BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114 Jueves 13 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 57028
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
7909 Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se extiende el plazo de solicitud 
y  se  adaptan  las  condiciones  de  los  avales  regulados  por  los  Reales 
Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se 
desarrolla el régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en el 
artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
El Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de mayo de 2021, ha adoptado un 
Acuerdo por el que se extiende el plazo de solicitud y se adaptan las condiciones de los 
avales regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 
de julio, y se desarrolla el régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en 
el artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
A los efectos de dar publicidad al mencionado Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 11 de mayo de 2021,
Esta Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ha resuelto disponer 
la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente 
Resolución.
Madrid, 12 de mayo de 2021.–El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, Gonzalo García Andrés.
ANEXO
El Consejo de Ministros acuerda:
1.  Instruir al Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial (en adelante, ICO) y 
a la Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (en adelante 
CERSA) a ampliar el plazo de solicitud de los avales otorgados a empresas y autónomos en 
virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, así 
como de los correspondientes Acuerdos del Consejo de Ministros de desarrollo hasta el 1 de 
diciembre de 2021.
2.  Facultar al ICO para que, según proceda, comunique o incorpore como adendas en los 
contratos  marco  con  las  entidades  financieras  las  medidas  previstas  en  el  anexo  I  de 
distribución y adaptación de los avales regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 
de marzo, y 25/2020, de 3 de julio.
3.  Desarrollar, conforme a lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, las condiciones para la recuperación, recobro y cobranza de los avales 
ejecutados  que  hayan  sido  liberados  al  amparo  del  artículo  29  del  Real  Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, y 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, establecidas 
en el anexo II. es
4.  Facultar al Instituto de Crédito Oficial y a CERSA para que, en el ámbito de sus  o
lpdcpaorersáem  cspptuliarceposatupe seun spoectupsiaatderasiira esasy rce  cioonoa n r ppretaelrasars.anvp  téoesEsnua nd reds ieeqen ua ptsiqelaiuubsrsea r ila ollóaa  rfsl igaan a paCnclniocuocasemie csriictsóoiooin,óm n endepl e seDI  neteessqlntetiuettguee aAts od,c  apudr ueeedesr Cdeudolera é lnGdvd uaoitr botacei neOuntraeenfinr cot tio aadpislm aa p rpiolnaaldic  crviAadáisgce huienoanncnctcieoaeiasssr      OE-A-2021-7909able en https://www.
Económicos para su consideración.
5.  Mandatar al ICO y a CERSA para que, dentro de los treinta días siguientes a la 
adopción de este Acuerdo del Consejo de Ministros, dispongan lo necesario para la 
puesta en marcha de forma efectiva de los elementos en él contenidos.
6.  Las medidas incluidas en el presente Acuerdo del Consejo de Ministros estarán 
sujetas a la normativa sobre Ayudas de Estado de la Unión Europea.
EXPOSICIÓN
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, contiene un 
conjunto de medidas destinadas a reforzar la solvencia y capacidad financiera de las 
empresas y autónomos que, siendo viables, han visto deteriorada su situación financiera 
como consecuencia de la COVID-19. Las medidas propuestas pretenden reducir y aliviar 
la carga financiera de estas empresas y se aplicarán dentro de un marco de colaboración 
a  varios  niveles.  Este  Real  Decreto-ley  recoge  también  un  conjunto  de  medidas 
complementarias relacionadas con el funcionamiento y gestión de los avales otorgados a 
empresas y autónomos en virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, 
y  25/2020,  de  3  de  julio,  así  como  los  correspondientes  Acuerdos  de  Consejo  de 
Ministros de desarrollo de estos.
Este Acuerdo del Consejo de Ministros amplía el plazo de solicitud de los avales 
liberados al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, 
de 3 de julio, hasta el 1 de diciembre de 2021, dentro del plazo establecido en el Marco 
Temporal de la Unión Europea. Asimismo, el anexo I establece que los criterios de 
distribución de la línea de avales habilitada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, serán los contenidos en la Orden de 2 de abril de 2020 de la Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital hasta el 1 junio de 2021, incluido. A partir de esta 
fecha, los importes de aval asignado y no utilizado por las entidades, se distribuirán a 
demanda, esto es, asignando los importes no comprometidos por el orden de petición de 
las entidades financieras. En este anexo, además, se faculta a ICO a poder autorizar en 
determinadas  condiciones  excepcionales  el  mantenimiento  del  aval  concedido  a 
empresas en los casos en que sea necesaria la reclasificación de ese aval entre los 
tramos pymes y no pymes, como consecuencia de los procesos de seguimiento y 
verificación  de  condiciones.  Por  último,  en  este  anexo  I  se  adaptan  los  límites  de 
referencia de 800.000 a 1.800.000 euros en línea con el Marco Temporal acordado por la 
Unión Europea con los ajustes correspondientes.
Por otro lado, en el anexo II de este Acuerdo del Consejo de Ministros, se desarrollan 
algunas  disposiciones  en  relación  con  el  régimen  de  cobranza  y  recuperaciones 
aplicable a los avales otorgados en virtud de los Reales Decretos leyes 8/2020 y 25/2020 
con  el  objeto  de  establecer  los  criterios  y  actuaciones  de  las  relaciones  entre  las 
entidades  financieras,  el  Ministerio  titular  del  aval  y  el  Instituto  de  Crédito  Oficial, 
desarrollando las disposiciones previstas en el artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021 
de 12 de marzo.
ANEXO I
Distribución y adaptaciones de los importes de los avales liberados al amparo de 
los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio
Primero.  Distribución y ajuste de los avales. e.
La distribución de la línea de avales habilitada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17  09ww
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no comprometidos por el orden de petición de las entidades financieras.
ICO podrá autorizar a las entidades financieras concedentes de las operaciones de 
financiación avalada al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, 
y 25/2020, de 3 de julio, su reasignación entre los tramos pyme y no pyme, previa 
regularización del coste del aval en caso de que este fuera superior, si se hubiera 
detectado una incorrecta asignación en el momento de la concesión, sin perjuicio del 
pleno cumplimiento de los criterios de elegibilidad y resto de condiciones aplicables, 
considerándose  a  estos  efectos  habilitada  una  modificación  y  reasignación  entre 
subtramo pyme o no pyme de los importes globales correspondiente y por cada entidad, 
sin que se superen los importes totales de los tramos de aval liberados al amparo del 
Real Decreto-leyes 8/2020 de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio.
Segundo.  Modificaciones para su adaptación a las novedades del Marco Nacional 
Temporal de Ayudas de Estado.
a)  Se modifica el anexo I del Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre 
de 2020 por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial 
(ICO) y se permite a la Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad 
Anónima (CERSA) ampliar el plazo de los avales hasta el 1 de junio de 2021 y extender 
el plazo de vencimiento de los avales ya liberados conforme al Real Decreto-ley 34/2020, 
de 17 de noviembre, en los siguientes términos:
i.  En el apartado «Remuneración del aval», la redacción del primer párrafo será la 
siguiente:
«Para operaciones con deudores que reciban ayuda pública por un total igual 
o inferior a 1.800.000 euros, a 270.000 si la empresa pertenece al sector de la 
pesca o acuicultura, o a 225.000 si la empresa pertenece al sector de producción 
primaria de productos agrícolas, el coste del aval para el plazo extendido desde la 
modificación del plazo del vencimiento será el inicialmente aplicado a la operación 
de financiación.
Para las operaciones de deudores que reciban ayuda pública entre 800.000 
euros y 1.800.000 euros, para las que se haya formalizado una extensión de plazo 
de vencimiento antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo se aplicará, a 
partir de la siguiente fecha de pago de la comisión de aval por la entidad al ICO, el 
mismo coste de aval que tenía la operación en el momento de su formalización 
inicial. Asimismo, la entidad debe aplicar al cliente, desde la misma fecha, el 
mismo coste de financiación que tenía la operación en el momento inicial de su 
formalización.»
ii.  En el apartado «Análisis del cumplimiento de las condiciones de elegibilidad» se 
incluye un nuevo párrafo con la siguiente redacción:
«Las operaciones que hagan uso de las extensiones de plazo de vencimiento 
previstas en el Real Decreto-ley 34/2020 que supongan una reclasificación del 
régimen  de  ayudas  aplicables  o  dentro  de  diferentes  apartados  del  Marco 
Temporal  mantendrán  la  vigencia  del  aval  en  base  a  las  condiciones  de 
elegibilidad conforme al Marco temporal vigente aprobado por la Comisión de la 
Unión  Europea  o  al  régimen  de  ayudas  aplicables,  sin  perjuicio  de  las 
comprobaciones posteriores sobre las condiciones de elegibilidad y requisitos 
aplicables a cada operación desde su formalización.» e.e
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i.  En el apartado «Importe máximo por deudor y plazo máximo de aval», el importe 
de referencia se amplia de 800.000 a 1.800.000 euros.
ii.  En  el  apartado  «Remuneración  del  aval»,  el  importe  de  referencia  para 
determinar  el  coste  del  aval  aplicable  en  cada  apartado  se  amplia  de  800.000 
a 1.800.000 euros siendo de aplicación a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo.
ANEXO II
Régimen de cobranza aplicable a los avales otorgados en virtud de los Reales 
Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020
Primero.  Actuaciones de las entidades financieras en nombre y representación de ICO, 
dentro de los términos y condiciones que regulan los avales COVID.
Conforme a lo previsto en el artículo 16, apartado 2 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19, a estos efectos y dentro de los límites y 
términos y sin perjuicio de las condiciones previstas en la normativa aplicable a los 
avales otorgados al amparo de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, 
y 25/2020, de 3 de julio y sus acuerdos de desarrollo, para las actuaciones de las 
entidades financieras en nombre y representación del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital titular de los avales e ICO, no será necesario el otorgamiento de 
poderes  por  parte  de  ICO  ante  fedatario  público  a  las  entidades  financieras  en  la 
formulación de reclamaciones extrajudiciales o el ejercicio de acciones judiciales para el 
recobro y reintegro de los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de 
estos avales del Ministerio referido.
Segundo.  Autorizaciones  generales  para  el  fraccionamiento  y  aplazamiento  de  las 
deudas  contraídas  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  los  avales  COVID 
derivadas de impagos comunicados según lo previsto en el apartado 2 del artículo 16 
del Real Decreto-ley 5/2021 que no requerirá aprobación previa del Departamento de 
Recaudación de la Administración Tributaria.
Previo al inicio de acciones judiciales para la reclamación de la deuda avalada y con 
impagos  y  avales  ejecutados  por  parte  de  las  entidades  financieras,  estas  podrán 
conceder  aplazamientos  y  fraccionamientos,  hasta  un  máximo  de  doce  meses.  La 
periodicidad de los pagos será, en todo caso, mensual.
Una vez iniciada la reclamación judicial y producida, en su caso, la anotación de 
embargos, a criterio de la entidad y cuando las circunstancias lo permitan, se podrá 
establecer  un  acuerdo  o  sistema  de  pago  del  principal  avalado  exigible, 
independientemente de si se han ejecutado o no los avales. El plazo y la periodicidad de 
los pagos serán los estipulados por la entidad, según sus políticas internas.
Dicho acuerdo calendario de pago deberá cumplir en todo caso con las condiciones y 
plazos de vencimiento establecidos en la normativa europea aplicable y el resto de 
normativa aplicable.
Tercero.  Concurso del deudor avalado y subrogación del Ministerio titular del aval 
gestionado por ICO.
El auto de declaración de concurso, independientemente de que se haya iniciado o  e.
no la ejecución del aval, producirá la subrogación del Ministerio de Asuntos Económicos  w.
y Transformación Digital en las operaciones de financiación de los avales gestionados  09ww
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y anotaciones que resulten necesarios como consecuencia de esta subrogación y harán 
las comunicaciones oportunas también al cliente y al ICO, dentro de la normativa y 
régimen aplicable a estos avales.
La subrogación no supondrá obligación alguna de ICO con el deudor y las entidades 
financieras seguirán en todo caso gestionando el conjunto de la operación financiera, 
incluyendo la parte del principal subrogado, en los términos acordados en el contrato 
marco con ICO conforme a los Acuerdos de Consejo de Ministros aplicables.
Cuarto.  Comunicación del crédito por las entidades a la administración concursal y 
coordinación con la Abogacía del Estado e ICO y la AEAT.
En  caso  de  concurso  del  deudor  avalado,  la  comunicación  del  crédito  a  la 
Administración Concursal se llevará a cabo por las entidades financieras en el plazo 
fijado por la normativa concursal, debiendo incluir la descripción de la totalidad de la 
operación. Las entidades estarán obligadas a realizar dicha comunicación para todas las 
operaciones afectas por el concurso de acreedores, independientemente de los baremos 
recogidos en sus políticas internas. De dicha comunicación se dará traslado inmediato al 
ICO y a la Abogacía del Estado, para conocimiento y, en su caso, personación de esta 
última en el concurso conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 16 del Real 
Decreto-Ley 5/2021.
Corresponderá a las entidades financieras el análisis de las propuestas de convenio 
realizadas dentro del concurso, actuando de manera coordinada con la Abogacía del Estado 
y, con unidad de criterio en la toma de decisiones en sede concursal, sobre la base de la 
cláusula pari passu y en todo caso, con sujeción a las condiciones y requisitos específicos de 
estos avales conforme a la normativa aplicable, y en particular en lo relativo al régimen de 
recobros de los avales ejecutados así como, en su caso, de las autorizaciones necesarias del 
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los 
términos previstos en el artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Quinto.  Recuperaciones y rango pari passu de los avales COVID ejecutados.
De acuerdo con el artículo 263.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal, en línea 
con lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, y teniendo en cuenta la naturaleza de los avales otorgados en virtud de 
los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 julio, con carácter 
general, y sin perjuicio de la existencia de garantías otorgadas a estos préstamos, 
compartidas pari passu entre la entidad financiera y el Ministerio titular del aval, el crédito 
avalado por el Ministerio ostentará al menos el mismo rango en orden de prelación a los 
derechos correspondientes a la parte del principal no avalado.
Sexto.  Relaciones de ICO con las entidades financieras y recuperaciones.
Las relaciones financieras entre ICO, las entidades financieras y el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital se regirán por los establecido en los 
sucesivos Acuerdos de Consejo de Ministros y normativa específica que regulan los 
avales  otorgados  a  empresas  y  autónomos  en  virtud  de  los  Reales  Decretos-
leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio.
ICO abonara a las entidades financieras los importes correspondientes a los avales  s
ejecutados. oe.
La  gestión  administrativa  del  aval  entre  ICO  y  la  entidad  financiera,  y  las  w.
recuperaciones en caso de ejecución de los mismos, se llevará a cabo conforme al  09ww
fpinroacnecdieimraies.nto establecido por ICO en el contrato marco de avales con las entidades
Las  entidades  financieras  abonarán  al  ICO  los  importes  derivados  de  la 
remuneración del aval y el porcentaje, en pari passu, de las recuperaciones equivalentes 
al riesgo avalado que, en su caso, realicen de los importes impagados.
Séptimo.  Autorización para contratar para llevar a cabo la gestión y seguimiento de 
recuperaciones de avales impagados y ejecutados mediante una asistencia técnica.
En lo que se refiere a los avales otorgados en virtud del artículo 29 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, y del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, 
de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, 
ICO podrá contratar, en uno o varios contratos, todos aquellos servicios de apoyo 
externo que sean necesarios para el control y el seguimiento de las recuperaciones y 
cobranzas de estos avales, así como la resolución de incidencias que se deriven de la 
gestión de las mismas.