BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 127012
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16927 Resolución  de  14  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador de la propiedad de Jávea n.º 1, por la que se 
suspende la anotación preventiva de un mandamiento de embargo.
En el recurso interpuesto por don M. M. M., abogado del Estado del Servicio Jurídico 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación del 
registrador de la Propiedad de Jávea número 1, don Carlos Eugenio Olavarrieta Jurado, 
por la que se suspende la anotación preventiva de un mandamiento de embargo.
Hechos
I
Con fecha 10 de febrero de 2021 se expidió copia electrónica del mandamiento de 
embargo firmado digitalmente en Madrid el día 10 de febrero de 2021 por la jefa de la 
Dependencia Regional Adjunta de Recaudación de la Agencia Tributaria, diligencia de 
embargo 281923457935P, contra la mercantil «Cristal Business, S.L.», por la que se 
procedía al embargo de la finca registral número 5.311 de Teulada a favor de la Hacienda 
Pública.
II
Presentada telemáticamente el día 10 de febrero de 2021 dicha copia en el Registro 
de la propiedad de Jávea número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos:  En  Procedimiento  Administrativo,  seguido  en  la  Agencia  Tributaria, 
diligencia  de  embargo  281923457935P  instruido  contra  Cristal  Business  SL,  se  ha 
procedido al embargo de la finca registral número 5311 de Teulada, inscrita al folio 14 del 
tomo 7374, libro 453, a favor de la Hacienda Pública.
Fundamentos de Derecho: Se suspende la anotación preventiva de embargo y la 
expedición de la Certificación solicitada, por no constar en el mandamiento la notificación 
a acreedores hipotecarios del bien embargado, Banco de Sabadell, S.A., titular del 
derecho  real  de  hipoteca  objeto  de  la  inscripción  16.ª;  al  Juzgado  de  Instrucción 
número 11 de Valencia, objeto de la Anotación preventiva de prohibición de vender, 
Gravar y/o enajenar, objeto de la anotación letra A; y al Juzgado Central de Instrucción 
número 3 de Madrid, objeto de la Anotación preventiva de prohibición e [sic] vender, 
Gravar y/o enajenar, objeto de la anotación letra B, a los que le falta notificar conforme al 
artículo 76 del Reglamento General de Recaudación que dice: "En el supuesto de bienes 
y derechos inscritos en un Registro público el embargo también deberá notificarse a los 
titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal 
de expedición de certificación de cargas, a que se refiere el artículo 74", y el artículo 85 
establece que "los mandamientos para anotación preventiva de embargo contendrán a)  es
Certificación de la providencia de apremio y de la diligencia de embargo del inmueble o  o
inmuebles que se trate, con indicación de las personas o entidades a las que se ha  927ww
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Prohibiciones adoptadas en los procedimiento penales, como es este el caso, cuyo tenor
literal es el siguiente: «Las adoptadas en los procedimientos penales y administrativos lo 
que quieren garantizar es el cumplimiento de intereses públicos o evitar la defraudación 
del resultado de la sentencia penal o las responsabilidades que de ella puedan derivar. 
Debe, en consecuencia, prevalecer el principio de prioridad establecido en el artículo 17 
frente a la interpretación más laxa del artículo 145 del Reglamento Hipotecario que se 
impone  en  las  prohibiciones  voluntarias  y  derivadas  de  procedimientos  civiles, 
provocando  así  el  cierre  registral  incluso  cuando  se  trata  de  actos  anteriores  a  la 
prohibición. No cabe duda que tanto en las prohibiciones decretadas en procedimientos 
penales como en las administrativas existe cierto componente de orden público que no 
puede ser pasado por alto. Y es que en estas últimas la prohibición de disponer no trata 
de impedir la disponibilidad del derecho por parte de su titular, desgajando la facultad 
dispositiva del mismo, cual ocurre con las voluntarias, sino que tiende a asegurar el 
estricto cumplimiento de la legalidad administrativa o el resultado del proceso penal.»
Contra la anterior calificación podrá (…)
Jávea, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Este documento ha sido firmado con 
firma electrónica reconocida por Carlos E. Olavarrieta Jurado Registrador del Registro de 
la Propiedad de Jávea n.º 1».
Con fecha 8 de abril de 2021, se volvió a presentar el documento en el Registro de la 
Propiedad acompañado de diligencia de subsanación de defectos de mandamiento de 
anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles de fecha 22 de marzo 2021, y fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«De conformidad con el artículo 322 de la Ley Hipotecaria y en relación con la copia 
electrónica  del  Mandamiento  de  embargo  firmado  digitalmente  en  Madrid  el  10  de 
febrero de 2021 por la Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación de la 
Agencia Tributaria, diligencia de embargo 281923457935P, presentada telemáticamente 
en esta oficina el 10 de febrero de 2021 Asiento 232 del Diario 149, en unión de 
Diligencia de subsanación de defectos de mandamiento de anotación preventiva de 
embargo de bienes inmuebles de fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ha sido 
calificado negativamente por los siguientes:
Hechos: En Procedimiento Administrativo, seguido en la Agencia Tributaria, diligencia 
de embargo 281923457935P instruido contra Cristal Business SL, se ha procedido al 
embargo de la finca registral número 5311 de Teulada, inscrita al folio 14 del tomo 7374, 
libro 453, a favor de la Hacienda Pública y se libre certificación de las cargas que figuren 
en el registro sobre dicha finca, con expresión detallada de aquélla y de sus titulares.
Fundamentos de Derecho: Se suspende la Anotación Preventiva de embargo y la 
expedición de la Certificación solicitada, por no constar en el mandamiento la notificación 
a acreedores hipotecarios del bien embargado, Banco de Sabadell, S.A., titular del 
derecho  real  de  hipoteca  objeto  de  la  inscripción  16.ª;  al  Juzgado  de  Instrucción 
número 11 de Valencia, objeto de la Anotación preventiva de prohibición e [sic] vender, 
Gravar y/o enajenar, objeto de la anotación letra A; y al Juzgado Central de Instrucción 
número 3 de Madrid, objeto de la Anotación preventiva de prohibición e [sic] vender, 
Gravar y/o enajenar, objeto de la anotación letra B, a los que le falta notificar conforme al 
artículo 76 del Reglamento General de Recaudación que dice: «En el supuesto de 
bienes y derechos inscritos en un Registro público el embargo también deberá notificarse 
a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas, a que se refiere el artículo 74», y el  s
artículo 85 establece que «los mandamientos para anotación preventiva de embargo  oe.
dqncoeuonlet ifti niecsmnaedcu rieóáhbnnal»  ea.n )oo  Ctiinfeimcratuidfiecoba lceeisló  nqe umdeeb  aslaerg  ptorr aoytve i,de cel oncnco iiann cddeiecpa taocpi óreennm d ieeo l  layq sdu peee  lrsase od nihlaigase  onp creaianc ttdiidceaa ddeeoms b daaic rlghaoas    2021-16927n https://www.
A su vez se advierte, que conforme a la Resolución de 13 de junio de 2018 de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, existe una diferencia entre las
Prohibiciones voluntarias y las que tienen su origen en un procedimiento civil, y las 
Prohibiciones adoptadas en los procedimiento penales, como es este el caso, cuyo tenor 
literal es el siguiente: “Las adoptadas en los procedimientos penales y administrativos lo 
que quieren garantizar es el cumplimiento de intereses públicos o evitar la defraudación 
del resultado de la sentencia penal o las responsabilidades que de ella puedan derivar. 
Debe, en consecuencia, prevalecer el principio de prioridad establecido en el artículo 17 
frente a la interpretación más laxa del artículo 145 del Reglamento Hipotecario que se 
impone  en  las  prohibiciones  voluntarias  y  derivadas  de  procedimientos  civiles, 
provocando  así  el  cierre  registral  incluso  cuando  se  trata  de  actos  anteriores  a  la 
prohibición. No cabe duda que tanto en las prohibiciones decretadas en procedimientos 
penales como en las administrativas existe cierto componente de orden público que no 
puede ser pasado por alto. Y es que en estas últimas la prohibición de disponer no trata 
de impedir la disponibilidad del derecho por parte de su titular, desgajando la facultad 
dispositiva del mismo, cual ocurre con las voluntarias, sino que tiende a asegurar el 
estricto cumplimiento de la legalidad administrativa o el resultado del proceso penal.”
Contra la anterior calificación podrá (…)
Jávea, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Este documento ha sido firmado 
con  firma  electrónica  reconocida  por  Carlos  E.  Olavarrieta  Jurado  Registrador  del 
Registro de la Propiedad de Jávea n.º 1».
El día 19 de mayo de 2021 se volvió a presentar en el Registro en unión de diligencia 
de subsanación de defectos de mandamiento de anotación preventiva de embargo de 
bienes inmuebles de fecha 7 de mayo de 2021, y fue objeto de la siguiente nota de 
calificación:
«De conformidad con el artículo 322 de la Ley Hipotecaria y en relación con la copia 
electrónica  del  Mandamiento  de  embargo  firmado  digitalmente  en  Madrid  el  10  de 
febrero de 2021 por la Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación de la 
Agencia Tributaria, diligencia de embargo 281923457935P, presentada telemáticamente 
en esta oficina el 10 de febrero de 2021 Asiento 232 del Diario 149, vuelta a presentar el 
día  19  Mayo  de  2021  en  unión  de  Diligencia  de  subsanación  de  defectos  de 
mandamiento de anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles de fecha siete 
de mayo de dos mil veintiuno, ha sido calificado negativamente por los siguientes:
Hechos: En Procedimiento Administrativo, seguido en la Agencia Tributaria, diligencia 
de embargo 281923457935P instruido contra Cristal Business SL, se ha procedido al 
embargo de la finca registral número 5311 de Teulada, inscrita al folio 14 del tomo 7374, 
libro 453, a favor de la Hacienda Pública, solicitando a su vez que se libre certificación de 
las cargas que figuren en el registro sobre dicha finca, con expresión detallada de 
aquélla y de sus titulares.
Fundamentos de Derecho: Se suspende la Anotación Preventiva de embargo y la 
expedición de la Certificación solicitada, por no constar en el mandamiento la notificación 
a acreedores hipotecarios del bien embargado, Banco de Sabadell, S.A., titular del 
derecho  real  de  hipoteca  objeto  de  la  inscripción  16.ª;  al  Juzgado  de  Instrucción 
número 11 de Valencia, objeto de la Anotación preventiva de prohibición e [sic] vender, 
Gravar y/o enajenar, objeto de la anotación letra A; y al Juzgado Central de Instrucción 
número 3 de Madrid, objeto de la Anotación preventiva de prohibición de vender, Gravar 
y/o enajenar, objeto de la anotación letra B, a los que le falta notificar conforme al 
artículo 76 del Reglamento General de Recaudación que dice: “En el supuesto de bienes  e.
y derechos inscritos en un Registro público el embargo también deberá notificarse a los  w.
titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal  927ww
deest aebxlpeecdei cqióune  d“leo sc emrtaifnicdaacmióine ndtoes c paargraa sa, nao qtauceió sne p rreefvieernet ieval  adretí ceumlob 7a4rg”,o y c eoln atertnícdurálon  8a5) 
Certificación de la providencia de apremio y de la diligencia de embargo del inmueble o
inmuebles que se trate, con indicación de las personas o entidades a las que se ha 
notificado el embargo y el concepto en el que se ha practicado dicha notificación”.
A su vez se advierte, que conforme a la Resolución de 13 de junio de 2018 de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, existe una diferencia entre las 
Prohibiciones voluntarias y las que tienen su origen en un procedimiento civil, y las 
Prohibiciones adoptadas en los procedimiento penales, como es este el caso, cuyo tenor 
literal es el siguiente: “Las adoptadas en los procedimientos penales y administrativos lo 
que quieren garantizar es el cumplimiento de intereses públicos o evitar la defraudación 
del resultado de la sentencia penal o las responsabilidades que de ella puedan derivar. 
Debe, en consecuencia, prevalecer el principio de prioridad establecido en el artículo 17 
frente a la interpretación más laxa del artículo 145 del Reglamento Hipotecario que se 
impone  en  las  prohibiciones  voluntarias  y  derivadas  de  procedimientos  civiles, 
provocando  así  el  cierre  registral  incluso  cuando  se  trata  de  actos  anteriores  a  la 
prohibición.  No  cabe  duda  de  que  tanto  en  las  prohibiciones  decretadas  en 
procedimientos penales como en las administrativas existe cierto componente de orden 
público que no puede ser pasado por alto. Y es que en estas últimas la prohibición de 
disponer  no  trata  de  impedir  la  disponibilidad  del  derecho  por  parte  de  su  titular, 
desgajando la facultad dispositiva del mismo, cual ocurre con las voluntarias, sino que 
tiende a asegurar el estricto cumplimiento de la legalidad administrativa o el resultado del 
proceso penal.”
Contra la anterior calificación podrá (…)
Jávea, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Este documento ha sido firmado 
con  firma  electrónica  reconocida  por  Carlos  E.  Olavarrieta  Jurado  Registrador  del 
Registro de la Propiedad de Jávea n.º 1».
III
Contra la anterior nota de calificación, don M. M. M., abogado del Estado del Servicio 
Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 12 de 
julio de 2021 en virtud de escrito y en base a las siguientes alegaciones:
«Fundamentos de Derecho
I
(…)
III
(…) la denegación por el Sr. Registrador de la Propiedad de la práctica de la 
anotación  de  embargo  solicitada  por  este  Organismo,  se  funda,  al  parecer,  en  su 
particular interpretación del artículo 76 del Reglamento General de Recaudación que, a 
su juicio, obliga al Órgano de recaudación a notificar el embargo practicado a todos los 
titulares  de  cargas  hipotecarias  vigentes  que  pesen  sobre  el  bien  embargado,  con 
independencia de si son anteriores o posteriores a la anotación. Sin embargo, a juicio de 
este Organismo, tal interpretación resulta errada, al no ajustarse ni al tenor literal de la 
norma que dice aplicar y carecer de cualquier razón de ser desde la perspectiva de los 
principios que rigen nuestro Derecho Hipotecario, imponiendo una carga carente de  s
sustento  legal  y  absolutamente  innecesaria  a  los  Organismos  públicos  que  tienen  oe.
encomendadas funciones de carácter recaudatorio. 927www.
IV
interLpar ectaacliifóicna cpióanrc riaelc udrerild ate xintofr,i nsgeep laarsa nndoorm daes  fdoer maap liacabcsioólnu taemn ecnutaen tion juqsuteif ichaadcae  uunnaa   BOE-A-cable e
parte del enunciado legal del resto de la proposición, de modo que se cambia su sentido. 
Al propósito de demostrar lo errado de la interpretación del Sr. Registrador, merece la 
pena transcribir los preceptos que regulan la anotación de los embargos tributarios, 
comenzando por el artículo 170 de la Ley General Tributaria, apartados 1 y 2:
«Artículo 170.  Diligencia de embargo y anotación preventiva.
1.  Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la 
persona con la que se entienda dicha actuación. Efectuado el embargo de los bienes o 
derechos, la diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, 
poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las 
actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados 
sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos.
2.  Si  los  bienes  embargados  fueran  inscribibles  en  un  registro  público,  la 
Administración tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de 
embargo en el registro correspondiente. A tal efecto, el órgano competente expedirá 
mandamiento, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo, 
solicitándose, asimismo, que se emita certificación de las cargas que figuren en el 
registro. El registrador hará constar por nota al margen de la anotación de embargo la 
expedición de esta certificación, expresando su fecha y el procedimiento al que se 
refiera.
En ese caso, el embargo se notificará a los titulares de cargas posteriores a la 
anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación.
La anotación preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de 
los créditos tributarios establece el artículo 77 de esta ley, siempre que se ejercite la 
tercería de mejor derecho. En caso contrario, prevalecerá el orden registral de las 
anotaciones de embargo.
Por su parte, el artículo 76.3 del Reglamento General de Recaudación establece, en 
lo que aquí interesa, que:
“3.  Una  vez  realizado  el  embargo  de  los  bienes  y  derechos,  la  diligencia  se 
notificará al obligado al paso y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de 
los bienes si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del 
obligado al paso cuando los bienes embarcados sean gananciales o se trate de la 
vivienda habitual, y a los condueños o cotitulares.
En el supuesto de bienes y derechos inscritos en un registro público el embargo 
también  deberá  notificarse  a  los  titulares  de  cargas  posteriores  a  la  anotación  de 
embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas a que 
se refiere el artículo 74.”
La  lectura  completa  de  los  preceptos  de  aplicación  pone  de  manifiesto  que  la 
exigencia de que, para practicar la anotación, se acredite la notificación de la diligencia 
de embargo a todos los titulares de cargas hipotecarias anteriores a la nota marginal de 
expedición  de  la  certificación  de  cargas,  no  se  ajusta  al  tenor  completo  de  los 
artículos 170 LGT y 76.3 RGR. Tal exigencia parte de una interpretación parcial y 
descontextualizada de la norma que, dicho sea, con todo respeto, no se puede sostener 
tras una lectura completa de los preceptos de aplicación, que pone de manifiesto que lo 
que  se  impone  es  la  obligación  de  notificar  el  embargo  a  los  titulares  de  cargas 
posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de  s
la certificación de cargas. oe.
leya,n  aausnnLiocamit aaiisdncmotióe onrle,p  garsea ultlosa -tscipt iuótuiytneue sl artloeare c qlusium rdreiiedt ar aecd,sa ausr grlitneaa fs eei mrpmeopnbsocatsieraigbr iolloee,rg  envasoal  tcaaifí  iauclo ansdra  et eia tlu cnelooamntraetbecsani órdigdneoo  t  cocladaora ngvp acírasiam  ranáenocrt atepe rrripa opacrretreitcseva  iaodd  aleaa-l     2021-16927n https://www.
nota  marginal  de  expedición  de  la  certificación  por  una  amplísima  e  injustificada
referencia a los titulares de cargas hipotecarias anteriores a la propia anotación. En  Bc
definitiva,  se  trata  de  una  interpretación  literalmente  insostenible  y  que,  además, 
tampoco se ajusta a ningún criterio interpretativo admisible puesto que:
– Si el legislador o el titular de la potestad reglamentaria hubieran querido exigir la 
notificación del embargo a todos los titulares de cargas hipotecarias anteriores sobre el 
bien embargado podían haberlo establecido así con una formulación mucho más clara y 
sencilla.
– A mayor abundamiento, tal exigencia carece de toda lógica puesto que los titulares 
de cargas anteriores no se ven afectados por el embargo posterior, siendo precisamente 
la razón de ser que justifica la exigencia de la notificación la existencia de una afectación 
en la esfera jurídica de sus destinatarios.
En definitiva, a juicio de esta parte debe revocarse la calificación aquí recurrida por 
las razones expuestas, debiendo además añadir que en la práctica totalidad de los 
Registros de la Propiedad de España se practican las anotaciones de embargo sin exigir 
su notificación a los titulares de cargas hipotecarias anteriores, siendo la aquí recurrida 
una  interpretación  absolutamente  extravagante  y  que  se  aparta  del  general 
entendimiento de los preceptos que dice aplicar».
IV
El registrador de la Propiedad emitió informe confirmando la nota de calificación y 
elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18, 20, 26, 27, 32, 38, 42 y 71 de la Ley Hipotecaria; 82 y 170 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 15 «in fine» de la Ley 28/1998, 
de 13 de julio, de venta a Plazos de Bienes Muebles; 76.3 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación; 99, 100, 
145 y 175 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 5 de septiembre de 1974, 22 de febrero de 1989, 30 de 
junio y 5 de octubre de 2000, 26 de febrero de 2008, 13 de abril de 2012, 31 de enero 
de 2013, 28 de octubre de 2015, 28 de enero y 5 de mayo de 2016, 21 de julio de 2017 
y 13 de junio de 2018.
1.  Presentado mandamiento de embargo a favor de la Administración Tributaria y 
solicitada certificación de cargas en la ejecución del mismo, se suspende la anotación 
preventiva y la expedición de la certificación por no haberse notificado el embargo a los 
acreedores  hipotecarios  del  bien  embargado,  ni  a  los  juzgados  de  Instrucción  que 
dictaron  anteriores  anotaciones  preventivas  de  prohibición  de  vender,  gravar  y/o 
enajenar.
El registrador entiende que es necesario acreditar esta notificación conforme al 
artículo 76 del Reglamento General de Recaudación y por tratarse de anotaciones 
preventivas judiciales de prohibición de disponer. El abogado del Estado recurrente 
entiende que se está haciendo una interpretación errónea de este precepto y que sólo se 
precisa notificar a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo que 
existan en el momento de expedirse la certificación de cargas y no a los anteriores a la 
anotación misma. s
2.  El artículo 170 de la Ley General Tributaria, apartados 1 y 2 determinan lo  e.
siguiente: w.
«Artículo 170.  Diligencia de embargo y anotación preventiva.
pers1o.n aC caodna l aa cqtuuea csieó ne ndteie enmdab adricghoa s aec dtuoaccuiómne.ntará en diligencia, que se notificará a la
Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al obligado 
tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se 
hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado 
tributario  cuando  los  bienes  embargados  sean  gananciales  y  a  los  condueños  o 
cotitulares de los mismos.
2.  Si  los  bienes  embargados  fueran  inscribibles  en  un  registro  público,  la 
Administración tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de 
embargo en el registro correspondiente. A tal efecto, el órgano competente expedirá 
mandamiento, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo, 
solicitándose, asimismo, que se emita certificación de las cargas que figuren en el 
registro. El registrador hará constar por nota al margen de la anotación de embargo la 
expedición de esta certificación, expresando su fecha y el procedimiento al que se 
refiera.
En ese caso, el embargo se notificará a los titulares de cargas posteriores a la 
anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación.
La anotación preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de 
los créditos tributarios establece el artículo 77 de esta ley, siempre que se ejercite la 
tercería de mejor derecho. En caso contrario, prevalecerá el orden registral de las 
anotaciones de embargo».
Por su parte, el artículo 76.3 del Reglamento General de Recaudación establece, en 
lo que aquí interesa, que:
«Una vez realizado el embargo de los bienes y derechos, la diligencia se notificará al 
obligado al paso y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si 
no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado al 
paso cuando los bienes embarcados sean gananciales o se trate de la vivienda habitual, 
y a los condueños o cotitulares.
En el supuesto de bienes y derechos inscritos en un registro público el embargo 
también  deberá  notificarse  a  los  titulares  de  cargas  posteriores  a  la  anotación  de 
embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas a que 
se refiere el artículo 74».
3.  Está claro que según estos preceptos la notificación del embargo debe realizarse 
tan sólo a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la 
nota marginal de expedición de la certificación, por lo que el recurso debe ser estimado.
En nada se precisa la notificación a los titulares de cargas anteriores a la propia 
anotación  preventiva,  que  no  se  ven  afectadas.  Tan  sólo  en  el  caso  de  que  se 
pretendiera hacer efectiva una eventual prelación del crédito anotado frente a las cargas 
anteriores, es cuando sería preceptivo el llamamiento al procedimiento de los titulares de 
tales cargas o derechos.
De ahí que la Ley General Tributaria, siguiendo el criterio del orden registral en las 
anotaciones salvo que exista tercería de mejor derecho, determina que la anotación 
preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de los créditos 
tributarios establece el artículo 77 de dicha ley.
Dicho de otro modo, salvo tercería de mejor derecho, prevalecerá el orden registral 
de las anotaciones de embargo que es la regla general seguida en nuestro ordenamiento 
jurídico (cfr. artículos 1923 y 1927 del Código Civil. y 175 del Reglamento Hipotecario). 
Por lo que ningún sentido tiene el exigir notificación del embargo tributario a los titulares  s
de cargas anteriores cuando no se pretende alterar la prioridad registral. oe.
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entretanto vaya ganando prioridad registral la anotación de embargo ordenada por la
Administración Tributaria.
5.  En todo caso conviene recordar que constituye doctrina consolidada de este 
Centro  Directivo  que  la  eficacia  limitativa  de  las  prohibiciones  de  disponer, 
cualquiera que sea su origen (vid. Resolución de 31 de enero de 2013), ha de 
matizarse cuando se trata del acceso al Registro de actos de disposición forzosos, 
extraños a la voluntad del titular afectado por la anotación, es decir cuando vienen 
impuestos en procedimientos judiciales o administrativos de apremio u otros que 
impongan  una  condena  o  conducta  sobre  el  bien  o  derecho  sometido  a  la 
prohibición de disponer o enajenar.
Así se estableció en la Resolución de este Centro Directivo de 22 de febrero 
de  1989,  al  considerar  en  el  supuesto  de  solicitud  de  anotación  de  embargo, 
constando inscrita una prohibición de disponer, que «por todo lo anterior ha de 
concluirse que la seguridad económica del deudor no puede mantenerse a costa de 
tan  considerables  quebrantos  para  la  organización  jurídica  de  la,  colectividad, 
debiendo  restringirse  al  efecto  de  las  prohibiciones  de  disponer  a  una  pura 
exclusión de la facultad de disponer libre y voluntariamente del derecho en cuestión 
pues aun implicando una relativa amortización, contra el principio general de libre 
tráfico  de  los  bienes,  sólo  compromete  el  interés  particular  del  titular  sin 
repercusión directa y apreciable sobre el orden público y sin que quepa estimar la 
alegación de que con tal interpretación resultan aquéllas fácilmente burladas e 
inoperantes por la vía de la simulación de deudas y de las connivencias procesales, 
pues las normas no deben ser interpretadas desde la exclusiva perspectiva de su 
eventual incumplimiento (artículo 3 del Código Civil), no pueden desconocerse los 
remedios jurídicamente arbitrados a tal efecto (artículos 6 y 7 del Código Civil), ni 
pueden menospreciarse los intereses generales en aras de la consecución de fines 
particulares (artículo 1.255 del Código Civil)».
Este criterio se recogió legalmente en el artículo 15 «in fine» de la Ley 28/1998, 
de 13 de julio, de venta a Plazos de Bienes Muebles que dispone: «El que remate bienes 
sujetos a prohibición de disponer inscrita en el Registro en los términos de esta Ley los 
adquirirá con subsistencia de la obligación de pago garantizada con dicha prohibición, de 
la que responderá solidariamente con el primitivo deudor hasta su vencimiento».
La misma doctrina ha sido reiterada más recientemente en pronunciamientos de 
este Centro Directivo (vid. las Resoluciones de 13 de abril de 2012, 31 de enero 
de  2013,  28  de  octubre  de  2015  y  21  de  julio  de  2017)  al  recordar  que  «la 
responsabilidad universal patrimonial tiene una evidente función estimuladora del 
cumplimiento voluntario y de garantía «a priori», en cuanto que advierte al deudor y 
asegura al acreedor que su satisfacción se procurará a costa de cualquier bien de 
aquél, salvo los estrictamente excluidos por la Ley misma. Esta función quedaría 
eliminada si se admitiese la inejecutabilidad de los bienes sujetos a prohibición de 
disponer. En este sentido, hay que recordar que la subasta judicial en el ámbito de 
los procesos de ejecución pertenece al campo del Derecho procesal y no al del 
Derecho  privado,  toda  vez  que  suele  reputarse  la  subasta  judicial  como  acto 
procesal  de  ejecución  consistente  en  una  declaración  de  voluntad  del  juez, 
transmitiendo coactivamente al rematante o adjudicatario, en virtud de su potestad 
jurisdiccional, determinados bienes afectos a la ejecución».
La distinción entre anotaciones preventivas de prohibición de disponer judiciales y 
administrativas respecto de las prohibiciones de disponer voluntarias –que invoca el 
registrador en su nota–, se ha planteado por este Centro Directivo en relación a la 
inscribibilidad o no de enajenaciones voluntarias realizadas con anterioridad al reflejo  s
registral de la prohibición de disponer, pero en nada empece la doctrina de este Centro  oe.
directivo en relación a que ni unas ni otras excluyen el principio de responsabilidad  w.
patrimonial universal ex artículo 1911 del Código Civil. 927ww
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto
y revocar la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.