BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Sábado 4 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 47531
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
7278 Real Decreto 587/2020, de 23 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de dos subvenciones a la Universidad Politécnica de Madrid y al 
Servicio de Salud del Principado de Asturias en materia de seguridad minera.
La Secretaría de Estado de Energía, a través de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, en el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad minera, 
viene llevando a cabo desde 1998 una intensa labor en desarrollo del Plan de Seguridad 
Minera con el propósito de reducir la siniestralidad en el sector mediante la regulación y 
concesión de ayudas destinadas a potenciar las inversiones y actuaciones en seguridad 
minera, así como la propuesta y financiación de proyectos y actuaciones relacionadas 
con la seguridad minera.
Por  un  lado,  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  tiene  asignado,  entre  otros 
organismos, al Laboratorio Oficial José María de Madariaga, creado por Orden de la 
Presidencia de Gobierno de 27 de noviembre de 1979, a propuesta de los entonces 
Ministerios  de  Industria  y  Energía  y  de  Universidades  e  Investigación,  como  un 
instrumento para colaborar en las necesidades que en aquel momento se planteaban en 
la Comisión del Grisú y de Seguridad Minera, actual Comisión de Seguridad Minera. Se 
rige por el Real Decreto 334/1992, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Laboratorio Oficial José María de Madariaga, que actualizó las misiones específicas 
del Laboratorio Oficial José María de Madariaga para adaptarlas a las necesidades 
cambiantes de la Comisión de Seguridad Minera.
La  Comisión  de  Seguridad  Minera,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  Real 
Decreto 783/1984, de 22 de febrero, está adscrita a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, siendo su órgano superior consultivo en materia de seguridad 
minera.
El Laboratorio Oficial José María de Madariaga viene colaborando con la Dirección 
General de Política Energética y Minas, en materia de seguridad minera y explosivos, 
como Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, años 1998 y 1999, y a 
partir  del  año  2000,  como  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  formalizando  esta 
colaboración  primero  mediante  convenios  marco  de  colaboración,  desarrollados 
mediante Convenios Específicos, y desde el año 2008, mediante subvención nominativa, 
canalizada mediante convenios, a favor de la Universidad Politécnica de Madrid, para las 
actividades  que  desarrolla  el  Laboratorio  Oficial  José  María  de  Madariaga  de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 334/1992, de 3 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicho laboratorio oficial.
El Laboratorio Oficial José María de Madariaga lidera y coordina las actuaciones en 
calidad y seguridad que han nutrido las normas y líneas de actuación propuestas por la 
Comisión de Seguridad Minera a la Dirección General de Política Energética y Minas 
desde 1979, pudiendo destacar, entre otros, que es el único organismo acreditado en 
España para la evaluación de la conformidad de todos los productos para su uso en  s
minería y es organismo notificado en materia de aparatos y sistemas de protección para  e.
uso en atmósferas potencialmente explosivas. w.
Por otro lado, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) tiene adscrito  78ww
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Esta referencia nacional fue refrendada en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en su disposición adicional segunda, así como en el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en los que mantiene su condición de centro de referencia 
nacional de prevención técnico-sanitaria de las enfermedades profesionales que afecten 
al sistema cardiorrespiratorio.
El  Instituto  Nacional  de  Silicosis  viene  colaborando  desde  el  año  2000  con  la 
Dirección General de Política Energética y Minas en materia de seguridad minera, 
formalizando esta colaboración para la financiación de actividades inicialmente mediante 
convenios  y  desde  el  año  2008  mediante  subvención  nominativa,  canalizada 
mediante convenios.
El  Instituto  Nacional  de  Silicosis  lidera  y  coordina  las  actuaciones  en  salud  y 
seguridad  (higiene  industrial)  que  han  nutrido  las  normas  y  líneas  de  actuación 
propuestas por la Comisión de Seguridad Minera a la Dirección General de Política 
Energética y Minas desde su creación, pudiendo destacar, entre otros, que es el único 
organismo  nacional  especializado  en  enfermedades  como  la  silicosis  y  demás 
neumoconiosis.
Por último, la figura de subvención nominativa utilizada en ambos casos desde el 
año 2008 y prevista en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, no es un cauce válido ante la situación de prórroga de los 
presupuestos generales del Estado para el ejercicio en curso, ya que las subvenciones 
nominativas previstas en los presupuestos generales del Estado vigentes en 2019 están 
excluidas de la prórroga, aun existiendo la dotación presupuestaria destinada a estos 
fines en el presupuesto vigente en 2019 prorrogado para 2020 del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Por todo lo anterior, y ante la necesidad de garantizar la máxima seguridad posible 
en  la  actividad  minera  dentro  de  las  competencias  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Energía,  concurren  circunstancias  excepcionales  que  acreditan  razones  de  interés 
público que justifican conceder una subvención directa a la Universidad Politécnica de 
Madrid,  para  las  actividades  que  desarrolla  el  Laboratorio  Oficial  José  María  de 
Madariaga y otra subvención directa al Servicio de Salud del Principado de Asturias para 
las actividades que desarrolla el Instituto Nacional de Silicosis, instrumento contemplado 
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 28.
Por otra parte, el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el 
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se 
acuerda  la  concesión  directa  de  las  ayudas  de  este  programa  a  las  comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, preveía en su disposición adicional 
segunda que los vehículos de tipo M1 y N1 adquiridos por personas físicas sin actividad 
profesional o que no desarrollen actividad económica, que hayan sido adquiridos a partir 
de la entrada en vigor de dicho real decreto, son elegibles para las ayudas si cumplen 
una serie de condiciones.
Dada la importancia de otras tipologías de vehículos además de los señalados, se 
modifica puntualmente el citado real decreto para que puedan acogerse al régimen 
especial aplicable a las adquisiciones de vehículos por parte de personas físicas otros 
tipos de vehículos, como son las motocicletas o los cuadriciclos.
El presente real decreto se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el  s
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  oe.
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para  w.
poder desarrollar las referidas competencias en seguridad minera por razones de interés  78ww
ppúabrtliidcaos,  rperseusltuap pureosptaorricaiso ndael sptoinrqaudea se sa  edl iicnhsatrsu minesntittou cnioenceess aerino  peal rpar leas uepjeuceusctioó nv idgee nlates 
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con  dicha  situación  presupuestaria.  Por  último,  en  aplicación  del  principio  de 
transparencia, se han definido claramente el alcance y objetivo, no solo de esta norma 
sino de la propia dotación presupuestaria para con ambas instituciones y atiende al 
principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a 
la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 25.ª del artículo 149.1 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
bases del régimen minero y energético.
El gasto correspondiente a las dos subvenciones figura incluido en el calendario de 
actuaciones  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico, 
correspondiente al primer semestre de 2020, aprobado por la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el apartado 
sexto del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 27 de diciembre de 2019, por el que se 
establecen los criterios de aplicación de la prórroga para el 2020 de los Presupuestos 
Generales del Estado vigentes en el año 2019, se formaliza la distribución por secciones 
y se aprueban medidas para reforzar el control del gasto público.
En  la  tramitación  de  este  real  decreto  se  ha  dado  audiencia  a  las  entidades 
afectadas,  recabado  informe  de  la  Abogacía  del  Estado;  de  la  Secretaría  General 
Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del 
Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública,  conforme  al  artículo  26.5  de  la 
Ley  50/1997,  de  27  de  noviembre,  del  Gobierno;  del  Ministerio  de  la  Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, conforme al artículo 26.9 de la 
mencionada Ley del Gobierno, y del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el 
artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la disposición adicional primera 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el informe del Ministerio de Hacienda, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión de una subvención directa 
a favor de la Universidad Politécnica de Madrid, para las actividades que desarrolla el 
Laboratorio Oficial José María de Madariaga con el fin de contribuir al desarrollo de 
actividades en materia de seguridad minera y explosivos, para el ejercicio 2020.
2.  Asimismo, se regula la concesión de una subvención directa a favor del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias para las actividades que desarrolla el Instituto 
Nacional de Silicosis con el fin de contribuir al desarrollo de actividades en materia de 
seguridad  minera  y  en  concreto  para  la  prevención  de  la  silicosis  y  demás 
neumoconiosis,  así  como  otras  enfermedades  respiratorias  e  inhalatorias  de  origen 
laboral, para el ejercicio 2020.
Artículo 2.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto, 
atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que 
ha de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren razones de interés  e.e
público que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo  b
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  78ww
Sdiucbhvae Lnecyio.nes, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de
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Estado  de  Energía  y  las  entidades  interesadas  en  los  términos  establecidos  en  el
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
3.  El  convenio  de  colaboración  deberá  incluir,  como  mínimo,  los  siguientes 
extremos:
a)  Programa de actuaciones y presupuesto desglosado.
b)  Procedimiento para la justificación de la subvención.
c)  Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la subvención.
d)  Procedimiento de pago.
4.  Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 3.  Beneficiarios y actuaciones a financiar.
1.  Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán:
a)  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  para  las  actividades  que  desarrolla  el 
Laboratorio Oficial José María de Madariaga.
b)  El  Servicio  de  Salud  del  Principado  de  Asturias,  para  las  actividades  que 
desarrolla el Instituto Nacional de Silicosis.
2.  Estas entidades, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, desarrollarán las siguientes actividades:
a)  La Universidad Politécnica de Madrid, a través del Laboratorio Oficial José María 
de Madariaga desarrollará las siguientes líneas de actuación:
1.ª  Asistencia  técnica  y  asesoramiento  a  la  Dirección  General  de  Política 
Energética  y  Minas  en  materia  de  seguridad  minera  y  en  la  elaboración  de 
especificaciones técnicas  sobre el  ámbito de  los explosivos, cartuchería y artículos 
pirotécnicos.
2.ª  Vigilancia  del  mercado  de  equipos,  productos  y  materiales  utilizados  en  la 
minería española, así como los regulados en el Reglamento de Explosivos aprobado por 
el Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, y en el Reglamento de artículos pirotécnicos 
y cartuchería, aprobado por el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre.
3.ª  Almacenamiento  y  destrucción  de  productos  explosivos,  pirotécnicos  y 
cartuchería incautados.
4.ª  Campañas  de  asesoramiento,  asistencia  técnica,  vigilancia  y  control  de 
explotaciones, equipos e instalaciones mineras.
5.ª  Campañas  de  asesoramiento,  asistencia  técnica,  vigilancia  y  control  de 
establecimientos,  equipos  e  instalaciones  utilizadas  en  explosivos,  pirotecnia  y 
cartuchería.
6.ª  Guías de aplicación de requisitos reglamentarios en el ámbito de la seguridad 
minera, explosivos, pirotecnia y cartuchería.
7.ª  Catastro minero.
8.ª  Instalaciones de residuos mineros clausuradas y abandonadas en España.
b)  El  Servicio  de  Salud  del  Principado  de  Asturias,  para  las  actividades  que  e.e
desarrolla  el  Instituto  Nacional  de  Silicosis  desarrollará  las  siguientes  líneas  de  w.b
actuación,  siendo  prioritarias  aquellas  que  deriven  de  la  normativa  en  materia  de  78ww
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especificaciones técnicas sobre el ámbito de la silicosis y demás neumoconiosis, así 
como otras enfermedades respiratorias e inhalatorias de origen laboral.
2.ª  Campañas  de  asesoramiento,  asistencia  técnica,  vigilancia  y  control  de 
explotaciones mineras, en el ámbito de la prevención frente a la silicosis.
3.ª  Realización de estudios e Informes relacionados con la exposición a agentes 
químicos y metodologías de medición en el ámbito de la industria extractiva.
3.  El plazo para la realización de los gastos subvencionables será el comprendido 
entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
4.  El plazo para la presentación de la justificación será el comprendido entre el 1 de 
enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021.
Artículo 4.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir  las  obligaciones  generales  que 
establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, realizar 
las actividades que corresponden a cada una de ellas en los términos establecidos en el 
convenio de colaboración a que se refiere el artículo 2.
2.  Las entidades beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter 
público  de  la  financiación  de  las  actuaciones  mediante  la  inclusión  de  la  imagen 
institucional de la Secretaría de Estado de Energía, así como de leyendas relativas a la 
financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios 
electrónicos  o  audiovisuales,  o  bien  en  menciones  realizadas  en  medios  de 
comunicación.
Artículo 5.  Compatibilidad de las subvenciones.
1.  Estas  subvenciones  son  compatibles  con  otras  subvenciones,  ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.
2.  Las entidades beneficiarias deberán comunicar la obtención de los recursos a los 
que se hace referencia en el apartado anterior a la Secretaría de Estado de Energía, tan 
pronto  como  se  conozca  y,  en  todo  caso,  con  anterioridad  a  la  justificación  de  la 
aplicación dada a los fondos percibidos.
3.  Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con esta subvención, 
con  fondos  propios  u  otras  subvenciones  o  recursos,  deberá  acreditarse  en  la 
justificación  el  importe,  procedencia  y  aplicación  de  tales  fondos  a  las  actividades 
subvencionadas según el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El  importe  de  la  subvención  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 6.  Cuantía y financiación.
1.  La subvención a la Universidad Politécnica de Madrid, para las actividades 
que desarrolla el Laboratorio Oficial José María de Madariaga, ascenderá a la cuantía 
de  1.001.510,00  euros,  que  se  financiará  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria 23.09.423N.751 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico de la prórroga para 2020 de los presupuestos generales del Estado  e.
vigentes en el año 2019, contenidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos  w.b
Generales del Estado para el año 2018. 78ww
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Demográfico, de la prórroga para 2020 de los presupuestos generales del Estado 
vigentes en el año 2019, contenidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio.
Artículo 7.  Pago de la subvención.
1.  El  pago  de  las  subvenciones  se  realizará  con  carácter  anticipado  a  su 
justificación.
2.  El pago de las ayudas se hará sin necesidad de constitución de fianza o 
garantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio.
3.  Con  carácter  previo  al  cobro  de  la  subvención,  las  entidades  beneficiarias 
deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los 
artículos 18 y 19 de dicho Reglamento, así como no ser deudoras por procedimientos de 
reintegro. Las entidades beneficiarias podrán autorizar a la Secretaría de Estado de 
Energía  a  consultar  dicha  información  de  forma  directa  a  la  Agencia  Estatal 
de Administración Tributaria y de la Seguridad Social de acuerdo con el artículo 22.4 de 
dicho Reglamento, el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 8.  Justificación.
La justificación de las ayudas concedidas a las entidades beneficiarias se realizará 
ante la Secretaría de Estado de Energía y se ajustará a lo previsto en el artículo 72 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el que se regula la justificación de subvenciones 
con aportación de justificantes de gasto, y conforme a los términos que se establecerán 
en el convenio previsto en el artículo 2.
Artículo 9.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  las  entidades  beneficiarias  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio.
4.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
Secretaría de Estado de Energía. s
Disposición adicional única.  Régimen jurídico aplicable. w.
esteE rsetaals  dseucbrevteon yc ioenne los ss ceo nrevgeinráions,  aa dqeume áhsa cdee r epfoerr elnoc piaa ertli caurltaícrumloe n2t,e p doirs lpou persetov iseton 
eRne gllaa mLeenyto  3d8e/ 2d0e0s3a, rrdoello ,1 7a prdoeb andoov imemedbiraen,t eG eeln Rereaal l dDee crSeutob v8e8n7c/io2n0e0s6,,  dye  e2n1  dseu 
julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como
supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por 
el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible 
(Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este 
programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
Se modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto 569/2020, de 16 de 
junio, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible 
(Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa 
a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición adicional segunda.  Régimen especial aplicable a las adquisiciones 
de  vehículos  por  personas  físicas  sin  actividad  profesional  o  que  no 
desarrollen actividad económica.
Las adquisiciones de vehículos susceptibles de acogerse a la actuación 1 del 
anexo  I,  realizadas  por  personas  físicas  sin  actividad  profesional  o  que  no 
desarrollen  actividad  económica,  que  hayan  sido  formalizadas  a  partir  de  la 
entrada  en  vigor  de  este  real  decreto,  serán  consideradas  actuaciones 
subvencionables en el ámbito de aplicación de las respectivas convocatorias que 
establezcan  las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  no 
aplicándose lo dispuesto por el artículo 10.2 de este real decreto, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos:
1.  Se formalice y registre la correspondiente solicitud, conforme a lo que se 
establezca por la convocatoria correspondiente.
2.  Se cumplan los demás requisitos que se establecen en este real decreto 
para esta tipología de actuaciones subvencionables, así como los que puedan 
establecerse por la convocatoria correspondiente, que tendrá que tener en cuenta 
a todos los efectos la fecha de formalización de estas adquisiciones.»
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 25.ª del artículo 149.1 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
bases del régimen minero y energético.
Disposición final tercera.  Habilitación normativa.
Se habilita a la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico para adoptar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 23 de junio de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ