BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23566
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3349 Pleno. Sentencia 24/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 
194-2019. Promovido por don Joan Baldoví Roda y otros tres diputados del 
grupo parlamentario Mixto del Congreso respecto de la inadmisión a trámite 
de una proposición de ley «para el fomento de la transparencia económico-
presupuestaria del Rey y de la Casa Real». Alegada vulneración del derecho 
al  ejercicio  del  cargo  público  representativo:  inadmisión  del  recurso  de 
amparo promovido por quienes no están legitimados al carecer de la facultad 
para presentar una proposición de ley y no ostentar la representación del 
grupo parlamentario autor de la iniciativa.
ECLI:ES:TC:2020:24
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, 
presidente, doña Encarnación Roca Trías, vicepresidenta; los magistrados don Andrés 
Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, 
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 194-2019, promovido por don Joan Baldoví Roda, don 
Enric Bataller i Ruiz, doña Marta Sorlí Fresquet y don Ignasi Candela Serna, diputados 
del grupo parlamentario Mixto del Congreso, representados por el procurador de los 
tribunales don José Antonio Sandin Fernández y asistidos por el letrado don Juan 
Vicente Santos Cerveró, contra el acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados, 
de 4 de septiembre de 2018, confirmado en reconsideración por acuerdo de 9 de octubre 
de 2018, por el que se inadmite a trámite una proposición de ley intitulada «para el 
fomento de la transparencia económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real». Han 
comparecido y formulado alegaciones el Congreso de los Diputados, representado por la 
letrada de las Cortes Generales doña Paloma Martínez Santa María, y el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 10 de 
enero de 2019, don Miguel Torres Álvarez, procurador de los tribunales, en nombre y 
representación de don Joan Baldoví Roda, don Enric Bataller i Ruiz, doña Marta Sorlí  e
Fresquet y don Ignasi Candela Serna, diputados del Congreso en la XII legislatura,  bo
electos por la coalición electoral Compromís-Podem-Esquerra Unida-A La Valenciana,  49ww
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sentencia.
2.  Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  El grupo parlamentario mixto, a instancia del diputado don Ignasi Candela Serna 
(Compromís),  presentó  una  proposición  de  ley  intitulada  «para  el  fomento  de  la 
transparencia económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real».
El escrito de presentación de la proposición de ley estaba firmado por el portavoz del 
grupo  parlamentario  Mixto  –don  Carles  Campuzano  i  Canadés–  y  por  los  ahora 
demandantes de amparo, haciendo constar estos últimos su condición de diputados de 
«Compromís».
b)  La mesa del Congreso de los Diputados, por acuerdo de 4 de septiembre 
de 2018, comunicó al grupo parlamentario autor de la iniciativa «que no procede su 
admisión a trámite, en la medida en que de un examen preliminar se desprende que 
determinados preceptos de la misma contradicen, de manera palmaria y evidente, lo 
dispuesto en los artículos 56.3 y 65.1 de la Constitución, no resultando posible modificar 
la regulación sobre estas materias mediante una proposición de ley».
c)  Los demandantes de amparo formularon solicitud de reconsideración contra el 
anterior  acuerdo,  que  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados,  oída  la  junta  de 
portavoces, desestimó por acuerdo de 9 de octubre de 2018.
En síntesis, la mesa consideró que «en el marco de los parámetros fijados por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha realizado el control de constitucionalidad 
que le corresponde respecto a la iniciativa de referencia, concluyendo, en los términos 
del acuerdo anteriormente reproducido, que no procede la admisión a trámite de aquella 
por incurrir la misma en contradicción palmaria y evidente con la Constitución».
3.  En  cuanto  a  la  fundamentación  jurídica  de  la  demanda  de  amparo,  los 
recurrentes imputan a los acuerdos impugnados la vulneración de su derecho al ejercicio 
del cargo público representativo (art. 23.2 CE), en conexión con el derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes (art. 23.1 
CE).
a)  Como motivo de especial trascendencia constitucional se aduce en la demanda 
que en el caso de los recursos de amparo contra actos o decisiones parlamentarios 
[art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], al no existir una vía 
judicial previa, únicamente el Tribunal Constitucional puede reparar las posibles lesiones 
de  derechos  y  libertades  fundamentales  que  aquellos  actos  o  decisiones  puedan 
producir.
De otra parte, se afirma que, dada la estrecha imbricación que existe entre los 
derechos de los arts. 23.1 y 23.2 CE, la vulneración denunciada incide en la calidad 
democrática de nuestro Estado de Derecho, lo que motiva la especial trascendencia 
constitucional de este recurso.
b)  En cuanto a las alegaciones de fondo en las que sustentan su pretensión de 
amparo, los demandantes consideran que los acuerdos de la mesa del Congreso de los 
Diputados recurridos afectan al núcleo esencial de su ius in officium, del que forma parte 
la facultad de iniciativa legislativa, de modo que vacían el contenido del art. 23.2 CE al 
no permitirles la presentación de la proposición de ley a la cámara.
El control de transparencia sobre los ingresos y gastos de la Casa Real ni afecta a la 
inviolabilidad  del  jefe  del  Estado  ni  vulnera  su  libertad  de  distribuir  libremente  las 
cantidades recibidas exclusivamente de los presupuestos generales del Estado. Con  s
respecto a la inviolabilidad regia, el juego de los artículos 2.1 f) y 9 de la Ley 19/2013,  oe.
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ya  w.
sccuoojnnesctaiidli aeabr alleads a,C  dacasodano trR aqeruiaael   alaall   cdaoernsttítrcionulal otda er5i at6r a.ú3nl tsimCpaaEr .e dneSc eilaa ,s t sraiinntfa oq rumdeea  ctaicolo ncneicrsce upsntuosmsta innpicseitarrfa ehdcaatyasam e essni dtloea    2020-3349n https://ww
ciudadanía  y  no  los  restantes  poderes  del  Estado.  Ello  es  especialmente  evidente
cuando se plantea en la proposición de ley la conveniencia de reformar la Ley 19/2013
para extender al rey y al resto de los miembros de su familia la obligación de presentar 
sendas declaraciones sobre sus actividades económicas y sus bienes patrimoniales, 
tanto al adquirir como al perder aquellas condiciones, así como cuando se modifiquen 
sus circunstancias.
Dado que el rey recibe una cantidad de los presupuestos generales del Estado para 
el sostenimiento de su familia y casa (art. 65.1 CE), el carácter finalista de tal asignación 
justifica el interés público del contribuyente en conocer dos extremos importantes: si se 
han realizado gastos que no puedan considerarse propios de las atenciones de la familia 
y casa del rey y si se han tenido a disposición ingresos diferentes a los concretamente 
asignados por el Estado por vía presupuestaria.
En suma, no se pretende prohibir al rey que gaste lo que quiera y como quiera 
hacerlo, ni exigirle responsabilidad alguna por el tipo de gastos incurridos ni por la 
procedencia de los bienes con que han sido atendidos, sino únicamente que tales 
decisiones sean transparentes para la ciudadanía.
La  proposición  de  ley  no  está  planteando,  como  parece  entender  la  mesa  del 
Congreso de los Diputados, un control político sobre la jefatura del Estado que exceda 
de los límites del artículo 66.2 CE. En el control de transparencia reforzado que se 
propone, la cámara tendría un simple papel de receptor o depositario de una información 
cuyo destinatario final sería la ciudadanía, sin que en momento alguno se aluda a 
potestades  sancionatorias  o  a  exigencias  de  responsabilidades  por  causa  de 
incumplimientos que pudieran interferir en la prerrogativa de la inviolabilidad regia.
La mesa del Congreso de los Diputados no puede pretender erigirse en una especie 
de Tribunal Constitucional ex ante que cercene la posibilidad de debate sobre un texto 
cuya hipotética inconstitucionalidad no debería en absoluto considerarse «palmaria y 
evidente»; sino, en todo caso, solo después de una exégesis pormenorizada reservada 
en  exclusiva  al  Tribunal  Constitucional  y  realizada  por  los  cauces  procedimentales 
previstos [art. 161.1 a) CE], activados por lo sujetos legitimados para ello [art. 162.1a) 
CE]. En suma, la mesa no puede impedir el debate parlamentario que se propone y el 
subsiguiente posicionamiento de la cámara sobre la proposición de ley presentada.
La demanda concluye solicitando de este Tribunal que dicte sentencia en la que se 
otorgue  el  amparo  solicitado,  se  declare  la  nulidad  de  los  acuerdos  recurridos  por 
vulnerar el art. 23.2 CE y se ordene a la mesa del Congreso de los Diputados que 
proceda sin más dilación a dar la tramitación procedente para el debate en el pleno de la 
cámara de la proposición de ley presentada.
Por otrosí, se interesó el recibimiento del pleito a prueba, señalando como medios de 
prueba  los  documentos  que  se  acompañan  a  la  demanda,  designando  a  efectos 
probatorios de los documentos no originales los archivos, registros y actas del Congreso 
de los Diputados.
4.  Mediante escrito de fecha 19 de enero de 2019, don José Antonio Sandin 
Fernández,  procurador  de  los  tribunales,  se  personó  en  las  actuaciones  en 
representación de los demandantes de amparo, en sustitución de su compañero don 
Miguel Torres Álvarez, solicitando se entendieran con él las sucesivas actuaciones.
Mediante comparecencia ante el secretario de la Sala Segunda en fecha 6 de febrero 
de 2019, los demandantes de amparo otorgaron el apoderamiento apud acta a favor del 
procurador de los tribunales don José Antonio Sandin Fernández, para que pudiera 
ostentar su plena representación, aceptando este la representación otorgada.
5.  El Pleno del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el  e
art. 10.1 n) LOTC, a propuesta del presidente, acordó, por providencia de 9 de abril  bo
de 2019, recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo y admitirlo a trámite,  49ww
a(aprrte. c5i0a.n1d LoO  TquCe),  ycao nqcuuer reel  reecnu resol  pmuiesdmeo  daurn oac aessiópne caial lT ritbrausncael npdaeran caiac lacraorn sot ictuacmiobniaarl 
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consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)].
Asimismo, en aplicación del art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación al 
Congreso de los Diputados, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, 
remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los 
acuerdos recurridos, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez 
días pudieran comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo.
6.  La mesa del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado en fecha 3 
de mayo de 2019, acordó trasladar al Tribunal Constitucional fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes a los acuerdos recurridos en amparo y personarse en el 
procedimiento, en defensa y representación de la cámara.
7.  Por diligencia de la secretaria de Justicia, de 14 de mayo de 2019, se tuvo por 
recibido el testimonio de las actuaciones solicitadas y por personado y parte en el 
procedimiento al Congreso de los Diputados. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el 
art. 52 LOTC, se dio vista de las actuaciones, en la secretaría del Pleno, por un plazo 
común de veinte días, al ministerio fiscal y a las partes personadas para que dentro de 
dicho término pudieran presentar las alegaciones que tuvieran por conveniente.
8.  La letrada de las Cortes Generales, en representación del Congreso de los 
Diputados, evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en 
fecha 13 de junio de 2019, que en lo sustancial a continuación se resume.
a)  La  letrada  de  las  Cortes  Generales  considera  que  la  proposición  de  ley 
presentada por los demandantes de amparo incurre en una contradicción «palmaria y 
patente» con la Constitución, dándose así el supuesto jurídico que, de conformidad con 
la doctrina constitucional, justifica la actuación excepcional de la mesa del Congreso de 
los Diputados de acordar su inadmisión a trámite (SSTC 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4, 
y 108/2016, de 7 de junio, FJ 3).
En este sentido anticipa que la proposición de ley infringe la estructura constitucional 
que  se  deriva  del  art.  1.3  CE,  que  configura  al  rey  como  órgano  constitucional 
independiente y no sometido a controles. Independencia que se concreta en elementos 
positivos como la inviolabilidad, el régimen de responsabilidad y la autonomía, afectando 
este último elemento a la organización de su propia casa. Desde esta perspectiva, 
cualquier  iniciativa  parlamentaria  que  altere  uno  de  estos  elementos  que  dotan  de 
contenido al art. 1.3 CE supone una infracción de la estructura constitucional establecida.
b)  Después de profundizar en el concepto de infracción constitucional evidente o 
palmaria y en la determinación de sus efectos, argumenta sobre la vulneración de las 
normas materiales y sustantivas de la Constitución en las que, en su opinión, incurre la 
proposición de ley. Precisa que no se trata de analizar ahora pormenorizadamente su 
contenido, convirtiendo este proceso de amparo en una suerte de recurso previo de 
inconstitucionalidad, sino de demostrar que la mesa del Congreso de los Diputados, al 
apreciar la flagrante inconstitucionalidad de la iniciativa, actuó provista de razonabilidad.
El art. 65 CE, que abre el título II («De la Corona»), proclama que el rey es el jefe del 
Estado, símbolo de su unidad y permanencia y declara además que la persona del rey 
es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Antes, el art. 1.3 CE ha definido la 
monarquía parlamentaria como forma política del Estado, lo que supone la afirmación del 
Parlamento en relación con la existencia simultánea e independiente del jefe del Estado, 
con importantes funciones arbitrales, aunque privado de potestades efectivas –salvo 
alguna–  y  no  sometido  a  responsabilidad.  Esta  articulación  de  competencias  se  e.
fundamenta en el refrendo como requisito de validez de los actos del rey, que desplaza  w.
su responsabilidad al refrendante (STC 5/1987, de 27 de enero, FJ 2). 49ww
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iirnrveisoplaobnislidaabdili dapde.r sEonn aels. te Lsae ntiindvoi,o llaab iinlidviaodla bpiliudeadde s ee indteenntdifeicras ec onc olam oir resspinoónnsimaboil iddaed   BOE-A-cable e
en la medida en que ambos términos expresan que no se puede perseguir penalmente al 
monarca y que, en cuanto se refiere a la responsabilidad civil, no se le puede demandar 
ante la jurisdicción ordinaria. Por otro lado, irresponsabilidad significa también que se le 
exonera de toda responsabilidad, ya jurídica ya política, por los actos que como tal rey 
lleva a cabo. Si la inviolabilidad protege la conducta de este último como persona, su 
irresponsabilidad protege sus actos como institución del Estado.
La inviolabilidad es una protección y una defensa, por lo que tiene de naturaleza 
estrictamente jurídica, que afecta a la condición o estatus del jefe del Estado. Junto a la 
misma, pero con diferente naturaleza, el art. 65 CE se refiere a una característica distinta 
de la actividad del rey: la autonomía de gestión, actuada mediante la existencia y 
organización de la Casa del Rey como organización estatal auxiliar (STC 112/1984, 
de 28 de noviembre). El citado precepto constitucional afirma en sus dos apartados que 
el rey recibe de los presupuestos generales del Estado una cantidad global para el 
sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma, a la vez que refuerza 
ese principio de autonomía, al establecer que el rey nombra y releva libremente a los 
miembros civiles y militares de su casa. Se trata de una libertad de acción que no tiene 
nada  que  ver  con  la  inviolabilidad,  pues  la  autonomía  es  un  modo  de  ejercer  las 
competencias;  es  decir,  un  medio  jurídico  e  instrumental  y  la  inviolabilidad  es  una 
protección del cargo.
Esta libertad de acción acentúa el sentido y finalidad de la Casa del Rey como 
organismo bajo la dependencia directa del rey y por tanto al margen de cualquier 
mecanismo de control político o jurídico, lo que no quiere decir que a la actuación de la 
Casa del Rey no le sean de aplicación normas, principios y criterios vinculantes también 
para otros órganos constitucionales, pero será la propia Casa del Rey la que regule el 
modo en que adaptará su actuación a esas normas, siendo esa libertad normativa 
expresión de la reserva que se le reconoce ex art. 65 CE.
Pues bien, la proposición de ley afecta a la inviolabilidad del rey, así como al libre 
desarrollo de las funciones tanto organizativas como presupuestarias de la Casa del Rey. 
La dación de cuentas ante las Cortes Generales, la información y la exigencia en 
paralelo de responsabilidad, por el propio formato de lo que se pretende y como se 
pretende, excluye la autonomía en el ejercicio de la función de la jefatura del Estado. Las 
diversas normas incluidas en la proposición de ley imponen un poder de fiscalización de 
la actividad propia de un órgano constitucional y de la Casa del Rey absolutamente 
incompatible con el art. 65 CE, que no puede ampararse en la transparencia, pues son 
conceptos  jurídicos  diferentes,  con  finalidades  distintas.  Puede  existir  transparencia 
como obligación, sin que ello suponga que un órgano sometido a la misma no tenga una 
autonomía concedida por la ley, en este caso la Constitución, para decidir el modo en 
que se sujeta a esa obligación de transparencia.
En este sentido, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, al establecer en su art. 2.1f) la aplicación a la Casa 
del Rey de las disposiciones de su título I, no afecta a la autonomía reconocida en el 
art. 65 CE, pues solo está realizando una declaración de principio, pero en modo alguno 
impone a dicho organismo obligaciones específicas sobre cómo atender el mandato 
legislativo, respetando así la autonomía a la que nos referimos. Efectivamente, si se 
consulta  el  sitio  web  de  la  casa  real,  en  su  apartado  «transparencia»  (http://
www.casareal.es/ES/Transparencia/Paginas/subhome.aspx), se puede comprobar que la 
aplicación de la citada Ley 19/2013 a su ámbito ha sido decidida de modo libre por el 
propio rey a través de su propia normativa, actos y decisiones. s
En definitiva, este y no otro es el modo decidido de forma autónoma por la jefatura  oe.
del Estado para ajustarse a las normas de transparencia, sin que las Cortes Generales, a  w.
través de la iniciativa legislativa de sus miembros, tengan competencia para regular  49ww
apsrepseecntotasr  cdoencclraertaocsi odnee ss ud reé gbimieenne sd ey  traacntsivpidaarednecsi a,o  colam oc repauceidóen  sdeer  lau no brleiggaisctiróon  ddee 
intereses, que se pretende a través de la proposición de ley.
Por otro lado, la demanda de amparo incurre en una confusión de conceptos cuando 
intenta explicar que la inviolabilidad y la distribución libre del presupuesto por el monarca 
son compatibles con la transparencia, pues la inviolabilidad se refiere al régimen de no 
responsabilidad  del  rey,  lo  que  nada  tiene  que  ver  con  la  libre  disposición  del 
presupuesto, que atañe a la autonomía de su gestión. Pero lo llamativo es que la 
demanda apela a una nueva clasificación de los controles aplicables a la Corona y a la 
casa del rey, diferenciando entre un control ex post y un control ex ante.  Esta distinción 
le parece a la letrada de las Cortes Generales artificiosa, así como poco creíble que la 
transparencia se quede solo en una mera información de la que no se vayan a deducir 
responsabilidades de algún tipo. Sin duda uno de los fines de la transparencia, en su 
primera etapa, era la publicación sin más de la información para facilitar el simple acceso 
a la misma. Sin embargo, resulta obvio que la transparencia no se agota en la simple 
información, sino que aspira a la rendición de cuentas, siendo la publicación de la 
información  solo  la  vía  instrumental  para  llegar  a  la  inevitable  exigencia  de 
responsabilidades públicas. Cualquier medida de mayor transparencia exigida al rey, 
como las que se plantean en la proposición de ley, no solo va dirigida a la información al 
ciudadano,  sino  que  constituye  un  modo  encubierto  o  indirecto  de  exigencia  de 
responsabilidad al rey, al someterle al escrutinio público y situarle en un plano de 
rendición de cuentas, todo lo cual, de así quererse, exigiría la previa revisión de la figura 
de la inviolabilidad.
c)  La inadmisión a trámite de la proposición de ley también se funda, a juicio de la 
letrada  de  las  Cortes  Generales,  en  que  incurre  en  una  vulneración  del  orden 
constitucional de competencias.
En efecto, las Cortes Generales no tienen una competencia de control o información 
respecto del rey ni de las funciones de su casa; y las facultades que pueden ejercer, 
según los arts. 56 y ss. CE, están relacionadas con diversos aspectos de la Corona que 
no implican una fiscalización de la actividad del jefe del Estado. Las Cortes Generales 
pueden ejercer la función de control que les encomienda el art. 66 CE en relación con el 
Gobierno y la administración pública, pero no pueden controlar la acción de los juzgados 
y tribunales ni de la jefatura del Estado. La ausencia de control en el caso del rey excluye 
lo que se ha considerado como característico de esta función: la citación; la solicitud de 
documentación; la obligación de comparecer; la petición de información; la formulación 
de preguntas; y, también, la calificación o impugnación de las facultades de la Corona.
Sin necesidad de labor interpretativa alguna, los proponentes establecen un sistema 
de control al articular la comparecencia obligatoria del titular de la oficina de intervención 
y del secretario general de la Casa Real ante el Congreso de los Diputados para someter 
a su examen el informe de la intervención y los presupuestos y cuentas anuales de la 
Casa del Rey. Estas comparecencias no pueden sustentarse ni en el art. 66 CE, ni en los 
arts.  7  y  44  del  Reglamento  del  Congreso  de  los  Diputados  (RCD),  pues  las 
comparecencias parlamentarias solamente son admisibles en el ámbito previsto por la 
Constitución y estas no lo están. Estas comparecencias son en sí mismas y en su 
desarrollo  un  acto  de  control  mediante  la  citación  y  posterior  intervención  de  los 
portavoces de los grupos parlamentarios u otros diputados.
Los  recurrentes  expresan,  así,  un  entendimiento  erróneo  de  la  regulación 
constitucional de la monarquía, porque no es que la Constitución impida el control ex 
ante y el ex post que no se dé por falta de desarrollo constitucional, sino que tanto uno 
como otro son controles no aplicables al jefe del Estado y a su casa (arts. 56 y 65 CE). 
Está claro que si este último precepto faculta al rey para distribuir libremente sus gastos,  s
ello implica que no tiene que dar cuenta alguna tras la distribución; de lo contrario, esta  oe.
dejaría de ser libre como ocurriría con la inviolabilidad, que es total o simplemente no es.  w.
Sin perjuicio del control formal del gasto que efectúe el director general del Tesoro en  49ww
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cuya función es precisamente la del control material, ni por las Cortes Generales, que
por definición ejercerían un control político incompatible con la autonomía que para la 
gestión de la dotación garantiza el art. 65 CE.
Las  mismas  consideraciones  son  de  aplicación,  en  opinión  de  la  representante 
letrada del Congreso de los Diputados, a la propuesta de reforma de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, general presupuestaria, pues se altera lo establecido en el art. 65 
CE al imponer la remisión a las Cortes Generales de una adenda estructurada al mismo 
nivel de detalle que el previsto para la ley de presupuestos generales del Estado, 
recogiendo la proveniencia de los gastos indirectamente relacionados con la sección a la 
que haga referencia la adenda. Aquel precepto constitucional establece tres principios 
muy claros: a) que la dotación del rey se fija en los presupuestos del Estado y que por lo 
tanto tiene carácter anual; b) que la cantidad tiene carácter global; y c) que, a pesar de 
ser finalista, la cantidad no está sujeta a justificación y el rey la administra y distribuye 
libremente.
Si la cantidad tiene carácter global y se distribuye libremente, resulta claro que no se 
puede someter a control y tampoco se puede imponer un nivel de detalle que rompa con 
la regla de la globalidad que establece el art. 65.1 CE. La intención de la proposición de 
ley parece ser la de explicar el coste de los servicios que tengan relación con la Casa del 
Rey, imputando, al menos en el plano explicativo, los gastos que de forma más o menos 
indirecta tengan relación con el rey y su casa.
Por último, la obligación de que el rey y los miembros de su familia presenten 
declaraciones de sus actividades económicas y de sus bienes patrimoniales a las que se 
refiere la proposición de ley supone un acto de sujeción del jefe del Estado no admitido 
por la Constitución. El estatuto del rey en la Constitución define sus derechos y sus 
obligaciones,  pero  han  de  interpretarse  con  referencia  a  su  inviolabilidad  e 
irresponsabilidad. Por el contrario, las declaraciones de bienes y de actividades de 
cargos públicos en general se articulan como un deber o una obligación que revela una 
relación  especial  de  sujeción  con  una  finalidad  de  control.  Las  declaraciones  de 
actividades y bienes tienen un objetivo de control, tendente a lograr el respeto a ciertas 
normas cuyo incumplimiento acarrea posibles responsabilidades políticas y desde luego 
jurídicas, por lo que tampoco puede aplicarse semejante expediente jurídico al rey, cuya 
figura es irresponsable e inviolable.
El hecho de que los gastos estén sufragados con cargo a las arcas públicas, como 
dice la proposición de ley, no tiene que ver con la cuestión de la extensión de la 
obligatoriedad de las declaraciones ni con la obligación de informar sobre lo que llama 
gastos  indirectos.  La  existencia  de  una  financiación  presupuestaria  de  los  gastos 
públicos no determina el régimen de publicidad de los mismos.
La letrada de las Cortes Generales concluye su escrito de alegaciones interesando, 
por tanto, la desestimación de la demanda de amparo.
9.  El ministerio fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito 
registrado en fecha 20 de junio de 2019, que en lo sustancial a continuación se resume.
a)  En  relación  con  la  inadmisión  a  trámite  de  una  iniciativa  legislativa 
supuestamente inconstitucional, este Tribunal ha afirmado: i) que la inconstitucionalidad 
«palmaria y evidente» constituye un supuesto en el que por excepción la mesa de la 
cámara puede inadmitir la iniciativa sin vulnerar el ius in officium de los parlamentarios 
que la promueven; ii) que se trata en todo caso de un supuesto excepcional, pues la 
decisión afecta al ejercicio del derecho de iniciativa de los parlamentarios, facultad que 
integra el núcleo mismo de la representación; iii) que, por esta razón, solamente en  e
aquellos  casos  en  los  que  la  contradicción  con  la  Constitución  sea  «clara  e  bo
incontrovertible» podrá inadmitirse la iniciativa por este motivo sin vulnerar por ello el  49ww
dineicreiacthivoa  fufnudnadmadean tael nd els aur t. s2u3p.u2e CstEa;  yi nivc)o qnusteit,u ecnio lnoasl iddaedm ácso cnallseovsa,r ála  inuandam  irseisótnri cdceió lna 
iensju isntcifoicmadpaa tidbelel  dceorne cehlo d deere lcohso p afurlnadmaemnetanrtiaols a al  epjreormciocivoe rd ienli cciaatrigvoa sq puaer llaems egnatraarniatsiz aq ueel 
art. 23.2 CE (STC 46/2018, de 26 de abril, FJ 4).
b)  El ministerio fiscal considera que los preceptos constitucionales que habrán de 
determinar la inconstitucionalidad o no de la proposición de ley presentada por los 
demandantes de amparo son los art. 56. 3 y 65.1 CE. El primero de los cuales establece 
la inviolabilidad de la persona del rey y declara que su persona no está sujeta a 
responsabilidad;  otorgándole  el  segundo,  la  facultad  de  disponer  libremente  de  los 
fondos que reciba de los presupuestos generales del Estado para el mantenimiento de 
su familia y casa.
A la luz de los citados preceptos constitucionales estima que el contenido de la 
proposición de ley no solo es prima facie inconstitucional, sino que es inconstitucional de 
forma «palmaria y evidente», por las dos razones siguientes: i) por suponer un control 
político sobre actos del rey que choca frontalmente con el art. 56.3 CE, que establece la 
inviolabilidad de la persona del rey y que declara que no está sujeto a responsabilidad; y 
ii) por implicar una invasión de la facultad reconocida al rey de disponer libremente de los 
fondos para el mantenimiento de su familia y casa que resulta del art. 65.1 CE.
La consecuencia que necesariamente ha de derivarse de todo ello no es otra que la 
de  considerar  que  los  acuerdos  impugnados,  el  primero  de  los  cuales  inadmite  la 
proposición  de  ley  porque  tenía  de  modo  «palmario  y  evidente»  un  contenido 
inconstitucional, decisión que confirma el segundo de los acuerdos recurridos, pueden 
incardinarse entre los supuestos en que, por excepción, cabe que la mesa del Congreso 
de los Diputados inadmita la iniciativa legislativa sin vulnerar el derecho al ius in officium 
de los parlamentarios que la han promovido.
El ministerio fiscal concluye su escrito de alegaciones interesando la desestimación 
del recurso de amparo.
10.  Por providencia de 11 de febrero de 2020, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Los demandantes de amparo, diputados del Congreso en la XII legislatura, 
electos por la coalición electoral Compromís-Podem-Esquerra Unida-A La Valenciana e 
integrados en el grupo parlamentario mixto, impugnan el acuerdo de la mesa de la 
cámara,  de  4  de  septiembre  de  2018,  confirmado  tras  ser  desestimada  su 
reconsideración por posterior acuerdo de 9 de octubre, por el que se inadmite a trámite 
la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario mixto intitulada «para el 
fomento de la transparencia económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real», por 
considerar  la  mesa,  tras  un  examen  preliminar  de  la  iniciativa,  que  «determinados 
preceptos de la misma contradicen, de manera palmaria y evidente, lo dispuesto en los 
artículos 56.3 y 65.1 de la Constitución, no resultando posible modificar la regulación 
sobre estas materias mediante proposiciones de ley».
Los diputados recurrentes en amparo entienden que la decisión de inadmitir a trámite 
la proposición de ley vulnera su derecho al ejercicio del cargo público representativo 
(art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal (art. 23.1 CE). Tras rebatir que la proposición de ley vulnere los citados 
arts. 56.3 y 65.1 CE, consideran que la mesa de la cámara no puede erigirse en una 
especie de Tribunal Constitucional ex ante que cercene la posibilidad de debate sobre un 
texto  cuya  hipotética  inconstitucionalidad,  que  en  modo  alguno  puede  tildarse  de 
«palmaria  y  evidente»,  solo  podría  ser  apreciada  después  de  una  exégesis  e.e
pormenorizada de su contenido y el de aquellos preceptos constitucionales, reservada al  b
Tribunal Constitucional por los cauces procedimentales previstos una vez activados por  49ww
laoms psaurjoe tosso slteiegniteimn aqduoes  [laar tms. e1s6a1 .d1e la )C oy n1g6re2s.1o  ad)e C lEos].  DEnip ustuamdoas,  lnoos  ddeembiaón idmapnetedsir  deel 
dsoebbraet ela p parrolapmoseincitóanri od eq uleey .se proponía y el subsiguiente posicionamiento de la cámara
La letrada de las Cortes Generales solicita la desestimación del recurso de amparo. 
En su opinión, la proposición de ley incurre en una inconstitucionalidad «palmaria y 
evidente»,  dándose  así  el  supuesto  jurídico  que,  de  conformidad  con  la  doctrina 
constitucional (SSTC 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4, y 108/2016, de 7 de junio, FJ 3), 
justifica la actuación excepcional de la mesa de la cámara para acordar su inadmisión. 
La  inconstitucionalidad  de  la  iniciativa  legislativa  se  produce,  según  argumenta  la 
representación  letrada  del  Congreso  de  los  Diputados,  por  infracción  del  orden 
constitucional  de  competencias  y  de  normas  materiales  y  sustantivas  del  texto 
constitucional, dado que la proposición de ley persigue atribuir a las Cortes Generales 
una facultad de control e información sobre la actividad del rey y de su casa contraria a 
los arts. 56.3, 65.1 y 66 CE.
El ministerio fiscal se pronuncia también a favor de la desestimación de la demanda 
de amparo. Considera que la proposición de ley no solo es prima facie inconstitucional, 
sino que lo es de forma «palmaria y evidente», por suponer un control político sobre los 
actos del rey que choca frontalmente con el art. 56.3 CE, que establece la inviolabilidad e 
irresponsabilidad de su persona; y por implicar, también, una invasión de la facultad que 
le confiere el art. 65.1 CE de disponer libremente de los fondos que recibe de los 
presupuestos generales del Estado para el mantenimiento de su familia y casa.
2.  Antes  de  proceder  al  examen  de  las  vulneraciones  de  los  derechos 
fundamentales que los demandantes de amparo denuncian, es necesario verificar de 
oficio la concurrencia de los presupuestos procesales para la viabilidad del recurso, ya 
que la falta de alguno de ellos, en caso de tratarse de un defecto insubsanable, habría 
de determinar la inviabilidad de un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión 
deducida. El momento procesal en el que nos hallamos no impide que efectuemos el 
referido  análisis,  pues,  según  reiterada  doctrina  constitucional,  «los  defectos 
insubsanables de los que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan 
sanados  porque  la  demanda  haya  sido  inicialmente  admitida,  de  modo  que  la 
comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede 
siempre abordarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, pudiendo dar lugar a 
un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos, sin que a ello sea 
obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC» 
(STC, por todas, 168/2012, de 1 de octubre, FJ 3).
En este caso hemos de pronunciarnos sobre la legitimación de los demandantes 
para impugnar los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados objeto del 
presente  proceso  de  amparo,  que  se  configura  «como  un  presupuesto  subjetivo 
condicionante del recurso, por lo que su control se puede operar en cualquier estado y 
grado de la causa» (STC 191/2011, de 21 de noviembre, FJ 4).
3.  La respuesta al interrogante de si los demandantes ostentan o no legitimación 
para  interponer  el  presente  recurso  de  amparo  ha  de  partir  de  lo  dispuesto  en  el 
art. 162.1 b) CE, que confiere legitimación para recurrir en amparo a «toda persona 
natural o jurídica que invoque un interés legítimo» y en el art. 46.1 a) LOTC, que otorga 
legitimación para promover recurso de amparo en el caso del art. 42 LOTC a «la persona 
directamente afectada». La relación entre los arts. 162.1 b) CE y 46.1 LOTC ha sido 
abordada por este Tribunal en una reiterada doctrina constitucional que postula una 
interpretación  integradora  de  ambos  preceptos,  en  el  sentido  de  entender  que  las 
fórmulas del art. 46.1 LOTC complementan la del art. 162.1 b) CE, sin que aquellas 
deban considerarse limitativas o restrictivas de esta (STC 208/2009, de 16 de noviembre,  e
FJ 2; AATC 192 y 193/2010, de 1 de diciembre). bo
Con base en esta doctrina constitucional, hemos venido entendiendo en el ámbito del  49ww
prericnucrispoio  ddee al mfapvaorro a dcetilo nairst.,  4o2s teLnOtaTnC  uqnuae  rleopsr egsruepnotasc ipóanr lainmsteitnutcairoionsa,l  edne  alopsli cmacieiómnb rdoesl 
eqvueen ltousa lienste vguralnne qrauceio lnees so tdoer glao sc adpeareccidhaods  pfuroncdeasmael natnatlee se sdtee  sTurisb umniaelm pbarroas d qeufeen tdeenrg laans 
relación con el ejercicio del cargo representativo. Lo que no constituye además ninguna
excepción, sino que entra dentro de la flexibilidad procesal con la que el Tribunal ha 
interpretado en todo momento la legitimación para interponer recurso de amparo, en el 
sentido de entender que no solo la posee la persona directamente afectada [arts. 162.1 
b) CE y 46.1 a) LOTC], sino también aquellos entes que representen intereses legítimos 
de  personas  que  por  sí  mismas  ostentan  tal  legitimación,  como  los  grupos 
parlamentarios  respecto  de  los  miembros  de  las  cámaras  que  los  integran, 
permitiéndoles, a través de sus portavoces, representar sus intereses (SSTC 81/1991, 
de 22 de abril, FJ 1; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 1; 298/2006, de 23 de octubre, FJ 4; 
361/2006, de 18 de diciembre, FJ 5; y AATC 192/2010 y 193/2010). En este sentido, ha 
sido  frecuente  la  admisión  a  trámite  de  recursos  en  los  que  el  demandante  era 
directamente el grupo parlamentario en tanto en cuanto el mismo actuaba en nombre y 
representación  de  los  derechos  de  sus  miembros  (SSTC  4/1992,  de  13  de  enero; 
95/1994, de 21 de marzo; 41/1995, de 13 de febrero; 118/1995, de 17 de julio; 177/2002, 
de 14 de octubre; 361/2006, de 18 de diciembre, y 110/2019, de 7 de octubre). El 
reconocimiento de esta representación institucional en ningún caso supone privar de 
legitimación  a  los  parlamentarios  para  actuar  en  defensa  de  sus  propios  derechos 
(SSTC 74/2009, de 23 de marzo, FJ 2, y 33/2010, de 19 de julio, FJ 3).
4.  A los efectos que a este recurso de amparo interesan, en relación con facultades 
de iniciativa o propuesta conferidas a una agrupación ocasional de parlamentarios o a 
los grupos en los que estos se integran, el Tribunal ha venido entendiendo, en el primer 
supuesto, que si no existe identidad entre los parlamentarios demandantes de amparo y 
la agrupación de parlamentarios autora de la iniciativa o propuesta, aquellos carecen de 
legitimación para interponer recurso de amparo contra los acuerdos de las cámaras que 
inadmitan la iniciativa o propuesta en cuestión; y, en el segundo supuesto, que los 
parlamentarios que comparecen en el recurso de amparo a título individual sin ostentar 
la representación del grupo parlamentario o de sus miembros, salvo que se personen 
todos sus componentes, carecen también de legitimación para arrogarse la defensa de 
los derechos y facultades del grupo al que pertenecen.
a)  En efecto, por lo que al primero de los supuestos apuntados se refiere, el 
Tribunal en la STC 98/2009, de 27 de abril, inadmitió por falta de legitimación el recurso 
de amparo promovido por cuatro diputados contra la decisión de la mesa de la diputación 
permanente del Congreso que había inadmitido a trámite la solicitud de convocatoria de 
la  citada  diputación  instada  por  una  quinta  parte  de  los  miembros  [art.  56.4  del 
Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD)], entre los que se encontraban los 
demandantes de amparo. El Tribunal estimó en el caso enjuiciado que «de conformidad 
con el art. 56.4 RCD, la facultad de solicitar la convocatoria de la Diputación Permanente 
no está legalmente atribuida a cada uno de los Diputados que la integran, sino a los que, 
conjuntamente, suman una quinta parte de sus miembros. Esta es una previsión legal 
imposible de pasar por alto y que apunta de modo irremediable a la inadmisión del 
presente recurso por falta de la imprescindible legitimación ex art. 50.1 a), en relación 
con lo dispuesto en el art. 46.1. a) LOTC, habida cuenta de que si los cuatro Diputados 
recurrentes en amparo no son, ni individual ni agrupadamente, titulares de la facultad del 
art. 56.4 RCD, difícilmente pueden ser consideradas personas directamente afectadas 
en el sentido del art. 46.1 a) LOTC por los Acuerdos de la Mesa recurridos en este 
proceso constitucional y, en consecuencia, legitimados para la defensa de una facultad 
parlamentaria que en el número de Diputados que han comparecido ante este Tribunal 
no forma parte de su ius in officium» (FJ 4). e
En este sentido, el Tribunal razonó que «cuando, como aquí sucede, la facultad de  bo
solicitar la convocatoria de la Diputación Permanente está atribuida a una agrupación  49ww
oaccatúsaionn aclo mdeo  DDipipuutataddooss [ …in]d, ivqiudiueanlemse cnated ac ovenzs idseursacdriobse,n  slian oc ocrroemspoo inndteiegnrtaen tseosli cditeu du nnoa 
pcoanrtset ituoi dap earsdo nhao c úyn iccare, adaau nsqóuleo  aplo er fepcrteos cdreip cciuómn plleirg caol np leulr acli taedno  spure scuopnusetistutoc iódne,l 
art.  56.4  RCD  y,  de  este  modo,  poder  solicitar  la  convocatoria  de  la  Diputación
Permanente». Por este motivo –prosigue la sentencia– «una vez configurada la oportuna 
agrupación de Diputados […] la identidad de esa agrupación, al menos hasta el límite 
que marca el art. 56.4 RCD, debe permanecer inalterada en esos estrictos términos en 
cuantas incidencias procesales pudieran luego producirse. Lo que significa que, una vez 
formulada la correspondiente solicitud, la agrupación constituida a tal fin no podrá sufrir 
ya variaciones personales ni numéricas en su composición, puesto que sólo la actuación 
conjunta posterior de todos y cada uno de quienes dieron lugar a su constitución puede 
producir luego válidamente nuevos actos, sea para interesar la reconsideración de la 
decisión de la Mesa de la Diputación Permanente que acordó su inadmisión, sea, como 
también es el caso, para acudir en amparo ante este Tribunal Constitucional». En otras 
palabras, «la agrupación ocasional de Diputados que exige el art. 56.4 RCD para poder 
solicitar formalmente la convocatoria de la Diputación Permanente es la única parte 
procesal que puede impugnar la correspondiente decisión de la Mesa, sin que pueda 
hacerlo en su lugar, un grupo distinto o inferior de parlamentarios, aunque estos formen 
parte de la agrupación de Diputados solicitante o, incluso también, aunque juntamente 
con otros nuevos Diputados alcance la proporción que exige el citado art. 56.4 RCD. En 
consecuencia, cada Diputado no es titular de una facultad impugnatoria de la que pueda 
disponer individualmente para pretender cuestionar por separado, o formando parte de 
una nueva agrupación con otros Diputados, la decisión de la Mesa» (ibidem).
En definitiva, «la legitimación para recurrir en amparo la correspondiente decisión de 
la Mesa sólo la tienen quienes numéricamente y nominalmente decidieron unirse para 
formar la oportuna agrupación de Diputados y vieron frustrada su pretensión. Admitir lo 
contrario equivaldría, de hecho, a diluir el propio concepto de ‘persona directamente 
afectada’ del art. 46.1 a) LOTC, en contra, no sólo de lo dispuesto en el citado art. 56.4 
RCD, sino también de la constante doctrina de este Tribunal que, en otros supuestos de 
agrupaciones ocasionales o ad hoc de Diputados, siempre se ha cuidado de advertir que 
sólo la actuación unitaria de quienes dieron lugar a la constitución de la agrupación 
puede expresar válidamente su voluntad en el curso del correspondiente proceso». De 
aceptarse  la  legitimación  de  los  cuatro  diputados  recurrentes  en  amparo,  estos  –
concluye  el  Tribunal–  «podrían  obtener  eventualmente  por  vía  de  amparo  una 
declaración (la anulación de los Acuerdos de la Mesa de la Diputación Permanente 
impugnados)  que  nunca  podrían  obtener  sin  embargo  en  sede  parlamentaria,  por 
impedirlo precisamente el citado art. 56.4 RCD […] en contra incluso de la posible 
voluntad de los otros diez Diputados que, juntamente con los recurrentes, promovieron la 
iniciativa parlamentaria considerada y que no se han pronunciado ante este Tribunal en 
contra de los citados Acuerdos de la Mesa» (ibidem).
b)  En esencia, la doctrina constitucional expuesta ha sido extendida y aplicada por 
el  Tribunal  en  relación  con  la  legitimación  de  los  diputados  individuales,  que  no 
comparezcan en representación del grupo al que pertenecen o en la de sus miembros, 
para recurrir en amparo las decisiones de los órganos de la cámara que inadmiten a 
trámite iniciativas o propuestas atribuidas a los grupos parlamentarios (SSTC 168/2012, 
FJ  6;  158/2014,  de  6  de  octubre,  FJ  2;  213/2014,  de  18  de  diciembre,  FJ  2,  y 
STC 76/2017, de 19 de junio, FJ 2).
Así, el Tribunal en la citada STC 168/2012 estimó que las diputadas recurrentes en 
amparo, que habían comparecido en sede constitucional a título individual y sin invocar 
la condición de representantes del grupo parlamentario del que formaban parte, carecían 
de legitimación ex 46.1  a) LOTC para impugnar la decisiones de la mesa de una 
comisión que había inadmitido las propuestas de resolución presentadas por el grupo  s
parlamentario al que pertenecían, puesto que era a los grupos parlamentarios, a través  oe.
de sus portavoces, a quienes correspondía la facultad de intervenir en el debate y de  w.
presentar propuestas de resolución. De modo que era el grupo parlamentario en el que  49ww
alafse ctdaipduat»a d[aarst.  4re6c.1u rare) nLtOesT Cs]e p oinr telagsr adbeacnis, iopneerso  den ol a emsteassa,  dlae  la« pceormsoisniaó n dimirepcutagmnaednates 
epne rsaomnaprasreo . enE l eTl rpibruonceasl oc oan stíidtueloró  inqduivei dluaasl  yd ipnuot acdoams od eremparensdeannttaenst eds ed ea mspua rgor,u paol   BOE-A-cable e
parlamentario, carecían «de la conexión de interés jurídico con la materia objeto de la 
impugnación  que  es  imprescindible  conforme  al  art.  46.  1  LOTC  para  que  les 
reconozcamos legitimación para sostener este recurso de amparo». «En efecto, [se 
afirma en la sentencia] la sola condición de miembros de un grupo parlamentario no es 
suficiente para arrogarse la defensa de los derechos del grupo a que pertenecen, pues 
de lo contrario cada uno de los diputados de un grupo sería titular de una facultad 
impugnatoria  que  podría  ejercitar  individualmente,  incluso  en  contra  de  la  posible 
voluntad de los otros diputados del mismo grupo parlamentario». Concluye el Tribunal en 
este punto, con cita de la STC 97/2009, «que solo la actuación unitaria de quienes dieron 
lugar a la constitución de la agrupación puede expresar válidamente su voluntad en el 
curso del correspondiente proceso, por lo que cada diputado no es titular de la facultad 
impugnatoria de la que puede disponer individualmente para pretender cuestionar por 
separado la decisión de la mesa» (FJ 6; doctrina que reiteran las SSTC 158/2014, FJ 2, 
y 213/2014, FJ 2).
5.  A la luz de la doctrina constitucional expuesta, hemos de determinar ahora si los 
diputados recurrentes están o no legitimados para impugnar los acuerdos de la mesa del 
Congreso de los Diputados objeto de este proceso de amparo.
El art. 87.1 CE dispone que «[l]a iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al 
Congreso  y  al  Senado,  de  acuerdo  con  la  Constitución  y  los  reglamentos  de  las 
cámaras». En desarrollo de esta previsión constitucional, el RCD atribuye la iniciativa 
legislativa ante el Congreso de los Diputados, entre otros órganos y sujetos, «[a]l propio 
Congreso de los Diputados en los términos que establece el presente reglamento» 
(art. 108.5). Y, en fin, de conformidad con el art. 126.1 RCD, «[l]as proposiciones de ley 
del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa de: 1. Un Diputado con la firma de otros 
catorce miembros de la cámara. 2. Un grupo parlamentario con la sola firma de su 
portavoz».
La proposición de ley que lleva por rúbrica «para el fomento de la transparencia 
económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real», cuya inadmisión a trámite por la 
mesa del Congreso de los Diputados impugnan los recurrentes en amparo, ha sido 
presentada,  según  resulta  del  expediente  remitido  por  la  cámara,  por  el  grupo 
parlamentario mixto, con la firma de su portavoz –don Carles Campuzano i Canadés–. 
En  el  escrito  cabecera  de  la  iniciativa  se  afirma  que  dicho  grupo  parlamentario  la 
presenta «a instancias del diputado Ignasi Candela Serna (Compromís)», uno de los 
ahora  recurrentes  en  amparo,  figurando  en  el  referido  escrito,  junto  a  la  firma  del 
portavoz del grupo parlamentario, las firmas de los cuatro diputados recurrentes en 
amparo, constando al pie de las mismas su condición de diputados de «Compromís». 
Así pues, a tenor de lo dispuesto en el antes transcrito art. 126.1 RCD, se trata de una 
proposición de ley del grupo parlamentario mixto, cuya autoría, por lo tanto, únicamente 
es atribuible a dicho grupo, sin que la calificación de la iniciativa pueda experimentar 
ninguna variación en cuanto a su autor por las ya referidas circunstancias de que el 
grupo decidiese presentarla a «instancias» de uno de sus miembros y de que consten en 
el escrito de presentación, además de la firma del portavoz del grupo parlamentario, las 
de  los  cuatro  diputados  recurrentes  en  amparo.  Es  notorio  que  las  circunstancias 
apuntadas  no  pueden  revestir  significación  alguna  en  cuanto  a  una  posible 
transmutación  del  autor  de  la  iniciativa  parlamentaria,  dadas  las  concluyentes  y 
terminantes previsiones del RCD en orden a la titularidad de la facultad de presentar 
proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados: un diputado con la firma de otros 
catorce miembros de la cámara; un grupo parlamentario con sola la firma de su portavoz.  e.
Por ello, efectivamente, la mesa de la cámara, de acuerdo con las indicadas previsiones  w.b
reglamentarias, atribuye al grupo parlamentario mixto la autoría de la iniciativa, no a los  49ww
dpirpeusteandtoasc ióanh odrea  rlae cpurrorpeonsteicsi óenn  daem lpeayr;o y,  peess, ep uae qsu, ea  fdigicuhraos gernu psou sp fairrmlaamse ennta erilo e aslc rqituoe  dlee 
comunica su inadmisión a trámite.
Los ahora demandantes de amparo, en su condición de diputados de «Compromís», 
integrados  en  el  grupo  parlamentario  mixto,  formularon  solicitud  de  reconsideración 
contra el acuerdo de la mesa de la cámara que inadmitió a trámite la proposición de ley, 
sin  que  en  dicha  solicitud  de  reconsideración  constase  la  firma  e  intervención  del 
portavoz del grupo parlamentario mixto. Esos mismos diputados, únicamente ellos y en 
tal condición, son, por tanto, los que interponen el recurso de amparo contra el acuerdo 
de la mesa del Congreso de los Diputados, de 4 de septiembre de 2018, confirmado tras 
ser desestimada su reconsideración por posterior acuerdo de 9 de octubre, de inadmitir a 
trámite la proposición de ley del grupo parlamentario mixto.
Los demandantes de amparo, que comparecen en este recurso en su condición de 
diputados, ni individual ni agrupadamente en el número en que se han personado en 
este proceso resultan ser titulares de la facultad de presentar proposiciones de ley en el 
Congreso de los Diputados (art. 126.1 RCD). Asimismo, su condición de miembros del 
grupo parlamentario mixto, –al que exclusivamente le es atribuible la autoría de la 
proposición  de  ley  y  cuya  representación  ni  han  invocado  ni  han  acreditado  los 
demandantes– tampoco es suficiente para arrogarse la defensa de una facultad, como 
es la de presentar proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados, que, a los 
efectos que a este recurso de amparo interesan, corresponde y ha sido ejercitada en 
este caso ex art. 126.1 RCD por el grupo parlamentario al que pertenecen.
En suma, por las razones expuestas y en aplicación de la doctrina constitucional 
recogida en el precedente fundamento jurídico, los cuatro diputados demandantes de 
amparo, al no ser titulares individualmente o en el número que ha comparecido en este 
proceso de la facultad de presentar una proposición de ley ante el Congreso de los 
Diputados, ni ostentar la representación del grupo parlamentario autor de la iniciativa o la 
de los diputados que lo integran, carecen de legitimación ex arts. 162.1 CE y 46.1 a) 
LOTC para recurrir en amparo los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados 
por los que, respectivamente, se ha inadmitido a trámite la proposición de ley del grupo 
parlamentario  mixto  intitulada  «para  el  fomento  de  la  transparencia  económico-
presupuestaria del Rey y de la Casa Real» y, a su vez, se ha desestimado la solicitud de 
reconsideración de dicha inadmisión.
La conclusión alcanzada en modo alguno puede resultar desvirtuada por el hecho de 
que la mesa del Congreso de los Diputados se haya pronunciado en cuanto al fondo 
sobre la solicitud de reconsideración formulada, sin la intervención y firma del portavoz 
del grupo parlamentario, por los diputados recurrentes en amparo contra el acuerdo 
inicial de inadmisión de la proposición de ley, pese a no ser autores de la iniciativa 
parlamentaria. Sin necesidad de detenernos en otro tipo de consideraciones, es evidente 
que  el  cumplimiento  de  los  presupuestos  procesales  para  promover  el  recurso  de 
amparo no puede quedar al albur de decisiones de órganos ajenos a este Tribunal, al 
que  le  corresponde  con  carácter  exclusivo  la  interpretación  de  los  requisitos 
constitucional y legamente establecidos para acceder a su jurisdicción a través de los 
distintos procesos constitucionales.
Por  consiguiente,  la  no  concurrencia  de  uno  de  los  presupuestos  procesales 
imprescindibles para la viabilidad de la acción, concretamente, en este caso, la falta de 
legitimación de los demandantes, ha de determinar la inadmisión del presente recurso de 
amparo, sin que proceda, en consecuencia, que hagamos pronunciamiento alguno sobre 
el fondo de la pretensión deducida.
FALLO es
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la AUTORIDAD QUE  w.
LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 49ww
Ha decidido
Inadmitir el recurso de amparo promovido por don Joan Baldoví Roda, don Enric 
Bataller i Ruiz, doña Marta Sorlí Fresquet y don Ignasi Candela Serna.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de febrero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.