BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Miércoles 27 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 130303
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17458 Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia 
de energía para la protección de los consumidores y la introducción de 
transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas 
natural.
I
Los mercados energéticos internacionales están atravesando uno de los periodos 
más complejos y trascendentes de los últimos años, generando unas tensiones que se 
están propagando más allá del sector energético: Los actuales precios de cotización de 
las principales materias primas y de la electricidad suponen un elevado coste que afecta 
a  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad,  desde  los  hogares  a  la  industria,  y  sus 
consecuencias se agravan conforme la situación se prolonga en el tiempo.
Este incremento de la cotización de las materias primas tiene su origen en un 
desajuste temporal entre la oferta y la demanda de los referidos productos energéticos, 
lo que a su vez trae causa del proceso de recuperación económica experimentado por la 
economía mundial tras la grave crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Así, la 
reactivación económica ha venido acompañada de un incremento de la demanda de 
materias  primas  lo  que,  sumado  a  unas  menores  expectativas  de  producción,  ha 
resultado en un fuerte incremento de los precios de negociación antes mencionados.
De todos ellos, el precio de cotización del gas natural es el que más se ha visto 
afectado por este proceso de recuperación económica, agravado aún más si cabe por la 
expectativa de la llegada del periodo invernal, lo que previsiblemente hará incrementar 
las necesidades de suministro y, por tanto, la presión alcista por el lado de la demanda 
de dicho hidrocarburo.
También destaca la escalada de precios experimentada por los derechos de emisión 
de CO , en buena parte justificada también por las razones antes expuestas, a las que 
2
deben añadirse el refuerzo de los compromisos de descarbonización de las economías 
de la Unión Europea, por lo que parece razonable esperar que las actuales cotizaciones 
se mantengan a lo largo de los próximos años, conforme se acelere el proceso de 
sustitución de las fuentes contaminantes por usos energéticos electrificados, lo que 
sumado el decidido proceso de integración de renovables en el mix eléctrico nacional 
traerá consigo una fuerte reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Ligado de forma muy estrecha a la cotización del gas natural y de los derechos de 
emisión de CO  se encuentra el precio del mercado mayorista de electricidad. En el caso 
2
español, la contribución del gas natural al conjunto del mix eléctrico nacional se sitúa 
alrededor del 13 por ciento del total en el año 2021, si bien esta contribución se ha 
reforzado en los últimos meses conforme las aportaciones de otras fuentes primarias a la 
producción de energía eléctrica se han ido reduciendo en favor de las instalaciones de 
ciclo combinado. Sin embargo, y a pesar de esta limitada aportación del ciclo combinado 
al conjunto del mix de producción nacional, su coste de producción (que interioriza el 
precio de cotización del gas natural y del CO2) acaba reflejándose y dictaminando el  e.es
precio de la electricidad, dado el modelo de casación marginalista que actualmente  bo
impera en la mayoría de los mercados europeos de electricidad, incluido el español. 458ww
de CEOst2a y e eslt rpercehcaio c doerr elala eclieócnt reicnidtraed l ohsa  phreecchioos q dueel  egsatse  núalttiumroa l,s elo sh adyear evcishtoos f udeer teemmiesnióten 
increAmsíe, nftraednote p oarl  lap erescciaol apdrao mdee dpiroe cdioesl  ogbasse rvnaadtuorsa le ne nlo se úl ltpimrimose mr esseemse.stre  del  año,
correspondiente con un valor de 22,77 €/MWh según los datos del producto al contado
cotizado el mercado ibérico del gas (MIBGAS), contrastan los valores observados en las 
últimas semanas, habiéndose alcanzado el precio máximo histórico en dicho mercado el 
día 7 de octubre, con un valor del producto D+1 de 117,84 €/MWh, lo que representa un 
incremento superior al 400 por ciento en apenas unos meses. De manera análoga, los 
derechos de emisión han sufrido una evolución similar ya que, frente al precio medio de 
cotización anual en 2020, que se situó en 24,75 €/tCO , actualmente los precios se 
2
sitúan en valores en el entorno de los 60 €/tCO .
2
Como consecuencia de lo anterior, el precio de la electricidad en los mercados 
mayoristas está experimentando una presión alcista nunca antes observada. A modo 
meramente ilustrativo, el precio medio aritmético de los últimos tres años en el mercado 
ibérico de la electricidad se situó en 46,31 €/MWh. En contraste con lo anterior, el precio 
medio de cierre del mes de septiembre se ha situado en 156,14 €/MWh, y el precio 
medio de los primeros días del mes de octubre ha superado ampliamente la barrera 
de 200 €/MWh.
La situación antes descrita, si bien circunscrita al ámbito mayorista, no resulta ajena 
a los mercados minoristas de esos mismos productos energéticos ya que las señales de 
precio acabarán trasladándose a las facturas soportadas por los consumidores finales. 
En el caso del sector eléctrico, esta traslación es en algunos casos inmediata (como en 
el caso del precio voluntario para el pequeño consumidor –PVPC–) y en otros tiene un 
carácter más diferido (como en aquellas tarifas a precio fijo desindexadas del precio del 
pool mayorista) si bien, eventual e irremediablemente, acabará repercutiendo en todos 
los ámbitos de la sociedad (sector residencial, PYME e industria).
Es especialmente delicada la situación del sector industrial español, el cual, en su 
gran mayoría, presenta una alta exposición a los precios del mercado eléctrico al no 
disponer de contratos a plazo que garanticen el suministro de energía eléctrica a precios 
estables y asequibles, no expuestos a la alta volatilidad del mercado.
Esta  exposición  en  el  contexto  actual,  provoca  fuertes  subidas  del  coste  del 
suministro eléctrico, un insumo fundamental en el sector industrial, lo que conlleva, no 
sólo la pérdida de competitividad en los mercados internacionales, sino la consiguiente 
puesta  en  riesgo  de  los  empleos  asociados  a  dicho  sector  y  la  propia  viabilidad 
económica de las empresas.
Conforme a Comunicación de la Comisión Europea para hacer frente al aumento de 
los  precios  de  la  energía,  deben  fomentarse  los  acuerdos  de  compra  de  energía 
renovable a largo plazo, dados sus beneficios tanto para los consumidores industriales 
de electricidad como para los productores de energía renovable.
En respuesta a la situación anterior, el Gobierno ha implementado un conjunto de 
instrumentos regulatorios que se han concretado en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 
de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios 
del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, medidas que se suman 
a las ya implementadas en otros textos normativos, como el Real Decreto-ley 12/2021, 
de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad 
energética  y  en  materia  de  generación  de  energía,  y  sobre  gestión  del  canon  de 
regulación y de la tarifa de utilización del agua (que, entre otros aspectos, introdujo una 
reducción temporal del IVA, hasta final de año, del 21 % al 10 % en las facturas de 
electricidad).
En concreto, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, contempla medidas 
desde una visión global del fenómeno energético antes analizado, incluyendo medidas 
directas sobre el sector minorista del gas (mediante una limitación de la variación del  es
valor  del  coste  de  la  materia  prima  en  la  tarifa  de  último  recurso  de  gas  natural,  o
materializada por medio de la Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección  458ww
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para los consumidores en situación de vulnerabilidad energética), fiscal (suprimiendo
para el cuarto trimestre de 2021 el impuesto sobre el valor de la producción de energía 
eléctrica y reduciendo el impuesto especial sobre la electricidad), así como instrumentos 
asociados al funcionamiento del mercado mayorista. Relativos a estos últimos, cabe 
destacar el mecanismo de fomento de la contratación a plazo para la asignación de 
energía inframarginal gestionable y no emisora, regulado en el artículo 3 de dicho real 
decreto-ley,  o  el  mecanismo  de  minoración  del  exceso  de  retribución  del  mercado 
eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados 
internacionales, establecido en el título III del mismo texto normativo.
La articulación de las medidas ha permitido llevar a cabo una actualización de los 
cargos  del  sistema  eléctrico  (con  una  reducción  del  96  %  respecto  de  los  cargos 
aprobados en la Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los 
precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de 
aplicación a partir del 1 de junio de 2021) que ha permitido contrarrestar, al menos en 
parte, la escalada de precios experimentada en el mercado mayorista.
Sin embargo, la presión alcista de los precios del mercado de electricidad (que 
continúa  su  escalada  conforme  se  incrementa  la  cotización  del  gas  natural  en  los 
mercados internacionales, y habida cuenta del efecto amplificador que el incremento del 
gas  natural  tiene  sobre  los  precios  de  la  electricidad),  requiere,  por  un  lado,  la 
articulación de nuevas medidas que refuercen aquellos elementos más sensibles de los 
instrumentos actualmente en vigor y, por otro lado, la introducción de nuevas medidas de 
refuerzo para aquellos sectores especialmente afectados por la actual coyuntura de los 
mercados energéticos.
Esta presión alcista es especialmente relevante en el caso de los mercados de gas 
natural. Conforme a los datos registrados del producto D+1 en el mercado ibérico del gas 
(MIBGAS), el precio de dicho producto el día de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del referido Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, fue de 63,60 
€/MWh, el máximo histórico alcanzado hasta la fecha. Sin embargo, conforme a lo 
apuntado anteriormente, dicho producto, envuelto en una espiral alcista, alcanzó el 
pasado día 7 de octubre un máximo histórico de 117,84 €/MWh, lo que significa un 
incremento del precio del 85% en tan solo tres semanas.
Adicionalmente, las expectativas de alza de demanda de gas natural durante los 
meses más fríos y la búsqueda de garantizar su suministro a los consumidores, hacen 
prever un tensionamiento aún mayor del precio de esta materia prima en los mercados 
internacionales.
Esta alta volatilidad y las expectativas de mayor tensión en el mercado del gas aboca 
a llevar a cabo su toma en consideración para la elaboración de este Real Decreto-ley.
Asimismo, este real decreto-ley se aprueba en el marco de una nueva etapa de 
reflexión que, de manera amplia, ya se ha iniciado en torno a los principios generales 
que actualmente rigen las reglas de funcionamiento de los mercados mayoristas de los 
principales productos energéticos, especialmente los correspondientes al sector eléctrico 
y  gasista;  un  debate  que  necesariamente  deberá  abordarse  desde  la  perspectiva 
europea, habida cuenta de las competencias que la Unión Europea ostenta en dichas 
materias, y cuyas líneas maestras ya se han concretado en la «Comunicación de la 
Comisión Europea, de fecha 13 de octubre de 2021, haciendo frente a la escalada de los 
precios de la energía: herramientas de apoyo de acción».  También, en relación con el 
marco normativo de aplicación al mercado minorista de electricidad, particularmente el 
precio  voluntario  al  pequeño  consumidor  (PVPC),  cabe  destacar  el  inicio  de  la 
tramitación normativa para abordar su eventual modificación, por medio de la publicación  s
de la consulta pública previa el día 1 de octubre de 2021, que permitirá a los agentes  oe.
involucrados ofrecer su perspectiva sobre las posibilidades y potenciales beneficios de la  w.
introducción de señales de largo plazo y estables en el precio regulado de la electricidad,  458ww
cdoandsau msuid oarcetsu afiln ainledse xaaccoiógnid oasl  ap rdeiccihoa  dmeol dmaleidracadd coo nmtraaycoturiaslt aa,  lalos  oqsucei lascoiomneetse  dae  llooss 
precios del mercado diario de electricidad.
Pero,  en  tanto  estas  reformas  normativas  tienen  lugar,  resulta  imprescindible 
implementar nuevas medidas que logren mitigar los efectos indeseables de la escalada 
de precios antes referida en los consumidores finales, y especialmente en aquellos en 
situación de vulnerabilidad energética.
II
El bono social de electricidad se configura como un descuento en la factura eléctrica, 
y se encuentra regulado en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se 
regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos de energía eléctrica. En concreto, dicho descuento 
corresponde con un 25% y un 40%, para consumidores vulnerables y consumidores 
vulnerables severos, respectivamente, debiendo acreditarse los requisitos establecidos 
en el artículo 3 del referido real decreto para poder acceder a dichos descuentos.
A su vez, el bono social se constituye como un descuento en factura sobre el PVPC, 
que actualmente se configura como un precio regulado ligado a los precios mayoristas 
de electricidad, en la medida en que su estructura incorpora las señales de precio horario 
de  casación  en  los  mercados  diario  e  intradiario,  por  lo  que  los  consumidores  en 
situación  de  vulnerabilidad  energética  están  siendo  uno  de  los  colectivos  más 
perjudicados  por  la  escalada  de  precios  del  mercado  mayorista,  en  tanto  que  su 
valoración  se  traslada  de  manera  directa  e  inmediata  en  las  facturas  finales  de 
electricidad de dichos consumidores domésticos.
Es por ello que, en tanto se siguen promoviendo reformas de marcado carácter 
estructural, tales como la integración de nuevas instalaciones de energías renovables 
que permitirán reducir los precios de casación mayorista, o la propia reforma del PVPC 
antes  mencionada  que,  eventualmente,  podría  introducir  señales  de  plazo 
estabilizadoras del referido precio regulado, resulta imprescindible articular instrumentos 
de  protección  que  salvaguarden  el  bienestar  de  aquellos  colectivos  que  más  lo 
necesitan.
Si bien el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, creó el denominado 
suministro mínimo vital, por medio del cual se ha ampliado el número de meses (a un 
total de seis) que deberán transcurrir desde el momento del primer impago de la factura 
de electricidad, hasta que el comercializador pueda solicitar a la distribuidora eléctrica el 
corte de suministro, se hace imprescindible seguir ahondando en medidas de protección 
energética en tanto la coyuntura de precios mayoristas se siga prolongando.
A tal efecto, mediante este real decreto-ley se procede a incrementar, hasta el 31 de 
marzo de 2022, los descuentos del bono social eléctrico desde el 40 hasta el 70% para 
los consumidores vulnerables severos y desde el 25 al 60 % en los consumidores 
vulnerables. Esta medida contribuirá a aliviar el peso de la factura eléctrica a más de un 
millón doscientos mil hogares.
III
La política de lucha contra la pobreza energética cuenta desde el año 2018 con el 
bono social térmico. A diferencia del bono social eléctrico, el bono social térmico se 
configura como un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la 
pobreza  energética  en  consumidores  vulnerables,  en  lo  que  respecta  a  energía 
destinada a usos térmicos, tales como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Una 
medida protectora basada en una ayuda económica directamente dispensada sobre los  e.
consumidores vulnerables con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. w.b
El bono social térmico se creó mediante el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de  458ww
ococtnusburme,i ddoere sm, eaddidhairsié nudrgoesnet eas   ploasr a prlain ctirpainossi ciróenfo remnaedrgoéretisc a quy e las ep rofotermccuiólann  deen  lolas 
eEssttera rteeagli ad eNcarceitoon-laely c, osnet rpae lras iPgouber euznaa  Emneejorgraé tidcea  l2a0 p1r9o-t2e0c2c4ió. nP doer  cloosn scigouniseunmteid, omreesd iamnátes 
vulnerables ante la escalada generalizada de los precios de la energía, y en concreto del 
gas natural y otros hidrocarburos, afectados por las fuertes tensiones en los mercados 
internacionales.
En particular, la reforma excepcional para el ejercicio 2021 del bono social térmico 
incluida en este real decreto-ley conlleva, por un lado, el incremento de la cuantía 
mínima de ayuda a percibir por los beneficiarios, incrementándose de 25 a 35 euros, con 
aplicación  inmediata  para  el  ejercicio  2021,  así  como  el  aumento  del  presupuesto 
asignado para el mismo, pasando de 102,5 millones de euros a 202,5 millones de euros. 
Este incremento extraordinario de 100 millones de euros será sufragado con cargo al 
presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía.
Con estas medidas excepcionales para este ejercicio 2021 se pretende ampliar la 
protección de los consumidores vulnerables de energía térmica, adaptándose a las 
necesidades  actuales  en  un  contexto  de  incremento  de  su  cesta  de  productos 
energéticos  (entre  ellos,  el  gas  natural  y  el  GLP  envasado)  en  un  porcentaje 
considerable para asegurar la efectividad de esta política protectora.
IV
Por otro lado, por medio de este real decreto-ley se lleva a cabo una precisión del 
ámbito  de  aplicación  del  mecanismo  de  minoración  del  exceso  de  retribución  del 
mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los 
mercados internacionales, regulado en el título III del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de 
septiembre.
Dicha minoración se calcula de forma proporcional a la energía producida por las 
instalaciones afectadas por el mecanismo de minoración (con independencia de su 
modalidad de contratación), y en una cuantía igualmente proporcional al mayor ingreso 
obtenido por estas instalaciones como consecuencia de la incorporación a los precios de 
la electricidad en el mercado mayorista del valor del precio del gas natural por parte de 
las tecnologías emisoras marginales, tal y como se desprende del artículo 4 del citado 
real decreto-ley.
Así, se precisa que el mecanismo de minoración no resultará de aplicación a aquella 
energía  producida  por  las  instalaciones  de  generación  de  energía  eléctrica  que  se 
encuentre cubierta por algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de 
cobertura  sea  fijo,  y  siempre  que  el  instrumento  de  contratación  a  plazo  se  haya 
celebrado  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  real  decreto-ley  o  cuando, 
habiéndose celebrado con posterioridad a la entrada en vigor de dicho real decreto-ley, 
su periodo de cobertura sea superior a un año.
También, la nueva regulación incorpora los elementos necesarios para acreditar la 
existencia de dichos contratos a plazo, de tal forma que se pueda determinar la posible 
exclusión de dicho mecanismo de minoración.
Por tanto, por medio de esta regulación se logra conciliar los preceptos recogidos en 
los artículos 4 y 6 del referido real decreto-ley, manteniendo la eficacia del mecanismo de 
minoración, asegurando un trato no discriminatorio y garantizándose la proporcionalidad 
de la medida, en tanto que se logra salvaguardar el principio de rentabilidad razonable 
para todas aquellas instalaciones afectadas por dicho instrumento regulatorio.
V
El incremento del precio de la electricidad y gas en los mercados está teniendo otros  e.
efectos indeseados que son igualmente abordados por medio de este real decreto-ley. w.b
Por  el  lado  mayorista  del  mercado  eléctrico,  el  escenario  actual  de  precios  ha  458ww
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especialmente, sobre el consumidor final que puede ver rescindidos sus contratos de 
suministro, en un escenario de fuerte volatilidad de precios. Por ello, resulta necesario 
contar con una mayor transparencia del mercado de producción, y en particular, con una 
mayor información sobre las coberturas con las que cuentan los sujetos productores en 
el mercado. A este respecto, cabe señalar que a través de las obligaciones derivadas del 
Reglamento (UE) 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía 
(Reglamento  REMIT),  ya  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia 
(CNMC)  contaría  con  la  información  necesaria  de  las  transacciones  físicas  que  se 
realizan entre los sujetos. No obstante, REMIT no prevé en la actualidad contar con la 
información correspondiente a los contratos intragrupo ni la totalidad de la información de 
las  coberturas  financieras  realizadas,  por  lo  que  resultaría  necesaria  incluir  en  la 
regulación una disposición a estos efectos.
Por el lado minorista de electricidad, el incremento de los precios de la electricidad 
ha  suscitado  una  cierta  reflexión  sobre  el  grado  de  transparencia  de  las  distintas 
modalidades de contratación existentes en el sector eléctrico.
Actualmente,  y  en  línea  con  lo  establecido  en  el  artículo  20.3  del  Real 
Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de 
los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación, la CNMC presenta en su página web la relación de ofertas 
existentes en el mercado minorista de electricidad, lo que permite a los consumidores 
domésticos llevar a cabo una comparación sencilla entre las diferentes modalidades de 
contratación ofrecidas por las comercializadoras de libre mercado, lo que favorece la 
transparencia  en  un  sector  que,  por  su  propia  configuración  y  complejidad,  puede 
adolecer  en  ocasiones  de  una  cierta  asimetría  de  información  entre  oferentes  y 
demandantes de dicho producto.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 44.1.e) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, los comercializadores de electricidad deben notificar a sus clientes 
cualquier incremento de precios, de forma transparente y comprensible.
Sin  embargo,  en  muchos  casos,  estas  comunicaciones  distan  mucho  de  ser 
transparentes y comprensibles, al no incluir una comparativa clara de los precios antes y 
después  de  la  actualización,  así  como  de  su  repercusión  en  la  factura  anual  del 
suministro. Por ello, se propone definir el contenido mínimo de dicha comunicación, así 
como un plazo mínimo razonable de preaviso de un mes.
También con el fin de mejorar la transparencia de las ofertas disponibles para el 
consumidor,  se  añade  un  nuevo  párrafo  u)  al  apartado  1  del  artículo  46  de  la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que obligue a las comercializadoras a publicar todas 
sus ofertas disponibles.
Asimismo, se han introducido medidas que permiten incrementar la transparencia en 
el mercado minorista de gas natural, en un contexto en el que la escalada de precios de 
dicho  hidrocarburo  justifica  igualmente  la  adopción  de  medidas  que  contribuyan  a 
mejorar la información de los consumidores finales.
Por un lado, se regulan las obligaciones de los comercializadores de gas, incluyendo 
la  obligación  de  publicar  los  precios  de  suministro  para  los  consumidores  con  un 
consumo anual inferior a 50.000 kWh. La obligación incluye la publicación de los precios 
y, en caso de tratarse de ofertas limitadas en el tiempo, también se deberá especificar los 
precios resultantes una vez finalizada los plazos de la oferta.
Finalmente, y de forma equivalente al mercado minorista de electricidad, se adapta la  s
regulación para ofrecer a los consumidores mayor información, definiendo el contenido  oe.
mínimo  de  las  comunicaciones  correspondientes  a  cualquier  incremento  de  precios  w.
sobre los contratos de suministro, así como un plazo mínimo razonable de preaviso de  458ww
un mes.
VI
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso 
de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni 
al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 
de  febrero,  FJ  5;  11/2002,  de  17  de  enero,  FJ  4,  137/2003,  de  3  de  julio,  FJ  3, 
y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4).
A este respecto, ha quedado sobradamente justificada la situación urgencia que 
actualmente atraviesan los mercados energéticos en general, y el mercado eléctrico 
español en particular, con una escalada de precios nunca antes observada que, en 
muchos casos, amenaza la sostenibilidad económica y financiera de las empresas e 
industrias,  y  agrava  la  situación  de  pobreza  energética  de  aquellos  colectivos  con 
mayores  dificultades  para  asumir  los  costes  energéticos  asociados  a  su  actividad 
doméstica.
En respuesta a esta situación coyuntural, por medio de este real decreto-ley se han 
adoptado un conjunto de medidas que permiten mitigar los efectos adversos derivados 
del incremento de los precios de la electricidad, comenzando con medidas vinculadas 
con  la  pobreza  energética  (incrementando  de  manera  temporal  los  porcentajes  de 
descuento en factura del bono social eléctrico y aumentando la cuantía correspondiente 
al bono social térmico, de tal forma que se garantice la accesibilidad por parte de los 
consumidores en situación de vulnerabilidad energética a los insumos energéticos más 
esenciales), medidas facilitadoras de la participación de los agentes en el mercado 
mayorista  de  electricidad  (relajando,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  obligación  de 
prestación  de  garantías  como  condición  previa  para  el  acceso  a  los  mercados),  o 
medidas  para  la  introducción  de  mayor  transparencia  en  el  mercado  minorista  de 
electricidad (lo que permitirá a los consumidores contar con mayor información en sus 
decisiones de contratación).
En  relación  con  la  precisión  llevada  a  cabo  en  la  disposición  final  primera  del 
mecanismo de minoración regulado en el título III del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de 
septiembre, esta se lleva a cabo para salvaguardar la razonabilidad y eficacia de la 
medida, teniendo en cuenta la finalidad perseguida en la misma. La aclaración se 
circunscribe, en concreto, al tratamiento de la energía cubierta por instrumentos de 
contratación a plazo, ya que determinada energía no se encuentra plenamente expuesta 
a la escalada de precios observada en el mercado organizado de electricidad (por contar 
con instrumentos de contratación a plazo).
En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto- e.
ley se inscribe en el criterio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en  w.b
cuanto órgano de dirección política del Estado, y esta decisión, sin duda, supone una  458ww
oserdgeunriadcaiódn j udríed icpari oyr idlaa dgeasra nptoíalít idcea sp rdeec ioasc tujuasctioósn ,y  cceonmtrpaedtaitsiv oesn  ae ll ocsu mciupdlimadieanntoos  dye l alas 
empAressimasis.mo, se destaca que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
Por todo lo expuesto, concurren de esta forma las circunstancias de «extraordinaria y 
urgente necesidad» que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el 
artículo 86.1 de la Constitución para dictar reales decretos-leyes.
VII
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
La  propuesta  se  adecúa  a  los  principios  de  buena  regulación  exigibles  a  las 
disposiciones normativas, en especial, a los principios de necesidad y eficacia por la 
existencia  de  una  disfunción  en  la  formación  de  precios  y  eficiencia,  esto  es,  la 
razonabilidad en la estructura de precios, constituyéndose en el instrumento adecuado 
para garantizar su consecución.
Asimismo, las medidas adoptadas cumplen con el principio de seguridad jurídica, 
puesto que estas se adoptan en el marco de las competencias sectoriales existentes en 
materia de pobreza energética (respetando el marco regulatorio del bono social eléctrico 
y térmico, si bien ampliando los porcentajes de descuento y cuantías asociadas, de tal 
forma que se revierta, al menos parcialmente, el coste energético para los hogares más 
vulnerables), respetando el reparto competencial existente en los diferentes órganos de 
la Administración (así, la medida contemplada en la disposición adicional primera se 
configura  como  un  mandato  a  la  CNMC,  en  tanto  que  órgano  competente  para 
establecer las reglas de funcionamiento de los mercados de electricidad), y garantizando 
el principio de rentabilidad razonable (como manifestación del principio de seguridad 
jurídica) en la medida aclaratoria de la disposición final primera, de tal forma que la 
energía producida sea convenientemente tratada en función del grado de exposición al 
mercado mayorista y a la escalada de los precios de gas natural observados en los 
últimos meses.
Asimismo, la presente medida cumple con el principio de proporcionalidad, ya que 
las medidas se adoptan teniendo en cuenta la finalidad perseguida, y por tanto no van 
más allá de lo necesario para lograr los objetivos que la norma se propone. En cuanto al 
principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitación se 
encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información 
públicas,  conforme  al  artículo  26.11  de  la  Ley  50/1997,  de  27  de  noviembre,  del 
Gobierno.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª 
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del 
régimen minero y energético.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de 
octubre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Incremento de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 31 de marzo  oe.
de 2022. w.
y vig1e. ncEiax cheapsctaio enla 3lm1 ednet em, caorzno e dfeec 2to0s2 2d,e lsodse d lae secnuterandtoas e dne vl ibgoonr od es oecsitael  raepalilc daebclerest oa- lleoys 
Dcoencsreutmo id8o9re7s/2 0d1o7m, édseti c6o s ddee  oecntuebrrgeía,  peolér cetrli cqau ere csoeg irdeogsu lean  lae l fiagrutrícau ldoe l6 .c3o ndseul mRideoarl 
vulnerable,  el  bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los  consumidores 
domésticos de energía eléctrica, serán los siguientes:
a)  En el caso del consumidor vulnerable, el descuento será del 60 por ciento.
b)  En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 70 por 
ciento.
2.  Los descuentos establecidos en el apartado anterior serán de aplicación a todo 
el periodo de facturación, siempre que este contenga días integrados en el periodo de 
aplicación de esta medida.
Artículo 2.  Mejora de la protección de los beneficiarios del bono social térmico para el 
ejercicio 2021.
Con  carácter  excepcional,  la  ayuda  mínima  por  beneficiario  establecida  en  el 
apartado 3 del anexo I por el que se establece la metodología para el cálculo de la 
cuantía de la ayuda del Bono Social Térmico del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre,  de  medidas  urgentes  para  la  transición  energética  y  la  protección  de  los 
consumidores, pasa a ser de 35 euros para el ejercicio 2021 (beneficiarios del Bono 
Social a 31 de diciembre de 2020). Por tanto, la ayuda para un consumidor vulnerable en 
la zona climática «i» se calculará conforme a la siguiente fórmula para el ejercicio 2021:
Donde:
 = zona climática comprendida entre los valores α y E.
i
SCI = valor medio del rango de SCI para la zona climática «i».
i
En el caso de la zona α, se utilizará una SCI=0.
En el caso de la zona E, se utilizará una SCI=1,51.
SCI  = valor medio del rango de SCI para la zona climática A.
A
α = coeficiente a calcular en función de la disponibilidad presupuestaria anual, siendo 
siempre a > 0.
La  ayuda  correspondiente  a  un  consumidor  vulnerable  severo  o  en  riesgo  de 
exclusión  social  será  un  60  %  superior  a  la  asignada  en  su  zona  climática  a  un 
consumidor vulnerable.
Artículo 3.  Incremento de la disponibilidad presupuestaria del Bono Social Térmico para 
el ejercicio 2021.
Con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía, se incrementa el 
crédito presupuestario de la aplicación 23.03.425A.450 de los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021 en 100 millones de euros, para sufragar el programa de 
concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores 
vulnerables para el ejercicio 2021, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, 
agua caliente sanitaria o cocina, denominado Bono Social Térmico. s
Artículo 4.  Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
para la promoción de la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y 
minorista de electricidad.
Al objeto de incrementar la transparencia, mejorar la capacidad de supervisión y 
reforzar la información y protección de los consumidores, se modifica la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los siguientes términos:
Uno.  Se  modifica  el  párrafo  c)  del  artículo  26.3,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«c)  Facilitar a la Administración Pública y a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia información sobre producción, consumo, venta de 
energía y otros aspectos que se establezcan reglamentariamente.
En todo caso, como medida de transparencia en el mercado mayorista, la 
sociedad constituida como sujeto productor de energía eléctrica deberá remitir a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con la periodicidad y los 
formatos que este organismo establezca, la información correspondiente a los 
instrumentos  de  contratación  a  plazo  de  electricidad,  tanto  físicos  como 
financieros, que tenga suscritos.
Cuando la sociedad constituida como sujeto productor de energía eléctrica 
desarrolle  al  mismo  tiempo  la  actividad  de  comercialización,  o  cuando  esta 
pertenezca  a  un  grupo  empresarial  en  el  que  se  desarrolle  la  actividad  de 
comercialización  de  energía  eléctrica  por  parte  de  alguna  de  las  empresas 
pertenecientes al grupo, o por el propio grupo, deberá remitir, en los términos y 
condiciones que, en su caso, establezca la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, la información correspondiente a los instrumentos de contratación 
a  plazo  de  electricidad,  tanto  físicos  como  financieros,  así  como  cualquier 
transacción  de  venta,  que  tenga  suscritos  intragrupo  así  como  con  terceros. 
Asimismo, deberá remitirse información sobre los contratos que se realicen entre 
el sujeto productor de energía eléctrica y sociedades del grupo, y entre dichas 
sociedades  y  las  empresas  del  grupo  que  realicen  la  actividad  de 
comercialización.
La información a la que se refieren los párrafos anteriores, que se remitirá 
mensualmente y con los formatos y criterios que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia establezca, deberá contener, al menos, la fecha de 
celebración del instrumento de cobertura, la fecha de entrega o liquidación de la 
energía, el volumen de energía afectado, la contraparte del contrato, el precio y el 
perfil y el tipo de producto negociado.»
Dos.  Se  modifica  el  párrafo  e)  del  artículo  44.1,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«e)  Ser debidamente avisados de forma transparente y comprensible de 
cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su 
derecho  a  rescindir  el  contrato  sin  coste  alguno  cuando  reciban  el  aviso. 
Asimismo, ser notificados de forma directa por su suministrador sobre cualquier 
revisión de los precios derivada de las condiciones previstas, con al menos un 
mes de antelación a su aplicación de forma transparente y comprensible.
Las comunicaciones de revisiones de precios deberán incluir una comparativa  e.e
de los precios aplicados antes y después de la revisión, así como una estimación  b
del coste anual del suministro para dicho consumidor y su comparativa con el  458ww
coste anual anterior.»
Tres.  Se  modifica  el  párrafo  l)  del  artículo  46.1,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«l)  Tener a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, de las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla 
en el ámbito de su competencia, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia  y  de  la  Comisión  Europea,  a  efectos  del  cumplimiento  de  sus 
cometidos respectivos, durante al menos cinco años, los datos sobre todas las 
transacciones  de  los  contratos  de  suministro  de  electricidad  y  los  derivados 
relacionados con la electricidad suscritos con los clientes mayoristas y los gestores 
de redes de transporte, de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine.
Lo dispuesto en el presente párrafo no creará obligaciones adicionales con 
respecto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Comisión Europea, 
para las entidades que entren en el ámbito del texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre.
En caso de que los organismos mencionados en el primer párrafo de este 
subapartado necesiten acceder a datos conservados por entidades que entren en 
el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores les facilitará los datos necesarios.
En todo caso, como medida de transparencia para los mercados mayorista y 
minorista, los comercializadores deberán remitir a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, la información correspondiente a los instrumentos de 
contratación a plazo de electricidad, tanto físicos como financieros que tengan 
suscritos, así como cualquier otro tipo de transacción de compra ya sea con 
terceros o con empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial. Esta 
información, que se remitirá mensualmente y con los formatos y criterios que la 
Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  establezca,  deberá 
contener, al menos, la fecha de celebración del instrumento de cobertura, la fecha 
de  entrega  o  liquidación  de  la  energía,  el  volumen  de  energía  afectado,  la 
contraparte del contrato, el precio y el perfil y el tipo de producto negociado. Esta 
obligación  también  aplicará  a  los  consumidores  directos  en  mercado  y  sus 
correspondientes representantes.»
Cuatro.  Se añade un nuevo párrafo u) en el artículo 46.1 con la siguiente redacción:
«u)  Publicar información transparente, comparable, adecuada y actualizada 
sobre los precios aplicables a todas las ofertas disponibles en cada momento, y, 
en  su  caso,  sobre  las  condiciones  relacionadas  con  la  terminación  de  los 
contratos,  así  como  información  sobre  los  servicios  adicionales  que  exija  su 
contratación. Esta información deberá ser remitida también a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, según los criterios que establezca esta, con el 
fin  de  que  estén  a  disposición  de  todos  los  consumidores  a  través  de  su 
herramienta web Comparador de Ofertas de Energía.»
Artículo  5.  Modificación  de  la  Ley  34/1998,  de  7  de  octubre,  del  Sector  de 
Hidrocarburos, para la promoción de la transparencia y supervisión en el mercado 
minorista de gas.
Al objeto de incrementar la transparencia, mejorar la capacidad de supervisión y 
reforzar la información y protección de los consumidores, se modifica la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en los siguientes términos:
Uno.  Se añade un apartado t) al artículo 81.2, con la siguiente redacción:
«t)  Los  comercializadores  deberán  publicar  información  transparente, 
comparable, adecuada y actualizada sobre los precios aplicables a todas las 
ofertas disponibles en cada momento para consumidores con consumo anual 
inferior a 50.000 kWh, y, en su caso, sobre las condiciones relacionadas con la 
terminación de los contratos, así como información sobre los servicios adicionales 
que exija su contratación.
En los casos en que realicen ofertas para nuevas contrataciones limitadas en 
el tiempo publicarán tanto el precio ofertado como el precio resultante una vez 
transcurrido el límite temporal de la oferta. Ambos precios deberán ser publicitados 
con el mismo tipo y tamaño de letra, indicando claramente los periodos temporales 
de aplicación.
Los precios deberán ser publicados indicando el término fijo (€/mes) y el 
término variable (€/kWh). En los casos de tarifas planas, se indicará los precios 
con el mismo formato, sin perjuicio de la modalidad de pago, de forma que todas 
las tarifas sean fácilmente comparables por el consumidor. En caso de que alguno 
de los términos de la tarifa se actualice mediante algún índice, este deberá ser 
público y se deberá indicar la forma de cálculo de forma que sea fácilmente 
reproducible por el usuario, incluyendo los parámetros empleados y la evolución 
reciente.
En el caso de que las ofertas incluyan algún tipo de penalización por rescisión 
del contrato, esta deberá ser claramente legible, sin que la diferencia del tamaño 
de la letra pueda ser superior a un 10% respecto al resto del texto que describe la 
oferta.
Toda  esta  información  será  facilitada  a  través  de  todos  los  medios  de 
comunicación en los que se publiciten, y en todo caso en su página web, debiendo 
ser remitida también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
según los criterios que establezca esta, con el fin de que estén a disposición todos 
los consumidores a través de su herramienta web Comparador de Ofertas de 
Energía.»
Dos.  Se modifica la letra f) del artículo 57 bis, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«f)  Ser  debidamente  avisados  de  forma  transparente  y  comprensible  de 
cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su 
derecho  a  rescindir  el  contrato  sin  coste  alguno  cuando  reciban  el  aviso. 
Asimismo, ser notificados de forma directa por su suministrador sobre cualquier 
revisión de los precios derivada de las condiciones previstas, con al menos un 
mes de antelación a la entrada en vigor, de forma transparente y comprensible.
Las comunicaciones de revisiones de precios deberán incluir una comparativa  e.e
de los precios aplicados antes y después de la revisión, así como una estimación  b
del coste anual del suministro para dicho consumidor y su comparativa con el  458ww
coste anual anterior.»
Disposición  final  primera.  Modificación  del  Real  Decreto-ley  17/2021,  de  14  de 
septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios 
del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.
Con efectos de 16 de septiembre de 2021, se modifica el Real Decreto-ley 17/2021, 
de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de 
precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, conforme a los 
siguientes términos:
Uno.  Se  introduce  una  nueva  disposición  adicional  octava,  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición  adicional  octava.  Aplicación  del  mecanismo  de  minoración  a  la 
energía sujeta a instrumentos de contratación a plazo.
1.  Al objeto de determinar la aplicación del mecanismo de minoración a la 
energía de las tecnologías no emisoras no marginales que ha internalizado los 
beneficios extraordinarios por el alza del precio del gas natural, de acuerdo con el 
artículo 4, para la energía sujeta a instrumentos de contratación a plazo tal y como 
se establece en el artículo 6 se tendrán en cuenta los siguientes extremos:
a)  A los efectos del cálculo de la minoración regulado en el artículo 7, está 
excluida aquella energía producida por las instalaciones de generación de energía 
eléctrica a que hace referencia el artículo 5 que se encuentre cubierta por algún 
instrumento de contratación a plazo cuya fecha de celebración sea anterior a la de 
la  entrada  en  vigor  del  real  decreto-ley,  siempre  que  el  precio  de  cobertura 
asociado a dichos instrumentos sea fijo.
b)  Asimismo, resultará igualmente excluida aquella energía producida por las 
instalaciones  de  generación  de  energía  eléctrica  a  que  hace  referencia  el 
artículo 5 que se encuentre cubierta por algún instrumento de contratación a plazo 
que,  habiéndose  celebrado  con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  real 
decreto-ley, incluya un periodo de cobertura igual o superior a un año y su precio 
de cobertura sea fijo.
c)  Cuando los instrumentos de contratación a plazo a los se refieren los 
párrafos anteriores incorporen una indexación parcial a los precios del mercado 
peninsular mayorista al contado de electricidad, resultará excluida únicamente la 
energía equivalente de la parte del contrato no indexada.
d)  En los restantes casos, la energía producida por las instalaciones de 
generación de energía eléctrica a que hace referencia el artículo 5 resultará 
minorada conforme a la fórmula de cálculo definida en el artículo 7.
2.  Los instrumentos de contratación a plazo a los que se refiere el apartado 
anterior  podrán  comprender  tanto  instrumentos  de  contratación  a  plazo  con 
entrega física, como instrumentos con liquidación financiera en el periodo de 
vigencia del mecanismo de minoración, por la posición neta vendedora del grupo 
empresarial o, en caso de no pertenecer a ningún grupo, de la empresa titular 
sujeta a dicho mecanismo.
3.  Cuando la cobertura asociada al instrumento de contratación a plazo no 
comprenda una instalación concreta, se considerará como energía efectivamente 
cubierta la que resulte de prorratear la posición neta vendedora de la empresa o  e.e
grupo  empresarial  correspondiente  entre  la  potencia  disponible  de  las  b
instalaciones de las que es titular, salvo que la empresa o grupo empresarial  458ww
acreAd itseu d ovceuzm, lean tpaolmteennctiea  lad iaspploicnaibclieó nd dee  coatrdoa t ipinos tdaela acsióignn ascei óonb dteifnedrerán tec.omo el
ptercondoulcotgoí ad. eE ll ap oprcoetenntacjiea  dines tdaislapdoan ibpiolird aedl  speorrác eenl tparjee vdiseto  deisnp eoln aibpilaidrtaadd od e2  dcea dlaa 
disposición transitoria tercera de la Orden TED/1271/2020, de 22 de diciembre,
por la que se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el 
ejercicio 2021 y se prorrogan los peajes de acceso de energía eléctrica a partir 
del 1 de enero de 2021 excepto en el caso de la tecnología de ciclo combinado, 
que corresponderá con la disponibilidad media registrada en los últimos 5 años, 
para  el  periodo  de  aplicación  del  mecanismo,  de  acuerdo  con  los  datos  del 
operador del sistema.
4.  Al objeto de acreditar la sujeción de la energía minorada a un instrumento 
de contratación a plazo, de conformidad con lo establecido en los apartados 
anteriores, los titulares de las instalaciones a las que se refiere el artículo 5, 
deberán aportar al operador del sistema la siguiente documentación:
a)  Declaración responsable, firmada por el consejero delegado o cargo de 
análoga  responsabilidad  de  la  empresa  o  grupo  empresarial,  que  incluya,  al 
menos, la energía mensual sujeta al instrumento de contratación a plazo, la fecha 
de celebración de dichos instrumentos, así como el volumen, precio y plazo de 
entrega o liquidación de la energía negociada y comprometida en contratación a 
precio fijo, con entrega física o con liquidación financiera declaradas previamente, 
en su caso, en las cámaras de compensación en las que se hayan registrado 
dichas coberturas. A tal efecto, se empleará el modelo de declaración responsable 
previsto en el anexo II.
Dicha declaración responsable deberá remitirse mensualmente de tal forma 
que las posteriores remisiones mensuales deberán recoger cualquier actualización 
de la información contenida en la primera de las declaraciones responsables 
aportada  y,  en  cualquier  caso,  la  información  correspondiente  a  la  energía 
mensual sujeta al instrumento de contratación. La remisión mensual se hará en el 
plazo  de  5  días  hábiles  tras  la  finalización  de  cada  mes  en  que  resulte  de 
aplicación el instrumento de minoración de este real decreto-ley.
b)  Información que acredite la contratación de dicha energía con un tercero, 
o a través de un mercado o agencia de intermediación.
c)  Información  que  acredite  la  comunicación  de  dichas  operaciones  al 
organismo  correspondiente  bajo  la  normativa  que  resulte  de  aplicación, 
justificándose, en su caso, la ausencia de dicha acreditación.
d)  Cualquier  otra  documentación  que  resulte  necesaria  para  acreditar  lo 
establecido en el apartado 1 y garantizar la veracidad de la información remitida.
El  operador  del  sistema,  una  vez  recibida  la  documentación  anterior,  la 
remitirá, para su comprobación y verificación en el ámbito de sus funciones, a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
La documentación aportada se tendrá en cuenta, de manera provisional y 
hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se pronuncie 
sobre  ella,  en  el  procedimiento  de  cálculo  y  notificación  de  las  liquidaciones 
mensuales de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 8.
Una vez se disponga del resultado de las comprobaciones y verificaciones 
que, en el ámbito de sus competencias, realice la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, el operador del sistema deberá considerarlas a los 
efectos del cálculo de las liquidaciones mensuales pendientes y, en su caso, en la 
liquidación definitiva que el operador del sistema realice según lo previsto en el 
artículo 8.4.
5.  La  inexactitud  o  falsedad  en  cualquiera  de  los  datos  aportados  en  e
previsión de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrá la consideración de  bo
infracción muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la  458ww
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico».
Dos.  Se  crea  un  anexo  II,  por  el  que  se  regula  un  modelo  de  declaración 
responsable sobre la energía mensual cubierta por instrumentos de contratación a plazo, 
a los efectos del cálculo de la minoración del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de 
septiembre, pasando el anexo a ser anexo I.
«ANEXO II
Declaración responsable sobre la energía mensual cubierta por instrumentos 
de contratación a plazo, a los efectos del cálculo de la minoración del Real 
Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre
Yo,  D./Dña.……………………………………………………,  con  NIF…………
…..........., en nombre y representación, como consejero delegado o cargo de 
análoga responsabilidad, del grupo empresarial o, en caso de no pertenecer a 
ningún grupo, de la empresa.………………………………………………., con NIF…
…….............. y domicilio social en……………….....................................……………
……………….
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de la comunicación de la energía 
sujeta  a  algún  instrumento  de  contratación  a  plazo,  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  los  artículos  6  y  7  del  Real  Decreto-ley  17/2021,  de  14  de 
septiembre,  de  medidas  urgentes  para  mitigar  el  impacto  de  la  escalada  de 
precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad (en 
adelante, RDL17/2021):
– Que la empresa o grupo empresarial anteriormente citada es titular de la/s 
instalación/es de producción …….., inscrita/s en el Registro Administrativo de 
Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica con número……. sujeta/s al 
mecanismo de minoración del RDL17/2021 y de las que como titular comunicará, 
en su caso, un valor de energía mensual sujeta a instrumentos de contratación a 
plazo(1),
(1)  Incluir en anexo a la declaración responsable el listado de instalaciones, si no es una única.
– que el grupo empresarial o la empresa anteriormente citada, para el periodo 
de  vigencia  del  mecanismo,  tiene  suscritas  coberturas  (compras  y  ventas) 
negociadas  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  disposición  adicional  octava, 
concretamente (señalar la que proceda):
[ ] contrato/s de venta de energía a plazo, cuyas condiciones se detallan en el 
documento (“Documento venta a plazo”) …….,
[ ] contrato/s bilateral/es a plazo con entrega física cuyas condiciones se 
detallan en el documento (“ContratoBilateralFisica”) …….,
[ ] contrato/s a plazo con liquidación financiera cuyas condiciones se detallan 
el documento (“DocLiqFinanciera”) …….,
– que  anexo  a  la  presente  declaración  se  adjunta  la  acreditación  de  la 
comunicación  de  las  operaciones  mencionadas  al  organismo  correspondiente 
(bajo la normativa REMIT o EMIR) o, en su defecto, la justificación de la ausencia 
de dicha acreditación (“AcreditacionREMIT”) y que se enviará al operador del 
sistema por los medios telemáticos que se establezcan, e.e
– La información correspondiente a los instrumentos de contratación a plazo  w.b
que se declaren deberá contener, al menos, lo siguiente: 458ww
••  Fcóedcihgao  ddee  fliarm traa ndseal cincsiótrnu m(UeTnIt ou  doetr ocso)n,tratación a plazo, OE-A-2021-17able en https://
• empresa que realiza la transacción, indicando el grupo empresarial al que 
pertenece (en su caso), y contraparte de la misma (en su caso) incluyendo su 
identificación (código ACER, CIF u otros),
• producto (periodo de liquidación, perfil, indexación, etc.),
• liquidación (física o financiera),
• posición (compradora o vendedora),
• volumen y/o energía (MW/MWh),
• precio (€/MWh),
• identificación del medio en el que se realiza la transacción (mercado, bróker, 
bilateral) e identificación de cámara de registro (en su caso),
• instalación asociada a la transacción e identificación CIL/RAIPRE (en su 
caso),
• en caso de que no exista instalación asociada a la transacción, se aportará 
el listado de instalaciones pertenecientes al grupo empresarial.
Esta  información  se  remitirá  al  operador  del  sistema  por  los  medios 
telemáticos que se establezcan,
– que el total de la energía mensual cubierta por todas las instalaciones con 
instrumentos de contratación a plazo para el periodo de liquidación o entrega, en 
el periodo de vigencia del mecanismo de minoración, negociadas de acuerdo con 
lo previsto en la disposición adicional octava durante el mes de………………es 
de…………MWh.
Asimismo, manifiesto que la información proporcionada es completa y veraz y 
que me comprometo a notificar los cambios que supongan una modificación en lo 
aquí  declarado,  asumiendo  las  responsabilidades  legales  en  caso  de 
incumplimiento, falsedad u omisión.
Declaro  conocer  que  el  valor  de  la  energía  comunicada  al  operador  del 
sistema en cada mes de aplicación del Real Decreto-Ley 17/2021, de 14 de 
septiembre,  así  como  la  restante  documentación  aportada,  será  objeto  de 
comprobación por la CNMC, que llevará a cabo las actuaciones oportunas para 
garantizar la veracidad de la documentación aportada.
De conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la disposición adicional 
octava, la inexactitud o falsedad de la información aportada en esta declaración 
responsable será constitutiva de infracción muy grave, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico.
En …….............................………, a ….. de …....……. de …….
(Firma electrónica)»
Disposición final segunda.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de la competencia 
que las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al 
Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y bases del régimen minero y energético
Disposición final tercera.  Habilitación normativa. e.
Se  habilita  al  Gobierno  y  a  la  persona  titular  del  Ministerio  para  la  Transición  458ww
aEpcroolóbgairc cau ya netal sR deitsop Doseimcioongerásf isceoa, ne nn eecle ásmarbiaitso  pdaera s euls d reessaprerocltliov,a as pcliocmacpióente yn ceiajesc, upcaióran 
de lo establecido en este real decreto-ley.
En concreto, se habilita a que por orden de la Ministra para la Transición Ecológica y 
el  Reto  Demográfico  se  pueda  modificar  el  modelo  de  declaración  responsable 
establecido en el anexo II del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de 
medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en 
los mercados minoristas de gas y electricidad.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN