BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59  Miércoles 10 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 27572
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3697 Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las 
asimetrías híbridas.
I
La Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, fue objeto de modificación por la Directiva (UE) 
2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, en lo que se refiere a las asimetrías 
híbridas con terceros países. Las disposiciones para neutralizar las asimetrías híbridas 
que contiene la citada Directiva son coherentes con las normas recomendadas en el 
informe de la Acción 2, «Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos», del proyecto 
contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios («BEPS» por sus siglas 
en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La Directiva (UE) 2016/1164 es objeto de transposición mediante este real decreto-ley 
en relación con los preceptos sobre asimetrías híbridas que contiene, incorporándose a la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y al texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
II
Este real decreto-ley consta de dos artículos, una disposición derogatoria y cuatro 
disposiciones finales.
El considerando 9 de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, 
señala que las normas sobre las asimetrías híbridas «(…) deben tratar situaciones de 
asimetría derivadas de dobles deducciones, de conflictos en la calificación de los 
instrumentos financieros, pagos y entidades, o de la atribución de pagos. Dado que las 
asimetrías híbridas podrían dar lugar a una doble deducción o a una deducción sin 
inclusión, es necesario establecer normas en virtud de las cuales el Estado miembro 
implicado deniegue la deducción de un pago, unos gastos o unas pérdidas, u obligue al 
contribuyente a incluir el pago en su renta imponible, según sea adecuado (…)», sin que 
tales normas deban aplicarse, en aquellos casos que se refieren en otros considerandos 
de la citada Directiva y que se recogen en el presente texto (artículo 15 bis.13).
Los preceptos de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, 
objeto de transposición son aplicables a las asimetrías híbridas que tienen lugar entre 
España y otros Estados miembros y entre España y terceros países o territorios, por lo que 
resulta necesario regular, tal y como indica el considerando 24 de la Directiva (UE) 
2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, una «norma primaria», entendida como la 
solución que se considera apropiada para anular los efectos fiscales de la asimetría  e.
híbrida, y una «norma secundaria» que será aplicable cuando no se haya aplicado la  w.b
primera, ya sea porque exista discrepancia en la transposición y aplicación de la Directiva  97ww
alau naqsuime etotrdíao sh líobsr idEas tapdaortsic mipiee mubnr otes rhcaeyr apna aísc tou atdeorr idtoer cioo nqfuoerm nidoa tde ncogna  epllrae coe ppotorqsu pea erna 
neutLroasliz parre lcoesp etofesc stoosb rdee a tsailmese tarísaims ehtírbíraids.as serán aplicables cuando entre las partes que
intervienen en la operación medie una relación de asociación, se ejerza influencia
significativa o se actúe conjuntamente respecto de los derechos de voto o propiedad del 
capital, así como cuando la asimetría tenga lugar en el marco de un mecanismo 
estructurado. A estos exclusivos efectos, la referencia a personas y entidades vinculadas 
deberá entenderse hecha no solo a los supuestos de vinculación regulados en la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y en el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, sino también al resto de los supuestos señalados en la 
Directiva que no están incluidos en dichos textos legales y que se incorporan mediante 
este texto normativo. De la misma forma, se recoge el concepto de mecanismo estructurado 
que contiene la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016. Los 
preceptos relativos a lo señalado en este párrafo se incorporarán, en el ámbito del 
Impuesto sobre Sociedades, en el artículo 15 bis. 12 y 9, respectivamente.
La asimetría de instrumento financiero híbrido a que se refiere la letra a) del primer 
párrafo del artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, 
genera una asimetría en resultados tipo «deducción sin inclusión» consistente en la 
deducción de un gasto en el país del ordenante del pago sin la correspondiente tributación, 
en un plazo razonable, del ingreso correlativo en el país del beneficiario o inversor, como 
consecuencia de diferencias en la calificación del instrumento o del gasto. En virtud de lo 
dispuesto en el artículo 9.2 de la citada Directiva la neutralización de dicha asimetría, en el 
artículo 15 bis.1, tiene como regla primaria la no deducción del gasto en el Impuesto sobre 
Sociedades del contribuyente residente en territorio español, cuando España sea el país 
del ordenante, y como regla secundaria la inclusión del ingreso en la base imponible de 
dicho Impuesto sin que proceda su exención, cuando España sea el país del beneficiario 
o inversor y la deducción del gasto se haya permitido en el país del ordenante, precepto 
este último regulado en el artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.
En el ámbito de este tipo de asimetría, la letra a) del segundo párrafo del artículo 2.9 
de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, aclara que no da lugar 
a una asimetría híbrida el pago del rendimiento subyacente de un instrumento financiero 
transferido realizado por un operador financiero en el marco de una transferencia híbrida 
introducida en el mercado, en la medida que no forme parte de un mecanismo estructurado, 
siempre que la jurisdicción del ordenante obligue al operador financiero a incluir como 
renta todos los importes percibidos en relación con el instrumento financiero transferido. A 
tales efectos, la Directiva define lo que se entiende por operador financiero y transferencia 
híbrida introducida en el mercado.
En este sentido, cuando el ordenante sea contribuyente del Impuesto sobre Sociedades 
y para las operaciones a que dichos artículos se refieren, la obligación señalada se 
encuentra regulada en los artículos 21 y 32 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.
Las entidades híbridas son definidas en la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 
de julio de 2016, como «toda entidad o mecanismo que sean considerados entidades 
imponibles en virtud de la legislación de una jurisdicción y cuyas rentas o gastos se 
consideren rentas o gastos de otro u otros sujetos en virtud de la legislación de otra 
jurisdicción».
En el caso de las entidades híbridas a que se refiere la letra e) del primer párrafo del 
artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, que, como 
consecuencia de una calificación fiscal diferente en la legislación del país o territorio en el 
que está establecida o registrada la entidad y en la del país del inversor de dicha entidad,  es
dan lugar a una asimetría en resultados del tipo «deducción sin inclusión», se aplicará,  o
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país en el que se recibe o se considera recibido dicho pago– y el país del ordenante haya
permitido la deducibilidad del gasto. Ambas reglas se incorporan en el artículo 15 bis.2 de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, estableciéndose que 
el gasto que no es deducible por no estar compensado con un ingreso que genere una 
renta de doble inclusión podrá serlo en los tres años siguientes a medida que se genere 
un ingreso que sea renta de doble inclusión que lo compense y que el ingreso integrado 
en la base imponible podrá minorar dicha base en el mismo plazo en la medida en que el 
gasto se compense con un ingreso que sea renta de doble inclusión.
Por su parte, para el caso de la entidad híbrida inversa a que se refiere la letra b) del 
primer párrafo del artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio 
de 2016, se transpone en el artículo 15 bis.3, exclusivamente, la regla primaria, haciendo 
uso de la potestad conferida a los Estados miembros en la letra a) del artículo 9.4 de la 
citada Directiva. En virtud de dicha regla se deniega la deducción del gasto en el 
contribuyente del Impuesto sobre Sociedades cuando, como consecuencia de la diferente 
calificación fiscal de la entidad vinculada con la que se realice la operación en el país o 
territorio de dicha entidad y en el país o territorio del inversor o partícipe en dicha entidad, 
no se genere un ingreso.
La misma regla primaria se aplicará en las asimetrías de establecimientos permanentes 
híbridos que den lugar a un resultado de deducción sin inclusión, esto es, aquellas a que se 
refieren las letras c) y d) del primer párrafo del artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 
del Consejo, de 12 de julio de 2016. En estos casos, en el artículo 15 bis.5, letras a) y b), 
se establece como regla primaria la no consideración como gasto fiscalmente deducible 
del pago realizado por el contribuyente del Impuesto sobre Sociedades, no siendo objeto 
de transposición la regla secundaria en uso de la facultad antes referida. En cuanto a la 
asimetría de establecimiento permanente referida en la letra f) del primer párrafo del 
artículo 2.9 de la citada Directiva, la regla primaria regulada en el artículo 15 bis.5, letra c), 
que se establece no permite la deducibilidad del gasto estimado en la medida en que no 
se compense con un ingreso del establecimiento permanente que genere renta de doble 
inclusión, con un plazo de tres años para deducir la parte pendiente siempre que se 
compense con ingresos que generen renta de doble inclusión.
La asimetría de establecimiento permanente no computado a que se refiere el artículo 9.5 
de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, se define como aquella 
en la que existe un establecimiento permanente con arreglo a la legislación del país de la 
casa central pero no existe tal establecimiento permanente con arreglo a la legislación del 
otro país o territorio. Esta situación genera una asimetría de «doble no inclusión» en la 
medida en que las rentas del mencionado establecimiento permanente no estén sujetas a 
tributación en ninguno de los dos países. En relación con esta asimetría híbrida se 
incorpora en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 
artículo 15 bis.6 para dar cumplimiento al mandato de la mencionada Directiva.
Cuando la asimetría en resultados sea del tipo «doble deducción», referida en la letra 
g) del primer párrafo del artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, consistente en que el mismo gasto tiene la consideración de fiscalmente 
deducible en dos países o territorios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 de dicha 
Directiva, se deniega, como regla primaria, la deducción del gasto en el Impuesto sobre 
Sociedades cuando España es el país del inversor y, como regla secundaria, se deniega 
la deducibilidad de tal gasto en el contribuyente que lo haya efectuado cuando España sea 
el país del ordenante y el país o territorio del inversor no haya negado tal deducción, tal y 
como se establece en el artículo 15 bis.4 y 15 bis.5, letra d). De acuerdo con lo señalado 
en la mencionada Directiva, el país del ordenante es en el que se ha originado el pago, se  es
ha generado el gasto o la pérdida o, cuando se trate de pagos realizados por una entidad  o
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financie, directa o indirectamente, gastos deducibles que den lugar a una asimetría híbrida
mediante una transacción o una serie de transacciones realizadas entre empresas 
asociadas o acordadas en el marco de un mecanismo estructurado, excepto cuando una 
de las jurisdicciones afectadas por las transacciones o series de transacciones haya 
realizado un ajuste equivalente respecto de dicha asimetría híbrida». En estos casos, la 
asimetría híbrida no tiene lugar en el territorio de aplicación del Impuesto sobre Sociedades, 
sino en terceros países o territorios que no aplican reglas para evitar las asimetrías 
híbridas como las reguladas en dicha Directiva, si bien, mediante un gasto que tiene la 
consideración de fiscalmente deducible en un contribuyente de dicho Impuesto, se financia 
alguna de las asimetrías a que se refiere la precitada Directiva (UE) 2016/1164. La norma 
dictada en transposición del precepto citado, artículo 15 bis.7, niega la deducibilidad del 
mencionado gasto en el contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.
Otra de las asimetrías reguladas es la denominada «asimetría relacionada con la 
residencia fiscal» para la que el artículo 9 ter de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, 
de 12 de julio de 2016, diferencia si tiene lugar con terceros países o entre Estados 
miembros con convenio para evitar la doble imposición. En el primer caso, en virtud de lo 
dispuesto en dicho artículo, se niega la deducibilidad del gasto en el contribuyente del 
Impuesto sobre Sociedades si tal deducibilidad es permitida en el otro país compensándose 
con ingresos que no generen renta de doble inclusión y, en el segundo caso, el gasto solo 
será deducible en el Impuesto sobre Sociedades si, de acuerdo con dicho convenio para 
evitar la doble imposición, el contribuyente es residente fiscal en territorio español. Esta 
asimetría se regula en el artículo 15 bis.10.
En relación con las asimetrías de transferencias híbridas generadas por una doble 
utilización de retenciones, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, dispone de preceptos que impiden una parte de los efectos de dichas 
asimetrías por lo que solo resulta necesario transponer en el artículo 15 bis.8 el precepto 
regulado en el artículo 9.6 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 
2016, en lo atinente a las retenciones a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, lo que se 
lleva a cabo en conexión con la recomendación contenida en el considerando 23 de la 
Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017.
Por otra parte, la incorporación en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, del artículo 15 bis y la consiguiente derogación del artículo 15.j) hacen 
necesaria la modificación del artículo 16.1 de la citada Ley, como consecuencia de la 
remisión que en el mismo se hace a los gastos a que se refiere dicha letra j), debiéndose 
remitir, a partir de la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, a los gastos no deducibles previstos en el artículo 15 bis de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Por último, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se ha optado 
por regular expresamente en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, las 
especialidades para las asimetrías híbridas referidas en las letras c), f), g) y d) del primer 
párrafo del artículo 2.9 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, 
siguiendo el orden en que se regulan en el nuevo apartado 6 que se añade al artículo 18 
del citado texto refundido. En todo lo no dispuesto en dicho texto refundido se deberá 
estar, tanto para dichas letras como para otros supuestos de asimetrías híbridas que 
afecten al Impuesto, a lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, en virtud de la remisión que se hace a dicha ley en el primer apartado 
del artículo 18 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
III bo
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político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados
miembros en la puesta en práctica del mercado interior. Bc
El cumplimiento de este objetivo resulta hoy, si cabe, aún más relevante, habida cuenta 
del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos 
en el plazo de transposición de directivas, en los que la Comisión puede pedir al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de 
manera acelerada según el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.
Es por ello que este real decreto-ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 
(UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, en la redacción dada por la Directiva 
(UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, a las asimetrías híbridas, cuyo plazo 
de transposición expiró el 31 de diciembre de 2019, y respecto de la que la Comisión 
Europea, con fecha 30 de octubre de 2020, ha dirigido al Reino de España un dictamen 
motivado.
La gravedad de las posibles sanciones económicas derivadas de la falta de 
incorporación al ordenamiento jurídico español de la citada Directiva y la evidencia de que 
su tramitación como ley por el procedimiento ordinario conllevaría unos plazos en los que 
se produciría la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
por parte de la Comisión Europea, hace imprescindible acudir a la aprobación de un real 
decreto-ley para proceder a su transposición urgente.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes 
«en caso de extraordinaria y urgente necesidad». La adopción de medidas de carácter 
económico acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal 
Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad, 
entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta, y la urgencia, 
asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se 
trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún 
perjuicio.
Respecto de la utilización del real decreto-ley como instrumento de transposición, cabe 
señalar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 23/1993, de 21 de enero, señala 
que aquel constituye un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas 
económicas problemáticas, y en su Sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la existencia 
del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la 
Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición» y la existencia de 
«procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España».
En cuanto a los motivos de extraordinaria y urgente necesidad, es preciso recordar la 
STC 1/2012, de 13 de enero, cuyo Fundamento Jurídico 10 señala:
«De lo expuesto se deriva, en suma, que debemos considerar como factores relevantes 
para nuestro examen no solo el elemento temporal (el patente retraso en la transposición 
de las directivas correspondientes) sino muy especialmente el elemento causal (la 
existencia de dos procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España, cuya 
terminación  mediante  sendas  sentencias  que  constataran  el  correspondiente 
incumplimiento se quería evitar a todo trance) así como el elemento material (la importancia 
que, conforme al artículo 45 CE, cabe conferir a que la casi totalidad de los proyectos con 
relevancia económica y social quedara sometida cuanto antes a evaluación de impacto 
ambiental), por lo que, a la vista de la incidencia conjunta de estos tres factores en el 
presente caso, es preciso concluir que concurre el presupuesto habilitante de la 
extraordinaria y urgente necesidad requerido por el artículo 86.1 CE.» s
En este sentido, se produce la existencia del elemento temporal citado ya que se  w.b
cumple con la obligación de transposición de las modificaciones en el régimen de las  97ww
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Se produce, además, el elemento causal, ya que el pasado 30 de octubre de 2020 la 
Comisión Europea, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 258, párrafo 
primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha dirigido al Reino de 
España un dictamen motivado mediante el que le invita a que adopte y comunique las 
medidas requeridas para la transposición de la mencionada Directiva en el plazo de dos 
meses desde la recepción de dicho dictamen, al que este respondió comprometiéndose a 
adoptar las medidas necesarias para dicha transposición, lo que fue aceptado por la 
Comisión.
Por último, se cumple también con el elemento material de justificación que exige la 
referida doctrina constitucional en tanto que es precisa una acción normativa inmediata 
para eliminar o combatir la evasión fiscal que se produce cuando determinados 
contribuyentes sometidos a dos jurisdicciones fiscales distintas se benefician de un 
tratamiento fiscal dispar o no coordinado entre las mismas erosionando así las bases 
imponibles correspondientes. Dicha erosión de las bases imponibles, limita la capacidad 
recaudatoria de los Estados por lo que se han elaborado soluciones a nivel global, tanto 
en el marco de la OCDE como de la Unión Europea, en cuyo seno se ha aprobado la 
Directiva 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, que ahora se transpone.
Al respecto, como ya se ha señalado las medidas tributarias contenidas en este real 
decreto-ley tienen por objeto transponer la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, en la redacción dada por la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de 
mayo de 2017, sobre las asimetrías híbridas, con reglas de protección de las bases 
imponibles contra tales asimetrías más amplias que las actualmente existentes en el 
Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, evitando 
un impacto global negativo desde el punto de vista de la competencia, la eficiencia, la 
transparencia y la justicia. Al neutralizarse los efectos fiscales de tales asimetrías se 
impedirá la utilización de dichas estructuras como mecanismo de erosión de la base 
imponible y de traslado de beneficios.
Las modificaciones que se introducen son normas de cierre o precautorias, de tal 
modo que con ellas no se persigue incrementar la recaudación, sino más bien prevenir 
conductas que pudieran dar lugar a una disminución de aquella.
La situación descrita demanda, como queda dicho, una acción normativa inmediata en 
un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 
11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3), para evitar de este modo 
que el Reino de España pueda ser sancionado pecuniariamente por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.
Además, como señala la STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de que 
la materia tributaria esté sujeta al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3 CE) y 
de que dicha reserva tenga carácter relativo y no absoluto “no se deriva necesariamente 
que se encuentre excluida del ámbito de regulación del decreto-ley, que podrá penetrar en 
la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto 
habilitante y no ‘afecte’ en el sentido constitucional del término, a las materias excluidas” 
(SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; y 108/2004, de 30 
de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7)».
Y, sobre este particular, en la sección 2 del capítulo segundo del título I de la 
Constitución, bajo la rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», se inserta el 
artículo 31.1 CE, precepto que establece «un auténtico mandato jurídico, fuente de 
derechos y obligaciones», del que «se deriva un deber constitucional para los ciudadanos  es
de contribuir, a través de los impuestos, al sostenimiento o financiación de los gastos  o
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Pues bien, el artículo 31.1 de la Constitución Española «conecta el citado deber de 
contribuir con el criterio de la capacidad económica» y lo relaciona, a su vez, «no con 
cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario», por lo 
que queda claro que «que el decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos 
elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, 
afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo» 
(SSTC 182/1997, de 18 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de 
junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). De manera que vulnerará el artículo 86 CE 
«cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o 
cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad 
económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 
137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). 
Por tanto, será preciso tener en cuenta «en cada caso en qué tributo concreto incide el 
decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del 
conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio 
de capacidad económica–,qué elementos del mismo –esenciales o no resultan alterados 
por este excepcional modo de producción normativa– y, en fin, cuál es la naturaleza y 
alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 
FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de 
julio, FJ 7)».
Asimismo, debe tenerse en cuenta que dentro de los supuestos previstos en la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, que son objeto de 
trasposición, el más frecuente en nuestro ordenamiento jurídico, que es el relativo a los 
instrumentos financieros híbridos, ya está incorporado a nuestro ordenamiento en virtud de 
la regulación contenida en la letra j) del artículo 15 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, aplicable a la determinación de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes en el caso de rentas obtenidas a través de 
establecimiento permanente.
En este sentido, no parece probable que el resto de casuística sobre asimetrías 
híbridas objeto de regulación se pueda dar con frecuencia, ya que nuestro ordenamiento 
tributario no favorece las asimetrías relativas a entidades híbridas, por lo que el número de 
contribuyentes o las rentas afectadas por las normas de este real decreto-ley resulta poco 
significativo en el sentido empleado por la doctrina constitucional antes citada.
A la luz de estas consideraciones, cabe afirmar que no se vulnera el citado artículo 31 
de la Constitución ya que, como se señala en la antes mencionada STC 100/2012 (FJ 9), 
no se altera «de manera relevante la presión fiscal que deben soportar los contribuyentes 
y, por consiguiente, no provoca un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos 
en el conjunto del sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del 
deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el 
artículo 31.1 CE» (SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).
Por todo lo expresado anteriormente, concurren de esta forma las circunstancias de 
«extraordinaria y urgente necesidad», que constituyen el presupuesto habilitante exigido 
al Gobierno por el artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar reales decretos-
leyes.
IV
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  oe.
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente real  w.
dneseetcceer esstieodn-altedid,y o es, feilca asac juniaso,tr amp raaos pl ooqrsuc eipo rnainahcloiidrpaaio dss,e  s deieng truborudideuancdae  njru ercgíudubiclraaec,n ió trlnaa, n nesepsctaoer seeindsca,i dalo  dys e ep fcricoininecsniptcitiiouasi.r   Eduenn    2021-3697n https://ww
sistema de cierre o precautorio, al objeto de evitar o prevenir conductas que pudieran dar
lugar a una disminución de la recaudación impositiva de los impuestos mencionados  Bc
amparados en la existencia de distintas regulaciones fiscales a nivel internacional.
Así, se cumplen los principios de necesidad y eficacia, por cuanto es necesaria la 
aprobación de una norma con rango legal, dados los motivos y alternativas reguladoras 
que se detallan a lo largo de este preámbulo, siendo el real decreto-ley el instrumento más 
adecuado en estos momentos para garantizar su consecución.
Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha observado de 
forma exclusiva el modo de atender los objetivos estrictamente exigidos, antes 
mencionados.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del 
proyecto normativo con el resto del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la 
Unión Europea. De hecho, la norma responde a la necesidad de trasposición de normativa 
comunitaria al Derecho español, en concreto, de la aludida Directiva 2016/1164 del 
Consejo, de 12 de julio de 2016, en su redacción dada por la Directiva (UE) 2017/952 del 
Consejo, de 29 de mayo de 2017.
En cuanto al principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el 
«Boletín Oficial del Estado», es preciso señalar que esta norma comenzó a tramitarse de 
manera ordinaria, publicándose el anteproyecto de ley, así como su memoria del análisis 
de impacto normativo, en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, a efectos de que 
pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por 
todos los ciudadanos, si bien, por las razones de urgencia anteriormente invocadas, se ha 
procedido a la tramitación de esta norma mediante real decreto-ley.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera cargas 
administrativas adicionales para los contribuyentes.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de 
Hacienda general.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de marzo de 2021,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades:
Uno.  Se introduce un artículo 15 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 15 bis.  Asimetrías híbridas.
1.  No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones 
realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio 
que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente en estas del gasto o de 
la operación, no generen un ingreso, generen un ingreso exento o sujeto a una 
reducción del tipo impositivo o a cualquier deducción o devolución de impuestos 
distinta de una deducción para evitar la doble imposición jurídica.
En caso de que el ingreso se genere en un período impositivo que se inicie 
dentro de los doce meses siguientes a la conclusión del período impositivo en el que  es
se haya devengado el gasto para el contribuyente, dicho gasto será fiscalmente  o
dbreeaadsleiu2z c.ai midbpalNeoso e n csniobe nelreá l  ppnde eefrirlss íboocedannolame sifme iocnp itaeoerns idotiited.ivdaoud ceeisnb  lveeilsn q clouusela  gedala smst oersen scciiodorenrneatsdeposo  inendngi reoentsrtooe  ssp eaa  íiosnp toee grtaerecrr iieotonnr eiloas    2021-3697n https://www.
que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente del contribuyente en
dicho país o territorio, no generen un ingreso, en la parte que no se compense con 
ingresos que generen renta de doble inclusión.
El importe de los gastos no deducidos por aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo anterior podrá deducirse en los períodos impositivos que concluyan dentro 
de los tres años siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se 
devengaron tales gastos, en la medida en que se compense con ingresos del 
contribuyente que generen renta de doble inclusión.
Se integrará en la base imponible el importe correspondiente a las operaciones 
realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio 
que, como consecuencia de una diferente calificación fiscal de estas, haya tenido la 
consideración de gasto fiscalmente deducible en ese otro país o territorio, en la 
parte que no se compense con ingresos que generen renta de doble inclusión.
El importe integrado en la base imponible por aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo anterior podrá minorarse de la base imponible de los períodos impositivos 
que concluyan dentro de los tres años siguientes a la conclusión del período 
impositivo en el que se integró el ingreso, en la medida en que tal gasto se compense 
en el otro país o territorio con ingresos de la persona o entidad vinculada que 
generen renta de doble inclusión.
3.  No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones 
realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio 
que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente de estas en dicho país 
o territorio y en el de su partícipe o inversor, no generen un ingreso.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación cuando la relación 
de vinculación exista, exclusivamente, entre el contribuyente y el mencionado 
partícipe o inversor.
4.  No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones 
realizadas con o por personas o entidades vinculadas residentes en otro país o 
territorio que, como consecuencia de la diferente calificación fiscal de estas, sean, 
asimismo, gastos fiscalmente deducibles en dichas personas o entidades 
vinculadas, en la parte que no se compense con ingresos que generen renta de 
doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior 
podrán ser deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años 
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales 
gastos, en la medida en que se compensen con ingresos de la persona o entidad 
vinculada que generen renta de doble inclusión.
No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones 
realizadas por el contribuyente cuando tengan, asimismo, la consideración de 
fiscalmente deducibles en el país o territorio de una persona o entidad vinculada 
como consecuencia de una diferente calificación fiscal del contribuyente, en la parte 
que no se compense con ingresos que generen renta de doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior 
podrán ser deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años 
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales 
gastos, en la medida en que se compensen con ingresos del contribuyente que 
generen renta de doble inclusión.
5.  No serán fiscalmente deducibles:
a)  Los  gastos  correspondientes  a  operaciones  realizadas  con  un  e.
establecimiento permanente del contribuyente o de una entidad vinculada, o con  w.
una entidad vinculada que tenga establecimientos permanentes, cuando como  97ww
cpoenrmseacnueenntec iya  sdue c ausnaa  cdeinfetrraeln, coi ae nfitsrec adlo esn o  smuá as terisbtuacbilóenc imenietrneto esl  peesrtmabalneecnimteise,n ntoo 
genebr)e n Luons i nggraesstoo.s  correspondientes  a  operaciones  realizadas  con  un  BOE-A-cable e
establecimiento permanente del contribuyente o de una persona o entidad vinculada
que, como consecuencia de que dicho establecimiento no es reconocido fiscalmente 
por el país o territorio de situación, no generen un ingreso.
c)  Los gastos estimados en operaciones internas realizadas con un 
establecimiento permanente del contribuyente, en aquellos supuestos en que así 
estén reconocidos en un convenio para evitar la doble imposición internacional que 
resulte de aplicación, cuando, debido a la legislación del país o territorio del 
establecimiento permanente, no generen un ingreso, en la parte que no se 
compense con ingresos del establecimiento permanente que generen renta de 
doble inclusión.
El importe de los gastos no deducidos por aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo anterior podrá deducirse en los períodos impositivos que concluyan dentro 
de los tres años siguientes, en la medida en que se integren en la base imponible 
del contribuyente con ingresos del establecimiento permanente que generen renta 
de doble inclusión.
d)  Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con o por un 
establecimiento permanente del contribuyente que sean, asimismo, fiscalmente 
deducibles en dicho establecimiento permanente o en una entidad vinculada con él, 
en la parte que no se compense con ingresos de dicho establecimiento permanente 
o entidad vinculada que generen renta de doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior 
podrán ser deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años 
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales 
gastos, en la medida en que se compensen con ingresos del establecimiento 
permanente o entidad vinculada que generen renta doble inclusión.
6.  No resultará de aplicación lo previsto en el artículo 22 de esta ley en el caso 
de rentas obtenidas a través de un establecimiento permanente que no es 
reconocido fiscalmente por el país o territorio de situación.
7.  No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a una 
transacción o serie de transacciones realizadas con personas o entidades vinculadas 
residentes en otro país o territorio, cuando financien, directa o indirectamente, 
gastos deducibles realizados en el marco de operaciones que generen los efectos 
derivados de las asimetrías híbridas a que se refieren los apartados anteriores de 
este artículo, excepto cuando uno de los países o territorios afectados haya 
realizado un ajuste para evitar la deducción del gasto o someter el ingreso a 
tributación, en los términos expuestos en dichos apartados.
8.  Será deducible en la cuota íntegra de este Impuesto el importe de la 
retención practicada a cuenta del mismo en la proporción que se corresponda con 
la renta integrada en la base imponible obtenida en una trasferencia híbrida 
realizada con una persona o entidad vinculada no residente en territorio español.
A estos efectos, se considera como transferencia híbrida cualquier operación 
relativa a la transferencia de un instrumento financiero cuando el rendimiento 
subyacente del instrumento financiero transferido se considere, a efectos fiscales, 
como obtenido simultáneamente por más de una de las partes que intervienen en la 
operación.
9.  Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo se aplicará, 
asimismo, cuando las operaciones a que se refieren, con independencia de que se 
realicen entre personas o entidades vinculadas o no, tengan lugar en el marco de un  s
mecanismo estructurado. e.
A estos efectos, se considera mecanismo estructurado todo acuerdo, negocio  w.
jurídico, esquema u operación en el que la ventaja fiscal derivada de las asimetrías  97ww
hcuíbarnidtaifisc aad qau eo  sceo rnesfiideereran ddaic ehons s aupsa crtoanddoisc ieonn eloss  oté crmonintroasp erens etallociso sneeñsa ola dboiesn,  eqsutée 
hcoaynatr isbiduoy ednistee ñoa duon paa rpae prrsoodnuac iro l oesn rteidsaudlta vdionsc udlea tdaale sc oans iméle tnríoa sh, uebxiceerpat op qoudeid eol   BOE-A-cable e
conocerlos razonablemente y no compartiera la ventaja fiscal indicada.
10.  No serán fiscalmente deducibles los gastos o pérdidas que resulten 
fiscalmente deducibles en otro país o territorio en el que el contribuyente sea, 
asimismo, residente fiscal, en la parte que se compense con ingresos que no 
generen renta de doble inclusión.
En el caso de que dicho gasto se compense en el otro país o territorio en un 
período impositivo posterior al de la deducción del gasto o pérdida en el 
contribuyente, éste deberá integrar en su base imponible el importe correspondiente 
a la referida compensación en el período impositivo en que esta se produzca.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el otro país sea 
un Estado miembro de la Unión Europea con el que España tenga suscrito un 
convenio para evitar la doble imposición internacional en virtud del cual el 
contribuyente sea considerado residente fiscal en territorio español.
11.  A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera que un ingreso 
genera renta de doble inclusión cuando esté sometido a tributación con arreglo a 
esta ley y a la legislación del otro país o territorio.
12.  A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, la referencia a 
personas o entidades vinculadas comprenderá:
a)  Las personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 18 de esta ley.
b)  Una entidad que ostente, directa o indirectamente, una participación de, al 
menos, un 25 por ciento en los derechos de voto del contribuyente o tenga derecho 
a percibir, al menos, un 25 por ciento de los beneficios del mismo, o en la que el 
contribuyente ostente dichas participaciones o derechos.
c)  La persona o entidad sobre la que el contribuyente actúe conjuntamente con 
otra persona o entidad respecto de los derechos de voto o la propiedad del capital 
de aquélla, o la persona o entidad que actúe conjuntamente con otra respecto de los 
derechos de voto o la propiedad del capital del contribuyente.
A estos efectos, el contribuyente o, en el segundo supuesto, la persona o 
entidad, será tratado como el titular de una participación en relación con todos los 
derechos de voto o la propiedad del capital de la entidad o del contribuyente, 
respectivamente, que sean propiedad de la otra persona o entidad.
d)  Una entidad en cuya gestión el contribuyente tenga una influencia 
significativa o una entidad que tenga una influencia significativa en la gestión del 
contribuyente. A estos efectos, se considera que existe influencia significativa 
cuando se tenga el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de 
explotación de otra entidad, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de la 
misma.
13.  No resultará de aplicación lo previsto en los apartados anteriores cuando 
la asimetría híbrida se deba a que el beneficiario esté exento del Impuesto, se 
produzca en el marco de una operación o transacción que se base en un instrumento 
o contrato financiero sujeto a un régimen tributario especial, ni cuando la diferencia 
en el valor imputado se deba a diferencias de valoración, incluidas las derivadas de 
la aplicación de la normativa de operaciones vinculadas.»
Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«1.  Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por  oe.
ciento del beneficio operativo del ejercicio. w.
fpinroapnAic oeiessr toodsse  rveeefsenpcgetaocdsto,o  ssde e e elnon stee inln dgpereerársí oopsdo ord  egiramivspatoodsso isftii nvdaoen,  claeie xcrcoelssu iinódenot osa s t aeeqrlc ueeexrlcoloesss d oeg d acesa tgpoaistas tlneooss    2021-3697n https://ww
deducibles a que se refieren las letras g) y h) del artículo 15 y el artículo 15 bis de
esta ley. Bc
El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio determinado de acuerdo con el Código 
de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, eliminando la amortización 
del inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras, el deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, y adicionando los 
ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que 
se correspondan con dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las 
que el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, 
excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos 
financieros no resulten deducibles por aplicación de la letra h) del apartado 1 del 
artículo 15 de esta ley.
En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo 
por importe de 1 millón de euros.
Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán 
deducirse en los períodos impositivos siguientes, conjuntamente con los del período 
impositivo correspondiente, y con el límite previsto en este apartado.»
Artículo segundo.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo.
Se añaden los apartados 6 y 7 al artículo 18 del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo, con la siguiente redacción:
«6.  No serán fiscalmente deducibles:
a)  Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con la casa central o 
con alguno de sus establecimientos permanentes, así como con una persona o 
entidad vinculada a dicha casa central o alguno de sus establecimientos 
permanentes, que, como consecuencia de una diferencia fiscal en su atribución 
entre el establecimiento permanente y su casa central, o entre dos o más 
establecimientos permanentes no generen un ingreso.
b)  Los gastos estimados por operaciones internas con la casa central o con 
alguno de sus establecimientos permanentes o los de una persona o entidad 
vinculada que, debido a la legislación del país o territorio del beneficiario, no generen 
un ingreso, en la parte que no se compense con ingresos que generen renta de 
doble inclusión.
El importe de los gastos no deducidos por aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo anterior podrá deducirse en los períodos impositivos que concluyan dentro 
de los tres años siguientes, en la medida en que se compense con ingresos que 
generen renta de doble inclusión.
c)  Los gastos correspondientes a operaciones del establecimiento permanente 
que sean asimismo fiscalmente deducibles en la casa central, en la parte que no se 
compense con ingresos de dicho establecimiento permanente o entidad vinculada 
que generen renta de doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior 
podrán ser deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años 
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales  es
gastos, en la medida en que se compensen con ingresos del establecimiento  o
permanente o entidad vinculada que generen renta doble inclusión. 97ww
eqdsuete as,dbi tc)ule oacmciLmioóo inces,on  nntgoosa e pgsceeturonmesena rcancinaeo  ndirntreege  rqdseuepse oola nn. coda ieessan  rtceeecsno tnraao lc oiod pdoee f riusanccaail ompneeernsstoe n rpaeo oar  leeiznl aptiddaaíasds o  v itcneocrrnuitl oaurdiona    OE-A-2021-36able en https://
7.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 6, así como en cualquier otro caso 
de asimetría híbrida regulado en el artículo 15 bis de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que sea de aplicación:
a)  Se considera que un ingreso genera renta de doble inclusión cuando esté 
sometido a tributación con arreglo a este texto refundido y a la legislación del otro 
país o territorio.
b)  La referencia a personas o entidades vinculadas comprenderá, además de 
las dispuestas en el artículo 15.2 de este texto refundido, las siguientes:
1.º  Una entidad que ostente, directa o indirectamente, una participación de, al 
menos, un 25 por ciento en los derechos de voto del contribuyente o tenga derecho 
a percibir, al menos, un 25 por ciento de los beneficios del mismo, o en la que el 
contribuyente ostente dichas participaciones o derechos.
2.º  La persona o entidad sobre la que el contribuyente actúe conjuntamente 
con otra persona o entidad respecto de los derechos de voto o la propiedad del 
capital de aquélla, o la persona o entidad que actúe conjuntamente con otra respecto 
de los derechos de voto o la propiedad del capital del contribuyente. A estos efectos, 
el contribuyente o, en el segundo supuesto, la persona o entidad, será tratado como 
el titular de una participación en relación con todos los derechos de voto o la 
propiedad del capital de la entidad o del contribuyente, respectivamente, que sean 
propiedad de la otra persona o entidad.
3.º  Una entidad en cuya gestión el contribuyente tenga una influencia 
significativa o una entidad que tenga una influencia significativa en la gestión del 
contribuyente. A estos efectos, se considera que existe influencia significativa cuando 
se tenga el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación 
de otra entidad, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de la misma.
Asimismo, lo dispuesto en este apartado se aplicará cuando las operaciones a 
que se refieren, con independencia de que se realicen entre personas o entidades 
vinculadas o no, tengan lugar en el marco de un mecanismo estructurado.
A estos efectos, se considera mecanismo estructurado todo acuerdo, negocio 
jurídico, esquema u operación en el que la ventaja fiscal derivada de las asimetrías 
híbridas esté cuantificada o considerada en sus condiciones o contraprestaciones, 
o bien que haya sido diseñado para producir los resultados de tales asimetrías, 
excepto que el contribuyente o una persona o entidad vinculada con él no hubiera 
podido conocerlos razonablemente y no compartiera la ventaja fiscal indicada.»
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en este real decreto-ley y, en particular, el artículo 15.j) de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto-ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 14.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Disposición final segunda.  Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto-ley se incorporan al Derecho español las normas sobre  e.
asimetrías híbridas de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por  w.
la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente  97ww
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2re0g1l6a/ 1s1o6b4r ee na sloim qeuterí asse  hreíbfireirdea sa  ilnavs earstiidmaest rcíaosn theínbirdidaa se nc oenl  taerrtcíceurolos  9p abísise sd, ee xlac ecpittao dlaa 
Directiva (UE) 2016/1164.
Disposición final tercera.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda, en el ámbito 
de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y tendrá efectos para los períodos impositivos que se inicien 
a partir del 1 de enero de 2020 y que no hayan concluido a su entrada en vigor.
Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN