BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7634
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1111 Sala Primera. Sentencia 179/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 2607-2018. Promovido por don Jaber El Ghali en relación con las 
resoluciones dictadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de 
Cataluña en procedimiento sobre expediente disciplinario. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones 
que, en aplicación del precepto anulado por la STC 151/2020, de 22 de 
octubre, impiden la revisión judicial de decisiones adoptadas por el letrado de 
la administración de justicia.
ECLI:ES:TC:2020:179
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente,  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  2607-2018,  promovido  por  don  Jaber  El  Ghali, 
representado  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Sara  Carrasco  Machado  y 
asistido por el abogado don Ángel Bernardo Pisabarro de Lucas, contra el decreto del 
Juzgado  de  Vigilancia  Penitenciaria  núm.  3  de  Cataluña  de  3  de  abril  de  2018 
desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación 
de 29 de enero de 2018 dictada en el expediente especial núm. 482-2017. Ha sido parte 
el abogado del Estado y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el presidente 
don Juan José González Rivas.
I. Antecedentes
1.  El demandante de amparo dirigió escrito a este tribunal, que tuvo entrada en su 
registro general el 11 de mayo de 2018, comunicando su voluntad de interponer recurso 
de amparo contra las resoluciones anteriormente indicadas.
2.  Mediante diligencia de ordenación de 17 de mayo de 2018 de la Secretaría de 
Justicia de la Sala Primera de este tribunal se tuvo por recibido el anterior escrito. Se 
acordó librar despacho al Colegio de Abogados de Madrid para que se designara al 
citado recurrente procurador y letrado del turno de oficio que le represente y defienda, 
respectivamente, en el presente recurso de amparo, así como requerir al Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña para que remitiera testimonio de la diligencia  es
de ordenación de 20 de enero de 2018. o
Cfeactha3al.u  dñeaR  elraec cidbuiilrdirgoidesan l coeisara  ad lneat  eodrreido er2en9sa  dcdeieó snep ndaeecrlho Jo dusez y g2 ae0dl1 ot8e ,ds estie mV otiugnviilooa ,n sceoinali  cdPitialeigdneoitne, cnriecasi audrleitaa  onnrdúdome nq. au3ce i dólean    2021-1111n https://w
Cdea r1ra sdceo  juMniaoc hdaed o2,0 1p8a, rap orla d erespigrneasdeonsta cai ólna  pdreolc ureracduorrrean tdee,  lyo s atlr ibleutnraadleos  ddoonñ a ÁSnagreal   BOE-A-cable e
Bernardo Pisabarro de Lucas, para su defensa, concediéndoles un plazo de treinta días 
para formular la correspondiente demanda de amparo.
4.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 5 de julio 
de 2018, la procuradora de los tribunales indicada, en nombre y representación de don 
Jaber El Ghali, formalizó la demanda de amparo contra las resoluciones a las que se ha 
hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia.
5.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  El recurrente en amparo, interno en el centro penitenciario de Mas d’Enric, en 
fecha 3 de agosto de 2017, formulo queja ante del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
núm. 3 de Cataluña contra la administración penitenciaria por imponerle el cumplimiento 
de dos sanciones penitenciarias al mismo tiempo, lo que, a su entender, suponía una 
vulneración del artículo 232.3 del Reglamento penitenciario y de la STC 74/1985, así 
como de la consulta de la Fiscalía General del Estado 3/1986, de 1 de diciembre, 
referida a los derechos y garantías procesales de los detenidos y reclusos en los centros 
penitenciarios.
b)  Incoado por el juzgado de vigilancia penitenciaria expediente núm. 482-2017, se 
dictó auto de fecha 8 de agosto de 2017, que contiene el siguiente razonamiento jurídico 
único:
«Visto el contenido del escrito del interno, debe inadmitirse la queja presentada por 
cuanto parte de un error conceptual al entender que un primer grado es una sanción 
disciplinaria».
c)  Mediante escrito registrado el 29 de agosto de 2017, el ahora demandante 
interpuso recurso de reforma que, tras su tramitación, fue desestimado por auto de 7 de 
diciembre de 2017. Dicho auto contiene el siguiente razonamiento jurídico único:
«Visto  el  contenido  del  recurso  de  reforma  presentado  y  la  impugnación  del 
Ministerio Fiscal debe desestimarse el mismo, por cuanto las alegaciones que realiza el 
recurrente frente a los fundamentos del auto recurrido, son valoraciones personales de 
los fundamentos de la resolución impugnada, que no son jurídicamente suficientes para 
desvirtuar el auto judicial, al no cambiar las circunstancias concurrentes que motivaron la 
referida interpretación judicial.
La mera insistencia en un mismo razonamiento, no le da entidad jurídica. En cuanto 
a la ejecución del primer grado, ya se ha resuelto en expediente aparte, informado 
debidamente sobre la ejecutividad de las resoluciones clasificatorias».
d)  Mediante escrito registrado el 4 de enero de 2018, solicitó el ahora recurrente 
copia de la documentación obrante en los expedientes «E 482-17, E 527-15, E 529-17 y 
E 807-17» a fin de poder interponer los recursos oportunos, así como la suspensión de 
los plazos legales hasta que le fuere remitida la documentación solicitada para que no se 
le crease indefensión.
e)  Mediante diligencia de ordenación de fecha 29 de enero de 2018 se acodó:
«Únase el escrito de fecha 4 de enero de 2018 y remítase copia de lo actuado en el 
expediente especial 482-17. Asimismo y, habida cuenta de que no acredita justa causa, 
se deniega la suspensión del plazo para recurrir, solicitada en el mismo escrito de  e.
fecha 4 de enero de 2018, de conformidad con el artículo 134 LEC en relación con el  w.b
eaenrnt  íeceful)l l lqoous E2 epl0  rai2ner tcaLel EarpnmCoorad irmbeear»m  e.cijtoeiópr ciaait la djrue z etglo adddoeosre  ulconhs o ne uxdepeve odd eieefenscntersistao .y   fEdenec h tdaoidcdhoao  el ael  ds1co4rc idtuoem  tfeaenmbtrabeciérioón n di neod b2irca0an1bt8ea,    OE-A-2021-1111able en https://w
que era la segunda reclamación de documentación que efectuaba sin obtener respuesta,
advirtiendo que, sin en un plazo de diez días, no recibía la copia de la documentación, 
procedería a denunciar al juzgado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
g)  La letrada de la administración de justicia dictó diligencia de ordenación de 
fecha 13 de febrero de 2018, con el siguiente tenor literal:
«Por recibido el anterior escrito presentado por el interno Jaber El Ghali, con fecha 
de entrada en este juzgado de 7-2-2018, únase al expediente de su razón y visto su 
contenido estese a lo acordado en diligencia de ordenación de fecha 29-01-2018».
h)  Don  Jaber  El  Ghali  remitió  escrito,  registrado  el  19  de  febrero  de  2018, 
interponiendo recurso de reposición contra la diligencia de ordenación dictada en todos 
los expedientes disciplinarios y notificada el 8 de febrero de 2018 por vulneración del 
artículo 24.1 CE, derecho a la tutela judicial efectiva, 24.2 CE derecho a la defensa y al 
juez predeterminado por la ley, en relación con el derecho de reinserción social del 
artículo 25.2 CE y vulneración del artículo 76 de la Ley Orgánica general penitenciaria 
(LOGP), 94, 95 y disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ),  así  como  la  jurisprudencia  constitucional  recogida  en  las  SSTC  73/1983, 
21/1987, 161/1993, 128/2003, 76/2004, y 14/2011 alusivas a las funciones del juez de 
vigilancia penitenciaria, pues, a su juicio, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 le 
inadmitía,  quejas,  recursos  de  reforma  y  subsidiarios  de  apelación,  creándole 
indefensión y vulnerando su derecho al recurso efectivo, consagrado en los artículos 24 
CE, 8 de la Declaración universal de derechos humanos, 13 del Convenio europeo de 
derechos humanos y 47, 48 y 49 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión 
Europea.
Alegaba  también  la  vulneración  del  artículo  219.7  LOPJ  puesto  que,  al  haber 
interpuesto querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, las resoluciones, 
autos, sentencias del juzgado de vigilancia penitenciaria núm. 3 «no deberían haber sido 
emitidas, hasta la resolución del incidente de recusación promovido por esta parte» en 
fecha 12 de septiembre de 2017.
i)  Una vez admitido y tramitado, el recurso de reposición fue desestimado por 
decreto de fecha 3 de abril de 2018, de la letrada de la administración de justicia del 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña. En el fundamento tercero se 
indica  que  «de  conformidad  con  el  artículo  238  bis  LECrim  contra  el  decreto  del 
secretario judicial que resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso 
alguno, siendo por tanto firme».
6.  La demanda de amparo se dirige contra el citado decreto 30 de abril de 2018, 
dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña, por vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
Se alega que el Pleno del Tribunal Constitucional, en la STC 58/2016., de 17 de 
marzo, declaró por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del 
artículo 102 bis.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA), por entender que la ausencia de revisión por un juez o tribunal de algunas de las 
decisiones que, tras la implantación de la nueva oficina judicial, recaen en exclusiva en 
los secretarios judiciales (denominados actualmente letrados de la administración de 
justicia), lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y el principio de 
exclusividad  de  la  potestad  jurisdiccional  (artículo  117.3  CE).  Tal  sentencia  precisa 
además que hasta que el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial 
procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia resolutorio de la  s
reposición ha de ser el directo de revisión a que se refiere el propio artículo 102 bis.2  oe.
LJCA. w.
rjuergisuLdlaaicc cicóióintan d leacg oasnl etaencnttecuniaocls iaoe -nas dleam  jriuenrfiisisetdrraeict civaióal n, c popenencrorae l,t eodn etpibereen cdlleeep vtaqoru  ead  em lalias m pLraáe cyct oicrneacgmluueslaniódteno .r aSid iéndn eqt iucleaa    2021-1111n https://w
dicha  sentencia  pueda  resultar  de  aplicación  directa,  resulta  trasladable  la  misma
filosofía  sentada,  pues  la  lesión  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  su
interpretación,  es  común  a  todas  las  jurisdicciones,  motivo  por  el  cual,  el  decreto 
recurrido está lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y el 
principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (artículo 117.3 CE) a que se refiere 
expresamente esa STC 58/2016.
Afirma  que  la  regulación  de  ambas  jurisdicciones,  contenciosa  y  penal,  es 
coincidente; y que, conocida la doctrina que antecede, hubiera procedido informar de la 
posibilidad de recurrir dicho decreto y no cerrar la posibilidad de revisar tal resolución, 
bien mediante recurso directo de revisión o de cualquier modo al objeto del acceso a la 
vía  jurisdiccional,  sin  sujetarse  al  tenor  literal  del  artículo  238  bis  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal (LECrim), cuyo contenido de modo análogo en la jurisdicción 
contencioso-administrativa ha sido declarado inconstitucional.
Aclara  que  el  recurso  de  amparo  no  versa  sobre  el  contenido  y  alegaciones 
contenidas en el recurso origen del decreto cuestionado, sino sobre la firmeza que en el 
mismo se proclama y que determina la imposibilidad de acceder a la tutela jurisdiccional 
de los derechos e intereses legítimos, reconocida en el artículo 24 CE, que no tienen 
atribuida los letrados de la administración de justicia.
La demanda justifica la especial trascendencia constitucional del recurso señalando 
que la estricta aplicación de la regulación del artículo artículo 238 bis LECrim que 
expresamente proclama que «contra el decreto del secretario judicial que resuelva el 
recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno» lesiona el derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (artículo  24.1  CE),  y  el  principio  de  exclusividad  de  la  potestad 
jurisdiccional (artículo 117.3 CE) e «interesa pues se asiente la doctrina, de modo 
análogo a la sentada en el examen del primer párrafo del artículo 102 bis.2 de la Ley 
reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  en  la  que  declarando  la 
inconstitucionalidad del artículo 238 bis LECrim, reconozca el acceso a la tutela de 
jueces y tribunales de las decisiones de los letrados de la administración de justicia y en 
particular de los recursos de reposición que resuelvan».
7.  Mediante providencia de 30 de septiembre de 2019, la Sección Primera de este 
tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada al apreciar 
que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  (artículo  50.1 
LOTC), como consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que 
se denuncia pudiera provenir de la ley [STC 155/2009, FJ 2 c)].
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria núm. 3 de Cataluña, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, 
remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
expediente especial núm. 482-2017 y procediese a emplazar a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, a excepción de la parte recurrente en amparo, para que en el 
plazo  de  diez  días  pudiesen  comparecer,  si  lo  desean,  en  el  presente  proceso 
constitucional.
Se acordó también notificar la resolución al abogado del Estado, por ser parte 
interesada, lo que serviría de emplazamiento, para que en el plazo de diez días pudiera 
comparecer, si lo estimase pertinente, en este proceso constitucional, con traslado de 
copia de la demanda presentada.
8.  Recibidas  las  actuaciones  requeridas  del  órgano  judicial,  por  diligencia  de 
ordenación del secretario de justicia de la Sección Primera de este tribunal de fecha 20 
de noviembre de 2019, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento al  e
abogado  del  Estado,  en  la  representación  que  legalmente  ostenta,  ordenándose  bo
entender con él las sucesivas diligencias, y, con arreglo al artículo 52 LOTC, conceder a  w
vlaisst ap adrete lsa sp earcstuoancaidoanse sy,  afol rMmiunliastseernio a Fleisgcaacli oenl epsla.zo común de veinte días para que, con  2021-1111n https://w
9.  En fecha 10 de diciembre de 2019 el Ministerio Fiscal presentó su escrito de
alegaciones en el que termina solicitando que se estime el recurso de amparo y se anule
el decreto de 3 de abril de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de 
Cataluña, en el solo extremo de que declara dicha resolución irrecurrible y firme.
Tras  relatar  los  antecedentes  fácticos,  resumir  las  alegaciones  formuladas  el 
recurrente y descartar el posible óbice procesal relativo al defectuoso agotamiento de la 
vía judicial previa al recurso de amparo en base a lo señalado en la STC 55/2019, 
argumenta el fiscal ante el Tribunal Constitucional que el demandante imputa al decreto 
que recurre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de 
derecho de acceso al recurso, al imposibilitarse la revisión judicial de lo decidido en el 
mismo  y  declararse  su  firmeza.  Siendo,  por  tanto,  la  regulación  legal  existente 
(artículo 238 bis LECrim) la que imposibilita la revisión judicial, es ella a la que dirige sus 
reproches, no a la actuación procesal de la letrada de la administración de justicia.
Por tanto, para que la pretensión del demandante sea acogida debería declararse la 
inconstitucionalidad  del  artículo  238  bis  LECrim,  siendo  por  ello  pertinente  el 
planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad, recordando que el propio 
Tribunal Constitucional ha dictado diversos autos de planteamiento de cuestión interna 
de inconstitucionalidad sobre normas procesales similares el artículo 238 bis LECrim; así 
el  ATC  163/2013  dictado  sobre  el  artículo  102  bis.2,  párrafo  primero  LJCA,  el 
ATC 20/2018 sobre el artículo 188.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social y el 
ATC 77/2018 sobre el artículo 35.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), normas que 
han  sido  declaradas  inconstitucionales  por  las  sentencias  del  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional 58/2016, 72/2018 y 34/2019.
Termina  interesando  que,  con  suspensión  del  plazo  para  dictar  sentencia,  de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2 y 35.2 LOTC, por la Sala Primera se 
eleve al Pleno cuestión interna de constitucionalidad respecto del inciso contenido en el 
último párrafo del artículo 238 bis LECrim, por vulneración de los artículos 24.2 y 117.3 
CE.  Una  vez  resuelta  la  cuestión  y  declarada  la  inconstitucionalidad  de  la  norma, 
procedería dictar sentencia que otorgue el amparo y anule el decreto de 3 de abril 
de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña, en el solo extremo 
de que declara dicha resolución irrecurrible y firme.
10.  El abogado del Estado presentó sus alegaciones ante este tribunal el 20 de 
diciembre de 2019, interesando el dictado de una sentencia conforme a Derecho o, 
subsidiariamente, que ordene la retroacción del expediente a la instancia a fin de que, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 238 bis LECrim, se provea de acuerdo con lo 
dispuesto en dicho precepto, la posibilidad de impugnar el decreto del letrado de la 
administración de justicia.
A su juicio, nos hallamos ante un caso similar a otros que plantearon la cuestión 
relativa a la irrecurribilidad establecida por la ley en determinados casos de los decretos 
de los letrados de la administración de justicia, cuestión resuelta en otros órdenes 
jurisdiccionales  como  son  el  civil,  el  contencioso-administrativo  y  el  social,  en  las 
sentencias  constitucionales  58/2016,  de  17  de  marzo;  77/2018,  de  21  de  junio; 
y 34/2019, de 14 de marzo. Tras repasar todos estos pronunciamientos precedentes, 
plantea el abogado del Estado que, en el presente proceso de amparo, quizá pueda 
apreciarse que la situación no es igual o con igual posible efecto o trascendencia 
limitativa o impeditiva de la tutela judicial, dado que la decisión de la letrada de la 
administración de justicia, relativa a la no suspensión de los plazos para recurrir y el 
rechazo de los efectos de la recusación del titular del juzgado, sólo influye en aspectos 
específicos de procedimiento pero que no impide la continuación del mismo y la decisión 
definitiva del juez de vigilancia sobre la revisión de la medida disciplinaria recurrida. e.
Finalmente señala que «en todo caso, la eventual estimación ahora del recurso de  w.b
amcomompdoao r sodi imsdpeiluadsru oac i dllaao s,S  SnToSC Th C3a4b 5/r28ía0/2 1d09e1,  6cc,oo FnnJl le c7va,a ryár  c7st2ien/r 2 mg0e1án8se , arFa Jlla:  4 ‘n,F uqinluidaealm, dee ndn ettea l,no t doae cebtlue la epdgroies.cl aEisdnao rres nfeeo,c  dtsoee,    2021-1111n https://w
pardomniunnisctirea caiól nre sdpee cjutos,t iceial  reecsu resl od jeu driecviaisl iópnro cael dqeunete s fere rnetefie arel  deel carerttíoc udleol  4le5t4ra dbois  dLeE lCa 
‘(FJ 7)».
11.  Sobre el último párrafo del artículo 238 bis LECrim se planteó cuestión interna 
de inconstitucionalidad por la Sala Primera de este tribunal mediante ATC 22/2020, de 24 
de febrero, en el recurso de amparo núm. 1880-2018. El Pleno, en su STC 151/2020, 
de  22  de  octubre,  estimó  dicha  cuestión  (núm.  1231-2020),  declarando  la 
inconstitucionalidad  y  nulidad  del  último  párrafo  del  artículo  238  bis  LECrim,  en  la 
redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
12.  Por providencia de 10 de diciembre de 2020 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto de impugnación.
El presente recurso de amparo se dirige contra el decreto del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria núm. 3 de Cataluña, de fecha 3 de abril de 2018, desestimatorio del 
recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 29 de enero 
de 2018 dictada en el expediente especial núm. 482-2017, en cuanto que establece que 
contra el mismo no cabe interponer recurso alguno y es, por tanto, firme.
2.  Posiciones de las partes.
Como con más detalle se ha indicado en los antecedentes de esta resolución, el 
recurrente no dirige su pretensión de amparo constitucional contra el contenido material 
del decreto impugnado, en cuanto desestimó el recurso de reposición por él interpuesto, 
sino contra la firmeza que en el mismo se proclama, lo que, su juicio, determina la 
imposibilidad de acceder a la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, 
reconocida en el artículo 24 CE, que no tienen atribuida los letrados de la administración 
de  justicia.  Sostiene  que  la  regulación  del  artículo  artículo  238  bis  LECrim,  que 
expresamente proclama que «contra el decreto del secretario judicial que resuelva el 
recurso de reposición no cabrá interponer recurso alguno», lesiona el derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (artículo  24.1  CE)  y  el  principio  de  exclusividad  de  la  potestad 
jurisdiccional (artículo 117.3 CE), de modo que procede que, una vez declarada su 
inconstitucionalidad, se reconozca el acceso a la tutela de jueces y tribunales de las 
decisiones de los letrados de la administración de justicia y, en particular, de los decretos 
que resuelvan recursos de reposición.
El  Ministerio  Fiscal  defiende  la  pretensión  del  recurrente  con  argumentos 
sustancialmente coincidentes con los expuestos por este, conforme ha quedado reflejado 
en el relato de antecedentes. Interesa la suspensión de la resolución del presente 
recurso de amparo hasta que el Pleno del tribunal hubiera dictado sentencia sobre la 
cuestión interna respecto del último párrafo del artículo 238 bis LECrim y solicita que, 
una vez resuelta esta cuestión, se estime el recurso de amparo y se anule el decreto 
impugnado en el solo extremo de que declara dicha resolución irrecurrible y firme.
El abogado del Estado solicita el dictado de una sentencia conforme a Derecho o, 
subsidiariamente, que ordene la retroacción de las actuaciones a fin de que, de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 238 bis LECrim, se confiera la posibilidad de impugnar el 
decreto del letrado de la administración de justicia.
3.  Análisis jurisprudencial. e
El  último  párrafo  del  artículo  238  bis  LECrim,  en  la  redacción  dada  por  la  w.
qLueey  L1rae3 s/S2u0Te0lCv9a ,1  ed5le1 r /e32c 0du2er0s ,no o ddveei e 2rme2pb dorees,i  coeiócstntua bnbrolee cc, aídabe rqlá uP einl etcenoronp todrnaee  «ere srlet edc eutcrrisrbeout ona algdl,ue nle osse»ticm.reót alari oc ujuedsitcióianl   2021-1111n https://w
interna  de  inconstitucionalidad  núm.  1231-2020,  y  declaró  la  inconstitucionalidad  y
nulidad  de  dicho  precepto,  por  vulnerar  el  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial 
efectiva garantizado por el artículo 24.1 CE.
Se concluye en la STC 151/2020, FJ 4, que «el último párrafo del artículo 238 bis LECrim 
excluye todo control jurisdiccional del decreto del letrado de la administración de justicia que 
resuelve el recurso de reposición y cierra la posibilidad de una tutela de derechos e intereses 
legítimos  que  la  Constitución  contempla  que  sea  siempre  dispensada  por  los  jueces  y 
tribunales, creando un sector de inmunidad que no se compadece con el artículo 24.1 CE, ni 
con lo previsto en el artículo 117.3 CE. […] En definitiva, el precepto cuestionado vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1), ya que crea un régimen de impugnación de 
las decisiones de los letrados de la administración de justicia generador de un espacio inmune 
al control jurisdiccional. En coherencia con ello, se debe declarar la inconstitucionalidad y 
nulidad del precepto cuestionado, precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 
72/2018, FJ 4; 34/2019, FJ 7, y 15/2020, FJ 3, que, en tanto el legislador no se pronuncie al 
respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de 
justicia resolutivo de la reposición sea el directo de revisión».
4.  Aplicación al caso concreto.
La declaración de inconstitucionalidad y nulidad del último párrafo del artículo 238 bis 
LECrim por la STC 151/2020 determina la estimación de la queja del recurrente referida 
al decreto de la letrada de la administración de justicia de 3 de abril de 2018, que 
desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 29 
de enero de 2018 y señala que contra ese decreto no cabe interponer recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 bis LECrim.
En efecto, los mismos razonamientos que han conducido en la STC 151/2020 a declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad del último párrafo de esta norma deben llevar en el presente caso 
a apreciar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1) del 
recurrente y a anular, en consecuencia, el decreto referido en el particular expuesto.
En palabras de nuestra doctrina, la resolución ahora impugnada, de aplicación del 
artículo 238 bis LECrim, declarado inconstitucional, materializa la misma vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva ex artículo 24.1 CE que apreciamos en la norma en la 
que tiene su fuente (STC 125/2019, de 31 de octubre, FJ 4, con cita, por todas, de 
STC 159/1997, de 2 de octubre, FJ 6; citada, entre muchas, en las SSTC 91/2007, de 7 
de mayo, FJ 4; 46/2008, de 10 de marzo, FJ 2, y 74/2017, de 19 de junio, FJ 2).
5.  Conclusión.
Apreciada la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por las resolución 
dictada por la letrada de la administración de justicia, bastará, en orden a restablecer al 
recurrente en la integridad de su derecho, con declarar la nulidad del citado decreto en 
cuanto señalaba que contra el mismo no cabía interponer recurso alguno y era firme; y 
retrotraer  las  actuaciones  para  que  el  órgano  judicial  le  confiera  la  posibilidad  de 
interponer recurso de revisión frente al referido decreto, de acuerdo con lo establecido en 
la STC 151/2020, FJ 4.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido w.
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2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del decreto de 3 de 
abril de 2018 dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña en el 
expediente especial núm. 482-2017, en cuanto estableció contra el mismo no cabe 
interponer recurso alguno y era firme.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior al dictado del 
citado decreto para que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Cataluña 
provea a la reparación del derecho fundamental vulnerado en los términos que se 
especifican en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
2021-1111n https://w