BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Miércoles 23 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 80384
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
11111 Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Dignidad Galicia, para el cumplimiento de 
penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 8 de julio de 2020 el convenio entre el Ministerio del Interior, a 
través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Asociación Dignidad 
Galicia para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, procede 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como 
anexo a esta resolución.
Madrid, 14 de septiembre de 2020.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, y la Asociación Dignidad Galicia para el 
cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
Madrid, a 8 de julio de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio,  actuando  por  delegación  de  competencias  del/la  secretario/a  de  Estado  de 
Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden 
INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se 
aprueban  las  delegaciones  efectuadas  por  otras  autoridades,  en  relación  con  el 
artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 
28014 de Madrid.
Y de otra parte, doña María Dolores Romero Martín en nombre y representación de 
la  de  la  Asociación  Dignidad  Galicia  (en  adelante  la  Asociación)  como  presidenta, 
elegida por la Asamblea de fecha 28 de noviembre de 1996 y facultada para este acto en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas como presidenta según los Estatutos de la 
Asociación, facultada para este acto mediante poder otorgado en Ferrol ante el Notario 
Bruno Otero y con domicilio a los efectos del presente convenio en calle Cabanela 3, 
15405 Ferrol (La Coruña).
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el  s
presente convenio y, a tal efecto, oe.
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EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad 
–que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y 
por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que  el  Real  Decreto  840/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así  como  de  la  suspensión  de  la  ejecución  de  las  penas  privativas  de  libertad  y 
sustitución de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la 
comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, 
podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas 
que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la 
Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 6.3 a) que 
corresponde  a  la  Subdirección  General  de  Medio  Abierto  y  Penas  y  Medidas 
Alternativas, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la 
libertad condicional; y la acción social penitenciaria. e.e
QuinQtou.e la Asociación Dignidad Galicia tiene entre sus fines: 2020-11111n https://ww
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pobreza,  exclusión  o  marginación  social,  sin  distinción  de  nacimiento,  sexo,  edad, 
nacionalidad,  etnia,  opinión,  ideología  o  religión;  o  cualquier  otra  condición  o 
circunstancia personal o social.
– Prevención y superación de las problemáticas derivadas de la desintegración 
familiar, así como la atención de los menores en situación de desventaja o inadaptación 
social.
– Desarrollo de programas orientados de cara a la normalización, personalización e 
integración sociofamiliar de los menores.
– Integración social y laboral de las personas con discapacidad.
– Favorecer la autonomía personal de las personas con discapacidad.
– Fomentar la permanencia de las persona mayores en su medio el mayor tiempo 
posible, así como promover su autonomía personal.
– Colaborar con las diferentes entidades y organismos en la prestación de ayudas 
técnicas.
– Facilitar  la  atención,  acogida,  información  y  asesoramiento  a  mujeres,  para 
prevenir la discriminación, el desamparo y la exclusión social.
– Incentivar la formación y la participación social de la mujer.
– Atención a situaciones carenciales de los colectivos especificados y otros sin 
especificar cuando se valore que se encuentran en situación de emergencia social.
– Fomento y promoción del voluntariado social en la comunidad.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes.
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la  Asociación  para  el  efectivo 
cumplimiento  de  las  penas  de  trabajo  en  beneficio  de  la  comunidad,  mediante  la 
prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito 
competencial.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias,  asume  las  obligaciones  para  la  cobertura  de  las  contingencias  que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del 
trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se 
señala que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «…la protección que en este caso  es
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales  o
obligatorias,  la  derivada  de  su  inclusión  en  la  acción  protectora  del  sistema  de  la  1ww.
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2.  Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo de la Asociación.
Tercera.  Compromisos que asume la Asociación.
1.  La Asociación se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 
del Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  La Asociación, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada 
por los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para 
la realización de la tarea encomendada.
3.  La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de 
la comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo 
ya existentes y de futuro de la Asociación.
4.  La Asociación deberá facilitar el anexo I cumplimentado, con los datos que se 
indican, a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias.
Cuarta.  Distribución de las plazas.
1.  La Asociación deberá remitir a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  el  anexo  II 
cumplimentado con los datos sobre las plazas que se indican.
2.  Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la 
actividad más adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con 
indicación expresa de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, 
conforme al catálogo de plazas que haya remitido la Asociación de acuerdo con el anexo 
II de este convenio.
3.  Una  vez  realizada  la  valoración  y  seleccionada  la  tarea  a  desarrollar,  los 
Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, trasladarán a la Asociación de la información necesaria para 
el adecuado desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta.  Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medias  Alternativas  de  la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo 
posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento 
de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta.  Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.  La actividad que realice el penado no será retribuida.
2.  En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con  e.e
motivo  del  presente  convenio,  ni  para  la  Secretaría  General  de  Instituciones  w.b
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1.  Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias de la Asociación.
2.  La  Asociación  informará  a  los  Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que 
vaya siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan 
en  el  desenvolvimiento  del  plan  de  ejecución,  para  que  por  dichos  servicios  se 
comunique lo oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a)  Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b)  Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c)  Oposición  o  incumplimiento  reiterado  y  manifiesto  a  las  instrucciones  del 
responsable de la ocupación.
d)  Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a 
mantenerle en la misma.
Igualmente, la Asociación deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la 
finalización del plan de ejecución.
Octava.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  La  Asociación  se  compromete  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
la Asociación mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna 
forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del 
presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras administraciones públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría  s
General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación. Los datos objeto de tratamiento  oe.
tendrán  por  finalidad  la  ejecución  de  sanciones  penales,  al  amparo  de  la  Ley  w.
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comunidad.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  quebrantado  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Novena.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima.  Comisión de seguimiento.
1.  Se establece una comisión de seguimiento del presente convenio, constituida por 
dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes de la Asociación que serán nombrados por el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias y por su Presidente/Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la comisión de seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  comisión  de  seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la comisión de seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Asociación.
Duodécima.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación en la comisión de seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes 
de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
Ley 29 /1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercera.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro  es
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal  o
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 1w
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Decimocuarta.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El 
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–La 
Presidenta de la Asociación Dignidad Galicia, María Dolores Romero Martín.
ANEXO I
Datos de la Asociación
 
PERSONA DE CONTACTO 
 
CARGO   
 
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
 
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD   
PROVINCIA   
LOCALIDAD    C. POSTAL   
 
   
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ANEXO II
Oferta de plazas
ANEXO DE PLAZAS 
DATOS DE LA PLAZA 
TIPO DE ACTIVIDAD 
NÚMERO DE PLAZAS 
CARACTERÍSTICAS
JORNADA DE  PERIODICIDAD   HORARIO 
Mañana  De lunes a viernes 
*(1)  Tarde  Fines de semana 
Noche  Toda la semana 
ESTUDIOS
Ninguno  Diplomado Universitario o equivalente 
*(2)  Estudios Primarios  Licenciado Universitario o equivalente 
Educación Secundaria o equivalente  Idiomas 
OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA 
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE 
TELÉFONO    MÓVIL  FAX 
E-MAIL
DATOS DE UBICACIÓN 
PROVINCIA    LOCALIDAD 
C.POSTAL
(1) Una jornada, una plaza. Jornada de mañana y tarde dará lugar a dos anexos distintos.
(2) Marcar el nivel mínimo requerido o «Ninguno» si no se requiere especial cualificación.
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