BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Miércoles 8 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 48790
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
7442 Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias 
en materia tributaria para responder al impacto económico del COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales.
I
El Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario 
para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura se 
dictó como respuesta a la situación de emergencia generada por la crisis sanitaria y 
estableció, entre otras medidas, la ampliación en tres meses adicionales a lo establecido 
en la normativa específica del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el plazo para 
la presentación y pago de todas aquellas autoliquidaciones y declaraciones cuyo plazo 
finalice desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto que declara el estado de 
alarma y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. Asimismo, se prorrogaron los 
plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de las deudas de 
derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma, 
hasta el mismo día del segundo mes siguiente a su vencimiento.
Las  medidas  expuestas  se  decidieron  y  adoptaron  con  una  previsión  temporal 
limitada del estado de alarma y con anterioridad a la publicación de diversa normativa 
estatal, administrativa y también específicamente tributaria que resulta de aplicación a la 
Administración autonómica.
Ese  nuevo  marco  normativo,  unido  a  las  dudas  interpretativas  en  cuanto  a  la 
aplicación, vigencia e integración de las medidas de ampliación de los plazos, así como 
el hecho de advertir, durante el estado de alarma, la existencia de situaciones no 
contempladas en el Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, antes citado, han llevado a 
considerar conveniente dictar una nueva norma que clarifique todas estas cuestiones y 
atienda a otras no previstas inicialmente, proporcionando al obligado tributario mayor 
flexibilidad en los plazos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Por otra parte, el cierre de los centros escolares está ocasionando problemas a las 
personas que tienen a su cargo hijos menores de edad para poder conciliar el trabajo 
con su cuidado y custodia.
En este sentido, los tributos, además de ser medios para obtener los recursos 
necesarios  para  el  sostenimiento  de  los  gastos  públicos,  podrán  servir  como 
instrumentos de la política económica general y así se recoge en el artículo 2 de la Ley 
General Tributaria.
En el delicado momento actual, la primera inquietud y preocupación de los poderes 
públicos la constituye la salud de los ciudadanos, pero sin olvidar el problema de 
desempleo existente en nuestra Comunidad, por lo que es obligación de las instituciones 
adoptar medidas, dentro de su capacidad competencial, entre las que se encuentran las 
tributarias, que puedan paliar este grave problema social.
II oe.
En cuanto a su contenido, por lo que se refiere a determinados tributos cedidos se  42ww
aeusttaobliqleucidea cliao neasm yp liadceicólna racdieo neloss  depl laIzmopsu epstaor as olbar e pSreusceenstiaocnieósn  y yD  opnaagcoio ndees , dlaesl 
ITmripbuuetossto s osobbrere e Tl rJaunesgmoi,s iqounee sp uPdaietrrimano nviearlsees  ay feAccttaodso Jsu príodri cloas s Dituoaccuimóne natnatdeoss  inyd dicea dloas. 
Asimismo,  por  coherencia  con  la  ampliación  del  plazo  para  la  presentación  de  la 
autoliquidación y declaración por el concepto Sucesiones, procede también adaptar, en 
el mismo sentido, el plazo de solicitud de prórroga para la presentación de la misma, 
habida cuenta de que dicha prórroga no comienza hasta la finalización del plazo de 
presentación que ahora resulta ampliado.
Asimismo, en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, con efectos de 1 
de enero de 2020, se regula un nuevo beneficio tributario. Esta nueva deducción en el 
IRPF se ha concebido para mejorar las condiciones de vida y persigue facilitar la 
compatibilidad de la vida laboral y familiar de los padres en Extremadura, además de 
incentivar el empleo de los cuidadores. Así, para los contribuyentes que tengan hijos 
menores de hasta 14 años inclusive, se crea una deducción por los gastos en que, por 
motivos laborales, tengan que dejarlos al cuidado de otra persona, ya sea una persona 
empleada de hogar o en guarderías, centros de ocio, campamentos urbanos, centros 
deportivos, ludotecas o similares. Con esta medida, se persigue el efecto de realizar 
actividades generadoras de empleo.
También, al igual que ocurrió con la tasa fiscal sobre el juego sobre máquinas en el 
segundo trimestre de 2020, como medida adicional y dado que los establecimientos de 
juego  deben  permanecer  cerrados  durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma  y  por 
determinación en alguna de sus prórrogas, se vuelve a establecer una bonificación de la 
tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de 
azar correspondiente al tercer trimestre de 2020, entre el 1 de julio y 30 de septiembre, 
siempre que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere y durante los 
dos trimestres posteriores a la fecha del citado devengo.
En este aspecto, debe destacarse que para los establecimientos de hostelería las 
máquinas recreativas son una fuente de ingresos importante, en especial en los locales 
más pequeños a cuyo frente se encuentran los autónomos, por lo que la bonificación de 
la tasa fiscal sobre máquinas pretende coadyuvar a su permanencia, circunstancia que 
beneficiará a los pequeños empresarios. Si bien a partir de la Fase 2 del plan de 
desescalada  están  abiertos  los  establecimientos  de  hostelería,  por  disposición  del 
Ministro  de  Sanidad,  no  es  posible  la  utilización  de  las  máquinas  recreativas.  La 
bonificación  de  la  tasa  fiscal  es  un  incentivo  para  mantener  de  alta  las  máquinas 
incluidas en el padrón, que de otro modo causarían baja y los hosteleros dejarían de 
percibir el canon que les abonan los operadores de juego, lo que conlleva una merma en 
los ingresos de estos pequeños empresarios.
Por último, en cumplimiento de la normativa comunitaria, es necesario modificar las 
tasas  por  inspección  y  controles  sanitarios  de  animales  y  sus  productos  y  por 
inspecciones y controles sanitarios de los productos pesqueros destinados al consumo 
humano. Dichas tasas, en lo referente a sus tarifas, han sido modificadas por aplicación 
directa, desde el 14 de diciembre de 2019, del Reglamento (UE) 217/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017. El mencionado Reglamento establece 
un marco legislativo único para la organización de los controles oficiales con la finalidad 
de comprobar que se cumple la legislación de la Unión Europea en todos los ámbitos a 
las que ésta se aplica. No obstante, aunque dicha norma de Derecho comunitario tenga 
alcance general y eficacia directa, se considera necesario su transposición a nuestra 
normativa autonómica, mediante la modificación correspondiente de la vigente Ley de 
Tasas y Precios Públicos.
Razones de urgencia y necesidad justifican la modificación de las citadas tasas 
sanitarias, por afectar directamente al sector de la sanidad alimentaria. Dicho sector es  s
especialmente sensible y requiere la adopción de medidas urgentes y extraordinarias por  oe.
parte de las Administraciones Públicas para hacer frente al impacto económico y social  w.
originado por la crisis sanitaria del COVID-19. En este contexto se advierte ahora, la  42ww
ndeec Teassidaasd y u Prgreenctioes d eP úabbloicrodsa,r  dlaa dtroa nqsupeo spiocrió snu d eexl iRgeengclaiam elengtaol  enuor ospee op uad loa  ivnicgleunirt ee nL elay 
Rtaessaosl uyc piórenc dioes 6 p dúeb lifceobsre dreo  ldae C 2o0m20u,n pidoard la A quutóen soem pau dbeli cEaxnt rleams atadruifraas  paacrtau a2l0iz2a0d.as de las  BOE-A-cable e
Asimismo, haciendo uso de la potestad que establece el artículo 79.3 del citado 
Reglamento (UE) 2017/625, se considera necesario establecer una serie de deducciones 
sobre los importes de las tasas, correspondiente al coste suplido de medios materiales y 
humanos auxiliares, u otras actuaciones precisas para el desempeño de la inspección 
sanitaria, estando condicionada su aplicación a la verificación y control por parte del 
centro  gestor,  del  cumplimiento  por  parte  de  los  titulares  de  los  establecimiento 
dedicados al sacrificio de ganado, de los criterios establecidos en el artículo 79.3 del 
citado Reglamento.
En la disposición adicional única se establece la concesión de prórroga del plazo de 
duración  de  la  minoración  total  o  parcial  de  la  renta  de  alquiler  de  las  viviendas 
protegidas  de  promoción  pública  adjudicadas  en  régimen  de  arrendamiento  o 
arrendamiento  con  opción  de  compra,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
Decreto 115/2006, de 27 de junio, o normativa anterior.
La crisis sanitaria ha provocado que muchas personas hayan perdido su trabajo o 
hayan visto significativamente reducidos los ingresos que perciben, lo que dificulta o 
impide el pago de la renta de alquiler.
Tal y como dispone el Decreto 115/2006, la renta establecida en el contrato de 
arrendamiento  puede  ser  objeto  de  minoración,  parcial  o  del  100%  por  alteración 
significativa de los ingresos de la unidad familiar, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos en el mismo. Si, con anterioridad a la crisis sanitaria actual, los arrendatarios de 
viviendas protegidas de promoción pública eran beneficiarios de esta minoración y, 
durante el período de vigencia del estado de alarma, vence el plazo máximo establecido 
para la misma, se prorrogará automáticamente dicho plazo por el período de un año.
La crisis sanitaria ha provocado un fuerte impacto en el ámbito económico. Tras la 
declaración del estado de alarma, muchos ciudadanos han visto reducida su jornada de 
trabajo o han sufrido una pérdida de empleo o la suspensión temporal de su contrato de 
trabajo, a través de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con la 
consiguiente situación de desempleo de los trabajadores.
Ello determina la necesidad de otorgar mayor protección a los arrendatarios que ya 
sufrían una alteración significativa de sus ingresos, para que tampoco se vea afectado su 
derecho a la vivienda. En esta situación extraordinaria, la Administración no puede 
consentir que los arrendatarios, finalizado el plazo máximo de duración de la minoración, 
hagan un esfuerzo económico para el pago de la renta de alquiler que, en situación de 
normalidad, no ha permitido con la concesión de dicha medida.
La disposición derogatoria contiene la cláusula genérica de derogación de normas de 
igual o inferior rango y la derogación expresa del artículo 5 del Decreto-ley 2/2020, de 25 
de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  carácter  tributario  para  paliar  los  efectos  del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, puesto que su contenido ha 
perdido virtualidad práctica tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, que ha extendido el ámbito de aplicación de 
la medida establecida en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, a los procedimientos 
tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.
La disposición final primera contiene una modificación del Decreto-ley 8/2020, de 24 
de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento 
y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
Así, el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, publicado en Suplemento DOE n.º 80, 
de 27 de abril, fue aprobado en Consejo de Gobierno Extraordinario de 24 de abril, ante  s
la  necesidad  de  establecer  medidas  extraordinarias  de  sostenimiento  del  empleo  y  oe.
reactivación del mercado de trabajo tendentes a paliar el impacto derivado de la crisis  w.
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del Estado de Alarma decretado por el Gobierno  42ww
ldaeb olara lNesa,c liaósn  pseorbsoren alas st rambiacjraodeomrapsre asuatsó,n olams asso, cpieerdsaodneass  tcroaobpaejardaotivraass ,p olars c useonctiae daajedneas 
ey netrmadpare esna sv idgeolr  sdeecl tRore atul rDíseticcroe tod e4 6la3 /2C0o2m0u, ndied a1d4  Aduet ómnaormzoa,  dpeo r Eexl trqeume asdeu rdae, ctlraarsa  elal   BOE-A-cable e
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y sus prórrogas.
Estas ayudas urgentes vienen justificadas como medidas de protección y soporte al 
tejido productivo y social de la Comunidad Autónoma de Extremadura para lograr que, 
una  vez  levantado  el  estado  de  alarma  declarado  por  el  Gobierno  de  España,  se 
produzca lo antes posible una reactivación de la actividad económica.
El Capítulo II del Título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril regula ayudas 
urgentes para personas trabajadoras autónomas y para microempresas, a través de 
varios programas, entre ellos:
Programa  I,  Línea  I.2:  ayudas  al  mantenimiento  del  autoempleo  de  personas 
trabajadoras autónomas que no se haya acogido durante el estado de alarma al cese de 
actividad establecido en el citado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Programa  II:  Ayudas  para  la  reactivación  y  mantenimiento  del  empleo  de  las 
personas trabajadoras asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o de 
microempresas, incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo.
Entre  los  requisitos  específicos  de  las  personas  trabajadoras  autónomas 
beneficiarias del Programa I, Línea I.2, se establece, estar afiliadas y en situación de alta 
en el RETA en la fecha de la declaración del estado de alarma y haber mantenido esa 
situación hasta la solicitud de ayuda y en el Programa II estar afiliadas y en situación de 
alta  en  el  RETA  y  tener  contratada  por  cuenta  ajena,  al  menos,  a  una  persona 
trabajadora asalariada, en la fecha de la declaración del Estado de Alarma habiendo 
mantenido esta situación hasta el momento de la solicitud de la ayuda.
Distintos  Colegios  Profesionales  han  solicitado  la  inclusión  entre  las  personas 
beneficiarias del Programa I, Línea I.2 y del Programa II a las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que ejercen actividades profesionales y que se encuentran inscritas en 
Mutualidades alternativas al RETA reconocidas por la Ley. Así, se considera que, la 
situación económica de los profesionales libres adscritos a Mutualidades alternativas al 
RETA, personas trabajadoras por cuenta propia, tiene una notable incidencia en la 
situación laboral de otras personas, dado que la situación laboral de éstas últimas va a 
depender en buena medida de que el profesional adscrito a la Mutualidad alternativa 
pueda seguir desarrollando su actividad.
La condición de determinadas Mutualidades de previsión social como alternativa al 
RETA deriva (y continúa hoy en las diversas modificaciones normativas de afiliación a la 
Seguridad  Social)  de  lo  previsto  en  la  Disposición  Adicional  Decimoquinta  de  la 
Ley 30/1995, de Ordenación de los Seguros Privados, en su redacción dada por la 
Ley 50/1998, que disponía que quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las 
condiciones establecidas en dicha ley y por el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que 
requiera la incorporación obligatoria a un Colegio Profesional cuyo colectivo no hubiera 
sido integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, quedando exentos de la obligación de alta en el Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos los colegiados que opten o 
hubieren optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener 
establecida el correspondiente Colegio Profesional, siempre que la citada Mutualidad sea 
alguna de las constituidas con anterioridad al 10 de noviembre de 1995 al amparo del 
apartado 2 del art. 1 del Reglamento de Entidades de Previsión Social, aprobado por el 
Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre.
El trabajador por cuenta propia o autónomo es la persona física que realiza de forma  e.
habitual, personal y directa, una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a  w.b
contrato de trabajo (en los términos que se define en el Estatuto de los Trabajadores) y  42ww
aa untoqduaes  ultailisc ep erol fseesriovinceios ,r etmenugnaenra doob lidgea coitórna s dpee rasofilniaacsi.ó An saí,l  pRueEsT,A e l oc oan cleap troe sepnegclotibvaa 
MutuEasltiodsa dp raoltfeersnioantiavlae.s tienen una indudable intervención en el mercado laboral, ya que
son generadores de empleo tanto directa como indirectamente, habida cuenta que para
la realización de las actividades profesionales contratan a otras personas que depende 
del desarrollo de las respectivas actividades profesionales.
La finalidad de las medidas contempladas en los Programas referidos es la de 
contribuir al sostenimiento del empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
la reactivación económica, y así paliar el terrible impacto de la paralización de las 
actividades económicas producida por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
por  lo  que  las  ayudas  previstas  en  tales  programas  deben  dirigirse  a  todos  los 
trabajadores  por  cuenta  propia,  como  un  colectivo  que  representa  un  motor  en  la 
generación de empleo y de riqueza entre los que se encuentran los que desarrollan 
actividades  profesionales,  que  también  han  visto  afectada  su  actividad  como 
consecuencia de la emergencia sanitaria, sin la gravedad del cese de la actividad, pero 
sí para muchos con una suspensión o reducción muy significativa de su actividad y 
correlativos ingresos, derivando ello directa o indirectamente de la aplicación de las 
normas que necesariamente se han dictado con ocasión de la declaración del estado de 
alarma.
Es  por  ello  que,  las  medidas  de  protección  social  previstas  en  el  Programa  I, 
Línea 1.2 y Programa II del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril para las personas 
trabajadoras  autónomas  deben  incluir  en  su  ámbito  de  aplicación  a  las  personas 
trabajadoras por cuenta propia que, ostentando la misma condición de autónomos, están 
asociadas a alguna de las diez mutualidades que el Ministerio de Inclusión Seguridad 
Social y Migraciones, reconoce como alternativas al RETA.
En otro orden de cosas, el Título IV de la citada norma prevé una serie de medidas 
de apoyo a la mejora de la profesionalización de las entidades de economía social, a 
través  del  fomento  de  la  creación  de  empleo  mediante  nuevas  contrataciones  de 
personal cualificado y de gestión administrativa, así como el mantenimiento de los 
puestos de trabajo del citado personal cualificado y de gestión ya existentes en las 
sociedades  cooperativas  y  sociedades  laborales  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. El objetivo de estas ayudas es contribuir a que las pequeñas cooperativas 
de la región puedan mantenerse en su actividad diaria y a paliar las necesidades que 
puedan tener del personal antes referido durante el periodo de reconstrucción económica 
de la región que siga a esta crisis sanitaria.
En estos momentos, resulta necesario abordar su modificación a fin de adecuar 
estas bases a lo dispuesto en la normativa comunitaria reguladora del Fondo Social 
Europeo; en este sentido, la principal novedad, consiste en la modificación de la letra c) 
del artículo 88, en el que se requiere que las nuevas contrataciones se realicen a 
personas que se encuentren inscritas como demandantes de empleo en el SEXPE.
Por otra parte, el Decreto-ley que se modifica contempla que la financiación de las 
ayudas para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión 
administrativa y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades 
de la economía social en Extremadura para paliar los efectos que está causando la 
pandemia del COVID-19 se pueda realizar por el Fondo Social Europeo, a través del 
programa operativo regional, siendo preciso en estos momentos definir la posibilidad de 
que la cofinanciación se realice a través de las Líneas I y II dentro del Programa 
Operativo FSE Extremadura 2020.
Mediante el contenido de la disposición final segunda se persigue posibilitar que las 
Sociedades Cooperativas de nuestra Comunidad Autónoma puedan beneficiarse de 
medidas de flexibilización temporal del Fondo de Educación y Promoción regulado en el 
artículo  84  de  la  Ley  9/2018,  de  30  de  octubre,  de  Sociedades  Cooperativas  de  s
Extremadura,  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  13  del  Real  Decreto- oe.
Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la  w.
economía y el empleo. 42ww
desaLrar odllios pnoosricmióanti vfoin ayl  tlae rcdeisrap oessictaióbnle cfien alla  chuaabritlait asceió nre afile Creo nas elajo  ednetr aGdoab ieenrn ov igpoarr ad eell 
Decreto-ley.
III
El Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin 
que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de 
enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del 
Gobierno.
Como se ha manifestado por el Estado, ninguna duda ofrece que la situación que 
afronta nuestro país por la declaración de emergencia de salud pública de importancia 
internacional, unida a la declaración de estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, 
generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad 
de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de contención y prevención del 
COVID-19  es  urgente  y  necesario  atajar  la  epidemia  y  evitar  su  propagación  para 
proteger la salud pública a la vez que se adoptan medidas de contenido económico para 
afrontar sus consecuencias.
Así, la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, 
requiere la adopción de medidas complementarias a las hasta ahora tomadas que sean 
inmediatas  y  eficaces  para  hacer  frente  a  esta  coyuntura.  Las  circunstancias 
extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes 
y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de personas afectadas como 
por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Para limitar la propagación del virus se han tomado decisiones que procuraban 
limitar  los  contactos  y,  desde  el  punto  de  vista  tributario,  ello  se  ha  conseguido 
adoptando  medidas  que  evitaran  el  desplazamiento  de  los  ciudadanos  hasta  las 
dependencias  administrativas.  Ahora,  tras  la  apertura  de  las  oficinas  públicas,  se 
pretende que la afluencia de personas sea escalonada y progresiva y ello se favorece 
con medidas como las contempladas en este Decreto-ley.
El escenario descrito sigue constituyendo una situación de extraordinaria y urgente 
necesidad que justifica una acción normativa de la Junta de Extremadura al amparo del 
artículo 86.1 de la Constitución Española y del artículo 33 del Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, reformado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de 
enero.
Como se expuso anteriormente, el fundamento y el objetivo de la modificación, a los 
que se acaba de aludir, son de un inequívoco y extraordinario interés público: existe un 
nuevo marco normativo aprobado por el Estado y se ha advertido durante el estado de 
alarma, la existencia de situaciones no contempladas en el Decreto-ley 2/2020, de 25 de 
mayo,  antes  citado,  circunstancia  que  debe  ser  resuelta.  Se  deben  contemplar, 
asimismo, nuevas situaciones como el cierre prolongado de los centros escolares.
Para dotar de eficacia inmediata a las medidas instadas por la excepcional situación 
que vivimos, es necesario utilizar el medio que el ordenamiento jurídico otorga a la Junta 
de Extremadura para llevarlas a cabo de forma ágil y enérgica y este no es otro que el 
instrumento normativo del Decreto-ley.
Bastaría hacer un repaso a la normativa aprobada recientemente por el Estado para  e.
ser conscientes de esa extraordinaria y urgente necesidad. En pocas semanas se han  w.b
aprobado varios reales decretos-leyes; además, por primera vez desde la aprobación de  42ww
ltao dCoo nesl tittuecrriiótonr,i os e nhaac iaocnuadl ideon  a adpelicclaacraiór ne l dees talod od disep auleasrmtoa  edne  fsourm  aar tgíceunloe ra1l1iz6a.d2a  yp asrau 
ndoer amlaartmivaa , deex cdeepscaiórrno lylo s, ietiost.o es, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados
Con base en todo lo expuesto, se precisa una respuesta normativa con rango de ley 
en la medida en que resulta necesario modificar los plazos de ingreso y del cumplimiento 
de  obligaciones  tributarias,  en  especial,  la  presentación  de  declaraciones  y 
autoliquidaciones. Igualmente es preciso una norma con rango de Ley para establecer 
los beneficios fiscales que se regulan.
Este Decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El Decreto-
ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible 
para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta 
al principio de seguridad jurídica. En cuanto al principio de transparencia, no se ha 
realizado el trámite de consulta pública, ni el trámite de audiencia e información pública, 
pues el instrumento normativo elegido, por su urgencia, no permite realizar los trámites 
indicados, sin perjuicio de que se haga antes de su sometimiento a la Asamblea. Por 
último, el principio de eficiencia, queda garantizado porque si bien puede implicar un 
aumento de las cargas administrativas posteriormente cuando finalice su vigencia, éstas 
son imprescindibles y en ningún caso innecesarias.
En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 del 
Estatuto de Autonomía de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y 
Consejera de Hacienda y Administración Pública, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 29 de mayo de 2020, dispongo:
Artículo 1.  Ampliación de los plazos para la presentación y pago de determinados 
impuestos.
1.  Los plazos para la presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones 
del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  del  Impuesto  sobre  Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de los Tributos sobre el Juego, que 
finalicen  durante  el  periodo  comprendido  entre  la  entrada  en  vigor  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y la finalización de 
dicho estado de alarma, prórrogas incluidas, se amplían por un período de dos meses 
adicionales,  computándose  dicha  ampliación  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de 
finalización  del  plazo  que  inicialmente  correspondiera  a  cada  declaración  o 
autoliquidación.
2.  No  obstante,  si  como  resultado  de  la  ampliación  de  plazos  prevista  en  el 
apartado anterior, en el momento en que se declare la finalización del estado de alarma 
el plazo disponible para la presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones 
fuera inferior a un mes, el plazo se ampliará hasta dos meses contados desde el día 
siguiente a la finalización del estado de alarma.
3.  Los plazos para la presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones 
a que se refiere el apartado 1 que finalicen dentro del mes siguiente al término del 
estado de alarma y no durante el trascurso del mismo, no resultando, en consecuencia, 
ampliados por los efectos de dicho apartado, se amplían en un mes contado desde el día 
siguiente al del término del estado de alarma.
Artículo  2.  Ampliación  del  plazo  para  solicitar  la  prórroga  de  la  presentación  de  es
declaraciones y autoliquidaciones en las adquisiciones por causa de muerte. bo
DImepcu1ree. tsot Eo1 l 6spo2lb9ar/z1eo9  9Sp1ua,c reads eiso on8lei csdit eay r  nDloaov inpearmócbirorronege, asp , oasr  eq eual emq upseleía   sreeef niea rdpeor usee lbm aae rsteíecl suR loae dg6ilca8imo ndeaenllte osR  edeaenll    2020-7442n https://ww
aquellos casos en los que el vencimiento del mismo se hubiera producido durante el
periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de  Bc
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la finalización de dicho estado de alarma, 
prórrogas del mismo incluidas.
2.  El plazo de solicitud de prórroga del apartado anterior se ampliará en un mes 
contado desde el día siguiente al de finalización del estado de alarma, en el caso que el 
plazo ampliado indicado en el mismo resulte a dicha fecha menor de un mes, o cuando 
el plazo para la solicitud de prórroga inicialmente previsto finalizase dentro del mes 
siguiente al término de dicho estado de alarma.
Artículo 3.  Impuesto sobre la Renta de las personas físicas.
Se modifica el artículo 6 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«Artículo 6. Deducción autonómica por cuidado de hijos menores de hasta 14 
años inclusive.
Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, 
tengan que dejar a sus hijos menores de hasta 14 años inclusive al cuidado de 
una persona empleada del hogar o en guarderías, centros de ocio, campamentos 
urbanos,  centros  deportivos,  ludotecas  o  similares,  autorizados  por  la 
administración autonómica o local competente, podrán deducir de la cuota íntegra 
autonómica el 10% de las cantidades satisfechas en el período, con el límite 
máximo de 400 euros por unidad familiar, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:
a)  Que en la fecha de devengo del impuesto los hijos tengan 14 o menos 
años de edad.
b)  Que ambos padres realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la 
que estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o 
mutualidad.
c)  Que, en el caso de que la deducción sea aplicable por gastos de una 
persona  empleada  del  hogar,  esta  esté  dada  de  alta  en  el  régimen 
correspondiente de la Seguridad Social.
d)  Que  en  el  caso  de  que  la  deducción  sea  aplicable  por  gastos  en 
guarderías, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas 
o similares, se disponga de la correspondiente factura.
e)  Que se tenga derecho a aplicar el mínimo por descendiente regulado en el 
artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio por 
cada uno de los hijos por los que se vaya a aplicar la deducción autonómica.
f)  Que la base imponible total a efectos del IRPF no exceda de 28.000 euros 
en tributación individual o 45.000 euros en tributación conjunta.
Cuando  más  de  un  contribuyente  tenga  derecho  a  la  aplicación  de  esa 
deducción con respecto a los mismos descendientes, su importe será prorrateado 
entre ellos.» e.
Artículo 4.  Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar,  42ww
recrrLeeaala tivttiaavsasa  a y f misdáceqa ul ainszaoasbr  rreae  crlqoeusae ti jvusaeesg  yor esd feied areez  aseru lc eorCtrerae,p sípetuonlonvi dteiVe  nodte e ala zl Tateer,rx ctroee rl aRtrtieimvfaue nsadtr iedm od áedq 2eu0 in2laa0ss.   OE-A-2020-74able en https://
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos
cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, devengada 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020 se bonificará al 50% siempre que se 
mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere durante los dos trimestres 
posteriores a la fecha del citado devengo.
Artículo 5.  Tasa por inspección y controles sanitarios de animales y sus productos.
Por  aplicación  del  Reglamento  (UE)  2017/625  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 15 de marzo de 2017 («Diario Oficial de la Unión Europea» de fecha 7 de 
abril de 2017), se modifica la Tasa por inspección y controles sanitarios de animales y 
sus  productos  y  la  Tasa  por  inspecciones  y  controles  sanitarios  de  los  productos 
pesqueros destinados al consumo humano, del Anexo: «Tasas de la Consejería de 
Sanidad y Consumo», en la actualidad, «Consejería de Sanidad y Servicios Sociales» de 
la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en lo referente a las Bases y Tipos de Gravamen o Tarifas, 
así como al establecimiento de determinadas deducciones sobre la cuota tributaria, en 
los siguientes términos:
«1.  ''I. Cuota tributaria de la Tasa por inspecciones y controles de carnes 
frescas y carnes de conejo y caza'', que por aplicación del citado Reglamento se 
fijan los siguientes importes:
"Tasas o gravámenes aplicables por los controles oficiales en mataderos, salas 
de despiece, salas de procesamiento de caza, producción de leche, producción e 
introducción en el mercado de productos de la pesca y la acuicultura."
1.  Tasas o gravámenes aplicables por los controles oficiales en mataderos.
– Carne de vacuno:
Vacunos pesados: 5 euros por animal.
Vacunos jóvenes: 2 euros por animal.
– Carne de solípedos/équidos: 3 euros por animal.
– Carne de porcino.–Animales cuyo peso en canal sea:
Inferior a 25 kg: 0,5 euros por animal.
Igual o superior a 25 kg: 1 euros por animal.
– Carne de ovino y de caprino.–Animales cuyo peso en canal sea:
Inferior a 12 kg: 0,15 euros por animal.
Igual o superior a 12 kg: 0,25 euros por animal.
– Carne de aves de corral:
Aves del género Gallus y pintadas: 0,005 euros por animal.
Patos y ocas: 0,01 euros por animal.
Pavos: 0,025 euros por animal.
Carne de conejo de granja: 0,005 euros por animal.
Codornices y perdices: 0,002 euros por animal. es
2.  Tasas o gravámenes aplicables por los controles oficiales en salas de  w.
despiece. 42ww
Por tonelada de carne:
a)  De vacuno, porcino, solípedos/équidos, ovino y caprino: 2 euros.
b)  De aves de corral y de conejos de granja: 1,5 euros.
c)  De caza, silvestre y de cría:
– de caza menor de pluma y de pelo: 1,5 euros.
– de ratites (avestruz, emú, ñandú): 3 euros.
– de verracos y rumiantes: 2 euros.
3.  Tasas o gravámenes aplicables por los controles oficiales en salas de 
procesamiento de caza.
a)  Caza menor de pluma: 0,005 euros por animal.
b)  Caza menor de pelo: 0,01 euros por animal.
c)  Ratites: 0,5 euros por animal.
d)  Mamíferos terrestres:
– Verracos: 1,5 euros por animal.
– Rumiantes: 0,5 euros por animal.
4.  Tasas o gravámenes aplicables por los controles oficiales de la producción 
de leche.
a)  1 euro por las primeras 30 toneladas.
b)  0,5 euros por tonelada a continuación.
5.  Tasas o gravámenes aplicables por los controles oficiales de la producción 
y la introducción en el mercado de productos de la pesca y la acuicultura.
a)  Primera comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura:
– 1 euro por tonelada para las primeras 50 toneladas de cada mes.
– 0,5 euros por tonelada a continuación.
b)  Primera venta en la lonja:
– 1 euro por tonelada para las primeras 50 toneladas de cada mes.
– 0,25 euros por tonelada a continuación.
c)  Primera venta en caso de falta o de gradación insuficiente de frescura o 
tamaño:
– 1 euro por tonelada para las primeras 50 toneladas de cada mes.
– 0,5 euros por tonelada a continuación.
2.  Deducciones  y  suplidos  aplicables  a  las  tasas  o  gravámenes  por  los 
controles oficiales en mataderos, salas de despiece, salas de procesamiento de 
caza, producción de leche, producción e introducción en el mercado de productos 
de la pesca y la acuicultura.
Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán 
deducir de la cuota tributaria, el coste suplido de medios materiales y humanos 
auxiliares,  u  otras  actuaciones  precisas  para  el  desempeño  de  la  inspección 
sanitaria, en los supuestos y porcentajes que se especifican:
1.  Por tener implantado un Sistema de Autocontrol: 15 %.
2.  Actividades planificadas estables: 10 %. e.e
3.  Horario regular diurno: 10 %. w.b
4.  Personal auxiliar de apoyo al control oficial: 15 %. 42ww
56..   AHpisotoyroia inl dster ucmumenptlaiml, imenattoe:r i1a5l,  %eq.uipos y tecnológicos: 10 %.
Para la aplicación de dichas deducciones, será necesario la verificación y
control por parte del centro gestor, del cumplimiento de los criterios regulados en
el artículo 79.3 del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  de  15  de  marzo  de  2017,  donde  se  establece  que  «Los  Estados 
miembros podrán, en relación con las actividades contempladas en el anexo IV, 
capítulo II, sobre una base objetiva y no discriminatoria, reducir el importe de las 
tasas o gravámenes teniendo en cuenta:
a)  Los intereses de los operadores con un volumen de negocios reducidos.
b)  Los métodos tradicionales de producción, transformación y distribución.
c)  Las  necesidades  de  los  operadores  situados  en  regiones  con 
condicionantes geográficos específicos, y
d)  El historial de los operadores en cuanto al cumplimiento de las normas 
contempladas  en  el  artículo  1,  apartado  2,  tal  como  se  determine  mediante 
controles oficiales.»
Disposición  adicional  única.  Concesión  de  prórroga  del  plazo  de  duración  de  la 
minoración total o parcial de la renta de alquiler de las viviendas protegidas de 
promoción pública adjudicadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento con 
opción de compra, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 115/2006, de 27 de 
junio, o normativa anterior.
La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda concederá una prórroga del plazo 
de duración de la minoración total o parcial de la renta de alquiler a los adjudicatarios de 
viviendas  de  promoción  pública  de  la  Junta  de  Extremadura  en  régimen  de 
arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, si se produce su vencimiento 
durante la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
La  concesión  de  la  prórroga  se  realizará  de  oficio,  sin  necesidad  de  previa 
presentación de solicitud por los interesados.
La concesión de la prórroga conllevará el mantenimiento de la minoración total o 
parcial de la renta de alquiler durante el período de un año.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan a lo establecido en el presente Decreto-ley y específicamente el artículo 5 
del Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para 
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Disposición final primera.  Modificación del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el 
que  se  adoptan  medidas  urgentes  y  extraordinarias  para  el  mantenimiento  y 
recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
El Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias  para  el  mantenimiento  y  recuperación  del  empleo  frente  a  la  crisis 
ocasionada por el COVID-19 queda modificado en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica la denominación del Programa I recogido en el artículo 3, que 
queda con la siguiente redacción:
«Programa  I:  Ayudas  al  Mantenimiento  del  empleo  por  cuenta  propia  de  oe.
personas  autónomas  inscritas  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  w.
pAourt óenl ocmesoes  doe e lan  alac tmivuidtuaadl iod addis maltineurncaiótinv as icgonrifriecsaptiovnad dieen steu sa ifnegcrteasdooss. »directamente  2020-7442n https://ww
Dos.  Se modifica el párrafo primero del artículo 10 que queda con la siguiente 
redacción:
«Las ayudas reguladas en el presente Título son compatibles con cualesquiera 
otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de ésta u 
otras  Administraciones  Públicas,  así  como  con  suspensiones,  reducciones  o 
bonificaciones  de  cuotas  de  la  Seguridad  Social  que  se  establezcan  como 
medidas de fomento del empleo y con las prestaciones extraordinarias por cese de 
actividad, derivadas de la declaración del estado de alarma y reguladas en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. No obstante, las ayudas 
previstas  en  el  Programa  I,  Línea  I.2  serán  incompatibles  con  la  prestación 
extraordinaria regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y con 
cualquier otra ayuda a cargo de las mutualidades con la misma finalidad que la 
prevista para esta línea en el presente decreto ley.»
Tres.  Se modifica el párrafo primero del apartado 1.º del artículo 14, que queda con 
la siguiente redacción:
«1.  Programa I: Ayudas al Mantenimiento del empleo por cuenta propia de 
personas  autónomas  inscritas  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores 
Autónomos o en la mutualidad alternativa correspondiente, afectados directamente 
por el cese de la actividad o disminución significativa de sus ingresos que se 
subdivide en dos:»
Cuatro.  Se modifica el párrafo segundo del apartado 1.º del artículo 15, que queda 
con la siguiente redacción:
«Línea I.2: las personas trabajadoras autónomas en situación de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, RETA, con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que, 
aun habiendo sufrido una reducción de ingresos importante, no han alcanzado el 
mínimo exigido para acogerse al cese de actividad recogido en el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, así como las personas trabajadoras autónomas en 
situación de alta en la mutualidad alternativa correspondiente con anterioridad a la 
declaración del estado de alarma que hayan sufrido un reducción de ingresos 
importante.»
Quinto.  Se modifica la letra a) del apartado 2.º del artículo 15, que queda con la 
siguiente redacción:
«a)  Las personas trabajadoras en situación de alta en el RETA o en la 
mutualidad  alternativa  correspondiente  con  anterioridad  a  la  declaración  del 
estado de alarma y que tengan personas trabajadoras asalariadas a su cargo, en 
el Régimen General de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Ajena, 
afectadas por un ERTE.»
Sexto.  Se modifica las letras a) y b) del apartado 2.º del artículo 16, que queda con 
la siguiente redacción:
«a)  Estar afiliadas y en situación de alta en el RETA o en la mutualidad  e
alternativa correspondiente en la fecha de la declaración del estado de alarma y  bo
haber mantenido esa situación hasta la solicitud de ayuda. 42ww
sRpuaesraa blp  )Dlr aóe rgQcroreuegsetatoi sós 4,nu 6y  da3 qec/2ut i0leva2 i ds0sau,i td udf aaencc o1tiu ó4hrn aad cydeiae óm  nsca irddrisozuio rsad,  nispretaoecnr  teiaetalml  rpqieaeun reioto ecsd aesos u dicsoeopncmealandprdaraei  depnalod  eried sneot al  aedCpnoOlti rcdVeae Ice Dailó- l1iann9r imdc, eioayl     OE-A-2020-74able en https://
de la vigencia del estado de alarma y su solicitud de ayuda se haya reducido, en
relación con la efectuada en el periodo de igual duración inmediatamente anterior, 
en un porcentaje igual o superior al 40 % e inferior al 75 % en el caso de las 
personas trabajadoras autónomas en situación de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores  Autónomos  de  la  Seguridad  Social,  o  en  un  porcentaje  igual  o 
superior al 40 % en el caso de personas trabajadoras autónomas en situación de 
alta en la mutualidad alternativa correspondiente.»
Séptimo.  Se modifica la letra a) del apartado 3.º del artículo 16, que queda con la 
siguiente redacción:
«a)  En el caso de personas trabajadoras autónomas, estar afiliadas y en 
situación de alta en el RETA o en la mutualidad alternativa correspondiente y tener 
contratada por cuenta ajena, al menos, a una persona trabajadora asalariada, en 
la  fecha  de  la  declaración  del  Estado  de  Alarma,  habiendo  mantenido  esta 
situación hasta el momento de la solicitud de la ayuda.»
Octavo.  Se modifica la letra a) del apartado 2.º del artículo 18, que queda con la 
siguiente redacción:
«a)  Programa I: "Mantenimiento del empleo de Autónomos registrados en el 
RETA  o  en  la  mutualidad  alternativa  correspondiente",  se  financiará  con 
imputación  a  la  anualidad  2020  aplicación  presupuestaria  13008/242A/470.00 
Fondo CAG0000001, Código de Proyecto 20200196. «Autónomos. Mantenimiento 
del empleo".
Este programa podrá financiarse con fondos procedentes del FSE.»
Noveno.  Se  modifica  la  letra  a)  del  artículo  21,  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:
«a)  En  la  Línea  I.1  del  Programa  I  las  beneficiarias  están  obligadas  a 
mantener el alta en el RETA y el ejercicio de la actividad durante al menos 3 
meses contados desde la fecha en que se autorice el reinicio de su actividad, y en 
la Línea I.2 del Programa I las beneficiarias están obligadas a mantener el alta en 
el  RETA  o  en  la  mutualidad  alternativa  correspondiente  y  el  ejercicio  de  la 
actividad durante al menos 1 mes desde la fecha de la concesión de la presente 
subvención.»
Décimo.  Se modifican las letras b) y c) del artículo 88 del Decreto-Ley 8/2020, 
de 24 de abril, que quedan con la siguiente redacción:
«b)  Personal  de  gestión  administrativa:  Es  el  personal  contratado 
correspondiente a los grupos de cotización 1, 2, 3 y 4, que realice tareas propias 
de gestión o de administración.
c)  Nueva contratación: Se considerará, a los efectos de las presentes bases 
reguladoras, que se produce una nueva contratación cuando se contrate a una 
persona que se encuentre inscrita como demandante de empleo en el SEXPE al 
menos con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de ayudas y 
cuando el contrato de trabajo se celebre con posterioridad a la publicación de la 
convocatoria  y  con  anterioridad  a  que  se  presente  la  solicitud  de  ayuda.  La 
persona contratada no puede haber finalizado una relación laboral con la entidad 
que  solicita  la  ayuda  en  los  seis  meses  anteriores  a  la  publicación  de  la  e.
convocatoria.» w.b
Undécimo.  Se  modifica  el  apartado  2,  las  letras  d)  y  g)  del  apartado  3  y  el 
apartado 4 del artículo 91 del Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, que queda con la 
siguiente redacción:
«2.  Las  solicitudes  para  la  obtención  de  las  ayudas  previstas  en  cada 
convocatoria se formalizarán de acuerdo con el modelo normalizado de anexo I 
que estará a disposición de las entidades solicitantes en las siguientes páginas 
web:  https://ciudadano.gobex.es/  y  en  http://www.juntaex.es/con03/direccion-
general-decooperativas-y-economia-social.
3.  Junto a la solicitud, las entidades solicitantes deberán aportar la siguiente 
documentación:
d)  Certificación  de  estar  al  corriente  con  la  Agencia  Estatal  de  la 
Administración Tributaria, en el caso de que la representación legal de la entidad 
no autorice expresamente en la solicitud de la ayuda para que el órgano instructor 
la recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.
g)  Vida laboral de la entidad y de la persona contratada, referidas a los seis 
meses  anteriores  a  la  fecha  de  publicación  de  convocatoria,  así  como,  para 
solicitantes de la Línea I, certificado del Servicio Extremeño Público de Empleo en 
el que figure que la persona contratada se encontraba inscrita como demandante 
de empleo con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria hasta la 
fecha de celebración del contrato de trabajo.
4.  No  obstante,  si  la  representación  legal  de  la  entidad  se  opone 
expresamente o no autoriza a que el órgano instructor recabe los documentos 
referidos, quedará obligada a aportarlos junto con la solicitud de ayuda. En los 
supuestos de imposibilidad material de obtener los anteriores documentos, el 
órgano  instructor  del  procedimiento  podrá  requerir  su  presentación  a  la 
solicitante.»
Duodécimo.  Se modifican las letras d), g), i) y se añaden las letras j), k) y l) al 
artículo 99 del Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, que queda con la siguiente redacción:
«d)  Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección 
General  competente  en  Cooperativas  y  Economía  Social,  y  a  las  de  control 
financiero  que  correspondan  a  la  Intervención  General  de  la  Junta  de 
Extremadura,  a  la  Unidad  Administradora  del  Fondo  Social  Europeo,  la 
Intervención General de la Administración del Estado o de sus Intervenciones 
Delegadas, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea 
o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable  a  la  gestión  de  las  ayudas  cofinanciadas  con  fondos  comunitarios, 
aportando para ello cuanta información le sea requerida.
g)  Acreditar, junto con la solicitud de abono del segundo pago, contenida en 
el  anexo  II,  el  cumplimiento  del  objeto  de  la  ayuda  concedida,  esto  es,  el 
mantenimiento  del  puesto  de  trabajo  subvencionado  durante  el  tiempo 
comprometido en la resolución de concesión. El anexo II estará a disposición de 
las  entidades  solicitantes  en  las  siguientes  páginas  web:  https://
ciudadano.gobex.es/  y  en  http://www.juntaex.es/con03/direccion-generalde-
cooperativas-y-economia-social. e.e
i)  Adoptar las medidas de difusión y publicidad del carácter público de la  b
financiación de las actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de ayuda, en los  42ww
atédrimciionnoasl ese sdtaeb lgeecsidtioósn  deen  inevl erDseiocnreetso  fin5a0n/2c0ia0d1a, s dceo n3  ayaubdrail,s  dsoeb rlae  Jmunetdai ddaes 
Eesxttarebmleacdeu real  yR ésgei mmeond ifGicean eelr aDl edcere tCo o7n7c/e1s9i9ó0n,  ddee  1S6u bdvee oncctiounberes,.  pAosr í ecl oqmueo  sloe 
establecido  en  el  anexo  XII  del  Reglamento  (UE)  1303/2013  del  Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre las actividades de 
información y publicidad.
j)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de 
las actividades de comprobación y control. Esta documentación deberá obrar en 
poder del beneficiario al menos cuatro años, para poder ser consultada en caso de 
inspección o auditoría de la Administración correspondiente.
k)  De conformidad con cuanto dispone el artículo 125.4 b) del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión 
y el artículo 16 i) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  los  beneficiarios  vendrán  obligados  a 
mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación  con  todas  las  transacciones  realizadas  con  la  operación  a  fin  de 
garantizar la adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las 
normas  de  contabilidad  nacional.  La  concesión  de  la  subvención  implica  la 
aceptación por parte del beneficiario a ser incluido en la lista de operaciones a que 
se  refiere  el  artículo  115.2  del  Reglamento  (UE)  n.º  1303/2013,  de  17  de 
diciembre, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
l)  Informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad al 
mismo  tiempo  que  justifica  gastos  para  ser  declarados  en  solicitudes  de 
reembolso.»
Decimotercero.  Se modifica el apartado 3 del artículo 104 del Decreto-Ley 8/2020, 
de 24 de abril, que queda con la siguiente redacción:
«3.  Las subvenciones reguladas en las presentes bases podrán ser objeto de 
cofinanciación dentro del Programa Operativo FSE Extremadura 2020, la línea I en 
la prioridad de inversión 8.i "El acceso al empleo por parte de los demandantes de 
empleo y de las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración 
y las personas alejadas del mercado laboral, así como las iniciativas de empleo 
locales y el fomento de la movilidad" y objetivo específico (OE) 08.01.05 "Mejorar 
la empleabilidad de las personas demandantes de empleo, especialmente de 
aquéllas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por medio de la 
adquisición de experiencia profesional, incluidas las iniciativas locales de empleo" 
y la línea II en la prioridad de inversión 8.v "Adaptación al cambio de trabajadores, 
empresas  y  emprendedores"  y  objetivo  específico  08.05.01  "Adaptar  la 
cualificación de las personas trabajadoras a las necesidades del mercado laboral, 
así como mejorar su situación contractual para garantizar su mantenimiento en el 
empleo y permitir su progresión profesional".»
Disposición final segunda.  Medidas de flexibilización de los fines a los que puede 
destinarse el Fondo de Educación y Promoción, regulado en el artículo 84 de la 
Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Extremadura.
El Fondo de Educación y Promoción regulado en el artículo 84 de la Ley 9/2018, 
de 30 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Extremadura, se flexibilizará para el 
marco temporal y en los términos establecidos en el artículo 13 del Real Decreto- s
ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la  oe.
economía y el empleo. w.
Disposición final tercera.  Habilitación.
desaSrero alluot oy reizjeac aulc Cióonn dsee jeos dtee  DGeocbreietorn-loe yp.ara dictar las disposiciones necesarias para el
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Diario Oficial de 
Extremadura», no obstante, el artículo 3 será de aplicación a los hechos imponibles del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se devenguen a partir del día 1 de 
enero de 2020.
Mérida, 29 de mayo de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 105, de 2 de junio de 2020. Convalidado por 
Resolución de 25 de junio de 2020, de la Asamblea de Extremadura, publicada en el «Diario Oficial de 
Extremadura» número 122, suplemento, de 25 de junio de 2020)