BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Miércoles 15 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 153795
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
20690 Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 
de Administración Pública, por el que se formaliza el criterio de distribución 
correspondiente  a  la  inversión  3  del  componente  11  destinada  a  la 
transformación digital y modernización de las comunidades autónomas y de 
las ciudades de Ceuta y Melilla del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  para  los  ejercicios  2021,  2022  y  2023,  así  como  el  reparto 
resultante  del  crédito  asignado  en  el  año  2021  por  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia.
La  Conferencia  Sectorial  de  Administración  Pública,  en  su  reunión  el  día  1  de 
diciembre de 2021, ha aprobado el acuerdo por el que se distribuye el crédito destinado 
la inversión 3 del componente 11 destinada a la transformación digital y modernización 
de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla dentro de las 
inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Función Pública dispone la 
publicación del citado acuerdo como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 13 de diciembre de 2021.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia 
Sánchez Milán.
ANEXO
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública 
por el que se formaliza el criterio de distribución correspondiente a la inversión 3 
del componente 11 destinada a la transformación digital y modernización 
de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los ejercicios 2021, 2022 
y 2023, así como el reparto resultante del crédito asignado en el año 2021 
por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública para la transformación digital y modernización 
de las comunidades autónomas
1.  El 30 de abril de 2021 España presentó su Plan de Recuperación, Transformación 
y  Resiliencia  (en  adelante,  PRTR)  a  la  Comisión  Europea,  de  conformidad  con  el 
artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia. El PRTR permitirá que España pueda acceder hasta 140.000 
millones de euros en créditos y transferencias en el periodo 2021-2026, que junto con la 
Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y el 
resto de instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual, impulsarán reformas e 
inversiones en los ámbitos prioritarios a nivel europeo.
La Comisión Europea adoptó el pasado 16 de junio una propuesta de Decisión de  e
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR. La Comisión  bo
Europea ha considerado, de conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra a), y el  690ww
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cuenta  los  retos  específicos  y  la  asignación  financiera  del  Estado  miembro
correspondiente. Asimismo, se espera que el PRTR contribuya a abordar eficazmente la 
totalidad o un subconjunto significativo de los retos (Calificación A) señalados en las 
recomendaciones específicas por país pertinentes, incluidos sus aspectos fiscales y las 
recomendaciones realizadas de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 
1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo 
a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos dirigidas a España, 
o los retos señalados en otros documentos pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión Europea en el contexto del Semestre Europeo.
En cuanto el Consejo de la Unión Europea haya adoptado una decisión de ejecución, 
la Comisión Europea celebrará un acuerdo con España que constituirá un compromiso 
jurídico individual en el sentido del Reglamento Financiero.
El compromiso jurídico no superará, para cada uno de los Estados miembros, la 
contribución  financiera  a  que  se  refiere  el  artículo  11,  apartado  1,  letra  a),  del 
Reglamento (UE) 2021/241, para 2021 y 2022, ni la contribución financiera actualizada a 
que se refiere el artículo 11, apartado 2, del citado instrumento, para 2023.
Para el cálculo de la contribución financiera máxima para cada Estado miembro, el 
citado artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/241, dispone lo siguiente:
«a)  Para el 70 % del importe contemplado en el artículo 6, apartado 1, letra a), del 
citado Reglamento, convertido en precios corrientes, en función de la población, la 
inversa del PIB per cápita y la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro, 
según figura en la metodología indicada en el anexo II;
b)  Para el 30 % del importe contemplado en el artículo 6, apartado 1, letra a), del 
citado Reglamento, convertido en precios corrientes, en función de la población, la 
inversa del PIB per cápita y, en igual proporción, el cambio del PIB real en 2020 y el 
cambio  acumulado  del  PIB  real  durante  el  período  2020-2021,  según  figura  en  la 
metodología indicada en el anexo III. El cambio del PIB real en 2020 y el cambio 
acumulado del PIB real durante el período 2020-2021 se basarán en las previsiones de 
otoño de 2020 de la Comisión.
2.  El cálculo de la contribución financiera máxima con arreglo al apartado 1, letra b), 
se actualizará para cada Estado miembro a más tardar el 30 de junio de 2022 mediante 
la sustitución de los datos de las previsiones de otoño de 2020 de la Comisión por los 
resultados reales en relación con el cambio del PIB real de 2020 y el cambio acumulado 
en el PIB real del período 2020-2021.»
2.  El  PRTR  se  estructura  en  cuatro  ejes  dedicados  a  la  transición  ecológica, 
transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, que a su vez 
orientan diez políticas palanca y treinta componentes.
La cuarta política palanca es una Administración para el siglo XXI, que plantea una 
modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y 
la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través 
de  un  conjunto  de  reformas  e  inversiones,  cifra  como  objetivos  estratégicos  la 
digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y 
el refuerzo de las capacidades administrativas.
La inversión 3 del citado componente 11 (C11 I3) se refiere a la «Transformación 
digital y modernización del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de 
Política Territorial y de las Administraciones de las comunidades autónomas y de las 
entidades locales» s
La inversión se orientará a seis líneas estratégicas, cuyos objetivos y actuaciones  oe.
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actuaciones financiables del programa de inversión. La manifestación de interés tenía 
como  objetivo  definir  actuaciones  financiables  a  desarrollar  por  las  distintas 
administraciones con cargo a los fondos en cada una de las líneas estratégicas de la 
Inversión 3 del componente 11 del PRTR. A tal efecto, se identificaban las actuaciones 
financiables predeterminadas por los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se abría la posibilidad de que se 
propusieran dos nuevas actuaciones financiables adicionales por línea estratégica.
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación se recibieron propuestas por 
parte  de  las  comunidades  autónomas  de  Andalucía,  Aragón,  Canarias,  Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral 
de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, País 
Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia, así como por la ciudad de Melilla. Por 
otra parte, se recibieron contribuciones de entidades locales, si bien la remisión de las 
actuaciones financiables se ha efectuado a través de la FEMP.
La definición de líneas estratégicas, objetivos y actuaciones financiables finalmente 
establecidas a la vista del resultado de la MDI se describe en el apartado Sexto letra b) 
del presente acuerdo.
Por último indicar que en el ámbito de la digitalización, como ya se ha mencionado, el 
PRTR incluye dentro del Componente 11 a los proyectos tractores de digitalización en 
áreas claves de la Administración como la Sanidad, para establecer mecanismos e 
infraestructuras  necesarias  que  permitan  afrontar  en  mejores  condiciones  una 
emergencia sanitaria.
Desde el inicio del ejercicio 2021, el Ministerio de Sanidad ha venido trabajando 
intensamente con las CCAA en la definición de los proyectos del área, analizando la 
situación, prioridades, y necesidades de cada una de ellas, así como los criterios y líneas 
de actuación que deberían regir la selección de proyectos autonómicos y el reparto de la 
financiación  para  conseguir  proyectos  nacionales.  En  el  nivel  de  actuaciones  de 
colaboración de las comunidades autónomas coordinadas por el Ministerio de Sanidad, a 
partir de la información proporcionada por las propias Comunidades han seleccionado 
como proyectos prioritarios los correspondientes a «Centros sanitarios (centros de salud 
y hospitales) digitales» y a «Atención Personalizada».
Mediante la incorporación de estas tecnologías, se busca asegurar niveles de atención, 
calidad y seguridad adecuados a las personas en estas circunstancias, evaluando, además, 
la extensión de determinados servicios a colectivos más amplios para mejorar la capacidad 
de prevención y anticipación. Estos proyectos generarán además datos de gran valor para 
el posterior análisis tanto desde la perspectiva clínica como de investigación. Ambas áreas 
de actuación ofrecen grandes posibilidades de reforzar las iniciativas de las Estrategias 
Nacionales de Atención Primaria, de Salud Mental, generando sinergias en la utilización de 
los recursos públicos para beneficiar a los ciudadanos.
3.  El apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria establece que cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 
millones  de  euros,  deberá  recabarse,  con  carácter  previo  a  la  convocatoria  de  la 
Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no 
conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada 
caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a 
someter a la Conferencia Sectorial.
La aprobación del gasto deberá realizarse por el órgano competente con carácter 
previo a la celebración de la Conferencia Sectorial. Por ello, con fechas 30 de noviembre  e.
de 2021 y 1 de diciembre de 2021, fue recabada la autorización de Consejo de Ministros  w.b
y aprobado el gasto por la Ministra de Hacienda y Función Pública, respectivamente. 690ww
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a las Comunidades Autónomas «será sustituido por una comunicación preceptiva y
previa al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, que incorpore la información relativa a la actuación a realizar.» Con base en lo 
anterior, con fecha de 18 de noviembre de 2021 se realizó la comunicación al Ministerio 
de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de los 
criterios de distribución de créditos y la distribución de créditos a realizar con motivo de 
la Conferencia Sectorial que se convocaría a esos efectos.
4.  Por cuanto antecede, con base en los artículos 149.1.3.ª, 13.ª y 18.ª de la 
Constitución Española, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 148.1.f) y 141.2.a) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el 
apartado 2 del artículo 6 del Reglamento de la Conferencia Sectorial de Administración 
Pública, el Pleno de la Conferencia Sectorial, acuerda:
Primero.
Aprobar  el  criterio  de  distribución  del  crédito  de  578.600.000,00  euros, 
correspondiente a la inversión 3 del componente 11 destinada a la transformación digital 
y modernización de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los ejercicios 2021, 2022 
y 2023.
De la cuantía total se destinarán 348,6 millones de euros para actuaciones de 
transformación  digital  encuadradas  en  las  líneas  estratégicas  recogidas  en  la 
manifestación de interés para 2021, 2022 y 2023 y, como máximo, 230 millones de euros 
para los proyectos prioritarios acordados en el marco de la Salud Digital para 2022 
y 2023, siendo trasvasables dichas cuantías en el caso de que los proyectos financiables 
no alcancen la cuantía máxima indicada.
De  conformidad  con  el  párrafo  primero  del  apartado  2.a)  del  artículo  86  de  la 
Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en ejecución de los créditos 
que hayan de distribuirse territorialmente a favor de las comunidades autónomas, para 
su  gestión  y  administración,  se  tendrán  en  cuenta,  entre  otras  reglas,  los  criterios 
objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios 
y su distribución, que se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo 
del ejercicio económico.
Para llevar a cabo la distribución del crédito por comunidades autónomas se ha 
tenido en cuenta únicamente el criterio poblacional para la determinación de los importes 
correspondientes a cada comunidad autónoma y a las ciudades de Ceuta y Melilla:
Criterio único.  Población.
Este  indicador  mide  la  cifra  oficial  de  población  (de  todas  las  edades  y 
características)  de  acuerdo  al  Padrón  municipal  que  los  Ayuntamientos  remiten  al 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este criterio se reparte el 100% de los 
fondos.
Para obtener la participación de cada comunidad autónoma y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla en ese 100% (lo que se ha denominado «peso ponderado») lo primero 
que se hace es calcular el porcentaje de población que tienen sobre el total nacional en 
el último dato disponible (2020). Finalmente, al multiplicar por el 100% que pesa este 
indicador, se obtiene el «peso ponderado» (El peso ponderado del indicador determina el 
porcentaje de los fondos que corresponderían a cada comunidad autónoma).
N.º de habitantes Peso ponderado
Comunidades autónomas
1 (2)= (1)/Total(1)*100%
Andalucía. 8.464.411 17,83829122
Aragón. 1.329.391 2,80162008
Asturias. 1.018.784 2,14703252
Balears, Illes. 1.171.543 2,46896390
Canarias. 2.175.952 4,58570188
Cantabria. 582.905 1,22844096
Castilla y León. 2.394.918 5,04716096
Castilla-La Mancha. 2.045.221 4,31019333
Cataluña. 7.780.479 16,39694129
C. Valenciana. 5.057.353 10,65809962
Extremadura. 1.063.987 2,24229541
Galicia. 2.701.819 5,69393832
Madrid. 6.779.888 14,28824954
Murcia. 1.511.251 3,18488025
Navarra. 661.197 1,39343714
País Vasco. 2.220.504 4,67959283
La Rioja. 319.914 0,67420156
Ceuta. 84.202 0,17745119
Melilla. 87.076 0,18350799
  TOTAL. 47.450.795 100%
Indicador: Población.
Definición: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero.
Fuente: Cifras de Población (INE).
Último dato disponible: 2020.
Hitos y objetivos a cumplir en el Anexo de la Decisión de la Comisión por la que se 
aprueban los acuerdos operativos entre la Comisión y España en virtud del Reglamento 
(UE) 2021/241 de 29 de octubre de 2021, C(2021) 7903 final:
Dentro del componente 11 los hitos y objetivos CID vinculados que afectan a este 
acuerdo:
– Hito H 167: Digitalización de entidades regionales y locales.
• Descripción: Las comunidades autónomas y los gobiernos locales han completado  s
proyectos dentro de las líneas estratégicas de la Estrategia Digital 2025, el Pian de  o
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cinco  líneas  estratégicas  (1. Administración  orientada  al  ciudadano,  2. Operaciones
inteligentes,  3. Un  gobierno  de  los  datos,  4. Infraestructuras  digitales,  y/o  5. 
Ciberseguridad);
b)  El 60 % de los trámites digitales de las administraciones autonómicas permiten 
su uso por móvil (Actual: 48 %).
Mecanismo de verificación: Documento resumen que justifique debidamente cómo el 
hito  (incluyendo  los  elementos  relevantes  del  hito,  tal  y  como  se  enumeran  en  la 
descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID) se ha cumplido 
satisfactoriamente.  Este  documento  incluirá  como  anexo  las  siguientes  pruebas 
documentales: para punto (a) del hito: 1) copia de los certificados oficiales certificados 
que acrediten que los proyectos e han completado. Los certificados deberán indicar 
claramente los nombres de los proyectos finalizados por cada Comunidad Autónoma; 
y  2)  extracto  de  las  correspondientes  especificaciones  técnicas  de  estos  proyectos 
describiendo la línea estratégica a la que los proyectos se refieren; para el punto b) del 
hito:  una  copia  del  Informe  IRIA  sobre  Tecnologías  de  la  Información  de  las 
Administraciones  Públicas  por  el  Observatorio  de  la  Administración  Electrónica.  (El 
informe  indicará  claramente  el  porcentaje  de  procedimientos  digitales  de  las 
administraciones regionales para su uso en móvil antes y después de la aplicación de la 
acción).
• Calendario: La fecha prevista de cumplimiento del objetivo será el cuarto trimestre 
de 2023.
– Objetivo O 168: Adjudicación de proyectos de apoyo a la transformación digital del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y de los Entes locales (por 1.000 millones de euros).
• Descripción: Publicación en el diario oficial o en la plataforma de contratación 
pública  de  la  adjudicación  de  proyectos  que  abarquen  los  siguientes  ámbitos: 
Transformación digital en términos de proactividad, movilidad, experiencia de usuario; 
Transformación digital en términos de automatización y administración pública centrada 
en los datos; Transformación digital en términos de e infraestructuras físicas, lógicas y 
software; Transformación digital en términos de ciberseguridad.
• Mecanismo de verificación: Documento de síntesis que justifique debidamente la 
forma en que el objetivo (incluyendo los elementos relevantes del objetivo, tal y como 
figuran en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en el anexo del CID) 
se ha cumplido satisfactoriamente. Los documentos de síntesis incluirán en una hoja de 
cálculo anexa lo siguiente pruebas y elementos documentales: código oficial y nombres 
del proyecto y para cada uno de ellos, a) lista de la publicación de las adjudicaciones en 
el DO o en la plataforma de plataforma de contratación pública; b) el importe adjudicado 
(sin IVA); c) información sobre el área de transformación digital a la que se refieren los 
proyectos.  A  partir  de  una  muestra  que  será  seleccionada  por  la  Comisión,  se 
presentarán  los  siguientes  pruebas  documentales  para  cada  una  de  las  unidades 
(proyectos) seleccionadas: a) Copia de la publicación de los adjudicaciones en el DO o 
en la plataforma de contratación pública indicando el importe (sin IVA); b) Documento 
oficial que describa el proyecto y que acredite su adecuación a la descripción del objetivo 
e inversión en la CID.
• Calendario:  La  fecha  prevista  de  cumplimiento  del  objetivo  será  el  segundo 
trimestre de 2025.
– Hito H 169: Finalización de todos los proyectos de apoyo a la transformación digital  b
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las  690ww
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movilidad, experiencia del usuario; Transformación digital en términos de automatización
y administración pública centrada en los datos; Transformación digital en términos de 
infraestructuras  físicas,  lógicas  y  software;  Transformación  digital  en  términos  de 
ciberseguridad.
• Mecanismo de verificación: Documento de síntesis que justifique debidamente la 
forma  en  que  el  hito  (incluyendo  todos  los  elementos  constitutivos  elementos 
constitutivos)  se  ha  cumplido  satisfactoriamente,  con  vínculos  adecuados  a  las 
evidencias subyacentes.
Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo que contenga la siguiente 
información: código oficial y nombre de los proyectos que se están realizando y para 
cada  uno  de  la  referencia  oficial  del  certificado  oficial  expedido  con  arreglo  a  la 
legislación  nacional  o  procedimientos  internos  de  evaluación  y  certificación  de  la 
finalización del proyecto. Sobre la base de una muestra seleccionada por la Comisión, se 
presentarán  las  siguientes  pruebas  documentales  para  cada  una  de  las  unidades 
(proyectos)  seleccionadas:  a)  Copia  del  certificado  oficial  emitido  por  el  organismo 
competente  de  la  administración  pública  de  acuerdo  con  la  legislación  nacional  o 
procedimientos  internos  que  evalúan  y  certifican  la  realización  del  proyecto  y  su 
conformidad con las condiciones del contrato o acuerdo de transferencia.
• Calendario:  La  fecha  prevista  de  cumplimiento  del  objetivo  será  el  segundo 
trimestre de 2026.
Indicadores adicionales incluidos en el Anexo II del Operational Arrangements (OA, 
por sus siglas en inglés):
– O 168.1: Informe de situación con el número de proyectos adjudicados y el gasto 
comprometido  de  los  proyectos  de  apoyo  a  la  transformación  digital  de  las 
Administraciones Públicas Regionales y Locales y del Ministerio de Hacienda y de 
Función Pública y del Ministerio de Política Territorial.
• Descripción: Informe de situación con el número de proyectos adjudicados y el 
gasto comprometido de los proyectos de apoyo a la transformación digital.
• Calendario:  La  fecha  prevista  de  cumplimiento  del  objetivo  será  el  segundo 
trimestre de 2024.
Segundo.
Efectuar la distribución del crédito correspondiente al ejercicio 2021 del servicio 50 
del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  118.227.745,00,  incluido  en  el 
presupuesto de gastos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para 2021, 
resultando la distribución que se indica a continuación.
La cuantía para las anualidades 2022 será de 239.072.255 euros y la de 2023, 
221.300.000 euros, condicionada su distribución a la disponibilidad presupuestaria.
2021.  Distribución del crédito de 118.227.745,00 euros:
2021
CCAA Población Total Porcentaje 118.227.745,00
Andalucía. 8.464.411 17,83829122 21.089.809,46
Aragón. 1.329.391 2,80162008 3.312.292,24 s
Asturias. 1.018.784 2,14703252 2.538.388,13 b
Balears, Illes. 1.171.543 2,46896390 2.919.000,35 690ww
Canarias. 2.175.952 4,58570188 5.421.571,93
Cantabria. 582.905 1,22844096 1.452.358,04
Castilla y León. 2.394.918 5,04716096 5.967.144,59
2021
CCAA Población Total Porcentaje 118.227.745,00
Castilla-La Mancha. 2.045.221 4,31019333 5.095.844,38
Cataluña. 7.780.479 16,39694129 19.385.733,94
C. Valenciana. 5.057.353 10,65809962 12.600.830,84
Extremadura. 1.063.987 2,24229541 2.651.015,30
Galicia. 2.701.819 5,69393832 6.731.814,88
Madrid. 6.779.888 14,28824954 16.892.675,24
Murcia. 1.511.251 3,18488025 3.765.412,10
Navarra. 661.197 1,39343714 1.647.429,31
País Vasco. 2.220.504 4,67959283 5.532.577,08
La Rioja. 319.914 0,67420156 797.093,30
Ceuta. 84.202 0,17745119 209.796,54
Melilla. 87.076 0,18350799 216.957,35
  47.450.795 100% 118.227.745,00
Tercero.
Los  créditos  que  corresponda  gestionar  a  cada  Comunidad  Autónoma  y  a  las 
ciudades de Ceuta y Melilla se librarán de una sola vez en cada ejercicio y se harán 
efectivos de acuerdo con lo previsto por la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  de 
conformidad con los compromisos financieros que se describen a continuación, que se 
formalizarán mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública. La 
Comisión Sectorial de administración electrónica, presidida por la persona titular de la 
Secretaría General de Administración Digital, como órgano técnico de cooperación en 
materia  de  administración  electrónica,  dependiente  de  la  Conferencia  Sectorial,  de 
acuerdo  con  la  disposición  adicional  novena  de  la  Ley  40/2015,  se  encargará  de 
asegurar  la  cooperación  con  las  Comunidades  Autónomas  para  que  estas  puedan 
proporcionar información necesaria sobre las inversiones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia a la Comisión Europea. Los criterios de priorización de los 
proyectos de la línea 6 modernización y transformación digital de la Sanidad así como 
los  de  distribución  entre  las  Comunidades  Autónomas  deben  ser  acordados  en  el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dado que tendrán efectividad en 
los ejercicios 2022 y 2023.
Adicionalmente,  dado  que  las  actuaciones  están  incluidas  en  el  Mecanismo  de 
Recuperación  y  Resiliencia  dentro  del  Componente  11  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y 
realización de los objetivos fijados en dicho Plan. e.e
Las actuaciones se pondrán en funcionamiento con plena sujeción a lo señalado en  b
el  Plan  de  Recuperación  Transformación  y  Resiliencia  (PRTR),  definiendo  los  690ww
hcoitorrse syp oobnjdeiteivnotess m inasrctraudmoes netons e jlu PríRdTicRos.  Pdaer am ealn perrian cqipuieo  dpee rnmoit acanu lsaa cr odnasñeoc uscigiónnif icdaet ivloos, 
lsae  pnroersmeanttiavraá  lare ogpuolardtuonraa  edvea lualacsió nA dyued causm  pdleim iEensttoa.d So,e  gaasrí anctoizmaorá  esle p leansoe gruersapreát o eal 
cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas
relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses. Los créditos recibidos se 
ajustarán a los principios de gestión específicos del PRTR establecidos en la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a lo establecido en la Orden 
HFP/1031/2021, de 20 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de  la  información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público  Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Cuarto.
Será obligatorio que los créditos estén comprometidos antes del 31 de diciembre 
de 2023 y totalmente ejecutados antes del 30 de junio de 2026.
Con arreglo a lo previsto en el artículo 17.2 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de 
febrero de 2021, las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 podrán optar a 
financiación  siempre  y  cuando  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el  citado 
Reglamento,  así  como  las  previsiones  contenidas  en  el  presente  acuerdo  y  en  la 
normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de aplicación.
Quinto.
La  gestión  de  estos  créditos  por  las  comunidades  autónomas  se  ajustará  al 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
A  la  ejecución  de  los  créditos  consignados  en  el  servicio  50,  «Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia» del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, le 
será de aplicación las especialidades previstas en el artículo 44 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre:
«a)  A los efectos dispuestos en la regla quinta del artículo 86.2 de la LGP, una vez 
aprobada la distribución definitiva de los créditos en la correspondiente Conferencia 
Sectorial podrán librarse en su totalidad a cada Comunidad Autónoma de una sola vez.
b)  A efectos de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la LGP, de la 
cantidad que corresponda transferir a cada Comunidad Autónoma no se descontarán los 
remanentes de fondos no comprometidos resultantes al término de cada ejercicio para 
esos  créditos,  que  estén  poder  de  las  Comunidades  Autónomas,  que  seguirán 
manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos.
Si el gasto o actuación al que corresponde el remanente resultase suprimido en el 
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas 
las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el 
sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado.
En  el  marco  de  las  conferencias  sectoriales  y  de  acuerdo  con  las  previsiones 
incluidas en el Plan Nacional de Recuperación, se procederá a la aprobación de los 
criterios de distribución de fondos para subvenciones gestionadas por las CCAA (art. 86 
LGP) con carácter plurianual.»
Sexto.
Las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y el Ministerio de  e.
Hacienda  y  Función  Pública  adoptan  los  siguientes  compromisos  financieros  a  los  w.b
efectos  de  ejecución  de  la  presente  línea  de  financiación,  de  conformidad  con  la  690ww
lneoyr m36a/t2iv0a2 0d, ed ela 3 0U dneió dni cEieumrobpree:a de aplicación, y lo establecido en el Real Decreto-
a)  Los pagos a cada comunidad autónoma y a las ciudades de Ceuta y Melilla para
hacer efectivos los créditos asignados a la inversión se librarán de una sola vez en cada
ejercicio,  tan  pronto  se  haya  efectuado  el  reparto  territorial  de  los  créditos,  de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
siempre  que  exista  disponibilidad  presupuestaria  y  atendiendo  a  las  condiciones 
establecidas en el presente acuerdo.
b)  Los ingresos de las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
procedentes  de  esta  línea  de  financiación  están  legalmente  afectados  a  financiar 
proyectos incluidos en alguna o algunas de las actuaciones financiables encuadradas en 
las seis líneas estratégicas que se describen a continuación:
Línea estratégica 1.  Administración orientada a la ciudadanía.
Objetivo: Mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas, 
favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios 
públicos digitales y la modernización de los procesos.
Actuaciones financiables:
1a.  Desarrollo de los tres servicios más utilizados por los ciudadanos en modo App 
móvil  o  a  través  de  una  interfaz  adaptable  (responsive)  integrada  en  Mi  Carpeta 
Ciudadana de la AGE.
1b.  Desarrollo o adaptación de servicios exentos de barreras transfronterizas para 
ciudadanos y empresas europeos.
Línea estratégica 2.  Operaciones inteligentes.
Objetivo: Mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de 
gestión y tramitación de las administraciones públicas, a través de la utilización de 
tecnologías  de  automatización  inteligente  (Robotic  Process  Automation,  Artificial 
Intelligence, etc.).
Actuaciones financiables:
2a.  Puesta a marcha de un proyecto para automatizar procesos de prestación de 
servicios al ciudadano. Servicios de automatización Inteligente (IA, BPM, contratación 
pública electrónica, ayudas).
Línea estratégica 3.  Gobierno del dato.
Objetivo: Democratizar el acceso a los datos por parte de ciudadanos, empresas y 
empleados y empleadas públicos, permitiendo el libre acceso a la información y su 
replicabilidad, así como el uso de los datos para el desarrollo de servicios digitales de 
alto valor añadido orientados al ciudadano.
Actuaciones financiables:
3a.  Gobierno del dato (almacenes de datos, modelos analíticos, reutilización de la 
información).
3b.  Gestión e intercambio transparente de datos.
Línea estratégica 4.  Infraestructuras digitales.
Objetivo: Dotar a las administraciones públicas españolas de las infraestructuras 
tecnológicas necesarias para su modernización, con el fin de asegurar la disponibilidad 
en  cualquier  circunstancia  y  de  adaptar  la  capacidad  disponible  a  las  necesidades  e.
existentes  en  cada  momento,  contribuyendo  a  desarrollar  la  conectividad  digital,  la  w.
economía del dato y la inteligencia artificial en las administraciones. 690ww
Actuaciones financiables:
4a.  Puestos de trabajo inteligente a disposición de los empleados públicos.
4b.  Infraestructuras de Centro de Proceso de Datos (CPD) sostenibles.
Línea estratégica 5.  Ciberseguridad.
Objetivo: Garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios 
digitales prestados por las administraciones públicas y mejorar sus capacidades de 
prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
Actuaciones financiables:
5a.  Refuerzo de la ciberseguridad de entidades. Puesta en marcha de un Centro de 
Operaciones de Ciberseguridad.
5b.  Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.
Línea estratégica 6.  Sanidad (para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023).
Objetivo: Estos proyectos se dirigen a la Transformación digital en Sanidad, que 
incidirá en distintos ámbitos como la mejora de la interoperabilidad, el desarrollo de 
nuevos servicios digitales, y el impulso a la analítica de datos y a la explotación de la 
información en el Sistema Nacional de Salud.
Actuaciones financiables:
6a.  Centros sanitarios (centros de salud y hospitales) digitales.
Estos proyectos se dirigen a dotar de servicios digitales a los centros de salud 
(Atención Primaria) con una aproximación integral centrada en el paciente, de modo que 
sea posible extender las prestaciones y servicios a un entorno virtual, de manera flexible, 
acceder desde la atención primaria a los recursos del resto de niveles asistenciales, 
aprovechando todas las posibilidades de la tecnología y los canales de comunicación 
para llegar a todos los ciudadanos, adaptándose a las circunstancias de éstos y a las 
nuevas demandas de la sociedad.
6b.  Atención Personalizada.
Estos proyectos se dirigen a diseñar, desarrollar y desplegar de manera operativa en 
la sanidad pública, dentro de la cartera de servicios, un modelo integral de prestación de 
servicios  presenciales  y  virtuales  específicamente  diseñados  para  colectivos  de 
pacientes que requieren una atención personalizada, continuada y sistemática, debido a 
su estado de salud u otras circunstancias personales, dentro del contexto general de 
Transformación Digital de la sanidad.
En el Anexo I se describen en detalle los proyectos considerados prioritarios en las 
líneas estratégicas mencionadas.
c)  Los proyectos financiables deberán cumplir los siguientes requisitos:
– Alineamiento con los planes estratégicos (la Agenda España Digital 2025, el Plan 
de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  (Plan  España  Puede)  y  el  Plan  de 
Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025). s
– Interoperabilidad  entre  servicios.  Se  facilitará  la  integración  con  proyectos,  e.
plataformas  e  iniciativas  de  similar  naturaleza,  especialmente  con  las  de  la  w.
Administración General del Estado. 690ww
natu–r aRleezuat illoiz paecirómni ted.e los proyectos por otras administraciones que lo requieran, si su
– Aportación de datos para facilitar la oferta de servicios a la ciudadanía a través de 
«Mi carpeta ciudadana», con el objetivo de conformar un espacio de datos eficiente y 
eficaz para la ciudadanía y las empresas.
– Integración de información en las plataformas comunes de gestión de contratación 
pública electrónica y de subvenciones que se indiquen.
– No se financiarán actuaciones que nos sean acordes al principio DNSH.
– Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica 
y  digital  de  la  Unión  Europea,  así  como  garantizar  la  seguridad  de  la  cadena  de 
suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier 
componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, 
mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software 
asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
– En materia de empleo, los beneficiarios estarán obligados a crear en España todo 
el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal 
contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de 
este requisito tendrá que justificarse documentalmente.
d)  Los proyectos a realizar por cada comunidad autónoma y por las ciudades de 
Ceuta y Melilla que vayan a ser financiados con las transferencias recibidas deberán 
quedar claramente identificados y descritos en el sistema integrado para la gestión y la 
notificación de los hitos y objetivos con el fin de cumplir los requisitos específicos de 
gestión y presentación de informes descritos en el PRTR, que desarrollará la autoridad 
responsable del PRTR, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
2021/241.
e)  Para asegurar un adecuado seguimiento de los proyectos, las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán proporcionar a través del sistema 
identificado en la letra anterior la información relativa a los diferentes proyectos de 
inversión que se propongan financiar en cada ejercicio con cargo a los fondos a los que 
se refiere el presente acuerdo.
f)  A fin de cumplir con los Hitos y Objetivos e Indicadores adicionales del Anexo de 
la Decisión de la Comisión por la que se aprueban los acuerdos operativos entre la 
Comisión y España en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 de 29 de octubre de 2021, 
C(2021) 7903 final, a lo largo del periodo 2021-2026, cada comunidad autónoma y las 
ciudades de Ceuta y Melilla deberán:
1.º  Completar la ejecución de, al menos, un proyecto en alguna de las líneas 
estratégicas antes del 31 de diciembre de 2023.
2.º  Publicar  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»,  en  la  Plataforma  de 
Contratación del Sector Público o en servicios autonómicos de información similares, la 
adjudicación de contratos en alguna o algunas de las actuaciones financiables de las 
seis líneas estratégicas identificadas en el apartado sexto b) del presente acuerdo antes 
del término de cada ejercicio, de forma que, antes del 30 de junio de 2025, se haya 
adjudicado el importe total de la cuantía transferida en cada uno de los ejercicios con 
arreglo a lo dispuesto en el presente acuerdo.
3.º  Certificar, por parte de la autoridad competente, la recepción o conformidad del 
objeto de los contratos adjudicados correspondientes a los proyectos financiados con 
cargo a los fondos objeto de distribución en el presente acuerdo, de forma que, antes de 
finalizar el 30 de junio de 2026, pueda justificarse que todos los proyectos financiados 
con cargo a los fondos transferidos han sido ejecutados y están plenamente operativos. e
4.º  Certificar, por parte de la autoridad competente, la recepción o conformidad del  bo
objeto de los contratos adjudicados correspondientes a los proyectos financiados con  690ww
cfianraglioz aar  leols  3fo0n ddeo sj uonbioje tdoe d 2e0 d2i6st,r ipbuuecdióan  jeunst iefilc parressee qnutee  atocudeorsd olo, sd ep rfooyremcato qsu fein, aanncteiasd does 
con cargo a los fondos transferidos han sido ejecutados y están plenamente operativos.
g)  Las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  serán 
responsables  de  la  fiabilidad  y  el  seguimiento  de  los  indicadores  relativos  a  las 
inversiones asociadas a la inversión 3 del componente 11 (I3, C11), incluyendo, cuando 
proceda, la emisión de las correspondientes certificaciones que les sean solicitadas por 
el Ministerio de Hacienda y Función Pública de cara a la acreditación ante la Comisión 
Europea del cumplimiento de los hitos e indicadores establecidos en el PRTR, a través 
de los siguientes mecanismos:
1.º  Suministro  y  publicación,  a  través  del  sistema  integrado  para  la  gestión  y 
notificación de los hitos y objetivos que desarrolle la autoridad responsable del PRTR, 
con la periodicidad y en los términos que esta determine, de la información relativa al 
cumplimiento de los objetivos relativos a la inversión 3 del componente 11 (I3, C11), de 
conformidad  con  la  normativa  nacional  y  de  la  Unión  Europea,  así  como  de  las 
instrucciones de las autoridades de gestión y control nacionales y de la Unión Europea.
2.º  Suministro  y  publicación,  a  través  del  sistema  integrado  para  la  gestión  y 
notificación de los hitos y objetivos que desarrolle la autoridad responsable del PRTR, 
con la periodicidad y en los términos que esta determine, de la información relativa a la 
ejecución del gasto en relación al coste estimado, de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea así como de las instrucciones de las autoridades de 
gestión y control nacionales y de la Unión Europea.
h)  En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como de lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa 
a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
de España (CID) y su documento Anexo, las Comunidades Autónomas garantizarán el 
respeto al principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH) y el 
etiquetado climático.
Ello  incluye  el  cumplimiento  de  las  condiciones  específicas  asignadas  al 
Componente 11, fijadas en una contribución a la transición ecológica del 25% y a la 
transición digital del 75% para el total del componente.
Para ello, las Comunidades Autónomas preverán mecanismos de verificación del 
cumplimiento  del  principio  DNSH  y  medidas  correctoras  para  asegurar  su 
implementación.
Asimismo, las Comunidades Autónomas se asegurarán del reintegro de las cuantías 
percibidas en el caso de incumplimiento del principio DNSH.
Las Comunidades Autónomas garantizarán que las entidades o administraciones 
destinatarias finales, los contratistas y los subcontratistas cumplan en sus actuaciones 
con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.
i)  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla están obligadas a 
establecer y mantener una adecuada pista de auditoría de la ejecución del gasto, así 
como el adecuado soporte de la documentación conforme al artículo 132 del Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
j)  Medidas correctoras. Cuando, a consecuencia de la información proporcionada 
con arreglo a lo previsto en el apartado g) se detectara por los órganos de gestión de las  e
comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, que se ha producido un  bo
desvío  significativo  respecto  del  cumplimiento  de  los  hitos  y  objetivos,  deberá  690ww
presSeonbtarers ela u nb apslaen d dee  easctteu aicnifóonr mcoen  peol dfirná  dree vsioslavresnet alra l acsu daenftiícai ednec ialas  dtreatnescfteardeansc.ia de
fondko)s  cLoarsre scpoomnduineindtaed aels s igauuiteónntoem eajesr cyic iola.s  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  deberán
presentar una cuenta justificativa de la utilización de los fondos recibidos antes del 31 de
agosto  de  2026,  que  incluirá,  además  de  los  datos  que  sean  solicitados  por  las 
autoridades nacionales y comunitarias:
1.º  Grado de cumplimiento de los objetivos comprometidos para la inversión 3 del 
componente 11 (I3, C11), reflejado en el apartado sexto f) de este acuerdo.
2.º  Coste real de la medida respecto del coste estimado inicialmente o revisado.
3.º  Descripción  de  medida  y  la  manera  de  implementación,  así  como  los 
mecanismos de control aplicados en su ejecución.
l)  Tras el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán presentar una cuenta justificativa 
final,  con  arreglo  a  las  especificaciones  que  sean  solicitadas  por  la  autoridad 
responsable  del  PRTR,  y  en  el  plazo  que  esta  determine,  de  conformidad  con  la 
normativa  nacional  y  de  la  Unión  Europea,  así  como  de  las  instrucciones  de  las 
autoridades de gestión y control nacionales y de la Unión Europea.
Séptimo.
En caso de cualquier incumplimiento de la comunidad autónoma o de las ciudades 
de Ceuta y Melilla puesto de manifiesto en el desarrollo de las actuaciones de control de 
la autoridad nacional o de instituciones comunitarias que dé lugar a una merma en el 
retorno de Fondos, esta se trasladará a la Comunidad Autónoma o a las ciudades de 
Ceuta y Melilla en aplicación de lo señalado en el artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, relativa a la responsabilidad financiera derivada 
de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, y de conformidad con lo que 
prevea la orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
contemplada en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Octavo.
Con arreglo a lo que prevea la orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública contemplada en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, procederá el reintegro, total o parcial, de los fondos recibidos por parte de 
las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuando:
1.  No se puedan cumplir, en todo o en parte, los objetivos de la reforma o de la 
inversión especificados en el apartado sexto de este acuerdo por causa imputable a la 
Comunidad Autónoma o a las ciudades de Ceuta y Melilla, cuando el incumplimiento 
impida el retorno de fondos europeos al Tesoro y en el importe del retorno no percibido 
en  relación  con  las  medidas  responsabilidad  de  la  comunidad  autónoma  o  de  las 
ciudades de Ceuta y Melilla.
2.  No pueda acreditarse el logro de los objetivos por falta de fiabilidad de los 
indicadores  reportados.  Procederá  el  reintegro  al  menos  cuando  el  incumplimiento 
impida el retorno de fondos europeos al Tesoro y en el importe del retorno no percibido 
en relación con las medidas responsabilidad de la Comunidad Autónoma.
3.  Cualquier  irregularidad  que  afecte  a  medidas  bajo  la  responsabilidad  de  la 
Comunidad Autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla determinada en cualquier 
control  desarrollado  por  autoridades  nacionales  o  comunitarias  que  recaiga  sobre 
aquellas.
4.  La no utilización de las cantidades recibidas para las actuaciones para las que se  e
transfirieron, en cuyo caso procederá el reintegro de fondos al Estado por el importe  bo
indebidamente utilizado. 690ww
Noveno.
Tanto  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  como  el
Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  en  el  marco  de  las  instrucciones  de  la  Bc
autoridad  de  control  o  de  las  entidades  que  actúen  bajo  su  coordinación  o 
responsabilidad,  tienen  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  dirigidas  a  prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y 
la  doble  financiación,  con  arreglo  a  las  previsiones  del  Reglamento  (UE,  Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 sobre las 
normas  financieras  aplicables  al  presupuesto  general  de  la  Unión,  por  el  que  se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, 
(UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) 
n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, así como las instrucciones dictadas al efecto por las autoridades 
de gestión y control nacionales y de la Unión Europea.
Décimo.
Tanto  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  como  el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, tienen la obligación de someterse a las 
actuaciones  de  la  autoridad  de  control  o  de  las  entidades  que  actúen  bajo  su 
coordinación o responsabilidad, así como cooperar plenamente en la protección de los 
intereses financieros de la Unión y conceder los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, al Tribunal de 
Cuentas de la Unión Europea, con arreglo a las previsiones Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046, de 18 de julio de 2018, y el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero 
de 2021.
Undécimo.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 
de febrero de 2021, los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de 
esta financiación y velarán por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, el empleo del 
emblema  de  la  Unión  y  una  declaración  de  financiación  adecuada  que  indique 
«financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», en particular cuando promuevan 
las  acciones  y  sus  resultados,  facilitando  información  coherente,  efectiva  y 
proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y 
el público.
ANEXO I
Descripción de los proyectos considerados prioritarios
Línea estratégica 5. Implantación de centros de operaciones de ciberseguridad 
en entidades beneficiarias y su integración en la Red Nacional de Centros 
de Operaciones de Ciberseguridad
La línea de inversión LE5. Ciberseguridad tiene como objetivo garantizar la seguridad 
de  las  infraestructuras,  comunicaciones  y  servicios  digitales  prestados  por  las 
administraciones  públicas  y  mejorar  sus  capacidades  de  prevención,  detección  y 
respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
Se  plantea  como  proyecto  el  despliegue  de  Centros  de  Operaciones  de 
Ciberseguridad que den servicios de seguridad a las entidades beneficiarias, según el 
enfoque siguiente: e.e
1.  Los servicios necesarios para el despliegue de los Centros de Operaciones de  690ww
CCiibbee2rr.ss eeggLuuarrsiidd aadde  nsetonidn sa ludoses s rqe usepb eescnete ivrfeioccsioa ágrimeansb  ietonism e, psoltraeien antantareádxnoo  .a Cseernvtircoios.  de  Operaciones  de  OE-A-2021-20able en https://
Todos los Centros de Operaciones de Ciberseguridad que se desplieguen en este 
ámbito  formarán  parte  de  la  Red  Nacional  de  Centros  de  Operaciones  de 
Ciberseguridad, en la que el CCN ya está trabajando, y que integrará el Centro de 
Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y los de las 
demás administraciones públicas del ámbito nacional.
La coordinación de los centros integrados en esta red nacional se llevará a cabo a 
través de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, 
prevista en el artículo 11 del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se 
desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y 
sistemas de información.
Los servicios a implantar y los requisitos de integración con la Red Nacional de 
Centros de Operaciones de Ciberseguridad son los siguientes:
a)  Intercambio automático y fluido de ciberincidentes con la Plataforma Nacional de 
Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes mediante la implantación y operación de la 
herramienta de gestión de incidentes LUCIA del CCN-CERT que operará en modo 
federado con el de la Plataforma Nacional.
b)  Implantación  de  las  tecnologías  necesarias  que  permitan  la  vigilancia  del 
perímetro y de la red interna implantando las tecnologías disponibles en el Catálogo de 
Productos de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CCN-
STIC 105) o haciendo uso de los sistemas de alerta desplegados por el CCN-CERT.
c)  Despliegue  de  la  herramienta  microClaudia  del  CCN-CERT  en  toda  la 
organización.
d)  Capacidad de recolección y correlación básica de los registros de trazabilidad 
(logs) necesarios para la vigilancia (Mediante productos recogidos en el catálogo CCN-
STIC 105).
e)  Actividades  de  formación  y  concienciación  en  todas  las  organizaciones 
atendidas.
f)  Despliegue de tecnologías de detección y respuesta en el punto final (EDR) 
implantando las tecnologías disponibles en el catálogo CCN-STIC 105.
g)  Intercambio de ciberinteligencia con la Plataforma Nacional de Notificación y 
Seguimiento de Ciberincidentes.
Línea estratégica 1. Proyecto 1A. Desarrollo de los tres servicios más utilizados 
por los ciudadanos en modo APP móvil o a través de una interfaz adaptable 
(«Responsive») integrada en Mi Carpeta Ciudadana de la Administración General 
del Estado
La línea de inversión LE1 Administración orientada al ciudadano tiene como objetivo 
mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas, favoreciendo 
la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales 
y la modernización de los procesos.
Se plantea como proyecto el desarrollo de al menos los tres servicios más utilizados 
por  los  ciudadanos  en  modo  APP  móvil  o  a  través  de  una  interfaz  adaptable 
(«responsive»)  integrada  en  Mi  Carpeta  Ciudadana  de  la  AGE,  según  el  enfoque 
siguiente:
a)  Los servicios a desarrollar serán aquellos que en el ámbito de cada entidad local 
se identifique como los más utilizados por los ciudadanos. es
b)  El desarrollo de estos servicios perseguirán el enfoque de la prestación en  bo
movilidad. 690ww
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operación una vez finalizado el periodo de implantación correrá a cargo de las entidades
beneficiarias. Bc
Los  requisitos  técnicos  para  la  integración  de  estos  servicios  en  Mi  Carpeta 
Ciudadana de la AGE se pondrán a disposición por parte de la SGAD e incluirán, al 
menos:
– Directrices de seguridad y autenticación.
– Definición de alto nivel de la arquitectura.
– Arquitectura de presentación
– Elementos comunes de las plataformas a tener en cuenta
Línea estratégica 1. Proyecto 1B. Puesta a marcha de un proyecto para abrir 
los servicios públicos a ciudadanos y empresas europeas
La línea de inversión LE1 Administración orientada al ciudadano tiene como objetivo 
mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas, favoreciendo 
la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales 
y la modernización de los procesos.
Dentro  de  esta  línea  es  de  interés  ofrecer  servicios  exentos  de  barreras 
transfronterizas para ciudadanos y empresas europeos, integrando estos servicios en las 
nuevas  plataformas  que  la  Comisión  Europea  desarrolla  para  acercar  a  todas  las 
Administraciones  Públicas  al  Mercado  Único  Digital  y  favorecer  la  movilidad  de 
ciudadanos y empresas de la Unión Europea.
Se plantea como proyecto el desarrollo de servicios públicos abiertos a ciudadanos y 
empresas europeas, según el enfoque siguiente:
a)  Se priorizarán los proyectos que creen o adapten los servicios públicos a la 
eliminación de barreras transfronterizas.
b)  Los  servicios  públicos  deberán  integrarse  en  el  portal  Your  Europe  y  estar 
adaptados a los requisitos de la Pasarela Digital Única (Reglamento EU 2018/1724) 
establecidos por la Comisión Europea.
Línea estratégica 2. Puesta a marcha de un proyecto para automatizar procesos 
de prestación de servicios al ciudadano
La línea de inversión LE2 Operaciones inteligentes tiene como objetivo mejorar la 
calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las 
Administraciones Públicas, a través de la utilización de tecnologías de automatización 
inteligente (robotización de procesos, inteligencia artificial, etc.).
Se plantea como proyecto necesario la automatización de los procesos de prestación 
de servicios al ciudadano, según el enfoque siguiente:
a)  Se  priorizarán  los  proyectos  de  automatización  con  impacto  directo  en  la 
prestación de los servicios a los ciudadanos más utilizados.
b)  En la medida de lo posible se atenderán también los procesos de gestión interna 
susceptibles de automatización.
La SGAD dará soporte a las Comunidades Autónomas para conocer el detalle de los 
requisitos para la integración de estos servicios en el portal Your Europe y su adaptación 
a la Pasarela Digital Única.