BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60088
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8351 Sala Segunda. Sentencia 85/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de 
amparo 7132-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:85
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  7132-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 4 de Lorca, de 15 de noviembre de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 368-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A., y contra el 
auto del mismo juzgado, de 24 de octubre de 2019, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Se ha personado la entidad Pera Assets Designated Activity Company, actuando como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo 
Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 10 de 
diciembre  de  2019,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
bajo la defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo 
contra las resoluciones arriba mencionadas. e
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municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la 
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 21 de junio de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  368-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  El 22 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Lorca relativa al proceso «EJH/0000368/2018», 
notificación a la que podía acceder entre los días 22 de junio a 7 de agosto de 2018.
c)  El 31 de julio de 2018 por personal de la recurrente se accedió al enlace remitido 
por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el juzgado 
de  primera  instancia  ejecutor  en  relación  con  el  procedimiento  hipotecario  núm. 
368-2018. También en esa fecha, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso, dejando constancia de 
que la notificación había sido «aceptada».
d)  El 29 de agosto de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
e)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca dictó auto el 15 
de noviembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por el procurador don Antonio Serrano Caro 
por estar presentada fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
Establece el artículo 695 LEC, que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho 
de ejecución en los términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del auto y del decreto. Constando en el 
presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto una vez transcurrido el plazo 
que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por extemporánea, de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados».
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días 
ante este tribunal.»
f)  Por el representante procesal de la demandante de amparo se interpuso recurso 
de  reposición  contra  el  anterior  auto.  En  el  recurso  defendió  que  la  notificación  y 
requerimiento  de  pago  tuvo  lugar  cuando  accedió  al  contenido  de  la  notificación 
electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de  e.e
diez días del art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Con invocación también de  b
los arts. 135, 152.1.2.3, 155.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional  51ww
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g)  El juzgado ejecutor dictó auto el 24 de octubre de 2019 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
único:
«Único.  Debe ser desestimado el recurso de reposición interpuesto por ser el auto 
por recurrido conforme a la normativa procesal vigente en materia de oposición a la 
ejecución (artículos 556.1 LEC y concordantes) y de actos de comunicación. Así, pese a 
las alegaciones del recurrente que pretende mantener que el escrito de oposición fue 
presentado en plazo para ello por entender que el auto despachando la ejecución y el 
requerimiento efectuado debe entenderse notificado en fecha 31de julio de 2018, en la 
que se accedió efectivamente a las citadas resoluciones, lo cierto es que debe tenerse 
en cuenta la fecha en la que efectivamente tuvo la parte posibilidad de acceder a las 
mismas, de lo contrario se estaría dejando al arbitrio de las partes obligadas a utilizar el 
sistema  electrónico  de  comunicaciones  el  cumplimiento  de  los  plazos  procesales 
dispuesto en la normativa.
Los artículos citados como infringidos por la parte recurrente (arts. 135, 152, 162 
y  273  y  siguientes  de  la  LEC)  han  sido  perfectamente  respetados  en  el  presente 
procedimiento. La propia parte recurrente afirma estar obligada a utilizar los medios 
electrónicos en sus comunicaciones con el juzgado y afirma que la notificación se remitió 
a la dirección de correo electrónico ‘habilitada del titular a las que se refiere el art. 162 
LEC,  que  tiene  carácter  de  norma  especial,  destinada  a  regular  los  actos  de 
comunicación  por  medios  electrónicos  o  similares.  No  existiendo  discusión  ni  duda 
acerca  de  la  aplicabilidad  de  dicho  precepto,  al  reconocer  la  propia  recurrente  la 
obligatoriedad en el uso de dichos medios en las relaciones con la administración de 
justicia, se llega a la conclusión de que lo dispuesto en el mismo es claro y ha sido 
respetado. Del propio documento núm. 1 aportado con el escrito interponiendo recurso 
de reposición y de las propias alegaciones vertidas por la recurrente, resulta la correcta 
recepción de la notificación en fecha 22 de junio de 2018, fecha en la que se materializó 
la ‘puesta a disposición’ de la notificación correctamente y del propio documento resulta 
que pasaron más de tres días desde la misma sin que se hubiera accedido al contenido 
hasta el día 31 de julio de 2018, por tanto, en aplicación estricta de lo dispuesto en el 
apartado segundo del art. 162 LEC, sin que se haya justificado por el recurrente una 
imposibilidad de acceder al sistema en este plazo. Por todo ello debe ser desestimado el 
recurso interpuesto, al ser el auto recurrido plenamente ajustado a Derecho, al inadmitir 
un escrito que fue presentado fuera de plazo cuando ya había precluido la posibilidad de 
hacerlo.»
Como pie de recurso, el auto indicaba que dicha resolución «es firme, y contra la 
misma no cabe recurso alguno». Tanto este auto como el anterior de 15 de noviembre 
de 2018, fueron notificados por el juzgado al procurador de la demandante de amparo a 
través del sistema Lexnet, tal como obra en las actuaciones.
Notificado  así  el  auto  de  24  de  octubre  de  2019,  por  la  indicada  mercantil  se 
interpuso el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de  s
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente  oe.
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento  w.
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electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto del 24 de octubre de 2019 que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se han expuesto sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en 
una  interpretación  forzada  y  contradictoria  de  las  normas  procesales,  al  incluir 
indicaciones equívocas en el aviso de puesta a disposición, además de infringir las 
prescripciones sobre el primer emplazamiento en sede judicial.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un segundo otrosí digo, el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas (sic) de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicito la 
suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 368-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 4 de noviembre de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
[art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso 
plantea un problema o afecta una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], o bien que el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) constatar que el testimonio de las actuaciones ya había 
sido remitido a requerimiento de la Secretaría de Justicia de la Sección y emplazar a 
través del juzgado ejecutor a quienes hubieren sido parte en el procedimiento excepto a 
la  parte  recurrente  en  amparo;  y  (iii)  formar  la  correspondiente  pieza  separada  de 
suspensión.
5.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 1 de febrero de 2021, la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu con la asistencia letrada de 
don Alejandro Ingram Solís, actuando en nombre y representación de la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company, solicitó se tuviera a esta última como personada y 
parte recurrida en lugar de la ejecutante Banco de Sabadell, S.A., entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso. Justificaba su petición en 
la escritura de cesión onerosa de créditos hipotecarios suscrita con Banco de Sabadell, 
S.A., como cedente, otorgada el 23 de julio de 2019, y en su efectiva personación en el 
proceso de ejecución donde fue acordado su emplazamiento ante este tribunal.
6.  Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección 
Cuarta  de  9  de  febrero  de  2021  se  acordó:  (i)  tener  por  personada  y  parte  a  la 
procuradora doña María Claudia Munteanu en nombre y representación de la sociedad 
indicada y (ii) dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al  s
Ministerio  Fiscal  por  plazo  común  de  veinte  días  para  presentar  alegaciones  de  oe.
conformidad con lo previsto en el art. 52. 1 LOTC. w.
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desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando  ejecución 
acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en el juicio 
de  ejecución  hipotecaria  368-2018»,  y  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediato anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de 
formular oposición a la ejecución».
Identifica el recurso «como uno de los que componen la serie de los interpuestos por 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a 
diversos  autos  dictados  en  procedimientos  hipotecarios  tramitados  por  diferentes 
juzgados de primera instancia de Lorca, por idénticas vulneraciones» y recuerda, con 
cita de la STC 40/2020, del Pleno, de 27 de febrero, y de la STC 43/2020, de 9 de 
marzo, que algunos ya han sido resueltos por lo que, al concurrir identidad fáctica y 
jurídica procedería aplicar la doctrina sentada en dichas resoluciones.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 12 de marzo de 2021, por el que interesó se dictara resolución estimatoria 
del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 40/2020, del Pleno del Tribunal 
Constitucional que resuelve el recurso de amparo 5377-2018 promovido por la misma 
parte Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., «en un asunto prácticamente igual al 
del presente recurso de amparo» que refuerza las exigencias para llevar a efecto el 
primer emplazamiento.
9.  No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, 
ningún escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
10.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este tribunal 
núm. 153/2020, de 30 de noviembre, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar 
solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
11.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 16 de marzo de 2021, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal,  del  representante  procesal  de  la  recurrente  en  amparo  y  de  su  falta  de 
presentación por la entidad recurrida, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
12.  Mediante providencia de fecha 15 de abril de 2021, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han  e
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al  bo
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a  51ww
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hipotecario núm. 368-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y el derecho a la asistencia letrada 
(art. 24.2 CE), ambas sin embargo carentes de soporte argumental propio. El Ministerio 
Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que 
la entidad recurrida no ha efectuado alegaciones.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado, como afirma en trámite de alegaciones la recurrente en amparo y subraya el 
Ministerio Fiscal, la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de 
coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los 
mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. 
Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  obligue  a  una 
fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que 
hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de este, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 
de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de  s
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo  oe.
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento  w.
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos  51ww
lean ceosntimtraamcioósn,  deenl  aalmegpaal rcoo pnojurn vcuiólnne craocni óenl  pdlea zsou  ddeel raerct.h o5 5f6u nLdEaCm. eTnotdaol  alo l ac utuatl edlae tejurdmiciniaal 
efectiva sin padecer indefensión (art.24. 1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 15 de noviembre de 2018 y de 24 de octubre 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  368-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.