BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Miércoles 16 de marzo de 2022 Sec. I.   Pág. 31393
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4136 Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.
I. Antecedentes
El  año  hidrológico  2020/2021  finalizó  el  30  de  septiembre  de  2021  con  una 
precipitación un 5 por ciento inferior respecto al valor normal. Desde el inicio del último 
año hidrológico, el 1 de octubre de 2021, el valor medio nacional de las precipitaciones 
acumuladas ha sido de 223,6 mm, un 38,2 por ciento inferior al valor normal. A fecha 8 
de marzo de 2022, la reserva hidráulica peninsular se situaba en un 40,5 por ciento, 
notablemente inferior a la media de los últimos 5 años (52,5 por ciento) y a la de los 
últimos 10 años (60,8 por ciento).
Aunque en general están descendiendo los valores de los indicadores de escasez, 
los  problemas  respecto  de  la  escasez  coyuntural  se  centran  principalmente  en  las 
demarcaciones  del  Guadalquivir  y  del  Guadiana,  donde  las  reservas  son  inferiores 
en  33,2  y  35,1  puntos  porcentuales  respectivamente  respecto  a  la  media  de  los 
últimos 10 años. En el caso del Guadiana está al 30,4 por ciento y el Guadalquivir al 28,4 
por ciento. En el caso del Guadalquivir en los 4 primeros meses del año hidrológico se 
han recogido en los embalses de la cuenca 180 L/m², mientras que la media de ese 
periodo en los últimos 25 años era de 309 L/m².
Desde el punto de vista de los indicadores y escenarios de escasez correspondientes 
a  marzo  de  2022,  7  UTE  continúan  en  emergencia  (Hoya  de  Guadix,  Regulación 
General,  Dañador,  Sierra  Boyera,  Rumblar,  Guadalmellato  y  Bembézar-Retortillo),  y 
otras 11 permanecen en alerta. Las 5 restantes están en normalidad (2) o prealerta (3).
En la cuenca del Guadiana la situación también es problemática, en especial en su 
cuenca alta, y se va extendiendo también a la zona occidental. Así, mantienen el 
escenario de Emergencia las UTE de Mancha Occidental, Jabalón-Azuer, Gasset-Torre 
de Abraham, El Vicario (todas ellas en la cuenca alta), y Tentudía. Otras 4 UTE están en 
escenario de Alerta. Las restantes UTE de la demarcación están en Prealerta (5) o 
Normalidad (7).
Dada la situación y que las previsiones no prevén cambios de tendencia notables en 
los próximos meses, se hace necesario el desarrollo de medidas que ayuden a paliar los 
graves e imprevisibles daños producidos por la sequía.
Es previsible que la situación descrita afecte a los cultivos tanto de secano como de 
regadío y a la ganadería de las zonas referidas en las demarcaciones hidrográficas 
citadas, bien por insuficiencia del agua embalsada para atender la demanda de riego, 
bien por la reducción de precipitaciones que ha afectado a las reservas en los acuíferos 
que proporcionan el agua de riego y a la propia aportación directa a los cultivos.
En relación con las concretas medidas ante la sequía en las cuencas hidrográficas 
del Guadalquivir y del Guadiana, las reservas de agua en la demarcación hidrográfica del 
Guadalquivir,  como  consecuencia  de  la  falta  de  precipitaciones  continuada,  se 
encuentran  en  los  niveles  más  bajos  registrados  desde  hace  más  de  25  años,  s
concretamente desde el año 1995, fecha en la que estaba llegando a su fin la sequía  oe.
más grave sufrida en esta cuenca durante el último siglo. Esta escasez de reservas  w.
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Desde el año hidrológico 2012/2013 hasta la actualidad, vienen padeciendo una 
situación de precipitaciones inferiores a la media. En esta sucesión de años secos, 
únicamente el año hidrológico 2017/2018, superó ligeramente la aportación media.
La capacidad de regulación hiperanual de los embalses de estas cuencas permite 
atender las demandas durante los años secos con los recursos almacenados en los años 
húmedos. Sin embargo, debido a la sucesión de varios años con déficit acusados de 
aportaciones  este  balance  se  ha  descompensado,  obligando  en  la  cuenca  del 
Guadalquivir a imponer restricciones sobre el regadío en las últimas tres campañas de 
riego; no obstante, a pesar de estas restricciones a la demanda, las reservas disponibles 
se han reducido en casi 2.000 hm3, cifra que representa casi el 50 % de las disponibles a 
principios del año hidrológico 2018/2019, y en la del Guadiana a imponer restricciones 
sobre el regadío en las últimas 2 campañas de riego en la zona oriental de la cuenca.
Especialmente desfavorable respecto a las reservas almacenadas es la situación en 
el  Sistema  de  Regulación  General  de  la  cuenca  del  Guadalquivir,  al  que  están 
adscritos 19 embalses que suponen el 70 % de la capacidad total de embalse de la 
cuenca, y más del 80 % de la superficie que se riega con aguas reguladas, unas 350.000 
ha. En este sistema las reservas suponen únicamente el 24 % de su capacidad total, lo 
que representa un volumen de agua similar al necesario para atender las demandas de 
una campaña de riego en situación de normalidad. El déficit de reservas en estas fechas 
respecto a la media es de treinta y tres puntos porcentuales, hecho que pone de 
manifiesto que la situación es extremadamente delicada. Concretamente, la probabilidad 
de que sea necesario imponer restricciones superiores al 50 % de la demanda de riego 
en la próxima campaña 2022 está próxima al 80 %, usando la serie de aportaciones del 
vigente Plan de Sequía.
En cuanto al abastecimiento, cabe destacar que durante el pasado año hidrológico y 
el actual, en aquellos sistemas que se encuentran en una situación más crítica, se han 
registrado problemas de calidad del agua debido a la escasez de las reservas, y se han 
impuesto reducciones de las dotaciones como medida de ahorro por la situación en la 
que se encuentran y la falta de fuentes alternativas de suministro.
El diagnóstico del informe de marzo de 2022 del Plan Especial de Sequía de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir es el siguiente: La situación general de la 
cuenca es de alerta, aunque con un valor del indicador de escasez de 0,192 que lo sitúa 
ya cerca del umbral de la emergencia, 0,150, dato significativo teniendo en cuenta que el 
indicador oscila en un rango entre 0 y 1.
De acuerdo con los indicadores del Plan Especial de actuación en situaciones de 
alerta y eventual sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por la 
Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la revisión de los 
planes especiales de sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al 
ámbito de competencias del Estado de la parte española de la demarcación hidrográfica 
del  Cantábrico  Oriental,  las  diferentes  Unidades  Territoriales  de  Escasez  (UTE)  se 
encuentran en la siguiente situación:
En situación de normalidad se encuentran: 0201 Rivera de Huelva y 0202 Rivera de 
Huesna. En situación de prealerta se encuentran: 0301 Abastecimiento de Córdoba, 
0703 Aguascebas y 0706 Montoro-Puertollano. Se encuentran en situación de alerta: 
0101 Guadiamar, 0102 Madre de las Marismas, 0401 Abastecimiento de Jaén, 0601  s
Bermejales, 0602 Vega Alta y Media de Granada, 0603 Vega Baja de Granada, 0704  e.
Fresneda, 0705 Martín Gonzalo, 0708 Viar, 0710 Guadalentín y 0711 Guardal. Por  w.
último, se encuentran en situación de emergencia: 0501 Hoya de Guadix, 0702 Dañador,  36ww
y0 700770 1S Rieergrau laBcoióyne rGa,e n0e7ra0l9.  Rumblar,  0712  Guadalmellato,  0801  Bembezar-Retortillo
Además, dentro de la UTE 0602 Vega Alta y Media de Granada debe distinguirse 
entre las subunidades Quéntar-Canales, en situación de alerta y Cubillas-Colomera en 
situación de emergencia.
Debe destacarse el peso y la importancia de la UTE 0701 Regulación General, que 
soporta el 83 % de la superficie regada con aguas reguladas de la cuenca, y se 
encuentra  en  situación  de  emergencia  por  tercer  mes  consecutivo,  lo  que  ha 
determinado  la  declaración  de  situación  excepcional  por  sequía  extraordinaria  el 
pasado 2 de noviembre de 2021, según prevé el Plan Especial de Sequía en sus 
capítulos 6 y 9.
Por su parte, en el caso de la zona oriental de la demarcación hidrográfica del 
Guadiana, la situación de emergencia de las Unidades Territoriales de Escasez UTE 05: 
Gasset-Torre de Abraham y UTE 06: Vicario sufrida durante las campañas 2020 y 2021 
ha motivado significativas restricciones al riego de una superficie aproximada de 11.330 
ha. La situación actual de emergencia en dichas UTE hace previsible que para la 
campaña de 2022 se produzcan restricciones más severas que en campañas anteriores.
En el caso de la zona occidental de la demarcación hidrográfica del Guadiana, la 
situación para la campaña 2022 es especialmente desfavorable ya que la situación de 
alerta de las Unidades Territoriales de Escasez UTE 09: Sistema General y UTE 13: 
Alange-Barros,  no  permite  realizar  una  campaña  con  normalidad  debiendo  realizar 
restricciones de riego superiores al 50 % en una superficie aproximada de 171.000 ha.
Debe destacarse el peso y la importancia de la UTE 09: Sistema General y de la 
UTE  13:  Alange-Barros,  que  soportan  el  92  %  de  la  superficie  regada  con  aguas 
reguladas de la cuenca, y se encuentra en situación de alerta por sexto mes consecutivo 
la primera de ellas y por vigésimo mes consecutivo la segunda. Por otro lado, la UTE 05: 
Gasset-Torre de Abraham y la UTE 06: Vicario soportan el 6 % de la superficie regada 
con aguas reguladas de la cuenca, se encuentran en situación de emergencia por 
décimo octavo mes consecutivo en la UTE 05: Gasset-Torre de Abraham y por trigésimo 
tercer mes en la UTE 04 Jabalón. Así mismo, la UTE 04 Jabalón-Azuer se encuentra en 
situación  de  emergencia  desde  hace  dieciocho  meses  y  la  UTE  19  Tentudía  se 
encuentra en situación de emergencia desde hace seis meses y estuvo previamente 
otros cuatro meses.
Todo  ello  ha  determinado  la  declaración  de  situación  excepcional  por  sequía 
extraordinaria el pasado 09 de marzo de 2022, según prevé el Plan Especial de Sequía 
vigente.
El diagnóstico del informe de marzo de 2022 del Plan Especial de Sequía de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadiana es el siguiente: La situación general de la 
cuenca es de ALERTA, con un indicador general de escasez en la cuenca de 0,296.
De acuerdo con los indicadores del Plan Especial de actuación en situaciones de 
alerta y eventual sequía en la cuenca hidrográfica del Guadiana, aprobado por la Orden 
TEC/1399/2018, las diferentes Unidades Territoriales de Escasez (UTE) se encuentran 
en la siguiente situación:
En situación de NORMALIDAD se encuentra las UTEs: 02 Peñarroya, 10 La Colada, 
15  Nogales-Jaime  Ozores,  17  Piedra  Aguda,  18  Táliga-Alcarrache  y  20  Valuengo-
Nogales. En situación de PREALERTA se encuentran: 08 Tirteafuera, 11 Alto Zújar, 12 
Molinos-Zafra-Llerena,  14  Aljucén-Lácara-Alcazaba,  16  Villar  del  Rey  y  21  Chanza-
Andévalo. Se encuentran en situación de ALERTA: 03 Gigüela-Záncar, 07 Guadiana-Los 
Montes, 09 Sistema General y 13 Alange-Barros. Por último, se encuentran en situación  s
de  EMERGENCIA:  01  Mancha  Occidental,  04  Jabalón-Azuer,  05  Gasset-Torre  de  e.
Abraham, 06 Vicario y 19 Tentudía. w.
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Hidrológicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que
integra los indicadores de estados definidos en la cuenca del Guadalquivir por el Plan 
Especial de Sequía.
La sequía descrita, entendida como escasez de precipitaciones durante un periodo 
de tiempo prolongado que compromete la viabilidad de los cultivos, es un fenómeno que 
viene padeciendo España de forma recurrente. Así, se han producido episodios de 
sequía en tiempos recientes durante los años 2005, 2011 y 2017, que han precisado la 
adopción de medidas paliativas complementarias al seguro agrario para compensar las 
rentas de los agricultores y ganaderos afectados.
Pero las extremadas condiciones climáticas que viene padeciendo este año el sector 
agrario se han unido al incremento de los costes de producción y a la situación en 
Ucrania, generando una situación extraordinariamente grave, que amenaza la viabilidad 
económica de muchas explotaciones y su propia pervivencia como unidades productivas, 
lo que afecta seriamente a la economía de las comarcas agrarias y al desenvolvimiento 
de otros sectores de actividad económica relacionados con la agricultura, así como a la 
producción de alimentos.
En efecto, a esta circunstancia adversa se ha sumado, ahora, el fuerte incremento de 
precio de los insumos derivado de la crisis de suministros que padece actualmente la 
economía mundial, circunstancia que condiciona de modo importante la rentabilidad de 
las explotaciones agrarias, no siendo en absoluto baladí la necesidad de garantizar su 
viabilidad para garantizar la producción de alimentos.
Desde  el  año  2021,  el  fuerte  incremento  de  los  precios  de  algunos  insumos, 
agudizado por la crisis de suministros que padece actualmente la economía mundial, ha 
condicionado la rentabilidad del sector agrario. La subida de los precios de la energía 
eléctrica, el gasóleo, los fertilizantes, los plásticos o los piensos están repercutiendo 
negativamente en la rentabilidad de las explotaciones y empresas del sector, suponiendo 
un riesgo para su continuidad.
El sector agrario es vulnerable por sus propias características, pues se trata de un 
sector muy atomizado, estacionario y con una elevada rigidez de la demanda, por la 
propia naturaleza perecedera de la producción, que de manera paulatina ha tendido 
hacia un desequilibrio estructural del mercado, alcanzando en la actualidad cotas sin 
precedentes, con la consiguiente pérdida de tejido productivo y de empleo en el campo.
Este marco estructural se ve agravado y acelerado por la situación coyuntural actual, 
cuyo  carácter  repentino  y  grave  obliga  a  los  poderes  públicos  a  adoptar  medidas 
inmediatas  para  paliarlo,  en  tanto  en  cuanto  se  está  hablando  de  productores  de 
alimentos.
De hecho, en el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, celebrado el 15 de 
noviembre de 2021 a solicitud de la delegación española, se incluyó en el orden del día 
un punto sobre el aumento de los costes de los fertilizantes y de las materias primas 
para la alimentación animal y su impacto en el sector agrícola. El documento presentado 
contó con el apoyo de un total de 19 Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Malta, República Checa, Rumanía, Polonia y Portugal), incluyendo España.
En la ganadería española esta situación ha conducido a un incremento notable del 
precio de los piensos; esto se traduce en unos sobrecostes de los sectores ganaderos. 
Por otro lado, en herbáceos el coste de los principales insumos afectados ha supuesto 
en estas partidas un importante incremento de coste energético, lo que se suma a que el 
sector agrario está viendo cómo la evolución de factores geopolíticos de diversa índole 
elevan la cotización del gas natural, y hasta el 94 por ciento del coste del amoniaco,  es
principal materia prima utilizada en la elaboración de fertilizantes nitrogenados, se debe  o
iadamlel  pc teoarAixscg tttmoeeo,r  a diemoyenroal   rlíg ahzaas,ab s g eu.iixrnmapdsplaooamtlac, itcehainaodtrnooine , asela  yne  a sapclcataeusñia toel cl asdoistetu.iz  agUaciccriaóiroasnnno eiilna,s t p eeorisnnr  tauleocnr inoqoa undceaei lol  altnoi eapsnl aepersra  itnlaidzcmaeipbc aiióémlennas  dt ueeenrx  isapimusos rpt oapvrdretioamnrnteaatesss     OE-A-2022-4136able en https://www.
destinadas a la alimentación animal. España importa de Ucrania anualmente una media
de 2,7 millones de toneladas de maíz, el 22 por ciento de las importaciones españoles y 
es el segundo proveedor después de Brasil. También importa 233.000 de toneladas de 
torta de girasol, que suponen el 68 por ciento de las importaciones que España realiza 
de este producto, así como aproximadamente 500.000 de toneladas de aceite de girasol. 
De esta forma, la paralización total de estas importaciones, unido al incremento del 
precio de estas materias primas, puede provocar situaciones de gran tensión en los 
abastecimientos  a  corto  plazo,  al  verse  interrumpidos  completamente  los  flujos  de 
suministro, y además introduce un nuevo elemento de inestabilidad y alza de precios que 
pone en riesgo la viabilidad del sector si no se adoptan medidas inmediatas para aliviar 
los efectos gravosos de tal coyuntura.
Asimismo, la incidencia de la invasión de Ucrania por Rusia va a tener un impacto 
directo a corto plazo en el incremento de precios de la alimentación de los animales, en 
el precio de los abonos y fertilizantes y en el de la energía, vinculados a las subidas de 
los cereales, del gas, del petróleo y de la electricidad, que contribuirá a un agravamiento 
de  la  situación  actual  por  las  restricciones  o  vetos  que  afectan  a  las  relaciones 
comerciales con Rusia y por las dificultades de comercio con Ucrania.
La inestabilidad del último mes, unida al incremento sostenido de los costes de 
producción y a la previsión de malas cosechas por sequía, ya ha provocado que el precio 
del trigo haya tenido subidas exponenciales tanto en la Bolsa de París como en la 
Chicago Mercantil Exchange (CME), una de las principales bolsas de negociación de 
derivados sobre materias primas.
Dado el peso de Ucrania en el comercio internacional, cualquier desestabilización de 
la producción agrícola ucraniana, o la interrupción de los flujos logísticos, así como el 
probable aumento del coste de los fletes y los seguros, puede repercutir en los mercados 
mundiales y, por tanto, en los precios de las materias primas acercándolos a los precios 
de  la  campaña  2007/2008,  famosa  por  la  importante  perturbación  acaecida  en  el 
mercado de materias primas.
Por otro lado, Rusia es el mayor proveedor de combustible de la UE (el 18 por ciento 
de las importaciones de la UE proceden de Rusia). Más de un cuarto de nuestras 
importaciones de petróleo crudo y más de un tercio de las de gas natural son de origen 
ruso; en cambio, la Unión Europea tiene un equivalente de cuota de mercado energético 
del 25 por ciento de la cuota de Rusia. Del mismo modo, las exportaciones rusas de 
fertilizantes a la UE suponen 3.000 millones de euros, es decir, alrededor del 30 por 
ciento de las importaciones de fertilizantes de la UE.
El conflicto va a repercutir muy notablemente en los mercados del gas y de los 
fertilizantes, que desde hace varios meses han experimentado un fuerte aumento de los 
precios y han alcanzado niveles históricamente altos (+ 288 por ciento para el gas 
natural en términos interanuales, + 142 por ciento para los precios de los fertilizantes en 
términos interanuales), lo que sugiere un aumento duradero de los costes de los insumos 
para la agricultura europea.
En este contexto de aumento de los costes de producción, a partir de un nivel ya 
excepcionalmente alto, requiere prestar especial atención a corto plazo a los sectores 
ganaderos que se enfrentan a un aumento de los precios de los piensos. Habrá que 
prestar también especial atención a las condiciones de exportación de los insumos 
agrícolas destinados a Ucrania, incluidas las semillas, ya que Ucrania depende de las 
importaciones de insumos. Esta es una condición esencial para que el potencial de 
producción del país no se vea amenazado por el conflicto actual, para garantizar un 
suministro adecuado de alimentos para la población ucraniana. La capacidad de siembra  es
en Ucrania para la campaña de producción 2022/2023 también será crucial en este  o
ssCseeeong ntuaDsidrpeeiodrj oo.aab,dc óau  lae eClridml oomeP cnliaottéann r  Eiladac e oeC nncoó ommtnieuticminnoigpc eayo ncsSi cóodiance  i dapcela r Eirlsaauis  rC og(opaCmerOaoins Myitói /z2naa0 l rE2C u1eor/lmo6 p8siteu9éam  f diainnela i sPlla)tar  oRdrl eaed mge1ieo 2nna tedloimse ,E  enpunoortovor ipselae m oyqb, u rlaaeel     OE-A-2022-4136able en https://www.
de 2021, garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria es un objetivo
establecido en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su 
consecución no debe darse por sentada. La crisis de la COVID-19 fue una llamada de 
atención para quienes consideraban impensable que en los comercios de la UE se 
llegaran  a  vivir  problemas  de  suministro  de  determinados  alimentos  y  la  creciente 
incertidumbre  y  la  volatilidad  de  los  precios  y  del  suministro  podrían  afectar  a  la 
capacidad de producción española.
Estos hechos, que afectan muy negativamente a la rentabilidad de las explotaciones 
agrarias, obligan a actuar de forma inmediata adoptando una serie de medidas de apoyo 
para aliviar tan perniciosos efectos sobre la producción de alimentos del sector agrario.
De lo que se trata, pues, es de garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y 
con ello hacer frente a  posibles problemas  de abastecimiento por abandono de la 
actividad agraria que podrían tener lugar si el conflicto se prolonga, por lo que resulta 
inaplazable la adopción de un plan de contingencia, con el fin de ofrecer al sector 
productor los apoyos necesarios para hacer frente a la actual coyuntura.
En el mismo sentido, la viabilidad de las explotaciones agrarias se ve comprometida 
como consecuencia del alto coste energético que soportan aquellas que dependen de 
recursos hídricos no convencionales, entre los que ocupan un lugar muy destacado las 
aguas desaladas. Lo mismo sucede respecto de las que dependen de infraestructuras de 
transporte de aguas con instalaciones que bombean el agua a cotas elevadas. En este 
momento crítico para las explotaciones de carácter agrícola, deben minimizarse también 
los impactos derivados de los costes energéticos actuales y de la escasez de recursos 
hídricos consecuencia de situaciones de sequía. Es necesario que no se pierda una 
parte  importante  de  la  producción  del  regadío  del  sureste  español,  por  lo  que  se 
contempla una medida que permite reducir la carga económica que los usuarios de riego 
soportan al venir obligados a participar de los costes del agua desalada que producen 
las  instalaciones  de  desalación  de  aguas  marinas  (IDAM)  o  de  los  costes  de  las 
infraestructuras de transporte con instalaciones de bombeo que elevan las aguas desde 
cotas próximas al nivel del mar, hasta los lugares de destino en cotas del terreno mucho 
más elevadas. Se pretende con esta medida establecer un coste sostenible y asumible 
por los usuarios del regadío.
Cabe recordar que el artículo 130.1 de la Constitución recoge que «los poderes 
públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, 
en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de 
equiparar el nivel de vida de todos los españoles». El sector agrario, por su propia 
dispersión,  sistema  organizativo  y  de  formación  de  precios,  tiene  unas  especiales 
características que deben ser tenidas en cuenta como sector esencial, proveedor de 
alimentos y con fuerte impacto en la vertebración territorial española y la fijación de 
población, amén de peculiaridades derivadas de la inelasticidad que presenta tanto 
desde el punto de vista de la oferta como de la demanda.
En efecto, el artículo 130 es una manifestación más del Estado Social y Democrático 
de Derecho (artículo 1.1) y es reflejo de una de las funciones básicas de éste, la función 
promocional (artículo 9.2) para equiparar el nivel de vida de todos los españoles, sin 
olvidar el principio de solidaridad que proclama el artículo 2, conforme al cual el Estado 
velará por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las 
diversas partes del territorio español.
II. Contenido
En atención a las circunstancias concurrentes, el presente real decreto-ley recoge,  oe.
pues, un conjunto articulado de medidas en diversos aspectos. w.
gravSEeinm b eipenrntime e easrf  eccileutargtdoao r,q  puloaer   elnal o Psrelmaqnau  díaien  ycs luleaygseu t reodnsiss aipogonrseaicsrii oodsne,e  lssou sb emvnee nraccpaioodnyoaosd  iond tepelo rnrs aeeclc iMtoonirna ilpsetrseim.rioa rdioe,   2022-4136n https://ww
Agricultura, Pesca y Alimentación, representa la herramienta de referencia obligada en la
lucha contra las adversidades climáticas, contempla sólo la sequía meteorológica y no la  Bc
hidrológica, por lo que la inusitada situación actual aconseja la adopción de medidas, a 
título excepcional, que complementen la acción de los seguros agrarios en orden a 
minorar las consecuencias en la economía de las explotaciones agrarias afectadas.
En ese mismo sentido, esta norma prevé la mejora en la dotación del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados como primer mecanismo de respuesta ante la grave 
situación.
Pero además, y como novedad con respecto de normas precedentes, se dispone la 
creación de una línea de financiación que prevé la concesión de créditos bonificados, no 
reembolsables, y ciertas actuaciones en relación con la Política Agrícola Común (PAC).
En segundo lugar, se incorporan medidas en materia de Seguridad Social.
Así, las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena  Agrarios  establecido  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social  y  los 
trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por  Cuenta  Propia  o  Autónomos,  siempre  que  se  encuentren  al  corriente  en  sus 
obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán 
solicitar, directamente o a través de sus autorizados para actuar a través del Sistema de 
remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), un 
aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de marzo a mayo 
de 2022, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios y entre los meses de abril a junio de 2022, para los trabajadores 
incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
De igual forma, se reduce el número de jornadas de 35 a 20 para que las personas 
trabajadoras  agrarios  eventuales,  en  las  Comunidades  Autónomas  de  Andalucía  y 
Extremadura, puedan acogerse al subsidio de desempleo y la renta agraria, dada la 
afección de esta situación a sus posibilidades de empleo.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la inminente entrada en vigor de la nueva 
regulación de los contratos de trabajo de duración determinada, en la que se pone coto a 
la utilización abusiva de esta figura, se fomenta la estabilidad en el empleo y que ofrece 
a la persona trabajadora una mayor garantía de sus derechos, puede tener impacto en 
los trabajadores que prestan servicio con carácter eventual en el Sistema Especial 
Agrario en Andalucía y Extremadura.
En la medida en que estos trabajadores, que habitualmente prestan servicios con 
contratos de duración determinada sean contratados con la modalidad de trabajadores 
fijos  discontinuos,  podrían  ver  dificultado  su  acceso  al  subsidio  para  trabajadores 
eventuales  agrarios  residentes  en  Andalucía  y  Extremadura,  regulado  en  el  Real 
Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor 
de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social y a la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el 
que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura, así como, en el caso de la renta agraria, ver afectada la 
duración y cuantía de su derecho.
Por ese motivo, se hace necesario modificar el artículo 2 del Real Decreto 864/2006, 
de  14  de  julio,  para  la  mejora  del  sistema  de  protección  por  desempleo  de  los 
trabajadores agrarios, a fin de proceder a una equiparación plena entre la contratación 
como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación  es
del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria. En el  o
ermeévqigseuimnmiLptaouae  arndasl  iresyt rpn aedotnlie dsslio tictrt roaiaósrtbnaieoa m  tjreqoiaelu infnmeijsto oiinpt  odaeari sri amece oli pftneaúrtic limtntgiomueasorro aa. d,n ientpi zcoairrse ro lno lta ad dsece  omdlnaeát i snlel,uo titrsdiae a nidnbe,g)   recedol semco usodm  icodphbeloijrme ivtaiiaevrdnotíot coesu s lyotda ,e lbalal  e ítcnrfaietnebr  gaudrjneao     OE-A-2022-4136able en https://www.
ejecución de los itinerarios de inclusión social a través de proyectos piloto financiados
por  el  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones  con  el  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya aprobados o en fase de ejecución, 
dirigidos contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la 
pobreza en sus distintas formas de colectivos vulnerables, que de otra manera se verían 
comprometidos.
En  otro  orden  de  cosas,  se  introducen  en  el  presente  real  decreto-ley  sendas 
disposiciones adicionales, una de acceso a los datos de los expedientes de regulación 
temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público 
de  Empleo  Estatal  y  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  y  otra  sobre  la 
constitución  del  Fondo  RED;  así  como  tres  disposiciones  transitorias  relativas  al 
procedimiento aplicable al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, 
la  protección  social  de  las  personas  trabajadoras  y  la  cobertura  transitoria  de  las 
necesidades de financiación del Mecanismo RED.
En tercer lugar, la presente norma recoge medidas de naturaleza tributaria, respecto 
del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  el  Impuesto  sobre  Bienes 
Inmuebles,  que  aligeran  la  carga  fiscal  de  las  explotaciones  afectadas  por  las 
circunstancias antes descritas.
Especialmente, cabe destacar la reducción del 20 por ciento en 2021 del rendimiento 
neto calculado por el método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para las actividades agrarias, que sólo tuvo el precedente con la crisis 
sanitaria del COVID-19 en 2020.
Además, y para poder disponer de recursos de agua desalada en este momento 
crítico y no perder una parte importante de la producción del regadío del sureste español, 
se establecen unas tarifas asumibles por los usuarios del regadío para el agua desalada 
en las IDAM y en las conducciones que deben salvar mediante elevaciones una gran 
diferencia de cota entre origen del recurso y demanda de destino.
En  cuarto  lugar,  el  capítulo  V  sobre  medidas  urgentes  para  paliar  los  efectos 
producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir se justifica en la 
situación hidrológica actual en la demarcación del Guadalquivir que obliga, por un lado, a 
adoptar medidas temporales que permitan un incremento de los recursos hasta que los 
niveles de las reservas mejoren y, por otro, a adoptar las medidas administrativas 
necesarias que permitan corregir en lo posible esa situación mediante la limitación y 
restricción  de  los  aprovechamientos  de  forma  equitativa  y  solidaria  entre  todos  los 
sectores  afectados.  Asimismo,  será  necesario  buscar  un  equilibrio  entre  los 
aprovechamientos y la protección de las masas de agua y los ecosistemas dependientes 
y aplicar para ello las medidas correctoras que sean necesarias.
Para paliar los efectos producidos por la escasez de recursos hídricos, se otorga a 
los órganos rectores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un elenco de 
facultades extraordinarias.
Así, se autoriza a la Comisión Permanente de Sequía para proponer la modificación 
temporal de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que 
sea el título legal que haya dado lugar a esa utilización, pudiendo entre otras cosas: 
establecer las reducciones de suministro de agua necesarias para la justa y racional 
distribución de los recursos disponibles, limitando los derechos concesionales a esas 
dotaciones; modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los 
distintos usos del agua; cambiar temporalmente las asignaciones y reservas previstas en 
el Plan Hidrológico de la Demarcación; suspender cautelarmente el otorgamiento de 
títulos que impliquen un incremento del consumo; imponer la sustitución de la totalidad o  es
parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y calidad adecuada para  o
ecqveelu nruettsi Adropaso uliesame;s  dqi asdaudmenea o  upes,st seautsrréa  enerc i loo drhmséea gsppbtiaamiinlrtiitaaeba dnl oeo rsdads e ;ec  mnleoaaxn orp d Plyooifr titvercaoisagcsiriidl ó aleuanrns s ldcoa ceis aog ; l neoaddssstei ciaíó  iponclran ood emvesCe o lcfoo ihjscnaa ofdremneadsciseetu irnetraustnocior is,lsóa  .nhes i nda Hrusotiudeo rlréoiczcgaatrsrcáiocifo,io cnsjaeu  psna dtdareaesl     OE-A-2022-4136able en https://www.
Guadalquivir  para  adoptar  las  medidas  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las
propuestas que realice la Comisión Permanente de Sequía, imponer la ejecución de 
aquellas actuaciones que sean necesarias para una mejor gestión de los recursos 
hídricos o acordar subsidiariamente su realización, así como para ejecutar obras de 
investigación hidrológica, de captación, transporte, adecuación de infraestructuras y de 
control de la evolución de las masas de agua subterránea.
Los procedimientos vinculados a la ejecución del real decreto-ley se declaran de 
urgencia, al amparo de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y al mismo 
tiempo, se simplifican los trámites para la modificación de las condiciones de utilización 
del  dominio  público  hidráulico,  elemento  central  para  garantizar  la  eficacia  de  esta 
regulación excepcional, asegurando en todo caso la necesaria participación y audiencia 
de los interesados.
Se refuerza el régimen sancionador en lo que atañe a las infracciones cometidas en 
relación con las medidas excepcionales incluidas en el real decreto-ley, para dotar a los 
órganos  competentes  de  facultades  acordes  con  la  gravedad  de  la  situación,  en 
beneficio  del  interés  público.  Entre  ellas,  la  posibilidad  de  adoptar  las  medidas 
provisionales  previstas  en  el  artículo  56.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previas al inicio 
del expediente sancionador.
Por otra parte, y teniendo en consideración las bajas reservas hídricas existentes en 
la mayoría de los sistemas de explotación del ámbito territorial de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, para que todas estas medidas puedan ser realmente 
eficaces, el período de aplicación de este real decreto-ley se extenderá desde su entrada 
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de la suspensión de las medidas 
que supongan una restricción de los derechos de los usuarios cuando concurran nuevas 
circunstancias de las que se deduzca la superación de la situación excepcional de 
sequía extraordinaria.
III. Justificación de la extraordinaria y urgente necesidad
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción 
de estas modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos 
referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los 
presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En relación 
con  los  primeros,  como  señala  el  artículo  86.1  de  nuestra  Constitución,  los  reales 
decretos-leyes  «no  podrán  afectar  al  ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del 
Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, 
al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general».
En el caso del presente real decreto-ley no se realiza afectación alguna a cualquiera 
de estas materias.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección 
del núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula 
ninguna  institución  básica  del  Estado,  no  se  afecta  a  derechos  y  deberes  de  la 
ciudadanía,  que  no  se  verán  ni  incrementados  ni  disminuidos,  no  se  incorporan 
afecciones al régimen de las comunidades autónomas puesto que no es objeto de 
ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna con el régimen electoral, de 
modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación en este punto.
Por  lo  que  respecta  a  la  concurrencia  de  los  presupuestos  habilitantes  de  s
extraordinaria  y  urgente  necesidad,  debe  tenerse  en  cuenta  la  doctrina  de  nuestro  oe.
Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jurídico IV de la Sentencia 61/2018,  w.
aedpxepr 7olí bcdaiteac i jóuyn nr»iao,z  deoesn  ad2de0ac1 id8r,e.  l Colo oqsn umfoeor mhtiave o vase  nqlaiud emo  hiseamnn a ds,e idsneoo  mrteeinqniuadiroessree ,en ln,a  p csouitreu nuatnca i lópanod rod ,ee «l  uGlarog pberineecsrineaon;  tyea,nc pi ósonur    2022-4136n https://ww
otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la
medida concreta adoptada para subvenir a ella». Como señala el Tribunal Constitucional,  Bc
generalmente «se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han 
calificado  como  «coyunturas  económicas  problemáticas»,  para  cuyo  tratamiento 
representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado 
para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que 
subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones 
difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que 
el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de 
septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, también se debe advertir 
que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la 
utilización de la figura del decreto-ley, pues el posible carácter estructural del problema 
que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento 
dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación 
de  un  decreto-ley,  lo  que  deberá  ser  determinado  atendiendo  a  las  circunstancias 
concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 
47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, 
y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7) y concurre en el presente 
caso, el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, 
dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere 
una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. 
Como  se  expone  pormenorizadamente  a  continuación,  ninguna  de  las  medidas 
recogidas en la norma se puede considerar previsible con antelación pues ni la afección 
climática que se describe, ni las perturbaciones comerciales que se han expuesto ni las 
alteraciones en las condiciones productivas se podían conocer con antelación si bien los 
Poderes públicos no pueden permanecer ajenos a su existencia. El único modo posible 
de hacerles frente ha de ser el del real decreto-ley, pues, ya que en cualquier otro 
mecanismo los plazos impedirían la correcta atención de las necesidades detectadas.
En  consecuencia,  se  puede  asegurar  que  existe  una  conexión  directa  entre  la 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella: ni las medidas en 
materia  de  producción  acordadas  podrían  esperar  a  una  tramitación  parlamentaria 
puesto que los efectos sobre los operadores serían demasiado gravosos por el retraso ni 
las medidas en materia de apoyo a la cadena alimentaria o a los trabajadores pueden 
acompasarse al eventual debate y decisión en sede parlamentaria, porque requieren de 
la decidida e inmediata intervención pública. La inmediatez de la entrada en vigor de este 
real decreto-ley resulta también oportuna, puesto que otra alternativa requeriría de un 
plazo muy superior en el tiempo. Esta acción normativa urgente asegura la puntual 
modificación legal descrita en un plazo más breve que el requerido para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia 
(SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
El paquete normativo que se acomete ahora constituye un conjunto sistemático de 
medidas  coordinadas  que  hace  frente  a  las  situaciones  descritas  desde  diferentes 
perspectivas, compartiendo un objetivo común. Se hace necesario, pues, intervenir en la 
actual coyuntura de modo inmediato y desde distintos ámbitos materiales, por lo que se  es
adopta  este  bloque  de  decisiones  que  mejoran  la  situación  de  partida  desde  la  o
stspreoeacmrtastLoepmarte.esiecr tn imvetoale   dcfdoiisdercar easlacl  stnod o en f eupdcnueecestieodidrnemaandmi nedaiseed nmaatosco  urdacaeicraslt nievmt iedepsaru dcedeasesdtt ooeo  cy tqa luadeesal   sclc oooesnnn jud pnieectlri oojus neidceceisot  osladr   eape  rcaoqocduntueiovc mitdsivaíeaod  ,  pseeeonnrdí  raíeenall     OE-A-2022-4136able en https://www.
incalculables. Del mismo modo, la seguridad jurídica exige una pronta solución a estas
circunstancias, dado que han de adicionarse medidas al ordenamiento sin demora, tanto 
por motivos coyunturales como estructurales.
Además, la extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas procede de la 
concurrencia de una pléyade de causas de fuerza mayor, derivadas de circunstancias 
ambientales crecientemente extremas, crisis agudizadas en el comercio internacional y 
alteración secuencial de los elementos constitutivos de la actividad. Además de estos 
factores tanto estructurales como coyunturales que confluyen en este subsector de 
actividad y que ya se han expuesto, concurre como elemento esencial de agravamiento 
de  esta  situación  la  concatenación  de  fenómenos  climatológicos  especialmente 
virulentos  que  han  tenidos  los  ampliamente  conocidos  efectos  adversos  sobre  la 
actividad  del  sector  agrario.  La  sucesión  de  acaecimientos  como  las  encadenadas 
depresiones aisladas en niveles altos (DANA) o las alteraciones en los patrones de 
temperaturas  y  precipitaciones  habituales  han  generado  evidentes  perjuicios  en  las 
explotaciones agrarias que la actual situación de sequía ha terminado por agravar hasta 
el punto de hacer insostenible su mantenimiento.
Dichas circunstancias obligan también a adoptar medidas excepcionales y urgentes 
en  materia  de  empleo  para  evitar  situaciones  de  desprotección  de  quienes  sean 
trabajadores como consecuencia de la disminución de la necesidad de mano de obra en 
las zonas afectadas. Se trata de una medida que sigue múltiples precedentes, como los 
Reales Decretos-leyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010, de 19 de marzo; 1/2013, de 25 
de enero; 1/2015, de 27 de febrero; 28/2018, de 28 de diciembre; y 5/2020, de 25 de 
febrero, que reconocían la reducción del número mínimo de jornadas realizadas para 
acceder  a  las  prestaciones  señaladas,  que  se  complementa  con  otras  igualmente 
perentorias en materia laboral. Por lo tanto, esta medida se ha venido realizando de 
manera frecuente en  el  tiempo sin que haya  habido cuestionamiento constitucional 
alguno sobre la posibilidad de regularlo por medio de este instrumento.
Estos perjuicios, que por sí mismos suponen un elemento adicional que considerar 
para la necesidad de atender de urgencia estas medidas, tienen un efecto específico en 
el ámbito de esta concreta medida, pues la renta y el subsidio agrarios sólo se verifican 
en las dos comunidades autónomas referidas. Los perjuicios en la actividad tendrán 
como  consecuencia  inmediata  el  descenso  drástico  de  la  contratación  de  personal 
eventual en tales explotaciones, de modo que el número de jornadas cotizadas, exigido 
como requisito para el acceso a tales mecanismos protectores, ha decaído también, lo 
que conlleva la imposibilidad de buena parte de los perceptores de cumplir con un 
requisito habilitante esencial. Esta circunstancia, sumada al evidente impacto que los 
aranceles internacionales y los problemas ambientales que han afectado a la cosecha de 
las  actividades  oleícolas  –predominantes  precisamente  en  el  territorio  de  ambas 
regiones–, justifica sobradamente la necesidad imperiosa e inaplazable de reducir el 
número de jornadas exigidas para acceder a ambas figuras, en línea con lo que en 
ocasiones similares se ha venido acordando en el pasado a través también de la figura 
del real decreto-ley
Debe destacarse que, en particular, las cuestiones tributarias que se contienen en 
este real decreto-ley preservan adecuadamente las garantías constitucionales en la 
relación  entre  el  principio  de  legalidad  tributaria  y  el  límite  a  la  facultad  de  dictar 
decretos-leyes susceptibles de afectar al deber de contribución al sostenimiento de los 
gastos públicos, ya que no incide en los elementos esenciales del tributo ni en la 
posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del 
sistema tributario. En este sentido, el Tribunal Constitucional (SSTC 35/2017, de 1 de  es
marzo (F.J. 5.º) 100/2012, de 8 de mayo (F.J. 9) 111/1983) sostiene que el sometimiento  o
dpipcmaeerepr nálsoaeucs ttprmieaburari el itrdeseeatnrloiad a tl  haivtmar oimbbe yiuadli tttinaaaeornnrii attaaee  ab  tyrdls i obpinclurohuitn otaoac r,ifiip eanpic soostt erride u leamom   rpleqearnussetee  om rq evudala eetá e d mrseaieab ltl sieedt oyreea  xn(dcac eiórllu otnríisced  ugdarlueesolq,lsa  u qcr3éiuisó1gein.ti 3om i msdye e pcn1l lo i3dcng3ease.c t1neirt eenuytr c oad3i-ole  lCenfoiyaEn  lid)ept iesuvti  aeedl ndoeleaesl      OE-A-2022-4136able en https://www.
elementos esenciales de los tributos, si inciden sensiblemente en la determinación de la
carga tributaria o son susceptibles de afectar así al deber general de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema 
tributario justo.
Las medidas señaladas contienen modificaciones concretas y puntuales que no 
suponen afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos 
previsto el artículo 31.1 de la Constitución. Así, como indica la STC 73/2017, de 8 de 
junio, (FJ 2), «A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del 
artículo 86.1 CE, es «al examen de si ha existido "afectación" por el decreto-ley de un 
derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución»; lo que exigirá «tener 
en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la 
naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 8; 
329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del 
título I de la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de 
«todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de 
los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen 
general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación 
de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema 
tributario justo»; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o 
innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente 
la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del 
sistema tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, 
FJ 5, por todas). De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada 
caso,  «en  qué  tributo  concreto  incide  el  decreto-ley  –constatando  su  naturaleza, 
estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el 
grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos 
del  mismo  –esenciales  o  no–  resultan  alterados  por  este  excepcional  modo  de 
producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación 
de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5). No se modifica 
con las medidas adoptadas ni la obligación general de contribución, que persiste, ni los 
elementos esenciales del tributo, pues son medidas que afectan a aspectos concretos 
del detalle tributario, por lo que, dada su limitada innovación cuantitativa, no se altera la 
posición del obligado tributario de modo sensible, sino en aspectos específicos, lo que 
permite asegurar la salvaguarda de los límites de esta figura constitucional, no afectando 
por ello al núcleo esencial del concepto vedado al real decreto-ley.
En cuanto a las medidas de itinerarios de inclusión, cabe indicar que mediante el 
Real  Decreto  938/2021,  de  26  de  octubre,  se  regula  la  concesión  directa  de 
subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de 
la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  El  citado  real  decreto  tiene  por  objeto 
regular la concesión directa de subvenciones a las entidades detalladas en el artículo 4 
del mismo para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de 
itinerarios  de  inclusión  social  y  su  evaluación,  con  la  finalidad  de  contribuir  a  la 
promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas 
formas. Para el desarrollo de los itinerarios de inclusión social a través de proyectos 
piloto se ha establecido un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023. Además, 
para  su  ejecución,  se  han  previsto  según  las  bases  reguladoras  de  la  subvención  es
aprobada  antes  del  31  de  diciembre  de  2021,  contratos  de  duración  determinada  o
pceRRoaseentrssratiiicell iiteexeatnnlmo cc Ceiiyaan o.,n  tmePea ntpouv orrie nanelc leleplunozllta,aae zdl  adoo2 e ssa3  ilc,taa uolsa Irn cdcmvuiaóeemdnrdosp i,didló iemman s ieoe 7xtdni tvitrraoadig  oeiiddnrl deacPillsn ul Paaiarrln lai ua cnn du y dem réeu pg rRlgRiimmeeecneiceutnuenp p tetonerra eardanccecseió iisótlnooind,sr ,ai  oThdT ri qrtaqoaunusnese s ef fgoosdartrimamrmabaaanlcenctiiciaócóie ndnd  o leayysl      OE-A-2022-4136able en https://www.
continuidad, el cumplimiento y la íntegra ejecución de los proyectos piloto de inclusión
social en fase de ejecución, dirigidos a contribuir a la promoción de la igualdad, la 
inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas, de los colectivos 
más vulnerables, que de otra manera se verían comprometidos. Concurren, pues, los 
presupuestos necesarios para acordar esta medida por medio de real decreto-ley, en 
tanto en cuanto se hace necesaria la regulación específica que solvente la situación de 
dichos contratos temporales vinculados a la ejecución de los proyectos hasta su fin, el 30 
de junio de 2023.
En otro orden de cosas, la pérdida de vigencia, el 31 de marzo de 2022, de las 
medidas de transición a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo del 
artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, previstas en la disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los 
mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y 
social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica, determina sin solución de continuidad 
la necesidad de que empresas pertenecientes a sectores que han sufrido cambios 
estructurales y permanentes puedan adoptar, ya desde tal fecha, medidas de transición y 
recualificación  profesional.  Y  lo  anterior  con  el  objetivo  de  que  puedan  superar 
situaciones de dificultad estructural derivadas de cambios que se califican expresamente 
de permanentes, mediante las citadas medidas de flexibilidad en lugar de otras de 
carácter definitivo o traumático, como serían los despidos colectivos.
Es necesario, asimismo, que tales empresas afectadas por la situación sectorial 
descrita puedan acceder a los beneficios en materia de Seguridad Social, previstos en la 
disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, y que se apliquen las medidas de protección social de las personas 
trabajadoras, establecidas en la disposición adicional cuadragésima primera del mismo 
texto legal, para los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de 
aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
Es este el caso de las empresas pertenecientes al sector de las agencias de viaje 
que no han mostrado el mismo ritmo de desaceleración que otros sectores, conforme 
remitía la pandemia, y en donde de promedio todavía el 30 % del total de afiliados en 
esta rama se encuentran en un esquema de protección al empleo, frente al 2 % del resto 
de sectores.
Este comportamiento, parece que no tiene tanto que ver con la evolución de la 
pandemia aunque haya sido acelerada por esta, sino con un cambio estructural que se 
está produciendo en el sector, lo que obliga a una respuesta temprana que permita 
proteger el empleo durante esta fase de transición y la recualificación profesional de las 
personas trabajadoras gracias a las previsiones expresamente recogidas en sendas 
disposiciones transitorias como fórmula necesaria, adecuada y proporcionada para dar 
solución a una situación concreta, que de otra manera quedaría desprotegida.
Para hacer efectivo lo anterior se introducen en el presente real decreto-ley sendas 
disposiciones adicionales, una de acceso a los datos de los expedientes de regulación 
temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público 
de  Empleo  Estatal  y  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  y  otra  sobre  la 
constitución  del  Fondo  RED;  así  como  tres  disposiciones  transitorias  relativas  al 
procedimiento aplicable al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, 
la  protección  social  de  las  personas  trabajadoras  y  la  cobertura  transitoria  de  las 
necesidades de financiación del Mecanismo RED. es
Por  su  parte,  la  necesidad  de  fijación  de  un  precio  de  los  recursos  hídricos  o
pcVedorxeinonp actslroeleaotdcanpeucsóneip otnoenecrsetsie as d   edqad eugela er sas uerb ii xaonatsmsrlta toqabo ulecradeoaci snniuot aetneirl eliie zasana  gendyur e gea ésd uotaericgs sco earo nelaattcacecusti uór samnnol e.udscye es  seeai lgdevuaevada f  dudaeyesral t, me cmqaourem eny ot ed ll aeac   olacvmosia pnibnrdoifulrimdacaceeidstói tdnrau dJ cecút uocrmlaaaross-    OE-A-2022-4136able en https://www.
La situación es extraordinaria ya que el coste medio del agua desalada en las 
instalaciones de desalación de aguas marinas (IDAM) ha pasado de una cifra media del 
orden de 0,45 euros/m3 antes de la crisis energética a una cifra que se sitúa en media 
en 1,2 euro/m3 en la actualidad, lo que supone un precio medio del agua desalada que 
no se puede asumir por los usuarios de riego. Igual sucede con el coste de las aguas 
procedentes de la conducción Júcar-Vinalopó, que pasan de unos 0,30 euros/m3 antes 
de la crisis energética a 0,85 euros/m3 en la actualidad. Es una situación extraordinaria 
que nunca antes se había producido y que en caso de no adoptar las medidas previstas 
tendrá como consecuencia inmediata, agravada por la situación de sequía, una pérdida 
de una parte importante de la producción del regadío del sureste español y un impacto 
importante sobre el empleo en la zona.
Asimismo, es urgente establecer en breve plazo un precio asumible por los usuarios 
del regadío de las aguas desaladas y de las procedentes de la conducción Júcar-
Vinalopó, ya que en este momento del año están iniciándose las campañas de riego y un 
retraso en la adopción de estas medidas las haría inviables.
Respecto  de  la  situación  de  escasez  de  recursos  que  existe  en  las  cuencas 
hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, es preciso adoptar con urgencia medidas, 
de diversa naturaleza, en la doble dirección que se ha señalado: por una parte, preservar 
el importante valor socioeconómico y ambiental que representa el regadío en estas 
cuencas  hidrográficas,  dado  que  actualmente  las  reservas  de  recursos  hídricos  se 
encuentran muy reducidas respecto de su capacidad total. Este déficit de reservas pone 
de  manifiesto  que  la  situación  es  extremadamente  delicada.  Por  otra,  es  también 
necesario buscar un equilibrio entre los aprovechamientos y la protección de las masas 
de agua y los ecosistemas dependientes y aplicar para ello las medidas correctoras que 
sean necesarias, pues se han registrado problemas de calidad del agua debido a la 
escasez de las reservas al tiempo que debe solucionarse la falta de fuentes alternativas 
de suministro.
La situación de extraordinaria y urgente necesidad está claramente definida por la 
sequía en la que se encuentra la cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, 
motivada por la sucesión de años con déficit acusados de aportaciones, que a pesar de 
las restricciones a la demanda impuestas, no han sido suficientes para que las reservas 
disponibles en la actualidad sean suficientes para afrontar un futuro incierto, con las 
repercusiones socioeconómicas y ambientales, entre otras, que ello comporta.
Por  lo  demás,  la  norma  opera  dos  modificaciones  puntuales  en  dos  normas 
reglamentarias,  en las que concurre la  imperiosa  necesidad de modificación, como 
corolario de las situaciones descritas y de las disposiciones que contiene el propio real 
decreto-ley, que las hacen, por consiguiente, indisociables de las anteriores, todo ello sin 
perjuicio de la salvaguarda de su rango meramente reglamentario. Así, por un lado, se 
modifica el artículo 2 del Real Decreto 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del 
sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios, como se ha indicado, 
con  el  fin  de  que  los  trabajadores  con  contrato  de  fijo  discontinuo  incluidos  en  el 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las 
Comunidades  Autónomas  de  Andalucía  y  Extremadura,  cuando  dejen  de  prestar 
servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de 
temporada de la empresa o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, 
tecnológicas o de fuerza mayor, o cuando tras esas situaciones cesen involuntariamente 
en un trabajo eventual agrario, a efectos de la protección por desempleo tendrán la 
consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales  es
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, modificación estrechamente ligada  o
aRlnaa ucesloaea rsvsld  ouDca birdervécocegur neeinmctnsoie to ean3nsn 8etlcaa8siab  /n2dsoo0e rqra2smul1t ieen,a  nad sy dee,e a  as1hslt a  edpan erp  o ldujapuen insootoic bot.rit, iee Ptpomnoo cmprri  óooeán,tls r  aq odasu erloear ci dabsiaovaed,a   yealse se qsat u a mdlebaeo l iei dnnlcitamfeei cgnSianr olaneac  nseaite lesb dcp aaeoesdnnce tjtrsuAoa nsnrdet óaopgn  uuedinmlneat  uadvma oigEelreoasdsrsti  ad dddtaeaeeslll      OE-A-2022-4136able en https://www.
de  Caución  Agraria  S.M.E.  (SAECA)  por  titulares  de  explotaciones  agrarias,  de
operadores  económicos  del  sector  pesquero  o  de  industrias  agroalimentarias  que 
garanticen préstamos para su financiación, con el fin de armonizar su contenido con la 
remisión que en este real decreto-ley se contiene al mismo en su artículo 6, dada la 
intensa interconexión entre la nueva línea de financiación, cuya puesta en marcha deriva 
precisamente de estas circunstancias excepcionales, y la regulación reglamentaria que 
se prevé para los avales que en él se contienen, que funcionan como un todo indivisible 
en la precitada línea de apoyo al sector primario.
La  situación  descrita  evidencia  la  urgencia  existente  en  la  aprobación  de  las 
medidas, de modo que resulta patente que estas no pueden ser adoptadas mediante los 
instrumentos  normativos  ordinarios,  pues  el  decreto-ley  es  un  instrumento  jurídico 
excepcional, cuyo empleo solo se justifica cuando el recurso a aquellos instrumentos no 
permitiría acometer con la urgencia necesaria la situación extraordinaria definida.
Por todo lo expresado anteriormente, concurren de esta forma las circunstancias de 
extraordinaria y urgente necesidad, que constituyen el presupuesto habilitante exigido al 
Gobierno por el artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos-leyes, de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: una situación de necesidad 
fundamentada en datos concretos; la urgencia de las medidas que deben aplicarse 
respecto  a  esta  situación  de  necesidad,  que  no  puede  atenderse  acudiendo  al 
procedimiento legislativo de urgencia; y la existencia de una conexión entre la situación 
de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para afrontarla.
IV. Principios de buena regulación
Por todo lo anterior, el presente real decreto-ley se configura de acuerdo con los 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica recogidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta modificación es necesaria y 
eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento los cambios más acuciantes 
para subvenir a estas necesidades. En cuanto al principio de transparencia, se preserva 
dada la claridad con la que se exponen sus objetivos, medidas y causas. Asimismo, 
resulta proporcional y transparente porque esta regulación, siendo de mínimos, introduce 
sólo en los elementos necesarios el contenido esencial que se estima procedente para la 
salvaguarda del interés público, sin limitar los derechos de los ciudadanos ni imponerles 
nuevas obligaciones, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jurídica al 
asegurar  un  correcto  encaje  del  conjunto  de  medidas.  Finalmente,  el  principio  de 
eficiencia  se  considera  cumplido  toda  vez  que  no  se  imponen  nuevas  cargas 
administrativas que no sean imprescindibles frente a la regulación actual.
V. Habilitación competencial
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva del Estado en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
De este título competencial se exceptúan los artículos 2 y 3, que se dictan al amparo 
del artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia 
sobre «régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las comunidades autónomas», los artículos 4, 5 y 15, que se dictan al 
amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, en materia de Hacienda  s
general y Deuda del Estado, y el artículo 10, el capítulo V, excepto el artículo 15, las  oe.
disposiciones adicionales primera a tercera y la disposición final quinta, que se dictan al  w.
amparo del artículo 149.1.22.ª y 24.ª de la Constitución Española, que atribuyen al  36ww
Eresctuardsoo sc oym appertoevnecciah aemxicelnutsoivsa h iednrá umliactoesr iac udaen dloe gliassla caigóuna, so rddisecnuarcrieónn  pyo rc omnácse sdióen u ndae 
cmoámsu dneid uanda  acuotmónuonmidaa dy a oubtórnaos mpaú.blicas de interés general o cuya realización afecte a  BOE-A-cable e
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 
la Ministra de Hacienda y Función Pública, de la Ministra de Trabajo y Economía Social, 
de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 15 de marzo de 2022,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Este real decreto-ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo a quienes sean 
titulares de las explotaciones agrarias, de forma que contribuyan a la recuperación de la 
rentabilidad de dichas explotaciones, que se han visto gravemente afectadas como 
consecuencia de la situación de sequía, así como por el incremento de los costes de 
producción  y  por  la  actual  situación  económica  internacional,  junto  con  medidas 
laborales de protección de las personas trabajadoras.
Asimismo, se establecen medidas administrativas excepcionales para la gestión de 
los recursos hidráulicos que permitan paliar los efectos de la sequía y medidas de apoyo 
a  los  titulares  de  derechos  de  uso  de  agua  para  riego  incluidos  en  los  ámbitos 
territoriales afectados por la sequía previstos en el artículo 11, cuando hayan sufrido 
reducciones respecto de lo establecido en los títulos jurídicos que amparen su derecho al 
uso del agua.
CAPÍTULO II
Medidas laborales y de Seguridad Social
Artículo  2. Aplazamiento  en  el  ingreso  de  cuotas  de  la  Seguridad  Social  y  por 
conceptos de recaudación conjunta.
Las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores 
incluidos  en  el  Sistema  Especial  para  Trabajadores  por  Cuenta  Propia  Agrarios 
establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones 
con  la  Seguridad  Social  y  no  tuvieran  otro  aplazamiento  en  vigor,  podrán  solicitar, 
directamente o a través de sus autorizados para actuar a través del Sistema de remisión 
electrónica  de  datos  en  el  ámbito  de  la  Seguridad  Social  (Sistema  RED),  un 
aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de marzo a mayo 
de 2022, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios y entre los meses de abril a junio de 2022, para los trabajadores 
incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Este aplazamiento se ajustará a los términos y condiciones establecidos con carácter  e
general en la normativa de la Seguridad Social, con las siguientes particularidades: b
dcoierzr1e .spªp riomnLedariseo nss toedliscí aitasu  dlnaeasst  udcreua olaetapssl a dzseae mñcaiaeldanadto a usd neeobn e dreáeln  p loeásfre rcaptfluoaa zrposrseim  areenrgtoela sdm ede enel tstartraeion sas crtudícresu oloin  dgyer e llasooss    2022-4136n https://ww
mismas determinarán que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social, respecto a las cuotas afectadas por el mismo, hasta que se 
dicte la correspondiente resolución.
2.ª Será de aplicación un interés del 0,5 por ciento, en lugar del previsto en el 
artículo 23.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
3.ª El  aplazamiento  se  concederá  mediante  una  única  resolución,  con 
independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales 
y  determinará  un  plazo  de  amortización  de  cuatro  meses  por  cada  mensualidad 
solicitada, sin que exceda en total de 12 mensualidades. El primer pago se producirá a 
partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado.
4.ª En ningún caso este aplazamiento será aplicable a las empresas con deudas 
que no correspondan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, ni a los trabajadores por 
cuenta propia con deudas que no correspondan al Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el momento de la resolución.
Artículo 3. Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al 
subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales 
agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura.
1. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social y, en dicha fecha, 
residan en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, 
podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo que regula el Real Decreto 5/1997, 
de  10  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  subsidio  por  desempleo  en  favor  de  los 
trabajadores  eventuales  incluidos  en  el  Régimen  Especial  Agrario  de  la  Seguridad 
Social, o de la renta agraria, establecida por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, 
por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el 
Régimen  Especial  Agrario  de  la  Seguridad  Social  residentes  en  las  Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura, aun cuando no tengan cubierto en el citado 
Sistema  de  la  Seguridad  Social  el  número  mínimo  de  jornadas  reales  cotizadas 
establecido, respectivamente, en el artículo 2.1.c) del primero o en el artículo 2.1.d) del 
segundo de los reales decretos citados, siempre que tengan cubierto en dicho Sistema 
Especial un mínimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales 
inmediatamente  anteriores  a  la  situación  de  desempleo,  y  reúnan  el  resto  de  los 
requisitos exigidos en la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 288 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y con lo establecido en los citados reales decretos.
2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará 
acreditado un número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo establecido en:
a) El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.
b) Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
3. En las solicitudes que se presenten e en el ámbito territorial indicado en el 
apartado 1 de este artículo, se estará a lo siguiente: es
a) Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de  w.
enero, se deberá completar un número mínimo de 20 jornadas reales, cotizadas, en la  36ww
formba)  prPeavirsat aa pelnic dairc lhaa d disisppoossicicióiónn t.ransitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de
econnesroid, ecrauraán adcor esdeit aadcor eudnit en úumne rnoú dmee 3ro5  joigrunaald aos  scuoptiezraiodra sa. 20 jornadas cotizadas, se  BOE-A-cable e
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a las solicitudes 
presentadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de 
diciembre de 2022, inclusive.
CAPÍTULO III
Medidas fiscales
Artículo  4. Reducción  en  2021  del  rendimiento  neto  calculado  por  el  método  de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 
actividades agrícolas y ganaderas y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. La  reducción  prevista  en  la  disposición  adicional  primera  de  la  Orden 
HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, será del 20 por ciento 
para las actividades incluidas en el anexo I de la citada orden.
2. Para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido 
daños como consecuencia directa de los siniestros a que se refiere el artículo 1, y 
conforme  a  las  previsiones  contenidas  en  el  artículo  37.4.1.º  del  Reglamento  del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y en el artículo 38.3 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, la 
persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la vista de los informes 
del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  podrá  autorizar,  con  carácter 
excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden 
HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 5. Exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.
1. Se  concede  la  exención  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles 
correspondiente al ejercicio 2022 a favor de los bienes inmuebles que sean propiedad de 
los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, y que estén afectos al desarrollo de 
tales explotaciones, siempre que los titulares de dichas explotaciones hayan sufrido en el 
ejercicio inmediato anterior al de aplicación de esta exención, pérdidas de ingresos en 
las mismas de, al menos, un 20 por ciento con respecto a los últimos tres años en zonas 
con  limitaciones  naturales  o  específicas  del  artículo  31  del  Reglamento  (UE)  n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y de 
un 30 por ciento en las demás zonas.
2. La  exención  de  las  cuotas  en  el  tributo  señalado  en  el  apartado  anterior 
comprenderá la de los recargos legalmente autorizados sobre aquél.
3. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los 
apartados anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes al citado ejercicio 
fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
4. La disminución de ingresos en tributos locales que los apartados anteriores de 
este artículo produzcan en los ayuntamientos, consejos insulares, cabildos insulares, 
diputaciones provinciales y comunidades autónomas será compensada con cargo a los  e
Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9  bo
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real  36ww
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CAPÍTULO IV
Medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones
Artículo 6. Actuaciones en relación con la financiación del sector primario.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pondrá a disposición de los 
operadores agrarios una línea de ayuda, «LINEA ICO MAPA SAECA», en régimen de 
concesión  directa,  para  la  bonificación  del  principal  de  operaciones  de  financiación 
formalizadas  a  través  de  las  entidades  financieras,  no  reembolsable,  que  se 
instrumentará mediante un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con la 
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) con objeto de fortalecer la 
viabilidad y normal funcionamiento de las explotaciones del sector agrario en situaciones 
excepcionales, ya se trate de condiciones meteorológicas extremas, crisis sanitarias o 
alimentarias  o  distorsiones  graves  en  el  aprovisionamiento  de  materias  primas 
ocasionadas por fluctuaciones en el mercado mundial. Estas ayudas tendrán un límite 
equivalente a la menor de las siguientes cantidades: el 10 por ciento del principal del 
préstamo o 10.000 € de ayudas acumuladas para las operaciones de un mismo cliente.
2. Podrán  beneficiarse  de  dicha  línea  quienes  sean  titulares  de  explotaciones 
agrarias, que podrán ser personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, 
inscritos  en  el  Registro  General  de  Explotaciones  Ganaderas  regulado  por  Real 
Decreto 479/2004, de 26 de marzo, o en el Registro General de la Producción Agrícola 
regulado por Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, con domicilio social y fiscal en 
España, que tengan una fecha de constitución anterior a 1 de marzo de 2022 y cuyos 
ingresos provengan al menos en un 50 por ciento de la actividad agraria en el año 
anterior al de la presentación de la solicitud, o en los tres años anteriores al de la 
solicitud teniendo en cuenta el dato medio, salvo que hayan iniciado la actividad agraria 
dentro de los tres años anteriores a la convocatoria.
3. No podrán concurrir los solicitantes incursos o que reúnan los requisitos para 
estar incursos en procedimiento de insolvencia colectiva, así como en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. En el caso de grandes empresas, deberán estar en una 
situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B- o rating equivalente 
interno de la entidad financiera.
4. La ayuda tendrá carácter de mínimis, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.° 1407/2013 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.
El montante total de la ayuda no podrá superar el límite de 20.000 euros en el 
periodo del año en curso en el momento de la formalización de la operación y los dos 
ejercicios anteriores, incluidas las ayudas previas declaradas por el solicitante.
5. La solicitud del préstamo deberá contar con el aval de SAECA, el cual podrá ser 
objeto de bonificación, en su caso, en el marco del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de 
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de 
explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias 
agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación.
6. El ICO y SAECA actuarán como entidades colaboradoras de las subvenciones 
en el marco del convenio de colaboración suscrito al efecto, a cuyo efecto asumirán la 
gestión íntegra de las mismas, incluida la justificación y control por parte de SAECA, en  e.e
los términos establecidos en dicho convenio. b
7. En la presentación de las solicitudes de ayuda será de aplicación lo previsto en  36ww
los a8r.t ícuEllo Ms i7n iys t8ro y  dceo nAcgorricdualntuteras,  dPeel sRceaa yl  DAelicmreetnot a3c8i8ó/n2 0d2ic1ta, rdáe  r1e sdoel ujucnióion. motivada a la
vsiosltiaci tuddee slo dse  caeyrutidficaa cdooms eqnuzea ráre cmointa lna  pSuAbElicCaAc ióyn  eeln  IeCl O«.B oElel tpíne rOiofdicoia ld dee la Edsmtaisdióon»  ddeel 
extracto  de  la  orden  de  convocatoria,  que  se  realizará  de  acuerdo  con  las  bases
establecidas  en  este  artículo.  Las  ayudas  de  concederán  por  riguroso  orden  de 
presentación hasta agotar el límite presupuestario.
9. Tales ayudas se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite, 
con el carácter de incorporable, en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, con una dotación inicial de 10 millones de euros.
Artículo 7. Actuaciones en relación con la financiación de avales en explotaciones 
agrarias.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá poner a disposición de los 
operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación 
de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa 
conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, el coste de los 
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios 
para  la  obtención  de  préstamos  con  objeto  de  fortalecer  la  viabilidad  y  normal 
funcionamiento del sector.
Artículo 8. Dotación del Plan de Seguros Agrarios Combinados.
En el caso de que fuera necesario, el Gobierno incrementará la dotación aprobada 
para el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados, en la cantidad que 
sea adecuada para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación, previa la 
tramitación de las modificaciones presupuestarias que sean necesarias de conformidad 
con lo establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 9. Actuaciones en relación con la Política Agrícola Común (PAC).
En aplicación de las disposiciones comunitarias sobre causas de fuerza mayor y 
circunstancias  excepcionales,  el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación 
establecerá  los  criterios  para  que,  de  una  forma  armonizada,  las  autoridades 
competentes de las comunidades autónomas puedan, de manera excepcional, flexibilizar 
determinados requerimientos, condiciones de subvencionabilidad y compromisos de las 
ayudas de la PAC al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de 
la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.
Artículo 10. Actuaciones en relación con el coste del agua desalada procedente de las 
Instalaciones Desaladoras de Agua Marina (IDAM) de titularidad de la Administración 
General del Estado y con el coste del agua en la Conducción Júcar-Vinalopó.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece para el 
año 2022 los siguientes importes por metro cúbico de agua, IVA excluido, que deben 
satisfacer los usuarios de regadío de las siguientes infraestructuras:
Tarifa riego
Infraestructura Lugar de aplicación
(€/m3)
IDAM TORREVIEJA. 0,348 En los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora.
En los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora, hasta la 
IDAM AGUILAS. 0,419
balsa de Cerro Colorado.
IDAM VALDELENTISCO. 0,409 En los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. e.
IDAM DALIAS. 0,475 En los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. 36ww
IIDDAAMM  CALAIRCBAONNTEE RI.AS. 00,,435632 EAn p lioes d peu pnltaonst ad.e entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora.
CONDUCCIÓN JÚCAR-VINALOPÓ. 0,295 En punto de conexión con el postrasvase.
CAPÍTULO V
Medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir y en la cuenca hidrográfica del Guadiana
Artículo 11. Ámbito temporal y territorial de aplicación.
1. Las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la 
cuenca hidrográfica del Guadalquivir y en la cuenca hidrográfica del Guadiana tendrán 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Por su parte, las exenciones del canon de 
regulación y de la tarifa de utilización del agua regulados en el artículo 114.1 y 2 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, se aplicarán a las campañas de riego de los años 2021 y 2022 conforme a lo 
previsto en el artículo 15.
2. El ámbito territorial de aplicación de este real decreto-ley distingue los siguientes 
supuestos:
a) Respecto a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir:
1.º Las medidas a adoptar para la campaña 2021, se aplicarán a las unidades 
territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo I.A).
2.º Las medidas  a adoptar en  la campaña  2022, se  aplicarán a las unidades 
territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo II.A).
La inclusión de las unidades territoriales de escasez en el anexo II, requiere que se 
encuentren en situación de emergencia durante dos meses consecutivos, de acuerdo 
con lo establecido en el Plan Especial de Sequía.
b) Respecto a la cuenca hidrográfica del Guadiana:
1.º Las medidas a adoptar para la campaña 2021, se aplicarán a las unidades 
territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo I.B).
2.º Las medidas a  adoptar en la  campaña 2022,  se  aplicarán a las unidades 
territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo II.B).
Artículo 12. Medidas administrativas excepcionales.
1. Se modifican temporalmente las condiciones de utilización del dominio público 
hidráulico,  cualquiera  que  sea  el  título  habilitante  que  haya  dado  derecho  a  esa 
utilización, y en particular las relativas a:
a) Reducir o suspender las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas 
para racionalizar la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos.
b) Modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos 
usos  del  agua,  respetando  en  todo  caso  la  supremacía  del  uso  consignado  en  el 
artículo 60.3.1.º del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 julio.
c) Imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales 
por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado, 
para racionalizar el aprovechamiento del recurso y dar cumplimiento al régimen de 
caudales ecológicos establecido en el plan hidrológico.
d) Modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, para proteger  e.
la salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico y el de los  w.b
sistemas terrestres asociados. 36ww
necees) idaAddeasp, tcaor ne le rl éfigni mdee nc odme peaxtpibloiltiazacirólons  dceo nlo ost raopsr ouvseocsh.amientos hidroeléctricos a las
2. Se constituirán de oficio las Juntas Centrales de Usuarios que sean necesarias
para ordenar y vigilar la gestión coordinada de los recursos hídricos.
Artículo 13. De la Comisión Permanente de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir.
1. La Comisión Permanente de Sequía, conforme establece el Plan Especial de 
Sequía  de  la  Demarcación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  estará  integrada  por  los 
siguientes miembros:
a) El Presidente del organismo de cuenca, que presidirá la Comisión.
b) El Director de la Oficina Técnica de Sequía, que actuará como secretario con voz 
y voto.
c) Los siguientes vocales:
1.º El Comisario de Aguas, el Director Técnico, el Secretario General y el Jefe de la 
Oficina de Planificación Hidrológica.
2.º Un representante de la Dirección General del Agua, y otros dos de entre los 
representantes del resto de Ministerios participantes en la Junta de Gobierno.
3.º Representantes  de  las  comunidades  autónomas  en  la  Junta  de  Gobierno 
relacionados con la gestión de las aguas y el uso de los recursos hidráulicos: dos 
representantes  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  un  representante  de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, un representante de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha y un representante de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.
4.º Representantes  de  los  usuarios:  un  representante  de  abastecimiento,  un 
representante del regadío y un representante del uso industrial, elegidos entre quienes 
representan a estos sectores en la Junta de Gobierno.
d) También formarán parte de la misma los siguientes vocales, con voz y sin voto:
1.º Un representante de las administraciones locales, elegido por ellos mismo entre 
quienes ostentan esta representación en la Junta de Gobierno.
2.º Un representante de las organizaciones sindicales, otro de las empresariales y 
otro de las organizaciones que actúan en defensa de los intereses ambientales, elegidos 
entre quienes representan a estos sectores en el Consejo del Agua de la Demarcación.
2. Corresponde a la Comisión Permanente de Sequía el estudio y valoración de las 
medidas administrativas excepcionales a proponer a la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, reguladas en el artículo 12.
Artículo  14. Atribuciones  de  la  Presidencia  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 
Guadalquivir.
1. Adoptar  cuantas  medidas  sean  precisas  para  el  eficaz  cumplimiento  de  las 
propuestas realizadas por la Comisión Permanente de Sequía.
2. Imponer a los titulares de derechos la ejecución de aquellas obras de control o 
de medida de caudales que sean necesarias para una mejor gestión de los recursos o 
acordar subsidiariamente su realización.
3. Igualmente,  podrá  ejecutar  obras  de  investigación  hidrogeológica,  captación, 
transporte o adecuación de infraestructuras y de control de la evolución de las masas de 
agua subterránea. Si las obras descritas correspondieran al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico por ser de interés general del Estado o en razón a su  s
cuantía, el Presidente del Organismo de cuenca, le elevará la solicitud de ejecución. oe.
Artículo 15. Exención del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua 
recogidos en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001.
1. En la cuenca hidrográfica del Guadalquivir:
a) Para el período impositivo de 2021, se concede a los titulares de derechos al uso 
de  agua  beneficiarios  directos  de  las  obras  de  regulación,  que  hayan  tenido  una 
reducción de la dotación global de al menos el 40 % respecto a lo establecido en los 
títulos jurídicos que amparan su derecho al uso del agua, y se encuentren en Unidades 
Territoriales de Escasez relacionadas en el anexo I, el 50 % de reducción de la cuota del 
canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua y establecidos en el artículo 114, 
apartados 1 y 2, del texto refundido de la Ley de Aguas.
b) Para  el  periodo  impositivo  de  2022,  en  el  ámbito  de  aplicación  territorial 
establecido en el anexo II, se conceden a los titulares de derechos al uso de agua para 
el riego que hayan tenido una reducción respecto a lo establecido en los títulos jurídicos 
que amparen su derecho al uso del agua, las siguientes exenciones:
1.º El 50 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua establecidos en el artículo 114, apartados 1 y 2, del texto refundido 
de la Ley de Aguas, en el caso de explotaciones en las que se haya producido una 
reducción de la dotación de entre un 40 % y un 60 %.
2.º El 100 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua establecidos en el artículo 114, apartados 1 y 2, del texto refundido 
de la Ley de Aguas, en el caso de explotaciones en las que se haya producido una 
reducción de la dotación de más del 60 %.
c) Para  los  periodos  impositivos  2021  y  2022,  se  concede  a  los  titulares  de 
derechos  al  uso  del  agua  beneficiarios  indirectos  de  las  obras  de  regulación  una 
reducción 40 % de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua 
establecidos en el artículo 114.1 del texto refundido de la Ley de Aguas.
2. En la cuenca hidrográfica del Guadiana:
a) Para el período impositivo de 2021, a los titulares de derechos al uso de agua 
beneficiarios de las obras de regulación, que hayan tenido una reducción de la dotación 
global de al menos el 60 % respecto a lo establecido en los títulos jurídicos que amparan 
su derecho al uso del agua en el ámbito territorial que se relaciona en el anexo I.B), se 
concede una reducción del 100 % de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua.
b) Para el periodo impositivo de 2022, en el ámbito territorial establecido en el 
anexo II.B), se conceden a los titulares de derechos al uso de agua para el riego que 
hayan  tenido  una  reducción  respecto  a  lo  establecido  en  los  títulos  jurídicos  que 
amparen su derecho al uso del agua, las siguientes exenciones:
1.º El 50 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua establecidos en el artículo 114.1. y 2 del texto refundido de la Ley de 
Aguas en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la 
dotación de entre un 40 % y un 60 %: UTE 09 Sistema General (excepto Orellana).
2.º El 100 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de  es
utilización del agua establecidos en el artículo 114.1. y 2 del texto refundido de la Ley de  o
Aguas en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la  w.
d(UoTtaEc i0ó9n  Sdeis tmemása  dGeel n6e0r a%l.: UTE 05 Gasset-Torre de Abraham, UTE06 Vicario y Orellana  2022-4136n https://ww
hubi3e.r anL ossa tsisufjeectohso  ptoatsaivl oos p daerc liaaslm eexnatcec iloanse csu soetañsa lacodrarse sepno lnodsi eanptaersta, dteonsd aránnte drieorreecsh qou ea   BOE-A-cable e
la devolución de las cantidades ingresadas que correspondan.
Artículo 16. Puesta en servicio y ejecución de sondeos de la cuenca del Guadalquivir.
1. La  Presidencia  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  queda 
facultada para autorizar la ejecución y puesta en marcha, por cuenta propia o ajena, de 
cualquier sondeo u obra de captación, cuente con instalación elevadora o no, que 
permita la aportación provisional de nuevos recursos.
Esta facultad incluye la puesta en servicio de sondeos existentes o la ejecución de 
otros nuevos, en la medida en que sean imprescindibles para obtener los caudales que 
puedan satisfacer las demandas más urgentes.
Su  explotación  no  supondrá  una  merma  en  la  calidad  actual  de  las  aguas 
subterráneas y circulantes por los cauces que las haga inadecuadas para los usos a los 
que se destinan.
Dejarán de utilizarse cuando desaparezcan las condiciones de escasez y, en todo 
caso, a la finalización del plazo de vigencia del presente real decreto-ley, y en ningún 
caso  generarán  nuevos  derechos  en  favor  de  quienes  hayan  obtenido  la  citada 
autorización del organismo de cuenca.
Las  extracciones  desde  estos  sondeos  y  obras  de  captación  se  efectuarán  de 
manera que no comprometan los fines ni el logro de los objetivos medioambientales 
fijados en el Plan Hidrológico de la Demarcación.
2. Conforme dispone el artículo 114.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, los 
que se beneficien de obras hidráulicas de captación y transporte de aguas subterráneas 
hasta los lugares de aplicación financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, 
abonaran la «tarifa de utilización del agua» que corresponda, destinada a compensar los 
costes de inversión soportados por la Administración estatal y a atender a los gastos de 
explotación y conservación de tales obras.
Artículo 17. Modificación de las normas de prelación en los contratos de cesión de 
derechos de usos de agua.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 67.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, podrá autorizar, con 
carácter temporal y excepcional, cesiones de derechos de uso de agua que no respeten 
el orden de preferencia definido en el plan hidrológico o en el artículo 60.3 de dicha ley, 
respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en su párrafo 1.º, siempre 
que se mantenga el régimen de caudales ecológicos y se garantice el abastecimiento de 
la población.
Artículo 18. Carácter no indemnizable de las medidas adoptadas.
Las medidas establecidas en este real decreto-ley, incluidas las limitaciones en el 
uso del dominio público hidráulico, no tendrán carácter indemnizable.
Artículo 19. Suministro de información.
Para la adecuada gestión y seguimiento de las medidas objeto de este real decreto-
ley, las empresas suministradoras de servicios energéticos a que hacen referencia la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del sector eléctrico, facilitarán la información que les sea solicitada por las 
Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana de forma telemática y, en  s
especial, los consumos energéticos realizados por las correspondientes instalaciones de  e.
elevación e impulsión de las aguas, con el objeto de poder estimar, en función de dicho  w.
consumo energético, el volumen de agua detraído. 36ww
Artículo  20. Tramitación  de  los  procedimientos  afectados  por  la  aplicación  de  las 
medidas excepcionales.
1. La tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas 
excepcionales  previstas  en  este  real  decreto-ley  tendrán  carácter  de  urgencia,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En su virtud, se 
reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los 
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. El  Organismo  de  cuenca,  cuando  lo  estime  necesario,  procederá  a  la 
modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico reconocidas 
a los titulares de derechos, con sujeción al siguiente procedimiento:
a) El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente, notificándose a 
los interesados el acuerdo de inicio.
b) El informe y la elaboración de la propuesta de modificación se realizará por parte 
de  la  Comisaría  de  Aguas  y  deberá  ser  informada  por  la  Oficina  de  Planificación 
Hidrológica.
c) El plazo para realizar la audiencia de los interesados se reducirá a cinco días.
d) La aprobación de la propuesta de resolución corresponderá al Presidente del 
organismo y será motivada en todo caso.
e) La Presidencia de la Confederación Hidrográfica adoptará las medidas precisas 
para hacer efectiva la resolución de modificación de las condiciones de utilización del 
dominio público hidráulico.
3. La resolución adoptada, de acuerdo con el apartado anterior, determinará la 
modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico mientras se 
mantenga vigente el presente real decreto-ley o no sea expresamente revocada. Tal 
revocación deberá realizarse cuando se aprecie que las circunstancias que motivaron la 
resolución han desaparecido.
Artículo 21. Régimen sancionador.
1. El incumplimiento por los usuarios de las condiciones de utilización del dominio 
público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante, modificadas temporalmente en 
virtud del artículo 12 del presente real decreto-ley constituirá infracción tipificada en el 
artículo 116.3.c) del texto refundido de la Ley de Aguas, y la sanción que corresponda se 
valorará en atención a su especial repercusión en el orden y aprovechamiento del 
dominio público hidráulico.
2. La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas 
sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, constituye una 
infracción administrativa del artículo 116.3.b) del texto refundido de la Ley de Aguas, y la 
sanción que corresponda, se valorará en atención a su especial repercusión en el orden 
y aprovechamiento del dominio público hidráulico.
3. El incumplimiento de las restantes medidas adoptadas por el Organismo de 
cuenca,  en  aras  de  garantizar  la  finalidad  del  presente  real  decreto-ley,  constituirá 
infracción tipificada en el artículo 116.3.g) del texto refundido de la Ley de Aguas y la 
sanción que corresponda se valorará en atención a su especial repercusión en el orden y 
aprovechamiento del dominio público hidráulico. s
Artículo 22. Medidas provisionales. w.
com1p.e teAnntete sp adrea  lian iciniaicr iaoc iiónns trdueirl  eplr opcreodciemdiiemniteon taod mo ianqisutrealltoivso  esna nqcuioienna dsoer , deell eógrugea nlao 
cpoamrap elate npcroiat,e cdceió onf icpioro voi saio ninasl tadnec ialo sd ei nptearretes,e esn  imlopsl iccaadsooss , dpeo udrrgáe nacdioap tinaar pdlaez afobrlem ay 
motivada  las  medidas  provisionales  que  resulten  necesarias  y  proporcionadas.  Las
medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo 
de iniciación del procedimiento sancionador, que deberá efectuarse dentro de los quince 
días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en 
dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso 
acerca de las mismas.
2. Podrán acordarse las siguientes medidas provisionales:
a) Sellado de las instalaciones, aparatos, equipos y pozos.
b) Cese o suspensión temporal de actividades.
c) Aquellas otras medidas que, para la protección del dominio público hidráulico, se 
estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.
3. Las medidas provisionales podrán dejarse sin efecto o modificarse durante la 
tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 
En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga 
fin al procedimiento correspondiente.
4. A  estos  efectos,  los  Presidentes  de  las  Confederaciones  Hidrográficas  del 
Guadalquivir y Guadiana dictarán un acuerdo motivado que habilitará a los agentes 
medioambientales del servicio de control y vigilancia y guardas fluviales que les presten 
apoyo  y  asistencia,  así  como  a  otros  servicios  con  carácter  de  autoridad  y  con 
competencia  para  ello,  para  ejecutar  las  medidas  provisionales  que  se  consideren 
necesarias y proporcionadas de manera inmediata y que posteriormente, en el acuerdo 
de iniciación del procedimiento administrativo sancionador, habrá de ser confirmadas, 
modificadas o levantadas.
Artículo 23. Relaciones con las Delegaciones del Gobierno.
Las  Presidencias  de  las  Confederaciones  Hidrográficas  del  Guadalquivir  y  del 
Guadiana comunicarán a los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas 
afectadas por este real decreto-ley las actuaciones que deban realizarse con el fin de 
conseguir el cumplimiento de las medidas contenidas en él.
Disposición adicional primera. Medidas en relación con las actuaciones de emergencia 
y de urgencia de las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana.
1. Se declaran de emergencia las actuaciones que se incluyen en el anexo III.
2. La tramitación de los procedimientos que resulten necesarios para la ejecución 
de las actuaciones contempladas en el anexo IV (Guadiana), así como otras actuaciones 
diferentes de la contempladas en el anexo III (Guadalquivir), tendrá carácter de urgencia, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/25/UE, de 26 
de febrero de 2014.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley 
de Aguas, las actuaciones vinculadas con la lucha contra la sequía que se relacionan en 
el anexo III y en el anexo IV, llevarán implícita la declaración de utilidad pública a los 
efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como  s
la urgente necesidad de la ocupación, establecidos en el artículo 52 de la Ley de 16 de  e.
diciembre de 1954, de expropiación forzosa. w.
Disposición adicional segunda. Subordinación de las medidas que puedan adoptarse a 
los Planes Hidrológicos de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
Lo dispuesto en en este real decreto-ley se entenderá sin menoscabo de las medidas 
previstas en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de 
los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir,  Ceuta,  Melilla,  Segura  y  Júcar,  y  de  la  parte  española  de  las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro, que deben ser aplicadas en su totalidad, salvo que se motive adecuadamente su 
insuficiencia o la imposibilidad de acometerlas con carácter urgente.
Disposición adicional tercera. No incremento de gasto público.
La creación y funcionamiento de la Comisión Permanente de Sequía de la cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir, serán atendidos con los recursos asignados a los órganos 
administrativos y organismos públicos en ella representados y no supondrán incremento 
alguno del gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni 
de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición adicional cuarta. Acceso a los datos de los expedientes de regulación 
temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio 
Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. A los efectos previstos en la disposición adicional vigesimosexta del Estatuto de 
los Trabajadores, las comunidades autónomas podrán remitir la información que obre en 
su poder directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Servicio Público 
de Empleo Estatal y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o poner dicha 
información a disposición del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de los 
procedimientos  que  este  departamento  determine,  para  su  posterior  remisión  a  la 
Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. La disposición adicional vigesimosexta del Estatuto de los Trabajadores y lo 
dispuesto en el apartado anterior serán aplicables a los expedientes de aplicación del 
Mecanismo RED.
Disposición  adicional  quinta. Constitución  del  Fondo  RED  de  Flexibilidad  y 
Estabilización del Empleo.
Se constituye el Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo contemplado 
en el artículo 47 bis.6 del Estatuto de los Trabajadores.
Disposición  transitoria  primera. Régimen  de  ejecución  de  los  proyectos  piloto  de 
itinerarios  de  inclusión  social  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones aprobados por bases reguladoras antes de 31 de diciembre de 2021.
Los  contratos  temporales  vinculados  a  la  ejecución  de  los  proyectos  piloto  de 
inclusión social aprobados por Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social  e.e
y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros,  b
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, antes del 31 de  36ww
bdaicsieems brereg udlaed o2r0a2s1., podrán concertarse por el plazo de ejecución previsto en dichas
Disposición  transitoria  segunda. Procedimiento  aplicable  al  Mecanismo  RED  de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
1. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario del artículo 47 bis del Estatuto 
de  los  Trabajadores,  resultarán  aplicables,  en  el  ámbito  del  Mecanismo  RED  de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo, las previsiones recogidas en los capítulos II y III 
del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos 
y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, con 
las especialidades señaladas en el apartado 2 y en cuanto no resulten incompatibles con 
lo recogido en el propio artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.
En concreto, no resultarán aplicables los artículos 17, 18, 19 y 22 ni los porcentajes 
de  reducción  de  jornada  previstos  en  el  artículo  16.2,  del  Reglamento  de  los 
procedimientos  de  despido  colectivo  y  de  suspensión  de  contratos  y  reducción  de 
jornada.
2. Sin perjuicio las excepciones anteriores, el contenido de los capítulos II y III del 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 
reducción  de  jornada  resultará  aplicable  al  Mecanismo  RED,  con  las  siguientes 
especialidades:
a) Durante la aplicación del Mecanismo RED cada persona trabajadora solo podrá 
verse afectada en exclusiva por una reducción de su jornada o por una suspensión de su 
contrato, sin que quepa una combinación de ambas, y sin perjuicio de la afectación o 
desafectación  o  de  la  variación  en  el  porcentaje  de  reducción  de  jornada,  que  se 
produzcan ante la alteración de las circunstancias alegadas como causa justificativa de 
las medidas.
b) La  dirección  de  la  empresa  deberá  comunicar  de  manera  fehaciente  a  las 
personas trabajadoras o a sus representantes su intención de iniciar la tramitación del 
Mecanismo RED, a efectos de la conformación de la comisión representativa de aquellas 
conforme a lo previsto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
c) Constituida  la  comisión  representativa  de  las  personas  trabajadoras  o 
transcurrido el plazo para ello, la empresa remitirá la comunicación de inicio del periodo 
de consultas, que deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
1.º Documentación acreditativa de que la situación temporal, cíclica o sectorial, 
descrita en el correspondiente acuerdo de activación del Mecanismo RED concurre en la 
empresa.
2.º Período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de las medidas de 
reducción de jornada o suspensión de contratos de trabajo.
3.º Identificación de las personas trabajadoras incluidas en el procedimiento y que 
van a resultar afectadas por las medidas de regulación temporal de empleo.
4.º Tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y 
el  porcentaje  máximo  de  reducción  de  jornada  o  el  número  máximo  de  días  de 
suspensión de contrato a aplicar.
En  el  caso  de  la  modalidad  sectorial,  además,  esta  comunicación  deberá  ir 
acompañada de un plan de recualificación de las personas afectadas.
d) La solicitud para aplicar medidas de reducción de contrato o suspensión de 
jornada en el ámbito del Mecanismo RED activado será presentada por la empresa ante 
la autoridad laboral competente de forma simultánea a la comunicación de apertura del  s
periodo de consultas a la que se refiere el apartado anterior y deberá incorporar: oe.
1.º Copia de la comunicación de inicio referida en el apartado b). 36ww
23..ºº  ICdoepnitaif idcaec liaó nc omdeu nlaicsa cpióenrs yo ndaes l aq duoec uinmteegnrtaacráiónn  lrae fecroidmaiss ióenn  enl eagpoacritaaddoor ac) .y la
cdoem ciosniósnti truecpiórens deen teastitvaa ú dlteim laas e pne lrosso npalasz torsa bleagjaadleosra.s o, en su caso, indicación de la falta
e) La admisión a trámite de una solicitud de autorización para aplicar medidas en el 
ámbito de un Mecanismo RED requerirá, en cualquier caso, el cumplimiento de los 
requisitos que al respecto se fijen en el acuerdo de activación del Consejo de Ministros.
f) Si la autoridad laboral que recibe la solicitud a que se refiere el apartado anterior 
careciera de competencia según lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de los 
procedimientos  de  despido  colectivo  y  de  suspensión  de  contratos  y  reducción  de 
jornada,  deberá  dar  traslado  de  la  misma  a  la  autoridad  laboral  que  resultara 
competente, dando conocimiento de ello simultáneamente a la comisión negociadora.
g) La comunicación final de la empresa a la autoridad laboral, ya haya finalizado 
con  o  sin  acuerdo  el  periodo  de  consultas  deberá  incorporar,  como  mínimo,  los 
contenidos siguientes:
1.º Personas,  grupos  profesionales,  puestos  y  niveles  salariales  afectados, 
determinando en cada caso si la medida es de reducción de jornada diaria, semanal, 
mensual o anual o de suspensión de contrato.
2.º Fecha  de  efectos  del  Mecanismo  RED,  que  podrá  ser  anterior  a  la  de  la 
comunicación final a la autoridad laboral, pero en ningún caso previa a la fecha de 
activación de aquél.
3.º Período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de las medidas de 
reducción de jornada o suspensión del contrato, dentro del límite establecido por el 
acuerdo de activación.
4.º Porcentaje  máximo  de  reducción  de  jornada  diaria,  semanal  o  mensual 
acordado  para  cada  una  de  las  personas,  grupos  profesionales,  puestos  o  niveles 
salariales afectados, así como del número máximo de días de suspensión de contratos a 
aplicar en cada caso.
5.º En  el  supuesto  de  la  modalidad  sectorial  del  Mecanismo  RED,  plan  de 
recualificación definitivo. El plan de recualificación podrá incorporar entre sus contenidos 
las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta del 
Estatuto de los Trabajadores.
2. El Gobierno podrá modificar, mediante el desarrollo reglamentario del artículo 47 
bis del Estatuto de los Trabajadores, lo establecido en esta disposición.
Disposición transitoria tercera. Protección social de las personas trabajadoras.
1. Hasta que se produzca el desarrollo al que se refiere el apartado 2 de la 
disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en los supuestos a los que se refiere dicha disposición, el acceso a la 
protección social se producirá en los términos de la citada disposición adicional, que 
resultará aplicable con las siguientes especialidades:
a) La entidad gestora reconocerá las prestaciones con efectos del primer día en 
que pudieran ser aplicables las medidas de suspensión o reducción de jornada, o con 
efectos  de  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud,  en  caso  de  haber  sido  esta 
presentada fuera del plazo, y abonará las mismas una vez reciba la comunicación 
empresarial a que se refiere la letra siguiente. 
b) A efectos del pago de las prestaciones la empresa deberá remitir a la entidad 
gestora, en todo caso, una comunicación a mes vencido, indicando la información sobre 
los periodos de actividad e inactividad de las personas trabajadoras del mes natural  s
inmediato anterior. oe.
En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se  w.
convertirán en días completos equivalentes de actividad. Para ello se dividirá el número  36ww
tjoortnaal ddae  hhaobraitus atlr adbea jlaad apse resonn eal  tmraebsa jaednotrrea  eclo nn úcmaerároc tedre  phreovraios  aq ulea  caopnlicsatitcuióyne sdeen  llaa 
reducción de jornada.
c) Cuando el trabajador perciba indebidamente la prestación social, las cantidades 
indebidamente  abonadas  serán  reclamadas  por  la  entidad  gestora  con  arreglo  al 
procedimiento regulado en los artículos 33 y 34 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, 
por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.
No  obstante  lo  anterior,  no  será  de  aplicación  a  esta  prestación  social  la 
compensación con cuantías a percibir en concepto de prestaciones y subsidios por 
desempleo regulados en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, o de subsidio extraordinario de desempleo regulado en la disposición adicional 
vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o de 
renta  activa  de  inserción,  regulada  en  el  Real  Decreto  1369/2006,  ni  con  las 
percepciones indebidas derivadas de estas prestaciones y subsidios.
2. El  abono  de  las  prestaciones  sociales  se  realizará  a  través  del  circuito 
establecido para el pago de las prestaciones por desempleo.
3. Mediante  el  desarrollo  reglamentario  al  que  se  refiere  el  apartado  2  de  la 
disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social se podrá modificar lo establecido en los apartados 1 y 2 de esta 
disposición transitoria.
Disposición transitoria cuarta. Cobertura transitoria de las necesidades de financiación 
del Mecanismo RED.
Transitoriamente, en tanto el Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo 
no esté dotado en cuantía suficiente para atender a sus necesidades financieras, los 
gastos y menores ingresos que se detallan a continuación se atenderán con cargo a los 
recursos financieros de las entidades competentes en la ejecución del Mecanismo RED.
Los gastos y beneficios en la cotización que se produzcan con cargo al Mecanismo 
RED se imputarán presupuestariamente conforme a las siguientes normas:
a) Los beneficios en la cotización a la Seguridad Social previstos en la disposición 
adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social 
serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social, financiándose en estos dos últimos casos con la aportación del 
Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las reducciones en la 
cotización a la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de 
Garantía Salarial, respectivamente.
b) Las  medidas  de  protección  social  previstas  en  la  disposición  adicional 
cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social se 
atenderán con cargo a los presupuestos de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Se exceptúan los preceptos que se citan a continuación:
a) Los  artículos  2  y  3,  que  se  dictan  al  amparo  del  artículo  149.1.17.ª  de  la 
Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre «régimen económico 
de  la  Seguridad  Social,  sin  perjuicio  de  la  ejecución  de  sus  servicios  por  las  e.e
comunidades autónomas». w.b
b) Los artículos 4, 5 y 15, que se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la  36ww
Concs)t ituEciló anr tEícsuploa ñ1o0la,  eeln c mapaítteurlioa  Vd,e e Hxacecipetnod eal  gaertníceuralol  y1 5D,e luadsa d disepl oEssictaiodnoe.s adicionales
apmrimpearrao  ad etel racretrícau, lloa  1d4is9p.o1s.2ic2ió.ªn  yf in2a4l .ªq udinet ala y  Cloosn satniteuxcoiósn  I,E IsI,p IaIIñ oy laIV, , qquuee  asteri bduicyteann  aall 
Estado competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una 
comunidad autónoma y obras públicas de interés general o cuya realización afecte a 
más de una Comunidad Autónoma.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
1. El Gobierno y las personas titulares de los Ministerios de Agricultura, Pesca, 
Alimentación, Hacienda y Función Pública, Trabajo y Economía Social, para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente real decreto-ley, en particular se 
faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con la Ministra de 
Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital,  en  función  de  las  disponibilidades 
presupuestarias,  a  flexibilizar  las  condiciones  y  los  beneficiarios  de  los  préstamos 
establecidos en el artículo 6.
2. La  persona  titular  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico podrá modificar mediante orden la delimitación territorial incluida en el 
anexo II, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11.2.a).
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 864/2006, de 14 de julio, para 
la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios.
Con salvaguarda de su rango reglamentario, el artículo 2 del Real Decreto 864/2006, 
de  14  de  julio,  para  la  mejora  del  sistema  de  protección  por  desempleo  de  los 
trabajadores agrarios, queda redactado en los términos siguientes:
«Artículo  2. Protección  por  desempleo  de  los  trabajadores  fijos  discontinuos 
agrarios y eventuales agrarios.
1. Los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las 
comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar 
servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de 
temporada  de  la  empresa  o  cuando  se  suspenda  la  actividad  por  causas 
económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o cuando tras esas situaciones 
cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, a efectos de la protección 
por desempleo tendrán la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos 
como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social.
Por ello, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en cada caso 
podrán optar:
a) Por las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial.
b) Por el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales 
incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, establecido por 
el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, o, en su caso, por la renta agraria, en 
favor de los mismos trabajadores, establecida por Real Decreto 426/2003, de 11 
de  abril,  considerando  al  trabajador  como  eventual  agrario  para  aplicar  lo 
dispuesto en dichos reales decretos. s
2. Cuanto se opte, conforme a lo indicado en el apartado 1. b) anterior: b
tnEroas bphaaea)jca yiadalSon r eA s fgiitdjeroaon r ddicoirsoá cmdnoe pne utnliatn a ucdSuoaee sang gtuparraa idrtraoiao dd oay bs Sct eoolancmseia orjl o ,u trrcnnau abdadaelajqarsued icoreherro aae l evaqsenu nteceto uristaoiezlr ,aaa d agsa rulasa  r ienopnú rse meiseelt marRocpé,ió rgecni om qpmueoeonr     OE-A-2022-41able en https://
desempleo, a los subsidios por desempleo o a la renta agraria, y se hayan cubierto 
en los 12 meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo.
b) No se incluirán en el cómputo de rentas del solicitante o beneficiario, ni de 
los miembros de la unidad familiar, las obtenidas por el trabajo agrario como 
trabajador por cuenta ajena de carácter fijo discontinuo.»
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  destinadas  a  la 
obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. 
(SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del 
sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su 
financiación.
Con salvaguarda de su rango reglamentario, el Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la 
obtención  de  avales  de  la  Sociedad  Anónima  Estatal  de  Caución  Agraria  S.M.E. 
(SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector 
pesquero  o  de  industrias  agroalimentarias  que  garanticen  préstamos  para  su 
financiación, queda modificado como sigue:
Uno. Se añade una nueva letra f) al apartado 2 del artículo 6:
«f) Cuando explotaciones agrarias se hallen inscritas en situación de alta en 
el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del Ministerio de 
Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  según  la  información  suministrada  por  las 
distintas  comunidades  autónomas  en  cumplimiento  del  artículo  7  de  la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias, con, al menos, un mes de antelación a la fecha en que se publique el 
extracto de cada convocatoria.»
Dos. Se modifica el apartado 6 del artículo 6, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«6. Las limitaciones  en cuanto a los  importes y los  plazos máximos de 
amortización  establecidos  en  el  apartado  3  no  se  aplicarán  a  los  créditos 
concedidos en el marco de las líneas establecidas entre el Instituto de Crédito 
Oficial  (ICO)  y  SAECA,  ni  a  los  beneficiarios  recogidos  en  la  letra  b)  del 
apartado 2, teniéndose en cuenta en estos casos los límites propios de estas 
líneas en las operaciones avaladas por SAECA.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se 
adoptan  medidas  urgentes  para  paliar  los  efectos  producidos  por  la  sequía  en 
determinadas cuencas hidrográficas.
Se modifica la Disposición adicional cuarta de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la 
que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en 
determinadas cuencas hidrográficas, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional cuarta. Plan de choque para la optimización de recursos 
hídricos en la cuenca mediterránea. es
El  Gobierno,  con  carácter  urgente,  aprobará  un  Plan  de  choque  de  w.
optimización de recursos hídricos en la cuenca mediterránea que fomentará la  36ww
purtioliczeadcieónnt e ddee  dreescaularsdoosr asn oo  dceo ontvreans ccioonnadluecsc, iopnoessi bdielit alan dAod meinl istursaoc iónd eGl enaegruaal 
del Estado ya construidas mediante la ejecución de las obras y actuaciones que
posibiliten que el precio del agua para riego no exceda de la capacidad económica 
de los usuarios.» 
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 15 de marzo de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO I
A) Unidades Territoriales de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir afectadas 
por la reducción de las exacciones correspondientes a la campaña 2021
UTE 0707 Sierra Boyera.
UTE 0801 Bembézar-Retortillo.
UTE 0701 Regulación General.
Subunidad Cubillas-Colomera de la UTE 0602.
B) Unidades Territoriales de la cuenca hidrográfica del Guadiana afectadas 
por la reducción de las exacciones correspondientes a la campaña 2021
UTE 05 Gasset-Torre de Abraham.
UTE06 Vicario.
ANEXO II
A) Unidades Territoriales de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir de aplicación 
del real decreto-ley
UTE 0501 Hoya de Guadix.
UTE 0702 Dañador.
UTE 0707 Sierra Boyera.
UTE 0709 Rumblar.
UTE 0712 Guadalmellato.
UTE 0801 Bembézar-Retortillo.
UTE 0701 Regulación General.
Subunidad Cubillas-Colomera de la UTE 0602.
B) Unidades Territoriales de la cuenca hidrográfica del Guadiana afectadas 
por la reducción de las exacciones correspondientes a la campaña 2022
UTE 05 Gasset-Torre de Abraham.
UTE 06 Vicario.
UTE 09 Sistema General.
UTE 13 Alange-Barros.
ANEXO III
Obras de emergencia de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir
1. Bombeo desde el río Guadalquivir para garantía del abastecimiento en el sistema 
Martín Gonzalo.
2. Refuerzo de la toma de agua en la presa de Iznájar.
3. Reparación de equipos e infraestructura en el sondeo de Fuente de Alhama y 
ejecución de nuevo sondeo.
4. Mejora  de  la  garantía  del  abastecimiento  en  el  sistema  Colomera-Cubillas 
mediante los pozos de sequía de la Vega de Granada.
ANEXO IV w.b
Llan1u.r a «mParnocyheeOcgtboa r»ad se(C  uaiurbgdaeasndte tRecsiem adile)e.n ltao  cdueel nCcaam hpidor odger áCfaiclaat rdaevla G dueasddiea neal sistema de la  OE-A-2022-41able en https://
2. «Proyecto de interconexión de los embalses de Los Molinos y Tentudía».