BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33 Viernes 7 de febrero de 2020 Sec. I.   Pág. 12104
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
1849 Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Los presupuestos requieren para su completa aplicación la adopción de diferentes 
medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo, que, por 
su  naturaleza,  deben  adoptar  rango  de  ley  y  que,  como  precisó  el  Tribunal 
Constitucional, no deben integrarse en las leyes anuales de presupuestos generales, 
sino en leyes específicas.
El  debate  doctrinal  acerca  de  la  naturaleza  de  las  llamadas  leyes  de 
acompañamiento ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, que configuró este tipo 
de normas como leyes ordinarias cuyo contenido está plenamente amparado por la 
libertad de configuración normativa de que goza el legislador y que permiten una mejor y 
más  eficaz  ejecución  del  programa  del  Gobierno  en  los  distintos  ámbitos  en  que 
desarrolla su acción.
Desde esta perspectiva, teniendo presente la actividad que desarrolla la Comunidad 
Autónoma de Galicia, cuyos objetivos se explicitan en la Ley de presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma para el año 2020, y con objeto de contribuir a una mayor 
eficacia y eficiencia de los mismos, la presente ley contiene un conjunto de medidas 
referidas a diferentes áreas de actividad que, con vocación de permanencia en el tiempo, 
contribuyan  a  la  consecución  de  determinados  objetivos  de  orientación  plurianual 
perseguidos por la Comunidad Autónoma a través de la ejecución presupuestaria.
Este es el fin de una norma cuyo contenido esencial lo constituyen las medidas de 
naturaleza  tributaria,  aunque  se  incorporan  otras  de  carácter  y  organización 
administrativos.
II
La estructura de la ley se divide en dos títulos: el primero dedicado a las medidas 
fiscales y el segundo, a las de carácter administrativo.
El título I, relativo a las medidas fiscales, está dividido en dos capítulos.
El capítulo I introduce medidas en materia de tributos cedidos. Así, en lo que atañe al 
impuesto sobre la renta de las personas físicas se introducen modificaciones puntuales 
en determinadas deducciones por inversión con el fin de suprimir el límite máximo de 
participación en la sociedad en los supuestos de sociedades laborales o cooperativas 
compuestas  únicamente  por  dos  personas  socias.  Además,  se  prevén  dos  nuevas 
deducciones en la cuota íntegra autonómica con la finalidad, por una parte, de permitir la 
deducción de las cantidades invertidas para mejorar la calificación energética en edificios 
de  viviendas  o  en  viviendas  unifamiliares,  y,  por  otra  parte,  de  que  las  ayudas  o 
subvenciones recibidas por los deportistas reconocidos como de alto nivel de Galicia no 
se vean aminoradas por su tributación, impulsando de ese modo el deporte de alto nivel  e.
en Galicia. w.b
En  relación  con  el  impuesto  sobre  sucesiones  y  donaciones,  se  incrementa  la  49ww
reend u2c0c1i6ó,n d peo lro gpraarre mntaenstceon edre íl ngterugproo  eIlI ,p caotrnim loon iqou efa mseil iasri gyu ela  ecna plaac isdeandd eac, oynaó miniiccaia ddae 
dlae  fabmieinliae.s  Ayd edmeáresc, hsoes  inatrfoedctuocse na  muondaif icaacctiivoindeasd  eenc olansó mreidcau ccyi odnee s ppaortri claip aacdioqnueissic ióenn 
entidades  con  la  finalidad  de  continuar  en  la  senda  de  favorecer  a  las  empresas
familiares  que  permanecen  dentro  del  ámbito  familiar  generación  tras  generación, 
reforzando la apuesta por el desarrollo del tejido empresarial de origen familiar.
Por  último,  en  el  impuesto  sobre  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos 
documentados  se  incorpora  la  regulación  del  tipo  de  gravamen  aplicable  en  la 
adquisición de viviendas en las parroquias que tengan la consideración de zonas poco 
pobladas o áreas rurales, con el objetivo de fomentar la adquisición de vivienda en estas 
zonas y de promover el asentamiento con carácter permanente, con los consiguientes 
beneficios que ello supone para el entorno.
El capítulo II, relativo a los tributos propios, está integrado por tres preceptos.
En el primero de ellos, sobre tasas, por una parte se prevé la elevación de los tipos 
de las tasas de cuantía fija y, por otra, se introducen diversas modificaciones en la 
Ley  6/2003,  de  9  de  diciembre,  de  tasas,  precios  y  exacciones  reguladoras  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia, consistentes tanto en la creación de nuevas tasas 
como en la modificación de algunas vigentes.
El siguiente precepto introduce modificaciones en la regulación del canon del agua y 
del coeficiente de vertido que estriban, esencialmente, en el establecimiento de un 
sistema tarifario que evite las disfunciones advertidas, en la práctica, en la modalidad de 
carga contaminante. Así, con el nuevo régimen, en la modalidad de carga contaminante 
será aplicable un tipo de gravamen general, que se aplicará sobre el volumen de agua 
usado o consumido, y un tipo de gravamen especial determinado en función de la carga 
contaminante. Junto a las modificaciones derivadas de este nuevo régimen, también se 
incorporan medidas tendentes a facilitar el cobro de los importes de canon del agua junto 
con  el  resto  de  los  conceptos  contenidos  en  la  factura  del  agua  y  se  introducen 
previsiones relacionadas con el empleo de medios electrónicos.
En el último precepto del capítulo II se introduce una modificación en la regulación 
del  impuesto  sobre  el  daño  medioambiental  causado  por  determinados  usos  y 
aprovechamiento del agua embalsada con el fin de arbitrar un sistema que simplifique la 
gestión. Así, en aquellos supuestos en que no coincida el contribuyente con el titular de 
la concesión y los usuarios de la toma de agua sean una pluralidad de personas se 
prevé que el titular de la concesión sea sujeto pasivo sustituto del contribuyente con la 
posibilidad de exigir la deuda tributaria de los contribuyentes, de forma que se mantenga 
la debida correspondencia con el principio «quien contamina, paga», recayendo la carga 
tributaria en aquel que puede adoptar las medidas conducentes a la reducción del daño 
medioambiental o que se beneficia del referido daño medioambiental. Se produce así 
una correcta atribución de la carga tributaria en el productor del daño al medio ambiente 
cumpliendo  la  finalidad  extrafiscal  e  interiorizando  el  coste  que  el  contribuyente 
externaliza a la sociedad.
El título II, relativo a las medidas administrativas, está dividido en catorce capítulos.
El capítulo I aborda medidas en materia de empleo público. Por una parte, se 
introducen modificaciones en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, con la finalidad fundamental de crear varias escalas y especialidades de los 
cuerpos  y  de  la  agrupación  profesional  del  personal  funcionario  de  administración 
general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  así  como  de  los  cuerpos  de 
administración especial.
Por otra parte, se modifica la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consejo de Cuentas de 
Galicia, para introducir en ella una nueva disposición transitoria que regule un sistema 
transitorio de progresión en la carrera administrativa que resulte de aplicación al personal 
funcionario que preste servicios en el Consejo de Cuentas de Galicia, que siga la línea  s
de lo previsto en el número 4 de la disposición transitoria octava de la Ley 2/2015, de 29  oe.
de abril, del empleo público de Galicia. w.
En el capítulo II se introducen modificaciones en los artículos del texto refundido de  49ww
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Autónoma, con la finalidad fundamental de su adaptación a la regulación del sector
público autonómico contenida en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y 
funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.
El capítulo III introduce, en primer lugar, una modificación de la Ley 1/1995, de 2 de 
enero, de protección ambiental de Galicia. Entre las medidas que ya se han incorporado 
en la Administración autonómica dirigidas a la racionalización de procedimientos, hay 
que  añadir  la  ampliación  del  plazo  de  vigencia,  de  cuatro  a  seis  años,  de  las 
declaraciones  de  impacto  ambiental.  Esta  ampliación  se  implementa  con  objeto  de 
conseguir los objetivos de la evaluación del impacto ordinaria, al mismo tiempo que se 
garantice la adecuada prevención y, en su caso, corrección de los impactos derivados 
del análisis técnico de los expedientes, sin el freno que puede suponer la realización de 
una nueva evaluación que no derive en un resultado diferente del finalizado en primer 
término y que supondría un obstáculo en la tramitación de los expedientes y, por tanto, 
en las iniciativas de los distintos sectores productivos gallegos. Además, la Ley 9/2018, 
de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, de ámbito estatal, ha conseguido una regulación más eficaz del 
proceso de evaluación de impacto ambiental, adaptando las diversas etapas de que 
consta este proceso a los principios comunitarios de «mejor legislación» y de reducción 
de cargas administrativas para los ciudadanos, garantizando la mejora de la protección 
del  medio  ambiente  y  de  la  salud  humana  y  velando  por  el  mantenimiento  de  la 
diversidad  de  especies  y  la  conservación  de  la  capacidad  de  reproducción  del 
ecosistema como recurso fundamental de la vida y el aumento de la eficiencia en el uso 
de los recursos naturales, mediante un sistema de toma de decisiones sobre inversiones, 
tanto públicas como privadas, más previsible y sostenible a largo plazo. Esta regulación 
supone un refuerzo de las evaluaciones de impacto ambiental, prestando más atención a 
determinadas  áreas,  como  la  eficiencia  de  los  recursos,  el  cambio  climático  y  la 
prevención de riesgos, que ahora se reflejan mejor en el proceso de evaluación. Esta 
circunstancia posibilita la ampliación del plazo de vigencia de las declaraciones de 
impacto ambiental, de modo que se pueda lograr el desarrollo productivo y económico de 
la Comunidad Autónoma conjunta y paralelamente con la garantía de la preservación del 
medio ambiente.
El  capítulo  III  también  recoge  otras  medidas  en  materia  de  medio  ambiente  y 
territorio. Así, de una parte, se modifica puntualmente la Ley 7/2008, de 7 de julio, de 
protección del paisaje de Galicia, con el fin de ampliar el ámbito de actuación de los 
planes de acción del paisaje.
Por otra parte, para favorecer la práctica de la caza sobre el jabalí e incrementar la 
efectividad en el control de sus poblaciones, se modifica la Ley 13/2013, de 23 de 
diciembre,  de  caza  de  Galicia,  para  permitir  la  caza  de  esta  especie  mediante 
modalidades que comúnmente se utilizan para la caza menor y que contribuyan a 
aumentar la efectividad del aprovechamiento cinegético de esta especie.
Se modifican la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, y sus desarrollos, 
con las siguientes finalidades: a) hacer extensible al suelo urbano no consolidado y al 
suelo urbanizable la posibilidad de cumplir el deber de cesión mediante la sustitución de 
la entrega de suelo por su valor en metálico; b) definir el suelo rústico de protección de 
espacios naturales teniendo en cuenta la regulación contenida en la reciente Ley 5/2019, 
de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia; c) realizar ajustes 
puntuales en la regulación de las condiciones generales de las edificaciones en el suelo 
rústico con el fin de evitar dudas en la interpretación y aplicación de la ley y de su 
reglamento de desarrollo; d) recuperar y poner en valor las edificaciones tradicionales  s
existentes en cualquier categoría de suelo rústico y en el suelo de núcleo rural; e)  oe.
clarificar la regulación de la tramitación de los expedientes de delimitación del suelo de  w.
núcleo rural; f) reforzar la seguridad jurídica y dotar de mayor estabilidad el tráfico  49ww
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como aquellas para las cuales ya hayan transcurrido los plazos para la adopción de 
medidas de restauración de la legalidad urbanística; y g) garantizar la seguridad jurídica 
aclarando determinadas previsiones del régimen transitorio de la ley y de uno de sus 
decretos de desarrollo.
En la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación 
urbanas de Galicia, se introducen modificaciones puntuales dirigidas sustancialmente a 
corregir errores u omisiones puestos de manifiesto en la aplicación de dicha ley.
Por último, el capítulo III aborda la modificación puntual de la Ley 5/2019, de 2 de 
agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, con la finalidad, siguiendo 
la línea de otras leyes autonómicas y estatales, de prever un plazo de prescripción de la 
obligación de reparar el daño causado de quince años desde que la Administración 
hubiese  dictado  el  acto  que  acuerde  su  imposición,  lo  que  deberá  entenderse  sin 
perjuicio de la aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad 
medioambiental, para la reparación de los daños medioambientales regulados en ella.
El capítulo IV recoge medidas en materia de medio rural que afectan a tres textos 
legales.
Por una parte, se modifica la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa 
contra los incendios forestales de Galicia, con la finalidad de incidir en la cooperación y 
colaboración entre administraciones contra los incendios forestales, como servicio de 
interés general, y establecer a nivel legal un sistema público de gestión de la biomasa 
que  garantice  la  más  eficaz  y  eficiente  actuación  de  las  administraciones  públicas 
competentes en la materia de prevención de incendios forestales, de cara a proteger la 
seguridad de las personas y de los bienes.
Por otra parte, es objeto de modificación la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de 
movilidad de tierras, para completar el listado de definiciones y, especialmente, para 
introducir un nuevo artículo relativo al fomento de la movilización de tierras a través del 
programa de aldeas modelo, diseñado como un sistema para recuperar y poner en valor 
las tierras circundantes a núcleos de población, incluyendo total o parcialmente sus fajas 
secundarias  de  protección  de  biomasa,  con  la  finalidad  de  recuperar  la  capacidad 
agronómica del perímetro del proyecto, su rehabilitación y recuperación arquitectónica y 
urbanística y la promoción del empleo y la dinamización socioeconómica.
Se introduce una nueva disposición adicional en la Ley 4/2015, de 17 de junio, de 
mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, con el fin de ampliar el plazo de 
vigencia de la declaración de impacto ambiental de los proyectos de concentración 
parcelaria,  teniendo en  cuenta  la  especificidad de  los procesos de reestructuración 
parcelaria que abordan las deficiencias estructurales de las explotaciones agrarias en la 
búsqueda de su viabilidad técnico-económica, los cuales resultan, no obstante, dilatados 
temporalmente dada su complejidad procedimental, que en Galicia, si cabe, se vuelve 
aún más complejo al acusarse una alta fragmentación de la propiedad, que dificulta 
notablemente el avance en dichos procesos de mejora de la estructura territorial.
En el capítulo V se modifica la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de 
personas en vehículos de turismo de Galicia, con la finalidad fundamental de regular los 
supuestos en que las tarifas de los servicios de taxi tendrán el carácter de máximas y de 
prever el régimen aplicable en tales casos con el fin de dotar de mayor flexibilidad el 
ejercicio de la actividad al tiempo que queden garantizados los derechos de las personas 
usuarias. Además, se introducen modificaciones puntuales respecto a los requisitos 
exigibles a las personas conductoras, con el fin de incluir el régimen de autónomo 
colaborador, y a la capacidad de los vehículos, con el objetivo de avanzar hacia la  s
universalización del servicio de taxi y su prestación de manera no discriminatoria. Del  oe.
mismo  modo,  se  aborda  una  previsión  en  línea  con  la  reciente  modificación  del  w.
artículo 107.3 del Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres,  49ww
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vuenhaí ccuolnotsra dtaec itóunri spmreov iam peodria pnatert ea drree nladsa mpeiersnoton adse u vseuhaírciauslo, sp ocro lno  qcuoen dsuec thoarc ree nqeucieersea rdioe   BOE-A-cable e
fijar legalmente la antelación mínima que debe darse entre la contratación previa del 
servicio y su prestación material por parte de la empresa, con el fin, precisamente, de 
garantizar que dicha contratación es anterior a esta última, y regular también la forma en 
que debe dejarse constancia de la contratación de los servicios y, concretamente, del 
intervalo  temporal  transcurrido  entre  la  contratación  y  la  prestación  del  servicio; 
constancia que resulta esencial para el necesario seguimiento de su cumplimiento.
En el mismo capítulo V se recogen modificaciones de la Ley 8/2013, de 28 de junio, 
de carreteras de Galicia. Así, en materia de estudios y proyectos y de obras, se trata de 
simplificar y acortar los trámites necesarios para la definición y materialización de los 
proyectos promovidos por las administraciones competentes en materia de carreteras y 
también de clarificar que el régimen derivado de la declaración de interés general, de la 
utilidad pública y de la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los 
derechos necesarios para la ejecución de las obras promovidas por la administración 
titular de la carretera se extiende también a las reposiciones de servicios afectados por la 
ejecución de las obras. Y, por otra parte, en materia de intervención administrativa en las 
zonas de protección del dominio público viario, se introduce un régimen de declaración 
responsable  para  determinadas  obras  con  el  fin  de  introducir  criterios  de  agilidad, 
simplicidad y eficacia que, sin menoscabo de la regulación de los usos que afectan al 
demanio viario, permitan compatibilizar la necesaria supervisión administrativa con la 
simplificación de trámites y plazos para un grupo de actuaciones.
En el capítulo VI se recogen modificaciones puntuales de la Ley 6/2017, de 12 de 
diciembre, de puertos de Galicia, con la finalidad fundamental de corregir errores e 
imprecisiones de redacción, así como de completar el régimen aplicable a las solicitudes 
de autorizaciones temporales de uso de puestos de amarre.
El capítulo VII, en materia de política  social,  contiene modificaciones de varias 
disposiciones normativas.
Por una parte, en la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, 
se introducen previsiones destinadas a precisar el régimen de responsabilidades y a 
regular  cuestiones  relativas  al  procedimiento  y  a  la  competencia  en  materia 
sancionadora, así como a incluir la posibilidad de imposición de multas coercitivas. 
Además, atendiendo a razones de impulso demográfico y de conciliación, así como de 
apoyo a las familias gallegas, se incorpora a dicha ley una nueva disposición adicional 
sobre actuaciones para conseguir la gratuidad de la atención educativa en las escuelas 
infantiles de 0-3 años para segundos hijos o hijas y sucesivos.
Por otra parte, se modifica la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social 
de Galicia, con la finalidad de que, en el caso de acceso a una actividad laboral, el 
importe del tramo de transición al empleo sea, como mínimo, del 25 % del IPREM, así 
como con el objetivo de aclarar la redacción de la ley en lo que atañe a la suscripción del 
convenio  de  inclusión  sociolaboral  y  a  la  elaboración  del  itinerario  de  inserción 
sociolaboral.
Por último, se introducen modificaciones puntuales en normas reglamentarias al 
concurrir razones de urgencia que demandan su adopción inmediata por la presente ley, 
sin perjuicio de lo indicado en la disposición final primera respecto de las ulteriores 
modificaciones que se efectúen de dichas normas reglamentarias. Así:
a)  En el Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la 
elaboración del Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de  e.
los órganos técnicos competentes, se posibilita facilitar el acceso a una prestación  w.b
inmediata del sistema sin excluir la posterior incorporación a un recurso público y se  49ww
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realizan, en primer lugar, las adaptaciones necesarias para la tramitación electrónica de
los procedimientos, y, en segundo lugar, se trata de ceñir el ámbito de supervisión de los 
informes técnicos que se emitan en los procedimientos de autorización de los centros y 
programas de servicios sociales a la verificación del cumplimiento de los requisitos 
específicos exigidos por la normativa de aplicación según la tipología del centro o 
programa de que se trate.
c)  En el Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de 
servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las 
personas en situación de dependencia y se determina el sistema de participación de las 
personas  usuarias  en  la  financiación  de  su  coste,  por  una  parte,  se  acomoda  la 
normativa autonómica en materia de teleasistencia a lo establecido en la Resolución 
de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia,  sobre  determinación  del 
contenido del servicio de teleasistencia básica y avanzada, y, por otra parte, se facilita 
que la atención a las personas en situación de dependencia moderada (grado I) pueda 
proporcionarse a través de un recurso residencial, ya sea en una residencia, un hogar 
residencial o una vivienda comunitaria.
d)  En el Decreto 14/2019, de 31 de enero, de desarrollo de la Ley 10/2013, de 27 
de noviembre, de inclusión social de Galicia, en lo relativo a la tramitación de la renta de 
inclusión  social  de  Galicia  y  de  las  ayudas  de  inclusión  social,  se  introducen  las 
adaptaciones necesarias para acomodar la norma al nuevo régimen derivado de las 
modificaciones introducidas en la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de forma que quede 
garantizada su inmediata efectividad.
En el capítulo VIII se incluyen medidas en materia de economía y empleo. Se recoge 
en él la modificación de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, 
con el fin de adaptar el régimen de convocatorias de la asamblea general al empleo de 
medios  electrónicos  y  de  permitir  que  una  cooperativa  de  trabajo  asociado  pueda 
contratar  personas  en  riesgo  de  exclusión,  favoreciendo  así  su  paulatina  inserción 
sociolaboral.
En la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior de Galicia, se amplían 
los sujetos que pueden solicitar la autorización comercial autonómica en el caso de 
establecimientos  comerciales  de  carácter  individual,  facilitando  así  el  acceso  a  la 
actividad comercial.
También es objeto de modificación en este capítulo la Ley 2/2012, de 28 de marzo, 
gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias, con la finalidad 
de adecuar dicha ley a lo previsto en la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia  de  consumo,  y  en  su  norma  de  transposición  al  ordenamiento  interno,  la 
Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
Por último, el capítulo aborda la modificación de la Ley 5/2013, de 30 de mayo, de 
fomento de la investigación y de la innovación de Galicia, con la finalidad de flexibilizar la 
estructura y la organización del Plan Gallego de I+D+i, facilitando su articulación con 
otros planes o estrategias que incidan en la misma temática, permitiendo incluso, cuando 
sea  posible,  que  un  mismo  documento  responda  a  las  distintas  necesidades  de 
planificación de la I+D+i.
El capítulo IX contempla medidas en materia de cultura y turismo con dos objetivos 
fundamentales. Por una parte, una mejor ordenación de la señalización de los Caminos 
de Santiago y, por otra, para el establecimiento de una regulación de las viviendas de  e.
uso  turístico  acorde  y  coherente  con  el  modelo  turístico  de  excelencia,  calidad,  w.b
sostenibilidad y de garantía de los derechos de las personas usuarias turísticas previsto  49ww
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Así, es necesario velar por una prestación de servicios turísticos que garantice la 
adecuada protección de los derechos de las personas usuarias de dichos servicios, en 
los términos de los artículos 11 y siguientes de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, y que 
evite errores y confusiones respecto de los servicios amparados por la normativa turística 
que atenten contra tales derechos y contra la buena fe en las transacciones comerciales. 
Además, la búsqueda de un desarrollo turístico sostenible, la búsqueda de la excelencia 
y de la calidad turísticas y el desarrollo de los valores propios de la cultura y de la 
identidad gallegas a través del turismo constituyen objetivos de política social y cultural 
que, junto con la protección del entorno urbano, demandan medidas tendentes a evitar 
un  modelo  turístico  desordenado  que  pueda  afectar  a  su  sostenibilidad  y  a  la 
convivencia, en contraposición al mandato establecido en el artículo 20 de dicha ley de 
una ordenación racional, equilibrada y sostenible de los recursos turísticos, y que no 
responda a los objetivos mencionados. Concurren, pues, varias razones imperiosas de 
interés general que justifican la modificación de la regulación sobre las viviendas de uso 
turístico contenida en el artículo 65 bis de aquel texto legal.
En este sentido, procede destacar que la competencia autonómica en materia de 
ordenación del turismo exige definir los distintos tipos de establecimientos y alojamientos 
turísticos y establecer los requisitos para cada uno de ellos. Sobre esta base, en relación 
con las viviendas de uso turístico, se aclara que sólo tendrán esa condición aquellas que 
sean objeto de cesión con una finalidad turística, entendiendo que tal finalidad existe 
cuando  la  cesión  se  realice  de  manera  reiterada  y  a  cambio  de  contraprestación 
económica, para una estancia de corta duración, manteniendo el concepto de estancia 
de corta duración ya recogido en la redacción anterior del precepto e incorporando en el 
texto legal lo que ha de entenderse por reiteración.
En  la  búsqueda  de  la  atención  a  las  razones  imperiosas  de  interés  general 
apuntadas, las viviendas de uso turístico así definidas, igual que las viviendas turísticas, 
deberán cederse en su totalidad a las personas usuarias turísticas y deberán estar 
debidamente equipadas. Hay que advertir que la cesión por estancias es propia de otros 
tipos de establecimientos de alojamiento turístico previstos en la Ley 7/2011, de 27 de 
octubre (como las pensiones), todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que la cesión 
por estancias de una vivienda pueda desarrollarse, aunque como actividad no turística, 
con sujeción a la normativa que, según las circunstancias, resulte aplicable, que ya no 
será la normativa en materia de turismo. Precisamente porque en tales casos no se 
estará ante alojamientos turísticos ni ante la prestación de servicios turísticos amparados 
por la normativa sectorial en materia de turismo, y en garantía y protección de los 
derechos de las usuarias y usuarios turísticos, estas cesiones no podrán promocionarse, 
comercializarse ni publicitarse en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de 
comercialización, promoción o publicidad como servicios o actividades turísticas o de tal 
forma  que  creen  confusión  con  estos  servicios  o  actividades.  A  estos  efectos,  se 
establece expresamente que se crea confusión cuando se utilicen canales de oferta 
turística sin advertencia expresa de que el alojamiento no tiene la consideración de un 
servicio o actividad turística ni, por tanto, está regulado por la normativa sectorial en 
materia de turismo ni amparado por la Administración turística.
Por lo demás, se mantiene la previsión de posible comercialización de las viviendas 
de uso turístico tanto por las empresas turísticas como por las personas propietarias y se 
añaden dos medidas. Por un lado, se imponen la obligación de suministro periódico de 
información sobre los datos de ocupación de las viviendas de uso turístico, al ser los 
únicos alojamientos turísticos previstos en la Ley 7/2011, de 27 de octubre, respecto de  s
los cuales la Administración no dispone de tales datos, que son necesarios para el  oe.
cumplimiento  de  sus  funciones,  esencialmente  las  relacionadas  con  el  diseño  de  w.
políticas y medidas en materia turística en la búsqueda de una ordenación racional,  49ww
ceoqnu ielibl rdaedsaa ryro slloos dteen liab llea bdoer  ilnossp reecctuorrsao.s turísticos, con la formulación de estadísticas o
promPoocr ióontr od ela dviov,i esned aims pdoen eu sloa  toubrílisgtaiccoió qnu dee s eq uree aelinc et,o dpao r pcuubalilcqiduaiedr  om eadcitou aoc iócann dael,   BOE-A-cable e
deberá figurar el código de inscripción correspondiente en el Registro de Empresas y 
Actividades Turísticas de la Comunidad Autónoma de Galicia o, de no disponer de él, el 
código acreditativo de la presentación de la declaración responsable que facilite la 
Administración. Todo ello, como medida adecuada y proporcional en la búsqueda de la 
garantía y protección de las personas usuarias turísticas, que de este modo tendrán 
conocimiento  de  que  se  trata  de  servicios  turísticos  desarrollados  al  amparo  del 
correspondiente título habilitante, al tiempo que como medida que facilite el control.
La regulación responde así a los principios de necesidad y de proporcionalidad, 
imponiendo  los  requisitos  necesarios  para  garantizar  la  prestación  de  servicios  de 
alojamiento turístico desde unos mínimos tendentes a proteger los legítimos derechos de 
las personas usuarias de los servicios turísticos y las restantes razones de interés 
general antes apuntadas.
En el capítulo X se recoge una previsión dirigida a garantizar la continuidad de la 
prestación  de  los  servicios  de  transporte  escolar  ante  la  eventualidad  de  que,  al 
vencimiento de los contratos existentes, no esté formalizado el nuevo contrato que 
garantice la continuidad de la prestación, a consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos  imprevisibles  para  el  órgano  de  contratación  producidas  en  el 
procedimiento de adjudicación. Además, se incluye en dicho capítulo una modificación 
de la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia, con el fin de 
recoger la prórroga de un plan de financiación hasta la aprobación y comienzo de efectos 
de un nuevo plan, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de las universidades 
del Sistema Universitario de Galicia y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de ellas.
En el capítulo XI se modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Por 
una parte, para reforzar la estabilidad de la actividad docente a través de la garantía de 
que determinados puestos sean cubiertos por profesionales sanitarios que cuenten con 
la  acreditación  de  tutor,  imprescindible  para  el  ejercicio  de  la  actividad  docente, 
asegurando que los centros docentes acreditados cuenten con los tutores suficientes 
para garantizar la formación de los residentes. Por otra parte, para introducir en ella una 
nueva disposición adicional reguladora de un Sistema integrado de información de la 
investigación clínica del Sistema Público de Salud de Galicia, que dé cobertura a todos 
los centros que lo componen para aprovechar al máximo las sinergias en investigación 
clínica y atraer terapias innovadoras en fases tempranas de desarrollo, y respecto de la 
cual se adoptarán un conjunto de medidas organizativas, tecnológicas y de seguridad 
dentro del Sistema Público de Salud de Galicia. Asimismo, se incorporan determinados 
aspectos organizativos exigidos por la normativa de protección de datos en el ámbito de 
la investigación con datos de salud, de conformidad con el Reglamento general de 
protección de datos y con la normativa estatal en materia de protección de datos.
En el capítulo XI se modifican también los parámetros bacteriológicos referidos a los 
objetivos de calidad de las aguas de las rías de Galicia, recogidos en la tabla primera del 
anexo II de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, con el fin de que 
sean coherentes con lo previsto en el anexo I del Real decreto 1341/2007, de 11 de 
octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, norma que viene a 
incorporar  al  ordenamiento  jurídico  español  las  previsiones  contenidas  en  la 
Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 
relativa  a  la  gestión  de  la  calidad  de  las  aguas  de  baño.  De  este  modo,  quedan 
establecidos unos valores comparables con independencia de la normativa que se trate 
de aplicar. s
En el capítulo XII se introduce una medida en materia de protección civil dirigida a  oe.
posibilitar la acreditación excepcional del nivel básico de conocimientos mediante la  w.
justificación de la posesión de los conocimientos y de la formación necesarios que  49ww
pcievrilm ait aqnu ee lp ceortrerencetzoc adne,s ahrarboillliota dned ola, sd aadcotiv eidl acdaerásc dteern ttéroc ndieco l ad ea glaru mpaacteiórnia ,d ea  purnoat eocrcdieónn 
dreeg ulala pceiórnso dneal  ctioturrlaers pdoen dlaie cnoten sperjoecreíad icmoimenpteot.ente en materia de protección civil para la  BOE-A-cable e
En el capítulo XIII se modifica la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia, con 
una triple finalidad: a) abordar el conjunto de la realidad y funciones del hecho deportivo 
–más allá de la vertiente estrictamente competitiva–, amparando las actuaciones que, 
desde la Administración deportiva autonómica, son ejecutadas para el desarrollo del 
deporte y de la actividad física como herramientas de salud y calidad de vida de la 
población; b) posibilitar la constitución en Galicia de una única federación de deportes 
autóctonos, figura esta que ya existe en otras comunidades autónomas; y c) habilitar a la 
Comisión Gallega de Prevención y Represión del Dopaje, cuando el ejercicio de la 
potestad  sancionadora  sea  competencia  autonómica,  para  instruir  y  resolver  los 
expedientes  sancionadores  correspondientes,  conforme  a  las  reglas  y  normas 
establecidas en la Ley orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del 
deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, suprimiendo la intervención 
de las federaciones deportivas en este campo, ante el papel inexistente de estas en la 
materia desde el año 2013.
El último capítulo, el XIV, aborda dos modificaciones puntuales: en la Ley 4/2016, 
de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público, con la finalidad de recoger de 
manera expresa los supuestos de informe preceptivo de la Asesoría Jurídica de la Xunta 
en materia de contratación del sector público; y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia, con el fin de incluir en dicha ley una regla relativa a la 
actualización  de  modelos  normalizados,  en  la  línea  de  la  que  se  contenía  en  el 
artículo 33 de la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de 
ordenación.
Por  último,  en  su  parte  final,  la  ley  recoge  una  disposición  adicional, 
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
La disposición adicional única recoge una medida de planificación del número de 
autorizaciones de instalación de salones de juego, salas de bingo y tiendas de apuestas 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. En relación con esta medida hay que destacar 
que,  con  motivo  de  los  estudios  y  de  los  trabajos  preparatorios  previos  para  la 
elaboración de un anteproyecto de ley reguladora de los juegos de Galicia, se puso de 
manifiesto la necesidad de recoger en el nuevo texto legal una planificación de los 
establecimientos de juego en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia ante el 
incremento  considerable  detectado  en  los  últimos  años  en  las  solicitudes  de 
autorizaciones de instalación de salones de juego y de tiendas de apuestas. Esto, unido 
a la preocupación social existente y al aumento de los problemas de adicción a los 
juegos practicados en estos establecimientos, justifica la necesidad de realizar una 
planificación que limite el número de este tipo de establecimientos de juego en la 
Comunidad Autónoma y de fijar, después de evaluar la oferta de juego y las razones de 
interés general implicadas, un  número máximo que  permita conseguir los objetivos 
invocados de protección de la salud y de la seguridad de las personas consumidoras y 
usuarias de los juegos, de garantía del orden público y de lucha contra el fraude en la 
actividad del juego a través de una oferta cuantitativamente moderada. Dichas razones 
de interés general en las que se basa la regulación proyectada en el anteproyecto de ley 
reguladora de los juegos de Galicia, actualmente en tramitación, están ya presentes en 
la actualidad, lo que motivó que el Consejo de la Xunta adoptase el Acuerdo de 16 de 
mayo de 2019 y aprobase el Decreto 72/2019, de 4 de julio, por el que se aprueban 
medidas en materia de planificación de autorizaciones de instalación de salones de 
juego y de tiendas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Galicia. En el acuerdo y  s
en el decreto citados se previó que la planificación recogida en ellos tenía un carácter  oe.
provisional y transitorio, con una duración máxima de nueve meses a contar desde la  w.
fecha de publicación del acuerdo y que, en caso de que antes del vencimiento del  49ww
sreef eerifdeoc tpulaarzíao  nuon ah unbuieervaa e netvraalduoa ceinó nv igdoer  llaa  noufeervtaa  ledye  rejugeuglaod oerxais dteenl tjeu ecgoon d ee l Gfainli cdiae, 
determinar la necesidad de adopción de un nuevo acuerdo.
Teniendo en cuenta, por una parte, el estado de tramitación del anteproyecto de ley 
reguladora del juego de Galicia y, por otra parte, de la subsistencia de las razones de 
interés general que motivaron la planificación contenida en el acuerdo y en el decreto 
citados, es necesario recoger en la presente ley una disposición adicional que mantenga 
la vigencia de dicha planificación hasta la entrada en vigor de la nueva ley reguladora del 
juego de Galicia. Además, las mismas razones de interés general justifican la ampliación 
de la limitación a las salas de bingo, ya que el hecho de la existencia de un cierre del 
mercado en lo que afecta a los salones de juego y a las tiendas de apuestas, puede 
hacer derivar el interés a favor de otros establecimientos de juego como las salas de 
bingo con una oferta de juego semejante, lo que perjudicaría los objetivos que se 
pretenden conseguir con carácter general. Hay que indicar también que la planificación 
de establecimientos de juego prevista en la disposición tiene en cuenta lo indicado en el 
anteproyecto de ley reguladora de los juegos de Galicia, actualmente en tramitación. 
Además, el límite fijado para los salones de juego y las tiendas de apuestas se ajusta a 
lo dispuesto en el Acuerdo de 16 de mayo de 2019 y en el Decreto 72/2019, de 4 de 
julio, y, respecto de las salas de bingo, el límite máximo se fija atendiendo a los mismos 
criterios tenidos en cuenta en la planificación contenida en el acuerdo y en el decreto 
citados, esto es, en atención a las salas de bingo existentes actualmente en Galicia y a 
que no existe ninguna solicitud de autorización de instalación en tramitación que pueda 
ser tenida en cuenta.
La planificación prevista se ajusta así a los principios de necesidad y también de 
proporcionalidad previstos en el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado. En este sentido, las limitaciones derivadas de la 
planificación recogida, además de ser las necesarias para atender a las razones de 
interés general en que se fundamentan, tendrán una duración temporalmente limitada 
hasta la entrada en vigor de la nueva ley reguladora de los juegos de Galicia.
El régimen transitorio va dirigido a recoger las previsiones para la puesta en marcha 
del nuevo régimen introducido en la modalidad de carga contaminante en el canon del 
agua y en el coeficiente de vertido, así como a precisar la aplicación del régimen de 
vigencia de las declaraciones de impacto ambiental introducido por la presente ley.
Por último, la ley recoge la derogación expresa de disposiciones concretas, así como 
de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en ella, una 
habilitación para su desarrollo normativo y la previsión sobre su entrada en vigor.
La presente ley se ajusta así a los principios de buena regulación contenidos en el 
artículo 37.a) de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector 
público  autonómico  de  Galicia,  al  responder  las  medidas  previstas  en  ella  a  la 
satisfacción de necesidades de interés general con la debida proporcionalidad, eficacia y 
eficiencia, al recogerse en la norma los objetivos perseguidos a través de la misma y su 
justificación como exige el principio de transparencia, y al introducirse a través de la 
misma, conforme al principio de seguridad jurídica, las modificaciones precisas en las 
disposiciones vigentes.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, 
de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en 
nombre del rey, la Ley de medidas fiscales y administrativas.
TÍTULO I
Medidas fiscales
CAPÍTULO I
Tributos cedidos
Artículo 1.  Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
El  artículo  5  del  texto  refundido  de  las  disposiciones  legales  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, queda modificado como sigue:
Uno.  En el número nueve, relativo a la deducción por inversión en la adquisición de 
acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación, la letra 
a) del punto 1 queda con la siguiente redacción:
«a)  La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge 
o personas unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no puede ser superior 
al 40 % ni inferior al 1 % del capital social de la sociedad objeto de la inversión o 
de sus derechos de voto en ningún momento y durante los tres años siguientes a 
la constitución o ampliación. El límite máximo de participación en el capital social 
no se aplicará en el caso de sociedades laborales o cooperativas compuestas 
únicamente por dos personas socias, mientras se mantenga esta circunstancia.»
Dos.  En el número diez, relativo a la deducción por inversión en la adquisición de 
acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación y su 
financiación, en el punto 1, la letra a), relativa a los requisitos para tener derecho a las 
deducciones, queda redactada como sigue:
«a)  La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge 
o de las personas unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no puede ser superior 
al 40 % ni inferior al 1 % del capital social de la sociedad objeto de la inversión, o 
de sus derechos de voto, en ningún momento y durante los tres años siguientes a 
la constitución o ampliación. En caso de préstamo o garantía, no será necesaria 
una participación del contribuyente en el capital, pero, si esta existe, no puede ser 
superior  al  40  %,  con  los  mismos  límites  temporales  anteriores.  El  importe 
prestado o garantizado por el contribuyente tiene que ser superior al 1 % del 
patrimonio neto de la sociedad. El límite máximo de participación en el capital 
social  no  se  aplicará  en  el  caso  de  sociedades  laborales  o  cooperativas 
compuestas únicamente por dos personas socias, mientras se mantenga esta 
circunstancia.»
Tres.  En el número quince, relativo a la deducción por inversión en empresas 
agrarias y sociedades cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la tierra, en 
el punto 1, la letra a), relativa a los requisitos para tener derecho a las deducciones, 
queda redactada como sigue:
«a)  La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge  b
o de las personas unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por  49ww
caol n4s0a %ng dueinl idcaadp itoa l asfoinciidaal dd eh laas tsao ceiel dteardc eorb jgertaod doe i nlac liunivdeor,s inóon ,p ou eddee s uses rd seurepcehrioosr 
adme pvoliatoc,i óenn.  nEinn gcúans om doem epnrétos tay mdou raon gtea rlaonst ítare, sn oa ñsoesr ás ingeucieenstaersia a u lnaa c opnasrttiictuipcaiócnió no 
del contribuyente en el capital, pero si esta existe no puede ser superior al 40 %,
con los mismos límites anteriores. El límite máximo de participación en el capital 
social  no  se  aplicará  en  el  caso  de  sociedades  laborales  o  cooperativas 
compuestas únicamente por dos personas socias, mientras se mantenga esta 
circunstancia.»
Cuatro.  Se añade un número dieciocho con la siguiente redacción:
«Dieciocho.  Deducción en la cuota íntegra autonómica por obras de mejora 
de eficiencia energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares.
1.  Los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra autonómica en el 
ejercicio en que se finalice la obra de mejora de eficiencia energética de los 
inmuebles de uso residencial vivienda:
a)  El 15 % de las cantidades totales invertidas. La base de la deducción 
tendrá como límite 9.000 € por sujeto pasivo.
b)  El coste de los honorarios para la obtención del certificado que justifique el 
salto  de  letra  en  la  calificación  energética  del  inmueble,  así  como  las  tasas 
relacionadas  con  su  inscripción  en  el  Registro  de  Certificados  de  Eficiencia 
Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de Galicia, con un límite único 
de 150 € que será prorrateado en función del porcentaje de titularidad de la 
vivienda.
A estos efectos, se considerarán obras de mejora de eficiencia energética las 
que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que  dispongan  de  los  permisos,  autorizaciones  o  títulos  habilitantes 
correspondientes.
b)  Que  mejoren  el  comportamiento  energético  de  las  edificaciones 
reduciendo la demanda energética, mejorando el rendimiento de las instalaciones 
térmicas y/o incorporando equipos que utilicen fuentes de energía renovable y que 
tengan por objeto principal subir una letra en la escala de calificación energética 
de  emisiones  de  CO2  y  en  la  escala  de  consumo  de  energía  primaria  no 
renovable.
2.  En relación con la letra a) del número 1, la base de esta deducción estará 
constituida por las cantidades efectivamente satisfechas en las obras de mejora de 
eficiencia  energética  en  edificios  de  viviendas  o  en  viviendas  unifamiliares, 
mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o 
ingreso en cuentas en entidades de crédito. En ningún caso darán derecho a 
practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero 
de curso legal.
3.  Para tener derecho a esta deducción deberá presentarse, antes de que 
expire  el  plazo  para  presentar  la  autoliquidación  correspondiente  al  período 
impositivo en que se finalice la obra de mejora energética objeto de deducción, a 
través  de  la  plataforma  electrónica  del  Registro  de  Eficiencia  Energética  de 
Edificios de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a)  Certificado de eficiencia energética del edificio, una vez ejecutadas las 
obras que dan lugar a esta deducción, que debe estar inscrito en el Registro de 
Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de  e.
Galicia mediante el procedimiento establecido a tal fin. w.b
b)  Informe firmado por un técnico competente que justifique el salto de letra  49ww
cCoenrtsifeicgaudidoos  dcoen E flaicsie nmceiajo Eranse, rgséetgicúan  deel  Emdoifdiceiolos  dqeu el ac Conosmteu neidna de lA Ruteógniosmtroa  ddee 
Galicia.
c)  La totalidad de las facturas correspondientes a las obras de mejora de 
eficiencia energética objeto de deducción, así como las relativas a la obtención del 
certificado de eficiencia energética.
d)  Los justificantes de pago de estas facturas.
En  caso  de  que  la  inversión  se  realice  en  una  vivienda  unifamiliar,  esta 
documentación será aportada por el sujeto pasivo. En el caso de edificios en 
régimen de propiedad horizontal, será aportada por el representante legal de la 
comunidad de propietarios, que, además, deberá adjuntar un certificado de las 
aportaciones económicas correspondientes a cada comunero.
4.  Para poder practicarse esta deducción deberá constar en la declaración 
tributaria del sujeto pasivo el número de inscripción del certificado de eficiencia 
energética tras la reforma en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética 
de Edificios de la Comunidad Autónoma de Galicia, proporcionado por el propio 
Registro en la etiqueta de eficiencia energética del inmueble.
5.  La deducción prevista en este número es incompatible con la prevista por 
inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente sanitaria que empleen 
energías  renovables  en  la  vivienda  habitual  y  destinada  exclusivamente  al 
autoconsumo.»
Cinco.  Se añade un número diecinueve con la siguiente redacción:
«Diecinueve.  Deducción en la cuota íntegra autonómica por las ayudas y 
subvenciones recibidas por los deportistas de alto nivel de Galicia.
1.  Cuando el contribuyente integre en la base imponible general el importe 
correspondiente a una subvención o cualquier otra ayuda pública obtenida de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o de las restantes 
entidades  del  sector  público  autonómico  para  el  desarrollo  de  la  actividad 
deportiva,  podrá  aplicar  una  deducción  en  la  cuota  íntegra  autonómica  del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, siempre y cuando la actividad 
deportiva no genere rendimientos de actividades económicas.
El importe de la deducción será el resultado de aplicar los tipos medios de 
gravamen al importe de la subvención o ayuda pública en la base liquidable.
2.  Para la aplicación de esta deducción es requisito imprescindible que el 
contribuyente tenga reconocida la condición de deportista de alto nivel según 
resolución del órgano superior de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma con competencias en materia de deporte.»
Artículo 2.  Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
El texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, 
de 28 de julio, queda modificado como sigue:
Uno.  La letra b) del número 2 del artículo 6 queda modificada como sigue:
«b)  Grupo II: adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 años o 
más, cónyuges, ascendientes y adoptantes, 1.000.000 euros.»
Dos.  El número cuatro del artículo 7 queda con la siguiente redacción: e.e
«Cuatro.  Reducción por la adquisición de bienes y derechos afectos a una  49ww
activEidna ldo se ccoansóoms icean  yq duee  peanr tilcai pbaacsioen eims peonn eibnletid daed eusn.a adquisición mortis causa
esté incluido el valor de una empresa individual o de un negocio profesional, o de
participaciones en entidades o de derechos de usufructo sobre estos, se practicará  Bc
una reducción del 99 % del mencionado valor cuando concurran las siguientes 
circunstancias:
a)  Que el centro principal de gestión de la empresa o del negocio profesional, 
o el domicilio fiscal de la entidad, se encuentre situado en Galicia y se mantenga 
durante los cinco años siguientes a la fecha del devengo del impuesto.
b)  Que, en la fecha del devengo del impuesto, a la empresa individual, al 
negocio profesional o a las participaciones les sea aplicable la exención regulada 
en el número 8 del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre 
el patrimonio. A estos efectos, la participación del sujeto pasivo en el capital de la 
entidad debe ser:
b.1)  Con carácter general, del 50 % como mínimo, ya sea de forma individual 
o conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de 
hasta el sexto grado de la persona fallecida, ya tenga su origen el parentesco en la 
consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.
b.2)  Del 5 % computado de forma individual, o del 20 % conjuntamente con 
su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta el sexto grado del 
fallecido, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o 
en la adopción, cuando se trate de participaciones en entidades que tengan la 
consideración de empresas de reducida dimensión de acuerdo con el dispuesto en 
el  artículo  101  de  la  Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  impuesto  sobre 
sociedades.
En caso de que tan sólo se tenga derecho parcial a la exención regulada en el 
número 8 del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el 
patrimonio, también será aplicable, en la misma proporción, esta reducción.
c)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado 
inclusive, del causante.
d)  Que la persona adquirente mantenga lo adquirido y cumpla los requisitos 
de la exención del impuesto sobre el patrimonio durante los cinco años siguientes 
al devengo del impuesto de acuerdo con el establecido en los apartados anteriores 
de este artículo, salvo que dentro de dicho plazo fallezca la persona adquirente o 
transmita la adquisición en virtud de pacto sucesorio conforme a lo previsto en la 
Ley de derecho civil de Galicia.
e)  Que la empresa individual o la entidad viniera ejerciendo efectivamente las 
actividades  de  su  objeto  social  durante  un  período  superior  a  los  dos  años 
anteriores al devengo del impuesto.»
Tres.  El número cuatro del artículo 8 queda con la siguiente redacción:
«Cuatro.  Reducción por la adquisición de bienes y derechos afectos a una 
actividad económica y de participaciones en entidades.
En los casos de transmisión de participaciones inter vivos de una empresa 
individual  o  de  un  negocio  profesional  o  de  participaciones  en  entidades,  se 
aplicará una reducción en la base imponible, para determinar la base liquidable, 
del  99  %  del  valor  de  adquisición,  siempre  que  concurran  las  siguientes 
condiciones: es
a)  Que la persona donante tenga 65 años o más o se encuentre en situación  w.
de incapacidad permanente en grado de absoluta o grande invalidez. 49ww
de ebj)e rcQeru ey,  psie rlac ibpier rrseomnau ndeornaacinotnee vsi epnoer  eejel recjieerncdicoio f udnec iodnicehsa sd ef udnirceiocnceiósn ,e dne ejel 
plazo de un año desde el momento de la transmisión.
A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección 
la mera pertenencia al consejo de administración de la sociedad.
c)  Que el centro principal de gestión de la empresa o del negocio profesional, 
o el domicilio fiscal de la entidad, se encuentre situado en Galicia y que se 
mantenga durante los cinco años siguientes a la fecha del devengo del impuesto.
d)  Que, en la fecha del devengo del impuesto, a la empresa individual, al 
negocio profesional o a las participaciones les sea aplicable la exención regulada 
en el número 8 del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre 
el patrimonio. A estos efectos, la participación del sujeto pasivo en el capital de la 
entidad debe ser:
d.1)  Con carácter general, del 50 % como mínimo, ya sea de forma individual 
o conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de 
hasta el sexto grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la 
afinidad o en la adopción.
d.2)  Del 5 % computado de forma individual, o del 20 % conjuntamente con 
su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta el sexto grado, ya 
tenga  su  origen  el  parentesco  en  la  consanguinidad,  en  la  afinidad  o  en  la 
adopción,  cuando  se  trate  de  participaciones  en  entidades  que  tengan  la 
consideración de empresas de reducida dimensión de acuerdo con lo dispuesto en 
el  artículo  101  de  la  Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  impuesto  sobre 
sociedades.
En caso de que tan sólo se tenga derecho parcial a la exención regulada en el 
número 8 del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el 
patrimonio, también será de aplicación, en la misma proporción, esta reducción.
e)  Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados y 
colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de la persona 
donante.
f)  Que la persona adquirente mantenga lo adquirido y cumpla los requisitos 
de la exención del impuesto sobre el patrimonio durante los cinco años siguientes 
al devengo del impuesto de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores 
de este artículo, salvo que dentro de dicho plazo fallezca la persona adquirente o 
transmita la adquisición en virtud de pacto sucesorio conforme a lo previsto en la 
Ley de derecho civil de Galicia. En el supuesto de que la persona donante no 
dejase de ejercer y percibir remuneraciones por el ejercicio de las funciones de 
dirección en el plazo del año a que se refiere la letra b) no será tenida en cuenta 
para determinar el grupo de parentesco a los efectos del cumplimiento en la 
persona  adquirente  de  los  requisitos  de  ejercicio  de  funciones  directivas  y 
remuneraciones por dicho ejercicio.
g)  Que la empresa individual o la entidad viniera ejerciendo efectivamente las 
actividades  de  su  objeto  social  durante  un  período  superior  a  los  dos  años 
anteriores al devengo del impuesto.»
Artículo 3.  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Se añade un número 7 en el artículo 14 del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, con la siguiente  s
redacción: oe.
«Siete.  Tipo de gravamen aplicable en la adquisición de viviendas en las  49ww
parroquias que tengan la consideración de zonas poco pobladas o áreas rurales.
tranEsmn islaio mneosd aplaidtraimd odnei atrleasn sym aiscitoonse jsu rpídaitcroims odnoiacluems eonnteardoossa,s e dl etilp iom dpeu egsrtaov asomberne 
aplicable a las transmisiones de inmuebles de uso vivienda que se encuentren en
alguna de las parroquias que tengan la consideración de zonas poco pobladas o 
áreas rurales a las que se refiere el número siete del artículo 16 será del 6 %. Si 
además  se  trata  de  la  vivienda  habitual  del  contribuyente  y  se  cumplen  los 
requisitos  establecidos  en  el  número  Dos  del  presente  artículo,  el  tipo  de 
gravamen será del 5 %.»
CAPÍTULO II
Tributos propios
Artículo 4.  Tasas.
1.  Se elevan los tipos de las tasas de cuantía fija vigentes en la Comunidad 
Autónoma de Galicia hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 
del 1,025 a las cuantías exigibles a la entrada en vigor de esta ley, exceptuando las 
tarifas que experimenten alguna modificación en la cuantía en el número 2 de este 
artículo. Este coeficiente será de aplicación tanto a las cuantías, de carácter mínimo o 
máximo, como a las deducciones que se establecen en todo tipo de tarifas, tanto de 
tasas de cuantía fija como variable.
Se consideran tasas de cuantía fija cuando no están determinadas por un porcentaje 
sobre una base o esta no se valora en unidades monetarias.
Se  exceptúan  del  incremento  establecido  anteriormente  aquellas  tasas  que  se 
recaudan mediante efectos timbrados, así como la establecida en el subapartado 11 del 
apartado  14  del  anexo  1,  «Licencia  única  interautonómica  en  materia  de  pesca 
continental», y la establecida en el subapartado 05 del apartado 15 del anexo 1, «Licencia 
única interautonómica en materia de caza», de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, 
precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2.  La Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el número 6 del artículo 15, que queda redactado como sigue:
«6.  Las  cuotas  tributarias  se  revisarán  como  mínimo  cada  cinco  años, 
basándose en los registros de gastos e ingresos y en la correspondiente memoria 
económico-financiera sobre el coste y la actividad realizada. No obstante, estas 
cuotas  tributarias  podrán  ser  objeto  de  actualización  anual  en  la  Ley  de 
presupuestos de Galicia en función de la evolución del coste total de producción 
del bien, servicio o actividad.
En relación con la variación de los costes de personal, dicha actualización no 
podrá exceder la variación experimentada por las retribuciones del personal del 
sector público autonómico conforme a lo dispuesto en dicha ley.»
Dos.  Se modifica la letra c) del número 2 del artículo 40, que queda redactada 
como sigue:
«c)  Cuando  en  la  instalación  y  en  la  actividad  objeto  de  concesión  o 
autorización se implante un sistema de gestión medioambiental o de gestión de la 
calidad en la prestación de los servicios y se acredite estar en posesión de una 
certificación  medioambiental  o  de  calidad,  específica  de  la  concesión  o 
autorización,  serán  aplicables  las  siguientes  bonificaciones  sobre  el  valor  e
resultante de la tasa de ocupación de terrenos y aguas del puerto: bo
CAB)))    EIBSMaOnA d1Se4:r 0ala0 a 1bz:o ulnal:i  fbliaco anbciofiióncniaf iccsiaeócrnái ó sdnee rslá e1 rd,á7e 5ld  1e%,l2 1.5, 5% %. . 2020-1849n https://ww
D)  Q de calidad: la bonificación será del 1,75 %.
E)  Galicia Calidade: la bonificación será del 1 %. Bc
La  bonificación  se  aplicará  anualmente  previa  presentación  de  la  citada 
certificación.
El porcentaje máximo de bonificación acumulada que se puede aplicar por 
estos apartados es de un 5 %.»
Tres.  Se modifica el subapartado 3 del apartado 20 del anexo 1, de forma que 
donde dice: «Certificado de nivel avanzado de idiomas» pase a decir: «Expedición de 
certificados de idiomas nivel intermedio B2 y nivel avanzado C1 y C2».
Cuatro.  Se modifica el último párrafo del apartado 47 del anexo 1, que queda 
redactado como sigue:
«Modificación, suspensión y/o cancelación de la primera inscripción 57,45»
Cinco.  Se añade un apartado 59 en el anexo 1 con el siguiente tenor:
«Actuaciones  administrativas  encaminadas  a  resolver  las  solicitudes  de 
acreditación  en  el  Sistema  Acreditador  de  Formación  Continuada  de  las 
profesiones sanitarias en la Comunidad Autónoma de Galicia:
– 01. Por cada actividad formativa de tipo presencial: 101 euros
– 02. Por cada actividad formativa de tipo a distancia o mixta: 117,42 euros
– 03. Por cada reedición de actividades formativas presenciales, a distancia o 
56,06 euros»
mixtas:
Seis.  Se modifica el apartado 01 del anexo 2, que queda redactado como sigue:
«Actuaciones relativas a autorizaciones habilitantes para realizar transporte 
público  o  privado  complementario  de  personas  viajeras  y  de  mercancías  por 
carretera, o para actividades auxiliares y complementarias de este:»
Siete.  Se modifica el subapartado 01 del apartado 01 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«– Otorgamiento, transmisión, rehabilitación, cambio de residencia, canje o 
28,33 €
modificación de la autorización:
– Visado de la autorización de oficio, o, en su caso, por petición del interesado, 
25,13 € 
por cada vehículo:
– Nueva adscripción, baja o sustitución de vehículos adscritos a la autorización, 
15,94 €»
por cada vehículo:
Ocho.  Se suprime el subapartado 02 del apartado 01 del anexo 2.
Nueve.  Se modifica el subapartado 05 del apartado 01 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Otorgamiento, modificación o prórroga de autorizaciones para servicios de 
28,33 €»
transporte público regular de viajeros de uso general:
Diez.  Se modifica el subapartado 07 del apartado 01 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«07.  Actuaciones  relativas  a  las  concesiones  de  servicios  de  transporte 
regular de viajeros de uso general por carretera:
– Gestiones a iniciativa del concesionario relativas a actuaciones sobre los 
contratos de concesión de servicios de transporte excepto procedimientos  56,32 €
automatizados
– Adscripción de vehículos a los contratos. Alta o baja de vehículos 56,32 €
– Por modificaciones en las líneas y rutas del contrato:  
Por la primera línea o ruta sobre la que se produzcan modificaciones 56,32 €
Por cada una de las restantes líneas y/o rutas sobre las que se produzcan 
2,12 €
modificaciones
– Por modificaciones en expediciones, calendarios y horarios:  
Por la primera expedición/calendario y/u horario sobre los que se produzcan 
56,32 €
modificaciones
Por cada una de las restantes expediciones/calendarios y/o horarios sobre los que 
2,12 €
se produzcan modificaciones
– Convenios con otras administraciones o entidades 56,32 €
– Sucesión del concesionario, subcontratación, colaboración entre concesionarios 
56,32 €
o utilización de un mismo vehículo en distintos contratos
– Por otras modificaciones no previstas anteriormente 56,32 €»
Once.  Se suprime el subapartado 11 del apartado 01 del anexo 2.
Doce.  Se modifica el subapartado 15 del apartado 01 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«15.  Homologación de cursos de formación de conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera:
– calificación inicial ordinaria 126,59 €
– calificación inicial acelerada 126,59 €
– formación continua 108,38 €»
Trece.  Se añade un subapartado 10 al apartado 19 del anexo 2 con el siguiente 
tenor:
«10.  Inicio de actividad de turismo activo 73,55 €»
Catorce.  Se añade un subapartado 36 al apartado 25 del anexo 3 con el siguiente 
tenor:
«36.  Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a  e.
680,00 €» bo
motor: verificación periódica de cinemómetros de tramo (tramo adicional) w.
Quince.  Se modifica el subapartado 16 del apartado 29 del anexo 3, que queda 
redactado como sigue:
«16.  Otorgamiento de una demasía minera a una concesión  40 % de la tarifa consignada en el 
de explotación de recurso de las secciones C) y D) subapartado 04»
Dieciséis.  Se suprime el apartado 65 del anexo 3.
Diecisiete.  Se modifica el apartado 68 del anexo 3 en los siguientes términos:
«68.  Obras hidráulicas de regulación gestionadas por la Administración 
hidráulica de la Comunidad Autónoma de Galicia, por metro cúbico de agua  0,021»
captado.
Dieciocho.  Se modifica el subapartado 1 del apartado 77 del anexo 3, que queda 
redactado como sigue:
a)  Permiso de investigación sección C) y D).
– De 1 a 15 cuadrículas mineras: 347,15 €.
– De 16 a 150 cuadrículas mineras. 1.205,38 €.
«Tramitación de expedientes de solicitud  – De 151 a 300 cuadrículas mineras: 2.836,01 €.
de participación en concursos mineros. b)  Concesión de explotación directa sección C) y D).
– De 1 a 15 cuadrículas mineras: 347,15 €.
– De 16 a 50 cuadrículas mineras: 633,23 €.
– De 51 a 100 cuadrículas mineras: 1.119,56 €.»
Diecinueve.  Se modifica el apartado b) de la regla tercera de la tarifa X-4 contenida 
en el subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactado como sigue:
«b)  El  valor  de  la  pesca  no  subastada  en  el  puerto  de  descarga  se 
determinará por el valor real de dicha pesca en el puerto de destino o, en el 
supuesto de desconocerse este valor, por el valor medio obtenido en las subastas 
de esta especie realizadas en el puerto de destino, o, en su defecto, en el de 
origen, en el día o, en su defecto, y sucesivamente, en la semana, mes o año 
anterior.»
Veinte.  Se modifica la regla sexta de la tarifa X-5 contenida en el subapartado 01 
del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«La cuantía de la tarifa estará compuesta por los siguientes conceptos:
A)  Por la utilización de las aguas de los puertos y de las instalaciones 
portuarias.
B)  Por los servicios utilizados de atraque, anclaje o estancia en seco de 
embarcaciones.
C)  Por la disponibilidad de otros servicios.
El importe de la tarifa X-5 será el resultado de la suma de los conceptos A), B) 
y C) indicados anteriormente que le sean aplicables en función de los servicios 
prestados.
La cuantía de los conceptos de los que se compone la tarifa X-5, por metro  e.e
cuadrado redondeado por exceso y por día natural o fracción, será la siguiente: b
AZo) naP Io: r0 l,a0 3u2ti3liz1a1c €ió.n de las aguas del puerto y de las instalaciones portuarias:
Zona II: 0,023028 €.
B)  Por los servicios utilizados de atraque, anclaje o estancia en seco de 
embarcaciones:
1.  Atraque en punta: 0,038380 €.
2.  Atraque de costado: 0,095952 €.
3.  Atraque a banqueta o dique: 0,019191 €.
4.  Anclaje: 0,038380 €.
5.  Embarcaciones en seco.
5.1  Embarcaciones  en  seco  que  abonen  durante  el  mismo  período  el 
concepto A) de la presente tarifa X-5: 0,027140 €.
5.2  Embarcaciones en seco que no abonen durante el mismo período el 
concepto A) de la presente tarifa X-5: 0,081416 €.
C)  Por la disponibilidad de otros servicios específicos:
1.  Por cada finger en cada puesto de atraque: 0,016282 €.
2.  Por brazo de amarre o por tren de anclaje para amarre por popa de 
embarcaciones atracadas: 0,008142 €.
3.  Toma de agua: 0,005815 €.
4.  Toma de energía eléctrica: 0,005815 €.
5.  Servicio de marinería a embarcaciones atracadas:
Para embarcaciones de menos de 12 metros de eslora 19,72 €/m2/año, y 
de 22,17 €/m2/año para el resto de embarcaciones, correspondiendo los metros 
cuadrados  a  la  superficie  nominal  de  la  plaza  teórica  que  ocuparía  cada 
embarcación, y aplicando la parte proporcional al período autorizado.
El servicio de marinería incluye las ayudas al atraque y desatraque y el control 
y gestión de las instalaciones.
En el supuesto de que el servicio de marinería no incluya la parte proporcional 
del  servicio  de  vigilancia  continuada,  las  cuantías  serán  las  indicadas 
anteriormente multiplicadas por 0,65.
Cuando por parte del organismo portuario se acoten específicamente zonas 
del puerto para anclaje o depósito de embarcaciones deportivas, las cuantías de 
los apartados 4 y 5 del concepto B) tendrán una bonificación del 50 %, siempre 
que previamente se soliciten los correspondientes servicios a Puertos de Galicia.
Las cuantías de los conceptos A), B) y C) para las embarcaciones de paso en 
el puerto serán las anteriormente indicadas multiplicadas por 1,5.
Las  cuantías  de  los  conceptos  A),  B)  y  C)  para  las  embarcaciones 
tradicionales e históricas de Galicia debidamente acreditadas y reconocidas en el 
censo de embarcaciones tradicionales y barcos históricos de Galicia conforme a lo 
establecido en la normativa de aplicación –actualmente, el Decreto 52/2019, por el 
que se declaran bien de interés cultural las técnicas de la carpintería de ribera–, 
serán las anteriormente indicadas, con una bonificación de hasta un 70 % de la 
tarifa resultante. Dicha bonificación se calculará en función de la clasificación de la 
embarcación, según sea tradicional o histórica (barco clásico o barco de época), 
antigüedad  y  uso.  Esta  bonificación  no  será  acumulable  a  las  bonificaciones 
descritas en la regla octava de esta tarifa X-5.
A los efectos de la aplicación de las bonificaciones indicadas se tendrá en 
cuenta lo siguiente: e.e
a)  Para  las  embarcaciones  tradicionales  de  Galicia  construidas  con  49ww
adsene t elaabrps)io l icrciuaPdaraaándr ta íuaa lnlso a sad  ñebbo oal onr1csi9fo i5ccsoa0 cnc: licásóeesnpi  catdoopessl i  cApuaun)r,e  áB7s tu)0o n ys%a  Ce  b)ns o rosenbesifrruiecvl taicalcainoi ót secnu.o mdne aa  undntee  r7ilo0ar si%d ca usdao anbltr íeaa ñsloa d  1se9u 5mlo0as:    OE-A-2020-18able en https://
conceptos A), B) y C) resultante.
c)  Para  barcos  de  época  puestos  en  servicio  entre  1950  y  1975:  la 
bonificación será de un 60 % y se aplicará sobre la suma de las cuantías de los 
conceptos A), B) y C) resultante.
d)  Para las restantes embarcaciones tradicionales y barcos históricos de 
Galicia que, pese a ser construidos en fechas posteriores a las indicadas en las 
letras  anteriores,  hayan  sido  así  declaradas  de  manera  excepcional  y  estén 
incluidas  en  el  censo  de  embarcaciones  tradicionales  y  barcos  históricos  de 
Galicia, la bonificación será de un 40 % y se aplicará sobre la suma de las 
cuantías de los conceptos A), B) y C) resultante.
Además, en su caso, serán aplicables sobre la suma de las cuantías de los 
conceptos A), B) y C) resultante las siguientes bonificaciones adicionales:
1.  El 20 % para embarcaciones tradicionales y barcos históricos propiedad 
de asociaciones náuticas o culturales sin ánimo de lucro cuando se acredite su 
puesta a disposición para la promoción, divulgación, protección o conservación de 
sus valores culturales e históricos.
2.  El 10 % para embarcaciones tradicionales y barcos históricos propiedad 
de un armador particular que no sean destinadas a fines lucrativos.
Será requisito imprescindible para poder aplicar las bonificaciones indicadas 
anteriormente para las embarcaciones tradicionales y barcos históricos de Galicia 
que  estén  debidamente  inscritos  en  el  censo  voluntario  de  embarcaciones 
tradicionales y barcos históricos de Galicia.
A los efectos de lo dispuesto en esta regla se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:
a)  Se entiende por anclaje la disponibilidad de una superficie de espejo de 
agua destinado a tal fin y debidamente autorizado.
b)  Se entiende por atraque en punta la disponibilidad de un elemento de 
amarre fijo a embarcadero, muelle, banqueta o dique que permita fijar uno de los 
extremos (proa o popa) de la embarcación.
c)  Se entiende por embarcación en seco aquella que permanezca en las 
instalaciones portuarias, fuera de la lámina de agua, tanto en estancia transitoria 
no dedicada a invernada como en estancias prolongadas en zonas habilitadas a 
tal fin.
d)  Se entiende por disponibilidad de los servicios de agua y energía, de los 
números 3 y 4 del concepto C), la existencia en las cercanías del punto de 
atraque, a muelle o embarcadero, de tomas de suministro de agua o energía, con 
independencia del abono de la tarifa E-3 que le sea aplicable por los consumos 
efectuados.»
Veintiuno.  Se  modifica  la  regla  séptima  de  la  tarifa  X-5  contenida  en  el 
subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Séptima.  El abono de la tarifa de la regla sexta se hará:
a)  Para embarcaciones de paso en el puerto, por adelantado a la llegada y 
por los días de estancia que declaren, o por períodos de 24 horas desde su 
llegada, contando desde las 12:00 horas del día de llegada. Si este plazo tuviere  s
que ser superado, el sujeto pasivo tendrá que formular una nueva petición y  oe.
abonar de nuevo, por adelantado, el importe inherente al plazo prorrogado. w.
b)  Para embarcaciones con base en el puerto, por semestres adelantados  49ww
Gpaarlaic iae l daeñ coo n2s0id2e0r. aLrlao  cdoonmviecniliieancitóen p abraan lcaa grieas tpióond rtáa risfaerri ae dxeig liadsa  inpsotra lPacuieorntoess .de
Se entiende por embarcación con base en el puerto, a los únicos efectos de la
aplicación de esta tarifa, aquella que tenga autorizada la prestación del servicio de
atraque o anclaje o estancia en seco por un período de uno o más semestres 
naturales. El resto de las embarcaciones serán consideradas como de paso en el 
puerto.
Para embarcaciones con base en el puerto, el importe de la tarifa aplicable 
será por el período completo autorizado, independientemente de las entradas, de 
las salidas o de los días de ausencia de la embarcación, mientras tenga asignado 
el puesto de atraque o anclaje.
Las embarcaciones que tengan base en un puerto dependiente de Puertos de 
Galicia estarán exentas del pago de la tarifa diaria aplicable a embarcaciones de 
paso durante sus estancias en otros puertos dependientes de Puertos de Galicia. 
Para su aplicación deberán acreditar en el puerto de destino estar al corriente del 
pago.
La baja como embarcación de base producirá efectos frente a Puertos de 
Galicia desde el semestre natural siguiente al de la solicitud de baja.»
Veintidós.  Se  modifica  la  regla  octava  de  la  tarifa  X-5  contenida  en  el 
subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Octava.  A las embarcaciones con base en el puerto se les aplicará una 
reducción del 20 % de la tarifa que les resulte aplicable en el período considerado 
como temporada baja, período este que es el comprendido entre el 1 de octubre y 
el 31 de marzo.
La bonificación en el período de temporada baja será del 45 % cuando la 
embarcación con base en el puerto esté amarrada durante todo el año natural.
Esta regla no será aplicable a las embarcaciones atracadas o ancladas en 
instalaciones propias de concesión de construcción y explotación.
Puertos de Galicia aplicará una bonificación del 40 % a las embarcaciones 
deportivas o de ocio cuando el resultado de la fórmula 0,4×E×M×P sea menor de 2 
y con motores también menores de 20 HP, que sean titularidad de los jubilados del 
mar. En la fórmula indicada, E = eslora máxima total, M = manga máxima, P = 
puntal de trazado.
Puertos de Galicia aplicará una bonificación del 50 % a las cuantías de los 
conceptos A), B) y C), excepto en la cuantía correspondiente a embarcaciones en 
seco, a las embarcaciones que atraquen en muelles o embarcaderos de titularidad 
de Puertos de Galicia que estén gestionados directamente o parcialmente por este 
organismo y que tengan calados inferiores a 1 metro en bajamar viva equinoccial 
(BMVE). Será requisito para la aplicación de esta bonificación que el calado 
máximo de la embarcación permita su atraque en condiciones de seguridad en 
estas plazas con calado reducido, que la bonificación sea solicitada por el titular 
de la autorización y que el abono de la tarifa se realice por adelantado según lo 
dispuesto en la letra b) de la regla séptima de la presente tarifa. Esta bonificación 
es acumulable a las restantes indicadas en esta tarifa.»
Veintitrés.  Se  modifica  la  regla  undécima  de  la  tarifa  X-5  contenida  en  el 
subapartado 01 del apartado 99 del Anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Undécima.  Las  embarcaciones  atracada  o  ancladas  en  instalaciones 
propias de concesiones de construcción y explotación, salvo que en el título 
concesionario se determine otra cosa, abonarán en todo caso el concepto A) de la  e.e
regla sexta y los demás sumandos B) y C) por aquellos servicios prestados en  b
instalaciones ajenas a la concesión. Para su abono el concesionario podrá optar: 49ww
pdaes Giav)oa  libcPaiaos,rá  cnlaod noli sqleou sied nad caliatóo nds  oddciiruaemrcioteasn  tdpaerce iólcani s toqasuri efpa a eprl aoc ro qneucle eo sregisoatnena isrpimou eoed npator elritgquauarirdáioa a r a lPla us etuarjertoitfoas    OE-A-2020-18able en https://
tanto a las embarcaciones de paso como a las que tienen base en la concesión,
de acuerdo con el procedimiento y formato que Puertos de Galicia determine. La 
domiciliación bancaria podrá ser exigida por Puertos de Galicia si lo considera 
conveniente para la gestión tarifaria de las instalaciones.
b)  Por el abono de la tarifa, subrogándose en la obligación de los sujetos 
pasivos.  En  este  caso,  el  concesionario  entregará  a  Puertos  de  Galicia  la 
documentación que le sea requerida, conforme al procedimiento y formato que 
señale este organismo, con los datos necesarios para realizar la liquidación que 
practicará Puertos de Galicia. En este caso, Puertos de Galicia podrá acordar una 
reducción de hasta un 15 % de la cuantía base de la tarifa que le corresponda. 
Esta  reducción  será  de  un  5  %  si  la  relación  de  embarcaciones  de  base 
declaradas es inferior a 100, del 10 % si está entre 100 y 200 y del 15 % si es 
superior a 200. Para las embarcaciones en tránsito que ocupen plazas de uso 
público la reducción en la cuantía de la tarifa base será del 5 %.»
Veinticuatro.  Se  modifica  la  regla  duodécima  de  la  tarifa  X-5  contenida  en  el 
subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Duodécima.  En  las  instalaciones  deportivas  construidas  y  gestionadas 
parcialmente  por  Puertos  de  Galicia  que  sean  explotadas  por  particulares 
mediante la correspondiente concesión o autorización administrativa, se podrá 
aplicar  una  reducción  en  la  cuantía  de  la  tarifa  base,  a  petición  previa  del 
concesionario o de la persona titular de la autorización, hasta del 21 %. Esta 
reducción será de un 12 % si la relación de embarcaciones de base declaradas es 
inferior a 100; del 15 % si está entre 100 y 200 embarcaciones; y del 21 % si es 
superior a 200 embarcaciones, siempre que el gestor se subrogue en la obligación 
de los sujetos pasivos. En este caso, el gestor de la instalación entregará a 
Puertos de Galicia la documentación que le sea requerida por este organismo, 
conforme al procedimiento y formato que se determine.
En las instalaciones deportivas construidas y gestionadas parcialmente por 
Puertos  de  Galicia  que  sean  explotadas  por  particulares  mediante  la 
correspondiente concesión o autorización administrativa que en el momento de la 
entrada en vigor de esta ley incluyan en los pliegos de condiciones la reducción de 
la cuantía de la tarifa X-5 de hasta el 15 %, por subrogarse en las obligaciones de 
pagos  de  los  sujetos  pasivos  que  utilicen  las  instalaciones,  se  aplicará  una 
reducción del 21 %. Se mantendrá esta reducción mientras esté vigente ese título 
administrativo.»
Veinticinco.  Se  modifica  la  regla  quinta  de  la  tarifa  E-3  contenida  en  el 
subapartado 02 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Quinta.  Las cuantías de la tarifa por suministro de energía eléctrica serán 
las siguientes:
a)  Por kWh o fracción suministrada a través de las tomas propiedad de 
Puertos de Galicia: 0,331849 €. La facturación mínima será de 3,840155 €.
b)  Las cuantías de la tasa para las restantes instalaciones:
Las bases de cálculo de la tasa portuaria se definen según los conceptos de 
energía establecidos en referencia directa al cálculo de la factura eléctrica del 
mercado minorista español establecido en el R.D. 1164/2001 y, en particular, a la  es
tarifa PVPC simple de un único período 2.0A establecida en el R.D. 216/2014, con  o
precios de los términos de peajes de acceso y margen de comercialización fijo 
vigentes, según la formulación siguiente:
Tasas E-3 en el período de devengo = (PA+EA) × Rv × IE + Ct.
Siendo:
– Concepto de potencia accesible (PA): resulta de la aplicación del precio de la 
potencia vigente en el año natural de devengo. Se fija para el ejercicio 2020 y 
siguientes una cuantía de 0,1152 €/kW.día, multiplicado por la potencia disponible 
de la instalación, que viene determinada por el calibre del interruptor general de 
protección de la línea de acometida (kW), multiplicado por los días comprendidos 
en el período de facturación.
En el supuesto de que la cuantía sufra variaciones, se tomará la nueva tarifa 
legalmente aprobada.
– Concepto de energía activa (EA): resulta de la aplicación del precio de la 
energía vigente en el año natural de devengo, multiplicado por la diferencia de 
lecturas del equipo de medida tomadas el primer día y el último del período de 
devengo en kWh.
El precio de la energía vigente en el año natural será una cuantía fija para todo 
el año natural, siendo este valor el precio medio de la energía publicado por el 
ministerio con competencia en materia de energía del período interanual calculado 
a partir del 1 de julio. Para el ejercicio 2020 este valor medio es de 0,124677 
€/kWh.
En el supuesto de que la cuantía sufra variaciones, se tomará la nueva tarifa 
legalmente aprobada.
– Recargo por el volumen de kWh consumidos (Rv): se establece un recargo 
de la tarifa base consumida comprendida entre el 2 % y el 10 %, dependiendo 
dicho  porcentaje  del  consumo  medio  diario  realizado  durante  el  período  de 
devengo, según la siguiente tabla:
Promedio de los kWh consumidos por día durante el período liquidado Recargo ( %)
Igual o superior a 300 kWh/día. 10 %
Igual o superior a 200 kWh/día e inferior a 300 kWh/día. 8 %
Igual o superior a 100 kWh/día e inferior a 200 kWh/día. 6 %
Igual o superior a 10 kWh/día e inferior a 100 kWh/día. 4 %
Igual o superior a 5 kWh/día e inferior a 10 kWh/día. 2 %
Donde:
Rv = 1 + recargo (%)/100
–  Impuesto  eléctrico  (IE):  sobre  el  concepto  de  potencia  accesible  y  el 
concepto de energía activa será de aplicación el porcentaje correspondiente al 
impuesto  eléctrico  legalmente  establecido  por  el  organismo  competente.  El 
impuesto eléctrico para el ejercicio 2020 y siguientes es de un 5,11269632 %. No 
obstante,  en  el  supuesto  de  que  sufra  variaciones  durante  este  ejercicio,  se  e.e
adaptará la formulación al impuesto vigente en el período de devengo. b
DIEo n=d e:1  +  gravamen  impuesto  eléctrico  (%)/100  =  1+5,11269632/100  =
1,0511269632.
– Cuantía por puesta a disposición de contador (Ct): por los trabajos de 
conexionado,  desconexionado  y  tramitación  administrativa  de  instalación  y 
seguimiento se establece una cuantía fija de 0,05 €/día en suministros efectuados 
en baja tensión y de 0,5 €/día en suministros efectuados en media tensión, por los 
días comprendidos entre el primero y el último del período de devengo.»
Veintiséis.  Se modifica la regla sexta de la tarifa prevista en el subapartado 03 del 
apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«6.  Restantes actividades comerciales e industriales portuarias.
La  cuota  anual  de  la  tasa  por  el  ejercicio  de  actividades  comerciales  o 
industriales portuarias no previstas en los números anteriores se establecerá por 
un porcentaje en función del importe neto de la cifra anual de negocios de la 
actividad desarrollada en el puerto al amparo de la autorización, de acuerdo con la 
siguiente tabla:
Actividad desarrollada Tipo aplicable
Fábricas de hielo, cámaras de frío, naves de reparación y 
almacenamiento de redes; departamentos de armadores o 
exportadores; suministro de combustible a buques; recogida de 
desechos; medios mecánicos vinculados a las actividades 
portuarias, varaderos, talleres de reparación de embarcaciones y 
1 por 100
depósito de embarcaciones, astilleros; depuradoras de molusco, 
cetarias, viveros, acuicultura; gestión de amarres náutico-
recreativos, naves de almacenamiento de mercancía expedida por 
vía marítima, redes de abastecimientos y comunicaciones a 
instalaciones portuarias, enseñanzas náuticas.
Naves de almacenamiento, logística; oficinas; venta de 
embarcaciones, efectos navales; industrias conserveras, 
1,50 por 100
transformación y manipulación de la pesca, suministro de 
combustible a automóviles propiedad de los usuarios del puerto.
El anterior listado de actividades posee a estos efectos un carácter indicativo y 
no limitativo.
El concepto de importe neto de la cifra anual de negocios es el establecido en 
el Plan general de contabilidad vigente para las empresas españolas, atendiendo 
en cada caso a la naturaleza y forma jurídica de cada empresario.
Para aquellas concesiones, autorizaciones o cualquier otro título habilitante 
otorgados con anterioridad al 12 de diciembre de 2003, fecha de entrada en vigor 
de esta ley, para el ejercicio de actividades comerciales o industriales portuarias 
previstas en esta regla, la cuota máxima anual de la tasa será de 30.792,38 euros 
para las actividades a las que se aplique el tipo del 1 % y de 61.584,75 euros para 
aquellas actividades a las que se aplique el tipo del 1,5 %.
A las concesiones, autorizaciones o cualquier otro título habilitante indicados 
en el párrafo anterior que sean actualizados o modificados respetando el plazo 
inicial del original y mantengan su destino y actividad conforme a los títulos 
habilitantes iniciales, la tasa aplicable será de acuerdo con lo indicado en el 
párrafo anterior. es
Para aquellas concesiones, autorizaciones o cualquier otro título habilitante  o
otorgados con posterioridad al 12 de diciembre de 2003, fecha de entrada en vigor  49ww
eppdxraeepr vaerei sssttlaaaa ssml  eeeyann,c  tpteeivas itrdiaana  drdeeieclg asela dje,aa rsl ca i lcaceisuon o  dtqaeeu l  mea pcáustxinevimti doaaa  pdcaleoinqsruur aecelso  dpmeeole  nlradtci ipietaaonlse teasd   esodle  eirn1ál d  duc%eus ta 6rdiy1ar .loe5q s8u a4epn, 7ote5rvtr euieonaurgr,ri aoansys     OE-A-2020-18able en https://
de  92.377,13  euros  para  aquellas  actividades  a  las  que  se  aplique  el  tipo 
del 1,5 %.
En el supuesto del desarrollo de la actividad de exportación de pesca fresca en 
locales  vinculados  directamente  a  una  lonja  localizada  en  un  puerto  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia, el importe de la tasa será de 0,0015 euros por 
kilo de pescado declarado por el uso del local objeto de autorización o concesión. 
También será de aplicación a la pesca fresca descargada en otro puerto de la 
Comunidad Autónoma de Galicia que entre en el puerto por vía terrestre, siempre 
y cuando se acredite el abono de la tarifa X-4 que corresponda.»
Veintisiete.  Se añade el apartado 9 al anexo 4:
«Venta de placas de instalación e inspecciones periódicas de equipos a 
4,10»
presión
Veintiocho.  Se modifica el párrafo segundo de la letra c) del número 2 de la tasa 02, 
dominio público portuario, del anexo 5, que queda redactado como sigue:
«En las áreas destinadas a usos portuarios pesqueros de exportación de 
pescado fresco y venta en locales situados en lonjas de la Comunidad Autónoma 
de  Galicia,  así  como  en  las  edificaciones  de  Puertos  de  Galicia  destinadas 
exclusivamente al almacenamiento de las artes y aparatos de pesca de la flota 
profesional del puerto: el 5 % del valor de las obras e instalaciones, y el 60 % del 
valor de la depreciación anual asignada en aquellas.»
Veintinueve.  Se modifica el último párrafo de la letra c) del número 2 de la tasa 02, 
dominio público portuario, del anexo 5, que queda redactado como sigue:
«De manera general, a las edificaciones y obras e instalaciones que tengan 
antigüedad superior a su vida útil máxima se les aplicará el 25 % del valor de la 
depreciación  anual  asignada,  sobre  una  vida  útil  remanente  que  será,  como 
máximo, un tercio de la vida útil inicial asignada. Su aplicación será gradual, de tal 
manera que, cuando la antigüedad del bien sea superior al 75 % de la vida útil 
máxima, el valor de la depreciación será de un 75 % y, cuando la antigüedad sea 
superior al 85 % de la vida útil máxima, la depreciación será del 50 %. La vida útil 
remanente será fijada en la tasación efectuada a los efectos con base en la 
normativa vigente de aplicación y será acorde al plazo de vigencia de la concesión 
o autorización.»
Artículo 5.  Canon del agua y coeficiente de vertido.
La Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  El número 1 del artículo 48 queda redactado como sigue:
«1.  Constituye  la  base  imponible  el  volumen  real  o  potencial  de  agua 
utilizado o consumido en cada mes natural, expresado en metros cúbicos. En el 
caso de los usos no domésticos que dispongan de contadores homologados de 
caudal de vertido, en la modalidad de carga contaminante podrá considerarse  es
como base imponible a la que se aplique el tipo de gravamen especial el volumen  o
de vertido, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.» w.
Dos.  Se modifica el número 3 del artículo 55, que tendrá la redacción siguiente:
«3.  La parte variable de la cuota resultará:
a)  En  la  modalidad  de  volumen,  de  aplicar  sobre  la  base  imponible 
constituida por el volumen real o potencial de agua utilizado o consumido el tipo de 
gravamen previsto para esta modalidad en el artículo siguiente.
b)  En la modalidad de carga contaminante, de sumar las cantidades que 
resulten de aplicar los tipos de gravamen previstos en el artículo siguiente para 
esta modalidad.»
Tres.  Se  modifica  el  número  1  del  artículo  56,  que  queda  con  la  redacción 
siguiente:
«1.  La  determinación  del  tipo  de  gravamen  se  sujetará  a  las  siguientes 
reglas:
a)  En la modalidad de volumen, se aplicará la tarifa prevista en el número 3 
sobre la base imponible constituida por el volumen real o potencial de agua 
utilizado o consumido determinada por alguno de los sistemas establecidos en el 
artículo 48.
b)  En la modalidad de carga contaminante, serán de aplicación los siguientes 
tipos de gravamen:
1.ª)  El tipo de gravamen general previsto en el número 3, que se aplicará 
sobre la base imponible constituida por el volumen real o potencial de agua 
utilizado o consumido determinada por alguno de los sistemas establecidos en el 
artículo 48.
2.ª)  El tipo de gravamen especial en función de la contaminación producida, 
que será el determinado a partir de los valores previstos en el número 3.
Esta modalidad será aplicable en aquellos casos en que Augas de Galicia, de 
oficio o a instancia del sujeto pasivo, opte por determinar los tipos de gravamen 
teniendo en cuenta el volumen real o potencial de agua utilizado o consumido, así 
como  la  contaminación  producida.  Augas  de  Galicia  determinará  de  oficio  la 
aplicación de los tipos de gravamen correspondientes a la modalidad de carga 
contaminante en los casos en que la cuota resultante resulte superior a la que 
pudiere deducirse de la aplicación del tipo de gravamen correspondiente a la 
modalidad de volumen.»
Cuatro.  Se modifican los números 3 y 4 del artículo 56, que quedan con la siguiente 
redacción:
«3.  El tipo de gravamen se expresará en euros/metro cúbico, siendo:
a)  En la modalidad de volumen, de 0,433 €/m3.
b)  En la modalidad de carga contaminante los tipos de gravamen serán:
1.º  El tipo de gravamen general, de 0,087 €/m3.
2.º  El tipo de gravamen especial, determinado a partir de los siguientes 
valores de los parámetros de contaminación:
– Materias en suspensión: 0,202 €/kg. e.
– Materias oxidables: 0,406 €/kg. w.
– Nitrógeno total: 0,304 €/kg. 49ww
––  SFóaslefos rsoo tloutballe: s0:, 630,295 €6/ k€g/S./cm m3.
––  MMeattaelreiass:  9in,h1i4b8id €o/rkags :e 0q,u0i4m3e €ta/el.quitox. BOE-A-cable e
4.  El tipo de gravamen especial establecido en el apartado 2.º de la letra b) 
del  número  3  podrá  ser  afectado,  según  los  casos,  por  los  coeficientes 
establecidos  en  los  números  siguientes,  de  conformidad  con  los  siguientes 
criterios:
a)  Las aportaciones o las detracciones de agua que efectúe el contribuyente, 
que se expresará mediante la relación existente entre el volumen de agua vertido 
y el volumen de agua consumido o utilizado.
b)  La dilución en los vertidos que se evacúen al mar mediante instalaciones 
de titularidad privada.
c)  Los usos a que se destina el agua.
d)  La realización de vertidos a zonas declaradas sensibles.»
Cinco.  El número 1 del artículo 63 queda modificado en el sentido de sustituir el 
inciso final «indicados en el apartado siguiente» por «indicados en el número 3».
Seis.  Se modifica el número 2 del artículo 63, que tendrá la siguiente redacción:
«2.  En la modalidad de carga contaminante, cuando la base imponible a que 
se aplique el tipo de gravamen general y la base imponible a la que se aplique el 
tipo de gravamen especial no sean coincidentes, por estar constituida esta última 
por volumen vertido, la parte variable de la cuota resultante de la aplicación de 
cada tipo se repercutirá de manera diferenciada. Asimismo, en estos supuestos, 
de abastecerse el sujeto pasivo a través de una entidad suministradora, Augas de 
Galicia podrá liquidar directamente la parte variable de la cuota resultante de la 
aplicación  del  tipo  de  gravamen  especial,  quedando  obligada  la  entidad 
suministradora a repercutir la parte fija de la cuota y la parte variable de la cuota 
resultante de la aplicación del tipo de gravamen general.»
Siete.  Se modifica el primer párrafo del número 10 del artículo 63, que tendrá la 
siguiente redacción:
«La justificación de las cantidades no cobradas a las que se refiere el número 
anterior se realizará en la forma y en los plazos que reglamentariamente se 
establezcan, y en ella se contendrá una relación individualizada de las deudas 
tributarias  repercutidas  a  los  contribuyentes  y  no  satisfechas  por  estos.  La 
presentación  de  esta  relación  exonera  a  las  entidades  suministradoras  de 
responsabilidad en relación con las deudas tributarias contenidas en ella, salvo 
que el procedimiento recaudatorio seguido no hubiera sido unitario con el de 
recaudación de los derechos que correspondan por el suministro de agua. No 
obstante, si durante el período de un año, contado desde la presentación de la 
relación, el contribuyente pretende efectuar el pago de la factura o del recibo en 
que esté incluido el canon del agua declarado, la entidad suministradora no podrá 
admitirlo de forma incompleta, y quedará obligada a percibir el importe del canon 
del agua. En este caso, el sujeto pasivo sustituto deberá declarar e ingresar el 
importe del canon del agua en la forma reglamentariamente establecida.»
Ocho.  Se  añade  un  nuevo  número  3  al  artículo  65,  que  tendrá  la  siguiente 
redacción:
«3.  Reglamentariamente  podrá  disponerse  que  las  declaraciones  y  s
autoliquidaciones  se  efectúen  obligatoriamente  mediante  los  formularios  oe.
electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Asimismo,  w.
podrá disponerse que el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realice  49ww
mediante medios electrónicos.»
Nueve.  Se numera el párrafo actual del artículo 70 como número 1 y se añade un 
número 2 al artículo 70, que tendrá la siguiente redacción:
«2.  En los supuestos de usos no domésticos que tributen en la modalidad de 
carga  contaminante,  el  coeficiente  corrector  de  volumen  establecido  en  el 
número 5 del artículo 56 será también de aplicación al tipo de gravamen general. 
No obstante, cuando en estos supuestos la base imponible venga constituida por 
el  volumen  vertido,  se  aplicará  a  esta  base  imponible  el  tipo  de  gravamen 
general.»
Artículo 6.  Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y 
aprovechamiento del agua embalsada.
El artículo 9 de la Ley 15/2008, de 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño 
medioambiental  causado  por  determinados  usos  y  aprovechamiento  del  agua 
embalsada, queda modificado como sigue:
«Artículo 9.  Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general 
tributaria que realicen cualquiera de las actividades señaladas en el artículo 6.
Se  presumirá,  salvo  prueba  en  contrario,  que  la  actividad  industrial  es 
realizada por la persona o entidad que figure como titular de la correspondiente 
concesión de aprovechamiento para uso industrial.
En el caso de que el titular de la concesión no realizase la actividad industrial a 
que se refiere el artículo 6 tendrá el carácter de:
a)  Sujeto pasivo sustituto del contribuyente, en el caso de haber más de un 
usuario de la concesión que realice la actividad industrial a que se refiere el 
artículo 6. El sujeto pasivo sustituto podrá exigir de los contribuyentes el importe 
de las obligaciones tributarias satisfechas, en la proporción de su uso respecto al 
total, caso en que los contribuyentes quedarán obligados a resarcir al sujeto 
pasivo sustituto de las cantidades satisfechas en su lugar.
b)  Responsable solidario, en el resto de los casos.»
TÍTULO II
Medidas administrativas
CAPÍTULO I
Empleo público
Artículo 7.  Modificación de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia.
La Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  El número 1 del artículo 43 queda con la siguiente redacción: s
«1.  Se  crea  la  agrupación  profesional  del  personal  funcionario  de  la  b
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, que se estructura  49ww
epne rseosncaal lafsu nyc ioensapreioc iasleidleacdceiso.n aSdeo  instine grlaa ráe xeigne necsiata  daeg ruepstaacri óenn  pproofseessioiónna l deel 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.»
Dos.  Se añade un párrafo al final del número 4 de la disposición transitoria octava 
con la siguiente redacción:
«En  la  aplicación  del  sistema  transitorio  previsto  en  este  número, 
corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de 
función pública la competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento de 
la progresión conseguida en la carrera administrativa.»
Tres.  El  título  de  la  disposición  adicional  octava  pasa  a  ser:  «Escalas  y 
especialidades de los cuerpos y de la agrupación profesional del personal funcionario de 
la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia».
Cuatro.  Se modifica el número 1 de la disposición adicional octava para la creación 
de la siguiente escala:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Organización de actos institucionales.
Escala de protocolo y  Licenciado o graduado en 
– Seguimiento de actos institucionales.
relaciones    A1 una titulación de cualquier 
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación con 
institucionales. rama.
las funciones anteriores.
Información sobre el mercado de trabajo y sobre las medidas y 
servicios ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo.
Realización de acciones formativas e informativas dirigidas a los 
colectivos de personas desempleadas, particularmente a los de 
larga duración y a las personas jóvenes no integradas en los 
sistemas de formación reglada.
Diagnosis individualizada y tutorización de las personas 
demandantes de empleo para medir el grado de empleabilidad.
Diseño y seguimiento de los itinerarios individuales que faciliten 
la inclusión de acciones para la mejora de la empleabilidad.
Prospección de las necesidades profesionales que requieren las 
empresas.
Licenciado o graduado en 
Escala superior de  Promoción de la formación del personal demandante según las 
  A1 una titulación de cualquier 
orientación laboral. necesidades empresariales y facilitación de la inserción laboral.
rama.»
Información y gestión de las ofertas de empleo adecuadas a 
cada persona usuaria, potenciando la captación y la cobertura 
de ofertas a través de un sistema de intermediación 
transparente y eficaz.
Asesoramiento y motivación a las personas empleadas en la 
búsqueda de mejora del empleo, acorde a su perfil profesional y 
de competencias.
Coordinación y supervisión de dichas funciones a nivel de 
oficina de empleo o superior en relación a los contenidos y 
tareas de orientación laboral.
Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación con 
las funciones anteriores.
Cinco.  Se modifica el número 2 de la disposición adicional octava para la creación 
de la siguiente escala:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
– Información sobre el mercado de trabajo y sobre las 
medidas y servicios ofrecidos por los servicios públicos de 
empleo.
– Realización de acciones formativas e informativas dirigidas a 
los colectivos de personas desempleadas, particularmente a 
los de larga duración y a las personas jóvenes no integradas 
en los sistemas de formación reglada.
– Diagnosis individualizada y tutorización de las personas 
demandantes de empleo para medir el grado de 
empleabilidad.
– Diseño y seguimiento de los itinerarios individuales que 
faciliten la inclusión de acciones para la mejora de la 
Diplomado o 
empleabilidad.
Escala técnica de  graduado en una 
  A2 – Prospección de las necesidades profesionales que requieren 
orientación laboral titulación de 
las empresas.
cualquier rama.»
– Promoción de la formación del personal demandante según 
las necesidades empresariales, y facilitación de la inserción 
laboral.
– Información y gestión de las ofertas de empleo adecuadas a 
cada persona usuaria, potenciando la captación y la cobertura 
de ofertas a través de un sistema de intermediación 
transparente y eficaz.
– Asesoramiento y motivación a las personas empleadas en la 
busca de mejora del empleo, acorde a su perfil profesional y 
de competencias.
– Cualquier otra de contenido análogo o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
Seis.  Se modifica el número 3 de la disposición adicional octava para la creación, 
dentro de la escala de agentes de inspección, de la siguiente especialidad:
«Denominación Especialidades Subgrupo Función Titulación
– Vigilancia del estado de conservación de los cauces públicos y 
sus zonas de protección (servidumbre y policía) y de las 
actuaciones que se desarrollen en relación con el otorgamiento 
de concesiones y autorizaciones que se refieren al dominio 
público hidráulico y a sus zonas de protección.
– Denuncia o informe de cualquier anomalía o infracción relativa 
al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección.
– Vigilancia de aquellas actividades susceptibles de provocar 
Dominio  vertidos en el dominio público hidráulico o en el mar desde tierra 
Escala de agentes de  Título de bachiller o 
público  C1 mediante el acceso a los puntos que se presuman contaminados, 
inspección. técnico.»
hidráulico. tomando la correspondiente muestra según el protocolo de 
«tomas de muestras».
– Vigilancia de tramos de ríos para localizar áreas que requieran 
limpieza de vegetación, obstrucciones, localización de vertidos y 
tareas semejantes. e.e
– Elaboración de partes de servicio, boletines de denuncias,  bo
li–an sfCo furumanleqcsiuo iyne erd soe tmaraná tsde erdi ooarcneuásml.oegnot ocso nretelancidioon oa dqouse  cteonng sau sre fluanccióionn ceosn.  2020-1849n https://ww
Siete.  Se añade un número 3 ter en la disposición adicional octava con la siguiente 
redacción:
«3 ter.  En la agrupación profesional existirán las siguientes escalas:
Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Vigilancia, custodia, reparto de correspondencia y 
Escala de personal 
  AP documentación, transporte manual, central telefónica, reprografía  No se exige.
subalterno.
y otras semejantes.
– Elaboración y condimentación de platos sencillos según las 
instrucciones de los superiores.
– Mantenimiento y limpieza de la maquinaria, instalaciones y 
utensilios propios del departamento en que preste su trabajo.
Personal de  – Realización de labores de limpieza y desinfección de 
limpieza y  AP dependencias. No se exige.
cocina. – Comunicación de incidencias o anomalías.
– Realización de los trabajos propios de comedor.
– Realización de las funciones propias de lavandería-lencería.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación con 
las funciones anteriores.
Escala de personal de  – Desbroces manuales y mecanizados.
limpieza y recursos  – Tratamientos fitosanitarios con fitocidas y similares para el 
naturales y forestales. control de plagas y enfermedades.
– Conservación de las instalaciones: pintura, reparación de 
cierres y obras de albañilería.
– Manejo de herramientas manuales, eléctricas y maquinaria en 
Personal de 
general. Limpieza, reparación, mantenimiento y sustitución de la 
recursos 
AP herramienta y maquinaria. No se exige.»
naturales y 
– Colocación de vallas, señalización y elementos similares.
forestales.
– Manejo de animales de los centros: pesaje, alimentación y 
tratamientos sanitarios y tareas asimiladas a estas.
– Limpieza de instalaciones y gestión de residuos.
– Recogida de fauna viva y muerta.
– Cualquier otra de contenido análogo o que tenga relación con 
las funciones anteriores.
Ocho.  En  el  número  1  de  la  disposición  adicional  novena  se  modifica  la 
denominación  de  la  «escala  de  facultativos  de  servicios  sociales»,  que  pasa  a 
denominarse «escala de facultativos».
Nueve.  Se modifica el número 1 de la disposición adicional novena para la creación 
de las siguientes escalas:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
– Revisión y traducción de textos gallego-castellano,  Licenciatura en Filología 
castellano-gallego. Gallega; licenciatura en 
– Asesoramiento lingüístico. Filología Hispánica, 
Escala de expertos/as 
  A1 – Elaboración de modelos de documentos. especialidad.
lingüistas.
– Elaboración de informes. Gallego-Portugués; grado 
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación  en Lengua y Literatura  s
con las funciones anteriores. Gallegas. e.
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Licenciatura en Bellas 
Artes; grado en Bellas 
Artes; grado en 
– Estudio, informe, gestión, redacción, ejecución, dirección,  Conservación y 
supervisión, propuesta de resolución e inspección sobre  Restauración de Bienes 
Documentos  intervenciones de conservación y restauración de documentos  Culturales; título superior en 
gráficos. técnicos y administrativos. Conservación y 
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación  Restauración de Bienes 
con las funciones anteriores. Culturales, o cualquier otro 
grado universitario del 
ámbito de la restauración 
de bienes culturales.
Escala de restauración. A1
Licenciatura en Bellas 
Artes; grado en Bellas 
Artes; grado en 
– Estudio, informe, gestión, redacción, ejecución, dirección,  Conservación y 
supervisión, propuesta de resolución e inspección sobre  Restauración de Bienes 
Bienes 
intervenciones de conservación y restauración de bienes  Culturales; título superior en 
artísticos y 
culturales. Conservación y 
arqueológicos.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación  Restauración de Bienes 
con las funciones anteriores. Culturales, o cualquier otro 
grado universitario del 
ámbito de la restauración 
de bienes culturales.»
Diez.  En  el  número  2  de  la  disposición  adicional  novena  se  modifica  la 
denominación de la «escala de técnicos facultativos de servicios sociales», que pasa a 
denominarse «escala técnica de facultativos».
Once.  El cuadro del número 2 de la disposición adicional novena, correspondiente 
a la escala de maestros de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueros, queda 
con la siguiente redacción:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Diplomado o graduado en 
Escala de maestros de 
Prestar apoyo a los profesores numerarios en las prácticas de  una titulación de cualquier 
taller de institutos 
  A2 las enseñanzas marítimo-pesqueras en sus distintas  rama y máster que habilite 
politécnicos marítimo-
especialidades. para el ejercicio de la 
pesqueros.
profesión de profesor.»
Doce.  El cuadro del número 2 de la disposición adicional novena, relativo a la 
escala técnica de facultativos, especialidad de educadores, queda modificado como 
sigue:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Maestro o graduado en una 
Participación en el seguimiento y en la evaluación del proceso  titulación que habilite para 
recuperador o asistencial de las personas usuarias. el ejercicio de la profesión 
Relación con los familiares de las personas usuarias,  de maestro en Educación 
proporcionándoles orientación y apoyo. Infantil, primaria o 
Coordinación de las actividades de la vida diaria de las  diplomado en Educación 
personas usuarias. Social, o primer ciclo de la 
Programación y participación en las áreas de ocio y tiempo  titulación de licenciatura en 
libre. Pedagogía, de la titulación 
Escala técnica de  Programación y ejecución de las actividades educativas y  de licenciado en Psicología 
Educadores. A2
facultativos formativas de las personas usuarias que lo requieran en  o de la titulación de 
centros ocupacionales y CAPD. licenciado en 
Participación, cuando se les requiera, en el equipo  Psicopedagogía, o 
multidisciplinar para la realización de pruebas o valoraciones  graduado en una titulación 
relacionadas con sus funciones. de la rama de ciencias 
Participación en las juntas y sesiones de trabajo en el centro. sociales y jurídicas o de la 
En general, todas aquellas actividades no especificadas  rama de ciencias de la 
anteriormente, incluidas dentro de su profesión o preparación  salud equivalente a 
técnica. cualquiera de las 
anteriores.»
Trece.  Se modifica el número 2 de la disposición adicional novena para la creación 
de la siguiente escala:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Diplomatura o grado en 
Bellas Ates; diplomatura o 
grado en Conservación y 
– Funciones de apoyo en materia de estudio, informe, gestión, 
Restauración de Bienes 
redacción, ejecución, dirección, supervisión, propuesta de 
Culturales; título superior en 
resolución e inspección sobre intervenciones de conservación 
Documentos  Conservación y 
A2 y restauración de documentos técnicos y administrativos no 
gráficos. Restauración de Bienes 
reservadas al cuerpo facultativo superior.
Culturales, o cualquier otra 
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
diplomatura o grado 
con las funciones anteriores.
universitario del ámbito de 
la restauración de bienes 
culturales.
Escala técnica de 
restauración.
Diplomatura o grado en 
Bellas Artes; diplomatura o 
grado en Conservación y 
– Funciones de apoyo en materia de estudio, informe, gestión, 
Restauración de Bienes 
redacción, ejecución, dirección, supervisión, propuesta de 
Culturales; título superior en 
Bienes  resolución e inspección sobre intervenciones de conservación 
Conservación y 
artísticos y    y restauración de bienes culturales, no reservadas al cuerpo 
Restauración de Bienes 
arqueológicos. facultativo superior.
Culturales, o cualquier otra  es
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación  diplomatura o grado  oe.
con las funciones anteriores. b
universitario del ámbito de  w.
la restauración de bienes  49ww
culturales.»
Catorce.  En  el  número  3  de  la  disposición  adicional  novena  se  modifica  la 
denominación de la «escala de agentes técnicos facultativos de servicios sociales», que 
pasa a denominarse «escala de agentes técnicos facultativos».
Quince.  Se  modifica  el  número  3  de  la  disposición  adicional  novena  para  la 
creación de la siguiente escala:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
– Mediación comunicativa entre las personas sordas y 
oyentes.
– Atención dentro del aula en la totalidad de la jornada lectiva, 
en las aulas de apoyo, pedagogía terapéutica y de audición y 
lenguaje; así como en el desarrollo de las diferentes 
actividades complementarias.
Escala técnica de  Técnico/a superior en 
– Adaptación de materiales didácticos a la lengua de signos y 
interpretación de lengua    B Interpretación de la Lengua 
participación en la elaboración de materiales audiovisuales 
de signos. de Signos.»
accesibles.
– Desarrollo de labores de organización en las diferentes 
actividades de sensibilización sobre diversidad e inclusión en 
el centro.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
Dieciséis.  El cuadro del número 3 de la disposición adicional novena, relativo a la 
escala técnica del Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales, queda 
modificado como sigue:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Coordinación y dirección del personal y medios 
encomendados para prevenir, combatir y extinguir los 
incendios de naturaleza forestal, así como la vigilancia y 
supervisión de las labores de prevención. En particular, 
Técnico superior en Gestión 
coordinación de los bomberos/as forestales encargados/as de 
Escala técnica del  Forestal y del Medio Natural 
Bombero/a  brigada y/o bomberos/as forestales a su cargo.
Servicio de Prevención y  o equivalente y carné, 
forestal jefe/a  B Coordinación y apoyo en contingencias y situaciones de 
Defensa Contra  autorización o licencia que 
de brigada. emergencia en las áreas rurales y forestales.
Incendios Forestales. sean necesarios para el 
Colaboración con las personas responsables del servicio de 
manejo de los vehículos.»
protección civil en el amparo de las personas y bienes ante la 
incidencia de los incendios forestales.
Conducción de vehículos del Servicio de Prevención y 
Defensa Contra Incendios Forestales.
Diecisiete.  Se modifica el número 4 de la disposición adicional novena para la 
creación de las siguientes escalas:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
– Calibración, regularización y seguimiento de equipos y 
verificación y mantenimiento de todo tipo de contadores.
– Mantenimiento de instalaciones. Realización de trabajos de 
albañilería, fontanería, pintura, carpintería y solados en las 
instalaciones.
– Supervisión de las operaciones de comprobación periódicas 
definidas en los reglamentos de las instalaciones y en las 
instrucciones técnicas correspondientes.
– Montaje y reparación de los utensilios o aparatos necesarios 
para el funcionamiento del centro o instalación. Título de técnico en la rama 
Escala técnica de  – Guardia y custodia de los libros de mantenimiento,  de instalación y 
mantenimiento de    C1 manuales de instrucciones y libro de visitas. Anotación de las  mantenimiento o en la rama 
servicios. operaciones y revisiones. de electricidad y 
– Gestión y resolución de partes de averías y firma de órdenes  electrónica.»
de trabajo. Cumplimentación de registros.
– Realización del mantenimiento preventivo. Elaboración de 
planes de mantenimiento.
– Petición de material y suministros. Realización de los 
informes necesarios para el funcionamiento del centro.
– Limpieza de la sala de máquinas, instalaciones, cuadros 
eléctricos, transformadores, taller y similares.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
– Coordinación, organización y mantenimiento de las 
instalaciones, de los establecimientos, de los edificios y de los 
espacios naturales correspondientes en los parques naturales, 
centros de recuperación de fauna silvestre, centros 
cinegéticos, piscícolas o análogos, y, en general, el desarrollo 
de las actuaciones que requieran el adecuado funcionamiento 
de estos.
– Coordinación del personal de la escala auxiliar de recursos 
naturales y del personal de la especialidad de recursos 
naturales y forestales de la agrupación profesional que 
prestan servicios en el espacio natural, establecimiento o 
instalación correspondiente.
– Control del cumplimiento de las medidas de prevención de 
riesgos laborales del personal que presta servicios en el 
espacio natural, establecimiento o instalación correspondiente.
– Elaboración de los cuadrantes del personal a su cargo y 
Escala técnica de 
control del cumplimiento horario. Título de técnico en la rama 
recursos naturales y    C1
– Manejo de las aplicaciones informáticas, de los equipos  agraria.
forestales.
informáticos y de las telecomunicaciones necesarios para el 
desarrollo, el registro y control de las funciones que le son 
propias.
– Participación en actividades divulgativas.
– Manejo de vehículos y maquinaria autopropulsada agrícola o 
forestal (tractores).
– Manejo de embarcaciones.
– Recogida de fauna silvestre.
– Actuaciones en situaciones de emergencia en los 
establecimientos, instalaciones y, en general, en los espacios 
naturales en los que desarrollan sus tareas, en colaboración 
con los servicios de protección civil y de gestión de 
emergencias. A tal fin podrán impartir instrucciones al 
personal a su cargo.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
– Organización, coordinación y control del personal adscrito a 
la unidad de cocina.
– Organización y planificación de los menús diarios, 
realización de los planes mensuales.
– Elaboración y condimentación de los platos.
– Gestión de alérgenos, mantenimiento de la documentación 
de trazabilidad, gestión de residuos.
– Control de la despensa diaria, gestión y recepción de 
pedidos.
Escala técnica de  – Supervisión de la limpieza y mantenimiento de la  Título de técnico en la rama 
  C1
cocina. maquinaria, instalaciones y utensilios. Gestión y supervisión  de hostelería.
de los partes de averías.
– Control y registro diarios de temperaturas.
– Gestión y supervisión de los gastos derivados del 
departamento.
– Asistencia a reuniones y elaboración de los informes 
necesarios en relación con las funciones anteriores. es
– Gestión de programas informáticos propios de la unidad. o
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación  w.
con las funciones anteriores. 2020-1849n https://ww
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Realizar el transporte de personas, de la correspondencia 
Título de bachiller o 
oficial o de equipos o de materiales, así como cualquier otro 
equivalente y carné, 
Escala técnica de  servicio que le sea asignado por el parque móvil en atención a 
  C1 autorización o licencia que 
conducción. su escala.
sean necesarios para el 
Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación con 
manejo de los vehículos.
las funciones anteriores.
– Organización y gestión de la actividad del laboratorio.
– Desarrollo de métodos de análisis y realización de ensayos 
y analíticas. Preparación de patrones.
– Organización de planes de muestras y toma de estas. 
Etiquetado, conservación y custodia de muestras.
– Preparación y mantenimiento de los materiales y calibración 
Título de técnico en la rama 
Escala técnica de  de los equipos necesarios.
  C1 de sanidad, de química o 
análisis de laboratorio. – Evaluación de datos y mantenimiento de registros.
marítimo-pesquera.
– Etiquetado, almacenamiento, aislamiento de los materiales y 
productos.
– Gestión y control de las existencias de materiales y 
productos.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
– Ejecución de los trabajos necesarios para el funcionamiento 
de los distintos servicios y procesos del archivo/biblioteca.
– Colaboración en las funciones de organización y gestión 
técnica: gestión de la colección y proceso técnico, acceso al 
documento, desarrollo de actividades culturales, de promoción 
Archivos y 
C1 y de formación de personas usuarias. Título de bachiller o técnico.
bibliotecas.
– Tareas de atención a las personas usuarias y de 
colaboración en la confección de estadísticas.
– Manejo de programas y herramientas tecnológicas.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
Escala técnica de 
archivos, bibliotecas y 
– Ejecución de los trabajos necesarios para el funcionamiento 
museos.
de los distintos servicios y procesos del museo.
– Colaboración en las funciones de organización y gestión 
técnica: gestión de la colección y proceso técnico, desarrollo 
de actividades culturales, de promoción y de formación de 
personas usuarias.
Museos.   Título de bachiller o técnico.
– Tareas de atención al usuario/a y de colaboración en la 
confección de estadísticas.
– Manejo de programas y herramientas tecnológicas, entre 
otras.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
Coordinación y dirección de los bomberos forestales a su 
cargo para prevenir, combatir y extinguir incendios de 
naturaleza forestal, así como vigilancia y mantenimiento de las 
Escala técnica operativa  Título de bachiller o técnico 
Bombero/a  labores de prevención, coordinación en situaciones de 
del Servicio de  y carné, autorización o 
forestal  emergencia en las áreas rurales y forestales y colaboración 
Prevención y Defensa  C1 licencia que sean 
encargado/a  con los responsables de los servicios de protección civil en el  s
Contra Incendios  de brigada. amparo de personas y bienes ante la incidencia de los  necesarios para el manejo  e.e
Forestales. de los vehículos. bo
incendios forestales. w.
Conducción de vehículos del Servicio de Prevención y  49ww
Defensa Contra Incendios Forestales.
Dieciocho.  Se modifica el número 4 bis de la disposición adicional novena para la 
creación de las siguientes escalas:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
– Prestación de servicios complementarios para la asistencia 
de las personas con necesidades especiales: transporte, 
limpieza y aseo, comedor, vigilancia y análogos.
– Colaboración en la inserción en la actividad social y laboral 
de las personas con necesidades especiales.
– Colaboración en la realización de tareas elementales que 
Titulación que habilite para 
completen los servicios especializados, en orden a propiciar la 
Escala auxiliar de  la realización de las 
  C2 autonomía personal y la formación de las personas con 
cuidadores. funciones inherentes a esta 
necesidades especiales.
escala.»
– Colaboración con el personal sanitario.
– Realización de cambios posturales, entrega, recogida de 
análisis clínicos y limpieza y preparación de aparatos y ayudas 
técnicas.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
– Elaboración y condimentación de los menús diarios. 
Aplicación de los protocolos relacionados con su unidad.
– Elaboración de pedidos. Recepción de alimentos, 
comprobación del estado y trazabilidad.
– Anotación de los registros de temperaturas y  Titulación que habilite para 
Escala auxiliar de  cumplimentación de la documentación necesaria. la realización de las 
  C2
cocina. – Envasado, etiquetado y almacenamiento de muestras. funciones inherentes a esta 
– Comunicación de incidencias. escala.
– Colaboración en las tareas de limpieza de la maquinaria, 
utensilios y accesorios de cocina.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
– Realización directa de las operaciones más elementales de 
mantenimiento.
– Auxilio a la escala técnica de mantenimiento en los trabajos 
y operaciones que realicen. Titulación que habilite para 
Escala auxiliar de  – Realización de los trabajos de demolición, picado, apertura,  la realización de las 
  C2
mantenimiento. acarreos, retirada de escombro, útiles, maquinaria y muebles. funciones inherentes a esta 
– Limpieza de la sala de máquinas, instalaciones, cuadros  escala.
eléctricos, transformadores, taller y similares.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
– Manejo elemental de datos y resultados, análisis y control de 
parámetros.
– Almacenamiento, identificación y ordenación del 
instrumental, así como su mantenimiento y conservación.
Titulación que habilite para 
– Recepción y preparación de muestras y formalización de 
Escala auxiliar de  la realización de las 
  C2 registros.
laboratorio. funciones inherentes a esta 
– Mantenimiento y limpieza de las instalaciones y recintos.
escala.
– Control e inventariado del material a su cargo.
– Realización de procedimientos básicos en su ámbito.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación  e.e
con las funciones anteriores. bo
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Titulación que habilite para 
– Realizar el transporte de personas, de la correspondencia 
la realización de las 
oficial o de equipos o de materiales, así como cualquier otro 
funciones inherentes a esta 
Escala auxiliar de  servicio que le sea asignado por el parque móvil en atención a 
  C2 escala y carné, autorización 
conducción. su escala.
o licencia que sean 
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
necesarios para el manejo 
con las funciones anteriores.
de los vehículos.
– Manejo de las aplicaciones informáticas, equipos 
informáticos y de telecomunicaciones necesarios para el 
desarrollo, registro y control de las funciones que le son 
propias.
– Desarrollo de las operaciones propias del cuidado de 
establecimientos, de las instalaciones y de los espacios 
naturales, con maquinaria o no.
– Manejo de vehículos y maquinaria autopropulsada agrícola o 
forestal (tractores) con todos sus aperos, el empleo de 
desbrozadoras o cualquier otro tipo de maquinaria 
mecanizada que precisen las tareas a realizar, así como el 
mantenimiento de estas.
– Manejo de fertilizantes y productos fitosanitarios, así como 
de combustible, aceites y lubricantes para maquinaria y  Titulación que habilite para 
aperos. la realización de las 
– Preparación, manejo, conservación y suministro de  funciones inherentes a esta 
Escala auxiliar de  alimentos, en el caso de personal que desarrolle sus  escala y carné, autorización 
recursos naturales y    C2 funciones en los centros de recuperación de fauna silvestre,  o licencia que sean 
forestales. centros ictiogénicos y otros que tengan a su cargo animales. necesarios para el manejo 
– Manejo de animales, toma de muestras para controles en  de los vehículos, 
laboratorio de las posibles enfermedades o infecciones que se  embarcaciones y 
pudieran producir, colaboración en la aplicación de los  maquinaria.
tratamientos veterinarios y similares.
– Ejecución y mantenimiento de cierres, pasarelas o 
elementos similares.
– Labores de conservación y mantenimiento de pistas, 
desbroces de lindes o trabajos similares.
– Realización de infraestructuras para la protección de las 
especies y espacios.
– Limpieza, desinfección y conservación de las instalaciones, 
establecimientos y demás infraestructuras.
– Manejo de embarcaciones.
– Recogida de fauna.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
con las funciones anteriores.
– Tareas de apoyo para el funcionamiento de los distintos 
servicios y procesos de los archivos y bibliotecas.
Título de graduado en 
Archivos y  – Apoyo en el acceso al documento.
educación secundaria 
bibliotecas. – Atención a las personas usuarias.
obligatoria o equivalente.
– Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación 
Escala auxiliar de  con las funciones anteriores.
archivos, bibliotecas y  C2
museos. – Tareas de apoyo para el funcionamiento de los distintos 
servicios y procesos de los museos. e
Título de graduado en  e.
– Apoyo en el acceso a las colecciones. bo
Museos. educación secundaria  w.
––co  ACntu elaanlsqc iufóuinen rca ioo ltanrase  sdp eea rnastonenárialoosrge uoss .cuoanrtiaesn.ido o que tenga relación  obligatoria o equivalente.» 2020-1849n https://ww
Artículo 8.  Modificación de la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consejo de Cuentas de 
Galicia.
Se añade una disposición transitoria cuarta en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, con la siguiente redacción:
«Disposición  transitoria  cuarta.  Sistema  transitorio  de  reconocimiento  de  la 
progresión en la carrera administrativa.
Mientras no se implante un sistema de carrera profesional en el Consejo de 
Cuentas  de  Galicia,  se  establecerá,  para  el  personal  funcionario  que  preste 
servicios en el Consejo de Cuentas, un sistema transitorio de reconocimiento de 
progresión en la carrera administrativa que le permita a dicho personal progresar 
de manera voluntaria e individualizada, y que promueva su actualización y el 
perfeccionamiento de su cualificación profesional.
El personal funcionario que preste servicios en el Consejo de Cuentas y que 
esté incluido dentro del ámbito de aplicación del número 4 de la disposición 
transitoria octava de la Ley 2/2015, de 29 de abril, podrá optar por acogerse al 
sistema  transitorio  previsto  en  dicho  número  o  al  recogido  en  la  presente 
disposición.
El personal funcionario que preste servicios en el Consejo de Cuentas de 
Galicia y quede encuadrado en el sistema transitorio regulado en esta disposición 
percibirá, de acuerdo con lo que se disponga para cada ejercicio presupuestario 
en la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, una retribución adicional 
al  complemento  de  destino  conforme  al  grupo  o  subgrupo  profesional  de 
pertenencia  en  la  Administración  de  origen  en  el  que  preste  servicios  en  el 
Consejo de Cuentas de Galicia.
De conformidad con la disposición final primera del Reglamento de régimen 
interior del Consejo de Cuentas de Galicia, publicado por Resolución de 17 de 
febrero de 2017, el Pleno adoptará las normas necesarias para la aplicación del 
sistema transitorio previsto en esta disposición, incluidos, entre otros extremos, el 
procedimiento y los requisitos para el acceso a dicho sistema y para el cobro de la 
retribución adicional.
Cuando  se  implante  el  sistema  de  carrera  profesional  en  el  Consejo  de 
Cuentas de Galicia se tendrá en cuenta el desarrollo profesional alcanzado en 
aplicación de esta disposición.»
CAPÍTULO II
Régimen presupuestario
Artículo  9.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  régimen  financiero  y 
presupuestario  de  Galicia,  aprobado  por  el  Decreto  legislativo  1/1999,  de  7  de 
octubre.
El texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, queda modificado como 
sigue:
Uno.  El artículo 118 queda con la siguiente redacción: e.e
«Artículo 118.  Estructura. 49ww
eolp eer1jea.r ccioiLcniaoe  sCp pourree ntsotuadp auGse eslnataes rriaealns td,i depa adltarei msC oionnmcialuulenidsida ays d de enA  tuelatsóson roleemyríeaas  l cledovema ppdrraeessn uadp ecuraáeb sottoo ddsua drsa enl atleas    OE-A-2020-18able en https://
Comunidad Autónoma de cada ejercicio.
2.  La Cuenta General de la Comunidad Autónoma constará de los siguientes 
documentos:
a)  Cuenta de la Administración general de la Comunidad Autónoma.
b)  Cuenta de las entidades en régimen de presupuesto limitativo.
c)  Cuenta de las entidades en régimen de presupuesto estimativo.»
Dos.  El artículo 119 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 119.  Contenido.
1.  La Cuenta de la Administración general de la Comunidad Autónoma se 
formará con base en los estados y documentos que determine la consejería 
competente en materia de hacienda.
Como mínimo, deberán figurar en la Cuenta de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma los siguientes documentos:
a)  La liquidación del presupuesto, especificando los créditos iniciales y sus 
modificaciones, así como la liquidación de los estados de ingresos y gastos en sus 
distintas fases de gestión presupuestaria.
b)  Un estado demostrativo de los compromisos de gastos adquiridos con 
cargo a ejercicios futuros, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 58.
c)  Un estado demostrativo de la evolución y situación de los derechos que se 
deben cobrar y de las obligaciones que se deben pagar procedentes de ejercicios 
anteriores.
d)  Un  estado  demostrativo  de  la  situación  de  la  tesorería  y  de  las 
operaciones realizadas durante el ejercicio.
e)  Un estado demostrativo del endeudamiento público.
f)  El resultado del ejercicio económico, que recogerá la determinación del 
superávit, el déficit o nivelación de la liquidación del presupuesto, el remanente de 
tesorería resultante y la variación de los activos y pasivos financieros.
2.  La  Cuenta  de  las  entidades  en  régimen  de  presupuesto  limitativo  se 
formará con base en los estados y documentos que determine la consejería 
competente en materia de hacienda.
Como mínimo, deberán figurar en la cuenta de las entidades en régimen de 
presupuesto limitativo los siguientes documentos:
a)  Las cuentas anuales de todas las entidades en régimen de presupuesto 
limitativo incluidas en la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 
cada ejercicio, según lo regulado en el plan de contabilidad que les sea de 
aplicación.
b)  La liquidación del presupuesto, especificando los créditos iniciales y sus 
modificaciones, así como la liquidación de los estados de ingresos y gastos en sus 
distintas fases de gestión presupuestaria.
c)  Un estado demostrativo de los compromisos de gastos adquiridos con 
cargo a ejercicios futuros, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 58.
d)  Un estado demostrativo de la evolución y situación de los derechos que se 
deben cobrar y de las obligaciones que se deben pagar procedentes de ejercicios 
anteriores. es
e)  Un estado demostrativo de la situación de la tesorería y las operaciones  o
rsteeusapoleifzr)re aárdvíEaait ls, r  eerdeslu sudrulaétlanftianctedtiet o e o yl  d neleaijvel  verecalajirecicairiocóc.iincó inod  ede elca ol olnisqó uamicditcaivoco,i ósqn yu d epe alr sepicvreoosgsu efpirnáua enlsact oied,r eeotlse .rremminaanceiónnte  ddeel   OE-A-2020-1849able en https://www.
3.  La Cuenta de las entidades en régimen de presupuesto estimativo se 
formará con base en los estados y documentos que determine la consejería 
competente en materia de hacienda.
Como mínimo, deberán figurar en la cuenta de las entidades en régimen de 
presupuesto estimativo las cuentas anuales de todas las entidades en régimen de 
presupuesto estimativo incluidas en la Ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma para cada ejercicio, según lo dispuesto en el plan de contabilidad que 
les sea de aplicación.
4.  La  consejería  competente  en  materia  de  hacienda  establecerá  la 
estructura y el contenido de las cuentas y estados a que se hace referencia en 
este artículo, así como de las demás cuentas que deban rendir las entidades del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia.»
Tres.  El artículo 120 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 120.  Información complementaria.
1.  La Cuenta General de la Comunidad Autónoma irá acompañada de una 
memoria explicativa de las principales magnitudes en la que se proporcione una 
visión global del conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma. En todo 
caso, se incluirá información relativa al movimiento y situación de los avales o 
préstamos concedidos.
La consejería competente en materia de hacienda establecerá la estructura y 
el contenido de la memoria a que se refiere este artículo.
2.  La Intervención General de la Comunidad Autónoma podrá incorporar al 
expediente relativo a la Cuenta General aquella información complementaria que 
considere necesaria para mejorar la comprensión de los documentos que forman 
parte de la Cuenta.»
CAPÍTULO III
Medio ambiente y territorio
Artículo 10.  Modificación de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de 
Galicia.
Se añade un nuevo artículo 9 bis a la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección 
ambiental de Galicia, con la siguiente redacción:
 «Artículo 9 bis.  Vigencia de la declaración de impacto ambiental.
Respeto de la evaluación de impacto ambiental de competencia autonómica, la 
declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y 
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en 
el «Diario Oficial de Galicia», no comenzase la ejecución del proyecto o actividad 
en el plazo de seis años.»
Artículo 11.  Modificación de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de 
Galicia.
La Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, queda modificada  o
como sigue: 49www.
Uno.  El número 4 del artículo 8 queda con la siguiente redacción:
«4.  Planes de acción del paisaje.»
Dos.  El título del artículo 12 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 12.  Planes de acción del paisaje.»
Tres.  Los números 1 y 2 del artículo 12 quedan redactados como sigue:
«1.  La consejería competente en materia de paisaje elaborará planes de 
acción para la protección, gestión y ordenación del paisaje en aquellos territorios 
declarados  como  espacios  naturales  protegidos  según  lo  dispuesto  en  la 
normativa gallega vigente en materia de patrimonio natural, así como en las áreas 
de especial interés paisajístico (AEIP) identificadas en los catálogos del paisaje.
También se podrán elaborar planes de acciones del paisaje en otras zonas 
que, como consecuencia de sus especiales valores paisajísticos o de su estado de 
deterioro, precisen medidas de intervención y protección.
2.  El plan de acción se ajustará a las determinaciones contenidas en las 
directrices de paisaje para el territorio a que se refiera, de conformidad con los 
objetivos de calidad paisajística establecidos, e incluirá además una propuesta de 
medidas  para  el  mantenimiento,  mejora,  recuperación  o  regeneración  de  los 
paisajes presentes en su ámbito.»
Artículo 12.  Modificación de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia.
Se modifica el número 1 del artículo 72 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de 
caza de Galicia, que quedará con la siguiente redacción:
«1.  Las modalidades autorizadas para la caza mayor son las siguientes:
a)  Montería: consiste en batir con ayuda de perros una mancha o extensión 
de monte cerrada por cazadores/as que se distribuyen en armadas y se colocan 
en puestos fijos. En este caso, los/as batidores/as solo podrán portar armas 
blancas para el remate de las piezas. El número de cazadores/as en puestos será 
de entre 20 y 50 y el de perros, de hasta 5 rehalas.
b)  Batida: es una modalidad de caza colectiva para la caza mayor y la caza 
del zorro en la cual participan un mínimo de 10 cazadores/as y un máximo de 30 y 
en la cual pueden variarse los puestos durante el desarrollo de la actividad. Se 
podrán utilizar hasta 30 perros, en dos grupos como máximo, sin perjuicio de una 
posterior confusión. Los perros pueden ser acompañados por cazadores/as en el 
ejercicio de la caza. En esta modalidad no hay auxiliares de caza. La acción 
consistente en el rastreo por los/as cazadores/as de la zona de la batida con 
perros atraillados para localizar el encame de las piezas se considera acción 
preparatoria de la caza.
Exclusivamente para la caza del jabalí, podrá practicarse esta modalidad de 
caza colectiva con la participación de un mínimo de ocho cazadores.
c)  Acecho: consiste en que el/la cazador/a, con el ánimo de abatirla, busca la 
pieza con ayuda de un/una guardia o de un/una guía.
d)  Aguardo o espera: consiste en que el/la cazador/a espera apostado/a en 
un lugar a que la pieza acuda espontáneamente a él.
e)  En mano y al salto: para la caza del jabalí podrán practicarse estas 
modalidades de caza según la definición dada en las letras a) y d) del número 2 de 
este artículo. e
En todas las modalidades de caza mayor las piezas de caza cobradas deberán  w.
ir identificadas con un precinto de caza.» 2020-1849n https://ww
Artículo 13.  Modificación de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se añade un párrafo en la letra d) del número 1 del artículo 21 con la siguiente 
redacción:
«Este  deber  de  cesión  podrá  cumplirse,  en  el  caso  de  conformidad  del 
ayuntamiento, mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en 
metálico, que deberá integrarse en el patrimonio público del suelo, excepto cuando 
pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de 
protección pública en virtud de la reserva que pudiere resultar exigible.»
Dos.  Se añade un párrafo en la letra d) del artículo 29 con la siguiente redacción:
«Este  deber  de  cesión  podrá  cumplirse,  en  el  caso  de  conformidad  del 
ayuntamiento, mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en 
metálico, que deberá integrarse en el patrimonio público del suelo, excepto cuando 
pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de 
protección pública en virtud de la reserva que pudiere resultar exigible.»
Tres.  La letra f) del número 2 del artículo 34 queda con la siguiente redacción:
«f)  Suelo rústico de protección de espacios naturales, constituido por los 
terrenos incluidos en la Red gallega de espacios protegidos, en las áreas de 
presencia y áreas críticas definidas en los planes de recuperación o planes de 
conservación de especies amenazadas y en aquellas otras zonas para las que así 
se  determine  expresamente  en  alguno  de  los  instrumentos  de  planificación 
recogidos  en  la  Ley  5/2019,  de  2  de  agosto,  del  patrimonio  natural  y  de  la 
biodiversidad de Galicia.»
Cuatro.  La letra d) del artículo 39 queda redactada como sigue:
«d)  Cumplir las siguientes condiciones de posición e implantación:
1.ª)  Deberá  justificarse  suficientemente  la  idoneidad  del  emplazamiento 
elegido y la imposibilidad o inconveniencia de emplazarlas en suelo urbano o 
urbanizable con calificación idónea. Tal justificación no será necesaria cuando se 
trate de las construcciones señaladas en el artículo 35.1, letras g), h), i), l), m) y n).
2.ª)  La superficie mínima de la parcela sobre la que se situará la edificación 
será de 2.000 metros cuadrados, y no resultará exigible el cumplimiento de este 
requisito para los usos regulados en el artículo 35.1.m), para la ampliación de 
cementerios y para las instalaciones temporales que presten servicios necesarios 
o convenientes para la utilización y disfrute del dominio público marítimo-terrestre.
Reglamentariamente podrá establecerse la exigencia de una superficie mínima 
de parcela superior a la prevista en este precepto cuando así esté exigido por la 
naturaleza y las características de los usos de que se trate.
Asimismo,  en  el  supuesto  de  planes  especiales  de  infraestructuras  y 
dotaciones que tengan por objeto la implantación de los usos previstos en las 
letras  o)  y  p)  del  artículo  35.1,  reglamentariamente  podrá  establecerse  una 
superficie mínima referida a la totalidad del ámbito que se delimite en el plan. En  s
caso de que afecten a distintas clases de suelo, la superficie incluida en suelo  oe.
rústico deberá cumplir con la condición de superficie mínima establecida con  w.
caráA3c. tªte)o rd goLesan  eessrutaopl see renfif ceeicsett oams lá,e xny.iom sae roác uapdamdiasi bploer a l aa desdcifriicpaccióiónn d een o tpralasn ptaa rncoe laesx.cederá  2020-1849n https://ww
el 20 % de la superficie de la finca. En el caso de invernaderos con destino
exclusivo  al  uso  agrario  que  se  instalen  con  materiales  ligeros  y  fácilmente  Bc
desmontables, de explotaciones ganaderas, de establecimientos de acuicultura y 
de infraestructuras de tratamiento o depuración de aguas, podrán ocupar hasta 
el 60 % de la superficie de la parcela, y la ampliación de los cementerios, la 
totalidad de ella.
Excepcionalmente,  los  instrumentos  establecidos  por  la  legislación  de 
ordenación  del  territorio  podrán  permitir  una  ocupación  superior  para  estas 
actividades, siempre que se mantenga el estado natural, al menos, en un tercio de 
la superficie de la parcela.
4.ª)  Los edificios se situarán dentro de la parcela, adaptándose en lo posible 
al terreno y al lugar más apropiado para conseguir la mayor reducción del impacto 
visual y la menor alteración de la topografía del terreno.
5.ª)  Los retranqueos de las construcciones a los lindes de la parcela deberán 
garantizar la condición de aislamiento, y en ningún caso podrán ser inferiores a 5 
metros.
6.ª)  Las condiciones de abancalamiento obligatorio y de acabado de los 
bancales resultantes deberán definirse y justificarse en el proyecto, de modo que 
quede garantizado el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración 
de la topografía natural de los terrenos.
7.ª)  Se mantendrá el estado natural de los terrenos o, en su caso, el uso 
agrario de ellos o con plantación de arbolado o especies vegetales en, al menos, 
la mitad de la superficie de la parcela, o en un tercio de ella cuando se trate de 
infraestructuras de tratamiento o depuración de aguas.»
Cinco.  La letra f) del artículo 39 queda redactada como sigue:
«f)  Las  edificaciones  destinadas  a  uso  residencial  complementario  de  la 
explotación agrícola o ganadera deberán estar íntimamente ligadas a ellas, en los 
términos que se determinen reglamentariamente.»
Seis.  El artículo 40 queda redactado como sigue:
«Las edificaciones tradicionales existentes en cualquier categoría de suelo de 
núcleo o de suelo rústico podrán ser destinadas a usos residenciales, terciarios o 
productivos,  a  actividades  turísticas  o  artesanales  y  a  pequeños  talleres  y 
equipamientos.
Previa la obtención del título habilitante municipal de naturaleza urbanística, y 
sin necesidad de cumplir los parámetros urbanísticos aplicables excepto el límite 
de altura, se permitirá su reforma, rehabilitación y reconstrucción y su ampliación, 
incluso en volumen independiente, sin que la ampliación pueda superar el 50 % 
del volumen originario de la edificación tradicional.
En  cualquier  caso,  deberán  mantenerse  las  características  esenciales  del 
edificio, del lugar y de su tipología originaria.
A los efectos de lo previsto en este artículo, se consideran edificaciones 
tradicionales todas las edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma sobre el régimen del suelo y 
ordenación urbana, con independencia de su tipología.»
Siete.  La letra a) del número 2 del artículo 78 queda modificada como sigue:
«a)  El ayuntamiento, tras su aprobación inicial, someterá el expediente de  es
delimitación a información pública por un plazo mínimo de dos meses, mediante  o
anuncio  que  se  publicará  en  el  «Diario  Oficial  de  Galicia»  y  en  dos  de  los  49ww
picnuedariivlóeiddsiu csaoelsm p erdoneyte e cmate ala yuson rpa e mdrsiofoudnsifaiiócsna t citiudólena  reelnsa   scuap trcaolsavtisrniafcilcieaas.c  dióAen sl ioumsrbi staemnrroíes,n ticosase.  relsepse cntoo tdifiec alorás   OE-A-2020-18able en https://
El ayuntamiento deberá solicitar, en el momento que corresponda en cada 
caso, los informes sectoriales que resulten preceptivos de conformidad con la 
normativa vigente.»
Ocho.  El artículo 90 queda con la siguiente redacción:
«1.  Los edificios, construcciones e instalaciones erigidos con anterioridad a la 
aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resulten incompatibles con 
sus determinaciones por estar afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, 
dotaciones y equipamientos públicos quedarán incursos en el régimen de fuera de 
ordenación.
En estos edificios, construcciones e instalaciones podrá mantenerse el uso 
preexistente,  en  todo  caso,  incluso  si  se  trata  de  usos  no  permitidos  por  la 
ordenanza o normativa urbanística vigente, y sólo podrán realizarse en ellos obras 
de  conservación  y  las  necesarias  para  el  mantenimiento  de  dicho  uso 
preexistente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de 
cambio de uso a cualquiera de los usos permitidos por la ordenanza o normativa 
urbanística  que  resulte  de  aplicación,  sin  más  obras  que  las  mínimas  e 
imprescindibles.
En ambos casos, los propietarios deberán renunciar al incremento del valor 
expropiatorio, sin que tal renuncia afecte a las obras que sea obligatorio realizar 
para  mantener  el  inmueble  en  adecuadas  condiciones  de  conservación,  de 
acuerdo con el correspondiente informe de evaluación del edificio, cuando este 
sea obligatorio, según la normativa vigente.
El régimen previsto en este número será de aplicación en el caso de los 
edificios,  construcciones  e  instalaciones  existentes  en  suelo  urbano  no 
consolidado,  en  áreas  de  suelo  de  núcleo  rural  en  las  cuales  se  prevean 
actuaciones  de  carácter  integral,  en  el  suelo  urbanizable  y  en  los  terrenos 
afectados a sistemas generales, mientras no esté aprobada definitivamente la 
ordenación detallada de dichos ámbitos.
2.  El  planeamiento  urbanístico  determinará  el  régimen  a  que  deban 
someterse las edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes a su 
aprobación  definitiva  que  no  sean  plenamente  compatibles  con  sus 
determinaciones,  pero  que  no  estén  incursas  en  la  situación  de  fuera  de 
ordenación, conforme a lo señalado en el número anterior, y podrán realizarse, 
como mínimo, las obras señaladas en el número anterior.
En las edificaciones, construcciones e instalaciones en suelo rústico que se 
encuentren en la situación descrita en el párrafo anterior, podrá mantenerse el uso 
preexistente, aunque se trate de usos no ajustados a la normativa urbanística 
vigente. También se admitirán los cambios de uso, siempre que se trate de un uso 
permitido  en  esta  clase  de  suelo,  admitiéndose  las  obras  que  se  ajusten  al 
régimen jurídico del suelo rústico previsto en esta ley y en sus disposiciones 
reglamentarias  de  desarrollo,  sin  que,  en  ningún  caso,  pueda  agravarse  la 
situación de incompatibilidad de la edificación, construcción o instalación respecto 
de la situación inicial.»
Nueve.  El número 3 de la disposición transitoria primera queda redactado como 
sigue: s
«3.  Los  decretos  autonómicos  de  suspensión  del  plan  que  hayan  sido  w.
dictados antes de la entrada en vigor de la presente ley mantendrán su eficacia,  49ww
ccoomrreos pnoonrdmiean tdee p ldaenr egcehnoe rtarla ndsei toorridoe, nhaacsiótan  mlau nfeiccihpaa l, deex ceenpttroa dean  elon  revilgaotivr od aell 
régimen del suelo rústico, respecto del cual resultará de aplicación directa el
régimen jurídico previsto en esta ley y en sus disposiciones reglamentarias de 
desarrollo.»
Diez.  La disposición transitoria tercera queda con la siguiente redacción:
«1.  Las construcciones ejecutadas en suelo rústico al amparo de la licencia 
urbanística podrán mantener el uso autorizado y cambiarlo a cualquiera de los 
previstos en el artículo 40. Se podrán ejecutar en ellas, previa licencia municipal y 
sin necesidad de autorización urbanística autonómica, obras de mejora y reforma 
de las instalaciones sin incrementar la superficie edificada legalmente, aun cuando 
no cumplan las condiciones de implantación, uso y edificación establecidas por 
esta ley.
2.  Asimismo, en las construcciones previstas en el número anterior, previa 
licencia municipal y sin necesidad de autorización urbanística autonómica, podrán 
ejecutarse obras de ampliación de la superficie edificada lícitamente, cumpliendo 
los siguientes requisitos:
a)  Cuando se trate de terrenos que deban ser incluidos en el suelo rústico de 
especial  protección  según  esta  ley,  será  necesario  obtener  la  autorización  o 
informe favorable del órgano con la competencia sectorial correspondiente.
b)  Que cumpla las condiciones de edificación establecidas por el artículo 39 y 
por el planeamiento urbanístico.
c)  Que se adopten las medidas correctoras necesarias para minimizar la 
incidencia sobre el territorio y la mejor protección del paisaje.
d)  Que  se  mantengan  el  uso  y  la  actividad  autorizados  originariamente, 
permitiéndose, en todo caso, el cambio de uso a cualquiera de los regulados en el 
artículo 40.»
Artículo 14.  Modificación del Decreto 92/2019, de 11 de julio, por el que se modifica el 
Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
Se añade una nueva disposición transitoria única al Decreto 92/2019, de 11 de julio, 
por el que se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, con la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria única.  Adaptación del planeamiento.
Lo dispuesto en este decreto no será de aplicación obligatoria a aquellos 
instrumentos de planeamiento urbanístico para los cuales se hubiese formulado el 
informe ambiental estratégico en la fecha de su entrada en vigor.»
Artículo 15.  Modificación de la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de 
regeneración y renovación urbanas de Galicia.
La Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación 
urbanas de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  El número 2 del artículo 14 queda con la siguiente redacción:
«2.  En los edificios ubicados en el territorio histórico de los Caminos de  b
Santiago será aplicable lo contemplado en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo V del  49ww
Dotsít.u loS Ie.» suprime la letra a) del número 5 del artículo 15. OE-A-2020-18able en https://
Tres.  El artículo 43 queda redactado como sigue:
«En los edificios que tengan niveles de protección estructural, ambiental o 
asimilables  a  estos,  así  como  en  los  edificios  que  carezcan  de  protección 
específica, respetando los elementos, los materiales y las características de las 
edificaciones singularmente protegidos, y siempre que se mantenga la referencia a 
la estructura parcelaria original, se permitirá:
a)  Utilizar conjuntamente los portales y los núcleos de comunicación vertical, 
de forma que puedan servir a un máximo de tres edificios.
b)  Regularizar parcelas cuando su configuración actual sea el resultado de 
una distorsión de la tipología del parcelario del ámbito.
c)  Agregar parcelas cuando uno de los edificios tenga una superficie o una 
configuración  que  hagan  inviable  resolver  adecuadamente  los  siguientes 
parámetros:
1.º  La accesibilidad universal a las viviendas.
2.º  El cumplimiento de las condiciones de las normas de habitabilidad de las 
viviendas de Galicia.
3.º  La posibilidad de que la vivienda tenga un mínimo de tres estancias 
destinadas a salón y dos dormitorios.
4.º  El cumplimiento de los estándares establecidos en el Código técnico de la 
edificación, con la admisión de soluciones alternativas que garanticen los mismos 
niveles de prestaciones.
d)  Permitir unir locales de negocio en plantas bajas de varias edificaciones, 
manteniendo la lectura de la estructura parcelaria del ámbito.
e)  Permitir  la  redacción  de  proyectos  que  afecten  a  varios  edificios  que 
puedan  agrupar,  como  espacios  comunes  del  conjunto  de  la  promoción,  las 
superficies no ocupadas por las edificaciones.
En estos casos, se permitirá la ocupación de los patios de manzana, sin 
computar edificabilidad, para garantizar la accesibilidad de varios inmuebles o 
parcelas a través de un único ascensor accesible, siempre que la actuación no 
afecte  a  los  elementos  de  los  inmuebles  o  sus  características  que  estén 
específicamente protegidas, ni comprometa la habitabilidad de las viviendas.»
Cuatro.  Se modifica el número 1 del artículo 105, que tendrá la siguiente redacción:
«1.  El  Instituto  Gallego  de  la  Vivienda  y  Suelo  mantendrá  un  censo  de 
inmuebles declarados en estado de abandono, que estará a disposición de los 
órganos a que se refiere el artículo 119 para la gestión de este tributo. El Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo incluirá en el censo, de oficio, los inmuebles que se 
hayan declarado en estado de abandono.»
Cinco.  Se modifica el número 1 del artículo 113, que tendrá la siguiente redacción:
«1.  El canon se gestionará a partir de la información contenida en el censo 
de inmuebles declarados en estado de abandono a que se refiere el artículo 105. 
El censo, que se formará anualmente, contendrá la información relativa a los 
bienes inmuebles declarados en estado de abandono que estuvieran en esta 
situación el 31 de diciembre del año anterior, por separado para los de cada clase,  e.
y será puesto a disposición de la Administración tributaria en el mes de enero de  w.b
cada año.» 49ww
Artículo 16.  Modificación de la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de 
la biodiversidad de Galicia.
La Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de 
Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el número 3 del artículo 136, que queda redactado del siguiente 
modo:
«3.  La obligación de reparar el daño causado regulada en esta ley prescribirá 
en el plazo de quince años a contar desde que la Administración haya dictado el 
acto que acuerde su imposición, independientemente de la fecha de inicio del 
cómputo de la prescripción de la sanción, conforme a lo que establece el número 
dos de este artículo. Lo anteriormente dispuesto se entenderá sin perjuicio de la 
aplicación  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  responsabilidad 
medioambiental, para la reparación de los daños medioambientales regulados en 
ella.»
Dos.  Se añade una disposición transitoria novena con la siguiente redacción:
«Disposición  transitoria  novena.  Obligaciones  de  reparación  pendientes  de 
cumplimiento.
Dentro del necesario respeto a la normativa básica estatal, lo dispuesto en el 
número 3 del artículo 136 será de aplicación a las obligaciones de reparación de 
daños pendientes de ejecución en el momento de la entrada en vigor de la 
presente  ley  que  hayan  sido  impuestas  por  la  Administración  autonómica  en 
aplicación de la normativa en materia de protección de la naturaleza.»
CAPÍTULO IV
Medio rural
Artículo 17.  Modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa 
contra los incendios forestales de Galicia.
La Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales 
de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  El número 4 del artículo 12 queda con la siguiente redacción:
«4.  Los titulares de las fincas o de los derechos de aprovechamiento en los 
que tengan que realizarse los trabajos preventivos dispondrán de un plazo de 
quince  días  para  realizarlos  y,  en  el  caso  de  no  hacerlo,  la  consejería  con 
competencias en materia de prevención de incendios podrá realizarlos con cargo a 
sus presupuestos, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.
Sin perjuicio del anterior, la Administración autonómica, al amparo de los 
principios de cooperación y colaboración administrativa en prevención y defensa 
contra incendios, podrá conveniar con los ayuntamientos la realización de los 
citados trabajos preventivos, en el marco de lo previsto en la normativa vigente, y, 
en concreto, en la legislación en materia de administración local y en la de  e
prevención y defensa contra incendios. bo
Con  el  objetivo  de  promover  actuaciones  de  fomento  del  empleo  y,  en  49ww
cpoanrtviceunlaiors,  laa sq ulieg asdea sre faie rloes e lp rpoágrrraamfoa asn tdeer iofor rpmoadcráiónn  pyr epvreárc ltaic are aplriozafecsióionn adle,  llooss 
ptroarb ealj oasy upnretavmenietinvtoos. »a través de talleres duales de empleo organizados con tal fin
Dos.  Se añade un artículo 21 quater con la siguiente redacción:
«Artículo 21 quater.  Sistema público de gestión de la biomasa de los terrenos 
rústicos incluidos en las redes de fajas secundarias de gestión de la biomasa.
1.  El sistema público de gestión de la biomasa en los terrenos rústicos 
incluidos en las redes de fajas secundarias de gestión de la biomasa, como 
sistema  de  cooperación  entre  la  Administración  general  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia, la entidad del sector público autonómico Seaga, la Fegamp 
y los ayuntamientos que voluntariamente se adhieran al sistema, tiene por fin la 
prevención de incendios forestales, de modo que se consiga la disminución del 
número de incendios forestales en las zonas de interfaz urbana, garantizando así 
el interés público de la seguridad de personas y de bienes.
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Administración  general  del  Estado,  las 
diputaciones provinciales, o cualquier otra administración o entidad del sector 
público dependientes de ellas, podrán, en su caso, participar en el sistema público 
de gestión de la biomasa mediante la firma del convenio de colaboración a que se 
refiere  el  número  siguiente.  En  este  supuesto,  el  convenio  determinará  los 
términos  precisos  en  que  se  concretará  la  colaboración  y  cooperación  de  la 
administración o entidad que se incorpore a él y, en concreto, sus aportaciones 
económicas, a los efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema.
2.  El sistema público de gestión de la biomasa se instrumenta a través del 
correspondiente convenio de colaboración, de acuerdo con lo previsto en este 
artículo.
El convenio de colaboración en que se instrumenta el sistema público de 
gestión de la biomasa, basado en los principios de colaboración y cooperación 
entre administraciones, se formaliza al amparo de lo previsto en el número 1 del 
artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por 
la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; de lo 
regulado en la Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración local de 
Galicia, en cuanto a la cooperación y coordinación mediante la suscripción de 
convenios entre la Administración autonómica y las administraciones locales con 
la  finalidad  de  la  más  eficaz  gestión  y  prestación  de  los  servicios  de  su 
competencia; así como de lo dispuesto en esta ley de prevención y defensa contra 
los  incendios  forestales  de  Galicia,  en  lo  que  hace  a  la  regulación  de  la 
colaboración con las entidades locales y cooperación administrativa en materia de 
prevención y lucha contra los incendios forestales.
Atendiendo a las necesidades de prevención y lucha contra los incendios 
forestales,  podrán  incluirse  en  el  convenio  de  colaboración,  de  manera 
complementaria y con cargo a las aportaciones realizadas por la Administración 
autonómica, actuaciones de ejecución subsidiarias de su competencia.
3.  El sistema público de gestión de la biomasa comprende, en los términos 
que se estipulan en el convenio de colaboración en que se instrumenta, y, en 
particular, de acuerdo con los criterios de prioridad que en él se determinan y con 
las disponibilidades presupuestarias existentes, todas o alguna de las siguientes 
actuaciones:
a)  La colaboración económica y técnica entre la Administración general de la  e
Comunidad  Autónoma  y  los  ayuntamientos  para  garantizar  la  gestión  de  la  bo
biomasa de las parcelas incluidas en las fajas secundarias de gestión de la  49ww
aabbr iiootloímmcsuaa laossyaa 2u , 2nyy.t, a empnai erpana torltasic  udrleeat rie,r ajpedacaur ac dieóeln   eesjesurpbcesiccidiioeia srd iaea  rdlabesó  rlcaeosam so pbpelirtgoeahncicbioiaidnsae sqs  udreee g cgouerlarsedtisaóp no ednned  eelnal    OE-A-2020-18able en https://
Dentro de la colaboración económica y técnica señalada se incluye, asimismo, 
la asistencia técnica y el apoyo a los ayuntamientos para la tramitación por estos 
de los procedimientos de aprobación de planes de prevención y de determinación 
y delimitación de fajas.
Sin perjuicio de lo anterior, la colaboración podrá incluir cualquier otro tipo de 
actuaciones que tengan por objeto conseguir la finalidad del sistema público de 
gestión de la biomasa en los términos señalados en el número 1 de este artículo, 
como, entre otras, actuaciones de movilización y recuperación de tierras en las 
fajas  secundarias  que  tengan  como  objetivo  combatir  el  abandono  de  áreas 
rurales y garantizar la adecuada gestión de la biomasa a medio o largo plazo.
b)  La prestación por la Administración autonómica del sistema público de 
gestión de la biomasa en los terrenos rústicos incluidos en las fajas secundarias 
de gestión de la biomasa mediante la formalización de contratos de gestión de la 
biomasa con los titulares de los terrenos.
4.  Las actividades materiales de gestión de la biomasa previstas en este 
artículo,  así  como  las  restantes  obligaciones  de  cooperación  técnica  que  la 
Administración autonómica asuma dentro del sistema público de gestión de la 
biomasa serán gestionadas, en su caso, de forma directa a través de Seaga, como 
entidad instrumental perteneciente al sector público autonómico, de la forma que 
se concrete en el convenio de colaboración del sistema público de gestión de la 
biomasa.  A  tales  efectos,  Seaga  podrá  prestar  la  actividad  de  gestión  de  la 
biomasa  mediante  sus  propios  medios  técnicos,  personales  o  materiales,  o 
proceder a la contratación total o parcial de las obras y actividades materiales 
precisas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector 
público.
A los efectos de compensación de costes, Seaga percibirá de las personas 
usuarias del servicio, en los casos en que así proceda, la tarifa prevista en el 
número 7 de este artículo. En los restantes supuestos, Seaga será compensada 
por la Administración autonómica de los costes derivados de su actuación en los 
términos que se señalen en el convenio de colaboración del sistema público de 
gestión de la biomasa.
5.  El convenio de colaboración a través del cual se instrumenta el sistema 
público de gestión de la biomasa preverá la adhesión voluntaria de cualquier 
ayuntamiento de la Comunidad Autónoma a dicho convenio, a los efectos de que 
todos los ayuntamientos de Galicia puedan acceder al sistema y a la colaboración 
correspondiente.
6.  En todo caso, lo previsto en este artículo no afecta ni altera el sistema de 
distribución de competencias en la materia establecido en la presente ley, y, en 
particular, no afecta a las competencias atribuidas a las entidades locales, ni 
supone su asunción por la Administración autonómica.
En este sentido, y a los efectos de colaborar económicamente con el sistema, 
se  reservará  un  subfondo  con  una  cantidad  específica  dentro  del  Fondo  de 
Cooperación Local con la finalidad de contribuir económicamente al convenio. 
Estas aportaciones de las entidades locales al convenio con cargo al Fondo de 
Cooperación  Local  serán  las  que  se  determinen  para  cada  anualidad  en  la 
correspondiente Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
7.  La Administración autonómica realizará la prestación del sistema público 
de  gestión  de  la  biomasa  en  las  parcelas  incluidas  en  las  redes  de  fajas  e.
secundarias de gestión de biomasa de los ayuntamientos adheridos al convenio  w.b
mediante la formalización de contratos de gestión de biomasa con los titulares de  49ww
los tEelr rseenrovsic.io público, en el marco del sistema público de gestión de la biomasa a
tqéurem sineo sre fiperreev iesstotes  aertníc uelol , mseisrám por, esatsaíd oc opmoro l ae And meli nicsotrnavceiónnio a udteo ncóomlaicbao reanc ilóons 
correspondiente  en  el  que  se  establece  el  régimen  jurídico  de  la  actividad 
prestacional.
Las  actividades  de  prestación  llevadas  a  cabo  por  la  Administración 
autonómica en el marco del sistema público de gestión de la biomasa a las que se 
refiere  el  párrafo  anterior  constituyen  un  servicio  público,  de  acuerdo  con  lo 
previsto en el número 1 del artículo 33 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía 
de  calidad  de  los  servicios  públicos  y  de  la  buena  administración,  les  será 
aplicable la regulación y garantías establecidas en dicha ley y serán asumidas 
como  propias  por  la  Administración  autonómica  y  puestas,  bajo  su 
responsabilidad, a disposición de la ciudadanía, a los efectos de lo previsto en la 
citada Ley 1/2015, de 1 de abril, y con base en el convenio de colaboración en el 
que  se  regula  el  sistema  público  de  gestión  de  la  biomasa  en  las  fajas 
secundarias.
A los efectos de la sostenibilidad financiera del sistema público de gestión 
regulado en el presente artículo se establecerá en el convenio una tarifa que 
deberá ser objeto de abono por las personas responsables del cumplimiento de 
las obligaciones de gestión de la biomasa que formalicen el contrato de gestión a 
que se refiere este número. La tarifa será percibida por Seaga, como prestadora 
material de la actividad, será uniforme para todas las personas responsables, y 
será en todo caso inferior a los costes económicos totales de las actividades 
prestadas, teniendo en cuenta el interés público presente en la prevención de los 
incendios  forestales.  En  los  casos  de  impago  de  la  tarifa  establecida  en  el 
contrato, será de aplicación el régimen previsto en el artículo 39 de la Ley 1/2015, 
de 1 de abril, de modo que las cantidades debidas tendrán la consideración de 
créditos de derecho público, cuya recaudación en la vía ejecutiva corresponderá a 
los órganos competentes de la Administración, atendida la situación estatutaria de 
las personas destinatarias de las prestaciones y la responsabilidad última de la 
Administración sobre la actividad.»
Tres.  Se suprime el artículo 22 bis.
Artículo 18.  Modificación de la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
La Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras, queda modificada como 
sigue:
Uno.  Se añade un segundo párrafo al número 2 del artículo 3 con la siguiente 
redacción:
«A  los  efectos  de  esta  ley,  salvo  prueba  en  contrario,  la  Administración 
considerará  persona  propietaria  a  la  titular  que  con  este  carácter  conste  en 
registros públicos que produzcan presunción de titularidad que sólo pueda ser 
destruida judicialmente o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en 
registros fiscales, o, finalmente, a quien lo sea pública y notoriamente, aunque 
carezcan del oportuno título escrito de propiedad.»
Dos.  Se añade un artículo 47 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 47 ter.  Fomento de la movilización de tierras a través del programa de 
aldeas modelo. e
1.  La  consejería  competente  en  materia  del  medio  rural,  a  través  de  la  w.
lAoobgsje enrteicvsioap  eGdceat ilvlfeoogmsa e adnyetua nDr tealasm amireronovtlloiolsi zR, aulcarió arnl,e  padrleioz maticeoiróvrenar sád ,ae a   tairnacitvcuéiaastc ividoaen  yep ser oniny cetoeclgtaorbasod rdaaesc  ióacnold nce oaensl    2020-1849n https://ww
modelo,  consistentes  en  la  recuperación  y  puesta  en  valor  de  las  tierras
circundantes a núcleos de población, incluyendo total o parcialmente sus fajas 
secundarias de gestión de biomasa.
En  los  proyectos  de  aldeas  modelo  se  procurará  la  recuperación  de  la 
actividad económica y social de estos núcleos, con el objetivo de permitir su 
recuperación demográfica y el aumento de la calidad de vida de su población. A 
estos efectos, la consejería competente en materia del medio rural coordinará sus 
actuaciones, además de con los respectivos ayuntamientos, con las consejerías y 
entidades competentes para promover, entre otras finalidades, la recuperación de 
la  capacidad  agronómica  del  perímetro  del  proyecto,  la  rehabilitación  y 
recuperación arquitectónica y urbanística y la promoción del empleo. En particular, 
podrán habilitarse líneas específicas de ayuda para el desarrollo de actividades en 
esos proyectos.
2.  Los proyectos de aldea modelo se realizarán en zonas en abandono o 
infrautilización de alta o especial capacidad productiva para uno o varios cultivos o 
aprovechamientos, y tendrá por objeto principal la vuelta a la producción de áreas 
de tierra agroforestal con buena capacidad productiva que alcanzaron con el paso 
del tiempo estados de abandono y/o infrautilización, recuperando de este modo 
una adecuada actividad económica agroforestal.
3.  El Consejo Rector de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, por solicitud 
previa de los ayuntamientos interesados, a propuesta de la persona titular de la 
dirección general de dicha Agencia, podrá identificar y declarar zonas de actuación 
para la aplicación de proyectos de aldeas modelo, que vendrán definidas por un 
perímetro de actuación integral que podrá contener terrenos que no se integren en 
el proyecto por estar ya en explotación.
4.  Las zonas que se pretendan declarar deberán cumplir, cuando menos, los 
siguientes requisitos:
a)  Que el ayuntamiento justifique que dispone del acuerdo de los titulares de 
los derechos de aprovechamiento que alcancen el mínimo del 70 por ciento de la 
superficie del perímetro del proyecto, en el que deberá incluirse, al menos, el 70 
por ciento de los terrenos que, de acuerdo con la Ley 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, se definan como 
fajas  secundarias  de  gestión  de  la  biomasa.  Asimismo,  los  titulares  deberán 
asumir el compromiso de incorporación de los terrenos al Banco de Tierras para 
su cesión en los términos establecidos en este artículo por el período mínimo de 5 
años. El requisito del porcentaje mínimo de superficie de la faja secundaria podrá 
excepcionarse por parte de la Agencia cuando, por razones de carácter técnico, 
agronómico o productivo, así se justifique.
b)  Asimismo, será requisito previo para la presentación de la solicitud que el 
ayuntamiento se encuentre adherido al sistema público de gestión de la biomasa 
en las fajas secundarias definido en el artículo 21 quater de la Ley 3/2007, de 9 de 
abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.
5.  La declaración de la zona de actuación y aprobación del proyecto de aldea 
modelo irá precedida de la valoración por parte de la Agencia de la prioridad entre 
las  diferentes  iniciativas,  atendiendo  a  sus  disponibilidades  presupuestarias  y 
técnicas  y  a  la  viabilidad  económica  del  proyecto,  así  como  también  de  la 
determinación de la aptitud agroforestal de los terrenos, los cultivos recomendados 
y los criterios que se tendrán en cuenta para decidir la preferencia para su cesión,  e
en  caso  de  que  existan  diversas  solicitudes  de  operadores  económicos  bo
interesados en la participación en el proyecto, y los requisitos de estas. 49ww
la ceEsni ópna rdtiec ulolasr , teenrr elan opso nsdee aratecniódne dráe,  leons trceri toetrriooss,  paa rlaa  dceocmidpirle lma epnretaferireednacdia  epnatrrae 
floinsa lpidraodye lcat oasm dpelianctrioó nd dee  lalas  baalsdee ates rrmitoordiaell od;e a l alsa se xpprlooptauceisotnaess  qyuae e txeisntgeannte sc,o my ao 
las propuestas que se refieran a la producción ecológica y a las producciones de 
ganadería extensiva.
Asimismo, atendidas las potencialidades productivas del proyecto, este podrá 
establecer  mecanismos  que  tiendan  a  la  recuperación  de  los  costes  de 
acondicionamiento, limpieza y puesta en cultivo de las fincas asumidas por la 
Agencia.
6.  Será aplicable para estos proyectos en su integridad lo dispuesto en el 
artículo 47 bis de la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras de 
Galicia, con las adaptaciones derivadas de lo dispuesto en este artículo.
7.  Con carácter previo  a la aprobación del proyecto,  se  remitirá este al 
ayuntamiento  para  que  exprese  el  punto  de  vista  correspondiente  a  sus 
competencias respectivas en el plazo de 10 días.
Asimismo, la Administración autonómica podrá proponer al ayuntamiento la 
adopción de medidas concretas que faciliten el desarrollo del proyecto, que, de ser 
aceptadas  por  el  ayuntamiento,  se  incluirán  en  este.  En  este  sentido,  se 
promoverá la realización de actuaciones de fomento del empleo y, en particular, 
las ligadas a los programas de formación y práctica profesional, incluyendo, entre 
otras, la organización por el ayuntamiento de talleres duales de empleo para la 
realización de actuaciones previstas en el proyecto.
8.  Una  vez  declarada  la  zona  de  actuación  y  aprobado  el  proyecto,  la 
Agencia  publicará  la  declaración  en  el  «Diario  Oficial  de  Galicia»  y  le  dará 
publicidad en su página web y abrirá un plazo mínimo de 10 días hábiles para la 
recepción de propuestas de participación en el proyecto, las cuales, como mínimo, 
deberán  identificar  los  terrenos  que  se  pretenden  aprovechar,  los  cultivos 
correspondientes y los precios que tendrán que satisfacerse a los titulares de los 
derechos sobre ellos, en los términos establecidos en el proyecto.
A los efectos de la valoración de las propuestas y su viabilidad, la Agencia 
podrá requerir cuanta documentación complementaria estime pertinente, incluida 
la presentación de un proyecto básico de la actuación.
En el caso de presentarse propuestas que soliciten la cesión de terrenos por 
un plazo superior al mínimo de 5 años, antes de la selección de la propuesta 
deberá darse traslado a los titulares de los derechos sobre los terrenos para que 
presten su conformidad. En caso de que alguno de los titulares no acepte el plazo 
superior, se le dará la oportunidad a la persona proponente para que reformule su 
propuesta o la retire.
9.  La selección de las propuestas se efectuará a propuesta del órgano de 
gestión del Banco de Tierras de Galicia, en la que se justifique la aplicación de los 
criterios establecidos en la aprobación del proyecto.
10.  En  caso  de  que  no  se  presenten  en  plazo  propuestas  para  el 
aprovechamiento de alguna de las parcelas, la Agencia podrá abrir un nuevo plazo 
de presentación y se admitirán las propuestas que se presenten atendiendo a su 
prioridad temporal, siempre que cumpla los requisitos señalados y dentro del plazo 
de duración del compromiso de incorporación de los titulares de los derechos de 
aprovechamiento de las parcelas al Banco de Tierras.
11.  La  aprobación  del  proyecto  determinará  la  asunción  por  parte  de  la 
Administración autonómica de la limpieza de los terrenos de los titulares incluidos 
en el perímetro del proyecto que asuman el compromiso de incorporar los terrenos 
al Banco de Tierras durante el plazo de cinco años. s
Asimismo, la aprobación del proyecto determinará la aplicación a los terrenos  oe.
de las fajas secundarias de gestión de la biomasa de la aldea modelo que no  w.
estén  incluidos  en  el  perímetro  del  proyecto  o  que,  incluidos  en  él,  no  se  49ww
dinecfoinrpidoor eenn  aell  aBratínccuolo  d2e1  Tqiuearrtaesr , ddee lla  sLisetye m3/a2 0p0ú7b, lidceo  9d ed eg easbtriiól,n d ed ep rleav ebniocmióans ay 
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parte de la Administración autonómica la tarifa correspondiente durante el plazo de 
duración de dicho sistema.
12.  La  Agencia  promoverá  la  adopción  de  acuerdos  con  operadores 
económicos con el objetivo de intentar garantizar la viabilidad económica del 
proyecto mediante el compromiso, entre otros, de adquisición de las producciones 
resultantes de la puesta en valor de los terrenos, sin perjuicio de la libertad de 
contratación de las personas arrendatarias de los terrenos.
13.  Asimismo,  la  Agencia  impulsará  la  creación  de  una  Red  de  Aldeas 
Modelo de Galicia como instrumento de colaboración funcional entre ellas, que 
tendrá como objetivos: la puesta en común de experiencias e información; la 
coordinación de producciones, y la generación de sinergias entre las diferentes 
aldeas y la promoción y puesta en valor de los productos procedentes de estas 
aldeas, y la consecución por estos de estándares de excelencia.»
Artículo 19.  Modificación de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura 
territorial agraria de Galicia.
Se añade una disposición adicional quinta a la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora 
de la estructura territorial agraria de Galicia, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta.  Vigencia de la declaración de impacto ambiental 
en el marco de los procesos de reestructuración parcelaria.
La  declaración  de  impacto  ambiental  de  los  proyectos  de  concentración 
parcelaria en el marco de los procesos de reestructuración parcelaria perderá su 
vigencia y cesará la producción de los efectos que le son propios si, una vez 
publicada en el «Diario Oficial de Galicia», no hubiese comenzado la ejecución del 
proyecto en el plazo de seis años.»
CAPÍTULO V
Infraestructuras y movilidad
Artículo 20.  Modificación de la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de 
personas en vehículos de turismo de Galicia.
La Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de personas en vehículos de 
turismo de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  La letra b) del artículo 3 queda con la siguiente redacción:
«b)  La universalidad, accesibilidad y continuidad en la prestación de los 
servicios de taxi, procurando, particularmente en aquellas zonas donde exista una 
falta de cobertura de ellos, una suficiencia del servicio, y también conseguir el 
equilibrio  económico  de  la  actividad  mediante  la  limitación  en  el  número  de 
habilitaciones y el establecimiento de tarifas obligatorias, que podrán tener el 
carácter de máximas en los supuestos previstos en esta ley.»
Dos.  Se añade un número 4 al artículo 20 con la siguiente redacción:
«4.  La persona conductora también podrá tener una relación de parentesco  e.
con la persona titular de la licencia y serle aplicable el régimen de autónomo  w.b
colaborador.» 49ww
Tres.  Los números 2 y 3 del artículo 25 quedan redactados como sigue:
«2.  No obstante, se autorizarán vehículos de hasta nueve plazas, incluida la 
de  la  persona  conductora,  cuando  dichos  vehículos  estén  adaptados  para  el 
transporte de una o más personas con movilidad reducida en silla de ruedas.
En esta tipología de vehículos, la plaza o plazas previstas para la fijación de 
sillas de ruedas deberán resultar operativas de requerirlo una persona usuaria, sin 
necesidad  de  que  esta  realice  una  reserva  previa  del  servicio,  y  sin  exigir 
operaciones complejas de adaptación que disminuyan la capacidad del vehículo o 
demoren de manera significativa la prestación del servicio.
3.  En todo caso, los vehículos contarán con un espacio dedicado a maletero 
suficiente para transportar el equipaje de su pasaje. Excepto en el supuesto de 
vehículos adaptados para el transporte de personas con movilidad reducida en 
silla de ruedas, dicho espacio deberá resultar independiente y diferenciado del 
habitáculo destinado a las personas.»
Cuatro.  Se añade un número 4 al artículo 33 con la siguiente redacción:
«4.  Cuando el vehículo utilizado para la realización de la totalidad o una parte 
de las expediciones de un transporte regular de uso general o de uso especial 
disponga de título habilitante para el ejercicio de la actividad de transporte público 
en vehículos de turismo, no le serán de aplicación las limitaciones referidas al 
lugar de inicio y destino del servicio para la realización de dichas expediciones.»
Cinco.  El número 4 del artículo 40 queda redactado como sigue:
«4.  Las tarifas de aplicación a los servicios urbanos de taxi serán fijadas por 
los ayuntamientos o, en su caso, por las entidades competentes de las áreas 
territoriales de prestación conjunta. Estas tarifas serán también de aplicación a los 
servicios interurbanos, en el tramo que discurra por el término municipal del 
ayuntamiento de origen del transporte. Fuera de este, se aplicarán las tarifas 
interurbanas,  que  serán  fijadas  por  la  consejería  competente  en  materia  de 
transportes de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Para  fijar  las  referidas  tarifas  interurbanas  será  preceptivo  dar  audiencia, 
previa a su aprobación, al Consejo Gallego de Transportes, para recabar las 
consideraciones que juzgue pertinentes.
La aprobación de las tarifas está sujeta a la legislación vigente en materia de 
precios.»
Seis.  Se modifica el número 7 y se añade un número 8 en el artículo 40 en los 
siguientes términos:
«7.  Sin perjuicio de lo indicado en los números anteriores, con antelación al 
inicio de la prestación de los servicios de taxi, la persona titular de la licencia de 
taxi y las personas usuarias podrán acordar un precio fijo por su prestación, o un 
descuento sobre la tarifa que resulte de aplicación por el conjunto de conceptos 
facturables. En estos supuestos, las tarifas vigentes tendrán la consideración de 
máximas.
En ambos casos indicados en el párrafo anterior, el acuerdo referente a la 
contratación del servicio y al precio o porcentaje de descuento aplicable deberá  s
ser documentado en soporte papel o electrónico, del que se entregará copia a la  oe.
persona  usuaria  con  antelación  al  inicio  de  su  prestación.  En  el  caso  de  w.
establecimiento de un precio final fijo, en dicho acuerdo deberá hacerse constar  49ww
tparnetsota ecli óimn podretel  asecorvridcaiod oa cteonnd liae npdeors oanl a fuascutoarr iak icloomméot reicl oq udee c olarr estaproifnad emríáax aim laa 
aa plolicsa sbulep,le aml teienmtopso q duee  eresspuelrtaas perno gdrea mapaldicoa cyi ófanc.turable, a los peajes, en su caso, y  BOE-A-cable e
En el caso de acordarse la aplicación de un porcentaje de descuento sobre el 
precio  final  del  servicio,  en  la  documentación  de  dicho  acuerdo  deberá 
identificarse  dicho  porcentaje  de  descuento.  Igualmente,  en  el  documento 
justificativo de la prestación del servicio se indicará tanto el precio del servicio 
resultante de la aplicación de la tarifa como el precio efectivamente cobrado.
En el caso de concertación de un precio final fijo por la prestación del servicio, 
el taxímetro reflejará esta circunstancia en los términos que reglamentariamente 
se establezcan.
8.  La normativa de desarrollo de la ley podrá establecer las condiciones 
específicas  de  cobro  anticipado,  total  o  parcial,  de  los  servicios  cuando  las 
condiciones especiales de su prestación así lo aconsejen.
También se podrá establecer un régimen de tarifas específicas en el supuesto 
de servicios contratados por plaza individual.»
Siete.  Se modifica el número 1 del artículo 51, que queda redactado como sigue:
«1.  Los  servicios  de  arrendamiento  de  vehículos  con  conductor  deberán 
contratarse con una antelación mínima de quince minutos a su prestación. En 
caso de que las empresas prestadoras del servicio reconozcan a la persona 
consumidora  o  usuaria  un  período  de  tiempo  para  ejercer  el  derecho  de 
cancelación o desistimiento, este se considerará incluido en el intervalo mínimo 
señalado.
Dicho período temporal mínimo de precontratación no será de aplicación en la 
contratación de la prestación de servicios de transporte público regular.»
Ocho.  Se modifica el número 3 del artículo 51, que queda redactado como sigue:
«3.  Para que produzca efectos frente a la Administración, la contratación de 
servicios de arrendamiento de vehículos con conductor deberá formalizarse en 
soporte papel o electrónico, con el contenido y requisitos que reglamentariamente 
se establezcan.
Durante la prestación del servicio deberá llevarse a bordo del vehículo una 
copia  del  correspondiente  contrato,  o  disponer  de  los  medios  que  permitan 
acreditar su celebración por medios electrónicos y la remisión de la información 
correspondiente  a  dicho  servicio  a  través  de  las  aplicaciones  oficiales  de 
comunicación de este tipo de contratos que en cada caso establezca la normativa 
aplicable.  En  ambos  casos,  de  la  correspondiente  documentación  deberá 
constatarse el contenido mínimo exigido y el tiempo transcurrido entre la reserva 
del servicio y el inicio de su prestación.»
Nueve.  La letra d) del artículo 61 queda redactada como sigue:
«d)  Incumplir  el  régimen  de  tarifas  vigentes  para  el  servicio  de  taxi,  o 
cualquiera de las obligaciones establecida en el artículo 40.7.»
Diez.  Se  añade  una  disposición  transitoria  decimotercera  con  la  siguiente 
redacción:
«En los servicios en que la persona titular de la licencia de taxi y las personas 
usuarias hubiesen acordado un precio final fijo por su prestación de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 40.7, y en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario  e.
de dicho precepto, de disponer de taxímetro, este deberá marcar la posición de  w.b
tarifa 0 desde el inicio del servicio.» 49ww
Artículo 21.  Modificación de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.
La Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  El artículo 19 queda con la siguiente redacción:
«Previo  informe  técnico  sobre  los  objetivos,  contenido  del  documento  y 
procedimiento, los estudios y proyectos que deban someterse a los trámites de 
información pública e informe de las administraciones afectadas serán aprobados 
de forma provisional por el órgano competente de la administración promotora de 
la actuación.
Tan sólo a los efectos de la ocupación temporal de los terrenos para la toma 
de  datos  y  realización  de  prospecciones  necesarias  para  la  elaboración  de 
proyectos, la aprobación provisional de los proyectos o la definitiva de los estudios 
informativos implicará la declaración de utilidad pública y la urgente necesidad de 
ocupación temporal de dichos terrenos.»
Dos.  El número 5 del artículo 22 queda redactado como sigue:
«5.  La aprobación definitiva de los anteproyectos, proyectos de trazado o 
proyectos de construcción implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad 
de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos necesarios para la 
ejecución de las obras, de los depósitos de los materiales sobrantes, de los 
préstamos necesarios para ejecutarlas y para la reposición de servicios afectados, 
siempre que vengan previstos en su proyecto, así como para el replanteo del 
proyecto y las modificaciones de este que, en su caso, se pudieren aprobar 
posteriormente,  y  la  urgencia  de  la  ocupación,  todo  ello  a  los  efectos  de 
expropiación, ocupación temporal o imposición o modificación de servidumbres.»
Tres.  El artículo 27 queda modificado como sigue:
«Las obras de carreteras promovidas por la Administración autonómica o por 
las entidades locales de Galicia, incluidas todas las actuaciones necesarias para 
su ejecución, así como las realizadas en las zonas donde se sitúen sus elementos 
funcionales,  en  el  resto  de  la  zona  de  dominio  público  o  en  la  zona  de 
servidumbre, constituyen actuaciones de interés general y, por lo tanto, no están 
sometidas  a  licencia  o  a  cualquier  otro  acto  de  control  preventivo  municipal 
previsto en la legislación reguladora de las bases del régimen local. A los efectos 
de lo previsto en este artículo, se entienden como necesarias para la ejecución de 
las obras las actuaciones derivadas de la necesidad de reponer los servicios 
afectados independientemente de su titularidad.
La ejecución de dichas obras, siempre que se realice de acuerdo con los 
proyectos  aprobados,  únicamente  podrá  ser  suspendida  por  la  propia 
administración promotora o por la autoridad judicial.»
Cuatro.  El título del capítulo II del título IV pasa a ser «Usos autorizables o sujetos a 
declaración responsable».
Cinco.  Se añade un nuevo artículo 45 bis con la siguiente redacción:
«Artículo  45  bis.  Usos  sujetos  a  declaración  responsable  en  la  zona  de  e.e
servidumbre y en la zona de afección. w.b
csoitunas12ed..  rovsaSS ecoeinn ó  nlca ou znsyoso nisdma e asdranuentj ees tneooirmsbv riidaeausn m todmb erceedln aeoor  areelcansisó  l and  ezedro einfcsiacop anodcsneieos aranvfbeealscec,ci  óiólniann ss d ytae ol amblacra aiconsant reermnse itemenyria oe.rncetiose  rrddeees    OE-A-2020-18able en https://
edificaciones, instalaciones y cierres los siguientes trabajos, siempre que sean de
escasa complejidad y entidad técnica o económica y que no produzcan cambio de 
uso ni incremento de volumen edificado por encima o por debajo de la rasante, ni 
que afecten a la estructura o a la cimentación:
a)  El pintado y la impermeabilización de fachadas.
b)  El cambio de ventanas.
c)  La sustitución de tejados.
d)  Cualquier  otra  actuación  de  mera  conservación  y  mantenimiento  de 
edificaciones, instalaciones y cierres.
3.  No serán usos sujetos a declaración responsable las obras menores de 
conservación y mantenimiento que requieran la ocupación de la zona de dominio 
público con algún elemento auxiliar (tales como andamios, grúas o cualquier otro), 
para las que será necesario obtener la correspondiente autorización.»
Seis.  El título del capítulo III del título IV pasa a ser «Autorizaciones y declaraciones 
responsables».
Siete.  El artículo 47 queda redactado como sigue:
«Artículo 47.  Régimen general y competencia.
1.  La ejecución de obras e instalaciones o la realización de cualquier otra 
actividad  en  la  zona  de  dominio  público  de  la  carretera  o  en  sus  zonas  de 
protección está sujeta al deber de obtener la correspondiente autorización previa, 
salvo que esté sujeta a declaración responsable o sea expresamente permitida por 
esta ley o por su reglamento.
2.  La competencia para autorizar la ejecución de obras e instalaciones o la 
realización de actividades sujetas a autorización en la zona de dominio público de 
la carretera o en sus zonas de protección, así como para realizar las actividades 
de comprobación de aquellas sujetas a declaración responsable en lo que a 
legislación  sectorial  en  materia  de  carreteras  se  refiere,  corresponde  a  la 
Administración titular de la carretera, excepto en la tala de arbolado, que tendrá 
que ser autorizada únicamente por el órgano competente en materia forestal, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, o 
norma  que  la  sustituya,  previo  informe  preceptivo  y  vinculante  del  órgano 
competente de la Administración titular de la carretera.
En  el  caso  de  obras,  instalaciones  o  actividades  no  ejecutadas  por  la 
Administración titular de la carretera, en la parte de la zona de dominio público de 
los tramos urbanos distinta de las calzadas y de sus arcenes, la competencia para 
otorgar  la  autorización  corresponderá  a  los  ayuntamientos,  previo  informe 
vinculante de la Administración titular de la carretera. Ese informe será también 
preciso en el caso de obras, instalaciones o actividades que vaya a realizar el 
propio ayuntamiento.
3.  En el otorgamiento de autorizaciones se impondrán las condiciones que, 
en  cada  caso,  se  consideren  oportunas  para  evitar  daños  y  perjuicios  a  la 
carretera, a las zonas de protección, a sus elementos funcionales, a la seguridad 
de la circulación viaria o a la adecuada explotación de la carretera.
4.  La  autorización  o  la  declaración  responsable  a  que  se  refiere  este 
precepto son independientes y se entienden sin perjuicio de otras licencias o 
autorizaciones que sean necesarias para la ejecución de las obras, instalaciones o  e.
actividades de que se trate.» w.b
Ocdhiori.g «ir4sS.e e  aaE ñnlaa  deAel d cumansi nonis údtmreae clriooós n4  u taistluo alsar trsí cudujeelo tlo a4s 8c  aac rordnee tclealra asr iagycu ieóiennn  etreell asre pldoaan pcsceairbóslnoe:n, ae sintate dreesbaedraá   OE-A-2020-18able en https://
declarará, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la
normativa vigente para obtener el reconocimiento del derecho o facultad, que 
dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el 
cumplimiento  de  las  anteriores  obligaciones  durante  el  período  de  tiempo 
inherente  a  dicho  reconocimiento.  Los  requisitos  mencionados  deberán  estar 
recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración 
responsable.  La  Administración  podrá  requerir  en  cualquier  momento  que  se 
adjunte  la  documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  los  mencionados 
requisitos y la persona interesada deberá aportarla.
La declaración responsable deberá presentarse con una antelación mínima de 
quince días al inicio de las obras, según el modelo normalizado que apruebe la 
Administración titular de la carretera. La actuación deberá ejecutarse en el plazo 
máximo de un año desde la presentación de la declaración.»
Nueve.  El artículo 55 queda modificado como sigue:
«Artículo 55.  Medidas de protección.
1.  La  administración  competente  podrá  disponer,  sin  más  trámites,  en 
resolución motivada la inmediata paralización de las obras y la suspensión de los 
usos no autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas en las 
correspondientes autorizaciones otorgadas por ella.
2.  La Administración titular de la carretera tendrá la facultad de comprobar la 
veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración responsable, 
disponiendo a estos efectos las oportunas tareas de inspección.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a la declaración responsable, o la no presentación 
ante la administración titular de la carretera de la declaración responsable o de la 
documentación que sea, en su caso, requerida para acreditar el cumplimiento de 
lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con la ejecución de la 
actuación desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penitenciarias, civiles o administrativas a que 
hubiere lugar. La resolución que declare tales circunstancias podrá determinar la 
obligación  de  la  persona  interesada  de  restituir  la  situación  jurídica  al  punto 
anterior al inicio de la actuación correspondiente, previa la tramitación de un 
expediente de reposición de la legalidad viaria.
3.  La  administración  competente  podrá  instar,  mediante  la  oportuna 
notificación, a las empresas suministradoras de servicios públicos a que procedan 
a  suspender  en  el  plazo  de  siete  días  naturales  el  suministro  del  servicio 
correspondiente a las obras o a los usos en los que se hubiese dispuesto su 
paralización o suspensión. La suspensión del suministro sólo se podrá levantar 
una  vez  que  se  haya  procedido  a  la  legalización  de  las  obras  o  del  uso  o 
posteriormente a la notificación en tal sentido de la administración competente a 
las empresas suministradoras.
4.  La administración competente podrá precintar las obras o instalaciones y 
ordenar a la persona responsable de la actuación, de la obra o del uso, la retirada, 
en el plazo de dos días naturales, de la maquinaria y de los materiales acopiados. 
Si incumpliese la obligación de retirada, esta podrá ser realizada, sin más trámites, 
por la administración competente, a cuenta de aquella. e
5.  Si las actuaciones no autorizadas o que no se ajustan a la autorización,  bo
así como, en los supuestos de aplicación del régimen de declaración responsable,  49ww
lpglaaaas prr aaen nrolsta ioz dsaneerac g llaraue rrssaidepdagoaduns rs vidaoiaab rqdlieau  d,ey e  las nli aona   dcmsimerác isuna lijtasurtcásriamtóacninit.óe ans  , clloao smd mepceeltaderindatadeso p ,q osuduerp áeo santdeimonp eut aonrp , roaier tsucgunoea nsg tapra advreae    OE-A-2020-18able en https://
6.  En la resolución de paralización o suspensión, se ordenará la incoación de 
un expediente de reposición de la legalidad viaria que, una vez instruido y previa 
audiencia a la persona responsable, resolverá sobre la posible legalización de las 
obras o de los usos.
7.  En el caso de apreciarse que podrían ser legalizables, se instará a la 
persona responsable para que, en el plazo de siete días naturales, solicite la 
legalización de la actuación.
Si la persona responsable no solicita la legalización en dicho plazo o cuando la 
actuación no fuere legalizable, la administración competente podrá acordar en 
resolución motivada la demolición de las obras y la suspensión definitiva de los 
usos y el restablecimiento de la realidad física alterada, y requerirá a la persona 
responsable que proceda a su cumplimiento en el plazo que se le conceda, que 
debe ser proporcional a las circunstancias de la actuación que haya que realizar.
Transcurrido  el  plazo  sin  que  la  persona  responsable  haya  atendido  al 
requerimiento, la administración competente procederá, sin más trámites, a la 
ejecución subsidiaria por cuenta de aquella.»
Diez.  La letra a) del número 1 del artículo 61 queda redactada como sigue:
«a)  Realizar  obras,  instalaciones,  usos  o  actuaciones  en  las  zonas  de 
protección de la carretera llevados a cabo sin las autorizaciones requeridas, sin la 
previa declaración responsable en los casos en que proceda o incumpliendo 
alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas o las 
especificadas en la declaración responsable respecto de los usos sujetos a este 
régimen, cuando puedan ser objeto de legalización posterior en su totalidad.»
Once.  La letra a) del número 2 del artículo 61 queda con la siguiente redacción:
«a)  Realizar obras, instalaciones, usos o actuaciones no permitidos en las 
zonas de protección de la carretera o incumpliendo alguna de las prescripciones 
impuestas en las autorizaciones otorgadas o las especificadas en la declaración 
responsable  respecto  de  los  usos  sujetos  a  este  régimen,  cuando,  en  estos 
últimos casos, no fuere posible su legalización posterior.»
Doce.  La letra b) del número 1 del artículo 63 queda redactada como sigue:
«b)  En  caso  de  incumplimiento  de  las  condiciones  de  una  autorización 
administrativa o de una declaración responsable respecto de los usos sujetos a 
este  régimen,  la  persona  titular  de  la  autorización  o  la  persona  declarante, 
respectivamente.»
Trece.  El número 1 de la disposición adicional primera queda con la siguiente 
redacción:
«1.  En las edificaciones, instalaciones y cierres preexistentes en la zona 
comprendida entre la línea exterior de delimitación de la calzada de la carretera y 
la línea límite de edificación se podrán autorizar, o quedarán sujetas al régimen de 
declaración responsable, de tratarse de los usos previstos en el artículo 45 bis, en 
lo que a la legislación sectorial en materia de carreteras se refiere, y siempre que 
quede garantizada la seguridad viaria en la carretera y en sus accesos y no se 
produzca cambio de uso ni incremento de volumen edificado, por encima o por  e.
debajo de la rasante del terreno: w.b
sreuhpauabbe))i  slittaoCEcsxoi códnene p. cicnaitoreánrcéatslem rp eúngbteleicn, oe rooa bls,r oaclsai asl  daeos bí rcrauesah laidfbiecila itdamocasió.n»nt eneimstireuncttou,r alc, onesne rvaaqcuióenll osy   OE-A-2020-18able en https://
CAPÍTULO VI
Mar
Artículo 22.  Modificación de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia.
La Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  El número 1 del artículo 102 queda redactado como sigue:
«1.  En el plazo que se establezca en la convocatoria correspondiente, que no 
podrá  ser  inferior  a  quince  días  hábiles,  las  personas  interesadas  deberán 
presentar su solicitud debidamente cumplimentada según el modelo normalizado 
que figure en las bases y con la documentación que se indique en la convocatoria. 
La  documentación  que  se  deberá  presentar  con  la  solicitud  será  la  prevista 
reglamentariamente, sin perjuicio de que adicionalmente Puertos de Galicia pueda 
solicitar cualquiera otro documento o justificación que considere necesario para 
resolver fundadamente sobre la solicitud presentada.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común respecto de los documentos elaborados o que ya obren en 
poder de las administraciones públicas.»
Dos.  El número 2 del artículo 137 queda redactado como sigue:
«En los supuestos previstos en los artículos 131.n), 132.j) y 133.c), la multa 
será equivalente, respectivamente, al quince por ciento del valor de las obras e 
instalaciones para la infracción leve, al treinta por ciento del valor de las obras e 
instalaciones para la infracción grave y al cincuenta por ciento del valor de las 
obras e instalaciones para la infracción muy grave.»
Tres.  La regla 2.ª de la letra b) de la disposición transitoria sexta queda redactada 
como sigue:
«2.ª)  Superficie edificable: máximo de 1,5 metros cuadrados de superficie 
construida por cada metro cuadrado sobre la superficie en planta de la edificación 
resultante.»
CAPÍTULO VII
Política social
Artículo 23.  Modificación de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de 
Galicia.
La  Ley  13/2008,  de  3  de  diciembre,  de  servicios  sociales  de  Galicia,  queda 
modificada como sigue:
Uno.  El artículo 77 queda con la siguiente redacción:
«1.  Son sujetos responsables de las infracciones que tipifica la presente ley 
las personas físicas o jurídicas que sean titulares o gestoras de los centros,  e.e
programas o servicios sociales que incurran en tales infracciones. También serán  b
responsables las personas físicas que asuman, en aquellas personas jurídicas o  49ww
efunn clioosn esc endtero s,r epprreosgeranmtaacsió no,   asedrmviicniiosstr acsioócnia, legse rdeenpceian doie ntdeisre cdceió ne llacsu,a nldaos 
cinutleprav.engan, con su actuación, en la comisión de la infracción a título de dolo o
2.  Cuando, como consecuencia de un proceso de transformación o fusión, la 
persona  jurídica  que  cometió  la  infracción  se  haya  extinguido  y  su  actividad 
económica  la  continúe  la  persona  jurídica  resultante  de  dicho  proceso,  con 
asunción de los medios materiales y personales de la explotación, esta última 
responderá de la infracción cometida por aquella.
3.  Asimismo, cuando una persona jurídica suceda a la persona jurídica que 
cometió la infracción en la realización de las actividades económicas en el ámbito 
de los servicios sociales y esta última, aunque conserve su personalidad jurídica, 
deje de realizar actividades económicas o pase a actuar en otros ámbitos o 
sectores  diferentes  de  los  servicios  sociales,  aquella  responderá  de  las 
infracciones tipificadas en esta ley cometidas por esta última.
4.  En caso de que los hechos imputados pudieran ser constitutivos de ilícito 
penal,  se  pondrán  en  conocimiento  del  ministerio  fiscal  o  del  órgano  judicial 
competente,  y  el  instructor  o  instructora  suspenderá  la  tramitación  del 
procedimiento sancionador hasta que adquiera firmeza la resolución que ponga fin 
al procedimiento judicial. La comunicación al órgano judicial o al ministerio fiscal o 
el inicio de actuaciones por parte de estos no afecta al cumplimiento inmediato de 
las medidas cautelares adoptadas en los casos de riesgo grave para la seguridad 
o la salud de las personas usuarias.»
Dos.  La letra b) del número 2 del artículo 83 queda redactada como sigue:
«Inhabilitación  para  el  desarrollo  de  las  funciones  o  actividades  en  cuyo 
desarrollo se haya cometido la infracción, hasta un plazo máximo de cinco años. 
La  inhabilitación  podrá  referirse  a  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  sean 
titulares  o  gestoras  de  los  centros,  programas  o  servicios  sociales,  y  a  las 
personas físicas que asuman, en aquellas personas jurídicas o en los centros, 
programas  o  servicios  sociales  dependientes  de  ellas,  las  funciones  de 
representación, administración, gerencia o dirección.»
Tres.  El artículo 86 queda con la siguiente redacción:
«1.  El procedimiento sancionador por las infracciones tipificadas en esta ley 
se ajustará a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.
2.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los expedientes 
sancionadores en materia de servicios sociales será de un año.»
Cuatro.  Se añade un artículo 88 bis con la siguiente redacción:
«1.  En los casos en que la infracción consista en la omisión de alguna 
conducta  o  actuación  exigible  legalmente,  la  sanción  irá  acompañada  de  un 
requerimiento en el que se detallen tanto las actuaciones concretas que debe 
realizar la persona infractora para la restitución de la situación a las condiciones 
legalmente exigibles, como el plazo de que dispone para ello.
Para el caso de que la persona infractora no cumpla con el requerimiento 
dentro de plazo y en la forma procedente, el órgano competente para sancionar 
podrá  acordar  la  imposición  de  multas  coercitivas  según  lo  dispuesto  en  el 
artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. es
2.  La imposición de las multas coercitivas se hará por lapsos de tiempo no  o
inferiores a un mes. La cuantía de cada multa será la resultante de multiplicar  49ww
ehdlae ys1ad3  e.%c  ul amLd afepisnll i adimloimz.pauoclrtiatóesn   ddeceo l leapr lcasiztaiovn acfsiijóa nds ood npe a mrianu dclteuapm eimpnldipri ueeenl streteasq  upeodrrei m loilesa nsdt oía sssai nnt rcqaiounnese ceuss rtreiqd uosees    OE-A-2020-18able en https://
corresponda imponer y compatibles con ellas.»
Cinco.  El artículo 97 queda redactado como sigue:
«1.  En el caso de infracciones leves y graves la iniciación del procedimiento 
corresponderá a la persona titular de la jefatura de servicio competente por razón 
de la materia de la jefatura territorial de la consejería de la Administración general 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  competente  en  materia  de  servicios 
sociales.
La instrucción será realizada por el personal funcionario de la jefatura territorial 
designado al efecto, y para la resolución del procedimiento será competente la jefa 
o el jefe territorial.
2.  En los casos de infracciones muy graves la iniciación del procedimiento 
corresponderá a la persona titular de la jefatura de servicio competente por razón 
de la materia de los servicios centrales de la Administración autonómica.
La  instrucción  corresponderá  al  personal  funcionario  designado  al  efecto. 
Instruido  el  procedimiento  y  previa  audiencia  de  la  persona  presuntamente 
infractora, se emitirá una propuesta de resolución que se le notificará a la persona 
interesada. La resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular del 
órgano de dirección de la Administración autonómica competente en materia de 
servicios sociales.
3.  El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas.»
Seis.  Se añade una disposición adicional novena con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena.  Actuaciones para conseguir la gratuidad de la 
atención educativa en las escuelas infantiles de 0-3 años para segundos/as 
hijos/as y sucesivos/as.
1.  En las escuelas infantiles de 0-3 años dependientes de la Agencia Gallega 
de Servicios Sociales y del Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar, con el fin 
de lograr el objetivo de interés público, por razones de impulso demográfico y 
conciliación, de conseguir la gratuidad de la atención educativa en ellas en el caso 
de la matriculación del segundo hijo o hija y sucesivos/as de la unidad familiar, se 
aplicará  para  estos  una  bonificación  del  100  %  de  los  precios  públicos  o 
contraprestaciones pecuniarias que se encuentren en cada momento en vigor.
La bonificación del 100 % de las cantidades correspondientes a la atención 
educativa en el supuesto de matriculación del segundo hijo o hija y sucesivos/as 
de la unidad familiar se aplicará también en el caso de las plazas contratadas por 
la consejería competente en materia de servicios sociales en escuelas infantiles 
de  titularidad  privada,  por  lo  que  la  Administración  autonómica  asumirá,  de 
acuerdo con el régimen previsto en el contrato, el pago de las cantidades que, en 
su caso, correspondan por el indicado concepto a la unidad familiar.
Esta medida tendrá efectos económicos desde el 1 de abril de 2020 o desde la 
fecha anterior que se determine, atendidas las disponibilidades presupuestarias, 
por resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de 
servicios  sociales,  publicada  en  el  «Diario  Oficial  de  Galicia»,  y  se  aplicará 
directamente, sin perjuicio de la posterior adaptación de la normativa sobre precios 
en vigor a lo dispuesto en esta disposición. s
2.  Con el mismo objetivo recogido en el número anterior, en las escuelas  oe.
infantiles  de  0-3  años  dependientes  de  las  entidades  locales  que  hayan  w.
eiGmqapulilicavinaatl eaendntoe  l aaps a leraas  cduleaer liavaast deiann fcadiónentli  lereés dgduimec aettniitv uadla er iudpnar edc saiiosustte omensóatm abdicleea c, icdeoonp  apcgaoosr o l aed neX  uqcnuuteaa n ldtaíeas    2020-1849n https://ww
indicadas entidades opten voluntariamente por el establecimiento y aplicación, a
partir de la matriculación en ellas del segundo hijo o hija de la unidad familiar,  Bc
estos incluidos, de la bonificación del 100 % establecida en el número anterior, y 
así lo justifiquen, serán compensadas por la consejería competente en la materia 
de servicios sociales en esa cuantía mediante su inclusión en el sistema de 
cofinanciación de servicios sociales.
En caso de que las entidades locales hayan implantado para la atención 
educativa un sistema de copago en cuantía superior a la derivada del régimen de 
precios  establecido  por  la  Xunta  de  Galicia  para  las  escuelas  infantiles  de 
titularidad autonómica, el importe de la compensación regulada en el párrafo 
anterior sólo podrá alcanzar una cuantía equivalente a la derivada del aludido 
régimen  de  precios,  siempre  que  aquellas  justifiquen  la  aplicación  de  la 
bonificación del 100 % de la cuantía de los precios públicos o contraprestaciones 
pecuniarias que se encuentren en cada momento en vigor, y será a cargo de las 
entidades locales la cuantía de la bonificación en lo que exceda de la cantidad 
compensada  por  la  Administración  autonómica,  debiendo  consignarse  en  los 
presupuestos de la entidad local las dotaciones oportunas.
A los efectos de lo dispuesto en esta disposición, respecto de las entidades 
locales que opten por la aplicación de la bonificación establecida, se entenderá 
que existen razones de interés público que permiten fijar la cuantía de los precios 
públicos  o  contraprestaciones  pecuniarias  por  debajo  del  límite  del  coste  del 
servicio.
La medida establecida en este número podrá tener efectos económicos en el 
curso  2020-2021  y  ser  aplicable  directamente,  siempre  que  los  órganos 
competentes de las entidades locales acuerden su establecimiento y aplicación, 
sin perjuicio de que deban proceder a la adaptación de su normativa sobre precios 
o contraprestaciones en vigor a lo dispuesto en esta disposición.
Para  que  sea  aplicable  la  compensación  prevista  en  este  número,  las 
entidades  locales  deberán  acreditar  estar  al  corriente  en  el  pago  de  las 
liquidaciones derivadas del régimen de cofinanciación regulado en el artículo 69 
de la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de 
ordenación.
3.  Las bonificaciones financieras y compensaciones financieras establecidas 
en los números anteriores se realizarán siempre dentro de los créditos disponibles 
en cada ejercicio presupuestario.
4.  En las bases reguladoras de las subvenciones para el mantenimiento de 
las  escuelas  infantiles  de  0-3  años  dependientes  de  entidades  privadas  de 
iniciativa social que apruebe la consejería competente en materia de servicios 
sociales, se establecerá como condición para obtener la financiación la necesidad 
de la aplicación de precios equivalentes a los derivados del régimen de precios 
públicos o contraprestaciones pecuniarias que se encuentren en cada momento 
en vigor, así como de la aplicación, desde la fecha que se determine en las bases 
reguladoras, de la bonificación del 100 % de las cantidades correspondientes a la 
atención  educativa  en  el  caso  de  la  matriculación  del  segundo  hijo  o  hija  y 
sucesivos/as  de  la  unidad  familiar.  Estas  entidades  serán  compensadas  de 
acuerdo con el régimen de financiación que se disponga en las indicadas bases 
reguladoras.
5.  La  consejería  competente  en  materia  de  servicios  sociales  adoptará 
medidas tendentes a promover y fomentar que las entidades públicas distintas de 
las recogidas en los números anteriores de este artículo, así como las entidades  s
privadas, que sean titulares de escuelas infantiles de 0-3 años, apliquen para el  oe.
segundo hijo o hija de la unidad familiar y sucesivos/as una bonificación del 100 %  w.
de  la  contraprestación  pecuniaria  que  tengan  establecida  por  la  atención  49ww
esudbuvceantivcaio.n eEs.n tEren  etaslteoss  cmaseodsid asse ráp oad cráa rgeon cdoen tlraasr seen tideal deess talab leccuiamniteían tod e dlae 
bAodnmifiinciasctriaócni óenn a ulot oqnuóem iecxac.»eda de la cuantía de la subvención otorgada por la  BOE-A-cable e
Artículo 24.  Modificación del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a 
las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el 
procedimiento  para  la  elaboración  del  Programa  Individual  de  Atención  y  la 
organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.
El Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del 
sistema  para  la  autonomía  y  atención  a  la  dependencia,  el  procedimiento  para  la 
elaboración del Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de 
los órganos técnicos competentes, queda modificado como sigue:
Uno.  El apartado I de la letra c) del número 3 del artículo 37 queda con la siguiente 
redacción:
«Deberá indicarse que la persona solicitante se incorpora a un programa de 
asignación de recursos, especificando los criterios de preferencia en el acceso a 
los servicios, que deberá de producirse en un plazo no superior a tres meses 
desde  la  resolución  del  PIA.  Transcurrido  el  plazo  de  tres  meses  y  de  no 
producirse el acceso al servicio público, la persona beneficiaria podrá solicitar una 
modificación de su PIA a efectos de obtener una libranza vinculada a un servicio. 
En tal caso podrá optar por seguir incorporado al programa a la espera del acceso 
a un servicio público o no.»
Dos.  El número 1 del artículo 45 queda redactado como sigue:
«1.  La asignación de plazas vacantes a personas incluidas en el programa 
de asignación de recursos en centros del sistema gallego de servicios sociales 
será efectuada por el órgano superior competente en materia de dependencia, que 
aprobará el correspondiente ingreso. Tal asignación deberá efectuarse a favor de 
la persona que se encuentre mejor situada dentro del programa de asignación de 
recursos, con respecto al tipo de recurso y vacante de que se trate.
No obstante lo anterior, se dará preferencia en la asignación de recursos con 
respecto al tipo de recurso y vacante de que se trate, excepto en las situaciones 
de emergencia social reguladas en el artículo 16, al supuesto de personas cuya 
atención se haya venido realizando con recursos del sistema educativo y que, por 
razón de edad, no puedan permanecer en dicho sistema, siendo necesaria una 
continuidad en su atención a través de recursos del sistema de servicios sociales. 
El orden de prelación de estas personas entre sí vendrá determinada por la 
aplicación de los criterios generales previstos en el artículo anterior.»
Artículo 25.  Modificación del Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se 
regula el régimen de registro, autorización, acreditación e inspección de los servicios 
sociales en Galicia.
El Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, 
autorización,  acreditación  e  inspección  de  los  servicios  sociales  en  Galicia,  queda 
modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 5, que queda con la siguiente redacción: s
«1.  Los procedimientos regulados en este decreto se tramitarán conforme a  w.b
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo  49ww
cdoem súenrv idceio sla sso acdiamleins isdtera Gciaolniceias. públicas, y en la Ley 13/2008, de 3 de diciembre,
travé2s.  dLeal sfo srmoluicliaturidoe nso srme aplrizeasdeon tadrisápno onbiblilgea etonr ilaam seendtee  eploerc tmróendicioas d eel elact rXóunnictao sd ae 
Galicia, https://sede.xunta.gal.
Con el objetivo de mantener adaptados a la normativa vigente los formularios 
vinculados  a  los  procedimientos  previstos  en  este  decreto,  estos  podrán  ser 
actualizados en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, sin necesidad de 
publicarlos  nuevamente  en  el  «Diario  Oficial  de  Galicia»,  siempre  que  la 
actualización no suponga una modificación sustancial.
Si  alguna  de  las  personas  interesadas  presenta  su  solicitud  de  forma 
presencial,  será  requerida  para  que  la  subsane  a  través  de  su  presentación 
electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la 
solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los 
mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta 
de Galicia, incluido el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/
chave365).
No será necesario aportar los documentos que ya hayan sido presentados 
anteriormente.  A  estos  efectos,  la  persona  interesada  deberá  indicar  en  qué 
momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano 
competente podrá requerir a la persona interesada su presentación, o, en su 
defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el 
documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3.  La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. 
Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos 
que  presenten.  Excepcionalmente,  cuando  la  relevancia  del  documento  en  el 
procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la 
Administración podrá requerir de manera motivada la exhibición del documento 
original para el cotejo de la copia electrónica presentada.
Si  alguna  de  las  personas  interesadas  presenta  la  documentación 
complementaria de forma presencial, será requerida para que la subsane a través 
de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de 
presentación aquella en que haya sido realizada la subsanación.
Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la 
solicitud deberá indicarse el código y el órgano responsable del procedimiento, el 
número de registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se 
dispone de él.
4.  En caso de que alguno de los documentos que se van a presentar de 
forma electrónica supere los tamaños máximos establecidos o tenga un formato 
no  admitido  por  la  sede  electrónica  de  la  Xunta  de  Galicia,  se  permitirá  su 
presentación de forma presencial dentro de los plazos previstos y en la forma 
indicada  en  el  número  anterior.  La  información  actualizada  sobre  el  tamaño 
máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).
5.  Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán 
sólo por medios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común.
Las  notificaciones  electrónicas  se  realizarán  mediante  el  Sistema  de 
notificación electrónica de Galicia (Notifica.gal) disponible a través de la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá a 
las personas interesadas avisos de la puesta a disposición de las notificaciones a  s
la cuenta de correo y/o teléfono móvil que consten en la solicitud. Estos avisos no  oe.
tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada y su falta no impedirá  w.
que la notificación sea considerada plenamente válida. 49ww
direcAc ióens toesl eecfterócntoicsa,  lahsa bpilietarsdoan aúsn icinat erae satrdaavsé sd edbeel ráSni scteremaar   yd em  annotteifnicearc iósun 
etrlaemctirtóandiocsa  pdoer  Glaa Alicdima i(nNisottriaficciaó.ng agl)e,n peararal  yto ldaoss e lnotsid pardoecse dinimstireunmtoesn taadlems indieslt rsaeticvtoosr   BOE-A-cable e
público autonómico. En todo caso, la Administración general podrá crear de oficio 
la indicada dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas 
interesadas de su obligación de relacionarse por medios electrónicos.
Las  notificaciones  se  entenderán  practicadas  en  el  momento  en  que  se 
produzca  el  acceso  a  su  contenido,  y  se  entenderán  rechazadas  cuando 
transcurran diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido.
Si  el  envío  de  la  notificación  electrónica  no  fuere  posible  por  problemas 
técnicos,  la  Administración  general  practicará  la  notificación  por  los  medios 
previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
6.  Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban 
realizar durante la tramitación de estos procedimientos deberán ser realizados 
electrónicamente accediendo a la carpeta ciudadana de la persona interesada, 
disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
7.  Las  resoluciones  dictadas  en  virtud  de  este  decreto  por  el  órgano 
competente en materia de autorización e inspección de servicios sociales no 
pondrán fin a la vía administrativa, y contra ellas cabrá la interposición de los 
recursos  administrativos  previstos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.»
Dos.  Se modifica el número 4 del artículo 32, que queda con la siguiente redacción:
«4.  Los  informes  técnicos  que  se  emitan  durante  la  tramitación  de  este 
procedimiento determinarán el cumplimiento de los requisitos específicos exigidos 
por la normativa sectorial aplicable a la tipología del centro o programa de que se 
trate.»
Artículo 26.  Modificación del Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se 
define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y 
la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el sistema de 
participación de las personas usuarias en la financiación de su coste.
El Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de servicios 
sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en 
situación de dependencia y se determina el sistema de participación de las personas 
usuarias en la financiación de su coste, queda modificado como sigue:
Uno.  La letra c) del número 2 del artículo 5 queda redactada como sigue:
«c)  Los servicios de teleasistencia básica y avanzada.»
Dos.  El número 2 del artículo 13 queda con la siguiente redacción:
«2.  Si la capacidad económica de la persona usuaria es inferior a la cuantía 
anual  establecida  por  la  Ley  de  presupuestos  generales  del  Estado  para  el 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), esta no participará en los 
costes de los servicios de teleasistencia básica y avanzada, de los servicios 
asistenciales prestados en el domicilio de la persona usuaria, ni de los servicios de 
prevención  de  situaciones  de  dependencia  y  promoción  de  la  autonomía 
personal.» s
Tres.  El número 1 del artículo 23 queda redactado como sigue: w.b
sesiestutrava«ibcc1liie.oo csni edEdsol  e ed sneirse  tedsespemtiparaoe  n nodfdareemm nabicli oiaasnr e iyfriyá c p adlrcaoei mó amnop oclsidicóoaanblci rdideóae nd e  lalar  e lcoagosuus tlstoaeenr  rovddmieceíi loa rs sep efdeerevrres icponironce iavadle , ende cextirlóc aensnp esdtrpoevo  illcraotieoss     OE-A-2020-18able en https://
adaptado y asistido, a los servicios de teleasistencia básica y avanzada y a la 
cartera del servicio de asistente personal.»
Cuatro.  En el anexo I, en el apartado III, relativo a la codificación de la cartera de 
servicios, el epígrafe 0104 queda con la siguiente redacción:
«0104 Servicios de teleasistencia básica y avanzada.
010401 Teleasistencia básica.
010402 Teleasistencia avanzada.»
Cinco.  En  el  anexo  I,  apartado  III,  relativo  a  la  codificación  de  la  cartera  de 
servicios, en el epígrafe 0106, Servicios de atención residencial y nocturna, se añade el 
siguiente servicio:
«010604 Viviendas comunitarias.»
Seis.  En el anexo II, el epígrafe 0104 queda redactado como sigue:
«0104 Servicios de teleasistencia básica y avanzada.
010401 Teleasistencia básica.
El  servicio  de  teleasistencia  básica  facilitará  asistencia  a  las  personas 
beneficiarias de forma ininterrumpida, mediante el uso de la tecnología de la 
información  y  de  la  comunicación,  con  apoyo  de  los  medios  personales 
necesarios,  en  respuesta  inmediata  ante  situaciones  de  emergencia,  de 
inseguridad, soledad y aislamiento.
Se llevará a cabo a través de la instalación de un terminal en la vivienda de la 
persona beneficiaria conectado a una central receptora, con la que se comunica 
en caso de urgencia mediante la activación de un pulsador.
Este servicio es compatible con todas las prestaciones del Sistema para la 
autonomía y la atención a la dependencia, excepto con el servicio de atención 
residencial y con la prestación económica vinculada a este servicio.
I)  Prestaciones de teleasistencia básica.
Los servicios que se prestan en el domicilio serán los siguientes:
a)  Instalación  y  mantenimiento  de  los  terminales  de  teleasistencia 
domiciliaria.
b)  Información sobre los equipos, proporcionada a las personas usuarias 
según la modalidad por la que muestren preferencia: escritura en formato impreso 
legible, disponible en braille y escritura en formato electrónico accesible.
c)  Información sobre recursos sociales.
d)  Información  permanente  desde  el  centro  de  atención  a  las  personas 
usuarias y personas cuidadoras que lo demanden y sobre actividades de interés 
para ellas.
e)  Atención las 24 horas del día los 365 días del año.
f)  Atención directa dando respuesta adecuada a la necesidad o movilizando 
otros recursos humanos o materiales propios de la persona usuaria o existentes 
en la localidad donde resida. e.e
g)  Entrega de llaves que queden en custodia por parte de la entidad o por  b
parte de, al menos, una persona del ámbito sociofamiliar más próximo, salvo las  49ww
persho)n aEs musisuiaórnia ds eq uceo mnou nlaic faacciiolinteens. para el seguimiento de la persona usuaria
adneisvdeers aerli osc,e enntr os itudaec ioanteensc dióen c oyn vcaolemcuennicciaac, ieotnce.)s.  de  cortesía  (felicitación  de
i)  Emisión de comunicaciones de control de ausencia domiciliaria de las 
personas usuarias.
j)  Atención personal a iniciativa de la entidad prestadora del servicio o a 
petición  de  las  personas  usuarias  o  personas  cuidadoras,  que  cubrirá,  como 
mínimo,  funciones  como  agenda  personalizada,  resolución  de  dudas  e 
intervención psicosocial:
1.  Agenda personalizada, con comunicaciones establecidas por el propio 
servicio  de  teleasistencia  para  recordar  datos  importantes  sobre  la  salud 
(tratamientos  crónicos,  consulta  médica),  gestiones  sociales,  campañas,  o 
cualquier otro.
2.  Resolución  de  cuestiones  y  dudas  que  puedan  surgirle  a  la  persona 
usuaria, persona cuidadora y familiares de las personas usuarias en un teléfono 
específico y de llamada gratuita.
3.  Intervención psicosocial telefónica, en su caso, con apoyo emocional.
4.  Unidad móvil, en su caso, entendida como el conjunto de medios humanos 
y  materiales  que  complementan  los  servicios  prestados  desde  el  centro  de 
atención, con la intervención presencial, para prestar apoyo personal o actividades 
de mantenimiento de los terminales.
II)  Tecnología asociada a los servicios de teleasistencia básica.
a)  Dispositivos  domiciliarios  que  posibiliten  la  recepción  y  emisión  de 
comunicaciones, con sus correspondientes unidades de control remoto.
b)  Un centro de atención a la persona usuaria.
c)  Tanto  los  dispositivos  domiciliarios  como  la  tecnología  (hardware  y 
software) utilizada por la persona usuaria con el centro de atención deben ser 
accesibles, con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio, teniendo en 
cuenta la diversidad que puede darse entre las personas usuarias en cuanto a sus 
capacidades y limitaciones. Entre estas se encuentran las relacionadas con el 
funcionamiento cognitivo y la comunicación, la visión y audición, la movilidad y el 
manejo de los dispositivos.
d)  La tecnología asociada a los servicios de teleasistencia debe posibilitar 
diversas modalidades de comunicación, no restringidas únicamente a la emisión-
recepción de mensajes hablados. Entre las modalidades de comunicación que, a 
través de la tecnología adecuada son posibles, se encuentran la comunicación vía 
texto,  la  comunicación  aumentativa  y  alternativa  (con  uso  de  pictograma  o 
imágenes), y la lengua de signos a través de vídeo-comunicación.
e)  El terminal domiciliario debe tener pulsadores o botones diferenciables 
entre sí por sus características de color, tamaño, texto, relieve, símbolo o forma en 
función de las necesidades de la persona usuaria.
f)  El  terminal  debe  poder  ser  activado  mediante  un  producto  de  apoyo 
adecuado para las personas usuarias que, debido a limitaciones de movilidad de 
miembros superiores, lo necesiten.
010402 Teleasistencia avanzada.
La teleasistencia avanzada es aquella que incluye, además de los servicios de 
teleasistencia  básica  que  la  persona  usuaria  precise,  apoyos  tecnológicos 
complementarios dentro o fuera del domicilio, o en ambos casos, así como la  e.e
interconexión con los servicios de información y profesionales de referencia en los  b
sistemas sanitario y social, desarrollando procesos y protocolos de actuación en  49ww
funcEiól ns edrev ilcai os itduea ctieólne adseis nteencceisai daavda ndzea adtae nscóiólon  pdoedterác taadsaig.narse como prestación
Núnoi coab sat apneters, oenna se l qcuaes ote dneg arenv irseicóonn doec igdroa duon,  gcruaadnod oI  dsee  ldeesp reencdoennoczicaa  melo gdreardaod aII. 
o III, se podrá dar continuidad al servicio, como un servicio complementario de las
prestaciones  de  estos  grados,  en  función  de  la  evaluación  del  equipo  de 
valoración técnica, que será la que determine la adecuación de dicho servicio, en 
función de requisitos físicos y psíquicos necesarios para su uso.
El  servicio  de  teleasistencia  avanzada  es  compatible  con  todas  las 
prestaciones del Sistema de autonomía y atención a la dependencia, excepto la 
atención residencial, o prestación vinculada a esta.
I)  Prestaciones de teleasistencia avanzada.
Además  de  incluir  los  servicios  de  teleasistencia  básica,  el  servicio  de 
teleasistencia avanzada deberá proporcionar un contacto directo y habitual con la 
persona usuaria y facilitar a personas usuarias la prestación, como mínimo, de dos 
de los servicios que se relacionan a continuación:
a)  Servicios en el domicilio:
1.  Supervisión remota que pueda interpretar información con configuración 
personalizada por cada persona usuaria mediante la detección del patrón de 
actividad y generación de alertas y procesos de atención en función de la situación 
detectada, que permita identificar el nivel de urgencia y el tipo de atención que sea 
necesario prestar y que no esté comprendido en el supuesto de supervisión 
remota fuera del domicilio.
2.  Detección de situaciones de riesgo o emergencia por incidencias en el 
domicilio (escapes de gas, de agua, de fuego y otras).
3.  Detección  de  alteraciones  en  los  hábitos  o  rutinas  y  de  incidencias 
relativas a la actividad de la persona usuaria en el domicilio (por ejemplo, caídas). 
La detección de estas incidencias puede alertar sobre una situación que requiera 
atención.
a)  Servicios fuera del domicilio:
1.  Supervisión remota y detección de situaciones de riesgo o emergencia, 
que permita identificar el nivel de urgencia y el tipo de atención que sea necesario 
prestar y que no esté comprendido en el supuesto de supervisión remota en el 
domicilio.
2.  Teleasistencia móvil con geolocalización.
a)  Servicios de colaboración con los servicios sanitarios.
En un marco de colaboración entre los servicios de salud y los servicios 
sociales, se consideran como servicios de teleasistencia avanzada los siguientes:
1.  Gestión de citas médicas en los sistemas de atención. Agenda.
2.  Integración entre las plataformas de teleasistencia y de los sistemas de 
salud y sociales públicos.
3.  Definición de procesos y protocolos de información, derivación, actuación 
en  función  de  la  situación  de  la  persona,  en  coordinación  con  los  servicios 
públicos.
4.  Telediagnóstico y teleconsulta sanitaria y social.
5.  Tele-estimulación cognitiva, tele-rehabilitación física y funcional.
d)  Programas de atención integral. oe.
Se podrán incluir como programas en el servicio de teleasistencia avanzada la  49ww
alotse ndcisiótinn tyo ss esegruvimiciioesn teos dpee clíafisc opse resno nmaast eernia  sditeu apcreióvne ndceió dne, pperonmdeonccióian ,a a tpraovyéos a d lea 
pcoemrsoo npao rc eujiedmadpolora: o actuaciones especiales que se desarrollen en el territorio,  BOE-A-cable e
1.  Programa de atención psicosocial.
2.  Programa de promoción del envejecimiento activo y saludable.
3.  Programas de prevención y detección del deterioro cognitivo.
4.  Programas de telemonitorización de personas con enfermedades crónicas.
5.  Programa de teleasistencia como apoyo a la persona cuidadora.
6.  Protocolos especiales:
a)  Atención en situaciones de duelo.
b)  Prevención del maltrato.
c)  Prevención del suicidio.
d)  Atención en situaciones de contingencia y grandes catástrofes.
f)  Otros.
II)  Tecnología  asociada  a  los  servicios  de  teleasistencia  avanzada  como 
apoyos complementarios.
Los prestadores de servicios de teleasistencia avanzada pondrán a disposición 
de la persona usuaria los dispositivos tecnológicos necesarios para su efectividad 
y para la atención de las necesidades de la persona usuaria. Estos deberán 
cumplir las siguientes funciones:
a)  Detección de caídas, escapes de gas, de agua, de fuego, convulsiones, 
enuresis y otras.
b)  Localización y alertas en la zona, por ejemplo, a través de «wearables» o 
dispositivos de pulsera que tengan en cuenta estas funciones principales, entre 
otras.
c)  Atención deslocalizada a través de dispositivos móviles con posibilidad de 
emisión y recepción de comunicaciones. Entre las posibles modalidades para la 
emisión y recepción de mensajes se encuentra la videocomunicación.
d)  Dispositivos adaptados para la recepción de mensajes y eventos, agenda 
personal o compartida con la persona cuidadora, comunicación de incidencias, o 
envío de pictogramas y mensajes preestablecidos, como por ejemplo smartphone 
o tableta.
e)  Aplicaciones móviles de teleasistencia (app) para gestionar y/o solicitar los 
servicios considerados.
f)  Otros  dispositivos  y/o  soluciones  tecnológicas  que  puedan  facilitar  los 
servicios descritos en los apartados anteriores.
III)  Características establecidas para la asignación de esta prestación.
Este  servicio  se  considera  adecuado  para,  entre  otras,  las  personas  que 
tengan alguna de las características que a continuación se relacionan:
a)  Personas que requieren apoyos con seguridad e independencia en su 
hogar como complemento a otros servicios.
b)  Personas en riesgo de soledad, aislamiento o peligro.
c)  Personas en riesgo de accidente o pérdida de conciencia.
d)  Personas con dificultades en la movilidad.
e)  Personas con diabetes, hipertensión, bronquitis o asma.
f)  Personas con limitaciones temporales. s
g)  Personas en situación de demencias leves o con inicios y señales de  oe.
olvidos. w.
h)  Personas con incontinencia. 49ww
funcii)o naPle.rsonas con necesidades de mejora o rehabilitación física, cognitiva y/o
domj)ic iliPareiors.onas que pueden incurrir en riesgos para su salud fuera del ámbito  BOE-A-cable e
Participación en la financiación.
Para calcular la participación de los usuarios en la financiación del coste de los 
servicios de teleasistencia básica y avanzada se aplicará la siguiente tabla, en la 
que se expresa el porcentaje de participación, en términos de porcentaje sobre la 
capacidad económica, referenciada al IPREM de la persona usuaria:
Capacidad económica (referenciada al IPREM) % participación de los usuarios
Hasta en el coste del servicio
< 100 % 0,00 %
150 % 50,00 %
>150 % 90,00 %»
Siete.  En  el  anexo  II,  en  el  epígrafe  0106,  servicio  de  atención  residencial  y 
atención nocturna, se añade un párrafo segundo con la siguiente redacción:
«A las personas con una situación de dependencia en grado I para las que, 
por su situación socio-familiar, el recurso idóneo sea el de atención residencial y 
así  se  acredite  en  su  expediente,  se  les  proporcionará,  en  el  marco  de  la 
legislación estatal de atención a la dependencia, la atención en un centro de día, 
en tanto que el tiempo no cubierto por la atención diurna les será proporcionada, 
desde el nivel adicional de protección de la Comunidad Autónoma, por centros 
autorizados e inscritos en el Registro único de entidades prestadoras de servicios 
sociales de la Xunta de Galicia.»
Ocho.  En el anexo II, en el epígrafe 0106, se añade el siguiente servicio:
«010604 Viviendas comunitarias.
I)  Prestaciones.
Formarán parte de este servicio las siguientes prestaciones:
A)  Área de información, valoración, seguimiento y orientación.
Información y orientación a la persona usuaria.
B)  Área de formación básica e instrumental.
Apoyo en la realización de actividades de la vida diaria.
C)  Área de servicios generales.
Alojamiento.
Mantenimiento y dietas especiales.
Limpieza y mantenimiento.
Gestión y administración.
Supervisión y vigilancia.
Lavandería/gestión de la ropa.
Servicio de telefonía. s
II)  Participación en la financiación. w.b
la caLpaa pcaidratidci peaccoinóónm einc ala y  fdineal nccoiascteió dne dl es eersvticei os,e drvei caioc useer deof eccotuna lroá e esnta fbulnecciiódno  edne 
el artículo 24 de este decreto, y se calculará de acuerdo con la siguiente tabla:
% IPREM % capacidad económica
Hasta Grado I
75,00 % 50,00 %
82,50 % 50,67 %
90,75 % 51,33 %
99,83 % 52,00 %
109,81 % 52,67 %
120,79 % 53,33 %
132,87 % 54,00 %
146,15 % 54,67 %
160,77 % 55,33 %
176,85 % 56,00 %
194,53 % 56,67 %
213,98 % 57,33 %
235,38 % 58,00 %
258,92 % 58,67 %
284,81 % 59,33 %
> 284,81 % 60,00 %»
Artículo 27.  Modificación de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de 
Galicia.
La  Ley  10/2013,  de  27  de  noviembre,  de  inclusión  social  de  Galicia,  queda 
modificada como sigue:
Uno.  El número 3 del artículo 33 queda con la siguiente redacción:
«3.  En todo caso, se garantizará que la suma de la Risga y del salario 
percibido no sea inferior a la Risga que ya se venía percibiendo y que el importe 
del tramo de transición al empleo sea, como mínimo, de 25 % del IPREM.»
Dos.  El número 6 del artículo 37 queda redactado como sigue:
«6.  Una vez resuelta la concesión del tramo personal y familiar, cuando 
exista la valoración inicial positiva de los servicios sociales comunitarios sobre la 
posible incorporación al tramo de inserción y la elaboración de un convenio de 
inclusión sociolaboral, a que se refiere el artículo 24.1, en el plazo máximo de un 
mes el órgano de la Administración autonómica que haya dictado la resolución 
facilitará el acceso a la información que precise al Servicio Público de Empleo de 
Galicia,  para  que,  en  contacto  con  la  persona  interesada,  se  proceda  a  la 
elaboración del diagnóstico de empleabilidad y a la preparación y firma de un 
convenio  de  inclusión  sociolaboral  que  posibilite  su  posterior  incorporación  al  s
tramo de inserción. En todo caso, la resolución que determine el acceso a este  e.
tramo  será  dictada  con  posterioridad  a  la  firma  del  convenio  de  inclusión  w.
sociolaboral.» 49ww
Tres.  El número 1 del artículo 66 queda redactado como sigue:
«1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, para la
incorporación de una persona en situación de exclusión social a una empresa de 
inserción esta deberá elaborar y aplicar, y la persona contratada aceptar, un 
itinerario de inserción sociolaboral en función de los criterios que establezcan los 
servicios sociales públicos competentes y los servicios públicos de empleo de 
acuerdo con las propias empresas de inserción.
Las empresas de inserción podrán, asimismo, aplicar los itinerarios y procesos 
de inserción de las personas trabajadoras que, en su caso, sean proporcionados 
por los servicios públicos de empleo o diseñados por los equipos técnicos de 
inclusión sociolaboral.»
Artículo 28.  Modificación del Decreto 14/2019, de 31 de enero, de desarrollo de la 
Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia, en lo relativo a la 
tramitación de la renta de inclusión social de Galicia y de las ayudas de inclusión 
social.
El Decreto 14/2019, de 31 de enero, de desarrollo de la Ley 10/2013, de 27 de 
noviembre, de inclusión social de Galicia, en lo relativo a la tramitación de la renta de 
inclusión social de Galicia y de las ayudas de inclusión social, queda modificado como 
sigue:
Uno.  El número 1 del artículo 28 queda con la siguiente redacción:
«1.  Para poder acceder al tramo de inserción de la renta de inclusión social 
de Galicia la persona que sea titular de la prestación deberá reunir los requisitos 
generales de acceso a la renta de inclusión social conforme a este decreto, así 
como las condiciones para incorporarse a un itinerario de formación-empleo según 
el  informe  de  los  servicios  sociales  y  el  diagnóstico  de  empleabilidad.  Será 
necesario, con carácter previo a la resolución de acceso al tramo, dictada por el 
órgano competente de la Administración autonómica de ámbito provincial, suscribir 
un convenio de inclusión sociolaboral con compromiso de actividad, que deberá 
reunir los requisitos y características expresados en este decreto, y del que se 
entregará copia a la persona beneficiaria.»
Dos.  El número 4 del artículo 39 queda con la siguiente redacción:
«4.  En todo caso, se garantizará que la suma de la Risga y del salario 
percibido no sea inferior a la Risga que ya se venía percibiendo y que el importe 
del tramo de transición al empleo sea, como mínimo, del 25 % del IPREM.»
CAPÍTULO VIII
Economía y empleo
Artículo 29.  Modificación de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de 
Galicia.
La Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, queda modificada 
como sigue:
Uno.  El  número  1  del  artículo  34  de  la  Ley  5/1998,  de  18  de  diciembre,  de 
cooperativas de Galicia, queda con la siguiente redacción: e.
«1.  La asamblea general se convocará siempre mediante anuncio expuesto  49ww
pceúnbtlircoasm eenn qteu ee nd eesl adroromlliec isliou  saocctiivaidl adde.  laA dceomopáesr,a lativ cao yn veonc actaodriaa  usneo n doeti filcoasr ád eam láass 
peelercstorónnaisc osso, csiai sa,s íb lioe ne sptaobr leccaernta  loas  esust adtuotmosic ioli ol a op ebriseonn aa  storcaivaé sm adneif iemsetad iosus 
preferencia por la notificación practicada por medios electrónicos. Los estatutos
podrán  establecer,  además,  otras  formas  de  publicidad  para  facilitar  su 
conocimiento por todas las personas socias.
La convocatoria se hará pública con una antelación mínima de quince días en 
el supuesto de asamblea ordinaria y diez días en el de asamblea extraordinaria, y 
con un máximo de dos meses con respecto a la fecha de la realización de la 
asamblea general.»
Dos.  La letra d) del número 1 del artículo 110 queda redactada como sigue:
«d)  El personal trabajador contratado en virtud de cualquier disposición de 
fomento del empleo de personas con discapacidad o en situación de exclusión 
social.»
Artículo 30.  Modificación de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior 
de Galicia.
El número 1 del artículo 31 de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio 
interior de Galicia, queda redactado como sigue:
«1.  En el caso de un establecimiento comercial de carácter individual, la 
autorización comercial autonómica deberá ser solicitada por la persona promotora 
o por la persona que vaya a desarrollar efectivamente la actividad comercial.»
Artículo 31.  Modificación de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección 
general de las personas consumidoras y usuarias.
La Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas 
consumidoras y usuarias, queda modificada como sigue:
Uno.  El número 6 del artículo 32 queda con la siguiente redacción:
«6.  Las empresas deben actuar diligentemente para encontrar una solución 
satisfactoria a las reclamaciones presentadas. A estos efectos, la respuesta que 
por parte de las empresas se le dé al consumidor, además de tener que realizarse 
en el plazo establecido para ello y una vez presentada la reclamación, deberá, en 
todo caso, realizarse en papel u otro soporte duradero y dar contestación a todas 
las cuestiones expuestas por el consumidor, así como incorporar una motivación 
precisa y completa respecto de ellas en el caso de no acceder a las pretensiones 
del consumidor, sin que quepan contestaciones genéricas.
Además de lo anterior, las empresas deberán cumplir con los requisitos de 
información establecidos por la normativa que resulte de aplicación y, en especial, 
las exigidas en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios 
en materia de consumo.»
Dos.  Se añade un número 9 en el artículo 32 con la siguiente redacción.
«9.  La acreditación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este 
artículo incumbirá a la empresa.»
Tres.  Se añade un número 42 en el artículo 82 con la siguiente redacción: es
«42.  El incumplimiento por las empresas de las obligaciones de información  w.
previstas en el artículo 40 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se  49ww
Pinacrolarpmoeran to alE uorordpeenoa my iednetol  Cjounrísdeicjoo,   dees p2a1ñ odl e lam  aDyoir ecdteiv a2 01230,1 3r/e1l1a/tUivEa , a dleal 
resolución  alternativa  de  litigios  en  materia  de  consumo,  sin  perjuicio  de  la
existencia de otras posibles infracciones, en especial, en materia de información al 
consumidor que vengan establecidas en la normativa que resulte de aplicación.»
Artículo  32.  Modificación  de  la  Ley  5/2013,  de  30  de  mayo,  de  fomento  de  la 
investigación y de la innovación de Galicia.
La 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación y de la innovación de 
Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  El artículo 11 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 11.  Contenido mínimo del Plan gallego de investigación e innovación.
1.  El Plan gallego de investigación e innovación establecerá, de acuerdo con 
las circunstancias de cada momento, los diferentes programas, ejes prioritarios, 
retos  u  otro  tipo  de  organización  en  torno  a  los  cuales  se  estructurarán  los 
procesos de investigación, de transferencia, valorización e innovación que se 
desarrollarán en la Comunidad Autónoma de Galicia en el período de tiempo 
definido en el propio plan y según los requerimientos evolutivos específicos del 
momento de su elaboración.
2.  El Plan gallego de investigación e innovación incluirá, como mínimo:
a)  Un  análisis  de  la  situación  de  partida  de  los  principales  aspectos  e 
indicadores  relacionados  con  la  investigación  y  la  innovación  en  el  contexto 
gallego.
b)  Una  descripción  de  los  objetivos  generales  y  particulares  que  se 
pretenden alcanzar y sus indicadores de seguimiento y evaluación de resultados.
c)  Los  agentes,  entre  los  que  se  encuentran  las  universidades,  los 
organismos públicos de investigación y otros organismos de la I+D+i, como los 
centros tecnológicos o las empresas.
d)  Los  mecanismos  y  criterios  de  articulación  del  plan  con  las  políticas 
sectoriales, autonómicas, nacionales y comunitarias, para lograr la eficiencia en el 
sistema y evitar redundancias y carencias.
e)  Los costes previsibles para su realización y las fuentes de financiación.
f)  El período temporal de vigencia.»
Dos.  El artículo 12 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 12.  Estructura básica del Plan gallego de investigación e innovación.
1.  Atendiendo a la rapidez intrínseca de los cambios en el ámbito de la 
investigación y de la innovación, el Plan gallego de investigación e innovación 
contará con una estructura acorde con los objetivos y contenidos definidos en este 
capítulo  y,  en  todo  caso,  con  las  aportaciones  realizadas  por  las  distintas 
consejerías de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
relación con las competencias específicas que estas tengan asignadas en la 
materia.
2.  La  estructura  del  Plan  podrá  articularse  a  través  de  programas,  ejes 
prioritarios,  retos  u  otro  tipo  de  organización  que  permita  su  concordancia  y 
sincronización con otros instrumentos, planes o estrategias de planificación de la I s
+D+i  de  ámbito  autonómico,  nacional  o  comunitario.  En  el  caso  de  estos  oe.
instrumentos  autonómicos  de  I+D+i,  de  ser  posible,  se  establecerá  un  único  w.
dipnolnaconuvifmaicceainóctinóo,n  .q»ruees,p oanddeam  ássim  udletá nceoanmsteitnutier   eal   Plalasn   dgiafellreegnot esd e neincveessidtigaadceisó n dee   2020-1849n https://ww
Tres.  El artículo 13 queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Programas, ejes prioritarios, retos u otro tipo de organización del 
Plan gallego de investigación e innovación.
1.  Las distintas consejerías de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y las distintas entidades instrumentales del sector público 
autonómico de Galicia con competencias en materia de innovación e investigación 
contribuirán a la elaboración de los programas, ejes prioritarios, retos u otro tipo de 
organización del plan, cada una de ellas en función de las competencias que le 
resulten  propias.  Asimismo,  el  Comité  Asesor  de  Investigación  e  Innovación 
descrito en el artículo 20 podrá realizar recomendaciones en relación con los 
programas, ejes prioritarios, retos u otro tipo de organización del Plan.
2.  Tendrán preferencia para su inclusión en los programas, ejes prioritarios, 
retos u otro tipo de organización del Plan aquellas acciones que fomenten y 
desarrollen el conocimiento científico y técnico en aquellos ámbitos temáticos 
identificados como prioritarios para Galicia, así como las dirigidas a explotar sus 
potencialidades innovadoras, la transferencia y la valorización de los resultados.»
Cuatro.  El artículo 14 queda con la siguiente redacción:
«Artículo 14.  Misión y visión del Plan gallego de investigación e innovación.
1.  El Plan gallego de investigación e innovación constituirá el marco de 
referencia para articular las actuaciones del sector público autonómico en materia 
de investigación e innovación y fijará las actuaciones regionales, que incluirán el 
análisis y las medidas relativas a la modernización del entorno financiero, al 
desarrollo de los mercados innovadores, a la sociedad, a la internacionalización de 
las actividades innovadoras y a la cooperación territorial como base fundamental 
de la innovación.
2.  Se  diseñarán  instrumentos  que  faciliten  el  acceso  a  los  agentes  del 
sistema de innovación a la financiación de su actividad y de los proyectos de 
investigación e innovación, mediante la promoción de líneas específicas a estos 
efectos y fomentando la inversión privada.
3.  Se impulsará la contratación pública de actividades innovadoras, con la 
finalidad de alinear la oferta tecnológica privada con las necesidades públicas.
4.  Se apoyará la participación de entidades gallegas en programas europeos 
e internacionales y se impulsarán instrumentos conjuntos en el ámbito de la Unión 
Europea para proteger la propiedad industrial e intelectual.
5.  Se  fomentará  la  firma  de  convenios  de  colaboración,  cooperación  y 
gestión compartida con la Administración general del Estado para el desarrollo de 
los  objetivos  del  Plan  gallego  de  investigación  e  innovación,  en  los  que  se 
establecerá el desarrollo de los programas, ejes prioritarios, retos u otro tipo de 
organización del Plan.
6.  Se desarrollarán programas de incorporación a las empresas de doctores 
y tecnólogos y de gestores de la transferencia del conocimiento ligados a los 
grupos de investigación, dedicados a proteger y transferir la propiedad industrial e 
intelectual generada por la investigación de la excelencia.
7.  La Agencia Gallega de Innovación promoverá un proceso participativo  s
para la obtención de información y la redacción del plan. En este sentido, se  oe.
establecerán  los  mecanismos  necesarios  para  la  aportación  de  propuestas  y  w.
esul cgoenrejunnctioa sd ey  llao so abgteenncteiósn a dfeec ctaodnosse nys loas A dgee lnacsi ag Graanldleegsa l ídnee aInsn doev aaccitóuna.c»ión entre  2020-1849n https://ww
CAPÍTULO IX
Cultura y turismo
Artículo 33.  Modificación de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia.
La Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno.  La letra k) del artículo 4 queda con la siguiente redacción:
«k)  La promoción y señalización de los Caminos de Santiago, así como su 
conservación  y  mantenimiento  en  colaboración  con  otras  administraciones 
públicas.
Los actos relacionados con la señalización, así como con la conservación y el 
mantenimiento  de  la  traza  de  los  Caminos  de  Santiago  que  promueva  la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia estarán sujetos a 
control municipal por medio de comunicación previa. En todos los casos será 
necesaria  la  autorización  previa  de  la  consejería  competente  en  materia  de 
patrimonio cultural, previo informe vinculante de la entidad pública instrumental 
con competencias en turismo.»
Dos.  Se modifica el artículo 65 bis, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 65 bis.  Viviendas de uso turístico.
1.  Tendrán  la  consideración  de  viviendas  de  uso  turístico  las  cedidas  a 
terceras personas con una finalidad turística. A estos efectos, se entenderá que 
existe finalidad turística cuando la cesión se realice de manera reiterada y a 
cambio de contraprestación económica, para una estancia de corta duración. 
Constituyen estancias de corta duración aquellas en que la cesión de uso es 
inferior a treinta días consecutivos. Se considerará cesión reiterada cuando la 
vivienda se ceda dos o más veces dentro del período de un año.
2.  La  comercialización  de  las  viviendas  de  uso  turístico  previstas  en  el 
número 1 deberá consistir en la cesión temporal del uso y disfrute de la totalidad 
de la vivienda, sin que se puedan formalizar contratos por habitaciones ni coincidir 
dentro  de  la  vivienda  personas  usuarias  que  formalicen  diferentes  contratos. 
Además, las viviendas deberán estar amuebladas y equipadas en condiciones de 
disponibilidad  inmediata  y  con  las  características  establecidas  por  vía 
reglamentaria.
Las viviendas de uso turístico podrán ser comercializadas, además de por las 
empresas turísticas reguladas en el artículo 33.1, por sus propietarios o por la 
persona  física  o  jurídica  que  los  represente.  En  este  último  supuesto,  y  sin 
perjuicio de la consideración de la vivienda como alojamiento turístico, no se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 33.2.
3.  Las  personas  propietarias  y/o  comercializadoras  quedarán  obligadas 
frente a la Administración turística al cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en la presente ley y en las normas que la desarrollan, y responderán de manera 
solidaria frente a aquella, incluida la obligación de suscribir y mantener vigentes 
los seguros de responsabilidad civil para estas viviendas. s
Asimismo,  las  empresas  turísticas  o  las  personas  propietarias  que  o
comercialicen  las  viviendas  de  uso  turístico  deberán  proporcionar,  con  una  w.
ptuerrisio4md. oic iLldoaass dd  vatirvtiomiesen dsdetar asol c,d uaep  lauacs eioón nttui ddríaesd tli acpsoú  vbreilvicqieaun ieidnrasetsnr u ddmee e ulnasto ac lto ucrrroíesmstippcoeont.ednieten teen d mecaltaerraiac idóen   2020-1849n https://ww
previa de inicio de actividad ante la Administración turística.
5.  En toda publicidad o actuación de promoción que se realice, por cualquier 
medio o canal, deberá figurar el código de inscripción correspondiente en el 
Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Comunidad Autónoma de 
Galicia o, de no disponer de él, el código acreditativo de la presentación de la 
declaración responsable que facilite la Administración.
6.  Las cesiones temporales del uso y disfrute de viviendas que no cumplan 
los  requisitos  establecidos  en  el  número  1  de  este  artículo  no  tendrán  la 
consideración de servicios o actividades turísticas, de acuerdo con lo establecido 
en el número 2 del artículo 21 de esta ley, por lo que quedan fuera de su ámbito de 
aplicación.
De acuerdo con ello, en garantía y protección de los derechos de las usuarias 
y usuarios turísticos, estas cesiones no podrán promocionarse, comercializarse ni 
publicitarse  en  canales  de  oferta  turística  o  por  cualquier  otro  modo  de 
comercialización, promoción o publicidad como servicios o actividades turísticas o 
de tal forma que creen confusión con estos servicios o actividades. A estos 
efectos, se entenderá que se crea confusión cuando se utilicen canales de oferta 
turística sin advertencia expresa de que el alojamiento no tiene la consideración 
de un servicio o actividad turística ni, por tanto, está regulado por la normativa 
sectorial en materia de turismo ni amparado por la Administración turística.
La contravención de la prohibición prevista en este número será subsumible en 
la infracción tipificada en el artículo 110.15.»
Artículo 34.  Modificación de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de 
Galicia.
La letra c) del número 3 del artículo 78 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del 
patrimonio cultural de Galicia, queda redactada como sigue:
«c)  La publicidad o los carteles en tramos no urbanos que excedan de la 
finalidad meramente indicativa para la localización de servicios o establecimientos, 
lo que tendrá que ser expresamente autorizado por la consejería competente en 
materia de patrimonio cultural, contando con el informe vinculante previo de la 
entidad pública instrumental con competencias en turismo. En tramos urbanos, su 
regulación corresponde al respectivo ayuntamiento.»
CAPÍTULO X
Educación
Artículo 35.  Garantía de la continuidad de la prestación de los servicios de transporte 
escolar que se liciten en el ejercicio 2020.
1.  La  consejería  competente  en  materia  de  educación  licitará  a  lo  largo  del 
año 2020 los servicios de transporte escolar respecto de los que, de acuerdo con lo 
establecido en el número tres del artículo 72 de la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de 
medidas fiscales, administrativas y de ordenación, mantenga sus funciones como órgano 
de  contratación,  y  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  2  de  la  Ley  5/2009,  de  26  de 
noviembre, de medidas urgentes para la modernización del sector del transporte público 
de Galicia, finalicen el 31 de diciembre del año 2020. s
2.  En estas licitaciones, la consejería fomentará la concurrencia de la pequeña y  e.
mediana empresa mediante la definición de unidades de licitación adecuadas. w.
3.  Teniendo en cuenta el número de los contratos existentes, la complejidad de la  49ww
pdree slotasc iósne rvyi claioss ,e veenn tuloasl esp lineegcoess iqduaed esri jadne rilvaasd alisc itdaec iolan ereso rsgea npizreavceiórná ny  loapst immiezadcidióans 
oportunas  y  los  plazos  necesarios  para  garantizar  que  no  existan  dificultades  o
interrupciones en la transición de los anteriores contratos a los nuevos que puedan 
repercutir en la calidad de la atención educativa y en la continuidad del servicio público.
En este sentido, teniendo en cuenta las razones de interés público expresadas, de 
conformidad con lo establecido en la legislación de contratos del sector público, cuando 
al vencimiento de los contratos existentes no esté formalizado el nuevo contrato que 
garantice la continuidad de la prestación, a consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos  imprevisibles  para  el  órgano  de  contratación  producidas  en  el 
procedimiento de adjudicación, los contratos existentes continuarán su ejecución hasta 
que el nuevo contratista se encuentre en condiciones de comenzar la ejecución del 
nuevo contrato en las condiciones establecidas en esta disposición.
4.  La prolongación por razones de interés público de los contratos indicada será 
obligatoria para los contratistas existentes y se producirá, sin modificar las restantes 
condiciones de los contratos, por un período máximo de nueve meses. A estos efectos, 
será necesario que el anuncio de licitación del nuevo contrato se publique, de acuerdo 
con la legislación de contratos del sector público, con una antelación mínima de tres 
meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
5.  En particular, para decidir el momento concreto de transición entre los contratos 
existentes y los nuevos y la duración del período de prórroga, dentro del período máximo 
de 9 meses expresado, se elegirán los períodos de menor afectación al servicio público 
educativo y a la comunidad educativa, procurando de este modo que la transición se 
efectúe en momentos coincidentes con períodos no lectivos o a la finalización del curso 
escolar.
Artículo 36.  Modificación de la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de 
Galicia.
Se añade un número 4 al artículo 115 de la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema 
universitario de Galicia, con la siguiente redacción:
«4.  Si en la fecha de finalización de la vigencia de un plan de financiación no 
estuviese aprobado un nuevo plan, se prorrogará la vigencia de aquel hasta la 
aprobación y el comienzo de efectos del nuevo plan, siempre que así lo permitan 
las disponibilidades presupuestarias de la Administración autonómica.»
CAPÍTULO XI
Sanidad
Artículo 37.  Modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.
La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se añade un nuevo párrafo en el número 5 del artículo 125, con el siguiente 
contenido:
«La  consejería  competente  en  materia  de  sanidad  adoptará  las  medidas 
necesarias para cumplir con el mandato de la normativa estatal de disposición del 
Sistema  público  sanitario  de  Galicia  para  su  utilización  en  la  docencia 
especializada de los profesionales. Entre tales medidas, podrá incluir la relativa a 
que en cada centro docente acreditado existan puestos para cuya cobertura se  es
requiera  la  correspondiente  acreditación  como  tutor  de  formación  sanitaria  bo
especializada, sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier profesional de los  49ww
cniotarmdoasti vcae anptrloicsa bpleu.e»da acceder a las funciones de tutoría de acuerdo con la
Dos.  Se añade una disposición adicional única con el siguiente contenido:
«Disposición  adicional  única.  Sistema  integrado  de  información  de  la 
investigación clínica del Sistema Público de Salud de Galicia.
1.  La consejería competente en materia de sanidad pondrá en marcha un 
Sistema integrado de información de la investigación clínica del Sistema Público 
de Salud de Galicia que dé cobertura a todos los centros que lo componen, con la 
finalidad de aprovechar las sinergias en investigación clínica y facilitar y fomentar 
la incorporación de terapias innovadoras en fases tempranas de desarrollo.
2.  En  la  implantación  de  este  sistema  se  adoptarán  todas  las  medidas 
tecnológicas, organizativas y de seguridad que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de la legislación sectorial específica y sobre protección de datos, así 
como para mejorar la coordinación de las actuaciones desarrolladas en la gestión 
de las actividades de investigación y proporcionar mayor valor a sus resultados.
Dentro de estas medidas, la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento 
en Salud promoverá el trabajo en red que facilite la gestión de los distintos tipos de 
estudios de investigación y la colaboración y la coordinación entre los distintos 
centros, entidades y servicios sanitarios. Para ello, aprobará modelos de contratos 
para la realización de los ensayos clínicos y recomendaciones e instrucciones 
para la realización de los dichos estudios de investigación en el Sistema Público 
de Salud de Galicia.
3.  La consejería competente en materia de sanidad, como responsable del 
tratamiento de los datos dentro del Sistema Público de Salud de Galicia, incluirá 
en el registro de actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad la 
información sobre los tratamientos de datos con fines de investigación en salud y, 
en particular, con fines de investigación biomédica, conforme a lo previsto en el 
artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Asimismo, aprobará modelos de 
contrato de encargado de tratamiento de datos para su utilización dentro del 
Sistema Público de Salud de Galicia.
La consejería competente en materia de sanidad incluirá en el alcance de su 
análisis  y  gestión  de  los  riesgos  del  tratamiento  de  datos  los  estudios  de 
investigación con datos de salud realizados dentro del Sistema Público de Salud 
de Galicia y realizará una evaluación de impacto relativa a la protección de los 
datos que abarque todos los dichos estudios de investigación.
Asimismo, cualquier estudio de investigación con datos de salud que se realice 
en el Sistema Público de Salud de Galicia requerirá la valoración previa por parte 
de  la  consejería  competente  en  materia  de  sanidad,  como  responsable  del 
tratamiento, sobre la existencia de base legítima para el tratamiento.
4.  Con la finalidad de mejorar la calidad y adecuación de los datos generados 
en las actividades de investigación y agilizar la participación del Sistema Público 
de Salud de Galicia en la investigación, desarrollo e innovación en medicamentos, 
dispositivos u otras tecnologías objeto de la investigación, la Agencia Gallega para 
la Gestión del Conocimiento en Salud podrá impulsar la realización de diálogos 
tempranos,  de  acuerdo  con  la  normativa  aplicable  y  con  el  objetivo  de 
proporcionar un asesoramiento científico prospectivo y oportuno antes del inicio de  e.
los ensayos clínicos. w.b
5.  La  consejería  competente  en  materia  de  sanidad  creará  un  registro  49ww
aaudticoinoónmali cdoe dciem ogseésptitóimn ad ed elo sla  coLnesye notrimgáiennictao s 3c/2o0n1te8m, pdlaed o5s  deen  dlaic ideimspboresi,c iódne 
rpergoitsetcroci ósne  dreec odgaetorásn  pdeers omnaanleesra  yc oghaerarenntítae  dy eu nloifsic addeare dchicohso sd icgoitnasleesn.t imEnie netsotse, 
garantizando el máximo respeto a los derechos reconocidos en el tratamiento de
datos  relativos  a  las  personas  físicas  en  el  marco  de  los  proyectos  de 
investigación en salud.
Este registro estará conectado con el Sistema integrado de Información de la 
Investigación Clínica del Sistema Público de Salud de Galicia y con la Historia 
Clínica Electrónica.»
Artículo 38.  Modificación de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
Se modifica la tabla (i) Bacteriológicos del anexo II de la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de aguas de Galicia, que queda redactada como sigue:
«(i)  Bacteriológicos.
Parámetros Unidad Valor Observaciones
Escherichia coli. ufc/100 ml 100 90 % muestras
Enterococos intestinales. ufc/100 ml 100 90 % muestras»
CAPÍTULO XII
Protección civil
Artículo 39.  Modificación de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia.
Se añade una disposición adicional séptima a la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de 
emergencias de Galicia, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima.  Procedimiento excepcional de acreditación del 
nivel básico de conocimientos.
Las personas que en la fecha del 1 de enero de 2020 no tengan acreditada la 
realización del curso de formación básica previsto en el artículo 46.3 y estén 
formando parte de una agrupación de voluntarios de protección civil o estén 
inscritos en el Registro de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
dentro de la Sección de Registro de Voluntarios de Protección Civil, regulado en 
los artículos 59 y siguientes del Decreto 56/2000, de 3 de marzo, por el que se 
regula la planificación, las medidas de coordinación y la actuación de voluntarios, 
agrupaciones de voluntarios y entidades colaboradoras en materia de protección 
civil de Galicia, podrán acreditar el nivel básico de conocimientos mediante la 
justificación de la posesión de los conocimientos y de la formación necesarios que 
les permitan el correcto desarrollo de las actividades dentro de la agrupación de 
protección civil a que pertenezcan.
Por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de 
protección civil se regulará el procedimiento que se seguirá para la aplicación de 
esta disposición.»
CAPÍTULO XIII
Deporte s
Artículo 40.  Modificación de la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia. w.
La Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia, queda modificada como sigue:
térmUinnoos. : La letra b) del número 1 del artículo 5 queda redactada en los siguientes
«b)  Formular la política deportiva autonómica, definir y fijar las directrices y 
programas de fomento y desarrollo del deporte gallego en sus diferentes niveles, 
así como planificar y organizar el sistema deportivo de Galicia.
Asimismo, formular políticas transversales de fomento de la actividad física 
mediante  la  planificación  estratégica  y  la  colaboración  y  coordinación  de  la 
información y de las actuaciones desarrolladas en los ámbitos competenciales con 
incidencia en los hábitos de vida saludable, incluyendo el establecimiento de 
mecanismos que permitan hacer un seguimiento de la condición física de la 
población en general.»
Dos.  El número 5 del artículo 51 queda redactado como sigue:
«5.  Excepto  en  el  ámbito  de  los  deportes  autóctonos  de  la  Comunidad 
Autónoma, en el que se podrán agrupar diferentes modalidades deportivas en una 
única federación, sólo se podrá reconocer una federación deportiva por cada 
modalidad deportiva. Asimismo, las especialidades deportivas sólo podrán estar 
adscritas a una federación.»
Tres.  La letra h) del número 4 del artículo 56 queda con la siguiente redacción:
«h)  Colaborar  con  las  administraciones  públicas  competentes  en  la 
prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos 
prohibidos, así como en la prevención de la violencia en el deporte.»
Cuatro.  Se suprimen las letras h) y k) del número 2 del artículo 130.
Cinco.  La letra j) del número 2 del artículo 130 queda redactada como sigue:
«j)  Cuando  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  sea  competencia 
autonómica, instruir y resolver los expedientes sancionadores a los deportistas y 
demás  titulares  de  licencias  deportivas  conforme  a  las  reglas  y  normas  del 
régimen sancionador en materia de dopaje establecido en la Ley orgánica 3/2013, 
de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en 
la actividad deportiva, o normativa que la sustituya. Contra las resoluciones que 
dicte en estos expedientes la Comisión Gallega de Prevención y Represión del 
Dopaje se podrá recurrir ante el Comité Gallego de Justicia Deportiva. Estarán 
legitimadas las personas físicas o jurídicas afectadas por la resolución dictada, los 
perjudicados  por  la  decisión,  la  federación  deportiva  gallega  interesada  y  la 
Administración deportiva autonómica, sin perjuicio de otras posibles personas 
interesadas.»
Seis.  Se suprimen los artículos 134 a 146.
CAPÍTULO XIV
Procedimiento y organización administrativos
Artículo 41.  Modificación de la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia 
jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su 
sector público.
La letra d) del artículo 8 de la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la  e.e
asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y  b
de su sector público, queda modificada como sigue: 49ww
bseácsti«codor )  pcúoLbmoliosc  opt,or edinvocissl utaoyqse uncedolonlo  sttaa sln uctoap ruáleocsstte oirns ef oenrn mla qe nuso erp msreeac teeivpsatt aivebonlse m zpcaratee vcriiosamt odose   pccoroennct recapattorivásoc d teeerll    OE-A-2020-18able en https://
informe de los servicios jurídicos del Estado.
En todo caso y siempre que una norma legal autonómica no disponga otra 
cosa, el personal de la escala de letrados de la Xunta de Galicia emitirá informe 
con carácter preceptivo sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o, en su caso, sobre los documentos descriptivos, los modelos de pliegos, así 
como  las  propuestas  de  interpretación,  modificación  y  resolución  contractual. 
También emitirá informe con carácter preceptivo sobre los encargos a medios 
propios cuando su importe sea igual o superior a 40.000 € en el caso de encargos 
que tengan por objeto prestaciones típicas del contrato de obras o cuando su 
importe sea igual o superior a 15.000 € en el resto de los casos.»
Artículo 42.  Modificación de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de 
Galicia.
Se añade una disposición adicional sexta en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta.  Actualización de los modelos normalizados.
Los modelos normalizados aplicables en la tramitación de procedimientos, 
para su utilización en papel o en formato electrónico, podrán ser actualizados con 
el fin de mantenerlos adaptados a la normativa vigente, en particular, con objeto 
de adaptarlos a lo establecido en esta ley. A estos efectos será suficiente la 
publicación de los modelos actualizados en la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia,  donde  estarán  permanentemente  accesibles  para  todas  las  personas 
interesadas, sin que sea necesaria su nueva publicación en el "Diario Oficial de 
Galicia".»
Disposición adicional única.  Planificación del número de autorizaciones de instalación 
de  salones  de  juego,  salas  de  bingo  y  tiendas  de  apuestas  en  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia.
1.  Teniendo en cuenta las razones imperiosas de interés general consistentes en la 
especial protección de la salud y la seguridad de las personas consumidoras y usuarias 
de los juegos, la garantía del orden público e impedir el fraude en la actividad del juego, 
la planificación del número de autorizaciones de instalación de salones de juego y 
tiendas de apuestas prevista en el Acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia de 16 de 
mayo de 2019, sobre planificación de las autorizaciones de instalación de salones de 
juego y tiendas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Galicia, hecho público por 
Resolución  de  16  de  mayo  de  2019,  publicada  en  el  «Diario  Oficial  de  Galicia» 
número  94,  de  20  de  mayo  de  2019,  así  como  las  previsiones  contenidas  en  los 
artículos 1 a 3 y en la disposición transitoria única del Decreto 72/2019, de 4 de julio, por 
el que se aprueban medidas en materia de planificación de autorizaciones de instalación 
de salones de juego y tiendas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor de la nueva ley reguladora de los 
juegos de Galicia.
2.  Por las mismas razones imperiosas de interés general indicadas en el número 
anterior se planifica también el número de autorizaciones de instalación de salas de 
bingo y se limita a un máximo de 12 hasta la entrada en vigor de la nueva ley reguladora 
de los juegos de Galicia. s
Como  consecuencia  de  lo  anterior,  en  los  procedimientos  de  otorgamiento  de  oe.
autorización de instalación de salas de bingo será causa de desestimación de la solicitud  w.
la superación del número máximo indicado. 49ww
autoErilz arcéigóinm edne  ipnrsetavliastcoió ne nd ee ssatela sn údme ebrion gsoe qráu ed see  aepnlcicuaecniótrne na e nla str amsoitliaccitiuódne es n dlae 
fecha de entrada en vigor de esta ley.
Disposición  transitoria  primera.  Aplicación  del  nuevo  régimen  de  tributación  en  la 
modalidad de carga contaminante.
1.  El nuevo régimen de tributación en la modalidad de carga contaminante se 
aplicará a los consumos y vertidos efectuados a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley.
2.  Con tal fin, en aquellos supuestos de sujetos pasivos que en el momento de la 
entrada en vigor de esta ley estén tributando en el canon del agua o en el coeficiente de 
vertido en la modalidad de carga contaminante, Augas de Galicia procederá a dictar una 
nueva resolución de determinación del canon del agua o del coeficiente de vertido en la 
modalidad de carga contaminante conforme al nuevo régimen con mantenimiento de las 
concentraciones contaminantes vertidas tomadas como base en la resolución vigente.
3.  Mientras no se dicte la resolución indicada en el número anterior, Augas de 
Galicia y, en su caso, las entidades suministradoras del agua, seguirán aplicando el tipo 
de gravamen previsto en la resolución vigente.
4.  Una vez dictada la resolución a que hace referencia el número 2, Augas de 
Galicia procederá a regularizar los importes repercutidos o liquidados.
Disposición transitoria segunda.  Aplicación del régimen de vigencia de la declaración 
de impacto ambiental .
El régimen de vigencia de la declaración de impacto ambiental contenido en el nuevo 
artículo 9 bis de la Ley 1/1995, de 2 de enero, será de aplicación a las declaraciones de 
impacto ambiental de competencia autonómica que se publiquen en el «Diario Oficial de 
Galicia» con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como a aquellas 
publicadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, cuyos efectos no hubieran cesado antes de la entrada en vigor 
de la presente ley.
Disposición transitoria tercera.  Aplicación del régimen de vigencia de la declaración de 
impacto ambiental en el marco de los procesos de reestructuración parcelaria.
El régimen de vigencia de la declaración de impacto ambiental contenido en la nueva 
disposición adicional quinta de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura 
territorial agraria de Galicia, será de aplicación a las declaraciones de impacto ambiental 
de  los  proyectos  de  concentración  parcelaria  en  el  marco  de  los  procesos  de 
reestructuración  parcelaria  que  se  publiquen  en  el  «Diario  Oficial  de  Galicia»  con 
posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como a aquellas publicadas con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, cuyos efectos no hubieran cesado antes de la entrada en vigor de la presente 
ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogados:
a)  El Decreto 158/2007, de 21 de junio, por el que se regula en Galicia la aplicación 
del régimen de la tasa láctea.
b)  El Decreto 112/2011, de 3 de junio, por el que se regula el procedimiento de 
reconocimiento  y  registro  de  las  organizaciones  de  productores  de  leche  en  la  e
Comunidad Autónoma de Galicia. bo
opon2g. anQ au elod adnis pdueerosgtoa deans e, satsai.mismo, las disposiciones de igual o inferior rango que se  2020-1849n https://ww
Disposición final primera.  Modificaciones reglamentarias.
Las previsiones del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, del Decreto 254/2011, de 23 
de diciembre, del Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, del Decreto 14/2019, de 31 de 
enero, y del Decreto 92/2019, de 11 de julio, que son objeto de modificación por esta ley 
podrán ser modificadas por norma del rango reglamentario correspondiente a la norma 
en que figuran.
Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo normativo.
Se habilita al Consejo de la Xunta para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo de esta ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
Santiago de Compostela, 23 de diciembre de 2019.–El Presidente, Alberto Núñez 
Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 246, de 27 de diciembre de 2019. Corrección de errores 
publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 13, de 21 de enero de 2020)