BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Lunes 6 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 48106
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7355 Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil y de bienes muebles II de Cádiz a inscribir una escritura 
de aumento de capital de una sociedad.
En el recurso interpuesto por don M. V. F., en nombre y representación de la 
sociedad «Cádiz Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva», contra la negativa del 
registrador Mercantil y de Bienes Muebles II de Cádiz, don Rafael Jesús Rojas Baena, a 
inscribir una escritura de aumento de capital de dicha sociedad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 29 de noviembre de 2017 por el notario de 
Cádiz, don Carlos Agustín Cabrera Barbosa, con el número de protocolo 2.393, la 
entidad «Cádiz Club de Fútbol, S.A.D.», elevó a público determinados acuerdos sociales 
de aumento de capital -en parte mediante compensación de créditos y en parte mediante 
aportaciones dinerarias- y suscripción de acciones en su ejecución (y se añade en la 
rúbrica de dicha escritura: «con el objetivo de cumplir el Real Decreto 1251/1999 de 16 
de julio sobre la fijación del nuevo capital social mínimo de las SAD por haber ascendido 
a categoría profesional»).
II
Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro Mercantil de Cádiz, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«El registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Diario/Asiento: 210/1346.
F. presentación: 04/11/2019.
Entrada: 1/2019/7.926,0.
Sociedad: Cádiz Club de Fútbol SAD.
Autorizante: Cabrera Barbosa, Carlos Agustín.
Protocolo: 2017/2393 de 29/11/2017.
Fundamentos de Derecho (defectos):
1.  No se acompaña el acta notarial de la junta general. Debe aportarse el acta  oe.
notarial para comprobar y calificar que efectivamente es acta notarial de junta de la  w.
prseeog rh utalaa nedtfaoe ,ce tnnuo al odnsoe  cAceortsríricteauc lotaaspm r1oe0bn1at ecy i óys nidg,e uamideáensmte eásx sdt redelem R oceosg mclaopmnrocebenartnor i esdin etele lR sr eeagq liuase tcrroeim leMiebenrratcoca iónantl i lN dyeo  qtuaunreiao,    2020-7355n https://ww
junta general que redunden en la validez de la misma (Arts. 103 y 105 del Reglamento
del Registro Mercantil, 203 de la Ley de Sociedades de Capital, Resoluciones de la  Bc
Dirección General de los Registros y del Notariado de 10-4-2001, 8-4-2012, 18-4-2012, 
29-1 1-2012 y 31-1-2018). Defecto subsanable.
2.  Dado que parte del aumento de capital se ha suscrito con cargo a compensación 
de créditos, en el anuncio de convocatoria de la junta general celebrada no se recoge el 
derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el informe 
de los administradores sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, 
la identidad de los aportantes, el número de acciones que hayan de emitirse y la cuantía 
del aumento, en el que se hará constar la concordancia de los datos relativos a los 
créditos con la contabilidad social; así como la certificación del auditor de cuentas de la 
sociedad, que acredite que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los 
datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar. Ese derecho 
incluye  el  de  pedir  la  entrega  o  envío  gratuito  de  dichos  documentos  al  socio 
(artículo 301 Ley de Sociedades de Capital). Se trata del incumplimiento del derecho 
mínimo de información del socio (artículo 93, d de la Ley de Sociedades de Capital), 
especialmente  previsto  y  regulado  para  el  supuesto  de  aumento  de  capital  por 
compensación de créditos en el artículo 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital. Como 
ha dicho la Dirección General de los Registros y Notariado, la referencia en el anuncio de 
convocatoria a los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital “no pueden 
suplir o englobar el especifico régimen legalmente establecido para la modificación de 
estatutos por aumento de capital por compensación de créditos sin desnaturalizar la 
exigencia legal del artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital que prevé un 
régimen específico ampliado para tal supuesto. Por otra parte, no cabe hacer una 
interpretación que permita tener por cumplidos los requisitos especialmente previstos por 
la Ley para la protección del derecho de información en supuestos especiales por la 
mera consignación de los requisitos previstos para supuestos generales. Sí la ley ha 
considerado necesario exigir requisitos especiales es, precisamente, porque considera 
que el derecho de impugnación no está debidamente protegido en tales supuestos por 
los  requisitos  generales  de  protección  (Resolución  de  la  Dirección  General  de  los 
Registros y Notariado de 28-1-2019). Defecto insubsanable.
3.  El plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente acordado por la 
junta general y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil por el presidente del 
consejo de administración, consistente en treinta días a partir de la publicación en el 
BORME de la aprobación del acuerdo de ampliación de capital, no se ajuste al plazo 
mínimo previsto por el artículo 305.2 de la Ley de Sociedades de Capital que exige un 
plazo no inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de 
nuevas acciones en el BORME. El computo de plazos debe de hacerse teniendo en 
cuenta que los designados por meses deben computarse de fecha a fecha (artículo 5.1 
del Código Civil) y según están designados en el calendario gregoriano (artículo 60 
Código de Comercio). Ello implica que el plazo de treinta días desde la publicación en 
BORME, llevado a cabo el día 23 de mayo de 2017, finaliza el día 21 de junio de 2017, 
cuando el plazo legal exigido de un mes desde la publicación supondría la finalización 
del plazo de suscripción preferente el día 23 de junio de 2017. Con ello se ha producido 
una limitación en el ejercicio de uno de los derechos mínimos del socio, como es el de 
suscripción preferente de nuevas acciones (artículo 93.b) de la Ley de Sociedades de 
Capital) e incluso a sus facultades de transmisión del mismo (artículo 306.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital). Defecto insubsanable.
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15.º del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad del cotitular del Registro. s
En relación con la presente calificación: (…) w.b
RojaCsá Bdaize, naa , 2R0e gdies trNaodvoire mMberreca dnetil  2y 0d1e9 B (ifeirnmeas  Mileugeibbllees)  dEel  Creágdisiztr aIId.»or D. Rafael Jesus
III
Contra la anterior nota de calificación, don M. V. F., en nombre y representación de la 
sociedad «Cádiz Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva», interpuso recurso el 
día 17 de diciembre de 2019 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Motivos de recurso.
Primero.–Acerca del error material del acto administrativo dictado en cuanto al plazo 
señalado para formular recurso.
La calificación realizada por el Sr. Registrador Mercantil contiene un error en cuanto 
al plazo para formular este recurso, pues se señala en el último párrafo de la calificación, 
que cabe interponer recurso en este Registro Mercantil para la DGRN en el plazo de 
quince días desde la fecha de notificación en los términos de los artículos y siguientes de 
la Ley Hipotecaría, cuando el párrafo segundo del artículo 326 de la norma indicada 
señala que el plazo para la interposición será de un mes y se computará desde la fecha 
de la notificación de la calificación conforme el Art 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Existe por tanto un error que afecta al contenido preceptuado en el Artículo 40.2 de la 
Ley  39/2015.  de  uno  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, que dice expresamente:
“2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la 
fecha  en  que  el  acto  haya  sido  dictado,  y  deberá  contener  el  texto  íntegro  de  la 
resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los 
recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que 
hubieran  de  presentarse  y  el  plazo  para  interponerlos,  sin  perjuicio  de  que  los 
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.”
Insistimos en que el plazo mencionado y contenido al efecto es erróneo y debe ser 
modificado al tratarse de un error material procediéndose a su subsanación en el plazo 
de los cinco días que la ley concede al Registrador del que ha emanado el acto, una vez 
recepcionado el presente recurso.
Segundo.–Antecedentes  del  contenido  del  acto  jurídico  del  que  se  solicita  la 
inscripción en el registro mercantil.
La  inscripción  de  la  escritura  de  elevación  a  público  de  acuerdos  sociales  de 
aumento de capital y suscripción otorgado por la sociedad anónima deportiva Cádiz Club 
de Fútbol, S.A.D. en el Registro Mercantil de Cádiz constituye la pretensión de mi 
representada.
El aumento de capital obedece a lo preceptuado en el Real Decreto 1251/1999, art, 
3.2, y exigido por el Consejo Superior de Deportes, respecto a la fijación del capital 
social  mínimo  de  las  sociedades  anónimas  deportivas  cuando  éstas  ascienden  de 
categoría profesional, fijándose un capital social mínimo de 2.383.672,39.–€ para la 
entidad Cádiz Club de Fútbol, SAD.
El  día  30  de  diciembre  de  2015  se  aprobó  en  Junta  General  Extraordinaria  el 
restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad Cádiz Club de Fútbol a través 
de  una  operación  simultánea  de  reducción  y  ampliación  de  capital,  mediante  la 
disminución del valor nominal de acciones ya existentes, y ampliando el capital por 
emisión  de  nuevas  acciones.  La  reducción  de  capital  propuesta  contenía  una 
disminución del valor nominal de acciones, pasando de un nominal de 30,05 euros a 1 
euro de valor nominal por cada acción. De otro lado, la ampliación de capital aprobó la  e.e
emisión de 958.958 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal, desde la numerada con  b
el 136.995 a la 1.095.952, ambas inclusive, a través de 3 fases de suscripción. Esta  55ww
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de 2017. El capital social quedó cifrado en 1.095.952 euros con idéntico número de 
acciones de un euro de valor nominal.
El día 19 de mayo de 2017, la entidad Cádiz Club de Fútbol, S.A.D. acordó en Junta 
General Extraordinaria la ampliación del capital social en 1.400.000 euros por emisión de 
nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas hasta alcanzar la cifra 
de 2.495.952 euros. Esta operación de ampliación de capital se llevó a cabo en tres 
fases, y en ellas, al igual que en la anterior operación de ampliación de capital, se 
admitió la modalidad de aportaciones no dinerarias por compensación de créditos.
Las tres fases señaladas se realizaron de la siguiente forma:
1.ª)  Una primera fase, de aumento de capital desde la aprobación de la ampliación 
en  la  Junta  General  Extraordinaria,  en  la  que  todos  los  accionistas  legitimados  y 
debidamente inscritos en el Libro Registro de Socios en el plazo de 30 días podrían 
realizar su suscripción en la cuenta designada a tal efecto por la Entidad. Verificados los 
ingresos  efectuados,  se  procedía  a  entregarles  los  resguardos  acreditativos  de  las 
suscripciones efectuadas.
2.ª)  Una  segunda  fase,  en  5  días  hábiles,  tenía  lugar  para  los  accionistas 
intervinientes en la primera fase, y por la regla de la prorrata, realizándose la publicación 
de las subsiguientes acciones que cada accionista podía suscribir.
3.ª)  Y una tercera fase, en la que se daba entrada en el capital social a todas 
aquellas personas físicas y jurídicas que tuvieran interés en entrar en el capital social de 
la entidad.
Se respetó íntegramente el derecho de suscripción preferente de los accionistas de 
la entidad, quedando el capital social aumentado en la cifra efectivamente suscrita.
Se  produjo  la  suscripción  y  desembolso  del  97,6366%  del  capital  emitido, 
conformando un total de 1.366.913 acciones suscritas y desembolsadas, quedando el 
objetivo de la ampliación ampliamente cubierto.
El aumento de capital fue íntegramente desembolsado en los términos previstos 
mediante aportaciones dineradas y compensación de créditos en los términos de la 
certificación que quedó anexa al protocolo de elevación a público del aumento de capital.
Posteriormente, el 29 de noviembre de 2017, se procedió a la elevación a público de 
los acuerdos para su presentación e inscripción en el Registro Mercantil, la cual ha sido 
sin embargo denegada y constituye la causa de este recurso.
Tercero.–De la calificación denegatoria anterior realizada por el Registro Mercantil de 
Cádiz.
El Registro Mercantil de Cádiz emitió con anterioridad a la calificación denegatoria 
actual  objeto  del  presente  recurso  una  anterior  calificación  denegatoria  del  mismo 
documento de escritura de aumento del capital y suscripción que se presentó el día 4 de 
diciembre de 2017 (…)
– Diario/Asiento N.º 202/683.
– Número de entrada 1/2017/8.389.
– Protocolo N.º 2.393 del Ilmo. Sr. notario don Carlos Agustín Cabrera.
La calificación denegatoria contenía el fundamento de derecho único del tenor literal 
siguiente que a continuación reproducimos:
“El plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente acordado en la Junta 
General y publicado en el BORME en cuanto a ‘primera fase de suscripción’ treinta días 
desde la aprobación del acuerdo 19 de mayo 2017)- no se ajusta al plazo mínimo exigido  s
por el artículo 305-2 de la Ley de Sociedades de Capital que dispone: ‘El plazo para el  oe.
ejercicio del derecho no podrá ser inferior a un mes desde la publicación del anuncio de  w.
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a  fecha  (artículo  5.5  del  Código  Civil)  y  según  están  designados  en  el  calendario
gregoriano (artículo 60 Código de Comercio).”
Si  bien  es  cierto  que,  aun  cuando  sea  el  mismo  documento  el  que  se  haya 
presentado a inscripción una vez haya caducado el asiento de presentación anterior, 
éste puede ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador puede mantener 
su  anterior  criterio  o  variarlo,  es  cierto  que  conforme  al  artículo  258.5  de  la  Ley 
Hipotecaria, la calificación ha de ser unitaria y global, de forma que el registrador debe 
extremar su celo para evitar que una sucesión de calificaciones relativas al mismo 
documento y a la misma presentación, genere una inseguridad jurídica en el rogante de 
su ministerio incompatible con la finalidad y eficacia del Registro.
Se trata del Principio de Seguridad Jurídica preservado en nuestra Constitución 
Española que ha de prevalecer frente a la legalidad de revisar los actos cuantas veces 
fuere necesario a los efectos de que las calificaciones no resulten tan discrepantes unas 
de otras, máxime cuando no se ha aportado documentación complementaria anexa 
alguna en esta última presentación del documento, ni tampoco ha sido requerida en la 
anterior ocasión.
Así, de esta forma, exponemos una parte de los fundamentos de Derecho contenidos 
en la Resolución de 21 de noviembre de 2018, que hace alusión a que, cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable, es exigible, según los principios básicos de 
todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos 
que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una 
motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado 
pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos 
jurídicos en los que se basa dicha calificación (Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 
de marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012 y 18 de 
noviembre de 2013, entre otras muchas).
Es  indudable  que,  de  este  modo,  serán  efectivas  las  garantías  del  interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador 
funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada, podrá alegar los fundamentos 
de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y 
razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución 
del recurso.
Cuarto.–Acerca  del  primer  defecto  observado  en  la  calificación  del  registrador 
mercantil de Cádiz. Calificado como defecto subsanable.
“1.–No se acompaña el acta notarial de la Junta. Debe aportarse el acta notarial para 
comprobar y calificar que efectivamente es acta notarial de Junta de la regulada en los 
Artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil y que, por tanto, no 
necesita aprobación, además de comprobar si el requerimiento ante Notario se ha 
efectuado correctamente y demás extremos concernientes a la celebración de una junta 
general que redunden en la validez de la misma (Arts., 103 y 105 del Reglamento de 
Registro Mercantil, 203 de la ley de sociedades de capital, Resoluciones de la Dirección 
General  de  Registros  y  del  Notariado  de  10-04-  2001,  08-04-2012,  18-04-2012, 
29-11-2012 y 31.01-2018). Defecto Subsanable.”
Tenemos  que  señalar  en  primer  lugar  que  el  defecto  ahora  rebatido  no  fue 
mencionado en la calificación realizada en 2007 [sic] (…)
Si bien se trata de un defecto que se califica como defecto subsanable, ningún 
elemento nuevo ni cambio de circunstancias ha propiciado la inclusión del mismo. No 
obstante, y en consonancia con lo ahora requerido en la presente Calificación (…) el 
Acta Notarial de la Junta que incluye además el requerimiento de presencia notarial para  e
Junta General de Accionistas, realizado el día 18 de mayo de 2017 e incorporado al  bo
protocolo n.º 982 del orden del infrascrito notario, don Carlos A. Cabrera Barbosa,  55ww
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Club de Fútbol, S.A.D.
En el protocolo señalado se incluyen los requisitos estatutarios de convocatoria y 
reunión conforme resulta de la escritura social de la entidad, constando la convocatoria 
de las juntas en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, que transcribimos literalmente:
“La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, 
por los liquidadores de la Sociedad. El Consejo de Administración convocará la Junta 
General siempre que lo considere necesario o conveniente para los intereses sociales y, 
en todo caso, en las fechas o períodos que determine la Ley y los presentes Estatutos. 
El Consejo de Administración deberá convocar la Junta General cuando lo soliciten uno 
o  varios  socios  que  representen,  el  menos,  el  cinco  por  ciento  del  capital  social, 
expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este caso, la Junta General deberá ser 
convocada para su celebración dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se 
hubiere requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla, debiendo 
incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de 
solicitud. La convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la 
reunión, el orden del día en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona 
o personas que realicen la convocatoria. La convocatoria contendrá, asimismo, todas las 
exigencias previstas en la Ley o en los presentes Estatutos. La Junta General será 
convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad, 
referida en el artículo 3 de los presentes Estatutos. Entre la convocatoria y la fecha para 
la celebración de la reunión de la Junta General deberá existir un plazo de al menos un 
mes. Queda a salvo lo establecido para el complemento de convocatoria. El anuncio de 
la convocatoria podrá hacerse constar, asimismo, la fecha en la que, si procediera, se 
reunirá  la  Junta  General  en  segunda  convocatoria.  Entre  la  primera  y  segunda 
convocatoria deberá mediar por lo menos un plazo de 24 horas. Los accionistas que 
representen al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un 
complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el 
orden  del  día.  El  ejercicio  de  este  derecho  deberá  hacerse  mediante  notificación 
fehaciente  que  habrá  de  recibirse  en  el  domicilio  social  dentro  de  los  cinco  días 
siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá 
publicarse en la página web corporativa de la sociedad referida en el artículo 3 de los 
presentes estatutos con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida 
para la reunión de la Junta General.”
Por su parte, el artículo 16 -Asistencia a las juntas- en su literalidad, dice:
“Podrán asistir a las Juntas Generales los accionistas que acrediten ser titulares de, 
al menos, 100 acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo 
en el Registro de Acciones nominativas de la Sociedad. Con este fin solicitarán y 
obtendrán desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la 
correspondiente Tarjeta de asistencia. Los titulares de acciones en número inferior al 
mínimo exigido por el párrafo anterior para la asistencia personal a las Juntas Generales 
podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido. Todo accionista que tenga derecho 
de asistencia podrá hacerse representar a la Junta General por medio de otra persona, 
aunque esta no sea accionista. Como excepción, cuando el derecho de asistencias se 
alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de 
los accionistas agrupados. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter 
especial  para  cada  junta.  Este  último  requisito  no  será  de  aplicación  cuando  el 
representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o en los  s
casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar  oe.
todo el patrimonio que el representado tenga en territorio español.” w.
adper 1oF8bu adederoo san b pproiulr b deleilc  Ca2d0oo1ns7s e, sjcoeo ndmdeoo A se dnam neiunl niDsctiiaroarsico idó dene  e laCn á csdoeinzsv ióconoc nac teiodleréibanr taitcadana tf oee cl eh8na  d,e ello  asBb OcriuRl adMleeE s2  0fnu1.eº7 r.o7 Yn3    2020-7355n https://ww
ello con el contenido para la junta general extraordinaria de accionistas a celebrar el
día 19 de mayo de 2017 a las 10 horas en primera convocatoria en la sede social de esta
Sociedad  sita  (…),  y  el  día  20  del  mismo  mes,  mismo  sitio  y  hora,  en  segunda 
convocatoria. Ambos anuncios constan protocolizados en el documento público que se 
acompaña al presente recurso clasificado con el numeral 4.
Todo ello conlleva la afirmación de que la Junta ha sido convocada con todos los 
requisitos legales y estatutarios.
Quinto.–Acerca del segundo defecto observado en la calificación denegatoria del 
registrador mercantil de Cádiz, calificado como defecto insubsanable.
“2.–Dado que parte del aumento de capital se ha suscrito con cargo a compensación 
de créditos, en el anuncio de convocatoria de la junta general celebrada no se recoge el 
derecho que corresponde a todos los socios de examinar en domicilio social el informe 
de los administradores sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar; 
la identidad de los aportantes, el número de acciones que haya de emitirse y la cuantía 
del aumento, en el que se hará constar la concordancia de los datos relativos a los 
créditos con la contabilidad social; así como la certificación del auditor de cuentas de la 
sociedad que acredite que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los 
datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar. Ese derecho 
incluye  el  de  pedir  la  entrega  o  envío  gratuito  de  dichos  documentos  al  socio 
(artículo 301 Ley de Sociedades de Capital). Se trata del incumplimiento del derecho 
mínimo de información del socio (artículo 93 d. de la Ley de Sociedades de Capital), 
especialmente  previsto  y  regulado  para  el  supuesto  de  aumento  de  capital  por 
compensación de créditos en el artículo 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital. Como 
ha dicho la Dirección General de los Registros y del Notariado, la referencia en el 
anuncio de convocatoria a los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital 
‘no  pueden  suplir  o  englobar  el  específico  régimen  legalmente  establecido  para  la 
modificación de estatutos por aumento de capital por compensación de créditos sin 
desnaturalizar Ja exigencia legal del artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital que 
prevé un régimen específico ampliado para tal supuesto. Por otra parte, no cabe hacer 
una  interpretación  que  permita  tener  por  cumplidos  los  requisitos  especialmente 
previstos  por  la  Ley  para  la  protección  del  derecho  de  información  en  supuestos 
especiales  por  la  mera  consignación  de  los  requisitos  previstos  para  supuestos 
generales.  Si  la  ley  ha  considerado  necesario  exigir  requisitos  especiales  es 
precisamente porque considera que el derecho de impugnación no está debidamente 
protegido en tales supuestos por los requisitos generales de protección (Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 28-02-2019).”
Tenemos  que  decir  en  primer  lugar  respecto  de  este  defecto  observado  en  la 
Calificación del Sr. Registrador Mercantil, que dicho defecto no había sido observado en 
la calificación realizada en el año 2017, coincidiendo con la primera presentación del 
protocolo notarial respecto del que se pretende su inscripción. Sin embargo, aparece el 
defecto ahora y calificado como insubsanable, tras haber procedido la entidad Cádiz 
Club de Fútbol, S.A.D. a presentar nuevamente a inscripción en el Registro Mercantil de 
Cádiz la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de aumento de capital y 
suscripción  de  fecha  29  de  noviembre  de  2017.  Consideramos,  dicho  sea  con  los 
debidos respetos, que se ha quebrantado el principio de seguridad jurídica, toda vez que 
las circunstancias obrantes en diciembre de 2017 son idénticas a las actuales.
Aun cuando la eficacia del acuerdo de ampliación de capital frente a la sociedad 
debe  reconocerse  desde  el  preciso  instante  en  que  dicho  acuerdo  está  ejecutado 
mediante la suscripción, desembolso y adjudicación de las nuevas acciones sociales, es  e
cierto que la inscripción en el Registro le confiere una presunción de exactitud que la  bo
entidad Cádiz Club de Fútbol, SAD no puede ni quiere obviar, ya que de la inscripción se  55ww
adcetroivsa  inqsucer itlooss  saosnie notpoosn irbelgeíss tara lteesrc qeuroesd adne sbdaejo s ula  psuablvliacagcuiaórnd ae nd ee l loBsO TRrMibuEn, ayle nso,  loses 
Rpeergjuisdtircoa.n los derechos de terceros de buena fe que confiaron en el contenido del
Volviendo a la calificación de este defecto, tenemos que afirmar, dicho sea con los 
debidos  respetos,  que  el  derecho  de  suscripción  y  de  información  al  socio  está 
completamente  salvaguardado  por  todas  las  cuestiones  que  enumeramos  a 
continuación:
– En primer lugar, porque en el Acta Notarial de la Junta que incluye el requerimiento 
de Presencia Notarial para Junta General de Accionistas, realizado el día 18 de mayo 
de 2014 (protocolo n.º 982) ante el notario don Carlos A. Cabrera Barbosa y Acta de la 
Junta, se incluye la convocatoria publicada en el BORME n.º 73 de 18 de abril de 2017 y 
en el periódico Diario de Cádiz con idéntica fecha, sendos anuncios de la convocatoria 
que fueron aprobados por el Consejo de Administración en sesión celebrada el 8 de abril 
de 2017.
En la convocatoria (…) se dice expresamente en el punto titulado “Documentación 
Disponible” lo que a continuación literalmente se transcribe:
“Documentación Disponible: De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 y 287 de la 
Ley  de  Sociedades  de  Capital.  A  partir  de  la  fecha  de  remisión  de  la  presente 
convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho solicitar y obtener de la sociedad 
de forma inmediata y gratuita, la entrega y/o envío de los documentos que han de ser 
sometidos a aprobación de la misma, Asimismo, los accionistas tendrán derecho a 
examinar dicha documentación en el domicilio social”
– A  continuación  de  lo  expresado,  en  la  propia  convocatoria  se  hace  expresa 
referencia a los Informes del Consejo de Administración respecto a los puntos del Orden 
del día, donde se dice expresamente:
“Los informes del Consejo de Administración respecto a los puntos del orden del día 
relativo a la ampliación de capital están a disposición de los accionistas en el domicilio 
social de la entidad, donde podrá ser examinado y obtener de forma inmediata y gratuita 
copia del mismo o solicitar el envío gratuito de dichos documentos”
– En segundo lugar, el Acta Notarial de la Junta contiene el Informe del Órgano de 
Administración (…) en el cual, de conformidad con lo previsto en los arts. 299 y 301 de la 
Ley  de  Sociedades  de  Capital,  además  de  contener  el  capítulo  correspondiente  a 
“Justificación y Descripción de la Ampliación del Capital Social”, se adjunta un Informe 
Anexo de Compensación de Créditos, que especifica y detalla que los que se suscribirán 
mediante la modalidad de compensación de créditos se corresponden con los saldos que 
refleja la contabilidad a favor de las compañías mercantiles:
– Grupo Atela Chiclana SLP.
– Estudio Legal Roca & Asociados Madrid, S.L.
– Alcabala Economistas, S.L.
Cuyos saldos ascendían a la cantidad de 75.000.–euros.
Ello consta igualmente en la propia escritura de elevación a público de acuerdos 
sociales de aumento de capital y suscripción otorgado por la sociedad Cádiz Club de 
Fútbol, SAD, cuya inscripción en el Registro Mercantil de Cádiz se pretende, en cuyo 
capítulo quinto, titulado “documentación aportada, complementaria y acreditativa” se 
incluye el Informe del Órgano de Administración sobre la ampliación de capital por 
compensación de créditos, el Informe Especial del Auditor sobre el mismo extremo, y la 
procedencia  de  los  créditos,  a  los  efectos  de  acreditar  las  fechas  en  que  fueron 
contraídos  dichos  créditos  que  se  compensan,  relacionándose  pues  los  créditos  e.e
contraídos por Grupo Atela Chiclana SLP, Estudio Legal Roca & Asociados Madrid, S.L.  b
y  Alcabala  Economistas,  S.L.,  que  proceden  de  las  cuentas  55100003,  55100004  55ww
y 55C1o0n0s0t0a5n. las fechas en que los citados créditos fueron contraídos, su concepto e
impoTrotdeo ins dliovsid uaacrliezeaddoor eas f,e cphoar  dtaen ctoie, rhrea nd eal cecjeedrcidicoio a 2 0c1o6m.pensar sus créditos de forma
unánime, no existiendo por tanto vulneración de ningún derecho.
– En  tercer  lugar,  y  a  efectos  de  dar  fiel  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el 
Artículo 301 de la LSC, se adjuntó Informe Certificación del Auditor de Cuentas Páez & 
Serrano Auditores. S.L.U. (…), quien acreditó que, una vez verificada la contabilidad 
social, resultan exactos los datos ofrecidos por el Consejo de Administración sobre los 
créditos a compensar, cuya naturaleza y características fueron descritos a continuación 
en  este  Informe  Anexo  que  mencionamos,  dejándose  expresa  constancia  de  la 
concordancia existente entre los datos relativos al crédito y la contabilidad social.
Señala el Tribunal Supremo en su Sentencia número 584/2006 de 9 junio, que: “La 
certificación del auditor, al que se reclama una declaración de coincidencia de los datos 
ofrecidos por los administradores y la contabilidad social, en ejercicio de una función en 
cierta medida similar a la que, en la valoración de aportaciones no dinerarias, se atribuye 
a los llamados expertos, cumple un importante papel en defensa de los intereses de los 
socios y los terceros (Resoluciones de la Dirección de los Registros y del Notariado 
de 15 de julio de 1992 (RJ 1992. 6537) y 11 de octubre de 1993 (RJ 1993, 7972))”
– Ha de señalarse en cuarto lugar, que los citados créditos tenían su origen en 
desembolsos para financiar necesidades de tesorería a corto plazo y se encuentran 
contabilizados en las cuentas de préstamos a corto plazo, concretamente en el epígrafe 
otros pasivos financieros del pasivo corriente del balance a 31 de diciembre de 2016. En 
base a lo expuesto, los créditos mencionados y cuyo importe total es de 75.000.–euros 
son líquidos, se encuentran vencidos y son exigibles en su totalidad.
– Lo cierto es que no se ha producido vulneración de ningún derecho de socios ni de 
terceros en el aumento de capital que fue elevado a público el día 27 de noviembre 
de 2017.
– A los efectos de rebatir con contundencia en el ámbito jurisprudencial lo afirmado 
en este defecto por parte del Registro Mercantil de Cádiz, mencionamos la Sentencia de 
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil. Sección 1.ª) Sentencia número 584/2006 de 9 junio, 
que en sus fundamentos de derecho, especifica lo siguiente:
“La modalidad de aumento del capital social en la que el contravalor está constituido 
por créditos contra la sociedad, permite a ésta aligerar su pasivo destinando las nuevas 
acciones emitidas como consecuencia de la ampliación a extinguir créditos existentes 
contra ella, adjudicándolas al acreedor o acreedores. Para que proceda un aumento del 
capital  social,  en  este  caso  simultáneo  a  su  reducción,  por  medio  de  la  llamada 
compensación de créditos es necesario, en primer término, que al menos un veinticinco 
por ciento de los derechos a canjear sean líquidos, vencidos y exigibles y que el 
vencimiento de los demás no supere los cinco años. Tal exigencia, contenida en la 
norma que la recurrente dice fue desconocida por el Tribunal de apelación, evidencia que 
la llamada compensación de créditos con acciones no coincide en sus requisitos con el 
subrogado del pago del mismo nombre que regula el Código Civil (Leg 1689, 27), y, en 
particular, que puede estar referida a créditos no vencidos y, por tal, no exigibles (en 
contra de lo que impone el artículo 1.196 del Código Civil, apartados 3.º y 4.º). Antes 
bien,  como  un  reflejo  de  las  reglas  sobre  suscripción  y  desembolso  inicial  mínimo 
(artículo 12 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas [RCL 1989, 2737 y 
RCL 1990, 206]), el artículo 156.1.a permite que un setenta y cinco por ciento de los 
créditos a canjear no tengan aquellas tres condiciones, con tal que el vencimiento de los 
mismos no supere los cinco años. Se trata de un crédito que ya entonces era líquido, 
cual corresponde a la determinación completa de su objeto y cuantía (dos millones de 
pesetas y su interés, a calcular según un tipo establecido). Y, con independencia de que 
fuera exigible o no en la fecha de capitalización, punto en lo que los Tribunales de las  e.
dos instancias discrepan, es lo cierto que su cuantía, puesta en relación con los demás  w.b
créditos que se dicen canjeados por otros socios, indiscutidamente tenidos por vencidos  55ww
my eexnicgiiobnleasd,a i mepstoanbele ccoen, sdideel rmarislom ion cmluoiddoo  eqnu ee l laam inpelixoi smteanrcgiean d dee d teotleerrmanincaiac iqóune a lcac neosromriaa 
saul preersipoer cat olo sim cpinidceo,  aeñno st.o Ldoo  ecxapsuoe, stcoa lcifoicnavrileor tec oemno i nsnoemceestaidroio  ae xpalmazinoa rd lea  rvaeznócnim pioern tlao 
que créditos de los otros socios, del mismo origen y naturaleza que el de las cesionarias
demandantes (según declaró la Audiencia: apartado segundo, letra C del fundamento de 
derecho cuarto de su sentencia), fueron calificados por los administradores y el auditor 
de cuentas como líquidos y exigibles y no lo fue el derecho cedido por D. Julián a sus 
hijas.”
– Mediante la modalidad del aumento por compensación de créditos se consigue la 
capitalización de una deuda y la consecuente extinción de los créditos de los acreedores 
frente a la sociedad, que disminuye el pasivo exigible de la Sociedad y aumenta el 
Patrimonio neto. Ello se articula como compensación de crédito y no como aportaciones 
dinerarias,  cuestión  doctrinal  consolidada  dentro  de  esa  DGRN  en  Resoluciones 
de 3-12-92: 24-12-97 y 26-02-2000.
La doctrina registral considera la compensación de los créditos existentes contra la 
propia sociedad como una especie de subcategoría de aumento de capital mediante 
aportaciones no dinerarias, pero en el ámbito de las sociedades de responsabilidad 
limitada, en las que se exige una serie de requisitos adicionales, cuales son especificar 
la  numeración  de  las  participaciones  que  corresponden  a  tales  aportaciones, 
distinguiéndolas de las participaciones atribuidas por las aportaciones en metálico. Dicha 
obligación de identificar la numeración de las participaciones sociales desembolsadas 
mediante  aportación  no  dineraria  puede  cumplirse  estableciendo  la  proporción  en 
relación con cada participación o participaciones sociales suscritas por cada socio, en 
que las mismas son desembolsadas con cargo a aportación dineraria y con cargo a 
aportación no dineraria.
En la práctica, el aumento por compensación de créditos se realiza mediante la 
emisión  de  nuevas  acciones  (como  es  nuestro  caso)  destinando  acciones  a  los 
acreedores que han consentido el canje de sus créditos por dichas acciones (todos, en 
nuestro caso). Las reglas singulares de este aumento de capital requieren unas reglas 
singulares relativas a la liquidez y exigibilidad de los créditos, así como a la verificación 
de su existencia contable.
Ha constado de forma clara el consentimiento de los acreedores, obrando en el 
Informe del Consejo de Administración y en el Informe de Auditoría que los créditos eran 
líquidos, vencidos y exigibles, circunstancia que respecto de la Sociedad Anónima se 
refiere al 25% de los créditos a compensar, no siendo el vencimiento de los restantes 
superior a cinco años. Toda obra completamente en el Informe de los Administradores y 
en la Certificación del Auditor.
Se han cumplido, pues, todas las formalidades exigidas en el artículo 301. 4 y 5 de la 
LSC, así como en los artículos 165. 166, 168.3 y 199.3 del Reglamento de Registro 
Mercantil.
Tanto el informe de los administradores como la certificación del Auditor se han 
puesto a disposición de los socios, constando en el anuncio de la convocatoria de la 
Junta General el derecho a examinar en el domicilio social dichos documentos, así como 
el de pedir su entrega o envío gratuito.
Sexto.–Acerca  del  tercer  defecto  observado  en  la  calificación  del  registrador 
mercantil de Cádiz, calificado como defecto insubsanable.
“3.–El plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente acordado por la 
junta general y publicado en el boletín oficial del registro mercantil por el presidente del 
consejo de administración, consistente en 30 días a partir de la publicación en el BORME 
de la aprobación del acuerdo de ampliación de capital, no se ajusta al plazo mínimo 
previsto por el artículo 305.2 de la Ley de Sociedades de Capital que exige un plazo no  e
inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas  bo
acciones en el BORME. El cómputo de plazos debe de hacerse teniendo en cuenta que  55ww
lyo ss edgeúsnig ensatdáons d peosrig mnaedsoess  edne beel nc acloemndpaurtiaor sgere dgeo rfieacnhoa ( aa rfteíccuhloa  6(a0r tC. 5ó.d1ig doe dl eC óCdoigmoe Crciivoi)l). 
cEallboo i melp 2li3c ad eq umea eyol  pdlea z2o0 1d7e  ftinreailniztaa  edlí a2s1  ddees jduen iola d peu 2b0li1ca7c, icóuna nedno e el l BpOlaRzoM lEe,g allel evaxidgaid ao 
de  un  mes  desde  la  publicación  supondría  la  finalización  del  plazo  de  suscripción
preferente el día 23 de junio de 2017. Con ello se ha producido una limitación en el 
ejercicio de uno de los derechos mínimos del socio, como es el de suscripción preferente 
de nuevas acciones (artículo 9.3 b) de la Ley de Sociedades de Capital) e incluso a sus 
facultades  de  transmisión  del  mismo  (artículo  306.2  de  la  Ley  de  Sociedades  de 
Capital).”
Es el único de los defectos coincidentes con la primera calificación realizada por el 
Sr. Registrador mercantil y que pasamos a recurrir a continuación.
Afirmamos con total rotundidad y dicho sea con los debidos respetos, que no ha 
existido vulneración alguna de los derechos de suscripción preferente de los socios. 
Prueba  evidente  de  lo  aseverado  es  que  la  suscripción  quedó  sin  completar.  La 
ampliación  de  capital  prevista  era  de  1.400.000  euros  habiéndose  suscrito  y 
desembolsado  1.366.913.–euros,  capital  social  en  que  quedó  ampliado.  Se  respetó 
íntegramente el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la entidad, 
quedando el capital social aumentado en la cifra efectivamente suscrita. Se produjo la 
suscripción  y  desembolso  del  97,6366%  del  capital  emitido,  conformando  un  total 
de 1.366.913 acciones las que se suscribieron y desembolsaron, con lo que el objetivo 
de la ampliación quedó ampliamente cubierto.
No  hay  que  olvidar  que  la  finalidad  del  derecho  de  suscripción  preferente  es 
garantizar  que  los  socios  no  vean  disminuido  su  porcentaje  de  participación  en  la 
sociedad como consecuencia de una ampliación de capital.
En nuestro caso y conforme a lo previsto en los artículos 304 y siguientes de la Ley 
de Sociedades de Capital, desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción 
de la nueva emisión en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil se dispuso de un mes 
para ejercitar el derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal 
de las acciones que posean o de las que corresponderían a los titulares de obligaciones 
convertibles de ejercitar en ese momento la facultad de conversión.
La sociedad no ha privado a ningún accionista del derecho a suscribir acciones, lo 
que ocurre es que hay accionistas que lo han ejercitado y accionistas que no, lo que 
implica  una  renuncia  del  accionista  y  no  una  merma  de  sus  derechos  como 
consecuencia de los acuerdos sociales aprobados. Se ha respetado escrupulosamente 
el derecho de información.
Entre  los  derechos  del  socio  recogidos  en  el  art.  93  LSC  se  encuentran  los 
siguientes:
1)  El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio 
resultante de la liquidación.
2)  El de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de 
suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles 
en acciones.
3)  El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos 
sociales.
4)  El de información.
La junta general de socios es soberana para adoptar el acuerdo de ampliación de 
capital cuando lo estime preciso, con arreglo al principio mayoritario que rige en las 
entidades mercantiles. Sólo si la operación de ampliación careciese realmente de una 
justificación suficiente que permitiera comprender su adopción por la necesaria mayoría 
del capital social, podría tener éxito una causa de impugnación sustentada en un posible 
intento de abuso de derecho. Desde luego este no es el caso, ya que ha quedado  e
completamente definido, tanto en la convocatoria, como en la elevación a público de los  bo
acuerdos sociales, que el motivo por el que se efectúa el aumento de capital es por la  55ww
eenxitgideandceias  cdoenptoerntiivdaas e (nd ee lf úRtbeoall)  Dqeucer esteo  edneclu ceunmtrpelnim eine nptroim deerl ac adpivitisailó sno.cial mínimo de las
desdOet rlaa  caudeosptcióiónn i mdep olortsa natceu ae rtdeonse rs oecni acleuse,n qtau ee sf uqeureo nh aa dtorapntasdcuorsr iedno  fdeocsh aa ñ1o9s d ye  mmeadyioo 
de 2017. La ley atribuye a los accionistas el derecho de suscripción preferente de las
acciones que les correspondan en los aumentos de capital, en la creación de nuevas 
participaciones o el de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de 
obligaciones convertibles en acciones. De manera más concreta, se les concede el 
derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones 
que posean (Art. 304 LSC). Pero, según el artículo 205.1 LSC. “la acción de impugnación 
de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto 
acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden 
público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá”.
El aumento de capital y suscripción fue elevado a público el día 27 de noviembre 
de 2017, habiendo tenido lugar la Junta General Extraordinaria el día 19 de mayo 
de 2017. La cronología, pues, de los plazos de impugnación de los acuerdos sociales en 
nuestro caso, rechaza de pleno cualquier vulneración de los derechos de suscripción 
preferente de los socios, ya que ha transcurrido más de 2 años y medio desde la fecha 
en que se tomaron los acuerdos en Junta General Extraordinaria y fueron ejecutadas las 
ampliaciones de capital que se relatan en los antecedentes tácticos de este Informe, 
conforme a las cuestiones planteadas. Y no sólo nos encontramos ante una cuestión de 
fondo, sino también de caducidad, pues el plazo para impugnar los acuerdos sociales 
adoptados concluyó como máximo el 19 de mayo de 2018, es decir, transcurrido un año 
desde la celebración de la Junta General Extraordinaria.
La cuestión controvertida que señala el registrador mercantil de Cádiz al emitir este 
defecto, calificado como insubsanable en su calificación, es el plazo de cumplimiento de 
un mes para salvaguardar los derechos de suscripción del socio, cuestión que manifiesta 
haberse incumplido por contener 31 días el mes de mayo, mes de publicación en el 
BORME del aumento de capital y suscripción. Sin embargo, tenemos que insistir en el 
hecho importante de que el aumento de capital no llegó ni tan siguiera a concretarse, ya 
que, insistimos el aumento de capital era de 1.400.000.–euros, habiéndose realizado la 
suscripción  y  desembolso  del  97.6366%  del  capital  emitido,  conformando  un  total 
de 1.366.913 acciones las que se suscribieron y desembolsaron íntegramente. Por tanto, 
no llegaron a cubrirse en su totalidad los derechos de suscripción preferente.
La segunda fase de la ampliación de capital estableció un período de cinco días 
hábiles en los que, por la regla de la prorrata, los socios pudieron suscribir nuevas 
acciones.  De  haber  habido  cuestiones  divergentes  y  controversias  derivadas  del 
cómputo inexacto de plazo en la primera fase, se hubieran suscitado en esta segunda 
fase, no habiendo existido ninguna polémica a este respecto. Por ello, entiende este 
Consejo de Administración que se trata de valorar esencialmente si se ha salvaguardado 
de forma completa la posición jurídica tanto de socios como de terceros.
La propia DGRN recoge supuestos extremos en que reconoce a cada socio el 
derecho de suscripción preferente, y en los que sin embargo ni tan siquiera consta el 
plazo y, por ende, la observancia del artículo 304 de la LSC por no señalarse el citado 
plazo. No ha de olvidarse que la validez de los acuerdos que puede adoptar la Junta 
General,  Ordinaria  o  Extraordinaria,  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias,  está 
condicionada, no sólo a lo que lo haya sido por mayoría legal o estatutariamente exigible, 
(en  nuestro  caso  fue  casi  unánime),  sino  que,  como  requisito  previo  a  la  válida 
celebración de la Junta, la previa convocatoria (art. 174 de la LSC) incluye en el orden 
del día “los asuntos a tratar”. Ello brinda a los socios un conocimiento perfecto de los 
asuntos sobre los que son llamados a pronunciarse, permitiéndoles en su consecuencia 
informarse y reflexionar sobre el sentido de su voto, decidir sobre la conveniencia o no 
de asistir a la reunión, y garantizarles, por otra parte, que no podrá tomar ninguna  s
decisión sobre asuntos de los que no se preveía deliberar ni adoptar acuerdo alguno. oe.
Si bien es cierto que el artículo 305 de la LSC afirma en su punto 2.º que “ el plazo  w.
para el ejercicio del derecho no podrá ser inferior a un mes desde la publicación del  55ww
annuuenvaciso  adcec iolan eosf eernta e ld Be oalestuínn cOiófinc iadle d elal sR neugeisvtraos  Mpearrctiacniptail cqiouneedsa no  sdaelv asguusacrrdipacdióons  ldoes 
dlae raemchpoliasc dióen s dues ccriappciitóanl  epsretafebrleecnitóe  udne  ploesr iosodcoi odse,  p5u deísa sp rheácbisilaems eennt elo lsa  qseugeu, npdoar  lfaa sree gdlae   BOE-A-cable e
de la prorrata, los socios pudieron suscribir nuevas acciones. Recalcamos nuevamente 
el hecho de que, de haber habido cuestiones divergentes o controversias de cualquier 
tipo, las mismas se hubieran suscitado en esta segunda fase, sin que hubiera existido 
ningún tipo de reclamación.
Es por este conjunto de cuestiones jurídicas analizadas por las que afirmamos que 
no  todos  los  incumplimientos  exactos  de  las  previsiones  legales  tienen  la  misma 
trascendencia, habida cuenta que de lo que se trata es de valorar esencialmente la 
salvaguarda de la posición jurídica de socios y terceros.
La doctrina de la DGRN (Resolución de 26 de julio de 2005), distingue entre los 
supuestos en que el incumplimiento de la previsión legal conlleva la nulidad de los 
acuerdos adoptados, de aquellos otros en los que, al no existir perjuicio para los socios o 
para otros terceros, no procede la nulidad. Y así, la Resolución de la DGRN mencionada 
se refiere a la evitación de los efectos devastadores de la nulidad si los derechos 
individuales del accionista no resultan dañados. Ello no es otra cosa que favorecer el 
principio de conservación de los actos jurídicos, evitando así graves inconvenientes y 
perjuicios que al final no van a reportar mayores garantías. En el caso de la Entidad que 
represento,  los  perjuicios  derivados  de  una  declaración  firme  de  denegación  de  la 
inscripción supondrían un coste importante, ya que conllevaría una nueva convocatoria 
de Junta General con las publicaciones y BORME que conllevan, así como movilizar a 
los socios de la entidad Cádiz Club de Fútbol. S.A.D.: y aún más importante sería el 
daño de imagen que la entidad Cádiz Club de Fútbol. S.A.D. tendría por la repercusión 
social de los actos no inscritos.
La entidad Cádiz Club de Fútbol, S.A.D. se encuentra actualmente en momento de 
recuperación, tanto desde el punto de vista económico como en lo deportivo, y esta parte 
tiene el fundado temor de que aparezca alguna cuestión formal como ésta que tratamos 
que dañe la propia imagen de la entidad o del propio Consejo de Administración que 
repercuta en la imagen y futuro de la misma, máxime cuando estamos convencidos de 
que ningún quebranto se ha producido para los socios ni para terceros adquirentes.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 
junio de 2008, que dice literalmente:
“No es transportable a las causas de nulidad de la LSA el precepto del art. 6.3 Cc, ni 
las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; y, además, incluso 
en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de 
apreciación de oficio de la nulidad plena (SS de 17 de enero y 12 de diciembre de 2000, 
3 de diciembre de 2001, 18 de junio de 2002, 27 de febrero de 2004 y 25 de septiembre 
de 2006)”
La doctrina, insistimos, que plasma en su Resolución de 26 de julio de 2005 la 
DGRN,  tiene  declarado  que  pueden  conservarse  aquellos  acuerdos  adoptados  aun 
cuando existan defectos no sustanciales en la convocatoria o adopción en la medida en 
que no lesionen ningún interés legítimo, facilitando la fluidez del tráfico jurídico y evitando 
la  reiteración  de  trámites  y  costes  innecesarios  que  no  proporcionen  garantías 
adicionales.
Y así:
“La falta de previsión en el acuerdo social del plazo para el ejercicio del derecho de 
suscripción preferente no puede tener la trascendencia que propone el Registrador pues 
ni ha impedido ni ha limitado el ejercicio del derecho de suscripción preferente por el  s
socio ausente. El órgano de administración ha notificado el acuerdo de aumento y el  oe.
subsiguiente derecho de suscripción preferente al socio ausente quien ha recibido la  w.
notifAiccaocmiópna.”ñamos (…) una certificación extendida por el Consejo de Administración  2020-7355n https://ww
rseoscpioe cptoo rd lea  lsoesd deí adse l2 2c luyb 2 p3a drae  jeujneiroc itdaer  2c0u1a7lq,u cieorm dpererencshivoa  ddee  squusec rnipoc iaópna rnei cpióre ngiunngtúanr   BOE-A-cable e
sobre ninguna cuestión atinente al aumento de capital. Esta cuestión, unida perjuicio 
evidente que causaría la no inscripción en el Registro Mercantil, ayudarán sin duda a la 
obtención de una resolución estimatoria de las pretensiones del Cádiz Club de Fútbol, 
Sociedad Anónima Deportiva.»
IV
Mediante escrito, de fecha 8 de enero de 2020, el registrador Mercantil emitió informe 
y elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 5.1 del Código Civil; 18 y 61 del Código de Comercio; 93, 174, 
196, 197, 204, 204, 287 y 301 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 3 y 322 y 
siguientes de la Ley Hipotecaria; 108 del Reglamento Hipotecario; 5, 6, 59 y 195 del 
Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre 
de 2000, 30 de enero y 20 de julio de 2001, 22 de mayo de 2002, 12 de noviembre 
de 2003, 29 de marzo de 2005, 13 de febrero y 20 de septiembre de 2006, 22 de febrero 
de 2007, 26 de julio de 2010, 13 de diciembre de 2012 y 26 de noviembre de 2014, y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2, 3 y 19 de 
agosto de 1993, 7 y 14 de marzo y 3 de abril de 1997, 9 de enero de 1998, 24 de 
noviembre de 1999, 18 de mayo, 8 de junio y 20 de julio de 2001, 16 de noviembre 
de 2002, 9 de mayo y 2 de junio de 2003, 14 y 29 de marzo y 8 y 26 de julio de 2005, 13 
de febrero y 20 de septiembre de 2006, 18 de abril de 2007, 8 de febrero, 23 de abril 
y 29 de noviembre de 2012, 20 y 30 de mayo y 24 y 28 de octubre de 2013, 18 de 
febrero y 29 de septiembre de 2015, 2 de septiembre de 2016, 24 de marzo de 2017, 28 
de febrero de 2018 y 25 y 28 de enero de 2019.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  impugnada  se  elevaron  a  público 
determinados acuerdos adoptados el día 19 de mayo de 2017 por la junta general de la 
entidad «Cádiz Club de Fútbol, S.A.D.», de aumento de capital -en parte mediante 
compensación de créditos y en parte mediante aportaciones dinerarias- y suscripción de 
acciones en su ejecución (se añade en la rúbrica de dicha escritura: «con el objetivo de 
cumplir el Real Decreto 1251/1999 de 16 de julio sobre la fijación del nuevo capital social 
mínimo de las SAD por haber ascendido a categoría profesional»).
2.  Antes de examinar el fondo del recurso, es preciso analizar previamente varias 
cuestiones de índole procedimental planteadas por el recurrente.
La primera es relativa a un posible error en la notificación de la calificación, pues 
según afirma el recurrente en la misma se señala que cabe interponer recurso en el 
plazo de quince días desde la fecha de notificación, cuando el artículo 326 de la Ley 
Hipotecaria establece que el plazo para la interposición del recurso será de un mes. El 
registrador, en su informe, indica que el documento que se acompaña al recurso como 
calificación carece de firma y no se corresponde exactamente con la notificación de la 
calificación registral extendida al pie del documento, señalando además el registrador 
que en ésta aparece el plazo de un mes. Se trata de una cuestión que no tiene 
relevancia, pues el recurso se ha interpuesto claramente en plazo.
En segundo lugar, se indica en el recurso que al mismo se acompañan algunos 
documentos que no fueron aportados inicialmente, que por ello no se emplearon para  e.e
emitir la calificación y el registrador, por tanto, no pudo examinar en tiempo y forma. Y a  b
tal fin debe indicarse, respecto de tales documentos aportados extemporáneamente,  55ww
qeuxcel,u scivoanmfoermntee  saolb raer tlíacsu lcou e3s2ti6o nedse  qulae  sLee yr elHacipioonteecna driiare, cetal  er eincmuresdoi atdaembeenráte  rceocna elar 
cmaolitfiivcoasc ióon e nd edlo creugmisetnratodso rn, or epcrheaszeánntaddoosse  ecnu atileqmuipeor  yo tfroar mpare. tPenosr ióconn sbiagsuaiednat ee, nn oo thraons 
de ser tenidos en cuenta ninguno de aquellos documentos que acompañen al escrito –
según se indica en el informe del registrador, meras fotocopias-, y no se presentaron al 
inicio del procedimiento registral que culminó con la calificación que ahora se recurre.
Por  último  y  en  lo  referente  a  la  alegación  por  parte  del  recurrente  sobre  el 
incumplimiento de la obligación de realizar una calificación global y unitaria, es cierto que 
la calificación ha de tener tal carácter (artículos 258.5 de la Ley Hipotecaria y 59.1 del 
Reglamento del Registro Mercantil), por lo que el registrador debe extremar su celo para 
evitar que una sucesión de calificaciones relativas al mismo documento y a la misma 
presentación genere una inseguridad jurídica en el rogante de su función incompatible 
con la finalidad y eficacia del Registro de la Propiedad. Pero también tiene declarado la 
Dirección General de los Registros y del Notariado que las consideraciones anteriores no 
pueden prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del sistema registral como 
es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que 
se  observen  aun  cuando  sea  extemporáneamente  (vid.  Resoluciones  de  12  de 
noviembre de 2001, 28 de diciembre de 2004, 2 de abril y 18 de noviembre de 2005, 5 
de marzo de 2014, 4 de octubre de 2017 y 13 de febrero de 2019). Por otra parte, 
caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el artículo 108 del 
Reglamento Hipotecario permite volver a presentar dichos títulos que pueden ser objeto 
de una nueva calificación, en la que el registrador -él mismo, o quien le suceda en el 
cargo- puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo.
Como ha reiterado asimismo la Dirección General de los Registros y del Notariado, el 
registrador,  al  llevar  a  cabo  el  ejercicio  de  su  competencia  calificadora  de  los 
documentos presentados a inscripción, no está vinculado por las calificaciones llevadas 
a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación 
de la misma documentación, y ello por aplicación del principio de independencia en ese 
ejercicio de su función. Caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y, 
de la misma forma que el registrador no puede tener en cuenta en modo alguno títulos 
con asiento de presentación caducado para calificar, ni siquiera para lograr un mayor 
acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede verse vinculado por las 
calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva, la nueva 
presentación significa el inicio -«ex novo»- de todo el procedimiento registral, como ha 
sucedido en el presente caso entre las distintas notas de calificación emitidas por el 
registrador (cfr. Resoluciones de 5 de marzo de 2014, 1 de abril, 5 de junio y 7 de 
septiembre de 2015 y 2 de noviembre de 2016).
Ahora bien, en este caso junto a la escritura calificada no se presentó el acta notarial 
de junta y la calificación tiene bien presente la doctrina de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado reiterada en la Resolución de 28 de enero de 2019, entre otras, 
por lo que no cabe abundar tampoco más en esta cuestión.
3.  En cuanto al fondo del recurso, según el primero de los defectos expresados por 
el registrador, debe aportarse el acta notarial de la junta general para comprobar y 
calificar que se trata de una de las actas de las reguladas en los artículos 101 y 
siguientes  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil  y  que,  por  tanto,  no  necesita 
aprobación,  además  de  comprobar  si  el  requerimiento  al  notario  se  ha  efectuado 
correctamente y demás extremos concernientes a la celebración de la junta general que 
redunden en la validez de la misma.
Sobre esta cuestión, la noticia que ofrece el informe sobre el hecho de acompañarse 
al escrito de interposición del recurso una mera fotocopia del acta en cuestión y que por 
tanto -y en forma autentica- no habría sido presentada en tiempo y forma para ser 
calificada, hacen innecesarias mayores precisiones; indudablemente, debe aplicarse el  s
principio de titulación auténtica que recogen los artículos 3 de la Ley Hipotecaria, 18 del  oe.
Código de Comercio y 5 del Reglamento del Registro Mercantil, y unas fotocopias  w.
quedan lejos de cumplir tal exigencia, por lo que el primer defecto ha de ser confirmado. 55ww
encu4a. drLaa d epnrotrbol edmelá dtiecare cqhuoe  dpel ainnftoeram ealc idóenf edcet olo ss eagcucniodnois dtaes  l(am ánso tean d ceo nccarleifticoa scoióbnre s lea 
aplicación del artículo 301, apartados 2 y 4, de la Ley de Sociedades de Capital y sus
especiales exigencias formales respecto de la convocatoria de la junta en determinados 
casos).
Este defecto se formula en los términos siguientes: «Dado que parte del aumento de 
capital  se  ha  suscrito  con  cargo  a  compensación  de  créditos,  en  el  anuncio  de 
convocatoria de la junta general no se recoge el derecho que corresponde a todos los 
socios de examinar en el domicilio social el informe de los administradores sobre la 
naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, 
el número de acciones que hayan de emitirse y la cuantía del aumento, en el que se hará 
constar la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social; 
así como la certificación del auditor de cuentas de la sociedad, que acredite que, una vez 
verificada  la  contabilidad  social,  resultan  exactos  los  datos  ofrecidos  por  los 
administradores sobre los créditos a compensar. Ese derecho incluye el de pedir la 
entrega o envío gratuito de dichos documentos al socio (artículo 301 Ley de Sociedades 
de Capital). Se trata del incumplimiento del derecho mínimo de información del socio 
(artículo 93, d de la Ley de Sociedades de Capital), especialmente previsto y regulado 
para  el  supuesto  de  aumento  de  capital  por  compensación  de  créditos  en  el 
artículo 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital. Como ha dicho la Dirección General 
de  los  Registros  y  Notariado,  la  referencia  en  el  anuncio  de  convocatoria  a  los 
artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital “no pueden suplir o englobar el 
especifico régimen legalmente establecido para la modificación de estatutos por aumento 
de  capital  por  compensación  de  créditos  sin  desnaturalizar  la  exigencia  legal  del 
artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital que prevé un régimen específico 
ampliado para tal supuesto. Por otra parte, no cabe hacer una interpretación que permita 
tener por cumplidos los requisitos especialmente previstos por la Ley para la protección 
del derecho de información en supuestos especiales por la mera consignación de los 
requisitos previstos para supuestos generales. Sí la ley ha considerado necesario exigir 
requisitos  especiales  es,  precisamente,  porque  considera  que  el  derecho  de 
impugnación  no  está  debidamente  protegido  en  tales  supuestos  por  los  requisitos 
generales  de  protección  (Resolución  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y 
Notariado de 28-1-2019)».
Sobre esta cuestión la Dirección General de los Registros y del Notariado se ha 
pronunciado en distintas ocasiones, poniendo de relieve la trascendencia que el derecho 
de información tiene en el ámbito de la regularidad de los acuerdos adoptados por una 
junta general y perfilando una doctrina que por ser de plena aplicación al presente 
supuesto de hecho no cabe sino reiterar.
El texto de la convocatoria de la junta general cuyos acuerdos son objeto de la 
calificación impugnada en este recurso es el siguiente: «Documentación disponible: De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a 
partir de la fecha de remisión de la presente convocatoria, los señores accionistas 
tendrán derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la 
entrega y/o envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la 
misma. Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar dicha documentación en 
el domicilio social. Los informes del consejo de administración respecto a los puntos del 
orden del día relativo a la ampliación de capital estarán a disposición de los accionistas 
en el domicilio social de la entidad, donde podrá ser examinado y obtener de forma 
inmediata y gratuita copia del mismo o solicitar el envío gratuito de dichos documentos».
Y el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital (Aumento por compensación de 
créditos), dispone lo siguiente: «(…) 2. Al tiempo de la convocatoria de la junta general  s
se pondrá a disposición de los socios en el domicilio social un informe del órgano de  oe.
administración sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la  w.
identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales o de acciones que  55ww
hcoanyastna rd lea  ccroenacrosred aon ecmiai tdires elo sy  dlaa tcousa rnetlíaat idvoesl  aau lmose nctroé,d ietons e cl oqnu ela  ecxopnrteasbailmidaedn tseo sceia lh (a.r..á) 
4q.u eE nc oerlr easnpuonncdioe  dae  tcoodnovso lcoast osroiac iodse  dlae  juenxtaam gineanre reanl,  edle dboemráic hilaioc esrosceia cl oenl sitnafro reml ed edree clhoos   BOE-A-cable e
administradores y, en el caso de sociedades anónimas, la certificación del auditor de 
cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos».
El derecho de información ha sido configurado por la jurisprudencia (vid. Sentencias 
citadas en «Vistos»), como un derecho esencial, instrumental respecto del derecho de 
voto, imperativo e irrenunciable, que se tiene como consecuencia de la condición de 
socio. Tal derecho permite al socio actuar de forma efectiva en el seguimiento de la 
marcha de la gestión social, controlar las decisiones del órgano de administración, actuar 
en defensa de sus intereses y tener conocimiento preciso de los puntos sometidos a 
aprobación de la junta, posibilitando una emisión consciente y reflexionada del voto. Este 
derecho  se  concreta  en  la  obligación  de  la  sociedad  de  proporcionar  datos  y 
aclaraciones relativas a los asuntos comprendidos en el orden del día (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2002, 12 de noviembre de 2003 y 22 de febrero 
de 2007).
Desde esta última perspectiva, la Dirección General de los Registros y del Notariado 
ha reiterado en numerosas ocasiones (vid., por todas, Resoluciones de 29 de noviembre 
de 2012 y 28 de enero de 2019) que el derecho de información de los accionistas o 
socios,  en  cuanto  unitario,  determina  que  la  ausencia  o  falta  de  alguno  de  los 
requerimientos que debe comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por 
el especial rigor con que se pronuncia el legislador, la omisión total o parcial de todos o 
algunos de los requerimientos que conforman el derecho de información implica un vicio 
de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar 
(Resolución de 16 de noviembre de 2002, entre otras muchas). Es precisamente el 
carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del accionista o socio el que ha 
provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la necesidad 
de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente 
que en caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (por 
todas, Resolución de 8 de julio de 2005).
Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, la Dirección General de los Registros 
y del Notariado ha afirmado que tan rigurosa doctrina debe mitigarse en ocasiones, por 
lo  que,  debido  a  los  efectos  devastadores  de  la  nulidad,  los  defectos  meramente 
formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los 
derechos individuales del accionista o socio (Resolución de 8 de febrero de 2012). 
Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos la consideración de que 
es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos, la necesidad 
de que el tráfico jurídico fluya sin presiones formales injustificadas y la idea de que debe 
evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan 
el  normal  funcionamiento  de  las  empresas  (vid.  Resoluciones  de  2  y  3  de  agosto 
de 1993, 26 de julio de 2005, 29 de noviembre 2012, 29 de septiembre de 2015, 28 de 
febrero de 2018 y 25 y 28 de enero de 2019). Siempre partiendo de la base de que los 
derechos individuales del accionista no sufran una merma en condiciones tales que 
puedan considerarse postergados ni resulte de forma indiscutible que los accionistas o 
socios minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones 
estas que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se 
aleje de la rigurosa tradicional del mencionado Centro Directivo (Resolución 20 de mayo 
de 2013).
Esta última consideración exige que la situación de hecho sea objeto de análisis 
pormenorizado para determinar si los derechos individuales de los socios llamados a 
reunirse en junta y, en su caso, expresar su voluntad mediante el ejercicio del derecho de  s
voto, han sido violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no  oe.
admita corrección derivada de las circunstancias concurrentes. En esta línea ese Centro  w.
Directivo ha considerado que para que así sea deben concurrir en la situación de hechos  55ww
uconnac lsuesrióien  ddee  qcuirec unnos thaan ceixaiss tiqduoe u npae rvmioitlaacni,ó ne nin asdum  aispibrelec idaec iólons  cdoenrejucnhtoas,  ilnledgivaidr uaa lelas 
mdee rloasm esoncteio fso r(mRaels odleu cloiósn  ddeefe 2c0to sd ed em caoynov doec a2to0r1ia3;) .s Cu irecsucnasstaa nrceilaesv acnocmiao  elan  nrealtaucriaólne zaal   BOE-A-cable e
conjunto de la convocatoria; el hecho de que el derecho de información haya sido 
respetado si bien insuficientemente en la convocatoria (Resolución de 24 de octubre 
de 2013); que el contenido del derecho de información se haya reflejado con la debida 
claridad aunque insuficientemente (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo 
de  2005  y  20  de  septiembre  de  2006  y  Resolución  de  23  de  abril  de  2012);  la 
consideración  de  que  la  omisión  de  uno  de  los  medios  de  hacerlo  efectivo 
(concretamente,  en  este  caso,  la  posibilidad  de  solicitar  el  envío  gratuito  de  los 
documentos) no implica «per se» una privación del mismo pues, como afirma el Tribunal 
Supremo,  el  anuncio  tiene  un  carácter  meramente  funcional  al  ser  el  derecho  de 
información de atribución legal (Sentencia de 13 de febrero de 2006 y Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de septiembre de 2015); o 
incluso la circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser alterado en 
una nueva junta (Resolución de 24 de octubre de 2013, entre otras).
Esta  doctrina  ha  recibido  el  respaldo  legal  como  resulta  de  las  modificaciones 
introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, que permiten sostener la doctrina expuesta. De acuerdo con 
dicha  reforma  (artículo  204.3  del  texto  refundido),  no  procede  la  impugnación  de 
acuerdos  sociales  por  «la  infracción  de  requisitos  meramente  procedimentales 
establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la 
convocatoria (…)» salvo que se refieran a la «forma y plazo» para llevarla a cabo. El 
propio  precepto  permite  corregir  una  aplicación  indiscriminada  de  tales  postulados 
añadiendo que son impugnables los acuerdos cuando se hayan infringido requisitos que 
por  su  naturaleza  puedan  ser  considerados  relevantes,  determinantes  o  esenciales 
circunstancia que debe resolverse incidentalmente con carácter previo al conocimiento 
del fondo del asunto (artículo 204 «in fine»). En definitiva, como se afirma más arriba y 
por lo que se refiere al objeto de este expediente, son las circunstancias concurrentes en 
el supuesto de hecho concreto las que han de permitir determinar si el derecho de 
información  de  los  socios  ha  sido  o  no  cumplimentado  en  términos  tales  que  los 
derechos individuales de los socios hayan recibido el trato previsto en la Ley.
5.  En el supuesto al que se refiere el presente recurso el texto de la convocatoria 
de la junta general, respecto del derecho de información se refiere a los derechos que 
confieren los artículos 272.2 de la de la Ley de Sociedades de Capital relativo a la 
aprobación de las cuentas anuales y 287 en lo que se refiere a la modificación de 
estatutos. La cuestión se centra en el hecho de que el anuncio de convocatoria no hace 
referencia explícita alguna a los apartados 2 y 4 del artículo 301 de la Ley de Sociedades 
de Capital, para el caso de aumento de capital por compensación de créditos, conforme 
a los cuales el anuncio de convocatoria debe expresar el derecho de los socios a 
examinar el informe del órgano de administración sobre los extremos a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo y la certificación del auditor de cuentas, así como pedir la 
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
El  recurrente  alega  que  la  omisión  queda  salvada  por  la  mención  del  derecho 
reconocido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital a obtener los 
documentos que se sometan a la aprobación de la junta así como la referencia al 
derecho de examinar y obtener los «informes del Consejo de Administración respecto a 
los puntos del orden del día relativo a la ampliación de capital».
Estas referencias que legalmente vienen referidas al supuesto de convocatoria para 
la aprobación de cuentas anuales o al específico de convocatoria en la que se proponga 
la  modificación  en  general  de  estatutos  sociales  no  pueden  suplir  o  englobar  el  s
específico  régimen  legalmente  establecido  para  la  modificación  de  estatutos  por  oe.
aumento de capital por compensación de créditos sin desnaturalizar la exigencia legal  w.
del artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital que prevé un régimen específico y  55ww
tarmanpslicarditoo  mpaársa  atrarilb as-u ppuaerast oh.a cBears tpaa teleneter  clao ne naotremnec ióimn peosrttaen cpiare cqeupet oe l -pleagrcisialalmdoern tlee 
atribuye a este informe especial de los administradores (contrástese con el contenido del
artículo 286 sobre informe de los administradores para modificaciones, en general, de 
estatutos de las sociedades anónimas).
Es  cierto,  como  resulta  de  las  consideraciones  ya  expuestas,  que  es  doctrina 
reiterada de la Dirección General de los Registros y del Notariado que el severo régimen 
de exigencia formal de la convocatoria de juntas debe mitigarse cuando por el conjunto 
de circunstancias concurrentes no resulten indebidamente postergados los derechos 
individuales del accionista. Ahora bien, esta doctrina no puede resultar de aplicación en 
aquellos supuestos en que la convocatoria omite en su totalidad el régimen de protección 
específico del derecho de información: Así se ha considerado en las Resoluciones de 18 
de marzo de 2013, 18 de febrero de 2015, 24 de marzo de 2017 y 28 de enero de 2019, 
en las que, aceptando la doctrina de la mitigación de efectos y su plasmación legal en el 
artículo 204.3.a), esa Dirección General así lo entendió por tener la omisión «el carácter 
relevante» a que se refiere el precepto al excepcionar del régimen de dispensa las 
infracciones formales que afectan a derechos esenciales de los socios.
No cabe hacer una interpretación que permita tener por cumplidos los requisitos 
especialmente previstos por la Ley para la protección del derecho de información en 
supuestos especiales por la mera consignación de los requisitos previstos para los 
supuestos generales. Si la Ley exige requisitos especiales es, precisamente, porque se 
considera  que  el  derecho  de  información  no  está  debidamente  protegido  en  tales 
supuestos por los requisitos generales de protección.
La ausencia en el supuesto de hecho de referencia al derecho de los socios al 
examen, entrega o envío del informe especial a que se refiere el artículo 301 de la Ley 
de Sociedades de Capital no puede quedar suplida por la referencia genérica al derecho 
a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, sin 
producirse una grave merma de las garantías específicamente señaladas por la Ley para 
el supuesto de propuesta de modificación de estatutos por aumento de capital con cargo 
a compensación de créditos.
El recurrente considera que dicha norma ha quedado cumplida por la referencia que 
se hace en la convocatoria de la junta a los «informes del consejo de administración 
respecto a los puntos del orden del día relativo a la ampliación de capital»; y en el propio 
texto de la convocatoria se detalla que «la forma de suscripción podrá ser o bien con 
cargo  a  aportaciones  dinerarias  (artículo  299  de  la  LSC)  o  bien  con  cargo  a 
compensación de créditos (artículo 301 de la LSC)», pero debe tenerse en cuenta que 
en caso de que el aumento propuesto pueda llevarse a cabo mediante la compensación 
de créditos de los socios contra la sociedad, el legislador adopta garantías especiales 
para los socios que se traducen no sólo en la obligación de emitir un informe por el 
órgano de administración con el contenido específico a que se refiere el artículo 301 de 
la Ley de Sociedades de Capital y que la convocatoria haga específica mención del 
derecho al examen, entrega o envío de dicho documento por parte de los socios, sino 
que, al tratarse de una sociedad anónima, se exige también que, al tiempo de la 
convocatoria  de  la  junta  general,  se  ponga  a  disposición  de  los  accionistas  en  el 
domicilio social una certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredite que, 
una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los 
administradores sobre los créditos a compensar; y que en la convocatoria también se 
haga constar el derecho al examen, entrega o envío de dicha certificación por parte de 
los socios. Por ello, la falta de mención alguna en la convocatoria del derecho de 
información  sobre  la  referida  certificación  del  auditor  de  cuentas  impide  tener  por 
válidamente realizada dicha convocatoria, sin que los actos posteriores de la propia  s
sociedad (consistentes en la incorporación del informe del órgano de administración y la  oe.
certificación del auditor de cuentas al acta de la junta y a la escritura calificada) puedan  w.
sanar  la  infracción  cometida.  Tampoco  es  admisible  el  argumento  aducido  por  el  55ww
rseucsu crrreéndtieto sd eh aq udee  lelel vhaerc ah ola  dceo nqculues tióond odse  loqsu ea ncroe eexdiosrtees v uhlanyearanc aiócnc eddei dnoin ag úcno mdepreencshaor. 
iDnifcohrmo aacrgióunm deen ttoo deoss i nloasd msoiscibioles,  ptoarn tcou alonst oq dueeb feu earsaeng utarmarbsieé ne l arcersepeedcotore dse sl idneor eacdheom dáes   BOE-A-cable e
de los restantes, hubieran asistido o no a la junta. Asimismo, el argumento del recurrente 
según  el  cual  los  referidos  informes  de  administradores  y  certificación  del  auditor 
estuvieron a disposición de los socios tampoco puede enervar la conclusión anterior 
tanto porque las meras afirmaciones de parte no tienen cabida en este procedimiento 
como por el hecho de que la doctrina de mitigación de los efectos anulatorios de los 
defectos formales no es de aplicación al supuesto de hecho tal y como se ha justificado 
anteriormente.
Por lo expuesto, a la vista de los inequívocos términos del artículo 301 de la Ley de 
Sociedades de Capital, al que no se ajusta la convocatoria realizada, el segundo defecto 
ha de ser igualmente confirmado.
6.  Toca por último analizar el tercer defecto expresado en la nota de calificación: 
«El plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente acordado por la junta 
general y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil por el presidente del 
consejo de administración, consistente en treinta días a partir de la publicación en el 
BORME de la aprobación del acuerdo de ampliación de capital, no se ajuste al plazo 
mínimo previsto por el artículo 305.2 de la Ley de Sociedades de Capital que exige un 
plazo no inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de 
nuevas acciones en el BORME (…)».
Sobre esta cuestión hay que recordar, en primer término y respecto de tal suscripción 
preferente que, según establece el artículo 305.2 de la Ley de Sociedades de Capital, 
«2. El plazo para el ejercicio del derecho no podrá ser inferior a un mes desde la 
publicación del anuncio de la oferta de asunción de las nuevas participaciones o de 
suscripción de nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil».
En  el  acuerdo  elevado  a  público  en  la  escritura  calificada  consta  que  «se 
establecen  3  fases  de  suscripción:  a.  en  la  primera  fase  en  treinta  días  desde  la 
aprobación o en su caso de la ampliación (…) b. en la segunda fase, que durará cinco 
días hábiles, solamente podrán acceder los socios que hayan suscrito acciones en la 
primera fase, y podrán hacerlo por la regla de la prorrata. Para ello se faculta al Consejo 
de  Administración  del  club  para  que  una  vez  cerrada  la  primera  fase,  publique  el 
resultado y las acciones que cada accionista pueda volver a suscribir».
Salta enseguida a la vista la evidente discordancia entre el texto legal y lo acordado 
en la junta, y debe ponerse de relieve, en primer término, algo obvio, como es que los 
plazos por meses se computan de fecha a fecha (vid. artículos 5.1 del Código Civil y 60 
del Código de Comercio), lo que bastaría por sí para confirmar el defecto recurrido, pues 
computar treinta días es algo bien distinto a computar un plazo de fecha a fecha.
Por  lo  demás,  tampoco  pueden  ser  atendidas  las  diversas  alegaciones  que  el 
recurrente presenta con la intención de combatir este tercer defecto de la calificación; 
tales como que no hay posible perjuicio posible para los socios, dado que la ampliación 
no se cubrió en la primera fase (añádase que el plazo de esta fase no se ajustaba a la 
ley, por quedar acortado, y era el habilitante para que el socio que hubiera acudido a la 
suscripción en esa primera fase pudiera acudir a la segunda fase de la ampliación). O 
que no acudió ningún socio a la sede del Club determinados días del mes de junio 
de  2017;  extremo  éste  -un  hecho  negativo,  con  lo  que  ello  implica  en  el  campo 
probatorio- que se pretende acreditar con una certificación del Consejo. Incluso que 
habría transcurrido al plazo de impugnación -caducidad- de los acuerdos, y que el 
posible incumplimiento no conllevaría la nulidad, al no haber perjuicio para accionistas y 
terceros. Cuestiones todas estas que sobrepasan el marco de la calificación registral y 
que solo -y en su caso- podrán ser suscitadas y eventualmente defendidas ante los  s
tribunales  de  Justicia.  Y  sin  olvidar,  tampoco,  que  el  artículo  205  de  la  Ley  de  oe.
Sociedades de Capital excluye del plazo de caducidad aquellos acuerdos que, por sus  w.
circunstancias, causa, o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la  55ww
ancoc pióune dneo  acapdreucciaarr,á  pnui epsr eessc rmibairtáe;r iaal groe sqeurvea edla r eag liostsr atdriobru neanl eesl  mdea rJcuos tdicei as.u Y c aelsif icqaucei óenl 
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Notariado dictada en vía de recurso contra aquella se entenderán limitadas a los efectos 
de extender, suspender o denegar el asiento principal solicitado. Por todo ello, este 
tercer defecto ha de ser igualmente confirmado.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 12 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.