BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Jueves 12 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 100235
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
13834 Decreto-ley  3/2021,  de  3  de  marzo,  de  medidas  urgentes  para  la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Con motivo de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, y ante las 
iniciales necesidades urgentes de liquidez de los distintos estados miembros, la Unión 
Europea y el Banco Central Europeo pusieron en juego un paquete de medidas que 
tenían por objeto el apoyo a los trabajadores, las pequeñas empresas y las economías 
de  los  Estados  miembros:  El  Plan  SURE,  MEDE,  fondo  de  garantía  europeo  para 
empresas.
Asimismo, la flexibilización introducida en el marco regulatorio de las Ayudas de Estado 
o en los reglamentos de los Fondos Estructurales, ha permitido a los estados miembros 
dirigir recursos de sus respectivos Programas Operativos del periodo 2014-2020 para 
financiar las medidas más urgentes para hacer frente a gastos sanitarios, sociales y de 
ayuda a las empresas.
Pero estas medidas, aunque oportunas, no eran suficientes para poner en marcha 
nuestras economías.
Consciente de la envergadura del reto al que nos enfrentamos, el Consejo Europeo 
acordó el 21 de julio de 2020 un ambicioso y exhaustivo Plan de Recuperación, basado 
en 2 pilares: el Marco Financiero Plurianual para 2021-2027 dotado con 1,074 billones de 
euros y el Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), por valor 
de 750.000 millones de euros.
El  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  es  el  elemento  central  del  Next 
Generation EU, con 672.500 millones de euros en préstamos y subvenciones disponibles 
para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países de la UE. El objetivo 
es mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y hacer que las 
economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y estén mejor 
preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital. 
Para poder acceder a estos recursos los estados miembros han de presentar Planes 
de Recuperación y Resiliencia, configurados como un paquete coherente de reformas e 
inversiones a implementar en un breve periodo de tiempo, de 2021 a 2026. Los Planes 
deben responder a las recomendaciones que para cada país adopta el Consejo en el 
seno del Semestre Europeo, e ir dirigidas a acelerar la recuperación del nivel de empleo 
y actividad económica, mediante una recuperación verde, digital, inclusiva y social.
Además,  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  no  es  el  único 
programa financiado con fondos europeos a implementar a partir de 2021. Formando 
asimismo parte de los fondos Next Generation EU, se encuentran los recursos asociados a 
la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y los 
recursos adicionales para el Fondo Europeo de Desarrollo Agrario (FEADER), que se  e.e
incorporarán a los Programas Operativos regionales 2014-2020 de los fondos FEDER, FSE  w.b
y FEADER, con las especificidades y finalidades que la normativa comunitaria establece  834ww
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relevancia tienen en nuestra región.
En este sentido, por parte del Estado se ha aprobado el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia («Boletín Oficial del Estado» número 341, de 31 de diciembre de 2020; 
corrección de errores BOE núm. 22, de 26 de enero de 2021).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso 
de los Diputados, acordó convalidar el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por 
el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la  Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2021).
El objetivo de este real decreto-ley es acometer un proceso de modernización que 
proporcione las herramientas necesarias para la ejecución del Plan y la mejor gestión de 
los fondos europeos en tan breve periodo de tiempo. Además, con el fin de garantizar la 
eficacia  del  Plan  de  Recuperación,  se  contempla  en  el  mismo  la  creación  de  una 
estructura de gobernanza que favorece un proceso participativo para incorporar las 
propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos y ejerza de 
mecanismo de coordinación entre los distintos niveles de la administración.
En  este  mismo  ámbito  cabe  destacar  que  Extremadura,  en  representación  de 
España, junto con las Autoridades de Gestión de Grecia, Croacia, Polonia y Bulgaria, 
participa desde el año 2018 en un proyecto piloto de Capacitación Administrativa para 
preparar el programa post 2020 financiado por la DG REGIO con fondos FEDER, cuya 
ejecución  está  a  cargo  de  la  Organización  para  el  Desarrollo  Económico  y  la 
Cooperación (OCDE).
El proyecto piloto tiene como objetivo general probar un nuevo enfoque para apoyar 
el fortalecimiento de la capacidad administrativa de las autoridades de gestión de los 
Fondos Estructurales y de Inversión. Entre las conclusiones del proyecto se contemplaba 
la necesidad de crear una red formal de gestores de FEDER que permita favorecer el 
intercambio de información, ofrecer continuidad y mejorar la gestión del conocimiento a 
lo largo del tiempo, así como profesionalizar la gestión del FEDER mediante la formación 
del personal y la puesta a su disposición de las herramientas adecuadas.
En la línea de lo indicado anteriormente, la disposición adicional decimotercera de la 
Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2021 establece la habilitación para que la Junta de Extremadura 
implementará las medidas organizativas que sean necesarias para la mejora en la 
gestión y ejecución de los nuevos instrumentos comunitarios 2021-2023. Para ello se 
reforzarán las capacidades humanas, materiales y organizativas de los centros directivos 
competente responsables de la programación, gestión, ejecución y control, a través de 
una estructura adecuada y con la adopción de las medidas administrativas necesarias. 
En la aprobación de las estructuras se adoptaran las medidas organizativas de carácter 
especial que sean necesarias, con independencia de las previsiones establecidas en la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En la misma línea, se activarán al máximo las entidades u 
organismos  públicos  con  capacidad  de  ejecución  ágil  y  eficiente,  notablemente  los 
llamados medios propios de la administración.
A nivel reglamentario, en desarrollo de las previsiones estatales y de la Ley 1/2021, de 3 
de  febrero,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura 
para 2021, se aprobó el Decreto 8/2021, de 17 de febrero, por el que se establecen 
medidas de coordinación para la planificación, gestión y ejecución de Fondos Europeos. s
Referido  decreto  tiene  por  objeto  establecer  la  estructura  de  gobernanza  en  oe.
Extremadura de las formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión  w.
Europea, tanto los estructurales y los de cohesión como otros instrumentos financieros  834ww
no eAsdtreumctáusra, leesn  eesl tambilsemciod osse p ocrre laa  Ulan iCóno mEiusrioópne dae,  aF eoxncdeopsc iEónu rdoeple FoEs AcGomA.o órgano de
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fondos de la Unión Europea, tanto los estructurales y los de cohesión como otros 
instrumentos  financieros  no  estructurales  establecidos  por  la  Unión  Europea,  a 
excepción del FEAGA.
En  aras  a  la  mejora  de  las  capacidades  de  gestión  de  las  distintas  unidades 
administrativas que gestionan fondos europeos y como órgano de asistencia y soporte 
técnico a la Comisión de Fondos Europeos, a través del Decreto 8/2021, de 17 de 
febrero, por el que se establecen medidas de coordinación para la planificación, gestión 
y ejecución de Fondos Europeos, se crea el Comité Técnico de Coordinación de Fondos 
Europeos.
Con el fin de aumentar la coordinación entre unidades administrativas, en aplicación 
del Decreto 8/2021, de 17 de febrero, por el que se establecen medidas de coordinación 
para la planificación, gestión y ejecución de Fondos Europeos, podrán crearse grupos de 
trabajo o designar unidades existentes para coordinar materias transversales de gestión 
y proponer soluciones comunes a todos los departamentos en materias tales como la 
contratación  pública,  los  procesos  de  convocatoria  de  subvenciones  o  ayudas,  la 
creación de vehículos para la colaboración público privada, la adopción de sistemas 
informáticos o soluciones digitales de apoyo a la gestión de fondos o, cualesquiera otras 
materias  que  fueren  necesarias  para  la  mejor  implementación  de  los  programas 
operativos y proyectos a financiar con fondos europeos.
Asimismo, en virtud del Decreto 8/2021, de 17 de febrero, por el que se establecen 
medidas de coordinación para la planificación, gestión y ejecución de Fondos Europeos, 
se  crearán  e  impulsarán  foros  de  participación  y  grupos  de  alto  nivel  de  carácter 
transversal u horizontal, vinculados a los fondos europeos con el fin de contar con la 
participación de actores relevantes para la ejecución de los mismos, permitir el diálogo, 
contar con orientaciones o recomendaciones para el éxito en la consecución de los 
objetivos, favorecer la discusión y la generación de sinergias y favorecer la gobernanza.
No obstante, es necesario acometer al mismo tiempo otra serie de reformas de 
carácter  extraordinario  que  requieren  de  rango  de  ley,  debiendo  acometerse  con 
urgencia; lo que se lleva a efecto a través del presente decreto-ley, pues no es posible 
demorarlas en la tramitación ordinaria de un proyecto de ley. Tarea que se lleva a cabo a 
través del presente decreto-ley.
El mismo se dicta al amparo de las competencias determinadas por el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que, en su artículo 9.1.7 establece la competencia 
exclusiva de la comunidad autónoma en materia de fomento del desarrollo económico y 
social de la comunidad autónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional.
En  cuanto  al  ámbito  competencial  que  ampara  a  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura  para  abordar  la  normativa  con  rango  legal  que  dé  cobertura  a  las 
cuestiones que regula este artículo, la Constitución Española, en su artículo 149.1.18.ª, 
atribuye al Estado competencia exclusiva para promulgar la legislación básica sobre 
contratación administrativa, de aplicación general a todas las Administraciones públicas, 
correspondiendo a la Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva 
en  materia  de  creación,  organización,  régimen  jurídico  y  funcionamiento  de  sus 
instituciones,  la  organización  de  su  propia  Administración  y  la  de  los  entes 
instrumentales que de ella dependan, así como, en el marco de la legislación básica del 
Estado, la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de régimen 
jurídico  de  las  Administraciones  públicas  y  contratación  del  sector  público  y 
universidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.1.1 y 10.1.1 y 5 del  s
Estatuto de Autonomía de Extremadura. Asimismo, el Estatuto de Autonomía, en su  oe.
artículo 9.1.7, establece la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia  w.
de fomento del desarrollo económico y social de la comunidad autónoma dentro de los  834ww
objetivos de la política económica nacional.
II
El  artículo  33  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura, reformado por de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, faculta a la 
Junta  de  Extremadura  en  caso  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad,  para  dictar 
disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley.
El presente decreto-ley, por una parte, no afecta a las materias vedadas a este 
instrumento  normativo  y,  por  otra,  responde  al  presupuesto  habilitante  de  la 
extraordinaria y urgente necesidad que justifica la utilización de este tipo de norma.
En relación al primer aspecto, ha de recordarse que el artículo 33.2 del Estatuto de 
Autonomía establece que no pueden ser objeto de decreto-ley la reforma del Estatuto, 
las leyes de presupuestos o las materias objeto de leyes para las que se requiera una 
mayoría cualificada. Por lo tanto, en este decreto-ley se respetan tales límites.
Por lo que respecta al segundo aspecto, es decir, a la concurrencia del presupuesto 
de extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio (FJ4), exige, por un 
lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en 
cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la 
situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
Así,  por  una  parte,  como  señala  el  Tribunal  Constitucional,  el  real  decreto-ley 
constituye un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado 
para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que 
subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones 
difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que 
el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de 
enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 368/2007, FJ 10; 31/2011, de 17 de marzo, 
FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Y todo ello 
concurre en el presente caso.
Atendiendo a la especial situación en la que nos encontramos, nadie duda de la 
extraordinaria necesidad de recurrir a la adopción de medidas de todo tipo que vengan a 
paliar los perjuicios económicos producidos en todos los órdenes y adaptar las normas 
ante la finalización del estado de alarma. En esta situación, además, es necesaria una 
rápida actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito que 
permite una actuación de urgencia es el decreto-ley, figura a la que se recurre, en cuanto 
las circunstancias en las que se adoptan y que han sido enunciadas anteriormente 
vienen  a  justificar  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  que  las  medidas  aquí 
previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una 
tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado 
gravosos y perdería su esperada eficacia en el fin último de las mismas.
Así, la Junta de Extremadura comparte y asume las circunstancias y razones de 
urgente necesidad que llevaron a la Administración General del Estado a acudir a la vía 
legislativa extraordinaria al aprobar el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por 
el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la  Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Son estas mismas circunstancia y razones las que fundamentan el grueso principal 
de las medidas contenidas en el presente decreto-ley; en concreto, las que se dirigen los 
preceptos contenidos en los capítulo II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX. En este sentido, con 
relación a los fondos de recuperación las administraciones públicas, y entre ellas la  e.
extremeña, están sometidas a unos plazos ineludibles de ejecución. Plazos aún más  w.b
perentorios que los establecidos en otros mecanismos europeos anteriores. Si no se  834ww
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lastran su funcionamiento.
Bajo estas premisas, es recomendable la adopción de medidas de diversa índole que 
no derivan directamente del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  pero  que  son 
coadyuvantes con el mismo para un una mejor gestión de los recursos públicos. Si con 
ocasión  de  la  implementación  autonómica  del  Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  se  observa  la  conveniencia  de  extender  determinadas  medidas  de 
modernización administrativa no sólo a la gestión de los fondos europeos, es legítimo no 
incurrir en demoras innecesarias y acometer desde ya las modificaciones pertinentes. Si 
esa  mejoras  organizativas  van  más  allá  de  la  gestión  de  los  fondos  europeos  de 
recuperación, mejor.
Sirvan  estos  párrafos  introductorios  como  bosquejo  genérico  del  acomodo 
constitucional  y  estatutario  del  presente  decreto-ley,  sin  perjuicio  de  las  concretas 
particularidades que se pondrán de manifiesto a continuación al analizar el contenido del 
presente decreto-ley.
Sin lugar a dudas no se incluyen en este decreto-ley todos los instrumentos que la 
Junta de Extremadura pondrá en marcha para aliviar, en parte, los desfavorables efectos 
de la pandemia, y sus consecuencias económicas y sociales. Ahora se afrontan las más 
urgentes e inmediatas en estos momentos. El ejecutivo autonómico estará atento a las 
circunstancias para acomodar su actuación a esas circunstancias, teniendo siempre 
presente las necesidades de la sociedad extremeña y sus intereses.
III
En el capítulo I se recoge el objeto y el ámbito de aplicación del presente decreto-ley.
Así, el objeto del mismo es fijar el marco general con las estructuras de gobernanza 
en la Junta de Extremadura de las formas de intervención cofinanciadas con los fondos 
de la Unión Europea, tanto los estructurales y los de cohesión como otros instrumentos 
financieros no estructurales establecidos por la Unión Europea.
Además, el decreto-ley establece asimismo una serie de medidas extraordinarias y 
urgentes de modernización administrativa y, en especial, para una mejor implementación 
de los fondos de la Unión Europea.
El presente decreto-ley será de aplicación a la administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y su sector público autonómico.
En el capítulo II se establecen las bases generales de las estructuras de gobernanza. 
Siendo complementaria de la misma la previsiones contenidas en el Decreto 8/2021, 
de 17 de febrero, por el que se establecen medidas de coordinación para la planificación, 
gestión y ejecución de Fondos Europeos.
Así, dentro de las estructuras de gobernanza, se refuerzan las funciones de la 
Intervención  General  en  materia  de  auditoría  y  control  del  Mecanismo  para  la 
Recuperación y Resiliencia, en relación con la libertad de acceso a los sistemas de 
información o registro las actuaciones de las entidades públicas que participen en la 
gestión de esos fondos, así como la obligación de cualquier entidad pública o privada de 
facilitar la información requerida en el ejercicio de estas funciones.
En  el  capítulo  III  se  recogen  algunos  instrumentos  de  gestión  pública.  Así,  se 
contemplan  previsiones  específicas  sobre:  Unidades  administrativas  de  carácter  s
provisional; formación; gestión  de personas;  provisión  de recursos humanos en las  e.
unidades administrativas de carácter provisional; criterios para la provisión de puestos de  w.
trabajo en las unidades temporales; adjudicación de puestos de trabajo al personal  834ww
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modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  pero  adaptadas  a  la  normativa  de  la 
Comunidad y partiendo de la racionalización y eficiencia en el uso de los recursos y 
medios  y  la  agilización  de  los  procesos,  preservando  siempre  la  rigurosidad  en  la 
tramitación de los procedimientos asociados a la implantación de cualquiera de estas 
medidas.
En el capítulo IV se contemplan medidas en materia de administración digital.
La transformación digital de la Administraciones Públicas se configura en el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  como  uno  de  los  ejes  sobre  los  que 
descansar  la  promoción  de  la  actividad  económica  y  el  restablecimiento  de  las 
condiciones sociales idóneas, por su impacto en la vida de las personas.
Así, es preciso adoptar acciones de carácter organizativo que permitan compaginar 
el  interés  inmediato  y  presente  derivado  de  las  consecuencias  provocadas  por  la 
pandemia COVID-19 con el estratégico y de futuro que asistirá a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos a desarrollar sus 
funciones electrónicamente a corto, medio y largo plazo conforme al marco normativo 
especialmente  aplicable.  El  funcionamiento  cotidiano  de  la  Administración  debe 
coordinarse  con  las  actuaciones  que  se  financian  con  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia teniendo en cuenta. El artículo 28 del Reglamento de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
exige sinergias, complementariedad con otras actuaciones financiadas con fondos de la 
Unión Europea de forma que si no se incorporan preceptos dirigidos a hacer una 
planificación de la puesta a disposición de servicios electrónicos o garantizar que los 
destinatarios puedan acceder a las ayudas o tramites, por mucho que se agilicen sus 
procedimientos internos se corre el riesgo que no se cumplan los objetivos e indicadores 
a  la  que  está  sometido  la  disposición  de  los  fondos.  Así  es  preciso  coordinar 
adecuadamente las necesidades de gestión de los ámbitos administrativos sobre los que 
se ejerce de competencias con las que desde el ámbito de la estrategia y modernización 
digital, sistemas e infraestructuras se desarrolla con carácter horizontal. En otro caso se 
correría el riesgo de que los procedimientos, simples y ágiles diseñados frustren las 
legítimas expectativas de los promotores de los proyectos y/o subvenciones, teniendo en 
cuenta que el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento común de 
las administraciones públicas no ha visto alterada su eficacia por ninguna normativa del 
Estado hasta este momento.
De acuerdo con ello, se contemplan una serie de previsiones dirigidas a planificar la 
provisión de bienes o servicios de las tecnologías de la información y comunicación y 
garantizar la asistencia a la ciudadanía en todo momento respecto a cualquier trámite o 
procedimiento administrativo para hacer posible el ejercicio de los derechos de los 
potenciales  interesados  que  no  pueden  dejar  de  descuidarse.  Téngase  en  cuenta 
adicionalmente que la gobernanza de los fondos europeos a los que se refiere este 
Decreto, en el ámbito digital, descansa en los órganos de esta naturaleza lo que ampara 
aún más dichas previsiones.
Complementario de lo anterior, es declarar el carácter esencial de determinados 
servicios o prestaciones que se realizan por los órganos con competencias horizontales 
en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación con la finalidad de 
garantizar que se prestan en condiciones proporcionales a los intereses que representan 
respecto al funcionamiento de la Administración. Se distinguen los servicios ordinarios y 
extraordinarios contemplándose medidas que permitan asegurar la atención y respuesta  s
de estos últimos de forma que los objetivos e indicadores a los que estén sujetos los  oe.
proyectos que se incluyan dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resilencia  w.
no estén comprometidos. De acuerdo con ello, se establece la posibilidad de adoptar  834ww
ompeodritduansid adde  dpee rshoanbailli taor  dae  pcroonfetrsaiotancaiólens ,c monefdoiramnete  al al oc odliaspbuoerasctoió ne nin esstitteu cdioencarel tdoe  yl olas 
acoctleivgidioasd  prreolafecsioionnaadloess , cionnst itluac imonoedse rnui zoarcgióann izoa ctiroannessfo rrmeparceisóenn tdaitgivitaasl  pdaer as epcrteosrteasr  ddee   BOE-A-cable e
servicios  que  no  corresponden  con  un  resultado  sino  con  un  conjunto  de  tareas 
complementarias a las que realizan los empleados.
La colaboración institucional de Colegios Profesionales, que tienen naturaleza de 
Corporaciones de Derecho Público, o con las entidades representativas de intereses de 
colectivos profesionales se configura como una fórmula que debe ser explorada teniendo 
analogías  y  precedentes  en  la  forma  que  la  Administración  obtiene  servicios.  Es 
frecuente la asistencia que los Jueces y Tribunales reciben de los Colegios Profesionales 
al designar peritos que asisten a aquéllos a impartir justicia y al mismo tiempo que 
asociaciones profesionales u otro tipo de entidades privadas formalicen convenios de 
colaboración  con  la  Administración  por  la  que  se  ve  beneficiada  en  la  gestión  de 
trámites. Asimismo, la medida incrementaría la competitividad de pequeños y medianas 
empresas o autónomos que tendrían la oportunidad de realizar su actividad profesional 
en el sector público.
En  el  capítulo  V  se  incluyen  especialidades  en  materia  de  gestión  y  control 
presupuestario y en el capítulo VI especialidades en la tramitación de los procedimientos.
Entre las medias de gestión y control presupuestario se prevé, además de otras 
medidas en la línea marcada por el Estado, mejorar la agilización de los pagos en las 
habilitaciones y la tesorería general adaptándose al nuevo modelo económico financiero 
denominado Alcántara.
Respecto de las especialidades en materia de gestión del gasto y de fiscalización 
previa, se adapta la normativa que regula el ejercicio de la función interventora para los 
expedientes que se financien con los gastos a los que afecta el decreto-ley, y se 
establecen especialidades en la gestión que deriven de la nueva normativa que regule la 
gestión de estos fondos para agilizar y flexibilizar su tramitación, a fin de asegurar el 
mejor equilibrio entre las garantías que ofrece el control previo para evitar una incorrecta 
aplicación de los fondos y una gestión ágil de los mismos que permita su máximo 
aprovechamiento.
El régimen de fiscalización e intervención previa se ejercerá, siempre que los actos 
estén sujetos a función interventora, en régimen de fiscalización limitada previa para 
todos estos gastos, con independencia del tipo de expediente y de su cuantía.
El despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, 
debiendo pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles.
Para el ejercicio de la fiscalización e intervención previa de este tipo de expedientes, 
se distingue entre los gastos subvencionales y no subvencionales, comprobándose en 
todos los casos, la existencia de crédito adecuado y suficiente y la competencia de los 
órganos que acuerdan los actos y el gasto y, en su caso, los extremos adicionales que se 
puedan  establecer  respecto  de  los  gastos  no  subvencionales  por  el  Consejo  de 
Gobierno, con la posibilidad de acumular las fases del gasto y su verificación al tiempo 
de la contabilización, cuando se trate de gastos subvencionales, dado el carácter masivo 
de los mismos.
Asimismo, para un adecuado seguimiento y control de estos fondos, se dispone la 
incorporación a los sistemas de información contable, de las codificaciones asignadas a 
estos proyectos por la Autoridad de gestión nacional, de la identificación del código de 
convocatoria de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o el número de 
identificación del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Por  su  parte,  en  el  capítulo  VII  se  incluyen  medidas  de  agilización  de  las 
subvenciones financiables con fondos europeos.
En este sentido, se establece un procedimiento especial para agilizar la tramitación  s
de subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos, mediante la tramitación  oe.
conjunta de las bases reguladoras y de la primera o única convocatoria, en cuyo caso, se  w.
aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, por la vía de urgencia, reduciéndose los  834ww
irnefgourmlaedso rianste, rsneo ssu yp rloims ep llaa zaoust,o yri zcaucaiónnd od elal sC coonnsveojoc adteo rGiaosb nieor nfoor.man parte de las bases
cuanSdeo  preel véo bljae taop ldicea ceiósnta ds els usbisvteemncaio dnee sc osnecae sfiiónna ndciiraerc taa cptuoar ccioonnevso caot osriiatu aacbiioenrteas,   BOE-A-cable e
concretas, que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas, de manera 
que permitan una mayor agilización, al poderse dictar las resoluciones de concesión por 
orden  de  presentación  de  solicitudes  una  vez  realizadas  las  comprobaciones  de 
concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de 
requisitos  exigidos,  hasta  el  agotamiento  del  crédito  presupuestario  asignado  en  la 
convocatoria.
Se simplifica la documentación para la acreditación de que se encuentran al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y con la 
Hacienda Autonómica, en la fase previa a la concesión para que pueda acreditarse la 
misma  mediante  declaración  responsable  y  se  aumenta  el  importe  recogido  en  el 
artículo 12.8.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Asimismo se eleva el umbral económico para presentar la 
cuenta justificativa simplificada, y la posibilidad de realizar compensaciones entre los 
conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención, en 
las memorias económicas a presentar.
En el capítulo VIII se incluyen medidas en materia de contratación.
Así, el artículo 31 de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública 
socialmente responsable de Extremadura, prevé en su punto f) «Ampliar lo máximo 
posible los plazos de presentación de ofertas sobre los mínimos legalmente previstos, 
para facilitar el estudio y análisis del expediente de licitación, la preparación de la 
documentación y de sus ofertas», estableciendo que «Como regla general, los plazos 
mínimos previstos en la ley se ampliarán al menos en cinco días, salvo los contratos con 
publicidad en el “Diario Oficial de la Unión Europea” (…)». Además, igualmente señala 
que «En los contratos en los que se prevea la posibilidad de ofrecer soluciones más 
innovadoras, eficientes y sostenibles, los plazos de licitación se ampliarán para permitir 
un mejor estudio y propuesta al menos hasta el doble del mínimo legal.»
Mientras que el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, recoge entre sus 
principios la necesidad de adecuar los procedimientos para que las actuaciones que 
vengan financiadas con fondos europeos cuenten con la mayor agilidad posible.
Por tanto, con la finalidad de evitar posibles controversias interpretativas derivadas 
del juego de ambos preceptos, si se pretendiera primar la agilidad en la tramitación de 
los expedientes financiados con fondos europeos, sobre el interés jurídico defendido en 
el  artículo  31  de  la  Ley  12/2018,  consistente  la  ampliación  de  plazos,  convendría 
excepcionar expresamente en tales expedientes la aplicación del mencionado precepto.
Además, el presente decreto-ley incluye diversas especialidades, en materia de 
contratación  administrativa,  referidas  a  todos  los  contratos  financiados  con  fondos 
europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en sintonía 
con los principios de la legislación estatal. En base a ello, los preceptos incluidos tratan 
de unificar criterios de actuación administrativa con fin de procurar una mayor agilización 
y transparencia, garantizar el trato igualitario de los licitadores y facilitar la gestión de las 
licitaciones celebradas por la Junta de Extremadura.
Se abordan especialidades sobre tramitación de urgencia y reducción de plazos, 
plazos para elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas, despacho preferente 
para la emisión de informes vinculados a la contratación, umbrales económicos del 
procedimiento abierto simplificado abreviado y para el abierto simplificado ordinario, el 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  por  imperiosa  urgencia  de  aplicación  a  la 
contratación  con  estos  fondos,  la  ampliación  excepcional  del  plazo  de  vigencia  de 
algunos contratos, aspectos del recurso especial, los conceptos indemnizables en la  s
suspensión del contrato, así como habilitación especial al Consejo de Gobierno para la  oe.
interpretación  y  modificación  de  aquellas  cuestiones  regidas  en  el  capítulo  de  w.
contratación del decreto-ley. 834ww
verdLaad ecrriasmise snatnei tcaaritaa sptrroóvfioccaa pdaar pao lra l aa cCtOiviVdIaDd- 1e9c ohnaó omcaicsaio dnea dnou, eas tsruo  vpeazí,s u, nean  sgiteunaecrióanl, 
tyaam  bdiéébni l peasratr uEcxtutrream  aedcuornaó,m qiucea . acEusmtau lsai tpuaarcaió mn acyaotra satgrórafivciao  erestqausi ecrierc udnes taimncpioarsta an tseus   BOE-A-cable e
esfuerzos y de instrumentos ágiles para la recuperación, que eviten demoras en la 
aplicación de los instrumentos de impulso y de rescate de amplios sectores de nuestra 
economía. España y Extremadura se encuentran en situación de emergencia sanitaria y 
económica, con caídas del Producto Interior Bruto enormes y desconocidas en los 
últimos  ochenta  años,  por  lo  que  las  necesidades  de  agilizar  y  apresurar  los 
procedimientos para evitar mayores catástrofes, hacen necesario la posible utilización 
del  procedimiento  negociado  sin  publicidad  por  imperiosa  urgencia  previsto  en  el 
artículo 168.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 
sin  perjuicio  de  las  publicaciones  legalmente  establecidas  a  través  del  portal  de 
transparencia y del perfil de contratante. 
En el capítulo IX se introducen especialidades en materia de evaluación ambiental en 
los proyectos que vayan a estar financiados total o parcialmente mediante el Instrumento 
Europeo de Recuperación, en términos similares a los introducidos por la legislación 
estatal.  En  el  contexto  de  la  situación  actual,  la  concurrencia  de  excepcionales 
circunstancias de interés público y de urgencia a las que se pretende hacer frente a 
través del Instrumento Europeo de Recuperación, justifica la necesidad de introducir 
medidas tendentes a facilitar la tramitación de determinados proyectos considerados 
como estratégicos que tienen como finalidad inversiones relacionadas con el cambio 
climático y el medio ambiente y que permitan la reactivación y transformación de la 
economía  regional,  al  ser  proyectos  que  pueden  provocar  un  efecto  tractor  y 
multiplicador sobre otros sectores y que contribuirán a generar empleo y crecimiento a 
medio y largo plazo.
En la disposición adicional primera se adoptan medidas en materia de conciertos 
sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social y socio-
sanitario.  Se  pretende,  fundamentalmente,  mantener  unos  instrumentos  urgentes  de 
naturaleza  transitoria  para  garantizar  la  continuidad  en  la  atención  de  las  personas 
beneficiarias de los servicios concertados al amparo del Decreto 151/2006, de 31 de julio, 
por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).
Dadas las dificultades generadas por la COVID-19 en la gestión diaria de los centros 
y la necesidad de prestar atención urgente a las demandas relacionadas con la atención 
de las personas, en tanto se consolida el marco regulatorio definitivo, en plena pandemia 
es necesario mantener la atención en los centros asegurando la continuidad en la 
prestación.
La  excepcional  situación  generada  por  la  COVID-19  ha  necesitado  una  gran 
movilización de recursos por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
Asegurar la prestación de los servicios de colectivos vulnerables de su competencia, en 
este caso, en relación con las personas con discapacidad, facilitar la financiación de 
estos, así como implantar todas las medidas sanitarias excepcionales para asegurar su 
funcionamiento, se han traducido en un amplio número de actuaciones normativas y 
resoluciones  destinadas  a  asegurar  la  prestación  de  los  servicios.  La  necesaria 
priorización sobrevenida en esta atención ha motivado una demora en el desarrollo 
normativo previsto tras la entrada en vigor de la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de 
conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, 
sanitario y socio-sanitario en Extremadura.
No obstante, en una situación tan complicada y en un contexto socioeconómico como el 
presente, la continuidad en la prestación de estos servicios se hace imprescindible para 
evitar que las personas más vulnerables, en este caso, las personas con discapacidad vean 
agravada su actual situación. s
En tanto se consolida el marco regulatorio definitivo, es evidente la necesidad de  oe.
arbitrar  mecanismos  que  permitan  mantener  la  atención  de  las  personas  con  w.
discapacidad, asegurando la continuidad en la prestación de los servicios, continuando  834ww
cuonn  clao matpelnecmióenn tao  lodse dteisrmtinintoasn tsee cdtoerle sh avzu lndeera bsleersv idceio sn useosctriaa lpeos blya csióonc iqou-sea cnoitnasritoitsu yedne 
carácter público de nuestra región.
En la disposición adicional segunda se establece la exoneración de estar al corriente 
en las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda Autonómica, así 
como la ampliación del plazo de solicitudes para determinadas subvenciones.
En  concreto,  las  subvenciones  afectas  son  las  contempladas  en  el  Decreto-
ley 15/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba un programa de ayudas para la 
reactivación empresarial y se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que 
se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se 
establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y 
cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19.
También afecta a las subvenciones recogidas en el Decreto-ley 1/2021, de 13 de 
enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación 
de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y 
se  establecen  nuevas  medidas  urgentes  en  materia  tributaria  para  hacer  frente  al 
impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremada.
El Decreto-ley 15/2020, de 29 de diciembre, supuso la puesta en marcha, en su 
capítulo  I,  de  un  programa  de  ayudas  a  empresas  y  autónomos  afectados  por  la 
COVID-19.  Del  mismo  modo,  el  Decreto-ley  1/2021,  de  13  de  enero,  aprueba  un 
programa  de  ayudas  para  la  recuperación  y  reactivación  de  la  hostelería,  turismo, 
comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria. En ambos casos, este 
tipo de ayudas tienen como finalidad principal el permitir, dentro del régimen de minimis, 
que las empresas afectadas por la crisis sanitaria puedan operar y hacer frente a sus 
pagos y compromisos.
Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto tanto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  como  en  el  artículo  12.2  de  la 
Ley  6/2011,  de  23  de  marzo,  de  Subvenciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura y dada la pérdida de ingresos que una gran parte de la Pymes han sufrido 
como  consecuencia  de  la  crisis  sanitaria,  se  considera  conveniente  modificar  la 
regulación de tales ayudas, de forma que se exonere a los solicitantes de las mismas del 
cumplimiento del requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias con el 
Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica.
Esta modificación de la regulación de las ayudas citadas ha de dar lugar a la apertura 
de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, a fin de posibilitar que puedan 
concurrir aquellos que no lo hubiesen hecho por ser conscientes de que no se hallaban 
al corriente de tales obligaciones.
La extraordinaria y urgente necesidad para la incorporación al presente decreto-ley 
de estas previsiones viene determinada, fundamentalmente, por el hecho de que se trata 
de dos programas de ayudas que se hallan ya en tramitación y concluido el plazo 
originario de presentación de solicitudes. Por ello, es inaplazable la aprobación de las 
modificaciones  que  conlleva,  a  fin  de  que  sean  aplicadas  en  la  instrucción  de  los 
procedimientos y para que el nuevo plazo de presentación de solicitudes se abra lo antes 
posible, para no dilatar la concesión de las ayudas.
A este respecto, ha de tenerse presente la enorme trascendencia de las ayudas 
reguladas por ambos decretos-leyes, debido a la grave situación de las pymes de los 
sectores incluidos en su ámbito de aplicación, como consecuencia de las medidas de 
contención de la pandemia, habiéndose producido una enorme reducción en el consumo 
y grandes dificultades en las cadenas de suministros, lo que ligado a las restricciones a 
la libre circulación de las personas y al cierre temporal de negocios, han dado lugar a  s
una gran disminución de la facturación, quedando sus ingresos suprimidos o disminuidos  oe.
drásticamente. w.
En la disposición final primera se modifica la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía  834ww
de laA saíu, tolanso mcíoam mpulenjaicsip acli rdceu nEsxtatrnecmiaasd udrae.rivadas  de  la  pandemia  hacen  aconsejable
aesni mlaiss mquoe a cfroonnvtearrg reens pinuteesretasse sin amuetodniaótmasic qous ec oanfe lcotsa np rao pdiaemteermntien alodcaasl epso, laítdiceams ápsú belnic uans   BOE-A-cable e
ámbito en el que el reparto interno de competencias se concretó en la Ley 3/2019, de 22 
de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura. En la citada Ley se 
reconoce a los municipios extremeños un amplio elenco de competencias propias, se 
establece, asimismo, un completo sistema institucional para hacer efectiva esa garantía 
de la autonomía municipal que, por lo que ahora importa, se concreta en la creación de 
un  órgano  de  concertación  institucional  como  es  el  Consejo  de  Política  Local  de 
Extremadura.
Ese Consejo de Política Local ha asumido importantes funciones en el impulso y 
posterior concertación de los Programas de Colaboración Económica Municipal, que han 
sido creados por los artículos 51 a 53 de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021, cuya finalidad no es otra que reforzar 
la autonomía municipal, esencialmente, en su autonomía de gasto, así como eliminar 
trabas  burocráticas  internas,  tanto  de  la  Administración  Pública  de  la  Junta  de 
Extremadura como de las propias Administraciones Locales, que dificultan la agilidad en 
la tramitación de un sistema de subvenciones basado en convocatorias anuales, en aras 
a la aplicación efectiva de la propia LGAMEX, pero también de la Ley 8/2019, para una 
Administración más ágil de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin duda, la crisis sanitaria/humanitaria, así como sus efectos directos en el ámbito 
económico y social, requieren respuestas rápidas para que también los ayuntamientos y 
el  resto  de  entidades  locales  puedan  afrontar  las  imperiosas  necesidades  que  la 
ciudadanía extremeña tiene frente a una situación de la gravedad como la descrita. Los 
poderes  públicos  deben  ofrecer,  por  tanto,  respuestas  ágiles.  Y,  a  tal  efecto,  los 
Programas  de  Colaboración  Económica  Municipal  que  ha  puesto  en  marcha  la 
LPGCAEX para 2021, en los términos expresados en la disposición adicional séptima de 
la  LGAMEX,  resulta  una  fórmula  institucional  idónea  para  dar  respuesta  a  las 
necesidades de financiación local en un contexto como el presente. Tal fórmula está, 
además,  rodeada  de  las  garantías  que  implica  el  fortalecimiento  de  la  autonomía 
municipal mediante la concertación institucional, como medio de hacer llegar a los 
municipios  y,  en  su  caso,  al  resto  de  entidades  locales,  de  los  fondos  y  recursos 
necesarios para hacer frente a sus necesidades inmediatas, que son resultado unas 
veces de políticas estructurales que se ha considerado oportuno reconsiderar, otras de 
las necesidades derivadas de afrontar medidas contingentes que exige la situación 
derivada de la pandemia o, en fin, abrir asimismo la posibilidad de que los desafíos 
anudados a la gestión inminente de los fondos europeos procedentes del Instrumento de 
Recuperación y Resiliencia, o del resto de fondos recogidos en el Marco Financiero 
Plurianual de la Unión Europea 2021-2027, puedan también, en su caso, ser objeto de 
concertación en lo que a los criterios de distribución y ejecución de tales recursos 
financieros  respecta  en  referencia  a  las  distintas  entidades  locales  en  razón  a  las 
inversiones y reformas que se impulsen en cada proyecto financiado con tales recursos.
A tal efecto, con la doble finalidad de reforzar la autonomía de las entidades locales 
extremeñas, en la línea antes expuesta, y asimismo de agilizar la gestión de los recursos 
financieros necesarios para el desarrollo efectivo de las competencias de los municipios, 
se procede a la modificación parcial de los títulos IV y V de la Ley 3/2019, de 22 de 
enero, con la finalidad de incorporar a su articulado la figura de los Programas de 
Colaboración Económica Municipal como instrumento de financiación adicional de las 
entidades  locales  extremeñas  en  aquellos  casos  en  que  converjan  intereses 
autonómicos con los locales en ámbitos competenciales compartidos, de acuerdo con el 
sistema actual de reparto de atribuciones entre los dos niveles de gobierno. s
Dichos Programas de Colaboración Económica Municipal representan un importante  oe.
avance  en  la  supresión  gradual  de  un  sistema  de  financiación  municipal  basado  w.
exclusivamente en subvenciones y su transformación hacia un modelo concertado de  834ww
qfinuaen sceia cpiórony neoct ac osnodbicreio ndaedtear mo icnoanddoisc ioánmabdiato ss ósloe cetno rciauleasn toq uae  saussí  fisnea liddealdimeiste dne  pgoars tloa 
Jreupnrteas edneta cEióxnt rmemunaidcuipraal  ay  trasveé sc doenlc Cieortnesne joe dne  Psuo líteicjeac Luoccióanl  dey  Ecxotrnedmicaidounreas.  con  la  BOE-A-cable e
La presente modificación, que se halla fuera del contenido previsto en el artículo 55 
del Estatuto de Autonomía y del perímetro material reservado a una ley de mayoría 
absoluta conforme a lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 3/2019, de 22 
de  enero,  de  garantía  de  autonomía  municipal  de  Extremadura,  cumple  con  las 
exigencias formales y materiales derivadas del artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, 
de 28 de enero, de reforma del Estatutos de Autonomía de Extremadura.
En la disposición final segunda se modifica el apartado 5 del artículo 41 de la 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de patrimonio histórico y cultural de Extremadura. La 
extraordinaria y urgente necesidad de la modificación que se lleva a efecto a través de la 
disposición final segunda, la misma viene determinada ante la perentoria obligación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de fecha 28 de Julio de 2020, para el estudio y propuesta de 
solución de las discrepancias competenciales manifestadas sobre el Decreto-ley 9/2020, 
de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de 
Garantías de empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos 
negativos del COVID-19 (BOE núm. 315, de 2 de diciembre de 2020).
En  la  disposición  final  tercera  se  modifica  la  Ley  16/2015,  de  23  de  abril,  de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo relativo a la 
tramitación  del  procedimiento  de  autorización  ambiental  unificada  que  es  un 
procedimiento  de  prevención  ambiental  propio  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. En este procedimiento complejo, en el que confluyen la intervención de 
distintas Administraciones Públicas que han de velar por el ejercicio de sus respectivas 
competencias, resulta necesario, además de garantizar una participación real y efectiva 
de los ciudadanos, simplificar, reducir plazos, agilizar y coordinar los diferentes trámites 
que  lo  integran,  evitándose  con  ello  las  dilaciones  y  paralizaciones  que  vienen 
produciéndose en la tramitación de estos expedientes que, con cierta frecuencia, se 
prolongan durante meses, llegando en ocasiones a superar el año de retraso.
A tales efectos, se introduce un trámite de información pública en el «Diario Oficial de 
Extremadura» y en la página web del órgano ambiental, posibilitando que, de manera 
simultánea a la misma, se puedan llevar a cabo las consultas a los ayuntamientos y a los 
organismos públicos, siendo esta última consulta una novedad. Con el fin de solventar 
una de las principales incidencias que se presentan en la práctica, se concretan las 
cuestiones sobre las que debe pronunciarse el informe del ayuntamiento. Se mantiene el 
carácter vinculante de los informes emitidos en fase de consulta cuando se pronuncien 
negativamente, si bien, se prevé que de no emitirse en plazo se proseguirán con las 
actuaciones. No obstante, de emitirse el informe fuera de plazo pero recibido antes de 
dictar resolución, deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente. Finalmente, 
se prevé la elaboración de una propuesta de resolución que será notificada al promotor y 
al ayuntamiento con un trámite de audiencia de diez días.
La necesidad de la modificación de este procedimiento de prevención ambiental 
resulta  perentoria,  dado  que  un  elevado  porcentaje  de  los  proyectos  de 
reindustrialización susceptibles de ser financiados con cargos a estos fondos europeos 
requieren de la tramitación de esta autorización ambiental, con lo que de esta forma se 
facilita la absorción de los mismos y se contribuye a que los efectos que con ellos se 
pretenden puedan sentirse cuanto antes en la economía regional. Sin perjuicio de lo 
anterior, esta modificación es un instrumento necesario para acelerar la recuperación  s
económica de nuestra región tras la crisis motivada pandemia del SARS-CoV-2, dado  oe.
que  todas  estas  mejoras  de  simplificación,  reducción  de  plazos,  agilización  y  w.
coordinación serán de aplicación a la ejecución de todos los proyectos industriales que  834ww
resuEltna nla ims pdrisepsocisnicdiióbnle sfi npaalr ac uqaureta l as ec olnlesveac uac icóanb doe l ae smeo fdinif isceaac iuónna d reela Dlideacdre.to 16/2019,
aduet o1m2a tdizea dmosa r(zDoE, Ap).or  el  que  se  regula  la  instalación  de  desfibriladores  externos  BOE-A-cable e
En este sentido, las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de 
muerte  a  nivel  mundial,  nacional  y  de  la  Comunidad  Autónoma  Extremadura  y  en 
tiempos de la COVID, esta situación no solo no ha cambiado, sino que está empeorando, 
entre  otros  motivos  porque  una  persona  con  problemas  cardiovasculares  que  se 
contagia de coronavirus tiene peor pronóstico y que ante el colapso de los centros 
sanitarios con motivo de la COVID, se produce un retraso en el tratamiento de las 
paradas cardiorrespiratorias, de ahí la importancia de disponer de desfibriladores en el 
ámbito no sanitario, ya que está reconocido científicamente que la desfibrilación eléctrica 
precoz es el medio más eficaz para evitar muertes por este motivo.
Para fomentar y facilitar la disponibilidad y uso de desfibriladores en el ámbito no 
sanitario es necesario modificar la norma eliminando los obstáculos que imposibilitan o 
retrasan la instalación de los desfibriladores, así como la autorización para su uso.
De esta forma, se suprime el requisito de la formación para quienes estén en 
posesión de determinadas cualificaciones profesionales que ya capacitan para el empleo 
del desfibrilador externo automatizado, ampliando con ello el abanico de personas que 
pueden utilizarlos, y máxime en una situación como la presente en la que se han 
paralizado los procesos formativos por las exigencias de presencialidad en la actividad 
formativa.
Asimismo, se ha eliminado el requisito de la presencialidad en la actividad formativa 
cuando las circunstancias lo imposibilitan, siempre previa autorización de la autoridad 
sanitaria competente, y de acuerdo con las directrices establecidas por los consejos 
internacionales de reanimación que, en colaboración con los centros formadores, han 
adaptado y reevaluado los procedimientos formativos para garantizar la enseñanza de 
una  reanimación  cardiopulmonar  de  calidad  a  distancia  para  evitar  la  transmisión 
potencial de la COVID-19.
Finalmente, en línea con el proceso de agilidad referido, se ha suprimido la sección 
III. Personas autorizadas para uso de DEA en el ámbito no sanitario, del registro de 
formación para el uso del DEA en Extremadura, ya que se trata de una información que 
en todo momento puede ser comprobada mediante la inspección a la correspondiente 
entidad y cuya actual exigencia de inscripción estaría obstaculizando y demorando las 
inscripciones y las autorizaciones del uso de los DEA.
Por todo lo anteriormente expuesto y con el fin de amoldar la instalación de los 
desfibriladores, la autorización para su uso y la formación asociada al mismo, a las 
circunstancias actuales producidas por la pandemia de la COVID y, en todo caso, a la 
necesaria  presteza  que  requiere  la  implementación  de  este  tipo  de  dispositivos  es 
necesario introducir las necesarias modificaciones del Decreto 16/2019, de 12 de marzo, 
por el que se regula la instalación de desfibriladores externos automatizados (DEA) en el 
ámbito no sanitario que se prevén en el presente decreto-ley.
Las razones que justifican la inclusión de esta medida en estos momentos vienen 
determinadas antes la excepcionalidad de los acontecimientos sanitarios que se vienen 
produciendo.  La  evolución  de  la  pandemia  es  imprevisible,  y  la  experiencia  así  lo 
demuestra. Se deben acometer cambios de gestión que, si bien hasta ahora no se 
consideraban necesarios, en estos momentos no aconsejan más demoras, debiendo 
acudirse al instrumento jurídico más acorde, el decreto-ley.
En la disposición final quinta se introducen modificaciones en la Ley 12/2018, de 26 
de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura, toda vez 
que su rodaje en estos años y el de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector  público,  nos  ha  permitido  detectar  aspectos  que  merman  la  agilidad  en  la  s
contratación  administrativa,  cualidad  que  en  estas  circunstancias,  no  sólo  se  hace  oe.
conveniente,  sino  imprescindible.  Así,  se  incluye  en  aquella  norma  una  disposición  w.
adicional cuarta que establece cambios en las mesas de contratación, toda vez que el  834ww
adret íccounlof ig3u2r6a cdieó nla y l efuyn ecsiotantaaml nieon stoe  dceo nlacse pmtúeas acso meno  cbuáasnictoo ,a dl avnodcoa l vqeursea etifleidcatúda a el ls cisotenmtroal 
eesctoansó eml icpoe-rpsroensaul ptéucensitcaori od ee lna  laadsm miniissmtraacsi óyn  pqeurem hitaieynad poa rqtiuceip apduoe deann l af orermdaacr cpióanr tdee d lae   BOE-A-cable e
documentación técnica, para aprovechar sus mayores conocimientos en la evaluación 
técnica de las ofertas.
Por otra parte, se modifican los artículos 36.3 y 20.2, para agilizar el pago y la 
tramitación del expediente de los contratos menores con cargo a gastos corrientes por 
importe inferior a 5.000 euros, IVA incluido, así como el 34.1 de la citada norma, para 
eliminar el trámite del acuerdo del Consejo de Gobierno, y dotar de más fluidez a la 
tramitación  de  los  contratos.  Se  introduce  el  trámite  en  una  fase  previa  que  no 
obstaculiza la misma y da homogeneidad a la actuación de los distintos órganos de 
contratación.
En cuanto a la concurrencia de los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad 
de llevar a cabo en estas medidas, y en la línea de lo indicado anteriormente, se debe 
poner de manifiesto que las mismas son coadyuvantes de las contenidas en el capítulo 
VIII  de  este  mismo  decreto-ley  y,  en  definitiva,  redunda  en  una  mayor  agilidad 
administrativa en la gestión de los recursos públicos, entre ellos, los fondos europeos 
objeto del presente decreto-ley.
En  la  disposición  final  sexta  se  establece  la  no  congelación  de  rango  de  la 
modificación operada a través de la disposición final cuarta del presente decreto-ley.
En la disposición final séptima se realizan las habilitaciones necesarias.
La disposición final octava determina la entrada en vigor del presente decreto-ley el 
día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».
Los presupuestos habilitantes para la utilización de la figura del decreto-ley que exige 
el artículo 33 del Estatuto de Autonomía se entienden más que cumplidos en el presente 
caso, como se indica continuación con relación a los distintos preceptos y disposiciones 
del presente decreto-ley.
Por todo ello, en el ejercicio de la autorización contenida en el artículo 33 del Estatuto 
de  Autonomía  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  a  propuesta  de  la 
Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública; y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de marzo de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.   El presente decreto-ley tiene por objeto fijar el marco general con las estructuras 
de gobernanza en la Junta de Extremadura de las formas de intervención cofinanciadas 
con los fondos de la Unión Europea, tanto los estructurales y los de cohesión como otros 
instrumentos financieros no estructurales establecidos por la Unión Europea.
2.   El presente decreto-ley establece asimismo una serie de medidas extraordinarias y 
urgentes de modernización administrativa y, en especial, para una mejor implementación de 
los fondos de la Unión Europea indicados en el apartado anterior.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
El presente decreto-ley será de aplicación a la administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y su sector público autonómico. e
CAPÍTULO II
Estructuras de gobernanza
Artículo 3.  Establecimiento.
Las  estructuras  de  gobernanza  en  Extremadura  de  las  formas  de  intervención 
cofinanciadas con los fondos de la Unión Europea, tanto los estructurales y los de 
cohesión como otros instrumentos financieros no estructurales establecidos por la Unión 
Europea, serán las establecidas en las normas recogidas en el presente decreto-ley, en 
el Decreto 8/2021, de 17 de febrero, por el que se establecen medidas de coordinación 
para la planificación, gestión y ejecución de Fondos Europeos y aquellas otras normas 
reglamentarias que se dicten en desarrollo de ambas normas.
Artículo 4.  Coordinación autonómica del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.   El órgano directivo con competencias en materia de fondos europeos será 
responsable de la coordinación y seguimiento de los proyectos financiados con fondos 
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercerá las funciones que le sean asignadas por 
la Autoridad responsable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y asumirá la 
representación de la comunidad autónoma en la Comisión de Coordinadores de Fondos 
Europeos creada en virtud del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.    Para  el  ejercicio  de  estas  funciones  se  apoyará  en  las  estructuras  de 
gobernanza previstas en el Decreto 8/2021, de 17 de febrero, por el que se establecen 
medidas de coordinación para la planificación, gestión y ejecución de Fondos Europeos.
3.   La Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos será 
dotada de los recursos personales y materiales que sean necesarios para el correcto 
ejercicio de estas funciones adicionales.
Artículo 5.  Auditoría del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.   La Intervención General de la Junta de Extremadura tendrá a su cargo el 
ejercicio  de  las  funciones  y  competencias  de  control  o  auditoría  que  le  pudieran 
corresponder en su ámbito de actuación o que le sean asignadas por la Autoridad de 
Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en virtud de las competencias de 
coordinación atribuidas a la Intervención General de la Administración del Estado.
2.   Para el ejercicio de estas funciones adicionales dispondrá de libertad de acceso 
a los sistemas de información de las entidades públicas que participen en la gestión de 
los fondos o a cualquier registro en el que se reflejen actuaciones relacionadas con la 
ejecución de los mismos. Cualquier entidad pública o privada quedará obligada a facilitar 
la información que en el ejercicio de estas funciones le sea solicitada.
3.   La Intervención General de la Junta de Extremadura será dotada de los recursos 
personales y materiales necesarios para el correcto ejercicio de estas funciones.
Artículo 6.  Rendición de cuentas a la Asamblea de Extremadura.
Al menos una vez al semestre, la consejería competente en materia de fondos  es
europeos  deberá  informar  a  la  Asamblea  de  Extremadura  sobre  la  situación  de  la  bo
programación y/o ejecución de los distintos fondos europeos de su competencia. 834ww
CAPÍTULO III
Instrumentos de gestión pública
Artículo 7.  Unidades administrativas de carácter provisional.
1.   En aras a la implementación y consecución de objetivos, por razones de eficacia 
y eficiencia, podrán constituirse unidades administrativas de carácter provisional para la 
gestión y ejecución de proyectos financiables con cargo a fondos europeos objeto del 
presente decreto-ley.
2.   La constitución de tales unidades administrativas de carácter provisional se 
efectuará a propuesta de la consejería que aprecie la necesidad de las mismas, en la 
que constará un plazo determinado vinculado al desarrollo de los proyectos, así como la 
estimación de los efectivos de personal necesarios. La citada propuesta será resuelta 
por la titular de la consejería competente en materia de función pública.
3.   Los recursos humanos con que contarán estas unidades de carácter provisional 
serán los siguientes:
a)  Empleados públicos a los que se les atribuya temporalmente las funciones a 
realizar en la unidad provisional.
b)  Empleados  públicos  a  los  que  se  les  atribuya  en  comisión  de  servicios  el 
desempeño de un puesto de trabajo adscrito a la unidad provisional a través de la 
correspondiente relación de puestos de trabajo.
c)  Con carácter subsidiario, nuevos nombramientos de personal funcionario interino 
o contratación laboral temporal.
4.    Las  modificaciones  de  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo  existentes 
necesarias  para  la  constitución  y  puesta  en  funcionamiento  de  estas  unidades 
administrativas de carácter provisional, se realizarán a propuesta de la consejería que 
aprecie la necesidad de las mismas, teniendo su tramitación carácter preferente. Y serán 
aprobadas por la titular de la consejería competente en materia de función pública.
Podrá confeccionarse, por la consejería competente en materia de función pública, 
una única relación de puestos de trabajo para el conjunto de la Junta de Extremadura y 
sus organismos autónomos, donde figurarán desglosadas por consejería u organismo 
autónomo los puestos de trabajo adscritos a cada una de las unidades administrativas de 
carácter provisional que se creen.
5.   Concluido el proyecto financiable con fondos europeos, todos los puestos de 
trabajo que constituyan la unidad administrativa provisional correspondiente que hayan 
sido creados al efecto, serán objeto de amortización automática sin necesidad de trámite 
alguno.
Artículo 8.  Formación.
1.   Se adoptarán las medidas necesarias para la formación de empleados públicos 
en aquellas materias de especial relevancia para la gestión pública y el desarrollo de 
tareas vinculadas a la ejecución de proyectos financiables con cargo a fondos europeos 
objeto del presente decreto-ley. La Escuela de Administración Pública de Extremadura 
impartirá formación a medida para la ejecución de los proyectos en materias tales como 
planificación estratégica, licitación pública, procedimientos de subvenciones y ayudas, 
gestión financiera o presupuestaria, convenios o colaboración público privada, y materias  e
relacionadas con la transformación digital de la Administración Pública conforme a los  bo
proyectos y/actuaciones que se desarrollen en el seno de la Junta de Extremadura y sus  834ww
orga2n. ism Loas  pfoúrbmliacocisó.n vinculada a la ejecución de proyectos financiables con cargo a
cfoonmdpoest eenucrioapse yo so rioebnjteatdoa d ael l cpurmepselimntiee ndtoe cdree toob-ljeeyti vtoesn dyr láa  ruens oeluncfoióqnu ed ed per ofobrlemmaacisó.n en
3.   Esta formación contará con la adecuada financiación presupuestaria, adicional a 
la contemplada en el presupuesto de la consejería competente en materia de función 
pública, y prioridad en sus planes de formación, de acuerdo con lo establecido en el 
instrumento de planificación estratégica para la gestión.
4.   La Escuela de Administración pública será dotada de los recursos personales y 
materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  los  fondos  adicionales  y  específicos 
asignados vinculados a esa específica formación.
Artículo 9.  Gestión de personal.
1.   La secretaría general de la consejería correspondiente u órgano equivalente del 
organismo  autónomo,  en  su  caso,  que  tenga  atribuida  la  gestión  de  proyectos 
financiables con fondos europeos tendrá como prioridad en la gestión del personal 
vinculado a estos proyectos, el aprovechamiento del talento del personal al servicio de 
su consejería u organismo.
2.   De acuerdo con lo establecido en el título VIII de la Ley 13/2015, de 8 de abril, 
de  Función  Pública  de  Extremadura,  la  secretaría  general  de  la  consejería 
correspondiente u órgano equivalente del organismo autónomo, en su caso, que tenga 
atribuida la gestión de proyectos financiables con fondos europeos adoptará las acciones 
oportunas para movilizar los recursos humanos necesarios en aras a una mayor agilidad 
y eficiencia en la gestión y absorción de los fondos europeos ligados a la ejecución de 
dichos proyectos.
3.  Asimismo, adoptarán medidas para fomentar por la consejería competente en 
materia de función pública la capacitación del personal y el reconocimiento de su trabajo, 
tanto del esfuerzo colectivo como del esfuerzo individual.
Artículo 10.  Provisión de recursos humanos en las unidades administrativas de carácter 
provisional.
1.  De acuerdo con la normativa vigente en materia de provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, los procedimientos de provisión a utilizar serán:
a)  Atribución temporal de funciones.
b)  Comisiones  de  servicio,  sin  sujeción  al  límite  temporal  establecido  en  la 
normativa de función pública. Si bien no podrá exceder del plazo establecido par a la 
gestión  y  ejecución  de  los  proyectos  financiables  con  cargo  a  fondos  europeos. 
Asimismo, se excepciona lo dispuesto en el artículo 122.4 de la Ley 13/2015, de 8 de 
abril, de Función Pública de Extremadura.
2.  Cuando la adscripción al puesto de trabajo sea a localidad distinta a la del puesto 
de  trabajo  que  desempeñaba,  así  como  a  la  de  su  domicilio,  dará  lugar  a  las 
indemnizaciones que procedan cuando concurran los requisitos.
3.  Se habilita al órgano directivo competente en materia de función pública para 
dictar las instrucciones que permitan una tramitación ágil en la gestión de la provisión de 
estos puestos de trabajo.
Artículo  11.  Criterios  para  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  en  las  unidades  de 
carácter provisional.
Para la provisión de los puestos de trabajo en las unidades temporales se seguirá el  bo
siguiente orden: 834ww
encuae) ntrEenn  pprriemsetar nlduog asr eryv iccioons  ceanr álcat ecr onpsreefjeerreían teu,  Olorsg aenmispmleoa dcoosrr epsúpbolnicdoies ntqeu, eq usee 
tengan experiencia directa o indirecta en la gestión de proyectos relacionados con
fondos europeos. Bc
b)  En segundo lugar, el resto del personal de dicha consejería u organismo.
c)  Posteriormente, podrán ser destinados empleados públicos que estén prestando 
servicios en otra consejería.
d)  Finalmente  y  con  carácter  excepcional,  nuevos  nombramientos  de  personal 
funcionario interino o contratación laboral temporal.
Artículo  12.  Adjudicación  de  puestos  de  trabajo  al  personal  funcionario  de  nuevo 
ingreso.
Se podrá priorizar en las sucesivas ejecuciones de oferta de empleo público la 
adjudicación de puestos de trabajo al personal funcionario de carrera de nuevo ingreso 
en los órganos, centros o unidades encargados de la gestión de proyectos financiables 
con fondos europeos a que se refiere el presente decreto-ley, siempre que consten 
identificados en el instrumento de planificación estratégica aprobado. Así, para estos 
puestos  no  será  de  obligatoria  aplicación  lo  dispuesto  en  el  artículo  101.4  de  la 
Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
Artículo  13.  Nombramiento  de  personal  estatutario  de  carácter  temporal,  personal 
funcionario interino y contratación de personal laboral con contratos de duración 
determinada.
1.   Dado el incremento de la carga de trabajo derivado de la gestión de los fondos 
ligados a la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia las consejerías u 
organismos encargados de la gestión de fondos europeos podrán reforzar sus plantillas 
con el nombramiento de personal estatutario temporal, personal funcionario interino o 
personal laboral con contratos de duración determinada, de acuerdo con lo establecido 
en su instrumento de planificación estratégica de gestión, el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, la Ley de Función Pública de Extremadura y las sucesivas Leyes de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2.   Se dará prioridad a la tramitación de las autorizaciones de contratos de duración 
determinada y nombramiento de personal estatutario temporal y personal funcionario 
interino en el marco de los planes de gestión de fondos europeos, siempre de acuerdo 
con lo establecido en la normativa vigente en materia presupuestaria y de recursos 
humanos.
Los nombramientos y contratos de este personal se formalizarán por el tiempo 
imprescindible para la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
También se dará prioridad a la tramitación de expedientes que tengan como objeto el 
nombramiento  de  personal  estatutario  temporal,  personal  funcionario  interino  o  la 
contratación de personal laboral temporal en el resto de unidades que hayan visto 
mermado su número de efectivos por haber sido destinados al ámbito del instrumento de 
gestión estratégica recogido en este decreto-ley.
CAPÍTULO IV
Medidas en materia de administración digital
Artículo 14.  Planificación de actuaciones.
1.   La necesidad de provisión de bienes y servicios determinada por la Consejería  e.
competente  en  materia  de  administración  digital,  traiga  o  no  causa  del  Plan  de  w.
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que estuviera vinculada al desarrollo e  834ww
cimopmlaunntidaacidó na udtóen olam aa cytu ascuisó no ragdamnisinmisotrsa tpivúab liecloesc,t róenxicceap tod ee ll aS eArdvmiciion isEtrxatrceiómne ñdoe  dlea 
rSeacluurds,o se syt áre snudjiectióan a d elo csu epnritnacsi.pios de planificación, eficiencia, asignación efectiva de  BOE-A-cable e
2.   Las secretarias generales de las consejerías o de la Presidencia de la Junta y 
los órganos competentes de los organismos públicos informarán al órgano directivo que 
ejerza las competencias en materia de administración digital, dentro del primer semestre 
del ejercicio presupuestario, de sus necesidades de bienes y servicios para el año 
siguiente, a los efectos de que, por los órganos de gobernanza digital, se determine la 
idoneidad  de  las  previsiones,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  34.4  de  la 
Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.
3.   Los recursos de las consejerías y los organismos públicos que se incluyan en los 
presupuestos conforme al apartado anterior se destinarán a satisfacer las necesidades de 
los bienes y servicios que se aprueben en coordinación con la consejería competente en 
materia de administración digital, salvo que una ley disponga otra cosa.
Artículo 15.  Orientación a la ciudadanía.
La aprobación de bases reguladoras de subvenciones conforme al artículo 24 u otras 
normas  que  contemplen  trámites  o  procedimientos  requerirá  para  garantía  de  las 
relaciones con la ciudadanía conforme al artículo 84 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a)  El análisis de rediseño del trámite o procedimiento previo a la publicación de 
Transparencia y Participación Ciudadana, por el órgano con competencias en materia de 
administración electrónica. Tiene por objeto reducir o eliminar fases, documentos, plazos, 
requisitos o trámites, así como la incorporación de las tecnologías de la información y la 
mejora de la calidad normativa con la finalidad de agilizarlos y mejorar la prestación de 
los servicios públicos sin merma, en ningún caso, de los derechos y las garantías de los 
interesados. Se emitirá en el plazo de siete días hábiles desde que se facilite el proyecto 
de decreto o norma que contemple las bases reguladoras.
b)  La ficha de asistencia a la ciudadanía por el órgano responsable del trámite o 
procedimiento. La ficha acredita que el servicio o prestación de interés a la ciudadanía 
figura en el inventario de información administrativa y están identificados los empleados 
que ofrecerán información especializada por los canales que se habiliten. 
c)  El certificado de operatividad electrónica por el órgano con competencias de 
administración electrónica cuando sea necesaria su tramitación por medios telemáticos. 
El certificado acredita que el servicio o prestación de interés a la ciudadanía es acorde al 
diseño propuesto y puede ser realizado por medios telemáticos cuando corresponda, así 
como, en su caso, la forma en que podrá integrarse o converger en el futuro con el 
ecosistema de administración digital. Se emitirá al tiempo de emitirse los informes por el 
órgano  directivo  competencia  en  materia  de  fondos,  la  Abogacía  General  o  la 
Intervención General atendiendo a la naturaleza del expediente.
Artículo 16.  Servicios esenciales digitales.
1.   Son servicios esenciales digitales aquellos que están dirigidos a garantizar la 
actuación electrónica conforme a la normativa básica y autonómica y, en particular:
a)  Los dirigidos a garantizar la asistencia a la ciudadana en el acceso a servicios 
públicos por los canales presencial, telefónico y digital que existan o pueda habilitarse en 
el futuro.
b)  Los dirigidos a garantizar la interoperabilidad y la protección de los datos de  e.
carácter personal y la seguridad de la información contenida en los archivos, ficheros y  w.b
sistemas. 834ww
en  mc)a rcLhaa p ldaen ifsicoaluccióionn dees  atcetcunaoclióogniecsa ss oqburee  eslo dpiosretñeon,  csoenrvsitcriuocsc ipóúnb, ldiceossa rryo lslou,  pmuaersctoa 
normd)a tivLoo.s dirigidos a garantizar la atención a los empleados en el uso de medios
electrónicos, la gestión del cambio y la capacitación.
e)  Los dirigidos a garantizar la continuidad y disponibilidad de los sistemas de 
información, infraestructuras y comunicaciones. 
2.   Los servicios esenciales se clasifican en ordinarios y extraordinarios:
a)  Son ordinarios las tareas o actuaciones dirigidas a la provisión de servicios 
relacionados con el normal funcionamiento de la Administración y entidades del sector 
público.
b)  Son extraordinarios las tareas o actuaciones dirigidas a la provisión de servicios 
relacionados  con  el  diseño,  ejecución,  seguimiento,  coordinación  y/o  gestión  de 
proyectos que no puedan atenderse con medios propios, respondan a acontecimientos 
imprevisibles, o sobrevenidos derivados de la aprobación de un decreto-ley, o incidencias 
técnicas fuera de la jornada laboral que deben atenderse.
3.  La  consideración  de  servicio  esencial  extraordinario  constituye  presupuesto 
habilitante para la adopción de las medidas que se contemplan en la presente norma en 
el ámbito del personal, de la contratación y de la disposición de terceros habilitados.
4.  La necesidad e idoneidad de disponer de servicios extraordinarios, así como la 
mejor  forma  de  atenderlos,  será  declarada  por  la  persona  titular  de  la  consejería 
competente en materia de administración digital, a propuesta del órgano directivo con 
competencia en estrategia digital y la asistencia del órgano directivo competente en 
tecnologías de la información y comunicación.
Artículo 17.  Terceros habilitados.
1.   Son terceros habilitados las personas naturales que reúnan las condiciones de 
solvencia  técnica  idóneas  para  prestar  servicios  extraordinarios  de  tracto  sucesivo 
sujetos  a  precio  unitario,  que  no  impliquen  el  ejercicio  de  potestades  públicas  e 
inherentes a la condición de funcionario público.
2.   La selección de terceros habilitados se realizará por Colegios Profesionales, o 
en  su  defecto,  por  instituciones  u  organizaciones  representativas  de  sectores  de 
actividad  profesional  relacionadas  con  la  transformación  digital  y  tecnologías  de  la 
información y comunicación acorde al catálogo de servicios que se establezca por Orden 
de la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.
3.   La Administración formalizará convenios de colaboración en los términos y 
condiciones que se regulan en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con las entidades a que se refiere el 
apartado  anterior.  Estos  convenios  podrán  extender  sus  efectos  a  las  personas  o 
entidades que sean colegiados, asociados o miembros de aquellas, mediante documento 
individualizado de adhesión al convenio, donde se recoja expresamente la aceptación 
del contenido íntegro de este respecto al marco de colaboración.
4.   Será público el listado de servicios y terceros habilitados que colaboren en la 
implantación de la administración digital.
CAPÍTULO V
Especialidades en materia de gestión y control presupuestario
Artículo 18.  Tramitación anticipada de expedientes de gasto.
La tramitación anticipada de expedientes de gasto afectados por este Decreto-ley  bo
podrá llegar hasta la fase de formalización del compromiso de gasto en los expedientes  834ww
jquuríed isceo  ufintilaiznacdieo  cpoanra l otasl  ffionn.dos europeos, cualquiera que sea el instrumento o negocio
Artículo 19.  Flexibilización del calendario de cierre de ejercicio.
Las órdenes que regulen anualmente el calendario de las operaciones de cierre del 
ejercicio presupuestario podrán disponer la aplicación de plazos diferenciados para los 
créditos vinculados a los fondos europeos.
Artículo 20.  Función interventora aplicable a los expedientes financiados con los fondos 
afectados por este decreto-ley.
La función interventora aplicable a estos expedientes se ejercerá de conformidad con 
lo  dispuesto  en  la  Ley  5/2007,  de  19  de  abril,  general  de  hacienda  pública  de 
Extremadura y su normativa de desarrollo, y de acuerdo con las siguientes reglas:
1.  La fiscalización previa de los gastos subvencionales, siempre que dichos gastos 
estén  sometidos  a  función  interventora  previa,  se  ejercerá  en  la  modalidad  de 
fiscalización limitada previa, efectuándose una vez acordados los gastos u obligaciones 
al  tiempo  de  su  contabilización,  sin  perjuicio  de  la  fiscalización  previa  de  las 
convocatorias  y  la  comprobación  de  los  datos  y  contenido  necesarios  para  su 
comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. En todo caso, se verificará 
que existe crédito adecuado y suficiente, la competencia de los órganos de ejecución del 
gasto y concesión de las ayudas, así como que consta en el expediente certificado del 
servicio  gestor  acreditativo  del  cumplimiento  por  los  beneficiarios  de  los  requisitos 
establecidos en las bases reguladoras y la convocatoria para su concesión y pago.
Las  fases  de  ejecución  del  gasto  podrán  acumularse  de  acuerdo  con  las 
instrucciones que se dicten por la Intervención General de la Junta de Extremadura.
2.  Los gastos no subvencionales sobre los que sea aplicable la función interventora 
previa,  vendrán  sometidos  a  fiscalización  limitada  previa,  efectuándose  las 
comprobaciones generales derivadas de los apartados a) y b) del artículo 148.2 de la 
Ley 5/2007, de 19 de abril, general de hacienda pública de Extremadura y, en su caso, 
los  extremos  adicionales  que  para  cada  tipo  de  gasto  se  hayan  establecido  o 
establezcan por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
3.  Los gastos sometidos al régimen de fiscalización señalado en los apartados 
anteriores  estarán  sujetos  a  control  financiero,  conforme  a  lo  establecido  en  el 
artículo  152  de  la  Ley  5/2007,  de  19  de  abril,  general  de  hacienda  pública  de 
Extremadura.
4.  La fiscalización de estos expedientes tendrá prioridad respecto de cualquier otro 
y habrá de realizarse en el plazo máximo de 5 días hábiles.
Artículo 21.  Seguimiento de los proyectos.
1.    La  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  realizará  las  modificaciones 
necesarias en sus sistemas de información contable para que el registro contable de las 
operaciones  de  gasto,  en  cualquiera  de  sus  fases  de  ejecución  presupuestaria  y 
capítulos o naturaleza de gasto, susceptibles de imputación a proyectos o iniciativas del 
Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación de la UE, en los que se incurra a 
partir  del  ejercicio  2021,  identifiquen  el  código  de  referencia  único  del  proyecto  o 
iniciativa que a tal efecto se haya asignado por la Autoridad de gestión nacional del 
correspondiente programa o mecanismo comunitario.
2.    Asimismo,  en  dichas  operaciones  de  gasto  se  identificará  el  código  de 
convocatoria de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o el Número de  e.
identificación de contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según  w.b
corresponda, cuando según la fase de gasto dicha información ya estuviera disponible. 834ww
Artículo 22.  Anticipos de caja fija.
El ordenador general de pagos de la Junta de Extremadura, en coordinación con las
secretarias generales de las distintas consejerías, establecerá las normas que regulen
los  pagos  satisfechos  mediante  anticipos  de  caja  fija,  determinando  los  criterios 
generales de los gastos que puedan ser satisfechos por tal sistema, los conceptos 
presupuestarios a los que serán aplicables, los límites cuantitativos establecidos para 
cada uno de ellos, y cuantas estimaciones se consideren oportunas.
CAPÍTULO VI
Especialidades en la tramitación de los procedimientos
Artículo 23.  Tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución 
de gastos.
1.   A los expedientes que se formen para la ejecución de gastos derivados de los 
fondos a que se refiere este decreto-ley les será de aplicación la tramitación de urgencia 
y gozarán de preferencia, de conformidad con los artículos 33 y 71 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el 
correspondiente acuerdo de inicio y sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VIII del 
presente decreto-ley.
2.   En ningún caso será objeto de reducción la duración de los plazos referidos a la 
presentación de solicitudes y de recursos.
CAPÍTULO VII
Medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos
Artículo 24.  Especialidades en materia de bases reguladoras y convocatorias de las 
subvenciones financiables con fondos europeos.
1.   Las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos europeos 
podrán incorporar la primera o única convocatoria de las mismas.
En estos casos, las bases reguladoras se aprobarán por decreto del Consejo de 
Gobierno  y  el  procedimiento  se  tramitará  por  la  vía  de  urgencia,  efectuándose 
conjuntamente los trámites de consulta, audiencia e información pública para recabar la 
opinión o sugerencias de las entidades o ciudadanos que pudieren resultar interesados, 
durante un plazo común de siete días naturales contados desde la publicación del 
proyecto de decreto en el Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana de la 
Junta de Extremadura, y siendo tan sólo exigibles, el informe de la Dirección General de 
Financiación Autonómica y Fondos Europeos conforme a lo previsto en el artículo 13.1 
de  la  Ley  1/2021,  de  3  de  febrero,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  para  2021,  o  cuando  se  trate  de  fondos  con  cargo  al 
mecanismo de recuperación y resiliencia sobre la adecuación de las bases reguladoras a 
las normas del mecanismo de financiación y, en su caso, el informe acerca del régimen 
de pagos anticipados o a cuenta y exención de garantías al que se refiere el artículo 21.1 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que deberán ser emitidos en el plazo improrrogable de cinco días hábiles, 
así como los informes de la Abogacía General y de la Intervención General de la Junta 
de Extremadura, que se incorporarán al expediente cuando se tramite el asunto para su 
consideración por el Consejo de Gobierno. s
2.   Cuando las convocatorias de subvenciones financiables con fondos europeos no  oe.
eqasuntetée 3nsr.i eo iarn,   cLsnluauo si cd subaeaasrn sátee íasnn . eruecneg sudalaerdicaor erlaato sa  pduoetod rrbiázanas cedióse nrir vepagrreu avlali adm odoreamls e Cnaotponr sopebrejaovd iodo e ac lGo pnoafbogiroem rdneeo  ,al alc sua aaplyaqurutdiaeadrsao,    2021-13834n https://www.
independientemente de la cuantía de las mismas, la acreditación de que el beneficiario
se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la seguridad social  Bc
y  con  la  hacienda  autonómica,  siendo  suficiente  la  aportación  de  declaración 
responsable al momento de la solicitud; todo ello sin perjuicio de que, de conformidad 
con el artículo 12.2 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, las mismas puedan exonerar del 
cumplimiento de tales requisitos en atención a la naturaleza de la subvención, en cuyo 
caso no sería precisa dicha acreditación.
Artículo  25.  Subvenciones  de  concesión  directa  mediante  convocatoria  abierta 
financiables con fondos europeos.
Además de los supuestos a que se refiere el artículo 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá utilizarse el 
procedimiento  de  concesión  directa  mediante  convocatoria  abierta  en  el  caso  de 
subvenciones financiables con fondos europeos que tengan por objeto actuaciones o 
situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas, 
en las que se podrán dictar las resoluciones de concesión por orden de presentación de 
solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o 
actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el 
agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
Artículo 26.  Tramitación anticipada de subvenciones.
Se permite la tramitación anticipada de subvenciones sin crédito disponible de las 
subvenciones financiables con fondos europeos, con exclusión de la aplicación de los 
requisitos  exigidos  por  la  normativa  contable,  siempre  que  se  acredite  que  se  ha 
solicitado  la  modificación  presupuestaria  necesaria  para  la  disposición  del  crédito 
aplicable  y  la  concesión  de  estas  quede  supeditada  a  la  aprobación  de  dicha 
modificación.
Artículo  27.  Agrupaciones  para  la  presentación  de  solicitudes  a  convocatorias  de 
subvenciones financiables con fondos europeos.
1.   Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones financiables con 
fondos europeos podrán establecer que puedan ser beneficiarias las agrupaciones de 
personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas  sin  personalidad,  en  los  términos 
previstos  en  el  apartado  3  del  artículo  10  de  la  Ley  6/2011,  de  23  de  marzo,  de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2.   Los miembros de la agrupación deberán suscribir, con carácter previo a la 
formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea 
necesario  que  se  constituyan  en  forma  jurídica  alguna  para  ello.  El  acuerdo  de 
agrupación debería incluir, por lo menos, los siguientes aspectos:
a)  Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro de la 
agrupación.
b)  Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada miembro de la 
agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso.
c)  Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
d)  Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones 
para la resolución de litigios internos.
e)  Acuerdos  sobre  responsabilidad,  indemnización  y  confidencialidad  entre  los  e.
participantes. w.b
f)  Propiedad de los resultados. 834ww
resuglt)a ntPer.o tDeecbcieórná  lreegcaolg deer  ulonsa  rperseuvlitsaidóons ,m yín, imena  sdue  ccaessoió, nd ed ela d perroepchieodsa dd ein udsuos trniaol 
ceoxncl ulas irveog uelna cbióenn edfeic liao  pdreo plaie daaddm iinntieslteracctuióanl  op iúnbdluicsat rieasl,p saeñgoúlan,  epl ocra uson.a duración acorde
h)  Normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la 
actividad subvencionada.
3.   El acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarado beneficiario de la 
ayuda por resolución de concesión definitiva.
4.   Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios 
de  la  subvención,  y  serán  responsables  solidariamente  respecto  del  conjunto  de 
actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de 
justificar,  el  deber  de  reintegro  o  de  reembolso  de  cuotas  de  préstamos,  y  las 
responsabilidades por infracciones.
5.   No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de 
prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y, en el 
caso de que la subvención sea en forma de préstamo, hasta que se produzca su 
amortización total.
6.   La agrupación podrá proponer que se sume un nuevo participante o se retire 
otro, o que se sustituya al representante, de conformidad con lo dispuesto en las bases 
reguladoras, siempre que este cambio se ajuste a las condiciones de participación, no 
perjudique a la ejecución de la acción ni vaya en contra del principio de igualdad de trato.
7.   En todo lo no previsto en este artículo, se aplicará la legislación básica en 
materia de subvenciones, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y su normativa de desarrollo.
Artículo 28.  Justificación de la aplicación de las subvenciones.
Para la justificación de la aplicación de las subvenciones relacionadas con el uso de 
fondos europeos se establecen las siguientes singularidades, siempre que así se hayan 
previsto en las bases reguladoras:
a)  Tendrá carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la 
subvención, la cuenta justificativa simplificada, prevista en el artículo 75 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, ampliándose el importe establecido en dicho artículo 
hasta los 100.000 euros.
b)  Respecto al contenido de la cuenta justificativa, previsto en el artículo 72 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, podrán eximir de la obligación de 
presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros.
c)  Podrán elevar a 10.000 euros el límite de 3.000 euros, contemplado en el 
artículo 12.8.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
d)  Para  los  supuestos  en  que  las  solicitudes  deban  venir  acompañadas  de 
memorias económicas, podrán flexibilizar los compromisos plasmados en la misma, en el 
sentido  de  que  se  permitan  compensaciones  entre  los  conceptos  presupuestados, 
siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.
CAPÍTULO VIII
Medidas en materia de contratación administrativa
Artículo 29.  Agilización de trámites. s
No será de aplicación a las licitaciones de contratos que cuenten con financiación de  w.b
fondos europeos el apartado f) del artículo 31 de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de  834ww
contratación pública socialmente responsable de Extremadura.
Artículo 30.  Tramitación de urgencia y reducción de plazos.
1.   Podrá aplicarse la tramitación de urgencia para la licitación de los contratos y 
acuerdos  marcos  por  procedimiento  abierto  que  se  vayan  a  financiar  con  fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuando los órganos de 
contratación  determinen  que  la  situación  de  apremio  no  es  adecuada  para  una 
tramitación ordinaria, procediendo aplicar la tramitación urgente del expediente prevista 
en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En este caso, se reducirán los 
plazos a la mitad, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que los órganos de 
contratación podrán reducir hasta un mínimo de quince días naturales contados desde la 
fecha del envío del anuncio de licitación.
2.    Se  mantendrán  sin  cambios  los  plazos  establecidos  en  el  artículo  159 
apartados 3 y 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, respecto a la tramitación del 
procedimiento  abierto  simplificado  ordinario,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el 
apartado 5 de dicho artículo, excepto el plazo de presentación de proposiciones que será 
de un máximo de quince días naturales en todos los casos. Asimismo, en los supuestos 
en que se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano 
de contratación en un plazo no superior a cuatro días naturales, debiendo ser suscritas 
por el técnico o técnicos que realicen la valoración.
3.    En  los  procedimientos  simplificados  abreviados,  para  presentación  de 
proposiciones, se establece un plazo un máximo de 8 días naturales. En caso de compra 
de bienes disponibles en el mercado, este plazo será de cinco días naturales.
4.   La aplicación de las reducciones de plazos contempladas a los contratos de obras, 
suministros y servicios, sujetos a regulación armonizada, requerirá que en el expediente se 
incluya la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente 
motivada, motivación que deberá ser incluida igualmente en el anuncio de licitación.
Artículo 31.  Plazo de elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas.
En  los  contratos  de  suministro  y  servicios,  financiados  con  fondos  europeos 
procedentes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  se  establece  un  plazo 
máximo de un mes para la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas por 
parte de los órganos de gestión encargados de su elaboración. El cómputo de este plazo 
se considerará desde que el órgano de contratación, enterado de la necesidad, requiere 
al órgano de gestión que lo debe elaborar, hasta su entrega por éste al órgano de 
contratación. Dicho requerimiento deberá realizarse por escrito, con la indicación de su 
fecha, e incorporarse al expediente.
Artículo 32.  Despacho preferente para la emisión de informes.
Los contratos y acuerdos marco con financiación procedente de fondos europeos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, gozarán de preferencia para 
su despacho sobre cualquier otro contrato por los distintos órganos que intervengan en 
su tramitación. Igualmente, los plazos para emitir los informes quedarán reducidos a 
cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna de este plazo.
Artículo 33.  Umbrales económicos del procedimiento abierto simplificado abreviado.
Los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros y los contratos de  e.
suministros y servicios de valor estimado inferior a 100.000 euros, que se vayan a  w.b
financiar  con  fondos  europeos  procedentes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  834ww
pRoedsriláienn tcriaam, iteaxrcseep ptoo r loesl  pqroucee dteimngieannto  psoimr polbifjiecatod op raebsrteavciiaodnoe,s p rdeev isctaor áecnt eerl  ainptaerletacdtuoa 6l, 
del artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Artículo 34.  Umbrales económicos del procedimiento abierto simplificado ordinario.
Los contratos de obras, suministro y servicios que se vayan a financiar con fondos 
europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, podrán tramitarse 
por el procedimiento abierto simplificado ordinario previsto en los apartados 1 a 5 del 
artículo 159, de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando se cumplan las dos 
condiciones siguientes de modo acumulado:
a)  Que el valor estimado del contrato sea inferior al umbral establecido por la 
Comisión Europea para los contratos sujetos a regulación armonizada.
b)  Que no haya ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, entre los criterios de 
adjudicación previstos en el pliego, o de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco 
por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de 
carácter intelectual, como los servicios de consultoría, ingeniería y arquitectura, que en su 
ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.
Artículo 35.  Procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia.
1.   Como consecuencia de la celeridad extraordinaria que exigen las actuaciones 
financiadas con el Mecanismo de recuperación y Resiliencia, dejando previa justificación 
en el expediente de contratación tramitado al efecto, que la tramitación urgente se 
prevea insuficiente para lograr una eficaz distribución y gestión de fondos europeos, se 
podrá utilizar el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia previsto 
en el artículo 168.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y sin perjuicio de las publicaciones legalmente establecidas a través del portal 
de transparencia y del perfil de contratante. 
2.   Siempre que sea posible, y en aras al respeto al principio de concurrencia, se 
deberán  solicitar  un  mínimo  de  tres  ofertas.  No  procederá  tal  solicitud  cuando  la 
prestación objeto del contrato solo pueda ser prestada por un único empresario, o 
cuando la tramitación de la solicitud dificulte, impida o suponga un obstáculo para 
satisfacer  de  forma  inmediata  las  necesidades  que  en  cada  situación  motiven  la 
actuación contractual. En estos casos se justificará dicho extremo en informe motivado 
que se incorporará el expediente. En cualquier circunstancia, la solicitud de al menos 
tres ofertas se entenderá cumplida si se acredita la publicidad previa de la licitación en el 
perfil del contratante. 
Artículo  36.  Especialidades  procedimentales  del  recurso  especial  en  materia  de 
contratación.
En los contratos que se vayan a financiar con fondos europeos procedentes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, susceptibles de recurso especial en materia 
de contratación, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y siempre que los procedimientos de selección del contratista se hayan 
tramitado efectivamente de forma electrónica:
a)  El órgano de contratación no podrá proceder a la formalización del contrato 
hasta  que  hayan  transcurrido  diez  días  naturales  a  partir  del  día  siguiente  a  la 
notificación, la resolución de adjudicación del contrato. En este mismo supuesto, el plazo 
de interposición del recurso especial en materia de contratación, cuando proceda, será 
de diez días naturales y se computará en la forma establecida en el artículo 50.1 de la  e
Ley de Contratos del Sector Público. bo
b)  El  órgano  competente  para  resolver  el  recurso  habrá  de  pronunciarse  834ww
elax pcroenscaumrreenntcei,a e dne e la plglauznoa  ddee c liansc oc daíuassa hsá dbeil eisn addemsdisei blaili dinatde rpeosstaicbilóenc iddeals r eecnu rlaso L, esyo bdree 
aCdoonptrtaatdoass ,d inecl luSideoctso lro sP súubpliucoe styo ss doeb rseu sepl enmsaiónnte anuimtoimenáttoic ad.e  las  medidas  cautelares
Artículo 37.  Conceptos indemnizables por suspensión del contrato.
Conforme al apartado 3 de la disposición final quinta del Real Decreto-ley 36/2020, 
para el caso de suspensión del contrato, no será indemnizable el tres por ciento del 
precio de las prestaciones que debería haber ejecutado el contratista, excepto que el 
pliego  que  rija  el  contrato  establezca  otra  cosa,  y  siempre  que  se  acredite 
fehacientemente la realidad, efectividad e importe de los conceptos señalados del 1.º 
al 4.º recogidos en dicha disposición. Esta disposición será de aplicación para todos los 
contratos independientemente de su fuente de financiación.
Artículo 38.  Ampliación excepcional del plazo de vigencia de algunos contratos.
En los contratos de suministro y de servicios de carácter energético, se podrá 
establecer  excepcionalmente  un  plazo  de  duración  superior  al  establecido  en  el 
artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, con un máximo de diez años, 
cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas 
con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad 
productiva  del  contratista  o  su  utilización  fuera  antieconómica,  siempre  que  la 
amortización  de  dichas  inversiones  sea  un  coste  relevante  en  la  prestación  del 
suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de 
contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de 
recuperación.
Artículo 39.  Contratos basados en un acuerdo marco.
1.   Los contratos basados en un acuerdo marco para la aplicación de trabajos 
financiados con cargo a los fondos europeos no se formalizarán en ningún caso.
2.   Corresponderá a los órganos de contratación que adjudiquen los contratos 
basados en un acuerdo marco la responsabilidad de velar por la correcta ejecución de 
los mismos.
CAPÍTULO IX
Especialidades en materia de evaluación ambiental
Artículo  40.  Especialidades  en  materia  de  evaluación  ambiental  en  los  proyectos 
financiados mediante el Instrumento Europeo de Recuperación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el 8.3 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, conforme a la concurrencia de 
las  actuales  circunstancias  excepcionales  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de 
Extremadura podrá, mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado de la 
evaluación de impacto ambiental, cuando esté financiado total o parcialmente mediante 
el Instrumento Europeo de Recuperación y se trate de meras modernizaciones o mejoras 
de instalaciones ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento 
de la superficie afectada o adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos 
hídricos y entre cuyos requisitos se incorporen para su financiación y aprobación la 
mejora de las condiciones ambientales, tales como la eficiencia energética o del empleo 
de  recursos  naturales,  la  reducción  de  su  impacto  ambiental  o  la  mejora  de  la  e.e
sostenibilidad de la instalación ya existente. b
El acuerdo de exclusión se publicará en el «Diario Oficial de Extremadura», haciendo  834ww
cmoinnismtaizr,a er ne ls ium pcaascoto,  alams bpierenvtaisli odnee ssu a emjebcieuncitóanle.s que se estimen necesarias, en orden a
Disposición  adicional  primera.  Medidas  en  materia  de  conciertos  sociales  para  la 
prestación de servicios a las personas en los ámbitos social y socio-sanitario.
En aras a garantizar la continuidad de la atención de las personas beneficiarias de 
los servicios concertados al amparo del Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se 
regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), y hasta 
finalizar  el  presente  ejercicio  2021,  los  servicios  cuyos  conciertos  expiraron  tras  la 
aplicación de las reglas temporales previstas en la disposición adicional octava de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y han sido 
adjudicados directamente en la anualidad 2020 a las mismas entidades que los venían 
prestando conforme a lo establecido en el artículo 3.1 del Decreto-ley 5/2020, de 3 de 
abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política 
social y sanitaria, podrán ser renovados por el plazo máximo de un año. Si se produjera 
la renuncia de alguna entidad a esta renovación, se podrá formalizar una concertación 
directa con la entidad que reúna los requisitos para ello, valorando las circunstancias 
presentes en cada caso que determinen la idoneidad de la entidad en función del tipo de 
servicio a prestar.
El  procedimiento  que  debe  seguirse  para  llevar  a  cabo  las  renovaciones  o 
adjudicaciones directas será el previsto en la nueva normativa de desarrollo y, en su 
defecto, el procedimiento de renovación de conciertos regulado en el Decreto 151/2006, 
de  31  de  julio,  por  el  que  se  regula  el  Marco  de  Atención  a  la  Discapacidad  en 
Extremadura (MADEX). En estos casos, no será de aplicación la exigencia de inscripción 
registral alguna prevista en la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales 
para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y socio-
sanitario en Extremadura y, con carácter excepcional, se podrá dispensar el requisito de 
acreditación y autorización cuando una entidad no reúna los requisitos para ello siempre 
que  se  justifiquen  las  razones  que  determinen  la  idoneidad  de  la  entidad  para  la 
prestación del servicio.
Asimismo, en cuanto a su régimen de ejecución, estos conciertos se regirán por la 
Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a 
las personas en los ámbitos social, sanitario y socio-sanitario en Extremadura y, en su 
defecto, en cuanto no se oponga a esta, por el Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el 
que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).
Disposición adicional segunda.  Exoneración de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias,  con  la  Seguridad  Social  y  la  Hacienda  Autonómica,  así  como  la 
ampliación del plazo de solicitudes para determinadas subvenciones.
1.   Se exonera a las personas beneficiarias de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias  con  el  Estado,  con  la  Seguridad  Social  y  con  la  Hacienda  Autonómica, 
respecto de las subvenciones recogidas:
a)  En el capítulo I, en el programa de ayudas a empresas y autónomos afectados 
por la COVID-19, del Decreto-ley 15/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba un 
programa  de  ayudas  para  la  reactivación  empresarial  y  se  modifica  el  Decreto-
ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del 
sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y 
empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del  s
COVID-19. oe.
rhleeoycs utb1ep)/le 2er0raíE2acn1,ió  ,t neud lr eiysc  ma1rep3oaí ,t cudctleioov m aeIc,en ireórcerniofo e, d ryiepd  ooalrtas r o eahsl l o qsspeutreceolt geosrrreaíea ms,a  aaptu fredruicesetm baaadoy o,u usdcn oap mspo rreo prlgaacrr iaoaCm  Olyaa V  oIrdDtereco- 1usa9p y,se uerddaceactlos ióDr enpes ac drrmaee  táollaas-    2021-13834n https://www.
afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia
tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
2.   Quedan sin efecto los siguientes preceptos:
– Del Decreto-ley 15/2020, de 29 de diciembre, el apartado 3 del artículo 4, así como 
los tres primeros párrafos del artículo 8.3.D).
– Del Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, el apartado 4 del artículo 3, así como, en 
el artículo 8.3.c), los apartados ii), iii) y iv).
3.   El día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto-ley se iniciará un 
nuevo plazo de presentación de solicitudes, durante diez días naturales, respecto a las 
ayudas a las que se refiere el apartado 1 anterior.
La solicitudes correspondientes a las ayudas previstas en el Decreto-ley 15/2020 
de 29 de diciembre, por el que se aprueba un programa de ayudas para la reactivación 
empresarial y se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba 
una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen 
ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para 
afrontar los efectos negativos del COVID-19, se presentaran en la forma prevista en el 
artículo 8 del mismo, cumplimentado el anexo I del presente decreto-ley.
La solicitudes correspondientes a las ayudas previstas en el Decreto-ley 1/2021, 
de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y 
reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la 
crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer 
frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 
presentaran en la forma prevista en el artículo 8 del mismo, mediante el anexo II del 
presente decreto-ley, disponible en la sede electrónica https://sede.gobex.es.
No obstante, conservarán plena validez las solicitudes presentadas dentro del plazo 
establecido originariamente en cada uno de los decretos-leyes a los que se refiere la 
presente  disposición,  aplicándoles  las  mismas  exoneraciones  contempladas  en  el 
apartado 1 anterior.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía 
de la autonomía municipal de Extremadura.
La  Ley  3/2019,  de  22  de  enero,  de  garantía  de  la  autonomía  municipal  de 
Extremadura queda modificada como sigue:
1.  El artículo 31 queda redactado como sigue:
«Artículo 31.  Funciones del Consejo de Política Local.
El Consejo de Política Local ejercerá las siguientes funciones:
a)  Participar en la elaboración de planes y programas promovidos por la 
Junta de Extremadura que afecten a competencias propias municipales, así como 
informar de forma preceptiva y con carácter previo el contenido de tales planes y 
programas desde la perspectiva del impacto que se pueda producir sobre la 
autonomía local.
b)  Conocer,  deliberar  y,  en  su  caso,  informar  las  líneas  maestras  del  e.
anteproyecto de presupuestos generales de la comunidad autónoma en lo que  w.
pueda afectar al principio de autonomía local y a las competencias propias de los  834ww
muncic) ipiLolse,v aasr í ac ocmaboo a  psruo pfiuneasntcaias cdióen .carácter normativo por iniciativa propia o a
ainfsetcatnecni aasl  ádmeb iltao  dCeo mlaiss icóonm dpee teGnacriaasn tpíarso pdiaes  mla uAniuctiopnaolems íoa  rLeofucearlc, esni eeml pprrien cqipuioe   BOE-A-cable e
de autonomía local, al efecto de que se puedan tramitar y aprobar, en su caso, por 
las instituciones competentes.
d)  Promover la colaboración interadministrativa e intercambio de información 
entre la Junta de Extremadura, las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos, 
de acuerdo con las previsiones recogidas en el título III de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, y con la finalidad de reforzar el 
principio de autonomía local y la mejora de las políticas públicas territoriales.
e)  Deliberar en torno a las políticas sectoriales que pretendan poner en 
marcha las diferentes instituciones del territorio y que afecten a las competencias 
municipales.
f)  Promover sistemas de cooperación y la gestión compartida de políticas 
públicas  con  proyección  local  entre  los  diferentes  niveles  de  gobierno  de  la 
comunidad autónoma.
g)  Elaborar estudios, informes y propuestas sobre materias relativas a la 
autonomía municipal y a las competencias propias de los ayuntamientos.
h)  Conocer la memoria presentada por la Junta de Extremadura prevista en 
la disposición transitoria segunda, apartado 4, de la presente ley.
i)  Participar en la elaboración y concertación del contenido de los programas 
de colaboración económica municipal impulsados por la Junta de Extremadura, así 
como en la definición de los parámetros a tener en cuenta para la aplicación de los 
recursos que la Junta de Extremadura ponga a disposición de las entidades 
locales en la ejecución de tales programas.
j)  Solicitar a la Comisión de Garantías de la Autonomía Local la emisión de 
informes en los procesos de elaboración de leyes, decretos, decretos legislativos, 
reglamentos y planes que afecten de manera específica a la autonomía local.
k)  Velar por el cumplimiento de los principios de autonomía y suficiencia 
financiera de las entidades locales.
l)  Las que sean atribuidas por otras leyes.»
2.  Se incorpora el artículo 46 con el siguiente tenor literal:
«Artículo 46.  Programas de Colaboración Económica Municipal.
1.  Adicionalmente al Fondo regulado en el artículo 45 de la presente Ley, la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  podrá  establecer  programas  de 
colaboración económica municipal con las entidades locales con el objeto de 
financiar mediante los correspondientes créditos presupuestarios competencias 
municipales  en  las  que  converjan  intereses  conjuntos  con  las  competencias 
propias de la comunidad autónoma.
2.  El diseño y las condiciones de ejecución y evaluación de los programas de 
colaboración económica municipal será objeto, en todo caso, de concertación a 
través del Consejo de Política Local, sin perjuicio de su posterior aprobación 
mediante acuerdo de Consejo de Gobierno.
3.  El régimen presupuestario de los programas de colaboración económica 
municipal  se  efectuará  conforme  a  la  normativa  económica  financiera  de  la 
comunidad autónoma y, particularmente, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y las 
normas e instrucciones que la desarrollen, así como, en su caso, de acuerdo con 
lo que establezcan las leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad  e
Autónoma. bo
4.  Los  programas  de  colaboración  económica  municipal  atenderán  834ww
tapsreurai ntdovciecnipihooaimnclmuaíallaem rndeátene a t ea gt  ramlaasv etféodins iaa ddnlieedte  a tldrasa sudn besev feentrnrtaiedcnniasocdfnioaeerssms   daeloecnc i órauenlnec duas er sf yioln,a sa ,anf isnccioiamannci csieóimaln coo ii,óbn njces otuloonp cdrdaiimcel i ovirrnee ahftordicárazum alaqirt duelaeas     OE-A-2021-13able en https://
burocráticos y cargas administrativas para hacer efectiva la Ley 8/2019, de 5 de
abril,  para  una  Administración  más  ágil.  La  dedicación  de  las  transferencias 
financieras a sus finalidades será objeto de evaluación y control por los órganos 
competentes en los términos que se determinen en el proceso de concertación.
5.  Los programas de colaboración económica municipal podrán ser asimismo 
utilizados para la gestión de cualquier tipo de transferencias a las entidades 
locales  en  el  ámbito  de  competencias  compartidas  o  intereses  convergentes 
autonómicos y municipales que, por razones excepcionales o contingentes, se 
impulsen por la Junta de Extremadura. De igual modo, podrán ser, en su caso, 
instrumentos  empleados  para  la  gestión  de  fondos  europeos,  cuya  ejecución 
corresponda a las entidades locales, en virtud de las competencias de ejecución 
que, sobre ámbitos materiales compartidos, tales niveles de gobierno dispongan 
conjuntamente con la comunidad autónoma.
En ambos supuestos, los procesos de concertación institucional serán los que 
se  determinen  por  el  Consejo  de  Política  Local  o  los  que  así  se  definan 
reglamentariamente, y sus resultados serán formalizados por acuerdo del Consejo 
de Gobierno.»
Disposición  final  segunda.  Modificación  de  la  Ley  2/1999,  de  29  de  marzo,  de 
patrimonio histórico y cultural de Extremadura.
El apartado 5 del artículo 41 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de patrimonio 
histórico y cultural de Extremadura queda redactado como sigue:
«5.  En  la  redacción  del  Plan  Especial  de  Protección  se  contemplarán 
específicamente las instalaciones eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, que 
deberán ir bajo tierra, pudiéndose no obstante, efectuar despliegues tanto aéreos 
como adosados a las fachadas, en los casos en los que el soterramiento pueda 
suponer  daño  para  bienes  de  interés  cultural,  presente  grandes  dificultades 
técnicas o supusiera un coste desproporcionado que hicieran inviable un proyecto 
de interés público o socioeconómico, preservando, en estos casos, el paisaje 
urbano y los valores dignos de protección. Las antenas de televisión, pantallas de 
recepción  de  ondas  y  dispositivos  similares  se  situarán  en  lugares  que  no 
perjudiquen la imagen urbana o del conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos 
que anuncien servicios públicos, los de señalización y comerciales, que serán 
armónicos con el Conjunto, quedando prohibidos cualquier otro tipo de anuncios o 
rótulos publicitarios.
Sin perjuicio de las competencias de cada administración, son de interés 
público los proyectos por los que se despliega fibra óptica en los Conjuntos 
Históricos de Extremadura.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura queda modificada como sigue:
1.  El artículo 16 queda redactado como sigue:
«Artículo 16.  Procedimiento.
1.  La solicitud de la autorización ambiental unificada se presentará ante la  bo
consejería competente en materia de medioambiente y se acompañará, al menos,  834ww
de laa )s igPurieonyteec tdoo cbuámsiecon,t arceiódna:ctado por un técnico competente, que desarrolle la
información relativa a los aspectos ambientales objeto de la autorización ambiental
unificada, cuyo contenido se determinará reglamentariamente. Bc
b)  Estudio  de  impacto  ambiental,  documento  ambiental  o  documento 
ambiental  abreviado,  cuando  el  proyecto  esté  sometido  al  procedimiento  de 
evaluación  de  impacto  ambiental  y  la  competencia  para  su  realización  no 
corresponda a la Administración General del Estado.
c)  Resumen no técnico de todas las indicaciones especificadas en los puntos 
anteriores.
d)  La determinación de  los datos que, a juicio  del  solicitante, gocen de 
confidencialidad  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes,  con  indicación 
expresa de la norma con rango de ley que ampara dicha confidencialidad.
e)  Cualquier  otra  documentación  e  información  que  se  determine  en  la 
normativa aplicable o en el desarrollo reglamentario de esta ley.
2.  Junto con la solicitud de autorización ambiental unificada, el solicitante 
deberá aportar el presupuesto de ejecución del material del proyecto objeto de 
autorización para que por parte del órgano ambiental se practique la liquidación de 
la tasa exigida legalmente.
3.  Presentada la solicitud junto con el resto de documentación preceptiva, a 
los  efectos  de  promover  la  participación  real  y  efectiva  de  las  personas 
interesadas, se procederá a la apertura del trámite de información pública por un 
plazo de veinte días.
La información pública se efectuará mediante anuncio en el “Diario Oficial de 
Extremadura” y en la página web del órgano ambiental.
El período de información pública será común para aquellos procedimientos 
cuyas actuaciones se integren en el de la autorización ambiental unificada, así 
como, en su caso, para los procedimientos de autorizaciones sustantivas.
Se  exceptuarán  del  trámite  de  información  pública  aquellos  datos  de  la 
solicitud  que,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes,  gocen  de 
confidencialidad.
4.  De manera simultánea a la apertura del trámite de información pública, el 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental unificada remitirá copia 
del expediente al ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación.
En el plazo de veinte días desde la recepción del expediente, el ayuntamiento 
emitirá un informe sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos 
aspectos  que  sean  de  su  competencia.  Este  informe  se  pronunciará  sobre 
competencias estrictamente municipales, debiendo contener un pronunciamiento 
sobre  la  gestión  de  los  residuos  generados  por  la  actividad,  sobre  la 
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, sobre el cumplimiento 
del régimen de distancias fijado en el anexo IV del Decreto 81/2011, de 20 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre la adecuación a las 
ordenanzas  municipales  existentes  de  carácter  ambiental  y  las  condiciones 
impuestas por éstas para el desarrollo de la actividad, así como sobre la existencia 
de otras actividades o instalaciones colindantes o cercanas que pudieran provocar 
efectos acumulativos o sinérgicos.
El informe del ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación tendrá 
carácter  vinculante,  a  efectos  de  la  resolución  del  procedimiento,  cuando  se 
pronuncie negativamente sobre cualquiera de las materias propias del contenido 
de aquel.
5.  Igualmente, de manera simultánea a la apertura del trámite de información  e.
pública, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental unificada  w.b
remitirá copia del expediente a aquellos organismos que se consideren deban  834ww
purno pnluanzcoi adres ev esionbtere d ílaass  pmaartae reiamsi tidr ein sfoursm ceo aml preestepneccitaos., concediéndoseles también
caráLcotesr  invfinocrmuleasn tee,m  ait ideofse cptoosr  dloes  loar graensioslmucoiós nc odnesl upltraodcoesd imteinednrtáon, , causainmdiosm  soe, 
pronuncien negativamente.
6.  De no emitirse los precitados informes en el plazo de veinte días señalado, 
se proseguirán las actuaciones, recogiendo expresamente la resolución dicha 
circunstancia. No obstante, los informes emitidos fuera de plazo, pero recibidos 
antes  de  dictar  resolución,  deberán  ser  tenidos  en  cuenta  por  el  órgano 
competente de la comunidad autónoma.
7.  Finalizado  el  periodo  de  información  pública  y  recibidos  los  informes 
indicados en los apartados anteriores o, en su defecto, transcurrido el plazo para 
la  emisión  de  los  mismos,  el  jefe  de  servicio  competente  en  materia  de 
autorizaciones ambientales, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en 
su  conjunto  y  considerando  los  informes  y  las  alegaciones  u  observaciones 
recabadas, así como los posibles efectos sinérgicos de la puesta en marcha y 
funcionamiento de la instalación con otras que pudieran existir en su entorno, 
elaborará  una  propuesta  de  resolución  que  será  notificada  al  promotor  y  al 
ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación para que, en un plazo 
máximo de diez días, manifiesten lo que tengan por conveniente respecto a su 
contenido.
8.  El órgano ambiental dictará la resolución que ponga fin al procedimiento 
en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  la  presentación  de  la  solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin  haberse dictado  y  notificado resolución expresa, 
podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.
9.  El  órgano  ambiental  notificará  la  resolución  de  otorgamiento  de  la 
autorización ambiental unificada a los interesados, al Ayuntamiento donde se 
ubique la instalación, a los distintos órganos que hubiesen emitido informes y, en 
su caso, al órgano competente para otorgar la autorización sustantiva.
10.  El órgano ambiental dará publicidad a la resolución administrativa de 
otorgamiento, denegación o modificación de la autorización ambiental unificada en 
el “Diario Oficial de Extremadura”, sin perjuicio de utilizar otros sistemas añadidos 
de difusión o publicidad.
11.  El órgano ambiental tramitará conjuntamente la autorización ambiental 
unificada  y  la  evaluación  de  impacto  ambiental  de  proyectos  cuando  la 
competencia  para  su  realización  corresponda  a  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. Para ello, se harán de forma simultánea, cuando procedan, según la 
legislación de aplicación, las informaciones públicas y las consultas pertinentes.»
2.    Esta  modificación  será  de  aplicación  a  los  procedimientos  de  prevención 
ambiental regulados en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que se inicien a partir de la entrada en vigor de 
este decreto-ley.
Disposición final cuarta.  Modificación del Decreto 16/2019, de 12 de marzo, por el que 
se regula la instalación de desfibriladores externos automatizados (DEA) en el ámbito 
no sanitario, la autorización para su uso y la formación asociada al mismo.
El  Decreto  16/2019,  de  12  de  marzo,  por  el  que  se  regula  la  instalación  de 
desfibriladores externos automatizados (DEA) en el ámbito no sanitario, la autorización 
para su uso y la formación asociada al mismo, queda modificado como sigue:
1.  El apartado 2 del artículo 7 queda redactado como sigue:
«2.  La utilización del DEA en el ámbito no sanitario deberá realizarse por las  e.
siguientes personas autorizadas para ello: w.b
enfear)m ePríear, soo ntéacsn iccoons  elince enmcieartgueran coia sg rsaadnoi taernia sm deed igcirnaad,o  dmipelodmioa.tura o grado en
combp)e teAnqcuiae ldlaesl  cpaetársloognoa sn aqcuioen aalc dreed citueanl ifaiclagcuinoan edse p rlaosfe ssiiognuaielenste:s unidades de
1.  Unidad  de  Competencia  UC0070_2  (Prestar  al  paciente  soporte  Vital 
Básico y apoyo al Soporte Vital avanzado).
2.  Unidad de Competencia UC0361_2 (Prestar atención sanitaria inicial a 
múltiples víctimas).
3.  Unidad de Competencia UC0272_2 (Asistir como primer interviniente en 
situaciones de emergencia).
c)  Personas mayores de edad que acrediten haber recibido una formación y 
su renovación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del presente decreto.
d)  Se consideran, así mismo, competentes para uso de DEA las personas 
provenientes de otras comunidades autónomas y de otros Estados miembros de la 
Unión Europea que acrediten formación necesaria para ejercer funciones análogas 
en su lugar de procedencia, actualizada y en vigor.»
2.  El apartado 9 del artículo 8 queda redactado como sigue:
«9.  Será responsabilidad de las entidades proveedoras que las actividades 
formativas organizadas, tanto de formación inicial como de reciclaje, cumplan los 
requisitos  recogidos  en  el  anexo  V.  Si  no  fuera  así,  se  considerarán  como 
actividades no válidas para la acreditación de formación para la autorización del 
uso del DEA en Extremadura.»
3.  Se elimina la letra d) del artículo 10.2, y se modifica la letra c), que queda 
redactada de la siguiente manera:
«c)  Las  entidades  proveedoras  autorizadas  deberán  entregar  el 
correspondiente  documento,  diploma,  certificado  o  carnet  acreditativo  de  la 
superación de la formación a las personas que lo hayan conseguido. En él se 
especificará la vigencia de la formación, conforme a los criterios establecidos en 
este Decreto, y deberá indicarse que el curso ha sido impartido por una entidad 
autorizada  por  la  Dirección  General  con  competencias  en  formación  de  la 
Consejería  competente  en  materia  de  sanidad,  de  acuerdo  con  el  programa 
formativo establecido a tal efecto e identificada con el número de registro que se 
otorgue en la resolución de acreditación como entidad formadora, debiendo incluir 
la firma del responsable legal de la entidad y de la persona que lleva a cabo la 
dirección de la actividad.»
4.  Se suprime del artículo 11.1.b) la mención «sección III. Personas autorizadas 
para uso de DEA en el ámbito no sanitario.»
5.  Se añade una disposición transitoria segunda, renumerándose la anterior, en los 
siguientes términos:
«Disposición  transitoria  segunda.  Ampliación  del  periodo  de  vigencia  de  la 
formación para el uso de DEA en el ámbito no sanitario de quienes hayan 
resultado afectados por la suspensión de la formación a causa de la crisis 
sanitaria originada por la COVID-19.
1.  El periodo de vigencia de la formación para el uso de DEA en el ámbito no 
sanitario,  para  todas  aquellas  personas  cuya  renovación  tuviera  que  haberse 
producido con posterioridad al 14 de marzo de 2020, queda ampliado desde su  s
vencimiento hasta un máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la  e.
presente disposición. w.
La  renovación  de  la  autorización  para  el  uso  del  DEA  se  podrá  obtener  834ww
lmose ddioacnete m lae sreesa lsizigauciióenn tedse,l  ac ucrosnot adre d efosrdmea lcai óenn tdraed rae ceinc lavijgeo, rs di eé setset as ed irsepaolsizicai óenn. 
Sreuapliezraacdióon  ddieclh cou rpsola zdoe  fmorámxaimcioó,n  ilnai cfiaolr.mación  deberá  acreditarse  mediante  la  BOE-A-cable e
2.  El periodo de vigencia de la inscripción en el “Registro de formación para 
uso de DEA en Extremadura”, sección II de “Personas instructoras en uso de DEA 
en el ámbito no sanitario” previsto por el artículo 11.1.b) del presente decreto, para 
todas  aquellas  personas  cuya  renovación  tuviera  que  haberse  producido  con 
posterioridad al 14 de marzo de 2020 queda ampliado desde su vencimiento hasta 
un máximo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
disposición.»
6.  Se modifica el epígrafe 7 del anexo II, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«7.  Declaración responsable sobre la veracidad de los datos recogidos en la 
declaración, el compromiso de cumplir los requisitos de instalación y uso de los 
DEA en el ámbito no sanitario y disponer de personal autorizado para el uso del 
DEA en el ámbito no sanitario según el artículo 7.2 del presente decreto.»
7.  Se modifican los epígrafes 5.2 y 7 del anexo V, que quedan redactados en los 
siguientes términos:
«5.2  Contenidos prácticos:
– Reconocimiento de la RCP. Secuencia de resucitación completa. Posición 
lateral de seguridad.
– Manejo  de  la  situación  con  un  interviniente  y  combinada  con  dos 
intervinientes (desarrollarán los papeles de líder y acompañante).
– Vía aérea.
– Manejo del DEA. Colocar correctamente los parches y usar el DEA de forma 
correcta y con seguridad.
– Manejo combinado de soporte de la vía aérea y DEA. Situación con uno y 
dos primeros intervinientes.
Los contenidos del programa de formación deben realizarse conforme a las 
últimas recomendaciones vigentes de algoritmos de actuación y actualizaciones 
de  las  normas  internacionales  “ILCOR”,  ERC  y  CERP,  y  adecuarse  a  las 
directrices  y  recomendaciones  de  las  autoridades  sanitarias  competentes  en 
relación con la formación.
Cuando las circunstancias lo requieran y sea posible, los contenidos teóricos 
se podrán impartir mediante entornos de aprendizaje virtuales o a distancia, a 
través  de  plataforma  online,  siempre  que  se  utilicen  medios  de  control  que 
aseguren el tiempo de participación de los alumnos, con una duración mínima de 
lo indicado en este decreto. Respecto a los contenidos prácticos, cuando no sea 
posible la presencialidad por circunstancias de imposible cumplimiento, autorizada 
por el titular de la Consejería con competencia en materia sanitaria, se podrá 
realizar mediante el aprendizaje con aplicaciones y recursos de realidad virtual, 
siempre que el mismo sea supervisado por instructores acreditados y siempre que 
se realicen mediante procedimientos aprobados por el ILCOR, ERC y/o CERP.»
(…)
«7.  Evaluación: El alumnado tiene que realizar una secuencia completa del 
algoritmo universal de RCP de gran calidad, de dos minutos. El alumnado llevará a 
cabo una desfibrilación antes de que transcurran 90 segundos desde el inicio de la  es
resucitación,  con  un  reanimador  y  con  dos  reanimadores.  La  evaluación  se  o
adaptará a las recomendaciones establecidas en cada momento por el “ILCOR”,  834ww
EdspaelRan tClaiat asfyo r airaCmusEta ocRsro iPdvm,ai rpydtu eeaatsdel eenssacte,un ssait iareesrnmeia  rpsaer. le»ala cqsiuó deni  rcneoocnt rs ilceaea fs op ryom sreaibccloieóm nla,e  pnpudredasiceeionnndceoias rl ieddaeal dizla apsro sare ui nmtoderiicddaiaacdnióetens    OE-A-2021-13able en https://
8.  Se suprime la mención a la sección III: «Personas autorizadas para uso de DEA 
en el ámbito no sanitario» prevista en el epígrafe 2, del anexo VI.
Disposición  final  quinta.  Modificación  de  la  Ley  12/2018,  de  26  de  diciembre,  de 
contratación pública socialmente responsable de Extremadura.
La  Ley  12/2018,  de  26  de  diciembre,  de  contratación  pública  socialmente 
responsable de Extremadura queda modificada como sigue:
1.   El apartado 2 del artículo 20 queda redactado como sigue:
«2.  Los  contratos  menores  cuyo  precio  sea  inferior  a  5.000  euros,  IVA 
incluido, con cargo a gastos corrientes, constituyen pagos menores a los efectos 
del inciso final del artículo 63.4, del tercer párrafo del artículo 335.1 y del tercer 
párrafo del artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.
En la tramitación del expediente de estos contratos menores la aprobación del 
gasto se producirá al tramitar la cuenta justificativa de caja fija o con la tramitación 
contable de los gastos y se exigirá únicamente la incorporación al mismo de la 
factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que establezcan las 
disposiciones  que  le  resulten  aplicables.  Asimismo,  estarán  exceptuados  de 
inscripción  en  el  Registro  de  Contratos  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura.»
2.   El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 34 queda redactado como sigue:
«Para la adhesión a contratos marco, u otros contratos, tramitados por otras 
Administraciones Públicas, según los procedimientos establecidos en la Ley, será 
necesaria  la  previa  autorización  del  Consejo  de  Gobierno,  que  habrá  de  ser 
propuesta  por  la  Consejería  competente  en  materia  de  coordinación  de  la 
contratación, previo informe del órgano directivo competente y a solicitud de los 
órganos de contratación interesados, sin que la necesidad de autorización se 
extienda a los contratos basados en los mismos.»
3.   El apartado 3 del artículo 36 queda redactado como sigue:
«3.  El  Registro  de  Contratos  tiene  naturaleza  administrativa,  y  en  él  se 
inscribirán los contratos que se celebren por los órganos de contratación de la 
Junta de Extremadura, sus organismos públicos y demás entidades dependientes 
o vinculadas a ella que tengan la consideración de poder adjudicador a que se 
refiere el apartado anterior, incluidos los contratos menores, salvo los exceptuados 
por la legislación de contratos, y cuantas otras incidencias con relación a dichos 
contratos sea necesaria su inscripción, teniendo en cuenta a estos efectos lo 
establecido en la legislación de contratos del sector público o en la normativa 
autonómica sobre la materia.»
4.   Se añade una disposición adicional novena con el siguiente tenor literal.
«Disposición adicional novena.  Especialidades en la asistencia a las Mesas de  e.e
Contratación y comunicación de las recepciones a la Intervención. b
Cseeso pndeMtrecaeítfetdiacricmaainmóintneea  nrRáteenen  s dlooelsus  uclasisóu tnipmtu udicseeimós ntlaao , s I nduete enlor  vtlroeIansnst c ecipróuvenaer lnsGeotsoen rna,f eosrr ambdli eaednrseá ig nln afuap nJdaucartinsoet n apda oderire o  lsaeE slx  thórMeargembasilanaitdoasu  drddoaees,     OE-A-2021-13able en https://
contratación  dentro  de  su  organización  que  tengan  atribuidas  las  funciones
relativas a su control económico-presupuestario. De igual manera se determinará 
la cuantía a partir de la cual será preceptiva la comunicación del acto de recepción 
de los contratos a la Intervención para su asistencia potestativa en el ejercicio de 
sus funciones de comprobación de la inversión.
Asimismo, la participación del personal del órgano, organismo o entidad en la 
redacción de la documentación técnica del contrato, no impedirá por sí misma que 
pueda formar parte de la mesa de contratación.»
Disposición final sexta.  Carácter reglamentario.
La modificación del Decreto 16/2019, de 12 de marzo, por el que se regula la 
instalación de desfibriladores externos automatizados (DEA) en el ámbito no sanitario, la 
autorización  para  su  uso  y  la  formación  asociada  al  mismo,  que  se  realiza  en  la 
disposición  final  cuarta  de  este  decreto-ley,  tiene  carácter  reglamentario  y,  en 
consecuencia, las modificaciones, derogaciones o incorporaciones de los preceptos o 
disposiciones que se modifican o incorporan por este decreto-ley, podrán efectuarse a 
través de la norma de rango reglamentario correspondiente.
Disposición final séptima.  Habilitaciones.
1.   Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo del presente decreto-ley.
2.   Se habilita a las personas titulares de las consejerías competentes en materia 
de administración pública y de hacienda para dictar cuantas disposiciones generales y 
actos  administrativos  sean  necesarios  para  el  desarrollo  y  ejecución  del  presente 
decreto-ley.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Diario Oficial de Extremadura».
Mérida, 3 de marzo de 2021.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 45, de 8 de marzo de 2021. Convalidado por 
Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Asamblea de Extremadura, publicada en el «Diario Oficial de 
Extremadura» número 61, de 31 de marzo de 2021)
ANEXO I
Solicitud de ayudas para la reactivación empresarial
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ANEXO II
Solicitud de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, 
comercio y otros sectores afectados por la COVID-19
   
   
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