BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Viernes 2 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 83647
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11642 Resolución  de  3  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación extendida por el registrador de la propiedad de Villacarriedo, por 
la que se suspende la práctica de una anotación preventiva de embargo 
ordenada en expediente seguido contra la herencia yacente del deudor.
En  el  recurso  interpuesto  por  doña  Gema  Igual  Ortiz,  alcaldesa-presidenta  del 
Ayuntamiento de Santander, contra la nota de calificación extendida por el registrador de 
la Propiedad de Villacarriedo, don Fernando González López, por la que se suspende la 
práctica de una anotación preventiva de embargo ordenada en expediente seguido 
contra la herencia yacente del deudor.
Hechos
I
En  mandamiento  expedido  el  día  27  de  mayo  de  2019  por  el  recaudador 
general/agente ejecutivo del Ayuntamiento de Santander, se ordenaba la extensión de 
anotación preventiva del embargo sobre la finca registral número 14.371 del Registro de 
la Propiedad de Villacarriedo, en el expediente seguido contra la herencia yacente de 
don M. A. M. D.
II
Presentado dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad de Villacarriedo, en 
unión de certificado de defunción de don M. A. M. D., certificado del Registro General de 
Actos de Última Voluntad, del que resultaba que no otorgó testamento, y escrito, de 
fecha 14 de mayo de 2019, expedido por la jefa del Servicio de Tributos de la Agencia 
Cántabra de Administración Tributaria, del que resultaba que no aparecía presentado en 
Cantabria ningún expediente del Impuesto sobre Sucesiones en relación a la herencia de 
don M. A. M. D., fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Asiento 69 del Diario 99.
Ayuntamiento de Santander. Servicio de R.
Calificado el precedente documento de acuerdo con los artículos 18 y concordantes 
de la Ley Hipotecaria y los pertinentes del Reglamento para su ejecución, se hace 
constar que no se practican los asientos solicitados, en base a los siguientes hechos y 
fundamentos de Derecho:
a)  Hechos.
Bajo  el  número  de  entrada  296,  causando  el  asiento  69  del  Diario  99,  se  ha 
presentado en este Registro, mandamiento de 27 de mayo de 2019 ordenando anotación 
de embargo sobre la finca 14371 de (…), en el expediente seguido contra la herencia  e.
yacente de don M. A. M. D. Se acompaña Certificado de defunción de don M. M. D. y  w.b
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b)  Fundamentos de Derecho.
Tal operación registral no puede llevarse a cabo por los siguientes motivos: Del 
mandamiento resulta que se ha notificado el embargo a doña M. C. G. M., dona A. B. y 
don  M.  M.  G.,  como  posibles  herederos,  pero  no  habiéndose  aportado  Acta  de 
declaración de herederos abintestato del que resulten los herederos, no consta que se 
hayan notificado a todos.
Vistos artículos 18 L.H y 100 de su Reglamento, en relación con el art. 20 de la Ley 
Hipotecaria y el artículo 14 de la Ley Hipotecaria.
Art.  39.  3.  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria:  “...Mientras  la 
herencia  se  encuentre  yacente,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  del 
causante  corresponderá  al  representante  de  la  herencia  yacente.  Las  actuaciones 
administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de las 
obligaciones  tributarias  del  causante  deberán  realizarse  o  continuarse  con  el 
representante de la herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran 
los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente. Las 
obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran transmisibles 
por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacente.”
Art.  127.3.  Real  Decreto  939/2005,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento General de Recaudación, establece: “Desde que conste que no existen 
herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia o no la 
hayan aceptado expresa o tácitamente, se pondrán los hechos en conocimiento del 
órgano competente, el cual dará traslado al órgano con funciones de asesoramiento 
jurídico a efectos de que se solicite la declaración de heredero que proceda, sin perjuicio 
de la continuación del procedimiento de recaudación contra los bienes y derechos de la 
herencia”.
Por  tanto  se  suspende  el  asiento  registral  solicitado,  quedando  prorrogada  la 
vigencia del asiento de presentación practicado por plazo de 60 días, a contar desde la 
recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 323 
de la Ley Hipotecaria.
Contra esta calificación cabe interponer: (…)
Villacarriedo, a seis de marzo del año dos mil veinte.–El Registrador (firma ilegible). 
Fdo. Fernando González López».
III
Contra la anterior nota de calificación, doña Gema Igual Ortiz, alcaldesa-presidenta 
del Ayuntamiento de Santander, interpuso recurso el día 23 de junio de 2020 en base a 
las siguientes alegaciones:
«Fundamentos de Derecho:
Primero.–Se ha de partir de concretar, si en el asunto que nos ocupa, de concretar si 
es necesario notificar previamente el embargo de los bienes o derechos afectados al 
deudor fallecido –M. A. M. D., herencia yacente– a todos y cada uno de los posibles 
herederos  del  causante  para  poder  inscribir  la  afección  registral  que  mediante  la 
anotación de embargo interesada ha sido denegada. Hay que señalar que estamos ante 
la tramitación de un procedimiento de naturaleza administrativa por débitos de carácter  e
tributario, cuyas fuentes del ordenamiento tributario a considerar vienen recogidas en el  bo
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correspondientes ordenanzas fiscales. Teniendo carácter supletorio, las disposiciones 
generales de derecho administrativo y los preceptos del derecho común.
Desde  esta  premisa  normativa,  cabe  citar  en  primer  término,  el  contenido  del 
artículo  39.1  LGT  que  prescribe:  “A  la  muerte  de  los  obligados  tributarios,  las 
obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que 
establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia...”
También  señala  ese  artículo:  “Mientras  la  herencia  se  encuentre  yacente,  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante 
de  la  herencia  yacente.  Las  actuaciones  administrativas  que  tengan  por  objeto  la 
cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante 
deberán realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. Si al 
término del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán 
a nombre de la herencia yacente. Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo 
anterior y las que fueran transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con 
cargo a los bienes de la herencia yacente.”
El artículo 35.4 de la misma norma legal señala, “Tendrán la consideración de 
obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituyan  una  unidad  económica  o  un  patrimonio  separado  susceptibles  de 
imposición.” (…)
Igualmente en la LGT, el artículo 177, referido al procedimiento de recaudación frente 
a los sucesores de una persona fallecida, prescribe en su punto 1.º:
“Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, el procedimiento de 
recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos 
que la constancia del fallecimiento de aquél y la notificación a los sucesores, con 
requerimiento del pago de la deuda tributaria y costas pendientes del causante. Cuando 
el  heredero  alegue  haber  hecho  uso  del  derecho  a  deliberar,  se  suspenderá  el 
procedimiento de recaudación hasta que transcurra el plazo concedido para ello, durante 
el cual podrá solicitar de la Administración tributaria la relación de las deudas tributarias 
pendientes del causante, con efectos meramente informativos.
Mientras la herencia se encuentre yacente, el procedimiento de recaudación de las 
deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes y derechos, 
a cuyo efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente su administración 
o representación.”
Por su parte, el artículo 127, apartado 2.º del Reglamento General de Recaudación, 
aprobado  por  Real  Decreto  93912005  de  29  de  julio  (RGR),  en  lo  que  atañe  al 
procedimiento de recaudación a seguir frente a los sucesores establece en lo que aquí 
interesa, “Mientras se halle la herencia yacente, el procedimiento de recaudación de las 
deudas  pendientes  podrá  dirigirse  o  continuar  contra  los  bienes  y  derechos  de  la 
herencia.  Las  actuaciones  se  entenderán  con  quien  ostente  la  administración  o 
representación de ésta, en los términos señalados en el artículo 45.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. La suspensión del procedimiento de recaudación, 
en los términos señalados en el artículo 177. 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar 
con arreglo a la legislación civil, no afectará a las posibles actuaciones recaudatorias que 
se lleven a cabo frente a la herencia yacente.”
Por último, cabe igualmente recordar el contenido del art. 45.3 LGT, en cuanto a la  e
representación  legal,  estableciendo  en  el  concreto  tema  de  representación  de  las  bo
herencias yacentes: 2w
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no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza
la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.” (…)
En  el  caso  presente,  aparecen  notificados  tanto  la  cónyuge  del  titular  deudor 
fallecido, identificada como M. C. G. M., nacida el 8 de febrero de 1953, en León, con 
DNI (…); como los herederos del causante –hijos– A. B. M. G., con DNI (…), nacida en 
Santander el 9 de enero de 1976, y M. M. G., sin DNI conocido, nacido también en 
Santander el 2 de diciembre de 1983; que figuran como tales en el padrón municipal de 
habitantes de este término municipal en el año 1991.
Notificados en conclusión a todos y cada uno de los herederos potenciales del 
deudor conocidos e identificados por la Administración actora relacionados con el titular 
registral, sin que ninguno de ellos haya comparecido en el procedimiento no obstante el 
tiempo transcurrido, y sin que al parecer el bien objeto de apremio y posterior embargo 
esté expresamente adjudicado en herencia a ninguno de los posibles llamados a ella. No 
siendo por otro lado necesario en forma alguna, que para poderse inscribir mediante 
anotación de embargo la afección de la finca registral en un procedimiento de apremio 
administrativo como el que se trata, sea necesario tener que notificar a todos y cada uno 
de los llamados a la herencia para su hipotética defensa, conforme a la normativa citada 
anteriormente, y menos aún por el hecho de que la herencia subsista todavía yacente y 
en consecuencia no exista documental alguna al efecto, como la referida al Acta de 
declaración de herederos abintestato interesada por la autoridad registral.
A la vista de todo ello y de la doctrina fijada por la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en distintas resoluciones recaídas en casos específicos similares al 
tratado. Así la de 19 de octubre de 2007 (La Ley 170334/2007), cuyo Fundamento de 
Derecho 4 indica:
“(...) Se trata de un procedimiento de apremio por débitos fiscales en el que han de 
aplicarse las específicas normas que disciplinan tal tipo de ejecución. Por ello ha de 
traerse a colación, corno sostiene el recurrente, el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 
General Tributaria (La Ley 1914/2003) que establece que por los entes a que se refiere 
el apartado 4 del artículo 35 de la misma Ley (entre los que está la herencia yacente) 
actuará el que ostente su representación, siempre que sea acreditada fehacientemente; 
de no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente 
ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o participes. 
Además, según el artículo 177.1, párrafo tercero, de la misma Ley y el apartado 2 del 
artículo 127 del Reglamento General de Recaudación, mientras se halle la herencia 
yacente, el procedimiento de recaudación de las deudas pendientes podrá dirigirse o 
continuar contra los bienes y derechos de la herencia, de suerte que las actuaciones se 
entenderán con quien ostente la administración o representación de esta, en los términos 
señalados en el mencionado artículo 45.3 de la Ley General Tributaria.
Por ello, y en contra de lo que se expresa por la Registradora en la calificación 
impugnada, no es imprescindible acreditar el nombramiento de un administrador que 
represente a la herencia yacente. Así, en defecto de representante o administrador de la 
herencia nombrado por el testador o, en su caso, por el Juez (cfr. artículo 1020 del 
Código Civil; y artículos 790 y siguientes y 797 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil), será suficiente la acreditación de que el procedimiento se ha entendido con quien 
según el título sucesorio sea miembro o partícipe de la herencia yacente”.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se solicita la estimación del presente 
recurso  gubernativo  contra  la  suspensión  de  la  solicitud  de  asiento  de  Anotación 
Preventiva  de  Embargo  sobre  la  finca  registral  número  14731,  del  Registro  de  la 
Propiedad de Villacarriedo, a favor del Ayuntamiento de Santander». e
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Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos, 24 de la Constitución Española; 1, 2, 3, 9, 10, 18, 20, 38, 40, 82, 
130, 199, 201, 202, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria; 35, 39, 45, 46, 109 a 112, 163 y 177 
de la Ley 58/2003, de 17 de julio, General Tributaria, 127 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación; 94 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 99 y 100 del Reglamento Hipotecario; la 
Sentencia número 266/2015, de 14 de diciembre, de la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 28 de junio y 21 
de octubre de 2013 y 21 de noviembre de 2017, relativas al alcance de la calificación, y 
de 7 de abril de 1992, 7 de julio de 2005, 12 de junio de 2008 y 3 de marzo de 2011, 
relativas a la herencia yacente, y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 8 de julio de 1991, 16 de marzo, 27 de noviembre y 23 de 
diciembre de 2002, 7 y 8 de abril de 2003, 23 de abril y 5 de mayo de 2005, 30 de enero 
de 2006, 23 de marzo, 22 de junio y 19 de octubre de 2007, 29 de mayo y 26 de agosto 
de 2008, 16 de enero, 2 y 6 de junio, 11 de julio y 6 de noviembre de 2009, 17 de agosto 
y 8 de noviembre de 2010, 2 de septiembre de 2011, 11 de mayo y 4 de octubre de 2012, 
28 de enero, 19 de febrero, 27 de mayo, 21 de junio, 5 y 12 de julio y 11 de diciembre 
de 2013, 29 de enero, 6 de marzo, 8 de mayo, 2 de octubre y 12 de diciembre de 2014, 
29 de enero, 11 de febrero, 5 de marzo, 16, 17 y 29 de abril, 21 de mayo, 17 de julio, 7, 9 
y 22 de septiembre, 22 de octubre y 9 de diciembre de 2015, 17 de marzo, 5 de abril, 17 
de mayo, 8 y 23 de septiembre, 4 de octubre y 21 de diciembre de 2016, 30 de enero, 16 
de febrero, 12 de julio y 14 de noviembre de 2017, 6 de junio de 2018 y 18 de septiembre 
de 2019.
1.  Son datos a tener en cuenta para la resolución de este expediente los siguientes:
– Se presenta en el Registro de la Propiedad de Villacarriedo mandamiento de 
anotación preventiva de embargo expedido por el recaudador general del Ayuntamiento 
de Santander por el que se ordena la práctica de anotación preventiva de embargo sobre 
la finca número 14.371 para garantizar las deudas cuyo importe en él se reflejan.
– Figura como deudor don M. A. M. D., herencia yacente. Dicha persona es titular 
registral, con carácter privativo, de la citada finca.
– Se  acompañan  el  certificado  de  defunción  del  deudor,  del  que  consta  su 
fallecimiento el día 18 de septiembre de 2017 en estado de casado, así como el certificado 
del  Registro  General  de  Actos  de  Última  Voluntad,  del  que  resulta  que  no  otorgó 
testamento.  En  el  propio  documento  se  refleja  que  el  deudor  falleció  durante  el 
procedimiento y que las actuaciones deben entenderse contra los bienes del deudor, así 
como contra su herencia yacente. Además, se acompaña escrito. de fecha 14 de mayo 
de  2019,  expedido  por  la  jefa  del  Servicio  de  Tributos  de  la  Agencia  Cántabra  de 
Administración Tributaria, del que resulta que no aparece presentado en Cantabria ningún 
expediente del Impuesto de Sucesiones en relación a la herencia de don M. A. M. D.
– En el título se refiere que la diligencia de embargo fue notificada mediante edictos 
a todos los herederos y demás interesados, pero específicamente se hace constar que 
se notificó de forma personalizada a doña M. C. G. M., como posible parte interesada, 
quien figura como esposa del deudor en el historial registral de la finca, y a doña A. B. y 
don M. M. G., como posibles herederos.
El registrador en su nota de calificación aduce que no habiéndose aportado acta de  e.
declaración de herederos abintestato del que resulten los herederos, no consta que se  w.
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apremio administrativo notificar a todos y cada uno de los llamados a la herencia para su 
hipotética defensa.
2.  En primer lugar, resulta fundamental, pues ello sustentará la posterior resolución 
de  este  recurso,  examinar  si  del  mandamiento  resulta  debidamente  acreditada  la 
condición de deudor y si este falleció antes o después de iniciado el procedimiento. Del 
propio mandamiento presentado y tal y como refleja el registrador en su informe, resulta 
que el procedimiento comienza siguiéndose contra el titular registral don M. A. M. D., 
existiendo dos providencias de apremio, dictadas en los años 2016 y 2017, épocas 
ambas en las que aún vivía el deudor y por deudas del mismo. Es a partir de ahí cuando 
se produce el fallecimiento del citado deudor y el procedimiento pasa a seguirse contra la 
herencia yacente.
3.  Visto lo anterior, hay que señalar que el artículo 166 del Reglamento Hipotecario 
al regular los requisitos de extensión de las anotaciones de embargo seguidos contra 
herederos indeterminados o determinados del titular registral está aplicando el principio 
de tracto sucesivo si bien con la peculiaridad de que los bienes no constan aun inscritos 
a favor de los demandados. El principio de tracto sucesivo establecido en el artículo 20 
de la Ley Hipotecaria, que intenta evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la 
Constitución  Española,  en  su  aplicación  procesal  y  registral,  implica  que  los 
procedimientos deben ir dirigidos contra el titular registral o sus herederos, y que esta 
circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro del 
ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del 
Reglamento Hipotecario.
Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo, es principio básico de 
nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de 
venir  otorgado  por  el  titular  registral  o  en  procedimiento  seguido  contra  él  (cfr. 
artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino 
desenvolver  en  el  ámbito  registral  el  principio  constitucional  de  salvaguardia 
jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la 
Constitución Española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los 
asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
Este  principio  deriva  a  su  vez  de  la  legitimación  registral  pues  si  conforme  al 
artículo 38 de la Ley Hipotecaria la inscripción implica una presunción «iuris tantum» de 
exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio 
del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los títulos otorgados 
en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que 
esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro 
del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 99 del 
Reglamento Hipotecario.
Esta Dirección General ha venido considerando que, no obstante la ejecutividad y las 
presunciones  de  validez  y  eficacia  de  que  legalmente  están  investidos  los  actos 
administrativos, el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para 
calificar, respecto de los documentos administrativos que recogen dichos actos, entre 
otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el 
procedimiento  seguido,  los  trámites  e  incidencias  esenciales  de  éste,  así  como  la 
relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro.
De acuerdo con esta doctrina, efectivamente corresponde al registrador, dentro de 
los límites de su función calificadora de los documentos administrativos, examinar, entre 
otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a  s
fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las  garantías  que  para  los  particulares  están  oe.
establecidas  por  las  leyes  y  los  reglamentos,  con  el  exclusivo  objeto,  como  tiene  w.
ldseie,y c,e leanvr eaitlda ponr doeocs etqedu ieCm eeienl nttrittoou  loDabri rjreeectgotii vsdoter,a  ldla se ru eqfsruaoe,l u eccnuió aenllq,  munioies rmh taoit u tRelanerig drioes tglraios ,it nrlaatels r nvcoeo nnpcsuieóecndu ape rnsecevirai ssat afde peco taurdn laoa    2020-1164n https://w
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Reglamento  Hipotecario,  en  congruencia  con  los  artículos  1,  20  y  40  de  la  Ley 
Hipotecaria.
4.  También es necesario analizar, a la vista de los antecedentes de este caso y 
para establecer los requisitos que el registrador puede exigir para la extensión de la 
anotación conforme al artículo 166 del Reglamento Hipotecario, qué supuesto de los 
distintos posibles es el que corresponde al caso objeto de este expediente.
Como señaló la Resolución de 9 de julio de 2011, y se ha recogido en muchas otras 
posteriores, convendría a este respecto recordar que la calificación del registrador del 
tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley Hipotecaria) será distinta en cada uno de los 
supuestos siguientes: a) procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido 
antes o durante el procedimiento; b) procesos ejecutivos por deudas de los herederos 
ciertos y determinados del titular registral, y c) procesos ejecutivos por deudas de 
herederos indeterminados –herencia yacente– del titular registral.
a)  Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos 
por deudas del titular registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al 
registrador que se demandó al titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la 
tramitación con sus herederos, por sucesión procesal conforme al artículo 16 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.
Si  se  ha  producido  el  fallecimiento  del  titular  registral  antes  de  iniciado  el 
procedimiento, y éste se sigue por deudas de aquél, además del fallecimiento deberá 
acreditarse  al  registrador,  si  los  herederos  fueran  ciertos  y  determinados,  que  la 
demanda  se  ha  dirigido  contra  éstos  indicando  sus  circunstancias  personales 
(artículo 166.1.ª, párrafo primero, del Reglamento Hipotecario), sin que proceda en este 
caso aportar los títulos sucesorios.
Si los herederos fueran indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia 
relativa a la herencia yacente.
b)  Si  se  ha  producido  el  fallecimiento  del  titular  registral  antes  de  iniciado  el 
procedimiento, y éste se sigue por deudas de herederos ciertos y determinados, además 
del fallecimiento deberá acreditarse al registrador que la demanda se ha dirigido contra 
éstos, indicando sus circunstancias personales y acompañando los títulos sucesorios y el 
certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad (artículo 166.1.ª, párrafo 
segundo, del Reglamento Hipotecario). En definitiva, deberá acreditarse su condición de 
herederos del titular registral.
c)  En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos 
indeterminados, o por deudas de estos herederos indeterminados –herencia yacente–, 
será preciso, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se 
acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles 
llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un 
administrador de la herencia yacente.
5.  En el supuesto de este expediente, en el procedimiento se persiguen deudas en 
concepto de impago del Impuesto sobre Vehículos de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 
anteriores las dos primeras por al fallecimiento del deudor acaecido el 18 de septiembre 
de  2017,  por  lo  que  se  trata  de  deudas  del  causante,  y  la  última  posterior  a  su 
fallecimiento por lo que se trataría de una deuda de sus herederos. El procedimiento se 
entabla contra la herencia yacente de este. Dicho causante falleció en estado de casado 
y sin otorgar testamento según los certificados que se acompañan. Lógicamente, no 
consta la aceptación de la herencia, presupuesto necesario para la existencia de la  e
herencia yacente. bo
De la jurisprudencia del Tribunal Supremo se deriva que mientras haya herencia  2w
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causante carezca transitoriamente de titular por ser este indeterminado, bien porque los
llamados a la sucesión no se han pronunciado sobre la aceptación de la herencia, bien 
porque ni siquiera son conocidos.
En estos supuestos de herencia yacente, toda actuación que pretenda tener reflejo 
registral deba articularse mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los 
términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha 
herencia yacente (Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo 
de 2014, 5 de marzo de 2015 y demás citadas en los «Vistos»).
Esta doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de 
considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial no debe convertirse 
en una exigencia formal excesivamente gravosa y debe limitarse a los casos en que el 
llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún 
interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el 
juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.
Tratándose de un procedimiento de apremio administrativo debe además tenerse en 
cuenta la normativa específica que le es de aplicación. El 35.4 de la Ley General 
Tributaria establece: «Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en 
que  así  se  establezca,  las  herencias  yacentes,  comunidades  de  bienes  y  demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o 
un patrimonio separado susceptibles de imposición», y el artículo 45.3 de la misma ley 
dispone: «Por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley 
actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma 
fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que 
aparentemente  ejerza  la  gestión  o  dirección  y,  en  su  defecto,  cualquiera  de  sus 
miembros o partícipes».
En el caso de este procedimiento, como se ha dicho anteriormente, se persiguen 
deudas en concepto de impago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el 
artículo 94 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación con dicho 
impuesto señala que: «Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre,  General  Tributaria,  a  cuyo  nombre  conste  el  vehículo  en  el  permiso  de 
circulación».
Por último, el artículo 127 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, dispone en sus apartados 2 y 3 lo 
siguiente: «2. Mientras se halle la herencia yacente, el procedimiento de recaudación de 
las deudas pendientes podrá dirigirse o continuar contra los bienes y derechos de la 
herencia.  Las  actuaciones  se  entenderán  con  quien  ostente  la  administración  o 
representación de esta, en los términos señalados en el artículo 45.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. La suspensión del procedimiento de recaudación, 
en los términos señalados en el artículo 177.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar 
con arreglo a la legislación civil, no afectará a las posibles actuaciones recaudatorias que 
se lleven a cabo frente a la herencia yacente. 3. Desde que conste que no existen 
herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia o no la 
hayan aceptado expresa o tácitamente, se pondrán los hechos en conocimiento del 
órgano competente, el cual dará traslado al órgano con funciones de asesoramiento 
jurídico a efectos de que se solicite la declaración de heredero que proceda, sin perjuicio  s
de la continuación del procedimiento de recaudación contra los bienes y derechos de la  oe.
herencia». w.
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esposa del deudor en el historial registral de la finca, y a doña A. B. y don M. M. G., hijos 
del causante, como posibles herederos. En consecuencia se ha cumplido el requisito de 
emplazar a alguno de los posibles llamados a la herencia, sin perjuicio de que pueda 
instarse la declaración de herederos, pero sin que la ausencia de tal declaración pueda 
implicar la suspensión del procedimiento conforme a la legislación relacionada y sin que 
pueda  alegarse  indefensión  puesto  que  no  nos  encontramos  ante  un  supuesto  de 
herederos  absolutamente  desconocidos,  ni  ante  el  caso  de  que  no  haya  ningún 
interesado en la herencia que haya podido intervenir en las actuaciones.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 3 de septiembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
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