violentos, por lo que resultaría más fácil la realización de las pruebas necesarias para la 
elaboración del diagnóstico y el diseño de un tratamiento con el que poner en vías de 
solución los trastornos conductuales del menor.
Finalmente, no podemos dejar de lado que el esfuerzo compartido por padres y 
autoridad educativa para fortalecer la formación educativa de los alumnos, así como el 
carácter de «primeros responsables de la educación de sus hijos» [art. 1, apartados h) y 
h bis) LOE], son principios informadores establecidos por el legislador para involucrar a 
los  recurrentes,  en  cuanto  padres,  en  la  consolidación  de  su  compromiso  con  el 
desarrollo formativo de su hijo.
b)  La suspensión de la asistencia al centro escolar, medida sobre la que pone 
especial énfasis la demanda para sostener la vulneración del derecho a la educación del 
art.  27  CE,  se  adoptó  con  carácter  preventivo,  según  destacaba  la  resolución 
impugnada, y su duración iba a depender del aporte del diagnóstico clínico del menor y 
del tratamiento que se le pudiera prescribir. Por ello, debemos descartar a limine que se 
tratara de una medida de expulsión, como sostiene la demanda, porque, como hemos 
detallado en los antecedentes, tanto la dirección del colegio como la administración 
educativa continuaron realizando un seguimiento de la situación del menor en meses 
posteriores al de la resolución de 16 de febrero de 2017 ahora impugnada, siendo, 
además, desconocedores aquellos de que los padres de M.F.R. habían inscrito a su hijo 
en otro centro escolar de titularidad privada, sin haber comunicado al colegio Costa 
Blanca dicha matriculación.
Por  otro  lado,  según  se  desprende  de  los  antecedentes  y  de  la  resolución 
administrativa impugnada, la medida de suspensión se acordó como último remedio,  e.
después de que el centro hubiera «volcado todos sus recursos» –en palabras de la  w.b
inspectora  de  educación–  para  abordar  la  situación  con  los  medios  a  su  alcance:  47ww
ltara bjoarjnaanddao  ecoscno elal rr edsetol  mdee naolur;m ansoisg npaanrad oq uuen  apperdeangdoiegroa ny a u tnra tloagr ocpoend Ma .Fq.uRe. ; lree dautecniedníadno 
pinadriav ideuviatalizr arideasmgoesn, tceu daunrdaon teel  cniieñrota ess htaobraas c; oyn d seussti ncaonmdpoa uñne rsoesg.undo profesor en el aula,
Al no resolverse el problema, el servicio de psicopedagogía y el resto del equipo 
docente valoró, ante el aumento en frecuencia y gravedad de los episodios, que el 
tratamiento de aquellos trastornos del comportamiento de M.F.R. excedía del ámbito 
escolar y que, para garantizar su integridad física (y evitar males mayores), lo mejor era 
suspender su asistencia a clase, en tanto no se tuviera un diagnóstico médico que 
permitiera adoptar la respuesta adecuada al caso.
Así pues, la medida de suspensión obedeció a una necesidad apremiante, surgida de 
una problemática conductual de M.F.R. que era reiterada en el tiempo y que cada vez, 
con mayor frecuencia y duración, se iba reproduciendo con episodios violentos contra sí 
mismo y también contra los compañeros de clase y profesores que le atendían. Fue 
adoptada después de haber intentado otro tipo de medidas alternativas menos gravosas, 
con la utilización de todos los recursos psicopedagógicos de que disponía el centro 
escolar y también la administración educativa para tratar de revertir aquella progresión, 
sin que se obtuviera ningún resultado satisfactorio.
Finalmente, resultaba proporcionada al tiempo de duración y a las condiciones en 
que iba a tener lugar: (i) al tiempo porque, aunque tenía inicialmente carácter indefinido, 
quedaba supeditado su mantenimiento al que fuera imprescindible para obtener un 
diagnóstico clínico que identificara la etiología de aquellos trastornos de conducta y 
ofreciera un tratamiento clínico adecuado para la solución de aquel comportamiento; y (ii) 
en lo que se refiere a las condiciones, porque, como se destacará después, la medida no 
era de interrupción temporal del proceso de formación educativa del menor, sino tan solo 
de la suspensión de su asistencia a clase, pues se preveía que durante aquel tiempo de 
permanencia de la medida se suministrara la información y los recursos pedagógicos 
adecuados para que el niño pudiera continuar su educación en el ámbito familiar.
c)  Por último, la tercera de las medidas estaba encaminada a evitar el perjuicio que 
podría suponer para el menor la suspensión de su asistencia a clase. A tal fin, la 
resolución administrativa de la directora del centro ofreció a la familia de M.F.R. poder 
«recibir del profesorado del centro cuanta información y recursos pedagógicos [fueran] 
necesarios para continuar con la educación del mismo en el ámbito familiar». Es decir, 
en la resolución lo que, en realidad, se proponía era sustituir temporalmente la educación 
presencial del menor, supliendo la suspensión de asistencia a clase en el centro escolar, 
por otra en la que el niño recibiera, en su ámbito familiar, la asistencia pedagógica 
necesaria para continuar su educación. El art. 3.9 LOE dispone, al respecto, que «[p]ara 
garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los 
centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia o, en su 
caso, de apoyo y atención educativa específica». Por tanto, la medida adoptada, además 
de estar prevista legalmente para supuestos muy concretos (oferta de «apoyo y atención 
educativa específica»), fue aplicada en el caso de autos después de una justificación 
razonada y lógica, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en aquel.
No  cabe,  por  ello,  compartir  la  apreciación  del  Ministerio  Fiscal  de  que  se  ha 
priorizado  el  interés  general  representado  por  el  buen  funcionamiento  del  proceso 
educativo, obviando cualquier referencia a los perjuicios que la medida suponía para el 
menor. Al contrario, el interés superior de M.F.R. hacía necesario proteger, antes que 
nada, su integridad física, como también la del resto de sus compañeros de clase y del 
equipo docente del centro escolar. Para ello, la decisión administrativa de suspender la 
asistencia a las clases tenía por objeto hacerle salir del escenario en el que se había 
comprobado que surgían los brotes de violencia y los episodios de conducta agresiva del 
menor, para sustituirlo por el entorno familiar, que favorecía un apaciguamiento de su  s
comportamiento agresivo. Además, la suspensión acordada no interrumpía el proceso  oe.
educativo del niño, sino que simplemente, resultaba sustituida la educación presencial  w.
por otra con apoyo pedagógico específico en el seno de su familia. 47ww
concDlues iólan  dcoen qsuidee rlaac rióenso ldueci ótno dimasp ulgansa dcair cfuuen sdtaicntcaidaas  tecnoinecnudrore ennte sc,u elnletgaa eml o«sin tae rélas 
dsuep eprrioopr odrecli omneanlidoar»d  Me.xFi.gRid.,o j usptoifri cánnudeosltora m  deodciatrnintea  uenn r aazqounealmloise nctoa sqouse  seunp eloras  eql ujuei ciloa   BOE-A-cable e
actuación  cuestionada  de  los  poderes  públicos  afecta  a  un  derecho  fundamental 
sustantivo (por todas, SSTC 173/1995, de 21 de noviembre, FJ 2, y 96/2012, de 7 de 
mayo, FJ 10).
C)  Por  su  parte,  las  sentencias  dictadas  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo núm. 3 de Alicante y por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 26 de diciembre de 2017 
y 10 de octubre de 2018, a las que se imputa no haber corregido las lesiones causadas 
por  la  administración  educativa,  integran  una  respuesta,  no  solamente  motivada  y 
fundada  en  Derecho,  sino  además  coherente  y  respetuosa  con  el  derecho  a  la 
educación.
a)  Así, el juzgado, tras descartar que lo impugnado sea una medida disciplinaria, 
enfatiza que viene motivada porque se ponía «en grave riesgo tanto su propia integridad 
física [de M.F.R.] como la de sus compañeros de clase y el propio profesorado del 
centro»,  habiéndose  llegado  a  ella  tras  una  «situación  absolutamente  insostenible 
provocada por el comportamiento del propio menor y la absoluta falta de colaboración de 
sus padres». La sentencia subraya que el centro se vio obligado a poner en marcha un 
calendario de actuaciones para hacer frente a la situación creada, pero carecía de la 
información necesaria para poder determinar las necesidades educativas especiales que 
requería el menor, en concreto, «de algo tan elemental como la valoración por un 
especialista médico cualificado». Fundamenta todo lo anterior en las declaraciones de 
los testigos en la fase de prueba.
b)  Por  su  parte,  la  sentencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 10 de octubre de 2018 
destaca que el debate es fundamentalmente fáctico. La Sala insiste, como ya había 
hecho el juzgado, en el carácter preventivo o cautelar de la medida, cuyo objetivo era 
evitar que persistiera una situación de riesgo para el alumno, los compañeros (asimismo 
titulares del derecho a la educación –precisa–) y los profesores. Concluye, en suma, que 
fue «adecuada y proporcionada a la situación acreditada».
Por todo lo anterior, debemos descartar que la resolución de 16 de febrero de 2017 
de la directora del centro escolar Costa Blanca por la que disponía que, como medida 
preventiva, el menor M.F.R. permaneciera en su domicilio mientras era diagnosticado por 
un especialista médico, así como las resoluciones judiciales que la confirmaron, hayan 
vulnerado su derecho fundamental a la educación, al haber motivado y ponderado 
suficientemente las razones en que se basa la adopción de tal medida excepcional, de 
forma coherente con la primacía del interés superior del menor. En consecuencia, dicha 
resolución fue respetuosa con el contenido del art. 27 CE (STC 10/2014, de 27 de enero, 
FJ 7).
4.  Examen de la alegada vulneración de los arts. 14, 15 y 24 CE: desestimación.
La demanda de amparo alega que la actuación del centro Costa Blanca también 
lesionó los derechos fundamentales de los arts. 14, 15 y 24 CE.
a)  En primer lugar, se argumenta que M.F.R. sufrió discriminación contraria al 
art. 14 CE porque se le trató como si tuviese una enfermedad mental o psiquiátrica, no 
iba a las excursiones como los demás niños y se le sacaba de su clase durante dos 
horas al día, aplicándole técnicas y métodos educativos equivocados. El fiscal y la 
abogada de la Generalitat niegan la vulneración porque no se ha aportado un término  e.e
válido de comparación ni prueba alguna de que el niño haya sido discriminado por el  b
centro escolar. 47ww
a  laD eigbueamldoasd d ayr  pao r nreop rsoudfuricr iddais lcar icmoinnsaocliiódna,d ar edcoocgtriidnaa,  ceonntsrteit uocitoransa l msoubcrhea esl,  deenre clhaos 
rSeSsTpeCc t2o2 d/1e9 l8a1 d, idscer i2m dinea cjuiólino ,p FoJr  e3n, fey rm1/e2d0a2d1,,  edne  l2a5 S dTeC  e6n2e/2ro0,0 8F,J d 3e;  2y6 e dsep emcaífyicoa, mFJe n3t.e,
A la vista de tal doctrina, la queja no puede estimarse. Por un lado, no se aporta 
como término de comparación el caso de ningún otro niño que, en una situación similar a 
la de M.F.R., fuera tratado de forma distinta. Por otro, la discriminación imputada al 
centro se asocia a decisiones como asignarle profesores de refuerzo o aplicarle técnicas 
para evitar que, durante sus reacciones agresivas, se lesionara. Nada de lo cual puede 
calificarse de discriminatorio. Aunque los padres puedan legítimamente discrepar de las 
medidas, estas se orientaban a intentar resolver la situación y no a discriminar al menor 
frente al resto.
b)  De forma similar, la vulneración del derecho a la integridad física y moral del 
menor  (art.  15  CE)  se  relaciona  con  la  contención  física  aplicada  cuando  tenía 
reacciones de violencia y agresividad hacia sí mismo y hacia quienes le rodeaban.
De acuerdo con la descripción de los hechos recogida en los antecedentes, la 
contención física del menor tenía por finalidad precisamente evitar que el niño se hiciera 
daño a sí mismo o a su entorno. Por consiguiente, a la vista de la doctrina constitucional 
sobre el art. 15 CE (por todas, STC 116/2010, de 24 de noviembre, FJ 2), la queja debe 
ser desestimada.
c)  Se  invoca,  asimismo,  la  infracción  del  art.  24.2  CE,  pues,  al  privar  de  la 
asistencia al centro educativo, se le habría impuesto una sanción sin audiencia y sin 
expediente disciplinario alguno, produciendo indefensión y vulnerando la presunción de 
inocencia. Lo anterior es rechazado por la letrada autonómica y por el fiscal, pues ambos 
niegan que la suspensión de asistencia a clase tuviera carácter disciplinario, por lo que 
no eran aplicables las garantías del art. 24.2 CE. No obstante, el fiscal considera que, 
como la vulneración del derecho a la educación del menor por la administración no ha 
sido reparada por los órganos judiciales, las resoluciones judiciales recaídas sí habrían 
infringido el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.
El  análisis  de  la  queja  debe  partir  de  la  naturaleza  preventiva  de  la  medida 
enjuiciada. Como hemos razonado en el fundamento jurídico tercero, la decisión de 
suspender  la  asistencia  a  clase  del  menor  M.F.R.  buscaba  de  manera  primordial 
garantizar su salud e integridad física. No se trataba –cabe insistir– de una medida 
disciplinaria ni sancionadora, sino de una decisión ad hoc guiada por el interés superior 
del menor. Por consiguiente, no cabe examinarla desde la perspectiva del art. 24.2 CE 
(entre  otras,  SSTC  46/2014,  de  7  de  abril,  FJ  7;  8/2017,  de  19  de  enero,  FJ  6, 
y 165/2020, de 16 de noviembre, FJ 1), en el que se incardina el derecho a la presunción 
de inocencia que alega la demanda.
Tampoco podemos acoger la tesis del fiscal, según la cual los órganos judiciales 
habrían vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al confirmar la 
decisión administrativa. Como ya se ha indicado, la demanda de amparo solo achaca a 
las resoluciones judiciales el no haber reparado las lesiones de derechos sustantivos 
atribuidas  al  colegio.  Pues  bien,  de  acuerdo  con  nuestra  doctrina  (por  todas, 
SSTC 2/2015, de 19 de enero, FJ 8, y 220/2016, de 19 de diciembre, FJ 3), cuando una 
resolución judicial se cuestiona por no reparar la vulneración de derechos fundamentales 
sustantivos imputada a la administración, el examen de las lesiones denunciadas lleva 
implícito el escrutinio de la razonabilidad de la motivación empleada por el órgano 
judicial, conforme a un canon reforzado y más exigente que el general del art. 24.1 CE, 
de tal suerte que los derechos sustantivos (en el presente caso, los arts. 27, 14 y 15 CE) 
constituyen el parámetro único de constitucionalidad. Una vez que hemos descartado la 
lesión de tales derechos sustantivos, esta queja debe ser también desestimada y, con 
ello, la totalidad del recurso. s
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña A.R.G. y don M.F.J. contra la 
resolución de la directora del centro público educativo Costa Blanca de Alicante de 16 de 
febrero de 2017 y contra las resoluciones judiciales que la han confirmado, citadas en el 
encabezamiento.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos respecto de la 
sentencia pronunciada en el recurso de amparo núm. 3826-2019
Con el máximo respeto a mis compañeros de Sala, manifiesto mi discrepancia con la 
fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que considero que debería haber 
sido estimatorio por vulneración de los derechos a la educación (art. 27.1 CE), en 
relación con la prohibición de discriminación (art. 14), y a la integridad física y moral 
(art. 15 CE).
1.  Objeto de análisis constitucional que se plantea en este recurso.
El objeto de análisis constitucional que se plantea en este recurso es doble:
(i)  La eventual vulneración de los derechos a la educación y a la prohibición de 
discriminación por razones de discapacidad derivado de la decisión de un colegio público 
de que el niño recurrente, de cuatro años, en atención a una cierta conducta agresiva 
que el centro achacaba a posibles problemas de salud mental, permaneciera en su 
domicilio para que pudiera ser diagnosticado y tratado, y proceder de manera progresiva 
a su reintegración progresiva o determinar otras posibles modalidades de escolarización, 
condicionado a que se aportara a la dirección del centro un diagnóstico médico de la 
situación del niño y la propuesta de tratamiento adecuado por parte de la Unidad de 
Salud Mental Infantil (USMI). En cuanto a la continuidad de la prestación educativa del 
niño recurrente, el acuerdo del centro determinaba que su familia podría recibir del 
profesorado del centro cuanta información y recursos pedagógicos fueran necesarios 
para continuar con su educación en el ámbito familiar.
(ii)  La eventual vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) 
por razón de la reiterada utilización en este centro de medios de contención física sobre 
el  niño  recurrente,  llegando  a  aplicarle  técnicas  de  reducción  mediante  bloqueo 
poniéndose un educador encima del niño hasta que se calmara.
La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia considera que no concurre 
la primera de las vulneraciones, ya que se han motivado y ponderado suficientemente 
las razones en las que se basa la adopción de tal medida excepcional, de forma  e.
coherente con la primacía del interés superior del menor; ni la segunda, ya que la  w.b
contención física del menor tenía por finalidad evitar que el niño se hiciera daño a sí  47ww
mismEno  oe la p sreus eennttoer ncoa.so, sin perjuicio de que también discrepo de la proyección que se
hsuap ehreiocrh od edl eml ejnuoicri,o c odnes idperorop oqruceio neasl indeacde sya rdioe  cloan caepnlitcraacrmióen  edne el spteri nvcoiptoio p adretilc uinlater reéns 
destacar que ni la decisión de privar a un niño por un plazo indeterminado de su derecho
a asistir al centro educativo, obligándole a su permanencia en casa condicionado a un 
diagnóstico y tratamiento sobre su salud mental sin una solución efectiva sobre el 
seguimiento de su proceso educativo, ni, mucho menos, la de someterle a medidas de 
contención física, cuentan con una norma legal habilitante que las autorice ni, por tanto, 
se está ante supuestos en que frente a actuaciones del poder público restrictivas de 
derechos  fundamentales  del  niño,  este  hubiera  podido  contar  con  las  garantías 
sustantivas  y  procedimentales  que  les  asistían  en  defensa  de  sus  derechos 
fundamentales.
La enorme importancia institucional que revisten los derechos fundamentales en una 
sociedad democrática, con independencia de la edad de sus titulares, determina que no 
puedan proyectarse soluciones que, en términos de la más moderna sociología, pudieran 
denominarse adultocéntricas. Las autoridades educativas, los órganos judiciales y la 
posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia han podido considerar que las 
decisiones adoptadas en relación con el niño recurrente podrían responder a su superior 
interés y que eran medidas que respondían a una finalidad legítima, que eran necesarias 
y las menos lesivas entre todas las alternativas posibles de los derechos del niño 
recurrente. Sin embargo, el niño recurrente, a pesar de contar con cuatro años cuando 
sucedieron los hechos controvertidos, es titular de derechos fundamentales en la misma 
extensión y calidad que el resto de los ciudadanos. Cuenta con la plenitud de las 
garantías que irradia el reconocimiento de los derechos fundamentales contra cualquier 
actuación de los poderes públicos. Esos derechos no pueden verse intermediados, 
flexibilizados  ni  condicionados  por  la  visión  proyectada  desde  concepciones  que 
subestiman la condición de plena ciudadanía de los niños en cuanto a la titularidad de 
los derechos fundamentales por el hecho de que, como ocurre en este caso, sea de muy 
corta edad. A esos efectos, es preciso recordar, que en 2005 la Observación general 
núm. 7 del Comité de Derechos del Niño (CRC/C/GC/7/Rev.1) se dedicó a la «realización 
de  los  derechos  del  niño  en  la  primera  infancia»,  en  el  deseo  de  impulsar  el 
reconocimiento de que los niños pequeños –hasta los ocho años de edad– también son 
portadores de todos los derechos consagrados en la Convención de derechos del niño, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 
y ratificada por España («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre de 1990), y con el objetivo 
primordial de «reforzar la comprensión de los derechos humanos de todos los niños 
pequeños y señalar a la atención de los Estados partes sus obligaciones para con los 
niños en la primera infancia». En dicha Observación ya se hacía especial incidencia en 
dos ideas fundamentales como son que (i) «deben abandonarse creencias tradicionales 
que consideran la primera infancia principalmente un período de socialización de un ser 
humano inmaduro, en el que se le encamina hacia la condición de adulto maduro» y (ii) 
«la  Convención  exige  que  los  niños,  en  particular  los  niños  muy  pequeños,  sean 
respetados como personas por derecho propio. Los niños pequeños deben considerarse 
miembros  activos  de  las  familias,  comunidades  y  sociedades,  con  sus  propias 
inquietudes, intereses y puntos de vista».
La primigenia y más esencial de las garantías del pleno disfrute de los derechos 
fundamentales en una sociedad democrática es que las limitaciones de estos derechos 
cuenten, como presupuesto habilitante, con una previsión legal específica que cumpla 
con los requisitos del necesario rango legal, de modo que no puede ser autorizada solo 
por la vía reglamentaria, y con la debida calidad legislativa, en el sentido de que se 
establezcan con la suficiente claridad los supuestos en que cabe apreciar la limitación 
del derecho fundamental y las garantías sustantivas y procedimentales aplicables frente  s
a  las  decisiones  limitativas  de  tales  derechos.  En  ausencia  de  este  presupuesto  oe.
habilitante  ninguna  limitación  de  derechos  fundamentales  queda  autorizada  w.
constitucionalmente con independencia de la edad y condición de sus titulares. Tampoco  47ww
cuando se trate de niños de tan corta edad como es el caso de recurrente de amparo.
2.  Ausencia de habilitación legal suficiente en relación con la decisión de privación 
de la escolarización del niño.
El  Ministerio  Fiscal  ha  sustentado  en  este  recurso  de  amparo  que  una  de  las 
circunstancias determinantes de la vulneración del derecho a la educación del niño 
recurrente radica en que se le ha privado del derecho de asistencia al centro educativo 
sin una habilitación legal suficiente. Estoy de acuerdo con dicha apreciación y esto 
hubiera  debido  ser  suficiente  para  estimar  el  presente  recurso  por  vulneración  del 
derecho a la educación del niño recurrente.
El tribunal ya hizo una extensa exposición de la importancia de la escolarización de 
los niños desde la perspectiva de su derecho a la educación en la STC 133/2010, de 2 
de diciembre, en que se analizó la legitimidad constitucional de la educación domiciliaria. 
Aunque  entonces  la  cuestión  controvertida  quedaba  centrada  en  la  fase  de 
escolarización obligatoria, que no es el caso planteado en este recurso de amparo, en 
dicha resolución se establecieron determinados principios que resultan de relevancia en 
cuando  a  la  garantía  de  asistencia  a  los  centros,  que  es  la  concreta  dimensión 
prestacional del derecho a la educación que se ha visto afectada en el presente recurso 
de amparo. El principal y más esencial de esos principios es que la escolarización, en 
atención a que no tiene como única finalidad la satisfacción de garantizar una adecuada 
transmisión de conocimientos a los alumnos, sino también, en los términos del art. 27.2 
CE,  el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  humana  en  el  respeto  a  los  principios 
democráticos  de  convivencia  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales,  «se  ve 
satisfecha más eficazmente mediante un modelo de enseñanza básica en el que el 
contacto con la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos elementos que la 
integran, lejos de tener lugar de manera puramente ocasional y fragmentaria, forma parte 
de la experiencia cotidiana que facilita la escolarización» [FJ 8 b)].
En conexión con lo anterior, la legislación básica estatal en materia educativa solo 
establece la posibilidad de suspensión del derecho a la asistencia al centro educativo en 
el art. 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dentro de las 
normas de organización, funcionamiento y convivencia, como una medida correctora 
respecto de determinadas conductas de los alumnos. En desarrollo de esa previsión, en 
el ámbito específico de la Comunitat Valenciana, el Decreto 39/2008, de 4 de abril, del 
Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con 
fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o 
tutoras, profesorado y personal de administración y servicios, establece en su art. 29.2, 
en relación con las medidas correctoras y disciplinarias, que «en ningún caso, los 
alumnos y las alumnas podrán ser privados del ejercicio de su derecho a la educación, ni 
en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad». A estos efectos, 
el citado decreto solo prevé la suspensión del derecho de asistencia al centro como 
medida educativa disciplinaria aplicable por la comisión de determinadas conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro [art. 43.3 a)] y como medida 
cautelar a adoptar en el contexto de un expediente disciplinario por la comisión de esas 
conductas [art. 49.2 d)].
En ambos casos, estas medidas de suspensión del derecho de asistencia al centro 
cuentan con las debidas garantías sustantivas, como son las relativas a su limitación 
temporal y la continuación del proceso formativo, y procedimentales. En concreto, como 
medida  disciplinaria,  el  art.  43.3  a)  establece  que  las  garantías  sustantivas  en  la 
aplicación de esta suspensión son (i) una duración de entre seis y treinta días lectivos y, 
(ii) que durante el tiempo que dure la suspensión, el afectado deberá realizar los trabajos  e.
académicos que determine el profesorado que le imparte docencia y que el reglamento  w.b
de  régimen  interior  determinará  los  mecanismos  que  posibiliten  un  adecuado  47ww
esel ghuoimraierinot o ddee  dviicshitoa sp roacl escoe,n etrsop epcoifric apnadrote l a dpeel rsnoinñao  enscaanrcgioandaad doe.  llCevoamrloo  ag acraabnot íay 
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disciplinario cuyo desarrollo se especifica en los arts. 45 a 47.
Por su parte, al regular la posibilidad de suspensión del derecho de asistencia al 
centro como medida cautelar, el citado decreto establece que las garantías sustantivas 
en la aplicación de esta medida son que (i) podrá establecerse por un período máximo 
de cinco días (art. 49.3) o en casos muy graves y de manera excepcional hasta la 
resolución  del  procedimiento  disciplinario,  sin  perjuicio  de  que  esta  no  deberá  ser 
superior en tiempo ni distinta a la medida correctora que se proponga (art. 49.4); y (ii) la 
persona responsable de la tutorización entregará un plan detallado de las actividades 
académicas y educativas que deben realizarse y establecerá las formas de seguimiento 
y control durante los días de no asistencia al centro para garantizar el derecho a la 
evaluación continua (art. 49.8). Como garantía procedimental, el art. 49.1 añade que (i) 
dicha medida ha de adoptarse al incoarse un expediente o en cualquier momento de su 
instrucción  y  (ii)  debe  tomarla  la  dirección  del  centro,  a  propuesta  del  quien  esté 
instruyendo el procedimiento, oída la comisión de convivencia del consejo escolar del 
centro.
En el presente caso, la medida de suspensión del derecho a la asistencia al centro 
educativo acordada en la resolución administrativa impugnada no encuentra amparo en 
ninguna  de  estas  figuras.  Tampoco  aparece  revestida  de  ninguna  de  las  garantías 
sustantivas o procedimentales de las que están revestidas. Ni en vía administrativa ni en 
la judicial se ha hecho el mínimo esfuerzo, en respeto a la severa injerencia que supone 
en el derecho a la educación del niño recurrente, por identificar la habilitación legal de 
una decisión limitativa de un derecho fundamental de esas características y gravedad 
que hubiera podido justificarla.
La  resolución  administrativa  impugnada  define  expresamente  la  medida  como 
«preventiva», lo que, a lo sumo, debería poder remitir a las medidas cautelares previstas 
en el art. 49.2 d) del citado Decreto 39/2008. Sin embargo, la ausencia de cualquier de 
las  garantías  sustantivas  y  procedimentales  de  las  que  está  revestida,  así  como 
determinadas afirmaciones contenidas en las actuaciones administrativas respecto de la 
imposibilidad de establecer elementos de responsabilidad disciplinaria en un niño de 
cuatro años, ponen de manifiesto que se trataba de una actuación administrativa atípica 
legalmente que no contaba con ninguna habilitación legal. En esas condiciones, solo 
puede concluirse que la decisión misma de privar del derecho a la asistencia al centro 
del  niño  recurrente  vulneró  su  derecho  a  la  educación,  sin  que  ni  siquiera  la 
temporalidad,  las  previsiones  en  relación  con  las  posibilidades  de  su  continuidad 
formativa durante esta suspensión o el procedimiento utilizado pueda en este caso 
permitir  defender  una  hipotética  pretensión  de  que  se  trataba,  al  menos,  de  una 
aplicación  analógica  de  este  tipo  de  medidas  para  poder  afrontar  una  situación 
equivalente a una conductas responsable gravemente perjudicial para la convivencia en 
el centro.
Por su parte, la resolución judicial de instancia defiende que no se trataba de una 
medida disciplinaria de expulsión, lo que requeriría la concurrencia de un grado de 
intencionalidad que se reconoce que no existe, «sino una medida perfectamente legal 
establecida en el Decreto autonómico valenciano 39/2008», que se justifica en que «es 
la propia conducta asocial del menor la que genera una situación de grave riesgo para la 
propia integridad del mismo, pero también para la del resto de menores presentes en el 
aula (que tienen exactamente el mismo derecho fundamental a ser educados que el que 
tiene el hijo de los recurrentes); y en definitiva, también para el profesorado, que debe 
aguantar y soportar este tipo de situaciones». El problema es que ni la resolución judicial 
de instancia ni la de apelación que la confirma aciertan a identificar cual es el precepto  s
del citado decreto que daría cobertura normativa a la medida. En ese sentido, no parece  oe.
quedar otro remedio que concluir que es posible que también se pudiera estar refiriendo  w.
a las medidas cautelares del art. 49.2 d) pero, en tal caso, se hubiera incurrido en los  47ww
mismEno se dsetafesc tcoosn adnictieosn esse,ñ alola údnoisc.o que puede concluirse es que, al haberse adoptado
reedsupceacttivoo d esiln n inñion grúencu trirpeon tdee u nhaa bmilietadcidióan  plreivgaatli,v as ed ev uslun edreór escuh od edree cahsois tae nlaci ae daul ccaecnitóron   BOE-A-cable e
(art. 27.1 CE). Además, tomando en consideración que la razón última por la que se 
privó al niño recurrente de este derecho han sido las sospechas respecto de una posible 
discapacidad, solo cabe concluir que dicho trato fue discriminatorio, tal como ya sostuve 
en el voto particular formulado en la STC 10/2014, de 27 de enero, en un supuesto con 
ciertos paralelismos en que lo controvertido fue la decisión de las autoridades educativas 
de que un menor continuara su escolarización en un colegio público de educación 
especial en lugar de en un centro ordinario.
3.  Ausencia de habilitación legal para el uso de medios de contención física de los 
niños en el sistema educativo.
El  tratamiento  dispensado  por  la  posición  mayoritaria  en  la  que  se  sustenta  la 
sentencia a la invocación del derecho a la integridad física y moral del niño recurrente 
con ocasión de la reiteración de medidas de contención física usadas ha quedado 
limitado al siguiente razonamiento: «la contención física del menor tenía por finalidad 
precisamente  evitar  que  el  niño  se  hiciera  daño  a  sí  mismo  o  a  su  entorno.  Por 
consiguiente, a la vista de la doctrina constitucional sobre el art. 15 CE (por todas, 
STC 116/2010, de 24 de noviembre, FJ 2), la queja debe ser desestimada» [FJ 4 b)].
Considero que la relevancia de los problemas de constitucionalidad que plantea el 
uso de medidas de contención física, desde la perspectiva del derecho a la integridad 
física  y  moral  (art.  15  CE),  hubiera  sido  merecedora  de  una  mayor  atención, 
especialmente  tomando  en  consideración  que  se  trataba  de  una  situación  de  uso 
sistemático con técnicas de inmovilización física tumbado en el suelo durante un tiempo 
indeterminado y de que se proyectaba sobre un niño de cuatro años.
El tribunal, aunque en un contexto muy distinto –el de las medidas de contención 
física en los centros de internamiento de extranjeros–, se ha pronunciado sobre sus 
problemas de constitucionalidad en la STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 15. A los efectos 
que ahora interesan, se concluyó la constitucionalidad del precepto impugnado en tanto 
que se cumplían las exigencias de previsión legal con una delimitación suficiente de los 
supuestos que determinan la posibilidad de utilizar los medios de contención física 
personal y las garantías sustantivas y procesales de las que están revestidas. Dicha 
sentencia,  no  obstante,  contaba  con  el  voto  particular  de  cuatro  magistrados  que 
consideraban  inconstitucional  la  regulación  de  los  medios  de  contención  física  en 
atención a que carecía del necesario detalle.
De la citada STC 17/2013 me interesa destacar ahora que tanto la posición de la 
mayoría como la de los magistrados disidentes era común en un aspecto: las medidas 
de  contención  física  personal  son  medidas  limitativas  de  derechos  fundamentales 
sometidas a la exigencia de reserva de ley que prevea con la suficiente calidad y detalle 
los  supuestos  y  las  garantías  sustantivas  y  procedimentales  en  su  aplicación.  La 
traslación  de  esta  jurisprudencia  constitucional  al  presente  recurso  hubiera  debido 
determinado la necesidad de que, con carácter principal, el tribunal hubiera centrado el 
análisis en la existencia de cobertura legal suficiente tanto en términos de rango como de 
calidad normativa.
Un análisis de la normativa en materia educativa estatal y autonómica en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana pone de manifiesto que no existe ninguna previsión legal que 
permita  la  aplicación  de  este  tipo  de  medidas  en  los  centros  educativos. 
Específicamente, en la legislación de protección de menores, los artículos 27 y 28 de la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, establecen una regulación muy precisa  e
de  este  tipo  de  medidas  en  cuanto  a  los  supuestos  de  aplicación  y  las  garantías  bo
sustantivas  y  procedimentales  de  las  que  están  revestidas,  pero  son  medidas  que  47ww
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la aptitud para ser fuente de cualquier tipo de limitación o restricción de los derechos 
fundamentales.
Por tanto, la ausencia de habilitación legal impide un uso sistematizado de medidas 
de  contención  física  invasivas  del  derecho  a  la  integridad  física  y  moral  como  las 
utilizadas con el niño recurrente, cosa que hubiera debido ser determinante para concluir 
que también fue vulnerado el art. 15 CE.
Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado 
y rubricado.