BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60079
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8349 Sala Primera. Sentencia 83/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 
4575-2019. Promovido por don Víctor González Méndez en relación con las 
resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  del 
Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración del 
derecho  a  la  presunción  de  inocencia:  STC  125/2019  (denegación  de 
indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la 
STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2021:83
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4575-2019, interpuesto por don Víctor González 
Méndez, representado por la procuradora de los tribunales doña María de los Ángeles 
Almansa Sanz y asistido por el abogado don Juan Manuel Pérez García, contra la 
providencia de 6 de junio de 2019, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de 16 de octubre de 2018 de la Sección Tercera de la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  desestimatoria  del 
recurso  contencioso-administrativo  núm.  310-2016,  que  confirma  la  resolución  del 
secretario de Estado de Justicia de 27 de septiembre de 2016 por la que se deniega la 
indemnización solicitada en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por 
prisión provisional seguida de absolución –expediente administrativo núm. 485-2015–. 
Han  intervenido  el  abogado  del  Estado  y  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el 
magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 19 de julio 
de 2019 la procuradora de los tribunales doña María de los Ángeles Almansa Sanz, en 
nombre  y  representación  de  don  Víctor  González  Méndez  y  bajo  la  dirección  del 
abogado  don  Juan  Manuel  Pérez  García,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las 
resoluciones mencionadas en el encabezamiento. s
2.  Los hechos relevantes para resolver este recurso de amparo son los siguientes: w.
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procedentes del tráfico ilegal de drogas. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife, mediante sentencia de 18 de febrero de 2015 –rollo 11-2010– 
absolvió al recurrente de los delitos de los que había sido acusado.
b)  El  demandante  de  amparo  presentó  ante  el  Ministerio  de  Justicia 
reclamación indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del Estado por la vía del 
art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ). La reclamación, 
por importe de 481 434,90 €, se fundó en que había estado privado de libertad entre 
el 27 diciembre de 2006 y el 28 de septiembre de 2010 (cuarenta y cinco meses y 
nueve días). El secretario de Estado de justicia, por delegación del ministro del 
ramo, denegó la reclamación, mediante resolución de 27 de septiembre de 2016 –
expediente administrativo núm. 485-2015–.
c)  El demandante interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución 
anterior, que fue desestimado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional mediante sentencia de 16 de octubre de 2018. 
Según  razona  la  sentencia,  debe  rechazarse  que  el  recurrente  tenga  derecho  a 
indemnización porque no concurre el presupuesto para que se declare la responsabilidad 
patrimonial del Estado ya que el artículo 294 LOPJ lo limita a los casos de existencia de 
sentencia  absolutoria  o  auto  de  sobreseimiento  libre  por  «inexistencia  del  hecho 
imputado», «lo que no sucede en el supuesto examinado, ya que se ha cometido un 
delito, si bien no consta que haya participado el interesado. Se trata de un supuesto de 
inexistencia subjetiva que como hemos señalado en el fundamento de derecho anterior 
está excluido del ámbito de aplicación del artículo 294 LOPJ».
d)  Contra la anterior sentencia, el demandante preparó recurso de casación que fue 
inadmitido  por  providencia  de  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2019.
3.  El demandante de amparo denuncia que la Audiencia Nacional, al confirmar la 
resolución administrativa denegatoria, ha vulnerado su derecho a la libertad personal 
(art. 17.1 CE) y del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Con cita de la 
STEDH de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España, considera que las autoridades 
internas han sembrado dudas sobre la inocencia del recurrente.
4.  Por providencia de 25 de enero de 2021, la Sección Segunda de este tribunal 
acordó  admitir  el  presente  recurso  a  trámite  apreciando  que  concurría  especial 
transcendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), 
porque  la  posible  vulneración  denunciada  pudiera  traer  causa  de  la  ley  o  de  otra 
disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)], y dirigir atenta comunicación a 
los órganos judiciales para que remitieran certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes y emplazaran para que pudieran personarse en el recurso 
de  amparo  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  excepto  a  la  parte 
recurrente.
5.  La secretaria de justicia de la Sección Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 20 de febrero de 2021, acordó tener por personado al abogado del Estado 
y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo 
común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de 
conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6.  El abogado del Estado, mediante escrito registrado el 5 de abril de 2021, solicitó, 
en primer lugar, la inadmisión del amparo por extemporáneo, al considerar que se 
encuentra ante un recurso de amparo del art. 43 LOTC y, por tanto, el plazo para su  e.
interposición es de veinte días hábiles, dado que lo que se impugna es la resolución  w.
administrativa que deniega la indemnización solicitada por prisión provisional indebida.  49ww
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caso se hubieran podido llegar a producir». Destaca el abogado del Estado que, aunque 
resulta de aplicación la STC 85/2019, de 19 de junio, y, por ello, ha de declararse la 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia al haberse aplicado un inciso del 
art. 294.1 LOPJ declarado inconstitucional por su contradicción con el art. 24.2 CE, el 
fallo de la citada resolución «deja incólume la expresión ‘siempre que se hayan arrogado 
perjuicios’»,  lo  que  implica  que  el  resarcimiento  no  es  automático  y  que  no  le 
corresponde  al  Tribunal  Constitucional  pronunciarse  sobre  la  procedencia  del 
resarcimiento determinando la realidad de los daños sino a la administración una vez 
depurado el art. 294.1 LOPJ de sus incisos inconstitucionales.
7.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 7 de abril de 2021, 
interesó el otorgamiento del amparo «una vez que el origen de las lesiones al derecho a 
la presunción de inocencia se hallaría en la norma legal». Entiende que, dado que en 
buena  parte  los  planteamientos  sustantivos  introducidos  en  el  debate  son 
sustancialmente coincidentes con los abordados en la STC 125/2019, de 31 de octubre, 
se debe «reconocer el derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de 
indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo a las exigencias 
constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 
y 125/2019». En la primera de ellas, los incisos «por inexistencia objetiva del hecho 
imputado»  y  «por  esta  misma  causa»  del  art.  294.1  LOPJ  son  declarados 
inconstitucionales y nulos por vulneración de los citados artículos.
8.  Mediante providencia de 15 de abril de 2021 se señala para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a lo resuelto en las SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, de 31 
de octubre.
El recurso de amparo tiene por objeto la resolución de 27 de septiembre de 2016, 
dictada por el secretario de Estado de Justicia, en el expediente administrativo núm. 
485-2015,  por  la  que  se  deniega  la  indemnización  solicitada  en  concepto  de 
responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional seguida de absolución. 
También la sentencia de 16 de octubre de 2018 de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  desestimatoria  del  recurso 
contencioso-administrativo núm. 310-2016 interpuesto frente a la resolución citada, y la 
providencia de 6 de junio de 2019, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación 
formulado contra la sentencia anterior son objeto de impugnación.
Hay  que  descartar,  en  primer  lugar,  que  la  demanda  haya  incurrido  en 
extemporaneidad  como  alega  el  abogado  del  Estado.  En  tal  sentido,  «[h]asta  la 
STC  125/2019,  de  31  de  octubre,  resolviendo  las  dudas  existentes,  no  se  dejó 
establecida  una  doctrina  constitucional  según  la  cual  en  casos  similares  al  aquí 
enjuiciado  la  vulneración  denunciada  trae  causa  exclusiva  de  la  resolución 
administrativa. Dado que esta doctrina no podía ser conocida por el recurrente en el 
momento de interponer su recurso de amparo, las dudas a la sazón subsistentes no 
podían  ser  resueltas  en  contra  de  la  admisibilidad  de  recurso.  Por  tanto,  debe 
considerarse como plazo aplicable a la interposición del presente procedimiento de  es
amparo el más amplio de treinta días que fija el artículo 44.2 LOTC, en lugar del fijado en  o
el  artículo  43.2»  (FJ  único  de  las  SSTC  170/2019,  de  16  de  diciembre;  44/2020  49ww
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introducidos  por  las  partes  en  el  debate  son  sustancialmente  coincidentes  con  los
abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 125/2019, de 31 de octubre 
(recurso  de  amparo  núm.  4035-2012),  a  cuyos  fundamentos  jurídicos  debemos 
remitirnos. En concreto, en su fundamento jurídico 4 se determinaron los efectos sobre el 
recurso  de  amparo  de  la  declaración  de  inconstitucionalidad  de  los  incisos  «por 
inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ por la 
STC 85/2019, de 19 de julio, para concluir que procede otorgar el amparo en tanto «las 
resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha normativa –a la que atendieron 
los  órganos  administrativos  y  judiciales  por  estar  entonces  vigente–  materializan  la 
misma vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la presunción de inocencia 
(arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art.  14  CE  y  del  art.  24.2  CE  señaladas  en  las  SSTC  85/2019,  de  19  de  junio, 
y 125/2019, de 31 de octubre. Por ello, la retroacción debe remontarse al momento 
anterior  a  dictarse  la  resolución  de  la  secretaria  de  Estado  de  justicia,  de  27  de 
septiembre  de  2016,  que  denegó  la  indemnización  y  que  origina  la  lesión  de  los 
derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la 
administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los 
arts.  14  y  24.2  CE  en  los  términos  indicados  en  las  STC  85/2019,  FJ  13,  y  la 
STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  Víctor  González  Méndez  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 6 de junio de 2019, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo dictada en el recurso de casación núm. 1399-2019; 
la  sentencia  de  16  de  octubre  de  2018  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada en el recurso contencioso-
administrativo núm. 310-2016, y la resolución del secretario de Estado de justicia de 27 
de septiembre de 2016, recaída en expediente 485-2015.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  a  pronunciarse  la  última 
resolución citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
prisión provisional de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y 
a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Juan José González  es
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  bo
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y  49ww
rubricado.