BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211  Miércoles 5 de agosto de 2020  Sec. III.   Pág. 64912
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
9262 Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos 
de la Unión Europea.
I
La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, modifica 
y refunde los cambios realizados en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de la energía procedente de 
fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE 
y 2003/30/CE.
En su artículo 3 dicta que los Estados miembros velarán conjuntamente por que la 
cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de, al menos, el 32 % del consumo 
final bruto de energía de la Unión Europea en 2030.
Por otro lado, el Reglamento (UE) 2018/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, establece la obligatoriedad de que todos los Estados miembros elaboren un 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).
El PNIEC español incluye entre los objetivos energéticos, lograr en 2030 una presencia 
de las energías renovables sobre el uso final de energía del 42 %, donde la producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable deberá representar el 74 % de la 
generación eléctrica, conllevando una importante reducción del nivel de emisiones de CO  
2
y favoreciendo el paso a una economía baja en carbono.
Para alcanzar sus objetivos energéticos, los Estados miembros de la Unión Europea 
pueden utilizar mecanismos de apoyo, debidamente justificados de acuerdo con la 
normativa europea.
Por otro lado, si bien la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovable genera ingresos procedentes de la venta de energía en el 
mercado, estos no son suficientes para que, algunas tecnologías y en determinadas 
localizaciones, recuperen sus costes de inversión, por lo que se hace necesaria la 
concesión de ayudas públicas.
Por los motivos anteriormente descritos, y para asegurar la ejecución de las 
instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en el 
territorio nacional, se establecen las presentes bases para la concesión de ayudas a la 
inversión en las instalaciones previstas en esta orden.
II
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de  b
noviembre, General de Subvenciones, la presente orden ministerial establece las bases  62ww
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recuperación económica.
Estas ayudas adoptarán la forma de subvención, utilizando el procedimiento ordinario 
de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, según lo 
establecido en el artículo 22.1 de la citada ley.
En todas las fases del procedimiento se establece la obligación de relacionarse 
electrónicamente a todos los sujetos implicados, incluidas las personas físicas a las que, 
de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se les presupone la capacidad 
técnica necesaria para poder realizar las actuaciones objeto de las ayudas, quedando 
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
El programa de ayudas regulado mediante las presentes bases se adapta a las 
especificaciones contenidas en la Comunicación de la Comisión Europea (2014/C 200/01) 
referida a las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio 
ambiente y energía 2014-2020, y especialmente a lo establecido en el capítulo 3, relativo 
a la evaluación de la compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del 
Tratado y a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
En virtud del cumplimiento de las condiciones del reglamento citado, las ayudas 
reguladas en las presentes bases están exentas de la notificación previa a la Comisión 
Europea, pero las convocatorias que se realicen al amparo de las mismas deberán ser 
comunicadas para su registro en la Comisión Europea.
Por su parte, la Administración General del Estado, a través de la Dirección General de 
Fondos Europeos del entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, elaboró el 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014-2020 (POCS), 
aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión C (2015) 5220 de 22 de julio de 2015, 
y que ha quedado incorporado en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). 
El POPE destina actualmente al Eje de Transición a una Economía Baja en Carbono un 
total aproximado de 1.983 millones de euros de ayuda FEDER.
En el POPE se recoge como prioridad de inversión el fomento de la producción y 
distribución de energía derivada de fuentes renovables dentro del Eje de Transición a una 
Economía Baja en Carbono. Por este motivo, una parte de la dotación de este eje para el 
período 2014-2020 se destinará a convocatorias dirigidas a aumentar la participación de la 
energía eléctrica renovable en todo el territorio nacional.
Siendo susceptible de cofinanciación por el FEDER el tipo de actuaciones al que van 
dirigidas estas bases, se estima oportuno establecer las condiciones adicionales precisas 
que posibiliten que las instalaciones objeto del programa de ayudas puedan ser 
cofinanciadas con dichos fondos.
Por otra parte, la Unión Europea está poniendo en marcha un conjunto de instrumentos 
dirigidos a impulsar la recuperación económica, como respuesta a la crisis económica 
desencadenada por la COVID-19. Algunos de ellos se materializan a través de instrumentos 
de la política de cohesión, entre ellos el FEDER, y se concretarán en nuevos ejes 
prioritarios dentro del POPE, o bien en nuevos programas operativos orientados a la 
recuperación.
Entre los objetivos fundamentales de los citados instrumentos de recuperación 
económica se halla el acelerar la doble transición ecológica y digital. Por ello, dichos 
instrumentos, en cuanto estén disponibles, podrán constituirse asimismo en fuente de 
financiación de las ayudas que se concedan conforme a las presentes bases.
Por ello, se recoge la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos  es
en el POPE, o en el correspondiente Programa Operativo en caso de convocatoria de  o
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n.º 1301/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.
El citado Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, establece en su artículo 5, entre sus prioridades de inversión, la 
posibilidad de subvencionar inversiones destinadas a favorecer el paso a una economía 
de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. Así, las convocatorias que se 
realicen y regulen por las presentes bases contribuirán activamente a la sostenibilidad 
ambiental mediante la reducción del nivel de emisiones de CO , así como a la cohesión 
2
social y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Conforme a lo establecido en el acuerdo de designación de la Dirección General de 
Fondos Europeos del entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, de fecha 10 de 
mayo de 2017, y aceptado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético 
(IDAE) el 16 de mayo de 2017, el IDAE ha sido designado Organismo Intermedio del 
POCS, incorporado en el POPE, para las iniciativas cofinanciadas por el FEDER, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en la Descripción de Sistemas y 
Procedimientos de la Autoridad de Gestión.
De esta manera, cuando las actuaciones objeto de las ayudas sean cofinanciables en 
el marco del POPE, el IDAE actuará como Organismo Intermedio.
Asimismo, en el marco de otros instrumentos y programas de la Unión Europea 
dirigidos a apoyar la recuperación económica, el IDAE podrá actuar en su caso como 
Organismo Intermedio.
Cuando la cofinanciación de la Unión Europea corresponda a programas regionales, 
el Organismo Intermedio será el designado al efecto, pudiendo este organismo acordar la 
intervención de un órgano gestor que realice la selección de los proyectos a cofinanciar.
El Organismo Intermedio será el responsable de certificar a FEDER, o al instrumento 
de la Unión Europea que corresponda, los proyectos a cofinanciar, determinando el gasto 
subvencionable de los mismos. Corresponderá también al Organismo Intermedio 
examinar las justificaciones de gasto remitidas por los beneficiarios y realizar las 
verificaciones necesarias (incluidas las verificaciones sobre el terreno) que permitan 
certificar dichos gastos a la Autoridad de Gestión de FEDER, o del instrumento de la 
Unión Europea que corresponda.
En la medida en que las características y requisitos de los nuevos instrumentos de la 
UE pudieran, si es el caso, modificar o precisar determinados aspectos, respecto de los 
ahora establecidos en el marco del POPE, que han servido de guía para elaborar estas 
bases, el Organismo Intermedio cursará las instrucciones necesarias para hacer posible la 
cofinanciación de la Unión Europea.
III
Entre otros objetivos, estas ayudas podrán impulsar en todo el territorio nacional el 
desarrollo de proyectos innovadores que se adecuen a las nuevas exigencias de las 
Directivas Europeas para la integración de las energías renovables en la red eléctrica. En 
este sentido el desarrollo de proyectos no solo se basa en el impulso de una tecnología 
renovable concreta, sino en la adecuación de las distintas tecnologías entre sí y con 
sistemas novedosos de gestión de la demanda, como pueden ser las comunidades de 
energías renovables y la financiación colectiva de proyectos, micromecenazgo, a nivel 
estructural y social. Además, ante los nuevos retos derivados de una Transición Energética  s
unida a una Transición Justa, es necesaria una evaluación a nivel nacional de todas  oe.
aquellas localizaciones donde deberá incidirse de forma especial para evitar desajustes  w.
speosupceiedaceleinas l mcyo enentctreoib nduóeirmp aricilm odsied osdase.rbriodlolos  eacl ocnaómmbiicoo  dye  am load ceoloh eesnióenrg séoticcoia.l  Edset aasq uaeyullodsa st etrarmitobriiéons   2020-9262n https://ww
Las actuaciones previstas se enmarcan en las políticas de fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables a las que está obligado el Estado español en el marco  Bc
de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que obliga a los Estados 
miembros a asumir objetivos vinculantes de diversificación de las fuentes de energía 
primaria, de reducción de la dependencia energética y de reducción de emisiones de CO , 
2
lo que confiere a las actuaciones contempladas en la presente orden de un enfoque 
supraautonómico que hace necesario el establecimiento de unas bases comunes para la 
gestión de las ayudas, conforme a los objetivos establecidos en el PNIEC.
IV
El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia 
constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a 
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, 
recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62 y 64/2018, 
de 7 de junio.
En cumplimiento de dicha jurisprudencia, esta orden ministerial establece un modelo 
para la concesión de ayudas basado en mecanismos de cooperación y colaboración 
consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución 
Española, y ha sido informada en la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el 17 de 
febrero de 2020, incluyendo la posibilidad excepcional de realizar una convocatoria de 
gestión centralizada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), con 
un grado de consenso favorable entre las administraciones afectadas.
Por lo tanto, en esta orden se contemplan diversas opciones para la gestión de la 
concesión, que podrá realizarse de forma descentralizada por el órgano competente 
designado por las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla o de forma 
centralizada por el IDAE.
En los casos en que la gestión se asuma por alguna de las comunidades autónomas 
o Ciudades de Ceuta y Melilla afectadas, se determinará con carácter previo a las 
correspondientes convocatorias la distribución territorial del crédito, conforme a los 
parámetros objetivos de distribución que se determinen de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, salvo que 
la financiación se realice en el marco de los programas operativos regionales.
En todo caso se deberá cumplir con los requisitos que determina esta orden para que 
las convocatorias puedan ser cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea, entre ellos 
el FEDER.
La Orden ministerial proyectada se adecua a los principios de buena regulación 
establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en particular, a los principios de 
necesidad y eficacia, justificándose en la necesidad de facilitar el cumplimiento de los 
objetivos energéticos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030 (PNIEC), considerándose conveniente la puesta en marcha de instalaciones de 
generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable que contribuyan a la 
diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia 
energética y de emisiones de CO , favoreciendo el paso a una economía baja en carbono.
2
También se adecua al principio de proporcionalidad, en la medida en que la norma 
contiene las actuaciones imprescindibles para el fin que se persigue, estableciendo las 
bases reguladoras que permitan articular la concesión de ayudas previstas en la normativa 
vigente. De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la norma es coherente con el 
resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional. s
Se cumple igualmente con el principio de transparencia, ya que en la elaboración de la  oe.
norma se han seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la  w.
ndoerl mpFraiontyiavelamc,t ehona etbenié ,l nard eWosspeeeb c rdetoea ll iadzlae dppoari rnetacl mtipráeiomn tidotee.  deef ipcaiertnicciipaa, csióen  ipmúpbolicnae nm eladsia mntee nlao rpeusb lcicaarcgiaóns   2020-9262n https://ww
posibles a los ciudadanos.
La orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el  Bc
artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y bases del régimen minero y energético, 
y se aprueba de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En su tramitación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.1 de la citada 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la orden ha sido informada por la Abogacía del Estado 
y por la Intervención Delegada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Constituye el objeto de la presente orden el establecimiento de las bases reguladoras 
de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas a 
proyectos de inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de 
energía renovable en el territorio nacional.
Artículo 2.  Régimen jurídico.
1.  De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima sexta de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el régimen jurídico, normativa 
específica aplicable, requisitos y obligaciones de los beneficiarios y procedimiento de 
concesión será el establecido en las presentes bases, en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.  Estas ayudas están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización 
de los objetivos, actividades y condiciones establecidos por estas bases y por las 
convocatorias correspondientes.
3.  Asimismo, será de aplicación el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 
comunes y disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, así como el Reglamento (UE) 
n.º 1301/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional las Directrices sobre ayudas estatales en materia de 
protección del medio ambiente y energía 2014-2020 y el Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado.
4.  En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias, será de 
aplicación lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y su  e
normativa de desarrollo así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación. bo
ArtícEul loá m3.b itoÁ mgeboitog rgáefiocogr ádfeic loo.s proyectos que opten a las ayudas que se concedan al
amparo de las presentes bases es el de cualquier parte del territorio nacional. Cada
convocatoria especificará el ámbito geográfico de aplicación de la misma. Bc
Artículo 4.  Ámbito temporal.
El ámbito temporal de vigencia de esta orden será hasta el 31 de diciembre de 2021. 
No obstante, las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella hasta la finalización y 
cierre de los correspondientes expedientes.
Artículo 5.  Tipos de actuaciones objeto de las ayudas.
1.  Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos de inversión en instalaciones de 
generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, pudiendo incluir 
actuaciones de inversión que mejoren la gestión y optimicen su producción, permitiendo el 
uso de autoconsumo y la incorporación de la energía a mercados locales.
Dentro de estas actuaciones se podrá incluir la modificación de instalaciones existentes 
de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, en cuyo caso la 
correspondiente convocatoria definirá los requisitos que deberá cumplir la instalación 
modificada. En todo caso, no podrá ser objeto de ayuda la modificación de instalaciones 
existentes que, a la fecha de la aceptación de la ayuda, tengan régimen retributivo 
específico o cualquier otro régimen económico de apoyo, pudiendo renunciar al mismo 
antes de dicha aceptación.
En todo caso, las ayudas previstas deberán adaptarse a las especificaciones 
contenidas en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio 
ambiente y energía 2014-2020 y a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado.
2.  Sin perjuicio de que las convocatorias puedan establecer restricciones adicionales, 
no podrán ser objeto de las ayudas los proyectos de inversión cuya fecha de inicio de 
ejecución sea anterior a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda, de forma que se 
garantice el efecto incentivador de la misma.
A estos efectos, se considerará como fecha de inicio de la ejecución del proyecto de 
inversión la fecha más temprana de estas dos: la fecha del contrato de ejecución de la 
obra o la fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro 
compromiso que haga irreversible la inversión.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios 
previos de viabilidad, incluidos los sondeos exploratorios del terreno para los proyectos 
geotérmicos, no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución del 
proyecto de inversión.
Artículo 6.  Beneficiarios.
1.  Podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que vayan a realizar la actuación objeto de la ayuda, incluyendo los 
consorcios previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, las comunidades de bienes, las comunidades de propietarios, las agrupaciones 
de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la 
actuación objeto de la ayuda.
La concesión y disfrute de la ayuda no supondrá vinculación laboral o funcionarial 
entre el beneficiario de esta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. es
2.  En el caso de que el solicitante sea una agrupación, se deberá cumplir con lo  o
dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 62www.
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legislación aplicable.
Las agrupaciones definidas en el párrafo anterior deberán contar con un representante 
y gestor para la solicitud, justificación de los gastos subvencionables y percepción de la 
ayuda. Todo ello sin perjuicio de que, conforme a la resolución de concesión, el gestor 
deba hacer la imputación de la ayuda entre los partícipes, en relación con los derechos y 
obligaciones que a cada uno correspondan y según la normativa que les aplique.
3.  Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos en las presentes 
bases y en la correspondiente convocatoria.
4.  No podrán obtener la condición de beneficiario:
a)  Aquellos solicitantes en quienes concurra algunas de las circunstancias que 
prohíben el acceso a dicha condición, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
b)  Aquellos solicitantes que se encuentren sujetos a una orden de recuperación 
pendiente como consecuencia de una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior.
c)  Aquellos solicitantes que puedan considerarse como empresas en crisis según lo 
definido en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
5.  Se contempla la posibilidad de subcontratación de la persona o entidad beneficiaria 
con terceros hasta el 100 % de la actividad incentivada, bajo las condiciones establecidas 
en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 7.  Obligaciones esenciales de los beneficiarios.
1.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en estas bases, las que se 
determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las 
ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de las 
presentes bases y de cada convocatoria, comunique el órgano competente en materia de 
ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y 
control del gasto.
2.  Los beneficiarios deberán encontrarse al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Sin perjuicio de la presentación 
de declaración responsable sustitutiva en los casos previstos por el artículo 24 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, la solicitud correspondiente contemplará la autorización 
expresa por parte del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa 
la acreditación correspondiente a través de certificados telemáticos. En caso de no 
otorgarse dicha autorización, los beneficiarios deberán de aportar los certificados 
correspondientes.
3.  Los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato al órgano 
competente, incluso durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las 
condiciones inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. 
La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la 
revocación de la ayuda de acuerdo con lo previsto en los artículos 35 y 36.
4.  Asimismo, se consideran obligaciones esenciales de las entidades beneficiarias, 
en función de sus características particulares, las siguientes:
a)  Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones  oe.
relacionadas con las actuaciones objeto de la ayuda contando, al menos, con una  w.
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.  62ww
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justificativo de la subvención concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad 
de los beneficiarios.
b)  Tener en cuenta, en los procesos de contratación que se refieran a gastos 
subvencionables, lo siguiente:
1.  Según lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
deberá disponer como mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la ejecución de la instalación, salvo que por 
sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
realicen, presten o suministren el servicio contratado. En virtud del artículo 83.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, si no se aportaran las ofertas o la adjudicación hubiera 
recaído, sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, 
el órgano concedente podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de 
cuenta del beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará 
tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el 
resultante de la tasación.
2.  En los pliegos, especificaciones, anuncios, contratos y otros documentos que 
sustenten la contratación de las obras, los bienes o servicios a prestar, deberá hacerse 
constar la posibilidad de cofinanciación o participación del FEDER o, en su caso, del 
instrumento de la Unión Europea que cofinancie el proyecto.
3.  No se podrán incluir, para la valoración de ofertas, criterios de valoración 
discriminatorios o que alteren la concurrencia, pudiendo establecerse requisitos mínimos 
a cumplir por los ofertantes siempre y cuando estos respondan a las necesidades del 
proyecto y no se utilicen para favorecer a unas ofertas respecto a otras.
4.  Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida la 
justificación de la selección de la oferta económicamente más ventajosa y de las 
comunicaciones con los ofertantes.
5.  Las obras, servicios o prestación del servicio contratado deben ser demostrables 
y tienen que estar verificados y aceptados de forma previa a la certificación del pago, 
conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
c)  Para todas las actuaciones, acreditar ante el órgano competente la realización de 
la actividad, facilitando además las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta 
realización del proyecto o acción objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta 
documentación le fuera requerida, así como los valores de los indicadores que, en su 
caso, fueran requeridos para reportar los resultados del proyecto en el marco del Programa 
Operativo de aplicación.
d)  Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero 
que pueda realizar la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, 
la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los 
órganos de control de la Comisión Europea u otros órganos de control competentes, tanto 
nacionales como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, aportando para ello cuanta información le sea 
requerida.
e)  Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en estas bases y 
en particular en el artículo 37, conforme lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y con los deberes de información, comunicación y visibilidad que 
correspondan al beneficiario con arreglo a lo establecido en el artículo 115 del Reglamento  e.e
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. w.b
f)  Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de  62ww
pcoumbluicnaicciaócnió enle yc tvriósnibicilaid aod p doer lo atrpoosy mo epdroiocse dseengtúen d loe  plorse vfoisntod oesn»  epl raenveisxtoo  eXnII  e«lI nafrotírcmualoc i1ó1n5, 
ddiecli eRmebgrlea mdee n2t0o1 (3U.E) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
g)  Conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y la 
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en 
el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013.
h)  Respetar las normas de ayudas nacionales que pudiera establecer la Dirección 
General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, en el ámbito de sus 
competencias.
5.  Los beneficiarios deberán cumplir el objetivo, ejecutar la actuación, realizar la 
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda en la 
forma y plazos establecidos en estas bases y en la convocatoria correspondiente.
6.  Los beneficiarios deberán presentar al Organismo Intermedio o, en caso de gestión 
descentralizada, ante el organismo designado para ello, la información de la planificación 
económica o senda financiera prevista, derivada de la ejecución de las actuaciones objeto 
de la ayuda, así como de sus resultados esperados, que se cuantificarán en base a los 
indicadores de productividad previstos, en su caso, en el Programa Operativo de 
aplicación.
En el caso del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) son los que se 
indican a continuación:
Código Indicador Unidad de medida
C030 Capacidad adicional de producción de energía renovable eléctrica. MW
C034 Reducción de emisiones de GEI. tCO eq/año
2
7.  Los beneficiarios deberán proporcionar al órgano competente la documentación 
necesaria ex post con el contenido mínimo que figura en el Artículo 29, de Justificación de 
la realización del proyecto.
8.  Los beneficiarios deberán asegurar la durabilidad de las operaciones de acuerdo 
con el artículo 71.1 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, manteniendo la propiedad o titularidad de las instalaciones 
objeto de subvención en su poder en los cinco años siguientes al pago final al beneficiario, 
así como el destino de las mismas a la generación de energía eléctrica con fuentes de 
energía renovable.
9.  El Organismo Intermedio transmitirá a los beneficiarios cuantas instrucciones 
reciba de la Autoridad de Gestión o de Certificación del, siendo obligación del beneficiario 
dar cumplimiento a lo solicitado.
10.  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados 
anteriores, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda 
concedida según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
CAPÍTULO II
Características de las ayudas
Artículo 8.  Modalidad de la ayuda y régimen de concesión.
1.  Las ayudas que se otorguen consistirán en una subvención a fondo perdido que el  es
órgano concedente podrá adelantar al beneficiario al objeto de facilitar la financiación de  bo
los proyectos. El anticipo consistirá en el abono, por el órgano concedente, previo depósito  62ww
daarrett ííccg2uua.ll rooa  n1E2t52lí .a.r1,é  dgdeiem  uleann  L aednyet i c3ci8po/on2 c0de0es3 i,ló adn ea  ys1ue7dr áad  eec oln ndocevei edcmiodnbarc,e ue,r nrye  lndoecsi  aaté crcumoemirndpoose  cteiotisnvt aalo,b slce occnirdiftooesrrim oesen   daeell    OE-A-2020-92able en https://
evaluación y selección establecidos en estas bases y en la correspondiente convocatoria.
3.  Cada convocatoria, en función del ámbito geográfico que se trate, determinará si 
la gestión de las ayudas es centralizada o descentralizada. En caso de gestión centralizada, 
la gestión de las ayudas corresponderá al IDAE. En caso de gestión descentralizada la 
gestión de las ayudas corresponderá al órgano competente que designe la correspondiente 
Comunidad Autónoma.
4.  Las ayudas concedidas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos 
en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 2014.
El procedimiento de concurrencia competitiva, a los efectos de la aplicación del 
apartado 10 del artículo 41 de Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio 2014, se establece como un procedimiento de licitación no discriminatorio, que vela 
por la participación de un número suficiente de solicitantes y cuya concesión de ayudas se 
basa en la oferta presentada por el solicitante de la ayuda en la que se valoran requisitos 
administrativos, económicos y técnicos.
5.  Cada convocatoria, en función del ámbito geográfico que se trate, determinará si 
las ayudas serán cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
siendo por tanto de aplicación los mecanismos de gestión y control incluidos en los 
programas operativos e instrumentos aplicables a dichos fondos.
En aquellos casos donde no sea posible la cofinanciación con recursos del FEDER, se 
aplicarán de forma subsidiaria las condiciones y obligaciones establecidas por el programa 
FEDER según se expone en estas bases, en lo referente a la selección de las operaciones.
En aquellos casos en que la cofinanciación se efectuara con cargo a otros instrumentos 
de la Unión Europea dirigidos a impulsar la recuperación económica, cada convocatoria 
establecerá, a partir de lo establecido en estas bases, los ajustes y modificaciones de los 
mecanismos de gestión y control que sean necesarios para hacer posible dicha 
cofinanciación.
Artículo 9.  Financiación.
1.  El presupuesto, la financiación, y la asignación de cuantías según distribución 
territorial, así como por tipos de actuación, serán los que se establezcan en cada una de 
las convocatorias.
2.  En las convocatorias de gestión centralizada con cofinanciación FEDER, el criterio 
de distribución territorial del gasto tendrá en cuenta la programación presupuestaria de 
fondos de FEDER. En las convocatorias de carácter descentralizado, cuyos fondos 
provengan de los Presupuestos Generales del Estado, la distribución territorial se realizará 
con carácter previo, conforme a los criterios de gestión descentralizada previstos en el 
artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y asegurando en todo caso su 
cofinanciación por los instrumentos de la Unión Europea para la recuperación económica.
3.  Las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán realizar 
convocatorias descentralizadas con cargo a sus propios presupuestos.
Artículo 10.  Incompatibilidad de las ayudas.
Las ayudas reguladas en esta orden son incompatibles con otras ayudas que se 
otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones públicas 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos 
internacionales.
Artículo 11.  Gastos subvencionables. e
saarttíics1uf.al og a8Tn3e  nldode relá sRntae balalle  Dcceiodcnors eeitdnoe  e8rl8a a7cr/ió2tí0ncu0 ld6oe,  3d 1ge a d2se1t  oldase  L sjeuuylibo 3v.8e/n2c0i0o3n,a dbele 1s7  adqeu neollvoise mgbarset,o ys  eqnu eel   2020-9262n https://www.
2.  Para que los gastos puedan ser considerados subvencionables, deben cumplir los 
siguientes requisitos:
a)  Cumplir las normativas local, autonómica, nacional y comunitaria aplicables y, en 
concreto, las relacionadas con el Programa Operativo FEDER de aplicación para el 
periodo de programación 2014-2020, o con el instrumento de la Unión Europea que 
cofinancie la convocatoria, sean o no cofinanciados con Fondos de la Unión Europea.
b)  Estar relacionados de manera indubitada con la actividad objeto de la ayuda, ser 
necesarios para su ejecución y estar realizados en el plazo establecido en el artículo 17 de 
la presente orden.
c)  Ser reales y abonados efectivamente con anterioridad a la finalización del plazo de 
justificación establecido en virtud del artículo 18. Cuando se utilicen medios de pago 
diferido, solo se subvencionarán aquellos importes efectivamente cargados en cuenta a 
través de entidad financiera con anterioridad a la finalización del plazo citado.
d)  Existir constancia documental y ser verificables.
3.  No se considerarán gastos subvencionables los englobados en los siguientes 
conceptos:
a)  El Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) soportado.
b)  Los gastos propios, ya sean de personal, funcionamiento o gastos generales.
c)  Estudios de impacto ambiental, estudios del recurso (salvo los sondeos 
exploratorios, para proyectos geotérmicos) y costes de visado de proyectos técnicos.
d)  Cualesquiera otros gastos de promoción en los que el solicitante incurra para 
desarrollar el proyecto.
e)  Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, 
multas, tasas o tributos.
f)  Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites 
administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias.
g)  Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados tanto para el proyecto 
de inversión como para las infraestructuras de evacuación.
h)  Seguros suscritos por el solicitante.
i)  La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta 
en marcha.
j)  Adecuaciones, remodelaciones o ejecuciones de otras líneas eléctricas diferentes 
de las exclusivas para hacer viable la evacuación de la energía. Por tanto, sólo se 
consideran subvencionables las líneas necesarias para unir la instalación de generación, 
o los sistemas de integración de energías renovables en red, con el punto de conexión de 
las citadas instalaciones y la línea de transporte o distribución, según lo establecido en el 
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico.
k)  Adecuación de los accesos en las carreteras públicas y caminos existentes hasta 
la instalación.
l)  Costes financieros.
4.  Tendrán la consideración de gastos subvencionables los costes de gestión de la 
solicitud de la ayuda, entendiendo como tales, aquellos gastos que el solicitante pudiera 
satisfacer a una empresa o profesional por llevar a cabo la gestión administrativa y  s
documental de su solicitud ante el órgano concedente, con los límites que, en su caso, se  oe.
establezcan en las correspondientes convocatorias. Así mismo, tendrán la consideración  w.
dpemero pygreaecssttoao,ss e  osn uptebrnovdefeinescnioiodnnoaa lceboslem psoo l rot alslle ecvsoa, sra taqe usc eadlbleoo sg l age asgtseiótsontsi ó dqneu  teléa ce njlu ibcseatin,f iecafadiccmiiaóinrniio sd tpreau tldiavi earr eaya  dsliaozatcisucfimóancee ndrt eaall    2020-9262n https://ww
de la justificación ante el órgano concedente de la realización de las actuaciones que
conforman el proyecto, incluyendo el gasto derivado de la elaboración del informe de  Bc
auditor mencionado en el artículo 29 de estas bases reguladoras, con los límites que, en
su caso, se establezcan en las correspondientes convocatorias. La realización y pago de 
dicho informe podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la 
documentación justificativa.
5.  En cada convocatoria se podrán incluir las instrucciones u orientaciones detalladas 
sobre los conceptos que podrán ser tenidos en cuenta para la determinación de los gastos 
subvencionables.
Artículo 12.  Presupuestos subvencionables mínimos y máximos de los proyectos de 
inversión.
1.  A los efectos de las ayudas reguladas por la presente orden, se entiende por 
presupuesto subvencionable de un proyecto de inversión el importe total de los gastos 
subvencionables que conforman dicho proyecto, según lo previsto en el artículo 11 y en las 
previsiones establecidas en la correspondiente convocatoria.
2.  Los presupuestos subvencionables mínimo y máximo por proyecto de inversión 
para el que se solicite ayuda se podrán establecer en la correspondiente convocatoria.
3.  El presupuesto subvencionable máximo por proyecto de inversión para el que se 
solicite la ayuda será en todo caso inferior a 50 millones de euros.
Artículo 13.  Límites de ayuda en la resolución de concesión.
1.  El importe máximo de la ayuda por unidad de potencia instalada o ayuda unitaria 
que se podrá conceder a cada proyecto de inversión según su tipo de actuación se 
establecerá en la correspondiente convocatoria.
2.  El importe de la ayuda unitaria solicitada para cada proyecto de inversión deberá 
ser inferior o igual al importe máximo citado en el apartado anterior.
3.  La resolución de concesión de la ayuda especificará el importe de la ayuda unitaria 
concedida, que en todo caso será igual o inferior al importe de la ayuda unitaria solicitada.
4.  La resolución de concesión de la ayuda especificará el importe de la ayuda total 
concedida, expresado en €, que no podrá superar el límite de 15 millones de euros por 
empresa por proyecto, en virtud de lo establecido en los apartados 1.s) y 2 del artículo 4 
del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 2014.
Artículo 14.  Valor de la potencia instalada máxima y mínima a implementar para cada 
localización y por tipo de actuación.
Las convocatorias que se realicen al amparo de las presentes bases podrán establecer 
un valor de la potencia instalada máxima y de la potencia instalada mínima a implementar 
a la que se puede otorgar ayuda para cada localización y tipo de actuación.
Artículo 15.  Anticipo.
1.  El órgano concedente podrá establecer en cada convocatoria la dotación de 
anticipos a los beneficiarios de las ayudas que así lo soliciten.
2.  El anticipo se considerará como pago a cuenta de la ayuda establecida en el 
artículo 8, y se corresponderá como máximo con el 80 % del importe de la ayuda total 
concedida en la resolución prevista en el artículo 27.
3.  El anticipo deberá destinarse exclusivamente a cubrir gastos del proyecto objeto 
de subvención.
4.  El anticipo se abonará teniendo en consideración las garantías asociadas  e.
reguladas a tenor de lo establecido en el artículo 32. w.
5.  En el supuesto de incumplimientos imputables al beneficiario que reduzcan la  62ww
caunaticnitpíao  daeb olnaa adyou, dparo ecsetdaebrláe ceidl rae iennte lgar oc epratrifciciaalc oió tno tdale dfienli tmivais mdeol  saergtíúcnu lolo  3e1s tarebslepceicdtoo  eanl 
ldoesb aar rtíeceumlobso 3ls5a ry  d3e6l .a Entl icóirpgoa pneor cciobnidcoe.dente notificará al beneficiario las cantidades que  BOE-A-cable e
Artículo 16.  Cuantía de las ayudas.
1.  El importe de la ayuda unitaria concedida para los proyectos que resulten 
seleccionados se establecerá de acuerdo con la solicitud presentada por el 
beneficiario, los límites establecidos en el artículo 13 y el procedimiento descrito en 
los artículos 24, 25, 26 y 27.
2.  El importe de la ayuda total concedida para los proyectos que resulten 
seleccionados se calculará multiplicando el valor del importe de la ayuda unitaria concedida 
por la potencia instalada de los equipos de generación eléctrica objeto de la ayuda, de 
acuerdo a los datos incluidos en el cuestionario electrónico descrito en el artículo 24 de las 
presentes bases. El importe de la ayuda total concedida nunca podrá superar el valor del 
importe de la ayuda total solicitada por el beneficiario.
Artículo 17.  Plazo de realización de las actuaciones.
1.  Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en los plazos indicados en la 
correspondiente convocatoria, no pudiendo iniciarse en ningún caso antes de la fecha de 
registro de la solicitud de la ayuda por parte del beneficiario de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 5.2 de las presentes bases.
2.  Las instalaciones deberán encontrarse completamente finalizadas antes del 30 de 
junio de 2023, salvo que la convocatoria correspondiente establezca un plazo más 
restrictivo.
3.  A los efectos de las ayudas reguladas en estas bases, se considera que una 
instalación está completamente finalizada cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que cuente con todos los elementos, equipos, sistemas e infraestructuras que son 
objeto de la ayuda.
b)  Que haya obtenido la autorización de explotación que permita, una vez ejecutado 
el proyecto, poner en tensión la instalación y proceder a su explotación.
Cuando no sea preceptiva la autorización de explotación, deberá justificarse la 
finalización del proyecto mediante la documentación que acredite que la instalación está 
construida y se encuentra en condiciones de ser puesta en tensión y proceder a su 
explotación.
La convocatoria correspondiente podrá establecer cualquier otra documentación 
necesaria para el cumplimiento de este apartado.
4.  Se considerará como fecha de finalización de la actuación la reflejada en la 
justificación documental, tal y como se recoge en el artículo 29.2.a).
Artículo 18.  Plazo máximo de justificación de la realización de las actuaciones.
Las convocatorias que se establezcan al amparo de las presentes bases deberán 
contemplar plazos máximos para la justificación de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 29.1.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Artículo 19.  Convocatoria de las ayudas e inicio del procedimiento. e
qLaerutyeíc  123us..8l e o/  2aL2L0pa3a0rs sd3u  ae,ec y dboluaeend  nLv1a oe7psyc  odr aer3e tg8o lonu/r2soilaa0 vósd0ie ra3gdms,a e dbenteranoe l s1l.ea 7scr táodanmes,   pnbaeoaltvs eiemensmte esnbseor  ecsa.o,r  tSniecfulou  rplcamuorbáenln tieec aans tcitadrióabonvl eé mscseeí nd  reieeml a loaali szrtp aíccrroeáunv loevis no1t col0aa   tedBonerai  asleaesl     OE-A-2020-9262able en https://www.
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en la web del órgano concedente y un
extracto de las mismas en el diario oficial que corresponda según lo establecido en el 
apartado b) del artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 20.  Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.
1.  En el caso de convocatorias gestionadas por la Administración General del Estado 
el IDAE será competente para convocar, instruir y resolver las ayudas reguladas en esta 
orden. La instrucción y ordenación del expediente se realizará por la Dirección General del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y respecto a la resolución de 
la concesión de ayudas será competente el Presidente de IDAE de conformidad con lo 
previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el caso de convocatorias gestionadas por la Administración Autonómica, serán 
competentes los órganos que esta administración designe para la instrucción y resolución 
del procedimiento conforme a su normativa de aplicación, Todo ello sin perjuicio de las 
delegaciones vigentes sobre la materia que se puedan acordar.
2.  El órgano instructor responsable de la instrucción de los procedimientos de 
concesión, podrá asistirse de departamentos o áreas especializados para las labores de 
gestión y notificación a los interesados. Así mismo, se podrán utilizar para la gestión 
plataformas informáticas específicas, que serán accesibles a través de la sede electrónica 
del órgano concedente.
3.  En el caso de convocatorias gestionadas por la Administración General del Estado, 
será competente para evaluar las ayudas, en los términos previstos en el artículo 22.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y sin perjuicio de los posibles mecanismos de 
cooperación que se establezcan por convenio de colaboración con las comunidades 
autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, como órgano colegiado, una comisión de 
valoración integrada por:
a)  El Director de Energías Renovables de IDAE, que actuará como presidente.
b)  Un representante de los departamentos técnicos de IDAE en función de la materia 
de la ayuda, que actuará como secretario con derecho a voto.
c)  Un representante de la Secretaría General del IDAE.
d)  Un representante del Gabinete del Secretario de Estado de Energía.
e)  Un representante de la Dirección General de Política Energética y Minas.
f)  Podrá haber representantes de las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta 
y Melilla incluidas en el ámbito de la convocatoria, cuando estas lo acepten voluntariamente 
o cuando un convenio así lo establezca y en relación a la evaluación de los proyectos en 
su ámbito territorial.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión de Valoración podrá ser 
sustituido por suplentes.
La Comisión de Valoración podrá requerir la asistencia del personal técnico 
especializado que considere oportuno en función de los proyectos a valorar.
4.  En el caso de convocatorias gestionadas por la Administración Autonómica, la 
convocatoria designará la composición de la Comisión de Valoración, así como sus normas 
generales de funcionamiento.
Artículo 21.  Tramitación electrónica. es
1.  De acuerdo con los artículos 14.3 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la  w.
tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, de forma que  62ww
lqause s coolinccituurdreasn,  ac oemstuansi caaycuidoanse ss eyr ádne mpráess ednotcaudmase netlaeccitórónn eicxaigmibelen tere.lativa a los proyectos
sean2 .n oLtifoicsa idnotesr eys eafdeocstu, adre lbai dparemseennttea cidióenn tdifeic laad doosc, upmodernátna ccióonn saudltiaciro lnoasl  tqráume ipteusd iqeurae  sleesr   BOE-A-cable e
requerida por el órgano actuante.
3.  La publicación de las propuestas de resoluciones provisionales y definitivas, así 
como de las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores, tendrá 
lugar en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo dicha publicación los efectos 
de la notificación según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, en los términos establecidos en el artículo 43 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 22.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente no 
podrá ser inferior a veinte días ni superior a tres meses desde la fecha de publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las fechas de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes se señalarán en la convocatoria.
2.  Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán inadmitidas.
Artículo 23.  Representación.
1.  La intervención por medio de representante de las entidades solicitantes o 
beneficiarias de las ayudas exige la acreditación de la representación necesaria para cada 
actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El firmante de la solicitud de la ayuda deberá acreditar que en el momento de la 
presentación de la solicitud tiene la representación legal de la entidad beneficiaria. En caso 
contrario, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, lo subsane, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento a las personas firmantes 
de las distintas documentaciones que se presenten, la acreditación de la representación 
que ostentan. La falta de representación suficiente determinará que el documento en 
cuestión se tenga por no presentado, con los efectos que de ello se deriven para la 
continuación del procedimiento.
Artículo 24.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes para la obtención de las ayudas se dirigirán al órgano concedente, 
y estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas 
alojado en la sede electrónica del mismo, donde se dispondrán los medios electrónicos de 
ayuda necesarios.
2.  La solicitud consta de los siguientes elementos:
a)  Cuestionario electrónico, a través del cual los solicitantes aportarán todos los 
datos necesarios para formalizar la solicitud de ayuda. Entre otros, se incluirán:
1.º  Importe de la ayuda unitaria solicitada en €/MW.
2.º  Potencia instalada, en MW, según la definición del artículo 3 del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, aun cuando se trate de instalaciones en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
3.º  Importe de la ayuda total solicitada, en €, que se corresponderá con el producto  e.e
del importe de la ayuda unitaria solicitada por la potencia instalada. b
edsepl efbcoc))r  imficMuFaloeadrmromisoo ,uer yilnaa  q rldaiuoe ec l  odpsnereov roySáec ofacilrittmcooi,rat iuqaddu oc e ode rdlereee cbsatperyóoruánnd idacaiaj,eu mnsgtteeeann,r steterera  apsado lc rocu  oebdnl restireos tndloiiceddi otoal somn sltoíe ns.mi mceaodm iqopusoe s,e  eolenbcl istgruóa tncoaircsioooss,    OE-A-2020-92able en https://
se establezca en la correspondiente convocatoria.
d)  Cuando se disponga de ello, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o informe 
de impacto ambiental que le sea de aplicación o, en su caso, documento que certifique su 
exención.
e)  Cuando se disponga de ello, la autorización administrativa previa, la autorización 
administrativa de construcción, así como, en su caso, la documentación urbanística 
correspondiente vinculada al inicio de la ejecución de las instalaciones, como la licencia de 
obras o documento equivalente.
f)  En el caso de modificación de una instalación existente, la autorización de 
explotación definitiva de la instalación existente.
g)  Acreditación válida del poder de representación del firmante de la solicitud, según 
lo señalado en el artículo 23 y conforme a la documentación que se requiera en la 
correspondiente convocatoria. Documentación de constitución de la entidad solicitante y 
estatutos actualizados con justificante del registro correspondiente.
h)  Documento  de  Identificación  fiscal  del  beneficiario  de  acuerdo  con  la 
documentación que sea requerida en la correspondiente convocatoria.
i)  Declaraciones responsables que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
necesarios establecidos para adquirir la condición de beneficiario, conforme a lo 
establecido en los artículos 6 y 7:
1.º  No concurrencia de ninguna de las circunstancias que prohíben el acceso a la 
condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
2.º  No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente como consecuencia de 
una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario 
ilegal e incompatible con el mercado interior.
3.º  No tener pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas, o en su 
caso el cumplimiento de las mismas conforme a los términos establecidos en el artículo 21 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.º  No haber percibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad que la 
solicitada en el contexto de la correspondiente convocatoria de ayudas.
5.º  No encontrarse la empresa en crisis, según lo establecido por las Directrices 
Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no 
financieras en crisis (2014/C 249/01).
6.º  No haber iniciado la ejecución del proyecto de inversión antes de la fecha de 
registro de la solicitud de ayuda según lo establecido en el artículo 5.2 de las presentes 
bases.
j)  Aceptación de las bases y de la convocatoria.
k)  Certificados que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social de acuerdo con los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7.2 de esta orden.
l)  Otros elementos que se definan en la convocatoria de la ayuda.
3.  Tal y como se establece en el artículo 21, la documentación requerida en el punto 
anterior se presentará exclusivamente por vía electrónica.
4.  Por tratarse de procedimientos de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva y, como tales, iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la 
solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de 
la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta. es
Artículo 25.  Evaluación y selección de las solicitudes. 62ww
conc1u. rreLnac iae vcoamlupaectiiótinva  ya  psaerletirc dcieó lna  ddoec ulamse nstoalcicióitnu adpeosr tasdea  rpeoarl iezla sroál iceitna nrtéeg einm lean f adsee 
de presentación de solicitudes.
2.  La Comisión de Valoración, en una primera fase de preevaluación, verificará el 
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención y que el proyecto se adecua a los objetivos de la convocatoria.
La causa de no superación de esta primera fase será notificada a los interesados a 
través del órgano instructor, concediéndole un plazo de diez días para formular alegaciones 
o para realizar la subsanación.
3.  La Comisión de Valoración, a través del órgano instructor, podrá solicitar y recabar 
cuanta información estime necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos aportados por el solicitante, así como los informes que correspondan, con 
objeto de evaluar el impacto de los proyectos en relación con la planificación energética y 
el territorio.
4.  Una vez finalizada la fase de preevaluación, se procederá a la evaluación de las 
solicitudes conforme a los siguientes criterios de valoración:
Criterio Ponderación relativa
Criterio económico. Entre el 40 % y el 80 %.
Zona de Transición Justa. Entre el 0 % y el 40 %.
Viabilidad administrativa. Entre el 0 % y el 40 %.
Externalidades positivas. Entre el 0 % y el 40 %.
Las correspondientes convocatorias concretarán la ponderación relativa de cada 
criterio de valoración y su puntuación máxima, respetando los intervalos indicados en la 
tabla anterior.
En aplicación de los criterios se tomará en consideración lo siguiente:
a)  Para valorar el criterio económico se tendrá en cuenta la ayuda unitaria solicitada 
en €/MW, y las ayudas unitarias máximas y mínimas solicitadas en cada tipo de actuación 
y Comunidad o Ciudad Autónoma, según la siguiente fórmula:
 
Donde:
P = Puntos asignados con tres decimales.
Pmax = Puntuación máxima asignada al criterio económico.
Amax = Ayuda unitaria máxima solicitada, en €/MW, sin decimales, para cada tipo de 
actuación y ámbito territorial de entre todas las solicitudes admitidas.
Amin = Ayuda unitaria mínima solicitada, en €/MW, sin decimales, para cada tipo de 
actuación y ámbito territorial de entre todas las solicitudes admitidas.
A = Ayuda solicitada, en €/MW, sin decimales.
En caso de que solo haya una solicitud para un tipo de actuación y ámbito territorial, 
dicha solicitud recibirá la máxima puntuación en el criterio económico.
b)  Las convocatorias podrán recoger Zonas de Transición Justa, para tratar de 
maximizar las oportunidades de empleo de la transición hacia un modelo de desarrollo  e
bajo en carbono. b
c)  La evaluación del criterio «Viabilidad administrativa» se realizará en función del  62ww
mfijaadyoors  deens alrar oclloon avdomcaintoisrtiraa tyiv, oe dne ls pur ocyaescot,o ,c doen  claarsa  eax ciguemnpcliiar sc odne llo sP rpolagzraoms dae O epjeecruactiióvon 
FquEeD cEoRn tPrilbuuriyrraeng aio nfinaal dneci aErs lpaa cñoan, voo dcea tloorsia p.rogramas e instrumentos de la Unión Europea
d)  Las convocatorias podrán seleccionar, definiendo sus características y ponderación 
como subcriterios, determinadas externalidades positivas de entre las detalladas a 
continuación:
1.º  Carácter innovador.
2.º  Tipo de uso final de la energía.
3.º  Apoyar a comunidades de energías renovables, mecanismos de participación 
ciudadana, comunidades energéticas locales y Empresas de Servicios Energéticos.
4.º  Agrupar a distintos tipos de consumidores para optimizar la gestión de la 
demanda.
5.º  Integrar distintas fuentes de energía renovable mediante la combinación o la 
hibridación de las mismas en una sola actuación o integrarlas junto a actuaciones de 
eficiencia energética.
6.º  Favorecer la cohesión económica y social del territorio mediante la generación de 
empleo, el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, entre otros.
7.º  Favorecer el desarrollo industrial y empresarial en sectores productivos o áreas 
geográficas determinadas con el objetivo de dar respuesta a necesidades o retos 
concretos.
8.º  Carácter social del proyecto mediante la disminución de pobreza energética u 
otros medios.
5.  Para la selección de las solicitudes, se establecerá un orden de prelación, de 
mayor a menor puntuación, por cada tipo de actuación y ámbito territorial con presupuesto 
consignado en la convocatoria.
A igualdad de puntuación, tendrá prioridad la solicitud con menor importe unitario de 
ayuda solicitada. La convocatoria podrá fijar criterios adicionales de desempate.
Se irán adjudicando ayudas a las solicitudes siguiendo el orden de prelación hasta 
agotar el presupuesto establecido para cada tipo de actuación en cada ámbito territorial. 
En concreto, en una primera ronda, se evaluará la lista para cada tipo de actuación y 
ámbito territorial en sentido descendente de puntuación, seleccionando aquellas solicitudes 
para las cuales, de ser aceptadas, no se superen los límites de presupuesto establecidos 
en la convocatoria para dicho tipo de actuación y ámbito territorial. Cuando se llegue a una 
solicitud cuya selección suponga superar dicho presupuesto, el proceso de adjudicación 
de ayudas para dicho tipo de actuación y ámbito territorial finalizará.
Tras finalizar este proceso, tanto las solicitudes a las que no se haya adjudicado ayuda 
por falta de fondos, como el presupuesto no adjudicado, constituirán un conjunto único 
para cada ámbito territorial, y la adjudicación de las ayudas en este conjunto se realizará 
por orden de puntuación. En concreto, en una segunda ronda, se evaluará la lista en 
sentido descendente de puntuación, con las solicitudes a las que no se haya adjudicado 
ayuda en la primera ronda, de todos los tipos de actuaciones para cada ámbito territorial, 
seleccionando aquellas solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, no se supere la 
suma de presupuestos no adjudicados en la primera ronda de todos los tipos de 
actuaciones para un mismo ámbito territorial. Cuando se llegue a una solicitud cuya 
selección suponga superar dicho presupuesto, el procedimiento de adjudicación finalizará. 
En esta segunda fase la puntuación será aquella adjudicada en la primera fase.
Artículo 26.  Propuesta de resolución provisional y definitiva.
1.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de  es
Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que  o
deberá notificarse a los interesados conforme a lo establecido en el artículo 21. El contenido  62ww
de laa )p roLpau eresltaac dióen r edseo llausc iósonl ipcritouvdiseiso npaal rian clalusir áq uael  msee nporosp lao nseig luai ecnotnec inefsoiórmn adceió lna: ayuda,
incluyendo:
1.º  El NIF del beneficiario o beneficiarios.
2.º  Localización donde se realizará la actuación.
3.º  Tipo de actuación al que se ha asignado la solicitud.
4.º  Potencia del proyecto objeto de la ayuda que consta en la solicitud, según la 
definición del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, aun cuando se trate de 
instalaciones en el ámbito del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, expresada en MW.
5.º  Importe de la ayuda unitaria concedida, expresado en €/MW.
6.º  Importe de la ayuda total concedida, expresado en €.
7.º  Término de aportación mínima unitaria a cargo del beneficiario (Am), en €/MW, 
según la definición del artículo 30.
8.º  Puntuación total obtenida y puntuación por criterio de valoración.
b)  La relación de solicitudes para las que no se propone la concesión de la ayuda, 
incluyendo los motivos por los que no resultan beneficiarias y la puntuación obtenida.
2.  De acuerdo con el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, la propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados mediante 
su publicación en la página web del órgano concedente o el medio alternativo que pueda 
fijarse en la convocatoria.
En el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de publicación en la página web 
del órgano concedente de la propuesta de resolución provisional, las entidades solicitantes 
podrán formular las alegaciones ante el órgano concedente que estimen convenientes.
3.  Examinadas las alegaciones y de acuerdo con el apartado 4 del artículo 24 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución 
definitiva que será notificada a los interesados mediante su publicación en la página web 
del órgano concedente, o el medio alternativo que pueda fijarse en la convocatoria, para 
que en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de su notificación, los 
beneficiarios propuestos comuniquen su aceptación, entendiéndose que decaen de su 
solicitud de no producirse contestación en dicho plazo.
4.  De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 27.  Resolución.
1.  El órgano concedente resolverá el procedimiento, adoptando la resolución de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La resolución se notificará a los interesados mediante su publicación en la sede 
electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pueda fijarse en la 
convocatoria. La resolución incluirá, al menos:
a)  La relación de las solicitudes para las que se concede la ayuda, con al menos la 
siguiente información:
1.º  El NIF del beneficiario o beneficiarios.
2.º  Localización donde se realizará la actuación.
3.º  Tipo de actuación al que se ha asignado la solicitud.
4.º  Potencia del proyecto objeto de la ayuda, según la definición del artículo 3 del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, aun cuando se trate de instalaciones en el ámbito 
del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, expresada en MW.
5.º  Importe de la ayuda unitaria concedida, expresado en €/MW. s
6.º  Importe de la ayuda total concedida, expresado en €, que se podrá abonar al  oe.
beneficiario como anticipo según lo establecido en el artículo 15. w.
7.º  Presupuesto subvencionable unitario máximo en €/MW, que será establecido en  62ww
la co8n.ºv ocTaétromriain oco drree sappoonrtdaiceinótne .mínima unitaria a cargo del beneficiario (Am), en €/MW,
segú9n.º  la Pduenfintuicaicóinó nd eolb atertnícidualo. 30. BOE-A-cable e
10.º  Plazo máximo de finalización de la actuación.
b)  La relación de solicitudes para las que no se concede la ayuda, incluyendo los 
motivos por los que no resultan beneficiarias y, en su caso, la puntuación obtenida.
3.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis 
meses contados desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» 
correspondiente, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior, según 
establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Si transcurrido dicho plazo 
el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados 
estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
4.  Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa según lo establecido en 
el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada ley, 
o recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
5.  Los beneficiarios de la ayuda serán incluidos en la lista de beneficiarios publicada 
de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
6.  Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 28.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias 
concretas que, excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o 
económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la 
modificación de la citada resolución de concesión ante el mismo órgano que la dictó. 
Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:
a)  Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos 
fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni perjudique derechos de terceros. A 
tales efectos, no se considerará que el cambio afecte a la determinación del beneficiario 
cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión de la empresa 
inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa vigente.
b)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas y excepcionales, que 
no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c)  Que no suponga un incremento de la subvención concedida.
d)  Que la solicitud de la modificación se realice, al menos, tres meses antes de la 
finalización del plazo de ejecución del proyecto, y sea aceptada expresamente por el titular 
del órgano que dictó la resolución de concesión.
2.  La solicitud de modificación, que se realizará de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21 de esta orden, se acompañará de una memoria en la que se expondrán los 
motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones 
impuestas en la resolución de concesión, y el cumplimiento de los requisitos expuestos en 
el apartado 1 anterior.
3.  El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será el titular 
del órgano que dictó la resolución de concesión.
4.  El plazo máximo de resolución será de tres meses.
CAPÍTULO IV s
Justificación y pago de las ayudas b
Artíc1u. lo L2a9 .j usJtiufisctaifcicióanc iópno rd pea lrate r edaeli zloasc ibóenn deefilc piaroriyoesc dtoe. la realización de las actuaciones  2020-9262n https://ww
qmuees ecos ncfoonrmtaadno se la p rpoayreticr tdoe d elab efercáh rae aelniz aqrusee ,e axnptiere e el ól rpglaaznoo  minástxriumcoto dr,e e nfi neal lpizlaaczioó nd ed etr elas   BOE-A-cable e
actuación establecido en la resolución de concesión o su eventual ampliación.
2.  La justificación documental se realizará a través de la aplicación informática que 
estará disponible en la sede electrónica del órgano concedente, mediante escrito dirigido 
al órgano instructor, junto al que se aportará, con carácter general, la siguiente 
documentación:
a)  Justificación documental de la realización técnica de las actuaciones, mediante la 
aportación de una memoria técnica justificativa. En esta memoria se justificará el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión favorable de la ayuda y la 
adecuación de las actuaciones a dichas condiciones, así como los resultados obtenidos. 
Esta memoria técnica será realizada y suscrita por un técnico titulado competente que será 
el autor del proyecto o el responsable de la dirección de la ejecución de las actuaciones. 
Además, la memoria incluirá expresamente la fecha de finalización de las actuaciones, que 
será considerada como tal a los efectos del artículo 17.4.
b)  Autorización de explotación de la instalación cuando esta sea preceptiva. Cuando 
no sea preceptiva la autorización de explotación, deberá aportarse documentación que 
acredite que la instalación está construida y se encuentra en condiciones de ser puesta en 
tensión y proceder a su explotación.
c)  Permiso del beneficiario al órgano instructor para el acceso a los datos de 
producción de energía eléctrica (durante cinco años desde el inicio de explotación) del 
proyecto, de forma que pueda verificarse que la instalación se mantiene en funcionamiento.
d)  Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones 
realizadas. En el caso de suministros «llave en mano», en el contrato suscrito entre el 
beneficiario y el contratista deberá aparecer específicamente el alcance y el importe 
contractual suficientemente desglosado para permitir determinar la inversión asociada a 
los conceptos susceptibles y no susceptibles de ayuda, cuando estos estén incluidos en el 
alcance del suministro.
e)  Relación certificada y copia de las facturas, y de sus correspondientes justificantes 
bancarios de pago, correspondientes a los gastos subvencionables realizados y que 
respondan al presupuesto y contratos presentados.
Las facturas deberán ser detalladas e incluir, suficientemente identificados, los 
conceptos e importes correspondientes a las actuaciones objeto de ayuda.
Así mismo, los justificantes de pago deberán ser claramente identificables y 
relacionables con las facturas aportadas. El órgano concedente no admitirá como 
justificación de las actuaciones realizadas, facturas o pagos que no respondan a estos 
requisitos.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente 
cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo de 
justificación definido en el apartado 1 del presente artículo, no aceptándose pagos en 
metálico. Cuando se utilicen medios de pago diferido, solo se considerarán justificados los 
importes efectivamente cargados en cuenta a través de entidad financiera con anterioridad 
a la finalización del plazo de justificación. Si la forma de pago es una transferencia 
bancaria, esta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo 
figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de este, el 
concepto abonado. En todos los justificantes de pago que se aporten, el beneficiario debe 
figurar como emisor del pago. En caso de no aparecer el emisor del pago en el justificante, 
se aportará acreditación de la entidad bancaria que contenga información sobre el emisor 
del pago, destinatario del pago, fecha e importe.
f)  Para aquellos proyectos con un importe de inversión igual o superior a un millón  s
de euros, deberá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, que  e.
cumpla las condiciones previstas en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de  w.
julio, y con el alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa que será  62ww
ddeet earumdiintoard, oe pxiomr ee l dóer glaan por ecosenncetadceinótne .d Lea l ae ndtroecguam deen teasctiaó ncu pernetvai sjutas tiefinc altoivsa a en tienrfoiorrmees 
apartados d) y e).
g)  Documentación justificativa de que el beneficiario o beneficiarios son titulares del 
número o números de cuenta desde las que se hayan realizado pagos de facturas y, en su 
caso, el ingreso de ayudas.
h)  Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
i)  Declaración responsable que acredite no haber recibido otras ayudas para la 
misma finalidad cuando sea de aplicación.
j)  Reportaje fotográfico de los equipos e instalaciones principales objeto de la ayuda, 
identificando equipos y/o instalaciones, así como de las placas de características de los 
mismos, y donde se muestre el cartel publicitario de la actuación. Información y enlace al 
sitio de Internet del beneficiario, en caso de que disponga de uno, donde dicho beneficiario 
informa al público del apoyo obtenido de los Fondos de la Unión Europea, haciendo una 
breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, 
con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
k)  Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones 
por parte del beneficiario.
l)  Declaración responsable y documentación justificativa que acredite la existencia 
de una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones.
m)  Declaración responsable, que acredite la legalidad del proceso de contratación de 
las actuaciones, así como que se cumplen las normas nacionales y comunitarias sobre 
requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación aplicables a este tipo de 
actuaciones, en particular los relacionados con la accesibilidad de las edificaciones o 
infraestructuras afectadas, el cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y 
comunitarias, y sobre desarrollo sostenible, y que se han aplicado medidas antifraude 
eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión del proyecto objeto de ayuda.
n)  En el caso de participación en proyectos de mercados locales de electricidad, 
documentación que acredite la participación en dichos proyectos. Esta documentación se 
establecerá en la correspondiente convocatoria consistiendo en contratos o acuerdos que 
vinculen el proyecto al mercado local de electricidad de manera inequívoca ya sea de 
forma directa, a través de un agregador, u otro sujeto del mercado, utilizando los 
correspondientes mecanismos coordinados por el operador de mercado. En caso de no 
haberse llevado a cabo el proyecto por causas ajenas al beneficiario, se justificará 
debidamente.
3.  En el caso de gestión autonómica, el órgano concedente podrá establecer en la 
convocatoria la documentación justificativa para la correcta verificación de las actuaciones 
subvencionadas, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente y cumpliendo, en todo 
caso, lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.  En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se 
hubiera pagado solo una parte de los costes en que se hubiera incurrido, a efectos de 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda correspondiente, se aplicará el principio 
de proporcionalidad.
5.  Con independencia de lo anterior, el órgano instructor podrá elaborar instrucciones 
de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que la complejidad 
de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
6.  La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios de la ayuda, de acuerdo 
con lo establecido en los apartados anteriores, supondrá la pérdida del derecho al cobro  s
de la ayuda y, en su caso, el reintegro del anticipo por parte de aquellos, en los términos  e.
establecidos en los artículos 35 y 36. w.
7.  El órgano instructor podrá requerir del beneficiario la aportación de cualquier  62ww
dlao acuctmueancitóanc ióenje jcuusttaifdicaa taiv laa  aqduicei ofunea lo ab ljae teox dpeu easytuad, apa, rqau veedraifnicdaor  elal  ebfeencetifvicai aardioe coubalicgiaódno d ea 
ssue  elen etrfeegcatú een p uonr  pplaarzteo  dmeá axqimuoe ld.e quince días desde la recepción de la comunicación que  BOE-A-cable e
8.  El órgano concedente podrá realizar las verificaciones sobre el terreno de las 
operaciones concretas que se determinen para la correcta certificación del gasto y el 
beneficiario estará obligado a facilitarlas.
9.  El órgano instructor podrá, o bien designar al personal que estime oportuno o bien 
utilizar los servicios de empresas independientes especializadas para realizar el 
seguimiento, control y verificación de las actuaciones aprobadas, no sólo en la fase final 
de comprobación, sino también en momentos intermedios, donde se puedan comprobar 
los fines sobre los cuales se conceden las ayudas.
10.  El  órgano  concedente  o  cualquier  organismo  fiscalizador,  nacional  o 
comunitario, podrán solicitar al beneficiario en cualquier momento, durante el plazo 
previsto en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y al menos durante cinco años a contar desde la 
fecha de conclusión del plazo de justificación establecido en el artículo 29.1, la exhibición 
de cualquiera de los documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de 
la ayuda, o para justificar la realización de la actuación (incluyendo facturas y justificantes 
de pago de las mismas).
En caso de que el beneficiario no facilitase la exhibición de los documentos originales 
solicitados en un plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al que se le hubiera 
requerido, se considerará tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de 
justificación del destino de la ayuda otorgada. En este sentido, supondrá la pérdida del 
derecho al cobro de la ayuda y, en su caso, el reintegro del anticipo en los términos 
establecidos en los artículos 35 y 36.
Artículo 30.  Importe de la ayuda a certificar.
1.  A los efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 31, el importe de la 
ayuda unitaria a certificar, se calculará como sigue:
 
Donde:
Pj: Presupuesto subvencionable justificado por el solicitante de la ayuda, en €.
Pot : Potencia instalada real, en MW. El valor de Pot , cuando se trate de instalaciones 
R R
de producción, será el que aparezca en la inscripción administrativa de la instalación, 
según la definición del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. Cuando no 
pueda obtenerse a través de este registro, se calculará a través de los datos incluidos en 
el Certificado de Instalaciones Eléctricas, en la Autorización de Explotación o en el 
Proyecto de Ejecución.
El valor Pj/PotR, medido en €/MW, no podrá superar el presupuesto subvencionable 
unitario máximo que se establezca para la instalación. Este límite será definido en cada 
convocatoria para cada una de las tecnologías que puedan participar en la concurrencia 
competitiva.
Am: Término de aportación mínima unitaria a cargo del beneficiario, en €/MW. Valor 
constante para cada tipo de actuación que se establecerá en la correspondiente  s
convocatoria. e.
El importe de la ayuda unitaria calculada según la expresión anterior no podrá  w.
sobrepasar el importe de la ayuda unitaria concedida, recogida en la resolución de  62ww
creosnocleusciióónn .d Sei  ceoln icmepsoiórnte,  sdee t olam aayráu deas tue núitltaimriao  cpaalrcau elal dcoá lcfuuelora d eslu ipmeprioorrt ea dl ere laco agyidudoa e tno tlaal 
a ceSrtii faicl aar.plicar la fórmula anterior se obtuviese un valor negativo, se considerará que la  BOE-A-cable e
ayuda es cero.
2.  El Importe de la ayuda total a certificar se calculará como sigue:
⋅  
 = 
Donde:
Pot: El mínimo valor entre la potencia instalada real (Pot ) y la potencia del proyecto 
R
recogida en la resolución de concesión.
3.  El Importe de la ayuda total a certificar no podrá sobrepasar el Importe de la ayuda 
total concedida recogida en la resolución de concesión.
Artículo 31.  Certificación provisional, pago de la ayuda y certificación definitiva.
1.  Una vez realizadas las actuaciones de comprobación y verificación de la 
justificación descrita en el artículo 29, el órgano instructor emitirá una certificación 
provisional acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
resolución de concesión de la ayuda, con las modificaciones de dicha resolución que, en 
su caso, se hubieran aprobado. Dicha certificación provisional será notificada al 
beneficiario.
2.  La certificación provisional, incluirá, al menos, la siguiente información:
1.º  NIF del beneficiario o beneficiarios.
2.º  Localización de la actuación.
3.º  Tipo de actuación al que pertenece el proyecto objeto de la ayuda.
4.º  Potencia del proyecto recogida en la resolución de concesión.
5.º  Importe de la ayuda total concedida según la resolución de concesión.
6.º  Potencia instalada real de la instalación, según la definición del artículo 3 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, aun cuando se trate de instalaciones en el ámbito del 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
7.º  Presupuesto  subvencionable  justificado,  limitado  por  el  presupuesto 
subvencionable unitario máximo multiplicado por la potencia instalada real del proyecto.
8.º  Importe de la ayuda total a certificar conforme a la justificación realizada y según 
lo establecido en el artículo anterior.
9.º  Importe total del anticipo abonado al beneficiario según lo establecido en el 
artículo 15, e importe de ayuda pendiente de pago al beneficiario.
3.  Una vez realizada la certificación provisional se procederá al pago de la ayuda.
4.  En caso de que las ayudas sean cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea, 
el Organismo Intermedio realizará la correspondiente solicitud de reembolso de la 
cofinanciación a la Autoridad de Gestión del Programa Operativo que corresponda.
Una vez que dicha solicitud de reembolso sea aceptada por la Autoridad de Gestión, 
la certificación provisional se convertirá automáticamente en definitiva y será notificada al 
interesado.
En caso de que las ayudas no sean cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea, la 
certificación provisional se entenderá como definitiva.
5.  En caso de no ser aceptada la solicitud de reembolso por la Autoridad de Gestión, 
o si se produjera una minoración del valor solicitado, el órgano instructor valorará las  s
causas de la no aceptación, teniendo en cuenta que si estas fueran imputables al  e.
beneficiario conllevará la pérdida del derecho al cobro y, en su caso, el reintegro del  w.
anticipo por la cuantía correspondiente de acuerdo con lo previsto en los artículos 35 y 36  62ww
dlae c luaas nptríeas deenftiensit ivbaa sdees .la T raaysu ddaic hoato vrgaalodraa,c iaósní  ecommitiorá e lla i mceprotirftieca qcuióen d deebfein siteivra r eqiunete ignrdaicdaor áy 
enlo ptiflaiczaoc ipóanr ad es ula d ceevrotilfuiccaiócnió qnu dee efinni tnivinag.ún caso podrá ser superior a tres meses desde la  BOE-A-cable e
6.  La certificación definitiva indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada.
7.  La certificación definitiva, incluirá, al menos, la siguiente información:
1.º  NIF del beneficiario.
2.º  Localización de la actuación.
3.º  Tipo de actuación al que pertenece el proyecto objeto de la ayuda.
4.º  Potencia del proyecto recogida en la resolución de concesión.
5.º  Potencia instalada real, según la definición del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, aun cuando se trate de instalaciones en el ámbito del Real Decreto 244/2019, 
de 5 de abril.
6.º  Presupuesto subvencionable justificado, que en todo caso será inferior o igual al 
presupuesto subvencionable unitario máximo multiplicado por la potencia instalada real del 
proyecto.
7.º  Cuantía definitiva de la ayuda otorgada.
8.º  Importe de la ayuda en concepto de cofinanciación con Fondos de la Unión 
Europea.
9.º  En su caso, importe a devolver del anticipo por incumplimiento parcial o total y 
plazo de devolución.
8.  En el caso de gestión descentralizada de las ayudas, las correspondientes 
convocatorias establecerán los mecanismos específicos de aplicación relativos a la 
certificación, en su caso, y pago de las ayudas, todo ello de acuerdo con el artículo 34 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2002, 
de 17 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 32.  Garantías relativas al anticipo.
1.  El abono del anticipo será objeto de una garantía con arreglo a lo previsto en los 
artículos 42 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A estos efectos, no 
será de aplicación la exención establecida en el punto 2 del artículo 42 de dicho 
reglamento.
2.  Previo al abono del anticipo, en los términos que se establezcan en la 
correspondiente convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja General de Depósitos 
o equivalente, en caso de gestión autonómica de las ayudas, acreditativo de haber 
depositado dicha garantía, a favor del órgano concedente.
3.  La descripción de la obligación garantizada incluirá el texto que se establezca en 
la correspondiente convocatoria.
4.  Cuando la garantía se constituya ante la Caja General de Depósitos, esta se 
constituirá mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el Reglamento de la 
Caja General de Depósitos (Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Caja General de Depósitos y Orden de 7 de enero de 2000 que 
desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Caja General de Depósitos) y con los requisitos establecidos para la misma.
5.  El período de vigencia de la garantía será como mínimo por el plazo máximo de 
finalización de las instalaciones más un periodo de dieciocho meses que podrá ser 
modificado por la propia convocatoria.
6.  El importe a garantizar será igual a la cuantía del anticipo más los intereses 
calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía.
7.  Una vez acreditado por el beneficiario de la ayuda que la instalación se encuentra 
totalmente finalizada en plazo y emitida la certificación definitiva en virtud del artículo 31,  es
el órgano concedente, de oficio, procederá a solicitar la cancelación de la garantía que  o
corresponda. 62ww
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9.  En caso de otros incumplimientos a los que se refieren los artículos 35 y 36 y, 
previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario no efectuara el reintegro, 
se procederá a solicitar la incautación de la garantía que corresponda.
10.  Cuando la garantía se constituya ante la Caja General de Depósitos la incautación 
se realizará según la normativa aplicable para la tramitación y ejecución de las garantías 
recogida en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el Real Decreto 161/1997, 
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
11.  En el caso de gestión descentralizada de las ayudas, las correspondientes 
convocatorias establecerán los mecanismos específicos de aplicación a las garantías 
relativas al anticipo según lo dispuesto en el artículo 15 de esta orden de bases y lo 
establecido en el presente artículo.
CAPÍTULO V
Control y reintegro de las ayudas
Artículo 33.  Gestión, seguimiento y control.
1.  Tanto el órgano concedente como el Organismo Intermedio de los fondos de la UE, 
cada uno en el ámbito de sus competencias, garantizarán la adecuada gestión, 
interpretación y resolución de todos los aspectos relativos a los expedientes de concesión 
de ayudas solicitadas, así como el seguimiento, evaluación y control de las mismas.
2.  El Organismo Intermedio solicitará el reembolso de la cofinanciación de la Unión 
Europea en razón de los gastos que se hayan justificado. Para ello, el órgano concedente 
suministrará al Organismo Intermedio, la información que le sea requerida para la correcta 
certificación del gasto.
3.  El Organismo Intermedio designado para la gestión de los fondos de la Unión 
Europea, de acuerdo con el sistema de gestión financiera prevista, en el caso del FEDER, 
en el capítulo primero del título I de la cuarta parte del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y una vez cumplidas las 
verificaciones de control contempladas en el artículo 125 del citado reglamento, justificará 
a la Autoridad de Gestión los gastos de las operaciones debidamente justificados por los 
beneficiarios para que proceda a solicitar a la Comisión Europea el reembolso de la ayuda 
correspondiente a las mismas.
A fin de cumplir con las obligaciones de control referidas, el Organismo Intermedio, en 
cooperación en su caso con el órgano concedente, realizará verificaciones administrativas 
y sobre el terreno para comprobar el desarrollo de las acciones subvencionadas y la 
elegibilidad del gasto certificado. Los beneficiarios estarán obligados a facilitar los 
elementos necesarios a efectos de la comprobación y de control financiero que se efectúen 
tanto por el Organismo Intermedio como por los demás órganos competentes de ámbito 
nacional o de la Unión Europea.
4.  La justificación de los gastos de las operaciones realizadas por los beneficiarios 
estará soportada en piezas contables que serán conservadas por los mismos, teniendo en 
cuenta todas las disposiciones aplicables a los Fondos Estructurales en materia de 
elegibilidad, gestión y control, así como los sistemas de gestión y control establecidos por 
la Autoridad de Gestión, el Organismo Intermedio y, en su caso, los aprobados por la 
Comisión Europea relativos a la Intervención.
5.  En el caso de gestión descentralizada de las ayudas, las correspondientes 
convocatorias establecerán los mecanismos específicos de aplicación relativos a la  e.
gestión, seguimiento y control. w.b
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los requerimientos de la correspondiente convocatoria y para la ejecución y certificación de
gastos de las operaciones subvencionadas al FEDER o, en su caso, a otro instrumento de 
la Unión Europea.
Artículo 35.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases, en las 
correspondientes convocatorias, en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en el Reglamento (UE) n.º 1301/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en las demás 
normas aplicables, así como el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, se 
hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida 
del derecho al cobro de la ayuda y, en su caso, previo el oportuno procedimiento de 
reintegro, a la obligación de devolver las cantidades percibidas más los intereses de 
demora correspondientes, en el momento de detectarse el incumplimiento, conforme a lo 
dispuesto en el título II, capítulo I, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En particular, procederá iniciar el procedimiento de reintegro en el caso de que se 
produzca informe desfavorable de fiscalización de cualquiera de las Administraciones 
facultadas para realizarlo.
2.  Los reintegros se regirán por el principio de proporcionalidad, y por el alcance de 
las consecuencias financieras, de acuerdo con lo previsto tanto en la normativa nacional 
como en la normativa comunitaria, conforme se establece en el siguiente artículo.
3.  Será de aplicación lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
si concurren los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y 
ayudas públicas.
4.  Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves, de 
acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad 
sancionadora por incumplimientos se establece en el artículo 66 de la misma.
Artículo 36.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total, y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta un criterio de proporcionalidad para determinar la pérdida del derecho al 
cobro de la ayuda o, en su caso, el reintegro del anticipo de la ayuda.
En el caso de que la potencia instalada real de la instalación sea menor que la potencia 
para la que se concedió la ayuda que recoge la resolución de concesión, se reducirá la 
ayuda total percibida proporcionalmente a la potencia no construida, manteniéndose 
constante el importe de la ayuda unitaria concedida según la metodología del artículo 30. 
Se considerará incumplimiento total el caso en el que la potencia instalada real sea inferior 
al 50% de la potencia para la que se concedió la ayuda.
2.  Si la instalación fuera finalizada una vez superado el plazo máximo de realización 
de las actuaciones, definido en el artículo 17, pero dentro del plazo máximo de justificación 
del proyecto definido en el artículo 29, se podrán considerar válidamente justificados 
aquellos gastos subvencionables realizados con anterioridad al plazo máximo de 
realización de las actuaciones.
La finalización de la instalación una vez superado el plazo máximo de justificación del 
proyecto supondrá la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida, dando lugar en  es
su caso al reintegro del anticipo abonado más los intereses de demora desde el momento  o
del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro. 62ww
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beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la financiación fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
Artículo 37.  Información, comunicación, visibilidad y publicidad.
1.  Toda referencia en cualquier medio de difusión al proyecto subvencionado, deberá 
cumplir con los requisitos que establezca el órgano concedente y el Organismo Intermedio, 
cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias.
2.  Se deberá instalar y mantener un cartel en un lugar visible para el público general, 
de tamaño suficiente para que sea perfectamente visible y legible en el que conste 
claramente el título del proyecto y la denominación e imagen del Programa, y que 
mencione la ayuda económica otorgada por la Unión Europea, incluyendo el logo de la 
UE y el lema «Una manera de hacer Europa», cuyo cartel deberá estar instalado, al 
menos, por el plazo que se indica en el punto 9 del artículo 29, todo ello tal como 
establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El diseño gráfico del 
cartel y soportes de difusión que se realicen cumplirán con los requisitos que establezca 
el Organismo Intermedio.
El beneficiario informará al público del apoyo obtenido de los fondos haciendo una 
breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de la operación, 
de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y 
destacando el apoyo financiero de la Unión.
3.  La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
y en el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo 
los Estados miembros en relación con los Fondos de la Unión Europea. En particular, las 
responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y 
comunicación dirigidas al público se establecen en el apartado 2.2. del anexo XII de dicho 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013.
4.  En el caso de gestión descentralizada de las ayudas, las correspondientes 
convocatorias establecerán los mecanismos específicos de aplicación relativos a 
información, comunicación, visibilidad y publicidad teniendo en cuenta lo establecido en el 
presente artículo.
Artículo 38.  Protección de datos de carácter personal.
El cumplimiento de la normativa establecida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, será 
responsabilidad del órgano concedente, ante quien los interesados podrán ejercer 
personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de las bases 
del régimen minero y energético, respectivamente. es
Los apartados 1, primer inciso, y 3, del artículo 20 serán de aplicación, exclusivamente,  o
a la Administración General del Estado. 62www.
Disposición final segunda.  Desarrollo y aplicación.
RetoL aD eVmicoegprráefsicidoe, nlotas  Córugaarntao sd ceol mGpoebtieenrnteos y d Me ilnai sSterac rpeatararí ala d eT rEanstsaicdioó nd eE cEonleórggicíaa  yy  deel   BOE-A-cable e
las Comunidades Autónomas y el IDAE, en uso de sus respectivas competencias,
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de esta Orden y sus disposiciones de 
desarrollo y ejecución.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 3 de agosto de 2020.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.