BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 79 Viernes 2 de abril de 2021 Sec. I.   Pág. 37888
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
5210 Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la 
reactivación económica de Galicia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La situación de la economía gallega presentaba en el comienzo del año 2020 una 
serie  de  indicadores  que  hacían  pensar  en  un  crecimiento  de  la  riqueza  del  país 
sostenible en el medio plazo. Sin embargo, la declaración mundial de pandemia por la 
COVID-19, realizada el 11 de marzo por la OMS, truncó por completo cualquier tipo de 
perspectiva y provocó una caída del PIB absolutamente imprevisible a comienzos del 
presente ejercicio.
A pesar de que la Xunta de Galicia adoptó medidas al día siguiente de la declaración 
de la OMS y que en España el día 14 de marzo se declaró el estado de alarma mediante 
el Real decreto 463/2020, el crecimiento de la magnitud del contagio no fue frenado 
hasta el mes de junio.
Durante esos meses la paralización económica del país provocó un descenso de los 
parámetros más significativos de todas las actividades, lo que tuvo un fuerte impacto en 
el empleo y en los restantes indicadores que miden la fortaleza de una economía 
occidental.
Lamentablemente, las duras medidas adoptadas en la primera ola de la pandemia no 
se  tradujeron,  al  comienzo  del  otoño,  en  una  disminución  de  la  extensión  de  la 
enfermedad. Antes al contrario, se está viviendo una segunda ola que eleva el número 
de  personas  afectadas  por  encima  del  millón,  con  una  diferente  incidencia  en  los 
territorios que conforman España y con una previsión de convivencia con el patógeno a 
medio y largo plazo y, con ella, una ralentización inevitable de la actividad económica.
Aunque Galicia presenta niveles de contagio más bajos que la media española, la 
situación actual y las futuras derivas de la enfermedad hacen preciso paliar con todos los 
instrumentos posibles las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Ya  en  el  mes  de  junio,  el  Gobierno  gallego  presentó  una  serie  de  medidas, 
singularmente  el  Plan  de  reactivación  y  dinamización  de  la  economía,  que  puede 
suponer un impacto de más de tres mil millones de euros de fondos públicos y privados, 
en el que se incorporan acciones de carácter fiscal, como una moratoria en el pago de 
impuestos de gestión autonómica.
Durante el mes de septiembre y comienzos de octubre estas medidas iniciales fueron 
acompañadas de otra serie de acciones encaminadas a proteger el empleo, al colectivo 
de personas trabajadoras autónomas y a aquellos sectores que han sufrido una mayor 
pérdida de actividad desde el comienzo de la pandemia.
La  evolución  de  la  Comunidad  Autónoma  no  puede  ser  observada  desde  una 
perspectiva aislada; la economía mundial sufrirá una caída en el año 2020 del 4,5 % del 
PIB, según las previsiones de la OCDE (3,5 %, según la Comisión Europea en mayo). 
Para el año 2021, la recuperación económica prevista alcanza el 5,0 %, según la OCDE,  e.e
y  dos  décimas  más  según  la  Comisión  Europea,  aunque  las  previsiones  del  FMI  w.b
presentan valores menos favorables. 10ww
dismLian umciiosnmeas  eCno emsitseió anñ oa u2g0u2r0a  ye pl rmevaisyioorn eims pdaec itnoc rpeamrae nIttoa lipaa, raF realn acñiao  2y 0E21sp, ay ñvaa,l ocroens 
pdoer cinecnrteamjese ndteo  lap aCroam  lias ióenc,o dneo mlaí aO CeDspEa yñ odleal  FeMn I.los  que  prácticamente  coinciden  los
La situación de la economía española, con valores de crecimiento equilibrado a 
comienzos de este año 2020, se vio afectada por las importantes medidas restrictivas 
que se adoptaron en marzo y que provocaron una caída del PIB del 21,5 % en el 
segundo trimestre del año. Las previsiones y los escenarios del Banco de España y de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal certificaron los datos negativos.
Para el año 2021 todos los indicadores presentan valores de recuperación para 
España,  si  bien  con  unos  porcentajes  inferiores  a  las  disminuciones  del  presente 
ejercicio.
Una de las consecuencias más directas de la disminución de la riqueza es el impacto 
sobre el empleo, que, de nuevo, presenta valores muy preocupantes, especialmente en 
la juventud, para el próximo año 2021.
Galicia presenta una incidencia menor en los valores como consecuencia de un 
mejor  comportamiento  de  resistencia  al  virus  y  una  comparativa  favorable  con  los 
indicadores medios de España. Las magnitudes macro que presenta la Comunidad 
Autónoma han sido expuestas recientemente con ocasión de la aprobación del techo de 
gasto, que partió de la constatación del impacto de la crisis sanitaria en la economía 
gallega en el año 2020, con una caída del 9,7 % del PIB.
Así, en el segundo trimestre de 2020, el sector del comercio, el transporte y la 
hostelería experimentó una de las mayores caídas, con una tasa de variación interanual 
del -38,3 %, y resultó ser una de las actividades que más empleo perdieron.
Además, registraron una fuerte contracción las actividades profesionales (-23,9 %), la 
construcción (-3,2 %) y la industria (-19,7 %).
Aunque el ritmo de recuperación  de la economía  gallega se verá directamente 
influido por los altos grados de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, las 
previsiones señalan una recuperación parcial en el año 2021, que, no obstante, precisa 
del  acompañamiento  de  unas  medidas  específicas  de  apoyo  que  colaboren  a  la 
materialización de dichas previsiones y contribuyan incluso a mejorarlas.
II
En un escenario de incertidumbres en términos de salud pública, corresponde a los 
poderes públicos impulsar aquellas medidas de carácter coyuntural, pero también las 
estructurales,  que  minimicen  la  eventual  desconfianza  del  sector  privado  en  una 
situación de extrema variabilidad y que permitan que la inversión se desarrolle en un 
marco de certeza que favorezca la implantación de nuevas iniciativas y el afianzamiento 
y extensión de las ya existentes en el tejido productivo.
Toda crisis supone una oportunidad de cambiar políticas públicas que a lo largo de 
los años han manifestado una inercia de resistencia al cambio y que en algunos casos 
han frenado el crecimiento.
España lleva varias décadas legislando y planificando para intentar conseguir una 
Administración ágil que elimine disfunciones, solapamientos y duplicidades en la relación 
con la ciudadanía y con el mundo de las empresas, camino que también han recorrido el 
resto de las administraciones de los Estados que conforman la Unión Europea.
A lo largo de la historia reciente de las fórmulas para simplificar los procedimientos 
administrativos, se han dado pasos importantes a nivel europeo, que comenzaron en el 
período más reciente con el informe Mandelkern y la Comunicación de la Comisión 
Europea de 16 de marzo de 2005 Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el 
empleo  en  la  Unión  Europea  (COM(2005)  97  final),  y  fueron  seguidas  por  la  s
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre  e.
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, por el Programa de acción para la  w.
reducción de las cargas administrativas en la UE en el año 2007 y por la Estrategia  10ww
EuroEpna  2e0l 2á0m. bito  estatal,  los  tímidos  inicios  en  la  modificación  del  procedimiento
laedymesin isdtircattaivdoa sc ompaúrna  mterdaisapnoten elar  Lleay  4D/i1re9c9t9iv, ad e2 1030 6d/e1 2e3n/eCroE,,  halans  siddoe nsoemguinidaodsa sp or« llaesy   BOE-A-cable e
paraguas» (Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios  y  su  ejercicio)  y  «ley  ómnibus»  (Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio), y posteriormente por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de economía sostenible, que instauraban la comunicación previa y la declaración 
responsable. Estos esfuerzos tuvieron continuación con la creación de la Comisión de 
Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y con el Programa Nacional de 
Reformas, así como con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización  del  comercio  y  de  determinados  servicios;  la  Ley  14/2013,  de  27  de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización; la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público.
A  pesar  de  estos  esfuerzos,  la  implantación  de  una  iniciativa  empresarial,  que 
supone arriesgar una inversión, continúa siendo objeto de una reglamentación que 
provoca que en los informes del Banco Mundial relativos a la facilidad para hacer 
negocios e implantar empresas España se sitúe en el puesto 30.º de las economías 
mundiales y en los puestos 97.º en la facilidad para la apertura de un negocio y 79.º para 
la  obtención  de  un  permiso  de  construcción.  Esta  realidad  también  es  puesta  de 
manifiesto por el empresariado en España y en Galicia, que tiene una percepción de 
constantes obstáculos a las iniciativas de crear una empresa.
En los últimos años, la Comunidad Autónoma de Galicia ha realizado esfuerzos que 
han sido plasmados en la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia, en la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de 
la implantación de iniciativas empresariales en Galicia, y en otras normas de menor 
rango que agilizaron procesos para la puesta en marcha de proyectos, negocios y 
empresas.
El  procedimiento  administrativo  tiene  por  finalidad  maximizar  el  acierto  de  las 
actuaciones administrativas y garantizar que se cumplan los criterios de legalidad y 
seguridad jurídica. Además, muchos de los procedimientos tienen por objeto garantizar 
la conservación y mejora de bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento gallego, 
como el valor cultural del patrimonio, el medio ambiente y los valores naturales del 
territorio, la salud de las personas o la calidad de las aguas, que constituyen límites que 
no deben superarse.
El equilibrio entre el respeto al procedimiento, los valores que intenta proteger y la 
necesaria  agilidad  y  simplificación  para  conseguir  la  mayor  eficiencia  de  cara  a  la 
ciudadanía y a las empresas no siempre es fácil de obtener.
Esta ley pretende conseguir ese equilibrio evitando duplicidades y solapamientos en 
los procedimientos que son concurrentes, disminuyendo los retrasos en la emisión de los 
informes,  siempre  complejos,  que  tienen  por  finalidad  proteger  un  bien  público,  y 
agilizando los trámites precisos para el desarrollo de una iniciativa empresarial que 
intenta crear riqueza y empleo.
Desde esta perspectiva, la norma es absolutamente respetuosa con todos los valores 
culturales, paisajísticos, naturales y ambientales, entre otros, que afectan al territorio, de 
forma que no se ha eliminado ningún trámite de información pública, de audiencia o de 
informe.  La  ley  pretende  dar  certezas  sobre  los  informes  necesarios  para  el 
establecimiento de un proyecto o de una empresa, sobre los plazos y sobre los órganos 
intervinientes, pero no desregular los mecanismos de protección. s
La estructura constitucional del Estado español hace preciso que la norma se limite a  oe.
aquellos  aspectos  procedimentales  que  son  de  la  exclusiva  competencia  de  la  w.
Comunidad Autónoma, siempre con el respeto a la legislación estatal básica, por lo que  10ww
lrae srpeognuslaacbilóen. únicamente incide en los aspectos en que el autogobierno gallego es
dirigAid ap aar tsiri mdpel ieficsatar  yp rreamciiosnaa, lilzaa lre lyo sp rpertoecneddeim iniesntatousra.r una nueva cultura administrativa,  BOE-A-cable e
En  el  mundo  económico  actual,  complejo  y  globalizado,  las  iniciativas  de 
emprendimiento  precisan,  cada  vez  más,  del  acompañamiento  público  para  verse 
materializadas, porque la mentorización se ha instalado en el mundo económico, sobre 
todo en las iniciativas de las generaciones más jóvenes, y la norma no puede ser ajena a 
esta  realidad,  sino  que  tiene  que  darle  respuesta  diseñando  un  sistema  de 
acompañamiento a las nuevas iniciativas.
La  vinculación  de  los  nuevos  instrumentos  de  recuperación  europeos,  Next 
Generation EU, no es ajena en la redacción de este texto. Los nuevos mecanismos de 
recuperación y resiliencia supondrán una oportunidad de financiación de los proyectos 
alineados con las estrategias de la Unión y precisan una ejecución acompasada entre los 
proyectos  e  iniciativas  y  la  financiación  que  tiene  una  duración  temporal.  La 
simplificación de los procedimientos y la eliminación de los solapamientos cobra, pues, 
una especial importancia para realizar un ejercicio responsable de los instrumentos de 
financiación que permita recuperar una correcta senda económica y en la que tendrán su 
encaje principal los proyectos tractores.
III
Esta ley se dicta en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma 
establecidas en los apartados 3, 11, 13 y 18 del artículo 27, apartados 1 y 3 del 
artículo 28 y los números 1, 2 y 7 del apartado 1 del artículo 30 del Estatuto de 
autonomía de Galicia.
La ley se estructura en cinco títulos. En su título I recoge una serie de disposiciones 
generales que se desarrollan alrededor del concepto de las iniciativas empresariales, 
incluyendo en este concepto no solo los proyectos de inversión que se materialicen 
mediante  la  creación  de  una  nueva  empresa,  sino  también  las  ampliaciones, 
modificaciones  o  diversificaciones  de  las  actividades  ya  existentes,  así  como  la 
adquisición de las unidades productivas que supongan la continuación de una actividad o 
del establecimiento que haya cerrado o que habría cerrado de no haber sido adquirido.
Así, se configura de modo amplio el objeto de esta ley, que no se limita únicamente a 
la  creación  de  nuevas  empresas,  sino  que  también  abarca  todas  las  variaciones 
señaladas respecto a iniciativas ya existentes.
También se configura dentro de este título I una determinación de las distintas áreas 
de competencias de la Administración pública gallega que ejercen funciones en los 
ámbitos regulados a lo largo del articulado. Incluye, además, una definición de las 
competencias implicadas de los ayuntamientos, que resultan de especial relevancia, 
sobre todo a los efectos de su posible adhesión al Sistema de atención a la inversión, 
finalidad que se refleja a lo largo del texto, sin perjuicio del respeto a la autonomía local.
El título II de la ley regula los sistemas de apoyo administrativo a la implantación de 
iniciativas empresariales, y se divide en tres capítulos. El capítulo I crea el Sistema de 
atención a la inversión, como una figura clave para dar respuesta a la demanda clásica, 
de la ciudadanía en general y de los colectivos vinculados a la empresa en particular, 
sobre las dificultades existentes para obtener la información y la orientación que precisan 
para  poner  en  marcha  sus  iniciativas  empresariales,  a  través  de  un  servicio  de 
acompañamiento e información que les ofrece la posibilidad de realizar a través de él la 
tramitación administrativa autonómica e incluso también la local, en los supuestos de 
adhesión de los ayuntamientos a él.
Como medida de apoyo a la implantación de las iniciativas empresariales destaca en  s
este capítulo I la referencia a la creación de una serie de catálogos, por sectores de  e.
actividad, aprobados por el Consejo de la Xunta de Galicia, que recogerán todos los  w.
trámites administrativos exigibles para la implantación de las iniciativas empresariales,  10ww
daiscíh coosm por oucnead ismeireien todse.  fEorsmtausl afrigiousr ays ,m qoudee lodse bdeer ásno lsiceitru adc ytu daolizcaudmaesn tpaecrimóna naesnotceiamdeonst ea, 
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Administración autonómica, lo que supone facilitar la comprensión, la planificación y la 
tramitación de la parte administrativa.
También se prevé que el Sistema de atención a la inversión permita acceder de 
forma electrónica a toda la información y documentación indicada, y consultar, una vez 
iniciada la tramitación para la implantación de una iniciativa empresarial, la información 
relativa a los expedientes, de manera que las personas interesadas puedan comprobar 
en tiempo real el estado de tramitación de sus comunicaciones y solicitudes, incluida la 
emisión de los informes que la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia 
haya solicitado a otras administraciones o a las diferentes consejerías que la integran.
En el capítulo II de este título, se regula la Oficina Doing Business Galicia, unidad 
especializada  en  el  acompañamiento  y  tramitación  de  los  proyectos  industriales 
estratégicos y de las iniciativas empresariales prioritarias, y se establecen sus funciones, 
que no se limitan a la asistencia, sino también a su impulso y seguimiento.
El capítulo III regula un sistema de acompañamiento individualizado, a través de una 
red de oficinas de apoyo a la empresa, que contará con la colaboración de las distintas 
consejerías, para dar respuesta y asesorar en los aspectos relativos a la implantación de 
iniciativas empresariales.
El título III regula la simplificación administrativa para la tramitación de las iniciativas 
empresariales.
El  capítulo  I  establece  una  serie  de  medidas  generales  de  simplificación 
administrativa, de aplicación a todos los procedimientos. Las líneas básicas de este 
capítulo se centran en varios aspectos clave, de simplificación y simultaneidad de los 
trámites autonómicos, que permitirán conseguir importantes reducciones de tiempo de 
tramitación en los expedientes de implantación de las iniciativas empresariales.
Se establece un principio general de gestión simultánea de todos los trámites que 
puedan realizarse de este modo. Así, cuando en el procedimiento de autorización o 
declaración de una iniciativa empresarial sea preciso solicitar varios informes, el órgano 
competente para dictar la resolución final solicitará la emisión, de modo simultáneo, de 
todos los informes que resulten preceptivos.
La ley busca agilizar los procedimientos administrativos que suponen afecciones en 
función  de  su  implantación  en  el  territorio,  por  lo  que  establece  que  los  informes 
sectoriales no podrán tener carácter sucesivo, de forma que todos los órganos que 
deben emitir informe estudien el proyecto en el mismo período temporal. Asimismo, 
como  medida  de  agilización,  se  prevé  que  cuando  un  mismo  órgano  sectorial 
autonómico deba emitir informe a varios efectos, dentro del trámite ambiental, trámite 
urbanístico y trámite de la autorización substantiva, emitirá un único informe que abarque 
los distintos aspectos sobre los cuales deba pronunciarse, siempre y cuando se analice 
la documentación exigida a cada caso.
Asimismo, y con relación a los informes que deban solicitarse a los órganos de la 
Administración autonómica gallega como consecuencia de las afecciones sectoriales del 
proyecto, la ley aborda la problemática derivada de su tiempo de emisión, estableciendo 
un plazo general de tres meses, salvo que una norma legal establezca un plazo inferior. 
Pero la principal novedad de la ley viene al abordar los problemas derivados de aquellos 
supuestos en que se pueda producir una demora en su emisión, estableciendo que 
tendrán la consideración de favorables a la implantación de la iniciativa, salvo que una 
norma legal de carácter básico establezca lo contrario.
Finalmente, dicho capítulo I establece otras dos previsiones fundamentales y básicas 
de cara a conseguir la simplificación y la consiguiente reducción de los plazos de la  s
tramitación  administrativa,  que  es,  por  una  parte,  la  posibilidad  de  regulación  oe.
reglamentaria de la tramitación conjunta de todos los procedimientos administrativos  w.
autonómicos que puedan ser necesarios para la implantación de una iniciativa, evitando  10ww
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roeplatatidvoo sp oar  udnicah ma itsrammai tiancicióianti vcao npjaurnata e.l supuesto de que los sujetos promotores no hayan  BOE-A-cable e
Resulta, asimismo, de especial relevancia que esta conservación de trámites se 
mantenga también para los supuestos en que la implantación de la iniciativa empresarial 
requiera de un título municipal habilitante.
De este modo, a través de las previsiones contenidas en este capítulo, aplicables a 
todos los procedimientos en los que concurran este tipo de trámites, se simplificará la 
gestión  y  se  reducirá  notablemente  el  tiempo  de  respuesta  de  la  Administración 
autonómica.
El capítulo II regula la racionalización de los procedimientos de evaluación ambiental, 
mediante  la  fijación  de  plazos  tasados  antes  no  definidos  en  la  normativa  y  la 
simultaneidad  siempre  que  sea  posible  en  la  tramitación.  La  ley  pretende  en  este 
capítulo  clarificar  los  distintos  trámites  necesarios  para  la  evaluación  ambiental, 
simplificando y reduciendo los plazos mediante la simultaneidad, dentro del respeto a la 
premisa fundamental de velar por la necesaria protección ambiental.
Finalmente,  el  capítulo  III  de  este  título  establece  un  procedimiento  uniforme  y 
simplificado para las autorizaciones administrativas para las instalaciones eléctricas, un 
sector  muy  específico  con  unas  peculiaridades  en  su  tramitación  derivadas  de  las 
posibles  afecciones  de  los  proyectos,  teniendo  en  cuenta  sus  características  y  su 
implantación en franjas muy extensas del territorio, por lo que resulta oportuno su 
regulación  y  simplificación  en  un  capítulo  independiente,  y  la  significación  que  la 
producción, la distribución y el transporte de energía representan para los restantes 
sectores productivos.
En  este  capítulo  es  reseñable  el  objetivo  que  pretende  conseguir  esta  ley, 
consistente en vincular de un modo efectivo la generación eléctrica producida a partir de 
fuentes renovables a la industria de nuestro país, contribuyendo a la cohesión social y 
territorial de Galicia a través de la mejora de la competitividad de nuestro tejido industrial; 
lo que favorecerá la localización de las empresas más sensibles al fenómeno de la 
deslocalización,  como  son  aquellas  que  pertenecen  a  los  sectores  que  presentan 
«riesgos de fuga de carbono», como es la industria electrointensiva gallega.
La transformación de nuestro modelo industrial abarca muchos campos, pero uno de 
ellos, que resulta fundamental, es el energético, que, debidamente alineado con el resto, 
permitirá una descarbonización de nuestra economía, una renovación de las estructuras 
productivas y una mayor calidad de los empleos generados.
El título IV, relativo a las medidas urbanísticas y financieras para la reactivación 
económica, comienza su regulación con la introducción de las medidas de simplificación 
del régimen de obtención de la licencia municipal para aquellos supuestos en que es 
necesario  este  título  habilitante.  En  concreto,  se  facilita  a  los  ayuntamientos  su 
tramitación mediante un régimen general, lo que permite una mayor agilidad en la 
emisión, que se realizará en el plazo de un mes. Además, se establece un régimen 
específico para la obtención de la licencia urbanística en determinados supuestos que 
afectan de forma especial a las iniciativas empresariales, con un plazo de concesión de 
la  licencia  de  quince  días  naturales,  siempre  que  se  cumplan  las  circunstancias 
determinadas en la disposición, lo que permitirá agilizar su implantación.
Además,  aborda  otra  de  las  grandes  problemáticas  identificadas  a  la  hora  de 
implantar las iniciativas empresariales, la de la dificultad de obtener el apoyo económico 
necesario.  Se  incorporan  así  una  serie  de  mecanismos  de  financiación  para  las 
iniciativas empresariales promovidas por las start-ups, las personas emprendedoras y 
otras pequeñas empresas, especialmente relevantes teniendo en cuenta sus especiales 
dificultades en este campo, así como los mecanismos específicos para los proyectos  s
industriales estratégicos y las iniciativas empresariales prioritarias. oe.
Finalmente, el capítulo V de este título establece una serie de instrumentos de  w.
gobernanza para la planificación, la gestión y el control de los recursos económicos  10ww
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iniciativas empresariales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Así, las funciones de planificación y coordinación en este ámbito corresponderán a la 
Comisión Delegada de la Xunta para los Fondos de Recuperación, que contará, como 
órgano de apoyo técnico, con la Comisión Técnica de Fondos de Recuperación, sin 
perjuicio de la posibilidad de crear grupos de trabajos técnicos sectoriales que elaboren 
recomendaciones en los ámbitos precisos para la ejecución de los planes y proyectos 
definidos en este capítulo.
Se  regulan,  finalmente,  mecanismos  de  participación  con  la  sociedad  y  de 
colaboración con la Fegamp, y mecanismos de control de la aplicación de los fondos. 
Tiene una especial relevancia la creación del grupo de trabajo con la Fegamp, habida 
cuenta de la necesidad de simplificar trámites municipales para la implantación de 
iniciativas empresariales.
La parte final de la ley incorpora una serie de previsiones con las que se abordan 
aspectos puntuales de simplificación o de apoyo a las empresas y a los profesionales; 
así, se prevé el aumento de procesos de acreditación de competencias profesionales o 
medidas de fomento de las iniciativas empresariales en el exterior.
Las  disposiciones  finales  establecen  beneficios  fiscales  para  la  implantación  de 
iniciativas  empresariales  en  zonas  poco  pobladas;  definen  el  suelo  empresarial  y 
actualizan  los  conceptos  de  proyectos  industriales  estratégicos  e  iniciativas 
empresariales  prioritarias;  aclaran  los  supuestos  de  informe  de  Patrimonio  Cultural 
cuando no existan elementos de protección y clarifican el régimen de declaraciones 
ambientales  vinculadas  al  comercio;  introducen  cambios  en  la  regulación  eólica; 
modifican  la  Ley  de  vivienda  para  dar  cobertura  a  mejoras  de  carácter  social,  e 
introducen  previsiones  también  en  materia  de  salones  recreativos  de  juego  como 
consecuencia de las medidas sanitarias de aforo.
IV
Esta ley se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 37.a) 
de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico 
de Galicia. Las medidas previstas en ella responden a la satisfacción de necesidades de 
interés general con la debida proporcionalidad, eficacia y eficiencia, y se recogen en la 
norma los objetivos perseguidos a través de la misma y su justificación, tal como exige el 
principio de transparencia.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, 
de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en 
nombre del Rey la Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación 
económica de Galicia.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y principios
Artículo 1.  Objeto.
Esta  ley  tiene  por  objeto  establecer  las  medidas  necesarias  para  facilitar  la  bo
reactivación  de  la  actividad  económica  después  de  la  crisis  generada  por  las  10ww
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reduciendo  las  barreras  normativas  y  administrativas  y  estableciendo  una  serie  de
medidas que modernicen la Administración autonómica, para permitir una gestión más 
ágil y eficiente.
Artículo 2.  Finalidad y objetivos.
1.  Las medidas previstas por esta ley tienen como finalidad la recuperación y la 
mejora de los niveles de actividad económica y de empleo en Galicia previos a la 
situación de la pandemia de la COVID-19, avanzando en el impulso de los sectores 
productivos para favorecer la generación de valor añadido y la culminación de los ciclos 
productivos, así como la consolidación del empleo de calidad y la mejora de la calidad de 
vida de la ciudadanía de Galicia.
2.  Con esta finalidad, se persiguen los siguientes objetivos:
a)  Coordinar  la  actuación  de  los  órganos  de  la  Administración  general  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades instrumentales del sector público 
autonómico  de  Galicia  con  competencias  relacionadas  con  la  implantación  de  las 
iniciativas empresariales, entre sí y con las entidades locales gallegas, dentro del respeto 
a la autonomía local.
b)  Crear un sistema de apoyo y acompañamiento administrativo a la implantación 
de las iniciativas empresariales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
mediante la previsión de los servicios e instrumentos necesarios para tal fin.
c)  Simplificar los trámites administrativos necesarios para la implantación de las 
iniciativas  empresariales  en  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  en 
particular mediante la racionalización de los procedimientos administrativos aplicables y 
la eliminación de las cargas administrativas innecesarias o accesorias vinculadas a ellos.
d)  Prever los incentivos fiscales y los instrumentos de financiación de competencia 
de la Comunidad Autónoma de Galicia para fomentar la implantación de las iniciativas 
empresariales.
Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1.  La  presente  ley  será  de  aplicación  a  las  iniciativas  empresariales  que  se 
desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2.  A  los  efectos  de  esta  ley,  se  considera  iniciativa  empresarial  todo  tipo  de 
inversión que tenga como finalidad desarrollar una actividad económica, mediante la 
implantación de un proyecto, la creación de una nueva empresa o el establecimiento o la 
ampliación, la modificación o la diversificación de una empresa o de un establecimiento 
existentes.
También tendrá la consideración de iniciativa empresarial la adquisición por parte de 
una  persona  inversora  no  relacionada  con  la  persona  vendedora  de  las  unidades 
productivas o de los activos pertenecientes a un establecimiento que haya cerrado o que 
habría cerrado de no haber sido adquirido, con el fin de que continúe la actividad del 
establecimiento o se inicie una nueva.
3.  No  obstante  lo  anterior,  las  previsiones  sobre  la  racionalización  de  los 
procedimientos  de  evaluación  ambiental  serán  de  aplicación  a  todos  los  planes, 
programas o proyectos cuya evaluación ambiental sea de competencia autonómica.
4.  Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, las previsiones del capítulo I 
del título III de esta ley serán también de aplicación a la tramitación administrativa de las 
actuaciones de desarrollo de suelo empresarial o residencial. s
Artículo 4.  Principios. w.
con 1lo. s sLiagsu iemnetedsid parsin pcripeivoisst:as por esta ley se interpretarán y se aplicarán de acuerdo
a)  Libertad de empresa y de establecimiento y prestación de servicios, de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución española, en el derecho comunitario y en la 
normativa estatal aplicable.
b)  Objetividad,  eficacia,  eficiencia,  responsabilidad  y  coordinación  de  las 
actuaciones de las administraciones públicas de Galicia con competencias en materia de 
implantación de las iniciativas empresariales y de su financiación.
c)  Planificación  estratégica  y  gestión  por  objetivos,  con  el  establecimiento  de 
indicadores a tal efecto.
d)  Buena regulación, que incluye la simplificación de la normativa autonómica y 
municipal que afecte a la implantación de las iniciativas empresariales y la eliminación de 
las cargas administrativas innecesarias o accesorias vinculadas a ella.
e)  Desarrollo sostenible, entendido como el equilibrio entre la protección del medio 
ambiente y del patrimonio natural y cultural y el desarrollo económico y social.
2.  En  cumplimiento  del  principio  de  agilidad,  las  relaciones  entre  las 
administraciones públicas de Galicia y los órganos, organismos públicos y entidades 
vinculados o dependientes de ellas que se deriven de la aplicación de esta ley serán 
realizadas por medios electrónicos.
CAPÍTULO II
Competencias administrativas
Artículo 5.  El Consejo de la Xunta de Galicia.
1.  Corresponde  al  Consejo  de  la  Xunta  de  Galicia  la  superior  dirección  y 
coordinación de las políticas del sector público autonómico dirigidas a la recuperación de 
la actividad económica y del empleo en Galicia.
2.  En particular, el Consejo de la Xunta de Galicia aprobará los catálogos previstos 
en el capítulo I del título II de esta ley y sus actualizaciones y formulará las declaraciones 
de proyectos industriales estratégicos y de iniciativas empresariales prioritarias, en los 
términos y con los efectos establecidos en la normativa reguladora de tales proyectos e 
iniciativas.
Artículo 6.  La consejería con competencias en materia de economía y empresa.
1.  Corresponde  a  la  consejería  con  competencias  en  materia  de  economía  y 
empresa, bajo la superior dirección y coordinación del Consejo de la Xunta de Galicia, 
diseñar y ejecutar las políticas de recuperación de la actividad económica en Galicia, en 
particular mediante la facilitación de la implantación de las iniciativas empresariales en el 
territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las 
demás consejerías de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en las materias con incidencia en el campo económico, del empleo o del medio rural.
2.  A los efectos previstos en el número anterior, la consejería con competencias en 
materia de economía y empresa:
a)  Asumirá  las  funciones  de  apoyo  y  acompañamiento  administrativo  a  la 
implantación de las iniciativas empresariales en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, mediante los servicios e instrumentos previstos en el título II.
b)  Elevará  al  Consejo  de  la  Xunta  de  Galicia  las  propuestas  motivadas  de  e.e
declaración de proyectos industriales estratégicos e iniciativas empresariales prioritarias,  w.b
cuando proceda según lo previsto en la normativa reguladora de tales proyectos e  10ww
inicica)t ivaEss.tablecerá los instrumentos de coinversión público-privada que favorezcan la
efinmapnrceinadceiódno rdaes  yla ost rainsic piaetqivuaesñ aesm epmrepsraersiaalse,s d ell eavcaudeards oa c ocna bloo  ppreovr isstota ertn-u epls t,í tupleor sIVo.nas
d)  Impulsará, en coordinación con la consejería con competencias en materia de 
evaluación y reforma administrativa, las medidas para que el marco regulatorio aplicable 
a  la  implantación  de  las  iniciativas  empresariales  se  ajuste  al  principio  de  buena 
regulación.
Artículo  7.  La  consejería  con  competencias  en  materia  de  evaluación  y  reforma 
administrativa.
Corresponde a la consejería con competencias en materia de evaluación y reforma 
administrativa  la  asistencia  y  colaboración  con  la  consejería  con  competencias  en 
materia de economía y empresa en las tareas de planificación de los procesos de 
revisión periódica del marco regulatorio aplicable a la implantación de las iniciativas 
empresariales y, en general, a la actividad económica, con el fin de hacer efectivo el 
principio de buena regulación.
Artículo 8.  Otras consejerías de la Administración general de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
Las consejerías de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
distintas de las previstas en los artículos 6 y 7, cada una en su propio ámbito de 
competencias, colaborarán en la consecución de los objetivos de esta ley, en particular 
proporcionando a la consejería con competencias en materia de economía y empresa la 
información y la documentación que precise para el ejercicio de las funciones que le 
atribuye la letra a) del número 2 del artículo 6.
Artículo 9.  Los ayuntamientos.
Corresponde  a  los  ayuntamientos  gallegos,  en  su  ámbito  competencial  propio, 
contribuir  a  la  recuperación  de  la  actividad  económica  y  del  empleo,  entre  otras, 
mediante las siguientes medidas y actuaciones en el marco de lo previsto en esta ley:
a)  Participar en el apoyo y en el acompañamiento administrativo a la implantación 
de  las  iniciativas  empresariales  en  su  territorio,  en  su  caso  mediante  la  adhesión 
voluntaria a los servicios e instrumentos previstos en el título II.
b)  Revisar el marco regulatorio de su competencia para hacer efectivo el principio 
de buena regulación.
c)  Planificar la oferta de suelo empresarial, en el ejercicio de sus competencias de 
ordenación  urbanística,  de  modo  que  se  facilite  la  implantación  de  las  iniciativas 
empresariales en el término municipal.
d)  Prever los incentivos fiscales e instrumentos de estímulo de su competencia que 
favorezcan la implantación de las iniciativas empresariales en el término municipal.
TÍTULO II
Apoyo administrativo a la implantación de las iniciativas empresariales
CAPÍTULO I
Sistema de atención a la inversión
Artículo 10.  Creación del Sistema de atención a la inversión. bo
eqmuep 1rt.eie nndSee edp oocrrrae fsain,  aeellni d Seailds p tesromecrave isrd ode e da est eopnpucoeirósttnea   aae  nllaa ms  ianervmcehprasrei ódsnea  ssc uoysm,  eionn ice pila astriivtsiactesum leaamr,  pdare el asisna fropiaremlressao,c niaóasnsí    2021-5210n https://ww
como facilitar su implantación.
2.  El  Sistema  de  atención  a  la  inversión  incluirá,  entre  otros  aspectos,  la 
información  sobre  los  posibles  apoyos  en  forma  de  incentivos  y  de  financiación 
empresarial y sobre tramitación de documentación y acompañamiento.
3.  El Sistema de atención a la inversión permitirá el acceso a la sede electrónica de 
la Xunta de Galicia para la realización de todos los trámites administrativos necesarios 
para la puesta en marcha de la iniciativa empresarial que sean de competencia de la 
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  y  de  las  entidades 
instrumentales del sector público autonómico de Galicia y consten en los catálogos 
aprobados conforme al artículo 14. También se incorporarán a él los trámites de la 
competencia de los ayuntamientos que se adhieran al Sistema.
Artículo 11.  Dependencia y gestión del Sistema de atención a la inversión.
El Sistema de atención a la inversión dependerá de la Oficina Doing Business 
Galicia, regulada en el capítulo II de este título. Su gestión podrá ser encomendada a las 
entidades instrumentales del sector público autonómico dependientes de la consejería 
con competencias en materia de economía y empresa.
Artículo 12.  Adhesión de ayuntamientos al Sistema de atención a la inversión.
1.  Podrán  incorporarse  al  Sistema  de  atención  a  la  inversión  aquellos 
ayuntamientos  con  la  condición  de  «ayuntamientos  emprendedores»  mediante  su 
adhesión al protocolo general firmado entre la Xunta de Galicia y la Fegamp, o los 
instrumentos que lo sustituyan, que ya hayan adquirido tal condición al tiempo de la 
entrada en vigor de esta ley o que la adquieran con posterioridad.
2.  La adhesión al Sistema de atención a la inversión tendrá los siguientes efectos:
a)  Supondrá  la  incorporación  de  todos  los  trámites,  incluidos  los  de  carácter 
urbanístico de competencia del respectivo ayuntamiento, en los formularios y modelos 
normalizados, elaborados al efecto por la consejería con competencias en materia de 
economía y empresa, con el objetivo de agilizar la implantación de las nuevas iniciativas 
empresariales.
b)  Los  sujetos  promotores  podrán  presentar  a  través  de  él  la  documentación 
dirigida al ayuntamiento y recibir las notificaciones procedentes de la administración 
municipal.
c)  Supondrá  la  asunción  por  parte  de  los  ayuntamientos  de  los  mismos 
compromisos  señalados  en  el  artículo  14  para  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia.
d)  Asimismo,  supondrá  la  asunción  del  compromiso  por  parte  del  respectivo 
ayuntamiento de la recomendación de establecer bonificaciones en el impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, así como en la tasa por la expedición de la 
licencia urbanística de obra o por la realización de las actividades administrativas de 
control en los supuestos en que la exigencia de licencia haya sido sustituida por la 
presentación de comunicación, cuando sean exigibles, para los supuestos derivados de 
una iniciativa empresarial, respetando en todo caso lo dispuesto en el Real decreto 
legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  de  refundición  de  la  Ley  de  haciendas  locales, 
especialmente su artículo 103.
Artículo 13.  Áreas de información. s
1.  El  Sistema  de  atención  a  la  inversión  incluirá  información  general  en  las  w.b
siguientes áreas: 10ww
ipnaicraiaa )tlai v aimEsl p elpmarnoptcraeecsdióaimnri aideleen stloa. sa idnmstainlaisctrioantievos  qsuues traenqtuivieor,a  alam pbuieensttaal  eyn  ufurnbcainoínsatimcoie nnteoc edsea lraios   OE-A-2021-52able en https://
b)  La tramitación administrativa necesaria para la constitución de las empresas.
c)  Las ayudas y los incentivos aplicables para la creación de empresas, así como 
todos aquellos de los que puedan beneficiarse las personas promotoras de las iniciativas 
empresariales.
d)  Otros temas de interés para las empresas, como la financiación, incluida la 
europea, la fiscalidad, la internacionalización, la investigación, el desarrollo tecnológico y 
de innovación y la cooperación empresarial.
2.  Asimismo, el Sistema permitirá realizar las siguientes acciones:
a)  Presentar  de  forma  electrónica,  mediante  el  acceso  al  registro  electrónico 
general,  las  solicitudes,  la  documentación  y  las  comunicaciones  dirigidas  a  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y a los ayuntamientos adheridos.
b)  Acceder a la información relativa a los expedientes, de forma que las personas 
interesadas  puedan  comprobar  en  tiempo  real  el  estado  de  tramitación  de  sus 
comunicaciones y solicitudes, incluida la emisión de los informes que la Administración 
general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales del sector público 
autonómico  de  Galicia  hayan  solicitado  a  otras  administraciones  o  a  las  diferentes 
consejerías que la integran.
c)  Consultar el plazo máximo de emisión de los informes y el sentido del silencio 
administrativo previstos en la correspondiente norma reguladora.
d)  Consultar las bonificaciones de las tasas y de los impuestos municipales que los 
ayuntamientos adheridos apliquen a la implantación de las iniciativas empresariales en 
su ámbito territorial.
e)  Acceder a los modelos de propuesta para la mejora de la regulación económica 
y de comunicación de obstáculos y barreras a la competitividad económica que apruebe 
la Administración autonómica.
3.  En el momento en que la Administración general del Estado haga efectiva la 
previsión contenida en la disposición adicional segunda de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, relativa a 
los trámites que se realicen ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Tesorería General de la Seguridad Social, podrá incluirse en el Sistema de atención a la 
inversión la información relativa a dicha tramitación mediante la suscripción del oportuno 
convenio.
Artículo 14.  Recursos disponibles.
1.  A través del Sistema de atención a la inversión se podrá acceder de forma 
gratuita a los siguientes recursos:
a)  A los catálogos en que se recojan de forma clara y por orden cronológico todos 
los trámites administrativos exigibles y las actuaciones necesarias para la implantación 
de  las  iniciativas  empresariales,  incluidos  los  de  competencia  municipal  de  los 
ayuntamientos adheridos al Sistema de atención a la inversión.
b)  A todos los formularios y modelos de solicitud de autorización, de comunicación 
y  de  declaración  responsable  asociados  a  cualquiera  de  los  procedimientos 
administrativos de implantación de las iniciativas empresariales de la competencia de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales del 
sector  público  autonómico  de  Galicia,  en  los  que  se  indicará  la  relación  de  la 
documentación que debe acompañar la persona interesada. e.e
ncsouúl mae32bel..aor  obra oLTacraonaiónstcen tioórc id anoleot rá  ssdll aeoecs gab podterásirifolá eorsnrgizee ofarnisgárt áeuncnsr oa e mcral aopqobneu oslreoermlsaljoe addsrnoíi saessts nien ptccetoootmorsn re  lefacnoso tr eOmmd afepuicc elaitatnurecaiaont ilscviDz iiadayosa dimn dopg soo q.drBu eruelaos zspión rmnee ssedsene nc Gltiaeoa nnmli acuadiantoe  srcmi oaean.n y E oelnarl     OE-A-2021-5210able en https://www.
dinamismo  en  la  implantación  o  cuya  demanda  precise  ser  acelerada  por  razones 
estratégicas.
Se podrá concertar la elaboración de los contenidos de los catálogos con los colegios 
profesionales, cámaras de comercio, organizaciones empresariales y otras entidades 
representativas de los sectores afectados.
4.  Los catálogos y sus actualizaciones serán aprobados por el Consejo de la Xunta 
de Galicia.
5.  La aprobación de los catálogos deberá incluir un trámite de audiencia, por un 
plazo de quince días hábiles, a las distintas consejerías de la Administración general de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.
6.  En el procedimiento de elaboración de disposiciones normativas autonómicas 
que incorporen nuevos trámites para la implantación de iniciativas empresariales deberá 
justificarse su necesidad de acuerdo con el principio de buena regulación previsto en 
esta ley. Una vez aprobada la norma que regule el nuevo trámite, deberá procederse a la 
actualización del catálogo o catálogos correspondientes.
Artículo 15.  Evaluación externa.
Con  la  periodicidad  que  se  determine  reglamentariamente,  se  realizarán  las 
evaluaciones externas e independientes del funcionamiento del Sistema de atención a la 
inversión. Los informes elaborados por las entidades evaluadoras estarán disponibles 
como parte de la información que ofrezca el Sistema.
CAPÍTULO II
Oficina Doing Business Galicia
Artículo 16.  Fines y objetivos de la Oficina Doing Business Galicia.
La Oficina Doing Business Galicia es el órgano responsable de la gestión de los 
instrumentos  previstos  en  esta  ley  para  facilitar  la  implantación  de  las  iniciativas 
empresariales,  especializada  en  el  acompañamiento  y  tramitación  de  los  proyectos 
industriales  estratégicos  y  de  las  iniciativas  empresariales  prioritarias,  así  como  la 
coordinación del asesoramiento a las personas empresarias para la puesta en marcha y 
acompañamiento de las iniciativas empresariales.
La  Oficina  depende  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  consejería  con 
competencias  en  materia  de  economía  y  empresa,  en  su  condición  de  autoridad 
designada por la Comunidad Autónoma como punto de contacto para la unidad de 
mercado.
Artículo 17.  Funciones.
1.  Corresponden a la Oficina Doing Business Galicia las siguientes funciones:
a)  Gestionar el Sistema de atención a la inversión y elaborar los catálogos.
b)  Dirigir la Unidad de Apoyo de las Iniciativas Empresariales.
c)  Acompañar y dar soporte a los sujetos promotores de las iniciativas susceptibles 
de ser calificadas como proyectos industriales estratégicos o iniciativas empresariales 
prioritarias, analizando las solicitudes telemáticas recibidas o las consultas realizadas por 
vía telefónica o presencial. En particular, la Oficina deberá orientar a las personas  e.e
interesadas sobre los títulos habilitantes necesarios para llevar a cabo un proyecto o su  b
modificación, la tramitación pertinente y la posible obtención de ayudas públicas. 10ww
estradt)é gAicnoa oliz ianri csiai tuivnaa  einmicpiaretivsaa reiasl  spurisocreitpatriibal,e a dseí  csoemr coa lpifricoapdoan ecro mdicoh par ocyaelicfitcoa icniódnu satr ilaal 
perseo)n aI mtituplualrs adre  llaa  ctornasmeijtearcíiaó nc ond ec olmosp epteronyceiacst oesn  minadtuesrtiraia dlees e ceosntroamtéígai cyo esm  yp redsea .las
iniciativas empresariales prioritarias mediante la consulta a otros órganos o entidades, de
la misma o de otra administración, así como a través de la propuesta o requerimiento de 
actuación o de realización de trámites a los correspondientes departamentos del sector 
público autonómico de Galicia.
f)  Elaborar  el  plan  de  seguimiento  de  ejecución  de  proyectos  industriales 
estratégicos e iniciativas empresariales prioritarias y efectuar los controles pertinentes.
g)  Analizar, a petición de la persona interesada o a iniciativa propia, las actividades 
económicas en curso que sean estratégicas para la Comunidad Autónoma de Galicia y 
estén en situación de riesgo de continuidad, elevando un informe de valoración de la 
situación y de las alternativas a la persona titular de la consejería con competencias en 
materia de economía y empresa y realizando el seguimiento de estas actividades, con 
atención especial a las actuaciones administrativas propuestas.
h)  Elaborar  un  informe  anual  de  actividad  en  relación  con  la  evaluación  y 
tramitación de los proyectos estratégicos y de las iniciativas empresariales prioritarias, 
que será publicado en la página web de la consejería competente en economía y 
empresa.
i)  Realizar otras actuaciones que permitan impulsar, aprobar y mantener proyectos 
estratégicos para la Comunidad Autónoma de Galicia.
j)  Coordinar la red de oficinas de apoyo a la empresa para las restantes iniciativas 
empresariales previstas en esta ley.
2.  En relación con la unidad de mercado, la Oficina Doing Business Galicia llevará a 
cabo el análisis y tramitación en relación con las propuestas relativas a la unidad de 
mercado, dando soporte a la Secretaría General Técnica de la que depende.
Artículo 18.  Dirección y dotación de medios.
1.  Al frente del funcionamiento operativo de la Oficina Doing Business Galicia 
estará un órgano con nivel de subdirección general, o equivalente, para impulsar las 
funciones  relativas  a  los  proyectos  industriales  estratégicos  y  a  las  iniciativas 
empresariales prioritarias.
2.  La Oficina Doing Business Galicia deberá dotarse de los medios personales 
suficientes y especializados en la tramitación de los proyectos industriales estratégicos y 
de las iniciativas empresariales prioritarias, en el apoyo a las iniciativas empresariales 
con carácter general, en la obtención de los fondos europeos y en la atención a la 
inversión extranjera.
CAPÍTULO III
Sistema de acompañamiento individualizado
Artículo 19.  Red de oficinas de apoyo a la empresa.
1.  La función de acompañamiento a las personas empresarias para la puesta en 
marcha de las iniciativas empresariales se desarrollará a través de las oficinas de apoyo 
a  la  empresa.  Cuando  las  personas  empresarias  tengan  la  condición  de  personas 
emprendedoras, el acompañamiento individualizado podrá ser prestado por la Unidad 
Galicia Emprende con el alcance previsto en el artículo 8 de la Ley 9/2013, de 19 de 
diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
2.  La red de oficinas de apoyo a la empresa podrá ser objeto de modificación por  s
parte de la consejería con competencias en materia de economía y empresa en función  e.
de las necesidades que se detecten y figurará permanentemente actualizada en el  w.
Sistema de atención a la inversión. 10ww
de Aostriomsi smseor,v liac iofusn ctieórnr itdoer iaalceosm  pdaeñ alam ieAndtom iinndisitvriadcuiaólniz agdeon peoradlr ád eej erlace rCseo ma utnraidvaéds 
Aquuetó sneo mdae tedrem Ginaelinc ipao yr  draez lóans  deen tsidua deessp eincsiatrliudmade nmtaalteesr idael ly ,s eecnt ocro pnúcbrelitcoo,  aau ttroanvóéms idceo   BOE-A-cable e
las oficinas agrarias comarcales, en su respectivo ámbito de actuación, sin perjuicio 
de  las  funciones  de  información  y  acompañamiento  para  el  emprendimiento  en 
economía  social  que  corresponden  a  las  entidades  que  forman  parte  de  la  Red 
Eusumo, según lo dispuesto en el Decreto 225/2012, de 15 de noviembre, por el que 
se crea la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía social y se 
regula su funcionamiento.
3.  Mediante  la  suscripción  del  correspondiente  convenio  podrá  extenderse  la 
condición de oficinas de apoyo, con las funciones de acompañamiento descritas en el 
número 1, a las cámaras de comercio, a los colegios profesionales y a las asociaciones 
empresariales sin ánimo de lucro.
Artículo 20.  Unidad de Apoyo de las Iniciativas Empresariales.
1.  La consejería con competencias en materia de economía y empresa creará, 
dentro de la Oficina Doing Business Galicia, una Unidad de Apoyo de las Iniciativas 
Empresariales, que asumirá, entre otras funciones, el apoyo en el acompañamiento 
individualizado a las personas empresarias, así como la colaboración en las tareas de 
redacción,  revisión  y  actualización  de  los  catálogos  del  Sistema  de  atención  a  la 
inversión.
2.  De la Unidad de Apoyo de las Iniciativas Empresariales, y a los efectos del 
ejercicio de las funciones indicadas en el número anterior, dependerá funcionalmente el 
personal empleado público que a tal fin designen a las consejerías de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia y sus entidades con funciones vinculadas 
a la actividad empresarial, sin perjuicio de su dependencia orgánica de la consejería de 
origen.
Artículo 21.  Colaboración de las distintas consejerías.
1.  En las consejerías o en las entidades con funciones vinculadas a la actividad 
empresarial, se designarán las personas que dependerán funcionalmente de la Unidad 
de Apoyo de las Iniciativas Empresariales de acuerdo con lo expresado en el artículo 20 
y que también asumirán las funciones de contacto para colaborar con la red de oficinas 
de apoyo a la empresa en los aspectos más concretos del ámbito de competencias de 
cada una de ellas.
2.  Esta colaboración interna se articulará entre la red de oficinas de apoyo a la 
empresa y las personas que conforman la unidad, de tal modo que las primeras se 
encargarán de coordinar la información necesaria de las distintas consejerías y de 
trasladarla de modo unificado y directo a la persona solicitante.
Artículo 22.  Acompañamiento individual en la gestión de los proyectos.
1.  Con el objeto de lograr un impulso efectivo de las iniciativas empresariales que 
puedan  optar  a  la  declaración  de  proyectos  industriales  estratégicos  o  iniciativas 
empresariales prioritarias, la consejería con competencias en materia de economía y 
empresa podrá designar o contratar gestores de proyecto para prestar al sujeto promotor 
asistencia  en  la  tramitación  administrativa  y  acompañamiento  y  orientación  en  el 
cumplimiento de los distintos trámites.
2.  Las  labores  de  asistencia,  acompañamiento  y  orientación  previstas  en  este 
artículo podrán realizarse mediante la formalización de los oportunos convenios de  s
colaboración o de los contratos con entidades ajenas a la Administración. oe.
TÍTULO III
Simplificación y racionalización de trámites y procedimientos administrativos
CAPÍTULO I
Simplificación de la tramitación administrativa autonómica
Sección 1.ª Simplificación de la tramitación de los informes sectoriales necesarios para 
la implantación de las iniciativas empresariales
Artículo 23.  Informes sectoriales emitidos por los órganos de la Administración general 
de la Comunidad Autónoma y por las entidades instrumentales del sector público 
autonómico de Galicia.
1.  Con carácter general, la implantación de una iniciativa empresarial podrá exigir, 
en función de las afecciones que se deriven de su implantación física en el territorio, 
cuando  así  lo  establezca  la  normativa  sectorial  vigente,  la  emisión  con  carácter 
preceptivo de uno o varios de los siguientes informes:
a)  El informe del órgano competente en materia de urbanismo.
b)  El informe del órgano competente en materia de conservación del patrimonio 
natural, en los supuestos de afección a este.
c)  El informe del órgano competente en materia de patrimonio cultural, en los 
supuestos de afección a bienes integrantes de este y, en particular, en el caso de 
afección a los bienes declarados de interés cultural o catalogados, a sus entornos de 
protección y, en los supuestos preceptivos, a su zona de amortiguación, o a los territorios 
delimitados de los Caminos de Santiago.
d)  El informe del órgano competente en materia de planificación hidrológica y de 
dominio público hidráulico, en los supuestos de existencia y afección a algún recurso 
hidrológico o al dominio público hidráulico, incluidos los vertidos.
e)  El informe del órgano competente en materia de paisaje, en los supuestos de 
posible afección al paisaje.
f)  El informe del órgano competente en materia de salud pública, en los supuestos 
de una posible afección significativa a las condiciones de salud de la ciudadanía.
g)  El informe de los órganos competentes en materia de prevención y gestión de 
riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes, en los supuestos de una posible 
afección a la seguridad de la ciudadanía, incluidos los derivados de contaminación 
marina.
h)  El informe del órgano competente en materia de turismo, cuando la implantación 
de la iniciativa empresarial pueda afectar de modo significativo al valor turístico del 
territorio afectado.
i)  El informe del órgano competente en materia de infraestructuras u obras públicas, 
cuando  la  implantación  de  la  iniciativa  empresarial  afecte  a  las  infraestructuras  de 
titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia.
j)  El informe del órgano competente en materia de montes, en el supuesto de 
afección a los montes catalogados de utilidad pública y terrenos forestales incluidos en la 
normativa sectorial reguladora.
k)  El informe del órgano competente en materia de pesca, acuicultura y marisqueo,  s
cuando la implantación de la iniciativa empresarial afecte a estos recursos. o
l)  El informe del órgano competente en materia de protección y defensa contra los  w.
ipnrcoeymnedc) itoos E pfl ouirenedfsoatra mlteeesn ,ed creu l ainóncrdigdoae ennloc p iarco oyemenpc teloot espn uitneesd tearun tm emneeanrtt eoinrsic aidd eed nepc idlaae nesifnaic reraoscltlieoó  ncr,au mmrapol,ov .icliuzaancdióon  eyl   2021-5210n https://ww
recuperación de tierras agroforestales.
n)  Aquellos otros informes que, en función de las características de la iniciativa, 
resulten preceptivos en virtud de la normativa aplicable.
2.  Los informes de los órganos de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma y de las entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia 
con competencia sectorial en la protección y defensa del territorio, y de los intereses, 
bienes y elementos configuradores de este que deban ser protegidos, así como los que 
tengan por finalidad velar por la salud y protección de las personas, tienen carácter 
preceptivo y vinculante, cuando así lo establezca la normativa sectorial aplicable, en 
cualquier  procedimiento  que  pueda  afectar  a  la  implantación  de  las  iniciativas 
empresariales en el territorio.
Artículo 24.  Plazo de emisión y efectos de la falta de emisión en plazo.
1.  Los informes señalados en el artículo anterior tendrán un plazo de emisión de 
tres meses, salvo que una disposición legal determine un plazo inferior.
Transcurrido dicho plazo sin que hayan sido emitidos o sin resolución expresa, 
tendrán la consideración de favorables a la implantación de la iniciativa empresarial, 
excepto en los supuestos en que la normativa estatal que resulte de aplicación determine 
otra solución.
2.  Cuando el órgano sectorial que deba emitir el informe aprecie dificultades para 
cumplir el plazo establecido, podrá realizar un encargo para la realización de un estudio 
a medios propios o a entidades sin ánimo de lucro con capacidad para pronunciarse en 
la materia respectiva, o, en defecto de los anteriores y motivadamente, a otras personas 
expertas  en  la  materia.  El  estudio  realizado  podrá  ser  tenido  en  cuenta  para  la 
elaboración del informe del órgano sectorial. La entidad o contratista que lo elaboren 
serán  responsables  de  la  calidad  técnica  de  los  trabajos  que  desarrollen  y  de  las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la elaboración del estudio, de acuerdo, en particular, con lo 
establecido  por  la  normativa  contractual  aplicable,  en  el  caso  de  acudirse,  para  la 
realización del estudio, a un contrato.
Artículo 25.  Medidas de agilización procedimental.
1.  Cuando en el procedimiento de autorización o declaración de una iniciativa 
empresarial sea preciso solicitar varios informes, el órgano competente para dictar la 
resolución final solicitará la emisión de todos los informes que resulten preceptivos de 
modo simultáneo.
En el caso en que un mismo órgano sectorial autonómico deba emitir informe a 
varios efectos, dentro del trámite ambiental, el trámite urbanístico y el trámite de la 
autorización sustantiva, emitirá un único informe que abarque los distintos aspectos 
sobre que deba pronunciarse, salvo en los supuestos en que existan modificaciones 
sustanciales en la documentación aportada que se exija para cada ámbito.
2.  Los informes que deban emitirse no tendrán carácter sucesivo, de tal forma que 
la emisión de un informe no estará condicionada por la expedición previa del informe de 
otro órgano sectorial. El órgano informante se pronunciará exclusivamente respeto del 
ámbito sectorial en que resulta competente.
3.  En aquellos supuestos en que el órgano sectorial consultado requiera para su  s
pronunciamiento  someter  el  plan  o  el  proyecto  en  que  se  materializa  la  iniciativa  oe.
empresarial  a  la  consideración  de  sus  órganos  asesores  o  consultivos,  el  órgano  w.
isnefoctromriea le dne eble prláa zgoa reasntatizbalerc liad oa geinli deal da rdtíec uelost aasn tecorinosr.ultas, de forma que pueda emitir su  2021-5210n https://ww
Artículo 26.  Informes sectoriales emitidos por los órganos de la Administración del 
Estado.
Cuando en un procedimiento de autorización de competencia de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales del sector público 
autonómico  de  Galicia  sea  preceptiva  la  emisión  del  informe  de  un  órgano  de  la 
Administración del Estado, el órgano sustantivo autonómico que deba dictar la resolución 
final solicitará directamente del centro directivo, organismo o entidad estatal la emisión 
del correspondiente informe.
Transcurrido  el  plazo  máximo  de  emisión  sin  pronunciamiento  expreso  del 
informante, el órgano sustantivo pondrá en conocimiento de la Delegación del Gobierno 
en Galicia esta circunstancia y los efectos económicos derivados de la ausencia o 
demora en la emisión del informe, e informará de esta circunstancia al sujeto promotor.
Sección 2.ª Tramitación conjunta y conservación de los trámites
Artículo 27.  Tramitación conjunta de los distintos procedimientos relativos a una misma 
iniciativa empresarial.
1.  La Administración autonómica, en el ejercicio de sus competencias, promoverá el 
establecimiento de procedimientos para garantizar que los actos de control que afecten a 
la implantación de iniciativas empresariales se integren en un procedimiento único y ante 
una única instancia. A tal efecto, se regulará el procedimiento y se determinará el órgano 
autonómico competente ante el cual se realizarán los trámites y que, en su caso, lo 
resolverá.  Estos  procedimientos  coordinarán  todos  los  trámites  administrativos 
necesarios para la implantación de dichas iniciativas empresariales con base en un 
proyecto único.
Estos procedimientos se basarán en los principios de libertad de establecimiento, 
voluntariedad para la persona interesada, ventanilla única, respeto a las competencias 
de las administraciones intervinientes, cooperación interadministrativa, proporcionalidad 
de las actuaciones y simplicidad de cargas administrativas.
2.  En caso de que el sujeto promotor de la iniciativa empresarial optase por la 
tramitación conjunta prevista en este artículo deberá presentar, de acuerdo con lo que 
disponga la normativa reguladora del procedimiento:
a)  La documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la normativa reguladora de los actos de control integrados en el procedimiento.
b)  De  resultar  preciso,  el  documento  ambiental  necesario  para  la  evaluación 
ambiental del proyecto, según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o norma básica estatal que la sustituya.
c)  En  su  caso,  la  documentación  necesaria  para  la  aprobación  del  proyecto 
sectorial.
d)  La relación de los bienes y derechos afectados, en el caso de solicitarse la 
declaración de utilidad pública de la instalación.
3.  El órgano responsable de la tramitación, en el caso de ser necesaria, someterá a 
información pública, de forma simultánea, el proyecto de ejecución, el estudio de impacto 
ambiental en el caso de evaluación ambiental ordinaria y el proyecto sectorial, mediante 
su  publicación  en  el  «Diario  Oficial  de  Galicia»  y,  en  su  caso,  en  el  Portal  de  s
transparencia y gobierno abierto. oe.
En caso de que se solicite la declaración de utilidad pública, se realizará de forma  w.
simultánea el trámite de información pública mediante la publicación en uno de los  10ww
perió4d. icoEsl  ódreg amnaoy orer scpirocnuslaacbilóen d dee l ac atrdaam uitnaac idóen  lraesa plizroavráin cdiea sm aofdeoct asidmausl.táneo la petición
de todos los informes a las administraciones y a los órganos sectoriales afectados, tanto
los exigidos por la norma reguladora de la autorización sectorial como los exigidos a los 
efectos de la tramitación ambiental y urbanística.
5.  Se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en este artículo los proyectos de 
instalación energética, que se regirán por lo establecido en el capítulo III.
Artículo 28.  Incorporación de informes.
1.  En los supuestos en que los sujetos promotores no optasen por la tramitación 
conjunta prevista en el artículo anterior, los pronunciamientos contenidos en los informes 
sectoriales emitidos por la Administración general de la Comunidad Autónoma y las 
entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia se mantendrán, y 
estos informes se incorporarán a los sucesivos trámites de competencia autonómica, 
siempre que se mantengan las circunstancias que motivaron tales pronunciamientos, por 
lo  que  no  será  necesario  emitirlos  nuevamente,  siempre  que  el  órgano  sectorial 
compruebe esta circunstancia y así se lo indique al órgano solicitante.
2.  En aquellos supuestos en que la implantación de una iniciativa empresarial 
requiera un título habilitante de competencia municipal vinculado a la obtención previa de 
un  pronunciamiento  sectorial  de  competencia  de  la  Administración  general  de  la 
Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales del sector público autonómico 
de Galicia, los pronunciamientos contenidos en los informes sectoriales recabados en el 
procedimiento de autorización administrativa autonómica previa se mantendrán, y estos 
informes  se  incorporarán  al  procedimiento,  por  lo  que  no  será  necesario  emitirlos 
nuevamente, siempre que el órgano sectorial compruebe esta circunstancia y así se lo 
indique al órgano solicitante.
CAPÍTULO II
Racionalización de los procedimientos de evaluación ambiental
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 29.  Uso de medios electrónicos.
1.  Las personas físicas que actúen como sujetos promotores de planes, programas 
o proyectos sometidos a evaluación ambiental están obligadas a relacionarse a través de 
medios  electrónicos  con  los  órganos  administrativos  que  intervienen  en  dichos 
procedimientos y a presentar por medios electrónicos todos los documentos relativos a 
ellos, al entenderse que la elaboración de un plan, programa o proyecto que deba 
someterse  a  evaluación  ambiental  presupone  una  capacidad  económica,  técnica  o 
dedicación profesional que acredita el acceso y la disponibilidad de los medios técnicos 
necesarios.
2.  Toda la información que se ponga a disposición de las personas interesadas o 
del público en general en los procedimientos de evaluación ambiental será accesible en 
formato electrónico.
3.  En todos los procedimientos de evaluación ambiental, las personas que tengan 
la condición de interesadas podrán hacer efectivo su derecho a conocer en cualquier 
momento el estado de tramitación a través de un sistema informático de gestión del 
procedimiento.
Artículo 30.  Cualificación técnica del órgano ambiental. bo
easmtab1bie.l enctLaidal,o  A gedanmr aiennlit sizatraratrícáci óunqlo u ge9e .n5se urda eló  drlgeaa  lnaLo eC yo a2mm1ub/2nie0idn1at3ad,l   Addueits óp9no ondmgeaa   ddidceei eG mcabolircneioa, c, idmceoi enenfovtoramslu eap caai órlaon    2021-5210n https://ww
examinar  los  estudios  y  documentos  ambientales  estratégicos  y  los  estudios  y
documentos de impacto ambiental, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar informes a  Bc
organismos científicos, académicos u otros que posean los conocimientos precisos en 
cualquiera de los procedimientos de evaluación ambiental, en los casos en que lo estime 
necesario.
2.  Por orden de la persona titular de la consejería con competencias en materia de 
medio ambiente, se creará un banco de personas expertas, que tendrá carácter público, 
en el que figurarán los organismos y personas a los que el órgano ambiental podrá 
solicitar los informes de carácter científico o técnico en los procedimientos de evaluación 
ambiental.
Artículo  31.  Relación entre la evaluación ambiental  estratégica y  la evaluación de 
impacto ambiental.
1.  La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa, conforme a lo 
establecido en el artículo 13.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, no excluye la 
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que de él se deriven. La evaluación de 
estos últimos tendrá en cuenta la evaluación ambiental estratégica del plan o programa 
de que se deriven y analizará únicamente los aspectos propios del proyecto que no 
hayan sido considerados en aquella, siempre que la declaración ambiental estratégica o, 
en su caso, el informe ambiental estratégico esté vigente.
2.  El  órgano  ambiental,  conforme  al  artículo  13  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de 
diciembre,  podrá  acordar  motivadamente,  en  aras  del  principio  de  eficacia,  la 
incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de evaluación 
ambiental  estratégico  en  otros  procedimientos  de  evaluación  ambiental,  siempre  y 
cuando no haya transcurrido el plazo establecido en el plan o programa y no se hayan 
producido  alteraciones  de  las  circunstancias  tenidas  en  cuenta  en  la  evaluación 
ambiental estratégica.
3.  La tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de un plan 
o  programa  y  de  los  procedimientos  de  evaluación  de  impacto  ambiental  de  los 
proyectos que de él se deriven podrá llevarse a cabo simultáneamente, si bien el primero 
deberá resolverse en todo caso antes de los segundos, para ser tenido en cuenta en la 
resolución de estos últimos.
En particular, en la implantación de iniciativas o proyectos empresariales, cuando así 
lo haya solicitado el sujeto promotor, se tramitarán conjuntamente los procedimientos de 
evaluación ambiental estratégica del plan, programa o instrumento de planeamiento 
urbanístico que eventualmente sea preciso y de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto de urbanización que lo ejecute y, en su caso, del proyecto constructivo de la 
instalación  que  acoja  la  actividad.  Los  informes  sectoriales  que  se  soliciten  se 
pronunciarán sobre todos los aspectos, tanto de la evaluación ambiental estratégica 
como de la evaluación de impacto ambiental.
Artículo 32.  Trámites de información pública y de consultas a las administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas.
1.  El órgano sustantivo garantizará que los trámites de información pública y de 
consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas del 
procedimiento de evaluación ambiental se realicen de modo simultáneo a los trámites 
análogos  que,  en  su  caso,  deban  practicarse  en  el  procedimiento  sustantivo  de 
adopción, aprobación o autorización del plan, programa o proyecto.
2.  El trámite de información pública se anunciará en el Diario Oficial de Galicia y en  es
el portal de internet del órgano sustantivo. Los anuncios se enviarán dentro de los diez  bo
días siguientes a la recepción de la documentación completa en el registro del órgano  10ww
aosud asmutDaitnoneirstniiztvtrraoaoc,c  isiódoanenl lved osem  lqp ipsuúlmeba lnoilca,  a ppnsrloa oarzgfmoera camdttaievada  ao dds ipe eyrzl o  apyd reloaícacstse op d eehimrsástbiaoeiblnnelatesos z  cssinaeut  seoteraterfneastc aicvtduooaas sdará.e.n a dlaosp ccioónns, ualptarosb aac ilóans   OE-A-2021-52able en https://
En las consultas a las administraciones públicas afectadas en que se les solicite 
informe se indicará expresamente la posibilidad de requerir, dentro del plazo para emitir 
aquel, la subsanación de la documentación presentada por el sujeto promotor.
3.  La remisión al sujeto promotor de los informes y alegaciones recibidos en los 
trámites de información pública y consultas se realizará dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la finalización de estos.
4.  Una  vez  realizadas  las  consultas  a  las  administraciones  públicas  y  a  las 
personas interesadas previstas en los artículos 22, 30, 37 y 46 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, y de conformidad con lo previsto en dicha ley, aquellas solo podrán ser 
consultadas de nuevo en los siguientes supuestos:
a)  En los casos de incorporación en el plan, programa o proyecto, o en el estudio 
ambiental estratégico o estudio de impacto ambiental, de modificaciones que supongan 
efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente.
b)  Cuando el órgano ambiental, en el trámite de análisis técnico del expediente, 
considere  que  las  consultas  no  se  hicieron  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las dos letras anteriores, se realizarán en todo caso 
nuevas  consultas  cuando  proceda  la  modificación  de  la  declaración  ambiental 
estratégica conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
5.  Conforme a lo establecido en el artículo 37.5 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, el órgano sustantivo pondrá a disposición de las administraciones públicas 
afectadas y de las personas interesadas, y en la correspondiente sede electrónica, 
aquella  información  que  solo  pueda  obtenerse  una  vez  expirado  el  período  de 
información pública y que resulte relevante a los efectos de la ejecución del proyecto de 
que se trate, sin que en ningún caso dicha puesta a disposición dé lugar a la reiteración 
del trámite de información o consulta pública.
Artículo 33.  Finalización de la evaluación ambiental sin pronunciamiento ambiental.
1.  Si en cualquier momento de la tramitación del procedimiento de evaluación 
ambiental el órgano ambiental llegase a la conclusión de que el plan, programa o 
proyecto no entra en el ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, o 
norma básica estatal que la sustituya, dará por finalizada la evaluación ambiental y 
dictará resolución de terminación del procedimiento sin pronunciamiento ambiental, lo 
que conllevará el archivo de las actuaciones de evaluación ambiental.
2.  La resolución, en la que se hará constar expresamente la circunstancia que la 
motiva, se notificará al sujeto promotor. Asimismo, se comunicará al órgano sustantivo, 
habilitando a este para la adopción, aprobación o autorización del plan, programa o 
proyecto, o, en su caso, al sujeto promotor para la presentación de la correspondiente 
declaración responsable o comunicación, sin necesidad de seguir los trámites previstos 
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, o norma básica estatal que la sustituya, y sin 
perjuicio de la eventual obligación de someter la actividad a evaluación de incidencia 
ambiental.
Artículo 34.  Finalización de la evaluación ambiental por inviabilidad ambiental del plan, 
programa o proyecto.
1.  Si en cualquier momento del procedimiento de evaluación ambiental el órgano  e.
ambiental llegase a la conclusión de que el plan, programa o proyecto es inviable por  w.b
razones  ambientales,  dará  por  finalizada  la  evaluación  ambiental,  después  de  dar  10ww
areusdoielunccióian  adle  steurjemtoin apcrioómn odteolr  pyro acel dóimrgiaennoto  spuosrt ainnvtiivaob ilipdoard  daiemzb ideínatsa l,h láob qiluees , coy ndlleicvtaarráá 
el ar2c.h ivLoa d ere lsaosl uaccitóuna csioen enso dtiefic eavraál uaalc isóunj eatmo bpiernotmalo.tor,  con  su  motivación  y  con  la
indicación  de  los  recursos  administrativos  y  judiciales  que  procedan  contra  ella.
Asimismo, se le comunicará al órgano sustantivo, y tendrá carácter vinculante al efecto 
de  impedir  la  adopción,  aprobación  o  autorización  del  plan,  programa  o  proyecto 
declarado inviable por razones ambientales o, en su caso, para impedir la eficacia de 
cualquier declaración responsable o comunicación que se presente en relación con 
aquel.
Sección 2.ª Evaluación ambiental estratégica de planes y programas
Artículo 35.  Particularidades de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica 
en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
1.  En el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria se tendrán en 
cuenta las siguientes particularidades:
a)  Para la realización de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas  interesadas  y  para  la  elaboración  del  documento  de  alcance,  el  órgano 
ambiental dispondrá de un plazo máximo de dos meses desde la recepción de la 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental  estratégica ordinaria acompañada del 
borrador del plan o programa y del documento inicial estratégico.
b)  Para la elaboración del estudio ambiental estratégico y para la realización de la 
información pública y de las consultas, desde la notificación al promotor del documento 
de alcance, no resultará aplicable el plazo de quince meses previsto en el artículo 17.3 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, o norma básica que la sustituya, pudiendo 
remitirse  al  órgano  ambiental  el  expediente  completo  de  evaluación  ambiental 
estratégica para la formulación de la declaración ambiental estratégica, siempre que no 
hayan transcurrido más de tres años desde la notificación al promotor del documento de 
alcance  o  el  plazo  que  se  pueda  establecer  por  ley  para  determinados  planes  o 
programas.
c)  Para  el  análisis  técnico  del  expediente  y  la  formulación  de  la  declaración 
ambiental estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de tres meses desde la 
recepción del expediente completo, prorrogable por un mes más por razones justificadas, 
debidamente motivadas, y comunicadas al sujeto promotor y al órgano sustantivo.
El plazo previsto en esta letra se reducirá a un mes cuando el estudio ambiental 
estratégico esté verificado por una entidad de colaboración ambiental.
d)  La  declaración  ambiental  estratégica  perderá  su  vigencia  y  cesará  en  la 
producción de sus efectos si no se aprueba el plan o programa en el plazo máximo de 
cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
En todo caso, el órgano ambiental podrá acordar una prórroga de la vigencia de 
dicha declaración ambiental estratégica por otro plazo máximo de dos años, siguiendo el 
procedimiento recogido en los números 3 y 4 del artículo 27 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, o norma básica estatal que la sustituya, y el plazo de caducidad señalado en 
el  párrafo  anterior  quedará  suspendido  hasta  que  se  resuelva  la  tramitación  de  la 
prórroga solicitada.
2.  En el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, se tendrán 
en cuenta las siguientes particularidades:
a)  El órgano ambiental podrá resolver la inadmisión de la solicitud de inicio, además 
de en los supuestos previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, o norma básica  s
estatal  que  la  sustituya,  cuando  estime  que  se  debe  tramitar  un  procedimiento  de  oe.
evaluación estratégica ordinaria por desprenderse de manera inequívoca del contenido  w.
de la solicitud. 10ww
la rebc) epEcli ópnla zdoe  plaa ras ofloicrmituudla rd ee l iinnifcoiorm ye  daem blaie ndtoacl uemsteranttéagciicóon  ecso mdep lteretas  mquees esse  ddeesbdae 
adjuntar.
c)  El informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción 
de sus efectos si no se aprueba el plan o programa en el plazo máximo de seis años 
desde su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
En todo caso, el órgano ambiental podrá acordar una prórroga de la vigencia de 
dicho informe ambiental estratégico por otro plazo máximo de dos años, previa solicitud 
formulada por el promotor antes del transcurso del plazo señalado de seis años, y el 
plazo de caducidad señalado en el párrafo anterior quedará suspendido hasta que se 
resuelva la tramitación de la prórroga solicitada, que deberá resolverse en el plazo de 
dos meses desde la presentación de la solicitud. La falta de resolución sobre dicha 
solicitud tendrá efectos estimatorios.
En los supuestos en que pierda vigencia el informe ambiental estratégico, bien por el 
transcurso del plazo inicial o de la prórroga, el promotor deberá iniciar nuevamente el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.
3.  En  los  procedimientos  de  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  y 
simplificada a que se refieren los números 1 y 2, el plazo para la realización de los 
trámites  de  consultas  a  las  administraciones  públicas  afectadas  y  a  las  personas 
interesadas será de treinta días hábiles.
4.  La  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  Galicia  de  la  declaración  ambiental 
estratégica,  del  informe  de  impacto  ambiental  y  del  plan  o  programa  aprobado  se 
realizará en los diez días hábiles siguientes a su formulación o aprobación.
5.  En el procedimiento de modificación de la declaración ambiental estratégica el 
plazo de consultas al promotor, al órgano sustantivo y a las administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas previamente consultadas será de treinta días hábiles 
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos estimen precisos. La resolución 
sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica se adoptará en un plazo de 
dos meses a contar desde el inicio del procedimiento.
Sección 3.ª Evaluación de impacto ambiental de proyectos
Artículo 36.  Proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación.
1.  Cuando  corresponda  a  la  Administración  ambiental  de  Galicia  formular  la 
declaración  de  impacto  ambiental  o  emitir  el  informe  de  impacto  ambiental  de  un 
proyecto que deba ser objeto de declaración responsable o comunicación, previstas en 
el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, las funciones atribuidas al órgano sustantivo deberá 
realizarlas el órgano competente para la recepción de la declaración responsable o 
comunicación y para el ejercicio de las correspondientes facultades de comprobación, 
control e inspección.
2.  De conformidad con lo dispuesto en el número 4 de la disposición adicional 
primera de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en los casos previstos en este artículo, 
contra la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental se podrán 
interponer los recursos que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial.
Artículo 37.  Informes preceptivos.
1.  Además de los informes previstos en la legislación básica estatal, a los efectos 
de la evaluación de impacto ambiental, en el trámite de consulta a las administraciones  es
públicas afectadas, el órgano sustantivo solicitará informe a los órganos competentes en  o
empcmanuaemeetderdbigoraiiío a air n  ucdyflrlie uamm ilr,pá  ienatminactro osidmn ,i ytcroe ehnsssai,eoi sdgp  uanuroofareisttdecu,a ccrpdaicor iloó,na tneepé scarye.ct raiiódm, neco fdeunenaiolsn  apdc aouci lsoteuannrjteatri,eal , nc uiodnrmacb eaeqnnrucdiseiioom,  sypo  o,fc orop rneessussutc aamalle comsa,, na incmrífetreia,m teeeasol ,tr rpouturlcoortiyguseímraac otsoy,,     OE-A-2021-5210able en https://www.
2.  El  órgano  sustantivo  emitirá  informe  técnico  sobre  el  proyecto  sometido  a 
evaluación de impacto ambiental, que adjuntará al expediente de esta antes de su 
remisión al órgano ambiental.
Artículo 38.  Particularidades de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
1.  En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se aplicarán 
los siguientes plazos:
a)  Para la realización de las actuaciones previas de consultas y para la elaboración 
del documento de alcance, dos meses, a contar desde la recepción de la solicitud del 
documento de alcance.
b)  Para  pronunciarse  las  administraciones  públicas  afectadas  y  las  personas 
interesadas  consultadas  sobre  el  documento  de  alcance  del  estudio  de  impacto 
ambiental, veinte días hábiles desde la recepción de la documentación.
c)  Para la elaboración del estudio de impacto ambiental, seis meses desde la 
comunicación  al  sujeto  promotor  del  documento  de  alcance.  Este  plazo  podrá  ser 
prorrogado hasta un máximo total de un año a solicitud razonada del sujeto promotor.
d)  Para someter el proyecto y el estudio de impacto ambiental a información pública 
y para que las administraciones públicas emitan sus informes y las personas interesadas 
formulen sus alegaciones, treinta días hábiles
e)  Para la revisión documental por parte del órgano sustantivo del expediente de 
evaluación de impacto ambiental antes de remitirlo al órgano ambiental, diez días hábiles 
desde su recepción.
f)  Para la remisión por parte del órgano sustantivo de la solicitud de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria y de los documentos que deben acompañarla al órgano 
ambiental, diez días hábiles desde la finalización de la revisión documental de aquel y, 
en su caso, la subsanación de las deficiencias que pudiera presentar.
g)  Para requerir al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que no haya 
entregado los informes solicitados o cuando su contenido siga siendo insuficiente, dos 
meses  tras  el  requerimiento  hecho  por  el  órgano  ambiental  al  órgano  sustantivo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
h)  Para que el órgano ambiental resuelva, en su caso, la inadmisión de la solicitud 
de iniciación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, diez días hábiles desde su 
recepción.
i)  Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración de 
impacto ambiental, tres meses, a contar desde la recepción completa del expediente de 
evaluación de impacto ambiental, prorrogables por un mes adicional debido a razones 
justificadas, debidamente motivadas.
Se entenderá que la recepción completa del expediente de evaluación de impacto 
ambiental se produce en el momento en que se reciben en el registro del órgano 
ambiental los documentos que constituyen el contenido mínimo de aquel de acuerdo con 
el artículo 39.1 y 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, o norma básica estatal que la 
sustituya.
El plazo previsto en este párrafo se reducirá a un mes cuando el estudio de impacto 
ambiental esté verificado por una entidad de colaboración ambiental.
j)  Para publicar en el Diario Oficial de Galicia la declaración de impacto ambiental o 
la resolución de autorización o denegación del proyecto, diez días hábiles desde su  e
formulación. bo
en c2u.e nEtan l aesl  psirgoucieednitmesie pnatort idceu laerviadlaudaecsió:n de impacto ambiental simplificada se tendrán  2021-5210n https://ww
de ean)  loEsl  ósrugpauneos taoms bpierenvtaislt opso derán  rleas oLlevye r2 l1a/ 2in0a1d3m, idsieó n9  ddee l ad sicoielicmitburde ,d eo  inniocrimo,a a dbeámsiácas 
estatal  que  la  sustituya,  cuando  estime  que  debe  tramitarse  un  procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria por desprenderse de manera inequívoca del 
contenido de la solicitud.
b)  Las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 
deberán pronunciarse en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción de 
la solicitud de informe.
c)  El plazo para formular el informe de impacto ambiental es de tres meses, a 
contar desde la recepción de la solicitud de inicio y de la documentación completa que 
deba acompañarla.
d)  El plazo para publicar en el Diario Oficial de Galicia el informe de impacto 
ambiental y la resolución de autorización o denegación del proyecto es de diez días 
hábiles a contar desde su formulación.
3.  Los documentos ambientales que acompañen a las solicitudes de inicio de las 
evaluaciones de impacto ambiental simplificadas se publicarán durante el trámite de 
consultas en la sede electrónica del órgano ambiental.
Sección 4.ª Evaluación de impacto ambiental simplificada de los proyectos que puedan 
afectar a espacios protegidos Red Natura 2000 competencia de la Comunidad Autónoma 
de Galicia
Artículo 39.  Actuaciones previas.
1.  Los  proyectos  que  puedan  afectar  de  manera  apreciable  a  los  espacios 
protegidos Red Natura 2000 competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia y que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación  ambiental,  sean  susceptibles  de  someterse  a  evaluación  de  impacto 
ambiental simplificada únicamente por esta afección, requerirán de un informe previo que 
determine si el proyecto tiene relación directa con la gestión del espacio protegido Red 
Natura 2000 competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia o es necesario para 
esta gestión, y que también evalúe si afecta de manera apreciable a las especies o a los 
hábitats objeto de conservación en dichos espacios.
2.  El informe previsto en este artículo será solicitado por el sujeto promotor del 
proyecto o, si no lo hiciere, por el órgano sustantivo, y el órgano competente para emitirlo 
será el órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
competente en materia de conservación del patrimonio natural.
Para la elaboración del informe, el órgano competente tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia y, en su caso, en el plan de gestión 
del espacio. Además, podrá solicitar informes complementarios a organismos científicos, 
académicos u otros que posean los conocimientos necesarios.
3.  El informe contendrá de forma motivada una de las siguientes determinaciones:
a)  Que el proyecto puede afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de 
un espacio protegido Red Natura 2000 competencia de la Comunidad Autónoma de 
Galicia y que, por lo tanto, deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental 
simplificada.  En  este  caso,  el  informe  emitido  se  fundamentará  en  la  información 
detallada, actualizada y real o en su comprobación sobre el terreno e incluirá una 
evaluación adecuada de las repercusiones del proyecto sobre el espacio protegido.
b)  Que el proyecto no afecta de forma apreciable a las especies o a los hábitats de  es
un espacio protegido Red Natura 2000 competencia de la Comunidad Autónoma de  o
Galicia y que, por tanto, no resultará necesaria la tramitación de la evaluación de impacto  10ww
pacdormeorsbryaeeierccrntotootlarle aln nsos   qeimaunfpe eul,ci fntdiac eraeá dss aped.are  c Eaifoodn ro mpperatosa ttdeeaa gpsicrde aopcs oioaRr b eeeledll    saNiun adjfeotiuctromhr aoep   r2eoi0snm0pco0alut coicrioráo,.  m pClaepusrema tenmitndirecoádi anied  sdcatoeson  slsp aiprd erCeovroyeaemnrc tuiqtvonuasieds  a sedeyl     OE-A-2021-52able en https://
Autónoma  de  Galicia  serán  autorizados  por  el  órgano  competente  en  materia  de 
conservación del patrimonio natural.
4.  El informe se emitirá en el plazo máximo de dos meses. De no emitirse en ese 
plazo,  se  entenderá  que  el  proyecto  causa  efectos  apreciables  sobre  el  espacio 
protegido Red Natura 2000 competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia de que 
se trate y se someterá a una evaluación de impacto ambiental simplificada.
Artículo 40.  Evaluación de impacto ambiental simplificada de los proyectos que causan 
efectos apreciables sobre espacios protegidos Red Natura 2000 competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
1.  Cuando deba tramitarse la evaluación de impacto ambiental simplificada de un 
proyecto por causar efectos apreciables sobre un espacio protegido Red Natura 2000 
competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  el  documento  ambiental  que 
elabore el sujeto promotor incluirá un apartado específico en el que se analicen las 
repercusiones  sobre  las  especies  o  hábitats  objeto  de  conservación  en  el  espacio 
protegido afectado y se detallen las medidas preventivas, compensatorias y correctoras 
adecuadas para su mantenimiento en un estado de conservación favorable, así como un 
esquema de seguimiento ambiental.
2.  El  órgano  ambiental  consultará  con  el  órgano  competente  en  materia  de 
conservación del patrimonio natural para que, en el plazo máximo de treinta días hábiles, 
contado  desde  la  recepción  de  la  solicitud,  emita  un  informe  que  contendrá 
motivadamente una de las siguientes determinaciones:
a)  Que el proyecto no afectará de manera apreciable a las especies o hábitats de 
los espacios protegidos Red Natura 2000 competencia de la Comunidad Autónoma de 
Galicia,  sin  necesidad  de  fijar  medidas  preventivas,  correctoras  o  compensatorias 
específicas para su ejecución.
b)  Que el proyecto no afectará de manera apreciable a las especies o hábitats de 
los espacios protegidos Red Natura 2000 competencia de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, siempre y cuando se cumplan determinadas medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias  específicas  para  su  ejecución.  Estas  medidas  se  recogerán 
expresamente en el informe.
c)  Que el proyecto afectará de manera apreciable a las especies o hábitats de los 
espacios protegidos Red Natura 2000 competencia de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. En este caso el informe concluirá si el proyecto puede redefinirse a los efectos 
de someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria o si no resulta viable por 
dicha afección.
Sección 5.ª Entidades de colaboración ambiental
Artículo 41.  Entidades de colaboración ambiental.
1.  Son entidades de colaboración ambiental las entidades dotadas de personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar que, una vez cumplidos los requisitos que se prevén 
en este artículo, desarrollan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia las 
siguientes actuaciones, en la forma que se determine reglamentariamente:
a)  Verificación de la conformidad a la normativa aplicable de los planes, programas  e.e
y proyectos que se vayan a someter a evaluación ambiental. w.b
b)  Colaboración en la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental,  10ww
eann ápliasristi ctéuclanri ceon  dlae  lroesa leizxapceidóine ndtee slo.s trámites de información pública y consultas y en el
cd))   CCoollaabboorraacciióónn  eenn  elal ss efugnucimioineensto d dee in losps epcrcoinóunn acmiabmieienntatol.s ambientales.
2.  En  sus  actuaciones,  las  entidades  de  colaboración  ambiental  podrán  emitir 
certificados,  actas,  informes  y  dictámenes,  que  podrán  ser  asumidos  por  la 
administración pública competente sin perjuicio de sus competencias. La actuación de 
estas entidades no podrá sustituir las potestades públicas de inspección, comprobación, 
control y sanción.
3.  El ejercicio de la actividad de las entidades de colaboración ambiental en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia estará sujeto a la presentación de una 
comunicación previa ante la consejería competente en materia de medio ambiente, que 
deberá cumplir los requisitos que se determinen reglamentariamente, que garantizarán 
que estas entidades dispongan de los medios y de la cualificación técnica necesaria, así 
como la cobertura de la responsabilidad a que pueda dar lugar su actuación mediante la 
suscripción del correspondiente contrato de seguro o garantía equivalente, en la cuantía 
que se establezca, que deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance de los 
riesgos cubiertos. La presentación de la comunicación previa conllevará la inscripción de 
oficio de la entidad en el registro administrativo que se cree a estos efectos, en la forma 
que se determine reglamentariamente.
4.  La  actuación  de  las  entidades  de  colaboración  ambiental  se  regirá  por  los 
principios de imparcialidad, confidencialidad e independencia. Reglamentariamente se 
establecerá el régimen de obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, así como el 
control e inspección a que estarán sometidas para garantizar el respeto de dichos 
principios.
5.  Las entidades de colaboración ambiental serán las únicas responsables frente a 
las administraciones públicas de sus actuaciones, que sustituirán la responsabilidad de 
las demás personas interesadas.
Artículo 42.  Promoción del Sistema comunitario de gestión y auditoría ambientales 
(EMAS).
1.  La  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  en 
colaboración  con  la  Administración  general  del  Estado  y  las  entidades  locales, 
promoverá  el  Sistema  comunitario  de  gestión  y  auditoría  ambientales  (EMAS),  de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa  de  la  Unión  Europea  y  básica  estatal  de 
aplicación.
2.  El sistema EMAS podrá emplearse como mecanismo de seguimiento de las 
declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental en los 
términos  que  estos  documentos  establezcan,  siempre  que  el  sujeto  promotor  del 
proyecto así lo haya solicitado en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
CAPÍTULO III
Procedimiento integrado de las autorizaciones administrativas para las 
instalaciones de producción, distribución y transporte de energía eléctrica 
competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia
Artículo 43.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  El  presente  capítulo  tiene  por  objeto  regular  determinados  aspectos  del 
procedimiento administrativo de las autorizaciones a que se refiere el artículo 53 de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, o norma estatal básica que la  es
sustituya, respeto de las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía  o
teserislamépncpe2stlrcp.ii fcíoifcaircEat eacrn  .o ymy to padegdotiiles iztnlraocibr i auds cdueióe mn trlá aas mdC, eiot laamcesui nóneanidru,g atsíodaar  ilAzveauolct éóilocantnsorei mcrsaea  g ddudeelea   Gdlaacassol i mcpiinapos,er t ctaeloalnan cc leliiaaog  nfisiednlsaea c liiddólaaen d   paCdrueoot modmnuueócnjcmoidiróiaacnadr,,     OE-A-2021-5210able en https://www.
Autónoma de Galicia se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el
título  VII  del  Real  decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  o  norma  estatal  que  lo 
sustituya.
Artículo 44.  Tramitación integrada.
Los sujetos promotores de los proyectos de instalaciones energéticas reguladas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, o norma estatal 
básica que la sustituya, deberán solicitar la tramitación integrada de las autorizaciones 
administrativas necesarias para la implantación de estas instalaciones, así como, si fuere 
preciso, el proyecto sectorial.
Artículo 45.  Órganos competentes.
1.  La unidad competente para instruir el procedimiento de tramitación integrada 
previsto  en  el  artículo  anterior  será  el  órgano  territorial  de  la  consejería  con 
competencias en materia de energía correspondiente a la provincia donde se pretenda 
implantar  el  proyecto,  o  aquella  donde  tenga  su  origen  la  infraestructura,  con  la 
excepción de las instalaciones de producción energética a partir de energía eólica que se 
sitúen en más de una provincia, en que la unidad instructora será el centro directivo 
competente en materia de energía.
2.  Los órganos competentes para resolver el procedimiento serán los indicados en 
el Decreto 9/2017, de 12 de enero, por el que se establecen los órganos competentes 
para la resolución de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas que 
sean competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, o norma que lo sustituya.
Artículo 46.  Documentación que deberá presentarse con la solicitud.
El sujeto promotor presentará con su solicitud la siguiente documentación:
a)  Para la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción:
1.  La documentación en la que se acrediten en concreto los puntos indicados en el 
artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, o norma básica estatal que la 
sustituya.
2.  El proyecto de ejecución, junto con una declaración responsable que acredite el 
cumplimiento de la normativa de aplicación.
3.  La documentación precisa en función de las afecciones sectoriales del proyecto.
4.  Las tasas administrativas correspondientes por la tipología de la solicitud.
5.  Para  los  proyectos  de  generación  eléctrica,  el  resguardo  de  la  garantía 
económica, previamente constituida, que se indica en los artículos 59 bis y 66 bis del 
Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, o norma básica estatal que lo sustituya.
b)  Para los casos en que proceda someter el proyecto a evaluación ambiental:
1.  En el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria: el estudio de impacto 
ambiental según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, o 
norma básica estatal que la sustituya.
2.  En el procedimiento de evaluación ambiental simplificada: la documentación 
indicada en el artículo 45 de dicha Ley 21/2013, de 9 de diciembre, o norma estatal  e.
básica que la sustituya. w.
casoc.)  La documentación necesaria para la aprobación del proyecto sectorial, en su
declda)r acLióan  redlea cuiótilnid adde  ploúsb lbiciean dees  lya  dinesrteaclahcoisó na,f ejucntatod ocso,n e unn caa dseoc dlaer aqcuióen  sree sspoolincsitaeb llea 
de no haber conseguido acuerdos con las personas titulares de los bienes y derechos 
afectados y en la que se justifique la necesidad de la expropiación.
e)  En los casos en que proceda, una declaración responsable del sujeto promotor 
en la que haga constar que dispone de acuerdos previos con todas las personas titulares 
de los bienes y derechos afectados.
Artículo 47.  Instrucción del procedimiento.
1.  La unidad responsable de la tramitación someterá a información pública, de 
forma simultánea, el proyecto de ejecución, el estudio de impacto ambiental en el caso 
de evaluación ambiental ordinaria y, en su caso, el proyecto sectorial, mediante su 
publicación en el Diario Oficial de Galicia, así como en la página web de la consejería 
competente en materia de energía.
En caso de que se solicite la declaración de utilidad pública, se realizará de forma 
simultánea el trámite de información pública mediante la publicación en uno de los 
periódicos de mayor circulación de cada una de las provincias afectadas.
Durante el plazo indicado, cualquier persona, entidad u organismo interesado podrá 
presentar cuantas alegaciones estime oportunas o solicitar el examen del expediente y 
de  la  documentación  técnica,  o  de  la  parte  de  la  misma  que  se  acuerde.  De  las 
alegaciones presentadas se dará traslado a la persona solicitante, para que esta formule 
la contestación al contenido de aquellas y lo comunique a la unidad tramitadora en el 
plazo máximo de quince días.
2.  De modo simultáneo al trámite de información pública, la unidad responsable de 
la tramitación realizará el trámite de audiencia y de consultas a las administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas, y solicitará, al menos, los informes 
preceptivos  indicados  para  la  evaluación  ambiental  y  de  aprobación  del  proyecto 
sectorial, dando audiencia a los ayuntamientos afectados. Asimismo, se enviarán de 
forma simultánea las separatas del proyecto presentado a las distintas administraciones, 
organismos o empresas del servicio público y de servicios de interés general afectados, 
con los bienes y derechos a su cargo, con el objeto de que establezcan el condicionado 
técnico procedente del proyecto de ejecución.
En el caso de evaluación ambiental simplificada, se realizarán los trámites indicados 
en la sección 2.ª del capítulo II de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, o norma que 
la sustituya.
3.  Se aplicará lo regulado en la sección 1.ª del capítulo I sobre simplificación de la 
tramitación de los informes sectoriales necesarios para la implantación de iniciativas o 
proyectos  empresariales,  con  la  única  excepción  del  plazo  para  la  emisión  de  los 
condicionados técnicos del proyecto, que se reduce a un mes desde la recepción de la 
solicitud. De no recibirse estos condicionados en plazo, se entenderá la conformidad con 
el proyecto, y se continuará la tramitación del procedimiento.
4.  La  unidad  tramitadora  enviará  a  la  persona  promotora  los  informes  y  las 
alegaciones  recibidas  para  su  conformidad  y/o  consideración  en  la  redacción  del 
proyecto de ejecución, del estudio de impacto ambiental y del proyecto sectorial, a fin de 
que realice las modificaciones y adaptaciones de cada uno de estos documentos. La 
persona  promotora  dispondrá  del  plazo  máximo  de  un  mes  para  presentar  los 
documentos  definitivos  adaptados  para  continuar  con  el  procedimiento.  De  no 
presentarse esta documentación en el plazo indicado, se entenderá que la persona 
promotora desiste de la solicitud de autorización administrativa y se archivará la solicitud 
sin más trámites. El archivo de la solicitud será realizado por la unidad tramitadora, la  e.
cual lo comunicará al órgano competente. w.b
5.  La unidad tramitadora emitirá o solicitará, en su caso, al órgano territorial donde  10ww
seelé cstirtiúcea sl.a  Cinusatnadlaoc ilóen  ceolr riensfopromned ar elala ttirvaom ait alaci ónno rdmeal tpivrao cdeed iminisetnatlaoc, ieoln eósrg ianndou stetrriarilteosri ayl 
areñmaditiireán deol  exapl eidnifeonrtme ec oamnptelertioor a  ulan  dirreescucmióenn g ednee ralal  cotrmampeittaecnióten  enre malaiztaedriaa  dhea estnae rgeísae, 
momento, para que la dirección general proceda a dictar la correspondiente resolución.
6.  La valoración positiva ambiental exigible al proyecto, de acuerdo con el resultado 
de la evaluación realizada de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, será requisito indispensable para el otorgamiento de la autorización integrada.
En todo caso, para los proyectos de producción de energía eléctrica, así como para 
los exigidos por el Real decreto 244/2019, de 5 de abril, que regula las instalaciones de 
autoconsumo, deberá acreditarse previamente la obtención del permiso de acceso y 
conexión  a  la  red  de  transporte  o  distribución,  según  corresponda,  previamente  al 
otorgamiento de la autorización administrativa.
Artículo 48.  Resolución de la autorización administrativa integrada y finalización del 
procedimiento.
1.  Una  vez  realizada  la  instrucción  del  procedimiento  indicado  en  el  apartado 
anterior, y en el plazo máximo de dos meses, el órgano competente dictará la resolución 
respecto del otorgamiento de la autorización administrativa integrada, que corresponderá 
con  la  autorización  administrativa  previa  y  con  la  autorización  administrativa  de 
construcción, reguladas en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
2.  Esta resolución se publicará íntegramente en el Diario Oficial de Galicia, y se 
notificará a todas las terceras personas que hayan formulado alegaciones y tengan 
carácter de interesadas en el expediente. La falta de resolución expresa en el plazo 
indicado  tendrá  efectos  desestimatorios  y  habilitará  a  la  persona  solicitante  para 
interponer los recursos que procedan.
Artículo 49.  Autorización de explotación.
1.  Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de 
autorización  de  explotación  en  el  órgano  territorial  de  la  consejería  competente  en 
materia de energía que haya tramitado el expediente.
2.  Esta solicitud irá acompañada de un certificado de final de obra suscrito por una 
técnica o un técnico facultativo competente en el que conste que la instalación ha sido 
realizada  de  acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  la  autorización  de 
construcción, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica de aplicación 
a la materia.
3.  La  autorización  de  explotación  será  otorgada  por  el  órgano  territorial  de  la 
consejería competente en materia de energía que haya tramitado el expediente, en el 
plazo de un mes, previas las comprobaciones técnicas que se estimen oportunas.
4.  En caso de que la instalación afecte a más de una provincia, se solicitará una 
autorización  de  explotación  en  cada  una  de  las  provincias  donde  esté  ubicada  la 
instalación.
Artículo 50.  Exención del trámite de información pública.
En el procedimiento integrado regulado en este capítulo no será necesario el trámite 
de información pública, siempre que no se solicite la declaración de utilidad pública ni 
sea  preceptiva  la  evaluación  ambiental  ordinaria,  según  la  Ley  21/2013,  de  9  de 
diciembre, o norma básica estatal que la sustituya, en los siguientes casos:
a)  Solicitudes  de  autorización  administrativa  de  las  nuevas  instalaciones  de 
distribución o conexión con generadores a la red de distribución de energía eléctrica con 
una tensión igual o inferior a 30 kV. e.
b)  Solicitudes de autorización administrativa de modificaciones de instalaciones de  w.b
distribución  o  conexión  con  generadores  a  la  red  de  distribución  y/o  transporte  de  10ww
enercg) ía Meloédcitfriiccaac, icounaelsq udieer ala qsu ien ssteaala scuio tneenss idóen .producción de energía eléctrica que no
supodn) gaInn sutanl aincciorenmese ndteo  aou rteodcounccsiuómn od.e un 20 % de la potencia nominal autorizada.
Artículo 51.  Reducción de los plazos de emisión de los informes en los casos de los 
proyectos que no estén sometidos a evaluación ambiental.
En  aquellos  proyectos  de  instalaciones  energéticas  que  no  estén  sometidos  a 
evaluación de impacto ambiental, el plazo de emisión de los condicionados técnicos de 
las separatas del proyecto de ejecución se reduce a treinta días hábiles. De no recibirse 
estos condicionados en este plazo, se entenderá la conformidad con el proyecto, y se 
continuará la tramitación del procedimiento.
Artículo 52.  Modificaciones de los proyectos en tramitación.
1.  En  las  modificaciones  de  los  proyectos  en  tramitación  derivadas  de  las 
adaptaciones a los condicionados de los informes sectoriales, o motivadas por cambios 
tecnológicos  debidamente  justificados,  no  será  necesario  un  nuevo  trámite  de 
información pública, salvo que estén sometidas al trámite de evaluación de impacto 
ambiental  y  sean  modificaciones  que  supongan  efectos  ambientales  significativos 
distintos de los previstos originalmente, aspecto que será valorado e indicado por el 
órgano ambiental.
2.  Asimismo, se solicitarán únicamente aquellos informes sectoriales que se vean 
afectados  por  la  modificación  del  proyecto,  con  la  excepción  de  los  condicionados 
técnicos, en los que bastará con la conformidad del sujeto promotor, salvo que estén 
sometidos al trámite de evaluación de impacto ambiental y sean modificaciones que 
supongan  efectos  ambientales  significativos  distintos  de  los  previstos  originalmente, 
aspecto que será valorado e indicado por el órgano ambiental.
3.  En los casos en que los proyectos modificados se presenten con posterioridad a 
la evaluación ambiental del proyecto, se solicitará informe al órgano ambiental con el 
objeto de que valore la modificación presentada y ratifique la validez de la declaración 
ambiental o informe ambiental ya emitido, o, en su caso, indique los trámites ambientales 
que sea preciso realizar.
Artículo 53.  Concurrencia de utilidad o interés públicos con montes vecinales en mano 
común.
1.  Si el proyecto de instalación energética afectase a los montes vecinales en mano 
común, los trámites previstos en el artículo 6 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, aprobado por el 
Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, o norma que lo sustituya, se realizarán dentro del 
trámite de reconocimiento de la declaración de utilidad pública del proyecto, dando 
audiencia  a  las  personas  titulares  de  los  derechos  que  puedan  estar  afectados  y 
concediéndoles un plazo de quince días hábiles para presentar las alegaciones, que se 
remitirán al sujeto promotor para su reconocimiento y contestación.
2.  Finalizado el trámite de audiencia, se remitirá copia completa de su resultado al 
órgano competente para la autorización del título habilitante del aprovechamiento, con el 
fin de que en el plazo de veinte días hábiles emita informe sobre la compatibilidad o 
incompatibilidad del aprovechamiento afectado.
3.  En los casos previstos en este artículo, la utilidad pública del proyecto y la 
eventual compatibilidad o prevalencia serán declaradas por el Consejo de la Xunta de 
Galicia,  al  que  se  remitirá  el  expediente  con  el  informe  de  las  consejerías  de  la 
Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales del  s
sector público autonómico de Galicia afectadas, en el plazo máximo de un mes, contado  oe.
desde que esté el expediente completo. La falta de resolución expresa en el plazo  w.
ilnods icreacduor stoesn dqruáe  epfreoccteods adne.sestimatorios, y las personas interesadas podrán interponer  2021-5210n https://ww
TÍTULO IV
Medidas urbanísticas y de financiación para la reactivación económica
Artículo 54.  Títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal.
1.  Las solicitudes de licencia y las comunicaciones que tengan por objeto actos de 
edificación o de uso del suelo o del subsuelo, para la implantación de las iniciativas 
empresariales y para las actuaciones de desarrollo de suelo empresarial o residencial, 
podrán presentarse acompañadas de una certificación de conformidad a la legalidad 
urbanística y al planeamiento aplicable, emitida por una entidad de certificación de 
conformidad municipal de las previstas en el capítulo IV del título III de la Ley 9/2013, 
de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
2.  Cuando una solicitud de licencia urbanística se presente acompañada de una 
certificación de conformidad en los términos establecidos por este artículo, los informes 
técnicos y jurídicos municipales sobre la conformidad de la solicitud con la legalidad 
urbanística previstos por el artículo 143.2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia, serán facultativos y no preceptivos.
3.  En  el  caso  regulado  en  el  número  anterior,  el  plazo  de  resolución  del 
procedimiento será de un mes, contado desde la presentación de la solicitud con la 
documentación completa, incluida la certificación de conformidad, en el registro del 
ayuntamiento, con las excepciones previstas en el artículo siguiente.
4.  En los supuestos indicados en los apartados anteriores, el órgano municipal 
competente podrá otorgar la licencia asumiendo la certificación de conformidad a la 
legalidad  urbanística  y  al  planeamiento  aplicable  de  la  entidad  de  certificación  de 
conformidad municipal que acredite expresamente que el proyecto ha sido sometido a 
esa verificación.
5.  Cuando  una  comunicación  urbanística  se  presente  acompañada  de  la 
documentación exigida en la legislación del suelo y de una certificación de conformidad 
en los términos establecidos por este artículo, habilitará con efectos inmediatos desde su 
presentación en el registro del ayuntamiento para la realización del acto de uso del suelo 
o del subsuelo que constituya su objeto, sin perjuicio de las posteriores facultades de 
comprobación, control e inspección por parte del ayuntamiento respectivo.
6.  Las  entidades  de  certificación  de  conformidad  municipal  serán  las  únicas 
responsables frente al ayuntamiento del contenido de las certificaciones emitidas y su 
actuación sustituye la responsabilidad de las demás personas interesadas.
7.  A  las  solicitudes  de  licencias  que  se  refieran  a  la  ejecución  de  obras  o 
instalaciones deberá acompañarse el proyecto completo redactado por personal técnico 
competente, en la forma y con el contenido determinados en la legislación del suelo y 
demás normativa aplicable.
Artículo 55.  Especialidades de los títulos municipales habilitantes para determinadas 
iniciativas empresariales.
1.  A los efectos previstos en el artículo 143 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia, cuando el proyecto constructivo o de instalación venga acompañado de 
certificación  de  conformidad  a  la  legalidad  urbanística  y  al  planeamiento  aplicable, 
emitida por una entidad de certificación de conformidad municipal, se aplicará el mismo 
régimen  regulado  en  el  artículo  anterior,  excepto  el  plazo  de  resolución  del  s
procedimiento, que será de quince días naturales, a los supuestos previstos en el  oe.
número siguiente de este artículo. w.
supu2e. stoEsl :régimen previsto en este artículo será de aplicación exclusiva a los siguientes  2021-5210n https://ww
el fina )d eL aausm oebnratasr  qeul ed isseta nrecaialimceienn eton  sloosc iaels toa baldeeccimuaiern ltaoss  indset ahloasctieolneerísa  ay  lotusr ípsrtioctoosc ocloons 
sanitarios o a las normas que regulen las limitaciones o las restricciones de carácter
sanitario, siempre que no supongan un aumento del volumen edificado y tengan carácter 
de rehabilitación, adecuación o reestructuración de los servicios, y se desarrollen en el 
interior de las edificaciones, incluyendo en este concepto, cuando exista concesión o 
autorización, la cobertura de las terrazas mediante instalaciones desmontables. No se 
entenderán incluidas en este apartado las obras que, por su carácter menor, no estén 
sometidas al régimen de licencia.
b)  Los proyectos de instalaciones de producción eléctrica y de autoconsumo a partir 
de  fuentes  renovables,  incluyendo  sus  infraestructuras  de  evacuación,  en  cuyo 
procedimiento  de  autorización  substantiva  energética  haya  sido  consultado  el 
ayuntamiento afectado cuando se le solicite informe preceptivo y vinculante, así como las 
instalaciones de distribución eléctrica de baja tensión.
c)  Actos  de  uso  del  suelo  o  del  subsuelo  incluidos  en  aquellos  proyectos  de 
iniciativas  empresariales  para  los  que  se  apruebe  un  proyecto  sectorial  para  la 
adecuación del uso del suelo a las infraestructuras o instalaciones que se implanten.
d)  En los casos de solicitud de licencia urbanística en el suelo empresarial, cuando 
el ayuntamiento haya emitido informe previo y favorable en los trámites ambientales o 
urbanísticos de desarrollo de esa categoría de suelo.
Artículo  56.  Instrumentos  específicos  de  financiación  para  iniciativas  empresariales 
promovidas por start-ups, personas emprendedoras y otras pequeñas empresas.
1.  La consejería con competencias en materia de economía y empresa, por sí 
misma  o  a  través  de  las  entidades  instrumentales  del  sector  público  autonómico 
dependientes de ella, pondrá en marcha instrumentos de coinversión público-privado que 
favorezcan la financiación de las iniciativas empresariales promovidas por start-ups, 
personas emprendedoras y otras pequeñas empresas.
2.  A los efectos de la presente ley, tienen la condición de personas inversoras 
privadas las personas físicas o jurídicas, fondos de inversión o cualquier otra entidad de 
inversión (business angels, redes de business angels o family offices, entre otros) que, 
teniendo interés en invertir en una o varias iniciativas empresariales promovidas por 
start-ups, personas emprendedoras y otras pequeñas empresas, reúnan los requisitos 
para su consideración como tales.
3.  Corresponderá a la consejería con competencias en materia de economía y 
empresa, por sí misma o a través de las entidades instrumentales del sector público 
autonómico dependientes de ella, el establecimiento de los requisitos que deben reunir 
las personas inversoras privadas.
4.  La  inversión  llevada  a  cabo  en  una  iniciativa  empresarial  por  una  persona 
inversora privada por un importe comprendido entre 25.000 y 250.000 euros, podrá 
comportar, a petición de las pequeñas empresas y previo examen de su viabilidad, una 
inversión de hasta la misma cuantía por parte de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, a través de los instrumentos de financiación o fondos de inversión 
gestionados  por  las  entidades  instrumentales  del  sector  público  autonómico 
dependientes de la consejería con competencias en materia de economía y empresa.
Esta coinversión estará sujeta a los siguientes requisitos y condiciones:
a)  En el caso de iniciativas empresariales llevadas a cabo por sociedades de 
capital, la inversión de las personas inversoras privadas deberá materializarse en forma 
de toma de participación en el capital, que podrá comportar una prima de emisión o 
asunción. e
b)  A los efectos de la inversión pública, las iniciativas empresariales y sus personas  bo
promotoras deberán reunir los requisitos establecidos por la normativa reguladora del  10ww
picnarséptsrictuta)am lm, eLodnaset .o  i npEdvrenée  srfisetnailóa mnnco acpissaú ocbp ióladicnreat  ioc tp iopfoomadntaridvásoo   msdd,ee a  ctienporvaniaervtlreiisczriiatópirbnasl ceeeis óne n nco u  efenonsor mt icóeaann p.d iteca al,tp oeimtasatl,a  dso e t edpnead rtroiáctrnipo a cctaiipóroán c tedener    OE-A-2021-52able en https://
temporal,  no  supondrán  un  porcentaje  de  participación  superior  al  25  %  y  podrán 
comportar una prima de emisión o asunción.
5.  La consejería con competencias en materia de economía y empresa, por sí 
misma  o  a  través  de  las  entidades  instrumentales  del  sector  público  autonómico 
dependientes de ella, promoverá las acciones que pongan en contacto a las personas 
inversoras privadas con las iniciativas empresariales que precisen financiación, así como 
las acciones de difusión pública de los instrumentos de coinversión regulados en este 
artículo.
6.  A los efectos de este artículo, las empresas objeto de inversión deberán ser 
pequeñas empresas según la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías  de  ayudas  compatibles  con  el  mercado  interior  en  aplicación  de  los 
artículos 107 y 108 del Tratado, o norma que lo sustituya.
Artículo 57.  Instrumentos específicos de financiación para los proyectos industriales 
estratégicos y para las iniciativas empresariales prioritarias.
La consejería con competencias en materia de economía y empresa, por sí misma o 
a través de las entidades instrumentales del sector público autonómico dependientes de 
ella,  pondrá  a  disposición  de  los  sujetos  promotores  de  los  proyectos  industriales 
estratégicos  y  de  las  iniciativas  empresariales  prioritarias  que  así  lo  requieran  los 
instrumentos  de  financiación  pública  que  contribuyan  a  complementar  la  estructura 
financiera  del  proyecto  o  de  la  iniciativa,  que,  en  todo  caso,  deberá  contar  con 
financiación privada.
Los  instrumentos  de  financiación  pública  podrán  revestir  la  forma  de  toma  de 
participaciones en capital, préstamos, participativos o no, garantías, incentivos a fondo 
perdido, o una combinación de los anteriores. Todos los instrumentos de financiación 
pública referidos y los apoyos que pudiesen prestarse a través de ellos deberán respetar 
la regulación sobre ayudas de Estado de la Unión Europea.
TÍTULO V
Instrumentos de gobernanza y especialidades de gestión de los fondos de 
recuperación
CAPÍTULO I
Estructuras de gobernanza
Artículo 58.  Gobernanza de los fondos de recuperación.
Las  normas  del  presente  título  son  de  aplicación  para  el  ejercicio  de  las 
competencias  de  la  Comunidad  Autónoma  en  relación  con  la  planificación, 
programación, gestión y control de los recursos económicos (en adelante «los fondos») 
financiados por el Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado por el Consejo 
Europeo  el  21  de  julio  de  2020,  y  de  los  derivados  del  Plan  de  recuperación, 
transformación y resiliencia, o por los mecanismos que los sustituyan, que tengan por 
finalidad la financiación de iniciativas empresariales en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. e.
Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 del Real decreto  w.
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la  10ww
tmraondsefornrmizaacciióónn  dye r elas ilAiednmciian.istración pública y para la ejecución del Plan de recuperación,
Artículo 59.  Proyectos tractores para la economía gallega.
1.  Tienen  la  consideración  de  proyectos  tractores  para  la  economía  gallega 
aquellos proyectos industriales estratégicos, tal y como se definen en la legislación 
industrial gallega, que supongan una especial capacidad de incidir en diversos sectores 
económicos  para  generar  crecimiento,  empleo  y  competitividad,  actuando  como 
vertebradores de otras iniciativas empresariales que incidan de forma significativa en la 
economía gallega, y que reúnan los requisitos técnicos para ser susceptibles de ser 
financiados por los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación o por aquellos 
derivados del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
2.  La consideración como proyecto tractor será declarada por el Consejo de la 
Xunta de Galicia simultáneamente a su declaración de proyecto industrial estratégico, 
contando con el informe previo favorable de la Comisión para la planificación e impulso 
de proyectos a financiar por el instrumento Next Generation EU.  La declaración como 
proyecto tractor supondrá la posibilidad de acogerse a los beneficios establecidos en la 
legislación estatal, en su caso, en los términos establecidos en ella, y adicionalmente a 
un  sistema  de  apoyos  públicos  y  de  acompañamiento  empresarial  en  los  términos 
establecidos en esta ley.
3.  El proyecto tractor podrá consistir en un proyecto único o en un grupo de 
proyectos que compartan el mismo objetivo.
Artículo 60.  Comisión para la planificación e impulso de proyectos a financiar por el 
instrumento Next Generation EU.
1.  La Comisión para la planificación e impulso de proyectos a financiar por el 
instrumento Next Generation EU se configura como el órgano de planificación, dirección 
y coordinación de las iniciativas empresariales que sean susceptibles de ser financiadas 
por los instrumentos financieros previstos en el presente capítulo.
2.  La Comisión estará compuesta por las Vicepresidencias Primera y Segunda, por 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública y por aquellas otras consejerías o 
centros directivos que se determinen mediante acuerdo del Consejo de la Xunta de 
Galicia.
3.  La  presidencia  de  la  Comisión  corresponderá  a  la  persona  titular  de  la 
Presidencia  de  la  Xunta  de  Galicia,  que  podrá  delegar  en  la  persona  titular  de  la 
vicepresidencia de la Comisión. La vicepresidencia de la Comisión corresponderá a la 
persona titular de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Empresa e 
Innovación. Las funciones de secretaría de la Comisión corresponderán a la persona 
titular de la dirección general de planificación y presupuestos.
4.  Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:
a)  Proponer la aprobación de los planes que sean susceptibles de ser financiados 
por los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación o por aquellos derivados del 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
b)  Emitir informe sobre la declaración de proyectos tractores para la economía 
gallega que sean susceptibles de ser propuestos por la Comunidad Autónoma para la 
financiación europea o estatal.
c)  Analizar los diferentes proyectos susceptibles de ser financiados con cargo a los 
fondos del instrumento Next Generation EU.
d)  Aprobar  las  directrices  básicas  de  ejecución  de  las  políticas  públicas  s
autonómicas financiadas con proyectos financiados por los instrumentos previstos en  oe.
este capítulo. w.
marfec)o)   dAlelpe lrvaoasbr  aceor lm lospese gdtueoinmccuiiemanset ona tuodtseo  ndlaóe m eaijcremacsuo.cniiózna cdióen l oesn  pmlaanteesri ay  dper obyaescetoss d aep sruobbvaednocsi oenne es,l   2021-5210n https://ww
pliegos de cláusulas o manuales tipo de procedimientos de contratación, subvenciones o
gasto público. Bc
g)  Cualquier otra función que le atribuya el Consejo de la Xunta de Galicia en el 
marco de las competencias de la Comisión.
Artículo 61.  Comité Técnico de Fondos de Recuperación.
1.  Como órgano de apoyo técnico a la Comisión para la planificación e impulso de 
proyectos a financiar por el instrumento Next Generation EU, se crea un Comité Técnico 
de Fondos de Recuperación que tendrá la siguiente composición:
a)  La persona titular de la dirección general en materia de presupuestos, que 
presidirá el Comité.
b)  La persona titular de la dirección general competente en materia de fondos 
europeos.
c)  Las personas que desempeñen las secretarías generales técnicas de todas las 
consejerías.
d)  Las personas que determine la Comisión de entre las que tengan la condición de 
alto cargo.
e)  Una persona en representación de la unidad de proyectos tractores del Igape.
Las funciones de secretaría serán desempeñadas por personal funcionario público 
con  nivel  de  subdirección  general,  o  equivalente,  designado  por  la  presidencia  del 
Comité.
En la designación de las personas que forman parte del Comité Técnico de Fondos 
de  Recuperación  se  atenderá,  siempre  que  sea  posible,  al  principio  de  presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.
2.  En  su  función  de  apoyo  técnico  a  la  Comisión,  el  Comité  podrá  realizar 
propuestas,  informes  y  análisis,  así  como  elevar  propuestas  de  instrucciones  y 
recomendaciones en todas las materias que tengan conexión con las funciones de la 
Comisión relacionadas anteriormente o que le sean encomendadas por ella.
Artículo 62.  Grupos técnicos sectoriales.
1.  A propuesta del Comité Técnico y previa aprobación de la Comisión, se podrán 
crear grupos de trabajo técnicos sectoriales que elaboren recomendaciones en materia 
de simplificación de procedimientos, armonización de sistemas de contratación o de 
procesos de convocatorias o cualquier otro preciso para la ejecución de los planes y 
proyectos definidos en el presente capítulo.
2.  Los grupos de trabajo técnicos sectoriales estarán presididos por la persona 
titular de la dirección general que determine la Comisión y conformados por personal 
funcionario público con nivel de subdirección general, o equivalente, de las diferentes 
consejerías implicadas. Los resultados de los trabajos realizados por los grupos de 
trabajo  serán  aprobados  en  forma  de  recomendaciones,  propuestas  de  actuación, 
propuestas de pliegos, manuales tipo o propuestas de bases por la Comisión para la 
planificación e impulso de proyectos a financiar por el instrumento Next Generation EU.
3.  A propuesta de la presidencia de los grupos técnicos sectoriales podrá acordarse 
la asignación de funciones a tiempo parcial a personal funcionario de las diferentes 
consejerías sin que suponga cambio de adscripción del puesto de trabajo ni de la 
consejería en que preste servicios. La asignación de funciones estará limitada al ámbito 
de gestión establecido en el presente capítulo y podrá suponer la percepción de un 
complemento retributivo por consecución de objetivos o, en su caso, de retribuciones  e.
extraordinarias por trabajos realizados fuera de la jornada habitual. w.b
4.  En la designación de personal funcionario público que forme parte de los grupos  10ww
teéqcuniilciborsa dsae ecntotrreia lmesu jesree sa yte hnodmerbár,e ss.iempre que sea posible, al principio de presencia
Artículo 63.  Mecanismos de participación de la sociedad y de colaboración con la 
Fegamp.
1.  Para la aprobación de planes y proyectos y de directrices se podrá contar con las 
aportaciones de un comité integrado por personas expertas en economía en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Galicia con el alcance y composición que determine la 
Comisión para la planificación e impulso de proyectos a financiar por el instrumento Next 
Generation EU.  Corresponde a este comité el asesoramiento externo y servir de canal 
de participación de los sectores productivos, de las universidades y de asociaciones.
2.  Con el fin de favorecer el máximo diálogo social, se constituirá un foro de 
participación específico conformado por personas representantes de las organizaciones 
empresariales  y  de  los  sindicatos  más  representativos,  sin  perjuicio  de  utilizar  los 
mecanismos de participación ya existentes.
3.  Como mecanismo de participación específico de las entidades locales de Galicia 
se constituirá una comisión paritaria Xunta de Galicia-Federación Gallega de Municipios 
y Provincias, a la que corresponderá realizar las propuestas de simplificación de trámites 
para la implantación de iniciativas empresariales tales como ordenanzas tipo, pliegos de 
bases de contratación o de bases de ayudas y subvenciones, entre otras.
4.  Dicha comisión estará conformada por cinco personas representantes de la 
Federación y cinco de la Xunta de Galicia. Su presidencia corresponderá a la persona 
titular de la dirección general con competencias en materia de administración local.
5.  En la designación de las personas expertas y en la composición de los grupos de 
trabajo se atenderá, siempre que sea posible, al principio de presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres.
CAPÍTULO II
Especialidades en materia de gestión y ejecución de los fondos
Artículo 64.  Mecanismos de seguimiento y control.
1.  Corresponderá a las direcciones generales con competencias en materia de 
planificación y presupuestos y de fondos europeos la planificación, programación y 
gestión  de  la  ejecución  de  los  fondos  en  el  marco  de  las  competencias  de  la 
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma,  y  asumirán  la  condición  de 
autoridades responsables delante de la Administración general del Estado y de las 
instituciones europeas.
2.  La  Intervención  General  de  la  Comunidad  Autónoma  se  configura  como  el 
órgano de control de los fondos, sin perjuicio de las funciones de auditoría en los 
controles  que  establezcan  la  Administración  general  del  Estado  y  las  instituciones 
europeas.
Artículo 65.  Aprobación de las normas adoptadas en el marco de la ejecución de los 
fondos.
El procedimiento de elaboración de normas regulado en el capítulo II del título II de la 
Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 
general y del sector público autonómico de Galicia, que se adopte en el marco de la 
ejecución de estos fondos tendrá el carácter de urgente. s
Se reducirán a la mitad los plazos cuando se soliciten informes preceptivos, sin que  e.
sea preciso en ellos motivar la urgencia. Transcurrido el plazo sin haberse recibido estos,  w.
el  centro  directivo  competente  podrá  continuar  con  la  tramitación,  dejando  debida  10ww
icnocnosrtpaonrcairaá ne anl  elaxp emdeiemnoter iac.u aEnnto st oindfoo rmcaesso, ,c oyn sualntatess o  ddeic tásmu eanperso fbuaecrieónn  prfoercmepatli,v osse. 
La memoria exigida por el artículo 41, apartado 3, letra a), de la Ley 16/2010, de 17 de
diciembre, contendrá un apartado específico en el que se justifique su vinculación con 
estos fondos.
Artículo 66.  Tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución 
de gastos con cargo a los fondos.
1.  Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia y del despacho prioritario, 
en los términos previstos en los artículos 33 y 71, respectivamente, de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones 
públicas, de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con 
cargo a estos fondos. El órgano administrativo motivará esta circunstancia de urgencia 
en el correspondiente acuerdo de inicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 
del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2.  En ningún caso será objeto de reducción la duración de los plazos referidos a la 
presentación de solicitudes y de recursos.
Artículo 67.  Tramitación anticipada de los procedimientos administrativos de ejecución 
de gastos con cargo a los fondos.
1.  En caso de que se inicie en el ejercicio corriente la tramitación de expedientes de 
gasto pero su ejecución presupuestaria no vaya a tener lugar hasta el ejercicio siguiente 
u otros ejercicios posteriores, será posible su tramitación anticipada a lo largo de dicho 
ejercicio, y podrá llegar hasta la fase de formalización del compromiso de gasto en el 
ejercicio corriente.
2.  En caso de que los citados expedientes se tramiten antes de la aprobación del 
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, el documento contable de 
tramitación anticipada se sustituirá por un informe que deberá emitir el órgano gestor en 
el que se haga constar que normalmente va a existir crédito adecuado y suficiente para 
el gasto que se pretende efectuar.
Artículo 68.  Utilización de medios propios.
Para la aplicación de estos fondos, los poderes adjudicadores autonómicos y las 
entidades contratantes podrán organizarse para ejecutar de manera directa prestaciones 
propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obra y concesión 
de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de un medio propio, de 
acuerdo con la legislación aplicable. En estos casos es exigible la autorización del 
Consejo de la Xunta previa a la suscripción de un encargo cuando su importe supere los 
cuatro millones de euros.
Artículo 69.  Convenios suscritos para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos.
1.  La tramitación de los convenios que celebre la Administración de la Comunidad 
Autónoma  de  Galicia  y  sus  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público, 
vinculados o dependientes, para la ejecución de los proyectos con cargo a los fondos, se 
regirá por lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, con la siguiente especialidad:
Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una duración 
superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a los seis años, con  es
la posibilidad de una prórroga de hasta seis años de duración. Esta excepción deberá  bo
ser justificada motivadamente por el órgano competente, con especial mención a que  10ww
dedixeci hgo2aibb. l leiegx aAtlaecs niioamsnuiióestonsmr  iodoz e,ap  crcaóioó rnlnroot esdg neacil d onCono ov elenicmnsoeiinotjaóosrm  ádm ielcaeo  lnc apco oiXmorun punaentdta eoim,n sec pxieoacnr ete epfe etsloc u tapicvpeuaara ireontanrd d oaloo  3i sm0 am0pn.leti0eqr0rcui0aoe drne o unlsaro.o  asle.ssu nsceiórán   OE-A-2021-52able en https://
Artículo 70.  Requisitos para la tramitación de subvenciones financiables con cargo a los 
fondos.
1.  En la concesión de subvenciones y ayudas a las que resulte de aplicación la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, será exigible la autorización del 
Consejo de la Xunta prevista en el artículo 7.2 de dicha ley cuando su importe supere los 
tres millones de euros.
2.  En la concesión de préstamos concedidos con cargo a estos fondos el informe 
previsto en la normativa presupuestaria para estos supuestos se integrará en el informe 
de fiscalización de las bases o instrumentos reguladores de su concesión.
3.  La concesión directa de subvenciones cuando, con carácter excepcional, se 
acrediten  razones  de  interés  público,  social,  económico  o  humanitario,  u  otras 
debidamente  justificadas,  que  dificulten  su  convocatoria  pública,  prevista  en  el 
artículo 19.4 c) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, estará 
sujeta a las previsiones del artículo 26.3 de dicha ley para estos fondos cuando el 
importe supere los 300.000 euros.
En  las  propuestas  de  acuerdo  o  resolución  de  concesión  se  especificarán  las 
circunstancias que justifican dicha modalidad de subvención.
4.  Las resoluciones de concesión directa de subvenciones corrientes y de capital 
que se definan en términos de persona beneficiaria y año, así como de las que vayan a 
ser formalizadas en un convenio o instrumento bilateral, que se financien con cargo a 
estos fondos y para las que, con carácter excepcional, se acrediten las razones de 
interés público, social, económico o humanitario que dificulten su convocatoria pública, 
según lo previsto en el artículo 19.4 c) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, requerirán la autorización previa del Consejo de la Xunta cuando el importe a 
conceder supere los 300.000 euros.
Artículo 71.  Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones financiables con 
estos fondos.
1.  Para la tramitación de la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria 
de estas subvenciones, previstas en el artículo 14 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y en el artículo 18.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba su reglamento, serán exigibles el informe de los servicios jurídicos 
correspondientes, el de Planificación y Fondos y el informe de la Intervención General, 
que, en todo caso, será emitido en el plazo improrrogable de diez días naturales.
2.  Los  beneficiarios  de  los  préstamos  o  anticipos  deberán  acreditar  que  se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualquier otro 
préstamo o anticipo concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente 
consignados para la gestión de estos fondos en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en el marco del artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia.
El cumplimiento de tales condiciones podrá acreditarse mediante una declaración 
responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si este fuere una 
administración pública. Todo ello, sin perjuicio de la verificación del cumplimiento con 
anterioridad al pago junto con el resto de obligaciones previstas en la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia.
Artículo 72.  Subvenciones de concurrencia no competitiva. es
En el caso de subvenciones relacionadas financiables con estos fondos reguladas  w.
oaptcortrau slaa c pLioreonype 9us /e2os0 ta0ss7it,u,  adsceei o 1np3eo sdd ercá jonun ncdioriec, ttdaaers   slqauusbe v renenosco iroluencqeiuosin edereas n G ddaeel ic civaoa,n loccrueayscoióió non b pjceootorm  slpaea aroa frtidinveaann  ccodianer    2021-5210n https://ww
presentación de las solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia
de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos 
exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
Artículo 73.  Justificación de la aplicación de las subvenciones.
a)  Se eleva el umbral económico previsto en el artículo 51.1 del Decreto 11/2009, 
de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, para la presentación de una cuenta justificativa simplificada por 
parte del beneficiario de la subvención, y se amplía dicho importe hasta los 100.000 
euros.
b)  Se eleva hasta los 10.000 euros el límite para acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones  con  la  Administración  pública  de  la  Comunidad  Autónoma,  con  la 
Administración del Estado y con la Seguridad Social recogido en el artículo 11, letra i), 
del  Decreto  11/2009,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
c)  Para  los  supuestos  en  que  las  solicitudes  deban  venir  acompañadas  de 
memorias económicas, se flexibilizarán los compromisos plasmados en ellas, en el 
sentido  de  que  se  permitan  compensaciones  entre  los  conceptos  presupuestados, 
siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.
Artículo  74.  Agrupaciones  de  personas  físicas  o  jurídicas  beneficiarias  de 
subvenciones.
1.  Las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  de  actividades 
vinculadas  con  estos  fondos  podrán  establecer  que  puedan  ser  beneficiarias  las 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, en los 
términos previstos en el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia.
2.  Su funcionamiento se regirá por las previsiones establecidas en el artículo 67 del 
Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Artículo 75.  Especialidades en materia de gestión de personal.
1.  En aquellas consejerías o entidades dependientes de ellas donde se gestionen 
proyectos financiados con fondos de los instrumentos europeos de recuperación o con 
otros  fondos  europeos  corresponderá  a  las  personas  titulares  de  las  secretarías 
generales técnicas realizar un análisis de la carga de trabajo existente en las diferentes 
unidades con el fin de poder reasignar efectivos, de acuerdo con lo establecido en esta 
ley, en aquellas que, de manera prioritaria, tengan por finalidad gestionar los citados 
fondos. A los efectos de esta ley, se entenderá como reasignación de efectivos la 
encomienda  temporal  de  tareas  o  funciones  propias  de  su  clasificación  profesional 
diferentes de las del puesto de trabajo, lo que en ningún caso supondrá cambio de 
localidad.  La  persona  titular  de  la  secretaría  general  técnica  de  la  correspondiente 
consejería tendrá como prioridad en la gestión del personal asignado el aprovechamiento 
del talento de las personas al servicio del departamento.
2.  La cobertura de las necesidades de personal para la gestión de los fondos se 
realizará  prioritariamente  con  efectivos  de  la  propia  consejería  o  de  los  entes 
dependientes de ella mediante una reasignación temporal de funciones o tareas, sin 
perjuicio de la posible utilización de los mecanismos previstos con carácter general en la  s
legislación de empleo público. La persona titular de la secretaría general técnica de la  oe.
correspondiente consejería impulsará con la máxima celeridad las acciones indicadas  w.
que sean necesarias para agilizar la absorción y ejecución de los fondos europeos. 10ww
la  c3o.n seCjuearínad oo  ladse  nesuces siednatdeess  pdoed práe rsroencuarl rniros ep uadl iemreenc asenris amteon ddied ans ocmonb reafmecietinvtoos  ddee 
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legislación vigente en la comunidad autónoma. Adicionalmente, la Dirección General de 
la Función Pública podrá reasignar efectivos procedentes de otras consejerías o de otras 
entidades instrumentales.
4.  El personal adscrito a los grupos de trabajo o a las unidades de apoyo temporal 
que  gestionen  dichos  fondos  podrá,  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación 
presupuestaria y reguladora del empleo público, percibir complementos de productividad 
o gratificaciones extraordinarias dentro de los límites derivados de las consignaciones 
presupuestarias.
5.  Mediante instrucción conjunta de las direcciones generales de Planificación y 
Presupuestos  y  de  la  Función  Pública,  se  adoptarán  medidas  para  fomentar  la 
capacitación del personal y el reconocimiento de su trabajo, tanto del esfuerzo colectivo 
como  del  esfuerzo  individual,  y  podrán  percibir  complementos  de  productividad  o 
gratificaciones extraordinarias dentro de los límites derivados de las consignaciones 
presupuestarias.
Artículo 76.  Creación de unidades administrativas de carácter provisional.
1.  Por razones de eficacia y eficiencia, podrán constituirse unidades administrativas 
de  carácter  provisional  mediante  la  modificación  de  la  correspondiente  relación  de 
puestos de trabajo, para la gestión y ejecución de los proyectos financiados con fondos 
de los instrumentos europeos de recuperación u otros fondos europeos.
2.  Los puestos de trabajo provenientes de la relación de puestos de trabajo del 
departamento u organismo con los que se dote esta unidad serán reasignados a su 
unidad de origen una vez que se cumpla este plazo. La constitución de estas unidades 
requerirá informe favorable de la dirección general competente en materia de función 
pública.
3.  La provisión de puestos de trabajo de estas unidades temporales se realizará 
conforme a la normativa de empleo público de Galicia. Como regla general, se contará 
primordialmente  con  aquellos  empleados  públicos  que  tengan  experiencia  directa  o 
indirecta en la gestión de proyectos relacionados con fondos europeos. La provisión de 
puestos  de  estas  unidades  por  personal  estatutario  temporal,  personal  funcionario 
interino o personal laboral temporal se efectuará con carácter subsidiario.
Artículo 77.  Asignación de funciones a tiempo parcial.
1.  Exclusivamente en el ámbito de gestión de proyectos financiados con fondos de 
los instrumentos europeos de recuperación u otros fondos europeos, la persona titular de 
la secretaría general técnica de la consejería encargada de la gestión de estos podrá 
acordar la asignación de funciones a tiempo parcial, hasta un máximo del 80 % de su 
jornada, al personal funcionario al servicio del departamento, sin cambio de adscripción 
ni del puesto de trabajo ni de la persona.
Mediante resolución conjunta de las direcciones generales de la Función Pública y de 
Evaluación  y  Reforma  Administrativa  podrán  asignarse  a  personal  de  distintas 
consejerías o entidades funciones a tiempo parcial para colaborar en la gestión de 
dichos fondos, con la previa propuesta motivada de la consejería de destino, que deberá 
indicar  que  no  dispone  de  efectivos  suficientes,  y  con  el  informe  favorable  de  la 
consejería de origen del empleado público.
2.  Con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos en 
el supuesto de asignación de funciones a tiempo parcial, se podrá nombrar personal  es
funcionario interino o personal laboral temporal para el apoyo en las funciones propias  bo
del empleado público que voluntariamente coopere durante su jornada laboral en la  10ww
confección o gestión de los proyectos que se señalan en el punto 1.
Disposición  adicional  primera.  Procedimientos  de  evaluación  y  acreditación  de  las 
competencias profesionales.
1.  Las consejerías competentes en materia de evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales tendrán en cuenta, en el diseño de estos procedimientos, 
aquellos sectores de actividad determinados por la consejería competente en materia de 
economía y empresa.
2.  Las pruebas podrán realizarse en los centros públicos que impartan enseñanzas 
de formación profesional. Para la financiación de los costes de su realización, podrá 
establecerse la colaboración entre las consejerías y las entidades instrumentales del 
sector público autonómico de Galicia con competencias en materia de educación, de 
empleo y de economía y empresa, mediante la suscripción del oportuno acuerdo.
Disposición adicional segunda.  Fomento de las iniciativas empresariales en el exterior.
1.  Con la finalidad de facilitar la gestión de la puesta en marcha de las iniciativas 
empresariales, la Administración autonómica podrá, en el marco de sus competencias, 
poner a disposición de las empresas y de los colectivos profesionales de Galicia los 
servicios  de  identificación  y  actualización  de  oportunidades  de  negocio,  apoyo  en 
implantaciones en destino, apoyo a la internacionalización, y acompañamiento inicial, en 
aquellos Estados en que exista una mayor necesidad y demanda.
2.  Asimismo, con la finalidad de facilitar el acceso de las personas de otros Estados 
a los bienes y servicios ofertados por el mercado autonómico, podrán establecerse 
servicios de mediación y traducción en apoyo a los operadores de las actividades 
empresariales y profesionales desarrolladas en Galicia.
3.  Los operadores gallegos de servicios transfronterizos que tengan conocimiento 
de actuaciones contrarias a la libertad de prestación de servicios en todo el mercado 
interior lo podrán poner directamente en conocimiento de la Administración general de la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  que,  cuando  proceda,  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias, impulsará los procedimientos y las actuaciones que procedan, según el 
ordenamiento de la Unión Europea, en defensa de sus derechos e intereses legítimos 
como operadores y ciudadanos europeos.
Disposición  adicional  tercera.  Criterios  técnicos  para  la  redacción  de  estudios 
ambientales.
Por orden de la persona titular de la consejería con competencias en materia de 
medio ambiente podrán aprobarse los criterios técnicos y, en su caso, interpretativos de 
carácter general para la redacción de los estudios ambientales estratégicos de los planes 
o programas y de los estudios de impacto ambiental de los proyectos, y también para la 
predicción  y  la  valoración  de  sus  impactos,  la  determinación  de  las  características 
técnicas y las especificaciones de la documentación que deban presentar los sujetos 
promotores.
Disposición adicional cuarta.  Definición de zona industrial y de polígono industrial a los 
efectos de la evaluación de impacto ambiental de proyectos.
1.  A los efectos de los anexos I e II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental de proyectos 
de competencia autonómica, se entenderá por zona industrial la superficie de suelo  e.
empresarial destinado mayoritariamente al uso industrial; y por polígono industrial, el  w.b
área empresarial que incluya el uso industrial entre los usos permitidos. 10ww
disp2o.s icLióans  seex epnretesniodneersá n« scuoenlfoo remmep ar elassa rdiaelf»in yic i«oánreesa  reecmopgriedsaasr ieanl» e el amrptílceualod a3s  beisn  dees tlaa 
eLne yG 5a/l2ic0i1a7., de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales
Disposición adicional quinta.  Propuestas de modificación de normativa básica estatal 
aplicable.
Cuando una norma básica estatal establezca trámites adicionales a los previstos en 
la normativa europea que puedan suponer un obstáculo para la implantación de los 
proyectos y de las iniciativas, la Comunidad Autónoma de Galicia formulará la oportuna 
propuesta de modificación por la vía adecuada, incluso mediante la presentación de una 
proposición de ley del Parlamento de Galicia ante el Congreso de los Diputados.
Disposición adicional sexta.  Aprobación de los catálogos de iniciativas empresariales.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley la consejería con 
competencias en materia de economía y empresa elaborará y someterá a la aprobación 
del  Consejo  de  la  Xunta  de  Galicia  los  primeros  diez  catálogos  de  iniciativas 
empresariales, priorizados en función de los sectores en que se aprecie una mayor 
demanda y necesidad de simplificación.
Disposición  transitoria  primera.  Consultas  a  las  personas  expertas  en  los 
procedimientos de evaluación ambiental.
Mientras no se cree el banco de personas expertas previsto en el número 2 del 
artículo 30, el órgano ambiental podrá solicitar, en cualquiera de los procedimientos de 
evaluación  ambiental,  los  informes  científicos  o  técnicos  a  organismos  científicos, 
académicos o de otro tipo que posean los conocimientos necesarios, conforme a lo 
establecido en el número 1 de dicho artículo.
Disposición transitoria segunda.  Verificación de los estudios ambientales estratégicos y 
de los estudios de impacto ambiental por entidades de colaboración ambiental.
Mientras  no  se  desarrolle  el  régimen  jurídico  de  las  entidades  de  colaboración 
ambiental en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, las verificaciones de los 
estudios ambientales estratégicos y de los estudios de impacto ambiental a que aluden 
los artículos 35.1.b) y 38.1.i) podrán ser llevadas a cabo por cualquier entidad acreditada 
conforme  a  la  norma  UNE-EN  ISO/IEC  17020  como  entidades  de  inspección  que 
evalúan el cumplimiento de los aspectos ambientales incluidos en las autorizaciones 
ambientales por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional 
de  acreditación  o  bien  acreditada  como  verificadora  ambiental  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  el  Decreto  185/1999,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establece  el 
procedimiento para la aplicación, en la Comunidad Autónoma de Galicia, de un sistema 
voluntario de gestión y auditoría ambiental, o norma que lo sustituya.
Con la verificación se adjuntará una declaración de la entidad de que no incurre en 
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas para las entidades de 
certificación  de  conformidad  municipal  en  el  artículo  64  del  Reglamento  único  de 
regulación  integrada  de  actividades  económicas  y  apertura  de  establecimientos, 
aprobado por el Decreto 144/2016, de 22 de septiembre.
Disposición  transitoria  tercera.  Continuación  de  determinados  procedimientos  en 
materia de instalaciones energéticas.
Los procedimientos iniciados al amparo de la Ley 5/2017, de 19 de diciembre, de  es
fomento de iniciativas empresariales de Galicia, y de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre,  bo
por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el  10ww
esaFunrotscínctudaueonlon c tirdae5elen3 s  e Cdnoeo   mfadlapse ee nL nseduayeec  viaó2odn4sm / 2ipA0sr1imoó3ynb,e  iecodnt eotaa sdl 2,m d6ie rtei ddlaeiont ssiv dtoaaics lai tercámiaom bnirelteaes,s    cedosnenoelt lirincgsuieétauctirdtcáoeanrss    serudleé egct rturalimacmodoi,otd asicfq iicuóeaennc   iódseneel     OE-A-2021-52able en https://
acuerdo con lo establecido en el procedimiento de autorización administrativa integrada 
recogido en el capítulo III del título III.
Para estos casos se concede un plazo de un mes, contado desde la entrada en vigor 
de esta ley, para que los sujetos promotores puedan desistir de su solicitud y, en su caso, 
recuperar las garantías presentadas.
Disposición transitoria cuarta.  Procedimientos iniciados a la entrada en vigor de esta 
ley.
1.  Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta ley continuarán su tramitación de acuerdo con las normas procedimentales 
recogidas en ella, excepto en lo que respecta a los plazos que hayan comenzado a 
computarse antes de su entrada en vigor, que continuarán calculándose conforme a lo 
establecido en la normativa anterior.
2.  En  los  procedimientos  de  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  de 
competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia en tramitación en la fecha de 
entrada en vigor de esta ley se aplicará el plazo establecido en el artículo 35.1.b) para la 
remisión  al  órgano  ambiental  del  expediente  completo  de  evaluación  ambiental 
estratégica, desde la notificación al promotor del documento de alcance.
3.  Lo establecido en el artículo 35 sobre el plazo de vigencia de las declaraciones 
ambientales estratégicas y de los informes ambientales estratégicos, y las solicitudes de 
las correspondientes prórrogas, será aplicable a todas las declaraciones e informes 
publicados en el Diario Oficial de Galicia en los cuatro años anteriores a la entrada en 
vigor de esta ley, en el caso de las declaraciones ambientales estratégicas, y en los seis 
años anteriores a la dicha entrada en vigor, en el caso de los informes ambientales 
estratégicos.
4.  Los informes sectoriales y los trámites realizados antes de la entrada en vigor de 
esta ley se incorporarán a los sucesivos trámites de competencia de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales del sector público 
autonómico de Galicia que se refieran a una misma iniciativa empresarial, así como, en 
su caso, a los efectos de obtener el título habilitante de competencia municipal, siempre 
que se mantengan las circunstancias que motivaron dichos pronunciamientos.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogados expresamente los artículos 37 y 38 de la Ley 5/2017, de 19 
de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales de Galicia.
2.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en esta ley.
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio.
El texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, 
de 28 de julio, queda modificado como sigue:
Uno.  Se añade un apartado nueve al artículo 16, con la siguiente redacción:
«Nueve.  Beneficios fiscales en las transmisiones patrimoniales onerosas que  e.
afecten a la adquisición de inmuebles  w.b
1.  Se establece una deducción en la cuota del 100 % en la modalidad de  10ww
ptraatnrismmoisniioanleess  y paactrtiomso njuiarlíedsic oso ndeorocusamse, ntaddeol s, imrepsupeesctoto   dsoeb rlea s taradnqsumisiicsiioonneess 
loan ecroonssaisd edrea ciniómnu edbel ezso qnuaes  speo econ cupeonbtlaredna se no a lágruenaas  dreu rlaalse sp aarr oqquueia ss eq uree ftieenreg aenl 
apartado siete de este artículo, y que se afecten como inmovilizado material a una 
actividad económica, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a)  El inmueble deberá ser afectado al desarrollo de una actividad económica 
en el plazo de un año desde su adquisición. Para determinar si existe actividad 
económica y si el inmueble está afecto a dicha actividad económica será de 
aplicación lo dispuesto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sin 
que  sea  de  aplicación  en  ningún  caso  a  la  actividad  de  arrendamiento  de 
inmuebles ni cuando la actividad principal a que se afecte el inmueble sea la 
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el 
patrimonio.
b)  La  empresa  deberá  tener  la  consideración  de  empresa  de  reducida 
dimensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades.
c)  Durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha de la adquisición 
deberá realizarse una ampliación del personal medio de la empresa de, al menos, 
una persona con respeto al personal medio de los doce meses anteriores, y dicho 
incremento  se  mantendrá  durante  un  período  adicional  de  otros  veinticuatro 
meses. El incremento de personal requerido en esta letra deberá tener como 
centro de trabajo el inmueble adquirido objeto de esta deducción.
d)  La adquisición deberá formalizarse en un documento público, en el cual se 
hará  constar  expresamente  la  finalidad  de  afectar  el  inmueble  a  la  actividad 
económica. No podrá aplicarse esta deducción si esta declaración no consta en el 
documento público, ni tampoco en caso de que se hagan rectificaciones del 
documento con el fin de subsanar su omisión, salvo que se hagan dentro del 
período voluntario de autoliquidación del impuesto.
2.  La deducción en la cuota será del 50 % respecto de las adquisiciones 
onerosas de inmuebles que se encuentren en las parroquias que no tengan la 
consideración de zonas poco pobladas o áreas rurales a las que se refiere el 
apartado siete de este artículo, y que se afecten como inmovilizado material a una 
actividad económica, cuando concurran las circunstancias indicadas en el número 
anterior.
3.  El  incumplimiento  de  los  requisitos  y  de  las  condiciones  establecidas 
implica  la  pérdida  del  beneficio  fiscal,  y  el  contribuyente  deberá  ingresar  la 
cantidad derivada del beneficio fiscal junto con los intereses de mora. A estos 
efectos, el sujeto pasivo deberá practicar la correspondiente autoliquidación y 
presentarla  en  el  plazo  de  un  mes,  contado  desde  el  momento  en  que  se 
incumplan los requisitos.»
Dos.  Se añade un apartado diez al artículo 17, con la siguiente redacción:
«Diez.  Beneficios fiscales en los documentos notariales en que se formalice 
la adquisición onerosa, agrupación, división, segregación, declaración de obra 
nueva y división horizontal de inmuebles 
1.  Se establece una deducción en la cuota del 100 % correspondiente al 
gravamen gradual sobre actos jurídicos documentados, documentos notariales, 
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a  e.e
los documentos notariales en que se formalice la adquisición onerosa, agrupación,  b
división,  segregación,  declaración  de  obra  nueva  y  división  horizontal  de  10ww
icnomnusiedbelreasc ióqnu ed e szeo neans cpuoecnotr peonb leand asa log uánreaa sd eru ralales s paa qrruoeq sueia sre fiqeuree  etle anpgaarnta dloa 
eoccohnoó dmei ceas,t ec uaartnícduol oc,o yn cquurera sne  laasfe ccitrecnu ncsotmanoc iinams opvreilivziastdaos  mena teerl iaalp aa rutandao a ncutievivdea.d1 
del artículo 16 de esta norma.
2.  La deducción en la cuota será del 50 % cuando los documentos notariales 
formalizados a que se refiere el número anterior afecten a inmuebles que se 
encuentren en las parroquias que no tengan la consideración de zonas poco 
pobladas o áreas rurales a que se refiere el apartado ocho de este artículo, y que 
se  afecten  como  inmovilizado  material  a  una  actividad  económica  cuando 
concurran las circunstancias previstas en el apartado nueve.1 del artículo 16 de 
esta norma.
3.  A  los  efectos  de  la  aplicación  de  las  deducciones  previstas  en  este 
apartado, los plazos para el cumplimiento de los requisitos del número nueve.1 del 
artículo 16 comenzarán a contar desde el devengo del tributo. En caso de que 
esta deducción pudiere afectar a varios hechos imponibles y entre el primero y el 
último año que le sea aplicable esta deducción medie un período inferior a dos 
años,  los  plazos  comenzarán  a  contarse  a  partir  del  último  hecho  imponible 
realizado dentro de dicho período de dos años.
4.  El  incumplimiento  de  los  requisitos  y  de  las  condiciones  establecidas 
conlleva  la  pérdida  del  beneficio  fiscal,  y  el  contribuyente  deberá  ingresar  la 
cantidad derivada del beneficio fiscal junto con los intereses de demora. A estos 
efectos, el sujeto pasivo deberá practicar la correspondiente autoliquidación y 
presentarla  en  el  plazo  de  un  mes,  a  contar  desde  el  momento  en  que  se 
incumplan los requisitos.»
Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de política industrial, aprobado por 
el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero.
El texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en materia de política industrial, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de 
febrero, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 78, que queda redactado como sigue:
«Serán considerados proyectos industriales estratégicos, con la excepción de 
los proyectos regulados en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula 
el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de 
Compensación  Ambiental,  aquellas  iniciativas  empresariales  que  cumplan,  al 
menos, dos de los siguientes requisitos:
a)  Que supongan un volumen de inversión mínima de veinte millones de 
euros.
b)  Que supongan una creación de empleo mínimo de cien puestos de trabajo 
directos,  bajo  la  modalidad  de  contrato  indefinido  y  computados  a  jornada 
completa.
c)  Que  complementen  cadenas  de  valor  o  que  pertenezcan  a  sectores 
considerados estratégicos y estén alineados con los objetivos de la Unión Europea 
o  que  se  integren  en  la  financiación  "instrumento  temporal  de  recuperación 
europea Next Generation EU".»
Dos.  Se modifica el artículo 80, que queda redactado como sigue:
«1.  La declaración de proyecto industrial estratégico tendrá los siguientes 
efectos:
a)  Implicará  el  carácter  prioritario  de  la  tramitación  por  parte  de  la  b
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  y  de  las  entidades  10ww
iandsmtruinmisetrnattaivleoss  ndeecl esseacrtioors  ppaúrbali clao  imauptloannótamciicóon  ddeel  pGroayliecicat od.e los procedimientos
de lab ) traPmoidtarcái ójuns tdifeic aurr glae nccoian cduerr elonsc irae sdpee rcatizvoonse psr doece idnitmeriéesn tpoúsb, lqicuoe a s luopso enfdercát olas 
reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
excepto  los  relativos  a  la  presentación  de  solicitudes  y  recursos,  y  aquellos 
tasados por normativa estatal básica que no puedan ser objeto de reducción.
c)  La  no  sujeción  a  los  títulos  habilitantes  urbanísticos  de  competencia 
municipal.
d)  La declaración de utilidad pública y de interés social del proyecto industrial 
estratégico a los efectos expropiatorios, así como la necesidad y la urgencia de la 
ocupación de los bienes y de los derechos afectados y el reconocimiento del 
sujeto promotor del proyecto de la condición de beneficiario de la expropiación.
e)  La declaración de incidencia supramunicipal y la declaración de urgencia o 
de excepcional interés público a los efectos previstos en este texto refundido.
f)  La declaración de prevalencia sobre otras utilidades públicas.
g)  La adjudicación directa de suelo empresarial promovido por el Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo o por empresas públicas participadas por este que 
tengan entre sus objetos la creación de suelo empresarial, en las condiciones 
establecidas por la normativa sectorial.
h)  La posible concesión de subvenciones sin concurrencia competitiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación de subvenciones.
i)  La imposición o la ampliación de servidumbre de paso para las vías de 
acceso, las líneas de transporte y distribución de energía y las canalizaciones de 
líquidos o gases, en su caso, de conformidad con la normativa que las regule.
2.  Las determinaciones contenidas en los proyectos industriales estratégicos 
tendrán  fuerza  vinculante  para  las  administraciones  públicas  y  para  los 
particulares  y  prevalecerán  sobre  las  determinaciones  del  planeamiento 
urbanístico vigente, que deberá adaptarse a ellas en el plazo de un año desde la 
fecha de su aprobación y, en todo caso, en la primera modificación o revisión del 
mismo.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento 
de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia.
La Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas 
empresariales en Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se añade un artículo 3 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 3 bis.  Definiciones.
1.  Se entiende por suelo empresarial el suelo destinado mayoritariamente por 
un instrumento de ordenación territorial o urbanística a los usos productivos del 
sector secundario o terciario.
2.  Se  entiende  por  área  empresarial  una  superficie  delimitada  de  suelo 
constituido por un conjunto de parcelas, urbanizadas con arreglo a la legislación 
urbanística  o  de  ordenación  del  territorio,  susceptibles  de  comercialización 
independiente y con un destino principal que es la implantación de instalaciones 
en  las  cuales  desarrollar  usos  y  actividades  económicas  predominantes 
correspondientes a los sectores secundario o terciario.»
Dos.  Se modifica el artículo 42, que queda redactado como sigue:
«1.  Podrán ser declaradas por el Consejo de la Xunta de Galicia como  o
iniciativas empresariales prioritarias aquellas que cumplan, al menos, dos de los  w.
siguaie) nteQsu ree qsuuipsoitnogs:an un volumen de inversión mínima en activos fijos, excluidos  2021-5210n https://ww
los  inmobiliarios,  de  un  millón  de  euros,  incluyendo  aquellos  proyectos  de
generación eléctrica a partir de fuentes renovables en los que el destino final de la 
energía eléctrica producida sea el abastecimiento de la industria gallega.
b)  Que supongan una creación de empleo mínimo de veinticinco puestos de 
trabajo directos, bajo la modalidad de contrato indefinido y computados a jornada 
completa, no siendo de aplicación para los proyectos regulados en la Ley 8/2009, 
de 22 de diciembre.
c)  Instrumentos  de  movilización,  recuperación,  puesta  en  producción  y 
aprovechamiento sostenible de tierras agrarias y forestales, así como planes o 
actuaciones integrales de desarrollo rural.
d)  Que  complementen  cadenas  de  valor  o  que  pertenezcan  a  sectores 
considerados  estratégicos  o  que  se  integren  en  la  financiación  instrumento 
temporal de recuperación europea Next Generation EU.
2.  Para el caso de los proyectos regulados en la Ley 8/2009, de 22 de 
diciembre,  que  no  estén  asociados  al  autoconsumo  industrial,  podrán  ser 
consideradas como iniciativas empresariales prioritarias aquellos proyectos que 
justifiquen un compromiso industrial asociado a la implantación del proyecto eólico 
que suponga la creación o consolidación de un volumen mínimo de veinticinco 
puestos de trabajo directos en Galicia, bajo la modalidad de contrato indefinido y 
computados  a  jornada  completa,  así  como  aquellos  proyectos  que  hayan 
justificado la totalidad de los compromisos industriales derivados de la Orden 
de 29 de marzo de 2010 o aquellos proyectos que supongan un volumen de 
inversión, teniendo en cuenta el valor medio anual en función de la tecnología de 
mercado,  superior  a  veinte  millones  de  euros,  siempre  que  cuenten  con  un 
permiso de acceso y conexión firme y vigente y que cuenten con infraestructuras 
de evacuación autorizadas o ejecutadas y en funcionamiento que permitan el 
vertido a la red de transporte o distribución de la energía eléctrica generada.
3.  El Consejo de la Xunta de Galicia podrá, mediante acuerdo, reducir los 
umbrales señalados en las letras a) y b) del apartado 1 cuando se trate de 
iniciativas de emprendimiento colectivo o que contribuyan a la integración socio-
laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión mediante fórmulas 
empresariales de la economía social.»
Tres.  Se elimina el número 2 de la disposición transitoria cuarta, y esta queda 
redactada como sigue:
«Disposición  transitoria  cuarta.  Plazos  para  solicitar  autorizaciones  de 
explotación de parques eólicos.
1.  Las  personas  titulares  de  autorizaciones  administrativa  previa  y  de 
construcción, o, en su caso, aprobación de proyecto, de parques eólicos obtenidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley dispondrán de un plazo de cuatro 
años,  contado  desde  su  entrada  en  vigor,  para  solicitar  la  correspondiente 
autorización de explotación. Excedido el plazo indicado sin que se haya solicitado 
la autorización de explotación, la dirección general con competencias en materia 
de energía podrá iniciar los correspondientes procedimientos de revocación de las 
autorizaciones administrativa previa y de construcción o, en su caso, aprobación 
del proyecto, con audiencia de las personas titulares.
2.  El plazo para obtener la autorización de explotación para las personas  s
promotoras  con  solicitudes  de  autorización  administrativa  previa  y/o  de  oe.
construcción en tramitación con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley será,  w.
aacouumttooorrii zzaamccáiióóxnnim  dode,e   cdeoexn pstltroreutsac cciaióóñnno,.  sE,l ax ccodenidrteiadcdoco ió ensd teegs depenla ezrloaa  l sficenoc mhqaup eed teseen  tneho ateyifanic  asmcoilóaicntei traidade o  dllaae    2021-5210n https://ww
energía podrá iniciar los correspondientes procedimientos de revocación de las
autorizaciones  administrativa  previa  y  de  construcción,  con  audiencia  de  las 
personas titulares.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio 
cultural de Galicia.
Se modifica el número 3 del artículo 34 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del 
patrimonio cultural de Galicia, que queda redactado como sigue:
«3.  No será preceptivo el informe de la consejería con competencias en 
materia de patrimonio cultural en el caso de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico de desarrollo parcial de ámbitos limitados en los que la entidad local 
respectiva certifique la constancia de la inexistencia de bienes integrantes del 
patrimonio  cultural  de  Galicia,  basándose  en  los  informes  previos,  con  una 
antigüedad inferior a cinco años, de la consejería con competencias en materia de 
patrimonio cultural relativos a otros planes, programas o proyectos que afecten a 
la  totalidad  del  ámbito  que  se  pretende  ordenar  y  que  incluyan  un  estudio 
completo del patrimonio cultural.
La entidad local respectiva comunicará la certificación emitida a la consejería 
con competencias en materia de patrimonio cultural.
Asimismo,  tampoco  será  preceptivo  dicho  informe  de  la  consejería  con 
competencias  en  materia  de  patrimonio  cultural  en  los  planes,  programas  y 
proyectos  en  suelo  rústico,  siempre  que  no  afecten  al  suelo  de  protección 
patrimonial, ni afecten a ningún bien declarado de interés cultural o catalogado, su 
entorno de protección o, en su caso, su zona de amortiguación.»
Disposición  final  quinta.  Modificación  de  la  Ley  13/2010,  de  17  de  diciembre,  del 
comercio interior de Galicia.
Se modifica la letra b) del número 3 del artículo 32 de la Ley 13/2010, de 17 de 
diciembre, del comercio interior de Galicia, que queda redactada como sigue:
«b)  Declaración de impacto, informe de impacto o de incidencia ambiental, 
cuando proceda según la normativa vigente en materia ambiental.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que 
se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo 
de Compensación Ambiental.
La Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico 
en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, queda 
modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el número 1 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
«1.  Quedan  sometidas  a  lo  dispuesto  en  la  presente  ley  aquellas 
instalaciones de producción de electricidad obtenida de la energía eólica cuya 
autorización, conforme a lo previsto en el artículo 27.13 del Estatuto de autonomía, 
sea competencia de la Comunidad Autónoma. Al resto de instalaciones del mismo 
tipo situadas en el territorio de Galicia les serán de aplicación en todo caso las 
disposiciones del título II, III y V de la presente ley.» s
Dos.  Se modifica el número 4 del artículo 6, que queda redactado como sigue: w.
Plan« 4se. ctNoroia pl oedórliácno  idmep Glaanltiacriase,  ap aerxqcueepsc ieóónl idceo sla fsu emrao ddiefic laacsi oánreeass s uinsctlaunidcaiasl eesn d eel 
lroesg lampaernqtuaerisa meennt e, fausníc cioonmaom aieqnuteol lose np royloesc tosté qrmuein toesn gaqnu uen a scela rad ienscaidrreonllceian 
territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y
estructurante del territorio y sean declarados como tales por el Consejo de la 
Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería competente en materia de energía.
En cualquier caso, todos los proyectos deberán cumplir las distancias mínimas 
a las delimitaciones del suelo de núcleo rural, urbano y urbanizable residencial 
establecidas  en  el  artículo  33,  y  será  necesario  que  el  uso  del  suelo  sea 
compatible con la implantación de estas infraestructuras.»
Tres.  Se modifica el número 2 del artículo 29, que queda redactado como sigue:
«2.  Solo se podrá solicitar el inicio de un procedimiento de autorización 
administrativa  previa  y  de  construcción  de  un  parque  eólico  si  la  persona 
solicitante  y  el  parque  eólico  cumplen  con  los  requisitos  establecidos  en  los 
artículos 30, 31 y 32, así como si cuentan con el permiso de acceso a la red de 
transporte y distribución. No serán admitidas aquellas solicitudes que incumplan 
estos requisitos.»
Cuatro.  Se modifican las letras e) y f) del número 4 del artículo 29, que quedan 
redactadas como sigue:
«e)  En su caso, proyecto sectorial, con el contenido y la documentación 
exigidos en los artículos 44 y 45 de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación 
del territorio de Galicia, para los proyectos de interés autonómico.
f)  Para  aquellos  casos  en  que  la  persona  promotora  haya  solicitado  la 
declaración de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 44, relación de bienes y 
derechos afectados, así como la justificación de la necesidad de la expropiación, 
junto  con  una  declaración  responsable  de  los  acuerdos  alcanzados  con  las 
personas titulares de los bienes y derechos afectados.»
Cinco.  Se modifica el artículo 33, que queda redactado como sigue:
«1.  Las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de 
parques eólicos se estudiarán y se tramitarán en el estricto orden temporal de su 
fecha de presentación.
2.  La  dirección  general  competente  en  materia  de  energía  verificará  el 
cumplimiento de los requisitos de capacidad de las personas solicitantes y de las 
solicitudes indicados en el artículo 29.2.
3.  En el caso de incumplimiento de dichos requisitos, la dirección general 
competente  emitirá  una  resolución  en  la  que  declarará  la  inadmisión  de  la 
solicitud.
4.  En el caso de cumplimiento, la dirección general competente notificará a la 
persona solicitante la admisión a trámite para que proceda al pago de la tasa de 
autorización administrativa recogida en el código 02 del punto 37 del anexo III de 
la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, o norma que la sustituya. La persona solicitante 
dispondrá de un plazo máximo de un mes para la presentación del justificante de 
pago de dicha tasa.
La presentación del justificante de pago de la tasa será requisito necesario 
para que prosiga la tramitación. Si el sujeto promotor no aportase la justificación 
prevista en el apartado anterior en el plazo establecido, el órgano competente lo 
tendrá por desistido de su solicitud. es
5.  El orden de tramitación de las solicitudes de autorización administrativa  o
admitidas podrá determinarse mediante resolución motivada del centro directivo  10ww
entcrovoaamrcmctpouaerateticevsian óo tnae  p qdleuiecne a  lbasml eeea .ntdeeerricagla íard eeen l éeicnntirceiicragatíi avda, e  teeemnsipteornsed sopa rroieaynle  pcctroiuoser,in tataarsi aí l,ac sdo emp ooa scliuobesil riddpaorod yceeoscn t doleas    OE-A-2021-52able en https://
6.  Previamente, la persona promotora podrá solicitar al órgano ambiental que 
elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental, según el 
procedimiento establecido en el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, o norma que la sustituya. En el caso de proyectos que 
deban ser objeto de una evaluación ambiental simplificada, la dirección general 
competente en materia de energía remitirá al órgano ambiental el documento 
ambiental del proyecto, para que realice el procedimiento de consulta recogido en 
el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o 
norma que la sustituya.
7.  La dirección general competente en materia de energía enviará copia del 
proyecto sectorial del parque eólico al órgano autonómico competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, al efecto de obtener, en el plazo máximo 
de veinte días, informe sobre el cumplimiento de los requisitos de distancias a las 
delimitaciones  del  suelo  de  núcleo  rural,  urbano  o  urbanizable  delimitado, 
establecidos en el Plan sectorial eólico de Galicia.
8.  Asimismo, dicho órgano podrá solicitar informes previos a los órganos 
sectoriales  en  función  de  las  posibles  afecciones  que  puedan  resultar 
incompatibles con el proyecto. El plazo máximo para la emisión de estos informes 
será  de  un  mes.  Transcurrido  este  plazo  sin  pronunciamiento  expreso,  se 
continuará con el procedimiento. Será condición necesaria para continuar con el 
procedimiento que estos informes no tengan carácter desfavorable. En su caso, se 
archivará  la  solicitud  por  incompatibilidad,  previa  audiencia  al  promotor,  y  se 
procederá a la devolución de las garantías económicas correspondientes.
9.  Obtenido el informe de cumplimiento de distancias, la dirección general 
competente en materia de energía enviará el expediente a la unidad tramitadora. 
En los supuestos de parques eólicos cuya implantación afecte a más de una 
provincia, la unidad tramitadora será la dirección general competente en materia 
de energía.
10.  La unidad responsable de la tramitación someterá a información pública, 
de forma simultánea, el proyecto de ejecución, el estudio de impacto ambiental en 
el caso de evaluación ambiental ordinaria y, en su caso, el proyecto sectorial, 
mediante su publicación en el Diario Oficial de Galicia, así como en la página web 
de la consejería competente en materia de energía. En caso de que se solicite la 
declaración de utilidad pública, se realizará de forma simultánea el trámite de 
información pública mediante la publicación en uno de los periódicos de mayor 
circulación de cada una de las provincias afectadas.
11.  Durante  el  plazo  indicado,  cualquier  persona,  entidad  u  organismo 
interesado podrá presentar cuantas alegaciones estime oportunas o solicitar el 
examen del expediente y de la documentación técnica, o de la parte de la misma 
que se acuerde. De las alegaciones presentadas se dará traslado a la persona 
solicitante, para que esta formule la contestación al contenido de aquellas y lo 
comunique a la unidad tramitadora en el plazo máximo de quince días.
12.  De  modo  simultáneo  al  trámite  de  información  pública,  la  unidad 
responsable de la tramitación realizará el trámite de audiencia y de consultas a las 
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, solicitando, al 
menos, los informes preceptivos indicados para la evaluación ambiental y de 
aprobación del proyecto sectorial, dando audiencia a los ayuntamientos afectados. 
Asimismo, se enviarán de forma simultánea las separatas del proyecto presentado  s
a las distintas administraciones, organismos o empresas del servicio público y de  oe.
servicios de interés general afectados, con bienes y derechos a su cargo, con el  w.
objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente del proyecto de  10ww
ejec1u3c.i ónE.n  el  caso  de  evaluación  ambiental  simplificada,  se  realizarán  los
tarmámbiietenst ainl,d oic naodromsa e qnu lae  slae cscuisótnit u2y.aª .del capítulo II de la Ley 21/2013, de evaluación  BOE-A-cable e
14.  Se aplicará lo regulado en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 9/2021, 
de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo de la reactivación 
económica de Galicia, con la única excepción del plazo para la emisión de los 
condicionados técnicos del proyecto de ejecución, que se reduce a un mes desde 
la recepción de la solicitud. De no recibirse estos condicionados en plazo, se 
entenderá la conformidad con el proyecto, y se continuará la tramitación del 
procedimiento.
15.  La unidad tramitadora enviará a la persona promotora los informes y las 
alegaciones recibidos para su conformidad y/o consideración en la redacción del 
proyecto de ejecución, del estudio de impacto ambiental y del proyecto sectorial, a 
fin  de  que  realice  las  modificaciones  y  adaptaciones  de  cada  uno  de  estos 
documentos. La persona promotora dispondrá del plazo máximo de un mes para 
presentar  los  documentos  definitivos  adaptados  para  continuar  con  el 
procedimiento. De no presentarse esta documentación en el plazo indicado, se 
entenderá que el promotor desiste de la solicitud de autorización administrativa y 
se archivará la solicitud sin más trámites. El archivo de la solicitud será realizado 
por la unidad tramitadora, que lo comunicará al órgano competente.
16.  La unidad tramitadora emitirá o solicitará, en su caso, al órgano territorial 
donde se sitúe la instalación, el informe relativo a la normativa de instalaciones 
industriales y eléctricas. Cuando le corresponda la tramitación del procedimiento, 
el  órgano  territorial  remitirá  el  expediente  completo  a  la  dirección  general 
competente en materia de energía, añadiendo al informe anterior un resumen de 
la tramitación realizada hasta ese momento, para que la dirección general proceda 
a dictar la correspondiente resolución.
17.  La valoración positiva ambiental exigible al proyecto, de acuerdo con el 
resultado de la evaluación realizada de conformidad con lo establecido en la 
Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  así  como  el  informe  de  cumplimiento  de 
distancias indicado en el punto 7 de este artículo, serán requisitos indispensables 
para el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de construcción.
18.  Asimismo,  deberá  acreditarse  la  obtención  del  permiso  de  acceso  y 
conexión a la red de transporte o distribución, según corresponda, previamente al 
otorgamiento de la autorización administrativa previa y de construcción.»
Seis.  Se da una nueva redacción a los apartados 1 y 3 y se añaden los apartados 4 
y 5 en el artículo 40, que queda redactado como sigue:
«Artículo 40.  El proyecto sectorial (proyecto de interés autonómico).
1.  Todas las referencias al proyecto sectorial se entenderán referidas a la 
figura de proyecto de interés autonómico de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de 
ordenación del territorio de Galicia.
Cumplimentados los trámites previstos en el artículo 33 de la presente ley 
relativos al proyecto sectorial, el Consejo de la Xunta, a propuesta de la persona 
titular de la consejería competente en materia de energía, y contando con el previo 
informe preceptivo del organismo con competencias en materia de ordenación del 
territorio, que deberá ser emitido en el plazo máximo de dos meses, aprobará 
definitivamente,  si  procediese,  el  proyecto  sectorial,  con  las  modificaciones  o 
correcciones que considere convenientes.
2.  Quedan exceptuados de evaluación ambiental estratégica los proyectos  e
sectoriales de incidencia supramunicipal de los parques eólicos, así como los de  bo
sus  infraestructuras  de  evacuación,  cuando  el  proyecto  de  ejecución  de  la  10ww
dnineofr rama3ec.as u tqerEuurdcneot  ull oarcsa os  ucncaso ltsnaitoc usrLye eaetay.n   eq2su1te/é2  e0sl1i ep3nr,do doyee o c 9tvo a dsyeea c datoi csriieearml  sdboermel p,e atdirdeqo ue eav  aeelóvulaaiclcuoiaó acnui ótaonmr aizbmaiedbnoiet anelts,a toél,    OE-A-2021-52able en https://
aprobado por el Consejo de la Xunta de Galicia y la persona promotora haya
presentado una modificación no sustancial de las recogidas en el apartado 1 del 
artículo 37 reconocida como tal, se enviará al órgano competente en ordenación 
del territorio y urbanismo el reconocimiento de esta modificación no sustancial, así 
como el informe favorable del órgano ambiental indicado en el apartado d) del 
punto 1 del artículo 37 y la adenda del proyecto sectorial en la que se recojan 
estas modificaciones, a los efectos de que se emita el informe preceptivo previo a 
la aprobación de la modificación del proyecto sectorial por el Consejo de la Xunta.
4.  Se exceptúan de la obligación de la aprobación de un proyecto sectorial 
aquellos proyectos eólicos y sus infraestructuras de evacuación que se implanten 
en aquellos ayuntamientos donde la naturaleza del uso del suelo sea compatible 
con este tipo de infraestructuras. Para estos casos deberá adjuntarse, junto con la 
documentación de la solicitud, el certificado del ayuntamiento que acredite esta 
circunstancia, en sustitución del proyecto sectorial.
5.  En todo caso, y a los efectos de lo regulado en el punto 1 del artículo 37 
de la Ley 2/2016, del suelo de Galicia, en el suelo rústico estará permitida la 
apertura  de  caminos  rurales  contenidos  en  los  proyectos  eólicos  y  de  sus 
infraestructuras de evacuación aprobados por la administración competente.»
Siete.  Se elimina el apartado 2 del artículo 34, que queda redactado como sigue:
«Artículo  34.  Resolución  de  la  autorización  administrativa  previa  y  de 
construcción y finalización del procedimiento.
1.  Una  vez  realizada  la  instrucción  del  procedimiento  administrativo  de 
autorización  y  acreditado  por  parte  de  la  persona  solicitante  el  acceso  y  la 
obtención del punto de conexión a la red de transporte o a la red de distribución, 
según corresponda, la dirección general competente en materia de energía dictará 
resolución respecto del otorgamiento de la autorización administrativa previa y de 
la  autorización  administrativa  de  construcción  del  parque  eólico  en  el  plazo 
máximo de dos meses, contado desde la recepción de la documentación completa 
en el órgano competente para resolver el procedimiento.
2.  La  resolución  de  autorización  administrativa  previa  y  de  construcción 
expresará que la persona promotora dispondrá de un plazo de tres años, contado 
a  partir  de  su  otorgamiento,  para  solicitar  la  correspondiente  autorización  de 
explotación, indicando que, en el caso de incumplimiento, podrá producirse su 
revocación en los términos establecidos en el punto 10 del artículo 53 de la 
Ley 24/3013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, o norma que la sustituya.
3.  La resolución se publicará íntegramente en el Diario Oficial de Galicia y se 
notificará  a  todas  las  terceras  personas  que  hayan  formulado  alegaciones  y 
tengan carácter de interesadas en el expediente. La falta de resolución expresa en 
el  plazo  indicado  tendrá  efectos  desestimatorios  y  habilitará  a  la  persona 
solicitante para interponer los recursos que procedan.
4.  De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
o norma que la sustituya, junto con la resolución, pondrán fin al procedimiento el 
desistimiento de las personas interesadas, la renuncia al derecho en que se funde 
la solicitud cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la 
declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas 
sobrevenidas.  La  declaración  de  caducidad  del  procedimiento,  cuando  se  e
produzca  su  paralización  por  causa  imputable  a  la  persona  interesada,  será  bo
acordada de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 39/2015,  10ww
pdúeb 1li cdaes ,o oc tnuobrrme,a  dqeul ep lrao cseudsitmituieynat.o» administrativo común de las administraciones
Ocho.  Se  añade  una  disposición  adicional  cuarta,  que  queda  redactada  como 
sigue:
«Disposición adicional cuarta.  Régimen jurídico.
En el procedimiento de autorizaciones administrativas de las instalaciones de 
parques eólicos serán de aplicación los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 9/2021, de 
simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de 
Galicia.
La Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el número 2 del artículo 55, que queda redactado como sigue:
«2.  El procedimiento y la forma de cesión a título gratuito u oneroso de estos 
locales  se  determinarán  reglamentariamente.  Entre  otros  supuestos,  podrá 
cederse el uso gratuito a entidades prestadoras de servicios sociales durante diez 
años prorrogables, por causas debidamente motivadas en el expediente.»
Dos.  Se añade un nuevo número 4 al artículo 55, con la siguiente redacción:
«4.  En el supuesto de que sea preciso hacer obras de acondicionamiento en 
los locales que se adjudiquen en régimen de alquiler, el Instituto Gallego de la 
Vivienda y Suelo podrá establecer un período de carencia en el pago de las rentas 
de hasta tres años.»
Tres.  Se modifica el número 2 del artículo 60, que queda redactado como sigue:
«2.  Para el resto de las viviendas protegidas, la duración del régimen legal de 
protección se determinará en función del ámbito territorial de emplazamiento de 
las viviendas y de su destino.»
Cuatro.  Se modifica el número 3 del artículo 60, que queda redactado como sigue:
«3.  Conforme a lo establecido en el punto anterior, el régimen de protección 
de las viviendas de protección autonómica ubicadas en el denominado ámbito 
territorial de precio máximo superior tendrá una duración de veinticinco años; el de 
las viviendas ubicadas en la zona territorial primera tendrá una duración de veinte 
años; y el de las viviendas ubicadas en la zona territorial segunda, de quince años, 
desde la fecha de la calificación definitiva. Reglamentariamente se determinarán 
los ayuntamientos incluidos en cada zona territorial.
La duración del régimen de protección de las promociones que se califiquen 
como viviendas de protección autonómica con destino a alquiler será de quince 
años,  salvo  que  se  edifiquen  sobre  un  suelo  desarrollado  por  un  promotor 
público.»
Cinco.  Se modifica el número 4 del artículo 60, que queda redactado como sigue:
«4.  La  duración  del  régimen  de  protección  de  las  viviendas  protegidas 
edificadas en suelo público por una persona promotora titular de un derecho de 
superficie podrá extenderse hasta conseguir la duración total del derecho de  s
superficie, aunque esta sea superior a treinta años.» oe.
Seis.  Se añade un nuevo número 5 al artículo 60, con la siguiente redacción: 10ww
aloy uqdu«ae5s .d  iesEsptnoa nttagolade osla,  c scaeos roer,es tspaparoáran,  delaines n ctvueiva nineotnormd aaa stla ivq adu uerer asgceui lóaancd oodjreaaln  dr éaeg  lliaam sfe icnniat adndeca iapscr oaiótyenuc doca ióasn. »l,a as   OE-A-2021-52able en https://
Siete.  Se modifica el número 3 del artículo 61, que queda redactado como sigue:
«3.  Las viviendas protegidas no podrán ser objeto de descalificación mientras 
dure su régimen legal de protección.»
Ocho.  Se elimina el número 4 del artículo 61 y se reenumera el número 5, que pasa 
a ser el número 4.
Nueve.  Se modifica el número 1 del artículo 63, que queda redactado como sigue:
«1.  Podrán acceder a una vivienda protegida, en régimen de dominio o 
derecho de uso o disfrute, inter vivos, en primera o ulteriores transmisiones, a 
título oneroso o gratuito, voluntariamente o en vía ejecutiva, las personas que, 
careciendo de una vivienda en propiedad, acrediten los ingresos que, en atención 
a  los  criterios  determinados  reglamentariamente,  se  concreten  mediante 
resolución de la Presidencia del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y cumplan 
los requisitos que reglamentariamente se establezcan para el acceso a este tipo 
de viviendas.»
Diez.  Se modifica el número 1 del artículo 66, que queda redactado como sigue:
«1.  Durante el período legal de protección, cualquier acto de disposición o de 
arrendamiento de viviendas protegidas en primera o posteriores transmisiones 
estará sujeto a un precio de venta o renta máximo que, en atención a los criterios 
determinados  reglamentariamente,  será  fijado  por  acuerdo  del  Consejo  de  la 
Xunta de Galicia.»
Once.  Se añade una disposición adicional vigésima, con la siguiente redacción:
«Disposición  adicional  vigésima.  Posibilidad  excepcional  de  concesión  de 
exenciones, condonaciones, rebajas y moratorias en el pago de los recibos de 
alquiler de viviendas y locales del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
El Instituto Gallego de la Vivienda y Solo, previa autorización del Consejo de la 
Xunta  de  Galicia,  en  casos  excepcionales  de  marcado  carácter  social 
debidamente motivados, podrá conceder exenciones, condonaciones, rebajas y 
moratorias en el pago de los recibos de alquiler de las viviendas y locales de su 
titularidad.»
Doce.  Se  añade  una  disposición  adicional  vigésimo  primera,  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición  adicional  vigésimo  primera.  Exención  en  la  aplicación  de  los 
requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria de las ayudas del 
bono de alquiler social y del bono de alquiler social para víctimas de violencia 
de género otorgadas por la Administración autonómica.
No será exigible el requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social para obtener la condición de 
persona beneficiaria de las ayudas del bono de alquiler social y del bono de 
alquiler  social  para  víctimas  de  violencia  de  género  otorgadas  por  la 
Administración autonómica, debido a la naturaleza social de estas subvenciones.» es
Disposición final octava.  Modificación de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas,  10www.
pSree caiñoasd ye e uxna cncuioenvoe sn rúemgeurlaod 1o2ra asl  daert ílcau Cloo 2m3u dneid alad  LAeuyt ó6n/2o0m0a3 ,d dee G 9a ldicei ad.iciembre, de
tsaigsuaise,n ptere rceidoas cyc ióenxa:cciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la  BOE-A-cable e
«12.  Las inscripciones y modificaciones en el Censo de Suelo Empresarial de 
Galicia.»
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora 
de los juegos y apuestas en Galicia.
Se modifica el número 2 del artículo 10 de la Ley 14/1985, de 23 de octubre, 
reguladora de los juegos y apuestas en Galicia, que queda redactado como sigue:
«2.  Son salones de juego los autorizados para explotar en ellos de forma 
permanente máquinas de los tipos A, A especial y B. En caso de que se exploten 
conjuntamente con las máquinas de tipo A cualquiera de los otros tipos referidos, 
deberán estar instaladas las de tipo A en salas diferentes a las de tipo A especial y 
B, sin que pueda existir comunicación directa entre las salas, excepto en caso de 
que exista prohibición de entrada a menores en el salón de juego.
En el primer caso la superficie de la sala no podrá ser inferior a 50 metros 
cuadrados y en el segundo, a 150 metros cuadrados. En ambos supuestos la 
ocupación  máxima  no  será  superior  a  una  máquina  por  cada  tres  metros 
cuadrados.»
Disposición final décima.  Modificación del Reglamento de máquinas recreativas y de 
azar de la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado por el Decreto 39/2008, de 21 
de febrero.
Se modifica el número 5 del anexo del Reglamento de máquinas recreativas y de 
azar de la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado por el Decreto 39/2008, de 21 de 
febrero, que queda redactado como sigue:
«5.  Número de máquinas y distribución.
1.  El número de máquinas que se podrán instalar y explotar en los salones 
recreativos  y  de  juego  será,  como  mínimo,  de  5  máquinas  de  las  tipologías 
previstas en la Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora de juegos y apuestas en 
Galicia, respectivamente.
2.  Las máquinas se colocarán de forma que ni ellas ni sus espacios de 
utilización obstaculicen los pasillos y las vías de circulación.»
Disposición final decimoprimera.  Modificación de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia.
Se añade una disposición adicional cuarta, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional cuarta.  Junta Consultiva en Materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.
Se  creará  la  Junta  Consultiva  en  Materia  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Urbanismo, como órgano con funciones específicas de carácter consultivo en las 
referidas materias, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Su  composición,  organización  y  funcionamiento  serán  establecidos 
reglamentariamente,  garantizando  la  representación  de  las  administraciones 
públicas con competencias urbanísticas. e.
La Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, prevista en el artículo 9 de  w.b
esta ley, pasará a integrarse en la Junta Consultiva en Materia de Ordenación del  10ww
eTel drreitsoariroro yll oU drbea snuissm fuon, caio pnaersti.r» de su creación. Hasta ese momento continuará en
Disposición  final  decimosegunda.  Adaptación  de  la  normativa  reguladora  de  los 
órganos asesores y consultivos.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley se adaptará, a 
instancia de cada consejería competente en la materia, la normativa reguladora de los 
órganos asesores y consultivos a que se refiere el número 3 del artículo 25, con el objeto 
de revisar los actos sometidos a su dictamen o informe, así como la periodicidad de sus 
sesiones, para garantizar que los distintos órganos sectoriales autonómicos emitan los 
informes sectoriales en los plazos establecidos.
Disposición final decimotercera.  Adaptación del Plan director de la Red Natura 2000 de 
Galicia.
Las  medidas  previstas  en  el  capítulo  II  del  título  III  de  esta  ley  resultarán  de 
aplicación en los espacios protegidos Red Natura 2000 de Galicia desde el momento de 
su entrada en vigor, sin perjuicio de la ulterior adaptación del Plan director de la Red 
Natura 2000 de Galicia, aprobado por el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se 
declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de 
Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.
Disposición final decimocuarta.  Modificaciones reglamentarias.
Las previsiones del Reglamento de máquinas recreativas y de azar de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, aprobado por el Decreto 39/2008, de 21 de febrero, que son objeto 
de  modificación  por  la  presente  ley  podrán  ser  modificadas  por  norma  del  rango 
reglamentario correspondiente a la norma en la que figuran.
Disposición final decimoquinta.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de la Xunta de Galicia a dictar cuantas normas sean precisas 
para el desarrollo de esta ley.
Disposición final decimosexta.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días naturales de su publicación en el «Diario 
Oficial de Galicia», excepto lo dispuesto en el apartado tres de la disposición final 
tercera, que producirá los efectos desde el 26 de octubre de 2020.
Santiago de Compostela, 25 de febrero de 2021.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 39, de 26 de febrero de 2021. Corrección de errores 
publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 51, de 16 de marzo de 2021)