BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145670
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19515 Pleno.  Sentencia  186/2021,  de  28  de  octubre  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 1200-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
respecto del artículo 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 
de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, 
y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio 
ambiente. Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: 
nulidad del precepto legal que fija, con efectos desde el 1 de enero de 2020, 
las  cuantías  del  mínimo  personal  aplicables  al  tramo  autonómico  del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
ECLI:ES:TC:2021:186
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1200-2021, promovido por el presidente 
del Gobierno contra el art. 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de 
abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, y de creación 
del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, publicada en el 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núm. 8124, de 30 de abril de 2020. Han 
comparecido y formulado alegaciones la Generalitat y el Parlamento de Cataluña. Ha 
sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 3 de marzo de 2021, el abogado 
del  Estado,  en  representación  del  presidente  del  Gobierno,  interpuso  recurso  de 
inconstitucionalidad contra el art. 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 
de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, y de 
creación  del  impuesto  sobre  instalaciones  que  inciden  en  el  medio  ambiente  (en 
adelante, Ley 5/2020). Este precepto fija, con efectos de 1 de enero de 2020, el importe 
del mínimo personal aplicable al tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (en adelante, IRPF), que será de 5.550 euros anuales con carácter  e
general, y de 6.150 euros anuales para contribuyentes cuya suma de bases liquidables  b
(general y del ahorro) sea igual o inferior a 12.450 euros. 515ww
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de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (en adelante, LOFCA), el
art. 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, «por la que se regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto 
de  autonomía  y  se  modifican  determinadas  normas  tributarias»  (en  adelante, 
Ley 22/2009) y el artículo 2.2 de la Ley 16/2010, de 16 de julio, «del régimen de cesión 
de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y 
condiciones de dicha cesión» (en adelante, Ley 16/2010 o ley específica de cesión).
A)  La demanda comienza recogiendo la doctrina constitucional sobre el contenido 
del título competencial del art. 149.1.14 CE (hacienda general) y su conexión con los 
arts. 133.1 y 157.3 CE, que confieren al Estado competencia exclusiva para regular sus 
propios tributos, el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las 
competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del propio 
Estado (STC 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4). Asimismo, se destaca la evolución que ha 
experimentado el sistema de financiación autonómica desde 1997 hacia un modelo de 
hacienda  presidido  por  el  principio  de  corresponsabilidad  fiscal,  donde  se  amplía 
notablemente  la  financiación  de  carácter  tributario  por  la  vía  de  la  cesión  de 
determinados tributos estatales (STC 168/2004, de 6 de octubre, FJ 4).
B)  A continuación, se establece el bloque de la constitucionalidad que opera en las 
comunidades autónomas de régimen común en materia de tributos estatales cedidos: (i) 
los  arts.  10.1,  11  y  19.2  LOFCA;  (ii)  la  disposición  adicional  séptima  de  la  Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en 
adelante, EAC); (iii) los arts. 25-56 de la Ley 22/2009; y (iv) el art. 2.2 de la Ley 16/2010. 
Centrando el marco normativo competencial en el art. 46 de la Ley 22/2009 «alcance de 
las competencias normativas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas», la 
Abogacía  del  Estado  asevera  que  las  competencias  normativas  cedidas  deben 
interpretarse de forma restrictiva, limitándose a los elementos expresamente citados en 
el propio precepto [art. 46.2 f): «Las comunidades autónomas no podrán regular: […] f) 
En general, todas las materias no contempladas en el apartado 1»]. Así, en relación con 
el mínimo personal y familiar, las comunidades autónomas disponen de competencia 
normativa ex art. 46.1 a) para establecer incrementos y disminuciones en las cuantías 
correspondientes  al  mínimo  del  contribuyente  y  a  los  mínimos  por  descendientes, 
ascendientes  y  discapacidad  a  que  se  refieren  los  arts.  57,  58,  59  y  60  de  la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(en  adelante,  LIRPF),  con  dos  límites:  (i)  ese  incremento  o  disminución  no  puede 
exceder del 10 por 100 para cada una de las cuantías fijadas en la ley estatal [art. 46.1 
a)]; y (ii) no pueden regularse los conceptos ni las situaciones personales y familiares 
comprendidos en cada uno de los mínimos (art. 57-60 LIRPF), así como las reglas de su 
aplicación previstas en el art. 61 LIRPF [art. 46.2 e)].
Tras un examen del contenido del art. 57 LIRPF, que determina que este mínimo 
personal será con carácter general de 5.550 euros anuales (apartado 1), aumentando 
en 1.150 euros anuales para contribuyentes con edad superior a sesenta y cinco años, y 
en 1.400 euros anuales adicionales para mayores de setenta y cinco años (apartado 2), 
el abogado del Estado argumenta que, de una interpretación conjunta de los arts. 46.1 a) 
y 46.2 e) de la Ley 22/2009, la competencia autonómica se limita a graduar las cuantías 
asignadas en el art. 57 LIRPF hasta un 10 por 100 pero sin poder alterar ninguno de los 
elementos o requisitos que constituyen la categoría de mínimo del contribuyente.
Esta es, a su juicio, la interpretación de los arts. 46.1 a) y 2 e) que resulta coherente 
con la regulación que la Ley 22/2009 hace de la competencia autonómica sobre las 
deducciones de la cuota íntegra autonómica, cuyo art. 46.1 c) permite a las comunidades  e.
autónomas crear ex novo determinados tipos de deducciones siempre que (i) no generen  w.b
diferencias  en  la  tributación  de  las  actividades  económicas,  (ii)  no  provoquen  515ww
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personales diferenciados, se habrían establecido, con toda seguridad, salvaguardas
similares a las previstas en el art. 46.1 c), con el objetivo de evitar los citados efectos 
adversos o distorsionadores derivados de la diferente aplicación del impuesto en los 
diferentes territorios.
C)  Finalmente, la representación estatal analiza el aquí impugnado art. 88 de la 
Ley 5/2020 regulador del mínimo del contribuyente aplicable al gravamen autonómico, que 
se  fija  con  carácter  general  en  5.550  euros  anuales  (coincidente  con  el  importe 
determinado con carácter general en la LIRPF), y en 6.105 euros cuando la suma de las 
bases liquidables general y del ahorro del contribuyente sea igual o inferior a 12.450 euros 
(lo que supone un incremento del 10 por 100 respecto de la cuantía prevista en la LIRPF).
a)  De un lado, se considera que el precepto autonómico impugnado supone un 
exceso del ámbito competencial normativo cedido en el art. 46 de la Ley 22/2009 porque 
el incremento del 10 por 100 en la cuantía estatal del mínimo del contribuyente (art. 57.1 
LIRPF)  únicamente  se  aplica  a  un  determinado  tipo  de  contribuyentes,  cuales  son 
aquellos  cuyas  bases  liquidables  (general  y  del  ahorro)  sean  iguales  o  inferiores 
a 12.450 euros. Esto implica que el legislador autonómico está regulando conceptos y 
circunstancias personales y familiares comprendidas en el mínimo del contribuyente que 
no se recogen  en la norma estatal,  que no  exige  para su aplicación que la base 
liquidable del contribuyente no exceda de una determinada cuantía.
b)  De otro lado, se estima que este nuevo supuesto de mínimo del contribuyente 
creado por el art. 88 de la Ley 5/2020 no se acomoda a la naturaleza del mínimo 
personal y familiar tal y como queda configurado actualmente en la vigente LIRPF: (i) En 
primer lugar, el art. 56.1 LIRPF lo define como «la parte de la base liquidable que, por 
destinarse  a  satisfacer  las  necesidades  básicas,  personales  y  familiares  del 
contribuyente, no se somete a tributación por este impuesto». Y precisamente porque 
estas necesidades básicas son las mismas para todos los contribuyentes con la misma 
situación personal y familiar con independencia de su nivel de rentas, la LIRPF solo tiene 
en cuenta las circunstancias personales y familiares (y no el nivel de renta) en la 
determinación de estos mínimos. (ii) En segundo lugar, los arts. 63 y 74 LIRPF prevén 
una mecánica de aplicación del mínimo personal y familiar que no es la de una exención, 
pues el importe del mínimo no se resta simplemente de la base liquidable (ello supondría 
un mayor ahorro para los contribuyentes con mayor tipo marginal y, por ende, mayor 
renta). Tanto para el cálculo del gravamen estatal como del autonómico, primero se 
aplica la escala a toda la base liquidable (sin restar el mínimo), después se aplica la 
escala al mínimo del contribuyente, y luego se resta la segunda cantidad de la primera. 
Solo así se logra que idénticas circunstancias personales y familiares produzcan idéntico 
ahorro fiscal, con independencia del nivel de renta del contribuyente.
c)  Adicionalmente, se alega que la reforma efectuada por la ley autonómica no se 
compadece bien con los objetivos declarados en su propio preámbulo, pues si de lo que 
se trata es de adaptar el mínimo del contribuyente a un mayor coste de la vida, lo 
correcto  hubiera  sido  incrementar  ese  mínimo  para  todos  los  contribuyentes,  con 
independencia de su nivel de renta, porque ese mayor coste de la vida afecta por igual a 
todos y es precisamente lo que pretende reflejar dicho mínimo del contribuyente. Y si, 
por el contrario, de lo que se trata es de reducir la carga fiscal de los contribuyentes con 
rentas más bajas, lo más adecuado hubieran sido otras medidas, entre las que destaca 
una reducción de tipos en los primeros tramos de la tarifa o la creación de deducciones 
en la cuota.
D)  Por todo lo expuesto, el escrito de interposición concluye solicitando que se  e
declare la inconstitucionalidad y nulidad del art. 88 de la Ley 5/2020 a la luz del art. 46 de  bo
la Ley 22/2009, por cuanto el incremento del mínimo personal que establece opera solo  515ww
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LIRPF y 46 de la Ley 22/2009).
2.  El  Pleno  del  Tribunal  Constitucional,  a  propuesta  de  la  Sección  Tercera,  y 
mediante providencia de 20 de abril de 2021, acordó admitir a trámite el presente recurso 
de  inconstitucionalidad,  dando  traslado  de  la  demanda  y  documentos  presentados, 
conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al 
Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentas, así como al 
Gobierno  de  la  Generalitat  y  al  Parlamento  de  Cataluña,  por  conducto  de  sus 
presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el 
proceso y formular las alegaciones que estimaren pertinentes. Asimismo, se acordó 
publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
3.  Mediante escrito registrado en fecha 6 de mayo de 2021, la presidenta del 
Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara en el sentido 
de darse por personada en el proceso y por ofrecida su colaboración a los efectos del 
art. 88.1 LOTC, en el que también acordó la remisión a la Dirección de Estudios, Análisis 
y Publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General. Lo mismo hizo la 
presidenta del Senado en escrito registrado en este tribunal el 11 de mayo de 2021.
4.  La abogada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente 
ostenta, por escrito registrado en este tribunal el 12 de mayo de 2021, se personó en 
nombre  de  la  misma  y  solicitó  una  prórroga  del  plazo  otorgado  para  presentar 
alegaciones, la cual le fue concedida mediante diligencia de ordenación de 12 de mayo 
de 2021.
5.  El letrado del Parlamento de Cataluña, en representación de este, mediante 
escrito registrado el 14 de mayo de 2021, comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara 
de personarse en el procedimiento solicitando una prórroga del plazo concedido para 
formular alegaciones. Por diligencia de ordenación de 17 de mayo de 2021, se acordó 
tenerle por personado y prorrogarle en ocho días más el plazo inicialmente concedido.
6.  En fecha de 3 de junio de 2021 tuvo entrada en el registro general de este 
tribunal el escrito de alegaciones de la abogada de la Generalitat, en la representación 
que legalmente ostenta, instando la íntegra desestimación del recurso por las razones 
que se exponen a continuación.
A)  Una  vez  realizada  la  síntesis  del  objeto  de  la  demanda  y  el  motivo  de 
impugnación, se asevera que la modificación del mínimo del contribuyente del IRPF por 
la Ley 5/2020 se inserta en el contexto de la prórroga de los presupuestos autonómicos 
de  2017  y  que,  según  su  propio  preámbulo,  tiene  como  objetivo  incrementar  la 
progresividad  del  sistema  fiscal  catalán  reduciendo  la  carga  tributaria  de  los 
contribuyentes con un nivel de renta más bajo, elevando un 10 por 100 la cuantía de su 
mínimo exento para adaptarlo al coste de la vida en Cataluña, más elevado que la media 
estatal.
Por un lado, según el estudio realizado por el Departamento de Vicepresidencia y de 
Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya (aportado como documento 1), el 
perfil de los declarantes beneficiados por esta medida (que son 205043 contribuyentes) 
es el de un asalariado con un salario neto (excluida la Seguridad Social) igual o inferior 
a 15.750 euros anuales, con pocos ingresos del ahorro, menor de sesenta y cinco años, 
sin  discapacidad  y  sin  descendientes  y  ascendientes  a  cargo,  y  que  presenta  la 
declaración individual; y, por otro lado, el apartado 1 de la nota de la Dirección General  e.e
de Tributos y Juego emitida en relación con el informe previo del Consejo Superior para  b
la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria sobre el proyecto de ley de esta  515ww
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dlae m ceodmiap reas rtaetaal l;e yn,  Cseagtaulnudñoa,;  pporirmqueero e, lp aocrtquuael  ceol nccoespteto d dee l am vínidima oe sp emrsáosn ealle (veasdtaot aqlu) ee setán 
muy por debajo del umbral de pobreza en España (en 2018 era de 8.871 euros anuales)
y en Cataluña (en 2018 era de 10.981 euros anuales), y esta infravaloración del mínimo 
personal afecta más a las personas con rentas bajas inferiores a 12.450 euros (porque 
su renta disponible después de impuestos no llega a ser suficiente para cubrir sus 
necesidades vitales) que a los contribuyentes con mayores ingresos: Así, se dice, en el 
primer quintil de renta, el 36 por 100 de población catalana vive en hogares que destinan 
más del 40 por 100 de los ingresos a los gastos de la vivienda, mientras que en el quinto 
quintil de renta este porcentaje no llega al 1 por 100.
Por todo ello la abogada de la Generalitat considera que el art. 88 de la Ley 5/2020 
adecúa el IRPF a los principios de capacidad económica y de progresividad del art. 31.1 
CE; adecuación a estos principios constitucionales que, según la STC 182/1997, de 28 
de octubre, deben encontrar «su más cabal proyección» en este impuesto, al ser «una 
figura central de la imposición directa» y, por tanto, constituir «una de las piezas básicas 
de nuestro sistema tributario».
B)  Tras recordar: (i) el bloque de la constitucionalidad sobre tributos cedidos y, en 
especial, sobre la cesión de competencias normativas en el IRPF [art. 19.2 a) LOFCA y 
art. 46 de la Ley 22/2009], y (ii) la doctrina constitucional a favor de una interpretación de 
los límites constitucionales al poder tributario autonómico (como el art. 149.1.14 CE) que 
no haga inviable el ejercicio de dicha potestad [STC 65/2020, de 18 de junio, FJ 7 D)], la 
representante  de  la  Generalitat  formula  tres  alegaciones  en  defensa  de 
constitucionalidad del precepto autonómico impugnado expresando la inexistencia de 
extralimitación  en  el  ejercicio  de  las  competencias  normativas  cedidas  respecto  al 
mínimo personal y familiar del gravamen autonómico del IRPF previstas el art. 46.1 a), 2 
e) y 2 f) de la Ley 22/2009.
a)  En primer lugar, a su juicio, el análisis detallado del art. 57 LIRPF evidencia el 
establecimiento de un reconocimiento generalizado del mínimo del contribuyente que 
puede elevarse atendiendo a circunstancias personales concretas. Comparando esta 
norma estatal con el art. 88 de la Ley 5/2020, afirma respecto de este último que: (i) 
primero, no altera el mínimo del contribuyente específico de los mayores de sesenta y 
cinco y de setenta y cinco años (no modifica la única circunstancia personal a que se 
refiere el art. 57 LIRPF); mínimo por edad que, como el propio «manual práctico de 
renta 2020» de la Agencia estatal de la administración tributaria reconoce, no ha sido 
modificado por el precepto autonómico impugnado; (ii) segundo, no altera ningún otro 
concepto o circunstancia personal y familiar integrada en el mínimo personal y familiar 
prevista en los arts. 56 a 60 LIRPF; y (iii), tercero, únicamente incrementa un 10 por 100 
el importe (general) del mínimo del contribuyente fijado en el art. 57.1 LIRPF atendiendo 
al nivel de renta del contribuyente (y no a circunstancia personal alguna) para adaptarlo 
a las especiales circunstancias socioeconómicas de Cataluña, donde el coste de la vida 
es más elevado que la media estatal. Y este incremento para contribuyentes con rentas 
bajas se realiza sin tener en cuenta ninguna circunstancia personal y familiar, tal y como 
se regula el mínimo general del contribuyente en el art. 57.1 LIRPF, respetando, por 
tanto, la prohibición del art. 46.2 e) de la Ley 22/2009 y la estructura del impuesto.
b)  En segundo lugar, arguye esta representación autonómica que esta modificación 
no provoca distorsiones en la aplicación del IRPF en relación con los contribuyentes del 
resto del Estado por las siguientes razones: (i) porque la regulación catalana no les 
afecta ni directa ni indirectamente a través de la recaudación del Estado por el IRPF en 
Cataluña (la disminución de ingresos incide únicamente en el gravamen autonómico del 
IRPF en relación con la hacienda catalana); y (ii) porque en el caso de los contribuyentes 
con rentas más bajas no existe desigualdad territorial al estar compensando el legislador  e.
autonómico el mayor esfuerzo económico para satisfacer las necesidades básicas que  w.b
les supone vivir en Cataluña. 515ww
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econn e ll oasr tl.í m46it.e1s c i)m. puestos a la creación ex novo de deducciones en la cuota autonómica
C)  Finalmente, para rebatir la denuncia de que el art. 88 de la Ley 5/2020 no se 
acomoda a la naturaleza del mínimo del contribuyente configurado en el art. 56 LIRPF, la 
abogada de la Generalitat se basa en la doctrina consolidada en la STC 19/2012, de 15 
de febrero, FJ 4 a), en la que se especifica que la Constitución obliga a garantizar un 
mínimo vital o de subsistencia libre de gravamen, pero no los mecanismos legales en los 
que  este  puede  articularse  en  el  IRPF  (sobre  la  base  imponible,  a  través  del 
establecimiento de exenciones, deducciones o reducciones; sobre la cuota tributaria, 
mediante deducciones o bonificaciones; regulando la tarifa, mediante el establecimiento 
de un tipo cero para un primer tramo de renta; o actuando a la vez sobre todos estos 
elementos). De ahí que tan legítimas son las opciones legislativas propuestas por el 
Estado  en  el  escrito  de  interposición  del  presente  recurso  de  inconstitucionalidad 
(incremento del mínimo personal para todos los contribuyentes o reducción de los tipos 
de gravamen en los primeros tramos de la tarifa), como la establecida en el precepto 
autonómico aquí impugnado: incremento del mínimo para los contribuyentes con rentas 
más  bajas.  Es  más,  las  medidas  propuestas  por  el  Estado  benefician  a  todos  los 
contribuyentes (y no exclusivamente a los que obtienen menos rentas, que es el objetivo 
pretendido) y comportan una pérdida de recaudación más elevada (220,89 millones de 
euros frente a los 12,40 millones de euros que supone la medida tributaria adoptada, 
como se especifica en la documentación adjunta), por lo que fueron desechadas por el 
legislador autonómico.
7.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 8 de junio de 2021, el letrado del 
Parlamento de Cataluña, en la representación que ostenta, presenta sus alegaciones, 
solicitando se declare la plena constitucionalidad del art. 88 de la Ley 5/2020 con base 
en los siguientes argumentos.
A)  Tras  resumir  el  motivo  de  impugnación  y  la  finalidad  que  del  precepto 
autonómico recurrido ofrece el preámbulo de la Ley 5/2020, comienza destacando que, 
conforme  a  la  doctrina  constitucional,  no  compete  a  este  tribunal  enjuiciar  si  las 
soluciones adoptadas en la ley impugnada son las más correctas técnicamente, sino su 
adecuación a la Constitución (STC 19/2012, FJ 3). También aclara que la opción elegida 
por  el  legislador  catalán  para  regular  el  mínimo  personal  aplicable  al  gravamen 
autonómico del IRPF responde a una finalidad adicional no contemplada por las dos 
medidas  tributarias  sobre  el  mínimo  vital  que  el  abogado  del  Estado  tilda  de 
«adecuadas» o «correctas», cual es reducir exclusivamente la carga tributaria de las 
rentas más bajas, como expuso el entonces vicepresidente del Govern y consejero de 
Economía  y  Hacienda  en  la  sesión  del  Parlamento  de  Cataluña  de  12  de  febrero 
de 2020. Dicha minoración de la carga fiscal hasta un determinado umbral de renta por 
medios diferentes de la tarifa, y sin alterar la carga tributaria de las rentas más altas, es 
una opción legislativa: (i) constitucionalmente legítima según este tribunal (STC 19/2012, 
FJ 4); (ii) que también se obtiene a través de las deducciones en la cuota creadas por las 
comunidades autónomas aplicables hasta un determinado umbral de renta o en la propia 
ley estatal para la aplicación de los mínimos por descendientes y ascendientes (arts. 58 
y 59 LIRPF), y (iii) que se ha adoptado en países de nuestro entorno, como en el art. 4 
de la Finance Act 2009 de Reino Unido.
B)  Continúa el letrado del Parlamento de Cataluña reseñando el bloque de la 
constitucionalidad en materia de cesión de competencias normativas sobre el IRPF con 
especial atención a la fijación del mínimo personal y familiar del art. 46.1 a) y 2 e) de la 
Ley 22/2009, y rechazando la interpretación restrictiva que de dicha cesión propone el  e
abogado  del  Estado  alegando  su  contradicción  con  el  nuevo  modelo  de  hacienda  bo
autonómica basado en la corresponsabilidad fiscal y con el peso que los tributos cedidos  515ww
tFieJn 8e,n y  e7n6 /e2s0te1 4s,i sdtee m8 ad ed em fainyaon, cFiJa c4ió).n autonómica (SSTC 204/2011, de 15 de diciembre,
a)  De un lado, a su juicio, el art. 88 de la Ley 5/2020 no solo se acomoda a la
naturaleza del mínimo del contribuyente configurado en la actual LIRPF (puesto que
aumentar la progresividad del impuesto fue el objetivo de la modificación operada en la 
Ley 35/2006 con respecto a su configuración como reducción de la base imponible en la 
LIRPF  anterior),  sino  que  ahonda  en  esa  progresividad  al  disponer  que,  hasta  un 
determinado umbral de renta, el mínimo del contribuyente aumente un 10 por 100 ex 
art. 46.1 a) de la Ley 22/2009. Asimismo, rechaza el argumento del abogado del Estado 
de que las necesidades básicas son las mismas para todos los contribuyentes con la 
misma situación personal y familiar con independencia de su nivel de renta, puesto que: 
(i) la doctrina científica ha entendido que la vigente LIRPF ha establecido un mínimo vital 
decreciente en función de la cuantía de la renta, y (ii) en esa misma línea, el legislador 
catalán considera que el esfuerzo económico para acceder a las necesidades básicas 
varía en función de la capacidad económica de los contribuyentes, siendo mayor para las 
rentas más bajas. De ahí que el umbral de renta utilizado por el precepto autonómico 
impugnado –12.450 euros– para que resulte aplicable el mínimo incrementado se sitúe 
levemente por encima del umbral de riesgo de pobreza para los hogares formados por 
una sola persona (10.981 euros) según la última «encuesta de condiciones de vida» 
correspondiente al año 2018 elaborada por el Instituto de Estadística de Cataluña.
b)  De otro lado, sostiene que la fijación de un umbral de renta para el acceso al 
incremento del mínimo del contribuyente aprobado de conformidad al art. 46.1 a) de la 
Ley 22/2009, no modifica, en contra del art. 46.2 e) de la Ley 22/2009, los conceptos y 
las  circunstancias  personales  y  familiares  contenidos  en  los  arts.  56-60  LIRPF,  ni 
desvirtúa la naturaleza de los mínimos, ni la estructura del IRPF. En primer lugar, del 
concepto de mínimo personal y familiar definido en el art. 56 LIRPF no se desprende que 
los mínimos tengan que ser los mismos para todos los contribuyentes que se encuentren 
en  cada  una  de  las  situaciones  personales  reguladas,  con  independencia  de  su 
capacidad económica, dado que los mínimos por descendientes y por ascendientes 
previstos en la ley estatal (arts. 58 y 59 LIRPF) establecen umbrales de renta para ser 
aplicados, como también lo hacía la antigua Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF, 
antes y después de su reforma por la Ley 46/2002, de 18 de noviembre. En segundo 
lugar, la capacidad económica no puede considerarse una situación personal a efectos 
del art. 46.2 e) de la Ley 22/2009 sin contravenir lo dispuesto en el preámbulo de la 
actual LIRPF «esta estructura supone que los contribuyentes no tributan por las primeras 
unidades monetarias que obtienen y que destinan a cubrir las necesidades vitales, de 
forma que los contribuyentes con iguales circunstancias personales y familiares logran el 
mismo ahorro, con lo que se mejora la progresividad del impuesto». Y, en tercer lugar, la 
norma impugnada no regula la única situación personal contenida en el art. 57 LIRPF, 
cual es la edad del contribuyente, pues no fija edades distintas para la aplicación del 
mínimo incrementado, ni establece un tercer mínimo incrementado para mayores de 
ochenta y cinco años.
C)  Esta representación autonómica asevera, en contra de lo argumentado por el 
abogado del Estado, que una interpretación sistemática del art. 46.1 a) y 2 e) y del 
art. 46.1 c) de la Ley 22/2009 (en concreto, de la configuración de la cesión de la 
competencia normativa sobre mínimo personal y familiar, y deducciones en la cuota) 
avala la constitucionalidad del art. 88 de la Ley 5/2020. Y ello porque la interpretación 
contraria sería inane, puesto que la comunidad autónoma podría conseguir para aquellos 
contribuyentes con una suma de bases liquidables general y del ahorro igual o inferior 
a 12.450 euros un efecto idéntico al obtenido con el incremento en 555 euros del mínimo 
personal del art. 57.1 LIRPF a través una deducción en la cuota del 12 por 100 de 555 
euros. e.
8.  Por providencia de 26 de octubre de 2021 se señaló para deliberación y votación  515ww
de la presente sentencia el día 28 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso de inconstitucionalidad ha sido promovido por el presidente 
del Gobierno contra el art. 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de 
abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, y de creación 
del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Este precepto fija, 
con  efectos  desde  1  de  enero  de  2020,  las  cuantías  del  mínimo  personal  (o  del 
contribuyente) aplicables al tramo autonómico del IRPF disponiendo lo siguiente:
«Artículo  88.  Mínimo  del  contribuyente  (Impuesto  sobre  la  renta  de  las  personas 
físicas).
Con efectos desde el 1 de enero de 2020, y en los términos del artículo 46.1 a de la 
Ley  del  Estado  22/2009,  de  18  de  diciembre,  por  la  que  se  regula  el  sistema  de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto 
de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece el siguiente 
importe para el mínimo personal:
a)  El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.550 euros anuales.
b)  Si la suma de las bases liquidables general y del ahorro del contribuyente es 
igual o inferior a 12.450 euros, el mínimo del contribuyente es de 6.105 euros anuales.»
El abogado del Estado solicita la inconstitucionalidad y nulidad del art. 88 de la 
Ley 5/2020 por invadir la competencia exclusiva del Estado sobre hacienda general 
(art. 149.1.14 CE) al desbordar el marco competencial de la cesión de competencias 
normativas a la comunidad autónoma que, sobre el mínimo personal del IRPF, establece 
el Estado en los arts. 10.2 y 19.2 a) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación  de  las  comunidades  autónomas;  y,  en  concreto,  en  el  art.  46  de  la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, «por la que se regula el sistema de financiación de las 
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se 
modifican  determinadas  normas  tributarias»,  al  que  se  remite  el  art.  2.2  de  la 
Ley  16/2010,  de  16  de  julio,  «del  régimen  de  cesión  de  tributos  del  Estado  a  la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha 
cesión».
Por su parte, tanto la abogada de la Generalitat como el letrado del Parlament de 
Cataluña,  en  los  términos  que  se  sintetizan  en  los  antecedentes,  solicitan  la 
desestimación  del  recurso  por  no  concurrir  la  tacha  de  inconstitucionalidad  en  él 
invocada, al haberse ejercido las competencias normativas delegadas sobre el mínimo 
personal del IRPF dentro del marco establecido en el bloque de la constitucionalidad y, 
por tanto, sin contravención de los arts. 149.1.14 CE en relación con los arts. 133.1 
y 157.3 CE.
Dado que la queja de la representación estatal se centra exclusivamente en el 
incremento autonómico sobre la cuantía estatal del mínimo personal del IRPF para los 
contribuyentes  con  rentas  bajas,  el  objeto  de  este  proceso  constitucional  queda 
circunscrito al apartado b) del art. 88 de la Ley 5/2020.
2.  Dado que nos encontramos ante una controversia estrictamente competencial, 
debemos  comenzar  concretando  la  distribución  que  del  poder  tributario  estatal  y 
autonómico en materia de tributos estatales cedidos, hace la Constitución y el bloque de 
la constitucionalidad, ya que en los estatutos de autonomía las comunidades autónomas  e.e
han asumido competencias sobre los mismos. En particular, Cataluña en el art. 203.2 de  b
la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de  515ww
Cataluña.
Habiéndose recogido recientemente este marco competencial con carácter general 
en la STC 65/2020, de 18 de junio, FJ 5 C), se da aquí por reproducido, sin perjuicio de 
resaltar sus líneas fundamentales:
A)  Los impuestos cedidos son tributos de titularidad estatal, fruto de la potestad 
tributaria originaria del Estado ex art. 133.1 CE y de su competencia exclusiva sobre 
Hacienda General (art. 149.1.14 CE). Por tanto, es el Estado el que establece en la Ley 
Orgánica  de  financiación  de  las  comunidades  autónomas,  ex  art.  157.3  CE,  «la 
regulación esencial de la cesión» (STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 3), actualmente 
recogida en los arts. 10, 11, 19.2 y 20.2, 3 y 5 LOFCA; y en las leyes reguladoras del 
sistema  de  financiación  autonómica  (la  vigente  Ley  22/2009)  se  complementa  y 
desarrolla ese marco orgánico general que determina el régimen de cesión de tributos a 
las comunidades autónomas, regulando las condiciones y el alcance de la misma. Dicha 
cesión se produce para Cataluña con la promulgación de la Ley 16/2010, de 16 de julio, 
«del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y 
de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión», que modifica la disposición 
adicional séptima del Estatuto de Autonomía de Cataluña, puesto que, como determina 
el art. 10.2 LOFCA, se entenderá efectuada la cesión «cuando haya tenido lugar en 
virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y 
condiciones de la misma se establezca en una ley específica».
Por  lo  aquí  importa,  además  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  y  la  Ley 
Orgánica de financiación de las comunidades autónomas, en lo que concierne a la 
delegación de facultades normativas al amparo del art. 150.1 CE, tanto esta última ley 
ordinaria (en adelante, Ley 16/2010 o ley específica de cesión) como la Ley 22/2009, a la 
que la primera se remite (art. 2.2: «se atribuye a la Comunidad Autónoma de Cataluña la 
facultad de dictar para sí misma normas legislativas, en los casos y en las condiciones 
previstos en la Ley 22/2009»), forman parte del bloque de la constitucionalidad ex art. 28 
LOTC al delimitar competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en 
materia de tributos cedidos [por todas, SSTC 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 2 c), 
y 197/2012, de 6 de noviembre, FJ 2].
B)  Se trata, pues, de tributos establecidos por el Estado y regulados principalmente 
por él, cuyo producto corresponde total o parcialmente a las comunidades autónomas 
(arts. 203.2 EAC y 10.1 LOFCA), por lo que su cesión a las comunidades autónomas no 
implica «la transmisión de la titularidad sobre el mismo o sobre el ejercicio de las 
competencias inherentes al mismo» (SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 8; 35/2012, 
de 15 de marzo, FJ 7, y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 3), como indica también el 
art. 45 de la Ley 22/2009. En la actualidad, el régimen legal de los tributos cedidos es 
sustancialmente distinto en función de la figura impositiva objeto de cesión y esas 
diferencias se proyectan sobre la triple desmembración de la competencia que puede 
ejercerse sobre la materia tributaria: la competencia normativa, la competencia ejecutiva 
o administrativa (que incluye también las funciones de sanción y de revisión) y la 
competencia sobre el rendimiento o producto de la recaudación de dichos tributos.
C)  En lo que afecta al IRPF, aquí concernido, el régimen de cesión contempla, de 
un lado, la atribución parcial del 50 por 100 de los rendimientos [disposición adicional 
séptima a) EAC; art. 11 a) LOFCA; arts. 12, 25.1 a), 26 y 30 de la Ley 22/2009; y art. 1 a) 
de la Ley 16/2010] sin delegación de competencias administrativas o ejecutivas (de 
aplicación, sanción y revisión) [arts. 19.2 y 3, y 20.2 y 3 LOFCA; arts. 204.1 y 2, y 205 
EAC; art. 54.2 a) de la Ley 22/2009, al que se remite el art. 2.1 de la Ley 16/2010]. De 
otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 150.1 CE y 19.2 LOFCA, a partir del  e.
sistema de financiación autonómica implantado en España en 1997, la cesión de tributos  w.b
a las comunidades autónomas incluye la delegación de competencias normativas que en  515ww
ScaSdTaC  c2a5s/2o0 1s6e,  dined 1iq5u deen  feabl rererog,u FlaJr  2l,a y  c3e3s/2ió0n1 6a, pdleic a1b8l ed er faetbiorneero ,t eFmJ p4o).r iYs  e(np ocru atondtoa sa,l 
LIROPFFC, Ae,s ntaos  scoolom epne t«elnac iraesg unlaocrmióant idvea sl ad tealreifgaa dy adse dcuocncsiiosnteens,  deen  lav icrtuuodt ad»e sl inaort . ta1m9.b2i éan), 
como novedad del sistema de financiación autonómica vigente, en «la fijación de la 
cuantía del mínimo personal y familiar».
Comoquiera que el ejercicio autonómico de dichas competencias normativas debe 
realizarse «en los términos que establezca la Ley que regule la cesión de tributos» (arts. 
10.3 y 19.2 LOFCA); y esta se remite a lo dispuesto en la Ley 22/2009 (art. 2.2 de la 
Ley  16/2010),  habrá  que  estar  a  lo  preceptuado  en  su  art.  46  «Alcance  de  las 
competencias normativas en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas». Este 
precepto, debido a la relevancia que entraña la cesión de competencias normativas del 
IRPF, y a diferencia de los demás impuestos cedidos, establece dos listas (positiva y 
negativa)  sobre  las  condiciones  de  la  delegación  normativa  de  los  tres  elementos 
esenciales del IRPF que permite el art. 19.2 a) LOFCA.
Concretamente, y por lo que se refiere al mínimo personal y familiar aplicable al 
tramo autonómico del IRPF, de una parte, se dispone en el art. 46.1 a) que «las 
comunidades autónomas podrán asumir competencias normativas sobre: a) El importe 
del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico. A 
estos  efectos,  las  comunidades  autónomas  podrán  establecer  incrementos  o 
disminuciones en las cuantías correspondientes al mínimo del contribuyente y a los 
mínimos  por  descendientes,  ascendientes  y  discapacidad  a  que  se  refieren  los 
artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas con el límite del 10 por 100 para cada una de las cuantías». 
Y, de otra parte, en la lista complementaria del art. 46.2 se prevé que «Las comunidades 
autónomas no podrán regular: […] e) Los conceptos ni las situaciones personales y 
familiares comprendidos en cada uno de los mínimos a que se refieren los artículos 57, 
58,  59  y  60,  ni  las  normas  para  su  aplicación  previstas  en  el  artículo  61,  de  la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas; y 
f) En general, todas las materias no contempladas en el apartado 1 anterior».
Asimismo, aunque las leyes estatales reguladoras de los tributos cedidos no son 
parámetro de enjuiciamiento de forma directa, sí pueden serlo por remisión cuando las 
normas estatales de cesión se remiten expresamente a ellas, como lo hace el art. 46 de 
la Ley 22/2009 (STC 197/2012, FJ 3, con cita de la STC 161/2012, FJ 3). En este caso, 
será norma de contraste la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, «del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos 
sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio».
3.  Una  vez  expuesto  el  ámbito  de  la  delegación  estatal  de  las  competencias 
normativas  sobre  el  mínimo  personal  y  familiar  aplicable  en  la  determinación  del 
gravamen  autonómico  del  IRPF,  corresponde  ya  analizar  si  el  establecimiento 
autonómico  de  un  mínimo  personal  incrementado,  de  aplicación  exclusiva  a 
contribuyentes con base liquidable total (general y del ahorro) igual o inferior a 12.450 
euros, como el aquí impugnado, se realiza dentro del marco y límites introducidos por el 
Estado en el art. 46 de la Ley 22/2009 (al que el art. 2.2 de la ley específica de cesión se 
remite) en el ejercicio de su potestad originaria ex arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE.
A)  Procede comenzar este examen con un breve análisis de la norma autonómica 
impugnada y la norma estatal de contraste.
a)  Por un lado, el art. 88 b) de la Ley 5/2020 introduce, a los efectos de determinar 
el gravamen autonómico del IRPF, un incremento de la cuantía del mínimo personal 
prevista por el legislador estatal en el art. 57.1 LIRPF, cifrado en 6.105 euros anuales,  e.
para los contribuyentes cuya suma de bases liquidables (general y del ahorro) sea igual  w.
o inferior a 12.450 euros. Con esta medida tributaria el legislador autonómico persigue,  515ww
sdeegl úimn plau eesxtpoo ys ic(iiió) nr eddeu mciro tliav ocsa drgea l atr ribeufetarirdiaa  Lae lyo s5 /c2o0n2t0ri,b (ui)y iennctreesm ceonnta ur nla  npivroegl rdees ivreidnatad 
mmááss  bealejov asdino  aqltueer alar  lam deedli are esstota, tcaol;m yp eevnistaannddoo  aassiím eils mmaoy oqru eco essteta d ree blaa vjaid fais ecanl  Cteantaglau ñuan,   BOE-A-cable e
importante  coste  presupuestario  para  la  Generalitat,  como  expresan  las 
representaciones autonómicas.
b)  Por otro lado, el art. 57 LIRPF determina las cuantías del mínimo personal o del 
contribuyente;  cuantías  que,  junto  con  las  establecidas  para  los  mínimos  por 
ascendientes y descendientes a cargo (arts. 58 y 59 LIRPF) y para el mínimo por 
discapacidad (art. 60 LIRPF), conforman la cuantía del denominado mínimo personal y 
familiar, que constituye «la parte de la base liquidable no sometida a tributación por 
destinarse  a  satisfacer  las  necesidades  básicas  personales  y  familiares  del 
contribuyente» (art. 56.1 LIRPF). Y a efectos del cálculo del gravamen autonómico se 
incrementará o disminuirá en los importes que apruebe la comunidad autónoma «de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009» (art. 56.3 LIRPF). En el actual IRPF ese 
mínimo personal y familiar ya no se configura, a diferencia del IRPF anterior, como 
reducción de base imponible, sino que incide en la determinación de la cuota. De ahí que 
para hallar las cuotas íntegras estatal y autonómica se apliquen las escalas, primero, a 
toda la base liquidable (sin sustraer el mínimo) y, después, al mínimo personal y familiar, 
minorando el segundo resultado del primero (arts. 63 y 74 LIRPF).
Así, con carácter general, la cuantía del mínimo personal o del contribuyente será 
de 5.550 euros anuales (art. 57.1 LIRPF), aumentando en 1.150 euros anuales si la edad 
de este a la fecha de devengo del impuesto supera los sesenta y cinco años, y en 1.400 
euros anuales adicionales si supera los setenta y cinco años (art. 57.2 LIRPF).
B)  A  la  vista  del  contraste  de  los  dos  preceptos  y  del  marco  competencial 
anteriormente descrito, cabe apreciar una extralimitación en el ámbito de la cesión, 
puesto que una interpretación sistemática de los apartados 1 a) y 2 e) del art. 46 de la 
Ley  22/2009  impide  a  las  comunidades  autónomas  supeditar  o  condicionar  la 
modificación que eventualmente establezcan sobre las cuantías del mínimo personal y 
familiar  estatal,  ya  sea  al  nivel  de  rentas  del  contribuyente  (como  la  norma  aquí 
impugnada),  ya  sea  a  cualquier  otra  circunstancia  subjetiva  (personal  o  familiar)  u 
objetiva  (como  la  cuantía  o  el  origen  de  la  renta,  por  ejemplo)  no  contemplada 
expresamente en la regulación estatal de esos mínimos (arts. 57-60 LIRPF).
En efecto, el citado art. 46.1 a) permite incrementar o disminuir las cuantías aprobadas 
por el Estado a efectos del cálculo del gravamen autonómico; pero, en todo caso, y con el 
fin de mantener la necesaria coherencia en un aspecto tan relevante del IRPF, se fijan dos 
límites: primero, un porcentaje máximo de variación, al alza o a la baja, del 10 por 100 
para cada una de las cuantías que componen el mínimo personal y familiar [art. 46.1 a)]; y, 
segundo, una prohibición específica de regulación autonómica (i) de los conceptos y las 
circunstancias personales y familiares comprendidos en cada mínimo estatal (art. 57-60 
LIRPF) y (ii) de las normas de aplicación de los mismos (art. 61 LIRPF), que deberán ser 
los previstos por la normativa estatal [art. 46.2 e)]. En consecuencia, a diferencia de la 
delegación de la «regulación» sobre la escala autonómica aplicable a la base imponible 
general y sobre las deducciones en la cuota autonómica [con las condiciones del art. 46.1 
b) y c), respectivamente], el alcance de la cesión de la competencia normativa en materia 
de mínimo personal y familiar se circunscribe, como bien estipula el art. 19.2 a) LOFCA, a 
la «fijación» de las cuantías que lo integran (que no «regulación» del propio mínimo); lo 
que implica exclusivamente graduar el importe de cada una de las cantidades hasta un 10 
por 100 sin someterlas a más condicionamientos que los establecidos por el Estado. 
Varios argumentos avalan esta conclusión.
a)  Ya en las SSTC 161/2012 (FJ 5) y 197/2012 (FJ 4), al enjuiciar el posible  e
desbordamiento del ámbito estatal  de  cesión de  competencias normativas sobre la  bo
creación autonómica de deducciones en la cuota del IRPF, se expuso que en la LIRPF  515ww
peexirsstoenna lreesd uy cfcaimonileiasr eos  ddeeld cuocnctiroibnueyse nqtuee,  cúonmicoa mlaesn ptere vtiiesntaesn  eenn l ocsu aerntsta.  5c6i racu 6n1s tLaInRcPiaFs, 
qou aes tcoemnadnie netne sc oan sciadregroa,c iyó nq ulae e cduamd,p llae nd ilsac afupnacciiódna dd efí ssicuab,j eetli vnizúamr elrao  cdaer gdae stcriebnudtaierinat;e sy 
otras vinculadas a la obtención de una determinada categoría de renta y no solo a
circunstancias puramente personales, poniendo de ejemplo el entonces vigente art. 20 
LIRPF (reducción por obtención de rendimientos del trabajo). Pues bien, baste acudir 
ahora  al  art.  32.2  LIRPF  (reducción  por  obtención  de  rendimientos  de  actividades 
económicas)  para  señalar  que  el  legislador  del  IRPF  introduce  reducciones  que,  a 
diferencia del mínimo personal y familiar de los arts. 56 a 61 LIRPF, se vinculan a la 
obtención de una clase de renta (rendimientos de actividades económicas), aunque 
tengan  en  cuenta  determinadas  situaciones  personales  del  contribuyente  (como  la 
discapacidad, en este caso) y se gradúan, en lo que ahora importa, en función de la 
cuantía de los rendimientos obtenidos.
Así las cosas, es precisamente porque el mínimo personal y familiar configurado en 
la ley estatal atiende única y exclusivamente a circunstancias subjetivas personales y 
familiares (y, en concreto, el mínimo personal del art. 57 LIRPF solo a la edad del 
contribuyente), por lo que la introducción autonómica de un elemento objetivo ajeno a la 
regulación estatal del mínimo del contribuyente para modular su importe, como es la 
cuantía de la renta, desborda el ámbito de cesión diseñado en el art. 46.2 e), que 
prohíbe regular el propio mínimo personal del art. 57 LIRPF. Y ello con independencia de 
que, como sostienen las representaciones autonómicas, (i) el precepto impugnado no 
modifique la única circunstancia personal (la edad) prevista en el art. 57 LIRPF y (ii) el 
nivel de renta del contribuyente no constituya una circunstancia personal (ni familiar) 
cuya regulación por parte de la comunidad autónoma prohíba expresamente el art. 46.2 
e) de la Ley 22/2009.
b)  Admitir  lo  contrario  conllevaría  desvirtuar  el  concepto  unitario  de  mínimo 
personal y familiar para todos los contribuyentes con las mismas situaciones personales 
y familiares con independencia de su nivel de renta que, según el legislador del IRPF 
de 2006, se halla no a través de la cuantía de ese mínimo (que es única para todos), 
sino a través de la aplicación a la misma de un tipo cero. En este sentido, este tribunal ya 
ha reconocido expresamente la legitimidad constitucional de que el legislador condicione 
o no el mínimo vital de subsistencia (y dentro de él, el mínimo personal y familiar del 
IRPF) en función del nivel de renta «pudiendo ser válida la opción de condicionar la 
aplicación del mínimo hasta un determinado umbral de renta, igual de válida es la opción 
contraria, esto es, la de garantizar aquel mínimo vital de subsistencia libre de gravamen 
para todos los obligados al sostenimiento del gasto público» (STC 19/2012, de 15 de 
febrero, FJ 4). Pero, en todo caso, la elección de la articulación de la protección de ese 
mínimo en el IRPF entre las diferentes opciones legislativas constitucionalmente posibles 
solo puede competer al Estado en el legítimo ejercicio de su poder tributario originario 
(art. 133.1 CE) y de su competencia exclusiva de hacienda general (art. 149.1.14 CE) 
para  la  regulación  de  sus  propios  tributos,  con  la  única  excepción  exclusivamente 
cuantitativa establecida en el art. 46.1 a) de la Ley 22/2009 y cedida a la comunidad 
autónoma catalana ex art. 2.2 de la Ley 16/2020 [arts. 203 EAC y 19.2 a) LOFCA].
c)  Adicionalmente,  debe  rechazarse,  de  un  lado,  el  argumento  del  letrado  del 
Parlament de que el legislador estatal haya introducido un umbral de renta para la 
aplicación del mínimo por ascendientes y descendientes en los arts. 58 y 59 LIRPF que, 
de existir, solo permitiría su propia variación hasta un 10 por 100 ex art. 46.1 a) de la 
Ley 22/2009 y no la introducción de dicho umbral en el mínimo del contribuyente del 
art. 57 LIRPF, donde no se contempla. Es más, los umbrales de renta de los arts. 58 y 59 
LIRPF  se  refieren  no  al  contribuyente  sino  a  la  determinación  de  los  concretos 
ascendientes y descendientes que generan el derecho a los mismos, que no es lo 
mismo; umbrales que, por otra parte, tampoco podría modificar la comunidad autónoma  s
al constituir estos una circunstancia familiar (concepto de ascendiente o descendiente a  oe.
cargo) ex art. 46.2 e) de la Ley 22/2009. Y, de otro lado, debe afirmarse que el hecho de  w.
que la comunidad autónoma, en el ejercicio de la competencia normativa delegada en el  515ww
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del Parlament] en ningún caso convierte en constitucional el incremento autonómico del 
mínimo personal aquí controvertido.
C)  Por lo demás, no procede que este tribunal se pronuncie, como insta el abogado 
del Estado, sobre la pretendida adecuación de la medida tributaria impugnada a las 
finalidades que persigue según el preámbulo de la Ley 5/2020 o a la propia estructura 
del IRPF vigente; ni tampoco, como pretenden las representaciones autonómicas, sobre 
qué norma sobre el mínimo del contribuyente (la autonómica impugnada o la estatal de 
contraste)  plasma  mejor  los  principios  constitucionales  de  capacidad  económica  y 
progresividad de los que el IRPF, como pilar estructural del sistema tributario, debe ser 
«su más cabal proyección» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6). Y ello por ser estas 
cuestiones de política legislativa, ajenas a la función de este tribunal. En efecto, no 
corresponde efectuar valoración alguna sobre la calidad o acierto técnico de la norma 
autonómica controvertida «pues no es este tribunal “juez de la calidad técnica de las 
leyes”, en su triple dimensión de corrección técnica, oportunidad o utilidad de las leyes 
(STC 341/1993, de 18 de diciembre, FJ 2; con posterioridad, STC 341/2005, de 21 de 
diciembre, FJ 9), sino “vigilante de su adecuación a la Constitución” (STC 40/2018, de 26 
de abril, FJ 8)» [SSTC 119/2018, de 31 de octubre, FJ 2 b); y 65/2020, FJ 8 A)] y, en este 
caso, al marco de cesión estatal de competencias normativas sobre el IRPF diseñado en 
el bloque de la constitucionalidad.
D)  Por todo lo expuesto debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad del art. 88 
b) de la Ley 5/2020, al fijar un incremento del mínimo personal estatal de aplicación 
exclusiva hasta un determinado umbral de renta, excediendo los límites que para el 
ejercicio autonómico de esa competencia cedida prevé el Estado en el art. 46.1 a) y 2 e) 
de  la  Ley  22/2009,  al  que  se  remite  el  art.  2.2  de  la  ley  específica  de  cesión,  y 
produciéndose automáticamente una invasión de la competencia estatal sobre el IRPF 
(art. 149.1.14 CE en relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE)
Resta modular el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad para 
atender  adecuadamente  a  otros  valores  con  trascendencia  constitucional,  como  los 
derechos de terceros que aplicaron en el IRPF correspondiente al ejercicio 2020 el 
mínimo incrementado regulado en el apartado b) del art. 88 de la Ley 5/2020 declarado 
ahora inconstitucional. Por este motivo, conforme a exigencias del mentado principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las obligaciones tributarias devengadas a su amparo no 
son  susceptibles  de  ser  revisadas  como  consecuencia  de  la  inconstitucionalidad  y 
nulidad ahora declaradas.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad del art. 88 b) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, 
de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de 
creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, con los 
efectos determinados en el fundamento jurídico 3 D) de esta sentencia. es
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.
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Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.