BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Martes 4 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 771
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
190 Resolución  de  23  de  diciembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 2, por la que se 
suspende  la  cancelación  de  determinadas  anotaciones  de  embargo 
extendidas a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En el recurso interpuesto por doña M. T. M. B. y don A. M. V. contra la nota de 
calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Cáceres número 2, doña 
Ana  Isabel  Baltar  Martín,  por  la  que  suspende  la  cancelación  de  determinadas 
anotaciones de embargo extendidas a favor de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
Hechos
I
Mediante instancia, de fecha 21 de julio de 2021, doña M. T. M. B. y don A. M. V. 
solicitaban la cancelación por caducidad de la anotación preventiva de embargo que 
gravaba  las  fincas  registrales  números  16.969  y  16.983,  del  término  municipal  de 
Cáceres, y 14.343, del término municipal de Casar de Cáceres.
II
Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Cáceres número 2, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada N.º: 4419 Diario: 184 Asiento: 456.
Fecha del documento: 21 de julio de 2021.
Acuerdo  recaído  en  este  Registro  de  la  Propiedad  sobre  la  calificación  del 
documento  presentado  por  doña  M.  T.  M.  B.,  que  motivó  el  Asiento  de  referencia 
(Artículos 3, 18, 19 bis y 323 LH).
Hechos.
I.  El documento que consta del encabezamiento, fue presentado en este Registro 
con los datos que resultan del mismo.
II.  Con  esta  fecha  y  en  relación  a  las  cláusulas  o  estipulaciones  de  dicho 
documento que resultan afectadas por la calificación, en los términos que se reflejan en 
los fundamentos de Derecho siguientes y que en este lugar se dan por reproducidas en 
evitación de repeticiones, recayó el siguiente acuerdo:
Fundamentos de Derecho
En  el  precedente  documento  se  solicita  la  cancelación  por  caducidad  de  las  s
anotaciones  preventivas  de  embargos  a  favor  de  Hacienda  Pública  en  las  fincas  oe.
números 16969 del término municipal de Cáceres, 16983 del término municipal de  w.
CveáicnTeteere ndsiee,  njyud lo1io 4e d3ne4 c 3du odesen ltm at iéll ardm ieeisncpoise iemctiaeul.n sicitiupaacl idóen  pCraosvaorc aDdea  Cpoárc elare Cso, vpirdo 1rr9o,g saed ahsa cceo nc ofnescthaar   2022-190n https://w
que la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas practicadas el
día 20 de julio de 2017, no se producirá hasta el día 16 de octubre de 2021 en aplicación  Bc
de lo dispuesto en el artículo 86 de la LH y los RRDDLL 8/2020 de diecisiete de marzo 
y 21/2020 de 9 de junio, pues hay que tener en cuenta los 88 días en que ha estado 
suspendido el cómputo de los plazos registrales, que debe sumarse a la fecha de 
caducidad de 4 años de los asientos de anotación preventiva.
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 11 de 
junio de 2020, de consulta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles de España sobre levantamiento de la suspensión de los plazos de 
caducidad de los asientos registrales.
La Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19 (BOE 10 de junio de 2020), en relación a los plazos 
de  caducidad  de  los  asientos  registrales  suspendidos  en  virtud  de  Real  Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, determina: “Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se 
alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de 
cancelación por el transcurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma 
fecha”.
Por su parte la Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis 
sanitaria del Covid-19 (BOE del mismo día 10 de junio de 2020) dispone en su apartado 
primero que:
“El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen 
quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, 
menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles 
de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento 
de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, por tanto, al 
día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos 
establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o el día de 
la expresa derogación del artículo 42”.
Esta Dirección General acuerda:
Primero.  El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha 
estado suspendido desde el día 14 de marzo en que entró en vigor el estado de alarma, 
hasta el día 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha 
tenido lugar el día 10 de junio de 2020.
Segundo.  A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma:
1.  Se reanudará el cómputo de los plazos de los asientos de presentación vigentes 
al inicio del estado de alarma, hasta el máximo de 60 días hábiles de su vigencia 
conforme al artículo 17 de la ley hipotecaria. A estos efectos el día 10 de junio de 2020 
se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión.
2.  Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el 
cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020.
3.  El plazo de vigencia (ordinariamente cuatro años desde su fecha, según el 
artículo 86 de la ley hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha 
a fecha y habrá que sumar además los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo 
de los plazos registrales. e.
Acuerdo. w
de DESele ra esscuihesonp teaonn ddteees   plearx eipnsresecnsrtaiapdccoiióósnn.  qdueel ddao cpuromrreongtoa dpor easuetonmtaádtoic eanm evinrttued p doer  plolasz ofu nddea smeesenntotas   OE-A-2022-19able en https://
días contados desde la fecha de la notificación.
Contra el presente acuerdo de calificación de la Registradora los interesados podrán 
(…).
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Ana Isabel 
Baltar  Martín  registrador/a  de  Registro  Propiedad  de  Cáceres  2  a  día  catorce  de 
septiembre del dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. T. M. B. y don A. M. V. interpusieron 
recurso el día 6 de octubre de 2021 en base a las siguientes alegaciones:
«Motivos
Previo.  El Acuerdo de 11 de agosto de 2021, referenciado, se refiere singular y 
exclusivamente, a la caducidad registral de la prórroga del Mandamiento de Anotación 
Preventiva de Embargo de Inmuebles 2017, que ceteris paribus, esto es al margen de 
cualquier otro factor, normalmente ocurría el 21 de julio de 2021, pero que debido a 
normas emanadas de la pandemia se dilata hasta el 16 de octubre 2021, tal y como 
expresa el meritado Acuerdo.
Tal  caducidad  se  solicita  en  nuestro  escrito  de  21  de  julio  de  2021,  de  forma 
subsidiaria, siendo la petición principal, la caducidad ocurrida ipso iure y a petición del 
interesado, el 12 de junio de 2013. Caducidad, que torna en inexistentes las Prórrogas 
de Anotación Preventiva de Embargo de inmuebles de 2013 y 2017, que es lo que 
motiva la presente impugnación, si consideramos que precitada petición principal no se 
resuelve, ni mediante el acuerdo registral de 11 de agosto de 2021, ni a través del 
acuerdo  que  ahora  se  impugna  de  14  de  septiembre  de  2021  y  era  condición 
imprescindible  y  necesaria  para  tratar  la  petición  subsidiaria,  petición  principal  y 
excluyente, que, a sabiendas, se ignora reiteramente [sic] en los Acuerdos registrales 
precitados,  con  indefensión  para  estas  partes,  que  llevan  solicitando  la  caducidad 
registral  ocurrida  el  12  de  junio  de  2013,  con  anterioridad  a  que  sucediera,  y 
reiteradamente desde diciembre de 2020, y el Registro, una vez más, no resuelve, 
interesadamente,  para  no  asumir  su  responsabilidad  directa  en  los  hechos  que  a 
continuación describiremos y fundamentaremos, por todo lo cual, la “suspensión” de la 
calificación, es en realidad, la denegación de la petición de caducidad solicitada el 21 de 
julio de 2021, ocurrida
EL 12 de junio de 2013, que debió ser calificada favorablemente, y en la práctica, lo 
fue  negativamente,  puesto  que  el  registro  no  inscribe,  arbitraria  e  injustamente,  la 
caducidad ocurrida el 12/6/2013, cancelando las prórrogas de 2011 y 2017. Actuación 
que es el objeto de la presente impugnación.
Primero.  Acontecimiento  de  enorme  relieve,  ninguneado  por  el  Registro,  es  el 
hecho  fehaciente,  incuestionable  e  incuestionado,  indubitado  y  acreditado,  de  que 
exactamente el 12 de junio de 2013, se produjo la caducidad registral del proceso 
administrativo tributario del que trae causa el Mandamiento de Anotación Preventiva de 
Embargo de Inmuebles de 27 de mayo de 2009, a cuyo respecto procede recordar otra 
vez:
1.1  El 25 de mayo de 2009, la AEAT dicta diligencia de embargo de inmuebles 
frente al hoy recurrente D. A. M. V. Con fecha 27 de mayo de 2009, la AEAT remite al  e
Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, Mandamiento de Anotación Preventiva de  bo
Embargo de Inmuebles, de la misma fecha, certificando que en tal día la Diligencia de  w
EAm. Mba. rVg.o T dael  cIenrmtifuiceabcleiósn d ees  2f5a lsdae,  mpoary ocu daen t2o0 l0a9 D, yilaig esnec hiaa bdíea  Enmotbifiacragdoo d ael  Iinntmerueesbaledso,,  sDe. 
snuoctiefiscióv oasl  ienstecrreitosas dhoa  are tcraovnéosc iddeol  lBa OprEo pdiea  5A EdAeT j.unio de 2009 como con posterioridad en
El Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de la AEAT subsiguiente a la 
Diligencia de Embargo de Inmuebles de 25 de mayo de 2009, datado a 2 de mayo de 
2009, registradora lo inscribe 12 de junio de 2009, tal y corno aparece anotado en el 
Libro del Registro.
1.2  La  AEAT  solicita  la  prórroga  de  la  Anotación,  mediante  Mandamiento  de 
Anotación Preventiva de Embargo datado a 21 de junio de 2013, una vez ocurrida la 
caducidad  del  anterior  Mandamiento,  el  12  de  junio  de  2013,  (jamás  notificado  al 
interesado  como  es  obligado)  que  la  registradora,  ilegalmente  y  con  gravísima 
indefensión para el afectado, anota el 9 de julio de 2013, tal y corno figura en l [sic] Libro 
del Registro, circunstancias sobre las cuales la Registradora se ha negado a certificar, 
resultando nula de pleno derecho tal actuación porque:
El Artículo 86 de la Ley Hipotecaria declara.
Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro 
años de la fecha de la notificación misma.
La Resolución del Director General de los Registros y del Notariado, de fecha 9 de 
abril de 2018, en respuesta a la consulta vinculante formulada por el Colegio el 28 de 
febrero de ese año, en su FD. 4, establece: “Las anotaciones preventivas, cualquiera que 
sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo 
aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de 
los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse 
por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga 
sea presentado antes de que caduque el asiento”.
“De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen 
una vigencia determinada y su caducidad opera ‘ipso iure’ una vez agotado el plazo de 
cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico”
1.3  O sea, el 12 de junio de 2013 caducó la posibilidad de pedir la prórroga por 
parte  de  la  AEAT,  pero,  no  obstante,  se  solicita  la  prórroga  del  mandamiento  de 
anotación preventiva de embargo de inmuebles el de 21 de junio de 2013, que se anota 
en el registro el 9 de julio de 2013, o sea ignorando la caducidad ocurrida ipso iure, el 12 
de junio de 2013, y la petición del Sr M. al respecto, y con gravísimo perjuicio para este y 
su cónyuge. El principio “ipso iure” significa que un determinado acto jurídico produce un 
efecto  automático.  Esta  expresión  sirve  para  describir  a  aquellos  efectos  que  se 
producen sin requerimiento o instancia de parte, y que los produce la norma jurídica.
E ipso iure, en el presente caso, la caducidad ocurrió el 12 de junio de 2013 y este 
hecho fehaciente, se ignora a sabiendas y contumazmente el Registro de la Propiedad 
n.º 2 de Cáceres.
1.4  En  2017,  se  produce  una  nueva  e  ilegal  prórroga  del  Mandamiento  de 
Anotación Preventiva de Embargo de 27 de mayo de 2009, prorrogado en 2013, siendo 
las anotaciones registrales las siguientes:
“Anotación preventiva de embargo Letra E a favor de la entidad Hacienda Pública 
con  CIF  (…)  titular,  para  responder  de  un  total  de  348.094,87  euros  del  principal; 
18.859,11 euros por intereses y costas.
Mandamiento administrativo de Anotación Preventiva de fecha 21 de junio de 2013 
expedido en Badajoz, por el AEAT Delegación Especial de Extremadura, con número de 
expediente 100923301740c/0, según providencia de fecha 25 de mayo de 2009. Anotado  s
bajo la letra E con fecha 9 de julio de 2013 a/folio 172, del Tomo 1894 del Archivo,  oe.
Libro 200 del término municipal de Casar de Cáceres. w.
procCeodnim fieecnhtoa  ad eq uheo sye s ree fhiear ee xlap eaddijduon taC earntiofitcaaccióiónn p dreev Cenatrigvaa sle, tpraa rEa. ”surtir efectos en el  2022-190n https://w
de jOulpioe rdaed a2 0la1 3ca rdeuscpideactdo  ipas ola  iuarneo dtaec liaó np rdóerr o1g2a  ddee  jluan aion odtea c2ió0n0 9p,r eavmenbtaivsa a dneo teamciboanregso,   BOE-A-cable e
de 2009 y 2013, afectas a caducidad, la prórroga que aparece en la anotación del 
Registro de la Propiedad referente al año 2017, es la siguiente:
“La anotación preventiva de embargo letra E se prorroga plazo de cuatro años más, 
por  ordenarlo  así  en  el  mismo  expediente  administrativo  con  número  de 
Diligencia 100923301740C, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dependencia de 
Recaudación de la Agencia Tributaria en Badajoz que la decretó, que adoptó esta 
medida con fecha de cinco de Julio de dos mil diecisiete, según resulta del mandamiento 
firmado electrónicamente por la Jefa del Equipo Regional de Recaudación, D.ª J. M. A. 
N., el día cinco de Julio de dos mil diecisiete, que ha motivado la anotación letra F, al 
folio 172 del Libro 200 de Casar de Cáceres, tomo 1894v general del archivo practicado 
con fecha 20 de julio de 2017”.
En  las  mismas  fechas  se  anotan  los  mandamientos  referidos  en  las  fincas 
registrales 16969 y 16983 del término municipal de Cáceres.
Es patente la caducidad ocurrida. paralelamente acorde con la prescripción del 
proceso  ejecutivo,  con  flagrante  violación  de  los  derechos  fundamentales  de  estos 
recurrentes, recogidos en los Arts. 9.3, 14, 24.1 y 24.2 CE.
1.5  Ítem más, Producida la caducidad automática del procedimiento, este se torna 
en inexistente.
La STS de 3/12/2020 (RC 8332/2019) ha fijado como doctrina jurisprudencial en 
materia de caducidad de los procedimientos.
“...En ese esquema, la caducidad vendría a suponer la terminación del procedimiento 
por el mero transcurso del tiempo, en el plazo establecido.” “...Lo que se quiere decir es 
que se trataría de un procedimiento, ya caducado, pero no declarada la caducidad; y uno 
nuevo que sustituiría al anterior lo que obliga a concluir que en esas situaciones lo que 
hace la Administración es pura y simplemente obviar toda la normativa sobre los plazos 
que impone el Legislador para la tramitación, con lo cual se burlaría toda la regulación y 
la finalidad de la institución de la caducidad, que no ha sido fácil de imponer el Legislador 
a nuestra Administración, en garantía de los derechos de los ciudadanos.” Y es que, a la 
postre, si de un mismo procedimiento se trata, es lo cierto que en un procedimiento ya 
caducado por el transcurso del tiempo ya solo cabe adoptar una única decisión, una 
resolución que le pone fin, cual es la declaración formal de la caducidad del mismo y su 
archivo, sin que puedan dictarse resolución alguna de contenido distinto, menos aún, 
una resolución ordenando”. “Y en relación con eso, con el procedimiento, no puede 
olvidarse que cuando el antes mencionado precepto comunitario delimita este derecho 
fundamental, lo hace con la expresa referencia al derecho de los ciudadanos a que sus 
‘asuntos’  se  ‘traten...  dentro  de  un  plazo  razonable’;  por  lo  que  cabría  suscitar  la 
pregunta  de  cómo  se  garantizarla  ese  derecho  si  la  Administración  desconoce  la 
imposición legal y procede a continuar actuando en un procedimiento caducado como si 
dicha  caducidad  no  se  hubiera  producido,  dictando  resoluciones  que  debemos 
considerar tácitamente como reapertura de un nuevo procedimiento. Sería volver a los 
tiempos, felizmente superados, preconstitucionales de tan nefasta trascendencia para los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración...”
“...porque  si  admitiésemos  que  la  Administración  puede  seguir  actuando  en  un 
procedimiento materialmente caducado, pero formalmente vigente, debemos concluir 
que el tiempo transcurrido, no es que comporte la caducidad del pretendido ser el primer 
procedimiento, sino del único procedimiento existente, es decir, de todo el procedimiento, 
el inicial y el pretendido reiniciado. Y con ello se dejaría sin eficacia alguna la institución  e
de la caducidad, con su importante relevancia para los derechos de los ciudadanos; lo  bo
cual es tanto más contradictorio cuando, como hemos expuesto, está clara la regulación  w
dleegbaal tea. ”favor de esa protección de los ciudadanos que debe servir para zanjar ese
Segundo.  2.1  Existe una reiterada doctrina de la Dirección General de Registros y
del Notariado, actualmente DG de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desarrolla los
artículos 77 y 86 de la Ley Hipotecaria, que metafísica y jurídicamente, es imposible que 
ignore la titular del Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres.
Artículo 77. LH.  Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por 
caducidad o por su conversión en inscripción.
Artículo  86.  LH  Las  anotaciones  preventivas,  cualquiera  que  sea  su  origen, 
caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que 
tengan  señalado  en  la  Ley  un  plazo  más  breve.  No  obstante,  a  instancia  de  los 
interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse 
por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga 
sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a 
los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse 
sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones 
preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho 
real afectado.
De precitada doctrina, y solo refiriéndonos a los últimos 22 años, hemos escogido 
como representativas las siguientes resoluciones:
1)  Resolución de 13 de julio de 2000, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.–“Vistos los artículos 1, 20, 38, 40, 82, 86 de la Ley Hipotecaria, 175 del 
Reglamento Hipotecario y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 8 de marzo de 1999, 19 de marzo de 1999, 16 de abril de 1999, 15 de julio 
de 1999, 30 de septiembre de 1999, 30 de octubre de 1999 y 9 de diciembre de 1999.
3.  Respecto a la cancelación de los asientos posteriores, es doctrina reiterada de 
este centro Directivo que la caducidad de las anotaciones preventivas opera ‘ipso iure’ 
una vez agotado el plazo de cuatro años, aunque no hayan sido canceladas, si no han 
sido prorrogadas previamente (artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde 
entonces de todo efecto jurídico.”
2)  Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 13 de 
diciembre de 2003.–“La caducidad de las anotaciones preventivas se produce ‘ipso iure’, 
sin  que,  transcurrido  su  plazo  de  vigencia,  puedan  surtir  efecto  registral  ni  ser 
prorrogadas. Los artículos 77 y 86 de la Ley Hipotecaria establecen la extinción de las 
anotaciones por caducidad, cualquiera que sea el origen de las mismas, y, por tanto, 
también dicho modo de extinción afecta a las ordenadas por la autoridad judicial. Por 
otra parte, la cancelación de un asiento incurso en caducidad no es más que el reflejo 
formal de un hecho (la caducidad) que ha tenido lugar con anterioridad y que, por sí solo, 
ha producido la extinción del asiento.”
3)  Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública.–“De dicho precepto (art. 86.1 LH) se extrae la conclusión de que 
las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso 
iure una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido 
prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico.” “Por otra 
parte.  y  de  acuerdo  con  el  vigente  artículo  86  de  la  ley  Hipotecaria,  caducada  la 
anotación preventiva se produce su extinción. Así lo dice expresamente el artículo 77 de 
la  ley  Hipotecaria  al  señalar  que  ‘las  anotaciones  preventivas  se  extinguen  por 
cancelación,  por  caducidad  o  por  su  conversión  en  inscripción’.  Registralmente,  e.e
caducada la anotación, debe actuar el registrador a estos efectos como si nunca se  b
hubiera practicado la citada anotación.” “Esta caducidad opera de forma automática, ipso  w
iyuar en,o s iand qmuitee  ap rpóarrrotirg ad ea legnutnoan,c ceusa plquueideara s quurteir  sneinag laú nc aeufescat oq ulae  ahnaoytaa coiróigni ncaaddou ceal drae,t rqausoe 
qeune la s oenxp deisdeicñióand adse lt amleasn adnaomtaiecnioton eosrd perneavnednoti vlaa sp erónr rnougeas, tdroe bsiisdtoe ma ala r veigdias tlriaml.i”tada con la
“La anotación caducada por transcurso del plazo de vigencia (computado desde su 
fecha; o en su caso desde la fecha de la anotación de prórroga) deja de surtir efectos 
desde el mismo momento en que se produce la caducidad, independientemente de que 
se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha de la 
misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era 
inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada. Caducada la 
anotación, corresponde necesariamente su cancelación”
4)  Resolución  de  20  de  abril  de  2021,  de  la  Dirección  General  de  Seguridad 
Jurídica y Fe Pública.–“Esta caducidad opera de forma automática, ‘ipso iure’, sin que a 
partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya no admite 
prórroga  alguna,  cualquiera  que  sea  la  causa  que  haya  originado  el  retraso  en  la 
expedición del mandamiento ordenando la prórroga, debido a la vida limitada con la que 
son diseñadas tales anotaciones preventivas en nuestro sistema registral. La anotación 
caducada  deja  de  surtir  efectos  desde  el  mismo  momento  en  que  se  produce  la 
caducidad,  independientemente  de  que  se  haya  procedido  o  no  a  la  cancelación 
correspondiente y, por tanto, de la fecha de la misma. En este caso la cancelación no es 
sino la exteriorización registral de algo que era inexistente desde el momento en que se 
produjo la caducidad expresada.”
Así pues, según la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es deducible que el 
Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, y pese a nuestras impugnacion.es, valida, 
ilegal, repetida y contumazmente, a través de sus actuaciones, una conducta previa 
arbitraria e injusta a favor de forma indiscutible, de la AEAT, permitiendo instrumentalizar 
a este organismo, un Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles 
de 27 de mayo de 2009, anotado en el registro el 12 de junio de 2009, caducado el 12 de 
junio de 2013 (solo hay que contar hasta cuatro, que son los años transcurridos desde 
el 12 de junio de 2009 al 12 de junio de 2013) y en consecuencia, arbitrariamente, el 
Registro da validez a un Mandamiento:
– Caducado “ipso jure” desde el 12 de junio de 2013.
– Carente de todo efecto jurídico desde el 12 de junio de 2013.
– Sin efecto registral desde el 12 de junio de 2013.
– Extinguido automáticamente desde el 12 de junio de 2013
2.2  Es tan maliciosa la conducta descrita, y cómplice, que, cuando el Juzgado de 
Instrucción N.º 6 de Badajoz, requiere una serie de datos a la AEAT, en uno de los 
procesos  penales  que  se  siguen  frente  a  la  AEAT,  este  organismo,  en  cuanto  a 
inscripciones registrales se refiere, remite al Juzgado unas Notas Simples, referidas a las 
propiedades inmobiliarias del recurrente, a 16 de noviembre 2020, que le han sido 
entregadas previamente por el Registro que la elabora, a la Agencia Tributaria, que 
maliciosamente, solo recogen las actuaciones de la AEAT, a través de Mandamientos de 
Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 2013 y 2017, y por tanto como la 
caducidad se produce el 12 de junio de 2013, hay que contar los años para comprobar 
tal caducidad, desde el Mandamiento de 2009, anotado el 12 de junio de 2009, dato que 
no aparece en las notas simples referidas.
Tres  Las actuaciones de la AEAT se realizan a sabiendas de su arbitrariedad e 
injusticia, con patente malicia, puesto que, con fecha 28 de junio de 2016, la funcionaria 
Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT, suscribe Acuerdo de  s
“valoración de bienes inmuebles”, iniciando el proceso de enajenación, que se notifica al  oe.
recurrente el 17 de julio 2016. w.
rcúosmtiEcona  ’a tacatl  uAeanccauiójeenrnd aopr r seuevb iaiinc faoadr ams uae  nqe uneeal :j e‘“(En…an)c ,vi ói1rnt0u 1d(9. .d0.)e , C lyoa  sdsaiesr  pddueee ssCctorái bceeen r elsase ,ng ouCridámacaemtrieevans’ t ea‘ yp llaidc ae‘b fiunlenc aay    2022-190n https://w
extensión de siete mil cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados’ (7.499 mt2).
Realizando la funcionaria autora del Acuerdo el siguiente ofrecimiento siendo consciente
de su actuación irregular”: “este bien ha sido tasado con referencia a precios de mercado 
(sic)  y  de  acuerdo  con  los  criterios  habituales  de  valoración,  por  un  importe 
de 194.309,13 euros, significándole que de existir disconformidad por su parte, dispone 
de un plazo de 15 días contados a partir del siguiente a esta notificación, para presentar 
valoración contradictoria, realizada por un perito adecuado(sic)”
3.1  El interesado responde a la funcionaria mediante escrito datado a 17 de agosto 
de  2016  que,  dada  su  trascendencia,  literalmente  reproducimos  y  que  por  su 
expresividad y por economía narrativa no merece mayor comentario:
“D. A. M. V., mayor de edad (…), ante esa Dependencia comparece y como mejor 
proceda digo:
Que en relación al oficio por usted suscrito de ‘valoración de bienes muebles’ a 28 de 
junio de 2016, no procede valoración contradictoria alguna por cuanto existe sobre la 
anotación  preventiva  de  embargo,  subsiguiente  a  la  Diligencia  que  cita  y  que 
maliciosamente no data, una caducidad, requerida en su día por esta parte al Registro, 
en base a lo establecido en al Art. 86 de la Ley Hipotecaria, y que opera ‘ipso iure’ 
careciendo de efectos jurídicos expresada anotación.
Que esta actuación estimo, (…) a la normal actuación de la AEAT desde 2005 contra 
esta parte, y pervierte aún más, si cabe, el actual procedimiento ejecutivo seguido contra 
este  suscribiente  y  que,  está  cronológicamente  prescrito,  por  cuanto  las  ficticias 
interrupciones periódicas promovidas por esa Administración a través de la actuación de 
determinados funcionarios, consistentes en suscribir Diligencias argucia son inadmisibles 
a la luz de la Ley y el Derecho, al ser un montaje irregular a la vista de los resultados 
como he denunciado, y que estimo ningún Tribunal podría/podrá a futuro refrendar.
De  ahí  el  inadmisible,  por  ilegal  y  malicioso,  oficio  referenciado  el  28  de  junio 
de 2016.
Que esta parte solicitó en su momento determinada documentación relativa a la 
prescripción del proceso tributario, proporcionándose meramente unas claves que solo 
permiten acceder a la relación de documentos, pero no a los documentos en sí mismos, 
por lo que solicito se me proporciones nuevas claves a los documentos pedidos en 
papel, ya que, en caso contrario, al no poder remitirlos al TEAC, se me situaría en 
indefensión.”
3.2  La funcionaria, ante la respuesta recibida, corre un tupido velo de cuatro años 
porque es consciente de la caducidad ocurrida en el Registro de la Propiedad, ipso iure y 
a petición de parte el 12 de junio de 2013, no existiendo respuesta y abandonando toda 
actuación al respecto, pero reabre el procedimiento, ilícitamente, con fecha 1 de julio 
de 2020, cuando elabora su “acuerdo de enajenación subasta” de la Finca Rústica 
precitada, y lo notifica al interesado con focha 20 de Agosto de 2020, justamente 
transcurridos cuatro años de la respuesta dada a su primera amenaza de enajenación.
Susodicha funcionaria, con desprecio a toda legalidad, presenta, subrepticiamente, 
prórroga de Anotación Preventiva de Embargo ante el Registro de la Propiedad N.º 2 de 
Cáceres en 2017, que recientemente supimos fue anotada por el Registro, cuando las 
posibles prórrogas caducaron, irreversiblemente, el 12 de junio de 2013.
Obvia, legal y racionalmente, estos recurrentes presumieron que, en 2016, el asunto 
enajenador estaba zanjado entonces por la caducidad antes expresada.
Cuarto.  Estos recurrentes, como ya se ha dicho, han reclamado insistentemente 
contra la actuación del Registro que hemos descrito y respecto a la cual la titular nunca  e.
se ha pronunciado, con violación de la obligación de resolver que le atañe, e infracción  w.
de la doctrina aplicable, ya que en el ámbito administrativo la doctrina del TS por todas  0w
SSTupSr em28o/,5 /e2l 0d2e0b e(rR jCur5íd7i5c1o/ 2d0e1 7re):s”oClovemro l asm suoclhicaitsu dveesc, eres clahma acreioitneerasd oo  reecsuters oTsr inbou neasl 
una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos, sino un estricto y
riguroso  deber  legal  que  obliga  a  todos  los  poderes  públicos  (sic),  por  exigencia 
constitucional (Arts. 9.1; 9.3; 103.1; y 106 CE)”
A la conducta del Registro, que hemos descrito, le es de aplicación lo declarado en la 
reciente STS 15 octubre de 2020 (Rec.1652/2019) “1. Es sabido que el principio de 
buena administración está implícito en nuestra Constitución (artículos 9.3, 103 y 106), ha 
sido  positivizado  en  la  Carta  de  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea 
(artículos 41 y 42), constituye, según la mejor doctrina, un nuevo paradigma del Derecho 
del siglo XXI referido a un modo de actuación pública que excluye la gestión negligente y 
–como esta misma Sala ha señalado en anteriores ocasiones– no consiste en una pura 
fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones Públicas, de 
suerte que el conjunto de derechos que de aquel principio derivan (audiencia, resolución 
en plazo, motivación, tratamiento eficaz y equitativo de los asuntos, buena fe) tiene –
debe tener– plasmación efectiva y lleva aparejado, por ello, un correlativo elenco de 
deberes plenamente exigible por el ciudadano a los órganos públicos.”
“2.  Entre  esos  deberes  está  –y  esto  resulta  indiscutible–  el  de  dar  respuesta 
motivada a las solicitudes que los ciudadanos formulen a la Administración y a que las 
consecuencias que se anuden a las actuaciones administrativas –especialmente cuando 
las mismas agraven la situación de los interesados o les imponga cargas, incluso si 
tienen la obligación de soportarlas– sean debidamente explicadas no solo por razones 
de pura cortesía, sino para que el sujeto pueda desplegar las acciones defensivas que el 
ordenamiento le ofrece.”
4.1  El recurrente, Sr M. V., reclama ante el Registro de la Propiedad mediante 
escritos de fechas 5 de diciembre de 2020; 26 de enero de 2021; 28 de enero de 2021.
En escrito de 2 de febrero de 2021, se expresaba: “En base a lo expuesto ‘solicito se 
declare  por  ese  registro  de  la  propiedad,  la  caducidad  ipso  jure  de  la  anotación 
preventiva de embargo de la AEAT de 21 de junio de 2013, anotada por el registro el 9 
de julio, y como consecuencia la subsiguiente anotación de 2017, al ocurrir caducidad 
el 12 de junio de 2013.”
La Sra. M. B., a 25 de marzo de 2021, requiere certificación respecto a la caducidad 
ocurrida ipso iure y por requerimiento del Sr M. en 2013, como consta inscrito en los 
Libros del Registro, solicitud reitera mediante de 6 de abril de 2021 y 12 de abril de 2021, 
tal y como literalmente reproducimos:
“En su virtud, y por estar legitimados para solicitarlo por necesitarlo para su uso en 
los procesos judiciales en curso, solicito de esa Registradora emita certificación, clara, 
expresa y concisa, respecto a las fincas registrales 16.969; 16.983; 14.343, en cuanto a 
los siguientes datos registrales:
1.º  Fecha exacta de los siguientes documentos:
1.  Mandamiento  de  Anotación  Preventiva  de  Embargo  Cautelar  de  Bienes 
Inmuebles de la AEAT-año 2008.
2.  Prórroga de la anotación preventiva de embargo cautelar de bienes inmuebles de 
la AEAT-año 2008.
3.  Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-
año 2009.
4.  Mandamiento de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 
la AEAT-año 2013.
5.  Mandamiento de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de  e.
la AEAT-año 2017. w.
Reg2is.ºtr o Fdeec lhaa P reoxpaiecdtaa de.n  que  los  anteriores  mandamientos,  fueron  inscritos  en  el
Prop3i.eºd aSd,e  oc emretifriaqmuee,n ates ís me iisnmfoorm, róe,s qpueec taoc ao rsdie s ae  Lceeryt,i fpicróe cpitoard loas A MEaAnTd aaml Rieengtiosstr oh adbeía lna 
sido notificados previamente a su inscripción a la persona interesada, D. A. M. V.
4.º  Se certifique, respecto a la caducidad de la prórroga, ocurrida el año 2013, ipso 
iure y a instancia de solicitud de D. A. M. V., y que Vd. anotó en ese Registro, como 
pudimos comprobar in situ durante nuestra entrevista de 16 de marzo de 2021, solicitud 
y respuesta a la misma, que se solicita se acompañe a la certificación requerida.”
4.2  Ante los acontecimientos que ocurren, nuevamente el 13 de abril de 2021 la 
Sra. M. se dirige a la Registradora, por escrito que dado su interés reproducimos:
“(…) D.ª M. T. M. B. mayor de edad NIF (…) ante esa Registradora comparece y 
dice:
Que con fechas 25 de marzo de 2021 y 12 de abril de 2021, presenté la solicitud de 
Certificado que en el documento adjunto se incluye. Ayer, después de presentar referido 
escrito, e informarme la empleada del Registro que nuestra solicitud no le constaba 
hubiera sido resuelta por esa Registradora, y marcharme de ese organismo, sobre 
unos 20 minutos después, la precitada empleada me remite SMS informándome de que 
tal certificado estaba a mi disposición, y me indica hasta su importe, alrededor de 200 
euros.
A  la  fecha  de  hoy,  contacto  con  el  Registro,  y  solicito  entrevista  con  esa 
Registradora, ya sea hoy o mañana, porque una vez revise el certificado, si no se 
corresponde  con  lo  pedido,  temor  que  nos  afecta  dado  lo  sucedido  anteriormente, 
desearía que se me explicara la causa de tal contumacia.
Sobre la 12,45 del día de hoy, me telefonea esa registradora, que niega la entrevista 
pedida, ni hoy ni en fecha determinada, pese a que le argumente la necesidad imperiosa 
que me afecta de disponer de un certificado que, meramente se corresponda con la 
verdad, verdad que consta fehacientemente reflejada en las notas simples, ad hoc, pero 
que carecen del valor legal de un Certificado, y al hacerle preguntas al respecto, o sea si 
el certificado se corresponderá con lo solicitado por esta compareciente, me informa 
telefónicamente que el documento que pretende entregarme. es otra vez, una fotocopia. 
del libro de asientos, indescifrable, y anteriormente censurado, posiblemente la que ya 
rechacé, y además esa Registradora, me informa lo que ya sé, que mis reclamaciones 
las puedo encauzar, ante la jurisdicción civil, que con suerte con la saturación que sufren 
los  Juzgados,  tardarían  años  en  resolver;  y  ello  en  la  instancia,  o  sea  cuando  el 
certificado  no  sea  de  utilidad  alguna,  dada  la  evolución  de  los  procesos  judiciales 
emprendidos por esta parte.
No acabo de entender la actitud de esa Registradora, cuando lo único que se la 
requiere es que colabore con la Justicia a lo que está obligada, certificando, a lo que 
también está obligada, sobre lo requerido.
Por todo ello, se lo vamos a poner más fácil y vamos a simplificar nuestra petición, 
porque quizás esa Registradora está muy ocupada, y ahí radica el problema, por ello 
meramente se la solicita certifique, sobre los siguientes datos, que constan en notas 
simples que ya hemos entregado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2, de 
Badajoz, en proceso de protección de derechos fundamentales de la persona:
1.ª  Consta en nota simple, que la AEAT remitió anotación preventiva de embargo 
de inmuebles, de 27 de mayo de 2009, al Registro, que certificaba que entonces ya se 
había notificado la diligencia de embargo de 25 de mayo de 2009, al interesado, D. A. M. 
V.
2.ª  Consta en nota simple que precitado mandamiento se anota por el Registro, 
bajo la letra D, con fecha 12 de junio de 2019, al folio 171, del tomo 1894, del archivo. e.
3.ª  Consta en nota simple que la AEAT presenta prórroga de mandamiento de  w.
anotación preventiva de embargo de inmuebles ante ese Registro, todo en base a la  0w
ddeili g2e0n1c3ia,  adneo taedmob baargjoo  lad ele tirnam Eu ecobnle sfe cdhea  f9e cdhea j u2li5o  ddee  2m01a3y,o  adl efo li2o0 10792, , edl e2l 1to mdeo  1ju8n9io4 
del archivo.
Esperamos que con las facilidades que se le dan, tenga a bien. dar contenido 
fehaciente, a lo expresado en Notas Simples emitidas por ese Registro de la Propiedad
Por ser Justicia que se pide en Cáceres a 13 de abril de 2021. Fdo M. T. M. B.”
4.3  Precedente cercano a nuestro escrito de 21 de julio de 2021 (…) es el escrito 
de la Sra. M. de 16 de abril de 2021, Y donde se insiste en la caducidad ocurrida el 12 de 
junio de 2009, ipso iure y a instancia de parte, de cuyo contenido calle destacar lo 
siguiente.
“Que certifique que, pese a tal caducidad, se inscribió mandamiento de anotación 
preventiva de embargo de 2013 y su prórroga de 2017, extemporáneamente, ignorando 
esta parte la causa de tales hechos, pero conociendo por nuestra parte, como por parte 
de la registradora, que las consecuencias de tal error, o posible negligencia, son ipso 
iure, nulas de pleno derecho referidas anotaciones, porque causando indefensión (en un 
proceso ejecutivo además prescrito, y con un mandamiento de anotación preventiva de 
embargo  de  inmuebles  de  27  de  mayo  de  2009,  falso),  la  nulidad  radical  hace 
inexistente, acorde a Ley y Derecho, y jurisprudencia, las secuelas ilegales de ignorar las 
caducidades  (procedimiento  de  enajenación  subasta,  iniciado  en  2016/suspendido 
cuando se le espetó a la AEAT la caducidad ocurrida ipso iure en 2013 y por petición de 
parte, y continuado en 2020 por la AEAT, depues [sic] de conseguir la anotación 2017, 
caducidad sobre caducidad=doble caducidad).
Para  certificar  al  respecto,  esa  Registrador  solo  tiene  que  trasladar  los  datos 
registrales que remitió a la AEAT referentes a 2013 y 2017, pero eso sí introduciendo el 
mandamiento de anotación preventiva de embargo de 27 de mayo de 2009, con fecha en 
que se apuntó en el Registro de la Propiedad, porque tal dato no consta incluido en la 
referida  información  proporcionada  a  la  AEAT,  por  lo  cual,  no  puede  apreciarse  la 
caducidad de 2013 respecto a 2009, circunstancia que la AEAT lleva instrumentalizando, 
refiriéndose exclusivamente a su Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo 
de 2017, como si fuera correcto, cuando está afecto a caducidad, por ser prórroga del 
Mandamiento caducado en 2013.”
4.4  Con fecha 21 de julio de 2021 se solicita la caducidad literalmente como sigue:
“Se solicita, de ese Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres, se anote la caducidad 
registral ocurrida y por tanto se cancelen, las anotaciones de prórroga de mandamientos 
de  anotación  preventiva  de  embargo  de  bienes  inmuebles,  referentes  a  las  fincas 
registrales 16.983, 16.969 y 14.343, de 21 de junio de 2013, de 5 de julio de 2017, por 
estar caducado el mandamieno [sic] de 27 de mayo de 2009, desde el 12 de junio de 
2013, y/o subsidiaria y cautelarmente, por la caducidad ocurrida el 20 de julio de 2021, 
respecto al mandamiento de 517/2017 anotado el 20 de julio de/2017, cancelándose.”
(sic)
Mediante el Acuerdo de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres (…), 
la Registradora evita pronunciarse una vez más, respecto a la caducidad ocurrida el 12 
de junio de 2013, resultando su “suspensión de la calificación”, que se expresa en el 
acuerdo de 11/8/2021, en realidad una calificación negativa, al referirse exclusivamente a 
nuestra  petición  subsidiaria,  informándonos  que  tal  caducidad,  por  efectos  de  la 
normativa relativa al Covid 19 (Acumulación Eventual o Subsidiaria: procede cuando el 
actor plantea pretensiones que se excluyen entre sí, caso en el cual propone una como 
principal y otra como subsidiaria, de acuerdo a la importancia que él les asigne), así que 
acorde a Ley y Doctrina, para pronunciarse sobre una petición subsidiaria, previamente  e.
se ha de resolver la petición principal. Lo que se hizo, fue ejercer, de la manera más  w.
amplia posible, agotando todas las eventualidades, el derecho a la defensa. Si estará  0w
eosrdtoe nyaa  ccóommop lteietanme eqnutee  haascuemrsideo e enn l aesl  mdeumndaon ddaesl  D(aerrte. c3h9o9,. 5q)u: e“l alas  ppreotpiciaio nLeesc  floor mpruelvaéd.a Ys 
subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán
constar por su orden y separadamente”. Nótese que incluso está previsto que pueda 
haber varias peticiones subsidiarias.
Sin  embargo,  la  Registradora,  no  asumiendo  la  veracidad  de  unos  hechos 
incuestionables, nos emplaza para el 16 de octubre de 2021, dilatando una vez más lo 
que  llevamos  requiriendo  insistentemente,  y  así  consumir  tiempo  y  no  subsanar  lo 
erróneamente actuado, mientras la AEAT desarrolla sus actuaciones en base unas 
prórrogas  ya  caducadas,  pretendiendo  acogerse  a  una  supuesta  pero  no  cierta, 
normalidad,  la  caducidad  de  2017,  respecto  a  2013,  lo  cual  es  ilícito,  porque, 
reconociendo  de  facto  la  caducidad  de  12  de  junio  de  2013,  no  se  pronuncia 
expresamente al respecto, porque es asumir su corresponsabilidad en la conducta de la 
AEAT,  y  por  ello,  resuelve  sesgada  e  irregularmente  la  petición,  respondiendo 
subsidiaria, e ignorando a sabiendas, una vez más, la principal.
Cinco.  Meramente a título dialéctico, procede indicar que el Artículo 42, Suspensión 
del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de 
declaración  del  estado  de  alarma,  Real  Decreto  ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  fue 
derogado,  por  el  apartado  dos  de  la  disposición  final  cuarta  del  Real  Decreto–
ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (“BOE” 10 
junio). Se reitera la derogación por el apartado uno de la disposición final cuarta de la 
Ley  2/2021,  de  29  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (“BOE” 30 
marzo), no afecta obviamente, a la caducidad ocurrida en 2013, que hace inexistente la 
prórroga de tal año, y la de 2017, por lo que es un planteamiento falaz y maniqueo, toda 
cita que en el Acuerdo de 11 de agosto de 2021. realiza la Registradora, respecto a la 
ampliación del plazo de caducidad, de un Mandamiento legalmente extinto, ficticio y 
virtual.
Seis.  A cualquier observador imparcial debe causar asombro la conducta de la 
titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres respecto a las múltiples y reiteradas 
vulneraciones que su conducta ha provocado, respecto al Decreto de 8 de febrero 
de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, que 
seguidamente relacionamos.
6.1  Artículo 77.  Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por 
caducidad o por su conversión en inscripción.
Artículo 79.  Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total de 
las inscripciones o anotaciones preventivas: 2.º Cuando se extinga también por completo 
el derecho inscrito o anotado.
6.2  Artículo 82.  Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de 
escritura  pública,  no  se  cancelarán  sino  por  sentencia  contra  la  cual  no  se  halle 
pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual 
preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho 
la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos.
6.3  Artículo  86.  Las  anotaciones  preventivas,  cualquiera  que  sea  su  origen, 
caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que 
tengan  señalado  en  la  Ley  un  plazo  más  breve.  No  obstante,  a  instancia  de  los 
interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse 
por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga 
sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a 
los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse  e.
sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones  w.b
preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho  0w
real 6a.f4e ctAadrtoíc.ulo  18.  Los  Registradores  calificarán,  bajo  su  responsabilidad,  la
sleogliacliitdea lda  dines lcarsip fcoiórmn,a ass eí xctorímnsoe claa sc adpea cloidsa ddo dcuem loesn tootso rdgea ntotedsa  yc llaas vea, leidne zc udyea  lvoisrt uadc tsoes 
dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los 
asientos del Registro.
Artículo 24.  Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que 
ésta deba producir, la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la 
inscripción misma.
Artículo 33.  La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con 
arreglo a las leyes.
6.5  Artículo 40.  La rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular 
del dominio o derecho real que no esté inscrito, que lo esté erróneamente o que resulte 
lesionado por el asiento inexacto, y se practicará con arreglo a las siguientes normas: b) 
Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún derecho inscrito o 
anotado, la rectificación se hará mediante la correspondiente cancelación, efectuada 
conforme a lo dispuesto en el Título IV o en virtud del procedimiento de liberación que 
establece el Título VI.
6.6  Artículo 76.  Las inscripciones no se extinguen, en cuanto a tercero, sino por 
su cancelación o por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscrito 
a favor de otra persona.
Artículo 99.  Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de 
los documentos en cuya virtud se soliciten las cancelaciones y la capacidad de los 
otorgantes, en los términos prevenidos para las inscripciones por los artículos dieciocho 
y concordantes de esta Ley.
6.7  Artículo 223.  Los Registradores expedirán certificaciones: 1.º De los asientos 
de todas clases que existan en el Registro, relativos a bienes o a personas que los 
interesados  señalen.  2.º  De  asientos  determinados  que  los  mismos  interesados 
designen, bien fijando concretamente los que sean, o bien refiriéndose a los que existan 
de  una  o  más  especies  sobre  ciertos  bienes,  o  a  cargo  o  en  favor  de  personas 
señaladas.
Artículo 224.  Las certificaciones expresadas en el artículo anterior podrán referirse, 
bien a un período fijo y señalado, bien a todo el transcurrido desde la primitiva instalación 
o reconstitución, en su caso, del Registro respectivo.
Artículo 225.  La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales 
sólo podrá acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del Registro.
Artículo 228.  Si el Registrador se niega a la manifestación de los libros del Registro 
o a expedir certificación de lo que en ellos conste, el interesado podrá recurrir la decisión 
de éste ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, siendo de aplicación 
lo  dispuesto  en  los  artículos  327  y  328  de  la  ley  Hipotecaria  en  lo  relativo  a  la 
legitimación  para  recurrir,  plazo,  lugar  de  presentación  del  recurso,  formación  del 
expediente  y  contenido  del  informe  del  Registrador,  plazo  de  resolución  y  revisión 
jurisdiccional de ésta.
Artículo 236.  Los Registradores expedirán las certificaciones que se les pidan, en el 
más breve término posible, pero sin que éste pueda exceder nunca del correspondiente 
a cuatro días por cada finca, cuyas inscripciones, libertad o gravámenes se trate de 
acreditar.
Siete.  7.1  En definitiva, las actuaciones registrales impugnadas, son nulas con 
total evidencia, y de una gravedad difícilmente igualable, y de unas consecuencias 
igualmente graves para los recurrentes, realizadas de forma consciente, a sabiendas, 
por la registradora, por cuanto, además de las actuaciones registrales realizadas por el 
recurrente en 2012-2013 respecto a la caducidad, por último, exactamente el 13 de junio  e.
de2003, el recurrente reclamó sus derechos por escrito ante la registradora, que de  w.b
forma intencionada, porque es imposible haber incurrido en error, en 2013 prórroga un  0w
mla ancdoanmduiecntato  dceald uRceagdios,t rroe pditeiesnddeo  afinccailóens  edne 2l 0a1ñ7o.  A2c0tu2a0c ióyn  pdrein lcai pqiouse  edse lc o2n0ti2n1u,i dando 
rceesrptifoicnadcieiónnd ore pnei tidaa mlaesn tere rcelaamlizaacdiaosn,e cso ndcelu yloesn dore tcoudrore enstetes  cúnmi ual o sdues  ilepgeatilcidioandeess , ndoe 
cancelando la anotación de prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de 27 de
mayo de 2009, por caducidad ocurrida el 12 de junio de 2013, cuando se solicita 
mediante escrito de 21 de julio de 2021, respondido mediante escrito de 11 de agosto de 
2021 y 14 de septiembre de 2021 y que nos ha obligado a recurrir repetidamente ante 
esta Dirección General.
A mayor abundamiento, cuando estos recurrentes impugnan el escrito del Registro 
de 11 de agosto de 2021, notificado el 10 de septiembre de 2021, por incongruente, 
impugnación que se efectúa el mismo 10 de septiembre 2021 (…), tal impugnación a la 
fecha irresuelta, pretende subsumiese en el también incongruente Acuerdo registral 
de 14 de septiembre de 2021, lo cual es improcedente. La Registradora estaba obligada 
a  cancelar  la  anotación  de  prórroga  de  Mandamiento  de  Anotación  Preventiva  de 
Embargo de Inmuebles de 2013, ocurrida el 12 de junio de 2013 porque, reiteramos el 
mandamiento de anotación preventiva de embargo de inmuebles de 27 de mayo de 
2009, está:
– Caducado ipso iure desde el 12 de junio de 2013.
– Carente de todo efecto jurídico desde el 12 de junio de 2013.
– Sin efecto registral desde el 12 de junio de 2013.
– Extinguido automáticamente desde el 12 de junio de 2013.
Y  estas  circunstancias,  por  muchas  actuaciones  tan  omisivas  como  dolosas, 
protagonice la Sra. registradora, nunca cambiarán.
7.2  Según  Sentencia  de  la  Sala  tercera  del  TS  de  22  de  diciembre  de  2020 
(rec.2931/2018) que fija doctrina y declara: “Debemos añadir una cuestión común a 
cualquier acto administrativo, incluido los tributarios, que es el grado de invalidez, la 
anulabilidad y la nulidad de pleno derecho (...) El acto nulo de pleno derecho carece de 
eficacia alguna y ab initio no produce de efectos jurídicos sin necesidad de su previa 
impugnación;”
El acto nulo radical es ineficaz desde que se dicta, lo que afecta al mandamiento de 
anotación preventiva de embargo de 27 de mayo de 2009, y el acto nulo, la nulidad, se 
ha producido ipso iure, y a instancia de parte, como costa en el Registro de la Propiedad 
y la titular contumazmente se ha negado a certificar.
Como  tiene  señalado  constantemente  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  y 
“Jurisprudencia menor” de las Audiencias Provinciales, la acción de nulidad de pleno 
derecho es imprescriptible de acuerdo con la antigua regla de que lo nulo en su inicio no 
puede ser convalidado por la acción del tiempo. Una nulidad radical, es equiparable a la 
inexistencia. Y el conocimiento como acto receptivo que es indispensable para poder 
actuar pues no se puede reaccionar contra lo desconocido o ignorado (anotaciones 
registrales  de  2013  y  2017),  no  equivale  al  consentimiento,  acto  valorativo  de 
manifestación expresa o tácita de la voluntad/Sentencia TS de abril 2001 y hace que el 
negocio jurídico sea inexistente.
El art. 47.1 Ley 39/2015 contiene una lista cerrada de supuestos de nulidad de pleno 
derecho (STS de 7 de octubre de 2010), cuyas características del acto administrativo 
nulo se caracteriza por:
No puede ser objeto de convalidación. El consentimiento del afectado no lo sana.
Puede ser impugnado en cualquier momento (no hace falta impugnarlo en plazo) ya 
que la acción de nulidad no prescribe.
Los efectos de la declaración de nulidad de pleno derecho se retrotraen al momento 
en el que el acto se produce, conllevando la ineficacia de los ulteriores actos que traen  s
causa del que se ha declarado nulo (STS de 3 de abril de 2000). oe.
Supuestos del acto administrativo nulo Actos que lesionan derechos y libertades  w.
rseucsocEnelo psctuiibdploeu sey s ddteoe  rarivemacpdoaogr iodd oicr eoecnntsa etmitl ueacnritot.e n4 ad7le.1 l aa C) Loenys t3itu9c/2ió0n1 5(T sSe  dtrea 2ta7  ddee  usne pmtioetmivbor ed ed en u2l0id0a0d)   2022-190n https://w
y que se introduce por la Ley 39/2015 entre los casos que suponen la nulidad de pleno
derecho de los actos administrativos. Así, es nulo de pleno derecho el acto cuando se 
produce:
“La  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  dado  su  sentido  nuclearmente 
esencial en un Estado de Derecho” (STS de 26 de junio de 1992). Ello supone establecer 
el supuesto de nulidad en los términos ya fijado por el TC, que afirma que se lesionan 
derechos y libertades de amparo constitucional cuando se vulnera “aquella parle del 
contenido  del  derecho  que  es  absolutamente  necesaria  para  que  los  intereses 
jurídicamente  protegidos  que  le  dan  vida  resulten  real,  concreta  y  efectivamente 
protegidos” (STC 13/1984 de 3 de febrero de 1984).
Este  supuesto  de  nulidad  no  alcanza  a  todos  los  derechos  reconocidos  en  la 
Constitución  al  referirse  a  los  derechos  y  libertades  susceptibles  de  amparo 
constitucional,  sino  que,  tal  y  como  se  establece  en  el  art.  53  de  la  Constitución 
Española, se concretan en las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 CE y en la 
Sección Primera del Capítulo Segundo (arts. 15 a 29 CE y art. 30.2 CE).
En su virtud, mediante el presente escrito, se solicita, de esa Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Publica, que admitiendo el presente escrito de Recurso, y sus 
Documentos anexos, anule, revoque, o deje sin efecto, el Acuerdo de 14 de septiembre 
de 2021, de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, dictando Resolución 
acorde a nuestros pedimentos, esto es, calificando positivamente nuestra solicitud de 
caducidad del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo e Inmuebles, de la 
AEAT, de 27 de mayo de 2009, declarando que se produjo su caducidad ipso iure el 12 
de  junio  de  2013,  siendo  por  tanto  inexistentes  las  Prórrogas  de  tal  Mandamiento 
de 2013, y 2017 que se solicita sean canceladas, acorde a Ley, como se describe y 
detalla en el presente Recurso, lo cual debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.
Es Justicia que se pide en Cáceres a 6 de octubre de 2021.
Otrosí  digo.  Que  en  base  a  lo  preceptuado  en  el  Art.  117.  Suspensión  de  la 
ejecución de la LPA 39/2015: “1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los 
casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del 
acto impugnado.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien compela 
resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que 
causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como 
consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a 
solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las 
siguientes circunstancias:
a)  Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) 
Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 
derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.”
Se cumplen ambos requisitos,  en primer  lugar,  con la Anotación Preventiva de 
Embargo de 2009 sin cancelarse registralmente, debido a la contumacia del Registro, se 
podría producir una situación irreversible o de muy difícil reparación, existiendo un 
periculum in mora al respecto a la vez que una apariencia de buen derecho, ya que 
nuestro planteamiento, al final se sustenta en contar cuatro años desde 2009 a 2013.
Así mismo el Recurso se plantea en base a la infracción del Art. 9.3 y 103.1 de la CE, 
relativos  a  los  principios  de  Seguridad  Jurídica  y  de  Legalidad,  que  brillan  por  su  e.e
ausencia en la actuación registral, pero también en los Arts. 14 y 24 de la CE, al recibir  b
estos recurrentes un trato discriminatorio respecto al otorgado a la AEAT, a la que se  w
addem Eitme bcaorngtora c laedguecma dporó Errlo 1g2a  tdraes j upnróior rodgea 2 d0e1 3u,n y M qauned alam AieEnAtoT d dee Asdneo ta2c0i1ó6n  Pcorenvoecnet itvaal 
acagdoustcoid adde  re2g0i1s6tr aal  qulae  Jtreaftaa mdoesl , Dauenpqaurtea msoelnot ofu eRrae gpioonrqaul ed eel  rReceucraruednatec isóen ,l oE i.n dRic.ó  Ge.n, 
mediante escrito que en el presente recurso se ha reproducido.
Trato discriminatorio que ha supuesto una notable indefensión para los recurrentes, 
que persiste, quienes, planteando ante el registro desde diciembre de 2020, la caducidad 
registral ocurrida el 12 de junio de 2013, jamás han obtenido respuesta alguna, y 
tampoco se responde en el acuerdo que se impugna de 11 de agosto de 2021.
Llegados a este punto, una cuestión estimamos obvia, la Registradora, hay que 
concluir, no asume la realidad de la caducidad de 12 de junio de 2013, aunque sea de 
forma tan grosera y grotesca, como se contiene en su Acuerdo de 11 de septiembre de 
2021, donde ignora otra vez nuestro requerimiento al respecto, y es que, meritada 
Registradora, pudo cometer errores, en su momento, y quizás no intencionadamente, 
pero cuando quienes los sufrieron le piden repetidamente una rectificación acorde a Ley 
para  evitar  males  mayores,  no  rectificar  es  ya  una  conducta  ilegal  en  su  máxima 
expresión, que se produce con pleno conocimiento de causa.
Consecuencia y conclusión
El Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, de 27 de mayo 
de 2009 de la AEAT, fincas inscritas en el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, con 
los números 14443, 16983 y 16969, anotados con fecha 12 de junio de 2009, caducó y 
se extinguió, radical y automáticamente, ipso iure, el día 12 de junio de 20131 y las 
prórrogas subsiguientes de 2013 y 2017, son, por imperativo legal, y según doctrina, al 
margen de cualquier circunstancia, imposibles, nulas radicales, inexistentes, sin que 
puedan producir ningún efecto jurídico, ya que legalmente tales prórrogas nunca se han 
efectuado.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su nota de calificación y 
formó expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1, 17, 20, 24, 32, 38, 66, 82, 86 
y 326 de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000; 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de junio 
y 1 de septiembre de 2000, 10 de octubre y 12 de noviembre de 2002, 25 de junio y 3, 4, 
5, 6, 8, 9 y 27 de septiembre de 2003, 9 de junio de 2009, 11 de marzo de 2010, 25 de 
octubre de 2011, 19 de mayo, 20 de julio y 17 de diciembre de 2012, 3 de abril, 15, 27 
y 28 de junio y 3 de diciembre de 2013, 31 de enero, 10 de febrero, 3 y 12 de junio, 7 de 
agosto y 18 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 30 de junio, 19 y 20 de julio, 2 
de octubre y 28 de noviembre de 2017, 12 de enero y 9 de abril de 2018 (ésta en 
consulta  vinculante  formulada  por  el  Colegio  de  Registradores  de  la  Propiedad, 
Mercantiles  y  de  Bienes  Muebles  de  España)  y  22  de  noviembre  de  2019,  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de junio 
de 2020 y 20 de abril de 2021.
1.  Como cuestión preliminar previa, según la reiterada doctrina de esta Dirección 
General, basada en el contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina 
de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000 (vid., por todas, la 
Resolución  de  18  de  abril  de  2018),  el  objeto  del  expediente  de  recurso  contra  s
calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si  e.
la calificación es o no ajustada a Derecho. w.
No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente,  0w
sperañcatliacaddaomse, note , lapso r alcot uqauceio anteasñ ee afel cptureasdeanst ep coar sloa,  vAagloernacri ala  Terxibteuntasriióan,  doe  laa siseunptouse sytaa 
Rcoengdisutcrota,  cduee setisotnee so rtgoadnaiss melola so  edxetr alñoas sr eagl risetcraudrsoor ecso nqturae  lah acanl ifsicidaoc ióon  sroeng isttitrualla.res del  BOE-A-cable e
De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado 
un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo 
todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien 
por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos 
(artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), por tanto, conforme a esta reiterada 
doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados.
2.  Entrando en el fondo del recurso, es necesario, para su resolución, examinar el 
historial registral de las fincas números 16.969 del término municipal de Cáceres, 16.983 
del término municipal de Cáceres y 14.343 del término municipal de Casar de Cáceres.
En  dicho  historial  figuran  extendidas  las  anotaciones  preventivas  de  embargo 
cautelar –letras A– a favor del Estado Español con fecha 30 de julio de 2008.
Por  las  respectivas  anotaciones  letras  B),  de  fecha  2  de  enero  de  2009,  se 
prorrogaron las citadas anotaciones letras A) por cuatro años más.
Por  las  anotaciones  letras  C),  de  fecha  12  de  junio  de  2009,  las  anteriores 
anotaciones  preventivas  de  embargo  cautelar  letras  A)  prorrogadas  por  las  B),  se 
convirtieron «en definitivas».
Por las anotaciones letras D), de fecha 12 de junio de 2009, se amplían los importes 
de los correspondientes embargos, tomándose «anotación preventiva de embargo a 
favor de la Hacienda Pública por la cantidad expresada y en los términos expuestos».
Las anteriores anotaciones, A) prorrogada por la B), convertidas en definitivas por la 
C) y ampliadas por la D), se cancelaron por caducidad en virtud de instancia, con 
fecha 15 de abril de 2013.
En virtud de mandamiento expedido el día 21 de junio de 2013, se extienden, con 
fecha 9 de julio de 2013, las anotaciones letras E), a favor de Hacienda Pública,
Con fecha 20 de julio de 2017, las citadas anotaciones letras E) son prorrogadas por 
las respectivas anotaciones letras F).
3.  Por lo tanto, en contra de lo que parece desprenderse del escrito de recurso, las 
anotaciones letra E) no son prórrogas de las originarias anotaciones letras A) que 
constan  canceladas  por  caducidad,  sino  que  son  nuevas  anotaciones,  aun  cuando 
pudieran derivar del mismo procedimiento.
La  doctrina  tradicional  de  este  Centro  Directivo  parte  de  lo  establecido  en  el 
artículo 86.1.º de la Ley Hipotecaria: «Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea 
su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas 
que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los 
interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse 
por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga 
sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a 
los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse 
sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos».
De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen 
una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez agotado el plazo de 
cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad 
que las mismas conceden a su titular.
Ahora bien, la cancelación por caducidad de las anotaciones de embargo no impide 
la extensión de nuevas anotaciones, con la prioridad que les corresponda al tiempo de 
su extensión. Por lo tanto, en este supuesto la caducidad de las anotaciones letras A), no  s
implica que el procedimiento de recaudación por vía de apremio termine, y estando en  oe.
curso ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ésta puede dictar nuevos  w.
mandamientos de embargo, ordenando nuevas anotaciones preventivas, así como sus  0w
respYe,c ctiovamso p sróer rhoag adsi,c qhuoe a enst elori oqrumee hnate s, uecxetdeinddoi dcoosn  llaoss  arensoptaeccitoivnoess  Eas) iye nFt)o.s, éstos se
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales y despliegan todos sus efectos en tanto
no se tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los 
tribunales de Justicia.
4.  Respecto al contenido de la nota de calificación, hay que tener en cuenta la 
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio 
de  2020,  por  la  que  responde  a  la  consulta  del  Colegio  de  Registradores  de  la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España sobre levantamiento de la 
suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales.
La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria  ocasionada  por  el  Covid-19,  en  relación  a  la  caducidad  de  los  asientos 
registrales  suspendidos  en  virtud  del  Real  Decreto-Ley  8/2020,  de  17  de  marzo, 
determina:
«Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de 
caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el trascurso del 
tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha».
De  esta  misma  forma,  mediante  la  disposición  adicional  cuarta  del  citado  Real 
Decreto-ley,  se  levanta  la  suspensión  de  los  plazos  de  caducidad  de  los  asientos 
registrales establecidos mediante el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del Covid-19, permitiendo de este modo acompasar el levantamiento de los plazos 
de caducidad de los asientos registrales con el de los plazos administrativos y el de los 
plazos judiciales, cuya suspensión se ha levantado, respectivamente, el 1 y el 4 de junio, 
mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo.
Por su parte la Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis 
sanitaria del Covid-19 dispone en su apartado primero que:
«El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen 
quedado  suspendidos  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  42  del  real  Decreto 
ley  8/20220,  de  17  de  marzo,  es  decir,  asientos  de  presentación,  anotaciones 
preventivas, menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales 
susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el 
levantamiento de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, 
por tanto, al día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en 
los términos establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
o el día de la expresa derogación del artículo 42».
El día de la expresa derogación del artículo 42 tuvo lugar el día 10 de junio de 2020, 
en el mismo día de la publicación de la Instrucción de 4 de junio de 2020.
La Dirección General ha acordado resolver la consulta por parte del Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, sobre la 
forma de cómputo de los plazos de vigencia de los asientos, dados los días en que han 
estado interrumpidos en los siguientes términos:
«Primero.  El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha 
estado suspendido desde el día 14 de marzo que entró en vigor el estado de alarma, 
hasta el 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha tenido 
lugar el día 10 de junio de 2020. e.e
Segundo.  A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real  b
Decreto–ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma: w
acol ninf1oic.r imo Sed eea llr  eaearstntíacuuddloao r ád1 e7e  lda celaó rlmam pLaue, tyoh  aHdseipta ol oteesl c pamlaráizaxo.i msA  ode esd tleoo ss6  ea0fs ediecíntaotsos  she ádl bdeií laep sr1e 0sde ednsetda ejcu inósiuno   vvdiiegg ee2nn0tc2eia0s    OE-A-2022-19able en https://
se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión
2.  Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el 
cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020.
3.  El  plazo  de  vigencia  (ordinariamente  cuatro  años  desde  su  fecha  según  el 
artículo 86 de la Ley Hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de 
fecha a fecha y habrá que sumar los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo 
de los plazos registrales.»
Así  pues,  en  materia  de  anotaciones  preventivas  sujetas  al  plazo  ordinario  del 
artículo 86 de la Ley Hipotecaria, practicado y vigente a fecha 14 de marzo de 2020, el 
cómputo para su caducidad habrá de hacerse de fecha a fecha, ampliándose en 88 días 
naturales adicionales a la misma.
Este  plazo  en  días  naturales,  como  excepción  al  artículo  109  del  Reglamento 
Hipotecario, se justifica en la propia singularidad de las circunstancias que han motivado 
el estado de alarma. Nótese, en cualquier caso, que la suma de 88 días naturales a la 
fecha en que, de no haber mediado la suspensión por el estado de alarma se hubiese 
producido la caducidad, arroja el mismo resultado que el que supondría reanudar el 
cómputo desde el día 10 en junio de 2020 por el número de días que faltasen para su 
caducidad; es decir, se trata de una forma de computar más sencilla que simplifica el 
cálculo sin variar su resultado, cumpliendo así con lo previsto por la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
5.  En el supuesto de este expediente, se solicita la cancelación por caducidad de 
las anotaciones preventivas de embargos a favor de Hacienda Pública en las fincas 
números 16.969 del término municipal de Cáceres, 16.983 del término municipal de 
Cáceres y 14.343 del término municipal de Casar de Cáceres, prorrogadas con fecha 20 
de julio de 2017.
Teniendo en cuenta los cómputos antes mencionados al estar comprendidas dichas 
anotaciones entre las afectadas por la situación provocada por la Covid 19, la caducidad 
del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas practicadas el día 20 de julio 
de 2017, no se produjo hasta el día 16 de octubre de 2021, por lo tanto, en la fecha en la 
que la cancelación fue solicitada esta no podía efectuarse.
Debe tenerse en cuenta que dicha ampliación especial de plazos opera a todos los 
efectos, también respecto al titular de las anotaciones, Hacienda Pública, por lo que, si 
durante la ampliación de su vigencia se ordena una nueva prórroga, esta impediría 
igualmente la cancelación por caducidad pretendida por los interesados, dado que ello 
supondría, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, un nuevo período de 
cuatro años de vigencia de las anotaciones referidas.
Procede, por tanto, confirmarse la nota de calificación.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.