BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Sábado 15 de febrero de 2020 Sec. III.   Pág. 14859
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
2283 Resolución  de  5  de  febrero  de  2020,  de  la  Dirección  del  Servicio  de 
Planificación  y  Relaciones  Institucionales  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el Consejo 
General del Notariado en materia de suministro de información.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Consejo General del Notariado 
han suscrito con fecha 3 de febrero de 2020 un Convenio en materia de suministro de 
información.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 5 de febrero de 2020.–La Directora del Servicio de Planificación y Relaciones 
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Rosa María Prieto del 
Rey.
CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 
EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO EN MATERIA DE SUMINISTRO 
DE INFORMACIÓN
En Madrid, a 3 de febrero de 2020.
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, don Jesús Gascón Catalán, Director General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, cargo para el que fue designado por Real Decreto 619/2018, 
de 22 de junio, actuando por delegación de firma conferida por la Presidenta de la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  mediante  Resolución  de  29  de  enero 
de 2020 y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 103, apartado tres.2, de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
Y de otra, don José Ángel Martínez Sanchiz, Presidente del Consejo General del 
Notariado, elegido el 1 de diciembre de 2016, según lo previsto en el artículo 336 del 
Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
Reconociéndose  ambas  partes  la  capacidad  legal  necesaria  para  formalizar  el 
presente Convenio, realizan la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es 
la Entidad de Derecho Público encargado, en nombre y por cuenta del Estado, de la  s
aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de  e.
otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión  w.
se le encomiende por Ley o por Convenio. 83ww
RegElal mCenotnos edjeo  laG Oenrgearanli zadceiló nN yo tRaréiagdimo enti edneel ,N  doeta riaacduoe, radpor ocboand oe pl oar retílc Duleoc re3t3o6  ded e2l 
dDee rjeucnhioo  dPeú b1li9c4o4, ,c (oenn  paedrseolannatleid, aRde jgulraímdicean top roNpoiata ryia pl)l elan ac ocanpdaiccióidna dd,e  sCieonrdpoo rsaucsió nfin dees   BOE-A-cable e
esenciales colaborar con la Administración; mantener la organización colegial; coordinar 
las  funciones  de  los  Colegios  Notariales,  asumiéndolas  en  los  casos  legalmente 
establecidos; y ostentar la representación unitaria del Notariado español.
II
Los notarios, en el ejercicio de sus funciones, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento Notarial, y en el artículo 17.2 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo 
de 1862 (en adelante, Ley del Notariado), en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 
de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, forman los índices 
informatizados a partir los documentos autorizados e intervenidos, que se remiten a las 
Juntas Directivas de los Colegios Notariales y éstas al Consejo General del Notariado. El 
índice Único Informatizado Notarial se forma a partir de estos índices informatizados.
Con el contenido previsto por el Ministerio de Justicia, en virtud del artículo 285 del 
Reglamento Notarial, en la redacción dada por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, 
por el que se modifica el Reglamento de organización y régimen del Notariado, y, en todo 
caso, con los datos que deben constar de acuerdo con la Ley del Notariado y el 
Reglamento Notarial, las competencias de desarrollo del índice informatizado notarial, 
determinación de nuevos datos que deban expresarse respecto de cada instrumento y 
regulación de las características técnicas de elaboración, remisión y conservación, se 
encuentran delegadas en el Consejo General del Notariado, en virtud de la Orden JUS/
469/2003, de 19 de febrero.
III
El artículo 93.4.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en 
adelante,  LGT),  establece  que  los  funcionarios  públicos,  incluidos  los  profesionales 
oficiales, estarán obligados a colaborar con la Administración tributaria suministrando 
toda clase de información con trascendencia tributaria de la que dispongan, salvo que le 
sea aplicable «el secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a 
los que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, 
y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen 
económico de la sociedad conyugal».
Por su parte, el artículo 94.1 LGT establece que: «Las autoridades, cualquiera que 
sea  su  naturaleza,  los  titulares  de  los  órganos  del  Estado,  de  las  comunidades 
autónomas  y  de  las  entidades  locales;  los  organismos  autónomos  y  las  entidades 
públicas  empresariales;  las  cámaras  y  corporaciones,  colegios  y  asociaciones 
profesionales;  las  mutualidades  de  previsión  social;  las  demás  entidades  públicas, 
incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones 
públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, 
informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones 
de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus 
agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones».
Este mismo artículo 94 LGT, en su apartado 5, dispone que «La cesión de datos de 
carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra 
norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado (...)». En este ámbito, 
y de acuerdo con el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas  e.
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de  w.b
estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  83ww
Ddea tporso tPeecrcsióonn adlees d ya tgoasr)a, nyt ícao dne e llo asr tdíceureloc h8o ds ed ilgai tLaeleys O, lrag ácensicióan 3 d/2e0 i1n8fo, rdmea Pciróonte rcecgióunla ddea 
en el presente Convenio, no precisa la autorización de los interesados, en cuanto el
tratamiento  es  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  al 
responsable del tratamiento en relación con lo dispuesto en los artículos 94.1 y 94.5 LGT.
El artículo 17, apartados 2 y 3, de la Ley del Notariado, en la redacción dada por la 
Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, establece:
«2.  A  los  efectos  de  la  debida  colaboración  del  Notario  y  de  su  organización 
corporativa con las Administraciones públicas, los notarios estarán obligados a llevar 
índices informatizados y, en su caso, en soporte papel de los documentos protocolizados 
e intervenidos. El Notario deberá velar por la más estricta veracidad de dichos índices, 
así  como  por  su  correspondencia  con  los  documentos  públicos  autorizados  e 
intervenidos, y será responsable de cualquier discrepancia que exista entre aquéllos y 
éstos, así como del incumplimiento de sus plazos de remisión. Reglamentariamente se 
determinará el contenido de tales índices, pudiéndose delegar en el Consejo General del 
Notariado la adición de nuevos datos, así como la concreción de sus características 
técnicas de elaboración, remisión y conservación.
El Consejo General del Notariado formará un índice único informatizado con la 
agregación de los índices informatizados que los notarios deben remitir a los Colegios 
Notariales. A estos efectos, con la periodicidad y en los plazos reglamentariamente 
establecidos,  los  notarios  remitirán  los  índices  telemáticamente  a  través  de  su  red 
corporativa y con las garantías debidas de confidencialidad a los Colegios Notariales, 
que los remitirán, por idéntico medio, al Consejo General del Notariado.
3.  Corresponderá  al  Consejo  General  del  Notariado  proporcionar  información 
estadística en el ámbito de su competencia, así como suministrar cuanta información del 
índice sea precisa a las Administraciones públicas que, conforme a la Ley, puedan 
acceder a su contenido, a cuyo efecto podrá crear una unidad especializada.
En particular, y sin perjuicio de otras formas de colaboración que puedan resultar 
procedentes,  el  Consejo  General  del  Notariado  suministrará  a  las  Administraciones 
tributarias la información contenida en el índice único informatizado con trascendencia 
tributaria que precisen para el cumplimiento de sus funciones estando a lo dispuesto en 
el artículo 94.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, permitirá el 
acceso telemático directo de las Administraciones tributarias al índice y recabará del 
Notario para su posterior remisión la copia del instrumento público a que se refiera la 
solicitud de información cuando ésta se efectúe a través de dicho Consejo.»
Esta obligación genérica de suministro de información es especialmente intensa en 
dos aspectos concretos: en primer lugar, la acreditación del número de identificación 
fiscal de los comparecientes ante el notario, así como otros datos necesarios para 
identificarlos como pueden ser el nombre y apellidos, número de pasaporte y fecha de 
nacimiento, y en segundo lugar la identificación de los medios de pago empleados por 
las partes en operaciones relativas a bienes inmuebles.
Así, en el primero de los supuestos anteriormente mencionados, el artículo 23 de la Ley 
del Notariado, en la redacción dada por la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude 
Fiscal, en el último de sus apartados dispone que «Si se trata de escrituras públicas relativas 
a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a 
cualesquiera  otros  con  trascendencia  tributaria,  los  comparecientes  acreditarán  ante  el 
Notario autorizante sus números de identificación fiscal y los de las personas o entidades en 
cuya representación actúen, de los que quedará constancia en la escritura».
Por su parte, el artículo 24 de la Ley del Notariado, en la redacción dada por la Ley  e
de  Medidas  para  la  Prevención  del  Fraude  Fiscal  dispone  que  «En  las  escrituras  bo
relativas a actos o contratos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o  83ww
seex tiindgeannti faic atírtuálno,  ocnuearnodsoo  leal  dcoomntirnaipor ey slotasc dióenm cáosn dseisrteiecrheo se nre taoldeos  soo berne  pbaiertnee se nin mdinueerbole os 
psiegrnjuoi cqiou ed elo  sreup rueltseernioter , dloess amrreodlloio sr edgela pmaegnot aerimo,p ledaedboesrá  piodre lnatsif icpaarrstees .s iA  etla lp frienc, ioy  ssien 
recibió con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, su cuantía, así
como si se efectuó en metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al 
portador, otro instrumento de giro o bien mediante transferencia bancaria»
El propio artículo 24 de la Ley del Notariado prevé la obligación del Consejo General 
del Notariado de suministrar a la Administración tributaria la información relativa a las 
operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de comunicar al Notario el 
número de identificación fiscal para su constancia en la escritura, así como los medios 
de pago empleados y, en su caso, la negativa a identificar los medios de pago, datos 
que, por otra parte, deben constar en los índices informatizados.
IV
En este contexto, la Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado firmaron 
el 19 de junio de 2007 un Convenio para el suministro de información contenida en el 
índice  informatizado  único,  el  acceso  directo  al  mismo  y  el  cumplimiento  de  otras 
obligaciones legales de información. A la vista de los fructíferos resultados, ambas partes 
consideran conveniente continuar e intensificar la colaboración y cesión de información.
El presente Convenio recoge el suministro periódico de información que et Consejo 
General del Notariado realiza sobre actos y operaciones contenidas en el índice Único 
Informatizado Notarial. Por otro lado, et presente Convenio recoge una nueva vía de 
colaboración del Consejo General del Notariado con la Agencia Tributaria, a través del 
suministro de información de la Base de Datos de Titularidad Real.
En relación al suministro de actos y operaciones contenidas en el índice Único 
Informatizado Notarial, es de especial importancia para el desarrollo de las funciones de 
la Agencia Tributaria recibir información sobre aquellas en las que participe una persona 
jurídica o un trust, en la medida en la que recientemente se ha producido un importante 
incremento de las operaciones societarias, fundamentalmente en el sector inmobiliario, 
cuya única finalidad es la creación de redes de opacidad que permiten la realización de 
actividades defraudatorias. En este sentido, el análisis de la información contenida el 
índice  único  Informatizado  Notarial  facilitará  la  investigación  de  tos  complejos 
entramados societarios, al tiempo que permitirá aumentar la eficacia de las actuaciones 
de la Agencia Tributaria en la lucha contra estas tramas y redes organizadas.
Por acuerdo del Consejo General del Notariado de 24 de marzo de 2012 (BOE de 28 
abril) se creó la Base de Datos de Titularidad Real con el fin de dar cumplimiento a los 
dispuesto  en  los  artículos  27  de  la  Ley  10/2010,  de  28  de  abril,  de  prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y 9.6) del Reglamento de 
desarrollo de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 304/2014. En el citado acuerdo del 
Consejo General del Notariado se establecen, entre otros, como sujetos cesionarios 
de la información contenida en la Base de Datos de Titularidad Real a las autoridades 
judiciales, fiscales y administrativas competentes en materia de blanqueo de capitales.
La información contenida en la Base de Datos de Titularidad Real es fundamental 
para el ejercicio de las funciones que la Agencia Tributaria tiene encomendadas en 
relación con la lucha contra el fraude fiscal. Así, en los últimos años se ha detectado una 
mayor frecuencia y magnitud en la creación de entramados societarios de entidades 
supuestamente  independientes.  La  supuesta  ajenidad  entre  sí  de  dichas  entidades 
permite a quienes las controlan realizar conductas fraudulentas, tales como facturación 
recíproca con la finalidad de eliminar los beneficios del grupo, desplazamiento ilícito de 
rentas hacia entidades sin tributación efectiva, redes de facturación falsa, obtención de 
devoluciones improcedentes o alzamiento de bienes. s
La Agencia Tributaria considera que se trata de una información de elevada calidad y  e.
utilidad para la represión del fraude fiscal. Es por ello que la Agencia Tributaria está  w.
interesada en el establecimiento de un canal de suministro de dicha información, con el  83ww
mayEolr  pdreetsaellnet ep oCsoibnlev,e dneio  cnaorá scutepro enset aebnl en yin pgeúrnió cdaicsoo  eenl  mele tnieomscpaob.o del cumplimiento de
loabss toabnltieg,a cyi oanle so bdjeet oi ndfoer meavcitiaórn  diumppliuceidsatadse s peonr  elal  oinrdfoernmaamciieónnt oo bate nloidsa ,n olata rAiogse. nNcioa   BOE-A-cable e
Tributaria promoverá, una vez se hayan puesto en marcha los suministros de información 
previstos  en  el  Convenio,  las  correspondientes  modificaciones  normativas  que  sea 
necesario efectuar.
V
Según establece el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP) en el ámbito de la Administración 
General  del  Estado  y  sus  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público 
vinculados  o  dependientes,  podrán  celebrar  Convenios  los  titulares  de  los 
Departamentos  Ministeriales  y  los  Presidentes  o  Directores  de  dichas  entidades  y 
organismos públicos.
Entre la información que se ha de proporcionar por parte del Consejo General del 
Notariado a la Agencia Tributaria, está básicamente la misma que se había incluido en 
el Convenio firmado en 2007, así: datos sobre operaciones sobre bienes inmuebles 
(información  similar  a  la  que  ya  se  proporciona  a  Catastro),  información  sobre 
operaciones con valores (de las que ya se informa a través del modelo 198), e 
información sobre apoderamientos y autorizaciones. Adicionalmente y dado el riesgo 
manifiesto que conllevan estos tipos de operativa, se ha incluido, como información a 
aportar, la relativa a operaciones de las que no haya información en otro apartado: 
(i)  de  financiación,  (ii)  realizadas  por  ciudadanos  extranjeros  y  (iii)  en  las  que 
intervenga un trust.
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento del marco de 
colaboración descrito, y al haberse cumplido todos los trámites de carácter preceptivo, 
en  particular,  el  informe  previo  del  Servicio  Jurídico  de  la  Agencia  Tributaria  y  la 
autorización  previa  del  Ministerio  de  Hacienda,  ambas  partes  acuerdan  celebrar  el 
presente Convenio con arreglo a los artículos 47 y siguientes de la LRJSP, que se regirá 
por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
1.  El presente Convenio tiene por objeto concretar la forma y condiciones en que el 
Consejo General del Notariado suministrará a la Agencia Tributaria la información completa 
con trascendencia tributaria de los actos visibles del índice Único Informatizado Notarial y de 
la Base de Datos de Titularidad Real (en adelante, BDTR) que ésta precisa para el 
cumplimiento de sus funciones, incluyendo la supervisión y control de las actuaciones 
desarrolladas por la propia Agencia, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley del Notariado y 
con el acuerdo del Consejo General del Notariado de 24 de marzo de 2012.
Esta colaboración se articulará a través de un suministro periódico de información de 
determinadas  operaciones  o  grupos  de  operaciones  contenidas  en  el  índice  Único 
Informatizado Notarial y de la BDTR, del suministro de información sobre tipos de 
operaciones o grupos de operaciones en las que hayan intervenido contribuyentes con 
riesgo recaudatorio o de fraude fiscal, a través del acceso telemático directo de la 
Agencia Tributaria al mencionado índice, y mediante requerimientos de información de la 
Agencia Tributaria, sin perjuicio de las obligaciones de información previstas en otras 
normas legales.
2.  El presente Convenio se entiende sin perjuicio de la colaboración que en este  e.
ámbito o en otros pueda tener lugar entre la Agencia Tributaria y el Consejo General del  w.b
Notariado conforme al ordenamiento jurídico en supuestos distintos a los regulados por  83ww
el mismo.
Segunda.  Suministro periódico de información de operaciones contenidas en el índice 
Único Informatizado Notarial.
1.  En el marco de lo previsto en los artículos 17 y 24 de la Ley del Notariado, el 
Consejo General del Notariado trasladará a la Agencia Tributaria:
A)  Información sobre las operaciones de los siguientes tipos:
a)  Operaciones de las que resulte una negativa a identificar los medios de pago por 
parte de los otorgantes.
b)  Operaciones  en  las  que  el  particular  incumpla  su  obligación  de  aportar  el 
documento S-l de movimiento de efectivo.
c)  Operaciones en las que los medios de pago, de conformidad con los criterios 
manifestados  expresamente  por  la  Agencia  Tributaria  en  la  Comisión  Mixta  de 
Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula Décima del presente Convenio, no 
resulten total o parcialmente acreditados ante el Notario autorizante.
d)  Operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios autorizadas por 
un Notario, de acuerdo con lo previsto en la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre.
e)  Operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de comunicar al 
Notario el número de identificación fiscal para su constancia en la escritura.
B)  Información  del  índice  Único  Informatizado  Notarial  sobre  los  actos  visibles 
relativos al otorgamiento de poderes y nombramiento y cese de administradores de todo 
tipo  de  personas  jurídicas  y,  en  particular,  los  datos  identificativos  de  apoderados, 
poderdantes y administradores, así como las fechas de nombramiento y revocación.
C)  Información del índice Único Informatizado Notarial sobre los actos visibles que 
contengan operaciones de financiación, que no hayan sido aportados en virtud de otro 
apartado de la presente Cláusula.
D)  Información del índice único Informatizado Notarial sobre los actos visibles cuyo 
objeto se refiera a inmuebles.
E)  Información del índice Único Informatizado Notarial sobre las operaciones y 
actos visibles en los que:
a)  Cualquier compareciente, interviniente u otorgante sea una persona jurídica o un 
trust.
b)  Cualquier compareciente, interviniente u otorgante:
– Que no conste efectivamente identificado con un NIF expedido por las autoridades 
españolas en los términos previstos en los artículos 18 y siguientes del Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
– Que conste identificado con un NIE que sea residente o nacional en un territorio 
calificado como de riesgo de conformidad con los criterios que se determinen en la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula Décima del 
presente Convenio.
F)  Información  del  Índice  Único  Informatizado  Notarial  relativa  a  todas  las 
operaciones y actos visibles en los que intervengan deudores a la Hacienda pública y 
personas o entidades relacionadas con éstos, solicitados por la Agencia Tributaria. s
G)  Información  de  todos  aquellos  documentos  notariales  referidos  a  hechos  oe.
imponibles  sujetos  al  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  cuya  gestión  w.
corresponda al Estado. 83ww
2.  El suministro deberá realizarse por medios informáticos o telemáticos, de forma
qpureev ipsetar menita e sat aa cmlábuassu lpaa.rtes tener constancia del envío y recepción de la información
3.  El suministro de información inicial será el referido a 1 de enero de 2018, 
actualizándose con carácter quincenal, remitiéndose los datos correspondientes tras el 
cierre de cada quincena.
En todo caso, a instancias de la Agencia Tributaria, y con relación a la información 
tributaria a que se refieren los epígrafes E), F) y G) del apartado 1, la Comisión Mixta de 
Coordinación y Seguimiento podrá acordar respecto de aquélla que no haya prescrito 
tributaria o penalmente, que la misma sea remitida a la Agencia Tributaria. Con respecto 
a expedientes iniciados anteriormente a esa fecha, en los que se haya interrumpido el 
periodo de prescripción, se podrá aportar toda la información disponible en el índice 
Único, a través de lo establecido en las cláusulas Cuarta y Quinta de este Convenio, bien 
mediante solicitud individualizada por alguno de los funcionarios autorizados, o bien 
mediante requerimiento de información.
4.  El suministro de información recogido en el apartado 1 es independiente de la 
posible  modificación  de  los  códigos  o  reclasificación  de  los  actos  y  operaciones 
recogidos en el índice Único Informatizado Notarial. Asimismo, las partes podrán acordar 
el suministro de información en caso de incorporación de nuevas categorías de actos y 
operaciones al índice Único Informatizado Notarial, mediante la correspondiente Adenda 
al presente Convenio.
Tercera.  Base de Datos de Titularidad Real.
En virtud de lo previsto en el acuerdo del Consejo General del Notariado de 24 de 
marzo de 2012, el Consejo General del Notariado suministrará a la Agencia Tributaria la 
información contenida en la BDTR relativa a la titularidad jurídica sobre acciones o 
participaciones  de  sociedades  mercantiles  y  resto  de  personas  jurídicas,  con 
independencia del porcentaje de participación, incluyendo además los datos relativos a 
la titularidad real de entidades, en los términos en que ésta se define por la legislación 
sobre prevención de blanqueo de capitales.
La puesta a disposición de la información se realizará en el plazo de dos meses 
desde la firma del presente Convenio, actualizándose con una periodicidad mensual.
En el caso de que la titularidad jurídica de sociedades o entidades por parte de una 
persona física se posea de forma indirecta (a través de otras entidades), las partes 
acordarán la forma en que la Agencia Tributaria dispondrá de la información a través de 
la que pueda conocerse la secuencia de entidades a través de las que una persona 
física sea titular jurídica y el porcentaje de tal titularidad (en función de los porcentajes de 
participaciones indirectas). El mecanismo de suministro de la información deberá prever 
consultas ascendentes (dada una persona jurídica, conocer sus propietarios personas 
físicas) y descendentes (dada una persona física, conocer en qué entidades participa). 
En caso de que una sociedad fuese titular de otra, y no se conociese al titular real de 
aquélla se proporcionará la última sociedad titular de la otra.
En caso de detección de errores o rectificaciones en la información recibida de la 
BDTR, y dentro de los límites del artículo 95 LGT, la Agencia Tributaria lo pondrá en 
conocimiento del Consejo General del Notariado, a fin de que puedan corregirse en los 
consiguientes Planes de Remediación.
Cuarta.  Acceso telemático directo al índice Único Informatizado Notarial.
1.  Para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  la  Agencia  Tributaria  podrá  consultar, 
mediante acceso directo individualizado, la información prevista en la cláusula Primera  es
contenida en el índice Único Informatizado Notarial. El acceso se producirá a través de  bo
un sistema de identificación que permita dejar constancia de la identidad del funcionario  83ww
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3.  Ambos organismos deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
4.  En todo caso, el número, la frecuencia y las condiciones de los accesos por parte 
de la Agencia Tributaria habrán de resultar compatibles con el funcionamiento de la base 
de datos para otras finalidades por parte del Consejo.
Quinta.  Requerimientos de información de la Agencia Tributaria.
La Agencia Tributaria podrá solicitar al Consejo General del Notariado la información 
que precise para el cumplimiento de sus fines, ya se encuentre en el índice Único 
Informatizado Notarial o en el propio instrumento público. Para ello, identificará con 
claridad la información solicitada, con especificación, en su caso, de cualquiera de las 
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad a quienes afecte, pudiendo solicitar, 
a estos efectos, la remisión de la copia del instrumento público a que se haya referido 
cualquier solicitud de información cuando ésta se efectúe a través de dicho Consejo. 
Tanto la petición como la remisión podrán efectuarse por medios telemáticos.
Sexta.  Control y seguridad de los datos suministrados.
1.  El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, y en la Política de Seguridad de 
la Información de la Agencia Tributaria y del Consejo General del Notariado.
2.  Se establecen los siguientes controles sobre la custodia y la utilización de la 
información suministrada al amparo de este Convenio:
a)  Control interno por parte del ente cesionario de la información.
La Agencia Tributaria realizará controles sobre la custodia y utilización que de los 
datos recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependientes 
de  ella,  pudiendo  informar,  en  el  seno  de  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y 
Seguimiento prevista en la cláusula Décima del presente Convenio, a la otra entidad de 
los resultados obtenidos en dicho seguimiento.
Para  conseguir  un  óptimo  resultado  de  control  interno,  el  Consejo  General  del 
Notariado podrá facilitar periódicamente a la Agencia Tributaria un fichero con datos de 
los accesos de los funcionarios autorizados de ésta, suficientes para identificar al usuario 
y determinar la información consultada.
b)  Control por el ente titular de la información cedida.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el Consejo General del Notariado podrá 
establecer cualquier sistema de comprobación accesorio, a cuyo efecto el responsable 
de seguridad podrá solicitar de su homólogo la información que estime pertinente relativa 
a las incidencias producidas.
Cuando se planteen dudas sobre la custodia o la utilización de la información cedida, 
el Consejo General del Notariado podrá dirigirse a la Agencia Tributaria para que realice 
las comprobaciones y adopte las medidas que estime pertinentes. Si las dudas tienen 
carácter  previo  al  suministro  de  la  información,  éste  podrá  suspenderse  hasta  que 
queden completamente aclaradas o se adopten las medidas que resulten procedentes. s
Séptima.  Tratamiento de datos personales. w.
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Administración Tributaria, tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En  el  caso  del  cedente  de  los  datos,  el  Consejo  General  del  Notariado,  el 
Responsable del Tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos 
es el Director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo.
En el caso del cesionario de los datos, la Agencia Tributaria, el Responsable del 
Tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es el titular de la 
Dirección General.
Octava.  Obligación de sigilo.
1.  Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de 
los datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al 
más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará 
incurrir  en  las  responsabilidades  penales,  administrativas  y  civiles  que  resulten 
procedentes.
2.  El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole 
que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en 
ejecución  de  este  Convenio  deberá  ser  iniciado  y  concluido,  así  como  exigida  la 
responsabilidad, en su caso, por el organismo al que pertenezca la autoridad, funcionario 
u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.
Novena.  Financiación.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en 
el  presente  Convenio,  no  se  asumen  obligaciones  ni  compromisos  económicos  de 
naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes.
Décima.  Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
1.  Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes 
nombrados  por  el  titular  de  la  Dirección  General  de  la  Agencia  Tributaria,  y  tres 
representantes nombrados por la Presidencia del Consejo General del Notariado. No 
obstante, podrán incorporarse en calidad de asesores cualesquiera otros funcionarios o 
empleados que se considere necesario.
2.  La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se reunirá a instancia de 
cualquiera de las partes, y revisará de forma periódica el funcionamiento, la gestión 
realizada con base en el presente Convenio, así como el grado de utilidad derivado de 
dicha  gestión,  sus  resultados  y  eventuales  incidencias.  En  particular,  analizará  las 
situaciones  en  las  que  se  suministrará  información  periódica  en  relación  con  las 
operaciones señaladas en el apartado 1 de la cláusula Segunda y la calidad de la 
información suministrada en la cláusula Tercera.
3.  La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su 
funcionamiento y régimen jurídico respecto a lo no establecido expresamente en la 
presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3a del Capítulo ll del Título Preliminar 
de la LRJSP.
Undécima.  Plazo de vigencia. e.
1.  El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la fecha de su  83ww
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2.  No obstante, las partes podrán acordar la suspensión unilateral o la limitación del 
suministro de información cuando advierta incumplimientos de la obligación de sigilo por 
parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías 
o irregularidades en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas 
que deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este 
Convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o limitación del suministro se 
dará cuenta inmediatamente a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, siendo 
oída ésta en orden a la revocación o mantenimiento del acuerdo.
Duodécima.  Extinción y resolución del Convenio.
El  Convenio  se  extinguirá  por  la  concurrencia  de  cualquiera  de  las  causas 
establecidas en el artículo 51 de la LRJSP.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la LRJSP, son causas de 
resolución del Convenio, las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula Décima.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
Asimismo, será causa de resolución del Convenio la denuncia expresa de cualquiera 
de las partes, que surtirá efecto transcurridos dos meses desde que se comunique 
fehacientemente a la otra parte, sin perjuicio de la facultad de suspensión prevista en la 
cláusula anterior.
Decimotercera.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción, sin perjuicio de su 
responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos  asumidos  por  parte  de  alguno  de  los  firmantes  podrá  dar  lugar  a  la 
resolución del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula Duodécima.
Decimocuarta.  Régimen de modificación.
Para  la  modificación  del  presente  Convenio  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 49.g) de la LRJSP.
Decimoquinta.  Naturaleza administrativa y jurisdicción competente. bo
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Por  otro  lado,  y  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  cláusula  Décima,  las
controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que se  Bc
pudieran  suscitar  durante  la  vigencia  del  mismo,  serán  sometidas  a  la  jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,  de  conformidad  con  la  ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar 
indicados en el encabezamiento.–Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el 
Director General, Jesús Gascón Catalán.–Por el Consejo General del Notariado, el 
Presidente, José Ángel Martínez Sanchiz.