BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 263 Miércoles 3 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 133540
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17946 Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador mercantil y de bienes muebles II de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se suspende la inscripción de la escritura de constitución 
de una sociedad.
En el recurso interpuesto por don F. A. M., en su condición de administrador único de 
la entidad «Marstokay, S.L.», contra la nota de calificación del registrador Mercantil y de 
Bienes Muebles II de Las Palmas de Gran Canaria, don Adolfo Calandria Amigueti, por la 
que se suspende la inscripción de la escritura de constitución de dicha sociedad.
Hechos
I
Mediante escritura, autorizada el día 30 de abril de 2021 por el notario de Puerto de 
la Cruz, don Ignacio Bermejo Morales, con el número 732 de protocolo, se constituyó la 
compañía mercantil «Marstokay, S.L.». En el artículo 11 de los estatutos sociales se 
establecía, entre otros extremos, el régimen de convocatoria de las juntas generales de 
socios en los siguientes términos: «Convocatoria: Las Juntas Generales, salvo lo que 
luego se dirá en cuanto a la Universal, deberán ser convocadas por los administradores 
mediante carta remitida por correo certificado con acuse de recibo a cada uno de los 
socios, en el domicilio que estos hubieren designado a tal fin y, en su defecto, el que 
resulte como propio de cada uno en el Libro Registro de Socios. Para el caso de socios 
que residan en el extranjero únicamente serán convocados individualmente si hubiesen 
designado un lugar del territorio nacional para notificaciones. Entre la fecha en la que se 
remitan las cartas anteriormente referidas y la fecha fijada para la celebración de la 
Junta, deberá mediar, al menos, un plazo de quince días, salvo para los casos de 
transformación, fusión, cesión y escisión en los que la antelación mínima será de un 
mes».
II
Presentada el 28 de junio de 2021 dicha escritura el Registro Mercantil de las 
Palmas, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«El registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho
Diario/Asiento: 248/697.
F. presentación: 28/06/2021. s
Entrada: 1/2021/6.664,0. oe.
Sociedad: Marstokay, Sociedad Limitada. w.
Autorizante: Bermejo Morales, Ignacio. 946ww
Protocolo: 2021/732 de 30/04/2021.
Fundamentos de Derecho (defectos).
1.  Artículo 11.º A) de los Estatutos.  Debe tenerse en cuenta que la convocatoria 
de la Junta, en caso de traslado internacional del domicilio social, debe publicarse en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de gran circulación en la 
provincia en la que la sociedad tenga su domicilio, con dos meses de antelación como 
mínimo a la fecha prevista para su celebración, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles en relación con la RDGSJFP 9 de junio de 2000.
2.  El/los  defecto/s  anterior/es  tiene/n  la  consideración  de  subsanable/s,  no 
habiéndose tomado anotación preventiva de la suspensión conforme al artículo 62.4 del 
Reglamento del Registro Mercantil por no haberse solicitado.
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15.ª del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad del cotitular del Registro.
En relación con la presente calificación: (…)
Palmas de Gran Canaria, Las, a 1 de Julio de 2021 (firma ilegible) El registrador».
III
Contra la anterior nota de calificación, don F. A. M., en su condición de administrador 
único de la entidad «Marstokay, S.L.», interpuso recurso el día 15 de julio de 2021 
mediante escrito en los siguientes términos:
«Hechos
I.  Con fecha 28 de junio se presentó ante el Registro la escritura de constitución 
con número de protocolo 732/2021 del notario don Ignacio Bermejo Morales.
II.  La Calificación del Registrador que se recurre es de fecha 1 de julio de 2021, por 
lo que el presente recurso se presenta dentro del plazo establecido. El número de 
registro de entrada es el 1/2021/6.664,0 y el número de diario/asiento es el 248/697.
III.  El único fundamento de derecho de la calificación negativa es el siguiente:
1.  Artículo 11.º A) de los Estatutos.  Debe tenerse en cuenta que la convocatoria 
de la Junta, en caso de traslado internacional del domicilio social, debe publicarse en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de gran circulación en la 
provincia en la que la sociedad tenga su domicilio, con dos meses de antelación como 
mínimo a la fecha prevista para su celebración, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles en relación con la RDGSJFP 9 de Junio de 2000.
IV.  El artículo 6 de los Estatutos fija el domicilio social en la calle (…) Santa Lucía 
de Tirajana (Las Palmas).
Por esta razón, la pretensión del Registrador de exigir que los Estatutos contemplen 
expresamente  los  requisitos  para  la  convocatoria  de  la  Junta  General  en  caso  de 
traslado internacional del domicilio social resulta improcedente por inaplicable.
Esta exigencia sólo podría producirse en caso de que la sociedad efectivamente 
realice un traslado internacional del domicilio, pero no en este momento. Y es que dicho 
traslado  implicaría  una  modificación  de  los  Estatutos  Sociales  que  tendría  que  ser 
presentada en el Registro Mercantil. s
Además, en cualquier caso, la legislación que resulte de aplicación lo será con total  o
lian dineEspcner nivpdicretiuóndnc i add eed  ellao l  oee sxqcpurueiteu esrsatot ad, besl oeclzoiccniatsont i tqluoucsei ó Esnse tp aartenusutoelesn  tSlaado cacai»al.ilfeicsa ecnió cna yd as em pormoceendtoa. sin más a  2021-17946n https://www.
IV
El registrador Mercantil y de Bienes Muebles II de Las Palmas de Gran Canaria 
emitió el preceptivo informe el día 27 de julio de 2021, donde dejó constancia de haber 
dado traslado del recurso interpuesto al notario autorizante del título calificado, conforme 
a lo previsto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, sin que éste formulara alegaciones 
en plazo, se ratificaba en la calificación negativa y elevaba el expediente a esta Dirección 
General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1284 del Código Civil; 18 y 20 del Código de Comercio; 98 de la 
Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  modificaciones  estructurales  de  las  sociedades 
mercantiles; 6 y 58 del Reglamento del Registro Mercantil; 147 y 147 del Reglamento 
Notarial, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 22 de marzo de 1991, 13 de septiembre de 1992, 12 de marzo, 8 de julio y 7 y 20 de 
diciembre de 1993, 9 de marzo de 1994, 12 de enero de 1995, 20 de abril y 23 de mayo 
de 1998, 28 de abril y 4 de mayo de 2005, 23 de enero de 2006, 23 de septiembre 
de 2008 y 3 de abril y 31 de octubre de 2019.
1.  En este expediente debe decidirse si es o no inscribible la disposición de los 
estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada según la cual las juntas generales 
deberán ser convocadas mediante carta remitida por correo certificado con acuse de 
recibo, y con una antelación, salvo para los casos de transformación, fusión, cesión y 
escisión, de quince días.
A juicio del registrador, tal disposición no es inscribible porque no deja a salvo lo 
establecido  en  el  artículo  98  de  la  Ley  sobre  modificaciones  estructurales  de  las 
sociedades mercantiles, que para el traslado internacional del domicilio social no remite 
al  posible  régimen  convencional  previsto  en  los  estatutos,  sino  que  impone  la 
convocatoria mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de 
los diarios de gran circulación en la provincia en la que la sociedad tenga su domicilio, 
con dos meses de antelación como mínimo a la fecha prevista para la celebración de la 
junta.
El recurrente alega que no es necesaria la salvedad, pues tal exigencia sólo podría 
producirse en caso de que la sociedad efectivamente realice un traslado internacional del 
domicilio, pero no en este momento.
2.  La  cuestión  planteada  debe  resolverse  según  la  reiterada  doctrina  de  esta 
Dirección General. Respecto de los extremos a calificar, el artículo 58 Reglamento del 
Registro Mercantil, después de remitir al artículo 6 (trasunto del artículo 18.2 Código de 
Comercio), empieza diciendo que «el registrador considerará faltas de legalidad en las 
formas extrínseca de los documentos inscribibles, las que afecten a su validez, según las 
leyes que determinen su forma, siempre que resulten de los documentos presentados». 
Pero, continúa, «del mismo modo, apreciará la omisión o la expresión sin claridad 
suficiente de cualquiera de las circunstancias que necesariamente deba contener la 
inscripción  o  que,  aun  no  debiendo  costar  en  ésta,  hayan  de  ser  calificadas».  En 
aplicación del mismo, desde la Resolución de 22 de marzo de 1991 este Centro Directivo 
viene insistiendo en la necesidad de que las normas estatutarias no den cobijo, en su 
tenor literal, a interpretaciones que puedan considerarse «contra legem». Unas veces el 
reproche vendrá porque se ha utilizado un término ambiguo («delegar» en relación con  es
los apoderamientos, Resolución de 13 de septiembre de 1992), otras porque faltan  bo
aclaraciones, que de todos modos se podrían considerar implícitas por pura exigencia  946ww
lypee rfgceelacvaltir soi(disoRa nedsese seo  nleium slcotpiaósot nupn trdadorrenáia u 1sne2 cna i  adldamees if ejinunnonittroiivomsa  a,rd esee g leni1sg 9traf9aul3elne,sc s i«,óim yne p xeiedglreleao nt li aavlaa   psien e[ldipsmuaedirrn aoadb] celleai ó  qnesu xudeibge oe ttarnodlc diincaaoa  adncmeicór bnpei rcgediüóceeni sd ilódaaneds     OE-A-2021-17able en https://
o incertidumbre»), o porque se omite la mención de alguna excepción legal imperativa
(Resoluciones de 4 de mayo de 2005, 23 de enero de 2006 y 3 de abril de 2019), incluso 
por  cláusulas  estatutarias  que  simplemente  reproducen  el  régimen  legal  aplicable, 
cuando dicha reproducción no ha sido completa o exacta (Resoluciones de 20 de abril 
y 23 de mayo de 1998).
Ciertamente,  esta  Dirección  General  ha  puesto  un  singular  empeño  en  salvar 
algunas  de  estas  situaciones  mediante  una  interpretación  razonable  de  la  norma 
estatutaria, en aplicación, en última instancia, de la regla interpretativa del artículo 1284 
del Código Civil («si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá 
entenderse en el más adecuado para que produzca efectos»; entre otras, Resoluciones 
de 8 de julio y 7 y 20 de diciembre de 1993, 9 de marzo de 1994, 12 de enero de 1995, 
28  de  abril  de  2005  y  23  de  septiembre  de  2008).  Incluso,  como  se  dijera  en  la 
Resolución de 20 de diciembre de 1993 a propósito de la cuestión de si la reproducción 
parcial de normas imperativas supone la voluntad de excluirlas, «no es necesario entrar 
en la polémica sobre si los estatutos han de ser un todo cerrado que agote la totalidad de 
las contingencias que en el régimen de organización y funcionamiento de la sociedad 
puedan plantearse o si, por el contrario, las normas legales de carácter imperativo no 
incluidas en los mismos han de presumirse que lo están o su omisión equivale a una 
exclusión voluntaria».
Por eso, será necesario valorar en cada caso el alcance de la duda generada por la 
cláusula estatutaria incompleta o ambigua, a fin de determinar si dicha duda se puede 
considerar razonable. En caso afirmativo, la anterior exigencia de claridad obliga a 
impedir su acceso al Registro Mercantil, o a que se incorpore expresamente la oportuna 
salvedad, que bien puede ser genérica salvando la aplicación preferente de cualquier 
otra exigencia especial, sin necesidad de concretar la disposición aludida ni el supuesto 
de hecho de la misma. Por el contrario, cuando la interpretación «contra legem» resulte a 
todas  luces  forzada,  no  tiene  sentido  dar  pábulo  a  la  misma,  solo  para  excluir  la 
inscripción  de  una  norma  estatutaria  que,  rectamente  interpretada,  resultaría  por 
completo inofensiva.
3.  Ahora  se  da  una  situación  similar,  aunque  no  idéntica,  a  la  de  la  reciente 
Resolución de 31 de octubre de 2019 a propósito de la concreción en los estatutos del 
régimen de deliberación y adopción de acuerdos por el consejo de administración, donde 
solo se estableció la regla de la mayoría absoluta, pero sin tener en cuenta la exigencia 
legal de una mayoría reforzada para el nombramiento de consejeros delegados. En 
nuestro caso, no se trata de una disposición estatutaria que deba dar contenido a un 
mandato de autoorganización por parte del mismo legislador, pero sí de una previsión 
estatutaria  que  sustituye  el  régimen  legal  en  otro  caso  supletoriamente  aplicable 
(artículos 173 y 176 Ley de Sociedades de Capital). No estamos, por tanto, ante la mera 
reproducción de normas legales que serían aplicables de todos modos, pues en este 
segundo  caso,  el  mero  hecho  de  no  haber  contemplado  expresamente  las  reglas 
especiales aplicables en el mismo supuesto, tampoco habría de llevar necesariamente a 
la conclusión de que los estatutos han querido excluirlas. Se trata, en cambio, de un 
régimen convencional sobre la forma de convocatoria de la junta general en sustitución 
del régimen legal, el cual, al haberse expresado en términos de absoluta generalidad, sin 
matices, hace plausible la interpretación de que se ha querido idéntico para cualquier 
tipo de acuerdo. Otro tanto respecto del plazo de antelación, donde, al haber previsto 
unos supuestos de excepción, pero no otros, genera una duda razonable sobre la 
situación de los omitidos. Por eso, como se dijo en la resolución últimamente citada, la 
regla estatutaria, «en cuanto no contiene salvedad alguna, contradice directamente una  s
norma legal (…) por lo que no se trata de uno de los supuestos en que una regulación  oe.
estatutaria incompleta puede ser integrada directamente por la norma imperativa no  w.
recogida en los estatutos sociales». 946ww
Ley Esno bcroen smecoudeifniccaiac,i odnaedso  eesl trcuacrtáucrtaelre sin ddeer olgaasb lseo cdiee dlaa dperse vmisieórnc adnetill easr,t ícausloí  c9o8m doe  llaa 
ecoxirgreesnpcoian dideen tec lianrsitdraudm eny to ppreúcbilsicióon  end eq uelo slo sa smieisnmtooss  sreeg ibsatrsaalens  –c(fyr.  atartmícbuiléons  1d4e7l   BOE-A-cable e
y  148  del  Reglamento  Notarial),  en  función  del  alcance  «erga  omnes»  de  sus 
pronunciamientos, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida que, al 
no  exceptuar  la  hipótesis  apuntada,  generaría  en  conexión  con  la  presunción  de 
exactitud y validez del contenido del Registro (cfr. artículo 20 del Código de Comercio), la 
duda sobre cuál sería la forma y la antelación requeridas para convocar una junta 
general que deba decidir sobre el traslado internacional del domicilio social.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y 
confirmar la nota de calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 4 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.