BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54 Viernes 4 de marzo de 2022 Sec. I.   Pág. 25410
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
3415 Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Exposición de motivos
I
Los presupuestos requieren para su completa aplicación la adopción de diferentes 
medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo, que, por 
su  naturaleza,  deben  adoptar  rango  de  ley  y  que,  como  precisó  el  Tribunal 
Constitucional, no deben integrarse en las leyes anuales de presupuestos generales sino 
en leyes específicas. El debate doctrinal acerca de la naturaleza de las llamadas leyes 
de acompañamiento ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, que configuró este 
tipo de normas como leyes ordinarias cuyo contenido está plenamente amparado por la 
libertad de configuración normativa de que disfruta el legislador y que permiten una 
mejor y más eficaz ejecución del programa del Gobierno en los distintos ámbitos en que 
desarrolla  su  acción.  Desde  esta  perspectiva,  teniendo  presente  la  actividad  que 
desarrolla la Comunidad Autónoma de Galicia, cuyos objetivos se exponen en la Ley de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022, y con el objeto de 
contribuir a una mayor eficacia y eficiencia de estos, esta ley contiene un conjunto de 
medidas referidas a diferentes áreas de actividad que, con vocación de permanencia en 
el  tiempo,  contribuyan  a  la  consecución  de  determinados  objetivos  de  orientación 
plurianual  perseguidos  por  la  Comunidad  Autónoma  a  través  de  la  ejecución 
presupuestaria. Este es el fin de una norma cuyo contenido esencial lo constituyen las 
medidas de naturaleza tributaria, aunque se incorporan otras de carácter y organización 
administrativos.
II
La estructura de esta ley se divide en dos títulos: el primero dedicado a las medidas 
fiscales y el segundo, a las de carácter administrativo.
El título I, relativo a las medidas fiscales, está dividido en dos capítulos.
El capítulo I introduce medidas en materia de tributos cedidos. Así, en lo referido al 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la senda iniciada por la Xunta de 
Galicia en el 2014 y continuada en el 2016, se modifica la escala aplicable al tramo 
autonómico del IRPF a partir del 1 de enero de 2022 para el 90 % de los contribuyentes, 
con el objetivo de seguir reduciendo y redistribuyendo la carga tributaria, aumentando la 
renta  disponible  en  manos  de  las  familias,  fomentando  el  ahorro  y  la  inversión  y 
mejorando la competitividad de las empresas, además de conseguir un sistema tributario 
más equitativo para las rentas medias y bajas. Además, para favorecer y propiciar el 
acogimiento familiar, se modifica la deducción en la cuota del IRPF por acogimiento para 
que esta sea aplicable en el caso de acogimiento por la familia extensa del menor.
En relación con el impuesto sobre el patrimonio, se establece una bonificación  s
del 25 % de la cuota, con el objetivo de adaptarnos a nuestro entorno de la UE, y se  e.
modifican las referencias a los casos en que es incompatible la deducción por creación  w.
de nuevas empresas o ampliación de la actividad de las empresas de reciente creación. 15ww
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gravadas al 10 % por este impuesto pasan a tributar al 9 % a partir del 1 de enero
de  2022.  De  este  modo,  las  operaciones  inmobiliarias,  que  son  las  gravadas 
principalmente por el impuesto, van a poder mantener, o incluso aumentar, la evolución 
positiva del número de operaciones que experimentó en el último semestre del año 2021. 
Por lo que se considera adecuado establecer una minoración en el tipo general, con el 
fin de acompañar esa dinamización del mercado inmobiliario.
Por otro lado, y dada la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de la 
COVID-19, los establecimientos de juego y los establecimientos de restauración, locales 
en los que se instalan las máquinas de juego, tuvieron que cerrar a partir del 27 de enero 
de 2021 y mantener esta situación durante un período de tiempo en el primer trimestre 
del año 2021. A partir de esta fecha, los establecimientos en los que se pueden instalar 
las  máquinas  fueron  abriendo,  aunque  con  diferentes  calendarios  y  con  diferentes 
restricciones, según la tipología del establecimiento y dependiendo del ayuntamiento de 
ubicación.
Los subsectores de bingo, casinos y apuestas tributan en la tasa sobre juegos de 
suerte, envite o azar por el win, y, por lo tanto, mientras no generen actividad no 
devengan la tasa. No obstante, el subsector de las máquinas tributa mediante cuota fija, 
con independencia de que haya actividad de juego. Por ese motivo, para poner en una 
situación de equivalencia al subsector de máquinas en términos de tributación en la tasa 
fiscal de juego, se adopta una medida en el sentido de que tributen de una manera 
proporcional al período en el que pudieron desarrollar la actividad, estableciendo una 
bonificación que varía según hayan estado instaladas en el momento del cierre en 
establecimientos de juego o en establecimientos de hostelería. Así lo hicieron también 
las diferentes comunidades autónomas a lo largo del año 2021, en el que adoptaron 
medidas por las que se establecieron diferentes bonificaciones. Las medidas adoptadas 
lo fueron solo para el subsector de máquinas.
El  capítulo  II,  relativo  a  los  tributos  propios,  solamente  está  integrado  por  un 
precepto, sobre las tasas, en el que, por una parte, se elevan los tipos de las tasas de 
cuantía fija y, por otra parte, se introducen diversas modificaciones en la Ley 6/2003, 
de  9  de  diciembre,  de  tasas,  precios  y  exacciones  reguladoras  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia, consistentes tanto en la creación de nuevas tasas como en la 
modificación de algunas vigentes.
El título II, relativo a las medidas administrativas, está dividido en catorce capítulos.
El capítulo I aborda diversas medidas en materia de empleo público. Por una parte, 
se llevan a cabo, además de modificaciones puntuales de carácter organizativo, otras 
modificaciones referidas a la modificación del artículo 25 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, 
del empleo público de Galicia, con la finalidad de adaptar su redacción a la normativa 
básica estatal. Se modifica la regulación del plazo de la toma de posesión para permitir 
su determinación en las convocatorias de los procesos selectivos a la vista de las 
circunstancias.  Se  introduce  la  excepción  de  no  tener  que  reservar  plazas  para 
promoción interna cuando se trate de convocatorias de procesos de estabilización de 
empleo temporal con la finalidad de optimizar la pretendida estabilización. Se adapta la 
regulación de los concursos de traslados para que el personal que adquirió la condición 
de personal funcionario de carrera al amparo de la disposición transitoria primera de la 
Ley 2/2015, de 29 de abril, y la normativa de desarrollo de la misma, pueda participar en 
los concursos ordinarios desde el momento de dicha adquisición, siempre que tenga una 
antigüedad mínima de dos años en la categoría profesional equivalente al cuerpo o 
escala en la que se realizó su funcionarización. Se modifica la duración máxima del 
traslado voluntario previsto en el artículo 100 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, toda vez  es
que esta figura puede pasar a tener una mayor importancia con la posible llegada de los  o
vdfstoreeeanr  ssdlolaeaoc  dspuoo rpboe alptuiregorácaor c dpcvioeóoio onnals  e y.ccn  aoacArni saálcai cmud tareeisssr am igsdré.toe enP,fn eionscrreiiota i o,v  tstoerraoa,s tct aeapia vbadlil rteeiatnec nt,iiede nsgonterr doa qocdl uo uaqenclu  sipreei de lu eernpsrl aoaep n runsmaeoele sncfjteuaoosnlr  aacder ieonieo n nt erar aesrlbiactoaaos  j qgoscue iotqeru nu lahadeca i criysóeioaengn   usaeplusasufic greiidnddóeeoanl      OE-A-2022-3415able en https://www.
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, introduciendo un
nuevo apartado en el artículo 106 de la Ley 2/2015, de 29 de abril. Se modifica también 
el régimen de infracciones y sanciones para contemplar expresamente el fraude en los 
procesos selectivos. Para conseguir una mayor especialización en el personal de la 
administración, en la escala de ingenieros se añaden las especialidades de ingeniería 
química y aeronáutica, y en la escala de ciencias se añaden las especialidades de 
matemáticas y física. En la disposición transitoria primera se elimina la expresión «por 
una sola vez», limitación que no se recoge en el Estatuto básico del empleado público. 
En la disposición transitoria primera bis se simplifica la regulación de los aspectos 
retributivos en el supuesto del cambio de un vínculo de laboral temporal a funcionario 
interino.  Se  modifica  la  disposición  transitoria  octava  para,  además  de  aclarar  la 
regulación de la consolidación de grado, extender el derecho a la carrera profesional a 
todo el personal funcionario, sea de carrera o interino, dejando así recogido en la 
normativa los pronunciamientos judiciales existentes en cuanto a este aspecto.
El capítulo II aborda diversas medidas en materia de medio ambiente. Por una parte, 
se modifica la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, con el fin de garantizar 
la seguridad jurídica en la aplicación de la normativa urbanística vigente. Así, para 
aclarar las numerosas dudas que se están formulando en la práctica en relación con la 
implantación  en  el  suelo  rústico  de  campamentos  de  turismo  y  zonas  de  especial 
acogida  para  caravanas  y  autocaravanas  en  tránsito,  procede  añadir  este  uso 
expresamente entre los admisibles en el suelo rústico, y matizar que cuando la Ley del 
suelo se refiere a campamentos de turismo debe entenderse con todas las instalaciones, 
obras y servicios que se contemplan en la normativa vigente en materia de turismo, ya 
que, en la práctica, está aplicándose el último inciso de la letra modificada, entendiendo 
los ayuntamientos que, al amparo de licencia municipal, únicamente pueden implantarse 
campamentos de turismo con obras imprescindibles para dicho uso. También se habilita 
un procedimiento que permite simplificar el cambio de uso no solo de los equipamientos 
públicos  sino  de  cualquier  dotación  pública  a  otro  uso  dotacional  público  distinto. 
Asimismo, se clarifica que ese carácter público no se tiene que derivar necesariamente 
de tal calificación en el planeamiento urbanístico, sino que el hecho de que ya sea de 
titularidad pública ya avalaría para dicho cambio. Por otra parte, se pretende facilitar la 
implantación de usos industriales o terciarios en los pequeños ayuntamientos que no 
cuenten con planeamiento urbanístico general o plan básico autonómico, sin limitar a 
que tales actuaciones tengan que ser necesariamente de carácter público. En todo caso, 
se exige el cumplimiento de los límites de sostenibilidad y de las reservas previstas en la 
normativa urbanística vigente para tales ámbitos.
Se trata, por otra parte, de dar respuesta a las diferentes interpretaciones que se 
están adoptando en los diferentes ayuntamientos en lo que se refiere a la exigencia para 
el otorgamiento de la licencia urbanística municipal de proyecto básico o de ejecución. 
Así, para evitar cualquier duda, se establece expresamente que es suficiente con aportar 
el proyecto básico. Así, el artículo 61.3 del Código técnico de la edificación define 
proyecto completo como básico y de ejecución, pero, a los efectos de su tramitación 
administrativa, establece que todo proyecto de edificación puede desarrollarse en dos 
etapas: la fase de proyecto básico, que definirá las características generales de la obra y 
sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas, y que 
será suficiente para solicitar la licencia municipal; y la fase de proyecto de ejecución. En 
consecuencia, y en la línea de dicha normativa contemplada en el Código técnico de la 
edificación, procede hacer referencia a proyecto básico en lugar de a proyecto completo.
Se modifica también la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la  es
biodiversidad de Galicia, con la finalidad de conseguir una mayor seguridad jurídica. Así,  o
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propia ley y en el artículo 8 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales.
También se ajustan los contenidos de los planes de gestión de los espacios protegidos 
de la Red Natura 2000 de Galicia a las recomendaciones de la Comisión Europea y se 
incluye  una  regulación  con  la  que  se  busca  dar  una  respuesta  a  nuevos  usos  o 
actividades no previstos en el correspondiente instrumento de planificación debido a la 
evolución tecnológica o a la implantación de nuevas estrategias de producción que se 
pretenden desenvolver en un espacio natural protegido y que pueden tener una afección 
sobre los valores por los que se declaró el espacio natural protegido. Asimismo, se 
incluye, entre las medidas de defensa y protección en materia de gestión de la Red 
Natura 2000, la referencia a la construcción de muros de contención y el cierre o vallado 
de terrenos como usos o actividades autorizables en la zona 1 de una zona especial de 
conservación o de una zona de especial protección para las aves de la Red Natura 2000. 
Se suavizan las exigencias del material empleado para estos cierres, con el fin de 
compatibilizar la protección de la vida silvestre con el desarrollo de las actividades 
tradicionales en medio rural.
Se procede también a modificar el Decreto 238/2020, de 29 de diciembre, por el que 
se  aprueban  las  Directrices  de  paisaje  de  Galicia.  Por  una  parte,  se  añade  una 
disposición adicional, excluyendo de la aplicación de dichas Directrices del paisaje los 
planes, proyectos o programas que sean competencia del Estado. Además, se corrige el 
régimen transitorio establecido en dicho decreto, pues su aplicación está diferida a un 
momento, a la aprobación provisional, que no está contemplada en los procedimientos 
de aprobación de proyectos.
Se modifica la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia, para 
habilitar que desde el propio plan sectorial que servirá de base para el desarrollo de los 
correspondientes proyectos de interés autonómico pueda modificarse el porcentaje que 
habilite para reajustar los ámbitos delimitados en el propio plan, ya que en la práctica se 
aprecia que el 10 % resulta en muchos casos insuficiente. Por motivos de seguridad 
jurídica  se  modifica  la  disposición  transitoria  primera,  ya  que  la  redacción  actual 
únicamente  hacía  referencia  al  informe  ambiental  estratégico,  en  relación  con  los 
instrumentos en tramitación que se hayan tenido que someter a evaluación ambiental 
estratégica simplificada, pero no establecía el momento de la tramitación que se tendrá 
en cuenta para aplicar el régimen transitorio que en la misma se contempla, el supuesto 
de  procedimientos  sometidos  a  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria.  En 
consecuencia, procede añadir la referencia a que se haya elaborado el documento de 
alcance para el caso de los instrumentos de ordenación del territorio sometidos al trámite 
de evaluación ambiental estratégica ordinaria, que podrán así continuar su tramitación 
conforme a lo señalado en la referida disposición.
Se modifica la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de 
Galicia,  en  los  aspectos  referidos  a  los  objetivos,  al  ámbito  de  actuación,  a  las 
actividades en materia de residuos e instalaciones de gestión de residuos sometidas a 
autorización y a las actividades sujetas a comunicación.
Finalmente,  se  modifica  la  Ley  9/2021,  de  25  de  febrero,  de  simplificación 
administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. Esta norma amplió a 
tres años el plazo para la remisión al órgano ambiental del expediente completo de 
evaluación  ambiental  estratégica  para  la  formulación  de  la  declaración  ambiental 
estratégica. La experiencia en la tramitación de los planes y programas sometidos a 
evaluación  ambiental  estratégica  aconseja  prever  la  posibilidad  de  establecer  una 
prórroga,  incorporándose  en  todo  caso  a  los  planes  en  tramitación  todas  las 
salvaguardas medioambientales que se van formulando a través de los distintos informes  es
emitidos  por  los  distintos  órganos  sectoriales,  las  aportaciones  en  el  trámite  de  o
siaiannimpnfsol tibrcrpumiaeembnarjletcueaini,ólc  tninooe os sp  dtdúsreaebelt  l éicpcdgulaeaim,ctn eaaper.smla iímmE incisieoeetnam nut tooond    idlufapiercslba u lazdlotnoeasí td semd trieceámmonxi,in ám allsoaoc   p iqotplruanaaezemr oasjisu  tqal sapuct ireifróeie cnvsami es isq tsoeeuióss e tnd ae pabnaa l ler elaacós e rpelgneesa gtceneiisnao lt l aimlpaacome iód nbdnetie eces  lnapeetrlcaanatlno c edirlóoiseans,ll      OE-A-2022-3415able en https://www.
expediente de evaluación ambiental completo para la formulación de la declaración
ambiental  estratégica.  Se  aclara  también,  en  la  modificación  del  número  2  de  la 
disposición transitoria cuarta, que este plazo se aplica solo a los procedimientos en 
tramitación al amparo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El capítulo III aborda diversas medidas en materia de medio rural. Así, se modifica la 
Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, con la finalidad de 
completar la regulación aplicable a la de declaración de los montes de este tipo en 
estado  de  grave  abandono  o  degradación.  Se  introducen,  asimismo,  determinadas 
precisiones con el objeto de lograr una mayor coherencia entre la regulación de la 
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, y la de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, 
de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
También se modifica la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los 
incendios forestales, con el objeto de aclarar que la obligación de gestionar la biomasa 
se extiende a todo el año, y de prever un sistema más ágil y eficaz para dicha gestión, de 
cara a la prevención de los incendios forestales, regulando las consecuencias de la falta 
de atención de las advertencias y permitiendo la ejecución subsidiaria de aquellas. 
Además, se permite activar el procedimiento de investigación de la titularidad de los 
inmuebles en el supuesto de que no se conozca la identidad de la persona responsable.
Por su parte, la modificación de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, 
persigue distintos fines. Por una parte, se flexibilizan las exigencias para el empleo de 
material forestal en las repoblaciones forestales, ya que la redacción actual estaba 
limitando  el  empleo  de  material  forestal  de  reproducción  de  otras  regiones  de 
procedencia que tienen demostrada su adaptación a los ecosistemas gallegos, con 
independencia de su categoría, lo que dificultaba su recuperación y fomento. También se 
recoge en la ley la habilitación para firmar contratos temporales de gestión pública en 
aquellos montes que alberguen infraestructuras, instalaciones o masas y formaciones 
forestales de especial interés o que, por su intenso uso público, precisen ser gestionados 
por la Administración forestal. Se introducen modificaciones puntuales por motivos de 
coherencia.
Las modificaciones de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura 
territorial agraria de Galicia, además de incluir modificaciones basadas en motivos de 
coherencia, contribuyen a completar la regulación de los procesos de reestructuración 
parcelaria, con el objeto de dar cabida a otras situaciones, como son la cesión del 
derecho de uso y aprovechamiento de los terrenos, con el fin de disponer de toda la 
información que pueda resultar de utilidad para reorganizar la tierra de forma más eficaz. 
Se regula de forma más extensa el cambio de titularidad, permitiendo que se efectúe en 
fase de acuerdo, tomando en consideración tanto las causas de herencia como de 
compraventa. Finalmente, se recupera el contenido de la disposición transitoria sexta, 
que había sido eliminado por error con motivo de su modificación en la Ley 11/2021, 
de 14 de mayo.
Se amplía, asimismo, el plazo establecido en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley  9/2017,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  fiscales  y  administrativas,  para  la 
finalización de los consorcios o convenios de repoblación con la Administración forestal 
existentes en el momento de entrada en vigor de dicha ley, ya que es preciso disponer 
de más tiempo para la transición entre el actual modelo de consorcios y convenios y el 
nuevo contrato de gestión pública.
Se modifica la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de 
Galicia, en lo referido a la inclusión en el Banco de Explotaciones y a los compromisos 
de adhesión en el procedimiento de aprobación de polígonos agroforestales de iniciativa  es
pública. Se modifica también con el fin de regular una herramienta idónea para que la  o
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capítulo  se  divide  en  tres  secciones  diferenciadas,  dedicadas,  la  sección  1.ª,  a
infraestructuras  de  fomento  de  la  movilidad  sostenible;  la  2.ª,  a  infraestructuras 
complementarias del trasporte de viajeros por carretera; y la 3.ª, a carreteras.
En relación con la sección 1.ª, contiene una serie de preceptos para dar cobertura a 
la ejecución de determinadas infraestructuras de fomento de la movilidad sostenible 
(sendas  peatonales  y/o  ciclistas,  aparcamientos  disuasorios,  plataformas  reservadas 
para  el  transporte  público,  paradas  y  estaciones  de  transporte  público...),  que 
actualmente carecen de una legislación específica que las regule.
En ese sentido, en la actualidad, la ejecución de este tipo de actuaciones requiere de 
su acomodación al planeamiento urbanístico municipal, lo que, habitualmente, exige su 
modificación previa o bien la tramitación de algún tipo de instrumento de ordenación del 
territorio que se imponga sobre aquel y dé cobertura a la actuación propuesta.
Sin embargo, teniendo en cuenta su condición de infraestructuras públicas de interés 
general, parece apropiado que su ejecución se pueda tramitar según procedimientos 
más ágiles que los previstos, con carácter general, en la legislación sobre ordenación del 
territorio, que está más pensada para el cambio de clasificación de suelos con vistas a 
su  posterior  urbanización  y  edificación,  en  general  desde  una  perspectiva  de 
aprovechamiento privado del suelo.
Para  ello,  se  establece,  en  un  primer  artículo,  la  definición  del  concepto  de 
infraestructuras de fomento de la movilidad sostenible y, a continuación, en los siguientes 
artículos, se regulan, en relación con ellas, los preceptos relativos a la redacción de sus 
correspondientes proyectos, a la necesidad de información pública e informe de las 
administraciones afectadas, a la tramitación y aprobación definitiva de los proyectos, a 
los efectos de su aprobación y, finalmente, a los mecanismos de coordinación con el 
planeamiento urbanístico.
Con relación con la sección 2.ª, contempla una modificación de la Ley 2/2017, de 2 
de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, con la finalidad de 
incorporar  un  nuevo  capítulo  dedicado  a  las  infraestructuras  complementarias  del 
transporte de viajeros y viajeras por carretera.
La Ley 2/2017, de 2 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, 
estableció  la  principal  regulación  de  nuestra  comunidad  autónoma  en  materia  de 
transporte público de viajeros y viajeras. En este sentido, en defecto de una norma legal 
de carácter general, dicha ley viene a constituir la regulación sectorial de mayor calado 
en este ámbito.
A pesar de esto, se aprecia una laguna importante en la regulación de las estaciones 
de transporte de viajeros y viajeras, estaciones que figuraban reguladas previamente por 
la normativa estatal, en concreto, por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 
transportes  terrestres.  No  obstante,  esta  regulación  fue  reducida  de  forma  muy 
significativa por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, dejando también sin cobertura legal a la norma estatal de desarrollo de aquella, 
el Real decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
Por tal motivo, se estima preciso introducir una regulación legal que, en consonancia 
con  lo  que  vienen  haciendo  otras  comunidades  autónomas,  defina  los  elementos 
esenciales de las estaciones de transporte de viajeros y viajeras, establezca normas de 
coordinación para  su impulso y  establecimiento entre las dos administraciones con 
competencias  concurrentes,  y  defina  elementos  básicos  de  su  regulación  y 
funcionamiento.  Además,  como  consecuencia  de  las  peculiaridades  del  sistema  de 
asentamientos de población de Galicia y su dispersión, la propia normativa autonómica  es
establece singularidades en la regulación del desarrollo de este servicio público respecto  o
sddseeeeesrrt  avvluaiicccn ieiio ooxmnssies  uystdne ,e inpcq taitueprrea iaoe,nd  nmsao pos áo,tls orrol tcoqesa u  qltoeiedu  raeccrdo iott,omma rmdoiooe  bscbei,eée nnenn tn  lrav aaai lecisnztnpueaeeacd ceroa tsrofceeidsocs amt taddaon ele sd scloao ecc  ntiaooat mrtll oaadosl ie d pld aarohe dppa  rdiibneaeitv l iectissaroecirónr avnfumiig cndbuiaoeir osa ai  cndmoitóee pn tgrtl iraraadan necsrs iebóepdonso r trdddateeoes      OE-A-2022-3415able en https://www.
entre servicios y modos de transporte, de información y coordinación global para el
conjunto de los usuarios y usuarias del sistema y de punto de regulación, en caso de ser 
necesario, para las expediciones con parada en ese ayuntamiento.
Atendiendo a lo anterior, por razones sistemáticas, se propone la introducción de 
esta regulación como un nuevo capítulo del título III de la Ley 2/2017, de 2 de febrero, de 
medidas fiscales, administrativas y de ordenación, al guardar una estrecha vinculación 
con el resto de la regulación que se había introducido en esta norma, con lo que se 
facilita una mejor comprensión de su conjunto. Esta sección 2.ª se organiza, a su vez, en 
dos artículos, un primero destinado a definir la clasificación de estas infraestructuras 
complementarias  del  transporte,  junto  con  las  reglas  básicas  de  ordenación  y 
competencia; y un segundo artículo destinado a regular los regímenes de utilización de 
estas estaciones de transporte.
Por último, la sección 3.ª recoge una serie de modificaciones de la Ley 8/2013, de 28 
de junio, de carreteras de Galicia, motivadas en su mayoría por la nueva legislación de 
ordenación del territorio de Galicia.
Así, se modifica la definición de travesía, con el fin de que sean más sencillos su 
delimitación e inventario, que se concretará en su desarrollo reglamentario. Se realiza 
también un ajuste técnico para suprimir la referencia a las travesías urbanas, dado que 
se trata de un concepto que formaba parte de la redacción original de la Ley 8/2013, 
de 28 de junio, de carreteras de Galicia, pero que fue suprimida mediante el apartado 2 
del artículo único de la Ley 6/2015, de 7 de agosto.
Asimismo, el Plan director de carreteras de Galicia, regulado, pasa a ser un plan 
sectorial a los efectos de la legislación de ordenación del territorio, dado que la figura 
anterior a la que estaba vinculada, la de los programas coordinados de actuación, ha 
desaparecido de esa legislación. Asimismo, se clarifican los tipos de determinaciones 
que puede contener el Plan director de carreteras de Galicia, en concordancia con la 
nueva definición de aquellas que se hace en la ya citada Ley 1/2021, de 8 de enero, de 
ordenación del territorio de Galicia.
Por otro lado, se modifican los artículos 13 y 14, al tratarse de una modificación 
necesaria para adaptar la redacción de la legislación de carreteras de Galicia a los 
cambios experimentados por la legislación de ordenación del territorio de Galicia. El 
artículo 14 indica el contenido y tramitación del Plan director de carreteras de Galicia y 
de los planes sectoriales de carreteras. Su punto segundo se refiere a la tramitación de 
estos, que se modifica con el fin de incluir que la tramitación de estos planes no requiere 
la notificación individual a todas las personas titulares de las fincas afectadas, dado que, 
por defecto, según la nueva Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de 
Galicia,  esa  notificación  sería  necesaria,  por  la  vinculación  entre  las  figuras  de 
planificación de carreteras y los instrumentos de ordenación del territorio de Galicia.
Asimismo,  se  hace  necesario  adaptar  la  redacción  del  artículo  23  a  las 
modificaciones introducidas por la nueva legislación de ordenación del territorio. En 
primer  lugar,  la  consideración  de  un  determinado  proyecto  como  de  incidencia 
supramunicipal fue sustituida por la consideración de interés autonómico, por lo que se 
debe adaptar esa denominación para los estudios y proyectos en materia de carreteras. 
Además, como la nueva Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de 
Galicia, requiere, para que un proyecto tenga tal consideración, que se realice un trámite 
previo de declaración de interés autonómico por parte del Consejo de la Xunta de 
Galicia, es necesaria una norma con rango de ley para evitar la necesidad de realizar 
dicho trámite en el caso de los estudios y proyectos en materia de carreteras, dado que, 
por su naturaleza, es implícito su interés autonómico. es
Asimismo,  se  clarifican  los  efectos  de  las  determinaciones  de  los  estudios  y  o
pceairsutoattuoydPdenaoicó orLtms oeo siycyt  ro 1op,d/  r2eloea0 ynd2e co1cca,,ot  rodrsnseeec t  oen8arro dañd asaepn d reeceqniv aueius erncto o o,sn ntd eu eenelna gvo  aorendn lu e aPenrlvtlaaíaacc n ui ódcldoneoi  rfnd2iense3ciicdl t oitbeóerir nsradr  cietpdioó aercnri oaa a r qdrdienueetde e Gilrclaaapasslrrio c  dyqiqaeeuu.c eeGt  oseasenl i c hdieaael  c oce ai ensentoen  rl déolaess     OE-A-2022-3415able en https://www.
planes sectoriales de carreteras, no se requerirá la previa modificación de estos últimos
cuando la aprobación de los primeros sea realizada por el Consejo de la Xunta de 
Galicia, dado que, por defecto, según la nueva Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación 
del territorio de Galicia, esa modificación sería necesaria, por la vinculación entre las 
figuras de planificación de carreteras y los instrumentos de ordenación del territorio de 
Galicia.
El  artículo  47  regula  el  régimen  general  autorizatorio  o  sujeto  a  declaración 
responsable de las obras e instalaciones o la realización de cualquier actividad en la 
zona  de  dominio  público  viario  y  en  sus  zonas  de  protección,  cuya  competencia 
corresponde a la administración titular de la carretera. A estos efectos, se añade un 
nuevo apartado 5 con el fin de resaltar y aclarar que los accesos a la carretera o a sus 
elementos funcionales afectan directamente a la calzada, por lo que su autorización le 
corresponde a la administración titular de la carretera en lo que a la normativa sectorial 
se  refiere.  Aunque  tal  precepto  ya  se  encuentra  vigente,  en  la  actualidad,  en  el 
apartado 3 del artículo 113 del Reglamento general de carreteras de Galicia, aprobado 
por el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, teniendo en cuenta sus efectos sobre terceros, 
se considera adecuado incorporarlo en una norma con rango de ley. Asimismo, se 
aprovecha el cambio para aclarar que esa competencia para el otorgamiento de las 
autorizaciones de acceso se extiende, incluso, a los que se realicen en los tramos 
urbanos.
Del mismo modo, y por la íntima vinculación con dichos accesos a la carretera, se 
establece una regulación análoga en relación con las parcelaciones y segregaciones de 
las parcelas colindantes con las carreteras, incluso en sus tramos urbanos, aclarando 
que estas también quedarán sujetas a la autorización de la administración titular de la 
carretera.
La necesidad de autorizar todos los accesos al dominio público viario viene motivada 
por el hecho de que todos ellos le afectan a él, al consistir en situaciones en las que se 
permite el paso desde una parcela colindante con la carretera al propio dominio público. 
En el caso de las parcelaciones y segregaciones, es imprescindible un control previo a 
su realización para, por una parte, prevenir la proliferación de nuevos accesos en los 
tramos no urbanizados de las carreteras (en aplicación del principio de limitación de 
accesos ya establecido en el actual artículo 52 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de 
carreteras de Galicia) y, por otra parte, para controlar que las nuevas fincas generadas, 
incluso  en  los  tramos  ya  urbanizados,  cumplan  las  condiciones  para  disponer, 
posteriormente, de acceso a las carreteras, en caso de que lo necesiten, evitando de esa 
forma situaciones indeseables en las que se realicen parcelaciones urbanísticas que 
pudieran llevar a la pérdida de la condición de solar de alguna de las nuevas parcelas 
generadas, en caso de que, posteriormente, no cumpliera las condiciones para que se le 
pudiera otorgar la necesaria autorización de acceso.
Por consiguiente, esta modificación actúa desde una doble vertiente: por una parte, 
supone una garantía de protección del dominio público viario, contribuyendo al avance 
de la seguridad viaria, mediante la limitación de la proliferación de nuevos accesos; y, por 
otra parte, mejora la seguridad jurídica de las personas propietarias de los terrenos 
colindantes con las carreteras, al evitar actuaciones que podrían perjudicar, a medio y 
largo plazo, sus intereses.
La modificación del artículo 49.2 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de 
Galicia, introducida por el apartado 12 del artículo 20 de la Ley 4/2021, de 28 de enero, 
de medidas fiscales y administrativas, eliminó la posibilidad de que los ayuntamientos, en 
el caso de obras, instalaciones o actividades no ejecutadas por la administración titular  es
de la carretera, en la parte de la zona de dominio público de los tramos urbanos distinta  o
cadqpadeurerm erlva eiinostleo i scirsnata rfslaoza craqmyidóuueanen s  tvna tiyinomt uc dilsueaeelnr aa stnoduntses ed    aedlnar eco s e culana s teraiortsduen,mlt  aeoricrtniaoodi rsmagytdrap a,sae cte toieónldann a lt aeqstsis tu ul aaelasu p rotar otderoraefirze g alraóeec  mnicolcaainti riaerra sesu t edeetosorntarb aim.zls eaP ascot aieróyu r nlitoaao  l dtrtdeaiezernabn tcceaoaint,oi r vunrqaeneustase e  arvda eealsanzr,      OE-A-2022-3415able en https://www.
sustituidas por una referencia única a la administración titular de la carretera, que pasa a
ser la única competente para otorgar las autorizaciones en materia de carreteras y para 
su seguimiento, control y supervisión.
A este respecto, en cuanto a la finalización de las obras, se matiza y se flexibiliza la 
regulación para documentar la terminación de las obras, al considerar innecesaria la 
realización de actas para todos los tipos de autorización, sin perjuicio de realizar la 
comprobación de la finalización de las obras en todos los casos. Así, en el apartado 3 se 
da una nueva redacción en referencia a las actas de terminación, con el fin de que se 
levanten para las obras en dominio público. En los demás supuestos, solo será exigible 
cuando la administración titular de la carretera condicione, en su autorización, el uso de 
las  obras  o  instalaciones  a  su  levantamiento;  de  no  establecerse  tal  condición,  el 
levantamiento del acta podrá ser sustituido por los mecanismos de comprobación que se 
establezcan reglamentariamente.
Esta  modificación  supone  una  simplificación  de  la  tramitación  administrativa 
necesaria  para  la  realización  de  actividades  en  los  márgenes  de  las  carreteras 
autonómicas, por lo que se considera positiva para la reactivación económica y está en 
línea con las más recientes tendencias en materia de simplificación y racionalización 
administrativa.
En cuanto a la modificación del artículo 52, además de su título, se incluye un nuevo 
apartado 2 con el fin de regular la incorporación al dominio público de los elementos y 
terrenos donde se sitúen estos, correspondientes al nuevo acceso. Este precepto ya se 
encuentra vigente, en la actualidad, en el apartado 2 del artículo 129 del Reglamento 
general de carreteras de Galicia, aprobado por el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, pero, 
teniendo en cuenta sus efectos sobre terceros, se considera adecuado incorporarlo en 
una norma con rango de ley.
Además, se añade un nuevo apartado 3 relativo a las parcelaciones y segregaciones 
de parcelas colindantes con las carreteras donde se dan las condiciones generales que 
se  deben  cumplir  para  su  autorización,  que  tendrán  su  correspondiente  desarrollo 
reglamentario. Así, en el suelo urbano consolidado, se permitirán segregaciones que 
incrementen el número de accesos a las carreteras, en atención a la propia clasificación 
urbanística  de  ese  suelo,  por  ser  el  adecuado  para  ese  tipo  de  desarrollo,  pero 
comprobando que todas las nuevas parcelas generadas podrán disponer de él, en caso 
de que lo necesiten, ya sea a través de otras vías de circulación o bien a través de 
nuevos accesos a la carretera que cumplan las condiciones que les sean exigibles para 
ser  autorizados.  En  cambio,  fuera  del  suelo  urbano  consolidado,  se  proscribe  la 
proliferación de nuevos accesos, en aplicación del principio de limitación de accesos ya 
establecido en el actual artículo 52 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de 
Galicia.
Por lo tanto, esta modificación legislativa actúa desde una doble vertiente: por una 
parte, supone una garantía de protección del dominio público viario, contribuyendo a la 
mejora  de  la  seguridad  viaria,  mediante  la  limitación  de  la  proliferación  de  nuevos 
accesos; y, por otra parte, mejora la seguridad jurídica de las personas propietarias de 
los terrenos colindantes con las carreteras, al evitar actuaciones que podrían perjudicar, 
a medio y largo plazo, sus intereses.
En cuanto al contenido del artículo 53, relativo a la publicidad, se modifica para 
mejorar  su  redacción,  al  mismo  tiempo  que  se  considera  necesario  incluir  una 
excepcionalidad al emplazamiento de los rótulos de los establecimientos mercantiles e 
industriales  indicativos  de  su  actividad  desarrollada  en  edificios  ubicados  entre  la 
carretera y la línea límite de la edificación. Para que se pueda dar este supuesto, se  es
debe justificar que los rótulos no se pueden disponer más separados de la carretera que  o
cclsaaao rlblzrírCenaetedo elaanar a   yzll aí oqmq nuruieateeed  d  laasdece e cld í itnoórleaamna t eie an ldcíidomitefu ipic atreúaól, bc tduialóiecllon  oese,. x dqpiigfuiinicret aa qcnduiooóe sn d d,o iisnc pihonoo ssnsteag rrlaaóíandtu  oplyosoa sse  idnsbee lel  a so liapttrú roaoe upnrtió aomt rueiázlodsa i cfsviicóeisanpicb aidlóreean  d desoesisnst e ddv eeoti  lpallaoar     OE-A-2022-3415able en https://www.
de rótulos sobre edificaciones que, por otra parte, a pesar de encontrarse en una
situación de fuera de ordenación sectorial, podrían no ser constitutivas de infracción en 
materia de carreteras, siempre y cuando se hayan ejecutado en un tiempo en el que no 
le eran de aplicación las mismas limitaciones a la ejecución de edificaciones en los 
márgenes de las carreteras que están vigentes en la actualidad y que son de aplicación 
en  ese  punto  concreto.  De  hecho,  la  propia  disposición  adicional  primera  de  la 
Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, reconoce y acepta la existencia de 
ese tipo de edificaciones y permite su mantenimiento y conservación.
Dado que esas edificaciones ubicadas por delante de la línea límite de edificación, en 
situación de fuera de ordenación sectorial pero no constitutivas de infracción, están ya 
aceptadas por la normativa en materia de carreteras, la colocación de un rótulo sobre su 
fachada, que no vuele sobre la zona de dominio público viario, no supone ningún 
detrimento en relación con la seguridad viaria y a la protección de la carretera. Con esta 
modificación se produce una flexibilización de las condiciones administrativas necesarias 
para la realización de determinadas actividades en los márgenes de las carreteras 
autonómicas, por lo que se considera positiva para la reactivación económica y está en 
línea con las más recientes tendencias en materia de simplificación y racionalización 
administrativa.
Por otro lado, se introduce un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 58 para 
detallar  con  más  precisión  las  actividades  que  pueden  ser  indemnizables.  Esta 
concreción dará lugar a una mayor seguridad jurídica en las indemnizaciones por daños 
y perjuicios causados al dominio público viario.
En concreto, se extiende la posibilidad de exigir un resarcimiento a la administración 
titular de la carretera por los trabajos de auxilio público mediante personal, ya sea a 
través de medios propios o contratados, medios de señalización o balizamiento, custodia 
de vehículos o cargas y retirada de restos en caso de accidente o avería; aun cuando no 
se hubiesen producido daños directos sobre los elementos del dominio público viario. 
Esta previsión está en línea con lo ya previsto en el artículo 40 de la Ley 37/2015, de 29 
de septiembre, de carreteras del Estado, y dotará de mayor seguridad jurídica las 
reclamaciones  que,  en  ese  sentido,  hagan  las  administraciones  titulares  de  las 
carreteras.
Por último, se modifica la disposición adicional primera de la ley para realizar, por 
una parte, un pequeño ajuste de su redacción en su apartado primero, de tal forma que 
se  eviten  las  referencias  internas  dentro  del  texto  legal,  que  pueden  dar  lugar  a 
confusiones en el caso de posteriores modificaciones de los preceptos referidos; y, por 
otra parte, para modificar su apartado segundo, donde se regula un mecanismo para la 
reposición de elementos afectados por obras de las carreteras. La práctica puso de 
manifiesto la necesidad de disponer de un plazo máximo desde la finalización de las 
obras para que las personas administradas puedan realizar las reposiciones señaladas 
en este punto que hasta ahora carecían de plazo (lo que daba lugar a situaciones de 
difícil justificación y aumentaba la posibilidad de fraude en los casos en los que se hacía 
uso de esta excepcionalidad), por lo que se considera adecuado fijar un plazo de tres 
años desde la fecha de finalización contractual de la obra que le haya afectado.
Asimismo, dado que esta modificación le será de aplicación a las obras finalizadas 
tras su entrada en vigor (o, en todo caso, para las que hayan finalizado en los tres años 
anteriores), y para evitar el vacío jurídico que eso podría generar, para los casos de 
obras ya finalizadas contractualmente en el momento de la entrada en vigor de esta 
modificación de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, se incluye una 
disposición transitoria para dotar de un plazo de tres años, a contar desde la entrada en  es
vigor de la presente ley de medidas. o
picLnouefrmnya tEecu1lcra1 cil/ói c2anpa0li ap0zría8gatuc,r  ailódocvone en  V 3te  demdeane pb  lodamprirdcr aoaieetd exmurpdicbaritver oeessd,ra  semda epse e cnpsotmeeqms ueeceedarlri cd odidaasees lic z oGaielmecanigiló siacnomli ea as,cc  toyoem nrdsi aoue  r laasadan cento efcimn mióaenalltaied r . aa ucdtSncr aeaemd  smeoimt raoioacded iivófipifincitacaa rarac  di óllelaanal      OE-A-2022-3415able en https://www.
correspondiente procedimiento sancionador.
También se incluyen diversas modificaciones de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, 
de puertos de Galicia. Por una parte, se trata de aclarar el alcance de las obligaciones de 
coordinación de actividades empresariales dentro de la zona portuaria en el ámbito de 
espacios portuarios otorgados en concesión o autorización, así como en aquellos donde 
la actividad empresarial esté bajo control y dirección de un empresario que puede actuar 
con la colaboración de empresas auxiliares y subcontratistas, y es este empresario 
principal el responsable, de forma que no pueda imputar tal obligación a la autoridad 
portuaria. Este criterio, además, es seguido por la Administración general del Estado en 
el artículo 65 del texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la Marina, 
aprobado  por  el  Real  decreto  legislativo  2/2011,  de  5  de  septiembre.  También  se 
introducen determinados matices en materia sancionadora con la finalidad de alcanzar 
una mayor proporcionalidad en la aplicación de las sanciones previstas en la ley y se fija 
el  plazo  máximo  de  un  año  aplicable  en  la  tramitación  en  los  procedimientos 
administrativos sancionadores.
El capítulo VI aborda diversas medidas en materia de política social. Así, se modifica 
la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, respecto de la cual 
se modifica su disposición adicional novena en cuanto a su título y se añade un nuevo 
apartado  siete.  Este  cambio  obedece  a  la  aplicación  de  gratuidad  en  la  atención 
educativa de las escuelas infantiles 0-3 para todos los niños y niñas usuarios de estos 
centros, con independencia del número de hermanos.
Se  modifica  también  la  Ley  2/2017,  de  8  de  febrero,  de  medidas  fiscales, 
administrativas y de ordenación, en relación con el régimen de cofinanciación en los 
servicios prestados por el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar o ente 
que lo sustituya en colaboración con los ayuntamientos y mancomunidades, con la 
finalidad  de  aclarar  y  homogeneizar  la  terminología  utilizada  con  las  previsiones 
contenidas en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma en lo que atañe a 
las deudas susceptibles de compensación a través del Fondo de Cooperación Local. En 
ese sentido, resulta necesaria la modificación del artículo dedicado a tal régimen de 
cofinanciación sustituyendo el término de «firmes» aplicado a las deudas objeto de 
compensación, que puede dar lugar a confusiones, por el de «vencidas», que es la 
expresión que figura en la legislación de presupuestos y que resulta más adecuada 
desde la perspectiva de la técnica jurídica, de acuerdo con el sentido del precepto.
Asimismo, y teniendo en cuenta el objetivo de avanzar en la sostenibilidad financiera 
en los servicios que se prestan a través del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad 
y Bienestar en colaboración con los ayuntamientos y mancomunidades, se propone una 
reducción del plazo previsto para el pago de la cuantía de las liquidaciones derivadas del 
régimen de cofinanciación correspondientes a las entidades locales, que pasaría de tres 
a dos meses.
Por último, sin olvidar la necesaria agilidad en la tramitación de los procedimientos 
administrativos y en garantía de la seguridad jurídica, se propone, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo  común  de  las  administraciones  públicas,  la  introducción  de  un  plazo 
máximo para la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento de liquidación, 
que se fija en seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, según lo previsto en 
el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para los procedimientos iniciados de 
oficio.
El capítulo VII aborda diversas medidas en materia de empleo. Así, se modifica, por 
un lado, la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, y, por otro, la  es
Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, en  o
ecrmeuleoleacdncCtiriftóoóiacnnnsa   icccariaoenó nsunp ad laetleiee c rstneo leagd  suaep l  aollmaacrs i ióos Lcnbmeo jydeao etspo5  el /o1frpasa9oc t9criiv l8oiat,npa stard,r  raeeatt el o 1 leas8d j e rveedri scsetie tcaodri ovdidca oedides eol ma sllsboa. rssde  i,fo imcbdulieielg tmaacdcobeioroospns ees rusad rtdgeiveild a asdcs oed nppesóa esrGjaiotao  ll airdc eifeaicr ,mtl oalaars,     OE-A-2022-3415able en https://www.
especialmente cuando su número es elevado. En ese sentido, se aclara en la ley que
será el presidente del consejo rector, que también lo es de la sociedad cooperativa, el 
cual tiene atribuida su representación legal, junto con la del secretario, o, en su caso, con 
la del administrador único, los que deberán firmar electrónicamente las cuentas anuales 
y  el  correspondiente  informe  de  gestión.  De  esta  forma,  se  permitirá  cumplir 
satisfactoriamente con esta obligación legal, y el procedimiento de depósito de cuentas 
podrá tramitarse electrónicamente en su integridad.
En relación con la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector 
público  autonómico,  se  modifica  el  artículo  26,  relativo  a  la  reserva  obligatoria  de 
contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. 
Transcurridos más de siete años desde la aprobación de la Ley 14/2013, de 26 de 
diciembre, algunas de las previsiones contenidas en el citado artículo necesitan ser 
actualizadas.
Por una parte, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, establece la reserva a los centros 
especiales de empleo de iniciativa social y a las empresas de inserción y deja fuera a los 
centros especiales de empleo de iniciativa empresarial que poseen ánimo de lucro y que 
no pueden acogerse a esta reserva. Así, en su disposición adicional cuarta establece 
que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito 
de las comunidades autónomas y de las entidades locales, se fijarán los porcentajes 
mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de 
determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a centros especiales de 
empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.
Por otro lado, los procedimientos negociados por razón de la cuantía dejaron de 
existir con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector  público.  Por  lo  tanto,  por  razones  de  seguridad  jurídica,  evitando  acuerdos 
interpretativos para utilizar otras figuras contractuales que puedan resultar equivalentes 
por  asimilación,  en  el  momento  de  efectuar  el  cálculo  de  la  reserva,  se  hace 
imprescindible llevar a cabo la modificación propuesta.
Por consiguiente, con el objetivo de continuar avanzando hacia una contratación 
pública responsable y sostenible, se modifica la citada ley a los efectos de conciliar y dar 
coherencia  a  las  previsiones  recogidas  tanto  en  la  actual  Ley  14/2013,  de  26  de 
diciembre, como en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, 
respecto de la reserva obligatoria de contratos a centros especiales de empleo de 
iniciativa social y empresas de inserción, estableciendo un porcentaje obligatorio mínimo 
de reserva, que deberá ser respetado por el Consejo de la Xunta de Galicia; eliminando 
el porcentaje máximo de reserva que preveía la ley; sustituyendo la referencia del 
procedimiento  negociado  por  razones  de  la  cuantía  por  el  procedimiento  abierto 
simplificado previsto en  el  apartado 6  del  artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, y fijando los mecanismos para el seguimiento del cumplimiento de dicha 
reserva, así como el porcentaje de reserva a aplicar en cada ejercicio presupuestario.
El capítulo VIII aborda diversas medidas en materia de vivienda. Se introducen, así, 
diversas modificaciones en la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia. Por una 
parte, se crea un fondo de cooperación con los ayuntamientos, cuya finalidad es que 
puedan  financiar  la  adquisición  y  promoción  de  vivienda  de  nueva  construcción 
destinada principalmente a alquiler social, si bien estas viviendas podrían destinarse a 
otras finalidades a fin de adaptarse a las necesidades sociales existentes en materia de 
vivienda y a los programas que, en su caso, puedan aprobarse, ya sean autonómicos o 
estatales. El objetivo es, pues, que puedan financiar nuevas promociones que permitan 
asentar  población  y  satisfacer  la  demanda  de  vivienda  por  parte  de  la  población,  es
principalmente en régimen de alquiler a rentas accesibles, que permitan acceder a una  o
pesvoirlv orirtetéeSengogedi i mdeaian neastcnr  lle dua geyslaee  ppsn er eeporrnsemao rlos nlaocda ineósla e ncasy op d innújuu sbnmdcl iiarccpiaytaaro copsricó aeeenrsnda  d i dmeaiefltii ec eRunlnaeldttsgoae i drsv detnirvesoei  e cdÚaneeddns jaaiiucdcsdoac i dceddeaseesco   Di.póurenrogm medanoinrtceedicsóat nnad t eepd svúe ibdv lielieac nasVd  ivaevii.esv  nSieedi nlab d dideaeensl     OE-A-2022-3415able en https://www.
la Comunidad Autónoma de Galicia, para garantizar la aplicación de los principios de
publicidad, transparencia y concurrencia en los procedimientos de adjudicación de la 
vivienda protegida, hay que tener en cuenta que las viviendas de promoción pública son 
las viviendas protegidas dirigidas a los colectivos con mayores dificultades de acceso a 
la vivienda y que, en ocasiones, presentan una necesidad urgente de vivienda, por lo 
que, para atender estas situaciones, debe regularse un procedimiento extraordinario que 
posibilite, en casos debidamente acreditados, adjudicar viviendas de promoción pública 
directamente a estas personas.
También se reduce la cuantía máxima de las sanciones por infracciones muy graves 
cuando los responsables de estas sean personas adjudicatarias, por cualquier título, de 
una vivienda protegida. Si bien la actual redacción de la Ley 8/2012, de 29 de junio, ya 
permitía reducir a la mitad el importe de las sanciones cuando el responsable de la 
infracción fuese adjudicatario de una vivienda protegida, dicha reducción en el caso de 
las infracciones muy graves es insuficiente, ya que la cuantía de estas sanciones podría 
alcanzar los 300.000 euros, una vez aplicada la reducción de su importe a la mitad. Esta 
cuantía resulta excesiva ya que, en la práctica, supone que personas con un bajo nivel 
de ingresos puedan ser sancionadas con multas que pueden llegar a quintuplicar el valor 
de la vivienda. Se deja a salvo, no obstante, la posibilidad ya prevista en la actualidad de 
incrementar el importe de la sanción en la cuantía necesaria para alcanzar la equivalente 
al beneficio económico que, en su caso, haya sido obtenido con la comisión de la 
infracción.
Por otra parte, se regulan con un mayor nivel de detalle cuáles son los efectos del 
silencio  administrativo  en  determinados  procedimientos  iniciados  la  solicitud  del 
interesado, con la finalidad de lograr así una mayor seguridad jurídica. En la línea de la 
anterior regulación, se establece que el silencio sea negativo, en la medida en que el 
silencio se produce en el marco de procedimientos que tienen por objeto viviendas 
protegidas que se destinan a los colectivos con mayores dificultades de acceso a la 
vivienda. La propia naturaleza de las viviendas protegidas determina que no se puedan 
asumir por silencio derechos o facultades que puedan afectar a la finalidad última de 
interés público para la cual están destinadas.
Por último, se recoge que las ayudas del bono de alquiler social y del bono de 
alquiler social para víctimas de violencia de género otorgadas por la Administración 
autonómica tienen la consideración de ayudas prestacionales de carácter asistencial, 
dada  la  especial  vulnerabilidad  del  colectivo  del  que  forman  parte  las  personas 
beneficiarias de ellas.
El capítulo IX, dedicado a la sanidad, modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud 
de Galicia. En este sentido, es preciso indicar que la Administración general del Estado 
interpuso, el 6 de abril de 2021, un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 
cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 
de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en 
cuanto da una nueva redacción al artículo 38.2 de la ley modificada. Producida esa 
interposición, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Galicia acordó tratar de conseguir un acuerdo extraprocesal al 
respecto  de  las  discrepancias  manifestadas  en  la  interposición  de  tal  recurso  de 
inconstitucionalidad. Finalmente, tal Comisión Bilateral llegó a un acuerdo en virtud del 
cual ambas partes consideraron resueltas aquellas discrepancias de conformidad con 
una de serie de compromisos y consideraciones, como fue, entre otras, la de que se 
promoviese una iniciativa legislativa con objeto de introducir en el texto de la Ley de 
salud  de  Galicia  una  disposición  adicional  segunda,  relativa  a  la  aplicación  de  las  es
medidas de vacunación en el marco de las competencias estatales de coordinación  o
icmTgnoaeternmnod ebdildariuaéa cAln  imddr  esmeee dlil  naitaaei snscxtaotrteoanr d cilddaóióae  nid qn l uadgye ie cd,dna iseecep rinólaoa nls  b Ediadcesiseólte lrn Ea m atsienat agdrecdiisacooe a ,n cd apaoacacm iureoapenn er dadtlaeelo  nsd,L caeeuir arynvol  aal8yl ca /vu2nre n0oyza0r m c8ppi,raó retotnicavd.il os uPya cer rioc dnlcoaa eem  dlrt eoaqeg lu, f uumeple aoos creda iól icofinionc  rstadadecenari tótdaolano.,      OE-A-2022-3415able en https://www.
normativa, la Administración general del Estado desistirá del recurso interpuesto ante el 
Tribunal Constitucional.
Por otro lado, se añade un nuevo artículo a la presente ley relativo a una serie de 
medidas extraordinarias en materia de planificación y ordenación de recursos humanos 
para el fortalecimiento de la atención primaria en Galicia.
La creación de la categoría profesional que se propone resulta necesaria como 
medida extraordinaria y urgente para paliar el déficit de personal médico disponible para 
servicios  asistenciales  en  atención  primaria.  En  los  próximos  cinco  años  el  relevo 
generacional de personal médico de familia no está garantizado. Teniendo en cuenta 
tanto el personal que previsiblemente va a optar por la jubilación en los próximos cinco 
años como las vacantes actuales no cubiertas actualmente, el personal en formación que 
terminará su especialidad de medicina familiar y comunitaria el próximo año y los cuatro 
siguientes no serán suficiente para cubrir las necesidades asistenciales en atención 
primaria.
Por  otra  parte,  las  condiciones  de  trabajo  actuales  en  atención  primaria  están 
organizadas en dos tipologías de puestos de trabajo de médico de familia. Uno de ellos 
es específico de los PAC (dispositivos de atención urgente extrahospitalarios) y otro 
puesto cubre la atención ordinaria en centros de salud.
Los  documentos  de  planificación,  principalmente  el  Plan  Gallego  de  Atención 
Primaria (objetivo 3.4), aprobado por el Consejo de la Xunta de Galicia el 16 de mayo 
de 2019, y el documento Por una atención primaria vertebradora del sistema, apuntan a 
la necesidad de que el personal médico de familia preste servicios tanto en atención 
primaria como en los PAC. Así, también, la Comisión de Seguimiento del documento 
citado Por una atención primaria vertebradora, ha manifestado la necesidad de que los 
médicos de familia presten servicios en los PAC y también en atención ordinaria.
De acuerdo con la estrategia marcada y ante esta grave situación, es necesario 
establecer cambios en el modelo de prestación asistencial y en la ordenación de los 
recursos  humanos  de  los  equipos  de  atención  primaria  configurando  una  nueva 
categoría profesional que permita la prestación conjunta tanto en ordinaria como en los 
PAC.  Las  funciones  de  esta  categoría  profesional  se  desarrollarán  con  las  reglas 
especiales en cuanto a los lugares de prestación del servicio, disponibilidad y jornada, 
que particularizan sus especificidades. Esta nueva categoría prestaría servicios en las 
nuevas plazas que se creen, en la reconversión de las vacantes actuales y también en 
las que se produzcan por bajas definitivas derivadas de jubilación y otras causas en los 
próximos cinco años.
Por otra parte, otra de las medidas extraordinarias recogidas es el refuerzo de 
equipos  de  apoyo  en  el  ámbito  de  la  atención  primaria.  El  artículo  3  del 
Decreto 200/1993, de 29 de julio, de ordenación de la atención primaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, contempla el llamado personal técnico en salud como un recurso 
de apoyo para los servicios de atención primaria.
En atención a las circunstancias anteriormente señaladas, se prevé la posibilidad de 
que por parte del Servicio Gallego de Salud se acuda al nombramiento de personal 
estatutario temporal de carácter eventual como personal médico técnico de salud, que 
desarrolle funciones de apoyo en la atención primaria en los ámbitos de la gestión de la 
incapacidad temporal, prevención de la enfermedad o cualquier otro que demanden las 
necesidades de la atención sanitaria y la protección de la salud. Al igual que la anterior, 
la presente medida tiene también un carácter extraordinario y temporal.
El capítulo X aborda diversas medidas en materia de industria, comercio y consumo.  es
En ese sentido, se modifica el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se  o
GdatrepaacrmluilAcaietisraabai cmacei óiinóesn nlmm   ctoeeao,x tm ietsmoroei pa  rdmle aedfonu eldton aipsdfcio ciiódólaírotn gi lc aadda neLe oi e nlspayd rs cuo5 osy/d2mteirs0icpap0teloo,4 tss,ea  idn cilneotioed sn8su .e esdsfteer ic laejtulogelisaso  l,ede dses e tdar acectál éalmagra iacCrro aoessml,   poutrafnoincicditaeoald edrise mA sdipueeetn ócctnootoo mp mdaeaerrac   disolaue,     OE-A-2022-3415able en https://www.
industria y navegación de Galicia, en el marco de los procedimientos de disolución y
extinción de las cámaras de comercio. En particular, se aclara, en el precepto dedicado a 
la asunción de funciones por otra cámara, la no vinculación, directa o indirecta, por los 
saldos deudores derivados de la liquidación de la cámara extinguida.
Por otra parte, se modifica la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección 
general de las personas consumidoras y usuarias, con el objetivo de incrementar la 
protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, tanto en materia 
de seguridad como en materia de información y transparencia. En ese sentido, se 
modifican determinados apartados en el capítulo de las infracciones y sanciones con el 
fin  de  aclarar  y  evitar  interpretaciones  divergentes,  adaptar  la  regulación  a  las 
modificaciones de la normativa básica y añadir nuevos tipos sancionadores.
Por último, se modifica la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el 
aprovechamiento  eólico  en  Galicia  y  se  crean  el  canon  eólico  y  el  Fondo  de 
Compensación Ambiental. En particular, se añade una nueva disposición adicional quinta 
a los efectos de regular en la norma las distancias respecto de los núcleos de población 
de las instalaciones eólicas, como medio para asegurar la compatibilidad del desarrollo 
eólico con la ordenación del territorio y el urbanismo. También se contempla un régimen 
transitorio para la aplicación de tales distancias en una nueva disposición transitoria 
séptima, respecto de las nuevas solicitudes o modificaciones sustanciales de proyectos 
que  requieran  una  nueva  tramitación  ambiental  y  de  aquellas  solicitudes  que  se 
encuentren pendientes de admisión.
Por otro lado, se incorpora una nueva disposición adicional sexta, dedicada a la 
planificación  de  nuevas  solicitudes  de  parques  eólicos,  debido  al  número  de  los 
proyectos de parques eólicos admitidos y actualmente en tramitación y a la cifra de MW 
prevista en estos proyectos. En particular, con el objeto de procurar una ordenación 
racional del sector, se hace necesario que durante el plazo de 18 meses desde la 
entrada en vigor de la presente ley no sean admitidas a trámite nuevas solicitudes, con 
las excepciones que contempla la norma.
Finalmente, se incorpora también una nueva disposición transitoria octava en la que 
se regula el régimen jurídico aplicable de aquellos expedientes que se encuentran sin 
permisos de acceso y conexión y cuya exigencia se derivó de la entrada en vigor de la 
Ley  9/2021,  de  25  de  febrero,  de  simplificación  administrativa  y  de  apoyo  a  la 
reactivación económica de Galicia.
El capítulo XI aborda diversas medidas en materia de coordinación de policías 
locales. En este sentido, se modifica la Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de 
policías locales. La principal novedad consiste en la regulación de la movilidad, que pasa 
de configurarse como un sistema de acceso a las diferentes categorías de los cuerpos 
de policía local a configurarse como un sistema de provisión. Así, el personal funcionario 
de carrera de los cuerpos de policía local de Galicia perteneciente a las categorías de 
policía,  oficial,  inspector,  inspector  principal,  intendente,  intendente  principal  y 
superintendente podrá participar en los procesos de provisión de puestos vacantes de su 
misma categoría en otros cuerpos de policía local de la comunidad autónoma. También 
se introduce en el texto de la ley la exigencia de un informe que deberá emitir la 
dirección general competente en materia de coordinación de policías locales sobre las 
bases de las convocatorias de los distintos sistemas de acceso y provisión previstos en 
la norma. Por último, y con la finalidad de alcanzar una mayor seguridad jurídica, pasan 
a recogerse en la ley los requisitos exigidos para el acceso a los cuerpos de policías 
locales.
El capítulo XII aborda diversas medidas en materia de universidades. En ese sentido,  es
se modifica la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de Galicia, a los  o
myere,f aenpncooLtdvoroaa ssotc  oditdór eiodnf e e.florlae rpdtnarotele,es scli adep erlaa nydnt eaea pspdt oeadylce aic órion nlnva sesdes eejt oisgd taseruoctecicórtiuanmrl ,iea ne sain liddmnoeois nvi naapvncredeiósocnte ig lpdaatesoc  isllóai mn eA inteda  mcimnioinannotiesevtrsaria act cieódimónen p u doanuruiavrtaloeecnrssióó ietmnan ri dcisaaeus,l     OE-A-2022-3415able en https://www.
así  como  sus  instrumentos  financieros,  vienen  reconociendo  la  importancia  de  una
investigación  interdisciplinar  de  excelencia  y  de  alto  impacto,  que  surge  como 
consecuencia de la agregación de las capacidades de diferentes grupos de investigación 
y del fomento de la investigación cooperativa entre ellos, en ámbitos y estructuras 
organizativas  bien  definidas,  con  el  objeto  de  asumir  nuevos  retos  y  aumentar  la 
capacidad competitiva.
Para tal fin, en diferentes anualidades, se convocaron ayudas para fomentar las 
estrategias de cooperación supragrupo de investigación, que permitiesen incrementar 
tanto la calidad de las actuaciones en I+D como la capacidad para asumir los nuevos 
retos, mediante la creación de agrupaciones estratégicas que debían constituir el cerne 
en que se cimentasen futuras políticas de apoyo.
Por  lo  tanto,  la  Comunidad  Autónoma  se  encuentra  ante  la  oportunidad  de 
estructurar más adecuadamente las actividades y grupos de investigación de excelencia, 
en el entorno del Sistema universitario de Galicia, con el objetivo estratégico de alcanzar 
un mayor y más sólido protagonismo en el futuro espacio europeo de investigación.
En el marco de sus competencias de fomento de la investigación reconocidas en el 
artículo 27.19 del Estatuto de autonomía de Galicia, se prevé, en la Ley 6/2013, de 13 de 
junio,  del  Sistema  universitario  de  Galicia,  un  procedimiento  para  gestionar  la 
acreditación de los centros y estructuras de I+D+i universitarios de Galicia. La actuación 
tiene la finalidad de impulsar la calidad y el impacto de la investigación realizada en 
Galicia y potenciar el efecto tractor que estas unidades ejercen sobre el conjunto del 
sistema.
Los centros y estructuras de I+D+i universitarios acreditados favorecerán al Sistema 
universitario de Galicia al garantizar un nivel de excelencia de calidad de los servicios I
+D+i e incentivar la mejora continua de la calidad de los resultados de I+D+i, impulsando 
el uso eficiente de los recursos y su ajuste multidisciplinar con grupos de excelencia de 
otras instituciones, así como promover las líneas de colaboración entre centros del 
propio sistema y con los de otras instituciones públicas o privadas con objetivos I+D+i, 
posibilitando la competencia, a través de un reconocimiento institucional que facilite el 
aumento de los recursos humanos, infraestructuras y nuevas tecnologías para ampliar y 
consolidar  la  calidad  y  cantidad  de  las  líneas  de  investigación  y  la  coherencia  y 
consolidación de los equipos, e implicar a los profesionales en la mejora continua de la 
calidad a través de la motivación e incentivación para mantener la acreditación de sus 
actividades. Por otra parte, la acreditación supone para los centros y estructuras de I+D
+i un elemento de difusión de sus actividades de investigación.
Asimismo,  para  la  Administración  autonómica,  la  acreditación  de  los  centros  y 
estructuras de I+D+i universitarios constituye una garantía de la correcta financiación de 
la investigación, asegurando el buen uso de los recursos públicos y privados y una 
correcta práctica investigadora, además de la transferencia de los resultados de la 
investigación  a  la  sociedad;  y  le  permite  igualmente  identificar  las  instituciones 
investigadoras de excelencia y sus indicadores temáticos, de calidad, eficacia, eficiencia, 
oportunidad  y  pertinencia  de  la  actividad  investigadora  que  faciliten  una  mejor 
planificación de los objetivos y una gestión óptima de los recursos financiados con 
subvenciones públicas.
Por otra parte, en cuanto a la modificación relativa a los consejos sociales, a estos 
órganos  de  gobierno  de  cada  universidad  les  corresponde  la  supervisión  de  las 
actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios y 
promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad, así como 
cuantas otras funciones les sean atribuidas por esta ley y el resto de la normativa  es
aplicable. o
cuudunneliistvvuiDeegrrrneassa l,iictt daaoaprrnii raoofpo, fo derarmes  p ilioaGdrno aaPapdlliur ,ce eciaseosi,ctnd aoe e lnldno ópec mri paleari sec dipavdeei,es  rntlsloaatoe  bneX oaonur   antpielttr uale yl saa dirrdset ídeo cenGcu itlalaaoall    idcc8nieo3aoln.,  1 Csep eodnejneetrrtsr eeíeal naj poe ce LcoSreimesoyonpc ntei6eaat/sle2l i sn0daet1ae r3dá le,ea  nsd d  ecemdsole iamgS tneluiasarn tidaeivdo midad edoaa      OE-A-2022-3415able en https://www.
universidades, después de escuchar al rector o rectora de la universidad.
Dada la naturaleza de estos órganos, como nexo de unión y participación de la 
sociedad en las universidades, se estima oportuno que el órgano unipersonal de la 
presidencia del mismo no tenga limitada temporalmente la renovación del mandato, 
favoreciendo de este modo la continuidad de las funciones de representación, dirección y 
planificación general de la actividad del consejo social.
El capítulo XIII, relativo al procedimiento y organización administrativa, incluye una 
modificación de la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público, 
con el objeto de garantizar el cumplimiento del principio de autoprovisión y de los 
objetivos de interés público en la asistencia jurídica del sector público autonómico ya 
recogidos en el artículo 5 de dicha ley y en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 
racionalización del sector público autonómico. Al mismo tiempo, pretende garantizar la 
coherencia y calidad de la asistencia jurídica de todo el sector público autonómico.
El  capítulo  XIV,  en  materia  de  régimen  financiero  y  presupuestario,  aborda  la 
modificación del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ya que, su 
redacción solo permite dar tratamiento presupuestario a los anticipos reembolsables, 
siendo necesario que se pueda extender este tratamiento a los no reembolsables, debido 
especialmente a los flujos de los nuevos fondos correspondientes al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) procedentes del Reglamento (UE) 2021/241 y a la 
necesidad de garantizar su adecuado control y la neutralidad financiera en las cuentas 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
En  este  sentido,  es  preciso  indicar  que,  según  los  criterios  de  imputación 
establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), los anticipos realizados entre 
administraciones para la financiación de ejecución de gastos deben estar incluidos en las 
cuentas financieras de cada administración. En aplicación de los criterios del SEC, debe 
poder darse carácter financiero al tratamiento presupuestario de estos anticipos, con 
independencia de si se configuran como reembolsables o no reembolsables.
En su parte final, la ley recoge dos disposiciones adicionales, dos disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
La disposición adicional primera establece medidas especiales en materia de listas 
de contratación de personal laboral temporal o de personal funcionario interino durante el 
año 2022, como consecuencia de la escasez de personal de perfil sanitario agravada por 
la situación derivada de la pandemia de la COVID-19, y para garantizar la disponibilidad 
de  dicho  personal,  continuando  la  línea  de  la  disposición  adicional  tercera  de  la 
Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas. La disposición 
adicional  segunda  regula  las  medidas  aplicables  a  los  supuestos  de  alteración 
extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra 
pública.
La  disposición  transitoria  primera  prevé  un  régimen  de  aplicación  a  procesos 
selectivos para el acceso a los cuerpos de policía local de la comunidad autónoma ya 
convocados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. La disposición 
transitoria segunda establece el régimen transitorio aplicable a los traslados por violencia 
de género regulados en el artículo 102.3 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 
público de Galicia, que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
ley de medidas fiscales y administrativas.
Por último, en una disposición derogatoria única se derogan las disposiciones de 
igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta ley. es
Por  su  parte,  la  disposición  final  primera  se  refiere  a  la  modificación  de  las  o
dmddpeiiessefrppdejuooinoisscs iiiaccod ii eoódy nn ele ap lsf raio pn rtraueeellgc tselcteareinmióortncreee   naerltadena ay riep masstsaae .ctr leLáaióran nia  r dea difdpseeepllri c ioPdagsalbaeic lnseiaót si dnó il nradfei  encdsmatedol o ersdl  aedilf geaicRu  laneaecdn diRató r eNnaed das aettNua nrbae altnleu a c2rsvae0 i g 0i2qno00usr 0 ecid0nr lie taprd scoee idom suGntecaeadi sdliil dceaieaysa, ns . p  sLdoieaenrl      OE-A-2022-3415able en https://www.
Registro de Productores y Gestores de Residuos. La disposición final cuarta recoge la
habilitación para su desarrollo normativo y la quinta es la previsión sobre su entrada en 
vigor.
Esta  ley  se  ajusta  así  a  los  principios  de  buena  regulación  contenidos  en  el 
artículo 37.a) de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector 
público  autonómico  de  Galicia,  al  responder  las  medidas  previstas  en  ella  a  la 
satisfacción de necesidades de interés general con la debida proporcionalidad, eficacia y 
eficiencia, al recogerse en la norma los objetivos perseguidos a través de ella y su 
justificación, como exige el principio de transparencia, y al introducirse a través de ella, 
conforme  al  principio  de  seguridad  jurídica,  las  modificaciones  precisas  en  las 
disposiciones vigentes.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, 
de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en 
nombre del rey la Ley de medidas fiscales y administrativas.
TÍTULO I
Medidas fiscales
CAPÍTULO I
Tributos cedidos
Artículo 1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Uno. Se modifica el artículo 4 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  en  materia  de  tributos  cedidos,  aprobado  por  el 
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4. Escala autonómica o complementaria del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas.
La escala autonómica aplicable a la base liquidable general del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas será la siguiente:
Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje
0 0 12.450,00 9,4
12.450,00 1.170,30 7.750,00 11,65
20.200,00 2.073,18 15.000,00 14,9
35.200,00 4.308,18 24.800,00 18,4
60.000,00 8.871,38 En adelante 22,5»
Dos. Se modifica el artículo 5.cuatro del texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que queda redactado como sigue:
«Los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra autonómica la cantidad  bo
de  300  euros  por  cada  menor  en  régimen  de  acogimiento  familiar  simple,  15ww
pcóimoergpnrmaovnisavoinat ivencon o.tcm eoS,pn ip e erteeol lnvt iitemsemi oeepnnnoao  lrm d oeca  pitecernoeritnaaovd  idovoepec tnhimvceoiena,nt  aado dureymra sin tnrdtieeses t re laalo t pi vXemour áínoost da juo ddd íiieamc siapG lod,a sufliiocrtiarivmano,ta  efslu iizeeeamrld epop ir eneprf oeíoqrrdu ioeoerl     OE-A-2022-34able en https://
a ciento ochenta y tres días y superior a noventa días, el importe de la deducción 
por cada menor acogido será de 150 euros.
No  dará  lugar  a  esta  deducción  el  supuesto  de  acogimiento  familiar 
preadoptivo  cuando  se  produzca  la  adopción  del  menor  durante  el  período 
impositivo, sin perjuicio de la aplicación, si fuere el caso, de la deducción por 
adopción.
En caso de acogimiento de menores por matrimonio o por parejas de hecho a 
que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de 
derecho civil de Galicia, el importe de la deducción se prorrateará por partes 
iguales en la declaración de cada uno de ellos, si se opta por la declaración 
individual.»
Artículo 2. Impuesto sobre el patrimonio.
Uno. Se añade el artículo 13 quater al texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, con la siguiente redacción:
«Artículo 13 quater. Bonificación en la cuota íntegra.
Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 25 % de 
su importe.»
Dos. Se modifica el artículo trece ter, número Uno, del texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos 
cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que queda redactado 
como sigue:
«Uno. Deducción  por  creación  de  nuevas  empresas  o  ampliación  de  la 
actividad de empresas de reciente creación.
Si entre los bienes o derechos de contenido económico computados para la 
determinación  de  la  base  imponible  figura  alguno  al  que  se  le  aplicaron  las 
deducciones en la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas relativas a la creación de nuevas empresas o ampliación de la 
actividad de empresas de reciente creación, o inversión en la adquisición de 
acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación, el 
contribuyente podrá aplicar una deducción del 75 %, con un límite de 4.000 euros 
por sujeto pasivo, en la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los 
mencionados bienes o derechos. El incumplimiento de los requisitos previstos en 
las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas determinará la 
pérdida de esta deducción.
Esta deducción será incompatible con las establecidas en los números dos y 
cinco siguientes.»
Artículo 3. Reducción del tipo de gravamen general en la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas.
Se modifica el número 1 del apartado Uno del artículo 14 del texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos 
cedidos aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, que queda redactado  e.e
como sigue: b
idononmceuur«oem1sb.ea lenssCt a,o ddaneos ls íc , caimoreámplc uottee ipesr otnog   eladns eeco robangrle,sr a teivttunarac minlóaesn nmm  yiso acidopeanlsilceiidóasanb d ledp  ead teardi  metrrloaaen ncihsatrmolaesinss sr ioemyna ielsesiasó c npqt oaustder ei mrj ueobrcínaideiiaignclaoeensss     OE-A-2022-34able en https://
sobre estos, salvo los derechos reales de garantía, será del 9 %.»
Artículo 4. Bonificación de la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, modalidad 
máquinas o aparatos automáticos.
Uno. Los sujetos pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, 
modalidad  máquinas  o  aparatos  automáticos,  podrán  aplicar  una  bonificación  que 
alcanzará el importe equivalente al:
a) 46 % de la cuota trimestral devengada en el primer trimestre del año 2021, para 
aquellas máquinas instaladas en casinos, salas de bingo, salones de juego y tiendas de 
apuestas.
b) 33 % de la cuota trimestral devengada en el primer trimestre del año 2021, para 
aquellas máquinas en situación de alta que no estén instaladas en los establecimientos a 
los que se refiere la letra anterior.
Los  sujetos  pasivos  podrán  aplicar  la  bonificación  anterior,  siempre  que  la 
autorización haya estado en situación de alta en algún día de dicho período. A los 
efectos de determinar el porcentaje se tendrá en cuenta la tipología del establecimiento 
en que la máquina haya estado instalada el día 27 de enero de 2021.
La  aplicación  de  la  bonificación  que  proceda  deberán  realizarla  de  manera 
acumulada, en su caso, en la primera autoliquidación que presenten en el año 2022 en 
período voluntario, sin que esta pueda ser negativa. En caso de no poder aplicar la 
bonificación de forma completa por ser superior su importe al importe a ingresar de la 
autoliquidación, la cantidad que reste la aplicarán en las subsiguientes autoliquidaciones 
hasta agotarla.
En caso de que el sujeto pasivo no tuviese que presentar ninguna autoliquidación por 
los  períodos  impositivos  que  se  declaran  durante  el  año  2022,  podrá  solicitar  la 
rectificación de la autoliquidación presentada correspondiente al primer trimestre del 
año 2021.
Dos. Se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de 
hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de la bonificación 
establecida en este artículo. Asimismo, la persona titular de la dirección de la Agencia 
Tributaria de Galicia podrá actualizar, de ser necesario, los modelos de autoliquidación 
de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar con el fin de adaptarlos a la 
regulación  de  dicha  bonificación,  y  dictar  las  instrucciones  para  cumplimentarlos, 
mediante resolución publicada en el «Diario Oficial de Galicia».
CAPÍTULO II
Tributos propios
Artículo 5. Tasas.
1. Se elevan los tipos de las tasas de cuantía fija vigentes en la Comunidad 
Autónoma de Galicia hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 
del 1,02 a las cuantías exigibles en el momento de la entrada en vigor de esta ley, 
exceptuando  las  tarifas  que  experimenten  alguna  modificación  en  la  cuantía  en  el 
número 2 de este artículo. Este coeficiente será de aplicación tanto a las cuantías, de 
carácter mínimo o máximo, como a las deducciones que se establecen en todo tipo de 
tarifas, tanto de tasas de cuantía fija como variable. s
Se consideran tasas de cuantía fija cuando no están determinadas por un porcentaje  e.
sobre una base o esta no se valora en unidades monetarias. w.
Se  exceptúan  del  incremento  establecido  anteriormente  aquellas  tasas  que  se  15ww
raepcaarutaddaon  m14e didaenlt ea enfeexcoto s1 ,t im«bLriacdeonsc,ia a súí nciocam oi nlate erasutatobnleócmidicaa e ne ne l smuabtaepriaar taddeo  1p1e sdceal 
c«oLnicteinnecniata lú»n, icya  lain teesrataubtolencóidmai cae n ene l msuabtearpiaa rtdaed oc a0z5a »d, edl ea plaa rtLaedyo  61/52 0d0e3l,  adnee x9o  d1e,   BOE-A-cable e
diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.
2. La Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue:
«Disfrutarán de exención de la presente tasa:
1. La expedición de certificados de retribuciones satisfechas por la Xunta de 
Galicia al objeto de justificación con relación al impuesto sobre la renta de las 
personas físicas.
2. La  expedición  de  certificados  y  compulsa  que  el  personal  de  la 
Administración solicite con respecto a necesidades propias del puesto de trabajo o 
relación de servicios.
3. Los alumnos y alumnas por cualquier actuación en materia de enseñanzas 
no universitarias.
4. Las  compulsas  realizadas  en  las  oficinas  de  empleo  para  los 
desempleados  y  desempleadas  en  la  tramitación  de  expedientes  que  sean 
competencia de dichas oficinas.
5. La inscripción en las convocatorias para la selección de personal de la 
Comunidad Autónoma, previa justificación documental, solicitada por:
– Personas con discapacidad igual o superior al 33 %.
– Personas que sean miembros de familias numerosas clasificadas en la 
categoría especial.
Se aplicará una bonificación del 50 % a la inscripción solicitada por:
– Personas que sean miembros de familias numerosas de categoría general.
– Personas que figuraran como demandantes de empleo desde, por lo menos, 
seis meses antes de la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de personal 
en las que soliciten su participación y no estén percibiendo prestación o subsidio 
por desempleo.
– Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, a los efectos regulados 
en este artículo, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como 
consecuencia  de  la  actividad  terrorista  y  así  lo  acrediten  mediante  sentencia 
judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal 
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de 
afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
6. La expedición de certificados relativos a la situación fiscal.
7. El Estado y los demás entes públicos territoriales o institucionales, siempre 
que los servicios o las actividades de los que sean beneficiarios se presten o 
realicen en el marco del principio de colaboración entre administraciones.
8. Las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges y sus hijos, por 
cualquier actuación en materia educativa realizada en centros oficiales de estudios 
en todos los niveles de enseñanza.
9. Los miembros de los organismos consultivos de la Administración pública 
gallega respecto de los certificados emitidos por dichos organismos. es
10. La  participación  en  las  pruebas  para  la  obtención  del  certificado  de  o
profesionalidad, previa justificación documental, con referencia a las siguientes  w.
pers–o nLaass: que figuren inscritas como desempleadas en las oficinas de empleo. 2022-3415n https://ww
– Las que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 33%.
11. La inscripción en las pruebas homologadas para la acreditación del nivel 
de competencia en lengua gallega y la acreditación del nivel correspondiente, 
previa justificación documental, solicitada por personas con discapacidad igual o 
superior al 33%.
12. Las  personas  menores  de  edad  y  las  mayores  de  65  años  por  la 
tramitación de la licencia de pesca continental.
13. Las inscripciones y modificaciones en el Censo de Suelo Empresarial de 
Galicia.
14. La declaración por los letrados y letradas de la Xunta de la suficiencia de 
los documentos justificativos de los poderes o facultades de los que actúan en 
representación de otros.»
Dos. Se modifica el apartado i) del número 2 del artículo 40, que queda redactado 
como sigue:
«i) Cuando la ocupación del dominio público portuario tenga por destino la 
explotación  de  superficies  destinadas  a  embarcadero  para  embarcaciones 
profesionales del sector pesquero y/o marisquero, el importe de la bonificación 
será del 50 % sobre la tasa de ocupación de terrenos resultante, siempre que la 
instalación se destine en exclusiva al servicio de la flota profesional pesquera y 
marisquera.  Cuando  en  la  instalación,  de  forma  complementaria,  se  autorice 
prestar servicio a otro tipo de embarcaciones no vinculadas al sector pesquero o 
marisquero, la bonificación que se aplicará sobre la tasa de ocupación de terrenos 
resultante será del 35 %.
Esta bonificación será aplicable exclusivamente a las superficies destinadas a 
las zonas de depósito para estancia y reparación de embarcaciones y no será de 
aplicación a las infraestructuras tales como fosos, rampas o parcelas edificadas de 
esta actividad.»
Tres. Se elimina el apartado 06 del anexo 1.
Cuatro. Se modifica el subapartado 3 del apartado 20 del anexo 1, que queda 
redactado como sigue:
«Expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales  correspondientes  a  las 
enseñanzas establecidas por la LOE y de sus duplicados:
Familia numerosa  Familia numerosa 
Títulos/Tarifas (en €) Tarifa normal Duplicado
categoría general categoría especial
Bachillerato. 54,00 27,03 0 4,98
Técnico. 22,07 11,06 0 2,55
Técnico superior. 54,00 27,03 0 4,98
Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 70,73 35,38 0 7,09
Expedición de certificados de idiomas nivel intermedio B2 y nivel 
25,91 12,97 0 2,55
avanzado C1 y C2.
Expedición del certificado de curso de especialización de ciclo medio o 
25,91 12,97 0 2,55
superior de formación profesional.
Profesional de Música. 25,80 12,90 0 2,40 e.
Profesional de Danza. 25,80 12,90 0 2,40 w.
TTííttuulloo  ssuuppeerriioorr  ddee  MDaúnszicaa.. 7700,,7733 3355,,3388 00 77,,0099
Título deportivo. 22,51 11,27 0 2,59
Familia numerosa  Familia numerosa 
Títulos/Tarifas (en €) Tarifa normal Duplicado
categoría general categoría especial
Título deportivo superior. 55,07 27,58 0 5,07
Título superior de Diseño. 70,73 35,38 0 7,09
Título superior de Artes Plásticas. 70,73 35,38 0 7,09
Título superior de Arte Dramático. 70,73 35,38 0 7,09»
Cinco. Se elimina el apartado 28 del anexo 1.
Seis. Se modifica el primer párrafo del subapartado 4 del apartado 7 del anexo 2, 
que queda redactado como sigue:
«Expedición  de  documentación  oficial  sanitaria  de  movimiento,  nacional  o 
intracomunitario, de animales vivos y productos de origen animal procedentes de 
la ganadería o de la acuicultura, salvo que sea realizada de forma telemática a 
través de las aplicaciones informáticas habilitadas accesibles en las consejerías 
competentes en materia de ganadería o acuicultura, a través de la aplicación del 
sistema Traces o que los operadores la obtengan directamente a través de esta 
aplicación (mínimo 3,03 euros por certificación).»
Siete. Se  modifica  el  subapartado  6  del  apartado  7  del  anexo  2,  que  queda 
redactado como sigue:
«Autorizaciones y registros de centros/equipos de productos reproductivos de 
animales de renta y autorizaciones de paradas de sementales, revisiones anuales 
de los mismos y emisión de certificados zoosanitarios:
– Por autorización y/o registro de centros de recogida, producción y 
transformación de productos reproductivos (centros de recogida de semen,  101,42
equipos de recogida/producción de embriones, centros de transformación).
– Por revisión anual. 49,28
– Por autorización y/o registro de depósitos de productos reproductivos (centros 
73,88
de almacenamiento, distribuidores).
Por revisión anual: 29,61
Por autorización de paradas de sementales.
22,78
Por revisión de sementales.
Equinos y bovinos (por unidad). 7,60
– Ovinos, caprinos y porcinos (por unidad). 1,52
– Por emisión de certificados zoosanitarios de acompañamiento de productos 
reproductivos destinados a intercambios intracomunitarios o exportación a   
terceros países.
Mínimo (por certificado). 3,19
Máximo (por certificado). 10,63»
Ocho. Se modifica el subapartado 33 del apartado 07 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Autorización  y/o  registro  de  explotaciones  avícolas,  cunícolas,  porcinas, 
apícolas y de peletería, salvo las de tipo autoconsumo (porcino, avicultura y 
apicultura), reducidas (porcino) y artesanales (avicultura):
– Por la gestión y tramitación del expediente de registro completo, incluyendo las 
visitas de inspección correspondientes (explotaciones avícolas, cunícolas,  106,26
porcinas y de peletería).
– Por la gestión y tramitación del expediente de registro completo, así como de 
expedientes de ampliación, modificación de la primera inscripción, incluyendo las 
visitas de inspección correspondientes en explotaciones de apicultura distintas 
25,00
de autoconsumo. Coste para la tramitación de un asiento (se incrementa en 15 
euros por cada asiento adicional a partir del primero solicitado hasta un máximo 
de 85 euros).
– Por la gestión y tramitación de expedientes de ampliación, modificación de la 
primera inscripción o exenciones contempladas en la normativa de aplicación, 
53,14»
incluyendo las visitas de inspección correspondientes (explotaciones avícolas, 
cunícolas, porcinas y de peletería).
Nueve. Se modifica el subapartado 37 del apartado 07 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Supervisión de la cuarentena de animales de compañía procedentes de 
30,60
terceros países.
Por cada visita de supervisión adicional a la primera visita. 30,60»
Diez. Se añade el subapartado 38 en el apartado 07 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
« Autorización para la realización de certámenes, concursos, exposiciones o 
14,73»
concentraciones de animales en el ámbito ganadero.
Once. Se modifica el subapartado 4 del apartado 44 del anexo 2, que queda 
redactado como sigue:
«Análisis de contaminantes de origen químico en moluscos y otros organismos 
procedentes de la pesca, el marisqueo y la acuicultura:
Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) mediante 
299,65
cromatografía líquida con detección de fluorescencia.
Análisis de PCB y pesticidas por cromatografía de gases/espectrometría de 
489,50
masas en tándem, GC-MS/MS.
Análisis de PCB por cromatografía de gases/espectrometría de masas en 
311,97
tándem, GC-MS/MS.
Análisis de pesticidas por cromatografía de gases/espectrometría de masas en  311,97
tándem, GC-MS/MS. » es
Doce. Se modifica el subapartado 4 del apartado 52 del anexo 3, que queda 
redactado como sigue:
«Inscripción en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia:
– Pequeño productor de residuos peligrosos (<10 t/año). 187,45
– Productor de residuos peligrosos (>10 t/año). 187,45
– Productores de residuos no peligrosos (>1.000 t/año). 187,45
– Productor de lodos con destino a la agricultura. 187,45
– Transportista profesional de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos. 187,45
– Recogedor profesional sin instalación de residuos peligrosos y no peligrosos. 187,45
– Negociante para residuos peligrosos y para residuos no peligrosos. 187,45
187,45
– Agente para residuos peligrosos y para residuos no peligrosos.
»
Trece. Se añade el subapartado 25 en el apartado 52 del anexo 3, que queda 
redactado como sigue:
«Comunicación de la actividad de compostaje comunitario de biorresiduos. 50,00»
Catorce. Se añade el subapartado 26 en el apartado 52 del anexo 3, que queda 
redactado como sigue:
«Traslados de residuos en las fronteras exteriores y en el traslado por el interior  520,00
de la CAG. »
Quince. Se añade el subapartado 27 en el apartado 52 del anexo 3, que queda 
redactado como sigue:
«Realización de inspecciones previas al otorgamiento de las autorizaciones para  419,00
las operaciones de tratamiento de residuos. »
Dieciséis. Se añade el subapartado 28 en el apartado 52 del anexo 3, que queda 
redactado como sigue:
«Comunicación de la actividad de proyectos de investigación, desarrollo e  146,00
innovación en materia de residuos. »
Diecisiete. Se añaden los subapartados 03 y 04 en el apartado 57 del anexo 3, que 
quedan redactados como sigue:
«– 03. IPPC distintas de las recogidas en el epígrafe 9.3 del Real decreto 
950,00
legislativo 1/2016 (instalaciones industriales IPPC). s
– 04. IPPC recogidas en el epígrafe 9.3 del Real decreto legislativo 1/2016  742,00 b
(granjas IPPC). » 15ww
Dieciocho. Se modifica el apartado 68 del anexo 3 en los siguientes términos:
«68. Obras hidráulicas de regulación gestionadas por la Administración hidráulica
de la Comunidad Autónoma de Galicia, por metro cúbico de agua captado 0,021»
Diecinueve. Se  modifica  la  regla  tercera  de  la  tarifa  X-2  contenida  en  el 
subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Tercera. Las bases para la liquidación de esta tarifa serán la eslora máxima 
del barco, el calado del muelle y el tiempo que el barco permanezca en el atraque 
o en el amarre.
En los supuestos de que un buque transporte cualquier tipo de mercancía 
peligrosa y como consecuencia de eso sea necesario disponer de unas zonas de 
seguridad a proa y/o popa, se considerará como base a efectos de la tarifa la 
eslora máxima del barco, incrementada en la longitud de las mencionadas zonas.
La cuantía básica de esta tarifa es de 1,023138 euros por cada metro de 
eslora  o  fracción  y  por  cada  período  de  veinticuatro  horas  o  fracción  que 
permanezca atracado o amarrado, con los siguientes coeficientes por calado del 
muelle medido en BMVE:
– Por calado del muelle igual o mayor a 7 metros, coeficiente = 1.
– Por calado del muelle inferior a los 7 metros, coeficiente = 0,5.
Por períodos de tiempo inferiores a las seis horas se aplicará una reducción 
del 50 % de la cuantía de la tarifa indicada anteriormente.
En  aquellas  terminales  en  las  que  Puertos  de  Galicia  preste  vigilancia 
presencial específica, la tarifa base resultante se incrementará en 299,05 euros 
por cada 24 horas o fracción de estancia vigilada, salvo para escalas inferiores 
a 12 horas, caso en que este incremento será de 149,53 euros. La franja horaria, a 
los efectos del cálculo de la tarifa por vigilancia presencial, se iniciará 60 minutos 
antes de la hora de la reserva de atraque y finalizará 60 minutos después de la 
hora de la salida efectiva del buque del puerto. A esta cuantía no le será de 
aplicación ninguna de las bonificaciones o reducciones incluidas en la presente 
tarifa X-2.»
Veinte. Se modifica la regla primera de la tarifa X-6 contenida en el subapartado 01 
del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Primera. El  hecho  imponible  de  esta  tarifa  abarca  la  disponibilidad  del 
servicio de recepción de desechos, incluidos los de carga, generados por buques, 
y, en su caso, su prestación efectiva, y dicha tasa les será aplicable, en la cuantía 
y en las condiciones que se indican más adelante, a todos los barcos que entren 
en las aguas del puerto.
El hecho imponible de la tasa incluirá, asimismo, la emisión del certificado por 
la prestación del servicio de recepción de desechos según lo dispuesto en el 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 2 de 
noviembre de 1973 (convenio MARPOL), por la escala o el período incluido en el 
servicio según su tipología.»
Veintiuno. Se  modifica  la  regla  tercera  de  la  tarifa  X-6  contenida  en  el 
subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Tercera. Son sujetos pasivos obligados al pago de esta tarifa los armadores 
o sus representantes o los consignatarios de los barcos que entren en las aguas 
del puerto por la disponibilidad de los servicios, por su prestación efectiva o por la  es
emisión de los certificados correspondientes. o
Para las embarcaciones deportivas y de ocio, serán sujetos pasivos, con  w.
scua rcáPacasteorar,   seloal lstiid tuealmraiorb ,da eercll  adticteuiroleancre hdso e dd leeal   uessmeocb tpaorrrec fdaeecrei óannct euo id cseuull t auremrapa,r ercrseue aonn tddaeonl t eas ena cualatdojehri.izearadno  ya,  uenn   2022-3415n https://ww
convenio por pertenencia a una asociación profesional del sector, la asociación
será el sustituto del contribuyente y tendrá que cumplir en el lugar de aquel las 
obligaciones formales y materiales derivadas de la obligación tributaria.
Son  responsables  subsidiarios  del  pago  de  la  tarifa  el  capitán  de  la 
embarcación y su patrón.»
Veintidós. Se modifica la letra b) de la regla quinta de la tarifa X-6 contenida en el 
subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«b) Para embarcaciones pesqueras y del sector de la acuicultura que tengan 
base u operen habitualmente en un puerto dependiente de Puertos de Galicia se 
aplicarán las siguientes cuantías fijas:
Para embarcaciones pesqueras:
– Si eslora ≤ 7 m: 17,40 euros/año.
– Si eslora > 7 m y ≤ 10 m: 45,85 euros/año.
– Si eslora > 10 m y ≤ 15 m: 88,20 euros/año.
– Si eslora > 15 m y ≤ 20 m: 151,20 euros/año.
– Si eslora > 20 m y ≤ 25 m: 226,80 euros/año.
– Si eslora > 25 m: 277,20 euros/año.
Para las embarcaciones auxiliares de acuicultura:
– Si eslora ≤ 10 m: 69,40 euros/año.
– Si eslora > 10 m: 104,10 euros/año.
La tarifa se liquidará anualmente por adelantado.
Para las embarcaciones pesqueras se liquidará empleando los datos de las 
embarcaciones de base en los puertos dependientes de Puertos de Galicia, y, en 
su defecto, podrá emplearse el registro de embarcaciones pesqueras de Galicia, 
elaborado por la consejería competente en materia de mar.
Para las embarcaciones del sector de la acuicultura que se adhieran a un 
convenio anual descrito en la regla décima de la tarifa X-1, decimoquinta de la 
tarifa X-2 y décima de la tarifa X-3, por pertenencia a una asociación profesional 
del sector, la liquidación de la tasa X-6 se podrá incluir en el citado convenio.
Para las embarcaciones pesqueras y del sector de la acuicultura que no 
tengan base ni operen habitualmente en un puerto dependiente de Puertos de 
Galicia, se aplicarán las siguientes cuantías fijas por escala:
Para embarcaciones pesqueras:
– Si eslora ≤ 10 m: 16,84 euros/escala.
– Si eslora > 10 m y ≤ 15 m: 21,89 euros/escala.
– Si eslora > 15 m y ≤ 20 m: 26,94 euros/escala.
– Si eslora > 20 m y ≤ 25 m: 50,51 euros/escala.
– Si eslora > 25 m: 84,19 euros/escala.
Para las embarcaciones auxiliares de acuicultura:
– Si eslora ≤ 10 m: 21,69 euros/escala.
– Si eslora > 10 m: 32,53 euros/escala. s
El certificado emitido por la escala de la embarcación de paso por el puerto  w.b
tendrá validez por tres meses en cualquier puerto dependiente de Puertos de  15ww
Galicia en ese período.»
Veintitrés. Se modifica la letra c) de la regla quinta de la tarifa X-6 contenida en el 
subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«c) Para las embarcaciones deportivas y de ocio, con base en un puerto 
dependiente de Puertos de Galicia, se aplicarán las siguientes cuantías fijas:
– Si eslora ≤ 8 m: 9,68 euros/semestre.
– Si eslora > 8 m y ≤ 10 m: 12,80 euros/semestre.
– Si eslora > 10 m y ≤ 12 m: 17,02 euros/semestre.
– Si eslora > 12 m y ≤ 14 m: 23,89 euros/semestre.
– Si eslora > 14 m y ≤ 16 m: 33,56 euros/semestre.
– Si eslora > 16 m y ≤ 18 m: 38,40 euros/semestre.
– Si eslora > 18 m: 43,24 euros/semestre.
La liquidación se realizará conjuntamente con la tarifa X-5 por semestres (1.er 
y 2.º semestre del año) adelantados.
En el caso de embarcaciones deportivas y de ocio que no tengan la condición 
de embarcaciones de base en ningún puerto dependiente de Puertos de Galicia, 
se aplicará por cada escala la siguiente cuantía:
– Si eslora ≤ 8 m: 1,29 euros/escala.
– Si eslora > 8 m y ≤ 12 m: 3,87 euros/escala.
– Si eslora > 12 m: 4,65 euros/escala.
El certificado emitido por la escala de la embarcación de paso por el puerto 
tendrá validez por un mes en cualquier puerto dependiente de Puertos de Galicia 
en ese período, y se emitirá previa petición del usuario, según el procedimiento 
que se establezca.
La liquidación se realizará, según la declaración realizada por el gestor a 
Puertos de Galicia, conforme al procedimiento y formato que señale Puertos de 
Galicia.
En este caso el gestor de la instalación se subrogará en la obligación de los 
sujetos pasivos en lo relativo a la tarifa X-6, pudiendo repercutirla a los usuarios de 
estos servicios de recogida de desechos.»
Veinticuatro. Se  modifica  la  regla  sexta  de  la  tarifa  X-6  contenida  en  el 
subapartado 01 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Sexta. El abono de la tasa X-6 en un puerto dependiente de Puertos de 
Galicia, por los períodos indicados en la regla quinta de la presente tarifa en 
función de la tipología de la embarcación, exime del pago de la tarifa en otro 
puerto dependiente de Puertos de Galicia en ese período, por la disponibilidad o 
prestación del servicio de recogida de desechos generados por buques.»
Veinticinco. Se  modifica  la  regla  sexta  de  la  tarifa  E-2  contenida  en  el 
subapartado 02 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Sexta. Los  espacios  destinados  al  tránsito  y  almacenamiento  de 
mercancías o de otros elementos se clasifican en cuatro zonas:
– Zona de maniobra y tránsito: inmediata a la de atraque de los buques  es
(hasta 12 m del acantilado del muelle en los puertos incluidos en los grupos A y B  bo
y hasta 5 m en los puertos incluidos en el grupo C). En esta zona no se permite el  15ww
dadeuireptocó–rcs iziZiótaoond n odda eesdl   eepm suepaereprctcaaoírn faciccotíaoarmsrse  esvsnpiinntoec n uadhluiaaetdbonoirtleiiszta. adaca ióslan   ppoarrce tPivviuiade arytd o esdx edp ere lasG aap leiecsniac  acp aadprarao  fceeals sidooen padóle s eitlona    OE-A-2022-34able en https://
maniobra y tránsito, según la definición indicada en el párrafo anterior. Estas
zonas serán delimitadas por Puertos de Galicia en función de la disponibilidad y 
configuración de la infraestructura portuaria.
– Zonas de almacenamiento: las restantes zonas de depósitos del puerto, 
salvo la lámina de agua.
– Zonas de lámina de agua: la ocupación de la lámina de agua incluida dentro 
de la zona de servicio del puerto.»
Veintiséis. Se  modifica  la  regla  séptima  de  la  tarifa  E-2  contenida  en  el 
subapartado 02 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Séptima. Las cuantías, expresadas en euros, serán, por metro cuadrado o 
fracción y día natural o fracción, las siguientes:
Zona de maniobra y tránsito (en el caso de existir 
Grupo A Grupo B Grupo C
autorización)
Días 1 al 10. 0,038963 0,025954 0,019513
Días 11 al 20. 0,119337 0,079537 0,059699
Días 21 y siguientes. 0,235386 0,156946 0,117726
Zonas habilitadas para al depósito de aparatos  Grupo A Grupo B Grupo C
vinculados a la actividad de la pesca profesional (en 
el caso de existir autorización)
Superficie descubierta. 0,04251 0,02834 0,021253
Zona de almacenamiento Grupo A Grupo B Grupo C
Superficie descubierta. 0,021253 0,014169 0,010626
Superficie cubierta. 0,081662 0,054419 0,040766
Zona de lámina de agua Grupo A Grupo B Grupo C
A menos de 20 m del acantilado. 0,074372 0,049532 0,037185
A más de 20 m del acantilado. 0,033993 0,022642 0,017025
En la zona de almacenamiento situada a más de 35 m del acantilado del 
muelle de los puertos incluidos en los grupos A y B se aplicará la tarifa del grupo 
inmediato inferior correspondiente.
En la zona de lámina de agua será de aplicación la cuantía, para menos de 20 
m  del  acantilado,  a  todo  el  artefacto  o  estructura,  aunque  se  encuentre 
parcialmente a menos de esta distancia.
A los elementos mecánicos tales como grúas o cintas móviles que ocupen 
superficie  descubierta  y  que  sirvan  de  apoyo  a  las  operaciones  de  carga  y 
descarga de mercancías de toda índole realizadas por vía marítima, que deban 
estar en la zona de maniobra y tránsito con carácter fijo o eventual, les serán 
aplicables  las  cuantías  definidas  en  el  cuadro  anterior  para  la  zona  de 
almacenamiento en superficie descubierta aplicada al grupo correspondiente y a la 
superficie ocupada por el aparato y a su zona de maniobra.
En ocupación de superficies cubiertas que dispongan de varias plantas, la 
tarifa que se aplicará según el cuadro anterior será el sumatorio de cada una de 
las plantas, aplicando el 100 % de ella para la planta baja y el 50 % para las  e.
plantas  primera  y  siguientes,  considerando  en  cada  caso  la  superficie  útil  w.b
correspondiente. En caso de que se trate de edificios de departamentos para  15ww
saermctaodr opreessq, ueexrpoo ryt amdoarreissq uy ecroom qeurec iaselizaand doere ps larenltaac iboanjaad oo sd eco pnl alansta a bcativjaid madáess u dneal 
ppllaannttaa ,b laaj at.arifa que se aplicará será solamente el 100 % de la superficie en la
En  la  ocupación  de  tuberías,  canalizaciones  o  instalaciones  subterráneas 
generales del puerto, la tarifa será el 50 % de lo que le correspondería según los 
cuadros anteriores, salvo que su uso impida la utilización de la superficie exterior. 
En  este  caso,  la  tarifa  sería  la  indicada  en  esta  regla  para  la  superficie 
descubierta.  La  superficie  a  considerar  para  canalizaciones  será  la  de  la 
proyección horizontal de la tubería o instalación de que se trate, con una superficie 
mínima de 0,5 m2 por cada metro lineal de canalización.
Las cuantías de la tarifa para las ocupaciones de superficie destinadas a usos 
no relacionados directamente con las actividades portuarias serán las siguientes:
Zona terrestre Grupo A Grupo B Grupo C
Días 1 al 10. 0,105314 0,070840 0,053134
Días 11 y siguientes. 0,212540 0,141680 0,106268
Zona de lámina de agua Grupo A Grupo B Grupo C
A menos de 20 m del acantilado. 0,743721 0,495316 0,371856
A más de 20 m del acantilado. 0,339935 0,226427 0,170246»
Veintisiete. Se  modifica  la  regla  cuarta  de  la  tarifa  E-3  contenida  en  el 
subapartado 02 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Cuarta. Las cuantías de la tarifa por suministro de agua potable serán las 
siguientes:
– Por metro cúbico de agua o fracción suministrada a través de las tomas 
propiedad de Puertos de Galicia: 1,515834 euros.
–  Por  metro  cúbico  de  agua  o  fracción  suministrada  en  las  restantes 
instalaciones: 1,082700 euros.
Las cuantías indicadas en los dos párrafos anteriores serán incrementadas 
siempre que las mismas sean inferiores a la cuantía global aplicable por parte de 
la empresa suministradora a Puertos de Galicia. En ese supuesto, las cuantías de 
la tarifa por m3 de agua suministrada serán las siguientes:
La tarifa global aplicada por la empresa suministradora a Puertos de Galicia 
con un recargo del 35 %, cuando esta sea superior a 1,515834 euros/m3, incluido 
el canon de saneamiento, para tomas de propiedad de Puertos de Galicia.
La tarifa global aplicada por la empresa suministradora a Puertos de Galicia 
con un recargo del 10 %, cuando esta sea superior a 1,082700 euros/m3, incluido 
el canon de saneamiento, para el resto de las instalaciones.
La facturación mínima tanto en el primer caso como en el segundo caso será 
de 4,080525 euros.»
Veintiocho. Se  modifica  la  regla  quinta  de  la  tarifa  E-3  contenida  en  el 
subapartado 02 del apartado 99 del anexo 3, que queda redactada como sigue:
«Quinta. Las cuantías de la tarifa por suministro de energía eléctrica serán 
las siguientes: s
a) Por kWh o fracción suministrada a través de las tomas propiedad de  w.b
Puertos de Galicia: 0,383286 euros. La facturación mínima será de 4,435379  15ww
eurobs). Las cuantías de la tasa para las restantes instalaciones:
Las bases de cálculo de la tasa portuaria se definen según los conceptos de
energía establecidos en referencia directa al cálculo de la factura eléctrica del
mercado minorista español, teniendo en cuenta una única franja horaria, según la 
formulación siguiente:
Tasas E-3 en el período de devengo = (PA+EA) x Rv x IE + Ct. Siendo:
– Concepto de potencia accesible (PA): resulta de la aplicación del precio de la 
potencia vigente en el año natural de devengo.
Se fija para el ejercicio 2022 y siguientes una cuantía de 0,103680 €/kW/día, 
multiplicado por la potencia disponible de la instalación, que viene determinada por 
el calibre del interruptor general de protección de la línea de la acometida (kW), 
multiplicado por los días comprendidos en el período de facturación.
En el supuesto de que la cuantía sufra variaciones, se tomará la nueva tarifa 
legalmente aprobada.
– Concepto de energía activa (EA): resulta de la aplicación del precio de la 
energía vigente en el año natural de devengo, multiplicado por la diferencia de 
lecturas del equipo de medida tomadas el primer día y el último del período de 
devengo en kWh.
El precio de la energía vigente en el año natural será una cuantía fija, siendo 
este valor, para el ejercicio 2022 y siguientes, de 0,162080 €/kWh.
En el supuesto de que la cuantía sufra variaciones, se tomará la nueva tarifa 
legalmente aprobada.
– Recargo por el volumen de kWh consumidos (Rv): se establece un recargo 
de la tarifa base consumida comprendida entre el 2 % y el 10 %, dependiendo 
dicho  porcentaje  del  consumo  medio  diario  realizado  durante  el  período  de 
devengo, según la siguiente tabla:
Media de los kWh consumidos por día durante el período liquidado recargo (%).
Igual o superior a 300 kWh/día, 10%.
Igual o superior a 200 kWh/día e inferior a 300 kWh/día, 8%.
Igual o superior a 100 kWh/día e inferior a 200 kWh/día, 6%.
Igual o superior a 10 kWh/día e inferior a 100 kWh/día, 4%.
Igual o superior a 5 kWh/día e inferior a 10 kWh/día, 2%.
Donde:
Rv = 1 + Recargo (%)/100
–  Impuesto  eléctrico  (IE):  sobre  el  concepto  de  potencia  accesible  y  el 
concepto de energía activa será de aplicación al porcentaje correspondiente al 
impuesto  eléctrico  legalmente  establecido  por  el  organismo  competente.  El 
impuesto eléctrico para el ejercicio 2022 y siguientes es de un 5,11269632 %. No 
obstante,  en  el  supuesto  de  que  sufra  variaciones  durante  este  ejercicio,  se 
adaptará la formulación al impuesto vigente en el período de devengo.
Donde:
IE = 1 + Gravamen impuesto eléctrico (%)/100 = 1+5,11269632/100 = 
1,0511269632 es
– Cuantía por puesta a disposición de contador (Ct): por los trabajos de  w.
conexión,  desconexión  y  tramitaciones  administrativas  de  instalación  y  15ww
eseng buaimjai etnetnos sióen  eys tdaeb le0c,5e  uenuaro csu/daínat íean f ijsau dmein 0is,0tr5o s€ /edfíeac etuna sduoms iennis tmroesd eiafe tcetunasidóons, 
por los días comprendidos entre el primero y el último del período de devengo.»
Veintinueve. Se añade un subapartado 04 en el apartado 99 del anexo 3, que 
queda redactado como sigue:
«Inspección, vigilancia y mantenimiento anual de las ayudas a la navegación 
54,16»
instaladas para la señalización de cada vivero flotante.
TÍTULO II
Medidas administrativas
CAPÍTULO I
Empleo público
Artículo 6. Modificación de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia.
La Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno. Se añade una nueva letra u) al número 2 del artículo 14:
«u) La  resolución  de  las  solicitudes  de  reconocimiento  de  la  progresión 
alcanzada en la carrera administrativa prevista en la disposición transitoria octava 
de la presente ley.»
Dos. Se modifica el número 1 del artículo 25, que queda redactado como sigue:
«1. Al personal funcionario interino le es aplicable, en cuanto sea adecuado a 
la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su 
nombramiento,  el  régimen  general  del  personal  funcionario  de  carrera,  salvo 
aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.»
Tres. Se modifica el número 6 del artículo 38, que queda redactado como sigue:
«6. Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y los instrumentos de ordenación del personal de 
las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico podrán prever 
la clasificación de los puestos con el rango de subdirección general o jefatura de 
servicio que guarden relación directa con las competencias en materia de sanidad, 
educación y justicia para su provisión por personal sanitario, docente o de la 
Administración de justicia, respectivamente, atendiendo a la especificidad de las 
funciones que se deban desempeñar.
Los  puestos  clasificados  como  jefatura  territorial  podrán  ser  provistos  por 
personal sanitario, docente o de la Administración de justicia en caso de que así 
se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.»
Cuatro. Se modifica la letra e) del artículo 60, que queda redactada como sigue:
«e) Toma de posesión dentro del plazo de un mes a partir de la publicación 
del nombramiento o dentro del plazo previsto en la correspondiente convocatoria 
del  proceso  selectivo.  Las  personas  propuestas  para  su  nombramiento  como  e.
personal funcionario de carrera en el correspondiente proceso selectivo podrán  w.
tomar posesión con destino provisional, antes de la toma de posesión con destino  15ww
odredfiennit ivdoe,  perne laoctrioósn  preuseuslttoasn tvea ecna ndteicsh od epl romciesmsoo,  sciune prpeorj uoi ceios cdaelal  aactteon ddeie nedleoc cai ólan 
ndoem  dberastdinoos .»definitivo  en  el  momento  en  que  se  oferten  plazas  a  todos  los  BOE-A-cable e
Cinco. Se modifica el artículo 61, que queda redactado como sigue:
«La adquisición de la condición de personal funcionario interino exige, una vez 
seleccionado en los términos previstos en el apartado primero del artículo 24, 
además del correspondiente nombramiento, el cumplimiento sucesivo del requisito 
establecido en la letra d) del artículo 60 y la correspondiente toma de posesión.»
Seis. Se modifica el artículo 62, que queda redactado como sigue:
«La adquisición de la condición de personal eventual exige, en todo caso, 
además del correspondiente nombramiento, el cumplimiento sucesivo del requisito 
establecido en la letra d) y la correspondiente toma de posesión.»
Siete. Se modifica el número 1 del artículo 80, que queda redactado como sigue:
«1. En las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a la función 
pública,  con  excepción  de  aquellos  procesos  que  tengan  por  objeto  la 
estabilización y la consolidación del empleo temporal, un mínimo de un veinticinco 
por  ciento  de  las  plazas  convocadas  se  reservará  para  personal  funcionario 
perteneciente  a  cuerpos  o  escalas  del  subgrupo  o  grupo  de  clasificación 
profesional,  en  el  supuesto  de  que  este  no  tenga  subgrupo,  inmediatamente 
inferior que reúna los siguientes requisitos:
a) Poseer la titulación y los demás requisitos exigidos.
b) Haber prestado servicios efectivos en la condición de personal funcionario 
durante al menos dos años en el subgrupo o grupo de clasificación profesional 
desde el que se pretenda promocionar. El personal laboral fijo que haya adquirido 
la  condición  de  personal  funcionario  de  carrera  al  amparo  de  la  disposición 
transitoria  primera  de  la  presente  ley  podrá  participar  en  los  procesos  de 
promoción  interna  vertical  regulados  en  este  artículo  siempre  que  tenga  una 
antigüedad mínima de dos años en la categoría profesional tenida en cuenta en el 
proceso de funcionarización.
c) No superar la edad de jubilación forzosa.
Las plazas reservadas para la promoción interna que no se cubran por este 
procedimiento se acumularán a las de provisión libre, siempre que se trate de un 
proceso selectivo único regido por una misma convocatoria.»
Ocho. Se modifica el número 2 del artículo 90, que queda redactado como sigue:
«2. El personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo un 
puesto de trabajo obtenido por concurso debe permanecer en él un mínimo de dos 
años para poder participar en los concursos ordinarios regulados en este artículo.
En  el  supuesto  del  personal  funcionario  de  nuevo  ingreso,  es  requisito 
necesario para poder participar en estos concursos, en todo caso, una antigüedad 
mínima  de  dos  años  desde  el  nombramiento  como  personal  funcionario  de 
carrera.
El personal que haya adquirido la condición de personal funcionario de carrera 
al amparo de la disposición transitoria primera de la presente ley y la normativa de 
desarrollo de la misma podrá participar en los concursos ordinarios regulados en 
este artículo desde el momento de dicha adquisición, siempre que tenga una  e.e
antigüedad mínima de dos años en la categoría profesional equivalente al cuerpo  b
o escala en la que se realizó su funcionarización.» 15ww
Nueve. Se modifica el número 2 del artículo 100, que queda redactado como sigue:
cabo« 2.m eEdli atnrates lacdoom riesgióunla ddoe  esne ervsitceio asr, tícquuleo , tdeen dcraár áuctnear  vdouluranctaiórino , dsee  lulenv aaráñ oa,   BOE-A-cable e
prorrogable  excepcionalmente  por  otro  en  caso  de  que  se  mantengan  las 
necesidades de servicio o funcionales.»
Diez. Se modifica el número 3 del artículo 102, que queda redactado como sigue:
«3. El puesto de trabajo asignado en esta situación tendrá carácter definitivo, 
siempre que la interesada esté conforme. De no manifestar su conformidad en el 
plazo de tres años desde la asignación del puesto, el destino tendrá carácter 
provisional.  Reglamentariamente  se  determinarán  las  condiciones  del  traslado 
previsto en este artículo.»
Once. Se añade un número 7 al artículo 106, que queda redactado como sigue:
«7. De conformidad con la legislación básica estatal, para hacer efectivo su 
derecho a la protección y a la asistencia social integral, el personal funcionario que 
haya  sufrido  daños  físicos  o  psíquicos  como  consecuencia  de  la  actividad 
terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de 
los heridos y fallecidos, siempre que tengan la condición de personal funcionario y 
de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como el 
personal funcionario amenazado en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, 
de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del 
terrorismo, contando con el previo reconocimiento del Ministerio del Interior o con 
una sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de 
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o 
de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los 
términos que establezca la administración competente en cada caso.
Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que 
resulten necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a 
que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción 
terrorista, ya sea por la amenaza a que se encuentra sometida, en los términos 
previstos reglamentariamente.»
Doce. Se deja sin contenido el número 5 del artículo 106.
Trece. Se añade una letra p) en el número 1 del artículo 185, que queda redactada 
como sigue:
«p) Cometer  fraude  en  un  proceso  selectivo  a  través  de  cualquier 
comportamiento  tendente  a  obtener  anticipadamente  las  pruebas,  obtener 
mediante  dispositivos  electrónicos  o  utilizando  otro  tipo  de  mecanismos  sus 
resultados en el momento de su realización, o alterar los resultados de las pruebas 
una vez realizadas.»
Catorce. Se añade una letra y) al número 1 del artículo 186, que queda redactada 
como sigue:
«y) Cometer  fraude  en  un  proceso  selectivo  a  través  de  cualquier 
comportamiento  tendente  a  obtener  los  resultados  en  el  momento  de  su 
realización copiándolos de otro aspirante del proceso.»
Quince. Se añade una letra f) al artículo 188, que queda redactada como sigue: e.e
«f) En el caso de sanción por la falta prescrita en la letra p) del artículo 185,  15ww
Dielac iismépiso. sibSileid aañda ddee  puanrati cleiptraar  fe)n a pl arortcíecusolos  1s8e9le, cqtuiveo sq upeodr au nre pdearcítoaddoa  dceo m5 oa ñsoigsu.»e:
«f) En el caso de sanción por la falta prescrita en la letra y) del artículo 186,
la imposibilidad de participar en procesos selectivos por un período de 2 años.»
Diecisiete. Se añade un número 3 bis a la disposición adicional octava, que queda 
redactado como sigue:
«3.bis. En el cuerpo auxiliar existe la siguiente escala:
Denominación Especialidad Subgrupo Funciones Titulación
– Ejecución material de los trabajos de conservación, reparación y 
construcción de obras en las carreteras de titularidad autonómica y 
en sus elementos funcionales, en concreto:
Limpieza y desbroce de bordes y márgenes de las carreteras.
Reparaciones de firme.
Reparación, mantenimiento y limpieza de las obras de drenaje.
Limpieza, reposición y colocación de los elementos de 
señalización, balizamiento y defensa.
Repintado de marcas viales.
– Vigilancia de las operaciones y tareas relacionadas con la 
explotación del dominio público viario y de los elementos que lo 
Titulación que habilite 
componen, en concreto:
para las funciones 
Colaborar con los vigilantes de carreteras y personal de categoría 
inherentes a la escala y 
Escala auxiliar de  superior en sus funciones propias.
  C2 carné, autorización o 
agentes de carreteras. Vigilar el estado de conservación y funcionamiento de los 
licencia que sean 
elementos que integran el dominio público viario.
necesarios para el 
Comprobar y verificar los medios materiales y personales, así 
manejo de vehículos.
como la ejecución de los trabajos y actuaciones vinculados a las 
tareas de conservación ordinaria y vialidad invernal que efectúen 
las empresas adjudicatarias de los contratos realizados para 
dichas funciones o de cualquier otro contrato relacionado con esta 
competencia que ejerza el órgano competente en materia de 
carreteras.
Vigilar las operaciones, trabajos, obras u otros usos realizados por 
terceros en el ámbito de protección de las carreteras.
Informar a las personas de las que dependa de cualquier anomalía 
o incumplimiento de la legislación o de una autorización, en su 
caso.
– Señalizar los accidentes de circulación que presencie, colaborar 
y comunicar su situación a los servicios de emergencia 
pertinentes, así como a las personas de las que dependa.
– Retirada de la calzada de aquellos elementos extraños de 
pequeño tamaño y que puedan ser un peligro para la seguridad 
vial o un impedimento para la circulación.
– Atender al cumplimiento de la normativa vigente, con especial 
Titulación que habilite 
atención a lo referente a la mejora de la seguridad vial, al medio 
para las funciones 
ambiente y a la seguridad y prevención de riesgos laborales, en lo 
inherentes a la escala y 
Escala auxiliar de  relacionado con la explotación de carreteras.
  C2 carné, autorización o 
agentes de carreteras. – Elaborar los partes de servicio, informes, croquis y demás 
licencia que sean 
documentos relacionados con sus funciones, mediante el empleo 
necesarios para el 
de los equipos ofimáticos y de las herramientas administrativas de 
manejo de vehículos.»
las que disponga.
– Conservar los medios materiales que se pongan a su disposición 
e informar al superior de cualquier anomalía o deterioro.
– Realizar las tareas administrativas que se deriven de sus 
funciones. e.e
– Cuantas otras funciones compatibles con su nivel y conocimiento  bo
le indique su superior. 15ww
Dieciocho. Se  modifican  los  cuadros  del  número  1  de  la  disposición  adicional 
novena  correspondientes  a  la  escala  de  ingenieros  para  la  creación  de  las 
especialidades de ingeniería química y aeronáutica, así como los cuadros relativos a la 
escala de ciencias, para la creación de las especialidades de matemáticas y física, 
añadiendo a la redacción existente el siguiente:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
Ingeniero químico o 
– Estudio, gestión, ejecución, propuesta e inspección de carácter 
máster en una titulación 
Ingeniería  facultativo superior, de acuerdo con la titulación exigida y con las 
Escala de ingenieros. A1 que habilite para el 
química. funciones concretas asignadas al desempeño del correspondiente 
ejercicio de la profesión 
puesto de trabajo.
de ingeniero químico.
Ingeniero aeronáutico o 
– Estudio, gestión, ejecución, propuesta e inspección de carácter  máster en una titulación 
Ingeniería  facultativo superior, de acuerdo con la titulación exigida y con las  que habilite para el 
  A1
aeronáutica. funciones concretas asignadas al desempeño del correspondiente  ejercicio de la profesión 
puesto de trabajo. de ingeniero 
aeronáutico.
– Estudio, gestión, ejecución, propuesta e inspección de carácter 
Licenciado o graduado 
facultativo superior, de acuerdo con la titulación exigida y con las 
Escala de ciencias. Matemáticas. A1 en una titulación de la 
funciones concretas asignadas al desempeño del correspondiente 
rama de ciencias.
puesto de trabajo.
– Estudio, gestión, ejecución, propuesta e inspección de carácter 
Licenciado o graduado 
facultativo superior, de acuerdo con la titulación exigida y con las 
  Física. A1 en una titulación de la 
funciones concretas asignadas al desempeño del correspondiente 
rama de ciencias.»
puesto de trabajo.
Diecinueve. Se modifica el cuadro del número 2 de la disposición adicional novena, 
correspondiente a la especialidad de educadores, perteneciente a la escala técnica de 
facultativos, con la finalidad de crear las especialidades de educador social y educador 
infantil, de tal forma que quedará como sigue:
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
– Maestro o graduado en 
una titulación que 
– Participación en el seguimiento y en la evaluación del proceso  habilite para el ejercicio 
recuperador o asistencial de las personas usuarias. de la profesión de 
– Relación con los familiares de las personas usuarias,  maestro en Educación 
proporcionándoles orientación y apoyo. Primaria o diplomado en 
– Coordinación de las actividades de la vida diaria de las personas  Educación Social, o 
usuarias. primer ciclo de la 
– Programación y participación en las áreas de ocio y tiempo libre. titulación de licenciado 
– Programación y ejecución de las actividades formativas de las  en Pedagogía, de la 
Escala de técnicos  Educador 
A2 personas usuarias que lo requieran en centros ocupacionales y  titulación de licenciado 
facultativos. social.
CAPD. en Psicología o de la 
– Participación, cuando fuesen requeridos, en el equipo  titulación de licenciado 
multidisciplinar para la realización de pruebas o valoraciones  en Psicopedagogía, o 
relacionadas con sus funciones. graduado en una  s
– Participación en las juntas y sesiones de trabajo en el centro. titulación de la rama de  e.
– En general, todas aquellas actividades no especificadas  ciencias sociales y  w.
anteriormente incluidas dentro de su profesión o preparación  jurídicas o de la rama de  15ww
técnica. ceiqeunicviaalse ndtee  laa  csuaalulqdu iera
de las anteriores.
«Denominación Especialidades Subgrupo Funciones Titulación
– La atención educativa directa a los niños y niñas del primer ciclo 
de educación infantil. Título de grado que 
– Elaborar y responsabilizarse de la propuesta pedagógica de los  habilite para el ejercicio 
centros que impartan el primer ciclo de educación infantil. de la profesión de 
Educador  – Participación en los equipos pedagógicos de los centros para  maestro de Educación 
  A2
infantil. garantizar la necesaria unidad de acción educativa. Infantil o título de 
– Proporcionar información periódica a las familias sobre el  maestro con la 
progreso del alumnado y mantener con ellas actividades periódicas  especialidad de 
para intercambiar información sobre el proceso de enseñanza/ Educación Infantil.»
aprendizaje de sus hijos e hijas.
Veinte. Se modifica el cuadro del número 3 de la disposición adicional novena, 
correspondiente a la especialidad de jardín de infancia, perteneciente a la escala de 
agentes  técnicos  facultativos,  de  tal  forma  que  la  citada  especialidad  pasa  a 
denominarse educación infantil.
Veintiuno. En el cuadro número 4 de la disposición adicional novena, en el apartado 
referido  al  cuerpo  de  ayudantes  de  carácter  facultativo,  en  la  escala  técnica  de 
mantenimiento y servicios, se modifica la titulación exigida en los siguientes términos: 
«Título técnico en la rama de Instalación y Mantenimiento o en la rama de Electricidad y 
Electrónica o en Mecánica y Electricidad del Automóvil».
Veintidós. En el cuadro del número 4 bis de la disposición adicional novena, en el 
apartado referido a la escala de guardias de recursos naturales, del subgrupo C2, se 
añade la siguiente función a desempeñar por el personal de esta escala.
«-Recogida y traslado de la fauna silvestre.»
Veintitrés. Se  añade  una  disposición  adicional  decimosexta,  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición adicional decimosexta. Medidas en materia de procesos selectivos.
A  aquellas  personas  que,  sin  tener  la  condición  de  empleado  público, 
participen en procesos selectivos para el acceso a la función pública y cometan 
alguna de las conductas reguladas en los artículos 185.1.p) y 186.1.y) de la 
presente  ley,  se  les  aplicará  lo  previsto  en  los  artículos  188.f)  y  189.f), 
respectivamente, y el procedimiento sancionador se tramitará de conformidad con 
las normas y garantías previstas en la normativa vigente.
Asimismo, la comisión de las conductas indicadas anteriormente determinará 
la exclusión del aspirante del proceso selectivo.»
Veinticuatro. Se modifica el número 3 de la disposición transitoria primera, que 
queda redactado como sigue:
«3. El personal laboral fijo de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia comprendido en el apartado primero de esta disposición 
podrá participar en un proceso selectivo de promoción interna que se convocará 
por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente a los procesos 
selectivos de libre concurrencia, en cada uno de los cuerpos o escalas de personal  s
funcionario de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia a  e.
los que figuren adscritas las funciones que realice o los puestos que desempeñe,  w.
siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos,  15ww
pvaelrosroánnadl oslaeb oar aels tfoijos  eyf elcatso sp cruoemboa sm éserilteoc tloivsa ss esrvuipceiorsa deafse cptivaoras  parcecsetdaedro sa  coemstao 
condEilc ipóenr.sonal laboral fijo que poseyese dicha condición en el momento de la  BOE-A-cable e
entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado
público, y adquiriese posteriormente otra categoría profesional como personal 
laboral  fijo  por  el  procedimiento  de  promoción  interna,  podrá  participar  en  el 
proceso  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  desde  esta  última  categoría 
profesional.»
Veinticinco. Se añade un número 6 a la disposición transitoria primera, que queda 
redactado como sigue:
«6. El personal laboral fijo que tenga reconocido el complemento personal de 
integración  regulado  en  las  disposiciones  transitorias  primera  y  segunda  del 
Decreto 129/2012, de 31 de mayo, por el que se regula el régimen aplicable a 
personal de entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico de 
Galicia que sean objeto de creación, adaptación o extinción, y que, antes de que 
dicho complemento haya sido absorbido, haya adquirido la condición de personal 
funcionario  de  carrera  a  consecuencia  de  haber  superado  el  proceso  de 
funcionarización,  mantendrá  ese  complemento  en  las  mismas  condiciones 
reguladas  en  el  citado  Decreto  129/2012,  integrándose  como  parte  del 
complemento  de  funcionarización  que,  en  su  caso,  pudiese  corresponderle 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 165/2019, de 26 de diciembre, por el que se 
establece  el  procedimiento  para  la  adquisición  de  la  condición  de  personal 
funcionario de carrera por el personal laboral fijo del Convenio colectivo único del 
personal laboral de la Xunta de Galicia, hasta el momento de su absorción.»
Veintiséis. Se modifica el número 2 de la disposición transitoria primera bis, que 
queda redactado como sigue:
«2. Con  la  finalidad  de  hacer  posible  el  cumplimiento  de  las  normas 
establecidas en esta ley en cuanto a los puestos que deben ser cubiertos por 
personal funcionario, los principios de organización, racionalización y ordenación 
del personal, así como para homogeneizar el régimen jurídico y condiciones de 
trabajo  aplicables  a  este,  con  el  fin  de  facilitar  una  eficaz  prestación  de  los 
servicios públicos, la Administración expedirá un nombramiento de naturaleza 
funcionarial interina, en el correspondiente cuerpo o escala de clasificación, al 
personal laboral temporal que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 
anterior,  ocupe  puestos  previstos  como  de  naturaleza  funcionarial  en  las 
relaciones  de  puestos  de  trabajo,  siempre  que  reúna  los  requisitos  para  la 
ocupación del puesto y haya sido seleccionado como laboral temporal según los 
procedimientos de acceso a la condición de laboral temporal establecidos por la 
normativa vigente.
Este nombramiento requerirá la aceptación del personal interesado y supondrá 
la novación de la relación jurídica existente con la Administración, sin solución de 
continuidad en la prestación de los servicios, y la transformación de aquella en un 
vínculo jurídico de naturaleza funcionarial interina, regido por la presente ley. De 
existir diferencia de retribuciones, esta se hará efectiva de conformidad con lo 
dispuesto en la presente ley.»
Veintisiete. Se modifica el número 1 de la disposición transitoria tercera, que queda 
redactado como sigue:
«1. Mientras  no  se  desarrolle  reglamentariamente  el  régimen  jurídico  e
específico del personal directivo profesional funcionario de carrera conforme a las  bo
previsiones del capítulo II del título III, en la Administración general tendrán la  15ww
scuobndsiidreecrcaicoinóens  gdeen erpauleess,t olass  sdeircerecttiavroíass  tlearsr itorviiacleesse yc relatsa ríjeafsa tugraesn eterarrleitos,r ialelass. 
Eaunt oneól máimcob, ittoe nddreá n lalas  coennstiiddaedraecsi ónp údbeli cpause sitnosst rduimreecntivtaolse slo sd eelq usiveaclteonr tepsú ab lilcoos 
indicados  anteriormente  para  la  Administración  general  de  la  Comunidad 
Autónoma que figuren en los instrumentos de ordenación del personal.»
Veintiocho. Se modifica la letra f) del número 1 de la disposición transitoria octava, 
que queda redactada como sigue:
«f) El personal funcionario de nuevo ingreso y el personal que haya adquirido 
la  condición  de  personal  funcionario  de  carrera  al  amparo  de  la  disposición 
transitoria primera de la presente ley y la normativa de desarrollo de la misma 
comenzará a consolidar el grado correspondiente al nivel básico de su cuerpo o 
escala,  con  independencia  del  nivel  del  puesto  de  trabajo  que  pase  a 
desempeñar.»
Veintinueve. Se modifica el número 3 de la disposición transitoria octava, que 
queda redactado como sigue:
«3. La norma reglamentaria que desarrolle el sistema de carrera horizontal 
del personal funcionario establecerá las equivalencias entre los actuales grados 
personales y las nuevas categorías profesionales y grados de ascenso, de forma 
que el personal afectado se incorpore al sistema de carrera horizontal con pleno 
reconocimiento  de  la  progresión  profesional  ya  alcanzada.  En  todo  caso,  se 
garantizará al personal afectado el nivel retributivo con que cuente en el momento 
de implantación del nuevo sistema.»
Treinta. Se modifica el número 4 de la disposición transitoria octava, que queda 
redactado como sigue:
«4. Sin perjuicio de lo establecido en el número 3 de esta disposición y en 
tanto no se implante el sistema de carrera profesional establecido en el artículo 77, 
se podrá establecer un sistema transitorio de reconocimiento de la progresión en 
la carrera administrativa, complementario al del grado personal previsto en esta 
disposición, que permita al personal funcionario de la Administración de la Xunta 
de Galicia progresar de forma voluntaria e individualizada y que promueva su 
actualización y el perfeccionamiento de su cualificación profesional.
En el reglamento que desarrolle este sistema transitorio podrán fijarse los 
grados y requisitos para su reconocimiento y ascensos, así como la evaluación 
necesaria de la trayectoria y actuación profesional, en la que se tendrán en cuenta 
los  conocimientos  adquiridos,  la  formación,  la  experiencia  y  otros  méritos  y 
aptitudes que se establezcan.
El personal funcionario que quede encuadrado en este sistema podrá percibir, 
de  acuerdo  con  lo  que  se  establezca  reglamentariamente,  una  retribución 
adicional al complemento de destino, según el grupo o subgrupo profesional de 
pertenencia, que remunere la progresión profesional alcanzada.
Esta retribución adicional se percibirá en todo caso en la situación de servicio 
activo en el correspondiente cuerpo o escala o durante el desempeño de puestos 
o cargos en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia y las entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia 
enunciadas  en  el  artículo  45  de  la  Ley  16/2010,  de  17  de  diciembre,  de 
organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público 
autonómico de Galicia, o en los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma  e
relacionados  en  la  disposición  adicional  primera  de  la  presente  ley.  También  bo
percibirán este complemento los liberados sindicales. 15ww
servEicl iopse ressopneacl iafulensc iopnoar rioe l ddee sceamrrpeerañ oq udee  speu eesntocsu enot rec aregno sl a ensi tueal ciáómn bditeo 
dcaerligmoi taqduoe e nd eesl epmárpreañfoe ,a nutenraio rc puearnctiíbai ráe, qdueivnatrloe ndtee  laas  rleat ricbourcrieosnpeosn ddeiel npteu esat o lao 
retribución adicional que le sería de aplicación de acuerdo con esta disposición.
Cuando se implante el sistema de carrera profesional previsto en el artículo 77, 
se tendrá en cuenta el desarrollo profesional alcanzado y consolidado de acuerdo 
con lo establecido en esta disposición.»
Treinta y uno. Se añade un número 5 a la disposición final quinta, con la siguiente 
redacción:
«5. Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario de las diferentes 
escalas  del  grupo  B,  el  personal  de  nuevo  ingreso  y  el  personal  que  haya 
adquirido  la  condición  de  personal  funcionario  de  carrera  al  amparo  de  la 
disposición transitoria primera de la presente ley y de la normativa de desarrollo de 
ella,  de  la  escala  técnica  y  de  la  escala  técnica  operativa  del  Servicio  de 
Prevención  y  Defensa  contra  Incendios  Forestales,  quedará  integrado  en  el 
subgrupo C1 y mantendrá la actual denominación de bombero forestal jefe de 
brigada.
Este  personal  continuará  desarrollando  las  funciones  de  la  categoría 
profesional de procedencia.»
Treinta y dos. Se añade un número 6 a la disposición final quinta, que queda 
redactado como sigue:
«Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario de las diferentes escalas 
del grupo B, el personal de nuevo ingreso y el personal que haya adquirido la 
condición de personal funcionario de carrera al amparo de la disposición transitoria 
primera de esta ley y su normativa de desarrollo, en la escala de agentes técnicos 
facultativos, en la especialidad de animación sociocultural (grupo B), mantendrá la 
actual denominación y quedará integrado en el subgrupo C1.
Este  personal  continuará  desarrollando  las  funciones  de  la  categoría 
profesional de procedencia.»
CAPÍTULO II
Medio ambiente y territorio
Artículo 7. Modificación de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica la letra d) del número 1 del artículo 35, que queda redactada 
como sigue:
«d) Campamentos  de  turismo  con  las  obras,  servicios  e  instalaciones 
previstas  en  la  normativa  vigente  en  materia  de  turismo,  así  como  zonas 
especiales de acogida para autocaravanas y caravanas en tránsito, conforme a lo 
establecido en dicha normativa; y las instalaciones de playa y actividades de 
carácter  deportivo,  sociocultural,  recreativo  y  de  baño,  de  carácter  público  o 
privado, de uso individual o colectivo, que se desarrollen al aire libre, con las obras 
e instalaciones imprescindibles para el uso del que se trate.»
Dos. Se modifica el número 5 del artículo 42, que queda redactado como sigue:
«5. El ayuntamiento en pleno, por mayoría absoluta y sin necesidad de  bo
seguir el procedimiento de modificación del plan, podrá acordar el cambio de uso  15ww
dddcaeeoss taotliocn, iseod  netaaeb lr eirnperácúnr boeglsmiac orerae nndsttaieiszrrt avinlarastdsoeo ,  zseso ilne pamcausrpa mrv epee lriqqmduueiieesp n osytsoe    loomds ea d enolosttepasn acgeicoaison tsáela ns l ditbpiatruúreelbsasl ri cipdraúeasbcd lo ipcgpooiúdsrb o. losiEc tarneo  n ot ou ldsoseoos     OE-A-2022-34able en https://
números 1 y 2 del artículo 42.
A efectos de lo dispuesto en este número, se entenderá que tienen también la 
condición de equipos o dotaciones públicas los que sean de titularidad pública, 
aunque no figuren en el planeamiento urbanístico con tal condición.»
Tres. Se modifica el número 3 del artículo 70, que queda redactado como sigue:
«3. Asimismo, en los ayuntamientos sin planeamiento general o que cuenten 
con plan básico municipal, podrán formularse planes especiales que tengan por 
objeto crear suelo urbano con destino a usos industriales o terciarios, a equipos 
públicos o la construcción de viviendas de promoción pública.
A efectos del apartado anterior, deberán aplicarse los límites de sostenibilidad 
previstos  en  el  artículo  41.3  para  los  usos  industriales  y  terciarios  y  en  el 
artículo 41.2 para los usos residenciales, y, en todo caso, las reservas previstas en 
el artículo 42.2.»
Cuatro. Se modifica el número 3 del artículo 143, que queda redactado como sigue:
«3. A las solicitudes de licencias que se refieran a la ejecución de obras o 
instalaciones  deberá  aportarse  proyecto  básico  redactado  por  un  técnico 
competente, en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente.
Una vez presentado ante el ayuntamiento, el proyecto adquiere el carácter de 
documento público, y su autor responde de la exactitud y veracidad de los datos 
técnicos consignados en el mismo.»
Artículo 8. Modificación de la Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la 
biodiversidad de Galicia.
La Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, 
queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el número 1 del artículo 38, que queda redactado como sigue:
«1. Corresponde a la consejería competente en materia de conservación del 
patrimonio  natural  la  tramitación  de  los  procedimientos  de  declaración  de  un 
espacio natural protegido de ámbito autonómico.
La  Administración  autonómica  podrá  promover  ante  los  organismos  que 
corresponda  la  declaración  de  otras  figuras  de  protección  de  ámbito 
supraautonómico.»
Dos. Se añade un número 3 al artículo 60, con la siguiente redacción:
«3. En el supuesto del espacio protegido Red Natura 2000, el contenido 
mínimo del plan de gestión será el siguiente:
a) Delimitación del ámbito territorial.
b) Caracterización socioeconómica.
c) Diagnóstico de los elementos de la biodiversidad.
d) Identificación de las prioridades de conservación.
e) Objetivos de conservación del lugar.
f) Medidas de conservación.
g) Zonificación, en caso de considerarse necesaria. es
h) Sistema de seguimiento del lugar. o
i) Valoración económica. 15www.
j) Evaluación e indicadores de gestión.»
Tres. Se modifica el artículo 68, que queda redactado como sigue:
«Artículo 68. Regulación de los usos y actividades.
1. A los efectos de la presente ley, los correspondientes instrumentos de 
planificación de los espacios naturales protegidos clasificarán los posibles usos y 
actividades  a  desarrollar  en  el  correspondiente  espacio  como  permitidos, 
autorizables  o  prohibidos,  en  función  de  su  incidencia  sobre  los  valores  que 
motivaron su declaración.
2. En caso de que se pretendan desarrollar, en el ámbito de un espacio 
natural protegido, usos o actividades que no estén previstos en el correspondiente 
instrumento  de  planificación,  se  aplicarán  los  criterios  establecidos  en  los 
artículos 69 a 71, ambos incluidos, para determinar el régimen jurídico aplicable. 
En particular, la consejería competente en materia de patrimonio natural, previa 
comunicación por parte de la persona interesada, determinará si, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos indicados, dichos usos o actividades resultan 
compatibles o no compatibles con los objetivos de la declaración del espacio 
natural  protegido  o  si  deben  someterse  a  un  régimen  de  intervención 
administrativa con el fin de evitar posibles efectos apreciables a la conservación 
de los valores relevantes del espacio natural protegido.
Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de la necesidad de 
revisión del instrumento de planificación con el objeto de recoger en él dichos usos 
y actividades, clasificándolos como permitidos, autorizables o prohibidos.»
Cuatro. Se añade un número 3 a la disposición adicional sexta, con la siguiente 
redacción:
«3. Tendrá la consideración de uso o actividad autorizable en la zona 1 de 
una zona especial de conservación o de una zona de especial protección para las 
aves de la Red Natura 2000 la construcción de muros de contención y el cierre o 
vallado  de  terrenos  guardando  las  distancias  con  las  vías  públicas  que 
reglamentariamente se establezcan en la legislación o en la planificación sectorial 
vigente. Los cierres y vallados serán preferentemente vegetales, con especies 
autóctonas, incluyendo también los hechos de madera o estacas de madera y 
alambre o empleando el pastor eléctrico, sin que los realizados con material opaco 
de fábrica superen la altura de 1 metro, salvo en parcelas edificadas, donde 
podrán alcanzar 1,50 metros. En los cierres y vallados deberán emplearse, de 
forma  preferente,  los  materiales  tradicionales  del  medio  rural  en  el  que  se 
emplacen,  sin  que  se  permita  el  empleo  de  bloques  de  hormigón  u  otros 
materiales de fábrica, salvo que sean debidamente revestidos y pintados en la 
forma que reglamentariamente se determine. Además, dichos muros se realizarán 
de modo que permitan la permeabilidad de los hábitats y el flujo o circulación de 
las especies de interés para la conservación, y que no favorezcan, por lo tanto, la 
fragmentación de los ecosistemas ni el aislamiento de las poblaciones, colocando 
los dispositivos necesarios para que cumplan dicha función.
Cuando los cierres destinados a la protección del ganado o de los cultivos 
agrícolas frente a especies de fauna silvestre empleen mallas metálicas, estas 
tendrán una altura máxima de 2 metros, con una separación mínima entre los dos 
alambres horizontales más bajos de 15 centímetros.» es
Artículo 9.  Modificación del Decreto 238/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
aprueban las Directrices de paisaje.
El Decreto 238/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices de 
paisaje, queda modificado como sigue:
Uno. Se añade una disposición adicional, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional. Planes, proyectos o programas competencia del Estado.
Se excluye la aplicación de las Directrices del paisaje a los planes, proyectos o 
programas que sean competencia del Estado, en tanto las mismas directrices no 
sean compatibles con la normativa estatal de aplicación.»
Dos. Se modifica la disposición transitoria única, que queda redactada como sigue:
«Disposición  transitoria  única. Incorporación  de  las  Directrices  de  paisaje  a 
planes y proyectos.
La incorporación de las Directrices de paisaje a planes y proyectos se regirá 
por las siguientes reglas:
a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico en tramitación que, en el 
momento  de  la  entrada  en  vigor  de  estas  directrices,  hubiesen  alcanzado  la 
aprobación inicial, no tendrán que adaptarse a ellas.
b) Los instrumentos de ordenación del territorio que, en el momento de la 
entrada en vigor de estas directrices, hubiesen alcanzado el informe ambiental 
estratégico  o,  en  su  caso,  hubiesen  formulado  el  documento  de  alcance  del 
estudio ambiental estratégico, no tendrán que adaptarse a ellas.
c) Los proyectos en tramitación que, en el momento de la entrada en vigor de 
estas  directrices,  hubiesen  alcanzado  el  informe  de  impacto  ambiental  o  se 
hubiese  acordado  su  sometimiento  a  información  pública,  no  tendrán  que 
incorporar las determinaciones de las Directrices de paisaje.»
Artículo 10. Modificación de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio 
de Galicia.
La  Ley  1/2021,  de  8  de  enero,  de  ordenación  del  territorio  de  Galicia,  queda 
modificada como sigue:
Uno. Se modifica la letra b) del número 1 del artículo 44, que queda redactada 
como sigue:
«b) Identificación de la localización de las actuaciones objeto del proyecto, de 
acuerdo con la delimitación establecida en el correspondiente plan sectorial, en su 
caso, o delimitación del ámbito en el caso de un proyecto de interés autonómico 
no  previsto,  y  descripción  de  los  terrenos  en  él  comprendidos  y  de  sus 
características, usos del suelo y aprovechamientos existentes y previstos para su 
adecuado funcionamiento.
En el caso de proyectos de interés autonómico previstos en un plan sectorial, 
el proyecto podrá, justificadamente, reajustar el ámbito delimitado por el plan,  e
siempre que no suponga una alteración superior al 10 % del mismo, incluso  bo
cuando el reajuste afecte a la clasificación urbanística del suelo, salvo que en el  15ww
adpfereo cpatipaord opablsaa.n»c isóenc tdoerila pl rsoey eecxtiom ad edbee traál  dlimaristaec iaóund. iEennc tioad ao  claass op,e ersno enla psr opcroepdiiemtaierniatos   OE-A-2022-34able en https://
Dos. Se modifica la disposición transitoria primera, que queda redactada como sigue: Bc
«Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación del territorio 
en los que se haya formulado el informe ambiental estratégico o, en su caso, el 
documento de alcance, antes de la entrada en vigor de esta ley, podrán continuar 
su  tramitación  hasta  su  aprobación  definitiva,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 
Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia, y en el 
Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos 
sectoriales de incidencia supramunicipal.»
Artículo  11. Modificación  de  la  Ley  9/2021,  de  25  de  febrero,  de  simplificación 
administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia.
La Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la 
reactivación económica de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica la letra b) del artículo 35, que queda redactada como sigue:
«b) Para la elaboración del estudio ambiental estratégico, la realización de la 
información  pública  y  las  consultas,  desde  la  notificación  al  promotor  del 
documento de alcance, no resultará aplicable el plazo previsto en el artículo 17.3 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, pudiendo remitirse al órgano ambiental el 
expediente completo de evaluación ambiental estratégica para la formulación de la 
declaración ambiental estratégica siempre que no hayan transcurrido más de 
cuatro años desde la notificación al promotor del documento de alcance o el plazo 
que se pueda establecer por ley para determinados planes o programas. En todo 
caso, el órgano ambiental podrá acordar una prórroga de dicho plazo, que no 
exceda de la mitad del mismo, previa solicitud formulada por el promotor.
Este  plazo  no  será  de  aplicación  en  la  tramitación  de  instrumentos  de 
planeamiento urbanístico. En este caso, podrá remitirse al órgano ambiental el 
expediente  completo  de  evaluación  ambiental  estratégica  siempre  que  se 
hubiesen  realizado  los  trámites  anteriores  en  tiempo  y  forma  conforme  a  lo 
dispuesto en la legislación sectorial aplicable.»
Dos. Se  modifica  el  número  2  de  la  disposición  transitoria  cuarta,  que  queda 
redactado como sigue:
«2. En los procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria de 
competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia en tramitación en la fecha de 
entrada en vigor de esta ley, al amparo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, se aplicará el plazo establecido en el artículo 35.1.b) para la 
remisión al órgano ambiental del expediente completo de evaluación ambiental 
estratégica, desde la notificación al promotor del documento de alcance.»
Artículo 12. Modificación de la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos 
contaminados de Galicia.
La Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia, 
queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica la letra c) del número 1 del artículo 3, que queda redactada como  e.
sigue: w.b
peso« cd)e  lLoas  reelismidinuaocsi ómnu ennic ivpearlteesd egreon eerna deol sa,ñ toa l 2c0o3m5o d ees utanb lmecáex ilma oD direelc t1iv0a  %(U eEn) 
2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.»
Dos. Se modifica la letra f) del número 2 del artículo 3, que queda redactada como 
sigue:
«f) Para los biorresiduos, los ayuntamientos deberán instaurar antes del 31 
de diciembre de 2023 bien la separación y el reciclaje en origen o bien la recogida 
de forma separada, sin mezclarse con otros tipos de residuos.»
Tres. Se modifica la letra f) del número 1 del artículo 5, que queda redactada como 
sigue:
«f) Las materias fecales no incluidas en la letra b) del número 2 de este 
artículo,  la  paja  y  los  demás  materiales  naturales  no  peligrosos,  agrícolas  o 
silvícolas no peligrosos, utilizados en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la 
silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante 
procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el 
medio ambiente.»
Cuatro. Se modifica el número 4 del artículo 32, que queda redactado como sigue:
«4. La  autorización  prevista  en  el  número  1  de  este  artículo  para  las 
instalaciones de tratamiento de residuos quedará integrada, cuando proceda, en la 
autorización  ambiental  integrada  concedida  conforme  al  Real  decreto 
legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y incluirá los 
requisitos recogidos en este artículo, tal y como establece el artículo 22.1.g) del 
Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. El órgano competente para 
emitir  la  autorización  incorporará  la  información  pertinente  en  el  Registro  de 
Producción  y  Gestión  de  Residuos  en  los  términos  del  artículo  39  de  la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.»
Cinco. Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue:
«1. Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  normativa  aplicable  de  carácter 
sectorial, deberán presentar una comunicación previa al inicio de su actividad, 
ante el órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
competente en materia de residuos, las entidades o empresas con sede social en 
Galicia que realicen alguna de las siguientes actividades:
a) Recogida de residuos sin una instalación asociada.
b) El transporte de residuos con carácter profesional.
c) Los negociantes y agentes de residuos.
d) Sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor.
2. Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  normativa  aplicable  de  carácter 
sectorial, las entidades o empresas con instalaciones ubicadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma también deberán comunicar, con anterioridad al inicio de su 
actividad, la instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de estas 
instalaciones al órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma 
de Galicia competente en materia de residuos, cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos:
a) Produzcan residuos peligrosos o más de 1.000 toneladas de residuos no  bo
peligrosos. 15ww
dmea teecbs)r)t i aa  LlPdelereyo .vrdeeusnzi dcaua oncs sa.ubbop rpordouycetcotso,s d ed ec oinnfvoersmtiigdaacdi ócno,n  dloe sdaisrrpoulleos teo  einnn eolv aarctiíócnu loe n8   OE-A-2022-34able en https://
d) Tengan el carácter de plataformas logísticas de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.
e) Realicen operaciones de gestión de tierras limpias de conformidad con lo 
establecido  en  la  Orden  APM/1007/2017,  de  10  de  octubre,  sobre  normas 
generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas de aquellas en las que se generaron.
f) Realicen actividades de compostaje comunitario de biorresiduos.
g) Realicen  actividades  que  estén  exentas  de  autorización  según  lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
3. Quedan exentas de presentar comunicación aquellas empresas que hayan 
obtenido autorización para el tratamiento de residuos y que, como consecuencia 
de su actividad, generen residuos. En estos casos, y para los residuos producidos 
como  consecuencia  del  mantenimiento  de  las  instalaciones,  las  inscripciones 
serán realizadas de oficio por el órgano competente para otorgar la autorización.
4. Las inscripciones en el Registro de Productores y Gestores de Residuos 
se realizarán por instalación, y solamente serán tenidos en cuenta, a los citados 
efectos, los residuos producidos en dicha instalación.»
CAPÍTULO III
Medio rural
Artículo 13. Modificación de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en 
mano común.
La Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, queda 
modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 20, que queda redactado como sigue:
«Artículo 20. Inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de vecinos.
1. En  situaciones  jurídicas  de  pendencia  por  inexistencia,  extinción  o 
desaparición de la comunidad de vecinos titular del monte y hasta que, en su 
caso, se reconstituya la comunidad, la defensa de sus intereses y la gestión 
cautelar del monte corresponderán a la consejería competente en materia de 
montes, que actuará como titular provisional del aprovechamiento del monte en 
beneficio de la comunidad y ofrecerá esa titularidad provisional al ayuntamiento 
donde se encuentre el monte.
2. En caso de que el monte se encuentre situado en el territorio de más de 
un ayuntamiento, la consejería competente en materia de montes ofrecerá la 
gestión cautelar a aquel ayuntamiento en que se sitúe su mayor superficie, y si 
este ayuntamiento renunciase se la ofrecerá a los restantes en orden según mayor 
superficie de monte tengan en su ayuntamiento.
3. Se considera que una comunidad de vecinos se encuentra en situación de 
pendencia por inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de vecinos 
cuando concurra algún incumplimiento de las exigencias de organización de las 
comunidades previstas en el título IV del Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de montes vecinales en mano común, o  e.
normativa que lo sustituya. w.
Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de  15ww
emxotinntceisó nla o c doemspaeptaernicciióan  pdaera l ad ecoclmaruanri dlaa ds idtuea cvieócni ndoes , pae npdroepnucieas tpao dr ein leax ipsetersnocniaa, 
qtituuielanr  tdeen dlraá  dlair ceocmciópne tegnecniear paal rqau lea  itneincigaac iólans  daetlr pibruoccieodniemsi eennto .la misma materia,  BOE-A-cable e
4. La  gestión  cautelar  se  efectuará  de  acuerdo  con  el  desarrollo 
reglamentario e implicará, en caso de que sea efectuada por el órgano forestal, la 
obligación de aprobación de un instrumento de ordenación, y, en caso de que sea 
efectuada por el ayuntamiento, la suscripción de un contrato de gestión pública 
con el órgano forestal o bien la elaboración de un instrumento de ordenación o 
gestión forestal.»
Dos. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:
«Artículo 27. Gestión cautelar.
1. En los casos de inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de 
vecinos, la dirección general competente en materia de montes comunicará la 
citada inexistencia, extinción o desaparición al ayuntamiento donde radique el 
monte,  o,  si  el  monte  se  encuentra  situado  en  el  territorio  de  más  de  un 
ayuntamiento,  se  la  comunicará  al  ayuntamiento  en  que  se  sitúe  la  mayor 
superficie  del  monte.  En  esta  comunicación  la  dirección  general  ofrecerá  su 
gestión cautelar a dicho ayuntamiento y le concederá un plazo de 3 meses para 
aceptarla o renunciar a ella. Si el ayuntamiento renuncia a la gestión cautelar o no 
contesta dentro del plazo concedido, el monte será gestionado cautelarmente por 
la consejería competente en materia de montes hasta que se reconstituya la 
comunidad y se cumplan los requisitos para el reinicio de la actividad previstos en 
el punto 4 de este artículo.
2. Asimismo, pasarán a ser gestionados por la consejería competente en 
materia de montes a través del órgano forestal:
a) Aquellos montes respecto de los cuales la entidad gestora del Banco de 
Tierras de Galicia informe a la consejería de que no existe iniciativa del sector 
privado, sea agroganadera o forestal, para efectuar la gestión.
b) Aquellos montes respecto de los cuales la entidad gestora del Banco de 
Tierras de Galicia emita un informe técnico en que justifique qué razones de índole 
técnica, agronómica o forestal limitan o impiden la aptitud de la finca para su 
arrendamiento en los destinos y actividades previstos en la Ley 11/2021, de 14 de 
mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, de acuerdo con lo previsto 
en su artículo 50.e).
3. La consejería competente en materia de montes podrá ejercitar la gestión 
cautelar prevista en este artículo mediante sus propios órganos o mediante su 
encargo a entidades instrumentales del sector público autonómico.
4. Para  el  ejercicio  de  la  gestión  cautelar  la  consejería  competente  en 
materia de montes, mientras no elabore y apruebe el proyecto de ordenación 
forestal, gestionará el monte de acuerdo con los modelos silvícolas o de gestión 
forestal que mejor se ajusten a las características del monte. Todos los gastos 
derivados de la gestión cautelar del monte se incorporarán a la contabilidad del 
monte.
5. Para  el  reinicio  de  la  actividad  de  la  comunidad  vecinal  extinguida  o 
desaparecida se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) La presentación de la solicitud por parte de una junta provisional del monte 
vecinal. e.
b) La acreditación de la existencia de una comunidad vecinal formada por  w.b
comuneros de pleno derecho y elección de una junta provisional conforme a lo  15ww
dispcu)e stEol  ecno emsptaro lmeyis roe snpoetcatroia dl ed leo sl aó rgjuanntoas  pdreo vlaissi ocnoaml udneid aadseusn cvieócni ndaelel se.stado
clao ndteaubdlea  deexli smteonntete, ,y q luae a ismupnlcicióanrá d eell  rinesctorunmoceimntioe ndteo  oy,r deenn asuci ócna soo ,g edsetvióonlu cfoiórens dtael 
vigente.
d) En  caso  de  que,  como  consecuencia  de  la  inexistencia,  extinción  o 
desaparición de la comunidad vecinal, el Banco de Tierras de Galicia haya cedido 
o arrendado con anterioridad el uso y aprovechamiento de los montes a otra 
persona o entidad beneficiaria, el reinicio de la actividad solicitada por la junta 
provisional no será posible hasta el final de la cesión o arrendamiento realizado 
por el Banco de Tierras de Galicia, salvo que exista acuerdo entre las partes.
Una vez cumplidos los requisitos previstos en este punto 5, la devolución 
efectiva del monte vecinal a la comunidad quedará condicionada a la constitución 
de la junta rectora, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación.»
Tres. Se modifica el artículo 28, que queda redactado como sigue:
«Artículo 28. Montes vecinales en estado de grave abandono o degradación.
1. Se  entenderá  por  monte  vecinal  en  estado  de  grave  abandono  o 
degradación aquel que, de modo manifiesto, haya sufrido un grave deterioro 
ecológico, no sea explotado de acuerdo con sus recursos o sufra una extracción 
abusiva de ellos.
2. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia 
de montes la competencia para declarar por razones de utilidad pública e interés 
general el estado de grave abandono o degradación, a propuesta de la persona 
titular de la dirección general que tenga las atribuciones en la misma materia, 
quien tendrá asimismo la competencia para iniciar el procedimiento.
En  la  elaboración  de  la  propuesta  de  declaración  del  estado  de  grave 
abandono o degradación del monte se tendrá en cuenta el informe emitido por los 
servicios técnicos de la consejería respecto de la determinación del estado de 
grave abandono o degradación de los montes. En dicho informe se considerarán, 
entre otros aspectos, los siguientes:
a) El grado de aprovechamiento de la extensión superficial.
b) El grado de manifiesto desuso.
c) El  grado  de  acomodación  a  los  aprovechamientos  establecidos  en 
instrumentos de ordenación o gestión forestal, en su caso, independientemente de 
que se refiera a aprovechamientos madereros, de pastos u otros.
d) El carácter depredador producido sobre el monte.
e) El peligro manifiesto de degradación de las tierras.
f) El reiterado incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en 
la normativa vigente.
Una  vez  emitido  el  informe  y  con  carácter  previo  a  la  elaboración  de  la 
propuesta, se dará audiencia a la comunidad vecinal a los efectos previstos en el 
artículo siguiente.
3. Durante  la  tramitación  del  procedimiento  podrán  adoptarse  medidas 
provisionales relativas a la limpieza, mantenimiento y gestión de biomasa y, en su 
caso,  retirada  de  especies  arbóreas,  en  los  términos  establecidos  en  la 
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales 
de Galicia, o norma que la sustituya, así como otras medidas provisionales o 
cautelares previstas en la normativa de aplicación.
El coste de estas medidas se repercutirá a la comunidad vecinal o, en su caso,  e.
a la administración a la que corresponda la gestión cautelar del monte vecinal. w.b
4. En el caso de inexistencia, extinción o desaparición de la comunidad de  15ww
lvaesc pinroesv,i snioon sees  acpolnicteamráp lloa ddaissp eune slotos  aernt ílcousl opsu 2n0to ys  2a7n tdeeri oersetsa  dleey .e»ste artículo, sino
Cuatro. Se modifica el artículo 29, que queda redactado como sigue:
«Artículo  29. Declaración  del  monte  en  estado  de  grave  abandono  o 
degradación.
El procedimiento para la declaración de un monte vecinal en estado de grave 
abandono o degradación, iniciado por la dirección general competente en materia 
de montes de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, se desarrollará 
conforme a los siguientes trámites:
a) Una vez emitido el informe a que se refiere el apartado 2 del artículo 28, la 
consejería, conjuntamente con el trámite de audiencia, requerirá a la comunidad 
de vecinos para que presente un instrumento de ordenación o gestión forestal en 
el que exprese el plazo para su ejecución o bien opte por alguna de las siguientes 
alternativas:
1.º Presentación de la documentación acreditativa de haber suscrito un acto 
de disposición voluntario en favor de terceros de los previstos en el título I de esta 
ley o en el Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de montes vecinales en mano común.
2.º Solicitud de la incorporación voluntaria del monte al Banco de Tierras de 
Galicia.
b) Requerida la comunidad, y en el marco del trámite de audiencia, esta 
tendrá un plazo de tres meses, prorrogable por otros tres, para atender dicho 
requerimiento y presentar la documentación correspondiente a los efectos del 
apartado anterior.
c) En caso de que la comunidad presente un instrumento de ordenación o 
gestión  forestal  y  que  este  sea  aprobado  por  la  consejería,  se  incluirá  esta 
circunstancia de oficio en el Registro de Montes Ordenados y se declarará la 
finalización  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de  control  del 
cumplimiento de dicho instrumento.
De verificarse el incumplimiento de dicho instrumento, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 83 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, y, en caso 
de  que  subsistan  las  condiciones  para  la  declaración  de  grave  abandono  o 
degradación, se dictará una resolución sin más trámite, declarando el monte en 
estado de grave abandono o degradación.
d) En caso de que la comunidad no haya presentado el instrumento o de que 
no haya sido aprobado el presentado por no ajustarse a los objetivos previstos 
para conseguir la gestión y mejora integral del monte y que la comunidad tampoco 
haya optado por la alternativa de presentación de la documentación acreditativa 
de haber suscrito un acto de disposición voluntario en favor de terceros prevista en 
el  apartado  a).1.º  de  este  artículo,  la  persona  titular  de  la  dirección  general 
competente en materia de montes elevará a la persona titular de su consejería la 
propuesta para que el monte sea declarado en estado de grave abandono o 
degradación y se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 30 de esta ley.
e) En caso de que la comunidad haya optado por la alternativa de presentar 
la documentación acreditativa de haber suscrito un acto de disposición voluntario 
en favor de terceros prevista en el artículo 29.a)1.º, se declarará la finalización del  s
procedimiento por esta circunstancia. oe.
f) En caso de que la comunidad haya optado por la alternativa de solicitar la  w.
incorporación voluntaria del monte al Banco de Tierras, la persona titular de la  15ww
dsuir eccocniósne jgeerínae lraa lp croompupeesttean tpea eran  qmuaet eerli am doen mteo sneteas d eelcelvaararád oa  elan p eesrstaodnoa  dtietu lgarra dvee 
adbea ensdtao nleoy .o» degradación y se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 30  BOE-A-cable e
Cinco. Se modifica el artículo 30, que queda redactado como sigue:
«Artículo 30. Incorporación al Banco de Tierras de Galicia.
1. Cuando se declare un monte vecinal en estado de grave abandono o 
degradación, la dirección general competente en materia de montes acordará la 
remisión de dicha declaración al Banco de Tierras de Galicia, con el fin de que la 
entidad gestora de este pueda ceder su uso y aprovechamiento en los términos 
previstos por la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria 
de Galicia, o norma que la sustituya.
La declaración de monte vecinal en estado de grave abandono o degradación 
sustituirá la declaración como finca abandonada regulada en la Ley 11/2021, de 14 
de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, o norma que la sustituya.
2. En la cesión del uso y aprovechamiento de los montes vecinales podrá 
darse prioridad de acceso a la condición de cesionario a las agrupaciones en las 
que  participen  personas  comuneras  del  monte  vecinal  afectado  o  a  otras 
comunidades de montes vecinales que tengan acreditada la adecuada gestión de 
sus montes y estén registradas en el Registro de Silvicultores Activos. Podrá 
complementarse dicha prioridad con los criterios de selección previstos para los 
polígonos agroforestales de interés público regulados en la Ley 11/2021, de 14 de 
mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia. En cualquiera caso, la 
cesión del uso y aprovechamiento de los montes vecinales en estado de grave 
abandono o degradación requerirá la previa presentación por la persona solicitante 
ante  la  consejería  competente  en  materia  de  montes  de  un  instrumento  de 
ordenación o gestión forestal para su aprobación. La cesión no podrá formalizarse 
sin que conste la aprobación de este instrumento.
3. Formalizada  la  cesión  del  uso  y  aprovechamiento  del  monte, 
corresponderá a la comunidad de vecinos la percepción de la contraprestación 
económica que se prevea en el instrumento de cesión del uso, que será abonada 
por la persona beneficiaria de la cesión, descontados, en su caso, los gastos de 
gestión realizados por la entidad gestora del Banco de Tierras de Galicia. De no 
existir  comunidad  de  vecinos,  percibirá  la  contraprestación  la  Administración 
forestal, que la destinará al fondo de mejoras regulado en el artículo 124 de la 
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.
4. La cesión del uso y aprovechamiento de los montes vecinales en estado 
de grave abandono o degradación no podrá superar el plazo de 50 años.
5. La recuperación, por parte de una comunidad vecinal existente o que 
reinicie su actividad, de la gestión de un monte vecinal declarado en estado de 
grave abandono o degradación no podrá tener lugar hasta la finalización del 
período de cesión, arrendamiento o, en su caso, terminación del contrato temporal 
de gestión pública que afecte a dicho monte vecinal y se cumplan las condiciones 
exigidas  en  la  normativa  de  aplicación,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
disposición final tercera de esta ley.»
Seis. Se añade una disposición final tercera, con la siguiente redacción:
«Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo normativo.
Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de  es
montes para concretar mediante orden los extremos determinantes del estado de  o
grave abandono o degradación de los montes regulados en el artículo 28.2 de esta  15www.
laerytí,c ualsoí  3c0o.m5 od ep easrtaa  cleoyn.»cretar las condiciones de recuperación reguladas en el
Artículo 14. Modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa 
contra los incendios forestales.
La Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales, 
queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el número 1 del artículo 22, que queda redactado como sigue:
«Artículo 22. Procedimiento para la gestión de la biomasa en el ámbito de las 
redes de fajas.
1. Las personas que resulten responsables de acuerdo con el artículo 21 ter 
procederán a la ejecución de la gestión de la biomasa en el ámbito de las redes de 
fajas  de  gestión  de  biomasa,  incluida,  en  su  caso,  la  retirada  de  especies 
arbóreas, durante todo el año. La gestión deberá estar concluida, en todo caso, 
antes de que finalice el mes de mayo de cada año.
Se exceptúan los supuestos en que, por la extensión o especial dificultad de 
las  labores  de  gestión  de  biomasa  o  retirada  de  especies,  sea  precisa  la 
elaboración de una planificación anual de las actuaciones, que tendrá que ser 
aprobada por la Administración forestal. Esta planificación se coordinará con la 
actuación de otras administraciones públicas responsables de la gestión de la 
biomasa  y  retirada  de  especies  respecto  a  infraestructuras  de  su  titularidad, 
especialmente  atendiendo  a  la  seguridad  en  las  zonas  de  interface  urbano-
forestal, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes, o norma que la sustituya.
La gestión de la biomasa y la retirada de especies arbóreas se realizará 
conforme a los criterios establecidos mediante orden de la consejería competente 
en materia forestal.»
Dos. Se modifica el número 2 del artículo 22, que queda redactado como sigue:
«2. En el supuesto de incumplimiento de lo establecido en el número anterior, 
la administración pública competente, de oficio o a solicitud de persona interesada, 
enviará a la persona responsable una comunicación en la que se le recordará su 
obligación de gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas 
prohibidas  y  se  le  concederá  para  hacerlo  un  plazo  máximo  de  quince  días 
naturales, o de tres meses en el caso de las fajas laterales de las vías de 
comunicación, contado desde la recepción de la comunicación.
Esta comunicación incluirá la advertencia de que, en caso de persistencia en 
el incumplimiento transcurrido dicho plazo, se procederá a la ejecución subsidiaria 
con repercusión de los costes de gestión de la biomasa y, en su caso, decomiso 
de  las  especies  arbóreas  prohibidas  retiradas  por  la  Administración,  en  las 
condiciones establecidas en este precepto, así como que, ante la falta de atención 
de dicho apercibimiento, las obligaciones de gestión para los años siguientes 
deberán  estar  completadas  antes  del  primer  día  de  abril.  Asimismo,  en  esta 
comunicación se informará de que la falta de cumplimiento de las obligaciones 
indicadas es constitutiva de infracción administrativa, por lo que dará lugar al inicio 
del procedimiento sancionador que corresponda, en el que podrán adoptarse 
medidas de carácter provisional consistentes en trabajos preventivos de gestión 
de la biomasa y retirada de especies arbóreas con el objeto de evitar los incendios  e.
forestales y decomiso de las indicadas especies. w.b
En aquellos casos en los que las personas responsables no hayan atendido la  15ww
oabdlvigeartceinocnieas  qduee  gsees tlieósn  edfee cltau ób ieolm  aañsao  ya nrteetriiroard ap adrae  eels pceucmiepsli,m  dieicnhtoa  dgee stsióuns 
dTerabnesrcáu rerisdtaa r dfiincahlaiz afdeac hcao ny  anctoemrioprriodbaadd oa l pporrim  elors  dísae rdveic ioasb rilt édcen iccoasd ad ea ñola. 
administración  competente  la  falta  de  gestión,  podrá  procederse  de  modo 
inmediato, sin más trámite, a la ejecución subsidiaria de la misma.»
Tres. Se modifica el número 3 del artículo 22, que queda redactado como sigue:
«3. Cuando no se pueda determinar la identidad de la persona responsable 
de la gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas prohibidas, 
cuando se ignore el lugar de notificación o cuando, intentada esta, no pueda 
practicarse la notificación de la comunicación prevista en el número anterior, se 
hará por medio de un anuncio publicado en el "Diario Oficial de Galicia", en el 
"Boletín  Oficial  del  Estado"  y  en  el  tablón  de  anuncios  del  ayuntamiento,  y 
contendrá los datos catastrales de la parcela. En estos supuestos, el plazo para el 
cumplimiento se computará desde la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial 
del Estado".
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la publicación en el "Diario 
Oficial de Galicia" no supondrá ningún coste para las entidades locales, sin que 
pueda aplicarse ninguna tasa por dicha publicación.
En  caso  de  que  no  pueda  determinarse  la  identidad  de  la  persona 
responsable, se podrá promover la investigación de la titularidad de los inmuebles 
a que se refiere el artículo 19 de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación 
de la tierra agraria de Galicia, con la aplicación de las consecuencias derivadas de 
la tramitación de dicho procedimiento.
En  el  marco  de  los  procedimientos  de  investigación  de  la  titularidad  o 
movilización de tierras se podrán adoptar medidas provisionales de gestión de la 
biomasa y retirada de especies arbóreas.»
Cuatro. Se modifica la disposición final segunda, que queda redactada como sigue:
«Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo.
«Se faculta al Consejo de la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo reglamentario y la aplicación de esta ley.
Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a las circunstancias de cada año que 
puedan suponer un incremento del riesgo de incendio, la consejería competente 
en materia de prevención y defensa contra incendios forestales podrá modificar, 
mediante orden, las fechas indicadas en los apartados 1 y 2 del artículo 22 de esta 
ley.»
Artículo 15. Modificación de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.
La Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el número 4 del artículo 112, que queda redactado como sigue:
«4. El  material  forestal  empleado  en  las  repoblaciones  forestales  en  el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia deberá tener como origen la 
región  de  procedencia  en  que  se  incluya  la  superficie  a  repoblar  o, 
excepcionalmente, podrá hacerse con material procedente de otras regiones de 
procedencia,  previa  resolución  de  la  Administración  forestal,  publicada  en  el 
"Diario Oficial de Galicia", que autorice su utilización, una vez comprobada la  s
idoneidad y la capacidad de adaptación de dicho material forestal.» oe.
Dos. Se modifica la letra b) del número 1 del artículo 123, que queda redactado  15ww
como sigue:
recu«rbso) s Ceocomnuónmidicaodse sy  dfein amnocinetreoss  vseucfiicniaelnetse se ny  mcuaynao  scoosmteúnnib iqliudea dc aerceozncóamn icdae, 
social y ambiental no esté garantizada, o que se encuentren en estado de grave
abandono  o  degradación  o  en  situación  jurídica  de  gestión  cautelar,  que  se 
desarrollará reglamentariamente.»
Tres. Se añade la letra g) al número 1 del artículo 123 de la Ley 7/2012, de 28 de 
junio, de montes de Galicia, con la siguiente redacción:
«g) Propietarios de montes o terrenos forestales en los que se manifieste un 
interés  público  atendiendo  a  la  existencia  en  ellos  de  infraestructuras, 
instalaciones o masas y formaciones forestales de especial interés, a su uso 
público y/u otras circunstancias que se determinen reglamentariamente.»
Cuatro. Se añade el número 9 al artículo 123, con la siguiente redacción:
«9. En los supuestos en los que el monte vecinal se encuentre en estado de 
grave abandono o degradación y la comunidad de vecinos no firme el contrato 
temporal  de  gestión  pública  o  bien  su  asamblea  no  apruebe  el  proyecto  de 
ordenación elaborado, el órgano forestal asumirá la gestión cautelar de dicho 
monte vecinal.»
Artículo 16. Modificación de la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura 
territorial agraria de Galicia.
La Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, 
queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:
«Artículo 3. Tipos de procesos de mejora de la estructura territorial agraria.
Atendiendo a su carácter, los procesos de mejora de la estructura territorial 
agraria son:
a) Reestructuración parcelaria de carácter público.
b) Reestructuración de la propiedad de fincas de vocación agraria por las 
personas particulares.
c) Procesos especiales inherentes a los casos de los proyectos de grandes 
obras públicas lineales y cotos mineros.
d) Actuaciones intensivas en zonas rurales.»
Dos. Se modifica el número 4 del artículo 11, que queda redactado como sigue:
«4. Publicado el decreto por el que se declara la reestructuración parcelaria 
de una zona, el servicio provincial competente por razón de la materia elaborará y 
pondrá a disposición de todas las personas interesadas un listado de personas 
titulares  que  deseen  adquirir,  enajenar,  permutar,  arrendar  o  ceder  el  uso  o 
aprovechamiento de los terrenos aportados al proceso.
La inclusión en el referido listado podrá llevarse a cabo hasta la declaración de 
la firmeza de bases y será necesario que, junto a la solicitud, se autorice a la 
Administración al tratamiento de los datos aportados con el único fin de facilitarlos 
a  terceras  personas  que  acrediten  su  interés  en  la  adquisición,  enajenación, 
permuta, arrendamiento o  cesión del uso o aprovechamiento de los terrenos  es
afectados por el proceso de reestructuración e incluidos en el listado elaborado.» o
Tres. Se modifica el número 3 del artículo 41, que queda redactado como sigue: 15ww
«3. Una  vez  aprobadas  las  bases,  solo  se  tramitarán  las  solicitudes  de
fceacmhbai olí mdiete  tiqtuulea riddeatde rdmein pea prcaerala sc addea  azpoonrata claió dni rqeuccei ósne  gperneesreanl tecno mapnetetesn tdee  elna 
materia de reestructuración parcelaria, a propuesta del servicio provincial. Esta
resolución será objeto de publicación en los términos establecidos en el número 1 
del artículo 42 de esta ley.
Transcurrido dicho plazo y hasta el momento de aprobación del acuerdo, 
únicamente se admitirán las solicitudes de cambio de titularidad de las parcelas de 
aportación, siempre y cuando el cambio afecte a la totalidad de las parcelas 
aportadas por una persona titular y la transmisión se haga íntegramente a otra, 
con la excepción de los cambios derivados de sentencias judiciales firmes, que 
serán tramitadas siempre. En todo caso, la persona titular adquirente quedará 
subrogada  en  la  posición  de  la  anterior  persona  titular,  con  las  limitaciones, 
deberes y obligaciones que resulten del proceso.
Aprobado el acuerdo de reestructuración, en los casos de compraventa, se 
tramitarán los cambios de titularidad de las fincas de reemplazo que se presenten 
antes de la fecha límite que se determine mediante resolución de la dirección 
general competente en materia de reestructuración parcelaria, a propuesta del 
servicio provincial correspondiente, y siempre y cuando se trate de fincas íntegras, 
con la excepción de los cambios derivados de sentencias judiciales firmes, que 
serán  tramitados  siempre.  En  estos  supuestos  de  cambio  de  titularidad  por 
compraventa, se exigirá escritura pública y que esté liquidado el correspondiente 
impuesto. El cambio de titularidad, en principio, no supondrá la alteración de la 
configuración y superficies correspondientes al nuevo adjudicatario. Dicho cambio 
implicará la subrogación del adjudicatario en la posición de la anterior persona 
titular con las limitaciones, deberes y obligaciones que resulten del proceso.
En el caso de fallecimiento de un titular y cuando exista partición de herencia, 
se  procederá  a  la  tramitación  del  cambio  de  titularidad,  hasta  la  firmeza  del 
acuerdo, siempre y cuando esta partición afecte a parcelas de remplazo íntegras. 
En todo caso, la persona titular adquirente quedará subrogada en la posición de la 
anterior persona titular, con las limitaciones, deberes y obligaciones que resulten 
del proceso.»
Cuatro. Se modifica la disposición transitoria primera, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición transitoria primera. De la irretroactividad de la norma.
Las  disposiciones  que  introduce  este  texto  legal  se  aplicarán  a  los 
procedimientos  de  concentración  parcelaria  en  curso  sin  retroceder  en  los 
trámites, adaptándose, de ser posible, a la fase en que se encuentren. En el caso 
de no poder llevar a cabo esta adaptación, esta ley se aplicará en el inicio de la 
fase siguiente.
Con independencia de la ley que se aplique al procedimiento, resultarán de 
aplicación  las  previsiones  sobre  cambios  de  titularidad  reguladas  en  el 
artículo 41.3 de esta ley.»
Cinco. Se modifica la disposición transitoria sexta, que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria sexta. Coordinación catastral.
1. Al amparo del artículo 9.b) de la Ley hipotecaria, y de acuerdo con la 
normativa  hipotecaria,  se  procederá  a  la  conversión  gráfica  de  los  datos  s
alfanuméricos de las fincas de reemplazo de las zonas en las que, a la entrada en  e.
vigor de esta ley, su acuerdo sea firme o se otorgase el acta de reorganización de  w.
la propiedad, siempre y cuando no se hayan inscrito en el registro de la propiedad  15ww
los t2ít.u loLsa d ree lsaosl uficniócans d dee a rueteomrizpalaczióon. de la conversión gráfica, una vez acordada
npootri filcaa cdióirne cicniódniv idgueanle, raasl í ccoommpoe tednet ep upbolric aracizóónn  mdeed ilaan tme aatevrisiao,  isnesreár taodboje teon  deel   BOE-A-cable e
"Diario Oficial de Galicia", en la web de la consejería y en el diario de mayor tirada
de la provincia, así como en los lugares de costumbre. Contra dicha resolución se 
podrá recurrir conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
3. Se tendrá derecho a compensación en caso de que, como consecuencia 
de la citada conversión, la atribución de las personas interesadas quede por 
debajo del valor reducido correspondiente a cada persona titular, para lo cual se 
emplearán las fincas de la masa común de la zona que sean necesarias, aunque 
sean titularidad de la entidad gestora del Banco de Tierras.
4. Las  actuaciones  a  que  se  refieren  los  apartados  anteriores  deberán 
llevarse a cabo dentro del plazo de siete años siguientes a la entrada en vigor de 
la presente ley.
5. Completadas las actuaciones establecidas en los números 1, 2 y 3 de esta 
disposición, la persona titular de la dirección general competente en materia de 
concentración y reestructuración parcelaria dictará la correspondiente resolución 
en la que manifestará, a los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley hipotecaria, 
que se estima que existe correspondencia entre la representación gráfica y los 
datos alfanuméricos de las fincas objeto de inscripción por ser la diferencia de 
cabida, si existiese, igual o inferior al 10 %.»
Artículo 17. Modificación de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas.
Se modifica todo el número 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 9/2017, 
de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado de la 
siguiente forma:
«1. Los consorcios o convenios de repoblación con la Administración forestal 
existentes nos montes en el momento de la entrada en vigor de esta ley serán 
objeto de:
a) Cancelación  de  oficio  en  un  plazo  que  finalizará  el  31  de  diciembre 
de 2023, en los casos siguientes:
– Montes que no presenten saldo deudor en la fecha de entrada en vigor de 
esta ley o en cualquier momento dentro del plazo máximo estipulado.
– Montes catalogados de dominio público que pasen a gestionarse de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 34 y siguientes de la Ley 7/2012, de 28 de junio, 
de montes de Galicia.
–  Montes  que  no  consigan  los  fines  para  los  cuales  se  haya  suscrito  el 
convenio o el consorcio por causas relacionadas con el estado legal, forestal, 
administrativo o económico del monte.
Se considerará que no se cumplieron estos fines, entre otras causas, cuando 
el arbolado existente ocupe una superficie inferior al 30 % de la total del consorcio 
o convenio, salvo por afectación de incendios forestales posteriormente a la fecha 
de entrada en vigor de esta ley, por lo que en este caso de afectación de incendios 
forestales  la  superficie  arbolada  quemada  se  considerará  como  superficie 
arbolada a los efectos del cómputo de este porcentaje del 30 %.
A los efectos del cómputo de ese 30 % no se contabilizará el arbolado con una 
edad inferior a los cinco años. e.
b) Finalización  en  un  plazo  que  rematará  el  31  de  diciembre  de  2023,  w.b
momento en que deberá firmarse un contrato temporal de gestión pública que  15ww
csounsttirtautyoa e enl  eclo pnlsaozroc ieos ota ebll eccoidnov,e neilo t itfuinlaarli zdaedl om. oEnnte e dl ecbaesorá d aeb onnoa fro erml saalilzdaor ed eduicdhoor 
adbeol ncaornlove ennio u on  cúonnicsoo rpcaiog ofi noa laiz atrdaov éas  ldae  Cuonm pulannid adde  Adeuvtóonluocmióan;  pplaurraia neusoa,l.  pEond reál 
caso de no producirse el abono total o de la cuota anual dispuesta en dicho plan,
se  procederá  a  su  anotación  preventiva,  en  concepto  de  carga  real,  de  las 
cantidades debidas a la Comunidad Autónoma de Galicia en el correspondiente 
registro de la propiedad, y no podrán tener ayudas o beneficios de ningún tipo 
mientras no regularicen su situación en los términos previstos en esta ley.
Previamente a la finalización o cancelación del convenio o consorcio, deberá 
existir aprobado un instrumento de ordenación o gestión forestal de los previstos 
en  la  Ley  7/2012,  de  28  de  junio,  de  montes  de  Galicia,  que  garantice  la 
continuidad de la gestión forestal sostenible.»
Artículo 18. Modificación de la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra 
agraria de Galicia.
La Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, 
queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el número 1 del artículo 40, con el siguiente contenido:
«1. La inclusión de explotaciones en el Banco se iniciará por solicitud de las 
personas  interesadas  en  que  su  explotación  esté  incluida  en  el  Banco  de 
Explotaciones.  Las  solicitudes  de  incorporación  irán  acompañadas  de  una 
declaración jurada de la veracidad de la información facilitada.
En cualquier caso, se incorporarán al Banco de Explotaciones todas aquellas 
explotaciones  que  no  acrediten  su  continuidad  y  que  hayan  recibido  ayudas 
públicas  para  su  mejora  en  el  período  de  tiempo  inmediatamente  anterior  al 
abandono  de  la  actividad,  siempre  que  tal  condición  esté  expresamente 
establecida en las correspondientes bases reguladoras de dichas ayudas.
Una explotación podrá estar incluida en el Banco de Explotaciones un período 
máximo de dos años, contado a partir de la fecha de abandono de la actividad.»
Dos. Se modifican las letras a) y b) del punto 1 del artículo 92, con la siguiente 
redacción:
«1. Hasta  el  momento  previo  a  la  elaboración  de  la  propuesta  de 
reestructuración, las personas propietarias de las fincas o, en su caso, las titulares 
de las facultades de uso y aprovechamiento sobre aquellas, podrán optar ante la 
Agencia Gallega de Desarrollo Rural por:
a) Firmar compromisos de venta al agente promotor productivo al precio 
mínimo fijado o, en su caso, permuta. Estos precios deberán ser respetados o, en 
su  caso,  mejorados  por  el  agente  promotor  que  resulte  elegido  conforme  al 
proceso de concurrencia establecido en el artículo 97 de esta ley.
b) Firmar compromisos de arrendamiento al agente promotor productivo, por 
una duración con arreglo a la vida útil del proyecto, al precio mínimo fijado en el 
artículo 84. Estos precios deberán ser respetados o, en su caso, mejorados por el 
agente  promotor  que  resulte  elegido  conforme  al  proceso  de  concurrencia 
establecido en el artículo 97 de esta ley.»
Tres. Se añade la letra i) al número 1 del artículo 126, con la siguiente redacción:
«i) Concertar contratos temporales con los agentes productivos, de carácter 
voluntario,  para  la  ejecución  de  las  obras  correspondientes  a  los  polígonos  e.
agroforestales, a las aldeas modelo o a las actuaciones de gestión conjunta  w.
previstos en esta ley, de acuerdo con las prioridades que fije dicha Agencia. 15ww
condAi cieosnteoss  geenfeecrtaoles,s  elan  qAugee snec iare aGlizaallreágna  esdtea s Doebsraasrr oy llloo s Rseurrvailc ioasp raosboacriáa dolass, 
apsuíb liccoamcióon  loesn  nseug opcáiogsin aju rwídeicbo, s y dedreivbaedráons   sdeer  eallcoesp, taqduaes   speorrá nlo so bajegteon tdees   BOE-A-cable e
productivos, en caso de optar por la firma de dichos contratos.
Las inversiones iniciales para las obras y los servicios realizados con cargo a 
estos contratos podrán ser realizados por la Administración directamente o por 
medio de sus entes instrumentales. Estas inversiones tendrán la naturaleza de 
anticipo reintegrable, y se compensarán con cargo a las tarifas que fije la Agencia, 
cuya cuantía y plazo de reintegro se determinarán en base a la tipología del 
aprovechamiento a realizar.
Esta actividad de prestación de servicios que se pone a disposición de los 
agentes productivos tendrá la consideración de servicio público y se regirá por lo 
dispuesto en esta ley.
En caso de que la prestación del servicio se realice en régimen de gestión 
indirecta,  el  impago  de  las  tarifas  establecidas  en  el  contrato  como 
contraprestación a cargo de las personas usuarias tendrá la consideración de 
créditos de derecho público, y será aplicable lo previsto en el artículo 39 de la 
Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de 
buena administración.»
CAPÍTULO IV
Infraestructuras y movilidad
Sección 1.ª Infraestructuras de fomento de la movilidad sostenible
Artículo 19. Concepto de infraestructuras de fomento de la movilidad sostenible.
Tendrán la consideración de infraestructuras de fomento de la movilidad sostenible 
aquellas que contribuyan a un mayor uso de los modos de transporte no motorizados o 
del transporte público colectivo, en detrimento del uso de los vehículos privados de 
tracción mecánica, tales como vías o caminos destinados a la circulación peatonal o de 
vehículos de tracción humana, como las aceras, las sendas peatonales y los carriles 
para  la  circulación  de  bicicletas,  los  aparcamientos  disuasorios,  las  plataformas 
reservadas para su uso por parte de vehículos de transporte público colectivo, las 
paradas y estaciones de transporte y, en general, todas las que realicen una función de 
interconexión entre ellas.
Artículo 20. Proyectos de infraestructuras de fomento de la movilidad sostenible.
1. Los  proyectos  de  infraestructuras  de  fomento  de  la  movilidad  sostenible 
consisten en el desarrollo completo de la solución óptima, con el detalle suficiente para 
hacer factible su construcción y posterior explotación. Para eso, deberán redactarse con 
los  datos  y  precisión  necesarios  para  permitir  ejecutar  las  obras  y  explotarlas 
posteriormente sin la intervención de sus personas autoras.
2. Los proyectos de infraestructuras de fomento de la movilidad sostenible deben 
ser redactados bajo la dirección o inspección y la supervisión del órgano competente de 
la administración promotora de la actuación y serán suscritos por un profesional técnico 
competente.
3. Los proyectos de infraestructuras de fomento de la movilidad sostenible incluirán 
la documentación exigible por la normativa de contratación del sector público cuando 
vayan a servir de base a una licitación pública, y, en aquellos casos en los que la 
actuación no venga prevista en el planeamiento urbanístico municipal, un análisis de su  e.e
incidencia en este, con indicación de las determinaciones de dicho planeamiento, que  b
resultarán modificadas conjuntamente con la aprobación del proyecto. 15ww
Artículo 21. Información pública e informe de las administraciones afectadas.
1. Será preceptivo el sometimiento de los proyectos de infraestructuras de fomento
de la movilidad sostenible a los trámites de información pública y de informe de las
administraciones afectadas en el caso de la construcción de nuevas infraestructuras de 
fomento  de  la  movilidad  sostenible  que  no  se  hayan  previsto  en  el  planeamiento 
urbanístico municipal.
2. El trámite de información pública se llevará a cabo durante un plazo mínimo de 
treinta días hábiles, ampliable a juicio de la administración promotora de la actuación, 
mediante un anuncio que se publicará en el «Diario Oficial de Galicia», en los tablones 
de  anuncios  de  los  ayuntamientos  afectados  y,  como  mínimo,  en  dos  medios  de 
comunicación  de  entre  los  de  más  difusión  en  el  ámbito  de  la  actuación.  La 
documentación que compone el proyecto estará a disposición de la ciudadanía en la 
sede central de la administración promotora de la actuación, en la sede territorial de esta 
que abarque el ámbito de la actuación, en su caso, y en los ayuntamientos afectados. 
Las alegaciones presentadas en este procedimiento deberán versar sobre la concepción 
global de la actuación y de las distintas alternativas analizadas, en su caso.
3. Simultáneamente, los proyectos sometidos al trámite de información pública a los 
que  se  refieren  los  puntos  anteriores  también  se  someterán  al  informe  de  las 
administraciones territoriales afectadas por el ámbito de la actuación para que, en un 
plazo de treinta días hábiles, ampliable a juicio de la administración promotora de la 
actuación, examinen si el diseño propuesto es el más adecuado para sus intereses e 
informen  sobre  ese  aspecto.  Transcurrido  ese  plazo  sin  que  las  administraciones 
consultadas hayan emitido el citado informe, se entenderá que muestran su conformidad 
con el diseño propuesto.
4. Transcurridos los plazos de los trámites de información pública e informe de las 
administraciones afectadas y recibidas las alegaciones e informes presentados, se dará 
respuesta motivada a las alegaciones formuladas. El informe resultante se pondrá a 
disposición de las personas interesadas y se les notificará a las administraciones a las 
que se les haya dado de informe y a los particulares que hayan presentado alegaciones.
Artículo 22. Aprobación definitiva.
1. Los proyectos serán aprobados de forma definitiva, cuando no tengan que ser 
posteriormente  sometidos  a  los  trámites  de  información  pública  e  informe  de  las 
administraciones afectadas, por el órgano competente de la administración promotora de 
la actuación, una vez emitido el preceptivo informe de supervisión.
2. En el caso de proyectos sometidos a los trámites de información pública e 
informe  de  las  administraciones  afectadas,  una  vez  emitido  el  informe  sobre  las 
alegaciones presentadas, el órgano competente de la administración promotora de la 
actuación debe adoptar la correspondiente resolución, que puede ser de aprobación 
definitiva de todo el ámbito del estudio o proyecto o bien de solo una parte de este. La 
resolución también puede dejar sin efecto la tramitación del proyecto o parte de este, o 
bien puede acordar la suspensión, total o parcial, de su tramitación.
En la resolución se pueden introducir las prescripciones de carácter técnico, social, 
territorial y de protección ambiental y patrimonial que se consideren necesarias, para 
tener en cuenta en los proyectos que desarrollen posteriormente el proyecto o, cuando 
aquellas  sean  significativas,  en  un  nuevo  proyecto  que  sea  sometido  a  la  misma 
tramitación que el original.
3. En caso de que el informe de alguna de las administraciones a las que se les 
haya dado trámite de informe preceptivo expresase de forma motivada su falta de 
conformidad con el diseño propuesto en el proyecto, el expediente se remitirá al Consejo 
de la Xunta de Galicia, que será el competente para emitir la resolución de aprobación  e.
definitiva del proyecto, una vez emitido el informe de la consejería competente en  w.
materia de movilidad. 15ww
mov4il.i daLda  saopsrotebnaibcilóen,  dceufainnidtiova  ndoe  leosst épnro yineccltuoisd odse  iennfr aeesl trpulcatnueraasm dieen tfoo muernbtaon ídseti clao 
mdeu nliac ipcaol,n lsee jceorríare scpoomndpeerteán atel C  eonn semjoa tdeeri ala  dXeu nmtao dveil idGaadli ciean,  uenla  cvaeszo e mdeiti daoc etul aincfioornmees   BOE-A-cable e
promovidas por las entidades locales.
Artículo 23. Efectos de la aprobación definitiva.
1. La aprobación definitiva de los proyectos de infraestructuras de fomento de la 
movilidad  sostenible  implicará  la  declaración  de  utilidad  pública,  la  necesidad  de 
ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos necesarios para la ejecución 
de las obras, de los depósitos de los materiales sobrantes, de los préstamos necesarios 
para  ejecutarlas  y  para  la  reposición  de  servicios  afectados,  siempre  que  vengan 
previstos en su proyecto, así como para la implantación del proyecto y las modificaciones 
de este que, en su caso, se pudiesen aprobar posteriormente, y la urgencia de la 
ocupación, todo ello para los efectos de expropiación, ocupación temporal o imposición o 
modificación de servidumbres.
2. Las  obras  relativas  a  los  proyectos  de  infraestructuras  de  fomento  de  la 
movilidad sostenible promovidas por la Administración autonómica o por las entidades 
locales  de  Galicia,  incluidas  todas  las  actuaciones  necesarias  para  su  ejecución, 
constituyen actuaciones de interés general y, por tanto, no están sometidas a licencia o a 
cualquier otro acto de control preventivo municipal previsto en la legislación reguladora 
de las bases del régimen local. A los efectos de lo previsto en este artículo, se entienden 
como  necesarias  para  la  ejecución  de  las  obras  las  actuaciones  derivadas  de  la 
necesidad de reponer los servicios afectados, independientemente de su titularidad.
La ejecución de dichas obras, siempre que se realice de acuerdo con los proyectos 
aprobados, únicamente podrá ser suspendida por la propia administración promotora o 
por la autoridad judicial.
Artículo 24. Coordinación con el planeamiento urbanístico.
Las determinaciones contenidas en los proyectos de infraestructuras de fomento de 
la movilidad sostenible tendrán fuerza vinculante para las administraciones públicas y 
para  los  particulares  y  prevalecerán  sobre  las  determinaciones  del  planeamiento 
urbanístico vigente. Las entidades locales en que se asienten las infraestructuras objeto 
del proyecto deberán adaptar su planeamiento urbanístico a lo contenido en el proyecto, 
en el que se establecerán las determinaciones del planeamiento urbanístico que deben 
ser modificadas como consecuencia de su aprobación, en el plazo que determine este 
último y, en todo caso, en su primera modificación o revisión.
Sección 2.ª Infraestructuras complementarias del trasporte de viajeros y viajeras por 
carretera
Artículo 25. Modificación de la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, 
administrativas y de ordenación.
Se añade un nuevo capítulo V a la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, 
administrativas y de ordenación, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO V
Infraestructuras complementarias del transporte de viajeros y viajeras por 
carretera
Artículo 83 bis. Clases, competencia y ordenación. es
1. Las infraestructuras complementarias del transporte de viajeros y viajeras  w.
por carretera se clasifican en: 15ww
a) Estaciones de transporte de viajeros, que son las infraestructuras que
tfiaecnileitna npdoor  eol btrjaentos bloar dion teegnrtarec imóno ddoes  yla  serervdi cdioes  dseer vtriacniossp odrete ,t rcaennstpraolriztea npdúob slicuos 
salidas, llegadas y tránsitos a las poblaciones, y prestando actividades de carácter 
complementario a personas usuarias y operadores de transporte.
b) Instalaciones  auxiliares,  que  son  las  restantes  infraestructuras 
complementarias  al  transporte,  y  que  tienen  por  objeto  apoyar  el  adecuado 
desarrollo del transporte público de viajeros y viajeras por carretera. Tendrán esta 
consideración las marquesinas o refugios de espera, que tienen como función 
facilitar las esperas, llegadas y tránsitos de las personas usuarias de la red de 
transporte público. Tendrán también la consideración de instalaciones auxiliares 
los puntos de información, paneles, postes e instalaciones similares de carácter 
complementario para la ordenación y gestión del transporte.
2. Las estaciones de transporte de viajeros y viajeras deberán cumplir los 
siguientes requisitos:
a) Accesos para entradas y salidas de los vehículos, configurados de modo 
que no produzcan interferencias entre los mismos ni alteraciones sensibles en la 
capacidad de circulación normal de las vías colindantes.
b) Accesos independientes para vehículos y personas.
c) Dársenas  cubiertas,  en  número  suficiente,  para  los  estacionamientos 
simultáneos que se precisen.
d) Plataformas cubiertas para la subida y la bajada de las personas usuarias.
e) Zonas de espera para las personas, cubiertas e independientes de las 
plataformas.
f) Instalaciones de servicios sanitarios para las personas usuarias.
g) Dependencias o instalaciones, de uso común o individualizado, para la 
facturación, consigna y venta de billetes, así como puntos de información.
h) Servicio de información de la totalidad de servicios de transporte que se 
presten en el término municipal correspondiente y, de forma específica, de las 
llegadas y salidas de la propia estación en tiempo real. Este servicio podrá ser 
prestado por medios audiovisuales accesibles y podrá ser consultado por los 
usuarios en una página web específica de la estación de autobuses.
i) Servicio wifi.
Las estaciones de transporte de viajeros y viajeras que prestan servicio a 
menos de diez mil expediciones anuales estarán eximidas del cumplimiento de los 
apartados c) y g) del punto anterior. En cualquier caso, el conjunto de estaciones 
de  transporte  deberán  estar  adaptadas  para  la  circulación  de  personas  con 
movilidad reducida.
3. La consejería con competencias en materia de transporte podrá acordar el 
establecimiento de estándares mínimos exigibles para las instalaciones auxiliares, 
tanto de calidad, seguridad y accesibilidad como de homogeneidad de diseño, 
requisitos  que  serán  exigibles  para  cualquier  nueva  dotación  que  se  realice. 
Igualmente, podrá establecer un inventario de paradas en las que el conjunto de 
administraciones titulares de las vías deberá inscribir las dotaciones existentes, su 
sustitución, la instalación de nuevas o cualquier incidencia al respecto.
4. La competencia para el establecimiento de las estaciones de transporte de 
viajeros  y  viajeras  corresponderá  a  la  Comunidad  Autónoma  o  las  entidades 
locales, que podrán ejercerla bien de oficio o a instancia de terceros interesados.
En caso de iniciativa municipal, se deberá presentar para su aprobación, ante  es
la consejería competente en materia de transportes, un proyecto, que incluirá  bo
necesariamente un estudio económico de viabilidad y un estudio técnico que  15ww
mcmjuusooatdtinofoitrqosizu  ayead   sossesuur,  v dciecooniotmtarsoco nid óqeenun  te rcla aocn mopsnopla  oneeritflle eic,tm aelacjeidi nóiodtno o  uunnrrebebiadcanaenodsísa,  tdrimcieoa i nl.ap imE allori azcea asfnlatiudzcdoaili ciotilaóo rtnsé   lcaedn leeicisngoptid elaiagnz,rc aaotmcaripnóieotnonr  atedorneás     OE-A-2022-34able en https://
también un estudio de tráfico que garantice la suficiencia de los viales existentes,
o que se programen en el propio proyecto, tanto para el acceso de las personas 
usuarias como de los vehículos de transporte público. Igualmente, también deberá 
incorporarse una propuesta de ordenación de los servicios y paradas de transporte 
público en el ámbito municipal que, una vez analizados los puntos de origen o 
destino  final  de  los  desplazamientos  de  las  personas  usuarias,  garantice  la 
máxima accesibilidad de las personas usuarias del sistema de transporte público 
sin costes adicionales de carácter temporal ni económico.
El estudio económico de viabilidad deberá concretar los costes económicos 
que  se  repercutirán  a  las  personas  y  operadores  con  parada  en  el  término 
municipal, tanto en el supuesto de utilización directa de las indicadas instalaciones 
como en los casos de exención de su utilización por habilitación de paradas 
alternativas en el término municipal.
La dirección general competente en materia de transporte deberá emitir un 
informe vinculante, en el plazo de tres meses desde la recepción de la propuesta 
municipal, en el que se tendrá en cuenta especialmente la garantía de la máxima 
accesibilidad de las personas usuarias a sus puntos de destino. Igualmente, podrá 
emitir  un  informe  desfavorable  en  el  supuesto  de  reservarse  la  Comunidad 
Autónoma su iniciativa, por presentar un especial interés supramunicipal en cuanto 
garantía de la movilidad de las personas.
Igualmente,  en  el  caso  de  modificaciones  posteriores  de  las  tarifas  que 
correspondan  a  las  personas  usuarias  o  a  los  operadores  que  no  estén 
expresamente previstas en el estudio económico inicialmente remitido, deberán 
ser igualmente remitidas a la consejería competente en materia de transportes, 
conjuntamente con uno nuevo estudio económico y un informe técnico de su 
incidencia en el sistema de transporte, quien emitirá un informe vinculante, en el 
plazo  de  tres  meses  desde  su  presentación  completa,  en  el  que  se  tendrá 
especialmente en consideración la eventual incidencia que dicha modificación 
pueda provocar en la elección del transporte público por parte de las personas 
usuarias.
Artículo 83 ter. Regímenes de utilización de las estaciones de transporte de 
viajeros y viajeras.
1. En aquellos ayuntamientos que cuenten con estación de transporte de 
viajeros  y  viajeras,  sean  de  titularidad  municipal  o  autonómica,  con  carácter 
general se establecerá dicha estación como punto de parada obligatoria en la 
totalidad de servicios públicos regulares de viajeros y viajeras en autobús, salvo 
en los casos siguientes:
a) Servicios  integrados,  en  el  sentido  previsto  en  el  artículo  79  de  la 
Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.
b) Servicios con origen, destino o tránsito en el término municipal que no 
tengan parada en el núcleo urbano en el que se localice la estación de transporte 
de viajeros y viajeras.
c) Servicios respecto de los que, teniendo parada en el mismo núcleo urbano 
en  el  que  se  localice  la  estación  de  transporte  de  viajeros  y  viajeras,  sean 
eximidos de tal obligación por la administración competente sobre ellos al fijar 
puntos de parada diferentes por resultar más adecuados para garantizar la mayor 
accesibilidad  urbana  de  las  personas  usuarias,  siguiendo  los  procedimientos  e.e
legalmente establecidos para tal efecto. b
d) Cualquier  otro  servicio  que  sea  expresamente  exceptuado  por  la  15ww
acidrcmuinnsisttarnacciiaósn   scinogmuplaerteesn,t ec omsoob rep ueédle,   saeter ndlaie nhdoora  ao   plae ríocdoon cutermrepnocriaa l  ddee 
epsrepsetcaicailómne, ntoe  plroesv isctoo loe cdtiisveoñsa ddoe d icuhsou asreiorvsi cioy.  usuarias  para  los  que  esté
2. Las estaciones de transporte de viajeros y viajeras tendrán derecho a 
percibir de las personas usuarias y de los operadores de transporte tarifas por la 
prestación  del  servicio  que  ofrecen.  Con  carácter  general,  dichas  tarifas  las 
percibirán directamente de las empresas operadoras respecto de la totalidad de 
servicios  de  transporte  que  estas  estén  obligadas  a  ofrecer  a  las  personas 
usuarias de acuerdo con sus respectivos títulos, tanto en el caso de los que 
tengan parada en la estación como en el de aquellos que, teniendo parada en el 
término  municipal,  estén  exentos  de  acceder  a  aquella,  salvo  los  servicios 
integrados.
3. El funcionamiento de cada estación de transporte de viajeros y viajeras 
será objeto de un reglamento de régimen interior, aprobado por la administración 
titular de la misma.»
Sección 3.ª Carreteras
Artículo 26. Modificación de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.
La Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno. Se modifica el artículo 8, que queda redactado como sigue:
«Artículo 8. Travesías.
1. A efectos de esta ley, se considera travesía el tramo de una carretera que 
discurre  a  través  de  un  núcleo  de  población,  en  los  términos  establecidos 
reglamentariamente.
2. Las travesías de titularidad de la Comunidad Autónoma o de las entidades 
locales de Galicia, o tramos de ellas, adquirirán la condición de vías urbanas 
cuando su tráfico sea mayoritariamente urbano y no resulten necesarias para 
mantener  la  continuidad  y  la  coherencia  de  las  redes  de  carreteras,  en  los 
términos establecidos reglamentariamente.
3. Las travesías de titularidad de la Comunidad Autónoma o de las entidades 
locales de Galicia que adquieran la condición de vías urbanas se entregarán al 
ayuntamiento por el que estas discurran, siguiendo los procedimientos de cambio 
de titularidad previstos en esta ley.»
Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 12, que quedan redactados como 
sigue:
«2. El  Plan  director  de  carreteras  de  Galicia,  una  vez  aprobado  por  el 
Consejo de la Xunta de Galicia, tiene la consideración de plan sectorial, según lo 
dispuesto en la legislación autonómica de ordenación del territorio.
3. Las determinaciones del Plan director de carreteras de Galicia tendrán la 
eficacia que sea congruente con su finalidad, y expresarán de forma clara e 
inequívoca el alcance con el que deberán operar.
A ese respecto, el Plan director de carreteras de Galicia podrá contener:
a) Determinaciones  de  aplicación  directa,  que  prevalecerán  sobre  los 
instrumentos  de  ordenación  urbanística.  En  esos  casos,  el  Plan  director  de  e.e
carreteras de Galicia precisará los aspectos concretos en los que prevalecerá  b
sobre aquellos. 15ww
instrbu)m eDnetotesr mdinea coiorndeesn avciniócnu launrtbeas,n íqsutiec aim  pvliigceanrátens l.a  nEenc eseisdoasd  dcea msoosd, ificdaicrh looss 
idnestterurmmiennatcoios nedse  eonr deel npalaczióon d eu rubna naíñsotic dae svdigee lnat efesc hdae bdeer álan  aapdroabpatacriósen  dae l ePslaans 
director de carreteras de Galicia, o con ocasión de su primera modificación o
revisión, en caso de que sea anterior, salvo en caso de que el propio Plan director 
de carreteras de Galicia precise un momento o unos plazos diferentes para llevar 
a cabo la adaptación a dichas determinaciones.
c) Determinaciones  pendientes  de  desarrollo,  que  no  modificarán 
directamente los instrumentos de ordenación urbanística vigentes. En esos casos, 
cuando las obras o actuaciones previstas en el Plan director de carreteras de 
Galicia exijan una modificación de las determinaciones de los instrumentos de 
ordenación  urbanística  vigentes,  se  procederá,  una  vez  definida  la  obra  o 
actuación de que se trate a nivel de plan sectorial, estudio o proyecto aprobado 
definitivamente, a la adaptación de dichos instrumentos de ordenación urbanística, 
según las determinaciones que se establezcan en esos documentos.»
Tres. Se modifica el artículo 13 de la Ley 8/2013, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13. Planes sectoriales de carreteras.
1. Los  planes  sectoriales  de  carreteras  son  los  instrumentos  técnicos  y 
jurídicos  de  desarrollo  del  Plan  director  de  carreteras  de  Galicia,  en  un 
determinado  ámbito  territorial  inferior  al  de  la  totalidad  del  territorio  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  o  en  relación  con  la  red  de  carreteras  de 
titularidad de una determinada administración.
2. Los planes sectoriales de carreteras tendrán la consideración de plan 
sectorial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación autonómica de ordenación 
del territorio.
3. Los planes sectoriales de carreteras prevalecerán sobre la ordenación 
urbanística en los aspectos relativos al sistema viario y de comunicaciones.
A estos efectos, podrán contener:
a) Determinaciones  de  aplicación  directa,  que  prevalecerán  sobre  los 
instrumentos  de  ordenación  urbanística.  En  esos  casos,  el  plan  sectorial  de 
carreteras precisará los aspectos concretos en los que prevalecerá sobre aquellos.
b) Determinaciones vinculantes, que implicarán la necesidad de modificar los 
instrumentos  de  ordenación  urbanística  vigentes.  En  esos  casos,  dichos 
instrumentos  de  ordenación  urbanística  vigentes  deberán  adaptarse  a  esas 
determinaciones en el plazo de un año desde la fecha de la aprobación del plan 
sectorial de carreteras, o con ocasión de su primera modificación o revisión, en 
caso de que sea anterior, salvo en el caso de que el propio plan sectorial de 
carreteras precise un momento o unos plazos diferentes para llevar a cabo la 
adaptación a dichas determinaciones.
c) Determinaciones  pendientes  de  desarrollo,  que  no  modificarán 
directamente los instrumentos de ordenación urbanística vigentes. En esos casos, 
cuando las obras o actuaciones previstas en el plan sectorial de carreteras exijan 
una  modificación  de  las  determinaciones  de  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística vigentes, se procederá, una vez definida la obra o actuación de que se 
trate a nivel de estudio o proyecto aprobado definitivamente, a la adaptación de 
dichos  instrumentos  de  ordenación  urbanística,  de  acuerdo  con  las 
determinaciones que se establezcan en esos documentos.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 14, que queda redactado como sigue: s
«2. El procedimiento para la tramitación del Plan director de carreteras de  w.b
Galicia  y  de  los  planes  sectoriales  de  carreteras  se  establecerá  15ww
reglaPmarean tlaa ritarammeintatec.ión del Plan director de carreteras de Galicia y de los planes
speecrstoorniaalse sti tudlea rceasr rceattearsatsra nleos  sdeer álo sn etecreresnaorisa  alafe cntoatdifoicsa.ción individual a todas las
El  procedimiento  se  realizará  de  forma  simultánea  con  el  de  evaluación 
ambiental de planes y programas, establecido por la legislación básica sobre la 
materia.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda redactado como sigue:
«1. Los estudios y proyectos sometidos a los trámites de información pública 
en materia de carreteras e informe de las administraciones afectadas, una vez 
aprobados  definitivamente,  tienen  la  consideración  de  proyectos  de  interés 
autonómico,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  legislación  autonómica  de 
ordenación del territorio, sin que sea precisa una declaración previa de interés 
autonómico por parte del Consejo de la Xunta de Galicia.
Las determinaciones contenidas en los estudios y proyectos de carreteras que 
tengan  la  consideración  de  proyectos  de  interés  autonómico  tendrán  fuerza 
vinculante  para  las  administraciones  públicas  y  para  los  particulares  y 
prevalecerán sobre las determinaciones de planeamiento urbanístico vigente. Las 
entidades locales en las que se asienten las infraestructuras objeto del estudio o 
proyecto  de  carreteras  deberán  adaptar  su  planeamiento  urbanístico  a  lo 
contenido en aquel, para lo cual se establecerán en él las determinaciones del 
planeamiento urbanístico que deben ser modificadas como consecuencia de su 
aprobación, en el plazo de un año desde esa fecha y, en todo caso, en su primera 
modificación o revisión, salvo en el caso de que el propio estudio o proyecto de 
carreteras precise un momento o unos plazos diferentes para llevar a cabo la 
adaptación de dichas determinaciones.»
Seis. Se añade un artículo 23 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 23 bis. Coordinación con la ordenación del territorio.
La realización, dentro del objeto y ámbito delimitado por el Plan director de 
carreteras de Galicia o por los planes sectoriales de carreteras, de actuaciones 
derivadas  de  estudios  o  proyectos  en  materia  de  carreteras  que  no  vengan 
previstas en aquellos no requerirá la previa modificación de dichos planes, cuando 
la aprobación de esos estudios o proyectos sea realizada por el Consejo de la 
Xunta de Galicia.»
Siete. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 47 con la siguiente redacción:
«5. Se considera que las autorizaciones de acceso a la carretera o a sus 
elementos funcionales afectan directamente a sus calzadas y, en consecuencia, el 
otorgamiento  de  las  autorizaciones  le  corresponde,  en  todos  los  casos,  a  la 
administración titular de la carretera, incluso cuando se realicen en sus tramos 
urbanos.
Del mismo modo, como consecuencia de su relación con dichos accesos a las 
carreteras, las parcelaciones y segregaciones de todas las parcelas colindantes 
con las carreteras requerirán la autorización de la administración titular de la 
carretera, incluso en los tramos urbanos.»
Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 49, que queda redactado como sigue:
«2. Las actuaciones podrán ser inspeccionadas en todo momento por el  e.
personal de la administración titular de la carretera.» w.
Nudeev el«.a 3 c.S aerFr eminteoardlaizif aiccdoaam espl  laraopsba oartbraárda sosu  3o   tdeinersml taainrlataíccciuioólnone ,4 ss9 ua,  uqetuosertia zqdauode adysa ,s  rluae  dcaaodcnmtfaoindrimos ticrdaoacmdió ocn so tingit uulleoa:sr   OE-A-2022-34able en https://
términos de la autorización. En su caso, se harán constar las objeciones de forma 
pormenorizada y se concederá un plazo proporcionado para su corrección.
Será preceptivo el levantamiento de un acta de terminación en el caso de 
todas las obras o instalaciones llevadas a cabo en la zona de dominio público. En 
los demás supuestos, solo será exigible cuando la administración titular de la 
carretera condicione, en su autorización, el uso de las obras o instalaciones a su 
levantamiento. De no establecerse tal condición, el levantamiento del acta podrá 
ser  sustituido  por  los  mecanismos  de  comprobación  que  se  establezcan 
reglamentariamente.
En los casos en los que esta sea exigible, el acta de terminación implicará el 
permiso  de  uso  de  las  obras  o  instalaciones  de  las  que  se  acredite  su 
conformidad.
El acta de terminación de las obras o instalaciones será elaborada por la 
administración titular de la carretera, en los casos en los que sea exigible, y será 
puesta  a  disposición  de  la  persona  titular  de  la  autorización,  quien  podrá 
manifestar lo que considere oportuno, en su caso.»
Diez. Se modifica el artículo 52 de la Ley 8/2013, que queda redactado como sigue:
«Artículo 52. Accesos, parcelaciones y segregaciones.
1. La administración titular de la red podrá limitar y ordenar los accesos a las 
carreteras y establecer, con carácter obligatorio, los lugares y las condiciones en 
que  tales  accesos  se  puedan  construir,  atendiendo  a  la  normativa  vigente  y 
aplicando criterios de intensidad de tráfico, de seguridad viaria y de funcionalidad y 
explotación de la carretera. En todo caso, será prioritario el empleo de accesos 
existentes.
2. Se incorporarán al dominio público viario los elementos del nuevo acceso 
que se sitúen sobre la zona de dominio público.
También se incorporarán al dominio público viario los enlaces, intersecciones, 
glorietas, pasos inferiores y superiores, vías de servicio, elementos de cambio de 
velocidad y aquellas otras ampliaciones de la plataforma de la carretera o vía de 
servicio original que se ejecuten como parte del proyecto del acceso, así como 
todos los terrenos sobre los que se sitúen todos esos elementos, aun en caso de 
que pertenezcan o sean adquiridos por la persona solicitante de la autorización 
para ejecutar el acceso.
La cesión de los elementos y terrenos se formalizará mediante la firma de un 
documento a tal efecto. La firma de dicho documento de formalización de la cesión 
será requisito previo para la celebración del acto en el que se documentará la 
terminación de las obras del acceso, su estado y su conformidad con los términos 
de la autorización.
3. Las  autorizaciones  referidas  a  las  parcelaciones  y  segregaciones  de 
parcelas colindantes con las carreteras, cuando se pretendan llevar a cabo fuera 
del suelo urbano consolidado, solo se emitirán en sentido favorable en aquellos 
casos en los que esas actuaciones no impliquen un incremento del número de 
accesos a la carretera, en los términos establecidos reglamentariamente.
Pola su parte, las autorizaciones referidas a las parcelaciones y segregaciones 
de parcelas colindantes con las carreteras, cuando se pretenden llevar a cabo en 
el suelo urbano consolidado, solo se emitirán en sentido favorable en aquellos  e.e
casos en los que todas las nuevas parcelas generadas puedan resolver su acceso  b
a través de otras vías de circulación o bien cumplan las condiciones para que sus  15ww
accesos puedan ser autorizados por la administración titular de la carretera.»
Once. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 53, que queda redactada 
como sigue:
«b) Los rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean 
indicativos  de  su  actividad,  siempre  que  se  cumplan,  simultáneamente,  las 
siguientes condiciones:
1.º Que se sitúen en los edificios o terrenos en que aquellos desarrollen su 
actividad.
2.º Que se sitúen más separados de la carretera que la línea límite de 
edificación y a una distancia de la calzada no inferior a su altura.
En el caso de edificaciones preexistentes entre la calzada y la línea límite de 
edificación, se admitirán también aquellos casos en los que se justifique que no se 
pueden instalar rótulos más separados de la carretera que la línea límite de 
edificación, no se disponga ya de otro rótulo visible desde la calzada y se trate de 
rótulos pintados o instalados en la propia edificación, sin volar sobre la zona de 
dominio público.
3.º Que  no  incluyan  comunicación  adicional  tendente  a  promover  la 
contratación de bienes o servicios.»
Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 58, que queda redactado como sigue:
«2. La persona causante de los daños deberá abonarle a la administración 
titular de la carretera la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, en 
el plazo que, a tal efecto, se le conceda.
Asimismo, la administración titular de la carretera podrá exigirle a la persona 
causante de los daños el resarcimiento de los gastos que suponga su intervención 
para el auxilio público mediante personal, ya sea a través de medios propios o 
contratados, medios de señalización o balizamiento, la custodia de vehículos o 
cargas y la retirada de restos en caso de accidente o avería.
En  caso  de  que  un  asegurador  asumiese  el  riesgo  derivado  de  la 
responsabilidad civil de la persona causante de los daños, la administración titular 
de la carretera podrá requerirle directamente a aquel el pago de la indemnización 
por los daños y perjuicios causados al dominio público viario y por el resto de 
gastos a los que se refiere el párrafo anterior.»
Trece. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición  adicional  primera. Edificaciones,  instalaciones  y  cierres 
preexistentes.
1. En  las  edificaciones,  instalaciones  y  cierres  preexistentes  en  la  zona 
comprendida entre la línea exterior de delimitación de la calzada de la carretera y 
la línea límite de edificación podrán ser autorizadas, o quedarán sujetas al régimen 
de declaración responsable en los casos previstos en esta ley, en lo que a la 
legislación sectorial en materia de carreteras se refiere, y siempre que quede 
garantizada la seguridad viaria en la carretera y en sus accesos y no se produzca 
cambio de uso ni incremento de volumen edificado, por encima o por debajo de la 
rasante del terreno: e
a) Con  carácter  general,  las  obras  de  mantenimiento,  conservación  y  w.
sreuhpaubbe)i slittaoEcsxi códenep. icnitoenréaslm peúnbtleic, o oo bsroacsi al daes í craelhifaicbailditoasc.ión  estructural,  en  aquellos  2022-3415n https://ww
2. Las  edificaciones,  instalaciones  y  cierres  preexistentes  que  se  vean  BOE-A-cable e
afectados por obras de reforma de la carretera y que cuenten con autorización,
siempre que les sea exigible, podrán ser repuestos, en el plazo máximo de tres 
años desde la fecha de finalización contractual de la obra que los afectó, por la 
persona propietaria o por la administración titular de la actuación, con las mismas 
características que tuviesen y, en todo caso, fuera de la zona de dominio público.»
Catorce. Se añade una disposición transitoria quinta con la siguiente redacción:
«Disposición  transitoria  quinta. Reposición  de  edificaciones,  instalaciones  y 
cierres preexistentes.
En relación con lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera 
de  la  Ley  8/2013,  de  28  de  junio,  de  carreteras  de  Galicia,  en  el  caso  de 
edificaciones, instalaciones y cierres preexistentes que se vean afectados por 
obras de reforma de la carretera que hayan sido finalizadas contractualmente con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales y administrativas, y que cuenten con autorización, siempre que 
les  fuese  exigible,  podrán  ser  repuestos,  por  la  persona  propietaria,  con  las 
mismas características que tuviesen y, en todo caso, fuera de la zona de dominio 
público,  en  el  plazo  máximo  de  tres  años  desde  la  entrada  en  vigor  de  la 
Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.»
CAPÍTULO V
Mar
Artículo 27. Modificación de la Ley 8/2011, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia.
La letra a) del número 2 del artículo 148 de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de 
pesca de Galicia, queda redactada como sigue:
«a) El decomiso de los productos o de los bienes obtenidos ilegalmente, las 
infracciones previstas en el artículo 137.G), números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.»
Artículo 28. Modificación de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia.
La Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia, queda modificada como 
sigue:
Uno. Se modifica el número 1 al artículo 49, con la siguiente redacción:
«1. Puertos de Galicia controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de la 
normativa  que  afecte  a  la  admisión,  manipulación  y  almacenamiento  de 
mercancías peligrosas y de la normativa que afecte a la protección del medio 
ambiente, así como a los sistemas de seguridad, incluidos los que se refieran a la 
protección ante actos antisociales y terroristas, sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a otros órganos de las administraciones públicas, en particular, 
las que ostenta la Administración general del Estado, la persona titular de la 
consejería competente en materia de protección civil y gestión de urgencias y la 
Agencia Gallega de Emergencias, y de las responsabilidades que en esta materia 
correspondan a las personas usuarias del puerto. s
A  los  efectos  previstos  en  este  número,  corresponderá  a  los  titulares  de  e.
concesiones y autorizaciones el cumplimiento de las obligaciones de coordinación  w.
de actividades empresariales en calidad de titulares del centro de trabajo. En los  15ww
eqsupea caicotsú en oe no torergparedsoesn etanc iróéng imdeel na drme acdoonrc eresisópno nod aeuráto rdizeal ccióunm, pelilm cioennstoig ndaet alraios 
aonbcliglaajec iodneel sb udqeu ec, oyo rednin gaecnióenr adl udruarnatnet el alas  emstaannicoibar adse l dmei samtroa qeune e, l dpeusearttroa,q suaelv oy   BOE-A-cable e
para  las  operaciones  de  carga,  estiba,  desestiba,  descarga  o  transbordo  de
mercancías o de embarque o desembarque de pasajeros. Si se realizan estas 
operaciones o las de entrega, recepción, almacenamiento, depósito y transporte 
horizontal de mercancías en espacios no otorgados en concesión o autorización, 
responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación la empresa 
prestadora del servicio correspondiente.»
Dos. El número 1 del artículo 137 queda redactado como sigue:
«1. Las infracciones reguladas en la presente ley se sancionarán con las 
multas siguientes:
a) Las infracciones leves, con multas de hasta 60.000 euros.
b) Las infracciones graves, con multas de hasta 300.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multas de hasta 600.000 euros.»
Tres. Se añade un número 6 al artículo 143, que queda redactado como sigue:
«6. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución que ponga fin al 
procedimiento  sancionador  será  de  un  año  desde  la  fecha  del  acuerdo  de 
iniciación de dicho procedimiento.»
CAPÍTULO VI
Política social
Artículo 29. Modificación de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de 
Galicia.
La  Ley  13/2008,  de  3  de  diciembre,  de  servicios  sociales  de  Galicia,  queda 
modificada como sigue:
Uno. Se modifica el título de la disposición adicional novena, que queda redactado 
como sigue: «Actuaciones para conseguir la gratuidad de la atención educativa en las 
escuelas infantiles de 0-3 años».
Dos. Se añade un nuevo apartado 7 en la disposición adicional novena con la 
siguiente redacción:
«7. Con el fin de consolidar el objetivo de interés público, por razones de 
impulso demográfico y conciliación, de lograr la gratuidad de la atención educativa 
en  las  escuelas  infantiles  de  0-3  años,  con  efectos  económicos  a  partir  del 
comienzo del curso escolar 2022-2023, se extenderá el régimen establecido en 
esta disposición a la matriculación del primer hijo o hija de la unidad familiar, de 
acuerdo con la regulación en ella establecida para los distintos supuestos que 
contempla.»
Artículo 30. Modificación de la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, 
administrativas y de ordenación .
La Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, 
queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 69, que queda  oe.
redactado como sigue: w.
régim«Leans  dcea nctiodfaindaensc qiauceió cno rpreresvpiostnod ae na beosntea r aar tlíacsu leon ttiednaddreásn  lolac acleosn sdideerirvaacdióans  ddeel 
pdaerutdicaipsa vceiónnc iddaes ,a lqíquueildlaass  eyn e xeilg iFbolensd,o y  dpeo dCráono pseerra ocbiójent oL odcea cl,o dmep eancsuaecrdióon  ccoonn  llao 
dispuesto en su regulación.»
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 69, que queda redactado como sigue:
«4. El  Consorcio,  o  ente  que  lo  sustituya,  expedirá  semestralmente  las 
liquidaciones  derivadas  del  régimen  de  cofinanciación  correspondientes  a  las 
entidades locales, en las que se indique el número de usuarios y las cantidades 
aplicables de acuerdo con lo establecido en el anexo I de esta ley. Las entidades 
locales  deberán  abonarlas  en  el  plazo  de  dos  meses.  En  los  casos  de 
discrepancia  en  la  cuantía,  si  no  se  consigue  acuerdo  en  la  comisión  de 
seguimiento establecida en los convenios formalizados en su día, el Consorcio, o 
ente que lo sustituya, dictará resolución motivada y fijará la cuantía, en un plazo 
máximo de seis meses desde el acuerdo del inicio del expediente de liquidación, 
sin  perjuicio  de  que  la  entidad  local  pueda  recurrir  en  la  vía  jurisdiccional 
contencioso-administrativa.»
CAPÍTULO VII
Empleo
Artículo 31. Modificación de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de 
Galicia.
La Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, queda modificada 
como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 73, que queda redactado como sigue:
«3. El consejo rector presentará, firmados electrónicamente, para su depósito 
en  el  registro  de  cooperativas  competente,  dentro  del  plazo  de  dos  meses, 
contados desde su aprobación por la asamblea general, las cuentas anuales y el 
informe de gestión, firmados por quien ejerza la presidencia y la secretaría, o 
administrador único, y, si procede, el informe del órgano de intervención o, en su 
caso, el informe de auditoría externa, las certificaciones acreditativas del acuerdo 
de aprobación de las cuentas anuales y de la distribución o imputación de los 
resultados, así como del número de cooperativistas.»
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo, que queda redactado como sigue:
«4. Con carácter complementario al depósito de los documentos indicados 
en el número anterior, podrá depositarse en el registro de cooperativas la memoria 
social, firmada electrónicamente, de acuerdo con los modelos aprobados por el 
Consejo Gallego de Cooperativas.»
Artículo 32. Modificación de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del 
sector público autonómico.
Se modifica el artículo 26 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización 
del sector público autonómico, que queda redactado como sigue:
«Artículo 26. Reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa 
social y empresas de inserción sociolaboral. s
1. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la  b
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se  15ww
ytr adsepl oCnoenns aelj oo r2d0e1n4a/m23ie/UntEo  yju 2rí0d1ic4o/ 2e4s/pUaEñ,o dl ela s2 6D diree cfteivbares rdoe dl eP a2r0la1m4,e mnteod Eiaunrtoep euon 
raecsueerrvdao  ddeell  Cdeornescehjoo  dae  plaa rXticuinptaar  deen  Glaolsic iap,r oscee dfiijmarieán etol sp odrece natdajjued imcaínciimóno  ddee 
determinados  contratos  o  de  determinados  lotes  de  los  mismos  a  centros
especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, 
respectivamente, en el texto refundido de la Ley general de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante el Real 
decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que 
cumplan  con  los  requisitos  establecidos  en  dicha  normativa  para  tener  esta 
consideración,  o  un  porcentaje  mínimo  de  reserva  de  la  ejecución  de  estos 
contratos en el marco de programas de empleo protegido, siempre y cuando el 
porcentaje de trabajadores y trabajadoras con discapacidad o en situación de 
exclusión social de los centros especiales de empleo de iniciativa social, de las 
empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de 
referencia y, en todo caso, por lo menos el 30 por 100. En el referido acuerdo del 
Consejo de la Xunta de Galicia se fijarán las condiciones mínimas para garantizar 
el cumplimiento de lo establecido en este párrafo.
2. Será  susceptible  de  reserva  cualquier  objeto  contractual,  sector  de 
actividad,  procedimiento  de  adjudicación  y  cuantía.  La  consejería  con 
competencias en materia de economía social pondrá a disposición de los órganos 
de contratación la información que posea sobre la existencia de centros especiales 
de empleo de iniciativa social o empresas de inserción que realicen o se dediquen 
a la actividad objeto del contrato, con el fin de facilitar, en su caso, su calificación 
como reservado.
La reserva deberá mencionarse en el título del contrato y en el anuncio de 
licitación.
Cuando, tras seguirse un procedimiento de un contrato reservado, no se haya 
presentado ninguna oferta o las ofertas no fuesen adecuadas, se podrá licitar de 
nuevo el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se 
modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales. El importe de dicho contrato 
computará a efectos de integrar el porcentaje de reserva que se haya establecido 
para ese ejercicio.
3. El importe global de los contratos reservados será, como mínimo, de 
un 5 %, calculado sobre la suma de los importes de adjudicación, con IVA, de los 
contratos  menores  y  contratos  abiertos  simplificados  a  los  que  se  refiere  el 
apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público, incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI de dicha 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y adjudicados en el ejercicio presupuestario 
inmediatamente anterior por el sector público autonómico.
4. La  Xunta  de  Galicia  fomentará  al  máximo  criterios  sociales  en  las 
contrataciones  que  realice,  y  potenciará  la  generación  de  empleo  para  las 
personas con discapacidad.
5. Las  empresas  y  entidades  beneficiarias  de  la  reserva  deberán  estar 
legalmente constituidas y cumplir los requisitos necesarios para el ejercicio de su 
actividad.
6. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva no 
procederá la exigencia de garantías provisionales o definitivas, salvo en los casos 
en  que  el  órgano  de  contratación,  por  motivos  excepcionales,  lo  considere 
necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.
7. Se constituirá una comisión de seguimiento, formada por una persona en 
representación de la Xunta de Galicia, una persona representante de la patronal  es
mayoritaria de los centros especiales de empleo de iniciativa social de Galicia y  o
lsldoaaoet  rca apeip aesdllrit,eces  alo alaacn rsifaóti íj necatu mcidtliuoópel,nr a elp ards a eadrrealse s  p sdeoluearrv   ceiancel eosndventeaars cjceceiiójo óemnnnr,ít í aranpa lia tmccorooasonn.   qd sLueceaeo j or,mce  ocdspomeeen ritlvs aecai nóaX cnrauái la ndcsqteta eu e rsed ne ters gi emmGu ieraamestlifeitceirerianiaralte.,o   p depuel re aodeppacao ornvtndaaordloámor, a í1aar     OE-A-2022-3415able en https://www.
8. Tras el cierre de cada ejercicio presupuestario, y a efectos de realizar un 
adecuado seguimiento de la reserva de contratos, se presentará ante la comisión 
de seguimiento un informe detallado que contendrá el listado y el importe total de 
los  contratos,  o  lotes  de  los  mismos,  reservados  y  adjudicados  a  centros 
especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, reflejando la 
ejecución de la reserva en el ejercicio presupuestario cerrado. Dicho informe se 
publicará en el portal web institucional de la Xunta de Galicia.»
CAPÍTULO VIII
Vivienda
Artículo 33. Modificación de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia.
La Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el número 3 del artículo 33, que queda redactado como sigue:
«3. El importe de las fianzas depositadas podrá ser destinado a inversiones 
para  la  promoción,  construcción  y  rehabilitación  de  viviendas  protegidas  de 
promoción pública, a actuaciones directas en núcleos antiguos o sujetos a un 
proceso de renovación urbana, a la dotación de fondos de cooperación con los 
ayuntamientos para el impulso de actuaciones de rehabilitación, regeneración o 
renovación urbana, así como para la adquisición y promoción de vivienda de 
nueva construcción, a medidas de fomento del alquiler y a políticas de fomento del 
derecho a la vivienda previstas en esta ley, siempre que quede garantizada la 
devolución  de  las  fianzas  que  sean  reclamadas  en  el  tiempo  y  forma  que 
proceda.»
Dos. Se añade un artículo 74 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo  74  bis. Procedimiento  extraordinario  de  adjudicación  directa  de  las 
viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Gallego 
de la Vivienda y Suelo.
1. Las viviendas de promoción pública de titularidad del Instituto Gallego de 
la  Vivienda  y  Suelo  podrán  adjudicarse  directamente,  previa  tramitación  del 
procedimiento extraordinario previsto en este artículo, siempre que se trate de 
satisfacer las necesidades urgentes de vivienda de aquellas personas que no 
puedan acogerse a otro programa del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y 
que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Pérdida  de  la  vivienda  habitual  como  consecuencia  de  catástrofes 
naturales, daños u otros supuestos análogos de fuerza mayor.
b) Especial vulnerabilidad social o riesgo de exclusión.
c) Mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  en  situación  de  precariedad 
económica  que  hayan  cesado  la  convivencia  con  el  agresor  en  el  intervalo 
temporal que comprende los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de 
emisión  del  informe  de  los  servicios  sociales  municipales  que  conste  en  el 
expediente para la adjudicación directa de la vivienda, así como las hijas e hijos  es
menores de 30 años de las víctimas mortales por violencia de género, cualquiera  o
que sea la naturaleza de su filiación, que se encontrasen en una situación de  15www.
fdsaeell pededcen)itm edreiLemnancinstioa eq  ndu eeee c nlaso e lnov óíescm stpitmiarcobaagl .erazdmcea ansl a ee ns mpbeaacsdíerfie ca o oso t rdaeds e aclc irccaeugsnroes tsaao nlrac  ivaeivsni  eenxedtlr aa omprrodomitneaegrniidatoas   qqduueeel    OE-A-2022-34able en https://
apruebe la Administración autonómica.
2. El procedimiento de adjudicación se iniciará por acuerdo de la Comisión 
Provincial de la Vivienda, por propia iniciativa de dicha comisión o a instancia de la 
Dirección General del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. Acordado el inicio 
del expediente, se solicitará informe de los servicios sociales del ayuntamiento del 
último domicilio de la unidad de convivencia, si no constase ya junto con la 
solicitud. Este informe tendrá el carácter de preceptivo y no vinculante. Además, la 
Comisión Provincial podrá solicitar cuantos informes y documentos adicionales 
estime procedentes. La Presidencia del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, a 
la vista de la propuesta de la Comisión Provincial de Vivienda y, en su caso, de 
cuantos informes y documentos estime procedentes, resolverá sobre el asunto. 
Dicha resolución pone fin a la vía administrativa.
3. La adjudicación directa se efectuará en régimen de arrendamiento, salvo 
que el programa específico al que se acoja la persona adjudicataria prevea la 
posibilidad de ocupación temporal en atención a sus ingresos.
4. Las  viviendas  de  promoción  pública  que  podrán  ser  objeto  del 
procedimiento  de  adjudicación  directa  regulado  en  este  artículo  deberán  ser 
adecuadas para atender a las concretas necesidades de vivienda de la persona 
interesada.  No  podrán  ser  objeto  de  este  procedimiento  las  viviendas  de 
promoción pública incluidas en un procedimiento ordinario de adjudicación en 
tanto se mantengan vigentes las listas resultantes del correspondiente sorteo.»
Tres. Se modifica el número 2 del artículo 108, que queda redactado como sigue:
«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5 de este artículo, cuando la 
persona responsable de la infracción sea una persona adjudicataria, por cualquier 
título,  de  una  vivienda  protegida,  las  cuantías  de  las  sanciones  serán  las 
siguientes:
a) Las infracciones leves, con multa de 150 hasta 1.500 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 1.501 hasta 15.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa de 15.001 hasta 30.000 euros.»
Cuatro. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional tercera. Efectos del silencio administrativo.
Las solicitudes de calificación, modificación de calificación o descalificación de 
viviendas protegidas, así como las solicitudes de autorización de disposición o de 
visado  de  contratos  de  viviendas  protegidas  o  las  solicitudes  de  actuaciones 
protegidas  reguladas  en  esta  ley  se  entenderán  desestimadas  por  silencio 
administrativo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  punto  1  del  artículo  24  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. Los mismos efectos tendrá el silencio administrativo en 
relación con las renuncias y con las solicitudes de adjudicación de viviendas y 
locales de propiedad del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, de cambio de 
régimen  de  las  viviendas  de  promoción  pública  y,  en  general,  con  todas  las 
solicitudes que impliquen la asunción de derechos o facultades sobre las viviendas 
protegidas que, según lo previsto en esta ley, deban ser objeto de autorización por 
parte del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.» e.
Cinco. Se modifica la disposición adicional vigesimoprimera, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición adicional vigesimoprimera. Ayudas del bono de alquiler social y del 
bono de alquiler social para víctimas de violencia de género otorgadas por la 
Administración autonómica.
1. A efectos de lo previsto en la letra a) del número 2 del artículo 2 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, las ayudas del bono de 
alquiler social y del bono de alquiler social para víctimas de violencia de género 
otorgadas por la Administración autonómica tienen la consideración de ayudas 
prestacionales de carácter asistencial.
2. La normativa reguladora de dichas ayudas determinará los requisitos para 
tener la condición de persona beneficiaria y el procedimiento para su concesión, 
en  el  que  deberán  cumplirse  los  principios  de  publicidad,  transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.»
Seis. Se añade la disposición adicional vigesimosegunda, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición  adicional  vigesimosegunda. Fondo  de  cooperación  con  los 
ayuntamientos para el apoyo a la financiación de la adquisición y promoción de 
vivienda de nueva construcción.
1. Se crea el fondo de cooperación con los ayuntamientos para el apoyo a la 
financiación  de  la  adquisición  y  promoción  de  vivienda  como  un  fondo  sin 
personalidad  jurídica  propia,  para  la  gestión  de  instrumentos  financieros  de 
préstamos sin intereses a los ayuntamientos para la adquisición y promoción de 
vivienda de nueva construcción.
2. Se podrán acoger al fondo los ayuntamientos que cumplan las condiciones 
que se establezcan mediante resolución de la Presidencia del Instituto Gallego de 
la  Vivienda  y  Suelo,  con  el  objeto  de  financiar,  mediante  un  préstamo,  sin 
intereses, concedido por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, la adquisición 
y promoción de vivienda de nueva construcción con destino a alquiler social o a 
otras finalidades que se determinen por resolución de la Presidencia del Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo.
3. El fondo se dotará a partir de los depósitos procedentes de las fianzas de 
arrendamiento, con el importe máximo que, previa autorización por parte de la 
consejería  competente  en  materia  de  hacienda,  se  establezca  mediante  una 
resolución de la Presidencia del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. Las 
devoluciones efectuadas por los ayuntamientos pasarán nuevamente a formar 
parte  del  fondo  de  cooperación  con  los  ayuntamientos  para  el  apoyo  a  la 
financiación  de  la  adquisición  y  promoción  de  vivienda  para  que  pueda  ser 
reutilizado en nuevas disposiciones por parte de los ayuntamientos.
4. Dicho fondo será gestionado por el Instituto Gallego de la Vivienda y 
Suelo,  quien  determinará  el  procedimiento  de  solicitudes,  condiciones  y 
procedimiento de concesión de los préstamos, y contará con una contabilidad 
separada  de  la  del  ente  instrumental,  con  la  que  presentará  sus  estados 
presupuestarios y contables de forma consolidada. En todo caso, estará sometido  es
al régimen de auditoría, control y rendición de cuentas que resulte aplicable al  o
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. 15www.
vdien cla65u ..lV  aidvLToieeosnns a ide arnue dynco auS  reucsneuo lesoc n.utaeasn iotgapn ealarda optisrvo ac aepl droefopnnicadi aoy   ys yel ap saaurfase dcatrae cdniedó inmla disee nd tleoalss I  ncdsaetnitbtuiedtoraá dnGe asel lqsetugaeor    OE-A-2022-34able en https://
dotan este fondo, los ayuntamientos no podrán compensar las amortizaciones
pendientes con las cuantías que, por cualquier otro concepto, pueda deberles la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia u otras entidades 
públicas instrumentales pertenecientes al sector público autonómico.
7. Las cantidades dispuestas y no reintegradas al Instituto Gallego de la 
Vivienda y Suelo, llegada la fecha de vencimiento parcial o total del préstamo, se 
considerarán vencidas, líquidas y exigibles, a efectos de su compensación con 
cargo al Fondo de Cooperación Local.»
CAPÍTULO IX
Sanidad
Artículo 34. Modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.
Se añade una nueva disposición adicional segunda en la Ley 8/2008, de 10 de julio, 
de salud de Galicia, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional segunda. Aplicación de las medidas de vacunación en el 
marco de las competencias estatales de coordinación general de la sanidad y 
de la Estrategia nacional de vacunación.
La medida prevista en el número 5 de la letra b) del número 2 del artículo 38 
se entenderá sin perjuicio del carácter voluntario de la vacunación con carácter 
general y se aplicará siempre de acuerdo con lo establecido para cada patología 
por la Administración general del Estado en el ejercicio de sus competencias de 
coordinación general de la sanidad, en la estrategia nacional de vacunación que 
esté vigente en cada momento y en el marco de lo que determine el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las campañas se articularán sobre 
el  principio  de  colaboración  voluntaria  de  las  personas  afectadas  con  las 
autoridades  sanitarias,  y  estas  ofrecerán  información,  en  todo  caso,  de  los 
posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas.»
Artículo  35. Medidas  extraordinarias  en  materia  de  planificación  y  ordenación  de 
recursos humanos para el fortalecimiento de la atención primaria en Galicia.
1. Con el objeto de dar respuesta adecuada a las necesidades actuales de la 
atención primaria, garantizando la continuidad  asistencial con criterios de calidad y 
teniendo  en  cuenta  las  dificultades  excepcionales  relacionadas  con  la  escasez  de 
profesionales  médicos  de  familia,  las  actuaciones  previstas  en  el  Plan  gallego  de 
atención primaria 2019-2021, y la necesidad de establecer cambios en la prestación 
asistencial y en la ordenación de los recursos humanos de los equipos de atención 
primaria, se adoptan con carácter extraordinario las medidas que figuran en este artículo, 
sin afectar a los derechos que la normativa vigente reconoce al personal médico que 
presta actualmente servicios con vínculo de fijeza en ese nivel asistencial.
2. Como parte del colectivo profesional del personal médico de familia, se crea, en 
el Servicio Gallego de Salud, la categoría estatutaria de facultativo/a especialista de 
atención primaria, dentro del colectivo de personal estatutario sanitario de formación 
universitaria, de nivel licenciado o graduado con título de especialista en ciencias de la 
salud (subgrupo A1). s
Las funciones de esta categoría serán las funciones inherentes a las competencias  oe.
profesionales especificadas en el programa de formación de médico/a especialista en  w.
mepsreepdveiicscitinaaalse  sef nae mens ilctiaeur aa nryttí oc cuaolo ml,o uqsnu ieltua gpriaaarr.et icsDu dilcaehr iazpsar ensf ultaanscc ieióosnnp eedsce ilf sicseied radvdiecesiosa, r drdoeil sleapsroátann i cbaiclitodenag do lraíyas . jorrengaldaas   2022-3415n https://ww
En particular, por necesidades derivadas de la garantía de la continuidad asistencial
en todos los dispositivos de atención primaria, dentro de las tareas específicas de este  Bc
personal, se establece el desarrollo necesariamente de sus funciones y prestación de 
servicios tanto en los centros de salud como en los puntos de atención continuada. Los 
lugares concretos de prestación de servicios se concretarán, para cada plaza ofertada, 
en la correspondiente convocatoria.
3. Para acceder a la categoría de facultativo/a especialista de atención primaria, 
como personal estatutario fijo o temporal, será indispensable estar en posesión del título 
oficial de médico/a especialista en medicina familiar y comunitaria y, en el caso de 
personal fijo, superar las correspondientes pruebas de selección, según lo establecido en 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los 
servicios  de  salud,  y  en  la  restante  normativa  aplicable.  La  selección  del  personal 
temporal se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la citada 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre.
Con la finalidad de disminuir el muy grave déficit de personal médico de familia 
mediante  la  incorporación  urgente  del  primer  grupo  de  profesionales  de  la  nueva 
categoría,  y  atendiendo  a  la  evaluación  continua  y  garantía  de  capacidad  y 
conocimientos que otorga el sistema de formación especializada en ciencias de la salud, 
así como a las peculiares funciones y prestaciones de esa categoría, en el año 2022 se 
tramitará un proceso selectivo, por el sistema de concurso, para acceder a la condición 
de personal fijo de ella.
A los efectos de que pueda participar el personal médico interno residente (MIR) que 
está actualmente en su último año de formación en la especialidad de medicina familiar y 
comunitaria, dicho concurso se convocará en el segundo trimestre del año 2022.
4. Dentro del respeto al régimen de jornada tanto ordinaria como complementaria 
que establece el Estatuto marco, la jornada del personal facultativo especialista de 
atención primaria será la vigente como ordinaria para el personal médico de familia y la 
complementaria para prestar servicios de atención continuada en un tramo que se 
concretará, para cada plaza ofertada, en la correspondiente convocatoria.
5. Las retribuciones del personal facultativo especialista de atención primaria serán, 
por una parte, las vigentes para el personal médico de familia de las unidades de 
atención primaria. En su caso, por su ámbito de prestación, los factores del complemento 
de productividad fija se abonarán teniendo en cuenta la media de dicho complemento en 
los diversos centros de trabajo.
Dadas las condiciones de trabajo especiales de esta categoría, con jornada superior 
y prestación en unidades y puntos de atención continuada, disponibilidad y diferentes 
localizaciones, sus puestos de trabajo contarán con una retribución complementaria 
adicional, de carácter fijo y periódico y devengo mensual, para atender esa singularidad.
La  atención  continuada  efectivamente  realizada  se  retribuirá  con  las  cuantías 
correspondientes a las guardias del personal facultativo.
El personal facultativo especialista de atención primaria podrá participar, de acuerdo 
con la letra c) del artículo 7 del Decreto 226/1996, de 25 de abril, por el que se regula el 
régimen retributivo del personal de las unidades y servicios de atención primaria, en los 
objetivos y programas prefijados por el Servicio Gallego de Salud con la correspondiente 
asignación individual de las cuantías derivadas del grado de cumplimiento de aquellos 
(complemento de productividad, factor variable). Los objetivos y su seguimiento podrán 
adaptarse a las peculiaridades de la categoría. Las cuantías y demás condiciones para la 
percepción de este complemento serán las mismas que se establecen con carácter 
general para el personal médico de atención primaria.
6. El personal facultativo especialista de atención primaria, estatutario fijo de la  es
categoría, podrá participar en los procesos de selección de las categorías de médico/a  o
deedonnem   esf7aiistc.mua ila iisolEciia,ti lóu, p pnaome crdri éóseednol  is nctaueoadrr/lnv amdoi ceid nid oeilesa  at  urpncarrutgtoiiveevmovna aoc.e ciancióas an teqh iguonoesterpllíraaint a acplaa,o rtcdeiaurgásao  nsrydío aopl i cyeci rtuasamcor rnpeeallda lg i tlmreoa sédd doroei scIq  odau eñids oeicts oa hsrdor eecs roppamie tparumrlniozeafaesncs,ei ióeonnsnc tiaaéal     OE-A-2022-3415able en https://www.
de la misma cuando acredite un período de tres años de servicio activo, en su grado
inicial, el último día del plazo que la convocatoria anual establezca para la presentación 
de solicitudes. Esta medida excepcional se aplicará hasta la convocatoria de acceso a 
los grados de carrera profesional del año 2027.
8. En atención a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo, y, 
en particular, al grave déficit de personal médico en el ámbito de la atención primaria, el 
Servicio  Gallego  de  Salud,  bajo  la  supervisión  y  control  de  la  consejería  con 
competencias en materia de sanidad, podrá nombrar personal estatutario temporal de 
carácter eventual, como personal médico técnico de salud, que desarrollará funciones de 
apoyo en atención primaria en los ámbitos de la gestión de la incapacidad temporal, 
prevención de la enfermedad o cualquier otro que demanden las necesidades de la 
atención sanitaria y la protección de la salud. Estos nombramientos podrán formalizarse 
hasta el 31 de diciembre de 2026.
El ámbito funcional de este personal respetará la normativa básica en materia de 
empleo público, ordenación de las profesionales sanitarias, régimen de la Seguridad 
Social y cualquier otra que resulte de aplicación a las funciones asignadas.
Para acceder a estos nombramientos será indispensable estar en posesión del título 
de grado o licenciatura en Medicina y de la formación adicional que, en su caso, se 
establezca  en  atención  a  las  funciones  específicas  que  deba  realizar  el  personal 
nombrado.
CAPÍTULO X
Industria, comercio y consumo
Artículo 36. Modificación del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de política industrial.
Se modifica el artículo 79 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de política industrial, que queda redactado como sigue:
«Artículo 79. Procedimiento de declaración e implantación.
1. El procedimiento para la declaración de una propuesta de inversión como 
proyecto industrial estratégico se iniciará a instancia de parte mediante solicitud de 
la  empresa  interesada  dirigida  a  la  consejería  competente  en  materia  de 
economía, aportando la siguiente documentación:
a) El proyecto de implantación o de ampliación de la instalación industrial, 
incluyendo  la  reglamentación  detallada  del  uso  pormenorizado,  volumen, 
características técnicas y funcionales y condiciones de diseño y adaptación al 
medio ambiente.
b) La memoria descriptiva detallada de las características técnicas de las 
infraestructuras,  dotaciones  o  instalaciones  objeto  del  proyecto,  así  como  del 
ámbito territorial afectado. En dicha memoria se incluirán los planos de situación y 
localización, a escala adecuada de las instalaciones, así como la determinación 
gráfica del trazado y de las características de los accesos viarios y de las redes de 
conducción y distribución. s
c) Una memoria en la que se justifique: oe.
1.º La  forma  en  que  la  propuesta,  de  ser  realizada,  dará  lugar  a  una  15ww
expa2n.ºs ióLna s vigianbifiilcidaatidva e dcoenl tóemjidicoo i-nfidnuasntcriiaelr ag adlele lgao a oc tau alac icóonn.solidación de este.
d) La idoneidad de la localización elegida, así como la relación del contenido
del proyecto con el plan urbanístico vigente, con las Directrices de ordenación del
territorio mediante el correspondiente análisis de compatibilidad estratégica y con 
el Plan de ordenación del litoral.
e) El documento ambiental que resulte exigible.
f) La relación detallada de los bienes necesarios afectados, describiéndolos 
en la forma que determina el artículo 17 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 
de diciembre de 1954.
2. La consejería remitirá la documentación presentada al Instituto Gallego de 
Promoción Económica, que emitirá informe en el que se constate el cumplimiento 
de los requisitos para la declaración. Visto el informe, la persona titular de la 
consejería elevará una propuesta al Consejo de la Xunta sobre la declaración del 
proyecto industrial estratégico.
3. Tras la declaración por el Consejo de la Xunta del proyecto industrial 
estratégico,  la  consejería  competente  en  materia  de  economía  continuará  la 
tramitación de su implantación si lo es también por razón de la materia. En caso 
contrario,  remitirá  el  expediente  a  la  consejería  a  la  que  corresponda  la 
competencia.
4. La consejería competente por razón de la materia impulsará de oficio los 
trámites  necesarios  para  la  implantación  del  proyecto,  solicitando  todos  los 
informes que resulten precisos para su evaluación, en particular los relativos a su 
compatibilidad con la ordenación del territorio y con el medio ambiente.
Cuando el proyecto afecte a terrenos que, de conformidad con la legislación 
urbanística, deban ser clasificados como suelo rústico de especial protección, se 
exigirá el informe favorable del organismo que tenga la competencia sectorial por 
razón del correlativo valor objeto de protección.
5. Los proyectos a que se refiere este capítulo serán sometidos a un trámite 
de información pública de quince días mediante anuncio publicado en el "Diario 
Oficial de Galicia" y les será aplicable la normativa en materia de evaluación 
ambiental.
6. La persona titular de la consejería competente por razón de la materia 
remitirá al ayuntamiento correspondiente el proyecto de que se trate, para que en 
el plazo de quince días notifique su conformidad o disconformidad con el plan 
urbanístico en vigor.
En el caso de disconformidad, el expediente será remitido a la consejería 
competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio para la emisión de 
informe de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
7. La persona titular de la consejería competente por razón de la materia 
elevará  el  expediente  al  Consejo  de  la  Xunta,  que  decidirá  si  procede  la 
aprobación del proyecto industrial estratégico.
8. Aprobado el proyecto por el Consejo de la Xunta, la persona titular de la 
consejería  competente  por  razón  de  la  materia  remitirá  al  ayuntamiento  un 
ejemplar del proyecto de implantación o de ampliación de la instalación industrial, 
y será posible el inicio de las obras.»
Artículo 37. Modificación de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de cámaras oficiales de 
comercio, industria y navegación de Galicia.
Se añade un apartado 3 al artículo 67 de la Ley 5/2004, de 8 de julio, de cámaras 
oficiales de comercio, industria y navegación de Galicia, con la siguiente redacción: e.e
«3. La  cámara  que  asuma  tales  funciones  no  quedará,  directa  o  15ww
idAcnáesdm iimrreeaisscrapmta oomne,sx eeatnilbn teeiglij,ude viardicndaicc ,a iuollgd adueden a al topa, solne ris  clp oufrusiann lscecaisipol danorle esnss i dp nseoouun biddmsoeiprdreáliiasc r adiearexá, cr,ei lveunans dri venoalisanm cgdeiúeónn nlt a ecc  aloiqssnouu l,i od lpsaa a cdatióersinrmue ndoccehnió oiolnas.     OE-A-2022-34able en https://
y obligaciones derivados de las actuaciones realizadas por la cámara extinguida.»
Artículo 38. Modificación de la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección 
general de las personas consumidoras y usuarias.
La Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas 
consumidoras y usuarias, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 29 del artículo 82, que queda redactado como sigue:
«29. La introducción, existencia o mantenimiento de una cláusula abusiva en 
los contratos con los consumidores.»
Dos. Se modifica el apartado 43 del artículo 82, que queda redactado como sigue:
«43. No  devolución  o  abono  a  los  consumidores  de  cantidades 
indebidamente cobradas, retenidas o abonadas por los consumidores por gastos 
que no les correspondan, en especial como consecuencia de la aplicación de 
cláusulas abusivas o de la realización de prácticas abusivas, de la entrega de 
bienes o prestación de servicios no solicitados o no prestados efectivamente, o del 
ejercicio del derecho de desistimiento, revocación, inexistencia de relación de 
consumo o cualquier otra circunstancia; así como la no remoción de los efectos 
para los consumidores derivados de las acciones o situaciones anteriores.»
Tres. Se añaden los apartados 44, 45, 46 y 47 en el artículo 82, con la siguiente 
redacción:
«44. Incumplir  las  disposiciones  o  resoluciones  administrativas  sobre  la 
prohibición de venta, comercialización o distribución de determinados bienes o 
cualquier otra en relación con la seguridad de los productos.
45. Facilitar información, o introducción o aplicación de cláusulas no claras o 
no transparentes para el consumidor.
46. Siempre que esté permitida la modificación unilateral por la empresa de 
un contrato con un consumidor, no justificarse por parte de la empresa que el 
consumidor  ha  sido  notificado  de  manera  fidedigna  de  las  modificaciones 
contractuales, de sus efectos y derechos que le asisten y de que ha tenido 
conocimiento pleno de ello, o hacerlo incumpliendo el plazo establecido para ello.
47. No acreditarse por parte de la empresa el cumplimiento de los requisitos 
de información, claridad y transparencia de la información facilitada o de las 
obligaciones  de  cualquier  tipo  exigidas  por  la  normativa  reguladora  de  las 
comunicaciones comerciales a distancia, o por cualquier otra normativa relativa a 
comunicaciones a distancia con consumidores.»
Artículo 39. Modificación de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el 
aprovechamiento  eólico  en  Galicia  y  se  crean  el  canon  eólico  y  el  Fondo  de 
Compensación Ambiental.
La Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico 
en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, queda 
modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 7 del artículo 33, que queda redactado como sigue:
«7. La dirección general competente en materia de energía enviará una copia  e.e
del proyecto sectorial del parque eólico al órgano autonómico competente en  b
materia de ordenación del territorio y urbanismo, al efecto de obtener, en el plazo  15ww
mdisátxaimncoia sd ea  vlaesin dtee lidmíaitsa,c ioinnfeosrm dee l ssouberelo  edle  cnuúmclpeloim rieunratol,  udreb alnoos  ore uqrubisaintoizsa bdlee 
delimitado, establecidos en la disposición adicional quinta.»
Dos. Se añade una disposición adicional quinta, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional quinta. Distancias a núcleos de población.
Como  medio  para  asegurar  la  compatibilidad  del  desarrollo  eólico  con  la 
ordenación del territorio y el urbanismo, la distancia de los aerogeneradores a las 
delimitaciones de suelo de núcleo rural, urbano o urbanizable delimitado será la 
mayor de estas dos: 500 metros o 5 veces la altura total del aerogenerador (buje 
más pala).
Estos requisitos de distancias serán aplicables a las solicitudes de autorización 
administrativa previa y de construcción de parques eólicos cuya implantación se 
proyecte en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
No  serán  aplicables  estos  requisitos  de  distancia  a  los  proyectos  de 
modificaciones  sustanciales  (repotenciaciones)  de  parques  que  estén  en 
funcionamiento  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  18/2021,  de  27  de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas, en las que, para mantener su 
potencia total en funcionamiento, exista imposibilidad técnica justificada de su 
implantación. En todo caso, los aerogeneradores deberán situarse a la máxima 
distancia posible, con un mínimo de 500 metros, a las delimitaciones de suelo de 
núcleo rural, urbano o urbanizable delimitado.»
Tres. Se añade una disposición adicional sexta, que queda redactada como sigue:
«Disposición  adicional  sexta. Planificación  de  nuevas  solicitudes  de  parques 
eólicos.
1. Atendiendo  al  número  de  proyectos  de  parques  eólicos  admitidos  y 
actualmente en tramitación y a la cifra de MW prevista en estos proyectos, y con el 
objeto de procurar una ordenación racional del sector, durante el plazo de 18 
meses desde la entrada en vigor de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales y administrativas, no se admitirán a trámite nuevas solicitudes de 
parques eólicos.
Esta disposición no impedirá la modificación de los proyectos ya admitidos a 
trámite.
2. Se exceptúan de lo establecido en el número anterior aquellos proyectos 
que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, 
posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados 
como tales por el Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería 
competente en materia de energía.
3. Atendiendo a los eventuales desistimientos, renuncias, declaraciones de 
caducidad o resoluciones desestimatorias de las solicitudes ya presentadas, el 
Consejo de la Xunta de Galicia, motivadamente, podrá reabrir temporalmente el 
plazo para presentar nuevas solicitudes utilizando como referencia los MW en 
trámite.»
Cuatro. Se añade una disposición transitoria séptima, que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio para la aplicación de las 
distancias a núcleos de población establecidas en la disposición adicional  s
quinta. e.
1. Los requisitos de distancia establecidos en la disposición adicional quinta  15ww
sceu alaqpuliiecar rápno tean claias,  nquueev asse  saodlimcitiutadne sa  dterá mauitteo ripzarecvióian  ednet rapdaarq ueens  veigóolicr odse,  dlea 
Ley 21.8 /2P0a2r1a,  ldoes  2p7ro dyee cdtiocsie madbmreit,i ddoes m ae dtriádmasit efi sacnatleess  yd ea dlam einnistrtaradtaiv eans. vigor de la
Ley  18/2021,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  fiscales  y  administrativas,  los
requisitos de distancias a núcleos de población establecidos en la disposición 
adicional  quinta  serán  aplicables  únicamente  en  el  caso  de  modificaciones 
sustanciales  de  proyectos,  solicitadas  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la 
Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que, por 
suponer efectos ambientales distintos de los previstos inicialmente, requieran el 
inicio de una nueva tramitación ambiental, y siempre que estas modificaciones no 
vengan impuestas por un informe sectorial que motive esta modificación. En el 
resto de los casos, la distancia mínima a núcleos rurales, urbanos y urbanizables 
delimitada será de 500 metros.
3. Asimismo, los requisitos de distancias a núcleos de población establecidos 
en la disposición adicional quinta serán aplicables a las solicitudes de autorización 
de parques eólicos que se encuentren pendientes de admisión en el momento de 
la entrada en vigor de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas, y que se hayan presentado después del 20 de octubre de 2021.
Para estos casos, se concede un plazo de tres meses, contado desde la 
entrada en vigor de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas, para que los sujetos promotores puedan modificar sus proyectos o 
desistir  de  ellos.  En  el  caso  de  desistir,  los  promotores  tendrán  derecho  a 
recuperar las garantías presentadas.»
Cinco. Se añade una disposición transitoria octava, que queda redactada como sigue:
«Disposición  transitoria  octava. Tramitación  de  expedientes  sin  permisos  de 
acceso y conexión.
1. Los proyectos admitidos a trámite con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la 
reactivación económica de Galicia, que no dispongan de permiso de acceso y 
conexión dispondrán de un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la 
Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, para 
obtener un permiso de acceso y conexión. En el caso contrario, se procederá al 
archivo de la solicitud.
2. El resto de proyectos admitidos a trámite que hayan perdido o pierdan la 
vigencia de los permisos de acceso y conexión dispondrán de un plazo de 12 
meses, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, 
de medidas fiscales y administrativas, o desde la fecha de pérdida de vigencia, si 
es posterior, para obtener un nuevo permiso de acceso y conexión. En el caso 
contrario, se procederá al archivo de la solicitud.»
CAPÍTULO XI
Coordinación de policías locales
Artículo 40. Modificación de la Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías 
locales.
La Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías locales, queda modificada 
como sigue:
Uno. Se modifica el número 2 del artículo 32, que queda redactado como sigue: e.
«2. Los procesos selectivos se iniciarán mediante convocatoria pública. Las  15ww
cbaassoea s)d  dee Eq llu ane úc eomsnetvero onc oad tetoe rpnialga atze asnsud,b reáglnr us, pucobo,gm eroul  pcmouí enori pmgoro uy,p ,e oel  nsd iesgu uc icelaansstiefoi c,c aloacn ieótesnnc ipadrloao: foe sciaotneagl,o reína   OE-A-2022-34able en https://
laboral.
b) Las condiciones y requisitos que deben reunir las personas aspirantes.
c) El sistema selectivo de aplicación, con indicación del tipo de pruebas 
concretas  y  los  sistemas  de  calificación  de  los  ejercicios  o,  en  su  caso,  los 
baremos de puntuación de los méritos.
d) El programa de las pruebas selectivas o la referencia de su publicación 
oficial.
e) El orden de actuación de las personas aspirantes.
f) El régimen de aplicación al órgano de selección.
g) Las características, efectos y duración de los cursos y/o del período de 
prácticas que deban realizar, en su caso, las personas seleccionadas.
A los efectos de lo previsto en el artículo 16.a), los ayuntamientos remitirán las 
bases de las convocatorias, con carácter previo a su aprobación definitiva, al 
centro directivo competente en materia de coordinación de policías locales para la 
emisión del correspondiente informe, que tendrá carácter preceptivo y será emitido 
en un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al de la recepción de las 
bases por el centro directivo competente en materia de coordinación de policías 
locales.»
Dos. Se modifica el artículo 33, que queda redactado como sigue:
«Artículo 33. Requisitos para el acceso.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 37 a 42, ambos incluidos, 
los requisitos para el acceso a los cuerpos de policía local son los siguientes:
a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder, en su caso, de la edad de 
jubilación forzosa.
c) Estar  en  posesión  de  la  titulación  exigida  o  estar  en  condiciones  de 
obtenerla.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, cuando se trate 
de acceder al cuerpo o escala de personal funcionario del que la persona hubiese 
sido separada o inhabilitada.
f) Carecer de antecedentes penales por delito doloso.
g) Cualquier otro requisito específico de acceso que guarde relación objetiva 
y proporcionada con las funciones y tareas a desarrollar.
2. Para el acceso a las categorías de policía, oficial, inspector, inspector 
principal,  intendente,  intendente  principal  y  superintendente,  reguladas  en  el 
artículo 35 y en los artículos 37 a 42, ambos incluidos, será condición necesaria la 
superación de los correspondientes cursos selectivos de carácter obligatorio en la 
Academia Gallega de Seguridad Pública.
3. A los efectos de lo previsto en los artículos 37.a), 38.a), 39.a), 40.a), 41.a) 
y 42.a) sobre el acceso mediante promoción interna, se exigirá que, además de  e.
los requisitos establecidos en los referidos artículos, el personal funcionario se  w.b
encuentre en situación de servicio activo. En estos supuestos, los tres años de  15ww
saenrt igcüoendtinauda mdoínsi my ap aerxaig sidua c eónm pcaudtoa  scea steon ednrá lna  ecna tceugeonrítaa  ilnoms epdeiraíotad oinsf edruiorar ndteeb leons 
ecuna plersá clati cpaesr,s oansaí  cfuonmcoio nloasri ap ehraíyoad otesn diduor alan tceo nlossid ceuraacleiósn s dee  hpaeyraso ennacl ofunntrcaiodnoa reion 
situación de segunda actividad por causa de embarazo o lactancia.
Del mismo modo, en los supuestos previstos en los artículos 38.c), 39.c) 
y 40.c), para el cómputo de los seis años de antigüedad mínima exigidos en cada 
caso en las categorías establecidas en los referidos artículos, se tendrán en 
cuenta los períodos durante los cuales la persona funcionaria haya tenido la 
consideración de personal funcionario en prácticas, así como los períodos durante 
los cuales se haya encontrado en situación de segunda actividad por causa de 
embarazo o lactancia.»
Tres. Se modifica el número 3 del artículo 35, que queda redactado como sigue:
«3. Las pruebas selectivas de ingreso en la categoría de policía serán de 
carácter teórico y práctico. En ellas se incluirá, en todo caso, un reconocimiento 
médico,  un  examen  psicotécnico,  pruebas  de  aptitud  física  y  pruebas  de 
capacitación de conocimientos, tanto generales como específicos, en materias 
relacionadas  con  el  ejercicio  profesional,  así  como  la  demostración  del 
conocimiento de la lengua gallega, a través de la celebración de un examen, salvo 
para  aquellas  personas  que  acrediten  el  conocimiento  de  la  lengua  gallega 
conforme a la normativa vigente.»
Cuatro. Se modifica el número 4 del artículo 35, que queda redactado como sigue:
«4. Una vez superadas las pruebas selectivas, el curso de formación y el 
período de prácticas, los aspirantes serán nombrados funcionarios de carrera de la 
escala y categoría correspondiente.»
Cinco. Se deja sin contenido la letra b) del artículo 37.
Seis. Se modifica la letra c) del artículo 37, que queda redactada como sigue:
«c) De no cubrirse la plaza o plazas a través de la convocatoria establecida 
en la letra a) de este artículo y de no cubrirse mediante el procedimiento de 
provisión previsto en el artículo 43, podrán ser cubiertas, mediante concurso-
oposición, por personal funcionario de otros cuerpos de policía local de Galicia con 
la categoría de policía, en posesión de la titulación académica de acceso y una 
antigüedad de cinco años en la categoría.»
Siete. Se deja sin contenido la letra b) del artículo 38.
Ocho. Se modifica la letra c) del artículo 38, que queda redactada como sigue:
«c) De no cubrirse la plaza o plazas a través de la convocatoria establecida 
en la letra a) de este artículo y de no cubrirse mediante el procedimiento de 
provisión previsto en el artículo 43, podrán ser cubiertas mediante concurso-
oposición, por promoción interna, entre el personal del cuerpo con la categoría de 
oficial y policía, en posesión de la titulación académica de acceso a la categoría y 
una antigüedad de seis años de servicio como personal funcionario de policía.»
Nueve. Se deja sin contenido a letra b) del artículo 39.
Diez. Se modifica la letra c) del artículo 39, que queda redactada como sigue:
«c) De no cubrirse la plaza o plazas a través de la convocatoria establecida 
en la letra a) de este artículo y de no cubrirse mediante el procedimiento de 
provisión previsto en el artículo 43, podrán ser cubiertas mediante concurso- es
oposición, por promoción interna, entre el personal del cuerpo con la categoría de  bo
inspector/a  y  oficial,  en  posesión  de  la  titulación  académica  de  acceso  a  la  15ww
cpaotleicgíao.r»ía y una antigüedad de seis años de servicio como personal funcionario de
Once. Se deja sin contenido a letra b) del artículo 40.
Doce. Se modifica la letra c) del artículo 40, que queda redactada como sigue:
«c) De no cubrirse la plaza o plazas a través de la convocatoria establecida 
en la letra a) de este artículo y de no cubrirse mediante el procedimiento de 
provisión previsto en el artículo 43, podrán ser cubiertas mediante concurso-
oposición, por promoción interna, entre el personal del cuerpo con la categoría de 
inspector/a principal e inspector/a, en posesión de la titulación académica de 
acceso a la categoría y una antigüedad de seis años de servicio como personal 
funcionario de policía.»
Trece. Se modifica el artículo 41, que queda redactado como sigue:
«Artículo 41. Acceso a la categoría de intendente principal.
El acceso a la categoría de intendente principal se realizará por promoción 
interna, mediante concurso, entre miembros del cuerpo que tengan un mínimo de 
tres años de antigüedad en la categoría de intendente.»
Catorce. Se modifica el artículo 42, que queda redactado como sigue:
«Artículo 42. Acceso a la categoría de superintendente.
El  acceso  a  la  categoría  de  superintendente  se  realizará  por  promoción 
interna, mediante concurso, entre miembros del cuerpo que tengan un mínimo de 
tres años de antigüedad en la categoría de intendente principal.»
Quince. Se modifica el artículo 43, que queda redactado como sigue:
«Artículo 43. Movilidad.
1. El personal funcionario de carrera de los cuerpos de policía local de 
Galicia  perteneciente  a  las  categorías  de  policía,  oficial,  inspector,  inspector 
principal, intendente, intendente principal y superintendente podrá participar en los 
procesos  de  provisión  de  puestos  vacantes  de  su  misma  categoría  en  otros 
cuerpos de policía local de la comunidad autónoma.
2. A  estos  efectos,  los  ayuntamientos  reservarán,  como  mínimo,  un 
veinticinco por ciento de las plazas vacantes que se oferten para su cobertura por 
movilidad.  Cuando  no  fuese  posible  cubrir  las  vacantes  con  el  porcentaje 
señalado, las fracciones sobrantes se acumularán a la siguiente o siguientes 
convocatorias.
3. La  provisión  por  movilidad  de  plazas  correspondientes  a  las  distintas 
categorías de los cuerpos de policía local de Galicia se llevará a cabo por el 
procedimiento de concurso de acuerdo con el baremo establecido por el centro 
directivo competente en materia de coordinación de policías locales.
4. Para  participar  en  los  procesos  de  movilidad  a  las  plazas  vacantes 
ofertadas, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Encontrarse  en  la  situación  administrativa  de  servicio  activo  en  la 
categoría de la plaza ofertada.
b) Tener una antigüedad mínima de tres años en la misma categoría.
c) Llevar más de tres años de tiempo efectivo y continuado en el actual  e.
destino. w.b
d) No encontrarse en situación administrativa de segunda actividad, salvo los  15ww
casoes)  deE ssteagru ennd ap aocsteivsiidóand d peo rla e mtitbualarcaizóon  oa claacdtaénmciicaa. exigida para la categoría o
estafr)  enC cuoanlqduicieiorn eost rdoe  orbetqeuniseirtloa . específico  que  guarde  relación  objetiva  y
proporcionada con las funciones y tareas a desarrollar.
5. A efectos de lo previsto en el artículo 16.a) los ayuntamientos remitirán las 
bases de las convocatorias, con carácter previo a su aprobación definitiva, al 
centro directivo competente en materia de coordinación de policías locales para la 
emisión del correspondiente informe, que tendrá carácter preceptivo y será emitido 
en un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al de la recepción de las 
bases por el centro directivo competente en materia de coordinación de policías 
locales.
6. Los destinos adjudicados en el concurso serán irrenunciables, salvo que 
con anterioridad a la finalización del plazo posesorio se haya obtenido otro destino 
mediante convocatoria pública. En este caso, se deberá optar y comunicar la 
opción elegida.
7. El  personal  funcionario  que  ocupe  plazas  ofertadas  por  movilidad 
horizontal quedará en su administración de origen en la situación de servicios en 
otras administraciones públicas.
8. La Xunta de Galicia podrá asumir la convocatoria de las plazas vacantes 
que se vayan a cubrir por el sistema de movilidad en aquellos ayuntamientos que 
así lo acuerden mediante los oportunos convenios de colaboración.»
Dieciséis. Se añade un número 5 al artículo 87, con la siguiente redacción:
«5. En la resolución por la que se incoe el procedimiento sancionador se 
nombrará una persona instructora y una persona secretaria, a cuyo cargo estará la 
tramitación.  El  nombramiento  de  la  persona  instructora  recaerá  en  personal 
funcionario perteneciente a la categoría o escala igual o superior al de la persona 
presuntamente infractora, y, en el supuesto de que sea igual, deberá ocupar un 
número anterior en el escalafón. En el supuesto de que exista personal funcionario 
de las escalas superior y técnica, se procurará que el nombramiento recaiga en 
personal funcionario perteneciente a las citadas escalas. En defecto de personal 
funcionario de categoría o escala igual o superior, se nombrará una persona 
funcionaria de la Administración local, de igual o superior grupo de clasificación. 
Podrá  nombrarse  como  persona  secretaria  a  cualquier  personal  funcionario 
municipal con la formación adecuada.»
CAPÍTULO XII
Universidades
Artículo 41. Modificación de la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de 
Galicia.
La Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de Galicia, queda modificada 
como sigue:
Uno. Se añade un nuevo artículo 19 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo  19  bis. Acreditación  de  centros  y  unidades  de  I+D+i  del  sistema 
universitario de Galicia.
1. La  Xunta  de  Galicia  promoverá  la  integración,  la  interacción,  el 
fortalecimiento de las capacidades investigadoras y el liderazgo a través del apoyo  e.e
y financiación de estructuras organizativas estables de investigación que permitan  b
afrontar  los  retos  que  la  investigación  de  excelencia  y  la  transferencia  de  15ww
cono2c. imCieonnto  taa ll af isnoacliideadda,d  plarse cuisnainve.rsidades  podrán  solicitar,  respecto  de  sus
cdeen etrsotsa  yle uy,n isdaalvdoe sla dse e Is+cDu+eil,a dse d áem dboictoto sruapdeor, ioqru ael  sgeru spoom, edteafnin iad ausn  epnr oecl eadrtimícuielon t5o 
de acreditación y análisis externo que acredite su excelencia científica, técnica o
artística y su conveniencia estratégica para el desarrollo económico y social de 
Galicia.
La citada acreditación permitirá participar a tales centros y unidades en las 
convocatorias  y  otros  instrumentos  que  a  tales  efectos  la  Administración 
autonómica pueda promover con la finalidad de impulsar la mejora, la calidad y el 
impacto de la investigación realizada en Galicia y potenciar el efecto tractor que 
estas unidades ejercen sobre el conjunto del sistema.
3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos, el procedimiento para 
la acreditación, su revocación, la renovación de las acreditaciones y su plazo de 
vigencia. Asimismo, se determinarán la composición y funciones de la comisión de 
evaluación y los criterios aplicables.
4. Corresponde a la Xunta de Galicia, mediante acuerdo del Consejo de la 
Xunta, la acreditación de aquellos centros y unidades de I+D+i que cumplan los 
citados requisitos.
5. El  acuerdo  de  acreditación  recogerá  los  siguientes  aspectos:  la 
denominación, los centros y las instituciones participantes y, en su caso, las 
condiciones de la participación de las administraciones públicas, así como el plazo 
de vigencia de la misma.
Los centros y unidades de I+D+i que sean acreditados por la Xunta de Galicia 
podrán  hacer  mención  de  esa  acreditación  en  sus  nombres  y  política  de 
comunicación.
6. El plazo de resolución y notificación del procedimiento de acreditación a 
que se refiere este artículo será de ocho meses, desde la presentación de la 
solicitud de acreditación en el registro correspondiente. La no resolución dentro del 
plazo indicado faculta a los interesados para entender desestimada su solicitud 
por silencio administrativo.»
Dos. Se modifica el número 6 del artículo 77, que queda redactado como sigue:
«6. La duración del mandato de los miembros del consejo social señalados 
en el punto 2 será establecida por los estatutos de la universidad, y la duración del 
mandato de los miembros del consejo social señalados en el punto 3 será de 
cuatro  años,  renovable  por  una  sola  vez,  salvo  en  el  caso  del  presidente  o 
presidenta del consejo social, que será renovable por períodos de cuatro años.»
Tres. Se modifica el número 1 del artículo 83, que queda redactado como sigue:
«1. El  presidente  o  la  presidenta  del  consejo  social  será  designado  o 
designada por la Presidencia de la Xunta de Galicia, entre personalidades de la 
vida  cultural,  profesional,  económica,  laboral  y  social  no  pertenecientes  a  la 
comunidad  universitaria,  a  propuesta  de  la  persona  titular  de  la  consejería 
competente en materia de universidades, una vez escuchado al rector o la rectora 
de la universidad.
Su mandato es de cuatro años, renovable por períodos de igual duración, y le 
es  aplicable  lo  previsto  en  esta  ley  con  carácter  general  para  el  cese  y  la 
sustitución de los miembros del consejo social.
Ejerce, en el pleno y en todas las comisiones, las competencias propias de la 
presidencia de un órgano colegiado, con voto de calidad en caso de empate, y 
aquellas  que  le  encomiendan  esta  ley,  el  reglamento  de  organización,  s
funcionamiento y la restante normativa vigente.» oe.
CAPÍTULO XIII
Procedimiento y organización administrativa
Artículo 42. Modificación de la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia 
jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su 
sector público.
Se añade una nueva disposición adicional quinta a la Ley 4/2016, de 4 de abril, de 
ordenación  de  la  asistencia  jurídica  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia y de su sector público, con el siguiente contenido:
«Disposición adicional quinta. Garantía del principio de autoprovisión y de los 
objetivos  de  interés  público  en  la  asistencia  jurídica  del  sector  público 
autonómico.
1. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5 de esta ley en cuanto al 
carácter de interés público de la prestación de asistencia jurídica y al principio de 
autoprovisión dentro del sector público autonómico, las entidades a las que se 
refiere el apartado 3 del artículo 2 deberán acudir con preferencia a la Asesoría 
Jurídica General para obtener la prestación de la asistencia jurídica mediante la 
formalización del correspondiente acuerdo, con la excepción de aquellos casos en 
los que la autoprovisión no resulte viable y así sea apreciado por la Asesoría 
Jurídica General, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el artículo 18 de la 
Ley  14/2013,  de  23  de  diciembre,  de  racionalización  del  sector  público 
autonómico.
2. La finalización de la prestación de la asistencia requerirá, asimismo, que la 
autoprovisión  no  resulte  viable  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  número 
anterior, por lo que la extinción de los acuerdos de autoprovisión de la asistencia 
jurídica por el transcurso del tiempo previsto en ellos o por otras causas no 
obstará a la formalización de un nuevo acuerdo, salvo que la autoprovisión no 
resulte viable, manteniéndose mientras la prestación de la asistencia jurídica.
3. De  acuerdo  con  los  principios  de  simplificación  y  racionalización 
administrativa,  el  Consejo  de  la  Xunta  de  Galicia,  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias  de  dirección,  organización  y  coordinación  del  sector  público 
autonómico, podrá aprobar modelos tipo de los acuerdos de autoprovisión de la 
asistencia jurídica, así como la compensación económica que se abonará a la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia por la actuación de los letrados y 
letradas de la Xunta de Galicia o, en su defecto, los criterios para fijarla.
4. La Asesoría Jurídica General velará por el reforzamiento de la asistencia 
jurídica integral y especializada a las entidades del sector público autonómico, la 
coordinación de su defensa jurisdiccional y la especialización y formación de los 
letrados y letradas que lleven a cabo dicha asistencia jurídica.
5. Con la finalidad de cumplir los objetivos de interés público previstos en el 
artículo 5 de la ley, la Asesoría Jurídica General continuará prestando a las 
entidades  del  sector  público  autonómico  la  asistencia  jurídica  que  se  está 
desarrollando  en  la  actualidad  en  los  términos  previstos  en  los  acuerdos  de 
autoprovisión ya formalizados, sin perjuicio de su posible revisión y actualización.
Asimismo,  la  Asesoría  Jurídica  General,  aunque  no  esté  formalizado  el  es
correspondiente acuerdo de autoprovisión, prestará asistencia jurídica a todas las  o
entidades del sector público autonómico en los casos en los que sea necesaria  15www.
ecdhaseatslba oai l,ict paluarnee  crsadot aomlac dp ióceeon nan sutpartaocotripaó rcnnoi oóve nicsa oieócnxnróet empdrainitcraaaar, s  cpseoio nnrl  acplar ee cratjoaucnritc uclioauoscr dr iteóeénn rqc mdiuaeien   oldossees    dlpeleart osrlaac  ducaorisresci s ulyatne  lsfneotctarrimanadc.a aiElaiszns a  decqeisóu tlneea     OE-A-2022-34able en https://
Xunta de Galicia se ajustará a lo establecido por el Consejo de la Xunta de 
acuerdo con lo previsto en el número 3 de esta disposición.»
CAPÍTULO XIV
Régimen financiero y presupuestario
Artículo 43. Modificación del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de 
Galicia.
El Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, queda modificado 
como sigue:
Uno. Se modifica el número 4 del artículo 79, que queda redactado como sigue:
«4. Los anticipos de fondos europeos percibidos para financiar gastos en 
fase de ejecución podrán tener, transitoriamente, tratamiento extrapresupuestario 
o de pasivo financiero, que se cancelará en el momento en que se certifique el 
gasto y se efectúe el contraído del recurso y la aplicación del recaudado, según 
proceda, como transferencia corriente o de capital.»
Dos. Se modifica el número 5 del artículo 79, que queda redactado como sigue:
«5. No podrán tener tratamiento extrapresupuestario los anticipos de fondos 
previstos en el número anterior cuando la Administración general de la Comunidad 
Autónoma  o  sus  entes  instrumentales  con  presupuesto  de  carácter  limitativo 
resulten beneficiarios de ayudas financiadas con fondos europeos gestionados por 
la Administración general del Estado para los que se convenga la realización de 
anticipos reembolsables.»
Disposición adicional primera. Medidas especiales en materia de listas de contratación 
de personal laboral temporal o de personal funcionario interino durante el año 2022.
Como consecuencia de la escasez de personal de perfil sanitario agravada por la 
situación derivada de la pandemia de la COVID-19, y para garantizar la disponibilidad de 
dicho personal en las listas de contratación de personal laboral temporal o de personal 
funcionario interino, se adoptan las siguientes medidas:
1. En el supuesto de no existir aspirantes en las listas para la contratación temporal 
de personal laboral de la Xunta de Galicia, en las categorías profesionales 2 del grupo I, 
2 del grupo II y 3 del grupo IV, del V Convenio colectivo único para el personal laboral de 
la Xunta de Galicia o, en su caso, para el nombramiento de personal interino para el 
desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a personal funcionario de 
cuerpos o escalas equivalentes a las categorías profesionales indicadas, podrá:
a) solicitarse directamente del Servicio Público de Empleo, sin perjuicio de los 
demás procedimientos establecidos; o
b) acudirse opcionalmente a la relación de penalizados de la categoría profesional, 
cuerpo o escala correspondiente que solicitaron la reincorporación; o e.e
c) acudirse a los integrantes de las listas que solicitaron la inclusión durante el año  w.b
en curso, en caso de que no estén publicadas las listas definitivas y les corresponda ser  15ww
admdit)i doasc; uod,irse a la relación de penalizados que no solicitaron la reincorporación.
Además, en puestos pertenecientes a la categoría profesional de auxiliar de clínica
(grupo IV, categoría 3), se podrá acudir a personal de otras listas de contratación
temporal del grupo IV que esté en posesión del título de formación profesional de grado 
medio de técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o equivalente.
Excepcionalmente, en caso de que no fuese posible la cobertura de puestos de la 
categoría profesional de auxiliar de clínica (IV-3) por los procedimientos previstos en los 
párrafos anteriores, podrán seleccionarse candidatos que hayan cursado y superado los 
estudios correspondientes para la obtención del título de grado medio de técnico en 
Cuidados  Auxiliares  de  Enfermería  o  equivalente,  y  lo  acrediten  documentalmente, 
siempre que cumplan el resto de los requisitos exigidos para el acceso a la categoría o 
escala.
2. Cuando  por  la  inexistencia  de  personal  integrante  de  las  listas  para  la 
contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia, en las categorías 
profesionales 2 del grupo I, 2 del grupo II, y 3 del grupo IV, o para el nombramiento de 
personal interino para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a 
personal funcionario de cuerpos o escalas equivalentes, no existan candidatos que estén 
en posesión del certificado acreditativo del nivel de conocimiento de la lengua gallega 
correspondiente, podrán ser seleccionados candidatos que carezcan del mismo, siempre 
que cumplan los restantes requisitos exigidos para el acceso a la categoría de que se 
trate.
3. El  período  de  penalización  en  las  listas  para  el  nombramiento  de  personal 
interino para el desempeño, con carácter transitorio, de plazas reservadas a personal 
funcionario y a contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia tendrá 
una duración de seis meses.
4. La solicitud de reincorporación formulada por las personas integrantes de las 
listas que hayan solicitado previamente la suspensión de las citaciones, por no estar 
prestando  servicios  a  través  de  ellas,  producirá  efectos  al  día  siguiente  al  de  su 
presentación.
5. Lo establecido en esta disposición tiene vigencia limitada al año 2022.
Disposición  adicional  segunda. Medidas  aplicables  a  los  supuestos  de  alteración 
extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra 
pública.
Uno. Atendiendo a la concurrencia de razones de interés general y para garantizar 
la viabilidad económica de los contratos de obra pública, los órganos de contratación de 
la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y del sector público 
autonómico quedan habilitados para adoptar las medidas previstas en esta disposición, 
en  aquellos  supuestos  en  que  se  haya  producido  una  alteración  extraordinaria  e 
imprevisible de los precios de los materiales tenidos en cuenta en la formalización del 
contrato o, en su caso, en las modificaciones posteriores que haya tenido el contrato.
Lo recogido en esta disposición se aplicará exclusivamente con respecto a aquellas 
obras que tengan ejecución después del 1 de enero de 2021, que hayan sido licitadas 
antes  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  disposición,  y  únicamente  respecto  de  las 
variaciones en el coste de los materiales que se hayan producido en el período que 
abarca desde el mes de enero de 2021 hasta la fecha de solicitud presentada por el 
contratista para la adopción de alguna de las medidas previstas en esta disposición.
Se excluyen de la aplicación de esta disposición los contratos menores de obra.
Dos. Se entenderá por alteración extraordinaria e imprevisible, a los efectos de esta 
disposición, una variación en los costes de los materiales, individualmente considerados, 
superior a un 20 % con respecto a los precios que para esos materiales se recogen en el  e.
contrato,  siempre  y  cuando,  aisladamente  o  en  su  conjunto,  suponga  una  pérdida  w.
económica para el contratista superior al 6 % del importe de adjudicación del contrato o,  15ww
en sAu  ecastsoos,  deefe scuto ms osodliofic saec itóenn dproásnte erino rc.uenta aquellos materiales que se incluyan en el
ÍMnodvicileid daed  cyo Astgeesn ddeal  Userbcatonra ,d ec ulyao c iomnpsotrrutecc, iiónnd iqviudeu aellmabeonrtae  ecol nMsiindiestreardioo , dseu pTeraren supno r2te %s,   BOE-A-cable e
en el presupuesto de ejecución material de la obra.
Tres. Las  medidas  que  pueden  adoptarse  en  los  supuestos  previstos  en  este 
artículo podrán consistir en lo siguiente:
a) Una compensación económica al contratista consistente en la diferencia entre el 
coste de los materiales justificado por el contratista en su solicitud y el precio de los 
materiales recogido en el contrato, incluyendo, por tanto, los porcentajes adoptados para 
formar el presupuesto base de licitación y el coeficiente de adjudicación.
b) Una modificación de los materiales tenidos en cuenta para la elaboración del 
proyecto que sirvió de base para la licitación que permita un abaratamiento de sus 
precios y que no implique una minoración en la funcionalidad de la obra en ejecución. En 
este caso, se deberá optar, en la medida de lo posible, por materiales de proximidad 
cuya elección responda a criterios que permitan una reducción de las emisiones y de la 
huella de carbono.
En  todo  caso,  la  adopción  de  cualquiera  de  estas  medidas  se  acordará 
necesariamente dentro de los límites de las dotaciones consignadas cada año en el 
presupuesto de los distintos órganos de contratación.
Cuatro. El procedimiento para la adopción de alguna de las medidas previstas en 
esta  disposición  se  iniciará  mediante  solicitud  del  contratista  dirigida  al  órgano  de 
contratación.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la entrada 
en vigor de esta disposición y, en todo caso, antes de emitirse la certificación final de 
obra.
El contratista deberá adjuntar a dicha solicitud la documentación justificativa que 
acredite,  de  forma  fidedigna,  tanto  la  existencia  de  una  alteración  extraordinaria  e 
imprevisible de los precios de los materiales tenidos en cuenta para la formalización del 
contrato como la realidad, efectividad e importe de la pérdida sufrida como consecuencia 
de la variación en el coste de los materiales soportado por el contratista.
La  solicitud  deberá  incluir,  en  todo  caso,  el  cálculo  de  la  compensación  que 
procedería, para lo cual deberá tenerse en cuenta el Índice de costes del sector de la 
construcción que elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que 
actuará como límite máximo que se tendrá en cuenta por el concepto «coste de los 
materiales justificado por el contratista en su solicitud» a que se refiere la letra a) del 
punto anterior.
Una vez recibida la solicitud, el órgano de contratación procederá a su estudio 
teniendo en cuenta las certificaciones de obra emitidas desde el 1 de enero de 2021, y 
podrá  realizar  cualquier  otro  acto  de  instrucción  que  considere  necesario  para  su 
comprobación. Una vez examinada la solicitud, el órgano de contratación elaborará una 
propuesta de resolución de la que dará audiencia al contratista por un plazo de diez días 
hábiles.
Finalizado el trámite de audiencia, el órgano de contratación, contando con el informe 
previo de la Asesoría Jurídica y de la Intervención Delegada, dictará resolución.
El plazo máximo para resolver será de tres meses desde la presentación de la 
solicitud.
El transcurso del plazo máximo para resolver sin que se haya notificado resolución 
expresa alguna legitima al contratista para entender desestimada por silencio la solicitud 
presentada.
Cinco. En los supuestos de la presente disposición, cuando no sea posible adoptar 
alguna de las medidas previstas, el órgano de contratación podrá optar por la resolución  e.e
del contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  w.b
contratos del sector público. 15ww
órgaEnno se ld ec acsoon tdraet aqcuióen  edl eóbregraánno  pdroec ecdoenrt raat aucnióan  nauceovrad alisceit arceiósno lvceorn  ella  cfoinnatrliadtaod,  ldoes 
finalDizealr  mlai sombroa .modo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector público, cuando concurra una situación que supone grave peligro,
el  órgano  de  contratación  quedará  legitimado  para  acudir  al  procedimiento  de 
emergencia para la ejecución de la obra inacabada que permita garantizar la prestación 
del servicio público afectado.
Sin perjuicio de otros supuestos, se entenderá que concurre una situación que 
supone grave peligro cuando la obra afecte a un servicio público en funcionamiento y se 
comprometa tanto la viabilidad del servicio prestado como la integridad física de sus 
destinatarios o de quien lo presta.
En estos supuestos, los órganos de contratación de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades instrumentales del sector público 
autonómico podrán imponer como condición a los nuevos contratistas la asunción de la 
parte de infraestructura ya ejecutada y de todos los riesgos de construcción inherentes a 
ella.
Seis. Esta disposición se aplicará sin perjuicio de la regulación que se establezca 
en la legislación básica para estos supuestos. En todo caso, las cantidades percibidas al 
amparo de esta disposición deberán ser computadas y tenidas en consideración en 
cualquier otra resolución o medida que se pueda acordar orientada a garantizar la 
viabilidad  económica  del  contrato,  de  modo  que  no  pueda  obtenerse  una  doble 
compensación por la misma causa.
Disposición transitoria primera. Procesos selectivos para el acceso a los cuerpos de 
policía local en curso.
Los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos de policía local convocados 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa vigente en 
el momento de su convocatoria.
Disposición transitoria segunda. Traslados por razones de violencia de género.
Lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público 
de Galicia, se aplicará a los traslados por razones de violencia de género regulados en él 
que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. En 
estos casos, el plazo establecido en el citado artículo comenzará a contarse desde la 
entrada en vigor de la presente ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en esta ley.
Disposición final primera. Modificaciones reglamentarias.
Las previsiones del Decreto 238/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueban 
las Directrices de paisaje de Galicia, que son objeto de modificación por la presente ley, 
podrán ser modificadas por norma del rango reglamentario correspondiente a la norma 
en que figuran.
Disposición final segunda. Adaptación del Plan director de la Red Natura 2000 de 
Galicia.
Las  medidas  previstas  en  el  número  3  de  la  disposición  adicional  sexta  de  la  e
Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia,  b
resultarán de aplicación en los espacios protegidos Red Natura 2000 de Galicia desde el  15ww
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de Galicia, a las previsiones contenidas en dicha disposición adicional.
Disposición  final  tercera. Modificación  de  las  inscripciones  en  el  Registro  de 
Productores y Gestores de Residuos.
Las modificaciones de las inscripciones en el Registro de Productores y Gestores de 
Residuos necesarias para cumplir con lo establecido en el artículo 35.4 serán realizadas 
de oficio por el órgano competente de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la 
Ley de medidas fiscales y administrativas para el año 2022.
Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo normativo.
Se habilita al Consejo de la Xunta para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo de esta ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2022.
Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 2021.–El Presidente, Alberto Núñez 
Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 251, de 31 de diciembre de 2021. Corrección de errores 
publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 33, de 17 de febrero de 2022)