BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 217 Miércoles 12 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 68468
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
9555 Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 
de octubre, de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer 
frente al riesgo de brotes de la COVID-19.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con el anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El art. 116 de la Constitución española habilitó una ley orgánica para regular los 
estados  excepcionales,  y  entre  ellos  el  estado  de  alarma,  con  las  competencias  y 
limitaciones correspondientes. Aquella previsión, como las que se pueden encontrar en 
las constituciones de otros estados europeos, se justifica por la necesidad de regular las 
situaciones excepcionales de manera que, a pesar de constituir una excepción a la 
regulación prevista en la Constitución para las situaciones de normalidad, no lleguen a 
comportar nunca una suspensión de la integridad de la Constitución.
Por eso, las previsiones del arte. 116 de la Constitución tuvieron una concreción en la 
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y asedio, y 
establecieron las normas del Derecho de los estados excepcionales, tanto con respecto 
al régimen de distribución territorial del poder público y el ejercicio de las competencias, 
como  con  respecto  a  la  posible  restricción  e,  incluso  suspensión  del  ejercicio  de 
derechos fundamentales.
El art. 4.º de la LO 4/1981 previó que uno de los supuestos para la declaración del 
estado de alarma son las crisis sanitarias, como las originadas por una epidemia.
Pero posteriormente, la regulación de las emergencias sanitarias tuvo también una 
regulación específica en la legislación estatal y catalana en materia de sanidad y salud 
pública. Así, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, «de Medidas Especiales Materia de 
Salud Pública», previó que, con el fin de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o 
deterioro, las autoridades sanitarias de las diferentes administraciones públicas pueden, 
dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la misma Ley 
cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. Así, en el arte. 3 de la 
LO  3/1986,  se  habilitó  la  autoridad  sanitaria,  para  el  control  de  las  enfermedades 
transmisibles, no sólo a realizar las acciones preventivas generales, sino también a 
adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que 
estén o hayan sido en contacto con ellos y su entorno inmediato, así como las que se 
consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por  lo  tanto,  mientras  que  la  previsión  de  los  estados  excepcionales  es  una 
regulación de carácter general, que puede responder a causas muy diversas y, con 
respecto al estado de alarma, una de sus causas puede ser una situación de emergencia 
sanitaria, en cambio, la regulación específica de las emergencias sanitarias constituye  e.
una legislación especial que resulta de la necesidad, en determinadas circunstancias, de  w.b
adoptar medidas específicas para preservar la salud pública y de proteger los derechos a  55ww
dlae v liad aC,o an slati tiuncteiógnri.dad física y a la salud de las personas, garantizados por el art. 15 y 43
caráScete rt rgaetan edrael  dyo lsa  roetgrau laecsipoenceisa l qpuaer ar eesmpeorngdeennc iaas  msaontiivtaarciiaosn,e ps erdoiv eqrusea,s ,d eu nfao rmdea 
proporcionada,  puede  justificar  también  determinadas  limitaciones  al  ejercicio  de 
derechos fundamentales. De hecho, la legislación vigente habilita la adopción de estas 
medidas sanitarias sin necesidad de la previa declaración de los estados excepcionales 
que prevén los arts. 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, pero no hay duda 
también que, ante el carácter más generalizado o más intenso de la incidencia de una 
situación de epidemia, se puede llegar a declarar el estado de alarma, como se hizo a 
raíz del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas.
Ciertamente, las medidas sanitarias para evitar la propagación de una epidemia, 
pueden  comportar  unas  limitaciones  en  el  ejercicio  de  determinados  derechos 
fundamentales, como la libertad de circulación y la de reunión, reconocidas en los 
artículos 17, 19 y 21 de la Constitución, pero también el derecho al trabajo y a la libertad 
de empresa, reconocidos a los art. 35 y 38 de la Constitución, cuando concurren las 
circunstancias que determinan la necesidad de imponer medidas que inciden en el 
ejercicio  de  estos  derechos  para  la  preservación  de  la  salud  pública.  Pero  estas 
limitaciones, que en ningún caso llegan a comportar la suspensión de los derechos 
fundamentales,  ni  una  restricción  generalizada,  sino  proporcionada  a  la  necesaria 
preservación de la salud del conjunto de los ciudadanos y circunscrita a determinados 
sectores de actividad, áreas geográficas limitadas, actividades que propician un especial 
riesgo de contagio, etc.
De hecho, el ejercicio de cualquier derecho fundamental se puede entender ilimitado, 
en primer lugar, porque la misma Constitución, al arte. 10.1 ya prevé un límite general de 
los derechos fundamentales en el respeto al ejercicio de los derechos por las otras 
personas, pero también, por la posible limitación que resulte necesaria y proporcionada 
para la protección de los otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos. Así lo 
ha reconocido de forma constante la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional 
desde sus primeras Sentencias (STC 11/1981, 2/1982 y 91/1983).
En el reciente Auto 40/2020, de 30 de abril, el Tribunal Constitucional avaló la 
limitación del derecho fundamental de manifestación en un caso concreto, basado en 
razones estrictamente sanitarias y, entre otras consideraciones, expuso que «En el 
estado  actual  de  la  investigación  científica,  cuyos  avances  son  cambiantes  con  la 
evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las 
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no 
existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud 
de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. 
Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos 
que  acostumbran  a  basarse  en  la  seguridad  jurídica  que  recoge  el  art.  9.3  de  la 
Constitución,  las  medidas  de  distanciamiento  social,  confinamiento  domiciliario  y 
limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han 
adverado  eficaces  para  limitar  los  efectos  de  una  pandemia  de  dimensiones 
desconocidas hasta la fecha. (..) nos encontramos en un escenario en que los límites al 
ejercicio de los derechos, que indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de 
evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros 
valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). En este caso los valores 
de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados 
recursos es necesario garantizar adecuadamente.»
De la misma manera, la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salud pública, define esta 
como el conjunto organizado de actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad 
mediante la movilización de recursos humanos y materiales para proteger y promover la  s
salud de las personas, prevenir la enfermedad y cuidar de la vigilancia de la salud  oe.
pública.  En  este  sentido,  la  pandemia  del  COVID-19  se  ha  configurado  como  una  w.
amenaza  mundial  que  requiere  una  actuación  decidida  por  parte  de  los  diferentes  55ww
qEuseta gdeons eyr ala esl  Addemscinoinsotrcaimcioiennetso  Pdeú baliscpaesc, teossp beácsiaiclmose ndtee  laat ednedbiielinddaod  ay  dlaes  sinucse crtaidnuamlebs rdees 
contagio,  mutaciones  del  virus  que  se  producen,  nuevos  canales  de  contagio  e
incremento del número de asintomáticos que, con infectados por el virus, trasladan la 
enfermedad.
Eso nos obliga a llevar a cabo actuaciones a los efectos de evitar o minimizar un 
riesgo para la salud, lo que obliga a sopesar las alternativas, teniendo en cuenta la 
evaluación  del  riesgo  y  otros  factores  pertinentes,  y  comprende,  si  hace  falta,  la 
selección  y  la  aplicación  de  las  medidas  de  prevención  y  control  más  adecuadas, 
además de las reglamentarias.
Al mismo tiempo, aunque el marco temporal de la pandemia se establece a largo 
plazo, se hace necesario establecer estrategias diferentes por los diferentes momentos 
epidemiológicos, en forma de niveles de alerta, y ser igualmente capaces de adoptar 
medidas  de  intervención  inmediata,  reaccionando  ante  situaciones  que  se  puedan 
producir, que permitan, desde una situación basal de alerta, eliminar o reducir los riesgos 
de circulación del virus fuera del territorio, y adoptar medidas de prevención para evitar 
riesgos de transmisión comunitaria.
La objetividad que caracteriza la actuación de las Administraciones Públicas obliga a 
completar, con la máxima urgencia posible, el marco normativo actual, para garantizar 
que las decisiones que se adopten se encuentren debidamente justificadas y se articulen 
mediante el procedimiento legalmente establecido.
La situación actual del virus, con brotes que se están produciendo a lo largo del 
territorio, justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la medida, atendiendo a que 
las medidas de control de las personas son las que se han mostrado más adecuadas 
para evitar el riesgo de extensión de la pandemia.
Por esta razón, se considera necesario modificar la Ley 18/2009, estableciendo de 
manera expresa las medidas que se pueden adoptar en situaciones de pandemia, 
delimitando el procedimiento a seguir y los indicadores que justifiquen objetivamente la 
adopción de las mismas, lo que no excluye, como indica el apartado 2 del artículo 55, 
que se tenga que disponer de las autorizaciones preceptivas.
De  acuerdo  con  el  artículo  38  de  la  Ley  13/2008,  del  5  de  noviembre,  de  la 
presidencia de la Generalitat y del Gobierno, el Gobierno puede dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. En el presente supuesto, el 
carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de la situación sanitaria que 
requiere adoptar de manera urgente medidas para el nuevo contexto de reanudación y 
que no pueden aplazarse, incluso, mediante la utilización de medios legislativos de 
urgencia  a  un  momento  posterior,  todo  con  la  finalidad  de  prevenir  y  controlar  la 
pandemia por la COVID-19, evitar su propagación para proteger la salud pública y 
adoptar las medidas que permitan afrontar sus consecuencias.
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña,  a  propuesta  de  la  consejera  de  Salud,  y  con  la  deliberación  previa  del 
Gobierno, decreto:
Artículo único.  Modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública.
Primero.
Se añade una letra k) en el artículo 55 con el siguiente tenor:
«k)  En situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades 
competentes, las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de  s
limitación a la actividad, del desplazamiento de las personas y la prestación de  oe.
servicios en determinados ámbitos territoriales previstas en el anexo 3, de acuerdo  w.
con lo que dispone el artículo 55 bis.» 2020-9555n https://ww
Segundo.
Se añade un artículo 55 bis con el siguiente tenor:
«Procedimiento  para  la  adopción  de  medidas  en  situación  de  pandemia 
declarada.
1.  La adopción de las medidas a que hace referencia la letra k) del artículo 
anterior tienen por objeto garantizar el control de contagios y proteger la salud de 
las personas, adecuándose al principio de proporcionalidad.
A estos efectos, la adopción de las medidas indicadas requerirá la emisión de 
un  informe  emitido  por  el  director/a  de  la  Agencia  de  Salud  Pública,  en  los 
aspectos asistenciales a propuesta del Servicio Catalán de la Salud y en los 
aspectos epidemiológicos y de salud pública, a propuesta de la propia Agencia, el 
cual  tendrá  por  objeto  acreditar  la  situación  actual  de  riesgo  de  contagio,  la 
situación de control de la pandemia, la suficiencia de las medidas, y propondrá las 
medidas a adoptar.
Los informes se ajustarán a los parámetros establecidos en los anexos del 
Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de 
octubre, de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al 
riesgo de brotes de la COVID-19.
2.  Siempre  que  sea  posible,  la  resolución  formulará  recomendaciones  a 
seguir para evitar riesgos de contagio. En caso de que se establezcan medidas de 
carácter obligatorio, se tiene que advertir expresamente de esta obligatoriedad, la 
cual estará fundamentada en los informes emitidos.
La resolución indicará expresamente la existencia o no del mantenimiento de 
los servicios esenciales, entre los indicados en el anexo 2.
3.  La resolución que establezca las medidas indicará su duración, que en 
principio no tiene que ser superior a 15 días, excepción hecha que se justifique el 
necesario establecimiento de un plazo superior, sin perjuicio de que se pueda 
pedir la prórroga, justificando el mantenimiento de las condiciones que justificaron 
su adopción. En todo caso, se emitirán informes periódicos de los efectos de las 
medidas, así como un informe final, una vez agotadas estas.
4.  El establecimiento de las medidas mencionadas se tendrá que llevar a 
cabo teniendo en cuenta siempre a la menor afectación a los derechos de las 
personas, y siempre que sea posible, se tendrán que ajustar territorialmente al 
mínimo ámbito necesario para su efectividad.
5.  La  resolución  por  la  cual  se  adopten  las  medidas  concretas  podrá 
establecer mecanismos de graduación de las medidas en función de la evolución 
de los indicadores.»
Disposición final.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el DOGC.
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
Decreto-ley cooperen a su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona,  13  de  julio  de  2020.–El  Presidente  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  es
Joaquim Torra i Pla.–La Consejera de Salud, Alba Vergés i Bosch. o
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8176, de 14 de julio de 2020.  55ww
Convalidado por ReGseonluecriaólnita 8t 9d6e/ XCIIa dtaelul Pñaa»rl anmúmenetroo  d8e1 8C9a,t adleu ñ3a0,  dpeu bjulilcioa ddae  e2n0 2e0l )«Diario Oficial de la
ANEXO 1
Los  indicadores  que  tendrán  que  incluir  los  informes  a  que  hace  referencia  el 
artículo 55 bis son los siguientes:
Indicadores de situación epidemiológica y salud pública
Indicador Interpretación
Incidencia acumulada de casos que han iniciado síntomas en los últimos 7  Informa de las zonas en las que puede haber habido brotes activos o 
días. brotes incipientes en los últimos 7 días.
Evolución del número diario de casos que inician síntomas. Observar la tendencia de la serie.
Incidencia acumulada de casos que han sido diagnosticados en los últimos  Actividad viral y difusión de la enfermedad, así como la posible 
7 días (incluye casos asintomáticos). ocurrencia de casos sucesivos.
Evolución del número diario de casos diagnosticados. Observar la tendencia de la serie.
Incidencia acumulada de casos sospechosos atendidos en los últimos 7  Nivel de sospecha diagnóstica (tanto de la población como del sistema 
días (tanto en AP como en hospitales), por fecha de consulta. sanitario).
Número de reproducción efectivo instantáneo (Rt). Ritmo de crecimiento o decrecimiento de la epidemia (estándar <1).
Indicadores de asistencia sanitaria relacionados con la COVID-19
Indicador Interpretación
Proporción de casos sospechosos que han acudido a consulta en los últimos 7 d en 
Capacitado de diagnóstico de casos sospechosos).
los que se los realiza prueba PCR (tanto en AP como en Hospitales).
Esfuerzo diagnóstico lo la población (umbral de 1/1.000 
Incidencia acumulada de realización de pruebas PCR en los últimos 7 d.
semana).
Proporción de pruebas positivas respecto del total de pruebas realizadas en los  Indicador combinado de nivel de circulación del virus y la 
últimos 7 d. sensibilidad del circuito diagnóstico (estándar <5%).
Proporción de camas de agudos ocupadas por casos COVID-19 y ocupación total  Presión por COVID-19 sobre los hospitales y reserva 
(COVID-19 y no COVID-19). disponible para responder a incrementos de la transmisión.
Proporción de camas de cuidados críticos ocupadas por casos COVID-19 y  Presión por COVID-19 sobre las UCIs y reserva disponible 
ocupación total (COVID-19 y no COVID-19). para responder a incrementos de la transmisión.
Evolución en el número de casos que han requerido hospitalización, UCI o han 
Observar la tendencia de la serie.
causado exitus.
Proporción de casos sospechosos que han acudido a consulta en los últimos 7 d en 
Capacidad de diagnóstico de casos sospechosos.
los que se les realiza prueba PCR.
Indicador combinado del nivel de circulación de virus y la 
Proporción de PCR positivas respecto del total de las realizadas en los últimos 7 d.
sensibilidad del circuito diagnóstico (estándar <5%).
ANEXO 2
Servicios que pueden ser declarados esenciales
Seguridad  y  emergencias;  salud;  farmacias;  servicios  de  óptica,  ortopedia  y  e.
fisioterapia; servicios penitenciarios; servicios sociales y residenciales; las actividades de  w.
representación de los trabajadores y de los empresarios; servicios funerarios; servicios  55ww
jaugduicaisa lesr;e sniodtuaarílaess ; pasrae rvtriácmiosit es duer gendteepsu rcaocnió nci ta dper eviaag; ueales;c tricciodmadb;u astgibulae sp; otagbales;; 
tinedleucsotmriaulensic;a bcaionnceoss,  ym feindaionsz adse;  csoemguurnoisc;a rceiósnid uy osse rsvaicniiotasr idoes ; psruemnsinai;s rtreossid suaonsi tuarrbioasn yo sd ee   BOE-A-cable e
farmacia; producción y distribución agroalimentaria humana y para granjas y centros de 
animales, animales vivos (transporte y veterinarios); mataderos; servicios de transporte 
público;  abogados,  procuradores,  graduados  sociales,  traductores,  intérpretes  y 
psicólogos  que  asistan  a  actuaciones  procesales;  asesorías  legales,  gestorías 
administrativas  y  de  graduados  sociales  y  de  prevención  de  riesgos  laborales,  en 
cuestiones  urgentes;  servicio  postal  universal  del  operador  estatal  y  servicios  de 
mensajería  y  entrega  a  domicilio;  servicios  de  las  administraciones  públicas 
imprescindibles para el funcionamiento de los servicios públicos; servicios de educación 
especial; servicios de obra pública y privada inaplazables o para servicios esenciales; 
mantenimiento  y  reparaciones  de  urgencia;  comercio  por  internet,  telefónico  o 
correspondencia; servicios informáticos esenciales; servicios de limpieza y lavandería; 
servicios meteorológicos; servicios de explotación de minas; servicio de ITV; servicios de 
socorrismo y los alojamientos turísticos u otros similares que se hayan definido como 
servicio  esencial  para  el  aislamiento  de  afectados  y  contactos  por  la  pandemia 
declarada.
ANEXO 3
Medidas a adoptar en el marco de la COVID-19
La alerta derivada de la COVID y las resoluciones para controlar la pandemia pueden 
comprender las siguientes previsiones:
Medidas de salud pública:
Consejos generales de salud pública:
– Desinfectar regularmente las superficies; lavarse/higienizar a menudo las manos, 
toser y estornudar en el codo, llevar mascarilla para protegerse y proteger el resto, no 
tocarse la cara. En caso de síntomas de resfriado o de gripe, quedarse en casa y llamar 
al Centro de Asistencia Primaria o al teléfono 061.
Identificación de contactos:
– Identificación de contactos en curso para todos los casos nuevos y confirmados de 
la COVID-19, con cuarentenas/medidas de aislamiento de acuerdo con los protocolos 
vigentes  de  vigilancia  epidemiológica.  Ampliar  la  identificación  de  contactos  y 
aislamientos de los casos sospechosos si se decide considerar caso sin test según 
disponibilidad de test y por situación epidemiológica.
Pruebas diagnósticas (Test):
– Test a todas las personas que presenten síntomas. Los casos potenciales de la 
COVID-19  para  personas  que  cumplen  la  definición  de  caso  (es  decir,  presentan 
síntomas). Las pruebas se harán en centros de atención primaria, hospitales o unidades 
que se habiliten.
– Las pruebas de cribado a las comunidades (incluidas las personas asintomáticas) 
tienen  que  responder  a  criterios  epidemiológicos  y  se  tienen  que  aplicar  segundo 
indicación técnica. Se pueden realizar localmente para informar sobre la propagación del 
virus en determinadas zonas, por estudios de brotes o momentos de no filiación de 
casos y falta de trazabilidad para conocer la carga poblacional de asintomáticos, así  e.e
como espacios/grupos de riesgo de circulación del virus. b
A– iLslaasm pieenrstoo nya csu qaureen pterensae:ntan síntomas sugestivos de la COVID-19, tienen resultado
positivo del test o han estado en contacto estrecho con un caso positivo han de realizar
aislamiento estricto. Se ofrecen servicios y espacios de apoyo para facilitar los llevar a 
cabo aislamientos/cuarentenas de los casos y contactos.
Desplazamientos territoriales:
– Medidas de desplazamientos territoriales que protejan del riesgo de transmisión de 
la COVID-19.
Desplazamiento Personal: Limitación de desplazamientos, manteniendo en todos los 
niveles de alerta los desplazamientos esenciales, siempre que se realicen de manera 
individual  o  con  la  unidad  de  convivencia  y  con  todas  las  medidas  de  precaución 
higiénicas y de distanciamiento. Se pueden considerar desplazamientos esenciales:
Desplazamiento personal:
– Paseos individuales o con grupo de convivencia.
– Cuida de huertos familiares, de auto-consumo, municipales, siempre que estén en 
el mismo término municipal que el del domicilio, o un municipio vecino.
– Actividad deportiva sin contacto (ir en bicicleta, correr, patinar, etc.) siempre que 
estén en el mismo término municipal que el del domicilio.
– Desplazamiento a supermercados y tiendas de alimentación siempre que estén en 
el mismo término municipal que el del domicilio.
– Desplazamiento por asistencia sanitaria e ir a la farmacia siempre que estén en el 
mismo término municipal que el del domicilio.
– Desplazamiento para ir a trabajar o en la escuela.
– Desplazamiento para ir a bodas o ceremonias funerarias con aforo limitado.
– Cuidado de personas mayores, menores de edad, personas dependientes, con 
discapacidad o especialmente vulnerables.
– Desplazamiento a entidades financieras y de seguros y de otros servicios.
– Actuaciones  requeridas  o  urgentes  delante  de  órganos  públicos,  judiciales  o 
notariales.
– Renovaciones de permisos y documentación oficial y otros trámites administrativos 
inaplazables.
– Exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
– Mudanzas domésticas o profesionales inaplazables.
– Causa de fuerza mayor u otra situación de necesidad justificada.
En ningún caso se pueden prohibir los desplazamientos con carácter absoluto, sino 
determinar las condiciones y los supuestos en que estos se pueden llevar a cabo 
garantizando la seguridad y salud de las personas.
Transporte de mercancías: sin limitaciones.
Reuniones:  limitación  del  número  de  personas  que  se  puede  reunir.  En  todo 
momento, todas las reuniones tienen que registrar a los asistentes si no se conocen 
todos entre sí.
Espacios públicos y otros espacios de reunión: Control de la apertura de espacios 
públicos  y  definición  de  las  condiciones  de  apertura.  En  todo  momento,  todos  los 
espacios donde se realicen reuniones tienen que registrar a los asistentes en salas 
privadas, públicas o lugares de culto.
Servicios de Salud, Sociosanitarios y Sociales:
Coordinación  sobre  la  estrategia,  directrices  y  planes  de  escalada  del  tipo  de  oe.
asistencia sanitaria en atención primaria, hospitalaria y servicios sociales (definiendo un  w.
mínimo de atención presencial y deslocalizando el resto de recursos). 55ww
Restricciones de visitas a las instalaciones residenciales.
Lugares de trabajo y comercio minorista:
Regulación de la situación de los espacios de trabajo en condiciones de espacio y 
medidas de higiene.
Control de apertura (aforo, cita previa u otras modalidades) de espacios de trabajo. 
Priorización de gestión de horarios para promover y garantizar la conciliación familiar.
Educación y casales en época no lectiva:
Regulación  de  las  condiciones  de  apertura,  afluencia,  personal,  materiales  y 
temporales.
Restauración y establecimientos hoteleros:
Regulación del aforo atendiendo en condiciones de espacio y medidas de higiene 
(mascarilla, lavado de manos).
Regulación de las condiciones de apertura materiales y temporales.
Deporte profesionales y no profesionales: Regulación de las actividades deportivas 
tanto profesionales y federadas como no profesionales atendiendo al tipo de deporte, 
aforos y uso de las instalaciones.
Estas medidas pueden ser objeto de actualización mediante Resolución del Comité 
de  dirección  del  Plan  para  emergencias  asociadas  a  enfermedades  transmisibles 
emergentes con potencial riesgo, PROCICAT, y pueden ser aplicables a cualquier otra 
pandemia o epidemia declarada en el marco de la Ley 18/2009, de 22 de octubre.