BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131 Miércoles 2 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 67651
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
9218 Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica  el  Convenio  con  la  Generalitat  Valenciana,  sobre  atribución  de 
competencias en materia de recursos contractuales.
Suscrito el 25 de mayo de 2021 convenio entre el Ministerio de Hacienda y la 
Generalitat  sobre  atribución  de  competencias  de  recursos  contractuales,  en 
cumplimiento de lo establecido en el punto 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 27 de mayo de 2021.–La Subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Generalitat, sobre la atribución de 
competencias en materia de recursos contractuales
REUNIDOS
De una parte, doña Pilar Paneque Sosa, Subsecretaria de Hacienda, nombrada por 
Real Decreto 382/2018, de 8 de junio, con competencia para suscribir el presente 
convenio  en  virtud  de  la  delegación  efectuada  por  el  artículo  7.4.a)  de  la  Orden 
HAC/134/2021, de 17 de febrero.
Por la Generalitat Valenciana, don Vicent Soler i Marco, Conseller de Hacienda y 
Modelo Económico nombrado por Decreto 6/2019, de 17 de junio, del president de la 
Generalitat, por el que nombra a las personas titulares de las vicepresidencias y de las 
consellerias; con competencia para formalizar este convenio en virtud de los preceptos 
de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Conselll en los artículos 17 y 28; artículo 6.3 
del Decreto 176/2014, y artículo 4 del Decreto 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, 
de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo  Económico;  autorizado  para  la  aprobación  del  presente  convenio  mediante 
Acuerdo de Consell de fecha 7 de mayo de 2021.
EXPONEN
1.  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  establece  en  su 
artículo 46, apartados 2 y 3, respectivamente, que las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades  Autónomas  de  Ceuta  y  Melilla  podrán  atribuir  la  competencia  para  la 
resolución de los recursos especiales regulados en ella al Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales. A tal efecto dispone que la Administración General del  e.
Estado y la Comunidad Autónoma o, en su caso, Ciudad Autónoma que desee atribuir la  w.b
competencia al Tribunal deberán celebrar el correspondiente convenio, en el que, entre  18ww
odterraivsa, dsoes  dees teipsutala arásunn claiósn  dcoen cdoicmiopneetesn ceians .que  la  Comunidad  sufragará  los  gastos
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legislación  autonómica  y  fuera  de  los  casos  previstos  en  el  párrafo  tercero  del
artículo 46.4 de la Ley 9/2017, la competencia corresponderá al mismo órgano al que las 
Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran hayan atribuido la competencia 
para resolver los recursos de su ámbito.
Asimismo, el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de 
la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios 
fiscales,  establece  que  los  órganos  de  recursos  contractuales  regulados  en  la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, serán los competentes en sus ámbitos respectivos y en 
relación con las entidades enumeradas en el artículo 5.1 de este Real Decreto-ley, así 
como a las que estén adscritas o vinculadas a ellas, o a las que hayan otorgado un 
derecho especial o exclusivo, para resolver las reclamaciones en los procedimientos de 
adjudicación de los contratos.
2.  El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales está adscrito al 
Ministerio de Hacienda, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 45 de la 
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  y  en  el  apartado  11  del  artículo  12  del  Real 
Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El  Tribunal  actúa  con  plena  independencia  funcional  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias, correspondiéndole el conocimiento de los recursos que se interpongan 
contra los actos y contratos que se especifican en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, y el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, así como 
de las medidas cautelares.
3.  La  Generalitat  ha  decidido  acogerse  a  la  opción  establecida  en  el  citado 
artículo 46.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a cuyo fin se celebra el presente 
convenio con la Administración General del Estado en virtud del cual se someterán a la 
resolución que adopte el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, los 
recursos,  reclamaciones  y  cuestiones  mencionados  en  el  párrafo  anterior 
correspondientes a los órganos que tienen la condición de poderes adjudicadores, en los 
términos  establecidos  en  el  artículo  3.3  de  la  citada  Ley,  tanto  de  la  Comunidad 
Autónoma como de las Corporaciones locales de su ámbito territorial.
4.  Visto lo anteriormente expuesto y en el marco de colaboración mutua que debe 
presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, los representantes de ambas partes consideran que resulta muy 
beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un marco de 
colaboración en el ámbito de las citadas materias de contratación pública.
Asimismo, el artículo 33 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
prevé la cooperación entre las Administraciones Públicas con el fin de adoptar medidas 
para la racionalización y contención del gasto público.
5.  Según establece el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en el ámbito de la Administración General del Estado, los 
titulares  de  los  Departamentos  Ministeriales  y  los  Presidentes  o  Directores  de  las 
entidades  y  organismos  públicos  vinculados  o  dependientes  podrán  celebrar  los 
Convenios  previstos  en  el  artículo  47.2.a)  de  la  citada  Ley,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias y con sujeción a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 
Para la suscripción de convenios y sus efectos se seguirán los trámites preceptivos  s
previstos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. oe.
En consecuencia, ambas Administraciones Públicas acuerdan suscribir el presente 
Convenio de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Naturaleza.
El presente Convenio se celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos 46.2 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 120 del Real Decreto-
ley  3/2020,  de  4  de  febrero,  de  medidas  urgentes  por  el  que  se  incorporan  al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, rigiéndose, además, por las 
disposiciones de los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio tiene naturaleza 
interadministrativa, sujetándose en cuanto a su regulación al ordenamiento jurídico-
administrativo.  Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  surgir  en  su  interpretación  y 
cumplimiento  serán  de  conocimiento  y  competencia  del  orden  jurisdiccional  de  lo 
Contencioso-Administrativo.
Segunda.  Ámbito objetivo de aplicación.
1.  El  objeto  del  presente  convenio  es  la  atribución  por  parte  de  Generalitat 
Valenciana al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en adelante el 
Tribunal, de la competencia para la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes 
de  adopción  de  medidas  provisionales  y  cuestiones  de  nulidad  de  los  actos  del 
procedimiento de adjudicación y contratos a que se refieren los artículos 44 y 49, de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 119 y 120 del Real 
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
2.  En el caso de que por la Administración General del Estado se hiciera uso de la 
facultad  prevista  en  la  Disposición  adicional  vigésima  novena,  apartado  1  de  la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estableciendo un tribunal administrativo territorial de 
recursos contractuales con competencia sobre el territorio de la Comunitat Valenciana, la 
competencia  para  el  conocimiento  y  resolución  de  los  recursos,  reclamaciones, 
solicitudes y cuestiones de nulidad interpuestos contra actos y contratos de ésta, así 
como los interpuestos contra los actos y contratos de las Corporaciones Locales de su 
ámbito territorial, se entenderá atribuida al tribunal administrativo territorial de nueva 
creación, en los mismos términos previstos en este convenio, por el tiempo de vigencia 
que le reste.
Tercera.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1.  La atribución de competencia comprenderá tanto los actos adoptados por los 
órganos de la Generalitat, como los que adopten las Corporaciones Locales de su  s
ámbito territorial, siempre que no hayan constituido órgano propio, de acuerdo con el  o
artículo 46.4, 2.º párrafo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. w.
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noviembre, que se integren en el sector público de la Generalitat o de las Corporaciones
Locales de su ámbito territorial, incluso aunque no tengan la condición de Administración 
Pública.
3.  Igualmente estarán atribuidos a la competencia del Tribunal las reclamaciones, 
solicitudes de medidas cautelares y cuestiones de nulidad interpuestas con relación a 
actos adoptados por las entidades contratantes sometidas al Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero, integradas en el sector público institucional de Generalitat, o de las 
Corporaciones Locales de su ámbito territorial.
4.  Estas atribuciones competenciales deberán mencionarse en todo caso en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento de contenido análogo, 
refiriéndose al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales como órgano 
ante el que deben interponerse los recursos y al convenio suscrito al efecto con el 
Ministerio  de  Hacienda,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  10.3  del  Real 
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos  especiales  de  revisión  de  decisiones  en  materia  contractual  y  de 
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales).
La presentación del recurso, cuando se realice directamente ante el Tribunal, deberá 
realizarse por vía electrónica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del citado Real 
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre.
Cuarta.  Comunicaciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes 
para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el 
procedimiento se harán por medios electrónicos. A tal fin, el Tribunal facilitará a los 
órganos de contratación las indicaciones precisas sobre la forma de proceder para la 
remisión por medios electrónicos del expediente de contratación, debiendo proporcionar 
aquéllos los datos de la persona o personas de contacto responsables de la remisión del 
expediente, así como de cualquier otra documentación adicional que pueda el Tribunal 
requerir para la resolución del recurso.
Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se utilizará 
cualquiera de los medios que sean legalmente admisibles procurando, en todo caso, 
elegir el que resulte más rápido.
El vocal designado por la Conselleria con competencias en materia de hacienda de la 
Generalitat, como miembro de la Comisión mixta de seguimiento, a la que se refiere la 
cláusula duodécima de este convenio, será la persona de contacto con el Tribunal al 
objeto de resolver las cuestiones que puedan suscitarse respecto a la remisión de 
información al Tribunal, cuando no sea posible su resolución a través del órgano de 
contratación cuyo expediente se recurre o reclama. Asimismo, el citado vocal será el 
competente para realizar el control y seguimiento del envío efectivo y recepción de la 
documentación remitida al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a 
efectos  de  garantizar  el  cumplimento  de  los  plazos  legalmente  previstos  para  la 
resolución de los recursos.
Quinta.  Procedimiento.
1.  La  remisión  de  las  comunicaciones,  de  los  informes  y  de  los  expedientes 
administrativos a que se refiera el recurso o la cuestión de nulidad interpuestos deberá 
hacerse dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público por el  es
titular  del  órgano  de  contratación  afectado,  de  su  Secretaría  o  de  su  unidad  de  bo
contratación, en los términos señalados en la cláusula cuarta, incluyendo, en el caso de  18ww
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Comunitat Valenciana deberá acompañar la traducción de los mismos al castellano de
acuerdo con el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo de su parte los costes de 
traducción.
2.  Las  notificaciones  de  los  actos  que,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  la  citada 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, sean 
susceptibles de recurso o reclamación, respectivamente, deberán indicar, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de este convenio, la competencia del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales para el conocimiento y resolución de los mismos.
3.  Del mismo modo, corresponderá al Tribunal, en los términos en el artículo 57.3 
de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  velar  por  la  ejecución  de  las  resoluciones 
adoptadas por él.
Sexta.  Gastos derivados de la asunción de competencias por el Tribunal.
1.  En compensación por la asunción por el Tribunal de la competencia para resolver 
los recursos y cuestiones de nulidad interpuestos al amparo de lo establecido en la 
cláusula primera, la Generalitat satisfará al Ministerio de Hacienda una cantidad fija 
anual de 87.500 euros.
Asimismo, se satisfará una cantidad adicional de 375 euros por recurso resuelto, a 
partir de un número mínimo de 175 recursos.
El  gasto  derivado  del  convenio  se  financiará  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 06.01.01.611.10.226 de los Presupuestos de la Generalitat o la partida 
que lo sustituya en ejercicios futuros, para lo cual se ha efectuado la oportuna retención 
de crédito.
2.  La Secretaría del Tribunal notificará a la Generalitat, dentro de los dos primeros 
meses  de  cada  año  natural,  la  liquidación  que  corresponda  por  los  recursos  y 
reclamaciones resueltos por el Tribunal el año anterior.
La cuantía a que ascienda dicha liquidación más la cantidad fija a que se refiere el 
primer párrafo del apartado 1 de la presente cláusula, se ingresarán por la Generalitat en 
el  Tesoro  Público  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses  desde  que  se  efectúe  la 
comunicación correspondiente por la Secretaría General del Tribunal.
3.  De conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y 
resultará  eficaz  una  vez  inscrito  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado».
En los dos meses siguientes a la fecha en que el presente Convenio sea eficaz, se 
hará efectivo el pago por la Generalitat de la parte proporcional de la cuantía fija 
establecida en el apartado 1 de esta cláusula que corresponda por los meses del primer 
año que resten hasta el comienzo del año natural siguiente. La liquidación de la cuantía 
variable que corresponda a ese primer año se efectuará en la forma establecida en el 
apartado 2.
4.  En caso de resolución del Convenio, y conforme a lo dispuesto en el artículo 52 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se efectuará la liquidación de las cantidades fija y 
variable que correspondan, cuyo cálculo será proporcional a los periodos comprendidos 
para el cálculo de la cuantía fija y de la variable, procediendo al ingreso o pago de la 
cuantía resultante.
5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, con una antelación de, 
al menos, cinco meses antes de la finalización del plazo del vencimiento del convenio, el  e.
Ministerio de Hacienda podrá comunicar la revisión del importe de las cuantías a abonar  w.b
al  Tribunal,  a  efectos  de  una  posible  prórroga,  en  función  de  los  recursos  y  18ww
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los importes anuales de dichas cuantías, dentro de los límites establecidos por las 
partes.
Séptima.  Publicación.
Una vez suscrito, el presente Convenio deberá ser publicado íntegramente en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» y en la 
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público.  Igualmente  deberán  ser  objeto  de 
publicación las modificaciones del Convenio, su prórroga, y la extinción de sus efectos, 
sin perjuicio, en este último caso, de lo que se establece en el apartado 2 de la cláusula 
siguiente.
Octava.  Entrada en vigor y duración.
1.  El presente convenio producirá efectos desde el momento de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», previa inscripción en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y tendrá una duración 
de cuatro años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga 
por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
2.  El Tribunal será competente para resolver únicamente los recursos especiales en 
materia de contratación, las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los 
contratos, las solicitudes de adopción de medidas provisionales y las cuestiones de 
nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con posterioridad a la entrada en vigor 
del presente convenio.
Novena.  Modificación del convenio.
El contenido de este convenio únicamente podrá modificarse por acuerdo unánime 
de las partes firmantes, que se formalizará mediante adenda modificativa.
Décima.  Extinción del convenio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
este convenio podrá extinguirse por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta  es
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera  bo
previsto. 18ww
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Undécima.  Otros supuestos de extinción.
1.  En el caso de que la Generalitat cree con carácter previo a la extinción de este 
Convenio un órgano independiente al que hubiera atribuido la competencia para resolver 
los recursos indicados en la cláusula segunda, este Convenio dejará de estar vigente a 
partir de la misma fecha en que el órgano creado comience a ejercer sus funciones de 
conformidad con la disposición que lo regule.
2.  Salvo  que  en  la  disposición  que  cree  el  nuevo  órgano  independiente  se 
establezca otra cosa, los asuntos de que estuviera conociendo el Tribunal en el momento 
de producirse el cambio de competencia seguirán bajo el conocimiento del mismo hasta 
su resolución, sin perjuicio de que la responsabilidad de velar por la ejecución de las 
resoluciones dictadas se asuma por el nuevo órgano creado.
Duodécima.  Órgano de seguimiento.
1.  Para el seguimiento, vigilancia y control de lo dispuesto en las cláusulas de este 
Convenio se constituirá una Comisión Mixta con las siguientes funciones:
1.ª  Adoptar las medidas precisas para la eficaz práctica de los trámites de remisión 
de los informes, de los expedientes administrativos y de las comunicaciones que deban 
cursarse entre los órganos de la Comunidad Autónoma y el Tribunal y proponer los que 
se refieran a las comunicaciones entre éste y los órganos de aquella.
2.ª  Analizar los datos relativos al coste de la asunción de competencias por parte 
del Tribunal a fin de proponer el importe de la cantidad a satisfacer por este concepto, a 
los efectos de la revisión de precios prevista en la cláusula sexta, 5.
3.ª  Analizar, estudiar y proponer cualquier otra medida que sea de utilidad para el 
buen funcionamiento del convenio.
4.ª  Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 
respecto de los convenios, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 f) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre.
5.ª  Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar 
durante la ejecución del convenio.
2.  La Comisión estará integrada por dos vocales, uno de ellos en representación 
del Ministerio de Hacienda, que será el Secretario del Tribunal, y el otro designado por la 
Conselleria competente en materia de hacienda de la Generalitat, correspondiendo la 
Presidencia  alternativamente  a  cada  uno  de  ellos  por  periodos  de  un  año.  A  la 
Subsecretaría con competencias en materia de hacienda deberá remitirse copia de las 
actas, acuerdos o informes que, en su caso, emita en el desarrollo y ejecución de las 
funciones que tuviera asignadas la Comisión.
3.  La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, o siempre que lo solicite 
una de las partes. A la Subsecretaría con competencias en materia de hacienda deberá 
remitirse copia de las actas, acuerdos o informes que, en su caso, emita en el desarrollo 
y ejecución de las funciones que tuviera asignadas la Comisión.
4.  Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y 
actuación de los órganos colegiados establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de que son titulares 
los firmantes, suscriben el presente convenio, por duplicado ejemplar.–Por el Ministerio  e.e
de Hacienda, la Subsecretaria de Hacienda,  Pilar Paneque Sosa.–Por la Generalitat, el  b
Conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler i Marco. 18ww