BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44  Sábado 20 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 20038
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
2664 Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se publica el Dictamen 
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, ejercicio 
2018.
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 19 de 
noviembre de 2020 y 3 de febrero de 2021, respectivamente, aprobaron el Dictamen de la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la 
Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018, así como los Acuerdos 
anejos, de conformidad con las normas de las Mesas del Congreso y del Senado sobre la 
tramitación de la Cuenta General del Estado de 1 de marzo de 1984.
Se publican dichos Acuerdos así como la Declaración Definitiva elaborada por el 
Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2018.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2021.–La Presidenta del Congreso 
de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.–La Presidenta del Senado, María Pilar Llop Cuenca.
Los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus sesiones de 19 de 
noviembre de 2020 y 3 de febrero de 2021, respectivamente, han aprobado el Dictamen 
de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018 (núm. expte. 
Congreso: 250/3 y núm. expte. Senado: 770/2), adoptando los siguientes acuerdos:
Primero.
Aprobar la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2018, integrada por 
la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público 
estatal, así como las cuentas anuales de las entidades controladas directa o indirectamente 
por la Administración General del Estado que no forman parte del sector público estatal, 
las de las entidades multigrupo y las de las entidades asociadas.
Segundo.
Se aprueba la siguiente Resolución adoptada, en su día, por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con Declaración sobre la Cuenta 
General del Estado del ejercicio 2018, con el siguiente tenor:
1.  Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas de la Declaración sobre la 
Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2018.
2.  Aprobar la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2018, integrada 
por la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público 
estatal, así como las cuentas anuales de las entidades controladas directa o indirectamente 
por la Administración General del Estado que no forman parte del sector público estatal, 
las de las entidades multigrupo y las de las entidades asociadas, con las salvedades que  e.e
se incluyen en la Declaración para el ejercicio 2018 y tomando nota de las deficiencias  b
señaladas por el Tribunal de Cuentas que limitan y afectan a su representatividad. 64ww
– Instar al Gobierno a:
3.  Continuar avanzando en la ampliación y mejora de los inventarios de la
Administración General del Estado, del Inventario General de Bienes y Derechos de la
Seguridad Social y de los inventarios de los Organismos autónomos del Estado y otros 
organismos públicos comprensivos de los elementos que integran su inmovilizado material, 
garantizando su integridad y su conciliación contable.
4.  Adoptar las medidas necesarias para que figuren informadas en la memoria de la 
Cuenta General del Estado, al menos, las operaciones más significativas que pueden 
representar la existencia de avales y otras garantías concedidas y de pasivos contingentes.
5.  Enmendar la práctica habitual de elaborar inventarios incompletos de los bienes y 
derechos del inmovilizado material y evitar de paso las deficiencias en la cuenta de la 
Administración General del Estado por amortizaciones o deterioros de valor incorrectos.
6.  Continuar impulsando las actuaciones que permitan mejorar la representatividad 
de los Inventarios de la Administración General del Estado, de la Seguridad Social y del 
resto de Organismos.
7.  Adoptar las medidas precisas para que todos los órganos integrantes del sector 
público administrativo, todas las empresas del sector público empresarial y todas las 
entidades del sector público fundacional legalmente obligadas a ello, rindan sus cuentas al 
Tribunal de Cuentas, y que esta se produzca en la forma y dentro del plazo legalmente 
establecido, impulsando, en su caso, los procedimientos sancionadores que correspondan.
8.  Abordar la clarificación y separación de las fuentes de financiación del Sistema de 
Seguridad Social, incluyendo la amortización de los préstamos pendientes y la correcta 
contabilización de los inmuebles traspasados a las Comunidades Autónomas, para evitar 
que el Sistema de la Seguridad Social asuma, de forma directa o indirecta, gastos que 
corresponderían a la Administración General del Estado, especialmente en un momento 
en el que se está debatiendo la viabilidad financiera futura del actual Sistema de Seguridad 
Social.
9.  Poner en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados 
y del Senado que proceden de Declaraciones de ejercicios anteriores y se mantienen sin 
adoptar.
10.  Adoptar las medidas necesarias para subsanar las salvedades y deficiencias que 
se incluyen en esta Declaración, de forma que la Cuenta General del Estado refleje 
adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del 
patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y 
liquidación del presupuesto del grupo de entidades que la integran, de acuerdo con la 
legislación aplicable.
11.  Establecer los mecanismos y aplicar las recomendaciones formuladas por el 
Tribunal de Cuentas en la presente Declaración; asimismo corregir las deficiencias puestas 
de manifiesto en las Declaraciones precedentes que permanecen en la de 2018 y que aún 
no se han subsanado.
12.  Concluir de manera definitiva con las actuaciones previstas en la Resolución 
de 14 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se 
dictan las instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la 
construcción.
13.  Completar  los  inventarios  de  bienes  que  integran  el  inmovilizado  de 
la Administración General del Estado, con especial énfasis en culminar el proceso de 
inventario correspondiente a la Tesorería General de la Seguridad Social.
14.  Ampliar la información contenida en la memoria de la Cuenta General del Estado, 
que incluya un análisis detallado de las obligaciones por pasivos contingentes.
15.  Ejecutar en su totalidad las partidas presupuestarias destinadas al «fomento del 
empleo», que en 2018 se dejaron de ejecutar en un 25 % del total de las mismas. Situación  es
que se viene repitiendo, como mínimo, desde 2014. o
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gastos que deben ser financiados por la Administración General del Estado, como pueden
ser las prestaciones no contributivas y universales. Estos gastos deben financiarse con 
cargo a la imposición general y no con cargo a cotizaciones, ya que ello contribuye a 
reducir el Fondo de Reserva.
18.  Exigir a la Administración General del Estado que aporte las previsiones 
presupuestarias y las transferencias correspondientes para pagar las prestaciones no 
contributivas, con el fin de lograr el objetivo de separación de fuentes de financiación en el 
sistema de Seguridad Social, recogido en la recomendación primera del Pacto de Toledo; 
a su vez permitirá evitar tensiones de liquidez en el ámbito del sistema de Seguridad 
Social.
19.  Aprobar una nueva orden para que la memoria de la Cuenta General del Estado 
recoja información justificativa del coste y rendimiento de los servicios, así como del grado 
de cumplimiento de los objetivos programados.
20.  De conformidad con la Moción sobre la reducción del plazo legal de rendición de 
la Cuenta General del Estado, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión 
celebrada el 21 de diciembre de 2017, y de la Resolución de la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en sesión celebrada el 24 de abril de 2018, 
promover las medidas de reforma legislativa señaladas en la Moción del Tribunal, así 
como la constitución de un equipo de trabajo entre el Tribunal de Cuentas y la Intervención 
General de la Administración del Estado, con el fin de reducir los plazos legales vigentes 
para que la elaboración y fiscalización de la Cuenta General del Estado se puedan finalizar 
dentro del ejercicio siguiente al ejercicio fiscalizado, sin menoscabo del principio de imagen 
fiel.
21.  Realizar un seguimiento de las entidades que han rendido sus cuentas anuales 
fuera del plazo legalmente establecido, así como de las que no han cumplido con su 
obligación de rendir cuentas.
22.  Adoptar las medidas correctoras necesarias que permitan subsanar las 
deficiencias observadas en las Cuentas anuales de las entidades públicas que presentan 
informes de auditoría con opinión favorable con salvedades, con opinión desfavorable y 
con opinión denegada.
23.  Avanzar en la correcta utilización de los remanentes de la tesorería de los 
organismos del sector público administrativo y de las entidades del sector público 
empresarial y fundacional, prosiguiendo en la línea de la rigurosa elaboración del 
presupuesto y de una ajustada política de transferencias entre el Estado y aquellos, para 
evitar los actuales elevados excedentes de tesorería y la escasa rentabilidad obtenida de 
ellos.
24.  Adecuar la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social a la situación 
real de los gastos que deben ser financiados por transferencias estatales, al objeto de 
evitar que se generen tensiones de liquidez en el ámbito de la Seguridad Social.
25.  Abordar la clarificación y separación de las fuentes de financiación del Sistema 
de Seguridad Social, incluyendo la amortización de los préstamos pendientes y la correcta 
contabilización de los inmuebles traspasados a las comunidades autónomas, para evitar 
que el Sistema de la Seguridad Social asuma, de forma directa o indirecta, gastos que 
corresponderían a la Administración General del Estado –especialmente en un momento 
en el que se está debatiendo la viabilidad financiera futura del actual Sistema de Seguridad 
Social–.
26.  Exigir la rendición de Cuentas en tiempo y forma de todas las Entidades para 
propiciar la integración total y absoluta de la Cuenta General.
– Instar a la Intervención General de la Administración del Estado a: e.
27.  Potenciar la colaboración con el Tribunal de Cuentas con el fin de concretar las  64ww
avicetnueanci odneetesc qtauned roe sauñltoe ntr anse caeñsoa ryia sq,u pea, rdae c oforrrmegair  rdeeitfeinraitidvaa,m seen vteie lnaes nd esfeicñiaelnacniadso  qeune  lases 
suce2s8i.v asA Dcteucallaizraarc iloan iensfo drme alac iCónu erenctao gGidean eerna ll ad eCl uEesntatad od.e la Administración General del
Estado relativa a los Fondos sin personalidad jurídica en el caso de que se produzcan
diferencias significativas entre la citada información y las cuentas anuales de los Fondos 
disponibles a la fecha de elaboración de la Cuenta General del Estado.
29.  Remitir el seguimiento que realiza la Intervención General de la Administración 
del Estado del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, una vez haya 
sido éste aprobado.
– Instar al Tribunal de Cuentas a:
30.  Proseguir, en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado, con el 
seguimiento de las operaciones de ejercicios anteriores pendientes de regularizar, 
incluyendo propuestas para su definitiva subsanación.
31.  Continuar efectuando en futuras Declaraciones sobre la Cuenta General del 
Estado el seguimiento sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones de los Plenos 
del Congreso de los Diputados y del Senado y de la propia Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
32.  Adoptar medidas necesarias para incrementar en futuras Declaraciones sobre la 
Cuenta General del Estado el contenido de la información relativa a la situación económica, 
financiera y patrimonial de las entidades que componiendo los distintos subsectores 
(Administración General del Estado, Entidades del Sistema de la Seguridad Social y 
Organismos Públicos del Estado) cuenta con una mayor importancia cuantitativa en la 
participación de los presupuestos del Estado.
33.  Potenciar la colaboración con la Intervención General de la Administración del 
Estado para concretar las actuaciones que resulten necesarias para corregir definitivamente 
las deficiencias que se vienen detectando año tras año y que, de forma reiterada, se 
vienen señalando en la Declaración de la Cuenta General del Estado.
Realizado el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018, función 
que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo por delegación de las Cortes Generales, de acuerdo con el 
artículo 136 de la Constitución; vistos los artículos 130 a 132 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre,  General  Presupuestaria;  vista  la  Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 –Presupuestos que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 134.4 de la Constitución, resultaron automáticamente prorrogados-; vista la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y demás disposiciones 
aplicables, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y del artículo 33 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, analizadas las alegaciones del Gobierno 
y oído el Fiscal,  ha aprobado la siguiente DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL 
ESTADO DEL EJERCICIO 2018, en su reunión de 30 de abril de 2020, y ha acordado su elevación 
a las Cortes Generales, acompañada de un ejemplar de la Cuenta General, y el traslado de la 
Declaración al Gobierno. 
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
I.1 ASPECTOS GENERALES
I.2 OBJETIVOS  Y  PROCEDIMIENTOS  DEL  EXAMEN  Y  COMPROBACIÓN  DE  LA
CUENTA GENERAL DEL ESTADO
I.3 FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
I.4 RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
I.5 TRÁMITE DE ALEGACIONES
II OPINIÓN  SOBRE  LA  LEGALIDAD  Y  REPRESENTATIVIDAD  DE  LA  CUENTA 
GENERAL DEL ESTADO  
II.1 SALVEDADES
II.2 PÁRRAFO DE ÉNFASIS
III FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 
III.1 CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 
III.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
III.2.1 Liquidación  del  presupuesto  de  gastos:  obligaciones  reconocidas  por
defecto o exceso
III.2.2 Liquidación  del  presupuesto  de  ingresos:  derechos  reconocidos  por
defecto o exceso
III.2.3 Operaciones no eliminadas en el proceso de consolidación
III.3 BALANCE
III.3.1 Inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
III.3.2 Inversiones financieras
III.3.3 Deudores, deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar a
largo plazo
III.3.4 Deudores,  deudores  comerciales  y  otras  cuentas  a  cobrar  (activo
corriente)
III.3.5 Patrimonio neto
III.3.6 Provisiones
III.3.7 Acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
III.4 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
III.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
III.6 MEMORIA s
III.6.1 Avales y otras garantías b
III.6.2 Contingencias  64ww
IV OTROS RESULTADOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN
IV.1 PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CGE
IV.1.1 Contenido de la CGE y rendición de cuentas individuales 
IV.1.2 Proceso de consolidación 
IV.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
IV.2.1 Créditos y previsiones iniciales 
IV.2.2 Modificaciones de créditos y de previsiones iniciales 
IV.2.3 Pagos a justificar 
IV.2.4 Operaciones no eliminadas en el proceso de consolidación
IV.3 BALANCE
IV.3.1 Activo
IV.3.2 Patrimonio neto y Pasivo 
IV.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
IV.5 MEMORIA
IV.5.1 Información presupuestaria de las entidades cuyo presupuesto de gasto
tiene carácter limitativo
IV.5.2 Información presupuestaria de las entidades cuyo presupuesto de gasto
tiene carácter estimativo
IV.5.3 Avales y otras garantías
IV.5.4 Contingencias 
IV.5.5 Información presupuestaria
IV.5.6 Operaciones del Fondo Social Europeo
V SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL Y DE LAS RESOLUCIONES 
ADOPTADAS  POR  LOS  PLENOS  DEL  CONGRESO  DE  LOS  DIPUTADOS  Y  DEL 
SENADO EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
V.1 SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES
V.2 SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 
VI PROPUESTAS A LAS CORTES 
ANEXOS 
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
 
AAPP  Autoridades Portuarias 
ACUAMED  Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. 
ADIF  Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
ADIF-AV  Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad 
AEAT  Agencia Estatal de Administración Tributaria 
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AGE  Administración General del Estado 
AICA  Agencia de Información y Control Alimentarios 
APGCPSS’11  Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social 
BdE  Banco de España 
BOE  Boletín Oficial del Estado 
CAGE  Cuenta de la Administración General del Estado 
CCAA  Comunidades Autónomas 
CENIEH  Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 
CES  Consejo Económico y Social 
CGE  Cuenta General del Estado 
CIBI  Central de Información de Bienes Inventariables del Estado 
CIEMAT  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
Corporación RTVE  Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E. 
CORREOS  Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 
CSIC  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
DCGE  Declaración sobre la Cuenta General del Estado 
DEFEX  Defex, S.A., S.M.E., en Liquidación 
ENAIRE  Entidad Pública Empresarial Enaire 
ESSS  Entidades del Sistema de la Seguridad Social 
FEAD  Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas 
FEADER  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
FEAGA  Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
FEGA  Fondo Español de Garantía Agraria 
FEVE  Ferrocarriles de Vía Estrecha 
FFCCAA  Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas 
FIEM  Fondo para la Internacionalización de la Empresa 
FOGASA  Fondo de Garantía Salarial 
FONPRODE  Fondo para la Promoción del Desarrollo 
FROB  Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria 
FSE  Fondo Social Europeo 
ICAA  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
ICEX  ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. 
ICO  Instituto de Crédito Oficial 
IEO  Instituto Español de Oceanografía  e.
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado  w.
IIIIGMNGEMSSCSEEO R   SO  IIIInnnngstsetteiirttnvuuietteoonr  ícGdaióe eyn oM  ElGóacgeyoioncnreooer msay  lí yMad  Seidn eeelarlr v oTSic rdeaioegns usE rSpisdooparcatdieña  SalSe o.sMc i.aEl ., M.P., S.A.  OE-A-2021-2664able en https://ww
INGESA  Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
INSALUD  Instituto Nacional de la Salud 
INSS  Instituto Nacional de la Seguridad Social 
INTA  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" 
INVIED  Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa 
ISCIII  Instituto de Salud Carlos III 
ISM  Instituto Social de la Marina 
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 
JCT  Jefatura Central de Tráfico 
LGP  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
LOTCu  Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas 
LPGE  Ley de Presupuestos Generales del Estado 
MNCARS  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
MNP  Museo Nacional del Prado 
NRV  Normas de Reconocimiento y Valoración 
OOAA Organismos Autónomos
PGCP  Plan General de Contabilidad Pública 
PGE  Presupuestos Generales del Estado 
RENFE-Operadora  Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora 
SEITT   Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. 
SEPBLAC  Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias 
SEPE  Servicio Público de Empleo Estatal 
SEPES  SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo 
SEPI  Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
SICOSS  Sistema de Información Contable de la Seguridad Social 
SIC3  Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado 3 
SIEPSE  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos  Penitenciarios  y  de  la 
Seguridad del Estado, S.M.E., S.A. 
TEAC  Tribunal Económico Administrativo Central 
TGSS  Tesorería General de la Seguridad Social 
TPFE  Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 
TRLGSS  Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
TURESPAÑA  Instituto de Turismo de España 
UE Unión Europea
UNED  Universidad Nacional de Educación a Distancia 
I.INTRODUCCIÓN
I.1 ASPECTOS GENERALES
El artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu) 
establece que el Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, procederá al 
examen y comprobación de la Cuenta General del Estado (CGE), y que el Pleno del Tribunal, oído 
el Fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca. 
De conformidad con el artículo 130 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
(LGP), la CGE se formará mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que 
integran el sector público estatal y comprenderá el balance consolidado, la cuenta del resultado 
económico patrimonial consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el 
estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de liquidación del presupuesto consolidado y la 
memoria  consolidada.  Asimismo,  dicho  artículo  determina  que  la  CGE  deberá  suministrar 
información sobre la situación patrimonial y financiera, el resultado económico patrimonial y la 
ejecución del presupuesto del sector público estatal, y a ella se acompañarán las cuentas de 
gestión de tributos cedidos a las Comunidades Autónomas (CCAA). 
La CGE del ejercicio 2018 ha sido elaborada por la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE) de acuerdo con lo dispuesto en las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas en el ámbito del sector público, aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, 
y con las especialidades establecidas en la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se 
regula la elaboración de la CGE1. 
El Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2019, aprobado por el Pleno el 
20 de diciembre de 2018, incluye, entre las fiscalizaciones en cumplimiento de un mandato legal, la 
Declaración sobre la Cuenta General del Estado (DCGE) del ejercicio 2018. 
I.2 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL EXAMEN  Y COMPROBACIÓN  DE LA CUENTA
GENERAL DEL ESTADO
El objetivo del examen y comprobación ha consistido en comprobar que la CGE del ejercicio 2018 
ha sido elaborada de conformidad con lo previsto en las normas presupuestarias y contables 
aplicables a la misma, en particular en las normas de consolidación del sector público (Orden 
HAP/1489/2013  y  Orden  HAP/1724/2015),  presentando  fielmente,  en  todos  sus  aspectos 
significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los 
flujos de efectivo y los resultados del ejercicio del grupo de entidades que han de integrarse en ella, 
así como la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo, evaluando si la información de la 
memoria consolidada contribuye a la consecución de estos objetivos. 
En el examen y comprobación de la CGE se han aplicado técnicas de auditoría; por tanto, las 
observaciones realizadas a lo largo del informe no deben ser contempladas como una declaración 
exhaustiva de todas las deficiencias que pudieran existir o de todas las mejoras que pudieran ser 
efectuadas. En este sentido, de acuerdo con el marco normativo aludido anteriormente que implica 
la elaboración de la CGE como Cuenta Única Consolidada, el Tribunal incluye en esta Declaración 
solo aquellas deficiencias que presentan una importancia significativa. 
H1 HAPas/1ta3 6la4 /f2e0c1h6a,  ddee  a2p9r odbea cjuiólino ;d peo er sltaa  DDiescploasraiccióiónn ,a ldai cOiorndaeln ú dneic eal adbeo rlaa cOiórnd edne  HlaF CPG/1E6 9h/2a0 s1id7o,  dmeo 2d7ifi cdaed afe pborer rloa,  Opordr elna 
Orden HAC/874/2018, de 30 de julio, y por la Orden HAC/553/2019, de 24 de abril.
I.3 FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 
El artículo 131 de la LGP establece que la CGE de cada año se formará por la IGAE y se elevará al 
Gobierno para su remisión al Tribunal antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se 
refiera. A tal fin, las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la CGE han remitido sus cuentas 
del ejercicio 2018 aprobadas y, en su caso, formuladas a la IGAE, para su integración en la CGE, 
con las salvedades que se señalan más adelante. 
La Cuenta General integra las cuentas de las entidades pertenecientes al sector público estatal 
(sector público administrativo estatal, sector público empresarial estatal y fundaciones del sector 
público  estatal),  siendo  la  entidad  dominante  la  Administración  General  del  Estado  (AGE)2. 
Además, se integran también las cuentas de las entidades controladas directa o indirectamente por 
esta que no forman parte de dicho sector, las entidades multigrupo y las asociadas. 
Las cuentas de las entidades del grupo han sido consolidadas mediante el método de integración 
global, excepto las entidades de crédito y de seguros dependientes que se han integrado por el 
procedimiento de puesta en equivalencia modificado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la mencionada Orden de elaboración de la CGE. Asimismo, las cuentas de las 
entidades  multigrupo  y  asociadas  se  han  consolidado  por  el  procedimiento  de  puesta  en 
equivalencia modificado. 
La Orden de elaboración de la Cuenta incluye, asimismo, los modelos de balance, cuenta del 
resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 
efectivo  y  estado  de  liquidación  del  presupuesto  consolidados  de  la  CGE  y  regula  las 
especificidades del contenido de la memoria en relación con la información prevista para la misma 
en  la  Orden  HAP/1489/2013.  Por  otra  parte,  aborda  de  forma  específica  el  tratamiento  de 
determinadas  operaciones  (Deuda  Pública,  utilización  de  cuentas  anuales  formuladas, 
consolidación de créditos y previsiones iniciales y de las modificaciones de crédito, entre otras), así 
como la importancia relativa de las eliminaciones de partidas intragrupo y resultados. 
I.4 RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 131.1 de la LGP, el Gobierno, en su reunión de 31 de 
octubre de 2019, acordó la remisión de la CGE de 2018, formada por la IGAE, al Tribunal de 
Cuentas, habiendo sido registrada su entrada con esa misma fecha, dentro del plazo legalmente 
establecido3. 
La CGE de 2018 está integrada por los estados financieros previstos en la normativa por la que se 
regula su elaboración. Estos estados, salvo la memoria,  se recogen en el Anexo 1 de esta 
Declaración. Además, se han presentado las cuentas de gestión de tributos cedidos a las CCAA. 
A continuación se presenta, sucesivamente, integrando la Declaración, la opinión que merece al 
Tribunal de Cuentas la Cuenta General rendida del ejercicio 2018 seguida de las salvedades que 
afectan  a  dicha  opinión;  la  fundamentación  de  la  opinión  que  incluye  la  explicación  de  las 
salvedades expuestas anteriormente con referencia a los estados financieros consolidados que la 
conforman; otros resultados del examen y comprobación de la Cuenta; el seguimiento efectuado de 
las conclusiones y recomendaciones del Tribunal y de las Resoluciones adoptadas por los Plenos 
del Congreso de los Diputados y del Senado en relación con las Declaraciones de ejercicios 
                                                  e.
2 La denominación de los departamentos ministeriales de la AGE que se incluyen en esta Declaración, a efectos de  w.b
identificar la entidad implicada, corresponde a la que figura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en  64ww
ellaal   sfineufcpohurame dsateco i óadnpe r roqebuflaeec jaliaódsna   odepene e rlasat caDio eDnceelacslr aaarcfaeióccintóe nan.f  eac ltae  caol nctoanbtirloidl adde  plare gseusptuióens taacritau aol,  esceo hnaó mreicfloe-jpaadtor imlao dneianlo. mEinn aecl icóans voi gdeen tqeu ea 
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publicados en el “Registro de cuentas anuales del sector público” de la página web de la IGAE.
anteriores; y, finalmente, las propuestas que, como consecuencia de todo ello, traslada el Tribunal 
de Cuentas a las Cámaras, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 de su Ley Orgánica. 
I.5 TRÁMITE DE ALEGACIONES
De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, los resultados del examen y comprobación de la CGE del ejercicio 2018 se pusieron de 
manifiesto al Gobierno para la formulación de alegaciones, que se presentaron en plazo -tras la 
concesión de prórroga- y se adjuntan al presente documento. 
Como consecuencia de las alegaciones, se han incorporado al texto que recoge los resultados del 
examen y comprobación de la CGE, a lo largo de la presente Declaración, los cambios que se han 
considerado oportunos, bien por la aceptación de su contenido, bien para razonar el motivo por el 
que no se aceptan. No han sido objeto de contestación las alegaciones que consisten en meras 
explicaciones o aclaraciones. Sin perjuicio del tratamiento anteriormente señalado, que ha sido 
efectuado  para  toda  la  documentación  remitida,  hay  que  destacar  que  la  documentación 
presentada contiene, por un lado, las alegaciones de carácter general elaboradas por la IGAE y, 
por otro, documentación de diversa naturaleza agrupada por departamentos ministeriales, en la 
que se incluyen las alegaciones de los distintos centros directivos o entidades adscritas a cada uno 
de ellos. 
La Declaración constituye el resultado definitivo del examen y comprobación realizados y recoge la 
opinión que finalmente merece al Tribunal la CGE del ejercicio 2018. 
II OPINIÓN SOBRE LA LEGALIDAD Y REPRESENTATIVIDAD DE LA CUENTA GENERAL DEL 
ESTADO 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la LOTCu, el Tribunal de Cuentas ha 
examinado  la  CGE  del  ejercicio  2018  con  arreglo  al  objetivo  y  por  medio  de  los 
procedimientos descritos en el subapartado I.2 de esta Declaración. 
En  opinión  del  Tribunal,  excepto  por  los  efectos  de  las  salvedades  señaladas  a 
continuación, y que se desarrollan en el apartado III de esta Declaración, la Cuenta General 
del Estado de 2018 presenta fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
económica,  financiera  y  patrimonial,  los  cambios  en  el  patrimonio  neto,  los  flujos  de 
efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo 
de entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco normativo que 
resulta de aplicación a dicha Cuenta General y con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 
II.1 SALVEDADES
2.1. No se han integrado en la CGE 58 entidades del sector público estatal sobre un total de 439 
entidades dependientes por diversas razones. Asimismo, respecto de las entidades multigrupo y 
asociadas,  no  se  han  integrado  3  entidades  con  participación  directa  y  43  con  participación 
indirecta, de un total de 14 y 241 entidades, respectivamente (párrafo 3.1). 
2.2. Como consecuencia de las obligaciones y derechos imputados por defecto o exceso en el  b
presupuesto del ejercicio, el resultado presupuestario consolidado está sobrevalorado en 2.292,1  64ww
millones de euros (párrafos 3.2 al 3.22).
2.3. No han sido objeto de consolidación las cotizaciones sociales de los desempleados y de los 
beneficiarios de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos que corresponden 
al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por asumir la condición de empleador (el SEPE tiene 
imputadas obligaciones por 3.857,9 millones de euros, mientras que los correlativos derechos 
reconocidos en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ascienden a 3.733,7 millones), 
lo  cual  afecta  al  estado  de  liquidación  del  presupuesto  y  también  a  la  cuenta  del  resultado 
económico-patrimonial, al balance y al estado de flujos de efectivo (párrafo 3.23) 
2.4. En relación con los inventarios y cuentas derivadas de operaciones de inmovilizado de las 
entidades que se señalan a continuación, cabe destacar las siguientes deficiencias: 
-  La AGE sigue careciendo de inventarios completos, estando pendiente de incluirse en ellos una 
parte importante de su inmovilizado material (párrafo 3.24). 
 
-  La TGSS no dispone del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social en los 
términos que dispone el artículo 5 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el 
Patrimonio de la Seguridad Social (párrafo 3.25). 
 
-  Existe una salvedad no cuantificada que afecta al epígrafe “Inmovilizado intangible”, debido a 
que en el balance de la Seguridad Social no figuran registradas las aplicaciones informáticas 
desarrolladas y puestas en explotación con medios propios, sin que sea posible determinar 
cuántas son ni su coste de producción (párrafo 3.26). 
 
-  Los epígrafes de “Inmovilizado material” e “Inmovilizado intangible” del balance del Instituto 
Nacional  de  Gestión  Sanitaria  (INGESA),  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales 
(IMSERSO) y del Instituto Social de la Marina (ISM) recogen el valor de los inmuebles cuyo uso 
ha sido transferido a las CCAA, por 3.781,3 millones de euros, lo que no resulta acorde con la 
norma  de  reconocimiento  y  valoración  (NRV)  16ª  de  la  Adaptación  del  Plan  General  de 
Contabilidad  Pública  a  las  entidades  que  integran  el  sistema  de  la  Seguridad  Social 
(APGCPSS’11). Asimismo, el resultado económico-patrimonial está infravalorado en el importe 
de la indebida dotación a la amortización de estos inmuebles, por 38 millones de euros (párrafos 
3.27 y 3.28). 
 
-  Diversos organismos autónomos (OOAA), cuyo valor contable del inmovilizado asciende a un 
importe conjunto de 4.776,6 millones de euros, no disponen de inventario o la información 
incluida en los mismos presenta diversas deficiencias (párrafo 3.29). 
 
-  Los  epígrafes  de  inmovilizado  están  infravalorados,  en  un  importe  que  no  ha  podido  ser 
cuantificado, por la falta de registro de derechos de uso de inmuebles cedidos a favor de 
Consorcios o adscritos a los mismos (párrafos 3.30 y 3.33); por la falta de registro contable de 
algunas infraestructuras (párrafo 3.31) y por la no activación de determinadas mejoras en 
activos en concesión en diversas Confederaciones Hidrográficas (párrafo 3.32). 
 
-  El balance del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) recoge un importe de 302 
millones de euros correspondientes a bienes muebles de patrimonio histórico. Sin embargo, esta 
valoración se deriva de una incorrecta aplicación de las NRV 2ª y 3ª del Plan General de 
Contabilidad  Pública  (PGCP),  por  lo  que  no  es  representativa.  Por  otro  lado,  una  parte 
sustancial de los fondos artísticos gestionados por el MNCARS, dada su procedencia y dificultad  s
de valoración, figuran en el balance con una valoración cero (párrafo 3.35).  oe.
  w.
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millones de euros (párrafo 3.36).
  Bc
-  Diversas operaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en las que 
se han incumplido las normas de registro y valoración del PGCP afectan específicamente a la 
representatividad  del  balance  y  de  la  cuenta  del  resultado  económico  patrimonial.  Las 
operaciones afectan al registro contable de edificios y terrenos (cedidos por otras entidades) y 
de las existencias de material didáctico (párrafos 3.37 y 3.61). 
 
-  Las entidades Consejo Económico y Social (CES) y Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo (TPFE) utilizan espacios o edificios recibidos en régimen de cesión, sin disponer de 
título jurídico que acredite su utilización y sin que se hayan reconocido en su cuenta de 
resultados los gastos e ingresos correspondientes (párrafos 3.38 y 3.39). 
 
-  El “Inmovilizado material” está sobrevalorado en 529,2 millones de euros por el cambio de 
valoración de las carreteras construidas por Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte 
Terrestre,  S.M.E.,  S.A.  (SEITT)  y  de  las  infraestructuras  penitenciarias  construidas  por  la 
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, 
S.M.E., S.A. (SIEPSE) tras su puesta a disposición de la AGE (párrafos 3.40 y 3.41). 
 
-  El “Inmovilizado material” estaría sobrevalorado, si bien no es posible cuantificar en qué importe, 
al incluir en su inventario la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) bienes entregados por la AGE sin el correspondiente soporte documental y 
por las deficiencias en la valoración inicial de los bienes recibidos tras la segregación de 
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) (párrafo 3.42). 
2.5. Existen  partidas  intragrupo  procedentes  de  créditos  concedidos  por  la  AGE  a  diversas 
entidades del grupo del sector público administrativo que no han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación, por un total de 264,6 millones de euros, debido a la falta de coincidencia de los 
saldos (párrafo 3.43). 
2.6. El saldo de las cuentas “Otros créditos a largo plazo”, “Otros créditos a corto plazo”, “Deterioro 
de valor de créditos a largo plazo” y “Deterioro de valor de créditos a corto plazo” de la Cuenta de 
la Administración General del Estado (CAGE), en la parte relacionada con créditos del Fondo para 
la  Internacionalización  de  la  Empresa  (FIEM)  que  van  a  ser  objeto  de  condonación  previo 
cumplimiento de las condiciones establecidas en programas de conversión de deuda por proyectos 
de desarrollo, está infravalorado en 815,4 millones de euros (párrafo 3.44). 
2.7. Las “Inversiones financieras a largo plazo” están sobrevaloradas en 68,3 millones de euros, al 
no  haberse  eliminado  parte  de  los  pagos  efectuados  por  SEITT  por  cuenta  del  Estado 
correspondientes al Convenio de Ferrocarriles de la red Convencional de Cataluña (párrafo 3.45). 
2.8. La corrección valorativa por deterioro de las deudas registradas por la AGE como derechos 
reconocidos, que ascendió a 24.205 millones de euros, fue insuficiente en 5.772,4 millones. Esta 
insuficiencia corresponde a la indebida minoración practicada respecto de las deudas en situación 
concursal  (662,8  millones)  y  a  la  falta  de  dotación  de una  corrección  valorativa  mediante  la 
estimación global del riesgo de fallidos para los créditos para los que no se efectúe un seguimiento 
individualizado (se estima que esta corrección valorativa global debería haber ascendido a 5.109,6 
millones) (párrafo 3.46). 
2.9. El deterioro de valor de las deudas por cotizaciones sociales aplazadas con vencimiento a 
largo y a corto plazo está infravalorado, en conjunto, en 124,4 millones de euros, al excluir de su  e.e
cálculo las deudas del sector privado que cuentan con las garantías exigidas por la normativa, pero  b
que presentan riesgo de impago por falta de consistencia o depreciación de estas (párrafo 3.47).  64ww
2dm.eo1rr0iva.a tAodrsaiaism  eidssemt áol a,i sne frlc aodvteiaztlaoecrraiioodrnooe  sed nes  o1vc9aia5lol,e7r s m ddeile lo laninses std iteduuecdi oaensue rsoc sos,n a pnvuiteeansrcitaoims  qiesuinnet  oán noai  mslaeor  gddooe t yalu nac r cooc ororrebtocje ctpiool nadezeos    OE-A-2021-26able en https://
valorativas que cubran el riesgo de impago que afecta a las mismas (párrafo 3.48).
2.11. Los  “Deudores,  derechos  comerciales  y  otras  cuentas  a  cobrar”  y  los  “Acreedores, 
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” están sobrevalorados en 28,4 millones de euros 
al haber reconocido la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras subvenciones pendientes de 
cobro que deberán ser reintegradas, junto con la deuda correspondiente (párrafo 3.49). 
2.12. El epígrafe “Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” está infravalorada en 
1.613,1  millones  de  euros  ya  que  la  TGSS  no  recoge  los  intereses  de  demora  devengados 
asociados a la deuda por cotizaciones sociales hasta el cobro total o parcial. Esta incidencia 
repercute también en el importe del deterioro por riesgo de crédito que correspondería registrar 
(párrafo 3.50). 
2.13. El  epígrafe  “Deudores,  deudores  comerciales  y  otras  cuentas  a  cobrar”  y  el  resultado 
económico-patrimonial están sobrevalorados en 169 millones de euros debido a que la TGSS ha 
duplicado el registro contable de la periodificación de las cotizaciones sociales devengadas en el 
mes de diciembre (párrafo 3.51). 
2.14. Adicionalmente,  el  epígrafe  “Deudores,  deudores  comerciales  y  otras  cuentas  a  cobrar” 
recoge un importe de 54,7 millones de euros, correspondiente a derivaciones de responsabilidad 
en la TGSS, respecto del cual no es posible determinar si debe permanecer contabilizado o 
procederse a su anulación (párrafo 3.52). 
2.15. Al igual que en 2017, no figura periodificado el gasto correspondiente a la parte de la paga 
extraordinaria devengada en el mes de diciembre de 2018 de los empleados públicos, así como a 
las pensiones de Clases Pasivas y del sistema de la Seguridad Social, con un impacto negativo en 
el patrimonio neto de 1.862,3 millones de euros y en el resultado del ejercicio de 120,6 millones 
(párrafo 3.53). 
2.16. El epígrafe “Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados” está 
sobrevalorado en 130 millones de euros, al haberse ajustado indebidamente en el proceso de 
consolidación de la CGE las subvenciones de capital recibidas por SEITT de fondos europeos que 
la sociedad ya había imputado a resultados (párrafo 3.54). 
2.17.El saldo al cierre del ejercicio de la provisión para la devolución de impuestos ascendía a 
9.367,4 millones de euros. Esta provisión fue insuficiente, en una cuantía que no ha podido ser 
determinada, ya que tuvo en cuenta exclusivamente las solicitudes pendientes de devolución 
presentadas durante 2017 y 2018, no las presentadas en años anteriores, y correspondientes a 
solo seis tributos (párrafo 3.55). 
2.18. Figura registrada en el balance una provisión a largo plazo referida a las cargas de la 
prestación del Servicio Postal Universal, que asciende a 478,9 millones de euros, que no ha sido 
eliminada a pesar de que corresponde a un pasivo con una entidad del grupo (párrafo 3.56). 
2.19. Las provisiones por litigiosidad correspondientes al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital registradas por la AGE están infravaloradas en 34,9 millones de euros (párrafo 3.57). 
2.20. La provisión dotada en relación con el importe a satisfacer a una empresa privada del sector 
de las comunicaciones como consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal Económico 
Administrativo Central (TEAC) (702,4 millones de euros), no incluye los intereses devengados por 
dicha  deuda  desde  el  momento  en  que  se  produjo  su  liquidación  a  la  Agencia  Estatal  de  s
Administración Tributaria (AEAT) (párrafo 3.58).  e.
2.21. La cuenta 413 Acreedores por operaciones devengadas recoge obligaciones de diciembre de 
2018, correspondientes a las prestaciones contributivas y no contributivas, por 11.950,2 millones de 
euros, no imputadas al presupuesto pero que reúnen todos los requisitos para efectuar dicha 
imputación. Adicionalmente, esta cuenta está sobrevalorada en, al menos, 1.329,3 millones, porque 
recoge gastos que obligatoriamente debieron quedar imputados al presupuesto de 2018 (párrafos 
3.13 y 3.59). 
2.22. 4 
2.23. El resultado económico-patrimonial de 2018 está infravalorado en 127 millones de euros (sin 
tener en cuenta el deterioro de valor por riesgo de crédito que correspondería dotar), porque el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el IMSERSO y el ISM no imputan los ingresos 
derivados de la contabilización de los deudores por reintegros de pagos indebidos de prestaciones 
hasta el momento del cobro. El SEPE tampoco lo hace en relación con los deudores en vía 
voluntaria, no siendo posible determinar el importe de la infravaloración. En el caso de las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social (mutuas) no se puede dar validez a la cifra de deudores 
registrada contablemente, por 41,3 millones (párrafos 3.21 y 3.62). 
2.24. El resultado del ejercicio que figura en la CGE está infravalorado en 92 millones de euros y 
los  resultados  de  ejercicios  anteriores  están  sobrevalorados  en  la  misma  cuantía,  como 
consecuencia de las incidencias detectadas en la consolidación de las operaciones de financiación 
afectada de la Seguridad Social a cargo de la AGE (párrafo 3.63). 
2.25. La cifra de cobros y pagos del estado de flujos de efectivo de la CGE consolidada está 
sobrevalorada en 349,2 millones de euros como consecuencia de un error en las eliminaciones de 
consolidación (párrafo 3.64). 
2.26. La memoria de la CGE no contiene información alguna relativa a los avales y otras garantías 
concedidas ni a pasivos contingentes (párrafos 3.65 y 3.66). 
II.2 PÁRRAFO DE ÉNFASIS 
2.27. Sin que afecte a la opinión del Tribunal expresada en este apartado, ha de señalarse que el 
balance de la Seguridad Social recoge, por segundo año consecutivo, un patrimonio neto negativo 
(a 31 de diciembre de 2018, 33.260 millones de euros) con origen en las operaciones de gestión 
ordinaria. La solución adoptada para la cobertura de estos gastos ordinarios (fundamentalmente, 
pensiones) ante la insuficiencia de los recursos de esta naturaleza (básicamente, cotizaciones 
sociales), al igual que en 2017, ha sido otorgar préstamos por el Estado a la TGSS, los cuales no 
pueden  resolver  los  problemas  de  sostenibilidad  financiera  de  naturaleza  estructural  de  la 
Seguridad Social, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni 
tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo, acumulando la Seguridad 
Social un endeudamiento frente al Estado de 41.191 millones, a 31 de diciembre de 2018 (párrafo 
4.33). 
III FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 
III.1 CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 
3.1. Se ha verificado que, de acuerdo con la información contenida en la memoria de la CGE, no  bo
han sido integradas las cuentas de 58 entidades del grupo, de un total de 439 entidades del sector  64ww
4    P  á r r a  f o   s  u p  r im   i d o    c o  m  o    c o  n s  e c  u  e n  cia de las alegaciones.  BOE-A-cable e
público estatal5: cuatro de ellas al no haberse recibido en la IGAE ni sus cuentas aprobadas ni sus 
cuentas formuladas antes del 7 de septiembre de 20196, plazo previsto en el artículo 3.6 de la 
Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la CGE; seis al haber 
sido excluidas del perímetro de la consolidación conforme con el artículo 4.b de la citada Orden7; 
tres al no haber aprobado cuenta anuales en 2018 debido a su falta de actividad económica 
durante el ejercicio8; una por estar así previsto en su normativa reguladora9; y los 44 consorcios 
adscritos a la UNED al no haber recibido la IGAE las cuentas consolidadas de la UNED antes del 
plazo previsto en el artículo 3.6 de la Orden que regula la elaboración de la CGE. 
Por primera vez en este ejercicio, en la memoria de la CGE de 2018 se hace constar que las 
cuentas  de  los  Consorcios  Universitarios  de  Centros  Asociados  de  la  UNED  deben  figurar 
integradas en la CGE, de acuerdo con el criterio expuesto por el Tribunal de Cuentas y por la 
Comisión  Mixta  Congreso-Senado  para  las  relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas10.  A  estos 
efectos, la Orden HAC/874/2018, de 30 de julio, había modificado la Orden HAP/1724/2015, de 31 
de julio, para precisar que, a efectos de la elaboración de la CGE, la UNED formulará cuentas 
anuales consolidadas, integrando en las mismas las cuentas anuales de sus Centros Asociados. 
Respecto a las entidades multigrupo y asociadas, integradas en la CGE por el procedimiento de 
puesta en equivalencia modificado, no figuran incluidas 3 entidades de un total de 14 entidades con 
participación directa de la AGE y 43 de un total de 241 con participación indirecta. De todas ellas, 
en  anexo  a  la  CGE,  además  de  figurar  su  identificación,  se  informa  sobre  el  porcentaje  de 
participación. 
III.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
3.2. Las obligaciones reconocidas netas consolidadas ascendieron a 420.702,3 millones de euros. 
No  obstante,  se  han  dejado  de  contraer  presupuestariamente  obligaciones  que  debieron 
reconocerse por corresponder a gastos realizados en el ejercicio, por un importe consolidado de 
3.535 millones; por el contrario, se han imputado gastos por importe de 1.300,2 millones que 
corresponden a ejercicios anteriores. En consecuencia, las obligaciones reconocidas del ejercicio 
2018 están infravaloradas en 2.234,8 millones. Por otra parte, al cierre del ejercicio 2018 quedan 
obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de reconocerse por importe de 329,9 millones. 
Todo ello supone el incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria establecido en el 
artículo 34 de la LGP. En el apartado III.2.1. se detallan las operaciones más significativas no 
aplicadas al presupuesto de gastos. 
3.3. En  relación  con  la  liquidación  del  presupuesto  de  ingresos  consolidado,  los  derechos 
reconocidos netos consolidados ascendieron a 429.372,7 millones de euros. Como conclusión más 
significativa de las observaciones de imputación presupuestaria que se señalan en el apartado 
III.2.2, cabe destacar que se hallan pendientes de reconocer ingresos en el presupuesto del 
                                                 
5 Comprende las 385 entidades que la IGAE incluye en el perímetro de consolidación y las 54 entidades que ha excluido 
del mismo. 
6 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Fundación General de la UNED. Estas cuatro entidades son las únicas 
de entre aquellas cuya cuenta no está integrada en la CGE que la IGAE mantiene integradas en el perímetro de 
consolidación. 
7 Casa del Mediterráneo (matriz directa AECID), Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, Aparcamientos 
Zona Franca S.L., Corporación Alimentaria Quality, S.A. en liquidación, Quality Food Industria Alimentaria, S.A.U., en  es
liquidación y Servicios Documentales de Andalucía, S.L. (todas ellas dependientes de la matriz Consorcio de la Zona  oe.
Franca de Cádiz).  w.
8 Las sociedades mercantiles Consorcio Río San Pedro y Navantia Brasil Projectos Navais LTDA, y el Fondo de  64ww
9C Comenpteron sNaacicóionn dael  ldoes  ICnotenlsigoerncicoias  dceo mZoon cao Fnrsaenccuae,n Fc.iCa .Pde.J .l a clasificación que recibe la información según su normativa
1re0 gInufloardmorea .d e fiscalización de la UNED referido al ejercicio 2012, aprobado el 24 de julio de 2014, y Resolución de 25 de
noviembre de 2014 en relación con dicho Informe.
ejercicio 2018 por un importe neto de 166,8 millones; por el contrario, se recogen derechos de 
ejercicios  anteriores  por  un  importe  neto  de  224,1  millones.  En  consecuencia,  los  derechos 
reconocidos del ejercicio 2018 están sobrevalorados en 57,3 millones. 
3.4. Los hechos descritos determinan que al no haberse aplicado correctamente las normas que 
regulan la ejecución presupuestaria y su gestión contable, dictándose los actos administrativos en 
el momento oportuno, quedarían pendientes de reconocer obligaciones por un importe acumulado 
de 3.864,9 millones de euros (3.535 del ejercicio corriente y 329,9 de ejercicios anteriores) y se han 
reconocido derechos en exceso por un importe de 57,3 millones. 
La regularización de los importes indicados deberá ser imputada a presupuestos de ejercicios 
posteriores a 2018. A efectos de considerar aquellos supuestos cuya liquidación no ha sido posible 
en el ejercicio de su devengo, no se han considerado como incumplimientos de las normas que 
regulan la ejecución presupuestaria y su gestión contable los siguientes tipos de operaciones: los 
conceptos de gastos susceptibles de periodificación, los correspondientes al mes de diciembre de 
2018 o al último trimestre de 2018, cuando la liquidación de estas obligaciones fuera trimestral, y 
aquellos que resultan eliminados en consolidación. 
3.5. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el resultado presupuestario consolidado por 
operaciones no financieras imputable al ejercicio, que figura en la CGE por importe negativo de 
20.031,5 millones de euros, presentaría un mayor déficit por importe de 2.284,2 millones y el 
resultado  presupuestario  consolidado  por  operaciones  financieras  reflejado  en  la  CGE,  que 
presenta un superávit de 28.701,9 millones, se minoraría en 7,9 millones. Por todo ello, el resultado 
presupuestario consolidado del ejercicio que, según los registros contables, refleja un superávit de 
8.670,3 millones, se hallaría sobrevalorado en 2.292,1 millones. Este importe resulta de tener en 
cuenta, exclusivamente, las operaciones de gastos e ingresos que debieron haber sido imputadas 
al presupuesto de 2018 por corresponder a dicho ejercicio, mostrándose en el cuadro siguiente la 
repercusión que sobre el resultado tienen las citadas operaciones. 
   
REPERCUSIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE LAS OBLIGACIONES Y 
DERECHOS IMPUTADOS POR DEFECTO O EXCESO EN EL PRESUPUESTO 
(Millones de euros) 
Operaciones de  Operaciones  Repercusión 
ejercicios  de 2018  neta sobre 
Concepto  anteriores  pendientes de  los 
aplicados en 2018  aplicación  resultados 
(1)  (2)  (3)=(1)+(2) 
Gastos por operaciones corrientes  1.073,6   (2.610,5)  (1.536,9) 
Gastos por operaciones de capital  226,4   (916,4)  (690) 
Suma de Gastos no financieros   1.300,0   (3.526,9)  (2.226,9) 
Ingresos por operaciones corrientes  (224,1)  119,3   (104,8) 
Ingresos por operaciones de capital     47,5   47,5  
Suma de Ingresos no financieros   (224,1)  166,8   (57,3) 
1. Total Operaciones no financieras   1.075,9   (3.360,1)  (2.284,2) 
Gastos por activos financieros  0,2   (8,1)  (7,9) 
Gastos por pasivos financieros       
Suma de Gastos Financieros  0,2  (8,1)  (7,9) 
Ingresos por activos financieros       
Ingresos por pasivos financieros       
Suma de Ingresos Financieros       
2. Total Operaciones financieras  0,2  (8,1)  (7,9) 
I. Resultado Presupuestario del ejercicio (1+2)  1.076,1   (3.368,2)  (2.292,1) 
Fuente: Elaboración propia       
 
3.6. En el apartado siguiente III.2.1 se señalan los defectos de imputación presupuestaria más 
relevantes en relación con la liquidación del presupuesto de gastos, una vez efectuadas en el 
ejercicio las correcciones de defectos puestos de manifiesto en ejercicios anteriores. Con carácter 
general,  salvo  para  las  excepciones  que,  en  su  caso,  expresamente  se  mencionen  en  los 
siguientes párrafos, estas operaciones están reflejadas en la contabilidad económico-patrimonial. 
Asimismo, en el apartado III.2.2 se detallan los defectos de imputación observados en relación con 
la liquidación del presupuesto de ingresos. 
III.2.1 Liquidación  del  presupuesto  de  gastos:  obligaciones  reconocidas  por  defecto  o 
exceso 
1)  Ejecución de sentencias  
3.7. Al cierre del ejercicio fiscalizado se hallaban pendientes de aplicar al presupuesto de gastos 
obligaciones por importe de 650,8 millones de euros que se distribuyen de la siguiente forma:  
-  503,5 millones correspondientes a la deuda que mantiene el Ministerio de Fomento con la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  ejecutar  las  sentencias  dictadas  por  el  Tribunal 
Supremo en 2018, que estiman los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el  s
Gobierno de Canarias frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento de los compromisos  oe.
adquiridos en virtud de la Adenda de 17 de noviembre de 2009, al Convenio entre la AGE y el  w.
Gobierno de Canarias en materia de carreteras, celebrado el 31 de enero de 200611.  64ww

 1 1   D  a  d o    q  u e    n o    s e    h  a   a  p o  r t a d  o   c  o  p i  a del convenio a que se hace referencia en las alegaciones, no se ha podido verificar  BOE-A-cable e
lo afirmado en ellas, por lo que se mantiene la salvedad.
-  57,4 millones correspondientes al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales por intereses de demora derivados de sentencias relativas a expedientes de fijación 
de justiprecio en expropiaciones. De los 57,4 millones, 53,3 millones son de ejercicios anteriores 
a 2018. 
 
-  89,9 millones correspondientes al Ministerio de Hacienda y Función Pública por indemnizaciones 
derivadas de sentencias del Tribunal Supremo por la responsabilidad del Estado en la aplicación 
del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos (céntimo sanitario), así 
como  indemnizaciones  derivadas  de  la  aplicación  de  la  normativa  estatal  reguladora  del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Por otro lado, en 2018 se han aplicado al presupuesto de gastos 40,1 millones de euros del importe 
de las obligaciones que al cierre del ejercicio anterior se encontraban pendientes de aplicación, se 
han  realizado  rectificaciones  (minoraciones)  por  importe  de  44,2  millones  y  han  aflorado 
obligaciones de ejercicios anteriores por importe de 4,6 millones. 
2)  Inversiones de los departamentos ministeriales  
3.8. Al cierre del ejercicio 2018 se hallaban pendientes de aplicar al presupuesto obligaciones 
derivadas de inversiones efectuadas por distintos departamentos ministeriales, por importe total de 
248,8 millones de euros, de los que 58,2 millones corresponden a operaciones de ejercicios 
anteriores y 190,6 millones al ejercicio 2018.  
Por otro lado, en 2018, se han aplicado al presupuesto de gastos 126 millones de euros del importe 
de las obligaciones pendientes de aplicar al cierre del ejercicio anterior; además, se han rectificado 
(minorado)  obligaciones  pendientes  de  aplicar  de  ejercicios  anteriores  por  importe  de  143,5 
millones y han aflorado operaciones de ejercicios anteriores por importe de 27 millones. 
Del saldo pendiente de aplicar al presupuesto de gastos al cierre del ejercicio 2018, destacan, 
principalmente, los derivados de expedientes de expropiaciones, de revisiones de precios, de 
liquidaciones de contratos e intereses de demora de inversiones realizadas correspondientes al 
Ministerio de Fomento, fundamentalmente en programas de infraestructuras y conservación de 
carreteras (160,2 millones de euros), y al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, fundamentalmente en programas de la Dirección General del Agua (49,8 millones). 
También destacan 15,3 millones para facturas de diversas encomiendas de gestión relacionadas 
con nuevas tecnologías y equipos para procesos de información, fundamentalmente, del Ministerio 
de Justicia. 
3)  Transferencias y subvenciones 
3.9. Al cierre del ejercicio 2018 se hallaban pendientes de aplicar al presupuesto de gastos, 
transferencias y subvenciones por importe de 582,6 millones de euros, de los que 34,8 millones 
corresponden a ejercicios anteriores. Por otra parte, se han aplicado al presupuesto de gastos del 
ejercicio  2018  un  total  de  286,8  millones,  se  han  rectificado  (minorado)  15,4  millones,  que 
corresponden a obligaciones que estaban pendientes de aplicar a 31 de diciembre de 2017, y han 
aflorado 0,8 millones por operaciones de ejercicios anteriores. 
Del total de las transferencias y subvenciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre de 2018, los 
saldos más relevantes corresponden al:  s
-  Ministerio de Fomento, por un importe de 424,2 millones, de los que 391,7 son imputables al  w.
eaajple ltirrccáaifciccioioó  n2a 0aé1lr e8po rey  ys3 um2p,ua5er íastit moe ojde,er cp giocarios itsmo sap nostreet erini odcreleu sy1.e 7En2 n,l6atr sem  eilflaleoscn tteurasa,nd saafs el arpe olnirqc luiaaisds a bccooiónrnrifii ecdnaetcel isoc nopenesvn eddneieisont itcneoasnd  daleas    2021-2664n https://ww
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Telégrafos, S.A., S.M.E. (CORREOS) por la prestación del Servicio Postal Universal, por importe 
de 181,3 millones12. Además, relacionado con este último tema, la AGE ha dotado una provisión 
de 478,9 millones correspondiente a la diferencia prevista en el Borrador del Plan de Prestación 
del Servicio Postal Universal de marzo de 2018 entre el coste de este servicio y la financiación 
realmente aportada, que de resultar definitiva supondría un incremento de las obligaciones 
reconocidas. 
 
-  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por un importe de 132,6 millones (130,5 
millones de operaciones del ejercicio corriente y 2,1 de ejercicios anteriores). La cuantía de 
obligaciones pendientes de aplicar a la liquidación del presupuesto de gastos al cierre del 
ejercicio 2018, corresponde en su mayoría a deudas por las aportaciones de España a la 
Agencia Espacial Europea (112,3 millones) y a la deuda con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
por importe de 8,9 millones, según información detallada por dicha entidad de crédito. De este 
último importe, un saldo de 8,4 millones no figura reflejado en el balance de la CGE como 
acreedor por operaciones devengadas. 
 
-  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  por  un  importe  total  de  13,4  millones,  que 
corresponden a los gastos derivados de compensaciones por beneficios fiscales en tributos 
locales. 
 
4)  Aportación al presupuesto de la Unión Europea (UE) 
3.10. 13 
5)  Transferencias a RENFE Viajeros 
3.11. 14  
6)  Otras  obligaciones  pendientes  de  aplicación  derivadas  de  gastos  corrientes  en  bienes  y 
servicios en la AGE 
3.12. Figuran  al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado  otras  obligaciones  pendientes  de  aplicar  al 
presupuesto de gastos derivadas de bienes y servicios corrientes, por importe de 99,5 millones de 
euros, de los que 86,5 millones tienen su origen en operaciones del ejercicio 2018 y el resto (13 
millones), en ejercicios anteriores. Por otro lado, se han aplicado al presupuesto de gastos del 
ejercicio 2018 obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, por importe de 49,1 millones, se 
ha rectificado (minorado) el saldo pendiente a 31 de diciembre de 2017 en 32,1 millones, y han 
aflorado 0,7 millones de ejercicios anteriores. 
Las operaciones económicamente más significativas pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de 
diciembre de 2018 corresponden a obligaciones del Ministerio de Justicia para financiar los salarios 
de tramitación devengados en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, por importe de 19,6 millones de euros de los que 12 
millones se originaron en ejercicios anteriores. 
7)  Obligaciones no reconocidas derivadas de los gastos asociados al proceso de recaudación en 
las Entidades del Sistema de la Seguridad Social (ESSS) 
3.13. El resultado presupuestario de la Seguridad Social está sobrevalorado en 1.329,3 millones de  es
euros, porque el INSS, el ISM y las mutuas15 no han reconocido obligaciones por las prestaciones  o
                                                  64ww
11pa23cr  eeAPsp áutrpapreraussfeoeas  rslta au rdpaiaerleis mg laoaid  cfoiimnó c nado nremei foaea lsjicuztoasantddasoare  .e celu niem napcloiearg tdeae ca ilo atnrsae ansl,se fgesareicr  ioadn eCebsoe.rr ríeaons  hpaobr elar  ptrraemstiatacdióon  dlaes  ecsoterr esesprvoicnidoi,e pnoters l om qoudei fnicoa cpiuoendees   OE-A-2021-26able en https://
14 Párrafo suprimido como consecuencia de las alegaciones.
de pago delegado de la incapacidad temporal de octubre y noviembre, por 984,6 millones16, así 
como porque las mutuas tampoco han registrado obligaciones por el gasto correspondiente al 
sostenimiento de servicios comunes y del reaseguro obligatorio y de exceso de pérdidas (gastos 
inherentes al proceso de recaudación) de los mismos meses, por 344,7 millones.  
Las obligaciones y derechos reconocidos imputados al presupuesto por las mutuas y la TGSS, 
respectivamente, por reaseguro y sostenimiento de servicios comunes, son objeto de consolidación 
recíproca, por lo que la CGE no tendría que verse afectada; no obstante sí lo está porque la 
eliminación efectuada se ha hecho por el menor de los importes registrados (en este caso, las 
obligaciones reconocidas por las mutuas). Asimismo, la CGE se encuentra afectada por la falta de 
imputación presupuestaria del gasto procedente del pago delegado de la incapacidad temporal de 
dichos meses.  
Estas  actuaciones  de  las  ESSS  se  deben  a  un  cambio  de  criterio  producido  por  la  Orden 
TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, al haber suprimido la 
excepcionalidad (que sí recogían, hasta 2017, estas Órdenes Ministeriales de cierre contable), que 
permitía tramitar los expedientes de estos gastos en los primeros meses del ejercicio siguiente, 
retrotrayendo su imputación presupuestaria a 31 de diciembre del ejercicio corriente. Sin embargo, 
esta excepcionalidad sí se ha mantenido para permitir aplicar al presupuesto de ingresos de 2018 
de la TGSS y de las mutuas, los derechos de cobro procedentes de la liquidación de cotizaciones 
sociales  de  octubre  y  noviembre,  así  como  -para  la  TGSS-  los  derechos  derivados  del 
sostenimiento de los servicios comunes y del reaseguro obligatorio y de exceso de pérdidas, 
asociados a las cotizaciones sociales de ambos meses, procedentes de las mutuas. 
Esta modificación supone, por tanto, que las operaciones de gastos e ingresos que proceden de 
una única transacción o hecho económico no estén siendo tratadas de forma homogénea de 
manera que: a) en el caso del registro de los gastos inherentes al proceso de recaudación, su 
diferimiento al ejercicio siguiente supone que la TGSS ha dictado el acto de reconocimiento y 
liquidación de los derechos, y ha sido recaudado, imputándolo al presupuesto sin que las mutuas ni 
siquiera hayan dictado el acto de reconocimiento y liquidación de la obligación que origina la 
transferencia a favor de la TGSS; y b) en el caso del gasto por el pago delegado de incapacidad 
temporal, se está difiriendo al ejercicio siguiente el reconocimiento de una obligación cuyo pago se 
ha efectuado en el ejercicio corriente17. 
8)  Obligaciones no reconocidas derivadas de los gastos asociados al proceso de recaudación en 
el SEPE 
3.14. El resultado presupuestario del SEPE está sobrevalorado en 592,7 millones de euros porque 
no  ha  registrado  las  obligaciones  de  los  meses  de  octubre  y  noviembre  derivadas  de  las 
bonificaciones en la aportación empresarial por desempleo y formación profesional. Los gastos por 
este concepto (al igual que sucede con los mencionados en el punto anterior) son, también, 
inherentes al proceso de recaudación, por lo que su tratamiento contable y presupuestario debe ser 
homogéneo  con  el  que  se  da  al  registro  presupuestario  y  patrimonial  de  las  cotizaciones 
bonificadas, las cuales sí han sido imputadas por el SEPE en su presupuesto de ingresos. 
                                                                                                                                                                 
15 A excepción de la mutua Activa Mutua 2008. 
16 288,9 millones de euros corresponden al INSS, 1,5 millones al ISM y 694,2 millones a las mutuas.  s
17 La IGSS alega que ha sido preciso modificar el registro de los gastos asociados al proceso de recaudación para aplicar  oe.
uniformemente en todo el sector público administrativo estatal, sin excepciones, las reglas generales de imputación de las  w.
operaciones que establecen la LGP y el PGCP y cita como respaldo un informe de la IGAE de 31 de julio de 2018. No  64ww
ceo“abojbde)nsq rctcualuaiicnsrsiirtoc ee i,ono2 eb n0elle1 ingas8 ar,. te cíoEcsiobutnenrl ao eccs os3a,  n4ssse oedec,re covp unilcaueói eonmLsscGit,icoa Ppa , ,qrsl ea ussseert eñ aoecacpolli aoens nroeqaecrucsvieid oic oanei,soel    eseqnh jeud agreesce  tigadcnaia eos re altpulo lr,gse fa gisnerau   spiandtu ogeqesrlus e rtesmae oraeesiolls i z q gcauoaddeiseon t psco rdi dodsiciceeriáene  dhtmcreaoobny nrda e dee ,eg ll   eaesunñjineeeoarmr c anipúcdarnioteouic, … raasq ”leut,,r   eyach  niaarscc  éaourelcrn racsselietisóaz pnianmo dconpioa duh saete annqcr  áhuenoael      OE-A-2021-26able en https://
económico no están siendo tratadas de forma homogénea.
9)  Imputación temporal de organismos autónomos y agencias estatales 
3.15. Algunos OOAA y agencias estatales han dejado de aplicar al presupuesto de 2018 parte de 
las obligaciones generadas en el mismo y, por el contrario, han imputado a dicho presupuesto 
gastos de ejercicios anteriores, destacándose a continuación las operaciones más significativas: 
-  En la Jefatura Central de Tráfico (JCT) y en las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, 
Tajo y Segura, el importe pendiente de aplicar al presupuesto de gastos asciende a un total de 
29,7 millones de euros18. Las operaciones más significativas corresponden, fundamentalmente, 
a la JCT, por gastos de inversión relacionados con la conservación y explotación de los sistemas 
de  control  de  tráfico  en  carreteras;  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  por 
impuestos locales y otros gastos corrientes en bienes y servicios, estando parte de los mismos 
pendientes de aplicación al cierre del ejercicio 2017; y a la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
por inversiones y otros gastos. Por su parte, un porcentaje significativo (38 %) de los gastos 
pendientes de aplicación a 31 de diciembre de 2018 de la Confederación Hidrográfica del 
Segura  ya  se  encontraban  pendientes  de  imputación  presupuestaria  al  cierre  del  ejercicio 
anterior. 
 
-  El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) continúa sin aplicar a su presupuesto 
de gastos el importe de las obligaciones adquiridas en virtud de un Convenio firmado con el 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (INVIED) en 2010, cuyo objeto 
era la enajenación de unos terrenos por parte de este último organismo al CSIC. El importe 
pendiente de aplicación al cierre del ejercicio 2018 asciende a 14,9 millones de euros, de los 
que 11,3 millones corresponden a las anualidades aplazadas y 3,6 millones a los intereses 
devengados por la falta de pago de las mismas. Los correspondientes derechos presupuestarios 
han sido reconocidos por el INVIED en sucesivos ejercicios, desde 2011 a 2018, aunque el 
organismo ha dotado deterioro por la práctica totalidad del crédito. Cabe señalar que no se ha 
realizado la correspondiente homogeneización y eliminación de esta operación a efectos de la 
consolidación  en  la  CGE  2018,  por  lo  que  en  el  balance  consolidado  los  epígrafes  de 
inmovilizado material y de patrimonio generado se encuentran infravalorados en 11,3 millones, 
importe correspondiente a las anualidades de los ejercicios 2012 a 2014. Esta deficiencia se ha 
venido señalando en anteriores DCGE, desde la referida al ejercicio 2014. 
 
Aunque  desde  hace  varios  años  se  está  intentando  reconducir  el  convenio  suscrito  tanto 
mediante una solución negociada, como mediante el diferimiento del pago en un plazo mayor de 
anualidades, solución esta última que requeriría autorización en una norma con rango de ley, 
ninguna de las dos alternativas se ha materializado, por lo que, en octubre de 2019, el Ministerio 
de Defensa ha requerido al CSIC el pago de las cantidades adeudadas más los intereses de 
demora, señalando que de no producirse dicho pago el INVIED procederá a la ejecución de la 
condición resolutoria del negocio jurídico, con pérdida para el CSIC de la cantidad entregada 
como fianza. 
 
-  El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) no ha imputado al presupuesto de este ejercicio 
obligaciones por importe de 28,4 millones de euros en concepto de prestaciones de garantía 
salarial cuyos expedientes se encontraban pendientes de aprobación al cierre del ejercicio 
aunque en los mismos concurrían todos los requisitos para su resolución definitiva. Por el 
contrario, ha aplicado a dicho presupuesto gastos por el mismo concepto por un importe de 32 
millones, procedentes del ejercicio anterior. Por otro lado la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE) ha dejado de imputar 41,7 millones que corresponden al 50 % de  es
las primas de diciembre por los conciertos suscritos con entidades de seguro para la cobertura  o
1  8   J C  T    ( 9  ,9    m  i l lo  n  e s  ) ;   C  o n  f e d  e  r a c  ió  n   Hidrográfica del Guadalquivir (9,2 millones); Confederación Hidrográfica del Tajo (5
millones); Confederación Hidrográfica del Segura (5,6 millones)
de la prestación sanitaria a sus mutualistas y demás beneficiarios que opten por recibirla a 
través de estas entidades19. 
III.2.2 Liquidación del presupuesto de ingresos: derechos reconocidos por defecto o exceso 
1)  Operaciones de financiación procedentes de Fondos Europeos 
3.16. La Agencia Estatal de Investigación debió imputar a su presupuesto de ingresos un importe 
de 47,5 millones de euros, en lugar de reconocer un deudor no presupuestario, por las solicitudes 
de reembolso tramitadas ante la autoridad de gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)  cuyo  ingreso  se  ha  realizado  en  2019.  Los  derechos  presupuestarios  debieron 
reconocerse con cargo al presupuesto de 2018, ya que la asignación financiera para el programa 
operativo “Plurirregional FEDER 2014-2020 PO”, programa al que corresponden los fondos, fue 
aprobada por la Comisión Europea en diciembre de 2018. 
3.17. Los derechos presupuestarios por ingresos procedentes del Fondo de Ayuda Europea para 
las Personas más Desfavorecidas (FEAD), y el resultado del ejercicio, están sobrevalorados en un 
importe de 42,8 millones de euros, como consecuencia del registro indebido por parte del Fondo 
Español  de  Garantía  Agraria  (FEGA)  de  ingresos  recibidos  en  2018  que  corresponden  a 
declaraciones de gastos de ejercicios anteriores, por 46,7 millones, por un parte; y, por otra, a la 
falta de imputación a presupuesto de una declaración de gasto del ejercicio por 3,9 millones, que 
estaba pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018. 
3.18. El SEPE, que participa como organismo intermedio en el Marco Estratégico Común 2014-
2020 del Fondo Social Europeo (FSE), ha imputado a su presupuesto de ingresos 258 millones de 
euros  del  Programa  Operativo  de  Empleo  Juvenil  que  corresponden  a  solicitudes  de  pago 
aprobadas por la UE el 22 y el 27 de diciembre del 2017 y que, por tanto, debieron imputarse al 
presupuesto  de  dicho  ejercicio.  Por  otro  lado,  ha  dejado  de  imputar  286,7  millones  por  las 
solicitudes de pago 1.0 y 2.0 de los Programas Operativos de Inclusión Social y Economía Social 
(68,5 millones) y Empleo, Formación y Educación (218,2 millones) respectivamente, aprobadas el 
21 y 24 de diciembre de 2018, como consta en los informes de cálculo del pago (Payment 
Calculation Report) aportados por la Unidad Administradora del FSE. Estos documentos detallan el 
total comprometido a pagar y el importe del mandamiento de pago, lo que se considera como acto 
administrativo de reconocimiento de la obligación por parte de la UE20. 
2)  Derechos e ingresos por cotizaciones sociales registrados en exceso 
3.19. El  resultado  presupuestario  de  la  Seguridad  Social  se  encuentra  sobrevalorado  en  141 
millones de euros y su resultado económico-patrimonial en 46,6 millones, debido a la existencia de 
                                                 
19 Aunque FOGASA y MUFACE manifiestan en sus alegaciones haber actuado correctamente de acuerdo con lo 
dispuesto en el PGCP, al haber efectuado la oportuna periodificación contable en la cuenta 413, en aplicación del 
principio de anualidad presupuestaria recogido en el artículo 34 de la LGP, estos gastos reúnen todos los requisitos para 
que hubiera sido dictado el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación y se 
hubiera producido su imputación presupuestaria. 
20 El organismo alega que los informes de cálculo de pago, de acuerdo con los Reglamentos (UE) 1268/2012 y 966/2012, 
no pueden considerarse actos de reconocimiento de la obligación por parte de la UE. Este Tribunal de Cuentas se 
muestra en desacuerdo ya que las operaciones del Fondo Social Europeo se ejecutan presupuestariamente en régimen  e
de gestión compartida con los Estados miembros, a través del sistema de intercambio electrónico de datos regulado por  o
el Reglamento (UE) 184/2014, lo que garantiza la autenticidad de los informes de cálculo de pagos. Además, entre cada  w.
solicitud de pago intermedio que la UAFSE introduce en la aplicación SFC 2014 y el pago material, la única actuación que  64ww
sRvpdeeaee rgdgipfauliacrrco ameedr e luq lncaiumte eod p  eipo(sUlorp tirEeon  nf)po dia9bremr6i lti6eued/ n a2dd d0gee 1a  dc2sleaá t od lclo Ciusdsopleo mocl  ndriqéseeudi  óepqitn oau esgeel, o  solsda r,a ed on le arendmlc aeecednosnoaancrcrt ioaiicaónbomnalme edd,p noemet  etigeen,a dnfhositaaertomn  dshteee a e   sldseaee f ree e lccpm táaouilcssactitudóoelon roip  o pdordr ereea  e v ulplian aac amlgui qeoaoun.lr  idtdePeeal  oncloar i órd dúnleieql  tdniupmeaiad doggao,o acr,eis  ócltl anooa ,sm ir ndtrpíseeceta urtluleloiozcn  acct8deiuó9,aan   lt  prddsaoeeesrl      OE-A-2021-26able en https://
el ordenador competente, cumpliendo con la tramitación administrativa exigida por la normativa aplicable.
un exceso de derechos reconocidos e ingresos registrados por cotizaciones sociales, con origen en 
las siguientes operaciones:  
-  Como  consecuencia  del  procedimiento  establecido  por  la  TGSS  para  el  tratamiento  de  la 
recaudación de la deuda emitida o generada y la derivada de los aplazamientos domiciliados, 
una parte de dichas deudas, además de imputarse financiera y presupuestariamente con los 
criterios fijados en la APGCPSS’11 (contraído previo), se imputa de nuevo en el momento de su 
cobro, con contraído simultáneo21. Ello provoca, en la TGSS y las mutuas, una sobrevaloración 
del resultado presupuestario de 2018 por 102,3 millones de euros (70 millones por deuda 
emitida  o  generada22  y  32,3  millones  por  deuda  aplazada23),  y  en  su  resultado 
económico-patrimonial por 114 millones24, menos la sobrevaloración de los deterioros de valor 
por riesgo de crédito de estas deudas, por 71,6 millones (62,4 millones para deuda emitida o 
generada25 y 9,2 millones para deuda aplazada26).  
 
Asimismo, esta sobrevaloración de la deuda de la TGSS y las mutuas afecta al epígrafe 
“Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo corriente, por un importe 
neto de 42,4 millones de euros (102,3 millones27 afectan a la cuenta 430 Deudores por derechos 
reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente, y a su deterioro por 71,6 millones, derivados de 
una parte de las deudas emitidas o generadas y de los aplazamientos domiciliados; y 11,7 
millones28 afectan a la cuenta 441 Deudores por ingresos devengados, derivados del registro de 
las cotizaciones sociales del mes de diciembre para ajustarlas al principio de devengo). 
 
Finalmente,  debido  a  que  esta  incidencia  se  corrige  siempre  en  el  ejercicio  siguiente,  el 
presupuesto de 2018 recoge derechos que correspondería haber anulado en 2017, por 80,6 
millones de euros. 
 
-  Adicionalmente, la TGSS ha informado que en este ejercicio, al efectuar las operaciones de 
cierre a 31 de diciembre de 2018, se ha detectado una sobrevaloración de la deuda registrada 
contablemente de 38,7 millones de euros, solucionada en los primeros meses de 2019. Esta 
circunstancia se debe a un fallo en el proceso informático que ha provocado que una parte de 
los cobros procedentes de la deuda por derivación de responsabilidad no se haya aplicado a la 
cancelación de tales deudas, sino que haya sido tratada como si fuera un cobro de deudas 
recaudadas en plazo reglamentario de ingreso, dando lugar al reconocimiento indebido de 
derechos por la mencionada cantidad y, en consecuencia, provocando una sobrevaloración del 
resultado presupuestario por el mismo importe. 
Asimismo, debido a que estas deudas no han sido dadas de baja por los importes recaudados, 
tampoco lo ha sido su correspondiente deterioro de valor, por 34,5 millones de euros, por lo que 
el resultado económico-patrimonial y el epígrafe “Deudores y otras cuentas a cobrar” del balance 
están sobrevalorados en la diferencia de ambas cantidades.  
3)  Derechos de ejercicios anteriores imputados en exceso 
3.20. El Ayuntamiento de Marbella y las entidades de derecho público dependientes del mismo, en 
virtud de la Disposición adicional septuagésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
                                                 
21 Estas incidencias, afectan a la TGSS, a las mutuas y a FOGASA, si bien, en este último caso el efecto es 
cuantitativamente irrelevante. 
22 De esta cifra, 62,4 millones de euros corresponden a la TGSS y el resto a las mutuas.  e.e
23 De este importe, 31,1 millones de euros corresponden a la TGSS y el resto a las mutuas.  w.b
24 De esta cifra, 104 millones de euros corresponden a la TGSS y 10 millones a las mutuas.  64ww
2256  DDee  deiscthao c iifmrap,o 8r,t8e ,m 5i5ll,o6n mesil ldoen eesu droes  ecuorrores scpoornredsepno nad lae nT aG SlaS T. GSS y el resto a las mutuas. 
2278  NDoe  eesst an ecciferas,a 9ri3o, 5d omtaillro ndeeste drieo reou droes  vcaolrorre sppaoran deesnta as  lad eTuGdSasS  yya e lq ruees teos ata l acsi fmrau stuea sc.o rresponde con los cobros reales
producidos en enero de 2019.
Generales del Estado para el año 2012, tenían reconocido un fraccionamiento del pago de las 
deudas con la Seguridad Social por cotizaciones sociales que, a 31 de diciembre de 2018, figuran 
registradas por la TGSS y FOGASA como derechos presupuestarios reconocidos de ejercicios 
anteriores por 139,2 y 0,9 millones de euros, respectivamente, y por el SEPE, como deudores no 
presupuestarios por aplazamiento y fraccionamiento, por 18,5 millones. 
En 2018, el Ayuntamiento, amparándose en la modificación introducida por la Disposición final 
vigésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, en lugar de cancelar anticipadamente parte de la 
deuda, como preveía la precitada Disposición adicional septuagésima y así le requirió la TGSS, 
destinó a la prestación de servicios públicos 12 millones de euros, a consecuencia de lo cual, la 
TGSS ha comunicado que mediante Resolución de fecha 15 de febrero de 2019, dejó sin efecto el 
fraccionamiento  concedido,  habiendo  interpuesto  el  Ayuntamiento  recurso  contencioso-
administrativo. 
Por ello, este Tribunal no puede pronunciarse, como ha venido haciendo desde 2014, sobre la 
idoneidad de los registros contables a 31 de diciembre de 2018 de la TGSS, de FOGASA y del 
SEPE, debido a la existencia de una incertidumbre sobre el desenlace del litigio en curso29. 
4)  Deudores por reintegro de pagos indebidos de prestaciones de desempleo indebidamente 
imputados por el SEPE 
3.21. El  SEPE  ha  registrado  en  2018  los  deudores  por  reintegros  de  pagos  indebidos  de 
prestaciones por 136,4 millones de euros, cuya gestión de cobro realiza la TGSS por encontrarse 
en vía ejecutiva (110,9 millones) o en situación de aplazamiento (25,5 millones), así como el 
correspondiente deterioro de valor por riesgo de crédito, por 108,8 millones (93,2 millones y 15,6 
millones respectivamente). Los derechos de cobro en vía ejecutiva, así como los correspondientes 
a aplazamientos vencidos, han sido registrados como deudores presupuestarios (111,8 millones), 
lo que no se considera correcto porque, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.4 de la LGP, 
estos  importes  se  imputarán  al  presupuesto  de  gastos  corrientes  en  el  ejercicio  en  que  se 
reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas, motivo por el cual estos deudores, al 
igual que en el resto de las ESSS, poseen naturaleza no presupuestaria30. En consecuencia, el 
resultado presupuestario de 2018 presenta una sobrevaloración de 46,8 millones, correspondiendo 
el resto, 65 millones, a ejercicios anteriores. 
Sin embargo, debido a que no dispone de una base de datos histórica sobre su evolución ni de un 
adecuado  control  y  seguimiento  de  estos  deudores31,  el  SEPE  no  ha  registrado  los  que  se 
encuentran en vía voluntaria y que, por tanto, debe gestionar el propio organismo, lo que supone 
un incumplimiento del principio de devengo, no resultando posible determinar la cuantía de la 
deuda pendiente de registro. Asimismo, los reintegros que percibe por la recuperación de estos 
pagos indebidos en vía voluntaria se registran en contabilidad patrimonial como menores gastos en 
el momento de su cobro, lo que es contrario al principio contable de no compensación, por aquellos 
que se efectúen en el ejercicio corriente pero que correspondan a deudores surgidos en ejercicios 
anteriores32. 
                                                 
29 La TGSS señala en sus alegaciones que “….la Audiencia Nacional ha dictado Sentencia nº 9l2020, de 28 de enero, por 
el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Marbella contra la resolución de la TGSS…….., 
por la que se desestima la pretensión del Ayuntamiento”. No obstante, también señala que “El pronunciamiento judicial 
admite recurso”, motivo por el cual, hasta que por este Tribunal no se conozca si dicha sentencia ha adquirido firmeza no  s
puede pronunciarse sobre la idoneidad del registro contable de estos aplazamientos.  e.e
30 Criterio adoptado en el “Informe de Fiscalización del Programa de Activación para el Empleo”, aprobado por el Pleno  w.b
del Tribunal en sesión de 29 de noviembre de 2018.  64ww
dr3a1e tEsifeiscmtaedp holee opc hoiorn  edslee pb rriedofaplemiojae S neEtneP  eEpl  e“eIrnncfi oblaridm ianesf o”d,r ema Fapicrsoicóbanal idczooa mcpióponlre  dmeeel  nlPotsale rpniaroo  acdpeeodlr itmaTdireiabn utponasar ald  eee nlg  eesxseatismóiónen ny   dcyoe cn ot2rm9o pl ddroeeb  laoaccsit óupnbr erdeset a dlcaei o Cn2Ge0s1E 5 pd oeyr  
2320 E17l .S  EPE alega que “con independencia de lo sucedido en el momento del reconocimiento del ingreso (devengo), en el  BOE-A-cable e
momento del cobro efectivo del reintegro procede de la forma prevista en el artículo 27.4 de la LGP”, actuación que a
5)  Cuotas de desempleo del personal de tropa y marinería del Ministerio de Defensa 
3.22. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) asume la función de entidad colaboradora 
en la gestión del pago de las cotizaciones por desempleo del personal que presta sus servicios en 
el ejército como soldado profesional, según establece el Real Decreto 474/1987, de 3 de abril, por 
el que se extiende la protección de desempleo al personal de las Escalas de Complemento y 
Reserva Naval y Clases de Tropa y Marinería Profesionales. 
Sin embargo, hasta febrero de 2019 no ingresó las cotizaciones de octubre y noviembre de 2018, 
por 16,5 millones de euros, por lo que los resultados presupuestario y económico-patrimonial del 
SEPE están infravalorados en esa cantidad. Esta circunstancia afecta también al proceso de 
consolidación,  puesto  que  la  IGAE  ha  eliminado33  la  cuantía  correspondiente  a  la  cuota  del 
empleador de ambos meses sin haber realizado la homogenización previa (que hubiera sido 
necesaria porque estas cuotas no habían sido registradas por el SEPE), lo que conlleva una 
infravaloración de los resultados presupuestario y económico-patrimonial recogidos en la CGE 
consolidada.  
III.2.3 Operaciones no eliminadas en el proceso de consolidación 
3.23. No han sido objeto de consolidación las cotizaciones sociales de los desempleados y de los 
beneficiarios de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos que corresponden 
al SEPE por asumir la condición de empleador. Se encuentra afectado por esta incidencia el estado 
de liquidación del presupuesto, ya que el SEPE tiene imputadas obligaciones por 3.857,9 millones 
de euros, mientras que los correlativos derechos reconocidos en la TGSS ascienden a 3.733,7 
millones. También lo están la cuenta del resultado económico-patrimonial, el balance y el estado de 
flujos de efectivo, si bien a las cifras anteriores, debe sumarse el efecto de las cotizaciones del mes 
de diciembre, por 350,1 millones de gastos registrados por el SEPE (con contrapartida en la cuenta 
413 Acreedores por operaciones devengadas) y los correlativos ingresos contabilizados por la 
TGSS por 336,8 millones (con contrapartida en la cuenta 441 Ingresos devengados), que han sido 
pagados y cobrados, respectivamente, en su totalidad. 
III.3 BALANCE 
III.3.1 Inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
3.24. Como se viene señalando en las DCGE de ejercicios anteriores, la AGE sigue careciendo de 
inventarios completos de los bienes que integran el inmovilizado material, que asciende a un 
importe bruto de 137.872,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2018.  
Los elementos del inmovilizado material de la AGE que figuran recogidos en inventario son los 
registrados por la Dirección General de Patrimonio en la aplicación Central de Información de 
Bienes Inventariables del Estado (CIBI). La valoración de estos elementos registrada en CIBI 
coincide con la registrada contablemente por la IGAE en cuentas de inmovilizado CIBI (13.645,5 
millones  de  euros),  excepto  en  lo  que  se  refiere  a  operaciones  en  curso.  Además,  también 
coinciden los importes registrados en CIBI referidos a inmuebles en el extranjero (428,2 millones) e 
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos (23,3 millones) con los 
saldos contables de las cuentas destinados a su registro contable. 
                                                                                                                                                                  w.b
juicio de este Tribunal de Cuentas no es coherente ya que provoca que una misma operación tenga dos tratamientos  64ww
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ingresos de la TGSS, si bien esta circunstancia no tiene efecto sobre los resultados de la consolidación.
En tanto no se disponga de inventarios completos, no se podrán aplicar las pruebas adecuadas 
para evaluar la realidad de los saldos reflejados en los estados financieros relativos a estos bienes. 
Además, por lo que se refiere al registro contable de la amortización del inmovilizado material, esta 
circunstancia ha ocasionado que su dotación se determine sobre la base de la variación del saldo 
del ejercicio para aquellos bienes que no están soportados en el correspondiente inventario, en 
lugar de calcularse en función del valor contable del bien correspondiente y de su vida útil como se 
prevé en el PGCP. 
Por último, al igual que en ejercicios anteriores, en la Memoria de la CAGE correspondiente al 
ejercicio 2018, se señala que “No se han incorporado al activo de la AGE, las infraestructuras, las 
inversiones militares especializadas y los bienes del patrimonio histórico existentes con anterioridad 
a 1 de enero de 2011, que no se encontraban activados de acuerdo con lo previsto en el PGCP 
anterior, en virtud de lo previsto en la disposición transitoria primera de la Orden EHA/1037/2010, 
de 13 de abril, por la que se aprueba el PGCP vigente”, lo que no se corresponde con los principios 
contables públicos. 
3.25. Desde el ejercicio 2002 se viene recogiendo en la DCGE que la TGSS no dispone del 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social completo, actualizado y conciliado 
con  las  cifras  registradas  contablemente,  debido,  fundamentalmente,  a  la  inexistencia  de 
procedimientos que permitan su conexión directa con el Sistema de Información Contable de la 
Seguridad Social (SICOSS). 
Desde el ejercicio 2015 la TGSS viene informando a este Tribunal de Cuentas de que la última 
actualización global de datos contables se realizó en 2014 -referida a los ejercicios 2011 (datos 
contables del INSS, INGESA, ISM y TGSS) y 2012 (datos contables del IMSERSO)- de lo que se 
deduce que, a 31 de diciembre de 2018, los trabajos se encuentran paralizados. 
3.26. La Seguridad Social dispone de aplicaciones informáticas para el desarrollo de su actividad, 
cuyo análisis funcional, desarrollo y puesta en explotación, en algunos casos, ha sido realizado con 
medios  propios,  sin  que  figuren  en  el  activo  del  balance,  concretamente  en  la  cuenta  206 
Aplicaciones informáticas. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) presenta 
saldo en esta cuenta por 49,9 millones de euros, el cual corresponde en su totalidad al derecho al 
uso de programas informáticos adquiridos a terceros, no resultando posible, con la información 
disponible en el Tribunal, conocer la totalidad de las aplicaciones que han sido desarrolladas con 
medios propios ni el coste de producción de las mismas. En consecuencia, la GISS debe proceder 
a inventariar la totalidad de las mismas, determinando además sus costes de producción al objeto 
de que afloren en el balance de la Seguridad Social, mediante su registro en las cuentas de 
inmovilizado intangible de la entidad del sistema que obtenga, a partir de los mismos, rendimientos 
económicos o un potencial de servicio en el futuro, tal y como disponen la NRV 4ª y los puntos 4º y 
5º del Marco conceptual de la APGCPSS’1134. 
3.27. Los epígrafes de “Inmovilizado material” e “Inmovilizado intangible” recogen el valor de los 
inmuebles transferidos a las CCAA, que figuran registrados en los balances del INGESA35, el 
IMSERSO y el ISM por 3.781,3 millones de euros36. Aunque los Reales Decretos sobre traspaso a 
las CCAA de las funciones y servicios de dichas entidades prevén que tales inmuebles figuren en el 
balance de la Seguridad Social en la forma que determine la Intervención General de la Seguridad 
                                                 
34 La GISS alega que la complejidad en la estimación de los costes de producción impide valorar estas aplicaciones  s
informáticas con la fiabilidad que requiere el punto 5º del Marco conceptual de la APGCPSS’11. No obstante, este  e.
Tribunal considera que la aplicación de las estimaciones y criterios contenidos en la NRV 4ª de la APGCPSS’11, de  b
arA3e5cl fcEuleoenjrre cdenóos nlt ae,c   Hoiemnop asíeggplr eiatpanfrel i fnC iedcalei pldla ieIohNl o dGpreraEa t rSpyimrA uH odsoneesin opicn idticaael,lu   Slycaeoo ennnn,d  LtauiLddcàaiertdímza.e nár s. a,  lolas  aeddeifcicuioasd aa dcsocnrsiteocsu ac ilóans  Fdeuln doabcjeiotinvoe sd He oqsupeit alal sM aCnuaecnotar,  HAnouspailteasl   2021-2664n https://ww
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millones), y el resto corresponde a “Inmovilizado material”.
Social (IGSS), este mandato no se ha materializado convenientemente en el cuerpo normativo de 
la APGCPSS’11, ya que solo en su Introducción se señala (sin referirse expresamente a ellos) que 
en el balance de las distintas entidades gestoras figurarán aquellos inmuebles a través de los 
cuales se realiza la prestación de los diferentes servicios que originariamente eran competencia de 
la entidad. Para que esta particularidad pueda ser aplicada a los referidos inmuebles tendría que 
haber sido expresamente recogida en las NRV de dicha APGCPSS’11, como una excepción a la 
norma 16ª, dado que la aplicación de la misma, cuando la adscripción o cesión gratuita es por un 
período indefinido o similar a la vida económica del bien (como es el caso), supondría la baja de 
tales inmuebles del balance del sistema37. 
3.28. Debido a que el INGESA, el IMSERSO y el ISM mantienen en sus balances los inmuebles 
transferidos a las CCAA, también proceden a su dotación a la amortización, lo que implica una 
sobrevaloración de gastos en la cuenta del resultado económico-patrimonial, que en el ejercicio 
2018 alcanzó una cifra conjunta de 38 millones de euros, ascendiendo el exceso acumulado de 
esta amortización a 31 de diciembre de 2018 a un total de 650,5 millones38, afectando también a 
los epígrafes de “Inmovilizado material” e “Inmovilizado intangible”. 
3.29. Los inventarios de varias entidades, cuyo valor neto contable del inmovilizado asciende a un 
importe conjunto de 4.776,6 millones de euros, presentan diversas deficiencias. Los inventarios de 
la Confederación Hidrográfica del Duero y de la Biblioteca Nacional de España y el inventario de 
inmovilizado intangible del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) 
son incompletos, y los de la agencia estatal CSIC, el Consorcio Casa de América y los organismos 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME), JCT, Confederación Hidrográfica del Tajo, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir e Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) 
contienen algunas deficiencias en la valoración y demás información de algunos de los bienes que 
incluyen. A este respecto, cabe señalar que las deficiencias relacionadas con el inmovilizado 
fundamentan la opinión desfavorable del informe de auditoría para las cuentas anuales de los dos 
últimos organismos citados, así como la denegación de opinión en el informe de auditoría de las 
cuentas anuales del IGME. 
3.30. El  inmovilizado  intangible  está  infravalorado,  en  un  importe  que  no  ha  podido  ser 
determinado, y, como contrapartida, el epígrafe de “Otros incrementos patrimoniales pendientes de 
imputación a resultados”, debido, por una parte, a que el Consorcio Ciudad de Cuenca no ha 
registrado el valor razonable del derecho de uso del inmueble que le ha sido cedido y, por otra, a 
que  el  Centro  Nacional  de  Investigación  sobre  la  Evolución  Humana  (CENIEH)  tampoco  ha 
registrado la cesión del derecho de uso del terreno sobre el que ha construido su sede. 
3.31. El inmovilizado material y, como contrapartida, el epígrafe de patrimonio están infravalorados 
por la falta de registro contable de algunas infraestructuras por parte de las Confederaciones 
                                                 
37 La TGSS señala en sus alegaciones que la conservación en la Seguridad Social de la propiedad de estos inmuebles, 
así como la recuperación del pleno dominio de los mismos cuando las CCAA acuerden su devolución por falta de uso, 
“justificarían la permanencia de los referidos inmuebles en el balance de la Seguridad Social”. No obstante, lo anterior es 
contrario a lo que se establece en la NRV 16ª de la APGCPSS’11 respecto a las adscripciones y cesiones gratuitas de 
uso de bienes y derechos.   s
Asimismo, la IGSS alega que la intención o voluntad de los órganos gestores de la Seguridad Social ha sido que estos  oe.
inmuebles siguieran figurando en el balance de las entidades gestoras que originariamente tenían la competencia sobre  w.b
los servicios y funciones traspasados, circunstancia que se ha recogido en la introducción de los planes contables  64ww
AvaidPgseGcnrCtipePcsSi oeSnn’e1 s1c  acyda acr eemcseioo mndeees nv toag,lri adyte uzqit uajuesr  íadd eics aub, i ejyun icaeiuso n ysq uudpeeo rcneoícanh soutisntu.a y Saei nxu cnee mpeclbeióamnrge otná,t coei tnaa   acoo plnianssiió drnee rgdalear ls e Tnor  ilbanu oinrnmatela rlspa r eeIntsattracoibódlneu ccdicdeiaó lsna   sdpoeab rrtlaee  
d38i sIpnoclsuityivea l adse  dreicghuala Aridzaacpitoanceiósn ,s eosb rnee clae saamrioor qtizuaec eiósnta  aecxucmepuclaiodnaa ldidearidv asdea rse cdoejal  pdreo cmeasnoe rdae  esxepgreresgaa ecnió lna  NdeRl Vs u1e6lªo.  y el
vuelo, así como de las adscripciones y desadscripciones realizadas sobre estos inmuebles durante 2018. 
Hidrográficas  del  Cantábrico  y  del  Guadiana,  sin  que  disponga  de  información  que  permita 
cuantificar el efecto de esta deficiencia en la CGE39. 
3.32. El epígrafe de inmovilizado material y la correspondiente contrapartida "Periodificaciones a 
largo  plazo"  del  pasivo  del  balance  están  infravalorados  debido  a  la  falta  de  registro,  en  la 
contabilidad de las confederaciones hidrográficas, de las mejoras de los bienes que han sido objeto 
de concesión a terceros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre,  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  para  los  casos  en  los  que  las 
confederaciones no tienen una obligación de pago por las mejoras realizadas por la entidad 
concesionaria. El importe de dicha deficiencia no ha podido ser cuantificado debido a que ninguna 
de las confederaciones hidrográficas incluye información suficiente en sus cuentas anuales de los 
bienes entregados en concesión. Únicamente la Confederación Hidrográfica del Duero informa en 
la memoria de sus cuentas anuales de las concesiones demaniales otorgadas por la Presidencia 
de la entidad que se encuentran vigentes en el ejercicio 2018, y del régimen económico de las 
mismas, e incorpora una relación valorada de dichos bienes objeto de concesión, pero no incluye 
información de las mejoras realizadas por los concesionarios. 
3.33. El saldo de los epígrafes de inmovilizado material y resultados de ejercicios anteriores están 
infravalorados, sin que se haya podido cuantificar su importe, debido a la diferencia entre el valor 
razonable y el valor contable de los terrenos e instalaciones aportados por el Ministerio de Defensa 
para la sede del Consorcio Castillo de San Pedro, por una parte, y de las instalaciones cedidas al 
Centro de Investigación Biomédica en Red por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), por otra. El 
primero de los consorcios citados no ha registrado la adscripción de dichos activos por no disponer 
de la valoración de los bienes que, tal como figura en una de las medidas correctoras del Plan de 
Acción 9-2017/2º de la Dirección General de Asuntos Económicos de la Secretaría de Estado de 
Defensa, le debería haber sido facilitada con anterioridad al cierre del ejercicio 2018. 
3.34. 40 
3.35. Como  ya  se  señaló  en  las  DCGE  de  años  anteriores,  las  adquisiciones  de  bienes  del 
patrimonio histórico del MNCARS están inventariadas, pero no están valoradas en todos los casos 
de acuerdo con lo establecido en las NRV 2ª y 3ª del PGCP. Las obras adquiridas a partir de 2017, 
que han dado lugar a unas altas en balance de 7,5 millones de euros, se han contabilizado de 
acuerdo a lo establecido en el PGCP, pero no ocurre lo mismo con las adquisiciones anteriores a 
dicho año, por lo que no es posible conocer la valoración de todos estos bienes, reflejados en el 
balance a 31 de diciembre de 2018 por un importe total de 302 millones41. Por otro lado, una parte 
sustancial de los fondos artísticos gestionados por el MNCARS, dada su procedencia y dificultad de 
valoración, figuran en el balance con una valoración cero. Pese a ello, la Memoria de las cuentas 
anuales de la entidad no recoge la información requerida por la citada Resolución de la IGAE de 
2016 respecto de los bienes del patrimonio histórico que no han sido activados. 
3.36. El inventario de los bienes del Instituto Cervantes no está actualizado al encontrarse en un 
proceso de verificación física y depuración de datos los bienes de su inmovilizado material e 
intangible adquiridos con anterioridad a 2005, cuyo importe neto contable asciende a 52,1 millones 
de euros. En el informe de fiscalización del Instituto Cervantes del ejercicio 2012, aprobado por el 
Tribunal de Cuentas el 30 de octubre de 2014, se recomendó acometer una actualización completa 
del  inventario  de  dichos  bienes.  Por  su  parte,  la  Comisión  Mixta  Congreso-Senado  para  las 
relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó el 16 de mayo de 2017 una Resolución, en relación 
con este Informe, en la que, compartiendo el criterio del Tribunal de Cuentas, insta al Instituto  s
                                                  w.
39 Confederación Hidrográfica del Cantábrico: Presa del embalse de Heras, Central Hidroeléctrica de Caño y Azud y  64ww
4C0a Pnaálr rdaef oS asluiepnrcimia;i dCoo.n federación Hidrográfica del Guadiana: Presas de Búrdalo y Alcollarín.
e41n Eerno  edle I n2f0o1rm5,e y dae s efis sceañliazlaacbióan q duee  leasst ad eefnictiideandci aresf edreid loa  daol ceujemrceicnitoa c2ió0n1 3s,u ampirnoisbtaraddoa p coor melo T sroibpuonrtael  ddee  lCau ceunetnatsa  e“lB 2ie9n dees 
del patrimonio histórico” impedían verificar su saldo.
Cervantes a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de su Reglamento, donde se 
establece que el Consejo de Administración debe aprobar, a 31 de diciembre de cada ejercicio, el 
inventario de bienes y derechos que constituyen el patrimonio del Instituto y remitirlo a la Dirección 
General  de  Patrimonio  del  Estado.  Según  consta  en  el  informe  de  fiscalización  relativo  al 
seguimiento de las principales recomendaciones incluidas en diversos informes de fiscalización 
sobre entidades del sector público estatal, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 20 de diciembre 
de 2018, esta recomendación del Tribunal y la correlativa Resolución de la Comisión Mixta estaban 
cumplidas parcialmente en 2018, al haberse aprobado por este Instituto, el 20 de abril de 2018, el 
inventario para los bienes adquiridos desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2017. No 
obstante,  al  cierre  de  2018  no  estaba  finalizado  el  inventario  de  los  bienes  adquiridos  con 
anterioridad a 2005. Por otra parte, no todos los bienes recibidos por adscripción o cesión están 
incorporados  al  activo  por  su  valor  razonable,  como  ocurre  con  el  inmueble  cedido  por  el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares o diversos inmuebles del extranjero. 
3.37. Al igual que en ejercicios anteriores, la UNED viene utilizando determinados inmuebles sin 
que conste, en unos casos, que se haya formalizado su inscripción registral y, en otros, sin que 
disponga de título jurídico suficiente para acreditar la propiedad de los mismos. Esta circunstancia 
afecta a una parcela que integra el campus de Las Rozas, cedida por el Ayuntamiento, a una 
parcela cedida por la Universidad Complutense de Madrid, a inmuebles que le fueron adscritos por 
el Estado y que la UNED utiliza como centros asociados en el extranjero (Berna, Buenos Aires, 
Caracas y Fráncfort) y a parte del edificio sede del Rectorado de la UNED que se encuentra 
ocupado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI). En los dos primeros casos (parcela del campus de Las Rozas y parcela cedida por la 
Universidad Complutense), la UNED no ha incorporado en el activo del balance su valor razonable. 
3.38. El CES, desde su creación en 1991, tiene su sede social en un inmueble titularidad del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin disponer de título jurídico que acredite su utilización y 
sin que se haya reconocido un gasto y un ingreso en la cuenta de resultados por la mejor 
estimación  del  derecho  cedido  de  cada  ejercicio  (aunque  sí  ha  activado  como  inmovilizado 
intangible las obras de acondicionamiento realizadas sobre dicho inmueble). 
3.39. La  entidad  TPFE  utiliza  edificios,  instalaciones  y  espacios  ubicados  en  los  centros 
penitenciarios, lo que supone una cesión a su favor de bienes de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, sin que se disponga de documento regulador descriptivo del uso y de 
las características de tales bienes. La cuenta de resultados de esta entidad no tiene reconocidos 
los gastos e ingresos correspondientes al valor razonable de los derechos de uso. 
3.40. En los ejercicios 2015, 2016 y 2017, SEITT traspasó a la AGE (Ministerio de Fomento), a 
título  gratuito,  diversos  tramos  de  carreteras  que  habían  sido  construidos  y  pagados  por  la 
sociedad y financiados con aportaciones patrimoniales del Estado y con subvenciones de la UE. El 
valor en la contabilidad de SEITT de los tramos entregados entre 2015 y 2017, neto de las 
subvenciones  de  capital  recibidas,  era  de  2.278  millones  de  euros.  A  pesar  de  que  a  nivel 
consolidado la puesta a disposición de la AGE de las obras finalizadas no debería generar una 
sobrevaloración de los activos, el valor por el que dichas carreteras están registradas en la 
contabilidad de la AGE asciende a 2.737 millones, como consecuencia de la emisión de facturas 
para la entrega y la correspondientes repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por 
parte  de  SEITT,  impuesto  que  más  tarde  es  recaudado  por  la  AGE.  En  consecuencia,  el 
“Inmovilizado material” está sobrevalorado en 459 millones y también lo están las “Reservas y 
resultados de ejercicios anteriores” por el mismo importe42.  es
rec4 e 2ol   a Lmt lrai zpa   artI aaGd mv oA e  iEean  n  t aua to  nl ed a g ed  ae a  n ad qtc oiu dt  ieva a  od  es  lla a   jasI eV   n Aee a nn   ntta ir odle    agg tdri aeu es  nps eo d ,fe uce aelar rIáacVc tiAtdve oerssl  íd  gfedordeurmunpctoari obríy lae d  qpepuala errgt,ae r  uadlpdaeoe lA  mvaGaá Elsotí,,rt  u emdlonea  ln egaisfrceattastivustaoi tn.oo d Apoee e srqas uctdeieio f,ern erseesis pnl eateec s at oadl, aq ld uaepissbr ioceopi pósiaene r ñaAsaceGlia oEhrnsu eeqbs uiq eidueseeen     OE-A-2021-26able en https://
recauda el IVA repercutido por SEITT en la entrega gratuita.
En el ejercicio 2018, SEITT ha traspasado a la AGE, a título gratuito, nuevas actuaciones de 
carreteras finalizadas. El valor para SEITT de las actuaciones traspasadas, neto de subvenciones, 
asciende  a  73  millones  de  euros,  que  figuran  en  su  contabilidad  en  el  epígrafe  “Deudores, 
deudores  comerciales  y  otras  cuentas  a  cobrar”,  en  el  que  también  figura  registrado  el  IVA 
repercutido  por  36  millones.  En  el  proceso  de  elaboración  de  la  CGE,  los  109  millones 
correspondientes al valor de las actuaciones junto con el IVA repercutido han sido reclasificados 
como “Inmovilizado material”, dado que la AGE no había registrado todavía el valor de dichas 
actuaciones  en  su  contabilidad,  generándose  una  nueva  sobrevaloración  del  “Inmovilizado 
material” de la CGE por otros 36 millones y, consecuentemente, también de los “Resultados del 
ejercicio atribuido a la entidad dominante” de la CGE por el mismo importe. 
3.41. Durante los ejercicios 2014 a 2018, SIEPSE finalizó la construcción, rehabilitación o reforma 
de distintos centros penitenciarios u otras obras que fueron puestas a disposición del Estado, por 
un importe global de 389,5 millones de euros. A pesar de que a nivel consolidado la puesta a 
disposición de la AGE de las obras finalizadas no debería generar una sobrevaloración de los 
activos, en el momento de poner a disposición del Estado dichas obras, aún de forma provisional, 
la  sociedad  emitió  las  correspondientes  facturas,  devengándose  el  IVA  por  un  total  de  34,2 
millones, lo que ocasionó que se incrementara el valor de las existencias en la contabilidad de la 
sociedad, valor por el que posteriormente son contabilizadas en la AGE. En particular, lo facturado 
en 2014 corresponde a bienes que ya están registrados en la contabilidad de la AGE tras su 
recepción definitiva, por un importe que está sobrevalorado en 1,3 millones; en cuanto a las obras 
finalizadas en 2015, 2016, 2017 y 2018, que a 31 de diciembre figuraban registradas en parte en la 
contabilidad de la AGE y en parte en la de la sociedad, también están sobrevaloradas en 32,9 
millones. En contrapartida, las “Reservas y resultados de ejercicios anteriores” y los “Resultados 
del ejercicio atribuido a la entidad dominante” de la CGE están sobrevalorados en 20,9 y 13,3 
millones, respectivamente43. 
3.42. El saldo del “Inmovilizado material” del Grupo ADIF incluye infraestructuras ferroviarias e 
instalaciones pertenecientes a la red convencional traspasadas a la entidad en virtud de ciertas 
disposiciones legales, por un total de 13.181 millones de euros, si bien el traspaso de 305 millones 
de ese importe no está acreditado documentalmente. Por otra parte, el 1 de enero de 2013 la 
matriz incorporó infraestructuras ferroviarias e instalaciones segregadas de FEVE que en ese 
momento  estaban  sobrevaloradas  como  consecuencia  de  deficiencias  de  control  interno 
relacionadas con el proceso de bajas por renovaciones, deficiencias que se mantenían a 31 de 
diciembre de 2018, ascendiendo a 348 millones44 el valor neto contable de estos activos a esa 
fecha. Las dos circunstancias descritas, incluidas en el informe de auditoría de las cuentas anuales 
del Grupo ADIF, llevan a considerar que el “Inmovilizado material” del balance de la CGE estaría 
sobrevalorado en un importe que no ha podido ser cuantificado. 
III.3.2 Inversiones financieras 
3.43. En el epígrafe inversiones financieras, figuran partidas intragrupo procedentes de créditos 
concedidos por la AGE a diversas entidades del grupo del sector público administrativo que no han 
sido eliminadas en el proceso de consolidación, debido a la falta de coincidencia de los saldos 
acreedores de dichas entidades con los deudores recíprocos que figuran en la AGE. En concreto, 
hay que destacar un saldo deudor acumulado no eliminado de 264,6 millones de euros, derivado 
de las diferencias que surgen con el CSIC (160,9 millones), el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO) (13,1 millones), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) (26,1 millones), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (36,7 millones) y la  e.
Empresa Nacional de Innovación (27,8 millones).  w.b
 44CA 34D u   SEe IFne n   - creA ea ll  istt“ ae I n  MrV af oe e lr dolm oi  tmc ee i dr adr aná e din f ,e Fe  sadi s tsea c,  da  l aolSi zs  .ea A  nrc .e, i  lóc a eno  ln m  d oG eet  anrl u dGapa ropca iideoRo nde edense f pe iáC-nOgculipmuneiadpr aalaimdsno tieeerarnni,o t oIrnF  rfpEeooVsrrmpE Aee, cgsetu olda  elsAa  sddF meois piclnaeaissrlai tzrCcaaiuocdeinoónern cs”da ,e esan  pdtIrnreeof r bESaaseEdpsIoTatr ñTupacSo,tA urS r eya.Al s la. P, F lAAeeGngrrouEo a.ve sila  d2rie5a  slda esy    OE-A-2021-26able en https://
octubre de 2018, fueron analizadas estas deficiencias a fecha 31 de diciembre de 2017.
3.44. El saldo total de las cuentas “Otros créditos a largo plazo”, “Otros créditos a corto plazo”, 
“Deterioro de valor de créditos a largo plazo” y “Deterioro de valor de créditos a corto plazo” de la 
CAGE, en la parte relacionada con créditos del FIEM que van a ser objeto de condonación previo 
cumplimiento de las condiciones establecidas en programas de conversión de deuda por proyectos 
de desarrollo, está infravalorado en 815,4 millones de euros, ya que su saldo ascendía a 193,1 
millones  y  su  importe  debería  ser  de  1.008,5  millones.  Como  se  expone  en  el  informe  de 
fiscalización del FIEM, ejercicios 2015 y 2016, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 25 de abril 
de 2018, el tratamiento contable aplicado a los créditos incluidos en programas de conversión de 
deuda en proyectos de desarrollo no estaba previsto en el Plan de Contabilidad aplicable a los 
fondos carentes de personalidad jurídica, aprobado por Resolución de la IGAE de 1 de julio de 
2011, ni en la normativa contable de la AGE, de aplicación supletoria. El ICO, gestor financiero del 
Fondo, da de baja las cuentas de estos créditos a medida que el deudor ingresa los recursos en un 
fondo de contravalor, siguiendo las instrucciones emitidas por el gestor del Fondo, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa. Sin embargo, la condonación de los créditos se produce con el cumplimiento 
de los acuerdos suscritos en los programas correspondientes, de los que la ejecución de los 
proyectos de desarrollo es su elemento esencial, cumpliéndose de esta manera con lo previsto en 
la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, que establece el 
principio de condicionalidad. Al cierre de 2018 no se ha acreditado la ejecución de los proyectos de 
desarrollo a los que se refieren los acuerdos adoptados en los citados programas, ni tampoco se 
han aportado las actas de condonación en las que se haga constar el cumplimiento de la totalidad 
de los acuerdos suscritos en relación con los mismos. Como resultado de la práctica contable 
citada  y  de  que  no  se  ha  producido  la  condonación  definitiva  de  los  créditos,  estos  están 
reconocidos en las cuentas citadas de la CAGE por un importe muy inferior al que correspondería. 
3.45. No se han eliminado en el proceso de consolidación parte de los pagos efectuados por SEITT 
por cuenta del Estado en relación con el Convenio de Ferrocarriles de la red Convencional de 
Cataluña y que figuran registrados como inversiones financieras en su balance de situación. Del 
saldo  por  dicho  concepto,  que  asciende  a  72,6  millones,  la  IGAE  únicamente  ha  eliminado 
operaciones  por  4,3  millones,  por  lo  que  las  “Inversiones  financieras  a  largo  plazo”  están 
sobrevaloradas en 68,3 millones de euros y también, en contrapartida, las “Reservas y resultados 
de ejercicios anteriores”. 
III.3.3 Deudores, deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar a largo plazo 
3.46. El saldo de correcciones valorativas por deterioro de las deudas registradas por la AGE 
ascendió al cierre del ejercicio 2018 a 24.205 millones de euros, de los que 22.100,6 millones 
correspondían a los riesgos de insolvencia de las deudas de naturaleza tributaria, así como del 
resto de derechos pendientes de cobro de la AGE (excluida la deuda de la Seguridad Social) que 
son gestionados por la AEAT. El cálculo por la AEAT de la cuantía del deterioro se realizó 
aplicando los procedimientos y  criterios establecidos en la Resolución de la IGAE de 14 de 
diciembre  de  1999,  modificada  por  la  Resolución  de  26  de  noviembre  de  2003;  habiéndose 
aplicado, al igual que en ejercicios anteriores, exclusivamente el procedimiento de seguimiento 
individualizado, que fue empleado en las categorías de deudas previstas en dicha norma. El 
importe del deterioro estimado, producto de este seguimiento individualizado, ascendía al 53,42 % 
del total de los deudores presupuestarios al cierre del ejercicio 2018, excluida la deuda de la 
Seguridad Social, siendo dicho porcentaje un punto inferior al del ejercicio anterior (54,51 %). Una 
de las categorías de deudas para las que la norma citada prevé el método del seguimiento 
individualizado es la de los deudores en situación concursal. Las minoraciones practicadas por la  e.
AEAT en esta categoría ascendieron a 1.334,5 millones. Con la información disponible en 2018, se  w.b
puede señalar que el procedimiento para cuantificar las minoraciones era incorrecto, ya que la  64ww
AgaErAaTnt iczaaldcousla bya e, lp taortaa lc daed as udse ugdaorra,n etíl ams.e nEonr  simu pluogrtaer ,o betne ndiidcoh od ec áclocmulop adraerb ieól  thoatable dr eto smuas dcor,é dpiatoras 
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situación a 31 de diciembre de 2018 de las garantías; en particular, que no estuvieran dadas de
baja. El cálculo de las minoraciones incluyó indebidamente 541 garantías que no estaban activas al 
cierre del ejercicio, por un importe de 662,8 millones, por lo que la provisión fue insuficiente en este 
importe. 
Pese a lo señalado en las alegaciones, la citada Resolución de la IGAE prevé, para aquellos 
créditos para los que no se efectúe un seguimiento individualizado, la dotación de una corrección 
valorativa mediante la estimación global del riesgo de fallidos que realice la entidad sobre la serie 
temporal histórica de los mismos. Como se ha indicado, la AEAT no ha realizado una corrección 
valorativa por este método de estimación global. A partir de la información facilitada por la AEAT, el 
Tribunal ha calculado que la corrección valorativa por este concepto debería haber ascendido a 
5.109,6 millones de euros, correspondiente a un riesgo global de fallidos estimado en el 26,52 %. 
3.47. El deterioro de valor de las deudas por cotizaciones sociales aplazadas de la TGSS, las 
mutuas y el FOGASA está infravalorado en una cuantía estimada en 124,4 millones de euros45.  
Según la normativa aplicable al respecto46, para el cálculo de este deterioro únicamente se tienen 
en cuenta las deudas aplazadas procedentes del sector privado que carecen de las garantías 
exigidas por el artículo 23.4 del  Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(TRLGSS), a las cuales se aplica el índice de fallidos de la deuda emitida calculado por la TGSS 
(61,36 %47). Dicho cálculo incumple el principio contable de prudencia, puesto que no incluye las 
deudas correspondientes al sector privado que, a pesar de contar con estas garantías, presentan 
riesgo por falta de cobro, como lo demuestra el hecho de que pasen a la vía ejecutiva y sigan sin 
cobrarse, debido a la falta de consistencia o depreciación de las mismas, sin que la TGSS, 
además, disponga de información en relación con el índice histórico de recuperación de esta deuda 
en los casos de ejecución de tales garantías. De haberse tenido en cuenta las deudas del sector 
privado garantizado, el deterioro de valor ascendería al 44,13 % del saldo total de las deudas 
aplazadas48, por lo que la corrección efectuada por la TGSS estaría infravalorada en 119 millones, 
y en 5,4 millones la de las mutuas y FOGASA49. 
3.48. La TGSS y FOGASA no registran deterioro de valor para las deudas aplazadas, tanto a largo 
como a corto plazo, por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin 
ánimo de lucro que fueron objeto de moratoria desde la aprobación de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado (LPGE) para 1995, por lo que el saldo de las cuentas que registran los 
deterioros de valor está infravalorado en 195,7 millones de euros50. Las prórrogas concedidas para 
el pago de estas deudas, precisamente en los ejercicios en que debía iniciarse dicho pago, hacen 
dudar sobre su efectiva cobrabilidad, por lo que debe registrarse un deterioro por riesgo de crédito. 
A estos efectos, a la deuda del sector privado debe aplicarse el porcentaje medio utilizado por la 
TGSS para el cálculo del deterioro de la deuda generada o emitida (89,12 % en 2018), resultando, 
por tanto, una corrección valorativa de 193,7 millones en la TGSS y de 2 millones en el FOGASA. 
3.49. La  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras  reconoció  en  2015  y  2018  como 
subvenciones  a  cobrar  un  total  de  28,4  millones  de  euros  correspondientes  a  los  importes 
sobrefacturados de inversiones financiadas con fondos europeos, reconociendo simultáneamente 
la obligación de reintegrarlo por el mismo importe, tal como pone de manifiesto la IGAE en su 
                                                 
45 Esta infravaloración, además de afectar a este epígrafe del balance, incide también en el epígrafe “Deudores, deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” (activo corriente) por la parte de los aplazamientos vencidos o con vencimiento a 
corto plazo. 
46 Apartado 9.2 de la Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la IGSS, por la que se dictan las instrucciones de cierre  es
contable para el ejercicio 2018 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.  oe.
47 Este índice de fallidos corresponde al calculado por la TGSS en 2011, no habiendo sido recalculado por este servicio  w.
común desde dicho ejercicio.  64ww
e48n E esl tpeá sraraldfoo  3a.s1c9i epnodre lo as  8a5p7la,9z ammilileonnteoss  ddeo meiucrioliasd, oasl  qduee l ah aTyG qSuSe.  descontar la sobrevaloración de 31,1 millones descrita
4590  EEsl tsaa lidnofr atovtaalol draec liaósn ,d aeduedmasá sa pdlea zaafedcatsa ra sac eiesnted ee peíng rcaofen judnetl ob aplaarnac lea,s i nmcuidtuea tsa my bpiaérna  eFnO eGl AepSíAgr aa f3e8 “ Dmeilulodnoeress d, ed eeuudroosre. s
comerciales y otras cuentas a cobrar” (activo corriente), por la parte de la moratoria con vencimiento a corto plazo.
informe  de  auditoría.  En  consecuencia,  están  sobrevalorados  en  el  importe  mencionado  los 
epígrafes  de  “Deudores,  derechos  comerciales  y  otras  cuentas  a  cobrar”  y  de  “Acreedores, 
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”. 
III.3.4 Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (activo corriente) 
3.50. La deuda por cotizaciones sociales registrada por la TGSS no recoge la totalidad de los 
intereses de demora devengados a 31 de diciembre de 2018, siendo el importe registrado por este 
concepto a dicha fecha de 128,3 millones de euros. Esta incidencia se produce porque la TGSS 
solamente registra los intereses devengados en el momento en que se efectúa el cobro total o 
parcial de las deudas, al objeto de imputar dicho cobro, proporcionalmente, a la cancelación de 
principal, recargos e intereses; no realizando posteriormente, en el caso de los cobros parciales, 
ninguna actualización hasta el momento de un nuevo cobro. Por tal motivo, a 31 de diciembre de 
2018, el importe registrado contablemente está infravalorado en 1.613,1 millones, si bien, en la 
información remitida no se puede diferenciar entre el montante devengado en 2018 y en ejercicios 
anteriores,  por  lo  que  se  desconoce  el  efecto  sobre  el  resultado  económico-patrimonial  y 
presupuestario de 2018. Asimismo, al no conocerse con exactitud la antigüedad de tales intereses 
no ha sido posible cuantificar el importe del deterioro por riesgo de crédito que correspondería 
registrar. En consecuencia, la TGSS debe cuantificar con exactitud estos intereses, diferenciando 
los  que  son  del  ejercicio  en  curso  y  de  anteriores,  para  poder  efectuar  su  imputación 
presupuestaria y contable así como registrar su deterioro de valor asociado. 
3.51. La cuenta 441 Deudores por ingresos devengados de la TGSS está sobrevalorada en 169 
millones de euros debido a que, por error, la Dirección Provincial de Las Palmas de Gran Canaria 
ha duplicado el registro contable de la periodificación de las cotizaciones sociales devengadas 
durante el mes de diciembre. Asimismo, esta circunstancia ha producido la sobrevaloración, por el 
mismo importe, del resultado económico-patrimonial del servicio común. 
3.52. En  la  deuda  por  cotizaciones  sociales  registrada  por  la  TGSS  continúan  existiendo 
operaciones por 54,7 millones de euros, que corresponden a derivaciones de responsabilidad, las 
cuales,  teniendo  en  cuenta  la  información  disponible,  no  es  posible  determinar  si  deben 
permanecer contabilizadas o, por el contrario, debe procederse a su anulación. En consecuencia, 
este servicio común ha de analizarlas y determinar la actuación contable a realizar. 
III.3.5 Patrimonio neto 
3.53. No figura periodificada la parte de la paga extraordinaria devengada en el mes de diciembre 
de 2018 correspondiente a los empleados públicos, así como a las pensiones de Clases Pasivas y 
del sistema de la Seguridad Social51. Su liquidación y pago se producen en la nómina de haberes 
del mes de junio de 2019, comprendiendo como periodo de devengo los seis meses inmediatos 
anteriores, tal y como fija, para cada caso, su normativa específica52. 
Esta falta de periodificación supone un incumplimiento del principio contable de devengo recogido 
en el artículo 122.1.b) de la LGP, lo que ocasiona que el patrimonio neto, a 31 de diciembre de 
                                                 
51 La IGAE manifiesta en sus alegaciones que, a fin de presentar la información en el sentido propuesto por este Tribunal, 
va a proponer la periodificación de la paga extra devengada en el mes de diciembre de los empleados públicos, así como 
de las pensiones de las Clases Pasivas, mediante la estimación de su importe, y su incorporación en la Cuenta General  s
del Estado del próximo ejercicio.  e.
52 El devengo de las pagas extraordinarias viene regulado, en cuanto a los funcionarios incluidos en el ámbito de  w.
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el artículo 22 de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado  64ww
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la Seguridad Social.
2018, esté sobrevalorado en 1.862,3 millones de euros y, a su vez, el pasivo exigible infravalorado 
en el mismo importe, así como que la cuenta de resultado económico patrimonial presente un 
resultado del ejercicio sobrevalorado en 120,6 millones (diferencia entre las pagas extraordinarias 
devengadas en diciembre 2017 y 2018), de acuerdo con el siguiente detalle: 
-  El importe de la paga extraordinaria de los empleados públicos (excluido el personal laboral), 
que se obtiene de la información facilitada por la IGAE, relativa al mes de diciembre supondría 
un importe de 86,1 millones para el total de los funcionarios de la AGE. El efecto neto en los 
resultados de 2018 sería de 2,3 millones. 
 
-  En cuanto a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación de Clases Pasivas, reflejadas 
en la CAGE, este Tribunal ha estimado dicho importe en función de las cuantías abonadas 
mensualmente durante dicho periodo a los pensionistas (información facilitada por la IGAE a 
solicitud  de  este  Tribunal),  resultando  que  la  parte  proporcional  devengada  en  el  mes  de 
diciembre de 2018 ascendería a 182 millones. El efecto neto en los resultados de 2018 asciende 
a 11,6 millones. 
 
-  El importe correspondiente a la parte proporcional de la paga extraordinaria de las pensiones del 
sistema de Seguridad Social, devengado y no registrado en 2018 es de 1.587,1 millones de 
euros53 según la información facilitada por el INSS, el IMSERSO y el ISM. Esta falta de registro 
repercute también en la cuenta del resultado económico-patrimonial de 2018, estando este 
resultado sobrevalorado en 106,7 millones54 por el efecto neto de la diferencia entre el importe 
registrado y el que debió ser imputado. 
 
-  El importe de la paga extraordinaria de los empleados públicos al servicio de las entidades 
gestoras y los servicios comunes55, devengado y no registrado en 2018, según información de 
propias entidades gestoras y servicios comunes, ha sido de 7,1 millones de euros. Este hecho 
repercutiría también en la cuenta del resultado económico-patrimonial, aunque en 2018 el efecto 
neto es nulo porque las pagas extraordinarias de 2017 y 2018 son de similar cuantía. 
3.54. El  saldo  del  epígrafe  “Otros  incrementos  patrimoniales  pendientes  de  imputación  a 
resultados” del balance consolidado está sobrevalorado en 130 millones de euros, ya que en la 
eliminación  de  las  operaciones  entre  la  AGE,  ADIF,  Entidad  Pública  Empresarial  ADIF-Alta 
Velocidad (ADIF-AV) y SEITT se ha ajustado indebidamente al alza el valor de las subvenciones de 
capital recibidas por SEITT de fondos europeos por dicho importe, a pesar de que esta sociedad 
había ya imputado a resultados esas subvenciones en el momento de traspasar los activos a ADIF 
y ADIF-AV. Por ese mismo importe está infravalorado el epígrafe de “Reservas y resultados de 
ejercicios anteriores” 56. 
III.3.6 Provisiones 
3.55. El saldo al cierre del ejercicio de la provisión para la devolución de impuestos ascendía a 
9.367,4 millones de euros, como consecuencia de la estimación realizada por la AEAT de las 
devoluciones  de  ingresos  tributarios  pendientes  de  resolución  a  31  de  diciembre  de  2018  y 
                                                 
53 1.537 millones de euros corresponden al INSS, 28,9 millones al IMSERSO, 21,2 millones al ISM. 
54 Diferencia entre el importe registrado, correspondiente a la parte de la paga extraordinaria devengada en diciembre de 
2017 y abonada en junio de 2018 por 1.480,4 millones de euros, y el que debió registrarse, correspondiente a la paga  s
extra devengada en diciembre de 2018 y abonada en junio de 2019 por 1.587,1 millones.  e.
55 Este criterio de registro no se ha visto modificado en relación a ejercicios anteriores, si bien, en opinión del Tribunal, la  w.b
naturaleza económica de esta operación es, también, la de un gasto devengado, por lo que, a fin de 2018 estos gastos  64ww
daii5mm6el eEppbguuela ttnaaac jicdquóiausónsetn e d na aao r rer re earpsesluiuczueloatltadgdadeioddo  oosspss,eo   darer  e npal a elcea selI  GasppurtaA abdsEdvieva e od.lno  ecd A aieódilnlen ebcg mrdaaeeládambsona,e,c   nsetrateu aemapr  loipimzanoaldp craruosíltae za  saduce ounl asaac sn eod dnmoso ublp ablloea vcs reitu menae ccpneitutoialvt nao cdecsresi ióts le ndarre elidgos ea ula nlmlt a adUasden nomlii  fógeeisnrcsmu otaEpnadouóso rm co aopip crneoeosars-o p ullqaialdtuta arediIdmG oohosA,a ,nE cbipai íroacld.rnu e l n oss qiqtduauoene  c yillaaaa     OE-A-2021-26able en https://
que dada la naturaleza de los mismos nunca se producirá. 
previstas para ser acordadas en el ejercicio siguiente. En el cálculo de la provisión se tuvieron en 
cuenta las solicitudes pendientes de devolución presentadas exclusivamente durante 2017 y 2018, 
no las presentadas en años anteriores. Además, para el cálculo de la provisión se tuvieron en 
cuenta las solicitudes de devolución correspondientes a solo seis tributos, tres de los cuales se han 
tenido en cuenta para esta estimación por primera vez este ejercicio 2018. Por lo tanto, la provisión 
para la devolución de impuestos es incompleta, tanto por los ejercicios de presentación de las 
solicitudes considerados como por los tributos tenidos en cuenta, aunque es más completa que en 
2017. Revisados los acuerdos de devolución realizados en 2019 antes de la finalización de los 
trabajos fiscalizadores del Tribunal, se puede estimar que la provisión fue insuficiente por 630,2 
millones. Debe tenerse en cuenta que los intereses a abonar en concepto de intereses de demora 
por retraso imputable a la Administración no están incluidos en el cálculo de la estimación. A título 
de referencia puede indicarse que durante 2018 se abonaron 176,3 millones por intereses en las 
devoluciones de impuestos directos e indirectos. 
3.56. En el Balance de la CGE consolidada figura registrada una provisión a largo plazo referida a 
las cargas de la prestación del Servicio Postal Universal, por importe de 478,9 millones de euros, 
que no ha sido eliminada a pesar de que corresponde a un pasivo con una entidad del grupo. Esta 
provisión fue dotada por la AGE para registrar el impacto derivado de la financiación de las cargas 
de la prestación del Servicio Postal Universal desarrollada por CORREOS, entidad que no ha 
reconocido derecho alguno por este concepto. Esta provisión, que corresponde a operaciones 
recíprocas  entre  entidades  del  mismo  grupo,  debió  ser  objeto  eliminación  en  el  proceso  de 
consolidación, hecho que no se ha producido. 
3.57. Las provisiones por litigiosidad correspondientes al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital registradas contablemente por la AGE ascienden a 2.178,8 millones de euros. El análisis de 
la  información  soporte  utilizado  por  la  IGAE  para  el  cálculo  de  esta  provisión  ha  puesto  de 
manifiesto  la  existencia  de  errores  materiales  en  su  elaboración  que  han  generado  una 
infravaloración de esta provisión de 34,9 millones. 
3.58. La provisión dotada en relación con el importe a satisfacer a una empresa privada del sector 
de las comunicaciones como consecuencia de la resolución dictada por el TEAC el 16 de enero de 
2019  se  considera  insuficiente  dado  que,  únicamente,  comprende  el  principal  del  importe  a 
devolver a dicha sociedad (702,4 millones de euros), sin que se hayan tenido en cuenta los 
intereses devengados por dicho principal. 
III.3.7 Acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
3.59. La cuenta 413 Acreedores por operaciones devengadas correspondientes a las ESSS incluye 
11.978,5 millones de euros, encontrándose pendientes de registrar en esta cuenta, acreedores por 
gastos devengados en el ejercicio 2018 y anteriores, por 11,5 millones, que también debieron 
imputarse a la cuenta del resultado económico-patrimonial. 
Esta cuenta recoge 10.425,4 millones de euros, correspondientes a las prestaciones contributivas y 
no contributivas del INSS, del IMSERSO57, del ISM y de las mutuas, y 1.524,8 millones por 
prestaciones de desempleo del SEPE58, todas ellas de diciembre de 2018 y no imputadas al 
presupuesto. Dicha imputación se encuentra sometida al principio de legalidad, que exige que 
previamente se haya dictado el acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación, 
sin que exista una normativa específica que regule el momento en que debe dictarse este acto59. 
                                                  e.
57 Las prestaciones no contributivas del mes de diciembre no imputadas por el IMSERSO al presupuesto de 2018  w.b
corresponden al nivel mínimo de protección en situaciones de dependencia establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2006,  64ww
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ejercicio 2018 para las ESSS, y el Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social (Real Decreto  Bc
1391/1995, de 4 de agosto, vigente hasta el 30 de junio de 2018, y Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, vigente a
En ausencia de norma específica, se ha de acudir a la norma general aplicable, que es el principio 
de anualidad presupuestaria recogido en el artículo 34 de la LGP60, en aplicación del cual tales 
gastos  reúnen  todos  los  requisitos  para  que  hubiera  sido  dictado  el  correspondiente  acto 
administrativo  de  reconocimiento  y  liquidación  de  la  obligación  y  se  hubiera  producido  su 
imputación  presupuestaria  (para  ello  resulta  necesaria  la  previa  dotación  del  crédito 
presupuestario)61. 
III.4 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 
3.60. 62 
3.61. La UNED, al igual que en ejercicios anteriores, ha registrado en la cuenta del resultado 
económico  patrimonial  la  totalidad  de  los  gastos  incurridos  para  la  elaboración  del  material 
didáctico y para la adquisición del mismo para su posterior venta, sin activar como existencias el 
material no vendido al cierre del ejercicio. La Universidad no dispone de un inventario de su 
producción editorial valorado a precio de coste, por lo que no resulta posible determinar el valor de 
sus existencias ni el consiguiente efecto sobre la cuenta de resultados. El importe imputado a la 
cuenta de resultados en concepto de suministros y servicios exteriores, en el que están incluidos 
los gastos de elaboración y adquisición de material didáctico, ascienden a 29,6 millones de euros. 
3.62. La contabilización de los deudores por reintegro de pagos indebidos de prestaciones en el 
INSS, el IMSERSO, el ISM y las mutuas no tiene reflejo en la cuenta de resultados hasta su cobro, 
momento  en  el  que  se  aplican  como  un  menor  gasto  (con  independencia  del  ejercicio  de 
procedencia de la prestación indebida). Esta práctica contable está así recogida en la quinta parte 
(Definiciones y relaciones contables) de la APGCPSS’1163 y en la regla 94 de la Instrucción de 
contabilidad para las ESSS, pero incumple dos principios básicos de la contabilidad pública: el 
principio de devengo y el de no compensación, en este último caso, solo por los reintegros que se 
hagan en el ejercicio corriente pero que correspondan a deudores de ejercicios anteriores64. La 
                                                                                                                                                                 
partir de 1 de julio de 2018) regulan las consecuencias del acto administrativo (imputación presupuestaria y pago, 
respectivamente), no el acto administrativo en sí mismo. 
60 Este principio de imputación presupuestaria es de general aplicación en todo el sector público, por lo que no se 
encuentra afectado por la excepcionalidad a que se refiere el artículo 4.2.b) de la misma LGP.  
61 El SEPE considera que, dados los términos en los que está redactada la normativa vigente, no es posible imputar al 
presupuesto del año el gasto del último mes, y que la normativa que regula el régimen de control interno y el cierre 
contable de cada ejercicio imposibilitaría llevar a cabo esta actuación. No obstante lo anterior, la norma citada por el 
SEPE (artículo 26 del Real Decreto 625/1985) se refiere exclusivamente al pago de la prestación y no al momento del 
reconocimiento de la obligación. Asimismo, la normativa reguladora del cierre contable de cada ejercicio podría 
establecer, como ya lo hace en relación con otros ámbitos, las actuaciones de ajuste necesarias para que las nóminas de 
prestaciones de diciembre quedaran imputadas al presupuesto en dicho mes.  
Por su parte, el ISM y la IGSS alegan que según el Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, estos gastos no son exigibles 
hasta enero de 2019, que es cuando se ha de dictar el acto de reconocimiento y liquidación de la obligación. Ha de 
señalarse que la norma citada fija, exclusivamente, el momento en que debe efectuarse el pago de las pensiones, pero 
no regula el momento en que debe ser dictado el acto de reconocimiento de la obligación. 
62  Párrafo suprimido como consecuencia de las alegaciones. 
63 Debe destacarse la contradicción que, en este tema, se produce entre el Marco conceptual y la quinta parte de la 
APGCPSS’11. 
64 La IGAE y la IGSS alegan que no se incumple el principio de no compensación, porque los criterios previstos en la 
APGCPSS’11 respecto a los reintegros al presupuesto de gastos corriente llevan a imputar los gastos a la cuenta de  e.e
resultados también por su importe neto (el reintegro se registraría con idénticos asientos pero de signo contrario).  bo
SrcReoeecrñsrtieuafisllctapaanodc nioótdasna m d debce ioée nunje n re qcgriucraeoiso,r tesot se a pnneriteenenv riidgoaoarme seseto.nn sEt e cn iun roeecpguniirtnsraitió dranload s do de,e el nsfTui nr eiibacjeuniórnucnalia cl,dci oileóas n  ilm aad npectuebutreeaio ncsriteóuasnp , o7 dn7eee3n er   sycut unoqyasuo  red e cisineamtls eoinog urrsiocgesieó  ncnimo  ddmpeeuollt   ammrreáeiisn nmtaoe orgel,ar sos   agcelauvsseottná oqt saue,  ens1 o 2sll0eao     2021-2664n https://www.
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abonadas carecen de importancia relativa (representan el 0,20 %, el 1,01 %, el 0,18 % y el 0,61 % del total del gasto por  Bc
prestaciones sociales del INSS, del IMSERSO, del ISM y de las mutuas, respectivamente), los reintegros procedentes de
falta de registro genera una infravaloración del resultado económico-patrimonial, que para las tres 
entidades gestoras se eleva a 297,7 millones de euros65 (correspondiendo 127 millones al ejercicio 
2018). Además, estas entidades tampoco registran el deterioro de valor por riesgo de crédito 
asociado a estas deudas, estimado por este Tribunal en 189,4 millones66. Por tanto, la IGSS 
debería adaptar la operatoria contable de los deudores por cobro indebido de prestaciones a estos 
dos principios básicos de la contabilidad pública67. En el caso de las mutuas68 no se puede dar 
validez a la cifra de deudores registrada contablemente, por 41,3 millones, debido a que los 
inventarios remitidos carecen de garantías suficientes por presentar deficiencias significativas69, 
siendo necesaria su depuración. 
Por otra parte, cuando no resulta posible utilizar el procedimiento de reintegro por descuentos, el 
INSS, el IMSERSO y el ISM notifican el importe pendiente de cobro a la TGSS para que proceda a 
su recaudación en aplicación del artículo 74 del TRLGSS, observándose diferencias entre los datos 
remitidos al Tribunal por estas entidades, y el comunicado por la TGSS, diferencias que deben ser 
conciliadas. Las más significativas corresponden al INSS, por 12,1 millones. 
3.63. El resultado del ejercicio reflejado en la cuenta del resultado económico-patrimonial de la 
CGE consolidada está infravalorado en 92 millones de euros como consecuencia de las siguientes 
incidencias  detectadas  en  relación  con  la  consolidación  de  las  operaciones  de  financiación 
afectada de la Seguridad Social a cargo de la AGE: 
-  La  IGAE  ha  homogenizado  indebidamente  contra  resultados  del  ejercicio  la  partida  de 
exenciones en el pago de cuotas del Régimen Especial Agrario correspondientes a varios 
Reales  Decretos  Ley  del  ejercicio  1997,  que  la  TGSS  tenía  imputada  como  ingresos  de 
ejercicios anteriores, por 64 millones de euros. Esta regularización en la TGSS ha provocado 
que la eliminación se haya efectuado incorrectamente sobre el resultado del ejercicio, en lugar 
de sobre los resultados de ejercicios anteriores. 
-  Las eliminaciones practicadas por la IGAE a la Seguridad Social en relación con operaciones 
existentes a fin de ejercicio 2017, han sido incorrectas en un importe neto de 41,1 millones de 
euros debido a que: a) 45 millones (en concepto de jubilación anticipada de trabajadores de 
empresas acogidas a reconversión industrial) que la TGSS tenía registrados como ingresos de 
ejercicios anteriores, se han eliminado de ingresos en la cuenta del resultado del ejercicio, y b) 
3,9 millones (de bonificaciones en las cuotas empresariales de diciembre de 2017 reguladas en 
el artículo 78 de Ley 19/1994, de 6 de julio), que la TGSS ha registrado en 2018, se eliminaron 
de resultados de ejercicios anteriores. 
-  Las eliminaciones practicadas por la IGAE a la AGE, respecto de las bonificaciones en las 
cuotas empresariales reguladas en el artículo 78 de Ley 19/1994, de 6 de julio, registradas a fin 
de ejercicio 2017 en la cuenta 413 Acreedores por operaciones devengadas, por 13,1 millones 
de euros, y que quedaron registradas como gastos de ejercicios anteriores, se han realizado 
incorrectamente sobre la cuenta del resultado del ejercicio. 
                                                                                                                                                                 
deudas surgidas en ejercicios anteriores deberían registrarse, previa revisión de la definición de la cuenta 773, como 
ingresos del ejercicio corriente. 
65 De esta cifra, 270,5 millones de euros, corresponden al INSS, 24 millones al IMSERSO y 3,2 ISM. 
66 De esta cifra, 172,6 millones de euros, corresponden al INSS, 14,8 millones al IMSERSO y 2 al ISM. 
67 La IGSS, el IMSERSO y el ISM señalan en sus alegaciones que la Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la  e.e
Intervención General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la  b
cpi6n8or seAntsrt uateacbxcclceiioeósnpn pec asidó reena n  adc edoelan  álptaamtsab briml iitadoula  tdupdera i snpe:ca sirMptaaiu ostl  auedsane lt iiaded,ena vtAdiedecnatsigdv, oeaa s  lMp aaq uoruttpuierea  dr iane2ttl0o ee0rgij8aera, r ccnMoi caneioztla  ,2 bSU0lei2sM t0deI.Vem  AlaoL sEd ,de eM uluadt ouSraee sdg eup roiNdr aarvdea inrSrteaog,c riSaool ,dl iemd iapcttaa,g  Moin uisntutdraue cbBcidaioolen aderes,    2021-2664n https://ww
U69n Eiósnta dse s Monu,t ufuansd, aMmAeCn tya lEmgeanrtsea, td. os: que no siempre consta el ámbito temporal al que corresponde la deuda y la falta de
coherencia en los datos económicos recogidos en el inventario.
Estas incidencias, afectan también a los epígrafes “Resultado del ejercicio atribuido a la entidad 
dominante” y “Reservas y resultados de ejercicios anteriores” del balance de la CGE consolidada. 
III.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
3.64. La cifra de cobros y pagos del estado de flujos de efectivo consolidado está sobrevalorada en 
349,2 millones de euros debido a un error material en el cálculo del importe de una de las partidas 
que forman parte de las eliminaciones de consolidación de este estado contable, debido a que no 
se ha eliminado el importe correspondiente a los cobros y pagos derivados de los ingresos (para la 
TGSS) y de los gastos (para las mutuas) asociados al proceso de recaudación de las cotizaciones 
sociales de las mutuas correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2018. 
III.6 MEMORIA 
III.6.1 Avales y otras garantías 
3.65. La memoria de las CGE no contiene información alguna relativa a los avales y otras garantías 
concedidas  al  no  contemplarse  expresamente  dicha  exigencia  en  la  Orden  HAP/1489/2013. 
Respecto de esta información, se considera necesario que en la memoria de la CGE se informe, de 
igual manera que en la CAGE70, de los avales y otras garantías concedidas por el sector público 
estatal, así como, en su caso, de las garantías derivadas de cláusulas incorporadas en algunos 
contratos por los que el Estado asume una responsabilidad patrimonial por determinados riesgos 
inherentes al negocio objeto del contrato, riesgos que, en caso de materializarse, pueden suponer 
un quebranto del patrimonio neto del Estado. Asimismo, tampoco se informa sobre las garantías 
otorgadas por las entidades del sector público empresarial estatal71. 
III.6.2 Contingencias 
3.66. En  la  Memoria  de  la  CGE  consolidada  no  se  incluye  información  referida  a  pasivos 
contingentes72, por lo que debe acudirse a las cuentas anuales individuales o consolidadas de cada 
una de las entidades integradas para analizar la información referida a estas contingencias. No 
obstante, se considera que deben figurar informadas en la memoria de la CGE, al menos, las 
operaciones más significativas que pueden representar la existencia de pasivos contingentes, 
conforme los criterios establecidos en la normativa contable nacional e internacional73. 
                                                 
70 Al cierre del ejercicio 2018, en la CAGE el saldo pendiente de cancelar los avales ascendía a 100.711,9 millones de 
euros y el de las garantías otorgadas a 1.125,1 millones. 
71 Durante el ejercicio 2018, al amparo del artículo 52 de la LGPE para 2018, SEPI ha otorgado garantías por importe de 
10 millones de euros. El importe total de los riesgos vigentes por las garantías otorgadas en 2018 y en ejercicios 
anteriores asciende a 326 millones, correspondiendo en su totalidad a garantías otorgadas a favor de NAVANTIA. Del  e.e
resto de entidades del sector público empresarial, tiene especial relevancia el riesgo asumido por algunas entidades  bo
dpearritvicaipdaod daes,l  coutoyorg raiemsigeon ttoo tadle d ceorimvafodrot  dleet teesrtsa sfu oepretersa cpioanrae sl aa sccoenncdeías iaó n2 1d4e  moiplloenraecsi odnee es udroes  car écdieitrore a d es u2s0 1s8o.c iedades  64www.
d72e E lons l ap amseivmoso rciao ndtein lgae CntAeGs Een,  aupna irmtapdoor t2e5 e.4s t“imOtardao I ndfeo r1m1a.0ci0ó5n .m Pilalosniveoss d Ceo enutirnogse (nptáersr”a, fsoe 4 c.6u2a)n. tifica el impacto financiero
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descripción y, siempre que sea posible, una estimación de los efectos financieros de los pasivos contingentes.
IV OTROS RESULTADOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 
IV.1 PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CGE  
IV.1.1 Contenido de la CGE y rendición de cuentas individuales 
4.1. Las cuentas integradas en la CGE se corresponden con las cuentas anuales aprobadas y 
remitidas a la IGAE en el plazo previsto en la LGP, salvo en algunos casos que se han integrado 
las cuentas anuales formuladas al no haberse recibido en la IGAE las aprobadas, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3.6 de la citada Orden HAP/1724/2015, según relación 
incluida en el Anexo 2 de esta Declaración. 
Respecto al sector público administrativo, esta situación afecta a cuarenta y una entidades. De la 
comparación de las cuentas formuladas integradas en la CGE con las aprobadas presentadas a 
este Tribunal con posterioridad a la rendición de la misma, se han identificado diferencias en los 
importes del ejercicio anterior del balance de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en los 
epígrafes de existencias y acreedores, si bien se considera que dichas diferencias no afectan a la 
representatividad de la información del balance consolidado. 
Por lo que se refiere al sector público empresarial estatal, esta situación afecta a las cuentas 
anuales individuales de nueve entidades y a ninguna cuenta consolidada74. Posteriormente a la 
formación de la CGE se han recibido las cuentas aprobadas de siete de estas entidades sin que 
existan diferencias relevantes entre las cuentas formuladas integradas para formar la CGE y las 
aprobadas con posterioridad. 
4.2. Respecto a las obligaciones de rendir cuentas anuales al Tribunal por conducto de la IGAE, 
con  independencia  de  que  figuren  o  no  integradas  en  la  CGE,  no  han  cumplido  con  dicha 
obligación dieciséis entidades del sector público administrativo, seis entidades del sector público 
empresarial y cinco fundaciones75. En cuanto a las entidades multigrupo y asociadas con obligación 
de rendir las cuentas anuales al Tribunal en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 9ª de 
la LGP, una no ha rendido sus cuentas anuales (Anexo 3). 
4.3. En cuanto al plazo para la rendición de las cuentas anuales individuales y consolidadas al 
Tribunal de Cuentas, fijado en el artículo 139 de la LGP, las han presentado fuera de plazo sesenta 
entidades del sector público administrativo, dieciséis entidades del sector público empresarial (una 
de ellas tanto las cuentas individuales como las consolidadas del grupo del que es cabecera) y 
siete fundaciones. En todos los casos, el incumplimiento del plazo de rendición se ha debido al 
retraso en la remisión por parte de las entidades de sus cuentas anuales a la IGAE, quien las ha 
remitido al Tribunal dentro del plazo de un mes establecido legalmente para ello. Respecto a las 
entidades multigrupo y asociadas con obligación de rendir las cuentas anuales al Tribunal en virtud 
de la disposición adicional 9ª de la LGP, cinco entidades han superado el plazo previsto (Anexo 4). 
4.4. Por lo que se refiere a la obligación de publicar el resumen de las cuentas anuales en el BOE, 
según lo previsto en el artículo 136.3 de la LGP, no han cumplido con dicha obligación hasta la 
                                                 
74 En relación con lo manifestado en alegaciones por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la CGE 
de 2018 se han integrado las cuentas aprobadas de Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través 
del Estrecho de Gibraltar, S.M.E., S.A. y no las cuentas formuladas.  s
75 Con posterioridad a la fecha en la que se ha dado traslado al Gobierno del Anteproyecto de Declaración sobre la CGE  oe.
del ejercicio 2018 para que formule las alegaciones, se han recibido las siguientes cuentas aprobadas del ejercicio 2018,  w.
agrupada por sectores: dos en el sector público Administrativo (Confederación Hidrográfica del Tajo y Consorcio  64ww
EEdUVesamnlpli evpapenrñeercosrsiiailaote ards2irao)i0.ol   0 Cde7deon;e  m lDe CoCjeea seccsaunotrictnlrrlisooaóe l nlocAl aussd  eoeMEnc cmialaoinapdsc ro dhet erasaala,  b irlmaFiaaj .polCeUoss.Nr R tdaEd)e neD yt e f lia esur cnenZa tarLloai zenseasaonc    iIFeólelnrnela  ,ss ns udceBi accar ethlodenareads  r ipscCcú)ióuá,b nedlti,rnic zetqo,as u  sSefe u. nnMnh oda.e Ea lho c.,acsi oaneMns ca.istoPoli dn,r ( oaFSp duú.aoAnbn .dqlaUicaul.iocez  iay óse dnemFa  oshpdn areaedy  soaloea nsfCr ei raLceFlMt coe(i CbsrrI inooddvcnoeeas  frrouesrrieislcóertianaos      OE-A-2021-26able en https://
Declaración.
fecha de elaboración de este informe cinco entidades del sector público administrativo, cuatro 
entidades del sector público empresarial y catorce fundaciones (Anexo 5). En cuanto al plazo de un 
mes previsto para su publicación, lo han incumplido cincuenta y dos entidades del sector público 
administrativo, veinticinco entidades del sector público empresarial (de estas entidades cuatro no 
han publicado ni sus cuentas individuales ni las consolidadas) y una entidad del sector público 
fundacional (Anexo 6). Por otro lado, se han publicado en el “Registro de cuentas anuales del 
sector público”, que figura en el portal de la Administración presupuestaria, tanto las cuentas 
anuales como los informes de auditoría de las entidades que han rendido sus cuentas al Tribunal 
de Cuentas a través de la IGAE. 
Por último, el CENIEH y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) no han publicado 
algunos apartados de la memoria de sus cuentas anuales76. 
4.5. Todas las cuentas aprobadas correspondientes a entidades del sector público administrativo, 
empresarial y fundacional recibidas en el Tribunal, que han sido incluidas en el ámbito de la 
auditoría  de  cuentas  anuales  a  que  se  refiere  el  artículo  168  de  la  LGP,  se  encuentran 
acompañadas  del  informe  de  auditoría.  Todos  los  informes  reflejan  una  opinión  favorable  o 
favorable con salvedades, excepto los referidos a las cuentas del IGME77 y de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo78, para las que se deniega la opinión, y de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir79, la JCT80 y el ICAA81, en los que la opinión es desfavorable. 
4.6. La  Ley  11/2018,  de  28  de  diciembre,  ha  modificado  las  obligaciones  de  determinadas 
sociedades mercantiles en materia de información no financiera y sobre diversidad, respecto a lo 
establecido en el Real Decreto-ley 18/2017 en relación a las cuentas de 2017, siendo aplicable este 
nuevo régimen a los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. En 
concreto, la obligación de incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera se 
extiende no solo a las sociedades que, de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, 
tengan la consideración de entidades de interés público sino también al resto de sociedades, 
formulen o no cuentas consolidadas, cuando concurran determinados requisitos en relación con el 
                                                 
76  El CENIEH ha publicado sin contenido el apartado de la memoria referido a transferencias, subvenciones y otros 
ingresos y gastos. La AICA no ha publicado los estados resumen de la conciliación entre la clasificación de activos y 
pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en las respectivas normas de 
reconocimiento y valoración número 8 “Activos Financieros” y 9 “Pasivos financieros” del PGCP. 
77 La denegación de opinión se fundamenta, básicamente, en la falta de un inventario completo de inmovilizado, en la 
existencia de errores en el registro contable de dichos activos y en la posible infravaloración de los acreedores por 
operaciones devengadas, debido a la existencia de incertidumbre sobre las deudas que podrían estar pendiente de 
imputar a presupuesto al cierre del ejercicio, tanto por operaciones del ejercicio 2018 como por las de ejercicios 
anteriores. 
78 Las deficiencias en el inventario de la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como la carencia de un sistema de 
control interno en las áreas de ingresos y de inmovilizado, y la falta de información para comprobar la correcta 
determinación del Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las 
demarcaciones intercomunitarias constituyen los principales argumentos de la denegación de opinión del auditor para las 
cuentas anuales del organismo. 
79 De acuerdo con lo señalado en el informe de auditoría de las cuentas anuales de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, la opinión desfavorable se fundamenta, principalmente y al igual que en ejercicios anteriores, en la no 
incorporación al balance de los bienes y elementos afectados por el proceso de reversión, producido al amparo del Real 
Decreto 1498/2011, y que se deriva del traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
producido por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre. 
80 La opinión desfavorable para las cuentas anuales de la JCT se fundamenta en la limitación al alcance por la ausencia  s
de un inventario completo de inmovilizado, en incumplimientos de normas contables en relación con el reconocimiento de  e.
derechos por sanciones que se encuentran en periodo ejecutivo de cobro, con la contabilización de gastos e inversiones  w.b
y con el registro de aportaciones al Consorcio de Compensación de Seguros y en la imposibilidad de verificar que la  64ww
rc8lfoie1go scurE arsrela uiissnbdptfaaeooncmrnim ódaeneesn     badeua ennlas  agasc ec o issunnutseci ópenonetppa ctiyn ocd i icóeodon nein ne etmtsrnao  roslle aavda i eillmipmzl oapoerdor ngosItnae ibpsn iepeilsifendemcdaccoidteiu  óndnanteode   a Tvpdseéee.rc r i mfncicilicataeasrn  ifsd iciie dae ersV n aecti ohfliarcícr aecurcul otaeosqn  eut(ale8  tl4drloa,e9ss   Bpbmaiieeislnlnooee,n ssree  dsda eeldi z pesaau det orpuim areotonrsin m 2ieo0on 1nh 8ii2os, 0 tdcó1eirn8i cei)m oms,p eadoataro tdgelaors á  qqqfiuuuceeoe     OE-A-2021-26able en https://
declarados patrimonio histórico.
número medio de empleados, el total del activo y el importe neto de la cifra de negocios. Durante el 
ejercicio 2018 esta obligación afectaba a veintiuna sociedades mercantiles, habiendo todas ellas 
cumplido con la obligación de facilitar la correspondiente información ya sea por inclusión en su 
propio informe de gestión o por remisión al informe de gestión consolidado de su matriz. 
IV.1.2 Proceso de consolidación 
4.7. Al igual que en ejercicios anteriores, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 
no ha incluido en su Grupo consolidado las cuentas de la Corporación de Radio y Televisión 
Española, S.A., S.M.E. (Corporación RTVE), de la que poseía a 31 de diciembre de 2018 el 100 % 
de las acciones. Las cuentas de esta Corporación han sido integradas en la CGE como entidad 
individual. En las DCGE de los últimos ejercicios constan los argumentos por los cuales el Tribunal 
de Cuentas considera que concurrían en SEPI y en la Corporación RTVE las condiciones para 
proceder  a  la  consolidación,  tanto  por  aplicación  de  lo  establecido  en  las  normas  para  la 
formulación de cuentas anuales consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre, como de las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito 
del sector público aprobadas por la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio. Debe tenerse en cuenta, 
a este respecto, que los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, en su Dictamen de la 
DCGE correspondiente al ejercicio 2014, han instado al Gobierno a asegurarse de que SEPI 
consolide las cuentas de la Corporación RTVE de acuerdo con el criterio y recomendación de este 
Tribunal82. 
4.8. Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E., M.P., S.A. (INECO) y sus filiales en el extranjero 
se han integrado en la CGE en los grupos consolidables o cuentas individuales de las entidades 
propietarias de sus acciones (Grupo ENAIRE, Grupo ADIF, Grupo RENFE-Operadora y ADIF-AV) 
mediante el procedimiento de puesta en equivalencia. Con independencia de que dicho tratamiento 
es acorde con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Orden HAP/1724/2015, por la que se regula la 
elaboración de la CGE, su aplicación supone la valoración de INECO y sus filiales en el extranjero 
por el importe de su fondo patrimonial, que asciende a 85,1 millones de euros. Dado que estas 
sociedades son íntegramente de titularidad estatal, su integración en la CGE por el procedimiento 
de integración global sería más adecuado, ya que hubiese supuesto la inclusión en la CGE de los 
saldos que detallan su situación financiera y patrimonial y su gestión (activos por un importe de 
200,2 millones, pasivos por 115,1 millones, 277,3 millones de ingresos y 269,9 millones de gastos y 
un resultado del ejercicio de 7,4 millones) y la posibilidad de eliminar los saldos recíprocos por las 
operaciones realizadas por INECO con otras entidades del sector público empresarial estatal 
(según las comprobaciones realizadas, se podrían haber eliminado, al menos, saldos deudores por 
48,5 millones, acreedores por 18,2 millones e ingresos por 150,5 millones). 
4.9. En la CGE se han integrado las cuentas rendidas por el Fondo de Restructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) al Tribunal de Cuentas que, tras las consultas efectuadas por el Fondo al Banco 
de España (BdE) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no están consolidadas con las 
de las entidades de crédito en cuyo capital participaba mayoritariamente en el ejercicio 201883. De 
este modo, los estados financieros de esas entidades participadas no figuran como tales en la 
CGE, no considerándose en la misma como entidades dependientes. Tratándose de entidades de 
crédito, estos estados, de haberse incluido en la CGE, habrían sido consolidados por el método de 
                                                 
82 Pese a que el Tribunal de Cuentas ha señalado, desde la DCGE de 2012, que esta falta de consolidación es contraria 
a la normativa, la IGAE, en su documento de seguimiento de las resoluciones relativas a las DCGE de 2014 a 2016, se  s
limita a reiterar el criterio de SEPI, que señala que “continuará sin consolidar la CRTVE en su grupo en tanto no se  e.
indique expresamente la obligación legal de hacerlo”.  w.b
83 Las razones expuestas por el FROB para justificar la no consolidación de las cuentas de sus participadas, amparadas  64ww
e22rqen00uc 10eot29 ano  loeaabcs  lii2 2gdc00aao11  n5e7as,n   uyf aoll taparh mrsaloe nubag laalis sdrBild oadco cEup ióaeo nynnr   atemaalil sz el Taarcc rdoiCabannNusst nMiolea,l nVilqd  ,duae esedl o  aICpnnse uf,o lreamcrnsmui ttaaemens  idd nseoemol    afa2eissp2s c l iqadcinulaeicezr o a duemcicnxipóiapean umdt sidbiboselrpe ele o  pncsdr oieoclna icó2 senl 0asm 1o le6ei mg.dm aeaEol g srreeaieannses   s mrfdtiareaeuzlt  ocelqtnaruuiesare sa c d cupdeióeae nncrbt oteeabnnnsat   andpdbcereiaol  irlpdlaioaoa s,rde  c,xeei ocjjceeenorrpamcccriicc oióiil ooanlasss,      OE-A-2021-26able en https://
cuentas anuales.
puesta en equivalencia modificado (criterio confirmado por la redacción dada al artículo 5 de la 
Orden HAP/1724/2015 por la Orden HAC/874/2018), por lo que no habría habido diferencias 
respecto de la situación y los importes reflejados en la CGE84. En efecto, la inversión del FROB en 
estas entidades figura en el balance consolidado de la CGE dentro del epígrafe de “Inversiones 
financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas” por un valor neto de 
9.560,39 millones de euros. 
IV.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
IV.2.1 Créditos y previsiones iniciales 
4.10. Según se deduce del artículo 2 de la LPGE para el año 2018 y de los estados que la 
acompañan, el importe de los créditos de gastos agregados de los distintos subsectores (AGE, 
ESSS  y  Organismos  Públicos  del  Estado)  asciende  a  478.537,6  millones  de  euros  y  el 
correspondiente a las previsiones de ingresos a 343.558,4 millones. Las diferencias que surgen de 
la comparación entre los totales de créditos y previsiones iniciales aprobados en la citada LPGE y 
los que figuran en la liquidación de los presupuestos consolidados (424.804,4 millones y 289.880,7 
millones, respectivamente) son consecuencia, fundamentalmente, de las eliminaciones del proceso 
de consolidación (53.121,2 millones para los créditos y 53.065,7 para las previsiones) y de las 
entidades con presupuesto limitativo que no han sido integradas en la CGE (611,9 millones).  
4.11.El estado de liquidación del presupuesto de ingresos consolidado, al igual que en ejercicios 
anteriores, no recoge las previsiones iniciales correspondientes al capítulo 9 “Pasivos financieros” 
de la AGE, por importe de 134.979,2 millones de euros, lo que produce una diferencia entre los 
totales de los créditos y previsiones presupuestarias iniciales. A este respecto, se considera que las 
previsiones del referido capítulo deberían consignarse inicialmente en el presupuesto de ingresos -
como ocurre en los organismos públicos y en las ESSS- y, posteriormente, en la liquidación 
presupuestaria,  con  independencia  del  hecho  de  que  las  leyes  de  presupuestos  indiquen 
expresamente que los créditos aprobados se financien, además de con los derechos a liquidar 
durante el ejercicio, con el endeudamiento neto resultante de las operaciones de Deuda Pública. 
IV.2.2 Modificaciones de créditos y de previsiones iniciales 
4.12. La  IGAE  ha  eliminado  las  modificaciones  de  las  previsiones  presupuestarias  iniciales 
correspondientes a transferencias internas (programa de gastos 000X que afectan a los artículos 
40  a  43  y  70  a  73).  No  obstante  no  ha  eliminado  las  modificaciones  de  las  previsiones 
presupuestarias iniciales en las que no ha sido posible la eliminación de los importes de los 
compromisos registrados en los programas de gasto diferentes del 000X –al no poder identificar las 
previsiones que los financiaban- ni de las modificaciones de crédito en el programa 000X en el que 
la entidad destinataria del mismo no aprobó la correlativa modificación. Las diferencias generadas 
por estas causas ascienden, en el primer caso, a 55,5 millones de euros y, en el segundo, a 32,5 
millones.  Dentro  de  este  último  importe  hay  que  destacar  la  falta  de  eliminación  de  una 
modificación  de  crédito  en  el  concepto  de  transferencias  corrientes  al  Real  Patronato  sobre 
Discapacidad, con destino al Programa para la mejora de las condiciones educativas de las 
personas  con  discapacidad,  por  importe  de  15  millones,  cuya  correlativa  modificación 
presupuestaria no fue registrada por el organismo. 
4.13. Al igual que se ha señalado en anteriores Declaraciones, también en este ejercicio se ha  e.e
observado  una  falta  de  coherencia  en  el  tratamiento  contable  de  las  modificaciones  de  las  bo
previsiones iniciales de ingresos en la AGE y en las ESSS frente a los OOAA. Así, mientras que en  64ww
de 8 4eq   Llu  ai vp   arr oel ec dn ea cd c iiac m i,ó  i een  ns  d t oad   de d ac ei  ra  ,  lp  aa uc r ett uísc a tua l li oz  ae  5rn     de  eel   q vluaa ilvOoarrl dedenenc  ilaHa  AimnPvo/1ed7risf2iicó4an/d2 o0e,1n 5 ql aup eoe rn cltaoid nOasdrids teaenl   peHonAr cCree/n8at7lai4zje/a2 r0d 1ee8 l p npaorrot ihccaeip damimcoióideninf itceoan d doseu l a pp duaeetrfsiimntaioc ineóinno    OE-A-2021-26able en https://
neto, sin efectuar homogeneizaciones previas ni eliminaciones de resultados por operaciones internas.
estos últimos figuran contabilizadas, en el Estado y en las ESSS no ocurre lo mismo, a pesar de 
mantenerse en las adaptaciones del nuevo PGCP a la AGE y a las ESSS la misma cuenta que ya 
existía en las anteriores adaptaciones para este fin (007 Presupuesto de ingresos: modificación de 
las previsiones)85. 
4.14. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado, en 2018, modificaciones de crédito 
en el INSS y el ISM por 952 millones de euros con cargo a remanente de tesorería no afectado del 
ejercicio anterior, a pesar de que fue negativo por 4.695,5 millones86. 
IV.2.3 Pagos a justificar 
4.15. Los gastos aplicados al presupuesto del ejercicio tramitados por la AGE bajo la modalidad de 
pagos a justificar, prevista en el artículo 79 de la LGP, ascendieron a 1.774 millones de euros. A fin 
de conocer el detalle de los libramientos expedidos para pagos a justificar que, a 31 de diciembre 
de 2018, estaban pendientes de presentar la documentación justificativa o de aprobación de la 
cuenta  correspondiente,  se  ha  utilizado,  al  igual  que  en  ejercicios  anteriores,  la  información 
contenida en los ficheros que anualmente remite la IGAE a efectos del examen y comprobación de 
la CGE y que han sido elaborados a partir de la información contenida en Sistema de Información 
Contable de la Administración General del Estado (SIC3). 
Del análisis de la información facilitada, se deduce que, a 31 de diciembre de 2018, figuraban 
libramientos, por importe de 176,2 millones de euros, para los que se habían excedido los plazos 
de justificación, estando pendientes de justificar a dicha fecha. De este importe, 165,2 millones 
corresponden a obras de emergencia87, y 11 millones a libramientos que no tienen este carácter. 
Sin perjuicio de que la IGAE deba acometer una revisión de la información contenida en SIC3 en 
relación con la situación de estos libramientos, como se ha señalado en el informe de fiscalización 
sobre  esta  materia  aprobado  por  el  Tribunal  de  Cuentas88,  cabe  señalar  la  existencia  de 
libramientos pendientes de justificación con una antigüedad superior a cinco años89. 
                                                 
85 La TGSS alega que el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social es una estimación no limitativa de los recursos 
del sistema, por lo que la alteración de las previsiones iniciales no tiene por qué implicar una modificación presupuestaria 
de las mismas, y que la cuenta 007 Presupuesto de Ingresos: modificaciones de previsiones está prevista para el registro 
de aquellas variaciones que se produzcan a través de un acto formal. No obstante, este Tribunal considera que lo 
razonable es que, para conocer la forma de financiación de las modificaciones del presupuesto de gastos, las entidades 
registren estas modificaciones de las previsiones de ingresos, a cuyos efectos la regla 98 de la Instrucción de 
contabilidad para las ESSS recoge la actualización de las previsiones iniciales. 
86 La IGSS manifiesta en sus alegaciones que la financiación se obtuvo a partir de la parte del remanente de las mutuas 
colaboradoras no aplicado a presupuesto que a fin de 2017 era positivo por 2.052,70 millones de euro. Indica, también, 
que esta forma de financiación se consideró adecuada porque “…en los Presupuestos Generales del Estado, la Sección 
60 “Seguridad Social” se presenta y tramita como una única sección englobando los presupuestos de todas las entidades 
….” como un único presupuesto de ingresos. En opinión del Tribunal, si como dice la IGSS, hay que considerar el 
presupuesto del sistema de Seguridad Social como una unidad, debe hacerse lo mismo con el remanente de tesorería 
procedente de 2017 que, a pesar de ser positivo en las mutuas, en el conjunto de la sección 60 continuó siendo negativo, 
por 2.642,8 millones. 
87 En relación con este tipo de libramientos, cabe señalar que el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no concretaba un plazo para la 
presentación de la documentación justificativa, como se ha señalado en anteriores Declaraciones de la CGE y en el 
“Informe de fiscalización de los pagos librados a justificar y de los satisfechos mediante anticipos de caja fija por 
determinados ministerios del área económica de la AGE, ejercicios 2013 y 2014”, aprobado por el Pleno del Tribunal con  es
fecha 30 de noviembre de 2017. Por el contrario, el artículo 120 de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos  oe.
del Sector Público, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, no establece diferencias entre libramientos por obras de  w.b
emergencia y el resto en cuanto a la intervención y aprobación de las cuentas justificativas, por lo que deben entenderse  64ww
a88dp89poe  Crlt“ie Iceonralmmf boPiolrnelme ascned olo oon dssdse  epem llcf aiiTunszrceioisbanstuelc izenriaiasao ctlsa dic óbedonlleen  lcm  dfáieederc eonhlasoca  sieeo  3ncnp0 oaae nddgl óoeaom  rsnti níiocclfivauboi lrreodamm ed7e ob9l,asr .e4  9A a ,dd5d ee mju  m2lsian0ti lii1Llfsoic7Gtnra.aPe rcs .i y ó dnde Ge  eeluonrseo rsas al sdtiese fle eEcnshctoausde onm,t reeadjnei arcenincte io fasas n2et0i c1dip3eo  ysi n 2ds0et1r u4cc”ac, jiaaóp nfr iojcabo apmdooor    BOE-A-2021-26cable en https://
actuaciones previas en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, en el mismo informe se
De los libramientos expedidos por la AGE para pagos a justificar cuya documentación justificativa 
se había presentado antes del 31 de diciembre de 2018, y estaba pendiente de aprobarse la 
correspondiente cuenta, para un importe de 531,1 millones de euros se habían excedido los plazos 
de aprobación previstos en el artículo 79.6 de la LGP. De este importe, 14,1 millones corresponden 
a libramientos anteriores a 2011. 
Por otro lado, en este ejercicio se han aprobado libramientos expedidos en ejercicios anteriores por 
importe de 451,4 millones de euros que se han imputado a “resultados de ejercicios anteriores”, de 
los que 147,4 millones corresponden a cuentas justificativas presentadas en ejercicios anteriores a 
2018. 
4.16. En relación con la contabilización de las operaciones derivadas de los pagos a justificar en los 
OOAA, se han observado determinas deficiencias en el registro de algunas de las operaciones 
realizadas en las distintas fases contables por las que discurren los pagos a justificar desde el 
libramiento de los fondos hasta la aprobación de la cuenta justificativa, que vienen repitiéndose 
desde hace varios ejercicios. Así, en algunos organismos90, figuran contabilizados a fin de ejercicio 
gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de aprobación 
(cuenta 5586) por un importe erróneo, al superar contablemente al saldo total de los fondos 
librados cuyas cuentas justificativas no han sido aprobadas (cuenta 5580); y en gran parte de ellos 
no se registran contablemente, al final de ejercicio, los gastos realizados con cargo a libramientos a 
justificar que se encuentren pendientes de aprobación. 
Por lo que se refiere al cumplimiento de los plazos, el importe de los libramientos a justificar del 
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) que, al cierre del ejercicio 2018, han excedido el 
plazo legalmente establecido para su aprobación asciende a 21,1 millones de euros. Tal como se 
indicó  en  la  DCGE  2017,  el  organismo  tiene  libramientos  cuyas  cuentas  justificativas  se 
presentaron en el periodo 2002-2004, siendo el importe pendiente de aprobación a 31 de diciembre 
de 2018 de 0,3 millones, por lo que deberían ser objeto de depuración o de aprobación definitiva. 
También  han  superado  ampliamente  el  plazo  de  aprobación  las  cuentas  justificativas 
correspondientes a libramientos expedidos entre los años 2013 y 2016, por un importe global de 
4,4 millones. 
IV.2.4 Operaciones no eliminadas en el proceso de consolidación 
4.17. 91 
4.18. No han sido objeto de consolidación las deudas en fase de vía voluntaria y de vía ejecutiva 
antes y después de su cargo en las Unidades de Recaudación Ejecutiva, que tienen registradas 
como derechos reconocidos e ingresos la TGSS las mutuas, el SEPE y FOGASA, por 50,5 millones 
de euros (9,5 millones de ejercicio corriente y 41 millones de anteriores), y cuyo origen está en 
obligaciones y gastos correspondientes a la AGE. Esta incidencia afecta también al balance, al 
estado de cambios en el patrimonio neto y al estado de flujos de efectivo. 
IV.3 BALANCE 
IV.3.1 Activo 
IV.3.1.1 INMOVILIZADO  INTANGIBLE,  INMOVILIZADO  MATERIAL  E  INVERSIONES  e
INMOBILIARIAS  bo
 s e  ñ a  l a   q  u e    u  n   i m  p  o r t e    d e    4  8   m   il l o n  e s    s e    c o  r r e  s p  o n  d  e   c  o n    li b  r a m   ie  n  to  s   q  u  e   f u  e r o  n    e x  p e  d  id  o s    a   d  i s t i n t a  s   c  o n  f e d  e  r a c  io  n  e s   
h90i dGroegreránfciciaa sd ee nIn 1fr9a9e6s,t rquucetu sraes j uys Etifqicuaiproanm yie anptorosb daero End, upcearoci ósnin  yq Cueu lstuer are yg iTsUtraRsEeS ePnA SÑIAC.3  esta circunstancia.
91 Párrafo suprimido como consecuencia de las alegaciones.
4.19. La GISS recoge en su cuenta 217 Equipos para procesos de información 294,2 millones de 
euros, importe que corresponde a elementos utilizados por las dos entidades gestoras, la TGSS y 
la propia Gerencia. De acuerdo con el Marco conceptual de la Contabilidad de las entidades que 
integran el Sistema de la Seguridad Social, puntos 4º y 5º, de la APGCPSS’11, lo correcto es que 
estos activos se reflejen contablemente en el balance de la entidad que obtenga, a partir de los 
mismos, rendimientos económicos o un potencial de servicio en el futuro, no siendo posible 
determinar la cuantía correspondiente a cada entidad con la información disponible en el Tribunal 
de Cuentas92. 
4.20. Las  entidades  gestoras  y  la  TGSS  no  han  concluido  las  actuaciones  previstas  en  la 
Resolución de la IGSS, de 14 de mayo de 2012, por la que se dictan las instrucciones para el 
registro contable del terreno de forma independiente de la construcción, según dispone la NRV 2ª 
“Inmovilizado material” de la APGCPSS’11, quedando sin segregar elementos por un total de 628,8 
millones de euros (8,63 % del total del saldo contable susceptible de segregación); lo que afecta, 
también, al subgrupo 28 Amortización acumulada del inmovilizado, por 174,8 millones. Del importe 
total pendiente de segregar, al IMSERSO le corresponden 531,5 millones (68,14 % del total del 
saldo contable de esta entidad susceptible de segregación). 
4.21. Los  inventarios  de  las  cuentas  206  Aplicaciones  informáticas,  214  Maquinaria,  215 
Instalaciones  técnicas  y  otras  instalaciones,  216  Mobiliario  y  217  Equipos  para  procesos  de 
información del INGESA, el INSS, la TGSS y la GISS presentan las siguientes deficiencias que 
afectan a la calidad de la información recogida: a) la descripción de los bienes es insuficiente, lo 
que no permite conocer su naturaleza e impide verificar el cumplimiento de la Resolución de la 
Intervención General de la Administración del Estado, de 14 de diciembre de 1999, por la que se 
regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio93; b) los elementos carecen 
de número de inventario94; c) existen apuntes globales95; y d) incluyen elementos que, por su 
antigüedad, podrían estar en desuso96. Estas carencias permiten concluir que tales inventarios no 
constituyen un instrumento útil para la gestión y el control del inmovilizado, por lo que es preciso 
que las entidades afectadas acometan una revisión y una depuración de los mismos. Asimismo, 
sería conveniente que se implantara una única aplicación que permitiera una adecuada gestión y 
control de inventario en todas las entidades gestoras y servicios comunes. 
4.22. De acuerdo con la información facilitada a este Tribunal de Cuentas, al menos 10 millones de 
euros (50 % del saldo final de la cuenta 231 Construcciones en curso del INSS) están pendientes 
de depuración, puesto que se trata de proyectos sobre los que existen dudas razonables respecto 
a que vayan a ser finalizados y, en consecuencia, traspasados a la cuenta 211 Construcciones. 
4.22.bis. El balance del Museo Nacional del Prado (MNP), y de esta forma el balance de la CAGE, 
recoge exclusivamente 2.902 de las 33.536 obras de arte que posee el Museo. Las contabilizadas 
(por importe de 269,3 millones de euros) corresponden a las que han entrado en el Museo a partir 
de 1995 a través de adquisición, adscripción, donación y herencia o legado. La Resolución de la 
IGAE  de  22  de  febrero  de  2016  establece  que  los  bienes  del  patrimonio  histórico  deberán 
                                                 
92 La GISS alega que el fraccionamiento por entidades del inventario de estos equipos informáticos y la consecuente 
asunción por dichas entidades de su gestión sería contrario a las funciones de gestión y administración de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones de la Seguridad Social que le atribuye la normativa (artículo 74.bis del TRLGSS y 
la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 903/2018, de 20 de julio) y a los principios del modelo de Gobernanza 
TIC (Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre). No obstante, la normativa contable es clara a este respecto y su 
aplicación no es contraria a las competencias de gestión atribuidas por la normativa a la GISS, ni a la imputación de las 
adquisiciones de estos elementos a su presupuesto de gastos. Y por otra parte, serviría para para que la situación  es
contable de estos bienes fuera fiel reflejo de la situación real de los mismos (están siendo utilizados por las Entidades  oe.
señaladas).  w.
93 Afecta a las cuentas 206, 216 y 217 de la TGSS por 25,3 millones de euros, 26,5 millones y 409,2 millones,  64ww
r9e4 sApfeeccttiav aam laesn tceu;e yn ata lsa s2 0c6u,e 2n1ta4s,  221056,  y2 1261 7y  d2e1 7la d GeIl SINSG pEoSr 1A5 p,6o rm 8i4llo,1n emsi lylo 1n9e,s5 d me ilelounroess ,y r edsep leac GtivISamS epnotre 4. 83,1 millones.
9956  AAffeeccttaa  eessppeecciaialmlmeenntete a  ala  lcause nctuae 2n1ta7s d e2 0la6  TdGeS Sla p oTrG 8S4S,4  my ildloenl eIsN dSeS e uproors  1y 7d,e2  lam GillIoSnSe sp odr e1 0e8u,2ro ms ilylo n7e,8s.  millones,
respectivamente, y a la cuenta 217 del INSS y del INGESA por 23,5 millones y 1,8 millones, respectivamente. 
registrarse en contabilidad cuando cumplan los criterios de reconocimiento de un activo, añadiendo 
que, cuando no se puedan valorar de forma fiable, deberá darse información en la Memoria sobre 
su identificación y situación jurídica, así como de los desembolsos posteriores activados y, en su 
caso, de su vida útil y del método de amortización. Sin embargo, el único dato que figura en la 
Memoria de las cuentas del MNP es el porcentaje que representan dichas obras de arte frente al 
total de las obras que posee el Museo. 
4.23. Al menos cinco fundaciones no tienen valorado el derecho cedido para usar los inmuebles de 
los que disponen para la realización de su actividad propia. Por tanto, no registran contablemente 
dicho derecho como inmovilizado intangible o inmovilizado material (dependiendo de los elementos 
jurídicos fijados en el documento de cesión). Las fundaciones que se encuentran en esta situación 
son:  Fundación  SEPI;  Fundación  Escuela  de  Organización  Industrial;  Fundación  del  Servicio 
Interconfederal  de  Mediación  y  Arbitraje;  Fundación  Centro  Nacional  del  Vidrio;  y  Fundación 
Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social. 
4.24. En cuanto a la aplicación por las entidades del sector público empresarial estatal de la Orden 
EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables para las empresas 
públicas que operan en determinadas circunstancias, solo treinta y ocho de ellas clasifican sus 
activos como generadores o no generadores de flujos de efectivo, entre las que se incluyen las 
entidades públicas empresariales ADIF, ADIF-AV, ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., 
M.P.(ICEX),  RENFE-Operadora  y  ENAIRE;  las  sociedades  mercantiles  AENA  S.M.E.,  S.A.  y 
CORREOS; y catorce97 de las veintiocho Autoridades Portuarias (AAPP). 
IV.3.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS 
4.25. A través del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas (FFCCAA), la CAGE incluye 
el saldo de los préstamos otorgados a las distintas CCAA, cuyo importe ascendía al cierre del 
ejercicio 2018, según las cuentas anuales aprobadas del citado fondo, a 179.129,6 millones de 
euros. Dentro de este importe se incluyen 134.815,2 millones que derivan del mecanismo de 
financiación del Compartimento Fondo de Liquidez Autonómico, resultando un incremento del 
endeudamiento de estas CCAA con el Estado por este concepto de 10.018,9 millones respecto al 
saldo al cierre del ejercicio anterior (124.796,3 millones). En relación con los citados préstamos, 
cabe señalar que, entre los hechos posteriores al cierre reflejados en la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 del Fondo, se indica que, en el período transcurrido entre la fecha de 
cierre del ejercicio y la de elaboración de las cuentas anuales de 2018, se han producido impagos 
de cuotas de amortización por importe de 3.494,1 millones98. 
4.26. La IGAE no ha efectuado homogenizaciones valorativas sobre las inversiones en deuda 
pública del Estado en que se materializa el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS) ni 
sobre las que poseen las mutuas, cuando las adquisiciones de dichas inversiones se realizaron en 
el mercado secundario, limitándose a eliminar la totalidad del coste amortizado de los títulos 
registrado por la TGSS y por las mutuas99. Dichas homogeneizaciones son necesarias para: a) 
                                                 
97 Las AAPP que clasifican sus activos como generadores o no generadores de flujos de efectivo son las siguientes: 
Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Castellón, Ceuta, Gijón, Las Palmas, Málaga, Melilla, Pasaia, Santander, 
Tarragona y Villagarcía de Arousa. 
98 La Secretaría de Estado de Hacienda señala en las alegaciones remitidas que “…el importe pendiente se canceló en el 
ejercicio una vez formalizadas las operaciones de préstamo del FFCCAA 2019, en los términos establecidos por los  es
acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.”  oe.
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terceros (vendedor), ya que, dicho resultado, está siendo eliminado del importe total de las deudas emitidas por la AGE.  Bc
A juicio del Tribunal, esta homogeneización valorativa se debería realizar a través de la aplicación del método del coste
reflejar en los estados financieros consolidados el resultado obtenido en las adquisiciones frente a 
terceros, conforme al artículo 37 de la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se 
aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector 
público, y b) adecuar la valoración del coste amortizado de los títulos que poseen la TGSS y las 
mutuas con el que presentan esos títulos en la deuda pública del Estado registrada por la AGE. 
Esta incidencia repercute en el balance consolidado, fundamentalmente al epígrafe de “Resultado 
del ejercicio atribuido a la entidad”, que se encuentra sobrevalorado en 35,1 millones de euros 
(31,6 millones por las inversiones del Fondo de Reserva y el resto por las mutuas), así como al 
valor registrado por la AGE de la Deuda pública emitida, que se encuentra sobrevalorado en 34,5 
millones (33,6 millones procede de las inversiones de las mutuas y el resto de las del FRSS). 
4.27.La integración de la actividad del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) en la 
contabilidad de la AGE se ha efectuado con la información reflejada en las cuentas anuales 
formuladas por este fondo carente de personalidad jurídica, que coinciden con las aprobadas. No 
obstante, el informe de auditoría emitido por la IGAE, con una opinión favorable con salvedades, 
refleja la existencia de determinadas limitaciones al alcance. Estas limitaciones según el citado 
informe afectan, entre otras, a la valoración de las inversiones financieras en patrimonio y de los 
créditos concedidos (referidas al cálculo de las subvenciones implícitas existentes), a la valoración 
de los deterioros de determinadas inversiones en patrimonio, así como a la imposibilidad de 
desglosar inversiones y tesorería en las cuentas de este fondo referidas a la Facilidad Financiera 
para la Seguridad Alimentaria, gestionada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y, por 
último, a la falta de determinación de la situación financiera y contractual de los saldos generados 
en cinco Fondos de Asistencia Técnica. 
IV.3.1.3 EXISTENCIAS 
4.28. El valor de las “Existencias” de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) 
correspondiente  a  determinadas  actuaciones  inmobiliarias  en  desarrollo,  por  importe  de  530 
millones  de  euros  y  para  las  que  se  ha  registrado  un  deterioro  de  147  millones,  no  está 
suficientemente acreditado ya que el único soporte del que dispone la entidad son unas tasaciones 
efectuadas en 2013. 
IV.3.1.4 DEUDORES, DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR (ACTIVO 
CORRIENTE) 
4.29. Continúa pendiente de regularización un importe de 97,6 millones de euros correspondiente a 
pagos pendientes de aplicación en la AGE derivados de la antigua normativa de pagos en el 
exterior, derogada por el artículo 18 de la LPGE para 1994, que no ha experimentado variación 
alguna desde el ejercicio 2000. Esta circunstancia se viene poniendo de manifiesto por este 
Tribunal en las últimas Declaraciones, por lo que se reitera la necesidad de que la Administración 
aclare definitivamente la situación de estas partidas deudoras. 
4.30. La cuenta 449 Otros deudores no presupuestarios continúa incluyendo 61,3 millones de euros 
de deuda con origen en la TGSS, derivada de la integración de las extintas Mutualidades de 
Previsión Social de Funcionarios del Instituto Nacional de Previsión y del Mutualismo Laboral, que 
corresponden a derechos con una gran antigüedad (algunas partidas se remontan a 1981 y las 
más recientes a 1992), sin que la TGSS haya dotado deterioro de valor. Asimismo, la cuenta 476 
Organismos  de  previsión  social,  acreedores  contiene  partidas  con  el  mismo  origen,  por  9,5 
millones. Dada la antigüedad de ambos saldos, deberían realizarse las labores de depuración  s
oportuna y, en su caso, darlos de baja.  oe.
43.13 0d eb idsi.c Fieimgubrraen  dreeg 2is0t1ra8d, olos se np acguoesn tnaos  dperel sbuaplaunecseta, rcioosm aob oopneardaocsio nael sB dpEen cdoierrnetesps odned aiepnlitceasc aió nlo as   2021-2664n https://ww
a  m   o r t i z a  d o    m   e d  i o    p o  n d  e  r a d  o    p o  r   c  a d  a    t r a m   o    d e    e  m  i s i ó  n    e n    l a    A  G  E  ,   c r i t e r i o    q  u e  ,   p  o r   o  t r a    p a  r t e ,    e s    e  l  q  u  e    h a    v  e n  i d o   
aplicando la IGAE hasta el ejercicio 2017.
meses de enero a septiembre de 2018 (10,1 millones de euros), producidos por los gastos de 
funcionamiento  del  SEPBLAC  que,  con  cargo  al  presupuesto  aprobado  por  la  Comisión  de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, han sido atendidos por el BdE, de 
acuerdo con el artículo 45.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo. En el ejercicio 2019, han sido registrados también 
extrapresupuestariamente los gastos de funcionamiento correspondientes al período octubre a 
diciembre de 2018 (3,3 millones). 
El pago extrapresupuestario de todos estos gastos (13,4 millones de euros) será registrado como 
una devolución de ingresos en el presupuesto de ingresos de la AGE del ejercicio 2019, en el 
momento en que el BdE realice el ingreso de sus beneficios anuales en el Tesoro Público, al igual 
que se ha hecho en el ejercicio 2018 con los gastos generados por el SEPBLAC en 2017. Si bien, 
como se señala en alegaciones, la cuenta del resultado económico patrimonial refleja los gastos de 
funcionamiento del SEPBLAC, se considera que este sistema de gestión presupuestaria de los 
costes de este Servicio genera una minoración de ingresos presupuestarios de un ejercicio en el 
siguiente, que podría evitarse si, al igual que ocurre con otro tipo de gastos de funcionamiento de 
otras entidades que son financiados por la AGE, su tramitación se realizara mediante su registro 
como gastos presupuestarios del ejercicio al que corresponden. 
4.31. La IGAE ha realizado la homogeneización previa sobre la totalidad del saldo de la partida 
relativa a medicina marítima, por 479,3 millones de euros, que la TGSS tiene registrada en 
deudores no presupuestarios por financiación afectada imputable a la AGE (regularizando con 
cargo a resultados de ejercicios anteriores 457 millones y a resultados del ejercicio 22,3 millones), 
puesto que la AGE no recoge en su balance ni en su cuenta de resultados, importe alguno por este 
concepto100. No obstante, únicamente debió ser objeto de homogeneización, y posteriormente 
proceder a su eliminación, la parte de medicina marítima de componente universal, sin que pueda 
determinarse  el  efecto  de  esta  incidencia  debido  a  que  la  Seguridad  Social  no  dispone  de 
información  diferenciada  de  la  cuantía  de  las  actividades  de  carácter  universal  y  de  las  de 
naturaleza profesional101. 
4.32. En  el  proceso  de  consolidación  de  los  deudores  por  gastos  con  financiación  afectada 
procedentes de la AGE se han homogeneizado indebidamente 14 millones de euros (3,3 millones 
son  de  2018  y  10,7  millones  son  de  ejercicios  anteriores),  que  corresponden  a  deuda  por 
financiación  afectada  procedente  del  FSE,  a  favor  del  IMSERSO  y  del  ISM,  por  el  Marco 
Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 que, a 31 de diciembre de 2018, se encuentra 
liquidado (6,9 millones) y por el Marco Estratégico Común 2014-2020 (7,1 millones). Este deudor 
FSE no pertenece al sector público español, por lo que las operaciones recíprocas con él están 
excluidas del proceso de consolidación. 
                                                 
100 La TGSS y la AGE mantienen posiciones distintas. Para la TGSS la totalidad de las actividades del programa de 
medicina marítima debería correr a cargo del Estado, mientras que para la AGE ha de financiarse con recursos 
contributivos. A este respecto, la posición del Tribunal de Cuentas se recoge en el ”Informe de Fiscalización de la gestión 
y de la contratación derivadas de las prestaciones sociales y sanitarias de los trabajadores integrados en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, durante el ejercicio 2004”, aprobado por el Pleno del 
Tribunal de Cuentas en su sesión del día 24 de octubre de 2006 (las actividades incluidas en este programa son de 
carácter universal y de naturaleza profesional, sin que la Seguridad Social tenga separadas ambas actividades, por lo 
que no parece razonable considerar la totalidad de estas actividades sujetas a la financiación estatal). 
101 La IGSS señala que en las alegaciones efectuadas por distintas entidades al “Informe de Fiscalización de la gestión y  es
de la contratación derivadas de las prestaciones sociales y sanitarias de los trabajadores integrados en el Régimen  o
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, durante el ejercicio 2004”, se detallaban las actividades  w.
sanitarias dirigidas a trabajadores del mar, que en su mayoría tienen carácter universal, debido a lo cual lo adecuado es  64ww
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liquidación de la financiación afectada con el Estado hasta que se arbitren presupuestariamente conceptos diferenciados.
IV.3.2 Patrimonio neto y Pasivo 
IV.3.2.1 PATRIMONIO NETO 
4.33. El balance de la Seguridad Social por segundo año consecutivo recoge, a 31 de diciembre de 
2018, un patrimonio neto negativo que asciende a 33.260 millones de euros, localizado en las 
entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, que lo tienen negativo (por 
tercer  año  consecutivo)  por  37.933  millones102,  y  cuyo  origen  está  en  sus  resultados 
económico-patrimoniales negativos acumulados en el período 2010 a 2018 (por 115.022 millones), 
los cuales derivan de las operaciones de la gestión ordinaria de estas entidades, porque los 
recursos de esta naturaleza resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo 
origen, provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería. 
La solución adoptada para cubrir los gastos de gestión ordinaria ha sido otorgar nuevos préstamos 
a largo plazo por el Estado a la TGSS, en 2017, por 10.192 millones y, en 2018 y 2019, por 13.830 
millones de euros103, para cada uno de ellos. Este tipo de medidas coyunturales no pueden resolver 
los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuyen al 
saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, y no tienen reflejo en su neto patrimonial, 
acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2018, de 
41.191 millones. Conviene recordar que del endeudamiento total de la Seguridad Social con el 
Estado, 17.168,7 millones derivan de los préstamos concedidos entre 1992 a 1999 para superar la 
crisis  que  afrontó  el  sistema  en  la  década  de  los  noventa,  que  no  han  sido  devueltos, 
fundamentalmente, por la falta de capacidad financiera de la Seguridad Social. No obstante lo 
anterior, en 2018 y 2019, el Estado ha aportado a la Seguridad Social transferencias corrientes 
para apoyar su equilibrio presupuestario, por 1.333,9 y 1.933,9 millones, respectivamente, que 
además repercuten positivamente en su neto patrimonial. 
Se considera que es necesario promover y llevar a término las reformas precisas para resolver, de 
forma estable, esta situación, y la de endeudamiento frente al Estado, lo que podría abordarse, en 
su caso, en el marco del “Pacto de Toledo”. Hasta que estas soluciones puedan ejecutarse, lo 
recomendable  sería  que  los  déficits  financieros  y  presupuestarios  de  la  Seguridad  Social  se 
cubrieran, como hasta ahora, con financiación estatal, aunque, teniendo en cuenta que el problema 
deriva de sus operaciones de gestión ordinaria, la vía de financiación ha de tener esta misma 
naturaleza económica y presupuestaria (transferencias corrientes de la AGE)104. 
4.34. Las  mutuas  no  han  registrado  los  gastos  devengados  en  diciembre  de  2018  ni  el 
correspondiente pasivo en relación con las aportaciones al sostenimiento de servicios comunes, 
reaseguro obligatorio y reaseguro de exceso de pérdidas; y la TGSS tampoco ha registrado los 
correlativos ingresos y el activo asociado. Estas operaciones, hasta el ejercicio 2016, fueron 
correctamente periodificadas y recogidas a fin de cada ejercicio económico en el balance y en la 
cuenta de resultados de las citadas entidades, habiéndose modificado el criterio de registro en 
2017105. 
                                                 
102 La diferencia, 4.673 millones de euros, corresponde al patrimonio neto positivo de las mutuas. 
103 Disposición adicional novena de la LPGE para 2017 y Disposición adicional cuarta de la LPGE para 2018, en ambos 
casos sin devengo de intereses y con cancelación en un plazo máximo de diez años, a partir de 2018 y de 2019, 
respectivamente. Los PGE para 2018 han sido automáticamente prorrogados para 2019, incluyendo el préstamo  s
concedido para este último ejercicio.  e.
104 En el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2020, aprobado por su Pleno el 19 de  w.b
diciembre de 2019, está prevista la Fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria  64ww
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Seguridad Social.
Estos gastos surgen de la recaudación mensual de las cotizaciones de las mutuas que realiza la 
TGSS, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el Marco conceptual, punto 5º (apartado 3. 
Ingresos y gastos) de la APGCPSS’11, que señala que habrán de registrarse en el mismo período 
de cuentas anuales, los gastos e ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas 
transacciones u otros hechos económicos106. Por tanto, teniendo en cuenta que las mutuas sí han 
imputado patrimonialmente las cotizaciones del mes de diciembre de 2018, también deberían haber 
registrado los gastos asociados al proceso de recaudación, y la TGSS los ingresos patrimoniales 
correlativos,  cifrándose  esta  incidencia,  en  164,3  millones  de  euros.  Asimismo,  el  resultado 
económico-patrimonial de 2018 de las mutuas está sobrevalorado y el de la TGSS infravalorado en 
8 millones, por el efecto neto del cambio de criterio107. 
4.35. Durante 2018 se han realizado disposiciones del Fondo de Reserva por importe de 3.000 
millones de euros, destinadas exclusivamente a la financiación de las pensiones de naturaleza 
contributiva  y  a  los  gastos  necesarios  para  su  gestión.  El  importe  total  acumulado  de  tales 
disposiciones desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2018 asciende a 77.437 millones, siendo el 
valor contable de los activos existentes, a esa fecha, de 5.060 millones108. 
Al igual que en ejercicios anteriores, el balance de situación de la Seguridad Social se limita a 
reflejar la materialización financiera de la dotación neta acumulada del Fondo de Reserva, sin que 
quede reflejada en el balance de situación de la Seguridad Social formando parte de su patrimonio 
neto, a pesar de que el Acuerdo Segundo, 4.II, contenido en la Resolución de 27 de noviembre de 
2017, de la Presidencia del Senado y de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas en relación con la DCGE correspondiente al ejercicio 2015, dispone que se tomen las 
medidas necesarias para que el patrimonio neto de la TGSS incluya la constitución del Fondo de 
Reserva prevista en el TRLGSS (artículo 117) como una reserva patrimonial, lo cual debería 
realizarse conjuntamente con el proceso de reforma y saneamiento de la situación financiera de la 
Seguridad Social, al que se ha hecho referencia en el párrafo 4.33109. 
4.36. El saldo de la reserva Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social que 
figura en el balance de la TGSS continúa infravalorado en 111,5 millones de euros, debido a que 
este servicio común imputó a dicha reserva los intereses implícitos negativos y las pérdidas por 
enajenaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2012 por las inversiones realizadas con 
cargo a dicho Fondo, pero no los implícitos positivos que figuran en la cuenta de resultados a favor 
                                                 
106 La IGSS manifiesta en sus alegaciones que estos gastos se generan a partir de cuotas recaudadas o satisfechas, por 
lo que “la disminución para las mutuas colaboradoras de los recursos económicos que comportan esos gastos, no se 
produce en el momento en que la cotización se devenga, sino cuando las cuotas se recaudan”, y que la referencia al 
apartado 5.3 del Marco conceptual de la APGCPSS’11 obligaría a registrarlos en el año siguiente, cuando se produce el 
hecho económico del que derivan (recaudación de cuotas). No obstante, este Tribunal considera incuestionable que 
estos gastos son inherentes a los ingresos por cotizaciones sociales de los que derivan y que sirven de base para su 
cálculo (ello con independencia de cuando se produzca la recaudación de tales cuotas y la liquidación de dichos gastos), 
por lo que no pueden tener períodos de devengo distintos. Así está expresamente recogido en el apartado 5.3 del 
precitado Marco conceptual (“En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos e 
ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos”). 
107 Diferencia entre el importe registrado por los gastos devengados en diciembre de 2017, 156,3 millones de euros, y el 
que debió registrase, correspondiente a los devengados en diciembre de 2018, 164,3 millones. 
108 Valor razonable de los títulos afectos al Fondo de Reserva, por 5.042,6 millones de euros, intereses a cobrar a corto 
plazo, por 17 millones, y saldo financiero en la cuenta corriente del BdE afecta a este Fondo, por 0,4 millones.  
109 La IGSS alega que desde su regulación inicial el Fondo de Reserva ha estado configurado desde una óptica  es
presupuestaria y no patrimonial, por lo que ninguna norma ha previsto que se dotase con cargo a resultados económicos,  o
de manera que no se trata de una reserva de carácter económico patrimonial, sino de un fondo que materializa los  w.
superávits presupuestarios acumulados en activos financieros públicos, los cuales son objeto de reflejo contable en el  64ww
lqRDaaucei ptSesiuv eoeotglasu uddtcaroeiió dslc n,abu  dpaed olsSaertn io ólco2cne i7a q.s  lu Sedien eirn c de lnuceeooybmavgebi erelaía amer g cnmboo rl,noea sdl sotid ifsDtieuc ae acr2cirgósl0aune1rm  a7dlace,e  inlno dFtoneoore smns ladd as eotoPi  vdebraeesr ets ceR iold aenTe strCnaiebcubruivleaenan  a ptddalae e drGl  aelaSe  q CneSueuneereaga nd“ulE tordail d esPya l  hadEdat rsSenitm  aosldcoaidion ao,iPlo , h…rr enaes ebitcietidoeoremn adnddoecoa  iu amlsan i edadTno eert lees res oCeesroxeprvpnraíaugald er ceaGsosdtenooon s sce d adrperaeog ls roldd o leaeas      OE-A-2021-26able en https://
la distribución del resultado económico patrimonial”.
de los fines generales de Seguridad Social y en contra de los fines de prevención y rehabilitación, 
actuación que tiene su cobertura en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, de 12 de diciembre de 2012, en la que se dictaban instrucciones sobre la aplicación de las 
operaciones derivadas de la enajenación y amortización de los activos financieros en los que 
estaba materializado el saldo del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, 
que recoge una interpretación restrictiva del artículo 1.3 de la Orden TIN/1483/2010, de 2 de junio, 
al no haber considerado la rentabilidad de las materializaciones del Fondo de Contingencias 
Profesionales de la Seguridad Social en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta tanto los flujos 
positivos como los negativos generados por estas inversiones. 
4.37. El Consorcio Valencia 2007 presenta un patrimonio neto negativo por 329,3 millones de 
euros. A este respecto, hay que señalar que año tras año se vienen produciendo resultados 
negativos, lo que ha ocasionado una disminución de dicho patrimonio del 51 % respecto al del 
ejercicio 2014. Tal como se ha puesto de manifiesto en anteriores DCGE, dicha tendencia provoca 
que la continuidad de la actividad del citado Consorcio se vea seriamente comprometida, así como 
su capacidad para liquidar sus pasivos, en la medida en la que no reciba aportaciones adicionales 
de fondos por parte de las administraciones consorciadas.110 
4.38. En la formación de la CGE de 2018, la IGAE mantiene los criterios utilizados en 2017 en la 
eliminación inversión-patrimonio neto, tras reclasificar el saldo de los pasivos por impuesto diferido 
como mayor saldo del epígrafe “Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a 
resultados”. Este criterio supone un cambio respecto de lo realizado hasta el ejercicio 2016, como 
ya se señaló en la Declaración del ejercicio anterior, que permite reflejar de forma más clara la 
situación financiera existente a la fecha de la consolidación, al dejar de figurar la deuda fiscal frente 
al Estado. 
Teniendo  en  cuenta  lo  señalado  en  el  párrafo  precedente,  tras  los  ajustes  de  consolidación 
efectuados por la IGAE, el saldo del epígrafe “Otros incrementos patrimoniales pendientes de 
imputación a resultados” recoge el saldo bruto (incluidos los pasivos por impuestos diferidos) de las 
subvenciones de capital devengadas a partir del 1 de enero de 2014 concedidas por entidades que 
no forman parte del grupo consolidado (subvenciones europeas, autonómicas, locales o de entes 
privados). Sin embargo, en distintos párrafos de la memoria de la CGE de 2018 se hace referencia 
de forma errónea al saldo neto (descontados los pasivos por impuestos diferidos), en lugar de 
saldo bruto, que figura en los estados financieros de la Cuenta General. 
IV.3.2.2 DEUDAS A LARGO PLAZO Y A CORTO PLAZO 
4.39. La Deuda Pública, en términos consolidados, refleja un saldo al cierre del ejercicio 2018 de 
1.042.105,6 millones de euros, lo que representa un 89,51 % del total pasivo consolidado reflejado 
en la CGE (1.164.296,7 millones). Respecto al saldo de la Deuda del Estado, previo al proceso de 
consolidación, este ascendía a 1.038.314,8 millones a 31 de diciembre de 2018, lo que supuso un 
aumento en relación con el ejercicio anterior de 38.340,4 millones (3,83 %). En el Anexo 7 se 
recoge la evolución del saldo contable del principal de la deuda reflejado en el balance desde el 
ejercicio 2007. Dicho importe incluye el saldo vivo del endeudamiento derivado de las emisiones de 
Deuda (1.002.533,6 millones), el saldo del préstamo recibido por el Reino de España, en el 
ejercicio  2012,  del  Mecanismo  Europeo  de  Estabilidad  (MEDE)  para  la  recapitalización  de 
Entidades Financieras (23.721,4 millones), el saldo al cierre de ejercicio de la deuda asumida en 
2014  por  el  Estado  como  consecuencia  del  proceso  de  transformación  del  Fondo  para  la 
Financiación de los Pagos a Proveedores (6.158 millones) y otras deudas con entidades de crédito  s
(5.901,7 millones).  oe.
Fd1  1ei 0s   c oE a cn lti  uze ab l  cr “ei Ión   ndf o e d r  me2   0e la 1  d 9 ae , c   sFt iev is  i dca aa n ldai z  l diaz ec a i  ó lla na     Ad s  ueittul oGarcirdiaóadndo   fPidnoear tnCucauiermiraap  ldiyme  piVeanatrtloeim neoc iniami,a ple ljdeeemrcl eiCcniotoanscs i2oó0rnc0 id7oe  aV l aa2sl0e r1ne0cc”iao,  ma2pe0rn0od7ba aacd ioo3n 1pe odsr e de edl liP cIinleefmnoorbm reeel   3dd1ee    OE-A-2021-26able en https://
2017.
4.40. La variación del saldo vivo de la Deuda del Estado se fija inicialmente en el artículo 46 de la 
LPGE para 2018, que establece el límite para el ejercicio en 53.668,2 millones de euros, si bien 
este importe queda automáticamente revisado por una serie de circunstancias que se contemplan 
en el apartado dos del citado artículo. Además, el artículo 94 de la LGP precisa que el límite de 
incremento de la Deuda del Estado se entenderá neto de las posiciones activas de tesorería 
mantenidas por el Estado en el BdE o en otras entidades financieras. Teniendo en cuenta todas 
estas circunstancias, el Tribunal ha observado que el incremento de la Deuda del Estado se ha 
ajustado al importe máximo del límite revisado. 
4.41. En lo que se refiere a la AGE, la variación neta de los pasivos financieros111 reflejados en el 
estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 ha ascendido a 34.546,4 millones de euros 
(en el Anexo 7 se recoge su evolución desde el ejercicio 2007). Por otra parte, la suma de los 
pagos generados por la amortización de Deuda Pública y de los gastos financieros del Estado han 
supuesto unas obligaciones reconocidas netas y unos pagos de 127.752,6 millones en el ejercicio 
2018 (el 46 % del total de obligaciones y el 47 % del total de pagos presupuestarios realizados por 
la AGE). La financiación de estos gastos presupuestarios se ha realizado (al igual que viene 
ocurriendo desde, al menos, el ejercicio 2008) mediante la emisión de nueva Deuda Pública 
(132.251,7 millones en 2018, el 48 % de la recaudación neta del presupuesto de ingresos). Este 
mecanismo de financiación del pago de los gastos financieros a través de la emisión de Deuda 
implica que estos intereses se conviertan en capital adeudado que generará un incremento de la 
carga financiera en los ejercicios siguientes. 
4.42. El epígrafe de deudas a largo plazo está infravalorado en 57,8 millones de euros y el de 
Reservas y Resultados de ejercicios anteriores está sobrevalorado en la misma cuantía, debido a 
que el FEGA registró en ejercicios anteriores el importe adelantado por la Unidad Administradora 
del  FSE  para  el  FEAD  como  un  ingreso,  en  lugar  de  registrar  una  deuda  transformable  en 
subvención. 
4.43. En el artículo 47 de la de la LPGE para 2018 se autoriza a determinadas entidades de sector 
público empresarial estatal a concertar operaciones de crédito durante el ejercicio presupuestario 
por los importes máximos que para cada entidad se fijan en el Anexo III de la citada Ley. Excepto 
en lo que se refiere al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, para el que no se han podido hacer 
comprobaciones al no haber rendido sus cuentas anuales a este Tribunal, ninguna de las otras 
entidades incluidas en dicho Anexo ha superado los límites establecidos. 
1  1 1   D  e  r e c  h o  s     r e c  o n  o  c i d o  s     n e  t o s     m  enos  obligaciones  reconocidas  netas,  ambos  relativos  al  capítulo  9  “Pasivos
financieros”.
IV.3.2.3 PROVISIONES 
4.44. El balance de la CGE recoge, por primera vez en este ejercicio, dentro de las provisiones 
para  responsabilidades  por  litigios,  la  estimación  efectuada  por  la  IGAE  para  cubrir  las 
indemnizaciones por responsabilidad patrimonial derivada del rescate de ocho autopistas de peaje, 
por importe de 1.800 millones de euros, según se detalla en la memoria de dicha cuenta. El método 
de cálculo utilizado por la IGAE se basa en los criterios indicados en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 26 de abril de 2019, de interpretación de determinados contratos de concesión de 
autopistas, en cuanto al método para calcular la “Responsabilidad Patrimonial de la Administración” 
(RPA)112. No obstante, como la propia IGAE manifiesta, “el gasto derivado de la RPA será el que 
finalmente autorice el Consejo de Ministros a partir de un propuesta de gasto que ha de formular el 
Ministerio de Fomento”, siendo el importe de la provisión una “mera aproximación” que está 
sometida a diversas incertidumbres, entre ellas los resultados de los litigios actuales, por lo que la 
IGAE deberá ir ajustando su cuantía en función de las resoluciones de los procesos judiciales 
actualmente en tramitación. 
4.45. El saldo de la cuenta 584 Provisión para contingencias en tramitación, por 632,6 millones de 
euros, está infravalorado en un importe que no es posible cuantificar, debido al criterio, recogido en 
la NRV 14ª “Provisiones, activos y pasivos contingentes” de la APGCPSS’11, según el cual en su 
cálculo se excluye el importe presunto de las prestaciones a satisfacer en aquellos casos en los 
que, a juicio de los servicios médicos, exista la certeza de que el trabajador quedará afectado por 
secuelas que impliquen incapacidad permanente en alguno de sus grados, pero que al final del 
ejercicio no reúnen los requisitos precisos para iniciar el oportuno expediente de incapacidad. No 
obstante, este Tribunal considera que no deberían excluirse todos los expedientes no iniciados, 
sino que deberían tipificarse aquellos que correspondan a supuestos de carácter excepcional, para 
su inclusión en esta provisión113. 
IV.3.2.4 ACREEDORES, ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
4.46. Entre los saldos acreedores por cobros pendientes de aplicación de la CAGE, el concepto no 
presupuestario “cobros de efectos timbrados pendientes de aplicación” presenta un saldo de 35,14 
millones de euros a 31 de diciembre de 2018, de los que 35,13 millones ya formaban parte de este 
saldo a 01 de enero de 2011. En consecuencia, se considera que la IGAE debe aclarar la situación 
de estas partidas acreedoras. 
IV.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
4.47.Los cobros y pagos que figuran en el estado de flujos de efectivo se clasifican por algunas 
entidades conforme a su naturaleza presupuestaria, dando lugar a que todos aquellos pagos por 
operaciones de gestión cuyo origen es un gasto presupuestario del capítulo de inversiones reales 
                                                 
112 Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 
Nacionales de Peaje, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, de interpretación 
de  determinados  contratos  de  concesión  de  autopistas,  en  cuanto  al  método  para  calcular  la  “Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración” (BOE Núm. 124 de fecha 24 de mayo de 2019). 
113 Criterio recogido en el “Informe de Fiscalización Especial sobre la constitución y materialización de la provisión para 
contingencias en tramitación, de las reservas obligatorias y del exceso de excedentes de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 20 de  e
julio de 2006. La IGSS alega que no se vulnera el principio de prudencia, ya que este señala que se debe mantener cierto  o
grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, añadiendo que  w.
la NRV 14ª Provisiones, activos y pasivos contingentes de la APGCPSS’11, establece que en tanto en cuanto no se  64ww
seinpnuoaxicpc spiluiauvuenoires  sdlteaeoens s l   caaleoa cxtn tocucsteaiaitdpacleicdidoriaaoand nresc aseudl e eepqsn au ltroqaeasu    edleamxe  id eisspevtmerbao oaluuvsnnias  ac(isoq ieóonurnbee  lrs yieg.e, c aseSoc ngiienó ilds n euco pmr sicrt ebeaasars ieorofignn,  oat pe,ddo  eoerse plt eestcajrueridolirttoacre  inrccpitooieoo n  rddc eeleenals    sieTIóuGsrncitSb aeduSs enpo)  arsloyal  av pepi assrqsie óuasqnedtu,a,o  eclseo i ónr qen cuesu epusa otlltde rane   ecotnela  eróssmciorgegi,nn sasieanfei rocei oa vlc   urotqeilmpnugieefpisir ceatdartroeería  bndl atoeeens,ll      OE-A-2021-26able en https://
principio de prudencia.
queden registrados indebidamente en dicho estado como pagos por operaciones de inversión. El 
importe de este error no es inferior a 30,4 millones de euros114. 
IV.5 MEMORIA 
IV.5.1 Información presupuestaria de las entidades cuyo presupuesto de gasto tiene carácter 
limitativo 
IV.5.1.1 COMPROMISOS  DE  GASTOS  CON  CARGO  A  PRESUPUESTOS  DE  EJERCICIOS 
POSTERIORES 
4.48. El importe total consolidado de los compromisos de gastos con cargo a presupuestos de 
ejercicios posteriores, al final de ejercicio, de acuerdo con la información reflejada en la memoria de 
la CGE de 2018, asciende a 1.253.266,9 millones de euros. La mayor parte de los compromisos de 
gastos corresponden a la carga financiera derivada de la Deuda del Estado (925.075,7 millones del 
capítulo 9 para atender la amortización de capitales y 274.904,4 millones del capítulo 3 para las 
retribuciones al capital). En relación con el ejercicio anterior, los compromisos futuros a 31 de 
diciembre  de  2018  han  aumentado  en  65.902,5  millones  (5,6  %),  siendo  los  aumentos  más 
significativos  los  producidos  en  los  capítulos  citados  (49.261,6  millones  en  el  capítulo 9  y 
7.376,1.millones en el capítulo 3). 
4.49. Existen compromisos futuros en la AGE, debidamente contraídos en su momento, que no han 
sido imputados al Presupuesto de 2018 como correspondía por importe de 86,6 millones de euros, 
de  los  que  50  millones  corresponden  a  “Transferencias  al  exterior:  para  la  participación  en 
Programas  espaciales  europeos”  y  36,6  millones  a  “Transferencias  a  corporaciones  locales: 
Convenios con los Consejos insulares de Mallorca e Ibiza”. De estos compromisos se informa en la 
memoria de la CAGE; no obstante, estos compromisos no imputados habrán de ser reprogramados 
o rescindidos de acuerdo con el artículo 47 bis de la LGP. 
4.50. Sin perjuicio de lo anterior, en las comprobaciones realizadas se han puesto de manifiesto 
determinadas operaciones relacionadas con la pertenencia de España a Instituciones Financieras 
Multilaterales,  como  las  actuaciones  desarrolladas  como  consecuencia  de  la  participación  de 
España en la Iniciativa MDRI115, que podrían suponer una carga en los presupuestos de ejercicios 
posteriores a aquel en el que se han aprobado y de los que se debería suministrar información 
específica  en  la  memoria  de  la  AGE.  Concretamente,  los  compromisos  con  la  Iniciativa  de 
Condonación de Deuda Multilateral en el Fondo Africano de Desarrollo (149,5 millones de euros) 
en la que España contribuye con el 3,06 % del coste total, durante el periodo 2006-2054, siendo la 
citada cifra el importe actualizado a 2018; los derivados del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 
de julio de 2010, en el que se autorizó la participación de España en la Sexta Ampliación General 
de  Capital  del  Banco  Africano  de  Desarrollo,  que  supuso  la  suscripción  de  2.776  acciones 
pagaderas (con un desembolso de 29,6 millones) y de 43.497 acciones exigibles que podrán ser 
desembolsables cuando las necesidades del Banco lo requieran; así como, la ratificación por 
España, en 2017, del Convenio Constitutivo del Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, 
con una cantidad asignada a España de 1.761,5 millones de dólares, de la que se tiene que 
desembolsar el 20 % a lo largo de tres años, y de la que queda pendiente de desembolso 70,4 
millones de dólares. 
4.51. Las mutuas Mutua Universal Mugenat, Maz, Umivale, Fremap, Ibermutuamur, Fraternidad- s
Muprespa y Egarsat han adquirido compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores  oe.
superando los porcentajes fijados en el artículo 47 de la LGP, no habiendo aportado al Tribunal la  w.
 1 1 4   C  o n  f e  d e  r a c  i ó n    H  i d  r o g  r á f i c a    d  e l   T  ajo (12,5 millones), Instituto Nacional de Estadística (8,7 millones), Confederación
PHaidtrroimgoránfiioc aN adceiol nDaul e(1ro,5  (m3,il3lo nmeisll)o.n es), IGME (2,5 millones), FEGA (1,9 millones) y Consejo de Administración del
115 La Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (MDRI, Multilateral Debt Relief Iniciative), difundida en 2005.
preceptiva autorización del Consejo de Ministros. La primera anualidad es la más afectada por esta 
incidencia, ya que supera en 18,9 millones el límite legal fijado, destacando los importes de 
Umivale, por 8,4 millones y Egarsat, por 2,7 millones116.  
Asimismo, las mutuas Mutualia, Activa Mutua 2008, Mutua Navarra, Mutua Intercomarcal, Fremap, 
Mutua Gallega, Mac y Fraternidad Muprespa han superado el límite de anualidades establecido en 
el  citado  artículo  47  de  la  LGP,  no  habiendo  aportado  tampoco  al  Tribunal  la  preceptiva 
autorización del Consejo de Ministros117. 
IV.5.1.2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
4.52. El importe de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de presupuestos cerrados no 
es coherente con el total que figura en el estado que desglosa dichos derechos por antigüedad de 
los saldos. La diferencia de 44,8 millones de euros es debida a que la Confederación Hidrográfica 
del Tajo no presenta información sobre la antigüedad de los derechos de presupuestos cerrados 
que están pendientes de cobro a fin de ejercicio. El importe de los derechos pendientes de cobro 
de ejercicios cerrados de dicho organismo asciende a 53,1 millones, habiéndose eliminado en el 
proceso de consolidación 8,3 millones por operaciones recíprocas. 
4.53. Por otra parte, en el estado de la memoria que desglosa los derechos pendientes de cobro a 
31 de diciembre de presupuestos cerrados por antigüedad de los saldos, no se refleja cantidad 
alguna en la línea de deudores por operaciones comerciales, aun cuando el importe total de los 
mismos, según datos de las cuentas individuales118, asciende a 22,3 millones de euros. 
IV.5.1.3 REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO 
4.54. El estado del remanente de tesorería consolidado refleja un remanente ajustado, que es el 
resultado de corregir el remanente total con el efecto de los deudores de dudoso cobro. No 
obstante,  como  ya  se  señaló  en  Declaraciones  de  ejercicios  anteriores,  en  caso  de  existir 
desviaciones  de  financiación  acumuladas  positivas,  la  parte  del  remanente  de  tesorería  neto 
correspondiente a estas estaría afectada a los fines para los que se concedieron. Por ello, sería 
conveniente que se presentara de forma diferenciada el remanente que puede dedicarse a la 
financiación de gastos con carácter general del que está afectado a fines específicos, para lo que 
se estima necesario que el remanente de tesorería ajustado refleje también, en su caso, el exceso 
de financiación afectada. 
                                                 
116 Aunque Mutua Universal MUGENAT alega que deben excluirse del análisis del cumplimiento del artículo 47 de la LGP 
parte de los contratos de carácter plurianual que figuran recogidos en la memoria (contratos en los que el número total de 
entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato no se define con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar 
subordinadas a las necesidades de la Mutua), en opinión del Tribunal los datos a recoger en la memoria han de referirse 
a gastos comprometidos y en este sentido han de considerarse, a efectos del cumplimiento de los límites establecidos en 
el artículo 47 de la LGP, la totalidad de compromisos de gasto adquiridos, incluyendo los supuestos citados, puesto que 
en tales casos, tal y como dispone el artículo 71 del Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, existe un importe máximo limitativo de 
compromiso económico. 
117 La Mutua Navarra alega que “…no es necesaria en este caso la autorización prevista en el artículo 47 de la LGP, 
puesto que… la ley especial y cronológicamente posterior (LCSP) fija plazos generales superiores a los cuatro años y sin 
previa autorización para contratar por parte del Consejo de Ministros”. Efectivamente, en la aplicación de las normas hay  es
que considerar el principio de especialidad normativa, pero, al revés de lo que alega la mutua, es necesario distinguir  oe.
claramente entre la regulación de la contratación (LCSP) y la regulación del régimen presupuestario (Ley 47/2003) que  w.b
sirve de soporte a los contratos, de manera que los trámites en relación con los compromisos de gasto de carácter  64ww
lp1caa1olg8 unmr rAeuiaeglegnravcuudainaao alLl e sCsqs eu See enPrn et. fig dsiguuaulsdar eancs  uee ehnnna  teneal ls  ca taoertnnxícuftioura,mll oepa s4ad,7 rola o d  eaqencu  lrease  udeLsisGt a acPrlo e, qrgsrueainecc  tiqoodun.e eeCb seqo runqíaecu rpeefai tgh aueamrnnaet erni nntdedcel eusdrige dml ooeo ssladatadi fsiionc  eafopsdro omdr  eeaa sclnatiótesign  úqü lcuetioedmr arsoede s c ephonoam n ooedb li cetceononntreisdr eeoacs  upedeole innmucddpiiaoeo rnrdetteees     OE-A-2021-26able en https://
estado de la memoria de la CGE.
4.55. Los epígrafes “Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias” y “Partidas 
pendientes de aplicación. Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva”, del estado del 
remanente  de  tesorería  consolidado,  se  encuentran  infravalorado  y  sobrevalorado, 
respectivamente,  en  2.883,9  millones  de  euros.  Esta  salvedad  tiene  su  origen  en  el  registro 
incorrecto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo  Rural  (FEADER)  anticipados  por  el  Tesoro  al  FEGA,  transferidos  por  este  a  los 
Organismos Pagadores de las CCAA, y que se encuentran pendientes de justificar por estos 
últimos, como pagos pendientes de aplicación por parte del FEGA. 
IV.5.2 Información presupuestaria de las entidades cuyo presupuesto de gasto tiene carácter 
estimativo 
4.56. Para la elaboración de esta información que figura en la memoria de la CGE del ejercicio 
2018, no se han integrado las liquidaciones de los presupuestos de explotación y capital de cuatro 
entidades. Una de ellas por no haber recibido la IGAE en plazo sus cuentas anuales (Consorcio de 
la Zona Franca de Cádiz); y las otras tres, filiales del anterior, al no haberse integrado su matriz en 
la CGE (Aparcamientos Zona Franca, S.L., Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, 
S.A. y Servicios Documentales de Andalucía, S.L.). 
Por otra parte, en el caso del FROB, al no estar obligado por su normativa específica a presentar el 
Informe  del  artículo  129.3  de  la  LGP  acompañando  sus  cuentas  anuales,  para  elaborar  las 
liquidaciones consolidadas de los presupuestos la IGAE ha utilizado como datos de liquidación los 
obtenidos de su cuenta de pérdidas y ganancias (presupuesto de explotación) y de su estado de 
flujos de efectivo (presupuesto de capital). 
4.57. En la liquidación consolidada del presupuesto de explotación, el resultado atribuido a la 
entidad dominante es inferior al previsto en 537,8 millones de euros, siendo el resultado de 
explotación superior al esperado en 314 millones y el resultado financiero inferior en 748 millones. 
En  el  presupuesto  de  capital,  frente  a  una  disminución  neta  de  efectivo  o  equivalentes 
presupuestada en el ejercicio de 1.521 millones de euros, se ha producido un aumento de 963 
millones, lo que supone una desviación global de 2.484 millones, que se desglosa en: unos 
mayores flujos de efectivo de las actividades de explotación y de las actividades de inversión 
respecto a los previstos, de 1.996 y 9.074 millones, respectivamente, y unos menores flujos de 
efectivo de las actividades de financiación de 8.590 millones respecto a lo presupuestado; el resto 
de la diferencia procede de las variaciones de los tipos de cambio. 
En lo que se refiere a las causas de las desviaciones, entre las entidades que están obligadas a 
presentar el Informe del artículo 129.3 de la LGP acompañando sus cuentas anuales, veintiuna 
entidades no aportan información alguna sobre las causas de las desviaciones en la ejecución del 
presupuesto  de  explotación  y  veintiséis  no  lo  hacen  sobre  la  ejecución  del  presupuesto  de 
capital119. 
4.58. La liquidación de los presupuestos de explotación y capital de la Fundación General de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia no se ha incluido en la CGE al no haberse recibido 
en la IGAE antes del plazo previsto según la Orden que regula la elaboración de la CGE. Los 
presupuestos de las siguientes tres fundaciones no fueron incluidos en la LPGE para 2018 y sus 
liquidaciones no fueron integradas dentro la información presupuestaria de las entidades con 
presupuesto estimativo que figura en la Memoria de la CGE: Fundación Museo do Mar de Galicia;  e.e
Fundación Juan José García; y Fundación Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro.  b
                                                
p11r9e sLuap uCeosrtpoosr adcei ó2n0 1R8T, VdEo nhdae  sreem pirtiedcois, aanc olams pdaeñsavniadcoi oan elsa se na lleag eajceiocunceisó,n  udnea  loMse pmreosriuap useosbtroes  ldae  eejexcpuloctiaócni ónd ey  ldoes 
capital.
IV.5.3 Avales y otras garantías 
4.59. El saldo pendiente de cancelar de los avales concedidos por la AGE al cierre del ejercicio 
2018 ascendía a 100.711,9 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución de los riesgos 
asumidos por este concepto de 3.723,1 millones respecto del ejercicio 2017. Todos los avales 
concedidos y vigentes que figuran en la memoria de la CAGE se encuentran regulados por órdenes 
ministeriales de otorgamiento de avales aprobadas en ejercicios anteriores a 2018 y sus cuantías 
cumplen  los  límites  establecidos  en  ellas.  No  obstante,  sin  perjuicio  de  los  límites  anuales 
establecidos, el Tribunal considera conveniente que las leyes anuales de PGE establezcan un 
límite máximo acumulado para la cifra de avales en vigor y otras garantías derivadas de las 
responsabilidades contractuales asumidas por el Estado. 
4.60. Figura un aval concedido por la AGE al Consorcio Valencia 2007 por importe de 223,8 
millones  de  euros  al  31  de  diciembre  de  2018,  provisionado  en  su  totalidad,  que  se  viene 
ejecutando parciamente cada año desde 2010. Dichas ejecuciones han supuesto para la AGE en 
los ejercicios 2010-2018 el reconocimiento y pago de un gasto por un importe acumulado de 123,3 
millones y el registro de un ingreso mediante el reconocimiento de derechos pendientes de cobro 
contra el Consorcio Valencia 2007 por el mismo importe, del que tan solo se han cobrado 4,9 
millones. Dado que el patrimonio neto del Consorcio Valencia 2007 es negativo por 329,3 millones, 
en tanto no se restablezca la solvencia patrimonial del Consorcio, se debería anular el saldo de los 
derechos reconocidos pendientes de cobro y registrar como ingresos únicamente los derechos de 
cobro recaudados, criterio aplicado al resto de avales de contraído por recaudado, lo que implicaría 
una minoración del resultado presupuestario por un importe acumulado de 118,4 millones. 
4.61. La información recogida en la memoria de la CAGE respecto de las garantías otorgadas por 
el Estado para la exposición de obras de interés cultural, con un importe total de 1.125,1 millones 
de euros al cierre del ejercicio 2018, presenta diferencias en varias exposiciones entre la cuantía 
garantizada y la recogida en las órdenes ministeriales que las aprueban, por un total de 71,8 
millones120. 
Por otra parte, respecto de la exposición titulada “Max Beckmann. Figuras en el exilio”, se ha 
observado que la garantía otorgada por el Estado asciende a 318,9 millones de euros, importe que 
supera el límite establecido en la LPGE del ejercicio 2017, cuyos presupuestos fueron prorrogados 
durante el ejercicio 2018; sin que la prestación de dicha garantía haya sido aprobada por el 
Consejo de Ministros. La Administración justifica este extremo en que, al no estar aprobada la Ley 
de Presupuestos correspondiente al ejercicio 2018, no resulta aplicable límite legal alguno a la 
cuantía del importe que puede aprobar el titular del citado Ministerio, al haber dejado de estar en 
vigor la previsión contenida en la Disposición adicional cuadragésima séptima de la Ley 3/2017, de 
27 de junio, Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 
Este Tribunal no comparte el criterio de que no exista ningún tipo de limitación, especialmente 
cuando la normativa que regula este tipo de garantías prevé la existencia de un límite máximo para 
su otorgamiento, cuyos importes se vienen determinando sucesivamente en las respectivas LPGE. 
Así, por un lado, la interpretación de que durante la prórroga presupuestaria -producida en el primer 
semestre del ejercicio 2018- no estuviera en vigor la citada Disposición adicional, llevaría a la 
conclusión de que no cabría la asunción por parte de la Administración de compromiso de garantía 
alguno hasta la aprobación de la correspondiente LPGE o de correspondiente Real Decreto-Ley en 
el que se fijara dicho límite, toda vez que, hasta ese momento, se carece de un elemento esencial 
para la tramitación de dichos expedientes: el límite económico de riesgo que pueda asumir la AGE  s
en estos expedientes. Por otro, una interpretación finalista y lógica de la normativa reguladora de la  oe.
prórroga presupuestaria conduciría a considerar que la citada Disposición adicional permanecería  w.
e   n    v i g  o  r   d  u  r  a  n  t e    la    s  i t u  a  c  ió  n    d   e prórroga presupuestaria.  2021-2664n https://ww
1p2e0s Lea as  teoxdpoo,s Aicritoisnteass  eexnt rlaans jeqruoes  s1e9 4h4a- 1o9b6s8e”r;v Dadeop óessittoa sd ed i8fe1r2e nocbiarass s poanr ala lsa  scioglueicecnitóens :p “eLromraennezon teL oCtteon, tRroe dtrea tAosrt”e;  “RPeainrías 
Sofía y Préstamo de 429 obras Colección Carmen Thyssen.
IV.5.4 Contingencias 
4.62. Sin perjuicio de la falta de información en la memoria de la CGE (párrafo 3.66), en lo que se 
refiere a la memoria de la CAGE, cabe señalar que, por primera vez, se ha cuantificado el impacto 
financiero de los pasivos contingentes, con una cuantía estimada total de 11.005 millones de euros 
(apartado 25.4 “Otra Información. Pasivos Contingentes”), con la excepción de los convenios de 
colaboración celebrados entre el Ministerio Fomento y la Comunidad Autónoma de Baleares en 
materia  de  carreteras.  No  obstante,  en  relación  con  los  recursos  judiciales  ante  el  Tribunal 
Supremo de los Gobiernos de las CCAA afectados por la decisión de la Comisión Europea de 
exclusión de financiación comunitaria de determinados gastos con cargo al FEAGA y al FEADER 
por no ajustarse a las normas comunitarias (135 millones), hay que señalar que el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, mediante sentencia de 29 de noviembre de 2018, ha anulado esta 
decisión de la Comisión, por lo que se estima que no procede reconocimiento de ningún pasivo 
contingente sobre este asunto. 
4.63. No se incluye en la memoria de la CGE información sobre el impacto que pueda tener en las 
cuentas  anuales  de  Aguas  de  las  Cuencas  Mediterráneas,  S.M.E.,  S.A.  (ACUAMED)  la 
investigación judicial puesta en marcha tras la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción de 
Madrid por presuntas irregularidades cometidas en la gestión de esta sociedad estatal. La causa 
sigue parcialmente bajo secreto de sumario por lo que se desconoce el efecto que pueda tener en 
las cuentas anuales del 2018. 
4.64. No se incluye en la memoria de la CGE información sobre el impacto que pueda tener en las 
cuentas anuales de DEFEX el procedimiento judicial en el que la sociedad está imputada como 
persona jurídica, en aplicación de lo previsto en el artículo 31.bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal, en el que se ha solicitado por el Ministerio Fiscal que se le 
impongan pena de multa por 315 millones de euros y comisos de bienes por 219 millones. 
4.65. No se incluye en la memoria de la CGE información sobre el impacto que pueda tener en las 
cuentas de la Autoridad Portuaria de Gijón la propuesta de cierre formulada por la Dirección 
General de Política Regional de la Comisión Europea basada en el informe de la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF) de marzo de 2014 sobre posibles irregularidades en la ejecución 
del proyecto de ampliación del Puerto de Gijón financiado en parte con subvenciones recibidas de 
la UE. La propuesta de cierre califica la totalidad del gasto declarado en dicho proyecto como no 
elegible y pretende la recuperación de los pagos realizados, por importe de 198 millones, y la 
anulación del pago pendiente en concepto de saldo final por 49,5 millones. Si bien la Autoridad 
Portuaria ha presentado alegaciones justificando la elegibilidad de los gastos, el procedimiento 
sigue en curso. Estas subvenciones, en su caso, deberían ser devueltas por la AGE. 
IV.5.5 Información presupuestaria 
4.66. La Memoria de la CAGE no incluye el balance de resultados e informe de gestión a que se 
refiere el artículo 71 de la LGP y la regla 32 de la Orden EHA/3067/2011, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la AGE, lo que supone un incumplimiento de dichas normas y del 
deber de evaluación de las políticas de gasto previsto en el artículo 72 de la LGP. 
También se mantiene la situación, reiteradamente expuesta por el Tribunal, de falta de información 
en la Memoria de la CAGE respecto de la presentación por actividades de la cuenta del resultado 
económico patrimonial prevista en el apartado 17 de la Regla 32 “Especialidades en la Memoria” de  e.e
la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad  bo
para la AGE.  64ww
Junto a la citada falta de información en la Memoria sobre el cumplimiento de objetivos y las consecuencias 
esenñ caulaadnot oe na ll ocsu amppalritmadieonst o5 .1d1e ly d 5e.1b2e rd de ee setvaa Dlueacclaiórnac dióen  lqaus ep soelí triecfaies rdeen  agla ssetog,u idmeibeen ttoe ndeer lsaes  eRne scouluecnitoan elos  
relativas al ajuste de los presupuestos a la realidad y a la utilización exhaustiva de los remanentes de 
tesorería. 
4.67. En  la  memoria  de  la  CGE  no  se  aporta  información  sobre  el  grado  de  ejecución  del 
Presupuesto de Beneficios Fiscales del ejercicio, cuyo importe estimado establecido por el artículo 
3 de la LPGE 2018 se situó en 34.825 millones de euros (un 23 % de los ingresos tributarios 
teóricos del ejercicio, según la memoria explicativa de los beneficios fiscales que acompañó a los 
PGE de 2018). En el Informe de fiscalización de las actuaciones de la AEAT en relación con los 
beneficios fiscales, ejercicio 2015, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre de 
2017,  se  expuso  que  este  Tribunal  no  había  obtenido  documentación  sobre  el  grado  de 
cumplimiento de los Presupuestos de Beneficios Fiscales que permitiera el seguimiento del grado 
de ejecución de los mismos. La ausencia de este seguimiento imposibilita conocer cada año las 
desviaciones entre las cantidades presupuestadas y las reales. Esta carencia también impide 
evaluar la calidad de las estimaciones y dificulta la detección de posibles deficiencias en los 
métodos  empleados  para  su  cálculo.  Como  consecuencia,  el  citado  Informe  recomendó  a  la 
Dirección General de Tributos la elaboración de un documento que refleje la ejecución de los 
Presupuestos de Beneficios Fiscales; documento del que podrá extraerse la información más 
relevante a efectos de su inclusión en la memoria de la CGE de cada ejercicio 
IV.5.6 Operaciones del Fondo Social Europeo 
4.68. Con posterioridad al cierre del ejercicio, el SEPE ha tenido conocimiento de que cuatro121 
solicitudes de pago del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Marco Estratégico Común 2014-
2020 del FSE presentadas durante el ejercicio 2018 y recogidas en el resultado económico-
patrimonial, por 183,5 millones de euros, han sido rechazadas, circunstancia que debió quedar 
reflejada como un hecho posterior en su memoria, a pesar de que, con el fin de obtener esta 
financiación, ha reformulado las peticiones a la Comisión Europea. 
V SEGUIMIENTO  DE  LAS  CONCLUSIONES  DEL  TRIBUNAL  Y  DE  LAS  RESOLUCIONES 
ADOPTADAS POR LOS PLENOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO EN 
RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
V.1 SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES 
5.1. Continúan  sin  integrarse  en  la  CGE  consolidada  las  cuentas  de  algunas  entidades. 
Concretamente, para este ejercicio, las entidades que, estando obligadas a rendir sus cuentas, no 
han  sido  integradas  al  no  haber  recibido  la IGAE  ni  sus  cuentas aprobadas  ni  sus  cuentas 
formuladas en plazo para su integración ascienden a 58 entidades del grupo, tres entidades 
multigrupo y asociadas con participación directa y 43 con participación indirecta. 
5.2. Falta  de  rendición,  ante  el  Tribunal  de  Cuentas,  de  las  cuentas  individuales  de  algunas 
entidades. Por lo que se refiere al sector público administrativo, dieciséis entidades no han rendido 
al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio 2018, frente a 
dos en el ejercicio 2017. En el sector público empresarial no han rendido las cuentas del ejercicio 
2018 seis entidades, en el ejercicio 2017 no rindieron sus cuentas ocho entidades. En cuanto al 
sector  público  fundacional,  se  ha  incrementado  el  número  de  fundaciones  que  incumplen  la 
obligación de rendir cuentas: cinco en 2018, tres en 2017 y dos en 2016, el 14 %, el 9 % y el 5 %, 
respectivamente, del número total de fundaciones del sector público estatal de cada ejercicio.  e.e
5.3. Presentación, ante el Tribunal de Cuentas, de las cuentas anuales individuales fuera del plazo  64ww
ldeeg apl laezsota. bElenc iedlo .s eCcotno rr epsúpbelicctoo  eaml spercetsoarr ipaúl,b lhicaon  ardemndinidisot rafutievroa,  sdees epnlatzao l adsi ehcaisné pisr eesnetnidtaaddoe sf.u eHraa 
                                                
121 Solicitudes nº 12.0, 13.0, 17.0 y 19.0.
aumentado el número de fundaciones que rinden las cuentas con retraso respecto a los datos de 
ejercicios anteriores (siete en 2018, cuatro en 2017, y cuatro en 2016). 
5.4. El estado de liquidación del presupuesto de ingresos consolidado, al igual que en ejercicios 
anteriores, no recoge las previsiones iniciales correspondientes al capítulo 9 “Pasivos financieros” 
de la AGE, por lo que viene produciéndose una diferencia entre los créditos y las previsiones 
presupuestarias iniciales. En el ejercicio 2018, las citadas previsiones iniciales han supuesto un 
total de 134.979,2 millones de euros. 
5.5. Se sigue produciendo un distinto tratamiento contable de las modificaciones de las previsiones 
iniciales de ingresos entre la AGE y las ESSS, por una parte, y los organismos públicos, por otra. 
5.6. Persisten los defectos de ejecución presupuestaria que provocan un desplazamiento temporal 
de la imputación del gasto o un desplazamiento o anticipación temporal de la imputación del 
ingreso. 
5.7. Se mantiene la falta de inventarios completos de una parte importante del inmovilizado material 
de la AGE. 
5.8. La TGSS continúa sin disponer del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad 
Social completo y actualizado, previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de 
octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social, por lo que se reitera la necesidad de que la 
TGSS y la IGSS agilicen los trabajos para concluir su elaboración. 
5.9. En el activo del balance del sistema de la Seguridad Social continúa figurando el valor de los 
inmuebles transferidos a las CCAA como consecuencia de los Reales Decretos de traspaso de las 
funciones y servicios en materia sanitaria y de servicios sociales, así como de los inmuebles 
adscritos a las Fundaciones Hospital. 
5.10. No han concluido las actuaciones previstas en la Resolución de 14 de mayo de 2012, de la 
IGSS,  por  la  que  se  dictan  las  instrucciones  para  el  registro  contable  del  terreno  de  forma 
independiente de la construcción. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de 
estas actuaciones, es necesario darle un impulso definitivo. 
5.11. Continúan sin conciliarse partidas intragrupo procedentes de créditos concedidos por la AGE 
a diversas entidades del grupo del sector público administrativo que no han sido eliminadas en el 
proceso  de  consolidación  al  no  coincidir  los  saldos  acreedores  de  dichas  entidades  con  los 
deudores recíprocos que figuran en la AGE. 
5.12. El procedimiento seguido por la TGSS, las mutuas y el FOGASA para el cálculo del deterioro 
de valor por riesgo de crédito de las deudas aplazadas no se ajusta al criterio de prudencia, al no 
incluir  en  dicho  cálculo  las  deudas  correspondientes  al  sector  privado  que  cuentan  con  las 
garantías exigidas por el artículo 23.4 del TRLGSS, con riesgo de inconsistencia o depreciación. 
5.13. La TGSS y el FOGASA continúan sin dotar deterioro de valor por las deudas aplazadas con 
vencimiento a largo plazo por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias sin ánimo de lucro. 
5.14. Continúan sin aplicarse los principios contables de devengo y no compensación (para los 
reintegros del ejercicio que proceden de deudas registradas en ejercicios anteriores) en el registro 
contable de los deudores por reintegros de pagos indebidos de prestaciones.  e.
5.15. Se sigue sin informar en la memoria de la CGE sobre los avales concedidos y pasivos  64ww
contingentes, sin perjuicio de la información recogida en las cuentas individuales.
5ju.s1t6if.i cPaer rdseisbteidna sla as  lian ceoxhisetreenncciaia sd ee lnib rlaa miniefonrtmosa cqiuóen  ecsotnatnednoid jau setinfi ceald oSsIC o3 a rperloabtiavdao as  ploesr mpaangeocse na 
como  pendientes,  así  como  libramientos  cuya  situación  debería  ser  revisada  debido  a  su 
antigüedad. 
5.17. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social continúa sin incluirse en el Patrimonio neto de la 
TGSS. 
5.18. Se mantiene la situación de falta de sostenibilidad financiera del Consorcio Valencia 2007, 
con un patrimonio negativo a 31 de diciembre de 329,3 millones de euros. 
5.19. Se mantiene la sobrevaloración en la CGE de los bienes entregados por SEITT y SIEPSE a la 
AGE en los ejercicios 2014 a 2018. 
5.20. Asimismo, sigue sin incorporarse el balance de resultados e informe de gestión a que se 
refiere el artículo 71 de la LGP y la regla 32 de la Orden EHA/3067/2011, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la AGE. 
5.21. En las DCGE de ejercicios anteriores se ha realizado un seguimiento de otras conclusiones 
relativas a determinadas operaciones que no figuran en la Cuenta Única Consolidada de 2018 por 
tratarse de partidas recíprocas entre la Seguridad Social y la AGE, que han sido eliminadas en el 
proceso  de  consolidación.  No  obstante,  su  seguimiento  se  ha  efectuado  en  tanto  que  tales 
conclusiones afectan a operaciones que persisten en las cuentas individuales rendidas por cada 
una de las ESSS, entre las que cabe destacar las siguientes:  
-  Persisten las discrepancias entre la contabilidad patrimonial de la TGSS y de la AGE respecto a 
las  insuficiencias  de  financiación  de  las  prestaciones  y  servicios  de  asistencia  sanitaria  y 
servicios sociales incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social de financiación 
obligatoria por el Estado. La más importante se sintetiza en que la TGSS refleja en su balance a 
31 de diciembre de 2018 unos derechos de cobro frente al Estado por 3.372,4 millones de 
euros122, mientras que en el balance de la AGE no existe una partida recíproca de obligaciones 
de pago. 
 
Tampoco  se  ha  producido  el  saneamiento  financiero  necesario  en  relación  con  los  once 
préstamos, por 17.168,7 millones de euros123, otorgados por la AGE a la Seguridad Social 
durante los ejercicios 1992 a 1999. 
-  Se encuentran pendientes de amortización las deudas de la Seguridad Social con la AGE, por 
9.081,5 millones de euros, por la liquidación del concierto económico suscrito con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el convenio económico suscrito con la Comunidad Foral de Navarra 
(deberían haberse amortizado en un plazo de diez años a partir del 1 de enero de 1996). 
V.2 SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 
5.22. En  los  acuerdos  aprobados  en  los  últimos  ejercicios  por  la  Comisión  Mixta  para  las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se insta a este último a continuar, en futuras Declaraciones, 
con el seguimiento sobre el grado de cumplimiento de los mismos. A tal fin, a continuación se 
resume la situación de los acuerdos que se considera afectan a los objetivos de la presente 
                                                 
122 La TGSS recoge este derecho de cobro frente al Estado como financiación afectada porque el artículo 11 de la Ley  es
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, dispuso que todo incremento del gasto  oe.
del extinto Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) -con excepción del que pudiera resultar de las generaciones de  w.b
crédito-, que no pueda financiarse por redistribución interna de sus créditos, ni con cargo al remanente afecto a la  64ww
1doec2oetn3on t riEdtdgisniaactúddaiea,o  md ssvee bigpu rfeeadinn raaadt e cnel oca eri1 narf9e irneí9saalp1  ano prcdnotiíedarc lecua i leópoaxno :1 t rittn1draet3ecos. i1  óopI nbNdr léeiSdgsleA ataalcL cmEiUtousonDatsea,l   sdTcp ooRdo.n erLE c Guella Snda  iSrSditm.íoe csgpu uloporrai td9eraa0 d c ld aoSe ncloj uacdnnieatcroleo  yglda aecpdi oóo3sn .iT 3bd7Rilei2tL a,oG4rb  SslmiSugi a lledcoqeinou en1isle9ib s9dr 4ipeo e  mpenarudenriesotuunsvpt;e ouss eee sdsisteta e rpp iotraeé,g xspottoao  amrq  uu3oen1s     OE-A-2021-26able en https://
total de 9.589,2 millones; y dos préstamos concedidos para cubrir desfases de tesorería por 4.207,1 millones.
Declaración y están pendientes de cumplimiento124, correspondientes a la última DCGE publicada 
en  el  BOE  (ejercicio  2016)125.  Dichos  acuerdos  han  sido  agrupados  por  materias  similares, 
indicándose un resumen de la materia y, entre paréntesis y por orden cronológico, los acuerdos de 
la Comisión Mixta que se consideran incluidos en la materia analizada. 
5.23. Aplicar las recomendaciones y corregir las deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal 
de Cuentas, así como poner en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso y Senado 
(3/2016; 4/2016; 13/2016; 14/2016; 15/2016; 25/2016; 26/2016 y 46/2016). 
Por lo que se refiere a la elaboración de la CGE, con carácter general, la IGAE viene aplicando el 
texto vigente de la LGP y, desde el ejercicio 2014, la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, que 
supuso por vez primera la elaboración de la citada cuenta como una Cuenta Única Consolidada 
con objeto de adaptarla a las Normas para la formulación de las cuentas consolidadas en el ámbito 
del sector público. Dicha Orden ha sido modificada en diversas ocasiones, como ya se ha señalado 
en la introducción de esta Declaración, a fin de regular la consolidación de determinados casos que 
no estaban específicamente regulados, ampliar y revisar el contenido de la memoria de la CGE y 
remitir a la IGAE determinada información complementaria. 
Entre las recomendaciones que han sido aplicadas en la CGE del ejercicio 2018, cabe destacar la 
eliminación (en el proceso de consolidación) de las operaciones derivadas de las cotizaciones 
sociales a cargo del empleador y de los tributos estatales, que no eran objeto de consolidación en 
ejercicios anteriores. Asimismo, además de los datos definitivos notificados a la Comisión Europea 
relativos al resultado del ejercicio anterior en términos de Contabilidad Nacional (en este caso 
concreto del ejercicio 2017), que ya se venían reflejando en la CGE, por primera vez en este 
ejercicio se ha incluido en la memoria información sobre los últimos datos de carácter provisional 
relativos al ejercicio al que se refiere la Cuenta General (2018). 
5.24. Restringir la práctica de diferir a ejercicios futuros la imputación presupuestaria de derechos y 
obligaciones (5/2016; 31/2016 y 37/2016). 
En el ejercicio 2018, se siguen observando defectos de imputación presupuestaria en relación con 
los gastos registrados en la CGE, así como la corrección en el ejercicio de defectos puestos de 
manifiesto en ejercicios anteriores (apartados III.2.1 y III.2.2). 
En relación con el compromiso de gasto con cargo a ejercicios posteriores, se han puesto de 
manifiesto determinadas operaciones que no figuran en la memoria y que podrían suponer una 
carga en los presupuestos de ejercicios posteriores (apartado IV.5.1.1). 
5.25. Plantear medidas correctoras que permitan subsanar las deficiencias observadas en los 
informes de auditoría con opinión favorable con salvedades, con opinión desfavorable y con opinión 
denegada (29/2016). 
La  LGP  prevé  la  elaboración  por  cada  departamento  ministerial  de  un  Plan  de  Acción  que 
determine las medidas concretas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias y errores e 
incumplimientos relevantes que se pongan de manifiesto en los informes de control financiero 
permanente y en los informes de auditoría pública remitidos por la IGAE. En este sentido, de 
acuerdo con la Memoria de actividades del ejercicio 2018 de la IGAE, a partir de los informes de 
control financiero y auditoría de las cuentas de 2017 recibidos por los departamentos ministeriales, 
con periodicidad semestral en los meses de abril y octubre de 2018, todos ellos remitieron a la  s
                                                  64ww
sD12ee4  cDclaoern alsocisdió eanrc aluo esqr udneoú sme iesntrcáol usri de2os3us/2 ee0ltn1o 6 la eysl   2Rn4úe/ms2o0el1ur6oc. i o3n0e/2s0 d1e6  lay  Cnoom sisei ócno Mnsixidtae roabnj eqtou ed ea sfeecgtuainm iae nltoos  eonb ljae tpivreosse gneten eDreaclelasr adceió nla, 
1a2 5l aS if ebciehna  lad eD CapGroEb daecli óenje drceic liao  2p0re1s7e hnate s Dideoc alaprraocbióand ae ys tráe mpeitniddaie an tlea  Cdeo rtlae sp Gubelnicearcailóens  ceonn  efel cBhOaE 3 0d edle D micatyaom deen  2d0e1 9la, 
Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
IGAE para su valoración los planes de acción (un total de 15 planes por cada semestre), salvo en 
el caso del Ministerio del Interior. 
En el caso del sector público administrativo, las cuentas del ejercicio 2018 del IGME y de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo presentan un informe de auditoría en el que se deniega la 
opinión. Las cuentas con opiniones desfavorables en sus informes de auditoría corresponden a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (opinión que se mantiene en los últimos años, como 
se viene señalando en las Declaraciones de ejercicios anteriores), a la JCT (opinión similar a la del 
ejercicio 2017) y al ICAA. 
Además, existen treinta y siete entidades del sector público administrativo, veinte entidades del 
empresarial y cuatro de fundaciones que presentan un informe de auditoría con opinión favorable 
con salvedades. 
5.26. Incrementar  el  contenido  de  los  inventarios  de  la  AGE,  Seguridad  Social,  organismos 
autónomos del Estado y otros organismos públicos (6/2016; 18/2016; 19/2016 y 39/2016). 
Como se ha señalado en el apartado de fundamento de la opinión, y se viene reiterando en las 
DCGE de ejercicios anteriores, una parte importante del inmovilizado material de la AGE sigue 
careciendo de inventarios completos de los bienes que lo integran. Como consecuencia de esta 
situación, en la Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la IGAE, por la que se aprueba la 
adaptación del PGCP a la AGE, se estableció un régimen transitorio aplicable a los elementos del 
inmovilizado no financiero para el cálculo de la base amortizable en tanto no estuviesen operativos 
los  inventarios  de  bienes  y  derechos  del  inmovilizado  no  financiero  en  los  departamentos 
ministeriales, régimen transitorio que aún persiste en el ejercicio 2018.  
No obstante, durante el ejercicio 2018 se inició la implantación del módulo de inventario SOROLLA 
en los Departamentos Ministeriales de Sanidad y de Economía; y, en 2019, se ha ampliado al 
Ministerio de Fomento, con el fin de que, a la vez que se realiza la gestión presupuestaria, las 
adquisiciones de bienes que se realicen en los citados ministerios se incorporen al inventario 
excepto los bienes inmuebles incluidos en el Inventario General de Inmuebles gestionado por la 
Dirección  General  del  Patrimonio  del  Estado  (DGP),  cuya  gestión  se  realiza  a  través  de  la 
aplicación CIBI. 
La TGSS continúa sin disponer del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad 
Social completo, actualizado y conciliado con las cifras registradas contablemente. 
5.27. Aumentar la información contenida en la Memoria (7/2016; 20/2016; 21/2016 y 43/2016). 
Sin perjuicio de la ampliación y mejora producida en la memoria de la CGE, se estima que aún 
queda información relevante que debería figura en la memoria de la CGE,  así  cabe  destacar  la 
referida a avales y otras garantías concedidas (párrafo 3.65) y a pasivos contingentes (párrafo 
3.66). 
5.28. Integración en la CGE y presentación ante el Tribunal de las cuentas de las entidades del 
sector público estatal, en plazo y forma, así como su publicación en el BOE (27/2016, 28/2016, 
36/2016, 38/2016 y 44/2016). 
Si bien en la CGE figuran integradas la mayor parte de las cuentas anuales incluidas en el  es
perímetro de consolidación, las cuentas de 58 entidades del grupo no han sido integradas en la  o
CGE 2018 como se detalla en el párrafo 3.1 de esta Declaración.  w.
L2a0s1 8e, natisdía cdoems oq uaeq uneoll ahsa nq uree nladsid oh aanl  Tprreibsuennatal dlaos  fcuueeran tdaesl  apnlauzaole lse ginadlmiveidnutael epsre cvoisrrtoe sspeo nredliaecnitoensa an 
en los párrafos 4.2 y 4.3. 
En  cuanto  a  la  publicación  en  el  BOE,  cuya  obligación  es  responsabilidad  de  las  distintas 
entidades, los incumplimientos hasta la fecha de elaboración de esta Declaración se exponen en el 
párrafo 4.4. 
Por último, en el portal de la Administración presupuestaria, dentro del canal de “Registro de 
cuentas anuales del sector público”, figuran publicadas las cuentas anuales de las entidades 
integrantes del sector público estatal126 que han rendido sus cuentas al Tribunal de Cuentas.  
Respecto a las cuentas no rendidas, cabe señalar que, de conformidad con Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el Interventor 
General de la Administración del Estado remitió a la Oficina de Conflictos de Intereses, mediante 
escrito de fecha 19 de diciembre de 2019, la relación de entidades que, transcurrido el plazo de 31 
de julio de 2019, no habían rendido las cuentas del ejercicio 2018 a la IGAE, así como aquellas que 
a fecha 18 de diciembre de 2019 seguían sin rendir cuentas. A efectos de la aplicación del régimen 
sancionador, según manifiesta la IGAE, la Oficina de Conflictos de Intereses, tras recibir las 
contestaciones  de  las  unidades  afectadas,  ha  considerado  que  no  procedía  la  adopción  de 
medidas adicionales de conformidad con lo previsto por el dictamen de 25 de noviembre de 2014 
de la Abogacía del Estado de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 127. 
5.29. Acortar los plazos de rendición de cuentas y de aprobación de la DCGE de cada ejercicio 
(16/2016; 17/2016; 41/2016 y 45/2016). 
Con ocasión de la Moción sobre la reducción del plazo legal de rendición de la CGE, aprobada por 
el Pleno el 21 de diciembre de 2017, el Tribunal trasladó a las Cortes Generales varias propuestas 
de reforma normativa dirigidas a que los órganos que constitucionalmente tienen atribuida en 
exclusiva la iniciativa legislativa puedan adoptar, si lo consideran oportuno, las medidas dirigidas a 
modificar la normativa de elaboración de la CGE y el artículo 33 de la Ley de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas a fin de reducir el plazo de rendición y, en consecuencia, poder emitir la 
Declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que aquella se refiera. En este mismo 
sentido se pronunció la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en sesión 
celebrada el 24 de abril de 2018. 
A este respecto, en los últimos años el Tribunal ha venido implementando diversas actuaciones 
que  han  permitido  ir  reduciendo  paulatinamente  el  plazo  de  aprobación  de  la  últimas 
Declaraciones, hasta conseguir que la presente Declaración se haya aprobado en el plazo legal 
establecido (a los seis meses de la presentación de la CGE ante el Tribunal de Cuentas). No 
obstante, se está pendiente de que se acometan las posibles modificaciones normativas que 
permitan que la aprobación de la Cuenta General se pueda llevar a cabo dentro del ejercicio 
siguiente al que corresponde la Cuenta objeto de examen y comprobación. 
5.30. Ajustar los presupuestos a la realidad (42/2016). 
Aunque la aplicación de este acuerdo no afecta a la opinión sobre la legalidad y representatividad 
de la CGE, por lo que su comprobación no está incluida dentro del objetivo de esta Declaración, 
según figura definido en el apartado I.2 de la misma, a continuación se presenta un análisis general 
de la ejecución de los presupuestos del ejercicio 2018. 
Por lo que se refiere a la liquidación del presupuesto de ingresos por operaciones no financieras, 
hay que destacar el cambio de tendencia en las desviaciones negativas que se venían produciendo  s
                                                  w.b
126http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/rcasp/Paginas/inicio.aspx  64ww
cveP12ousr7elte uaSsnnbuettlapgaesuúdc ien,nd s oaote  o selsa en uda yeni c il mt Gaaspmiraétuísnecttdanuoob lsoll dee (2e  ra8 eiml.2f pec5p)ru  uededtneanecb t liaaalend   LoaAnevnPoiyteeG  m1,c /9oTbp/nroA2ecr0A  u1d/dr03ere9a,b  2 de24eer0s/n 219e 04  sde1,u el4  d i)and ecci“c (tuiu…leamam )cp Abilóicbmrnueo ia,eg dndnaodetcolo íota  r aa eo ndlu  sencipnlau ac lEpurcesaamnt,ua pcsdnliaiaomo ,   diaedsiscenetcrt ioneál tas aod e  exSdai eeg ll ciaabsr  uleieon t aabfolcrlaiírgta mua raaecdrcsi eóoipó n onE an djspesetúana bbadrli oeilaic nd aadds iudeyr      OE-A-2021-26able en https://
buen gobierno”.
en ejercicios anteriores entre las previsiones iniciales y los derechos reconocidos en relación con 
los conceptos de impuestos directos y cotizaciones sociales (capítulo 1º) y de impuestos indirectos 
(capítulo 2º). En el primer caso, el capítulo 1º ha experimentado una desviación positiva de 3.607,1 
millones de euros (1,7 %), producida fundamentalmente por una mayor recaudación que la prevista 
en los impuestos directos, especialmente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(1.105,9 millones) y en el impuesto sobre sociedades (1.541,7 millones). En el segundo caso 
(capítulo 2º), aunque se ha mantenido la desviación negativa, esta se ha reducido con respecto al 
ejercicio anterior en torno a un 50 por ciento, alcanzando una desviación en este ejercicio de 
1.668,6 millones.  
En el resto de capítulos de ingresos por operaciones no financieras, salvo para las transferencias, 
se mantienen las desviaciones positivas, entre las que hay que destacar por su importe las 
producidas en los derechos reconocidos netos originados por las diferencias entre los valores de 
reembolso y emisión de la deuda pública (un total de derechos reconocidos de 7.429,5 millones de 
euros y una desviación positiva del 19,8 %), y por las subastas de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero (un total de derechos reconocidos de 1.305,9 millones y una desviación 
positiva del 218,5 %). 
En cuanto a la liquidación del presupuesto de gastos consolidado del ejercicio 2018, comparando 
los créditos iniciales consolidados con las obligaciones reconocidas netas se deduce que estas han 
sido inferiores en un 1 % a los citados créditos. No obstante, considerando las modificaciones de 
crédito, que han supuesto un importe neto de 17.396,4 millones de euros, de los que 16.412,7 
millones corresponden a la deuda pública, el remanente de crédito consolidado (21.498,5 millones) 
ha supuesto el 4,9 % de los créditos definitivos. Los mayores remanentes de crédito se producen 
en las siguientes políticas de gastos: “Servicios de Carácter General” (5.767,3 millones y un 27 % 
de los créditos definitivos), “Investigación, Desarrollo e Innovación” (3.822,1 millones y un 55,4 % 
de los créditos definitivos), “Gestión y administración de la Seguridad Social” (1.803 millones y un 
54,3 % de los créditos definitivos) y “Fomento del Empleo” (1.429,3 millones, un 25 % de los 
créditos definitivos). Desde el punto de vista económico, la mayor parte de estos remanentes de 
crédito se han producido fundamentalmente en el capítulo de activos financieros, en concreto en lo 
que se refiere a los créditos presupuestarios para la concesión de préstamos y para aportaciones 
patrimoniales, especialmente en la aportación patrimonial al FFCCAA. 
5.31. Utilización exhaustiva de los remanentes de la tesorería de los organismos del sector público 
administrativo, prosiguiendo en la línea de la rigurosa elaboración del presupuesto y de una 
ajustada política de transferencias entre el Estado y aquellos, para evitar los actuales elevados 
excedentes de tesorería y la escasa rentabilidad obtenida de ellos (32/2016). 
La aplicación de este acuerdo no afecta a la opinión sobre la legalidad y representatividad de la 
CGE, por lo que su comprobación no está incluida dentro del objetivo de esta Declaración, según 
figura definido en el apartado I.2 de la misma. 
A pesar de la existencia de un régimen que ajusta las transferencias que la AGE realiza a los 
organismos a las necesidades de liquidez de estos, en algunas entidades las cuantías absolutas y 
relativas de sus remanentes de tesorería son excesivas teniendo en cuenta que dichas entidades, 
atendida su naturaleza, deberían presentar una situación de equilibrio financiero. Aunque algunas 
entidades con excedentes de tesorería elevados ya transfieren parte de los mismos al Estado, 
continúa sin existir un régimen que determine las circunstancias y condiciones en las que los 
organismos  debieran  proceder  de  forma  reglada  a  reintegrar  fondos  al  Tesoro.  Como  viene  s
reiterando el Tribunal en las Declaraciones de la CGE, convendría que dicho régimen se extendiera  oe.
a la utilización de los remanentes de tesorería como recurso en el presupuesto de ingresos. En  w.
2pd0ree1l ve8isj,e iorccnoiecmisoo  d aenmftieenrditiioivara,,  spl oodsrec  esonurgtsaa pjneri estrsmeusop spu ueyns ttooassg  edinnefce iirnaiogsrr  eaesls odtsae tula enlej es2r 2cú i%cniio cd aaemnl treeenrmitoear .n heannt e cdoisnpsoignnibaldeo a le cni elrares   2021-2664n https://ww
5.32. Exigir a la AGE que aporte las transferencias correspondientes para pagar las prestaciones 
no contributivas, con el fin de lograr la separación de fuentes de financiación en el sistema de 
Seguridad Social, adecuando la financiación temporal del Estado a la situación real de los gastos 
que deben ser financiados por transferencias estatales (8/2016; 11/2016 y 33/2016).  
Desde 2015, la aportación estatal ha resultado suficiente para la cobertura de las obligaciones 
atendidas por la Seguridad Social en cada ejercicio, si bien el saldo acumulado de la financiación 
afectada, a 31 de diciembre de 2018, continúa resultando a favor de la TGSS. 
5.33. Abordar la clarificación y separación de las fuentes de financiación del Sistema de Seguridad 
Social, incluyendo la amortización de los préstamos pendientes y la correcta contabilización de los 
inmuebles traspasados a las CCAA, evitando que el Sistema asuma, de forma directa o indirecta, 
gastos que corresponderían a la AGE (9/2016; 10/2016; 22/2016 y 34/2016). 
El  saneamiento  de  la  deuda  de  la  Seguridad  Social  con  el  Estado  por  los  once  préstamos 
concedidos entre 1992 y 1999 continúa sin ser abordado. 
La CGSS, en su memoria, se refiere a la financiación de las obligaciones pendientes del INSALUD 
hasta  finales  de  1991,  las  obligaciones  generales  de  la  Seguridad  Social  y  los  desfases  de 
tesorería,  indicando  que  esta  insuficiencia  de  financiación  de  la  asistencia  sanitaria  debería 
haberse solventado por medio de transferencias corrientes.  
La Disposición adicional octogésima quinta de la LPGE para 2016 recoge una referencia a la 
separación de las fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social, previendo que el 
Gobierno avanzaría en procurar la compatibilidad de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad  financiera  con  los  de  plena  financiación  de  las  prestaciones  no  contributivas  y 
universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas. 
No se ha modificado la situación contable de los inmuebles cuyo uso ha sido transferido a las 
CCAA para la prestación de servicios sanitarios y sociales. 
5.34. Cancelar las deudas que tienen las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de 
lucro con la Seguridad Social que fueron objeto de moratoria desde 1995 (12/2016). 
La Resolución de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado relativa a la DCGE 
de 2016, que recoge esta recomendación, ha sido publicada en el BOE con fecha 30 de noviembre 
de 2018, por lo que durante el ejercicio revisado el margen para poder ser atendida ha sido escaso. 
A este respecto es necesario precisar que aunque la expresión que, literalmente, emplea la 
Resolución es “cancelar” hay que entender este término en el sentido de “resolver la amortización” 
pues otra solución conduciría a un perjuicio para el sistema de la Seguridad Social. 
Las LPGE para 2015, 2016, 2017 y 2018 establecieron que todas las instituciones sanitarias 
públicas y privadas acogidas a esta moratoria pudieran solicitar a la TGSS la ampliación de la 
carencia, junto con la ampliación de la moratoria, si bien, las LPGE de 2017 y 2018 introducen una 
novedad al señalar que, si dichas instituciones son declaradas en concurso de acreedores, la 
situación de moratoria quedará extinguida. 
Finalmente, está pendiente de emitir el informe de la Disposición adicional quincuagésima de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la  s
Seguridad Social, que el Gobierno, respetando el equilibrio contable y patrimonial de la Seguridad  e.
Social, tendría que haber elaborado en el plazo de un año desde la aprobación de esta Ley con  w.
propuestas concretas que resuelvan la situación de esta deuda.  64ww
5.35. Incrementar la información de la CGE sobre las incertidumbres que pesan sobre las cuentas 
del FROB y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A. (35/2016). 
La memoria de la CGE de 2018 no incluye información sobre este tipo de incertidumbres, que 
consta en la memoria de las cuentas del FROB. 
VI PROPUESTAS A LAS CORTES 
Como consecuencia de la presente Declaración, EL TRIBUNAL DE CUENTAS PROPONE A LAS 
CORTES GENERALES que: 
1. Insten al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que
a) Se subsanen las salvedades y deficiencias que se incluyen en esta Declaración,
de forma que la Cuenta General del Estado refleje adecuadamente la situación
económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de
efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del
grupo de entidades que la integran, de acuerdo con la legislación aplicable.
b) Se apliquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a lo
largo de la presente Declaración, especialmente las referidas a la ampliación aún
pendiente de la información contenida en las memorias de la CAGE (como la que
atañe al cumplimiento de objetivos y a la evaluación de las políticas de gasto) y de
la CGE (sobre avales, otras garantías y pasivos contingentes, y grado de ejecución
del Presupuesto de Beneficios Fiscales), y se corrijan las deficiencias puestas de
manifiesto  por  el  Tribunal  de  Cuentas  en  las  Declaraciones  de  ejercicios
precedentes que permanecen en esta Declaración, recogidas en el subapartado
V.1 anterior.
c) Se pongan en práctica las Resoluciones de los Plenos del Congreso de los
Diputados y del Senado que proceden de Declaraciones de ejercicios anteriores y
se mantienen sin adoptar, cuyo seguimiento se contiene en el subapartado V.2 de
la Declaración (entre ellas, las que se refieren al ajuste de los presupuestos a la
realidad y a la utilización exhaustiva de los remanentes de tesorería).
2. Se modifique la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta
General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el
Gobierno al Tribunal de la Cuenta General del Estado, como el plazo de rendición
de  las  cuentas  individuales  aprobadas,  para  que  el  Tribunal  pueda  emitir  la
Declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que aquella se refiera y dotar
a las Cortes, como vienen reclamando, del correspondiente pronunciamiento en un
plazo más breve y no alejado, en exceso, de dicho ejercicio, como ha propuesto el
Tribunal en la Moción correspondiente aprobada por el Pleno el 21 de diciembre de
2017 y se viene reiterando en las Declaraciones de la Cuenta General del Estado desde
la correspondiente al ejercicio 2016, aprobada por el Pleno con fecha 31 de mayo de
2018.
Madrid, 30 de abril de 2020  bo
LA PRESIDENTA
Mª José de la Fuente y de la Calle
EL PRESIDENTE DE LA SECCIÓN  EL PRESIDENTE DE LA SECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN  DE ENJUICIAMIENTO 
Javier Medina Guijarro  José Manuel Suárez Robledano 
EL CONSEJERO DE CUENTAS  EL CONSEJERO DE CUENTAS 
Ángel Antonio Algarra Paredes  Ramón Álvarez de Miranda García 
EL CONSEJERO DE CUENTAS  LA CONSEJERA DE CUENTAS 
Manuel Aznar López  Enriqueta Chicano Jávega 
EL CONSEJERO DE CUENTAS  LA CONSEJERA DE CUENTAS 
Felipe García Ortiz  Mª Dolores Genaro Moya 
LA CONSEJERA DE CUENTAS  LA CONSEJERA DE CUENTAS 
Mª Antonia Lozano Álvarez  Margarita Mariscal de Gante y Mirón 
EL FISCAL JEFE 
Miguel Angel Torres Morato  w.
ANEXOS 
ÍNDICE DE ANEXOS 
Anexo 1  Estados financieros consolidados integrados en la Cuenta General del Estado del 
ejercicio 2018. 
Anexo 2  Entidades cuyas cuentas formuladas han sido integradas en la Cuenta General del 
Estado. 
Anexo 3  Entidades que no han presentado sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. 
Anexo 4  Entidades que han presentado las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas fuera del 
plazo establecido en el artículo 139 de la LGP. 
Anexo 5  Entidades que no han cumplido con la obligación de publicar el resumen de las 
cuentas anuales en el BOE, según lo previsto en el artículo 136.3 de la LGP. 
Anexo 6  Entidades que han publicado el resumen de las cuentas anuales en el BOE fuera del 
plazo previsto. 
Anexo 7  Información sobre la evolución del endeudamiento público de la Administración 
General del Estado. 
Anexo 1 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTEGRADOS EN LA CUENTA GENERAL DEL 
ESTADO DEL EJERCICIO 2018  
 Balance consolidado
 Cuenta de resultado económico patrimonial consolidada
 Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
 Estado de flujos de efectivo consolidado
 Estado de liquidación del presupuesto consolidado

 
 
 
 
 
Anexo 2 
ENTIDADES CUYAS CUENTAS FORMULADAS HAN SIDO INTEGRADAS EN LA CUENTA 
GENERAL DEL ESTADO 
 
A) CON INFORME DE AUDITORÍA 
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL 
Organismos Autónomos 
-  Fondo de Garantía Salarial 
Consorcios 
-  Consorcio Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación 
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias 
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL 
Otras Entidades Estatales 
-  Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 
-  Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria 
-  Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
-  Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
Consorcios 
-  Consorcio Valencia 2007 
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 
-  Fundación Ciudad de la Energía-Ciuden 
-  Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo-CETAL, F.S.P 
ENTIDADES MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 
-  Consorcio Instituto Europeo del Mediterráneo 
-  Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña 
 
B) EN FASE DE AUDITORÍA 
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL 
Organismos Autónomos 
-  Jefatura Central de Tráfico 
-  Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
-  Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
-  Servicio Público de Empleo Estatal 
-  Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A 
-  Instituto de Turismo de España, O.A 
-  Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. 
-  Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A  e.e
-  Mancomunidad de los Canales del Taibilla, O.A.  w.
--   ACgoennsceijao  ddee  IAndfomrminaisctiróanc ióy nC doenlt rPoal tArilmimoenniota Nrioasc,i oOn.aAl .  2021-2664n https://ww
-  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P
-  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P 
-  Instituto Español de Oceanografía, O.A., M.P. 
-  Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P. 
Agencias Estatales 
-  Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
Otras Entidades Estatales 
-  Instituto Cervantes 
-  Centro Universitario de la Guardia Civil 
-  Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 
-  Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Consorcios 
-  Casa África 
-  Casa Asia 
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación 
de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible 
-  Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón 
-  Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P 
Fondos 
-  Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
-  Fondo para la Promoción del Desarrollo 
-  Fondo de Financiación a Entidades Locales 
-  Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria 
-  Fondo Nacional de Eficiencia Energética, F.C.P.J.128 
-  Fondo de Apoyo para la Diversificación del Sector Pesquero y Acuícola 
-  Fondo de Carbono para una Economía Sostenible 
-  Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia 
-  Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización 
-  Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior 
-  Fondo para Inversiones en el Exterior 
-  Fondo para la Internacionalización de la Empresa 
-  Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa 
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL 
Entidades Públicas Empresariales 
-  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P. (IDAE) 
Otras Entidades Estatales 
-  Autoridad Portuaria de Ceuta  s
-  Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras  bo
-  Autoridad Portuaria de las Palmas  64ww
 
 1 2 8   L a  s   c  u  e n  t a s    in  t e  g r a  d a  s    d e    e s  t e   f  ondo no se refieren a cuentas formuladas ni aprobadas sino a estados provisionales  BOE-A-cable e
facilitados por dicho fondo.
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 
-  Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
-  Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo 
-  Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
-  Fundación Biodiversidad, F.S.P. 
-  Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, F.S.P. 
-  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. 
 
C) SIN INFORME DE AUDITORÍA 
ENTIDADES MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 
-  Consorcio Ciudad Romana de Pollentia 
 
 
   
Anexo 3 
ENTIDADES QUE NO HAN PRESENTADO SUS CUENTAS ANUALES AL TRIBUNAL DE 
CUENTAS 
 
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL 
-  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
-  Instituto Español de Oceanografía 
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación 
de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible 
-  Fondo Nacional de Eficiencia Energética 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cádiz 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Calatayud 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Campo de Gibraltar-Algeciras 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Castellón-Villarreal “Cardenal Tarancón” 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Córdoba 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cuenca 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Palma 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Provincia de Barcelona 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Rioja 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Mérida 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Pontevedra 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tortosa 
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL 
-  Cuentas consolidadas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz 
-  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P. (IDAE) 
-  Consorcio Rio San Pedro 
-  Imprenta de Billetes, S.A. 
-  Navantia Brasil Projetos Navais LTDA 
-  Fondo de Compensación de Consorcios de Zona Franca, F.C.P.J 
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 
-  Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
-  Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo 
-  Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
-  Fundación Española para la Cooperación Internacional Salud y Política Social 
-  Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo 
ENTIDADES DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LGP 
-  Parque Empresarial y Tecnológico Marismas del Palmones 
  e.
  w.b
    64ww
 
Anexo 4 
ENTIDADES  QUE  HAN  PRESENTADO  LAS  CUENTAS  ANUALES  AL  TRIBUNAL  DE 
CUENTAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LGP 
Retraso 
Entidad 
(días) 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS   
-  Jefatura Central de Tráfico  38 
-  Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas  139 
-  Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música  94 
-  Servicio Público de Empleo Estatal  46 
-  Fondo de Garantía Salarial  26 
-  Inst. para la reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
26 
Mineras 
-  Instituto de Turismo de España  38 
-  Organismo Autónomo Parques Nacionales  11 
-  Confederación Hidrográfica del Cantábrico  26 
-  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  5 
-  Confederación Hidrográfica del Tajo  194 
-  Mancomunidad de los Canales de Taibilla  130 
-  Agencia de Información y Control Alimentarios  38 
-  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  139 
-  Centro de Investigaciones Sociológicas  5 
-  Consejo de Administración del Patrimonio Nacional  26 
-  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P  26 
-  Instituto Geológico y Minero de España  94 
AGENCIAS ESTATALES   
-  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  130 
-  Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte  103 
OTRAS ENTIDADES ESTATALES   
Con presupuesto limitativo   
-  Instituto Cervantes  110 
-  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  9 
Con presupuesto estimativo   
-  Centro Universitario de la Guardia Civil  26 
-  Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo  69 
-  Universidad Nacional de Educación a Distancia  139 
-  Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras  82 
-  Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz  38  oe.
-  Autoridad Portuaria de Ceuta  60  64ww
--   AAuuttoorriiddaadd  PPoorrttuuaarriiaa  ddee  LSaasn tPaa Clmruazs  de Tenerife  11600 
-  Consorcio de la Zona Franca de Barcelona  26
-  Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria  82
-  Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife  11 
CONSORCIOS   
-  Casa África  110 
-  Casa Asia  152 
-  Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación  90 
-  Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica 
38 
de Canarias 
-  Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón  139 
-  Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red M.P  130 
-  Consorcio Valencia 2007  191 
CONSORCIOS ADSCRITOS A LA UNED   
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED “Andrés de Vandelvira” en Jaén  38 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED “Lorenzo Luzuriaga” en Ciudad Real  152 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED “María Zambrano” en Málaga  90 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en A Coruña  103 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Albacete  160 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED “Francisco Tomás y Valiente” en Alzira-
152 
Valencia 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Asturias  69 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Baza  130 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cartagena  130 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cervera  60 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Denia  26 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Elche  46 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Girona  69 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Huelva  46 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Seu D’Urgell  69 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Les Illes Balears  180 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur  103 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ourense  110 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Palencia  110 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Pamplona  170 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Plasencia  152 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada  26 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Segovia  94 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Sevilla  170 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la Reina  9  s
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Teruel  82  bo
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tudela  110  64ww
FON--D  OSCF oonndsoo rpcaior aU lnai vPerrosmitaorcioió dne dl eCl eDnetrsoa rArosolloc iado a la UNED en Zamora  1395    OE-A-2021-26able en https://
SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES   
-  Aparcamientos Zona Franca, S.L.U:  38 
-  Corporación Alimentaria Quality, S.A: en liquidación  26 
-  Servicios Documentales de Andalucía, S.L:  44 
-  Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.M.E., M.P, S.A.U.  180 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES   
-  SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo (cuentas individuales)  6 
-  SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo (cuentas consolidadas)  9 
-  ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.  9 
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL   
-  Fundación Ciudad de la Energía-Ciuden  61 
-  Fundación Instituto de Cultura Gitana  11 
-  Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro  9 
-  Fundación Canaria Puertos de las Palmas  6 
-  Fundación Biodiversidad  160 
-  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  170 
-  Fundación de los Ferrocarriles Españoles  180 
ENTIDADES DISPOSICIÓN ADICIONAL 9ª LGP   
-  Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812  11 
-  León Alta Velocidad 2003, S.A. en liquidación  110 
-  Par Eolic Baix Ebre, S.A.  110 
-  Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.  103 
-  Fondo CLM Inversión Empresarial en Castilla la Mancha, F.C.R.  180 
 
 
   
 
Anexo 5 
ENTIDADES QUE NO HAN CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR EL RESUMEN 
DE LAS CUENTAS ANUALES EN EL BOE, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 136.3 
DE LA LGP 
Entidad 
CONSORCIOS 
-  Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón 
CONSORCIOS ADSCRITOS A LA UNED 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Les Illes Balears 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ourense 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Sevilla 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tudela 
FONDOS 
-  Fondo de Liquidación ASICA 
OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
-  Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria 
-  Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife 
-  Consorcio de la Zona Franca de Sevilla 
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 
-  Fundación Canaria Puertos de Las Palmas 
-  Fundación Ciudad de la Energía 
-  Fundación Centro Nacional del Vidrio 
-  Fundación ENAIRE 
-  Fundación Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro 
-  Fundación Juan José García 
-  Fundación Museo do Mar de Galicia 
-  Fundación Observatorio Ambiental Granadilla 
-  Fundación Pluralismo y Convivencia 
-  Fundación UIMP-Campo de Gibraltar 
-  Fundación Instituto de Cultura Gitana 
-  Fundación Biodiversidad 
-  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
-  Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
 
 
Anexo 6 
ENTIDADES QUE HAN PUBLICADO EL RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES EN EL 
BOE FUERA DEL PLAZO PREVISTO 
Retraso 
Entidad 
(días) 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS   
-  Confederación Hidrográfica del Tajo  11 
-  Entidad Estatal de Seguros Agrarios  12 
-  Fondo Español de Garantía Agraria  6 
-  Consejo de Administración del Patrimonio Nacional  4 
-  Instituto de la Juventud  7 
ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   
-  Instituto Nacional de la Seguridad Social  33 
-  Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  56 
-  Instituto de Mayores y Servicios Sociales  46 
-  Instituto Social de la Marina  38 
-  Tesorería General de la Seguridad Social  39 
-  Gerencia de Informática de la Seguridad Social  75 
-  Mutual Midat Cyclops  59 
-  Mutualia  47 
-  Activa Muta 2008  47 
-  Mutua Montañesa  59 
-  Mutua Universal Mugenat  52 
-  Maz  60 
-  Umivale  60 
-  Mutua Navarra  60 
-  Mutua Intercomarcal  49 
-  Fremap  49 
-  Solimat  61 
-  Mutua de Andalucía y Ceuta  49 
-  Asepeyo  53 
-  Mutua Balear  62 
-  Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo  50 
-  Unión de Mutuas  62 
-  Mac, Mutua de Accidentes de Canarias  50 
-  Ibermutuamur  54 
-  Fraternidad – Muprespa  56  es
-  Egarsat  64  w.b
-  Hospital Intermutual de Euskadi  56  64ww
-  Hospital Intermutual de Levante  56
OCoTnR pArSe sEuNpTueIDsAtoD eEsStim EaStiTvAo TALES     BOE-A-cable e
-  Centro Universitario de la Defensa Ubicado en la Academia General del Aire San Javier  5 
-  Centro Universitario de la Defensa Ubicado en la Academia Central de la Defensa  1 
-  Autoridad Portuaria de Alicante  11 
-  Autoridad Portuaria de Baleares  35 
-  Autoridad Portuaria de Barcelona (cuentas individuales y consolidadas)  42 
-  Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz  3 
-  Autoridad Portuaria de Cartagena  23 
-  Autoridad Portuaria de Castellón  97 
-  Autoridad Portuaria de Gijón (cuentas individuales y consolidadas)  3 
-  Autoridad Portuaria de Huelva  4 
-  Autoridad Portuaria de Málaga  11 
-  Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra  33 
-  Autoridad Portuaria de Melilla  50 
-  Autoridad Portuaria de Motril  53 
-  Autoridad Portuaria de Pasaia  34 
-  Autoridad Portuaria de Santander  18 
-  Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife  9 
-  Autoridad Portuaria de Sevilla (cuentas individuales y consolidadas)  5 
-  Autoridad Portuaria de Tarragona  96 
-  Autoridad Portuaria de Valencia (solo cuentas individuales, las consolidadas en plazo)  1 
-  Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa  20 
-  Consorcio de la Zona Franca de Vigo (cuentas individuales y consolidadas)  49 
-  Gerencia Urbanística Port Vell de la Autoridad Portuaria de Barcelona  53 
-  Puertos del Estado  6 
-  Consorcio de la Zona Franca de Barcelona  150 
CONSORCIOS   
-  Casa de América  138 
-  Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios 
10 
de la Bahía de Cádiz 
-  Consorcio  para  el  Diseño,  Construcción,  Equipamiento  y  Explotación  del  Sistema  de 
10 
Observación Costero de las Islas Baleares 
-  Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación de la Sede Española de la Fuente 
87 
Europea de Neutrones por Espalación 
CONSORCIOS ADSCRITOS A LA UNED   
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED “Andrés de Vandelvira” en Jaén  19 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Asturias  9 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cantabria  7  e.e
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Denia  33  w.
--   CCoonnssoorrcciioo  UUnniivveerrssiittaarriioo  ddeell  CCeennttrroo  AAssoocciiaaddoo  aa  llaa  UUNNEEDD  eenn  EGlucahdea lajara  3600   2021-2664n https://ww
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Seu D’Urgell  9
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Lugo  97  Bc
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada  32 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la Reina  49 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tenerife  89 
-  Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Zamora  54 
FONDOS   
-  Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria  2 
-  Fondo para la Promoción del Desarrollo  17 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES   
-  ADIF-Alta Velocidad  74 
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTAL   
-  Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara  81 
 
Anexo 7 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 
 
SALDO CONTABLE DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
1.200.000 (Millones de euros)
1.038.314,80
999.974,30
1.000.000
948.650,40
909.061,60
851.576,85
800.000
763.655,35
687.725,47
589.629,10
600.000
540.639,68
475.403,14
400.000
358.425,66
307.169,29
200.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 
Fuente: Balances de la Cuenta de la AGE 
 
 
 
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
(Millones de euros)
140.000,00
116.697,31
120.000,00
96.583,19
100.000,00
73.766,80
80.000,00
62.174,95 55.813,15
60.000,00
46.607,47 48.320,12 47.916,18 45.244,58
40.000,00 35.235,62 34.546,41
20.000,00 e.
‐8.346,06 w.
0,00 64ww
‐20.000,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Estados de Liquidación del Presupuesto de Gastos de la Cuenta de la AGE    BOE-A-cable e