BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 236 Sábado 2 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 121223
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
16033 Real Decreto 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de 
actividades  de  interés  general  consideradas  de  interés  social, 
correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
El Tribunal Supremo viene afirmando en su doctrina que la subvención se configura 
tradicionalmente en nuestro Derecho público como una medida de fomento que utilizan 
las Administraciones Públicas para promover la actividad de los particulares o de otras 
Administraciones Públicas hacia fines de interés general que representa o gestiona la 
Administración concedente. En este sentido, y desde el año 1989, la Administración 
General  el  Estado  viene  subvencionando,  a  través  de  distintos  departamentos 
ministeriales, la realización de actividades de interés general consideradas de interés 
social, desarrolladas por entidades del Tercer Sector de Acción Social, con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Resulta innegable la relevancia que desde 1989 han tenido las subvenciones a 
actividades de interés general consideradas de interés social con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el desarrollo y 
consolidación del Tercer Sector en nuestro país. Este recurso, su cuantía y finalidades, 
han ido evolucionando a lo largo de estas tres décadas como reflejo tanto de la creciente 
solidaridad de los y las contribuyentes como de la incorporación de nuevas áreas de 
interés  en  el  ámbito  social,  medioambiental  y  de  la  cooperación  internacional  al 
desarrollo. Es evidente, asimismo, la contribución histórica de estas subvenciones a la 
consolidación y fortalecimiento de un Tercer Sector de Acción Social con considerable 
capacidad de acción a nivel local, autonómico, estatal e internacional.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de enero, supuso un punto de 
inflexión en las dinámicas de financiación del Tercer Sector de Acción Social. Esta 
sentencia se tradujo en un mandato para que se abordara sin demora la modificación del 
marco regulador de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas con el fin de adecuarlo al actual sistema de 
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Asimismo, esta sentencia puso de manifiesto, una vez más, la existencia de ese 
Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, con sustantividad propia, y rasgos 
diferenciales respecto del Tercer Sector de Acción Social de ámbito autonómico o local. 
Este Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal desarrolla un importante rol a la 
hora de contribuir al bienestar del conjunto de la sociedad, y es el interlocutor natural de 
la Administración General del Estado.
En este sentido, corresponde a la Administración General del Estado el poner en 
marcha las medidas necesarias para promover, modernizar, fortalecer e impulsar este 
Tercer  Sector  de  Acción  Social,  siempre  en  el  ámbito  de  competencias  que 
constitucionalmente corresponden a esta, a través de los instrumentos que la legislación 
prevé. El apoyo al Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal constituye, además, 
un mandato legal que dimana, principal pero no exclusivamente, de la Ley 43/2015, de 9  s
de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que en su articulado prevé, asimismo,  oe.
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profesionalidad, la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la acción del Tercer Sector
así como el escrupuloso respeto al actual sistema de distribución de competencias entre  Bc
la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas. Así, a lo largo 
de estos cuatro últimos años se ha consolidado -con el consenso del Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia- 
un modelo mixto de gestión, basado en dos tramos, el estatal y el autonómico, para la 
financiación de esas actividades de interés general a través de la descentralización de 
las convocatorias de estas subvenciones en las comunidades autónomas, que han 
gozado de amplio margen de decisión para adecuar sus respectivas convocatorias a las 
necesidades apreciadas en sus respetivos territorios.
Por otra parte, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, 
por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de 
Acción Social de ámbito estatal, cuya disposición final primera modifica, a su vez, el Real 
Decreto-ley  7/2013,  de  28  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  naturaleza  tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. A través 
de esta disposición, se introdujo un nuevo eje dentro de las consideradas actividades de 
interés general consideradas de interés social, que pueden ser financiadas con cargo 
al 0,7 % del IRPF, centrado en el fomento y modernización del Tercer Sector de Acción 
Social.
Asimismo, la disposición adicional centésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece que el 
Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés 
social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 % de la cuota íntegra 
del  Impuesto  sobre  Sociedades  correspondiente  a  los  contribuyentes  cuyo  período 
impositivo hubiese finalizado a partir de la entrada en vigor de esta ley, que manifiesten 
expresamente  su  voluntad  en  tal  sentido.  Con  este  nuevo  recurso  tributario,  útil 
instrumento para la canalización de la responsabilidad social de las sociedades con 
objeto mercantil y su contribución al interés general, la Administración General del 
Estado podrá abordar la necesaria transformación del Tercer Sector de Acción Social de 
ámbito estatal a través de medidas de fomento y modernización del mismo.
El Gobierno es consciente de la necesidad de mantener, impulsar y modernizar las 
estructuras  del  Tercer  Sector  de  Acción  Social  de  ámbito  estatal  que  pueda 
complementar y generar sinergias con los programas y entidades de ámbito autonómico, 
asegurando la coherencia del sistema y la eficacia del gasto público.
Este real decreto, en un ejercicio de eficiencia administrativa, unifica en una única 
convocatoria  los  recursos  procedentes  del  tramo  estatal  tanto  de  las  asignaciones 
tributarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como el del Impuesto 
sobre Sociedades, a los que hay que añadir las dos terceras partes del valor del caudal 
hereditario relicto, en los términos dispuestos por el artículo 956 del Código Civil.
En todo caso, las actuaciones a subvencionar por parte del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 se ajustarán al ámbito de competencias de la Administración 
General del Estado.
Este real decreto establece las bases reguladoras de estas subvenciones, cuya 
concesión se llevará a cabo por concurrencia competitiva de acuerdo con lo dispuesto el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa  y  la  potestad  reglamentaria,  las  Administraciones  Públicas  actuarán  de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. s
La necesidad de este real decreto viene justificada, precisamente, por la demanda  oe.
para establecer instrumentos específicos de apoyo y fomento del Tercer Sector de  w.
Acción  Social  de  ámbito  estatal  que  faciliten  su  transformación,  modernización,  033ww
ifnocrtearlteidcuimmiebnreto. , Amseí,j oreas tye  adreaaplt adcieócnr eato u np reestecenndaer iore csaproancdteerri zaddeo  fpoormr sau  edfiincaamz isam ola es 
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vía para promover un cambio generalizado en el conjunto de las organizaciones y 
entidades de nuestro país. Se trata, por otra parte, de un instrumento proporcional por 
cuanto permite abordar las necesidades del Tercer Sector de Acción social de ámbito 
estatal a través de los instrumentos jurídicos y económicos adecuados a los objetivos 
que  pretenden  alcanzarse.  De  la  misma  manera,  en  aplicación  del  principio  de 
transparencia  se  ha  optado  por  un  procedimiento  de  concurrencia  competitiva  que 
establece criterios objetivos para la obtención de la condición de entidad beneficiaria y 
para la valoración de los programas por estas aportados. Finalmente, los requisitos 
necesarios para acceder de la condición de entidad beneficiaria han sido seleccionados 
para asegurar la eficiencia de estas subvenciones, pues se garantiza que las entidades 
beneficiarias sean aquellas que cuentan con la capacidad demostrada para gestionar de 
forma  ágil  y  eficiente  los  recursos  que  a  ellas  se  confían  para  la  realización  de 
actividades de interés general.
Por  otra  parte,  la  gestión  centralizada  de  las  presentes  subvenciones  resulta 
imprescindible para garantizar el ejercicio del derecho de asociación y el derecho de 
fundación a través de entidades de ámbito estatal cuya sostenibilidad económica, y por 
tanto existencia, se ha visto comprometida en los últimos años como consecuencia de la 
territorialización del gasto subvencional a actividades de interés general consideradas de 
interés social.
Este  real  decreto  se  dicta,  por  tanto,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo  149.1.1.ª,  15.ª  y  31.ª  de  la  Constitución  española  que  otorga  al  Estado 
competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los  deberes  constitucionales,  en  materia  de  fomento  y  coordinación  general  de  la 
investigación  científica  y  técnica  y  en  materia  de  estadística  para  fines  estatales. 
Asimismo,  este  real  decreto  se  dicta  al  amparo  de  las  de  las  competencias  que, 
constitucionalmente reservadas al Estado, tiene atribuidas el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 para la promoción y desarrollo, a través de la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales, de los servicios sociales y el fomento de la cooperación 
con  las  organizaciones  no  gubernamentales  e  impulso  del  voluntariado  social,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, 
por  el  que  se  desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
En la tramitación del presente real decreto se ha contado con el Acuerdo del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia de 18 de junio de 2021 y se ha consultado a la Comisión para el Diálogo 
Civil con la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social y el Consejo Estatal de 
Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
Asimismo, han emitido informe previo la Abogacía del Estado y la Intervención 
Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, así como el informe previo del Ministerio de Política 
Territorial y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la 
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 2021,
DISPONGO: o
Artíc1u. lo E1s. teO rebajel tod.ecreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras por las que  2021-16033n https://ww
se regirán las convocatorias de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, 
correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
2.  Las subvenciones reguladas en este real decreto se regirán, además de por lo 
dispuesto en este, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones  y  en  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  y  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo; y, en su defecto, por las normas de derecho.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Este  real  decreto  será  de  aplicación  a  las  subvenciones  que,  en  el  ámbito  de 
competencias  de  la  Administración  General  del  Estado,  convoque  la  Secretaría  de 
Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la 
realización de las actividades de interés general consideradas de interés social, a las que 
se refiere el artículo 3.
Artículo 3.  Actividades de interés general consideradas de interés social.
1.  A los efectos del objeto del presente real decreto, se considerarán actividades de 
interés  general  consideradas  de  interés  social  aquellas  que,  dentro  del  ámbito  de 
competencias  de  la  Administración  General  del  Estado,  sean  realizadas  por  las 
entidades  del  Tercer  Sector  de  Acción  Social  de  ámbito  estatal,  que  resulten 
encuadrables en los ejes contemplados en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 7/2013, 
de  28  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  naturaleza  tributaria,  presupuestaria  y  de 
fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, en el ámbito propio del Estado.
2.  Las sucesivas convocatorias anuales de subvenciones establecerán, para cada 
uno de estos ámbitos, la tipología específica y requisitos de los programas que podrán 
concurrir a las mismas.
Artículo 4.  Entidades beneficiarias.
1.  Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en 
este real decreto, la Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones del Tercer 
Sector de Acción Social que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Ser una entidad del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal en los 
términos establecidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del 
Tercer Sector de Acción Social.
b)  Estar  legalmente  constituidas,  al  menos  tres  años  antes  de  la  fecha  de 
publicación de la convocatoria, como entidad de ámbito estatal. Si la entidad hubiera 
sufrido  cualquier  modificación  en  su  forma  jurídica  de  asociación  o  fundación,  se 
respetará la antigüedad, siempre y cuando esta circunstancia esté acreditada en sus 
estatutos y dicha modificación se haya inscrito en el registro correspondiente. Asimismo, 
en el caso de asociaciones con entidades miembro, se tendrá en cuenta la antigüedad 
de la totalidad de estas últimas.
c)  Tener fines o actividades institucionales, según los propios estatutos, adecuados 
y compatibles  con las actividades  consideradas  financiables en cada resolución de 
convocatoria. e.
d)  Disponer  de  solvencia  económica  y  financiera  suficiente  para  garantizar  la  w.b
ejecución de las actuaciones previstas en la solicitud. Para demostrar dicha solvencia, el  033ww
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de la entidad solicitante.
e)  Cumplir con los requisitos para acceder a la condición de entidad beneficiaria 
establecidos en artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f)  Haber justificado suficientemente, en su caso, las subvenciones recibidas con 
anterioridad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
g)  No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente norma 
las  entidades  en  las  que  concurra  alguna  de  las  circunstancias  contenidas  en  los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Salvo en lo relativo a la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de  las  obligaciones  tributarias  o  frente  a  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 
disposiciones vigentes, podrán presentar una declaración responsable del cumplimiento 
de las condiciones para el acceso a la subvención, sin perjuicio de que el órgano 
instructor pueda comprobar, a través de los medios oportunos, el cumplimiento de las 
condiciones de acceso de los beneficiarios a la subvención. Dicha comprobación podrá 
realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención. En caso de 
detectarse  el  incumplimiento  de  alguna  condición,  procederá  la  denegación  de  la 
subvención o la exigencia de reintegro, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera incurrir la entidad infractora.
3.  Para acreditar que la entidad solicitante está al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, podrá autorizar al órgano concedente a recabar 
dicha  información  o  bien,  según  establece  el  artículo  24.7  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  deberá  presentar  la  correspondiente  declaración 
responsable de quien ostente la representación legal de la entidad. Asimismo, cuando 
las  entidades  solicitantes  sean  federaciones,  confederaciones,  uniones  o  personas 
jurídicas  similares  que  integren  en  su  seno  a  varias  entidades  miembros  deberán 
presentar, además, declaración responsable de quienes ostenten la representación legal 
de las entidades ejecutantes de los programas de que se hallan al corriente de sus 
respectivas obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
4.  Según lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los 
miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte 
de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por 
cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. Lo dispuesto en 
el apartado 1.d) se calculará teniendo en cuenta el presupuesto conjunto de la entidad 
solicitante y las entidades asociadas a la misma que vayan a intervenir en el desarrollo 
de  la  totalidad  o  parte  de  las  actividades  que  fundamentan  la  concesión  de  la 
subvención. Asimismo, En el caso de plataformas, redes u organizaciones que cuenten 
con entidades miembro, lo dispuesto en el apartado 1.d) se calculará tomando en 
consideración a la suma de los ingresos globales de la entidad solicitante y junto con la 
de sus entidades miembro, sean estas entidades ejecutantes del parte o de la totalidad 
de las actividades objeto de la subvención.
5.  Los miembros asociados del beneficiario deberán cumplir asimismo con los 
mismos requisitos que los beneficiarios salvo los referentes a los apartados 1.a) y 1.d), 
en el que la demostración de solvencia se hará de forma proporcional, debiendo la 
entidad asociada contar con un volumen global de ingresos, el año inmediatamente 
anterior a la convocatoria, igual o superior al importe que perciba, a través de la entidad 
beneficiaria, para la ejecución de la totalidad o parte de la actividad que fundamentan la 
concesión de la subvención.
6.  No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades del Tercer Sector  e.
de Acción Social los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una  w.b
Administración  Pública,  las  universidades,  los  partidos  políticos,  los  colegios  033ww
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fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.
Artículo 5.  Plazo de realización de las actuaciones.
El plazo máximo de ejecución se establecerá en la convocatoria y podrá ser de hasta 
dos años a contar desde el inicio del periodo de ejecución que se establezca en el 
correspondiente convenio-programa.
Artículo 6.  Cuantía de las subvenciones.
1.  La  cuantía  individualizada  correspondiente  a  cada  entidad  beneficiaria  se 
determinará teniendo en cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 15, 
atendiendo a la puntuación obtenida por cada programa presentado, el montante total de 
la partida presupuestaria y la cuantía solicitada. Podrán asimismo establecerse medidas 
que garanticen la equidad en el acceso a estas subvenciones atendiendo a la diversidad 
que caracteriza a los sectores de actuación del Tercer Sector de Acción Social. Podrá 
establecerse en cada una de las resoluciones de convocatoria una cuantía máxima y 
mínima por programa en función del crédito disponible.
2.  El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 7.  Convocatoria del procedimiento de concesión.
1.  El procedimiento de concesión se realizará mediante resolución de convocatoria 
de la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que será publicada 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), junto con un extracto de la 
misma que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos 
en el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
el Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo, que regula la BDNS y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas, así como el régimen de tramitación y registro de 
las convocatorias y de las concesiones.
2.  Las  convocatorias  anuales  se  publicarán  de  acuerdo  con  las  dotaciones 
presupuestarias que para este fin se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado 
de cada ejercicio, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 8.  Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1.  Las  solicitudes  se  formalizarán  en  los  modelos  que  se  establezcan  en  las 
convocatorias. La presentación de la solicitud y demás documentación que se determine 
en las convocatorias deberá hacerse únicamente mediante medios electrónicos a través 
de la aplicación informática específica que se establezca en cada convocatoria y, en su 
defecto, en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, 
disponible en el Punto de Acceso General electrónico, así como en la sede electrónica 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, todo ello según lo dispuesto por la 
Ley 39/2015, de 15 de octubre, y el Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de 
marzo.
2.  El plazo de presentación de las solicitudes se determinará en las convocatorias, 
no pudiendo ser inferior a diez ni superior a treinta días, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado». e.
3.  Si la solicitud de iniciación no reuniera los datos de identificación, tanto de la  w.b
subvención solicitada como de la entidad solicitante y/ o cualquiera de los previstos en el  033ww
asortlíiccuitalon t6e6,  ddee  alac uLeeryd o3 9c/o2n0 1lo5 ,e dseta b1l edcei dooc teunb reel ,a sretí cruelqou 6e8ri rdáe a l al ac ietandtiad aLde yu,  poargraa nqizuaec, ióenn 
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petición, previa notificación de la resolución que habrá de dictarse en los términos 
previstos en el artículo 21 de la misma Ley.
Artículo 9.  Ordenación e instrucción del procedimiento.
1.  El órgano competente para la ordenación y la instrucción del procedimiento es la 
Subdirección  General  del  Tercer  Sector  y  Voluntariado  de  la  Dirección  General  de 
Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
2.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  corresponde  al  órgano  instructor  realizar  de  oficio  cuantas  actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución. En particular, tendrá las siguientes 
atribuciones:
a)  Solicitar cuantos informes considere necesarios para resolver y aquellos que 
sean exigidos por las normas que regulan la subvención, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 16.
b)  Formular la propuesta de resolución a que se refiere el artículo 10.
3.  El órgano colegiado previsto por el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, es la Comisión de Evaluación, constituida de la siguiente forma:
Presidencia: la persona titular de la Dirección General de Diversidad Familiar y 
Servicios Sociales.
Vicepresidencia  primera:  la  persona  titular  de  la  Dirección  de  Gabinete  de  la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
Vicepresidencia segunda: la persona titular de la Dirección General de Derechos de 
la Infancia y de la Adolescencia.
Vicepresidencia tercera: la persona titular de la Dirección General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad.
Vocalías: una persona funcionaria, que desempeñe un puesto de nivel 28 o superior, 
designada por la persona titular de los siguientes centros directivos:
a)  Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
b)  Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.
c)  Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
d)  Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
e)  Instituto de la Juventud.
Asimismo, formará parte de la Comisión de Evaluación como vocal la persona titular 
de la Subdirección General del Tercer Sector y Voluntariado.
Además, actuará como experto o experta una persona funcionaria designada por las 
personas titulares de la Dirección General de Programas de Protección Internacional y 
Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; una de 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, una de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Genero y otra del Instituto de las mujeres 
del Ministerio de Igualdad, una de la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA y otra de 
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Dirección General de 
Salud Pública, del Ministerio de Sanidad.
Secretaría:  una  persona  funcionaria,  que  desempeñe  un  puesto  de  nivel  26  o  es
superior en la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, designada  o
dipcnoaofomtro r4lomas.    aapgpceaLiorróosarnsotna  ntqdiamzuo aetsieirt.  umceloabln rr doodezsec r ealdacne h c coitol aamdd eaoC   Dlocaomisrne isseciecnóictnóiud nea dGndeceebisane  ersdároeanl li ,lc aqigt uaupenaa trraedticscat irupa aa ercláali ó  cdncoe onebn nefvi dros ezud,ns epc r ieaersluoiidng saiiolidonn   evddsoee,t  o alo.lsasí    OE-A-2021-16033able en https://www.
Cuando la persona que ostente la presidencia de la Comisión de Evaluación estime 
necesario su asesoramiento, podrá asistir a las reuniones, con voz, pero sin voto, 
personal funcionario de los centros o unidades del Departamento con competencias en 
las áreas a que afecte la evaluación. También podrán participar a las reuniones de la 
Comisión de Evaluación, con voz, pero sin voto, dos personas expertas y de reconocido 
prestigio en el ámbito del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, designadas 
por la Plataforma del Tercer Sector. Para asegurar su independencia ninguna de las 
personas expertas designadas por la Plataforma del Tercer Sector podrá tener vínculo 
alguno ni pertenecer a los órganos de representación, directivos o equipos técnicos de 
cualquier entidad que hubiera concurrido a las subvenciones.
Una vez evaluadas las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación emitirá un 
informe en el que se concretará la valoración de los programas presentados, así como la 
propuesta económica para cada uno de ellos.
5.  En lo no previsto en este real decreto, el funcionamiento del órgano colegiado se 
ajustará  al  régimen  establecido  para  los  órganos  colegiados  en  la  Administración 
General del Estado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. La Comisión de Evaluación será 
atendida con los medios personales, técnicos y presupuestarios de la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales.
Artículo 10.  Resolución.
1.  El órgano instructor, a la vista de todo lo actuado y del informe del órgano 
colegiado al que se refiere el artículo 9.4, formulará la oportuna propuesta de resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, que deberá expresar la relación de entidades solicitantes para las que se 
propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.
2.  La  propuesta  de  resolución  se  notificará  a  las  entidades,  a  fin  de  que 
comuniquen la aceptación de la subvención, según establece el artículo 24.5 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y reformulen su solicitud para ajustar los compromisos 
y las condiciones a la propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 27.1 de dicha ley.
3.  Para  la  reformulación  de  las  solicitudes,  se  cumplimentará  una  memoria 
adaptada de los programas con propuesta de subvención en el modelo normalizado que 
se facilitará por parte de la Subdirección General del Tercer Sector y Voluntariado de la 
Dirección  General  de  Diversidad  Familiar  y  Servicios  Sociales.  Esta  memoria,  que 
vinculará  en  todos  sus  extremos  a  la  entidad  subvencionada,  deberá  respetar,  en 
cualquier caso, el objeto, condiciones y finalidad de la subvención establecidos respecto 
de las solicitudes.
Si dentro del plazo previsto para la reformulación de las solicitudes, el beneficiario no 
comunicara la aceptación de la subvención, la Subdirección General del Tercer Sector y 
Voluntariado  de  la  Dirección  General  de  Diversidad  Familiar  y  Servicios  Sociales 
realizará propuesta de subvención a favor del solicitante o los solicitantes siguientes en 
orden  a  la  puntuación  de  los  programas,  siempre  que  el  crédito  liberado  resulte 
suficiente.
Una vez que la memoria adaptada merezca la conformidad del órgano colegiado, de 
conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se remitirá a la 
persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales todo lo actuado para 
que dicte la correspondiente resolución que hará constar de manera expresa, además de  e.
la relación de entidades a las que se concede la subvención, la desestimación del resto  w.b
de las solicitudes. 033ww
conv4o. caLtoar iap edresol nPale ntiotu dlaerl  Cdeo nlsae jSo eEcsretatataríla d ed eO rEgsatnaidzoa cidoen eDs eNreoc hGousb eSroncaimaleenst,a lperse vdiea 
Arecscoiólvne rSáo ecli aplr oy cdeed ilma iCenotmo idseió nco pnacreas eiól nD eiánl oegl op lCazivoi l dceo nq ulain cPela dtaíafosr mdeas ddee ll aT ecrocnefro Srmecidtoard, 
dada  por  el  órgano  colegiado  a  las  memorias  adaptadas.  Las  resoluciones  serán
motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de la resolución 
que se adopte, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
5.  Las resoluciones de la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales se dictarán y notificarán a los solicitantes en el plazo máximo de seis meses, 
contados  desde  la  fecha  de  publicación  del  extracto  de  la  convocatoria,  según  lo 
dispuesto  en  los  artículos  25.4  y  26  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre. 
Excepcionalmente,  podrá  acordarse  una  ampliación  del  referido  plazo  máximo  de 
resolución y notificación, en los términos y con las limitaciones establecidos por la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, comunicándose dicho acuerdo a las entidades solicitantes.
6.  Estas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 
contra las mismas el recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución, o bien ser impugnadas directamente ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.
Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado 
resolución  expresa,  se  podrá  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la 
solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
7.  La concesión de una subvención al amparo de este real decreto no comporta 
obligación alguna por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de 
adjudicar  subvenciones  en  los  siguientes  ejercicios  económicos  para  programas 
similares.
Artículo 11.  Convenio-programa.
1.  La persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales suscribirá 
con cada uno de los representantes de las entidades beneficiarias el oportuno convenio-
programa, en el que necesariamente constarán las obligaciones que contraen las partes, 
con la oportuna adecuación, en su caso, de los programas a la cuantía de la subvención 
concedida, las modalidades de cumplimiento de los programas, el plazo de ejecución de 
los mismos, la forma de pago de la subvención concedida, el plazo y la forma de 
justificación del gasto.
2.  Los convenios se regirán por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como por la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 12.  Gastos subvencionables.
1.  Serán subvencionables aquellos gastos que se determinen en las convocatorias, 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y 
que resulten estrictamente necesarios. En ningún caso el coste de estos gastos podrá 
ser superior al valor de mercado.
2.  En  la  memoria  relativa  a  cada  uno  de  los  programas  presentados  por  las 
entidades solicitantes figurará un apartado en el que deberá reflejarse la previsión de los 
gastos en que va a incurrir la entidad para la ejecución de las distintas actividades que 
integran cada programa. Dichos gastos deberán estar diferenciados en función de su 
naturaleza, distinguiendo entre gastos corrientes, gastos de inversión y gastos de gestión  es
y administración. Sin perjuicio de las especificaciones que puedan establecerse en las  bo
instrucciones de justificación dictadas al efecto por la Dirección General de Diversidad  033ww
Familiar y Servicios Sociales, las solicitudes deberán tener en cuenta las siguientes
condiciones, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a los correspondientes procedimientos 
de reintegro:
a)  Las  retribuciones  del  personal  laboral  imputables  a  la  subvención,  que 
constituyen  parte  de  los  gastos  corrientes,  estarán  limitadas  por  las  cuantías 
determinadas para los diferentes grupos profesionales, establecidos por el Convenio 
colectivo  estatal  del  sector  de  acción  e  intervención  social  registrado  y  publicado 
mediante Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, según 
en la tabla salarial que figura a continuación:
Límite de la retribución imputable a la subvención
Grupo profesional -
Euros
0 34.174,82
1 32.263,29
2 28.324,47
3 20.326,30
4 16.968,99
Los importes recogidos están referidos a catorce pagas anuales para una jornada 
semanal de cuarenta horas. Para jornadas inferiores a cuarenta horas, se realizará el 
cálculo proporcional. A las retribuciones se sumarán los gastos de Seguridad Social 
correspondientes a la empresa, que se devenguen por el importe de las retribuciones 
objeto de subvención, y su total constituirá el gasto subvencionable por costes de 
personal laboral. Las cuantías que figuran en la tabla salarial serán actualizadas en las 
correspondientes resoluciones de convocatoria en función de las actualizaciones de las 
tablas salariales del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social.
b)  Las retribuciones de los profesionales que desempeñen su actividad en régimen 
de arrendamiento de servicios, modalidad ésta que tendrá siempre carácter excepcional, 
se admitirán únicamente en los casos en que, por las especiales características del 
programa, no resulte adecuado el desarrollo de las actividades concretas de que se trate 
por el personal sujeto a la normativa laboral vigente. Estas retribuciones quedarán 
también afectadas, con carácter general, por las limitaciones señaladas en el apartado 
anterior,  pudiendo  establecerse  excepciones  a  tales  limitaciones  por  razón  de  la 
naturaleza de la actividad en el manual de instrucciones de justificación que dicte la 
Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
c)  Las dietas y gastos de viaje, que se imputarán a los gastos corrientes, podrán 
ser  objeto  de  subvención  en  las  cuantías  fijadas  para  el  Grupo  2  por  el  Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, tal 
como se contempla en el manual de instrucciones de justificación, siempre que no 
superen en su conjunto el cinco por ciento del importe total subvencionado del programa, 
a no ser que, en atención a la naturaleza del mismo, se autorice otro porcentaje superior 
en el convenio-programa.
d)  Los  gastos  de  gestión  y  administración  específicos  para  el  desarrollo  del 
programa, incluyendo los costes de apertura, mantenimiento y comisiones de la cuenta 
bancaria a la que se refiere el artículo 19.a), así como los costes generales de estructura  s
necesarios e indispensables para la adecuada preparación o ejecución del mismo, serán  e.
objeto de subvención siempre que en su conjunto no superen el quince por ciento del  w.
importe total subvencionado del programa, y podrán imputarse a los mismos los costes  033ww
derivea) doDse d ec oanufdoirtomriídaasd e xcteornn alos  sdoibspreu elas tgoe setnió ne dl ea lratí ceunltoid a8d3..3 del Reglamento de la
Lsueby ve3n8c/2io0n0a3b, ledse  n1o7 p odder ánno svuiepmerbarre, ,e nG ecnoenrjuanl tod,e  elS luímbviteen mciáoxniemso,  dloesl  dgieazs topso r icnideinretoc tdoes   BOE-A-cable e
los gastos directos justificados, sin que sea precisa su justificación documental. No 
obstante, estos gastos se acreditarán mediante declaración responsable firmada por el 
representante legal de la entidad, en la que se describirán los tipos de gastos incluidos y 
los importes destinados a cada uno de ellos.
f)  En los supuestos de ejecución de obra o de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g)  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, en el caso de los bienes inventariables adquiridos con cargo a los gastos de 
inversión que deban ser inscribibles en un registro público, la entidad beneficiaria de la 
subvención deberá destinar dichos bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención durante un mínimo de cinco años. Para el resto de bienes dicha obligación 
se reduce a un mínimo de dos años.
3.  En ningún caso serán subvencionables:
a)  Los gastos de amortización de los bienes inventariables.
b)  Los gastos corrientes del mantenimiento económico financiero de la estructura 
central de la entidad.
c)  Gastos de adquisición de bienes inmuebles.
d)  Los  intereses  deudores  de  las  cuentas  bancarias;  intereses,  recargos  y 
sanciones administrativas y penales; los gastos de procedimientos judiciales, previstos 
en el artículo 31.7.a), b) y c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)  Los  gastos  originados  por  las  actividades  realizadas  en  la  condición  de 
miembros de las Juntas Directivas o Consejos de Dirección de las entidades.
Artículo 13.  Compatibilidad de las ayudas.
1.  La  percepción  de  esta  subvención  será  compatible  con  otras  ayudas  o 
subvenciones que puedan conceder otras Administraciones Públicas, entidades públicas 
adscritas o dependientes de las mismas, tanto locales, autonómicas y nacionales como 
internacionales,  y  otras  personas  físicas  o  jurídicas  de  naturaleza  privada,  sin  que 
aisladamente o en concurrencia con otras, se pueda superar el coste total de la actividad 
objeto  de  subvención  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  19.2  y  3  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas, subvenciones, ingresos 
o recursos que hayan obtenido para la misma actividad, en cualquier momento en que se 
notifique  la  concesión  de  tal  ayuda  o  subvención,  y  aceptarán  las  eventuales 
minoraciones aplicables. Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales la obtención de los recursos citados con indicación del 
importe y su procedencia.
3.  Cuando  la  cuantía  de  la  subvención  haya  de  ser  objeto  de  reducción  por 
aplicación de lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
dictará la resolución que proceda por la persona titular de la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales, y se procederá al reintegro del exceso, junto con los intereses de 
demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de este real decreto.
Artículo 14.  Subcontratación.
1.  Con carácter excepcional, atendiendo siempre a la naturaleza del programa de la  e.
subvención y de forma motivada, la entidad beneficiaria podrá subcontratar la realización  w.b
de determinadas actividades, mediando siempre autorización de la Secretaría de Estado  033ww
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la solicitud. Dicha subcontratación se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto por los
artículos 29 y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por el artículo 68 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.  En aquellos casos en que el coste de la actividad objeto de subcontratación sea 
inferior del 20 por ciento del importe de la subvención, y siempre que dicho importe sea 
inferior a 60.000 euros, la autorización a la que se refiere el apartado anterior podrá 
sustituirse por una comunicación previa dirigida a la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales.
3.  Si  por  razón  de  la  naturaleza  de  las  actividades  que  integran  el  programa 
subvencionado se hubiera autorizado su subcontratación, se aportará documentación 
acreditativa de la especialización de la entidad con la que se contrata la realización de 
las actividades, en la materia objeto de dicha contratación, así como que esta entidad se 
encuentra  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  y 
declaración responsable de su representante legal de que la entidad no se encuentra 
incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Además, deberá 
acreditarse mediante declaración responsable de quien ostente la representación legal 
de la entidad con propuesta de subvención, que en la misma no concurre ninguna de las 
causas previstas en los párrafos b), c), d) y e) del artículo 29.7 de dicha ley, ni tampoco 
ninguna de las que se recogen en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 15.  Criterios objetivos de valoración.
Una vez se haya comprobado que las entidades cumplen los requisitos establecidos 
en  el  artículo  4,  la  elección  de  los  programas  que  accedan  a  la  financiación  y  la 
determinación de la cuantía individualizada para cada uno de ellos se llevará a cabo de 
acuerdo con los criterios objetivos de valoración y puntuaciones que a continuación se 
detalla:
1.  Criterios objetivos de valoración.
a)  Idoneidad de la entidad. Este criterio se centra en determinar la idoneidad de la 
entidad en relación con la naturaleza del programa que va a llevar a cabo de acuerdo 
con los siguientes factores (máximo 10 puntos):
1.º  Experiencia de la entidad en programas de similar naturaleza al propuesto.
2.º  Disponibilidad de medios materiales, humanos, metodológicos y tecnológicos 
propios para desarrollar correctamente el programa.
3.º  La  entidad  cuenta  con  un  certificado  en  vigor  expedido  por  un  organismo 
externo y en base a la Norma ONG Calidad, ISO 9001:2015, EFQM u otros sistemas de 
calidad que garanticen el control de procesos, programas y servicios.
b)  Calidad del diseño global del Programa. El programa que se presenta debe 
cumplir con altos estándares de calidad expresada a través de los siguientes factores 
(máximo 25 puntos):
1.º  Definición  y  justificación  exacta  y  clara  de  la  necesidad  preexistente  cuya 
cobertura pretende abordarse a través del programa. El problema o necesidad a la que 
se responde debe ser de relevancia a nivel estatal.
2.º  Descripción clara de grupo destinatario/personas beneficiarias del programa, así  es
como la metodología para cuantificarlas. o
sqpeurogeyu 34ei..macºº  tpioeo ETn(redttle onims ,e eqoreñ udvuoeoind,    peeesenjinesrc ctmqieauumisctea iaó n ind dnc eecyo o  neerlovpovacaosel lruuaraar  lelcocasiisóó u pnnalte )vaq.radsunopecse es cestpi avqr aeua veddi esestc eoug seaé sdnatoeá  rnpot a rreaeranva  éllilozsasa s n fdiddneioes ,ts iint nadtdaneistlc o pa erddotuaogrprraeaanssm t edad e eeyll     OE-A-2021-16033able en https://www.
desarrollo del programa como, en última instancia, el grado de consecución de los
objetivos establecidos. Los indicadores deberán ser específicos, medibles, relevantes, 
alcanzables y deberán reflejar el desarrollo del programa a lo largo de todo el periodo de 
ejecución. También incluirán indicadores de impacto que permitan medir el impacto que 
el programa puede, presumiblemente, tener no sólo en la consecución de los objetivos 
sino en el conjunto del Tercer Sector de Acción Social y en el ámbito en el que se 
desarrolla el programa.
5.º  Coherencia de las acciones en relación a los objetivos y resultados previstos.
6.º  Calendarización de actuaciones a través de un cronograma realista con la 
sucesión de actividades a desarrollar y la interrelación de las mismas.
7.º  Las  personas  destinatarias  tienen  una  participación  activa  en  el  diseño, 
ejecución y evaluación.
8.º  El programa incorpora los compromisos de difusión de los resultados contenidos 
de forma pública y gratuita o del conocimiento generado a consecuencia del mismo.
9.º  Las propuestas y conocimientos planteados en el programa son transferibles, 
cuando proceda, y se pueden implementar a mayor escala en otros entornos y grupos de 
población, más allá del alcance del propio programa.
10.º  El programa toma en consideración las medidas de acción positiva necesarias 
para la inclusión del grupo social de las personas con discapacidad y está diseñado en 
base a criterios de accesibilidad universal.
c)  Alcance territorial. El programa demuestra que tiene una implantación en seis o 
más Comunidades Autónomas (máximo 10 puntos).
d)  Innovación. El programa tiene carácter novedoso y se lleva a cabo, cuando 
proceda, a través de instrumentos innovadores entendidos en los siguientes términos 
(máximo 10 puntos):
1.º  El programa supone una novedad por la naturaleza, originalidad, falta o escasez 
de precedentes en lo que se refiere a sus objetivos y formas de alcanzarlos frente a la 
problemática  que  pretende  resolver.  También  podrá  considerarse  como  novedoso 
cuando  el  programa  traslade  a  la  realidad  española  actuaciones,  estudios  y/o 
metodologías novedosas o que se  hayan probado con éxito en países de nuestro 
entorno pero que tengan carácter pionero en nuestro país.
2.º  El programa contempla el empleo de nuevas tecnologías para el desarrollo del 
programa al análisis y solución de problemas sociales o bien genera una producción o 
contribución de carácter científico de forma directa y específica.
3.º  El programa incorpora una perspectiva interdisciplinar.
e)  Oportunidad del programa. Se entiende que un programa es oportuno cuando 
está alineado con los siguientes factores (máximo 15 puntos):
1.º  Alineación con el eje, programa y prioridad de la convocatoria.
2.º  Alineación  con  la  actuación  de  la  Administración  General  del  Estado.  Los 
objetivos de los programas se alinean, a su vez, con los objetivos, prioridades y/o líneas 
de actuación de planes, estrategias y otros documentos programáticos propuestos por 
los distintos departamentos de la Administración General del Estado en el ámbito de la 
acción social de ámbito estatal que se hayan aprobados por Acuerdo de Consejo de 
Ministros.
3.º  Alineación  con  la  Agenda  2030,  con  los  Tratados  de  Derechos  Humanos 
vigentes en nuestro país y el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Se valorará que el 
programa  esté  alineado  con  uno  o  más  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  la  e.
Agenda 2030 de Naciones Unidas, con los Tratados de Derechos Humanos y sus  w.
documentos interpretativos vigentes en nuestro país, con el Pilar Europeo de Derechos  033ww
Sociales y otros documentos estratégicos de la UE en materia de política social.
otrafs)  enAtliidaandzeass .p úSbel icvaaslo yra prári vlaad acsa,p asiceidmapdr ed ye l cpuraongdroa mlaa  cpoolarb oersatacbiólenc qeur ea sliaunpzoanse  ecosan 
alianza sea necesaria y pertinente para la naturaleza del programa y contribuya a
mejorar el resultado del mismo, debiendo señalarse en qué punto de las actividades del 
programa  se  produce  la  colaboración.  Para  poder  ser  objeto  de  valoración,  la 
colaboración deberá llevarse a cabo con alguno de los siguientes actores (máximo 10 
puntos):
1.º  Alianzas/colaboración con el ámbito académico/universitario.
2.º  Alianzas/colaboración  con  administraciones  públicas  y  entes  de  Derecho 
Público.
3.º  Alianzas colaboración con organizaciones internacionales y supranacionales.
4.º  Alianzas/colaboración con organizaciones empresariales.
5.º  Alianzas/colaboraciones con otras entidades del Tercer Sector y entidades de 
economía social.
g)  Idoneidad del plan económico. Se valorará que el presupuesto de los programas 
se haya llevado a cabo en base a criterios de coherencia, eficiencia, corresponsabilidad 
y participación, de acuerdo con los siguientes criterios (máximo 10 puntos):
1.º  El  presupuesto  el  programa  es  coherente  con  los  medios  que  pretenden 
emplearse para alcanzar los objetivos propuestos de manera eficiente.
2.º  El presupuesto es, en la cuantificación global, realista y asumible.
3.º  La entidad cuenta con cofinanciación mínima del veinte por ciento del coste total 
del proyecto y/o financiación propia y/o de terceros.
h)  Impacto en el empleo y en el voluntariado. Se valorará que el desarrollo tenga un 
impacto positivo para el empleo en el Tercer Sector de Acción Social y en colectivos en 
situación  de  vulnerabilidad,  así  como  que  se  implique  a  la  sociedad  a  través  del 
voluntariado de acuerdo con los siguientes criterios (máximo 10 puntos):
1.º  La  naturaleza,  características  y  duración  de  la  contratación  del  personal 
asalariado preexistente y de nueva incorporación.
2.º  El  empleo  de  personas  con  discapacidad  según  se  determina  en  el  Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 
Inclusión social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en 
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo 
con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con 
discapacidad.
3.º  El empleo de jóvenes menores de 30 años, desempleados de larga duración, 
personas en riesgo de exclusión social, personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y 
mujeres víctima de violencia de género.
4.º  La participación de personal voluntario a lo largo del desarrollo del programa.
Artículo 16.  Informes.
1.  A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Subdirección General 
del Tercer Sector y Voluntariado, de la Dirección General de Diversidad Familiar y 
Servicios  Sociales,  podrá  requerir  a  las  entidades  u  organizaciones  solicitantes  la 
ampliación de la información contenida en la memoria.
Asimismo, podrá solicitar informes previos a los centros directivos y organismos de la 
Administración General del Estado que resulten competentes por razón de la materia.
A estos efectos, debe tomarse en especial consideración la obligación de que los  es
programas se acomoden al ámbito de competencias de la Administración General del  o
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del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o 
mayor, sin que en este último caso pueda exceder de un mes.
Artículo 17.  Abono de la subvención.
1.  Las entidades subvencionadas deberán acreditar previamente al cobro de la 
subvención, y mediante declaración responsable, que se encuentran al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones.
2.  El pago de la subvención se efectuará en un único pago tras la firma del 
convenio-programa, mediante transferencia bancaria, a cuyo efecto la entidad habrá de 
tener reconocida, previamente, una cuenta bancaria ante la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera.
Este pago tendrá  carácter de  pago  anticipado, en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las entidades 
beneficiarias  quedan  exoneradas  de  la  constitución  de  garantía  en  virtud  de  lo 
contemplado  en  el  artículo  42.2.d)  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 18.  Modificaciones de la resolución de concesión y del Convenio-programa.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Las  entidades  subvencionadas  podrán  solicitar,  con  carácter  excepcional, 
modificaciones al convenio-programa basadas en la aparición de circunstancias que 
alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de 
ejecución o de justificación de los gastos del programa, y podrán ser autorizadas siempre 
que no dañen derechos de terceros.
Las  solicitudes  de  modificación  deberán  fundamentar  suficientemente  dicha 
alteración o dificultad y presentarse, a través de medios electrónicos, ante la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales, con anterioridad en todo caso, al momento en que 
finalice  el  plazo  de  ejecución  del  programa,  determinado  en  el  propio  Convenio-
programa, a través de los medios a los que se refiere el artículo 8.1.
3.  La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular de 
la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y se notificará en el plazo máximo de tres 
meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado registro electrónico. Esta 
resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella el recurso 
potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el plazo de un mes, o bien 
ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la 
forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
4.  Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la 
resolución expresa, se entenderá desestimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, teniendo a todos los efectos la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo. es
Artículo 19.  Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Las entidades beneficiarias de la subvención, además de lo previsto en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en los artículos 20, 21 y 22 de este 
real decreto, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a)  Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria 
abierta  exclusivamente  para  los  ingresos  y  pagos  realizados  con  cargo  a  dicha 
subvención.
A las entidades que tengan adaptada su contabilidad al Plan General de Contabilidad 
o que hayan optado por utilizar el sistema de registros contables, elaborado por la 
Intervención General de la Administración del Estado en colaboración con la Dirección 
General  de  Diversidad  Familiar  y  Servicios  Sociales,  no  les  será  de  aplicación  la 
obligatoriedad señalada en el párrafo anterior.
Las  entidades  que  tengan  adaptada  su  contabilidad  al  Plan  General  Contable 
conforme al Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o aquellas que lo hayan 
adaptado conforme al Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, podrán 
calcular los intereses que hubiera generado la subvención en función de las fechas 
contables de devengo de los gastos imputados a las mismas. El interés aplicable a los 
días resultantes entre la fecha de cobro y la fecha de contable de devengo será el interés 
Euribor a un año medio mensual del período de ejecución de la subvención.
b)  Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, 
forma, términos y condiciones que se establezcan en el convenio-programa.
c)  Justificar ante la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y 
cumplimiento  de  la  finalidad  que  determinaron  la  concesión  y  el  disfrute  de  la 
subvención.
d)  Realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido 
principal de los programas subvencionados, a excepción de aquellas actividades que, 
por su propia naturaleza y mediando siempre autorización, puedan ser subcontratadas 
conforme a lo previsto en el artículo 14.
e)  Comunicar a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales 
con anterioridad a la justificación final de la subvención la obtención de subvenciones, 
ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, así como su importe y la aplicación de tales fondos a las 
actividades subvencionadas.
f)  Incorporar de forma visible en el material que se utilice para la difusión de los 
programas subvencionados el logotipo que permita identificar el origen de la subvención, 
según  el  modelo  que  se  establezca  en  la  convocatoria.  Dicho  logotipo  deberá 
incorporarse,  asimismo,  a  la  página  Web  principal  de  cada  una  de  las  entidades 
beneficiarias.
g)  Conservar los documentos justificativos originales de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control por el órgano concedente de acuerdo con el 
artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, de las actuaciones de 
control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del  e
Estado y de las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas en relación con las  bo
subvenciones concedidas. 033ww
convho) caRtoeriinav, elortsir ,p oesni bcleusa lqinugiereraso dse q uloes  gpernoegrreanm aloss  spurobgveranmciaosn asduobsv eennc ieoln amdaorsc ou  doetr olas 
breenndeimficiieanritaoss.  financieros  que  se  generen  por  los  fondos  librados  a  las  entidades
De no aplicarse el supuesto señalado, la persona titular de la Dirección General de 
Diversidad Familiar y Servicios Sociales, a propuesta de la entidad beneficiaria, podrá 
autorizar su aplicación a otros de los fines sociales previstos en la correspondiente 
convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier otro caso.
i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos recogidos en el 
artículo 23.
j)  Comunicar a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales 
cualquier variación producida, desde la fecha de su presentación, en los estatutos o en la 
composición de la Junta Directiva u órgano de gobierno, aportando su inscripción en el 
registro correspondiente.
Artículo 20.  Control, seguimiento y evaluación.
1.  De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.1.c) y 32.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y el capítulo IV del título II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, las entidades u organizaciones beneficiarias 
de la subvención se someterán a las actuaciones de comprobación, seguimiento y 
evaluación que determine la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, facilitando cuanta información sea requerida en orden a verificar la correcta 
ejecución de los programas subvencionados. Asimismo, se someterán a las actuaciones 
de  comprobación  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control  competentes,  tanto 
nacionales como comunitarios.
2.  La persona titular de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales  llevará  a  cabo  las  actuaciones  de  control,  seguimiento  y  evaluación  en 
colaboración con los centros directivos que puedan ser competentes por razón de la 
materia.
3.  A tal efecto, persona titular de la Dirección General de Diversidad Familiar y 
Servicios  Sociales  dictará  los  medios  y  condiciones  de  acuerdo  a  los  cuales  las 
entidades beneficiarias deberán rendir cuentas sobre el desarrollo de los programas y el 
grado  de  consecución  de  los  objetivos  inicialmente  propuestos  de  acuerdo  a  los 
indicadores de impacto que, para cada tipo de programa, procedan.
Artículo 21.  Justificación de la subvención.
1.  De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
entidades  u  organizaciones  subvencionadas  quedan  obligadas  a  justificar  el 
cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos 
en el acto de concesión de la subvención, de acuerdo con los formularios que se 
incorporarán al con el manual de instrucciones de justificación dictado, a tal efecto, por la 
Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
2.  En el plazo máximo de tres meses a contar desde el fin del periodo de ejecución, 
cada entidad beneficiaria deberá presentar ante la Dirección General de Diversidad 
Familiar y Servicios Sociales la justificación de los gastos, que adoptará la modalidad de 
cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, inscrito como ejerciente en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 74 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicho 
informe irá acompañado de:
a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones  oe.
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas  w.
yc odnetb el)on sd rUráen sauu nlmtaae drmoesola rociabió teennc oicdnlaoóssmi.fiiccaad aab rdeev ialodsa  gdaesl tocos stdee  dlea  laasc tiavcidtiavdid asduebsv erenacliioznaaddaas,,  qcuoen   2021-16033n https://ww
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de pago
e importe imputado. Bc
c)  Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
Adicionalmente,  la  entidad  beneficiaria  deberá  aportar,  debidamente 
cumplimentados,  los  documentos  que  específicamente  se  establezcan  para  cada 
subvención en la resolución de concesión.
La verificación a realizar por el auditor de cuentas tendrá el alcance de la Orden 
EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los 
auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas 
de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previsto en el artículo 74 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como en la normativa de aplicación. La verificación a realizar por el auditor de cuentas, 
en todo caso, tendrá el siguiente alcance:
1.º  El cumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de sus obligaciones en 
la gestión y aplicación de la subvención.
2.º  La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de las entidades 
beneficiarias,  atendiendo  al  manual  de  instrucciones  de  justificación  dictado  por  la 
persona titular de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
3.º  La  realidad  y  la  regularidad  de  las  operaciones  que,  de  acuerdo  con  la 
justificación presentada por las entidades beneficiarias, han sido financiadas con la 
subvención.
4.º  La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los 
términos establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En  esta  modalidad  de  justificación,  el  beneficiario  no  está  obligado  a  aportar 
justificantes de gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de 
comprobación  y  control  que  pueda  realizar  el  órgano  concedente,  la  Intervención 
General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus 
competencias, quedando el beneficiario obligado a conservar los justificantes de gasto y 
documentos de pago de la subvención concedida, al objeto de las actuaciones de 
comprobación y control previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  No  obstante  lo  establecido  en  los  apartados  anteriores,  para  subvenciones 
concedidas por importe inferior a 60.000 euros, tendrá carácter de documento con 
validez jurídica para la justificación de la subvención una cuenta justificativa simplificada, 
que contendrá:
a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
b)  Una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la  actividad,  con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto 
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c)  Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d)  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
En la modalidad de justificación prevista en el presente apartado, mediante la técnica  e.e
de muestreo simple aleatorio, el órgano concedente requerirá los justificantes que estime  b
oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de  033ww
la su4b. veLnac iójnu.stificación  de  los  gastos  efectuados  con  cargo  a  la  subvención  se
upnreas ernetlaacráió pno rd eca djuas tuifnicoa ndtee slo sp oprr ocgaradma acso snucbevpeton cdioen agdaossto,  dqeubeie nsdeo  hira aycaonm apuatñoaridzaa ddoe, 
conforme al desglose presupuestario establecido en el convenio-programa, es decir,
diferenciando los gastos corrientes de los gastos de inversión y de los gastos de gestión 
y administración. Cada una de dichas relaciones especificará las diferentes partidas 
gastadas clasificadas como sigue:
a)  Gastos corrientes:
1.º  Personal.
2.º  Mantenimiento y actividades.
3.º  Dietas y gastos de viaje.
b)  Gastos de inversión:
1.º  Obras.
2.º  Equipamiento.
c)  Gastos de gestión y administración.
5.  No se admitirán compensaciones entre gastos corrientes, gastos de inversión y 
gastos de gestión y administración, estando cada uno de estos conceptos limitado por el 
importe asignado en el convenio-programa, sin perjuicio de ulteriores modificaciones 
autorizadas y de los índices de desviación asumibles que se establezcan en el convenio-
programa y/o en el manual de instrucciones de justificación.
6.  En todos los casos, deberá justificarse, respecto de los gastos efectuados con 
cargo a la subvención recibida, la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes por rendimientos 
del trabajo, rendimientos de actividades económicas, o por los rendimientos procedentes 
del  arrendamiento  o  subarrendamiento  de  inmuebles  urbanos,  en  los  términos 
establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
Igualmente, en los casos de retribuciones de personal contratado laboral, deberá 
acreditarse el ingreso de las cotizaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social.
7.  A solicitud del órgano concedente, se aportarán facturas o recibos, emitidos en 
cualquier  medio  válido  en  derecho,  para  justificar  los  gastos  efectuados  en  las 
actividades desarrolladas para el cumplimiento del programa subvencionado. Dichos 
documentos deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación.
El manual de instrucciones de justificación contendrá las indicaciones orientadas a 
facilitar la mayor racionalización de la justificación del gasto.
8.  Los ingresos o los rendimientos financieros a los que se refiere el artículo 19 de 
este real decreto, deberán justificarse con indicación de los programas a los que se 
hayan imputado, conforme disponga el manual de instrucciones de justificación.
9.  Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención 
concedida  con  cargo  a  la  presente  convocatoria,  con  fondos  propios  o  con  otras 
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,  procedentes  de  cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos  internacionales,  deberá  acreditarse  en  la  justificación  el  importe,  la 
procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
10.  La devolución de todo o parte de la subvención sin el previo requerimiento de la 
Administración por parte del beneficiario se realizará mediante ingreso en el Tesoro  es
Público conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003,  o
de 17 de noviembre. 033ww
VdeixosplpuePundaetiarscartióio ahn da eocdn ee dr ellaal a  le aOfc eraDdcrteitiravnea  c dcPdieóRe nbEp e/aG1rág0e o6ns 4oed/lr2ieac0 li t1aind6rge , ar e dDlseaiov  sSe2 ru9snb idodda iredter  icbjFcuuianótmainor i,ilGo iasper,o n ryem  rlaoSalde  edrqvleouilc  eiT o0es6sr e9cS e, rod sceSeisaegalcúertnrsoo  rl llloaay     OE-A-2021-16able en https://
parcialmente  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  aprobado  por  Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de 
recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del 
Estado a través de entidades colaboradoras. El beneficiario deberá remitir al órgano 
concedente la correspondiente carta de pago acreditativa del ingreso realizado.
En este caso, si procede, la Administración calculará los intereses de demora de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y hasta 
el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario, de 
acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones de justificación.
Artículo 22.  Responsabilidad y régimen sancionador.
1.  Las  entidades  u  organizaciones  beneficiarias  de  subvenciones  quedarán 
sometidas a las responsabilidades y el régimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establece el título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, respecto de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, con 
aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio en dicha ley y en la Ley 39/205, 
de 1 de octubre.
Artículo 23.  Régimen de reintegro.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas,  y,  en  su  caso,  de  los 
ingresos generados por los programas e intereses devengados por la subvención, así 
como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de 
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Cuando el cumplimiento por la entidad se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento  total  de  los  objetivos  establecidos  y  se  acredite  por  ésta  una  acción 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de 
otorgamiento  de  la  subvención,  la  cantidad  a  reintegrar  vendrá  determinada  por  la 
aplicación de los siguientes criterios:
a)  El incumplimiento parcial de la obligación de justificación, o la realización de una 
inversión inferior al presupuesto financiable aprobado en la resolución de concesión, 
dará lugar al reintegro parcial de la ayuda asignada a cada entidad beneficiaria el 
porcentaje correspondiente al gasto no efectuado o justificado.
b)  La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable 
supondrá la devolución de la ayuda correspondiente a las cantidades desviadas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en artículo 86 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
c)  La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 31.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, supondrá la devolución del importe correspondiente 
al gasto de la actividad subcontratada.
d)  No  dar  la  adecuada  publicidad  del  carácter  público  de  la  financiación  del 
programa,  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  19.f),  de  este  real  decreto. 
Asimismo, no cumplir las medidas alternativas establecidas por el órgano concedente en 
el  supuesto  previsto  en  el  artículo  31.3  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones. s
3.  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención  w.b
será objeto de ponderación por el órgano concedente para determinar si procede el  033ww
rinecinutmegprloim tioetnatlo os  pya sruci aple dseo  lean s eulb cvoennjcuinótno  cdoen lcoesd fiidnaess,  ue no bfujenticvioósn  pdeer slae gimuipdoorsta.ncia de los
que 4s.e  rPefrioecree deel rúál tieml ore pinátrergarfoo  ddeell  aerxtícceusloo  1o2b.tenido sobre el coste del gasto realizado a
5.  La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo 
la  exigencia  del  reintegro  de  la  ayuda  no  justificada  y  demás  responsabilidades 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La presentación de la justificación 
en  el  plazo  adicional  de  15  días  no  eximirá  al  beneficiario  de  las  sanciones  que, 
conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, correspondan.
6.  Junto con el reintegro total o parcial se exigirá siempre el interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que 
se acuerde la procedencia del reintegro.
7.  Se considerará que ha existido incumplimiento, dando lugar a la pérdida del 
derecho al cobro, en los casos en los que se hubiera retenido el abono de la subvención 
como consecuencia de un mandato judicial, dimanante de un embargo de las cantidades 
procedentes de la subvención, independientemente de su causa.
8.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a  43  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  por  el  capítulo  II  del  título  III  del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como  por  lo  previsto  en  este  real  decreto,  siendo  competente  para  su  iniciación, 
ordenación e instrucción la persona titular de la Subdirección General del Tercer Sector y 
Voluntariado de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales y, para 
su resolución, la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se 
iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa de la Subdirección General 
del  Tercer  Sector  y  Voluntariado  de  la  Dirección  General  de  Diversidad  Familiar  y 
Servicios  Sociales,  una  vez  revisada  la  documentación  justificativa  del  gasto  de  la 
subvención y no hallada completa y conforme en todo o en parte, y ante la detección de 
cualesquiera de las restantes causas de reintegro.
También procederá la iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia de 
una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no atribuidas 
facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia. Asimismo, 
se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención 
General de la Administración del Estado, resultando de aplicación lo establecido en los 
artículos 49 a 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 96 a 101 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
9.  En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del 
interesado a la audiencia.
10.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 
reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo 
podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se 
producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones 
hasta  su  terminación  y  sin  que  se  considere  interrumpida  la  prescripción  por  las 
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
11.  Las  resoluciones  del  procedimiento  de  reintegro  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa,  pudiendo  interponerse  contra  las  mismas  el  recurso  potestativo  de 
reposición ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o 
bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. s
Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran  oe.
ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano  w.
competente, para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador. 033ww
Disposición derogatoria única.  Derogación de normas.
Queda derogado el Real Decreto 729/2017, de 21 de julio, por el que se establecen
las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones  para  la  realización  de
actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1. 1.ª, 15.ª y 31.ª 
de  la  Constitución  española,  que  otorga  al  Estado  competencia  exclusiva  en  la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, en 
materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y en 
materia de estadística para fines estatales.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,
IONE BELARRA URTEAGA