BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 221 Miércoles 15 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 113204
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
15032 Resolución  de  31  de  agosto  de  2021,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en 
relación con la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas 
fiscales,  de  gestión  administrativa  y  financiera  y  de  organización  de  la 
Generalitat 2021.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 31 de agosto de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Generalitat en relación con la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, 
de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera 
y de organización de la Generalitat 2021
I.  De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de trabajo 
constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del  Estado-Generalitat  de  Valencia  para  el  estudio  y  propuesta  de  solución  de  las 
discrepancias manifestadas en relación con los artículos 30, 41, 52, 65, 95, 96, 97, 98 y 
la disposición adicional quinta de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de 
medidas  fiscales,  de  gestión  administrativa  y  financiera  y  de  organización  de  la 
Generalitat 2021, ambas partes consideran solventadas las mismas con arreglo a los 
siguientes compromisos y consideraciones:
a)  La Generalitat Valenciana se compromete a promover la modificación legislativa 
del artículo 3 de la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de Regulación de los Procedimientos 
de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana, en su 
redacción dada por el artículo 65 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021 
con la siguiente redacción al apartado 1 bis del artículo 3 antes citado, quedando como 
sigue: «1bis. En el caso de procedimientos de adjudicación de contratos públicos sujetos 
a la legislación básica estatal en materia de contratación pública, en todo caso se estará 
a lo establecido en la misma.»
b)  La Generalitat Valenciana se compromete a promover la modificación legislativa 
del anexo de la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de Regulación de los Procedimientos de 
Emergencia  Ciudadana  en  la  Administración  de  la  Comunitat  Valenciana,  en  su  s
redacción dada por el artículo 65 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas  oe.
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incineración, coincineración y valorización energética de residuos, en la redacción dada
por el artículo 30 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión  Bc
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, ambas partes 
coinciden en que las discrepancias planteadas en relación con el mismo, concretamente 
con el párrafo tercero de su apartado once, se solventan con el compromiso de la 
Generalitat de promover la derogación del precepto.
d)  En cuanto a la disposición adicional 17 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, 
de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, introducida por el 
artículo 52 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, ambas partes 
consideran resueltas las discrepancias manifestadas, tras la nueva redacción que se ha 
dado a esta disposición adicional 17 por el Decreto-Ley 6/2021, de 1 de abril, del 
Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de 
actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la 
crisis  consecuencia  de  la  COVID-19  (DOC  Valencia,  número  9062,  de  15  de  abril 
de 2021).
e)  Respecto al artículo 59 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana, en la redacción dada por el artículo 95 
de la Ley 3/2020, ambas partes constatan que lo dispuesto en el artículo 50.1 de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, respecto al mantenimiento y restauración 
del carácter forestal de los terrenos incendiados, que tiene carácter de legislación básica 
estatal, se ha incorporado a la normativa autonómica a través de la disposición adicional 
sexta de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 
Ley especial y en consecuencia de aplicación preferente en estos supuestos y que por 
tanto salvaguarda la aplicación de la legislación básica.
f)  Respecto al artículo 40 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de 
Movilidad de la Comunitat Valenciana, en la redacción dada por el artículo 96 de la 
Ley 3/2020:
1)  La Comunidad Autónoma se compromete a que el desarrollo reglamentario 
previsto en el artículo 40.7 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad 
de la Comunitat Valenciana sea acorde con la legislación estatal y su normativa de 
desarrollo.
En particular, a que se respete la normativa existente en materia de transporte en el 
reglamento de desarrollo de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, o 
normativa que en su caso la sustituya.
2)  En relación con el artículo 40.8 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, 
de Movilidad de la Comunitat Valenciana la Comunidad Autónoma se compromete a 
promover la correspondiente iniciativa legislativa para proceder a su modificación, con la 
finalidad de que la previsión contenida en dicho precepto se ajuste a la normativa 
existente en materia de transporte en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los  Transportes  Terrestres  y  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, o normativa que en su caso la sustituya, 
proponiendo la siguiente redacción:
«Artículo 40.  Transportes públicos regulares de uso especial.
...
8.  En los servicios de transporte regular de uso especial, contratados por la  e
Administración, se podrá autorizar a que dicho transporte de uso especial pueda  bo
también ser utilizado por otras personas usuarias, cuando razones de interés  032ww
g) púEbnli ccou aasnít olo  aalc oanrtsíceujelon .7»0 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje, en la redacción dada por el artículo 97 de la Ley 3/2020,
la Generalitat se compromete a promover la modificación legislativa del mismo, con el 
siguiente tenor literal:
«Artículo  70.  Actuaciones  de  transformación  urbanística  y  de  edificación  y 
rehabilitación en suelo urbano.
1.  Sin perjuicio del régimen estatutario básico de derechos y deberes que se 
deriva  de  la  legislación  estatal  de  suelo,  se  entiende  por  actuaciones  de 
transformación  urbanística  a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  esta  Ley,  las 
siguientes:
a)  Las actuaciones de urbanización que incluyen:
1.º  Las  actuaciones  de  reforma  y  regeneración  urbana  cuyas 
determinaciones tienen por objeto la mejora del medio urbano, la renovación y 
mejora  de  los  equipamientos  y  demás  dotaciones  urbanísticas,  incluida  la 
rehabilitación o sustitución del patrimonio edificado, cuando existan situaciones de 
obsolescencia o vulnerabilidad de áreas urbanas delimitadas con esa finalidad.
Se considerarán actuaciones de regeneración urbana integrada aquellas que 
incorporen  medidas  sociales  y  económicas  enmarcadas  en  una  estrategia 
administrativa globalizada.
La ordenación de estas actuaciones se llevará a cabo mediante la formulación 
de planes de reforma interior en los términos establecidos en el artículo 72 de esta 
ley y su gestión se desarrollará tomando en consideración el régimen aplicable a 
las actuaciones integradas, tal como se regula en el citado artículo de la ley.
2.º  Las actuaciones de renovación urbana tendrán por objeto la demolición y 
sustitución de la totalidad o de parte de las edificaciones preexistentes, cuando 
concurran circunstancias singulares de deterioro físico y ambiental que lo hagan 
necesario, sin perjuicio de satisfacer cualesquiera actuaciones de rehabilitación de 
edificios o la mejora del medio urbano contempladas en este artículo.
La ordenación de estas actuaciones se llevará a cabo mediante la formulación 
de planes de reforma interior en los términos establecidos en el artículo 72 de esta 
ley, y la gestión se desarrollará mediante la delimitación de unidades de ejecución 
en régimen de actuaciones integradas, en virtud de lo establecido en esta ley.
b)  Las actuaciones de dotación son aquellas cuyas determinaciones tienen 
por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado 
para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los 
nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del 
ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.
2.  Se entienden como actuaciones de edificación o de rehabilitación aquellas 
que tienen por objeto la edificación o la rehabilitación de edificios, incluidas sus 
instalaciones, sus espacios privativos vinculados y, en su caso, el suelo dotacional 
público necesario para otorgarles la condición de solar.»
h)  Finalmente, en cuanto a la disposición adicional a la Ley 1/2019, de 5 de febrero, 
de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del 
territorio,  urbanismo  y  paisaje  introducida  por  el  artículo  98  de  la  Ley  3/2020,  la 
Generalitat promoverá una modificación normativa a fin de dejar la misma sin efecto. es
II.  En  razón  del  acuerdo  alcanzado,  ambas  partes  consideran  resueltas  las  w.
discrepancias manifestadas y concluidas las controversias planteadas. 032ww
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