BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199 Viernes 20 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 102037
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14095 Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe  de 
fiscalización  sobre  los  acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos 
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en 
materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del 
trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe  de  fiscalización  sobre  los  acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos 
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así 
como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, 
ejercicio 2016, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar al Gobierno y a las comunidades autónomas a:
– Establecer  las  medidas  necesarias  para  asegurar  una  dotación  de  efectivos 
suficientes de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de 
las  entidades  locales,  cuya  selección  corresponde  a  la  Administración  General  del 
Estado, y la Comunidad Autónoma debería impulsar la agrupación de puestos.
– Revisar  la  figura  del  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  en  el  marco 
presupuestario  actual,  emanado  de  la  Ley  47/2007,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos excepcionales en los que 
se ha aplicado, con la finalidad de impedir la utilización del reconocimiento extrajudicial 
de crédito como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, 
la cual no está admitida en nuestro ordenamiento.
3.  Instar a la Junta de Castilla-La Mancha a:
– Agilizar la celebración anual de concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las 
corporaciones locales siempre que no tengan su plaza cubierta de forma definitiva, a 
efectos de asegurar una cobertura ordinaria y efectiva de los puestos reservados a 
funcionarios con habilitación nacional y así evitar los nombramientos accidentales, los 
puestos  vacantes  y  la  ocupación  por  funcionarios  interinos  o  por  funcionarios  con 
habilitación nacional por acumulación.
4.  Instar a las entidades locales a:
– Implementar  procedimientos  de  gestión  en  relación  con  los  gastos  de  menor  es
cuantía y, en general, para garantizar el inicio de la tramitación de los expedientes de  bo
contratación con el tiempo suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura  095ww
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extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de gastos de
ejercicios anteriores –o incluso del propio ejercicio–, derivados de actos administrativos 
incursos en causas de nulidad.
– Evitar  el  desempeño  de  funciones  adicionales  a  las  de  control  interno,  que 
incrementen significativamente la carga de trabajo o que resulten incompatibles con las 
funciones ordinariamente asignadas a los órganos de intervención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
N.º 1.321 
 
 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS  
Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS  
FORMALIZADOS POR LOS INTERVENTORES  
LOCALES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  
Y LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE 
INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS ACUERDOS  
ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE  
FISCALIZACIÓN PREVIA, EJERCICIO 2016 
 
 
 
 
EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida 
en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de 
la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su 
sesión de 30 de abril de 2019, el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones 
contrarios a reparos formalizados por los Interventores locales de las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en materia de 
ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización 
previa, ejercicio 2016 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido en 
el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
 
 
ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN . 
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO . 
I.2. ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL . 
I.2.1.   Ámbito subjetivo. 
I.2.2.   Ámbito objetivo. 
I.2.3.   Ámbito temporal. 
I.3. TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO. 
I.4. MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
I.5. RENDICIÓN DE CUENTAS . 
I.6. TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN. 
II.1.  ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN
CON  LOS  ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS,  EXPEDIENTES  CON 
OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN LA 
GESTIÓN DE INGRESOS. 
II.1.1.  Cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a
acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y principales anomalías en la gestión de ingresos. 
II.1.2.  Entidades sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos. 
II.1.3.  Alcance y configuración del sistema de control interno. 
II.1.4.  Informes  sobre  la  aprobación  del  presupuesto,  modificaciones
presupuestarias y liquidación del presupuesto. 
II.1.5.  Acuerdos contrarios a reparos. 
II.1.6.  Expedientes con omisión de fiscalización previa. 
II.1.7.  Principales anomalías en la gestión de ingresos. 
II.2.  RESULTADOS  DEL  ANÁLISIS  REALIZADO  SOBRE  LOS  EXPEDIENTES  DE
IMPORTE SUPERIOR A 50.000 EUROS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA – LA MANCHA. 
II.2.1.  DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE. 
II.2.2.  DIPUTACION PROVINCIAL DE CUENCA. 
II.2.3.  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA. 
II.2.4.  AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. 
II.2.5.  AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
II.2.6.  AYUNTAMIENTO DE CAUDETE. 
II.2.7.  AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. 
II.2.8.  AYUNTAMIENTO DE CUENCA.  e.
II.2.9.  AYUNTAMIENTO DE HELLÍN.  095www.
IIII..22..1101..     AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  QLAU IRNOTADNAA. R DEL REY . 
II.2.12.   AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN. 
II.2.13.   AYUNTAMIENTO DE TOLEDO. 
II.2.14.   AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS. 
II.2.15.   AYUNTAMIENTO DE YEPES. 
II.2.16.   AYUNTAMIENTO DE YUNCOS. 
II.2.17.  ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  TRAMITACIÓN  DE  LOS  ACUERDOS
CONTRARIOS A REPAROS Y DE LOS EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN PREVIA EN LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO 
DE LA REMISIÓN DE LOS MISMOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS . 
II.3.  REFERENCIA ESPECÍFICA A DETERMINADOS ASPECTOS DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES. 
CONCLUSIONES. 
RECOMENDACIONES. 
ANEXOS 
 
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
COSITAL  Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local 
EBEP  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
EATIM  Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 
EELL  Entidad local 
FEMP  Federación de Española de Municipios y Provincias 
FHN  Funcionarios de habilitación nacional 
LFTCu  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LOEPSF  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera 
LPAC  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas 
LRBRL  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
LRJPAC  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 
LRSAL  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local 
LTAIPBG  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno 
MHFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública 
OCEx  Órgano de Control Externo 
RJFHN  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional 
RPPFHN  Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo de la 
Administración Local reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
RPT  Relación de Puestos de Trabajo 
TRLCSP  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
TRLRHL  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
TRLRL  Texto refundido de Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local, aprobado  e.
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril  b
   
 
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro  1.  Nivel de cumplimiento por comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2017. 
Cuadro  2.  Nivel de cumplimiento por tipo de entidad a 8 de enero de 2019 en Castilla-
La Mancha. 
Cuadro  3.  Nivel de cumplimiento en relación con los ejercicios anteriores. 
Cuadro  4.  Remisión de información de las entidades dependientes . 
Cuadro  5.  Entidades que han presentado certificaciones negativas por tipo de entidad 
y tramo de población. 
Cuadro  6.  Alcance y configuración del control interno por tipo de entidad y tramo de 
población. 
Cuadro  7.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de entidad y tramo de población. 
Cuadro  8.  Acuerdos  contrarios  a  reparos  atendiendo  a  la  categoría  de  gasto  del 
expediente afectado. 
Cuadro  9.  Acuerdos contrarios a reparos clasificados según la motivación del artículo 
216 del TRLRHL. 
Cuadro  10.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la fase de gasto reparada. 
Cuadro  11.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo. 
Cuadro  12.  Expedientes con omisión de fiscalización previa por tipo de entidad y tramo 
de población. 
Cuadro 13.  Expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa atendiendo al 
órgano que resuelve. 
Cuadro 14.  Principales anomalías de ingresos clasificadas por tipo de ingreso. 
Cuadro 15.  Representatividad de la muestra de expedientes. 
Cuadro 16.  Acuerdos contrarios a reparos. Diputación Provincial de Albacete. 
Cuadro 17.  Acuerdos contrarios a reparos. Diputación Provincial de Cuenca. 
Cuadro 18.  Acuerdos contrarios a reparos. Diputación Provincial de Guadalajara . 
Cuadro 19.  Servicios  y  suministros  sin  cobertura  contractual.  Ayuntamiento  de 
Albacete . 
Cuadro 20.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 
Cuadro 21.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Caudete. 
Cuadro 22.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Cuenca. 
Cuadro 23.  Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ayuntamiento de Toledo. 
Cuadro 24.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Yuncos. 
Cuadro 25.  Entidades  de  Castilla-La  Mancha  cuyo  sistema  de  control  interno  es 
analizado. 
Cuadro 26.  Formas de provisión de los puestos de habilitación nacional. 
Cuadro 27.  Puestos adscritos al órgano de Intervención municipal.  oe.
  INTRODUCCIÓN 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL), modificó diversas normas reguladoras de la organización, la gestión y el control del 
Sector público local, entre ellas, el artículo 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). El 
número 3 de dicho artículo establece la obligación para los órganos de Intervención de las 
entidades locales de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el 
órgano  competente  de  dichas  entidades  en  los  que  concurran  posibles  irregularidades  o 
deficiencias puestas de manifiesto en el ejercicio de la función interventora y que hayan dado lugar 
al oportuno reparo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos. Esta obligación de remisión ha de cumplimentarse desde el ejercicio 2014.   
Para hacer efectivo el cumplimiento de este deber se dictó la “Instrucción que regula la remisión al 
Tribunal de Cuentas de la información sobre acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de 
Gobierno Local y del Presidente de la Entidad Local contrarios a reparos formulados por los 
Interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los 
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa a través de un procedimiento 
telemático”, aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, y 
publicada por Resolución de la Presidencia de 10 de julio de 2015. En ella se establece que la 
remisión de dicha información deberá realizarse a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas 
de las Entidades Locales y se determina el procedimiento a través del cual ha de llevarse a efecto. 
Esta obligación contribuye a fortalecer tanto el control interno como externo sobre la gestión 
económico-financiera del sector público local, cada uno respecto de su ámbito de competencias, lo 
que potencia los efectos de las diversas actuaciones que sobre las entidades locales se realizan, 
maximizando sus resultados.  
La información que han de remitir los órganos de Intervención pone de manifiesto las incidencias 
más significativas detectadas en el desarrollo de su actuación y permite efectuar una evaluación de 
riesgos, tanto de entidades, como de áreas en las que se reflejan las deficiencias o irregularidades 
e infracciones detectadas por los responsables del control interno de las entidades locales o 
puestas de manifiesto en el análisis de la información. 
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones muy graves 
en materia de gestión económico-presupuestaria, aprobar compromisos de gastos, reconocimiento 
de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo 
dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable. Igualmente considera como tal, la 
omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta resulte 
preceptiva, o la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos 
suspensivos de la intervención regulado en la normativa presupuestaria. 
Estas circunstancias evidencian, por sí mismas, el especial interés que reviste realizar un análisis 
específico sobre la información enviada por los interventores locales, lo que motivó que el Tribunal 
de Cuentas incluyera en su Programa de Fiscalizaciones para el año 2016 la “Fiscalización sobre 
los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales y las 
anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión 
del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de  s
control externo de las comunidades autónomas”. En él se determinaron, en relación con los  e.
referidos ejercicios, los negocios y actos que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos, así  w.b
como las principales causas y los tipos de gastos que, con mayor frecuencia, se concluyeron con  095ww
oqmueis sióen p droed luaj efirsocna elizna ecli óánm pbrietov ilao,c aa l lean v emza qyoure  msee ddideate. ctaron las anomalías en materia de ingresos
Esta actuación se desarrolló de manera coordinada con los órganos de control externo de las 
comunidades autónomas (OCEx), de modo que también estos incluyeron una fiscalización sobre 
esta materia en sus respectivos Programas de Fiscalización, elaborando y aprobando cada uno de 
ellos un informe relativo a las entidades locales sitas en el ámbito territorial en el que despliega su 
actividad  fiscalizadora.  De  este  modo,  se  efectuó  un  análisis  de  la  materia  más  amplio  y 
representativo, a la vez que homogéneo. 
El Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado el 21 de diciembre de 2017, puso de 
manifiesto en sus conclusiones, entre otras cuestiones, la debilidad en los modelos de control 
interno implantados en gran parte de las entidades analizadas, además de destacar como áreas de 
mayor riesgo en relación con la aprobación de acuerdos contrarios a reparos y omisión de 
fiscalización previa, los expedientes de contratación y los gastos de personal.  
El alcance de las conclusiones recogidas en el referido Informe, el carácter anual de la obligación 
de presentar la referida información por los interventores, así como el interés de verificar el 
cumplimiento del deber que legalmente se les impone y de examinar el contenido de la información 
al objeto de determinar las modalidades de negocios y actos que dan lugar a acuerdos contrarios a 
reparos, así como las principales causas y los tipos de gasto que, con mayor frecuencia, se 
concluyen con omisión de la fiscalización previa, a la vez que las anomalías en materia de ingresos 
que se producen en el ámbito local, hacen que se haya considerado conveniente la realización de 
estas actuaciones fiscalizadoras. 
Con el objetivo de incrementar el alcance y profundidad del análisis del control interno -tanto en lo 
que se refiere al número de entidades examinadas, como a los diferentes aspectos objeto de 
análisis-, así como de fiscalizar un porcentaje mayor de acuerdos, resoluciones y expedientes, en 
esta  ocasión  se  han  incluido  en  el  Programa  Anual  de  Fiscalizaciones  para  2018  distintos 
procedimientos fiscalizadores en la materia, relativos a las entidades locales de cada una de las 
comunidades  autónomas  sin  Órgano  de  Control  Externo  –Cantabria,  Castilla-La  Mancha, 
Extremadura, La Rioja y Región de Murcia-. Posteriormente se incorporó al referido Programa una 
fiscalización en la materia en relación con las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias1, como se explica más adelante. La realización de fiscalizaciones separadas permite 
reflejar las particularidades existentes en las entidades locales de cada una de las comunidades 
autónomas. 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO
El Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018, aprobado por el Pleno 
de la Institución el 21 de diciembre de 2017, incluyó, en el Apartado III.5, entre las llevadas a cabo 
a iniciativa propia de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas, la “Fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a 
reparos formalizados por los Interventores locales de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como 
sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016”. 
Esta fiscalización quedó enmarcada en el contexto del documento base del Plan Estratégico del 
Tribunal de Cuentas 2017-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de junio de 
2017: en particular, en su Objetivo Estratégico 1. Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la 
actividad económico-financiera del sector público, en su objetivo específico 1.2. Fomentar 
buenas  prácticas  de  organización,  gestión  y  control  de  las  entidades  públicas:  medida  1  – s
Desarrollar fiscalizaciones en las que se determinen las irregularidades y deficiencias detectadas  e.
en la organización, gestión y control de las entidades públicas fiscalizadas, así como los progresos  w.b
y  buenas  prácticas  de  gestión  observadas-;  medida  2  –Fiscalizar  las  áreas  con  mayores  095ww
1 Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas del 28 de junio de 2018.
incumplimientos o entidades que no rinden cuentas-; medida 3 -Fiscalizar actuaciones económico-
financieras de relevancia y actualidad-; medida 4 –Impulsar actuaciones dirigidas a fomentar la 
rendición de cuentas por las entidades públicas, así como la máxima colaboración de las mismas 
con el Tribunal en el ejercicio de sus funciones-; en su objetivo específico 1.3. Identificar y fiscalizar 
las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el 
fraude y la corrupción: medida 1 –Desarrollar fiscalizaciones en aquéllos ámbitos en los que, a la 
vista de las actuaciones desarrolladas, entre otros, por los órganos de control interno, pudiera 
apreciarse la existencia de irregularidades que pudieran dar lugar a la exigencia de cualquier tipo 
de responsabilidad-; y en su objetivo específico 1.4. Incrementar las fiscalizaciones operativas; 
medida 2 –Incrementar las fiscalizaciones operativas que contribuyan al buen gobierno y a orientar 
la toma de decisiones en la gestión de la actividad económico-financiera pública y la ejecución de 
los programas de ingresos y gastos; y además, en su Objetivo Estratégico 2. Fortalecer la 
posición institucional y el reconocimiento social del Tribunal de Cuentas. Estos mismos 
objetivos se recogen en el Plan Estratégico 2018-2021 del Tribunal de Cuentas, aprobado por el 
Pleno de la Institución el 25 de abril de 2018. 
Como ya ocurriera en la fiscalización realizada respecto de los ejercicios 2014 y 2015, todos los 
OCEx –excepto, como se ha señalado, la Audiencia de Cuentas de Canarias2-, han incluido en su 
programación para 2018 fiscalizaciones en este ámbito -bien específicas al efecto, bien en el marco 
de otras fiscalizaciones-, referidas a las entidades locales de los respectivos ámbitos territoriales en 
los que desarrollan su función fiscalizadora en relación con los acuerdos contrarios a reparos, con 
las  principales  anomalías  de  ingresos  y  los  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa 
correspondientes al ejercicio 2016. El Tribunal de Cuentas ha redactado unas pautas básicas que 
puedan servir de línea global de actuación, a fin de facilitar la homogeneidad en los trabajos 
fiscalizadores. El conjunto de todos los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas y los OCEx 
ofrece los resultados completos en relación con esta materia, además de que, como se ha 
señalado, el Tribunal de Cuentas incluye en el Informe del Sector Público Local, ejercicio 2016, un 
análisis agregado a nivel nacional.   
I.2.  ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL
I.2.1. Ámbito subjetivo
El ámbito subjetivo de la fiscalización viene constituido por las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización 
previa a las que les resulte de aplicación el artículo 218.3 del TRLRHL. Están integrados en el 
ámbito subjetivo, por tanto, cinco diputaciones provinciales, 919 ayuntamientos, 42 entidades 
locales  de  ámbito  inferior  al  municipio  (EATIM),  una  agrupación  de  municipios  y  126 
mancomunidades. Además, forman parte del ámbito subjetivo cualesquiera otras entidades del 
sector  público  local  de  la  Comunidad  Autónoma  adscritas  o  dependientes,  sujetas  a  dicha 
modalidad de fiscalización. 
I.2.2. Ámbito objetivo
El ámbito objetivo comprende los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa y las anomalías en materia de ingresos que han de 
remitir los órganos de Intervención de las entidades locales, así como las demás información que 
han de presentar en cumplimiento del artículo 218.3 del TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal de 
Cuentas de 30 de junio de 2015.  s
2 Dado el número de fiscalizaciones previstas en el Programa de Fiscalizaciones para 2018, no le ha sido posible a la
Audiencia de Cuentas de Canarias integrarse en esta iniciativa.
 
I.2.3. Ámbito temporal 
El ámbito temporal de la fiscalización se extiende a la información correspondiente al ejercicio 
2016, sin perjuicio de que, para el adecuado cumplimiento de los objetivos previstos, se efectúen 
los análisis y comprobaciones relativos a ejercicios anteriores o posteriores que se consideren 
relevantes. 
I.3.  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO 
Se trata de una fiscalización horizontal, esencialmente de cumplimiento, dirigiéndose sus objetivos 
a verificar la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la 
gestión económico-financiera de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha en la materia objeto de la misma. También constituye una fiscalización operativa en la 
medida en que se han examinado los sistemas y procedimientos de control interno de las entidades 
locales. 
Constituyen los objetivos generales de esta fiscalización: 
1.  Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información al Tribunal de Cuentas sobre 
los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los expedientes con 
omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos de las entidades locales 
del ámbito territorial sujeto a fiscalización. 
2.  Determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos 
formulados por la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización previa y a las 
principales anomalías de ingresos. 
3.  Identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la 
información remitida por los órganos de Intervención. 
4.  Detectar y analizar las áreas en las que se ponga de manifiesto de manera más significativa 
una falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de 
Intervención en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de Cuentas. Igualmente 
se valorarán aquellos ámbitos en los que sea más destacable una distinta tramitación por los 
órganos de las entidades locales competentes en cada caso, de los acuerdos contrarios al 
informe de Intervención o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa. 
 
Asimismo, en las Directrices Técnicas se preveía que se verificaría la observancia de la normativa 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de transparencia en todo aquello que, de 
conformidad con la misma, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
Los trabajos de esta fiscalización se han efectuado a partir del análisis global de la información y 
documentación que los órganos de intervención de las entidades que conforman el ámbito subjetivo 
han  remitido  a  través  de  la  Plataforma  de  Rendición  de  Cuentas  de  las  Entidades  Locales 
(www.rendiciondecuentas.es), en adelante, la Plataforma, en cumplimiento del artículo 218.3 del 
TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal de 30 de junio de 2015, que comprende: 
-  Información general sobre el control interno desarrollado en la entidad local durante el ejercicio.  e.e
-  Información sobre los acuerdos adoptados en contra del reparo formulado por el órgano de  095ww
Ilanste prvriennccipióanle, sa asín ocmomaloía dse d elo sin gerxepseodsi.e ntes concluidos con omisión de fiscalización previa y de
-  Copias de los acuerdos y resoluciones y de los informes de Intervención, y, en su caso, del 
informe justificativo de la unidad gestora. 
Para dar adecuado cumplimiento a los objetivos dos, tres y cuatro se ha seleccionado para su 
análisis una muestra de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y anomalías de ingresos remitidos por las entidades locales de la Comunidad Autónoma. La 
selección se ha realizado a partir de una aplicación combinada de los siguientes criterios: el importe 
del expediente -considerándose aquellos de cuantía superior a 50.000 euros-, el tamaño de la 
entidad –se han revisado expedientes de la totalidad de Diputaciones y de ayuntamientos de más 
de 50.000 habitantes, del 75% de las entidades con población entre 25.000 y 50.000 habitantes y 
del 33% de las entidades de menos de 25.000 habitantes- la relevancia del tipo de gasto en la 
entidad y la especial significación del expediente. Además, respecto de cada una de las entidades, 
se ha primado el examen de aquéllos expedientes cuya casuística no fue objeto de análisis en la 
fiscalización realizada respecto de los ejercicios 2014 y 2015. 
Se ha realizado también un análisis específico sobre el control interno -régimen de control, alcance 
de la fiscalización limitada previa o de requisitos básicos y dotación de su personal, entre otros 
aspectos- de una muestra de entidades seleccionadas atendiendo a criterios de evaluación de 
riesgo, habiéndose considerado, en todo caso, para esta segunda selección de muestra las 
diputaciones provinciales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes. 
La  información  para  los  trabajos  se  ha  obtenido,  fundamentalmente,  de  la  remitida  por  los 
Interventores a través de la Plataforma. Además, se ha solicitado información y documentación 
específica sobre aquellos aspectos que requirieron aclaraciones adicionales así como en relación 
con el control interno de la entidad. 
En esta fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo todas las pruebas y actuaciones que 
ha considerado precisas para dar cumplimiento a los objetivos señalados anteriormente, utilizando 
los procedimientos y técnicas habituales de auditoría. En particular, se han aplicado las Normas de 
Fiscalización aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 23 de diciembre de 2013. 
I.4.  MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO 
La normativa reguladora del régimen local, aplicable a lo largo del periodo objeto de la fiscalización, 
es principalmente la siguiente: 
-  Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LRBRL). 
-  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRLRL). 
-  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título 
Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de Presupuestos (RD 500/90). 
-  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), derogada, con efectos de 2 de octubre 
de 2016, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPAC).  s
-  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido  w.b
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).  095ww
-  rReefuanl dDideoc rdeeto la L Leegyis dlaet iCvoo n3tr/a2t0o1s1 d, edl eS e1c4to dr eP únbolivcioe m(TbRreL,C pSoPr) .e l que se aprueba el Texto  OE-A-2021-14able en https://
 
 
-  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 
-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno (LTAIPGB). 
-  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL). 
En los párrafos siguientes se detalla el régimen jurídico en relación con los diferentes aspectos de 
la materia fiscalizada.  
Control interno en las entidades locales 
El ejercicio del control interno en el ámbito local se realiza mediante la función interventora -control 
de  legalidad  llevado  a  cabo  con  carácter  previo  a  la  realización  del  gasto-  y  el  control 
financiero -efectuado con posterioridad a la realización del gasto-, según disponen los artículos 213 
y siguientes del TRLRHL. 
La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus 
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o 
gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, 
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos. Se encuentran exentos de fiscalización 
los contratos menores, gastos de material no inventariable, periódico y de tracto sucesivo, una vez 
fiscalizados los actos iniciales.  
El Pleno de la entidad puede implantar un sistema de fiscalización limitada previa en virtud del 
artículo 219.2 del TRLRHL. De acuerdo con este modelo, el Interventor extiende su control previo a 
la comprobación de la competencia del órgano al que se somete el gasto, a la adecuación y 
suficiencia de crédito y a otros aspectos que debe acordar el Pleno de la entidad local. Este 
sistema debe complementarse con un control posterior basado en técnicas de auditoría, cuyos 
resultados deben plasmarse en un informe dirigido al Pleno. 
A su vez, el artículo 220 del TRLRHL regula el control financiero, estableciendo que tendrá por 
objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las 
entidades  locales,  de  sus  organismos  autónomos  y  de  las  sociedades  mercantiles  de  ellas 
dependientes. Se señala que informará acerca de la adecuada presentación de la información 
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de 
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos y que se realizará a través de 
procedimientos  de  auditoría  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  del  sector  público, 
concluyéndose en un informe escrito que deberá haber sido puesto de manifiesto al órgano 
auditado, remitiéndose al Pleno. En esta definición se incluye también el control posterior que debe 
realizarse, de acuerdo con el artículo 219.3 del TRLRHL, cuando se esté aplicando la fiscalización 
limitada previa. 
Con carácter posterior al periodo fiscalizado fue objeto de aprobación el actual Reglamento de 
Control Interno (RCI), aprobado por Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, cuya entrada en vigor 
se produjo el 1 de julio de 2018, dando cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 213 del 
TRLRHL, tras la modificación introducida por la LRSAL. Esta norma ha supuesto una importante  es
novedad en la materia objeto de esta fiscalización al armonizar los procedimientos, alcance y  oe.
técnicas a emplear en el control interno de las entidades del sector público local con las empleadas  w.
por la Intervención General de la Administración del Estado, además de ocupar el vacío existente,  095ww
econn t alan tfois,c haalisztaac isóun  ainptreorbnaac dióen l an og eesxtiisótnía e econn eólm áimcob iftion alonccaiel ruan.  desarrollo reglamentario en relación
Formulación de reparos por el órgano de Intervención 
La formulación de reparos por el órgano de Intervención y los efectos de los mismos se regulan en 
los artículos 213 y siguientes del TRLRHL. Así, se establece que si en el ejercicio de la función 
interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la 
adopción del acuerdo o resolución. 
Estos reparos suspenderán la tramitación del expediente si afectan a la disposición de gastos, 
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, siempre y cuando la causa del reparo sea 
insuficiencia de crédito o inadecuación del propuesto, que no hubieran sido fiscalizados los actos 
que dieron origen a las órdenes de pago, omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales, o bien cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 
adquisiciones y servicios. 
Cuando el órgano al que afecte el reparo presente su discrepancia respecto al mismo, el artículo 
217 del TRLRHL establece que corresponderá resolver al Presidente de la entidad local, salvo que 
los reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito, o se refieran a obligaciones o 
gastos cuya aprobación sea de competencia del Pleno, en cuyo caso le corresponderá a este 
órgano. Esta competencia tiene carácter de indelegable, ya que ni la LBRL ni el Texto refundido de 
Disposiciones  Legales  vigente  en  materia  de  Régimen  Local,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRLRL), prevén su posible delegación. 
La figura de la omisión de fiscalización previa no estaba regulada en el ámbito local hasta la 
entrada en vigor del RCI, que le otorga una regulación similar a la existente en el ámbito estatal, 
señalando que se produce en aquéllos casos en los que se omite la función interventora siendo 
preceptiva, no pudiendo tramitar el reconocimiento de la obligación ni el pago de la misma hasta 
que  se  proceda  a  la  resolución  de  la  citada  omisión.  Se  concreta,  además,  que  el  órgano 
competente, una vez visto el informe emitido por intervención –del que se especifica que no tendrá 
el carácter de fiscalización previa-, para determinar si continuar con el procedimiento y demás 
actuaciones que pudieran proceder, será el Presidente de la entidad local, salvo que se trate de 
obligaciones o gastos cuya competencia sea del Pleno, en cuyo caso, tendrá este órgano la 
competencia. Además, se determina que, en los municipios de gran población, podrá ser la Junta 
de Gobierno Local quien adopte la resolución procedente. 
Remisión de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y principales anomalías de ingresos al Tribunal de Cuentas 
El órgano interventor debe elevar informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (art. 218 TRLRHL). Como 
consecuencia de las modificaciones introducidas por la LRSAL, dicha información, además, debe 
ser remitida al Tribunal de Cuentas. En este sentido se pronuncia el art. 218.3 del TRLRHL, que 
establece lo siguiente: 
3.  El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y 
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación 
contrarios  a  los  reparos  formulados,  así  como  un  resumen  de  las  principales  anomalías 
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación se deberá acompañar, en su caso  es
los informes justificativos presentados por la Corporación Local.”  o
La obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el  095ww
ódergfiacnieon cciaosm ppueetestnatse  ddee m  adnicifhieasst o eennt ideal deejesr ciecnio  dloes l a qfuuen cióconn icnuterrravenn tpooras iyb lqeus e ihrraeygaunla driaddaod elusg aor 
 
 
al oportuno reparo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos, se completó, por la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015,  con la 
relativa a los acuerdos o resoluciones adoptados con omisión de la fiscalización previa, con la 
finalidad de abarcar el conjunto de expedientes concluidos con reparos por los órganos gestores y 
de aquellos en los que no se haya podido pronunciar el órgano de Intervención sobre su legalidad.  
La Instrucción arbitró un sistema de remisión de la información sobre reparos con carácter anual y 
estructurado en cuatro apartados diferenciados: relación de acuerdos contrarios a reparos del 
ejercicio; relación de los acuerdos o resoluciones que concluyan expedientes administrativos de 
gastos tramitados al margen del procedimiento y, en todo caso, con omisión de la fiscalización 
previa; relación de las principales anomalías o incidencias que se hayan advertido en el desarrollo 
de las tareas de control interno de la gestión de los ingresos; y, por último, un cuarto apartado 
relativo a información general, en el que las unidades de Intervención especifican aspectos tales 
como la implantación o no de un sistema de fiscalización previa de requisitos básicos, la realización 
de actuaciones de control financiero o los informes emitidos por los órganos de Intervención en 
relación con otras cuestiones relacionadas. 
Los órganos de Intervención de las entidades locales, en cumplimiento de la Instrucción del 
Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, remiten información sobre el alcance del control 
interno, en particular, si se ha implantado un modelo de fiscalización limitada previa o de requisitos 
básicos, posibilidad contemplada en el artículo 219.2 del TRLRHL, y si se efectuaron actuaciones 
de control financiero reguladas en el artículo 220 del referido texto legal. 
Órgano de Intervención y provisión de los puestos de trabajo reservados a FHN 
El artículo 92.3 de la LRBRL califica el control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria como función pública necesaria en todas las corporaciones locales, y 
reserva su responsabilidad administrativa a funcionarios con habilitación de carácter nacional, que 
ejercerán la jefatura funcional del órgano de Intervención. 
El  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  nacional  en  el  periodo 
fiscalizado es el establecido con carácter básico en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP) y, además, en el artículo 92 bis de la LRBRL, tras la modificación efectuada por la 
LRSAL.  
Son también de aplicación durante el ejercicio 2016 los siguientes textos legales en relación con 
dicho régimen jurídico3: 
-  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (RJFHN). 
-  Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo de la 
Administración  Local  reservados  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  nacional 
(RPPFHN). 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del RPPFHN la denominación y clasificación de los 
puestos de trabajo reservados a FHN, a los que se les atribuye esta responsabilidad administrativa, 
sigue el siguiente esquema:  es
                                                  095ww
f3u Ennc ioenl aerjeiorsc icdioe  2A0d1m8 isneis atrparcoióbnó  eLlo Rceaal lc Doenc rheatob il1it2a8c/i2ó0n1 d8e,  dcea 1rá6c dteer  mnaarczioo,n paol, r ye l qquuee  sdee rroeggóu lae le lR rJéFgHimNe ny  juerlí dRicPoP dFeH loNs, 
adaptando la normativa reglamentaria a las previsiones contenidas en el EBEP y en la LRSAL.
o  Intervención de clase 1ª: En ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 
habitantes los puestos están reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría superior.  
No obstante, el artículo 7 del RPPFHN prevé la posibilidad de que la Comunidad Autónoma 
respectiva clasifique, en los municipios con acusados incrementos de población o en los que 
concurran  otras  circunstancias  que  así  lo  aconsejen  y  a  instancia  de  la  corporación 
interesada, los puestos reservados en clase superior a la que les correspondería.  
 
o  Intervención de clase 2ª: En ayuntamientos de municipios cuya población esté comprendida 
entre 5.000 y 20.000 habitantes, así como en los de población inferior a 5.000 habitantes 
cuyo  presupuesto  supere  los  3.005.060,52  euros.  Estos  puestos  están  reservados  a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención–Tesorería, categoría de entrada.  
 
o  Secretaría de clase 3ª: En el caso de que la población del municipio sea inferior a 5.000 
habitantes y cuyo presupuesto no exceda de 3.005.060,52 euros. Estos puestos están 
reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención. 
Los artículos 92.bis de la LRBRL y 14 y siguientes del RJFHN establecen la siguiente atribución de 
funciones en relación con la reserva de puestos: 
A los funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería que ocupen el puesto 
reservado en Intervenciones de clase primera o de clase segunda4 les corresponden las funciones 
de control y fiscalización y, además, las de contabilidad, excepto para los municipios de gran 
población, para los cuales, se prohíbe expresamente la atribución de la contabilidad a los órganos 
de intervención. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha son municipios de gran 
población los Ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina 
y Toledo. 
A  su  vez,  los  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Secretaría-Intervención  tienen 
atribuidas, además de las anteriores, las funciones de tesorería y recaudación, las de fe pública y 
asesoramiento legal preceptivo. 
En cuanto a la provisión de estos puestos reservados, la LRBRL y RPPFHN establecen que el 
sistema normal de provisión será el concurso; además, se prevé la posibilidad, exclusivamente 
para los municipios sujetos al régimen de organización de gran población, así como para las 
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, de que sus puestos se cubran por libre 
designación.  
Si los puestos no están cubiertos de forma definitiva –esto es, a través de concurso o de libre 
designación- deberán ser objeto de convocatoria pública. El RPPFHN, en el artículo 12, señala que 
existen dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario, otorgando carácter 
supletorio al concurso unitario frente al ordinario. El ámbito territorial de los concursos ordinarios –
convocados con carácter anual por los Presidentes de las Corporaciones locales y publicados 
simultáneamente por el órgano competente de las Comunidades Autónomas- será el de la CA a la 
que pertenezca la corporación local y el concurso unitario será de carácter estatal, y es convocado 
con  igual  periodicidad por  el  Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública.  Además,  la 
normativa  establece otras  formas de  cobertura  para  los  puestos que  permanezcan  vacantes 
determinando un orden de prelación entre las mismas. 
                                                  w.
4da seEe ncs aolarráasc meteniert nidntoaad cleeiogsn aaclo l,p nrS eIenccteerpertvtiaveroní acyi,ó  Tanel  dsqeou rece lracíasoe,r r qe1usªe po,o  an2ldª  iege uxlaias lt reqenus epo oternol sspa udbeoilsisdt oap dud eeas dItnomtsei nrrivesestrneacrtviióvaand ,o deses  atla afrsuá n focucinoucnpiaoarndioeoss   pcdooern  f fuehn apcbúiiolbintlaiaccraiióo nsy  
de las subescala Intervención-Tesorería, y le corresponde las funciones de tesorería y recaudación.
 
 
En primer lugar, y conforme al artículo 30 del RPPFHN, se prevé, como nombramiento no definitivo 
de carácter prioritario, el nombramiento provisional, el cual debe ser realizado por la comunidad 
autónoma correspondiente y recaer sobre un FHN. Se deberá realizar de forma obligatoria este 
nombramiento cuando lo solicite un funcionario con habilitación de carácter nacional que reúna los 
requisitos para el puesto y éste estuviera ocupado en virtud de nombramiento accidental o por un 
funcionario interino. 
A su vez, el artículo 32 del RPPFHN establece que en los casos en los que no se haya podido 
realizar  un  nombramiento  provisional,  la  Comunidad  Autónoma  podrá  conferir  comisiones  de 
servicio a FHN destinados en su propio territorio para prestar servicios dentro de éste5. 
En tercer lugar, se prevé el nombramiento en acumulación para aquéllos casos en los que no 
hubiera sido posible efectuar ninguno de los nombramientos anteriores (provisional o comisión de 
servicios). Debe recaer en FHN y le corresponde a la comunidad autónoma o al Ministerio en caso 
de que exceda el ámbito de la primera. 
Por último, en los supuestos en los que no sea posible la provisión de los puestos a través de un 
nombramiento provisional, comisión de servicios o acumulación, la norma admite proveer el puesto 
por un funcionario de la propia entidad –el nombramiento, que se denomina accidental, deberá 
recaer en un funcionario de la corporación debidamente capacitado- o por un funcionario interino, 
cuyo nombramiento se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad y deberá recaer sobre un persona en posesión de la titulación exigida para el acceso a la 
subescala y categoría correspondiente. Los nombramientos accidentales los realiza la corporación 
y los de funcionario interino se resuelven por el órgano competente de la comunidad autónoma. En 
todo caso, se debe acreditar la imposibilidad de provisión por un funcionario con habilitación de 
carácter nacional. 
I.5.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
La sujeción al régimen de contabilidad pública establecida legalmente para las entidades locales en 
el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), desarrollada en el capítulo III, Título VI del TRLRHL, supone la obligación de rendir 
cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas, según 
establece el artículo 201 de dicho Real Decreto Legislativo. En iguales términos se manifiestan las 
Órdenes  HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  HAP/1782/2013,  por  la  que  se  aprueban, 
respectivamente, las Instrucciones del modelo normal y simplificado de contabilidad local, vigentes 
en el ejercicio 2016. 
En la fecha de remisión del presente Proyecto de Informe6, de los 919 ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 114 no han rendido su cuenta general del ejercicio 
2016 al Tribunal de Cuentas, de los que el 82% tiene menos de 1.000 habitantes. Tres cuentan con 
una  población  superior  a  10.000  habitantes,  son  los  Ayuntamientos  de  Ocaña,  Seseña  y 
Villarrobledo. El porcentaje de las entidades locales menores y de las mancomunidades que no han 
rendido la cuenta del ejercicio referido asciende al 24% y 46% respectivamente. Tampoco ha 
rendido la cuenta general de 2016 la única Agrupación de Municipios existente en la Comunidad 
Autónoma, la Agrupación Comunidad Real Señorío de Molina y su Tierra. 
Por lo que se refiere a la cuenta general de 2017, no ha sido rendida por 209 Ayuntamientos —de 
los que Villarrobledo, Manzanares, Tarancón, Fuensalida, Ocaña, Quintanar de la Orden y Seseña 
                                                  w.
5 Corresponderá al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales conferir comisiones de servicio  095ww
6pe anEr soatt aroa cisnu fcpoiarrmcr upanucseiótasntno scseia rrsáe  ssaeicnrtvguauadllaiozrsea sds aipt uraea vldaios fstea ceshn ea no e tlrnaa   lnacoo qrmmuuean teiivdl aap.dr e aseuntóten oPmroay deicsttoin dtae  aIn lfao rdmeel  psueeas atop rdoeb apdrooc peodre enlc Pial,e ansoí.  como  OE-A-2021-14able en https://
cuentan con una población superior a 10.000 habitantes—, por el 43% de las entidades locales 
menores, por el 58% de las entidades de ámbito superior al municipio (126 mancomunidades y una 
agrupación de municipios). 
El detalle de las entidades que no han rendido sus cuentas de muestra en el Anexo I 
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
En cumplimiento del artículo 44 de la de la LFTCu, el Anteproyecto de Informe se remitió a los 
representantes de las 33 entidades que conforman la muestra examinada para que alegasen y 
presentasen los documentos y justificaciones que estimaran convenientes. 
Asimismo se envió, con igual fin, a quienes ocuparon dicho cargo a lo largo del periodo fiscalizado 
cuando no coincidieron con quienes lo hacían en el momento de remisión del Anteproyecto de 
Informe, lo que ocurría en dos de las 33 entidades. A su vez, en otros dos casos se ha remitido el 
Anteproyecto de Informe a las personas que fueron representantes de estas entidades antes del 
ejercicio 2016, respecto de unas operaciones contractuales realizadas durante su mandato que han 
tenido efectos en el periodo fiscalizado.  
Además, respecto de los incumplimientos de la obligación de remisión de la información que 
establece el artículo 218.3 del TRLHL en relación con las entidades dependientes, se ha remitido el 
extracto del Anteproyecto donde se indicaba tal circunstancia a los órganos de intervención de las 
ocho entidades en las que se produjo dicha omisión, en tanto son los órganos responsables de la 
obligación señalada.  
A la fecha de finalización del plazo otorgado para formular alegaciones – el 8 de marzo de 2019– 
no se había formulado ninguna solicitud de prórroga del plazo para cumplimentar el trámite de 
alegaciones. Se han recibido alegaciones, dentro del plazo otorgado, de cuatro representantes 
actuales de las 33 entidades fiscalizadas y de un representante durante el periodo fiscalizado. 
Además, se ha recibido la información señalada en el párrafo anterior en relación con el conjunto 
de órganos de intervención a los que se les remitió la parte del Anteproyecto de Informe que 
afectaba a la entidad en la que realizaban las funciones de Intervención. 
Todas las alegaciones han sido objeto del oportuno tratamiento, dando lugar a las modificaciones y 
precisiones en el Proyecto de Informe de Fiscalización que se han considerado procedentes. En 
relación con los criterios interpretativos y las valoraciones presentadas en las alegaciones que 
discrepan de los contenidos de aquel y que no han sido asumidos por este Tribunal de Cuentas, se 
ha incluido en el Proyecto de Informe una explicación sucinta de los motivos por los que el Tribunal 
mantiene su interpretación o valoración frente a lo expuesto en alegaciones. No se han realizado 
cambios  ni  valoraciones  respecto  de  las  alegaciones  que  explican,  aclaran  o  justifican  los 
resultados expuestos sin rebatir su contenido o que plantean opiniones sin soporte documental o 
normativo. 
 
 
 
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN CON 
LOS  ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE 
FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES  ANOMALÍAS  EN  LA  GESTIÓN  DE 
INGRESOS 
II.1.1. Cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y principales 
anomalías en la gestión de ingresos 
En este epígrafe del Anteproyecto de Informe, se analiza –dando así cumplimiento al primero de los 
objetivos de la fiscalización- el grado de cumplimiento de los órganos de Intervención de las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de la obligación de remisión 
al Tribunal de Cuentas de la información relativa a los acuerdos adoptados en contra de los reparos 
formulados, a los expedientes con omisión de fiscalización previa, así como a las principales 
anomalías de ingresos. De acuerdo con la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 
2015, que desarrolla la referida obligación establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, la remisión 
de la información correspondiente al ejercicio 2016 debía realizarse antes del 30 de abril de 2017. 
El nivel de cumplimiento de la obligación analizada para el conjunto de entidades del territorio 
nacional a 31 de diciembre de 2017 se proporciona en el cuadro siguiente, siendo el porcentaje de 
envíos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha del 61%, frente 
al 59% de media del conjunto de entidades locales del territorio nacional. 
Cuadro  1.  Nivel de cumplimiento por comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2017 
Envíos realizados ejercicio 2016 
Comunidad Autónoma   Nº EELL  En Plazo      Total a 31/12/2017 
Nº  %     Nº  % 
Andalucía  892  205  23  467  52 
Aragón  854  266  31  568  67 
Canarias  107  63  59  87  81 
Cantabria  645  61  9  103  16 
Castilla y León  4.748  1.489  31  2.539  53 
Castilla-La Mancha  1.093  426  39  663  61 
Cataluña  1.127  691  61  860  76 
Comunitat Valenciana  618  361  58  463  75 
Extremadura  472  182  39  325  69 
Galicia  363  84  23  273  75 
Illes Balears  77  37  48  68  88 
La Rioja  212  79  37  136  64 
Comunidad de Madrid  225  109  48  135  60 
Principado de Asturias  133  49  37  75  56  e.e
Región de Murcia  52  23  44  39  75  w.b
NT OotTaA: NL o incluye País Vasco y Navarra.  11.618  4.125  36  6.801  59  2021-14095n https://ww
El mapa territorial específico de Castilla-La Mancha -conformado en un 62% por ayuntamientos de 
población inferior a los 1.000 habitantes y EATIMs- determina que el nivel de cumplimiento sea más 
bajo que en otras comunidades, en tanto son las entidades más pequeñas las que en menor 
medida  cumplen  con  esta  obligación  -fundamentalmente  las  entidades  de  ámbito  inferior  al 
municipio-. 
Se han considerado los datos de remisión de información a 8 de enero de 2019 –fecha de corte en 
la toma de datos tenida en cuenta a efectos de esta fiscalización-. En el siguiente cuadro se 
muestran los datos del grado de cumplimiento, por tipo de entidad y por población, en el caso de 
los ayuntamientos: 
Cuadro  2.  Nivel de cumplimiento por tipo de entidad a 8 de enero de 2019 en Castilla-La 
Mancha 
Tipo entidad  Nº EELL  Nº Envíos   En plazo  Fuera de plazo 
Diputaciones  5  5  4  1 
Ayuntamientos  919  662  376  286 
  Más de 100.000 h.  1  1  1  0 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  3  3  0  3 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  2  2  0  2 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  8  7  4  3 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  62  62  22  40 
  Entre 1.000 y 5.000 h.  204  162  76  86 
  Menos de 1.000 h.  639  436  273  163 
Mancomunidades  126  58  31  27 
Agrupación de Municipios  1  1  0  1 
Entidades Locales Menores  42  22  15  7 
Total  1.093  759  426  333 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma.  
La  totalidad  de  los  órganos  de  Intervención  de  las  Diputaciones  Provinciales  y  de  los 
Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes remitieron la información, con la única excepción del 
Ayuntamiento de Villarrobledo. Cuatro de las cinco diputaciones provinciales –con excepción de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real- y el 64% de ayuntamientos mayores de la población indicada 
lo hicieron con anterioridad al 30 de abril de 2017, fecha límite establecida. 
El 79% de los órganos de Intervención de los ayuntamientos de población entre 1.000 y 5.000 
habitantes remitieron la información, descendiendo este porcentaje al 68% en relación con los 
municipios de menos de 1.000 habitantes y al 52% respecto de las EATIMs. Por lo que se refiere a 
las entidades no territoriales –las 126 mancomunidades y la agrupación de municipios-, cumplieron 
la obligación analizada el 46% de sus órganos de intervención. En el anexo II se detallan las 
entidades que no han remitido la información. 
Para impulsar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, desde 
su implantación en relación con la información del ejercicio 2014, el Tribunal de Cuentas ha llevado 
a cabo un conjunto de medidas en coordinación con los OCEx, con el fin de que los órganos de  es
Intervención  tomaran  conocimiento  de  la  existencia  de  esta  obligación  y  del  procedimiento  o
edoeifslv itcpuailolabgszlae oecc inidód enolo   rsype ,am qpruaiose irsó  suone t.cr  orue,m caopcrltidmuaaibecanio tdnoie.c sDh aipc ahorabasl ig pmarocemidóiondv,a erser  cfeulale mcrouanmn ddpeolim  dsiuoe snc tutoipm ocposl,nim spiiosertn eutnont  eulasn daeo nv,  ealazc  ttrirevaimdnasisdcióuenrsr  idddeeo    2021-14095n https://www.
 
 
Las actuaciones de divulgación se llevaron a cabo a lo largo de 2015, en tanto que 2014 fue el 
primer ejercicio respecto del que se hacía efectiva la obligación de remisión de la información. Se 
remitieron  correos  electrónicos  informativos  a  los  órganos  de  intervención  del  conjunto  de 
entidades  locales,  poniéndose  también  esta  información  en  conocimiento  de  la  Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de Consejo General de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local (COSITAL), con el objetivo de que contribuyeran a dar mayor 
difusión y publicidad al procedimiento; asimismo se impartieron sesiones formativas y se elaboró 
una guía de ayuda, disponible en la página www.rendiciondecuentas.es 
En 2016 y 2017 se elaboraron y pusieron en marcha planes de actuaciones destinados a impulsar, 
entre los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales, el cumplimiento de 
esta obligación en relación con el ejercicio 2016. Estos planes se han seguido ejecutando en el 
ejercicio 2018. Antes de la terminación del plazo previsto para mandar la información, se enviaron 
correos electrónicos recordatorios de la necesaria observancia. Una vez transcurrido dicho plazo se 
remitieron oficios a las unidades de intervención de los ayuntamientos de la comunidad que no 
habían presentado la información correspondiente al ejercicio 2016. Además, se mantuvieron con 
el mismo fin comunicaciones telefónicas con los ayuntamientos de población superior a 5.000 
habitantes. 
En el cuadro siguiente se presenta la evolución del cumplimiento de la obligación de remisión de la 
información  relativa  a  reparos  desde  el  ejercicio  2014  -año  para  el  que  entró  en  vigor  el 
cumplimiento de esta obligación-, hasta el ejercicio 2016: 
Cuadro  3.  Nivel de cumplimiento en relación con los ejercicios anteriores 
Tipo entidad  Nº EELL  Nº Envíos 2014  Nº Envíos 2015  Nº Envíos 2016 
Diputaciones   5  5  5  5 
Ayuntamientos  919  719  715  673 
  Más de 100.000h.  1  1  1  1 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  3  3  3  3 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  2  2  2  2 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  8  7  7  7 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  62  54  53  62 
  Entre 1.000 y 5.000 h.  204  155  152  162 
  Menos de 1.000 h.  639  497  497  436 
Mancomunidades  126  51  51  58 
Agrupación de Municipios  1  0  0  1 
Entidades Locales Menores  42  15  18  22 
Total  1.093  790  789  759 
 
Se observa que el cumplimiento del envío de la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL en un periodo relativamente corto se encuentra implantado en gran medida entre los 
órganos de Intervención de las entidades locales de mayor tamaño –más de 5.000 habitantes-, que  es
son los responsables de la gestión de la mayor parte de los recursos públicos del ámbito local de la  o
Comunidad Autónoma.   095www.
Penotri deald ceosn dtrea rimo,e cnoomr op oybala sceió nh.a  Ssee ñhaala dporo, deusctied og ruandao  edveo ilmucpiólann tpaocisóitniv are seunl talo sin faeyriuonr taemntireen tlaoss 
situados entre 1.000 y 5.000 habitantes, así como entre las EATIMs y las entidades de carácter no 
territorial, pero no así entre los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes, respecto de las 
cuales, se ha producido un retroceso de más de diez puntos en la remisión de la información.  
Existen dos características comunes respecto de los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, 
ambas en relación con un menor número de expedientes gestionados: 
  Son entidades en las que mayoritariamente no se producen acuerdos contrarios reparos, 
expedientes con omisión de fiscalización previa ni anomalías en sus ingresos, así lo han 
certificado el 83% de los ayuntamientos de población inferior a la cifra indicada en relación 
con  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha.  El  detalle  de  las  certificaciones 
negativas presentadas se muestra en el epígrafe siguiente. 
  Por otra parte, estas entidades gestionan un porcentaje muy pequeño de recursos en 
relación con los fondos públicos gestionados por el conjunto de entidades locales de la 
Comunidad Autónoma. 
De las 759 entidades cuyo órgano de Intervención ha remitido la información analizada, las 29 que 
se  relacionan  en  el  cuadro  4  cuentan  con  entidades  dependientes  o  adscritas  sometidas  a 
fiscalización  previa.  La  mayoría  de  los  órganos  de  Intervención  han  remitido  certificaciones 
negativas en relación con sus entidades dependientes, únicamente las Diputaciones de Albacete y 
Cuenca y los Ayuntamientos de Albacete, Alcázar de San Juan, Cabanillas del Campo, Cuenca, 
Toledo  y  Yepes  han  informado  de  expedientes  en  relación  con  algunos  de  sus  organismos 
autónomos o consorcios.  
 
 
Cuadro  4.  Remisión de información de las entidades dependientes 
Remisión Reparos 
Entidad Principal  Total Dependientes 
Con certif. negativa  Con remisión de exp. 
DIPUTACIONES: 
Diputación de Guadalajara  2  2  - 
Diputación de Albacete  7  -  7 
Diputación de Ciudad Real  3  3  - 
Diputación de Cuenca  2  1  1 
Diputación de Toledo  4  4  - 
AYUNTAMIENTOS: 
Albacete  8  5  3 
Alcázar de San Juan  3  2  1 
Almonacid de Zorita  1  1  - 
Cabanillas del Campo  1  -  1 
Chinchilla de Monte-Aragón  1  1  - 
Ciudad Real  3  3  - 
Cuenca  4  1  3 
El Carpio de Tajo  1  1  - 
Guadalajara  2  2  - 
Los Navalucillos  2  2  - 
Madridejos  2  2  - 
Miguelturra  1  1  - 
Mora  1  1  - 
Pedro Muñoz  1  1  - 
Puertollano  1  1  - 
San Martín de Pusa  1  1  - 
Talavera de la Reina  2  2  - 
Tamajón  1  1  - 
Toledo  4  1  3 
Torrenueva  1  1  - 
Valenzuela de Calatrava  1  1  - 
Villafranca de los Caballeros  1  1  - 
Yepes  1  -  1 
MANCOMUNIDAD: 
Servicios Comsermancha  1  1  - 
TOTAL   63  43  20 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
II.1.2. Entidades  sin  acuerdos  contrarios  a  reparos,  expedientes  con  omisión  de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos  es
De acuerdo con lo previsto en la Instrucción de 30 de junio de 2015, los órganos de Intervención de  w.
las entidades locales, en el caso en que no se hayan adoptado acuerdos contrarios a reparos o  095ww
edexpbeedni erenmteisti rc uonna o cmeirstiifóicna dcieó nfi snceagliaztaivcaió enn p lrae vqiuae o s en oin edxiqisuteid oe satan ocmircaulínasst aennc ilaa.  gestión de ingresos,
En el cuadro siguiente se recogen, a fecha de 8 de febrero de 2019, las certificaciones negativas 
presentadas por los titulares de los órganos de Intervención en relación con la existencia de 
acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la 
gestión de ingresos, atendiendo al tipo de entidad y al tramo de población de los ayuntamientos. 
Cuadro  5.  Entidades que han presentado certificaciones negativas por tipo de entidad y 
tramo de población 
Certificaciones negativas 
Nº de 
Tipo de entidad  entidades que  Acuerdos  Todos* 
han remitido la  Omisión de  Anomalías en 
contrarios a 
información  reparos (A)  fiscalización previa (B)  ingresos (C)   (A, B, C) 
Diputaciones  5  2  4  5  2 
Ayuntamientos  673  555  651  650  555 
  Más de 100.000 h.  1  0  0  1  0 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  3  1  2  2  1 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  2  0  1  2  0 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  7  4  4  7  2 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  62  37  58  55  33 
  Entre 1.000 y 5.000 h.  162  109  154  155  109 
  Menos de 1.000 h.  436  404  432  428  400 
Mancomunidades  58  58  58  58  58 
Agrupación de Municipios  1  1  1  1  1 
Entidades Locales Menores  22  21  22  22  21 
Total  759  637  736  736  627 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
* Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos 
El número de entidades en las que los órganos de intervención han comunicado a través de la 
correspondiente  certificación  negativa,  la  inexistencia  de  acuerdos  contrarios  a  reparos, 
expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión de los ingresos ha sido 
muy elevado. En el 83% de entidades en las que se ha enviado información, no se produjo ninguno 
de estos acuerdos o expedientes. 
Con carácter general, el porcentaje de certificaciones negativas no resulta homogéneo atendiendo 
al tipo de entidad y al tramo de población, de forma que en los tramos de mayor población se 
produce en menor medida la ausencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión 
de fiscalización previa y anomalías en la gestión de ingresos. 
Esta circunstancia responde al incremento de recursos que se gestionan cuanto mayor es la 
dimensión del municipio en términos de población, lo que se traduce en una mayor cantidad de 
expedientes tramitados y que éstos sean de una complejidad superior, lo que incrementa la 
posibilidad de que se produzcan reparos suspensivos y que los órganos resuelvan en contra del 
criterio de la Intervención. 
Así, en el 23% de las entidades de población superior a 25.000 habitantes los órganos de  oe.
intervención remitieron certificación negativa en los tres supuestos, mientras que este porcentaje se  w.
incrementó hasta el 82% para los ayuntamientos de menos población de la cifra indicada que  095ww
dieron cumplimiento a la obligación analizada. A su vez, el conjunto de mancomunidades y la
 
 
agrupación de municipios que han remitido la información, han comunicado certificación negativa 
en relación con los tres supuestos. 
Los órganos de Intervención del 97% de las entidades locales de las que se ha dispuesto de 
información, con independencia del tipo y tamaño de las mismas, comunicaron que no existieron 
anomalías de ingresos. Esta situación podría verse motivada por el hecho de que se refiere a una 
figura no se encuentra contemplada en la normativa, cuestión que se une al hecho de que la 
mayoría de las entidades locales, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL, ha sustituido el 
control previo de legalidad de los derechos por la toma de razón en contabilidad, sin que se lleven a 
cabo controles posteriores sobre la gestión de los ingresos. 
II.1.3. Alcance y configuración del sistema de control interno  
En el siguiente cuadro se muestran los resultados del alcance y configuración del control interno 
desarrollado por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por tipo 
de entidad y tramo de población: 
Cuadro  6.  Alcance y configuración del control interno por tipo de entidad y tramo de 
población 
Nº  EELL envío  Fiscalización  Otros  Control financiero 
Tipo entidad  Nº EELL 
reparos  limitada previa  extremos  posterior 
Diputaciones  5  5  4  4  0 
Ayuntamientos  919  673  159  71  38 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  1  1  0  0  0 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  3  3  2  2  1 
  Entre 50.001.y.75.000 h.  2  2  2  2  1 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  8  7  5  5  0 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  62  62  24  16  11 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  204  162  50  25  11 
  Menos de 1.000 h.  639  436  76  22  14 
Mancomunidades  126  58  18  5  2 
Agrupación de municipios  1  1  0  0  0 
Entidades Locales Menores  42  22  4  0  0 
Total  1.093  759  184  80  40 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
El artículo 219 del TRLRHL prevé que cuando se haya implantado el modelo de fiscalización 
limitada previa de requisitos básicos, el órgano de Intervención comprobará la existencia de crédito 
presupuestario y su adecuación, así como que las obligaciones o gastos se generan por órgano 
competente.  En estos casos, dicho precepto dispone que se debe regular, por medio de un 
acuerdo del Pleno, la verificación de otros extremos adicionales que resulten transcendentes para 
la gestión.  s
El incumplimiento del artículo 219 del TRLRHL mediante la ausencia de acuerdo del Pleno en el  w.
que se definan otros extremos adicionales que se consideren transcendentes en la gestión de los  095ww
expedientes de gasto, hace que la fiscalización previa se reduzca exclusivamente a los dos
aspectos indicados, la comprobación de la existencia y adecuación del crédito y de la competencia 
del órgano, reduciendo de forma significativa su alcance, así como su eficacia. 
A su vez, el artículo 220 del TRLRHL regula el control financiero, estableciendo que tendrá por 
objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las 
entidades  locales,  de  sus  organismos  autónomos  y  de  las  sociedades  mercantiles  de  ellas 
dependientes. Señala que se informará acerca de la adecuada presentación de la información 
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de 
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos y que se realizará a través de 
procedimientos  de  auditoría  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  del  sector  público, 
concluyéndose en un informe escrito que deberá haber sido puesto de manifiesto al órgano 
auditado, remitiéndose al Pleno. En esta definición se incluye también el control posterior que debe 
realizarse, de acuerdo con el artículo 219.3 del TRLRHL, cuando se esté aplicando la fiscalización 
limitada previa.  
En el conjunto del territorio nacional, tal y como se puso de manifiesto en el Informe que sobre esta 
misma materia se elaboró, la fiscalización limitada previa se aplica, básicamente, por las entidades 
de mayor tamaño; conclusión que resulta lógica al ser las que mayor número de operaciones 
realizan y, por tanto, con el objeto de agilizar los procedimientos, las que utilizan este modelo de 
fiscalización previa en el que se revisa la legalidad de los aspectos básicos de cada expediente. Así 
se ha señalado también en el Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2016. 
Nueve de las trece entidades de población superior a 25.000 habitantes de Castilla-La Mancha 
cuyos órganos de Intervención han dado cumplimiento a la obligación analizada–Talavera de la 
Reina, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Puertollano, Azuqueca de Henares, Hellín, Valdepeñas e 
Illescas- habían establecido un sistema de fiscalización limitada previa, concretando los respectivos 
Plenos la comprobación de otros extremos de la gestión del gasto -además de que el crédito fuera 
adecuado y suficiente y que el órgano gestor del gasto fuera, asimismo, competente-. A su vez, de 
estas  nueve  entidades,  únicamente  el  Ayuntamiento  de  Cuenca  ejercía  un control  financiero 
posterior7.  
Sin embargo, de los 659 Ayuntamientos de población inferior a 25.000 habitantes de los que se ha 
dispuesto de información, el porcentaje de los que asumieron una fiscalización limitada previa fue 
del 23% (150 entidades), y de ellos, únicamente en 63 se exigía la revisión de extremos adicionales 
a crédito y competencia, siendo, por tanto, más deficiente el control interno de estas entidades, 
sobre todo en aquéllas que, a su vez, no desarrollaban un control financiero posterior, control que, 
únicamente se llevaba a cabo en 36 de las que establecieron fiscalización limitada previa. 
Por lo que se refiere a las cinco Diputaciones Provinciales, todas ellas, excepto la Diputación de 
Ciudad Real, tenían establecido un sistema de fiscalización limitada previa y en todos los casos el 
Pleno de la Diputación determinó extremos adicionales sobre los que realizar dicha fiscalización 
además de la comprobación de la existencia de crédito y competencia del órgano. Si bien, ninguna 
de ellas llevó a cabo el ejercicio de control financiero. 
Los resultados globales sobre el ejercicio del control financiero ponen de manifiesto que su 
utilización entre las entidades locales de Castilla-La Mancha ha sido residual, habiéndose aplicado 
únicamente en el 5% de las mismas, lo que supone una deficiencia en el ejercicio del control 
interno de aquellas, además del incumplimiento del mencionado artículo 220 del TRLRHL. 
La  escasa  implantación  del  control  financiero  se  traduce,  además,  en  la  ausencia  de  o
comprobaciones sobre el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera y que no se  095www.
7    L a    o t r a    e  n t i d a  d    q u  e   l l e v  ó    a   c  a b  o   a   ctuaciones de control financiero es el Ayuntamiento de Guadalajara, si bien no tenía
establecido el sistema de fiscalización limitada previa.
 
 
ejerza un control de legalidad sobre aquellos extremos a los que no se extiende el control previo 
que se efectúa a través de la función interventora. 
Esta situación debería cambiar una vez que ha entrado en vigor, el 1 de julio de 2018, el Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del sector público local, dónde se refuerza la obligación de desarrollar actuaciones de 
control financiero, para cuyo cumplimiento se prevé que resultará necesario reforzar los recursos 
de las intervenciones locales. 
Ha  de  destacarse  que  no  constituyen  actuaciones  de  control  financiero  otras  acciones  que 
desarrollan  las  unidades  de  Intervención,  como  los  informes  previos  a  la  aprobación  de  la 
liquidación del presupuesto, a los que se refiere el artículo 89.3 del Real Decreto 500/1990, ni 
tampoco los informes de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a 
los que se refieren los artículos 16 y 25 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, ya que no se encuentran comprendidas en la definición de control financiero que 
contiene el TRLRHL ni tampoco en el recientemente aprobado Real Decreto que regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del sector público local. 
II.1.4. Informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto 
Los  artículos  168.4  y  191.3  del  TRLRHL  señalan  que  el  presupuesto  y  la  liquidación  del 
presupuesto deben ser informados por la intervención de la entidad local antes de su aprobación 
por el Pleno, en el primer caso, o el Presidente, en el segundo. Estos informes contendrán la 
opinión del órgano de Intervención sobre el contenido de los documentos mencionados, en los que, 
en su caso, se incorporarán las deficiencias o irregularidades que hubiera observado. Además, 
existirán también informes de intervención en la tramitación de las modificaciones de crédito en los 
términos recogidos en la normativa aplicable. El contenido de estos informes constituye también un 
resultado de la labor de control que realizan las intervenciones de las entidades locales, en especial 
si se pronuncian en sentido negativo. 
Los responsables de los órganos de Intervención, junto con la información general sobre el alcance 
del control interno que se lleva a cabo en la entidad local, deben indicar si han emitido informes 
negativos al presupuesto, a la liquidación del presupuesto y a los expedientes de modificaciones 
presupuestarias tramitados en el ejercicio. 
De acuerdo con la información recibida, de las 759 entidades que remitieron los datos relativos al 
ejercicio  2016,  los  órganos  de  Intervención  de  trece  municipios8  señalaron  haber  informado 
negativamente la aprobación de los presupuestos, y de otros trece9 (tres de ellos coincidentes con 
los anteriores) indicaron la existencia de informes desfavorables en relación con la liquidación del 
presupuesto. 
II.1.5. Acuerdos contrarios a reparos 
Acorde con la información recibida en Plataforma a 4 de enero de 2019, en el año 2016 las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha habían aprobado, al menos, 
                                                  e.
8M eAmyubnritlalam, iMenetnoass adlbea sA,l cMaodnotzaolb, oA, lTcaarnatundcó, nA, lVmilelanrdersa ld edle S alaz , CYaeñbaedsa, ,Y uEnl cPliluloesn yte Y duenlc oAsr.z obispo, Horcajo de Santiago,  095www.
9M oAnytuanlbtaom, Pieionzto, sP udeeb laA ldmee Dndorna lR odder iglao , CQauñinatdaan,a rA drceilc Rólelayr,,  SCoalamnap odse l dPeiln oP ya rVaiílslaon, uGeveari nddeo Stea,n  MCaadrlroigsu ye rMaas,n cMomemunbirdilalad, 
Servicios El Quijote.
3.774 resoluciones y acuerdos contrarios a reparos formulados por los órganos de intervención, 
con un importe total de 57.334.673,61 euros. 
Los acuerdos contrarios a reparos según diversos criterios: 
Según el tipo de entidad 
La distribución de los informes por acuerdos contrarios a reparos y según el tipo de entidad local se 
muestra en el siguiente cuadro, donde además se detalla el número e importe de los de cuantía 
superior a 50.000 euros.  
Cuadro  7.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de entidad y tramo de población 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos mayores de 
Totalidad de acuerdos contrarios a reparos    
50.000 euros 
Tipo de entidad 
Nº  Importe €     Nº  Importe € 
Ayuntamientos  3.649  51.848.481,01  193  40.445.047,29 
 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  100  13.723.705,69  31  13.356.096,55 
 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  4  314.990,55  2  264.890,55 
 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  18  780.721,51  6  609.863,02 
 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  332  12.326.454,35  59  10.816.119,87 
 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  666  16.770.310,05  68  12.697.280,76 
 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  2253  7.297.417,66  27  2.700.796,54 
 
  Menos de 1.000 h.  276  634.881,20  -  - 
 
Diputaciones  110  5.480.267,32  21  4.497.700,44 
 
Mancomunidades  -  -  -  - 
 
Agrupación de municipios  -  -  -  - 
 
Entidad local menor  15  5.925,28     -  - 
Total  3.774  57.334.673,61     214  44.942.747,73 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
 
Los  3.774  reparos  fueron  remitidos  por  un  total  de  116  ayuntamientos,  tres  Diputaciones 
Provinciales –Albacete, Cuenca y Guadalajara- y una entidad local menor. El 99% los acuerdos 
contrarios a reparos correspondieron a la propia entidad principal, excepto 36 de ellos que fue 
aprobado por siete entidades dependientes de las anteriores. En el anexo III se relacionan las 
entidades cuyos órganos de intervención han comunicado estos acuerdos, indicándose el número 
de los remitidos y el importe acumulado. 
Se han analizado 97 expedientes que representan el 3% del total de los acuerdos contrarios a 
reparos  y  el  44%  de  su  importe  global.  La  exposición  individualizada  de  cada  uno  de  los 
expedientes se ha incluido en el epígrafe correspondiente a las respectivas entidades locales.  
 
 
Según la modalidad de gasto del expediente 
Los acuerdos contrarios a reparos se refirieron a las categorías de gasto que se muestran a 
continuación, de acuerdo con la clasificación que de los mismos realiza la Instrucción del Tribunal 
de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Cuadro  8.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la categoría de gasto del 
expediente afectado 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Totalidad de acuerdos contrarios a reparos    
mayores de 50.000 euros 
Modalidad de gasto 
Nº  Importe €     Nº  Importe € 
Determinados procedimientos de ejecución del 
73  579.988,55  2  171.111,96 
presupuesto de gastos   
Expedientes de contratación  822  23.366.400,41  87  18.930.041,79 
 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  119  534.228,08  2  116.177,67 
 
Gastos de personal  799  13.901.415,14  29  11.579.203,49 
 
Gastos derivados de otros procedimientos  1.209  7.614.751,03  48  5.235.771,18 
 
Incumplimiento prelación de pagos  687  10.565.974,73  44  8.335.421,64 
 
Operaciones de derecho privado  9  102.352,52  1  75.020,00 
 
Operaciones financieras  56  669.563,15     1  500.000,00 
Total  3.774  57.334.673,61     214  44.942.747,73 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
 
Más del 40% del importe de los acuerdos contrarios a reparos fueron relativos a expedientes de 
contratación, correspondiendo el mayor porcentaje correspondió a contratos de suministro (42%) y 
a contratos de servicios (38%).  
Por su parte, los reparos referentes a gastos de personal –relativos en su mayoría a contrataciones 
temporales y gratificaciones- supusieron el 24% del volumen total y, en tercer lugar en importancia 
cuantitativa por volumen (18%), se situaron los reparos referidos al incumplimiento del orden de 
prelación de pagos, que afectaban a expedientes de muy diversa naturaleza, tales como nóminas, 
ayudas sociales, gastos de seguridad social e IRPF, cánones, costas judiciales, suministros, 
servicios y obras principalmente. 
Según la motivación del reparo y la fase de gasto reparada  
El cuadro siguiente presenta la distribución de los acuerdos contrarios a reparos comunicados 
atendiendo a la motivación del artículo 216 del TRLHL: 
Cuadro  9.  Acuerdos contrarios a reparos clasificados según la motivación del artículo 
216 del TRLRHL 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos mayores de 
Totalidad de acuerdos contrarios a reparos    
50.000 euros 
Causa del reparo 
Nº  Importe €     Nº  Importe € 
Insuficiencia de crédito o inadecuación del 
333  3.114.909,58  17  1.720.886,95 
presupuesto   
Ausencia de fiscalización  348  818.027,98  2  149.825,30 
 
Omisión en el expediente de requisitos o 
2.053  34.618.126,61  106  29.755.152,08 
trámites esenciales   
Derivación de comprobaciones materiales de 
45  951.978,08  3  274.202,75 
obras, suministros, adquisiciones y servicios   
Otras causas  876  15.770.456,82  76  11.937.007,35 
 
Varias causas  119  2.061.174,54  10  1.105.673,30 
 
Total  3.774  57.334.673,61     214  44.942.747,73 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
 
La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o 
trámites esenciales. Concretamente en 2016 se comunicaron 2.053 acuerdos contrarios a reparos 
con esta motivación, que representaban el 54% de los expedientes y un 60% de la cuantía total. 
En cuanto a la ordenación de los reparos según la fase del gasto afectada, se presenta la siguiente 
situación: 
Cuadro  10.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la fase de gasto reparada 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos mayores de 
Totalidad de acuerdos contrarios a reparos    
50.000 euros 
Fase de gasto reparada 
Nº  Importe €     Nº  Importe € 
Autorización  130  5.136.190,67  17  4.076.132,90 
 
Compromiso  84  9.376.968,72  20  9.069.092,52 
 
Reconocimiento de la obligación  1765  27.984.908,99  119  22.311.249,46 
 
Orden de pago  872  4.108.236,77  23  2.097.835,62 
 
Pago  753  9.934.108,24  32  7.146.165,56 
 
Otras  170  794.260,22  3  242.271,67 
 
Total  3.774  57.334.673,61     214  44.942.747,73 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
  s
El  47%  de  los  acuerdos  contrarios  a  reparos  comunicados  lo  fueron  en  relación  con  el  w.b
reconocimiento de la obligación, seguidos por reparos relativos al compromiso del gasto (23%) y la  095ww
fcaosne  edl erel pstaog doe ( 2fa0s%e)s,  dsiee nlad oe jesicguncifióicna tpivreasmuepnutees itnafreiari.o  r el número de reparos formulados en relación
 
 
Según los órganos que aprobaron los acuerdos contrarios a los reparos formulados 
En relación con los órganos que aprobaron acuerdos en contra de los reparos de Intervención, el 
artículo 217 del TRLRHL establece que las competencias para resolver una discrepancia entre el 
órgano gestor del gasto y los reparos de naturaleza suspensiva interpuestos por los órganos de 
Intervención corresponde al Presidente de la entidad local, salvo que los reparos se basen en 
insuficiencia o inadecuación de crédito, o se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea 
de competencia del Pleno, en cuyo caso le corresponderá a este órgano. Esta competencia tiene 
carácter de indelegable, ya que ni la LBRL ni el Texto refundido de Disposiciones Legales vigente 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(TRLRL), prevén que esta competencia se pueda delegar10. No obstante lo anterior, en entidades 
locales la Junta de Gobierno Local adoptó este tipo de acuerdos. 
Atendiendo a esta clasificación, los acuerdos contrarios a reparos se adoptaron por los siguientes 
órganos: 
Cuadro  11.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos mayores de 
Totalidad de acuerdos contrarios a reparos    
50.000 euros 
Órgano que resuelve 
Nº  Importe €     Nº  Importe € 
Pleno  306  3.268.976,59  17  1.650.659,81 
 
Presidente  3.317  40.068.800,86  165  29.891.253,21 
 
Junta de Gobierno  151  13.996.896,16  30  13.159.184,42 
 
Total  3.774  57.334.673,61     212  44.701.097,44 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
El órgano que más resoluciones emitió fue el Presidente, tanto por importe (el 70%), como por 
número de expedientes (el 88%). A distancia se hallan los adoptados por el Pleno de la entidad -el 
8% de los expedientes y el 6% del importe-, y la Junta de Gobierno –con el 4% de los acuerdos y el 
24%  del  importe-.  Los  expedientes  aprobados  por  la  JGL  correspondieron  a  nueve 
entidades -Ayuntamientos de Albacete, Campos de Paraíso, Chiloeches, Consuegra, Guadalajara, 
La Puebla de Almoradiel, Miguel Esteban, Navahermosa y Socuéllanos-, lo que ha supuesto una 
vulneración del artículo 217 del TRLRHL.  
II.1.6. Expedientes con omisión de fiscalización previa 
El número e importe de los expedientes con omisión de fiscalización previa comunicados por los 
órganos de intervención de las entidades locales de Castilla-La Mancha en 2016, se elevaron a 227 
expedientes y 15,8 millones de euros.  
La distribución de los informes recibidos sobre expedientes con omisión del trámite de fiscalización 
previa según el tipo de entidad es la siguiente: 
1  0   E  n    e l   a  r t í c u  lo    1  5  .3    d  e  l   n u  e v  o    R  e  glamento de Control Interno de las Entidades Locales se recoge expresamente la
imposibilidad de delegar la resolución de las discrepancias por parte del Presidente de la entidad o del Pleno.
Cuadro  12.  Expedientes con omisión de fiscalización previa por tipo de entidad y tramo de 
población 
Importe en euros 
Totalidad de expedientes sin fiscalización  Expedientes sin fiscalización previa 
  
previa  mayores de 50.000 euros 
Tipo de entidad 
Nº  Importe €     Nº  Importe € 
Ayuntamientos  225  15.770.703,30  33  14.032.257,69 
 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  1  60.000,00  1  60.000,00 
 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  54  7.104.408,07  10  6.553.781,96 
 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  1  360,59  0  0,00 
 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  21  1.358.008,08  6  1.273.312,31 
 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  63  5.367.407,38  9  4.959.605,06 
 
  Entre 1.000 y 5.000 h.  60  1.753.812,31  7  1.185.558,36 
 
  Menos de 1.000  25  126.706,87  0  0,00 
 
Diputaciones  2  106.385,35  1  72.849,15 
 
Total  227  15.877.088,65     34  14.105.106,84 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
 
Los 227 expedientes con omisión de fiscalización previa están referidos a la Diputación Provincial 
de Guadalajara y 22 Ayuntamientos, destacando el Ayuntamiento de Toledo con 54 expedientes 
(de los que 5 corresponden a tres entidades dependientes), el Ayuntamiento de Añover de Tajo con 
45, Urda con 21, Pioz con 19 y Valdepeñas con 17. En el anexo IV se detallan las entidades y los 
importes acumulados de los expedientes comunicados. 
Se han analizado 10 expedientes que representan el 2% del total de los acuerdos contrarios a 
reparos  y  el  40%  de  su  importe  global.  La  exposición  individualizada  de  cada  uno  de  los 
expedientes se ha incluido en el epígrafe correspondiente a las respectivas entidades locales.  
A continuación se clasifican los expedientes según diversos criterios: 
Por lo que se refiere a la modalidad de gasto, en tanto cada expediente tramitado con omisión de 
fiscalización previa puede recoger más de un operación de gasto, en la información que los 
órganos de intervención deben remitir a este Tribunal, se solicita que se indique el tipo de gasto al 
que se refiere cada una de las operaciones. 
Ha resultado que los 227 expedientes con omisión de fiscalización previa están integrados por 78 
operaciones de gasto, en su mayoría relativas a la contratación pública (47%) –principalmente 
contratos de servicio y de suministro- y gastos de personal (28%).  
 
 
 
Según el órgano gestor 
Como se ha señalado en el subapartado I.4, relativo al marco legal y régimen jurídico de la 
fiscalización, hasta la entrada en vigor del RCI, no estaba regulado los órganos que debían resolver 
los expedientes con omisión de fiscalización previa. A partir de la publicación del mencionado 
Reglamento, se otorga esta competencia al Presidente de la entidad o al Pleno si se trata de gastos 
de su competencia, pudiéndole corresponder también a la Junta de Gobierno Local en los casos de 
municipios de gran población. La distribución que se produjo en Castilla-La Mancha en el ejercicio 
2016 fue la siguiente: 
Cuadro 13.  Expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa atendiendo al 
órgano que resuelve  
Importe en euros 
Totalidad de expedientes sin fiscalización  Expedientes sin fiscalización previa 
  
previa   mayores de 50.000 euros  
Órgano gestor 
Nº  Importe €     Nº  Importe € 
Presidente  133  5.904.345,81  12  4.956.647,46 
 
Junta de Gobierno  43  7.267.612,77  13  6.930.283,08 
 
Otro  3  422.090,41  1  357.152,72 
 
Pleno  48  2.283.039,66  8  1.861.023,58 
 
Total  227  15.877.088,65     34  14.105.106,84 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
El 59% de los expedientes con omisión de fiscalización previa fue resuelto por el Pleno de la 
entidad; sin embargo, en volumen, el mayor porcentaje correspondió a la JGL (46%). 
II.1.7. Principales anomalías en la gestión de ingresos 
Los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha comunicaron 65 anomalías de ingresos en 2016, por una cuantía 
global de 607.079,70 euros. Cuatro de las anomalías superaron, de forma individualizada el importe 
de 50.000 euros, según se detalla en el siguiente cuadro, que clasifica el conjunto de las anomalías 
atendiendo a la naturaleza de los ingresos a los que se refieren. En el anexo V se detallan las 
entidades y los importes acumulados de los expedientes comunicados. 
Cuadro 14.  Principales anomalías de ingresos clasificadas por tipo de ingreso 
Importe en euros 
Anomalías     Expedientes mayores de 50.000 euros 
Tipo de ingreso 
Nº  Importe €     Nº  Importe € 
Impuestos locales  13  43.469,85  --  -- 
 
Tasas  29  127.204,27  1  100.000,00 
 
Precios Públicos  4  10.168,00  0  -- 
 
Subvenciones  4  54.138,62  0  -- 
 
Operaciones Urbanísticas  2  172.478,54  1  158.478,50 
 
Ingresos Patrimoniales  8  188.415,42  2  151.739,42 
 
Otros  5  11.205,00  --  -- 
 
Total  65  607.079,70     4  410.217,92 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
 
Por lo que se refiere a la fase presupuestaria en la que se han detectado las anomalías, resultó que 
33 de las 65 comunicadas, es decir, el 51%, lo fueron en la fase de reconocimiento del derecho, 
mientras que el 31% lo fue en la fase de recaudación y el resto se refieren a compromisos de 
ingresos, cancelación y anulación de derechos. 
Se ha examinado una anomalía de ingresos cuyo importe supone el 16% del montante global.  
II.2.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LOS EXPEDIENTES DE IMPORTE 
SUPERIOR A 50.000 EUROS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA – LA MANCHA 
En este subapartado se detallan los resultados del análisis del contenido de los acuerdos contrarios 
a los reparos formulados por los órganos de intervención, de los expedientes con omisión de 
fiscalización  previa  y  de  las  anomalías  de  ingresos  que  han  sido  objeto  de  un  tratamiento 
individualizado.  En  el  cuadro  siguiente  se  muestra  la  representatividad  de  los  expedientes 
analizados respecto de la totalidad de los mismos: 
Cuadro 15.  Representatividad de la muestra de expedientes 
Importe en euros 
  Muestra seleccionada 
Totalidad de acuerdos 
contrarios a reparos 
  Expedientes    Representatividad  
      Nº  Importe €          Nº  Importe €        % Nº       % Importe 
Acuerdos contrarios a reparos  3.774  57.334.673,61    97  25.343.340,07    2,57  44,20 
       oe.
Eprxepveiad ientes con omisión de fiscalización  227    15.877.088,65  10  6.278.318,00  4,41  39,54  095www.
Anomalías de ingresos  65  607.079,70    1  100.000,00     1,54  16,47
 
 
Los 97 acuerdos contrarios a reparos examinados representan el 44% del importe total. De ellos, 
68 son relativos a expedientes de contratación (62 contratos de servicios y suministros, dos 
contratos de obras y cuatro contratos de dirección de obra), trece corresponden a gastos de 
personal, quince a prelación de pagos y otro al abono de un pago no reconocido en presupuesto. 
Por lo que se refiere a los expedientes con omisión de fiscalización previa, los diez que se han 
examinado representan el 39,54 % del volumen total. Son relativos a contratos de servicios y 
suministros.  
También ha sido objeto de análisis una anomalía de ingresos relativa a deficiencias en la gestión 
recaudatoria.  
Se incluyen, dando así cumplimiento al objetivo cuatro de la fiscalización, los resultados obtenidos 
en relación con las áreas en las que se ha detectado una falta de homogeneidad en los criterios y 
procedimientos aplicados por los órganos de intervención en el ejercicio de su función y en su 
remisión al Tribunal de Cuentas, así como diferencias en la tramitación por los órganos de las 
entidades locales de los acuerdos contrarios a reparos o de los expedientes tramitados con omisión 
de fiscalización previa.  
II.2.1. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE 
Sistema de control interno  
La Diputación Provincial de Albacete liquidó su presupuesto de gastos en 2016 con un volumen de 
obligaciones reconocidas netas de 86.007.624,32 euros.  
Al cierre de dicho ejercicio no tenía provisto con carácter definitivo el puesto de Intervención, sino 
que sus funciones eran asumidas por un funcionario municipal de forma accidental desde su 
nombramiento el 28 de mayo de 2013. A la fecha de los trabajos de campo de la fiscalización 
(octubre de 2018) no se había modificado esta situación, habiendo manifestado la entidad que 
hasta la resolución firme del procedimiento judicial en curso sobre la titularidad de la plaza no 
resulta posible tomar ninguna medida para la provisión definitiva. 
El órgano de Intervención estaba asistido al final del ejercicio 2016 por cinco técnicos A1 (uno de 
los cuales estaba nombrado como interventor accidental), un técnico A2, cuatro administrativos y 
diez auxiliares administrativos. En el momento de realización de los trabajos de campo la única 
variación se había registrado en el número de administrativos (cinco) y de auxiliares administrativos 
(nueve). 
La Diputación Provincial de Albacete aplicó en el ejercicio fiscalizado un sistema de fiscalización 
previa  plena  consistente  en  la  comprobación  por  parte  del  órgano  de  Intervención  de  la 
conformidad  de  las  propuestas  con  el  procedimiento  legalmente  establecido  en  todos  los 
expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento.  
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad.  s
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención de la Diputación de Albacete remitió la información prevista en el artículo 
218.3 TRLRHL, correspondiente al ejercicios 2016, el 27 de abril de 2017, dentro del plazo 
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015.  
Se remitió certificación negativa en relación con expedientes con omisión de fiscalización previa y 
anomalías de ingresos, informando de 67 acuerdos contrarios a reparos. 
Acuerdos contrarios a reparos  
La cuantía agregada de los 67 acuerdos contrarios a reparos asciende a 3.803.557,87 euros, de 
ellos, 60 corresponden a la Diputación Provincial, tres al Organismo Autónomo Gestión Tributaria 
de Albacete y cuatro al Organismo Autónomo Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel. 
La mayor parte de ellos eran relativos a gastos de personal, según se detalle en el cuadro 
siguiente: 
Cuadro 16.   Acuerdos contrarios a reparos. Diputación Provincial de Albacete 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
 Porcentaje   
Nº        Importe  Porcentaje Importe 
Número 
Gastos de personal  59  3.438.184,98  88,06  90,39 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  3  13.200,00  4,48  0,35 
Gastos derivados de otros procedimientos  3  341.553,88  4,48  8,98 
Expedientes de contratación  2  10.619,01  2,99  0,28 
Total  67  3.803.557,87  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia 
       
Se han seleccionado para su análisis ocho acuerdos contrarios a reparos tramitados por la 
Diputación y relativos a gastos de personal. La cuantía agregada de los expedientes examinados 
es de 2.164.179,60 euros. 
Conceptos retributivos no previstos en la normativa estatal incluidos en las nóminas del personal 
funcionario y percepción de horas extraordinarias  
Cuatro de los expedientes dieron lugar a los correspondientes reparos de la Intervención como 
consecuencia de la inclusión en nómina de conceptos retributivos no contemplados en el Real 
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de la Administración Local, norma que se dictó como desarrollo reglamentario, para el 
ámbito local, de la legislación estatal de función pública.  
La Diputación de Albacete abonó un concepto salarial de carácter mensual denominado “horas 
extraordinarias, nocturnidad, jornadas en sábados, domingos y festivos”, que no está previsto en 
dicho Real Decreto y que debería formar parte, en su caso, del complemento específico asignado a 
cada puesto como retribución de la dedicación adicional requerida o la penosidad o dificultad  es
técnica  de  los  puestos  correspondientes,  o  como  elemento  motivante  de  la  concesión  de  o
productividad a estos empleados por su especial compromiso y rendimiento.   095www.
 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete ya había declarado ilegal, 
mediante sentencia de 16 de junio de 2003, la percepción de este complemento por parte de 
personal funcionario de la entidad.  
Además se abonaron “horas extraordinarias urgentes” en cuatro servicios sin que estuvieran 
justificadas debidamente, ya que la normativa interna de la Diputación exigía para su concesión 
que se acreditara que los trabajos se hubieran realizado bajo una o varias de las circunstancias 
siguientes: prevención, reparación de siniestros o situaciones urgentes, lo que, de acuerdo con el 
informe de Intervención, no se cumplía. 
Al personal de guardia del Servicio de Bomberos se le abonó un nuevo concepto retributivo 
denominado  “Guardia  Presencial  y  Guardia  de  Localización  (Voluntarias)”  creado  como 
consecuencia de una negociación entre los representantes sindicales de la Corporación en 2013, 
sin que conste que el mismo fuera aprobado por el Pleno, tal y como hubiera sido preciso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio Colectivo y del Acuerdo Marco vigentes en 
2016, así como en el artículo 90 y siguientes de la LRBRL. 
Por otra parte, en las nóminas de 2015 también se incluyó otro concepto retributivo denominado 
“Incidencias Jefatura”, cuya finalidad era retribuir los turnos realizados en sábados, domingos y 
horas  nocturnas.  La  justificación  del  abono  de  este  concepto  se  efectuaba  a  través  de  la 
presentación  de  listados  informáticos  a  los  que  no  se  acompañaba  informe  del  Servicio  de 
Recursos Humanos motivando la procedencia de tal abono. El devengo de esos conceptos no se 
encontraba adecuadamente justificado, ya que la definición de los puestos que requieren este plus 
de dedicación en la RPT ya incluía entre sus características una referencia a la “penosidad-
turnicidad” de los mismos, por lo que no procedía una compensación adicional o complementaria. 
Los reparos formulados por el órgano de Intervención fueron levantados por Decretos de Alcaldía 
en los que se acordaba el reconocimiento y abono de los complementos anteriormente referidos, 
cuyo importe agregado ascendió a 637.321,5111 euros. 
Fondo de Ayuda Social 
La Presidencia de la Diputación de Albacete dictó tres Decretos en 2016 concediendo este 
complemento y por los que se levantaban los reparos que, en este sentido habían sido formulados; 
el primero el 23 de febrero de 2016 por importe de 980.164,62 euros, el segundo, el 24 de 
septiembre de 2016 por importe de 244.710,01, y el tercero, el 15 de diciembre de 2016 por importe 
de 244.709,83 euros. 
El Convenio Colectivo y el Acuerdo Marco de la Diputación de Albacete vigentes en 2016, que rigen 
las condiciones de trabajo de los empleados, reconocen una prestación económica denominada 
“Fondo de ayuda social y formación”. Este complemento se abona con periodicidad semestral –en 
febrero y septiembre de cada ejercicio- y su cuantía se define, entre otros parámetros, atendiendo 
al subgrupo de adscripción del personal funcionario o al grupo del personal laboral. Tal y como se 
indicaba en el informe del órgano de Intervención, la definición de esta Ayuda excedió el marco de 
la negociación colectiva definido en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-
La Mancha, habiendo devenido en un concepto retributivo adicional, lo que no se ajusta a la 
naturaleza de este tipo de ayudas que en ningún caso pueden tener tal carácter12. En este sentido, 
la acción social puede definirse como un beneficio accesorio de naturaleza no retributiva que se 
articula  a  través  de  la  negociación  colectiva  y  que  tiene  como  finalidad  la  satisfacción  de  s
determinadas necesidades personales de los empleados públicos.  e.
                                                  095ww
111129   L3So.8se0 ni2mt,e6pn6oc riyat e 2ds1 e4dl .eT8sr2gib4lou,8sn8aa dle oSusruo pdsre.e   mloos  dqeu e1 5s ed eh ae ninefroor mdea d2o0 0e8n.  la Plataforma por este concepto son 128.774,42, 99.919,55,  OE-A-2021-14able en https://
Contratación de personal temporal 
La Presidencia de la Diputación Provincial de Albacete, por medio del Decreto de 7 de septiembre 
de 2016, acordó la contratación por acumulación de tareas de seis trabajadores bajo la modalidad 
de personal fijo discontinuo en el S.E.P.E.I. para la prestación de servicios como mecánico-
conductores hasta el 31 de diciembre de 2016 con un gasto estimado de 57.273,63 euros.  
Estas contrataciones se realizaron, y así se puso de manifiesto en el informe de Intervención, sin 
atender  a  lo  establecido  en  el  artículo  20.Dos  de  la  Ley  48/2015,  de  29  de  octubre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que indicaba que durante este ejercicio no 
se procedería a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario 
temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables que se restringirían a los sectores, funciones y categorías profesionales 
que  se  consideraran  prioritarios  o  que  afectaran  al  funcionamiento  de  los  servicios  públicos 
esenciales.  
En el Decreto de Alcaldía en el que se acuerdan las contrataciones no se adujo ninguno de los 
motivos establecidos en el precepto señalado como posible excepción a la prohibición general de 
contratar. 
Las situaciones descrita han resultado recurrentes en la Diputación de Albacete, habiéndose ya 
puesto de manifiesto en el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a 
reparos  formulados  por  los  Interventores  locales  y  las  anomalías  detectadas  en  materia  de 
ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, 
ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los Órganos de Control Externo de las Comunidades 
Autónomas, aprobado por el Pleno de este Institución el 21 de diciembre de 2017. 
 
II.2.2. DIPUTACION PROVINCIAL DE CUENCA 
Sistema de control interno  
El volumen de obligaciones reconocidas netas de la Diputación Provincial de Cuenca en el ejercicio 
2016 ascendió a 86.007.624,32 euros. 
La Diputación Provincial de Cuenca no tenía cubierto el puesto de Interventor de forma definitiva a 
31 de diciembre de 2016, sino con un nombramiento provisional desde el 21 de julio de 2000. No 
obstante, a la fecha de realización de la fiscalización ya se había producido la provisión del puesto 
mediante su nombramiento por libre designación. El órgano de Intervención contaba al cierre de 
2016 con un técnico A1, un técnico A2, 4 administrativos y 8 auxiliares administrativos, composición 
que se mantuvo sin cambios en 2018. 
La entidad aplicó en el ejercicio fiscalizado un sistema de fiscalización previa plena consistente en 
la comprobación por parte del órgano de Intervención de la conformidad de las propuestas con el 
procedimiento legalmente establecido en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y 
trámites exigidos por el ordenamiento.  
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o  e.
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se  w.b
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión  095ww
de la entidad.
 
 
Análisis de los expedientes 
La Diputación Provincial de Cuenca remitió la información prevista en el artículo 218.3 del TRLRHL, 
correspondiente al ejercicio 2016, el 15 de marzo de  2017, dentro del plazo previsto en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
Se remitió certificación negativa en relación con expedientes con omisión de fiscalización previa y 
con anomalías de ingresos, informando, además, de la existencia de dieciocho acuerdos contrarios 
a reparos, cuatro de los cuales –cuyo importe agregado ascendió a 35.658,64 euros- fueron 
relativos al Organismo Autónomo Provincial Gestión Tributaria y Recaudación. 
Acuerdos contrarios a reparos  
La cuantía conjunta de los dieciocho acuerdos contrarios a reparos ascendió a 579.330,92 euros 
con la siguiente distribución: 
Cuadro 17.  Acuerdos contrarios a reparos. Diputación Provincial de Cuenca 
 Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de Expediente 
 Porcentaje   
 Nº   Importe  Porcentaje importe 
número 
Gastos de personal  8  374.049,06  44,44  64,57 
Expedientes de contratación  9  204.916,19  50,00  35,37 
Operaciones de derecho privado  1  365,67  5,56  0,06 
Total  18  579.330,92  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia 
       
Se han seleccionado para su análisis los cuatro expedientes de importe superior a 50.000 euros, 
cuya cuantía agregada asciende a 338.390,42 euros. 
Complemento de productividad 
La asignación del complemento de productividad abonado al personal funcionario y laboral de la 
Diputación de Cuenca correspondientes al cuarto trimestre de 2015 y a los tres primeros trimestres 
de 2016, concedidos mediante Decretos de Presidencia de 14 de marzo de 2016, 29 de julio de 
2016, 10 de noviembre de 2016 y 16 de diciembre de 2016, por un importe conjunto de 338.390,42 
euros, fue objeto de discrepancia entre la Intervención y la Presidencia. 
Este complemento se dividía en dos tramos, cuyos importes máximos y el derecho a percibir cada 
uno de ellos, estaban en función de las ausencias de los empleados distintas a las de permisos por 
vacaciones, días de libre disposición o formación entre otros. Posteriormente, se aplicaban unos 
coeficientes derivados de unas fichas de valoración que cumplimentaban los responsables de las 
distintas áreas, resultando que todos los empleados recibieron la máxima calificación en todos los 
elementos objeto de valoración lo que, a juicio de la Intervención, suponía desnaturalizar esta 
evaluación del desempeño, ya que el único extremo que de facto condicionaba el complemento 
asignado era la presencia de los empleados públicos en sus puestos de trabajo.  es
La Presidencia motivó su criterio indicando que el sistema empleado, al contemplar la evaluación  w.
individualizada  de  varios  parámetros  por  los  responsables  de  cada  área,  respondía  a  una  095ww
verdadera evaluación del desempeño de los empleados, y que sería contrario a los principios
inherentes a la gestión pública interferir en las valoraciones de los distintos responsables de las 
Áreas. 
Esta práctica, al traducir el complemento de productividad en una asignación cuasifija y periódica, 
no resulta acorde con el artículo 85 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 
Castilla-La Mancha, que regula los incentivos por objetivos y requiere una evaluación objetiva del 
rendimiento. Los elementos valorados en relación con el desempeño deben, en todo caso, contener 
parámetros objetivos para reducir el grado de discrecionalidad en las valoraciones con el objetivo 
de lograr una evaluación equitativa y que responda a un mayor grado de cumplimiento de las 
tareas encomendadas. Esta incidencia ya se puso de manifiesto en el  Informe de fiscalización 
sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los Interventores locales y 
las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los Órganos 
de Control Externo de las Comunidades Autónomas, aprobado por el Pleno de este Institución el 21 
de diciembre de 2017. 
II.2.3. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA 
Sistema de control interno  
El presupuesto de gastos de la Diputación Provincial de Guadalajara se cerró en el ejercicio 2016 
con un total de 58.225.285,22 euros en obligaciones reconocidas netas. 
El  puesto  de Intervención  se  cubrió por  concurso  el  16  de  septiembre  de  1999,  sin  que  se 
produjeran cambios hasta la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización. 
La Intervención contaba también, al cierre de 2016, con dos técnicos A1, un técnico A2, cinco 
administrativos y tres auxiliares. A la fecha de realización de los trabajos de campo se había 
incorporado una técnico A1 como viceinterventora, mientras que el número de administrativos se 
había reducido a tres. 
La Diputación tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos en 
el  ejercicio  fiscalizado,  extendiéndose  el  ámbito  de  las  comprobaciones  a  la  adecuación  y 
suficiencia de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos 
adicionales determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, 
acorde con lo establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
Análisis de los expedientes 
La Diputación Provincial de Guadalajara remitió la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL correspondiente al ejercicio 2016, el 27 de febrero de 2017, dentro del plazo establecido 
en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. Se remitió información relativa a  e.
25  acuerdos  contrarios  a  reparos  cuyo  importe  conjunto  ascendió  a  1.097.378,53  euros,  un  b
 
 
expediente con omisión de fiscalización previa13 por importe de 33.536,20 euros y certificación 
negativa sobre anomalías de ingresos 
Acuerdos contrarios a reparos  
La distribución de los 25 acuerdos contrarios a reparos fue la siguiente: 
Cuadro 18.  Acuerdos contrarios a reparos. Diputación Provincial de Guadalajara 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
             Porcentaje    Porcentaje 
      Importe 
Nº  Número  Importe 
Gastos de personal  2  106.385,40  8  9,69 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  1  31.526,20  4  2,87 
Gastos derivados de otros procedimientos  1  153.133,92  4  13,95 
Expedientes de contratación  16  773.934,14  64  70,53 
Determinados procedimientos de ejecución del presupuesto de gastos  5  32.398,87  20  2,95 
Total  25  1.097.378,53  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia 
Se han incluido en la muestra cinco acuerdos contrarios a reparos cuyo importe conjunto asciende 
a 769.013,23 euros. 
o  Modificaciones y variaciones en contratos de obra en carretera  
La Junta de Gobierno Local, en sesión de 23 de marzo de 2016, propuso a la Presidencia 
de la Diputación la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 
para  reconocer  obligaciones  por  importe  de  153.133,92  euros,  correspondientes  a  la 
liquidación de obra de la carretera a Cifuentes por Solanillos. 
El origen de dichas obligaciones era una propuesta de liquidación emitida por los Servicios 
de Contratación y de Infraestructuras de la Diputación que conllevaba el pago de un importe 
superior en más de un 10% precio primitivo y la inclusión de unidades nuevas. En el informe 
de Intervención se señaló dicho circunstancia, si bien se indicó la necesidad de satisfacer la 
liquidación al contratista al haberse realizado de conformidad la prestación, argumento que 
fue recogido en el Acuerdo de la Presidencia de la Diputación por el que se levantó el 
correspondiente  reparo,  en  el  cual,  se  recogía,  además,  el  criterio  del  Servicio  de 
Infraestructuras al señalar que las unidades incluidas en la liquidación no eran nuevas sino 
que figuraban en el proyecto inicial. No obstante, conforme al artículo 234 del TRLCSP, 
debería haber sido tramitado un nuevo contrato modificado en tanto la liquidación superó el 
10% del precio primitivo del contrato y además, las unidades nuevas que se introdujeron, 
aunque  sí  figuraban  en  el  proyecto  inicial  –tal  como  argumenta  el  Servicio  de 
Infraestructura- no fueron recogidas en el modificado que se ejecutó. 
                                                  095ww
i1n3 foSrem raecmióintió s eu nh asbeígau rnedmoi teidxop ecdoimenot ea ccuoenr doom cisoinótnra drieo  fais rceapliazraoc,i óhna bpiréenvdiao,s en oc oonbssitdaenrtaed soe c ohma oc otaml par oebfeacdtoo sq udee l lpar emsiesmntae 
Anteproyecto de Informe.
o  Plan de eficiencia energética y alumbrados municipales 
La Junta de Gobierno Local, en sesiones de 3 y 31 de agosto, de 7 de septiembre y de 4 de 
noviembre de 2016, propuso la aprobación de otros cuatro expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito para reconocer obligaciones por un importe conjunto de 615.879,31 
euros, correspondientes a las certificaciones finales de obra de contratos ejecutados dentro 
del marco del Plan Provincial de Eficiencia Energética y referentes a obras de alumbrado 
público en distintos municipios. 
El órgano de Intervención informó de que el contrato de dirección de obra, que se había 
adjudicado en  relación  con  el  conjunto  de  los  mencionados  contratos  de  obra,  había 
expirado su vigencia el 29 de abril de 2016 por lo que las certificaciones de obra se habían 
firmado sin que mediara relación contractual entre el técnico externo que realizaba estas 
funciones y la Diputación. 
Además, se indicaba que las obras no se ajustaron en su integridad a las Memorias 
Técnicas aprobadas por la Junta de Gobierno, habiéndose aprobado en algunos casos 
precios contradictorios sin la aprobación del proyecto modificado. No obstante, se alegaba 
la necesidad de satisfacer la liquidación a los contratistas al contar con la conformidad de 
las prestaciones y en aras de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. 
Los reparos fueron levantados por los correspondientes Acuerdos de la Presidencia de la 
Diputación. 
Los  expedientes  analizados  han  conllevado  la  imputación  al  presupuesto,  a  través  de 
reconocimientos extrajudiciales de crédito, de gastos que adolecían de vicios de los que podría 
derivar su nulidad, no obstante, la utilización de esta figura –aplicable, como excepción al principio 
de temporalidad de los créditos, para la imputación al presupuesto en vigor de gastos de ejercicios 
anteriores14, según determina el artículo 60.2 del RD 500/90- no resulta admisible para convalidar 
los actos nulos, debiendo tenerse en cuenta que en ningún caso subsana las irregularidades o 
vicios que fueran la causa de nulidad. En todo caso, para evitar el enriquecimiento injusto de la 
Administración, las facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero 
afectado15. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en 
el Título X de la LRJPAC16, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta la realización de acciones para la depuración de las posibles responsabilidades.  
                                                 
14 Si bien, en el caso concreto de la Diputación de Guadalajara las facturas correspondían al ejercicio 2016, a pesar de 
utilizarse la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos, lo que se motivó en que no se había seguido el 
procedimiento legalmente establecido para la realización de los gastos. 
15El Presidente de la Diputación alega que la fuente de la obligación que se paga al tercero no es contractual, sino que se  es
trata de una obligación ex lege nacida de la aplicación del principio de evitar el enriquecimiento injusto; no obstante, la  e.
aplicación en sí misma del mencionado principio subsana los vicios de los que pudiera adolecer el acto.  w.b
  095ww
d16e Rl Seegcutloard Po úabcltiucoa l mente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

 
 
II.2.4. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 
Sistema de control interno 
Albacete tenía una población a 31 de diciembre de 2016 de 172.816 habitantes, y un volumen de 
obligaciones reconocidas netas en el ejercicio cerrado a dicha fecha de 141.015.413,20 euros. El 
Ayuntamiento de Albacete tiene estatuto de municipio de gran población por lo que le resulta de 
aplicación el Título X de la LRBRL. El Ayuntamiento, en tanto capital de provincia, solicitó este 
reconocimiento mediante Acuerdo del Pleno de 30 de diciembre de 2003, que culminó en la Ley 
6/2004, de 21 de diciembre, de las Cortes de Castilla-La Mancha, para la aplicación al municipio de 
Albacete del régimen de organización de los municipios de gran población. 
La Intervención de la entidad era de clase 1ª, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
artículo  2  del  RPPFHN  para  los ayuntamientos  de  más  de  20.000  habitantes,  reservándose 
consecuentemente  a  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería, 
categoría superior. 
El Ayuntamiento de Albacete contaba con un funcionario designado mediante concurso desde el 28 
de febrero de 2003. Así mismo, el Interventor se veía asistido por dos técnicos del grupo A1. 
Esta entidad tenía implantado durante el ejercicio 2016 una fiscalización previa plena, de tal forma 
que se comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido 
en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento. 
No obstante, el Ayuntamiento tenía previsto en el Reglamento de Intervención aprobado por el 
Pleno de esa entidad en sesión de 10 de mayo de 2007, un sistema de fiscalización previa de 
requisitos básicos que no fue objeto de desarrollo por ningún Acuerdo del Pleno ni se aplicaba.  
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad.  
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Albacete remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 27 de abril de 2017, dentro del plazo 
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
En la información remitida se comunicaron 100 acuerdos contrarios a reparos, un expediente con 
omisión de fiscalización y certificación negativa en relación con las anomalías de ingresos.  
Acuerdos contrarios a reparos  
El importe agregado de los 100 acuerdos contrarios a reparos, todos referentes a expedientes de 
contratación, ascendió a 13.723.705,69 euros. De ellos, 94 correspondieron a la entidad principal, 
uno al Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes y cinco al Organismo Autónomo 
Instituto Municipal Vivienda y Urbanismo de Albacete.  es
Se han examinado los 31 acuerdos contrarios a reparos de importe superior a 50.000 euros y  w.
correspondientes a la entidad principal, todos ellos relativos al reconocimiento de obligaciones  095ww
daescriiveanddaes a d 1e3 l.a3 5p6re.0s9ta6c,i5ó5n  eduer osse.r vicios y suministros sin cobertura contractual. La cuantía agregada
En todos los casos se trata de relaciones de facturas trasladadas al órgano de Intervención de 
forma previa a su reconocimiento, el cual emite informes en los que indica que dichas facturas han 
sido generadas al margen del procedimiento establecido, en tanto los servicios correspondientes 
carecen de contrato en vigor, por lo que formula reparos suspensivos.  
Previamente, y tras la finalización de los correspondientes contratos que debían haber dado 
cobertura a los gastos analizados, la Junta de Gobierno Local, acordaba la continuidad de la 
prestación  del  servicio  con  base  en  la  necesidad  del  mismo,  lo  que  de  facto  supone  una 
adjudicación directa a las empresas que hasta ese momento estaban prestando el correspondiente 
servicio. 
En los informes de Intervención se señala, junto con las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar, que en tanto el gasto ya se había producido, no se estaría ante una discrepancia 
sobre un procedimiento si no que, según se regula en las Bases de Ejecución del Ayuntamiento, se 
debería instar el procedimiento establecido para la aprobación de facturas ejecutadas de forma 
irregular, que culmina en la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero 
interesado exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación 
y previa comprobación de una serie de requisitos entre los que se encuentran la existencia de 
crédito adecuado, la conformidad con la prestación y la emisión de diversos informes. 
Con base en lo anterior, la JGL acordó el reconocimiento y pago de las facturas de los servicios 
que  a  continuación  se  indican,  para  los  cuales,  como  se  ha  señalado,  no  existía  cobertura 
contractual en tanto había expirado el contrato anterior, ni era el órgano competente17. 
En el siguiente cuadro se muestran las prestaciones afectadas, con indicación de la fecha en la que 
finalizó el contrato anterior y la fecha en la que, en su caso, entró en vigor el nuevo contrato 
adjudicado, así como el importe de las facturas que fueron reparadas. 
Cuadro 19.  Servicios y suministros sin cobertura contractual. Ayuntamiento de Albacete 
Importe en euros 
Fecha finalización  Fecha inicio nuevo  Importe facturas 
Servicios y suministros afectados  Periodo sin contrato (1) 
del contrato anterior  contrato  sin contrato 
Exp. iniciado 
Conservación y mantenimiento de zonas 
31/01/2015   Pendiente de   Al menos 3 años y 6 meses  4.873.130,60 
verdes 
adjudicación 
Servicio de limpieza viaria y recogida de 
27/02/2014  02/05/2016  2 años y2 meses  6.398.171,88 
residuos sólidos urbanos 
Servicio de limpieza de colegios públicos  julio 2015  23/02/2017  1 año y 7 meses  1.772.209,17 
Servicio de limpieza y conserjería de centros 
socioculturales y repostería de los clubs de  Mayo  2014  Febrero 2016  1 año y 9 meses  312.585,90 
jubilados y otras dependencias 
TOTAL SERVICIOS: 4           13.356.097,55 
Fuente: Elaboración propia         
                                                  w.
dc17oe m Elopnse  etreel npttraeár moesnit  emfo ardmtee urailaale ddgoeas ,cc ioaon ntteerasnt,oa rec ildó ePn ;rl eons odid iosebpnsutteea sndttoee  ,e lnano   eEloln  atsirdeta.r ída2, 1 e7sn e dñreeallla aTc RiqóLunRe a H llaLa ,  rJqeuusnoetla ua cddióeenm  Gdáoes b lcaieasrl infdiocis acL rloeacp acalo nmecispa eset elr enóscrpigaea cndtooe  
indelegable.
 
 
El Ayuntamiento ha vulnerado el artículo 28 del TRLCSP, que sanciona el carácter formal de la 
contratación,  así  como  los  artículos  109  y  siguientes,  relativos  a  la  previa  formación  de  un 
expediente para la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas, lo que 
además, hubiera permitido la posible obtención de precios más competitivos. 
La adjudicación directa y sin la formación del correspondiente expediente de contratación, que de 
forma recurrente se ha producido en el Ayuntamiento de Albacete en relación con la prestación de 
servicios, supone un incumplimiento reiterado de la normativa contractual y origina, según se 
establece en el artículo 32 del TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces vigente 
LRJAP -cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC-, la nulidad de las actuaciones, 
sin perjuicio de que, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, las facturas 
correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí mismo 
no subsana los vicios del acto ni depura las responsabilidades a que hubiera lugar18. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en 
el Título X de la LRJPAC19, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. 
La actuación señalada, además de los incumplimientos normativos señalados, puso de manifiesto 
una debilidad en la gestión de la contratación de servicios, en tanto se producía una demora 
significativa entre la finalización de un contrato y el inicio de la tramitación del siguiente.  
 
II.2.5. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
Sistema de control interno 
Alcázar de San Juan tenía 30.943 habitantes a 31 de diciembre de 2016, y liquidó su presupuesto 
de gastos de ese ejercicio con 31.984.802,40 euros de obligaciones reconocidas netas. 
La Intervención del Ayuntamiento era de clase 1ª, tal y como el artículo 2 del RPPFHN establece 
para las entidades de población superior a 20.000 habitantes. Desde el 10 de junio de 2013 y hasta 
el cierre de los trabajos de la fiscalización la plaza de Intervención no se encontraba cubierta de 
forma  definitiva,  sino  mediante  nombramiento  provisional.  La  plaza  de  Intervención  se  venía 
ofreciendo en los sucesivos concursos unitarios que se convocaban a nivel estatal, en los que 
resultaba desierta, sin embargo el Ayuntamiento no ha realizado la convocatoria de la misma en los 
correspondientes concursos ordinarios. 
                                                 
18 El Presidente de la Entidad, durante el trámite de alegaciones, mantiene que la continuidad del servicio encuentra su 
amparo en el art. 128 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales de 1955. A este respecto, , el Dictamen 
del Consejo Consultivo de Aragón 98/2010, de 29 de septiembre, señala que “debe existir una razón imperiosa de interés  s
general para continuar de forma excepcional la prestación del contrato”, e indica que “Sería conveniente que se  e.e
explicitara cual es la repercusión concreta que se produce en el servicio público, así como se hiciera constar  bo
hdao cpurmodeunctaidlmo eennte e lla e axupseedniecniate d ea naaltleizrandaoti.v aEsn  vtáoldidoa sc apsaor,a  lac oAndtinmuinairs ptrraecsiótann ddoe beel ,s aedrveicmioá sp,o irn oictiraors  dmee fdoiroms”a,  lion mqueedi antoa  slae   095www.
l1i9c iRtaecgióunla ddeol  acoctnutaralmtoe qnutee  esnu setilt uCyaap aítlu alon tIeVr idoer.l  Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
La Intervención estaba asistida en el ejercicio fiscalizado de un técnico A2, cuatro administrativos y 
cuatro auxiliares administrativos, mientras que a la fecha de los trabajos de campo los efectivos se 
habían reducido únicamente a cuatro administrativos y tres auxiliares.  
Este Ayuntamiento aplicó en el ejercicio fiscalizado un sistema de fiscalización previa plena que 
consiste en la comprobación por parte del órgano de Intervención de la conformidad de las 
propuestas con el procedimiento legalmente establecido en todos los expedientes, valorando todos 
los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento. 
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
Análisis de expedientes 
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan remitió la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 26 de abril de 2017, dentro del plazo previsto en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Se  remitió  información  sobre  261  acuerdos  contrarios  a  reparos,  cinco  de  los  cuales 
correspondientes al organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes, así como certificación 
negativa en relación con expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías de ingresos. 
Acuerdos contrarios a reparos  
Los 261 acuerdos tienen un importe acumulado de 3.660.899,61 euros, con la distribución que se 
muestra en el siguiente cuadro. La entidad clasificó el 95% de los expedientes como gastos 
derivados de otros procedimientos, no obstante, se ha comprobado que la mayoría de ellos eran 
relativos a expedientes de contratación. 
Cuadro 20.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
               Porcentaje   
      Importe  Porcentaje Importe 
Nº  Número 
Gastos de personal  9  24.631,35  3,45  0,67 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  2  12.507,76  0,77  0,34 
Gastos derivados de otros procedimientos  248  3.541.961,11  95,02  96,75 
Operaciones financieras  2  81.799,39  0,77  2,23 
Total  261  3.660.899,61  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia 
       
Se han examinado nueve expedientes relativos al servicio de limpieza de edificios y dependencias 
municipales, cuyo importe agregado asciende a 765.133,60 euros.   e
Servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales  095www.
Ecol rróersgpaonnod ieinntteersv ean ltoosr  mreespeasró d el afes brfearcotu ar adsic iedmerbivraed daes  2d0e1 6,l ae np traensttoa ceiló cno ndtrealt os qeurvei cdioe bíian ddicaarldeos 
 
 
cobertura había finalizado el 31 de diciembre de 2015, por lo que la tramitación del gasto se había 
realizado al margen del procedimiento establecido. La cuantía conjunta de las 10 facturas -que se 
presentaron agrupadas en nueve expedientes- ascendió a 765.133,60 euros. 
En todos los casos, los reparos fueron levantados por el Presidente de la Entidad aludiendo a la 
necesidad de prestar el servicio. 
La  publicación  del  nuevo  contrato  de  limpieza  que  sustituyó  al  anterior  se  realizó  el  16  de 
septiembre de 2016, habiéndose formalizado el 1 de abril de 2017, de forma que el periodo durante 
el que se llevó a cabo el servicio sin contrato vigente se extendió a un año y tres meses, tiempo 
durante el que el montante total del gasto, considerando estable la facturación mensual –tal y como 
venía ocurriendo a lo largo de 2016- ascendería a 1.147.700,40 euros. 
La adjudicación directa y sin la formación del correspondiente expediente de contratación supone 
un incumplimiento de la normativa contractual y origina, según se establece en el artículo 32 del 
TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces vigente LRJAP -cuyos términos reproduce el 
artículo 47 de la actual LPAC-, la nulidad de las actuaciones, sin perjuicio de que, para evitar el 
enriquecimiento injusto de la Administración, las facturas correspondientes a un servicio hecho 
deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí mismo no subsana los vicios del acto ni 
depura las responsabilidades a que hubiera lugar. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en 
el Título X de la LRJPAC20, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta  que  se  hayan  iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
 
II.2.6. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE 
Sistema de control interno 
Caudete contaba a 31 de diciembre de 2016 con 10.010 habitantes, siendo las obligaciones 
reconocidas netas del ejercicio cerrado a esa fecha 7.358.002,80 euros. 
Por encontrarse su población entre los 5.000 y los 20.000 habitantes, al Ayuntamiento de Caudete 
le correspondía una Intervención de categoría 2ª, de acuerdo con el artículo 2 del RPPFHN, por lo 
que su ejercicio estaba reservado a funcionarios con habilitación nacional pertenecientes a la 
subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada. 
El Interventor titular al cierre de 2016 fue nombrado interinamente el 25 de enero de 2012. En el 
momento de realización de los trabajos de campo la situación no había cambiado (aunque el titular, 
también  interino,  era  otro  funcionario).  La  plaza  de  Intervención  se  venía  ofreciendo  en  los 
sucesivos concursos unitarios que se convocaban a nivel estatal, en los que resultaba desierta, sin 
embargo el Ayuntamiento no ha realizado la convocatoria de la misma en los correspondientes  es
concursos ordinarios. Adicionalmente, en el órgano de Intervención se encontraban destinados un  oe.
administrativo y un auxiliar administrativo.  w.
 2 0   R  e g  u  la  d  o   a  c t u  a l m   e n  t e   e  n   e  l   C  a p  í  tulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
El Ayuntamiento tenía implantado durante el ejercicio 2016 una fiscalización previa plena, de tal 
forma que se comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente 
establecido en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el 
ordenamiento, además se desarrollaron actuaciones de control financiero en el ejercicio fiscalizado. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Caudete remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 2 de junio de 2017, fuera del plazo 
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
La información remitida consistió en 17 acuerdos contrarios a reparos, cuyo importe conjunto 
ascendió a 389.564,51 euros y certificación negativa en relación con expedientes con omisión de 
fiscalización previa y anomalías de ingresos.  
Acuerdos contrarios a reparos  
En el cuadro siguiente se detalla la modalidad de los gastos afectados por los acuerdos contrarios 
a reparos adoptados, habiéndose seleccionado en la muestra uno de ellos, cuyo importe es de  
100.000 euros. 
Cuadro 21.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Caudete 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
             Porcentaje    Porcentaje 
      Importe 
Nº  Número  Importe 
Expedientes de contratación  9  156.026,67  52,94  40,05 
Gastos derivados de otros procedimientos  8  233.537,84  47,06  59,95 
Total  17  389.564,51  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia 
       
 
Gestión Urbanística Municipal de Caudete S.A., GEURSA 
La sociedad municipal de gestión urbanística se encontraba en proceso de liquidación por acuerdo 
de su Junta General de 26 de noviembre de 2015. El 1 de marzo de 2016, en sesión plenaria, se 
aprobó la cesión global del activo y del pasivo de GEURSA a favor del ayuntamiento. 
El alcalde, con el objetivo de gestionar la consecución del fraccionamiento de la deuda que la 
sociedad municipal tenía contraída con la AEAT, ordenó, el 4 de mayo de 2016, el pago de 100.000 
euros por parte del ayuntamiento a favor de la Dependencia Regional de Recaudación de la 
Agencia Tributaria. 
La orden de pago fue reparada por el órgano de Intervención el 5 de mayo de 2016 al considerar 
que, en tanto no se había hecho efectiva la cesión del activo y pasivo de GEURSA a favor del  s
Ayuntamiento, no resultaba posible iniciar la orden de pago, puesto que el Ayuntamiento no tenía  e.
reconocida  dicha  cantidad  en  su  presupuesto,  por  lo  que  se  incumplía  el  procedimiento  w.
administrativo de ejecución del presupuesto regulado en el RD 500/1990.  095ww
 
 
El 5 de mayo de 2016 el Alcalde procedió a levantar el reparo y a realizar el pago. La cesión 
efectiva de derechos y deberes se realizó posteriormente a través de escritura pública de 12 de 
mayo de 2016. 
 
II.2.7. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 
Sistema de control interno 
Ciudad Real tenía una población de 74.641 habitantes a 31 de diciembre de 2016. El Ayuntamiento 
liquidó el presupuesto de ese ejercicio con 61.111.119,98 euros de obligaciones reconocidas netas. 
El  Ayuntamiento,  en  sesión  celebrada  el  día  9  de  febrero  de  2004,  acordó  solicitar  el 
reconocimiento como municipio de gran población y poder aplicar así el régimen previsto en el 
Título X de la LRBRL, basándose en su condición de capital de provincia. Dicha solicitud se atendió 
por Ley 7/2004, de 21 de diciembre, de las Cortes de Castilla-La Mancha, para la aplicación al 
municipio de Ciudad Real del régimen de organización de los municipios de gran población. 
La  Intervención  del  Ayuntamiento  de  Ciudad  Real  correspondía  a  la  categoría  1ª,  según  lo 
dispuesto en el artículo 2 del RPPFHN para municipios de más de 20.000 habitantes, por lo que 
debía  ocuparse  por  funcionarios  con  habilitación  nacional  de  la  subescala  de  Intervención-
Tesorería, categoría superior. La Intervención se encontraba adjudicada por concurso desde 27 de 
febrero de 2002, manteniéndose la situación en la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización. 
El órgano de control interno estaba dotado, asimismo, de dos técnicos A2 y cinco administrativos. 
La entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos en el 
ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia 
de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. Asimismo, se realizaron actuaciones de control 
financiero posterior en relación con algunos de los servicios de la entidad local.  
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Ciudad Real remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 TRLRHL, correspondiente al ejercicios 2016, el 7 de agosto de 2017, fuera del plazo 
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Se remitió un acuerdo contrario a reparo que se cuantificó en 100.000 euros y se certificó la 
inexistencia de expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías de ingresos. 
Acuerdos contrarios a reparos  
Incorporación de personal por resolución judicial 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Ciudad Real formuló, el 30 de diciembre de 2016, 
un reparo en relación con la contratación de seis trabajadores que resultaron readmitidos como 
trabajadores indefinidos no fijos en cumplimiento de sentencia judicial. El informe de intervención 
argumentaba que, en tanto la sentencia establecía la posibilidad de optar entre la readmisión de los 
trabajadores o el abono de las correspondientes indemnizaciones, la decisión tomada vulneró el  e.e
artículo 19.4 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el  bo
año 2016, que preveía que no se incrementasen las retribuciones del personal laboral de las  095ww
Aladsm viingiesntrtaecsi oan 3e1s  dPeú dbilcicieams berne  ddiech 2o0 1e5je. rcicio en una cuantía superior al uno por ciento respecto a
Se argumentaba, además, que el acuerdo adoptado no se acompañó de los informes jurídicos del 
Servicio de personal ni de la Asesoría jurídica del Ayuntamiento en los que se analizara la 
conveniencia u oportunidad de adoptar una u otra opción, así como los efectos jurídicos que cada 
una de ellas pudiera conllevar. 
La figura del trabajador indefinido no fijo -que deriva normalmente de una declaración judicial 
reconociendo derechos adquiridos por situaciones previas de contratación temporal concurriendo 
determinadas circunstancias y cuyo cese se produce por la cobertura de la vacante- se introdujo en 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, manteniéndose en el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, sin que en ninguno de los citados textos legales exista una 
regulación más allá de su mera mención. Esta figura de relación laboral no ha sido cuestión 
pacífica, habiéndose mantenido distintas posiciones por la jurisprudencia, tanto en lo que se refiere 
a la forma de adquisición de tal condición, como en relación a las posibles indemnizaciones en 
caso de cobertura de la plaza ocupada a través de un proceso selectivo ulterior. 
El Tribunal de Cuentas se pronunció en la Moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de 
evitar  los  riesgos  de  que  los  trabajadores  de  las  empresas  de  servicios  contratadas  por  la 
Administración, se conviertan en personal laboral de la Administración contratante en virtud de 
sentencias judiciales, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de febrero de 2009. En 
dicha Moción se abordaba el riesgo generado por situaciones similares a la analizada, en la medida 
en que, en cumplimiento de decisiones judiciales ha de incorporarse a la entidad personal en 
puestos  no  contenidos  en  las  RPT,  lo  que  condiciona  la  configuración  organizativa  de  las 
entidades. A su vez, la Moción considera que “no es lo deseable que las relaciones de los puestos 
de trabajo vengan predeterminadas o, cuando menos, condicionadas por decisiones judiciales, en 
lugar de ser fijadas por los órganos competentes de la Administración por los procedimientos 
legalmente establecidos. Tampoco el otorgar carácter de indefinido a contratos laborales por la vía 
judicial es una forma idónea de seleccionar al personal, incluso aunque no llegue a adquirir la 
condición de fijo”. 
II.2.8. AYUNTAMIENTO DE CUENCA 
Sistema de control interno 
Cuenca tenía una población de 54.876 habitantes a 31 de diciembre de 2016, y liquidó su 
presupuesto de gastos de ese ejercicio con 52.690.979,94 euros de obligaciones reconocidas 
netas. Tenía asignado el estatuto de municipio de gran población por Ley 10/2004, de 21 de 
diciembre, de las Cortes de Castilla-La Mancha, para la aplicación al municipio de Cuenca del 
régimen de organización de los municipios de gran población, que había sido solicitada por el Pleno 
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2004, basándose en su condición de 
capital provincial. 
La Intervención municipal, de acuerdo con el artículo 2 del RPPFHN era de categoría 1ª, reservada, 
por  tanto,  a  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería,  categoría 
superior. La plaza se encontraba cubierta al cierre del ejercicio 2016 por nombramiento accidental 
desde el 22 de noviembre de 2016. Al cierre de los trabajos de fiscalización —octubre de 2018— se 
había nombrado a otra funcionaria en comisión de servicios. La plaza fue convocada en el 
concurso unitario de 2018, sin embargo no se incluyó en los concursos nacionales entre los 
ejercicios  2015  y  2017  y  la  Corporación  tampoco  convocó  los  correspondientes  concursos  es
ordinarios.  o
La Intervención municipal estaba estructurada en dos Servicios, el de Control y el de Presupuestos  095ww
ya cCcoidnetnatbailli)d, audn.  Eténc enli cpor imAe2r, ou pnr easdtambiannis tsruasti vsoe ryv icdiooss  uanu xtéilicanriecso  Aad1m (qinuisietrna teivno 2s0, 1e6s teorsa  úInlttiemrvoesn teonr 
 
 
régimen de interinidad. En el Servicio de Presupuestos y Contabilidad se encontraban destinados 
un técnico A1 y dos administrativos. 
El Ayuntamiento de Cuenca tenía implantado un sistema de fiscalización previa de requisitos 
básicos en el ejercicio fiscalizado. El mismo se regulaba en la Base 48 de las Bases de Ejecución 
del  Presupuesto,  que  reproducía  el  texto  del  artículo  219.2  del  TRLRHL,  indicando  que  la 
fiscalización previa podrá limitarse a la verificación del cumplimiento de la existencia de crédito y 
que el propuesto sea adecuado a la naturaleza del gasto, que las obligaciones se generen por 
órgano competente, y a aquellos extremos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, se 
determinen por el Pleno. Esta regulación de las bases de ejecución no se ajustaba al contenido 
establecido en el propio artículo 219.2 del TRLRHL, al no haberse aprobado acuerdo del Pleno con 
los aspectos que debían ser objeto de comprobación previa. Al no concretarse estos extremos, se 
producía una indefinición sobre el desarrollo de la fiscalización limitada previa, lo que no otorgaba 
una mínima seguridad al órgano gestor y al órgano de Intervención sobre los extremos cuya 
infracción puede derivar en reparos suspensivos e impide estandarizar y armonizar los criterios que 
se mantienen en la tramitación de los expedientes. 
En 2016 sí se desarrollaron actuaciones de control financiero, que concluyeron con la emisión de 
ocho informes.  
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Cuenca remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 26 de mayo de 2017, fuera del plazo 
previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, que finalizaba para ese 
ejercicio el 30 de abril de 2017. 
Se informó de diecisiete acuerdos contrarios a reparos y se remitió certificación negativa en 
relación con los expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías de ingresos. 
Acuerdos contrarios a reparos  
Los diecisiete acuerdos contrarios a reparos tramitados por el Ayuntamiento de Cuenca tienen un 
importe conjunto de 680.721,51 euros. En el siguiente cuadro se indica el tipo de expediente al que 
se refieren los acuerdos. 
Cuadro 22.   Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Cuenca 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
                Porcentaje    Porcentaje 
      Importe 
Nº  Número  Importe 
Procedimientos de ejecución del presupuesto de gastos y gastos  
12  471.831,00  70,59  69,31 
derivados de otros procedimientos 
Expedientes de contratación  5  208.890,51  29,41  30,69 
Total  17  680.721,51  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia 
        es
Se han analizado tres expedientes de importe superior a 50.000 euros, cuyo importe conjunto  w.b
asciende a 225.120,38 euros. El primero de los expedientes fue tramitado por la entidad principal y  095ww
los otros dos por el Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes.
Imputación al presupuesto de 2016 de gastos generados en 2014 y 2015 
El expediente remitido corresponde a un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 
78.467,05 euros conformado por facturas de diverso contenido generadas en los ejercicios 2014 y 
2015, siendo las de mayor importe relativas al suministro eléctrico (72.170,54 euros).  
En el informe de Intervención se puso de manifiesto la realización de gastos por encima del crédito 
presupuestado en cada ejercicio, lo que resulta contrario a los artículos 173.5 y 176.1 del TRLRHL, 
así como al artículo 32 del TRLCSP, que determinan la nulidad de la adquisición de compromisos 
de gastos por importe superior a los créditos presupuestarios, sin perjuicio de que para evitar el 
enriquecimiento injusto de la Administración, las facturas correspondientes a un servicio hecho 
deben ser pagadas al tercero afectado. 
Esta práctica está también tipificada como infracción muy grave en el artículo 28.c) de la LTAIPBG. 
En el artículo 30 se concretan las sanciones correspondientes, señalándose que su aplicación se 
regirá por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre 
los que se incluye el perjuicio causado. No consta que se hayan iniciado acciones tendentes a la 
depuración de las posibles responsabilidades. 
Según ha informado el Ayuntamiento, las facturas referidas eran relativas al suministro eléctrico en 
dependencias,  que  si  bien  eran  de  titularidad  municipal,  su  uso  estaba  atribuido  a  diversos 
particulares y asociaciones, por lo que se deberían realizar los trámites oportunos para regularizar 
la situación y que el Ayuntamiento no asuma gastos que no le correspondan21. 
Gastos sin cobertura contractual tramitados por el Organismo Autónomo Instituto Municipal de 
Deportes 
Ambos expedientes son referidos a gastos generados sin cobertura contractual, lo que se puso de 
manifiesto en los informes emitidos por Intervención. Los reparos fueron levantados a través de 
Decretos de Alcaldía de 25 de enero y de 14 de diciembre de 2016. 
El primero de los expedientes, de 52.020,85 euros, era relativo al servicio de limpieza en el 
organismo y estaba formado por facturas comprensivas de los meses de julio a noviembre de 2015, 
las cuales se habían tramitado sin el correspondiente contrato, en tanto el que debiera haberles 
dado cobertura había perdido su vigencia con anterioridad. La adjudicación del nuevo contrato se 
produjo en junio de 2016. 
El segundo de los expedientes analizado, cuyo importe agregado asciende a 94.632,48 euros, 
incluía facturas derivadas del suministro de material de productos de cloración y desinfección, así 
como  correspondientes  a  diversas  reparaciones  de  maquinaria  en  el  organismo,  sin  que  se 
hubieran licitado los correspondientes contratos, a pesar, de que, tal y como se indicaba en el 
informe de Intervención, se superaban los umbrales temporales y cuantitativos para su tramitación 
como contratos menores previstos en los artículos 23 y 138 del TRLCSP. Posteriormente se 
procedió  a  la  licitación  pública  del  suministro,  adjudicándose  el  correspondiente  contrato  en 
diciembre de 2018. 
La ausencia de contrato da lugar a la existencia de actos que podrían adolecer de nulidad en virtud 
de lo establecido en el artículo 32 del TRLCSP por remisión al artículo 62.1 de la entonces vigente 
LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC- sin perjuicio de que, para  es
evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, las facturas correspondientes a un servicio  oe.
                                                  095ww
c21o Ensl uPmreos icdoernretes pdoen ldai eEnntteid aa du,n dau draen ltaes e dl etrpáemnidtee ndcei aasle, gaatrcibiounyeésn,d hoale i neflo prmagaod oa  dlae  fquuned aecni óenl  eqjueerc hicaioc e2 0u1s7o  sdee  rleags umlaisrimzóa se.l 
El resto de consumos han sido asumidos por el Ayuntamiento.
 
 
hecho deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí mismo no subsana los vicios del acto ni 
depura las responsabilidades a que pudiera haber lugar. 
Esta práctica pone de manifiesto, además de la vulneración normativa señalada, una debilidad en 
la gestión de la contratación de servicios y suministros en el Organismo Autónomo, en tanto no se 
realiza una previsión adecuada de la finalización de los contratos en vigor para proceder a tramitar 
el expediente que debiera dar continuidad a la prestación del servicio o suministro, acudiéndose a 
la contratación menor sin que esta fuera procedente. Además, el no haber licitado los contratos con 
concurrencia pública ha privado a la Administración de la posible obtención de precios más 
competitivos. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en 
el Título X de la LRJPAC22, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. 
 
II.2.9. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN 
Sistema de control interno 
Hellín tenía una población a 31 de diciembre de 2016 de 30.184 habitantes, y un volumen de 
obligaciones reconocidas netas en el ejercicio cerrado a dicha fecha de  21.619.940,01 euros. 
La Intervención del Ayuntamiento de Hellín correspondía a la categoría 1ª, según lo dispuesto en el 
artículo 2 del RPPFHN para municipios de más de 20.000 habitantes, por lo que debía ocuparse 
por funcionarios con habilitación nacional de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría 
superior. La Intervención se encontraba adjudicada provisionalmente desde el 3 de octubre de 
2016 hasta la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización, pese a ofrecerse la plaza en 
sucesivos concursos unitarios, en los cuales quedó vacante; sin embargo, la Corporación no realizó 
la correspondiente convocatoria de concursos ordinarios. 
En el órgano de control interno prestaban servicio, asimismo, un técnico A2, tres administrativos y 
dos auxiliares, que al cierre de los trabajos de fiscalización se habían reducido a uno. 
Esta entidad tenía implantado durante el ejercicio 2016 una fiscalización previa plena, de tal forma 
que se comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido 
en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento.  
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
 2 2   R  e g  u  la  d  o   a  c t u  a l m   e n  t e   e  n   e  l   C  a p  í  tulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Análisis de los expedientes 
El  Ayuntamiento  de  Hellín  remitió  la  información  prevista  en  el  artículo  218.3  del  TRLRHL, 
correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, dentro del plazo previsto en la Instrucción 
del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, que finalizaba el 30 de abril de 2017. 
En la información remitida se certificó la inexistencia de expedientes tramitados con omisión de 
fiscalización y de anomalías de ingresos y se informó de 38 acuerdos adoptados contrarios a 
reparos. 
Acuerdos contrarios a reparos 
La cuantía agregada de los 38 acuerdos contrarios a reparos ascendió a 6.023.947,13 euros, de los 
que quince tenían un importe superior a 50.000 euros y han sido objeto de revisión. Todos ellos 
eran relativos a la prelación de pagos.  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Hellín emitió reparo de legalidad en la fase de pago 
de cada uno de los expedientes remitidos, motivado, en todos los casos, por la alteración del orden 
de prelación de pagos establecido en el Plan de disposición de fondos, documento de ordenación y 
planificación  de  los  gastos  y  de  obligado  cumplimiento  por  la  entidad,  en  tanto  tiene  la 
consideración de Reglamento interno según se deriva del artículo 187 del TRLRHL.  
En todos los casos, el Alcalde Presidente de la Entidad emitió resolución contraria a los reparos 
formulados, procediendo al pago material de los gastos reparados, a pesar de ser contrarios al Plan 
de disposición de fondos, así como al artículo 135 de la Constitución Española y 14 de la Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
(LOEPSF), que señalan que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las 
Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.  
 
II.2.10. AYUNTAMIENTO DE LA RODA 
Sistema de control interno 
La Roda tenía una población de 15.603 habitantes a 31 de diciembre de 2016. El Ayuntamiento 
liquidó el presupuesto de 2016 con 12.478.044,08 euros de obligaciones reconocidas netas. 
La Intervención de esta entidad corresponde a la categoría 2ª, según lo dispuesto en el artículo 2 
del RPPFHN para municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, por lo que debía ocuparse por 
funcionarios con habilitación nacional de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de 
entrada. La Intervención se encontraba ocupada al cierre de 2016 de modo accidental -desde 25 de 
abril de 2016-, mientras que al término de los trabajos de campo de la fiscalización sólo se había 
cambiado esa situación por un nombramiento en comisión de servicios, a pesar de haberse 
ofrecido la plaza en los concursos unitarios de 2017 y 2018, donde quedó desierta; sin embargo, la 
Corporación no realizó la correspondiente convocatoria de concursos ordinarios. En la Intervención 
trabajaban  en  2016  un  técnico  A2  y  un  administrativo;  a  la  finalización  de  los  trabajos  de 
fiscalización el número de técnicos A2 era de dos. 
Esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa de requisitos básicos en el  s
ejercicio fiscalizado extendiéndose únicamente el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y  oe.
suficiencia de crédito y a la competencia del órgano gestor del gasto.  w.
Eprne vlaias,  Beans ecso dnec rEejteoc uecnió nla d eBl aPsree s6u5p,u eqsutoe  sien dhiacacíbaa  reqfeuree n“ceila  óarl gsaisntoe minat edrev efinstcoarl,i zafocrimónu llaimráit aldaas 
 
 
observaciones complementarias que considere conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún 
caso,  efectos  suspensivos  en  la  tramitación  de  los  expedientes  correspondientes.”  Esta 
configuración  del  sistema  de  fiscalización  previa  de  requisitos  básicos  no  cumplía  las 
prescripciones  del  artículo  219.2  del  TRLRHL,  que  establece  que  deben  ser  objeto  de 
comprobación, junto con la adecuación y suficiencia de crédito y la competencia del órgano gestor 
del gasto, “aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se 
determinen por el Pleno a propuesta del presidente”, previsión que no ha sido cumplida por el 
Ayuntamiento en su regulación. 
Este sistema de fiscalización previa era insuficiente para asegurar que en la entidad se estuvieran 
cumpliendo adecuadamente las disposiciones legales en materia de ejecución presupuestaria.  
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de La Roda remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 TRLRHL, correspondiente al ejercicios 2016, fuera del plazo establecido en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. En concreto, dio cumplimiento a la 
obligación de remisión de esta información el 24 de julio de 2017. 
Se informó de dos acuerdos contrarios a reparos, cuya cuantía agregada ascendió a 22.440,88 
euros, tres expedientes con omisión de fiscalización previa y se remitió certificación negativa en 
relación con anomalías de ingresos. 
Expedientes con omisión de fiscalización previa  
El importe agregado de los tres expedientes con omisión de fiscalización previa es de 128.508,52 
euros, habiendo sido objeto de examen el de cuantía superior a 50.000 euros. 
Gastos sin consignación presupuestaria 
El expediente remitido corresponde a un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 
74.276,28 euros y conformado por 141 facturas relativas a pequeñas compras y diversos servicios, 
generadas todas ellas en el ejercicio 2016.  
En el informe de Intervención se puso de manifiesto la falta de tramitación de los correspondientes 
contratos  que  debieran  haber  dado  cobertura  a  dichos  gastos,  así  como  la  falta  de  crédito 
adecuado y suficiente. 
Si bien la mayoría de las facturas podrían haber derivado de la tramitación de un contrato menor en 
tanto no superan los importes establecidos para dicha contratación en el TRLCSP (50.000 euros en 
el caso del contrato de obras y 18.000 euros en el resto), se ha vulnerado el artículo 28 del 
mencionado texto legal, que sanciona el carácter formal de la contratación, así como el 111, que 
exige la formación de un expediente también para la contratación menor y la aprobación del gasto  e.e
de forma previa a la prestación. Además, su celebración hubiera requerido, de acuerdo con las  bo
Bases de Ejecución de Presupuestos de la entidad, que el órgano responsable del gasto tramitara  095ww
lhaa bcroíarr eesvpitoanddoi elan tfea ltpar odpeu ceosntasi gdnea crieótne npcreiósnu pduee sctraérdiait od evl aimlidpaodrate  pdoer  cIandtear gveanstcoió. n. Esta actuación
Por otra parte, el compromiso de gastos por encima del crédito presupuestado, tal y como puso de 
manifiesto el órgano de control interno, resulta contraria a los artículos 173.5 y 176.1 del TRLRHL, 
así como al artículo 32 del TRLCSP, que determinan la nulidad de la adquisición de compromisos 
de gastos por importe superior a los créditos presupuestarios, además de estar tipificada como 
infracción muy grave en el artículo 28.c) de la LTAIPBG. En el artículo 30 de la misma se concretan 
las sanciones correspondientes, señalándose que su aplicación se regirá por el principio de 
proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre los que se incluye el 
perjuicio causado. No consta que se hayan iniciado acciones tendentes a la depuración de las 
posibles  responsabilidades,  sin  perjuicio  de  que  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la 
Administración, las facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero 
afectado. 
 
II.2.11. AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DEL REY 
Sistema de control interno 
Quintanar del Rey tenía a 31 de diciembre de 2016 una población de 7.533 habitantes. El 
Ayuntamiento  liquidó  los  presupuestos  de  2016  con  5.484.820,26  euros  de  obligaciones 
reconocidas netas. 
Por encontrarse su población entre los 5.000 y los 20.000 habitantes, al Ayuntamiento de Quintanar 
del Rey le correspondía una Intervención de categoría 2ª, de acuerdo con el artículo 2 del 
RPPFHN,  por  lo  que  su  ejercicio  estaba  reservado  a  funcionarios  con  habilitación  nacional 
pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada. 
Al cierre del ejercicio 2016 la Intervención se ejercía con un nombramiento provisional desde 6 de 
septiembre de 2016. Al cierre de los trabajos de fiscalización se había nombrado a la misma 
funcionaria, pero ya con una comisión de servicios. La entidad ofertó la plaza en los concursos 
unitarios celebrados entre 2015 y 2018, no logrando cubrir la misma, si bien la Corporación no 
convocó los correspondientes concursos ordinarios.  
El Ayuntamiento tenía implantado durante el ejercicio 2016 una fiscalización previa plena, de tal 
forma que se comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente 
establecido en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el 
ordenamiento. 
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
Análisis de los expedientes 
El Ayuntamiento de Quintanar del Rey remitió la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril del 2017, dentro del plazo previsto en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas.  s
Se informó de cinco acuerdos contrarios a reparos, cuyo importe conjunto ascendió a 50.000 euros  w.
y de una anomalía de ingresos de 100.000 euros. Además, se remitió certificación negativa en  095ww
relación a expedientes con omisión de fiscalización previa. 
 
 
Anomalías de ingresos 
Incidencias en la gestión recaudatoria 
En el informe remitido, de fecha 28 de abril de 2017, el órgano de Intervención puso de manifiesto 
una inadecuada gestión de la recaudación del Ayuntamiento que concreta en una falta de cobro de 
ingresos en vía ejecutiva en relación con diversos tributos municipales y en la escasa recaudación 
de sanciones. La estimación que realiza el órgano de control interno de la posible reducción de 
ingresos recaudados, junto con los gastos que origina la delegación de la gestión recaudatoria, es 
de aproximadamente 100.000 euros.  
Convenios de recaudación en relación con algunos tributos con entidades que no tienen potestad 
recaudatoria en vía ejecutiva 
El Ayuntamiento no tiene cubierto el puesto de trabajo denominado Tesorería, lo que supone un 
incumplimiento del artículo 2 del RPPFHN, que establece que en las secretarías de clase segunda 
–categoría que por población y presupuesto le corresponde a Quintanar del Rey- dicha cobertura 
es obligatoria, debiendo ser en la RPT donde se determine si el mencionado puesto de trabajo se 
reserva a habilitado de carácter nacional o puede ser desempeñado funcionario cualificado. Dentro 
de las funciones que le competen a la Tesorería, se incluyen, según se dispone en el artículo 5 del 
RJFHN, la Jefatura de los Servicios de recaudación. 
Las dos normas mencionadas en el párrafo anterior, el RPPFHN y el RJFHN, fueron derogadas con 
efectos de 18 de marzo de 2018, por la disposición derogatoria única del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo. En la nueva normativa se mantiene la obligación de cubrir el puesto de Tesorería, 
exigiendo además, que su cobertura se produzca por un FHN, sin perjuicio de las entidades locales 
cuya Secretaría esté clasificada en clase segunda y tercera, puedan agruparse entre sí para el 
sostenimiento en común de un puesto de trabajo único, al cual correspondería la responsabilidad 
administrativa de las funciones que le son propias en todos los municipios agrupados. 
II.2.12. AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN 
Sistema de control interno 
Tarancón tenía 14.834 habitantes a 31 de diciembre de 2016, y un volumen de obligaciones 
reconocidas netas en el ejercicio cerrado a dicha fecha de 12.437.133,16 euros. 
El  artículo  2  del  RPPFHN  dispone  que  para  municipios  entre  5.000  y  20.000  habitantes  la 
Intervención  corresponde  a  la  categoría  2ª,  por  lo  que  debe  ocuparse  por  funcionarios  con 
habilitación  nacional  de  la  subescala  de  Intervención-Tesorería,  categoría  de  entrada.  La 
Intervención del Ayuntamiento de Tarancón se encontraba ocupada al cierre de 2016 de modo 
interino desde 5 de diciembre de 2016, sin cambios al término de los trabajos de campo de la 
fiscalización. La entidad ofrecía la plaza periódicamente en los concursos unitarios, en los cuales 
quedaba desierta; sin embargo, no procedió a convocar los correspondientes concursos ordinarios. 
Con el Interventor colaboraban un técnico con contrato laboral, un administrativo y dos auxiliares. 
Este Ayuntamiento tiene establecido un sistema que combina la fiscalización previa limitada y la 
plena. El sistema de fiscalización previa limitada se aplica, de acuerdo con lo señalado en el art. 27 
de las Bases de ejecución del presupuesto a los gastos de personal al servicio del Ayuntamiento.  s
En los expedientes se comprueba la existencia de crédito adecuado y suficiente, que la propuesta  oe.
de gasto se generaba por órgano competente, que las nóminas son firmadas por los responsables  w.
de su formación y por los concejales y/o jefes de área y que existe justificación documental de las  095ww
vcaorniatrcaitoanceiósn  ddee  nnóumevinoa p. eArssoimnaisl.m  o también se prevén comprobaciones adicionales respecto a la
Para el resto de gastos y obligaciones el Ayuntamiento de Tarancón tiene implantado un sistema 
de fiscalización previa plena. En estos casos, el órgano de Intervención comprueba la conformidad 
de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en cada caso, valorando todos los 
requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento. 
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
Análisis de los expedientes 
El Ayuntamiento de Tarancón remitió la información prevista en el artículo 218.3 del TRLRHL, 
correspondiente al ejercicio 2016, fuera del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de 
Cuentas de 30 de junio de 2015. En concreto, remitió la información el 13 de abril de 2018, cuando 
el plazo finalizaba el 30 de abril de 2017. 
Se remitió certificación negativa respecto de expedientes con omisión de fiscalización previa y 
anomalías de ingresos y se informó de la adopción de 33 acuerdos contrarios a los reparos 
formulados por el órgano de Intervención. 
Acuerdos contrarios a reparos  
El importe agregado de los 33 acuerdos –todos ellos relativos al área de contratación- es de 
691.379,14 euros. Se han incluido en la muestra los seis de cuantía superior a 50.000 euros.  
Facturas de diversos servicios y suministros  
En fechas 1 y 12 de agosto, 29 de septiembre y 3 de noviembre, el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Tarancón acordó levantar los correspondientes reparos formulados por el órgano 
de Intervención en relación con cuatro expedientes que agrupaban 363 facturas de 2016 derivadas 
de la prestación de diversos servicios y suministros. El importe agregado de los cuatro expedientes 
asciende a 294.610,68 euros. 
El  órgano  de  Intervención  había  formulado  reparo23  en  tanto  no  se  habían  licitado  los 
correspondientes contratos para la prestación de los servicios y suministros. Si bien la mayoría de 
las facturas podían derivar de la tramitación de un contrato menor, algunas de las prestaciones, 
como  el  suministro  de  gas  y  el  servicio  de  representación  procesal,  superan  los  umbrales 
temporales y cuantitativos previstos en los artículos 23 y 138 del TRLCSP y debían haber sido 
objeto de concurrencia pública. 
La falta de adecuada cobertura contractual en relación con las prestaciones en las que hubiera sido 
procedente la correspondiente licitación supone un incumplimiento de los artículos 28 y 109 del 
TRLCSP, pudiendo incurrir, como consecuencia, en causa de nulidad, según preveía el artículo 62 
de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC- en 
tanto las correspondientes prestaciones se realizaron prescindiendo del procedimiento legalmente 
establecido, todo ello sin perjuicio de la generación de la obligación ex lege de abono del servicio 
hecho en aplicación del principio de prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración. 
                                                  w.
pI2n3o tesEtrlev Irenionterciridóvaned n lteaovl rap qneutraieod doroes m apli otqióru  leloa ss  ienA frcoeurfmeierardeconisó  lnod seq  ruAeelpc adaralod síca ur.e mLmpail tiiimndfoioesrn,m tcoae cartilói fiancr ats.n ed2 oh1 a8q .u3oe bd tneeonl  iThdRaob LdíRae H ploLos dh ipdarobo íplaoi octoas mliAzaacdru oelo rspd ooinssfe,o serimnó net asc nodtneo  
hacían mención expresa al contenido de los reparos que había formulado el órgano de Intervención.
 
 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en 
el Título X de la LRJPAC24, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta el inicio de actuaciones en orden a la depuración de posibles responsabilidades. 
 
Contratos de reposición y cableado eléctrico del alumbrado público. 
Por Resoluciones de Alcaldía-Presidencia de fechas 21 y 30 de diciembre de 2016 se aprobó el 
pago de las facturas para la reposición y cableado eléctrico del alumbrado público por importe de 
146.953,21 euros emitidas en el ejercicio 2016. 
Sobre  estas  facturas  se  habían  interpuesto  sendos  reparos  por  la  Intervención  municipal 
fundamentados  por  la  inexistencia  de  crédito,  que  fue  solventada  por  una  modificación 
presupuestaria aprobada por el Pleno y financiada con remanente de tesorería, y además, por 
omisión de los trámites de contratación establecidos en el TRLCSP.  
Sobre este último fundamento, las resoluciones indicadas establecen la necesidad de realizar 
dichas actuaciones con la mayor celeridad posible, debido a que obedecían al cumplimiento de 
autos dictados por el TSJ de Castila la Mancha en los que ordena al Excmo. Ayuntamiento de 
Tarancón a “proceder a la reparación del cableado eléctrico del alumbrado público, así como de 
aquellos  elementos  que  pudieran  afectar  a  la  parcela  y  estuvieran  dañados  por  actos  de 
vandalismo”. 
No obstante, este supuesto hubiera podido dar lugar a una tramitación urgente del contrato, lo que 
hubiera conllevado la reducción a la mitad de los plazos del procedimiento en los términos previstos 
en el artículo 112 del TRLCSP, siendo obligatorio en todo caso la licitación bajo concurrencia 
pública. No resultaba, sin embargo, admisible la tramitación del contrato como de emergencia –
tramitación que permite prescindir de expediente de contratación-, cuyos supuestos de aplicación 
están tasados en el TRLCSP y se circunscriben a acontecimientos catastróficos, situaciones que 
supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. 
 
II.2.13. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 
Sistema de control interno 
En  Toledo  residían  83.741  habitantes  a  31  de  diciembre  de  2016,  habiéndose  liquidado  el 
presupuesto municipal en dicha fecha con un volumen de obligaciones reconocidas netas de 
86.673.629,87 euros. El Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2004, basándose 
en su condición de capital de provincia (artículo 121.1, letra c, de la LRBRL) y en circunstancias 
económicas, sociales, históricas y culturales especiales superando los 75.000 habitantes (letra d 
del mismo apartado), acordó solicitar el reconocimiento como municipio de gran población y poder 
aplicar así el régimen previsto en el Título X de la LRBRL, dando lugar a la Ley 11/2004, de 21 de 
diciembre, de las Cortes de Castilla-La Mancha, para la aplicación al municipio de Toledo del 
régimen de organización de los municipios de gran población. 
 2 4   R  e g  u  la  d  o   a  c t u  a l m   e n  t e   e  n   e  l   C  a p  í  tulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Por superar su población los 20.000 habitantes, al Ayuntamiento de Toledo le correspondía una 
Intervención de categoría 1ª, de acuerdo con el artículo 2 del RPPFHN, por lo que su ejercicio 
estaba  reservado  a  funcionarios  con  habilitación  nacional  pertenecientes  a  la  subescala  de 
Intervención-Tesorería,  categoría  superior.  El  puesto  de  interventor  se  encontraba  cubierto 
mediante concurso desde el 4 de abril de 1989. 
Además del Interventor, en el órgano de control interno prestaban sus servicios en 2016 un técnico 
A1, al que al cierre de los trabajos de campo se había añadido un viceinterventor, un técnico A2, un 
administrativo y tres auxiliares administrativos, que en 2018 se redujeron a dos. 
El Ayuntamiento de Toledo cuenta con un sistema integrado de control denominado SICAT a través 
del que tiene implantado un sistema de fiscalización previa de requisitos básicos, regulado por 
Acuerdo de Pleno de 3 de diciembre de 2001, en el que, además de la verificación de la 
competencia del órgano que aprueba el gasto y de la existencia de crédito adecuado y suficiente, 
se preveían otras comprobaciones adicionales. Conforme a dicho Acuerdo, la fiscalización previa 
se extiende a un conjunto de aspectos que se definieron atendiendo a criterios que tenían en 
cuenta su trascendencia en el proceso de gestión, a la naturaleza del expediente de gasto, así 
como a la fase que se somete a la fiscalización previa de la Intervención, lo que constituye un 
desarrollo ajustado al artículo 219.2 del TRLRHL.  
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
Análisis de los expedientes 
El Ayuntamiento de Toledo remitió la información prevista en el artículo 218.3 del TRLRHL, 
correspondiente al ejercicio 2016, el 11 de mayo de 2017, una vez finalizado el plazo previsto en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas, que se concreta en el 30 de abril de 2017. 
Se han remitido dos acuerdos contrarios a reparos –ambos correspondientes a la entidad principal-, 
dos anomalías de ingresos –también en relación con la entidad principal- y 54 expedientes con 
omisión de fiscalización, de los cuales 49 son relativos al Ayuntamiento y cinco a sus entidades 
dependientes. 
Expedientes con omisión de fiscalización previa  
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los expedientes con omisión de fiscalización previa 
por tipo de gasto. Se han analizado siete expedientes de contratación con omisión de fiscalización 
previa tramitados por el Ayuntamiento de Toledo, cuyo importe agregado asciende a 5.233.273,35 
euros. 
 
 
Cuadro 23.  Expedientes con omisión de fiscalización previa. Ayuntamiento de Toledo 
Importe en euros 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
Tipo de expediente 
Porcentaje 
      Nº  Importe  Porcentaje Importe 
número 
Gastos de personal  2  46.013,32  3,70  0,65 
Expedientes de contratación  47  7.013.503,45  87,04  98,72 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  1  7.703,00  1,85  0,11 
Gastos derivados de otros procedimientos  4  37188,30  7,41  0,52 
Total  54  7.104.408,07  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia 
       
Prestaciones de servicios y suministros sin cobertura contractual 
Tres  de  los  expedientes  fueron  relativos  al  reconocimiento  de  obligaciones  derivadas  de  la 
prestación de servicios y suministros sin cobertura contractual, lo que se puso de manifiesto en los 
informes emitidos por el órgano de Intervención. 
En dos de ellos -el suministro de energía eléctrica (564.843,87 euros) y el servicio de conserjería 
de colegios públicos y limpieza y mantenimiento de colegios, dependencias municipales y estación 
de autobuses (2.685.330,56 euros)- los contratos correspondientes habían finalizado el 4 de agosto 
y el 30 de noviembre respectivamente. En los dos casos se habían iniciado los trámites para la 
adjudicación  de  los  contratos  que  debían  sustituir  a  los  anteriores,  aunque  no  con  el  plazo 
suficiente como para que estuvieran formalizados en el momento de la finalización de los previos. 
El tiempo transcurrido sin cobertura contractual fue de cuatro meses en el caso de la energía 
eléctrica y de un año en relación con el servicio de conserjería y limpieza. 
El  tercer  expediente  analizado  es  el  correspondiente  a  la  desinfección,  desratización  y 
desinsectación en el municipio de Toledo. El contrato había finalizado el 10 de noviembre de 2016, 
no habiéndose iniciado en la fecha indicada la tramitación para la adjudicación del contrato que 
debía sustituir al anterior, el cual resultó finalmente adjudicado el 4 de enero de 2018, lo que 
supuso un tiempo de prestación del servicio sin contrato en vigor de catorce meses. 
En  los  tres  expedientes,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  previa  propuesta  del  servicio  gestor 
correspondiente, acordó la continuidad de la prestación del servicio, produciéndose de facto una 
prórroga tácita, actuación contraria a lo dispuesto en los artículos 23, 28 y 109 del TRLCSP, que 
sancionan el carácter formal de la contratación y exigen la formación de un expediente, así como 
que el órgano de contratación acuerde las prórrogas expresamente antes de la finalización del 
contrato. 
Prórroga del contrato del servicio de regulación del estacionamiento de vehículos en la vía pública y 
enganche, traslado y depósito de vehículos 
El 28 de septiembre de 2016 la JGL aprobó una prórroga del contrato que debía dar cobertura a los 
servicios mencionados con efectos desde abril de 2016 –fecha en la que había finalizado la 
prórroga anterior- a abril de 2017, incluyendo además la cláusula de que, en su caso, la prórroga se  s
extendería hasta que se produjera la adjudicación del nuevo contrato que se debía celebrar. Esta  e.
actuación supuso una firma extemporánea de la prórroga que, además de ser contraria a la  w.
normativa contractual, derivó en que las facturas generadas entre los meses de abril a septiembre  095ww
dmeo m20e1n6to c anrie sciiqeuraienr ad es ela  hcaobrírae sipnoicniaddieon teel  ceoxbpeerdtuiernat eju rpídaircaa .l aP oard joutdraic apcairóten,  dae pl ensuaerv doe c qounetr aetno ,e ssee 
previó una duración de la prórroga que se extendía más allá de lo establecido en el contrato inicial, 
lo que resulta contrario al artículo 23 del TRLCSP25.  
La prórroga acordada suponía un compromiso de gasto por importe de 2.096.721,90 euros, ante lo 
cual  el  Interventor  formuló  dos  reparos  (uno  en  relación  al  servicio  de  regulación  del 
estacionamiento de vehículos en la vía pública -1.736.687,70 euros- y otro por el servicio de 
grúa -360.034,20 euros-, aunque ambos servicios se habían contratado de forma conjunta) por falta 
de  crédito  suficiente  para  atender  los  compromisos  correspondientes  a  2016,  procediéndose 
posteriormente a tramitar la correspondiente modificación. 
El nuevo contrato se formalizó el 28 de agosto de 2018, por lo que aun considerando la prórroga 
antedicha –sin perjuicio de las irregularidades señaladas respecto de su formalización- durante 
dieciséis meses se prestó este servicio en la ciudad de Toledo sin contrato formalizado. 
Tanto en los expedientes referidos en el apartado anterior como en relación con la prórroga 
analizada, se han producido infracciones en relación con la normativa contractual, tal y como se ha 
puesto  de  manifiesto.  La  disposición  adicional  decimonovena  del  TRLCSP  señala  que  la 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se 
exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la LRJPAC26, señalando, asimismo que la 
infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en dicho Texto Refundido por parte del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, 
constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa 
específica en la materia. No consta que se hayan iniciado actuaciones tendentes a la exigencia de 
las responsabilidades que se hubieran podido derivar. 
Este hecho, en el caso del Ayuntamiento de Toledo, viene motivado por una demora en el inicio del 
expediente para la adjudicación de los nuevos contratos, lo que implica una debilidad en la gestión 
contractual, en tanto no se realiza una previsión adecuada de la finalización de los contratos en 
vigor para proceder a tramitar el expediente que debiera dar continuidad a la prestación del servicio 
o suministro. 
Abono del canon por el servicio de abastecimiento de agua 
El 17 de marzo de 2016 el Pleno del Ayuntamiento aprobó dos expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito para imputar al presupuesto vigente el reconocimiento y abono de los 
cánones correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2015 por el abastecimiento de 
agua.  
En el informe de Intervención se puso de manifiesto la ausencia de consignación presupuestaria en 
el momento de generarse el gasto. La realización de gastos por encima del crédito presupuestado 
resulta contrario al artículo 173.5 TRLRHL, así como al artículo 32 del TRLCSP, que determinan la 
nulidad  de  la  adquisición  de  compromisos  de  gastos  por  importe  superior  a  los  créditos 
presupuestarios, sin perjuicio de que para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, las 
facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado. 
Esta práctica está también tipificada como infracción muy grave en el artículo 28.c) de la LTAIPBG. 
En el artículo 30 se concretan las sanciones correspondientes, señalándose que su aplicación se 
regirá por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre 
                                                  s
25 El art. 29 de la nueva ley de contratos, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, prevé que un contrato se pueda prorrogar hasta  bo
qnuuee vcoo mcoienntrcaeto l as ee jheucbuiceióran  pduebl lsicigaudioe nctoen y u pnoar  aunnt eplaecriioódno m mínáixmima od ed etr e9s m meesseess,  sreiesmpepcreto q duee  leal  faencuhnac idoe  dfein aliclizitaacciióónn  ddeell   095www.
c26o nRteragtuol aodriog iancatruioa.l mente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
 
 
los que se incluye el perjuicio causado. No consta que se hayan iniciado acciones tendentes a la 
depuración de las posibles responsabilidades.  
 
II.2.14. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 
Sistema de control interno 
Valdepeñas contaba a 31 de diciembre de 2016 con 30.224 habitantes, siendo las obligaciones 
reconocidas netas del ejercicio cerrado a esa fecha 27.035.002,22 euros. 
La Intervención del ayuntamiento es de clase 1ª, tal y como el artículo 2 del RPPFHN establece 
para las entidades de población superior a 20.000 habitantes. Al cierre de 2016 la plaza se 
encontraba cubierta de modo provisional (desde 30 de marzo de 2016), pero al cierre de los 
trabajos de la fiscalización la entidad ya la había cubierto de modo permanente mediante concurso. 
Adicionalmente, en la Intervención trabajaban en 2016 cuatro administrativos y tres auxiliares, a los 
que el 25 de septiembre de 2018 se unió un técnico A1. 
El sistema de fiscalización previa implantado era de requisitos básicos en el ejercicio fiscalizado, 
extendiéndose  el  ámbito  de  las  comprobaciones  a  extremos  adicionales  a  la  adecuación  y 
suficiencia de crédito y competencia del órgano gestor del gasto. No obstante, el alcance de esta 
fiscalización  previa  de  requisitos  básicos  no  cumplía  los  requisitos  mínimos  exigibles  para 
garantizar un adecuado ejercicio de la fiscalización previa. No existía otro instrumento regulador 
aparte de las Bases de Ejecución del Presupuesto, que dedica la Base 18 a este particular. En 
dicha Base se establece que, además del crédito y la competencia, serán objeto de comprobación 
“aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se consideren de 
interés por la Intervención de Fondos”. Esta regulación no se ajustaba al contenido del artículo 
219.2 del TRLRHL, al no haberse aprobado acuerdo del Pleno con los aspectos que debían ser 
objeto de comprobación previa. Al no concretarse estos extremos, se producía una indefinición 
sobre el desarrollo de la fiscalización limitada previa, lo que no otorgaba una mínima seguridad al 
órgano gestor y al órgano de Intervención sobre los extremos cuya infracción puede derivar en 
reparos suspensivos e impide estandarizar y armonizar los criterios que se mantienen en la 
tramitación de los expedientes. Por tanto, esta regulación no reúne las condiciones precisas para la 
revisión de los requisitos básicos necesarios para garantizar un adecuado funcionamiento de la 
fiscalización previa.  
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
Análisis de los expedientes 
El Ayuntamiento de Valdepeñas remitió la información prevista en el artículo 218.3 del TRLRHL, 
correspondiente al ejercicio 2016, el 20 de marzo de  2017, dentro del plazo previsto en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015.   s
Se  remitieron  diecisiete  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  y  se  certificó  w.
negativamente la existencia de acuerdos contrarios a reparos y de anomalías de ingresos.  095ww
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
Los diecisiete expedientes remitidos tienen un importe agregado de 1.174.387,56 euros. Se han 
examinado dos expedientes27, ambos conllevaron la aprobación de reconocimientos extrajudiciales 
de crédito como consecuencia de facturas generadas en el ejercicio anterior que no se habían 
imputado al presupuesto. El importe conjunto de los dos expedientes es de 405.924,50 euros y 
ambos agrupan diversas facturas que presentan casuísticas distintas: 
  Algunas  de  ellas  -correspondientes  a  la  limpieza  viaria  y  de  edificios  y  colegios 
públicos- contaron con contrato licitado y vigente en el momento en el que se generó el 
gasto, no llevándose al presupuesto por motivos ajenos a la tramitación contractual. 
 
  Otras facturas son de pequeño importe y podrían haber derivado de la tramitación de un 
contrato menor en tanto no se superaron los umbrales temporales y cuantitativos previstos 
respectivamente en los artículos 23 y 138 del TRLCSP, si bien el artículo 111 exige la 
formación de un expediente también para la contratación menor y la aprobación del gasto 
de forma previa a la prestación, lo que de haberse realizado y haber conllevado, además, la 
correspondiente retención del crédito, hubiera evitado que no se contara con la necesaria 
consignación presupuestaria para la imputación de las facturas al presupuesto en el que se 
generaron. 
 
El órgano de Intervención ha informado que esta práctica se sigue para aquéllos gastos que 
superan  los  300  euros;  sin  embargo,  no  hay  establecido  un  sistema  alternativo  a  la 
tramitación de contratos menores para aquéllas facturas de menor importe, como podrían 
ser los pagos a justificar, regulados en el Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre 
pagos librados a justificar, si así lo dispone el Pleno en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 
 
  Las facturas correspondientes al suministro de energía eléctrica (100.243,60 euros) no 
contaron con contrato en vigor, en tanto el contrato anterior había finalizado el 25 de febrero 
de 2015, no adjudicándose el que debía sustituirle hasta casi dos años después, el 2 de 
diciembre de 2016. 
La  falta  de  formación  del  correspondiente  expediente  de  contratación  supone  un 
incumplimiento de la normativa contractual y origina, según se establece en el artículo 32 
del TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces vigente LRJAP -cuyos términos 
reproduce el artículo 47 de la actual LPAC-, la nulidad de las actuaciones, sin perjuicio de 
que,  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la  Administración,  las  facturas 
correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí 
mismo no subsana los vicios del acto ni depura las responsabilidades a que hubiera lugar. 
La  disposición  adicional  decimonovena  del  TRLCSP  señala  que  la  responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se 
exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la LRJPAC28, señalando, asimismo que la 
infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en dicho Texto Refundido por 
parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie al menos 
negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia. No consta la realización de acciones para 
la depuración de las posibles responsabilidades.  es
                                                  095ww
2278  ERxepgeudlaiednot easc t2u0a1lm6GenStTe0 e0n0 0e1l  Cy a2p0í1tu6loG SIVT 0d0e0l 0T5ít.u lo Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
 
 
II.2.15. AYUNTAMIENTO DE YEPES 
Sistema de control interno 
Yepes  contaba  a  31  de  diciembre  de  2016  con  5.074  habitantes,  siendo  las  obligaciones 
reconocidas netas del ejercicio cerrado a esa fecha 3.358.897,78 euros. 
Por encontrarse su población entre los 5.000 y los 20.000 habitantes, al Ayuntamiento de Yepes le 
correspondía una Intervención de categoría 2ª, de acuerdo con el artículo 2 del RPPFHN, por lo 
que su ejercicio estaba reservado a funcionarios con habilitación nacional pertenecientes a la 
subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada. 
El Interventor titular al cierre de 2016 fue nombrado el 7 de marzo de 2008 por concurso de 
méritos. En el momento de realización de los trabajos de campo la situación no había cambiado. 
Adicionalmente, en el órgano de Intervención se encontraban destinados un administrativo y un 
auxiliar administrativo, que realiza labores en intervención pero también en otras áreas. 
El Ayuntamiento tenía implantado durante el ejercicio 2016 una fiscalización previa plena, de tal 
forma que se comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente 
establecido en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el 
ordenamiento.  
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Yepes remitió la información prevista en el artículo 
218.3 TRLRHL, correspondiente al ejercicios 2016, dentro del plazo establecido en la Instrucción 
del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, en concreto, dio cumplimiento a la obligación de 
remisión de esta información el 27 de abril de 2017. 
Se remitieron 24 acuerdos contrarios a reparos y se certificó negativamente la existencia de 
expedientes con omisión de fiscalización y anomalías de ingresos. 
Acuerdos contrarios a reparos  
Los 24 acuerdos contrarios a reparos tienen un importe agregado de 165.717,60 euros. Se ha 
analizado el expediente relativo al reconocimiento y pago de la factura derivada de la contratación, 
a través de un contrato menor -cuyo importe con IVA ascendió a 58.014,84 euros- de la instalación 
eléctrica del campo de fútbol municipal. 
En el informe de Intervención, de 5 de septiembre de 2016, se puso de manifiesto la ausencia de 
consignación presupuestaria en relación con este gasto, lo cual, según se señala en el Acuerdo de 
Pleno, vino motivado porque no se había recibido la subvención de la Diputación de Toledo que, en 
principio,  iba  a  financiar  la  inversión.  En  la  fecha  de  cierre  de  los  trabajos  de  s
fiscalización -diciembre de 2018- no se había percibido la subvención, habiéndose reclamado en  e.
vía judicial por el Ayuntamiento.  w.
Ecol nAtyraurniota aml iaerntítcou hloa  1re7a3l.i5z aTdRoL, RpoHrL t,a anstoí ,c goamsoto as l paorrt íecunlcoim 3a2  ddeell  cTrRédLiCtoS pPr,e qsuuep udeestteardmoi nloa nq ulae  nreuslidualtad 
de la adquisición de compromisos de gastos por importe superior a los créditos presupuestarios, sin 
perjuicio  de  que  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la  Administración,  las  facturas 
correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado. 
Esta práctica está también tipificada como infracción muy grave en el artículo 28.c) de la LTAIPBG. 
En el artículo 30 se concretan las sanciones correspondientes, señalándose que su aplicación se 
regirá por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre 
los que se incluye el perjuicio causado. No consta que se hayan iniciado acciones tendentes a la 
depuración de las posibles responsabilidades.  
II.2.16. AYUNTAMIENTO DE YUNCOS 
Sistema de control interno 
Yuncos contaba a 31 de diciembre de 2016 con 10.827 habitantes, siendo las obligaciones 
reconocidas netas del ejercicio cerrado a esa fecha 6.962.392,47 euros. 
La Intervención del ayuntamiento era de clase 2ª, tal y como el artículo 2 del RPPFHN establece 
para las entidades de población entre 5.000 y 20.000 habitantes. Tanto a la finalización de 2016 
como  2018  la  Intervención  se  encontraba  adjudicada  mediante  concurso,  la  plaza  se  había 
adjudicado el 21 de febrero de 2007. 
El Interventor municipal contaba al cierre del ejercicio 2016 con la asistencia de dos administrativos 
y cuatro auxiliares administrativos, sin que se registraran variaciones en esta situación al cierre de 
los trabajos de fiscalización. 
El sistema de fiscalización previa implantado era de fiscalización plena, de tal forma que se 
comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en 
todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento.  
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión 
de la entidad. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Yuncos remitió la información prevista en el artículo 
218.3 TRLRHL, correspondiente al ejercicios 2016, dentro del plazo establecido en la Instrucción 
del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, en concreto, dio cumplimiento a la obligación de 
remisión de esta información el 6 de abril de 2017. 
Se remitieron 39 acuerdos contrarios a reparos y certificación negativa en relación con expedientes 
con omisión de fiscalización y anomalías de ingresos 
Acuerdos contrarios a reparos  
Los 39 acuerdos tienen un importe agregado de 1.584.773,96 euros, con el detalle por tipo de  e
expediente  que  se  muestra  en  el  siguiente  cuadro.  Se  han  analizado  trece  expedientes  de  bo
contratación cuya cuantía conjunta es de 1.033.980,48 euros  095ww
 
 
Cuadro 24.   Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Yuncos 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
            Porcentaje    Porcentaje 
      Importe 
Nº  Número  Importe 
Gastos de personal  8  126.555,17  21  8 
Gastos derivados de otros procedimientos  16  1.154.723,91  41  73 
Expedientes de contratación  6  197.870,71  15  12 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  4  80.600,00  10  5 
Determinados procedimientos de ejecución del presupuesto de gastos  4  10.504,17  10  1 
Otros sin especificar   1  14.520,00  3  1 
Total  39  1.584.773,96  100  100 
Fuente: Elaboración propia 
       
Los trece expedientes examinados siguen la misma casuística, se trata de relaciones de facturas 
que, con carácter previa a la autorización del gasto y al reconocimiento de la obligación (fase 
presupuestaria acumulada ADO) se trasladan al órgano de control para su intervención. Este emite 
el mismo reparo en relación a todos los expedientes en tanto no se ha seguido el procedimiento de 
contratación establecido en la normativa. Seguidamente, la Junta de Gobierno Local29, órgano no 
competente30,  levanta  el  reparo  y  acuerda  la  aprobación  del  gasto  y  reconocimiento  de  las 
obligaciones. 
Algunas de las facturas incluidas en las relaciones analizadas podrían haber derivado de la 
tramitación de un contrato menor en tanto no superan los importes establecidos para dicha 
contratación en el TRLCSP (50.000 euros en el caso del contrato de obras y 18.000 euros en el 
resto), si bien, también en este caso –tal y como señalan los informes de Intervención- se exige la 
formación  de  un  expediente  y  la  aprobación  del  gasto  de  forma  previa  a  la  prestación.  El 
seguimiento de este procedimiento y, en su caso, la retención del correspondiente crédito, asegura, 
además, la tenencia de consignación presupuestaria para la imputación de la obligación. 
Por otra parte, las relaciones de facturas también incluyen gastos derivados de prestaciones que 
por duración y cuantía superan los umbrales establecidos para la contratación menor y que debían 
haber sido objeto de licitación con concurrencia pública, lo que además hubiera permitido al 
Ayuntamiento  la posible obtención de precios más competitivos. En este sentido, y entre otras 
prestaciones cuyas facturas acumuladas superen los umbrales indicados, deberían haber sido 
objeto de tramitación ordinaria de contratación los servicios y suministros de telefonía, vigilancia, 
mantenimiento de ascensores y seguros. 
El Ayuntamiento ha vulnerado los artículos 28 del TRLCSP, que sanciona el carácter formal de la 
contratación,  así  como  los  artículos  109  y  siguientes,  relativos  a  la  previa  formación  de  un 
expediente para la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas. 
                                                  s
29 Expedientes Alcaldía 2-2016, 4-2016, 5-2016, 6-2016, 8-2016, 11-2016, 16.2-2016, 18-2016, 21-2016, 22-2016, 23-  bo
2016, Pleno 8-2016, y Pleno 10-2016.   095www.
ca30ac ubLeoar  dPpooresr s ecidol enPntlrteaanr iodo eso  l aap  roEernp ltaaidr oapsdro ,s peoiann   dePelr et rlsaái mdJeuitnnect adia ed;  eas ilnGe goeabmcieiborannreogs oL, ,o mcloaasnl  yidf ioelacssuta mf eqecunhetao ses l s rloeenvm aeintnidt aolamss i eaqn uttreoa  vedénes  al odleseg  raleacp iaPornloaestsa  sfsoeer m llceaov nacfboiramm aao  
que se levantaron los reparos, no adjuntándose durante dicho trámite documentación adicional.
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en 
el Título X de la LRJPAC31, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  dicho  Texto  Refundido  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta  que  se  hayan  iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
Además, los informes de Intervención también pusieron de manifiesto la realización de gastos por 
encima del crédito presupuestado, lo que resulta contrario a los artículos 173.5 y 176.1 del 
TRLRHL, así como al artículo 32 del TRLCSP, que determinan la nulidad de la adquisición de 
compromisos de gastos por importe superior a los créditos presupuestarios, sin perjuicio de que 
para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, las facturas correspondientes a un 
servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado. 
Esta práctica está también tipificada como infracción muy grave en el artículo 28.c) de la LTAIPBG. 
En el artículo 30 se concretan las sanciones correspondientes, señalándose que su aplicación se 
regirá por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre 
los que se incluye el perjuicio causado. No consta que se hayan iniciado acciones tendentes a la 
depuración de las posibles responsabilidades. 
Por otra parte, el órgano que ha procedido al levantamiento de los reparos ha sido la Junta de 
Gobierno Local, lo que ha supuesto una vulneración del artículo 217 del TRLRHL, que al regular las 
competencias para resolver una discrepancia entre el órgano gestor del gasto y los reparos de 
naturaleza suspensiva interpuestos por los órganos de Intervención, señala que corresponden al 
Presidente de la entidad local o al Pleno en los casos en los que el reparo se basara en 
insuficiencia o inadecuación de crédito o a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su 
competencia, y, en todo caso, califica la competencia de indelegable. 
 
II.2.17. ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  TRAMITACIÓN  DE  LOS  ACUERDOS 
CONTRARIOS A REPAROS Y DE LOS EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PREVIA EN LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO DE LA REMISIÓN DE LOS 
MISMOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS 
En el examen efectuado sobre los 107 acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de 
fiscalización previa objeto de análisis y cuyos resultados se han expuesto en el Subapartado II.2, se 
han puesto de manifiesto una serie de diferencias en los criterios y procedimientos aplicados para 
su tramitación, así como en su remisión al Tribunal de Cuentas.  
El análisis comparativo se ha efectuado sobre los 72 expedientes relativos a la contratación de 
suministros y servicios en tanto son los que presentan una casuística común a pesar de las 
diferencias observadas en su tramitación. 
Los otros 35 expedientes fueron relativos a los siguientes tipos de gastos: quince de ellos a la 
prelación de pagos, ocho al abono de conceptos retributivos, dos a la contratación de personal, 
cuatro a la contratación de dirección de obra, dos a la liquidación de contratos de obra y otro a un  es
pago de un concepto que, siendo presupuestario, no constaba en el presupuesto de la entidad,  o
 3 1   R  e g  u  la  d  o   a  c t u  a l m   e n  t e   e  n   e  l   C  a p  í  tulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
 
 
habiendo sido la mayoría de los expedientes relativos a un mismo tipo de gasto tramitados por la 
misma entidad. 
Diferencias en los criterios y procedimientos en la tramitación 
La casi totalidad de las incidencias comunicadas relativas a contratación se generaron en la fase de 
reconocimiento de obligaciones, derivadas la mayoría de ellas de la prestación de servicios, y en 
menor medida, de suministros, sin cobertura contractual. 
En algunas de las entidades –Ayuntamientos de Albacete, Alcázar de San Juan, Tarancón, Toledo 
y Yuncos- las facturas derivadas de dichas prestaciones se imputaban al propio ejercicio en el que 
se generaban los gastos, previo acuerdo de levantamiento del reparo, en el cual, se había hecho 
constar la omisión de trámites esenciales, y en la mayoría de los casos, la necesidad de iniciar la 
tramitación de un nuevo contrato que sustituyera al anteriormente vigente. En el Ayuntamiento de 
La Roda la imputación al presupuesto de estas facturas –aunque en este caso el gasto podría 
haber sido susceptible de contrato menor- se realizó a través de un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito, a pesar de que de la literalidad de los artículos 26.2 y 60 del Real Decreto 
500/1990  se  deduce  la  previsión  de  la  figura  señalada  únicamente  para  las  obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores que no hubieran podido aplicarse al presupuesto, no para el 
reconocimiento de facturas del propio ejercicio. 
En los Ayuntamientos de Cuenca y Valdepeñas la práctica observada resultó la imputación al 
presupuesto  en  curso  de  gastos  generados  en  ejercicios  anteriores  a  través  del  señalado 
instrumento -el reconocimiento extrajudicial de crédito-, al margen de que, además, dichos gastos 
pudieran verse afectados por otros incumplimientos.  
Diferencias en la remisión de información al Tribunal de Cuentas  
A su vez, las situaciones anteriormente descritas han dado lugar a que la información remitida por 
los órganos de Intervención al Tribunal de Cuentas a través de la Plataforma no haya resultado 
homogénea. Así, todas las entidades que imputaron las facturas señaladas al ejercicio en curso 
remitieron la información como acuerdos contrarios a reparos, con excepción de La Roda, que a su 
vez, fue la única entidad que realizó la imputación a través de un reconocimiento extrajudicial de 
crédito y lo catalogó como expediente con omisión de fiscalización. 
Las dos entidades que imputaron las facturas a los ejercicios siguientes lo hicieron a través de 
reconocimientos extrajudiciales de crédito, si bien el Ayuntamiento de Cuenca lo clasificó como 
acuerdo contrario a reparo y el Ayuntamiento de Valdepeñas lo trató como expediente con omisión 
de fiscalización. 
La catalogación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito como expedientes con omisión de 
fiscalización previa vino motivada por no otorgar naturaleza de fiscalización a los informes emitidos 
como consecuencia de su tramitación, lo cual resulta de conformidad con la nueva regulación que 
sobre los expedientes con omisión de fiscalización ha realizado el RCI. 
En relación también con la contratación menor, y en general, con relaciones de facturas objeto de 
imputación  conjunta  al  presupuesto  de  la  entidad  –ya  sea  o  no  mediante  reconocimientos 
extrajudiciales de crédito- se ha apreciado, asimismo, una heterogeneidad de criterios relativa al 
importe consignado al incluir el expediente en la Plataforma, lo que tiene repercusión a los efectos  es
de dar cumplimiento a la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, dado que las  oe.
entidades han de aportar la documentación referida en dicha Instrucción cuando el expediente  w.
supera los 50.000 euros. De ello resulta lo siguiente:  095ww
-  La mayoría de los órganos de intervención han cuantificado el importe de la relación de 
facturas que ha sido objeto de fiscalización. La aplicación de este criterio ha dado lugar a 
que sean remitidos a través de la Plataforma los documentos relacionados con el conjunto 
completo de facturas, aun cuando los reparos se refieran a partidas de gasto concretas. 
-  En otros casos, los órganos de intervención han considerado el importe del gasto afectado 
por el reparo en términos anuales, lo que facilita la cuantificación de la incidencia y la 
vincula al contenido del informe anual que debe elevarse al Pleno en cumplimiento del 
artículo 218.1 del TRLRHL. 
 
II.3.  REFERENCIA  ESPECÍFICA  A  DETERMINADOS  ASPECTOS  DEL  SISTEMA  DE 
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES  
El análisis se ha realizado sobre una muestra de diputaciones provinciales y ayuntamientos de 
población superior a 10.000 habitantes que tenían certificaciones negativas en relación con los 
acuerdos  contrarios  a  reparos,  expedientes  tramitados  con  omisión  de  fiscalización  previa  y 
anomalías de ingresos, o bien habían comunicado únicamente expedientes inferiores a los 50.000 
euros. Se han excluido las entidades locales cuyo sistema de control interno ya había sido 
analizado en la “Fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados 
por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los 
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en 
coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas”, cuyo Informe fue 
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre de 2017. 
Atendiendo a los resultados obtenidos en dicha fiscalización –que ponía de manifiesto que, en 
algunas ocasiones, la certificación negativa de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con 
omisión de fiscalización previa y anomalías de ingresos, estaba asociada a una debilidad o 
deficiencia del sistema de control interno existente en la entidad- se ha considerado conveniente 
analizar el control interno de aquéllas entidades que se encontraban en esta situación, según se 
detalla en los párrafos siguientes. 
De los 38 ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes y de las cinco diputaciones 
provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha, 37 entidades habían remitido la 
información relativa a reparos en fecha de 11 de enero de 2018. De ellas, se han incluido en la 
muestra dieciséis, once de las cuales habían remitido certificaciones negativas –la Diputación 
Provincial de Ciudad Real y los Ayuntamientos de Daimiel, El Casar, La Solana, Madridejos, 
Manzanares, Miguelturra, Ocaña, Puertollano, Torrijos y Villarrubia de los Ojos- y cinco habían 
tramitado expedientes de importe inferior a 50.000 euros –Ayuntamientos de Guadalajara, Illescas, 
Campo de Criptana, Alovera y Bargas-. Además, se ha añadido el Ayuntamiento de Villarrobledo, 
que no dio cumplimiento a la obligación de remisión de información contemplada en el artículo 218 
del TRLRHL. 
En el siguiente cuadro se detallan las circunstancias del sistema de fiscalización previa de cada 
una de las entidades y se indica si han remitido certificación negativa en relación con los acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa y anomalías de 
ingresos. 
 
 
Cuadro 25.  Entidades de Castilla-La Mancha cuyo sistema de control interno es analizado 
Importes en euros 
Fiscalización limitada previa (1) 
Obligaciones 
Población  Control  Certificación 
Entidad  2016  reconocidas  Existencia  Órgano  Otros  financiero  negativa (2) 
netas 2016  crédito  competente  extremos 
Diputación Provincial de Ciudad Real  --  99.257.397  –  –  –  NO  SÍ 
Ayuntamiento de Guadalajara  83.391  62.164.881  –  –  –  SI  NO 
Ayuntamiento de Puertollano  50.035  48.407.336  –  –  –  NO  SÍ 
Sin cuenta  Sin 
Ayuntamiento de Villarrobledo  25.989  SI  SI  SI  SI 
rendida  información 
Ayuntamiento de Illescas  25.964  21.197.327  SI  SI  NO  NO  NO 
Sin cuenta  –  –  – 
Ayuntamiento de Manzanares  18.642  NO  SÍ 
rendida 
Ayuntamiento de Daimiel  18.577  17.535.069  SI  SI  NO  NO  SÍ 
Ayuntamiento de La Solana  15.979  13.108.647  –  –  –  SI  SÍ 
Ayuntamiento de Miguelturra  15.032  10.997.210  –  –  –  NO  SÍ 
Ayuntamiento de Campo de Criptana  14.126  10.249.472  –  –  –  NO  NO 
Ayuntamiento de Torrijos  13.273  8.855.553  SI  SI  SI  NO  SÍ 
Ayuntamiento de Alovera  12.247  9.317.201  –  –  –  NO  NO 
Ayuntamiento de El Casar  11.606  8.678.925  –  –  –  NO  SÍ 
Ayuntamiento de Madridejos  10.876  7.994.167  SI  SI  SI  NO  SÍ 
Sin cuenta  –  –  – 
Ayuntamiento de Ocaña  10.795  NO  SÍ 
rendida 
Ayuntamiento de Villarrubia de los  –  –  – 
10.494  7.889.894  NO  SÍ 
Ojos 
Ayuntamiento de Bargas  10.008  6.499.660  –  –  –  NO  NO 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades. 
(1) Se ha indicado “– “ en los casos en los que la entidad realizaba una fiscalización previa plena. 
(2) Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos.  
 
De  las  diecisiete  entidades  analizadas,  únicamente  cinco  tenían  establecido  un  sistema  de 
fiscalización previa limitada, y de ellas, los Ayuntamientos de Illescas y Daimiel incluían sólo los 
controles mínimos de existencia de crédito y competencia del órgano decisor. Los otros tres 
ayuntamientos con fiscalización previa limitada –Villarrobledo, Torrijos y Madridejos- extendieron la 
fiscalización a extremos adicionales de acuerdo con las bases de ejecución de sus presupuestos, 
dando así cumplimiento al artículo 219.2 del TRLRHL, que señala que el Pleno, a propuesta del 
presidente, puede incluir los que presenten trascendencia en el proceso de gestión. 
La aplicación de la fiscalización previa limitada requiere, según el artículo 219.3 del TRLRHL, la 
realización posterior de otra fiscalización plena, ejercida sobre una muestra representativa de los 
actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, y la emisión de un 
informe escrito con conclusiones y observaciones que debe remitirse al Pleno. Ninguna de las cinco 
entidades  con  fiscalización  previa  limitada  realizó  esta  fiscalización  plena  posterior.  El 
Ayuntamiento de Villarrobledo manifestó haberla realizado, pero sin que quedara plasmada en el  s
preceptivo informe previsto en el artículo 219.3 del TRLRHL.   e.
El control interno, además de la función interventora, está integrado por un control financiero  095ww
pnoorsmtearitoivra r edlaet ivaop liac alaci óand eyc udaedl ag rpardeos edneta ceifóicna cdiea  lay  ienffiociremnacciaió ne nf inlaa nccoienrsae, cduecli ócnu mdep lilmosie notboj edtiev olas 
previstos. Los resultados de dicho control, al que se refiere el art. 220 del TRLRHL, deben 
recogerse en un informe que habrá de remitirse al Pleno de la entidad. 
De esta forma, la elaboración del informe previsto en el artículo 219.3 y el que habría de realizarse 
según lo señalado en el párrafo anterior, tendrían en común la exposición de los resultados 
relativos a la comprobación de la legalidad, así, el contenido del primero quedaría incluido en el 
segundo. 
Las únicas entidades que desarrollaron actuaciones de control financiero en el periodo fiscalizado 
fueron los Ayuntamientos de Guadalajara, Villarrobledo y La Solana. Las otras catorce entidades32 
no llevaron a cabo actuaciones de control financiero, lo que, además de un incumplimiento legal, 
conlleva un sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía comprobar si se cumplían 
los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la actuación de la 
entidad.  
La debilidad de la omisión de fiscalización posterior es más significativa en aquéllos casos en los 
que no se llevaba a cabo una fiscalización previa plena sino limitada, fundamentalmente cuando 
ésta se circunscribía a la comprobación de la adecuación de crédito y órgano, lo que se produjo en 
los Ayuntamientos de Illescas y Daimiel. 
En relación con la fiscalización de los ingresos, solo tres de las diecisiete entidades analizadas        
–los Ayuntamientos de Villarrobledo, Illescas y Torrijos- comunicaron la adopción de acuerdos, con 
vigencia en 2016, para sustituir su fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en 
contabilidad, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL, pero ninguno de ellos realizó las 
actuaciones comprobatorias posteriores sustitutorias que exige el precepto señalado,  situación que 
se ve agravada en los Ayuntamientos de Illescas y Torrijos, en tanto no llevaron a cabo el ejercicio 
del control financiero. 
Se ha comprobado el cumplimiento del artículo 218.1 del TRLRHL, que recoge la obligación del 
órgano de Intervención de elevar informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la misma contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen 
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.  
Ninguna de las entidades de la muestra elevó tales informes al Pleno. En relación con las entidades 
en las que no se produzcan este tipo de acuerdos o anomalías, sería conveniente que el órgano 
interventor comunicara al Pleno su inexistencia.  
Funciones del órgano de Intervención 
La definición de las funciones de la Intervención se contiene en el artículo 92 bis LRBRL y en el 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional33. En particular, las 
funciones  ordinarias  a  desempeñar  son  las  de  control  y  fiscalización  interna  de  la  gestión 
económico-financiera, así como la de contabilidad, excepto para los municipios de gran población, 
cuyo régimen de organización está previsto en el Título X de la LRBRL y se excluye expresamente 
la posibilidad de que la función de contabilidad sea atribuida a los órganos de Intervención. Son 
municipios de gran población en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las capitales de 
                                                  bo
32 Diputación provincial de Ciudad Real y Ayuntamientos de Puertollano, Illescas, Manzanares, Daimiel, Miguelturra,  095ww
3C3a Nmoprmo ad ed eCrroipgtaadnaa,,  cToonr reijofesc, tAoslo dvee r1a8,  Edle C maasarzro,  Mdaed 2r0id1e8jo, sp,o Or lcaa dñias,p Voislliacriórunb diae rdoeg alotso rOiaj oúsn iyc aB adregla Rse. al Decreto 128/2018,
de 16 de marzo.
 
 
sus cinco provincias y Talavera de la Reina, de modo que de entre las entidades de la muestra 
analizada en el presente epígrafe tiene dicho estatuto el Ayuntamiento de Guadalajara. 
En cinco entidades examinadas el órgano de Intervención realizaba otras labores además de las 
que les eran propias, con el siguiente detalle. 
o  En  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  el  órgano  de  Intervención  asumía  la  función  de 
contabilidad, contraviniendo, en tanto tiene la consideración de municipio de gran población, 
el artículo 133 de la LRBRL que, en su apartado b), dispone, para los municipios así 
calificados, la necesaria “separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la 
gestión económico-financiera”. Adicionalmente, tenían asignadas funciones de elaboración 
de los proyectos de explotación en expedientes de contratación, que forman parte de la 
gestión económica y presupuestaria que debe fiscalizarse. 
 
o  En los Ayuntamientos de Illescas y Manzanares los órganos de Intervención realizaban 
funciones de gestión económica y presupuestaria que excedían a las de fiscalización y 
control. 
 
o  En la Diputación Provincial de Ciudad Real y en el Ayuntamiento de Bargas las funciones 
adicionales de Intervención se concretaban en la gestión documental de las convocatorias 
de subvenciones y en la elaboración de los presupuestos y gestión de la sección económica 
del Portal de transparencia, respectivamente. 
 
La asunción de estas funciones adicionales implica una merma sobre la autonomía y objetividad 
que se requieren en el ejercicio de las funciones de control interno y fiscalización. Este resultado 
constituye una debilidad del sistema de control interno de estas entidades.  
Normas y manuales de control interno y programas informáticos 
Ninguna de las entidades respecto de las que se ha analizado su sistema de control interno 
dispuso, con vigencia en 2016, de normas reguladoras compresivas de los procedimientos de 
fiscalización y control interno atribuidos al órgano de Intervención. Las instrucciones y manuales 
internos son adecuados para definir las tareas asignadas a las unidades, en particular a las de 
control interno, al permitir conocer con claridad qué funciones se han de ejercer, en qué plazos y 
atendiendo a qué tramites, lo que ofrece una adecuada estandarización en el ejercicio de las 
funciones, una seguridad al personal interviniente y evita que el cambio en los ocupantes de los 
puestos suponga una pérdida de operatividad. 
Formas de provisión de puestos de trabajos reservados a FHN 
En el cuadro siguiente se ofrecen las características del puesto reservado a funcionarios de 
habilitación nacional en los órganos de Intervención de las entidades analizadas, incluyendo la 
forma de provisión del mismo, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en octubre de 2018, fecha de 
corte de los trabajos de fiscalización. 
Cuadro 26.  Formas de provisión de los puestos de habilitación nacional 
Forma de cobertura 
Entidad  Población  Clase del puesto 
Diciembre 2016  Octubre 2018 
Diputación Provincial de Ciudad Real  --  Clase 1ª  Concurso  Concurso 
Ayuntamiento de Guadalajara  83.391  Clase 1ª  Concurso  Concurso 
Ayuntamiento de Puertollano  50.035  Clase 1ª  Provisional  Comisión de Servicios 
Ayuntamiento de Villarrobledo  25.989  Clase 1ª  Concurso  Concurso 
Ayuntamiento de Illescas  25.964  Clase 1ª  Comisión de Servicios  Provisional 
Ayuntamiento de Manzanares  18.642  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de Daimiel  18.577  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de La Solana  15.979  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de Miguelturra  15.032  Clase 2ª  Acumulación  Acumulación 
Ayuntamiento de Campo de Criptana  14.126  Clase 2ª  Provisional  Interino 
Ayuntamiento de Torrijos  13.273  Clase 2ª  Acumulación  Accidental 
Ayuntamiento de Alovera  12.247  Clase 2ª  Provisional  Concurso 
Ayuntamiento de El Casar  11.606  Clase 2ª  Concurso  Concurso 
Ayuntamiento de Madridejos  10.876  Clase 2ª  Provisional  Provisional 
Ayuntamiento de Ocaña  10.795  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos  10.494  Clase 2ª  Accidental  Acumulación 
Ayuntamiento de Bargas  10.008  Clase 2ª  Acumulación  Acumulación 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades.  
 
Únicamente cuatro de las diecisiete entidades tenían provisto el puesto de Intervención de manera 
definitiva a 31 de diciembre de 2016 (Diputación Provincial de Ciudad Real y Ayuntamientos de 
Guadalajara, Villarrobledo y El Casar), todos ellos a través de concurso. En junio de 2018 esta 
situación se mantuvo en todas las entidades citadas y además se logró esta forma de cobertura en 
el Ayuntamiento de Alovera. 
De entre los trece ayuntamientos restantes, aquellos con intervención en acumulación de funciones 
o en comisión de servicios al cierre de 2016 lo habían nombrado desde hacía más de un año 
(Ayuntamientos de Illescas, Miguelturra, Torrijos y Bargas), al igual que cuatro de los cinco con 
interventor accidental (todos salvo el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos), entre los que cabe 
señalar  los  casos  de  los  ayuntamientos  de  Manzanares  y  Daimiel,  donde  permanecían  los 
respectivos interventores accidentales, ambos nombrados en 1994, más de 22 años después. 
De las doce entidades que, tanto en 2016 como en 2018, tenían la plaza reservada de Intervención 
cubierta  de  forma  no  definitiva,  se  modificó  el  sistema  de  cobertura  en  cinco  casos:  las 
Intervenciones provisionales de Puertollano y Campo de Criptana pasaron a cubrirse en 2018, 
respectivamente, mediante comisión de servicios y nombramiento interino. En Illescas, por el 
contrario, se pasó de un interventor en comisión de servicios a uno interino y en Torrijos, de una 
intervención  en  acumulación  de  funciones  a  un  nombramiento  accidental,  mientras  que  en 
Villarrubia  de  los  Ojos  se  dejó  de  cubrir  la  Intervención  de  forma  accidental  para  estar  en  s
acumulación.  oe.
De los resultados anteriores se deduce una provisionalidad muy elevada en la forma de cobertura  095ww
duetil izloasc iópnu eresctousrr ednet ei ndtee rlvoesn ncoiómnb rraemseiervnatodso sa cac idFeHnNta le(7s6, %qu ee na lc2a0n1z6ó  eyn  7a1m%b oesn e j2e0rc1i8c)io, sc aoln 2 9u%na, 
 
 
lo que conlleva que las funciones de control y fiscalización interna no se desarrollen por quien tiene 
la  formación  específica  para  ello  y  se  ejerzan  directamente  bajo  la  responsabilidad  de  un 
funcionario de la entidad, en detrimento de la independencia exigible en el ejercicio de estas 
funciones reservadas.  
Respecto de las posibles actuaciones tomadas por las entidades para procurar una forma definitiva 
de provisión de los puestos de Intervención reservados a FHN, ninguna de ellas ha implementado 
medidas al respecto, no convocando, además, los correspondientes concursos ordinarios. Las 
plazas se ofertaban en los concursos unitarios convocados por la Administración General del 
Estado, si bien, quedaron vacantes o la persona adjudicataria de la plaza no permaneció en la 
misma. 
Personal adscrito al órgano de Intervención  
La  relación  de  puestos  de  trabajo  (RPT)  es  el  instrumento  técnico  a  través  del  cual  las 
administraciones públicas realizan la ordenación de su personal de acuerdo con las necesidades 
de los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño; en función de las 
RPT se definirán las plantillas y se determinarán las ofertas públicas de empleo. 
Cuatro de los diecisiete ayuntamientos fiscalizados –Ayuntamientos de Villarrobledo, El Casar, 
Madridejos y Ocaña– carecían en 2016 de una RPT aprobada por el Pleno, incumpliendo por tanto 
la obligación establecida en el artículo 74 del EBEP y en el artículo 90.2 de la LRBRL en relación 
con el 22 del mismo texto legal. El Ayuntamiento de Madridejos aprobó su RPT en abril de 2018. 
Las diecisiete entidades han aportado los anexos de personal aprobados con el presupuesto de las 
respectivas  entidades  para  2016  en  los  que  figuraban  los  puestos  referidos  del  órgano  de 
Intervención. 
En el cuadro siguiente se muestran los datos relativos a la composición del órgano de Intervención 
en cada una de las entidades. 
Cuadro 27.  Puestos adscritos al órgano de Intervención municipal 
Importes en euros 
Puestos ocupados a 31/12/2016 
Obligaciones  Total de 
Entidad  reconocidas  Personal técnico     Personal de apoyo  puestos 
netas 2016  FHN (*)  Técnico/a  Técnico/a  ocupados 
   Administrativo  Auxiliar 
(A1)  (A2) 
Diputación Provincial de Ciudad Real  99.257.397  1  3  --  4  6  14 
 
Ayuntamiento de Guadalajara  62.164.881  1  1  -  -  1   3 
 
Ayuntamiento de Puertollano  48.407.336  1  --  --  6  4  11 
 
Ayuntamiento de Illescas  21.197.327  1  --  --  1  2  4 
 
Sin cuenta 
Ayuntamiento de Villarrobledo  1  1  --  10  4  16 
rendida   
Sin cuenta 
Ayuntamiento de Manzanares  --  2  --  2  1  5 
rendida   
Ayuntamiento de Daimiel  17.535.069  --  1  --  2  2  5 
 
Ayuntamiento de La Solana  13.108.647  --  --  3  4  --  7 
 
Ayuntamiento de Miguelturra  10.997.210  --  --  --  2  --  2 
 
Ayuntamiento de Campo de Criptana  10.249.472  1  --  --  6  --  7 
 
Ayuntamiento de Torrijos  8.855.553  --  --  --  2  1  3 
 
Ayuntamiento de Alovera  9.317.201  1  --  --  1  4  6 
 
Ayuntamiento de El Casar  8.678.925  1  --  1  2  --  4 
 
Ayuntamiento de Madridejos  7.994.167  1  --  --  2  1  4 
 
Sin cuenta 
Ayuntamiento de Ocaña  --  --  --  2  --  2 
rendida   
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos  7.889.894  --  --  --  3  3  6 
 
Ayuntamiento de Bargas  6.499.660  --  --  --     1  1  2 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades.  
(*) Se ha considerado ocupado el puesto reservado a FHN cuando su provisión era definitiva o bien cuando estaba ocupado de forma 
provisional por FHN o por funcionario interino, no así cuando la cobertura era mediante nombramiento accidental (en cuyo caso se ha 
computado el puesto de trabajo previo del funcionario) ni cuando las funciones se realizaban en régimen de acumulación. 
 
Para valorar una aproximación a la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de 
control interno, se han considerado características cualitativas y cuantitativas de los puestos para 
apreciar  si  de  estas  dotaciones  de  personal  puede  inferirse  una  dificultad  del  órgano  de 
Intervención para el ejercicio de las funciones de control interno. 
De las doce entidades que gestionaron un volumen de obligaciones reconocidas netas (ORN) 
inferior  a  veinte  millones  de  euros34  –Ayuntamientos  de  Manzanares,  Daimiel,  La  Solana, 
Miguelturra, Campo de Criptana, Torrijos, Alovera, El Casar, Madridejos, Ocaña, Villarrubia de los 
Ojos y Bargas-, únicamente en Manzanares, Daimiel, La Solana y El Casar disponía el órgano de 
Intervención  de  personal  técnico  adscrito,  dándose,  además,  la  circunstancia  de  que  en 
Manzanares, Daimiel y La Solana era un técnico el funcionario que desempeñaba las funciones de 
interventor previo nombramiento accidental; en el Ayuntamiento de Daimiel este era, además, el 
                                                  o
34 Los ayuntamientos de Villarrobledo, Manzanares y Ocaña, tal y como se indica en el cuadro, no han rendido sus  095ww
cirmeunpedunittdaaosd  asdsue s a2 cl0 u1pe6rne. tsEausnp  uldaeess  2tcou0 e1en5rt,aa nms  irienenfnetdrraiiodsra eqssu  deae  le lenoj sel arc2 ic0cu ioem n2ilt0lao1 nd5ee sd  e2d 0leo1 s4e  dufiogrosus rú.a lt Eiumln o Astoy etualn lt toadtmea li oedbnelti ogo abdclieigo anVceiilsola nrreerosc borlenecodoconi dotaacsmid napesot canose  thdaaes  
23.402.652,12 euros.
 
 
único técnico de la Intervención municipal. Todas estas entidades contaban también con personal 
de apoyo, oscilando su número entre los 14 del Ayuntamiento de Villarrobledo y 2 administrativos 
en Miguelturra, El Casar y Ocaña, ayuntamiento este último en el que uno de los administrativos 
ejercía de Interventor accidental. 
Por lo que se refiere a las entidades que gestionaron obligaciones de más de 20 millones de euros 
–la Diputación Provincial de Ciudad Real y los Ayuntamientos de Guadalajara, Puertollano, Illescas 
y Villarrobledo-, las Intervenciones de los Ayuntamientos de Puertollano e Illescas no disponían de 
personal técnico en el órgano de Intervención además del puesto reservado a FHN (el 40% de las 
entidades de este tramo de obligaciones). 
Respecto del personal administrativo adscrito al órgano de Intervención de estas entidades –con 
ORN de más de 20 millones de euros-, la media era de 7,6 funcionarios, si bien en el Ayuntamiento 
de Guadalajara solo existía un auxiliar.  
De las doce entidades con un volumen de ORN inferior a 20 millones de euros, el 67% no contó 
con la asistencia de personal técnico en el órgano de Intervención. Son los Ayuntamientos de 
Miguelturra, Campo de Criptana, Torrijos, Alovera, Madridejos, Ocaña, Villarrubia de los Ojos y 
Bargas, si bien, todos ellos disponían de personal administrativo o auxiliar de apoyo. 
Se ha requerido a la persona responsable de la Intervención de cada una de las 17 entidades 
analizadas su valoración sobre la adecuada cobertura del órgano, resultando que el 65% de los 
interventores considera que la unidad no está suficientemente dotada. Se trata de algunas de las 
entidades  que  cuentan  con  menos  personal  –Ayuntamientos  de  Guadalajara,  Manzanares  y 
Daimiel-  y,  particularmente,  sin  personal  técnico  adscrito  al  órgano  de  Intervención                 
–Ayuntamientos de Illescas, Miguelturra, Torrijos, Ocaña y Bargas-. Adicionalmente a la escasez de 
puestos en la Intervención, en el Ayuntamiento de Guadalajara han señalado el problema de la 
temporalidad en la ocupación de los puestos.  
Por lo que se refiere al género del personal adscrito a los órganos de control interno, según la 
información facilitada por las entidades, el 53% eran mujeres. No obstante, esta mayor proporción 
de mujeres en el órgano de Intervención se origina por la ocupación de puestos de asistencia, dado 
que en once de las diecisiete entidades fiscalizadas eran hombres los ocupantes del puesto de 
Interventor. 
 
 CONCLUSIONES 
Los principales resultados de esta fiscalización son los siguientes: 
EN  RELACIÓN  CON  LA  INFORMACIÓN  RECIBIDA  DE  LOS  ACUERDOS  CONTRARIOS  A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS (Subapartado II.1) 
Respecto del cumplimiento de la obligación de remisión de la información (Epígrafe II.1.1). 
1.  A 7 de febrero de 2019, el 69% de los órganos de Intervención de las entidades locales de 
Castilla-La Mancha habían remitido la información correspondiente al ejercicio 2016. El nivel de 
cumplimiento en plazo representa el 56% de los envíos totales. En el anexo II se detallan las  e.e
entidades que no han remitido la información, lo que supone un incumplimiento del artículo  b
218.3 del TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015.  095ww
2.  DPoipru ttaipcoio ndees  ePnrtoidvaindceiasl,e se l anlcivaenlz ód ee l cu1m00p%lim i-etondtoo sd ee lloloss  eónr gapnlaozso , dee xcInetpetrov elnac ióDnip udtea cilóans 
Provincial de Ciudad Real-. También remitió la información la totalidad de los Ayuntamientos de 
más de 5.000, con la única excepción del Ayuntamiento de Villarrobledo. 
Respecto de las entidades locales sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.2) 
3.  El 84% de las entidades que han enviado información certifican que no se produjeron acuerdos 
contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención; el 97% que no se advirtieron 
expedientes con omisión de fiscalización previa; y el 97% que no se apreciaron anomalías en la 
gestión de ingresos en el periodo fiscalizado. El 83% de dichas entidades certificaron que no se 
produjo ninguno de estos acuerdos o expedientes. 
 
4.  Los órganos de Intervención de casi todas las entidades locales (97%) que han remitido la 
información, con independencia del tamaño de las mismas, comunicaron que no existieron 
anomalías de ingresos. Esta situación podría verse motivada por el hecho de que el concepto 
de principales anomalías de ingresos no se encontraba contemplado por la normativa, cuestión 
que se une al hecho de que la mayoría de las entidades locales, en aplicación del artículo 219.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), ha sustituido el control previo de 
legalidad de los derechos por la toma de razón en contabilidad, sin que se lleven a cabo 
controles posteriores sobre la gestión de los ingresos, lo que supone un incumplimiento del 
artículo 219.4 del TRLRHL que exige la realización de actuaciones posteriores, además de un 
sistema de control interno insuficiente. 
Respecto del alcance y configuración del sistema de control interno de las entidades locales 
(Epígrafe II.1.3)  
5.  Todas las Diputaciones Provinciales excepto la Diputación de Ciudad Real, tienen establecido 
un sistema de fiscalización limitada previa y en todos los casos el Pleno de la Diputación 
determinó  extremos  adicionales  sobre  los  que  realizar  dicha  fiscalización  además  de  la 
comprobación de la existencia de crédito y competencia del órgano. Si bien, ninguna de ellas 
realizó en el ejercicio fiscalizado un control financiero. 
6.  En  relación  con  los  Ayuntamientos,  nueve  de  los  trece  de  población  superior  a  25.000 
habitantes han establecido un sistema de fiscalización limitada previa, habiendo determinado, 
en todos los casos, el Pleno la comprobación de otros extremos de la gestión del gasto 
adicionales a la comprobación de crédito y competencia. A su vez, de estas nueve entidades, 
únicamente el Ayuntamiento de Cuenca ejercía un control financiero posterior. 
De los 659 Ayuntamientos de población inferior a 25.000 habitantes de los que se ha dispuesto 
de información, el porcentaje de los que asumieron una fiscalización limitada previa fue del 23% 
(150 entidades), y de ellos, únicamente en 63 se exigía la revisión de extremos adicionales a 
crédito y competencia, siendo, por tanto, más deficiente el control interno de estas entidades, 
sobre todo en aquéllas que, a su vez, no desarrollaban un control financiero posterior, control 
que, únicamente se llevaba a cabo en 36 de las que establecieron fiscalización limitada previa. 
De las 59 entidades supramunicipales que han remitido la información -58 mancomunidades y 
una agrupación de municipios- 18 tienen establecida la fiscalización limitada previa, y de ellas, 
en trece casos, el órgano de Intervención únicamente comprobaba la existencia de crédito y la  es
competencia  del  órgano.  Únicamente  dos  mancomunidades  ejercieron  durante  el  periodo  o
fiscalizado el control financiero posterior.  095www.
Pesotra búlleticmidoo,  edrea  lcaisrc u4n2s cErAitoT IaM rse, qeunis iteol s5 b2á%s ic(o2s2,  sein btiideand sees )l imeli tasibsate am car éddeit ofi syc caolizmapceiótenn cpirae veina 
 
 
18 de las 22 entidades señaladas. En ninguna de las 42 se llevaron a cabo actuaciones de 
control financiero posterior. 
7.  Los resultados globales sobre el ejercicio del control financiero ponen de manifiesto que su 
utilización entre las entidades locales de Castilla-La Mancha ha sido residual, habiéndose 
aplicado únicamente en el 5% de las mismas, lo que supone una deficiencia en el ejercicio del 
control interno de aquellas. 
La ausencia de ejercicio de actuaciones de control financiero que complementen la fiscalización 
limitada previa, máxime cuando esta se restringe a la comprobación de que existe crédito 
suficiente y que el órgano que genera el gasto es el adecuado, configura un sistema de control 
interno insuficiente, en el que, además de no comprobarse si se cumplen los principios de 
buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la gestión de la entidad, no se 
complementa  el  control  de  legalidad  de  la  fiscalización  previa  de  la  Intervención  con 
actuaciones posteriores. 
Respecto de los informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto (Epígrafe II.1.4)  
8.  De acuerdo con la información recibida, de las 759 entidades que remitieron los datos relativos 
al ejercicio 2016, los órganos de Intervención de trece municipios señalaron haber informado 
negativamente la aprobación de los presupuestos, y de otros trece (tres de ellos coincidentes 
con  los  anteriores)  indicaron  la  existencia  de  informes  desfavorables  en  relación  con  la 
liquidación del presupuesto. 
Respecto de los acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención (Epígrafe 
II.1.5) 
9.  Se había recibido en la Plataforma de Rendición de Cuentas, a 8 de enero de 2019, un total de 
3.774 resoluciones y acuerdos contrarios a reparos formulados por los órganos de Intervención, 
con un importe de 57.334.673,61 euros. Los 3.774 reparos fueron remitidos por los órganos de 
Intervención de 115 ayuntamientos y de tres Diputaciones Provinciales –Albacete, Cuenca y 
Guadalajara-. 
10. Más del 40% del importe de los acuerdos contrarios a reparos fueron relativos a expedientes de 
contratación, correspondiendo el mayor porcentaje correspondió a contratos de suministro 
(42%) y a contratos de servicios (38%).  
Los  reparos  referentes  a  gastos  de  personal  –relativos  en  su  mayoría  a  contrataciones 
temporales  y  gratificaciones-  supusieron  el  24%  del  volumen  total  y,  en  tercer  lugar  en 
importancia cuantitativa por volumen (18%), se situaron los reparos referidos al incumplimiento 
del orden de prelación de pagos, que afectaban a expedientes de muy diversa naturaleza, tales 
como nóminas, ayudas sociales, gastos de seguridad social e IRPF, cánones, costas judiciales, 
suministros, servicios y obras principalmente. 
11. La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o 
trámites esenciales. Concretamente en 2016 se comunicaron 2.053 acuerdos contrarios a 
reparos con esta motivación, que representaban el 54% de los expedientes y un 60% de la 
cuantía total.  es
12. El  47%  de  los  acuerdos  contrarios  a  reparos  comunicados  lo  fueron  en  relación  con  el  w.
reconocimiento de la obligación, seguidos por reparos relativos al compromiso del gasto (23%)  095ww
yre llaa cfiaósne c doenl  epla rgeos t(o2 0d%e )fa, sseiesn ddeo  lsai genjeifcicuactiióvanm perensteu pinufeesrtiaorri ae.l   n  ú mero de reparos formulados en
13. El órgano que más resoluciones emitió fue el Presidente, tanto por importe (el 70%), como por 
número de expedientes (el 88%). A distancia se hallan los adoptados por el Pleno de la entidad 
-el 8% de los expedientes y el 6% del importe-, y la Junta de Gobierno Local–con el 4% de los 
acuerdos y el 24% del importe-. Los expedientes aprobados por la Junta de Gobierno Local 
correspondieron a nueve entidades, lo que ha supuesto una vulneración del artículo 217 del 
TRLRHL.  
Respecto de los expedientes con omisión de fiscalización previa (Epígrafe II.1.6)   
14. En la Plataforma de Rendición de Cuentas, a 8 de enero de 2019, se habían recibido 227 
expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa, por un importe conjunto de casi 
dieciséis millones de euros. Los 227 expedientes con omisión de fiscalización previa están 
referidos a 23 Ayuntamientos. 
Respecto de las principales anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.7) 
15. Los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha comunicaron la existencia de 65 anomalías de ingresos en 
2016, por un importe conjunto de 607.079,70 euros. Fueron remitidas por 23 ayuntamientos y el 
65% se refirió a la imposición de tributos. 
 
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS  DE  INGRESOS  DE  LAS  ENTIDADES  SELECCIONADAS  EN  LA  MUESTRA 
(Subapartado II.2) 
Se han analizado de forma individualizada 108 expedientes comunicados al Tribunal de Cuentas 
por los órganos de Intervención local: 72 expedientes de contratos de servicios y suministros, dos 
contratos de obras, cuatro contratos de dirección de obra, trece expedientes de personal, quince de 
prelación de pagos, un abono de un pago no reconocido en presupuesto y una anomalía de 
ingresos. 
16. De los 72 expedientes de contratos de servicios y suministros analizados se han deducido las 
siguientes conclusiones: 
  68 expedientes fueron relativos a gastos derivados de la prestación de servicios y 
suministros sin la adecuada cobertura jurídica (el 63% de los expedientes de gastos 
analizados), en tanto el contrato anterior había finalizado y no se había licitado y 
formalizado un nuevo contrato. Cuatro estaban conformados por facturas derivadas de 
gastos de ejercicios anteriores, de los cuales, dos se imputaron al presupuesto de 2016 
a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito (Ayuntamiento de Valdepeñas), y 
los otros dos (Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de Cuenca) se imputaron directamente al presupuesto de 2016 en tanto se contaba con 
crédito  disponible.  Los  otros  64  expedientes  respondían  a  facturas  del  año  2016 
reparadas por no disponer de contrato en vigor que habilitara la prestación de los 
servicios y suministros (Albacete, Alcázar de San Juan, Tarancón, Toledo y Yuncos. 
Se ha producido, por lo tanto, una vulneración de la normativa contractual, al carecer,  e.
de forma recurrente y prolongada en el tiempo, de contrato en vigor que habilitara las  b
prestaciones que se estaban celebrando, en contra de lo dispuesto en los artículos 23,  095ww
2Rco8en aytlr  a1Dt0oe9 c vdráeeltilod T aeLmxeetgoni strelea ftcuivonond sid3tio/t2u 0did1eo1  l,a d adL eec yo1 dm4e o d Ceco onnntosraevticoeusme dbnerceila  S (eTlacR teoLxrC iPsStúPebn).lc iciLaoa ,  daaepu raosecbtnaocdsioa   qpudoeer    OE-A-2021-14able en https://
 
 
podrían adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 32 del TRLCSP 
por remisión al artículo 62.1 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce 
el artículo 47 de la actual LPAC-. 
En relación a la posible responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en 
materia  de  contratación  administrativa,  la  disposición  adicional  decimonovena  del 
TRLCSP señala que se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la LRJPAC35. 
En la misma disposición, se establece que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta 
muy  grave,  cuya  responsabilidad  disciplinaria  se  exigirá  conforme  a  la  normativa 
específica en la materia. 
La imputación de estas obligaciones al presupuesto, ya sea o no, mediante la figura del 
reconocimiento extrajudicial de crédito no convalida en sí mismo dichos actos ni depura 
posibles responsabilidades, sin perjuicio de la necesidad de abonar los servicios hechos 
por los terceros y evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. Esta práctica 
está también tipificada como infracción muy grave en el artículo 28.c) de la LTAIPBG, 
señalándose en el 30 las sanciones aplicables, las cuales se regirán por el principio de 
proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre los que se 
incluye el perjuicio causado. 
En ninguno de los Ayuntamientos analizados consta el inicio de actuaciones tendentes 
a la depuración de posibles responsabilidades. 
Además de los incumplimientos legales señalados, se ha puesto de manifiesto una 
debilidad  en  el  sistema  de  control  interno  en  relación  con  la  contratación  en  las 
entidades mencionadas, caracterizada por la falta de vigilancia del lapso de tiempo 
transcurrido entre la finalización de un contrato y el inicio del expediente para la 
licitación del siguiente. 
  En el Ayuntamiento de La Roda se reparó otro expediente en el cual no se había 
licitado ningún contrato ni formado el expediente de un contrato menor. Si bien las 
facturas que lo conformaban podrían haber derivado de la tramitación de un contrato de 
este  tipo  por  no  superar  los  importes  establecidos  para  dicha  contratación  en  el 
TRLCSP (50.000 euros en el caso del contrato de obras y 18.000 euros en el resto), se 
ha vulnerado el artículo 28 del mencionado texto legal, que sanciona el carácter formal 
de la contratación, así como el 111, que exige la formación de un expediente también 
para la contratación menor y la aprobación del gasto de forma previa a la prestación.  
Esta  situación  se  produjo  asimismo  en  relación  con  algunas  de  las  facturas  que 
integraban expedientes tramitados por los Ayuntamientos de Tarancón, Valdepeñas y 
Yuncos. 
La ausencia de expediente para la contratación menor y de aprobación del gasto de 
forma previa a la prestación, así como el hecho de no haber procedido a la retención de 
crédito, originó que no se contara con la necesaria consignación presupuestaria para la 
posterior imputación de las facturas en los Ayuntamientos de Valdepeñas y Yuncos. 
  El  Ayuntamiento  de  Cuenca  imputó  al  presupuesto  de  2016,  a  través  de  un  e.
reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas por suministro eléctrico generadas en  w.b
3  5   R  e g  u  la  d  o   a  c t u  a l m   e n  t e   e  n   e  l   C  a p  í  tulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
ejercicios anteriores, para las que, si bien existía contrato en vigor, correspondían a 
dependencias municipales cuyo uso había sido cedido a terceros, sin que se contara 
con crédito presupuestario en el ejercicio de procedencia para hacer frente a dichos 
pagos  y  sin  que  el  Ayuntamiento  hubiera  realizado  los  trámites  oportunos  para 
regularizar la situación y no asumir gastos de terceros. 
  El Ayuntamiento de Toledo tramitó dos expedientes relativos al abono del canon de 
agua en relación con los ejercicios 2014 y 2015 para los cuales no se contó en los 
ejercicios señalados con crédito suficiente y adecuado.  
La adquisición de gastos sin consignación presupuestaria suficiente y adecuada para su 
tramitación  –situación  que,  según  se  ha  señalado,  se  ha  producido  en  los 
Ayuntamientos  de  La  Roda,  Valdepeñas,  Yuncos,  Cuenca  y  Toledo-  supone  una 
vulneración del artículo 173.5 del TRLRHL, que señala –al igual que el artículo 32 del 
TRLCSP- que los compromisos de gastos adquiridos por cuantía superior al importe de 
los  créditos  autorizados  serán  nulos  de  pleno  derecho,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades a que haya lugar. 
17. Los  dos  expedientes  relativos  a  contratos  de  obras  fueron  tramitados  por  la  Diputación 
Provincial  de  Guadalajara  y  por  el  Ayuntamiento  de  Yepes.  En  el  primero  se  imputó  al 
presupuesto, en contra de lo indicado en el reparo de Intervención, el importe de la liquidación 
de un contrato de obra que superaba los límites cualitativo y cuantitativo establecidos en el 
artículo 234 del TRLCSP para poder introducirse modificaciones en el proyecto sin la previa 
aprobación de un expediente de modificación de contrato. El expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Yepes conllevó la adquisición de compromisos de gastos por encima del 
crédito presupuestario, lo que resulta contrario al artículo 173.5 TRLRHL, así como al artículo 
32 del TRLCSP, que determinan la nulidad de la adquisición de compromisos de gastos por 
importe superior a los créditos presupuestarios, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar. 
18. La Diputación Provincial de Guadalajara tramitó cuatro expedientes relativos, todos ellos, a un 
contrato de dirección de obra que ya había finalizado en el momento de la expedición de las 
certificaciones de obra, por lo que éstas se firmaron sin que mediara relación contractual entre 
el técnico externo que realizaba estas funciones y la Diputación. 
19. De los 13 expedientes de gastos de personal analizados se han deducido las siguientes 
conclusiones: 
  Once expedientes son relativos a conceptos retributivos abonados en contra de lo 
dispuesto en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 
régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local y en el 
correspondiente  Convenio  Colectivo  y  Acuerdo  Marco  (Diputación  Provincial  de 
Albacete) y en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha (Diputación Provincial de Cuenca).  
  Uno fue tramitado por la Diputación Provincial de Albacete, se refierió a la contratación 
de personal temporal sin atender a lo establecido en el artículo 20.Dos de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 
que indicaba que durante este ejercicio no se procedería a la contratación de personal  e
temporal  ni  al  nombramiento  de  personal  estatutario  temporal  o  de  funcionarios  bo
iiqpnnuútaeebpr lliiacnsozeoas s bc, oleesnssase ilnqdvcuoeie raa leesranesn ,   rcespasirnsitor oirnsqitg auirreeiío xacsnee  sopato  clsqioo usnee as xleeatrscfee tmocyrtoae srspa , anffur uaean rlc acifonuun nbeacrsiidro  uyncn aicedmacoiteeses ngidtoeoarn íd adesees l   plorDuosref gecsesreneiorttvneoias c ildoeeess     2021-14095n https://ww
 
 
Presidencia  por  el  que  se  procedió  al  levantamiento  del  reparo  como  posibles 
excepciones a la prohibición general de contratar. 
  El otro, gestionado por el Ayuntamiento de Ciudad Real, fue relativo a la contratación de 
seis trabajadores que resultaron readmitidos como trabajadores indefinidos no fijos en 
cumplimiento de sentencia judicial. El informe de intervención argumentaba que, en 
tanto  la  sentencia  establecía  la  posibilidad  de  optar  entre  la  readmisión  de  los 
trabajadores o el abono de las correspondientes indemnizaciones, la decisión tomada 
vulneró  el  artículo  19.4  de  la  Ley  48/2015,  de  29  de  octubre,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016, que preveía que no se incrementasen las 
retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas en dicho ejercicio en 
una cuantía superior al uno por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2015. 
20. 15 expedientes fueron tramitados por el Ayuntamiento de Hellín y se refirieron a la prelación de 
pagos,  en  tanto  las  propuestas  suponían  una  alteración  de  lo  dispuesto  en  el  Plan  de 
Disposición de Fondos aprobado por el Pleno de la Entidad, así como en el artículo 135 de la 
CE y en 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, que señalan que el pago de los intereses y el capital de la deuda 
pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro 
gasto. 
21. El último expediente de gasto analizado es relativo a un pago acordado por el Alcalde del 
Ayuntamiento de Caudete con el objetivo de gestionar la consecución del fraccionamiento de la 
deuda que tenía contraída con la AEAT una sociedad municipal respecto de la que se había 
acordado la cesión de su activo y pasivo al Ayuntamiento. No obstante, y dado que en el 
momento de hacer efectivo el pago, aún no se había realizado la cesión señalada, el órgano de 
Intervención formuló reparo, puesto que la cantidad a abonar no estaba reconocida en el 
presupuesto municipal. 
22. Un expediente de anomalía de ingresos tramitado por el Ayuntamiento de Quintanar del Rey se 
refiere a una inadecuada gestión de la recaudación del Ayuntamiento que se concreta, entre 
otros extremos, en una falta de cobro de ingresos en vía ejecutiva en relación con diversos 
tributos municipales, lo que se deriva, en parte, de que el Ayuntamiento no tiene cubierto el 
puesto de trabajo Tesorería, lo que supone un incumplimiento del artículo 2 del RPPFHN. 
 
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TRAMITACIÓN 
DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS Y DE LOS EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN PREVIA EN LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO DE LA REMISIÓN 
7DE LOS MISMOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS (Subapartado II.2.17) 
23. El análisis comparativo de los 72 expedientes relativos a la contratación de suministros y 
servicios muestra que prácticamente la totalidad de las incidencias comunicadas relativas a 
contratación se generaron en la fase de reconocimiento de obligaciones, derivadas, la mayoría 
de ellas, de prestaciones sin cobertura contractual. 
La imputación al presupuesto no resultó homogénea en las diferentes entidades. Así, en los  es
Ayuntamientos de Albacete, Alcázar de San Juan, Tarancón, Toledo y Yuncos las facturas  o
danceeurcieevrasdiddoaa sdd e dd eele  evdsaatnro tsca omgnaiteisnntuotoisd  asdede  l iamrle pspeuartravoibc aaion .p  aels parre dseu pnuoe sctoon dtaerl  caoñno  ceonn etrla qtou ee ns ev iggeonr eyr aableagna, npdreov liao   2021-14095n https://www.
En los Ayuntamientos de Cuenca y Valdepeñas se imputaron al presupuesto en curso gastos 
generados en ejercicios anteriores a través reconocimientos extrajudiciales de crédito.  
24. Existen discrepancias en la remisión de la información al Tribunal de Cuentas en relación con la 
calificación de expedientes. Así, todas las entidades que imputaron las facturas señaladas al 
ejercicio en curso remitieron la información como acuerdos contrarios a reparos, con excepción 
de La Roda, que a su vez, fue la única entidad que realizó la imputación a través de un 
reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  y  lo  catalogó  como  expediente  con  omisión  de 
fiscalización. 
Las dos entidades que imputaron las facturas a los ejercicios siguientes lo hicieron a través de 
reconocimientos extrajudiciales de crédito, si bien el Ayuntamiento de Cuenca lo clasificó como 
acuerdo contrario a reparo y el Ayuntamiento de Valdepeñas lo trató como expediente con 
omisión de fiscalización. 
La calificación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito como expedientes con omisión 
de fiscalización previa vino motivada por no otorgar naturaleza de fiscalización a los informes 
emitidos como consecuencia de su tramitación, lo cual resulta de conformidad con la nueva 
regulación que sobre los expedientes con omisión de fiscalización ha realizado el RCI. 
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO REALIZADO 
SOBRE UNA MUESTRA DE ENTIDADES (Subapartado II.3) 
Se ha examinado el sistema de control interno establecido en aquéllas Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes en los que concurría alguna de las 
siguientes circunstancias: habían informado de certificaciones negativas en relación con acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías de ingresos, 
habían remitido expedientes únicamente de importe inferior a 50.000 euros, o bien, no habían 
cumplido con la obligación de remisión prevista en el art. 218 del TRLRHL. 
25. De las diecisiete entidades analizadas, únicamente cinco tenían establecido un sistema de 
fiscalización previa limitada, y de ellas, los Ayuntamientos de Illescas y Daimiel incluían sólo los 
controles mínimos de existencia de crédito y competencia del órgano decisor. Los otros tres 
ayuntamientos  con  fiscalización  previa  limitada  –Villarrobledo,  Torrijos  y 
Madridejos- extendieron la fiscalización a extremos adicionales de acuerdo con las bases de 
ejecución de sus presupuestos, dando así cumplimiento al artículo 219.2 del TRLRHL. Ninguna 
de estas entidades realizó la fiscalización plena posterior prevista en el artículo 219.3 del 
TRLRHL. 
26. El  control  interno,  además  de  por  la  función  interventora,  está  integrado  por  un  control 
financiero posterior. Este control, exigido en el artículo 220 del TRLRHL, únicamente fue 
desarrollado en el periodo fiscalizado por los Ayuntamientos de Guadalajara, Villarrobledo y La 
Solana. 
Las otras catorce entidades36 no llevaron a cabo actuaciones de control financiero, lo que 
conlleva un sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la 
actuación de la entidad. Esta situación de debilidad en el control interno fue más significativa en 
los Ayuntamientos de Illescas y Daimiel, en tanto en estas entidades se llevaba a cabo una  es
fiscalización previa limitada en la que solamente se comprobaba la adecuación y suficiencia del  o
crédito y la competencia del órgano que generaba el gasto.  w.
3  6   D  i p u  t a c  i ó n    P  r o  v i n c  i a l   d  e    C  iu  d a  d     Real y Ayuntamientos de Puertollano, Illescas, Manzanares, Daimiel,   Miguelturra,
Criptana, Torrijos, Alovera, El Casar, Madridejos, Ocaña, Villarrubia de los Ojos y Bargas.
 
 
27. En relación con la fiscalización de los ingresos, solo tres de las diecisiete entidades analizadas 
comunicaron la adopción de acuerdos, con vigencia en 2016, para sustituir su fiscalización 
previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones complementarias 
posteriores,  en  aplicación  del  artículo  219.4  del  TRLRHL.  Son  los  Ayuntamientos  de 
Villarrobledo, Illescas y Torrijos, ninguno de los cuales realizó las actuaciones comprobatorias 
sustitutorias que prevé el mismo precepto, lo que supone un incumplimiento del artículo 219.4 
del TRLRHL que exige la realización de actuaciones posteriores, además de un sistema de 
control interno insuficiente; situación que se ve agravada en tanto ninguno de ellos llevaron a 
cabo el ejercicio del control financiero. 
28. situación que se ve agravada en los Ayuntamientos de Illescas y Torrijos, en tanto no llevaron a 
cabo el ejercicio del control financiero. 
29. En cinco de las diecisiete entidades analizados –Ayuntamientos de Guadalajara, Illescas, 
Manzanares, Bargas y Diputación Provincial de Ciudad Real-, el órgano de Intervención tenía 
encomendadas, además de las funciones que le son propias, tareas relativas a la gestión 
económica y presupuestaria, lo que implica una merma sobre la autonomía y objetividad que se 
requieren en el ejercicio de las funciones de control interno y fiscalización. En ocasiones, el 
desarrollo  de  tales  funciones  supone  el  ejercicio  de  tareas  incompatibles  entre  sí, 
especialmente en el caso de Guadalajara, en el que el órgano de Intervención asumía la 
función de contabilidad, contraviniendo el artículo 133 de la LRBRL, en tanto este Ayuntamiento 
tiene la consideración de municipio de gran población. 
30. Únicamente cuatro de las diecisiete entidades tenían provisto el puesto de Intervención de 
manera  definitiva  a  31  de  diciembre  de  2016  (Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real  y 
Ayuntamientos de Guadalajara, Villarrobledo y El Casar), todos ellos a través de concurso. En 
octubre de 2018 esta situación se mantuvo en todas las entidades citadas y además se proveyó 
en el Ayuntamiento de Alovera. 
31. En el 76% de entidades (13) la forma de provisión de la plaza de Interventor resultó no definitiva 
a 31 de diciembre de 2016, reduciéndose este porcentaje al 71% (12) en octubre de 2018 con 
el siguiente detalle: 
En el 38% de las entidades con nombramiento no definitivo, la forma de cobertura del puesto a 
31 de diciembre de 2016 era accidental -Ayuntamientos de Manzanares, Daimiel, La Solana, 
Ocaña y Villarrubia de los Ojos-. La situación se mantuvo en octubre de 2018 en todas estas 
entidades excepto en Villarrubia de los Ojos, que pasó a cubrirse mediante acumulación. 
Además, en Torrijos, que en 2016 estaba en acumulación, pasó a cubrirse de forma accidental. 
En el 31% de entidades con forma no definitiva de provisión a la finalización de 2016, la plaza 
de Intervención estaba cubierta de forma provisional –Ayuntamientos de Puertollano, Campo de 
Criptana, Alovera y Madridejos-. En octubre de 2018 el porcentaje de entidades con esta forma 
de provisión descendió al 17% -Ayuntamientos de Illescas y Madridejos-. 
La forma de provisión mediante acumulación de funciones se utilizó en 2016 por el 23% de 
entidades  –Ayuntamientos  de  Miguelturra,  Torrijos  y  Bargas-  y  en  2018  se  mantenía  en 
Miguelturra y Bargas y, además, se empleó para cubrir el puesto de Intervención de Villarrubia 
de los Ojos, que anteriormente tenía un interventor accidental. Esta forma de provisión supone 
que el Interventor ha de atender las funciones de control interno en entidades adicionales a  es
aquella en la que las desempeña con carácter principal.  o
Por último, en Illescas la plaza se cubrió en 2016 mediante una comisión de servicios, figura  095ww
utilizada en octubre de 2018 en el Ayuntamiento de Puertollano.
32. Las entidades no hicieron uso del concurso ordinario para la provisión de las plazas vacantes 
reservadas a funcionarios con habilitación nacional, favoreciéndose la ocupación de estos 
puestos mediante nombramientos no definitivos, y produciéndose, por dilatados periodos de 
tiempo, su cobertura a través de nombramientos accidentales, los cuales, están previstos en la 
ley únicamente para casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.  
33. Cuatro de los diecisiete ayuntamientos fiscalizados –Villarrobledo, El Casar, Madridejos y 
Ocaña– carecían durante el periodo fiscalizado de una relación de puestos de trabajo (RPT) 
aprobada por el Pleno, incumpliendo la obligación establecida en el artículo 74 del EBEP y en el 
artículo 90.2 de la LRBRL en relación con el 22 del mismo texto legal. El Ayuntamiento de 
Madridejos aprobó su RPT en abril de 2018. 
34. Del examen de la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de Intervención de 
las diecisiete entidades de la muestra se ha deducido una carencia de medios personales 
debidamente cualificados con el siguiente detalle: 
  Por lo que se refiere a las entidades que gestionaron obligaciones de más de 20 
millones de euros –la Diputación Provincial de Ciudad Real y los Ayuntamientos de 
Guadalajara,  Puertollano,  Illescas  y  Villarrobledo-,  las  Intervenciones  de  los 
Ayuntamientos de Puertollano e Illescas no disponían de personal técnico en el órgano 
de Intervención además del puesto reservado a FHN (el 40% de las entidades de este 
tramo de obligaciones). 
Respecto  del  personal  administrativo  adscrito  al  órgano  de  Intervención  de  estas 
entidades –con ORN de más de 20 millones de euros-, la media era de 7,6 funcionarios, 
si bien en el Ayuntamiento de Guadalajara solo existía un auxiliar.  
  De las doce entidades con un volumen de ORN inferior a 20 millones de euros, el 67% 
no  contó  con  la  asistencia  de  personal  técnico  en  el  órgano  de  Intervención, 
(Ayuntamientos  de  Miguelturra,  Campo  de  Criptana,  Torrijos,  Alovera,  Madridejos, 
Ocaña,  Villarrubia  de  los  Ojos  y  Bargas),  si  bien,  todos  disponían  de  personal 
administrativo o auxiliar de apoyo, siendo la media de este personal de 3,1. 
   
 
 
 RECOMENDACIONES 
En anteriores Informes del Tribunal de Cuentas sobre esta materia se han formulado diversas 
recomendaciones con la finalidad de contribuir a superar las deficiencias puestas de manifiesto y a 
mejorar la gestión, organización, transparencia y control de las entidades locales. 
Con posterioridad, se ha producido la aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local, el 
cual prevé diferentes medidas para subsanar las carencias en el ámbito que regula, por lo que, sin 
perjuicio de ir valorando su implementación, se han suprimido algunas de las recomendaciones de 
Informes anteriores en tanto su contenido se recoge en el mencionado Real Decreto. 
Así, las recomendaciones que este Tribunal formula en relación con la materia analizada, son las 
siguientes: 
1.  Se recomienda a los órganos de Intervención que, en el caso de no haberse producido ninguna 
de las incidencias enumeradas en el artículo 218.1, eleven al Pleno una nota informando de 
esta circunstancia, de forma análoga a la comunicación que se realiza a este Tribunal de 
Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción, del Tribunal de Cuentas que regula 
la remisión telemática de esta información (Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015), de 
esta forma, el Pleno tendría conocimiento expreso de la situación acontecida en relación con 
los acuerdos contrarios a reparos. 
2.  Habrían de establecerse las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos 
suficiente de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de las 
entidades locales, cuya selección corresponde a la Administración General del Estado.  
3.  La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería impulsar la celebración anual de los 
correspondientes concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las Corporaciones Locales 
siempre que no tengan su plaza cubierta de forma definitiva, estableciéndose los mecanismos 
que aseguren la cobertura ordinaria y efectiva de los puestos reservados a funcionarios con 
habitación nacional, restringiendo los nombramientos accidentales, los puestos vacantes y la 
ocupación  por  funcionarios  interinos  o  por  funcionarios  con  habilitación  nacional  por 
acumulación, a los casos en los que, de manera debidamente justificada y atendiendo a los 
requisitos legalmente previstos, los puestos no hubieran podido cubrirse de manera ordinaria, lo 
que redundará en el afianzamiento del control interno.  
4.  Las entidades locales deberían evitar tanto la acumulación de funciones de intervención en un 
único puesto como el desempeño de funciones adicionales a las de control interno, que 
incrementen  significativamente  la  carga  de  trabajo  o  que  resulten  incompatibles  con  las 
funciones ordinariamente asignadas a los órganos de Intervención.  
5.  Deberían establecerse por las entidades locales procedimientos de gestión en relación con los 
gastos de menor cuantía. En caso de que estos sean tramitados a través de contratos menores, 
el órgano responsable del gasto, una vez que se acuerde la realización del mismo, debería 
tramitar la correspondiente propuesta de retención de crédito validada por Intervención, de 
forma que se evite la falta de consignación presupuestaria cuando se genere la obligación. 
Asimismo, las Bases de Ejecución del presupuesto deberían prever mecanismos de gestión de 
los gastos de menor cuantía para los que no se considere conveniente la celebración de un  e.
contrato  menor,  pudiendo  materializar  aquéllos  a  través  de  pagos  a  justificar,  con  las  w.b
condiciones y cuantías mínimas que las entidades consideren operativas  095ww
6.  eLla isn iecnioti ddaed leas t rlaomcaitlaecsi ódne bdeer ílaons  iemxppleadniteanrt epsro dcee dciomniternattoasc iódne  cgoens teiól nti eamdepcou saudfoicsi eqnutee  pgaarraa netviciteanr   OE-A-2021-14able en https://
la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de la expiración del 
término de contratos previos.  
7.  Las  entidades  locales  deberían  identificar  las  causas  estructurales  y  organizativas  y  las 
prácticas de gestión que, amparándose en la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto de 
la  Administración,  originan  recurrentemente,  mediante  la  aplicación  del  procedimiento  de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de 
gastos  de  ejercicios  anteriores  -o  incluso  del  propio  ejercicio-,  derivados  de  actos 
administrativos en los que concurren causas de nulidad, al objeto de que puedan adoptarse las 
medidas  para  remover  los  obstáculos  que  las  ocasionan  y,  en  su  caso,  exigirse  las 
responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos. 
8.  Por último, se recomienda la revisión normativa de la figura del reconocimiento extrajudicial de 
crédito en el marco presupuestario actual, emanado de las leyes General Presupuestaria y de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos 
excepcionales  en  los  que  puede  ser  aplicado.  Todo  ello  contribuiría  a  clarificar  las 
consecuencias administrativas, presupuestarias y económicas de autorizar gastos sin crédito 
presupuestario y, por consiguiente, impediría la utilización del reconocimiento extrajudicial de 
crédito como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos que no 
está admitida en nuestro ordenamiento. 
 
Madrid 30 de abril de 2019 
LA PRESIDENTA 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle
 
ANEXOS 
RELACION DE ANEXOS 
Anexo  I.  Entidades que, en fecha de 19 de marzo de 2019, no han rendido 
la Cuenta General del ejercicio 2016  y/o 2017 al Tribunal de 
Cuentas 
Anexo  II.  Entidades  que,  en  fecha  de  8  de  enero  de  2019,  no  habían 
remitido al Tribunal de Cuentas la información establecida en el 
artículo 218.3 del TRLRHL, referidas al ejercicio 2016 
Anexo  III.  Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos 
Anexo  IV.  Entidades  que  han  remitido  expedientes  con  omisión  de  la 
fiscalización previa 
Anexo  V.  Entidades que han remitido anomalías de ingresos 
ANEXO I
Entidades que, en fecha de 9 de abril de 2019, no han rendido la Cuenta General 
del ejercicio 2016 y/o 2017 al Tribunal de Cuentas
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
Albacete  Ayuntamientos  Barrax  1.872  - X
Chinchilla de Monte-Aragón  4.172  X  X
Corral-Rubio  342  - X
El Bonillo  2.889  X  X
Férez  678  - X
Fuensanta 310 X X
Higueruela  1.222  X  X
Molinicos 893 X X
Peñas de San Pedro  1.428  X  X
Povedilla 463 X X
Riópar  1.410  X  X
Robledo 390 X X
Vianos  368  X  X
Villalgordo del Júcar  1.125  - X
Villarrobledo  25.589  X  X
Villavaliente 234 X X
Mancomunidades  Mancha-Centro  - X X
Montearagón - X X
Pedralta  - -  X
Servicios Almenara  - -  X
Servicios Campo de Montiel  - X X
Servicios El Bonillo y Munera  - X X
Sierra del Segura  - X X
Ciudad Real  Ayuntamientos  Abenójar 1.438 - X
Albaladejo  1.235  X  X
Alcoba 614 X X oe.
Arenales de San Gregorio  622  - X 095ww
Cabezarados 325 X X
Cañada de Calatrava  99  X  X
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
      Castellar de Santiago  2.006  X  X 
      Corral de Calatrava  1.134  X  X 
      Cózar  1.062  X  - 
      El Robledo  1.111  -  X 
      Los Pozuelos de Calatrava  400  X  X 
      Manzanares  18.206  -  X 
      Puebla de Don Rodrigo  1.213  -  X 
      Puebla del Príncipe  729  -  X 
      San Carlos del Valle  1.170  X  X 
      Solana del Pino  342  X  X 
      Valenzuela de Calatrava  708  X  X 
      Villamayor de Calatrava  640  X  X 
      Villanueva de San Carlos  306  X  X 
Entidades  Locales 
   El Hoyo  -  X  X 
Menores 
      El Torno  -  -  X 
   Mancomunidades  Almagro y Bolaños  -  X  X 
      Cabañeros  -  X  X 
      Intermunicipal Servicios Guadiana  -  X  - 
      Jabalón (MANSERJA)  -  X  X 
      La Mancha  -  X  X 
      Pueblos de los Montes  -  X  X 
Ríos  Esteras,  Valdeazogues  y 
      -  X  X 
Alcudia 
Servicios  Acuífero  24 
      -  X  X 
(MANCUIFER 24) 
Servicios Valle de Alcudia y Sierra 
      -  X  X 
Madrona 
      Servicios Valle del Bullaque  -  X  es
  o
Tierra de Caballeros y Tablas de  w.
      Daimiel  -  X  X  095ww
      Vallehermoso  -  X  X
  Bc
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
Cuenca  Ayuntamientos  Abia de la Obispalía  77  X  X 
      Albendea  130  -  X 
      Alcalá de la Vega  90  -  X 
      Alcantud  60  -  X 
      Alconchel de la Estrella  106  X  X 
      Almodóvar del Pinar  421  -  X 
      Almonacid del Marquesado  451  X  X 
      Altarejos  226  X  X 
      Arandilla del Arroyo  13  -  X 
      Barajas de Melo  913  -  X 
      Bascuñana de San Pedro  22  -  X 
      Beteta  277  -  X 
      Buenache de la Sierra  98  X  X 
      Campillos-Paravientos  115  -  X 
      Canalejas del Arroyo  261  X  X 
      Cañada del Hoyo  254  -  X 
      Cañamares  467  -  X 
      Cañaveruelas  143  -  X 
      Carboneras de Guadazaón  827  X  X 
      Cardenete  501  -  X 
      Carrascosa de Haro  115  -  X 
      Casas de Guijarro  112  X  X 
      Castejón  166  -  X 
      Chillarón de Cuenca  557  X  - 
      Chumillas  54  -  X 
      El Cañavate  155  X  X 
      El Hito  163  X  X  e
      El Pozuelo  57  X  X  095www.
      Enguídanos  331  -  X
      Fresneda de Altarejos  52  X  X
  Bc
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
      Fuentelespino de Haro  249  -  X 
      Fuentelespino de Moya  107  -  X 
      Fuertescusa  70  -  X 
      Henarejos  153  -  X 
      Honrubia  1.623  X  X 
      Hontanaya  290  -  X 
      Huelves  54  -  X 
      Huérguina  56  X  X 
      Huerta de la Obispalía  128  X  X 
      La Frontera  158  X  X 
      La Parra de las Vegas  45  X  X 
      La Peraleja  104  X  X 
      Las Majadas  277  X  X 
      Las Valeras  1.547  -  X 
      Leganiel  182  -  X 
      Minglanilla  2.232  -  X 
      Monreal del Llano  69  -  X 
      Montalbanejo  109  X  X 
      Monteagudo de las Salinas  133  X  X 
      Mota de Altarejos  35  X  X 
      Narboneta  49  -  X 
      Olmedilla de Alarcón  164  X  X 
      Pajarón  84  X  X 
      Palomera  167  X  X 
      Piqueras del Castillo  61  X  X 
      Portalrubio de Guadamejud  28  X  X 
      Portilla  74  X  X  e
      Poyatos  62  -  X  095www.
      Pozoamargo  302  -  X
      Pozorrubielos de la Mancha  204  X  -
  Bc
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
      Priego  973  X  X 
      Puebla de Almenara  351  -  X 
      Rada de Haro  47  X  X 
      Reíllo  105  -  X 
      Saceda-Trasierra  44  -  X 
      Saelices  547  X  X 
      San Lorenzo de la Parrilla  1.105  X  X 
      San Pedro Palmiches  57  -  X 
      Tarancón  14.834  -  X 
      Tejadillos  131  X  X 
      Torralba  126  -  X 
      Torrejoncillo del Rey  394  -  X 
      Torrubia del Castillo  40  -  X 
      Tragacete  267  X  X 
      Uclés  225  X  X 
      Valdemoro-Sierra  120  X  X 
      Valdetórtola  140  -  X 
      Valhermoso de la Fuente  49  X  X 
      Vellisca  108  X  X 
      Villaescusa de Haro  508  X  X 
      Villagarcía del Llano  774  X  - 
      Villalgordo del Marquesado  87  X  X 
      Villamayor de Santiago  2.628  -  X 
      Villanueva de Guadamejud  75  X  X 
      Villanueva de la Jara  2.259  -  X 
      Villar de Domingo García  216  -  X 
      Villar de la Encina  169  -  X  e
      Villar del Humo  218  X  X  095www.
      Villar del Infantado  42  -  X
      Villarejo-Periesteban  392  -  X
  Bc
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
      Villarta  829  -  X 
      Víllora  138  X  X 
      Vindel  11  X  X 
      Yémeda  22  X  X 
      Zafra de Záncara  133  X  X 
      Zafrilla  67  X  X 
      Zarza de Tajo  261  X  X 
Entidades  Locales 
   Castillejo del Romeral  -  -  X 
Menores 
      Ribatajada  -  -  X 
   Villar del Saz de Arcas  -  X  X 
 
   Mancomunidades  Alta Serranía de Cuenca  -  X  X 
      Alto Guadiela  -  X  X 
      Campisierra  -  X  - 
      Concamanchuela  -  X  X 
de  servicios  de  depuración  de 
      -  X  X 
aguas de Arcas y Villar de Olalla 
      El Girasol  -  X  X 
      El Puerto  -  -  X 
      Encomienda del Belvalle  -  -  X 
      Ibalesa  -  -  X 
      Informancha  -  X  X 
      Intermunicipal Del Gigüela  -  X  X 
Intermunicipal  Entredicho  La 
      -  X  X 
Serrezuela 
      Intermunicipal La Montesina  -  X  X 
      Intermunicipal Los Mimbrales  -  X  X 
Intermunicipal  Vega  del 
      Guadazaón  -  X  X  es
      Llanos de La Laguna  -  X  X  w.
      MCuaennccoam unidad  Cinco  Villas  de  -  -  X
  Bc
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
      Medio-Ambiental El Riato  -  X  X 
      Pastos de La Sierra de Cuenca  -  -  X 
      Río Júcar  -  -  X 
      San Isidro  -  X  - 
      Servicios Alta Manchuela  -  X  X 
      Servicios La Atalaya  -  X  X 
      Servicios La Grajuela  -  -  X 
      Servicios Las Lomas  -  -  X 
      Servicios Manchuela Conquense  -  X  X 
      Sierra de Cuenca  -  X  X 
Turismo  Rural  de  Beteta  y  su 
      -  X  X 
Comarca 
      Villas de la Alcarria Conquense  -  X  X 
      Záncara  -  X  X 
Agrupación  de  Comunidad  Real  Señorío  de 
Guadalajara  -  X  X 
municipios  Molina y su Tierra 
   Ayuntamientos  Abánades  55  -  X 
      Albalate de Zorita  957  X  X 
      Alique  18  -  X 
      Anguita  186  X  X 
      Argecilla  65  -  X 
      Armallones  51  X  X 
      Armuña de Tajuña  234  -  X 
      Atanzón  83  X  X 
      Baides  63  X  X 
      Brihuega  2.465  -  X 
      Budia  214  -  X 
      Campillo de Ranas  157  -  X  e
      Canredondo  75  -  X  095www.
      Caspueñas  88  -  X
      Castejón de Henares  67  X  X
  Bc
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
      Castilforte  56  -  X 
      Checa  287  X  X 
      Chequilla  16  X  X 
      Chillarón del Rey  110  X  X 
      Cincovillas  22  -  X 
      Ciruelos del Pinar  31  X  X 
      Cogolludo  581  -  X 
      Durón  114  -  X 
      El Recuenco  73  X  X 
      Escamilla  58  -  X 
      Escariche  175  -  X 
      Escopete  53  -  X 
      Esplegares  42  -  X 
      Fuentelsaz  104  X  X 
      Hortezuela de Océn  50  X  X 
      Huertahernando  55  -  X 
      Hueva  142  -  X 
      Iniéstola  24  X  X 
      Irueste  74  -  X 
      Ledanca  104  -  X 
      Majaelrayo  60  X  X 
      Mandayona  326  X  X 
      Mantiel  41  -  X 
      Mazuecos  289  X  X 
      Millana  110  -  X 
      Moratilla de los Meleros  103  -  X 
      Muduex  107  -  X  e
      Puebla de Valles  64  -  X  095www.
      Renera  91  -  X
      Riba de Saelices  103  X  X
  Bc
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
      Sacecorbo  93  -  X 
      Sacedón  1.572  X  X 
      Saelices de la Sal  55  X  X 
      Sotodosos  38  X  X 
      Tamajón  124  -  X 
      Torija  1.373  X  X 
      Tortuero  18  X  X 
      Valdeconcha  40  X  X 
      Villanueva de Alcorón  172  -  X 
      Villaseca de Henares  34  X  X 
      Yélamos de Abajo  64  -  X 
      Zaorejas  131  X  X 
      Zarzuela de Jadraque  39  -  X 
Entidades  Locales 
   Aragosa  -  X  X 
Menores 
      Bochones  -  -  X 
      Cendejas del Padrastro  -  -  X 
      La Loma  -  X  X 
      Malacuera  -  X  X 
      Moranchel  -  -  X 
      Razbona  -  X  X 
      Tordelloso  -  -  X 
   Mancomunidades  Aguas del Sorbe (MAS)  -  X  X 
      Aguas La Muela  -  -  X 
      El Berral  -  X  X 
      Entrepeñas  -  X  X 
      Intermunicipal Tajo-Guadiela  -  X  X 
      La Sierra  -  X  X  o
      La Torrecilla  -  -  X  095ww
      Servicios Aguas de Bornova  -  X  X
  Bc
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
Servicios Culturales y Deportivos 
      -  X  X 
La Campiña 
      Servicios del Ocejón  -  X  X 
Toledo  Ayuntamientos  Almonacid de Toledo  814  -  X 
      Añover de Tajo  5.148  -  X 
      Borox  3.614  X  X 
      Cazalegas  1.764  X  X 
      Domingo Pérez  417  -  X 
      El Campillo de la Jara  390  X  X 
      El Romeral  641  X  X 
      El Viso de San Juan  4.207  X  X 
      Fuensalida  10.976  -  X 
      Illán de Vacas  6  X  X 
      La Estrella  250  X  X 
      La Nava de Ricomalillo  570  X  X 
      Las Ventas de Retamosa  3.266  -  X 
      Malpica de Tajo  1.802  -  X 
      Ocaña  10.489  X  X 
      Palomeque  876  X  X 
      Quintanar de la Orden  10.926  -  X 
      San Martín de Pusa  712  X  X 
      Santa Ana de Pusa  397  -  X 
      Segurilla  1.345  -  X 
      Seseña  22.027  X  X 
      Torrecilla de la Jara  238  -  X 
      Villatobas  2.407  -  X 
Entidades  Locales 
   Alberche del Caudillo  -  X  X  s
Menores  e
      Bernuy  -  X  X  095www.
      Buenasbodas  -  X  X
      Las Vegas  -  -  X
  Bc
 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
      Talavera la Nueva  -  X  X 
Abastecimiento  de  Agua  de 
   Mancomunidades  -  X  X 
Segurilla y Cervera de los Montes 
      Aguas del Río Algodor  -  X  X 
      CASTILLO DE BARCIENCE  -  X  X 
      Industrial de Orgaz y Sonseca  -  X  X 
Intermunicipal La Sierra de San 
      -  X  - 
Vicente 
      Intermunicipal Río Alberche  -  X  X 
      Intermunicipal Río Tajo  -  -  X 
Nombela,  Aldeaencabo  de 
      -  X  X 
Escalona y Paredes de Escalona 
      Río Frío  -  X  X 
      Río Pusa  -  -  X 
      Sagra Alta  -  X  X 
Servicios Arroyo del Conde Polán-
      -  -  X 
Guadamur 
      Servicios Garciolis  -  -  X 
      Servicios Gévalo  -  X  X 
      Servicios Río Guajaraz  -  X  X 
      Servicios Toledo-Norte  -  -  X 
      Via Verde de la Jara  -  X  X 
 
 
  Bc
ANEXO II
Entidades que, en fecha de 8 de enero de 2019, no habían remitido al Tribunal de 
Cuentas la información establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, referidas al 
ejercicio 2016
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
Albacete  Ayuntamientos  Abengibre 
Albatana
Alpera 
Ayna
Balazote 
Balsa de Ves 
Barrax 
Bonete
Casas de Lázaro 
Corral-Rubio
El Ballestero 
Férez
Fuentealamo 
Hoya Gonzalo 
Jorquera 
La Gineta 
Letur 
Molinicos
Munera 
Pétrola
Riópar 
Robledo
Vianos 
Villa de Ves 
Villamalea  s
Villarrobledo bo
VViillllaatvoayliae nte 2021-14095n https://ww
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
Villaverde de Guadalimar   
   
Viveros   
   
Entidad local menor  Aguas Nuevas  Albacete 
 
Mancomunidades  Desarrollo de La Manchuela  Fuentealbilla 
 
   Grupo Fao  Fuente-Álamo 
 
   Mancha-Centro  Villarrobledo 
 
   Montearagón  Pétrola 
 
   Pedralta  Minaya 
 
   Servicios Almenara  Balazote 
 
   Servicios Campo de Montiel  Munera 
 
   Servicios El Bonillo y Munera  Munera 
 
   Sierra del Segura  Elche de la Sierra 
 
Ciudad Real  Ayuntamientos  Abenójar 
 
Albaladejo    
   
Alcoba 
     
Alcubillas    
   
Arenas de San Juan 
     
Cabezarados    
   
Calzada de Calatrava 
     
Chillón    
   
Corral de Calatrava 
     
Cózar    
   
Fuenllana 
     
Granátula de Calatrava    
   
Guadalmez 
     
Horcajo de los Montes    
   
Los Cortijos 
      e
Navalpino     o
    Navas de Estena  095www.
    Puebla del Príncipe    
  
  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
San Lorenzo de Calatrava 
     
Terrinches    
   
Torrenueva 
     
Valdemanco del Esteras    
   
Entidades  Locales 
El Hoyo  Mestanza 
Menores 
 
   El Torno  Porzuna 
 
Mancomunidades  Almagro y Bolaños  Almagro 
 
   Cabañeros  Horcajo de los Montes 
 
   Jabalón (MANSERJA)  Valdepeñas 
 
   La Mancha  Solana, La 
 
   Pueblos de los Montes  Alcoba 
 
   Ríos Esteras, Valdeazogues y Alcudia  Almadén 
 
   Servicios Estados del Duque  Malagón 
 
Servicios  Valle  de  Alcudia  y  Sierra 
   Almodóvar del Campo 
Madrona 
 
   Servicios Valle del Bullaque  Luciana 
 
Tierra  de  Caballeros  y  Tablas  de 
   Almagro 
Daimiel 
 
   Vallehermoso  Alhambra 
 
Cuenca  Ayuntamientos  Abia de la Obispalía    
      Alarcón 
 
      Alcohujate    
      Almendros 
 
      Almonacid del Marquesado    
      Altarejos 
 
      Arandilla del Arroyo    
      Arcos de la Sierra 
 
      Barchín del Hoyo     e
      Beamud    095www.
      Belinchón   
      Buenache de la Sierra  
  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
      Campillos-Paravientos    
      Canalejas del Arroyo 
 
      Cañamares    
      Cañaveruelas 
 
      Cañizares    
      Carboneras de Guadazaón 
 
      Casas de Benítez    
      Casas de Haro 
 
      Casas de los Pinos    
      Castejón 
 
      Castillejo-Sierra    
      Cervera del Llano 
 
      Chillarón de Cuenca    
      Chumillas 
 
      El Cañavate    
      El Hito 
 
      El Peral    
      El Provencio 
 
      El Valle de Altomira    
      Enguídanos 
 
      Fresneda de Altarejos    
      Fresneda de la Sierra 
 
      Fuentelespino de Haro    
      Fuentelespino de Moya 
 
      Fuentenava de Jábaga    
      Fuertescusa 
 
      Garaballa    
      Graja de Campalbo  o
      Henarejos      095www.
      Huélamo

  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
      Huelves    
      Huerta de la Obispalía 
 
      La Almarcha    
      La Cierva 
 
      La Frontera    
      La Parra de las Vegas 
 
      La Peraleja    
      La Pesquera 
 
      Las Majadas    
      Leganiel 
 
      Los Hinojosos    
      Minglanilla 
 
      Monteagudo de las Salinas    
      Mota de Altarejos 
 
      Olmeda del Rey    
      Pajarón 
 
      Palomares del Campo    
      Palomera 
 
      Paracuellos    
      Piqueras del Castillo 
 
      Portalrubio de Guadamejud    
      Portilla 
 
      Pozorrubielos de la Mancha    
      Priego 
 
      Puebla de Almenara    
      Puebla del Salvador 
 
      Reíllo    
      Saceda-Trasierra  o
      Saelices      095www.
      Salmeroncillos

  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
      San Pedro Palmiches    
      Solera de Gabaldón 
 
      Sotorribas    
      Talayuelas 
 
      Tébar    
      Tresjuncos 
 
      Uclés    
      Uña 
 
      Valdemoro-Sierra    
      Valdetórtola 
 
      Valhermoso de la Fuente    
      Valverde de Júcar 
 
      Valverdejo    
      Vega del Codorno 
 
      Vellisca    
      Villaescusa de Haro 
 
      Villagarcía del Llano    
      Villalba de la Sierra 
 
      Villalpardo    
      Villamayor de Santiago 
 
      Villanueva de Guadamejud    
      Villar del Humo 
 
      Villar del Infantado    
      Villar y Velasco 
 
      Villarejo-Periesteban    
      Villarrubio 
 
      Yémeda    
      Zarza de Tajo  o
      Zarzuela      095www.
Entidades  Locales  Castillejo del Romeral  Huete
  Menores
  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
   Ribatajada  Cuenca 
 
   Villar del Saz de Arcas  Arcas del Villar 
 
Mancomunidades  Alta Serranía de Cuenca  Beteta 
 
   Campisierra  Villalba de la Sierra 
 
   Concamanchuela  Villanueva de la Jara 
 
de servicios de depuración de aguas de 
   Arcas del Villar 
Arcas y Villar de Olalla 
 
   El Girasol  Tarancón 
 
   El Puerto  Cañaveras 
 
   Informancha  Villamayor de Santiago 
 
   Intermunicipal Del Gigüela  Torrejoncillo del Rey 
 
   Intermunicipal Entredicho La Serrezuela  Valsalobre 
 
   Intermunicipal La Montesina  Villar de la Encina 
 
   Intermunicipal Los Mimbrales  Priego 
 
   Intermunicipal Los Serranos  Salvacañete 
 
Carboneras  de 
   Intermunicipal Vega del Guadazaón 
Guadazaón 
 
   La Sierra Baja  Landete 
 
   Llanos de La Laguna  Montalbo 
 
   Medio-Ambiental El Riato  Quintanar del Rey 
 
   Pastos de La Sierra de Cuenca  Cuenca 
 
   Río Guadiela  Villalba del Rey 
 
   San Isidro  Honrubia 
 
   Servicios La Alcarria de Cuenca  Buendía 
 
   Servicios La Atalaya  Barajas de Melo 
 
   Servicios Las Lomas  Villares del Saz 
 
   Servicios Manchuela Conquense  Motilla del Palancar 
 
   Turismo Rural de Beteta y su Comarca  Cañizares 
  e
Villanueva  de  o
     Villas de la Alcarria Conquense  Guadamejud  095www.b
Guadalajara  Ayuntamientos  Alarilla  
      Algar de Mesa   
  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
      Algora 
 
      Alique    
      Almadrones 
 
      Anguita    
      Aranzueque 
 
      Argecilla    
      Armuña de Tajuña 
 
      Baides    
      Brihuega 
 
      Checa    
      Chequilla 
 
      Chillarón del Rey    
      Ciruelos del Pinar 
 
      Durón    
      El Olivar 
 
      Escariche    
      Escopete 
 
      Hortezuela de Océn    
      Huérmeces del Cerro 
 
      Hueva    
      Iniéstola 
 
      Jadraque    
      Ledanca 
 
      Málaga del Fresno    
      Malaguilla 
 
      Mandayona    
      Mantiel 
  e
      Mirabueno     o
      Mohernando  095ww
      Muduex    
  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
      Pastrana 
 
      Pinilla de Jadraque    
      Quer 
 
      Renera    
      Riba de Saelices 
 
      Robledo de Corpes    
      Saelices de la Sal 
 
      San Andrés del Congosto    
      San Andrés del Rey 
 
      Sigüenza    
      Sotodosos 
 
      Torija    
      Torremocha de Jadraque 
 
      Trijueque    
      Trillo 
 
      Viana de Jadraque    
      Villanueva de Alcorón 
 
      Villaseca de Henares    
      Yélamos de Arriba 
 
      Zarzuela de Jadraque    
Entidades  Locales 
   Aragosa  Mandayona 
Menores 
      Bochones  Atienza 
      La Loma  Riba de Saelices 
      Malacuera  Brihuega 
      Moranchel  Cifuentes 
      Razbona  Humanes 
      Romancos  Brihuega  e
      Tordelloso  Miñosa, La  095www.
   Mancomunidades  Aguas del Sorbe (MAS)  Guadalajara
      Alto Rey  Hiendelaencina
  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
      Campiña Baja  Casar, El 
      La Sierra  Alcoroches 
      Servicios Aguas de Bornova  Jadraque 
Servicios  Culturales  y  Deportivos  La 
      Alovera 
Campiña 
      Servicios del Ocejón  Campillo de Ranas 
Toledo  Ayuntamientos  Albarreal de Tajo    
      Alcañizo 
 
      Aldea en Cabo    
      Barcience 
 
      Belvís de la Jara    
      Buenaventura 
 
      Burguillos de Toledo    
      Cabezamesada 
 
      Carranque    
      Cazalegas 
 
      Domingo Pérez    
      El Campillo de la Jara 
 
      El Real de San Vicente    
      El Romeral 
 
      Escalonilla    
      Gálvez 
 
      Hormigos    
      Huecas 
 
      Illán de Vacas    
      La Estrella 
 
      Lucillos    
      Malpica de Tajo  e
  o
      Manzaneque     095www.
      Marrupe  
      Mascaraque   
  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
      Montesclaros 
 
      Nambroca    
      Noblejas 
 
      Noez    
      Ontígola 
 
      Orgaz    
      Palomeque 
 
      Puerto de San Vicente    
      San Bartolomé de las Abiertas 
      San Martín de Montalbán    
      San Martín de Pusa 
 
      Santa Olalla    
      Valmojado 
 
      Villamuelas    
      Villasequilla 
 
      Yuncler    
Entidades  Locales 
   Alberche del Caudillo  Calera y Chozas 
Menores 
      Bernuy  Malpica de Tajo 
      El Casar de Talavera  Talavera de la Reina 
      Las Vegas  Pueblanueva, La 
      Rinconada  Puebla de Montalbán, La 
      Talavera la Nueva  Talavera de la Reina 
Abastecimiento de Agua de Segurilla y 
   Mancomunidades  Segurilla 
Cervera de los Montes 
      Aguas del Río Algodor  Villacañas 
      Cabeza del Torcón  Menasalbas 
      Castillo de Barcience  Torrijos 
      Industrial de Orgaz y Sonseca  Sonseca  o
      Intermunicipal La Milagra  Navahermosa  095ww
      Intermunicipal La Sierra de San Vicente  Navamorcuende
  Bc
 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Municipio 
      Intermunicipal Río Alberche  Santa Olalla 
Nombela, Aldeaencabo de Escalona y 
      Nombela 
Paredes de Escalona 
Aldeanueva  de  San 
      Río Frío 
Bartolomé 
      Río Pusa  San Martín de Pusa 
      Sagra Alta  Illescas 
Servicios  Arroyo  del  Conde  Polán-
      Guadamur 
Guadamur 
      Servicios Garciolis  Santa Cruz de la Zarza 
      Servicios Gévalo  Belvís de la Jara 
      Via Verde de la Jara  Campillo de la Jara, El 
 
 
 
 
 
  Bc
ANEXO III
Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos
Número de 
acuerdos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Importe 
contrarios a 
reparos 
Diputación 
Albacete  Albacete - 67 3.803.558 
Provincial 
Ayuntamientos  Albacete 172.426  100  13.723.706
Almansa  24.800  25  7.882.225 
Casas-Ibáñez 4.555  4  106.205
Caudete  10.115  17  389.565 
Chinchilla de Monte-Aragón  4.172  1  200 
El Bonillo  2.889  11  15.444 
Hellín 30.419  38  6.023.947
La Roda  15.748  2  22.441 
Ontur 2.111  5  15.245
Povedilla  463  8  87.914 
Yeste 2.818  1298  1.729.210
Ciudad 
Ayuntamientos  Alcázar de San Juan  30.967  261  3.660.900 
Real 
Anchuras 331  19  14.153
Campo de Criptana  13.949  2  11.020 
Ciudad Real  74.054  1  100.000 
Llanos del Caudillo  727  3  5.106 
Los Pozuelos de Calatrava  400  17  86.544 
Moral de Calatrava  5.325  92  2.210.002 
Puebla de Don Rodrigo  1.228  204  170.604 
Santa Cruz de Mudela  4.239  2  10.680 
Socuéllamos 12.628  47  482.410
Villamayor de Calatrava  640  9  123.277 
Villanueva de los Infantes  5.243  3  61.336  s
Villanueva de San Carlos  306  2  7.673  b
Entidad  Local  VCiisnoc od eCl aMsaasrq ués  2.447-  2145  1655..699285   2021-14095n https://ww
Menor
 
Número de 
acuerdos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Importe 
contrarios a 
reparos 
Diputación 
Cuenca  Cuenca  -  18  579.331 
Provincial 
Ayuntamientos  Albalate de Nogueras  276  3  9.527 
 
Campos del Paraíso  807  30  23.164 
   
Cuenca  55.102  17  680.722 
   
Horcajo de Santiago  3.597  2  309.455 
   
Huete  1.817  40  49.730 
   
Iniesta  4.330  4  8.073 
   
Motilla del Palancar  5.902  20  115.336 
   
Quintanar del Rey  7.447  5  50.000 
   
San Lorenzo de la Parrilla  1.105  2  121.605 
   
Tarancón  14.750  33  691.379 
   
Villaconejos de Trabaque  366  1  4.755 
   
Guadalaj Diputación 
Guadalajara  -  25  1.097.379 
ara  Provincial 
Ayuntamientos  Almoguera  1.353  1  57.173 
 
Alovera  12.407  6  127.653 
   
Arbancón  160  30  74.223 
   
Arroyo de las Fraguas  26  11  9.768 
   
Azuqueca de Henares  34.703  33  2.641.608 
   
Cabanillas del Campo  9.794  11  44.048 
   
Chiloeches  3.305  18  56.996 
   
Espinosa de Henares  685  2  5.092 
   
Fontanar  2.328  14  99.235 
   
Guadalajara  83.633  2  50.100 
   
Horche  2.540  12  55.947 
   
Humanes  1.466  5  6.971  es
    o
La Olmeda de Jadraque  12  12  7.076  w.
    095ww
      MMaarrachnachmóanlo   6.294669   277   12293..010804   OE-A-2021-14able en https://
  Bc
 
Número de 
acuerdos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Importe 
contrarios a 
reparos 
Mochales  50  1  106 
   
Mondéjar  2.599  128  211.671 
   
Montarrón  26  4  2.468 
   
Pioz  3.471  32  1.057.859 
   
Pozo de Guadalajara  1.249  19  80.280 
   
Robledillo de Mohernando  115  8  5.120 
   
Santiuste  20  9  6.465 
   
Torrejón del Rey  5.160  14  223.240 
   
Valdeavellano  106  1  1.080 
   
Villanueva de la Torre  6.554  9  392.964 
   
Villel de Mesa  198  7  4.280 
   
Yebes  2.881  6  174.323 
   
Yunquera de Henares  3.835  1  6.945 
   
Toledo  Ayuntamientos  Alcabón  705  1  100 
Almonacid de Toledo  851  36  41.461 
   
Arcicóllar  784  2  778 
   
Bargas  10.021  5  42.760 
   
Cabañas de la Sagra  1.781  5  418 
   
Casasbuenas  210  4  23.003 
   
Chozas de Canales  3.710  100  59.026 
   
Chueca  268  2  3.385 
   
Cobeja  2.201  5  48.594 
   
Cobisa  4.186  1  25.649 
   
Consuegra  10.328  25  152.914 
   
Dosbarrios  2.241  2  402 
   
El Puente del Arzobispo  1.296  1  3.525  e
    o
    El Toboso  1.887  3  13.647  095www.
    Esquivias  5.386  2  1.249
    Fuensalida  11.001  1  75.020
  Bc
 
Número de 
acuerdos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Importe 
contrarios a 
reparos 
Gerindote  2.384  4  79.352 
   
Hontanar  158  19  8.331 
   
Huerta de Valdecarábanos  1.770  10  29.001 
   
La Iglesuela  433  2  8.553 
   
La Puebla de Almoradiel  5.454  162  242.334 
   
La Puebla de Montalbán  7.959  66  1.494.009 
   
La Villa de Don Fadrique  3.854  6  24.520 
   
Lagartera  1.468  3  15.901 
   
Las Ventas de Retamosa  3.275  24  213.419 
   
Layos  625  6  21.545 
   
Lillo  2.754  18  37.484 
   
Lominchar  2.365  17  46.467 
   
Menasalbas  2.785  6  8.349 
   
Miguel Esteban  5.042  3  41.848 
   
Mocejón  4.844  3  43.716 
   
Navahermosa  3.818  28  1.174.958 
   
Numancia de la Sagra  4.734  30  67.962 
   
Polán  3.833  18  67.695 
   
Portillo de Toledo  2.153  2  40 
   
Pulgar  1.558  2  922 
   
San Pablo de los Montes  1.900  4  1.925 
   
Santa Cruz del Retamar  2.857  1  85.803 
   
Santo Domingo-Caudilla  1.014  19  74.626 
   
Seseña  22.027  4  53.898 
   
Sonseca  11.198  22  88.984 
   
Toledo  83.459  2  264.891  e
    o
    Totanés  362  8  6.910  095www.
    Urda  2.705  44  94.716
    Villamiel de Toledo  857  9  3.463
  Bc
 
Número de 
acuerdos 
Provincia  Tipo de Entidad  Denominación  Población  Importe 
contrarios a 
reparos 
Villanueva de Alcardete  3.451  50  144.476 
   
Villarejo de Montalbán  77  3  10.560 
   
Villarrubia de Santiago  2.611  1  24.856 
   
Villaseca de la Sagra  1.831  11  399.784 
   
Villatobas  2.433  2  635 
   
Yepes  5.066  24  165.718 
   
Yuncos  10.613  39  1.584.774 
   
    TOTAL GENERAL  3.774  57.334.674 
 
  Bc
ANEXO IV
Entidades que han remitido expedientes con omisión de la fiscalización previa
Nº 
expedientes 
con omisión 
Provincia  Tipo de Entidad  Nombre  Población  Importe 
de 
fiscalización 
previa 
Albacete  Ayuntamientos  Albacete  172.426  1  60.000 
Roda, La  15.748  3  128.509 
Ciudad Real  Ayuntamientos  Ruidera  580  3  18.095 
Santa Cruz de Mudela  4.239  1  45 
Valdepeñas  30.277  17  1.174.388 
Villamayor de Calatrava  640  10  100.213 
Cuenca  Ayuntamientos  Cuenca  55.102  1  361 
Diputación
Guadalajara  Guadalajara 0  2  106.385
Provincial 
Ayuntamientos  Azuqueca de Henares  34.703  1  134.741 
Cabanillas del Campo  9.794  11  1.008.219 
Pioz  3.471  19  1.406.298 
Pozo de Guadalajara  1.249  15  163.732 
Tordelrábano  20  1  834 
Valfermoso de Tajuña  58  11  7.565 
Toledo  Ayuntamientos  Añover de Tajo  5.160  45  315.022 
Esquivias 5.386  2  1.249
Illescas  26.672  3  48.879 
Lagartera 1.468  1  29.181
Mejorada  1.268  1  53.337 
Puente del Arzobispo, El  1.296  2  8.493 
Quintanar de la Orden  11.130  2  3.914.409 
Toledo 83.459  54  7.104.408
Urda  2.705  21  92.727  e.e
TOTAL 227  15.877.089  095www.
ANEXO V
Entidades que han remitido anomalías de ingresos
Tipo de  Nº 
Provincia  Denominación  Población  Importe 
Entidad  anomalías 
Albacete  Ayuntamientos  Bonillo, El  2.889  7  10.464 
Casas-Ibáñez 4.555  1  1.200
Yeste  2.818  1  2.854 
Ciudad Real  Ayuntamientos  Bolaños de Calatrava  11.994  1  158.479 
Cañada de Calatrava  99  1  14.000 
Cuenca  Ayuntamientos  Quintanar del Rey  7.447  1  100.000 
Guadalajara  Ayuntamientos  Arbancón  160  2  300 
Cabanillas del Campo  9.794  2  6.001 
Olmeda de Jadraque, La  12  1  1.150 
Pozo de Guadalajara  1.249  2  17.380 
Tordelrábano  20  1  1.750 
Valdeavellano 106  2  300
Valfermoso de Tajuña  58  15  37.392 
Villanueva de la Torre  6.554  2  36.759 
Toledo  Ayuntamientos  Almonacid de Toledo  851  3  100 
Consuegra 10.328  4  16.369
Fuensalida  11.001  1  4.800 
Layos 625  2  151.739
Puebla de Almoradiel, La  5.454  4  6.460 
Toboso, El  1.887  2  0 
Toledo  83.459  2  29.793 
Urda 2.705  6  9.011
Ventas de Retamosa, Las  3.275  2  780 
TOTAL 65  607.080