BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32855
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4504 Sala Segunda. Sentencia 29/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo  7447-2019.  Promovido  por  doña  Encarnación  Castella  Águila 
respecto de los autos dictados por la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional y un juzgado central de instrucción en el curso de diligencias previas 
por posible comisión de delitos en relación con la prestación de servicios 
odontológicos. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación 
con los derechos a la asistencia jurídica gratuita y a la asistencia letrada: 
resoluciones  judiciales  que  supeditaron  la  intervención  como  acusación 
particular  a  la  utilización  de  la  defensa  y  representación  de  alguna  de 
aquellas otras previamente personadas.
ECLI:ES:TC:2021:29
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7447-2019, promovido por doña Encarnación Castella 
Águila, contra el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional núm. 699-2019, de 13 de diciembre de 2019, por el que se desestima el 
recurso de apelación núm. 721-2019 interpuesto contra el auto del Juzgado Central de 
Instrucción núm. 5 de 23 de octubre de 2019, pronunciado en las diligencias previas 
núm.  70-2018.  Ha  comparecido  la  entidad  Dental  Global  Management,  S.L., 
representada  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Felipe  Bermejo  Valiente.  Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol 
Ríos.
I. Antecedentes
1.  Doña  Encarnación  Castella  Águila,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña Susana Escudero Gómez y bajo la dirección del letrado don Luis María 
Chamorro Coronado, tras la designación de profesionales del turno de oficio solicitada 
el 20 de diciembre de 2019, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que 
se citan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este tribunal el 13 de 
febrero de 2020.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: o
a)  El Juzgado Central de Instrucción núm. 5, mediante auto de 17 de julio de 2018,  04ww
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odontológicos.
La demandante de amparo, mediante escrito de 25 de julio de 2019, se personó 
como acusación particular en las actuaciones mediante la representación y bajo la 
dirección de profesionales del turno de oficio, en tanto que beneficiaria del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, alegando lesiones y perjuicios derivados de la intervención 
odontológica a la que estaba siendo sometida, así como la solicitud de un préstamo para 
la financiación de dichas intervenciones.
b)  Por auto de 23 de octubre de 2019 se acordó admitir la personación de la 
demandante de amparo sometida a la condición de que actuara con la misma defensa y 
representación  de  cualquiera  de  las  primeras  seis  acusaciones  particulares  que  ya 
constan personadas en la causa que libremente seleccione, debiendo comunicar al 
juzgado en el plazo de tres días la opción elegida siendo designada por el órgano judicial 
en caso contrario, pudiendo ejercerse la defensa de forma colegiada por los distintos 
letrados. El auto argumenta que el art. 113 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) 
posibilita que las distintas acusaciones particulares, si fuera posible, lo hagan bajo la 
misma  representación  y  dirección,  para  lo  que  es  necesario  una  convergencia  de 
intereses, que concurre en este caso, ya que los concretos perjuicios tienen idéntica 
naturaleza, como también el origen y la legitimación de su condición de perjudicados, 
siendo también común la identidad de las personas contras las que se pretende ejercer 
la acción penal y similares los hechos y calificación jurídica. Por otra parte, se destaca la 
necesidad de preservar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que se vería 
perjudicado en caso de admitirse todas las personaciones solicitadas con miles de partes 
procesales que harían inviable el procedimiento.
c)  La  demandante  de  amparo,  mediante  escrito  de  28  de  octubre  de  2019, 
interpuso recurso de apelación, que fue tramitado con el núm. 721-2019 por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alegando la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE), y el derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 
CE), ya que la decisión judicial impugnada no le permitía hacer efectivo el ejercicio de la 
acusación particular mediante los profesionales del turno de oficio que le habían sido 
asignados como beneficiara del derecho a la asistencia jurídica gratuita, obligándola a 
actuar  en  el  procedimiento  por  medio  de  profesionales  libremente  designados  por 
terceros.
d)  Por  auto  núm.  699-2019,  de  13  de  diciembre,  se  desestima  el  recurso  de 
apelación con fundamento en que (i) no cabe apreciar una restricción indebida del 
derecho de defensa letrada por no permitirle elegir a su propio letrado, o, como es el 
caso, respetar la designación de uno de oficio, obligándole a personarse bajo otra 
dirección letrada ya personada, pues en la confrontación entre el derecho a no sufrir 
dilaciones indebidas y el derecho de defensa no cabe permitir la personación de todos y 
cada uno de los perjudicados, que se calcula en varias decenas de miles, que abocaría a 
la imposibilidad de manejo procesal de la causa; y (ii) «se garantiza la defensa colegiada 
por lo que no se les obliga a cambiar de dirección letrada, debiendo ser su letrado el que 
se coordine con los ya personados» (razonamiento jurídico segundo).
Por su parte, en relación con la invocación del derecho a la asistencia justicia 
gratuita, se afirma que «el art. 31 de la Ley de asistencia jurídica gratuita disciplina las 
obligaciones  de  los  profesionales,  abogados  y  procuradores,  designados  de  oficio, 
reseñando que desempeñarán sus funciones de asistencia y representación de forma 
real y efectiva “[…] hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se 
trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en estas  s
se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la  oe.
instancia […]”, sin embargo dicho precepto no es un compartimento estanco sino una  w.
norma de necesaria exégesis integradora con el resto, armonizándolas, y respetando el  04ww
doirsdpeune sptraosc eesna l,a praosr  lod eq ulae , eecno ndoemfiníait ivpar,o nceos rael suy ltaa giinlicdoamd peanti bllae  ctroanm liotasc imóno dquulaec ioenveites 
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se  pronuncia.  En  todo  caso,  los  profesionales  del  turno  de  oficio  que  le  han  sido 
designados  pueden  seguir  llevando  la  defensa  del  recurrente  de  forma  conjunta  y 
coordinada con la defensa y representación bajo la que se agrupe, por lo que queda 
garantizado su derecho de estar asistido en cuanto a las defensas de sus propios 
intereses y perjuicios» (razonamiento jurídico tercero).
3.  La demandante de amparo solicita que se estime el recurso de amparo por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva 
del  derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita;  y  del  derecho  a  la  asistencia  letrada 
(art. 24.2 CE), declarándose la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas con 
retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con 
los derechos fundamentales vulnerados.
La invocación del art. 24.1 CE, desde la perspectiva del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, la fundamenta en que se acuerda imponer a la demandante de amparo, 
beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la carga procesal de litigar 
conjuntamente  con  una  de  las  seis  primeras  acusaciones  personadas  en  el 
procedimiento, concurriendo la circunstancia que tales representaciones procesales lo 
son de afectados que no gozan del referido beneficio. Ello determina que los argumentos 
relativos a la preservación del derecho a mostrarse parte en la causa, a evitar dilaciones 
indebidas y un macroproceso cuando los intereses de los afectados son sustancialmente 
iguales decaen en la medida en que, aun teniendo acogida legal, impide a quien goza 
del  derecho  a  litigar  de  manera  gratuita  a  ejercitarlo,  privándolo  irracional  e 
injustificadamente del mismo, con afectación de su derecho a la tutela judicial efectiva. 
En ese sentido, se afirma que, aun siendo atendibles las razones judiciales para acordar 
la decisión impugnada de preservar la finalidad del proceso, no es necesario afectar el 
derecho de la víctima a litigar de forma gratuita, «pues caben otras alternativas a la hora 
de designar a los profesionales adscritos al turno de oficio designados –como es el 
caso– que ni siquiera se han planteado».
La invocación del derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE) la fundamenta en que 
las decisiones judiciales han privado de la posibilidad de que el abogado designado a la 
recurrente por el turno de oficio pueda desarrollar la labor de defensa de los intereses de 
la demandante de amparo de forma efectiva, lo que también supone una violación del 
art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos, en los términos establecidos en la 
STEDH caso Czekalla c. Portugal, de 10 de octubre de 2002.
La demandante afirma que el recurso de amparo tiene especial transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que 
plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y económica por 
la  cantidad  tan  ingente  de  afectados  por  los  hechos  que  están  siendo  objeto  de 
investigación.
4.  La  Sección  Tercera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  24  de  septiembre 
de 2020, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre 
una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o 
afecta  a  una  faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina 
constitucional [STC 155/2009, FJ 2, a)] y, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de 
la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,  requerir  atentamente  de  los  órganos 
judiciales  la  remisión  de  testimonio  o  copia  adverada  de  las  actuaciones  y  el 
emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen 
comparecer en el plazo de diez días en el citado proceso de amparo. e
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de  w.
GBoreldorebmnaeal jcoMi óaVnna adligeeen 2mte e,d neyt  , odScat.uLr b.,vr ierse tapd reed s2ee0 n2lat0as,d  aaa ccpotuordar ócei olt enpnereos rc uaprl oaMrd opinre isrdsteeo rnliooas d Fatir siabc ualnal a yele nsat i ddlaaodsn   DpFaeernltipetaesl    2021-4504n https://ww
personadas por un plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que
estimasen pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 10 de noviembre de 2020, formuló 
alegaciones interesando la denegación del recurso de amparo.
El Ministerio Fiscal afirma que la cuestión esencial que plantea este recurso es la 
relativa a la concreta aplicación que hacen los órganos judiciales del art. 113 LECrim 
condicionando  la  personación  de  la  demandante  de  amparo  a  que  litigue  bajo  la 
dirección y representación de alguna de las seis primeras partes personadas en la causa 
sin tomar en consideración que la demandante de amparo era beneficiaria del derecho a 
la asistencia jurídica gratuita pero no cualquiera de esas seis partes personadas. A esos 
efectos, considera que el auto de apelación hace explícita una ponderación de ese 
derecho en que, si bien no razona sobre la gratuidad para la demandante de amparo de 
esa defensa colegiada con una acusación ejercida con un abogado de libre designación 
«el  fiscal  estima  que,  como  la  gratuidad  de  su  defensa  y  representación  la  tiene 
reconocida por la resolución que le concede el beneficio, siendo que además va a seguir 
bajo la defensa y la representación de oficio, no hay motivo alguno para pensar que la 
defensa colegiada y la consiguiente coordinación entre los letrados, le vaya a suponer 
una quiebra de su derecho a tener una asistencia letrada y que esta sea gratuita, es por 
lo que, aun estimando que hubiera sido mejor que la fundamentación del auto hubiera 
incidido  en  ese  aspecto,  para  dejar  claro  a  todas  las  partes  que  la  unión  de  la 
demandante de amparo a una parte que no es beneficiaria de la asistencia jurídica 
gratuita no puede suponerle a la demandante de amparo ningún perjuicio económico, no 
se estima que esa omisión le haya generado indefensión».
El fiscal, en relación con el derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), afirma que 
no se ha producido una vulneración de este derecho, ya que a la demandante de amparo 
se le nombró un abogado del turno de oficio y las resoluciones recurridas no le privan de 
dicho abogado, pudiendo defender sus intereses a través de este en coordinación con 
aquel que seleccione entre los seis primeros personados.
7.  La demandante de amparo, por escrito registrado el 6 de noviembre de 2020, 
formuló alegaciones, dando por reproducidas las expuestas en su escrito de demanda e 
insistiendo en que en otros procedimientos de gran complejidad por el número de partes 
se ha dado de manera conjunta por los órganos judiciales y el Colegio de Abogados de 
Madrid  una  solución  satisfactoria  para  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales 
concernidos.
8.  Por providencia de 11 de febrero de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso.
El objeto de este recurso es determinar si las resoluciones judiciales impugnadas han 
vulnerado los derechos de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE) –en su dimensión del derecho a la asistencia jurídica gratuita– y a la asistencia 
letrada (art. 24.2 CE). Aquella aduce que en las diligencias previas incoadas con motivo 
de unos hechos de los que había sido víctima, el juez condicionó su personación como 
acusación  particular  a  que  actuara  sirviéndose  de  la  defensa  y  representación  de 
cualquiera de las primeras seis acusaciones particulares personadas, las cuales tenían 
representantes de libre elección, añadiendo que se podía ejercer la defensa de forma  s
colegiada por los distintos letrados. La recurrente –sin controvertir en sí la potestad de  oe.
ordenar la acumulación de las representaciones y de la dirección letrada establecida por  w.
pepolu aseirsctt.io ó1 n1q 3uq euL eEte Cnnríoiam  e–res i cmiodpnéuongctiincdaao   laea l d ldaee crdiseeicó hnlao sj ua dp ilacair atael ssai sdctoeopnntc airdaea pj ureernísd eeicnl atca agnsrtoea stau lidetaeg  ayln ibsdreoe   tleee nlehecarc buiíóannna,    2021-4504n https://ww
designado profesionales del turno de oficio.
2. La especial transcendencia constitucional de la demanda.
La presente demanda de amparo tiene especial transcendencia constitucional –y por 
ello fue admitida en su día– porque plantea una faceta de los derechos fundamentales a 
la tutela judicial efectiva –desde la perspectiva del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita–  y  a  la  asistencia  letrada  sobre  la  que  todavía  no  se  ha  pronunciado  la 
jurisprudencia constitucional [STC 155/2009, FJ 2 a)].
El Tribunal ha abordado en diversas decisiones la interpretación y la aplicación del 
art. 113 LECrim y la cuestión de en qué medida la obligación impuesta de actuar 
conjuntamente varios perjudicados puede afectar a los derechos a la tutela judicial 
efectiva, desde la perspectiva del acceso a la jurisdicción, y a la asistencia letrada, desde 
la perspectiva de la libre elección de abogado (así, SSTC 30/1981, de 24 de junio; 
193/1991, de 14 de octubre; y 154/1997, de 29 de septiembre). También han sido varios 
los pronunciamientos del Tribunal sobre el alcance del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita  de  quienes  pretenden  ejercer  la  acusación  particular  como  dimensión  del 
derecho a la tutela judicial efectiva (así, SSTC 9/2008, de 21 de enero; y 136/2016, de 18 
de julio). La novedad que plantea este recurso radica en que la acumulación prevista en 
el art. 113 LECrim se plantea en un caso en el que la parte acusadora es beneficiaria del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita y se la obliga a actuar de manera conjunta con 
otras partes que no lo son.
3.  La jurisprudencia constitucional sobre el art. 113 LECrim.
El  Tribunal  se  ha  pronunciado  en  diversas  ocasiones  sobre  la  relevancia 
constitucional de la previsión del art. 113 LECrim, que establece la posibilidad de 
que  se  imponga  judicialmente  la  actuación  bajo  una  misma  dirección  y 
representación en un procedimiento cuando sean dos o más las personas que 
ejerciten las acciones derivadas de un delito. Los tres supuestos en que se ha 
analizado la interpretación y aplicación de dicho precepto (SSTC 30/1981, de 24 
de  junio;  193/1991,  de  14  de  octubre;  y  154/1997,  de  29  de  septiembre)  se 
refieren  a  casos  en  que  se  había  impuesto  judicialmente  la  actuación 
litisconsorcial  de  todas  las  acusaciones  particulares  (STC  30/1981)  o  de 
acusaciones  populares  con  acusaciones  particulares  (SSTC  193/1991 
y  154/1997).  En  los  tres  casos  se  estudia  la  afectación  que  puede  tener  la 
obligación de actuar conjuntamente en los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, y a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE).
El  Tribunal  tiene  declarado  que  la  previsión  del  art.  113  LECrim,  en  sí  misma 
considerada, no es contraria a los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a 
la  asistencia  letrada  (art.  24.2  CE),  ya  que  (i)  viene  a  reforzar  un  derecho 
constitucionalmente  reconocido  –el  derecho  a  un  proceso  sin  dilaciones  indebidas– 
evitando una dilación injustificada del procedimiento por la reiteración de actuaciones 
con idéntica finalidad y significado, en los casos en que dos o más personas utilicen las 
acciones derivadas de un delito en el mismo proceso; y (ii) no impide por sí misma el 
acceso a la jurisdicción penal, sino que se limita a condicionar o regular dicho acceso 
cuando se da el supuesto previsto en él –concurrencia de varias personas que utilicen 
las acciones derivadas de un delito o falta en un mismo proceso penal– imponiendo su 
actuación bajo una misma dirección técnica y representación, si esto fuere posible a 
juicio del tribunal (así, STC 154/1997, de 29 de septiembre, FJ 3). s
En todo caso, también la jurisprudencia constitucional ha hecho hincapié en que la  oe.
facultad judicial contenida en el art. 113 LECrim no es discrecional, sino que es preciso  w.
rqpeurseeov lieusilcó ióónrn g– adlane o pl arjou ctdeaiccuicasióal, n–a , dtpeeonl ndddieeenrredeco he oan   allaa   nifnoint easrluipdfrraeirdt a rcqeiutórena  sjyou ssa tpiifnliicdcaea bcciióodnno ssdt ieetu nce isloatne at rplamrmeecinteatepc tioóe nsd taey    2021-4504n https://ww
manera explícita y razonada el respeto a los derechos procesales de la parte o partes a
las que se obliga a litigar bajo una defensa y representación conjunta, toda vez que se
trata de un supuesto en que resulta preciso conciliar dos principios constitucionales en 
conflicto; el derecho a la defensa y asistencia de letrado y el derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas. De este modo, el Tribunal concluye que la constitucionalidad de la 
aplicación del art. 113 LECrim, por la afectación que supone de los derechos a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), queda condicionada 
a (i) la ausencia de incompatibilidad entre las distintas partes que ejercen la acción penal 
o civil derivada del delito –requisito mínimo– y (ii) la existencia de una convergencia 
suficiente de intereses e incluso de puntos de vista en la orientación de la actuación 
procesal que haga absolutamente inútil la reiteración de las diligencias instadas o los 
actos realizados por las respectivas representaciones y asistencias letradas. Se concluye 
que, si no concurren dichas circunstancias, «es forzoso reconocer que se produciría una 
merma del derecho de defensa ante los tribunales, que difícilmente se justificaría en aras 
de una economía procesal, lógicamente de inferior rango en una escala axiológica de los 
principios procesales, a la que, por otra parte, puede atenderse por medios de menor 
trascendencia, como son la valoración en cada caso concreto de la pertinencia de lo 
solicitado  por  cada  una  de  las  partes  o  el  otorgamiento  de  plazos  comunes  para 
alegaciones»  (así,  SSTC  30/1981,  de  24  de  junio,  FJ  4;  y  154/1997,  de  29  de 
septiembre, FJ 4).
Por tanto, de conformidad con esta jurisprudencia, en los casos de aplicación del 
art. 113 LECrim la cuestión esencial desde la perspectiva constitucional consiste en 
determinar si en el caso controvertido concurre la convergencia de intereses y puntos de 
vista en la actuación procesal de la parte a la que se impone la carga procesal de litigar 
conjuntamente (bajo una común dirección letrada y representación) con una parte ya 
personada, «porque si se da tal condición, el sacrificio de su derecho de defensa, que 
indudablemente resulta limitado, será proporcionado a la finalidad a la que tiende la 
norma: salvaguarda de las dilaciones indebidas que no es posible, ni aún necesario, 
proteger  de  otro  modo.  En  caso  contrario,  tal  justificación  y  proporcionalidad 
desaparecen pudiendo resultar vulnerado el derecho de defensa y asistencia letrada que 
consagra el art. 24.2 CE» (STC 154/1997, de 29 de septiembre, FJ 4).
En  el  caso  que  estamos  enjuiciando  la  demandante  de  amparo  defiende  la 
inexistencia de esa convergencia de intereses con cualquiera de las partes respecto de 
las que se le impone la actuación conjunta, por cuanto ella tiene reconocido el derecho a 
la asistencia jurídica gratuita, cosa que no sucede con ninguna de las partes con las que 
se le impone el litisconsorcio.
Se  hace  necesario,  por  tanto,  analizar  la  jurisprudencia  constitucional  sobre  el 
alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, desde la perspectiva del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, y del derecho a la asistencia letrada de quienes pretenden 
ejercer la acusación particular como beneficiarios del derecho a la gratuidad de la 
justicia.
4.  La  jurisprudencia  constitucional  sobre  los  derechos  de  las  acusaciones 
particulares a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la asistencia letrada (art. 24.2 
CE), en relación con el derecho a la gratuidad de la justicia (art. 119 CE).
a)  El Tribunal tiene establecido que hay una estrecha vinculación entre el derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y la gratuidad de la asistencia jurídica para 
quienes carecen de suficientes recursos económicos (art. 119 CE), ya que el art. 119 CE 
consagra un derecho constitucional de carácter instrumental respecto del derecho de 
acceso a la jurisdicción reconocido en el art. 24.1 CE. Igualmente, declara que se trata  e
de un derecho prestacional de configuración legal, cuyo contenido y condiciones de  bo
ejercicio deben ser delimitados, en primera instancia, por el legislador atendiendo a los  04ww
itnotmeraensdeos  epnú bcloicnossi deyr apcriióvna dqouse  imelp liinccaidsoo s seyg uan dlaos  dedli saprotn. ib1i1li9d aCdeEs  fipjar eusnu pcuoenstteanriiadso, 
cdoenresctihtuoc ioan alal  injudsistipcioan ibglrea tupiatara  neelc elesgaisrilaamdoern, teq uae  cqouniesnisetse  eancr eodbiltiegna r inas ureficcioennocciae r deel 
recursos  económicos  para  litigar.  Esto  implica  que  deben  sufragarse  los  gastos
procesales, incluidos los honorarios de los abogados y los derechos de los procuradores, 
cuando su intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características del 
caso, a cuenta de quienes, si se les exige hacer frente a ellos, se verían en la alternativa 
de dejar de litigar o poner en peligro las mínimas condiciones de subsistencia personal o 
familiar (así, por ejemplo, SSTC 10/2008, de 21 de enero, FJ 2; 128/2014, de 21 de julio, 
FJ 3; 124/2015, de 8 de junio, FJ 3; 101/2019, de 16 de septiembre, FJ 3, y 85/2020, 
de 20 de julio, FJ 3).
Respecto  de  la  proyección  del  derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita,  como 
manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, a las víctimas y perjudicados por 
delitos, el tribunal tiene declarado que, en la medida en que la ley les reconoce el 
derecho a personarse en el proceso penal para el ejercicio de acciones penales y/o 
civiles en defensa de sus intereses, son titulares del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, y de los derechos reconocidos 
en el art. 24.2 CE. Esto significa que «en virtud del contenido constitucional indisponible 
del art. 119 CE, [el litigante] habrá de gozar del derecho a la gratuidad de la justicia, 
incluidos  los  honorarios  profesionales  de  abogados  y  procuradores  cuando  su 
intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características del caso, si 
carece de medios suficientes para litigar» (STC 9/2008, de 21 de enero, FJ 3, y, en 
términos semejantes, la STC 136/2016, de 18 de julio, FJ 4).
En atención a esta jurisprudencia, y tomando en consideración el desarrollo que se 
hace en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LAJG), del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita como derecho de prestación y configuración 
legal, cabe concretar como su contenido esencial en relación con los perjudicados y 
víctimas de delitos, la obtención por el beneficiario de las prestaciones establecidas en el 
art. 6 de la ley, durante la extensión temporal prevista en el art. 7, con las especialidades 
sobre la forma de afrontar las eventuales condenas en costas previstas en el art. 36 
LAJG. El beneficiario cuenta, así, con el derecho a las prestaciones siguientes: (i) 
asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso; (ii) defensa y representación 
gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial; (iii) inserción gratuita de 
anuncios o edictos que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales; (iv) 
exención del pago de tasas judiciales y de depósitos para recurrir; (v) asistencia pericial 
gratuita; (vi) obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, 
en los términos previstos en el reglamento notarial; y (vii) reducción o exención de 
derechos arancelarios notariales o registrales (art. 6 LAJG). La extensión temporal del 
derecho se prolonga en el transcurso de una misma instancia a todos sus trámites e 
incidencias, incluida la ejecución, y se mantiene para la interposición y los sucesivos 
trámites  de  los  recursos  contra  las  resoluciones  que  pongan  fin  al  proceso  en  la 
correspondiente instancia (art. 7 LAJG). La condena en costas de quien tiene reconocido 
este  derecho  determina  la  obligación  de  satisfacerlas  «si  dentro  de  los  tres  años 
siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto 
interrumpida la prescripción del artículo 1967 del Código civil» (art. 36.2 LAJG) y que, en 
el caso de haber vencido en el pleito sin que exista un pronunciamiento costas, deba 
pagar las causadas en su defensa, con el límite de la tercera parte de lo que haya 
obtenido (art. 36.3 LAJG).
b)  La  jurisprudencia  constitucional  también  viene  declarando  desde  la 
STC 30/1981, de 24 de julio, FJ 3, que el derecho a la defensa y asistencia de letrado es 
predicable en el ámbito del proceso penal no solo de los acusados, sino también de 
quienes  comparecen  como  acusadores  particulares  ejerciendo  la  acción  como  s
perjudicados por el hecho punible. Esto comporta que el interesado pueda encomendar  oe.
su representación y asesoramiento técnico a quien merezca su confianza y considere  w.
más  adecuado  para  instrumentar  su  propia  defensa,  máxime  cuando  la  actuación  04ww
pdreotecermsainl asdea ssu spiendgiutala arild raedqeusi seitno  edle c loan pteonsitduola cdieóln d. eArheochrao  baie lna,  aesl isTtreibnucniaa ll ehtara rdeac ocnuoacniddoo 
esusp etcitiuallaidr adeess  sbee vnienfcicuilaarnio a l hdeecl hod edree cqhuoe  sae  trlaat a adsei sutne ndceiare cjhuorí ddiec ac ongfrigauturaitaci.ó nE lesgtaasl   BOE-A-cable e
que coloca a su titular en una situación especial frente al abogado designado por el turno 
de oficio para la defensa de sus intereses en el marco del sistema general de turno de 
oficio diseñado para dar cumplimiento a los fines inherentes a la organización de una 
representación letrada gratuita.
Así, el tribunal declara que, aun reuniéndose los requisitos legales, no es obligatoria la 
designación de profesionales del turno de oficio en los supuestos, por ejemplo, en que, 
conforme al procedimiento legalmente establecido, se determina la insostenibilidad de la 
pretensión (SSTC 12/1998, de 15 de enero, FJ 4; 7/2008, de 21 de enero, FJ 2, o 85/2020, 
de 20 de julio, FJ 3), o cuando la actuación de dichos profesionales no sea exigida 
legalmente por razones estructurales de postulación (SSTC 152/2000, de 12 de junio, 
FJ 3; o 1/2007, de 15 de enero, FJ 3). Del mismo modo, se ha establecido que los órganos 
judiciales han de desarrollar una especial labor de supervisión en determinados supuestos 
en que la dirección y representación se realiza mediante la designación de oficio, ya que 
no basta para tutelar el derecho de defensa con la designación de los correspondientes 
profesionales, sino que es precisa que la asistencia letrada así proporcionada sea real y 
operativa (STC 13/2000, de 17 de enero, FJ 2, y 1/2007, de 15 de enero, FFJ 3 y 4). A su 
vez, la STC 103/2018, de 4 de octubre, ha puesto de manifiesto que la prestación del 
servicio de asistencia jurídica gratuita trae causa de la necesidad de asegurar el derecho 
constitucional a la asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE), cuyo contenido y cuyas 
condiciones de ejercicio, como derecho prestacional de configuración legal, deben ser 
delimitadas por el legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a 
las disponibilidades presupuestarias; de modo tal que «de su plena efectividad y garantía 
dependen importantes intereses, tanto públicos como privados, vinculados al ejercicio del 
derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de medios económicos 
para litigar, por lo que no resulta inconstitucional que sean los colegios de abogados, 
como corporaciones de derecho público de base asociativa, los que ejerzan en este 
campo una función pública delegada del Estado» (FJ 8).
En suma, el derecho a la asistencia letrada de los beneficiarios del derecho a la 
asistencia  jurídica  gratuita,  incluyendo  a  quienes  pretenden  ejercer  la  acusación 
particular  –al  margen  de  las  especificidades  de  quienes  resultan  investigados  o 
acusados en un proceso penal–, cuenta con unas peculiaridades derivadas del carácter 
prestacional y de configuración legal del derecho a la asistencia jurídica gratuita, las 
cuales llevan consigo que quede modulado en cuanto a su régimen de ejercicio por lo 
previsto en la Ley de asistencia jurídica gratuita.
La condición de beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita de la persona 
que pretende actuar como acusación particular en un proceso penal por considerarse 
víctima de un delito implica un peculiar estatus constitucional delineado por la LAJG y 
por la jurisprudencia constitucional, que afecta a sus relaciones con la administración de 
justicia, con los órganos judiciales, con los colegios profesionales encargados de la 
organización de sistema de turno de oficio y con los profesionales designados para su 
representación y defensa. Este singular estatus constitucional configura un entramado de 
intereses cuya afectación debe ser ponderada en la decisión judicial sobre la aplicación 
del art. 113 LECrim con el fin de determinar si dicha afectación resulta necesaria y 
proporcionada a la finalidad a la que tiende dicha previsión legal.
5.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al caso enjuiciado.
En el presente caso resultan relevantes los siguientes hechos:
(i)  La demandante de amparo, al considerarse víctima de un delito, tras obtener el  oe.
reconocimiento  del  derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita  y  serle  designados  w.
uopntrroaaf sec svaiíoucnstiaaml eajussd .diceial lt uyran oa bdieer toaf iccioon,  smoolitcivitoó  dsue  lpaesr sdoennaucniócnia sc oym qou earceullsaasc ipórne speanrttaicdualasr  peonr   2021-4504n https://ww
(ii)  El órgano judicial de instrucción, ante la existencia de múltiples víctimas y con el
fin de garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, acordó, en aplicación
del art. 113 LECrim, condicionar la personación de la demandante a que actuara con la 
misma defensa y representación que una cualquiera de las seis acusaciones particulares 
que ya se habían personado en la causa, escogida libremente. Si no se llevaba a cabo 
esta selección, sería el órgano judicial quien la efectuaría. Se añadía que la defensa 
podría ejercerse de forma colegiada por los distintos abogados.
(iii)  El órgano judicial de apelación confirmó dicha decisión haciendo hincapié en la 
legitimidad del fin perseguido con la decisión por la existencia de decenas de miles de 
perjudicados cuya personación individual imposibilitaría la tramitación de la causa. Se 
argumentó que la medida era proporcionada desde la perspectiva del derecho a la 
asistencia letrada y del derecho a la asistencia jurídica gratuita, ya que no se exigía la 
renuncia del letrado designado de oficio, sino la coordinación con los ya personados, 
«sin perjuicio de las medidas a adoptar por el instructor respecto a las personaciones 
con beneficio de justicia gratuita, sobre lo que el auto impugnado no se pronuncia».
Ante estos hechos, el Tribunal considera que se han vulnerado los derechos a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita (art. 119 CE), y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE) de la demandante de 
amparo. Estima, en efecto, que la ponderación que han realizado las resoluciones 
judiciales impugnadas sobre la posible afectación de estos derechos al acordar las 
condiciones de la aplicación del art. 113 LECrim es insuficiente. La aplicación de este 
precepto, como ya se ha expuesto, exige que el órgano judicial haga expreso en la 
resolución  judicial  un  juicio  de  proporcionalidad  entre  los  derechos  e  intereses 
constitucionales en conflicto. Esta ponderación, con carácter general, debe tomar en 
consideración  que  la  prevalencia  del  interés  en  el  más  normal  desarrollo  del 
procedimiento penal frente a la plenitud en el ejercicio del derecho de defensa de un alto 
número de personas que pretendan ejercer acciones penales y civiles no suponga un 
perjuicio  desmedido  en  dichas  acusaciones  derivada  de  la  limitación  que  para  su 
derecho de defensa supone el tener que adherirse o coordinar la defensa de sus 
intereses con las de otras partes personadas. En ese sentido, resulta preciso que en 
dicha ponderación, de manera más específica, se tome en consideración la necesidad 
de una convergencia de intereses y puntos de vista en la actuación procesal de todas las 
partes afectadas por esa limitación del derecho de defensa de la que no puede quedar 
excluida,  por  su  relevancia,  la  circunstancia  de  ser  beneficiario  del  derecho  a  la 
asistencia jurídica gratuita por el peculiar estatus que ello implica.
La demandante de amparo alegó ante el órgano judicial de apelación de que, siendo 
beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita, se le exigía una actuación 
consorcial con partes procesales que no eran beneficiarias de ese derecho. Recibió 
como única respuesta la procedencia de aplicar el art. 113 LECrim en orden a posibilitar 
el normal desarrollo del procedimiento, con la añadidura de que podía mantener la 
asistencia del letrado designado de oficio, siempre que se coordinase con alguno de los 
ya personados, «sin perjuicio de las medidas a adoptar por el instructor respecto a las 
personaciones con beneficio de justicia gratuita, sobre lo que el auto impugnado no se 
pronuncia». Esto es, la resolución judicial pronunciada en apelación reconoció que la 
circunstancia alegada no había sido ponderada en la resolución judicial de primera 
instancia y afirmó que no iba a ser abordada en la de segunda instancia a la espera de 
futuras decisiones en este sentido por parte del órgano judicial de instrucción.
En  este  contexto,  este  tribunal  observa  (i)  que  la  condición  de  beneficiario  del 
derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita  implica,  en  principio,  un  peculiar  estatus 
delineado por la jurisprudencia constitucional y por la normativa reguladora que afecta a  e.
múltiples situaciones y relaciones del beneficiario del derecho tanto dentro como fuera  w.b
del proceso; y (ii) que en este supuesto no cabe excluir que el entramado de intereses  04ww
qeuxieg ecnocniafig udrea  eqsutee  elsat aptuasr tep udaicetrúae ,v earsuen qaufeec tasdeoa  ddee  mmanaenrear ad irceocotard oin ainddair,e cmtae dpioarn tlea 
profLeasi oonmaliesisó nd ed lieb ruen dae scigonnasicdióenra pcoiórn t ecrcoenrcalusy peenrtseo nsaosb.re una cuestión que afecta de
manera directa al ejercicio de garantías constitucionales resulta suficiente, por sí sola,
para entender vulnerado el derecho fundamental. Tomando en consideración que la hoy 
demandante en amparo alegaba estar en distinta situación a la de las partes procesales 
a una de las cuales se ordenaba que se adhiriera y, por ende, que no existía una 
convergencia  de  intereses  con  ellas,  y  que  esta  circunstancia  condiciona  la 
constitucionalidad de la aplicación del art. 113 LECrim, en cuanto limita el ejercicio de 
derechos fundamentales, era obligado para los órganos judiciales hacer explícitas las 
razones por las que la circunstancia en cuestión no resultaba relevante en el caso 
concreto  –por  quedar  salvaguardado  el  derecho  fundamental–  o,  alternativamente, 
exponer los motivos por los que no era necesario adoptar en la aplicación del art. 113 
LECrim  medidas  complementarias  o  alternativas  para  que  el  eventual  sacrificio  del 
derecho  no  resultara  contrario  a  una  exigencia  de  proporcionalidad  estricta  en  la 
ponderación entre este derecho y los fines a los que se orientaba la limitación impuesta.
El Tribunal no excluye la posible existencia de medidas alternativas que, sin detrimento de 
los importantes fines cuya consecución legitima la aplicación del art. 113 LECrim, llevaran 
consigo un menor sacrificio de las garantías procesales de los beneficiarios del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. Así, la mayor convergencia de intereses que pueden tener entre sí los 
beneficiarios de este derecho en contraposición a quienes litigan mediante profesionales de libre 
elección pudiera propiciar fórmulas de actuación conjunta bajo una o varias representaciones y 
asistencias por profesionales del turno de oficio, todos ellos seleccionados, designados y 
sometidos  en  su  actuación  a  idéntica  normativa  legal.  Sin  embargo,  los  razonamientos 
desarrollados supra nos llevan a estimar que la simple respuesta de que en el devenir del 
procedimiento el órgano judicial de instrucción podría adoptar las medidas que fueran necesarias 
no resultaba suficiente, pues dejaba en la indefinición el ejercicio de los derechos fundamentales 
concernidos en contra de la garantía de certeza que exige el ejercicio de derechos de tal 
naturaleza.
La  estimación  del  recurso  determina  que  deban  anularse  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas y ordenarse la retroacción de las actuaciones para que se pronuncie una nueva 
resolución respetuosa con los derechos fundamentales que el Tribunal estima vulnerados.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a doña Encarnación Castella Águila y, en consecuencia:
1.º  Reconocer los derechos de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE), y a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecer su derecho y, a tal fin, anular el auto del Juzgado Central de 
Instrucción núm. 5 de 23 de octubre de 2019, pronunciado en las diligencias previas 
núm. 70-2018; y el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional núm. 699-2019, de 13 de diciembre de 2019, pronunciado en el recurso de 
apelación núm. 721-2019.
3.º  Ordenar la retroacción de las actuaciones al momento anterior al de recaer la  s
primera de las resoluciones mencionadas, a fin de que se pronuncie otra que sea  e.
respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos. w.
JuanPD uaAbdnlaíqt oeunnei osMe a Xedisortilda , R saeí onqstue.i–nnPcceiead  deroen   feeJlob «sreBér oolG edtoeínn d zOoáfsleic zmia-Till  rdveeevli injEatisnutona odS.o–»áE.nncchaerzn.a–cAiónnto Rniooc aN Tarrívaáse.–z  OE-A-2021-45able en https://
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.