BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Miércoles 26 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 9673
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
1190 Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se determinan las prestaciones 
del sistema de la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de 
forma  automatizada,  los  criterios  de  reparto  para  la  asignación  a  las 
direcciones  provinciales  de  la  ordenación  e  instrucción  de  determinados 
procedimientos,  y  la  dirección  provincial  competente  para  reconocer  las 
pensiones  cuando  sea  de  aplicación  un  instrumento  internacional  de 
Seguridad Social.
Tanto  los  medios  informáticos  disponibles  como  el  propio  ordenamiento  jurídico 
permiten, si no exigen, avanzar en la senda de la Administración electrónica. Esta 
constituye  una  fórmula  esencial  para  la  consecución  de  una  gestión  más  eficaz  y 
eficiente, a la vez que permite afrontar nuevos retos técnicos y humanos que implican 
cambios organizativos.
En este sentido, el uso de medios telemáticos permite que la actividad gestora no 
esté  necesariamente  ligada  a  un  ámbito  geográfico  determinado,  superando  así  el 
esquema tradicional de organización y reparto de la actividad en función del territorio. 
Esta posibilidad facilita una distribución de los expedientes que permite optimizar los 
recursos humanos, y con ello dar una respuesta más ágil a los ciudadanos. Para ponerla 
en práctica resulta preciso automatizar ciertas actuaciones dentro del procedimiento 
administrativo.
De acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, «Se entiende por actuación administrativa automatizada, 
cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por 
una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que 
no haya intervenido de forma directa un empleado público».
La  citada  previsión  admite  tanto  la  automatización  íntegra  del  correspondiente 
procedimiento administrativo, como únicamente la de alguno o algunos de los actos o 
actuaciones realizados en el marco del mismo.
El  artículo  130  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  8/2015,  de  30  de  octubre,  establece  la 
posibilidad de que se adopten y notifiquen resoluciones de forma automatizada en los 
procedimientos  de  gestión  de  las  prestaciones  del  sistema  de  la  Seguridad  Social 
previstas en la misma, excluidas las pensiones no contributivas.
A tal fin, el citado artículo 130 dispone que previamente debe establecerse, mediante 
resolución  de  la  Dirección  General  de  la  correspondiente  entidad  gestora,  el 
procedimiento  o  procedimientos  de  que  se  trate  y  el  órgano  competente  para  la 
definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de 
calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. 
Asimismo, ha de indicarse el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de  s
impugnación. e.
A su amparo se dictó la Resolución de 23 de febrero de 2016, del Instituto Nacional  w.
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la intervención de un empleado público en todas las fases del mismo. Resulta por tanto 
necesario establecer, conforme a la citada normativa, dichos supuestos.
Por otra parte, el artículo 42 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, recoge entre 
los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada el sello electrónico 
de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, 
basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos 
exigidos por la legislación de firma electrónica.
La Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la entonces Secretaría de Estado de 
la  Seguridad  Social,  sobre  creación  y  gestión  de  sellos  electrónicos  de  actuación 
administrativa automatizada en el ámbito de la Seguridad Social, habilitó en su resuelve 
segundo a los titulares de las direcciones generales, entidades gestoras y servicios 
comunes  de  la  Seguridad  Social  para  crear  sellos  específicos  de  actuación 
administrativa automatizada mediante resolución del órgano competente en cada caso.
Sobre esa base, la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
dictó la Resolución de 15 de enero de 2014 para la creación del sello electrónico del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. De acuerdo con su apartado 4 el citado sello 
electrónico se podrá emplear para la realización automática de cuantas actuaciones y 
procedimientos  de  esta  Dirección  General  se  encuentren  incorporados  a  la  sede 
electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (actual Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social y Pensiones), así como para cualquier otro procedimiento 
que requiera la identificación o autenticación del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en su actuación administrativa automatizada.
Con base en lo anterior, mediante esta resolución se determinan, por una parte, 
ciertos procedimientos cuya tramitación no se encuentra totalmente automatizada, en los 
que se podrá adoptar la resolución correspondiente de forma automatizada, utilizando 
como sistema de firma el sello electrónico de la entidad.
Por otra parte, el Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de 
incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre,  de  medidas  fiscales,  administrativas  y  de  orden  social;  el  Real 
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social; el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y 
funciones del Instituto Social de la Marina; y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, 
por  el  que  se  desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Inclusión, 
Seguridad  Social  y  Migraciones,  ha  modificado  el  artículo  15  del  Real 
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, entre otras cuestiones para que, superando 
determinados esquemas organizativos que han presidido la actividad gestora del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, se puedan distribuir las actuaciones de ordenación e 
instrucción de los procedimientos en base a criterios distintos al del territorio, con la 
finalidad de alcanzar un mayor grado de eficacia y eficiencia.
A tal fin, se introduce en el citado artículo una previsión conforme a la cual la asignación 
a las direcciones provinciales de los expedientes para su ordenación e instrucción, se podrá 
hacer mediante un sistema de reparto basado en criterios objetivos, que se determinará por 
resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que habrá 
de ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Se  enumeran,  además,  las  reglas  especiales  en  las  que,  como  excepción,  se 
determina la competencia para resolver distinta a la establecida con carácter general.  s
Entre  ellas  se  recoge  la  referida  a  las  pensiones  en  cuyo  reconocimiento  sea  de  oe.
aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social, respecto de las cuales la  w.
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España, las actuaciones correspondientes a la iniciación del procedimiento y los actos 
necesarios para llevar a cabo dicha evaluación corresponderán a la dirección provincial 
de su domicilio.
Mediante la presente resolución se da cumplimiento a dichas previsiones.
Por todo ello y teniendo en cuanta lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre y demás normativa citada, y sobre la base de la habilitación contenida 
en el artículo 130 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en el 
artículo 5 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, esta Dirección General 
resuelve:
Primero.  Objeto.
1.  Esta resolución tiene por objeto:
1.1  Determinar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 del texto refundido 
de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, los procedimientos en los que se podrá automatizar 
la adopción de la resolución, utilizando como sistema de firma el sello electrónico de la 
entidad.
1.2  Fijar  los  criterios  objetivos  que  han  de  presidir  el  sistema  de  reparto  de 
expedientes  y  su  asignación  a  las  direcciones  provinciales  para  su  ordenación  e 
instrucción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 apartado 3, párrafo segundo del 
Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del 
Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  y  de  modificación  parcial  de  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social.
1.3  Determinar, con base en criterios objetivos de especialización, las direcciones 
provinciales que serán competentes para la resolución de expedientes de pensiones en 
los que sea de aplicación un instrumento internacional de coordinación de Seguridad 
Social,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  15,  apartado  3,  regla  2.ª  del 
Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre.
2.  Quedan  excluidos  del  ámbito  de  aplicación  de  esta  resolución  aquellos 
procedimientos a los que, por estar totalmente automatizados, les resulte de aplicación la 
Resolución de 23 de febrero de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la 
que se regula la tramitación electrónica automatizada de diversos procedimientos de 
gestión de determinadas prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
Segundo.  Resolución automatizada.
1.  Esta  entidad  gestora  podrá  automatizar  la  adopción  de  las  resoluciones, 
utilizando como sistema de firma el sello electrónico de la entidad, en los siguientes 
procedimientos:
1.1  Jubilación en su modalidad contributiva.
1.2  Muerte y supervivencia.
1.3  Nacimiento y cuidado de menor.
Se  exceptúan  los  procedimientos  referidos  a  las  prestaciones  por  muerte  y 
supervivencia que requieran el dictamen  propuesta, preceptivo y no vinculante, del 
Equipo de Valoración de Incapacidades, o en su caso, de la Comisión de Evaluación de  e.
Incapacidades, así como los de las pensiones o prestaciones en favor de familiares y las  w.
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responsable a efectos de impugnación la dirección provincial de la provincia en que 
tenga su domicilio la persona interesada, salvo en los supuestos siguientes:
2.1  En el caso de expedientes de pensiones en los que sea de aplicación un 
instrumento internacional de Seguridad Social, se considerará responsable a efectos de 
impugnación la dirección provincial de la provincia que se determina en el Anexo de esta 
resolución.
2.2  En  el  caso  de  que  la  persona  solicitante  de  una  prestación  resida  en  el 
extranjero, y no sea de aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social, se 
considerará responsable a efectos de impugnación la dirección provincial de la provincia 
en  la  que,  según  los  sistemas  de  información  de  la  Seguridad  Social,  la  persona 
causante  acredite  las  últimas  cotizaciones  en  España,  y  si  no  constasen  datos,  la 
dirección provincial de la provincia en la que la persona solicitante hubiese alegado las 
últimas cotizaciones en España.
3.  En la resolución adoptada de forma automática se hará constar la dirección 
provincial que, conforme a lo indicado en este resuelve segundo, debe ser considerada 
responsable a efectos de impugnación.
4.  El órgano competente para la definición de las especificaciones será:
a)  La Subdirección General de Gestión de Prestaciones del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, respecto de los procedimientos correspondientes a las prestaciones de 
jubilación en su modalidad contributiva y de muerte y supervivencia a que se refiere esta 
resolución.
b)  La Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal, prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y otras 
prestaciones  a  corto  plazo,  respecto  de  los  procedimientos  correspondientes  a  las 
prestaciones de nacimiento y cuidado de menor.
El  órgano  competente  para  la  programación  de  las  especificaciones  definidas, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad y auditoría del sistema de información 
empleado y de su código fuente, será la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
Tercero.  Ordenación e instrucción de procedimiento.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 apartado 3, párrafo segundo del Real 
Decreto  2583/1996,  de  13  de  diciembre,  independientemente  de  la  provincia  de 
presentación de la solicitud y de la del domicilio del interesado, se podrá asignar la 
ordenación e instrucción de los procedimientos que seguidamente se indican, incluyendo 
todos los actos inmediatamente previos a la fiscalización, a una de las direcciones 
provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante un sistema de reparto 
basado en un criterio objetivo, consistente en los indicadores resultantes de la relación 
entre los recursos humanos disponibles y el volumen de gestión.
Los  procedimientos  a  los  que  resulta  de  aplicación  el  párrafo  anterior  son  los 
siguientes:
a)  Los de jubilación en su modalidad contributiva y de muerte y supervivencia en 
los  que  no  sea  de  aplicación  un  instrumento  internacional  de  Seguridad  Social,  a 
excepción de los correspondientes a las prestaciones por muerte y supervivencia que 
requieran el dictamen propuesta, preceptivo y no vinculante, del Equipo de Valoración de 
incapacidades, o en su caso, de la Comisión de Evaluación de Incapacidades, a las  e.e
prestaciones  en  favor  de  familiares,  asimismo,  dada  la  inmediatez  en  su  trámite  y  b
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platabf)o rmLoas T ud eS engaucriidmaide nStoo ciya l.cuidado  de  menor  cuya  solicitud  se  presente  por  la
Cuarto.  Procedimientos de pensiones en los que sea de aplicación un instrumento 
internacional de coordinación de Seguridad Social.
La competencia para el reconocimiento del derecho a las pensiones de jubilación en 
su modalidad contributiva, de muerte y supervivencia y de incapacidad permanente en 
las que sea de aplicación un instrumento internacional de coordinación de seguridad 
social, independientemente de cuál sea el lugar de presentación de la solicitud y el del 
domicilio del interesado, se asigna de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3, 
regla 2.ª, del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y 
funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la 
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  en  base  a  criterios  objetivos  de 
especialización, a la persona titular de la dirección provincial que en cada caso se indica 
en el Anexo de esta resolución.
La selección de las direcciones provinciales que asumen dicha competencia, así 
como  la  distribución  entre  ellas  de  los  expedientes  en  función  de  los  diferentes 
instrumentos  y/o  países,  se  adopta  en  base  a  la  experiencia  previa  debidamente 
acreditada en los últimos cinco años por una gestión media anual superior a los 1.000 
expedientes al amparo de normativa internacional, así como en función de los recursos 
disponibles en cada provincia, de los volúmenes estimados de trabajo que va a generar 
cada instrumento y/o país y de sólidos niveles de gestión.
Quinto.  Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el 15 de febrero de 2022, cuando se trate de 
procedimientos relativos a la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Lo previsto 
en su resuelve tercero será de aplicación a las solicitudes que se formulen a partir de 
dicha fecha.
La presente resolución entrará en vigor el 1 de marzo de 2022 para el resto de 
procedimientos  establecidos  en  la  presente  resolución  y  será  de  aplicación  a  las 
solicitudes que se formulen a partir de dicha fecha.
Madrid, 14 de enero de 2022.–La Directora General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, María del Carmen Armesto González-Rosón.
ANEXO
Direcciones provinciales a las que se atribuyen competencias y actuaciones en 
procedimientos de reconocimiento de pensiones en aplicación de instrumentos 
internacionales de Seguridad Social
Dirección Provincial Instrumento Internacional De Aplicación País
D.P. BARCELONA. REGLAMENTOS COMUNITARIOS. ALEMANIA.
D.P. VALENCIA. REGLAMENTOS COMUNITARIOS. FRANCIA.
D.P. ALICANTE. REGLAMENTOS COMUNITARIOS. FRANCIA.
D.P. A CORUÑA. REGLAMENTOS COMUNITARIOS. SUIZA.
D.P. PONTEVEDRA. REGLAMENTOS COMUNITARIOS. SUIZA.
D.P. OURENSE. REGLAMENTOS COMUNITARIOS. PAISES BAJOS; POLONIA y PORTUGAL. e.e
D.P. MURCIA. REGLAMENTOS COMUNITARIOS. ITALIA y RUMANÍA. w.
D.P. GRANADA. REGLAMENTOS COMUNITARIOS. ADFLUIUINNXSLAETAMMRNAIBDARUI;AC RB;A GÉG;L OERG;SE IMCLCOAAIALV; ;TBA HAUQ;U LURNGIEAGAP;RR .E ÍICASAH;L;  IEOCRCHVLAEIAP;NN RSIDAEUA;;E  ;EC CLSRIEATOTO;A ONCNIIAIAA;; ;  LITUANIA;  OE-A-2022-1190able en https://w
LIECHTENSTEIN; ISLANDIA Y NORUEGA. Bc
Dirección Provincial Instrumento Internacional De Aplicación País
ACUERDO DE RETIRADA / PROTOCOLO DE 
D.P. I. BALEARES. COORDINACIÓN DE S.S. DEL ACUERDO DE  REINO UNIDO.
COMERCIO Y COOPERACIÓN UE-UK.
CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE 
D.P. ZARAGOZA. ARGENTINA y ECUADOR.
SEGURIDAD SOCIAL.
CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE  BOLIVIA; BRASIL; CHILE; EL SALVADOR; PARAGUAY; PERÚ; 
D.P. LEON.
SEGURIDAD SOCIAL. PORTUGAL; REP. DOMINICANA; URUGUAY.
MARRUECOS; EEUU; AUSTRALIA; CANADÁ; RUSIA; UCRANIA 
D.P. MÁLAGA. CONVENIOS BILATERALES.
y CABO VERDE.
COLOMBIA; VENEZUELA; MÉXICO; FILIPINAS; JAPÓN; COREA 
D.P. SEVILLA. CONVENIOS BILATERALES.
DEL SUR y TÚNEZ.
D.P. GIRONA. CONVENIOS BILATERAL. ANDORRA.
Reglas especiales.
1)  En aquellos supuestos en que el interesado alega actividad en varios Estados 
miembros  de  la  UE/EEE  y/o  Suiza,  la  competencia  corresponderá  a  la  provincia 
designada al efecto con el país donde se declare la última actividad.
2)  En aquellos supuestos en que el interesado alega actividad en varios Estados en 
los que sea de aplicación el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social la 
Dirección Provincial competente será Zaragoza si alguno de esos Estados es Argentina 
o Ecuador. En otro caso será la Dirección Provincial de León.
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