BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 117 Lunes 17 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 58450
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
8107 Ley 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas 
y  las  personas  trabajadoras  afectadas  por  expedientes  de  regulación 
temporal  de  empleo,  para  el  sostenimiento  del  empleo  y  la  actividad 
económica  en  el  contexto  de  la  crisis  ocasionada  por  la  pandemia  de 
COVID-19.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su 
Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de 
abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras 
afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del 
empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia 
de COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional. La 
rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió la 
adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esa coyuntura. Las 
circunstancias extraordinarias concurrentes constituyeron, sin duda, una crisis sanitaria 
sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de personas 
afectadas, como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Como consecuencia de la emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, 
el  Gobierno  de  España  declaró  el  estado  de  alarma  en  todo  el  territorio  nacional 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
El impacto de la crisis sanitaria se sintió rápidamente en la economía y el mercado 
de trabajo, dado que la contención de la expansión de la epidemia demandaba la ágil 
adopción de medidas que supusieron la paralización de gran parte de la actividad 
económica; ello hizo necesario acompañar aquéllas con otras que atenuaran los efectos 
que en la economía de empresas y familias provocase una brusca disminución de sus 
ingresos.
En el ámbito laboral, el Gobierno de España dictó el Real Decreto-ley 8/2020, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19,  estableciendo  medidas  de  flexibilización  de  los  mecanismos  de  ajuste 
temporal de actividad para priorizar el mantenimiento del empleo sobre la extinción de 
los contratos.
En aquel momento, el Gobierno de Cantabria y las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma, fruto del diálogo social, 
suscribieron un acuerdo el día 28 de abril de 2020 que contempló el establecimiento de 
ayudas  económicas  con  la  finalidad  de  reducir  los  efectos  negativos  que  las 
suspensiones y reducciones de jornada temporales de los contratos tuvieron sobre las 
personas trabajadoras con rentas más bajas, mediante el establecimiento de ayudas  e.e
económicas  que  compensasen  dicha  reducción  de  ingresos.  Esta  medida,  que  los  w.b
grupos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria asumieron como  07ww
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afectadas por una situación de ERTE durante el primer estado de alarma.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 
sociales en defensa del empleo, estipuló la prórroga de los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) regulados por el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de  17  de  marzo,  la  ampliación  de  las  medidas  de  protección  de  las  personas 
trabajadoras, tanto en la cuantía y condiciones de las prestaciones por desempleo como 
a través de la creación de medidas dirigidas a nuevos colectivos, el reconocimiento de 
sectores que requerían de una especial protección para la salvaguarda del empleo y el 
tejido productivo, así como la regulación de dos nuevas situaciones de fuerza mayor que 
pudieran dar lugar a un ERTE de fuerza mayor (ERTE basado en el impedimento o 
ERTE basado en las limitaciones de actividad) vinculadas a exenciones a la Seguridad 
Social y especial protección de las personas trabajadoras.
Todo ello con la intención de responder a una situación pandémica de complejidad 
creciente tras el periodo estival, dotando a las empresas y personas trabajadoras de los 
instrumentos necesarios para hacer frente, a través de medidas de flexibilidad interna, a 
las modulaciones de la actividad derivadas de las medidas de restricción sanitaria de 
adopción imperativa por las autoridades competentes.
Pocas  semanas  después,  ante  un  contexto  cada  vez  más  preocupante  en  los 
principales indicadores epidemiológicos y asistenciales, el Gobierno de España aprobó el 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con el objetivo de 
dotar de seguridad jurídica aquellas limitaciones de movilidad y de contactos a través de 
las  cuales  las  autoridades  sanitarias  de  las  Comunidades  Autónomas  continuaron 
haciendo frente a la pandemia.
En los meses subsiguientes, la situación de pandemia generada por la propagación 
del virus SARS-CoV-2 permaneció con tal incidencia en la salud y la economía que 
obligó  al  conjunto  de  los  poderes  públicos,  no  solo  a  mantener  las  medidas  ya 
adoptadas, sino también a adoptar nuevas medidas más restrictivas.
Por todo ello, mediante Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, se prorrogaron las medidas 
contenidas  en  el  Real  Decreto-ley  30/2020,  de  29  de  septiembre,  que  inicialmente 
vencían el 31 de enero de 2021, si bien con una importante simplificación en términos de 
gestión para las empresas beneficiadas, y su extensión temporal hasta el 31 de mayo 
de 2021.
Durante los últimos meses, coincidentes con las llamadas segunda y tercera olas 
epidémicas, en nuestra Comunidad Autónoma se han computado, de media, en situación 
de ERTE 4.982 personas en noviembre, 8.545 en diciembre, 8.119 en enero y 9.021 en 
febrero.
Tal  y  como  sucedió  con  la  declaración  del  primer  estado  de  alarma  en  marzo 
de 2020, el Gobierno de Cantabria y las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas  en  Cantabria  consideran  que  debe  abordarse  un  nuevo  marco  de 
medidas con las que contrarrestar los efectos de la crisis desatada por la pandemia de 
COVID-19; de este modo, el 31 de marzo de 2021 han suscrito el II Acuerdo del Diálogo 
Social en Cantabria COVID-19, que contempla un conjunto de medidas en defensa del 
empleo organizadas en tres bloques: medidas de apoyo a la contratación; medidas 
dirigidas a la conciliación; y medidas para el sostenimiento del empleo y la actividad 
económica.
Dentro de este último bloque el acuerdo alcanzado contempla el establecimiento de 
ayudas dirigidas a apoyar la viabilidad de las empresas y las personas trabajadoras  s
autónomas para reforzar su continuidad y posibilitar el mantenimiento de los puestos de  oe.
trabajo de sus trabajadores y trabajadoras; las ayudas consistirán en el otorgamiento de  w.
una subvención, a tanto alzado, de 300 euros por persona trabajadora por cuenta ajena  07ww
atrfaebcatajod au bpiocra deoxp eend ieCnaten tdaeb rriae,g uylaa csióena  tpeomrp souraslp deen seiómnp ldeeo  cpoenrtteranteoc ioe npteo ra  ruend uccecniótrno  ddee 
jornada de trabajo, durante un mínimo de 30 días en el periodo contemplado entre el 1
de octubre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, con un máximo de 3.000 euros por 
empleador.
De  igual  forma,  el  acuerdo  contempla  el  establecimiento  de  ayudas  dirigidas  a 
personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo 
pertenecientes a un centro de trabajo ubicado en Cantabria, ya sea por suspensión de 
contrato o por reducción de jornada de trabajo, incluyendo a las personas trabajadoras 
fijas-discontinuas, bien sea por causas de fuerza mayor o por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, durante un mínimo de 30 días en el periodo 
contemplado entre el 1 de octubre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. La ayuda consiste 
en  la  concesión  de  una  subvención,  en  pago  único,  de  300  euros  por  persona 
trabajadora.
Dado que la eficacia de estas ayudas exige que su tramitación lo sea con agilidad y 
simplificación, se ha contemplado la necesidad de que su solicitud se promueva de 
manera conjunta por las empresas, en su propio nombre (para la ayuda dirigida a 
empresas) y en el nombre de sus personas trabajadoras (para la ayuda dirigida a éstas). 
La solicitud conjunta, formulada de esta manera, permitirá la tramitación íntegramente 
electrónica de los expedientes, lo que facilitará el objetivo de que su reconocimiento y 
pago lo sea en los términos expresados.
La singularidad de los requisitos planteados exige de la regulación del otorgamiento 
de  estas  ayudas  mediante  ley  del  Parlamento  al  amparo  de  lo  previsto  en  el 
artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
estableciéndose que la concesión de las ayudas vendrá impuesta a la Administración 
autonómica por la presente ley, para lo que se seguirá el procedimiento establecido en 
esta norma.
De esta forma, tras la entrada en vigor la presente ley, se abrirá un plazo de un mes 
para la presentación de solicitudes por parte de las empresas (debiéndose entender por 
empresa cualquier sujeto empleador de personas trabajadoras por cuenta ajena, con 
independencia de su forma jurídica). Las solicitudes serán presentadas obligatoriamente 
a  través  de  la  aplicación  CONVOC@  del  Servicio  Cántabro  de  Empleo,  que  será 
igualmente el órgano competente para la instrucción del procedimiento.
Las  empresas  presentarán  la  solicitud  conjunta  para  los  dos  tipos  de  ayudas, 
aportando la información necesaria para su concesión, que se basará en la declaración 
responsable presentada, sin perjuicio de la comprobación que realice la Administración 
con carácter posterior al otorgamiento y pago de las subvenciones.
Con la información aportada, el Servicio Cántabro de Empleo elevará propuesta de 
resolución de concesión de las ayudas, que podrá realizarse en un solo acto o en varios 
actos para lotes sucesivos, según sea necesario para agilizar la concesión y pago.
Siguiendo principios de celeridad y simplificación, la concesión y el pago de las 
ayudas estarán exentos de función interventora, por lo que se someterán a control 
financiero posterior.
La concesión de las ayudas corresponderá a la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales y la resolución o resoluciones que se dicten serán objeto de publicación en el 
tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  a  que  obliga  la 
legislación en materia de transparencia.
Para la concesión de las ayudas, así como para su pago, tanto las empresas 
solicitantes  y  personas  trabajadoras  autónomas,  como  las  personas  trabajadoras 
beneficiarias de estas ayudas quedan exentas de la acreditación del cumplimiento del  s
requisito de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social  oe.
o frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, impuestas por las  w.
disposiciones vigentes, o de cualquier otro ingreso de Derecho público, incluyendo el  07ww
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entre diferentes órganos de las Administraciones Públicas. Las comunicaciones de datos 
que resulten necesarias para su tramitación se consideran fundadas en el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público, por lo que no será necesario recabar el 
consentimiento de las personas y empresas beneficiarias. Todo ello, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos).
Finalmente, el II Acuerdo del Diálogo Social en Cantabria COVID-19 contempla otras 
medidas a gestionar como subvenciones por el Servicio Cántabro de Empleo, en las 
cuales  concurren  las  razones  de  interés  público,  social  y  económico  que  exige  el 
artículo  22.2.c)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  atendiendo  al  carácter 
excepcional  y  único  de  la  situación  de  emergencia  originada  por  la  pandemia  de 
COVID-19 y de la inaplazable necesidad de paliar los negativos efectos económicos de 
la crisis sanitaria sobre las personas y las empresas, por lo que debe autorizarse el uso 
del procedimiento de concesión directa en la aplicación reglamentaria que acometa el 
Gobierno de Cantabria, en virtud de los efectos provocados por la crisis económica 
derivada de la pandemia de COVID-19 en las personas trabajadoras y en el tejido 
empresarial de nuestra Comunidad Autónoma.
Dichas medidas requieren, además, que su tramitación sea lo más ágil posible, por lo 
que, siguiendo los mismos principios de celeridad y simplificación, la concesión y el pago 
de estas ayudas estarán, igualmente, exentos de función interventora, por lo que se 
someterán a control financiero posterior. Además, en el caso concreto de la concesión y 
pago de las ayudas dirigidas exclusivamente a personas físicas, quedarán exentas de la 
acreditación del cumplimiento del requisito de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social o frente a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, impuestas por las disposiciones vigentes, o de cualquier otro 
ingreso  de  Derecho  público,  incluyendo  el  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de 
subvenciones, pues su exigibilidad resulta contraria al espíritu y finalidad de las mismas.
Artículo 1.  Objeto, naturaleza y régimen jurídico.
1.  La presente ley tiene por objeto la regulación de la concesión de las siguientes 
ayudas, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la 
crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19:
a)  Ayudas  dirigidas  a  personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  afectadas  por 
expedientes de regulación temporal de empleo.
b)  Ayudas  dirigidas  a  empresas,  incluyendo  personas  trabajadoras  autónomas, 
afectadas  por  expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo.  A  los  efectos  de  lo 
establecido en esta ley se entiende por empresa toda entidad, independientemente de su 
forma jurídica, que ejerza una actividad económica, incluidas las personas trabajadoras 
autónomas y las entidades sin ánimo de lucro.
2.  Las ayudas económicas tendrán la consideración de subvenciones públicas, 
sujetas al régimen jurídico establecido en esta ley y en la legislación básica del Estado 
sobre la materia que, por sus características, les resulte de aplicación.
Estas  subvenciones  se  concederán  en  atención  a  la  mera  concurrencia  de  los  s
requisitos establecidos en esta ley, conforme a lo establecido en el artículo 2.1.b) de la  oe.
Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones. w.
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4.  Las ayudas reguladas en esta ley serán compatibles con cualesquiera otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de  Bc
cualesquiera  administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  locales,  autonómicos, 
estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo 2.  Ayudas dirigidas a personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo.
1.  Serán beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las 
personas trabajadoras fijas discontinuas, que reúnan los siguientes requisitos:
a)  Tener  la  condición  de  trabajadores  o  trabajadoras  por  cuenta  ajena.  Se 
considerará que ostentan dicha condición las personas que se encuentran incluidas 
dentro  del  ámbito  de  aplicación  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
b)  Que el código de cuenta de cotización a la Seguridad Social del centro de trabajo 
donde presten sus servicios corresponda al código de la provincia de Cantabria.
c)  Que hayan estado afectadas por expediente de regulación temporal de empleo 
(ERTE) de cualquier clase, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y 
el  28  de  febrero  de  2021,  durante  al  menos  treinta  días  (acumulables;  no 
necesariamente consecutivos), por suspensión de contrato de trabajo o por reducción de 
jornada de trabajo.
2.  Para tener derecho a la ayuda no será preciso haber tenido reconocida la 
prestación para personas afectadas por ERTE, por el Servicio Público de Empleo Estatal 
o por el Instituto Social de la Marina.
Tampoco  impedirá  la  concesión  de  la  ayuda  que  el  expediente  de  regulación 
temporal de empleo haya iniciado con anterioridad al 1 de octubre de 2020, ni haber sido 
beneficiaria de la ayuda contemplada en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo, de 
concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras 
afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis 
ocasionada por la pandemia de COVID-19.
3.  De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  el  artículo  12.2  de  la  Ley  de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, atendiendo a la 
naturaleza de las ayudas y a la condición de las personas beneficiarias, no serán de 
aplicación las prohibiciones establecidas en dichos preceptos.
4.  La ayuda consistirá en una cuantía a tanto alzado de 300 euros por persona, que 
se materializará mediante un pago único.
Artículo 3.  Ayudas dirigidas a empresas, incluyendo personas trabajadoras autónomas, 
afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo.
1.  Serán beneficiarias las empresas que reúnan los siguientes requisitos:
a)  Dispongan  de  uno  o  más  centros  de  trabajo  ubicados  en  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria.
b)  Se hayan acogido, para el total o parte de su plantilla correspondiente a centros 
de trabajo ubicados en Cantabria, a un expediente de regulación temporal de empleo.
A tal efecto, habrán debido obtener por parte de la autoridad laboral competente la 
correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, o haber procedido a la  s
comunicación  a  la  autoridad  laboral  del  resultado  del  período  de  consultas  a  la  o
finalización del mismo y de la decisión adoptada por la empresa, según corresponda, de  w.
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de empleo haya iniciado con anterioridad al 1 de octubre de 2020.
3.  De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
atendiendo a la naturaleza de las ayudas y su finalidad, a las empresas, para ser 
beneficiarias, no se les exigirá el cumplimiento del requisito general de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o frente a la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, impuestas por las disposiciones vigentes.
El  resto  de  requisitos  establecidos  en  dichos  preceptos  serán  objeto  de 
comprobación  mediante  declaración  responsable  que  deberá  contenerse  en  cada 
solicitud.
4.  La ayuda a percibir por cada empresa consistirá en una cuantía a tanto alzado 
de 300 euros por cada persona trabajadora contratada por la empresa que resulte 
beneficiaria de la ayuda regulada en el artículo 2, con un máximo de 3.000 euros, que se 
materializará mediante un pago único.
5.  En relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado, la ayuda 
definida en este artículo se configura de conformidad con el Marco Nacional Temporal 
relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones 
directas,  anticipos  reembolsables,  ventajas  fiscales,  garantías  de  préstamos  y 
bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en 
el contexto del actual brote de COVID-19 aprobado por la Comisión Europea en su 
Decisión SA.56851(2020/N), de 2 de abril, varias veces modificada, la última mediante 
Decisión  SA.61875  (2021/N),  de  23  de  marzo,  adoptada  de  conformidad  con  la 
Comunicación de la Comisión sobre el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 
(2020/C 91 I/01).
Como  consecuencia  de  esta  calificación,  el  importe  total  de  las  subvenciones 
concedidas a una misma empresa o entidad empleadora, al amparo del Marco Nacional 
Temporal no podrá exceder de 1.800.000 euros; en las empresas del sector de la pesca 
y la acuicultura dicho límite será de 270.000 euros y en las de producción primaria de 
productos agrícolas, 225.000 euros.
Así mismo, las ayudas no podrán concederse a empresas que ya estaban en crisis 
el 31 de diciembre de 2019 (a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 18 del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías)).
Las ayudas concedidas al amparo de la presente ley podrán acumularse con otras 
ayudas  concedidas  en  virtud  de  la  Comunicación  de  la  Comisión  sobre  el  Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en 
el  contexto  del  actual  brote  de  COVID-19  (2020/C  91  I/01)  con  arreglo  a  las 
disposiciones  de  las  secciones  específicas  de  la  citada  Comunicación.  Así  mismo, 
podrán acumularse con las ayudas concedidas en virtud de los Reglamentos de minimis 
o  con  ayudas  concedidas  con  arreglo  a  Reglamentos  de  exención  por  categorías, 
siempre y cuando se respeten las disposiciones y las reglas en materia de acumulación 
contempladas en dichos Reglamentos.
Artículo 4.  Financiación.
1.  Las  ayudas  que  se  concedan  en  virtud  de  lo  establecido  en  esta  ley  se 
financiarán a través de los créditos presupuestarios que se deberán crear a tal efecto en  e.
la Sección 13: Servicio Cántabro de Empleo, de los vigentes Presupuestos Generales de  w.b
la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2021. 07ww
amp2li.a blLeoss. créditos presupuestarios para financiar estas ayudas tendrán carácter de
Artículo 5.  Procedimiento de concesión.
1.  El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será el de concesión 
directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
2.  El  procedimiento  se  iniciará  mediante  solicitud  conjunta  que  las  empresas 
deberán presentar:
a)  En nombre de los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena integrantes 
de su plantilla en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 28 de febrero 
de 2021, para la ayuda definida en el artículo 2. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas,  las  empresas,  por  sí  mismas  o  a  través  del 
representante que designen, quedan habilitadas para actuar en representación de los 
trabajadores  y  las  trabajadoras  a  efectos  de  la  solicitud  de  la  ayuda  que  pueda 
corresponderles, quedando obligadas aquéllas a facilitar la información necesaria a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Sin perjuicio de lo anterior, las 
empresas deberán obtener de dichas trabajadoras y trabajadores, por cualquier medio 
admitido en derecho, la no oposición a la realización de este trámite. La Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá requerir, en cualquier momento, la 
acreditación de dicha representación.
b)  En su propio nombre, por sí mismas o a través de representante, para la ayuda 
definida en el artículo 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.7 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, las empresas podrán conferir la representación a sujetos 
especializados en labores de gestión administrativa, quienes quedan habilitados para 
actuar en representación de aquéllas. La Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria podrá requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.
3.  Los trámites de presentación de las solicitudes y cualquier otra documentación 
que  deba  ser  presentada  se  realizará  obligatoriamente  mediante  firma  y  registro 
electrónico a través de la aplicación informática CONVOC@, accesible desde la sede 
electrónica del Gobierno de Cantabria (https://sede.cantabria.es) y desde la página Web 
del Servicio Cántabro de Empleo (http://www.empleacantabria.es).
4.  Todas  las  notificaciones  que  deban  practicarse  serán  sustituidas  por  su 
publicación en el Tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Comunidad 
Autónoma  de  Cantabria  (https://sede.cantabria.es),  atendiendo  a  la  pluralidad  de 
personas  interesadas  en  el  procedimiento.  La  publicación  a  través  de  este  medio 
sustituirá a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La publicación deberá realizarse observando lo dispuesto en la disposición adicional 
séptima  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
Artículo 6.  Solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día 
siguiente a la entrada en vigor de esta ley.
2.  Las solicitudes deberán contener al menos la siguiente información:
a)  Datos de la empresa: e.e
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6.º  Número de expediente de regulación temporal de empleo.
7.º  IBAN-cuenta corriente para el abono de la subvención destinada a la empresa.
b)  Datos de cada una de las personas trabajadoras:
1.º  Nombre y apellidos.
2.º  Número del DNI o NIE.
3.º  Código cuenta de cotización (CCC) del centro de trabajo al que pertenezca.
4.º  Días en ERTE: de suspensión de contrato de trabajo y/o reducción de jornada 
de trabajo. En caso de reducción de jornada de trabajo las horas no trabajadas no se 
convertirán en días de inactividad equivalentes, sino que se computarán todos los días 
naturales con reducción de jornada.
5.º  IBAN-cuenta corriente para el abono de la subvención destinada a la persona 
trabajadora.
c)  Declaraciones responsables de la empresa solicitante:
1.º  Que la persona que firma la solicitud tiene atribuida la representación, a estos 
efectos, de la empresa solicitante.
2.º  Que no se halla incursa en ninguna de las circunstancias que prohíben obtener 
la condición de persona beneficiaria, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
3.º  Que las personas trabajadoras relacionadas en la solicitud eran trabajadoras 
por  cuenta  ajena  de  la  empresa  que  han  resultado  afectadas  por  las  medidas  de 
suspensión o reducción de jornada de trabajo en virtud de expediente de regulación 
temporal de empleo, durante los días que se expresen, en el periodo comprendido entre 
el 1 de octubre de 2020 y el 28 de febrero de 2021.
4.º  Que la empresa tiene conferida la representación para presentar en nombre de 
las personas trabajadoras incluidas en la solicitud, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5.2.a), en relación con lo dispuesto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, al no constar posición en contra.
5.º  Que no ha recibido ninguna ayuda, con independencia de su finalidad, acogida 
al  Marco  Nacional  Temporal  relativo  a  las  medidas  de  ayuda  estatal  destinadas  a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (2020/C 91 I/01), o al 
amparo de un Reglamento de ayudas de minimis, o que, si ha recibido ayudas al amparo 
del Marco Temporal o de dichos Reglamentos, la cuantía de las mismas sumadas a la 
cuantía de ayuda solicitada no supera el umbral máximo de ayuda por empresa señalado 
en el citado marco temporal.
6.º  Que la empresa no se encontraba en situación de crisis a 31 de diciembre 
de 2019.
7.º  Que son ciertos los datos reflejados en la solicitud.
3.  Para aquellas empresas que, solicitando la ayuda a favor de sus trabajadores y 
trabajadoras, no deseen obtener la ayuda destinada a la empresa, la solicitud permitirá 
indicar dicha circunstancia.
Artículo 7.  Ordenación, instrucción y resolución.
1.  Será órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento el 
Servicio Cántabro de Empleo, que lo impulsará de oficio en todos sus trámites.
2.  A la vista de la información contenida en las solicitudes presentadas, el Servicio 
Cántabro de Empleo elevará propuesta de resolución de concesión de las ayudas, que  es
podrá ser realizada en un solo acto o en varios para lotes sucesivos. o
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Transcurrido el plazo establecido sin que se haya publicado resolución expresa, las 
personas  interesadas  podrán  entender  desestimadas  las  solicitudes  por  silencio 
administrativo.
5.  La resolución o resoluciones que se dicten agotarán la vía administrativa y contra 
las mismas cabrá interponer recurso potestativo de reposición o directamente recurso 
contencioso-administrativo, en los términos establecidos en la legislación básica del 
Estado.
6.  La publicación de la concesión de ayudas dirigidas a personas trabajadoras por 
cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo se limitará a 
indicar DNI/NIE ofuscado, nombre y apellidos y cuantía de la subvención concedida.
7.  Una vez publicada la concesión se entenderá que la persona beneficiaria la 
acepta, a no ser que renuncie a la misma mediante la presentación de una renuncia 
expresa.
Artículo 8.  Pago y justificación.
1.  Dictada la resolución de concesión, se tramitará de oficio el expediente de 
reconocimiento de la obligación de pago del 100 por 100 del importe de la ayuda 
concedida,  correspondiendo  su  autorización  a  la  Consejera  de  Empleo  y  Políticas 
Sociales.
La fase de reconocimiento de obligación y el pago estarán exentos de función 
interventora y se someterán a control financiero.
Las  personas  y  empresas  beneficiarias  de  estas  ayudas  quedan  exentas  del 
cumplimiento del requisito general de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social o frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, impuestas por las disposiciones vigentes, o de cualquier otro ingreso de 
Derecho público, incluyendo el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
2.  En cuanto a la justificación, es de aplicación lo previsto en el artículo 30.7 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de las labores de seguimiento y control.
Artículo 9.  Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias.
Las personas y empresas beneficiarias de estas ayudas tendrán las obligaciones 
previstas con carácter general en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, 
las siguientes:
a)  Facilitar cuantos datos e información relacionados con la ayuda concedida les 
sean requeridos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b)  Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo cualquier incidencia que se produzca 
en relación con el expediente de regulación temporal de empleo que pudiera afectar al 
mantenimiento de la ayuda otorgada.
c)  Proceder al reintegro de la subvención en el caso de incumplimiento de alguno 
de los requisitos establecidos para su percepción.
Artículo 10.  Seguimiento y control.
1.  Con la finalidad de garantizar la celeridad en la tramitación del procedimiento, los 
requisitos establecidos para la percepción de las ayudas serán objeto de comprobación 
material con carácter posterior a su concesión y pago.
2.  El Servicio Cántabro de Empleo y el resto de órganos de la Administración de la  e.
Comunidad Autónoma de Cantabria que tengan atribuidas funciones de control sobre las  w.b
ayudas reguladas en la presente ley, accederán a las bases de datos de la Seguridad  07ww
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Administraciones Públicas, y en especial del Sistema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo.
Artículo 11.  Reintegro de la subvención.
1.  Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro 
si es anterior a ésta, en los siguientes casos:
a)  Obtención de la subvención falseando su solicitante las condiciones requeridas 
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero previstas en la legislación vigente.
c)  Concurrencia de supuestos que impidan la obtención de la ayuda dirigida a 
empresas al amparo de la Decisión de la Comisión Europea, de 2 de abril de 2020, 
relativa a la ayuda SA 56851 (2020/N) relativa al Marco Nacional Temporal español 
adoptada de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19 (2020/C 91 I/01).
d)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas con motivo de la concesión de la 
subvención, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos.
e)  Declaración judicial de la nulidad de la suspensión o la reducción de jornada del 
contrato de trabajo.
2.  El reintegro será proporcional a la causa que lo motive, estando obligado a 
realizarlo el sujeto que haya percibido la ayuda objeto del mismo.
3.  En el caso de renuncia a la subvención por parte de personas y empresas 
beneficiarias, procederán al reintegro voluntario de las cantidades en su caso recibidas a 
través del procedimiento determinado por la Consejería de Economía y Hacienda.
Artículo 12.  Régimen sancionador.
Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición adicional única.  Tratamiento de datos de carácter personal.
Los tratamientos de datos personales de las personas y empresas beneficiarias, y las 
cesiones de los mismos entre las administraciones públicas que resulten necesarias para 
la tramitación, seguimiento y control de estas ayudas, se consideran fundadas en el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público, por lo que no será necesario 
recabar el consentimiento de aquéllas.
Disposición final primera.  Medidas contenidas en el II Acuerdo de Diálogo Social en 
Cantabria COVID-19.
1.  En las siguientes medidas contenidas en el II Acuerdo de Diálogo Social en 
Cantabria COVID-19, de 31 de marzo de 2021, que se tramiten como subvenciones por  s
el Servicio Cántabro de Empleo, se aplicará el procedimiento de concesión directa, de  oe.
conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  w.
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menores de 12 años, personas dependientes o con discapacidad a su cargo, que deban 
guardar aislamiento a causa de la COVID-19.
b)  Subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en el contexto de la 
crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.
c)  Subvenciones  destinadas  a  personas  trabajadoras  que  ejerzan  derechos  de 
reducción  de  jornada  o  excedencia  en  el  contexto  de  la  crisis  ocasionada  por  la 
pandemia de COVID-19.
d)  Subvenciones destinadas a promover la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal  de  personas  trabajadoras  o  desempleadas  en  el  contexto  de  la  crisis 
ocasionada por la pandemia de COVID-19.
2.  La  concesión,  el  reconocimiento  de  la  obligación  y  el  pago  de  las  ayudas 
mencionadas en el apartado anterior estarán exentos de función interventora, por lo que 
se someterán a control financiero posterior.
3.  En el caso de las subvenciones a que se refieren las letras c) y d) del apartado 
primero, la concesión, el reconocimiento de la obligación y el pago quedarán exentos de 
la acreditación del cumplimiento del requisito de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social o frente a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, impuestas por las disposiciones vigentes, o de cualquier otro 
ingreso  de  Derecho  público,  incluyendo  el  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de 
subvenciones.
Disposición final segunda.  Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en esta ley se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre, 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición final tercera.  Facultad de desarrollo.
Se faculta a la Consejera de Empleo y Políticas Sociales para dictar las instrucciones 
y adoptar las medidas que considere oportunas para la aplicación y ejecución de lo 
establecido en esta ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Cantabria».
Palacio  del  Gobierno  de  Cantabria,  26  de  abril  de  2021.–El  Presidente  de  la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla Roiz.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» número 84, de 4 de mayo de 2021)