BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27273
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4116 Sala Primera. Sentencia 31/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo 3089-2018. Promovido por doña María del Carmen Casadó Ferrer, 
en representación de su hija menor de edad, respecto de los decretos de los 
letrados de la administración de justicia y auto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona en procedimientos de jura de cuentas. Alegada vulneración de los 
derechos a la tutela judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba y a un 
proceso  con  todas  las  garantías:  inadmisión  del  recurso  de  amparo 
prematuramente interpuesto.
ECLI:ES:TC:2020:31
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, y la magistrada doña María Luisa Balaguer 
Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3089-2018, promovido por doña María del Carmen 
Casadó Ferrer, en representación de su hija menor de edad, contra los decretos de la 
letrada de la administración de justicia dictados el 24 de abril de 2014 –dos de ellos– 15 
de octubre de 2014, 20 de enero y 19 de junio de 2015, que resuelven respectivamente 
los procedimientos de jura de cuentas núms. 222-2014, 224-2014, 219-2014, 223-2014 
y 220-2014 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Granollers y el dictado el 1 de 
diciembre de 2014 en el procedimiento de jura de cuentas tramitado en el procedimiento 
abreviado núm. 419-2009 del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Granollers; así como contra 
el auto de 2 de febrero de 2018 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Barcelona que desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 20 de 
junio 2017 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Granollers que resuelve el 
procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  núm.  1300-2015.  Ha  intervenido  el 
Ministerio  Fiscal.  Ha  comparecido  y  formulado  alegaciones  don  Domenech  Forns 
Casacuberta representado por el procurador de  los  tribunales don Julián Caballero 
Aguado. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 31 de mayo 
de 2018, doña María del Carmen Casadó Ferrer, en representación de su hija menor de 
edad, interpuso recurso de amparo frente a los seis decretos dictados por las letradas de  e
la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 y del Juzgado de lo  bo
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judiciales núm. 1300-2015, que tienen como origen los referidos decretos.
2.  Los hechos relevantes para resolver el recurso de amparo interpuesto, son los 
siguientes:
a)  En el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Granollers, en virtud de cinco 
instancias de fecha 17 de enero de 2014 presentadas por el abogado don Domenec 
Forns Casacuberta se siguieron otros tantos procedimientos de jura de cuentas en 
reclamación  de  los  honorarios  no  atendidos  por  don  Miguel  Ángel  Pericas  Duran, 
derivados  de  la  actuación  profesional  prestada  en  los  procedimientos  civiles 
núm. 3-2010, 2112-2010, 1201-2008, 1479-2011 y 57-2012, y que por el fallecimiento del 
deudor, se dirigieron contra la herencia yacente o ignorados herederos del mismo, dando 
lugar a los procedimientos núms. 219-2014, 220-2014, 224-2014, 222-2014 y 223-2014, 
respectivamente. Asimismo en el procedimiento abreviado núm. 419-2009 del Juzgado 
de lo Penal núm. 2 de Granollers, se siguió el procedimiento de jura de cuentas como 
pieza separada, entre las mismas partes, en virtud de instancia del letrado de la misma 
fecha, en reclamación de los honorarios adeudados por la asistencia letrada en dicho 
procedimiento  penal.  La  cantidad  total  de  los  honorarios  reclamados  en  los 
procedimientos era de 23.433,87 €.
b)  Presentada la reclamación junto con las minutas correspondientes, el letrado de 
la administración de justicia requirió a doña María Pericas Casadó para que en el plazo 
de diez días pagara al peticionario las cantidades reclamadas en cada procedimiento o 
impugnara la cuenta exponiendo los motivos y aportando la documentación que tuviera a 
su disposición, advirtiéndole que en caso de no efectuar el pago o no oponerse en ese 
plazo se procedería contra sus bienes por la vía de apremio.
c)  En todos los procedimientos de jura de cuentas indicados tuvo lugar la misma 
sucesión de actos procesales. En tal sentido, efectuado el requerimiento de pago, se 
iniciaron  entre  las  partes  negociaciones  a  los  efectos  de  alcanzar  un  acuerdo, 
interesándose por don Doménec Forns Casacuberta mediante escrito la suspensión del 
procedimiento por sesenta días para facilitar una solución amistosa, acordándose en los 
respectivos procedimientos la suspensión por decreto del letrado de la administración de 
justicia.  Al  no  alcanzarse  un  acuerdo,  por  escrito  presentado  en  los  respectivos 
procedimientos,  se  solicitó  la  reanudación  del  procedimiento,  dando  lugar  a  una 
diligencia de ordenación del letrado de la administración de justicia por la que se alzaba 
la  suspensión  decretada  y  se  indicaban  los  días  que  restaban  para  cumplir  el 
requerimiento acordado en los diversos procedimientos.
d)  Doña María Carmen Casadó Ferrer, actuando en calidad de tutora legal de su 
hija  menor  de  edad,  presentó  escrito  en  los  procedimientos  de  jura  de  cuentas 
oponiéndose  a  la  reclamación  de  honorarios.  Afirma  en  todos  ellos  que  tras  el 
fallecimiento de don Miguel Ángel Pericas Duran, padre de la menor, se encontraba 
pendiente la identificación de los herederos y la formación de inventario. Refiere que la 
menor  no  era  sucesora  pues  aunque  presumiblemente  fuera  heredera  legal,  el 
endeudamiento del causante y las diferentes reclamaciones judiciales contra el mismo, 
«hacen absolutamente necesario el planteamiento de una renuncia a la herencia o como 
mínimo de una aceptación a beneficio de inventario». Destaca que el causante había 
tenido dos hijas de su anterior matrimonio y se quejaba de la negativa del reclamante a 
entregarle  los  documentos  vinculados  a  los  procedimientos  que  dan  lugar  a  la 
reclamación. Añade que se encuentra impedida de representar a la herencia yacente al 
desconocerse si la menor ostenta la legitimación pasiva y al no tener contacto con las 
otras hijas del causante. Refiere que no han contratado los servicios del demandante. 
Solicita  una  nueva  suspensión  del  procedimiento  basada  en  que  el  actor  no  ha  e.
entregado  la  documentación  a  su  abogado  incumpliendo  las  reglas  deontológicas.  w.b
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núm. 1 de Granollers en virtud de demanda interpuesta el 16 de enero de 2015– y
solicita la suspensión del procedimiento hasta que se entregue la documentación y se 
resuelvan las reclamaciones presentadas.
e)  Posteriormente  la  demandante  de  amparo  presentó  otro  escrito  por  el  que 
solicitaba la suspensión de los procedimientos de jura de cuentas por prejudicialidad civil 
al haber sido admitida a trámite la demanda de juicio ordinario contra el abogado 
reclamante de las juras de cuentas impugnando tanto el importe de lo reclamado como la 
cantidad pendiente de pago, y entender que era necesaria la resolución previa de la 
demanda  de  juicio  ordinario.  Dicha  solicitud  fue  desestimada  por  providencia  del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Granollers.
f)  Finalmente mediante los decretos del letrado de la administración de justicia del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Granollers núms. 294-2014, de 24 de abril 
(procedimiento  núm.  222-2014);  293-2014,  de  24  de  abril  (procedimiento 
núm. 224-2014); 615-2014, de 15 de octubre, (procedimiento núm. 219-2014); 38-2015, 
de 20 de enero (procedimiento núm. 223-2014); 395-2015, de 19 de junio (procedimiento 
núm. 220-2014) y por decreto del letrado de la administración de justicia del Juzgado de 
lo Penal núm. 2 de Granollers de 1 de diciembre de 2014 (procedimiento abreviado 
núm. 419-2009), se declararon finalizados los correspondientes procedimientos de jura 
de cuentas, por haber devenido ejecutables las correspondientes reclamaciones. En los 
decretos se indicaba que era necesaria la petición de la parte para despachar ejecución, 
que deberá documentarse en forma de demanda con el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el art. 549 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Al pie de todos los 
decretos se indicaba la posibilidad de interponer recurso de revisión en el plazo de cinco 
días contados desde el día siguiente a la notificación.
g)  Transcurrido más de un año desde que fueron dictados los referidos decretos, en 
concreto el 11 de noviembre de 2015, la procuradora de los tribunales doña Silvia Molina 
Gaya  en  nombre  y  representación  de  don  Domenec  Forns  Casacuberta  interpuso 
demanda de ejecución conjunta de los mismos contra doña Carme Casadó Ferrer en 
representación de su hija menor de edad, que fue registrada como procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales 1300-2015 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de 
Granollers,  en  reclamación  de  23.433,87  €,  incrementando  dicha  cantidad  con  los 
intereses y costas que pudieran devengarse.
La parte ejecutada mediante escrito de fecha 12 de julio de 2016, se opuso al 
despacho de la ejecución acordado por auto de 20 de junio de 2016. Alega su condición 
de consumidora al amparo del art. 2 d) de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de 
abril, al ser objeto de reclamación los servicios prestados por el letrado señor. Forns. 
Indica que procede traer a colación la STJUE de 15 de enero de 2015 y en especial lo 
establecido en los apartados 23, 24, 34 y 35, debiendo interpretarse las obligaciones 
contractuales  con  todas  las  consecuencias  actualmente  derivadas  de  la  normativa 
española  y  comunitaria  de  consumidores,  así  como  en  cuanto  a  la  aplicación  del 
artículo  217  LEC.  Solicita  la  suspensión  de  la  ejecución  por  prejudicialidad  civil  al 
haberse seguido entre las partes el procedimiento ordinario núm. 78-2015 –al que ya se 
ha hecho referencia y al que luego se aludirá–. Sostiene que existió un incumplimiento 
del contrato por el ejecutante, que las cantidades reclamadas han sido satisfechas y que 
existe pluspetición y error en la determinación de los intereses.
Por auto de 20 de junio de 2017, el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de 
Granollers desestimó la oposición a la ejecución. En primer lugar descartó la suspensión 
de la ejecución por prejudicialidad civil al no cumplirse los requisitos establecidos en el 
art. 43 LEC. También desestimó el resto de los motivos de oposición al ser «palmario  s
que ninguno de los múltiples motivos de oposición esgrimidos por la ejecutada se refiere  oe.
al  pago  o  cumplimiento  de  la  obligación,  ni  se  justifica  documentalmente  dicho  w.
locau  pmeojepr clliamu cieeióxnnist,ot es, inaecmmiaép nrde ed  qelou nseo  pd oaicpchotoonsse  prysa etcr atponossr  ayac ltecraigonansceaiósc ncq iudoeen  elsase  cc haoudnbusitceeisdnea endn  cd doeon lcvaue amnciedcnoiót onp  aperújaeb celuivctioitva»ar.    2020-4116n https://w
El auto reprocha a la ejecutada que pretenda solventar su eventual falta de diligencia por
falta de oposición o impugnación durante la tramitación de los procedimientos de jura de 
cuenta de abogado.
h)  La representación procesal de la ejecutada interpuso recurso de apelación en el 
que  insistía  en  que  concurría  causa  de  suspensión  por  prejudicialidad  civil  y  de 
litispendencia  y  cuestionaba  la  cantidad  despachada  por  intereses  y  costas  al  no 
corresponderse con la fundamentación del auto despachando ejecución. Refutaba los 
reproches que se contenían en el auto apelado en relación a la falta de diligencia en la 
oposición a los procedimientos de jura de cuentas. En sus alegaciones reproducía el 
motivo de oposición basado en el carácter de consumidora de la menor con fundamento 
en el referido art. 2 d) de la Directiva 93/13 CEE, y la STJUE de 15 de enero de 2015, 
afirmando que deben interpretarse «las obligaciones contractuales […] con todas las 
consecuencias  actualmente  derivadas  de  la  normativa  española  y  comunitaria  de 
consumidores, así como en cuanto a la aplicación del artículo 217 LEC. Ello no ha sido ni 
tan  siquiera  evaluado  por  la  resolución  judicial  impugnada,  y  ello  en  completa 
indefensión de mi representada. Este carácter de consumidor, y el tipo de título judicial 
que se ejecuta en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, puede y debe comportar una necesaria evaluación de cláusulas abusivas que 
en modo alguno pudieron evaluarse en la jura de cuentas, por mucho que se pretenda, 
erróneamente, que esta parte no se opuso o impugnó en forma las mismas. Así pues, 
procede subsidiariamente a la estimación de la prejudicialidad, atender a la revocación 
del auto impugnado y retrotraer las actuaciones para que el juzgador de instancia 
proceda a evaluar las cláusulas abusivas».
El recurso de apelación –tramitado con el núm. 844-2017– fue desestimado por auto 
de 2 de febrero de 2018 dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Barcelona.  El  auto  ratifica  la  denegación  de  la  suspensión  de  la  ejecución  por 
prejudicialidad civil al no aparecer dentro de las causas de suspensión previstas en la 
Ley (art. 565.1 LEC). En relación con el motivo de apelación que se concreta en que la 
resolución de primera instancia no ha tenido en cuenta una «necesaria evaluación de 
cláusulas abusivas», refiere el auto en su fundamento quinto intitulado: «condición de 
consumidora de la ejecutada e irrelevancia de la misma», que:
«La apelante es la heredera de su padre, don Miguel Ángel Pericas Duran, en 
defensa de quien actuó el letrado ejecutante en los procedimientos en que se dictaron 
los diversos decretos que se ejecutan, por lo que aquélla tendrá frente a este último la 
misma condición que ostentaba su causante.»
Pues bien, la STJUE de 15 de enero de 2015 ya se pronunció sobre la condición de 
consumidor de la persona física a la que se presten servicios jurídicos a título oneroso en 
virtud de contrato de servicios jurídicos celebrado con un abogado en asuntos que 
pueden afectar a los intereses personales de la persona física. En la referida resolución 
se contienen los siguientes razonamientos:
«24.  Así pues, un abogado que, como en el litigio principal, presta en ejercicio de 
su actividad profesional un servicio a título oneroso a favor de una persona física que 
actúa para fines privados es un “profesional”, en el sentido del artículo 2, letra c), de la 
Directiva 93/13. Por tanto, el contrato para la prestación de ese servicio está sujeto al 
régimen de esa Directiva.
[…]
29.  Como la Comisión Europea ha expuesto en ese sentido en la vista, la exclusión  s
del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 de los numerosos contratos concluidos por  oe.
los  ‘clientes-consumidores’  con  personas  que  ejercen  profesiones  liberales  w.
ccsoaunrjeastcuotmse riidzeoasrdoeasss ’  dpperoe lrsa t lapadr oointreedcsec pióednne d ceosnnecfreivari icdyioa s lpa ospr  reeivsxaaigr íeDan irceaiac tsilv aad .e»toontatolildóagdic adse  a elsaoss  qu‘celi eenstteásn-  2020-4116n https://w
Es decir, la ejecutada sí que tendría la consideración de consumidora frente al 
ejecutante, pero esta circunstancia carece por completo de relevancia, habida cuenta la 
naturaleza del debate.
Para que lo tuviera, como más adelante veremos, sería necesario que el contrato 
que regulase las relaciones entre las partes fuera un contrato de adhesión, y, por tanto, 
resultara de aplicación la Directiva 93/13/CEE, pero ni siquiera ha sido alegada tal cosa 
por la ahora apelante, a pesar de que de forma totalmente formularia, y sin fundamento 
alguno, se ha referido a la «necesaria evaluación de cláusulas abusivas».
La STJUE dictada el 16 de febrero de 2017, en respuesta a una petición de decisión 
prejudicial planteada precisamente en un caso de «jura de cuentas», aunque acabó 
concluyendo que el secretario judicial no constituía «órgano jurisdiccional» a los efectos 
del art. 267 TFUE, y, por tanto no estaba facultado para plantear al tribunal de justicia 
una petición de decisión prejudicial, razonó que «[era] al Juez de ejecución competente 
para acordar el apremio sobre la cantidad debida, que debía examinar –de oficio si es 
necesario– el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual que figure en el 
contrato celebrado entre un procurador o un abogado y un cliente suyo […], a quien 
corresponderá,  en  su  caso,  plantear  al  tribunal  de  justicia  la  petición  de  decisión 
prejudicial».
Sin embargo, en el caso enjuiciado, como ya hemos razonado, ni estamos ante unos 
honorarios profesionales fijados en atención a un contrato de adhesión, ni por ende 
cabría hablar de «cláusulas abusivas», por lo que tampoco cabe alegar, como alega la 
apelante, una supuesta indefensión por no haberse analizado la posible abusividad de 
unas cláusulas inexistentes y a las que nunca antes se hizo referencia. Ni se hizo 
referencia a las mismas en los procedimientos de cuenta, en que podrían haberse 
impugnado  los  honorarios  por  excesivos  y  por  indebidos,  –y  no  los  impugnó  la 
demandada–, y tampoco se ha hecho al oponerse a la ejecución, más allá de esa 
mención genérica ausente de cualquier prueba.
Es más, ni siquiera en la demanda del procedimiento ordinario promovido por la 
apelante contra el ejecutante, que ella misma aportó junto con su oposición, se alega 
nada que pueda tener que ver ni remotamente con la existencia de cláusulas abusivas» 
(sic).
i)  Contra el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
de 2 de febrero de 2018, notificado el 9 de febrero siguiente, la recurrente en amparo 
interpuso incidente de nulidad de actuaciones en el que insistía en la infracción de la 
normativa  europea  de  protección  de  consumidores,  consideraba  que  el  auto  había 
infringido los arts. 1.1, 9.1, 9.3 y 24.1 CE al vulnerar la sujeción de los poderes públicos a 
la Directiva de consumidores, y el art. 551.1 LEC por no apreciar la prejudicialidad civil ni 
litispendencia (art. 43.1 LEC), ni tomar en consideración la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo. Considera que en el presente procedimiento judicial, iniciado por la resolución 
del  secretario  judicial  (sic)  respecto  a  la  jura  de  cuentas  sin  evaluar  las  cláusulas 
abusivas,  se  ha  llevado  a  cabo  una  aplicación  arbitraria  de  la  legalidad,  jerarquía 
normativa y seguridad jurídica (arts. 9.3, 10 y 24.1 CE).
Por providencia de 6 de marzo de 2018, se inadmitió el incidente de nulidad de 
actuaciones. La providencia indica que «a través del incidente de nulidad de actuaciones 
que promueve el apelante se vuelven a reiterar los argumentos esgrimidos en su recurso 
de apelación, a los que se dio respuesta en el auto dictado por esta Sala, en que se 
desestimó. En definitiva lo que se pretende es una reconsideración por parte del Tribunal 
de la resolución dictada, insistiendo en las mismas razones que ya fueron tenidas en  s
cuenta para rechazar su pretensión, lo que se sitúa al margen del incidente de nulidad de  oe.
actuaciones, que por tanto, se inadmite a trámite, de conformidad con lo establecido en  w.
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Afirmaba que «resulta sorprendente, con el debido respeto, justificar la inadmisión con 
que se pretende que el tribunal reconsidere su decisión, pues lo cual resulta obvio a 
todas luces, ya que es voluntad de todo incidente de nulidad contra una resolución que 
infringe los derechos fundamentales del ciudadano» (sic). Añade que el art. 206.1.2 LEC 
establece que requerirán la forma de auto las resoluciones que resuelvan admitir o 
inadmitir una solicitud de validez o nulidad de actuaciones.
Finalmente por auto de 23 de marzo de 2018, la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, declaró no haber lugar a la aclaración, pues la inadmisión del 
incidente por providencia tiene acogida en los arts. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ) y 228.1 LEC. Añade que ni la «providencia dictada falta a la verdad, ni 
por tanto se ha incurrido en ningún error material». Refiere que al promover el incidente 
de nulidad de actuaciones denunció el apelante que se habían infringido los preceptos 
reguladores de la prejudicialidad civil, la litispendencia, así como la Directiva 93/13/CEE 
del  Consejo,  sobre  cláusulas  abusivas  en  contratos  celebrados  con  consumidores, 
vulnerándose con ello los principios de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial 
efectiva causante de indefensión. Y en su recurso de apelación, entre otras cuestiones, 
también planteó la existencia de prejudicialidad civil, que fue resulta en el fundamento 
jurídico  tercero  de  la  resolución,  la  litispendencia,  en  el  fundamento  cuatro,  y  su 
condición  de  consumidora  y  la  aplicación  de  la  Directiva  93/13/CEE,  igualmente 
resueltas,  en  el  fundamento  quinto.  Es  decir,  a  través  del  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones lo que pretendía la apelante era que la sala modificase su criterio en el 
análisis de las mismas cuestiones ya analizadas al resolver el recurso de apelación, a 
modo de una repetición o segunda apelación. Por lo que el incidente no cumplió el 
requisito de que las pretendidas vulneraciones no se hubieran podido denunciar antes, 
porque ya se atribuían a la resolución dictada por el juez de primera instancia.
j)  Como ha quedado referido, simultáneamente a la tramitación del procedimiento 
de ejecución, don José Matías Galán Cobo, procurador de los tribunales y de doña Maria 
Casadó Ferrer, actuando en representación de su hija, presentó el 16 de enero de 2015, 
demanda de procedimiento ordinario contra don Doménech Forns Casacuberta, que se 
registró como procedimiento ordinario 78-2015. En la demanda afirma que entre don 
Domenec Forns y don Miguel Ángel Pericas hubo un acuerdo de compensación de la 
cantidad de 23.433,87 € derivada de los honorarios devengados por el demandado por 
los servicios profesionales que prestó a don Miguel Ángel Pericas, de modo que el 
crédito que el demandante mantenía con el demandado era de 2.975,49 €. Al propio 
tiempo, considera que el demandado ha actuado de modo negligente en el ejercicio de 
sus deberes por la falta de entrega de documentación e información sobre la situación 
patrimonial real del difunto ocasionándole perjuicios, por lo que solicita que se condene 
al demandado al pago de la cantidad de 6.150,16 € más los intereses legales.
Dicha demanda fue desestimada por la sentencia de 27 de noviembre de 2017 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Granollers, en la que se indica que si bien en 
los procedimientos de jura de cuentas no existió impugnación de los honorarios por 
indebidos ni por excesivos, ello no impide que se pueda plantear su procedencia y 
adecuación.  La  sentencia  rechaza  que  los  honorarios  hayan  sido  parcialmente 
satisfechos  por  pago  o  compensación  y  fija  la  cantidad  adeudada  al  demandado 
en 23.433,87 €. También rechaza la acción por negligencia profesional del demandado al 
no acreditarse la negligencia ni el daño, y carecer doña Maria Casadó Ferrer de la 
debida legitimación, en la parte que reclama, ya que actúa en representación de su hija.
Por sentencia de 11 de abril de 2019 dictada por la Sección Primera de la Audiencia  s
Provincial de Barcelona, se estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por  oe.
la ahora demandante de amparo y se condenó al demandado a compensar la cantidad  w.
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precio de los encargos, si bien el precio del servicio fue aceptado en todos los casos
menos en uno por el deudor, y en el que no fue aceptado se corresponde con la 
actuación profesional realizada.
k)  Finalmente, el 7 de mayo de 2019, la recurrente de amparo presentó en el 
procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  núm.  1300-2015,  escrito  en  el  que 
alegaba nuevamente la nulidad del procedimiento ejecutivo. Refería que el «secretario 
judicial»  (sic)  conforme  a  la  STJUE  de  16  de  febrero  de  2017,  no  es  órgano 
jurisdiccional, de forma que es el juez de la ejecución el competente para examinar de 
oficio si es necesario el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual que figure 
en el contrato. Indica que el Juzgado no se molestó en estimar la existencia de pactos 
entre  las  partes,  y  subsidiariamente  la  excepción  de  excesivas,  con  infracción  del 
derecho a la tutela judicial efectiva. Añade que «atendiendo la juzgadora a los decretos 
de jura de cuentas como títulos ejecutivos ignorando la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea expuesta, con relación a la necesaria comprobación de las 
cláusulas abusivas, es decir, infringiendo el derecho de los consumidores aplicable a mi 
representada,  procede  estimar  la  nulidad  del  presente  procedimiento  judicial  de 
ejecución de títulos judiciales revocando el Auto de fecha 20 de junio de 2017».
Por diligencia de ordenación de 13 de junio de 2019, esto es, después de interpuesto 
el recurso de amparo, la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 5 de Granollers acordó formar pieza separada y por providencia de la 
misma fecha se acordó admitir a trámite el escrito por el que se insta la nulidad de 
actuaciones, no constando en los autos la resolución del mismo.
3.  La recurrente, dirige la demanda de amparo contra los seis decretos dictados los 
años 2014 y 2015 en los referidos procedimientos y contra el auto de 2 de febrero 
de 2018 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona que desestima el 
recurso de apelación interpuesto contra el auto de 20 de junio 2017 del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 5 de Granollers que desestima la oposición en el procedimiento 
de ejecución de títulos judiciales núm. 1300-2015.
En su recurso se exponen los antecedentes procesales de los que trae causa la 
demanda y a los que se ha hecho referencia en los dos apartados anteriores. Indica que 
las resoluciones frente a las que dirige la demanda han vulnerado los derechos y 
garantías del fallecido y de la recurrente como consumidores, y con ello lo dispuesto en 
la Directiva de consumidores y usuarios, así como los arts. 9.1 y 3, 10.2 y 24 CE, 
causando indefensión y vulnerando sus derechos de defensa, siendo relevante que el 
Tribunal  se  pronuncie  acerca  de  la  vulneración  de  las  normas  y  jurisprudencia 
internacional, resolviendo acerca de la infracción producida en el procedimiento de jura 
de cuentas al no amparar la revisión de oficio de cláusulas abusivas, con la consiguiente 
necesidad de modificación legislativa al efecto, en idéntico sentido a la introducida por el 
legislador en el procedimiento monitorio.
Afirma que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, habiendo causado 
indefensión,  y  el  derecho  a  un  proceso  con  las  debidas  garantías,  al  no  haberse 
controlado la abusividad en los procedimientos de jura de cuenta, dando lugar a un título 
judicial ejecutable, el cual ha conllevado a un proceso de ejecución que tampoco ha 
permitido,  por  tratarse  de  ejecución  de  títulos  judiciales,  el  control  de  abusividad 
establecido en la normativa y jurisprudencia europeas, y que, ante la inexistencia de 
contrato previo escrito entre letrado y cliente, bajo el amparo del art. 20.1 del Real 
Decreto Legislativo 1/2017 de 16 de noviembre debería haber dado lugar a una decisión 
distinta de haberse realizado el control de abusividad.
Finalmente termina solicitando que se declare la nulidad y se deje sin efecto las  e.
resoluciones  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  5  de  Granollers,  en  los  w.b
p2lor2 o4Pc-ee2nd0ai1ml4 ni,e úynm teo.n s2  l dade ed  ijGcutrraaad nado elele nrc seu;le  apnsrtoaí csce ondmúimom ieesnl.  tao2u 1at9ob- r2de0ev1 i2a4 d,d oe2  2nf0úe-mb2r.0e 14ro41 ,9d -e22 202210-912 80d 1ed4le ,J  ul2az2 gS3ae-d2co0c 1idó4en,    2020-4116n https://w
PJurizmgeardao  ddee  lPa riAmuedriae nIcnisat aPnrcoiav inncúiaml . d5e  dBea rGceralonnoall eyrs  edl icatuatdoo sd ee n2 0e l dper ojucendioim 2ie0n1t7o  ddeel 
ejecución de títulos judiciales núm. 1300-2015.
Asimismo solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 35 LEC en su actual 
redactado, incorporando el necesario control de abusividad previo a la admisión en el 
procedimiento de jura de cuentas de letrado.
4.  Mediante providencia de fecha 30 de septiembre de 2019, la Sección Segunda 
de este Tribunal admitió a trámite el recurso de amparo al apreciar que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la posible vulneración del 
derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de 
carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]. Acordó, al propio tiempo, dirigir comunicación 
a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona y al Juzgado de Primera 
Instancia  núm.  5  de  Granollers,  a  fin  de  que  en  el  plazo  de  diez  días  remitiese 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes respectivamente 
al recurso de apelación núm. 844-2017-B y al procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales núm. 1300-2015, debiendo emplazar a quienes hubieran sido parte en el 
proceso, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en plazo de diez días 
pudiesen comparecer, si así lo desearan.
5.  Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre de 2019, el procurador de 
los tribunales don Julián Caballero Aguado, solicitó que se le tuviera por personado en el 
procedimiento en nombre y representación de don Doménec Forns Casacuberta.
6.  Mediante diligencia de ordenación de 28 de octubre de 2019, la secretaría de 
Justicia de la Sección Segunda, tuvo por personado y parte en el procedimiento al 
procurador don Julián Caballero Aguado, en nombre y representación de don Doménec 
Forns Casacuberta. Asimismo se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las 
partes  personadas  y  al  Ministerio  Fiscal  por  veinte  días  para  que  presentaran  las 
alegaciones que estimaran convenientes, conforme determina el artículo 52.1 LOTC.
7.  Por escrito registrado el día 27 de noviembre de 2019, el procurador de los 
tribunales don Roberto Granizo Palomeque, se ratificó en las alegaciones vertidas en la 
demanda de amparo. Añade que en fecha 11 de abril de 2019 la Audiencia Provincial de 
Barcelona dictó sentencia en el recurso de apelación núm. 210-2018, y afirma que la 
sentencia ignora la normativa de protección de consumidores al infringir el art. 147 del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, por otorgar veracidad a lo manifestado por el letrado –
demandado en dicho procedimiento– frente a lo manifestado por el consumidor en el 
documento que se aportó relacionando los procedimientos y pagos realizados. Solicita 
que expresamente se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la retroacción de la 
actuaciones judiciales a fecha de interposición de los procedimientos de jura de cuentas, 
la necesidad del juzgado que recibe la demanda de jura de cuentas de analizar la 
abusividad de las cláusulas, y, la inversión de la carga de la prueba establecida en el 
art. 147 del Real Decreto Legislativo 1/2017 en todo proceso judicial entre un abogado y 
su cliente, cuando la relación se produce entre empresario y consumidor.
8.  Por escrito remitido el 29 de noviembre de 2019, don Julián Caballero Aguado en 
nombre y representación de don Domenech Forns Casacuberta, formuló alegaciones, 
solicitando la desestimación de la demanda de amparo.
Comienza su exposición rechazando la vulneración de derechos fundamentales, y 
negando  el  carácter  abusivo  de  ninguna  cláusula  contractual.  Detalla  la  relación 
profesional que vinculó al letrado con su cliente ya fallecido, y las razones por las que  e.e
considera que la representante de la menor tenía conocimiento del contenido de la  b
pccolráemussptauaclraieóscn,e  ard seyí   scaeolremvgioca iror ese.cn uR rleroicrs h loapszr oadc leeacd reiemxtioisestne tqnoucsei a d pdeue sj uiienrardo endfe efni nsc iuóaen nl,a taasr sgr eulacml aeamnbtauacsniiovdinode aqsdu  yed  enp oul daloos    2020-4116n https://ww
rheizvois,i ópne, speo ra  loq uqeu ee nlo slo dse cmreistmoso sd esvein iienrdoicna fbiram elas  pyo esjiebciluidtaadb ledse.  Ninote prpuoendeer  prreecteunrsdoe rdsee 
que los decretos sean nulos por haber sido dictados por el letrado de la administración
de justicia puesto que eran recurribles y revisables por el juez, pudiendo haber alegado 
la abusividad de las cláusulas y no lo hizo.
Añade que en los procedimientos de jura de cuentas la letrada de la administración 
de justicia examinó la documentación de la que traían causa las minutas y la corrección 
de la cuantía reclamada. Refiere que la jura de cuentas es una garantía para el deudor al 
cerciorarse  el  letrado  de  la  administración  de  justicia  de  que  los  servicios  se  han 
ejecutado  y  de  la  cuantía  de  los  mismos.  Ninguno  de  los  órganos  judiciales  que 
intervinieron, en las juras de cuentas, en la ejecución y en el procedimiento ordinario 
apreciaron la existencia de desequilibrio. No existió contrato escrito, ni cláusulas que no 
fueran negociadas individualmente, ni desequilibrio entre las prestaciones. Se reclama el 
examen de oficio de cláusulas que nunca han existido y añade que dos de los servicios 
anteriores prestados fueron ya satisfechos por el fallecido.
Refiere que la Audiencia Provincial, su Sección Primera, en el auto de 2 de febrero 
de 2018, dictado en el recurso de apelación 844-2017 contra el auto del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 5 de Granollers, examinó y desestimó de plano la existencia de 
posible  abusividad  de  las  cláusulas  contractuales.  En  el  procedimiento  ordinario 
núm. 78-2015 también se examinó el fondo de la deuda de honorarios y se descartó la 
abusividad. Añade que la propia ejecutada manifestó su voluntad de pago aplazado de la 
deuda y ha realizado ingresos mensuales.
9.  Por escrito presentado el día 3 de enero de 2020, el ministerio fiscal formuló 
alegaciones interesando el otorgamiento del amparo, que se reconozca la vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), y que se acuerde la 
nulidad de lo actuado desde el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de 
Granollers de 20 de junio de 2017, dictado en el procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales núm. 1300-2015.
El fiscal, tras hacer una exposición de los antecedentes procesales de los que trae 
causa el recurso de amparo, comienza destacando la dificultad que plantea el recurso 
para identificar los derechos fundamentales vulnerados o las resoluciones contra las que 
se dirige la demanda. En cuanto al objeto de la demanda entiende que se refiere a la 
providencia y al auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona en apelación y al 
auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  5  de  Granollers,  si  bien,  como  el 
procedimiento de ejecución tiene su origen en documentos judiciales, si estos adolecen 
de defectos en su constitución, la anulación puede alcanzarles en fase de ejecución. 
Recuerda que hasta la STC 34/2019, de 22 de mayo, en los procedimientos de jura de 
cuentas no era posible someter la decisión a revisión del juez. Considera que «el recurso 
yerra al hacer objeto del mismo todas las resoluciones, la cuestión debe dilucidarse en 
referencia a las dictadas, solamente, en el proceso ejecutivo». En relación con los 
derechos y principios que invoca, considera que la misma se debe concretar a la errónea 
motivación  de  las  resoluciones  judiciales,  tanto  del  auto  del  Juzgado  de  Primera 
Instancia  núm.  5  de  Granollers,  como  del  dictado  por  la  Audiencia  Provincial  en 
apelación, al no haber atendido la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
en  concreto  al  desatender  la  obligación  de  los  poderes  públicos  de  restablecer  el 
equilibrio entre las partes contratantes. Entiende por ello improcedente la petición de 
inconstitucionalidad  del  art.  35  LEC,  pues  la  falta  de  previsión  en  el  mismo  de  la 
obligación de revisar de oficio las cláusulas contractuales para eliminar el abuso, ya ha 
sido establecida por la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.
A continuación se refiere a la finalidad pretendida por la Directiva 93/12 CEE a través  e.
de la reproducción de sus considerandos y de sus preceptos, refiriendo que ha sido  w.b
elturxagisgaper uneacs iatlaas   mdaepe rdloaiba anUctneiói ónRn e daEelu  Drroeepfcoerraem.t oaE sLn efalegtgiiszilasal ateivtniov a q1su/ 2ep0 ae1rl7a ,c  oadndete ro1cul6 a ddre e e olnf iocoviroide emdneba rmlea isey n cthloáa u asd ualldaaoss    2020-4116n https://w
contEranctiteunadlees  qdueep eenld ep rdoec eudniam sieitnutaoc idóen  djuer ad edseig ucaulednatda se nttieren ela sr epaalirdteasd. propia, sin que
pueda aplicarse analógicamente la regulación del procedimiento monitorio. Afirma que
no es posible aplicar la doctrina pretendida por el recurrente, pues para considerar 
abusiva una cláusula es necesario que exista y en el procedimiento no hay constancia de 
que existiera contrato que no fuera meramente verbal por lo que es difícil poder hablar 
de abuso de una cláusula. Recuerda con extenso apoyo en la STC 34/2019 que el 
letrado de la administración de justicia no es un órgano jurisdiccional, puede dictar 
resoluciones, pero estas deben poderse revisar por el juez. En el caso de las juras de 
cuentas,  será  el  juez  de  la  ejecución  el  que  pueda  examinar  su  abusividad,  de 
conformidad con el apartado 42 de la STJUE de 16 de febrero de 2017.
Con sustento en lo anterior afirma  que  los órganos  judiciales desconocieron la 
pretensión de revisar la posible abusividad del contrato celebrado entre el abogado y el 
causante sr. Pericas, con infracción de la Directiva 93/13 CE. Entiende que la cuestión 
no debe resolverse tanto con arreglo a la doctrina del carácter revisable de las cláusulas, 
pues al no existir contrato difícilmente se puede hablar del abuso que las cláusulas 
puedan provocar en beneficio de quien ostenta una situación prevalente, sino que el 
problema  debe  resolverse  conforme  a  la  recurribilidad,  o  mejor,  al  control  de  las 
decisiones de los letrados de la administración de justicia por los jueces y tribunales en 
el procedimiento de ejecución. No cree que sea un obstáculo el hecho, cierto y real, de 
que no existan cláusulas abusivas, por tratarse seguramente de un pacto verbal, del que 
no queda reflejo escrito, pues sería tanto como permitir la revisión de una parte abusiva y 
denegar la revisión cuando el abuso puede residir en el todo, ya que en este caso 
además se da la circunstancia de que la demandada lo es por sustitución.
10.  Por providencia de fecha de 20 de febrero de 2020 se señaló para votación y 
fallo del presente recurso el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Pretensiones de las partes.
La recurrente de amparo impugna los seis decretos dictados entre los años 2014 
y 2015, en otros tantos procedimientos de juras de cuentas, tramitados por las letradas 
de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 y del Juzgado 
de lo Penal núm. 2 de Granollers, así como el auto de 2 de febrero de 2018 de la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona que desestima el recurso de 
apelación interpuesto contra el auto de 20 de junio de 2017 del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 5 de Granollers dictado en el procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales  núm.  1300-2015,  que  tiene  como  origen  la  ejecución  acumulada  de  los 
referidos decretos.
En la demanda se cuestiona la motivación de las resoluciones por no haber revisado 
la abusividad de la cláusulas del contrato celebrado con el letrado don Domenech Forns, 
desatendiendo las exigencias derivadas de la Directiva 93/13/CEE, y se invoca como 
vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva, sin indefensión, a un proceso con 
todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.1 y 2 CE), así 
como los arts. 9.1 y 3, 10.2 CE, en relación con los principios de legalidad y jerarquía 
normativa. Finalmente se solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 35 LEC, 
que regula el procedimiento de reclamación de honorarios de letrado.
Se  opone  a  ello  la  representación  de  don  Domenec  Forns  Casacuberta,  quien 
además de razonar sobre la validez del contrato y la corrección de las cantidades 
reclamadas, considera sustancialmente que no se alegó abusividad de las cláusulas en  es
los diferentes procedimientos de jura de cuentas, que éstos eran revisables en virtud de  bo
recurso de revisión sin que se instara por ésta vía su control por el órgano judicial, por lo  w
PqGauprroaeevn lailonoclcsilóei anrdls  e,d 8cee4r ex4Bat-oa2msr0 icn1aeó7llco  ayncn aodz,n eaetsrrnoae n se telif mli armóua tueodtz oead  .ep d Ilean2lnd  doicJe au la zfeq gbeuarxedei osrlo tae d ndSece ei ac2P c0rdii1óme8n e, p rPodasir ciimbItnaleesdr toaaa  nbedcuneias  ei vlla nid rúeaAmcduu .d rdise5eon   clddaieeas     OE-A-2020-4116able en https://w
cláusulas  contractuales.  Finalmente  considera  que  en  el  procedimiento  ordinario
núm. 78-2015 también se examinó el fondo de la deuda de honorarios y se descartó la 
abusividad. Añade que la propia ejecutada manifestó su voluntad de pago aplazado de la 
deuda y ha realizado ingresos mensuales.
Por su parte el ministerio fiscal, tras delimitar el objeto del proceso constitucional a 
los autos dictados en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 1300-2015 
y al derecho a la tutela judicial efectiva por no aplicar la Directiva 93/13/CEE, considera 
que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por los órganos 
judiciales al no haber revisado los decretos de los letrados de la administración de 
justicia en el procedimiento de ejecución.
2.  Delimitación del objeto del proceso.
En primer lugar procede delimitar el objeto del proceso, tanto en lo relativo a las 
resoluciones impugnadas como a los derechos invocados.
a)  La  recurrente  de  amparo  solicita  la  nulidad  por  vulnerar  diversos  derechos 
fundamentales y principios constitucionales de: (i) los seis procedimientos de reclamación 
de honorarios de letrado –procedimiento regulado en el art. 35 LEC–, que finalizaron por los 
decretos del letrado de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 5 de Granollers núms. 294-2014, de 24 de abril (procedimiento núm. 222-2014); 
293-2014, de 24 de abril (procedimiento núm. 224-2014); 615-2014, de 15 de octubre, 
(procedimiento núm. 219-2014); 38-2015, de 20 de enero (procedimiento núm. 223-2014); 
395-2015, de 19 de junio (procedimiento núm. 220-2014) y por el decreto del letrado de la 
administración de justicia del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Granollers de 1 de diciembre 
de 2014 (procedimiento abreviado núm. 419-2009); (ii) y, por otra parte, del auto de 2 de 
febrero de 2018 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona que 
desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 20 de junio 2017 del 
Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  5  de  Granollers  dictado  en  el  procedimiento  de 
ejecución de títulos judiciales núm. 1300-2015 cuyo objeto era la ejecución conjunta de los 
seis decretos antes indicados.
Debemos afirmar que con los seis decretos indicados, recaídos entre los años 2014 
y 2015, los procedimientos de jura de cuentas finalizaron y las eventuales vulneraciones 
producidas se consumaron, abriéndose en ese momento la posibilidad de acudir en 
amparo (STC 62/2009, de 9 de marzo, FJ 4) respetando los plazos establecidos en la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La demandante no interpuso demanda de 
amparo  frente  a  tales  decretos.  Fue  tres  años  después,  una  vez  finalizado  el 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 1300-2015, cuando al impugnar en 
amparo los autos dictados en este procedimiento, pretendió extender la demanda de 
amparo a tales decretos. Dicha impugnación no es posible al incurrir su pretensión en 
extemporaneidad  dado  el  tiempo  trascurrido  desde  que  tuvo  conocimiento  de  la 
finalización de los procedimientos de jura de cuentas.
Lo anterior no obsta a que la recurrente haya hecho uso del derecho a dirimir en el 
juicio  declarativo  correspondiente  o  de  hacer  valer  en  la  oposición  al  ulterior 
procedimiento  de  ejecución,  sus  pretensiones  frente  a  los  decretos  dictados.  Esta 
posibilidad  -defendida  ahora  a  través  de  la  demanda  de  amparo-  como  pone  de 
manifiesto el fiscal en sus alegaciones, puede incidir por vía indirecta en la validez de los 
decretos, en caso de que prospere el recurso de amparo y se considere que los órganos 
judiciales que llevaron a cabo la ejecución incumplieron –como afirma la recurrente– el 
deber de revisar la abusividad de las cláusulas contractuales, lo que a la postre, fruto de  s
la eventual revisión que efectuaran los órganos judiciales, podría dejar sin efecto lo que  oe.
fue declarado –sin valor de cosa juzgada– en los diversos procedimientos de jura de  w.
cpuroecnbet)ad sim.Eine ntloa  ddee emjeacnudcaió ns ed ec tuíteuslotiso njuad iclaia lemso ntiúvamc.i ó1n3 0d0e-2 0l1o5s , paourt ohsa bdeirc toamdoitsid oe tna leesl   2020-4116n https://w
resoluciones judiciales la revisión de la abusividad de las cláusulas del contrato de
arrendamiento  de  servicios  profesionales  celebrados  con  el  letrado  don  Domenech
Forns, desatendiendo con ello las exigencias derivadas de la Directiva 93/13/CEE. Se 
considera que dicha omisión ha vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva, sin 
indefensión, a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba 
pertinentes (art. 24.1 y 2 CE), así como los arts. 9.1 y 3, 10.2 CE, en relación con los 
principios de legalidad y jerarquía normativa.
Nuevamente debemos convenir con el ministerio fiscal que la queja derivada de la 
desatención del derecho de la Unión Europea y de las sentencias del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, tiene su encaje en la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), careciendo de autonomía, a los efectos del presente amparo, el 
resto de los derechos y principios invocados. En tal sentido, hemos afirmado que el 
desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido 
interpretada por el Tribunal de Justicia, al que alude la recurrente, puede suponer una 
selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso, lo cual puede dar 
lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 31/2019, de 28 de 
febrero, FJ 4).
3.  Requisitos de admisibilidad: prematuridad de la demanda.
Una vez delimitado el objeto de la demanda de amparo a la eventual vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la desatención del derecho de la 
Unión Europea en que han podido incurrir tanto el auto de 2 de febrero de 2018 de la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona que desestima el recurso de 
apelación  interpuesto  contra  el  auto  de  20  de  junio  2017  del  Juzgado  de  Primera 
Instancia núm. 5 de Granollers, como este último, y con carácter previo al examen de 
fondo  de  las  pretensiones  de  la  demanda  de  amparo  es  necesario  abordar  la 
concurrencia de la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa 
[art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC], por haberse simultaneado el presente 
recurso de amparo con un incidente de nulidad de actuaciones. No es obstáculo a este 
análisis que la demanda de amparo haya sido previamente admitida a trámite, ya que, 
como ha sido reiterado por este Tribunal, cabe abordar, incluso de oficio, la concurrencia 
de los presupuestos de viabilidad del amparo en fase de sentencia y, en caso de 
comprobar su incumplimiento, dictar un pronunciamiento de inadmisión del recurso o del 
motivo del recurso afectado por tal inobservancia (por todas, STC 41/2009, de 9 de 
febrero, FJ 2).
Este Tribunal ha puesto de manifiesto que la causa de inadmisión de falta de 
agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC] 
tiene su fundamento en la salvaguarda de la naturaleza subsidiaria del amparo, con el fin 
de evitar que este Tribunal se pronuncie sobre eventuales vulneraciones de derechos 
fundamentales  cuando  los  órganos  judiciales  tienen  todavía  la  ocasión  de 
reestablecerlos.  En  relación  con  ello,  se  ha  destacado  que  es  opuesto  al  carácter 
subsidiario de esta jurisdicción constitucional simultanear un recurso de amparo con otro 
recurso seguido en la vía judicial ordinaria, como ocurre cuando se inicia el proceso de 
amparo antes de que estén resueltos los recursos interpuestos contra la resolución 
judicial impugnada en aquella otra vía o cuando, una vez presentada la demanda de 
amparo, se reabre la vía judicial durante la pendencia del proceso de amparo, aunque la 
resolución final de la jurisdicción ordinaria sea finalmente desestimatoria (por todas, 
STC 99/2009, de 27 de abril, FJ 2).
En el presente caso, se ha advertido una vez recibidas las actuaciones judiciales,  s
pues nada se indicaba al respecto en la demanda de amparo, que tras serle notificada la  oe.
resolución judicial que impugna en este recurso de amparo –en concreto el 7 de mayo  w.
djpuerdo ic2ce0iad1lei9ms– i enlanú tmore .ec ju1er3cre0un0tivt-e2o 0.d 1Ee5n ,a  emuln pm aeirssomc proirt oer eseefinen rtóee  l qequnue ee el  lsp «oroslicceeictadrebimtaai reinonu tjoeu vddaiecmi aeeljn»et ce(us iclcai)ó  ncno udnliedfo atrídmtu edlo easl    2020-4116n https://w
la STJUE de 16 de febrero de 2017, no es órgano jurisdiccional, de forma que es el juez
de la ejecución el competente para examinar de oficio si es necesario el eventual
carácter abusivo de una cláusula contractual que figure en el contrato. En el incidente 
insiste en que el juzgado no se molestó en estimar la existencia de pactos entre las 
partes, y subsidiariamente la excepción de excesivas, con infracción del derecho a la 
tutela judicial efectiva. Añade que «atendiendo la Juzgadora a los decretos de jura de 
cuentas como títulos ejecutivos ignorando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea expuesta, con relación a la necesaria comprobación de las cláusulas 
abusivas,  es  decir,  infringiendo  el  derecho  de  los  consumidores  aplicable  a  mi 
representada,  procede  estimar  la  nulidad  del  presente  procedimiento  judicial  de 
ejecución de títulos judiciales revocando el auto de fecha 20 de junio de 2017» (sic). Ese 
incidente de nulidad interpuesto después de la interposición de la demanda, fue admitido 
por providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Granollers de 13 de junio 
de 2019, no constando en las actuaciones la resolución del mismo.
Todo  ello  pone  de  manifiesto  que  después  de  que  la  recurrente  formulara  su 
demanda de amparo reabrió la vía judicial previa, merced a un incidente de nulidad de 
actuaciones interpuesto tras de la formalización de la demanda de amparo, que admitido 
a trámite no consta que haya sido resuelto. Por tanto, el presente recurso de amparo 
debe ser inadmitido por falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en 
relación con el art. 44.1 a) LOTC], al haberse hecho coexistir con un incidente de nulidad 
de actuaciones no resuelto (STC 32/2010, de 8 de julio, FJ 2).
Expuesto  lo  anterior,  no  procede  examinar  las  consecuencias  que  para  la 
observancia del plazo de interposición del recurso de amparo (art. 44.2 LOTC), pudo 
tener la conducta procesal de la recurrente, que tras alegar en el recurso de apelación 
interpuesto  vulneraciones  de  derechos  fundamentales,  al  ser  estas  desestimadas, 
insistió en las mismas infracciones mediante la interposición de un incidente de nulidad 
(ATC 42/2010, de 12 de abril, FJ 2). En efecto, contra el auto de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de febrero de 2018, notificado el 9 de febrero, 
por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado 
de  Primera  Instancia  núm.  5  de  Granollers,  interpuso  un  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones en el que insistía en los mismos motivos expuestos en el recurso de 
apelación, y que fue inadmitido por providencia de la referida Sección de 6 de marzo 
de 2018 –notificada el 9 de marzo– precisamente por reiterar los argumentos esgrimidos 
en  su  recurso  de  apelación.  Frente  a  esta  providencia  interpuso  una  solicitud  de 
rectificación por no revestir forma de auto y por «resultar sorprendente» que no sean 
admitidos los incidentes de nulidad en los que se pretende una reconsideración de la 
decisión adoptada, y que fue nuevamente inadmitido por Auto de 23 de marzo de 2018 
[antecedente 2 i) y k)]. Finalmente presentó la demanda de amparo el 31 de mayo 
de 2018.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Inadmitir  el  recurso  de  amparo  núm.  3089-2018  formulado  por  doña  María  del 
Carmen Casadó Ferrer, en representación de su hija menor de edad.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». e.e
Dada en Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte.–Juan José González  ww.
MRievlagsa.r–.–AMndarréías  LuOisllae rBoa laTgausesra Craa.–lleSjaónnt.i–aFgiorm  aMdaor tyín reuzb-rVicaardeos  García.–Alfredo  Montoya  2020-4116n https://w