BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93502
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13026 Sala Segunda. Sentencia 142/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de 
amparo 5429-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:142
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5429-2019, promovido por Penrei Inversiones, SL, 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, de 12 de 
julio de 2019, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el auto, también 
impugnado,  de  fecha  21  de  septiembre  de  2018,  por  el  que  se  inadmitió  por 
extemporánea la demanda de oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil en 
el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 294-2018, instado por la entidad Banco 
de Sabadell, SA. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Se ha personado la entidad Pera 
Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  del  banco 
ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 24 de 
septiembre de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, 
actuando en nombre y representación de Penrei Inversiones, SL, bajo la defensa del 
letrado don Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso demanda de amparo contra las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 026www.
bienae)s  hLiap oteenctaiddaods  Bcoanntcroa  ldae a hSoarbaa dreecllu, rrSeAnt,e  indtee rpaumspoa rdoe, mena nsdua  cdaeli deajde cduec itóitnu lasro bdreel 
dneúrme.c h3o  ddee  Luosorc as.o bInrec olaa dfoin cpar orceegdisimtraiel n4to3 .5d0e1 ,e ijnesccurcitiaó ne nh ipeol tReecagrisiatr o( ndúem l.a  2P9r4o-p2i0e1d8a)d,   BOE-A-cable e
mediante auto de fecha 17 de mayo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 5 de Lorca (en adelante, el juzgado) ordenó la ejecución del título 
hipotecario, despachó ejecución contra otra entidad y contra la ahora demandante de 
amparo y dispuso, a continuación, lo siguiente:
«El presente auto, junto con el decreto que dictará el letrado de la administración de 
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte 
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin 
citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada 
pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente 
auto y del decreto que se dicte».
b)  La  citada  notificación  se  produjo  a  través  del  servicio  de  notificaciones 
electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Más en concreto, el servicio 
remitió el 22 de mayo de 2018 un correo electrónico en el que señalaba como asunto 
«Juzgados y Tribunales – Aviso de Notificación para el NIF B73836173», dirigida a 
Penrei Inversiones, SL, – NIF B73836173. Según el texto del correo, la notificación venía 
referida  al  asunto  «JDO.  1  INST.  E  INSTR.  N  5  DE  LORCA  EJH/0000294/2018», 
indicándole que la «notificación estará disponible en su dirección electrónica habilitada 
única desde el 22-05-2018 hasta el 07-07-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable».
En la certificación emitida por el servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica  habilitada  también  consta  que  la  notificación  tenía  como  número  de 
referencia el 5b045d87263a7, que fue puesta a disposición del destinatario el 22 de 
mayo de 2018 y que la fecha de aceptación fue el 7 de julio de 2018, figurando como 
datos del certificado digital receptor el correspondiente a don José Luis Reverte, en su 
calidad de representante de la citada mercantil.
c)  En escrito presentado ante el juzgado el día 20 de julio de 2018, la demandante 
de amparo compareció en el procedimiento, formulando oposición a la ejecución, con su 
documentación adjunta.
d)  Con fecha 21 de septiembre de 2018, el juzgado dictó un auto por el que se 
acordó: «Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada […] Penrei 
Inversiones, SL, […] por estar presentada fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, 
SA»,  advirtiendo  en  pie  de  recurso  que  contra  dicha  resolución  cabía  recurso  de 
reposición.
El juzgado basó su decisión, conforme a su fundamento de Derecho único, en lo 
siguiente: «Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. Establece el artículo 695 LEC 
que  la  parte  ejecutada  pueda  oponerse  al  despacho  de  ejecución  en  los  términos 
previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la 
notificación del auto y del decreto. Constando en el presente supuesto que la parte 
ejecutada se ha opuesto una vez transcurrido el plazo que legalmente se le otorga, debe 
ser inadmitida su oposición por extemporánea, de conformidad con lo establecido en los 
preceptos citados». e
e)  Formalizado recurso de reposición, el juzgado dictó un nuevo auto el 12 de julio  bo
de 2019, por el que se desestimó el recurso, conforme a los motivos expuestos en su  026ww
razo«nEalm  rieenctuor sjuor íddiecboe s esgeurn ddoe:sestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  Justicia  por  medios  electrónicos 
(art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) LEC)».
Tras afirmar que los recurrentes interpretan de forma errónea la normativa aplicable, 
se citan los arts. 162.2 LEC; 33.2 y 34 de la Ley 18/11, de 5 de julio; 11.2 del Real 
Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre; y el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016, para concluir afirmando la 
«validez [de] la notificación a personas jurídicas por canales electrónicos».
A continuación, señala que «en el presente caso, consta que la notificación se puso a 
disposición de las recurrentes en fecha 22/05/18 no accediendo al contenido hasta el 
día 07/07/18 […], presentando los escritos de oposición a la ejecución en fecha 20/07/18, 
claramente fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556. 1 LEC (dentro de los 
diez días siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo que 
conforme al art. 136 LEC transcurrido o pasado el término señalado para la realización 
de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de 
realizar el acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas 
siendo la consecuencia legal la inadmisión».
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no cabe recurso alguno».
Este auto fue notificado en fecha 15 de julio de 2019 y, junto con el auto de 21 de 
septiembre de 2018, es el objeto del presente recurso interpuesto por la citada entidad 
Penrei Inversiones, SL.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causan la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas, tratándose de su primer emplazamiento judicial.
La  recurrente  reconoce  que,  por  ser  una  persona  jurídica,  viene  obligada  a 
relacionarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos. Aclara, no 
obstante, que cuando es el primer emplazamiento y por tanto todavía aquella «no ha 
tenido ninguna relación con el juzgado correspondiente en este especial y concreto 
procedimiento»,  ha  de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la 
documentación correspondiente, conforme establece el art. 273 LEC, en relación con los 
arts. 135, 152, 162 y 155 LEC. Este último, precisa, «es categórico al respecto ya que en 
su  punto  primero  nos  indica  que  cuando  las  partes  no  actúen  representadas  por 
procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de 
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes». Añade que incluso la 
notificación  realizada  tampoco  cumple  con  las  formalidades  de  las  comunicaciones 
electrónicas. Además, su entidad nunca facilitó una dirección de correo electrónico a 
efectos de notificaciones telemáticas y, a pesar de ello, se le remitió un aviso que no 
permitía conocer realmente el objeto del asunto. Pese a todo esto, el auto dictado por el 
juzgado el 21 de septiembre de 2018 declaró extemporánea la presentación del escrito 
de oposición, computando el plazo de diez días desde la fecha de envío de aquel correo 
a través de la dirección electrónica habilitada.
Sobre el auto de 12 de julio de 2019, se rechaza por la recurrente que haya 
fundamentado  su  decisión  en  la  ley  de  procedimiento  administrativo  común,  «que  e
consideramos inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas  bo
concretas  al  respecto,  no  se  dan  en  uno  y  otro  ámbito  las  mismas  garantías  026ww
pprroopceiad inmoermntaatleivsa» ;t asnieton deon  qlau eL eeyn  dmea etenrjiuai cdiaem nioetniftioc accivióiln — delo sa catrotsíc uplroosc easrarilbeas  ceixtaisdtoes s—u 
comCoo enn  ceitl ah aezx pdree sgaa rdaen tlíaa sd doeclt rpinroap dioe  aerst.t e2 4tr CibEun.al sobre la relevancia de los actos de
comunicación procesal desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva
(entre otras, SSTC 115/1988, 195/1990 y 326/1993), así como de la STC 47/2019, de 8 
de abril, que estima plenamente aplicable al presente caso, finaliza solicitando que, con 
estimación del amparo, se acuerde la nulidad de los autos de 21 de septiembre de 2018 
y de 12 de julio de 2019, «reconociendo el derecho individual de Penrei Inversiones, SL, 
a obtener una resolución con respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, y la nulidad 
de actuaciones y reposición de todo al momento previo a dictarse el auto de fecha 21 de 
septiembre de 2018, para que resuelva conforme a derecho, admitiendo a trámite la 
demanda de oposición al despacho de ejecución» formulada por la recurrente.
Por medio de un «segundo otrosí digo», en el escrito de demanda se argumentó 
«que la continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad», por lo que se solicitó 
«la suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 294-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial» (sic).
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 29 de junio de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC)» porque el recurso «plantea un problema o afecta a una faceta de 
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2, a)]» y porque el recurso «puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su 
doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración 
del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) dirigir atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de 
que proceda a «emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento» de origen, 
excepto a la «recurrente en amparo», para poder comparecer en el presente proceso 
constitucional en el plazo de diez días, y (iii) formar la «oportuna pieza separada de 
suspensión».
5.  Por nueva providencia dictada por la Sección Cuarta de este tribunal en la misma 
fecha  se  dispuso  «formar  con  la  precedente  fotocopia,  la  oportuna  pieza  para  la 
tramitación del incidente sobre suspensión y conforme determina el artículo 56 de la Ley 
Orgánica de este tribunal, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y 
al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen pertinente sobre dicha suspensión». 
Este traslado fue cumplimentado por la parte recurrente, mediante escrito de fecha 9 de 
julio de 2020, en el que se ratificó en su petición inicial. Por su parte, el Ministerio Fiscal 
presentó informe en fecha 15 de julio de 2020, en el que interesó que se adoptara 
únicamente la medida de anotación preventiva de la demanda de amparo.
Así se acordó por medio del ATC 87/2020, de 22 de julio, dictado por la Sección 
Cuarta de este tribunal. En el mismo se denegó la suspensión solicitada y se ordenó la 
anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, con 
remisión al referido juzgado para la expedición del mandamiento oportuno. Se considera, 
a tal efecto, que esta medida «se reputa […] suficiente e idónea para evitar el perjuicio 
derivado de que la adquisición del bien por tercero lo hiciera irreivindicable», situación a 
la que se hace referencia en la demanda.
6.  Por  escrito  presentado  en  el  registro  de  este  tribunal  el  23  de  noviembre  s
de 2020, la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en  oe.
ndeaoinnrem tecebrcisroiteóre mn y  erlreenetctpreuar erdessaroe a,dn net ea dndce oi ónlsan u  Adt ilteecu ojllaaannr dieddincraoitódi dIn nad gdedr  aPelam e era aSnd toqAidlusíasisrd,ee  sntBsot ealDi cneicdtsóoei  g qdnlueoae stS e sadceb r Aéalecdd tietituvolliv,st yi Se ChrAaio.p  pmoEotsperta copnaseyr ri,cos rbsoéa ndjqaoitud oleaas     2021-13026n https://www.
le habían sido cedidos por ésta en virtud de escritura suscrita el 23 de julio de 2019, ante
el notario de Madrid don Carlos de Alcocer Torra.
7.  Con fecha 31 de mayo de 2021, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que se acordó, de un lado, tener por 
personado y parte a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, a través de la 
procuradora mencionada, y de otro, dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 30 de junio de 2021. En el mismo interesó que se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo reiterando los argumentos expuestos en la demanda. 
Además, se hace una reseña expresa de la sentencia que resuelve el recurso de amparo 
núm. 5377-2018, que se corresponde con la STC 40/2020, de 27 de febrero. En esta 
resolución, por aplicación de las SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril, 
se confirma la doctrina que defiende en este recurso, en torno a la necesidad de que el 
primer emplazamiento o citación se efectúe en el domicilio de la persona jurídica que 
figure como demandada, según impone el artículo 155.1 LEC.
9.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 1 de 
julio de 2021, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  y  su  restablecimiento  mediante  la 
declaración de «nulidad de los autos de 21 de septiembre de 2018 y de 12 de julio 
de 2019», así como la «nulidad de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento 
de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada», además de la 
consiguiente retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior «al de 
efectuarse el emplazamiento de la entidad recurrente, debiendo llevarse a cabo de 
nuevo este por el juzgado ejecutor, de forma respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido».
El fiscal considera que nos encontramos ante el mismo supuesto fáctico y jurídico 
que ya fue resuelto en sentido estimatorio mediante las SSTC 40/2020, de 27 de febrero; 
43/2020, de 9 de marzo, y 103/2021, de 10 de mayo; cuyo contenido extracta. En estas 
resoluciones se concedió el amparo solicitado por aplicación de la doctrina expuesta, a 
su vez, en las SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril, de las que se 
deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento se realice de manera personal y 
con entrega en papel de la documentación, conforme a lo dispuesto en los arts. 155.1 
y 273.4, segundo párrafo, LEC.
10.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 5 de julio de 2021, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de la representación procesal de la recurrente en amparo, quedando el asunto 
concluso  y  pendiente  para  deliberación  cuando  por  turno  corresponda.  No  consta 
presentado dentro del plazo del art. 52.1 LOTC, o con posterioridad, ningún escrito de 
alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
11.  Mediante providencia de fecha 8 de julio de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 12 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes. e.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por  026ww
hdiopso teencatidriaods esse, guunidao ds ea enltlea sd ilvae rasqousí  jruezcguarrdeonst ed, ed epmriamnedraad ainss teann cpiar oece sinosst ruecjeccióunti vdoes 
Lnoorticfiac,a clioosn ecsu ealleecst,r ótnraicsa se ym pdlea zdairrelacsc iópno re levcíatr óenlieccat rhóanbicilait adaa  tdraev élas  Fdáeblr icsae rNviaccioio ndael 
de Moneda y Timbre, han inadmitido a trámite los ulteriores escritos de oposición a la
ejecución, los recursos de reposición o de nulidad de actuaciones, por considerarlos 
extemporáneos  o  improcedentes,  al  entender  realizados  conforme  a  Derecho  los 
emplazamientos comunicados a través del sistema de notificaciones telemáticas.
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, SL, impugna 
los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, de 21 de 
septiembre  de  2018  y  de  12  de  julio  de  2019,  dictados  en  el  proceso  hipotecario 
núm. 294-2018.
La demanda de amparo alega, en esencia, la vulneración del derecho fundamental a 
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer 
indefensión, al no haberse efectuado aquel emplazamiento de manera personal y con 
entrega  en  papel  de  la  documentación  correspondiente,  tal  y  como  establecen  las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil.
El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo.
2.  Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos autos de coincidente contenido con el que ahora se impugna, y donde se dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada en este caso la concurrencia de algún elemento distintivo 
que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo  declarado  entonces, 
procede por tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En primer lugar, en el fundamento jurídico 2 se descarta cualquier posible óbice 
procesal, tanto por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) 
LOTC] como por ser prematuro el amparo. En el primer caso, porque no cabe recurso 
contra el auto desestimatorio de la reposición, como se indica en el pie de recurso de 
éste. En el segundo supuesto, porque no es exigible esperar a la finalización del proceso 
ejecutivo hipotecario  a quo, ya que condicionar  la interposición de la demanda de 
amparo a este hecho genera una dilación injustificada que se traduciría en un gravamen 
adicional o en la intensificación de la lesión constitucional que denuncia, como ya se 
expuso en las SSTC 39/2015, de 2 de marzo, y 49/2016, de 14 de marzo.
En segundo lugar, en el fundamento jurídico 3 de esa resolución se advierte que es 
de aplicación la doctrina de este Tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de 
abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo. En ambos supuestos se afirma la «garantía 
del emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», tal y como ocurre con la efectuada a través de la dirección 
electrónica habilitada. El emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo 
complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de 
los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este 
deber  del  órgano  judicial  «acarrea  por  tanto  la  conculcación  de  aquel  derecho 
fundamental»,  como  ya  ha  declarado  este  tribunal  en  varios  recursos  de  amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Finalmente, constata entonces la STC 40/2020, en su FJ 4, como ha de hacerse  e
también  en  el  presente  supuesto,  que  las  dos  resoluciones  judiciales  impugnadas  bo
vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su  026ww
aelmteprnlaaztaivmaimenetnot e ppeersrmonitairll ee np reesl enptraorc essuo  oap osqiucoió na  ae flae cetojesc udcei ónre. qPuoerr irelal  cdoen trpaarigoo,  eol 
ejulezgctardóon icoapst ó yp odrir eucnc ieómn pelalezcatmróineinctao  healebcitlirtóandiac o dae  tlraa vFésá bdriecla s eNravcicioion adle  dneo tMificoanceidoan esy 
Timbre, que no está previsto en la normativa procesal para estos casos, y que apenas
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, para el cómputo del plazo de presentación del escrito de 
oposición se invocaron normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas 
al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del 
art. 556 LEC. Todo ello produjo una indebida denegación de su escrito de oposición a la 
ejecución, lo que determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho 
fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  padecer  indefensión  (art.24.1  CE),  con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Penrei Inversiones, SL, y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 21 de 
septiembre de 2018 y de 12 de julio de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia  e  Instrucción  núm.  5  de  Lorca  en  el  proceso  de  ejecución  hipotecaria 
núm. 294-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del auto de 17 
de mayo de 2018 por el que se acordó el despacho de la ejecución y el requerimiento de 
pago a la entidad deudora.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al requerimiento 
de pago a la entidad ejecutada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este trámite por el 
citado juzgado, de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.