BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. TC.   Pág. 127943
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17101 Sala Primera. Sentencia 152/2021, de 13 de septiembre de 2021. Recurso de 
amparo 1047-2020. Promovido por don Juan Antonio Prieto Gil respecto de 
las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y un juzgado de lo 
social  de  Murcia  en  proceso  sobre  reconocimiento  del  complemento  de 
maternidad en pensión de jubilación. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (motivación): desconocimiento y preterición de una norma 
antidiscriminatoria  de  la  Unión  Europea  que  contraviene  el  principio  de 
primacía del Derecho de la Unión.
ECLI:ES:TC:2021:152
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1047-2020, promovido por don Juan Antonio Prieto 
Gil, representado por la procuradora de los tribunales doña María Luisa Estrugo Lozano 
y asistido por el letrado don Ángel Hernández Martín, contra la sentencia núm. 42/2017, 
del Juzgado de lo Social núm. 2 de Murcia, de fecha 31 de enero de 2017 (autos sobre 
Seguridad Social núm. 559-2016), la sentencia núm. 977/2018, de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 7 de noviembre de 2018 (recurso de 
suplicación núm. 1283-2017) y la sentencia núm. 64/2020 de esa misma Sala, de 15 de 
enero de 2020, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones núm. 1-2019. Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentando en el registro general de este tribunal el 19 de 
febrero de 2020, la procuradora de los tribunales doña María Luisa Estrugo Lozano, 
actuando en nombre y representación de don Juan Antonio Prieto Gil, interpuso recurso 
de amparo contra las resoluciones indicadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos en los que se funda el presente recurso de amparo son, en síntesis, 
los siguientes:
a)  Don Juan Antonio Prieto Gil (en adelante, recurrente en amparo), padre de tres  e.
hijos (nacidos en 1977, 1981 y 1989), solicitó a la Seguridad Social pensión de jubilación  w.
con fecha de 12 de mayo de 2016. Por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad  101ww
Scoonc ieafl,e cdteo s1 6d edsed em ealy 1o3  ddee  2m0a1y6o,  sdee  l2e0 1re6c.onoció una pensión de 2350,20 euros al mes,
admbin) istDraisticvoan pforermviea , csoonlic itlaa ndaon teerl iocor mrepsleomluecnióton  dien temrpautesron idfaredn qteu ea e le allart . r6e0c ldaeml atecixótno   BOE-A-cable e
refundido  de  la  Ley  general  de  la  Seguridad  (LGSS),  aprobado  por  el  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, reconoce a las mujeres que hayan tenido dos o 
más hijos (naturales o por adopción) y sean beneficiarias de prestaciones contributivas 
del sistema de Seguridad Social de jubilación, viudedad e incapacidad, por su aportación 
demográfica a la Seguridad Social. En tal reclamación alegó que su esposa no era 
pensionista de ningún régimen de Seguridad Social y que siendo padre de tres hijos 
tenía derecho a que su pensión de jubilación incluyese el complemento reclamado que, 
además, resultaba discriminatorio por razón de sexo para el hombre al reconocerse solo 
a las mujeres por su aportación demográfica a la Seguridad Social, cuando tal causa era 
común al hombre.
c)  La reclamación previa fue desestimada mediante resolución de la Dirección 
Provincial de Murcia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 30 de mayo 
de  2016,  sobre  la  base  de  que  el  art.  60  LGSS/2015  reconocía  el  complemento 
reclamado a las mujeres que hubieran tenido hijos biológicos o adoptados y fueran 
beneficiarias en cualquier régimen del Sistema de la Seguridad Social de pensiones 
contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Por lo tanto, no procedía 
modificar la resolución recurrida.
d)  Disconforme con tal decisión, el recurrente en amparo formuló demanda frente al 
Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  (INSS)  en  reclamación  del  mencionado 
complemento de pensión. Alegó que el precepto contenía una discriminación por razón 
de sexo (art. 14 CE) que resultaba contraria a la doctrina constitucional, al no existir una 
causa que justificara el diferente trato en relación con los hombres, siendo el motivo 
indicado (a saber, la aportación demográfica a la Seguridad Social) común a mujeres y 
hombres.  También  entendía  la  parte  actora  que  la  resolución  recurrida  resultaba 
contraria a la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, sobre igualdad de trato 
entre  hombres  y  mujeres  en  materia  de  seguridad  social,  interesando  por  ello  la 
aplicación directa de la citada directiva y, de forma subsidiaria, el planteamiento de 
cuestión de inconstitucionalidad.
e)  La demanda fue desestimada mediante sentencia del Juzgado de lo Social núm. 
2 de Murcia, de 31 de enero de 2017 (autos núm. 559-2016, sobre Seguridad Social). En 
primer término, el juzgado descartó que el contenido de la Directiva 79/7/CEE, de 19 de 
diciembre de 1978, justificase el efecto solicitado por el actor, señalando que la citada 
norma comunitaria pretende la aplicación progresiva, dentro del ámbito de la Seguridad 
Social, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, que se concreta en el 
apartado 1 del art. 4, de manera especial, al estado matrimonial o familiar. Se subrayó 
que el apartado 2 del mismo precepto, en cambio, contenía una precisión que resultaba 
decisiva para el caso, al disponer que el principio de igualdad de trato no se oponía a las 
disposiciones relativas a la protección de la mujer por razón de su maternidad. Y dicho 
esto, se señaló que comoquiera que la norma controvertida establecía un trato favorable 
para las mujeres en relación a su maternidad, había de entenderse que no era contraria 
al principio de igualdad de trato consagrado en la directiva citada. En segundo término, 
se indicó que por la misma razón había de ser desestimada la pretensión planteada de 
forma subsidiaria de que se promoviese una cuestión de inconstitucionalidad. En tal 
sentido, se señaló que las sentencias que se citaban en la demanda prohibían la 
discriminación  entre  hombres  y  mujeres  siempre  que  no  existiese  una  razón  que 
justificase el trato desigual, pero la maternidad era una circunstancia que podía justificar 
dicha  desigualdad  a  favor  de  las  mujeres.  Por  todo  lo  expuesto,  se  desestimó  la 
demanda, absolviéndose al INSS de las pretensiones formuladas en su contra. s
f)  Frente a esa sentencia el actor interpuso recurso de suplicación con base en dos  oe.
motivos. En el primero, al amparo del art. 193 a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,  w.
reguladora de la jurisdicción social (LJS), se alegó indefensión por la infracción de  101ww
dneo rlma acsit addea  pleroyc ye d2i4m CieEn,t oa,s aí lc ocomnos ildae draorc tlrain paa croten sqtuiteu csioen haal bsoíabnr ev iunlcnoenragdruoe lnocsi aa rotms. is9i7va.2. 
rEenfe rteanl csiae nati dlao ,e xscee psceiñóanl óc oqnuteem lpal asdean etenn ecila a rdt.e 4 .i2n sdtaen lcai aD isreec thivaab í7a9 /l7im/CitEaEdo,  dae  1h9a cdeer   BOE-A-cable e
diciembre de 1978, indicando que dicha circunstancia podía justificar la desigualdad a 
favor de la mujer y la constitucionalidad de la norma, pero sin realizar valoración de las 
circunstancias que se regulan para el devengo del complemento de maternidad y que se 
mencionaban en la demanda a los efectos de poder entender que no era una regulación 
justificada para compensar los perjuicios que hubiera podido sufrir la mujer en sus 
cotizaciones como consecuencia de la maternidad y la crianza de sus hijos, sino que 
estaba exclusivamente vinculado a la «aportación demográfica a la Seguridad Social». 
Igualmente, no se hizo ningún razonamiento respecto a la interpretación realizada por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el art. 141 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCE) [actual art. 157 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)] y Directiva 79/7/CEE, contenida en la 
sentencia Griesmar, de 29 de noviembre de 2001, C-366/99, a la más reciente sentencia 
Maurice Leone, de 17 de julio de 2014, C-173/13, sobre discriminación indirecta de 
ventajas en el cálculo de pensión reconocidas esencialmente a funcionarias, así como en 
la sentencia X, de 3 de septiembre de 2014, C-318/13, sobre beneficios a las mujeres en 
el cálculo actuarial de indemnización a tanto alzado por accidente de trabajo. También se 
denunció en este primer motivo del recurso la omisión de cualquier fundamentación 
respecto a la interpretación de la doctrina constitucional sobre discriminación masculina 
en el sistema de prestaciones de Seguridad Social (con cita de las SSTC 103/1983 
y 3/1993).
En el segundo de los motivos de recurso, al amparo del art. 193 c) LJS, se cuestionó 
el Derecho aplicado, alegándose la violación, por no aplicación, del art. 157 TFUE y 
art. 4.1 de la citada Directiva 79/7/CEE, en relación con los arts. 14 CE y 60 LGSS/2015. 
Se indicaba al respecto que teniendo en cuenta esa normativa y la interpretación a la 
misma dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias arriba 
indicadas,  la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  pudo  aplicarla 
directamente, teniendo en cuenta el efecto directo y la primacía del Derecho comunitario 
sobre el Derecho interno, incluso sobre las normas con rango de ley, sin necesidad de 
plantear cuestión de inconstitucionalidad ni cuestión prejudicial.
En suma, la regulación del complemento de maternidad en los términos establecidos 
resultaba discriminatoria por razón de sexo, en relación con los hombres, al ser difícil 
encontrar una causa que justificase el diferente trato, siendo la indicada (aportación 
demográfica a la Seguridad Social) común a ambos sexos. Tras hacer referencia a la 
doctrina  constitucional  existente  sobre  discriminación  masculina  (SSTC  81/1982, 
38/1983, 98/1983 y 103/1983) aplicable al caso, se señaló que no había ninguna causa 
que justificase la mejora respecto de las mujeres y que estuviera vinculada a perjuicios 
que hubieran podido sufrir en relación con los hombres como consecuencia de su 
«aportación demográfica a la Seguridad Social», al aplicarse a todas las mujeres con 
hijos, aunque hubieran estado trabajando y no hubieran perdido cotizaciones como 
consecuencia  del  número  de  hijos,  reconociéndose  incluso  en  el  caso  de  hijos 
adoptados, donde no había aportación demográfica alguna de la beneficiaria. Por todo 
ello, terminó solicitando que se revocase la sentencia del juzgado para que se dictase 
una nueva que ofreciera una respuesta adecuada respecto del derecho fundamental a la 
igualdad y no discriminación alegado, tanto en el ámbito legislativo comunitario como en 
el ámbito nacional o, subsidiariamente, se estimase la demanda y se le reconociese a 
esa  parte  el  derecho  a  percibir  la  pensión  de  jubilación  en  la  cuantía  reclamada. 
Finalmente, mediante otrosíes, se indicó que en caso de existencia de duda sobre la 
normativa comunitaria aplicable se plantease cuestión prejudicial (art. 267 TFUE) y,  s
subsidiariamente,  de  no  entender  aplicable  la  normativa  comunitaria,  se  formulase  oe.
cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (art. 163 CE). w.
g)  El recurso de suplicación fue desestimado mediante sentencia de la Sala de lo  101ww
Sluogcaira, l ldae Sl Tarliab unneagló S uepl evricioior  ddee  Jiunsctoicniag rduee nMcuiar coiam, idseiv a7  ddee nnuonvcieiamdbor ea ld ceo 2n0s1id8e. rEanr  qpuriem elar 
spelanntetenacmiai edneto i nfsotramnucliaad, oa  epne slaa rd deem saunsd ala, cbóansiaconsd oa rlag udmeesenstotism, adcioió cnu dmep llaid am irsemspau eens taq uael   BOE-A-cable e
la  norma  de  Seguridad  Social  cuestionada  lo  que  hacía  era  otorgar  un  trato  más 
favorable a la mujer por razón de su maternidad. Por consiguiente, la sentencia de 
instancia  no  incurrió  en  incongruencia  omisiva,  ni  sustrajo  a  las  partes  del  debate 
contradictorio, ni limitó las posibilidades de defensa.
En segundo lugar, se desestimó también el siguiente motivo del recurso referido al 
derecho aplicado al caso. Se comenzó recordando que el art. 60 LGSS/2015 reconocía 
un complemento de pensión a las mujeres que hubieran tenido hijos (biológicos o 
adoptivos)  y  fueran  beneficiarias,  en  cualquier  régimen  de  Seguridad  Social,  de 
pensiones  contributivas  (jubilación,  viudedad  o  incapacidad  permanente).  Aclaró 
después la Sala que tal complemento se establecía por «la aportación demográfica a la 
Seguridad Social» de la mujer y como «recompensa o premio por tal motivo», y, sin duda 
alguna, «por la compatibilización de la actividad laboral con la maternidad», para evitar 
de ese modo las «discriminaciones que han afectado históricamente a las mujeres», que 
incluso  tuvieron  que  «dejar  su  trabajo  para  ser  madres  y  que  vieron  disminuidas 
sensiblemente sus pensiones llegado el momento de devengarlas».
Dicho esto, añadió la Sala que no cabía duda de que la normativa comunitaria era de 
aplicación preferente a la nacional y que existiendo una primacía del Derecho de la 
Unión Europea, había de imponerse el principio de igualdad de trato y no discriminación 
en materia de prestaciones exigido en el art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE. Pero se 
señaló  que  ese  mismo  precepto  en  su  apartado  segundo  también  dispone  que  el 
principio de igualdad de trato no se opone a las disposiciones relativas a la protección de 
la mujer en razón de su maternidad, siendo esa especial protección a la que obedecía el 
art. 60 LGSS/2015. Lo anterior condujo a la Sala a negar la vulneración de la normativa 
comunitaria  y  del  principio  constitucional  de  igualdad.  En  cuanto  a  la  petición  del 
recurrente  relativa  al  planteamiento  de  cuestión  de  inconstitucionalidad,  se  rechazó 
porque por medio de ATC 6/2018, de 5 de junio, ya se había rechazado y no admitido a 
trámite la planteada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Murcia. Por todo ello, y con 
aceptación  de  los  argumentos  del  magistrado  de  instancia,  se  procedió  a  la 
desestimación  del  recurso  de  suplicación  planteado,  confirmándose  la  sentencia 
recurrida.
h)  Frente a la citada resolución, la parte recurrente promovió incidente de nulidad 
de  actuaciones  al  amparo  del  art.  241.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial, 
denunciando la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En 
primer lugar, por haber incurrido la Sala en incongruencia, en tanto que omitió cualquier 
consideración sobre: la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea que había sido alegada (sentencias Griesmar, de 29 de noviembre 
de 2001; Maurice Leone, de 17 de julio de 2014; y X, de 3 de septiembre de 2014); los 
motivos por los que el art. 60 LGSS/2015 podía considerarse no solo contrario a la 
normativa comunitaria sino también a nuestra Constitución (art. 14 CE) y a la doctrina 
constitucional;  y  sobre  el  planteamiento  de  cuestión  prejudicial  ante  el  Tribunal  de 
Justicia de la Unión Europea o, subsidiariamente, de cuestión de inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, se alegó la infracción del art. 24 CE y 
de la doctrina constitucional sobre vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión  respecto  a  procesos  donde  se  alegan  normas  de  la  Unión  Europea  y 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con cita de la STC 232/2015, 
de 5 de noviembre.
i)  Estando pendiente de resolverse el referido incidente de nulidad de actuaciones, 
la parte recurrente presentó dos escritos ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior  s
de Justicia de Murcia. El primero, con fecha de 19 de septiembre de 2019, en el que  oe.
adjuntaba las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión  w.
Europea, de 10 de septiembre de 2019, en el asunto C-450/18; el segundo, con fecha  101ww
edne  1e3l  rdeef edriicdioe mabsruen tdoe,  2q0u1e9 h, aabdíjau ndtaencdlaor alad oS TqJuUeE u, nd ec o1m2 pdlee mdiecnietom bdree  pdeen 2s0ió1n9 ,c roemcaoí deal 
regulado en el art. 60 LGSS/2015 constituía una discriminación directa por razón de sexo
prohibida por la Directiva 79/7/CEE al no reconocerse a los hombres que se encuentran 
en idéntica situación a la de las mujeres.
j)  El incidente fue desestimado mediante sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 15 de enero de 2020, que negó la infracción 
del art. 24.1 CE por considerar que la resolución cuya nulidad se pretendía estaba 
suficientemente  fundamentada  en  la  Directiva  comunitaria,  concretamente,  en  la 
protección de la mujer por razón de su maternidad prevista en ella, y en tanto que dada 
la claridad del precepto aplicado no era preciso citar sentencia alguna del Tribunal de 
Justicia  de  la  Unión  Europea.  En  cuanto  a  su  falta  de  respuesta  en  torno  al 
planteamiento de cuestión prejudicial indicó la Sala que no cabía duda de que el silencio 
al respecto debía ser entendido en sentido negativo, al tratarse de una facultad de la 
Sala. Y lo mismo ocurría con relación a la petición de formulación de cuestión de 
inconstitucionalidad, si bien en este caso sí se había dejado expresa constancia de la 
negativa a plantearla al existir ya una inadmisión a trámite de la misma por el Tribunal 
Constitucional. Finalmente, y con relación a la STJUE de 12 de diciembre de 2019 
aportada por la parte en su escrito de planteamiento del incidente de nulidad, se indicó 
que aunque la misma se había pronunciado sobre el tema suscitado, ello no invalidaba la 
sentencia de esa Sala, pues el criterio aplicado solamente podía tener eficacia a partir de 
la fecha de tal resolución.
3.  El recurso de amparo se dirige frente a las resoluciones judiciales identificadas 
en el encabezamiento de esta sentencia, que desestimaron la pretensión del recurrente 
(padre de tres hijos) de que la cuantía de su pensión de jubilación se viera incrementada 
por el «complemento de maternidad» previsto en el art. 60 LGSS/2015. En la demanda 
se aducen las infracciones constitucionales que a continuación se señalan:
a)  Vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE), en 
relación con el art. 157 TFUE y 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de 
diciembre de 1978, sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social.
El recurrente imputa esta infracción tanto a la sentencia de instancia como a la que 
resolvió  el  recurso  de  suplicación.  Comienza  recordando  el  contenido  del  art.  60 
LGSS/2015, que reconoce a favor de las mujeres que hubieran tenido dos o más hijos, 
naturales o por adopción, y que sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de 
la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad 
permanente, un complemento de pensión por su «aportación demográfica a la Seguridad 
Social».  Se  indica  que  el  reconocimiento  de  ese  complemento  se  realizó  por  la 
disposición final 2.1 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del 
Estado para el año 2016, que aprobó el nuevo artículo 50 bis LGSS/1994, actualmente el 
art. 60 LGSS/2015. En la exposición de motivos de esa ley no se hizo ninguna referencia 
al complemento, que no estaba incluido en el proyecto de ley, siendo posteriormente 
incorporado durante la tramitación en el Congreso mediante las enmiendas 4241 y 4242 
del  Grupo  Parlamentario  Popular,  en  las  que  se  justificó  la  medida  de  forma  muy 
genérica indicando que se dirigía a reconocer la contribución de las mujeres trabajadoras 
que  han  compatibilizado  su  carrera  laboral  con  la  maternidad;  suavizar  las 
consecuencias de las discriminaciones históricas que han gravado más intensamente a 
las mujeres que a los hombres; disminuir la brecha de género en pensiones; y concretar 
los objetivos generales previstos en el plan integral de apoyo a la familia.
Expuesto  lo  anterior,  se  analiza  la  normativa  comunitaria  aplicable  al  caso,  e
recordando que el art. 157 TFUE impone a cada Estado miembro garantizar la aplicación  bo
del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres, y que, por su parte, la  101ww
«D[iere]lc ptirvinac dipeiol  Cdoen isgeujaol d7a9d/ 7d/eC EtrEat,o d seu p1o9n dderá d liac iaeumsbernec idae d 1e9 t7o8d,a e dni sscuri marint.a 4c iódnis ppoonr era qzóune 
doe f asmexiloia, ry»a,  psaerat icduirleacrmtae on tien,d ierenc ltoasm erenltaet,iv eon a el s«pceáclicaul loco dne r elalasc ipórne satla ecsiotandeos »m. aDterismpounéisa,l 
con referencia ya a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
menciona las siguientes resoluciones: la STJUE de 29 de noviembre de 2001, asunto 
Griesmar, C-366/99, que consideró contrario al principio de igualdad de retribución el 
reconocimiento de un complemento de pensión de jubilación solo a funcionarias que 
hubieran tenido hijos y los hubieran estado cuidando durante un periodo de nueve años, 
excluyendo de tal beneficio a los hombres en las mismas condiciones; la STJUE de 17 
de julio de 2014, C-173/13, asunto Maurice Leone, que consideró que constituía una 
discriminación indirecta por razón de sexo las ventajas en el cálculo de la pensión de 
jubilación  que  beneficiaban  esencialmente  a  las  funcionarias;  la  STJUE  de  3  de 
septiembre de 2014, C-318/13, sobre cálculo actuarial de indemnización por accidente 
de trabajo basado en la esperanza de vida media en función del sexo y en la que se 
entendió que no podía utilizarse este último factor basado en la estadística como motivo 
de diferenciación.
Finalmente, la STJUE de 12 de diciembre de 2019, C-450/18, asunto WA c. Instituto 
Nacional  de  la  Seguridad  Social  (INSS),  que  abordando  el  examen  del  art.  60 
LGSS/2015, apreció que al no reconocer tal norma el complemento a los hombres que 
se encuentren en una situación idéntica a la de la mujer (esto es, que hayan tenido hijos 
biológicos  o  adoptados  y  sean  beneficiarios  en  cualquier  régimen  del  sistema  de 
Seguridad  Social  de  pensiones  contributivas  de  jubilación,  viudedad  o  incapacidad 
permanente),  sin  que  exista  una  causa  que  lo  justifique,  resulta  contrario  a  la 
Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social.
Teniendo en cuenta la normativa comunitaria expuesta, así como la interpretación 
que de la misma ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las 
mencionadas sentencias, el recurrente en amparo indica que en el caso de autos la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia pudo aplicarla directamente dado 
el  efecto  directo  y  la  primacía  del  Derecho  de  la  Unión  sobre  el  Derecho  interno 
(SSTC 145/2012, de 2 de julio; 13/2017, de 30 de enero), sin necesidad de plantear 
cuestión  de  inconstitucionalidad,  ni  cuestión  prejudicial.  E  insiste  en  que  el  art.  60 
LGSS/2015 debe considerarse contrario a la normativa comunitaria y al art. 14 CE, 
porque es difícil encontrar una causa que justifique el diferente trato que dispensa ese 
precepto  a  los  hombres  respecto  a  las  mujeres.  Acudiendo  a  las  SSTC  81/1982, 
38/1983, 98/1983, 103/1983, y 3/1993, el recurrente sostiene, en tal sentido, que «no hay 
ninguna causa que justifique la mejora y que esté vinculada a perjuicios que haya podido 
sufrir la mujer en relación al hombre como consecuencia de su “aportación demográfica 
a la Seguridad Social”, aplicándose a todas las mujeres con hijos, aunque hayan estado 
trabajando y no hayan perdido cotizaciones como consecuencia del número de hijos, 
reconociéndose  incluso  en  el  caso  de  hijos  adoptados  donde  no  hay  aportación 
demográfica alguna de la beneficiaria».
b)  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE)  por 
incongruencia  omisiva  respecto  a  procesos  donde  se  alegan  normas  de  la  Unión 
Europea y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, infracción que 
solo se imputa a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia recurridas.
Se insiste en que en el recurso de suplicación se hacía constar como motivo el 
examen del derecho comunitario, citándose las sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea antes señaladas (recaídas en los asuntos Griesmar y Maurice Leone, y 
en el asunto C-318/13), que permitían prever cual sería la interpretación del art. 60 
LGSS/2015  por  parte  de  ese  tribunal.  Además  se  recuerda  que  en  el  recurso  de  s
suplicación se solicitaba, mediante segundo otrosí, la necesidad de plantear cuestión  oe.
prejudicial con carácter obligatorio y, mediante tercer otrosí y de forma subsidiaria, la  w.
posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.  101ww
Esenntiteenndceia , lap upeastrote  quqeu elo sn inagrguunma endteo sl acso natennteidrioosre esn  psrue tfeunnsdioanmeesn tfou ete rrceesruoe rlteas upltoarb alan 
insuficientes,  infringiendo  con  ello  el  art.  24  CE  y  la  doctrina  constitucional  sobre
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión respecto de procesos 
donde se alegan normativa y jurisprudencia comunitarias.
Con cita de la STC 232/2015, de 5 de noviembre, el recurrente afirma que la 
sentencia  de  la  Sala  infringió  el  art.  24.1  CE  porque:  i)  no  se  hace  ninguna 
fundamentación respecto a la interpretación realizada por la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea sobre el art. 141 TCE (actual 157 TFUE) y art. 4.2 de la 
Directiva  79/7/CEE,  contenida  en  las  tres  sentencias  aportadas  en  el  recurso  de 
suplicación; ii) se omite cualquier fundamentación respecto a la interpretación de la 
doctrina constitucional sobre discriminación masculina en el sistema de prestaciones de 
Seguridad  Social,  en  relación  con  las  sentencias  citadas;  iii)  se  omite  cualquier 
razonamiento sobre la petición de planteamiento de cuestión prejudicial; iv) se ofrece 
una  respuesta  incongruente  a  la  solicitud  de  planteamiento  de  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad  porque,  al  argumentar  con  base  al  dictado  del  ATC  6/2018,  la 
sentencia obvia que en el mismo no se desestimó la cuestión de inconstitucionalidad 
sino que la inadmitió por defecto en su planteamiento sin entrar a analizar el fondo del 
asunto.
Una vez analizadas las infracciones constitucionales producidas por las resoluciones 
judiciales  impugnadas,  el  recurrente  pasa  a  justificar  la  especial  trascendencia 
constitucional  del  recurso  exigida  en  el  art.  49.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), afirmando que concurre la misma por los siguientes motivos: i) 
respecto a la vulneración del art. 14 CE, por la necesidad de un pronunciamiento 
constitucional respecto a la discriminación por razón de sexo en el reconocimiento del 
complemento de maternidad del art. 60 LGSS/2015, sobre la que no hay resolución de 
fondo de este tribunal, habiéndose pronunciado sobre tal precepto, por el contrario, la 
STJUE  de  12  de  diciembre  de  2019,  C-450/18,  en  la  que  se  ha  declarado  su 
contradicción con la normativa comunitaria; ii) respecto a la vulneración del art. 24.1 CE, 
para  que  se  dicte  una  resolución  sobre  la  necesidad  de  interposición  de  cuestión 
prejudicial cuando la resolución del órgano judicial nacional no es susceptible de recurso 
ordinario,  fijándose  los  límites  de  la  discrecionalidad  en  el  planteamiento  de  las 
cuestiones prejudiciales.
El  recurrente  termina  su  demanda  de  amparo  solicitando  la  nulidad  de  las 
resoluciones judiciales impugnadas y que se le reconozca su derecho al complemento 
de maternidad reclamado o, subsidiariamente, se resuelva sobre la obligatoriedad del 
planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
4.  Por providencia de 14 de diciembre de 2020, la Sección Segunda de este 
tribunal, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre 
en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque «el 
recurso  puede  dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como 
consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]». En aplicación 
de lo previsto en el art. 51 LOTC, acordó también dirigir atenta comunicación a la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para que en el plazo de diez días 
remitiese  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
recurso de suplicación núm. 1283-2017 y nulidad de actuaciones 1-2019, así como al 
Juzgado de lo Social núm. 2 de Murcia a fin de que, en igual plazo, remitiese certificación 
o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al  procedimiento  sobre 
Seguridad Social núm. 559-2016; debiendo previamente emplazarse, para que en el 
plazo de diez días pudieran comparecer, si así lo deseaban, en el recurso de amparo, a 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo. e.
5.  Por diligencia de ordenación de 18 de febrero de 2021 se tuvieron por recibidos  101ww
nloúsm te. s2t idmeo Mniousrc diae  yla lsa  aScatluaa dceio nloe Ss orecmiali tiddeols T yri beumnpalla Szaumpeierinotro d peo Jr uesl tJicuiazg daed oM duerc lioa ,S yo ccoianl 
paerrresgolnoa daal sa rpt.la z5o2  cLoOmTúCn,  dsee  vaecionrtdeó  dcíaosn cpeadrear  qaul eM, icnoisnte rviois taF isdcea l lays  aa cltausa cpioanrteess, 
formulasen alegaciones.
6.  El 23 de marzo de 2021 tuvo entrada en este tribunal el escrito de alegaciones 
del recurrente en amparo, en las que tras dar por reproducida la demanda, puso en 
conocimiento de este tribunal que, con posterioridad a la interposición del recurso de 
amparo, y por lo que al primer motivo del recurso respecta, se ha producido un cambio 
legislativo en la regulación del complemento de maternidad, aplicando la doctrina de la 
STJUE de 12 de diciembre de 2019, a través del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de 
febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras 
materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (BOE de 3 de febrero 
de 2021). Se habría venido a reconocer, por lo tanto, la discriminación que se producía 
en la regulación anterior respecto al no reconocimiento del complemento a los hombres 
en igualdad de situación que las mujeres.
7.  El escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal tuvo entrada en el registro de este 
tribunal el 11 de enero de 2019. Se interesa en él la estimación del recurso con base a 
los razonamientos que a continuación se sintetizan.
Tras  exponer  los  antecedentes  del  caso  y  las  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales alegadas por la parte, el fiscal recoge la doctrina constitucional que 
considera aplicable. De este modo, comienza haciendo referencia en términos generales 
a la doctrina constitucional sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, para luego 
centrarse en la discriminación por razón de sexo en materia laboral, recordando que 
como se sostuvo en relación al permiso por lactancia en la STC 109/1993, de 25 de 
marzo, FJ 3, no puede afirmarse que toda ventaja legal otorgada a la mujer resulte 
siempre discriminatoria para el varón por el mero hecho de no hacerle partícipe de la 
misma, pues la justificación de tal diferencia podría estar en la situación de desventaja 
de la mujer que se trata de compensar. Se subraya también la protección constitucional 
que  se  ha  otorgado  a  los  derechos  asociados  a  la  maternidad,  con  cita  de  la 
STC 79/2020, de 2 de julio, FJ 4, y se añade que tratándose de prestaciones de 
Seguridad Social (SSTC 197/2003 y 41/2013) existe un amplio margen de configuración 
del legislador en la materia, en atención a las circunstancias socioeconómicas y la 
existencia  de  recursos  limitados.  Después,  ya  con  referencia  a  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva, recuerda su faceta de derecho a la motivación 
(STC 30/2017) y la doctrina sobre el defecto de incongruencia omisiva (STC 232/2015). 
Dicho esto, se trae a colación la doctrina constitucional según la cual se produce una 
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando un órgano judicial 
decide  no  aplicar  una  norma  postconstitucional  con  rango  de  ley  por  considerarla 
contraria a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea, en lugar de plantear 
cuestión  de  inconstitucionalidad  o  cuestión  prejudicial.  Se  cita  al  respecto,  tanto  la 
STC 173/2002, de 9 de octubre, como la más reciente STC 37/2019, de 26 de marzo, 
que ha señalado que en tales casos, el desconocimiento y preterición de una norma de 
Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, puede suponer una «selección irrazonable y arbitraria de una norma 
aplicable al proceso», lo que puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva. En cuanto a la primacía del derecho europeo y la necesidad de asumir 
la interpretación efectuada por aquel tribunal, se remite a las SSTC 140/2020, de 6 de 
octubre, y 8/2021, de 25 de enero.
Después, añade el fiscal una reseña sobre la doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea respecto a la prohibición de discriminación por razón de sexo mantenida 
en la STJUE de 12 de diciembre de 2019, en la que apreció que el art. 60 LGSS, en la 
redacción entonces vigente, resultaba contrario a la Directiva 79/7/CEE y, por tanto, daba  e.
lugar a una discriminación por razón de sexo. Recuerda los argumentos principales de  w.b
tal resolución para apreciar la contravención del principio de igualdad de trato entre  101ww
hSoemgubrriedsa dy  Smoucjiearle) sn:o a p) ueel doeb jjeutsivtiofi cpaer rlsae dgiufeidroe npcoiar  lpao nr ocrumaan to(a qpuoert aacfeiócnta d teamntoog ará lfaic am au jelar 
cdoemsvoe natla jhaosm pbrorefe; sbio) nlaal ecsir dcuenrisvtaadnacsia d edle c uqiudea dlaos d em luojse rheisjo se,s ptéonrq mueá,s e na fgeecntaedraasl  apsourm leans 
tal tarea, no puede excluir la posibilidad de comparación de su situación con la del
hombre que también asuma el cuidado de los hijos y que, por tal motivo, haya podido 
sufrir  las  mismas  desventajas  en  su  carrera;  los  datos  estadísticos  que  muestran 
diferencias en el importe de las pensiones entre mujeres y hombres no son suficientes 
para justificar la exclusión denunciada; c) el art. 60 LGSS/2015 no establece vínculo 
alguno entre la concesión del complemento y el disfrute del permiso por maternidad o la 
interrupción  de  la  actividad  durante  el  periodo  subsiguiente;  tampoco  protege  la 
condición biológica de la mujer, cuando el complemento se le concede en caso de tener 
hijos adoptivos. Se niega, de este modo, la aplicación de la excepción de prohibición de 
discriminación establecida en el art. 4, apartado 2, de la Directiva citada; d) falta de 
supeditación del complemento a la educación de los hijos o a la existencia de periodos 
de interrupción del empleo debido a esa causa; e) inaplicabilidad del art. 157 TFUE, por 
cuanto que el art. 60 LGSS/2015 se limita a conceder el complemento sin aportar 
remedio alguno a los problemas que pueda encontrar la mujer en su carrera profesional, 
o compensar sus desventajas. Subraya el fiscal que esta sentencia que fue alegada por 
el recurrente en su incidente de nulidad de actuaciones, cita como antecedentes las que 
el recurrente había alegado en su recurso de suplicación para pedir la aplicación directa 
del derecho comunitario, o al menos, el planteamiento de cuestión prejudicial.
Una vez expuesta la anterior doctrina, el fiscal efectúa una traslación de la misma al 
presente caso. Respecto a la vulneración de la prohibición de discriminación (art. 14 CE) 
aclara que aunque el demandante lo que pide en su recurso es que se le aplique el 
complemento previsto en el art. 60 LGSS/2015 solo para las mujeres a pesar de ser un 
hombre, reconoce que para eso sería necesario que el órgano judicial plantease cuestión 
de inconstitucionalidad. Por tanto, aparte de la petición de aplicación directa del derecho 
comunitario si no se plantea la cuestión prejudicial, en realidad lo que pretendía la parte 
a lo largo de todo el procedimiento con la afirmación de la existencia de discriminación 
por razón de sexo es que se plantease cuestión de inconstitucionalidad.
Recuerda que la falta de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad tiene que 
ser  examinada  desde  la  perspectiva  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  por 
incongruencia omisiva y en la faceta del derecho a un proceso con todas las garantías, 
esto es, dentro del segundo motivo del recurso de amparo y que, asimismo, en este 
proceso de amparo tampoco se podría declarar directamente la inconstitucionalidad de 
una norma, por lo que de considerarse que el precepto cuestionado pudiera ser contrario 
al art. 14 CE sería necesario tramitar una cuestión de inconstitucionalidad. Dicho esto, y 
sin perjuicio de pronunciarse definitivamente sobre ello en el momento oportuno, el fiscal 
adelanta una breve reflexión al respecto, mostrando su conformidad con el argumento 
ofrecido en la STJUE de 12 de diciembre de 2019, relativo a que los datos estadísticos 
que  muestran  diferencias  estructurales  entre  los  importes  de  las  pensiones  de  las 
mujeres y de los hombres, y de los que resulta que son las primeras las que se dedican 
generalmente al cuidado de los hijos, no son suficientes para justificar la exclusión de los 
hombres del complemento de pensión establecido en el art. 60 LGSS/2015.
Señala que tal argumentación es razonada y razonable, pues establece mejoras para 
las mujeres excluyendo a los hombres por actividades como el cuidado de los hijos que 
aun siendo mayoritariamente realizadas por ellas, nada impide que los hombres puedan 
haber también realizado, siendo la desventaja en tales casos la misma. Se trata de 
conductas  no  ligadas  al  sexo  sino  a  los  roles  sociales  tradicionales  y  no  parece 
adecuarse bien a la prohibición de discriminación del art. 14 CE, si se tiene en cuenta 
que a través de medidas de este tipo indirectamente se podría estar ayudando a la 
continuidad de la anticuada visión de que hay tareas propias de un sexo y de otro.  s
Asimismo, se recuerda que las normas actuales que otorgan los llamados «derechos  oe.
asociados a la maternidad», por dedicación al cuidado de los hijos menores, se dirigen  w.
tanto  a  las  mujeres  como  a  los  hombres,  aunque  sean  ellas  las  que  asuman  101ww
vmualnyeorraitaciróianm deenl tdee rteaclehso  at alare naos .d isFcinriamlmineanctióen, , peal rfias catel rsmubinraary a cqoune  eell  leegxisalmadeonr  pdaere clea 
hcoanbceer dteorm eal dcoo mnoptlae mdeen ttoo ddoe  lpoe annsitóenri otra nctoon a  lalo sn uheovmab rreegs uclaocmióon a d leals  amrtu. je6r0e sL,G cSuaSn, daol   BOE-A-cable e
se cumplen los requisitos legalmente previstos, de los cuales resulta claramente el 
fundamento de dicho complemento en esos derechos asociados a la maternidad, que 
siguen disfrutando mayoritariamente las mujeres por su tradicional dedicación al cuidado 
de los hijos, pero que en su regulación legal deben ser conformes a los criterios de no 
discriminación por razón de sexo y favorecedores de ir terminando con la tradicional 
distribución de roles de género.
Se centra en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), que 
se imputa a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que resolvió el recurso de 
suplicación y ha de entenderse extensible a la que la confirmó al resolverse el incidente 
de nulidad de actuaciones formulado frente a ella. Reprochó la parte recurrente a la Sala 
una falta de motivación al decidir no plantear cuestión de inconstitucionalidad, cuando se 
alegaba que la norma resultaba contraria al art. 14 CE. Dada la respuesta ofrecida por la 
Sala, considera el fiscal que el órgano judicial omitió contestar a los puntos esenciales de 
la argumentación del recurso de suplicación, en particular, en relación a que la ventaja 
contemplada en el art. 60 LGSS/2015 se aplica con independencia de que la mujer 
hubiera estado trabajando y no hubiera perdido cotizaciones, o de que los hijos hubieran 
sido adoptados, en cuyo caso, la aportación demográfica a la Seguridad Social no 
existía. Por consiguiente, entiende que resultaba de aplicación la doctrina constitucional 
sobre discriminación masculina expresada en las SSTC 81/1982, 38/1983, 98/1983, 
103/1983 y 3/1993.
Además, puntualiza que el ATC 6/2018 que menciona la sentencia impugnada para 
justificar el no planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, lo que hizo fue inadmitir 
la cuestión planteada porque el juez que la propuso no había justificado correctamente la 
duda de constitucionalidad, es decir, porque la cuestión no estaba bien planteada. Por 
ello, la cita, sin más, de ese auto, sin dar mayor explicación sobre la falta de dudas de 
constitucionalidad (a pesar de la doctrina alegada por la parte y de sus concretas 
alegaciones para sostener la eventual inconstitucionalidad), llevan al fiscal a apreciar la 
falta de motivación suficiente, tanto teniendo en cuenta el canon de constitucionalidad 
general como el que corresponde en supuestos de falta de planteamiento de la cuestión 
(cita SSTC 232/2015, de 5 de noviembre, y 30/2017, de 27 de febrero). Esta vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva, por incongruencia omisiva, no fue corregida por la 
sentencia  que  resolvió  el  incidente  de  nulidad,  que  se  conformó  con  la  cita  del 
ATC 6/2018.
Una vez afirmado lo anterior, se refiere a la falta de justificación de la aplicación 
directa del derecho comunitario y al no planteamiento de cuestión prejudicial solicitada 
por la parte. En respuesta de tal cuestión, la sentencia se refirió solo a que el art. 4.2 de 
la Directiva permitía disposiciones relativas a la protección de la mujer por razón de su 
maternidad y que esa protección especial era la recogida en el art. 60 LGSS, por lo que 
no apreció vulneración de la normativa comunitaria, ni del principio constitucional de 
igualdad.
Después, al desestimar el incidente de nulidad de actuaciones, la Sala negó que su 
sentencia hubiera incurrido en incongruencia omisiva, dado que el silencio sobre el 
planteamiento de la cuestión prejudicial debía entenderse como una negación, y sobre 
que la STJUE de 12 de diciembre de 2019 citada por la parte pudiera invalidar lo 
decidido en el caso de autos también fue rechazado por la Sala argumentando que tal 
sentencia solo podía surtir efectos a partir de su fecha y no en ese proceso. A la vista de 
tales argumentos, considera el fiscal que tampoco en este punto se cumplió con el deber 
de motivación exigible. Así, la cita del art. 4.2 de la Directiva, unida a la escueta  s
afirmación de que «esta protección especial es la que se recoge en el art. 60 de la Ley  oe.
general de la Seguridad Social» (en referencia a la protección de la mujer en razón de su  w.
maternidad), no constituía una argumentación que expresase el motivo por el que, a  101ww
mpeusjearre dse  rleaa ilniztaedrpar eptoarc ilóan j udreisl pDruedreecnhcoia c doeml uTnriitbaurinoa el nd em Jautesrtiiaci ad ed eig ulaa lUdandió nd eE huorompberae,s  eyl 
qaurte.  6n0o  LhGaScSía/ 2f0a1lt5a  eerla  ptalann tcelaamraimenetnot ed eco lnaf ocrmuees tcióonn  eplr eajurtd. ic4i adl.e  Elan  Dsiuremcativ, ala 7 9S/a7l/aC EnEo   BOE-A-cable e
contestó al demandante, desconociendo este el motivo por el que el órgano judicial 
despreció  los  criterios  de  las  sentencias  alegadas.  Además,  siendo  citada  por  el 
recurrente  la  STJUE  de  12  de  diciembre  de  2019  en  su  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones y dado que la misma había declarado que un precepto como el art. 60 
LGSS/2015 era contrario a la Directiva, era patente que la alegación de la jurisprudencia 
de ese tribunal realizada por la parte (sentencias que sirvieron de antecedente a aquella 
STJUE  que  se  pronunció  sobre  el  contenido  del  citado  art.  60)  era  especialmente 
procedente y merecía una contestación expresa y suficiente sobre las razones de no 
plantear una cuestión prejudicial.
Por lo tanto, el Ministerio Fiscal considera que la Sala al resolver el incidente de 
nulidad debió tener en cuenta aquella sentencia (así como las citadas en ella), y estimar, 
de un lado, que había incurrido en un error patente al apreciar que la norma en cuestión 
era conforme con la normativa y jurisprudencia comunitarias; de otro lado, reconocer el 
defecto de incongruencia omisiva denunciado por la parte, al no haber realizado ninguna 
valoración de las resoluciones judiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que 
eran relevantes para interpretar el Derecho comunitario. Considera el fiscal que el auto 
resolutorio del incidente incurrió también en un defecto de motivación, al no hacer 
valoración alguna de los criterios que resultaban de la STJUE de 12 de diciembre 
de 2019, para decidir si había habido vulneración de la tutela judicial efectiva en su 
sentencia anterior, y no porque esta inaplicase una sentencia, que no era aún conocida 
cuando se dictó (como decía la Sala), sino porque, analizando los criterios expuestos en 
esa sentencia y los antecedentes jurisprudenciales que se mencionaban en la misma, se 
podía estimar que la sentencia que resolvió el recurso de suplicación no había cumplido 
con el deber constitucional de motivar los motivos por los que no planteaba la cuestión 
prejudicial.
En definitiva, sostiene el fiscal que con independencia de que se considere un error 
patente la decisión de no plantear cuestión prejudicial, lo fundamental en el caso de 
autos, al ser el motivo del recurso, es la vulneración de la tutela judicial efectiva por 
incongruencia omisiva, que se produce por la sentencia que resolvió el recurso de 
suplicación  por  la  falta  de  justificación  suficiente  (en  relación  con  las  alegaciones 
basadas en la jurisprudencia comunitaria y constitucional), de los motivos por los que no 
se  consideraba  procedente  ni  la  cuestión  prejudicial,  ni  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad. Estimando, en definitiva, que las dos sentencias dictadas por el 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva 
por incongruencia omisiva, el fiscal considera que procede declarar la nulidad de las 
mismas para que, en contestación al recurso de suplicación, se pronuncie la Sala sobre 
la  aplicación  preferente  del  derecho  comunitario,  teniendo  en  cuenta  la  doctrina 
jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tal y como ha hecho ese 
mismo Tribunal Superior en reclamaciones posteriores e idénticas a la que fue objeto de 
la presente causa, en las que aplica la STJUE de 12 de diciembre de 2019) y en su caso, 
sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial o de la cuestión de inconstitucionalidad.
8.  Por providencia de 9 de septiembre de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El  presente  recurso  de  amparo  se  dirige  frente  a  las  resoluciones  judiciales  bo
identificadas en el encabezamiento de esta sentencia, que desestimaron la pretensión  101ww
datineercxtl.r t eor6em 0rce eudfnruertneal dndRitadee o ape ld onDer  a eleamcl r pLe«aetocryoo  Lgm (eeppgnalieesdmrlraaeetl  ivnddoteeo   8 ltard/e2 eSs0  e1hmg5ijua,o rtsdeid)er an dd3ied 0 Sa qddou»ece i a orslec u(gte uupnblea ranedds,o eip óleoannrn  d teeeel,  l  qjLueuGbneiSlt aosScne/icó 2aen0ps 1s r5uev)ei .gv bEeiaens stteeeel     OE-A-2021-17able en https://
precepto preveía un complemento de pensión en favor de las mujeres que hubieran
tenido dos o más hijos (biológicos o adoptivos) y fueran beneficiarias en cualquier 
régimen  del  sistema  de  Seguridad  Social  de  pensiones  contributivas  de  jubilación, 
viudedad e incapacidad permanente, por su «aportación demográfica a la Seguridad 
Social».
El citado precepto fue posteriormente modificado como consecuencia de que la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019, 
recaída  en  la  cuestión  prejudicial  C-450/18,  asunto  WA  c.  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social (INSS), declarase la incompatibilidad del citado precepto con respecto 
a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre aplicación 
progresiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de seguridad 
social. Ciertamente, a resultas de ello, por medio del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de 
febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras 
materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, se reformó el citado art. 60, 
configurando  un  complemento  que  dejó  de  tener  su  justificación  en  la  «aportación 
demográfica a la Seguridad Social» para estar dirigido a la consecución de la «reducción 
de la brecha de género», pudiendo también ser beneficiarios los hombres que acrediten 
un perjuicio en su carrera de cotización como consecuencia de la asunción del cuidado 
de los hijos.
Dado que, como ha quedado dicho, la norma que resultaba aplicable al caso (art. 60 
LGSS/2015) contemplaba exclusivamente a las mujeres como únicas beneficiarias del 
referido complemento, el recurrente denunció en la vía judicial que la norma contenía 
una discriminación por razón de sexo contraria tanto al art. 14 CE y a la doctrina de este 
tribunal  sobre  discriminación  masculina  en  materia  de  pensiones,  como  a  la 
Directiva 79/7/CEE antes citada y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea  que  la  interpretaba,  interesando  la  aplicación  directa  de  tal  normativa 
comunitaria  y,  en  su  caso,  el  planteamiento  de  cuestión  prejudicial  o  de 
inconstitucionalidad.
Como  ha  quedado  más  extensamente  recogido  en  los  antecedentes  de  esta 
resolución, el juzgado de lo social descartó la lesión del derecho fundamental y la 
contravención  de  la  Directiva  argumentando  que  el  precepto  cuestionado  era  una 
disposición relativa a la «protección de la mujer» permitida por su art. 4.2, por lo que no 
se oponía al principio de igualdad de trato proclamado también en el apartado primero de 
ese  mismo  precepto,  ni  hacía  preciso  el  planteamiento  de  cuestión  de 
inconstitucionalidad. Disconforme la parte con la decisión adoptada, planteó recurso de 
suplicación en el que denunció nuevamente la discriminación padecida, aduciendo los 
motivos  por  los  que  la  norma  no  podía  considerarse  una  disposición  dirigida  a  la 
«protección  de  la  maternidad»  de  la  que  pudieran  quedar  excluidos  los  hombres, 
insistiendo, además, en la contravención de la normativa comunitaria y en la falta de 
ponderación de la interpretación de la misma realizada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión  Europea,  que  había  declarado  ya  como  discriminatorio  para  el  hombre  el 
reconocimiento  de  complementos  de  pensión  y  de  ventajas  en  el  cálculo  de  las 
pensiones e indemnizaciones a favor exclusiva de las mujeres (SSTJUE de 29 de 
noviembre de 2001, asunto Griesmar, C-366/99; de 17 de julio de 2014, C-173/13, 
asunto Maurice Leone; y de 3 de septiembre de 2014, C-318/13).
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirmó lo decido en 
la instancia, fundamentando la desestimación del recurso de suplicación únicamente en 
que el complemento era una recompensa a la mujer por su «aportación demográfica a la 
Seguridad Social» y por haber tenido que compatibilizar la actividad laboral con la  s
maternidad. Partiendo de que el objeto del art. 60 LGSS/2015 era, como había dicho el  oe.
juzgado, la protección de la mujer en razón de su maternidad, se apreció que el precepto  w.
era acorde con el art. 4.2 de la Directiva y que no infringía por ello el principio de  101ww
iagduuacldiéandd. oSsee  rqeuceh apzoór,  migeudailom deen teA,T eCl  p6l1a/n2t0e1a8m, iednet o5  ddee  cjuuneisot,i óyna  dsee  inhcaobnías tiitnuacdiomniatildidoa dla, 
ppllaanntteeaadmaie nptoor  dee lc uJeusztgióand op redjued ilcoia lS lao cSiaall an núom h. iz6o  pdreo nuMnucriacima.i enStoob arelg ulnao .petición  de  BOE-A-cable e
Frente  a  esa  resolución,  la  parte  recurrente  promovió  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones, denunciando la falta de pronunciamiento de la Sala sobre la aplicación al 
caso de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había sido alegada; 
sobre los motivos por los que la norma podía considerarse contraria al art. 14 CE y a la 
doctrina constitucional, así como sobre la aplicación directa de la normativa comunitaria 
o,  en  su  caso,  la  necesidad  de  planteamiento  de  cuestión  prejudicial  o  de 
inconstitucionalidad. Estando pendiente de resolución ese incidente, la parte puso en 
conocimiento de la Sala la STJUE, de 12 de diciembre de 2019, C-450/18, asunto WA c. 
Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  (INSS)  que  había  apreciado  que  el 
complemento de pensión discutido en esos autos (art. 60 LGSS/2015) suponía una 
discriminación por razón de sexo prohibida por la Directiva 79/7/CEE. A pesar de ello, la 
Sala  rechazó  la  nulidad  de  actuaciones  al  entender  que  su  sentencia  estaba 
suficientemente fundamentada y que la claridad del precepto aplicado hacía innecesaria 
la mención de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; que el 
planteamiento de la cuestión prejudicial y de inconstitucionalidad era una facultad de la 
Sala, habiendo sido objeto de desestimación implícita la primera y de forma expresa la 
segunda; y, finalmente, que la STJUE de 12 de diciembre de 2019 aportada por la parte 
no invalidaba la sentencia de esa Sala en tanto que el criterio mantenido en ella por el 
Tribunal de Justicia solamente podía tener eficacia a partir de su fecha.
Pues bien, siendo esa la respuesta judicial obtenida a su pretensión, el recurrente 
interpuso demanda de amparo, en la que imputa, en primer lugar, tanto al juzgado como 
al  Tribunal  Superior  de  Justicia,  la  vulneración  del  derecho  a  la  igualdad  y  no 
discriminación reconocido en el art. 14 CE (en relación con el art. 157 TFUE y art. 4.1. de 
la Directiva 79/7/CEE). Con base a la doctrina constitucional y comunitaria alegada, 
solicita que se le reconozca el complemento de pensión reclamado al no existir una 
causa que justifique el tratamiento diferenciado del hombre con respecto a la mujer, dado 
que la «aportación demográfica a la Seguridad Social» a la que hacía referencia el 
art. 60 LGSS/2015 era un motivo común que afectaba a ambos sexos, y dado que el 
beneficio reconocido no se encontraba, en realidad, asociado a la maternidad, como lo 
demostraba que no quedase condicionado a que la mujer hubiera sufrido una pérdida de 
cotizaciones como consecuencia de haber tenido hijos y que se devengase también en 
el  caso  de  que  aquellos  lo  fueran  por  adopción.  En  segundo  lugar,  reprocha  a  la 
resoluciones  dictadas  por  la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por incongruencia 
omisiva  respecto  a  procesos  donde  se  alegan  normas  de  la  Unión  Europea  y 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al no haberse pronunciado 
sobre la interpretación realizada por ese tribunal sobre la normativa comunitaria aplicable 
y la petición del planteamiento de cuestión prejudicial. Tampoco sobre la infracción de la 
doctrina constitucional sobre discriminación masculina en el sistema de prestaciones y, 
de  forma  razonable,  sobre  la  petición  de  planteamiento  de  cuestión  de 
inconstitucionalidad.
El fiscal interesa la estimación del recurso de amparo por este segundo motivo del 
recurso  (vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva)  ante  la  falta  de 
pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre 
la aplicación preferente del Derecho de la Unión Europea y la doctrina del Tribunal de 
Justicia  de  la  Unión  Europea  que  lo  interpreta,  así  como  sobre  la  solicitud  de 
planteamiento de cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad. Interesa, por lo tanto, que 
se declare la nulidad de sus dos sentencias, con retroacción de las actuaciones para que  s
se dicte una nueva resolución que se pronuncie sobre los extremos arriba mencionados. oe.
2.  Orden de examen de las quejas. 101ww
Una vez delimitadas los motivos del recurso de amparo, procede establecer el orden
ddoec etrxinaam, eqnu ed eo tolarsg aqnu epjraiosr idfoardm au laadqause lleans  adtee nlacsió qnu ea  plousd icerriate drieorsi veaxrspeu elas troest roeanc ncuióens tdrae 
actuaciones, haciendo innecesario el pronunciamiento sobre las restantes [por todas,
entre las más recientes, SSTC 22/2021, de 15 de febrero, FJ 1; 35/2021, de 18 de 
febrero, FJ 1 c), y 80/2021, de 19 de abril, FJ 2].
En aplicación de la referida doctrina, procede que analicemos ante todo la queja que, 
de ser estimada, daría lugar a la retroacción de actuaciones, esto es, la relativa a la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que el recurrente en 
amparo imputa a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por no 
haber resuelto de forma motivada y congruente el recurso de suplicación planteado y el 
posterior incidente de nulidad de actuaciones.
3.  Doctrina constitucional.
Para  resolver  lo  planteado  en  el  presente  proceso  constitucional,  resulta 
determinante lo decidido en la STC 232/2015, de 5 de noviembre, en la que estimamos 
el recurso de amparo promovido por un profesor interino al que se le había denegado el 
complemento  específico  de  formación  de  profesorado  (conocido  como  «sexenio»), 
reservado a los funcionarios de carrera. Como también acontece en el presente caso, el 
recurrente no solo denunciaba la infracción del art. 14 CE, sino también del art. 24 CE 
por la falta de pronunciamiento del órgano judicial sobre la aplicación de la normativa 
comunitaria alegada y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
sobre todo, teniendo en cuenta que la parte había alegado una resolución en la que se 
había  apreciado  que  el  complemento  retributivo  discutido  contravenía  la  normativa 
comunitaria  al  reservarlo  a  funcionarios  de  carrera,  excluyendo  a  los  funcionarios 
interinos  que  se  encontrasen  en  situaciones  comparables.  En  suma,  la  lesión 
constitucional se situó también, como en el caso que ahora nos ocupa, en el hecho de no 
haber aplicado el órgano jurisdiccional la citada normativa y jurisprudencia europeas que 
habían sido alegadas por la parte a lo largo del procedimiento.
Pues bien, conviene traer aquí a colación, brevemente, lo que señalamos en esa 
sentencia 232/2015:
(i)  a este tribunal «corresponde […] velar por el respeto del principio de primacía del 
Derecho de la Unión cuando […] exista una interpretación auténtica efectuada por el 
propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea» [FJ 5 c)];
(ii)  el desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y 
como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, «puede suponer una “selección 
irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso”, lo cual puede dar lugar a una 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 
y 6)» [FJ 5 c)];
(iii)  los jueces y tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con 
una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tienen la obligación de 
inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma de Derecho de la 
Unión;  esta  obligación,  cuya  existencia  es  inherente  al  principio  de  primacía  antes 
enunciado,  recae  sobre  los  jueces  y  tribunales  de  los  Estados  miembros  con 
independencia  del  rango  de  la  norma  nacional,  permitiendo  así  un  control 
desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho interno con el 
Derecho de la Unión Europea [FJ 5 c)].
Partiendo  de  las  anteriores  premisas,  en  aquel  caso  resolvimos  el  recurso 
ponderando  dos  circunstancias  de  capital  importancia  (fundamento  jurídico  6),  que 
también, en este caso, habremos de tener en cuenta, a saber: de un lado, que el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea se había pronunciado ya sobre cuál era la interpretación  e.
correcta del principio de no discriminación contenido en la Directiva alegada, y lo había  w.
hecho no solo con ocasión de cuestiones prejudiciales en asuntos análogos, sino en un  101ww
dcaes ola  mUantieórnia lEmuernotpee iad éhnatbicíoa;  sdied oo tirnot rloadduoc, iqduae  ye sfoar mjuaribspar updaertnec idae dl eol bTjeritbou ndaell  ddee bJuasteti.c iAa 
pperescaer dednet ee dlloic,t aedlo  óerng aunno  sjuupduiceisatlo  nidi écnittóic on, i lov aqluoeró c otanld ujujori sap rlau deesnticmiaa,c inóin  edle lc orenccurerstoo   BOE-A-cable e
de amparo planteado por infracción del art. 24.1 CE, al haberse llevado a cabo una 
«selección irrazonable y arbitraria de la norma aplicada al proceso», pues se prescindió 
de la interpretación de la norma comunitaria impuesta por el órgano competente para 
hacerlo  con  carácter  vinculante,  vulnerando  con  ello  el  «principio  de  primacía  del 
Derecho de la Unión Europea». En suma, consideramos en aquel caso que el órgano 
judicial debió aplicar directamente la Directiva alegada, en la interpretación realizada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al tener preferencia sobre el Derecho interno 
incompatible.  Una  aplicación  directa  que  no  precisaba,  además,  de  una  cuestión 
prejudicial, ya que se trataba de un “acto aclarado” por el propio tribunal al haber resuelto 
con anterioridad una cuestión prejudicial materialmente idéntica a la planteada en un 
asunto análogo [FJ 6 b)].
4.  Aplicación de dicha doctrina.
En el presente caso, concurren los requisitos señalados en el anterior fundamento 
jurídico que permiten apreciar la vulneración del art. 24.1 CE por los motivos expuestos 
en la STC 232/2015.
Ciertamente, hay que subrayar que antes de que la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia resolviera el recurso de suplicación que le fue planteado, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se había pronunciado en repetidas ocasiones 
sobre la interpretación correcta de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1978, en relación con el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia  de  seguridad  social,  considerando  contrarias  al  mencionado  principio 
determinados beneficios con relación a las pensiones que se atribuían solo a las mujeres 
por el hecho de haber tenido hijos, sin vincularlos a la maternidad y a las desventajas 
que esta pudiera acarrear en su carrera profesional. Como sostuvo la parte recurrente 
ante la Sala, resultaba relevante a este respecto, lo declarado en la STJUE de 29 de 
noviembre  de  2001,  C-366/99,  asunto  Griesmar,  que  había  resuelto  una  cuestión 
prejudicial  en  la  que  se  planteaba  un  caso  análogo  al  discutido  en  el  de  autos, 
concretamente sobre si el régimen francés de pensiones de jubilación contravenía el 
derecho a la igualdad de trato entre hombre y mujeres en materia de Seguridad Social, al 
prever una bonificación por hijos en el cálculo de la pensión de jubilación reservada solo 
a las mujeres.
La norma controvertida (como ocurría con el art. 60 LGSS/2015) no vinculaba la 
concesión del beneficio al disfrute de un permiso por maternidad o a las desventajas que 
hubiera podido sufrir la mujer en su carrera profesional por ser madre (lo que hubiera 
permitido apreciar, en su caso, que se trataba de una disposición de «protección de la 
maternidad» permitida en la Directiva alegada), sino al hecho mismo de ser madre, 
presumiendo que es la mujer la que asume el cuidado de los hijos. A la vista de ello, el 
Tribunal de Justicia sostuvo que aunque fueran las mujeres las más afectadas por las 
desventajas profesionales del cuidado de los hijos (dado que son las que generalmente 
asumen tal tarea), tal circunstancia «no puede excluir la posibilidad de comparación de 
su situación con la de un funcionario que asuma el cuidado de sus hijos y que, por esa 
razón, haya podido sufrir las mismas desventajas en su carrera». Al no permitirse al 
funcionario que se encontrase en dicha situación solicitar la bonificación controvertida en 
el  procedimiento,  aun  cuando  pudiera  probar  que  había  asumido  efectivamente  el 
cuidado de sus hijos, se declaró que esa norma había instaurado una discriminación 
directa por razón de sexo contraria al art. 141 TCE. En esa misma línea, se pronunció 
con posterioridad la STJUE de 17 de julio de 2014, C-173/13, en el asunto Maurice  e
Leone, también traída a colación por la parte recurrente ante la Sala de lo Social del  bo
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que en línea con lo mantenido en el asunto  101ww
Gparireas eml acrá, lcduelcol adreó  lqau pee nlassió bno dneif icjuabciiloancieósn  parnetvicisiptaasd aa,s qimueis mbeon eefnic ilaab laeng iselsaecniócnia lfmraennctees aa 
ldaes  lofusn fcuionnciaorniaasr,io cso.nstituían una discriminación indirecta por razón de sexo en perjuicio
Aunque  tal  jurisprudencia  formó  parte  del  objeto  de  debate,  ninguna  valoración 
realizó sobre ella la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y 
tampoco lo hizo cuando la parte en el trámite del incidente de nulidad de actuaciones 
promovido  frente  a  su  sentencia,  aportó  la  STJUE,  de  12  de  diciembre  de  2019, 
C-450/18, asunto WA c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que había 
recaído,  precisamente,  sobre  un  asunto  materialmente  idéntico,  declarando  la 
contravención del art. 60 LGSS/2015 con la normativa comunitaria. En efecto, en este 
último caso, el litigio principal versó también sobre el cálculo del importe de una pensión 
(de incapacidad permanente) de un hombre que había tenido dos hijas y que solicitaba el 
complemento de pensión previsto en aquella norma.
Pues  bien,  el  Tribunal  de  Justicia  apreció  que  tal  disposición  suponía  una 
discriminación directa en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE, 
dado que la «aportación demográfica a la Seguridad Social» en la que se fundamentaba 
la concesión del beneficio a favor de la mujer no podía servir de justificación, por sí sola, 
para no concedérsela a los hombres que se encontrasen en una situación comparable, 
cuando la aportación de aquellos a la demografía era tan necesaria como la de las 
mujeres.  En  ese  sentido,  se  señaló  que  la  existencia  de  datos  estadísticos  que 
mostraban diferencias estructurales entre los importes de las pensiones de las mujeres y 
las de los hombres no resultaban suficientes para llegar a la conclusión de que, por lo 
que se refería al complemento de pensión controvertido, las mujeres y los hombres no se 
encontrasen en una situación comparable en su condición de progenitores. Y se añadió 
que el precepto cuestionado no contenía ningún elemento que estableciera un vínculo 
entre la concesión del complemento de pensión controvertido y el disfrute de un permiso 
de  maternidad  o  las  desventajas  que  sufre  una  mujer  en  su  carrera  debido  a  la 
interrupción de su actividad durante el período que sigue al parto, ya que se concedía 
también en caso de hijos adoptivos y no se exigía que las mujeres hubieran dejado 
efectivamente de trabajar en el momento en que tuvieron los hijos.
En suma, se concluyó que la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social, debía interpretarse en el sentido de 
que se oponía a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que 
establecía el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hubieran 
tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y fueran beneficiarias de pensiones 
contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad 
Social nacional, mientras que los hombres que se encontrasen en una situación idéntica 
no tenían derecho a tal complemento de pensión.
A pesar de que tales pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
interpretando la normativa comunitaria permitían apreciar la discriminación denunciada 
por el recurrente y eran conocidos por la Sala sentenciadora al formar parte del objeto 
del debate, no fueron tomados en consideración. Y ese desconocimiento y preterición de 
una norma del Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por aquel Tribunal 
de Justicia, supuso la infracción del «principio de primacía del Derecho de la Unión», 
incurriendo la Sala en una interpretación irrazonable y arbitraria de la norma aplicada al 
proceso que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la parte 
recurrente en amparo (por todas, SSTC 232/2015, de 5 de noviembre, FJ 6; 31/2019, 
FJ 9, y 101/2021, de 10 de mayo, FJ 4).
Procede, por consiguiente, el otorgamiento del amparo solicitado, con declaración de 
la nulidad de las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de  s
Murcia impugnadas y la retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno a  oe.
fin de que el órgano judicial, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Juan Antonio Prieto Gil y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de las 
sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 7 de 
noviembre de 2018 (recurso de suplicación núm. 1283-2017) y de 15 de enero de 2020 
(incidente de nulidad de actuaciones núm. 1-2019).
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de las citadas resoluciones para que el órgano judicial dicte una nueva 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de septiembre de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.