BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 200 Jueves 23 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 56377
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8405 Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por la registradora titular del registro de la propiedad de Gijón n.º 3, 
por la que suspende la expedición de una certificación de dominio y cargas 
ordenada en mandamiento judicial.
En el recurso interpuesto por doña C. C. G., actuando en nombre de la Comunidad 
de Propietarios de la calle (…) de Gijón, contra la nota de calificación extendida por la 
registradora titular del Registro de la Propiedad de Gijón n.º 3, doña Marina Tabarés 
Cuadrado, por la que suspende la expedición de una certificación de dominio y cargas 
ordenada en mandamiento judicial.
Hechos
I
En mandamiento expedido en Gijón, el día doce de septiembre del año dos mil 
diecinueve por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Gijón, en el que se sigue 
procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales con número 378/2.018, se ordena la 
expedición de certificación de dominio y cargas y consiguiente práctica de nota marginal 
expresiva de dicha expedición conforme a los artículos 143 del Reglamento hipotecario 
en  relación  con  el  artículo  656  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  relativos  a  la 
registral 1904/7.
II
Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Gijón n.º 3, 
fue objeto de la siguiente calificación: «…Hechos y Fundamentos de Derecho: Dado que 
el  deudor  ejecutado  se  encuentra  en  situación  de  concurso,  habiéndose  aprobado 
judicialmente  el  convenio  de  acreedores,  es  preciso  aportar  para  su  calificación 
testimonio  judicial  de  dicho  convenio,  siempre  que  los  créditos  reclamados  sean 
concursales y no créditos contra la masa, lo que deberá acreditarse. Ello se debe a que 
los créditos concursales, salvo créditos privilegiados no adheridos al convenio, deben 
someterse a éste. En la nota de despacho de los embargos practicados, se hicieron dos 
advertencias que se traen a este momento dada su importancia actual: “Advertencia: Las 
fincas constan inscritas a favor de la sociedad Promociones Coto de los Ferranes S.L., 
con C.I.F. (…), según consta en las notas simples que se acompañan. Advertencia: La 
sociedad embargada está en concurso y aprobado el convenio de acreedores, a los 
efectos del artículo 136 de la Ley concursal «Los créditos de los acreedores privilegiados 
que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los 
subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su 
exigibilidad  por  el  tiempo  de  espera  y,  en  general,  afectados  por  el  contenido  del 
convenio”.» Por tanto, y salvo que se trate de créditos contra la masa, deberá aportarse  e.e
para su calificación el convenio de acreedores. De conformidad con los artículos 133 y  b
siguientes de la Ley concursal, en particular artículos 136 y 137 de la Ley concursal, y  05ww
Rdee s8o lduec iojunneios  ddee  l2a0 D15G: R«N6.,  Pdeo rl atosd qou elo  saen adleizsatadcoa y l oa  smigoudieon tdee:  -rdeesu lma eRne,s eoll uccoiónncu DrsGaRdoN, 
fuancau ltvaedze sa,p yro sbóaldoo  qeule dcao nsvoemnieot idcoo na  sluass  parcereviesdioonreess,  dqeu eqduait ar eoh aebsiplietarad op reenv istotadsa se ns uesl 
acuerdo alcanzado con aquéllos o a las especiales limitaciones fijadas en el convenio,
por lo que una vez cumplidas dichas disposiciones, o al margen de las mismas en los 
casos como el previsto (al tratarse de crédito privilegiado que no ha respaldado el 
convenio), su actuación es libre y por ello también lo es la de los acreedores para poder 
iniciar o continuar sus pretensiones, siempre que ello no suponga una vulneración del 
convenio puesto que en este caso el juez de lo Mercantil encargado del concurso 
recupera su competencia para la eventual declaración de incumplimiento del convenio y 
apertura, en su caso, de la fase de liquidación. De esta manera, las actuaciones o 
ejecuciones llevadas a cabo, bien cumpliendo las estipulaciones del convenio, bien 
cuando se amparen en la exclusión del mismo a dicha actuación (como ocurre en el caso 
de  los  créditos  privilegiados  no  adheridos  al  convenio)  o  cuando  se  encuentren 
justificadas por créditos contra la masa nacidos después de la declaración del concurso, 
son perfectamente válidas y no requieren de la intervención del juez de lo Mercantil, 
pudiendo llevarse a cabo por vía de apremio ordinario o administrativo dentro de los 
parámetros normales de competencia judicial o administrativa del órgano ejecutivo que 
en cada caso corresponda.» -de la Resolución DGRN de 4 de julio de 2016: «4. Por todo 
lo analizado, se produce una radical mutación de los efectos de la declaración de 
concurso una vez aprobado el convenio con los acreedores, de tal manera que la 
paralización y suspensión de acciones y ejecuciones singulares prevista en el artículo 55 
de la Ley Concursal sólo despliega sus efectos -al margen de otras previsiones legales 
sobre  ejecución  de  garantías  reales,  ajenas  a  este  supuesto-  durante  la  fase  de 
declaración de concurso, quedando las mismas superadas por la aprobación firme del 
convenio entre deudor y acreedores, sin perjuicio, eso sí, de las previsiones o medidas 
adoptadas en el mismo que pudieran tener naturaleza patrimonial más allá de una mera 
quita  o  espera.  Por  ello,  una  vez  aprobado  el  convenio  debemos  atenernos  a  las 
limitaciones en él impuestas. La aprobación de un convenio cuyo contenido no afecte a 
los acreedores hipotecarios, también incide en la ejecución hipotecaria, pues se levanta 
la suspensión de ejecución sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la 
continuidad de su actividad profesional o empresarial, como se deduce del artículo 56 de 
la Ley Concursal antes transcrito. Esta ha sido la doctrina adoptada por el Tribunal 
Supremo, que recoge la efectiva transformación que supone el paso de la fase de 
declaración  de  concurso  a  la  aprobación  del  convenio  y  una  clara  distinción  entre 
créditos concursales (recogidos en el convenio o adheridos a él) y los créditos contra la 
masa surgidos como consecuencia de la continuación de la actividad del concursado. En 
la Sentencia de 2 de junio de 2014 se recoge esta esencial mutación: «5. Es cierto que 
una vez declarado el concurso, conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, «no podrán 
iniciarse  ejecuciones  singulares,  judiciales  o  extrajudiciales,  ni  seguirse  apremios 
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor», salvo las excepciones 
previstas en el propio art. 55 y en el artículo siguiente. Este efecto no impide que el 
crédito  contra  la  masa,  si  bien  no  podrá  justificarse  una  ejecución  al  margen  del 
concurso, salvo que nos hallemos en la fase de cumplimiento del convenio (art. 133.2 
LC), pueda ser exigible a su vencimiento...». En este mismo sentido se pronuncia la 
Sentencia  de  la  Sala  Primera  de  12  de  diciembre  de  2014,  al  considerar  en  sus 
fundamentos de Derecho octavo y noveno: «Esta norma responde a la lógica de que si el 
concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una única ejecución 
universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el 
pago de los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas 
para acreedores tanto concursales como contra la masa. Las únicas excepciones serán 
las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes de la  s
declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el  oe.
art. 55 LC, y las ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que  w.
se hubieran iniciado antes del concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto  05ww
aafbeiectratad alsa  pfaosr el ad esu sliqpueindsaiócinó no  nlao  pcaarbaeli zaabciróirn )a. pLreom qiouse  aredsmuilntais tcrlaatrivoo se so q ueeje cuuncaio nveezs 
csreépdaitroasd acso. n(t…ra)  lEan m reaaslaid aeds , eell  qúuneic os ee sacbernea rcioo ne nla q auper opboadcríiaó na ddmeli ticrsoen vuennaio e, jeecnu cqiuóen  dsee   BOE-A-cable e
levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC). Así como el impago 
de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la 
liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su 
reclamación de pago y, si fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que 
también pudiera justificar una acción de incumplimiento del convenio y de apertura de la 
liquidación». Esta misma doctrina ha sido reiterada en la Sentencia de 18 de febrero 
de 2015, y por último, de manera más sintética, ha considerado la Sentencia de 26 de 
marzo de 2015 que: «Una cuestión que nadie discute es que con la aprobación del 
convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC) y otra, 
muy distinta, es que el concurso no puede entenderse concluido hasta que no alcance 
firmeza el auto que declare cumplido el mismo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 
141 y 176.1.2.º LC. Por tanto, respecto de cualquier acreedor afectado por el convenio, y 
el recurrente lo está, según se ha visto en el motivo anterior, sólo el juez del concurso es 
competente para entender que ha sido incumplido (art. 140 LC)». Esta eliminación de los 
efectos propios de la declaración de concurso, y su sustitución por los establecidos en el 
convenio ha sido igualmente reconocida en la doctrina de este Centro Directivo. Así, en 
Resoluciones consolidadas desde la antigua regulación de suspensión de pagos (15 de 
noviembre de 1999) hasta la regulación actual de la Ley Concursal (entre otras, en las 
Resoluciones de 13 de octubre de 2011, 8 de abril y 13 de diciembre de 2013 y 6 de 
octubre de 2014) contemplan una recuperación de las facultades del concursado, sin 
perjuicio de los propios efectos previstos en el convenio que sujetarán y regularán las 
relaciones entre deudor y acreedores. A modo de ejemplo la Resolución de 8 de abril 
de 2013 consideró que aprobado el convenio, y en tanto no resulte del mismo ninguna 
limitación, que en ningún caso pueda suponer exclusión del principio de responsabilidad 
patrimonial universal del deudor (cfr. artículo 1911 del Código Civil), debe entenderse que 
es posible la práctica de anotaciones preventivas de embargo, ordenadas por juzgados o 
administraciones distintos del Juzgado de lo Mercantil que lo estuviera conociendo, por 
cuanto,  como  proclama  el  artículo  133  de  la  Ley  Concursal  desde  la  eficacia  del 
convenio cesan todos los efectos de la declaración de concurso; y la posterior de 13 de 
diciembre  de  2013  señaló  que  incluso  en  ausencia  de  tales  medidas  limitativas  o 
prohibitivas, algunos de los efectos de la fase común del concurso, previstos en el Título 
III de la Ley Concursal, subsisten y se extienden a la fase de convenio, alguno de ellos 
de indudable trascendencia registral. Todo ello sin perjuicio de entender, también en 
consonancia con la jurisprudencia antes detallada, que el concurso no puede entenderse 
concluido hasta que no alcance firmeza el auto que declare cumplido el mismo, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 141 y 176.1. 2.º de la Ley Concursal, así 
Resolución de 24 de octubre de 2014.» Recursos… Gijón a 1 de octubre de 2019. 
Posteriormente se acompaña Testimonio expedido el dieciocho de noviembre de dos mil 
diecinueve por don M. A. A. T., Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo  Mercantil  n.º  3  de  Gijón,  comprensivo  de  la  propuesta  anticipada  de  convenio 
concursal y de las Sentencias que lo prueban, siendo objeto de la siguiente calificación: 
Reintegrado nuevamente el precedente documento, el día 29/11/2019, -mandamiento 
expedido  el  12/09/2019  por  el  Juzgado  de  1.ª  Instancia  n.º  6  de  Gijón,  autos 
número 378/2018-, junto con el convenio de acreedores, se mantiene la anterior nota de 
calificación de fecha 01/10/2019, a cuyo contenido me remito, por no haberse subsanado 
los  defectos,  al  no  acreditarse  si  es  crédito  contra  la  masa  o  crédito  concursal. 
Advertencia: Visto el Convenio de acreedores aportado, de tratarse de crédito concursal, 
deberá procederse al levantamiento del embargo y la cancelación de su anotación. Gijón  s
a, 23 de diciembre de 2019. La registradora. oe.
Contra la anterior nota de calificación, IIdIoña C. C. G., actuando en nombre de la  2020-8405n https://ww
sCigoumieunntideas da ldeeg aPcrioonpeiest:a rHioesc hdoes  lya  fcuanldlea m(…en) todse:  GPrijiómne, roin.t e- rDpoenl ec orneccuurrssoo  deen  lab amsee rcaa nlatsil   BOE-A-cable e
Promociones Coto de Los Ferranes, S.L. Con fecha 25/11/16 se registró ante el Juzgado 
de lo Mercantil n.º 3 de Gijón en Autos de Concurso Voluntario Ordinario núm. 302/2016 
la propuesta anticipada de Convenio de la concursada, la Mercantil Promociones Coto 
de Los Ferranes, S.L Mediante Sentencia de fecha 15 de Mayo de 2017, aclarada por 
Auto de fecha 29 de Mayo de 2017 se procedió a aprobar la propuesta anticipada de 
convenio y se acordó el cese de los efectos de la declaración del concurso sobre las 
facultades de administración y disposición del deudor, según se acreditó mediante el 
correspondiente testimonio. Segundo. - De la reclamación instada por la CP calle (…) 
Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Gijón se siguió procedimiento 
ordinario que llevó el número de Autos 509/2016 contra la Mercantil Promociones Coto 
de Los Ferranes, S.L en reclamación de daños en el edificio. En el citado procedimiento 
se dictó Sentencia de fecha 17 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente: «Que estimando en parte la demanda formulada por el Procurador J. C. 
E., en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Edificio (…) de Gijón, 
contra  Promociones  Coto  de  Los  Ferranes  S.L.,  debo  condenar  y  condeno  a  la 
demandada a abonar a la demandante la cantidad de 267.295,42 6, sin hacer imposición 
de las costas causadas en este procedimiento.» Frente a la referida Sentencia por la 
Mercantil Promociones Coto de Los Ferranes, S.L., se interpuso recurso de apelación 
seguido ante la Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Gijón, Autos de recurso de 
apelación 361/2017, en los cuales con fecha 8/05/18 se dictó sentencia por la cual, se 
desestimó íntegramente el recurso de apelación con expresa condena en costas a la 
apelante.  Tercero,  -  De  la  tasación  de  costas  practicada  y  su  ejecución.  En  lo 
concerniente a la condena en costas concedida en la precitada sentencia de 8 de mayo 
de 2018, con fecha 17 de septiembre de 2018 se practicó la tasación de costas en el 
procedimiento pieza de tasación de costas 0000361 /2017 0001, seguido a instancia de 
C.P. Cl (…) de Gijón. Dicha tasación quedó definitivamente aprobada por Decreto de 
fecha 8 de Octubre de 2018 por importe de 17.748,08 € (…) Como quiera que la 
condenada no procedió al pago de forma voluntaria, la Comunidad de Propietarios se vio 
en la necesidad de instar demanda ejecutiva, la cual conoció el Juzgado de Primera 
Instancia n.º 6 de Gijón, de conformidad con lo previsto en el art 545 de la LEC, Por Auto 
de fecha 27/12/2018 se dictó orden general de ejecución en autos do ETJ 378/2018 (…) 
Frente a dicha ejecución no se opuso la parte ejecutada. Cuarto. - Del procedimiento de 
ejecución Como consecuencia de la ejecución despachada y con motivo de las medidas 
de embargo acordadas, con fecha 28/12/2018 se expidió mandamiento de embargo de 
las siguientes fincas: Plaza de garaje inscrita al Tomo 1066, Libro 40, Folio 215, Finca n.º 
2001/10  del  Registro  de  la  Propiedad  n.º  3  de  Gijón.  Plaza  de  garaje  inscrita  al 
Tomo 1066, Libro 40, Folio 155, Finca n.º 2008/6 del Registro de la Propiedad n.º 3 de 
Gijón. Plaza de garaje inscrita al Tomo 1066, Libro 40, Folio 143, Finca n.º 1904/7 del 
Registro de la Propiedad n.º 3 de Gijón. Plaza de garaje inscrita al Tomo 1066, Libro 40, 
Folio 145, Finca n.º 1904/8 del Registro de la Propiedad n.º 3 de Gijón. Con fecha 25 de 
marzo  de  2019  se  practicó  anotación  preventiva  de  embargo  sobre  las  fincas 
regístrales 2001/10, 1904/7 y 1904/8. Haciéndose constar la advertencia del art 136 de la 
Ley Concursal. Una vez anotado el embargo preventivo, la Comunidad de Propietarios, 
ante el impago de la ejecutada, procedió a solicitar la subasta judicial de las fincas, a lo 
que tampoco se opuso la ejecutada. Para ello y con carácter previo a la salida a subasta, 
por  Diligencia  de  Ordenación  de  fecha  12  de  Septiembre  de  2019  se  solicitó,  de 
conformidad con lo dispuesto en el art 656 de la LEC, librar mandamiento al Registro de 
la  Propiedad  no  3  de  Gijón  para  que  en  relación  con  las  citadas  fincas,  emitiera  s
certificación de la titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes o  oe.
derechos gravados, Y de los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los  w.
bienes registrables embargados, en especial, relación completa de las cargas inscritas  05ww
eqmueit ilro sla g rcaitvaedna  oc, eernti fsicua cciaósno. , Eqnu ef esceh haa l1la9n/0 l9ib/2re0s1 9d es cea rpgraess.e Qntuói neton.  -e lD Re elag instergoa tdivea  laa 
Pn.rºo p6ie ddaed  Gn.iºj ó3n .d eD Gicihjóon  eml amnadnadmaimenieton tofu een trdeegvaudeolt op oer le l1 J udzeg aodcot udber eP ridmee r2a0 I1n9st apnacriaa   BOE-A-cable e
subsanación alegando que el deudor ejecutado se encontraba en situación de concurso 
y que habiéndose aprobado judicialmente el convenio de acreedores era preciso aportar 
para su calificación testimonio judicial de dicho convenio, siempre que los créditos 
reclamados sean concursales y no contra la masa. El día 29-11-19 se aportó ante el 
Registro de la Propiedad los testimonios solicitados de propuesta anticipada de convenio 
y sentencia de aprobación (…) Si bien y a pesar de ello, la Registradora mantiene la 
suspensión y no emite la certificación de dominio y cargas interesada por el Juzgado de 
Primera Instancia n.º 6 de Gijón alegando que no se había acreditado si es crédito contra 
la  masa  o  crédito  concursal.  Sexta.  -  De  la  inexistencia  de  crédito  concursal.  El 
artículo 656 de la LEC dispone: 1. Cuando el objeto de la subasta esté comprendido en 
el ámbito de esta Sección, el Secretario judicial responsable de la ejecución librará 
mandamiento al registrador a cuyo cargo se encuentre el Registro de que se trate para 
que remita al juzgado certificación en la que consten los siguientes extremos: 1.º La 
titularidad del dominio y demás derechos reales del bien o derecho gravado. 2.º Los 
derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien registrable embargado, en 
especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se 
halla libre de cargas. En todo caso, la certificación se expedirá en formato electrónico y 
dispondrá de información con contenido estructurado. 2. El registrador hará constar por 
nota marginal la expedición de la certificación a que se refiere el apartado anterior, 
expresando  la  fecha  y  el  procedimiento  a  que  se  refiera.  El  registrador  notificará, 
inmediatamente y de forma telemática, al Secretario judicial y al Portal de Subastas el 
hecho de haberse presentado otro u otros títulos que afecten o modifiquen la información 
inicial a los efectos del artículo 667. El Portal de Subastas recogerá la información 
proporcionada por el Registro de modo inmediato para su traslado a los que consulten su 
contenido.  3.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  Procurador  de  la  parte  ejecutante, 
debidamente facultado por el Secretario judicial y una vez anotado el embargo, podrá 
solicitar la certificación a la que se refiere el apartado I de este precepto, cuya expedición 
será igualmente objeto de nota marginal. En todo caso, la certificación se expedirá en 
formato  electrónico  y  con  contenido  estructurado.  En  este  caso,  en  virtud  de  lo 
establecido en los art 235 de la Ley Hipotecaria y 353 de su Reglamento procede la 
emisión de la certificación de dominio y cargas solicitada judicialmente. Dicho articulado, 
de  otra  parte,  no  recoge  situación  alguna  que  permita  al  registrador  negar  tal 
certificación. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, la 
función del Registrador debe limitarse al control de la legalidad de las formas extrínsecas 
de los documentos, sin que pueda comprender tal función calificadora la realización de 
juicios subjetivos que quedan en el ámbito jurisdiccional. Es decir, a nuestro entender no 
le corresponde a la Ilma. Sra. Registradora controlar si se cumple el convenio de 
acreedores, pues ello es una función estrictamente judicial. De igual manera, no le 
corresponde a la Ilma. Sra. Registradora inmiscuirse en el procedimiento de ejecución 
que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 6, quien previamente a despachar 
ejecución, ha tenido presente la existencia de una previa situación concursal de la 
ejecutada. Es más, la ejecutada -concursada, es parte en el procedimiento de ejecución 
sin que se haya opuesto al despacho interesado ni a la subasta de los bienes inmuebles, 
a pesar de la responsabilidad en la que incurriría la concursada de no cumplirse el 
convenio. Y ello es así, porque el crédito ejecutado no es un crédito concursal al haberse 
generado con posterioridad al cese del concurso, motivo por el cual no figura en los 
textos definitivos (documentación que es la que tenía que haber solicitado el Registro y 
no la propuesta de Convenio donde no viene una relación de créditos sino las bases del  s
convenio) (…) El art 133 LC es claro al establecer que el Convenio adquirirá eficacia  oe.
desde la fecha de la sentencia que lo apruebe cesando desde ese momento, los efectos  w.
de la declaración del concurso, lo que en el presente caso se dio en virtud de Sentencia  05ww
pdaer fteec, heas  1d5o cdtrein Ma aaysoe ndtea d2a0 1q7u,e a lcal aferacdhaa  pdoerl  Adeuvtoe ndgeo f edceh laa s2 9c odseta Ms ajuydoi cdiael e2s0 1e7s.  laD efe octhraa 
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tanto, de la cesación de los efectos del concurso sobre los créditos no devengados en el 
mismo. En atención a lo expuesto, el crédito en concepto de costas, que da pie a la 
certificación interesada y denegada, no es un crédito concursal, pues ha nacido con 
posterioridad a la eficacia del convenio de acreedores, por lo que no procede su sujeción 
a lo estipulado en el convenio, siendo de aplicación lo estipulado en el art 133.2 LC. 
Llegando en este caso, a la conclusión a la que llegan nuestras Audiencias Provinciales 
«Y es que no es de recibo que las disposiciones de un convenio vinculen a unas 
personas cuyos derechos han nacido con posterioridad» (entre otras SAP Tarragona 
de 14 de Enero de 2014) Por tanto, al entrar el Registrador en determinar si es crédito 
concursal o contra la masa, está invadiendo una cuestión que escapa de la calificación 
registral por ser cuestión judicial. En conclusión, y habida cuenta que la negativa a emitir 
la certificación está asentada en un extremo que queda fuera del margen de apreciación 
del Registrador, solicito que se revoque la calificación, acordando la emisión de la 
certificación.
IV
La registradora emite su informe confirmando su calificación y forma expediente que 
eleva a esta Dirección.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria; 656 y 688 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; 8, 9, 43, 44, 55, 56, 57, 84, 109, 130, 140, 141, 142, 154, 155 y 176 de la Ley 
Concursal; 100 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 
de diciembre de 2012, 9 de abril, 28 de junio y 13 de noviembre de 2013, 2 de junio y 12 
de diciembre de 2014, 26 de marzo de 2015, 6 de abril de 2017 y 4 de junio de 2019; y 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de 
febrero, 9 y 13 de marzo, 4 de abril y 8 y 22 de mayo de 2012, 22 de febrero, 2 y 7 de 
marzo, 3 y 8 de abril, 29 de mayo, 24 de junio y 13 de diciembre de 2013, 6 y 24 de 
octubre de 2014, 8 de junio de 2015, 4 de abril y 4 de julio de 2016, 10 y 19 de enero, 27 
de junio, 25 de julio y 13 de noviembre de 2017, 27 de febrero de 2018 y 15 de marzo 
de 2019.
1.  Son hechos relevantes para la resolución de este recurso los siguientes:
En mandamiento expedido en Gijón, el día doce de septiembre del año dos mil 
diecinueve por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Gijón, en el que se sigue 
procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales con número 378/2.018, se ordena la 
expedición de certificación de dominio y cargas y consiguiente práctica de nota marginal 
expresiva de dicha expedición en relación con las fincas registrales 2201/10, 1904/7 
y 1904/8.
La sociedad titular de dicha finca, la mercantil Promociones Coto de Los Ferranes, S.L, 
se encuentra en situación de concurso, habiéndose aprobado el convenio de acreedores 
mediante Sentencia de fecha 15 de mayo de 2017, aclarada por Auto de fecha 29 de 
mayo de 2017 y acordándose el cese de los efectos de la declaración del concurso sobre 
las facultades de administración y disposición del deudor.
Tanto la situación  concursal  como  la  aprobación del convenio fueron objeto de 
inscripción en el registro de la Propiedad, inscripciones 5.ª y 6.ª es
Con posterioridad a las citadas inscripciones se extendió anotación preventiva letra A  o
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Aportado este, expide una segunda calificación que mantiene la anterior por no 
haberse subsanado a su juicio los defectos, al no acreditarse si el crédito garantizado 
con la anotación preventiva de embargo es contra la masa o crédito concursal.
2.  Como cuestión preliminar debe recordarse la reiterada doctrina de este centro 
directivo referente a la aportación, en sede de recurso, de documentos que no se 
tuvieron a la vista por el registrador para la emisión de la calificación de conformidad con 
lo  dispuesto  en  el  artículo  326  de  la  Ley  hipotecaria:  «El  recurso  deberá  recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 
calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». En este sentido se 
acompañan al recurso una serie de documentos, entre ellos la providencia de 15/5/2017 
del Juzgado de lo Mercantil número Tres de Gijón, procedimiento 302/2016, junto con 
Textos definitivos de la Administración Concursal de Promociones Coto de los Ferranes, 
el testimonio del Decreto de 8 de octubre de 2018 número 154/18, de la Audiencia 
Provincial Sección Séptima de Gijón y el auto de 27 de diciembre de 2018 del Juzgado 
de  Primera  Instancia  número  Seis  de  Gijón,  procedimiento  de  ejecución  de  títulos 
judiciales 378/2018, que no fueron presentados al tiempo de ser emitida la calificación, 
por lo tampoco se tendrán en consideración para la resolución del recurso.
3.  En segundo lugar, en contra de lo alegado por el recurrente, la cuestión de la 
competencia objetiva para la ejecución de las garantías reales cuando el deudor se 
encuentra en situación concursal, es materia plenamente calificable por el registrador (ex 
artículo 100 del Reglamento Hipotecario) y de extrema importancia por su carácter de 
presupuesto procesal para el válido desarrollo de la relación jurídico procesal, cuya 
infracción puede provocar la nulidad del acto (artículo 238.1.º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial), tal y como ha recordado este Centro Directivo en reiteradas ocasiones 
(cfr. Resoluciones de 10 y 19 de enero de 2017).
4.  Entrando en el fondo del asunto, esta Dirección se ha pronunciado en diversas 
ocasiones respecto a la eficacia de la aprobación del convenio en cuanto a la posibilidad 
de actuar de manera separada por parte de los acreedores.
El convenio, como negocio resultado del sometimiento a la junta de acreedores de 
una propuesta de quita, espera, o ambas soluciones, vincula a las partes –tanto pasiva 
como activa– del concurso una vez que se haya recabado la preceptiva aprobación 
judicial. Los efectos de este convenio se recogen en el artículo 133 de la Ley Concursal, 
cuyo tenor literal señala lo siguiente: Artículo 133. «Comienzo y alcance de la eficacia del 
convenio.  1.  El  convenio  adquirirá  eficacia  desde  la  fecha  de  la  sentencia  que  lo 
apruebe, salvo que el juez, por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a 
instancia  de  parte,  retrasar  esa  eficacia  a  la  fecha  en  que  la  aprobación  alcance 
firmeza…. 2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración 
de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio 
convenio, salvo los deberes de colaboración e información establecidos en el artículo 42, 
que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento…»
Del sentido gramatical del precepto resulta que la aprobación firme del convenio 
implica la sustitución de los efectos de suspensión o intervención en las facultades del 
concursado propias de la declaración del concurso por las previsiones y determinaciones 
establecidas,  en  su  caso,  en  el  propio  convenio.  Dichas  nuevas  precisiones,  sin 
embargo, y como ya hemos contemplado no pueden exceder de quitas, esperas u otras  s
medidas, puesto que las que pudieran afectar a la capacidad o al poder de disposición  oe.
propio del concursado no suponen un cierre del registro, a tenor del artículo 137 de la  w.
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del  juez  por  cualquier  acreedor.  2.  Las  medidas  prohibitivas  o  limitativas  serán
inscribibles en los registros públicos correspondientes y, en particular, en los que figuren
inscritos los bienes o derechos afectados por ellas. La inscripción no impedirá el acceso 
a los registros públicos de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular 
registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite».
En  este  escenario,  las  facultades  y  posibilidades  de  actuación  se  entienden 
recuperadas para el concursado, que quedará vinculado a las demás medidas relativas a 
sus bienes, derechos y obligaciones adoptadas en el convenio y aprobadas por el juez, y 
cuya eficacia se extienden no sólo al mismo concursado, sino también a los propios 
acreedores, en los términos señalados en los articulo 134 y siguientes de la ley de forma 
que,  en  líneas  generales,  el  contenido  del  convenio  vinculará  al  deudor  y  a  los 
acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a 
la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos, 
mientras que los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del 
convenio si hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se 
hubiere computado como voto favorable y en el caso de que concurran determinadas 
mayorías de acreedores de su misma clase.
De esta manera, las circunstancias de quita, espera u otras adoptadas dentro del 
convenio impedirían, en su caso, el ejercicio de acciones separadas dentro de los límites 
de dichas medidas, según resulta del claro efecto novatorio previsto en el artículo 136 en 
relación a los créditos reconocidos en la masa de acreedores: «Los créditos de los 
acreedores  privilegiados  que  hubiesen  votado  a  favor  del  convenio,  los  de  los 
acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que 
alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, 
afectados por el contenido del convenio».
La  eventual  infracción  de  los  acuerdos  estipulados  en  el  convenio  sólo  puede 
arbitrarse mediante la solicitud de incumplimiento del convenio dirigida al propio juez del 
concurso (artículo 140 de la Ley Concursal).
4.  En  relación  a  las  deudas  posteriores  a  la  declaración  del  concurso,  su 
tratamiento legal debe ser diferente, aunque la solución final pudiera ser la misma. La 
generación de nuevas relaciones económicas y por tanto de débito o crédito entre el 
concursado y sus acreedores, estén o no incluidos previamente en la masa pasiva por 
otras deudas, se someten a las consecuencias normales del tráfico, y se excluyen del 
convenio con los mismos –sin perjuicio de las especiales limitaciones que éste pudiera 
prever–, por lo que su ejecución independiente parece posible, mientras no se produzca 
la apertura de la fase de liquidación, y sin perjuicio de su calificación como créditos 
contra la masa dentro del devenir propio del concurso de acreedores, como señala el 
propio artículo 84 de la Ley Concursal. Es decir, aprobado el convenio, resulta de 
aplicación  plena  y  sin  las  ataduras  del  concurso  de  acreedores  la  responsabilidad 
patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, aunque sin que ello pueda 
suponer –en principio– perjuicio alguno para los acuerdos alcanzados en sede concursal, 
cuyo reflejo registral no se elimina de los bienes inscritos a nombre del concursado.
Esta ha sido la doctrina adoptada por el Tribunal Supremo, que recoge la efectiva 
transformación  que  supone  el  paso  de  la  fase  de  declaración  de  concurso  a  la 
aprobación del convenio y una clara distinción entre créditos concursales (recogidos en 
el convenio o adheridos a él) y los créditos contra la masa surgidos como consecuencia 
de la continuación de la actividad del concursado. En la Sentencia de 2 de junio de 2014 
se recoge esta esencial mutación: «5. Es cierto que una vez declarado el concurso, 
conforme a lo previsto en el art. 55.1 LC, «no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 
judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el  e.
patrimonio del deudor», salvo las excepciones previstas en el propio art. 55 y en el  w.b
artículo siguiente. Este efecto no impide que el crédito contra la masa, si bien no podrá  05ww
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LGSS. Y este recargo, lógicamente, tendrá la misma consideración de crédito contra la
masa que el crédito cuyo impago ha motivado su devengo, por aplicación de la regla de 
sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal 
(«accessorium  sequitur  naturam  sui  principales»),  como  explicamos  en  la 
Sentencia 705/2012, de 26 de noviembre (…)». En este mismo sentido se pronuncia la 
Sentencia  de  la  Sala  Primera  de  12  de  diciembre  de  2014,  al  considerar  en  sus 
fundamentos de Derecho octavo y noveno: «Esta norma responde a la lógica de que si el 
concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, haya una única ejecución 
universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el 
pago de los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas 
para acreedores tanto concursales como contra la masa. Las únicas excepciones serán 
las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes de la 
declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el 
art. 55 LC, y las ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que 
se hubieran iniciado antes del concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto 
afectadas por la suspensión o la paralización). Lo que resulta claro es que una vez 
abierta la fase de liquidación no cabe abrir apremios administrativos o ejecuciones 
separadas. (…) En realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de 
créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se 
levantan los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC). Así como el impago 
de los créditos concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la 
liquidación (art. 140 LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su 
reclamación de pago y, si fuera necesario, la preceptiva ejecución. Sin perjuicio de que 
también pudiera justificar una acción de incumplimiento del convenio y de apertura de la 
liquidación».
Esta misma doctrina ha sido reiterada en la Sentencia de 18 de febrero de 2015, y 
por último, de manera más sintética, ha considerado la Sentencia de 26 de marzo 
de 2015 que: «Una cuestión que nadie discute es que con la aprobación del convenio 
cesan todos los efectos de la declaración de concurso (art. 133.2 LC) y otra, muy 
distinta, es que el concurso no puede entenderse concluido hasta que no alcance 
firmeza el auto que declare cumplido el mismo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 
141 y 176.1.2.º LC. Por tanto, respecto de cualquier acreedor afectado por el convenio, y 
el recurrente lo está, según se ha visto en el motivo anterior, solo el juez del concurso es 
competente para entender que ha sido incumplido (art. 140 LC)».
En este sentido, es importante la Sentencia de 6 de abril de 2017 que señala: «En 
realidad, el único escenario en que podría admitirse una ejecución de créditos contra la 
masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se levantan los efectos 
de la declaración de concurso (art. 133.2 LC). Así como el impago de los créditos 
concursales provocaría la rescisión del convenio y la apertura de la liquidación (art. 140 
LC), el impago de los créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si 
fuera necesario, a la preceptiva ejecución. Propiamente, este impago no podría justificar 
la acción de incumplimiento del convenio y de apertura de la liquidación del art. 140 LC, 
sino la acción de petición de apertura de la fase de liquidación al amparo del art. 142.2.II 
LC, cuando constituya uno hecho revelador de la insolvencia del art. 2.4 LC. Con esta 
última  afirmación  matizamos  este  aspecto  del  razonamiento  obiter  dictum  de  la 
sentencia 711/2014, de 12 de diciembre».
5.  En consecuencia, con lo anterior, es importante diferenciar, cuando se trata de 
ejecución de créditos contra el concursado, si los mismos son créditos concursales y en 
este  caso  su  clasificación,  o  contra  la  masa.  En  el  supuesto  de  este  expediente,  e.
mediante sentencia 113/17 de 15 de mayo de 2017, se aprobó el convenio concursal,  w.b
dicha aprobación se hizo constar en el registro de la propiedad el día 5 de octubre  05ww
de 2C0o1n7 .fecha posterior, el 25 de marzo de 2019 se tomó anotación preventiva letra A,
opradrean gaadraa netniz aprr oucne dcrimédieitnot oa  dfaev oErj edceu claió nC odme uTníitdualods  dJeu dPicroiaplieesta crioons  ndúem lae rCo a3ll7e8 (/…2.0) 1d8e, 
Gijón.
La valoración de si el crédito perseguido estaba integrado dentro de los créditos 
concursales, a los efectos de examinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el convenio aprobado, o contra la masa, debió efectuarse por el registrador al calificar el 
mandamiento que ordenaba la anotación. Dado que la anotación se practicó, debe 
suponerse que dichos extremos se comprobaron y se entendió que no había obstáculo 
para su extensión, cuya procedencia, por otro lado, no se ha discutido, quedando el 
asiento practicado bajo la salvaguarda de los tribunales conforme al artículo 3 de la Ley 
Hipotecaria, por lo que no hay motivo para no expedir la certificación de cargas indicativa 
de la continuidad del procedimiento.
Distinto sería el supuesto de una anotación preventiva extendida con anterioridad al 
concurso, pues en este caso la solicitud de certificación significaría la reanudación de un 
procedimiento suspendido por su declaración, en cuyo caso sería procedente exigir la 
acreditación de la clase de crédito objeto de ejecución, o al supuesto de expedición de 
una certificación de titularidad y cargas que indique el inicio de un proceso de ejecución 
hipotecaria,  cuando  la  deudora  e  hipotecante  se  encuentre  en  situación  legal  de 
concurso, habiéndose aprobado el convenio en virtud de sentencia, en cuyo caso resulta 
fundamental que quede claramente establecida la condición del bien en cuestión, en este 
caso la finca hipotecada, como necesario para la continuidad de la actividad profesional 
o empresarial y la calificación del registrador debe extenderse a la exigencia de dicha 
circunstancia.
Pero en este supuesto, la anotación, como se ha dicho, es posterior a la aprobación 
del convenio y la situación registral no ha sufrido modificación alguna en referencia con 
el estado del concurso, en particular respecto a la posible apertura de la fase de 
liquidación, ni consta que este extremo se ha comprobado por la registradora, por lo que 
nada impide la continuidad del procedimiento ni se cuestiona la competencia objetiva 
para su tramitación.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de 
calificación  de  la  registradora  en  los  términos  que  resultan  de  las  anteriores 
consideraciones.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  3  de  junio  de  2020.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.