BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138470
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18365 Sala Segunda. Sentencia 162/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 3569-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Resolución de 14 de diciembre de 2017 de 
la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  de  la 
Generalitat Valenciana, por la que se convocan becas para la realización de 
estudios  universitarios  durante  el  curso  académico  2017-2018  en  las 
universidades de la Comunitat Valenciana, así como las dictadas por las 
salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de 
aquella. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la 
creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la 
resolución  administrativa  que  limitan  el  disfrute  de  becas  a  los  alumnos 
matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario 
valenciano). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:162
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3569-2019, promovido por la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, contra la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2019, que inadmitió 
el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la providencia de 21 de febrero 
de 2019, que inadmitió a trámite el recurso de casación núm. 5879-2018 interpuesto 
contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana núm. 300/2018, de 4 de julio 
de 2018, que desestimó el recurso contencioso-administrativo de protección de derechos 
fundamentales  núm.  12-2018  interpuesto  contra  la  resolución  de  14  de  diciembre 
de  2017  de  la  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  de  la 
Generalitat Valenciana, por la que se convocan becas para la realización de estudios 
universitarios  durante  el  curso  académico  2017-2018  en  las  universidades  de  la 
Comunitat  Valenciana.  Ha  sido  parte  la  Generalitat  Valenciana.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes w.b
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rdeosno luGcioonnzeasl oju dFiceiranleásn dye azd mdein isAtrraétvivaalo q, uein steer pmuesnoc iodneamna ennd ae l ednec aabmezpaamroi enctoon dtrea  eslatas 
sentencia mediante escrito registrado en este tribunal el 6 de julio de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, aprobó la convocatoria de 
becas  para  la  realización  de  estudios  universitarios  durante  el  curso 
académico 2017-2018 en las universidades de la Comunitat Valenciana. El apartado 
segundo. 1 de la resolución determina que «podrá solicitar beca para la realización de 
estudios universitarios el alumnado matriculado, durante el curso académico 2017-2018, 
en las universidades públicas que integran el Sistema Universitario Valenciano, así como 
en sus centros públicos adscritos, en cualquiera de las enseñanzas siguientes». El 2.3 
de la resolución establece, a su vez, que el alumnado matriculado en universidades 
privadas  y  centros  privados  adscritos  a  universidades  públicas  podrá  solicitar  beca 
únicamente para el grado en veterinaria.
b)  La universidad recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo por la vía 
del procedimiento para la tutela de los derechos fundamentales, alegando la vulneración 
de los siguientes derechos fundamentales: (i) La libertad de creación de centros del 
artículo 27.6 CE ya que este derecho se vulnera por excluir a los alumnos que quieren 
estudiar en su centro por el solo hecho de ser una universidad privada. (ii) La libertad 
religiosa del artículo 16 CE, al afectar a una comunidad universitaria organizada de 
acuerdo con el ideario católico, limitando la posibilidad de integrarse en ella a los 
alumnos  que  necesitan  una  beca.  (iii)  La  igualdad  ante  la  ley  (artículo  14  CE),  al 
establecer una diferencia no justificada entre las universidades públicas y las privadas en 
materia de becas para el alumnado.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana  tramitó  el  recurso  con  número  de 
procedimiento 12-2018 y lo resolvió por sentencia núm. 300/2018, de 4 de julio de 2018, 
acordando  la  inadmisión  de  las  invocaciones  de  los  artículos  16  y  27  CE  y  la 
desestimación respecto de la invocación del artículo 14 CE. Respecto de este último 
pronunciamiento, se argumenta que «la norma impugnada no vulnera el derecho a la 
igualdad de la demandante que no se ve afectada en modo alguno por la misma, 
reguladora de derechos de los alumnos».
c)  La universidad demandante de amparo interpuso recurso de casación, que fue 
tramitado con el núm. 5879-2018, alegando la vulneración de los artículos 14, 27 y 16 CE. 
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por 
providencia de 21 de febrero de 2019 inadmitió a trámite el recurso con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 90.4 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), por cuanto en el escrito de preparación no se 
había fundamentado de forma suficiente, con singular referencia al caso, que concurrieran 
alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo, 
incumpliéndose, de este modo, las exigencias del artículo 89.2 f) LJCA.
d)  La  universidad  demandante  de  amparo  formuló  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones alegando que la providencia de inadmisión a trámite del recurso de casación 
vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) al impedir que se 
entrara a conocer del fondo de su recurso. El incidente fue inadmitido a trámite por 
providencia de 6 de mayo de 2019.
3.  La universidad demandante de amparo solicita la nulidad de las resoluciones 
administrativa y judiciales impugnadas, alegando que la primera de ellas vulnera los 
derechos fundamentales a la educación (artículo 27 CE), en relación con el derecho a la  e
igualdad ante la ley (artículo 14 CE) y a la libertad ideológica y religiosa (artículo 16 CE);  bo
y las segundas, el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE). 365ww
alumRneasdpoe cdtoe  dlea sl a urneisvoelruscidióand easd mpirnivisatdraatsiv ad eiml pduegrneachdoa  sae  raercgiubmir eunntaa  qbueec ae xcplauryae  alal 
dreea liqzuaec iótna ledse  ecsetnutdroioss  (eesxtcáenp tion tpeagrraa dvoest erdineanrtriao,  ddoenl dsei snteom haa yu dniisvcerrismitianraioc ióvna),le an cpieasnaor, 
estableciendo una diferencia arbitraria entre las universidades públicas y las privadas sin
motivación alguna ni razón objetiva y razonada que lo justifique, ni proporcionalidad entre 
el supuesto de hecho y la finalidad que se persigue. Las razones de esa diferencia son 
«puramente  ideológicas  […],  lesionando  también  con  ello  el  principio  de  confianza 
legítima de esta universidad y de los más de 13 000 alumnos matriculados en ella, a 
mitad de sus estudios». Ese «inmotivado cambio lesiona además los compromisos 
libremente asumidos por el Estado sobre un trato no discriminatorio a las universidades 
de identidad católica», con cita del artículo X del Acuerdo entre el Estado español y la 
Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de enero de 1979. La demanda 
añade que la desigualdad entre universidades públicas y privadas que se plasma en la 
resolución  impugnada  no  está  contemplada  en  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de 
diciembre,  de  universidades,  que  en  su  artículo  45.4  equipara  ambos  tipos  de 
universidades en materia de becas, por lo que se está discriminando a una universidad, 
creada y reconocida en pie de igualdad respecto a las restantes universidades del 
sistema universitario valenciano.
Respecto de las resoluciones judiciales impugnadas, se argumenta que la sentencia 
de instancia ha vulnerado el artículo 24.1 CE por no haber entrado en el fondo de su 
recurso contra determinadas invocaciones y que también han vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva las providencias dictadas en el recurso de casación, ya que tienen 
una motivación ilógica e irrazonable.
4.  La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 19 de abril de 2021, acordó la 
admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional [artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la posible vulneración del derecho 
fundamental  pudiera  provenir  de  la  ley  o  de  otra  disposición  de  carácter  general 
[STC 155/2009, FJ 2 c)], dirigir atenta comunicación a los órganos administrativo y 
judiciales para que remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y 
emplazamiento para que puedan comparecen en el recurso de amparo quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda del tribunal, por diligencia de 
ordenación de 16 de junio de 2021, acordó tener por personada a la abogada de la 
Generalitat Valenciana y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes 
personadas  por  plazo  común  de  veinte  días  para  presentar  las  alegaciones  que 
estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en el tribunal el 30 de julio de 2021, 
interesa que se estime el recurso por vulneración del derecho a la igualdad (artículo 14 CE), 
en  relación  con  el  derecho  a  la  creación  de  centros  docentes  (artículo  27.6  CE), 
declarándose la nulidad de los términos que restringen el acceso a las becas a los 
alumnos matriculados en las universidades privadas que se contienen en los apartados 
primero y segundo de la resolución administrativa impugnada, con fundamento en los 
mismos argumentos ya expuestos en la STC 191/2020, de 17 de diciembre, FFJJ 4 y 5, 
reproducidos en las SSTC 2/2021, 6/2012, 19/2021, 42/2021 y 138/2021.
7.  La parte comparecida, por escrito registrado en el tribunal el 16 de julio de 2021, 
presentó  alegaciones  solicitando  la  desestimación  del  recurso  de  amparo,  con 
fundamento en que no concurre la vulneración aducida del artículo 24.1 CE, ya que la 
inadmisión del recurso de casación se basó en una causa legal interpretada y aplicada 
sin  infracción  del  deber  constitucional  de  motivación;  ni  tampoco  de  los  derechos  e.
fundamentales invocados contra la resolución administrativa, ya que, en los términos  w.
expuestos  en  los  votos  particulares  formulados  a  la  STC  191/2020,  la  universidad  365ww
dveermsea nadfeacnttaed does  daem mpaarnoe rcaa rreecael  yd eef elcetgivitaim daecrieócnh oasc tfiuvan deanm eenl traelceusr dsoe  ldoes  qaumep saeroa,  tiatul lanro, 
by elaca dsi fecroennvcoiac addea str antoo  nsoe  rseussutletan taarnb iteranr iala.  An oersmoast ievafe cetossta, taplo nqeu ed et ierenleie vpeo rq ufein a(il)id laads   BOE-A-cable e
garantizar las condiciones de igualdad a nivel nacional, sino en normativa autonómica 
que complementa el sistema de becas para los alumnos de la universidad pública; (ii) 
son los alumnos los que en su caso optan por acudir a la universidad privada y no a la 
pública,  lo  que  justifica  la  diferencia  de  trato;  (iii)  el  alumnado  de  la  universidad 
demandante tiene también a su alcance un sistema de becas complementarias; y (iv) el 
acceso a la universidad pública supone el abono de unas tasas que fija el Gobierno de la 
Generalitat Valenciana, suponiendo el acceso a la privada un coste mucho mayor, por lo 
que la obtención de una beca no tiene la misma incidencia para el alumnado de la 
universidad pública, que para el de la privada, pues en el primer caso puede incluso 
condicionar el acceso o la permanencia en la universidad. Respecto de la lesión del 
derecho a la educación del artículo 27 CE, se afirma que no queda concernido por la 
normativa impugnada ya que, siendo un derecho de configuración legal, no se está ante 
el contenido primario de aquel derecho. También se rechaza la invocación del derecho a 
la libertad ideológica y religiosa (artículo 16 CE), ya que la regulación no hace mención 
de ninguna universidad privada en particular.
8.  La universidad demandante de amparo, por escrito registrado en el tribunal el 21 
de julio de 2021, presentó alegaciones dando por reproducidas las expuestas en su 
escrito de demanda.
9.  Por providencia de 30 de septiembre de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 4 de octubre del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  establecida  por  la 
STC 191/2020, de 17 de diciembre.
El objeto de este recurso es determinar si la resolución administrativa impugnada, 
por  la  que  se  establecía  la  convocatoria  de  becas  para  la  realización  de  estudios 
universitarios  durante  el  curso  académico  2017-2018  en  las  universidades  de  la 
Comunitat Valenciana, limitándolas a los alumnos de las universidades públicas, con 
exclusión de las privadas, excepto para los estudios de veterinaria, ha vulnerado los 
derechos a la igualdad ante la ley (artículo 14 CE), a la libertad ideológica y religiosa 
(artículo 16 CE) y a la educación (artículo 27 CE). También se invoca el derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  (artículo  24.1  CE)  respecto  de  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas por haber dejado imprejuzgadas determinadas cuestiones de fondo.
El objeto de este recurso plantea las mismas cuestiones que las ya resueltas en la 
STC 191/2020, de 17 de diciembre, en que se impugnaba la Orden de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana 21/2016, de 10 
de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas 
para  la  realización  de  estudios  universitarios  en  las  universidades  de  la  Comunitat 
Valenciana, que es la normativa que da cobertura legal a la resolución impugnada en 
este recurso de amparo; y son idénticas a las ya resueltas en la STC 42/2021, de 3 de 
marzo, en que se impugnaba la resolución por las que se convocaron las becas para el 
curso académico 2015-2016. Por otra parte, también guarda identidad con los asuntos 
ya resueltos por las SSTC 2/2021 y 6/2021, de 25 de enero; 19/2021, de 15 de febrero, 
y 138/2021, de 29 de junio.
De este modo, en coherencia con lo resuelto en la citada STC 191/2020, a cuya  s
argumentación nos remitimos, debe acordarse: (i) la existencia de legitimación activa de la  oe.
recurrente [FJ 2 a)]; (ii) la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (artículo 14 CE),  w.
lbeimenc irtaaescla ióacni ól onqs uc eao slnue me eln sdotaesbr edlecech eola  esan  u lalan  icvdreeertasecirdmióanidn eadsce i ópcnúe bdnleticr oalosss  d ybo eccneeennfttiercosias r (iaporústí bcdluiecl oola s 2 c7ao.dn6sv cCorciEtao)t,so  praioa r l dalaes    2021-18365n https://ww
mismas con la excepción de los estudios de veterinaria (FFJJ 4 y 5); y (iii) que al
apreciarse esta vulneración, no procede examinar la lesión denunciada del derecho a la  Bc
libertad ideológica (artículo 16 CE) ni la referida al derecho a la tutela judicial efectiva 
(artículo 24.1 CE) (FJ 6).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la 
igualdad (artículo 14 CE), en relación con su derecho fundamental a la creación de 
centros docentes (artículo 27.6 CE).
2.º  Restablecerla en sus derechos y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
términos «públicas» y «públicos» del punto primero del apartado segundo y el punto 
tercero  del  apartado  segundo  de  la  resolución  de  14  de  diciembre  de  2017  de  la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana, 
por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el 
curso académico 2017-2018 en las universidades de la Comunitat Valenciana.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo número 3569-2019
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que 
se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con su fundamentación y su fallo, 
que considero que debió de ser desestimatorio por las razones que ya expuse en el voto 
particular conjunto que formulé a la STC 191/2020, de 17 de diciembre, al que me 
remito.
Madrid, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y 
rubricado.