BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 338 Lunes 28 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 122398
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17205 Sección Primera. Auto 149/2020, de 26 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 6760-2018. Inadmite el recurso de amparo 6760-2018 promovido por 
don Paulo Gustavo da Costa Alves y doña Katia Llacer Dos Santos en 
proceso contencioso-administrativo. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:149A
La Sección Primera del Tribunal Constitucional compuesta por los magistrados don 
Juan José González Rivas, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón, en el recurso de amparo núm. 6760-2018, promovido por don Paulo Gustavo da 
Costa  Alves  y  doña  Katia  Llacer  Dos  Santos,  sobre  providencia  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recaída en recurso de casación núm. 
3541-2018 contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en 
recurso núm. 452-2016, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 18 de diciembre de 2018, el 
procurador  de  los  tribunales  don  Juan  Luis  Cárdenas  Porras,  en  nombre  y 
representación de don Paulo Gustavo Da Costa Alves y doña Katia Llacer Dos Santos, 
interpuso  demanda  de  amparo  contra  la  sentencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 30 de noviembre 
de 2017 dictada en procedimiento núm. 452-2016.
2.  Los  hechos  relevantes  que  resultan  de  la  demanda  de  amparo  y  de  los 
documentos que la acompañan son, sucintamente descritos, los siguientes:
a)  Por  la  dependencia  regional  de  inspección  de  la  Agencia  Estatal  de  la 
Administración  Tributaria  (AEAT)  en  las  Islas  Baleares  se  tramitó  procedimiento  de 
inspección contra los ahora demandantes de amparo y Estructuras Segur Form, S.L., de 
la cual, el señor Da Costa Alves, era su administrador y socio único, por los conceptos 
de impuesto sobre la renta de la personas físicas (IRPF), ejercicios 2008 a 2011, ambos 
inclusive,  y  con  alcance  general.  En  dicho  procedimiento  se  levantaron  actas  de 
disconformidad que ponían de manifiesto que los recurrentes, casados en régimen de 
gananciales, obtuvieron una ganancia patrimonial en la venta de un inmueble del que 
eran dueños con carácter ganancial, el 4 de octubre de 2011, superior en 385 915, 62 € a 
la declarada por ellos, que fue de 68 026,20 €. Según las actas, el inmueble fue 
adquirido como solar en 2003, habiéndose construido sobre el mismo una vivienda 
unifamiliar que fue objeto de obras de mejora en los años siguientes. Las actas también 
ponían de manifiesto que la mercantil antes citada fue requerida para que aportara las 
facturas giradas a los recurrentes como coste de construcción de la vivienda; y no se 
aportó ningún justificante del coste de esas obras. e.
b)  En fecha 21 de enero de 2014 el jefe de la dependencia regional de inspección  w.
dictó acuerdos de liquidación definitiva por un importe total a ingresar para cada uno de  205ww
lionste rdeesmesa.n Edann etestsa  dmei s8m7 a3 f4e2c,h5a2  d€i,c tcóo arrceuseprodnodsi ecnodnofi r8m1a n0d4o2 ,l2a8 i m€ pao sciucoiótna  dye 6 u 3n0a0 s,2a4n c€ió na 
por importe de 60 781,71 € para cada uno de ellos.
En el acuerdo de liquidación se indica que «el obligado tributario no ha acreditado el 
importe  del  valor  de  la  vivienda  declarado  en  la  escritura  de  obra  nueva  de 
fecha 04/10/2011 que asciende a 780 000 euros. El obligado tributario no ha aportado 
ninguna prueba de haber satisfecho cantidades para la construcción de dicha vivienda.
No se ha aportado ningún medio de pago bancario de las obras realizadas, ni 
tampoco de pagos en efectivo.
Se presume que las obras han sido realizadas a título gratuito, dado que en la 
sociedad Estructuras Segur Form, S.L., consta como socio único y administrador, el 
cónyuge de la obligada, por lo que no hay ninguna cantidad satisfecha por las mejoras 
realizadas  y  por  lo  tanto,  el  valor  de  adquisición  deber  ser  únicamente  el  solar 
adquirido».
c)  Interpuestas  las  correspondientes  reclamaciones  económico-administrativas 
contra  las  dos  liquidaciones  y  las  dos  sanciones,  una  vez  acumuladas,  fueron 
desestimadas por resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de las Islas 
Baleares de 28 de octubre de 2016.
d)  Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, se registró como 
procedimiento  ordinario  núm.  452-2016.  Los  recurrentes  alegaron  en  su  demanda, 
sintéticamente, que la construcción existía y tuvo un coste determinado y acreditado de 
diferentes formas: (i) con las escrituras públicas de obra nueva y modificación de obra 
nueva en construcción; (ii) mediante informe de técnico independiente aportado en el 
procedimiento de inspección; (iii) con la actuación de la Gerencia Regional del Catastro 
de la Islas Baleares, que había fijado el valor de la construcción en 763 224 €. A su 
juicio, el hecho de que no pudiesen presentar las facturas o justificantes de los gastos de 
la construcción no impedía presumir que las obras realizadas en el solar lo han sido a 
costa de sus propietarios. A la demanda se acompañaban documentos enumerados del 
uno al doce. Por otrosí se expresó que no interesaba el recibimiento del pleito a prueba 
ni tampoco vista o conclusiones.
Tras su tramitación, que no incluyó recibimiento a prueba, una vez concluso el 
procedimiento, las pretensiones de los demandantes fueron desestimadas por sentencia 
de 30 de noviembre de 2017.
Por lo que atañe al presente recurso de amparo, la citada sentencia razona en su 
fundamento jurídico tercero lo que sigue:
«Para computar la ganancia que supuso en el ejercicio 2011 la transmisión de ese 
inmueble, es preciso conocer el valor de adquisición de ese bien, que en este caso se 
identifica con el coste de la edificación levantada. No basta pues, ni con la declaración 
formal de aquellos efectuada en la escritura pública de modificación de obra nueva, ni 
con una certificación de un técnico que valore dicha vivienda ni tampoco con el valor 
catastral que esta tiene. Resulta incomprensible que quien ha edificado una vivienda de 
las características de la de autos, carezca por completo de la más mínima prueba 
justificativa del coste que le supuso esa edificación. Y la falta de dicha prueba ha de 
perjudicar a esa parte, que no consigue demostrar el importe que abonó para edificar 
esa vivienda unifamiliar, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la LGT la 
carga probatoria incumbe a la parte que la alega.
No es posible suplir esa prueba a través de la certificación de un técnico, o tampoco 
utilizar el valor catastral de esa edificación, ya que esas dos vías reflejan el valor de esa 
construcción. Y aquí y ahora, lo que nos importa es determinar las ganancias que han de 
ser declaradas en el IRPF con ocasión de la transmisión de esa vivienda, y para ello lo  e.
que se precisa es probar el valor de adquisición de ese bien, o sea, cuánto costó ese  w.b
inmueble al transmitente, que no el valor del mismo. Son dos cosas distintas. 205ww
mismElo  vraelfoler jap eerli cviaall orre fcleajtaa setrl apl.r ePceioro  daeq ueís elo  inqmueu esbel ep rseecgisúan  essu sd ecmaroascttrearrí setilc avas.lo Yr  dleo 
agdaqnuainsciciaió dne  reqfuleiejand loo  hean  teral ncsomsitteid od.e Y e ejescou ncioó ns ed hea  dhicehcoh oi,n nmi ueenb lveí ap aadram icnoismtrpautitvaar,  lnai 
tampoco ahora en fase judicial, ya que ni siquiera se ha pedido prueba.
Por lo tanto, tenemos que cuando los recurrentes adquirieron el solar en el año 2003 
no existía ninguna vivienda unifamiliar ahí construida. Y en el año 2011 cuando los 
recurrentes  otorgan  escritura  pública  de  compraventa,  transmiten  el  solar  con  una 
vivienda unifamiliar en él edificada de notables características. Ciertamente existe la 
presunción de que quien edifica en suelo propio, es también el dueño de la construcción 
que en dicho suelo se levanta. Esto no se pone en duda en este debate. Lo que sí se 
discute ahora es el valor de adquisición de esa construcción a efectos de cuantificar en 
el IRPF del ejercicio 2011 la ganancia patrimonial que supuso esa transmisión para cada 
uno de los recurrentes. El importe de lo que costó construir esa vivienda era carga 
probatoria exclusiva de quien se dice titular de aquella y declara esa ganancia en su 
autoliquidación presentada. Y si ese declarante no puede acreditar bajo ningún concepto 
el  coste  que  para  su  patrimonio  personal  supuso  esa  construcción,  entonces  la 
administración,  atendiendo  al  artículo  35  de  la  Ley  35/2006,  deberá  computar  la 
ganancia patrimonial que supone esa transmisión, partiendo únicamente del valor del 
suelo que sí consta pagado por los recurrentes, porque el valor de adquisición reflejado 
en el coste de la construcción, que no el valor de la vivienda unifamiliar, no ha quedado 
en absoluto acreditado en el debate, y por lo tanto y ante esa falta, el resultado es que el 
valor de adquisición, o sea, el coste de la edificación fue cero para quien la transmitió».
e)  La representación procesal de don Paulo Gustavo Da Costa Alves y doña Katia 
Llacer Dos Santos solicitó la aclaración o rectificación de la sentencia anterior. Dicha 
solicitud fue rechazada por auto de 24 de enero de 2018. Después de trascribir un 
fragmento de la sentencia, argumenta la sala sentenciadora lo que sigue: «Nos dice la 
parte que no se han tenido en cuenta los documentos anexos que en el escrito de 
completación se detallan y que en su día fueron aportados con la demanda. Ninguno de 
los documentos aludidos por la parte en su escrito de completación, constituye factura 
alguna que refleje el coste de ejecución de alguna obra, sino que se refieren a pagos 
realizados  con  ocasión  de  tasaciones,  solicitudes  de  licencia,  pagos  de  impuestos, 
facturas  de  notario,  cancelaciones  de  hipoteca,  etc.  Ninguno  de  ellos  directamente 
acredita el pago realizado por los recurrentes a ningún trabajador o empresa que haya 
intervenido directa o indirectamente en la ejecución de la obra de autos. Por lo tanto no 
se desvirtúa con esa documentación el planteamiento de la administración de que no se 
ha probado el coste de ejecución de la obra, de forma que la sentencia desestima el 
recurso y declara el acto impugnado ajustado a Derecho, porque lo que se debía probar 
en vía administrativa y en estos autos, y así se dice en la sentencia, era el coste efectivo 
pagado por los recurrentes por la construcción de la edificación transmitida en 2011 y 
que no estaba construida en el año 2003 cuando aquellos adquirieron el solar. Y esa 
prueba no se hizo en autos y tampoco la acredita la documental anexa a la demanda. En 
definitiva, debemos estar a lo ya reflejado en la sentencia».
f)  Los demandantes de amparo interpusieron entonces recurso de casación que, 
finalmente, fue inadmitido mediante providencia de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  de  27  de  septiembre  de  2018, 
«conforme al artículo 90.4 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa […] por referirse sustancialmente a cuestiones de 
hecho excluidas de la casación en virtud del artículo 87 bis LJCA, cuya apreciación y 
valoración en la instancia, tal y como resulta de la sentencia recurrida, se discute en 
cuanto determinó el fallo».
g)  Por último, promovieron los recurrentes un incidente excepcional de nulidad de 
actuaciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de  e.
Justicia de las Islas Baleares. Dicho incidente fue inadmitido a trámite por providencia  w.b
fecha 7 de noviembre de 2018, al considerar el órgano judicial que la nulidad pretendida  205ww
sseen steunstceian»ta.ba «en una discrepancia en la valoración de los argumentos que contiene la
recuDrriechnate sp erol v8i ddeen ncioav iefumeb rneo tdifeic 2a0d1a8 .por Lexnet a la representación procesal de los
3.  El recurso de amparo se funda en dos motivos, con invocación del art. 24.1 y 2 
de la Constitución. Son los siguientes, sintéticamente expuestos:
a)  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al realizar la 
sentencia impugnada una valoración de la prueba ilógica e irrazonable. Argumenta que 
la valoración de las pruebas aportadas por los demandantes debiera haber llevado a la 
conclusión lógica, en aplicación correcta del art. 35.1 de la Ley del impuesto sobre la 
renta  de  las  personas  físicas,  de  que  el  coste  de  adquisición  soportado  en  la 
construcción transmitida, gastos e impuestos, debía ser necesariamente distinto de cero. 
Tras citar la STC 128/2017, FJ 4, sostiene que «la falta de lógica o racionalidad de la 
sentencia puede apreciarse a primera vista por considerarse que es ilógico determinar 
un coste de adquisición de cero euros» de una construcción existente y propiedad de los 
declarantes, acorde con la legalidad urbanística, gravada por distintos tributos, con coste 
presupuestado y determinado, tras su terminación, por un perito y por la Gerencia 
Regional del Catastro, inscrita en el registro de la propiedad y financiada mediante un 
préstamo bancario con garantía hipotecaria. Añade que la ilógica o arbitraria valoración 
de la prueba afecta al contenido de otros derechos constitucionales; en concreto, al 
artículo 31 CE, dado que «partiéndose de un hecho ficticio (valor de adquisición cero o 
nulo), ‘lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, 
les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el 
principio de capacidad económica del citado artículo 31.1 CE’ (SSTC 26/2017, FJ 3, 
y 37/2017, FJ 3)».
La argumentación del motivo, tras afirmar que «el fallo de la sentencia hubiera sido 
más favorable para los demandantes de haberse realizado una valoración lógica de la 
prueba aportada», termina con una referencia a la STC 37/2000 sobre el derecho a 
utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa consagrado en el art. 24.2 CE.
b)  Vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Según la 
demanda, la sentencia confirma la sanción impuesta con fundamento en una inversión 
de la carga de la prueba que contradice este derecho, al rechazar, bajo una apariencia 
de legalidad, todos los intentos de los recurrentes de acreditar que la construcción 
transmitida tuvo un coste de adquisición distinto de cero euros.
4.  La demanda contiene un apartado específico dirigido a justificar la especial 
trascendencia constitucional del recurso. Se emplean con este fin cuatro argumentos que 
pueden sintetizarse del modo siguiente:
a)  El «derecho a la tutela judicial efectiva vulnerado por la sentencia afecta a 
supuestos de carácter general en el ámbito tributario». Se afirma que aunque existe 
doctrina  del  Tribunal  Constitucional,  pudiera  ser  necesario  matizarla,  precisarla  o 
concretarla «para realidades jurídicas (o facetas) diferentes a las ya contempladas», 
aplicándola  «en  el  presente  supuesto  a  las  operaciones  de  cálculo  de  ganancias 
patrimoniales  que  son  realizadas  con  carácter  general  y  de  forma  masiva  por  los 
contribuyentes».
b)  «Los tribunales deberán conocer de pruebas en el proceso judicial que pudieran 
ser distintas a las aportadas en el proceso de gestión o inspección tributaria», lo que ha 
sido reconocido por el Tribunal Supremo en sentencias de 20 de abril de 2017 (recurso 
de casación para unificación de doctrina núm. 615-2016) y 10 de septiembre de 2018.
c)  «Las limitaciones en la apreciación de la prueba en el nuevo recurso casacional 
realzan la importancia de los tribunales de instancia en la valoración y aplicación de la  s
prueba en aplicación del artículo 24 CE». Se refiere aquí al nuevo recurso de casación  oe.
iianncdtraeotdfade)mu ncisei«diónLonta o p a odla rehc l ataulba aLe cedriy óoi mncOt prrigednádeani  didcolaea,  l  d7dSe/e2 afr0alea1cc 5tho.so,u  epalo  dnlaee r teucuthenolaa   aj nuuedsgiacairat illvo aes  fmemcetaidvniaoif sice dosenta  p inrautele rbddaice cpbiaeórrna   ddseue    2020-17205n https://www.
defensa». Alude este apartado de la demanda a «la omisión de una actividad procesal
de la Sala, adoptando una actitud meramente pasiva, sin atender a los criterios de lógica
en  la  valoración  de  la  prueba  cuando  disponía  de  evidencias  elementales 
proporcionadas por una de las partes».
II. Fundamentos jurídicos
1.  Examinada la demanda, así como las actuaciones judiciales precedentes, de lo 
que  se  ha  dado  cumplida  cuenta  en  los  antecedentes,  esta  Sección  entiende  que 
procede inadmitir a trámite el recurso de amparo por no apreciar en el mismo la especial 
trascendencia  constitucional  que,  como  condición  para  su  admisión,  requiere  el 
artículo 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
2.  Como este tribunal ha tenido ocasión de recordar, la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, supuso una importante modificación del régimen 
jurídico del trámite de la admisión del recurso de amparo por la inclusión de nuevos 
requisitos de procedibilidad (STC 10/2018, de 5 de febrero, FJ 2, y 27/2018, de 5 de 
marzo, FJ 2). Entre ellos, diferenciada de la exigencia impuesta al recurrente por el 
art. 49.1 in fine LOTC de alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una 
decisión sobre el fondo por parte del tribunal en razón de su especial trascendencia 
constitucional (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2), destaca como caracterización más 
distintiva el enunciado en el artículo 50.1 b) LOTC, que exige que el contenido del 
recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional por su 
especial trascendencia constitucional, la cual se apreciará atendiendo a su importancia 
para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y 
para  la  determinación  del  contenido  y  alcance  de  los  derechos  fundamentales 
(ATC 47/2018, de 25 de abril, FJ 2).
En  lo  que  atañe  a  esta  exigencia  material,  se  trata  de  un  requisito  que  solo 
corresponde valorar a este tribunal atendiendo a los tres criterios que en el precepto 
legal se enuncian (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2, y 96/2012, de 7 de mayo, 
FJ 4). Ahora bien, el perfil abierto, tanto de la noción de «la especial trascendencia 
constitucional», como de los tres criterios antes reproducidos que la propia Ley ofrece 
para su caracterización, ha llevado al tribunal a realizar un esfuerzo de concreción que 
se inició en la STC 155/2009, de 25 de junio. En ella, sin ánimo exhaustivo, se identifican 
determinados  criterios  adicionales  propiciadores  de  la  apreciación  de  esa  especial 
trascendencia constitucional. Tal relación, como advertimos entonces, no puede ser 
entendida «como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de 
amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, 
lógicamente,  el  carácter  dinámico  del  ejercicio  de  nuestra  jurisdicción,  en  cuyo 
desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad 
de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o 
excluir alguno inicialmente incluido» (FJ 2).
Hemos afirmado también que la citada reforma ha eliminado la dimensión subjetiva 
del recurso de amparo para dotarlo, exclusivamente, de un significado objetivo. De este 
modo, «la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública tutelable en amparo 
ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso» (STC 155/2009, FJ 2). Así, para 
que este tribunal pueda admitir el recurso de amparo y, en su caso, otorgar la tutela del 
derecho fundamental que se estima vulnerado, ya no basta (frente a lo que sucedía con 
anterioridad a la reforma introducida por la Ley Orgánica 6/2007) que se haya producido 
la lesión subjetiva del derecho fundamental, sino que la admisión y tutela solo procederá 
si a esa lesión subjetiva se une el indispensable requisito objetivo de que el problema  e.e
planteado en el recurso posea una «especial trascendencia constitucional» [art. 50.1 b)  b
LOTC]. De tal manera que, si no concurre ese requisito sustantivo, aunque resulte  205ww
gverarovesídmaidl  ldae  elxai smteisnmciaa , dees tlee strióibnu nsaulb njeoti vaad mdeitli rád eerle crehcou rfsuon ddaem aemntpaal ryo  s(AeaA TcCu a2l 9s/2e0a1 1la, 
de 17 de marzo, FJ 3, y 47/2018, de 25 de abril, FJ 2).
3.  A fin de valorar la especial trascendencia constitucional del presente recurso de 
amparo es prioritario aclarar cuál es su objeto, que viene delimitado primordialmente por 
la demanda.
A pesar de que se efectúan algunas referencias al derecho a utilizar los medios 
pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE), lo cierto es que no es este derecho el 
concernido, pues, como también ha quedado dicho, ni se solicitó ni se negó la práctica 
de prueba alguna. Lo que cuestionan los recurrentes es la conclusión, de orden fáctico, 
alcanzada por el órgano judicial, lo que atañe al derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de derecho a obtener una resolución fundada en 
Derecho. En relación con la sanción, cuestionan también el derecho a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE), vulneración que vendría dada por haberse producido una 
inversión de la carga de la prueba y que, en realidad, sería imputable a la inicial 
resolución administrativa ex art. 43 LOTC. Tampoco se esgrime queja alguna en cuanto 
a la inadmisión del recurso de casación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo ni respecto de la del incidente de nulidad de actuaciones por la sala 
sentenciadora.
De acuerdo con lo anterior, hemos de descartar, de entrada, a estos mismos efectos 
de  verificar  la  especial  trascendencia  constitucional  del  recurso,  las  alegaciones 
efectuadas bajo los epígrafes b) y c) reseñados en los antecedentes, pues ni se refieren 
a supuestos de especial trascendencia constitucional, ni atañen al objeto de este recurso 
de amparo. En estos apartados se alude al deber de los órganos judiciales de conocer 
de pruebas en el proceso judicial que pudieran ser distintas a las aportadas en los 
procedimientos de gestión o inspección tributaria, y a las limitaciones en orden a la 
revisión  de  apreciaciones  fácticas  en  el  recurso  de  casación  de  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa introducido por la Ley Orgánica 7/2015. En ambos casos, ni 
se esgrimen aspectos relativos a la dimensión objetiva del recurso de amparo ni se trata 
de cuestiones sobre las que versa el presente proceso constitucional, pues, según se ha 
dicho, no se ha denegado prueba alguna ni resulta controvertida por los recurrentes la 
inadmisión del recurso de casación.
4.  De las alegaciones efectuadas en la demanda sobre la especial trascendencia 
constitucional del recurso, que han sido reseñadas en los antecedentes, solo es posible 
identificar  tres  de  los  supuestos  contemplados  en  la  STC  155/2009:  (i)  plantea  un 
problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que 
no  hay  doctrina  del  Tribunal  Constitucional»  [FJ  2  b)];  (ii)  da  ocasión  al  Tribunal 
Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de 
reflexión  interna  o  por  el  surgimiento  de  nuevas  realidades  sociales  o  de  cambios 
normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de 
un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de 
los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE» [FJ 2 b)]; y 
(iii) el órgano judicial incurre en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la 
doctrina del Tribunal Constitucional [art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); 
FJ 2 f)].
La  Sección  no  aprecia  ninguno  de  estos  supuestos  de  especial  trascendencia 
constitucional, por los siguientes razonamientos:
a)  El recurso de amparo no presenta novedad. La propia demanda asume que 
existe doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE) en la vertiente que resulta aplicable. e
En efecto, la doctrina constitucional en relación con el derecho fundamental a la  bo
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) existe y es abundante. Como se  205ww
rineccluueyred au ne n plrae tSenTdCid 6o4 /d2e0r1e0c,h doe  a1l 8 adceie rotoc tujubdreic, iaFlJ  e3n,  elas tes edleerceccióhno,  fuinntdearpmreetnatcailó n« noy 
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constitucional,  presenta  varias  manifestaciones.  Supone,  en  primer  lugar,  que  la
resolución ha de estar suficientemente motivada, es decir, contener los elementos y 
razones  de  juicio  que  permitan  conocer  cuáles  han  sido  los  criterios  jurídicos  que 
fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una 
fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea 
consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, ni resulte manifiestamente 
irrazonable,  incursa  en  un  error  patente  o  en  una  evidente  contradicción  entre  los 
fundamentos jurídicos, o entre estos y el fallo, ya que, en tal caso, la aplicación de la 
legalidad sería tan solo una mera apariencia» (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 
25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, 
FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 6; 223/2005, de 12 
de septiembre, FJ 3, y 276/2006, de 25 de septiembre, FJ 2, entre otras muchas). 
Asimismo,  hemos  venido  afirmando  que  «son  los  órganos  judiciales  los  únicos 
competentes, ex art. 117.3 CE, para resolver sobre las materias de estricta legalidad 
ordinaria, si bien también hemos advertido que sus decisiones pueden ser objeto de 
revisión en vía de amparo si resultan inmotivadas o manifiestamente irrazonables o 
arbitrarias, pues, en tal caso, vulnerarían el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva del art. 24.1 CE» (STC 138/2014, de 7 de octubre, FJ 2).
Y, en lo atinente a la valoración del caudal probatorio, es doctrina constitucional que 
a este tribunal «no le corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las 
cuales el órgano judicial alcanza su íntima convicción, dado que el art. 117.3 CE atribuye 
dicha  tarea  a  los  jueces  y  tribunales  ordinarios.  A  la  jurisdicción  constitucional 
corresponde únicamente, a los efectos que ahora interesan, controlar la razonabilidad 
del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulte, porque 
el recurso de amparo no es un recurso de apelación, ni este tribunal una tercera 
instancia  revisora  de  las  actuaciones  propias  de  la  competencia  específica  de  los 
órganos judiciales, lo que impide valorar nuevamente la prueba practicada o enjuiciar la 
valoración realizada por los jueces o tribunales que integran el Poder Judicial, salvo en 
caso de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta (SSTC 81/1998, de 2 de abril, FJ 3; 
189/1998, de 29 de septiembre, FJ 2; 220/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 120/1990, 
de 28 de junio, FJ 2; 220/2001, de 5 de noviembre, FJ 3; 125/2002, de 20 de mayo, FJ 2; 
57/2002 de 11 de marzo, FJ 2; 125/2002 de 20 de mayo, FJ 2; 137/2002, de 3 de junio, 
FJ 8; 43/2003, de 3 de marzo, FJ 4, y 119/2003, de 16 de junio, FJ 2)» (SSTC 159/2004, 
de 4 de octubre, FJ 9; 129/2005, de 23 de mayo, FJ 9, y 16/2016, de 1 de febrero, FJ 5).
b)  Tampoco las circunstancias del caso nos ofrecen causa alguna para matizar, 
precisar o aclarar la doctrina anterior.
La parte recurrente alude a la necesidad de aplicar la doctrina constitucional sobre el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) «a las operaciones de cálculo de 
ganancias patrimoniales que son realizadas con carácter general y de forma masiva por 
los contribuyentes», y, en los fundamentos relativos a la vulneración que denuncia, 
señala que la ilógica o arbitraria valoración de la prueba afecta al contenido de otros 
derechos constitucionales a los que se refiere el art. 31 CE.
Entendemos que la primera razón aludida carece del necesario desarrollo y de 
alcance  constitucional,  y  que  nada  añade  la  perspectiva  del  art.  31.1  CE.  La 
problemática  aquí  planteada  tiene  un  origen  puramente  fáctico,  de  modo  que  la 
vulneración de los principios tributarios de capacidad económica y no confiscatoriedad 
(art. 31.1 CE) no sería sino la consecuencia de la primaria calificación constitucional ex 
art. 24.1 CE, como arbitraria o irrazonable, de la conclusión probatoria alcanzada por el 
órgano judicial. Y para estimar o negar dicha calificación este tribunal habría de limitarse  s
a aplicar la doctrina constitucional existente, sin matiz ni precisión de ningún tipo. oe.
En  suma,  no  se  observa  razón  para  matizar,  precisar  o  aclarar  la  doctrina  w.
constitucional antes aludida derivada del hecho de que la respuesta judicial incida en  205ww
eimsatogsin oatbroles  qdueer eucnhao sr,e sqouleu cnióon  tijeundeicnia le ln ora anfgeoc tdee a  fuanlgduanmoe dneta lleoss.  dReerseuclhtao sd, ifvíacillomreesn toe 
principios plasmados en la Constitución. Esta afectación, por sí sola, no modula el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), ni, por 
ende, determina la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo.
c)  Finalmente, no apreciamos negativa manifiesta del deber de acatar la doctrina 
del Tribunal Constitucional [supuesto f) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009].
En palabras de la STC 106/2017, de 18 de septiembre, con cita del ATC 26/2012, 
de 31 de enero, FJ 3, esta causa de especial trascendencia constitucional «no puede ser 
identificada con ‘la errónea interpretación o aplicación de la jurisprudencia, incluso si 
fuera objetivable y verificable’ en el caso concreto. Para el tribunal se trata de algo 
radicalmente distinto como lo es la voluntad manifiesta de no proceder a su aplicación; o 
dicho en otras palabras, a una decisión consciente de soslayarla (en este sentido, 
STC 133/2011, de 18 de julio, FJ 3, y 155/2015, de 8 de junio, FJ 2)». Y es que es 
precisamente  «el  ‘elemento  intencional  o  volitivo’  el  que  caracteriza  este  concreto 
supuesto de especial trascendencia constitucional» (STC 5/2017, FJ 2) y el que lo 
distingue de un supuesto subjetivo, que no objetivo, de vulneración por inaplicación de la 
jurisprudencia constitucional.
En definitiva, el incumplimiento por sí solo de la doctrina dictada por este tribunal, no 
puede ser considerado como un supuesto de especial trascendencia constitucional, pero 
una  vez  advertida  la  cualidad  que  hace  del  mismo  un  supuesto  de  trascendencia 
constitucional –es decir, la existencia de una negativa manifiesta– este tribunal debe 
conocer del recurso y aplicar su doctrina al caso concreto.
El tribunal, en las SSTC 5/2017 y 6/2017, de 16 de enero, FJ 2, seguidas de otras 
muchas, ha apreciado la concurrencia de dicho elemento intencional de incumplir la 
doctrina constitucional en supuestos en los que el órgano judicial, aun conociéndola, 
dado que había sido citada y extractada en lo fundamental en el escrito por el que se 
promovió el incidente de nulidad de actuaciones, lo resolvió sin hacer consideración 
alguna. Hay que advertir al respecto, que, en estos casos, para que pueda apreciarse el 
elemento volitivo o intencional de incumplimiento, es necesario que este lo sea referido a 
una  doctrina  concreta  y  precisa  del  tribunal,  no  siendo  suficiente  cualquier 
pronunciamiento jurisprudencial que se entienda incumplido. Si, a pesar de ello, el 
órgano judicial elude cualquier tipo de consideración sobre la dimensión constitucional 
puesta de relieve, lo que denota una voluntad implícita de no aplicarla, el tribunal puede 
inferir una conducta concluyente y patente de incumplimiento con especial trascendencia 
(SSTC 83/2018, de 16 de julio, FJ 3, y 29/2020, de 24 de febrero, FJ 2).
Las circunstancias del caso no permiten apreciar la alegada negativa manifiesta del 
deber  de  acatar  la  doctrina  constitucional.  Según  señalamos  más  arriba,  en  los 
supuestos en que el elemento intencional no se desprende directamente de las palabras 
empleadas por las resoluciones judiciales, para que pueda ser constatado por este 
tribunal, se requiere una activa colaboración de la parte demandante, esgrimiendo ante 
el  órgano  judicial  la  doctrina  constitucional  concreta  aplicable  al  caso,  en  la  que 
precisamente se sustente luego la demanda de amparo.
Ocurre que, en el caso, la demanda funda este supuesto de especial trascendencia 
sobre la base de que la sala sentenciadora ha impedido «el derecho a usar los medios 
de prueba para su defensa», materia ajena al presente recurso de amparo que, según 
hemos ya reiterado, plantea una cuestión relativa no a la práctica sino a la valoración de 
la prueba. Frente a lo alegado en este apartado de la demanda, no es posible reprochar 
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares la «omisión de actividad procesal» alguna, pues no se solicitó por ninguna de 
las partes el recibimiento y práctica de prueba. s
Tampoco  apreciamos  que  la  natural  discrepancia  sobre  la  valoración  probatoria  oe.
integre  esta  ni  otra  causa  de  especial  trascendencia  constitucional  en  el  supuesto  w.
examinado. 205ww
Por lo expuesto, la Sección
ACUERDA
Inadmitir el recurso de amparo promovido don Paulo Gustavo Da Costa Alves y doña 
Katia Llacer Dos Santos.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Alfredo Montoya Melgar respecto del auto 
dictado en el recurso de amparo núm. 6760-2018
Con  el  mayor  respeto  a  la  opinión  mayoritaria  de  los  miembros  de  la  Sección 
Primera, en la que se sustenta el auto, en el ejercicio de la facultad que me confiere el 
art. 90.2 LOTC, formulo el presente voto particular para manifestar mi discrepancia con la 
decisión de inadmisión adoptada, por las razones que a continuación se exponen.
1.  Las circunstancias del caso sometido a la consideración de este tribunal.
En el caso enjuiciado, el matrimonio recurrente había adquirido una parcela (2003) 
por un importe de 115 000 €, autoconstruyéndose luego una vivienda unifamiliar por un 
importe total de 780 000 € (primero, en los años 2005 y 2006, para luego ampliarla en los 
años  2009  y  2010).  La  construcción  fue  valorada  por  la  administración  tributaria 
(Gerencia Regional del Catastro) en 763 224 €, asignándole un valor catastral a efectos 
del impuesto sobre bienes inmuebles de 381 612 € (tras aplicarle el coeficiente de 
referencia al mercado –RM– del 0,5 sobre el valor de mercado).
En el año 2011 procedieron a la venta de la vivienda por un importe de 1.100.000 €. 
En la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas incluyeron una 
ganancia patrimonial individual de 68 026,20 €, a saber, el 50% de la ganancia total 
generada con la transmisión (de 136 052,40 €), calculada por la diferencia entre el valor 
adquisición (895 000 € resultantes de sumar los 115 000 € del precio del solar más 
los 780 000 € de los gastos de construcción) y el valor de transmisión (1 100 000 €).
Requeridos por la administración tributaria (dependencia regional de inspección de 
Baleares) para la aportación de «facturas» acreditativas del coste de la construcción, no 
las presentaron, pero sí aportaron otros documentos justificativos: proyecto de obras 
inicial,  de  ampliación  y  final;  licencias  municipales  de  obras  para  la  construcción, 
ampliación y primera ocupación de la vivienda; certificaciones emitidas por el técnico 
director  de  las  obras  realizadas;  pagos  bancarios  efectuados  con  cargo  a  los  tres 
préstamos hipotecarios concedidos por la Banca March; liquidación del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras; tasa por licencia de obras; escritura de obra 
nueva; escrituras de constitución de las hipotecas; autoliquidación del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales sobre la obra nueva; y valoración del bien inmueble (suelo y 
construcción) efectuada por la Gerencia Regional del Catastro.
La  administración  tributaria  (dependencia  regional  de  inspección  de  Baleares), 
reconociendo  la  existencia  de  la  construcción,  negó  validez  probatoria  a  la 
documentación aportada por no tratarse de «facturas». Por tal motivo, presumió en su 
acuerdo de liquidación «que las obras [fueron] realizadas a título gratuito» (tanto las de  e.e
construcción como las de ampliación), valorándolas en cero euros y fijando la ganancia  w.b
patrimonial total obtenida en 907 883,64 € (una vez actualizado el valor de adquisición y  205ww
tdaenstcoo, nata dinocso rlpoos ragra sat olsa  yb atrsibeu tiomsp oinnhibelree ndtees  caa dlaa  ccoómnypurag ey  laa  lcai frvae ndtea ).4 P53ro c9e4d1i,ó8,2 p o€r, 
rdeec lianmtearensdeos a d cea ddae mcóonrayu) gee  i8m7p 3o4n2ié,n5d2o €le (s8 1u.n0a4 2s,2a8n c€ió dne  pcouro tdae jtarirb udtea riinag mreássa r6  l3a0 0d,e2u4d a€ 
tributaria de 60 781,71 €. Por tanto, la construcción originariamente valorada por la
administración  tributaria  (Gerencia  Regional  del  Catastro)  en  763  224  €  se  valora 
después por la propia administración tributaria (dependencia regional de inspección de 
Baleares) en cero euros.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares, en la sentencia núm. 527/2017, de 30 de noviembre, objeto del recurso 
de amparo, consideró que la documentación aportada solo servía para fijar el «valor de 
construcción»,  pero  que  ninguno  de  los  documentos  aportados  «constitu[ía]  factura 
alguna que reflej[ase] el coste de ejecución» (fundamento de Derecho 2), razón por la 
cual, solo podía tomarse para el cálculo de la ganancia patrimonial el valor del suelo, 
dado que el valor de la construcción debía fijarse en cero euros. Además, confirmó las 
sanciones impuestas al apreciar un comportamiento negligente derivado de la ausencia 
justificativa de los costes de construcción.
2.  La lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en 
conexión  con  el  principio  de  capacidad  económica  y  con  la  prohibición  de 
confiscatoriedad (art. 31.1 CE).
Debo señalar que, a mi juicio, se ha efectuado una ilógica valoración jurídica, pues al 
margen  de  que  se  haya  acreditado  con  mayor  o  menor  fortuna  el  coste  de  la 
controvertida construcción, lo cierto es que tanto la administración tributaria como el 
órgano  judicial  reconocen  la  existencia  de  una  construcción  «de  notables 
características» para proceder a renglón seguido a afirmar que se hizo «gratuitamente», 
por  lo  que  debía  asignársele  un  valor  de  cero  euros.  Con  su  decisión,  no  solo 
desconocen la documentación aportada por la parte actora para intentar acreditar el 
coste de la construcción, sino que contradicen la valoración de mercado efectuada por la 
propia administración tributaria a efectos fiscales. Tanto la conducta de la administración 
tributaria  como  la  del  órgano  judicial,  consistente  en  negar  cualquier  valor  a  una 
construcción cuya existencia reconocen, so pretexto de no haber sido justificado con 
facturas, puede calificarse como manifiestamente irrazonable o arbitraria (SSTC 11/2020, 
de 28 de enero, FJ 8; 1/2020, de 14 de enero, FJ 9, y 38/2020, de 25 de febrero, FJ 6). 
Sabido es por todos que la factura no es, en derecho tributario, el único medio para 
justificar  los  gastos  en  la  materia,  aunque  sea  el  «prioritario»  para  acreditar  las 
«operaciones realizadas por empresarios o profesionales» [art. 106.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria (LGT)]. De hecho, «no constituye un medio de 
prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que 
la  administración  cuestiona  fundadamente  su  efectividad,  corresponde  al  obligado 
tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones» (art. 106.4 citado, párrafo 
segundo);  pruebas  que,  una  vez  aportadas,  no  pueden  rechazarse,  sin  más,  con 
fundamento en que no son «facturas». No puede reconocerse la existencia de una 
construcción y, a falta de «facturas», atribuirle un valor de cero euros so pretexto de que 
la obra se realizó gratuitamente. Si la base imponible del tributo no puede estimarse 
directamente, deberá estimarse indirectamente mediante la «aplicación de los datos y 
antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto» [art. 53.2 a) LGT], y/o mediante 
la «utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los 
[…] costes» [art. 53.2 b) LGT].
Como tiene señalado este tribunal, en la realidad jurídica, unos mismos hechos no 
pueden  existir  y  dejar  de  existir  al  mismo  tiempo  para  los  órganos  del  Estado 
(SSTC 77/1983, de 3 de octubre, FJ 4; 24/1984, de 23 de febrero, FJ 3; 62/1984, de 21 
de mayo, FJ 5; 204/1991, de 30 de octubre, FJ 4, y 95/2000, de 10 de abril, FJ 5). Es  e
ilógico admitir que existe una construcción, que cuenta con un alto «valor», a efectos de  bo
un impuesto, para luego atribuirle un valor de cero euros, a efectos de otro. Carece,  205ww
eexnitsotnec ye sn, od ee xtoisdtea  jau setfieficcatocsió tnri brauztaornioasb.l eL aesn tdeencdiesrio qnuees  uand mmiinsmistora btiivean  y(u jnuad iccoianl sdtreu cpcriióvanr) 
dcoen tsotrduoc cviaólno rh ap rporboavtoocriaod ao  elal  gdroacvuammeennt adceió unn ap rreesnetnat aindeax ipsateran tea cerne dciotanrt real  dceols pteri ndceip iloa 
de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad (STC 126/2019, de 31 
de octubre, FJ 4).
Es doctrina de este tribunal la de que el principio de capacidad económica (art. 31.1 
CE) no queda a salvo «en aquellos supuestos en los que la capacidad económica 
gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia» (STC 
SSTC 26/2017, de 16 de febrero, FJ 3; 37/2017, de 1 de marzo, FJ 3; 59/2017, de 11 de 
mayo, FJ 3; 72/2017, de 5 de junio, FJ 3, y 126/2019, de 31 de octubre, FJ 3). Y sucede 
que la base imponible, tal y como ha sido calculada en el caso de autos, conduce al 
«gravamen  ilícito  de  una  renta  inexistente  en  contra  del  principio  de  capacidad 
económica y de la prohibición de confiscatoriedad que deben operar, en todo caso, 
respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como límite del mismo 
(art. 31.1 CE)» (STC 126/2019, de 31 de octubre, FJ 4). Con ello, la deuda tributaria 
reclamada,  al  incidir  en  la  prohibición  de  confiscatoriedad  (gravamen  de  una  renta 
inexistente) viola el derecho de propiedad consagrado tanto en el art. 33.1 CE como en 
el art. 1 del Protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos. Se ha roto, 
en consecuencia, el «equilibrio justo» que debía existir entre el interés general de la 
comunidad  al  pago  de  los  tributos  y  los  requisitos  de  protección  de  los  derechos 
fundamentales  de  la  persona,  al  imponerse  una  carga  excesiva  (el  tributo 
correspondiente al gravamen de la renta ficticiamente atribuida) que atenta contra el 
derecho de propiedad de los recurrentes (SSTEDH de 3 de julio de 2003, asunto Buffalo, 
S.R.L., en liquidación c. Italia, § 32; de 9 de marzo de 2006, asunto Eko-Elda Avee c. 
Grecia, § 30; de 2 de julio de 2013, asunto R.Sz. c. Hungría, § 31, y de 24 de junio 
de 2014, asunto Azienda Agricola Silverfunghi Sas y otros c. Italia, § 102).
3.  La concurrencia de la especial trascendencia constitucional invocada.
La especial trascendencia constitucional «se apreciará atendiendo a su importancia 
para la interpretación de la Constitución […] y para la determinación del contenido y 
alcance de los derechos fundamentales» [art. 50.1 b) LOTC]. Siendo cierto que la 
demanda no solo es parca en la justificación de este requisito, sino también poco certera 
en la defensa de los motivos que alega, como señala el auto objeto de este voto 
particular,  también  lo  es  que  se  trata  de  un  requisito  «notablemente  flexible» 
(STC 37/2019, de 26 de marzo, FJ 3), cuya apreciación corresponde en exclusiva a este 
Tribunal Constitucional (STC 3/2020, de 15 de enero, FJ 4). Y a juicio de quien suscribe 
este voto, dejando a un lado las restantes causas alegadas, el asunto encajaría –como 
así defiende la parte actora– en el supuesto recogido en la letra a) del fundamento 
jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio: «cuando se plantee un problema o una 
faceta del derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del 
Tribunal Constitucional».
No  cabe  duda  de  que  la  doctrina  constitucional  en  relación  con  el  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), como señala el 
auto, existe y es abundante. De hecho, existe incluso en conexión con la interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). Pero también lo es, en contra de lo 
señalado por la resolución de la que se discrepa, que la perspectiva del art. 31.1 CE 
añade una faceta que hasta la fecha no ha sido escrutada por este tribunal, como es la 
de que los actos de todos los poderes públicos, y no solo los del poder legislativo, «en 
ningún caso» pueden tener un «alcance confiscatorio» (arts. 31.1 CE). Hay que tener 
presente que el resultado confiscatorio constitucionalmente prohibido no solo puede 
derivar de los postulados de la ley sino también de su aplicación administrativa y judicial.  e
Por este motivo es importante subrayar que la contrapartida del «deber» de contribuir al  bo
sostenimiento de los gastos públicos «de acuerdo» con la capacidad económica es el  205ww
f«udnecrieócnh od»e »a  ltari bmuitsamr eax. cSlui sliav anmeecnetseid «adde  daec ulae rdeoxi»s tceonnc iae sdae c aupnaac icdaapda ecicdoandó mecicoan óym «iecna 
sreusspceetpot iballe c odnet esneird soo emseetnidcaia al  dimelp doesriecicóhno  edse e pl rporpiuiesd laódg icy,o  pqoure t alengtoit,i maa l ae lp grorahvibaimcióenn , deel 
confiscatoriedad, es el límite a todo gravamen.
Pues bien, en la reciente STC 141/2020, de 19 de octubre, la Sala Segunda de este 
tribunal ha apreciado, como faceta novedosa del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art.  24.1  CE),  el  control  judicial  de  las  medidas  cautelares  adoptadas  por  la 
administración  tributaria  (ex  art.  81.8  LGT)  para  asegurar  las  eventuales 
responsabilidades derivadas del delito de defraudación (FJ 3). Y la previa STC 67/2020, 
de 29 de junio, también de la Sala Segunda, ha descubierto, como faceta sin doctrina del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), las posibilidades de 
utilización en el marco de un procedimiento administrativo sancionador por parte de la 
inspección de los tributos de las pruebas obtenidas en un proceso penal. No puede 
afirmarse, por tanto, que la perspectiva del art. 31.1 CE no añade al derecho invocado 
facetas necesitadas de una intervención por parte de este tribunal, que garantice la 
correcta aplicación de los mandatos constitucionales ante el deber de contribuir. En 
suma, el asunto controvertido poseía, según mi parecer, una evidente trascendencia 
constitucional  porque  hubiese  permitido  a  este  tribunal  precisar  el  control  de  las 
decisiones de aplicación de los tributos que, por su manifiesta irrazonabilidad, incurren 
en  un  «alcance  confiscatorio»  contrario  al  deber/derecho  de  contribuir  única  y 
exclusivamente «de acuerdo con» la capacidad económica realmente manifestada (arts. 
24.1 CE, en conexión con los arts. 9.3, 31.1 y 33.1, todos ellos de la CE).
Madrid,  a  veintiséis  de  noviembre  de  dos  mil  veinte.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Firmado y rubricado.