BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27357
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4121 Pleno. Sentencia 36/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo 
2633-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol respecto de los 
autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo denegando permisos penitenciarios. Supuesta vulneración 
de los derechos a la participación y representación política, a la tutela judicial 
efectiva y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que deniegan 
permisos  penitenciarios  fundándose  en  el  riesgo  de  reiteración  delictiva; 
inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:36
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2633-2018, promovido por don Jordi Sànchez i 
Picanyol, representado por el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro 
y asistido por el letrado don Jordi Pina Massachs, contra el auto de 14 de diciembre 
de 2017 dictado por el magistrado instructor del Tribunal Supremo en la causa especial 
núm.  20907-2017,  por  el  que  se  deniega  al  recurrente  su  petición  de  permisos 
penitenciarios, contra el auto de 15 de febrero de 2018 de la sala de recursos de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de apelación interpuesto 
frente al anterior y contra el auto de 19 de abril de 2018, que desestima el incidente de 
nulidad de actuaciones; así como frente a la providencia de la misma sala de 12 febrero 
de 2018 que inadmite incidente de recusación. Han sido parte el abogado del Estado, en 
la representación que legalmente ostenta; la asociación para la defensa y progreso de 
los intereses ciudadanos (Politeia), representada por el procurador don Javier Fernández 
Estrada y asistida por el letrado don Víctor Hortal Fernández; el partido político VOX, 
representado por la procuradora doña María del Pilar Hidalgo López y asistido por el 
letrado  don  Pedro  Fernández  Hernández;  doña  Meritxell  Borràs  Santacana, 
representada por el procurador don Carlos Estévez Sanz y asistida por el letrado don 
Javier Melero Merino; doña Ramona Barrufet Santacana, representada por el procurador 
don Ignacio Argós Linares y asistida por la letrada doña Judit Gené Creus; don Lluis 
Guinó Subirás y don Lluis María Corominas Díez, representados por el procurador don  e.e
Ignacio Argós Linares y asistidos por el letrado don Javier Melero Merino; don Joaquim  b
Forn Chiarello, representado por el procurador don Carlos Estévez Sanz y asistido por el  21ww
Cleatrsatdeolló d, orenp rJeasveienrt aMdaesle proo rM eel rpinrooc; udraodñoar  Cdoanrm Eem Filoior cMadaertlíln ei zL lBueisn íyte dz oyñ aa sAisntindaa sS pimoró l ai 
lpertoracduara ddoor ñdao nO Algnaí baAlr dBeorriud alRloip Holul;i dodborñoa  yD aosliosrtsid aB apsosr ae l i leCtroaldl,o  rdeopnre Mseanrtiaandoa  Bpeorrg éesl 
Tarilonte. Ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Andrés 
Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Por  escrito  recibido  en  el  registro  general  de  este  Tribunal  el  11  de  mayo 
de  2018,  el  procurador  don  Aníbal  Bordallo  Huidobro,  actuando  en  nombre  y 
representación de don Jordi Sànchez i Picanyol, interpuso recurso de amparo contra las 
resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento, en relación con la solicitud de 
permisos penitenciarios del recurrente para intervenir en campaña electoral, así como 
frente a otras resoluciones de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid-
V (Soto del Real) y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, relativas a 
una sanción disciplinaria impuesta al recurrente por dicho centro.
Atendiendo  a  que  el  recurrente  acumula  en  una  sola  demanda  de  amparo  la 
impugnación de resoluciones dictadas en dos procedimientos distintos, por diligencia de 
ordenación del secretario de justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 13 de junio 
de 2018 se tuvo por interpuesto el presente recurso de amparo (núm. 2633-2018) contra 
las resoluciones judiciales impugnadas recaídas en la causa especial núm. 20907-2017; 
al propio tiempo, se acordó conceder al recurrente el plazo de diez días para que 
presentase  demanda  de  amparo  respecto  de  los  autos  del  Juzgado  de  Vigilancia 
Penitenciaria núm. 2 de Madrid, confirmatorios de la sanción disciplinaria que le fue 
impuesta por el centro penitenciario en que se hallaba interno en situación de prisión 
provisional.  La  ulterior  demanda  presentada  contra  estas  resoluciones  dio  lugar  al 
recurso de amparo núm. 3495-2018, resuelto por la STC 75/2019, de 22 de mayo.
2.  Los hechos relevantes para el examen de la pretensión deducida en el presente 
recurso de amparo son los siguientes:
a)  El 22 de septiembre de 2017, el ministerio fiscal formuló denuncia por delito de 
sedición contra don Jordi Sánchez i Picanyol y otras personas, en relación con las 
concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo los anteriores días 20 y 21 de 
septiembre en la zona de la Rambla-Gran Vía de Barcelona, en el transcurso de la 
práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la Consejería de Economía de 
la Generalitat de Cataluña. Fue repartida al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la 
Audiencia Nacional que, por auto de 27 de septiembre de 2017, incoó las diligencias 
previas núm. 82-2017, para la investigación del delito denunciado. Tras celebrar la 
preceptiva comparecencia, por auto de 16 de octubre de 2017, fue acordada la prisión 
comunicada y sin fianza del demandante de amparo; resolución que fue confirmada en 
apelación por auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional de 6 de noviembre de 2017 (rollo núm. 467-2017).
b)  Dos  semanas  después,  en  virtud  de  querella  presentada  el  30  de  octubre 
de 2017 por el fiscal general del Estado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
fue incoada causa penal por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales 
públicos y desobediencia contra determinadas personas, todas, excepto una de ellas, 
miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña. La acción penal fue 
admitida a trámite mediante auto del siguiente día 31 de octubre por el que, ex art. 57.2 
del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña,  la  sala  se  declaró  competente  para  el 
conocimiento de la causa y, conforme al turno establecido, designó magistrado instructor 
para la investigación de los hechos denunciados (causa especial núm. 20907-2017). es
c)  En  dicha  causa,  el  magistrado  instructor  extendió  la  investigación  a  los  bo
presidentes de las asociaciones Òmniun Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) y  21ww
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investigación  en  la  causa  especial,  se  siguieran  en  dicho  juzgado  en  la  causa 
núm. 82-2017. Las actuaciones recibidas fueron acumuladas a la causa especial.
d)  Por Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, fueron convocadas elecciones al 
Parlamento de Cataluña para el día 21 de diciembre de 2017. La candidatura de «Junts 
per Catalunya», en la que el recurrente ocupaba la segunda posición, fue proclamada 
por la Junta Electoral Provincial de Barcelona («Boletín Oficial del Estado» núm. 287, 
de 25 de noviembre de 2017).
Por tal razón, el demandante y otros investigados solicitaron la modificación de la 
medida  cautelar  acordada  por  el  Juzgado  Central  de  Instrucción  de  la  Audiencia 
Nacional. La petición fue desestimada mediante auto de 4 de diciembre de 2017 del 
magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que dispuso el 
mantenimiento  de  la  prisión  provisional  comunicada  previamente  acordada.  Para  el 
instructor: «En el caso analizado, concurren los elementos que permiten establecer, 
respecto  de  todos  los  investigados,  un  juicio  razonable  de  riesgo  de  reiteración 
delictiva». El demandante de amparo no interpuso recurso de apelación contra este auto, 
pero si se adhirió al presentado por otro de los investigados cuya prisión provisional fue 
ratificada y que también concurría como candidato a las elecciones al Parlamento de 
Cataluña. La apelación fue desestimada por la sala de recursos de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo, en auto de 5 de enero de 2018. Recurrida en amparo dicha 
denegación, fue resuelta en sentido desestimatorio por la STC 155/2019, de 25 de 
noviembre.
e)  El  7  de  diciembre  de  2017,  al  poco  de  iniciarse  la  campaña  electoral,  el 
recurrente solicitó al magistrado instructor: a) que, al amparo de los previsto en el art. 47 
de la Ley Orgánica general penitenciaria (LOGP), le autorizara a disfrutar de permisos 
penitenciarios para poder acudir a los actos de campaña de su candidatura, incluidos 
aquellos debates a los que sea invitado por los medios de comunicación, debidamente 
custodiado por las fuerzas de seguridad del Estado, si se consideraba necesario; b) que, 
durante el período electoral, se le permitiera atender a los medios de comunicación 
desde el centro penitenciario en el que se encuentra interno, concediendo las entrevistas 
que le fueran solicitadas; c) que se le permitiera el acceso a internet en un horario amplio 
que  le  posibilite  intervenir  en  la  campaña,  dando  a  conocer  las  propuestas  de  su 
candidatura a través de las redes sociales.
En  apoyo  de  sus  pretensiones  invocó  los  arts.  47  y  48  LOGP,  el  principio  de 
proporcionalidad del art. 52 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea (CDFUE), los derechos políticos reconocidos por el art. 23 CE, el art. 25 del 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) y el art. 12 CDFUE, así como 
el derecho a la presunción de inocencia reconocido por el art. 24.2 CE y el art. 48.1 
CDFUE); instaba además al magistrado instructor, subsidiariamente, para el caso de no 
acceder a sus peticiones, a que plantease cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea sobre dichas pretensiones y los derechos de la Carta que han sido 
reseñados.
Paralelamente, la representante general de la candidatura «Junts per Catalunya» se 
dirigió a la Junta Electoral Central, con expresa propuesta de las mismas medidas 
solicitadas al magistrado instructor, reclamando de esta que adoptase las que fueran 
necesarias para garantizar en los términos de la ley, la transparencia y objetividad del 
proceso  electoral,  asegurando  el  derecho  de  todos  sus  candidatos  a  participar  en 
condiciones de igualdad en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de 
Cataluña de 21 de diciembre de 2017. Mediante acuerdo núm. 145-2017, de 12 de  s
diciembre, la Junta Electoral Central se declaró no competente para resolver sobre lo  oe.
solicitado por considerar que el único órgano competente para decidir si medidas como  w.
las pedidas son compatibles con el objeto de la detención de los candidatos a los que se  21ww
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a dos actos concretos de la campaña electoral, previstos para los días 15 y 19 de 
diciembre, a las 20 horas en ambos casos (mitin central de la campaña en el pabellón de 
la Vall d’Hebrón y mitin final, respectivamente).
f)  Por auto dictado el 14 de diciembre de 2017, el magistrado instructor acordó 
denegar los permisos extraordinarios de salida solicitados por el recurrente; también los 
contactos con los medios de comunicación que no se insertasen en el régimen ordinario 
interno del establecimiento penitenciario en el que se encontraba ingresado y denegó 
también ampliar la disponibilidad de uso de internet más allá del régimen ordinario de 
control fijado por el mismo centro.
En lo que interesa al presente recurso de amparo, en el fundamento jurídico segundo 
del auto, el magistrado instructor, tras sintetizar la jurisprudencia constitucional sobre la 
prisión constitucional, sus requisitos y finalidad legítima, destaca cómo dicha medida 
cautelar, por la privación de libertad que supone, es aflictiva en sí misma en cuanto 
separa al afectado del mundo exterior, por lo que el sistema penitenciario no debe 
agravar los sufrimientos que le son inherentes afectando indebidamente al ejercicio en 
prisión de los derechos fundamentales, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de 
su detención (art. 3.1 LOGP). Continúa la resolución reconociendo que el derecho de 
sufragio pasivo reconocido en los arts. 23 CE y 25 PIDCP «no sólo entraña la posibilidad 
de aspirar a ser elegidos y representar a los conciudadanos en funciones de elección 
periódica a las que se acceda por sufragio universal, igual y secreto, sino a poder 
participar en el proceso de postulación electoral que permite que los electores puedan 
ejercer su opción democrática con conocimiento y plenitud, facilitando con ello su libertad 
de elección».
Con remisión al anterior auto de 4 de diciembre que ratificó la medida cautelar de 
prisión provisional, se recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
proclamado que el art. 3 del Protocolo adicional al Convenio para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) «incorpora ‘limitaciones 
implícitas’  a  los  derechos  de  voto  y  elegibilidad,  que  cada  Estado  puede  modular, 
siempre que la participación democrática no pierda su efectividad y que las limitaciones 
respondan  a  fines  legítimos».  Restricciones,  añade,  que  son  «igualmente  válidas 
respecto del derecho de participación en una campaña electoral, pues por más que esta 
participación resulte inherente a la postulación de un candidato, tiene un menor alcance 
que  la  exclusión  absoluta  del  derecho  a  ser  elegido;  particularmente  en  procesos 
electorales que descansan en un sistema de elección basado en listas cerradas de 
candidatos, en los que la defensa del ideario de la candidatura está atendida por sus 
otros integrantes, así como por la agrupación de electores, el partido político, o la 
agrupación  de  partidos  que  presten  soporte  a  la  candidatura  en  esa  misma 
circunscripción  electoral  o,  incluso,  en  otros  territorios  en  los  que  la  conformación 
concurra a las elecciones con un mismo programa e ideario, por estar orientado a 
integrar un solo órgano común de representación ».
Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  razona  el  auto  que  el  recurrente  no  tiene 
completamente anulada su capacidad para dirigirse al electorado y que su elegibilidad 
está vinculada a la de otros integrantes de la misma candidatura que sí participan 
plenamente en la campaña:
«Se muestra así que la privación de libertad del solicitante, número dos de una lista 
electoral de 85 candidatos, a la que se incorporó estando ya privado de libertad, por más 
que comporte una limitación evidente para su participación en la campaña electoral, ni 
supone la imposibilidad de ser elegido, ni entraña una pérdida o una alteración esencial  e.
de la efectividad del derecho de participación democrática de quienes comparten el  w.b
proyecto político que defiende su agrupación de electores o del propio encausado, pues  21ww
eell ecintoverasdtiog ayd, od e nootr ot ielandeo , hsouy e lceogmibpilliedtaadm vean eten gaanrzualaddaa d es um acnaepraac ifdaavdo rapbalrea a  dlair idgeir soetr oasl 
icnatemgpraañnate.»s de la misma candidatura, que sí abordan plenamente las actividades de
Concluye el auto que la limitada afectación del derecho de participación política del 
recurrente está justificada como consecuencia de la situación de prisión provisional en la 
que se halla:
«Y esa limitada afectación de su derecho de participación democrática viene además 
plenamente justificada en el caso analizado. La prisión provisional comunicada y sin 
fianza del solicitante se adoptó por el riesgo de que el investigado pudiera impulsar 
movilizaciones públicas violentas (o gravemente contrarias al orden público y la paz 
social), semejantes a las que en este procedimiento se le atribuyen. De este modo, las 
autorizaciones  que  ahora  se  reclaman  de  salida  del  centro  penitenciario,  o  de 
participación en medios de comunicación, precisamente posibilitarían las situaciones de 
riesgo que la prisión ha tratado de conjurar, pues no solo facultarían el impulso de 
movilizaciones  inmediatas,  sino  que  pueden  aprovecharse  para  propiciar  que  los 
tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los 
comicios, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que 
rechaza el ideario del encausado, tal y como los hechos investigados sugieren que ya 
aconteció.»
g)  La defensa del recurrente en amparo interpuso recurso de apelación contra el 
citado auto. De su estudio y propuesta de resolución fue designado ponente, mediante 
providencia de 7 de febrero de 2018, el magistrado don Francisco Monterde Ferrer, 
integrante  de  la  sala  competente  para  la  resolución  de  los  recursos  de  apelación 
interpuestos contra los autos dictados por el instructor.
En el recurso se alegó la vulneración de los arts. 47 y 48 LOGP y los arts. 41.6 y 77.2 
del Reglamento penitenciario, interpretados en relación con los derechos reconocidos 
por los arts. 23 y 24 CE, el art. 25 PIDCP y los arts. 12, 48.1 y 52 CDFUE. Se instó 
asimismo a la sala, invocando lo dispuesto en el art. 267 TFUE, a que plantease ante el 
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  una  cuestión  prejudicial  acerca  de  si  es 
compatible con los arts. 12, 48.1 y 52 CDFUE una interpretación de los citados preceptos 
de la legislación penitenciaria que impida de modo absoluto a un candidato en unas 
elecciones que se halla en prisión provisional comunicada, asistir a actos de la campaña 
electoral, atender a medios de comunicación en el centro penitenciario, y acceder en 
este a internet para difundir su programa electoral en las redes sociales.
h)  Celebradas  las  elecciones  al  Parlamento  de  Cataluña  el  21  de  diciembre 
de 2017, el recurrente en amparo resultó elegido diputado. Siete formaciones políticas 
los obtuvieron en la circunscripción de Barcelona; su candidatura obtuvo 17 de los 85 
diputados en liza (acuerdo de 11 de enero de 2018, de la Junta Electoral Central, por el 
que  se  ordena  la  publicación  del  resumen  de  los  resultados  de  las  elecciones  al 
Parlamento de Cataluña conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de 
electos remitidas por las juntas electorales provinciales de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña; publicado en el «BOE» de 12 de enero de 2018).
i)  Por  escrito  de  8  de  febrero  de  2018,  el  recurrente  promovió  incidente  de 
recusación  del  magistrado  designado  ponente  para  la  resolución  del  recurso  de 
apelación interpuesto contra el auto referido. Invocó la causa prevista en el art. 219.10 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), alegando la existencia de un interés 
directo o indirecto en su condena, dado que el magistrado recusado es vicepresidente de 
una asociación de jueces que publica, en una red social, mensajes que denotarían una 
posición de abierto rechazo a la ideología política del recurrente, así como sus prejuicios 
respecto de la responsabilidad penal de este en los hechos por los que se le investiga. e
La recusación fue inadmitida por extemporánea mediante providencia de la misma  bo
Sala de 12 de febrero de 2018, por cuanto el art. 223.1 LOPJ dispone que la recusación  21ww
rdeeqbueisráit op rqoupeo nseer saep rteacni óp rcoonmtoo  cinocmuom speli dteon egna  ecsotneo ccaimsoie. nEton  dlae  rleas coaluucsiaó ne ns eq udee sstea cfau nqduee, 
ldae  cdoonmdiicniióon p dúebll icmoa yg idstartaad od er evcaurisoasd aoñ coosm aotr ávsic, eyp rlae scidoemnpteo sdiceió lna  dreef elari dsaa laa seosc icaocnióonc ideas 
desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» el 30 de diciembre de 2016; a lo
que se añade que, en la misma causa, la sala ya resolvió otro recurso el 5 de enero 
de 2018, dato que era conocido por el recusante, ya que compareció en ese recurso 
como parte adherida.
Contra dicha providencia el recurrente interpuso recurso de súplica, en el que alegó 
la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.1 y 2 CE); por otrosí solicitó que, en caso de entenderse que no cabe 
recurso de súplica, se tramitase su escrito como incidente de nulidad del art. 241.1 
LOPJ. Sostuvo que la decisión de no admitir la recusación debió revestir forma de auto. 
Negó que la recusación fuera extemporánea, pues fue formulada pocos días después de 
tener  conocimiento  de  los  mensajes  difundidos  a  través  de  una  red  social  por  la 
asociación de jueces a la que pertenece el recusado, que es el motivo que fundamenta 
la recusación; además, la publicación de la composición inicial de la sala en el «Boletín 
Oficial del Estado» no puede ser tenida en cuenta para computar el plazo de recusación, 
pues de otro modo se estaría imponiendo a los justiciables un deber de diligencia 
desproporcionado y no previsto legalmente.
La sala, mediante providencia de 14 de febrero de 2018, dio respuesta al escrito del 
recurrente decretando que ha de estarse a lo acordado, toda vez que, de conformidad 
con el art. 228.3 LOPJ, contra la decisión del incidente de recusación no cabe recurso 
alguno. Añadiendo que, en cuanto a la nulidad del art. 241.1 LOPJ, el recurrente podrá 
presentarla, en su caso, contra la resolución que decida el recurso.
j)  La sala desestimó el recurso de apelación mediante auto de 15 de febrero 
de 2018. En él confirma plenamente el criterio del magistrado instructor, tras reiterar en 
el  fundamento  de  derecho  tercero,  apartado  segundo,  que  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos  Humanos  ha  proclamado  que  el  art.  3  del  Protocolo  adicional  al  CEDH 
incorpora limitaciones implícitas a los derechos de voto y elegibilidad que cada Estado 
puede  modular,  siempre  que  respondan  a  fines  legítimos  que  guarden  una 
correspondencia adecuada con los motivos que las impulsan (por todas, sentencia de la 
Gran Sala en el asunto Labita c. Italia, de 6 de abril de 2000, § 200). Razona en tal 
sentido, en términos similares a los del auto recurrido, que la afectación del derecho de 
participación política del recurrente no es completa y resulta legítimamente justificada por 
encontrarse en prisión provisional comunicada y sin fianza:
«Dado que el recurrente se integraba con el número dos de una lista electoral de 85 
candidatos, a la que se incorporó cuando ya estaba privado de libertad por su presumible 
participación en delitos de extrema gravedad […], la limitación de su libertad ni anulaba 
completamente  su  capacidad  de  dirigirse  al  electorado  por  medios  distintos  a  la 
presencia personal en los mítines convocados, ni impedía que otros integrantes de su 
candidatura abordaran plenamente las actividades de campaña, razón por la cual su 
situación personal encajaba en el ámbito de las limitaciones admitidas a los derechos de 
voto y elegibilidad permitidas a cada Estado por responder a fines legítimos que guarden 
adecuada correspondencia con los graves motivos que las impulsan, además de ser 
absolutamente compatibles con una participación democrática efectiva en los comicios 
autonómicos.
Atendiendo a ello, las objeciones que plantea el recurrente al criterio del instructor, 
desde el plano de la proporcionalidad, carecen de fundamento. La sospecha del juez de 
instancia sobre que el solicitante podría aprovechar la circunstancia para incitar a la 
ciudadanía a actuaciones tumultuarias no deja de ser razonable. Si es cierto que, una 
vez  producida  la  reiteración  delictiva  el  instructor  podría  revocar  las  autorizaciones 
concedidas, también lo es que en tal caso el daño que se trataba de evitar ya estaría  e.
producido.» w.b
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lCoDs FaUrtsE..  4L7a y  d4e8n eLgOaGcPió,n a sdíe c olomso  pae rsmu isreogsl anmoe natnou leasb aa dleac ucaadpaa caid laods  adretsl . r1e2c,u r4r8e.n1t ey  5d2e 
«dirigirse al electorado pues disponía del uso de internet dentro del régimen de control
fijado,  lo  que  posibilitaba  su  participación  limitada»  en  la  campaña  electoral.  Las 
limitaciones impuestas a los derechos de voto y elegibilidad como consecuencia de la 
situación de prisión provisional responden a fines legítimos que guardan adecuada 
correspondencia con los motivos que las impulsan. «Entre esos motivos, que alentaban 
la imperiosa necesidad de prohibirle participar en actos de campaña realizados fuera del 
centro  o  ante  medios  de  comunicación,  figuraba  el  de  poder  ser  utilizados  esos 
escenarios para impulsar movilizaciones inmediatas que sirvieran para conseguir su 
fuga, pues no es ajena al resultado de la instrucción la instrumentalización de las masas 
dirigidas o arengadas para conseguir propósitos delictivos».
Concluye el auto advirtiendo que, incluso en los supuestos en los que no quepa 
ulterior recurso en la vía judicial, «el órgano jurisdiccional instado a presentar una 
cuestión prejudicial puede prescindir de dicha obligación si considera que la misma no va 
a influir en el resultado del litigio, bien una cuestión similar ya ha sido resuelta por el 
Tribunal de Justicia o bien porque no cabe duda razonable acerca de la interpretación 
conforme con el derecho comunitario (la ‘teoría del acto claro’)». Es lo que ocurriría en el 
presente supuesto, pues las aludidas «limitaciones implícitas a los derechos de voto y 
elegibilidad que cada Estado puede articular siempre que la participación democrática no 
pierda su efectividad y existan fines legítimos que consientan la restricción, figuran 
consagradas en asunto Mathieu-Mohin y Clerfayt contra Bélgica, de 2 de marzo de 1987, 
ap. 52; asunto Gitonas y otros contra Grecia, de 1 de julio de 1997, ap. 39; asunto 
Mathews contra Reino Unido, ap. 63, o la sentencia ya citada de la Gran Sala del asunto 
Labitia contra Italia, de 6 de abril de 2000, ap. 200)».
k)  El  recurrente  promovió  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  contra  el  auto 
anterior, que fue desestimado por auto de 19 de abril de 2018, al entender la sala que 
versa sobre extremos que ya fueron objeto de análisis, tanto en lo que se refiere a la 
vulneración del derecho al juez imparcial, por haber inadmitido la sala la recusación del 
magistrado señor Monterde Ferrer, como a la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, por no haberse promovido cuestión prejudicial en los términos interesados por 
el recurrente.
3.  En su demanda de amparo, el recurrente afirma que las resoluciones judiciales 
impugnadas han vulnerado sus derechos fundamentales a la participación en asuntos 
públicos y al acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos, en relación con el 
derecho a la presunción de inocencia; así como el derecho a la tutela judicial efectiva y el 
derecho a un proceso con todas las garantías y, más en concreto, a un juez imparcial. 
Alega  asimismo  la  vulneración  de  varios  preceptos  del  Convenio  europeo  para  la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos, cuyo contenido no habría sido tomado en 
consideración al interpretar la Constitución (art. 10.2).
A)  Alega en primer lugar que se han vulnerado sus derechos a la participación 
directa en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad 
(art. 23 CE), en relación con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), 
porque se ha visto privado de participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad 
en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña so pretexto de su 
condición de preso preventivo. Sostiene que esta condición cautelar debe ser compatible 
con el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de participación política. A tal 
efecto afirma que en su petición propuso al magistrado instructor distintas opciones que 
permitían garantizar los fines de la prisión preventiva y hacerlos compatibles con sus 
derechos políticos, pese a lo cual, ninguna de ellas fue atendida. e.
Así ocurre con la solicitud de los permisos penitenciarios previstos en los arts. 47  w.b
y 48 LOGP, que permiten su concesión atendiendo a «importantes y comprobados  21ww
mdeontievgoasc»i,ó cno mseo  heas  ebl acsaasdoo d eeln e jlear ciincvioo cdaec ilóons  ddeer euchno sri ersegcoo naobcisdoolus teanm eenl ater t.g 2e3n éCrEic.o S eu 
idnidcieetmerbmrein addeo 2 d0e1 7r enitoe rsaec icóonn dcreelitcat ivean,  lqau me eennc ieóln a dueto d daetol  malagguinstor aqduoe  inpsetrrmucittao ri ndfee r1ir4 ( sdine 
vulneración de la presunción de inocencia) que en caso de acudir el recurrente a un mitin
bajo custodia policial, tenía mayores posibilidades de incitar a la ciudadanía a cometer 
un  delito  de  rebelión  que  las  que  tiene  haciendo  uso  de  las  posibilidades  de 
comunicación con las que cuenta en el centro penitenciario. Se trata, en consecuencia, 
de una interpretación injustificadamente limitativa del ejercicio de los derechos referidos.
Menos proporcionada resultaría aún la denegación de las peticiones subsidiarias de 
acceso  a  internet  y  de  atender  a  los  medios  de  comunicación  dentro  del  centro 
penitenciario, por cuanto aquí ni siquiera concurriría el remotísimo riesgo de reiteración 
delictiva que aprecia el magistrado instructor en los permisos de salida.
Todo ello implica que se ha negado al recurrente de manera desproporcionada la 
posibilidad  de  hacer  llegar  en  condiciones  de  igualdad  su  mensaje  electoral  a  los 
potenciales votantes.
B)  Considera  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  lesionan  también  su 
derecho a un proceso con todas las garantías y, más en concreto, a un juez imparcial 
(art. 24.2 CE), así como el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Sostiene que no es imparcial uno de los magistrados (señor Monterde Ferrer) que 
intervino en calidad de ponente en la resolución del recurso de apelación interpuesto 
contra el auto dictado por el magistrado instructor, pues la asociación de jueces de la que 
es vicepresidente y miembro de su comité ejecutivo ha difundido decenas de mensajes 
en una red social de los que se infiere una abierta animadversión hacía la ideología 
política del recurrente y abiertos prejuicios sobre su culpabilidad, al tiempo que en ellos 
se efectúan valoraciones positivas sobre diversas decisiones del magistrado instructor en 
la  misma  causa  especial.  Añade  que  los  argumentos  mantenidos  por  la  sala  para 
inadmitir a limine la recusación son insostenibles.
C)  La demanda de amparo justifica la especial transcendencia constitucional del 
recurso [arts. 49.1 y 50.1 b) LOTC] en un apartado específico, exponiendo que las 
cuestiones planteadas se refieren a facetas de los derechos fundamentales en juego 
sobre las que no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional [letra a) del fundamento 
jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio].
En concreto, se afirma que el presente recurso de amparo da ocasión a este Tribunal 
de pronunciarse acerca de cuestiones de máximo interés jurídico, sobre las que no 
consta que lo haya hecho anteriormente. Serían las siguientes:
a)  Si tiene derecho un preso preventivo a intervenir en la campaña electoral cuando 
se presenta como candidato a unas elecciones y, más concretamente, si tiene derecho a 
gozar de permisos y acceder a los medios de comunicación y a las redes sociales para 
dar a conocer su candidatura entre los potenciales electores.
b)  Si queda garantizado el derecho a un juez imparcial del justiciable cuando del 
tribunal que ha de resolver sus recursos forma parte un magistrado que ejerce cargos 
ejecutivos en una asociación judicial que, desde sus cuentas oficiales en las redes 
sociales, ha emitido decenas de mensajes que denotan evidentes prejuicios sobre la 
culpabilidad  de  la  persona  investigada  o  expresan  abierta  animadversión  hacia  su 
ideología política.
Concluye  el  recurrente  interesando  que  se  le  otorgue  el  amparo  solicitado,  se 
reconozcan sus derechos a participar en asuntos públicos, a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia, y se declare la nulidad de las resoluciones 
judiciales impugnadas; en relación con la vulneración del derecho a un juez imparcial, 
solicita que la nulidad se extienda a todas las resoluciones dictadas por el magistrado 
señor Monterde Ferrer en la causa especial núm. 20907-2017. e
4.  Mediante providencia de 17 de julio de 2018, el Pleno, a propuesta de los tres  w.
mdeesapl geriescctiarualr dstrooas sd cqeeu naedm einpntaecrigoar  aycn oa nsdsumt itSiutiecrlicooc niaóa nlt r (áSamretig.t eu5,n0 pd.1oa r,L  aaOcpTorCerdc),óia  drr aeqdcuoae b qacuroe np cpaulraarnr etse íe aen ul  encl o pmnrooiscbmilmeomi euann taoo    2020-4121n https://ww
afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este
Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
A  tenor  de  lo  establecido  en  el  art.  51  LOTC,  acordó  también  dirigir  atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que en el plazo de diez 
días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al 
auto dictado por el magistrado instructor el 14 de diciembre de 2017, así como a los 
autos de 15 de febrero y 19 de abril de 2018 y la providencia de 12 de febrero de 2018, 
dictados por la sala de recursos (causa especial núm. 20907-2017); interesando al 
mismo tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción 
del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en 
este proceso constitucional.
5.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaria  de  justicia  del  Pleno  de  este 
Tribunal  de  18  de  septiembre  de  2018  se  tuvo  por  recibido  el  testimonio  de  las 
actuaciones solicitadas. Asimismo se tuvo por personados y parte en este proceso 
constitucional al procurador don Javier Fernández Estrada, en representación de la 
asociación  para  la  defensa  y  progreso  de  los  intereses  ciudadanos  (Politeia);  a  la 
procuradora doña María del Pilar Hidalgo López, en representación del partido político 
VOX; al procurador don Carlos Estévez Sanz, en representación de doña Meritxell 
Borràs Santacana y también de don Joaquim Forn Chiarello; al procurador don Ignacio 
Argós Linares, en representación de don Lluis Guinó Subirás y de don Lluis María 
Corominas Díez, así como de doña Ramona Barrufet Santacana; al procurador don 
Emilio Martínez Benítez, en representación de doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna 
Simó i Castelló; al procurador don Aníbal Bordallo Huidobro, en representación de doña 
Dolors  Bassa  i  Coll;  así  como  al  abogado  del  Estado,  en  la  representación  que 
legalmente ostenta.
En virtud de la misma diligencia de ordenación se dio vista de las actuaciones, por 
plazo común de veinte días, al demandante de amparo, a las partes personadas, al 
abogado del Estado y al ministerio fiscal, a fin de que pudieran presentar las alegaciones 
que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
6.  La representación procesal del partido político VOX presentó sus alegaciones 
mediante escrito registrado en este Tribunal el 17 de octubre de 2018.
Interesa, en primer término, la inadmisión del recurso de amparo por no haberse 
justificado debidamente la especial trascendencia constitucional, que en cualquier caso 
no existiría. El demandante trata de justificar la especial trascendencia de su recurso en 
una serie de preguntas que realiza al Tribunal Constitucional y que, a su juicio, deberían 
ser respondidas por este. Ahora bien, lo cierto es que dichas preguntas son a la postre el 
objeto del recurso, es decir, el petitum de la demanda y no una explicación fundada del 
requisito  que  exige  el  art.  49.1  LOTC;  por  tanto,  reconduce  la  trascendencia 
constitucional al hecho mismo de la disyuntiva de si hay o no lesión de los derechos 
fundamentales alegados, por lo que no puede considerarse satisfecha la exigencia de 
justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, como requisito 
para su admisión a trámite, conforme a la doctrina constitucional (AATC 188/2008, de 21 
de julio, y 289/2008, de 29 de septiembre; SSTC 155/2009, de 25 de junio, y 140/2013, 
de 8 de julio).
Subsidiariamente, postula la desestimación del recurso de amparo, por no haber 
incurrido las resoluciones judiciales impugnadas en ninguna de las vulneraciones de 
derechos fundamentales que alega el recurrente.
No concurre la pretendida vulneración del derecho a la participación política y al 
acceso a los cargos públicos, en relación con el derecho a la presunción de inocencia.  e
Los  derechos  políticos  del  recurrente  no  tienen  carácter  absoluto  y  no  hacen  bo
desaparecer sus posibles responsabilidades penales. La Constitución no reconoce un  21ww
edle reejcehroci cdieol  rdeeo  ad edrisefcrhuotasr  dree cuonnao csiadloidsa  eenxt raeol rdairnt.a r2ia3  deCl Ec,e nsteroa  ppeanritae noctiaroriso , dseerae cphaoras 
flau nledgaimsleancitóanle sp;e ensit emnácsia, riinac llau sqou ee l easrtta. b2l5e.c2e C, tEa mhabbiéilnit ap aerxap rperseasmose netne  sai tusua crieósnt rdicec ipórnis. iEóns 
provisional, el derecho a solicitar un permiso (art. 48 LOGP y art. 159 del Reglamento
penitenciario), quedando al arbitrio del juez la concesión o no del permiso, dependiendo 
de las circunstancias concurrentes. En este caso la fundamentación de la denegación del 
permiso solicitado deriva de su capacidad de reiteración delictiva, como se razona 
cumplidamente en los autos que impugna. Se han respetado, por tanto, los derechos 
políticos  del  recurrente  que  son  compatibles  con  la  medida  de  prisión  provisional, 
quedando restringidos temporalmente los que no lo son. Por otra parte, la concesión al 
recurrente  de  un  status  de  preso  superior,  por  encima  del  resto  de  la  población 
carcelaria, mediante el otorgamiento de un fuero especial que incluyese dispensas y 
favores (traslados al gusto, salidas, comunicaciones extraordinarias, contacto con los 
medios, entre otros privilegios) de carácter singular y único, supondría un trato de favor 
evidente de los poderes públicos, que no pueden dispensar un trato desigual a los 
ciudadanos, so pena de infringir el art. 14 CE.
Tampoco cabe apreciar que exista la pretendida lesión del derecho a un proceso con 
todas las garantías y a un juez imparcial, así como del derecho a la tutela judicial 
efectiva. El hecho de que un juez manifieste coloquialmente afirmaciones que denotan 
su adscripción a la Constitución y al resto del ordenamiento, no desdice en nada su 
imparcialidad y ecuanimidad, sino que simplemente demuestra su sujeción al imperio de 
la ley (arts. 9.1 y 117.1 CE y art. 5 LOPJ). Por medio de otrosí solicita la celebración de 
vista, en virtud de lo dispuesto en el art. 52.2 LOTC.
7.  El abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 18 de octubre 
de 2018.
Una vez delimitado el objeto del presente recurso de amparo, sostiene que la queja 
relativa a la vulneración de los derechos de participación política (art. 23 CE), en relación 
con el art. 24.2 CE, no fue invocada ante el magistrado instructor, por lo que debe ser 
inadmitida.  Asimismo,  sería  inadmisible  por  falta  de  agotamiento  de  la  vía  judicial 
[art. 44.1 a) LOTC] la queja referida a la lesión del derecho a un juez imparcial (art. 24.2 
CE) art. 24.2 CE, porque el recurrente no promovió incidente de nulidad contra la 
providencia de la Sala que acordó la inadmisión de la recusación.
Sin perjuicio de lo anterior, sostiene el abogado del Estado que no concurren las 
vulneraciones de derechos fundamentales que aduce el demandante, lo que ha de 
conducir a la desestimación del recurso de amparo.
Por lo que atañe a la pretendida vulneración de los derechos de participación política 
(art. 23 CE), en conexión con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), 
advierte que la doctrina del Tribunal Constitucional (ATC 55/2018, de 22 de mayo, FJ 5) 
tiene  declarado  que  la  situación  de  prisión  provisional  afecta  indefectiblemente  al 
ejercicio de los derechos políticos. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (así, sentencia de 6 de diciembre de 2009, asunto 
Etxeberría y otros c. España, §§ 47-50), cuando señala que el derecho de participar en 
elecciones periódicas (art. 3 del Protocolo adicional al CEDH) reconoce la existencia de 
límites implícitos a su ejercicio y que estos pueden ser más fuertes en su vertiente pasiva 
(derecho a presentarse a las elecciones), existiendo un amplio margen de apreciación 
por los Estados miembros lo que limita el control de ese Tribunal a verificar si la 
limitación impuesta ha sido arbitraria o desproporcionada.
Recuerda en tal sentido la doctrina constitucional acerca del presupuesto y los fines 
constitucionalmente legítimos para acordar la medida de prisión provisional (por todas, 
STC 14/2000, de 17 de enero, FFJJ 3 y 4), así como la doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos según la cual la prisión provisional es conforme al art. 5 CEDH 
siempre que se cumplan los requisitos exigidos por este precepto, en concreto que  e.
existan una razón plausible para entender que el sujeto ha cometido un delito y una  w.b
justificación pertinente y suficiente para el mantenimiento de la medida restrictiva de  21ww
dlibee 2rt0a1d6, , caosmunot op uBeadzeu dsjei rclo.  Melo pldealivgiaro,  §d§e  8re6i,t e8r8a,c 9ió0n y d 9e1li)c.tiva (así, sentencia de 5 de julio
HumDaenl oms issmobor em eold oa,r t a2d5v iePrItDe CqPu ep elarm oitbes eerlv aecsitóanb lencúimm.i e2n5to  ddeel  Clímomiteitsé  adle  dDereercehcoh oas 
participar en asuntos públicos, siempre que estén previstos en la legislación y sean
objetivos y razonables. A su vez, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias 
dependiente del Comité de Derechos Humanos considera que es legítima la privación de 
libertad de una persona acusada de graves delitos si esta posibilidad está prevista 
legalmente y no se realiza como represalia por el ejercicio de los derechos reconocidos 
por los tratados internacionales.
Por todo ello ha de concluirse que las limitaciones impuestas por las resoluciones 
judiciales  impugnadas  al  derecho  de  participación  del  recurrente  en  la  campaña 
electoral, como consecuencia de hallarse en prisión provisional y debido al riesgo de 
reiteración delictiva, son motivadas, proporcionadas y no arbitrarias, lo que permite 
descartar  las  vulneraciones  alegadas.  El  propio  recurrente  reconoce  que  no  tuvo 
completamente limitada la posibilidad de participar en la campaña electoral, a lo que 
cabe añadir que alega que no ha podido ejercer sus derechos políticos en condiciones 
de igualdad, pero no indica cuál es el término de comparación que emplea, esto es, no 
justifica  si  se  ha  actuado  de  forma  distinta  respecto  de  él  en  relación  con  otros 
candidatos en la campaña electoral en su misma situación (prisión provisional por riesgo 
de reiteración delictiva).
Tampoco  existe  vulneración  del  derecho  a  un  juez  imparcial  (art.  24.2  CE).  El 
recurrente no discute que la presentación de la recusación fue extemporánea, sino que 
se limita a argumentar que su inadmisión a trámite le ha hecho perder la confianza en la 
imparcialidad de la sala, por considerar que esa decisión es rigorista e irrazonable. En 
todo caso, la extemporaneidad de la recusación no ofrece duda alguna, a la vista de los 
pormenorizados razonamientos de la providencia de 12 de febrero de 2018, que acuerda 
su  inadmisión.  Por  consiguiente,  conforme  a  la  doctrina  constitucional  (por  todas, 
STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4), no puede alegarse en amparo la vulneración 
del derecho al juez imparcial sin haber planteado en tiempo ante los órganos de la 
jurisdicción  ordinaria  la  recusación  del  juez  o  magistrado  cuya  imparcialidad  se 
cuestiona. No puede pues considerarse vulnerado el derecho al juez imparcial cuando el 
propio recurrente se aquietó, al formular una recusación intempestiva.
8.  El  ministerio  fiscal  presentó  su  escrito  de  alegaciones  el  23  de  noviembre 
de 2018, en el que solicita la denegación del amparo. Tras exponer los antecedentes del 
caso,  procede  a  analizar  las  quejas  articuladas  por  el  demandante  de  amparo, 
precisando  que  estas  quedan  referidas  a  la  vulneración  de  los  derechos  a  la 
participación en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos en condiciones de 
igualdad (art. 23 CE), en relación con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 
CE); y la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en la vertiente 
del derecho a un juez imparcial (art. 24.2 CE), en conexión con el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE). No se reproduce en la demanda de amparo la queja 
relativa a la supuesta infracción del art. 24.1 CE por no haber sido planteada la cuestión 
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que exime por completo 
de atender a las consideraciones efectuadas al respecto por el demandante ante la 
jurisdicción ordinaria.
Examina en primer lugar el ministerio fiscal la pretendida lesión del derecho al juez 
imparcial (art. 24.2 CE), por afectar a la constitucionalidad de la propia configuración del 
órgano judicial (SSTC 205/2013, de 5 de diciembre, FJ 2, y 133/2014, de 22 de julio, 
FJ 1, entre otras), en relación con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), que se imputa a la providencia de 12 de febrero de 2018, que inadmite el 
incidente de recusación.
Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional (entre otras, SSTC 60/1995, de 16  e.
de marzo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3,  w.b
y  133/2014,  de  22  de  julio,  FJ  3)  y  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  21ww
(asl ejunetezn icmiap adrec i5a l,d eq uoec taudbqreu iedree  2e0s0p9e,c aiasl urnetloe vManiccaialle ef nc .e Ml parlotac,e §so 9 p3e-9n9a)l ,s roebsruel tae l qdueer eecshteo 
djueerceecsh oq, udee sindtee rlave pnegrasnp eecntiv ala  dree slao liumcpióanr cdiaeli duanda o bcajeutisvaa , ssee  adcireigrqeu ae ng aara nlat izmaris qmuae  sloins 
prevenciones ni prejuicios en su ánimo, derivados de una relación o contacto previos con
el objeto del proceso. Ahora bien, para entender afectado este derecho no basta con que 
las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del juez surjan en la mente de quien 
recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, si las mismas alcanzan una 
consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas.
En el presente caso se atribuye al magistrado señor Monterde Ferrer un interés 
directo o indirecto en la condena del recurrente, que se presume por el contenido de los 
mensajes difundidos en una red social por la asociación de jueces de la que aquel es 
vicepresidente y que revelarían animadversión hacia la ideología política del recurrente, 
al tiempo que otros mensajes de la misma asociación contienen valoraciones positivas 
sobre las decisiones del magistrado instructor en la causa. Tal argumentación no puede 
ser atendida. No estamos ante un supuesto de manifestaciones públicas realizadas por 
el magistrado en cuestión, sino ante mensajes procedentes de personas no identificadas, 
de modo que, al margen de cualquier valoración sobre su contenido, tales mensajes no 
pueden considerarse como elemento acreditativo del interés del referido magistrado en 
un  resultado  concreto  del  proceso.  Por  tanto,  no  existen  elementos  de  mínima 
consistencia para afirmar que las sospechas o dudas de parcialidad se hallen objetiva y 
legítimamente  justificadas,  de  manera  que  permanece  indemne  la  presunción  de 
imparcialidad del magistrado cuestionado y del órgano jurisdiccional en que se integra.
Descarta  seguidamente  el  ministerio  fiscal  que  la  inadmisión  a  trámite  de  la 
recusación formulada por el recurrente fuese irrazonable y rigorista, lo que excluye la 
alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por este 
motivo.  En  contra  de  lo  que  sostiene  el  recurrente,  su  escrito  de  recusación  fue 
presentado  extemporáneamente,  como  se  razona  en  la  providencia  de  12  febrero 
de 2008 y conforme a la doctrina constitucional (entre otros, AATC 237/2013, de 21 de 
octubre; 256/2013, de 6 de noviembre; 54/2014, de 25 de febrero, y 238/2014, de 9 de 
octubre). Tampoco puede tildarse de irrazonable la argumentación de la providencia en 
cuanto  a  la  inexistencia  de  un  principio  de  prueba  sobre  el  supuesto  interés  del 
magistrado recusado en la condena del recurrente.
Rechaza también el ministerio fiscal que el auto del magistrado instructor de 14 de 
diciembre de 2017, el auto de la sala de 15 de febrero de 2018 que lo confirma en 
apelación, y el auto de la propia sala de 19 de abril de 2018 que desestima el incidente de 
nulidad, incurran en la alegada vulneración de los derechos del recurrente a la participación 
en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23 CE), 
en relación con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
El ministerio fiscal niega que las resoluciones judiciales impugnadas hayan vulnerado 
los derechos políticos del recurrente. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que esas 
resoluciones no han tenido incidencia lesiva en el resultado electoral, puesto que el 
recurrente  alcanzó  sin  mayor  problema  el  acceso  a  la  función  representativa  que 
pretendía, al ser elegido diputado. Tampoco es cierto que no haya podido transmitir de 
manera efectiva en ningún momento sus propuestas electorales a la ciudadanía, puesto 
que participó de modo efectivo en el mitin electoral central de la campaña de «Junts per 
Catalunya», celebrado el 15 de diciembre de 2017 en el pabellón de la Vall d’Hebrón, en 
el que se difundió un comunicado suyo en formato de mensaje grabado; además, las 
propuestas de la citada formación política, que lo presentaba como núm. 2 de la lista por 
Barcelona,  fueron  planteadas  y  mantenidas  durante  la  campaña  electoral  por  los 
candidatos  pertenecientes  a  la  misma  lista  en  situación  de  libertad;  por  último,  el 
recurrente  dispuso  de  las  comunicaciones  permitidas  por  el  régimen  penitenciario 
ordinario. s
Por otra parte, debe recordarse que los derechos de participación política que invoca  oe.
el recurrente no son absolutos o ilimitados. Son derechos de configuración legal, y el  w.
legislador  democrático  puede  establecer  limitaciones  o  restricciones,  que  deben  21ww
traels psoenndtideor ,a  cuonm fion  sleegñíatimlano  ylo psr oaduutocsir sree ceunr rtiédromsi,n coosn p rcoitpao rdceio njuardisopsr uad deincchiaa  fdineal liTdraibdu. nEanl 
E«luimroitpaecoio ndees  Dimerpelícchitoass »H au mloasn odse,r eeclh aorst . d3e  vdoetlo P yr oetolecgoibloil idaaddic,i oqnuael  caal dCaE EDsHta dinoc oprupeodrea   BOE-A-cable e
modular, siempre que la participación democrática no pierda su efectividad y que las 
limitaciones respondan a fines legítimos y guarden adecuada correspondencia con los 
motivos que las impulsan. Esas restricciones también cabe predicarlas respecto del 
derecho de participación en una campaña electoral, pues por más que esta participación 
resulte inherente a la postulación de un candidato, tiene un menor alcance que la 
exclusión absoluta del derecho a ser elegido.
A la vista de los razonamientos contenidos en el auto del magistrado instructor de 14 
de diciembre de 2017, confirmados en apelación por la sala en su auto de 15 de febrero 
de 2018, ha de concluirse, a juicio del fiscal, que la medida limitativa de los derechos de 
participación política del recurrente que se discute está suficientemente motivada y 
resulta idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente 
legítimo.
En el caso presente, el examen del presupuesto de ajuste a legalidad de la adopción 
de la medida restrictiva de los derechos fundamentales concernidos permite comprobar 
que la situación jurídica procesal a la que el recurrente atribuye la restricción de parte de 
sus derechos políticos deriva de la legítima adopción, respecto de este, de una medida 
cautelar de naturaleza personal, cuál es su prisión provisional en un proceso penal. Una 
medida de prisión provisional que se ajusta plenamente a las exigencias y garantías 
derivadas de los arts. 17 CE y 5 CEDH, conforme a la interpretación de estos preceptos 
que se desprende de la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. Por lo demás, la previsión legal que en términos generales 
habilita la adopción de decisiones restrictivas de otros derechos distintos de la libertad 
ambulatoria (como pueden ser los derechos políticos) para los internos en centros 
penitenciarios, por razón de prisión provisional, se contiene en el art. 3.1 LOGP.
Asimismo,  la  medida  restrictiva  de  los  derechos  de  participación  política  del 
recurrente  obedece  a  una  finalidad  legítima,  perfectamente  razonada  en  los  autos 
impugnados: conjurar el peligro de reiteración delictiva que justificó la medida de prisión 
provisional, por el riesgo de que el recurrente pudiera impulsar movilizaciones políticas 
violentas o gravemente contrarias al orden público y la paz social.
Los autos cumplen también la exigencia de motivación reforzada, dada la afección de 
los derechos fundamentales garantizados por el art. 23 CE, en un contexto vinculado a la 
privación del derecho a la libertad del art. 17 CE.
Satisfacen, en fin, las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad. Así, en 
cuanto al juicio de idoneidad o adecuación, porque no ofrece duda que la no concesión 
de los permisos y las comunicaciones solicitadas resulta útil y eficaz para preservar la 
finalidad legitima perseguida, pues se impide absolutamente que durante el disfrute de 
los permisos y demás actos solicitados el investigado, preso que ha mostrado una 
inquebrantable determinación y persistencia en su acción y objetivos, pueda utilizar su 
liderazgo  y  ascendente  sobre  el  movimiento  ciudadano  afecto  al  independentismo 
catalán en la estrategia de incitar o impulsar a la ciudadanía a movilizaciones violentas o 
tumultuarias. Esta adecuación puede predicarse de la medida objetivamente como tal, 
tanto en su dimensión cualitativa (por la propia naturaleza de esta y su contenido), como 
cuantitativa  (por  cuanto  ni  su  intensidad  ni  su  duración  exceden  de  lo  razonable 
atendidas las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes).
Por lo que toca al juicio de necesidad, el fiscal estima que un pronóstico razonable ad 
casum permite descartar que la concesión de los permisos penitenciarios disponiendo e 
implementando medidas de acompañamiento, cautela y de conducción segura (de ida y 
de vuelta) del preso a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pudiera  s
preservar con suficiente y mínima garantía la salvaguarda del fin legítimo en las mismas,  oe.
semejantes, próximas o aceptables condiciones de aptitud y eficacia que la decisión  w.
enjuiciada, atendiendo a los precedentes del asunto. Si desplegados 10.000 agentes  21ww
ap olilcai alleesg aelli d1a dde  ococtnusbtirteu cdieo n2a0l,1 7d liofísc imlmisemntoes  fpuoedrorína nin svuafilcoieranrtsees  paalrtear dneatteivnaesr  ecl odmesoa fílao 
rdees eloñsa ddae. nAo emllion ahdaobsr ía« cqoume istéusm adre  lad cerfeecnisean ted ea cltaiv irdeapdú bdleic rae»s,i setelenmciean yto o pao sviacilóonra ar cqtiuvae   BOE-A-cable e
definitivamente  descarta  la  posibilidad  de  alternativas  eficaces  en  relación  con  la 
finalidad  legítima  perseguida.  Por  tanto,  la  medida  discutida  satisface  el  juicio  de 
necesidad.
También se cumple el juicio de proporcionalidad estricta, pues el sacrificio de los 
intereses individuales que comporta la injerencia discutida guarda una relación razonable 
y proporcionada con la importancia del interés público que se trata de salvaguardar. Ello 
es así porque las circunstancias del autor y de los hechos que concurren en el caso 
respaldan que el temor a una reiteración delictiva al tiempo de la adopción de la medida 
restrictiva era fundado y razonable, en un contexto de «desafío mismo a la esencia del 
Estado  democrático»  (SSTC  89/1993,  FJ  3,  y  71/1994,  FJ  5).  En  este  contexto, 
precisamente lo exigible conforme al interés general es el sacrificio del interés individual 
del encausado, puesto que de la medida restrictiva se derivan, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 
los bienes o valores en conflicto correspondientes al encausado y a quienes se planteen 
votar opciones cercanas a la aspiración independentista.
En fin, alega el fiscal que la decisión judicial de restringir el derecho de participación 
en la campaña de un candidato en prisión provisional tampoco vulnera el derecho a la 
presunción de inocencia, reconocido en los arts. 24.2 CE, 6.2 CEDH y 14.2 PIDCP. 
Conforme a reiterada doctrina constitucional, la presunción de inocencia es compatible 
con la aplicación de medidas cautelares, siempre que se adopten por resolución fundada 
en Derecho y sustentadas en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida 
y las circunstancias concurrentes (entre otras, SSTC 108/1984, de 26 de noviembre, 
FJ 2; 66/1989, de 17 de abril, FJ 6, y 71/1994, de 3 de marzo, FJ 7). En el presente caso 
no debe olvidarse que el recurrente se halla interno en un centro penitenciario en 
situación de prisión provisional, de la que deriva la medida restrictiva que se discute, y 
que  tanto  la  prisión  provisional  como  la  denegación  de  los  permisos  y  actos  de 
comunicación solicitados tienen su fundamento en un pronóstico sobre el riesgo de 
reiteración  delictiva  en  relación  con  conductas  de  extrema  gravedad,  que  ha  sido 
exteriorizado suficientemente en las resoluciones judiciales impugnadas mediante una 
motivación reforzada y fundada en Derecho, siguiendo parámetros de proporcionalidad y 
razonabilidad intachables.
Por todo ello interesa el ministerio fiscal que se desestime el recurso de amparo.
9.  Las restantes partes comparecidas no formularon alegaciones.
10.  Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 9 de enero de 2019, la 
representación  del  recurrente  solicitó  que  diese  el  máximo  impulso  procesal  a  la 
resolución del presente recurso de amparo. Por diligencia de ordenación de la secretaria 
de justicia del Pleno de 10 de enero de 2019 se acordó unir el anterior escrito a las 
actuaciones, dar cuenta y entregar copia de este a las partes personadas. La misma 
solicitud se formuló mediante escritos de 6 septiembre y 4 de noviembre de 2019 y 11 de 
febrero de 2020, de los que se dio cuenta.
11.  Por  providencia  de  25  de  febrero  de  2020,  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia este mismo día.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes. s
El  presente  recurso  de  amparo  se  dirige  únicamente  contra  las  siguientes  w.b
resoluciones recaídas en la causa especial núm. 20907-2017 que se ha seguido ante la  21ww
Smaalgai sPtreandaol  dinesl trTurcibtourn aalc Sorudpór edmeon:e g(1a)r  elol sa upteor mdeis 1o4s  edxet rdaiociredminbarreio sd ed e2 0s1a7li,d pao sr oelilc qituaed oesl 
peolerc ceiol nreesc urarle nPtea rlpaamrae ntaoc uddeir   aC adtaolsu ñaac; totas mdbeié nc amdepnaeñgaó  dlea  spue ticcaiónnd iddaetu rcao netna ctloass 
adicionales con los medios de comunicación (entrevistas) que no se insertasen en el
régimen ordinario interno del establecimiento penitenciario en el que se encontraba 
ingresado y desestimó, por último, la pretensión de ampliarle la disponibilidad de uso de 
Internet más allá del régimen ordinario de control fijado por el mismo centro; (2) el auto 
de 15 de febrero de 2018, de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, que desestima el recurso de apelación interpuesto frente al anterior; (3) el auto 
de 19 de abril de 2018, de la propia Sala, que desestima el incidente de nulidad de 
actuaciones, y (4) la providencia de 12 de febrero de 2018, de la sala de recursos, que 
inadmite el incidente de recusación planteado por el recurrente.
No  son  ahora  objeto  de  nuestro  enjuiciamiento  el  resto  de  las  resoluciones 
administrativas y judiciales a que se hace referencia en la demanda de amparo, que 
tienen  que  ver  con  la  sanción  disciplinaria  penitenciaria  que  le  fue  impuesta  al 
demandante como consecuencia de la grabación y difusión en campaña de un mensaje 
electoral  grabado  a  partir  de  una  llamada  telefónica  realizada  desde  el  centro  de 
internamiento.  Dicha  queja  ha  recibido  tratamiento  separado  en  el  recurso  de 
amparo 3495-2018, que ha sido resuelto en la STC 75/2019, de 22 de mayo.
El  demandante  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  impugnadas  incurren  en 
vulneración de sus derechos a la participación directa en asuntos públicos y al acceso a 
cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23 CE), en relación con el derecho a la 
presunción  de  inocencia  (art.  24.2  CE),  porque  le  han  privado  de  participar  en 
condiciones de igualdad y de manera efectiva en la campaña electoral de las elecciones 
al Parlamento de Cataluña, como consecuencia de su condición de preso preventivo, y 
en vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en su vertiente de 
derecho a un juez imparcial (art. 24.2 CE), en relación con el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), por la inadmisión del incidente de recusación formulado contra el 
magistrado designado como ponente para resolver el recurso de apelación interpuesto 
contra el auto del magistrado instructor. De la demanda de amparo se infiere que la 
primera queja se dirige específicamente contra los autos reseñados, del magistrado 
instructor y de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, mientras 
que la segunda se dirige contra la referida providencia de la misma Sala.
El partido político VOX solicita que el recurso de amparo sea inadmitido por no haber 
sido debidamente justificada su especial trascendencia constitucional, que en cualquier 
caso  considera  que  no  concurre.  Subsidiariamente,  interesa  la  desestimación  del 
recurso. Todo ello por las razones que han quedado consignadas en los antecedentes.
El abogado del Estado considera que las vulneraciones denunciadas no se han 
producido, por lo que interesa la denegación del amparo, pero, con carácter previo, 
aduce que la queja relativa a la vulneración de los derechos de participación política en 
relación con la presunción de inocencia no fue invocada ante el magistrado instructor, 
por lo que debe ser inadmitida. Considera también que debe ser inadmitida la queja que 
denuncia la lesión del derecho a un juez imparcial, porque el recurrente no promovió 
incidente de nulidad contra la providencia que acordó la inadmisión de la recusación 
[falta de agotamiento de la vía judicial ex art. 44.1 a) LOTC].
El ministerio fiscal interesa la desestimación del recurso de amparo por entender que 
las resoluciones judiciales impugnadas no han incurrido en ninguna de las vulneraciones 
denunciadas  por  el  demandante,  conforme  a  los  argumentos  que  han  quedado 
reseñados detalladamente en los antecedentes de la presente resolución.
2.  Requisitos  para  la  admisibilidad:  especial  trascendencia  constitucional  del 
recurso e invocación tempestiva del art. 23 CE.
Con carácter previo al examen de fondo de las pretensiones de la demanda de  bo
amparo  debemos  pronunciarnos  sobre  la  concurrencia  de  los  requisitos  para  su  21ww
ahdemmiossib diliedcalda raedsota belne coidtroass  eonc alsai oLneeys ,O lorgsá dneicfae cdtoesl  Tinrsibuubnsaaln Cabolnesst idtuec iqounea l,p upduieesra,  ceosmtaor 
aafdemctitaiddoo  ae l trráemcuitres,o d dee f oarmmpaa qrou en ola  rceosmulptaronb saucbiósna ndaed looss  pporerqsuuep uheasytoas  spidrooc iensicailaelsm peanrtea 
la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de
oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta 
de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los 
pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, 
FJ 3; o SSTC 89/2011, de 6 de junio, FJ 2; 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2, 
y 130/2018, de 12 de diciembre, FFJJ 3 a 5).
a)  El partido político VOX considera que no se ha justificado en la demanda la 
especial trascendencia constitucional del recurso en los términos que exige el art. 49.1 
LOTC,  pues  el  demandante,  resumiendo  su  pretensión  de  amparo  en  preguntas 
consecutivas, expone únicamente una disyuntiva acerca de si se han producido o no las 
indebidas limitaciones de derechos fundamentales denunciadas.
A fin de dar respuesta a la objeción procesal opuesta conviene recordar que la previsión 
del art. 49.1 in fine LOTC, según la cual, en todo caso, «la demanda justificará la especial 
trascendencia constitucional del recurso», se configura como una carga procesal de la parte 
y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia constitucional, habida cuenta 
de que el legislador ha querido que la valoración del Tribunal acerca de la especial 
trascendencia constitucional de cada recurso venga siempre precedida de la iniciativa y 
apreciaciones de la parte, recogidas en su escrito de demanda (STC 178/2012, de 15 de 
octubre,  FJ  3).  A  la  parte  recurrente  le  es  exigible  un  «esfuerzo  argumental» 
(ATC 154/2010, de 15 de noviembre, FJ 4) que ponga en conexión las vulneraciones 
constitucionales que alega con los criterios establecidos en el artículo 50.1 b) LOTC, 
criterios que se concretan, sin ánimo exhaustivo, en los supuestos contemplados en el 
fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio. De este modo, no basta 
argumentar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental (SSTC 17/2011, 
de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3; 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, 
y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 
289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 
de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 de noviembre, FJ único); sino que es preciso que «en la 
demanda se disocie adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia 
de la lesión de un derecho fundamental –que sigue siendo, obviamente, un presupuesto 
inexcusable  en  cualquier  demanda  de  amparo–  y  los  razonamientos  específicamente 
dirigidos  a  justificar  que  el  recurso  presenta  especial  trascendencia  constitucional» 
(STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
De  acuerdo  con  esta  doctrina,  el  óbice  planteado  ha  de  ser  desestimado.  La 
demanda que da inicio al proceso de amparo contiene un específico apartado III relativo 
a la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso. En él se afirma 
la novedad de las cuestiones planteadas que, en la STC 4/2020, de 15 de enero, 
declaramos ya que presentan especial trascendencia constitucional [supuesto a) de la 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2]. Esta fue la causa que, al acordar la admisión a 
trámite del recurso de amparo, apreció el Pleno en la providencia de 17 de julio de 2018. 
Entre estas cuestiones destaca la incidencia que la limitación cautelar del derecho a la 
libertad personal acordada en tutela del proceso penal puede tener en relación con el 
derecho  de  participación  política  representativa  y  acceso  a  cargos  públicos  que 
corresponde a los diputados y su presunción de inocencia; la proporcionalidad de las 
decisiones denegatorias cuestionadas o el hecho de que la privación cautelar de libertad 
acordada pueda justificar en sí misma la limitación de su pretensión de participar de 
manera  efectiva  en  condiciones  de  igualdad  en  la  campaña  de  las  elecciones 
autonómicas en las que concurre como candidato. A ellas se añade la incidencia que, 
sobre la estructural exigencia de imparcialidad judicial, pueda tener la relación de un  e.
magistrado con una asociación que se ha pronunciado públicamente sobre los hechos  w.b
que son objeto de enjuiciamiento en la causa penal en la que se han dictado las  21ww
resoSluec itoranteas  dime puungan aadrgausm. entación expresa que va más allá del ámbito de la concreta
eqxupeojan ep osru  lac ovnutelnneidraoc inóonv eddeo sdoe rceocmhoos  rafuznódna madeicnitoanleasl  pqaurea  lqau ep asrete  deicstteim uan ap asdeencteidnac iay 
que resuelva la cuestión de fondo debatida. Por consiguiente, puede afirmarse que pone
de relieve los datos necesarios para justificar la proyección objetiva del amparo solicitado 
[SSTC 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 c)], por lo 
que hemos de entender satisfecha en el presente caso la carga de justificar la especial 
trascendencia constitucional a la que, in fine, se refiere el artículo 49.1 LOTC.
b)  Como ha quedado antes reseñado, el abogado del Estado alega que dos de las 
quejas  planteadas  incurren  en  óbices  de  admisibilidad  que  expresan  el  carácter 
subsidiario del recurso de amparo: (1) que se haya puesto de manifiesto («denunciado 
formalmente») la lesión del derecho fundamental en el proceso, si hubo oportunidad, tan 
pronto como esta hubiera sido conocida por la parte [art. 44.1 c) LOTC] y (2) que se 
hayan agotado ante los órganos de la jurisdicción ordinaria las posibilidades que el 
ordenamiento proporciona para lograr tal protección [art. 44.1 a) LOTC].
Afirma, en primer lugar, que la queja relativa a la vulneración de los derechos de 
participación política (art. 23 CE), puesta en relación con el derecho a la presunción de 
inocencia, debe ser inadmitida porque no fue invocada ante el magistrado instructor. Sin 
embargo, el examen de las actuaciones permite concluir que el óbice alegado no puede 
ser estimado. Como con más detalle hemos expuesto en los antecedentes, al iniciarse la 
campaña electoral, mediante escrito de 7 de diciembre de 2017 que ha sido aportado 
con la demanda de amparo, el recurrente solicitó al magistrado instructor [con expresa 
invocación de los derechos políticos reconocidos por el art. 23 CE, el art. 25 del Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) y el art. 12 CDFUE, así como el 
derecho a la presunción de inocencia reconocido por el art. 24.2 CE y el art. 48.1 
CDFUE] que le otorgara permisos para acudir a los actos de campaña de su candidatura 
(custodiado por las fuerzas de seguridad, si se consideraba oportuno); le autorizase a 
conceder, en el centro penitenciario en el que se encontraba interno, las entrevistas que 
le fueren solicitadas por los medios de comunicación durante el periodo electoral, así 
como a conectarse a internet en un horario amplio que le permitiera intervenir en la 
campaña, dando a conocer las propuestas de su candidatura a través de las redes 
sociales. De esta manera, dio ocasión al magistrado instructor a pronunciarse sobre tal 
invocación, lo que reiteró en el recurso de apelación planteado ante la sala de recursos 
del Tribunal Supremo, que también se pronunció sobre tales vulneraciones. Quedó así 
preservado el carácter subsidiario del recurso de amparo, «evitando que el acceso a esta 
jurisdicción constitucional se produzca per saltum, es decir, sin brindar a los órganos 
judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada 
como fundamento del recurso de amparo constitucional» (por todas, SSTC 42/2010, 
de 26 de julio, FJ 2; 91/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, y 12/2011, de 28 de febrero, 
FJ 2). Prueba de ello es que tanto la resolución del magistrado instructor, como la que la 
confirma en apelación, motivaron sus decisiones a partir del contenido de los derechos 
políticos y de presunción de inocencia alegados.
La aplicación de la doctrina expuesta al desarrollo del proceso en la vía judicial nos 
lleva a apreciar que la queja de amparo que denuncia ahora la vulneración del derecho 
de  participación  política  representativa  y  acceso  al  cargo  público  (art.  23  CE)  fue 
debidamente invocada por el recurrente y, en consecuencia, la causa de inadmisibilidad 
planteada, ex art. 44.1 c) LOTC, debe ser desestimada. Abordaremos a continuación el 
segundo  óbice  de  admisibilidad  planteado  por  el  abogado  del  Estado,  sobre  la 
denunciada parcialidad de uno de los magistrados que integraron la sala de apelación.
3.  La invocación del derecho a un juez imparcial no ha agotado la vía judicial previa 
y es prematura.
Distinta es la conclusión a la que debemos llegar en relación con el cumplimiento de  bo
los requisitos de admisibilidad respecto a la queja que denuncia la vulneración del  21ww
(daerrte. c2h4o.2 a C uEn) ,j udeazd oim qpuaer csiea l,h vae artcieundtideo d ae l lad evríeac dheo  aam upna proro sciens qou ceo sne t ohdaaysa nla asg goataradnot ílaass 
póorgsaibniolidsa ddee sla  jquuries dieclc ióonrd oerndainmaireian t[oa rtp. r4o4p.o1r cai)o LnOa TpCa]r.a  lograr  tal  protección  ante  los
Como hemos anticipado, entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se 
encuentra, como expresión del carácter subsidiario del recurso de amparo, el que, 
previamente  a  acudir  ante  este  Tribunal  solicitando  la  protección  de  los  derechos 
fundamentales pretendidamente vulnerados, se hayan agotado las posibilidades que el 
ordenamiento proporciona para lograr tal protección ante los órganos de la jurisdicción 
ordinaria [art. 44.1 a) LOTC].
En la vía judicial previa, el recurrente planteó ante la sala de recursos la recusación 
de  uno  de  sus  magistrados  por  supuesta  parcialidad  objetiva.  La  pretensión  fue 
inadmitida a limine al considerarla extemporánea (providencia de 12 de febrero de 2018). 
La inadmisión fue recurrida en súplica con subsidiaria petición de nulidad de actuaciones 
(ex art. 241 LOPJ), pretensión que fue también desestimada por providencia de 14 de 
febrero siguiente. En la demanda se alega que la inadmisión a limine del incidente de 
recusación ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, a un procedimiento con 
todas las garantías y al juez imparcial (arts. 24.1 y 2 CE).
Con independencia del contenido concreto de la cuestión de fondo planteada en la 
recusación y en la demanda de amparo, para evaluar la admisibilidad de la queja es 
relevante el momento procesal en el que ha sido presentado el presente recurso. En este 
caso, como en los analizados en las SSTC 129/2018, 130/2018, y 131/2018, de 12 de 
diciembre;  20/2019,  de  12  de  febrero,  38/2019  y  39/2019  de  26  de  marzo,  nos 
encontramos de nuevo en un supuesto en el que, en fase de instrucción, sin haber 
finalizado el proceso a quo, se acude ante este Tribunal en demanda de amparo por una 
aducida vulneración del derecho al juez imparcial producida en el seno de un proceso 
penal  que  se  hallaba  aún  en  curso  en  el  momento  de  presentarse  la  demanda 
(SSTC 129/2018; 130/201; 131/2018, de 12 de diciembre; 20/2019, de 12 de febrero, 
y 38/2019 y 39/2019 de 26 de marzo). Tal circunstancia procesal, puesta en relación con 
la  naturaleza  y  contenido  del  derecho  fundamental  alegado  (art.  24.2  CE),  impide 
entender satisfecha la previsión establecida en el artículo 44.1 a) LOTC.
Como señaló la STC 147/1994, de 12 de mayo, FJ 3, en casos como el presente, en 
tanto se cuestiona en amparo la decisión adoptada después de haber presentado los 
recursos ordinarios que caben contra la misma, puede parecer que los demandantes han 
agotado los recursos legalmente exigibles en la vía incidental o interlocutoria en la que 
se adoptan las decisiones judiciales cuestionadas (habitualmente recursos de reforma y 
apelación), pero la satisfacción del requisito de admisibilidad dirigido a garantizar la 
subsidiariedad del recurso de amparo es solo aparente cuando, no habiendo finalizado el 
proceso, tiene el demandante todavía ocasión de plantear ante la jurisdicción ordinaria la 
vulneración de los derechos fundamentales invocados y tiene también la posibilidad de 
que esa denunciada vulneración de derecho fundamental sea apreciada. Dicho de otra 
forma, no se trata propiamente del agotamiento de los concretos recursos previstos 
procesalmente contra la resolución cuestionada en sí misma considerada, sino de la 
visión en su conjunto del proceso judicial previo, para descartar que aún quepa en su 
seno el planteamiento y reparación de la supuesta vulneración; por lo que el respeto a la 
naturaleza subsidiaria del amparo exige que, sobre cada contenido concreto, se espere a 
que la vía judicial finalice por decisión firme y definitiva, lo que conlleva inevitablemente 
asumir una cierta dilación en el pronunciamiento sobre tales contenidos.
Por ello, en particular en lo que se refiere al proceso penal, hemos venido manteniendo 
una regla general, a tenor de la cual, «en aquellos casos en los que el proceso aún no ha 
concluido por decisión que se pronuncie sobre la condena o absolución, e incluso en los 
que la celebración del juicio oral no ha tenido lugar, resulta prematura la invocación de  s
lesiones  que  podrían  ser  examinadas  ulteriormente  en  el  curso  del  proceso»  oe.
(SSTC 73/1999, de 26 de abril, FJ 2; 76/2009, de 23 de marzo, FJ 3, y 78/2009, de 23 de  w.
marzo, FJ 2). En las sentencias citadas, y en la jurisprudencia a la que se remiten, se ha  21ww
creointesrtaitduoci oqnuael  v«uelln emraadrcoo  pnoar tular aal cetuna ceiló nq udee lh aó rgdaen oin tjeunritsadriscec iolan arle peas raecl iómni sdmeol  dperoreccehsoo 
judicial previo, de tal modo que, en principio, solo cuando este haya finalizado por haber
recaído  una  resolución  firme  y  definitiva  puede  entenderse  agotada  la  vía  judicial  y, 
consecuentemente, es posible acudir ante este Tribunal en demanda de amparo».
Dado que la queja invoca el derecho a un juez imparcial como vertiente del derecho 
a un proceso con todas las garantías, hemos de reiterar también que este Tribunal ha 
concluido, de forma reiterada y continua, que la resolución judicial que en una causa 
penal pone término al incidente de recusación, pese a su finalidad e importancia sobre el 
desarrollo del proceso penal, no supone tampoco el agotamiento de la vía judicial previa. 
No sólo porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 228.3) prevé expresamente que 
«contra la decisión del incidente de recusación no se dará recurso alguno, sin perjuicio 
de hacer valer, al recurrir contra la resolución que decida el pleito o causa, la posible 
nulidad de esta por concurrir en el juez o magistrado que dictó la resolución recurrida, o 
que integró la Sala o Sección correspondiente, la causa de recusación alegada», sino 
porque, además, si se llegara a decretar la apertura del juicio oral, en su fase preliminar, 
tanto en el procedimiento abreviado, como en el proceso ordinario por delito a través de 
las cuestiones de previo pronunciamiento –según ha entendido la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo desde 1982–, es posible hacer valer y obtener la reparación de las 
supuestas vulneraciones de derechos fundamentales que se aleguen por las partes 
(ATC 173/1995, de 6 de junio, FJ 2). Desde entonces, en numerosas resoluciones hemos 
apreciado la falta de agotamiento de la vía judicial como causa de inadmisión de las 
pretensiones de amparo que cuestionan directamente la inadmisión o desestimación de 
los incidentes de recusación planteados, ya sea contra el juez instructor de la causa o 
alguno de los magistrados que integran la sala de enjuiciamiento (SSTC 32/1994, de 31 
de enero; 196/1995, de 19 de diciembre; 63/1996, de 16 de abril; 205/1997, de 25 de 
noviembre; 18/2000, de 31 de enero, FJ 5; así como en los AATC 168/1995 y 173/1995, 
de 6 y 7 de junio, y 414/1997, de 15 de diciembre).
Tal  previsión  no  se  refiere  únicamente  al  pronunciamiento  de  fondo  sobre  la 
apariencia de imparcialidad que se cuestione, sino que se extiende a las supuestas 
vulneraciones de derechos procesales que se alegue que se hubieran producido durante 
la  tramitación  del  incidente  de  recusación  (STC  205/1997,  de  25  de  noviembre, 
y 69/2001, de 17 de marzo). En la última de las resoluciones citadas (fundamento 
jurídico 12, in fine) se expuso que «las irregularidades y defectos procesales que puedan 
producirse  en  la  tramitación  de  un  incidente  de  recusación  “únicamente  poseen 
relevancia  constitucional  si  tienen  una  incidencia  material  concreta”  (por  todas, 
SSTC 230/1992, de 14 de diciembre, y 6/1998, de 13 de enero); es decir, “si de ellas se 
ha derivado finalmente una efectiva indefensión material” (STC 138/1999, de 22 de julio, 
FJ 4 y resoluciones allí citadas)». En tal sentido, no ha sido sino una vez dictada 
sentencia que pone fin al proceso penal, cuando este Tribunal ha tenido oportunidad de 
pronunciarse  sobre  decisiones  judiciales  de  inadmisión  a  limine  de  incidentes  de 
recusación  que  han  sido  cuestionadas  desde  la  perspectiva  del  artículo  24.1  CE 
(SSTC  136/1999,  de  20  de  julio,  FFJJ  3  a  5;  69/2001,  de  17  de  marzo,  FJ  12, 
y 155/2002, de 22 de julio, FFJJ 2 a 6). Por tanto, si existen aún posibilidades de que las 
supuestas  vulneraciones  sean  alegadas  y  reparadas  en  la  vía  judicial,  habrá  de 
esperarse  a  dichos  pronunciamientos  para  poder  valorar  si  se  ha  producido  una 
indefensión material constitucionalmente relevante.
Las consideraciones y doctrina constitucional expuestas permiten concluir, dado el 
momento procesal en el que se ha planteado la demanda, en el que permanecía abierto 
un cauce procesal legalmente pertinente en el que dilucidar las cuestiones en la vía 
judicial, que las vulneraciones alegadas (arts. 24.1 y 24.2 CE) han sido planteadas de  s
forma prematura en este proceso de amparo, lo que justifica su inadmisión a trámite. oe.
4.  La invocación del derecho a la participación y a la representación política (art. 23  21ww
CE): jurisprudencia constitucional sobre su contenido y límites.
reprEesl endteamciaónnd paonltíeti cad efr enatme paa rlaos  dinevcoisciao nessu sju ddiceiraelechs oims pau gnlaa dapsa rptiocrip laasc ióqnu e,y d eab idloa 
a su situación de prisión provisional y al riesgo de reiteración delictiva que la justifica, vio
parcialmente denegada su triple petición, dirigida al magistrado instructor: a) para que le 
autorizara a disfrutar de permisos penitenciarios que le permitieran acudir a los actos de 
campaña de su candidatura (concretamente a dos mítines), incluidos aquellos debates a 
los que fuera invitado por los medios de comunicación, debidamente custodiado por las 
fuerzas de seguridad del Estado, si se consideraba necesario; b) para que, durante el 
período electoral, se le consintiera atender a los medios de comunicación, desde el 
centro penitenciario en el que se encuentra interno, concediendo las entrevistas que le 
fueran solicitadas; c) para que se le permitiera el acceso a Internet desde el centro 
penitenciario, en un horario amplio que le posibilitase dar a conocer a través de las redes 
sociales las propuestas de su candidatura.
Entiende que la ponderación de los derechos fundamentales alegados e intereses 
cautelares  tomados  en  consideración  debió  conducir  a  autorizar  las  medidas  de 
excarcelación y ampliación de comunicaciones personales y acceso a internet que había 
solicitado. Califica como desproporcionada e insuficientemente justificada la decisión 
judicial desestimatoria en cuanto hace prevalecer los fines de la prisión provisional sobre 
los derechos fundamentales que alega. Cuestiona también la suficiencia y base objetiva 
del riesgo de reiteración delictiva tomado en consideración por el magistrado instructor.
Dado  el  conjunto  de  alegaciones  que  sustentan  su  queja,  al  igual  que  hemos 
expuesto en las STC 4/2020, de 15 de enero, FJ 3, y 23/2020, de 13 de febrero, FJ 4, 
ambas  relativas  a  la  petición  por  el  demandante  de  permisos  penitenciarios 
extraordinarios dirigidos a participar personalmente en el debate de su investidura, o 
subsidiariamente  de  forma  no  presencial,  el  análisis  sobre  si  se  ha  producido  la 
denunciada lesión del derecho de acceso a los cargos públicos representativos, en las 
dos vertientes que le reconoce el art. 23 CE, exige tomar en consideración la reiterada 
doctrina  constitucional  sobre  el  contenido  y  la  vinculación  existente  entre  ambos 
derechos fundamentales.
A)  De sus pronunciamientos, por referencia a lo expresado en la STC 155/2019, 
de 28 de noviembre, FJ 15, a la cual hemos de remitirnos íntegramente, cabe extractar 
las siguientes conclusiones:
a)  El derecho a acceder a los cargos de naturaleza representativa en condiciones 
de  igualdad  con  los  requisitos  que  señalen  las  leyes  (art.  23.2  CE),  tiene  como 
presupuesto,  e  incluye,  la  posibilidad  de  participar  en  la  campaña  electoral  en 
condiciones equitativas, sin limitaciones injustificadas o desproporcionadas, haciendo así 
posible  que  las  distintas  fuerzas  políticas  ofrezcan  al  electorado,  conforme  a  los 
principios de pluralismo e igualdad, las diversas propuestas y opciones políticas que 
concurren a los comicios en orden a la captación de sufragios (art. 50.4 Ley Orgánica de 
régimen electoral general).
Es oportuno reiterar que, al igual que la libertad de expresión, el derecho de sufragio 
pasivo, en tanto incluye el de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos 
representativos mediante un proceso electoral equitativo, ocupa también «una relevante 
posición constitucional porque sirve al principio del pluralismo político (art. 1.1 CE) y, a 
través  de  este,  al  propio  principio  democrático  que  está  en  la  base  de  nuestro 
ordenamiento constitucional» (STC 36/2003, de 25 de febrero, FJ 2). Como señalamos 
en la citada resolución, «es preciso asegurar que todas y cada una de las fuerzas 
políticas  que  se  presentan  a  cualquiera  de  estos  comicios  pueda  hacer  valer  sus 
propuestas ante los electores para que estos puedan ejercer libremente su sufragio».
Esta garantía de igualdad que preside el ejercicio de los derechos garantizados por  e
el art. 23 CE resulta de particular relevancia cuando, como ocurre en el presente caso, la  bo
petición de amparo se presenta por quien aspira como candidato a obtener un cargo  21ww
rtaemprbeiséenn taafteivcota pdoor  eell edcecrieócnh mo eddei alnotse  csiuufdraadgaion ousn ivae rpsaarlt,i cyiap aqr ueen,  elons t aals suunptouse sptoú,b rliecsousl taa 
streapvtéiesm dber es,u sF Jre 6p;r e7s1e/n1t9a8n9te, sd, er e2c0o ndoec idaob reiln,  FeJl  a3r;t . 8213/.119 C89E,  [dSeS T3C d e1 6n1o/1v9ie8m8,b rdee,  2F0J  d4e; 
177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 36/2003, de 25 de febrero, FJ 2; 1/2015, de 19 de
enero, FJ 3, y 47/2018, de 26 de abril, FJ 3 a)]. De esta suerte, el derecho del art. 23.2 
CE, así como indirectamente el que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos como 
vertientes del mismo principio de representación política, quedaría vacío de contenido, o 
no  sería  plenamente  eficaz,  si  quien  aspira  a  obtener  tal  representación  viera 
injustificadamente condicionada o indebidamente limitada su capacidad de dirigirse al 
electorado haciéndole llegar sus propuestas políticas, de la misma forma que ocurre 
cuando  el  representante  político  ya  elegido  se  ve  ilegalmente  privado  del  cargo  o 
perturbado en su ejercicio [SSTC 119/2011, de 5 de julio, FJ 3; 109/2016, de 7 de junio, 
FJ 3 a); 11/2017, de 30 de enero, FJ 3 a); 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 4 d), 
y 49/2018, de 10 de mayo, FJ 4].
b)  El derecho de acceso a los cargos públicos es un derecho de configuración 
legal.  Corresponde  a  la  ley  (concepto  en  el  que  se  incluyen  los  reglamentos 
parlamentarios) ordenar los derechos y facultades que pueden ejercer a su amparo los 
distintos cargos públicos, pasando aquéllos, en virtud de su creación legal, a quedar 
integrados en el estatus propio de cada cargo, con la consecuencia de que, una vez 
obtenido, sus titulares podrán defender, al amparo del art. 23.2 CE, el ius in officium que 
consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos de los poderes públicos 
[SSTC 27/2000, de 31 de enero, FJ 4; 36/2014, de 27 de febrero, FJ 5; 107/2016, de 7 
de junio, FJ 4 B); 143/2016, de 19 de septiembre, FJ 3; 224/2016, de 19 de diciembre, 
FJ 2 b); 11/2017, de 30 de enero, FJ 3 b); 47/2018, de 26 de abril, FJ 3 b), y 49/2018, 
de 10 de mayo, FJ 4]. En cualquier caso, el desarrollo legal del haz de facultades que 
conforman el contenido de estos derechos ha de respetar el principio de igualdad y el 
resto  de  los  derechos  fundamentales  que  la  Constitución  garantiza,  así  como 
salvaguardar su naturaleza [STC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4 a), con cita de las 
SSTC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2, y 24/1990, de 15 de febrero, FJ 2].
c)  El  derecho  a  acceder  en  condiciones  de  igualdad  a  los  cargos  públicos 
representativos no es incondicionado o absoluto, no es ilimitado, en la más usual de las 
formulaciones; «es, por el contrario, un derecho delimitado [en su contenido tanto] por su 
naturaleza como por su función» (STC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 6). El legislador 
puede regularlo e imponer limitaciones y restricciones a su ejercicio que, respetando ese 
contenido y los imperativos del principio de igualdad, se ordenen desde la perspectiva 
constitucional a un fin legítimo, en términos proporcionados a dicha válida finalidad. Las 
limitaciones y restricciones al ejercicio del derecho pueden provenir de las normas 
legales que lo regulen o incidan en el mismo y, por tanto, también de los aplicadores de 
dichas normas y, en especial, de los órganos judiciales, si bien en este caso tales 
injerencias, de conformidad con nuestra doctrina sobre los límites o restricciones que 
pueden sufrir los derechos fundamentales, han de estar previstas por la ley, han de 
responder  a  un  fin  constitucionalmente  legítimo,  han  de  ser  adoptadas  mediante 
resolución  judicial  especialmente  motivada  y,  en  fin,  no  han  de  manifestarse 
desproporcionadas en relación con la finalidad perseguida por ellas (SSTC 207/1996, 
de 16 de diciembre, FJ 4; 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6; 11/2006, de 16 de enero, 
FJ 2, y 96/2012, de 7 de mayo, FJ 7).
B)  Los criterios reseñados de la doctrina de este Tribunal son semejantes a los que 
se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el 
art. 3 del Protocolo núm. 1 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de 
las libertades públicas (CEDH). Sus principios generales aparecen expuestos en la 
STEDH de 8 de abril de 2010, asunto Namat Aliyev c. Azerbaiyán, §§ 70-73. Dicha 
jurisprudencia, ex art. 10.2 CE, constituye un relevante elemento hermenéutico en la  e.
determinación del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución  w.b
reconoce (SSTC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 8; 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5,  21ww
y 8/2017, de 19 de enero, FJ 4).
Protao)c olEo l Tnrúibmu.n a1l  Eucoronpseaog rad e uDne repcrhinocsip Hiou mfuanndoasm hean tdael steanc aduon  quréeg i«meel na rt.p o3l ítdiceol 
verdaderamente  democrático  y,  por  tanto,  reviste  en  el  sistema  del  Convenio  una
importancia capital [STEDH de 2 de marzo de 1987 (asunto Mathieu-Mohin y Clerfayt c. 
Bélgica, § 47)]. La democracia representa un elemento fundamental del ‘orden público 
europeo’, y los derechos garantizados por el art. 3 del Protocolo núm. 1 son cruciales 
para  el  establecimiento  y  el  mantenimiento  de  los  fundamentos  de  una  verdadera 
democracia regulada por la preeminencia del Derecho [STEDH de 16 de marzo de 2006 
(asunto Zdanoka c. Letonia, §§ 98 y 103)]» [STEDH de 30 de junio de 2009 (asunto 
Etxeberría y otros c. España, § 47)].
El Tribunal recuerda que el art. 3 del Protocolo núm. 1 garantiza a toda persona el 
derecho a presentarse como candidato en las elecciones y, una vez elegido, a ejercer su 
mandato [SSTEDH de 5 de abril de 2007 (asunto Silay c. Turquía § 27); de 29 de 
noviembre de 2007 (asunto Sobaci c. Turquía § 27), y de 13 de octubre de 2015 (asunto 
Riza y otros c. Bulgaria § 141)].
b)  Los derechos reconocidos en el art. 3 del Protocolo núm. 1 no son absolutos. Tal 
como los reconoce el art. 3, sin enunciarlos en términos expresos ni definirlos, hay 
espacio para «las limitaciones implícitas» [STEDH de 1 de julio de 1997 (asunto Gitonas 
y otros c. Grecia, § 39)]. Los estados gozan de un amplio margen de apreciación al 
imponer  condiciones  al  derecho  de  voto  y  de  presentarse  a  las  elecciones, 
correspondiendo  al  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  determinar  en  última 
instancia  si  los  requisitos  de  este  artículo  se  han  cumplido.  Para  ello,  «tiene  que 
convencerse de que las condiciones no restringen los derechos en cuestión hasta el 
punto de menoscabar su propia esencia y privarlos de su eficacia; que se impongan en 
pos  de  un  fin  legítimo;  y  que  los  medios  empleados  no  son  desproporcionados  o 
arbitrarios (SSTEDH asunto Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica, anteriormente citada, § 
52, y asunto Gitonas y otros c. Grecia, también citada, § 39)» [SSTEDH de 6 de abril 
de  2000  (asunto  Labita  c.  Italia,  §  201),  y  21  de  febrero  de  2012  (asunto  Abil  c. 
Azerbayan, § 43)].
La noción de «limitación implícita» que se deriva del art. 3 del Protocolo número 1 al 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales significa también que, al enjuiciar su alegada vulneración, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos no aplica los criterios tradicionales de «necesidad» o de 
«necesidad social imperiosa» que son los empleados en el ámbito de los arts. 8 (derecho 
al respeto a la vida privada y familiar), 9 (libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión), 10 (libertad de expresión) y 11 (libertad de reunión y asociación) del Convenio. 
Cuando tiene que conocer de cuestiones referidas a la conformidad de una restricción al 
art. 3 del Protocolo núm. 1, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se atiene 
esencialmente a dos criterios: por una parte, investiga si hubo arbitrariedad o falta de 
proporcionalidad y, por otra, si la restricción atentó contra la libre expresión de la opinión 
pública (asunto Zdanoka c. Letonia, de 16 de marzo de 2006, citada, § 115).
c)  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha distinguido, en orden a delimitar 
el control a efectuar sobre las medidas restrictivas que los Estados puedan imponer, 
entre el derecho de voto, en el aspecto «activo», y el derecho a presentarse a las 
elecciones, que constituye su aspecto «pasivo». Si en relación al aspecto «activo», el 
control  a  efectuar  por  el  Tribunal  implica  una  valoración  más  amplia  de  la 
proporcionalidad de las disposiciones legales que privan a una persona o a un grupo de 
personas del derecho de voto; respecto al aspecto «pasivo», que garantiza el derecho de 
todo individuo a presentarse como candidato en las elecciones y, una vez elegido, a 
ejercer su mandato [STEDH de 11 de junio de 2002 (asunto Selim Sadak y otros c. 
Turquía, § 50)], el control «se limita esencialmente a comprobar que el derecho alegado  s
no ha perdido su eficacia y que su esencia no se ha visto alterada (asunto Uspaskich c.  oe.
Lituania  [20  de  diciembre  de  2016]  ya  citado),  o,  en  otros  casos,  la  ausencia  de  w.
arbitrariedad en los procesos internos que conducen a privar a un individuo de la  21ww
deele g1i6b idlidea md a[rSzSoT dEeD 2H0 0d6e  (1a9s udnet oo cZtduabnreo kdae  c2. 0L0e4to (naisau, nctiota Mdae,l n§i t1c1h5e)n]»k.o c. Ucrania, § 57) y
5.  Incidencia  de  la  aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  expuesta:  la 
denegación de permisos penitenciarios solicitados para asistir a algunos mítines de 
campaña electoral.
En las recientes SSTC 4/2020, de 15 de enero, FJ 4, y 23/2020, de 13 de febrero, 
FJ  5,  hemos  analizado  la  incidencia  que  la  situación  de  prisión  provisional  del 
demandante ha tenido sobre sus dos pretensiones sucesivas de participación en la 
sesión  de  investidura  como  presidente  de  la  Generalitat  para  las  que  había  sido 
propuesto como candidato. Aunque en el presente caso el demandante aún no había 
accedido  al  cargo  de  diputado  autonómico  cuando,  durante  la  campaña  electoral, 
formuló las pretensiones cuya desestimación fundamentan su queja de amparo, el riesgo 
de  reiteración  delictiva  tomado  en  consideración  por  el  magistrado  instructor  como 
interés prevalente para denegar los permisos penitenciarios solicitados en este caso, 
justifica, al abordar el análisis de la presente queja, traer a colación algunas de las 
consideraciones allí expuestas.
Dijimos entonces que los derechos de participación política reconocidos en el art. 23 
CE no son, en sí mismos, obstáculo que impida acordar y mantener en el tiempo la 
prisión  provisional  de  un  parlamentario  cuando  concurran  las  condiciones 
constitucionales y legales que la hacen legítima. Esta conclusión se extiende a un 
momento precedente, al derecho de acceso al cargo público representativo, cuando 
quien aspira al mismo se encuentra ya en situación de prisión preventiva y conoce las 
limitaciones que la medida cautelar impone por sí misma a su libertad deambulatoria y al 
resto de derechos que son incompatibles con el objeto de su detención (art. 3.1 LOGP).
De otra parte, en la STC 155/2019, de 28 de noviembre, al resolver el recurso de 
amparo  planteado  por  otro  de  los  investigados  en  la  misma  causa  penal  (señor 
Junqueras i Vies) cuya prisión cautelar fue decretada juntamente con la del señor 
Sánchez i Picanyol, hemos declarado constitucionalmente legítimo el mantenimiento de 
la prisión provisional acordado el 4 de diciembre de 2017 (un día antes de iniciarse la 
campaña electoral), decisión que fue ratificada por auto de 5 de enero de 2018, al 
desestimar el recurso de apelación al que el recurrente se había adherido. Apreciamos 
entonces que la prisión provisional se apoyaba en indicios de criminalidad basados en 
datos  objetivos,  se  fundamentó  en  una  finalidad  constitucionalmente  legítima 
razonadamente  apreciada  (conjurar  el  riesgo  de  reiteración  delictiva  concurrente)  y 
superaba el juicio de proporcionalidad de la limitación de los derechos fundamentales en 
juego, tanto la libertad personal como el derecho de representación política que derivaba 
–en ese caso– de su condición de candidato a las elecciones autonómicas [FJ 20 d)]. En 
el mismo sentido nos hemos pronunciado en la STC 3/2020, de 15 de enero, con 
relación a la posterior ratificación de la prisión provisional del demandante de amparo por 
auto de 6 de febrero de 2018 del magistrado instructor.
A partir de dichas consideraciones, dado que también el derecho de acceso a los 
cargos públicos representativos ha de ejercerse sin restricciones indebidas, pero de 
conformidad con los requisitos que señalen las leyes (arts. 23 CE y 25 PIDCP), hemos 
estimado  legítimas  las  limitaciones  que  en  el  ejercicio  de  su  derecho  derivan 
indefectiblemente de la situación de prisión provisional (ATC 55/2018, de 22 de mayo). Y 
hemos declarado también que decisiones judiciales como las cuestionadas en este 
recurso de amparo, en lo que se refiere a la denegación de permisos penitenciarios 
extraordinarios que atenúen temporalmente la restricción de su libertad personal, no son 
la fuente directa de las limitaciones que fundamentan su queja, sino que estas derivan ya 
de una previa y legítima situación de prisión provisional. s
No podemos dejar de constatar que, en noviembre de 2017, cuando su formación  oe.
política le designó como candidato a las elecciones autonómicas catalanas –postulación  w.
que nunca antes había sido propuesta–, el demandante era plenamente consciente de  21ww
elasst acbolencsiedcou eenl cTiarisb udnea ls uE usriotupaecoió nd ed eD eprreiscihóons  pHrouvmisaionnoasl ; eenn  ucno ncsaescou esnicmiail,a rc o(amsou nhtoa 
Uraszpoansakbiclehm ce. nLtietu aqnuiae,  dsee 2 0le d ep deircmieitmiebrare  dpea r2ti0c1ip6a,r a netne s ecistaads o,e §le 9c0ci)o «nneos  posidní a neisnpgeurnaar   BOE-A-cable e
restricción, en pie de igualdad con otros candidatos que no eran objeto de proceso penal 
alguno».
Como  ha destacado el ministerio  fiscal en  sus alegaciones, y examinaremos a 
continuación,  aún  con  las  limitaciones  que  derivan  de  su  situación  cautelar,  el 
demandante ha participado directa e indirectamente en la campaña electoral de las 
elecciones autonómicas de 21 de diciembre de 2017. Si bien no ha podido hacerlo 
presencialmente en los mítines convocados al efecto, no es cierto que no haya podido 
transmitir  en  ningún  momento  de  manera  efectiva  sus  propuestas  electorales  a  la 
ciudadanía. En la propia demanda de amparo se hace referencia a que en uno de los 
actos centrales de la campaña de su candidatura se reprodujo la grabación de un 
mensaje  personal  del  demandante,  transmitido  a  través  de  una  llamada  telefónica 
efectuada desde el centro penitenciario donde se encontraba internado (STC 75/2019, 
de 22 de mayo, antecedente segundo). De otra parte, la prisión provisional decretada no 
es  incomunicada,  de  manera  que  ha  contado  con  las  posibilidades  ordinarias  de 
comunicación  exterior  reconocidas  en  el  ordenamiento  penitenciario  a  los  presos 
preventivos; al igual que, si bien de forma limitada, el magistrado instructor le autorizó la 
posibilidad de acceso a internet que estuviese prevista en el régimen ordinario del centro 
penitenciario.  Sobre  el  uso  que  haya  podido  hacer  de  estas  oportunidades  de 
comunicación nada se expresa en la demanda.
De otra parte, al evaluar el grado de limitación padecida y el efecto que tuvo sobre su 
participación  equitativa  en  la  campaña  electoral,  no  podemos  dejar  de  tomar  en 
consideración que el candidato era ya un líder social conocido en el ámbito territorial 
catalán como presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), así como que las 
candidaturas al Parlamento de Cataluña se formulan en listas cerradas y bloqueadas; de 
forma que la organización política que representa la candidatura por la que se presentó y 
el resto de miembros que la integran, pudieron trasladar al electorado, indirectamente, 
pero de forma efectiva, sus propuestas políticas.
En consecuencia, dada la apreciación fundada de riesgo de reiteración delictiva que 
justificó el mantenimiento de su prisión provisional, debemos insistir ahora, con remisión 
a lo expuesto en la STC 4/2020, FJ 6, que la apreciación como legitimadores de los fines 
tomados en consideración por las resoluciones judiciales impugnadas para denegar los 
permisos  extraordinarios  solicitados  para  asistir  personalmente  a  algunos  mítines 
electorales, fuera del centro penitenciario, es coherente con la previsión legal que los 
regula, con la finalidad justificativa de la prisión provisional adoptada y expresa una 
adecuada ponderación de los derechos e intereses constitucionales en juego, lo que, en 
este  aspecto,  impide  calificar  las  limitaciones  cuestionadas  como  injustificadas, 
desproporcionadas o inequitativas, lo que conlleva la desestimación de la queja en este 
aspecto.
6.  La pretensión de ampliación de sus comunicaciones personales en el centro 
penitenciario y de la posibilidad de acceso a Internet.
Las  consideraciones  generales  expuestas  sobre  la  denegación  de  los  permisos 
penitenciarios solicitados son plenamente aplicables a la queja que califica como una 
limitación desproporcionada la negativa judicial a ampliar durante el período electoral la 
posibilidad de acceso a internet (para trasladar a los electores su propuesta política a 
través de las redes sociales) y también las comunicaciones personales desde el centro 
penitenciario con los medios de comunicación para conceder las entrevistas que le 
fueran solicitadas.
Atendiendo a la finalidad que justificó su petición, tal y como el demandante plantea  e.
en su demanda de amparo, ambas quejas han de ser también abordadas desde el  w.b
contenido del art. 23 CE, pese a que, en ocasiones como esta, el ámbito de protección  21ww
cdoenl tdeenrideocsh oc odne  eal cdcee sootr oas  udne reccahrgoos  fpuúnbdlaicmo ernetaplreess ecnotmatoiv,o p osre  esjeumpeprlop,o neel  aertn.  2a0lg.1u nCoEs 
dqeu ea gsoacraianctiizóan , lare luibneiórtna do  dme aenxifpersetsaicóinó ne  (ianrftosr.m 2a1c iyó n2,2 o C loEs) . qEuse  irnedcuodnaobcleen q luoes  edxeirsetceh uons 
vínculo entre estos derechos de libertad, que no es otro que la necesidad de garantizar
el respeto del pluralismo político y de opinión en una sociedad democrática a través del 
ejercicio  de  las  libertades  cívicas  y  políticas.  Aunque  la  Constitución  debe  ser 
interpretada en su conjunto, cuando se trata de una injerencia en el art. 23.2 CE como la 
alegada, en la medida en que se cuestiona el grado de participación en la campaña 
electoral que le ha sido permitido al recurrente, no son únicamente aplicables a su 
resolución los parámetros constitucionales de análisis que utilizamos en relación con las 
injerencias en el resto de los derechos fundamentales a los que hemos hecho referencia, 
con cuyos contenidos parcialmente coincide. Hemos reconocido reiteradamente que el 
art. 23 CE establece también derechos individuales específicos, pero expresa también 
un  contenido  estructural  o  principial  de  participación  política  relacionado  con  el 
pluralismo político, razón esta por la que, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha establecido al analizar las limitaciones al artículo 3 del Protocolo núm. 1 
[asunto Zdanoka c. Letonia, § 115, a)], las reglas que deben aplicarse preferentemente 
para valorar su cumplimiento son las relacionadas con el contenido del derecho a 
participar  en  condiciones  equitativas  y  sin  restricciones  indebidas  en  la  campaña 
electoral (art. 23.2 CE) y no las que justifican otras limitaciones en el contenido de 
derechos vinculados a este.
Resulta  indudable  que  los  ciudadanos  privados  de  libertad  son  titulares  de  los 
derechos fundamentales reconocidos a todos, aunque el ejercicio de tal titularidad viene 
delimitado por el hecho de poseer un status libertatis sustancialmente más reducido que 
el de los ciudadanos libres. Así se reconoce para los penados en el art. 25.2 CE y en el 
art. 3.1 LOGP al que antes hicimos referencia. En el caso de quienes cumplen condena 
privativa de libertad, los parámetros constitucionales de delimitación de sus derechos 
fundamentales son el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley 
penitenciaria,  en  cuanto  regula  la  convivencia  colectiva  ordenada  en  los  centros 
penitenciarios (STC 6/2020, de 27 de enero, FJ 3). En el caso de los presos preventivos, 
no es el fallo condenatorio ni el sentido de la pena lo que delimita el ejercicio de sus 
derechos sino, fundamentalmente, el objeto de su detención y la finalidad de tutela 
cautelar penal que con su privación de libertad se persigue.
Por tanto, el análisis de la presente queja ha de partir, como premisa, de lo expuesto 
en la STC 4/2020, de 15 de enero, FJ 5 A), sobre la situación de prisión preventiva. 
Recordamos entonces que el art. 3 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
general penitenciaria, establece un mandato, dirigido a sus aplicadores, según el cual la 
actividad penitenciaria se ha de ejercer «respetando, en todo caso, la personalidad 
humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados 
por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, 
creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga 
naturaleza». Como consecuencia, el mismo precepto establece como corolario que los 
internos  pueden  «ejercitar  los  derechos  civiles,  políticos,  sociales,  económicos  y 
culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el 
objeto de su detención o el cumplimiento de la condena». La norma extiende así su 
mandato de optimización a los presos preventivos objeto de detención y, al mismo 
tiempo, establece un límite específico: el ejercicio de estos derechos no será posible 
cuando no resulte conciliable con la finalidad que ha justificado la privación de libertad. 
De su enunciado cabe colegir que, en la medida en que sea materialmente posible, la 
norma se dirige a hacer compatibles la finalidad de las medidas cautelares y penas 
privativas de libertad con el resto de los derechos que definen el estatus jurídico en 
prisión de los internos. s
La  decisión  judicial  cuestionada  acordó  no  ampliar  el  régimen  ordinario  de  oe.
comunicaciones personales del demandante o su conexión a internet, por apreciar que,  w.
al igual que su pretensión de asistir personalmente a algunos mítines de la campaña  21ww
etrlaetcatdoora ld, ea cccoendjuerra ar,  lpaus ems isnmo assó l«op ofascibuilltiatarríaían  laesl  ismitpuualcsioo ndees  dmeo vriieliszgaoci oqnuees  lain pmriesdióiant ahsa, 
rseinsop uqeuseta  ap ulae dceonn foarpmroavceiócnh ainrsseti tupcaioran apl rqoupeic riaers uqltuee d elo lso st ucmomulitcoioss ,s oe  cmomatoe rriaelaiccecnió ne na   BOE-A-cable e
cualquier  actuación  política  que  cristalice  en  el  modo  que  rechaza  el  ideario  del 
encausado, tal y como los hechos investigados sugieren que ya aconteció». No son por 
tanto consideraciones de garantía de la ordenada convivencia en el centro penitenciario, 
ni tampoco de tutela de derechos fundamentales de terceros lo que, a diferencia del caso 
analizado en la citada STC 6/2020, ha justificado denegar la ampliación solicitada. Son, 
de  nuevo,  consideraciones  de  tutela  cautelar  penal  las  que  justifican  la  denegada 
ampliación cuestionada.
Ya hemos declarado que dicha finalidad tutelar es legítima y también que es apta 
para justificar limitaciones en su derecho de participación política, lo que permitiría 
reiterar aquí los argumentos expresados en el precedente fundamento jurídico. A lo 
expuesto ha de añadirse que el demandante no se ha visto privado de su derecho a 
mantener comunicaciones personales orales y escritas con el exterior, sino que ha 
podido mantenerlas conforme a las pautas ordinarias que definen el régimen interno del 
centro penitenciario, por lo que no se trata de una exclusión absoluta que le haya 
impedido participar en la campaña electoral. Dicha constatación general permite ya 
concluir  que  la  afectación  a  su  derecho  de  acceso  al  cargo  representativo,  como 
consecuencia de haber visto denegada la ampliación de comunicaciones que solicitó, no 
ha significado una restricción de tal intensidad que haya menoscabado su propia esencia 
y le haya privado de su eficacia. Cabe destacar también que, siendo la planteada una 
cuestión de valoración del grado de participación que sí tuvo en el proceso electoral, no 
cabe en este proceso de amparo un análisis más específico de su queja porque el 
demandante no describe en su recurso las posibilidades de uso que sí ha tenido; esto 
es, no se refiere al uso que durante la campaña electoral ha podido hacer de las 
comunicaciones  orales,  telefónicas  y  escritas  que  tiene  autorizado,  por  lo  que  no 
contamos con datos externos suficientes que nos permitan hacer dicho juicio de valor.
7.  La invocación conjunta del derecho a la presunción de inocencia.
Como expresamos en la STC 4/2020, FJ 7, la toma en consideración del riesgo de 
reiteración delictiva para fundamentar la desestimación de las pretensiones formuladas 
por el recurrente no vulnera, tampoco en este caso, el derecho a la presunción de 
inocencia que ha sido alegado. Coincidimos en este aspecto con la valoración expresada 
por el ministerio fiscal en sus alegaciones: ninguna de las tres dimensiones que protege 
este derecho han resultado desconocidas. Resulta evidente que el recurrente no ha sido 
condenado por las resoluciones recurridas (regla de juicio), que tampoco se refieren a él 
como culpable, ni a través de ellas ha recibido anticipadamente tal tratamiento como 
consecuencia de su situación de preso preventivo (regla de tratamiento). Reiteradamente 
hemos señalado que la presunción de inocencia es compatible con la adopción de 
medidas cautelares en resolución fundada en Derecho que se base en un juicio de 
razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes [por 
todos, AATC 30/1997, de 29 de enero, FJ 5; 98/1986, FJ 3; y entre otras, SSTC 71/1994, 
de 3 de marzo, FJ 7; 66/1989, de 17 de abril, FJ 6, y 108/1984, de 26 de noviembre, FJ 2 
b); en el mismo sentido, STJUE de 19 de septiembre de 2018, asunto Emil Milev, 
C-310/18 PPU, pár. 44]. Por ello, una vez declarada legítima su prisión provisional por 
venir apoyada en indicios basados en datos objetivos (regla de interpretación de las 
medidas cautelares), tal apreciación se extiende también a aquellas restricciones de 
ejercicio que, como consecuencia, derivan de la privación de su libertad deambulatoria.
FALLO
En  atención  a  todo  lo  expuesto,  EL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL,  POR  LA 
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Inadmitir  el  presente  recurso  de  amparo  en  lo  que  respecta  a  la  alegada 
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en la 
vertiente del derecho a un juez imparcial.
2.º  Desestimar en todo lo demás el recurso de amparo interpuesto por don Jordi 
Sánchez i Picanyol.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos y don Fernando 
Valdés Dal-Ré y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la 
sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 2633-2018
Con el máximo respeto a nuestros compañeros del Pleno, manifestamos nuestra 
discrepancia  con  la  fundamentación  jurídica  y  con  el  fallo  de  la  sentencia,  que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a ejercer 
las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en 
relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través 
de sus representantes (art. 23.1 CE), al no haberse realizado la ponderación requerida 
por la afectación de este derecho.
El presente recurso de amparo avocado plantea la cuestión de la afectación al 
derecho de representación política de un candidato en un proceso electoral autonómico 
en situación de prisión preventiva por la adopción de una decisión denegatoria de un 
permiso de salida para acudir a dos actos electorales y de contactos adicionales con los 
medios de comunicación dentro del centro penitenciario para hacer entrevistas en el 
marco del proceso electoral. Por tanto, su objeto plantea notables semejanzas con lo 
resuelto en las SSTC 4/2020, de 15 de enero; 9/2020, de 28 de enero, y 23/2020, de 13 
de febrero, en que se desestimaron sendos recursos de amparo por la negativa a 
conceder  permisos  penitenciarios  a  diputados  autonómicos  en  situación  de  prisión 
preventiva para acudir a sede parlamentaria para ejercer concretas funciones, respecto 
de las que ya se formularon votos particulares.
Igualmente, su objeto está también íntimamente conectado con el resuelto en la 
STC  155/2019,  de  28  de  noviembre,  en  que  se  desestimó  el  recurso  de  amparo 
interpuesto por el ahora demandante de amparo contra la decisión de mantenimiento de 
su situación de prisión provisional cuando ya había accedido a la condición de diputado 
electo al Parlamento de Cataluña, al que, igualmente, se formuló voto particular. En este  s
último voto particular desarrollamos en el apartado I los aspectos constitucionales que  e.
considerábamos  relevantes  para  resolver  los  supuestos  de  prisión  provisional  de  w.
miembros de las cámaras legislativas autonómicas desde la perspectiva del art. 23 CE y  21ww
qquuee,  sme utrtaattais  dme uutnaan ddise,c issoiónn t aqmueb iséing udee i nacpidlicieancdióon e anl  lap rseistueancteió nre dceu rpsroiv eanc iólan  mdee dliibdear teand 
eqsu el ale  pimarptiidciep aucniaó nd ee lna su mnaa ncifaemstpaacñioan eesle dceto sraul .d eNreocsh ore dmei tirmeporse síenntetagcraiómne pnotelít icaa  lcoo malolí   BOE-A-cable e
afirmando y nos limitaremos en el presente voto particular a exponer las razones por las 
que consideramos que en este caso tampoco la decisión de denegar al recurrente el 
permiso para acudir a dos actos electorales o ampliar la comunicación con medios de 
comunicación como elemento participativo en la campaña electoral ha respondido a la 
ponderación constitucionalmente requerida por el derecho a la representación política.
1.  El juicio de proporcionalidad realizado en las resoluciones judiciales impugnadas: 
Las resoluciones judiciales impugnadas tenían como objeto resolver sobre la solicitud del 
recurrente,  candidato  en  unas  elecciones  autonómicas  en  situación  de  prisión 
provisional, de que se autorizara su asistencia a dos actos de campaña y de que se 
ampliaran  las  posibilidades  de  comunicación  con  la  prensa  dentro  del  centro 
penitenciario en el marco de ese proceso electoral.
Por lo que se refiere a la invocación del art. 23 CE, el auto de instancia desestima 
acceder a dichas solicitudes –lo que fue confirmado por sus propios fundamentos en 
apelación– destacando que, si bien la participación en la campaña electoral forma parte 
del  derecho  de  representación  política,  este  no  es  de  carácter  ilimitado  y  admite 
restricciones,  por  lo  que  «por  más  que  comporte  una  limitación  evidente  para  su 
participación en la campaña electoral, ni supone la imposibilidad de ser elegido, ni 
entraña  una  pérdida  o  una  alteración  esencial  de  la  efectividad  del  derecho  de 
participación democrática de quienes comparten el proyecto político que defiende su 
agrupación de electores o del propio encausado, pues el investigado no tiene hoy 
completamente anulada su capacidad de dirigirse al electorado y, de otro lado, su 
elegibilidad va engarzada de manera favorable a la de otros integrantes de la misma 
candidatura, que sí abordan plenamente las actividades de campaña». A ello añade que 
las autorizaciones solicitadas «precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que 
la prisión ha tratado de conjurar, pues no solo facultarían el impulso de movilizaciones 
inmediatas,  sino  que  pueden  aprovecharse  para  propiciar  que  los  tumultos  se 
materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios, o 
como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el 
ideario del encausado, tal y como los hechos investigados sugieren que ya aconteció» 
(fundamento de Derecho segundo).
2.  Aspectos  constitucionalmente  relevantes  del  juicio  de  proporcionalidad:  La 
función de este Tribunal en los procedimientos de amparo cuando se invoca un derecho 
sustantivo no se agota en un mero control externo del razonamiento de las resoluciones 
impugnadas, sino que, como máximo interprete en materia de garantías constitucionales 
[art. 123.1 CE, en relación con los arts. 53.2 y 161.1 b) CE, art. 5.1 LOPJ y art. 1 LOTC], 
tiene plenitud de jurisdicción para establecer el parámetro de protección de ese derecho 
sustantivo. De este modo, parece adecuado incluir una reflexión sobre los diversos 
criterios  o  elementos  constitucionalmente  relevantes  que  deberían  haber  estado 
presentes al realizar el necesario juicio de proporcionalidad y que se analizaron en la 
primera parte del voto particular formulado en la citada STC 155/2019. A estos efectos, y 
sin ánimo exhaustivo, cabe mencionar lo siguiente:
(i)  La relevancia en abstracto de los intereses constitucionales en conflicto: No es 
fácil  establecer  dentro  de  los  intereses  constitucionales  una  ordenación  axiológica. 
Priorizar en abstracto unos frente a otros es un complejo ejercicio habida cuenta de que 
los intereses constitucionales se desenvuelven dentro de un mismo sistema y, por tanto, 
coadyuvan  e  interactúan  entre  ellos  de  manera  equilibrada.  No  obstante,  no  cabe  s
renunciar en el juicio de proporcionalidad a valorar cuál es el peso específico de los  oe.
intereses en conflicto como un elemento más del razonamiento. En el presente caso,  w.
ucponomalít oipc oass edib ehlle a r erevceiutenrrrideaonc itóesn ey ñ,d aepllaoicnr tdiovotar,o  yc,  oelanl  cicnuatreruírsaéansc,  ipópúnob rdl icueon e  evlaned neotnu, eaerllev sad rea rlloetescr haroice isodgneoe srse  dpdereer islvaea ndntooasrcm iódanel    2020-4121n https://ww
convivencia ciudadana.
El derecho fundamental de representación política tiene una dimensión institucional 
al ser también instrumental del correcto funcionamiento del sistema de democracia 
parlamentaria. Su importancia estructural es de tal magnitud e intensidad que cuenta 
dentro del propio diseño constitucional y estatutario con específicas instituciones de 
protección frente a eventuales interferencias de otros poderes del Estado, como son las 
prerrogativas parlamentarias, justificadas precisamente porque su sacrificio supone una 
efectiva y real incidencia en el ejercicio del Derecho.
(ii)  La  intensidad  de  la  afectación  al  interés  constitucional  sacrificado:  En  el 
presente caso, el recurrente era un candidato en un proceso electoral y, por tanto, la 
afectación de su derecho de representación política era especialmente intensa en lo 
subjetivo y en lo institucional, pues le impedía el ejercicio de funciones para las que es 
consustancial su presencia personal y se estaba privando al cuerpo electoral de la 
participación en sus procesos de decisión sobre el ejercicio del derecho de sufragio 
activo de un miembro de especial relevancia política en tanto que ocupaba el puesto 
número dos de una de las candidaturas por la circunscripción de Barcelona.
Por otra parte, también es de destacar que la decisión judicial controvertida lo que 
impidió fue, en primer lugar, una actuación muy puntual en dos actos de campaña a la 
que se solicitó ser conducido por la fuerza pública y, en segundo lugar, un mayor 
contacto con la prensa dentro del propio centro penitenciario. Es altamente relevante que 
se tratara, en el primer caso, de un desplazamiento puntual de participación electoral en 
que se mantiene la situación de custodia por parte de agentes de la autoridad y, en el 
segundo caso, de una mera actuación que había de desarrollarse dentro del propio 
centro.
(iii)  La  posibilidad  de  protección  del  interés  constitucional  prevalente  con 
alternativas menos lesivas para el interés constitucional sacrificado: El análisis de la 
decisión controvertida en el presente recurso de amparo, desde la perspectiva del juicio 
de proporcionalidad por la afectación del art. 23.2 CE, no era solo si la denegación de las 
autorizaciones era necesaria en interés de la protección de bienes jurídicos que podían 
ser  objeto  de  lesión  en  caso  de  reiteración  delictiva  o  de  alteración  de  la  normal 
convivencia ciudadana, sino también si existían alternativas más equilibradas. Esto es, si 
era posible adoptar una decisión que, aun no enervando totalmente el riesgo que se 
intentaba controlar con el permiso penitenciario o el mayor contacto con la prensa, fuera 
menos lesiva para los intereses constitucionales vinculados al derecho de representación 
política del recurrente.
Las decisiones judiciales adoptadas maximizaron el control sobre los riesgos de 
reiteración delictiva y alteración de la convivencia a través del sometimiento al recurrente 
a un control prácticamente absoluto mediante la privación de libertad y la prohibición de 
una superior comunicación con la prensa en el desarrollo de la campaña electoral. 
Puede decirse, pues, que el derecho de representación política del recurrente se veía 
anulado en ese concreto particular de la posible participación en la campaña electoral. 
En  un  contexto  como  este  parecía  indispensable  un  razonamiento  acerca  de  la 
posibilidad de que se hubieran adoptado algunas de las medidas de control previstas en 
la legislación procesal penal para los sometidos a procedimiento no tenía suficiente 
eficacia  para  mantener  un  control  suficientemente  intenso  del  riesgo  de  reiteración 
delictiva o de alteración de la convivencia ciudadana dentro de la menor afectación 
posible del derecho de representación política. Parecía, además, necesario valorar –para 
apreciar  la  necesidad  de  desincentivar  cualquier  hipótesis  de  reiteración  de  las 
conductas que estaban siendo objeto de la instrucción penal– el hecho de que la  s
decisión debía tomarse en un contexto en que aquellas conductas habían provocado ya  oe.
la excepcional aplicación del mecanismo del art. 155 CE; y preguntarse si, en correlación  w.
con ello, la afectación del derecho de representación política del recurrente con estas  21ww
Smee doidfraesc íaal,t earsniamtiivsamso p, ocdormíao s neer cseussacreiop,t ibcloen dsied eurna rá mcobnit oe ld seu cfiocniesntrtiec cdióenta mllee, ntoasl  cinotmenos ola. 
jmureisdpidruads enaclitae rdnealt iTvarisb unqaul eE uproaplieaora dne  Dlae rerecshtorisc cHióunm adneols  eexjeigrec,ic sioi  erdae pl osdiebrlee cahdoo ptdaer   BOE-A-cable e
representación política respetando el principio de proporcionalidad con respecto a la 
necesidad de salvaguardar los fines del proceso penal. Era, finalmente, procedente, en 
cualquier  caso,  la  consideración  de  si  la  eventual  insuficiencia  de  estas  medidas 
alternativas para conseguir el fin constitucionalmente relevante de enervar los riesgos de 
reiteración delictiva o de alteración de la convivencia ciudadana podía ser objeto de 
modificación progresiva en orden a la adopción de medidas de mayor control en función 
de que su eventual insuficiencia fuera confirmada por la sucesión de acontecimientos.
Por otra parte, en relación con la negativa a que el recurrente mantuviera un mayor 
contacto con la prensa dentro del propio centro penitenciario debemos destacar que 
hubiera resultado procedente hacer también una lectura del derecho a la participación 
política en conexión con el derecho a la libertad de información de las personas privadas 
de libertad en la línea establecida por la STC 6/2020, de 27 de enero, FJ 3.
Estas consideraciones nos llevan a entender que hubiera sido procedente, a nuestro 
juicio, estimar el amparo y anular las resoluciones impugnadas por no haber realizado un 
adecuado juicio de proporcionalidad en relación con la incidencia que sobre el derecho 
de participación y representación política tenía la denegación de la salida del centro 
penitenciario y del permiso para un mayor contacto con los medios de comunicación 
dentro del centro penitenciario. Somos conscientes, desde luego, de que la estimación 
del recurso de amparo no hubiera podido ir más allá de la mera declaración del derecho 
fundamental  invocado  en  el  recurso,  puesto  que  dicha  campaña  electoral  ya  ha 
finalizado.
Dado el carácter novedoso del problema planteado y la esencial relevancia que tiene 
el derecho a la representación política en el sistema de democracia parlamentaria que 
constituye nuestro hábitat constitucional, las consideraciones expuestas nos obligan a 
disentir respetuosamente con la desestimación del presente recurso de amparo en lo 
que respecta a la insuficiente ponderación del derecho de representación política.
Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil veinte.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Fernando 
Valdés Dal-Ré.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.