BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Jueves 12 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 24626
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
3513 Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del 
Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 
de julio.
El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales,  establece  en  su  artículo  3  que  corresponde  al  Ministerio  de  Justicia  la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento 
jurídico, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos, las relaciones del 
Gobierno con la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con 
el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del Estado, y la cooperación jurídica 
internacional, así como las demás funciones atribuidas por las leyes.
Posteriormente, el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, dispone la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Justicia hasta el nivel de Dirección General, al amparo de lo previsto 
en el artículo 59 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La disposición final segunda del citado Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
regula la tramitación de los proyectos de reales decretos de adaptación de estructuras 
orgánicas, mediante la aprobación de un real decreto de desarrollo.
El presente real decreto da cumplimiento a lo establecido en la disposición final segunda 
del citado Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, completando y desarrollando la estructura 
orgánica básica de los órganos superiores y directivos del departamento hasta el nivel de 
subdirección general,  de acuerdo  con los principios  previstos en  el artículo  129 de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas  (necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica, 
transparencia y eficiencia), conforme a los cuales deben actuar las Administraciones públicas 
en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
En  este  sentido,  la  norma  proyectada  atiende  a  la  necesidad  de  desarrollar  la 
estructura orgánica del Ministerio de Justicia a la nueva estructura orgánica básica 
dispuesta por el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, y es eficaz y proporcionada en 
el cumplimiento de este propósito, sin afectar en forma alguna a los derechos y deberes 
de  la  ciudadanía.  También  contribuye  a  dotar  de  mayor  seguridad  jurídica  a  la 
organización y funcionamiento del Ministerio señalado, al adecuar aquella a la estructura 
de  órganos  directivos  actualmente  existente.  Cumple  también  con  el  principio  de 
transparencia, ya que identifica claramente su propósito y la memoria, accesible a la 
ciudadanía, ofrece una explicación completa de su contenido, la motivación y los fines.
Esta norma actualiza la organización interna de la Secretaría de Estado de Justicia y, 
en particular, distribuye las funciones de las unidades dependientes de la Secretaría 
General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia a través de la 
Dirección  General  para  el  Servicio  Público  de  Justicia,  la  Dirección  General  de 
Transformación  Digital  de  la  Administración  de  Justicia  y  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública. s
Esta  nueva  arquitectura  organizativa  es  fiel  reflejo  de  los  nuevos  proyectos  a  oe.
acometer  para  la  plena  transformación  estructural,  procedimental  y  funcional  de  la  w.
AtradnmLsifano isrnmturaaecrvliaaó  neS ned ucenr e Jstauersrívatiic cGiiaoe,  pnúoebrrialeicln otpa addreaa   claaal  idIhnaandco.evralac iócna dya  Cvaelizd amd ádse l eSfiecrievinctieo,  Paúsbí liccoo mdeo   2020-3513n https://ww
Justicia, que sustituye a la Secretaría General de la Administración de Justicia, nace con
el desafío de operar una transformación estructural del derecho constitucionalmente  Bc
protegido de la ciudadanía al acceso a la justicia y a la tutela efectiva en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos, sin que medie indefensión, dilaciones indebidas o 
dificultades en la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa.
De este modo, la transformación de la acción de la justicia, y en particular en su 
comprensión como servicio público, supone retos y desafíos para los actores que lo 
prestan, con especial incidencia en cómo lo hacen y en los instrumentos con que 
cuentan para hacerlo, para que la gestión sea innovadora y dotada de la calidad debida y 
exigida por la ciudadanía.
El timón del proyecto de digitalización se dirigirá desde la Dirección General de 
Transformación Digital de la Administración de Justicia, implantado ya el sentido del 
cambio dinámico por su antecesora Dirección General de Modernización de la Justicia, 
Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos.
Esta  nueva  Dirección  General,  de  carácter  transversal,  ha  sido  diseñada  para 
garantizar  la  eficiencia  de  los  recursos  públicos  necesarios  para  el  desarrollo  y 
mantenimiento de las aplicaciones digitales al servicio de la Administración de Justicia, 
así  como  para  garantizar  la  interoperabilidad  e  interconexión  entre  actores  y 
administraciones implicadas y, en particular, la cooperación autonómica en el desarrollo 
de las herramientas puestas a disposición de los profesionales de la Administración de 
Justicia.
Todo ello agilizará el funcionamiento de la infraestructura judicial, recortando los 
tiempos de tramitación de los expedientes judiciales y permitirá completar y perfeccionar 
el despliegue de la Oficina Judicial.
Por otro lado, la implementación de los nuevos proyectos enunciados y los que se 
encuentran en curso, no es una tarea que dependa en exclusiva de la Dirección General 
de Transformación Digital de la Administración de Justicia, derivado de la necesaria 
implicación  del  personal  que  presta  el  Servicio  Público  de  Justicia,  otorgando  a  la 
ciudadanía la seguridad jurídica constitucionalmente garantizada.
Así, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en sustitución de la 
extinta Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, impulsará un 
cambio de paradigma necesario y consistente en la asunción de que la función del 
Ministerio de Justicia es promover la prestación de un servicio público de calidad.
Junto a ella, la nueva Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública centrará 
su  atención  en  la  función  que  prestan  los  actores  anteriormente  destacados  en  la 
denominación de la sustituida Dirección General de los Registros y el Notariado.
Por otro lado, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos 
Humanos, además de la competencias relativas a la cooperación jurídica civil y penal, 
despliega la acción internacional del Ministerio en el ámbito de sus competencias e 
impulsa la adecuada incorporación de la normativa internacional de Derechos Humanos 
al derecho interno, asegurando su eficacia mediante la propuesta de medidas que 
tengan en cuenta los dictámenes de los órganos internacionales competentes en materia 
de salvaguarda de los Derechos Humanos.
Por último, el presente real decreto realiza una modificación del Reglamento del 
Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, pero 
restringida  a  cuestiones  meramente  organizativas,  limitada  a  la  organización  de  la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, en particular a 
la Subdirección General de Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento.
En definitiva, resulta necesario aprobar una nueva norma reguladora de la estructura 
orgánica del Ministerio de Justicia que recoja los cambios expuestos. s
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Justicia, a propuesta de la Ministra de Política  oe.
Territorial y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión  w.
del día 10 de marzo de 2020, 13ww
DISPONGO:
Artículo 1.  Organización general del departamento.
1.  El  Ministerio  de  Justicia,  cuyo  titular  es  el  Notario  Mayor  del  Reino,  es  el 
departamento de la Administración General del Estado al que corresponde, dentro del 
ámbito de las competencias que le confieren las disposiciones legales vigentes, la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento 
jurídico,  especialmente  en  materia  de  derecho  penal,  civil,  mercantil  y  procesal;  la 
política  de  organización  y  apoyo  de  la  Administración  de  Justicia,  así  como  la 
cooperación  con  las  comunidades  autónomas  en  coordinación  con  los  demás 
departamentos competentes en la materia; la cooperación jurídica internacional; los 
derechos de gracia y títulos nobiliarios y grandezas de España y la asistencia jurídica del 
Estado.
Igualmente,  corresponden  al  Ministro  de  Justicia  las  relaciones  con  la  Agencia 
Española de Protección de Datos y con los Consejos Generales de la Abogacía, de los 
Procuradores de los Tribunales y de los Colegios de Graduados Sociales de España.
2.  Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación 
y sin perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.
3.  El Ministerio de Justicia, bajo la superior dirección del titular del departamento, 
ejerce las atribuciones que legalmente le corresponden a través del órgano superior y de 
los órganos directivos siguientes:
a)  La Secretaría de Estado de Justicia.
b)  La Subsecretaría de Justicia.
c)  La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con 
rango de Subsecretaría.
4.  Como órgano de asistencia inmediata al Ministro existe un Gabinete, con nivel 
orgánico de dirección general, con la estructura que establece el artículo 23.2 del Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
5.  Corresponde al titular del departamento la presidencia de los siguientes órganos 
colegiados:
a)  La Comisión General de Codificación.
b)  El Consejo del organismo autónomo Centro de Estudios Jurídicos.
c)  La Junta de Gobierno de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
d)  La Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia.
Artículo 2.  Secretaría de Estado de Justicia.
1.  La Secretaría de Estado de Justicia es el órgano superior del departamento al 
que corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la coordinación y colaboración 
con  la  administración  de  las  comunidades  autónomas  al  servicio  de  la  justicia;  la 
ordenación, planificación, apoyo y cooperación con la Administración de Justicia y con la 
Fiscalía;  la  cooperación  jurídica  internacional  y  las  relaciones  con  los  organismos 
internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de las competencias del Ministerio de 
Justicia; la promoción de los Derechos Humanos en el ámbito de competencias del 
Ministerio, las relacionadas con la localización, recuperación, administración y realización  e
de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas y la  bo
dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas a estado civil y  13ww
naciSoinna lpidearjdu,i claio f ed ep úlabsli caat rniboutacrioianl,e lso sd edle rMeicnhisotsro r,e gcoisrtrreaslepso nyd eel  Rale gtitisutlraor  Cdeiv illa. Secretaría
ddeel  ECsotnasdeoj ola G peanretircaipl adceiló Pno edne rl aJsu dreicliaacl,i odneel sM dineils tMeriniois Fteisricoa lc, olons  locso móprgeatennotse sd ee ng ombaieternrioa 
de justicia de las comunidades autónomas y los Consejos Generales de la Abogacía y de
los Procuradores de los Tribunales, las relaciones del Ministerio con el Defensor del 
Pueblo, así como las relaciones con el Consejo General del Notariado y el Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
Asimismo, le corresponde a la Secretaría de Estado de Justicia el impulso y la 
iniciativa para la elaboración de los proyectos normativos sobre las materias de su 
competencia y aquellos otros encargados por el titular del departamento, sin perjuicio de 
las atribuciones correspondientes a la Subsecretaría y a la Secretaría General Técnica.
2.  De  la  Secretaría  de  Estado  de  Justicia  dependen  los  siguientes  órganos 
directivos:
a)  La Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de 
Justicia, con rango de Subsecretaría, de la que dependen, a su vez, la Dirección General 
para el Servicio Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
b)  La  Dirección  General  de  Cooperación  Jurídica  Internacional  y  Derechos 
Humanos.
Están adscritos al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de 
Justicia,  el  Centro  de  Estudios  Jurídicos  y  la  Mutualidad  General  Judicial,  con  la 
naturaleza jurídica, estructura y funciones que se prevén en su normativa específica.
3.  Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, existe un 
Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que establece el 
artículo 23.3 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
4.  Corresponde al titular de la Secretaría de Estado de Justicia la presidencia de la 
Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.
Artículo 3.  Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de 
Justicia.
1.  La Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de 
Justicia, con nivel orgánico de Subsecretaría, es el órgano directivo que asume, respecto 
de la Administración de Justicia, las funciones de impulso, dirección y seguimiento de su 
desarrollo como servicio público, la ordenación y distribución de sus recursos humanos, 
materiales  y  financieros,  las  relaciones  ordinarias  con  sus  diferentes  órganos  y  la 
dirección e impulso de los procesos de traspaso de medios materiales y personales en 
esta materia, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría.
Por otro lado, corresponde a la Secretaría General para la Innovación y Calidad del 
Servicio Público de Justicia, la identificación y búsqueda, el mantenimiento y gestión, así 
como  el  intercambio  de  información  de  efectos,  bienes,  instrumentos  y  ganancias 
procedentes de actividades delictivas.
Asimismo, le corresponde a la Secretaría General para la Innovación y Calidad del 
Servicio Público de Justicia, a través del correspondiente órgano directivo, las relaciones 
con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Centro de Estudios 
Jurídicos, profesionales de la Justicia y con las comunidades autónomas, la gestión de 
los medios personales y materiales y recursos económicos de la Administración de 
Justicia, el impulso y la gestión de los expedientes de contratación en el ámbito de 
competencias de la misma y el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de 
programación de Carrera Fiscal y del Cuerpo de Letrados de la Administración de  s
Justicia,  asistencia  jurídica  gratuita,  gestión  de  los  expedientes  de  responsabilidad  oe.
patrimonial  del  Estado  por  el  funcionamiento  de  la  Administración  de  Justicia,  w.
cdoeomrPdaoirncr aaccúiiólótinnm  toey,r r ittoaprmliaabnl ityéa n la  jduleidr eiccciaoclir,ór ens aypc occnoedosoerd ni naal ac iópdnroi rdfeeecs ciloaiónsn eG,s e irmejupnrucídilasicosa  Tsey,  rrigotoergrsiaatinlóeinzs a.cdieó n lays   2020-3513n https://ww
atribuciones ministeriales relativas a estado civil y nacionalidad, la fe pública notarial, los
derechos registrales y el Registro Civil, así como las relaciones con el Consejo General 
del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
2.  El titular de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio 
Público de Justicia tiene la condición de Secretario General de la Administración de 
Justicia, según lo previsto en el artículo 463.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial.
3.  Igualmente, el titular de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del 
Servicio Público de Justicia desempeñará la Presidencia del Consejo del Secretariado y, 
cuando corresponda, de la Comisión Permanente del Comité Técnico Estatal de la 
Administración Judicial Electrónica.
4.  De la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de 
Justicia dependen la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, la Dirección 
General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
5.  Asimismo, depende de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del 
Servicio Público de Justicia, con nivel orgánico de subdirección general, un Gabinete 
Técnico, como órgano de apoyo y asistencia al titular de la Secretaría General, al que se 
atribuyen las funciones de coordinación y seguimiento de las actividades de las unidades 
que dependen de la misma.
Artículo 4.  Dirección General para el Servicio Público de Justicia.
1.  Corresponde a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, bajo la 
dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de 
Justicia, las siguientes funciones:
a)  Las relaciones ordinarias con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
Fiscal,  los  órganos  judiciales,  el  Centro  de  Estudios  Jurídicos  y  otros  centros  u 
organismos  de  formación  jurídica,  las  asociaciones  profesionales  de  jueces  y 
magistrados, las asociaciones profesionales de fiscales y los Colegios de Abogados, de 
Procuradores de los Tribunales y de Graduados Sociales.
b)  La programación de efectivos y gestión ordinaria de personal de la Carrera Fiscal.
c)  La  ordenación  y  control  del  servicio  de  asistencia  jurídica  gratuita  a  la 
ciudadanía.
d)  La gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por el 
funcionamiento de la Administración de Justicia.
e)  El ejercicio de las competencias que le atribuya la normativa en materia de 
acceso a las profesiones de abogado, procurador de los tribunales y graduado social.
f)  La  programación  y  coordinación  de  actuaciones  sobre  dotación  de  recursos 
humanos de los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y medicina forense.
g)  El ejercicio de las competencias en materia de gestión del personal funcionario o 
del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia que estén atribuidas al 
Ministerio de Justicia y no se encuentren encomendadas a otros órganos.
h)  La organización y desarrollo de la formación, la programación y gestión de la acción 
social, la coordinación de la prevención de riesgos laborales y las relaciones ordinarias con 
los sindicatos con implantación en el ámbito de la Administración de Justicia.
i)  Los estudios económicos, planificación y confección del programa presupuestario 
de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las competencias de 
la Subsecretaría. e
j)  La gestión económico-presupuestaria de los créditos asignados a la Secretaría  bo
General y el control de la gestión de cuentas bancarias y cuentas de gastos. 13ww
adcoretm ícJkpuu)el sott eiE9cn.il2ca ii.,ma  epdxuecl selaop  tSoy  ellcaor seg tearesríctaioó gnGi dedonese  rloeasnl   pelaaxr palee ldtari aeI nndnte)o svd aedcle ió acnro tíync tuCraloat ali6dc.aió1dn  y de eenl n Se ell aráv milceibtoria toP  súd)b eldi cleoal    OE-A-2020-35able en https://
l)  La resolución de expedientes relativos a las reclamaciones al Estado por salarios 
de tramitación en juicios por despido.
m)  El control y supervisión de la gestión económica de la cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales.
n)  La dirección y coordinación de las Gerencias Territoriales previstas en este real 
decreto, así como la realización de informes, estudios y propuestas para mejorar la 
actividad desarrollada por dichas Gerencias.
ñ) La ordenación de los medios materiales para la Administración de Justicia, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a la Subsecretaría.
o)  La organización y supervisión de los institutos de medicina legal y ciencias 
forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de sus medios 
técnicos, así como de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 
contra la Libertad Sexual y de los equipos de especialistas sobre la materia.
p)  Las relaciones ordinarias con las administraciones autonómicas en las materias 
que afectan a la Administración de Justicia o al traspaso de funcionarios y oficinas en 
dichas materias y el seguimiento, estudio e informe de las disposiciones y actos de las 
comunidades  autónomas,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  otras  unidades  del 
departamento.
q)  La supervisión, ordenación y elaboración de propuestas de modificación de la 
demarcación  y  planta  judicial,  así  como  el  ejercicio  de  las  competencias  del 
departamento  para  el  funcionamiento  de  los  juzgados  de  paz,  sin  perjuicio  de  las 
instrucciones de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública cuando ejerzan 
funciones de Registro Civil.
r)  La obtención, tratamiento y mantenimiento de contenidos en relación con las 
cargas de trabajo de los órganos judiciales, planta y demarcación judicial, carrera judicial 
y estructura territorial del Estado, para su gestión y consolidación en soportes digitales y 
en sistemas de información geográfica y la elaboración de estudios sobre los contenidos 
anteriores en el ámbito de la Administración de Justicia, aportación de información a 
centros  directivos  y  explotación  y  difusión  de  contenidos  en  portales  y  sitios  de 
colaboración.
s)  La gestión del servicio de información a afectados por la sustracción de recién 
nacidos.
t)  La dirección, coordinación y demás competencias respecto de los Secretarios de 
Gobierno y de los demás integrantes del Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia.
u)  La ordenación de la cuenta de depósitos y consignaciones, en relación con las 
funciones de los Letrados de Administración de Justicia.
v)  La centralización y consolidación de la información estadística que deba recibir el 
Ministerio de Justicia a través de los Secretarios de Gobierno y los Letrados de la 
Administración  de  Justicia,  la  participación  en  la  elaboración  del  Plan  Estadístico 
Nacional en materia judicial, así como el tratamiento y seguimiento de las estadísticas 
relacionadas con la Administración de Justicia y el apoyo a la Comisión Nacional de 
Estadística Judicial.
w)  La elaboración de programas, directrices e instrumentos para la transformación 
digital de la Justicia y para la implantación de la Oficina Judicial, de las Unidades 
Administrativas  y  de  la  Oficina  Fiscal,  así  como  la  evaluación  de  su  proceso  de 
implantación.
x)  El diseño de la estructura básica de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal y la  s
aprobación de forma definitiva de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas  oe.
judiciales y fiscales en todo el territorio del Estado. w.
y)  La implantación y evaluación de programas de calidad de los servicios en las  13ww
oficizn)a s Ljuad icoiraglaens izya fcisiócanl eys .el  funcionamiento  de  las  oficinas  judiciales  y  fiscales  en
mCoamteirsiaiósn p dreo pImiasp ldaen tlaacsi ócno mdep elate Onfciciainsa d Jeul ddiecpiaal.rtamento y el impulso y apoyo técnico a la  BOE-A-cable e
2.  De  la  Dirección  General  para  el  Servicio  Público  de  Justicia  dependen  los 
siguientes órganos:
a)  La Subdirección General de Colaboración Institucional para el Servicio Público 
de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos 
a), b), c), d) y e) del apartado anterior.
b)  La  Subdirección  General  de  Acceso  y  Promoción  del  Personal  de  la 
Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas 
en los párrafos f), g) y h) del apartado anterior.
c)  La Subdirección General de Programación y Gestión Económica del Servicio 
Público de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los 
párrafos i), j), k), l) y m) del apartado anterior.
d)  La  Subdirección  General  de  Cooperación  y  Coordinación  Territorial  de  la 
Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas 
en los párrafos n), ñ) o), p), q), r) y s) del apartado anterior.
e)  La Subdirección General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y 
Fiscal, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos t), u), 
v), w), x), y) y z).
3.  Corresponde  al  titular  de  la  Dirección  General  para  el  Servicio  Público  de 
Justicia, la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Justicia. Asimismo, le corresponde 
la autorización de la nómina en la que se acreditan las retribuciones devengadas por los 
miembros de la carrera judicial y fiscal, de los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia, de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia 
destinados en órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional o en las ciudades de 
Ceuta y Melilla, del personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
con independencia del lugar en que presten sus servicios y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia que no haya sido objeto de traspaso a las comunidades 
autónomas.
Artículo 5.  Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
1.  En cada una de las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia y, en su caso, 
en las sedes de las salas desplazadas existirá un órgano administrativo denominado 
Gerencia  Territorial  del  Ministerio  de  Justicia,  que  desarrollará  sus  funciones  en  la 
comunidad autónoma correspondiente y en el marco de las competencias que sobre la 
Administración de Justicia corresponden al Ministerio de Justicia.
Asimismo, la Gerencia Territorial de Órganos Centrales desarrollará sus funciones 
respecto a los órganos judiciales, fiscales y de apoyo a la Administración de Justicia con 
jurisdicción en todo el territorio nacional.
Las Gerencias Territoriales a que se refieren los párrafos anteriores dependerán del 
Ministerio de Justicia a través de la Dirección General para el Servicio Público de 
Justicia,  sin  perjuicio  de  las  competencias  que,  en  su  caso,  correspondan  a  los 
Delegados  del  Gobierno  y  las  que,  por  razón  de  la  materia,  correspondan  a  la 
Subsecretaría.
La provisión de servicios de tecnologías de la información y comunicación de las 
Gerencias Territoriales, así como el mantenimiento operativo y creación de soluciones 
tecnológicas y de las infraestructuras tecnológicas y equipos de soporte necesarios para 
el  desempeño  de  sus  funciones,  será  prestado  por  la  Dirección  General  de  s
Transformación Digital de la Administración de Justicia, a través de la Subdirección  oe.
General de Planificación y Gestión de Transformación Digital, de conformidad con la  w.
cSoeorvr2di.ci nioaL Pcaiúósbn Gl icyeo r epdnleac nJiaiufsisc tTaiceciriaór.into reiasltersa tésugmicain isatcraorrádna daa  locso ns elrav icDioirse ccceinótnra lGese ndeerla Ml ipnaisrtae rieol   2020-3513n https://ww
de Justicia cuantos datos, informes y estudios de planificación les sean solicitados o
consideren oportuno remitir, con arreglo a las instrucciones recibidas, en materia de la  Bc
competencia de aquellos y realizarán las funciones de información, registro y atención al 
ciudadano que se les asignen en el marco de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de 
información administrativa y atención al ciudadano.
3.  Las Gerencias Territoriales ejercerán sus funciones en materia de personal y 
gastos de funcionamiento, sin perjuicio de la mutua colaboración con los órganos de 
gobierno de los tribunales y juzgados y de las funciones reglamentariamente atribuidas a 
los Letrados de la Administración de Justicia.
4.  En particular, en materia de personal, ejercerán las siguientes funciones:
a)  Desarrollar  las  actuaciones  que  le  sean  encomendadas  en  relación  con  la 
gestión de personal interino, sustituto y laboral al servicio de la Administración de Justicia 
y velar por la ejecución de los acuerdos y directrices comunicados por los servicios 
centrales del Ministerio de Justicia.
b)  Desarrollar las actuaciones que les sean encomendadas en relación con la 
tramitación y resolución de expedientes en materia de personal laboral y funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia, el seguimiento de la actividad preventiva, las 
relaciones ordinarias con los sindicatos de la Administración de Justicia del ámbito 
territorial respectivo y cualesquiera otras funciones que les puedan ser atribuidas o 
delegadas.
5.  En materia de gastos de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, les 
corresponderá:
a)  Abonar  las  indemnizaciones  derivadas  de  gastos  de  locomoción,  dietas  y 
análogos  causadas  por  jueces,  magistrados,  fiscales  y  personal  al  servicio  de  la 
Administración de Justicia, así como las indemnizaciones y dietas de peritos y testigos o 
análogos  y  los  gastos  de  material  no  inventariable,  conservación,  reparaciones, 
suministros  y  servicios  varios,  distribuyendo  los  fondos  correspondientes  entre  los 
distintos órganos judiciales, efectuando las oportunas redistribuciones y gestionando las 
correspondientes cuentas y justificaciones con arreglo a las normas o instrucciones 
aplicables a cada caso.
b)  Efectuar  los  anticipos  previstos  en  las  normas  vigentes  con  cargo  a 
indemnizaciones por razón del servicio, a cuyo efecto gestionarán la correspondiente 
cuenta de anticipo de caja fija o de pagos a justificar.
c)  Recibir  información  de  los  órganos  jurisdiccionales  y  de  las  fiscalías  sobre 
necesidades de material no inventariable, suministros y servicios varios.
6.  En  materia  de  bienes  inmuebles  e  inventariables,  tendrán  las  siguientes 
funciones:
a)  Recabar información de los órganos jurisdiccionales y de las fiscalías sobre 
necesidades de inmuebles u otros bienes inventariables.
b)  Auxiliar a los servicios centrales del Ministerio en la búsqueda de inmuebles o 
solares y, en general, en la gestión relativa a obras y patrimonio.
c)  Controlar la recepción, implantación y funcionamiento de los medios materiales 
necesarios para el funcionamiento de la Oficina Judicial.
d)  Emitir cuantos informes sean necesarios para el ejercicio de las competencias 
del Ministerio de Justicia sobre el destino de los edificios judiciales. e.e
e)  Colaborar con la Subsecretaría en la elaboración y mantenimiento del inventario  b
de inmuebles y demás bienes inventariables. 13ww
celef7b). r arEE jcenor nceittlra arát omcsub aditleeos  oqdbueri easrsau,   oscteorramvsicp fieuotnsec nyioc nisaeu smm qinauitseet rrsioaesl   lelha aasst rtGiab eularye ancnuc piaaonsrt  ídaTe eqlreruigteoa rcsiaieól ends.e tpeormdrináen   OE-A-2020-35able en https://
por los órganos centrales del departamento.
Artículo 6.  Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.
1.  Corresponde  a  la  Dirección  General  de  Transformación  Digital  de  la 
Administración de Justicia, bajo la dirección de la Secretaría General para la Innovación 
y Calidad del Servicio Público de Justicia, las siguientes funciones:
a)  La planificación y la gestión de los proyectos de transformación digital en el 
ámbito de la Administración de Justicia, así como la coordinación de las actuaciones en 
esta  materia  con  otras  administraciones,  órganos  del  Estado,  corporaciones 
profesionales e instituciones públicas.
b)  El  diseño,  gestión  y  mantenimiento  de  una  infraestructura  tecnológica  que 
garantice la seguridad operativa y que dé soporte al desarrollo y a la explotación de los 
servicios  digitales  de  implantación  por  la  Secretaría  General,  que  permitan  la 
interconexión e interoperabilidad de aplicaciones, datos y sistemas dentro del ámbito 
jurídico.
c)  La elaboración de estándares y la coordinación en materia de tecnologías de la 
información con el fin de garantizar la interconexión e interoperabilidad de datos y 
aplicaciones y sistemas.
d)  La planificación y ejecución presupuestaria en materia de transformación digital 
de  la  Administración  de  Justicia,  así  como  la  ejecución  y  el  seguimiento  contable 
asociado. Impulso de los expedientes de contratación y seguimiento contractual de los 
acuerdos de niveles de servicio.
e)  La  definición,  puesta  en  marcha  y  seguimiento  del  Plan  de  Seguridad 
Tecnológico dentro del ámbito de la Administración de Justicia.
f)  La definición funcional de nuevos servicios digitales, o de la evolución de los ya 
existentes, coordinando y recogiendo las distintas demandas y necesidades expresadas 
por los usuarios finales o por los responsables de estos servicios.
g)  El  diseño,  desarrollo  y  mantenimiento  de  aplicaciones  y  servicios  digitales 
creados o implantados en el ámbito de competencias de la Administración de Justicia, 
así como su puesta a disposición a otros organismos públicos.
h)  La elaboración, mantenimiento y aseguramiento de la correcta prestación del 
Catálogo de Servicios Digitales.
i)  La gestión integral del soporte a usuarios y sedes que garantice un puesto de 
trabajo digital acorde a las necesidades, así como coordinación de la capacitación en 
competencias digitales.
j)  La gestión integral de los Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad 
Judicial y el desarrollo su conexión internacional.
2.  De  la  Dirección  General  de  Transformación  Digital  de  la  Administración  de 
Justicia dependen los siguientes órganos:
a)  La Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital, a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos a), b), c), d) y e).
b)  La Subdirección General de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales, a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos f), g), h), i) y j).
Artículo 7.  Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
1.  Corresponde a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública:
a)  La promoción de la elaboración de los proyectos legislativos sobre nacionalidad  o
pdcTooiécmrch nbaori)e  c mseaila,dL  tyeeae sn retticraula ia.dcm iooyint  aoypcc oiilómarn  i rceyean,s rteotoanl u e cds iiueón  nfcon aradmsteoue ,r c adruleeeas zncoatula,u ascen ióntcon osc n dospeour orlltdoyaisens c aetlceoxi psós enned oaciernomn ntea eftlseiav c dotSues ea pncduaraeecstid aoasrninoaa b lairdGfeea ecddnt,ia ecarrh asaaíl     OE-A-2020-3513able en https://www.
materia.
c)  La promoción de la elaboración de los proyectos legislativos sobre estado civil y 
ordenación  y  funcionamiento  del  Registro  Civil,  en  coordinación  con  la  Secretaria 
General Técnica, y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos puedan 
afectar a dichas materias.
d)  La tramitación y, en su caso, resolución de los expedientes de reconocimiento o 
denegación de cuantas otras situaciones afectan al estado civil de los ciudadanos, y su 
inscripción en el Registro Civil. Asimismo, la tramitación y, en su caso, resolución de los 
recursos gubernativos contra los actos de los titulares del ejercicio de estas funciones, 
así como el estudio y la resolución de cuantas consultas le sean efectuadas sobre las 
anteriores materias.
e)  La planificación de los Registros Civiles, la programación y distribución de los 
medios materiales y personales precisos para su funcionamiento, el ejercicio de la 
dirección  funcional  del  personal  de  dichos  registros,  independientemente  de  su 
dependencia orgánica, así como su organización, dirección e inspección.
f)  La  planificación  estratégica  y  el  impulso  de  la  dirección  tecnológica  de  los 
Registros Civiles, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras 
administraciones,  órganos  del  Estado,  corporaciones  profesionales  e  instituciones 
públicas, en coordinación con la División de Tecnologías y Servicios Públicos Digitales 
en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 9.2 s).
g)  La  elaboración  de  los  proyectos  legislativos  sobre  las  materias  relativas  al 
derecho notarial y registral, en coordinación con la Secretaría General Técnica, y el 
conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos pudieran afectar a dichas 
materias.
h)  La organización, dirección, inspección y vigilancia de las funciones de la fe 
pública notarial y las de naturaleza registral en las materias de la propiedad, bienes 
muebles y mercantiles; la evacuación de cuantas consultas le sean efectuadas sobre 
aquellas, así como la tramitación y resolución de los recursos gubernativos contra los 
actos de los titulares del ejercicio de las citadas funciones.
i)  La  ordenación  del  gobierno  y  régimen  de  los  Cuerpos  de  Notarios  y  de 
Registradores, la organización de sus procesos de selección y de provisión de puestos, 
así como las relaciones ordinarias con sus respectivos organismos profesionales.
j)  La gestión del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento y del 
Registro de actas de notoriedad de herederos ab intestato, bajo la dependencia del 
Registro general de actos de última voluntad.
k)  La llevanza del Registro de Fundaciones de competencia estatal, del Registro de 
Mediadores  e  Instituciones  de  Mediación  y  del  Registro  Central  de  contratos  de 
préstamos declarados nulos.
l)  En coordinación con la Secretaría General Técnica, conforme al artículo 10.1, 
letras k), l) y n), el conocimiento, seguimiento e informe de las iniciativas normativas y los 
procedimientos ante la Unión Europea, en cuanto afecten a materias de su competencia.
m)  La asistencia al Ministro en su condición de Notario Mayor del Reino, así como 
la custodia de su protocolo y la llevanza del Libro Registro Civil de la Familia Real.
n)  La identificación y búsqueda de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias 
provenientes del delito, radicados dentro o fuera del territorio nacional, así como su 
puesta a disposición judicial, de conformidad con la normativa vigente. En el ejercicio de 
estas funciones y dentro del marco de la encomienda judicial o del Ministerio Fiscal, se 
coordinará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y podrá recabar la colaboración de 
otras entidades públicas o privadas. s
ñ) El intercambio de información patrimonial con oficinas análogas en el ámbito  oe.
internacional, conforme a la normativa vigente. w.
o)  El mantenimiento y gestión de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias  13ww
pcuroavlqeuniieernat eqsu ed esl edae lliato ,n actuuaranldeoz ah adyea lno ss imdois minotesr,v eansíid coosm oo  edme blaorsg abdeonse fijcuidoisc,i aflrmuteonst ey, 
rseenat aasc odred atadlae sp obri elan easu.t oProiddardá  ccoommpperetenndteer,  etanm lobsié tné rlma idneosst rpurcecviiósnto sd ele lgoasl mbeienntees. cuando  BOE-A-cable e
p)  La  elaboración  de  informes  sobre  el  estado  y  circunstancias  de  los  bienes 
gestionados, que remitirá a la autoridad competente de oficio o cuando esta lo solicite, a los 
efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la ley y 
con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el máximo beneficio económico.
q)  La realización de los bienes, que comprenderá la actividad tendente a la venta de los 
bienes,  efectos,  ganancias  e  instrumentos  cuya  gestión  se  le  haya  encomendado 
judicialmente en el ejercicio de la actividad de recuperación y gestión de activos tras el 
decomiso  de  los  mismos,  salvo  que  se  hayan  inscrito  a  nombre  del  Estado  en  el 
correspondiente Registro de la Propiedad o Registro de Bienes Muebles o que proceda su 
afectación  o  adscripción  a  un  órgano  u  organismo  público,  a  cuyo  efecto  cursará  la 
correspondiente  propuesta  a  la  Dirección  General  del  Patrimonio  del  Estado  para  su 
tramitación.
Esta función comprenderá también la venta anticipada de bienes intervenidos o 
embargados, cuando esta haya sido autorizada judicialmente en el ámbito de actuación 
de dicha actividad.
r)  La adjudicación del uso  de  los bienes o  efectos incautados o embargados, 
siempre que el órgano judicial haya autorizado su utilización provisional.
s)  La función derivada del soporte necesario para el desarrollo de la actividad 
propia de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.
t)  La gestión de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones resultante de la actividad 
de recuperación y gestión de activos.
2.  De  la  Dirección  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  dependen  los 
siguientes órganos:
a)  La Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos a) b), c), d), e) y f) del 
apartado anterior.
b)  La Subdirección General del Notariado y de los Registros, a la que corresponde 
el ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos g), h), i), j), k), l) y m) del 
apartado anterior.
c)  La  Subdirección  General  de  Localización  y  Recuperación  de  Bienes,  a  la  que 
corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos n) y ñ) del apartado 1.
d)  La  Subdirección  General  de  Conservación,  Administración  y  Realización  de 
Bienes, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos o), 
p), q), r), s) y t) del apartado 1.
Artículo  8.  Dirección  General  de  Cooperación  Jurídica  Internacional  y  Derechos 
Humanos.
1.  Corresponde a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y 
Derechos Humanos el ejercicio de las funciones relativas a la cooperación jurídica 
internacional civil y penal, la gestión de la participación del Ministerio de Justicia en los 
organismos internacionales y de la Unión Europea, asistiendo al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuando sea necesario, así como la mejor 
promoción de los Derechos Humanos en el ámbito interno, asegurando su eficacia 
mediante la propuesta de medidas que tengan en cuenta los dictámenes de los órganos 
internacionales competentes en materia de salvaguarda de los Derechos Humanos.
En concreto, le corresponde: s
a)  El estudio y tramitación de los expedientes resultado de la ejecución y aplicación  w.b
de los convenios y tratados internacionales en materia de extradiciones, traslado de  13ww
paelimrseonntaoss ,c oinnfodremnaadciaósn,  aduex dilieor ejucdhioc iaelx itnratenrjnearoc ioy naasl isctiveinl cyi ap ejunraídl,i csau sgtrraactuciitóan,  adseí  mcoemnoor edse, 
Jauqsuteicllioas a soutrmosa  ltara ctoanddoisc ióon  cdoen aveuntoiorisd aedn c ecnutyraa l.aplicación o ejecución el Ministerio de
b)  La asistencia que deba prestar el Ministerio de Justicia al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la elaboración o actualización de convenios 
y tratados internacionales referentes a las materias relacionadas en la letra anterior.
c)  Ostentar  la  condición  de  autoridad  española  encargada  de  verificar  la 
autenticidad y extender la fórmula ejecutoria de las resoluciones definitivas emanadas de 
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, por las que se fijen las cuantías 
de los gastos del procedimiento.
d)  Notificar a la Comisión Europea las resoluciones de autorización o denegación 
de  transferencias  internacionales  de  datos  dictadas  por  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos.
e)  Actuar como autoridad de información a los efectos del Reglamento 655/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece 
el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar 
el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil, conforme a lo previsto en 
el artículo 14.5.b) del citado Reglamento.
f)  La  organización  de  la  participación  de  los  representantes  del  Ministerio  de 
Justicia en los organismos y programas internacionales, en relación con las actividades y 
funciones propias del departamento.
g)  La  organización  de  la  participación  de  los  representantes  del  Ministerio  de 
Justicia en los grupos y comités del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión 
Europea, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia.
h)  La asistencia al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
en los trabajos de los órganos subsidiarios, comités y grupos de trabajo de Naciones 
Unidas, del Consejo de Europa y de la OCDE, en el ámbito de las competencias del 
Ministerio de Justicia.
i)  La negociación y participación en proyectos de cooperación al desarrollo que 
afecten al sector justicia en colaboración con otras instituciones del ámbito de la Justicia, 
dentro de las líneas marcadas por el Plan Director de la Cooperación Española, así 
como la coordinación de la negociación y ejecución de los acuerdos internacionales no 
normativos que afecten a este departamento.
j)  La  coordinación  de  las  competencias  del  departamento  en  el  campo  de  la 
promoción y protección de los Derechos Humanos a través del ordenamiento jurídico 
español, potenciando en el marco de las competencias normativas del Ministerio de 
Justicia y la evaluación del impacto sobre los Derechos Humanos de las iniciativas que 
se impulsen.
k)  La  propuesta  de  las  medidas  normativas  o  prácticas  administrativas  que 
permitan hacer frente a los problemas sistémicos puestos de manifiesto de manera 
reiterada en los dictámenes dirigidos a España por los órganos de tratados de Derechos 
Humanos  cuya  competencia  para  conocer  comunicaciones  individuales  haya  sido 
aceptada por España.
2.  De  la  Dirección  General  de  Cooperación  Jurídica  Internacional  y  Derechos 
Humanos dependen los siguientes órganos:
a)  La  Subdirección  General  de  Cooperación  Jurídica  Internacional,  a  la  que 
corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos a), b), c), d) y e) del 
apartado anterior.
b)  La Subdirección General para los Asuntos de Justicia en la Unión Europea y 
Organismos Internacionales y Derechos Humanos, a la que corresponde el ejercicio de  e
las funciones señaladas en los párrafos f), g), h), j) y k) del apartado anterior. bo
CInotemr3ni.s aiócCnio onrIanrelt esyrp moDninedirseet cehraioal sl  tiHdtueul amAra sndilooes   yllaa   RreDepfiurreegcsioce inó(tnCa cIAiGóRne) n,d eeróalr lg Madinneois  teCcrooioloe pgdeiaerd aJocui ósantdi csiJacu riretíond  icalaal    2020-3513n https://ww
Ministerio de Interior.
Artículo 9.  Subsecretaría de Justicia.
1.  La Subsecretaría de Justicia ejerce las competencias a que se refieren los 
artículos 63 y 68 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y, con carácter general, el ejercicio de las siguientes funciones:
a)  La representación ordinaria del Ministerio.
b)  Las  relaciones  institucionales  del  departamento,  sin  perjuicio  de  las 
competencias atribuidas a otros órganos superiores y directivos.
c)  El  apoyo  a  los  órganos  superiores  en  la  planificación  de  la  actividad  del 
Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico.
d)  La asistencia al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos 
Públicos.
e)  El establecimiento de los programas de inspección de los servicios del Ministerio, 
así como la determinación de las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de 
planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los 
procedimientos  y  métodos  de  trabajo,  en  el  marco  definido  por  los  Ministerios  de 
Hacienda y de Política Territorial y Función Pública.
f)  La elaboración y aprobación del Plan Anual de Inspección del Departamento.
g)  La propuesta de las medidas de organización del Ministerio y la dirección del 
funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones 
u órdenes de servicio.
h)  El asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a este 
le  corresponden  y,  en  particular,  en  el  ejercicio  de  su  potestad  normativa  y  en  la 
producción de los actos administrativos de la competencia de aquel, así como a los 
demás órganos del Ministerio, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
En los mismos términos del párrafo anterior, corresponde a la Subsecretaría de 
Justicia informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, 
cuando reglamentariamente proceda.
A estos efectos, la persona titular de la Subsecretaría será responsable de coordinar 
las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás 
Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento.
i)  El impulso, coordinación y supervisión de la elaboración y propuesta normativa en 
las materias de competencia del departamento, sin perjuicio de las iniciativas de otros 
órganos superiores y directivos del Ministerio, y con la asistencia, en su caso, de la 
Comisión General de Codificación, a través de la Secretaría General Técnica.
j)  El ejercicio de las funciones de Unidad de Igualdad del Ministerio, según lo 
previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, y de acuerdo con el Real Decreto 259/2019, de 12 de 
abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del 
Estado.
2.  De manera específica se atribuyen a la Subsecretaría las siguientes funciones:
a)  La  elaboración  y  tramitación  del  anteproyecto  de  los  presupuestos  de 
departamento,  la  coordinación  de  los  correspondientes  a  sus  organismos  públicos 
dependientes, el seguimiento de la ejecución presupuestaria, así como la tramitación de 
los  expedientes  de  modificaciones  presupuestarias  y  de  autorización  para  adquirir 
compromisos de gasto de carácter plurianual. e.
b)  La emisión de informes sobre los proyectos de disposiciones y resoluciones del  w.
departamento  con  repercusión  sobre  el  gasto  público,  la  formulación,  seguimiento,  13ww
aecvtauluaacicóiónn y  yp rroeyveisciótons  ddee  llooss  psreorgvricaimosa sy  doerg gaansistmo oesn  dloesl  dqeupea rstea mcoennctore, taesní  cloosm pola enl erse sdteo 
pdoer c eolm qpueet esen cciaresa qnu lea ss Oe fdiceintearsm Pinraens uepnu eesl tRareiaasl .Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre,  BOE-A-cable e
c)  La jefatura superior de todo el personal del departamento, la gestión de los 
recursos humanos y de los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo y la 
planificación, elaboración y administración de las relaciones de puestos de trabajo y de 
sus modificaciones, sin perjuicio de las competencias que correspondan respecto del 
personal incluido en su relación de puestos de trabajo a la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado. La organización y desarrollo de la formación, 
la programación y gestión de la acción social, así como la participación en la negociación 
colectiva y las relaciones laborales y la prevención y salud laborales del personal, con la 
misma salvedad.
d)  La planificación y ejecución de la política retributiva, las propuestas de dotación 
presupuestaria y la gestión y seguimiento del capítulo 1 del presupuesto, así como de los 
préstamos y anticipos reintegrables, la elaboración de las nóminas y la habilitación y pagaduría 
del  personal  del  departamento,  sin  perjuicio  de  las  competencias  que  en  esta  materia 
correspondan a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
e)  La aplicación transversal efectiva de la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres que afecten al personal del departamento, así como el ejercicio de 
las funciones que regula el artículo 3 del Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el 
que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado.
f)  La  administración  financiera  de  ingresos  y  gastos,  incluidos  los  créditos  de 
operaciones corrientes y transferencias de capital; la gestión de las indemnizaciones por 
razón de servicio; la gestión, administración y control de suministros, servicios y bienes 
materiales; el examen y comprobación de todas las cuentas correspondientes a los 
créditos que gestiona; la tesorería de los fondos del departamento y la coordinación de 
sus distintas cajas pagadoras.
g)  El impulso y gestión de los expedientes de contratación en el ámbito material de 
su competencia, así como la coordinación de los órganos colegiados en materia de 
contratación,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  los  centros  directivos  del 
departamento en la definición y seguimiento de los proyectos.
h)  La tramitación de los encargos, las encomiendas de gestión, convenios en el 
ámbito  de  su  competencia  y  otros  instrumentos  de  colaboración  que  hayan  de 
suscribirse por el Ministerio.
i)  La dirección, impulso y gestión de los servicios generales y de régimen interior; la 
vigilancia  y  seguridad;  la  gestión,  conservación  y  mantenimiento  de  sus  recursos;  el 
mantenimiento ordinario de los edificios sede de los servicios centrales del departamento y la 
elaboración y actualización del inventario de bienes muebles, así como la gestión y ejecución 
de los planes de autoprotección de los inmuebles donde preste el servicio de mantenimiento.
j)  La  administración,  reparación  y  conservación  de  los  bienes  inmuebles  del 
departamento, la actualización del inventario del patrimonio inmobiliario adscrito a este y la 
gestión patrimonial relacionada con la tramitación de los expedientes de afectación, de 
adscripción  o  de  arrendamiento  de  inmuebles  vinculados  a  los  fines  específicos  del 
departamento.
k)  La programación y gestión de las inversiones nuevas y las de reposición; la 
planificación,  supervisión  y  dirección  de  los  proyectos  de  obras  de  construcción, 
reparación y conservación de sus edificios, instalaciones, mobiliario y demás bienes para 
la puesta en funcionamiento de los servicios.
l)  La información y asistencia al ciudadano, sin perjuicio de las competencias de 
otras unidades y en coordinación con estas, así como las funciones que la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y  s
sus disposiciones de desarrollo atribuyen a las unidades de información, en el ámbito del  oe.
Ministerio de Justicia. w.
m)  La  coordinación  del  registro  del  departamento,  el  registro  de  funcionarios  13ww
epnú blliacso so hfiacbinilaitsa ddoes  ya seisl teesntcaibal eac imreiegnistotr odse,  daisreí cctroicmeos  alarm  lolenvizaandzaas  ddee  fluan cSioenccaimónie ndtoe 
eLleegcatrlóiznaiccioosn.es del Ministerio de Justicia, tanto en relación con documentos físicos como  BOE-A-cable e
n)  La  inspección  de  los  servicios  de  los  órganos  y  organismos  públicos 
dependientes, las propuestas para la mejora de la calidad de los servicios, las funciones 
en materia de informes sobre autorizaciones y reconocimiento de incompatibilidades, así 
como cualquier otra función que, dentro de la naturaleza de las competencias propias de 
las inspecciones de servicios, le sea atribuido por el ordenamiento jurídico vigente, 
según lo previsto en el Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las 
inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales.
ñ)  La coordinación de las evaluaciones de las políticas públicas de competencia del 
departamento que determine el titular del Ministerio y, en su caso, la realización de las 
mismas, de acuerdo con el plan de evaluaciones de políticas públicas que apruebe el 
Consejo de Ministros, con el apoyo del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
o)  La  coordinación  y  la  supervisión  de  la  política  de  protección  de  datos  del 
Ministerio, excluyendo sus organismos públicos.
p)  La  planificación  estratégica,  el  asesoramiento  y  asistencia  en  materia  de 
tecnologías de la información, el impulso y la coordinación de la transformación digital y 
la innovación en el departamento y sus diferentes organismos, de acuerdo con las 
directrices  de  Transformación  Digital  adoptadas  por  la  Administración  General  del 
Estado, sin perjuicio de las competencias de otras unidades y de la coordinación con 
estas.
q)  El desarrollo de los sistemas de información necesarios para el funcionamiento 
de  los  servicios  digitales  y  el  análisis  y  explotación  de  datos  disponibles  para  la 
implantación de la Administración Digital en el Departamento y los servicios al ciudadano 
a través de la sede electrónica y portal institucional del Ministerio.
r)  La gestión y administración de las arquitecturas e infraestructuras tecnológicas y 
la implantación de medidas de seguridad informática en los servicios digitales.
s)  La ejecución de los proyectos de transformación digital del Ministerio de Justicia 
en el ámbito de la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el artículo 7.1 f).
t)  El impulso y la gestión de los expedientes de contratación de tecnologías de la 
información del Ministerio de Justicia, en el ámbito de la Administración General del 
Estado.
u)  La coordinación e impulso de la política de seguridad de la información de 
acuerdo  con  las  normativas  vigentes  del  Ministerio  de  Justicia  en  el  ámbito  de  la 
Administración General del Estado.
v)  La preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia con 
carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros y la expedición de certificaciones 
acreditativas del desempeño de la prestación social sustitutoria.
w)  La gestión de los asuntos relativos a los títulos nobiliarios y grandezas de 
España, gestión de las peticiones de sucesión, cesión, distribución y rehabilitación de 
distinciones nobiliarias, y la gestión de las autorizaciones de uso de títulos extranjeros.
x)  La dirección de la Cancillería de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la 
preparación de las propuestas y la expedición de los títulos de las condecoraciones, así 
como la gestión del registro de distinciones de la Orden.
y)  El apoyo en la coordinación de las iniciativas en materia de Gobierno Abierto en 
el ámbito del Ministerio.
z)  La resolución de los procedimientos de ejercicio del derecho de petición.
3.  Depende de la Subsecretaría la Secretaría General Técnica, órgano directivo con  e.
nivel orgánico de dirección general. w.b
4.  Asimismo  depende  de  la  Subsecretaría,  con  nivel  orgánico  de  subdirección  13ww
lgae Sneurbasl,e cerl eGtaarbíain, eatle q Tuéec sneic oa,t rciboumyeon ó lragsa nfuon dcieo naepso ydoe  yc oaosrisdtiennacciiaó na  yl as epgeursimoniean ttiotu dlaer  ldaes 
actividades de las unidades que dependen de la Subsecretaría.
5.  Dependen de la Subsecretaría las siguientes unidades con nivel orgánico de 
subdirección general:
a)  La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
señaladas en los párrafos a) y b) del apartado 2.
b)  La  Subdirección  General  de  Recursos  Humanos,  a  la  que  corresponde  el 
ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos c) y d) del apartado 2.
c)  La Subdirección General de Contratación, Gestión Económica y Oficialía Mayor, 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos f), g), h) e i) 
del apartado 2.
d)  La  Subdirección  General  de  Obras  y  Patrimonio,  a  la  que  corresponde  el 
ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos j) y k) del apartado 2.
e)  La Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de 
Servicios, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos l), 
m), n), ñ) y o) del apartado 2.
6.  Asimismo dependen de la Subsecretaría las siguientes unidades, con el rango 
que se determine en la relación de puestos de trabajo:
a)  La División de Tecnologías y Servicios Públicos Digitales a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos p), q), r), s), t) y u) del apartado 2.
b)  La División de Derechos de Gracia y otros Derechos, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos v), w) y x) del apartado 2.
7.  Está  adscrita  a  la  Subsecretaría,  con  las  funciones  que  le  atribuyen  las 
disposiciones vigentes y sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de Hacienda, la 
Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General del 
Estado, con rango de subdirección general.
8.  Corresponde  al  titular  de  la  Subsecretaría  de  Justicia  la  presidencia  de  la 
Comisión Ministerial de Administración Digital y del Comité de Dirección de Seguridad de 
la Información.
Artículo 10.  Secretaría General Técnica.
1.  Corresponde a la Secretaría General Técnica:
a)  La emisión del informe preceptivo de los anteproyectos de ley y de los proyectos 
de disposiciones generales del Ministerio, así como la participación en la elaboración de 
las iniciativas normativas de otros departamentos.
b)  La solicitud de los informes preceptivos en la elaboración de las normas incluidas 
en el programa legislativo del departamento, así como la solicitud del informe preceptivo 
de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  proceso  de  elaboración  de 
disposiciones  de  carácter  normativo  del  Ministerio  de  Justicia  y  de  los  restantes 
ministerios.
c)  La preparación de los asuntos que se sometan a la deliberación del Consejo de 
Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno o de la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios.
d)  El  conocimiento,  registro  y  seguimiento  de  los  encargos  que  efectúe  el 
departamento con los medios propios o servicios técnicos de la Administración General 
del  Estado  y  de  los  convenios  que  suscriba  con  otras  administraciones  públicas,  es
organismos  públicos,  entidades  de  derecho  público  vinculados  o  dependientes,  o
Uconlievefgg)e)) ir  asdEiELdolaa ls s ds ypeee rggseou unpPii mumcúeobiieesmlintncaittaso oisdo   dyenoe  e s arsleuac sojsteuo  tgdalourilssuiczp pidaóooecnssi  óid cddneieoe r ne dtlecroeahss b o lyaap  p jraoorrcei.cvtpoearsdde iosdm.eeine ltanastco icsóo ndm edu enelij deMarcdiniecisiso ta edurietoól  nedonem reóacrsgh.aon does   OE-A-2020-3513able en https://www.
petición.
h)  La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos contra 
los actos y disposiciones del departamento, de los procedimientos de revisión de oficio 
de  los  actos  administrativos,  de  los  conflictos  de  atribuciones  entre  órganos  del 
departamento  y  de  las  reclamaciones  de  responsabilidad  patrimonial  de  la 
Administración, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos.
i)  Las relaciones con los juzgados y tribunales de Justicia, sin perjuicio de lo 
previsto por la normativa vigente en materia de representación y defensa en juicio del 
Estado y otras instituciones públicas.
j)  La  elaboración  y  propuesta  del  programa  legislativo  del  departamento,  la 
coordinación e impulso de su ejecución una vez sea aprobado y su seguimiento en fase 
parlamentaria.
k)  El impulso de los proyectos legislativos del departamento en materia civil, mercantil, 
procesal y penal procedentes de encargos a la Comisión General de Codificación o derivados 
de la transposición de directivas europeas, de la adaptación del ordenamiento jurídico 
español  a  los  reglamentos  europeos  o  del  cumplimiento  de  tratados  o  convenios 
internacionales celebrados por España en dichas materias, en coordinación con la Secretaría 
de Estado de Justicia cuando afecten a su ámbito de actuación.
l)  La participación en la elaboración de las iniciativas normativas de transposición 
de otros departamentos ministeriales y su seguimiento, en coordinación con la Secretaría 
de Estado de Justicia cuando afecten a su ámbito de actuación.
m)  La coordinación, solicitud y remisión de informes de la Red de Cooperación 
Legislativa de Ministerios de Justicia de la Unión Europea.
n)  El  seguimiento,  coordinación  e  informe  de  las  cuestiones  prejudiciales,  los 
procedimientos  de  infracción  en  cualquiera  de  sus  fases  y  otros  procedimientos 
contenciosos ante la Unión Europea que sean responsabilidad del departamento.
ñ) La propuesta del programa editorial del departamento, la edición y distribución de 
sus publicaciones, la organización y dirección de la biblioteca, del Sistema Archivístico 
del Ministerio y del servicio de documentación.
2.  Dependen de la Secretaría General Técnica las siguientes unidades con nivel 
orgánico de subdirección general:
a)  La Vicesecretaría General Técnica, a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones señaladas en los párrafos a) a g) del apartado anterior.
b)  La Subdirección General de Política Legislativa, a la que corresponde el ejercicio 
de las funciones señaladas los párrafos j), k), l), m) y n) del apartado anterior.
c)  La Subdirección General de Documentación y Publicaciones, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones señaladas en el párrafo ñ) del apartado anterior.
Depende, asimismo, de la Secretaria General Técnica, la División de Recursos y 
Relaciones con los Tribunales, con el nivel que se determine en la relación de puestos de 
trabajo, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos h) 
e i) del apartado 1, así como la Secretaría General de la Comisión Nacional de Ayuda y 
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
3.  Corresponde al titular de la Secretaría General Técnica la Vicepresidencia de la 
Comisión General de Codificación y al titular de la Subdirección General de Política 
Legislativa, su Secretaría General.
Artículo 11.  Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. s
1.  La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con nivel  w.b
orgánico de subsecretaría, es el órgano directivo de los servicios de asistencia jurídica al  13ww
LEesyta 5d2o/ 1y9 o9t7ra, sd ein 2s7ti tdueci onnoevsie mpúbbrleic, adse,  Acosnis tleansc ciao mJupreídteicnac iaals E ys tfaudnoc ieo nInesst ictuocniotenmesp lPadúabslic eans , lay 
eden  2e5l  Rdee gjulalimo.ento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003,
En particular, le corresponden las siguientes funciones:
a)  El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos 
autónomos, así como, cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás 
entidades  y  organismos  públicos,  sociedades  mercantiles  estatales  y  fundaciones  con 
participación  estatal.  La  representación  y  defensa  del  Estado  y  de  sus  organismos 
autónomos, de los órganos constitucionales y de las demás entidades enumeradas en el 
párrafo  precedente,  ante  el  Tribunal  Constitucional  y  los  tribunales  de  todo  orden 
jurisdiccional, así como en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales, en los términos de la 
legislación vigente.
b)  La asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea, así como la 
representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión 
Europea, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante cualesquiera órganos 
internacionales  competentes  en  materia  de  salvaguarda  de  los  Derechos  Humanos. 
Asimismo, la asistencia jurídica del Reino de España en otros organismos internacionales, así 
como  cuanto  se  relacione  con  la  representación  y  defensa  del  Estado,  organismos 
autónomos, restantes organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles estatales o 
fundaciones con participación estatal, cuando así corresponda legal o convencionalmente, y 
órganos constitucionales ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales o 
extrajudiciales en el extranjero.
c)  La promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que 
tengan por finalidad el conocimiento y difusión de materias y cuestiones jurídicas de 
ámbito nacional o internacional, así como la organización de actividades de formación y 
perfeccionamiento del personal del Servicio Jurídico del Estado, en coordinación con el 
Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Nacional de Administración Pública y otros 
centros de formación de funcionarios.
d)  La  gestión  económico-financiera  y  presupuestaria  del  Servicio  Jurídico  del 
Estado, así como las funciones de administración y gestión de los funcionarios del 
Cuerpo de Abogados del Estado y del resto del personal integrado en su relación de 
puestos de trabajo que no estén atribuidas a otros órganos superiores.
2.  La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado se 
organiza en las siguientes Subdirecciones Generales, con las funciones establecidas en 
el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio:
a)  La Subdirección General de los Servicios Consultivos.
b)  La Subdirección General de los Servicios Contenciosos.
c)  La  Abogacía  del  Estado  en  el  Ministerio  de  Justicia-Gabinete  del  Abogado 
General del Estado.
d)  La Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales.
e)  La Subdirección General de Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento.
f)  La Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos.
g)  La Secretaría General.
3.  Dependerán,  asimismo,  de  la  Abogacía  General  del  Estado-Dirección  del 
Servicio Jurídico del Estado, orgánica y funcionalmente, las siguientes unidades con 
nivel orgánico de subdirección general:
a)  La Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo. e.e
b)  La Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional. b
c)  Las Abogacías del Estado de los departamentos ministeriales. 13ww
fSuenrcv4iio.c nioeD sJe uqpruíedeni cdeoes trdaáebnll ,e Ecisgetu aeadl lomR, eeognrgltaeám,n eidcnaet  oy l adfu enlA Scbieoorngvaaiclcmiíoae  JnuGteríe,d nliaceosra  sdl iegdlu Eeiels ntaEtedssot a:udnoid-Daidreecsc, icóonn  dlaesl   OE-A-2020-35able en https://
a)  La Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.
b)  Las Abogacías del Estado en la Administración periférica del Estado.
c)  Dependerán, asimismo, orgánica y funcionalmente, de la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado los Abogados del Estado adscritos, en 
la forma prevista en la disposición adicional quinta, al Servicio Jurídico de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y las Abogacías del Estado que existen en los 
distintos organismos y entidades públicos.
5.  Para  la  representación  y  defensa  del  Reino  de  España  ante  los  órganos 
jurisdiccionales de la Unión Europea, los Abogados del Estado serán nombrados como 
agentes por la persona titular del Ministerio de Justicia, a propuesta de la persona titular 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Los Abogados del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros 
órganos  internacionales  competentes  en  materia  de  salvaguarda  de  los  derechos 
humanos  tendrán  el  carácter  de  Agentes  del  Reino  de  España,  a  los  efectos  del 
Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos  y  Libertades  Fundamentales  y  serán 
nombrados por real decreto a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación y de Justicia.
6.  La organización antes descrita no será óbice para que, mediante la aprobación 
de  la  correspondiente  relación  de  puestos  de  trabajo,  puedan  configurarse 
departamentos por órdenes jurisdiccionales y/o por materias, dependientes orgánica y 
funcionalmente de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado, que asuman la llevanza de algunos de los procesos y/o el ejercicio de algunas 
de las funciones consultivas atribuidas al Servicio Jurídico del Estado.
Su organización, incardinación y funciones se concretarán en cada caso por el titular 
de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado en la 
iniciativa para la modificación de la relación de puestos de trabajo presentada al órgano 
competente para su propuesta o aprobación.
Disposición adicional primera.  Supresión de órganos y unidades.
Quedan suprimidas:
a)  La Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el 
Ministerio Fiscal.
b)  La Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración 
de Justicia.
c)  La Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia.
d)  La  Subdirección  General  de  Organización  y  Coordinación  Territorial  de  la 
Administración de Justicia.
e)  La Subdirección General de Programación de la Modernización.
f)  La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia.
g)  La Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad 
Judicial.
h)  La Subdirección General para los Asuntos de Justicia en la Unión Europea y 
Organismos Internacionales.
i)  La Subdirección General de Contratación, Servicios y Oficialía Mayor.
j)  La División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Disposición adicional segunda.  Referencias a órganos suprimidos. oe.
Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a los órganos que se  13ww
sauspurmimeenn s upso rc eosmtep erteeanl cdiaesc rpeotor  esset ae nmteisnmdear náonr rmeaa.lizadas a los que se crean, sustituyen o
GenEenra pl adreti clousla Rr, elagsis rterofesr eyn dceial sN qoutaer isaed oh,a ccoemn oe nó regl aonrod esnuapmrimienidtoo  jpuorírd eicl oa rat íclau lDoi r2e.c2c idóenl 
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales, y a la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos, suprimida, a su vez, por el artículo 2.2 del Real Decreto 595/2018, de 22 de 
junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos 
Ministeriales, se entenderán realizadas a la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública. Como consecuencia, las referencias que se hacen en el ordenamiento 
jurídico a las personas titulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
y de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, se entenderán referidas a la 
persona titular de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Disposición adicional tercera.  Delegación de competencias.
1.  Las  delegaciones  de  competencias  otorgadas  por  los  distintos  órganos 
superiores  y  directivos  afectados  por  este  real  decreto,  así  como  por  el  Real 
Decreto  2/2020,  de  12  de  enero,  por  el  que  se  reestructuran  los  departamentos 
ministeriales,  el  Real  Decreto  10/2020,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  crean 
Subsecretarías en los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales,  continuarán  siendo  válidas  y  eficaces  hasta  que  sean  expresamente 
revocadas o nuevamente otorgadas.
2.  Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud 
del apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno 
de  los  reales  decretos  citados,  las  referidas  delegaciones  se  entenderán  válidas  y 
eficaces  en  favor  de  los  órganos  en  cuyo  ámbito  de  actuación  se  encuadre  la 
correspondiente competencia o función.
Disposición adicional cuarta.  Suplencia de los titulares de los órganos superiores y 
directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano superior o 
directivo, así como en los supuestos de abstención o recusación, corresponderá la 
suplencia a los titulares de los órganos inmediatamente subordinados, por el orden en 
que aparecen citados en la estructura establecida en el presente real decreto, salvo que 
el superior jerárquico inmediato del que dependa dicho órgano establezca otro orden de 
sustitución.
En el caso de que se trate de órganos directivos que no tengan otros subordinados a 
ellos,  la  suplencia,  en  los  mismos  supuestos  referidos  en  el  apartado  anterior, 
corresponderá, en caso de que existan, a las personas que ocupen el puesto de adjunto 
de dichos órganos, y, en caso contrario, a los titulares de los órganos que dependan del 
mismo  órgano  inmediato  superior  jerárquico  común,  por  el  orden  en  que  aquellos 
aparecen citados en la estructura establecida en el presente real decreto, salvo que el 
superior jerárquico inmediato común del que dependan dichos órganos establezca otro 
orden de sustitución.
Disposición adicional quinta.  Adscripción de Abogados del Estado al Servicio Jurídico 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
1.  La aprobación y la modificación de la estructura y condiciones de los puestos del 
Servicio  Jurídico  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  que  deban  ser 
desempeñados  por  Abogados  del  Estado  requerirá  el  previo  informe  favorable  y  s
vinculante de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. oe.
2.  La adscripción de los Abogados del Estado al Servicio Jurídico de la Agencia  w.
Estatal de Administración Tributaria, o la finalización de esta, se realizará por el Abogado  13ww
vGinecnuelraanl tdee dl eEl sDtairdeoct-oDri rGecetnoer rdael dl eS elar vAicgioe nJcuiarí dEisctoa tdael ld Ee sAtaddmoi,n ipsrteravcioió inn fTorrimbuet afraiavo.rable y
3.  La potestad disciplinaria sobre los Abogados del Estado adscritos al Servicio 
Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria corresponderá al Ministerio de 
Justicia.
El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá proponer 
la incoación de expediente disciplinario de aquellos Abogados del Estado adscritos a su 
Servicio Jurídico que incurran en falta disciplinaria.
En todo caso, en los expedientes disciplinarios que se incoen por el Ministerio de 
Justicia a los Abogados del Estado adscritos al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria se oirá al Director General de la Agencia.
Disposición adicional sexta.  Consolidación de las unidades TIC.
En el ejercicio de las funciones de implementación y desarrollo de la política en 
materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito sectorial 
del Ministerio, la División de Tecnologías y Servicios Públicos Digitales promoverá, en 
colaboración con las unidades competentes del Ministerio y de sus organismos adscritos, 
la  consolidación  de  los  recursos  humanos,  económico-presupuestarios,  técnicos  y 
materiales vinculados.
Atendiendo  a  su  régimen  competencial  singular  mantendrán  su  dependencia 
orgánica actual y los correspondientes recursos, las unidades TIC de la Administración 
de Justicia, a través de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio 
Público de Justicia.
Igualmente,  con  independencia  de  las  funciones  atribuidas  a  la  División  de 
Tecnologías y Servicios Públicos Digitales, mantendrán su dependencia orgánica actual 
y los correspondientes recursos las unidades TIC integradas en la relación de puestos de 
trabajo de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Disposición transitoria única.  Distribución de unidades y puestos adscritos a servicios 
comunes.
Por  resolución  conjunta  de  las  Subsecretarías  de  Justicia  y  de  Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se arbitrarán las medidas precisas 
para distribuir, con arreglo a los criterios de proporcionalidad que resulten de aplicación, 
las unidades y puestos de trabajo inferiores a subdirección general adscritos a los 
órganos de los servicios comunes.
Hasta tanto no se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, 
subsistirán las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección 
general existentes a la entrada en vigor del presente real decreto.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 1044/2018, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y 
se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales.
Disposición final primera.  Modificación del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, 
aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio. e.e
Se modifica el subapartado e) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento del  13ww
qSueervdiaciroá  Jreudríadcictaod doe cl oEmstoa dsoig,u aep:robado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, que
«e)  Subdirección  General  de  Coordinación,  Auditoría  y  de  Gestión  del
Conocimiento, a la que corresponde la coordinación de las relaciones entre las  Bc
Abogacías del Estado que desempeñen funciones consultivas y las Abogacías del 
Estado que desempeñen funciones contenciosas; la dirección y coordinación de 
las relaciones con las entidades a las que el Servicio Jurídico del Estado preste 
asistencia jurídica en  virtud  de convenio;  la dirección, coordinación y gestión 
económica de las costas procesales a favor del Estado, así como las demás 
funciones  de  coordinación  que  el  titular  de  la  Abogacía  General  del  Estado-
Dirección  del  Servicio  Jurídico  del  Estado  le  encomiende,  y  la  función  de 
inspección  o  auditoría  de  la  Abogacía  General  del  Estado  y  sus  unidades  y 
Abogados del Estado dependientes.»
Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Justicia para que adopte las medidas 
que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Órganos colegiados de alcance puramente ministerial.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22, apartado 2, in fine, y apartado 3, de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, se autoriza a la persona titular del Ministerio de Justicia 
para modificar o suprimir los órganos colegiados, grupos y comisiones de trabajo del 
Departamento, cuya composición y funciones sean de alcance puramente ministerial, 
aunque su creación o regulación vigente se haya efectuado mediante real decreto o 
acuerdo de Consejo de Ministros.
Disposición final cuarta.  Modificaciones presupuestarias.
El Ministerio de Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias que sean 
precisas para dar cumplimiento a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 10 de marzo de 2020.
FELIPE R.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública,
CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN