BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44  Sábado 20 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 20130
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
2665 Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se publica el Dictamen 
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, ejercicio 
2017.
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 19 de 
noviembre de 2020 y 3 de febrero de 2021, respectivamente, aprobaron el Dictamen de la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la 
Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017, así como los Acuerdos 
anejos, de conformidad con las normas de las Mesas del Congreso y del Senado sobre la 
tramitación de la Cuenta General del Estado de 1 de marzo de 1984.
Se publican dichos Acuerdos así como la Declaración Definitiva elaborada por el 
Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2017.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.–La Presidenta del 
Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.–La Presidenta del Senado, María 
Pilar Llop Cuenca.
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 19 de 
noviembre de 2020 y 3 de febrero de 2021, respectivamente, han aprobado el 
Dictamen de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017 
(núm. expte. Congreso: 250/2 y núm. expte. Senado: 770/1), adoptando los siguientes 
acuerdos
Primero.
Aprobar la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2017, integrada por 
la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público 
estatal, así como las cuentas anuales de las entidades controladas directa o indirectamente 
por la Administración General del Estado que no forman parte del sector público estatal, 
las de las entidades multigrupo y las de las entidades asociadas.
Segundo.
Se aprueba la siguiente Resolución adoptada, en su día, por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con Declaración sobre la Cuenta 
General del Estado del ejercicio 2017, con el siguiente tenor:
1.  Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas de la Declaración sobre la 
Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2017.
2.  Aprobar la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2017, integrada 
por la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público  s
estatal, así como las cuentas anuales de las entidades controladas directa o indirectamente  oe.
por la Administración General del Estado que no forman parte del sector público estatal,  w.
lssaees ñ idnaeclal udlayases ne q neutined  alliamd eDitsae nmc layu rlataifgceriócutnpa ond  eya l  lsaTusri  brdeuepn rlaaels sd eeenn tCtaidtuiavedindetaasds a., stoocmiaadnadso,  ncootna  ladse  slaaslv eddeaficdieesn cqiuaes   2021-2665n https://ww
– Instar al Gobierno de España a:
3.  Completar y continuar avanzando en la ampliación y mejora de los inventarios 
de la Administración General del Estado, del Inventario General de Bienes y Derechos 
de la Seguridad Social, asimismo de los inventarios de los Organismos autónomos del 
Estado y otros organismos públicos, comprensivos de los elementos que integran su 
inmovilizado material, garantizando su integridad y su conciliación contable, con 
especial énfasis en culminar el proceso de inventario correspondiente a la Tesorería 
General de la Seguridad Social.
4.  Enmendar la práctica habitual de elaborar inventarios incompletos de los bienes y 
derechos del inmovilizado material y evitar de paso las deficiencias en la cuenta de la 
Administración General del Estado por amortizaciones o deterioros de valor incorrectos.
5.  Adoptar las medidas necesarias para que figuren informadas en la memoria de la 
Cuenta General del Estado, al menos, las operaciones más significativas que pueden 
representar la existencia de avales y otras garantías concedidas y de pasivos contingentes.
6.  Ampliar la información contenida en la memoria de la Cuenta General del Estado 
que incluya un análisis detallado de las obligaciones por pasivos contingentes.
7.  Adoptar las medidas precisas para que todos los órganos integrantes del sector 
público administrativo, todas las empresas del sector público empresarial y todas las 
entidades del sector público fundacional legalmente obligadas a ello, rindan sus cuentas al 
Tribunal de Cuentas, y que esta se produzca en la forma y dentro del plazo legalmente 
establecido, impulsando, en su caso, los procedimientos sancionadores que correspondan.
8.  Abordar la clarificación y separación de las fuentes de financiación del Sistema de 
Seguridad Social, incluyendo la amortización de los préstamos pendientes y la correcta 
contabilización de los inmuebles traspasados a las Comunidades Autónomas, para evitar que 
el Sistema de la Seguridad Social asuma, de forma directa o indirecta, gastos que 
corresponderían a la Administración General del Estado, especialmente en un momento en el 
que se está debatiendo la viabilidad financiera futura del actual Sistema de Seguridad Social.
9.  Adoptar las medidas necesarias para ejecutar en su totalidad las partidas 
presupuestarias destinadas al «fomento del empleo» recogidas en el Programa de 
Gasto 241A Fomento de la Inserción y Estabilidad Laboral, ya que en el ejercicio 2017 
quedaron pendientes de ejecutar un 14,57 % de los créditos definitivos aprobados.
10.  Establecer los mecanismos necesarios para aplicar las recomendaciones 
formuladas por el Tribunal de Cuentas.
11.  Poner en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados 
y del Senado que proceden de Declaraciones de ejercicios anteriores y se mantienen sin 
adoptar.
12.  Aplicar sanciones a los gestores responsables de las entidades que han 
incumplido su obligación de rendición de cuentas para el ejercicio 2017.
13.  Plantear con urgencia, en el marco de los Pactos de Toledo, el análisis de las 
consideraciones efectuadas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas en relación a la 
insuficiencia de transferencias del Estado a la Seguridad Social para la cobertura de los 
gastos que deben ser financiados por la Administración General del Estado, como pueden 
ser las prestaciones no contributivas y universales. Estos gastos deben financiarse con 
cargo a la imposición general y no con cargo a cotizaciones, ya que ello contribuye a 
reducir el Fondo de Reserva.
14.  Exigir a la Administración General del Estado que aporte las previsiones 
presupuestarias y las transferencias correspondientes para pagar las prestaciones no  s
contributivas, con el fin de lograr el objetivo de separación de fuentes de financiación en  e.
el sistema de Seguridad Social, recogido en la recomendación primera del pacto de  w.
Toledo, que a su vez permitirá evitar tensiones de liquidez en el ámbito del sistema de  65ww
Seg1u5ri.d aCd aSnocceilaalr. las deudas que tienen las instituciones sanitarias públicas y privadas
saipnr oábnaimcióon d dee  lluac Lroe yc oden  Plar eSseugpuureisdtaods  SGoecniearla, lqeus ed eful eErsotna doob pjeatroa  d1e9 9m5.oratoria desde la  BOE-A-cable e
Según establece la disposición adicional quincuagésima de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, 
en agosto de 2012 el Gobierno tendría que haber elaborado un informe con propuestas 
concretas que resuelvan la situación de estas deudas. Han pasado más de ocho años y 
todavía no se ha emitido.
16.  Aprobar una nueva orden para que la memoria de la Cuenta General del Estado 
recoja información justificativa del coste y rendimiento de los servicios, así como del grado 
de cumplimiento de los objetivos programados.
17.  Adoptar las medidas necesarias para subsanar las salvedades y deficiencias que 
se incluyen en esta Declaración, de forma que la Cuenta General del Estado refleje 
adecuadamente la situación económico, financiera y patrimonial, los cambios del 
patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y 
liquidación del presupuesto del grupo de entidades que la integran, de acuerdo con la 
legislación aplicable.
18.  Aplicar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en la 
presente Declaración y se corrijan las deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de 
Cuentas en las Declaraciones de ejercicios precedentes que permanecen en la Declaración 
del ejercicio 2017.
19.  De conformidad con la Moción sobre la reducción del plazo legal de rendición de 
la Cuenta General del Estado, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión 
celebrada el 21 de diciembre de 2017, y de la Resolución de la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en sesión celebrada el 24 de abril de 2018, 
promover las medidas de reforma legislativa señaladas en la Moción del Tribunal, así 
como a la constitución de un equipo de trabajo entre el Tribunal de Cuentas y la 
Intervención General de la Administración del Estado, con el fin de reducir los plazos 
legales vigentes para que la elaboración y fiscalización de la Cuenta General del Estado 
se puedan finalizar dentro del ejercicio siguiente al ejercicio fiscalizado, sin menoscabo del 
principio de imagen fiel.
20.  Realizar un seguimiento de las entidades que han rendido sus cuentas anuales 
fuera del plazo legalmente establecido, así como de las que no han cumplido con su 
obligación de rendir cuentas.
21.  Adoptar las medidas correctoras necesarias que permitan subsanar las 
deficiencias observadas en las Cuentas anuales de las entidades públicas que presentan 
informes de auditoría con opinión favorable con salvedades, con opinión desfavorable y 
con opinión denegada.
22.  Continuar impulsando las actuaciones que permitan mejorar la representatividad 
de los Inventarios de la Administración General del Estado, de la Seguridad Social y del 
resto de Organismos.
23.  Avanzar en la correcta utilización de los remanentes de la tesorería de los 
organismos del sector público administrativo y de las entidades del sector público 
empresarial y fundacional, prosiguiendo en la línea de la rigurosa elaboración del 
presupuesto y de una ajustada política de transferencias entre el Estado y aquéllos, 
para evitar los actuales elevados excedentes de tesorería y la escasa rentabilidad 
obtenida de ellos.
24.  Adecuar la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social a la situación 
real de los gastos que deben ser financiados por transferencias estatales, al objeto de 
evitar que se generen tensiones de liquidez en el ámbito de la Seguridad Social.
25.  Abordar la clarificación y separación de las fuentes de financiación del Sistema de  es
Seguridad Social, incluyendo la amortización de los préstamos pendientes y la correcta  o
cecqooul nreSrt e2asiss6ebpt. iel eoizmsnaEtdáacxe  idóirdgíenaeib rnd  a lleaatai e   lloranSes dAen oiddgn mlmiuacr iiuióvndeiinasab btdlrdeia leiscdS  iatCóordancu s ifeGaipnnlea atnsaanaesscdr uieaeomrlns ada   aetf,ui  le ltdEaumessrpa  tca ofdood emoryml   u–afoanecr itsdmudpaaieardl ec eSdicasiest lamat e tuoemotdnó atanien sod de melina rSae susec n,Egt  apumn,ar toiridgdamaaa edesdv nteSoittsoaos  rc ep iqqanauul r–eeae.l     OE-A-2021-2665able en https://www.
propiciar la integración total y absoluta de la Cuenta General.
– Instar a la Intervención General de la Administración del Estado a:
27.  Potenciar la colaboración con el Tribunal de Cuentas para concretar las 
actuaciones que resulten necesarias, para corregir definitivamente las deficiencias que se 
vienen detectando año tras año y que, de forma reiterada, se vienen señalando en las 
sucesivas Declaraciones de la Cuenta General del Estado.
28.  Promover la modificación de la Orden de elaboración de la Cuenta General del 
Estado para efectuar la consolidación del impuesto sobre beneficios corriente entre las 
entidades que forman el perímetro de consolidación, asimismo proceder a la consolidación 
de las cotizaciones sociales a cargo del empleador.
29.  Ampliar el contenido de la información en términos de Contabilidad Nacional que 
se incluye en la memoria, incorporando datos de los subsectores Administración Central y 
Administraciones de Seguridad Social referidos al ejercicio al que se refiere la Cuenta 
General del Estado y no solo los relativos al ejercicio anterior.
30.  Periodificar el gasto correspondiente a la parte de la paga extraordinaria 
devengada en el mes de diciembre de los empleados públicos, así como a las pensiones 
de Clases Pasivas y del sistema de la Seguridad Social.
31.  Remitir el seguimiento que realiza la Intervención General de la Administración 
del Estado del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, una vez haya 
sido este aprobado.
– Instar al Tribunal de Cuentas a:
32.  Potenciar la colaboración con la Intervención General de la Administración del 
Estado para concretar las actuaciones que resulten necesarias para corregir definitivamente 
las deficiencias que se vienen detectando año tras año y que, de forma reiterada, se 
vienen señalando en la Declaración de la Cuenta General del Estado.
33.  Proseguir en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado con el 
seguimiento de las operaciones de ejercicios anteriores pendientes de regularizar, 
incluyendo propuestas para su definitiva subsanación.
34.  Continuar efectuando en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del 
Estado el seguimiento sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones de los Plenos 
del Congreso de los Diputados y del Senado y de la propia Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
35.  Adoptar las medidas necesarias para incrementar en futuras Declaraciones sobre 
la Cuenta General del Estado el contenido de la información relativa a la situación 
económica, financiera y patrimonial, de las entidades que, componiendo los distintos 
subsectores (Administración General del Estado, Entidades del Sistema de la Seguridad 
Social y Organismos Públicos del Estado), cuentan con una mayor importancia cuantitativa 
en la participación de los presupuestos del Estado.
Realizado el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017, función 
que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo por delegación de las Cortes Generales, de acuerdo con el 
artículo 136 de la Constitución; vistos los artículos 130 a 132 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria; vista la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017, y demás disposiciones aplicables, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas, y del artículo 33 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas, analizadas las alegaciones del Gobierno y oído el Fiscal,  ha aprobado la siguiente 
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2017, en su 
reunión de 30 de mayo de 2019, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, acompañada 
de un ejemplar de la Cuenta General, y el traslado de la Declaración al Gobierno.
ÍNDICE 
I INTRODUCCIÓN. 
I.1 ASPECTOS GENERALES. 
I.2 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DEL ESTADO. 
I.3 FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. 
I.4 RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. 
I.5 TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
II OPINIÓN SOBRE LA LEGALIDAD Y REPRESENTATIVIDAD DE LA CUENTA GENERAL DEL 
ESTADO. 
III FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN. 
III.1 RESULTADOS QUE AFECTAN A LA REPRESENTATIVIDAD DE LA CUENTA GENERAL 
DEL ESTADO. 
III.1.1 Contenido de la Cuenta General del Estado. 
III.1.2 Proceso de consolidación. 
III.1.3 Liquidación del Presupuesto: créditos y previsiones iniciales. 
III.1.4 Liquidación del Presupuesto: obligaciones y derechos imputados por defecto o exceso 
en el presupuesto. 
III.1.5 Balance: inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 
III.1.6 Balance: inversiones financieras. 
III.1.7 Balance: deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a largo plazo. 
III.1.8 Balance: deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (activo corriente). 
III.1.9 Balance: patrimonio neto. 
III.1.10 Balance: provisiones. 
III.1.11 Balance: acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
III.1.12 Cuenta del resultado económico patrimonial consolidada. 
III.1.13 Memoria: avales. 
III.1.14 Memoria: contingencias. 
III.2 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE NO AFECTA A LA OPINIÓN.  oe.
III.3 INCUMPLIMIENTOS  DE  NORMAS  PRESUPUESTARIAS  Y  CONTABLES  QUE  NO  65ww
AIFIIE.3C.1T ARNe nAd LicAió Rn EdPeR cEuSenEtNasT AaTnIuVaIDleAs.D  DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. 
III.3.2 Pagos a justificar. 
III.3.3 Avales y otras garantías 
III.3.4 Remanente de Tesorería 
IV RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 
IV.1 REGULARIDAD FORMAL 
IV.1.1 Contenido de la Cuenta General del Estado 
IV.1.2 Proceso de consolidación 
IV.1.3 Rendición de cuentas anuales 
IV.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
IV.2.1 Créditos y previsiones iniciales 
IV.2.2 Modificaciones de crédito 
IV.2.3 Obligaciones y derechos imputados por defecto o exceso en el presupuesto 
IV.2.4 Pagos a justificar 
IV.2.5 Operaciones no eliminadas en el proceso de consolidación 
IV.3 BALANCE CONSOLIDADO 
IV.3.1 Activo 
IV.3.2 Patrimonio Neto y Pasivo 
IV.4 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA 
IV.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
IV.6 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MEMORIA 
IV.6.1 Información presupuestaria de las entidades cuyo presupuesto de gasto tiene carácter limitativo 
IV.6.2 Información presupuestaria de las entidades cuyo presupuesto de gasto tiene carácter estimativo 
IV.6.3 Avales 
IV.6.4 Provisiones y contingencias 
IV.6.5 Información presupuestaria 
IV.7 OTROS  ASPECTOS  QUE  AFECTAN  A  CUENTAS  GENERALES  DEL  ESTADO  DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 
V CUENTAS DE GESTIÓN DE TRIBUTOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
VI SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL Y DE LAS RESOLUCIONES 
ADOPTADAS POR LOS PLENOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO EN 
RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
VI.1 SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES  es
VI.2 SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES  w.
AVNIEI PXROOSP  UESTAS A LAS CORTES  OE-A-2021-26able en https://
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
ADIF  Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
ADIF-AV  Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad 
AE Agencias Estatales
AEAT  Agencia Estatal de Administración Tributaria 
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AENA AENA, S.M.E.,S.A.
AGE  Administración General del Estado 
APGCPSS’11  Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social 
BdE  Banco de España 
BOE  Boletín Oficial del Estado 
CAGE  Cuenta de la Administración General del Estado 
CCAA Comunidades Autónomas
CDTI  Entidad  Pública  Empresarial  Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico  e 
Industrial 
CES  Consejo Económico y Social 
CGE  Cuenta General del Estado 
CIBI  Central de Información de Bienes Inventariables del Estado 
CIEMAT  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
CNMC  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
Corporación RTVE  Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E. 
CORREOS  Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A; S.M.E. 
CSIC  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
DCGE  Declaración de la Cuenta General del Estado 
DGP  Dirección General del Patrimonio del Estado 
ENAIRE  Entidad Pública Empresarial ENAIRE 
EFE  Estado de Flujos de Efectivo 
ESSS  Entidades del Sistema de la Seguridad Social 
FEADER  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
FEAGA  Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
FEGA  Fondo Español de Garantía Agraria 
FEVE  Ferrocarriles de Vía Estrecha 
FFCCAA  Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas 
FIEM  Fondo para la Internacionalización de la Empresa 
FOGASA  Fondo de Garantía Salarial 
FROB  Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria 
FRRI  Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización 
GIESE  Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado  e
ICEX  Instituto Español de Comercio Exterior  w.b
IDAE  Entidad Pública Empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la  65ww
IIGGASES   EIInnntteeerrrvvgeeíann,cc Miióó.nnP  GG.  eenneerraall  ddee  llaa  ASdemguinriidsatrda cSióonci adle l Estado  OE-A-2021-26able en https://
IMSERSO  Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
INAP  Instituto Nacional de Administraciones Públicas 
INECO  Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P.,S.A. 
INGESA  Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
INSALUD  Instituto Nacional de la Salud 
INSS  Instituto Nacional de la Seguridad Social 
INVIED  Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa 
IRPF  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
ISFAS  Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
ISM  Instituto Social de la Marina 
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 
JCT  Jefatura Central de Tráfico 
LGP  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
LOTCu  Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas 
LPGE  Ley de Presupuestos Generales del Estado 
MNCARS  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
MUFACE  Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
MUGEJU  Mutualidad General Judicial 
NAVANTIA  Navantia, S.A.U., S.M.E. 
NRV  Normas de Reconocimiento y Valoración 
OOAA Organismos Autónomos
OEI  Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
PGCP  Plan General de Contabilidad Pública 
PGE  Presupuestos Generales del Estado 
RENFE-Operadora  Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora 
RENFE Viajeros  Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. 
RNB  Renta Nacional Bruta 
RPA  Responsabilidad Patrimonial de la Administración 
SEGIPSA  Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, M.P., S.A. 
SEIASA  Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. 
SEITTSA   Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. 
SEPE  Servicio Público de Empleo Estatal 
SEPES  SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo 
SEPI  Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
SIC3  Sistema de Información Contable 3 
SME  Sociedad Mercantil Estatal 
TGSS  Tesorería General de la Seguridad Social 
TJUE  Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
TPFE  Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 
TRLGSS  Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real  e
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre  w.b
TURESPAÑA  Instituto de Turismo de España  65ww
UUUINEMEPD   UUUnnniiióvveenrr Essiiuddraaoddp  eINnaatecrionnaacilo dnea lE Mduecnaécnidóenz a P Deilsatyaon cia  OE-A-2021-26able en https://
I INTRODUCCIÓN 
I.1 ASPECTOS GENERALES
El artículo 130 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP) dispone que 
la Cuenta General del Estado (CGE) se formará mediante la consolidación de las cuentas anuales 
de las entidades que integran el sector público estatal y comprenderá el balance consolidado, la 
cuenta del resultado económico patrimonial consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto 
consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de liquidación del presupuesto 
consolidado y la memoria consolidada. Asimismo, dicho artículo determina que la CGE deberá 
suministrar  información  sobre  la  situación  patrimonial  y  financiera,  el  resultado  económico 
patrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público estatal, y a ella se acompañarán las 
Cuentas de gestión de tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. 
La CGE del ejercicio 2017 ha sido elaborada por la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE) de acuerdo con lo dispuesto en las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas en el ámbito del sector público, aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, 
y con las especialidades establecidas en la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se 
regula la elaboración de la CGE1.  
I.2 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL ESTADO
El artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu), 
establece que el Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, procederá al examen 
y comprobación de la CGE, y que el Pleno del Tribunal, oído el Fiscal, dictará la Declaración 
definitiva que le merezca. 
A tenor de lo previsto en el artículo 130 de la LGP, en cuanto al ámbito de la CGE y la información 
que debe suministrar, en el precitado artículo 10 de la LOTCu y en el artículo 33 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el objetivo del examen y comprobación 
de la CGE del ejercicio 2017 ha consistido en comprobar si la CGE del ejercicio 2017 ha sido 
elaborada de conformidad con lo previsto en las normas presupuestarias y contables aplicables a 
la misma, en particular en las normas de consolidación del sector público (Orden HAP/1489/2013 y 
Orden HAP/1724/2015), presentando fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo y los 
resultados del ejercicio del grupo de entidades que han de integrarse en ella, así como la ejecución 
y liquidación del presupuesto del grupo, evaluando si la información de la memoria consolidada 
contribuye a la consecución de estos objetivos. 
En el examen y comprobación de la CGE se han aplicado técnicas de auditoría; por tanto, las 
observaciones realizadas a lo largo del informe no deben ser contempladas como una declaración 
exhaustiva de todas las deficiencias que pudieran existir o de todas las mejoras que pudieran ser 
efectuadas. En este sentido, de acuerdo con el marco normativo aludido anteriormente que implica 
la elaboración de la CGE como Cuenta Única Consolidada, el Tribunal incluye en esta Declaración  e.
solo aquellas deficiencias que presentan una importancia significativa.  w.
1 Hasta la fecha de aprobación de esta Declaración, la Orden de elaboración de la CGE ha sido modificada por la Orden
OHArdPe/n1 3H6A4C/2/081764,/ 2d0e1 82,9 d dee 3 j0u lidoe;  pjuoliro l.a  Disposición adicional única de la Orden HFP/169/2017, de 27 de febrero, y por la
I.3 FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
El artículo 131 de la LGP establece que la CGE de cada año se formará por la IGAE y se elevará al 
Gobierno para su remisión al Tribunal antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera. 
A tal fin, las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la CGE han remitido sus cuentas del 
ejercicio 2017 aprobadas y, en su caso, formuladas a la IGAE, para su integración en la CGE, con 
las salvedades que se señalan más adelante. 
La Cuenta General integra las cuentas de las entidades pertenecientes al sector público estatal 
(sector público administrativo estatal, sector público empresarial estatal y fundaciones del sector 
público estatal), siendo la entidad dominante la Administración General del Estado (AGE). Además, 
se integran también las cuentas de las entidades controladas directa o indirectamente por esta que 
no forman parte de dicho sector, las entidades multigrupo y las asociadas2.  
Las cuentas de las entidades del grupo han sido consolidadas mediante el método de integración 
global3, excepto las entidades de crédito y de seguros dependientes que se han integrado por el 
procedimiento de puesta en equivalencia modificado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la mencionada Orden de elaboración de la CGE. Asimismo, las cuentas de las 
entidades  multigrupo  y  asociadas  se  han  consolidado  por  el  procedimiento  de  puesta  en 
equivalencia modificado. 
La Orden de elaboración de la Cuenta incluye, asimismo, los modelos de balance, cuenta del 
resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 
efectivo  y  estado  de  liquidación  del  presupuesto  consolidados  de  la  CGE  y  regula  las 
especificidades del contenido de la memoria en relación con la información prevista para la misma 
en  la  Orden  HAP/1489/20134.  Por  otra  parte,  aborda  de  forma  específica  el  tratamiento  de 
determinadas  operaciones  (Deuda  Pública,  utilización  de  cuentas  anuales  formuladas, 
consolidación de créditos y previsiones iniciales y de las modificaciones de crédito, entre otras), así 
como la importancia relativa de las eliminaciones de partidas intragrupo y resultados. 
I.4 RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
De acuerdo con lo previsto en el art. 131.1 de la LGP, el Gobierno en su reunión de 26 de octubre 
de 2018, acordó la remisión de la CGE de 2017, formada por la IGAE, al Tribunal de Cuentas, 
2 Respecto a estas entidades, hay que señalar que, por primera vez en la CGE correspondiente a este ejercicio, se han 
integrado las cuentas de las entidades multigrupo y asociadas con participación indirecta de la AGE que no forman parte 
de un grupo consolidado, de acuerdo con lo previsto en la Orden HAP/1364/2016, de 29 de julio, por la que se modifica 
la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la CGE. 
3 Por primera vez en la CGE del presente ejercicio, al haber transcurrido el período transitorio previsto en la Disposición 
transitoria primera de la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la CGE, las cuentas 
anuales de las fundaciones estatales ha sido integradas por el método de integración global, a diferencia de los ejercicios 
anteriores en que fueron integradas por el método de puesta en equivalencia modificado. En idéntica situación se 
encuentran los consorcios adscritos a la Administración pública estatal, conforme a lo establecido en el artículo 120 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los que la citada Administración pública no ejerce un control sobre los mismos, como 
consecuencia de la modificación efectuada al artículo 5 de la precitada Orden por la Orden HAC/874/2018, de 30 de julio.  e.e
4 Una vez transcurrido el periodo previsto en la Disposición transitoria segunda de la Orden por la que se regula la  w.b
elaboración de la CGE (Orden HAP/1724/2015), los apartados 14 a 20 de la memoria prevista en las normas para la  65ww
plfaoo rOrm urudnlea úncni óHicnAo d Cae/p 8ca7ur4tea/n2dt0oa1,s 8 da,e ndnueoa ml3e0isn  adcdeoo nj us“lo1iol4i.d  PaErdnina ccsui peaannl eteosl   áaem psíbugi rtcoao fdenestel  dnseiedlc oBt,o adrl aepnbúceberliá”c, o rde (ecO oargdceueren r inHdfoAo rPcmo/1na4 cl8aió9 nm/2 oa0dc1ei3firc)c ahaca dinóe ns  lioedsfoe  pcsrtuuinsatcidtipuaai dpleoossr  
empoígtivraafdeos  ddieclh baa vlaanricaec,i óans,í  ccuoamnod doe e lsat av asreiaac sióignn qifuicea thivaan.  experimentado en el ejercicio y de las principales causas que han
quedando registrada su entrada con fecha 30 de octubre de 2018, dentro del plazo legalmente 
establecido5. 
La citada CGE comprende los siguientes estados financieros: balance consolidado; cuenta del 
resultado económico patrimonial consolidada; estado de cambios en el patrimonio neto consolidado; 
estado de flujos de efectivo consolidado; estado de liquidación del presupuesto consolidado; y 
memoria. Estos estados, salvo la memoria, se recogen en el anexo 1 de esta Declaración. 
A continuación se recoge, sucesivamente, integrando la Declaración, la opinión que merece al 
Tribunal de Cuentas la Cuenta General rendida del ejercicio 2017; seguida de la fundamentación 
de la opinión con los resultados más relevantes de la fiscalización realizada sobre la legalidad y la 
representatividad de la misma; las constataciones realizadas en su examen y comprobación, con 
referencia a los estados financieros consolidados que la conforman y al proceso de consolidación; 
el seguimiento efectuado de las conclusiones y recomendaciones del Tribunal y de las Resoluciones 
adoptadas por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado en relación con las 
Declaraciones de ejercicios anteriores; y, finalmente, las propuestas que, como consecuencia de 
todo ello, traslada el Tribunal de Cuentas a las Cámaras, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 10 de su Ley Orgánica. 
I.5 TRÁMITE DE ALEGACIONES
De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la LFTCu, los resultados del examen y 
comprobación  de  la  CGE  del  ejercicio  2017  se  pusieron  de  manifiesto  al  Gobierno  para  la 
formulación de alegaciones, que se presentaron en plazo -tras la concesión de prórroga- y se 
adjuntan al presente documento. 
Como consecuencia de las alegaciones, se han incorporado al texto que recoge los resultados del 
examen y comprobación de la CGE, a lo largo de la presente Declaración, los cambios que se han 
considerado oportunos, bien por la aceptación de su contenido, bien para razonar el motivo por el 
que no se aceptan. No han sido objeto de contestación las alegaciones que consisten en meras 
explicaciones o aclaraciones. Sin perjuicio del tratamiento anteriormente señalado, que ha sido 
efectuado para toda la documentación remitida, hay que destacar que la documentación presentada 
contiene, por un lado, las alegaciones de carácter general elaboradas por la IGAE y, por otro, 
documentación de diversa naturaleza agrupada por departamentos ministeriales, en la que se 
incluyen las alegaciones de los distintos centros directivos o entidades adscritas a cada uno de 
ellos. 
La Declaración constituye el resultado definitivo del examen y comprobación realizados y recoge la 
opinión que finalmente merece al Tribunal la CGE del ejercicio 2017. 
II OPINIÓN SOBRE LA LEGALIDAD Y REPRESENTATIVIDAD DE LA CUENTA GENERAL 
DEL ESTADO 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la LOTCu, el Tribunal de Cuentas ha 
examinado la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017 con arreglo al objetivo y por medio  s
de los procedimientos descritos en el subapartado I.2 de esta Declaración.  o
5B Moleetdínia nOtfeic Riael sdoellu Ecisótna ddoe  (5B OdeE )n,o dveie 1m5b dree  dneo v2ie0m18b,r dee d lea  2IG01A8E. , se publicó el resumen de la CGE del ejercicio 2017 en el
En  opinión  del  Tribunal,  excepto  por  los  efectos  de  las  salvedades  incluidas  en  el 
subapartado III.1 “Resultados que afectan a la representatividad de la Cuenta General del 
Estado” (que se desarrollan en el apartado IV de esta Declaración), la Cuenta General del 
Estado  de  2017  presenta  fielmente,  en  todos  sus  aspectos  significativos,  la  situación 
económica, financiera y patrimonial, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, 
los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de 
entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco normativo que resulta 
de aplicación a dicha Cuenta General y con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. 
III FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 
III.1 RESULTADOS QUE AFECTAN A LA REPRESENTATIVIDAD DE LA CUENTA GENERAL
DEL ESTADO
III.1.1 Contenido de la Cuenta General del Estado
3.1. Se ha verificado que, de acuerdo con la información contenida en la memoria de la CGE, no 
han sido integradas las cuentas de dieciocho entidades del grupo, de un total de 402 entidades del 
sector público estatal6. Cinco7 de ellas no tenían obligación de rendir sus cuentas anuales y las 
trece8 restantes no fueron incluidas al no haberse recibido en la IGAE ni sus cuentas aprobadas ni 
sus cuentas formuladas antes del 7 de septiembre de 2018, plazo previsto en el artículo 3.6 de la 
Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la CGE. Tampoco 
figuran  incluidas  seis  entidades  de  un  total  de  dieciséis  entidades  multigrupo  y  asociadas 
participadas directamente por la AGE, dos al no tener obligación de rendir cuentas y las cuatro 
restantes al no haberse recibido ni sus cuentas aprobadas ni las formuladas en el plazo señalado 
(párrafos 4.1, 4.2 y 4.3)9. 
3.2. Las cuentas de los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) no figuran integradas en la CGE, al no estar incluidas dentro de las cuentas de la propia 
UNED ni haber sido integradas las cuentas individuales que un pequeño número de Centros 
Asociados han elaborado (se han recibido en el Tribunal de Cuentas, por conducto de la IGAE, las 
cuentas de solo cuatro de los cuarenta y cuatro Centros Asociados que la IGAE ha dado de alta en 
el INVESPE a efectos del control de la rendición de las cuentas de 2018) (párrafo 4.4). 
6 Todas las entidades incluidas en el perímetro de consolidación figuran identificadas en la memoria de la CGE. 
7 Centro Nacional de Inteligencia, Fondo para el Aseguramiento Colectivo de Cooperantes, Consorcio Programa de 
Preparación de los Deportistas Españoles de los Juegos de Rio de Janeiro 2016, Consorcio Río San Pedro y Navantia 
Brasil Proyectos Navais LTDA.  
8 Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas; Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A.; Instituto Nacional 
de Oceanografía, O.A., M.P.; Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P.; Consorcio 
para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón; Fondo Nacional de Eficiencia  e.e
Energética; Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a Través del Estrecho de Gibraltar, S.M.E., S.A.;  bo
dSP9 e.oLA raAt. e;lS mlS oSaEcegSierrvDodi.c,a iFdo osEn Tsdpeoal edñmeo álCati acdpoeis taE, lSs Rt.uAied.;si oPgsoo ;pr tFaerul aEn dliaxao cC iAóotnmlá Jununtiaiccnoa ,cJ Soió.snRé . FLGi.j,aa er caní  aTli qryau Fvidéuasnc ddióaencl ;ióE Sns. tMFree.Ecsh.t ioCv aodlfe iId nGetesibr nCraaalctpaioirtna, alS Rl. Mdiee.sE Tg.oe, ,aS St.rAo.G.  C.eElná. Iss.iCcuo.s,   2021-2665n https://www.
ahlaecgea creiofenreesn csieañ aall ae nqvuíeo  edne  alab rinil fdoerm 2a0c1i8ó nh tarbimíae setnravila ddeol  4laºs t rcimueensttares  dfoer m20u1la7d ya sn oa  ala  laIGs AcEue, nsit absie fno reml ujulasdtiaficsa. n te aportado
3.3. Las cuentas integradas se corresponden con las cuentas anuales aprobadas y remitidas a la 
IGAE en el plazo previsto en la LGP, salvo para varias entidades (cincuenta y cinco entidades 
individuales y cuatro grupos consolidados) de las que se han integrado las cuentas anuales 
formuladas al no haberse recibido en la IGAE las aprobadas, todo ello de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3.6 de la citada Orden HAP/1724/2015. De la comparación de las cuentas 
aprobadas con las integradas en la CGE se desprende que, en tres entidades10, existen diferencias 
que  se  detallan  en  apartado  de  esta  Declaración  relativo  a  los  resultados  del  examen  y 
comprobación de la CGE (párrafo 4.5). 
III.1.2 Proceso de consolidación
3.4. La  Sociedad  Estatal  de  Participaciones  Industriales  (SEPI)  no  ha  incluido  en  su  Grupo 
consolidado las cuentas de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. (Corporación 
RTVE), de la que poseía a 31 de diciembre de 2017 el 100% de las acciones. Las cuentas de esta 
Corporación han sido integradas en la CGE como entidad individual. Al igual que en ejercicios 
anteriores, concurrían en SEPI y en la Corporación RTVE las condiciones para proceder a la 
consolidación, tanto por aplicación de lo establecido en las normas para la formulación de cuentas 
anuales consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, como de las 
normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público 
aprobadas por la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio (párrafo 4.9). 
III.1.3 Liquidación del Presupuesto: créditos y previsiones iniciales
3.5. En el estado de liquidación del presupuesto de ingresos consolidado, no figuran reflejadas las 
previsiones iniciales correspondientes al capítulo 9 “Pasivos financieros” de la AGE, por importe de 
140.728,7 millones de euros, lo que ocasiona una diferencia por este mismo importe entre los totales 
de los créditos y previsiones presupuestarias iniciales. A este respecto, en la memoria de la CGE 
se señala que esta circunstancia se debe a “que no figuraban las correspondientes previsiones de 
dicho capítulo, para esta entidad, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el 
año 2017”. No obstante, se estima que el hecho de que en el estado de liquidación del presupuesto 
de ingresos no figuren las citadas previsiones iniciales produce una falta de homogeneidad y 
representatividad del mismo. (párrafo 4.18). 
III.1.4 Liquidación del Presupuesto: obligaciones y derechos imputados por defecto o exceso
en el presupuesto
3.6. Respecto  a  la  ejecución  del  presupuesto  de  gastos,  las  obligaciones  reconocidas  netas 
consolidadas ascendieron a 412.058,2 millones de euros. No obstante, se han dejado de contraer 
presupuestariamente obligaciones que debieron reconocerse por corresponder a gastos realizados 
en el ejercicio, por un importe consolidado de 2.133,3 millones; por el contrario, se han imputado 
gastos por importe de 2.760 millones que corresponden a ejercicios anteriores. En consecuencia, 
las obligaciones reconocidas del ejercicio 2017 están sobrevaloradas en 626,7 millones. Por otra 
parte, al cierre del ejercicio 2017 quedan obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de 
reconocerse por importe de 311,4 millones. Todo ello supone el incumplimiento del principio de 
anualidad presupuestaria establecido en el artículo 34 de la LGP (párrafo 4.25).  e.
3.7. En relación con la liquidación del presupuesto de ingresos, los derechos reconocidos netos  65ww
consolidados ascendieron a 420.237,9 millones de euros. Como conclusión más significativa cabe
e10 CInosntifteudtoe rpaacriaó nla H Didivroegrsriáfifcicaac idóenl  yC Aanhtoárbrori cdoe,  Alag Eennecirag íEas (pIDañAoEla).  de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
destacar que se hallan pendientes de reconocer ingresos en el presupuesto del ejercicio 2017 por 
un importe neto de 167,3 millones; por el contrario, se recogen derechos de ejercicios anteriores 
por un importe neto de 260,6 millones. En consecuencia, los derechos reconocidos del ejercicio 
2017 están sobrevalorados en 93,3 millones. Por otro lado, al cierre de 2017 existen derechos en 
exceso del presupuesto de ingresos de ejercicios anteriores por un importe neto de 151,7 millones 
(párrafo 4.26). 
3.8. Los hechos descritos determinan que al no haberse aplicado correctamente las normas que 
regulan la ejecución presupuestaria y su gestión contable, dictándose los actos administrativos en 
el momento oportuno, quedarían pendientes de reconocer obligaciones por un importe acumulado 
de 2.444,7 millones de euros y derechos reconocidos netos por un importe de 15,6 millones. La 
regularización  de  los  importes  indicados  deberá  ser  imputada  a  presupuestos  de  ejercicios 
posteriores a 2017 (párrafo 4.27). 
3.9. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el resultado presupuestario consolidado por 
operaciones no financieras imputable al ejercicio presentaría un menor déficit por importe de 533,4 
millones; y el resultado presupuestario consolidado por operaciones financieras no experimentaría 
ajuste alguno. Por todo ello, el resultado presupuestario consolidado del ejercicio se hallaría 
infravalorado en 533,4 millones (párrafo 4.28). 
III.1.5 Balance: inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
3.10. Como se viene señalando en las Declaraciones de la Cuenta General del Estado (DCGE) de 
ejercicios anteriores, una parte importante del inmovilizado material de la AGE sigue careciendo de 
inventarios completos de los bienes que lo integran. En tanto no se disponga de inventarios 
completos, no se podrán aplicar las pruebas adecuadas para evaluar la realidad de los saldos 
reflejados  en  los  estados  financieros  relativos  a  estos  bienes  y,  por  lo  que  respecta  a  su 
amortización, esta circunstancia ha ocasionado que su dotación se determine sobre la base de la 
variación del saldo del ejercicio para aquellos bienes que no están soportados en el correspondiente 
inventario, en lugar de calcularse en función del valor contable del bien correspondiente y de su vida 
útil (párrafo 4.49). 
3.11. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) continúa sin disponer del Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social al que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 
1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social. Si bien desde 2012 está 
trabajando a estos efectos en colaboración con la Intervención General de la Seguridad Social 
(IGSS),  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  transcurrido,  es  preciso  que  ambos  centros  directivos 
concluyan estos trabajos (párrafo 4.50). 
3.12. El inmovilizado recoge el valor de los inmuebles transferidos a las Comunidades Autónomas 
(CCAA) y los adscritos a las Fundaciones Hospital que figuran en los balances del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (INGESA), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y del 
Instituto Social de la Marina (ISM) por 3.797,2 millones de euros. Aunque los Reales Decretos sobre 
traspaso a las CCAA de las funciones y servicios de las citadas entidades prevén que tales 
inmuebles figuren en el balance de la Seguridad Social en la forma que determine la IGSS, este 
mandato no se ha materializado convenientemente en el cuerpo normativo de la Adaptación del  e.
Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social  w.
(APGCPSS’11). Además, estas entidades continúan amortizando aquellos, alcanzando la dotación  65ww
d2e0 1270, 1u7n  ltao tcailf rdae d 6e0 398,2,1 m milliollonneess ( pyá errla efoxsc e4s.o5 1a yc u4m.5u2l)a.d o de la amortización a 31 de diciembre de
3.13. Las entidades gestoras y la TGSS no han concluido las actuaciones, iniciadas en 2012, para 
el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción, quedando sin segregar 
elementos por un total de 625,4 millones de euros (8,62 % del total del saldo de las cuentas 
susceptibles de segregación); lo que afecta también al subgrupo 28 Amortización acumulada del 
inmovilizado, por 165,7 millones. Del importe pendiente de segregar, al IMSERSO le corresponden 
532,5 millones. Teniendo en cuenta que han transcurrido seis años desde el inicio de este proceso, 
es necesario darle un impulso definitivo para que el registro contable de las construcciones y 
terrenos de estas entidades se adapte a lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 
(NRV) 2ª “Inmovilizado material” de la APGCPSS’11 (párrafo 4.53). 
3.14. En relación con los inventarios y valoración de determinados bienes del inmovilizado de las 
entidades que se señalan a continuación, cabe destacar las siguientes deficiencias: 
- El inventario de inmovilizado de la Confederación Hidrográfica del Duero no es completo y los de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),
Jefatura Central de Tráfico (JCT), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo importe global neto contable asciende a 3.231 millones
de euros, presentan deficiencias en la valoración o en la información de algunos de los bienes,
consecuencia en algún caso de la metodología utilizada para su elaboración (párrafo 4.55).
- El balance del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) recoge un importe de 298,4
millones de euros correspondientes a bienes de patrimonio histórico. Sin embargo, esta valoración
se deriva de una incorrecta aplicación de las Normas de Reconocimiento y Valoración (NRV) 2ª y
3ª del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), por lo que no es representativa (párrafo 4.58).
- El inventario de los bienes del Instituto Cervantes no está actualizado al encontrarse en un proceso
de verificación física y depuración de datos los bienes de su inmovilizado material e intangible
adquiridos con anterioridad a 2005, cuyo importe neto contable asciende a 53,4 millones de euros
(párrafo 4.59).
- Diversas operaciones de la UNED en las que se han incumplido las normas de registro y valoración
del PGCP afectan específicamente a la representatividad del balance y de la cuenta del resultado
económico patrimonial. Las operaciones afectan al registro contable de edificios y terrenos (cedidos
por otras entidades) y de las existencias de material didáctico (párrafos 4.60 y 4.109).
3.15. Las entidades Consejo Económico y Social (CES), Centros Universitarios de la Defensa 
ubicados en la Academia Central de la Defensa, en la Academia General Militar de Zaragoza, en la 
Escuela Naval Militar de Marín y en la Academia General del Aire San Javier, y Trabajo Penitenciario 
y Formación para el Empleo utilizan espacios o edificios recibidos en régimen de cesión, sin 
disponer de título jurídico que acredite su utilización y sin que se hayan reconocido en su cuenta de 
resultados los gastos e ingresos correspondientes (párrafos 4.61 a 4.63). 
Al menos cinco fundaciones no tienen valorado el derecho que les ha sido cedido para usar los 
inmuebles de los que disponen para la realización de su actividad propia (Fundación SEPI; 
Fundación Escuela de Organización Industrial; Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación 
y Arbitraje; Fundación Centro Nacional del Vidrio; y Fundación Española para la Cooperación  es
Internacional, Salud y Política Social). Por tanto, no registran contablemente dicho derecho como  o
inmovilizado intangible o inmovilizado material. No obstante, esta situación no repercute sobre el  65ww
r3ge.r1sau6tul.t iaEtodn,o  dl odivsee le resjejoerscrc ictirciaoioms  (o2ps0á 1rdr5ea  fyoc  a24r0.r71e16te),. r SasE IqTuTeS hAa tbraíasnp assidóo a c loan AstGruEid (oMs iny isptaegriaod does  Fpoomr lean stoo)c, iead taítdu loy   OE-A-2021-26able en https://
financiados con aportaciones patrimoniales del Estado y con subvenciones de la Unión Europea. El 
valor en la contabilidad de SEITTSA de los tramos entregados en 2015 y 2016, neto de las 
subvenciones de capital recibidas, era de 2.037 millones de euros. Sin embargo, el valor por el que 
dichas carreteras están registradas en la contabilidad de la AGE asciende a 2.439 millones, por lo 
que el “Inmovilizado material” está sobrevalorado en 402 millones.  
Por otra parte, en el ejercicio 2017 SEITTSA traspasó a la AGE actuaciones de carreteras que había 
finalizado. El valor para SEITTSA de las actuaciones traspasadas, neto de subvenciones, ascendió 
a 241 millones de euros, habiendo registrado también el IVA repercutido por 56 millones. En el 
proceso de elaboración de la CGE, los 297 millones han sido objeto de reclasificación como 
inmovilizado material produciéndose una sobrevaloración del “Inmovilizado material” de la CGE de 
otros 56 millones (párrafo 4.64). 
3.17. Durante  los  ejercicios  2014  a  2017,  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos 
Penitenciarios, S.A. ha finalizado la construcción, rehabilitación o reforma de distintos centros 
penitenciarios u otras obras que han sido puestas a disposición del Estado, por un importe global 
de 248,9 millones de euros. En el momento de poner a disposición del Estado dichas obras, aun de 
forma provisional, se emitieron las facturas, devengándose el IVA por 20,9 millones, lo que ocasiona 
que se haya incrementado el valor de las existencias en la contabilidad de la sociedad, valor por el 
que  posteriormente  han  sido  contabilizadas  en  la  AGE.  Existe  una  sobrevaloración  en  el 
“Inmovilizado material” de 20,9 millones, en las reservas de 13,5 millones y en el resultado del 
ejercicio de 7,4 millones (párrafo 4.65). 
3.18. El saldo del “Inmovilizado material” del balance está infravalorado, sin que se pueda cuantificar 
el efecto sobre el balance consolidado, tal como se pone de manifiesto en los informes de auditoría 
de cuentas anuales del ejercicio 2017 del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), al 
no figurar registrados contablemente el valor de la mayor parte de los terrenos de la traza de la 
mayoría de las líneas integrantes de la red convencional, así como los terrenos en los que se sitúan 
ciertos recintos ferroviarios (párrafo 4.66). 
3.19. El saldo del “Inmovilizado material” del Grupo ADIF incluye infraestructuras ferroviarias e 
instalaciones pertenecientes a la red convencional que han sido traspasadas íntegramente a la 
entidad en virtud de ciertas disposiciones legales, por 13.122 millones de euros, aunque el traspaso 
de 315 millones de estos importes no se ha acreditado documentalmente. Por otra parte, el 1 de 
enero de 2013 la matriz incorporó infraestructuras ferroviarias e instalaciones segregadas de 
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) que podrían estar sobrevaloradas debido a deficiencias de 
control interno relacionadas con el proceso de bajas por renovaciones, ascendiendo el valor neto 
contable de estos activos a 31 de diciembre de 20176 a 391 millones. Las dos circunstancias 
descritas, incluidas en el informe de auditoría del Grupo ADIF, indican que el “Inmovilizado material” 
del balance de la CGE estaría sobrevalorado en un importe que no ha podido ser cuantificado 
(párrafo 4.67). 
3.20. 11. 
III.1.6 Balance: inversiones financieras
3.21. Figuran partidas intragrupo procedentes de créditos concedidos por la AGE a entidades del  w.b
sector público administrativo que no han sido eliminadas en el proceso de consolidación al no  65ww
coincidir los saldos acreedores comunicados por dichas entidades con los deudores recíprocos que
11 Párrafo eliminado como consecuencia del tratamiento de alegaciones.  BOE-A-cable e
figuran en la AGE. Las diferencias más significativas entre el saldo derivado de las operaciones de 
crédito de la AGE y los préstamos recíprocos de las entidades afectan a un saldo deudor acumulado 
no eliminado de 180,4 millones de euros (párrafo 4.72). 
3.22. El saldo total de las cuentas “Otros créditos a largo plazo”, “Otros créditos a corto plazo”, 
“Deterioro de valor de créditos a largo plazo” y “Deterioro de valor de créditos a corto plazo” de la 
Cuenta de la Administración General del Estado (CAGE), en la parte relacionada con créditos del 
Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) que van a ser objeto de condonación 
previo cumplimiento de las condiciones establecidas en programas de conversión de deuda por 
proyectos de desarrollo, está infravalorado en 785,7 millones de euros (párrafo 4.75). 
III.1.7 Balance: deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a largo plazo
3.23. La deuda por cotizaciones sociales registrada por la TGSS, a 31 de diciembre de 2017, está 
infravalorada en 1.567,4 millones de euros puesto que no recoge la totalidad de los intereses de 
demora devengados hasta ese momento. Asimismo, al no conocerse con exactitud la antigüedad 
de tales intereses no ha sido posible cuantificar el importe del deterioro por riesgo de crédito que 
correspondería registrar por su falta de cobro (párrafo 4.82). 
3.24. El deterioro de valor de las deudas por cotizaciones sociales aplazadas con vencimiento a 
largo y a corto plazo, calculado por la TGSS, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (en 
adelante  mutuas),  y  FOGASA  está  infravalorado,  en  conjunto,  en  125,1  millones  de  euros, 
correspondiendo el importe más significativo (120,2 millones) a la TGSS. Esta infravaloración se 
debe a la exclusión, en dicho cálculo, de las deudas del sector privado que, a pesar de contar con 
las garantías exigidas por el artículo 23.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (TRLGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, deberían ser 
incluidas por presentar un riesgo de cobro como consecuencia de la falta de consistencia o 
depreciación de tales garantías (párrafo 4.83). 
3.25. Adicionalmente, el deterioro de valor de las deudas aplazadas con vencimiento a largo y a 
corto plazo está infravalorado en 196,2 millones de euros, debido a que ni la TGSS ni el FOGASA 
han dotado correcciones valorativas que cubran el riesgo que afecta a las cotizaciones sociales de 
instituciones sanitarias sin ánimo de lucro objeto de moratoria desde la aprobación de la Ley de 
Presupuestos  Generales  del  Estado  (LPGE)  para  1995.  De  dicha  cuantía,  el  importe  más 
significativo (194,2 millones) corresponde a la TGSS (párrafo 4.84). 
III.1.8 Balance: deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (activo corriente)
3.26. El saldo de las deudas por reintegro de pagos indebidos de prestaciones está afectado por 
las siguientes deficiencias (párrafo 4.89): 
- La contabilización de estos deudores en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el
IMSERSO, el ISM y las mutuas no tiene reflejo en la cuenta de resultados, dando lugar a un
incumplimiento del principio de devengo, y a una infravaloración de los resultados económico
patrimoniales,  que,  para  las  tres  entidades  gestoras  se  eleva  a  332,9  millones  de  euros s
(correspondiendo 150,6 millones al ejercicio 2017 y el resto, por 182,3 millones, a ejercicios o
anteriores). Estas entidades tampoco registran el deterioro de valor por riesgo de crédito asociado 65www.
add aeer g svataarslaid ndeteízau sad  aslaus ,f iccqiifueraen  trehesag  pissoitdrrao pd reaes,s tiepmnoarta d3ro 0d ,ee5nb m il2idi1llao8dn,5ee ssm ,s idlilgoennbiefiidcsoa.  tEaiv naq sue,el  s cliaoessno di nodv ene enlactaser simoasrui atru esamus ,idt indeoop sus reca acpriuóeenced.en OE-A-2021-26able en https://
- El  SEPE  no  registra  los  deudores  por  reintegros  de  pagos  indebidos  de  prestaciones  de
desempleo, por no disponer de una base de datos histórica de esta deuda. No obstante, dado que
la TGSS realiza la gestión de cobro en vía ejecutiva de dichos deudores, el SEPE debería, al menos,
registrar la cifra facilitada por la TGSS por este concepto, que a 31 de diciembre de 2017 es de 102
millones de euros (57,5 millones son de 2017 y 44,5 millones de ejercicios anteriores), así como su
correspondiente deterioro de valor, estimado en 74,8 millones. La actuación del SEPE constituye
un incumplimiento del principio de devengo.
- Los  reintegros  que  perciben  el  INSS,  el  IMSERSO,  el  ISM,  las  mutuas  y  el  SEPE  por  la
recuperación de estos pagos indebidos se registran en contabilidad patrimonial como menores
gastos en el momento de su cobro, lo que es contrario al principio contable de no compensación.
- Finalmente, se ha detectado una diferencia de 27,2 millones de euros, que debe ser analizada y
conciliada, entre el importe de la deuda que, por deudores del INSS, del IMSERSO y del ISM, está
siendo gestionada por la TGSS, y el importe que la entidades señaladas manifiestan haber
trasladado al servicio común para su recaudación.
III.1.9 Balance: patrimonio neto
3.27. Se ha observado que no figura contabilizada en la CGE 2017 la parte proporcional de la paga 
extraordinaria devengada en el mes de diciembre de 2017, de acuerdo con el siguiente detalle: 
- El patrimonio neto de la CAGE y, por tanto, el de la CGE, a 31 de diciembre de 2017, está
sobrevalorado en la parte correspondiente a la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2017
de los empleados públicos y de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación de clases
pasivas, por importes de 83,8 y de 170,4  millones de euros, respectivamente. A su vez, el pasivo
exigible está infravalorado en el mismo importe. Respecto a los organismos y agencias estatales
seleccionados y Confederaciones Hidrográficas, dicho importe asciende a 12,1 millones (párrafo
4.92).
- El patrimonio neto del sistema de Seguridad Social y, por tanto, el de la CGE, a 31 de diciembre
de 2017, está sobrevalorado en 1.490 millones de euros, y por el contrario, el pasivo corriente está
infravalorado en el mismo importe, debido a que no recogen el efecto de la periodificación de los
gastos devengados en el mes de diciembre de 2017 por la parte correspondiente a la paga
extraordinaria abonada en junio de: a) las pensiones del sistema de Seguridad Social, por 1.480,4
millones; y b) los empleados públicos al servicio de las entidades gestoras y la TGSS por 9,6
millones. Esto afecta también a la cuenta del resultado económico patrimonial, de manera que, en
2017, el resultado del ejercicio está sobrevalorado en 53,8 millones por la falta de periodificación de
parte de la paga extraordinaria de las pensiones devengada en diciembre de dicho ejercicio (párrafo
4.92).
3.28. 12. 
3.29. El saldo del epígrafe “Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados” 
del balance consolidado está sobrevalorado en 145 millones de euros, ya que en la eliminación de 
las operaciones entre la AGE, ADIF, ADIF-AV y SEITTSA se ha ajustado al alza indebidamente el  e.
valor de la subvenciones de capital recibidas de fondos europeos por SEITTSA por dicho importe,  w.b
cuando esta sociedad había ya imputado a resultados las subvenciones en el momento de traspasar  65ww
los activos a ADIF y ADIF-AV (párrafo 4.100).
12 Párrafo eliminado como consecuencia del tratamiento de alegaciones.  BOE-A-cable e
III.1.10 Balance: provisiones
3.30. La provisión por devolución de impuestos, dotada en el ejercicio por 9.700,4 millones de euros, 
está infravalorada al haberse tenido en cuenta para su cálculo solo las solicitudes de devolución 
presentadas durante 2017, pero no las de años anteriores y que estaban pendientes de resolver. 
No se ha podido cuantificar el importe de la infravaloración debido a las limitaciones del sistema 
informático de la AEAT. Además, la provisión de 708 millones dotada para hacer frente a las 
devoluciones que se deriven de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 27 de febrero de 2014, relativa al denominado “céntimo sanitario”, se encuentra 
sobrevalorada en 269 millones, dado que su importe no ha sido actualizado conforme se iban 
desestimando las solicitudes de devolución (párrafos 4.104 y 4.105). 
III.1.11 Balance: acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
3.31. En el epígrafe “Acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” se recogen 
obligaciones de diciembre de 2017, por 9.753,3 millones de euros, derivadas de los gastos por las 
prestaciones contributivas y no contributivas, no imputadas al presupuesto de dicho ejercicio por el 
INSS,  el  IMSERSO,  el  ISM  y  las  mutuas.  Aunque  esta  falta  de  imputación  no  supone  un 
incumplimiento normativo, puesto que se encuentra sometida al principio de legalidad (que exige 
que previamente se haya dictado el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y 
liquidación de la obligación, el cual no se produce hasta el ejercicio siguiente), en el mes de 
diciembre tales gastos reúnen todos los requisitos para que pueda efectuarse dicho reconocimiento 
y liquidación, previa dotación del crédito presupuestario correspondiente. Este criterio ha de hacerse 
extensivo a las prestaciones de desempleo del SEPE del mes de diciembre de 2017, que ascienden 
a 1.494,3 millones, ya que, según dispone el artículo 42.1 del TRLGSS, forman parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social (párrafo 4.108). 
III.1.12 Cuenta del resultado económico patrimonial consolidada
3.32. El resultado del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) incluido en las 
cuentas aprobadas rendidas al Tribunal de Cuentas con posterioridad a la elaboración de la CGE 
de 2017, en las que se utilizaron las cuentas formuladas por esta entidad, supone un mayor 
beneficio respecto del que figuraba en las cuentas formuladas por importe de 22 millones de euros, 
como consecuencia principalmente de que el epígrafe “Transferencias y subvenciones recibidas” 
se encontraba minusvalorado en las cuentas formuladas inicialmente (párrafo 4.111). 
III.1.13 Memoria: avales
3.33. Si bien en la memoria de la CAGE figura el detalle de los avales otorgados y de las garantías 
otorgadas para la exposición de obras de interés cultural, cuyo saldo pendiente de cancelar al cierre 
del 2017 ascendía a 104.435 millones de euros y 932,9 millones, respectivamente, la CGE no 
contiene información alguna relativa a estas operaciones al no contemplarse expresamente dicha 
exigencia en la Orden HAP/1489/2013. No obstante, se considera necesario que en la memoria de 
la CGE figuren los eventuales riesgos asumidos por las entidades del sector público estatal, 
especialmente cuando impliquen situaciones que puedan comprometer su patrimonio neto (párrafos  e.
4.125 a 4.132).  w.b
III.1.14 Memoria: contingencias
3.34. La memoria de la CGE no recoge información alguna respecto de la existencia de pasivos 
contingentes, a diferencia de lo que ocurre en la CAGE del ejercicio 2017, en la que, por primera 
vez en el apartado 2.4 “Otra Información. Pasivos Contingentes”, se incluye una identificación de 
los riesgos por posible responsabilidad de la AGE ante determinadas reclamaciones judiciales: 
sociedades  concesionarias  de  autopistas  de  peaje  en  concurso;  recortes  introducidos  en  el 
esquema de apoyo a las energías renovables por el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, 
por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico; 
y, por último, reclamación judicial frente a la decisión de la Comisión Europea de exclusión de 
financiación comunitaria de determinados gastos ejecutados por los Estados Miembros con cargo 
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) por no ajustarse a las normas comunitarias. Al igual que en ejercicios anteriores, la 
información facilitada por la IGAE sobre estos pasivos, a solicitud de este Tribunal, no permite 
cuantificar el impacto financiero de los pasivos contingentes reflejados en la CAGE del ejercicio 
2017, por lo que sigue persistiendo la deficiencia señalada en la DCGE de los ejercicios 2016 y 
2015 por este Tribunal respecto de la necesidad de que en la memoria se informe tanto de las 
situaciones como de la estimación de los pasivos contingentes (párrafos 4.133 y 4.134). 
3.35. Adicionalmente, ni en la CGE ni en la CAGE se contempla ninguna provisión ni pasivo 
contingente respecto de la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
de los importes percibidos en concepto de subsidios por maternidad (que alcanza a los de 
paternidad), que el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública ha cuantificado en 1.200 
millones  de  euros.  Asimismo,  tampoco  figura  información  sobre  determinadas  cuestiones 
prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
respecto de la compatibilidad o no con el derecho de la Unión Europea UE13. Acerca de estas 
cuestiones, este Tribunal carece de información que permita cuantificar el impacto financiero de 
estas posibles sentencias en caso de que fueran desfavorables a los intereses de la Administración 
española (párrafo 4.135).  
III.2 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE NO AFECTA A LA OPINIÓN
3.36. El balance de la Seguridad Social recoge, a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio neto 
negativo de 13.720,6 millones de euros, con origen en las operaciones de gestión ordinaria. La 
solución adoptada en 2017, y también en 2018, para solventar esta situación ha sido otorgar nuevos 
préstamos a la TGSS; sin embargo, ese tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas 
de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen 
al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto 
patrimonial, que continúa siendo negativo. Más bien al contrario, dejan a la Seguridad Social en una 
posición  comprometida  de  endeudamiento  frente  al  Estado,  afectando  negativamente  a  su 
solvencia, como demuestra el hecho de que, a 31 de diciembre de 2017, el balance de la TGSS 
recoge una deuda a favor de la Administración General del Estado (AGE) de 27.360,7 millones de 
euros. 
En consecuencia, resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas 
para resolver, de forma estable, dicha situación, sin olvidar, además, el saneamiento de  su  e.
endeudamiento frente al Estado. Esto podría abordarse, en su caso, en el marco del denominado  w.
p13a Eran trlea  lapsr ocduuecsctiioónne sd per eejundeicrgiaíale se, lcéacbtreic rae seanlt arla lass  dqeume saerc raecfiieorneens  ali nctaenrcoonm puonr iltaa ruiatisliz; aaci ólno sd ei mlaps uaegsutaoss  cqounetin erenctaaleens 
efijxaccliuósniv daem uenn tper escoibor em álaxsim eom pparerasa las  bdoem pbroodnuac dcieó ng adse l iecnueardgoí ae nevléacstaridcao . que utilizan energía nuclear; y a las medidas de
“Pacto de Toledo”. Hasta que este tipo de soluciones pueda ejecutarse, lo recomendable sería que 
los déficits financieros y presupuestarios que está soportando la Seguridad Social se cubrieran, 
como hasta ahora, con financiación estatal, aunque, teniendo en cuenta que el problema deriva de 
sus operaciones de gestión ordinaria, la vía de financiación estatal debería tener esta misma 
naturaleza económica y presupuestaria, esto es, proceder de transferencias corrientes de la AGE, 
no de la concesión de nuevos préstamos (párrafo 4.93). 
III.3 INCUMPLIMIENTOS  DE  NORMAS  PRESUPUESTARIAS  Y  CONTABLES  QUE  NO
AFECTAN A LA REPRESENTATIVIDAD DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
III.3.1 Rendición de cuentas anuales14
3.37. Respecto a la obligación de rendir cuentas anuales al Tribunal por conducto de la IGAE, con 
independencia de que figuren integradas o no en la CGE, dos entidades del sector público 
administrativo  (Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  e  Instituto  Nacional  de  Investigación  y 
Tecnología Agraria y Alimentaria) no han cumplido dicha obligación. En relación con las entidades 
del sector público empresarial, no han cumplido con dicha obligación ocho entidades (cuentas 
consolidadas  del  Consorcio  de  la  Zona  Franca  de  Cádiz  y  cuentas  individuales  de  su  filial 
Corporación Alimentaria Quality, S.A. en liquidación; Consorcio Rio San Pedro; SESD Fondo de 
Capital Riesgo; Imprenta de Billetes, S.A.; Portel Servicios Telemáticos, S.A. en liquidación; Portel 
Eixo Atlántico, S.R.L.; y Telemática Portel, Ltda.). Respecto al sector público fundacional, tres 
fundaciones no han rendido cuentas del ejercicio 2017 (Fundación Ciudad de la Energía, Fundación 
General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Fundación Centro para la Memoria 
de las Víctimas del Terrorismo) (párrafo 4.12).  
Respecto a las entidades multigrupo y asociadas con obligación de rendir las cuentas anuales al 
Tribunal en virtud de la disposición adicional novena de la LGP, cinco no han rendido sus cuentas 
anuales (Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patrimonio Histórico del Puerto de Mahón y 
Cala San Esteban, Consorcio Ciudad Romana de Pollentia, Consorcio Desarrollo y Turismo de la 
Costa del Sol Occidental, Consorcio Urbanístico de la Playa de Palma y Parque Empresarial y 
Tecnológico Marismas del Palmones) (párrafo 4.15). 
III.3.2 Pagos a justificar
3.38. Los gastos aplicados al presupuesto del ejercicio tramitados por la AGE bajo la modalidad de 
pagos a justificar, prevista en el artículo 79 de la LGP, ascendieron a 2.639,8 millones de euros. 
Como se concluyó en el informe aprobado por este Tribunal15 relativo a este tipo de operaciones, 
continúan existiendo libramientos pendientes de justificar o aprobar cuya situación debería ser 
revisada debido a su antigüedad. Sin perjuicio de las correcciones que procedan, de la información 
analizada se deduce que del total de libramientos expedidos para pagos a justificar, excluidos los 
expedidos para obras de emergencia, que figuraban pendientes de justificación a 31 de diciembre 
de 2017, en los correspondientes a 12 millones se había excedido el plazo legal de rendición de la 
14 Con posterioridad a la fecha en la que se ha dado traslado al Gobierno del Anteproyecto de resultados del examen y 
comprobación de la CGE del ejercicio 2017 para que formule las alegaciones, se han recibido las cuentas aprobadas del  e.e
ejercicio 2017 del Instituto Nacional de Oceanografía, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y del  bo
aFq15nuo aen“I ldnizsofaoe Nrd mhaaasec yi aoad nneea  felfr iedcsctecoia bsEli idfzdicoaei c eefinóuscnetai raad  D Eede nelceolla rsgp raépectariiicgoóaodn.so. C   lodibmer aoed jcoeoscn uasce iójcunus etidnfiecc aialro  dsye  tldr iaemb plaoojsor stas andtteies  frfeeisctcrhaaoslsioz a mecneió dsniua,  nrdetienc hdaaicnsitó iccniup, eqonus tead she a nc ooac jaah safiinoja n sapiddooor    2021-2665n https://www.
dpeotre erml Pinleandoo sd eml iTnrisibteurnioasl  cdoenl  áferechaa e 3co0n dóem nicoav ideem lbar eA ddme i2n0is1t7ra. ción General del Estado, ejercicios 2013 y 2014”, aprobado
documentación justificativa (artículo 79.4 de la LGP). Asimismo, del total de libramientos cuya 
documentación justificativa se había presentado antes de dicha fecha, en los correspondientes a 
523,5 millones se había excedido el plazo de aprobación (artículo 79.6 de la LGP) (párrafos 4.44 a 
4.46). 
III.3.3 Avales y otras garantías
3.39. Respecto  de  las  garantías  a  obras  de  interés  cultural  para  su  exhibición  temporal  en 
instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus 
Organismos públicos adscritos, se ha comprobado que, durante el periodo que transcurre desde el 
29 de mayo al 28 de junio de 2017, se ha superado el límite máximo establecido en las Leyes de 
Presupuestos vigentes durante el ejercicio 2017, produciéndose una desviación del límite que oscila 
entre un mínimo de 123,7 millones de euros y un máximo de 164,7 millones (párrafo 4.130). 
III.3.4 Remanente de Tesorería
3.40. A efectos del cálculo del remanente de tesorería, de conformidad con lo previsto en el PGCP, 
la incorporación del importe de los derechos que se consideran de dudoso cobro se efectuará 
únicamente por la parte que corresponda a los derechos de cobro que se hayan considerado para 
su cálculo. No obstante, en lo que respecta al Remanente de Tesorería de la AGE, del Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (INVIED) y de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) del ejercicio 2017, integrados en el estado 
consolidado, figuran incorporados indebidamente los saldos relativos al deterioro de los créditos a 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas, así como los del deterioro del resto de los créditos con 
terceros, tanto a largo como a corto plazo, por un importe total de 1.624,5 millones de euros, al no 
estar incluidos en el cálculo del remanente de tesorería los saldos de los créditos a que se refiere 
dicho deterioro, lo que contraviene lo señalado en el citado PGCP (párrafo 4.118). 
IV RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
ESTADO 
IV.1 REGULARIDAD FORMAL
IV.1.1 Contenido de la Cuenta General del Estado
4.1. Por lo que se refiere a las entidades del grupo, se ha comprobado que, de un total de 402 
entidades del sector público estatal, figuran integradas en la CGE las cuentas individuales de 384, 
quedando, por tanto, dieciocho entidades del grupo no integradas en la CGE (trece en 2016), por 
los motivos que se indican en el párrafo siguiente. De estas, 352 han sido consolidadas por 
integración global, incluyéndose por primera vez las fundaciones del sector público estatal y los 
consorcios adscritos a la Administración pública estatal, y las 32 restantes por el procedimiento de 
puesta  en equivalencia,  correspondiendo  estas  últimas  a  entidades de  crédito y  de  seguros 
dependientes.  
En cuanto a las entidades multigrupo y asociadas participadas por la AGE, se ha verificado que  oe.
figuran integradas por el procedimiento de puesta en equivalencia diez entidades con participación  w.
dpeionrer l aclat aCs ,Gc daEeu  sluaanss   tcqouuteaenl  stdaees  s ddeieñe ac1ilsa8én4i  sme,n áqtsiud eaadddaeenlsad npotae, r.pt iAocidrp itacaidnoatnosa,  ldmseee ifsno treemn, atei dnina eddsierteesc  entajoe  rpicnoitcre ilgoar  laaAd GIaGEsA .( Etr ehsa  einnt e2g0r1a6d)o,   OE-A-2021-2665able en https://ww
4.2. Respecto a las dieciocho entidades del grupo que no han sido integradas en la CGE, frente a 
trece del ejercicio anterior, las causas de la falta de integración son las siguientes: 
- Trece de ellas (siete en 2016) no han sido incluidas al no haber recibido la IGAE ni sus cuentas
aprobadas ni sus cuentas formuladas antes del 7 de septiembre de 2018, plazo previsto en el
artículo 3.6 de la Orden HAP/1724/2015 por la que se regula la elaboración de la CGE, con el
siguiente detalle:
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
 Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
 Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A.
 Instituto Español de Oceanografía, O.A., M.P.
 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P.
 Consorcio  para  la  Construcción,  Equipamiento  y  Explotación  del  Laboratorio  de  Luz
Sincrotrón
 Fondo Nacional de Eficiencia Energética, F.C.P.J.
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL 
 Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar,
S.M.E., S.A.
 Portel, Servicios Telemáticos, S.A.
 Portel Eixo Atlántico, S.R.L., en liquidación
 Sociedad Mercantil Estatal Cofides Capital Riesgo, S.G.E.I.C., S.A.
 SESD, Fondo de Capital Riesgo
SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 
 Fundación Juan José García
 Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
- Las otras cinco entidades que no han sido integradas responden a los siguientes motivos: una,
por estar así previsto en su normativa reguladora (Centro Nacional de Inteligencia); otra, por no
haber aprobado cuentas anuales en el ejercicio 2017 al no haberse producido su constitución
efectiva (Fondo para el Aseguramiento Colectivo de Cooperantes16); y las tres restantes, por no
haber aprobado sus cuentas anuales en el ejercicio 2017 debido a la falta de actividad económica
durante dicho periodo (Consorcio Programa de Preparación de los Deportistas Españoles de los
Juegos de Rio de Janeiro 2016, Consorcio Río San Pedro y Navantia Brasil Proyectos Navais
LTDA).
4.3. En cuanto a las seis entidades multigrupo y asociadas no integradas, las cuentas anuales de 
cuatro de ellas (Centro de Exportación de Libros Españoles S.A., Gran Telescopio de Canarias S.A., 
Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental y Consorcio Urbanístico de la Playa 
de Palma) no se han integrado al no haber recibido la IGAE ni sus cuentas anuales aprobadas ni 
sus cuentas formuladas en el plazo previsto en el artículo 3.6 de la Orden del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, por la que se regula la elaboración de la CGE. Las dos restantes 
(Consorcio Barcelona Mobile World Capital y Consorcio de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Cataluña) no se han integrado al no haberse aprobado sus cuentas anuales en el ejercicio  s
2017 por falta de actividad económica durante dicho periodo.  oe.
2160 E17st.e  fondo ha sido suprimido por Disposición final décima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de PGE para el año
4.4. Al igual que en ejercicios anteriores, las cuentas de los Centros Asociados de la UNED no 
figuran integradas en la CGE, al no estar incluidas dentro de las cuentas de la propia UNED ni haber 
sido integradas las cuentas individuales que un pequeño número de Centros Asociados han 
elaborado (se han recibido en el Tribunal de Cuentas, por conducto de la IGAE, las cuentas de solo 
cuatro de los cuarenta y cuatro Centros Asociados que la IGAE ha dado de alta en el INVESPE a 
efectos del control de las cuentas de 2018). En el Informe de fiscalización de la UNED referido al 
ejercicio 2012, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 24 de julio de 2014, se señala que los Centros 
Asociados,  al  ser  entidades  con  personalidad  jurídica  independiente  y  tener  (con  una  sola 
excepción) naturaleza pública, deberían rendir cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. La Comisión 
Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó el 25 de noviembre 
de 2014 una Resolución en relación con este Informe en la que, compartiendo el criterio del Tribunal 
de Cuentas, insta a la UNED a que tome las medidas pertinentes para que los Centros Asociados 
procedan a efectuar la rendición de sus cuentas. Además, la propia Resolución insta también a la 
UNED a que integre las cuentas de tales Centros en las propias de la Universidad. Por último, la 
Orden HAC/874/2018, de 30 de julio, ha modificado la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, para 
precisar  que,  a  efectos  de  la  elaboración  de  la  CGE,  la  UNED  formulará  cuentas  anuales 
consolidadas, integrando en las mismas las cuentas anuales de sus Centros Asociados. Aun cuando 
esta nueva norma ha precisado la forma en que las cuentas de los Centros Asociados quedarán 
integradas en la CGE a partir de la referida al ejercicio 2018, la obligación de su integración ya 
existía con anterioridad. 
4.5. Según  lo  dispuesto  en  el  citado  artículo  3.6  de  la  Orden  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas por la que se regula la elaboración de la CGE, las cuentas anuales a 
integrar en la CGE serán las aprobadas y remitidas a la IGAE en el plazo previsto en el artículo 139 
de la LGP (dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico). No 
obstante, en el caso de que no se hayan recibido en el plazo previsto, dicha Orden contempla que 
se incluyan las cuentas aprobadas remitidas a la IGAE antes del 7 de septiembre del ejercicio 
siguiente al que se refiere o, en su defecto, las formuladas siempre y cuando cumplan con los 
requisitos de coherencia interna necesarios para su integración, informándose en la memoria de los 
motivos de la no integración.  
En concreto para este ejercicio, y por lo que se refiere a las entidades del grupo del sector público 
administrativo estatal, las entidades cuyas cuentas formuladas han sido consolidadas en la CGE, 
en lugar de las aprobadas, ascienden a treinta cinco entidades (treinta y tres en 2016) con el 
siguiente desglose por tipo de entidad: diecisiete organismos autónomos (OOAA), tres agencias 
estatales (AE), cinco entidades estatales, ocho consorcios y dos fondos carentes de personalidad 
jurídica de los previstos en el artículo 2.2.f) de la LGP. En cuanto al sector público empresarial 
estatal, esta situación afecta a cuatro grupos consolidados (igual número en 2016) y a diez 
entidades individuales (ocho en 2016). Por lo que se refiere al sector público fundacional, figuran 
integradas las cuentas formuladas de siete fundaciones (dos en 2016). Además, se han integrado 
las cuentas formuladas de tres entidades (dos en 2016) de las previstas en la disposición adicional 
novena de la LGP (anexo 2).  
En relación con la comparación de las cuentas formuladas integradas en la CGE con las aprobadas 
presentadas a este Tribunal por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se han identificado diferencias  e
que se detallan más adelante, en el apartado relativo a Deudores (subepígrafe IV.3.1.4). Asimismo,  b
en las cuentas del IDAE se ha producido una diferencia relevante que afecta a la cuenta de  65ww
resultados económico patrimonial (subapartado IV.4).
4e.m6p. rTeosdaarisa l lraesc ibciudeanst aesn  edle T reibnutnidaal dqeuse  hdaenl  ssiedcot oinr cpluúidbalicso e na edlm áimnisbtirtoa tdiveo  lay  auddeilt osríeac tdoer  cpuúebnltiacos 
anuales a que se refiere el artículo 168 de la LGP se encuentran acompañadas del informe de 
auditoría. En el caso del sector público administrativo en todos los casos los informes reflejan una 
opinión favorable o favorable con salvedades, excepto los referidos a las cuentas de la Jefatura 
Central de Tráfico17, para las que se deniega la opinión, y de las Confederaciones Hidrográficas del 
Duero y del Guadalquivir, en los que la opinión es desfavorable18.  En el caso de las entidades del 
sector público empresarial, todos los informes de auditoría reflejan una opinión favorable o favorable 
con salvedades. Asimismo, en el caso de las entidades del sector público fundacional, todos los 
informes de auditoría reflejan una opinión favorable o favorable con salvedades, excepto el de las 
cuentas de la Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar, en el 
que  se  deniega  la  opinión19.  Esta  fundación  se  encontraba  en  proceso  de  disolución  en 
cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Ministros el 27 de octubre de 2017 y fue dada de 
baja del Registro de Fundaciones el 29 de octubre de 2018. 
4.7. En relación con las operaciones societarias que estaban pendientes de ejecución previstas en 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprobó el plan de 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, hay que 
señalar que: a) la disolución definitiva de la Sociedad Pública de Alquiler, S.A., en liquidación, se ha 
producido con fecha 28 de noviembre de 2018, habiéndose adjudicado al accionista único (SEPES) 
el activo de la sociedad (menor de 1.000 euros); b) la extinción de AENA Desarrollo Internacional, 
S.A. no va a materializarse, habiendo aportado la matriz información sobre la aprobación del “Plan 
Estratégico de Aena 2018-2021” en mayo de 2018 -donde se señala que la actividad internacional 
de AENA se va a realizar a través de esa filial-, documento que había sido informado favorablemente 
por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y que había sido objeto de 
informe favorable, por lo que AENA entiende que se ha acordado tácitamente la pervivencia 
mercantil de su filial. Si bien en el art. 6.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno se 
establece que corresponde a las Comisiones Delegadas resolver los asuntos que, afectando a más 
de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros, se considera que hubiese sido 
más adecuado el acuerdo expreso del Consejo de Ministros dado que es el órgano que acordó su 
extinción, en aplicación del artículo 169 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, que le atribuye la competencia para autorizar la transformación, fusión 
17Al igual que en el ejercicio anterior, la opinión denegada para las cuentas anuales de la JCT se fundamenta, por una 
parte, en la limitación al alcance por la ausencia de un inventario completo y, por otra, en incumplimientos de normas 
contables en relación con el reconocimiento de derechos por sanciones que se encuentran en periodo ejecutivo de cobro. 
Para 2017, se refleja también la imposibilidad de verificar que la recaudación de 77,6 millones de euros en concepto de 
tasa por Inspección Técnica de Vehículos sea la que corresponde a las inspecciones realmente efectuadas, al ser 
contradictorio dicho importe con la información ofrecida por el Registro de Vehículos sobre las inspecciones realizadas. 
18 La opinión desfavorable del informe de auditoría de la Confederación Hidrográfica del Duero se basa en la ausencia de 
un inventario completo de los bienes incluidos en la partida “Otro inmovilizado material” del balance; en la imposibilidad 
de obtener evidencia adecuada y suficiente de los ingresos por multas y sanciones; en la existencia de una cuenta 
restringida de ingresos sin la preceptiva autorización del Departamento de Recaudación de la AEAT, y sin reflejo contable 
del correspondiente saldo bancario; en que no ha podido aportar información para que al auditor compruebe la correcta 
determinación del canon, autoliquidado por los concesionarios, por utilización de las aguas continentales para la 
producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias y, finalmente, en errores en los importes de 
algunas partidas de balance y de la cuenta del resultado económico patrimonial. 
Por lo que se refiere a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de acuerdo con lo señalado en el informe de 
auditoría de sus cuentas anuales, la opinión desfavorable se fundamenta, principalmente, en la no incorporación al 
balance de los bienes y elementos afectados por el proceso de reversión, producido al amparo del Real Decreto  e.e
1498/2011, y que se deriva del traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía producido por  bo
o1me9pl  eeERtorlea daicnoilo flooDngreemísace  ruie mdttiolpei zu 1aata6dud6ada6sits/ o2p r0aoía0 r l 8alab,   areúdsnbeatr  iid1claa7a d  dd,d eeceno  “eomDgcoeatu ucnbdioórae nas;   ddpaeeosc ríul  aoac podoemaprsioan p cióeaionnrna  e elalsan    cvfeooinlrn mccsuuaidlecaeisdórtaaniosc nd”ió,ae npml  oindireve nie mtnloapt saod rreiftoue  el dadne etl eei ns1gf 3arda3liee.d0 sai0tndr4uf o dcertemuu rradoacessit..óe  nPrm oyri  nedasedt aolass    2021-2665n https://www.
heenc lhoso se ejel rTcircibiousn aeln d qeu Ceu teuvnitearso dni clutóg asre, nptoern cimiap foirrmtee d dee 4 r7e.i5n6te6g erou rpoosr  malácsa n6c.2e6 c7o neturaro qsu dieen i netrear ePsreess.i dente de la Fundación
o extinción de las sociedades mercantiles y es que en rigor el que debería haber dejado sin efecto
el acuerdo aprobado.
En el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, también se establecía que se 
debía impulsar la liquidación de diversas sociedades de las que, a 31 de diciembre de 2017, se 
encontraban aún en proceso de liquidación seis de ellas: Corporación Alimentaria Quality, S.A., en 
liquidación; Quality Food Industria Alimentaria, S.A.U., en liquidación; Izar Construcciones Navales, 
S.A., en liquidación; Radio Nacional de España, S.A., en liquidación; Televisión Española, S.A., en
liquidación; y Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, S.A., en liquidación.
Todas estas sociedades carecen de personal. En todos los casos y de acuerdo con la información
aportada por sus liquidadores se ha justificado que no haya terminado el proceso de liquidación por
la existencia de litigios pendientes de resolución definitiva o de compromisos laborales pendientes
de cumplimiento.
IV.1.2 Proceso de consolidación
4.8. Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO) y sus filiales en el extranjero se han 
integrado  en  la  CGE  mediante  la  puesta  en  equivalencia  de  la  participación  en  los  grupos 
consolidables o cuentas individuales de las entidades propietarias de las acciones (Grupo ENAIRE, 
Grupo ADIF, Grupo RENFE-Operadora y ADIF-AV), procedimiento que es acorde con lo dispuesto 
en el artículo 5.2 de la Orden HAP/1724/2015 por la que se regula la elaboración de la CGE. Este 
tratamiento supone la valoración de estas sociedades por el importe a que asciende su fondo 
patrimonial, 82,6 millones de euros. Dado que estas sociedades son íntegramente de titularidad 
estatal, su no consolidación por el procedimiento de integración global trae como consecuencia la 
no inclusión en la CGE de los saldos que detallan su situación financiera y patrimonial y su gestión 
(activos por un importe de 180,9 millones de euros, pasivo por 98,3 millones, 229,8 millones de 
ingresos y 225,1 millones de gastos) y la imposibilidad de eliminar los saldos recíprocos por las 
operaciones realizadas por INECO con sus accionistas. 
4.9. SEPI no ha incluido en su Grupo consolidado las cuentas de la Corporación RTVE, de la que 
poseía a 31 de diciembre de 2017 el 100% de las acciones. Las cuentas de esta Corporación han 
sido integradas en la CGE como entidad individual. Al igual que en ejercicios anteriores, concurrían 
en SEPI y en la Corporación RTVE las condiciones para proceder a la consolidación, tanto por 
aplicación de lo establecido en las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas 
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, como de las normas para la 
formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público aprobadas por la 
Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio. Así, las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas en el ámbito del sector público, aprobadas por la Orden HAP/1489/2013, disponen en 
su artículo 2.3 que “se presume que existe control cuando se cumple al menos una de las 
condiciones de poder y otra de las de patrimonio neto que se enumeran a continuación”. Una de las 
condiciones  de  poder  es  que  la  entidad  dominante  tenga  la  propiedad  de  una  participación 
mayoritaria superior al 50% con derecho a voto en la otra entidad, condición que obviamente se 
cumplía en el ejercicio 2017. Y una de las condiciones de patrimonio neto concurre cuando “la 
entidad tiene la potestad de acceder a la distribución de los activos de la otra entidad, y/o puede ser 
responsable de ciertas obligaciones de la otra entidad”. A juicio del Tribunal de Cuentas, esta 
condición se cumplía en la relación entre SEPI y la Corporación RTVE, por lo que constituían en el  e.
ejercicio 2017 un Grupo a efectos de las normas aprobadas por la Orden HAP/1489/2013, con la  w.
consiguiente  obligación  de  integrar  en  las  cuentas  consolidadas  las  correspondientes  a  la  65ww
CTroibrpuonraalc dióen  CRuTeVnEta.s  Ecno nrseildaecrióan q ucoen e slatas  ennotrimdaads  maparnotbeandíaa se np oerl  eelj eRrceicailo  D2e0c1r7e tou n1a1 p5o9s/2ic0i1ó0n,  deel 
control sobre la Corporación RTVE a tenor de lo establecido en el artículo 2.2.c de las normas, que
incluye entre las circunstancias que pueden determinar la existencia de control la siguiente: “La 
sociedad [dominante] tiene el derecho a obtener la mayoría de los beneficios de la entidad 
[dominada] y, por lo tanto, está expuesta a la mayor parte de los riesgos derivados de sus 
actividades”. La existencia de control en los términos expuestos lleva aparejada la obligación de 
SEPI de integrar en sus cuentas consolidadas a la Corporación RTVE. A todo lo señalado cabe 
añadir que los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en su Dictamen de la DCGE 
correspondiente al ejercicio 2014, han instado al Gobierno a asegurarse de que SEPI consolide las 
cuentas de la Corporación RTVE de acuerdo con el criterio y recomendación de este Tribunal20. 
4.10. En la CGE se han integrado las cuentas rendidas por el FROB al Tribunal de Cuentas que, 
tras las consultas efectuadas por el Fondo al Banco de España y a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, no están consolidadas con las de las entidades de crédito en cuyo capital 
participaba mayoritariamente en el ejercicio 201721. De este modo, los estados financieros de esas 
entidades participadas no figuran como tales en la CGE, no considerándose en la misma como 
entidades dependientes. Tratándose de entidades de crédito, estos estados, de haberse incluido en 
la CGE, habrían sido consolidados por el método de puesta en equivalencia modificado (criterio 
confirmado por la nueva redacción dada al artículo 5 de la Orden HAP/1724/2015 por la Orden 
HAC/874/2018), por lo que no habría habido diferencias respecto de la situación y los importes 
reflejados en la CGE22. En efecto, la inversión del FROB en estas entidades figura en el balance 
consolidado de la CGE dentro del epígrafe de “Inversiones financieras a largo plazo en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas” por un valor neto de 9.857,44 millones de euros. 
4.11. En el proceso de consolidación de la CGE para determinadas operaciones intragrupo en las 
que no coinciden los saldos recíprocos recogidos por las distintas entidades intervinientes en las 
operaciones, la IGAE ha optado por efectuar la eliminación únicamente del importe coincidente. Con 
carácter general se considera necesario acometer la conciliación de las diferencias existentes, 
especialmente  cuando  algunas  de  las  operaciones  presentan  una  antigüedad  significativa,  e 
implementar  un  procedimiento  normalizado  que  garantice  la  oportuna  conciliación  de  las 
operaciones intergrupo. 
IV.1.3 Rendición de cuentas anuales23
4.12. Con independencia de que figuren integradas o no en la CGE (detalladas en el apartado 
IV.1.1), las entidades del sector público administrativo que estando obligadas a rendir sus cuentas
individuales a este Tribunal no han cumplido con dicha obligación han sido dos: Confederación
20 Pese a que el Tribunal de Cuentas ha señalado, desde la DCGE de 2012, que esta falta de consolidación es contraria 
a la normativa, la IGAE, en su documento de seguimiento de las resoluciones relativas a las DCGE de 2014 a 2016, se 
limita a reiterar el criterio de SEPI, añadiendo que “continuará sin consolidar la CRTVE en su grupo en tanto no se indique 
expresamente la obligación legal de hacerlo”. 
21 Las razones expuestas por el FROB para justificar la no consolidación de las cuentas de sus participadas, amparadas 
en tales consultas al Banco de España y a la CNMV, son las mismas que expuso en las memorias de las cuentas de los 
ejercicios 2012 a 2016 y han sido analizadas en el Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, 
ejercicios 2009 a 2015, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 22 de diciembre de 2016. Esas razones parten de la 
excepción, reconocida en la legislación mercantil, que permite no aplicar una disposición legal en materia de contabilidad, 
como la que obliga a formular cuentas consolidadas, cuando es incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar  es
las cuentas anuales.  oe.
22 La nueva redacción dada al artículo 5 de la Orden HAP/1724/2015 por la Orden HAC/874/2018 no ha modificado la  w.
definición del procedimiento de puesta en equivalencia modificado, que consiste en realizar el procedimiento de puesta  65ww
enne toe,q suiinv aelefencctiuaa, re hso dmeocgire, naecitzuaacliizoanre esl  pvraelvoira ds en il ae liinmvienrascióionn eens  dlae e rnetsidualtda daol sp poorcre onptaejrea cdioen peasr tiinctieprancaiósn.  en su patrimonio
l2o3  Rseeñsapleacdtoo  ean la la r ennodtaic iaó np idee d laes p cáugeinnata rse ifnledjaivdidau eanle esl  dtíet ulalos  deenlt iadpaadretasd doe lI IsI.e3c.t1o.r  público administrativo, debe considerarse
Hidrográfica del Tajo e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. En 
relación con las entidades del sector público empresarial, no han cumplido con dicha obligación 
ocho entidades: cuentas consolidadas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y cuentas 
individuales de su filial Corporación Alimentaria Quality, S.A. en liquidación; Consorcio Rio San 
Pedro que, según su matriz SEPES, carece de actividad desde finales de 1998 y cuyas últimas 
cuentas aprobadas corresponden a 2000; SESD Fondo de Capital Riesgo; Imprenta de Billetes, 
S.A.; Portel Servicios Telemáticos, S.A. en liquidación; Portel Eixo Atlántico, S.R.L.; y Telemática
Portel, Ltda. Por lo que se refiere al sector público fundacional, no han rendido cuentas del ejercicio
2017 la Fundación Ciudad de la Energía, la Fundación General de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, ni la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
4.13. En cuanto al plazo para la rendición de las cuentas anuales individuales y consolidadas al 
Tribunal de Cuentas, fijado en el artículo 139 de la LGP, de las 157 entidades del sector público 
administrativo que han presentado sus cuentas anuales al Tribunal, cuarenta y seis las han 
presentado fuera del plazo señalado. En relación con las entidades del sector público empresarial, 
veinticuatro  entidades  han  rendido  sus  cuentas  con  retraso  (tres  de  ellas  tanto  las  cuentas 
individuales como las consolidadas del grupo del que son cabecera). En todos los casos, el 
incumplimiento del plazo de rendición se ha debido al retraso en la remisión por parte de las 
entidades de sus cuentas anuales a la IGAE, quien las ha remitido al Tribunal dentro del plazo de 
un mes establecido legalmente para ello. En lo que respecta al sector público fundacional han 
rendido fuera de plazo cuatro fundaciones (anexo 3).  
4.14. Por lo que se refiere a la obligación de publicar el resumen de las cuentas anuales en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), según lo previsto en el artículo 136.3 de la LGP, siete entidades del sector 
público administrativo no han cumplido con dicha obligación hasta la fecha de elaboración de este 
informe (anexo 4), y cincuenta y cinco lo han publicado fuera del plazo de un mes previsto 
reglamentariamente (anexo 5). Por otro lado, se han publicado en el “Registro de cuentas anuales 
del sector público”, que figura en el portal de la Administración presupuestaria, tanto las cuentas 
anuales como los informes de auditoría de las entidades que han rendido sus cuentas al Tribunal 
de Cuentas a través de la IGAE, excepto en el caso del Fondo de Compensación Interportuario, que 
ha rendido sus cuentas en formato papel. 
Por lo que se refiere al sector público empresarial, hasta la fecha de la elaboración de esta 
Declaración, siete entidades no han cumplido con la obligación de publicar en el BOE el resumen 
de cuentas anuales (anexo 4) y veintinueve entidades (de las que ocho son cabecera de grupo 
consolidado) lo han hecho superando el plazo de un mes previsto reglamentariamente (anexo 5). 
Respecto al sector público fundacional, para catorce fundaciones no consta la publicación en el 
BOE de sus cuentas anuales hasta la fecha de elaboración de este informe. 
4.15. Respecto a las entidades multigrupo y asociadas con obligación de rendir las cuentas anuales 
al Tribunal en virtud de la disposición adicional novena de la LGP, el Consorcio Ciudad Romana de 
Pollentia y el Parque Empresarial y Tecnológico Marismas del Palmones no han cumplido con dicha 
obligación. Por otra parte, nueve han superado el plazo de rendición previsto en la LGP (anexo 3) 
y, en cuanto a la publicación del resumen de las cuentas anuales, todas las que han rendido cuentas 
(cinco entidades) no han publicado dicho resumen en el BOE (anexo 4).  es
4.16. El Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, modifica el régimen de obligaciones para  65ww
liansfo srmocaiceidóand enso  mfinearcnacnietirlae sy,  essotbarbele cdiievnedrsoid paadr.a  Edsettee rnmuienvaod arsé gsiomceiend aedse sa plalic oabbllieg aac iólons d eej earpcoicritoasr 
ecoconnfoórmmiicdoasd  qcuoen  slae  liengicisielanc iaó np adreti ra duedli t1o rdíae  deen ecruoe ndtea s2,0 t1e7n.g Eann  lcao ncocrnestiod,e lraasc isóonc dieed aednetisd aqduees,  ddee 
interés público, deberán incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera 
siempre que concurran determinados requisitos en relación con el número medio de empleados, el 
total de las partidas de activo y el importe neto de la cifra de negocios. Durante el ejercicio 2017, 
tenían la condición de entidades de interés público y cumplían los requisitos establecidos el Grupo 
AENA, la sociedad RENFE Viajeros y el Grupo CESCE. Las tres entidades han incorporado a sus 
informes de gestión la información requerida. 
IV.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
IV.2.1 Créditos y previsiones iniciales
4.17. Según se deduce del artículo 2 de la LPGE para el año 2017 y de los estados que la 
acompañan, el importe de los créditos de gastos agregados de los distintos subsectores (AGE, 
Entidades del Sistema de la Seguridad Social24 -ESSS- y Organismos Públicos del Estado) asciende 
a 471.607,1 millones de euros y el correspondiente a las previsiones de ingresos a 330.878,4 
millones. Las diferencias que surgen de la comparación entre los totales de créditos y previsiones 
iniciales aprobados en la citada LGPE y los que figuran en la liquidación de los presupuestos 
consolidados  (421.184,1  millones  y  280.487,8  millones,  respectivamente)  son  consecuencia, 
fundamentalmente, de las eliminaciones del proceso de consolidación (49.934,3 millones para los 
créditos y 49.909,2 para las previsiones) y de las entidades con presupuesto limitativo que no han 
sido integradas en la CGE (488,7 millones euros), incidencia esta última que se señala en el 
apartado IV.1.1 de esta Declaración. 
4.18. El estado de liquidación del presupuesto de ingresos consolidado, al igual que en ejercicios 
anteriores, no recoge las previsiones iniciales correspondientes al capítulo 9 “Pasivos financieros” 
de la AGE, por importe de 140.728,7 millones de euros, lo que produce una diferencia entre los 
totales de los créditos y previsiones presupuestarias iniciales. A este respecto, se considera que las 
previsiones del referido capítulo deberían consignarse inicialmente en el presupuesto de ingresos 
(como ocurre en los organismos públicos y en las ESSS) y, posteriormente, en la liquidación 
presupuestaria,  con  independencia  del  hecho  de  que  las  leyes  de  presupuestos  indiquen 
expresamente que los créditos aprobados se financien, además de con los derechos a liquidar 
durante el ejercicio, con el endeudamiento neto resultante de las operaciones de Deuda Pública. 
Unos presupuestos que no incluyan entre los ingresos los correspondientes al capítulo 9 están 
incompletos, lo que se traduce, por una parte, en una falta de homogeneidad en la formación del 
estado de liquidación del presupuesto de ingresos consolidado de la CGE y, por otra, en una falta 
de representatividad del mismo. 
4.19. En la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que regula la elaboración de la CGE, se 
prevé  la  eliminación  en  el  proceso  de  consolidación  de  las  modificaciones  de  crédito 
correspondientes a operaciones de transferencias internas (programa de gastos 000X que afectan 
a los artículos 40 a 43 y 70 a 73) de los presupuestos de gastos e ingresos, aunque no hayan dado 
lugar a la adquisición de compromisos o al reconocimiento de obligaciones y derechos. Como 
novedad, en este ejercicio, la IGAE, dando cumplimiento a una de las recomendaciones del Tribunal 
de  Cuentas,  ha  eliminado  las  modificaciones  de  las  previsiones  presupuestarias  iniciales 
equivalentes a dicho programa de gastos y a los citados artículos, si bien no ha resultado posible la 
24 Las ESSS son: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA),  65ww
Smele aIgnnuscrtoiitdmuatuodn  daSedo oMcsia acyl oon(rTe psGe ySr sSSo)en, ravlliaicdsiao ds2  S0ju orícmdiaiucltaeu sap s(rIo MpcSioaEl.a ARbsSoirmOai)ds,o merlao Is,n  esctniot uantd oe laSla onSctieea,gl  ludaresid  lcaai dtMa saS raoin claaia s(l I Sm(Mmut)uu, taluasa  Tsse)e s eyo nretseruínasd  Gedreáonnse  rtacaeml ndbterié olans  
rlae fneorirdmaas taiv alo se nc evnigtroors,  smeaannc doem aupnlaicdaocsió cno ne xpcelurssoivnaa laid laads  jmuruídtuicaas .p ropia, excepto en aquellos supuestos en los que, según
eliminación de los importes de los compromisos eliminados en los programas de gasto diferentes 
del 000X –al no resultar posible identificar las previsiones que los financiaban- y las modificaciones 
de crédito en el programa 000X en el que la entidad destinataria del mismo no aprobó la correlativa 
modificación. Las diferencias generadas por estas causas ascienden, en el primer caso a 24,9 
millones de euros y, en el segundo, a 20,8 millones. 
4.20. Respecto al presupuesto de ingresos, en las últimas Declaraciones se vienen constatando 
desviaciones entre las previsiones presupuestarias iniciales y los derechos reconocidos netos, 
situación  que  se  mantiene  en  este  ejercicio,  aunque  se  han  reducido  significativamente, 
especialmente en el capítulo 1 “Impuestos directos y cotizaciones sociales”, que ha pasado de una 
desviación negativa de 19.387,4 millones de euros en el ejercicio 2016 a 2.471,9 millones en el 
ejercicio 2017. Esta última está producida principalmente por la menor recaudación tanto del IRPF 
(1.752,7 millones) como de las cuotas sociales correspondientes al conjunto del sistema de la 
Seguridad Social (1.337,4 millones). Asimismo, también hay que destacar la desviación negativa 
producida en el capítulo 2 “Impuestos indirectos”, por un importe de 3.666,9 millones, lo que 
representa una disminución del 8,2%, originada fundamentalmente por el IVA sobre operaciones 
interiores (2.799,9 millones).  
4.21. En las previsiones iniciales del artículo 87 “Remanente de tesorería” (subconcepto 870.09 
“Destinado a otros fines”) del presupuesto de ingresos de la TGSS figura un total de 24,7 millones 
de euros para la financiación de los créditos iniciales del presupuesto de gastos de 2017 de las 
entidades gestoras y la TGSS. Según la Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los 
presupuestos para el ejercicio 2017 de las entidades gestoras de la Seguridad Social, Tesorería 
General de la Seguridad Social, Intervención General de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, en este subconcepto ha de recogerse, 
fundamentalmente, el remanente de tesorería a favor del IMSERSO a 31 de diciembre de 2016, 
cuyo importe neto fue de 16,6 millones, por tanto, inferior en 8,1 millones al recogido en las 
previsiones iniciales. Además, el remanente de tesorería no afectado para el conjunto de las 
entidades gestoras y la TGSS a fin del ejercicio anterior fue negativo por 2.177,4 millones, por lo 
que, obviamente, no hubo remanente suficiente para la cobertura de dichas previsiones iniciales. 
4.22. El estado de liquidación del presupuesto consolidado no incluye la información presupuestaria 
de la UNED debido a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2017, 
aprobados mediante la Ley 3/2017, de 27 de junio, únicamente recogen la autorización de sus 
costes de personal, al igual que ha ocurrido en ejercicios anteriores, si bien en la memoria de la 
CGE se incluye su liquidación presupuestaria, ascendiendo los créditos definitivos y las obligaciones 
reconocidas netas a 207,3 y 188 millones de euros, respectivamente. 
IV.2.2 Modificaciones de crédito
4.23. Al igual que se ha señalado en anteriores Declaraciones, también en este ejercicio se ha 
observado  una  falta  de  coherencia  en  el  tratamiento  contable  de  las  modificaciones  de  las 
previsiones iniciales de ingresos en la AGE y en las ESSS frente a los OOAA. Así, mientras que en 
estos últimos figuran contabilizadas, en el Estado y en las ESSS no ocurre, a pesar de mantenerse 
en las adaptaciones del nuevo PGCP a la AGE y a las ESSS la misma cuenta que ya existía en las  e.
anteriores  adaptaciones  para  este  fin  (007  Presupuesto  de  ingresos: modificación  de  las  w.
previsiones).  65ww
4.24. La mutua Asepeyo, que fundamentó la financiación de algunos expedientes de modificaciones 
de crédito en la obtención de mayores recursos de los inicialmente previstos, no generó fondos 
suficientes para cubrir la totalidad de las mismas, por importe de 21,1 millones de euros. 
IV.2.3 Obligaciones y derechos imputados por defecto o exceso en el presupuesto
4.25. Las obligaciones reconocidas netas consolidadas ascendieron a 412.058,2 millones de euros. 
No  obstante,  se  han  dejado  de  contraer  presupuestariamente  obligaciones  que  debieron 
reconocerse por corresponder a gastos realizados en el ejercicio, por un importe consolidado de 
2.133,3 millones; por el contrario, se han imputado gastos por importe de 2.760 millones que 
corresponden a ejercicios anteriores. En consecuencia, las obligaciones reconocidas del ejercicio 
2017 están sobrevaloradas en 626,7 millones. Por otra parte, al cierre del ejercicio 2017 quedan 
obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de reconocerse por importe de 311,4 millones. 
Todo ello supone el incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria establecido en el 
artículo 34 de la LGP. En el apartado IV.2.3.1 se detallan las operaciones más significativas no 
aplicadas al presupuesto de gastos. 
4.26. En  relación  con  la  liquidación  del  presupuesto  de  ingresos  consolidado,  los  derechos 
reconocidos netos consolidados, ascendieron a 420.237,9 millones de euros. Como conclusión más 
significativa de las observaciones de imputación presupuestaria que se señalan en el apartado 
IV.2.3.2, cabe destacar que se hallan pendientes de reconocer ingresos en el presupuesto del
ejercicio 2017 por un importe neto de 167,3 millones (SEPE tiene pendiente de registrar derechos
de 2017 por importe de 258 millones y las ESSS y la AGE han reconocido derechos en exceso por
80,6  y  10,1  millones,  respectivamente);  por  el  contrario,  se  recogen  derechos  de  ejercicios
anteriores por un importe neto de 260,6 millones (derechos reconocidos en los organismos SEPE y
FOGASA por 365,5 millones y anulaciones de derechos en las ESSS y la AGE por 94,3 y 10,6
millones, respectivamente). En consecuencia, los derechos reconocidos del ejercicio 2017 están
sobrevalorados en 93,3 millones. Por otro lado, al cierre de 2017, existen derechos en exceso del
presupuesto de ingresos de ejercicios anteriores por un importe neto de 151,7 millones (como
resultado  de  que  las  EESS  y  los  organismos  públicos  han  reconocido  derechos  en  exceso
correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 150,7 millones y 1 millón, respectivamente).
4.27. Los hechos descritos determinan que al no haberse aplicado correctamente las normas que 
regulan la ejecución presupuestaria y su gestión contable, dictándose los actos administrativos en 
el momento oportuno, quedarían pendientes de reconocer obligaciones por un importe acumulado 
de 2.444,7 millones de euros (2.133,3 del ejercicio corriente y 311,4 de ejercicios anteriores) y 
derechos reconocidos netos por un importe de 15,6 millones. La regularización de los importes 
indicados deberá ser imputada a presupuestos de ejercicios posteriores a 2017. A efectos de 
considerar aquellos supuestos cuya liquidación no ha sido posible en el ejercicio de su devengo, no 
se han considerado como incumplimientos de las normas que regulan la ejecución presupuestaria 
y  su  gestión  contable  aquellas  operaciones  para  las  que  las  entidades  han  acreditado, 
específicamente, la no procedencia de su imputación presupuestaria en el ejercicio 2017: los 
conceptos de gastos susceptibles de periodificación, los correspondientes al mes de diciembre de 
2017 o al último trimestre de 2017, cuando la liquidación de estas obligaciones fuera trimestral, y 
aquellos que resultan eliminados en consolidación25. 
2oad5bed Rs meleiartsivsdpá oenoscdb tpooligos aera   cleoqilos unT eser uisbup unuqnaeua selpt;o, a lsors tscee o grdneúecsnr t eaetenlollto ses sTs  ressibñeuua penluanaedcls,ou tsoed sene ntbra ailleaenrsg o aenadn leo sgasea lrghc uaioinmnno pes usde,teg as udeliaod hssoa   ss pauirenepnasudlueiozpsa utcdoeoossn  tssdauierd i paenomraosed ibniomltseep   icuneotcanmidc oeieó nlno c biepalijr geeearnscc uiiceopilon ui mees2sp 0toaq1rrut7ieae,     OE-A-2021-26able en https://
debieron imputarse en 2017, bien porque resultaba posible su tramitación presupuestaria en dicho ejercicio, a tenor de la  Bc
4.28. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el resultado presupuestario consolidado 
por operaciones no financieras imputable al ejercicio, que figura en la CGE por importe negativo de 
29.044 millones de euros, presentaría un menor déficit por importe de 533,4 millones; el resultado 
presupuestario consolidado por operaciones financieras reflejado en la CGE, que presenta un 
superávit de 37.223,7 millones, no experimentaría alteración alguna. Por todo ello, el resultado 
presupuestario consolidado del ejercicio que, según los registros contables, refleja un superávit de 
8.179,7 millones, se hallaría infravalorado en 533,4 millones con el detalle que se refleja en la 
siguiente tabla. Este importe resulta de tener en cuenta exclusivamente las operaciones de gastos 
e ingresos que debieron haber sido imputadas al presupuesto de 2017 por corresponder a dicho 
ejercicio, mostrándose en el cuadro siguiente la repercusión que sobre el resultado tienen las 
citadas operaciones. 
REPERCUSIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE LAS OBLIGACIONES Y 
DERECHOS IMPUTADOS POR DEFECTO O EXCESO EN EL PRESUPUESTO 
(Millones de euros) 
Operaciones de  Operaciones  Repercusión 
ejercicios  de 2017  neta sobre 
Concepto  anteriores  pendientes  los 
aplicadas en 2017  de aplicación  resultados 
(1) (2)  (3)=(1)+(2)
Gastos por operaciones corrientes  2.499,9  (1.830,4)  669,5 
Gastos por operaciones de capital  260,1  (302,9)  (42,8) 
Suma de Gastos no financieros   2.760,0  (2.133,3)  626,7 
Ingresos por operaciones corrientes (260,6)  167,3  (93,3)
Ingresos por operaciones de capital  --  --  -- 
Suma de Ingresos no financieros   (260,6)  167,3  (93,3) 
1.Total Operaciones no financieras 2.499,4  (1.966,0)  533,4 
Gastos por activos financieros  --  --  -- 
Gastos por pasivos financieros  --  --  -- 
Suma de Gastos Financieros  --  --  -- 
Ingresos por activos financieros  --  --  -- 
Ingresos por pasivos financieros --  --  --
Suma de Ingresos Financieros  --  --  -- 
2.Total Operaciones financieras --  --  -- 
I.Resultado Presupuestario del ejercicio (1+2) 2.499,4  (1.966,0)  533,4 
Fuente: Elaboración propia 
4.29. En el apartado siguiente (IV.2.3.1) se señalan los defectos de imputación presupuestaria más 
relevantes en relación con la liquidación del presupuesto de gastos, una vez efectuadas en el 
ejercicio las correcciones de defectos puestos de manifiesto en ejercicios anteriores. Con carácter  e
general, salvo para las excepciones que, en su caso, expresamente se mencionen en los siguientes  bo
párrafos, estas operaciones están reflejadas en la contabilidad económico-patrimonial. Asimismo,  65ww
pinrfeosrmupauceiósnto sa pao lrotasd oar gaal nTisrmibuons ayl,  nboi eenl  qpuoerq huueb ireeraal mcoernrtees plao nAdGidEo , soe  bliimenit óp oar  strua ncsafreárcirt eerl  gimenpéorritceo ,q suien  afipgourrtaabcaió ne nd es ulas   OE-A-2021-26able en https://
documentación acreditativa de lo alegado.   Bc
en el apartado IV.2.3.2 se detallan los defectos de imputación observados en relación con la 
liquidación del presupuesto de ingresos. 
IV.2.3.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
1) Ejecución de sentencias
4.30. Al cierre del ejercicio 2017, se hallaban pendientes de aplicar al presupuesto de gastos 
obligaciones por importe de 78,8 millones de euros, de los que 67,2 millones corresponden al 
Ministerio  de  la  Presidencia  por  intereses  de  demora  derivados  de  sentencias  relativas  a 
expedientes  de  fijación  de  justiprecio  en  expropiaciones.  Asimismo,  otros  10,8  millones 
corresponden al Ministerio de Industria, Energía y Turismo por sentencias firmes de recursos 
interpuestos  relativos  a  impagos  por  complemento  de  eficiencia  energética,  derivados  de  la 
instrucciones contenidas en la Resolución de 14 de mayo de 2008 de la Secretaría General de 
Energía, por la que se aprobó la Guía Técnica para la medida y determinación del calor útil de la 
electricidad y del ahorro de energía primaria de cogeneración de alta eficiencia, anulada en vía 
judicial. 
De los 78,8 millones pendientes, 75,7 millones son de ejercicios anteriores a 2017, aunque de ellos, 
a 31 de diciembre de 2016, solo figuraban en esta cuenta 49,5 millones y el resto (26,2 millones) 
han aflorado en el ejercicio corriente. En 2017, se han aplicado al presupuesto de gastos 173 
millones del importe de las obligaciones que, al cierre del ejercicio anterior, se encontraban 
pendientes de aplicación y se han realizado rectificaciones (minoraciones) por importe de 7,6 
millones. 
2) Inversiones de los departamentos ministeriales
4.31. Al cierre del ejercicio 2017 se hallaban pendientes de aplicar al presupuesto obligaciones 
derivadas de inversiones efectuadas por distintos departamentos ministeriales, por un total de 300,7 
millones de euros, de los que 93,9 millones corresponden a operaciones de ejercicios anteriores y 
206,8 millones al ejercicio 2017. Por otro lado, se han aplicado al presupuesto de gastos 124 
millones del importe de las obligaciones pendientes de aplicar al cierre del ejercicio anterior, se han 
rectificado (minorado) obligaciones pendientes de aplicar de ejercicios anteriores por 218,8 millones 
y han aflorado operaciones de ejercicios anteriores por 51,9 millones. 
Del saldo pendiente de aplicar al presupuesto de gastos al cierre del ejercicio 2017 destacan, 
principalmente, los derivados de expedientes de expropiaciones, modificados, adicionales y otras 
incidencias  en  las  inversiones  realizadas,  correspondientes  al  Ministerio  de  Fomento  (228,8 
millones), fundamentalmente en programas de infraestructuras y conservación de carreteras, y al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (39,5 millones) en programas de la 
Dirección General del Agua. 
3) Transferencias y subvenciones
4.32. Al cierre del ejercicio 2017 se hallaban pendientes de aplicar al presupuesto de gastos, 
transferencias y subvenciones por importe de 409,6 millones de euros, de los que 4,2 millones  e
corresponden a ejercicios anteriores. Por otra parte, se han aplicado al presupuesto de gastos del  b
ejercicio  2017  un  total  de  275,7  millones,  se  han  rectificado  (minorado)  26  millones,  que  65ww
acoflrorreasdpoo nudne mn ilaló onb pliogra coipoenreasc iqounee se sdtea beajenr cpiecniodsie anntetesr idoere asp. licar a 31 de diciembre de 2016, y se ha
Del total de las transferencias y subvenciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre de 2017, los 
saldos más relevantes corresponden a: 
- Ministerio de Fomento, por un importe de 237,6 millones euros, de los que 236,3 millones
corresponden al ejercicio 2017 y 1,3 millones al ejercicio 2016. Entre las transferencias corrientes
pendientes de aplicación al presupuesto de gastos se incluyen las efectuadas por las bonificaciones
destinadas al tráfico aéreo, por 66,1 millones, así como la transferencia destinada a la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. por la prestación del servicio postal universal, por 151,3 millones.
- Ministerio de Economía y Competitividad, por importe de 73,6 millones de euros, que corresponden
a  operaciones  del  ejercicio  corriente.  La  cuantía  de  obligaciones  pendientes  de  aplicar  a  la
liquidación del presupuesto de gastos, al cierre del ejercicio 2017, corresponde en su mayoría a
deudas por las aportaciones de España a la Agencia Espacial Europea (57,9 millones).
- Ministerio de Hacienda y Función Pública, por importe de 82,1 millones, de los que 80,4 millones
corresponden a operaciones del ejercicio 2017, y 1,7 millones a ejercicios anteriores. Las cuantías
más relevantes corresponden a 73,3 millones, derivados de indemnizaciones por responsabilidad
patrimonial del Estado en la aplicación del impuesto sobre ventas minoristas de determinados
hidrocarburos; y a 7,7 millones de gastos devengados en la Sección presupuestaria 32 “Otras
relaciones  financieras  con  entes  territoriales”,  cuya  contabilidad  se  registra  en  la  oficina  de
contabilidad de este departamento ministerial, derivados de compensaciones por beneficios fiscales
en tributos locales.
4) Aportaciones al presupuesto de la Unión Europea (UE) por recursos propios, RNB e IVA
4.33. El presupuesto rectificativo 6/2017, aprobado por el Parlamento Europeo con fecha 30 de 
noviembre de 2017, fijó la contribución de España a la UE para el ejercicio 2017 por el concepto 
“Aportación a la Unión Europea por recurso propio procedente del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(recurso IVA)”, en 1.533,6 millones de euros. Dado que las obligaciones reconocidas para el pago 
de dicha contribución fueron de 1.470,9 millones, al estar calculadas sobre presupuestos anteriores, 
se ha producido un defecto de las obligaciones reconocidas en el ejercicio por este concepto por un 
importe de 62,7 millones. Por otro lado, como consecuencia de la actualización de las cuantías 
aprobadas en el citado presupuesto rectificativo para las aportaciones a la UE por recursos propios 
basados en la Renta Nacional Bruta (RNB) (por reducción a favor de Dinamarca, Países Bajos, 
Austria y Suecia), se ha producido un defecto en las obligaciones reconocidas de 1,1 millones por 
dicho concepto. En sentido contrario, se han reconocido obligaciones por el concepto recursos 
propios basados en la RNB y compensación Reino Unido por 635,1 millones más que lo previsto en 
el presupuesto rectificativo 6/2017, que han sido compensados con un reintegro de 634,4 millones. 
Asimismo, se ha producido un defecto en las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2017 en 
concepto de “Aportación a la Unión Europea por recursos propios tradicionales”, por importe de 
311,3  millones,  correspondientes  a  los  derechos  reconocidos  y  liquidados  por  los  servicios 
aduaneros durante los meses de noviembre y diciembre 2017.  
En 2017, se ha aplicado a presupuesto la totalidad del saldo que quedó pendiente a 31 de diciembre 
de  2016,  que  ascendía  a  1.069,6  millones,  no  quedando  importes  pendientes  de  imputar 
correspondientes a ejercicios anteriores.  e.
5) Transferencias a RENFE-Operadora 65ww
4.34. A  31  de  diciembre  de  2017,  estaban  pendientes  de  aplicar  al  presupuesto  de  gastos,
transferencias a favor de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (RENFE Operadora)
para la compensación de las obligaciones de servicio público y de los servicios de transporte de 
cercanías y regionales traspasados a Cataluña realizados, fundamentalmente, en 2017, por un 
importe de 676,4 millones de euros. De este importe, la IGAE ha registrado 605,3 millones en la 
cuenta 413, quedando pendientes de registrar 71,1 millones correspondientes, en su mayor parte, 
a la firma del adenda al contrato que incrementó los cánones a percibir por RENFE-Operadora. 
Por otro lado, se han aplicado al presupuesto de 2017 obligaciones por importe de 579 millones 
correspondientes al ejercicio anterior y se han rectificado 26,3 millones de euros correspondientes 
a la menor cuantía de las liquidaciones definitivas de los servicios prestados en 2016. 
6) Cotizaciones sociales impagadas
4.35. Al cierre del ejercicio 2017, estaban pendientes de aplicar al presupuesto de la AGE 50,9 
millones de euros por cotizaciones sociales impagadas, según la cuantificación de dicha deuda 
realizada por la TGSS, de los que 4,3 millones se han devengado en dicho ejercicio. Estas 
operaciones no han sido objeto de eliminación en el proceso de consolidación, conforme establece 
el artículo 9.1 de la Orden HAP/1724/2015, por la que se regula la elaboración de la CGE. Por otro 
lado, se ha aplicado al presupuesto de gastos del ejercicio 2017, un importe de 4,1 millones de las 
obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre de 2016 por este mismo concepto.  
7) Otras obligaciones pendientes de aplicación derivadas de gastos de personal
4.36. Al cierre del ejercicio 2017, figuran obligaciones derivadas de gastos de personal pendientes 
de aplicar al presupuesto por importe de 215,5 millones de euros, de los que 208,9 millones han 
sido devengados en el propio ejercicio 2017. Del total de obligaciones pendientes, los saldos más 
representativos corresponden a cuotas sociales de los cuatro últimos meses del ejercicio 2017 del 
Ministerio de Justicia (19,5 millones); a cuotas sociales del mes de diciembre del ejercicio 2017 y a 
la deuda histórica del personal adscrito a las antiguas Direcciones Provinciales de Educación, 
ambas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (10,2 millones); y a las aportaciones del 
Estado  de  las  cotizaciones  sociales  devengadas  por  el  personal  funcionario  afiliado  a  las 
correspondientes  Mutualidades  en  el  ejercicio  2017  (164  millones).  Este  último  importe  se 
distribuyen de la siguiente forma: a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE) le corresponde 100,9 millones de euros; al Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS), 56,8 millones y a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), 6,3 millones. 
Por otro lado, se ha aplicado al presupuesto de gastos del ejercicio 2017 un total de 218,4 millones 
de euros que se hallaban pendientes de aplicación al cierre del ejercicio 2016, de los que 204,6 
millones correspondían a aportaciones del Estado por las citadas cuotas sociales; y, además, se 
han realizado rectificaciones (minoraciones) por 3,4 millones. 
8) Obligaciones pendientes de aplicación derivadas de gastos corrientes en bienes y servicios
4.37. Al cierre del ejercicio 2017, figuran obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 
gastos corrientes en bienes y servicios por importe de 93,5 millones de euros, de los que 66,1 
millones tienen su origen en operaciones del ejercicio 2017 y el resto (27,4 millones), en ejercicios 
anteriores. Por otro lado, se han aplicado al presupuesto de gastos del ejercicio 2017, obligaciones  es
procedentes de ejercicios anteriores por importe de 106,5 millones, se ha rectificado (minorado) el  o
saldo pendiente a 31 de diciembre de 2016 en 30,2 millones y han aflorado 8,9 millones de ejercicios  65ww
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de tramitación devengados en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, por importe de 31,9 millones, de los que 26,1 millones 
se originaron en ejercicios anteriores. 
9) Imputación temporal de gastos de las ESSS
4.38. Las ESSS no han aplicado al presupuesto de 2017 obligaciones generadas en el mismo por 
10,7 millones de euros y, por el contrario, han imputado a dicho presupuesto, gastos de ejercicios 
anteriores por 12,8 millones. Asimismo, a 31 de diciembre de 2017 están pendientes de imputar al 
presupuesto  obligaciones  generadas  en  ejercicios  anteriores  por  26,4  millones.  Por  ello,  los 
presupuestos de ejercicios posteriores deberán soportar gastos por 37,1 millones.  
Las obligaciones del ejercicio que han quedado pendientes de imputación corresponden, en su 
mayor parte, a operaciones corrientes del presupuesto de gastos (capítulos 1 a 4), con origen 
fundamentalmente en el INSS, entidad a la que corresponde un 91,59 % del total de los gastos de 
2017 de las ESSS no imputados, por 9,8 millones de euros.  
10)Imputación temporal de gastos de organismos autónomos y agencias estatales
4.39. Algunos OOAA y AE han dejado de aplicar al presupuesto de 2017 parte de las obligaciones 
generadas en el mismo y, por el contrario, han imputado a dicho presupuesto gastos de ejercicios 
anteriores, destacándose a continuación las operaciones más significativas: 
- El importe pendiente de aplicar al presupuesto por los organismos Mancomunidad de los Canales
del Taibilla, JCT y Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y Segura asciende a un importe
conjunto  de  43,7  millones  de  euros,  con  el  detalle  que  se  señala  a  continuación.  En  la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, cuyo importe pendiente de aplicación al presupuesto
por gastos asciende a 13 millones de euros, los relacionados con la prestación del servicio público
de abastecimiento de agua que tiene encomendado suponen 10,6 millones. El importe pendiente
de aplicación al presupuesto de gastos de la JCT es de 11,3 millones, en su mayor parte por obras,
servicios y suministros relacionados con la conservación y explotación de los sistemas de control
de tráfico en carreteras. Del importe de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de la
Confederación  Hidrográfica  del  Segura  (10,9  millones),  7,8  millones  corresponden  a  gastos
corrientes en bienes y servicios que ya se encontraban pendientes de aplicación al cierre del
ejercicio 2016. Finalmente, en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con obligaciones
pendientes de imputación presupuestaria por 8,5 millones, los gastos más relevantes corresponden
a impuestos locales y a inversiones en infraestructuras.
- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) continúa sin aplicar a su presupuesto
de gastos el importe de las obligaciones adquiridas en virtud de un Convenio firmado con el INVIED
en 2010, cuyo objeto era la enajenación de unos terrenos por parte de este último organismo al
CSIC. El importe pendiente de aplicación al cierre del ejercicio 2017 asciende a 14,6 millones de
euros, de los que 11,3 millones corresponden a las anualidades aplazadas y 3,3 millones a los
intereses devengados por la falta de pago de las mismas. Los derechos presupuestarios han sido
reconocidos por el INVIED en sucesivos ejercicios, desde 2011 a 2017, aunque el organismo ha
dotado deterioro por la práctica totalidad del crédito. Cabe señalar que no se ha realizado la es
correspondiente homogeneización y eliminación de esta operación a efectos de la consolidación en o
la CGE 2017. Por otro lado, en el balance consolidado los epígrafes de inmovilizado material y de 65ww
paanturaimlidoandioe sg ednee lroasd oe jseerc eicniocsu e2n0t1ra2n a in 2fr0a1v4a.l oErsatdao dse efinc i1e1n,c3ia m siello hnae sv,e inmidpoo rstee ñcaolrarnedspoo ennd iaenntteer iao rlaess
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diferimiento  del  pago  en  un  plazo  mayor  de  anualidades,  solución  esta  última  que  requiere 
autorización en una norma con rango de ley, hasta el momento no se ha materializado ninguna de 
las dos alternativas. Dado el tiempo transcurrido desde la firma del convenio –año 2010- debería 
arbitrarse una solución mediante acuerdo entre ambas entidades. 
- SEPE ha dejado pendiente de imputar obligaciones de 2017, por importe de 6,1 millones de euros,
que corresponden a ayudas para la recualificación profesional de desempleados que han agotado
la prestación de desempleo de naturaleza contributiva.
- FOGASA no ha imputado al presupuesto de este ejercicio obligaciones por importe de 32 millones
de euros en concepto de prestaciones de garantía salarial cuyos expedientes se encontraban
pendientes de aprobación al cierre del ejercicio aunque en los mismos concurrían todos los
requisitos para su resolución definitiva. Por el contrario, ha aplicado a dicho presupuesto gastos por
el mismo concepto por un importe de 29,3 millones, procedentes del ejercicio anterior.
- MUFACE ha dejado de imputar 39,7 millones de euros que corresponden al 50 % de las primas
de diciembre por los conciertos suscritos con entidades de seguro para la cobertura de la prestación
sanitaria a sus mutualistas y demás beneficiarios que opten por recibirla a través de estas entidades.
IV.2.3.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
1) Financiación  de  los  gastos  correspondientes  al  Servicio  de  Prevención  de  Blanqueo  de
Capitales (SEPBLAC)
4.40. A 31 de diciembre de 2017 están pendientes de deducirse, de los beneficios que anualmente 
ingresa el Banco de España (BdE) en el Tesoro Público, los anticipos no presupuestarios abonados 
correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2017 (10,1 millones de euros) por los 
gastos que con cargo al presupuesto aprobado por la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias son atendidos por el BdE, de acuerdo con el artículo 45.5 de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo.  
2) Derechos e ingresos por cotizaciones sociales registrados en exceso
4.41. Como consecuencia del procedimiento establecido por la TGSS para el tratamiento de la 
recaudación de la deuda emitida o generada y la derivada de los aplazamientos domiciliados, una 
parte de dichas deudas, además de imputarse financiera y presupuestariamente con los criterios 
fijados en la APGCPSS’11, es decir, con contraído previo, se imputa de nuevo en el momento de 
su cobro, con contraído simultáneo26. Ello provoca que en la TGSS y las mutuas, el resultado 
presupuestario de 2017 esté sobrevalorado en 80,6 millones de euros (50 millones por deuda 
emitida o generada27 y 30,6 millones por deuda aplazada28), y su resultado económico patrimonial 
lo esté en 90,729 millones de euros, determinando, también, una sobrevaloración de los deterioros 
26 Estas incidencias, afectan a la TGSS, a las mutuas y a FOGASA, si bien, en este último caso el efecto es  65ww
c27u Danet ietasttiav acmifrean, t4e3 i,r5re mleivllaonntees.  de euros corresponden a la TGSS y el resto a las mutuas.
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de valor por riesgo de crédito de estas deudas, por 52,9 millones (44,8 millones para deuda emitida 
o generada30 y 8,1 millones para deuda aplazada31).
Asimismo, la citada sobrevaloración de la deuda de la TGSS y las mutuas afecta al epígrafe 
“Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo corriente, por un importe neto 
de 27,7 millones de euros (80,632 millones afectan a la cuenta 430  Deudores por derechos 
reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente, y a su deterioro por 52,9 millones, derivados de 
una parte de las deudas emitidas o generadas y de los aplazamientos domiciliados; y 10,133 millones 
afectan  a  la  cuenta  441  Deudores  por  ingresos  devengados,  derivados  del  registro  de  las 
cotizaciones sociales del mes de diciembre para ajustarlas al principio de devengo). 
3) Derechos de ejercicios anteriores imputados en exceso
4.42. La disposición adicional septuagésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, autoriza al Ayuntamiento de Marbella y a las entidades de 
derecho público dependientes del mismo a un fraccionamiento del pago de las deudas con la 
Seguridad Social, que figuran registradas como derechos reconocidos de ejercicios anteriores por 
importe de 151,7 millones de euros (150,7 millones de la TGSS y 1 millón de FOGASA). 
De acuerdo con los criterios previstos en la APGCPSS’11, la concesión de aplazamientos o 
fraccionamientos sobre los derechos a cobrar de naturaleza presupuestaria conlleva que estos 
deban  anularse  presupuestariamente  hasta  que  se  produzca  su  vencimiento  en  ejercicios 
posteriores (momento en el que serán imputados, de nuevo, al presupuesto en vigor) y que, 
además, se reclasifiquen tales créditos en el balance (reflejándose como derechos a cobrar no 
presupuestarios, a largo y a corto plazo). En virtud de estos criterios, los derechos reconocidos de 
ejercicios anteriores por la TGSS y FOGASA están sobrevalorados en 151,7 millones de euros, si 
bien los importes registrados por deterioro de valor no se encuentran afectados por esta incidencia, 
ya que la deuda del sector público queda excluida de correcciones valorativas por deterioro, como 
consecuencia del procedimiento previsto en el artículo 39 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. 
Asimismo, en el balance consolidado debería reclasificarse dicho importe al epígrafe “Deudores, 
deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar a largo plazo”, por tratarse de deuda 
de cobro aplazado y fraccionado con vencimiento a largo plazo. 
4) Operaciones de financiación procedentes del Fondo Social Europeo
4.43. El SEPE que participa como organismo intermedio, entre otros, en el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil del Marco Estratégico Común 2014-2020 del FSE, no ha imputado 258 millones de 
euros a su presupuesto de ingresos. Esta cantidad corresponde a las solicitudes de pago nº 1 y 6 
que, de acuerdo con la información facilitada por la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo (UAFSE), fueron aprobadas por la UE el 22 y el 27 de diciembre, respectivamente, como 
consta en los informes de cálculo del pago (Payment Calculation Report) aportados por la citada 
Unidad. Estos documentos detallan el total comprometido a pagar y el importe del mandamiento de 
30 De dicho importe, 38,9 millones de euros corresponden a la TGSS y el resto a las mutuas.   65www.
3312  DDee  eessttaa  cciiffrraa,,  772,8,9 m milliollonnese sd dee e euuroros sc ocorrrersepspoonnddeen na a la la T TGGSSSS y  ye el rl erestsoto a a la las sm muututuaas.s . 
3p3r oNdou ceisd onse ecens eanrieor od odtea r2 0d1e8te. rioro de valor para estas deudas ya que esta cifra se corresponde con los cobros reales
pago, lo que se considera como acto administrativo de reconocimiento de la obligación por parte de 
la UE. 
IV.2.4 Pagos a justificar
4.44. Los gastos aplicados al presupuesto del ejercicio tramitados por la AGE bajo la modalidad de 
pagos a justificar, prevista en el artículo 79 de la LGP, ascendieron a 2.639,8 millones de euros. En 
relación con este tipo de gastos, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, con fecha 30 de 
noviembre de 2017, el Informe de fiscalización de los pagos librados a justificar y de los satisfechos 
mediante  anticipos  de  caja  fija  por  determinados  ministerios  del  área  económica  de  la 
Administración General del Estado, ejercicio 2013 y 2014. En este informe se recogen diversas 
deficiencias que afectan al sistema contable empleado para registrar este tipo de operaciones y que 
son  también  extensibles  al  ejercicio  2017,  si  bien  se  considera  que  estas  no  afectan  a  la 
representatividad de la CGE. A fin de conocer el detalle de los libramientos expedidos para pagos 
a justificar que, a 31 de diciembre de 2017, estaban pendientes de presentar la documentación 
justificativa, al igual que en ejercicios anteriores se ha utilizado la información remitida por la IGAE, 
en la que figuran identificadas todas las operaciones cuyos datos acumulados se señalan en el 
siguiente párrafo. No obstante, como ya se concluyó en el citado informe, continúan existiendo 
libramientos pendientes de justificar o aprobar cuya situación debería ser revisada debido a su 
antigüedad, a pesar de la mejora producida a raíz del citado informe de fiscalización. 
4.45. Sin perjuicio de que se considere necesario que la AGE continúe con la depuración iniciada, 
del análisis de la información facilitada se deduce que, del total de libramientos expedidos para 
pagos  a  justificar  que,  a  31  de  diciembre  de  2017,  estaban  pendientes  de  presentar  la 
documentación justificativa (1.950,8 millones de euros, que corresponden a 9.774 libramientos), 
existen libramientos por un importe total de 12 millones para los que se habían excedido los plazos 
de justificación establecidos en el punto 4 del artículo 79 de la LGP, de los que 3,3 millones fueron 
expedidos con anterioridad al ejercicio 1999. Adicionalmente, se hallaban pendientes de justificar 
libramientos expedidos para obras de emergencia (artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), 
por importe de 136 millones34. En relación con este tipo de libramientos, si bien en la citada 
normativa se señala que “ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional se 
procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la intervención y aprobación de la cuenta 
justificativa,” sin concretar, por tanto, el plazo para la presentación de la documentación justificativa, 
cabe señalar que aún existen libramientos pendientes de justificación, por importe de 57,535 
millones, expedidos con anterioridad al ejercicio 1999. 
4.46. De los libramientos expedidos por la AGE  para pagos a justificar cuya documentación 
justificativa se había presentado antes del 31 de diciembre de 2017, y estaba pendiente de 
aprobarse la correspondiente cuenta (556,5 millones de euros y 8.329 libramientos), para un importe 
34 En el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2019 se ha incluido, a iniciativa de las Cortes 
Generales, la Fiscalización de los contratos tramitados como de emergencia y de urgencia por las Confederaciones  e.e
Hidrográficas del Guadalquivir, del Segura y del Júcar, así como de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante  bo
los ejercicios 2008 a 2017.  65www.
(f3a45 s8De me d ieell osintnese tsirmu) cpscoeiór tcneo ,cr roceomsmpooo a nccdtouena scceoiocnnu leeibsnr cpairmae ivdeieanlst o Iensn foq lruame Se ef ucdeceri oófnins  cdeaexl piEzeandcjuiidóiconis a smae iñfeaanvltaoodr d ode, el9  Td,5riis bmtuinniltlaaolsn d eceso  Cndfueee deneutraraosc.s iEo snle iem sep nhocirdutreeo nrgetrrsáatfnaic neatnes  
ceinrc u1n9s9t6a,n cqiuae.   se justificaron y aprobaron, pero sin que se registrase en el sistema de información contable esta
de 523,5 millones se habían excedido los plazos de aprobación previstos en el artículo 79.6 de la 
LGP, de los que 27,1 millones corresponden a libramientos anteriores a 2011. 
4.47. El importe de los libramientos a justificar de la AECID y del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) que, al cierre del ejercicio 2017, han excedido el plazo legalmente establecido para 
su aprobación asciende a 25,4 y 18 millones de euros, respectivamente. Del primero de los citados 
importes, 3,4 millones corresponden a libramientos expedidos por la AECID en el periodo 2005-
2010. Por su parte, TURESPAÑA tiene libramientos cuyas cuentas justificativas se presentaron en 
el periodo 2002-2004 y que continúan sin ser aprobadas a 31 de diciembre de 2017, por un importe 
de 0,4 millones, por lo que deberían ser objeto de depuración o de aprobación definitiva.  
En relación con la contabilización de las operaciones derivadas de los pagos a justificar en los 
organismos autónomos, se han observado determinas deficiencias en el registro de algunas de las 
operaciones realizadas en las distintas fases contables por las que discurren los pagos a justificar 
desde el libramiento de los fondos hasta la aprobación de la cuenta justificativa, que vienen 
repitiéndose desde hace varios ejercicios. Así, en algunos organismos, figuran contabilizados a fin 
de ejercicio gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de 
aprobación (cuenta 5586) por un importe erróneo, al superar contablemente al saldo total de los 
fondos librados cuyas cuentas justificativas no han sido aprobadas (cuenta 5580); y en otros no se 
registran contablemente, al final de ejercicio, los gastos realizados con cargo a libramientos a 
justificar que se encuentren pendientes de aprobación.  
IV.2.5 Operaciones no eliminadas en el proceso de consolidación
4.48. 36
IV.3 BALANCE CONSOLIDADO
IV.3.1 Activo
IV.3.1.1 INMOVILIZADO  INTANGIBLE,  INMOVILIZADO  MATERIAL  E  INVERSIONES
INMOBILIARIAS
4.49. Como se viene señalando en las DCGE de ejercicios anteriores, una parte importante del 
inmovilizado material de la AGE sigue careciendo de inventarios completos de los bienes que lo 
integran.  No  obstante,  con  objeto  de  avanzar  en  la  ampliación  y  mejora  del  inventario  de 
infraestructuras y bienes muebles de la AGE, y en aplicación de la normativa emitida en los meses 
de noviembre y diciembre del ejercicio 201737, durante el ejercicio 2018 se han iniciado trabajos 
para la implantación del módulo de inventario SOROLLA en dos Departamentos Ministeriales 
(Sanidad y Economía), a fin de garantizar que las adquisiciones de bienes que se realicen en su 
ámbito se incorporen al inventario a la vez que se realiza la gestión presupuestaria, excepto para 
los bienes inmuebles incluidos en el Inventario General de Inmuebles gestionado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado (DGP), cuya gestión se realiza a través de la aplicación Central 
de Información de Bienes Inventariables del Estado (CIBI). No obstante, en tanto no se disponga 
de inventarios completos, las pruebas pertinentes para evaluar la realidad de los saldos reflejados  s
en los estados financieros relativos a estos bienes no se han podido llevar a cabo y, por lo que  o
respecta a su amortización, esta circunstancia ha ocasionado que su dotación se determine sobre  65www.
36 Párrafo suprimido como consecuencia del tratamiento de alegaciones.
f3e7 bOrerdroe nd eH F20P1/181. 05/2017, de 16 de noviembre; Resolución de 18 de diciembre de 2017 de la IGAE; y Resolución de 2 de
la base de la variación del saldo del ejercicio para aquellos bienes que no están soportados en el 
correspondiente  inventario,  en  lugar  de  calcularse  en  función  del  valor  contable  del  bien 
correspondiente y de su vida útil. 
4.50. Desde el ejercicio 2002 se viene recogiendo en la DCGE que la TGSS no dispone del 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social completo, actualizado y conciliado 
con  las  cifras  registradas  contablemente,  debido,  fundamentalmente,  a  la  inexistencia  de 
procedimientos que permitan su conexión directa con el Sistema de Información Contable de la 
Seguridad Social (SICOSS). 
La formación del Inventario General es responsabilidad de la TGSS y está prevista en el artículo 5 
del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social, si bien en 
2012 se dictó la Resolución conjunta de 5 de julio, de la IGSS y la TGSS, por la que se dieron 
instrucciones  sobre  la depuración de  este  inventario,  a  fin  de  que  ambos  centros  directivos 
trabajaran coordinadamente en su elaboración. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2017, y, a pesar 
del tiempo transcurrido, los trabajos están inconclusos, deduciéndose de la información facilitada 
por la TGSS en este ejercicio, que la última actualización global de datos contables se realizó en 
2014 con los facilitados por la IGSS, que se referían a los ejercicios 2011 (datos contables del INSS, 
INGESA, ISM y TGSS) y 2012 (datos contables del IMSERSO). En consecuencia, se reitera la 
necesidad de que tanto la TGSS, como responsable de la formación del mencionado inventario, 
como la IGSS que, a tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 125 de la LGP, es quien 
tiene atribuidas las funciones de dirección y gestión de la contabilidad en el ámbito de la Seguridad 
Social, agilicen los trabajos para concluir su elaboración. 
4.51. Los epígrafes de “Inmovilizado material” e “Inmovilizado intangible” recoge el valor de los 
inmuebles transferidos a las CCAA, que figuran registrados en los balances del INGESA38, el 
IMSERSO y el ISM por 3.797,2 millones de euros39. Cabe señalar que aunque los Reales Decretos 
sobre traspaso a las CCAA de las funciones y servicios de dichas entidades prevén que tales 
inmuebles figuren en el balance de la Seguridad Social en la forma que determine la IGSS, este 
mandato no se ha materializado convenientemente en el cuerpo normativo de la APGCPSS’11, ya 
que solo en su “Introducción” se señala (sin referirse expresamente a ellos) que en el balance de 
las distintas entidades gestoras figurarán aquellos inmuebles a través de los cuales se realiza la 
prestación de los diferentes servicios que originariamente eran competencia de la entidad. Sin 
embargo, para que esta particularidad pueda ser aplicada a los referidos inmuebles tendría que 
haber sido expresamente recogida en las NRV de dicha APGCPSS’11, como una excepción a la 
norma 16ª, que es la aplicable a las adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y 
derechos.  
Estos inmuebles fueron adquiridos en la mayoría de los casos con recursos propios del sistema de 
la Seguridad Social (en su mayor parte, cotizaciones sociales), y en la actualidad continúan inscritos 
a nombre de la TGSS, por lo que forman parte de su patrimonio, siendo este, según el artículo 103 
del TRLGSS, único, afecto a sus fines y distinto del patrimonio del Estado. En consecuencia, 
mientras no se produzcan cambios legislativos que afecten a su situación jurídica, resulta necesario 
que la IGSS recoja expresamente la excepcionalidad aplicable a estos inmuebles transferidos 
dentro de las actuales NRV de la APGCPSS’11, dado que la aplicación de la NRV 16ª, cuando la 
adscripción o cesión gratuita es por un período indefinido o similar a la vida económica del bien  e
A3389l  cEDoner c eeóssntte,a  H ecopifsírgpari,at a5fel3  C,d5ae llma IhNilolGornrEaeS syA  dH seoe se ipunirctaoluls yS ceoonnr,r  LeaLsdpàeotmzneádrse., n lo asl  eedpifíigcriaofse a ddes c“rInitomso av illaizsa dFou nindtaacniognibeles” H, cousepnitatal sM 2a0n7a cInovr eHrosisopniteasl   2021-2665n https://ww
(s1o4b,r9e  maiclltoivnoess ),u yti liezla rdeossto  ecno rrréegspimoennd ed ae  “Ianrmreonvdilaizmaideon tmo aote rcieadl”i.d os (38,6 millones) y 209 Otro inmovilizado intangible
(como  es  el  caso),  supondría  la  baja  de  tales  inmuebles  del  balance  del  sistema,  lo  que 
comprometería seriamente la situación patrimonial de la Seguridad Social. 
4.52. Debido a que el INGESA, el IMSERSO y el ISM mantienen en sus balances los inmuebles 
transferidos a las CCAA, también proceden a su dotación a la amortización, lo que implica una 
sobrevaloración de gastos en la cuenta del resultado económico patrimonial de las citadas entidades 
por el importe de la indebida dotación, que en el ejercicio 2017 alcanzó una cifra conjunta de 
38,1 millones de euros, ascendiendo el exceso acumulado de esta amortización a 31 de diciembre 
de 2017, a un total de 609,2 millones40. 
4.53. Las entidades gestoras y la TGSS no han concluido las actuaciones previstas en la Resolución 
de la IGSS, de 14 de mayo de 2012, por la que se dictan las instrucciones para el registro contable 
del terreno de forma independiente de la construcción, quedando sin segregar elementos por un 
total de 625,4 millones de euros (8,62 % del total del saldo contable susceptible de segregación); lo 
que afecta, también, al subgrupo 28 Amortización acumulada del inmovilizado, por 165,7 millones. 
Del importe total pendiente de segregar, al IMSERSO le corresponden 532,5 millones (68,32 % del 
total del saldo contable de esta entidad susceptible de segregación), ya que hasta 2014 no se había 
realizado ninguna actuación al respecto.  
Durante  2017  las  actuaciones  relacionadas  con  la  segregación  han  sido  insuficientes, 
especialmente en el caso del IMSERSO. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio 
de este proceso, 6 años, es necesario darle un impulso definitivo para que el registro contable de 
las  construcciones  y  terrenos  de  estas  entidades  se  adapte  a  lo  dispuesto  en  la  NRV  2ª 
“Inmovilizado material” de la APGCPSS’11. 
4.54. Como en ejercicios anteriores, los inventarios de las cuentas 206 Aplicaciones informáticas, 
216 Mobiliario y 217 Equipos para procesos de información de la TGSS presentan apuntes globales 
sin detallar por, al menos, 71,9; 27,4 y 385,7 millones de euros, respectivamente, lo que no permite 
conocer  la  naturaleza  de  los  bienes  que  incluyen,  ni  su  antigüedad,  e  impide  verificar  el 
cumplimiento de la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, de 14 
de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de 
ejercicio. 
Adicionalmente, algunos de los inventarios remitidos por la TGSS, el INSS y el INGESA presentan 
deficiencias que afectan a la calidad de la información recogida. Fundamentalmente son dos: a) no 
quedan identificados correctamente los elementos inventariados, bien por no disponer de un código, 
o bien  porque  su  descripción  es  insuficiente,  lo  que  podría  dificultar,  en  ambos  casos,  su
localización41; y b) recogen elementos que, por su antigüedad, podrían estar en desuso42. Estas 
carencias permiten concluir que tales inventarios no constituyen un instrumento útil para la gestión 
y el control del inmovilizado, por lo que es preciso que las entidades afectadas acometan una 
revisión y una depuración de los mismos. 
4.55. El  inventario  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Duero  no  es  completo  y  los  de  los 
organismos Confederación Hidrográfica del Guadiana, Instituto Nacional de Administración Pública, 
40 Incluye las regularizaciones sobre la amortización acumulada derivadas del proceso de segregación del suelo y el vuelo,  es
así como de las adscripciones y desadscripciones realizadas sobre estos inmuebles durante 2017.  oe.
44pin12o  fAoAr rffm2ee1ccátt,ata2ic   eeomssspip,l leeopccnoiieraa sl1lmm,0 ee,25nn1 ttm5ee   ialaIlno l lsnaINtesa sGlca. uEc eiSonAntae, ssc  u2teé0nc6tn aAiscp a2lisc0,a 6cp Aiooprn lei2cs1a ,ci8nio fonmremilsloá Itnnicefoasrs,m  d2áe1t i6cla a MsT,oG pbSoilSira  4ryi,o 5e,  lm pINiollSro nS2e 3ps,o 4dr  em1 7eil,ul2or nomesis,l l 2oy1n 4e2 s1M d7ae q Eeuquinuraoiprsioa ys,    2021-2665n https://www.
m7,5ill omniellso,n reess,p reecstpiveacmtiveanmtee. n te, y a la cuenta 217 Equipos informáticos del INSS y del INGESA por 23,5 millones y 1,8
JCT y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como el de la agencia estatal CSIC, cuyo 
importe global neto contable asciende a 3.231 millones de euros, presentan algunas deficiencias en 
la valoración y demás información de algunos de los bienes que incluyen. En el caso de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el informe de auditoría incluye salvedades en su 
informe en relación con la metodología utilizada para la formación del inventario de infraestructuras, 
y señala que el organismo no ha facilitado un inventario o registro específico de los bienes de 
titularidad estatal que gestiona. Además, al cierre del ejercicio fiscalizado, esta entidad no ha 
incorporado a su balance los bienes y elementos que, al amparo del Real Decreto 1498/2011, 
revirtieron a la Administración del Estado. 
4.56. En el epígrafe “Inmovilizado material” se recoge un importe de 45,3 millones de euros que 
corresponde al valor neto, al cierre del ejercicio 2017, de los bienes inmuebles de la red básica de 
almacenamiento público de cereales (silos) que se encontraban cedidos en uso a las CCAA, que 
revirtieron en 2015 al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y que figuran en el inventario del 
organismo. Del citado importe, al menos 22,9 millones deberían estar registrados en el epígrafe 
“Activos en estado de venta” del activo corriente del balance, por corresponder a silos para los que 
se ha acordado la enajenación, y por cumplirse las circunstancias establecidas en el apartado 1 de 
la norma de reconocimiento y valoración 7ª “Activos en estado de venta” del PGCP. Por otra parte, 
el organismo debería realizar un test de deterioro, ya que se ha comprobado que la pérdida media 
de los silos vendidos ha sido del 43% respecto de su valor neto en el momento de la venta. Dicho 
test de deterioro no se ha realizado, por lo que tanto el inmovilizado como los resultados de 
ejercicios anteriores y los del ejercicio podrían estar sobrevalorados en un importe que no ha podido 
ser cuantificado. Las deficiencias señaladas en este apartado ya se pusieron de manifiesto en las 
DCGE correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016. 
4.57. Como consecuencia de la indebida activación de diversas operaciones relacionadas con 
inmuebles cedidos a consorcios, el inmovilizado material está sobrevalorado en 23 millones de 
euros. Así, el Consorcio Casa de América ha activado indebidamente, como inmovilizado material, 
su sede (Palacio de Linares), propiedad del Ayuntamiento de Madrid, por el importe del valor 
catastral, lo que motiva una sobrevaloración de los epígrafes “Inmovilizado material” y “Patrimonio 
aportado” del balance consolidado, por una cuantía de 16,3 millones de euros, en lugar de registrar, 
como inmovilizado intangible, el valor razonable del derecho de uso del citado inmueble. Asimismo, 
el  Consorcio  Casa  del  Mediterráneo  también  ha  activado  indebidamente,  como  inmovilizado 
material, la cesión a su favor del inmueble “Estación de Benalúa” por lo que el citado epígrafe del 
activo y su contrapartida en el patrimonio neto (“Otros incrementos patrimoniales pendientes de 
imputación a resultados”) se encuentran sobrevalorados en 3,3 millones de euros. Dado que la 
cesión del edificio se formalizó en 2009 por un periodo de 30 años, con la contraprestación por parte 
del Consorcio de realizar las obras necesarias para la rehabilitación del mismo, no se trata de una 
cesión gratuita, por lo que no procede su activación. Por otra parte, las obras de rehabilitación del 
inmueble realizadas con cargo a su presupuesto, que al cierre del ejercicio 2017 figuran incluidas 
de forma indebida en el epígrafe de inmovilizado material por 3,4 millones, deberían figurar como 
inmovilizado intangible, por tratarse de obras realizadas sobre un inmueble cedido que revertirán al 
cedente una vez finalizado el periodo de cesión. 
4.58. Como ya se señaló en las DCGE de 2015 y 2016, las adquisiciones de bienes del patrimonio 
histórico del MNCARS están inventariadas, pero no están valoradas en todos los casos de acuerdo  e
con lo establecido en las NRV 2ª y 3ª del PGCP. Las obras adquiridas a partir de 2017, que han  b
dado lugar a unas altas en balance de 4,4 millones de euros, se han contabilizado de acuerdo a lo  65ww
elos tqaubele ncoid eos e pno esli bPlGe CcoPn, opceerro  lan ov aolcourarrcei ólon  mdeis tmodoo cso ne slatoss a bdiqenueissic, iroenfelesja adnotse reionr eesl  baa dlaicnhcoe  aañ o3,1 p doer 
ddiec ieesmtab reen dtied a2d0 1re7f eproidr ou na l imejeprocritcei ot o2ta0l1 d3e,  a2p9r8o,b4a mdoil lpoonre se ld Ter iebuurnoasl.  dEen C eul eInnftoarsm eel  2d9e  dfisec eanlizearoc iódne 
2015, ya se señalaba que las deficiencias de la documentación suministrada como soporte de la 
cuenta “Bienes del patrimonio histórico” impedían verificar su saldo. 
4.59. El inventario de los bienes del Instituto Cervantes no está actualizado al encontrarse en un 
proceso de verificación física y depuración de datos los bienes de su inmovilizado material e 
intangible adquiridos con anterioridad a 2005, cuyo importe neto contable asciende a 53,4 millones 
de euros. En el informe de fiscalización del Instituto Cervantes del ejercicio 2012, aprobado por el 
Tribunal de Cuentas el 30 de octubre de 2014, se recomendó acometer una actualización completa 
del inventario de dichos bienes. Por su parte, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las 
relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó el 16 de mayo de 2017 una Resolución, en relación 
con este Informe, en la que, compartiendo el criterio del Tribunal de Cuentas, insta al Instituto 
Cervantes a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de su Reglamento, donde se establece 
que el Consejo de Administración debe aprobar, a 31 de diciembre de cada ejercicio, el inventario 
de bienes y derechos que constituyen el patrimonio del Instituto y remitirlo a la Dirección General 
de Patrimonio del Estado. Según consta en el informe de fiscalización relativo al seguimiento de las 
principales recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalización sobre entidades del 
sector público estatal, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 20 de diciembre de 2018, esta 
recomendación del Tribunal y la correlativa Resolución de la Comisión Mixta estaban cumplidas 
parcialmente en 2018, al haberse aprobado por este Instituto, el 20 de abril de 2018, el inventario 
para los bienes adquiridos desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2017, quedando por 
completarse el inventario de los bienes adquiridos con anterioridad a 2005. Por otra parte, no todos 
los bienes recibidos por adscripción o cesión están incorporados al activo por su valor razonable, 
como ocurre con el inmueble cedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares o diversos inmuebles 
del extranjero. 
4.60. Al igual que en ejercicios anteriores, la UNED viene utilizando determinados inmuebles sin 
que conste, en unos casos, que se haya formalizado su inscripción registral y, en otros, sin que 
disponga de título jurídico suficiente para acreditar la propiedad de los mismos. Esta circunstancia 
afecta a una parcela que integra el campus de Las Rozas, cedida por el Ayuntamiento, a una parcela 
cedida por la Universidad Complutense de Madrid, a inmuebles que le fueron adscritos por el Estado 
y que la UNED utiliza como centros asociados en el extranjero (Berna, Buenos Aires, Caracas y 
Fráncfort) y a parte del edificio sede del Rectorado de la UNED que se encuentra ocupado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). En los 
dos primeros casos (parcela del campus de Las Rozas y parcela cedida por la Universidad 
Complutense), la UNED no ha incorporado en el activo del balance su valor razonable. 
4.61. El Consejo Económico y Social, desde su creación en 1991, tiene su sede social en un 
inmueble titularidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social43, sin disponer de título jurídico que 
acredite su utilización y sin que se haya reconocido un gasto y un ingreso en la cuenta de resultados 
por la mejor estimación del derecho cedido de cada ejercicio (aunque sí ha activado como 
inmovilizado intangible las obras de acondicionamiento realizadas sobre dicho inmueble). 
4.62. Los Centros Universitarios de la Defensa ubicados en la Academia Central de la Defensa, en 
la Academia General Militar de Zaragoza, en la Escuela Naval Militar de Marín y en la Academia 
General del Aire San Javier utilizan unos edificios titularidad del Ministerio de Defensa sin disponer 
de título jurídico habilitante o documento regulador del uso de tales bienes inmuebles para el  e
cumplimiento de sus fines propios. Las cuentas de resultados de estas entidades no tienen  bo
reconocido un gasto de acuerdo con su naturaleza ni un ingreso por subvención por la mejor  65ww
estimación del derecho cedido de cada ejercicio.
43 Actualmente Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  BOE-A-cable e
4.63. La entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo utiliza edificios, instalaciones y 
espacios ubicados en los centros penitenciarios, lo que supone una cesión a su favor de bienes de 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sin que se disponga de documento regulador 
descriptivo del uso y de las características de tales bienes. La cuenta de resultados de esta entidad 
no tiene reconocidos un gasto de acuerdo con su naturaleza ni un ingreso por subvención por la 
mejor estimación del derecho cedido. 
4.64. En los ejercicios 2015 y 2016, SEITTSA traspasó a la AGE (Ministerio de Fomento), a título 
gratuito, diversos tramos de carreteras que habían sido construidos y pagados por la sociedad y 
financiados con aportaciones patrimoniales del Estado, todo ello en virtud de lo establecido en el 
Convenio firmado por ambas partes el 11 de agosto de 2015 para la refundición de los anteriores 
convenios existentes y para la encomienda de nuevas actuaciones. El valor en la contabilidad de 
SEITTSA de los tramos entregados para su gestión y explotación por parte de la AGE, neto de las 
subvenciones de capital recibidas, era de 2.037 millones de euros. A pesar de que a nivel 
consolidado la puesta a disposición de la AGE de las obras finalizadas no debería generar una 
sobrevaloración de los activos, el valor por el que dichas carreteras están registradas en la 
contabilidad de la AGE asciende a 2.439 millones, como consecuencia de la emisión de facturas y 
la correspondiente repercusión del IVA por parte de SEITTSA, por lo que el “Inmovilizado material” 
de la CGE está sobrevalorado en 402 millones44.  
Por otra parte, en el ejercicio 2017 SEITTSA traspasó a la AGE, a título gratuito, las actuaciones de 
carreteras que había finalizado. El valor para SEITTSA de las actuaciones traspasadas en 2017, 
neto de subvenciones, asciende a 241 millones de euros, que figuran en su contabilidad en el 
epígrafe de deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, habiendo registrado también 
el IVA repercutido por 56 millones. En el proceso de elaboración de la CGE, estos 297 millones, han 
sido objeto de reclasificación como inmovilizado material, dado que la AGE no había registrado 
todavía el valor de dichas actuaciones en su contabilidad. En consecuencia, el “Inmovilizado 
material” de la CGE está sobrevalorado en otros 56 millones. 
4.65. Durante  los  ejercicios  2014  a  2017,  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos 
Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A. ha finalizado la construcción, rehabilitación 
o reforma de distintos centros penitenciarios u otras obras que han sido puestas a disposición del
Estado, por un importe global de 248,6 millones de euros. A pesar de que a nivel consolidado la
puesta a disposición de la AGE de las obras finalizadas no debería generar una sobrevaloración de
los activos, en el momento de poner a disposición del Estado dichas obras, aún de forma provisional,
la sociedad emitió las correspondientes facturas, devengándose el IVA por 20,9 millones, lo que
ocasionó que se incrementara el valor de las existencias en la contabilidad de la sociedad, valor por
el que posteriormente son contabilizadas en la AGE. En particular, el valor de la facturación de 2014,
cuyos bienes ya están registrados en la contabilidad de la AGE tras su recepción definitiva, está
sobrevalorado  en  1,3  millones  de  euros;  respecto  a  las  obras  finalizadas  en  2015  y  2016,
sobrevalorados en 12,2 millones, están a 31 de diciembre de 2017 registradas, parte en la
contabilidad de la AGE y parte en la contabilidad de la sociedad; y las obras de 2017 están
sobrevaloradas en 7,4 millones en la contabilidad de la sociedad. Consecuentemente, también
df4o4e rdmLuaac rIiíbGal eAp Epa aretrena   dlsaeu lAs v GaaElleo gry a dmceiaol nnaiecfestis vctoau.n eAds otie oqsntueae   reseli s clparei taecdtroiqo,u  dmiseiacbnieót ensn esidñeoa h lauprbosiree e sqle u Treer iabeluli zntaraadlt oas meañ ieuannlataon  eddnoat idqdoua eda   ealalj esInV eaA n atnrl eogg rtauiespn ode, e ec laa IcrVátiAcvt oessrí    2021-2665n https://ww
ddeeln gtrrou pdoe,l  gcorunpsoid ae rtaítnudloo  gqruaetu eitso  enlo p trioepnieo  qguruep soe re li dqéunet icaol  fain alal sr eocpaeurdaaci oenl eIVsA d eso cpoomrtpardaov.e nta de activos a entidades fuera
están sobrevaloradas las reservas y resultados del ejercicio de la CGE por 13,5 y 7,4 millones, 
respectivamente45. 
4.66. El saldo del “Inmovilizado material” del balance está infravalorado, aunque no se puede 
cuantificar el efecto que pueda tener sobre el balance consolidado, tal como se pone de manifiesto 
en los informes de auditoría de cuentas anuales relativos al ejercicio 2017 de ADIF, al no figurar 
registrados contablemente la mayor parte de los terrenos a través de los cuales discurre la traza de 
vía de la mayoría de las líneas integrantes de la red convencional, así como los terrenos sobre los 
que se asientan ciertos recintos ferroviarios de su titularidad. 
4.67. El saldo del “Inmovilizado material” del Grupo ADIF incluye infraestructuras ferroviarias e 
instalaciones pertenecientes a la red convencional que han sido traspasadas íntegramente a la 
entidad en virtud de ciertas disposiciones legales, por un saldo total de 13.153 millones de euros. 
El traspaso de 315 millones de estos importes no se ha acreditado mediante documentación 
soporte. Por otra parte, el 1 de enero de 2013 ADIF incorporó infraestructuras ferroviarias e 
instalaciones integrantes de la red estatal de ancho métrico segregadas de FEVE que podrían estar 
sobrevaloradas debido a deficiencias de control interno especialmente relacionadas con el proceso 
de bajas por renovaciones, ascendiendo el valor neto contable de estos activos a 31 de diciembre 
de 2017 a 391 millones, aunque la información disponible no permite cuantificar el importe de la 
posible sobrevaloración. Las dos circunstancias descritas, que se ponen de manifiesto en el informe 
de auditoría de las cuentas anuales consolidadas del Grupo ADIF, indican que el “Inmovilizado 
material” del balance de la CGE estaría sobrevalorado en un importe que no ha podido ser 
cuantificado46. 
4.68. El saldo de las “Inversiones inmobiliarias” del balance de la Autoridad Portuaria de Vigo está 
infravalorado en 61,7 millones de euros y el del “Inmovilizado material” sobrevalorado por el mismo 
importe, al tener indebidamente registrado el valor de las inversiones efectuadas en la construcción 
de la Plataforma Logística e Industrial en los municipios de Salvaterra e As Neves, cuya finalidad 
no es su explotación directa por la Autoridad Portuaria sino su venta, lo que ha supuesto una 
salvedad en la opinión del informe de auditoría del ejercicio 2017 de esta entidad. 
4.69. 47
4.70. La representatividad de las cifras que ofrecen los epígrafes de “Inmovilizado intangible”, 
“Inmovilizado material” e inversiones financieras del balance consolidado de la CGE del ejercicio 
2017 están afectadas por la forma en que las entidades del sector público empresarial han aplicado 
la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables para las 
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. Aunque la Orden es de aplicación 
a todas las entidades del sector público empresarial, en la mayoría de las entidades la información 
contenida, a este respecto, en las memorias de sus cuentas anuales es inexistente, inexacta o 
confusa; tan solo 51 de ellas hacen referencia a esta Orden en su memoria y solo 25 clasifican sus 
activos como generadores o no generadores de flujos de efectivo, entre las que se incluyen las 
45 Se reitera lo manifestado en la nota a pie de página anterior respecto las operaciones entre SEITTSA y la AGE. 
46 En el Informe de Fiscalización del grado de cumplimiento por Aguas de las Cuencas de España, S.A., Aguas de las  es
Cuencas  Mediterráneas,  S.A.,  el  Grupo  Renfe-Operadora,  Ferrocarriles  de  Vía  Estrecha,  el  Administrador  de  o
Infraestructuras Ferroviarias y Adif-Alta Velocidad, de las recomendaciones incluidas en Informes de Fiscalización,  w.
aprobado por el Pleno el 25 de octubre de 2018, se pone de manifiesto que ADIF está trabajando en las valoraciones de  65ww
leossp aecrati vcoosn rceluciirb iedno s2 a0l2 o0b jeelt op rdoec eesliom idnea rv dailcohraacsi ódne fidceie nlocsia tse rerne nsous  vpaolor ralocsió qnu, es edñiaslcáunrdreo slae  evnía p daert iclau lraerd q ucoen lave Ennctioidnaadl 
e47n Ptreágrraadfoo se lpimorin eal dEos ctaodmoo e cno 2n0s1e3c.u encia del tratamiento de alegaciones.
entidades  públicas  empresariales  ADIF,  ADIF-AV,  ICEX  España  Exportación  e  Inversiones, 
RENFE-Operadora y ENAIRE y las sociedades mercantiles AENA, S.A. y la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, S.A., SME. Por lo que respecta al sector portuario, doce Autoridades 
Portuarias no hacen referencia en su memoria a la Orden, otras diez Autoridades Portuarias y 
Puertos  del  Estado  hacen  referencia  a  la  Orden  pero  no  clasifican  sus  activos  y  solo  seis 
Autoridades Portuarias clasifican sus activos. 
4.71. Al menos cinco fundaciones no tienen valorado el derecho cedido para usar los inmuebles de 
los que disponen para la realización de su actividad propia. Por tanto, no registran contablemente 
dicho derecho como inmovilizado intangible o inmovilizado material (dependiendo de los elementos 
jurídicos fijados en el documento de cesión). Las fundaciones que se encuentran en esta situación 
son:  Fundación  SEPI;  Fundación Escuela  de  Organización  Industrial;  Fundación  del  Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje; Fundación Centro Nacional del Vidrio; y Fundación 
Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social. 
IV.3.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS
4.72. En el epígrafe inversiones financieras, figuran partidas intragrupo procedentes de créditos 
concedidos por la AGE a diversas entidades del grupo del sector público administrativo que no han 
sido eliminadas en el proceso de consolidación al no coincidir los saldos acreedores de dichas 
entidades con los deudores recíprocos que figuran en la AGE. En concreto, hay que destacar un 
saldo deudor acumulado no eliminado de 180,4 millones de euros, derivado de las diferencias que 
surgen con el CSIC (170,3 millones) y con el Instituto de Astrofísica de Canarias (10,1 millones). 
Estas  diferencias  estarían  motivadas,  fundamentalmente,  por  el  registro  de  los  derechos 
reconocidos  por  las  entidades  en  cuentas  distintas  de  préstamos  recibidos  relacionados, 
principalmente, con proyectos cofinanciados por la Unión Europea.  
4.73. La integración de la actividad del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) en la 
contabilidad de la AGE se ha efectuado con la información reflejada en las cuentas anuales 
formuladas por este fondo carente de personalidad jurídica, que coinciden con las aprobadas. No 
obstante, el informe de auditoría emitido por la IGAE, con una opinión favorable con salvedades, 
refleja la existencia de determinadas limitaciones al alcance. Estas limitaciones según el citado 
informe afectan, entre otras, a la valoración de los créditos concedidos a través de la Facilidad 
Financiera para la Seguridad Alimentaria como consecuencia del cálculo de la subvención implícita 
derivada de estos, a la valoración de los deterioros de determinadas inversiones de capital, así 
como a determinados errores en la integración de los estados financieros de la Facilidad Financiera 
para la seguridad alimentaria gestionada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 
4.74. A través del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas (FFCCAA), la CAGE incluye 
el saldo de los préstamos otorgados a las distintas CCAA, cuyo importe ascendía al cierre del 
ejercicio 2017, según las cuentas anuales aprobadas del citado fondo, a 166.160,8 millones de 
euros. Dentro de este importe se incluyen 124.796,3 millones que derivan del mecanismo de 
financiación del Compartimento Fondo de Liquidez Autonómico, resultando un incremento del 
endeudamiento de estas CCAA con el Estado por este concepto de 17.216,5 millones respecto al 
saldo al cierre del ejercicio anterior (107.579,8 millones). En relación con los citados préstamos, 
cabe señalar que, entre los hechos posteriores al cierre reflejados en la memoria de las cuentas  e.
anuales del ejercicio 2017 del Fondo, se indica que, en el período transcurrido entre la fecha de  w.
cierre del ejercicio y la de elaboración de las cuentas anuales de 2017, se han producido impagos  65ww
dcoen dcuicoiotanse sd, ee la rmetorratsizoa cdieó nl,a  pCoor mimunpiodrated  Adeu tó4n.6o6m7a,3 e mn iallotennedse, r aessí tocso mveon cqiumei,e netno sd neote rgmeinneardaarás 
intereses de demora. A este respecto, como se pone de manifiesto en el Informe de Fiscalización
del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, ejercicios 2015 y 2016, aprobado por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas el 20 de diciembre de 2018, cabe señalar que si bien esta cláusula 
resulta de aplicación en determinadas condiciones, ha sido interpretada de forma extensiva para no 
liquidar ningún tipo de interés, lo que supone que el Estado asume el coste de la financiación. En 
consecuencia,  en  dicho  informe  se  propone  de  facto  que  dicha  práctica  sea  suprimida, 
recomendándose aplicar una compensación equivalente al coste que dicha financiación tiene para 
el Estado. 
4.75. El saldo total de las cuentas “Otros créditos a largo plazo”, “Otros créditos a corto plazo”, 
“Deterioro de valor de créditos a largo plazo” y “Deterioro de valor de créditos a corto plazo” de la 
CAGE, en la parte relacionada con créditos del FIEM que van a ser objeto de condonación previo 
cumplimiento de las condiciones establecidas en programas de conversión de deuda por proyectos 
de desarrollo, está infravalorado en 785,7 millones de euros, ya que su saldo ascendía a 193,1 
millones y su importe debería ser de 978,8 millones. Como se expone en el informe de fiscalización 
del FIEM, ejercicios 2015 y 2016, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 25 de abril de 2018, el 
tratamiento contable aplicado a los créditos incluidos en programas de conversión de deuda en 
proyectos de desarrollo no estaba previsto en el Plan de Contabilidad aplicable a los fondos carentes 
de personalidad jurídica, aprobado por Resolución de la IGAE de 1 de julio de 2011, ni en la 
normativa contable de la AGE, de aplicación supletoria. El gestor financiero del Fondo da de baja 
las cuentas de estos créditos a medida que el deudor ingresa los recursos en un fondo de 
contravalor. Sin embargo, la condonación de los créditos se produce con el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos en los programas correspondientes, de los que la ejecución de los proyectos de 
desarrollo es su elemento esencial, cumpliéndose de esta manera con lo previsto en la Ley 38/2006, 
de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, que establece el principio de 
condicionalidad. Al cierre de 2017 no se ha acreditado la ejecución de ninguno de los proyectos de 
desarrollo a los que se refieren los acuerdos adoptados en los citados programas, ni tampoco se 
han aportado las actas de condonación en las que se haga constar el cumplimiento de la totalidad 
de los acuerdos suscritos en relación con los mismos. Como resultado de la práctica contable citada 
y de que no se ha producido la condonación definitiva de los créditos, estos están reconocidos en 
las cuentas citadas de la CAGE por un importe muy inferior al que correspondería. 
4.76. Las homogeneizaciones valorativas de la deuda pública en que se materializa el Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social han sido compensadas e imputadas en su totalidad a Reservas y 
resultados de ejercicios anteriores, por un importe negativo de 30,6 millones de euros, cuando lo 
correcto hubiera sido imputar un importe negativo de 66,5 millones, y a Resultados del ejercicio un 
importe positivo de 35,9 millones.  
4.77. Las homogeneizaciones valorativas de la deuda pública en que se materializan las reservas 
de las mutuas han sido imputadas en su totalidad a Reservas y resultados de ejercicios anteriores, 
por un importe positivo de 28,2 millones de euros, cuando lo correcto hubiera sido imputar a 
Resultados del ejercicio un importe positivo de 7,5 millones, y a Reservas y resultados de ejercicios 
anteriores el resto. 
4.78. Asimismo, se ha verificado que el importe homogeneizado en Reservas y resultados de 
ejercicios  anteriores  de  las  mutuas  está  sobrevalorado  en  260,1  millones  de  euros,  debido, 
fundamentalmente, a lo siguiente:  e
- Se han realizado homogeneizaciones por 15,4 millones de euros correspondientes a títulos valores 65ww
ad ela larg mo uptluaaz oU qnuivee rhsaanl  Msiudgoe ennaat.jenados durante el ejercicio, y por tanto no figuran en el saldo final
- Se han efectuado homogeneizaciones en los valores a largo plazo de la mutua Asepeyo por
importe de 115,6 millones de euros, desconociéndose el origen de las mismas.
- Se han efectuado homogeneizaciones en los valores de la mutua Ibermutuamur por importe de
126 millones de euros (65,5 de largo plazo y 60,5 de corto plazo), debido a que la IGAE, en lugar
de utilizar la diferencia entre el coste amortizado de la AGE y el de la mutua, ha utilizado la totalidad
del coste amortizado de la AGE.
Estas incidencias determinan que las eliminaciones efectuadas que afectan a los epígrafes de 
Inversiones financieras a largo y a corto plazo de las mutuas y de Deuda a largo y a corto plazo de 
la AGE, estén sobrevaloradas en 196,5 y 60,5 millones de euros, respectivamente. 
4.79. Las eliminaciones practicadas en los valores de deuda pública a corto plazo de la mutua 
Universal Mugenat están sobrevaloradas en 25,5 millones de euros desconociéndose la causa de 
esta circunstancia. Por el contrario, no se han eliminado los valores de deuda pública a largo plazo 
de la mutua Umivale, por 108,7 millones de euros, que sí fueron objeto de homogeneización 
valorativa previa. 
IV.3.1.3 DEUDORES, DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES Y OTRAS CUENTAS A
COBRAR A LARGO PLAZO
4.80. En la Disposición adicional trigésima tercera de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales 
del Estado para 2015 se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a pagar 
extrapresupuestariamente las obligaciones económicas que se deriven de la aplicación de tipos de 
interés negativos por el Banco de España y a que proceda, posteriormente, a la imputación 
presupuestaria de estos pagos, salvo los efectuados en el último trimestre, que se aplicarán al 
Presupuesto en el año siguiente.  
En cumplimiento de esta disposición legal, la CAGE presenta, a 31 de diciembre de 2017, en la 
cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación” un importe de 19,5 millones de euros. Adicionalmente, 
en aplicación del criterio de devengo, también recoge, al cierre del ejercicio, en la cuenta 413 
“Obligaciones por operaciones devengadas”, el gasto por remuneraciones negativas de los saldos 
de las cuentas del Tesoro Público en el Banco de España devengados en el último trimestre del 
ejercicio 2017, por el mismo importe señalado (19,5 millones). 
Este sistema de registro contable aplicado por la IGAE implica que tanto el activo (“Deudores, 
deudores  comerciales  y  otras  cuentas  a  cobrar”)  como  el  pasivo  (“Acreedores,  acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar”) estén sobrevalorados en dicha cantidad, por lo que, al 
conocerse el origen de los pagos pendientes de aplicación, se debería haber procedido a la 
cancelación de ambos saldos en la contabilidad económico-patrimonial. 
4.81. El saldo de correcciones valorativas por deterioro de las deudas registradas por la AGE 
ascendió al cierre del ejercicio 2017 a 24.134 millones de euros, de los que 22.067,9 millones 
correspondían a los riesgos de insolvencia de las deudas de naturaleza tributaria, así como del resto 
de derechos pendientes de cobro de la AGE (excluida la deuda de la Seguridad Social) que son 
gestionados por la AEAT. El cálculo por la AEAT de la cuantía del deterioro se realizó aplicando los  e.
procedimientos y criterios establecidos en la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999,  w.b
modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003; habiéndose aplicado, al igual que en  65ww
egjeesrtcioicnioas l aa nAtEerAioTr.e Es,l  eiml pproorctee ddieml ideentteor idoero s eesgtuimimaideon toa sicnednivdidíau aalli z5a4d,o5 1s%ob dree l ttoodtaals  dlaes l odse uddeausd oqruees 
presupuestarios al cierre del ejercicio 2017, excluida la deuda de la Seguridad Social, siendo dicho
porcentaje un punto superior al del ejercicio anterior (53,20%). La AEAT aplicó adecuadamente, en 
términos generales, la referida Resolución de la IGAE de 26 de noviembre de 2003, excepto en lo 
que se refiere a las correcciones por deudas con más de un año en periodo ejecutivo y por deudores 
en situación concursal. Así, las minoraciones practicadas por la AEAT a los deterioros de los 
créditos para los que, al cierre del ejercicio, hubiera transcurrido el plazo de un año desde el 
comienzo del período ejecutivo ascendieron a 70,1 millones de euros, y las realizadas a los 
deterioros de los créditos de deudores declarados en situación concursal a 1.412,1 millones de 
euros. Con la información disponible en 2017, no se ha podido determinar por este Tribunal si se 
ha producido un exceso o un defecto de minoración del deterioro de dichos créditos. Pero sí se 
puede señalar que el procedimiento para cuantificar las minoraciones era incorrecto, ya que la AEAT 
calculaba, para cada deudor, el menor importe obtenido de comparar el total de sus créditos 
garantizados y el total de sus garantías. En su lugar, en dicho cálculo debió haber tomado, para 
cada crédito garantizado, la cuantía menor entre el importe pendiente aplazado en vía ejecutiva al 
cierre del ejercicio y el valor de las garantías asociadas a tales créditos. Por otra parte, el cálculo 
de las minoraciones incluyó indebidamente el importe de garantías que no estaban activas al cierre 
del ejercicio. 
4.82. La deuda por cotizaciones sociales registrada por la TGSS no recoge la totalidad de los 
intereses de demora devengados a 31 de diciembre de 2017, siendo el importe registrado por este 
concepto a dicha fecha de 125,8 millones de euros. Esta incidencia se produce porque la TGSS 
solamente registra los intereses devengados en el momento en que se efectúa el cobro total o 
parcial de las deudas, al objeto de imputar dicho cobro, proporcionalmente, a la cancelación del 
principal, recargos e intereses; no realizando posteriormente, en el caso de los cobros parciales, 
ninguna actualización hasta el momento de un nuevo cobro. Por tal motivo, a 31 de diciembre de 
2017, el importe registrado contablemente está infravalorado en 1.567,4 millones, si bien, en la 
información remitida no se puede diferenciar entre el montante devengado en 2017 y en ejercicios 
anteriores, por lo que se desconoce el efecto sobre el resultado económico patrimonial de 2017. 
Asimismo, al no conocerse con exactitud la antigüedad de tales intereses no ha sido posible 
cuantificar el importe del deterioro por riesgo de crédito que correspondería registrar por su falta de 
cobro. 
4.83. El deterioro de valor de las deudas por cotizaciones sociales aplazadas de la TGSS, las 
mutuas y el FOGASA está infravalorado en 125,1 millones de euros48, debido a lo siguiente:  
- Según la normativa aplicable al respecto49, la TGSS, para el cálculo de este deterioro, únicamente
tiene en cuenta las deudas aplazadas procedentes del sector privado que carecen de las garantías
exigidas por el artículo 23.4 del TRLGSS, que ascienden a 406,9 millones de euros, sobre las que
se ha aplicado el índice de fallidos de la deuda emitida, calculado por la TGSS en un 61,36 %50, por
lo que el deterioro asciende a 249,7 millones (que suponen el 26,38 % del total del saldo aplazado).
Dicho cálculo incumple el principio contable de prudencia, puesto que no incluye las deudas
correspondientes al sector privado que, a pesar de contar con las garantías exigidas por el
mencionado artículo 23.4, presentan riesgo por falta de cobro, como lo demuestra el hecho de que
pasen a la vía ejecutiva y sigan sin cobrarse, debido a la falta de consistencia o depreciación de sus
48 Esta infravaloración, además de afectar a este epígrafe del balance, incide también en el epígrafe “Deudores, deudores  es
comerciales y otras cuentas a cobrar”, por la parte de los aplazamientos vencidos o con vencimiento a corto plazo.  oe.
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5c0o Emsúten  dínedsicdee  ddeic hfaol leidjeorsc cicoiorr.e sponde al calculado por la TGSS en 2011, no habiendo sido recalculado por este servicio
garantías.  Además,  la  TGSS  carece  de  información  en  relación  con  el  índice  histórico  de 
recuperación de esta deuda en los casos de ejecución de tales garantías. De haberse tenido en 
cuenta en este cálculo las deudas del sector privado garantizado, el deterioro de valor ascendería 
a 369,9 millones (40,33 % del saldo total de las deudas aplazadas51, en lugar del 26,38 %), por lo 
que la corrección efectuada por la TGSS (249,7 millones) estaría infravalorada en 120,2 millones.  
- Teniendo en cuenta que las deudas aplazadas por cotizaciones sociales de las mutuas y de
FOGASA tienen idéntica naturaleza que las de la TGSS y que su gestión liquidatoria y recaudatoria
se realiza por este servicio común, el cálculo del deterioro de valor de dichas deudas ha de ser
homogéneo con el descrito para dicha entidad (40,33 % del saldo total de las deudas aplazadas52),
por lo que debería haber sido registrado un deterioro de 16,9 millones. Sin embargo estas entidades
solo han contabilizado en su conjunto 12 millones, lo que supone una infravaloración global de sus
deterioros de 4,9 millones.
4.84. La TGSS y FOGASA no registran deterioro de valor para las deudas aplazadas, tanto a largo 
como a corto plazo, por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin 
ánimo de lucro que fueron objeto de moratoria desde la aprobación de la LPGE para 1995, por lo 
que el saldo de las cuentas que registran los deterioros de valor de las deudas en situación de 
moratoria está infravalorado en 196,2 millones de euros53. 
Las prórrogas concedidas para el pago de estas deudas, precisamente en los ejercicios en que 
debía iniciarse dicho pago, hacen dudar sobre su efectiva cobrabilidad, debiendo registrarse un 
deterioro por riesgo de crédito. Para la TGSS, la parte de la deuda afectada, que asciende a 217,5 
millones de euros, es la correspondiente al sector privado y sobre la misma debe aplicarse el 
porcentaje medio que la TGSS utiliza para el cálculo del deterioro de la deuda generada o emitida 
(89,30  %  en  2017),  resultando,  por  tanto,  una  corrección  valorativa  de  194,2  millones,  que 
representa el 35,08 % del saldo total de la deuda registrada por este concepto (el saldo total de esta 
deuda asciende a 553,7 millones).  
Por otra parte, teniendo en cuenta que las deudas de instituciones sanitarias públicas y privadas sin 
ánimo de lucro de FOGASA tienen idéntica naturaleza que las de la TGSS y que su gestión 
liquidatoria y recaudatoria se realiza por este servicio común, el cálculo del deterioro de valor de 
estas deudas ha de ser homogéneo con el descrito para la TGSS. Por ello, FOGASA debería haber 
dotado un deterioro de 2 millones de euros (el 35,08 % del saldo total de su deuda en situación de 
moratoria, que asciende a 5,8 millones). 
4.85. El  balance  y  la  cuenta  del  resultado  económico  patrimonial  consolidados  recogen 
aplazamientos de cotizaciones sociales por contingencias profesionales autorizados por la TGSS, 
en contra de los artículos 23 del TRLGSS y 32 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, que prohíben expresamente la concesión de aplazamientos por este concepto. 
Tales aplazamientos suponen el 13,46 % del total de los concedidos por la TGSS sobre las cuotas 
gestionadas por las mutuas. 
51 Este saldo asciende a 946,5 millones de euros, al que hay que descontar la sobrevaloración de 29,4 millones descrita  w.
en el párrafo 4.41 anterior.  65ww
r5e2 cEosgteid asa eldno e al spcáirernafdoe 4 e.4n1 c oannjtuenritoor .p ara las mutuas y FOGASA a 41,9 millones de euros descontada la sobrevaloración,
c53o Emsetrac iinaflerasv ya lootrraacsi ócnu,e andtaesm aá sc odber aarfe”,c ptaorr  ala e psater teep díger alaf em doerla btoarliaan ccoen,  ivnecnidceim taiemnbtoié an  ceonr etol  epplaígzroa. f e “Deudores, deudores  BOE-A-cable e
IV.3.1.4 DEUDORES, DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR (ACTIVO
CORRIENTE)
4.86. De la comparación de las cuentas aprobadas remitidas a este Tribunal con las formuladas que 
figuran integradas en la CGE, cabe destacar una diferencia negativa en el epígrafe de deudores y 
otras cuentas a cobrar, por 10,3 millones de euros. De este importe, 9,9 millones corresponden a la 
Confederación  Hidrográfica  del  Cantábrico  y  a  la  AECID54.  En  el  caso  de  la  Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, la diferencia se debe al reflejo en el balance de la cuenta aprobada del 
deterioro de los créditos correspondientes a la deuda del Ayuntamiento de Gijón, en concepto de 
restauración del cauce y márgenes del río Piles, minorando como contrapartida el resultado del 
ejercicio. En cuanto a la AECID, la diferencia se debe a que se han realizado, con posterioridad a 
la cuenta formulada integrada en la CGE 2017, ajustes por errores detectados en los derechos 
reconocidos  con  cargo  al  presupuesto  de  ingresos,  con  la  correspondiente  contrapartida  en 
resultados y, por otra parte, se ha registrado la regularización del saldo de tesorería para pagos a 
justificar, aumentando el saldo de deudores y disminuyendo la tesorería, para adaptar el saldo 
contable de esta última al saldo real. 
4.87. Continúa pendiente de regularización un importe de 97,6 millones de euros correspondiente a 
pagos pendientes de aplicación en la AGE derivados de la antigua normativa de pagos en el exterior, 
derogada por el artículo 18 de la LPGE para 1994, que no ha experimentado variación alguna desde 
el  ejercicio  2000.  Según  explicaciones  facilitadas  por  la  IGAE  con  motivo  de  anteriores 
Declaraciones,  a  partir  de  la  implantación  del  nuevo  procedimiento  quedaron  pagos  no 
presupuestarios pendientes de cancelar, de los que no es posible asegurar que estén pendientes 
de  aplicar a  presupuesto,  no  disponiéndose  tampoco  de  información  de  detalle  que  permita 
identificar  el  origen  de  las  cantidades  pendientes.  Esta  circunstancia  se  viene  poniendo  de 
manifiesto por este Tribunal en las últimas Declaraciones, por lo que se reitera la necesidad de que 
la Administración aclare la situación de estas partidas deudoras, pronunciándose sobre la realidad 
de dicho saldo y procediendo en consecuencia. 
4.88. En la deuda por cotizaciones sociales registrada por la TGSS existen operaciones por 55,1 
millones de euros, que corresponden a derivaciones de responsabilidad, sobre las que, teniendo en 
cuenta  la  información  disponible,  existe  una  incertidumbre  acerca  de  si  deben  permanecer 
contabilizadas o, por el contrario, debe procederse a su anulación. En consecuencia, este servicio 
común ha de analizarlas y determinar la actuación contable a realizar. 
4.89. En relación con los deudores por reintegros de pagos indebidos de prestaciones cabe señalar 
lo siguiente:  
- La contabilización de estos deudores en el INSS, el IMSERSO, el ISM y las mutuas no tiene reflejo
en la cuenta de resultados, ya que la operatoria contable dictada para este fin prevé que la
contrapartida sea una cuenta compensadora en el pasivo, por lo que no se incluyen en el resultado
económico patrimonial hasta su cobro, momento en el que se aplican como un menor gasto (con
independencia del ejercicio de procedencia de la prestación indebida). Esta práctica contable,
aunque está así recogida en la quinta parte (Definiciones y relaciones contables) de la APGCPSS’11
y en la regla 94 de la Instrucción de contabilidad para las ESSS, incumple dos principios básicos de
la contabilidad pública: el principio de devengo y el de no compensación. Ambos están recogidos es
en el artículo 122.1. b) y e), respectivamente, de la LGP y en el Marco conceptual de la contabilidad bo
de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la misma adaptación. En este 65ww
úcoltnimcoe pctuaaslo y,  leas q upirnetcai spoa rdtee sdtea claa rA PtaGmCbPiéSnS l’a1 1c. oLnat rfaadltiac cdióen r eqguiset ros eg epnreordau ucen ae inntfrrea vdailcohraoc iMóna rdceol
54 Confederación Hidrográfica del Cantábrico (4,5 millones) y AECID (5,4 millones).
resultado económico patrimonial, que para las tres entidades gestoras se eleva a 332,9 millones de 
euros55 (correspondiendo 150,6 millones al ejercicio 2017 y el resto, 182,3 millones, a ejercicios 
anteriores). Por tanto, la IGSS debería adaptar la operatoria contable de los deudores por cobro 
indebido de prestaciones a estos dos principios básicos de la contabilidad pública (devengo y no 
compensación). Además de lo anterior, estas entidades tampoco registran el deterioro de valor por 
riesgo de crédito asociado a estas deudas, que ha sido estimado (según los cálculos del Tribunal) 
en 218,5 millones56. 
En el caso de las mutuas57 no se puede dar validez a la cifra de deudores registrada contablemente, 
por 30,5 millones, debido a que los inventarios remitidos carecen de garantías suficientes por 
presentar deficiencias significativas58. Por tanto, es necesario que depuren tales inventarios para 
que sean un soporte fiable de la deuda gestionada por este concepto y se pueda proceder a la 
imputación  al  resultado  económico  patrimonial;  debiendo  asimismo  dotar  el  correspondiente 
deterioro de valor. 
- El  SEPE  no  registra  los  deudores  por  reintegros  de  pagos  indebidos  de  prestaciones  de
desempleo, por no disponer de una base de datos histórica sobre su evolución ni de un adecuado
control y seguimiento de esta deuda59, lo que supone un incumplimiento del principio de devengo.
No obstante, dado que la TGSS realiza la gestión de cobro en vía ejecutiva de estos deudores, el
SEPE (mientras no disponga de datos fiables) debería solicitarle cada año el importe de esta deuda
para contabilizar, al menos, dicha cifra y su deterioro de valor. Según los datos facilitados por la
TGSS, a 31 de diciembre de 2017 el importe de los deudores del SEPE por este concepto se eleva
a 102 millones de euros (57,5 millones son de 2017 y 44,5 millones de ejercicios anteriores), cuyo
deterioro de valor (calculado por el Tribunal) ha sido estimado, en 74,8 millones.
Asimismo, el SEPE imputa, correctamente, los reintegros por pagos indebidos de prestaciones 
como  una  minoración  de  las  obligaciones  reconocidas  en  el  presupuesto  de  gastos;  pero, 
financieramente, también los registra como un menor gasto, con independencia del ejercicio de 
procedencia  de  la  prestación  indebida,  lo  que  resulta  contrario  al  principio  contable  de  no 
compensación.  
En consecuencia este organismo debe mejorar el control y seguimiento de estos deudores para 
poder registrar la totalidad de la deuda por este concepto y, además, al igual que las ESSS, debe 
adaptar su registro contable a los principios de devengo y de no compensación. 
- Por otra parte, cuando no resulta posible utilizar el procedimiento de reintegro por descuentos, o
cuando habiéndose practicado dichos descuentos no se puede seguir con este procedimiento, el
INSS, el IMSERSO y el ISM notifican el importe pendiente de cobro a la TGSS para que proceda a
su recaudación en aplicación del artículo 74 del TRLGSS, de los artículos 1 y 80 del Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio, y del artículo 5 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero. Se han
comparado los datos remitidos al Tribunal por el INSS, el IMSERSO y el ISM en relación con el
importe pendiente de cobro informado a la TGSS60, con los datos que, al respecto, ha suministrado
55 De esta cifra, 304 millones de euros, corresponden al INSS, 25,8 millones al IMSERSO y el resto al ISM. 
56 De esta cifra, 200,6 millones de euros, corresponden al INSS, 16 millones al IMSERSO y el resto al ISM. 
57 A excepción de las mutuas: Mutualia, Activa Mutua 2008, Maz, Mutua de Navarra, Solimat, Mutua Balear y Egarsat.  e.
58 Estas son, fundamentalmente, tres: que el deudor no figura identificado en todos los casos, que no siempre consta el  w.
ámbito temporal al que corresponde la deuda y la falta de coherencia en los datos recogidos en el inventario.  65ww
5d9e Esesmtep hleeoch inod seeb irdeaflmejae netne  peel “rIcnibfoidrmase” ,d aep Froisbcaadlioz apcoiró enl  dPele lonso  pdreol cTerdibimunieanl teons  sdees igóens dtieó n2 9y  cdoen otrcotul bdree l adse  p2r0e1s5ta yc iroantiefisc apdoor 
6p0o Er le IlN pSroSp ihoa S nEoPtifEic eand ola 4 i6n,f2o rmmiallocnióens  cdoem epuleromse, netla IrMiaS aEpRoSrtOad 2a5 p,8a rma iellol neexas my eenl  rye sctoom epl rIoSbMa.c ión de la CGE de 2017. 
la propia TGSS al Tribunal61 constatándose diferencias por 27,2 millones de euros62, que deberán 
ser analizadas y conciliadas. 
- Finalmente, dada la relevancia de estos deudores, la memoria de las cuentas anuales del ISM, de
las mutuas y del SEPE debería incluir información sobre su naturaleza económica, así como sobre
sus procedimientos de gestión, antigüedad, riesgo de crédito y controles establecidos sobre los
mismos. Por otro lado, a pesar de que el INSS incorpora en su memoria datos económicos sobre
estos deudores, tales datos no coinciden con los reflejados en su balance; además, tampoco recoge
información  sobre  su  riesgo  de  crédito  ni  sobre  los  procedimientos  de  gestión  y  controles
establecidos sobre los mismos. En consecuencia, las memorias de estas entidades, mutuas y
organismos no cumplen su función de completar, ampliar y comentar la información reflejada en los
otros estados contables.
4.90. La cuenta 449 Otros deudores no presupuestarios continúa incluyendo 61,3 millones de euros 
de deuda con origen en la TGSS, derivada de la integración de las extintas Mutualidades de 
Previsión Social de Funcionarios del Instituto Nacional de Previsión y del Mutualismo Laboral, que 
corresponden a derechos con una gran antigüedad (algunas partidas se remontan a 1981 y las más 
recientes a 1992), sin que la TGSS haya dotado deterioro de valor. Asimismo, la cuenta 476 
Organismos de previsión social, acreedores contiene partidas con el mismo origen, por 9,5 millones. 
Dada la antigüedad de ambos saldos, deberían realizarse las labores de depuración oportuna y, en 
su caso, darlos de baja. 
4.91. En  el  proceso  de  consolidación  de  los  deudores  por  gastos  con  financiación  afectada 
procedentes de la AGE se han homogeneizado indebidamente 12,4 millones de euros (3,8 millones 
son de 2017 y 8,6 millones son de ejercicios anteriores), que corresponden a deuda por financiación 
afectada procedente del FSE, a favor del IMSERSO y del ISM, por el Marco Estratégico Nacional 
de Referencia 2007-2013 (7,8 millones) y por el Marco Estratégico Común 2014-2020 (4,6 millones). 
Este deudor (FSE) no pertenece al sector público español, por lo que las operaciones recíprocas 
con él están excluidas del proceso de consolidación. 
IV.3.2 Patrimonio Neto y Pasivo
IV.3.2.1 PATRIMONIO NETO
4.92. En la CGE del ejercicio 2017, no figura periodificada la parte de la paga extraordinaria 
devengada en el mes de diciembre de 2017 correspondiente a los empleados públicos, así como a 
las pensiones de Clases Pasivas y del sistema de la Seguridad Social63. Su liquidación y pago se 
producen en la nómina de haberes del mes de junio de 2018, comprendiendo como periodo de 
devengo los seis meses inmediatos anteriores, tal y como fija, para cada caso, su normativa 
específica64. 
61 La TGSS ha notificado, para el INSS 26,5 millones de euros, para el IMSERSO 18,8 millones y el resto para el ISM. 
62 De esta cifra, 19,7 millones corresponden al INSS, 7 millones al IMSERSO y el resto al ISM. 
63 A pesar de que, en las alegaciones presentadas, se argumenta que desde un punto de vista contable el devengo de 
las pagas se produce el 1 de junio y el 1 de diciembre, la consideración de las pagas extraordinarias como remuneraciones  e.
proporcionales al tiempo trabajado y, en consecuencia, su devengo acumulativo ha quedado suficientemente acreditado  b
en distintas sentencias judiciales, lo que ocasiona una deuda pendiente a cierre del ejercicio, cuyo abono se realizará  65ww
dpCeoelsn tTterrariibol udrmnea elol nS Cteuo p(neAtreuiontorc  iddoees o jlu-aAs tSdicmaialain  didseet rG alotai vlCioco ia3n 6t7e/92n04c1/i2o40s d1oe3 d  3de0el   dT1er3i b edunene anrolo ;Sv yiue Spmreebnmrteeo)n.  cdiea  d2e d lea  Sabarlail  ddee  l2o0 C1o4n; tSeenncitoesnoc-iaA ddmeli nJiustzrgaatidvoo 
64 Cabe destacar el artículo 22 de la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que remite, en
cuanto al devengo de las pagas extraordinarias, a lo establecido en el artículo. 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre,  Bc
Esta falta de periodificación supone un incumplimiento del principio contable de devengo recogido 
en el artículo 122.1. b) de la LGP, lo que ocasiona que el patrimonio neto, a 31 de diciembre de 
2017, esté sobrevalorado y, a su vez, el pasivo exigible, infravalorado en el mismo importe65, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
- En relación con la Cuenta de AGE, la IGAE informó que la “parte estimada relativa al mes de
diciembre supondría un importe de 83,8 millones de euros para el total de los funcionarios de la
AGE”.
- En cuanto a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación de Clases Pasivas, reflejadas
en la CAGE, este Tribunal ha estimado dicho importe en función de las cuantías abonadas
mensualmente durante dicho periodo a los pensionistas (información facilitada por la IGAE a
solicitud de este Tribunal), resultando que la parte proporcional devengada en el mes de diciembre
de 2017 asciende a 170,4 millones de euros.
- Respecto a los organismos y agencias estatales con saldos relevantes en gastos de personal, así
como a todas las Confederaciones Hidrográficas cuyas cuentas se han integrado en la CGE 2017,
este Tribunal ha estimado dicho importe en función de las cuantías abonadas mensualmente
durante dicho periodo que han sido comunicadas por las citadas entidades (veintinueve en total),
resultando un importe conjunto de 12,1 millones de euros.
- El importe correspondiente a la parte proporcional de la paga extraordinaria de las pensiones del
sistema de Seguridad Social devengado y no registrado en 2017 es de 1.480,4 millones de euros66,
según la información facilitada por el INSS, el IMSERSO y el ISM. Esta falta de registro repercute
también  en  la  cuenta  del  resultado  económico  patrimonial  de  2017,  estando  este  resultado
sobrevalorado en 53,8 millones de euros67 por el efecto neto de la diferencia entre el importe
registrado y el que debió ser imputado.
- El importe de la paga extraordinaria de los empleados públicos al servicio de las entidades
gestoras y la TGSS, devengado y no registrado en 2017 ha sido estimado por el Tribunal en 9,6
millones  de  euros68.  Este  hecho  repercutiría  también  en  la  cuenta  del  resultado  económico
patrimonial, aunque en 2017 el efecto neto es nulo porque las pagas extraordinarias de 2016 y 2017
son de similar cuantía.
de Presupuestos Generales del Estado para 1988 en relación con la paga extraordinaria de los funcionarios incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado; y el artículo 2 de la Orden de 25 
de junio de 2001, para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 771/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen 
reglas de determinación de los importes de las pagas extraordinarias de las pensiones de la Seguridad Social. 
65 En las alegaciones presentadas, se señala que la falta de reconocimiento de la parte de la paga extraordinaria 
correspondiente al mes de diciembre de un ejercicio se compensa con el correspondiente al mes del ejercicio anterior. No 
obstante, esta compensación afectaría solo a la cuenta del resultado económico patrimonial, pero no al reconocimiento 
del pasivo exigible al final del ejercicio que sería por el importe total devengado en el mes de diciembre. 
66 Esta falta de registro se debe a un cambio de criterio con base en la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la IGAE, 
que modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la APGCPSS’11, y en la Resolución de 20 de diciembre de 
2017, de la IGSS, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que  es
integran el sistema de la Seguridad Social.  oe.
67 Diferencia entre el importe registrado, correspondiente a la parte de la paga extraordinaria devengada en diciembre de  w.
2016 y abonada en junio de 2017 por 1.426,6 millones de euros, y el que debió registrarse, correspondiente a la paga  65ww
e68x tEras tdee cvreitnegriaod dae e rne gdiisctireom nbor es ed eh a2 0v1is7to y m aobdoinfiacdaad oe ne nju rneiloa cdieó n2 0a1 e8j eprocric 1io.4s8 a0n,4te mrioilrleosn,e ssi.  bien, en opinión del Tribunal, la
ndaetbuerna leqzuae deacro rneócmogicidao dse e ens etal  poapseivraoc dióenl  beasl,a tnacme beié imn,p lau taddeo usn e gna lsat oc udeenvtean dgeald roe,s uplotar dloo  qeuceo,n aó mfinic od ep a2t0ri1m7o ensiatol.s  gastos
4.93. El balance de la Seguridad Social recoge, a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio neto 
negativo de 13.720,6 millones de euros, localizado en las entidades gestoras y la TGSS, que lo 
tienen  negativo  por  18.538,7  millones,  y  cuyo  origen  está  en  sus  resultados  económico 
patrimoniales negativos del período 2010 a 2017 (99.503,2 millones). Tales resultados derivan de 
las operaciones de la gestión ordinaria de estas entidades, porque los recursos de esta naturaleza 
(mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado) 
resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen (prestaciones contributivas, 
fundamentalmente  pensiones,  y  prestaciones  no  contributivas),  provocando  desequilibrios 
financieros, presupuestarios y de tesorería.  
La solución adoptada en 2017 y en 2018 para corregir tales desequilibrios, ha sido otorgar nuevos 
préstamos a la TGSS, por 10.192 millones y 13.830 millones de euros69, respectivamente, que han 
proporcionado cobertura financiera a las obligaciones de la Seguridad Social y han posibilitado una 
recuperación transitoria de su tesorería y de su equilibrio presupuestario a nivel global, aunque no 
en las operaciones no financieras.  
Sin embargo, este tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad 
financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento 
de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que 
continúa siendo negativo. Más bien al contrario, dejan a la Seguridad Social en una posición 
comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia (a 31 
de diciembre de 2017, el balance de la TGSS recoge una deuda a favor de la AGE de 27.360,7 
millones de euros).  
Conviene recordar que del endeudamiento total de la Seguridad Social con el Estado, 17.168,7 
millones derivan de los préstamos que fueron concedidos durante los ejercicios 1992 a 1999 para 
superar la primera crisis que afrontó el sistema, que estuvo provocada, en gran medida, porque la 
Seguridad Social hubo de financiar con cargo a sus recursos una parte de los gastos de la asistencia 
sanitaria, de los servicios sociales y de las prestaciones familiares, hasta que por el Pacto de Toledo 
se recomendó la financiación de estas prestaciones por el Estado, articulándose legalmente a través 
de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad 
Social. Esta circunstancia también se ha producido con los complementos a mínimos de pensiones, 
puesto que los desfases en su financiación desde 1997 (primero en que este concepto se consideró 
financiable por el Estado con base en la citada Ley 24/1997) hasta 2013 (año en el que el Estado 
asumió su coste total) también han sido soportados con cargo a los recursos contributivos del 
sistema (el desfase total de este período asciende a 59.661,35 millones70).  
Estos pasivos por 17.168,7 millones no han sido devueltos porque la Seguridad Social carece, por 
sí misma, de la capacidad financiera para ello, como demuestra el hecho de que los respectivos 
plazos para iniciar sus amortizaciones se van prorrogando a medida que se aproxima el momento 
del vencimiento71, y aquellos otros préstamos que no cuentan con plazo de cancelación, han 
permanecido en la misma situación (sin fijar vencimiento). 
69 Con base legal en la disposición adicional novena de la LPGE para 2017 y en la disposición adicional cuarta de la LPGE 
para 2018, en ambos casos sin devengo de intereses y con cancelación en un plazo máximo de diez años, a partir de  es
2018 (para el concedido en 2017) y de 2019 (para el concedido en 2018).  oe.
he7701al   LIGnna ofa odbmriimsepprlanioacosdió iocani lós  Conubo catenedsgniicrivediaosamno da edel netle t Ielrnoc feseol r rDpamli apdezue sot lao addb eLore Psc  GaeenlEn cd  2pee0lasa1raca6ri ró.2o n0ll o0d 8ed,l e apl srPéí sactcoatmmo ood  elpa o Tdroi s7lep5do3os,9 icp imeórniílol oadndoeic s2io,0 no1at1ol– rsg2éa0pd1toi5m  a(ap l áadg eSi nleaag L u3Pr7iGd),aE rde p Smaoritacid i2ao0l  pp1oo8rr,    2021-2665n https://www.
epla Eras t1a9d9o8, .c on base en el artículo 11.tres de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
En consecuencia, en opinión del Tribunal las soluciones adoptadas hasta el momento para las 
situaciones de crisis (vía concesión de préstamos) no han resuelto los problemas de sostenibilidad 
financiera de naturaleza estructural de que adolece el sistema de la Seguridad Social, por lo que 
resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma 
estable, esta situación, sin olvidar, además, el saneamiento de su endeudamiento frente al Estado, 
todo lo cual bien podría abordarse, en su caso, en el marco del denominado “Pacto de Toledo”. No 
obstante, hasta que este tipo de soluciones pueda ejecutarse, lo recomendable sería que los déficits 
financieros y presupuestarios que está soportando la Seguridad Social se cubrieran, como hasta 
ahora,  con  financiación  estatal,  aunque,  teniendo  en  cuenta  que  el  problema  deriva  de  sus 
operaciones de gestión ordinaria, la vía de financiación estatal debería tener esta misma naturaleza 
económica y presupuestaria, esto es, proceder de transferencias corrientes de la AGE, no de la 
concesión de nuevos préstamos. 
4.94. Las  mutuas,  incorrectamente,  no  han  registrado  los  gastos  devengados  ni  el  pasivo 
correspondientes a las aportaciones al sostenimiento de servicios comunes, reaseguro obligatorio 
y reaseguro de exceso de pérdidas devengados en diciembre de 2017; y la TGSS tampoco ha 
registrado los correlativos ingresos y el activo asociado. Estas operaciones, hasta el ejercicio 2016, 
fueron correctamente periodificadas y recogidas a fin de cada ejercicio económico en el balance y 
en la cuenta de resultados de las citadas entidades, habiéndose modificado el criterio de registro 
en 201772. 
Estos gastos surgen de la recaudación mensual de las cotizaciones de las mutuas que realiza la 
TGSS, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el punto 5º Criterios de registro o reconocimiento 
contable de los elementos de las cuentas anuales (apartado 3. Ingresos y gastos), que señala que 
habrán de registrarse en el mismo período de cuentas anuales, los gastos e ingresos que surjan 
directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos. Por tanto, 
teniendo en cuenta que las mutuas sí han imputado patrimonialmente las cotizaciones del mes de 
diciembre de 2017, también deberían haber registrado contablemente los gastos asociados (los 
derivados del sostenimiento de servicios comunes y reaseguro obligatorio y de exceso de pérdidas), 
y la TGSS los ingresos patrimoniales correlativos a tales gastos. 
No obstante, como estas operaciones se eliminan en el proceso de consolidación, la CGE no se ve 
afectada por esa incidencia, aunque sí lo están el balance de situación y la cuenta del resultado 
económico patrimonial individuales de las mutuas y de la TGSS. Este hecho supone que las mutuas 
tengan su patrimonio neto sobrevalorado y su pasivo corriente infravalorado, mientras que en la 
TGSS se produce el efecto contrario, cifrándose esta incidencia, en 156,3 millones de euros. 
Asimismo, el resultado económico-patrimonial de 2017 de las mutuas está sobrevalorado y el de la 
TGSS infravalorado en 10,9 millones, por el efecto neto del cambio de criterio en el registro de estas 
operaciones73.  
4.95. Al igual que en ejercicios anteriores, el balance de situación de la Seguridad Social se limita a 
reflejar la materialización financiera de la dotación neta acumulada del Fondo de Reserva, lo que 
72 Con base en la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, que  e.e
modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las  bo
7lSea3ne  qtDgiduuifaereid drseeaesnd  cd qSiiauco etace iinnna ttllr.eae gs r eainln si mterlup scoicsrtitoeen mreeasg  didseetr  lacadi eSore,r egc uocrroirdneatsadpb oSleno dcdiieeanll ,te eyj  eearnc  lioclaiso  R g2ea0ss1ot7olu scp iadórenav  delaens g2 ea0nd dtoieds a dedicnei esdm qicbuiereem  idnbetree 2g 0rda1en7  ,2e d0l e1s 6ilsa,t  eIpGmoSra S 1d,4 ep5 o,la4r    2021-2665n https://www.
mmiilllloonneess . de euros, y el que debió registrase, correspondiente a los gastos devengados en diciembre de 2017 por 156,3
técnicamente es una simple materialización de los fondos líquidos del sistema, sin que quede 
reflejada en el balance de situación de la Seguridad Social formando parte de su patrimonio neto.  
Por otra parte, el Acuerdo Segundo, 4.II, contenido en la Resolución de 27 de noviembre de 2017, 
de la Presidencia del Senado y de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se 
dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al 
ejercicio 2015, dispone que se tomen las medidas necesarias para que el patrimonio neto de la 
TGSS incluya la constitución del Fondo de Reserva prevista en el TRLGSS (artículo 117) como una 
reserva con cargo a la distribución del resultado económico patrimonial. 
En relación con las alegaciones formuladas, cabe indicar que el hecho de conceder a este Fondo 
la naturaleza de reserva presupuestaria basándose en el método de cálculo utilizado para obtener 
la cuantía de su dotación, se considera un concepto equívoco, pues no existe tal concepto de 
reserva presupuestaria, y además resta transparencia a los estados financieros del sistema.  
Finalmente, hay que señalar que durante 2017 se han realizado disposiciones por importe de 7.100 
millones de euros, destinadas exclusivamente a la financiación de las pensiones de naturaleza 
contributiva  y  a  los  gastos  necesarios  para  su  gestión.  El  importe  total  acumulado  de  tales 
disposiciones desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2017 asciende a 74.437 millones, siendo el 
valor contable de los activos existentes, a esa fecha, de 8.085,4 millones74. 
4.96. El saldo de la reserva Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, con 
origen en la TGSS, continúa infravalorado en 111,5 millones de euros, debido a que este servicio 
común imputó a dicha reserva los intereses implícitos negativos y las pérdidas por enajenaciones 
generadas hasta el 31 de diciembre de 2012 por las inversiones realizadas con cargo al Fondo, 
pero no los implícitos positivos que figuran en la cuenta de resultados a favor de los fines generales 
de Seguridad Social y en contra de los fines de prevención y rehabilitación. Esta actuación tiene su 
cobertura en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 12 de diciembre 
de 2012, en la que se dictaban instrucciones sobre la aplicación de las operaciones derivadas de la 
enajenación y amortización de los activos financieros en los que estaba materializado el saldo del 
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, que recoge una interpretación 
restrictiva del artículo 1.3 de la Orden TIN/1483/2010, de 2 de junio, al no haber considerado la 
rentabilidad de las materializaciones del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad 
Social en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta tanto los flujos positivos como los negativos 
generados por estas inversiones. 
4.97. El patrimonio neto del Consorcio Valencia 2007 es negativo por 283,5 millones de euros. A 
este respecto, hay que señalar que año tras año se vienen produciendo patrimonios negativos, lo 
que ha ocasionado una disminución de dicho patrimonio respecto al del ejercicio 2014 del 30%. Tal 
como se ha puesto de manifiesto en anteriores DCGE, dicha tendencia provoca que la continuidad 
de la actividad del citado Consorcio se vea seriamente comprometida, así como su capacidad para 
liquidar sus pasivos, en la medida en la que no reciba aportaciones adicionales de fondos por parte 
de las administraciones consorciadas. Aunque esta situación económica ha sido considerada a 
efectos del cálculo de las correcciones valorativas del deterioro por los avales concedidos por la 
AGE a esta entidad, que se encuentran provisionados en su totalidad, como se señala en el  es
apartado IV.6.3 de esta Declaración, debe señalarse que, si la entidad no tuviera capacidad para  bo
74 Valor razonable de los títulos afectos al Fondo de Reserva, por 8.010,3 millones de euros, intereses a cobrar a corto
pmlaillzoon,e pso. r 74,2 millones, y saldo financiero en la cuenta corriente del Banco de España afecta a este Fondo, por 0,9
continuar en funcionamiento, el valor realizable de sus activos y pasivos diferiría de aquel por el que 
figuran reflejados en su balance y, en consecuencia, en el balance consolidado de la CGE. 
4.98. En la formación de la CGE de 2017, la IGAE ha modificado los criterios aplicados en la 
eliminación inversión-patrimonio neto al realizar un tratamiento distinto respecto de los saldos 
derivados de las subvenciones de capital en relación con los pasivos por impuesto diferido. Así, en 
la CGE de 2016 el saldo de los pasivos por impuesto diferido derivados de las subvenciones de 
capital  recibidas  eran  homogenizados  como  mayor  saldo  del  epígrafe  “Otros  incrementos 
patrimoniales pendientes de imputación a resultados” y figuraban en el saldo consolidado. En 2017 
se ha realizado la misma homogenización pero en la eliminación inversión-patrimonio neto se ha 
eliminado la parte de este epígrafe que corresponde al saldo de los impuestos diferidos a 31 de 
diciembre de 2013. Esto supone que en la eliminación inversión-patrimonio neto de 2017 se hayan 
eliminado 8.692 millones más del saldo de este epígrafe que en el ejercicio anterior. Este cambio 
de criterio refleja de forma más clara la situación financiera existente a la fecha de la consolidación, 
al dejar de figurar como fondos propios los créditos fiscales frente al Estado. La memoria de la CGE 
informa, en relación a estos cambios, únicamente que “se han procedido a homogeneizar en la 
presente Cuenta General los saldos de pasivo por impuesto diferido existentes en la fecha de 
primera consolidación originados por las subvenciones de capital recibidas”, sin especificar que ello 
ha supuesto una modificación del criterio de cálculo de la eliminación inversión-patrimonio neto. Se 
considera que dada la importancia del cambio de criterio efectuado en este ejercicio, la memoria de 
la CGE de 2017 debería incluir una información más exhaustiva sobre los criterios utilizados. 
Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo precedente, tras los ajustes de consolidación 
efectuados por la IGAE, el saldo del epígrafe “Otros incrementos patrimoniales pendientes de 
imputación a resultados” debería recoger únicamente el saldo bruto (incluidos los pasivos por 
impuestos diferidos) de las subvenciones de capital devengadas a partir del 1 de enero de 2014 
concedidas por entidades que no forman parte del grupo consolidado (subvenciones europeas, 
autonómicas, locales o de entes privados). En la memoria de la CGE de 2017 de forma errónea se 
hace referencia en distintos párrafos a que el saldo a recoger debe de ser el neto (descontados los 
pasivos por impuestos diferidos). 
4.99. 75
4.100. El  saldo  del  epígrafe  “Otros  incrementos  patrimoniales  pendientes  de  imputación  a 
resultados” del balance consolidado está sobrevalorado en 145 millones de euros, ya que en la 
eliminación de las operaciones entre la AGE, ADIF, ADIF-AV y SEITTSA se ha ajustado al alza 
erróneamente el valor de la subvenciones de capital recibidas de fondos europeos por SEITTSA 
por dicho importe, cuando esta sociedad había ya imputado a resultados las subvenciones en el 
momento de traspasar los activos a ADIF y ADIF-AV76. 
IV.3.2.2 DEUDAS A LARGO PLAZO Y A CORTO PLAZO
4.101. La Deuda Pública, en términos consolidados, refleja un saldo al cierre del ejercicio 2017 de 
1.001.662,1 millones de euros, lo que representa un 89,70% del total pasivo consolidado reflejado 
en la CGE (1.116.738,4 millones). Respecto al saldo de la Deuda del Estado, previo al proceso de 
consolidación, este ascendía a 999.974,3 millones a 31 de diciembre de 2017, lo que supuso un  e.
aumento en relación con el ejercicio anterior de 51.323,8 millones (5,41%). Dicho importe incluye el  w.
75 Párrafo eliminado como consecuencia del tratamiento de alegaciones.
7im6 pEunt aredlaasc iaó nre csounlt alad oasle sgea cdióenb edreía l ah aIGbeArE a, jeuls atajudsot ee na lr easlzear vdaes  laesn  seul bpvroecnecsioon dees  cdoen lsao Ulidnaiócnió Enu. ropea que habían sido ya
saldo vivo del endeudamiento derivado de las emisiones de Deuda (953.860,3 millones), el saldo 
del préstamo recibido por el Reino de España, en el ejercicio 2012, del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE) para la recapitalización de Entidades Financieras (31.721,5 millones), el saldo 
al cierre de ejercicio de la deuda asumida en 2014 por el Estado como consecuencia del proceso 
de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (8.668 millones) y 
otras deudas con entidades de crédito (5.724,5 millones).  
4.102. La variación del saldo de la Deuda del Estado se fija inicialmente en el artículo 46 de la LPGE 
para 2017 que establece el límite para el ejercicio en 52.824,4 millones de euros, si bien este importe 
queda automáticamente revisado por una serie de circunstancias que se contemplan en el apartado 
dos del citado artículo. Además, el artículo 94 de la LGP precisa que el límite de incremento de la 
Deuda del Estado se entenderá neto de las posiciones activas de tesorería mantenidas por el 
Estado en el BdE o en otras entidades financieras. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, 
el incremento de la Deuda del Estado no ha excedido el límite revisado. Los datos utilizados en las 
comprobaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas sobre el cálculo del límite revisado para 
verificar  el  cumplimiento  del  artículo  46  de  la  LPGE  se  han  obtenido  directamente  de  las 
liquidaciones presupuestarias y de la contabilidad económico-patrimonial de la AGE. 
4.103. El artículo 47 de la LPGE para 2017 autoriza a SEPI a incrementar la deuda a corto y largo 
plazo con entidades de crédito y por emisiones de valores de renta fija en 400 millones de euros, 
habiéndose registrado un incremento durante el ejercicio 2017 de 396 millones. 
En el caso de ADIF-AV, autoriza un incremento neto máximo de las deudas a largo plazo con 
entidades financieras y por emisiones de valores de renta fija a valor nominal de 2.300 millones de 
euros, habiendo incrementado el saldo global en 753 millones durante el ejercicio.  
También autoriza a RENFE-Operadora un incremento neto máximo de las deudas a corto y largo 
plazo con entidades de crédito de 500 millones de euros, habiendo, también, la entidad aumentado 
su deuda en solo 129 millones.  
A SEPES se le autoriza a contraer con entidades de crédito durante 2017, incluidas las de 
refinanciación, operaciones por 125 millones de euros. Esta entidad ha formalizado la novación de 
un préstamo por el importe de la autorización otorgada. 
En el caso de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, se fija un importe máximo de deuda 
con entidades de crédito a contraer durante el ejercicio de 72 millones de euros, sin que el importe 
de la deuda viva con entidades de crédito a 31 de diciembre pueda exceder de 1.794 millones. En 
2017 la deuda del sector portuario español ha disminuido en 105 millones, situándose la deuda viva 
a 31 de diciembre de 2017 por debajo de los límites fijados.  
Por último, la LPGE para 2017 autoriza al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria a 
concertar operaciones de crédito durante el ejercicio 2017, por un importe de 14,4 millones de euros. 
Este Fondo no ha realizado ninguna actividad económica durante el ejercicio 2017. 
IV.3.2.3 PROVISIONES
4.104. El saldo al cierre del ejercicio de la provisión para la devolución de impuestos ascendía a  w.b
9.700,4 millones de euros, como consecuencia de la estimación realizada por la AEAT de las  65ww
dpeavrao lsuecri oanceosr ddaed iansg reens oesl  etrjeibructicairoio ssi gpueinedniteen. tEens  deel c ráelscoulluoc dióen l aa  p3r1o dvies idóinc iesomlob rsee d teu v2i0e1ro7n y e pnr ecvuiesntatas 
las solicitudes pendientes de devolución presentadas durante 2017, pero no las de otros años
anteriores y que estaban pendientes de resolver. Así, en lo que se refiere al IRPF, había 100.121 
solicitudes pendientes de acuerdo por un importe de 108 millones de euros, y en el Impuesto sobre 
sociedades 4.449 solicitudes de devolución por un importe de 68 millones, que no fueron tenidas 
en cuenta en dicho cálculo. Respecto a las solicitudes del IVA, no ha sido posible obtener el número 
de solicitudes pendientes de acuerdo, que no fueron tenidas en cuenta en el cálculo de la provisión, 
ni su importe. Tampoco ha sido posible obtener información sobre los importes abonados en 
concepto de intereses de demora por los retrasos en las devoluciones. 
4.105. La provisión por devolución de impuestos incluye un importe de 708 millones de euros para 
hacer frente a las devoluciones que se deriven de la ejecución de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, de 27 de febrero de 2014, relativa al denominado “céntimo sanitario”. 
De  la  información  proporcionada  por  la  AEAT  se  deduce  que  esta  provisión  se  encuentra 
sobrevalorada en 269 millones, ya que las solicitudes pendientes de resolución a principios de 2018, 
junto son sus intereses, fueron estimadas en 439 millones. La provisión no ha sido actualizada 
conforme se iban desestimado las solicitudes de devolución.  
4.106. El saldo de la cuenta 584 Provisión para contingencias en tramitación, por 595,2 millones de 
euros, está infravalorado en un importe que no es posible cuantificar, debido al criterio, recogido en 
la NRV 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” de la APGCPSS’11, según el cual en su 
cálculo se excluye el importe presunto de las prestaciones a satisfacer en aquellos casos en los 
que, a juicio de los servicios médicos, exista la certeza de que el trabajador quedará afectado por 
secuelas que impliquen incapacidad permanente en alguno de sus grados, pero que al final del 
ejercicio no reúnen los requisitos precisos para iniciar el oportuno expediente de incapacidad. No 
obstante, este Tribunal considera que no tienen que excluirse todos los expedientes no iniciados, 
sino que deberían tipificarse aquellos que correspondan a supuestos de carácter excepcional, para 
su inclusión en esta provisión77. 
4.107. El valor de las “Provisiones a largo plazo” registradas en el Grupo Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo derivadas de la resolución unilateral en 2006 de un contrato formalizado en 2003 
para la adquisición de concesiones mineras, está sobrevalorado en 17 millones de euros, tal como 
se detalla en el informe de auditoría de sus cuentas anuales de 2017, como consecuencia de existir 
ya Sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula la resolución unilateral y se condena al 
Consorcio a hacer efectiva la compraventa78. En consecuencia dicho saldo debería figurar en el 
epígrafe de “Acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” que, por tanto, se 
encuentra infravalorado. 
IV.3.2.4 ACREEDORES, ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
4.108. La cuenta 413 Acreedores por operaciones devengadas incluye 9.896,9 millones de euros, 
correspondientes a las ESSS, de los que al menos 10,7 millones deberían haberse imputado al 
presupuesto de 2017. Además, se encuentran pendientes de registrar en esta cuenta, acreedores 
77 Este criterio se incluye en el Informe de Fiscalización Especial sobre la constitución y materialización de la provisión  es
para contingencias en tramitación, de las reservas obligatorias y del exceso de excedentes de las Mutuas de Accidentes  o
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en  w.
sesión de 20 de julio de 2006.  65ww
7a8  sEanti slafasc aeler,g paocrio lnoe sq udee l sCeo hnaso arcbiioe rdtoe  luan Z nouneav For apnrcoac eddeim Viiegnot os ep saerañ allaa  fqijuaec ieóln T drieb ulan acl uSaunptríae,m aou nnoq uhea  fnijoa dhoa e al pimorptoardtoe 
dqouceu dmeebnet aficgiuórna rju csotimficoa ptiavasi.v Eon.  todo caso, se considera que, como mínimo, la deuda a pagar será la cuantía del principal,
por gastos devengados en el ejercicio 2017 y anteriores, por 13,6 millones, que también debieron 
imputarse a la cuenta del resultado económico patrimonial.  
En dicha cuenta se recogen 9.753,3 millones de euros, correspondientes a las prestaciones 
contributivas y no contributivas de diciembre de 2017 no imputadas al presupuesto por el INSS, el 
IMSERSO79, el ISM y las mutuas, ya que dicha imputación se encuentra sometida al principio de 
legalidad, que exige que previamente se haya dictado el correspondiente acto administrativo de 
reconocimiento y liquidación de la obligación, principio que queda también recogido en el Marco 
conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la 
APGCPSS’11. A este respecto es preciso señalar que para las prestaciones económicas, en la 
actualidad, no existe una normativa específica que regule el momento en que debe dictarse el acto 
administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación para que, posteriormente, pueda 
producirse su imputación presupuestaria. 
No obstante, existen dos normas que, de manera genérica o indirecta, hacen referencia a este 
asunto: 
a) La instrucción 5.1.1.3 de la Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la IGSS, por la que se
dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las ESSS, que establece que las
entidades contabilizarán, a fin de ejercicio, estas prestaciones contributivas y no contributivas en la
cuenta  413  Acreedores  por  operaciones  devengadas  señalando,  expresamente,  que  las
devengadas en el último mes del ejercicio 2017 se aplicarán presupuestariamente al ejercicio
siguiente, si bien no existe una base legal o reglamentaria sobre la que fundamentar el momento
en que la Resolución fija esta imputación.
b) El Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Gestión Financiera de la Seguridad Social, que se refiere únicamente a la gestión financiera, es
decir, regula exclusivamente el momento en que tendrá lugar el pago material (corriente monetaria)
de la prestación.
Es obvio que, en ambos casos, lo que se regula son las consecuencias del acto administrativo 
(imputación presupuestaria y pago, respectivamente), no el acto administrativo en sí mismo. En 
ausencia de norma específica, para resolver la cuestión suscitada, se ha de acudir a la norma 
general aplicable, que es el principio de anualidad presupuestaria recogido en el artículo 34 de la 
LGP80.  
En consecuencia, en aplicación de este precepto legal y teniendo en cuenta que, en el mes de 
diciembre, tales gastos reúnen todos los requisitos para que hubiera sido dictado el correspondiente 
acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación, no existe ninguna razón objetiva 
que impida su imputación al presupuesto de cada ejercicio (previa dotación del crédito necesario 
para ello), como demuestra el hecho de que el IMSERSO haya imputado al presupuesto corriente 
las prestaciones no contributivas del mes de diciembre de 2017 por jubilación e invalidez, así como 
las prestaciones previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social. Asimismo, la AGE también ha imputado al presupuesto de 2017 las pensiones 
de clases pasivas correspondientes al mes de diciembre de dicho ejercicio, según lo dispuesto en 
la Orden HFP/1088/2017, de 10 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del  e.e
79 Las prestaciones no contributivas del mes de diciembre no imputadas por el IMSERSO al presupuesto de 2017  65ww
dcoer r1e4s pdoen ddiceine malb nriev,e dl em Pínriommoo dceió pnr odtee clac iAónu teonn osmituíaa cPioenrseosn dael  yd eApteenncdieónnc aia l aess tpaebrlesocindaos e enn e sl iaturtaíccuiólon  7d ed ed elap eLnedye 3n9c/i2a0. 0 6,
e80n cEuseten trpar ianfceipcitoa ddoe p iomr plau teaxccióenp cpiorensaulidpaude sata qruiae  esse  rdeef iegreen eelr aalr tíacpullioca 4c.i2ó.nb )e dne  tload mo iseml ase LcGtoPr . público, por lo que no se
ejercicio 2017 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. Por ello, resulta 
necesario que los Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de Hacienda arbitren 
los mecanismos legales y presupuestarios necesarios para que se realice la oportuna dotación de 
crédito  en  el  presupuesto  de  gastos  a  fin  de  que  estas  obligaciones  queden  recogidas 
presupuestariamente en el ejercicio al que corresponden. 
Asimismo, la mencionada cuenta 413 Acreedores por operaciones devengadas incluye 1.494,3 
millones de euros por prestaciones de desempleo del SEPE de diciembre de 2017, que, de acuerdo 
con el artículo 42.1 del TRLGSS, forman parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social, por lo que, también en este caso, resulta de aplicación la observación formulada en párrafos 
anteriores en relación con la conveniencia de que los presupuestos de cada ejercicio prevean el 
crédito suficiente para la imputación de dichos gastos. 
IV.4 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
4.109. La UNED, al igual que en ejercicios anteriores, ha registrado en la cuenta del resultado 
económico patrimonial la totalidad de los gastos incurridos para la elaboración del material didáctico 
y para la adquisición del mismo para su posterior venta, sin activar como existencias el material no 
vendido al cierre del ejercicio. La Universidad no dispone de un inventario de su producción editorial 
valorado a precio de coste, por lo que no resulta posible determinar el valor de sus existencias ni el 
consiguiente efecto sobre la cuenta de resultados. 
4.110. En el proceso de consolidación de la cuenta del resultado económico patrimonial se han 
eliminado erróneamente 13,1 millones de euros en concepto de transferencias de la AGE a la TGSS, 
que ya fueron imputadas al resultado económico patrimonial de 2016 (a través de la cuenta 413 
Acreedores por operaciones devengadas) y que, en consecuencia, no debieron ser consideradas, 
de nuevo, en este ejercicio. 
4.111. El resultado del IDAE incluido en las cuentas aprobadas rendidas al Tribunal de Cuentas con 
posterioridad a la formulación de la CGE de 2017 supone un mayor beneficio respecto del que 
figuraba en las cuentas formuladas por importe de 22 millones de euros. La mayor parte de dicha 
diferencia  se  ha  producido  en  el  epígrafe  “Transferencias  y  subvenciones  recibidas”  que  se 
encontraba minusvalorado en las cuentas formuladas inicialmente. 
4.112. En el proceso de consolidación de la CGE no han sido objeto de eliminación, por parte de la 
IGAE, operaciones internas con la AGE efectuadas por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología y la Fundación Instituto de Cultura Gitana por importes de 17,1 millones de euros y 0,3 
millones de euros, respectivamente, como consecuencia de la falta de confirmación de dicha 
información por tales fundaciones. 
IV.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
4.113. Aunque sin incidencia en la cifra consolidada de variación neta del efectivo y activos líquidos 
equivalentes del Estado de Flujos de Efectivo (EFE) consolidado, se ha comprobado que no han 
sido eliminados en el proceso de consolidación los pagos realizados en 2017, en concepto de  s
expropiaciones y obras de emergencia, registrados como pagos por operaciones de inversión por  oe.
la AGE en favor de las Confederaciones Hidrográficas; ni los cobros equivalentes, registrados por  w.
deest oesu roorsg.a nismos como otros cobros por operaciones de gestión, por un importe de 17,2 millones  2021-2665n https://ww
IV.6 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MEMORIA
IV.6.1 Información presupuestaria de las entidades cuyo presupuesto de gasto tiene carácter
limitativo
IV.6.1.1 COMPROMISOS  DE  GASTOS  CON  CARGO  A  PRESUPUESTOS  DE  EJERCICIOS
POSTERIORES
4.114. El importe total consolidado de los citados compromisos a final de ejercicio, de acuerdo con 
la información reflejada en la memoria de la CGE de 2017 ascendía a 1.187.364,4 millones de euros. 
La mayor parte de los compromisos de gastos corresponden a la carga financiera derivada de la 
Deuda del Estado (875.814,1 millones del capítulo 9, para atender la amortización de capitales, y 
267.528,3 millones del capítulo 3, para las retribuciones al capital). En relación con el ejercicio 
anterior, los compromisos futuros, a 31 de diciembre de 2017, han aumentado en 66.761,9 millones 
(6%), de los que 55.043 millones se producen en el capítulo 9 y 10.043,3 millones en el capítulo 3. 
4.115. Sin perjuicio de lo anterior, en las comprobaciones realizadas se han puesto de manifiesto 
determinadas operaciones relacionadas con la pertenencia de España a Instituciones Financieras 
Multilaterales, incluyendo las actuaciones desarrolladas como consecuencia de la participación de 
España en el Club de París y en Iniciativas HIPC81 y MDRI82, que podrían suponer una carga en los 
presupuestos de ejercicios posteriores a aquel en el que se han aprobado y de los que se debería 
suministrar información en la memoria de la CAGE. Concretamente, los compromisos con la 
Iniciativa de Condonación de Deuda Multilateral en el Fondo Africano de Desarrollo (149,5 millones 
de euros) en la que España contribuye con el 3,06% del coste total, durante el periodo 2006-2054, 
siendo la citada cifra el importe actualizado; los derivados del Acuerdo del Consejo de Ministros de 
30 de julio de 2010, en el que se autorizó la participación de España en la Sexta Ampliación General 
de  Capital  del  Banco  Africano  de  Desarrollo,  que  supuso  la  suscripción  de  2.776  acciones 
pagaderas (con un desembolso de 29,6 millones) y de 43.497 acciones exigibles que podrán ser 
desembolsables cuando las necesidades del Banco lo requieran; y la ratificación por España, en 
2017, del Convenio Constitutivo del Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, que ha 
supuesto la suscripción 1.761,5 millones de dólares, de los que se tienen que desembolsar el 20% 
a lo largo de tres ejercicios (352,3 millones de dólares). 
4.116. Las mutuas Mutual Midat Cyclops, Activa Mutua 2008, Mutua Montañesa, Mutua Universal 
Mugenat, Umivale, Mutua Intercomarcal, Fremap, Asepeyo, Mutua Balear, Mutua Gallega, MAC, 
Ibermutuamur, Fraternidad Muprespa y el centro mancomunado Hospital Intermutual de Levante 
han adquirido compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores superando los porcentajes 
fijados en el artículo 47 de la LGP, no habiendo aportado al Tribunal la preceptiva autorización del 
Consejo de Ministros. La primera anualidad es la más afectada por esta incidencia, ya que supera 
en 26,1 millones el límite legal fijado, destacando los importes de Fraternidad Muprespa, por 9,7 
millones, Mutual Midat Cyclops, por 7,8 millones, y Asepeyo, por 2,6 millones.  
Asimismo,  las  mutuas  Mutual  Midat  Cyclops,  Mutualia,  Activa  Mutua  2008,  Mutua  Universal 
Mugenat, Mutua Intercomarcal, Mutua Balear, Unión de Mutuas, Ibermutuamur y Fraternidad 
Muprespa han superado el límite de anualidades establecido en el citado artículo 47 de la LGP, no 
habiendo aportado tampoco al Tribunal la preceptiva autorización del Consejo de Ministros.  es
81 Iniciativa de Alivio de Deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, Heavily Indebted Poor Countries),
8la2 nInzaicdiaat ievna  1d9e9 A6l.i vio de Deuda Multilateral (MDRI, Multilateral Debt Relief Iniciative), difundida en 2005.
IV.6.1.2 REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO
4.117. En el estado del remanente de tesorería consolidado se presenta un remanente ajustado, 
que es el resultado de corregir el remanente total con el efecto de los deudores de dudoso cobro. 
No obstante, como ya se señaló en la DCGE 2016, en caso de existir desviaciones de financiación 
acumuladas positivas, la parte del remanente de tesorería neto correspondiente a estas estaría 
afectada a los fines para los que se concedieron. Por ello, sería conveniente que se presentara de 
forma diferenciada el remanente que puede dedicarse a la financiación de gastos con carácter 
general del que está afectado a fines específicos, para lo que se estima necesario que el remanente 
de tesorería ajustado refleje también, en su caso, el exceso de financiación afectada. 
Si bien en la información presupuestaria de la memoria de las cuentas individuales de las entidades 
del SPA se debe incluir información sobre los gastos con financiación afectada, en algunas 
entidades esta información no contiene la estructura ni la totalidad de los datos que para la misma 
exige el PGCP y, en otros casos, no incluye contenido alguno, lo que motiva una calidad deficiente 
de la información a efectos de la cuantificación del exceso de financiación afectada en el remanente 
de tesorería consolidado. 
4.118. El importe del remanente de tesorería ajustado se encuentra infravalorado en 1.632,4 
millones de euros. Esta minusvalía se debe, por una parte, a la incorporación indebida del importe 
del deterioro de valor de determinados créditos en los estados individuales de la AGE, INVIED y 
GIESE, dado que los derechos de cobro a que se refiere dicho deterioro no han sido considerados 
para el cálculo del remanente de tesorería de las citadas entidades, lo que contraviene lo previsto 
en el PGCP, efecto que se cuantifica en 1.624,5 millones83. Por otra, a una infravaloración, por 7,9 
millones, del remanente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que viene motivada por 
la consideración indebida, como cobros realizados pendientes de aplicación definitiva, del saldo 
deudor del organismo en favor de la AEAT, como consecuencia de la gestión recaudatoria en vía 
ejecutiva, que es negativa debido a las devoluciones efectuadas a la empresa SNIACE, S.A. en 
cumplimiento de sentencias. 
4.119. En el estado del remanente de tesorería consolidado, el epígrafe “Derechos pendientes de 
cobro de operaciones no presupuestarias” y el de “Partidas pendientes de aplicación. Pagos 
realizados  pendientes  de  aplicación  definitiva”  se  encuentran  infravalorado  y  sobrevalorado, 
respectivamente, en 1.861,8 millones de euros. Esta salvedad tiene su origen en el registro 
incorrecto de los fondos FEAGA y FEADER anticipados por el Tesoro al FEGA, transferidos por 
este a los Organismos Pagadores de las CCAA, y que se encuentran pendientes de justificar por 
estos últimos, como pagos pendientes de aplicación por parte del FEGA. 
IV.6.1.3 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
4.120. El importe que figura en la memoria de la CGE sobre cotizaciones sociales a cargo de la 
AGE  y  a  favor  de  la  mutualidad  ISFAS  (operaciones  que  están  excluidas  del  proceso  de 
consolidación), está infravalorado en 60,8 millones de euros. El dato que debería figurar es 624,2 
millones (que son las obligaciones reconocidas en 2017 por la AGE a favor de ISFAS), en lugar de 
563,4 millones (que corresponde a las mismas obligaciones reconocidas descontado el importe de 
df(8o13e n.Pl2 dgo4orr6su ,l o4ps  oimqn,u  ipmleleo usrnlseteio gsrnre)ua,f iplceidourae eyd na  taj aulsa r5oí dA9cii8Gca ad“ED,a ,s seloa”t ens(r  1licoo3usr3eo ,sn 1ditg aemus vii elaylon losnteare sldsd: e ocd  uceinre éecndoutairrtpoo 2oss9)r a;a5  d4ccou o“seDr tnoient tadpe elr2aibo9zir8odo ”a “ dm(D2eee4 vtn0eat,re6lioo,  rmru odni lelado  ecnvr eeévszad) li.dot oEers snd ca eco  ulnacatrraéngddtoooi tp  oaelsa ll  oziamos   lpoaaor reggrtnaoetn  ipddislaeamd zlooeosss”     2021-2665n https://www.
I0N,5V ImEiDllo yn eGsI,E rSesEp, eecsttiovas minecnotrep.o ran la cuenta 298 “Deterioro de valor de créditos a largo plazo”, con unos saldos de 3,9 y
la liquidación definitiva del ejercicio 2016). Esto es así porque el importe que por este concepto ha 
de recoger la memoria (es decir, 624,2 millones), es aquel que hubiera sido objeto de consolidación. 
IV.6.2 Información presupuestaria de las entidades cuyo presupuesto de gasto tiene carácter
estimativo
4.121. En la memoria de la CGE del ejercicio 2017 no se han integrado las liquidaciones de los 
presupuestos de explotación y capital de seis entidades. Para cinco de ellas la causa de su no 
integración está en no haberlas recibido la IGAE en el plazo legalmente previsto, si bien sus cuentas 
anuales sí están integradas, bien formando parte de las cuentas consolidadas formuladas del 
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y de la Autoridad Portuaria de Sevilla o como cuentas 
individuales  formuladas;  estas  entidades  son:  Aparcamientos  Zona  Franca,  S.L.;  Desarrollos 
Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.A.; Servicios Documentales de Andalucía, S.L.; 
Serviport Andalucía, S.A.; y Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del 
Estrecho de Gibraltar, S.M.E., S.A. La sexta entidad cuyos presupuestos no han sido integrados es 
Portel Servicios Telemáticos, S.A., que no ha presentado ni cuentas formuladas ni aprobadas. 
En el caso del FROB, al no estar obligado por su normativa específica a presentar el Informe del 
artículo  129.3  de  la  LGP  acompañando  sus  cuentas  anuales,  la  IGAE,  para  elaborar  las 
liquidaciones consolidadas de los presupuestos, ha tomado como datos de liquidación los obtenidos 
de la cuenta de pérdidas y ganancias (presupuesto de explotación) y del estado de flujos de efectivo 
(presupuesto de capital). 
4.122. La comparación de los presupuestos de explotación y de capital presentados de forma 
individualizada o consolidada por estas entidades que figuran recogidos en la LPGE con la 
información relativa al presupuesto inicial incluida en la CGE ha puesto de manifiesto la existencia 
de discrepancias a nivel de epígrafe como consecuencia de reclasificaciones de partidas y errores 
en la confección del documento. En estos casos, para efectuar la agregación, la IGAE ha tomado 
como presupuesto inicial las cifras recogidas en la LPGE, así:  
- Respecto a la liquidación de los presupuestos de explotación, las cifras presupuestadas que
figuran en el Informe del artículo 129.3 de la LGP no son coincidentes con las reflejadas en la LPGE
para el ejercicio 2017 en seis entidades: ACUAMED; Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a
Zaragoza y a Alicante, S.M.E., S.A., en liquidación; Consorcio de la Zona Franca de Cádiz;
Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife; Logirail, S.M.E., S.A.; y World Trade Center
Barcelona, S.A., S.M.E.
- En cuanto a la liquidación de los presupuestos de capital, en las siguientes nueve entidades las
cifras presupuestadas que figuran en el informe del artículo 129.3 de la LGP no son coincidentes
con las reflejadas en la LPGE para el ejercicio 2017: ACUAMED; Compañía de los Ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza y a Alicante, S.M.E., S.A., en liquidación; Consorcio de la Zona Franca de Santa
Cruz de Tenerife; CTI Tecnología y Gestión, S.A.; Informa D&B, S.A., S.M.E.; Logirail, S.M.E., S.A.;
SEGIPSA; SEIASA; y World Trade Center Barcelona, S.A., S.M.E.
4.123. En la liquidación consolidada del presupuesto de explotación, el resultado atribuido a la 
entidad dominante es inferior al previsto en 553,5 millones de euros, siendo el resultado de  e.
explotación superior al esperado en 612 millones y el resultado financiero inferior en 999 millones.  w.b
La mayor diferencia en el resultado financiero corresponde al FROB, con una pérdidas de 988  65ww
mejeillrocniceios  pfroern tlea  ato tlaalsid parde vdiest alas  pdaer t8ic1ip macililóonn edse, l dFeRbOidBo  pernin ecli pcaalpmiteanl tdee a lla d Setoecriieodroa dr edgeis Gtraedsoti óenn  deel 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
En el presupuesto de capital, la disminución neta de efectivo o equivalentes ejecutada ha sido 
inferior a la prevista en 1.025 millones de euros, que se pueden desglosar en: un aumento de 
efectivo de las actividades de explotación de 2.217 millones respecto a lo previsto, unas menores 
inversiones de 1.982 millones y una disminución del efectivo de las actividades de financiación de 
3.169 millones; el resto de la diferencia procede de las variaciones de los tipos de cambio. Las 
entidades que presentan las mayores diferencias son ENAIRE, el Grupo Puertos y Autoridades 
Portuarias, CDTI y ADIF. 
Entre las entidades que sí elaboran el informe del artículo 129.3 de la LGP, 24 entidades no aportan 
información alguna sobre las causas de las desviaciones en la ejecución del presupuesto de 
explotación y 30 no lo hacen sobre la ejecución del presupuesto de capital. 
4.124. Los presupuestos de las siguientes tres fundaciones no fueron incluidos en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 y sus liquidaciones no fueron integradas dentro la 
información presupuestaria de las entidades con presupuesto estimativo que figura en la Memoria 
de la CGE: Fundación Museo do Mar de Galicia; Fundación Iberoamericana para el Fomento de la 
Cultura y Ciencias del Mar; y Fundación UIMP-Campo de Gibraltar. 
IV.6.3 Avales
4.125. La CGE no contiene información alguna relativa a los avales y otras garantías concedidas al 
no contemplarse expresamente dicha exigencia en la Orden HAP/1489/2013. No obstante, en la 
memoria de la CAGE, además de los avales concedidos, se informa de las garantías para obras de 
interés cultural concedidas por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes, estas últimas dentro 
del apartado relativo a las garantías concedidas por el Estado distintas de las previstas en el 
apartado de avales, en aplicación de la modificación introducida por la Orden HAC/787/201884 a fin 
de incorporar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas85. Respecto a esta 
información, se considera necesario que en la memoria de la CGE se informe, de igual manera que 
en la CAGE, de los avales y otras garantías concedidas por el sector público estatal, así como, en 
su caso, de las garantías derivadas de cláusulas incorporadas en algunos contratos por los que el 
Estado asume una responsabilidad patrimonial por determinados riesgos inherentes al negocio 
objeto del contrato que, en caso de materializarse, pueden suponer un quebranto del patrimonio 
neto del Estado. 
4.126. El artículo 115 de la LGP establece que el importe total de los avales otorgados no podrá 
exceder del límite que, en cada ejercicio, señale la LPGE. A tal fin, en el artículo 51.1 de la LPGE 
para 201686 y en el artículo 50.1 de la LPGE para 2017, se determina el límite máximo de los avales 
que podrá prestar el Estado durante el ejercicio 2017, fijándose en 3.500 millones de euros en 
ambas leyes.  
84 Orden HAC/787/2018, de 25 de julio, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 
de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado 
y la Instrucción de operativa contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de  es
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. Sin perjuicio  oe.
de la entrada en vigor de la citada Orden al día siguiente de su publicación en el BOE (28/07/2018), el apartado relativo a  w.
la memoria es de aplicación en la CAGE del ejercicio 2017, según se contempla en la Disposición final única.  65ww
8e5j eInrcfoicrimose  2d0e0 8F-is2c0a1l3iz,a acpióronb daed ola p goer setli óPnl eyn eol  dceoln Ttrroibl udnea llo esn a sveasleiósn c doen c2e2d dideo ds icpioerm lab rAed dmei n2i0s1tr6a.c ión General del Estado,
B86O EEs tcoosn p freecshuap 2u8e sdtoes j ufluioe rdoen  2p0r1o7rr oyg eandtorasr ohna setna  vlaig oern tarla ddíaa  esnig uviiegnotre d. e  los LPGE para 2017, cuya ley se publicó en el
Sin perjuicio del límite anual señalado en las leyes presupuestarias vigentes en 2017, el importe 
total de avales concedidos en el ejercicio 2017 que figura en la memoria de la Cuenta de la AGE 
ascendía a 34.778 millones de euros; todos ellos concedidos de acuerdo con lo establecido en las 
órdenes ministeriales de otorgamiento de avales aprobadas en ejercicios anteriores al no haberse 
agotado el límite establecido anualmente o al haberse producido renovaciones o cancelaciones de 
operaciones avaladas. 
Por otra parte, el saldo pendiente de cancelar de los avales concedidos por la AGE al cierre del 
ejercicio 2017 ascendía a 104.435 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución de los 
riesgos asumidos por este concepto de 2.507,4 millones respecto del ejercicio 2016. Si bien se ha 
comprobado que los importes de los avales concedidos y de los saldos pendientes de cancelar son 
inferiores a los establecidos en las órdenes ministeriales de otorgamiento de avales aprobadas de 
acuerdo con lo establecido en las leyes la concesión de dichos avales, el Tribunal considera 
conveniente que, además de un límite a la concesión anual de avales, las leyes anuales de 
Presupuestos Generales del Estado establezcan, al igual que ocurre con las garantías otorgadas 
para la exposición de obras de interés cultural (Disposición adicional cuadragésima séptima de la 
LPGE para el año 2017), un límite máximo en la cifra de avales en vigor, de modo que se limite el 
importe máximo que, por esta vía, pudiera llegar a comprometer la Administración del Estado. 
4.127. En la memoria de la CAGE se informa para cada aval sobre el importe concedido y cancelado 
durante el ejercicio, incluyendo además las variaciones derivadas de la valoración de intereses 
estimados relativos a deudas con tipo de interés variable. No obstante, en relación con dichas 
variaciones, se ha observado que, en lugar de ser presentadas como una concesión o cancelación 
dependiendo de si el importe de la misma es positivo o negativo, son registradas dando de baja el 
importe total de los intereses estimados al principio del ejercicio y de alta los intereses estimados al 
final del ejercicio, lo que ocasiona una sobrevaloración de los importes concedidos y cancelados 
informados en la citada memoria. 
4.128. Como se viene reiterando en la Declaraciones de ejercicios anteriores, en la memoria de la 
CAGE no se informa de los importes de los avales que se encuentran pendientes de reembolso por 
parte de la República de Argentina de acuerdo con la Declaración Conjunta del Club de París de 29 
de mayo de 2014, cuya cuantía ascendía al cierre del ejercicio 2017 a 55,4 millones de euros87.  
4.129. Con carácter general, en la contabilidad presupuestaria, el reconocimiento de los derechos 
de cobro que originan las ejecuciones de avales se registran contablemente cuando se cobra el 
importe reintegrado. No obstante, con relación al Consorcio de Valencia 2007, a la vez que se 
ejecuta  una  cuota  avalada,  se  reconoce  un  derecho  de  cobro  por  el  mismo  importe,  con 
independencia de que no se haya efectuado su cobro, por lo que su efecto sobre el déficit 
presupuestario es nulo. A este respecto, cabe señalar que el citado Consorcio no ha atendido ni 
una sola obligación de pago de su deuda avalada (240,3 millones de euros), que se encuentra 
provisionada en su totalidad. La aplicación a este aval del criterio general aplicado al resto de avales 
hubiese supuesto una minoración del resultado presupuestario en los ejercicios 2010-2017, por un 
importe acumulado de 105,6 millones. 
4.130. Respecto de las garantías a obras de interés cultural para su exhibición temporal en 
instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus  es
Organismos públicos adscritos, y de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional  bo
87 Sin perjuicio de lo manifestado en alegaciones en el sentido de que esta información ya viene recogida en el balance,
sreel accoionnsaiddeorsa  ccoonn evsetnei eanvtael  (q1u1e,9 s me ilrloenfleejse) , jau nfitno  dae  lcoosm dpaletotasr  qlau ien fofigrmuraacnió ne np rdeiscehnat amdae meno rliaa  mreisfemriad.o s a los reintegros
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español88, la Disposición 
adicional cuadragésima séptima de la Ley 3/2017, de 27 junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017 establece un límite máximo de 2.250 millones de euros, límite idéntico al 
previsto en la Disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, cuyos presupuestos fueron prorrogados 
hasta el 28 de junio de 2017, como se ha señalado anteriormente.  
En relación con el cumplimiento de dicho límite, se ha comprobado que, durante el periodo que 
transcurre desde el 29 de mayo al 28 de junio de 2017 (período que se encuentra dentro de la 
vigencia de la prórroga presupuestaria de la Ley 48/2015), se ha superado el límite máximo 
establecido en las Leyes de Presupuestos, produciéndose una desviación del límite que oscila entre 
un mínimo de 123,7 millones de euros y un máximo de 164,7 millones. 
La Administración justifica este extremo en el criterio sustentado por la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de 7 de febrero de 2017, 
según el cual, al tener una vigencia anual la Disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, se considera que tal disposición no estaría en 
vigor y, consecuentemente, el Ministerio de Cultura puede otorgar durante el período de prórroga 
sin limitación cuantitativa alguna las garantías a que se refiere la citada Disposición adicional novena 
de la Ley del Patrimonio Histórico Español. 
No obstante, este Tribunal no comparte la opinión de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos. Por un lado, porque una interpretación lógica y sistemática de la citada Disposición adicional 
novena, coherente con el principio de prudencia financiera, conduciría a la conclusión contraria a la 
sostenida por la citada Secretaría de Estado, en el sentido de que hasta que no se aprobara la 
nueva Ley de Presupuestos no cabría la asunción por parte de la Administración de compromiso de 
garantía alguno al faltar un elemento esencial del mismo, como es el no disponer de los límites 
máximos que prevé la citada Disposición adicional novena, que deberán ser establecido en la leyes 
anuales de Presupuestos Generales del Estado. Por otro lado, porque una interpretación finalista y 
lógica de la normativa reguladora de la prórroga presupuestaria (art. 38 de la LGP), en línea con el 
criterio establecido por el Consejo de Estado en su dictamen núm. 1119/2016, de 29 de diciembre,89 
conduciría a considerar que la Disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 permanecería en vigor durante 
la situación de prórroga presupuestaria. Por tanto, carece de toda lógica que no haya ningún tipo 
de limitación, cuando en la normativa que regula este tipo de garantías se prevé la existencia de un 
límite máximo para su otorgamiento, cuyo importe se determina en las respectivas LPGE. 
4.131. En el artículo 52 de la LPGE para 2017 se autoriza a SEPI a prestar avales en dicho ejercicio 
en relación con las operaciones de crédito que concierten y con las obligaciones derivadas de 
concursos de adjudicación al que concurran las sociedades mercantiles en cuyo capital participe, 
directa o indirectamente, hasta un límite de 1.210 millones de euros. Durante el ejercicio 2017, SEPI 
ha otorgado garantías al amparo de esta autorización por importe de 174 millones de euros, 
garantizando la ejecución de contratos por parte de NAVANTIA. El importe total de los riesgos 
88 La Disposición adicional novena de la Ley 16/1985, en su apartado tercero, establece que “El límite máximo del  oe.
compromiso que se otorgue a una obra o conjunto de obras para su exhibición en una misma exposición así como el  w.
límite del importe total acumulado de los compromisos otorgados por el Estado se establecerán en las leyes anuales de  65ww
P89r eDsicutpaumeesnto fso Grmeunleardaole esn d reell aEcsitóand oc”o.n  el “Proyecto de Real Decreto sobre revalorización y complementos de pensiones
dpeú bclliacases sp paaras ievla esj,e srocibcrieo  r2e0v1a7lo”.r ización de las pensiones del sistema de la seguridad social y otras prestaciones sociales
vigentes por las garantías otorgadas asciende a 316 millones, correspondiendo en su totalidad a 
garantías otorgadas cuyo beneficiario es NAVANTIA. 
Del resto de entidades del sector público empresarial, tiene especial relevancia el riesgo asumido 
por determinadas entidades derivado del otorgamiento de comfort letters fuertes para la concesión 
de operaciones de crédito a sus sociedades participadas. Al cierre de 2017, el riesgo total informado 
por  las  entidades  derivado  de  estas  operaciones  ascendía  a  294  millones  de  euros, 
correspondiendo en su mayoría (213 millones) a las garantías otorgadas a favor de las sociedades 
de integración del ferrocarril (entidades a las que se refiere la disposición adicional novena de la 
LGP participadas por entidades del sector público estatal y por las administraciones públicas 
autonómica y local implicadas en cada una de la ciudades afectadas) y a Bilbao Ría 2000, S.L. por 
parte de ADIF, ADIF-AV, RENFE-Operadora, SEPES y Autoridad Portuaria de Bilbao. Debe tenerse 
en  cuenta  que,  al  objeto  de  que  dichas  sociedades  pudieran  cumplir  con  sus  obligaciones 
financieras derivadas de sus operaciones de endeudamiento concertadas, las cinco entidades 
mencionadas les habían concedido a 31 de diciembre de 2017 préstamos participativos por un 
importe acumulado de 856 millones de euros. Durante el ejercicio se ha producido un importante 
aumento de los préstamos participativos, que han sido utilizados por las filiales en gran parte para 
cancelar o reducir las deudas con las entidades de crédito90. 
4.132. Adicionalmente, algunas entidades del sector público empresarial figuran como avalistas o 
fiadores en pólizas formalizadas por empresas participadas, con un riesgo calculado de 36,6 
millones de euros (Agencia EFE, S.A.U; Autoridad Portuaria de Barcelona; Autoridad Portuaria de 
Las Palmas; Enusa Industrias Avanzadas, S.A.; y Navantia, S.A.U., S.M.E.). 
IV.6.4 Provisiones y contingencias
4.133. En  la  memoria  de  la  CGE  consolidada  no  se  incluye  información  referida  a  pasivos 
contingentes, por lo que debe acudirse a las cuentas anuales individuales o consolidadas de cada 
una de las entidades integradas para analizar la información referida a estas contingencias. No 
obstante, se considera que deben figurar informadas en la memoria de la CGE, al menos, las 
operaciones más significativas que pueden representar la existencia de pasivos contingentes, 
conforme los criterios establecidos en la normativa contable nacional e internacional91. 
4.134. Si bien la memoria de la CAGE, por primera vez para este ejercicio, informa sobre diversos 
pasivos contingentes (apartado 25.4 “Otra Información. Pasivos Contingentes”), no se cuantifica su 
posible impacto financiero. Los citados pasivos contingentes hacen referencia a la responsabilidad 
patrimonial de la Administración en relación con las sociedades adjudicatarias de los contratos de 
concesión de las autopistas de peaje que, al cierre del ejercicio 2017, se encontraban en distintas 
situaciones concursales; a la exigencia de responsabilidad patrimonial por los recortes introducidos 
en el esquema de apoyo a las energías renovables por el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de 
diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del 
sector eléctrico; y, por último, a la reclamación judicial frente a la decisión de la Comisión Europea 
90 El Tribunal de Cuentas ha aprobado el 31 de enero de 2019 el Informe de Fiscalización de la actividad de las sociedades  bo
plC9a1úo  sbTnilttaiucanaabtsciol ii óddenael  d ifnPi ndtleaaegnnl rc SaiGecereicóantn oed rdre aPe ell ú sfdbetealrirc sooC sc ooa(NncrrtiIieaCl dbpSaialPidrdt)eia csd1i p,9d a uadyrp aalrasno  tbpeNao oedr rloA me DjapeI oFrIcrn- iAtcReilotrean a2 aVl0 ce1Diol7oen.cca irdle adtdoe,   1aC5 o31n14t ad/2be0i ld0idi7ca,ie dcm (oNbmrIeCo  )d lea3  72N 0po1rr6em veaén n Ie nql tuqeeurn,e a pscaeior eanx acpla liddceaa    2021-2665n https://www.
dclea sloes d eef epcatsoisv ofi ncaonnctiinegroesn tdee,  sloes p preasseivnotes  econn lati nmgeemntoersi.a  una breve descripción y, siempre que sea posible, una estimación
de excluir de financiación comunitaria determinados gastos ejecutados con cargo al FEAGA y al 
FEADER por no ajustarse a las normas comunitarias.  
A efectos de valorar su posible impacto sobre las cuentas presentadas, se solicitó a la IGAE 
información sobre los riesgos derivados de las situaciones concursales en que se encontraban las 
sociedades concesionarias de autopistas de peaje, así como de los recortes aplicados a las 
energías  renovables  como  consecuencia  de  la  aplicación  del  Real  Decreto-ley  14/2010.  No 
obstante, al igual que en ejercicios anteriores, la información facilitada por la IGAE no permite 
valorar el posible impacto de los pasivos contingentes reflejados en la CAGE, como se detalla en 
los  párrafos  siguientes,  por  lo  que  persiste  la  deficiencia  señalada por  este  Tribunal  en  las 
Declaraciones de las CGE de los ejercicios 2016 y 2015 respecto de la necesidad de que en la 
memoria se informe tanto de las situaciones como de la estimación de los pasivos contingentes. 
Por lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de las distintas 
situaciones concursales de las sociedades adjudicatarias de los contratos de concesión de las 
autopistas de  peaje,  debe  destacarse  que  en  el  informe  de  “Actualización  del  Programa  de 
Estabilidad 2018-2021 y Plan Presupuestario 2018” del Reino de España, remitido por el Gobierno 
a la Comisión Europea, se “contempla 1.800 millones de euros para atender la responsabilidad 
patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas 
de peaje que se encuentran en concurso de acreedores”. Por otra parte, como se indicó en las 
Declaraciones de la CGE de los ejercicios 2015 y 2016, los respectivos reales decretos de 
adjudicación de estas concesiones de autopistas de peaje, así como, en su caso, los reales decretos 
por  los  que  se  modifican  los  términos  de  estas,  cuantificaban  el  importe  máximo  de  la 
responsabilidad patrimonial de la Administración en un importe total de 3.718,3 millones de euros, 
sin perjuicio de las indemnizaciones por expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que 
abonar en virtud de resoluciones judiciales que puedan producirse en futuros ejercicios. 
En cuanto a las reclamaciones internacionales interpuestas frente a los recortes aplicados al 
esquema de apoyo a las energías renovables previstos en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de 
diciembre, la IGAE ha señalado que, con independencia de que España ha notificado a la Unión 
Europea el denominado laudo EISER para que se pronuncie sobre su legalidad y si se trata de 
ayuda de Estado, la Unión Europea ya se ha pronunciado en la decisión C(2017) 7384 de la 
Comisión mediante la cual se afirma que el esquema de apoyo a las energías renovables tiene 
carácter de ayuda estatal. No obstante, este Tribunal precisa destacar que no todas las empresas 
(fondos de inversión) afectadas por la aplicación de las medidas contenidas en este RD Ley son 
comunitarias y, en consecuencia, no quedan vinculadas por las decisiones de la Comisión Europea 
o por el TJUE tal y como señala la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo92, por lo que podrían acudir a cualquier instancia arbitral internacional para resolver las
reclamaciones interpuestas, como han efectuado algunas de ellas ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADE). Por ello, se considera que, en función del
seguimiento que realice la Administración de las reclamaciones presentadas por estos inversores
internacionales no comunitarios, en la memoria se debería reflejar la valoración y una estimación
económica del impacto que, en su caso, puedan tener en las cuentas públicas.
Respecto a las la reclamación judicial frente a la decisión de la Comisión Europea de excluir de la 
financiación comunitaria determinados gastos ejecutados por los Estados Miembros con cargo al  e
FEAGA y al FEADER por no ajustarse a las normas comunitarias, se estima conveniente que la  bo
CGE incorpore una estimación del impacto financiero que esta reclamación podría llegar a tener en  65ww
i9n2 trEan-U sEu  yp,á pgoinra t a4n,t os,e  nsoe ñaafelac:t a" Áam labsi tion vdeer saipolniceasc rióena lidzea deassta p Coro imnvuenriscoarceiósn d. eE lsat aU cEo emnu pnaicísaecsió tne rscee rcoesn tnria a e lna sla r einavliezarsdióans   OE-A-2021-26able en https://
por inversores de países terceros en la UE."  Bc
las cuentas públicas. A este respecto, cabe señalar que, a partir de las Decisiones de Ejecución de 
la Comisión publicadas en el DOUE, se deduce que el importe de las reclamaciones ascendería a 
un total de 66,1 millones de euros. 
4.135. Con independencia de los pasivos contingentes que figuran en la memoria de la CAGE, 
señalados en la párrafo anterior, debe señalarse que ni en la CGE ni en la CAGE se contempla 
información alguna respecto de las contingencias derivadas de las siguientes situaciones judiciales: 
- Exención  del  IRPF  de  los  importes  percibidos  en  concepto  de  prestaciones  públicas  por
maternidad de la Seguridad Social, cuestión que ha sido determinada por sentencia dictada el 3 de
octubre de 2018 por el Tribunal Supremo, en resolución del recurso de casación contra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de junio de 2017. A este respecto, el Ministerio de
Hacienda mediante una interpretación extensiva ha incluido también los permisos de paternidad,
estimando que el importe de las devoluciones que deberá afrontar la Administración asciende a
1.200 millones de euros.
- Cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo al TJUE respecto de la compatibilidad
ono con el derecho de la UE del canon por utilización de las aguas continentales para la producción
de  energía  en  las  demarcaciones  intercomunitarias,  así  como  de  los  impuestos  que  recaen
exclusivamente sobre las empresas de producción de energía eléctrica que utilizan energía nuclear
para producir esta energía. En respuesta a la solicitud efectuada por este Tribunal, la Administración
ha informado sobre la situación procesal en que se encuentran estas cuestiones, indicando que
están pendientes de sentencia y manifestando que “parece improbable que el TJUE vaya a anular”
las respectivas normas o actos de aplicación de normas que afectan a las mismas. No obstante,
este Tribunal considera que no ha quedado suficientemente acreditado que no se cumplan los
criterios que determinan la existencia de un pasivo contingente a 31 de diciembre de 2017, según
lo previsto en el PGCP.
4.136. Ninguna  de  las  Confederaciones  hidrográficas,  con  excepción  de  la  Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, ha incluido la memoria de sus cuentas anuales información de los 
pasivos contingentes por devolución de ingresos, ante la previsible anulación de liquidaciones de 
los cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua, aprobadas con posterioridad a su 
devengo,  liquidaciones  que  no  podrán  ser  giradas  de  nuevo.  La  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo se ha pronunciado, con fecha 3 de abril de 2018, sobre el 
recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la AGE, 
contra la sentencia de 20 de diciembre de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ha confirmado el criterio de esta última, en el sentido de 
que no es posible la aprobación del canon o la tarifa –como tributos periódicos de carácter anual- 
una vez iniciado el periodo impositivo, que “para los años siguientes a aquél en que se produzca la 
mejora o beneficio de los usos o bienes afectados (caso del canon) o en el momento en que puedan 
utilizarse las instalaciones de las obras hidráulicas (supuesto de la tarifa), debe entenderse que es 
el primer día del año natural, de suerte que la aprobación posterior a dicho día incurriría en una 
retroactividad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución”. Dado que las Confederaciones 
hidrográficas han venido aprobando las tarifas con posterioridad a su devengo, y que existían 
informes jurídicos que consideraban que se estimarían los recursos previamente interpuestos ante 
Tribunales Económico-Administrativos Regionales, se debió reflejar en la memoria de las cuentas  e
anuales el pasivo contingente existente. Además, en algunos casos, la sentencia del Tribunal  bo
Supremo a la que se hace referencia ya se conocía con anterioridad a la formulación de las cuentas  65ww
aliqnuuiadlaecsi odneel se jdeerc cicáion o2n0e1s7 d. eL ar ergeuclaaucdióanc ióy nt adreifa lso sd ecu uattirlioz aúcltióimno dse el jaegrcuiaci oass c(2e0n1d5e ríaa  2a0 1u7n)  impopro lrates 
aproximado de 205 millones de euros.
4.137. La disposición transitoria séptima de la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la 
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, dispone 
que “Hasta que se regule por la Intervención General de la Administración del Estado, la información 
a incluir en la nota 14, “Provisiones”, será la relativa a la provisión para devolución de impuestos y 
a la provisión para responsabilidades”.  
Por lo que se refiere a las provisiones de la AGE, en aplicación de dicha disposición transitoria, 
tanto en la Memoria de la CGE como en la de la CAGE solo se informa sobre los saldos de las 
cuentas, al cierre del ejercicio, que registran las provisiones que prevé la citada disposición, 
quedando fuera de dichas Memorias la información correspondiente a las restantes provisiones. El 
saldo de las cuentas de provisiones correspondientes a la AGE no recogidas en las citadas 
Memorias asciende a 660,1 millones de euros93. 
Dado el tiempo transcurrido y la relevancia de la información no recogida en la Memoria, se 
considera que la IGAE debe proceder a regular la información a incluir en este apartado de la 
Memoria, incorporando en la referida a la totalidad de las cuentas previstas en el PGCP para el 
registro de las provisiones dotadas por la AGE, con el fin de que la información contenida en la 
memoria cumpla con el objetivo de completar y ampliar la información contenida en el resto de 
documentos que integran las cuentas anuales. 
4.138. No se incluye en la memoria de la CGE información sobre el impacto que pueda tener en las 
cuentas  anuales  de  ACUAMED  la  investigación  judicial  puesta  en  marcha  tras  la  denuncia 
presentada en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid por presuntas irregularidades cometidas en la 
gestión de esta sociedad estatal. La causa sigue parcialmente bajo secreto de sumario por lo que 
la sociedad no tiene acceso a la documentación relativa al proceso y desconoce el efecto que puede 
tener en las cuentas anuales del 2017.  
4.139. Tampoco figura en la memoria información alguna sobre la propuesta de cierre del Fondo de 
Cohesión “Ampliación del Puerto de Gijón”, basada en el informe de la Oficia Europea de Lucha 
Contra el Fraude (OLAF), de marzo de 2014, realizado por la Dirección General de Política Regional 
y Urbana de la CE, en la que califica la totalidad del gasto declarado como no elegible pretendiendo 
la recuperación de 198 millones de euros correspondientes a los pagos realizados y el impago de 
49,5 millones pendientes de desembolso en concepto de saldo final. Ante esta propuesta, la 
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
ha presentado un escrito de respuesta y observaciones en febrero de 2015, sin que hasta la fecha 
se haya tenido conocimiento de actuación alguna adicional por parte de la Comisión Europea. 
Adicionalmente  se  ha  presentado  una  denuncia  por  parte  de  la  Fiscalía  Especial  contra  la 
Corrupción y la Criminalidad Organizada, basada en el mismo informe, ante la Audiencia Nacional 
que acordó iniciar diligencias previas. Actualmente el procedimiento se encuentra en fase de 
instrucción y se han producido varias solicitudes de información adicional a la Autoridad Portuaria 
que han sido atendidas. 
IV.6.5 Información presupuestaria
4.140. La Memoria de la CAGE correspondiente al ejercicio 2017 no incluye el balance de resultados 
e  informe  de  gestión  a  que  se  refiere  el  artículo  71  de  la  LGP  y  la  regla  32  de  la  Orden  e.
EHA/3067/2011 por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la AGE, lo que supone un  w.
93 Las cuentas y saldos reflejados en la CAGE a 31/12/2017 son las siguientes: 149100 “Otras provisiones a largo plazo”
(p5la1z7o m piallroan tersa ndsefe ereunrocsia);s  1y4 s9u1b1v0e n“Ocitoranse sp r(o1v misiilolónne)s y a 5 8la9r0g0o0 p “laOztora. sF pRrRovI”is (i1o4n1e,s3 a m ciollortnoe psl)a; z5o8” 8(00,080 m “Pillroonveissi)o.n es a corto
incumplimiento de dichas normas y, en cierta medida, un incumplimiento del deber de evaluación 
de las políticas de gasto previsto en el art. 72 de la LGP94.  
La IGAE justifica esta falta de aportación en lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la 
citada Orden, que prevé que hasta que no se asuma el seguimiento de los objetivos presupuestarios 
en  el  Sistema  de  Información  Contable  de  la  Administración  General  del  Estado  (SIC3),  la 
información a que se refiere el artículo 71 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria debe ser facilitada por los órganos de gestión. A este respecto, cabe señalar que 
los órganos de gestión de la AGE tampoco elaboran esta información como se recoge en el “Informe 
de  fiscalización  del  sistema  de  seguimiento  de  programas  en  el  área  de  la  Administración 
Económica del Estado, ejercicio 2017”, aprobado por el Pleno del Tribunal el 20 de diciembre de 
2018, en el que se realiza una valoración del sistema de seguimiento de objetivos de los programas 
presupuestarios y su adecuación a los fines que debe cumplir y a la legalidad vigente. En dicho 
informe, se recomienda al Ministerio de Hacienda que se adopten las medidas necesarias para que 
el SIC3 facilite de forma automática dicha información, recomendación que se asume también en 
esta Declaración. 
4.141. En la memoria de la CGE no se aporta información sobre el grado de ejecución del 
Presupuesto de Beneficios Fiscales del ejercicio, cuyo importe estimado establecido por el artículo 
3 de la LPGE 2017 se situó en 31.867 millones de euros (un 22% de los ingresos tributarios teóricos 
del ejercicio, según la memoria explicativa de los beneficios fiscales que acompañó a los PGE de 
2017). En el Informe de fiscalización de las actuaciones de la AEAT en relación con los beneficios 
fiscales, ejercicio 2015, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre de 2017, se expuso 
que este Tribunal no había obtenido documentación sobre el grado de cumplimiento de los 
Presupuestos de Beneficios Fiscales que permitiera el seguimiento del grado de ejecución de los 
mismos. La ausencia de este seguimiento imposibilita conocer cada año las desviaciones entre las 
cantidades presupuestadas y las reales. Esta carencia también impide evaluar la calidad de las 
estimaciones y dificulta la detección de posibles deficiencias en los métodos empleados para su 
cálculo. Como consecuencia, el citado Informe recomendó a la Dirección General de Tributos la 
elaboración de un documento que refleje la ejecución de los Presupuestos de Beneficios Fiscales; 
documento del que podrá extraerse la información más relevante a efectos de su inclusión en la 
memoria de la CGE de cada ejercicio. 
IV.7 OTROS  ASPECTOS  QUE  AFECTAN  A  CUENTAS  GENERALES  DEL  ESTADO  DE
EJERCICIOS ANTERIORES
4.142. El saldo al cierre del ejercicio 2016 de la provisión para la devolución de impuestos ascendió 
a 8.857 millones de euros, como consecuencia de la estimación realizada por la AEAT de las 
devoluciones de ingresos tributarios pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2016 y previstas 
para ser acordadas en el ejercicio siguiente, y de la consideración de los efectos de la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al “céntimo sanitario” (759 millones de euros). 
Según la información de la AEAT, el importe de las devoluciones acordadas por las principales 
figuras impositivas durante el ejercicio 2017 correspondientes a las autoliquidaciones presentadas 
y que no habían sido resueltas al término del período anterior ascendió a 7.837,8 millones. Por lo 
tanto, incluso sin tener en cuenta el efecto atribuible al “céntimo sanitario”, la provisión dotada en el  s
ejercicio 2016 fue excesiva, como lo fue la dotada en 2014 y 2015.  e.
l9o4 sE cno csuteasn teon a t séurm cionnotse ndied og,a esl tcoi tpardeos uepstuaedsot ainrifoo r(mpraervái,s dtoe ny trroe adleiz acaddoa)  epnro lgorsa qmuae,  dsee l hgara indcou dreri dreoa pliazraac isóun  rdeea lliozsa coibójne tyiv olass, 
sdee shvuiabcieioranne sp rfíosdicuacsid yo .f inancieras, tanto absolutas como en porcentaje de lo realizado sobre lo previsto que, en su caso,
V CUENTAS DE GESTIÓN DE TRIBUTOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
5.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 130.1 de la LGP, en la nueva redacción dada por la 
disposición adicional décimo novena de la LPGE 2018, la CGE está acompañada de las cuentas de 
gestión de tributos cedidos a las CCAA, elaboradas conforme a lo preceptuado en el artículo 60 de 
la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias. 
VI SEGUIMIENTO DE  LAS CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL  Y DE LAS RESOLUCIONES 
ADOPTADAS POR LOS PLENOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO EN 
RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
VI.1 SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES
6.1. Las deficiencias más relevantes puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en las DCGE 
de ejercicios precedentes que permanecen en la Declaración relativa al ejercicio 2017 se refieren a 
los siguientes puntos: 
- Continúan  sin  integrarse  en  la  CGE  consolidada  las  cuentas  de  algunas  entidades.
Concretamente, para este ejercicio, las entidades que estando obligadas a rendir sus cuentas no
han sido integradas al no haber recibido la IGAE ni sus cuentas aprobadas ni sus cuentas
formuladas en plazo para su integración, ascienden a trece entidades del grupo y cuatro entidades
multigrupo y asociadas, mientras que en el ejercicio anterior fueron siete y una, respectivamente.
- La mayor parte de las cuentas integradas se corresponden con las cuentas anuales aprobadas, si
bien se han integrado las cuentas anuales formuladas de varias entidades (cincuenta y cinco
individuales y cuatro grupos consolidados) al no haberse recibido en la IGAE las aprobadas; todo
ello, no obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.6 de la Orden HAP/1724/2015, de
31 de julio, por la que se regula la elaboración de la CGE.
- Falta de rendición, ante el Tribunal de Cuentas, de las cuentas individuales de algunas entidades.
En concreto, por lo que se refiere al sector público administrativo, dos entidades no han rendido al
Tribunal de Cuentas las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio 2017 frente a
dos en el ejercicio 2016 y ninguna entidad en el ejercicio 2015. En el sector público empresarial no
han rendido las cuentas del ejercicio 2017 ocho entidades estatales (Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz y su filial Corporación Alimentaria Quality, S.A. en liquidación; Consorcio Rio San Pedro;
SESD Fondo de Capital Riesgo; Imprenta de Billetes, S.A.; Portel Servicios Telemáticos, S.A.; Portel
Eixo Atlántico, S.R.L.; y Telamática Portel, Ltda.) y otras dos entidades afectadas por la disposición
adicional novena de la LGP (Consorcio Urbanístico de la Playa de Palma y Parque Empresarial y
Tecnológico Marismas del Palmones, S.A.), sobre un total de 243 (202 empresas estatales y 41 de
la disposición adicional novena de la LGP). Respecto al sector público fundacional, se mantiene el
número de fundaciones que incumplen la obligación de rendir cuentas: tres en 2017 y dos en 2016,
el 9% y el 5%, respectivamente, del número total de fundaciones del sector público estatal de cada
ejercicio. es
- Presentación, ante el Tribunal de Cuentas, de las cuentas anuales individuales fuera del plazo 65www.
aaleenln gsutaiedal caleetdosser,t  sayp baúql ebquclueiice doh,o  aa.e nlm Ci gcopuunraem lsr qpeaulsridiepao ele, c ncht ooea nln a e lerj eels rnepcdcliacitdoizooro   2 spl0euú1gsb6 alci,lc  uhoeea snnatta dacbmusl meifncupiisedlitrdoraao  tpd idvaeiocr ap,h  losala ezp  olpah r3zaeo1 sm  1eea1nnn1ttait deecaninódtinided osad  dee(2e l 5slan.  súeR mncetueisdepraoned tcdeateoss OE-A-2021-26able en https://
estatales y 6 entidades de la disposición adicional novena), manteniéndose el porcentaje de 
entidades que han cumplido el plazo legal en el 86% como en el ejercicio 2016 (sin contar las 
entidades de la disposición adicional novena). Por otra parte, se mantiene el número de fundaciones 
que rinden las cuentas con retraso respecto a los datos del ejercicio anterior (cuatro en 2017, cuatro 
en 2016, y dos en 2015). 
- El estado de liquidación del presupuesto de ingresos consolidado, al igual que en ejercicios
anteriores, no recoge las previsiones iniciales correspondientes al capítulo 9 “Pasivos financieros”
de la AGE, por lo que viene produciéndose una diferencia entre los créditos y las previsiones
presupuestarias iniciales. En el ejercicio 2017, las citadas previsiones iniciales han supuesto un total
de 140.728,6 millones.
- Se sigue produciendo un distinto tratamiento contable de las modificaciones de las previsiones
iniciales de ingresos entre la AGE y las ESSS, por una parte, y los organismos públicos, por otra.
- Persisten los defectos de ejecución presupuestaria que provocan un desplazamiento temporal de
la imputación del gasto o un desplazamiento o anticipación temporal de la imputación del ingreso.
- Se mantiene la falta de inventarios completos de una parte importante del inmovilizado material
de la AGE. Por lo que se refiere a los inventarios de inmovilizado de algunos organismos, se deben
corregir las deficiencias de valoración y de información de los elementos que se incluyen en los
mismos.
- Existen incoherencias en la información contenida en el SIC3 relativa a los pagos a justificar
debidas a la existencia de libramientos que estando justificados o aprobados permanecen como
pendientes, así como libramientos cuya situación debería ser revisada debido a su antigüedad.
- Continúan sin conciliarse partidas intragrupo procedentes de créditos concedidos por la AGE a
diversas entidades del grupo del sector público administrativo que no han sido eliminadas en el
proceso de consolidación al no coincidir los saldos acreedores de dichas entidades con los deudores
recíprocos que figuran en la AGE.
- Se siguen produciendo desviaciones entre las previsiones presupuestarias iniciales y los derechos
reconocidos netos en la liquidación del presupuesto de ingresos, especialmente en el capítulo 1
“Impuestos directos y cotizaciones sociales” y en el capítulo 2 “Impuestos indirectos”, si bien menos
significativas que en ejercicios anteriores.
- En el activo del balance del sistema de la Seguridad Social continúa figurando el valor de los
inmuebles transferidos a las CCAA como consecuencia de los Reales Decretos de traspaso de las
funciones y servicios en materia sanitaria y de servicios sociales del extinto Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD), del IMSERSO y del ISM, así como de los inmuebles adscritos a las Fundaciones
Hospital Manacor, Hospital Alcorcón, Hospital Calahorra y Hospital Son Llàtzer. Asimismo, estos
inmuebles siguen siendo objeto de amortización anual por parte de la Seguridad Social.
- La TGSS continúa sin disponer del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad
Social completo y actualizado, previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, s
sobre el Patrimonio de la Seguridad Social, debido a que la IGSS y la propia TGSS no han concluido oe.
los trabajos que, para tal fin, iniciaron en 2012, con base en la Resolución conjunta de 5 de julio de w.
2in0v1e2n,t adreio .la IGSS y la TGSS, por la que se dictaron instrucciones sobre la depuración de este 2021-2665n https://ww
- Las entidades gestoras y la TGSS no han concluido las actuaciones previstas en la Resolución de
14 de mayo de 2012, de la IGSS, por la que se dictan las instrucciones para el registro contable del
terreno de forma independiente de la construcción, a pesar de haber transcurrido 6 años desde su
inicio, por lo que resulta necesario dar un impulso definitivo a este proceso para que el registro
contable de las construcciones y los terrenos de estas entidades se adapte, definitivamente, a lo
dispuesto en la NRV 2ª “Inmovilizado material”.
- En el Patrimonio neto de la TGSS continúa sin incluirse la constitución del Fondo de Reserva de
la Seguridad Social, previsto en el artículo 117 del TRLGSS, como una reserva con cargo a la
distribución del resultado económico patrimonial, a pesar de las recomendaciones efectuadas por
este Tribunal en las DCGE de ejercicios precedentes.
- Al igual que en ejercicios anteriores, el procedimiento seguido por la TGSS, las mutuas y el
FOGASA para el cálculo del deterioro de valor por riesgo de crédito de las deudas aplazadas no se
ajusta al criterio de prudencia, ya que ninguna de estas entidades incluye en dicho cálculo las
deudas correspondientes al sector privado que cuentan con las garantías exigidas por el artículo
23.4 del TRLGSS, actuación que debería realizarse ya que estas deudas presentan un riesgo de
cobro por la falta de consistencia o depreciación de tales garantías.
- La TGSS y el FOGASA continúan sin dotar deterioro de valor por las deudas aplazadas con
vencimiento a largo plazo por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias sin ánimo de lucro,
que fueron objeto de moratoria desde la aprobación de la LPGE para 1995.
- Continúa produciéndose algún caso de fundaciones cuyos presupuestos no figuran en la Ley de
Presupuestos  Generales  del  Estado  del  ejercicio  y  que  no  ven  integradas  sus  liquidaciones
presupuestarias en el Memoria de la CGE. En cualquier caso, el número de estas deficiencias sigue
siendo poco relevante.
6.2. En las DCGE de ejercicios anteriores se ha realizado un seguimiento de otras conclusiones 
relativas a determinadas operaciones que no figuran en la Cuenta Única Consolidada de 2017 por 
tratarse de partidas recíprocas entre la Seguridad Social y la AGE, que han sido eliminadas en el 
proceso  de  consolidación.  No  obstante,  su  seguimiento  se  ha  efectuado  en  tanto  que  tales 
conclusiones afectan a operaciones que persisten en las cuentas individuales rendidas por cada 
una de las ESSS, entre las que cabe destacar las siguientes:  
- Persisten las discrepancias entre la contabilidad patrimonial de la TGSS y de la AGE respecto a
las insuficiencias de financiación de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios
sociales incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social de financiación obligatoria por el
Estado. De ellas, la más importante se sintetiza en que la TGSS refleja en su balance de situación
a 31 de diciembre de 2017 unos derechos de cobro frente al Estado por 3.372,4 millones de
euros95 -importe que el Estado financió mediante tres préstamos y no con transferencias y que fue
destinado a la cancelación de obligaciones del extinto INSALUD pendientes de pago a 31 de
diciembre de 1991-, mientras que en el balance de la AGE a la misma fecha no existe una recíproca
partida de obligaciones de pago. El Tribunal de Cuentas ha venido poniendo de manifiesto esta
discrepancia sin que se haya solventado todavía.
95 La TGSS recoge este derecho de cobro frente al Estado como financiación afectada porque el artículo 11 de la Ley  65ww
3dp1eo/lr 1 er9ex9dti0ins,t tordi beINu 2cS7iAó dnLe Ui ndDtiec (ricneoamn db eerex s,c uedspe c cPiróérned sidtuoepslu ,q enusie tco opsnu G dcieaenrrgaeo rra ealesl usre ltdameral  dEnees ntlaateds  oag fepenacertaora  1ac9 ilo9an1 ee, nsd tiidsdepa udcs,r éosd eqi tufoien), a tqnoucdieoa  rniínaoc  rppeoumre eadnpato ofri ntdaaecnli ócginaa rsdsteeol  
Eacsttuaadlo T. RELl GarStíScu. lo 90 del derogado TRLGSS de 1994 mantuvo este texto que continúa vigente en el artículo 113.1 del
Además de lo anterior, en relación con los once préstamos, por 17.168,7 millones de euros96, 
otorgados por la AGE a la Seguridad Social durante los ejercicios 1992 a 1999 (para superar la 
primera crisis que afrontó el sistema), pese a las reiteradas recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas, tampoco se ha producido el saneamiento financiero necesario. 
- Se encuentran pendientes de amortización las deudas de la Seguridad Social con la AGE, por
9.081,5 millones de euros, por la liquidación del concierto económico suscrito con la Comunidad
Autónoma del País Vasco y el convenio económico suscrito con la Comunidad Foral de Navarra.
Estas deudas deberían haberse amortizado en un plazo de diez años a partir del 1 de enero de
1996, circunstancia que no se ha producido, por lo que figuran recogidas en los estados contables
de ambas Administraciones.
VI.2 SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES
6.3. La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha venido aprobando, en 
los últimos años, diversos acuerdos en los que se instaba a dicho Tribunal a continuar, en futuras 
Declaraciones, con el seguimiento sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados. En 
cumplimiento de dichos acuerdos, y considerando como ámbito temporal el contemplado en el 
acuerdo adoptado con motivo de la DCGE del ejercicio 2008, que se circunscribió a las tres últimas 
Declaraciones,  este  Tribunal  ha  venido  reflejando  dicho  cumplimiento  en  las  sucesivas 
Declaraciones. En consecuencia, al igual que en ejercicios anteriores, en los párrafos siguientes se 
relacionan los acuerdos contenidos en las correspondientes Resoluciones de la Presidencia del 
Congreso de los Diputados y del Senado publicadas en el Boletín Oficial del Estado en relación con 
las DCGE de los tres últimos ejercicios precedentes (2014, 2015 y 2016), señalándose la situación 
de aquellos que están pendientes de aplicación por parte de la Administración a la fecha de 
aprobación de esta Declaración97. Para efectuar el citado seguimiento, se ha tenido en cuenta el 
documento “Seguimiento de las resoluciones aprobadas por los Plenos del Congreso de los 
Diputados  y  del  Senado  en  relación  con  la  Declaración  de  la  Cuenta  General  del  Estado 
correspondientes a los ejercicios 2016, 2015 y 2014”, elaborado por la IGAE y remitido a este 
Tribunal, así como los resultados y conclusiones obtenidos del examen y comprobación de la CGE 
objeto de esta Declaración. Respecto de la resolución relativa a la DCGE del ejercicio 2016, cabe 
señalar que, si bien esta se publicó en el BOE98 con posterioridad a la rendición de la CGE objeto 
de este examen y comprobación, a fin de contribuir a la transparencia se ha estimado conveniente 
informar de las últimas actuaciones realizadas, especialmente cuando los acuerdos adoptados son 
reiteración de los señalados para ejercicios anteriores, con independencia de que, en su caso, 
algunas de las actuaciones aplicadas no tengan reflejo en la mencionada Cuenta debido a la fecha 
de publicación de la citada resolución, como se ha señalado. A continuación, se transcriben los 
96 Esta deuda corresponde a: Tres préstamos concedidos para la cancelación de obligaciones pendientes de pago a 31 
de diciembre de 1991 del extinto INSALUD, por un importe conjunto de 3.372,4 millones de euros; seis préstamos 
otorgados para la financiación de obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar su equilibrio presupuestario, por un total 
de 9.589,2 millones; y dos préstamos concedidos para cubrir desfases de tesorería por 4.207,1 millones.  s
97Los acuerdos incluidos en las Resoluciones de la Comisión Mixta objeto de seguimiento en la presente Declaración que  oe.
se consideran resueltos son los siguientes: 4/2014; 24/2014; 30/2014; 51/2014; 52/2014; 53/2014; 54/2014; 55/2014;  w.
31/2015; 32/2015; 33/2015 y 30/2016.  65ww
l9a8  Lpau bRliecasocilóunci ódne l dDei clata Pmreens iddee nlac iCa odmeli sCióonn gMriexstao  pdaer alo lsa sD Ripeultaacdioosn eys d ceo nla e Pl rTersibiduennacl idae d Celu Senetnaasd eon,  preolra lcaió qnu ceo sne l ad iDspCoGnEe 
lcao rCreGsEp oonbdjeieton tdee a el setjee recxicaiom 2e0n1 y6 ,c soem ppurobbliacóci óenl  3(03 1d ed en oovciteumbrber ed ed e2 021081)8. , y, por tanto, con posterioridad a la rendición de
acuerdos, indicándose para cada uno de ellos la referencia de la Resolución y el resultado de su 
seguimiento99. 
6.4. Aplicar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en la presente Declaración 
y corregir las deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en las Declaraciones de 
ejercicios precedentes que permanecen en la Declaración del ejercicio 2016 (8/2014; 18/2014; 
19/2014; 34/2014; 3/2015; 5/5015; 11/2015; 23/2015; 3/2016; 4/2016; 13/2016; 14/2016; 15/2016; 
25/2016 y 46/2016). 
Por lo que se refiere a la elaboración de la CGE, con carácter general, la IGAE viene aplicando el 
texto vigente de la LGP y, desde el ejercicio 2014, la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, que 
supuso por vez primera la elaboración de la citada cuenta como una Cuenta Única Consolidada.  
Entre las recomendaciones que han sido aplicadas en la CGE del ejercicio 2017, cabe destacar la 
actualización de la información integrada en dicha Cuenta relativa a los Fondos previstos en el 
artículo 2.2.f) de la LGP; la aplicación a los ingresos del mismo criterio seguido para los gastos en 
relación con la eliminación de las modificaciones de crédito correspondientes las transferencias 
internas del programa de gasto 000X que afectan a los artículos 40 a 43 y 70 a 73 y que no han 
dado lugar a la adquisición de compromisos o al reconocimiento de obligaciones y derechos, y la 
consideración  de  los  saldos  de  dudoso  cobro  de  la  ESSS  en  el  Remanente  de  Tesorería 
consolidado ajustado. 
Si bien con carácter general los estados que integran la CGE son internamente coherentes y se 
ajustan a lo dispuesto en la normativa sobre su elaboración, se han observado determinadas 
deficiencias que se señalan en el apartado III de esta Declaración. Algunas de ellas ya figuraban en 
anteriores Declaraciones, como se detalla en el apartado VI.1 “Seguimiento de las conclusiones”, y 
se refieren, principalmente, a la falta de integración en la CGE de las cuentas de determinadas 
entidades; a la falta de registro de las previsiones iniciales de los pasivos financieros del estado de 
liquidación del presupuesto de ingresos; a defectos de ejecución presupuestaria que provocan un 
desplazamiento  temporal  de  los gastos  e  ingresos  presupuestarios;  a  la  falta de  inventarios 
completos; a la falta de actualización de los libramientos de pagos a justificar que están pendientes 
de justificación y aprobación; y, por último, al diferente tratamiento contable de las modificaciones 
de las previsiones iniciales de ingresos entre la AGE y las entidades de la Seguridad Social, por una 
parte, y los organismos públicos. 
6.5. Poner en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado 
que proceden de Declaraciones de ejercicios anteriores y se mantienen sin adoptar (20/2014; 
12/2015 y 26/2016). 
El grado de cumplimiento de este acuerdo puede deducirse del cumplimiento a que se hace 
referencia en los párrafos siguientes. En cuanto a los acuerdos más relevantes que se estima han 
sido resueltos en las sucesivas CGE analizadas y que se relacionan en nota a pie de página del 
párrafo 6.3 de esta Declaración, cabe destacar: la elaboración de la CGE como una Cuenta Única 
Consolidada con objeto de adaptarla a las Normas para la formulación de las cuentas consolidadas 
en el ámbito del sector público (Orden HAP/1489/2013), y de acuerdo con la regulación prevista 
ai9n9lc  eElujneid rccoai cseioon   dmeesá tqse u.p eNr óoex xoimisbtosat  aamnl áqtesu, e de esn e ut onred afoicesur eleo rsed socta aes nDo see cls lqeau rdaeec ctióaonlilna, cnci,od naes nliatdr eem rpaáatnerdéroinast eetrs aqitsua edy  aep,lo  scre oo nhrtdaee ntnriad cnors odcneroi tllooó sge ildc meom,á lsaá ssa  mrseepf eleirone crneucleiaantsitvr oaa    2021-2665n https://ww
laacsu Reredsoo lturacniosnceristo d. e la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que se consideran incluidas en el
para su elaboración en la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, y sus respectivas modificaciones100; 
la integración en la CGE de las cuentas anuales aprobadas que tengan informe de auditoría con 
opinión desfavorable o con opinión denegada, según lo dispuesto expresamente en el artículo 3.6 
de la citada orden de elaboración de la Cuenta General; la puesta a disposición del Tribunal de 
Cuentas de información anticipada mediante la remisión de cuentas formuladas para las entidades 
de la Administración Institucional del Estado e informes provisionales de ejecución presupuestaria 
de la AGE y ESSS, así como también la remisión junto con la CAGE de un informe resumen sobre 
los gastos del ejercicio pendientes de imputación presupuestaria de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden HAP/1162/2015; la incorporación en la CGE de las operaciones de cobertura por el Estado 
de los riesgos de la internacionalización de la economía española a través de la creación del Fondo 
de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI); y, por último, aquellos que se refieren 
a la ampliación del contenido de la memoria, habiéndose integrado en la misma información sobre 
las principales causas e incidencia de los cambios en criterios de contabilización y corrección de 
errores efectuados de un ejercicio a otro, sobre las cotizaciones sociales a cargo del empleador, 
sobre los tributos estatales que no han sido objeto de consolidación y sobre los deudores de dudoso 
cobro en el estado de Remanente de tesorería consolidado. Asimismo, por primera vez en la 
memoria de la CGE de este ejercicio, se ha ampliado su contenido con la incorporación de 
información sobre los principales epígrafes del balance, así como sobre las variaciones significativas 
que han experimentado, informando de las principales causas que las han motivado. 
6.6. Reforzar el control que permita la correcta contabilización de las operaciones de periodificación 
de gastos e ingresos, especialmente restringiendo la práctica de diferir a ejercicios futuros la 
imputación presupuestaria de derechos y obligaciones, reduciendo los saldos de operaciones 
pendientes de imputar a presupuesto, y asegurando la exacta contabilización de los compromisos 
de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, iniciando, si es preciso, los procedimientos 
sancionadores previstos en la Ley de Transparencia (3/2014; 14/2014; 26/2014; 6/2015; 17/2015; 
26/2015; 5/2016; 31/2016 y 37/2016). 
En el ejercicio 2017, se siguen observando defectos de imputación presupuestaria en relación con 
los gastos registrados en la CGE, así como la corrección en el ejercicio de defectos puestos de 
manifiesto en  ejercicios  anteriores,  detallándose  en  el  apartado  IV.2.3.1  de  este  informe  las 
operaciones más relevantes. Cabe señalar que, con carácter general, salvo para las excepciones 
que expresamente se mencionan, estas operaciones están reflejadas en la contabilidad económico-
patrimonial, en la cuenta Acreedores por operaciones devengadas, habiéndose registrado con 
cargo a la cuenta del resultado económico patrimonial o a la correspondiente del balance. Este 
mismo defecto de imputación se detalla en el apartado IV.2.3.2 en relación con la liquidación del 
presupuesto de ingresos. 
En relación con los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores, se han puesto de 
manifiesto determinadas operaciones que podrían suponer una carga en los presupuestos de 
ejercicios posteriores. En concreto, cabe señalar los compromisos con la Iniciativa de Condonación 
de Deuda Multilateral en el Fondo Africano de Desarrollo (149,5 millones); los derivados del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 en el que se autorizó la participación de España en 
la Sexta Ampliación de Capital del Banco Africano de Desarrollo y la ratificación por España, en 
2017, del Convenio Constitutivo del Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, como se 
detalla en el apartado IV.6.1.1.  es
6.7. Plantear  las  medidas  correctoras  necesarias  que  permitan  subsanar  las  deficiencias  65ww
observadas en las Cuentas anuales de las entidades públicas que presentan informes de auditoría
100 Orden HAP/1364/2016, de 29 de julio; Disposición adicional única de la Orden HFP/169/2017, de 27 de febrero, y
Orden HAC/874/2018, de 30 de julio.  Bc
con opinión favorable con salvedades, con opinión desfavorable y con opinión denegada (6/2014; 
36/2014; 15/2015 y 29/2016). 
En el documento de seguimiento, la IGAE señala que ya está previsto un sistema para la corrección 
de las deficiencias detectadas en los informes de cuentas que se fundamenta en la elaboración de 
un Plan de Acción por los respectivos departamentos ministeriales en el que se determinen las 
medidas a adoptar. Adicionalmente, en el informe general que la IGAE debe remitir anualmente al 
Consejo de Ministros con los resultados más significativos de la ejecución del Plan Anual de 
Auditorías de cada ejercicio), se incluirá información sobre la situación de la corrección de las 
debilidades puestas de manifiesto en los informes de auditoría pública a través de los planes de 
acción (artículo 146 LGP). Asimismo, anualmente la IGAE remitirá al Consejo de Ministros un 
informe resumen de las auditorias de cuentas realizadas, en el que se reflejarán las salvedades 
contenidas en los informes y se dará información sobre las medidas adoptadas por los órganos 
gestores para solventar las salvedades puestas de manifiesto en ejercicios anteriores (artículo 166 
LGP). 
En el caso del sector público administrativo, existe un informe de auditoría con opinión denegada 
(Jefatura Central de Tráfico), entidad cuyo informe mantiene idéntica opinión que en el ejercicio 
anterior, dos con opinión desfavorable (Confederación Hidrográfica del Duero y Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir). Esta última, como ya se señaló en la Declaración del ejercicio 
anterior, mantiene la misma opinión en los últimos años. Además, existen treinta y tres entidades 
cuyo informe de auditoría presenta una opinión favorable con salvedades. 
Respecto del sector público empresarial, ninguna entidad tiene denegación de opinión en los 
informes de auditoría, presentando opinión favorable con salvedades únicamente trece entidades. 
Por lo que se refiere al sector público fundacional, dos fundaciones presentan un informe de 
auditoría con opinión favorable con salvedades y una lo hace con opinión denegada. En el caso de 
los informes de auditoría con salvedades (Fundación Canaria Puertos de las Palmas y Fundación 
Centro Nacional del Vidrio), estas se refieren a cuestiones que se han mantenido desde ejercicios 
anteriores, sin que hayan sido subsanadas las deficiencias que las motivaron. La opinión denegada 
corresponde a la Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar y se 
debe al cuestionamiento de la legalidad de ciertas operaciones realizadas en ejercicios anteriores. 
6.8. Incrementar paulatinamente el contenido de los inventarios de la Administración General del 
Estado, del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social, y de los inventarios 
de los Organismos autónomos del Estado y otros organismos públicos, comprensivos de los 
elementos que integran su inmovilizado material, garantizando su integridad y su conciliación 
contable, lo que, con independencia de asegurar su intangibilidad, podría contribuir a evitar la actual 
infradotación de su amortización o de sus insuficientes correcciones valorativas (5/2014; 15/2014; 
25/2014; 33/2014; 37/2014; 4.I/2015; 7/2015; 16/2015; 22/2015, 27/2015; 6/2016; 18/2016; 19/2016 
y 39/2016). 
Como  se  viene  señalando  en  las  DCGE  de  ejercicios  anteriores,  una  parte  importante  del 
inmovilizado material de la AGE sigue careciendo de inventarios completos de los bienes que lo 
integran.  No  obstante,  con  objeto  de  avanzar  en  la  ampliación  y  mejora  del  inventario  de  es
infraestructuras y bienes muebles de la AGE, y en aplicación de la normativa emitida en los meses  bo
de noviembre y diciembre del ejercicio 2017101, durante el ejercicio siguiente se han iniciado trabajos  65ww
1Md0e1inl  Pi1so terd reRio ef esdboerl ueScroaió nndid eda e2d 0,1 1S88 ed ryev  ipdcioiocris eR mSeobscroeialu ldeceisó  2ne0  dI1ge7u  ad2le dd alead  If Gey bAerEenr ,oe s l edM ehi na2i 0set1se8tra iobd leed celai dE oIcG olaAn Eao,pm lsiíceaa , hcIinaód neu sdstetarlib acl eiytca iCddooo  mpsrpuoe cateiptdilviicmidaaicedinó tnao   peeannr  teeirll    OE-A-2021-26able en https://
Ministerio de Fomento, a partir del 1 de enero de 2019.  Bc
para la implantación del módulo de inventario SOROLLA en dos Departamentos Ministeriales 
(Sanidad y Economía), con objeto de que, a la vez que se realiza la gestión presupuestaria, las 
adquisiciones de bienes que se realicen en su ámbito se incorporen al inventario excepto los bienes 
inmuebles incluidos en el Inventario General de Inmuebles gestionado por la Dirección General del 
Patrimonio  del  Estado  (DGP),  cuya  gestión  se  realiza  a  través  de  la  aplicación  Central  de 
Información de Bienes Inventariables del Estado (CIBI). 
Por otra parte, el Tribunal viene manifestando, desde la DCGE del ejercicio 2002, que la TGSS no 
dispone del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social (previsto en el artículo 
5 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social) 
completo, actualizado y conciliado con las cifras registradas contablemente. Como se ha comentado 
en apartados anteriores, la IGSS y la TGSS no han concluido los trabajos que, para tal fin, iniciaron 
en 2012, con base en la Resolución conjunta de 5 de julio de 2012, de la IGSS y la TGSS, por la 
que se dictaron instrucciones sobre la depuración de este inventario. 
6.9. Aumentar la información contenida en la Memoria, tanto del sector público administrativo como 
del sector público empresarial y fundacional para interpretar los saldos contables incorporados al 
balance, a la cuenta del resultado económico-patrimonial y al estado de liquidación del presupuesto, 
y facilitar su comprensión en términos de contabilidad nacional (49/2014; 20/2016 y 43/2016). 
La Orden por la que se regula la elaboración de la CGE (HAP/1724/2015) la configura como una 
Cuenta Única Consolidada, en la que se integra una única memoria consolidada, sin que, por tanto, 
figure una memoria para cada uno de los sectores que integran el sector público estatal. El contenido 
de dicha memoria está regulado en la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban 
las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, 
con las precisiones que se recogen en el artículo 7 de la Orden de elaboración de la Cuenta General, 
artículo que; una vez transcurrido el periodo transitorio previsto en Disposición transitoria segunda 
de la citada Orden, ha sido modificado mediante Orden HAC/874/2018, de 30 de julio, con efectos 
a partir de la CGE del ejercicio 2017. 
A tal efecto, la modificación del citado artículo 7 ha afectado a los apartados 14 a 20 de la memoria 
prevista en las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector 
público, que han sido sustituidos por un único apartado, denominado “14 Principales epígrafes del 
Balance”, en el que está previsto que se informe acerca de los principales epígrafes del balance, 
así como de la variación que han experimentado en el ejercicio y de las principales causas que han 
motivado dicha variación, cuando esta sea significativa. En concreto, en la memoria de la CGE del 
ejercicio  2017,  se  ha  incorporado  el  balance  consolidado  con  indicación  del  porcentaje  que 
representa cada epígrafe sobre el total, así como la variación, tanto absoluta como relativa, que ha 
experimentado respecto al ejercicio anterior. Asimismo, de los principales epígrafes se presenta un 
análisis más detallado por entidades y principales causas de las variaciones producidas, que en 
este ejercicio afectan a los epígrafes del activo consolidado del “Inmovilizado material” y de 
“Inversiones financieras a largo plazo”, así como a las producidas en el pasivo consolidado, en los 
epígrafes de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo. 
Por otra parte, a partir de las resoluciones aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas respecto de las Declaraciones aprobadas sobre la Cuenta General del  es
Estado a partir del ejercicio 2014, primera cuenta única consolidada, la IGAE ha venido ampliando  bo
el contenido de la memoria consolidada, modificaciones que se han ido integrando en la normativa  65ww
rmeegmuloardiao rain fdoerm ealacbióonr aaccióenrc ad ed ela  laCsG cEo.t iAzascí,i oenne slo sso úclitaimleos sa  ecjearrcgioc iodse l seem hpale iaddoo irn yc odrep olorasd tor ibeunt olas 
que no han sido objeto de consolidación (modificación que finalmente se ha incorporado en la citada
Orden HAC/874/2018), así como información sobre el importe de los deudores de dudoso cobro en 
el modelo del Remanente de tesorería consolidado.  
No obstante, este Tribunal estima que aún quedan aspectos relevantes que deberían incluirse en 
la memoria de la CGE, entre los que cabe destacar determinada información que ya figura en las 
cuentas anuales individuales de las entidades integradas, como la relativa a pasivos contingentes 
y al detalle de los avales y otras garantías concedidas por el Estado y por entidades del sector 
público empresarial que figura en la CAGE y en las cuentas de dichas entidades.  
En lo que atañe a la información en términos de contabilidad nacional, la Orden HAC/874/2018, de 
30 de julio, por la que se modifica la orden de elaboración de la CGE, introduce un nuevo apartado 
(“18.Información en términos de Contabilidad Nacional”), pero mantiene el contenido que ya figuraba 
en la memoria. Por tanto, este Tribunal se reitera en lo señalado en la Declaración del ejercicio 
anterior, en el sentido de que debería modificarse la normativa de elaboración de la Cuenta con la 
finalidad de que la información a incluir en la memoria consolidada sean los datos reales relativos a 
deuda y déficit públicos correspondientes al final del año al que la Cuenta se refiera, en los términos 
de los reglamentos comunitarios y demás normativa aplicable, en lugar de los datos de carácter 
definitivo del ejercicio inmediato anterior al que se refiere la Cuenta General, como viene ocurriendo 
en la actualidad. 
6.10. Incluir en la memoria información, al cierre del ejercicio fiscalizado, relativa a los riesgos 
derivados  de  situaciones  judiciales  en  las  que  se  hallaban  incursas  distintas  sociedades 
concesionarias de autopistas de peaje tras su entrada en concurso de acreedores. Situación que 
ya se ha dado en las dos Cuentas Generales del Estado anteriores (28/2015 y 7/2016). 
En la memoria de la CGE consolidada no se incluye información referida a pasivos contingentes, 
por lo que debe acudirse a las cuentas anuales individuales o consolidadas de cada una de las 
entidades integradas para analizar la información referida a estas contingencias. En concreto en la 
memoria de la CAGE, por primera vez para este ejercicio, se informa sobre diversos pasivos 
contingentes (apartado 25.4 “Otra Información. Pasivos Contingentes”), aunque no se cuantifica su 
posible impacto financiero. Los citados pasivos contingentes hacen referencia a la responsabilidad 
patrimonial de la Administración en relación con las sociedades adjudicatarias de los contratos de 
concesión de las autopistas de peaje que, al cierre del ejercicio 2017, se encontraban en distintas 
situaciones concursales; a la exigencia de responsabilidad patrimonial por los recortes introducidos 
por el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, en el esquema de apoyo a las energías 
renovables; y, por último, a la reclamación judicial frente a la decisión de la Comisión Europea de 
excluir de financiación comunitaria determinados gastos ejecutados con cargo al FEAGA y al 
FEADER por no ajustarse a las normas comunitarias. 
Asimismo, ni en la CGE ni en la CAGE se contempla tampoco información alguna respecto de las 
contingencias derivadas de la exención del IRPF de los importes percibidos en concepto de 
prestaciones  públicas por  maternidad  de  la Seguridad  Social  ni  de  determinadas  cuestiones 
prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo al TJUE respecto de la compatibilidad o no con el 
derecho de la UE (canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía 
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias e impuestos que recaen exclusivamente sobre las 
empresas de producción de energía eléctrica que utilizan energía nuclear).  es
De conformidad con los criterios establecidos en la normativa contable nacional e internacional, se  65ww
csoignnsifidiceartaiv aqsu eq udee bpeune dfiegnu rraerp irnefsoermntaadr alas  eexni slate mnceiam doeri ap adsei vlao sC cGoEnt,i nagl emnetenso.s , las operaciones más
6.11. Supervisar la adecuada publicación en el Boletín Oficial del Estado de los resúmenes de las 
Cuentas anuales de las entidades públicas de los sectores públicos administrativo, empresarial y 
fundacional y que dicho resumen recoja la información suficiente y adecuada para conocer la 
actividad y la situación de la correspondiente entidad, instando a todas las entidades a ello 
obligadas, de acuerdo con las previsiones de la Ley General Presupuestaria y de la Ley de 
Transparencia, a publicar sus cuentas anuales individuales, acompañadas de los informes de 
auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos 
se emitan (23/2014; 4/2015; 14/2015 y 28/2016). 
Teniendo en cuenta que el artículo 136.2 de la LGP establece que la IGAE publicará anualmente 
en el portal de la Administración presupuestaria, dentro del canal de “Registro de cuentas anuales 
del sector público”, las cuentas anuales de las entidades integrantes del sector público estatal102, se 
ha comprobado, para el ejercicio 2017, que figuran publicadas la CGE, la CAGE, las cuentas de la 
Seguridad Social y las cuentas del resto de entidades del sector público estatal, junto con sus 
respectivos informes de auditoría, que han rendido cuentas al Tribunal de Cuentas a través de la 
IGAE, excepto el Fondo de Compensación Interportuario, que ha rendido sus cuentas en formato 
papel. 
En cuanto a la publicación en el BOE, cuya obligación es responsabilidad de las distintas entidades, 
hasta la fecha de elaboración de esta Declaración, de las 157 entidades del sector público 
administrativo que han presentado sus cuentas ante el Tribunal, siete no han publicado en el BOE 
los resúmenes previstos en el artículo 136.3 de la LGP (anexo 4). 
En el caso de las entidades del sector público empresarial, de un total de 58 entidades que han 
presentado sus cuentas ante el Tribunal y no están obligadas a depositarlas en el Registro Mercantil, 
siete no han publicado en el BOE los resúmenes correspondientes. Respecto a la obligación en 
materia de transparencia de publicar sus cuentas anuales y los informes de auditoría en las 
correspondientes  sedes  electrónicas  o  páginas  web,  existen  en  el  sector  público  estatal  79 
entidades estatales que no han publicado dicha información de 2017. De ellas, 21 ni siquiera 
disponen de página web propia. En el caso de las entidades de la disposición adicional novena de 
la LGP, 23 entidades no han publicado sus cuentas anuales de las que ocho no disponen de página 
web. 
Respecto al sector público fundacional, continúa manteniéndose un elevado número de fundaciones 
que incumplen dicha obligación: catorce, lo que representa un 40% del total. La situación ha 
empeorado ligeramente, ya que en 2016 lo incumplieron nueve y en 2015 trece. 
6.12. Obligar a que todos los órganos integrantes del sector público administrativo, todas las 
empresas del sector público empresarial y todas las entidades del sector público fundacional 
legalmente obligadas a ello, rindan sus cuentas al Tribunal de Cuentas, y que esta se produzca en 
la forma y dentro del plazo legalmente establecido, impulsando, en su caso, los procedimientos 
sancionadores que correspondan (22/2014; 31/2014; 32/2014; 35/2014; 50/2014; 10/2015; 13/2015 
y 21/2015; 30/2015; 27/2016; 36/2016; 38/2016 y 44/2016). 
En el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, se relacionan, en materia de gestión económico-presupuestaria, las 
conductas que constituyen infracciones muy graves siempre que sean culpables. Entre ellas, en el  e.
apartado p) del citado artículo, figura el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada  w.
en el artículo 137 de la LGP u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. Por otra parte, en  65ww
el artículo 31 de la citada Ley se dispone que el procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por
102http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/rcasp/Paginas/inicio.aspx 
acuerdo del órgano competente -que se determina en el propio artículo-, bien por propia iniciativa o 
como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los 
ciudadanos.  Continúa  señalando  el  citado  artículo  que  la  responsabilidad  será  exigida  en 
procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento al Tribunal de 
Cuentas,  por  si  procediese,  en  su  caso,  la  incoación  del  correspondiente  procedimiento  de 
responsabilidad  contable.  La  instrucción  de  los  procedimientos  corresponde  a  la  Oficina  de 
Conflictos  de  Intereses,  cuando  los  presuntos  responsables  sean  miembros  del  Gobierno, 
Secretarios de Estado u otras personas al servicio de la AGE. 
De conformidad con estas disposiciones legales, el Interventor General de la Administración del 
Estado remitió a la citada Oficina, mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2018, la relación 
de entidades, que transcurrido el plazo de 31 de julio de 2018, no habían rendido las cuentas del 
ejercicio 2017 a la IGAE, así como aquellas que a 18 de diciembre de 2018 seguían sin rendir 
cuentas. A dicha comunicación, se adjuntó copia de los escritos que había remitido a las entidades 
recordándoles la obligación de rendir cuentas, así como copia de las contestaciones recibidas de 
las  entidades  que  continuaban  sin  cumplir  con  dicha  obligación.  Una  copia  de  toda  esta 
documentación fue remitida a este Tribunal el mismo día que se puso en conocimiento de la 
mencionada Oficina. Según manifiesta la IGAE en el documento de seguimiento de las resoluciones 
remitido a este Tribunal, la Oficina de Conflictos de Intereses, tras recibir las contestaciones de las 
unidades afectadas, ha considerado que no procedía la adopción de medidas adicionales de 
conformidad con lo previsto por el dictamen de 25 de noviembre de 2014 de la Abogacía del Estado 
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 103. 
Por lo que se refiere a las entidades del sector público administrativo obligadas a rendir cuentas al 
Tribunal, a fecha de emisión de este informe, dos entidades no han rendido las cuentas anuales 
individuales correspondientes al ejercicio 2017, frente a dos entidades en el ejercicio 2016 y ninguna 
en 2015. En cuanto al cumplimiento del plazo para la rendición de las cuentas anuales al Tribunal 
de Cuentas, 46 entidades las han presentado fuera del plazo señalado y 111 dentro del plazo legal. 
Adicionalmente, cuatro entidades de las previstas en la disposición adicional novena de la LGP no 
han presentado sus cuentas anuales a este Tribunal y otras tres las han presentado fuera de plazo. 
Respecto del sector público empresarial, ocho entidades no han rendido al Tribunal de Cuentas las 
cuentas anuales individuales correspondientes a 2017, frente a las tres que no lo hicieron en el 
ejercicio anterior. Respecto al plazo para la rendición de las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, 
25 entidades las han presentado fuera del plazo señalado, lo que supone el 13% de las mismas. En 
el caso de las entidades de la disposición adicional novena de la LGP, dos entidades no han 
presentado las cuentas y seis lo han hecho fuera de plazo. 
En lo que atañe al sector público fundacional, tres fundaciones incumplieron la obligación de rendir 
sus cuentas al Tribunal, lo que supone una fundación más que en el ejercicio anterior. Por lo que 
se refiere al número de cuentas rendidas fuera del plazo legalmente previsto, la situación se 
mantiene con respecto a ejercicios anteriores: cinco en 2014, dos en 2015, cuatro en 2016 y cuatro 
en 2017. 
En cuanto a la integración de las cuentas individuales del ejercicio 2017 en la CGE de las entidades 
obligadas  a  rendir,  cabe  señalar  que  no  figuran  integradas  las  cuentas  de  trece  entidades  es
1yim0 3Gp Suaetsagtboúlsne   e(arlel  dcfiecurteeannmtcaeidana  dAnetPe 2G, 5p/T doAre A dn/eo0bv9ei2er4ms/e2b 0ree1l  4idn)ec  “u2(m0…1p)4l i,mc duieea nnlatdo Ao  abe oulg nianacc ícuaam dupesllai mE dsieitsantidtnoot a dd eed  ella as  Suoe baclcrigetuataacrriíó aon  d adejee En sraet anadd soiru  d cveuo Pelunrentastasud p,nu ooe  sastueonas    2021-2665n https://ww
s2i8é.npd) odlee  liam Lpeuyta 1b9le/2 n0o1 c3o, ndceu 9rr ad ee nd iscuie amcbturea,c dióen t rdaonlos poa creunlpcaia, ,n aoc sceersáo e ax ilgai binlefo lram raecsipóonn psaúbbilliicdaa yd  beusteanb lgeocbidiear neon” e.l artículo
dependientes (seis más que en el año anterior) al no haberse recibido ni sus cuentas aprobadas ni 
sus cuentas formuladas antes del 7 de septiembre de 2018, plazo previsto en el artículo 3.6 de la 
Orden por la que se regula la elaboración de la CGE (seis entidades del SPA, cinco del SPE y dos 
del SPF). Asimismo, por el mismo motivo no se han integrado las cuentas de seis entidades 
multigrupo y asociadas con participación directa (cuatro más que en el ejercicio anterior).  
6.13. Tomar  medidas  legislativas  tendentes  a  la  reducción  de  los  plazos  establecidos  en  la 
actualidad para todos los trámites referentes a la Cuenta General del Estado (21/2014 y 16/2016). 
Fomentar dichas medidas con objeto de que la emisión por el Tribunal de Cuentas de la Declaración 
pueda anticiparse en relación con las previsiones establecidas en la actual legislación y se dote a 
las Cortes Generales del correspondiente pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado en 
exceso en el tiempo del ejercicio económico al que la Cuenta General del Estado se refiera (21/2014 
y 17/2016). Adoptar las reformas señaladas en la moción del Tribunal de Cuentas para reducir el 
plazo de rendición de la Cuenta General del Estado (41/2016). Realizar los estudios adecuados 
para impulsar las reformas legislativas y la adaptación de los recursos materiales y humanos que 
resulten  necesarios  para  acortar  los  plazos  de  rendición  de  cuentas  y  de  aprobación  de  la 
Declaración sobre la Cuenta General del Estado de cada ejercicio (45/2016). 
A partir de la aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión celebrada el 21 de 
diciembre de 2017, de la Moción sobre la reducción del plazo legal de rendición de la Cuenta 
General del Estado, y su elevación a las Cortes Generales y al Gobierno de la Nación, esta situación 
ha tomado especial relevancia. Así, según se contempla en la citada Moción, con la finalidad de 
mejorar la eficacia de la función fiscalizadora a través de un control más oportuno de la CGE de 
cada ejercicio, el Tribunal trasladó a las Cortes Generales varias propuestas de reforma normativa 
dirigidas a que los órganos que constitucionalmente tienen atribuida en exclusiva la iniciativa 
legislativa  puedan  adoptar,  si  lo  consideran  oportuno,  las  medidas  que  se  transcriben  a 
continuación: 
“Modificar la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General del 
Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el Gobierno al Tribunal de la 
Cuenta General del Estado, como el plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas, 
para que el Tribunal pueda emitir la Declaración en el año siguiente al ejercicio económico al 
que aquella se refiera y dotar a las Cortes, como vienen reclamando, del correspondiente 
pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado, en exceso, de dicho ejercicio. 
Modificar el artículo 33 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con el fin de 
actualizar su contenido en lo que se refiere al plazo de rendición de la Cuenta General del Estado 
para adaptarlo al nuevo plazo de la normativa presupuestaria que resulte de la propuesta 
anterior”. 
Posteriormente, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en sesión 
celebrada el 24 de abril de 2018, instó a que, por parte del Gobierno, se adoptaran las reformas 
señaladas en la moción del Tribunal, así como a la constitución de un equipo de trabajo entre el 
Tribunal de Cuentas y la IGAE que realice los estudios precisos para determinar las posibles 
modificaciones normativas, con el fin de reducir los plazos legales vigentes para que la elaboración 
y fiscalización de la CGE se puedan finalizar dentro del ejercicio siguiente al ejercicio fiscalizado,  es
sin menoscabo del principio de imagen fiel.  bo
Eimnp tualnsatod os ep aocr oeml Petleenno l aesn m loosd iúfilctiamcoiosn aeñso nso, reml aTtrivibausn parl edceis Casu,e ennta esl  hmaa irnccol udideo r eednutrcec ilóons  doeblj eptliavozos 
daeplr oPblaarn l ae sctorrarteésgpicoon d2ie0n1t8e- 2D0e2c1la draivceiórsna, sa saí cctoumacoio an eims pduirlsigaird aesl  dae sraerdroulcloir  deel  utienma pnou eevma palpelaicdaoc ieónn 
informática que permita un examen más dinámico, homogéneo y efectivo de la CGE. Por otra parte, 
ha procedido a consolidar una serie de medidas que han permitido reducir algunos de los plazos de 
la tramitación interna específica que afectan a la Cuenta General, lo que ha permitido la reducción 
del  tiempo  de  aprobación  de  las  últimas  Declaraciones.  Adicionalmente,  se  han  mantenido 
contactos con la IGAE a fin de poder disponer de información contable y justificativa de forma 
provisional que permita anticipar su examen y comprobación. Sin perjuicio de estas actuaciones y 
otras similares que se adopten, teniendo en cuenta el actual plazo legal de rendición de la CGE 
establecido en la LGP (31 de octubre del año siguiente al que se refiera), se está pendiente de que 
se acometan las posibles modificaciones normativas que permitan reducir el citado plazo, a fin de 
que la aprobación de la Cuenta General se pueda llevar a cabo dentro del ejercicio siguiente al que 
corresponde la Cuenta objeto de examen y comprobación. 
6.14. Remitir el seguimiento que realiza la Intervención General de la Administración del Estado del 
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la 
Declaración sobre la Cuenta General del Estado, una vez haya sido éste aprobado (56/2014 y 
34/2015). 
El primer documento de seguimiento fue remitido al Tribunal de Cuentas por la IGAE en mayo de 
2015, una vez aprobado el Dictamen de la Comisión correspondiente a la DCGE del ejercicio 2012, 
en el que se reflejaba el seguimiento de los ejercicios 2012, 2011 y 2010. Desde entonces, la IGAE 
viene remitiendo a este Tribunal el documento de seguimiento de las Resoluciones aprobadas por 
los  Plenos  del  Congreso  y  del  Senado  en  relación  con  las  Declaraciones  de  la  CGE 
correspondientes a los tres últimos ejercicios. En este sentido, una vez aprobado el Dictamen de 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Declaración 
sobre la CGE correspondiente al ejercicio 2016, la IGAE remitió, en enero de 2019, el documento 
de “Seguimiento de las resoluciones aprobadas por los Plenos del Congreso de los Diputados y del 
Senado en relación con la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondientes a los 
ejercicios 2016, 2015 y 2014”. 
6.15. Avanzar en la utilización exhaustiva de los remanentes de la tesorería de los organismos del 
sector público administrativo y de las entidades del sector público empresarial y fundacional, 
prosiguiendo en la línea de la rigurosa elaboración del presupuesto y de una ajustada política de 
transferencias entre el Estado y aquéllos, para evitar los actuales elevados excedentes de tesorería 
y la escasa rentabilidad obtenida de ellos (18/2015 y 32/2016). 
La aplicación de este acuerdo no afecta a la opinión sobre la legalidad y representatividad de la 
CGE, por lo que su comprobación no está incluida dentro del objetivo de esta Declaración, según 
figura definido en el apartado I.2 de la misma.  
A pesar de la existencia de un régimen que ajusta las transferencias que la AGE realiza a los 
organismos a las necesidades de liquidez de estos, en algunas entidades las cuantías absolutas y 
relativas de sus remanentes de tesorería son excesivas teniendo en cuenta que dichas entidades, 
atendida su naturaleza, deberían presentar una situación de equilibrio financiero. Aunque algunas 
entidades con excedentes de tesorería elevados ya transfieren parte los mismos al Estado, continúa 
sin existir un régimen que determine las circunstancias y condiciones en las que los organismos 
debieran proceder de forma reglada a reintegrar fondos al Tesoro. La IGAE continúa analizando la  es
posibilidad de establecer dicho régimen adicional, teniendo en cuenta la diversidad de entes que  bo
integran  el  sector  público  administrativo  estatal.  No  obstante,  como  se  viene  señalando  en  65ww
daen tetersioorreesr íaD CcoGmEo,  creocnuvresnod erína  eqlu per edsiuchpou ersétgoi mdee nin sgere esxotse.n Ednie 2ra0 1a7 l,a c uotmilioz amcieódni ad, elo lso so rrgeamnaisnmenotse ys 
adgee inngciraess oess tuanta 2le5s% ú dneicla rmemenatnee hnaten  dciospnosinginbaled aol  ecnie lrares  dperel veijseiorcniceiso  daenftienritiiovra. s de sus presupuestos
6.16. Cumplir  rigurosamente  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  sostenibilidad 
financiera, ajustándose en todo caso a los objetivos de déficit, de deuda pública y de la regla de 
gasto establecidos, sin que se produzcan modificaciones presupuestarias o aumentos de gastos 
que superen los objetivos determinados (23/2016). 
La aplicación de este acuerdo no afecta a la opinión sobre la legalidad y representatividad de la 
CGE, por lo que su comprobación no está incluida dentro del objetivo de esta Declaración, según 
figura definido en el apartado I.2 de la misma.  
No obstante, cabe señalar que respecto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
de deuda pública y de la regla de gasto, el artículo 17 de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece que el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas elevará al Gobierno dos informes, uno antes del 15 de abril y otro antes 
del 15 octubre de cada año, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior, así como de 
la evolución real de la economía y de las desviaciones respecto de la previsión inicial contenida en 
el informe al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley, cuyo contenido se puede consultar en la 
página web del Ministerio de Hacienda.  
6.17. Informar a esta Comisión Mixta, bimensualmente, de las actividades desarrolladas para 
cumplir todas las resoluciones adoptadas en relación con las Cuentas Generales, así como de la 
ejecución presupuestaria desarrollada y del cumplimiento de los objetivos de déficit, de deuda 
pública y de la regla de gasto establecidos (24/2016). 
La aplicación de este acuerdo no afecta a la opinión sobre la legalidad y representatividad de la 
CGE, por lo que su comprobación no está incluida dentro del objetivo de esta Declaración, según 
figura definido en el apartado I.2 de la misma.  
No  obstante,  en  cuanto  a  la  información  suministrada,  la  IGAE  en  el  documento  relativo  al 
seguimiento de las resoluciones remitido al Tribunal, informa de la puesta a disposición de las 
Cortes Generales, a través de su oficina presupuestaria y con periodicidad mensual, de información 
sobre la ejecución de los presupuestos de la AGE, Organismos Autónomos y resto de entidades del 
SPA con presupuesto de gastos limitativo; de la disponibilidad de la citada información, tanto de la 
AGE como de los Organismos Públicos, en línea a través de la aplicación informática de la Oficina 
presupuestaria y de la página web de la IGAE; de la publicación por la IGAE de datos en términos 
de contabilidad nacional, incluyendo el saldo B.9 Capacidad o Necesidad de financiación, con 
carácter mensual para los subsectores Administración Central, CCAA y Administración de la 
Seguridad  Social  y  publicación  de  información  mensual  sobre  la  Regla  de  Gasto  para  la 
Administración Central y CCAA y trimestral en el caso de las CCLL. No obstante, teniendo en cuenta 
el destinatario de la información a que se refiere este acuerdo, será la propia Comisión Mixta la que 
deberá valorar su cumplimiento. 
6.18. Ajustar los presupuestos a la realidad. En 2016 los ingresos de la Administración General del 
Estado estaban sobrevalorados en 6.175 millones de euros y los de la Seguridad Social en 13.602 
millones de euros (9/2014; 10/204; 12/2014; 24/2015; 42/2016). 
Aunque la aplicación de este acuerdo no afecta a la opinión sobre la legalidad y representatividad  o
de la CGE, por lo que su comprobación no está incluida dentro del objetivo de esta Declaración,  65ww
sdeeg lúan e fjeigcuurcai ódne fdinei dloos e pnr eesl uappuaertsatdoos  Id.2e ld eeje larc miciiosm 2a0,1 a7 .c ontinuación se presenta un análisis general
Por lo que se refiere a la liquidación del presupuesto de ingresos por operaciones no financieras, 
hay que destacar las desviaciones negativas existentes entre las previsiones iniciales y los derechos 
reconocidos netos producidas en el capítulo 1 “Impuestos directos y cotizaciones sociales” (2.471,9 
millones de euros), en el capítulo 2 “Impuestos indirectos” (3.666,9 millones) y en el capítulo 7 
“Transferencias de capital” (1.724,8 millones). Respecto a la variación en los impuestos directos y 
cotizaciones sociales (capítulo 1), esta es consecuencia principalmente de la menor recaudación 
tanto del IRPF (1.752,7 millones) como de las cuotas sociales correspondientes al conjunto del 
sistema de la Seguridad Social (1.337,4 millones). Si bien estas variaciones negativas se vienen 
repitiendo en los últimos años, como se señala en la correspondientes Declaraciones, en este 
ejercicio se han producido por una menor cuantía. En el caso de los impuestos indirectos (capítulo 
2), la desviación se ha producido fundamentalmente en el IVA sobre operaciones interiores (2.799,9 
millones). Por último, en cuanto a las transferencias de capital, la desviación negativa se deriva de 
la disminución de las transferencias procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(1.226,2 millones). Al igual que en ejercicios anteriores, estas desviaciones negativas han sido 
compensadas con mayores derechos reconocidos sobre las previsiones iniciales en el capítulo 3 
“Tasas, precios públicos y otros ingresos”, con una diferencia positiva neta de 8.522,6 millones, 
cuya partida más relevante procede de las diferencias entre los valores de reembolso y emisión de 
la deuda pública (6.394,3 millones). 
Respecto a la liquidación del presupuesto de gastos consolidado del ejercicio 2017, los expedientes 
de modificación de crédito tramitados, sin contar la deuda pública, ascendieron a un importe neto 
de 1.748,5 millones de euros. No obstante, debe señalarse que existen supuestos concretos en los 
que estas modificaciones han tenido un elevado impacto, como es el caso de las modificaciones 
tramitadas referidas a las políticas de gasto de Defensa que supusieron un incremento del crédito 
inicial consolidado en los Presupuestos Generales del Estado de 1.283,4 millones (un 17% del 
presupuesto inicial), y, porcentualmente, las correspondientes a las políticas de Administración 
Financiera y Tributaria (270,8 millones, un 19,6% del presupuesto inicial), y Subvenciones al 
Transporte (218,2 millones, un 15,4% del presupuesto inicial). 
Si se toma en consideración la ejecución del presupuesto de gastos, se observa que ha existido un 
remanente  de  crédito  consolidado  de  15.692,7  millones  de  euros  (un  3,7%  de  los  créditos 
definitivos). Destacan, en este sentido, los remanentes en las políticas de gastos de Investigación y 
Desarrollo (3.556,9 millones, un 54,8% del presupuesto total), de Gestión y Administración de la 
Seguridad Social (2.425,6 millones de euros, un 59% del presupuesto total), y, por su porcentaje de 
ejecución, el remanente en la política de gasto Comercio, Turismo y PYMES de 503,1 millones (el 
57,5% de su presupuesto consolidado). 
En lo que se refiere al análisis del presupuesto de gastos por capítulos, deben señalarse como 
principales modificaciones de crédito las producidas, al alza, en el capítulo 9 Pasivos Financieros, 
por importe de 6.582 millones de euros, y en el capítulo 4 Transferencias Corrientes, por importe de 
1.784,7 millones, que han sido compensadas con minoraciones en los créditos presupuestarios 
destinados al capítulo 5 Fondo de Contingencias y Otros Imprevistos (minorado en 2.011 millones 
de euros) y al capítulo 3 Gastos Financieros (minorado en 1.621,8 millones). 
La ejecución presupuestaria por capítulos pone de manifiesto la existencia de remanentes de crédito 
no comprometidos en el capítulo 8 Activos Financieros por importe de 7.155 millones de euros (un  e
27,1% de los créditos definitivos asignados a este capítulo). También resultan reseñables los  bo
remanentes de crédito existentes en el capítulo 4 Transferencias Corrientes (4.191,9 millones, un  65ww
11,37,2%% d dee l oloss c crérédditiotoss d deefifninitiitvivooss)) .y  en el capítulo 7 Transferencias de capital (1.232,8 millones, un
6.19. Resolver  la  amortización  de  las  deudas  pendientes  de  la  Seguridad  Social  con  la 
Administración General del Estado por la liquidación del concierto económico suscrito con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y del convenio económico suscrito con la Comunidad Foral 
de Navarra, por un importe conjunto superior a los 9.000 millones de euros (9/2015). 
Estos derechos de la AGE y las correlativas obligaciones en la Seguridad Social se han eliminado 
en el proceso de consolidación para la formación de la CGE como cuenta única consolidada, por lo 
que no figuran en el balance presentado. Estas deudas deberían haberse amortizado en un plazo 
de diez años a partir del 1 de enero de 1996, pero no se han adoptado las medidas para proceder 
a su liquidación definitiva y la de su crédito recíproco, manteniéndose, por tanto, la misma situación 
que en ejercicios anteriores.  
6.20. Adecuar la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social a la situación real de los 
gastos que deben ser financiados por transferencias estatales, al objeto de evitar que se generen 
tensiones de liquidez en el ámbito de la Seguridad Social (16/2014; 17/2014; 27/2014; 4.V/2015; 
8/2015; 19/2015; 29/2015; 8/2016; 11/2016 y 33/2016). 
En relación con este acuerdo ha de señalarse que en los ejercicios 2015, 2016 y 2017, la aportación 
estatal ha resultado suficiente para la cobertura de las obligaciones atendidas en este mismo 
ejercicio por la Seguridad Social; sin embargo, el saldo acumulado de la financiación afectada, a 31 
de diciembre de 2017, continúa resultando a favor de la TGSS, debido a las insuficiencias de 
financiación de ejercicios anteriores. 
6.21. Abordar la clarificación y separación de las fuentes de financiación del Sistema de Seguridad 
Social, incluyendo la amortización de los préstamos pendientes y la correcta contabilización de los 
inmuebles traspasados a las Comunidades Autónomas, para evitar que el Sistema de la Seguridad 
Social asuma, de forma directa o indirecta, gastos que corresponderían a la Administración General 
del Estado, especialmente en un momento en el que se está debatiendo la viabilidad financiera 
futura del actual Sistema de Seguridad Social (28/2014; 20/2015; 9/2016; 10/2016; 22/2016 y 
34/2016). 
La disposición adicional octogésima quinta de la LPGE para 2016 recoge una referencia a la 
separación de las fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social, previendo que el 
Gobierno avanzaría en procurar la compatibilidad de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera con los de plena financiación de las prestaciones no contributivas y 
universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas, para lo cual debía valorar 
las condiciones de las prestaciones incluidas en el sistema que pudieran tener esta consideración. 
Sin embargo la LPGE para 2017 no recoge mención alguna al respecto.  
En la actualidad, el problema de la deuda de la Seguridad Social con el Estado por esos once 
préstamos concedidos entre 1992 y 1999 continúa sin ser plenamente abordado; así las partidas 
recogidas  en  el  pasivo  del  balance  de  la  Seguridad  Social  y  en  el  activo  del  de  la  AGE 
representativas de la deuda por estos préstamos, aunque son objeto de eliminación en el proceso 
de consolidación y no se incluyen en el balance de la CGE única consolidada, sí figuran en las 
cuentas individuales rendidas por ambos subsectores. Por tanto, una vez más debe incidirse en la 
necesidad de dar una solución a la situación derivada de la falta de amortización de esta deuda  s
mediante su condonación, la concesión de transferencias a la TGSS (con destino a la devolución  e.
de  esos  préstamos)  o  cualquier  otro  procedimiento  que  permita  su  cancelación  definitiva,  w.
sLaal vCaGguSaSr,d eann dsou  eml eemquoirliibar,i os efi nreafniecriee rao  lya  pfiantarinmcoianciaiól nd ed ela l aSse ogbulrigidaacdio Snoecsi aple. ndientes del INSALUD  2021-2665n https://ww
hasta finales de 1991, las obligaciones generales de la Seguridad Social y los desfases de tesorería.
En concreto, indica que esta insuficiencia de financiación de la asistencia sanitaria no debería 
haberse solventado con la figura de los once préstamos, sino por medio de aportaciones finalistas 
a través de transferencias corrientes.  
Por lo que respecta a los inmuebles cuyo uso ha sido transferido a las CCAA para la prestación de 
determinados servicios, continúan siendo propiedad de la Seguridad Social y no se ha modificado 
la actual forma de contabilización, de forma que el balance de la Seguridad Social continúa 
recogiendo estos inmuebles. 
6.22. Ejecutar en su totalidad las partidas presupuestarias destinadas al "fomento del empleo", en 
2015 se dejaron de ejecutar 617 millones de euros. Situación que se agrava respecto a 2014 donde 
tampoco se ejecutó todo lo presupuestado, pero la cifra fue sensiblemente inferior (13/2014; 
38/2014 y 25/2015).  
Aunque este acuerdo no afecta directamente a la representatividad de la CGE como cuenta única 
consolidada (por estar relacionado con el grado de ejecución de algunas partidas presupuestarias), 
sin embargo se estima necesario comentar que en el período 2014 a 2017 el SEPE no ha ejecutado 
la totalidad de las partidas presupuestarias recogidas en el Programa de Gasto 241A Fomento de 
la Inserción y Estabilidad Laboral, quedando pendientes de ejecutar un 7,75 %, un 13,06 %, un 
16,33 % y un 14,57 % de los créditos definitivos aprobados, respectivamente, para 2014, 2015, 
2016 y 2017. 
6.23. Tomar las medidas necesarias para que el Patrimonio neto de la Tesorería General de la 
Seguridad Social incluya la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, prevista en 
el artículo 91.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social104como una reserva 
con cargo a la distribución del resultado económico patrimonial (4.II/2015). 
Desde el ejercicio 2000, el Tribunal recoge en las DCGE la recomendación acerca del registro del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el pasivo del balance de la TGSS como una reserva 
patrimonial  constituida  con  cargo  al  resultado  económico  patrimonial  de  cada  ejercicio.  Esta 
recomendación continúa sin ser atendida a 31 de diciembre de 2017. 
La IGAE, en el documento de Seguimiento de las Resoluciones aprobadas por los Plenos del 
Congreso de los Diputados y del Senado en relación con la Declaración de la Cuenta General del 
Estado correspondientes a los ejercicios 2016, 2015 y 2014, se muestra en desacuerdo con esta 
recomendación, argumentando, fundamentalmente, que es la configuración legal del Fondo de 
Reserva y el carácter presupuestario de su dotación, por medio de los créditos aprobados en los 
Presupuestos Generales del Estado, los que le otorgan naturaleza de reserva presupuestaria y no 
patrimonial. 
6.24. Cancelar las deudas que tienen las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de 
lucro con la Seguridad Social que fueron objeto de moratoria desde la aprobación de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995 (12/2016). 
La Resolución de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado relativa a la DCGE 
de 2016, que recoge esta recomendación, ha sido publicada en el BOE con fecha 30 de noviembre 
de 2018, por lo que es obvio que, durante el ejercicio revisado, no ha podido ser atendida por las  es
entidades afectadas (TGSS, SEPE, FOGASA y mutuas).   o
Lparisv aLdPaGs Ea cpoagraid a2s0 1a5 ,e 2s0ta1 6m yo r2a0t1o7ri ae sptuadbileercaienr osno lqicuitea rt oad alsa  lTasG SinSst itlau caiomnepslia scaiónnit adriea sl ap úcbalriceansc iay 
104 Artículo 117 del actual TRLGSS
concedida a veintiún, veintidós y veintitrés años respectivamente, junto con la ampliación de la 
moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales.  
Además, la LPGE de 2017 introduce una novedad al señalar que, si dichas instituciones son 
declaradas en concurso de acreedores, la situación de moratoria quedará extinguida desde la fecha 
de dicha declaración, por lo que desde ese momento, la deuda estaría vencida y sería exigible. 
6.25. Asegurarse de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) consolide las 
cuentas de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) de acuerdo con el criterio y 
recomendación del Tribunal (07/2014). 
Como se ha señalado en esta DCGE, SEPI ha continuado en el ejercicio 2017 con la práctica de no 
consolidar las cuentas de la Corporación RTVE. 
6.26. Incrementar  la  información  sobre  las  incertidumbres  que  pesan  sobre  determinadas 
operaciones  registradas  en  la  CGE,  especialmente  aquellas  derivadas  del  proceso  de 
reestructuración bancaria, a través de la cuantificación de las incertidumbres que pesan sobre las 
cuentas del FROB y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, S.A. (29/2014, 21/2016 y 35/2016). 
La memoria de la CGE de 2017 no incluye información sobre este tipo de incertidumbres, que consta 
en la memoria de las cuentas del FROB. 
VII PROPUESTAS A LAS CORTES 
 Como consecuencia de la presente Declaración, EL TRIBUNAL DE CUENTAS PROPONE A LAS 
CORTES GENERALES que: 
1. Insten al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que
a) Se subsanen las salvedades y deficiencias que se incluyen en esta Declaración,
de forma que la Cuenta General del Estado refleje adecuadamente la situación
económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de
efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del
grupo de entidades que la integran, de acuerdo con la legislación aplicable.
b) Se apliquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a lo
largo de la presente Declaración, especialmente las referidas a la ampliación de la
información contenida en la memoria de la CGE, y se corrijan las deficiencias
puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en las Declaraciones de ejercicios
precedentes que permanecen en esta Declaración, recogidas en el subapartado
VI.1 anterior.
c) Se pongan en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso de los
Diputados y del Senado que proceden de Declaraciones de ejercicios anteriores
y se mantienen sin adoptar, cuyo seguimiento se contiene en el subapartado VI.2
de la Declaración.
2. Se modifique la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta
General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el
Gobierno al Tribunal de la Cuenta General del Estado, como el plazo de rendición
de  las  cuentas  individuales  aprobadas,  para  que  el  Tribunal  pueda  emitir  la
Declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que aquella se refiera y dotar
a las Cortes, como vienen reclamando, del correspondiente pronunciamiento en un
plazo más breve y no alejado, en exceso, de dicho ejercicio, como ha propuesto el
Tribunal en la Moción correspondiente aprobada por el Pleno el 21 de diciembre de 2017
y se ha reiterado en la Declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016,
aprobada por el Pleno con fecha 31 de mayo de 2018.
Madrid, 30 de mayo de 2019 
LA PRESIDENTA 
Mª José de la Fuente y de la Calle 
EL PRESIDENTE DE LA SECCIÓN  EL PRESIDENTE DE LA SECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN  DE ENJUICIAMIENTO 
Javier Medi na Guijarro  José Manuel Suárez Robledano   BOE-A-cable e
EL CONSEJERO DE CUENTAS  EL CONSEJERO DE CUENTAS 
Ángel Antonio Algarra Paredes  Ramón Álvarez de Miranda García 
EL CONSEJERO DE CUENTAS  LA CONSEJERA DE CUENTAS 
Manuel Aznar López  Enriqueta Chicano Jávega 
EL CONSEJERO DE CUENTAS  LA CONSEJERA DE CUENTAS 
Felipe García Ortiz  Mª Dolores Genaro Moya 
LA CONSEJERA DE CUENTAS  LA CONSEJERA DE CUENTAS 
Mª Antonia Lozano Álvarez  Margarita Mariscal de Gante y Mirón 
EL FISCAL JEFE 
Miguel Angel Torres Morato  65www.
ANEXOS 
ÍNDICE DE ANEXOS 
Anexo 1  Estados financieros consolidados integrados en la Cuenta General del Estado del 
ejercicio 2017 
Anexo 2  Grupos consolidados y entidades cuyas cuentas formuladas han sido integradas en 
la CGE  
Anexo 3  Entidades que han presentado las cuentas anuales individuales al Tribunal de 
Cuentas fuera del plazo establecido en el artículo 139 de la LGP 
Anexo 4  Entidades que no han cumplido con la obligación de publicar el resumen de las 
cuentas anuales en el BOE, según lo previsto en el artículo 136.3 de la LGP 
Anexo 5  Entidades que han publicado el resumen de las cuentas anuales en el BOE fuera del 
plazo previsto 
Anexo 1 
En este anexo se recogen los siguientes estados financieros consolidados integrados en la 
Cuenta General del Estado del ejercicio 2017 elaborada por la IGAE y rendida ante el Tribunal 
de Cuentas por el Gobierno: 
 Balance consolidado
 Cuenta de resultado económico patrimonial consolidada
 Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
 Estado de flujos de efectivo consolidado
 Estado de liquidación del presupuesto consolidado s
 
 
 
  
   
  
   
  
  
  
   
  
   
  
   
  
    

Anexo 2 
GRUPOS CONSOLIDADOS Y ENTIDADES CUYAS CUENTAS FORMULADAS HAN SIDO INTEGRADAS EN LA 
CUENTA GENERAL DEL ESTADO  
 
A) CON INFORME DE AUDITORÍA   
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL   
Organismos Autónomos     
-  Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación   
-  Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. 
Otras Entidades estatales   
-  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía   
Consorcios   
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias 
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas 
Baleares 
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Explotación de 
Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible  
Fondos 
-  Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria 
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL   
Entidades individuales   
Otras Entidades Estatales   
-  Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife   
-  Autoridad Portuaria de Cartagena   
-  Autoridad Portuaria de Pasajes   
Consorcios    
-  Consorcio Valencia 2007   
-  Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación de la Sede Española de la 
 
Fuente Europea de Neutrones por Espalación 
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL   
-  Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo   
-  F.S.P. Centro Nacional del Vidrio   
-  Fundación Ciudad de la Energía‐Ciuden   
-  Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, F.S.P.   
-  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología   
ENTIDADES DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LGP   
-  Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812   
-  Consorcio Ciudad Romana de Pollentia    
    o

B)EN FASE DE AUDITORÍA
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL
Organismos Autónomos
- Instituto Nacional de Administración Pública
- Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
- Fondo de Garantía Salarial
- Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, O.A.
- Instituto de Turismo de España, O.A.
- Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A.
- Mancomunidad de los Canales del Taibilla, O.A.
- Organismo Autónomo Parques Nacionales
- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
- Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
- Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P.
- Centro Español de Metrología
- Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P.
- Instituto Nacional de Estadística
Agencias estatales 
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
- Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
- Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
Otras Entidades estatales
- Instituto Cervantes
- Obra Pía de los Santos Lugares
- Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
- Universidad Nacional de Educación a Distancia
Consorcios 
- Casa África
- Casa Asia s
- Casa de América bo
-- CCoonnssoorrcciioo  CCaesnttirlloo  ddee  ISnavne sFteigrancainódno B dioem Féigduiceare esn Red, M.P. 2021-2665n https://ww
Fondos 
-  Fondo para la Promoción del Desarrollo 
 SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL
Grupos Consolidados 
Entidades Públicas Empresariales
- Grupo Renfe‐Operadora
- Grupo Sepes 
Otras Entidades Estatales
- Grupo Consorcio de la Zona Franca de Vigo
- Grupo Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
Entidades Individuales
Entidades Públicas Empresariales
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
Otras Entidades Estatales
- Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria
- Autoridad Portuaria de Ceuta
- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
- Autoridad Portuaria de las Palmas
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 
- Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
- Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
C)SIN INFORME DE AUDITORÍA
ENTIDADES DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LGP 
- Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patrimonio Histórico del Puerto de Mahón y Cala San Esteban 
Anexo 3 
ENTIDADES QUE HAN PRESENTADO LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES AL TRIBUNAL DE CUENTAS 
FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LGP 
Retraso 
Entidad 
(días) 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
- Instituto Nacional de Administración Pública 21 
- Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas105 248 
- Biblioteca Nacional de España 10 
- Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 138 
- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 66 
- Fondo de Garantía Salarial 21 
- Inst. para la reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras  111 
- Oficina Española de Patentes y Marcas 21 
- Instituto de Turismo de España  21 
- Organismo Autónomo Parques Nacionales 133 
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico 56 
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 4 
- Mancomunidad de los Canales del Taibilla 77 
- Agencia de Información y Control Alimentarios 19 
- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 61 
- Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 56 
- Instituto Nacional de Estadística 56 
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 111 
- Instituto Español de Oceanografía105  199 
- Instituto Geológico y Minero de España  103 
- Centro Español de Metrología 21 
AGENCIAS ESTATALES 
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 103 
- Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 112 
- Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 77 
OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
Con presupuesto limitativo 
- Instituto Cervantes 61 
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 21 
Con presupuesto estimativo 
- Obra Pía de los Santos Lugares  111  es
- Consorcio de la Zona Especial Canaria 10  w.b
105  Respecto a larendición de las cuentas anuales de estas entidades, debe considerarse lo señalado  en lanota a pie de
página reflejada en el título del apartado III.3.1.  cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
Núm. 44  Sábado 20 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 20238
-  Centro Universitario de la Guardia Civil  19 
-  Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo  77 
-  Universidad Nacional de Educación a Distancia  133 
-  Autoridad Portuaria de Cartagena  19 
-  Autoridad Portuaria de Ceuta  111 
-  Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras  56 
-  Autoridad Portuaria de Las Palmas  77 
-  Autoridad Portuaria de Pasaia  31 
-  Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria  77 
-  Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife  31 
-  Consorcio de la Zona Franca de Vigo (Individual)  35 
-  Consorcio de la Zona Franca de Vigo (Consolidadas)  41 
CONSORCIOS   
-  Casa África  138 
-  Casa Asia  154 
-  Casa de América  31 
-  Consorcio Castillo de San Fernando de Figueres  56 
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de 
31 
Canarias 
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero 
31 
de las Islas Baleares 
-  Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón  179 
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de 
56 
Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible 
-  Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red  61 
-  Consorcio Valencia 2007  111 
FONDOS   
-  Fondo para la Promoción del Desarrollo  133 
-  Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre y Portuaria  56 
-  Fondo Nacional de Eficiencia Energética106  256 
-  Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas  4 
-  Fondo de Apoyo para la Diversificación del Sector Pesquero y Acuícola  6 
-  Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía 
10 
y Atención a la Dependencia 
SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES   
-  Aparcamiento Zona Franca, S.L.U.   103 
-  Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.M.E., M.P., S.A.U.  35  es
-  EFE News Services, (U.S.) Inc  35  w.b
--   QSeuravliictiyo Fs oDoodc uInmdeunsttrailae sA ldime eAnntdaarliuac, íSa.,A S.U.L..  en liquidación  117093   2021-2665n https://ww
--   SSeorcvieipdoardt  EAsnpdaañluoclaía d, eS .EAs.t udios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar de Gibraltar,  19  BOE-A-cable e
S.M.E., S.A.  35 
 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
Núm. 44  Sábado 20 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 20239
-  Sociedad Mercantil Estatal Cofides Capital Riesgo, SGEIC, S.A.  111 
-  Suelo Empresarial del Atlántico, S.L.  35 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES   
-  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía  164 
-  SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo (Individual)  56 
-  SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo (Consolidadas)  56 
-  Renfe‐Operadora (Individual)  56 
-  Renfe‐Operadora (Consolidadas)  56 
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL   
-  Fundación Centro Nacional del Vidrio;   56 
-  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  103 
-  Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social  31 
-  Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas  77 
ENTIDADES DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LGP   
-  Consorcio Instituto Europeo del Mediterráneo  61 
-  Consorcio para la Conmemoración de II Centenario de la Constitución de 1812  98 
-  Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña  61 
-  Gran Telescopio Canarias, S.A.  133 
-  Lonja Gijón‐Musel, S.A.   21 
-  Málagaport, S.L  21 
-  Parc Eolic Baix Ebre, S.A.  21 
-  Residuos de Melilla  133 
-  Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.  133 
 
1  0 6   R  e  s p  e c  t o   a    la    r e n  d  ic  ió  n   d  e   l a  s   c u   entas anuales de estas entidades, debe considerarse lo señalado en la nota a pie de  BOE-A-cable e
página reflejada en el título del apartado III.3.1.
 
Anexo 4 
ENTIDADES QUE NO HAN CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR EL RESUMEN DE LAS CUENTAS 
ANUALES EN EL BOE, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 136.3 DE LA LGP 
Entidad
ORGANISMOS AUTONÓMOS 
- Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
- Biblioteca Nacional de España 
- Instituto Español de Oceanografía
CONSORCIOS 
- Casa Asia
- Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón
FONDOS 
- Fondo para la Promoción del Desarrollo
- Fondo Nacional de Eficiencia Energética
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL
- Fundación Canaria Puertos de Las Palmas
- Fundación Centro Nacional del Vidrio
- Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo
- Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo 
- Fundación Ciudad de la Energía 
- Fundación de los Ferrocarriles Españoles
- Fundación ENAIRE
- Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
- Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Fundación Instituto de Cultura Gitana
- Fundación Museo do Mar de Galicia
- Fundación Observatorio Ambiental Granadilla
- Fundación Pluralismo y Convivencia
- Fundación UIMP‐Campo de Gibraltar
OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
- Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria
- Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife
- Consorcio de la Zona Franca de Sevilla
FONDOS DE CAPITAL RIESGO 
- Fond‐ICO Global, FCR
- Fond‐ICO Infraestructuras, FICC
- Fondo de Liquidación ASICA s
ENTIDADES DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LGP  w.b
-- CCoonnssoorrcciioo  Ipnasrtait luat oC oEnumroepmeoo rdaecli óMne ddeitl eIIr rCáennetoenario de la Constitución de 1812 2021-2665n https://ww
-- CCoonnssoorrcciioo  Mdeul sGeroa nN aTceiaotnroal  ddeel  ALircteeo de Cataluña 
- Consorcio Residencia de Investigadores 

Anexo 5 
ENTIDADES QUE HAN PUBLICADO EL RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES EN EL BOE FUERA DEL PLAZO 
PREVISTO 
Entidad  Retraso (días) 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS   
-  Jefatura Central de Tráfico  1 
-  Centro Nacional de Información Geográfica  51 
-  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales   9 
-  Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación  15 
-  Confederación Hidrográfica del Duero   1 
-  Confederación Hidrográfica del Segura   13 
-  Agencia de Información y Control Alimentarios  11 
-  Entidad Estatal de Seguros Agrarios  6 
-  Instituto de la Juventud  70 
-  Consejo de la Juventud de España   7 
ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   
-  Instituto Nacional de la Seguridad Social   34 
-  Instituto Nacional de Gestión Sanitaria   49 
-  Instituto de Mayores y Servicios Sociales  68 
-  Instituto Social de la Marina   33 
-  Tesorería General de la Seguridad Social   70 
-  Mutual Midat Cyclops  64 
-  Mutualia  52 
-  Activa Mutua 2008  52 
-  Mutua Montañesa  53 
-  Mutua Universal Mugenat  64 
-  Maz  64 
-  Umivale  64 
-  Mutua Navarra  65 
-  Mutua Intercomarcal  53 
-  Fremap  53 
-  Solimat  65 
-  Mutua de Andalucía y Ceuta  53 
-  Asepeyo   65 
-  Mutua Balear  53  oe.
-  Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo  54  65ww
  OE-A-2021-26able en https://

-  Unión de Mutuas  66 
-  Mac, Mutua de Accidentes de Canarias  54 
-  Ibermutuamur  54 
-  Fraternidad ‐ Muprespa  54 
-  Egarsat  54 
-  Hospital Intermutual de Euskadi  54 
-  Hospital Intermutual de Levante  54 
AGENCIAS ESTATALES   
-  Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios  81 
-  Agencia Estatal de Seguridad Aérea  10 
-  Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria  23 
OTRAS ENTIDADES ESTATALES   
Con presupuesto limitativo   
-  Instituto Cervantes  1 
-  Agencia Española de Protección de Datos  3 
-  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  1 
Con presupuesto estimativo   
-  Obra Pía de los Santos Lugares  5 
-  Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo  2 
-  Puertos del Estado  37 
-  Autoridad Portuaria de A Coruña  20 
-  Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras  84 
-  Autoridad Portuaria de Alicante  35 
-  Autoridad Portuaria de Baleares  67 
-  Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz  4 
-  Autoridad Portuaria de Barcelona (individuales  y consolidadas)  37 
-  Autoridad Portuaria de Cádiz  23 
-  Autoridad Portuaria de Castellón  99 
-  Autoridad Portuaria de Gijón (individuales y consolidadas)  21 
-  Autoridad Portuaria de Málaga  60 
-  Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra  23 
-  Autoridad Portuaria de Motril  49 
-  Autoridad Portuaria de Pasaia  27 
-  Autoridad Portuaria de Santander  92 
-  Autoridad Portuaria de Sevilla (individuales y consolidadas)  27  oe.
-  Autoridad Portuaria de Tarragona  37  65ww
  OE-A-2021-26able en https://
- Autoridad Portuaria de Valencia (individuales y consolidadas) 34 
- Autoridad Portuaria de Vigo 39 
- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa  68 
- Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 222 
- Consorcio de la Zona Franca de Vigo (individuales y consolidada) 13 
CONSORCIOS 
- Casa del Mediterráneo 18 
- Casa África 6 
- Casa de América 160 
- Consorcio Barcelona Supercomputing Center‐Centro Nacional de Supercomputación 205 
FONDOS 
- Fondo de Financiación a Entidades Locales 10 
- Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria 8 
- Fondo de Apoyo para la Diversificación del Sector Pesquero y Acuícola 21 
- Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa  66 
- Fondo para Inversiones en el Exterior 66 
- Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior 13 
- Fondo de Compensación Interportuario 28 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES 
- ADIF (individuales y consolidadas) 88 
- ADIF Alta Velocidad 90 
- Entidad Pública Empresarial SASEMAR 4 
- ICEX España Exportación e Inversiones 31 
- RENFE‐Operadora (individuales y consolidadas) 4 
- SEPES Entidad pública empresarial del Suelo (individuales y consolidadas) 107 11 
107 La entidad en alegaciones manifiesta que considera que no ha incumplido con este precepto al haber enviado las  65ww
ceumepnetazsó  ap acroan tsaur  dpeusbdlieca laci ófenc heal  1d5e- r1e0m-2is0i1ó8n  dy eh laabse cruseen ptausb,l iecla 1d-o1 0e-l2 1021-81. 1-18. No obstante cabe señalar que el plazo