BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21602
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2943 Pleno.  Sentencia  16/2020,  de  28  de  enero  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 5530-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
respecto de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 14/2018, de 26 
de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Competencias sobre ordenación general de la economía y 
función  pública:  nulidad  del  precepto  legal  autonómico  que  establece  la 
recuperación  de  los  conceptos  retributivos  dejados  de  percibir 
correspondientes al ajuste retributivo de los ejercicios 2013 y 2014.
ECLI:ES:TC:2020:16
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5530-2019, promovido por el presidente 
del Gobierno contra la disposición adicional decimoséptima de la Ley 14/2018, de 26 de 
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.  Ha  intervenido  el  Gobierno  de  la  Región  de  Murcia.  Ha  sido  ponente  el 
magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  presentado  en  el  registro  de  este  Tribunal  el  día  30  de 
septiembre  de  2019,  el  abogado  del  Estado,  en  representación  del  presidente  del 
Gobierno,  interpuso  recurso  de  inconstitucionalidad  contra  la  disposición  adicional 
decimoséptima de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la 
comunidad autónoma de la Región de Murcia para el año 2019, publicada en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia» núm. 298, de 28 de diciembre de 2018. El abogado del 
Estado invocó los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC),  solicitando  que  se  produjera  la  suspensión  de  la  aplicación  de  la  norma 
impugnada.
2.  El recurso articula un único motivo de impugnación de carácter competencial. Se  es
alega que la disposición impugnada infringe la legislación básica aplicable al efecto, en  o
acyao prqtnr.uu cee1re,b4 tca9oon. 1n e.m 1le 3elal odrt,iCd.  vEa2us.3l  n uEedrlrge aela  inbnRtodeegisarae le dcDnota  emmcdareeetnle ttorEei-a lsee tdyla  tedí2t our4 el/ost2r e0icbñ1oua8mcl,ai po denqeteeu sn2e c1e i nead ll  eedal  erádlt m.iEc ibs2eti3mtao db dodree erl,l e  scRpeooecnrat oole crlDi  dpqeoúuc beerleni ct sooee-,l    2020-2943n https://www.
ley 24/2018 solo permite devolver las cuantías minoradas en ejercicios anteriores a las
administraciones que cumplan los objetivos de déficit y deuda así como la regla de
gasto. El escrito de interposición del recurso se acompaña de informes remitidos por el 
Ministerio de Hacienda según los cuales la Región de Murcia en octubre de 2018, antes 
de aprobarse la Ley 14/2018, y en mayo de 2019, después de aprobarse dicha ley, no 
cumplía los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 
inmediato anterior. Ese incumplimiento implica, según el abogado del Estado, que la 
comunidad autónoma no podía aprobar la medida impugnada.
3.  Por providencia de 15 de octubre de 2019 el Pleno del Tribunal Constitucional, a 
propuesta  de  la  Sección  Primera,  acordó  admitir  a  trámite  el  recurso  de 
inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme 
establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de 
sus presidentes, así como al gobierno de la Región de Murcia y a la Asamblea Regional 
de Murcia, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, 
pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes.
Asimismo acordó tener por invocado por el presidente del Gobierno el artículo 161.2 
CE únicamente respecto al apartado segundo de la disposición adicional decimoséptima, 
impugnada en su totalidad, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, 
produce la suspensión de la vigencia y aplicación del referido apartado desde la fecha de 
interposición del recurso —30 de septiembre de 2019— para las partes del proceso, y 
desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» 
para los terceros, lo que se comunicó a los presidentes del gobierno de la Región de 
Murcia y de la Asamblea Regional de Murcia. Por último, también se ordenó publicar la 
incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia». El recurso se publicó en el «Boletín Oficial del Estado», núm. 252, 
de 19 de octubre de 2019.
4.  Por escritos registrados en este Tribunal los días 24 y 30 de octubre de 2019, los 
presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado comunicaron el acuerdo de las 
mesas de las diputaciones permanentes de las respectivas cámaras de personarse en 
este procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
5.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 24 de octubre de 2019, el 
letrado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia comunicó que se personaba 
en el proceso en nombre del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y solicitó una 
prórroga del plazo concedido para formular alegaciones. Por diligencia de ordenación 
de 28 de octubre de 2019 de la secretaria de justicia del Pleno de este Tribunal, se le 
tuvo por personado en nombre del gobierno de la Región de Murcia y se le prorrogó en 
ocho  días  más  el  plazo  inicialmente  concedido  por  providencia  de  15  de  octubre 
de 2019.
6.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 12 de noviembre de 2019, la 
letrada de la Asamblea Regional de Murcia comunicó que se personaba en el proceso en 
nombre y representación de dicha cámara y ofreció su colaboración a los efectos del 
art. 88.1 LOTC.
7.  El día 19 de noviembre de 2019 tuvo entrada en el registro general de este 
Tribunal el escrito de alegaciones del letrado de la comunidad autónoma de la Región de 
Murcia  interesando  la  desestimación  del  recurso  de  inconstitucionalidad,  con  los 
argumentos que se sintetizan a continuación.
a)  El  escrito  comienza  afirmando  que  no  hubo  negociación  propiamente  dicha  o
respecto de la disposición adicional decimoséptima, a diferencia de otros asuntos objeto  43ww
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acuerdo de la citada comisión bilateral, la disposición adicional decimoséptima no fue
objeto de negociación. El letrado autonómico considera que, si un precepto incluido en el 
acuerdo de iniciación de negociaciones no es objeto después de negociación efectiva y 
real, se trata de una ficción o apariencia de negociación carente de sustrato real o 
material y que, en consecuencia, el recurso promovido por el presidente del Gobierno es 
contrario al principio de lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre el 
Estado y las comunidades autónomas, y que esa actuación no puede llevar aparejada la 
ampliación del plazo para la interposición del recurso previsto en el citado art. 33.2 
LOTC: en suma, el recurso es extemporáneo, y debe ser inadmitido.
b)  El letrado autonómico aduce un segundo motivo por el que la actuación del 
Estado resulta desleal respecto a la comunidad autónoma de la Región de Murcia: no 
haber  seguido  una  línea  de  actuación  coherente  y  uniforme,  creando  una  legítima 
confianza en dicha comunidad autónoma respecto a la conformidad estatal con las 
disposiciones legales autonómicas.
La suspensión temporal de los conceptos retributivos dejados de percibir en las 
pagas extraordinarias de diciembre de 2013 y junio de 2014 devienen de la normativa 
autonómica  y  estatal,  en  concreto  de  las  Leyes  de  la  Asamblea  Regional  de 
Murcia 4/2013, de 12 de junio, de medidas urgentes en materia de gastos de personal y 
organización administrativa, y 13/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2014. En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
(«BORM») núm. 265, de 16 de noviembre de 2015, se publicó el acuerdo del Consejo de 
Gobierno  de  21  de  octubre  de  2015,  que  ratificó  el  acuerdo  administración-
organizaciones  sindicales  de  fecha  6  de  octubre  de  2015,  en  el  que  se  recoge 
textualmente  «la  recuperación  de  los  conceptos  retributivos  dejados  de  percibir  en 
diciembre de 2013 y junio de 2014»: apartado que preveía que, como muy tarde, a partir 
de 2018 se empezarían a recuperar dichos conceptos retributivos. Así, la disposición 
adicional decimoséptima, apartado primero, de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2018, ya contemplaba el abono del 25 por 100 de los importes dejados de 
percibir de la paga extraordinaria de diciembre de 2013 y el restante 75 por 100 para el 
ejercicio 2019. Si la administración general del Estado no planteó observación alguna a 
dicha disposición adicional, fue porque consideró que la actuación de la administración 
regional se ajustaba a derecho, a pesar de la existencia de la disposición adicional 
cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del 
Estado para el año 2018, de idéntica redacción a la del artículo 23 del Real Decreto-
ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de retribuciones en el ámbito del sector público. En suma, la Asamblea Regional aprobó 
la Ley de presupuestos para 2019, incluyendo la disposición adicional objeto del recurso 
de inconstitucionalidad sobre la base de lo establecido el año anterior, que no fue 
recurrido.
Asimismo razona que el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado 
público (TRLEEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
también normativa estatal básica, da especial importancia precisamente a la negociación 
colectiva,  por  lo  que  no  existiendo  constancia  de  impugnación  alguna  del  referido 
acuerdo  administración-organizaciones  sindicales  de  6  de  octubre  de  2015,  la 
administración incluyó en los proyectos de ley de presupuestos para 2018 y 2019 esa 
previsión en cumplimiento de lo establecido en el art. 38.3 TRLEEP, que incluso prevé la 
renegociación si el ejecutivo no incluyera en el proyecto de ley de presupuestos lo 
acordado en la negociación. s
c)  Tras  examinar  los  precedentes,  el  letrado  autonómico  afirma  que  la  norma  oe.
impugnada no reconoce el derecho a una recuperación de retribuciones ya que la  w.
recuperación de los conceptos retributivos dejados de percibir en 2013 y 2014 se produjo  43ww
clao nc olam uanpirdoabda caióuntó ndoem laa  Ldeey  la7 /2R0e1g7ió, nd ed e2 1M duerc diaic pieamrab reel,  edjeer cpirceiosu 2p0u1e8s,t oqsu eg eense rvaálelidsa d ae 
todos los efectos; y señala que una eventual declaración de inconstitucionalidad de la
disposición adicional decimoséptima impugnada haría nula dicha Ley de presupuestos 
generales, lo que se considera imposible de acuerdo con el art. 39.1 LOTC.
Por otro lado, afirma que la Ley 7/2017, no impugnada, remite a un calendario a 
aprobar  por  el  Consejo  de  Gobierno  y  que  este  fue  aprobado  con  ocasión  de  la 
aprobación del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
para el ejercicio 2019, en fecha 23 de noviembre de 2018, esto es, en fecha anterior a la 
norma  mediante  la  que  se  trata  de  fundamentar  la  inconstitucionalidad  de  la  Ley 
impugnada (que es de 21 de diciembre de 2018), con efectos desde el 27 de diciembre 
de  2018.  Por  tanto,  se  estaría  infringiendo  el  principio  de  irretroactividad  de  la 
disposiciones  sancionadoras  no  favorables  o  restrictivas  de  derechos  individuales 
(art. 9.3 CE).
Igualmente se señala que la norma en la que se pretende fundar el recurso de 
inconstitucionalidad es el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, que se publicó 
en el «Boletín Oficial del Estado» el 27 de diciembre de 2018; esto es, un día después de 
la aprobación de la Ley de presupuestos por la Asamblea Regional. Ello, según el letrado 
autonómico, no solo constituye quiebra del principio de lealtad institucional y del principio 
de  irretroactividad  de  disposiciones  sancionadoras  no  favorables  o  restrictivas  de 
derechos  individuales,  sino  también  de  los  principios  de  seguridad  jurídica  y  de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). La STC 199/1990, 
de  10  de  diciembre,  considera  que  existen  efectos  retroactivos  constitucionalmente 
prohibidos cuando se ven afectados derechos consolidados a una prestación o se priva a 
los beneficiarios, como es el caso, de prestaciones devengadas.
d)  El  abogado  del  Estado  pretende  fundamentar  la  inconstitucionalidad  de  la 
disposición impugnada en el incumplimiento del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 
diciembre. Sin embargo, el letrado autonómico argumenta que las restricciones que 
pueden hacerse fundada en los principios de estabilidad presupuestaria o sostenibilidad 
financiera establecidos en el art. 135 CE únicamente pueden ampararse en una ley 
orgánica  —en  este  caso,  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera— por mandato imperativo de dicho precepto 
constitucional. Solo en dicha Ley Orgánica se garantiza la participación de los órganos 
de coordinación institucional de las administraciones públicas, según exige el art. 135.5 
CE, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y de otros órganos supervisores 
como  la  Autoridad  Independiente  de  Responsabilidad  Fiscal.  Ahora  bien,  esa  Ley 
Orgánica no contempla una medida restrictiva como la prevista en el art. 23 del Real 
Decreto-ley 24/2018, que, en todo caso, no fue informado por el citado Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. Las medidas que contempla la Ley Orgánica 2/2012 incluyen 
la posibilidad de aplicar el art. 155 CE, pero fuera de dicha Ley Orgánica no caben 
restricciones basadas en los principios regulados en la misma y en el art. 135 CE como 
la que se discute, que no ha pasado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera ni por 
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por tanto, al existir reserva de ley 
orgánica para establecer medidas restrictivas basadas en los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, por mandato expreso del art. 135 CE, las 
restricciones establecidas a través de un real decreto-ley no deben ser tomadas en 
consideración para juzgar que la norma impugnada vulnera la Constitución.
Por  otro  lado,  el  letrado  autonómico  afirma  que  el  art.  23  del  Real  Decreto-
ley 24/2018, de 21 de diciembre, regula materias reservadas a ley orgánica vulnerando 
lo  dispuesto  en  el  art.  135  CE  y  la  Ley  Orgánica  2/2012.  El  propio  recurso  de 
inconstitucionalidad basa su argumentación en lo que dispone la STC 215/2014, de 18  s
de  diciembre,  que  enjuició  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  estabilidad  oe.
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que prevé que los límites de la autonomía  w.
financiera de las comunidades autónomas «han de reputarse constitucionales cuando  43ww
rdeemriviteen ( adret.  l1a5s7 p.3re CscEr)ip»c.iones de la propia Constitución o de la ley orgánica a que aquella
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Constitución ni en la Ley Orgánica 2/2012, no debe formar parte del bloque de la 
constitucionalidad para apreciar la vulneración del ordenamiento jurídico de cualquier 
otra norma jurídica, pues dicho bloque de la constitucionalidad está compuesto, en 
palabras del propio Tribunal Constitucional, por aquellas normas y principios que, aun sin 
aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, han sido normativamente 
integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución y 
por ello son utilizadas como parámetro del control de constitucionalidad de las leyes 
(STC 225/1995).
e)  Además, sostiene la representación de la Región de Murcia, para poder hablar 
de inconstitucionalidad mediata por infringir el art. 23 del Real Decreto-ley, es necesaria 
la  concurrencia  de  dos  circunstancias:  que  la  norma  estatal  infringida  por  la  ley 
autonómica sea, en el doble sentido material y formal, una norma básica, y que la 
contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por 
vía interpretativa (entre otras, SSTC 109/2017, de 21 de septiembre, y 142/2017, de 12 
de diciembre). El letrado autonómico afirma que tales requisitos no se cumplen en el 
presente caso.
Señala, por un lado, que el referido art. 23, a diferencia del art. 22 del mismo Real 
Decreto-ley, no tiene carácter básico ni se fundamenta en competencia estatal alguna. 
Arguye que lo que no es básico en una norma no puede serlo en otra diferente por el 
mero hecho de incluir una referencia genérica aplicable al conjunto de la norma como 
hace la disposición final primera del Real Decreto-ley 24/2018, puesto que la condición 
de básica ha de ser tanto por atribución formal como por su contenido material y a este 
respecto el art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018 se sustrae al mandato constitucional del 
art. 135 CE y a la Ley Orgánica 2/2012. No existe la relación directa a la que se refiere la 
STC 215/2015, de 22 de octubre, entre la restricción presupuestaria y la finalidad de 
política económica perseguida por la misma, respecto a la norma presupuestaria que 
recoge la medida cuestionada, ni siquiera menciona el art. 149.1.13 CE o 149.1.18 CE. 
Además, dicha sentencia condicionaba su fallo a que la norma impugnada configurara un 
régimen jurídico homogéneo que asegurara un tratamiento común en todo el territorio 
nacional: algo que no sucede con el art. 23 del Real Decreto-ley, cuya restricción solo 
sería  aplicable  a  las  comunidades  autónomas  de  la  Región  de  Murcia,  Comunitat 
Valenciana, Andalucía e Illes Balears, según el informe del Ministerio de Hacienda sobre 
el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y 
de la regla de gasto, de mayo de 2019, respecto del ejercicio 2018. Cuando el Gobierno 
dicta el Real Decreto-ley 24/2018 ya conoce ese informe y, por tanto, a quiénes van a 
afectar  las  medidas  restrictivas  que  impone,  lo  cual  constituye,  nuevamente,  una 
manifestación de la quiebra del principio de lealtad institucional, al dictar una norma con 
destinatarios predeterminados y que establece unas limitaciones imprevisibles para tales 
destinatarios.
f)  Por último, el letrado autonómico señala que tampoco es cierto que no sea 
posible salvar por vía interpretativa la pretendida contradicción entre la norma estatal y la 
autonómica, ya que nos encontramos ante un escenario de devolución de cantidades 
devengadas en su momento que dejaron de abonarse de forma coyuntural, y no ante 
una minoración de retribuciones.
El art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018 alude a la minoración de las retribuciones de 
sus empleados en cuantías no exigidas por las normas básicas o que no hayan aplicado 
los incrementos retributivos máximos, pudiéndose restablecer tales cantidades en las 
cuantías vigentes antes de la minoración o las que correspondan hasta alcanzar el  s
incremento  permitido  en  las  leyes  de  presupuestos,  pero  solo  podrán  hacerlo  las  oe.
administraciones que cumplan los objetivos de déficit y deuda así como la regla de  w.
gasto. 43ww
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productividad semestral, etc., referidas a la paga extraordinaria de dicho mes (art. 2), 
medida  no  recogida  en  la  normativa  básica  estatal,  con  un  carácter  temporal  y 
coyuntural, tal y como se recoge en su preámbulo. Por ello, tales cantidades no se 
abonaron en el mes de diciembre de 2013, sin que en modo alguno se viera afectado el 
derecho a su percepción, sino el momento en el que se hiciera efectivo el mismo, 
quedando  por  tanto  en  suspenso  el  momento  de  la  percepción  de  las  citadas 
retribuciones, a diferencia de lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad  presupuestaria  y  de  fomento  de  la 
competitividad que sí suprimió tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de 
complemento  específico  o  pagas  adicionales  equivalentes  del  mes  de  diciembre 
de 2012, y que fue restablecida de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional décimo segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de presupuestos 
generales  del  Estado  para  el  año  2015.  Suprimir  y  restablecer  son  dos  conceptos 
ligados:  ambos  incorporan  el  matiz  de  que  es  algo  nuevo,  lo  que  da  lugar  al 
restablecimiento, y que ha sido objeto previamente de supresión.
En relación con la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, el 
letrado autonómico señala lo siguiente: el personal al servicio del sector público vio 
reducidas/minoradas sus retribuciones en las cuantías correspondientes; las cantidades 
derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes se destinarían en ejercicios 
futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo 
que incluyeran la cobertura de la contingencia de jubilación, en los términos y con el 
alcance que se determinase en las correspondientes leyes de presupuestos (art. 2.4 del 
Real  Decreto-ley  20/2012,  de  13  de  julio);  la  medida  no  fue  de  aplicación  a  los 
empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al 
rendimiento,  no  alcanzasen  en  cómputo  anual  1,5  veces  el  salario  mínimo 
interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre; a la hora 
de su devolución, la disposición adicional décimo segunda de la Ley 36/2014, de 26 de 
diciembre,  de  presupuestos  generales  del  Estado  para  2015,  establecía  que  cada 
administración  pública  podría  aprobar  el  abono  de  cantidades  en  concepto  de 
recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir (los equivalentes a la 
parte proporcional correspondiente a los primeros cuarenta y cuatro días de la paga 
extraordinaria o el 24,04 por 100 del importe dejado de percibir); la aprobación por cada 
administración  pública  de  la  recuperación  de  la  paga  extraordinaria  y  adicional  de 
diciembre de 2012 estaba condicionada al cumplimiento de los criterios y procedimientos 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad  financiera;  en  línea  con  una  actuación  de  reducción/minoración  de 
retribuciones, en el art. 19 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y 
de medidas en materia de función pública, se dispuso la reducción de las retribuciones 
de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la administración pública 
regional en un 3 por 100 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011 (reducción 
que  han  venido  recogiendo  las  sucesivas  leyes  de  presupuestos  generales  de  la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que se mantiene para este ejercicio en 
el art. 26.1 de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre).
En cambio, respecto a los conceptos retributivos dejados de percibir en la paga 
extraordinaria de diciembre de 2013, se indica lo siguiente: no se suprime el derecho al 
abono, simplemente se establece que no se percibirán las cuantías correspondientes en 
el citado mes de diciembre; se trataba de una medida coyuntural que suspendía el abono  s
en diciembre de 2013 y acordada por una ley regional que optó por esta vía y no por  oe.
otras para minorar gastos de personal; la disposición adicional decimoséptima de la  w.
Ley  14/2018,  de  26  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  43ww
Adeu tófenbormerao  ddee l a2 R01e9g iósne  dhea rMá uercfeiac tpivaor ae el l 7a5ñ op o2r0 1190,0 e sdtea blolesc eim qpuoer teens  lad en ólomsi ncao dnecel mpteoss 
retributivos dejados de percibir correspondientes al ejercicio 2013.
En definitiva, concluye el letrado, la medida contemplada en la disposición adicional 
decimoséptima de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  para  el  año  2019  no  supone  un 
incumplimiento de lo dispuesto en el citado art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 
de diciembre, de acuerdo con las siguientes consideraciones. Por un lado, no se trata de 
minoración de retribuciones en cuantías no exigidas por las normas básicas del Estado, 
como ocurre con la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, ya que en 
este caso concreto no se suprimió el derecho, sino que se suspendió el abono en el mes 
de diciembre de 2013, y todo ello por ley regional. Por otro lado, la suspensión de los 
conceptos  autonómicos  de  la  paga  extraordinaria  de  diciembre  de  2013  no  puede 
considerarse  como  incrementos  retributivos  máximos  previstos  en  las  leyes  de 
presupuestos generales del Estado dejados de aplicar en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, ya que en la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013, de 
acuerdo con la normativa básica, las retribuciones íntegras del personal al servicio del 
sector público regional no experimentaron incremento respecto de las vigentes a 31 de 
diciembre de 2012.
El  letrado  autonómico  finaliza  señalando  que  la  medida  contemplada  en  la 
disposición  adicional  decimoséptima  de  la  Ley  14/2018,  de  26  de  diciembre,  de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
año  2019  no  supone  un  incremento  retributivo  para  el  personal  del  sector  público 
regional  en  el  ejercicio  2019,  toda  vez  que:  (i)  los  incrementos  que  establece  la 
legislación básica del Estado vienen referidos a las retribuciones vigentes a 31 de 
diciembre de 2018 en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, 
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, por lo 
que los citados incrementos no se pueden ver alterados por el abono en febrero del 75 
por 100 de las cantidades dejadas de percibir en diciembre de 2013; (ii) el abono del 75 
por  100  de  las  cantidades  dejadas  de  percibir  en  diciembre  de  2013  tiene  la 
consideración de cantidades pendientes de abonar, como si se tratase de un atraso del 
ejercicio 2013 y a euros 2013; (iii) no afecta a la masa salarial del personal del sector 
público regional, ya que no tiene la consideración de retribución salarial y extrasalarial 
devengada durante el ejercicio 2018 y, por tanto, no afecta ni puede experimentar el 
crecimiento establecido con carácter básico respecto de las masas salariales existentes 
a 31 de diciembre de 2018, y, además, de conformidad con lo establecido en el párrafo 
tercero del art. 24.1 de la vigente Ley de presupuestos, se computarán por separado las 
cuantías  que  se  perciban  en  2019  en  concepto  de  recuperación  de  los  conceptos 
retributivos dejados de percibir en diciembre de 2013 y (iv) se trata de un pago único que 
culmina con el abono del 75 por 100 ya mencionado y, en consecuencia, no consolidable 
en ejercicios futuros, que no altera la homogeneidad para los dos periodos objeto de 
comparación (2018-2019).
8.  Por diligencia de ordenación de 26 de noviembre de 2019, se dio traslado a las 
partes personadas para que en el plazo de cinco días expusieran lo que considerasen 
conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión producida por 
la interposición del recurso de inconstitucionalidad.
9.  El 4 de diciembre de 2019, el abogado del Estado formuló alegaciones dirigidas 
al mantenimiento de la suspensión de la norma autonómica impugnada.
10.  Por  providencia  de  28  de  enero  de  2020  se  señaló  ese  mismo  día  para  oe.
deliberación y votación de la presente sentencia. w.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El  objeto  del  presente  recurso  de  inconstitucionalidad  es  analizar  la
constitucionalidad de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 14/2018, de 26 de  Bc
diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la Región de 
Murcia para el año 2019, que establece la recuperación de los conceptos retributivos 
dejados de percibir correspondientes al ajuste retributivo de los ejercicios 2013 y 2014.
La disposición impugnada tiene el siguiente tenor:
«1.  En la nómina del mes de febrero de 2019 se hará efectivo el 75 por 100 de los 
importes  de  los  conceptos  retributivos  dejados  de  percibir  correspondientes  al 
ejercicio 2013, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 al 7 de la Ley 4/2013, de 12 de 
junio,  de  medidas  urgentes  en  materia  de  Gastos  de  Personal  y  Organización 
Administrativa.
2.  Los importes dejados de percibir correspondientes a junio de 2014, en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014, por los conceptos 
retributivos contemplados en la Ley 4/2013, de 12 de junio, señalada en el apartado 
anterior, se recuperarán en los ejercicios 2020 y 2021 del siguiente modo:
a)  El 50 por 100 se abonará en el mes de marzo de 2020.
b)  El 50 por 100 restante en el mes de octubre de 2021.»
Como se ha dejado constancia en los antecedentes, el abogado del Estado reprocha 
al precepto autonómico impugnado una única infracción de carácter competencial: la 
violación de la legislación básica aplicable, en concreto el art. 23 del Real Decreto-
ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de retribuciones en el ámbito del sector público, y, con ello, la vulneración indirecta del 
título competencial del Estado reconocido en el art. 149.1.13 CE. Por su parte, la 
representación  procesal  del  gobierno  de  la  Región  de  Murcia  defiende  su  plena 
constitucionalidad.
2.  Antes de proceder al examen de la cuestión de fondo, conviene realizar algunas 
consideraciones iniciales sobre diversas circunstancias alegadas por la representación 
procesal del gobierno de la Región de Murcia, que directa o indirectamente, cuestionan 
la admisibilidad de la impugnación o bien la utilización del parámetro de control invocado 
por el abogado del Estado.
a)  Debemos  referirnos  en  primer  lugar  a  la  afirmación,  expuesta  en  los 
antecedentes, de que, si un precepto incluido en el acuerdo de iniciación de negociación 
no es objeto después de negociación efectiva, el recurso promovido no solo es contrario 
al principio de lealtad institucional, sino también resulta extemporáneo y debe, por ese 
motivo, ser inadmitido. Las dos objeciones ínsitas en la referida afirmación del letrado 
autonómico deben ser rechazadas.
Debemos comenzar recordando que el apartado segundo del art. 33 LOTC vincula la 
ampliación a nueve meses del plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad 
como excepción al plazo ordinario de tres meses, únicamente al cumplimiento de tres 
requisitos, que están contemplados en las letras a), b) y c) del citado apartado y que son 
los siguientes: la reunión de la comisión bilateral de cooperación entre la Administración 
General del Estado y la respectiva comunidad autónoma, a iniciativa de cualquiera de las 
dos administraciones; la adopción en el seno de dicha comisión bilateral del acuerdo 
sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias; y la comunicación al 
Tribunal Constitucional de dicho acuerdo dentro del plazo de tres meses siguientes a la 
publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley, así como la inserción del  e.e
acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y el diario oficial de la comunidad autónoma  b
correspondiente. Estos tres requisitos han sido debidamente cumplidos en este proceso,  43ww
sdien  quaec rlead pitaarctieó nre, cuúrrnidicaa sh aycai racluengsatdaon ceians n inqguúen  mpoomderínatno  sud eintceurmmipnlaimr iensuto  oc saurá fcatletar 
exteEmnp eofreácnteoo, .el acuerdo de la junta de cooperación administración general del Estado-
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con relación a la Ley 14/2018, de 26 de
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia  para  el  año  2019,  que  incluye  expresamente  su  disposición  adicional 
decimoséptima,  fue  suscrito  el  20  de  marzo  de  2019,  y  notificado  al  Tribunal 
Constitucional mediante escrito registrado el 28 de marzo de 2019, dentro de los tres 
meses siguientes a la publicación oficial de la Ley en el «Boletín Oficial de la Región de 
Murcia», que se produjo el 28 de diciembre de 2018. El referido acuerdo fue publicado 
con fecha 24 de abril de 2019 en el «Boletín Oficial del Estado» (por resolución de 5 de 
abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial) y con fecha 15 de 
octubre de 2019 en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» (por resolución de 8 de 
octubre de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda), siendo 
por tanto de general conocimiento.
La objeción del letrado autonómico, referida a que la disposición impugnada no ha 
sido objeto de negociación entre las partes implicadas a fin de resolver las discrepancias 
existentes, es en suma inconducente, pues no existe ningún requisito adicional además 
de  los  ya  mencionados  que  condicione  la  admisibilidad  del  recurso  de 
inconstitucionalidad con arreglo al art. 33.2 LOTC. Según constante jurisprudencia de 
este Tribunal, cumplidos los requisitos del citado art. 33.2, como aquí se han cumplido, la 
admisión del recurso resulta obligada [así, SSTC 207/2013, de 5 de diciembre, FJ 1 a); 
111/2014, de 26 de junio, FJ 1 a); 59/2016, de 17 de marzo, FJ 2, y 17/2018, de 22 de 
febrero, FJ 2 a)]. El alcance objetivo o la intensidad de esa negociación no están 
mencionados en nuestra Ley Orgánica reguladora y, por esta razón, no pueden tener 
efectos con relación a la admisibilidad del recurso.
En la STC 14/2015, de 5 de febrero, rechazamos la relevancia de un óbice procesal 
similar formulado por la parte entonces recurrida, en el sentido de que, en los casos en 
los que se inicie una negociación al amparo del art. 33.2 LOTC, su interrupción sin 
explicación  alguna  que  la  justifique  ha  de  considerarse  determinante  de  la 
extemporaneidad del recurso, ya que, en caso contrario, se estaría poniendo en manos 
del Estado un expediente procesal para alargar el plazo a su conveniencia. Entonces 
declaramos que «[l]a aplicación del procedimiento previsto en el art. 33.2 LOTC no 
garantiza ni un resultado final satisfactorio para las partes ni tampoco la evitación del 
recurso, pues es evidente que queda siempre a disposición del sujeto legitimado —sea 
el  Gobierno  del  Estado  o  el  de  la  correspondiente  comunidad  autónoma—  el 
planteamiento  del  recurso  de  inconstitucionalidad  en  cualquier  momento  del  plazo 
ampliado de nueve meses, lo que, evidentemente también implica que el mismo ha 
constatado que no resulta posible solucionar mediante este cauce de resolución de 
conflictos la discrepancia inicialmente suscitada» (STC 14/2015, FJ 2). En suma, «[d]e 
acuerdo con el margen de decisión del que disfrutan, la decisión de acudir o no a la 
jurisdicción constitucional queda siempre a la libre disposición de los legitimados para 
ello en los términos que se derivan de la Constitución española y de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional» (FJ 2), de las que no se desprenden limitaciones como las aquí 
sugeridas por la representación procesal del Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia.
A mayor abundamiento, en la misma resolución señalamos que «sin perjuicio de la 
valoración que merezca, desde la perspectiva de los principios de lealtad institucional y 
cooperación que han de informar las relaciones entre el Estado y las comunidades 
autónomas, el hecho de que la interposición del recurso se haya producido dentro del 
mes siguiente al acuerdo de inicio de negociaciones, lo cierto es que no resulta en todo 
caso exigible, pues no viene impuesto por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,  s
que las negociaciones amparadas en el art. 33.2 LOTC hayan de prolongarse durante la  oe.
totalidad del plazo ampliado de nueve meses, ni, por lo mismo, tampoco que hayan de  w.
explicitarse las razones que llevan a la parte actora, sea esta el Estado o una comunidad  43ww
caountó nlao mcao,n as eccounesnidceiar adr eq uqeu dei chlaa sa pnleicgaocciióanc ioenne ss un ot optuaeliddeand  cdoenld upclairz ao  upnrae vaisvteon eennc iae,l 
raerctíucrusloo  a3n3t.e2s,  dneo  lav ae xap irparcoidóunc dire lr emseunltcaidoon aadlog upnlaoz,o d deec induieenvdeo m, epsoer st»a n(FtoJ,  2i)n.terponer el  BOE-A-cable e
Por tanto, el recurso no es extemporáneo y no puede aceptarse el óbice procesal 
planteado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
b)  En segundo lugar, el letrado autonómico afirma que la actuación del Estado ha 
resultado desleal respecto a la comunidad autónoma, al no haber seguido una línea de 
actuación  coherente  y  uniforme,  creando  una  confianza  legítima  en  la  conformidad 
estatal hacia las disposiciones legales autonómicas. Tal confianza legítima se habría 
fundamentado,  siempre  según  dicho  letrado,  en  diversas  actuaciones  previas  del 
ejecutivo regional que no habrían sido cuestionadas o impugnadas por el presidente del 
Gobierno: en concreto, el acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2015, 
que ratificó el acuerdo administración-organizaciones sindicales de fecha de 6 de octubre 
de 2015, en el que se dispone «la recuperación de los conceptos retributivos dejados de 
percibir en diciembre de 2013 y junio de 2014», como muy tarde, a partir de 2018; la 
disposición adicional decimoséptima, apartado primero, de la Ley 7/2017, de 21 de 
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2018, que contemplaba el abono del 25 por 100 de los importes 
dejados de percibir de la paga extraordinaria de diciembre de 2013 y el restante 75 
por 100 para el ejercicio 2019; y el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno con 
ocasión  de  la  aprobación  del  proyecto  de  ley  de  presupuestos  generales  de  la 
comunidad autónoma para el ejercicio 2019, en fecha 23 de noviembre de 2018.
Cualquier  consideración  sobre  la  falta  de  impugnación  de  disposiciones  o 
actuaciones previas de contenido idéntico o similar al del objeto del proceso resulta 
completamente irrelevante en el ejercicio de nuestra jurisdicción. Por un lado, debe 
tenerse en cuenta el carácter abstracto del recurso de inconstitucionalidad, dirigido a la 
depuración del ordenamiento, de forma que con el mismo no se defiende un interés 
propio de los recurrentes sino el interés general y la supremacía de la Constitución [por 
todas, SSTC 103/2013, de 25 de abril, FJ 5 b), y 74/2019, de 22 de mayo, FJ 2]. Por otro 
lado, desde la STC 39/1982, de 30 de junio, FJ 3, este Tribunal viene aplicando la 
doctrina de que «[l]a indisponibilidad de las competencias y la nulidad de pleno derecho 
de las normas contrarias a los preceptos constitucionales y de los que, dentro del marco 
constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias, consecuencia de la 
prevalencia del aludido bloque constitucional, son razones que desautorizan cualquier 
alegato asentado sobre la idea de aquiescencia por no haberse planteado en tiempo el 
conflicto o el recurso, con sujeción al juego de los plazos previstos en el art. 62 o en el 
art. 33 LOTC» [en el mismo sentido, SSTC 111/2014, de 26 de junio, FJ 4; 36/2017, de 1 
de marzo, FJ 4; 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 2; 17/2018, de 22 de febrero, FJ 2 c); 
13/2019, de 31 de enero, FJ 3 c), y 79/2019, de 5 de junio, FJ 2 b)].
c)  Por último, a juicio del letrado autonómico, la norma estatal de contraste que se 
aduce se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el 27 de diciembre de 2018, un día 
después de la aprobación de la norma autonómica impugnada. Ello constituiría no solo la 
quiebra  del  principio  de  lealtad  institucional  y  del  principio  de  irretroactividad  de 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, sino 
también la de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos (art. 9.3 CE).
Hemos de recordar que, de acuerdo con nuestra doctrina del ius superveniens, las 
controversias competenciales deben resolverse teniendo en cuenta el marco jurídico 
vigente  en  el  momento  de  su  resolución  [por  todas,  STC  120/2012,  FJ  2  d)]. 
Específicamente, en el caso de la legislación básica hemos reiterado que constituye 
parámetro de control la vigente en el momento de dictar la correspondiente sentencia, y  s
no  en  el  momento  de  interposición  del  recurso  de  inconstitucionalidad  [por  todas,  oe.
SSTC 1/2003, de 16 de enero, FJ 2, y 26/2012, de 1 de marzo, FJ 2 c)], siempre que,  w.
como ocurre en el presente caso, la norma estatal susceptible de operar como parámetro  43ww
pdree scuopnutreassttaer inoo  (SteTnCga 9 u4n/2a0 v1i5g,e ndcei a1 t4e mdep omraal yliom, itFaJd a4 )y.  sLeo  licmuiatel  sai gunnif iccoan qcureet on eoj eerxciisctieo 
loabss tnáocrumloa sju qríudeic oc oanlfgournmoa, nt aeml ppoacráom deetsrod ed ela c óopnttircoal  sdeea nla  pleoasltteardio rinesst ietunc ieoln taiel,m ppaora a q luaes   BOE-A-cable e
normas objeto de control. Por tanto, no puede formularse reproche alguno de validez o 
de eficacia a una norma estatal que ha de servir de parámetro de contraste de una 
norma autonómica por el hecho de que haya sido aprobada con posterioridad.
Igualmente, tampoco puede formularse objeción alguna a la utilización de la norma 
estatal propuesta como parámetro de control desde la perspectiva de los principios 
garantizados por el art. 9.3 CE que el letrado autonómico se limita a invocar, sin más 
argumentación. La utilización de la norma estatal de contraste no incurre, en primer 
lugar, en la alegada infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) entendido 
en  su  sentido  más  básico  como  «claridad  y  certeza  del  Derecho»  [por  todas, 
SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 8, y 87/2019, de 20 de junio, FJ 15), puesto que su 
sentido es claro y cierto. Tampoco constituye, en segundo lugar, una retroactividad 
prohibida por el art. 9.3 CE, por cuanto la norma estatal de contraste no contiene ni 
disposiciones  sancionadoras  ni  restrictivas  de  derechos  individuales,  sino  una 
autorización  a  las  entidades  competentes  para  que,  bajo  ciertas  condiciones, 
restablezcan a los empleados públicos determinadas cuantías retributivas que no se 
abonaron en el pasado. Y, finalmente, en modo alguno puede decirse que las previsiones 
de la norma carezcan de explicación racional, que es lo que exige, en esencia, el 
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pues las medidas de 
contención del gasto público que contiene responden con toda evidencia a las exigencias 
derivadas del principio constitucional de estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) y de la 
coordinación de la autonomía financiera de las comunidades autónomas con la hacienda 
general del Estado y de solidaridad entre todos los españoles (art. 156 CE).
Rechazadas las objeciones formuladas por la representación procesal de la Región 
de Murcia, estamos en condiciones de abordar el examen del fondo del recurso.
3.  El enjuiciamiento de las leyes autonómicas a la luz de la normativa básica del 
art. 149.1.13 CE se convierte en un análisis de constitucionalidad mediata, que comienza 
con la identificación, por el recurrente, de la ley estatal dictada al amparo de dicho título 
competencial y supuestamente vulnerada [por todas, STC 137/2018, de 13 de diciembre, 
FJ 2 a)]. Como se ha indicado, la norma estatal propuesta por el recurrente como 
parámetro de contraste es el art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del 
sector público, que lleva por rúbrica «restablecimiento de las retribuciones minoradas en 
cuantías no previstas en las normas básicas del Estado». Su tenor literal es el siguiente:
«Uno.  Las Administraciones y el resto de las entidades que integran el sector 
público  que  en  ejercicios  anteriores  hubieran  minorado  las  retribuciones  de  sus 
empleados en cuantías no exigidas por las normas básicas del Estado o que no hayan 
aplicado los incrementos retributivos máximos previstos en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, podrán restablecer las cuantías vigentes antes de la minoración o 
las  que  correspondan  hasta  alcanzar  el  incremento  permitido  en  las  Leyes  de 
Presupuestos.
Dos.  Las cantidades que se devenguen en aplicación de esta medida no tendrán la 
consideración de incrementos retributivos de los regulados en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.
Tres.  Esta medida sólo podrá aprobarse por las Administraciones y entidades que 
cumplan los objetivos de déficit y deuda, así como la regla de gasto, en los términos que 
resultan del artículo 17 apartados 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A estos efectos, el límite de  e
deuda que se debe considerar para cada una de las Entidades Locales es el que fijen las  bo
Leyes  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  o  la  legislación  reguladora  de  las  43ww
haciPeanrdaa sl alo cdaelbeisd ae n cmomatperreian dsieó na udtoer izlaa ciróeng udlea coiópne raccoionnteensi ddae  eennd elau dnaomrmiean,t od»e,bemos
referirnos también al contenido de los apartados tercero y cuarto del art. 17 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
a los que se remite expresamente el apartado tercero del art. 23. El art. 17 de la Ley 
Orgánica 2/2012 regula los informes sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto, y en sus apartados tercero y 
cuarto establece lo siguiente:
«3.  Antes del 15 de abril de cada año, el Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas elevará al Gobierno un primer informe sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del 
ejercicio  inmediato  anterior,  así  como  de  la  evolución  real  de  la  economía  y  las 
desviaciones respecto de la previsión inicial contenida en el informe al que se refiere el 
artículo 15.5 de esta ley. Este informe se elaborará sobre la base de la información que, 
en aplicación de la normativa europea, haya de remitirse a las autoridades europeas y a 
la hora de valorar el cumplimiento se tendrá en cuenta un margen razonable que pueda 
cubrir  las  variaciones  respecto  del  informe  contemplado  en  el  apartado  siguiente 
derivadas del calendario de disponibilidad de los datos.
4.  Antes del 15 de octubre de cada año, el Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas elevará al Gobierno un segundo informe sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del 
ejercicio  inmediato  anterior,  así  como  de  la  evolución  real  de  la  economía  y  las 
desviaciones respecto de la previsión inicial contenida en el informe al que se refiere el 
artículo 15.5 de esta ley. Para la elaboración de este informe se tendrá en cuenta la 
información  que,  en  aplicación  de  la  normativa  europea,  haya  de  remitirse  a  las 
autoridades  europeas  y  la  información  actualizada  remitida  por  las  Comunidades 
Autónomas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Dicho informe incluirá también una previsión sobre el grado de cumplimiento en el 
ejercicio corriente, coherente con la información que se remita a la Comisión Europea de 
acuerdo con la normativa europea.»
Es doctrina constante de este Tribunal que «(p)ara constatar la existencia de una 
inconstitucionalidad mediata o indirecta es necesario que concurran dos condiciones: por 
un lado, que la norma estatal infringida por la ley autonómica sea, en el doble sentido 
material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del 
correspondiente título competencial que la Constitución reserva al Estado; y, por otro, 
que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable 
por vía interpretativa» [por todas, STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 b)].
El  letrado  de  la  Región  de  Murcia  se  opone  a  la  constatación  de  la 
inconstitucionalidad mediata solicitada por el abogado del Estado, no porque refute el 
incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda y la regla de gasto que se le imputa a 
esa  comunidad  autónoma  y  que  constituye  el  presupuesto  de  la  aplicación  de  la 
excepción contemplada en el apartado tercero de la norma estatal de contraste, sino 
porque controvierte la concurrencia de las dos condiciones en las que se fundamenta el 
juicio de inconstitucionalidad que se nos solicita: el carácter básico de la norma estatal 
de contraste y la contradicción efectiva e insalvable entre ella y la norma impugnada. Por 
tanto, en los siguientes fundamentos jurídicos deberemos comprobar si concurren estas 
dos condiciones.
4.  La primera comprobación que debe efectuarse atañe a la condición de norma 
básica de la norma estatal propuesta como parámetro mediato de constitucionalidad, 
desde la doble perspectiva material y formal que ha establecido nuestra doctrina. s
a)  Desde el punto de vista formal, debe constatarse que el legislador estatal ha  w.
atribuido expresamente carácter básico a la norma que el recurrente propone como  43ww
pRaeraálm Deetrcore mtoe-ldeiya t2o4 d/2e0 1co8n sseti tuacfiiromnaa lqiduaed .« E[en]s teef ercetaol,  deenc rlae tod-ilsepyo stiiecnióen  cfainráacl tperri mbáesraic od eyl 
sael  Edsictatad oa le anm mpaarteor idae d lea sb caosmesp eyt ecnocoiradsin parceióvins tdaes  elan  plolasn iafirctíaccuiólons  g1e4n9e.1ra.1l 3d,e q luae a acttrivibiduayde   BOE-A-cable e
económica, y 156.1 de la Constitución, que atribuye a las comunidades autónomas 
autonomía funcional para el desarrollo y ejecución de sus competencias, de forma 
coordinada con la hacienda estatal». Por tanto, el art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018 es 
formalmente básico en su integridad.
Frente a este dato incontrovertible, el letrado autonómico realiza varias afirmaciones 
que  no  pueden  acogerse.  Por  un  lado,  debe  rechazarse  la  afirmación  de  que  la 
disposición final primera solo contiene una mera proclamación general del carácter 
básico del Real Decreto-ley que no alcanzaría específicamente a su art. 23, por cuanto 
este no reitera o confirma ese carácter básico: de aceptarse ese alegato, la casi totalidad 
del articulado del Real Decreto-ley dejaría de ser formalmente básico. Por otro lado, el 
hecho de que el precepto inmediatamente anterior al controvertido, el art. 22 del Real 
Decreto-ley 24/2018, sí incluya un apartado específico para proclamar su carácter básico 
y los títulos competenciales en los que se basa, no puede argüirse de contrario: como 
ocurre con el art. 3.Once del mismo Real Decreto-ley, se trata de confirmar el carácter 
básico incorporando otros títulos competenciales u otras previsiones legales además de 
los mencionados en la disposición final primera. Finalmente, tampoco puede aceptarse la 
idea extraída de diversas disposiciones estatales más o menos similares cuyo carácter 
básico se afirma literalmente en la propia disposición que esa es la única técnica 
normativa posible para atribuir carácter básico a una norma. Como se desprende de 
nuestra consolidada doctrina (por todas, STC 134/2019, de 13 de noviembre, FJ 4), lo 
relevante es la constatación de la atribución formal de la condición básica al precepto o 
preceptos en cuestión, y no la forma como se recoja o se plasme esa atribución, que 
constituye una cuestión de mera técnica legislativa que no le corresponde valorar a este 
Tribunal.
b)  Desde el punto de vista material, debe examinarse si el contenido de la norma 
estatal  propuesta  como  parámetro  mediato  de  constitucionalidad  se  corresponde 
efectivamente con el carácter básico formal que le ha sido atribuido.
En la reciente STC 127/2019, de 31 de octubre, FJ 3, sintetizamos nuestra doctrina 
sobre el alcance del art. 149.1.13 CE en relación con las medidas de política general 
tendentes a la limitación del gasto de personal, en los siguientes términos:
«[D]eb[e]mos tener en cuenta la doctrina de este Tribunal que encuadra las medidas 
estatales  de  contención  del  gasto  de  personal  en  las  bases  y  coordinación  de  la 
planificación general de la actividad económica del art. 149.1.13 CE (SSTC 96/1990, 
de 24 de mayo, FJ 3, y 139/2005, de 26 de mayo, FJ 7). Esta doctrina encuentra un 
doble fundamento: i) que las medidas no solo alcanzan a los funcionarios públicos sino 
también a todo el personal al servicio del sector público; y ii) que su carácter coyuntural y 
su eficacia limitada en el tiempo impiden integrarlas en la relación de servicio que 
delimita estructuralmente el régimen del personal al servicio del sector público. Este tipo 
de medidas de contención de gastos de personal, con la consecuente limitación de la 
autonomía  presupuestaria  de  las  comunidades  autónomas,  encuentra  cobertura 
competencial también en el principio de coordinación con la hacienda estatal reconocido 
en el art. 156.1 CE, pues se relaciona con la responsabilidad del Estado de garantizar el 
equilibrio económico general (SSTC 171/1996, de 30 de octubre, FJ 2; 103/1997, de 22 
de mayo, FJ 1, y 148/2006, de 11 de mayo, FJ 6).»
A la vista de su contenido, reproducido en el fundamento jurídico anterior, debe 
concluirse que la regulación del art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018 se fundamenta 
tanto en el art. 149.1.13 CE, en cuanto limita la capacidad de las administraciones y el  e
resto de las entidades que integran el sector público de recuperar determinados importes  bo
retributivos  que,  por  minoración  o  falta  de  aplicación,  sus  empleados  públicos  no  43ww
rpeesrpcoibniesraobnil iedna de jdeercl iEcisotsa daon tdeeri ograersa,n ctiozmaro e el ne qeul ialibrtr.i o1 5e6c.o1n óCmEi,c pou geesn seera rle (laarcti.o 4n0a. 1c oCnE l)a, 
a(asrít .c 1o3m5o C, eEs) pye ecíl ficcuammpelnimteie, nctoon d eel  lporsi nocbipjeioti vcoosn dsteit udcéifoicniat ly d dee  edsetaubdiali dya dla  preregslau pduee sgtaasrtiao 
que se han establecido para su consecución.
En efecto, el objetivo de contención del gasto de personal del sector público, que 
desde el punto de vista competencial entronca con los citados arts. 149.1.13 y 156.1 CE, 
puede ser articulado mediante medidas de diversa intensidad y naturaleza. Por un lado, 
esas medidas pueden consistir tanto en límites a la oferta de empleo público por las 
administraciones públicas (SSTC 178/2006, de 6 de junio, FJ 3, y 194/2016, de 16 de 
noviembre, FJ 3) o a la tasa de reposición de efectivos (STC 141/2018, de 20 de 
diciembre, FJ 5), en la reducción e incluso la supresión de un determinado concepto 
retributivo (SSTC 81/2015, de 30 de abril, FJ 6; 215/2015, de 22 de octubre, FJ 7, 
y 194/2016, FJ 2), en prohibiciones de incremento de las retribuciones del personal al 
servicio del sector público, es decir, congelaciones salariales (STC 94/2015, de 14 de 
mayo, FJ 4), en prohibiciones de incremento más allá del límite que el legislador ha 
considerado  tolerable  o  compatible  con  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria 
(SSTC 171/1996, de 30 de octubre, FJ 2; 24/2002, de 31 de enero, FJ 5, y 127/2019, 
de 31 de octubre, FJ 4, esta última en relación con el art. 3 del mismo Real Decreto-
ley  24/2018  aquí  considerado)  o  en  restricciones  a  las  aportaciones  de  las 
administraciones a los planes de pensiones de los empleados públicos (STC 215/2015, 
de 22 de octubre, FJ 6), como en prohibiciones de recuperación de importes retributivos 
dejados  de  percibir  en  ejercicios  anteriores,  que  es  lo  que  sucede  en  el  presente 
supuesto. Por otro lado, tales medidas pueden imponer restricciones absolutas para el 
ejercicio presupuestario al que se refieren, o bien su aplicabilidad puede depender del 
previo cumplimiento o incumplimiento, por la entidad correspondiente del sector público, 
de determinados parámetros económicos. Esto último es lo que contempla el art. 23 del 
Real Decreto-ley 24/2018.
Así pues, la concreción del objetivo general de contención del gasto público, del que 
son expresión las diversas medidas incluidas en el Real Decreto-ley 24/2018, para el 
caso específico de la posible recuperación de determinados importes retributivos que los 
empleados públicos dejaron de percibir en ejercicios anteriores debe tener el mismo 
carácter de norma básica común a todo el territorio nacional que se predica de los 
demás tipos de medidas de contención del gasto público que han sido mencionadas. Y, 
específicamente,  por  lo  que  interesa  al  presente  proceso,  la  regla  contenida  en  el 
apartado tercero del art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018, que supedita la recuperación 
de  las  retribuciones  de  los  empleados  del  sector  público  minoradas  en  ejercicios 
anteriores en cuantías no exigidas por las normas básicas del Estado o que no hubieran 
aplicado los incrementos retributivos máximos previstos en las leyes de presupuestos 
generales del Estado, a que la correspondiente administración o entidad del sector 
público cumpla los objetivos de déficit y deuda, así como la regla de gasto, en los 
términos  que  resultan  de  los  apartados  tercero  y  cuarto  del  art.  17  de  la  Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
debe ser considerada materialmente básica.
c)  Alcanzada la anterior conclusión, debemos rechazar las alegaciones del letrado 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia poniendo en duda, por diversas 
razones, el carácter básico del art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018.
En primer lugar, es constitucionalmente irreprochable que el Estado plasme una 
medida de contención del gasto de personal del sector público en una norma de rango 
legal como la que ha adoptado. Tras la reforma del art. 135 CE para incorporar el 
principio de estabilidad presupuestaria, este Tribunal ha seguido aceptando, como venía 
haciendo anteriormente, que las medidas de política general dirigidas a contener el gasto 
público  puedan  incluirse  tanto  en  leyes  ordinarias  (STC  194/2016,  FJ  3)  y  de  s
presupuestos (SSTC 152/2014, de 25 de septiembre, FJ 4, y 141/2018, FJ 5) como en  oe.
decretos-leyes [entre otras, las SSTC 215/2015, de 22 de octubre, FJ 6; 193/2016, de 16  w.
de noviembre, FJ, 2, y 43/2017, de 27 de abril, FJ 4, con relación al Real Decreto- 43ww
ldeey  f2e0b/r2e0r1o1, ,F dJe  63 0b )d;e 1 d1i9c/i2e0m1b6r,e ;d oe  l2a3s  SdeS TjuCn i8o1, /2F0J1 35 , bd)e,  y3 01 d7e8 /a2b0r1il6, ,F dJe 7 ;2 108 d/2e0 1o6ct,u dber e4, 
eFnJ co3m, ieconnd a recliaecrtiaómn eanlt eR ae aul nDa elcerye toor-gleáyn ic2a0 /2e0l 1d2e, sadrero l1lo3  ddee  lojusl iop]r.i ncEilp ioasrt . a 1q3u5e  CsEe   BOE-A-cable e
refiere su apartado tercero, pero no exige que la totalidad de las medidas de política 
general tendentes al control del gasto, cuyo fundamento competencial reside, como se 
ha indicado, en los arts. 149.1.13 y 156.1 CE, deban adoptarse también mediante ley 
orgánica, sin perjuicio de que contribuyan también a la consecución del principio de 
estabilidad presupuestaria consagrado por aquella disposición constitucional.
En segundo lugar, tampoco excluye el carácter materialmente básico de la norma de 
contraste —esto es, su condición de norma común a todo el territorio nacional— la 
circunstancia señalada por el letrado autonómico de que la situación impeditiva de la 
recuperación de los importes retributivos a la que alude el apartado tercero del art. 23 del 
Real Decreto-ley 24/2018 solo concurra de hecho en algunas comunidades autónomas. 
Frente a lo que se afirma de contrario, el apartado tercero del citado art. 23 no contiene 
una norma particular para determinadas comunidades autónomas, sino una norma que 
define de forma general y abstracta un supuesto de hecho, con arreglo a criterios 
objetivos e impersonales, como es el cumplimiento o no de los objetivos de déficit y 
deuda, así como la regla de gasto, y que se predica de cualesquiera administraciones y 
entidades que integran el sector público. La circunstancia de que, cuando dictó el Real 
Decreto-ley  24/2018,  el  Gobierno  estuviera  en  condiciones  de  anticipar  a  quiénes 
podrían afectar las medidas restrictivas que aquel impone en este ámbito no altera su 
naturaleza de norma general ni constituye tampoco una quiebra del principio de lealtad 
institucional,  pues  los  objetivos  de  déficit  y  deuda  y  la  regla  de  gasto  a  cuyo 
cumplimiento se subordinan se encontraban establecidos de forma previa y con carácter 
general.
Finalmente, tampoco puede compartirse la afirmación referida a la falta de relación 
directa de la medida incluida en la norma estatal de contraste con los objetivos de 
política  económica  dirigidos  a  la  consecución  y  mantenimiento  de  la  estabilidad 
económica  (art.  40.1  CE)  o  la  estabilidad  presupuestaria  (art.  135  CE).  Se  trata, 
efectivamente, de un requisito que viene exigiendo nuestra doctrina para evitar que, al 
amparo  del  art.  149.1.13  CE,  la  intervención  estatal  no  deje  a  las  comunidades 
autónomas el suficiente margen de libertad de decisión dentro de su propio ámbito de 
competencias, porque, como tantas veces hemos reiterado, es preciso que la actuación 
estatal  no  impida  a  las  comunidades  autónomas  que  puedan  desarrollar  las 
competencias que ostenten sobre el concreto ámbito material afectado. Ahora bien, 
nuestra doctrina ha reiterado la directa relación existente entre la determinación de las 
retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas y la fijación de la 
política económica general por el Estado (por todas, SSTC 94/2015, FJ 3, y 194/2016, 
de 16 de noviembre, FJ 2), por lo que debemos rechazar el alegato de la falta de relación 
directa y, por consiguiente, la vulneración de las competencias autonómicas.
Por lo demás, la medida impugnada tampoco excede de las fronteras en que ha de 
moverse el núcleo de lo básico, puesto que «no constituye […] una medida aislada que 
incida sobre un único concepto retributivo, sino que se inserta en el ámbito de una 
decisión  general  de  política  económica»  (STC  215/2015,  de  22  de  octubre,  FJ  7). 
Igualmente hemos declarado que no resulta justificado que el Estado predetermine los 
incrementos máximos de las cuantías de las retribuciones de cada empleado al servicio 
de  las  comunidades  autónomas,  pues  el  límite  que  fije  el  Estado  al  amparo  del 
art. 149.1.13 CE debe referirse al volumen total de las retribuciones correspondientes a 
cada grupo y no a la retribución de cada una de las personas afectadas (SSTC 63/1986, 
de 21 de mayo, FJ 11; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 237/1992, de 15 de diciembre, 
FJ 4, y 171/1996, de 30 de octubre, FJ 3). s
En definitiva, debe constatarse que el art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018 se ha  oe.
ajustado al orden constitucional de competencias (art. 149.1.13 CE) también desde esta  w.
perspectiva, habida cuenta de que la medida restrictiva atiende a la situación financiera  43ww
rgelotrbibaul tdiveo  cnai daa l au rneatr idbeu cliaósn  addem ciandisat ruancoio dnee slo psú ebmlicpalesa, dyo ns oa fae cutand doest.erminado concepto
5.  Sentado el carácter formal y materialmente básico de la norma estatal invocada 
por el abogado del Estado en el recurso de inconstitucionalidad, el debate se ha de 
centrar en si la norma autonómica incurre en insalvable contradicción con aquella.
Como en todos los casos en que hemos analizado supuestos similares, la respuesta 
a esta cuestión debe partir del contraste entre el precepto impugnado y la norma estatal 
que  sirve  de  parámetro  de  control  inmediato,  es  decir,  en  este  supuesto,  entre  la 
disposición  adicional  decimoséptima  de  la  Ley  14/2018,  de  26  de  diciembre,  de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por un 
lado, y el art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, 
por otro lado.
En  este  punto  debe  tenerse  en  cuenta  que  los  argumentos  esgrimidos  por  la 
representación de la comunidad autónoma en este proceso se refieren únicamente a la 
dicción  del  apartado  primero  de  la  norma  estatal  pretendidamente  vulnerada,  sin 
controvertir el alcance o el sentido de lo dispuesto en el apartado tercero de la misma 
norma, que igualmente tiene carácter básico.
El representante procesal de la comunidad autónoma sostiene que no es cierto, 
como defiende el abogado del Estado, que no sea posible salvar por vía interpretativa la 
pretendida  contradicción.  En  esencia,  el  letrado  autonómico  afirma  que  no  hay 
contradicción, porque la norma estatal, por un lado, utiliza la expresión «minoración» y 
en el caso contemplado por la norma autonómica no se suprimió el derecho a la 
percepción de los importes retributivos en cuestión, sino solo se suspendió su abono en 
el mes de diciembre de 2013; y, por otro lado, emplea la expresión «restablecer», que 
incorporaría el matiz de que es algo nuevo lo que da lugar al restablecimiento y que ha 
sido objeto previamente de supresión.
Sin  embargo,  no  pueden  acogerse  esas  alegaciones,  como  se  expone  a 
continuación. La expresión «minoración» utilizada por la norma básica tiene un sentido 
amplio. Se refiere a la acción y resultado de minorar o minorarse, esto es, de reducir, 
disminuir, acortar o mermar en la intensidad o la cantidad de una cosa, sustancia o 
elemento. Dicha expresión no prejuzga o determina la técnica o modalidad jurídica para 
alcanzar ese resultado, sino que comprende todas las que produzcan como resultado la 
disminución  de  las  retribuciones  efectivamente  percibidas  por  los  empleados  con 
respecto al nivel de retribuciones que se les pudo haber abonado, ya sea por supresión, 
suspensión o falta de aplicación de determinados conceptos o importes retributivos. Lo 
que se restablece de acuerdo con el art. 23.1 del Real Decreto-ley 24/2018 son «las 
cuantías vigentes antes de la minoración o las que correspondan hasta alcanzar el 
incremento permitido en las leyes de presupuestos». En definitiva, la norma común a 
todo el territorio nacional que contiene el precepto básico no se reduce únicamente al 
supuesto de hecho de la «supresión» de conceptos retributivos, excluyendo el de la 
mera «suspensión», como sostiene el letrado autonómico, sino que comprende cualquier 
medida que produjera la disminución de las retribuciones efectivamente percibidas por 
los empleados, además del supuesto de la falta de aplicación por la administración de un 
incremento  retributivo  permitido  en  las  leyes  de  presupuestos  que  se  menciona 
expresamente.
Por su parte, la norma autonómica dispone que los importes de los conceptos 
retributivos dejados de percibir en el ejercicio 2013 «se harán efectivos» en la nómina del 
mes  de  febrero  de  2019  (apartado  primero)  y  que  los  importes  de  los  conceptos 
retributivos  dejados  de  percibir  en  el  ejercicio  2014  «se  recuperarán»  en  los  s
ejercicios 2020 y 2021 (apartado segundo). oe.
Desde el punto de vista semántico son equivalentes la expresión que emplea la  w.
norma estatal («restablecer») y las que utiliza la norma autonómica («hacer efectivos» y  43ww
«arceccióunp eyr arre»s).u Pltaodr oe llcoo, nta nretola claió nno ram alo sa uitmonpóomrteicsa  dceo mcoo nlac eepsttoasta rl esteri breuftiievoresn  dae ljaa dmosis mdae 
percibir en ejercicios anteriores.
La acción y resultado de «restablecimiento» de determinados importes retributivos 
que la norma estatal autoriza en su apartado primero queda no obstante supeditada 
(«solo podrá aprobarse») a unas condiciones que se detallan en el apartado tercero, 
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda y la regla de 
gasto, en los términos que se precisan en el art. 17 de la Ley Orgánica 2/2012. Es en 
la falta de observancia de tales condiciones a la hora de ordenar la recuperación de 
los importes retributivos no percibidos en ejercicios anteriores en las que el abogado 
del Estado cifra la vulneración de la norma básica. El letrado autonómico no ha 
controvertido en ningún momento en este proceso la omisión de esas condiciones por 
la norma autonómica ni su incumplimiento efectivo por la comunidad autónoma de la 
Región de Murcia.
Es evidente que existe una contradicción formal insalvable entre ambos preceptos, 
pues  la  norma  autonómica  se  limita  a  ordenar  la  recuperación  de  los  conceptos 
retributivos  dejados  de  percibir  en  2013  y  2014,  omitiendo  los  criterios  a  que 
expresamente se refiere la norma estatal de contraste y, con ello, infringiendo el carácter 
condicionado de la posibilidad de recuperación que esta última contempla, porque ha 
quedado acreditado, y no se ha controvertido, que las condiciones que la norma básica 
impone con relación al cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda y la regla de 
gasto no se cumplían en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
6.  Por todo cuanto antecede, debemos estimar íntegramente el presente recurso de 
inconstitucionalidad.
Es obligado, en efecto, concluir que la disposición adicional decimoséptima de la 
Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma 
de la Región de Murcia, infringió la Constitución, en concreto su art. 149.1.13, por 
resultar contrario al art. 23 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 
público.  La  constatación  de  que  así  ha  sido  debe  llevar  a  la  declaración  de 
inconstitucionalidad,  y  consiguiente  nulidad,  de  la  citada  disposición  adicional 
decimoséptima de la Ley 14/2018, única que ha sido objeto de impugnación.
En cuanto a los efectos de dicho pronunciamiento debemos diferenciar entre el 
apartado primero y el apartado segundo de la disposición adicional decimoséptima. De 
acuerdo  con  nuestra  consolidada  doctrina  (por  todas,  STC  156/2017,  de  21  de 
diciembre, FJ 4), nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad del apartado 
primero no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas, debiéndose considerar 
como tales las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes o las que, en la 
vía  judicial,  hayan  sido  decididas  mediante  sentencia  con  fuerza  de  cosa  juzgada 
(art. 40.1 LOTC). En cambio, nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad del 
apartado segundo no requiere pronunciamiento alguno sobre una posible modulación de 
efectos, pues dicho apartado declarado inconstitucional y nulo no ha podido producir 
efecto alguno en virtud de la suspensión acordada en su día como consecuencia de la 
invocación expresa del art. 161.2 CE que realizó el presidente del Gobierno al promover 
el presente recurso de inconstitucionalidad.
La estimación íntegra del recurso antes del transcurso del plazo de cinco meses 
hace innecesario que nos pronunciemos sobre el levantamiento o mantenimiento de la 
suspensión, tal como obliga el art. 161.2 CE.
FALLO s
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD  b
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 43ww
Ha decidido
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar
la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la  disposición  adicional  decimoséptima  de  la
Ley  14/2018,  de  26  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019, con los efectos previstos en el 
fundamento jurídico 6.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–
Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–
María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.