BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 208 Martes 31 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 106507
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
14315 Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Huelva, para la constitución de la Junta Arbitral 
Provincial de Consumo de Huelva.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, en fecha 18 de agosto 
de 2021, Convenio para la constitución de la Junta Arbitral Provincial de Consumo 
de Huelva, que figura como anexo a esta resolución, procede su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 23 de agosto de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, para la constitución 
de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Huelva
REUNIDOS
De una parte, don Alberto Carlos Garzón Espinosa, Ministro de Consumo, de acuerdo 
con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se 
nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 61 
letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía, nombrado para este cargo por Decreto del Presidente 4/2019, 
de 21 de enero, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2019, y corrección de errores en BOJA 
extraordinario núm. 1, de 22 de enero de 2019), actuando en ejercicio de las facultades 
que  le  vienen  conferidas  por  Decreto  del  Presidente  2/2019,  de  22  de  enero,  de 
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 105/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud 
y Familias y del Servicio Andaluz de Salud.
Y de otra, doña María Eugenia Limón Bayo, Presidenta de la Diputación Provincial 
de Huelva, nombrada en sesión constitutiva celebrada el día 14 de noviembre de 2020, 
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en virtud de la Resolución 1234/2021 
de 16 de junio de 2021, que aprueba este Convenio.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Diputación Provincial de Huelva. e.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y w.
EXPONEN
de  Elols a rctoícnuslou m5i1d odree sla  yC ounssutaitruiocisó,n  pinrostteag aie nlodso p, omdeerdeias npteú blpicroocse ad igmaieranntotisz are fliac adceefes,n slaa 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro 
primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, 
completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la ordenación y gestión 
del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General 
de Consumo, tal como se recoge en la letra b del artículo 3 del Real Decreto 495/2020, 
de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de 13 de diciembre de 1999, se constituyó la Junta Arbitral Provincial 
de Consumo de Huelva (en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde entonces una 
importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, conscientes de 
la necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
capítulo VI, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El  objeto  de  este  Convenio  es  determinar  que  la  Junta  Arbitral  Provincial  de 
Consumo de Huelva, con sede en Huelva, cuyo ámbito territorial viene determinado por 
el  propio  de  la  provincia  de  Huelva,  conocerá,  con  carácter  prioritario,  de  las 
reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con sus derechos 
legalmente  reconocidos,  de  conformidad  con  los  criterios  competenciales  y  el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Diputación Provincial de Huelva impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y 
administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, comprometiéndose  e.e
a solicitar ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, en el plazo de  b
un año desde la fecha de eficacia del presente Convenio, su acreditación como entidad de  315ww
drees o2lu cidóen  anltoevrnieamtivbare d, e plitoigr iolsa  deq uceo nssuem  oin, cdoer pcoornaf oraml idoardd ecnoanm loie pnrteov isjutorí deinc ola  Leesyp a7ñ/2o0l 17la, 
Dreilraetcivtiav aa  l2a0 r1e3s/o1l1u/cUióEn,  adlteelr nPaatirvlaam deen littoig iEosu reonp emoa tye rdiae dl eC coonnsseujom, od.e 21 de mayo de 2013,
2.  El  Ministerio  de  Consumo  establecerá  en  colaboración  con  la  Diputación 
Provincial de Huelva, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento 
del Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Salud y Familias.
3.  La Diputación Provincial de Huelva facilitará información sobre la designación de 
la Presidencia y la Secretaría de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente 
a la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud y Familias facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial de la provincia de Huelva.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una comisión 
de seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante,  correspondiendo  la  Secretaría  a  un  funcionario  de  la  Dirección  General 
de Consumo del Ministerio de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la comisión de seguimiento, en lo no 
previsto  en  este  Convenio,  será  el  dispuesto  para  los  órganos  colegiados  en  la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su  es
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las  o
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico  315ww
del Sa)e ctPoro Pr úebl litcroa,n ascsuí rcsoom doe lal sp lsaigzou iepnrteevsis:to para solicitar la acreditación de la Junta
Ao rsbuit rdael nceogmaoc iEónn.tidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud  BOE-A-cable e
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos  adquiridos  en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la comisión de seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
comisión de seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La comisión de seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la comisión de seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la comisión de seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos 
Garzón Espinosa.–El Consejero de Salud y Familias, Jesús Ramón Aguirre Muñoz.–La 
Presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón Bayo. e.