BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93269
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13015 Sala Primera. Sentencia 131/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de 
amparo 1921-2020. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Supuesta vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: pretendida vertiente negativa del derecho 
de acceso al proceso del poseedor con título inscrito llamado a la ejecución.
ECLI:ES:TC:2021:131
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1921-2020, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y asistida 
por la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, contra el auto del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Lorca, de 3 de mayo de 2019, que desestima 
la  oposición  a  la  ejecución  formulada  por  dicha  mercantil,  en  el  procedimiento  de 
ejecución hipotecaria núm. 348-2018; y contra el auto de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Murcia, de 10 de febrero de 2020, que desestimó el recurso de 
apelación interpuesto contra la anterior resolución. Ha sido parte la entidad Pera Assets 
Designated Activity Company, representada por la procuradora de los tribunales doña 
María  Claudida  Munteanu  y  asistida  del  letrado  don  Alejandro  Ingram  Solís.  Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 16 de abril 
de 2020, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre  y representación de  Penrei  Inversiones, S.L.,  interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre  e.
bienes hipotecados contra las mercantiles Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L.,  w.
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca registral núm. 43.459, sita en el  015ww
htéiprmotiencoa rmiau yn, iclaip sael gduen daL,o rtictual,a rr edseu ultna nddeor eclah op driem uesrao  yd dei slfarust ed seombaren ddaicdhaos  inlam udeebuled.o Eral 
Ipnrsotcruecdcimióine nntúom d.e 1 e djeec Luocirócna ,h bipaojote ecla nrúiam s.e 3 s4i8g-u2i0ó1 a8n.te el Juzgado de Primera Instancia e  BOE-A-cable e
b)  Ambas  sociedades  formularon,  en  tiempo  hábil,  oposición  al  despacho  de 
ejecución. La deducida por la recurrente se fundaba en su falta de legitimación para ser 
llamada al proceso por no hallarse en ninguno de los casos expresados en el apartado 
primero del art. 685 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), al ostentar un mero derecho 
de uso. Los motivos de oposición alegados por ambas sociedades fueron resueltos por 
auto de 3 de mayo de 2019 que, en lo que al sostenido por la demandante de amparo se 
refiere, fue desestimado al constatar su condición de tercer poseedor adquirida con 
anterioridad a la interposición de la demanda ejecutiva.
c)  También ambas demandadas interpusieron sendos recursos de apelación, de los 
que conoció la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, y que fueron 
desestimados por auto de 10 de febrero de 2020. En lo que afectaba a la sociedad 
Penrei Inversiones, S.L., descarta el órgano de apelación la infracción del art. 685.1 LEC 
y subraya que, aunque, en efecto, esta apelante no era propietaria del bien hipotecado, 
ni siquiera hipotecante no deudora, debía ser llamada al proceso en atención a su 
condición de titular registral de un derecho de uso y disfrute de la finca hipotecada, 
posterior a la hipoteca, y que, en razón de tal derecho y circunstancias, la inscripción a 
su favor sería objeto de cancelación de consumarse la realización del bien, por lo que no 
ofrecía duda su condición de interesada en la ejecución.
Notificado el auto de 10 de febrero de 2020, por la indicada mercantil se interpuso el 
presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron la vulneración del derecho de la entidad recurrente a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión del art. 24.1 CE, en sus modalidades del derecho a un procedimiento con 
las debidas garantías y en la de obtener una resolución judicial motivada, que excluya 
interpretaciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente, 
que, en el caso, conecta con la vertiente de acceso a la jurisdicción por haber sido 
obligada a intervenir en un proceso judicial como demandada, pese a no encontrarse en 
ninguno de los supuestos de legitimación pasiva que expresa el art. 685.1 LEC. Percibe 
esta llamada como una imposición arbitraria y desproporcionada, por excesivamente 
formalista, e incompatible con el derecho de tutela judicial efectiva.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han sido 
objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicitó la 
suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 348-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Segunda de este tribunal dictó 
providencia el 6 de julio de 2020, por la que acordó no admitirlo a trámite por no apreciar 
en  el  mismo  la  especial  trascendencia  constitucional  que,  como  condición  para  su 
admisión, requiere el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC; 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2).
5.  Mediante  escrito  de  1  de  septiembre  de  2020,  el  fiscal  ante  el  Tribunal 
Constitucional  interpuso  recurso  de  súplica  frente  a  la  providencia  de  inadmisión. 
Afirmaba, en síntesis, que el contenido de la demanda era idéntico al de otras muchas  e.
interpuestas por Penrei Inversiones, S.L. –demandante de amparo en este recurso–, o  w.
por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. –demandante de amparo en otros  015ww
Lreocrucars,o dsi–c,t acdoanstr ae nr edsiofelurecinotneess  pirdoécnetdicimasie dneto sd ivdeer seojse cjuuzcgióand ohsip doete cparirmiae rean  inlossta qnuciea  ldaes 
demandantes  son  parte  ejecutada  y  que  habían  sido  admitidas  a  trámite  por  este
tribunal, y alertaba sobre la contradicción lesiva de la seguridad jurídica asociada al 
distinto tratamiento observado en la providencia de inadmisión.
6.  En escrito presentado el 10 de septiembre de 2020, la sociedad recurrente 
expresó su conformidad con las alegaciones contenidas en el recurso de súplica del 
fiscal, añadiendo que la especial trascendencia constitucional del recurso derivaba de la 
desestimación por parte de los órganos judiciales de la falta de legitimación opuesta por 
dicha parte en el proceso de ejecución de origen.
7.  La Sección Segunda del Tribunal Constitucional estimó el recurso de súplica por 
ATC 131/2020, de 22 de diciembre, y, al propio tiempo, acordó la admisión a trámite del 
recurso  y  la  formación  de  la  pieza  separada  para  la  tramitación  del  incidente  de 
suspensión, concediendo el plazo de tres días a la recurrente y al Ministerio Fiscal para 
que alegaran lo que estimaran oportuno.
8.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo, 
mediante otrosí de su escrito de demanda, en virtud del ATC 169/2020, de 14 de 
diciembre,  la  Sala  denegó  la  suspensión  cautelar  solicitada  del  procedimiento  de 
ejecución hipotecaria núm. 348-2018, acordando, no obstante, la anotación preventiva 
de la demanda de amparo en el registro de la propiedad.
9.  Por diligencia de ordenación de 23 de octubre de 2020, la secretaría de justicia 
de  la  Sala  Primera  interesó  de  los  órganos  judiciales  concernidos  la  remisión  de 
testimonio  de  las  correspondientes  actuaciones,  e  instó  del  Juzgado  de  Primera 
Instancia  e  Instrucción  núm.  1  de  Lorca  el  previo  emplazamiento  de  las  partes 
intervinientes en el proceso, con excepción de la sociedad recurrente en amparo, para 
que pudieran comparecer en el plazo de diez días en este proceso constitucional.
10.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 3 de febrero de 2021, la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, con la asistencia letrada de 
don Alejandro Ingram Solís, actuando en nombre y representación de la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company, solicitó se tuviera a esta última como personada y 
parte recurrida en lugar de la ejecutante Banco Sabadell, S.A., y que se entendieran con 
ella las actuaciones sucesivas de este proceso. Justificaba su petición en la escritura de 
cesión  onerosa  de  créditos  hipotecarios  suscrita  con  Banco  Sabadell,  S.A.,  como 
cedente, otorgada el 23 de julio de 2019, y en su efectiva personación en el proceso de 
ejecución donde fue acordado su emplazamiento ante este tribunal.
11.  Por diligencia de ordenación de 8 de febrero de 2021 se tuvieron por recibidas 
las actuaciones de los órganos judiciales requeridos, y por personada y parte en el 
procedimiento  a  la  procuradora  doña  María  Claudia  Munteanu,  en  nombre  y 
representación de la sociedad Pera Assets Designated Activity Company. Asimismo, se 
acordó dar vista de las actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 LOTC, al 
Ministerio Fiscal, a la parte personada y a la recurrente en amparo.
12.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 10 
de marzo de 2021, por el que interesó que se dictara sentencia denegando el amparo a 
la recurrente.
Tras  identificar  el  recurso  como  «uno  de  los  que  componen  la  serie  de  los 
interpuestos por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones,  s
S.L., frente a diversos autos dictados en procedimientos hipotecarios tramitados por  oe.
diferentes juzgados de primera instancia de Lorca», repara en la diferencia que ofrece  w.
este recurso respecto de los que conforman la serie aludida, pues, aunque la recurrente  015ww
ceufeecsttúioen aa legsu nlaa  amrbeitnracrióiend aadl  od eelr eecrrhoor  pdaet eanctec eedne er l aq uela  injucurirsrdeinc cloiósn d, olso  aquutoes  rceoanlmtrae nlotes 
eqfueec tsivea p slainn tinedae efel nrescióunrs, od edle a artmícpualor o2,4 c.1o mCoE .manifestación del derecho a la tutela judicial  BOE-A-cable e
Interpreta la queja como una especie de derecho de acceso en negativo, dado que lo 
que cuestiona la demandante de amparo es que se le haya obligado a ser parte en el 
proceso indebidamente. Recuerda que ese derecho de acceso a la jurisdicción no tiene 
una cara opuesta que pudiera definirse como el derecho fundamental a no ser traído a 
un procedimiento en el que no debía ser parte, «pues al contrario que en el primer caso, 
si se encuentra formando parte de la relación procesal, el ciudadano podrá plantear 
cualquier reivindicación jurídica, incluida la falta de legitimación pasiva, que es lo que 
sucedió en este caso, que Penrei Inversiones, S.L., lo planteó en las dos instancias, no 
se le causó por ello indefensión alguna».
Destaca el Ministerio Fiscal que la verdadera denuncia se sitúa en el ámbito de la 
motivación, percibida por la recurrente como arbitraria, errónea o irrazonable. Centrado 
así el objeto de la queja, recuerda la doctrina del tribunal sobre la motivación y el error 
patente y su tratamiento constitucional que, aplicada al caso objeto de su análisis, 
determina el rechazo del amparo solicitado por no darse ninguno de los calificativos 
negativos  de  las  resoluciones  judiciales  cuestionadas  pues  descarta  que  estén 
inmotivadas, incurran en arbitrariedad, sean irrazonables o incurran en error patente.
13.  La representación procesal de la entidad recurrente presentó su escrito de 
alegaciones el 11 de marzo de 2021, en el que, tras reiterar las alegaciones efectuadas 
en el trámite ofrecido para sustanciar el recurso de súplica, interesó que se dictara 
resolución estimatoria del recurso de amparo.
14.  También el 11 de marzo de 2021 presentó su escrito de alegaciones la entidad 
Pera Assets Designated Activity Company, en el que expresaba su oposición al recurso 
de amparo; subrayaba el fundamento de la llamada al proceso de la sociedad recurrente 
en amparo no como deudora sino como titular de un derecho real inscrito a su favor, 
precisamente para evitar situaciones de indefensión que acarrearían inexorablemente la 
nulidad de las actuaciones. Abundaba en argumentos de derecho que justificaban esta 
llamada al proceso con cita de numerosas resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado y, destacadamente, de la doctrina recogida en la STC 79/2013, 
de 8 de abril.
15.  Mediante providencia de 17 de junio de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación del auto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Lorca, de 3 de mayo de 2019, por el que se 
desestimó la oposición a la ejecución formulada por la entidad Penrei Inversiones, S.L., 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 348-2018, en el que había sido 
demandada como titular inscrita de un derecho de uso y disfrute, y del auto de la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, de 10 de febrero de 2020, que desestimó 
el recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución.
Para la recurrente las decisiones judiciales han vulnerado su derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho a una resolución motivada, no 
incursa en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente. También considera vulnerado el 
invocado  derecho  fundamental  en  su  vertiente  de  acceso  al  proceso,  en  cuya  e.
formulación  parece  incluir  el  derecho  a  no  ser  llamado  a  este.  Abunda  en  ese  w.b
planteamiento, que justifica en el propio título objeto de ejecución, en tanto no menciona  015ww
aam lap asroo,c ieadcaodt ap oesle eldaodroa , pya seinv oe l daer t. la6 85re.1la cLiEónC  qjuureíd, iccao nspirdoecreas alal  ddeemntarnod adnete  ldaes 
partEiclu lMarinidisatdeeriso  dFei slac aelj,e pcourc iósun  spoabrtree,  bsieonliceista h ilpao dteecsaedsotism oa cpiiógnn odreald oresc.urso de amparo,
pues,  aunque  admite  que  el  recurso  contiene  alguna  referencia  a  la  tutela  judicial
efectiva  en  su  modalidad  del  derecho  de  acceso  a  la  jurisdicción,  sin  embargo, 
reconfigura esta vertiente al entender que lo que plantea la recurrente no es que se le 
haya privado de la posibilidad de acudir a los tribunales sino, al contrario, que se le haya 
obligado a ser parte, en una especie de derecho de acceso en negativo, considerando 
que la verdadera denuncia de la recurrente queda residenciada en un problema de 
motivación  de  las  resoluciones  que  mantuvieron  la  procedencia  de  su  llamada  al 
proceso, en las que, a juicio del fiscal no concurre el vicio que se les imputa.
Finalmente, la sociedad recurrida también solicita la desestimación del recurso de 
amparo, sosteniendo, en síntesis, que las resoluciones judiciales impugnadas contienen 
una motivación racional, lógica y preservadora del derecho fundamental invocado en la 
demanda.
2.  Cuestión previa y doctrina constitucional aplicable.
Antes de entrar en el examen del fondo de la queja planteada por la demandante de 
amparo, es preciso aclarar una cuestión previa. Como bien señala el Ministerio Fiscal, en 
la demanda se invoca el derecho de acceso a la jurisdicción, alegando una vertiente 
negativa, en el sentido de un pretendido derecho a no ser parte en el procedimiento, al 
tiempo que se queja de un vicio en la motivación de las resoluciones impugnadas, que 
no se encontrarían fundadas en Derecho. En realidad, lo que aparentan ser dos quejas 
han de ser reconducida a una sola: el defecto en la motivación de las resoluciones 
judiciales, que han considerado parte a la actora en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria, cuando, a su juicio, no debería haberlo sido, en virtud de un pretendido 
derecho negativo de acceso a la jurisdicción.
Efectuada esta precisión previa, la cuestión queda, pues, reducida a determinar si la 
decisión  adoptada  por  el  órgano  ejecutor,  posteriormente  ratificada  en  grado  de 
apelación, de mantener al tercer poseedor en el proceso, vulneró el derecho fundamental 
de la recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente del derecho a 
una resolución motivada y fundada en Derecho.
Para valorar si la decisión judicial recurrida vulneró o no el derecho a la tutela judicial 
efectiva del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, conviene recordar en primer término, la consolidada doctrina constitucional 
sobre el derecho a obtener de los órganos judiciales una resolución motivada como 
primaria garantía reconocida en el art. 24.1 CE: que contenga los elementos y razones 
de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la 
decisión y que la motivación esté fundada en Derecho, exigencia que no queda cumplida 
con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe 
ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la 
arbitrariedad (por todas, STC 142/2012, de 2 de julio, FJ 4).
Sobre los elementos de juicio que permiten conocer el criterio jurídico que justifique 
la llamada al proceso del tercer poseedor, como proyección concreta de la decisión 
judicial  adoptada,  también  se  ha  pronunciado  este  tribunal  desde  muy  temprana 
jurisprudencia iniciada con la STC 148/1988, de 14 de julio, hasta la más reciente 
STC 208/2015, de 5 de octubre, desde la óptica del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión, en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE). 
Lo relevante, más allá del plano de la legalidad infraconstitucional (art. 662.1 LEC), es el 
derecho del tercer poseedor a acceder al proceso, no que este lo ejercite una vez tiene 
conocimiento de este.
Es consolidada doctrina constitucional que el derecho reconocido en el art. 24.1 CE  e
no garantiza la corrección jurídica de la interpretación y aplicación del Derecho llevada a  bo
cabo por los jueces y tribunales, pues no existe un pretendido derecho al acierto judicial  015ww
edne  lao trsoesle cdceiórenc, hinotse rcporentsatcitiuócnio yn aalpelsic. acPieórno  deta mlabs iénno rmheams,o ssa lvdoe cqlaurea daofe cetne  aml ucoltintutedn iddeo 
coucaansidoon ese l qurea zuonnaa mrieesnotolu ciqóune  judlaic iaful nvdualn eirnac uerlr ed ereenc hota la  glar atduote lad eju daicrbiaitl raerfieecdtaivda, 
irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves
que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda 
motivación o razonamiento. En estos casos, ciertamente excepcionales, este tribunal 
incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas 
aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, 
se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un 
desarrollo  argumental  que  incurre  en  quiebras  lógicas  de  tal  magnitud  que  las 
conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones 
aducidas (SSTC 214/1999, de 29 de noviembre; y 133/2013, de 5 de junio, FJ 5, entre 
otras muchas).
3.  Análisis  de  la  pretensión  de  amparo:  no  apreciación  de  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE.
A la vista de la doctrina constitucional que acabamos de recordar, debemos dilucidar 
ahora si la motivación expresada por los órganos judiciales para mantener la validez de 
la llamada al proceso de la recurrente en su condición de tercer poseedor con título 
inscrito, es conforme con nuestro canon constitucional de motivación ex art. 24.1 CE. 
Dicho de otro modo, al igual que en otros supuestos semejantes, debe insistirse también 
ahora en que únicamente nos corresponde comprobar si la interpretación de las normas 
procesales  efectuada  por  las  resoluciones  impugnadas  es  o  no  respetuosa  con  el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo.
Como ya se ha expuesto anteriormente, la demandante de amparo considera que su 
llamada al proceso resulta irrazonable en virtud de una pretendida «vertiente negativa» 
del derecho de acceso a la jurisdicción. La visión de la cuestión que se realiza en la 
demanda resulta contradictoria con la doctrina de este tribunal en materia de acceso a la 
jurisdicción,  especialmente  en  lo  que  se  refiere  al  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria. En efecto, este tribunal ha declarado reiteradamente que el derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) garantiza a todos los que puedan 
resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a 
conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y 
ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos (por todas, STC 180/2015, de 7 
de septiembre, FJ 4), sin perjuicio del pronunciamiento que pueda recaer y de la posible 
existencia de otras acciones que puedan corresponder a los afectados (STC 43/2010, 
de 26 de julio, FJ 2).
En particular, en lo que se refiere al procedimiento de ejecución hipotecaria, hicimos 
hincapié en la STC 79/2013, de 8 de abril, FJ 3, en la idea de que «la validez global de la 
estructura  procedimental  de  la  ejecución  hipotecaria  en  modo  alguno  admite 
excepciones al derecho de defensa de los interesados, no siendo admisibles lecturas 
restrictivas de la intervención de quienes son titulares de derechos e intereses legítimos, 
entre los que figuran los denominados legalmente como "terceros poseedores"». Y, en su 
fundamento jurídico 4, sostuvimos que «una línea constante y uniforme de este tribunal 
en materia de acceso al proceso en general (art. 24.1 CE), y al procedimiento de 
ejecución hipotecaria en particular, ha promovido la defensa, dando la oportunidad de 
participar, contradictoriamente, en la fase de ejecución de este procedimiento especial, al 
existir una posición privilegiada del acreedor derivada de la fuerza ejecutiva del título»; 
posibilidad de intervenir que se refirió específicamente al tercer poseedor de la finca 
hipotecada. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, no cabe aceptar la vertiente 
negativa del derecho de acceso a la jurisdicción en la que pretende escudarse la 
demandante de amparo. e
En este sentido, la respuesta ofrecida en las resoluciones judiciales recurridas en  bo
amparo no solo cumple el canon de motivación requerido, al contener los elementos y  015ww
raadzeocnueasn  edle s ejunitcidioo  dqeu es up deermcisitieónn  ac olan odcoecrt rilnoas  ccornitsetritiousc iojnuaríld sicoobsr e ulati liczoandcorse,t as cinuoe sqtiuóen 
tsíutuslcoi tiandsac:r itloa.  pLuae fsintaa liedna dc oqnuoec pimreiesindteo  ddiechl op rlolacmesaom ideen teoj eticeuncei óunn aa ld toebrclee rfa pzo: sdeee udno rl acdoon, 
asegurar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de quienes el propio registro
publicita como titulares de derechos inscritos; y, de otro, preservar la observancia de las 
garantías  del  proceso  al  propio  ejecutante  para  evitar  dilaciones  en  la  tramitación 
inevitablemente asociadas a la falta de notificación al titular de derechos inscritos.
Como nos recuerda la STC 208/2015, de 5 de octubre, FJ 4, la personación en el 
proceso de ejecución hipotecaria del tercer poseedor, en cualquiera de sus modalidades 
asimiladas (art. 662.2 LEC), le faculta para que en cualquier momento anterior a la 
aprobación  del  remate  o  a  la  adjudicación  al  acreedor,  pueda  liberar  el  inmueble 
satisfaciendo lo que se deba al acreedor por principal, intereses y costas, dentro de los 
límites de la responsabilidad a que esté sujeto el bien (art. 662.3 LEC); intervenir en la 
subasta tomando parte en ella, instando su celebración (art. 691.1 LEC), presentar 
tercero que mejore la postura y promover el declarativo ordinario contra lo actuado en el 
proceso (698.1 LEC). Como es fácil de entender, si a este tercer poseedor no se le 
permite  personarse  en  los  autos,  tampoco  podrá  tener  intervención  alguna  en  su 
desarrollo, ni, por consiguiente, ejercitar las facultades que la normativa que rige el 
procedimiento de ejecución hipotecaria le reconoce.
Desde esta perspectiva, como razona en sus alegaciones el Ministerio Fiscal, el 
amparo debe ser rechazado, al no concurrir ninguna de las causas atribuidas a la 
motivación de las resoluciones judiciales cuestionadas, que se evidencia suficiente, 
razonable y no arbitraria, en cuanto coincidente con la doctrina constitucional en la 
materia, y, desde luego, sin conexión material con la doctrina sobre el error patente: error 
de  hecho  verificable  e  incontrovertible  a  partir  de  las  actuaciones  judiciales,  y 
determinante de la decisión. La intervención del tercer poseedor resulta, como acontece 
en la mayoría de los procesos civiles, facultativa, pero es obvio que la lesión del derecho 
fundamental no la produciría su llamada al proceso, sino la omisión o negativa del 
órgano judicial a participárselo y, en su caso, a admitir su personación.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por Penrei Inversiones, S.L.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.