BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44 Lunes 21 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 21010
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
2708 Decreto-ley  1/2022,  de  11  de  enero,  por  el  que  se  establecen  medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de 
la COVID-19 en el ámbito de las juntas de propietarios en las comunidades 
sujetas al régimen de propiedad horizontal.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El artículo 67.6.a) del Estatuto de autonomía de Cataluña prevé que los decretos ley 
son promulgados, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con ello, promulgo el siguiente decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y para poder 
paliar  sus  efectos  negativos,  el  Gobierno  de  la  Generalitat  ha  aprobado  diferentes 
medidas  en  varios  ámbitos,  entre  las  cuales  figuran  las  relativas  a  las  juntas  de 
propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal.
Las restricciones impuestas, especialmente con respecto a la movilidad, al aforo y a 
la  distancia  física  mínima  interpersonal,  podían  repercutir  negativamente  en  el 
funcionamiento normalizado de las juntas de propietarios, con respecto al cumplimiento 
de sus obligaciones legales y estatutarias. Por este motivo, el Gobierno aprueba el 
Decreto-ley 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 10/2020, de 27 
de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al 
impacto sanitario, económico y social de la COVID-19. Este decreto-ley suspende la 
obligación de convocar y celebrar las juntas de propietarios en las comunidades sujetas 
al régimen de propiedad horizontal hasta el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de la 
posibilidad de cada comunidad de convocar y celebrar la junta de propietarios dentro de 
este plazo de acuerdo con sus circunstancias y las medidas de seguridad que en cada 
momento sean aplicables, a iniciativa de la presidencia o si lo pide al menos un veinte 
por ciento de las personas propietarias con derecho a voto, que representen el mismo 
porcentaje de cuotas. La celebración de la junta también se puede llevar a cabo a través 
de los medios que establece el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña. El último 
presupuesto anual aprobado se entiende prorrogado hasta la celebración de la junta 
ordinaria, en la cual también se tiene que proceder a la aprobación de las cuentas 
anteriores  y  a  la  renovación  de  los  cargos,  de  acuerdo  con  lo  que  establece  el 
artículo 553-15 del Código civil de Cataluña. Mientras no se convoque y se celebre la 
junta ordinaria, se pueden tomar acuerdos sin reunión a instancia de la persona que la 
preside, de acuerdo con el artículo 312-7 del Código civil de Cataluña. El Decreto-
ley 53/2020, de 22 de diciembre, también establece, de manera excepcional y hasta 
el 31 de diciembre de 2021, medidas aplicables a las personas jurídicas de derecho 
privado sujetas a las disposiciones de derecho civil catalán.
A punto de extinguirse automáticamente la eficacia del Decreto-ley 53/2020, de 22 de  s
diciembre, por superarse la fecha de sus efectos, prevista para el 31 de diciembre  oe.
de 2021, y ante una situación en la cual la evolución epidemiológica había permitido  w.
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El Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, de modificación del libro quinto del
Código civil de Cataluña, con el fin de incorporar la regulación de las instalaciones para  Bc
la mejora de la eficiencia energética o hídrica y de los sistemas de energías renovables 
en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, y de modificación del 
Decreto-ley  10/2020,  de  27  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  nuevas  medidas 
extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  sanitario,  económico  y  social  de  la 
COVID-19 en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las 
disposiciones del derecho civil catalán, modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020, 
de 27 de marzo, con la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2022 de la posibilidad 
que los órganos de las personas jurídicas de derecho privado puedan adoptar acuerdos 
por medio de videoconferencia u otros medios de comunicación, así como adoptar 
acuerdos sin reunión, aunque sus estatutos no lo establezcan.
El aumento de contagios de la COVID-19 en los últimos días, con una incidencia que 
se considera de alto riesgo, así como el restablecimiento de nuevas restricciones por 
parte de las autoridades sanitarias, hace aconsejable extender también las medidas 
respecto  a  las  juntas  de  propietarios.  De  esta  manera,  este  decreto-ley  adopta 
nuevamente las medidas contenidas en el Decreto-ley 53/2020, de 22 de diciembre, y fija 
hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de vigencia de aplicación de estas medidas, que se 
refieren a la suspensión de la obligatoriedad de convocar y celebrar las juntas de 
propietarios, a la prórroga automática del presupuesto anual hasta la celebración de la 
próxima junta ordinaria, en la cual también se tiene que proceder a la aprobación de las 
cuentas anteriores y a la renovación de los cargos, a la posibilidad de celebrar juntas de 
manera  presencial  si  se  reúnen  unos  determinados  requisitos,  a  la  posibilidad  de 
celebrar juntas por videoconferencia u otros medios telemáticos, de acuerdo con el 
artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña y a la posibilidad, mientras no se convoque 
y celebre la junta ordinaria, de tomar acuerdos sin reunión en aquellos supuestos en los 
que no se pueda llevar a cabo la celebración de la junta a través de los medios 
establecidos. Por seguridad jurídica, el decreto-ley manifiesta expresamente que se 
pueden celebrar juntas por videoconferencia o por otros medios telemáticos, aunque no 
esté previsto en los estatutos ni haya estado acordado previamente por la junta de 
propietarios.
Las medidas contenidas en este decreto-ley son necesarias en el contexto y la 
situación  actual  de  la  crisis  sanitaria  provocada  por  la  COVID-19.  Son  medidas 
extraordinarias  y  de  carácter  temporal,  que  se  corresponden  con  el  objetivo  de 
protección de la salud de la ciudadanía, de garantizar el control de los brotes epidémicos 
y de contener la propagación de la enfermedad. A la vez, establecen un marco regulador 
que otorga seguridad jurídica y facilita el funcionamiento de las juntas de propietarios en 
las  comunidades  sujetas  al  régimen  de  propiedad  horizontal.  Los  instrumentos 
legislativos de urgencia o tramitación rápida existentes, como las tramitaciones urgentes 
o  la  tramitación  por  lectura  única,  no  permiten  que  se  aprueben  las  medidas 
mencionadas con la inmediatez necesaria. El único instrumento normativo que permite la 
aprobación con la celeridad requerida es el decreto-ley.
Por lo tanto, en uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
A propuesta de la consejera de Justicia y previa deliberación del Gobierno, decreto:
Artículo único.
Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, para facilitar el 
funcionamiento de las juntas de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de  e.
propiedad horizontal, se adoptan las medidas siguientes: w.
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y las medidas de seguridad que en cada momento sean aplicables, a iniciativa de la
presidencia o si lo pide al menos un veinticinco por ciento de las personas propietarias 
con derecho a voto, que representen el mismo porcentaje de cuotas.
2. La celebración de la junta, hasta el 30 de junio de 2022, se puede llevar a cabo 
por videoconferencia o por otros medios telemáticos de comunicación de acuerdo con lo 
que establece el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña, aunque no esté previsto 
en los estatutos ni haya sido acordado previamente por la junta de propietarios.
3. El  último  presupuesto  anual  aprobado  se  entiende  prorrogado  hasta  la 
celebración  de  la  junta  ordinaria,  en  la  que  también  se  tiene  que  proceder  a  la 
aprobación de las cuentas anteriores y a la renovación de los cargos, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 553-15 del Código civil de Cataluña.
4. Excepcionalmente, hasta el 30 de junio de 2022, para aquellos supuestos en los 
que no se puede llevar a cabo la celebración de la junta a través de los medios 
establecidos, se pueden tomar acuerdos sin reunión a instancia de la persona que la 
preside, si se cumplen los requisitos que establece el artículo 312-7 del Código civil de 
Cataluña.
Disposición final. Entrada en vigor.
Este decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya» y sus efectos se extienden desde el 1 de enero de 2022.
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales se aplique este decreto-
ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a quienes 
corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 11 de enero de 2022.–El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere 
Aragonès i Garcia.–La Consejera de Justicia, Lourdes Ciuró i Buldó.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8583, de 13 de enero de 2022. 
Convalidado por Resolución 220/XIV, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8596 de 1 de febrero de 2022)