BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Miércoles 4 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 94753
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
13259 Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de 
protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica.
I
El pasado mes de mayo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de 
mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  en  el  orden  sanitario,  social  y 
jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que 
fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2021.
La finalidad del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, era prorrogar la eficacia 
temporal de algunas medidas, fundamentalmente de carácter social y económico, que 
estaban vinculadas al estado de alarma, y que decaían con la finalización del mismo. 
Dicha prórroga extendió la eficacia de las medidas más significativas de protección, el 
llamado «escudo social», hasta el 9 de agosto de 2021. Se trata de medidas que desde 
el inicio de la pandemia han evitado, junto con otras también promovidas por el Gobierno 
entre las que destacan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o el Ingreso 
Mínimo Vital, el que amplios sectores de la población se vieran afectados en su situación 
económica de  subsistencia  e incluso  atravesaran  en algunos casos el denominado 
umbral de pobreza.
Estando próxima la fecha de finalización de la vigencia extendida de tales medidas, 
los indicadores económicos señalan que, conforme a las previsiones, la recuperación 
económica es una realidad incipiente avalada por los datos, pero aún se encuentra 
vinculada –en cuanto al ritmo de evolución– a la persistente incertidumbre sobre la 
evolución de la pandemia a nivel global, con una situación que requerirá combinar 
vacunación y prevención y que exige una gran dosis de cautela. En particular, esa 
cautela se ha visto confirmada por el empeoramiento de la situación epidemiológica –la 
denominada «quinta ola»– que, si bien no alcanza los niveles de emergencia sanitaria de 
olas anteriores, está ocasionando efectos negativos en sectores clave para la economía 
española  como  el  turístico  o  el  hostelero  que  tienen  una  notable  incidencia  en  el 
mercado de trabajo, tanto en empleos directos como indirectos.
Por otra parte, si bien las señales de recuperación son evidentes en el escenario 
macroeconómico,  la  experiencia  en  las  fases  de  salida  de  otras  crisis  económicas 
precedentes muestra que la recuperación no se traslada inmediatamente a la economía 
de  individuos,  PYMEs  y  familias,  requiriéndose  un  tiempo  adicional  para  que  se 
estabilice el empleo, su capacidad económica y se restituya su potencial de ahorro. En 
este sentido, diversos indicadores sociales muestran que aún continúa el riesgo de 
afectación a los sectores más vulnerables de la población, que son los destinatarios 
principales de las medidas objeto de este real decreto-ley.
Ante la previsión de que algunas de las medidas contenidas en el Real Decreto- s
ley 8/2021, de 4 de mayo, dejen de surtir efecto el 9 de agosto de 2021, es necesario  e.
prorrogar la vigencia de algunas de las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España  w.
para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica hasta el 31 de  259ww
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btieiemnpeost alrim siotacdiaol.,  la  adopción  de  acciones  paliativas  que  refuercen  la  estructura  de  BOE-A-cable e
En consecuencia, se dispone la prórroga del plazo de vigencia de algunas medidas 
para garantizar el suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y gas 
natural, así como para permitir el acceso al bono social por parte de determinados 
colectivos en situación de vulnerabilidad económica y para hacer frente en el ámbito de 
la vivienda a determinadas situaciones de vulnerabilidad.
II
El presente real decreto-ley se estructura en tres capítulos, cuatro artículos, una 
disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El capítulo I recoge una serie de medidas extraordinarias aplicables a situaciones de 
vulnerabilidad económica y social que, en esencia, suponen prorrogar hasta el 31 de 
octubre  de  2021,  algunas  de  las  medidas  adoptadas  para  dar  cobertura  a  dichas 
situaciones de vulnerabilidad en relación con la garantía de determinados suministros y 
el derecho a la percepción del bono social por parte de consumidores y determinados 
colectivos vulnerables, establecidas en el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, así 
como  de  determinadas  medidas  de  protección  en  el  ámbito  del  arrendamiento  de 
vivienda, contenidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.
Así en primer lugar, con el objetivo de garantizar el suministro a los consumidores 
vulnerables  de  agua,  electricidad  y  gas  natural,  especialmente  en  las  actuales 
circunstancias, se refuerzan las medidas de protección de los consumidores vulnerables, 
en línea con el marco efectivo desarrollado para identificar y reducir de forma estructural 
el fenómeno de la pobreza energética.
Para ello se amplía hasta el 31 de octubre de 2021 la garantía de suministro de 
agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en el artículo 4 
del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo. Adicionalmente, se modifica el artículo 5 de 
dicha norma, que configura una nueva categorización de consumidor vulnerable, a los 
efectos de la percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a 
la interrupción del suministro, extendiendo esa condición de consumidor vulnerable para 
prorrogar el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, hasta 
el 31 de octubre de 2021, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en 
cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos 
previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 
consumidor  vulnerable,  el  bono  social  y  otras  medidas  de  protección  para  los 
consumidores domésticos.
En otro orden de cosas, y con objeto de atender a la realidad social y económica de 
los hogares, el capítulo II extiende hasta el 31 de octubre de 2021 las medidas de 
protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda establecidas en el 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
De esta manera, en primer lugar, mediante el artículo segundo se amplía hasta el 31 de 
octubre  de  2021  la  suspensión  de  los  procedimientos  y  lanzamientos  de  vivienda  en 
situaciones de vulnerabilidad, en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos. 
Asimismo, dicho artículo amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo 
del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se 
seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor, siempre 
que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes, a aquellos contratos cuyo  s
vencimiento fuera anterior al 31 de octubre de 2021. e.
También se extiende, hasta el 31 de octubre de 2021, la posibilidad de solicitar la  w.
moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o  259ww
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posibilidad del arrendatario de obtener, en tales supuestos, el aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación 
total o parcial de la deuda no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por 
acuerdo entre ambas partes.
Por su parte, el artículo tercero extiende hasta el 30 de noviembre de 2021 el plazo 
durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión 
extraordinaria prevista en el citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, podrán 
presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del 
Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a 
las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en 
materia de transportes.
Asimismo, y en consonancia con esta medida, en la parte final de la norma, se 
modifican los plazos previstos en el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se 
aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar 
los  recursos  del  Plan  Estatal  de  Vivienda  2018-2021,  a  fin  de  hacer  frente  a  las 
compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren 
los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
En relación con el capítulo III de este real decreto-ley, que contiene a su vez el 
artículo cuarto de la norma, incluye medidas en materia de protección contra la violencia 
de  género,  extendiendo  así  la  consideración  como  esenciales  de  los  servicios  de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género hasta el 31 de octubre 
de 2021, a fin de que las Administraciones Públicas competentes sigan adoptando todas 
las medidas que resulten necesarias para garantizar, tanto la prestación, entre otros, de 
servicios acogida, de información o asesoramiento jurídico 24 horas a las víctimas de 
violencia género, como el apoyo al personal que presta servicios de asistencia social 
integral a las víctimas.
En otro orden, la parte final de la norma contempla una disposición derogatoria única 
y cuatro disposiciones finales.
La disposición final primera modifica los plazos establecidos en el ya referido Real 
Decreto 401/2021, de 8 de junio, y por el que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren 
los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
La disposición final segunda establece la salvaguardia del rango normativo de la 
anterior disposición mencionada.
Por su parte, la disposición final tercera contempla los títulos competenciales de la 
Constitución  Española  que  amparan  al  Estado  para  aprobar  las  distintas  medidas 
recogidas en este real decreto-ley.
En última instancia, la disposición final cuarta establece la entrada en vigor de esta 
norma el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
III
La extensión temporal de todas estas medidas responde a razones de urgencia y 
necesidad en un contexto en el que, tras la finalización del estado de alarma, continúan 
presentes  los  efectos  del  COVID-19  y  la  recuperación  social  y  económica  se  está 
llevando a cabo de forma progresiva, en la medida en que se alcance un porcentaje de 
vacunación que permita recuperar la confianza, y durante un periodo en el que la  s
actividad económica de determinados sectores todavía puede seguir estando sujeta a  e.
ciertas restricciones derivadas de la evolución y efectos de la pandemia. w.
Así, en primer lugar, y en relación con el suministro energético a los hogares, la  259ww
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Expediente  de  Regulación  Temporal  de  Empleo,  así  como  cumplir  determinados 
requisitos de renta- podrían beneficiarse del descuento en la factura eléctrica que implica 
el derecho a la percepción del bono social.
Dicha medida se incorporó con una duración limitada, pudiendo a partir de entonces 
solicitarse  el  bono  social  bajo  el  resto  de  supuestos  regulados  en  el  Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre. La vigencia inicial de la medida referida se prorrogó 
en virtud del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo.
Por su parte, la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre, establecía la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a 
aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, 
vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículo 3 y 4 del Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre. Esta medida se configuró asimismo con una vigencia 
temporal  circunscrita  a  la  duración  del  estado  de  alarma  declarado  mediante  Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y su prórroga 
autorizada por el Congreso de los Diputados mediante Resolución de 29 de octubre 
de 2020. Posteriormente, su vigencia se prolongó por medio del artículo 4 del Real 
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo.
Así, ambas medidas, a saber, el derecho a la percepción del bono social por parte de 
determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica y social y la garantía 
de  suministro  a  los  consumidores  vulnerables  de  agua,  electricidad  y  gas  natural, 
mantienen su vigencia hasta el 9 de agosto de 2021, de conformidad con lo dispuesto en 
citado Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo.
Teniendo en cuenta la proximidad de la fecha en la que dejarán de surtir efectos las 
referidas medidas, así como el ritmo de recuperación de la coyuntura de actividad 
económica en un momento de incertidumbre en la actual situación sanitaria, se mantiene 
la  necesidad  de  seguir  contando  con  un  marco  jurídico  de  apoyo  a  determinados 
colectivos en situación de vulnerabilidad económica y social a los que aún no han 
alcanzado  los  efectos  positivos  de  la  reactivación  económica  que  se  está 
experimentando.
Asimismo, estas medidas de apoyo complementan a las adoptadas por el Real 
Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión 
del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, en el contexto actual de 
precios de la energía eléctrica, mediante la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que afecta en mayor medida a los hogares con menor renta, entre los que se encuentran 
tanto los consumidores vulnerables del régimen ordinario, como los que se han acogido 
a las medidas adoptadas por los citados reales decretos-leyes durante la situación 
sanitaria que aún se mantiene.
Ante esta coyuntura económica de transición y la evolución reciente de la cotización 
de las materias primas y los derechos de emisión de CO  en el mercado europeo que 
2
tienen su repercusión en los precios finales de la energía eléctrica, con especial énfasis 
en los colectivos más vulnerables, se considera justificada la extraordinaria y urgente 
necesidad que permite la articulación de las medidas previstas en el artículo primero del 
presente real decreto-ley, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Española 
y, por consiguiente, la ampliación del período de prestación del descuento del bono 
social y la garantía de suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y 
gas natural hasta el 31 de octubre de 2021. s
Por otro lado, la situación socioeconómica de un país, y muy especialmente en los  oe.
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que tienden a la protección de las capas más vulnerables de la ciudadanía.
Así, ante este contexto, se han venido aprobando diferentes reales decretos-leyes 
que han adoptado diversas medidas orientadas a paliar los graves perjuicios sociales y 
económicos provocados a la población por la pandemia. En concreto, la suspensión de 
los desahucios se incluyó en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo de 2020, y se 
proyecta hasta el 9 de agosto de 2021.
Los datos obtenidos de los boletines estadísticos del Consejo General del Poder 
Judicial permiten concluir que las medidas adoptadas en el año 2020 supusieron una 
disminución  de  las  cifras  de  lanzamientos.  En  efecto,  respecto  de  las  ejecuciones 
hipotecarias, en el año 2020 ha continuado la reducción de ejecuciones hipotecarias del 
año 2019. Así, en el primer trimestre de 2020 se produjo una disminución del 8,6 %, que 
fue del 12,6 % en el segundo trimestre, en relación con los respectivos trimestres del año 
anterior. En cuanto a los lanzamientos practicados, tanto los derivados de ejecuciones 
hipotecarias  como  los  derivados  de  procedimientos  de  la  Ley  de  Arrendamientos 
Urbanos o de ocupaciones de viviendas en precario, se han visto significativamente 
reducidos en los dos primeros trimestres del año 2020 respecto a los mismos trimestres 
del año anterior, con decrecimientos del 45,1 % y del 92,1 % en el caso de ejecuciones 
hipotecarias, y del 33,1 % y del 89,8 % en el caso de los lanzamientos derivados de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos o de los juicios de desahucio por precario. El número de 
lanzamientos practicados derivados de ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre 
de 2020 fue de tan solo 300 lanzamientos, cuando el número de lanzamientos del 
segundo trimestre de 2019 alcanzó los 3.812, lo que representa casi 13 veces la cifra del 
siguiente año, el de la pandemia COVID-19 y la adopción de las consiguientes medidas 
de protección social.
Respecto a los datos de los lanzamientos que se obtienen de los Servicios Comunes 
de Notificaciones y Embargos, en el primer trimestre de 2020 se redujeron un 26,8 % y 
en el segundo trimestre un 62,6 % respecto de los mismos trimestres del año 2019, 
mientras que los lanzamientos con cumplimiento positivo, es decir, todos aquellos en los 
que las personas demandadas se veían obligadas efectivamente al abandono de la 
vivienda,  también  disminuyeron  de  forma  muy  importante:  un  31,5  %  en  el  primer 
trimestre de 2020 y un 91,3 % en el segundo trimestre, respecto de los mismos periodos 
del año 2019.
Ello sin embargo, las cifras del primer trimestre de 2021 no son halagüeñas, ya que 
mientras que en todo el año 2020 ingresaron en los tribunales 57.482 demandas de 
juicios verbales que pueden concluir en el lanzamiento de las personas demandadas 
(verbales arrendaticios, verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas y verbales 
posesorios  restantes,  incluidos  los  juicios  de  desahucio  por  precario),  en  el  primer 
trimestre del año 2021 han ingresado 35.178 procedimientos de la misma clase. Ello 
significa que, de mantenerse uniforme la tendencia, se cerraría el año 2021 con un 
número superior a las 140.000 demandas de esta naturaleza.
Respecto  de  las  ejecuciones  hipotecarias,  nos  encontramos  con  9.873  demandas 
presentadas en 2020 frente a las 7.081 del primer trimestre del año 2021, por lo que si se 
mantuviera la tendencia se alcanzarían más de 28.000 demandas de ejecución hipotecaria al 
final del presente año, en el que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia tienen 
todavía fuerte presencia, especialmente en la población más vulnerable.
Esto significa que la desaparición del efecto derivado de otras medidas de protección 
social, unida a la prolongación de las medidas administrativas de contención de los contagios 
(fundamentalmente restricción de horarios y otras específicas del sector turístico) han situado 
a muchas familias de nuestro país en una situación de vulnerabilidad económica que puede  s
determinar el lanzamiento de sus viviendas y la agravación decisiva de sus condiciones de  oe.
vida, por lo que resulta absolutamente imprescindible la prórroga de estas medidas de  w.
protección hasta el 31 de octubre de 2021. 259ww
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impacto de la crisis sanitaria y de las medidas adoptadas en el contexto del estado de 
alarma, y la necesidad de salvaguardar la protección de los hogares más vulnerables por 
un periodo adicional hasta el 31 de octubre para garantizar la referida protección social 
en la salida de la crisis.
Las  modificaciones  propuestas  se  enmarcan  en  la  necesidad  de  extender  la 
aplicación de determinadas medidas de protección en el ámbito del arrendamiento de 
vivienda, ampliando hasta el día 31 de octubre de 2021, la posibilidad de suspensión de 
procedimientos  de  desahucios  y  lanzamientos  de  vivienda  en  situaciones  de 
vulnerabilidad y la posibilidad de compensación a arrendadores y propietarios, así como 
el periodo de aplicación de la prórroga extraordinaria de seis meses a los contratos cuyo 
vencimiento estuviese establecido entre el 9 de agosto y el 31 de octubre de 2021, en los 
mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado 
a un acuerdo distinto entre las partes. Asimismo, se extiende la posibilidad de solicitar la 
moratoria o condonación parcial del pago de la renta al arrendatario que se encuentre en 
situación de vulnerabilidad hasta esa misma fecha de 31 de octubre de 2021, en el caso 
de que el arrendador sea un gran tenedor o una empresa o entidad pública, y en los 
términos definidos en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
En el ámbito del alquiler deben destacarse dos aspectos del contexto que refuerzan 
la necesidad de extender temporalmente las medidas indicadas de protección, en las 
actuales circunstancias de progresiva salida de la crisis social y sanitaria derivada de la 
pandemia.  En  primer  lugar,  los  últimos  datos  de  Eurostat  muestran  la  importante 
sobreexposición financiera al pago del alquiler que caracteriza nuestro país: un 37,4 por 
ciento de las personas que viven en alquiler a precio de mercado destinan más de un 40 
por ciento al pago del alquiler, frente a la media de sobreexposición financiera al pago 
del alquiler registrada en el conjunto de la Unión Europea, que se sitúa en el 24,2 por 
ciento;  es  decir,  un  porcentaje  ligeramente  superior  al  12  por  ciento,  según  datos 
de 2019. Ello implica que cualquier variación en alguno de los dos elementos que 
determinan  dicho  indicador,  como  son  los  ingresos  de  los  hogares,  especialmente 
afectados en el actual contexto, y la renta del alquiler, sitúan a las personas y hogares 
afectados en un claro riesgo de exclusión residencial.
A  ello  se  suma,  en  segundo  lugar,  la  insuficiencia  de  uno  de  los  principales 
instrumentos  de  política  de  vivienda  para  atender  a  las  situaciones  de  mayor 
vulnerabilidad, como es el parque de vivienda social de las distintas administraciones 
territoriales competentes que pueda servir para atender a los hogares con menores 
ingresos o con mayores dificultades de acceso a la vivienda en el mercado. Según las 
últimas estimaciones del Observatorio de Vivienda y Suelo, recogidas en el Boletín 
Especial de Vivienda Social 2020, el parque de vivienda de titularidad pública en alquiler 
apenas  alcanza  las  290.000  viviendas  en  el  conjunto  de  España,  una  cifra  que 
únicamente permite dar cobertura al 1,6 % de los hogares. En relación con ello, debe 
destacarse que, aunque ya están en curso importantes medidas en el plano legislativo, 
como es la elaboración de una legislación estatal en materia de vivienda, se ha realizado 
un  esfuerzo  presupuestario  sin  precedentes  para  revertir  esta  situación  y  se  ha 
planificado  desde  el  Estado,  en  coordinación  con  el  resto  de  administraciones 
territoriales, la construcción de nuevas viviendas públicas de alquiler social. En el actual 
contexto, este déficit de vivienda social constituye un elemento que justifica la necesidad 
de extender temporalmente las medidas de protección en el ámbito del alquiler, en el 
marco de la excepcionalidad de la situación en estos meses de salida la pandemia.
En materia de protección contra la violencia de género, al inicio de la crisis de la  s
COVID-19 el Ministerio de Igualdad promovió la declaración de los servicios de atención  oe.
integral a las víctimas de violencia de género como servicios esenciales, tomando en  w.
consideración el impacto que supuso la pandemia en el agravamiento de la situación de  259ww
vleuyln 1e2r/a2b0il2id0a, dd es o3c1ia dl ey  mecaorznoó,m diec am deed ildaass v uícrtgimenatse,s l oe nc umaal tseeri ap ldaesm póro etenc ceiló Rn eya al sDisetcernectoia-
a las víctimas de violencia de género.
A pesar de ello, tras la finalización del estado de alarma, y a pesar de las medidas 
del escudo social, las víctimas de violencia de género continúan enfrentando numerosos 
obstáculos para lograr su autonomía económica, elemento fundamental para la salida de 
la violencia. Además, coincidiendo con la finalización de las medidas de restricción de la 
movilidad se ha producido en España un repunte de los asesinatos de mujeres en el 
ámbito de la violencia machista en pareja o expareja. Según los datos de la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género, el balance de asesinatos de mujeres en 
dicho ámbito superó en el periodo comprendido entre los meses de mayo y junio a la 
cifra de víctimas durante los cuatro primeros meses de este año 2021.
Esta situación de alerta por violencia machista, que no es ajena a la agravación de la 
precariedad socioeconómica motivada por la pandemia y al incremento de violencia 
grave que se ha producido desde el fin de las restricciones de movilidad, se produce al 
comienzo del periodo estival, siendo los meses de verano, según datos de la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género, el periodo de mayor prevalencia de la 
violencia contra las mujeres.
Por  tanto,  además  de  la  persistencia  de  las  trabas  que  siguen  afectando  a  la 
situación socioeconómica de las mujeres víctimas de violencia de género, los desafíos 
para  la  convivencia  social  que  representa  el  citado  repunte  de  violencia  extrema 
requieren redoblar los esfuerzos de los servicios de atención integral a las víctimas.
IV
El  artículo  86  de  la  Constitución  Española  de  1978  permite  al  Gobierno  dictar 
decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten 
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las 
comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
Este real decreto-ley no afecta a las materias mencionadas en el referido artículo 
constitucional, pues la totalidad de sus preceptos plantean extensiones temporales, 
puntuales y excepcionales de medidas extraordinarias ya adoptadas en el Real Decreto-
ley 8/2021, de 4 de mayo.
Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el 
artículo 86.1 CE, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su apreciación forma parte 
del juicio político o de oportunidad del Gobierno (por todas, sentencias 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre FJ 3). En este sentido, el Tribunal Constitucional ha 
precisado  que  la  figura  constitucional  del  real  decreto-ley  resulta  un  instrumento 
constitucionalmente lícito siempre que el fin que justifique emplear la legislación de urgencia 
sea el de subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, y que por 
razones  difíciles  de  prever  requiere  de  una  acción  normativa  inmediata  (por  todas, 
sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de 
julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, FJ 7).
A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha defendido que el real decreto-
ley es una herramienta adecuada para paliar «coyunturas económicas problemáticas» y 
sus graves efectos según sentencias de STC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, 
de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8. Concretamente, y en 
relación  con  la  adopción  de  medidas  de  carácter  social  y  económico,  el  Tribunal 
Constitucional viene avalando de manera reiterada la adopción de este tipo de medidas 
en situaciones excepcionales y de urgente necesidad, tal y como demuestran aún los  s
efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país (SSTC 110/2021, de 13 de mayo  e.
(FJ 5) y 111/2021, de 13 de mayo (FJ 5). w.
En la situación actual, la ya denominada por las autoridades sanitarias como la  259ww
qquuein tae sotláa  daefel cvtiarunsd od etla CntOo VaID -n1u9e, sptrroo tapgaoíns izcaodma op rian cliopsa lmpeanístee sp odre l an vuaersiatrnot e ednetoltran, oy, 
demuestra  el  claro  reflejo  de  la  persistencia  de  la  pandemia  y  de  la  rapidez  de
propagación con que la misma se vuelve a extender por todo el territorio nacional, a 
pesar del avance generalizado de la vacunación en la población.
Este carácter persistente de la pandemia del COVID-19, que se extiende ya desde 
marzo de 2020, no está sino agravando la situación de los colectivos de por sí más 
vulnerables  de  nuestra  sociedad,  tal  y  como  refleja  el  último  informe  del  Instituto 
Nacional de Estadística relativo a la Encuesta de Condiciones de Vida de julio de 2021, y 
que demuestra que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social 
(tasa AROPE) aumentó al 26,4 % en 2020, desde el 25,3 % de 2019.
A pesar del ya mencionado avance e incremento constante de la vacunación en 
España, y de las perspectivas macroeconómicas favorables que apuntan los principales 
organismos supervisores nacionales, europeos e internacionales, si bien próxima, aún no 
se ha alcanzado la plena recuperación económica previa a la pandemia del COVID-19, lo 
que  supone  el  mantenimiento  de  situaciones  persistentes  de  vulnerabilidad  que 
requieren de una atención y protección social, particularmente tanto en materia de 
suministro energético de hogares y consumidores vulnerables, en arrendamientos de 
vivienda, así como en la lucha contra la violencia de género.
De este modo, la situación en el ámbito económico y social que aún están afrontando 
estos colectivos vulnerables en España, justifica y explica la necesidad de la adopción de 
medidas continuistas de protección que permitan, salvaguardar la protección de los 
hogares y personas más vulnerables.
Es por ello que, como ha quedado acreditado para cada una de las distintas medidas 
que  se  contemplan  en  este  real  decreto-ley,  concurre  en  el  mismo  el  presupuesto 
habilitante previsto en el artículo 86.1 de la Constitución Española de existencia de una 
situación de extraordinaria y urgente necesidad, que hace del todo imperativo que el 
Gobierno de la Nación siga adoptando actuaciones que permitan extender y prorrogar la 
vigencia de aquellas medidas de carácter socioeconómico y jurisdiccional, acordadas por 
el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, próximas a su finalización y que a día de hoy 
siguen siendo fundamentales para el bienestar social de la ciudadanía. En suma, como 
se ha explicado en los apartados anteriores, todas las medidas adoptadas se consideran 
las  necesarias  e  imprescindibles  para  atender  a  los  intereses  generales  afectados 
existiendo (STC 139/2016 de 21 julio, FJ 3), «una conexión de sentido o relación de 
adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las 
medidas que en el decreto-ley se adoptan» (así, desde un principio, STC 29/1982, de 31 
de  mayo,  FJ  3,  hasta  otras  más  recientes  SSTC  96/2014,  de  12  de  junio,  FJ  5, 
y 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 4).
Por otra parte, resulta claro que, en el caso de haberse optado por el procedimiento 
legislativo  ordinario,  aun  habiéndose  declarado  la  tramitación  de  urgencia  prevista 
normativamente tanto en sede administrativa como parlamentaria, no se conseguiría en 
tiempo y forma aprobar estas medidas socioeconómicas destinadas a dar la necesaria 
cobertura jurídica a las distintas situaciones descritas que se derivan de la situación de 
crisis sanitaria, económica y social ocasionadas por la pandemia del COVID-19. De esta 
forma, se da cumplimiento a la jurisprudencia constitucional que exige que las medidas 
deban adoptarse en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes 
(SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
Finalmente, el real decreto-ley atiende al cumplimiento y respeto de los principios de 
buena  regulación,  exigibles  en  todo  texto  normativo,  y  que  se  contemplan  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  s
de las Administraciones Públicas. oe.
Así, la necesidad, eficacia y eficiencia se apoyan en el interés general en el que se  w.
fundamentan las medidas de protección que se establecen para los colectivos y hogares  259ww
emxátes nsviuólnn eyra bplreósr.r oSgae  drees pveigtae nctaiam bdieé n meeld ipdrainsc iqpuioe  dsee  pcroonptioernceio neanli deasdt,a  ynao rqmuae  slae 
consideran necesarias e imprescindibles para paliar la situación de vulnerabilidad de
estos  colectivos  como  consecuencia  de  la  pandemia  por  un  plazo  prudencial  y 
excepcional (por todas, STC 139/2016, de 21 julio).
Asimismo,  la  norma  resulta  coherente  con  el  vigente  ordenamiento  jurídico, 
ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al 
principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta 
pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como 
autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define 
claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria 
que lo acompaña.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática; y de las Ministras para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, de Justicia, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y de Igualdad, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 3 de agosto de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y 
social
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras 
la  finalización  de  la  vigencia  del  estado  de  alarma  declarado  por  el  Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
El Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, queda modificado en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1.  Hasta el 31 de octubre de 2021 inclusive, no podrá suspenderse el 
suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los 
que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo 
de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social 
y otras medidas de protección para los consumidores domésticos. Para acreditar 
la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas 
natural y agua bastará la presentación de la última factura de electricidad en la 
que se refleje la percepción del bono social de electricidad.»
Dos.  El apartado 7 del artículo 5 queda redactado como sigue:
«7.  En cualquier caso, la condición de consumidor vulnerable prevista en  e.e
este artículo y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que  b
corresponda, se extinguirá con fecha 31 de octubre de 2021, sin perjuicio de la  259ww
ppoossitbeirliiodra da  dees aa fceocghear sael  aa mdpicahroa  dceoln dreicsitóon  deen  sucupauleqsutioesr  pmreovmisetnotso  eann teelr ioRre aol 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre.»
CAPÍTULO II
Medidas en materia de vivienda
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 1 queda redactado como sigue:
«Artículo 1.  Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos 
para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
1.  Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de 
octubre de 2021, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de 
renta  o  cantidades  debidas  por  el  arrendatario,  o  la  expiración  del  plazo  de 
duración de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se 
haya suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en el 
apartado 5 del artículo 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, la persona arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en este 
artículo, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento 
ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que 
le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas 
con las que conviva.
Así mismo, si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber 
transcurrido  el  plazo  de  diez  días  a  que  se  refiere  el  artículo  440.3  de  la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o por no haberse celebrado la 
vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, en todo caso, dejarán de surtir efecto el 31 de octubre de 2021.
2.  Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la 
persona  arrendataria  deberá  acreditar  que  se  encuentra  en  alguna  de  las 
situaciones  de  vulnerabilidad  económica  descritas  en  las  letras  a)  y  b)  del 
artículo  5.1  del  presente  real  decreto-ley  mediante  la  presentación  de  los 
documentos previstos en el artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia 
dará traslado de dicha acreditación al demandante, quien en el plazo máximo de 
diez días podrá acreditar ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse 
igualmente en la situación de vulnerabilidad económica descrita en la letra a) del 
artículo 5.1 o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adopte la medida de 
suspensión del lanzamiento.
3.  Una  vez  presentados  los  anteriores  escritos,  el  Letrado  de  la 
Administración  de  Justicia  deberá  trasladar  inmediatamente  a  los  servicios 
sociales  competentes  toda  la  documentación  y  solicitará  a  dichos  servicios 
informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de diez días, en el que se 
valore la situación de vulnerabilidad del arrendatario y, en su caso, del arrendador,  e.
y se identifiquen las medidas a aplicar por la administración competente. w.b
4.  El Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de  259ww
lsaenrzvaicmioise ntsoo csiia slees c, ondsicidtaerráa  aucnre daituatdoa  elan  sietul acqiuóen  daec vourdlnaerára bliali dasdu sepceonnsóiómni cad ey,l 
aecnr esdui tacraas ol,a  quvuel nneor adbeilbidea dp repvoar leecle ra rlare nvdualntearraiob iloid abdie dne ld aerbrieenrad adporer.v aSlei cneor  slae 
situación  de  vulnerabilidad  del  arrendador  acordará  la  continuación  del
procedimiento.  En  todo  caso,  el  auto  que  fije  la  suspensión  señalará 
expresamente que el 31 de octubre de 2021 se reanudará automáticamente el 
cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, o se señalará fecha para la celebración de la vista 
y, en su caso, del lanzamiento, según el estado en que se encuentre el proceso.
Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de 
suspensión,  las  Administraciones  públicas  competentes  deberán,  adoptar  las 
medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren 
adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de 
vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez aplicadas 
dichas  medidas  la  Administración  competente  habrá  de  comunicarlo 
inmediatamente al Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia deberá 
dictar en el plazo máximo de tres días decreto acordando el levantamiento de la 
suspensión del procedimiento.
5.  A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la 
persona arrendataria por la mera presentación de la solicitud de suspensión.
Se entenderá igualmente que concurre el consentimiento del arrendador para 
hacer la comunicación prevenida en este artículo por la mera presentación del 
escrito alegando su situación de vulnerabilidad económica.»
Dos.  El artículo 1 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 1 bis.  Suspensión hasta el 31 de octubre de 2021 del procedimiento de 
desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables 
sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del 
artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en 
aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
1.  Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de 
octubre de 2021, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las 
demandas a las que se refieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos 
penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas 
personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez 
tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 31 de octubre de 2021.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso el 31 de octubre de 2021.
2.  Será necesario para poder suspender el lanzamiento conforme al apartado 
anterior, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a 
personas físicas titulares de más de diez viviendas y que las personas que las 
habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por 
encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.1.
El Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso 
concreto,  teniendo  en  cuenta,  entre  otras  que  procedan,  las  siguientes 
circunstancias:
a)  Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble 
está motivada por una situación de extrema necesidad. Al efecto de analizar el  s
estado  de  necesidad  se  valorará  adecuadamente  el  informe  de  los  servicios  oe.
avsiolvtecieirbann)lade tasivL  ecaamo shn iat icldbairoistca  ucaconuionstnotfaoarnirldm cqaieuad esea  slg r aaecprolaaamtnrivtptaiazedsatoe r anas t iseglusua  i deecennor teleoac.p hbeoúra sacq iuuónenad  adv eidv eiel onssdo aluh cdaiiboginntaeans.t epsa rad eu nlaa   2021-13259n https://www.
3.  Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, quien 
habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, 
conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad.
En todo caso, la persona o personas que ocupan la vivienda sin título deberán 
acreditar,  además,  que  se  encuentran  en  alguna  de  las  situaciones  de 
vulnerabilidad económica descritas en la letra a) del artículo 5.1 del presente real 
decreto-ley  mediante  la  presentación  de  los  documentos  previstos  en  el 
artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia, dará traslado de dicha 
acreditación al demandante o denunciante.
4.  El  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  deberá  trasladar 
inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y 
solicitará a dichos servicios informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de 
quince días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad de la persona o 
personas  que  hayan  fijado  en  el  inmueble  su  vivienda,  y  se  identifiquen  las 
medidas a aplicar por la administración competente.
5.  Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la 
vivienda y ponderadas por el Juez todas las demás circunstancias concurrentes, este 
dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste hasta el 31 
de octubre de 2021. Si el solicitante no acreditara la vulnerabilidad o no se encontrara 
entre las personas con derecho a instar la suspensión conforme a lo señalado en el 
apartado 2 o concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 6, el 
juez acordará mediante auto la continuación del procedimiento.
Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas 
competentes deberán, caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, 
adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que 
consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en 
situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una 
vez  adoptadas  dichas  medidas  la  Administración  competente  habrá  de 
comunicarlo inmediatamente al Tribunal competente, y el Juez deberá dictar en el 
plazo máximo de tres días auto acordando el levantamiento de la suspensión del 
procedimiento y el correspondiente lanzamiento.
6.  A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la 
persona demandada por la mera presentación de su solicitud de suspensión.
7.  En ningún caso procederá la suspensión a que se refiere este artículo si la 
entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos:
a)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física,  si  en  dicho  inmueble  tiene  su  domicilio  habitual  o  segunda  residencia 
debidamente  acreditada,  sin  perjuicio  del  número  de  viviendas  de  las  que  sea 
propietario.
b)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una 
persona  física  que  tuviere  en  él  su  domicilio  habitual  o  segunda  residencia 
debidamente acreditada.
c)  Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido  e.
mediando intimidación o violencia sobre las personas. w.b
d)  Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando  259ww
parae )la  rCeuaaliznadcoi ólna  deen atrcatdivaid aod epse rimlícaitnaesn.cia  se  haya  producido  en  inmuebles  de
vtitivuileanriddaa da  puúnb lsicoali coit apnritvea dpao r dpeasrttien addeo sla a a vdimvieinnisdtara scoiócnia lo  ye ynati dsaed  hquubeie grae satisoignnea ddioc hlaa 
vivienda.
f)  Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley.»
Tres.  El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo  2.  Prórroga  extraordinaria  de  los  contratos  de  arrendamiento  de 
vivienda habitual.
En  los  contratos  de  arrendamiento  de  vivienda  habitual  sujetos  a  la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro 
del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta 
el 31 de octubre de 2021, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el 
artículo 9.1, o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos 
artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos,  podrá  aplicarse,  previa  solicitud  del  arrendatario,  una  prórroga 
extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 
seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones 
establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria 
deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o 
condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso de que el arrendador haya 
comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la necesidad de 
ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus 
familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge 
en  los  supuestos  de  sentencia  firme  de  separación,  divorcio  o  nulidad 
matrimonial.»
Cuatro.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que 
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el 
artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una 
empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la 
persona  física  o  jurídica  que  sea  titular  de  más  de  diez  inmuebles  urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, 
hasta el 31 de octubre de 2021, el aplazamiento temporal y extraordinario en el 
pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial 
de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo 
entre ambas partes.»
Artículo tercero.  Modificación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de 
medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y 
económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
Se modifica el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes 
para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de 
la vivienda y en materia de transportes, en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 2 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue: es
«2.  La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un  w.
alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a  259ww
rpeafretrire ndceia slo so bínjedtiivcaess  dreep rreesfeernetantciviaa sd edl epl rmeceiorc addeol  adleq uialerrre nddea mvivieienntod,a  muá so trloass 
gpaesrítoodso c qourreie mnteedsi ed ee nlatr ev iqvuieen dsea  aqcuoer daacrree dlait es uhsapbeenrs aiósnu my iedlo m eol marernetnod eand oerl,  qpuoer  elal   BOE-A-cable e
misma se levante por el Tribunal o hasta el 31 de octubre de 2021. No obstante, si 
dicho valor fuera superior a la renta que viniera percibiendo el arrendador, la 
compensación consistirá en renta dejada de percibir durante el mismo período 
señalado anteriormente más los gastos corrientes.»
Dos.  El apartado 3 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«3.  La  solicitud  de  compensación  podrá  presentarse  hasta  el  30  de 
noviembre de 2021, debiendo formular el arrendador una exposición razonada y 
justificada de la compensación que considere procedente sobre la base de los 
criterios indicados anteriormente.»
Tres.  El apartado 5 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«5.  Si se acreditara la concurrencia de perjuicio económico en los términos 
establecidos en el apartado anterior, la compensación consistirá en el valor medio 
que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el 
inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler 
de  vivienda  u  otras  referencias  objetivas  representativas  del  mercado  de 
arrendamiento,  más  los  gastos  corrientes  de  la  vivienda  que  acredite  haber 
asumido  su  propietario,  por  el  período  que  medie  entre  que  se  acordare  la 
suspensión y el momento en el que la misma se levante por auto o hasta el 31 de 
octubre de 2021.»
Cuatro.  El apartado 6 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«6.  La  solicitud  de  compensación  podrá  presentarse  hasta  el  30  de 
noviembre de 2021, debiendo formular el titular de la vivienda una exposición 
razonada y justificada de la compensación que considere procedente sobre la 
base de los criterios indicados anteriormente.»
CAPÍTULO III
Medidas extraordinarias en materia de Violencia de Género
Artículo cuarto.  Prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
1.  A los efectos de lo previsto en la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, se 
prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 la consideración como esenciales de los 
servicios establecidos en sus artículos 2 a 5.
2.  A  estos  efectos,  las  administraciones  públicas  competentes  adoptarán  las 
medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios que les son propios.
3.  La misma exigencia será aplicable a aquellas empresas y proveedores que 
resulten esenciales para la prestación de los citados servicios.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley. e
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el 
que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas 
puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer 
frente  a  las  compensaciones  que  procedan,  y  por  el  que  se  establece  el 
procedimiento  para  el  reconocimiento  de  la  compensación  a  los  propietarios  y 
arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el artículo 3 del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se 
aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar 
los  recursos  del  Plan  Estatal  de  Vivienda  2018-2021,  a  fin  de  hacer  frente  a  las 
compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren 
los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo  3.  Procedimiento  para  la  presentación,  tramitación  y  resolución  de 
solicitudes formuladas por los arrendadores o propietarios de las viviendas 
afectadas.
1.  El  procedimiento  para  la  obtención  de  compensaciones  se  iniciará  a 
instancia de parte, mediante la correspondiente solicitud, que podrá presentarse 
hasta el 30 de noviembre de 2021.
2.  El arrendador o el propietario dirigirán su solicitud al órgano competente 
en materia de vivienda de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, que deberá ir acompañada de una exposición razonada y justificada de la 
compensación por el período que medie entre que se acordare la suspensión 
extraordinaria del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, o bien 
la suspensión del lanzamiento del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por 
alcanzar el límite temporal del 31 de octubre de 2021, y que considere procedente 
sobre la base de los siguientes criterios:
a)  El valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno 
en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia 
del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del 
mercado de arrendamiento. Si dicho valor fuera superior a la renta que viniera 
percibiendo el arrendador, la compensación consistirá en renta dejada de percibir.
b)  Los  gastos  corrientes  de  la  vivienda  que  acredite  haber  asumido  el 
arrendador o propietario, por el período que medie entre que se acordare la 
suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por 
alcanzar el límite temporal del 31 de octubre de 2021.
c)  En el caso de la suspensión del lanzamiento del artículo 1 bis del Real 
Decreto-ley citado, se deberá acreditar, por el propietario, el perjuicio económico 
que le ha ocasionado al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento 
con anterioridad a la entrada en el inmueble.
3.  Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla tramitarán las 
compensaciones  a  arrendadores  o  propietarios  previstas  en  el  Real  Decreto-
ley 37/2020, de 22 de diciembre, conforme con lo establecido en el presente real 
decreto y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud, así como el resto de trámites del procedimiento, se realizarán por 
medios electrónicos cuando el solicitante se encuentre entre los sujetos recogidos 
en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las personas físicas podrán 
presentar  su  solicitud  en  cualquiera  de  los  lugares  del  artículo  16.4  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y realizar el resto de trámites del procedimiento por 
medios no electrónicos o bien ejercitar su derecho a relacionarse electrónicamente 
con las administraciones públicas.
4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al interesado será 
de tres meses, si bien excepcionalmente el órgano competente podrá acordar de 
manera  motivada  ampliar  el  plazo  en  tres  meses  más,  circunstancia  que  se 
notificará  expresamente  al  interesado.  Vencido  el  plazo  máximo  sin  haberse 
notificado resolución expresa, el interesado podrá entenderla estimada por silencio 
administrativo.
5.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán 
desarrollar o completar este procedimiento con objeto de facilitar su gestión y la 
percepción de las compensaciones por el arrendador o el propietario.»
Disposición final segunda.  Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias.
Mantiene su rango de real decreto el artículo 3 del Real Decreto 401/2021, de 8 de 
junio, modificado por la disposición final primera. En consecuencia, podrá ser modificado 
por una norma de ese mismo rango.
Disposición final tercera.  Títulos competenciales.
El capítulo I de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de bases del régimen minero y energético.
El capítulo II y la disposición final primera de este real decreto-ley se dictan al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 13.ª de la Constitución Española, 
que  atribuyen  al  Estado,  respectivamente,  la  competencia  exclusiva  en  materia  de 
legislación procesal, en materia de legislación civil, y en materia de bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica.
El capítulo III de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo  149.1.1.ª  y  29.ª  de  la  Constitución  Española,  que  atribuyen  al  Estado, 
respectivamente, la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; y en materia de seguridad pública.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Palma, el 3 de agosto de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN