BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 321 Miércoles 9 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 112672
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
15863 Resolución  de  25  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Diversidad Familiar y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio 
con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el intercambio de información 
sobre las personas usuarias de los Servicios Sociales.
Con fecha 24 de noviembre de 2020 se ha suscrito el convenio entre el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 y Comunidad Autónoma de La Rioja.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de 
Instrumentos de Cooperación, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 25 de noviembre de 2020.–La Directora General de Diversidad Familiar y 
Servicios Sociales, Patricia Bezunartea Barrio.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y 
Gobernanza Pública, para el intercambio de información sobre las personas 
usuarias de los Servicios Sociales
En Madrid, a 24 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, doña Patricia Bezunartea Barrio, Directora General de Diversidad 
Familiar  y  Servicios  Sociales  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030, 
nombrada mediante Real Decreto 461/2020, de 12 de marzo (BOE número 65 de 13 de 
marzo de 2020) en nombre y representación del citado Ministerio, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado decimoséptimo de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, 
sobre delegación de competencias, y en virtud del Real Decreto 452/2020, de 10 de 
marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE 
núm. 63 de 12 de marzo de 2020).
Y de otra, don Pablo Rubio Medrano, Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza 
Pública del Gobierno de La Rioja, nombrado mediante Decreto de la Presidenta 6/2020, 
de 24 de agosto (BOR núm. 110 de 25 de agosto de 2020) en nombre y representación 
de la citada Consejería, en virtud de su cargo y de las facultades que le confiere el 
artículo 42.1.k) de la Ley 8/2003 de 28 de octubre, del Gobierno e incompatibilidades de 
sus miembros.
Ambas  partes  intervinientes  en  la  representación  y  con  las  facultades  que  sus 
respectivos cargos les confieren, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación 
para obligarse y convenir, y al efecto
MANIFIESTAN
Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales, firmaron con fecha 10 de febrero de 2000, un Convenio de colaboración sobre 
el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), para su difusión e 
implantación.
Que, conforme a lo indicado en la cláusula primera del citado convenio, el Ministerio 
de Asuntos Sociales entregará a la Comunidad Autónoma de La Rioja una copia de los 
programas informáticos, para el uso indicado en el párrafo precedente.
Que tal como señala la cláusula segunda del convenio antedicho, la Comunidad 
Autónoma de La Rioja enviaría en soporte informático al Ministerio de Asuntos Sociales, 
la información recabada mediante esta aplicación e individualizada por expedientes, en 
su ámbito territorial, excluyendo los datos de identificación de los usuarios, utilizando 
para este fin la opción específica de que dispone el programa.
Que  el  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030,  en  virtud  de  sus 
competencias que le vienen atribuidas por el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, 
por  el  que  se  desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el 
que  se  establece  la  estructura  orgánica  básica  de  los  departamentos  ministeriales 
(B.O.E. núm. 63 de 12 de marzo de 2020), y la Comunidad Autónoma de La Rioja, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 
Autonomía de La Rioja (B.O.E. núm. 146 de 19 de junio de 1982) que le confiere 
competencias en materia de asistencia y servicios sociales, así como promoción e 
integración de los discapacitados, emigrantes, tercera edad y demás grupos sociales 
necesitados  de  especial  protección,  incluida  la  creación  de  centros  de  protección, 
reinserción y rehabilitación, y la orientación y planificación familiar, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público, desean formalizar un nuevo convenio entre ambos.
Que tal convenio es acorde al espíritu que informa la citada Ley 40/2015, en cuanto a 
lo  que  recoge  su  artículo  140  sobre  las  relaciones  que  deben  regir  entre  las 
administraciones públicas.
Que el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, encomienda al Parlamento 
Europeo y al Consejo que establezcan las normas sobre protección de las personas 
físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal y las normas relativas a la 
libre circulación de dichos datos.
Que el presente texto se ha aprobado por Resolución de 28 de agosto de 2020 del 
Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, al entenderse incluida dicha 
facultad en el ámbito del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de noviembre de 2019, 
por el que se delega en los Consejeros la competencia para aprobar los convenios y 
protocolos.
De conformidad con lo expuesto, las partes firmantes desean formalizar el presente 
convenio, al amparo de lo establecido en la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS w.b
Primera.  Objeto del convenio.
DereCcohnosst ituSyoec iaelle so byje tAog deenld ap re2s0e3n0t ey  Clao nCveonmiou,n liad acdo lAabuotórnaocimóna  ednet reL ae lR Mioijnai,s tpeariroa  deel 
intercambio de información sobre las personas usuarias de los Servicios Sociales.
Segunda.  Obligaciones y Compromisos de las partes.
La  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  se  compromete  a  enviar  anualmente  al 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y, a efectos exclusivamente estadísticos, 
la información necesaria para la explotación de los datos, mediante descargas de los 
mismos, adaptadas a la última versión de la Interfaz SIUSS Web de Explotación de 
Datos. Dicha información se referirá a la disponible en la Comunidad de todas las 
Unidades de Trabajo Social.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 realizará explotaciones de la 
información que se le facilita y la publicará, dado que la misma no se realizará en ningún 
caso sobre datos de carácter personal.
Se pone de manifiesto que se respeta el Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
Asimismo, ambas partes están sometidas a la obligación de información.
En aplicación del artículo 8.1, relativo a la información económico, presupuestaria y 
estadística,  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno y del artículo 10.1. de la Ley 3/2014, de 11 de 
septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, tanto la Administración 
General del Estado, como la Comunidad Autónoma de La Rioja, como sujetos incluidos 
en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  de  las  mismas,  deberán  hacer  pública,  como 
mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión 
económica o presupuestaria «en particular...» b). La relación de los convenios suscritos, 
con  mención  de  las  partes  firmantes,  su  objeto,  plazo  de  duración,  modificaciones 
realizadas,  los  obligados  a  la  realización  de  las  prestaciones  y,  en  su  caso,  las 
obligaciones económicas convenidas…».
Tercera.  Compromisos económicos.
El presente convenio no conlleva compromisos económicos.
Cuarta.  Jurisdicción.
Este Convenio se formaliza de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público y tiene carácter 
administrativo,  siendo  la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa  la  competente  para 
conocer de los conflictos a que la ejecución del convenio pudiera dar lugar.
El presente Convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el 
Capítulo VI Título Preliminar de la citada ley.
Quinta.  Comisión de Seguimiento.
La Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que actuará 
como comisión de seguimiento, interpretará y conocerá de las discrepancias a que su 
ejecución pudiera dar lugar.
La comisión de seguimiento velará por el cumplimiento de las cláusulas del convenio 
y decidirá sobre las posibles revisiones futuras referentes a lo convenido. e.
La  composición  de  la  Comisión  Delegada  de  Servicios  Sociales  se  determina  w.b
normativamente, conforme al art. 13 de la Resolución de 25 de febrero de 2019, de la  863ww
Sdeelc Creotanrsíeaj od eT eErrsittaodrioa l ddee  SSeerrvvicicioioss  SSoocciaialeless,  yp odre lla S qisutee msea  ppuabrali claa  eAlu Rtoengolammíae nyt oA tienntecrinóon 
a la Dependencia.
La Comisión en su funcionamiento se regirá por lo previsto en la citada Resolución 
de 25 de febrero de 2019, y supletoriamente por lo estipulado en la Sección tercera, del 
Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Sexta.  Resolución del Convenio suscrito en el año 2000.
Las partes firmantes de conformidad con el artículo 51.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, acuerdan resolver el convenio suscrito por las partes en fecha 10 de febrero 
de 2000, dando lugar a su liquidación y extinción desde su publicación en el BOE, previa 
inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del Sector Público Estatal.
Desde la fecha en que el presente convenio adquiera eficacia jurídica, sustituirá en 
su totalidad al firmado por las partes en fecha 10 de febrero de 2000, convenio que por 
consiguiente se declara resuelto, liquidado y extinto.
Del convenio suscrito en fecha 10 de febrero de 2000 no se derivan compromisos 
financieros.
Séptima.  Vigencia del convenio.
El presente convenio tiene vigencia de cuatro años pudiendo prorrogarse por el 
mismo periodo por acuerdo expreso de las partes.
Conforme a lo indicado en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  los  convenios  suscritos  por  la  Administración 
General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público 
vinculados  o  dependientes  resultarán  eficaces  una  vez  inscritos  en  el  Registro 
Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público 
Estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Octava.  Modificación del convenio.
Los términos del presente convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre 
las partes suscriptoras. La modificación se incorporará como parte inseparable del texto 
del convenio.
Novena.  Causas de extinción del convenio.
Serán causas de extinción de este convenio, el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, siendo estas las señaladas 
en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Los efectos de la resolución del Convenio se regirán por lo previsto en el artículo 52 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que 
resulte de aplicación al convenio que nos ocupa.
En cumplimiento del artículo 49.e de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, las 
consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por las partes, se determinarán a propuesta de la comisión de seguimiento, 
que  podrá  acordar  la  continuación  y  finalización  de  las  actuaciones  en  curso  que 
consideren  oportunas,  estableciendo  un  plazo  improrrogable  para  su  finalización, 
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas. e.e
No obstante, si causara perjuicios se podrá acordar una posible indemnización y en 
consecuencia se interrumpirán las actividades del convenio.
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman, 
por triplicado ejemplar, el presente convenio, en el lugar y fecha al principio expresados.–
Por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Patricia Bezunartea Barrio, 
Directora  General  de  Diversidad  Familiar  y  Servicios  Sociales.–Por  la  Comunidad 
Autónoma  de  Canarias,  Pablo  Rubio  Medrano,  Consejero  de  Servicios  Sociales  y 
Gobernanza Pública.