BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 329 Viernes 18 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 116486
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16482 Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Torrelodones, por la que se deniega la 
expedición de certificación en determinados extremos.
En el recurso interpuesto por D. J.J.D.G. contra la nota de calificación del Registrador 
de la propiedad de Torrelodones D. Enrique Amérigo Alonso, por la que se deniega la 
expedición de certificación en determinados extremos.
Hechos
I
Mediante instancia se solicita certificación registral en el Registro de la propiedad de 
Torrelodones. Se justifica la solicitud con fotocopia de demanda por la que solicita que se 
declare  herederos  abintestato  de  los  bienes  relictos  de  D.  L.D.U.  a  D.ª  M.L.D.M., 
D. J.A.D.G., D. J.J.D.G., e igualmente se declare herederos abintestato en el momento 
del  fallecimiento  del  causante  a  D.ª  N.D.U.  y  D.  E.J.D.U.,  que  ha  motivado  el 
procedimiento ordinario 474/2016 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Collado de Villalba; así como copia del escrito de contestación a la demanda.
II
Presentada la citada instancia en el Registro de la propiedad, fue objeto de la 
siguiente  nota  de  calificación:  «Hechos:  Se  solicita  por  D.  J.J.D.G.,  certificación 
«completa», con cuadernos previos de información posesoria, y detalle de todas las 
anotaciones que hayan existido, aunque estén canceladas por cualquier motivo de las 
siguientes fincas: 400, 1572, 178, 184, 6, 120, 72, 72 Dpda, 72 Tpda, 169, más las que 
correspondan a las fincas incautadas o incautables a D. S.U. (cualquiera de los dos 
S.U.M. o S.U.O.) cuyos detalles se relacionan en documento adjuntos. Taller, calle (…) 
de Torrelodones (en 1914 amillarada pero no inscrita). Tierra (…), cercada de piedra 
en 1914; linderos: arroyo, B.M. y M.H. y arroyo. (…), linderos en 1914: B.O.; R.R. y B.L., 
calleja  (…),  calleja  (…)  y  prado  (…).  Prado  de  (…),  de  A.  y  S.U.  (incautable  por 
Decreto 07 de octubre de 1936) sg. Acta Ayto. Torrelodones de 10/01/1938. Prado (…), 
de S.U. (incautable por Decreto 07 de octubre de 1936) seg. Acta Ayto. Torrelodones 
de 10/01/1938. (…), de S.U. (incautable por Decreto 07 de octubre de 1936) sg. Acta 
Ayto. Torrelodones de 10/01/1938. (…), de S.U. (incautable por Decreto 07 de octubre 
de 1936) sg. Acta Ayto. Torrelodones de 10/01/1938. (…) - de S.U. (incautable por 
Decreto 07 de octubre de 1936) sg. Acta Ayto. Torrelodones de 10/01/1938. Sobre esta 
finca  se  interesa  especialmente  expedición  de  certificación  de  las  siguientes  fincas 
registrales, incluido información posesoria: 1571, 1572, 397 (5000 m2 […]), 469 (camino 
[…]), 52 «otras propiedades», de S.U. (incautable por Decreto 07 de octubre de 1936) 
sg.  Acta  Ayto.  Torrelodones  de  10/01/1938.  Casas  (…),  de  S.U.  (incautables  por  e.e
Decreto  07  de  octubre  de  1936)  sg.  Acta  Ayto.  Torrelodones  10/01/1938.–Se  han  b
expedido  a  favor  del  solicitante  con  anterioridad  al  precedente  documento:  1.º  482ww
CToerrrteifliocdaocinóens , dsee glaúsn  fainscieans tor edgeis trparleesse nntúamcióenro sn ú4m0e0r oy  539040,  ddeell  Ttéormmoin o1 8m7 udneicl ipDaial rdioe, 
hinascciréitnad oesne  ecsotnes tRare gqiuster ol,a  erne fecruidaan tofi naca  urneag isqturainl ta4 0p0a rdtee  Tinodrriveilsoad oan efsa,v oser  deenlc uceitnatdroa 
D. L.D.U. 2.º  Certificación de las fincas registrales números 178, 184, 6, 120, 72, 169,
300 y 400, según asiento de presentación número 671, del Tomo 187 del Diario. A 
excepción de la finca registral 400 de Torrelodones, de la cual ya se ha expedido al 
solicitante  certificación  literal  de  los  asientos  vigentes,  no  consta  que  las  fincas 
registrales 178, 184, 6, 120, 72, 169, 300, 400, 1.572, 1.571, 397, 469 y 52 del término 
municipal de Torrelodones, estén o hayan estado inscritas a favor de D. L.D.U., sin que 
se hayan podido identificar las fincas registrales cuyo número no ha sido facilitado por el 
interesado. Se justifica la solicitud con fotocopia de demanda por la que solicita que se 
declare  herederos  abintestato  de  los  bienes  relictos  de  D.  L.D.U.  a  D.ª  M.L.D.M., 
D. J.A.D.G., D. J.J.D.G., e igualmente se declare herederos abintestato en el momento 
del  fallecimiento  del  causante  a  D.ª  N.D.U.  y  D.  E.J.D.U.,  que  ha  motivado  el 
procedimiento ordinario 474/2016 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Collado de Villalba; así como copia del escrito de contestación a la demanda.
Fundamentos de Derecho: Como ha señalado la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en la actualidad, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
(así, resolución de 14 de marzo de 2019) «con arreglo a lo dispuesto en los artículos 221 
y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, que el contenido del Registro sólo 
se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los 
bienes y derechos inscritos y, por tanto, este interés se ha de justificar ante el registrador. 
En consecuencia, ante una solicitud de publicidad formal, el registrador, debe calificar en 
primer lugar, si procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de la 
finca o derecho que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; en segundo 
lugar, deberá valorar la existencia de un interés legítimo, y, en tercer lugar, que datos y 
circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información». El citado tal interés legítimo, de acuerdo con la resolución 
citada «en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador  de  acuerdo  con  el  sentido  y  función  de  la  institución  registral.»  En  el 
expediente  que  motiva  la  calificación  registral,  el  interés  legítimo  del  solicitante  se 
encuentra motivado por un procedimiento judicial que tiene por objeto la declaración de 
los herederos abintestato de D. L.D.U. No constando que las citas registrales citadas 
estén o hayan estado inscritas a nombre del citado D. L.D.U., y siendo determinados los 
herederos abintestato del citado causante en virtud del grado de parentesco establecido 
por el Código Civil a la fecha de su fallecimiento, no procede en consecuencia la 
expedición  de  las  certificaciones  solicitadas.  Tampoco  procede  la  expedición  de 
certificación respecto a los asientos no vigentes de la finca registral 400 de Torrelodones, 
puesto  que  para  la  determinación  de  quienes  sean  los  herederos  abintestato  de 
D. L.D.U. no resulta trascendente las cargas o gravámenes que hubiese podido tener la 
finca ni los titulares registrales anteriores.
La presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación 
por el plazo que señala el artículo 323.1.º de la Ley Hipotecaria. Contra esta calificación 
podrá (…) Torrelodones a veintidós de octubre de dos mil veinte.-Fdo. El Registrador, 
Enrique Amérigo Alonso.
III
Contra la anterior nota de calificación, D. J.J.D.G. interpone recurso en virtud de 
escrito de fecha 25 de octubre de 2020 en base a los siguientes argumentos: Primero.–
Que por escrito de 20 de agosto de 2020 esta parte remitió solicitud a esa D.G.R.N. a 
través de Oficia de Registro Virtual de Entidades locales (ORVE) desde el Registro  e.e
General  del  Ayuntamiento  de  Navalcarnero  que  generó  validación  con  Número  de  b
Registro  (…)  Tras  comparecencia  personal  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  482ww
hToarcrieélnoddoomnees  fpiromr ae li nSsrt.a Rnceigai sqtruaed ogr esnee rmae  aosfireencteo  c1e5r3ce6n/2a0r2 e0l,  cdoen te1n1i/d0o9 /2d0e2 l0o  sdoel icditiachdoo 
RCeegrtiisfitcraoc. ióCno. nE xfaemchinaa d0a2  lad ec erotcifticuabcreió nd ee nt2re0g2a0d ae,l  sRe eogbissterorv ad eq uela  seP rhoapbieíad acde rtgifeicnaedrao 
incompleta, faltando anotaciones preventivas de embargo e inscripciones sucesivas.
Segundo.–Por escrito de 8 de septiembre de 2020 se redacta escrito para ante esta 
DGRN, solicitando Ampliación de solicitudes de certificaciones por fotocopias de fincas 
registrales 300 y 400 de Torrelodones más adenda. Se presenta por el ORVE que es 
rechazado por la razón: «Los registros de la Propiedad no son destino Geiser». El escrito 
no iba dirigido al Registro de la Propiedad, sino a esa DGRN. Tercero.–Este interesado 
se persona en el Registro de la Propiedad de Torrelodones para presentar la solicitud 
presencialmente. Por el Sr. Registrador se intercepta la solicitud y se exige a este 
interesado que aporte «con sello del decanato» un aval del Juzgado ante el que se hará 
uso  de  la  información  avalando  la  solicitud  de  la  extensión  solicitada,  porque  las 
expediciones de las certificaciones producen mucho gasto al Registro y su titular se 
niega a efectuarlo a cargo de la Comisión de asistencia Jurídica Gratuita que tiene 
concedido  este  interesado.  Cuarto.–Por  escrito  de  13  de  septiembre  de  2020  este 
interesado presenta ante el Decanato de los juzgados de Collado Villalba, y ante el 
juzgado por fax y correo electrónico, el escrito que se aporta como documento adjunto 
núm. tres. Quinto.–El propio día 143 de octubre de 2020 este interesado se persona 
presencialmente en el Registro de la Propiedad de Torrelodones siendo atendido por el 
Registrador Titular D. Enrique Amérigo Alonso. Se le aporta el escrito de aval del 
Juzgado destinatario de las certificaciones «con sello de presentación original» y escrito 
de solicitud previamente rechazado. Sexto.–Con fecha 22/10/2020 este interesado recibe 
por duplicado a través de su fax resolución del Sr. Registrador suspendiendo la solicitud 
conforme al texto que es de ver en documento adjunto núm. cuatro. Séptimo.–Con 
fecha 26/10/2020 este ciudadano presenta ante la Sala Segunda de la Sección Tercera 
del  Tribunal  Constitucional  incidente  de  recusación  contra  el  Sr.  Registrador  de  la 
Propiedad  de  Torrelodones  y  otros,  como  profesional  colaborador  de  la  Justicia, 
conforme es de ver en el contenido del documento adjunto núm. cinco. Es por ello por lo 
que este ciudadano se dirige a esa Dirección General de Registros y del Notariado y 
Solicita: Sea nombrado Registrador Sustituto de D. Enrique Amérigo Alonso para que 
provea la solicitud de certificaciones registrales en fotocopia, con cuadernos posesorios 
iniciales, conteniendo toda la vida registral de todas las fincas solicitadas, con todos los 
asientos que en alguna ocasión se hayan anotado, aunque estuvieran caducados, con 
identificación  exacta  y  precisa  de  cuantas  personas  o  entidades  hayan  obtenido 
información registral de las mismas durante toda la vida registral, así como del motivo de 
«interés legítimo» alegado y destino pretendido para la obtención de la información 
registral. Se informe al compareciente de las acciones que le amparan ante la declarada 
rebeldía de D. Enrique Amérigo Alonso a colaborar con la Administración de justicia con 
ciudadanos acreedores del derecho reconocido por el art. 6 de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de asistencia jurídica gratuita.
IV
El registrador emitió informe el día 11 de noviembre de 2020, mantuvo la nota de 
calificación negativa y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; los artículos 2.3 
de la de la Ley Orgánica 3/2018 de 6 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  e.
Personal; 607 del Código Civil; 221 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 332 y siguientes  w.b
del  Reglamento  Hipotecario;  las  Sentencias  del  Tribunal  Constitucional  de  30  de  482ww
Tneorvcieemrab, rdee d 1e2  2d0e0 0d icyi e3m1 bdree  deen e2r0o0 d0e y 2 3011 3d;e l aesn eSreon, t9e ndceia asb driel ly  T7r ibduen jauln Siou dpere 2m0o0,1 S; alalas 
Rabersilo dluec io1n9e8s3- Cy ir1c2u ladree sju dneio l ad De ir1e9c8c5ió; nl aGs eInnesrtarul cdceio lonse sR edgei slatr oDsi rye dcceiló Nno Gtaerinaedroa ld dee 8  ldoes 
Registros y del Notariado de 5 de febrero de 1987, 29 de octubre de 1996 y 17 de 
febrero de 1998, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 11 de septiembre de 2009, 29 de julio y 3 de diciembre de 2010, 16 de 
septiembre de 2011, 14 de septiembre, 19 y 20 de noviembre y 12 de diciembre de 2012, 
24 de enero, 26 de febrero, 1 de abril, 4 de julio y 20 de septiembre de 2013, 3 de 
febrero, 30 de mayo, 18 de septiembre y 12 de diciembre de 2014, 12 de diciembre 
de 2015, 25 de noviembre de 2016, 11 de diciembre de 2017, 21 de febrero, 17 de mayo 
y 27 de junio de 2018 y 14 de marzo de 2019; y 4 de junio de 2020.
1.  Se  debate  en  el  presente  recurso  si  procede  la  expedición  de  certificación 
registral  cuando  el  interés  legítimo  del  solicitante  se  encuentra  motivado  por  un 
procedimiento judicial que tiene por objeto la declaración de los herederos abintestato. El 
registrador  ha  expedido  certificación  de  las  que  aparecen  inscritas  a  nombre  del 
causante, pero deniega la expedición de la certificación respecto de las que no estén o 
hayan estado inscritas a su nombre. Entiende que tampoco procede la expedición de 
certificación respecto a los asientos no vigentes puesto que para la determinación de 
quienes sean los herederos abintestato no resulta trascendente las cargas o gravámenes 
que hubiese podido tener la finca ni los titulares registrales anteriores.
El recurrente solicita en el recurso certificación conteniendo toda la vida registral de 
todas las fincas solicitadas, con todos los asientos que en alguna ocasión se hayan 
anotado, aunque estuvieran caducados, con identificación exacta y precisa de cuantas 
personas o entidades hayan obtenido información registral de las mismas durante toda la 
vida registral, así como del motivo de «interés legítimo» alegado y destino pretendido 
para la obtención de la información registral.
Se plantean otras cuestiones relativas al cobro o minutación de las certificaciones, 
como consecuencia de la obtención del beneficio de justicia gratuita, que no pueden ser 
objeto de este expediente gubernativo (limitado a la procedencia o no de la nota de 
calificación ex artículo 326 LH), sino de impugnación de honorarios que tiene su cauce y 
requisitos propios.
2.  Es doctrina reiterada de este centro directivo sobre los límites de la publicidad 
registral en relación con la legislación hipotecaria y la legislación de protección de datos. 
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su 
Reglamento, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes 
tengan interés en conocer el estado de los bienes y derechos inscritos y, por tanto, este 
interés se ha de justificar ante el registrador.
En consecuencia, ante una solicitud de publicidad formal, el registrador, debe calificar 
en primer lugar, si procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de la 
finca o derecho que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; en segundo 
lugar, deberá valorar la existencia de un interés legítimo, y, en tercer lugar, qué datos y 
circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información. La publicidad ha de ser para finalidades propias de la 
institución  registral  como  la  investigación,  jurídica,  en  sentido  amplio,  patrimonial  y 
económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica  encaminada  a  la  contratación  o  a  la  interposición  de  acciones  judiciales  o 
administrativas. No cabe para la investigación privada de datos no patrimoniales si no es 
cumpliendo estrictamente con la normativa de protección de datos.
En  relación  con  el  interés  legítimo,  ha  manifestado  este  Centro  Directivo  (cfr. 
Resolución de 25 de noviembre de 2016, entre otras muchas) que debe ser: a) un interés 
conocido,  en  el  sentido  de  acreditado  o  justificado  (a  excepción  de  los  casos  de  e.
autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen por razón de su oficio a los  w.b
que la legislación hipotecaria presume dicho interés); b) ha de ser un interés directo o  482ww
aRcergeldaimtaer ndtoe bHidipaomteecnatreio e, ly  ec)n chaar gdoe  sseinr  lepgeírtjiumicoi.o de la dispensa del artículo 332.3 del
direcEtsot»e,  pcounecse apltcoa ndzea  ian tceuréaslq uleiegrít itmipoo  dees  iunnte rcéosn lcíceiptoto.  Emná ess taem spelinot idqou ela  eSl ednete «nicniate rdéesl 
Tribunal  Supremo,  Sala  Tercera,  de  24  de  febrero  de  2000,  estableció  que  dicha
exigencia reglamentaria de interés legítimo parece amparada por el artículo 222.7 de la 
Ley Hipotecaria que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien 
solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no 
contrario a derecho. Como ya se ha señalado, el contenido del Registro sólo se ha de 
poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o 
derechos  inscritos,  interés  que  ha  de  justificar  ante  el  registrador,  que  es  a  quien 
corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (cfr. Sentencias del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 16 de junio de 1990 y de 7 de junio de 2001). Esta 
necesaria calificación del interés concurrente en el solicitante de la información registral 
queda patente, como ha señalado la doctrina, cuando se somete a contraste el contenido 
del artículo 607 del Código Civil, conforme al cual: «El Registro de la Propiedad será 
público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes 
inmuebles  o  derechos  reales  anotados  o  inscritos»,  con  sus  antecedentes  pre 
legislativos que utilizaban la expresión mucho más amplia, referida al solicitante, de 
«cualquiera que lo exija» que figuraba en el artículo 1736 del Proyecto del Código Civil 
de 1836 y en el artículo 1885 del Proyecto de Código Civil de 1851, expresión que el 
Código  Civil  definitivamente  aprobado,  tomándola  de  la  Ley  Hipotecaria  primitiva, 
sustituye por la exigencia del «interés conocido» (cfr. artículo 607 transcrito).
Por tanto, tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de 
probarse  a  satisfacción  del  registrador  de  acuerdo  con  el  sentido  y  función  de  la 
institución  registral.  Ello  no  significa  que  el  registrador  pueda  discrecionalmente 
manifestar  el  contenido  de  los  asientos  registrales,  sino  que  queda  bajo  su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos.
Reducida, en nuestro sistema registral, por razones de seguridad, eficacia, eficiencia 
y economía, la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la mera 
solicitud de publicidad formal, es preciso cohonestar esta simplicidad procedimental con 
la finalidad que le atribuyen sus normas rectoras y conciliarla con los principios que 
inspiran nuestra legislación en materia de protección de datos. Y si bien es cierto que, 
como ha señalado la Dirección General de los Registros y del Notariado (vid. Resolución 
de 14 de julio de 2016) en los casos en que el solicitante de la información sea el propio 
titular registral de la finca, el interés legítimo debe presumirse sin necesidad de más 
indagaciones respecto de todos los asientos relativos a su finca, ello no dispensa de la 
aplicación de la citada legislación en materia de protección de datos, debiendo por ello el 
registrador,  como  ha  señalado  la  Resolución  de  reciente  cita,  adoptar  las  debidas 
cautelas respecto de los datos personales de otras personas incluidos en los citados 
asientos, respecto de los cuales se ha de valorar igualmente la concurrencia de un 
interés legítimo por parte del solicitante en relación con la causa o finalidad a que 
responda la solicitud. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, de 7 de junio de 2001, recuerda la necesidad de expresar la 
causa y finalidad de la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la 
concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda velar por el cumplimiento 
de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta 
fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista.
Pero el registrador, como ha señalado la Resolución de 30 de mayo de 2014, en el 
ámbito de su calificación, para considerar justificado ese interés no sólo debe apreciar la 
literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia con el resto de datos que se 
le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera mención de un motivo,  s
aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad registral, aisladamente  oe.
considerado no podrá dar lugar a la inmediata obtención de la nota simple o certificación  w.
solicitada, sino que será el análisis conjunto de todas las circunstancias que consten en  482ww
ldae s ololisc itudda,t oesl  qquuee d, etae rmsuin ajuráic itoa nyto  blaa ajop resuci arceiósnp odnesla inbtileidréasd ,a lefagcailditoe  ceolm  roe lgai setrxatednosr ióanl 
peticionario de la información.
3.  En  el  supuesto  de  hecho  de  este  expediente  se  pretende  información 
generalizada sobre determinadas fincas, incluso de los solicitantes de información sobre 
las mismas, justificando el interés en la tramitación de un expediente de declaración de 
herederos ab intestato, por lo que tiene razón el registrador en no considerar que exista 
interés directo para la expedición de certificación respecto de fincas que nunca han 
estado inscritas a nombre del causante. La propia denegación de información por no 
estar ni haber estado inscritas a nombre del fallecido cuya declaración de herederos 
abintestato se pretende, sirve de por sí para satisfacer el interés legítimo del solicitante 
para conocer si están dentro del patrimonio hereditario.
Lo mismo ocurre respecto de la certificación de las cargas de las fincas, en la medida 
que la finalidad de la información solicitada está limitada a la declaración de herederos 
abintestato del titular registral. Ningún inconveniente existirá respecto de la publicidad 
registral completa posterior, una vez acreditada judicial o notarialmente su condición de 
herederos abintestato, esto es, cuando sean los solicitantes titulares registrales; pero no 
concurre tal interés en el momento actual cuando tal condición de herederos abintestato 
todavía no se ha acreditado.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado la desestimación del recurso y 
la confirmación de la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 3 de diciembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.