BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 81 Lunes 5 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 38588
III. OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUNAL SUPREMO
5317 Conflicto de jurisdicción n.º 2/2020 suscitado entre el Juzgado Togado Militar 
n.º 13 de Valencia y el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Torrevieja (Alicante).
Tribunal  Supremo
Sala de Conflictos de Jurisdicción
Art. 39 LOPJ
Sentencia núm. 1/2021
Fecha Sentencia: 16/02/2021.
Tipo de procedimiento: Conflicto art. 39 LOPJ.
Número del procedimiento: 2/2020.
Fallo/Acuerdo: Sentencia Resolviendo Conf. Jurisdicción.
Fecha de votación y fallo: 15/02/2021.
Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
Procedencia: Jdo. Togado Militar núm. 13.
Secretaría de Gobierno.
Transcrito por: LMGP.
Nota:
Resumen:
Allanamiento de instalaciones militares. La conducta tipificada en el artículo 29 del 
CPM es delito militar, aunque sea realizado por un civil. Si hay conexidad delictiva 
corresponderá el conocimiento a la jurisdicción cuyo delito esté castigado con penas más 
graves (art. 14 LOCOJM).
Conflicto art. 39 LOPJ núm.: 2/2020.
Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
Secretaría de Gobierno.
Tribunal  Supremo
Sala de Conflictos de Jurisdicción
Art. 39 LOPJ
Sentencia núm. 1/2021
Excmos. Sres.
D. Carlos Lesmes Serrano, presidente.
D. Andrés Palomo Del Arco. s
D. Jacobo Barja de Quiroga López. e.
D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. w.
D. Ricardo Cuesta del Castillo. 17ww
En Madrid, a 16 de febrero de 2021.
Esta sala ha visto la causa conflicto positivo de jurisdicción núm. A39/2/2020 entre el
Juzgado Togado Militar núm. 13 de Valencia en las diligencias previas n.º 13/08/2020,
luego transformadas en Sumario 13/09/2020, y el Juzgado de Instrucción número 1 de 
Torrevieja (Alicante) en las diligencias previas número 984/2020.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
Antecedentes de hecho
1.  Tanto  el  Juzgado  de  Instrucción  número  1  de  Torrevieja,  por  inhibición  del 
Juzgado de igual clase número 2 de la misma localidad, como el Juzgado Togado Militar 
número 13 han incoado diligencias para la investigación de los siguientes hechos:
Sobre las 22:22 horas del día 10/04/20, las cameras de la puerta principal de la 
Estación Radionaval de Guardamar del Segura (Alicante), detectaron un intruso en el 
perímetro  exterior,  con  actitud  sospechosa,  mirando  alrededor  y  tirando  piedras  al 
interior. A las 22:27 horas, el intruso saltó la valla y penetró en el interior de la Estación, 
ocultándose entre la vegetación del lateral de la carretera de acceso. Se activó el 
personal del Destacamento de Seguridad para localizar al intruso y se dio aviso a la 
Guardia  Civil  que  se  personó  en  el  lugar.  Aunque  se  procedió  a  la  búsqueda  del 
sospechoso, requiriendo por la megafonía del vehículo de la Guardia Civil para que 
saliera de donde estuviese, no lo hizo, sin que pudiera ser localizado. Sobre las 23:50 
horas, tras la retirada de todos los vehículos (dos del servicio de la Estación y el de la 
Guardia Civil) intervinientes en el dispositivo de búsqueda, se dejó al personal del 
Destacamento de Seguridad emboscado a pie en la oscuridad, esperando que el intruso 
saliera, lo que ocurrió poco después saliendo de la espesura e intentando huir, siendo 
interceptado y detenido por personal del Destacamento de Seguridad hasta la llegada de 
la  Guardia  Civil,  que  se  llevó  detenido  al  intruso.  No  se  detectaron  daños  en  las 
instalaciones de la Estación Radionaval de Guardamar del Segura.
2.  El Juzgado Togado Militar número 13 en el Sumario 13/09/20 dictó auto de 
fecha 21/07/20 requiriendo de inhibición al Juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja por 
considerar que los hechos eran constitutivos de un delito tipificado en el artículo 29 del 
Código Penal Militar, correspondiendo su conocimiento a la Jurisdicción Militar conforme 
tanto a la LOPJ, como a la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, y según criterio reiterado 
de esta Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción.
3.  El Juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja, previo informe del Ministerio Fiscal, 
por  auto  de  04/08/20  rechazó  el  requerimiento  por  considerar  que  los  hechos 
investigados podían ser constitutivos de un delito de desobediencia grave del vigente 
Código Penal del que no era competencia para su conocimiento la jurisdicción penal, 
conforme al artículo 1 del Código Penal Militar, dado que el sujeto activo del hecho no 
tenía la condición de militar.
4.  Por  auto  de  29/09/20  el  Juzgado  Togado  Militar  número  13  sostuvo  el 
requerimiento y dispuso plantear conflicto positivo de jurisdicción ante esta Sala de 
Conflictos de Jurisdicción.
5.  Por  diligencia  de  ordenación  de  25/11/20  se  formó  el  oportuno  rollo  dando 
traslado  para  alegaciones  el  Ministerio  Fiscal  y  al  Fiscal  Jurídico  Militar,  quienes 
presentaron sus respectivos informes los días 09/12/20 y 17/12/20.
6.  Mediante diligencia de ordenación de 07/01/21 ha sido designado ponente el 
Excmo. Sr. Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y por providencia de 18/01/21 se ha 
señalado para deliberación, votación y fallo el día 15/01/21.
Fundamentos de Derecho b
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Tribunales y por ley se regulará el ejercicio de la Jurisdicción Militar en el ámbito 
estrictamente castrense y en los supuestos del estado de sitio.
b)  En cumplimiento del citado mandato constitucional, en el art. 3-2.º de la Ley 
Orgánica  6/85,  de  1  de  julio,  reguladora  del  Poder  Judicial,  se  establece  que  la 
competencia de la Jurisdicción Militar quedará limitada al ámbito estrictamente castrense 
respecto de los hechos tipificados como delitos militares en el Código Penal Militar y a 
los supuestos de estado de sitio.
c)  Los referidos mandatos (constitucional y legal) van dirigidos fundamentalmente al 
legislador que, en uso de su potestad productora de leyes, ha establecido y delimitado, 
de acuerdo con dichos principios restrictivos de la jurisdicción militar, los respectivos 
ámbitos de competencia de una jurisdicción y otra, a los que debemos acogernos. Sólo 
cuando surgieren dudas interpretativas en el deslinde de ambas jurisdicciones, seguiría 
operando  la  vis  atractiva,  de  la  jurisdicción  ordinaria,  actuando  como  criterio 
interpretativo dirigido a los órganos jurisdiccionales.
d)  Las normas decisivas aplicables al caso están integradas por el art. 12.1 de la 
Ley Orgánica 4/1987 de 15 de julio (reformada por la L.O. 2/1989).
(i)  En tiempo de paz, la jurisdicción militar será competente en materia penal para 
conocer de los siguientes delitos y faltas: 1. Los comprendidos en el Código Penal Militar. 
Salvo  lo  dispuesto  en  el  art.  14,  en  todos  los  demás  casos  la  Jurisdicción  Militar 
conocerá de los delitos comprendidos en el Código Penal Militar, incluso en aquellos 
supuestos en que siendo susceptibles de ser calificados con arreglo al Código Penal 
común, les corresponda pena más grave con arreglo a este último, en cuyo caso se 
aplicará éste.
(ii)  La salvedad del precepto está referida a los supuestos de conexidad. El art. 14 
establece: "La jurisdicción a que esté atribuido el conocimiento del delito que tenga 
señalada legalmente pena más grave, conocerá de los delitos conexos. Si sobreseyese 
el procedimiento en relación con el delito de pena más grave, dejará de conocer de los 
conexos de los que no sea competente" (sentencia 4/2009, de 17 de diciembre, de esta 
Sala Especial).
2.  En este caso los hechos anteriormente referidos pueden ser constitutivos de un 
delito previsto y penado en el artículo 29 del Código Penal Militar, que castiga al que 
«penetrare o permaneciere en un centro, dependencia o establecimiento militar contra la 
voluntad expresa o tácita de su jefe, o vulnerare las medidas de seguridad establecidas 
para la protección de aquellos».
Este delito por su ubicación sistemática, por el bien jurídico protegido y también por 
su propia literalidad puede ser cometido por cualquier ciudadano sea militar o civil, 
criterio  que  esta  Sala  ha  confirmado  en  numerosas  resoluciones  de  las  que  son 
exponente la sentencias de la Sala Especial número 1/2016, de 5 de julio y 3/1997, 
de 21 de octubre.
Se trata de un delito contra los medios o recursos de la seguridad o defensa 
nacionales, de peligro abstracto o potencial que, en principio, se estima implícito en el 
acceso indebido y furtivo, tal y como parece haber acontecido en el presente caso.
De acuerdo con el artículo 4.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con el 
artículo  12.1  de  la  Ley  Orgánica  4/1987,  de  15  de  julio,  de  la  Competencia  y 
Organización  de  la  Jurisdicción  Militar,  la  competencia  para  la  investigación  y 
enjuiciamiento del citado delito corresponde a la Jurisdicción Militar, sin que obste a ello 
que el delito y conforme a las previsiones del artículo 17.2.4.º de la LECrim pudiera ser  e
conexo con un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal, por desatender  bo
el intruso las órdenes de los agentes de la autoridad que acudieron al lugar para que se  17ww
entrLeag acroam. petencia sigue correspondiendo a la Jurisdicción Militar, ya que en caso de
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allanamiento de instalaciones militares tiene señalada una pena de 3 meses y 1 día de
prisión a 4 años, frente al delito de desobediencia que está sancionado con pena de 3 
meses a 1 año o multa.
Por lo tanto y de conformidad con lo informado, tanto por el Fiscal de la Sala de lo 
Penal como por el Fiscal de la Sala Militar, ambos del Tribunal Supremo, procede 
resolver el conflicto de jurisdicción en favor del Juzgado Togado número 13 con sede en 
Valencia.
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta sala ha decidido:
Resolver el conflicto de jurisdicción planteado entre el Juez Togado Militar Territorial 
número 13 de Valencia y el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja lo resolvemos 
en favor del Juzgado Togado Militar Territorial número 13 de Valencia. Declaramos las 
costas de oficio.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado». 
Así se acuerda y firma.–Carlos Lesmes Serrano.–Andrés Palomo Del Arco.–Jacobo 
Barja  de  Quiroga  López.–Eduardo  de  Porres  Ortiz  de  Urbina.–Ricardo  Cuesta  del 
Castillo.–Firmado.