BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Miércoles 2 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 14736
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
1702 Orden CUD/53/2022, de 24 de enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  y  ayudas  del  Consejo 
Superior  de  Deportes  a  clubes  y  sociedades  anónimas  deportivas 
participantes en la competición de máxima categoría femenina de fútbol para 
acometer  las  mejoras  estructurales  necesarias  para  la  competición, 
financiadas  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
I
El deporte se erige hoy en día tanto como una actividad enormemente enriquecedora y 
generadora de bienestar personal, como un importante instrumento de cohesión social, un 
eficaz vehículo para la transmisión de valores y un sólido elemento de impulso económico, 
consolidándose durante la crisis sanitaria como una actividad esencial para los españoles. La 
contribución de la industria del deporte a la economía española es del 3,3 %.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por 
el que se reestructuran los departamentos Ministeriales, le corresponde al Ministerio de 
Cultura y Deporte la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 8.d) atribuye al 
Consejo  Superior  de  Deportes  (en  adelante  CSD)  competencia  para  conceder  las 
subvenciones  económicas  que  procedan  a  las  federaciones  deportivas  y  demás 
entidades y asociaciones deportivas inspeccionando y comprobando la adecuación de 
las mismas al cumplimiento de los fines previstos en dicha Ley.
Por su parte, el Real Decreto 460/2015, de 5 de junio por el que se aprueba el 
Estatuto del CSD, atribuye a este organismo competencias destinadas a desarrollar el 
mandato constitucional de fomento de la educación física y el deporte y las que se le 
atribuyan en la normativa legal y reglamentaria, incluyendo entre las atribuciones de su 
Presidencia la concesión de las subvenciones económicas que procedan con cargo a los 
presupuestos del organismo.
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros 
de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para 
proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía. Estas medidas han 
tenido un drástico impacto económico y social en el conjunto de los países de la Unión 
Europea, habiendo influido directamente en todos los ámbitos del tejido relacionado con 
la actividad deportiva.
Las  necesarias  medidas  de  contención  acordadas  han  supuesto  un  impacto 
económico importante, ya que implicaban reducir la actividad económica y social de 
forma temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad en numerosos 
ámbitos, incluido el deporte. Por ello, se han venido adoptando medidas económicas y 
sociales que, además de facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la emergencia, 
permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y empresas, y sostener el  s
tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando la recuperación de la  e.
actividad económica. w.
En  ese  sentido,  el  mandato  explícito  a  los  poderes  públicos  que  realiza  el  02ww
daertpícourltoe  4c3o.m3 od eu nlao  Cdoen slotistu cpiórinn cEipsiopsa ñroelcat osroebsr ed ee l lafo mpeonlíttioc ad es olaci aal ctyiv iedcaodn ófímsicicaa ,y  eesl 
sduefsicairernotllea rspea rdae  euxnpali cfaorr mqau ev aerila dfoam qeuneto p udeed eu nsae r adcetisvdidea do rdceonmaor  eel l ddeespaorrrotell o pduee dlae   BOE-A-cable e
misma en términos razonables hasta contribuir en su financiación si las circunstancias 
así lo requieren.
La práctica deportiva, como otros sectores, ha sufrido las consecuencias derivadas 
de la pandemia debido, entre otras circunstancias tanto a la paralización cuasi total de su 
actividad,  como  a  la  reducción  o  ausencia  prolongada,  completa  o  prácticamente 
completa, de la asistencia de público a las competiciones deportivas durante la crisis 
sanitaria.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento  histórico  de  un  esfuerzo  singular  y  de  un  planteamiento  innovador  que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación 
de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, 
compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia 
(en adelante, MRR) y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de 
Europa (REACT-EU).
Como  consecuencia  de  esos  acuerdos,  la  Unión  Europea  ha  adoptado  el 
Reglamento (UE) número 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el 
que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) número 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las 
medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea. La financiación ayudará a 
los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia 
provocados por la COVID-19, garantizando, asimismo, que sus economías emprendan 
las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes, con inversiones 
que aceleren la recuperación y refuercen el crecimiento a largo plazo.
II
Con  base  en  lo  anterior,  el  Gobierno  de  España  ha  elaborado  el  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede» (en adelante, Plan de 
Recuperación o PRTR) que incluye diez políticas tractoras o palancas que van a incidir 
directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación 
del tejido económico y social. El Plan de Recuperación ha sido aprobado por el Consejo 
el pasado 13 de julio de 2021, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021. Entre las diez políticas tractoras se encuentra la cultura y el deporte, con un 1,1 
por ciento de los recursos al tratarse de dos industrias indispensables para el desarrollo 
de una sociedad libre y abierta.
Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  de  Recuperación,  alineados  con  los 
objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, 
permitirán  la  realización  de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante 
cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo 
productivo  para  la  recuperación  de  la  economía  tras  la  pandemia  causada  por  la 
COVID-19  y,  por  otro,  una  transformación  hacia  una  estructura  más  resiliente  que 
permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en 
el futuro. La mayoría de las actividades de apoyo del Plan de Recuperación se van a 
desarrollar durante un periodo de tiempo breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en  s
hacer frente a la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su utilización como una  e.
oportunidad estratégica para acometer las citadas transformaciones. w.
El Componente 26 del Plan de Recuperación, denominado «Plan de fomento del  02ww
sdeecptoorrt ed; ella  deinpvoerrtsei»ó na bdoirridgaid aa sap eoctpotsim itzaanr  vlaorsi adreocsu rcsooms oe  lai mdpigleitmaleiznatacrió nm eddeild asse ctdoer 
qsouset epneibrmiliditaand  aumn bmieenjtoarl  eancc leasso i nas talala caicotniveidsa dde pfíosrictiav assa; leuld daebslea reronl loz odnea isn ferane sriteruscgtou rdaes   BOE-A-cable e
despoblación; el fomento de hábitos saludables a través del deporte y la actividad física, 
mejorando la salud de nuestros ciudadanos y el desarrollo de sectores específicos que 
promuevan la igualdad y la inclusión en el deporte. Es precisamente en el pilar de 
promoción de la igualdad en el deporte donde se circunscriben las medidas proyectadas 
en  la  presente  disposición,  orientada  a  facilitar  la  consecución  de  las  estructuras 
necesarias derivadas de la profesionalización de la primera división femenina de fútbol.
Las ayudas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiadas con cargo a los Fondos #NextGenerationEU, han sido incluidas en el Plan 
Estratégico de Subvenciones 2021-2023, Parte Segunda, del Ministerio de Cultura y 
Deporte, aprobado en octubre de 2021. El Plan Estratégico de Subvenciones contempla 
en su línea estratégica 7 el incremento de la igualdad en el ámbito deportivo, el objetivo 
de promover la igualdad en el ámbito deportivo mediante ayudas a clubes de la liga 
nacional  de  fútbol  femenino  profesional  para  mejoras  estructurales  a  través  de  la 
adaptación de las instalaciones deportivas de esos clubes.
Las medidas proyectadas en esta orden de bases son un elemento prioritario para la 
consecución de la igualdad en el deporte y se circunscriben en el pilar de promoción de 
la igualdad en el deporte, partiendo de la profesionalización de la máxima categoría 
femenina  de  fútbol,  como  motor  indispensable  de  la  consecución  de  estructuras 
profesionales  para  las  mujeres  en  el  deporte.  Del  mismo  modo,  contribuyen  a  la 
consecución del objetivo e hito número 374 del citado componente 26: Award by CSD 
(National Council for Sports) of a call for proposals in the Official Journal, which is 
expected to select a mínimum of 15 beneficiary projects to promote equality in sports, 
notably  through  training,  proffesionalisation  of  female  sports  and  visibility  of  female 
sports. The cumulative budget of the call shall be EUR 11.700.000.
La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes ha otorgado la calificación 
de liga profesional a la competición de la máxima categoría femenina de fútbol, con 
fecha 15 de junio de 2021. Dicha calificación permitirá la creación de la Liga Nacional 
Femenina de Fútbol Profesional, LNFFP, como asociación que se integra exclusiva y 
obligatoriamente por todos los Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas que participan 
en la competición de la máxima categoría femenina de fútbol, y se ha constituido al 
amparo de lo previsto en los artículos 12 y 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte.
La calificación de la competición como profesional, exige la puesta en marcha de un 
conjunto de medidas que garanticen la calidad y sostenibilidad de la competición, con 
plenas  garantías  a  las  condiciones  de  igualdad  que  han  de  conseguirse  tras  la 
consolidación de las estructuras profesionales. Entre estas medidas, se encuentran las 
necesarias  infraestructuras  y  equipamientos  que  han  de  estar  a  disposición  de  las 
entidades que compiten en la máxima categoría femenina de fútbol.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como 
con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones 
financiadas  que  se  llevarán  a  cabo  en  cumplimiento  de  la  presente  orden,  deben 
respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do Not Significant Harm»). Esta actuación es  s
respetuosa con la normativa del etiquetado verde, si bien no contribuye al etiquetado  oe.
verde ni al digital, tal y como recoge el Componente presentado a la Unión Europea. w.
Desde el punto de vista de ayudas de Estado, teniendo en cuenta que se trata de  02ww
uenstaé ntr ainnssfcerrietansc iae nd e lafo ncdooms ppeotirc pióanr ted ed elm Eásxtaimdao  ac alate tgootaríliad afde mdee nloinsa c ludbee sfú ytb SoAl Dc oqmueo 
tbéernmeinficoisa rpiorse vdiset olass  eany ulodsa sa, rteícsutalo ms e1d0id7a.1  ndoe le sT rcaotandsotit udteiv aF udnec aioynuadma iednet oE sdtea dloa  eUnn ilóons   BOE-A-cable e
Europea (TFUE), dado que, en primer lugar, no es una medida selectiva al aplicarse de 
forma general a todos los integrantes de la competición y, además, no falsea ni amenaza 
falsear la competencia, ni afecta al comercio entre Estados miembros.
III
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.º de la 
Constitución Española y se estructura en dos capítulos. En el primer capítulo se contiene 
una disposición general referente al objeto de las ayudas y el régimen jurídico aplicable. 
El segundo capítulo recoge las disposiciones de carácter general que constituyen las 
bases reguladoras de las subvenciones y ayudas y se refieren a aspectos como los 
objetivos  generales,  los  tipos  de  actuación  financiables,  los  beneficiarios,  las 
características de financiación y sus límites.
Esta orden de bases incorpora las previsiones, garantías y controles contenidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su 
Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio, 
quedando  sometidas  todas  las  solicitudes  de  ayuda  al  procedimiento  ordinario  de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento 
definidas para él en dicha normativa.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas.  En  este  sentido,  se  garantizan  los  principios  de 
necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los 
intereses que se persiguen.
Asimismo, esta orden es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la 
regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, 
imponiendo solo las condiciones que establecen la normativa europea y la española. 
Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la Unión 
Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión.
Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la 
norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas 
llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia 
convocatoria.  En  cuanto  al  principio  de  transparencia,  esta  norma  establece  unos 
criterios  de  evaluación  de  las  solicitudes  que  son  objetivos,  públicos  y  conocidos 
previamente.
La  presente  orden  ha  sido  aprobada  de  conformidad  con  el  procedimiento 
establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y ha 
sido  informada  por  la  Abogacía  del  Estado  del  Departamento  así  como  por  la 
Intervención Delegada del Consejo Superior de Deportes de acuerdo con lo dispuesto en 
el  artículo  17.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  y  el  artículo  61.2  del 
Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  La  presente  orden  tiene  por  objeto  aprobar  las  bases  reguladoras  de  las  bo
subvenciones a los clubes de fútbol y SAD que estén inscritas en la competición de la  02ww
amdáaxpimtaac iócna tye gmoarínat efneimmeiennintoa  ddee l afsú tibnofrl,a edsetsruticntaudraass  nae clae sianrviaesrs pióanr ap laar ap alrati ccipoancsitórunc ecnió nla, 
ceosmtápnedtaicreiósn  ddee  claa limdaádx,i migau acladtaedg oyrí as ofestmeneinbiinliad adde  dfeú tblao l,c oaml opbejteictoió nd ey  gcauryaon tipzalarz ou ndoes 
ejecución se encuentre entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.
2.  La finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones que contribuyan a los 
objetivos descritos en el apartado primero así como coadyuvar a la consolidación de 
estructuras que fomenten la igualdad, difusión y visibilidad, la formación, la eficiencia 
energética, la transformación digital y la accesibilidad.
3.  Los  proyectos  subvencionables  en  el  marco  de  esta  orden  incluirán  la 
construcción, reforma, mejoras y mantenimiento de infraestructuras necesarias para la 
competición femenina de máxima categoría de fútbol, y en concreto:
I.  Gastos de mantenimiento de campos de hierba.
II.  Gastos de obras:
a)  Instalación y adecuación de campos de hierba, así como sustitución de hierba 
artificial por hierba natural, tanto en campos de entrenamiento como de competición.
b)  Ampliación y mejora de gradas y aparcamientos.
c)  Adecuación de instalaciones y vestuarios.
d)  Instalaciones anexas de entrenamiento y/o formación de deportistas, tales como 
gimnasios, salas de readaptación y enfermería, así como residencias y salas destinadas 
a la formación.
e)  Adecuación y mejoras en espacios e instalaciones destinadas a medios de 
comunicación o que favorezcan la difusión mediática.
f)  Adecuación a los requerimientos de la retransmisión televisiva.
g)  Adquisición e instalación de U televisiva
h)  Accesibilidad
i)  Megafonía y marcadores
j)  Mejoras en la eficiencia energética del sistema de iluminación.
k)  Construcción,  ampliación,  adaptación  y  mejoras  de  los  campos  y  estadios, 
siempre que el resultado implique una mejora en la calidad de la competición y coadyuve 
en la consecución de los objetivos de transición ecológica, digitalización, igualdad e 
inclusión y accesibilidad.
l)  Otras infraestructuras de análoga naturaleza.
m)  Elaboración del diseño y/o proyecto de obra de las actuaciones recogidas en el 
presente apartado.
4.  Las  inversiones  objeto  de  subvención  podrán  ser  sobre  estructuras  e 
infraestructuras propias o ajenas, debiendo mediar en este último caso, contrato de 
arrendamiento o convenio que permita un uso preferente del equipo femenino de fútbol 
del club o SAD beneficiario, por una duración mínima de cinco años.
5.  Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden se enmarcaran en las 
inversiones del Componente 26, Plan de fomento del sector del deporte, con cargo al 
programa 33ZC del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, 
Plan  de  Recuperación)  del  Gobierno  de  España,  y  las  aplicaciones 
presupuestarias  24.106.479,  24.106.484,  24.106.779  y  24.106.789,  y  contribuirán  al 
cumplimiento de los objetivos asociados al componente.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
En  todo  lo  no  previsto  en  esta  orden  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de 
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  e.
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  w.b
Sector Público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la  02ww
qEuuero pseeo  trya ndseplo nCeonn sael joo r2d0e1n4a/m23ie/UntEo   yju r2íd0ic1o4 /2e4s/pUaEñ,o ld ela s2 6D idreec tifveabsre rdoe l dPe a2rl0a1m4e; nteol 
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de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y demás 
disposiciones que resulten de aplicación.
Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y 
estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  El procedimiento de concesión se tramitará de conformidad a lo establecido en 
los  artículos  22.1  y  23.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará de oficio mediante 
convocatoria pública.
2.  El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a su Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establecen estas bases 
reguladoras.
3.  La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
Artículo 4.  Beneficiarios.
1.  Podrán ser beneficiarios de las subvenciones o ayudas para las que exista 
consignación presupuestaria aquellos clubes de fútbol y SAD que, estando inscritas en la 
competición de la máxima categoría femenina de fútbol las soliciten, tengan suficiente 
capacidad de obrar y no se encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones 
públicas o para contratar con el Estado u otros entes públicos.
2.  Los beneficiarios deberán acreditar ante el Consejo Superior de Deportes que 
reúnen  condiciones  de  solvencia  económica,  técnica  y  profesional  para  realizar  la 
actividad de que se trate, en los casos y plazos que determine la convocatoria.
3.  La admisión a trámite de una solicitud de subvenciones o ayudas no generará 
compromiso alguno de concesión de aquella.
4.  Podrán acogerse a las subvenciones establecidas en esta orden las entidades 
inscritas en la competición de la máxima categoría femenina de fútbol, tanto las que 
adoptan la forma jurídica de Sociedad Anónima Deportiva (SAD), como aquellas que  es
legalmente se hallan constituidas con forma jurídica diferente, de conformidad con la  o
legislación vigente. 02www.
Artículo 5.  Requisitos de los beneficiarios.
Los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)  Podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que se encuentren en 
la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las 
circunstancias previstas en esta orden de bases reguladoras y en la convocatoria.
b)  La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume frente a la entidad 
convocante la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)  Las acciones que realicen los beneficiarios de las ayudas tendrán que cumplir 
con lo estipulado en estas bases reguladoras.
d)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra 
alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
e)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por 
reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
Artículo 6.  Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria las señaladas en 
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y en particular, 
las siguientes:
a)  Ejecutar  el  proyecto,  realizar  la  actividad  o  adoptar  el  comportamiento  que 
fundamente  la  concesión  de  la  subvención,  que  contribuye  al  cumplimiento  de  los 
objetivos e hito número 374 en el plazo comprometido en el PRTR.
b)  Justificar ante el CSD o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones para concurrir a la subvención, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.
c)  Comunicar al CSD la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.
d)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social en la forma que se determina en el artículo 22.2 del Reglamento de la 
Ley  38/2003,  General  de  Subvenciones,  y  con  las  excepciones  recogidas  en  su 
artículo  24.  No  obstante,  cuando  el  beneficiario  no  esté  obligado  a  presentar  las 
declaraciones  o  documentos  a  que  se  refieren  las  obligaciones  anteriores,  su 
cumplimiento se acreditará mediante declaración responsable.
e)  Facilitar cuanta información les sea requerida por el CSD, por la Intervención 
General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas u otros órganos de 
control externo de la Unión Europea y someterse a las actuaciones de comprobación que 
puedan  efectuar  estos  órganos  en  relación  con  la  concesión  o  justificación  de  la 
subvención.
f)  Cumplir las obligaciones o deberes que específicamente establezca la respectiva 
convocatoria para cada tipo de subvención. e.
g)  El beneficiario adoptará las medidas de difusión necesarias para dar la adecuada  w.b
publicidad al carácter público de la financiación de la inversión objeto de la subvención,  02ww
finocmlueyneton deon  llaa  tiomtaalgideand  indset iltausc iaocncaiol ndeesl  dCeS dDi vyu lgeascpieócni fqicuaen dreoa lsicue .papel de Institución de
comhu)n icEanr  leal  rceansuon cdiea  naol  epxopdeedr ierenateli zsaor liecli tapdrooy eecnt oe lp amrao meel nctuoa le sne q cuoen cseed ipór olad uazycuad ala, 
certeza de la no ejecución y, en todo caso, siempre en el plazo máximo de tres meses 
desde la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con 
lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de 
demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
i)  Mantener la inversión durante un plazo de cinco años desde la finalización de la 
ejecución  del  proyecto,  sin  que  sufra  una  modificación  sustancial  que  afecte  a  su 
naturaleza o a sus condiciones de ejecución y aprobación. Serán considerados cambios 
sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención. El 
cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano 
gestor de las ayudas.
j)  Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a 
partir  de  la  operación,  de  acuerdo  con  el  artículo  132  del  Reglamento  (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) número 1296/2013, (UE) número 1301/2013, (UE) número 1303/2013, 
(UE)  número  1304/2013,  (UE)  número  1309/2013,  (UE)  número  1316/2013,  (UE) 
número 223/2014 y (UE) número 283/2014 y la Decisión número 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) número 966/2012.
k)  En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades 
beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», 
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España.
l)  Asimismo, en el marco de los compromisos del PRTR se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de las condiciones del etiquetado verde asignado el PRTR establecido por 
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021.
m)  Prestar compromiso escrito a conceder los derechos y los accesos y tratamiento 
de datos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas 
Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus 
competencias.
n)  Cumplir con toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de 
aplicación (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación de 
obras y suministros y medio ambiente), y comprometerse a presentar, en el momento de 
disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para la 
ejecución del proyecto.
o)  Cumplir con las medidas para la prevención del fraude y situaciones de conflictos 
de intereses.
p)  Deberán cumplir con las obligaciones en materia de publicidad e información 
específicas  para  aquellos  proyectos  financiados  con  cargo  a  los  fondos  del  PRTR 
establecidas en el artículo 23 de la presente orden. s
q)  Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en la convocatoria de  oe.
concesión. w.
Artículo 7.  Subcontratación.
acue1r.d oE cl obne lnoe feicsitaarbiole cpioddor áe ns uebl caortníctrualtoa r2 9h adseta  lae lL e1y0 03 8p/2o0r 0c3i,e ndteo  1d7e ld ep rnooyevicetmo,b rdee, 
siempre que no sea contrario al objeto y finalidad de la subvención.
2.  El solicitante deberá pedir autorización para la subcontratación con carácter 
previo  a  la  resolución  de  concesión,  en  cuyo  caso  la  autorización  se  entenderá 
concedida si en dicha resolución es declarado beneficiario.
3.  Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente 
derivados del proyecto o actuación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse la subcontratación con personas 
o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  consignadas  en  el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
4.  En  el  contrato  o  convenio  suscrito  para  acordar  la  subcontratación,  deberá 
acreditarse que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de 
carácter  personal,  debiendo  incluir  las  cláusulas  necesarias  para  su  cumplimiento 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5.  En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la 
totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos 
para  asegurar  que  los  subcontratistas  cumplan  con  el  principio  de  «no  causar  un 
perjuicio significativo al medio ambiente» y los mecanismos para la prevención del fraude 
y conflicto de intereses.
Artículo 8.  Entidad colaboradora.
1.  Podrán  actuar  como  entidad  colaboradora  aquellas  que  cumplan  con  lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dando cumplimiento 
a las obligaciones y requisitos que se establecen en los artículos 13, 15 y 17.3.c) de 
dicha ley.
2.  Las  funciones  a  desempeñar  por  parte  de  la  entidad  colaboradora  vendrán 
especificadas  en  el  convenio  a  suscribir  con  el  CSD  en  el  que  se  regulen  las 
obligaciones y condiciones que asumirá cada una de las partes, en base a lo establecido 
en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre. En dicho convenio se establecerán 
asimismo medidas para la prevención del fraude y situaciones de conflictos de intereses.
3.  La entidad colaboradora, en su caso, podrá percibir por su actuación únicamente 
una  compensación  de  gastos  que  estará  contenida  en  el  convenio,  en  base  al 
artículo 16.3.m) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 9.  Gastos subvencionables.
1.  Los  potenciales  beneficiarios  deberán  presentar  una  única  solicitud.  Cada 
solicitud podrá contener uno o varios proyectos para los que se solicite financiación, que 
se ejecuten entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, pudiendo 
englobar una o varias de las categorías de gastos indicadas a continuación.
I.  Gastos de mantenimiento de campos de hierba.
II.  Gastos de obras:
a)  Instalación y adecuación de campos de hierba, así como sustitución de hierba 
artificial por hierba natural, tanto en campos de entrenamiento como de competición.
b)  Ampliación y mejora de gradas y aparcamientos.
c)  Adecuación de instalaciones y vestuarios.
d)  Instalaciones anexas de entrenamiento y/o formación de deportistas, tales como  e.
gimnasios, salas de readaptación y enfermería, así como residencias y salas destinadas  w.b
a la formación. 02ww
comeu)n icAadcieócnu oa cqióune  fya vmoreejzocraans  lae nd ifeusspióanc imose deiá tiincsat.alaciones destinadas a medios de
fg))   AAddeqcuuiasicciióónn  ae  lionss traelqaucieórnim dieen Uto tse ldeev ilsaiv raetransmisión televisiva.
h)  Accesibilidad
i)  Megafonía y marcadores
j)  Mejoras en la eficiencia energética del sistema de iluminación.
k)  Construcción, ampliación, adaptación y mejoras de los campos y los estadios, 
siempre que el resultado implique una mejora en la calidad de la competición y coadyuve 
en la consecución de los objetivos de transición ecológica, digitalización, igualdad e 
inclusión y accesibilidad.
l)  Otras infraestructuras de análoga naturaleza.
m)  Elaboración del diseño y/o proyecto de obra de las actuaciones recogidas en el 
presente apartado.
2.  No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, teniendo en cuenta que el 
incumplimiento será causa de reintegro de los fondos. Por otra parte se deberá cumplir 
con las obligaciones establecidas en relación con el etiquetado verde.
3.  En ningún caso se considerarán subvencionables los impuestos indirectos.
4.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a 
estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que 
se integren dentro del Plan de Recuperación.
Artículo 10.  Financiación.
1.  Los proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación 
deberán enmarcarse en, al menos, una de las categorías de gasto contempladas en el 
artículo 9 de la presente orden, y llevarse a cabo en el territorio nacional.
2.  La  ayuda  que  se  conceda  se  imputará  a  las  aplicaciones 
presupuestarias 24.106.479, 24.106.484, 24.106.779 y 24.106.789 del programa 33ZC 
de los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio del Consejo Superior de 
Deportes,  procedentes  del  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia,  o  su 
equivalente en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
3.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
4.  El proyecto podrá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda, u otras 
entidades.
5.  El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de 
un  máximo  del  100  por  ciento  sobre  el  presupuesto  del  proyecto  que  haya  sido 
considerado financiable.
6.  En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la 
actuación. Para ello, se tendrá en cuenta la acumulación de ayudas o subvenciones para 
los mismos fines y costes subvencionables.
Artículo 11.  Régimen de garantías.
No será preciso constituir ninguna garantía por los beneficiarios ni por la entidad  s
colaboradora. oe.
Artículo  12.  Órganos  competentes  para  instruir  y  resolver  el  procedimiento  de  02ww
concesión y órgano responsable del seguimiento.
esta1 .o rdEeln  ósrgearán ola  cPormepsiedteenncteia  pdaeral  Creosnoslevjeor  Slau pceorniocre sdieó nD edpeo lratess a. yEul dóarsg arneog uilnasdtarusc teonr 
del procedimiento será la Dirección General de Deportes, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.4.b) del Real Decreto 460/2015, de 5 de julio
2.  La Dirección General de Deportes será el órgano responsable del seguimiento 
de las actuaciones financiadas.
3.  Con  carácter  general  y  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  para  la 
prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de 
selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su 
implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique 
la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el 
procedimiento.
Artículo 13.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
tramitación  electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las 
solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este apoyo financiero, serán presentadas preferentemente a través de la 
Sede  Electrónica  del  Consejo  Superior  de  Deportes,  accesible  en  la  dirección 
electrónica:  https://sede.csd.gob.es,  a  través  del  Punto  de  Acceso  General, 
www.administracion.gob.es  o  del  Registro  Electrónico  General  de  la  Administración 
General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la sede electrónica antes referida donde podrá consultar los documentos presentados y 
el estado de tramitación del expediente.
3.  La  práctica  de  notificaciones  electrónicas  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  La publicación de las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como 
de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y 
demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del CSD (https://
sede.csd.gob.es),  y  surtirá  todos  los  efectos  de  la  notificación  practicada  según  lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los 
procedimientos de concurrencia competitiva.
5.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando 
proceda.
7.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
8.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar  e.
específicamente  en  la  solicitud  en  qué  momento  y  ante  qué  órgano  administrativo  w.b
presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le  02ww
lfau ef incaolmizuanciicóand doe el nptrooncceedsim, sieienmtop rael  qquuee  cnoor rheasypaonn dtraann.s cEunr rciduom mpláims iednet oc indceol  Raeñgolsa mdeesndtoe 
(laU Ep)r o2t0e1c6c/i6ó7n9  ddee l lPasa rlapmeresnotnoa sE ufríospiceaos  ye dne l loC oqnusee jor,e dsep e2c7ta d ea la btrrail tadme i2e0n1to6 , dreel adtivaoto as 
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la
Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte 
del CSD así como los órganos competentes de la Unión Europea, de los datos incluidos 
en la solicitud por el beneficiario. En los supuestos de imposibilidad material de obtener 
el documento o cuando el interesado manifestara la negativa para la consulta de sus 
datos  de  carácter  personal,  el  órgano  competente  requerirá  al  solicitante  su 
presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que 
se refiere el documento.
Artículo 14.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán 
ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos 
en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación 
de la misma ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación 
de  la  persona  jurídica  solicitante.  El  incumplimiento  de  esta  obligación,  de  no 
subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 15.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la correspondiente 
convocatoria, sin que en ningún caso supere el plazo de treinta días hábiles contados 
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».
2.  La presentación de solicitudes fuera del plazo establecido para ello, dará lugar a 
su inadmisión.
Artículo 16.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes para la obtención de la subvención deberán presentarse a través 
del  modelo  normalizado  disponible  en  la  sede  electrónica  del  CSD  (https://
sede.csd.gob.es) y dirigirse a la Dirección General de Deportes, órgano competente para 
ordenar e instruir el procedimiento.
2.  Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Una  memoria  descriptiva  de  cada  proyecto  presentado,  firmada 
electrónicamente,  que  se  ajustará  al  modelo  establecido  en  cada  convocatoria.  La 
memoria  deberá  incluir,  además,  el  presupuesto  asociado  a  ese  proyecto  y  un 
cronograma o plan de actuación.
b)  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
c)  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, salvo que el solicitante autorice a que el órgano concedente obtenga de 
forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos.
d)  Declaración responsable en el que el solicitante haga constar las ayudas que 
hayan  solicitado  o  percibido  de  otras  Administraciones  o  entidades  para  la  misma 
finalidad y objeto y su cuantía, así como comprometerse a informar de las que pudiera  e.
solicitar u obtener durante la tramitación de estas subvenciones. w.b
e)  Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos  02ww
otr aasn uticniap oDse ccoisnió lna  pArdemviian idsetr alac ióCno,m niis eiósnta Er usruojpeetaa  aq uuen ah aoyrdae dne dcela rraedcou puenraa caióynu dpae niledgieanl tee 
incofm) paDteibclela rcaocnió enl  mreesrpcoandsoa cbolem dúen .no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a
las  que  se  refiere  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
g)  Declaración  responsable  de  que  el  solicitante  cumplirá  toda  la  normativa 
nacional y de la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de 
competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y de 
que se compromete a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, 
autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.
h)  Datos de la cuenta bancaria única del beneficiario de la ayuda.
i)  Declaración  de  no  causar  perjuicio  significativo  a  los  seis  objetivos 
medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento 
de  un  marco  para  facilitar  las  inversiones  sostenibles  y  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento (UE) 2019/2088, de acuerdo con el anexo I.
j)  Declaración sobre el cumplimiento de la obligación de prevención del fraude y el 
conflicto de intereses, de acuerdo con el anexo II.
k)  Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan 
de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), contenida en el anexo III
l)  Declaración de compromiso de conceder los derechos y los accesos necesarios 
para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía 
Europea y las autoridades nacionales  competentes  ejerzan sus competencias y de 
tratamiento  de  datos  en  relación  con  la  ejecución  de  actuaciones  del  plan  de 
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), contenida en el anexo IV.
m)  Otras  declaraciones  responsables  cuyos  modelos  sean  aprobados  por  las 
autoridades  competentes  conforme  a  la  normativa  nacional  y  europea,  dando 
cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del PRTR.
3.  Los  interesados  presentarán  la  solicitud  de  financiación  y  el  resto  de  la 
documentación  preferentemente  en  el  registro  electrónico  del  Consejo  Superior  de 
Deportes,  con  firma  electrónica  de  la  persona  que  tenga  poder  de  representación 
suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud se garantizará la fidelidad con el 
original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
4.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la 
representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para 
aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la 
comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente 
practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure 
en el expediente.
Artículo 17.  Compatibilidad de las ayudas.
1.  El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de 
un  máximo  del  100  por  ciento  sobre  el  presupuesto  del  proyecto  que  haya  sido  e
considerado financiable, pudiendo ser cofinanciado en parte por el beneficiario o por  bo
otras entidades públicas o privadas. 02ww
aocoutrntao Lsnla aó  madpdeeicm rocciuesn apioslce tilrósoaqnccua iodileenerse a,ls a s osiet prsmaúusbpb lrqvieceu aqnesuc,  iepou anla rea sso  utlarpmo rsema v idisseemtna tatsoe  dsfeia nnsa p leliúadsbsatla diac  yocyuos do nabvosjoe  cntoapo,tr  oispvruaiuapdd eoiserseer,ra  áen ln  cecaooscmtsiaotpebna laettolicebteslaer,l     OE-A-2022-17able en https://
de la actividad subvencionada.
La obtención concurrente de otro tipo de ayudas para la misma finalidad y al mismo 
beneficiario, superando la suma de todas las ayudas el coste de la actuación, podrá dar 
lugar a una modificación de la resolución de concesión o, en su caso, al reintegro de la 
subvención en los términos previstos en el artículo 34 del Real Decreto 887/2006, que 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
2.  Por otro lado, las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con otras 
ayudas procedentes de fondos de la Unión Europeo de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021.
3.  Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o 
percibido por parte de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y 
objeto,  tanto  en  el  momento  de  la  presentación  de  la  solicitud  como  durante  la 
tramitación del procedimiento.
Artículo 18.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
1.  Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los 
que hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiario.
2.  La evaluación se realizará por una Comisión de evaluación de conformidad con 
los principios de objetividad, publicidad y no discriminación, que valorará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en el presente apartado y elaborará una 
relación priorizada de las actuaciones que se consideren financiables, hasta agotar el 
crédito disponible.
3.  La evaluación de cada proyecto individual se llevará a cabo de acuerdo con los 
siguientes criterios de valoración, obteniendo una puntuación máxima de 100 puntos.
– Adecuación  a  los  estándares  de  calidad  de  la  competición  profesional,  y 
características del proyecto presentado (necesidad, idoneidad). Hasta 30 puntos.
– Idoneidad para la difusión y visibilidad del fútbol femenino. Hasta 25 puntos.
– Criterios de mejora en la eficiencia energética y/o contribución a la transición 
digital. Hasta 20 puntos.
– Mejoras de accesibilidad: Hasta 10 puntos.
– Durabilidad y permanencia del proyecto. Hasta 10 puntos.
– Adecuación  del  plan  de  actuación  y  cronograma,  así  como  adecuación  del 
proyecto al presupuesto solicitado. Hasta 5 puntos.
4.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes por tratarse de procedimientos de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 19.  Instrucción del procedimiento y comisión de evaluación.
1.  El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General de Deportes, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.4.b) del Real Decreto 460/2015, de 5 de junio por 
el que se aprueba el Estatuto del CSD, que realizará de oficio las actuaciones que 
considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2.  El  órgano  instructor  deberá  remitir  la  documentación  presentada  a  la 
correspondiente comisión de valoración que deberá emitir informe en el que se concrete 
el resultado de la evaluación efectuada. Este órgano colegiado establecerá la prelación o  e.
prorrateo entre todas las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios generales  w.b
de  valoración  que  se  incluyen  en  estas  bases  reguladoras  y  los  específicos  que  02ww
esta3b.l ezLcaa  lac ocmonpvooscicaitóonri a dceo rrelas poconmdieisnióten.  de  valoración  se  especificará  en  cada
tceonngvaonc aretolaricai óyn  ceosnta erál  ocbojemtop udees ltaas  apyour deams pol esaudbovse npcúiobnliecso sc oun vootcraods aps.rofesionales que
4.  El  funcionamiento  de  la  comisión  de  valoración  se  ajustará  al  régimen 
establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.  Los miembros de la comisión de valoración no percibirán remuneración alguna 
por el ejercicio de sus funciones en el mismo.
6.  De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los 
miembros de la Comisión de evaluación reforzarán su implicación en este objetivo a 
través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a 
mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la 
declaración original, pasando a cesar como vocal.
7.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de 
valoración, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una 
lista de solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de 
los solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión.
8.  La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que 
en el plazo de diez días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.
9.  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano 
de instrucción formulará la propuesta de concesión de la subvención, que será notificada 
a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 
diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta. 
Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión  de  la  subvención,  y  su  cuantía,  especificando  su  evaluación.  El  órgano 
instructor la elevará como propuesta de resolución definitiva al órgano concedente, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
10.  De conformidad con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean 
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no 
se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 20.  Resolución de concesión.
1.  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular 
de la Secretaría de Estado para el Deporte-Presidencia del CSD, sin perjuicio de las 
delegaciones vigentes en la materia. En un plazo de quince días hábiles desde la fecha 
de elevación de la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con el artículo 63 
del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, dictará la resolución definitiva de adjudicación de las subvenciones, resolviendo 
de este modo el procedimiento.
2.  Dado que la selección de proyectos está sometida a un régimen de concurrencia 
competitiva,  la  evaluación  de  las  solicitudes  dará  lugar  al  establecimiento  de  una 
prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración descritos en el 
artículo 18 de la presente orden. En caso de renuncia previa a la resolución definitiva 
podrán seleccionarse otros proyectos en función de la puntuación obtenida.
3.  Las  propuestas  de  resolución  provisional  y  definitiva  y  la  resolución  del 
procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en la sede electrónica del CSD.
4.  Concluido  el  plazo  de  alegaciones  y  resueltas  las  mismas  por  el  Órgano  e.
Instructor, éste elevará a la Presidencia del CSD propuesta definitiva de concesión, para  w.b
su aprobación mediante resolución. 02ww
acueErld Co ScDon n loot ifeicsataráb lemceiddoia ennte e pl uabrltiíccaucloió 4n5 e.1n. bs)u  dpeá glain LaP wAeCbA Pla.  DRee scooluncfoiórmn iddeafdin citoivna  ldoes 
aSrutíbcvuelonsc io1n8e.2s   y(B  2D0N Sd)e,   lpaa rLaG  Ss,u  epl uCbSlicDa crióenm, itilraá   ain folar mBaacsióen  dep reDcaetpotsiv aN ascoiobnrea l ldaes 
subvenciones  concedidas  con  indicación  de  la  convocatoria,  el  programa  y  crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad 
de la subvención.
5.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de cuatro meses, 
computados a partir del día siguiente a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de  solicitudes  de  cada  año,  entendiéndose  éstas  como  desestimadas  una  vez 
transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 25 de la LGS.
6.  Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la 
obligación legal de resolver.
7.  La resolución de concesión de las subvenciones agota la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, o bien ser impugnada directamente ante el orden contencioso-administrativo en la 
forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
Artículo 21.  Pago y justificación de las ayudas.
1.  El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado por el 100 por 
ciento de la ayuda concedida, tramitándose de oficio por el órgano instructor, tras la 
notificación  de  la  concesión  de  la  subvención.  Conforme  al  artículo  61.3  del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los beneficiarios deberán acreditar que se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
préstamos  o  anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  créditos 
específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos 
Generales del Estado.
Corresponde  a  la  Dirección  General  de  Deportes  como  órgano  instructor  la 
comprobación del cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago.
2.  En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, 
de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018), la 
percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará condicionada a que 
se  presente  compromiso  por  escrito  para  conceder  los  derechos  y  los  accesos 
necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la 
Fiscalía Europea y las autoridades nacionales ejerzan sus competencias de control.
3.  La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión 
Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
4.  La  justificación  documental  de  la  realización  de  las  actuaciones  financiadas 
deberá realizarse por cualquiera de las modalidades contempladas en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones en un plazo máximo de tres meses. La 
resolución de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, podrá fijar el contenido de la cuenta justificativa, 
adaptándolo al objeto de la subvención.
5.  Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo 
de  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  en  la  justificación  de  las 
subvenciones.  La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa  se  e.
entenderá  que  comprende  tanto  a  la  presentación  inicial,  como  las  posibles  w.b
subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor a los beneficiarios. La  02ww
jpursetsifeicnatnatceiósn d eel egcatsróton iyc ap angoo e, xinimfoerm ae lso sd eb eanuedfiitcoiraíraio, su  doetr ocso,n psoerr vsai rl eloss f uoerirgainn arleeqsu deeri dlooss 
apcotsivteidriaodrmese ndtee  pocro netlr oólr galengoa limnsetnrutec topr rye vriesstapso,n spaobrl e ldae l Isnetegruviemniceinótno  oG, eanl erreaal lizdaer  lalas 
Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas o los órganos de control de la Unión 
Europea correspondientes.
6.  La justificación de las ayudas deberá contener siempre, independientemente de 
la acción realizada, la siguiente documentación:
a)  Memoria de actuación justificativa firmada del cumplimiento de las condiciones y 
la finalidad para la que se concedió la subvención, en la que se describan de manera 
detallada  cada  una  de  las  acciones  realizadas  indicando  el  correspondiente  gasto 
incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento.
b)  Facturas o certificaciones que acrediten la realización en tiempo y forma de la 
inversión subvencionable. Las facturas deberán estar fechadas dentro del plazo de 
ejecución del proyecto.
c)  Justificación  de  pago  efectivo  de  los  gastos  realizados,  en  el  que  deberá 
especificarse la identificación del acreedor, la fecha de liquidación del gasto, número de 
factura e importe y justificantes de la entrega de fondos al acreedor.
d)  En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las 
disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada 
a  derecho,  no  sea  obligatoria  la  realización  del  correspondiente  procedimiento  de 
adjudicación, aportar documentación justificativa que acredite tal circunstancia.
e)  Cualquier otra documentación justificativa o informes que de acuerdo con la 
normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
7.  No obstante, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para 
la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema 
de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso 
para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos 
que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de 
la financiación y los objetivos.
Artículo 22.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.  Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión son:
a)  Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
b)  Necesidad  de  ajustar  la  actividad  a  especificaciones  técnicas,  de  salud, 
medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad  aprobadas  con 
posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
c)  La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas 
categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible, no suponga 
incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente motivada.
3.  En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los 
objetivos  perseguidos  con  la  ayuda  concedida,  ni  alterar  la  actividad,  programa, 
actuación  o  comportamiento  para  los  que  se  concedió,  ni  elevar  la  cuantía  de  la 
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de 
ejecución de los proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos  e.e
propuestos u ofertados por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento. b
4.  Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para  02ww
dlae p reejesecunctaiócnió nd ed el osso licgiatusdtoess  cinoincicalulmireán qteu inpcree vdiísatos sh áyb idleesb aenráte ss edre  aqcueep ftiandaoli ced ee l fpolramzoa 
Eexnp creassao  pdoer  neol  órergcaibniro  nqouteifi cdaicctióó nla d ree slao laucceiópnta dceió nco pnocre seiló ónr,g naontoif icqáuned doiscetó a lla i nretesroelsuacdióon. 
de concesión en un plazo de diez días naturales, se entenderá como desestimada la 
modificación.
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con 
funcionalidad  y  objetivo  equivalente  no  requerirá  la  solicitud  de  modificación  de  la 
resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:
a)  En  el  caso  de  gastos  relacionados  con  la  implementación  de  soluciones 
tecnológicas y sostenibles, las sustituidas deberán desempeñar la misma función dentro 
del proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.
b)  En  el  caso  de  colaboraciones  externas,  podrá  sustituirse  el  colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.
c)  En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado 
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse 
las sustituciones efectuadas en la documentación justificativa que se exige en esta 
orden.
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
publicadas en la sede electrónica del CSD
7.  Si como resultado de la modificación de la resolución de concesión se tuviera un 
exceso  de  ayuda  concedida,  se  procederá  de  manera  inmediata  a  iniciar  el 
procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el 
momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado 
exceso.
Artículo 23.  Publicidad e información.
Los  beneficiarios  de  las  subvenciones  deberán  cumplir  con  las  siguientes 
obligaciones en materia de publicidad e información:
a)  Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, y en 
defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por orden ministerial 
del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  en  las  medidas  de  información  y 
comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, 
placas,  publicaciones  impresas  y  electrónicas,  material  audiovisual,  páginas  web, 
anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes 
logos:
1.º  El emblema de la Unión Europea,
2.º  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea – Next Generation EU»;
3.º  Se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) número 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia  y  gestión  de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de 
información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las  características  técnicas  de  las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro 
y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web:  e.e
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del  b
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download. 02ww
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El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el 
artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija 
en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de 
reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  y  el  artículo  93  de  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)  Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, «España Puede».
d)  En  caso  de  cofinanciación  por  otra  administración,  tal  circunstancia  deberá 
reflejarse en la publicidad del proyecto. Todos los carteles informativos y placas deberán 
colocarse en un lugar bien visible y accesible al público.
Artículo 24.  Control de la ayuda.
1.  Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas 
o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control 
competentes,  incluidos  los  recogidos  en  el  artículo  22.2.e)  del  Reglamento 
(UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero 
(Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos 
aquellos  controles  e  inspecciones  que  consideren  convenientes,  con  el  objeto  de 
asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar 
colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime 
necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente orden. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones 
y comprobaciones que, en su caso, se efectúen. La oposición a la realización de estas 
comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin 
perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2.  El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses 
y la doble financiación.
3.  La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a 
la información contenida en el Registros de Titularidades Reales, así como a cualquier 
otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los 
titulares reales.
4.  A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información 
entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los 
Sistemas de los Fondos Europeos.
Artículo 25.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento por parte del beneficiario de los requisitos y obligaciones 
establecidos en esta orden y demás normativa aplicable, así como las que establezca la 
resolución de concesión dará lugar a la obligación de reintegro o, en su caso, la pérdida 
del derecho de cobro de la subvención y al abono de los intereses de demora desde el 
momento del pago de la subvención.
2.  Serán causa de reintegro total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cuyo caso será de aplicación el procedimiento 
previsto en los artículos 42 y 43 de la citada norma. Asimismo, el incumplimiento de las  es
condiciones asociadas al principio «no causar un perjuicio significativo» por parte de las  bo
entidades  beneficiarias  de  la  ayuda  también  supondrá  el  reintegro  de  las  cuantías  02ww
Pipneúsrbtcr3luiibc.c aicd iaEeosnln . erpesr loaycc neióodnrimm coiaentniv teaol   qMdueeec  ascneoi smemsptoaro bdbleea zcRcióeancn u dpyee srcadoceni óetrnlo  Mly  iRsneies steirleireigoni rcdáiea,  .Haascimieinsdmao ,y  Fpuonr cilóans   OE-A-2022-17able en https://
4.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de 
no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos, las entidades beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos de manera 
total o parcial, en cada caso.
5.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado 
podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 
quince días hábiles desde dicha notificación.
6.  Corresponderá  dictar  la  resolución  del  expediente  al  órgano  concedente, 
debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha 
del  acuerdo  de  iniciación.  La  resolución  indicará  quién  es  la  persona  obligada  al 
reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en 
el apartado segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de 
demora.
7.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General  de  Subvenciones,  se  entiende  por  devolución  voluntaria  aquella  que  es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. Para poder 
realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la 
Instrucción  de  operatoria  contable  a  seguir  en  la  ejecución  del  gasto  del  Estado, 
modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo. El interesado deberá informar de 
su  intención  de  practicar  una  devolución  voluntaria  y  su  importe  al  servicio  gestor 
concedente, y esperar la recepción del correspondiente documento de ingreso 069, para 
hacer efectivo el pago.
Artículo 26.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta el siguiente criterio:
a)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b)  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 70 por ciento de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 70 por ciento o superior. A efectos de calcular el anterior porcentaje, se 
entiende como inversión no realizada la que no esté acreditada documentalmente, la que 
acredite conceptos no financiables, la que no respete el desglose de partidas de la 
resolución de concesión, y la no facturada y/o pagada. e
3.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos: w.
beneaf)i ciaErli of aqlusee ahmayieannt os,e lrav idinoe dxea cbtaitused  poa rlaa  loam coisniócne seiónn .los datos suministrados por el
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
d)  La  no  solicitud  de  tres  ofertas  de  diferentes  proveedores  por  parte  del 
beneficiario,  con  carácter  previo  a  la  contracción  del  compromiso  para  la  obra,  la 
prestación del servicio o la entrega del bien, cuando el importe del gasto subvencionable 
supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector público para el contrato menor.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.18.º  de  la 
Constitución Española, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen  estatutario  de  sus  funcionarios  que,  en  todo  caso,  garantizarán  a  los 
administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, 
sin  perjuicio  de  las  especialidades  derivadas  de  la  organización  propia  de  las 
Comunidades  Autónomas;  legislación  sobre  expropiación  forzosa;  legislación  básica 
sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas 
las Administraciones públicas.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 24 de enero de 2022.–El Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta i 
Llorens.
ANEXO I
Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio 
significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.
El declarante:
Don/doña:
En calidad de: (  )
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:
Declara bajo su responsabilidad: Que la entidad solicitante a la cual representa, 
teniendo  en  cuenta  todas  las  fases  del  ciclo  de  vida  del  proyecto  o  actividad  a 
desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el 
principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el Reglamento 
(UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de 
forma que:
1.  No causa un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 ( ), que se enumeran a continuación: e
a)  Mitigación  del  cambio  climático  –se  considera  que  una  actividad  causa  un  w.
epmerijsubii)oc nioeA ssd idagepn tigafiaccaisóetnivs o da ela   eclfaae mcmtboiit oiign avcecliirmónnáa tdidceeorlo   c–(GasmeE bI)ci.oo ncsliidmeártaic oq usei  duan alu gaacrt ivaid caodn sciaduesraab luens   2022-1702n https://ww
perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los
efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, 
sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.
c)  Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos –se considera que 
una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de 
los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial 
ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen 
estado ecológico de las aguas marinas.
d)  Economía  circular,  incluidos  la  prevención  y  el  reciclado  de  residuos  –se 
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, 
incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en 
el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un 
aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la 
incineración o el depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a 
largo  plazo  puede  causar  un  perjuicio  significativo  y  a  largo  plazo  para  el  medio 
ambiente.
e)  Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo –se 
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control 
de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.
f)  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas –se considera 
que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la 
biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas 
condiciones  y  la  resiliencia  de  los  ecosistemas,  o  va  en  detrimento  del  estado  de 
conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la 
Unión.
2.  La entidad contratista no desarrolla actividades excluidas según lo indicado por 
la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» 
en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Las actividades excluidas son:
– Refinerías de petróleo
– Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles
– Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados 
con su infraestructura de transporte y distribución
– Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 
largo plazo al medioambiente)
– Inversiones  en  instalaciones  para  la  deposición  de  residuos  en  vertedero  o 
inversiones  en  plantas  de  tratamiento  biológico  mecánico  (MBT)  que  impliquen  un 
aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de tratamiento de residuos 
peligrosos no reciclables).
– Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 
(según el anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
3.  La entidad contratista no prevé efectos directos del proyecto o actividad sobre el 
medioambiente, ni efectos indirectos primarios, entendiendo como tales aquéllos que 
pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración  s
dará lugar a la resolución del contrato y, en su caso, imposición de penalidades y cobro  oe.
de intereses que correspondan. w.
Fecha y firma.
ANEXO II
Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)
Expediente:
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba 
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante en el proceso de preparación y 
tramitación del expediente, declara/declaran:
Primero.
Estar informado/s de lo siguiente:
1.  Que  el  artículo  61.3  «Conflicto  de  intereses»,  del  Reglamento  (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento 
financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial  y  objetivo  de  las  funciones  se  vea  comprometido  por  razones  familiares, 
afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo 
directo o indirecto de interés personal.»
2.  Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el 
fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
3.  Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Público,  establece  que  deberán  abstenerse  de  intervenir  en  el 
procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en 
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», 
siendo éstas:
a)  Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b)  Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera 
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y 
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para 
el asesoramiento, la representación o el mandato.
c)  Tener  amistad  íntima  o  enemistad  manifiesta  con  alguna  de  las  personas 
mencionadas en el apartado anterior.
d)  Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate.
e)  Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
Segundo.
Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de  e.
la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2  w.
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda  02ww
afectar al procedimiento de licitación/concesión.
Tercero.
Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión 
de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de 
abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto.
Conozco  que,  una  declaración  de  ausencia  de  conflicto  de  intereses  que  se 
demuestre  que  sea  falsa,  acarreará  las  consecuencias  disciplinarias/administrativas/
judiciales que establezca la normativa de aplicación.
(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
ANEXO III
Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan 
de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)
Don/Doña  ……………………………………………….,  con  DNI  …………………….., 
como titular del órgano/Consejero Delegado/Gerente/de la entidad ………………………
………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio 
fiscal  ……………………………………………………………………………………………… 
en la condición de responsable que participa como contratista, en el desarrollo de 
actuaciones  necesarias  para  la  consecución  de  los  objetivos  definidos  en  el 
Componente 26 «Fomento del Sector Deporte», manifiesta el compromiso de la empresa 
que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las 
normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y 
detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las 
autoridades que proceda los incumplimientos observados. Adicionalmente, atendiendo al 
contenido del PRTR, manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, 
no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo.: …………………………………………….
ANEXO IV
Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)
Don/Doña  ……………………………………………………,  DNI  …………………….., 
como Representante de la entidad ……………………………………………………………, 
con NIF …………………………., y domicilio fiscal en …………………………………………
………………………………………….…………………………………………  que  participa 
como contratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos en el Componente 26: «Plan de Fomento del Sector del Deporte», 
declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular el artículo 22, del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero  e.e
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. w.b
Con base en el citado artículo y atendiendo a lo establecido en la letra d) del  02ww
acoprarretsapdoon d2ie, ntleas , eanuttiodraizda ncdoon etrla ttirsattaa mpieronctoe ddee  lao s cmoinsmsigonsa pr arlao sl osd aotbojse tivpoesr sqounea leses 
detallan en el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/214.
Empresa adjudicataria.  
Representante/s de la empresa adjudicataria (nombres, 
apellidos y fecha de nacimiento) según se define en el 
artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Empresa subcontratista, en su caso.  
Representante/s de la empresa subcontratista (nombres, 
apellidos y fecha de nacimiento) según se define en el 
artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Objeto del contrato (artículo 98 LCSP).  
Importe de Adjudicación (IVA incluido).  
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241: «Los 
datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán 
tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 
correspondiente  auditoría  de  la  aprobación  de  la  gestión  presupuestaria  y  de  los 
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con 
la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, 
apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, 
de  conformidad  con  el  artículo  319  del  TFUE,  el  Mecanismo  estará  sujeto  a  la 
presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 
cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 
particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de 
los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo.: …………………………………………….
Cargo: …………………………………………