BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 13  Miércoles 15 de enero de 2020  Sec. I.   Pág. 3585
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
504 Ley 5/2019, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su 
Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
PREÁMBULO
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020 establece 
determinados objetivos de política económica, cuya consecución hace necesario la 
aprobación de diversas medidas normativas que permitan una mejor y más eficaz 
ejecución del programa económico del Gobierno de Cantabria, en los distintos ámbitos en 
que aquel desenvuelve su acción. Este es el fin perseguido por la presente Ley que, al 
igual que en años anteriores, recoge las medidas de naturaleza tributaria que acompañan 
a la Ley de Presupuestos, así como otras de diferente carácter que afectan a la actuación, 
gestión y organización de la Administración Regional.
I
El Título I de la ley, bajo la rúbrica «Medidas Fiscales», se divide en dos capítulos. El 
primer capítulo se refiere a las normas relacionadas con los tributos propios y recoge la 
creación, modificación y actualización de algunas de las Tasas de la Administración y de 
los organismos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la Ley de 
Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación 
Regional de Cantabria, conforme a la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria emanada de los artículos 133, 156 y 157 de la Constitución, desarrollada en el 
artículo 17 la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas y plasmada en el artículo 47 del Estatuto de Autonomía de 
Cantabria.
Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Educación, Formación Profesional 
y Turismo se modifica el apartado b) de la tarifa 1 de la «Tasa por ordenación del sector 
turístico», prevista en el anexo de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de 
Tasas y Precios Públicos. Dicha tarifa se refiere a la emisión de informe de inspección y 
control de la declaración responsable de inicio de actividad, ampliación y reforma de los 
distintos tipos de establecimiento de alojamiento turístico, y la modificación tiene por objeto 
añadir el inciso final «y demás alojamientos turísticos divididos en unidades», 
manteniéndose inalterados los dos importes a percibir por la Administración en concepto 
de cuota tributaria.
Se hace necesario afrontar una modificación del texto de la «Tasa por servicios 
prestados por el Centro de Formación Náutico-Pesquera», de las aplicables por la  e.
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, al  w.b
objeto de adecuar dichas tarifas a las titulaciones que se expiden y a los exámenes que  4w
pcurersvoissib qleume esnet eim ppuaertdeenn. incorporarse, así como por los cambios a precio público de los
de reScer emoo, ddiefi claa  Teal saap a«r3ta Tdaos aNso Pveonrtou,a priuanst»o,  4e,s dpee claíf iTcaar pifaa rTa5 lo: sE matbraaqrcuaecsi ocnoerrse dspeopnodrtiievnatse ys 
a la nueva dársena deportiva del Puerto de Laredo, con el objeto dinamizar el puerto
deportivo fomentando su ocupación y atrayendo mayor actividad, lo que repercutirá 
positivamente en el turismo, en la generación de ingresos para el conjunto puerto-ciudad 
y en el empleo. Se propone incentivar las estancias continuadas durante todo el año, 
mediante una bonificación en la tarifa. El importe a bonificar que se propone se ha fijado 
teniendo en cuenta la fracción de año que es objeto de incentivo (en torno a 4-6 meses) y 
las tarifas de aplicación para estancias anuales en otros puertos del entorno. De este 
modo, la bonificación óptima a aplicar por este concepto se cifra en un 20 %».
Dentro de las Tasas aplicables por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior, se procede a la modificación de la «Tasa por servicios de extinción de 
incendios, rescate y salvamento, dentro del ámbito de protección civil», procediendo a la 
delimitación del hecho imponible de la tasa con el fin de evitar que éste venga configurado 
por conceptos jurídicos indeterminados que conlleven inseguridad jurídica a la hora de su 
devengo.
Dentro de las Tasas aplicables por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte se suprime la «Tasa 5 por servicios de certificaciones, copias y reproducción de 
documentos en la Biblioteca Central de Cantabria» ya que la descripción de la misma no 
se corresponde realmente con una Tasa. La forma de prestación del servicio responde a 
la figura de un precio público o privado, en función de que el servicio se preste por el 
personal de la Consejería de Universidades e Igualdad, Cultura y Deporte, o bien por 
personal de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.
En relación con ello, se adecúa la redacción de la Tasa 1, «por servicios de 
certificaciones, copias, diligencias y reproducción de documentos en el Archivo Histórico», 
en la que el devengo se produce con ocasión de la solicitud de los servicios mencionados.
El Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras 
actividades oficiales establece un sistema de tasas y gravámenes que faciliten la 
financiación de las actividades de control oficial. Este reglamento es de aplicación en este 
punto a partir del 14 de diciembre de 2019 (artículo 167.1) y establece que las tasas y 
gravámenes por los controles oficiales se establecerán:
a)  Según el nivel de los costes calculados de conformidad con el artículo 82, 
apartado 1, del citado Reglamento, o
b)  según los importes previstos en el anexo IV.
Sin embargo, el artículo 9.2 de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y precios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria establece que los proyectos normativos 
dirigidos al establecimiento de una tasa o la modificación de sus cuotas deberán incluir 
entre sus antecedentes una memoria que incluya un análisis económico financiero sobre 
el coste o el valor del servicio o actividad de que se trate y sobre la justificación de las 
cuotas propuestas.
Por todo lo anterior, y al objeto de actualizar la tasa por actividades de control e 
inspección sanitaria en mataderos, salas de despiece y establecimientos de transformación 
de la caza y otros establecimientos, se procede a su modificación para adaptarlo al 
Reglamento 2017/625.
La Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, desarrolla como uno de sus núcleos 
centrales, además de la planificación que se articula a través del Plan General de 
Abastecimiento y Saneamiento, un Régimen Económico Financiero sobre la base de los 
principios de recuperación de costes amparándose en dos principios ambientales 
fundamentales, como son «quien contamina paga» y el «uso eficiente y sostenible de los  e.e
recursos». w.b
Sobre la base de estos principios, a partir de la Ley se crea el nuevo Canon de Agua  4ww
Rinedsuisdtruiaalle, se. fDecistutinagnudeo  ausní ae nim spuo artratincutela ddois teinnctrieó ne l eCnatrneo na gduea As grueas iRdueasildeusa dl oDmomésétsictiacsa  ee 
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Secciones 3 y 4 del Título V de la Ley. En concreto a lo largo de los artículos 31 y 37 de la 
misma.
La determinación de la base imponible del Canon de Agua Residual Industrial se 
desarrolla en el artículo 31 de la Ley. De acuerdo con el mencionado artículo, la base 
imponible se determina mediante mediciones de volumen de vertido y concentración de 
sustancias contaminantes o de otras características del agua residual industrial, 
indicándose en el apartado 3 de dicho artículo las sustancias contaminantes que podrán 
considerarse para la determinación de dicha base imponible.
De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley, el sujeto pasivo está obligado a presentar 
las correspondientes declaraciones tanto del volumen vertido como de la carga 
contaminante incorporada al mismo, datos que deberán ser tenidos en cuenta para la 
determinación de la base imponible, siendo el período impositivo del tributo el trimestre 
natural tal y como establece el artículo 35.1 de la Ley.
Con esta modificación se dota de mayor precisión al método de determinación de las 
concentraciones medias y máximas de las sustancias contaminantes que se han de tener 
en cuenta para el cálculo de la base imponible, lo que redundará a su vez en una mayor 
exactitud en la determinación de la cuota tributaria del canon de agua residual industrial, 
con lo que esto supone en cuanto a un incremento de la seguridad jurídica, tanto para los 
sujetos pasivos como para la administración competente.
En el Capítulo II del Título I se regulan los Tributos cedidos.
Las modificaciones en el Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en Materia de 
Tributos Cedidos por el Estado aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, 
responden a los siguientes criterios:
Con carácter general para el ejercicio 2020 son pocas las novedades que se producen 
en relación al ejercicio anterior y las mismas se concentran, especialmente, en las 
competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Cantabria en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas en materia de deducciones de la cuota, tanto por 
circunstancias personales y familiares, como por inversiones no empresariales. En el resto 
de tributos cedidos, las modificaciones obedecen a motivos de gestión administrativa, 
pues debido a la experiencia en ejercicios anteriores se considera conveniente modificar 
determinados aspectos que facilitan y aclaran la aplicación de los tributos.
En relación al Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (I.R.P.F.), con carácter 
general, se ha procedido a modificar el límite máximo de la base imponible del contribuyente 
que da derecho a las deducciones correspondientes, estableciendo el límite común a 
todas las deducciones de 31.485 euros en el supuesto de la declaración conjunta y 
de 22.946 euros para las declaraciones individuales. Para determinar estos límites se ha 
considerado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que todos los años realiza el INE 
y tomado como valor de referencia el umbral máximo de la Clase Media en Cantabria 
debidamente actualizado, en el caso de la declaración conjunta.
También es importante reseñar que se suprime la «Deducción autonómica por ayuda 
doméstica» regulada en el apartado décimo del artículo dos del Texto Refundido, al 
considerar que esta deducción tal y como se encontraba configurada sin limitación alguna, 
contribuía a minorar la deseada igualdad de oportunidades entre los contribuyentes ya que 
se hace difícil pensar que las rentas más bajas se puedan permitir contratar la prestación 
del servicio que se pretendía estimular con esta deducción.
Además, en el I.R.P.F se introducen tres conceptos nuevos de deducciones de la cuota 
no considerados con anterioridad como son, la «Deducción por nacimiento y adopción de  s
hijos», las «Deducciones aplicables a contribuyentes que tengan su residencia habitual en  e.
zonas rurales de Cantabria en riesgo de despoblamiento» y por último las «Deducciones  w.
por inversiones o donaciones a entidades de la Economía Social». 4w
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al 21,47 % que tiene más de 65 años, tasas que se encuentra por debajo y por encima, 
respectivamente de la media estatal.
Otro gran problema que tiene Cantabria es el despoblamiento de sus zonas rurales y 
por ello se contemplan deducciones de la cuota, por un lado, incrementando los límites 
respecto a las que se aplican en otras zonas de Cantabria (Deducción por arrendamiento 
y por gastos de guardería). Así como otros conceptos totalmente nuevos y que tratan de 
incentivar el establecimiento de personas en estas zonas como lo es la deducción de quien 
traslade su residencia a estas zonas rurales o quienes tomen la iniciativa de crear 
actividades económicas en esta zona despobladas.
Por último, se establece la posibilidad de aplicar deducciones cuando se realizan 
aportaciones al capital o se donan cantidades a las entidades denominadas de la 
Economía Social. Estas entidades se encuentran reconocidas en la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social, que las define como al conjunto de las actividades económicas 
y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de 
conformidad con los principios recogidos en su artículo 4, persiguen bien el interés 
colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.
Si bien hemos de reconocer que el desarrollo de este tipo de economía no se ha 
realizado hasta la fecha en Cantabria y es por ello que, con estas deducciones, se pretende 
iniciar un camino que permite el completo reconocimiento de estas entidades en nuestra 
comunidad.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
concepto transmisiones onerosas de inmuebles, se modifican dos apartados del artículo 9 
del Texto Refundido. En primer lugar, se establece un nuevo mínimo de participación de la 
persona con minusvalía en la adquisición de la propiedad de vivienda en pro indiviso, 
resultando de aplicación las normas dispuestas por el artículo 26 de la Ley del Impuesto 
sobre sucesiones y donaciones respecto al cálculo del usufructo vitalicio. Si bien limitando 
al 50 % la participación necesaria de la persona con minusvalía cuando de la aplicación 
del artículo 26 se exigiera otra superior.
Además, establecen nuevos requisitos a la hora de aplicar el tipo reducido del 5 % 
para la adquisición de viviendas que vayan a ser objeto de inmediata rehabilitación, como 
son el mantenimiento de tres años desde la rehabilitación de la vivienda y el incremento 
hasta el 25 % del precio de adquisición para que el coste de la obra tenga la consideración 
de rehabilitación. Excluyendo además de la aplicación del tipo reducido las obras de 
rehabilitación realizadas por el propio titular de la vivienda sin contar con la participación 
de profesionales.
El artículo 13 del texto Refundido que regula los tipos de gravamen del impuesto sobre 
Actos Jurídicos Documentados es objeto de tres modificaciones que afectan a los 
apartados 3, 4.b) y 11. La primera de las modificaciones se concreta en incrementar el tipo 
de gravamen al 2 % cuando se formalicen préstamos con garantía hipotecaria en los que 
resulte sujeto pasivo el prestamista.
El apartado 4.b) es objeto de una aclaración del porcentaje en que deben participar las 
personas con minusvalía física, psíquica o sensorial cuando se produce la adquisición de 
la propiedad de la vivienda por varias personas en pro indiviso. Estableciendo la forma de 
cálculo del usufructo vitalicio dispuesta en la ley del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones como referente con el límite del 50 % cuando de su aplicación excediese de 
este límite.
Además, en relación a este artículo 13, se suprime el apartado 2 del mismo al asumir 
la extralimitación del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma fijado en el artículo  es
49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de  o
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto  ww.
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suprime el apartado dos.
Por último, con el objeto de fomentar la ocupación de los parques empresariales por 
nuevos centros de trabajo y la creación de empleo disminuyendo la presión fiscal de estas 
operaciones, cuando el sujeto pasivo es una entidad perteneciente al sector público 
empresarial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y está 
participada por ésta en un porcentaje de al menos el 95 %, se propone la aplicación de un 
tipo de gravamen del 0,3 % a los documentos notariales que formalicen la constitución y 
cancelación de derechos reales de garantía.
Para finalizar se estima la necesidad de incrementar el tipo de gravamen de las 
apuestas en dos puntos porcentuales dejándolo en el 12 % para equipararlo al de otros 
tipos de gravamen de juego de suerte, envite o azar cuyo cálculo de la base imponible es 
similar.
II
El Título II de la Ley, bajo la rúbrica «Medidas Administrativas», engloba una serie de 
medidas que afectan a la actuación, gestión, y organización de la Administración 
Autonómica.
Se procede a la modificación de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que 
se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, en varios aspectos.
Por un lado, se faculta al Consejo Ejecutivo para fijar las cuantías en concepto de 
asistencia además de por sus miembros y por los del Consejo de Supervisión, de la 
Secretaría, a consecuencia de una conclusión recogida por el informe de auditoría 
operativa y de cumplimiento en materia de recursos humanos y eficacia emitido por 
Intervención, en el que se concluía que, al no estar expresamente reconocido en la Ley de 
creación de ICAF el derecho de la Secretaría a percibir cuantía por asistencia a los 
Consejos Ejecutivos y de Supervisión, la persona que fuese nombrada para desempeñar 
las funciones de Secretaría no tendría derecho a percibir cantidad alguna.
Teniendo en cuenta que la Secretaría de ICAF es un órgano necesario de este y que 
presta y desempeña servicios para los Consejos Ejecutivo y de Supervisión, se considera 
adecuado que quien desempeñe esa función de Secretaría tenga derecho a la percepción 
de la cuantía que el Consejo Ejecutivo, como máximo órgano de Gobierno de ICAF, estime 
procedente, y dentro de los límites que, en su caso, establezca el Consejo de Gobierno.
La eliminación de la referencia a los Planes estratégicos del artículo 7.5.b) se basa en 
la necesidad de dotar de coherencia y adecuar el contenido de la Ley tras la modificación 
del artículo 12, en donde se ha eliminado la elaboración de los Planes Estratégicos, por lo 
que mantener la referencia los mismos en otro artículo de la misma Ley, haciendo expresa 
referencia a un artículo donde nada se dice sobre los mismos, lo único que puede hacer 
es conducir a confusión.
Por otro lado, se modifica el artículo 11 en dos sentidos. En lo que se refiere a la 
eliminación de la excepcionalidad de las operaciones con el sector privado, la justificación 
viene dada por el objetivo primordial de ICAF, recogido en el artículo 1.2 de su Ley de 
creación, pues «tiene como objetivo contribuir de forma sostenible al desarrollo económico 
y social de Cantabria». Así se considera que la consecución de este objetivo responde al 
desarrollo de sus funciones tanto con el sector público empresarial y fundacional 
autonómico como con el sector privado, sin que se considere que sea necesario que la 
actuación de ICAF con el sector privado tenga que ser residual o excepcional.
Por lo que se refiere a la inclusión de la posibilidad de otorgar además de financiación 
a las entidades inscritas en el Registro de Comunidades Cántabras, la capacidad de  s
conceder avales y otras garantías, parece algo adecuado a las funciones y objetivos  oe.
de ICAF. Además, con esta redacción, se dota de mayor claridad al párrafo d) del  w.
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económica y financiera actual, así como al cumplimiento de los objetivos de estabilidad.
Se procede a la modificación del artículo 28 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de excluir como miembro de 
la Comisión de Secretarios Generales al titular de la Dirección General del Servicio Jurídico.
La razón de esta propuesta radica en delimitar la función de asesoramiento en asuntos 
de interés general que se puedan suscitar en dichas reuniones, pero sin que le competa 
velar por los asuntos concretos del orden del día responsabilidad de cada Consejería, que 
ya son asumidos por los titulares de las respectivas Secretarías Generales de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 28 y 70 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre.
Por otra parte, se determina de forma expresa que, atendiendo a la índole de las 
funciones que se le atribuyen al titular de la Dirección General del Servicio Jurídico en 
dicho órgano, su suplencia no se rija por el orden establecido con carácter general en el 
decreto de suplencias de órganos directivos de la Consejería de la que dependa 
orgánicamente, sino que corresponda al titular de la Subdirección del Servicio Jurídico.
El artículo 15 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de 
Cantabria fue objeto de modificación en la Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de 
Medidas Fiscales y Administrativas, introduciendo el silencio negativo en la inscripción de 
los Estatutos de los Colegios.
Todos los silencios desestimatorios introducidos por leyes sectoriales deben incluirse 
a su vez, y tener su correlato, en el Anexo de la Ley de Régimen Jurídico, que se modifica 
para incluirlo.
Se procede, igualmente, a realizar distintas modificaciones para mejorar la técnica 
legislativa de algunos artículos de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico 
del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, pretendiendo clarificar las disfunciones creadas respecto a la 
dependencia y adscripción de los entes del sector público institucional y el régimen en 
cuanto a los medios propios.
Se modifica el artículo 51 de la ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico 
del Gobierno, de la Administración y del Sector Púbico Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y se añaden los artículos 51.bis, 51.ter, 51 quater y 51 quinquies, 
los cuales están comprendidos en el capítulo referido a la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria, con objeto de clarificar y mejorar el procedimiento de elaboración de las 
normas con rango de ley y disposiciones de carácter general.
Asimismo, se modifica el artículo 90 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y se crea el Consejo de seguimiento de la actividad de 
los entes del sector público institucional autonómico.
El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por la que se regula la participación de los 
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, 
prevé la realización de una consulta pública, a través del portal web de la Administración 
competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma. No obstante, el apartado 4 
del citado artículo establece que podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia 
e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u 
organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la 
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando 
concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, así como cuando la  es
propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no  o
imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una  ww.
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Cantabria.
En materia de Pesca se procede a la modificación del Régimen Sancionador para 
adaptarlo al Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el 
registro nacional de infracciones graves a la política pesquera común, se establecen las 
normas de aplicación del sistema de puntos y se actualizan los importes de las sanciones 
previstas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, estableciéndose 
en aplicación de lo dispuesto en la normativa europea, un sistema de puntos con arreglo 
al cual se asigna un número de puntos adecuados al capitán o patrón de un buque que 
cometa una infracción grave de las normas de la Política Pesquera Común.
Se proponen diversas modificaciones en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria a fin de regular el procedimiento propio y específico de la 
tramitación de las bases reguladoras teniendo en cuenta su especialidad, dado que se 
trata de un procedimiento que se inicia de oficio y cuya iniciativa es discrecional, de 
adecuarla a la Ley General de Subvenciones, y de dar cumplimiento a las obligaciones en 
materia de publicidad de la normativa comunitaria, así como de transparencia.
Se procede, de la misma manera, a su modificación con objeto de atender las 
especialidades de las líneas de subvenciones de programas regulados por normativa 
estatal, que se centran en la prioridad del orden de presentación de solicitudes, así como 
en el supuesto de justificación extemporánea. Por ello, se propone adecuar los artículos 28 
y 38.1 c) de esta Ley.
Se produce una tercera modificación de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria, con objeto de atender las especialidades que presentan 
las ayudas concedidas por las sociedades mercantiles autonómicas. Debe recordarse que 
la disposición final tercera de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, modifica la citada Ley 10/2016, de 17 de julio, 
ampliando su ámbito de aplicación subjetivo e incluyendo dentro de éste a las subvenciones 
otorgadas por las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la 
Administración de la Comunidad Autónoma. Esta circunstancia está originando, en la 
práctica, diversas cuestiones derivadas del empleo de una normativa concebida para ser 
aplicada en el seno de la Administración y de otras entidades de derecho público, por lo 
que resulta aconsejable clarificar el régimen jurídico de concesión de subvenciones por las 
sociedades mercantiles autonómicas, y adecuarlo teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
citada Ley. En definitiva, las modificaciones propuestas alteran la letra d) del apartado 1 
del artículo 3, el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 16, el apartado 1 del 
artículo 17, y los artículos 19, 20, 28 y 38.1.c) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria, con la correlativa introducción de una nueva 
disposición adicional la decimocuarta.
La vigente Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros 
por Carretera, regula en su artículo 11 los denominados «Planes coordinados de servicios», 
definidos como los planes que se podrán aprobar para la coordinación de los servicios de 
transporte público regular de viajeros de uso general en áreas urbanas o suburbanas, con 
el fin de armonizar los servicios municipales con los interurbanos. El artículo 12 de la 
citada ley detalla el procedimiento para su aprobación y el apartado 5 de ese artículo 
particulariza el procedimiento para los planes que abarquen más de un municipio.
Tras el análisis de diferentes supuestos en los cuales existe la posibilidad, previa 
petición de los ayuntamientos afectados, de poner en marcha planes coordinados de 
servicios, se ha constatado que en los casos de abarcar más de un ayuntamiento y si uno 
de los ayuntamientos posee un servicio municipal de transporte urbano, existe la  es
posibilidad de autorizar que el transporte urbano de dicho ayuntamiento alcance zonas  o
periurbanas de municipios contiguos. Esta autorización estaría siempre justificada por el  ww.
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del mismo para que lo recoja inequívocamente.
Con la aprobación de la Ley de Cantabria 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo 
Económico y Social de Cantabria, el Gobierno pretendía recuperar un Órgano de 
participación  ciudadana  creado  en  1992,  el  Consejo  Económico  y  Social  de 
Cantabria (CESCAN), pero desaparecido en 2012, con la idea de configurar un instrumento 
permanente estable de comunicación y dialogo, de participación en el ámbito 
socioeconómico y laboral, de manera que la propia Administración y diversas 
organizaciones económicas y sociales se reúnan con cierta regularidad.
Su creación o reelaboración respondía, además, no solo a la legítima aspiración de los 
agentes económicos y sociales para que sus opiniones y planteamientos fueran tenidos en 
cuenta a la hora de adoptar decisiones que puedan afectar a los intereses que les son 
propios, sino también al mandato del Pleno del Parlamento de Cantabria que, en su sesión 
del día 10 de octubre de 2016, aprobó una resolución como consecuencia de la tramitación 
de la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0098, relativa a la creación de un nuevo Consejo 
Económico y Social.
Entre otras cosas, esa resolución instaba al Gobierno de Cantabria a crear el CESCAN 
bajo criterios de austeridad, entre los que el Gobierno incluyó la limitación de los gastos de 
personal, adscribiéndole a la Dirección General competente en materia de participación. 
De esta manera, el CESCAN no tiene estructura de personal ni sede propia, previéndose 
solo el nombramiento de la persona que detente la Secretaría.
A la hora de proceder al nombramiento de la persona titular, se han detectado 
contradicciones en la redacción respecto al criterio de austeridad que primaba en el 
espíritu de la norma. Se considera además necesario para aclarar la participación de los 
letrados de la Dirección General del Servicio Jurídico modificar el artículo 10, relativo al 
funcionamiento del Consejo, añadiendo un nuevo apartado 12, así como modificar la 
redacción de los artículos 16 y 19.
Se modifica la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria, con 
objeto de establecer un régimen de distancias entre los distintos tipos de establecimientos 
de juego, así como entre estos y centros educativos y de rehabilitación de juego patológico.
La Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
modificó la citada Ley de Juego al establecer una distancia mínima entre salones de juego 
de 500 metros. Esta medida se amplía ahora al resto de establecimientos de juego, como 
son los bingos, el Casino, y locales específicos de apuestas, añadiendo además una 
distancia mínima entre los establecimientos de juego y centros educativos y de 
rehabilitación de juego patológico.
Esta medida se basa en la realidad social manifestada en los últimos años, ya que el 
Servicio de Juego y Espectáculos ha detectado un cambio en el perfil de los jugadores, 
siendo cada vez más jóvenes, probablemente debido al juego online, que en España entró 
en vigor en el año 2011, destacando como especialmente atractivas para ellos las apuestas 
deportivas, que también se pueden practicar en los establecimientos de juego en su 
modalidad presencial.
En este sentido, la Estrategia de juego responsable en España, nace como 
instrumento de coordinación entre la sociedad civil, la industria de juegos de azar y las 
distintas Administraciones para articular las políticas de juego responsable, siendo 
producto de la acción conjunta de los diferentes órganos y entidades que participan del 
sector del juego.
En la misma se aborda el problema del desconocimiento respecto al impacto sobre la 
población de la adicción al juego y la magnitud del problema. La Estrategia analiza el 
problema de la accesibilidad al juego (especialmente en el juego online) y lo que ello  s
implica en relación a los menores de edad. También plantea que el juego patológico  oe.
constituye un trastorno progresivo, diferenciando entre juego problemático que, si bien no  w.
se considera una patología, produce niveles altos de ansiedad y pérdidas económicas  4w
stiuepneer cioornetsr odl es olabsr eq useu se li mjupgualdsoosr  pyu neod ep upeedrme ietivrsitea,r  yju jguaerg.o patológico, donde el jugador no
sensIgautaa lmdee nlates,  eonp claio Enesstr adteeg jiuae sgeo ,d eqfuinee  tJeuneggao e rne scpuoennstaab llea  csoitmuaoc liaó ne leyc cciirócnu nrasctaionncaial ys   BOE-A-cable e
personales del jugador, impidiendo que el juego se pueda convertir en un problema.
Por último, la Estrategia indica las líneas de actuación a seguir en la materia señalando 
tres áreas de actuación: sensibilización, prevención y apoyo a los afectados.
En esta línea, dentro de las diversas reuniones celebradas por el Consejo Asesor de 
Juego Responsable, procede mencionar la del día 27 de marzo de 2017, en la que tuvo 
lugar un debate para identificar proyectos o actividades susceptibles de estudio en el 
Consejo, entre los que destacan los siguientes:
Preocupación por la incidencia del juego en jóvenes y, en especial, el acceso de 
menores al juego y el impacto de determinadas modalidades de juego en el que está 
aumentando su participación.
Enfoque de la ludopatía como una patología no necesariamente ligada a una 
predisposición general del individuo a sufrir adicciones.
Definición de lo que debería ser la expresión «políticas activas de juego responsable» 
contenida en la normativa de juego, el estudio de nuevos mecanismos de identificación del 
usuario o la regulación de la publicidad de juego.
Por último, el Delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas informó de la 
inminente finalización de los trabajos de elaboración de la 3.ª Estrategia Nacional sobre 
Drogas, que tendrá una vigencia de 8 años (2017-2024), y que parte de una perspectiva 
equitativa en torno a las adicciones, las cuales tienen una base común; además, destacó 
que una de sus principales novedades será la inclusión de las adicciones sin sustancia 
(«otras adicciones»), ámbito en el que se aportarán datos sobre juego.
En la Comunidad Autónoma de Cantabria las políticas de juego están centradas en 
intensificar el ámbito de la prevención. De este modo los desarrollos normativos tienen 
como finalidad la protección activa de los jugadores mediante medidas de control de 
acceso (posibilidades de autoexclusión, sistemas de identificación…). Actualmente, desde 
el Servicio de Juego y Espectáculos se está modernizando el Registro de Interdicciones 
de Acceso al Juego para mejorar el sistema de autoexclusión de juego y se ha desarrollado 
una web específica del Servicio en la que los ciudadanos puedan encontrar toda la 
información relacionada con el juego responsable y la auto prohibición en nuestra región.
Al mismo tiempo, desde la Dirección General de Interior se está trabajando en el seno 
de un grupo de trabajo, que se creó a través de Resolución del Consejero de Presidencia 
y Justicia de 4 de diciembre de 2018, mediante la cual se iniciaron los pasos para la 
elaboración de un futuro Programa de Juego Responsable de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. El objeto de este grupo de trabajo es el de analizar la situación en Cantabria de 
la práctica del juego en los jóvenes y reforzar la vigilancia de la situación para evitar que 
se produzcan los efectos nocivos del juego en este sector tan vulnerable. Se ha detectado 
que la población que más sufre la adicción al juego son los jóvenes en una franja de edad 
entre 18 y 25 años, que pueden tener acceso libre a los locales de juego, al ser mayores 
de edad. Sin embargo, si con esa edad ya han desarrollado adicción es porque iniciaron 
los hábitos de juego años antes, en muchos casos durante su edad escolar. Por estos 
motivos y como medida de prevención se incorpora el requisito de distancia mínima a 
centros docentes.
Según informe del Servicio de Juego y Espectáculos, a lo largo de los dos últimos 
años, se ha experimentado un aumento significativo de las consultas previas de viabilidad 
reguladas en el artículo 61 del Decreto 23/2008, de 6 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de máquinas recreativas y de azar, modificado por el Decreto 67/2014, de 6 
de noviembre, para la instalación de salones de juego. Así, en el año 2019 se han 
autorizado 40 salones, frente a una media de 20 salones por año en el periodo 2010  e.e
a 2017, un número muy elevado para la superficie y población de Cantabria. w.b
Por todo lo expuesto, se considera que el régimen de distancias que se plantea atiende  4ww
ap ruenvean rcaizóónn y i mprpoetericocsiaó nd fer einntteer éas c ognednuecratal sta andtoic tpivoar sm, ocotivmoos  ddee  sseagluudri dpaúdb lyic laa,  saal lbuuds dcea rl olas 
ceostnasbulemciimdoiernetso,s ,p auuensqtoue  qnuoe d elas armroelldeind au ntaa pmabtoiélong ípar aodteicgtiev aa. los clientes de estos
En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, se adoptan medidas 
con la intención de clarificar el objeto de la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, la obtención de las 
correspondientes autorizaciones, así como el catálogo de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.
En el ámbito de la Función Pública se ha iniciado un proceso para reducir la 
temporalidad en el empleo público por debajo del 8 %, y así inicialmente la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, previó la realización de 
procesos de estabilización del empleo temporal en todas las Administraciones Públicas.
Esta medida se ha reproducido en la siguiente Ley de Presupuestos, Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, alcanzándose a nivel 
estatal dos Acuerdos Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las 
condiciones de trabajo, y en Cantabria el Acuerdo para la mejora de la calidad del empleo 
público y de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, adoptado por la Mesa General de Negociación 
del artículo 36.3 del EBEP de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(BOC 23 de noviembre de 2018).
Se ha previsto normativamente la acumulación de las Ofertas de Empleo convocadas 
en los años 2017 y 2018, en las que se dará ejecución a los procesos de estabilización de 
empleo temporal, acordando que se realizarán por el sistema de concurso-oposición en el 
que será objeto de valoración en la fase de concurso, entre otros méritos, el tiempo de 
servicios prestados a la Administración. Si bien se podría interpretar que la regulación 
estatal y los Acuerdos adoptados legitiman la valoración de dichos méritos, elimina 
cualquier duda al respecto adecuar la literalidad de la Ley de Función Pública a lo ya 
regulado en iguales términos por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Se procede por ello a la supresión en la ley de Función Pública de la regulación que, 
en referencia a los funcionarios interinos o personal laboral con carácter no permanente, 
establecía que dicha condición no constituiría mérito para el acceso a la condición de 
funcionario de carrera o personal laboral fijo, al objeto de los posibilitar un desarrollo 
adecuado de los referidos procesos, facultando para ellos la valoración de la experiencia 
adquirida.
La Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, creó el Organismo Autónomo 
Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA). En su artículo 13, de régimen de 
contratación, establece que «La contratación del SEMCA se regirá por la normativa básica 
en materia de contratación del Sector Público y la normativa de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria en la materia, correspondiendo a la Consejería competente en materia de 
protección civil y emergencias, a través de los órganos que tengan asignada la función, la 
tramitación de los expedientes de contratación y las actuaciones correspondientes a la 
adjudicación, suspensión, modificación o extinción de los contratos. No obstante, lo 
anterior, los contratos menores serán tramitados por el SEMCA y adjudicados por su 
Director». El artículo 14 del anexo a dicha ley, en el que se establecen los estatutos del 
Organismo, replica dicha distribución de competencias. Asimismo, el artículo 7.h) del 
anexo otorga expresamente a la Presidencia del Organismo la competencia para la 
actuación como órgano de contratación del SEMCA, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 14 del citado anexo, en el que señala que los contratos menores serán tramitados 
por el SEMCA y adjudicados por su Director.
Dadas las características del organismo autónomo SEMCA, con el objetivo de dar una 
mayor agilidad a la tramitación administrativa y en aras de homogeneizar las competencias  es
con el otro organismo autónomo dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia,  o
Interior y Acción Exterior, el CEARC, se establece como órgano de contratación único a  ww.
ldcnaaoe sDr mlooirsase  tcrigevcaosióse nytro  vldsoae,sd la  oaSssrEí t ípcMcoouCrml oAleos, y  7ae ,asl  íl8r  e cCycoo om1nn4soo e dcdjeiooml t daaieernnl aetG oxdoo eyb  c ileeoalrr  ncrpeaoasp,g pamooc noiddddeaiief dilnca datseen   odaabolp l Eiregoslab tacaaitrcoutíintócoenu s dloy,e   scl1 aoO3lm vrdgopea rleon ntmies mxilsotooos     OE-A-2020-504able en https://w
Autónomo.
Asimismo, la citada Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, en su disposición 
adicional primera, establece la creación del Cuerpo de Técnicos de prevención, extinción 
de incendios y salvamento, estructurándolo en dos escalas: la escala Técnica o de Mando, 
encuadrada en el Grupo A, Subgrupos A1 y A2; y la escala Ejecutiva u Operativa, Grupo C, 
Subgrupos C1 y C2.
Sin embargo, dicha estructura de cuerpos, escalas y grupos no se ajusta a lo 
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al asignar varios grupos a 
un mismo cuerpo.
Por esta razón, es necesario modificar la redacción de la disposición adicional primera, 
la disposición adicional segunda y la disposición transitoria tercera para ajustar sus 
contenidos a lo establecido en el EBEP, de tal forma que a cada cuerpo creado le 
corresponda un único grupo y subgrupo, que se modifique la Ley de Cantabria 4/1993, 
de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria, de forma coherente y que se adecúe 
la mención a los nuevos cuerpos creados en los futuros concursos-oposiciones de acceso 
a los cuerpos creados.
La Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de 
Cantabria, tiene por objeto la regulación y ordenación de la atención farmacéutica que 
debe prestarse a los ciudadanos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. La planificación farmacéutica de la Ley regula la atención farmacéutica que se 
presta en las oficinas de farmacia, y establece principios generales de ordenación en 
cuanto al régimen aplicable a los diferentes procedimientos de autorización de aperturas, 
traslados, modificación de local, cierres, transmisiones, etc., de oficinas de farmacia.
En relación al régimen de traslados de oficinas de farmacia se procura conjugar el 
ejercicio de este derecho con el mantenimiento de una distribución territorial equitativa de 
las farmacias, evitando con todo ello la desatención de zonas que venían recibiendo la 
prestación de este servicio. Así, en el artículo 28 de la Ley 7/2001, de 19 de diciembre, se 
establece como norma general que, «Solo se autorizará el traslado de oficinas de farmacia 
dentro de la misma zona farmacéutica». Con el objeto de permitir el traslado de las oficinas 
de farmacia abiertas atendiendo a su ubicación en un núcleo específico, dentro de dicho 
núcleo, se considera oportuno llevar a cabo una modificación de la Ley de Ordenación 
Farmacéutica.
El régimen de protección del Patrimonio Cultural de Cantabria se encuentra previsto 
en la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. A 
lo largo de los más de veinte años desde su entrada en vigor, el ordenamiento jurídico 
estatal y autonómico ha evolucionado y la Ley de Patrimonio Cultural, en la actualidad, 
contiene previsiones obsoletas, lo que hace oportuna su revisión. En este sentido, cabe 
destacar que estas reformas resultan necesarias para la adaptación de los procedimientos 
en materia de Patrimonio Cultural al funcionamiento electrónico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, cuya completa implantación tiene como fecha límite 
el próximo 2 de octubre de 2020, de conformidad con la disposición final séptima de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, tras la modificación operada en dicha disposición por el artículo 
6 del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia 
de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del 
blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países 
terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Además, las modificaciones propuestas persiguen favorecer el conocimiento y  es
comprensión del régimen jurídico del Patrimonio Cultural al introducir en una única norma  o
procedimientos que se encontraban incluidos en otras disposiciones reglamentarias y que  ww.
paraerql egruecueiclsalolaongbs el aaprn  rep oanrcos elíta edm ciLmciesiiómye nnloo t dosdes ep.l   ruDPonaecate re dirmseimtvaoii snemiiónoant onC cseuo ralantud  sermael il fn piynir,s e dtarteea l natcivd lavoeers iszf,i ic,ml oao prfq rleeiuflice cde aferar s mceaillra irteyoaloelrláron   csldaoee  gi dnluoetres indr tvoareárdmnm jcuaiitórseín sdq  idudcaeee     OE-A-2020-504able en https://w
los interesados en ejercicio y defensa de sus derechos e intereses.
Igualmente hay que destacar que la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria adolece 
de defectos formales que dificultan su aplicación, al contener erratas de redacción, distintos 
términos para establecer clasificaciones y categorías, remisiones incorrectas, cuya 
rectificación contribuye a la simplicidad y seguridad jurídicas perseguidas con la reforma.
Por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte se ha estimado la 
necesidad de establecer silencio negativo con relación a la declaración de Bienes de 
Interés Cultural, Local e Inventariados, para evitar que la apertura de un procedimiento de 
declaración como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria por iniciativa de 
parte en caso de no resolver y notificar en plazo una solicitud de declaración, pueda dar 
lugar a la imposición injustificada de cargas a terceros.
Por otra parte, se ha establecido el régimen de silencio negativo en los procedimientos 
de autorización dado que una intervención efectuada sin previo control por parte de la 
Administración puede generar daños en el Patrimonio Cultural cuya preservación 
corresponde a las Administraciones Públicas. Se considera que se refuerza esta protección 
si, en caso de no resolver una solicitud de autorización en plazo, el interesado debe 
entender denegada la autorización. De esta manera la Administración se asegura el control 
sobre cualquier tipo de actuación sobre los Bienes integrantes del Patrimonio Cultural al 
ser necesario un previo examen por parte de la Administración de la actuación a realizar. 
Por ello, se considera necesario modificar el Anexo II de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 
de noviembre, y añadir nuevos supuestos, además de sustituir el procedimiento 
actualmente recogido en el referido anexo relativo a las actividades que ahora se regulan, 
modificados, en los artículos 77 y 77.Ter de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre.
Estas propuestas de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte son 
conformes con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que se incluyen 
entre las razones imperiosas de interés general, la conservación del patrimonio nacional 
histórico y artístico.
Así mismo, se ha considerado necesario introducir una disposición adicional relativa a 
la exención de informes y autorizaciones en Conjuntos Histórico Artísticos que ya cuenten 
con Plan Especial aprobado conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español, con el fin de facilitar el ejercicio de las competencias en materia de 
urbanismo a los Ayuntamientos que dispongan de Plan Especial de Conjunto Histórico 
aprobado, lo que contribuye a eliminar cargas administrativas que no están previstas ni en 
la Ley de Patrimonio Histórico Español ni en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, 
favoreciendo de esta manera la eficiencia en la tramitación de licencias de obras en el 
ámbito de dicha tipología de bien cultural.
Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Cantabria aún no dispone de una Ley que 
regule las medidas de reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la 
guerra civil y de la dictadura, siendo una de las medidas ineludibles para la consecución 
de estos objetivos la localización, identificación y recuperación de los restos de las 
personas desaparecidas en dicho período. Por ello, y de conformidad con lo previsto en la 
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura, se considera necesario introducir una disposición adicional en la 
Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, que prevea la aplicación del Protocolo de 
actuación de exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura, cuya publicación 
se produjo mediante Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, de manera que esta 
materia cuente en nuestra Comunidad Autónoma con una previsión expresa que ofrezca  s
mayor seguridad jurídica en cuanto a las normas a aplicar. oe.
Se procede a modificar el apartado 2 del artículo 3 de la Ley de Cantabria 1/2005,  w.
de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al objeto  4w
ddee paecnladrearrá l ad edle ópregnadneon ccoiale ocrtgiváon aicl aq udeel  sRee agsisigtrnoe d lea  Pcoamrepjaeste dnec iHa edceh loa,  geens etiló sne. nStied oe vdieta q auseí 
laad pscorsiitbol ea c olan fCusoinósne qjeureía h acsotma peel tmenotme eennto  maacttuearila s ed ep rpoodluítcieca, sy ad qeu efa mel ilRiae, gpisetrroo  eesstaá   BOE-A-cable e
competencia se encuentra repartida entre varias Consejerías del Gobierno.
Se recoge expresamente en la Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte que las 
federaciones pueden celebrar, si lo estiman necesario, dos Asambleas Generales 
ordinarias, una para la aprobación de las cuentas, que será necesariamente antes de junio 
(derogándose la fecha del Decreto 72/2002, que es 1 de febrero), y la que trate el 
calendario deportivo y las nuevas cuotas de temporada, que será necesariamente antes 
de su inicio. En consecuencia, se propone introducir dos apartados en el artículo 23 de la 
Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte, en este sentido.
De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo 
constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, de 
fecha 30 de mayo de 2019, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias 
competenciales manifestadas en relación con la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se alcanzó un acuerdo entre ambas 
administraciones para modificar determinados preceptos de la Ley citada.
En cumplimiento de dicho acuerdo se procede a la modificación de los artículos 56, 
65.1 y 86.2 de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Igualmente, se procede a la modificación de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de 
octubre, de Finanzas de Cantabria con el fin de adecuar las previsiones de la misma a los 
cambios introducidos por la Ley de Régimen Jurídico y la Ley de Contratos del Sector 
Público, a fin de adecuar la regulación del control de los gastos a la evolución producida 
en las Administraciones Públicas en este sentido, y de adaptar el seguimiento de medidas 
correctoras del control financiero permanente a las necesidades detectadas fruto de su 
aplicación. Igualmente, se adoptan medidas técnicas en materia de compromisos de gasto 
de carácter plurianual y anticipos de caja fija.
En septiembre de 2011 se elaboró por el Gobierno de Cantabria, junto con los 
Ayuntamientos afectados, una propuesta de ejecución de sentencias que llevan aparejadas 
órdenes de demolición de viviendas. En esa misma fecha, se dio conocimiento de dicho 
plan a los órganos judiciales de Cantabria con competencia en la ejecución de las 
resoluciones judiciales que eran objeto de análisis en el mismo.
Resulta indudable la extraordinaria dimensión económica del problema, habida cuenta 
de los importantes desembolsos que exige el exacto cumplimiento de los fallos judiciales, 
procediendo a la demolición de las edificaciones ilegales y reponiendo el suelo a su 
primitivo estado, después.
El Gobierno de Cantabria autorizó compromisos de gasto de carácter plurianual hasta 
el ejercicio 2025 para hacer frente a las obligaciones derivadas de los convenios de 
responsabilidad patrimonial.
Si bien es cierto que dichos gastos plurianuales garantizan las cantidades fijadas para 
cada ejercicio en el correspondiente presupuesto anual, lo cierto es que los créditos para 
gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento 
de obligaciones ya reconocidas, quedan anulados de pleno derecho, lo cual implica cierta 
ineficacia y rigidez para hacer frente al problema de los derribos. En primer lugar, obliga a 
la Administración a ir presupuestando anualmente unas cantidades que son muy difíciles de 
prever, pues la necesidad de su utilización dependerá de las resoluciones judiciales, y así 
viene sucediendo que, en numerosas ocasiones, no se agota la anualidad correspondiente, 
lo que a su vez obliga a reajustar ese compromiso de gasto plurianual, comprometiendo el 
presupuesto de gasto de futuros ejercicios, en que sí será necesaria su ejecución.
Por otro lado, la atención personalizada y la gestión de una forma integral de los pagos 
en metálico o en especie a favor de los afectados, y derivados de expedientes de  es
responsabilidad patrimonial (no olvidemos que se trata de familias que llevan padeciendo  o
una incertidumbre durante décadas), que en su inmensa mayoría han solicitado, cuando  ww.
nqacauoust ecoo,on ,a nód vmseeu ivnc ivaivde,ioe zd,n, i sldalltaei nfsvitn aoda seal i zdpsaeuaclsr eimtóijtaneud rcdooióe  an olbo)t,ros ohn scao ictc adeode mno uepsnc reaoex mscpaaiesrnidootisi edb naputdrsee cs(vap idroo eusr   nerpe jmoesrmpe pocpaanlornst,aie slba mdi lceiodo  amlnads á atpsrdu aámctgrciiinmiló iysno t,enr eafiaincclai, ó szlnou,     OE-A-2020-504able en https://w
apoyado en el sector público empresarial de la Comunidad Autónoma.
El Parlamento de Cantabria, en su sesión del día 18 de marzo de 2019, aprobó una 
resolución instando al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos afectados a:
1.  Cumplir y hacer efectiva la Declaración Institucional aprobada el 2 de mayo 
de 2017.
2.  Dar una solución definitiva a todos los afectados, por parte de las Administraciones 
Públicas, a la situación que sufren cientos de familias, por el grave problema de las 
sentencias de derribo, evitando la pérdida de patrimonio, cumpliendo los Convenios 
firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria.
3.  Durante el año 2019, crear los fondos necesarios para afrontar y desarrollar los 
Convenios firmados por el Gobierno de Cantabria, requiriendo las garantías por las 
responsabilidades patrimoniales pertinentes y reprobaciones, si procede, de aquellos que 
incumplan, entorpezcan, o dilaten las citadas resoluciones del propio Parlamento de 
Cantabria.
4.  Manifestar la importancia de seguir avanzando en nuestro ordenamiento jurídico 
en cuantas iniciativas sean precisas, para lograr la protección de los ciudadanos terceros 
de buena fe en el ámbito del urbanismo.
Asimismo, el 28 de octubre de 2019 el Parlamento de Cantabria acordó por 
unanimidad, ratificar la Declaración Institucional aprobada el 2 de mayo de 2017.
Aunque ya se venía trabajando durante meses en esta solución, para un mejor 
desarrollo del punto tercero de la citada resolución del Parlamento de Cantabria, el 
Gobierno de Cantabria se plantea la creación de un Fondo de Derribos, acumulable 
anualmente con los recursos presupuestados y de cualquier naturaleza. Adicionalmente 
con las operaciones que sea necesario realizar a través del Instituto de Finanzas de 
Cantabria o con instituciones financieras.
Por otra parte, el artículo 2.3 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de 
Finanzas de Cantabria, establece que «Se regula por esta Ley el régimen presupuestario, 
económico-financiero, contable y de control de los fondos carentes de personalidad 
jurídica cuya dotación se realice mayoritariamente desde los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma».
Sin embargo, y a pesar de que en dicha Ley se recogían los principios generales del 
régimen de los fondos sin personalidad jurídica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, había que acudir para completar el mismo, y supletoriamente, a lo dispuesto 
en el derecho estatal, concretamente en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. A mayor abundamiento, en el ordenamiento jurídico autonómico se 
observaba una laguna legal consistente en que los fondos carentes de personalidad 
jurídica no se encontraban en el listado de entes del sector público autonómico, ni en la 
Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la 
Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
ni en el propio artículo 2 de la propia Ley de Finanzas de Cantabria. Por lo tanto, y 
atendiendo a razones de técnica legislativa, se entiende que, para la creación de un fondo 
sin personalidad jurídica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, es 
necesario completar el marco legal general de este tipo de entidades, introduciendo 
modificaciones en la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre.
Mediante la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, se modificó la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de 
Consumidores y Usuarios. La citada modificación tenía por objeto garantizar y aún elevar 
el nivel de protección de los consumidores y usuarios en determinadas instalaciones de  e.e
suministro de combustibles y carburantes de automoción, las desatendidas, permitiendo,  w.b
no obstante, estas instalaciones cuando se cumplieran determinados requisitos. 4ww
procSeidni memiebnatorg EoU, e Pstialo tr e(2fo0r1m7a)  f9u1e4 6a n«aElizsatadcaio pnoers  lad eC soemrvisiicóion  aEuutroompeáati ceans  eeln m Easrcpoa ñdae. 
Leisbae rntuaedv dae r eesgtualbalceiócinm bieanjoto a»m, aeln aamzap adreo  sdaenl cciuóanl,  sye  jduiscttiaficmói ntóa mlab oiépno rqtuunei dcaodn  dfeec mhao d2i8fi cdaer 
septiembre de 2018 la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria firmara un acuerdo en virtud del cual, entre 
otras cuestiones, se acordaba la supresión de aquellos aspectos de la nueva regulación 
que entraran en conflicto con la normativa estatal y el ordenamiento de la Unión Europea.
Por ello, se procede a la derogación de la disposición adicional segunda de la Ley de 
Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, pasando 
la disposición adicional primera a ser la disposición adicional única.
Por último, se hace constar expresamente que las medidas administrativas 
practicadas se adecuan a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas y, en particular, a los principios de necesidad y eficacia, en 
ningún caso se restringen o minoran derechos de los ciudadanos y siendo el instrumento 
más adecuado para la consecución del fin perseguido y no comportado incremento del 
gasto no previsto presupuestariamente.
TÍTULO I
Medidas fiscales
CAPÍTULO I
Tributos propios
Artículo 1.  Modificación de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Uno.  Tasas aplicables por la Consejería de Educación, Formación Profesional y 
Turismo.
Tasa por ordenación del sector turístico.
Se modifica la Tasa por ordenación del sector turístico, Tarifa 1, apartado b) «Emisión 
de informe de inspección y control de la declaración responsable de inicio de actividad, 
ampliación y reforma de establecimientos hoteleros, extra hoteleros, turismo rural y 
cabañas pasiegas» de las aplicables por la Consejería de Educación, Formación 
Profesional y Turismo, de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos 
de la Diputación Regional de Cantabria, quedando redactada como sigue:
«Emisión de informe de inspección y control de la declaración responsable de 
inicio de actividad, ampliación y reforma de establecimientos hoteleros, extra 
hoteleros, turismo rural, cabañas pasiegas y demás alojamientos turísticos divididos 
en unidades en los siguientes términos:
Hasta 20 unidades de alojamiento: 40,72 euros.
Más de 20 unidades de alojamiento: 48,87 euros».
Dos.  Tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente.
1.  Se modifica la Tasa «9. Tasas por servicios prestados por el Centro de Formación 
Náutico-Pesquera», quedando de la siguiente forma:
«Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación  b
por el Centro de Formación Náutico-Pesquera de los servicios enumerados a  w
cont1in. uaPciróens:entación a los exámenes para la obtención de las titulaciones que se
enumeran en las tarifas.
2.  Expedición o renovación de tarjetas de identificación profesional y recreativa,  Bc
títulos y diplomas.
3.  Validación de certificados de prácticas al amparo de lo dispuesto en el Real 
Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las Titulaciones Náuticas 
para el gobierno de las embarcaciones de recreo.
4.  Expedición de impresos de Licencias de Navegación.
Sujeto pasivo. En el supuesto 1, serán sujetos pasivos de la tasa quienes 
soliciten la inscripción para realizar los exámenes correspondientes.
En los supuestos 2 y 3 serán sujetos pasivos las personas físicas a nombre de 
las cuales se expidan las tarjetas, títulos y diplomas o se efectúen las validaciones 
y convalidaciones.
En el supuesto 4, serán sujetos pasivos las federaciones de vela y motonáutica 
y las escuelas náuticas de recreo a los que se entreguen impresos para expedir las 
Licencias de Navegación.
Devengo. La tasa se devengará en el momento de solicitar la actuación 
administrativa.
Tarifas.  La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1.  Por los derechos de presentación a exámenes organizados por el 
Centro de Formación Náutico-Pesquera.
1.  Títulos y especialidades profesionales:
a)  Títulos y especialidades profesionales del sector marítimo-pesquero:
– Patrón costero polivalente: 43,27 euros.
– Patrón local de pesca:38,18 euros.
b)  Títulos y especialidades de Buceo Profesional:
03_1 tp Títulos Profesionales de Buceo.
Buceador Instructor profesional: 22.21 euros.
Buceador profesional 1.ª clase: 39,19 euros.
Buceador profesional 2.ª clase: 42,94 euros.
Buceador profesional 2.ª clase restringido: 32,76 euros.
Operador de cámara hiperbárica: 28,41 euros.
Supervisor en operaciones de buceo: 30,44 euros.
03_2 eo Especialidades Profesionales de Buceo de Carácter Obligatorio.
Formación sanitaria en actividades subacuáticas: 18,00 euros.
Primeros auxilios en actividades subacuáticas: 18,00 euros.
Prevención de riesgos laborales en actividades subacuáticas: 18,00 euros.
Riesgos laborales en actividades subacuáticas: 18,00 euros.
Tecnología básica del buceo – buceadores en activo: 19,80 euros.
Tecnología básica del buceo – no buceadores: 18,00 euros.
Instalaciones y sistemas de buceo: 18,00 euros.
03_3 ep1 Especialidades Profesionales Superiores de Buceo acceso con B. P. 
de 2.ª Clase. e
Instalaciones y sistemas hiperbáricos: 18,79 euros. w.
RCOeobprrtaaesr  ayh csidioornládeuasldi caua rsfal:o  s3teu7 b,y9m s4aa erlivunaramo: se3.n6t,o7 0d ee ubruoqs.ues: 19,80 euros. 2020-504n https://w
Explosivos submarinos:26,72 euros.
Buceo en campana húmeda: 30,44 euros.
03_3 ep2 Especialidades Profesionales Medias de Buceo acceso con B. P. de 
2.ª Clase Restringido.
Rescate y salvamento en medio subacuático: 30,44 euros.
Buceador de rescate: 30,44 euros.
Recolección y extracción de recursos marinos con técnicas de buceo: 12,58 
euros.
Técnicas de investigación científica y arqueológica en medio subacuático: 26,72 
euros.
03_4 cp Certificación Profesional para el Buceo en Apnea.
Buceador recolector en apnea: 17,37 euros.
2.  Títulos de recreo.
Capitán de yate: 62,90 euros.
Patrón de yate: 57,52 euros.
Patrón de embarcaciones de recreo: 51,96 euros.
Patrón para la navegación básica: 43,42 euros.
Tarifa 2.  Expedición o renovación de tarjetas, títulos o diplomas.
1.  Expedición especialidades profesionales.
Marinero pescador: 17,64 euros.
Resto de especialidades: 35,29 euros.
Expedición por convalidación o canje: 40,11 euros.
Renovación de tarjetas: 36,91 euros.
2.  Expedición especialidades recreativas.
Nueva expedición de especialidad recreativa: 46,52 euros.
Expedición por convalidación o canje: 46,52 euros.
Renovación de tarjetas: 33,70 euros.
3.  Impresos de Licencia de Navegación:
Por cada 25 impresos de la FNMT: 45,80 euros.
Esta tarifa estará sujeta a un descuento del 50 por ciento en el caso de solicitud 
de expedición de duplicado de las tarjetas de identidad profesionales o deportivas, 
títulos o diplomas por pérdida o deterioro de la misma. Se expedirá este duplicado 
manteniendo el periodo de vigencia del original y haciendo constar en el documento 
dicha circunstancia.
Exenciones: Estarán exentos del pago de la tarifa 2.1 y tarifa 2.2 los sujetos 
pasivos que, a la fecha del devengo de la tasa, hayan cumplido los 65 años.
Tarifa 3.  Validaciones y convalidaciones.
Validación de prácticas para la obtención de títulos deportivos: 23,58 euros».
2.  Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,  o
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se suprime dentro de la Tasa 6.–Tasa por permisos  w
para cotos de pesca continental la «Tarifa 3.–Acotados de cangrejo».
3.  Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se suprime dentro de la Tasa 7.–Tasa por 
expedición de licencias de pesca continental el apartado Bonificaciones.
«Bonificaciones. - La tasa estará sujeta a la bonificación del 50 % del importe en 
el caso de la solicitud de duplicado de la licencia por pérdida o deterioro de la 
licencia original. Se expedirá el duplicado manteniendo el período de vigencia del 
original y haciendo constar en el documento dicha circunstancia».
4.  Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se suprime dentro de la Tasa 8. Tasa por licencias 
de caza y matrículas de cotos de caza el apartado Bonificaciones.
«Bonificaciones.–Las tarifas correspondientes a la expedición de licencias de 
caza estarán sujetas a la bonificación del 50 % del importe en el caso de la solicitud 
de duplicado de la licencia por pérdida o deterioro de la licencia original. Se expedirá 
el duplicado manteniendo el período de vigencia del original y haciendo constar en 
el documento dicha circunstancia».
5.  Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se modifica dentro de la Tasa 13. Tasa por 
permisos de caza en la Reserva Regional del Caza Saja el apartado Bonificación que 
tendrá la siguiente redacción:
«Bonificación. - Estarán bonificados en el 75 % del pago de la tasa los cazadores 
que acrediten ser miembros de entidades colaboradoras en los términos 
establecidos en el Decreto 45/2010 de 15 de julio, por el que se desarrollan las 
previsiones sobre Organización Administrativa contenidas en la Ley 12/2016 de 17 
de julio, de Caza de Cantabria. En el caso de las modalidades cinegéticas de 
práctica colectiva, solo se disfrutará de ese descuento en el supuesto de que todos 
los miembros de la cuadrilla tengan la condición de asociados a la entidad 
colaboradora. A estos efectos, deberán acreditar la condición de asociado mediante 
documento en vigor emitido por la entidad colaboradora».
6.  Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se modifica dentro de la Tasa 14. Tasa por jabalí 
cazado en la Reserva Regional del Caza Saja el apartado Bonificación que tendrá la 
siguiente redacción:
«Bonificación. - Estarán bonificados en el 75 % del pago de la tasa los cazadores 
que acrediten ser miembros de entidades colaboradoras en los términos 
establecidos en el Decreto 45/2010 de 15 de julio, por el que se desarrollan las 
previsiones sobre Organización Administrativa contenidas en la Ley 12/2016 de 17 
de julio, de Caza de Cantabria. En el caso de las modalidades cinegéticas de 
práctica colectiva, solo se disfrutará de ese descuento en el supuesto de que todos 
los miembros de la cuadrilla tengan la condición de asociados a la entidad 
colaboradora. A estos efectos, deberán acreditar la condición de asociado mediante 
documento en vigor emitido por la entidad colaboradora».
7.  Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,  s
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se suprime la Tasa 15. Tasa por lobo cazada en  e.
batidas de jabalí en la Reserva Regional de Caza Saja. w.
Tres.  Modificación de las Tasas aplicables por la Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
1.  Se modifica el apartado Noveno, punto 4, de la Tarifa T5: Embarcaciones 
deportivas y de recreo, de la Tasa «3 Tasas Portuarias», quedando como sigue:
«4.  Cuando la estancia en el puesto de amarre se efectúe por un plazo 
continuado superior a un año, se aplicará una reducción del 20 % sobre la tarifa 
correspondiente, sin que sea de aplicación a esta tarifa reducción alguna de las 
contempladas en el apartado ocho. En el caso de que el autorizado hubiera asumido 
expresamente el compromiso de estancia superior a un año en el momento de 
efectuar la solicitud, la bonificación se aplicará trimestralmente desde el inicio de la 
estancia, debiendo reintegrar las cuantías de las que se hubiera beneficiado en 
caso de renuncia a dicha solicitud sin cumplir el expresado plazo de un año. Si el 
precitado compromiso se adquiriera una vez autorizada la ocupación del puesto de 
amarre, la bonificación se aplicará desde el inicio de la estancia.
Así mismo, si el usuario abonara la tarifa a través de domiciliación bancaria, se 
aplicará adicionalmente una bonificación del 20 % sobre la tarifa correspondiente, 
una vez aplicada en su caso la reducción prevista en el párrafo anterior, sin que sea 
de aplicación reducción alguna de las contempladas en el apartado ocho de esta 
tarifa».
2.  Dentro de la «3 Tasas portuarias» tarifa Tarifa T-5: Embarcaciones deportivas y de 
recreo, se modifica la tarifa Novena, quedando como sigue:
«Novena:
1.  A los atraques no esporádicos en pantalanes, correspondientes a la nueva 
dársena deportiva del Puerto de Laredo, autorizados en virtud de resolución 
administrativa previa, les resultarán de aplicación específicamente las siguientes 
tarifas anuales:
Tarifa anual
Tipo de amarre
Eslora de embarcación –
Eslora × Manga
Euros
≤ 5 m 1.174,05
6 m × 2,8 m
> 5 m y ≤ 6 m 1.487,14
≤ 7 m 1.895,18
8 m × 3,4 m
> 7 m y ≤ 8 m 2.304,27
≤ 9 m 2.795,81
10 m × 4,2 m
> 9 m y ≤ 10 m 3.287,35
≤ 11 m 3.915,59
12 m × 4,8 m
> 11 m y ≤ 12 m 4.542,80
≤ 13,5 m 5.483,09
15 m × 5,3 m
> 13,5 m y ≤ 15 m 6.423,38 es
≤ 16,5 m 7.543,16 w.
18 m × 6,3 m w
> 16,5≤  m19 y  m≤ 18 m 89..666739,,9492
20 m × 7,0 m > 19 m y ≤ 20 m 10.695,88
En relación a la anualidad de 2020, las tarifas se prorratearán en función del 
momento en el que se obtenga la resolución administrativa que habilite la ocupación 
del pantalán.
En el supuesto de embarcaciones que solo pudieran acceder a pantalanes de 
dimensiones superiores a las que les corresponderían por sus dimensiones, la tarifa 
será la media entre la que le correspondería si hubiera pantalanes disponibles para 
su dimensión de embarcación y la correspondiente al pantalán que finalmente se le 
asigne.
2.  El usuario abonará la tarifa en todo caso por trimestres completos vencidos, 
sin que por tanto sea de aplicación lo establecido en el apartado 7 de esta tarifa, y 
sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior respecto a la tarificación en el 
periodo inicial, que será desde el momento de la resolución de autorización hasta el 
final del trimestre en el que se produzca.
3.  Las acometidas de agua y energía, así como los consumos eventualmente 
realizados se encuentran incluidos en las tarifas anteriores. De igual forma, se 
encuentran incluidos los gastos de gestión y tramitación que pudieran resultar 
necesarios para las personas físicas o jurídicas que no tengan su residencia habitual 
en territorio español y soliciten la utilización de los atraques de forma periódica.
4.  Cuando la estancia en el puesto de amarre se efectúe por un plazo 
continuado superior a un año, se aplicará una reducción del 20 % sobre la tarifa 
correspondiente, sin que sea de aplicación a esta tarifa reducción alguna de las 
contempladas en el apartado ocho. En el caso de que el autorizado hubiera asumido 
expresamente el compromiso de estancia superior a un año en el momento de 
efectuar la solicitud, la bonificación se aplicará trimestralmente desde el inicio de la 
estancia, debiendo reintegrar las cuantías de las que se hubiera beneficiado en 
caso de renuncia a dicha solicitud sin cumplir el expresado plazo de un año. Si el 
precitado compromiso se adquiriera una vez autorizada la ocupación del puesto de 
amarre, la bonificación se aplicará desde el inicio de la estancia.
Así mismo, si el usuario abonara la tarifa a través de domiciliación bancaria, se 
aplicará adicionalmente una bonificación del 20 % sobre la tarifa correspondiente, 
una vez aplicada en su caso la reducción prevista en el párrafo anterior, sin que sea 
de aplicación reducción alguna de las contempladas en el apartado ocho de esta 
tarifa.
5.  A los atraques esporádicos en pantalanes, para embarcaciones en tránsito, 
les serán de aplicación las siguientes tarifas diarias:
Tarifa diaria total
Tipo de amarre
Eslora de embarcación –
Eslora × Manga
Euros
≤ 5 m 29,22
6 m × 2,8 m
> 5 m y ≤ 6 m 30,30
≤ 7 m 31,30
8 m × 3,4 m
> 7 m y ≤ 8 m 32,35
≤ 9 m 33,39
10 m × 4,2 m
> 9 m y ≤ 10 m 35,49
≤ 11 m 36,53 bo
12 m × 4,8 m w.
> 11 m y ≤ 12 m 38,61 4w
15 m × 5,3 m ≤ 13,5 m 40,70
> 13,5 m y ≤ 15 m 43,84
Tarifa diaria total
Tipo de amarre
Eslora de embarcación –
Eslora × Manga
Euros
≤ 16,5 m 46,96
18 m × 6,3 m
> 16,5 m y ≤ 18 m 50,10
52,18
20 m × 7,0 m
> 19 m y ≤ 20 m 55,31
Para embarcaciones de menos de 8 metros se establece una bonificación del 25 % 
y si la embarcación, además, es de menos de 6 metros la bonificación se amplía 
hasta el 50 %.
El abono de la tarifa para embarcaciones en tránsito o de paso por el puerto se 
realizará por adelantado, a la llegada, y por los días que el sujeto pasivo declare al 
personal del puerto. Las acometidas de agua y energía, así como los consumos 
eventualmente realizados se encuentran incluidas en las tarifas anteriores.
6.  El importe de la tarifa aplicable será independiente de las entradas, salidas 
o días de ausencia de la embarcación, mientras tenga asignado puesto de atraque».
Cuatro.  Modificación de las Tasas aplicables por la Consejería Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior.
Se modifica la «5. Tasa por servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento, 
dentro del ámbito de protección civil», que queda redactada como sigue:
«5.  Tasa por servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento, dentro 
del ámbito de protección civil».
«Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa los servicios 
prestados por los órganos competentes de la Administración de Cantabria en 
materia de Protección Civil y Emergencias, a instancia de los interesados o bien de 
oficio por razones de seguridad pública, en los siguientes supuestos:
a)  Búsqueda, salvamento y rescate de personas, en los siguientes casos:
Cuando sean consecuencia de la realización de actividades que conlleven 
consigo un aumento del riesgo en situaciones de avisos, alertas o predicción de 
fenómenos meteorológicos e hidrológicos adversos, de nivel naranja, rojo o 
equivalente, emitidos por los servicios meteorológicos nacionales, de Protección 
Civil y organismos análogos competentes, incluido el organismo autónomo “Servicio 
de Emergencias de Cantabria”.
Cuando la búsqueda, el salvamento y/o rescate sea consecuencia de la 
inobservancia por el sujeto pasivo de señales de advertencia de zonas como 
peligrosas o de acceso prohibido o restringido.
Cuando el sujeto pasivo no haya cumplido con todos los trámites legales previos 
de obtención de autorizaciones o permisos para la realización de la actividad que 
provoque el accidente, en los casos en que ello sea preceptivo.
Cuando las personas buscadas, salvadas o rescatadas no llevaran el 
equipamiento imprescindible y sin el cual resulte manifiestamente inseguro el  e.
desarrollo de la actividad que se encontraban realizando. w.b
bc))   SSeerrvviicciioos d dee r eastecnacteió dne d aen eimmaelergse cnocnia dsu eenñ olo sid eensttaifibclaebcliem.ientos industriales,
ebsiepneecsia ylm eel nmtee dciuoa anmdob ieesnttéen. presentes sustancias peligrosas para las personas, los
d)  Servicios de asistencia en accidentes de tráfico o de ferrocarril en los que 
intervengan mercancías peligrosas.
Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas 
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
sean beneficiarias de la prestación de los servicios que constituyen el hecho 
imponible, con independencia de que existiera o no solicitud por su parte, dadas las 
circunstancias de emergencia en que se suelen realizar.
En el caso de que el sujeto pasivo tenga contratada una póliza de seguros que 
cubra los supuestos objeto de esta tasa, serán sujetos pasivos sustitutos las 
entidades o sociedades aseguradoras.
Devengo. Con carácter general, la tasa se devengará y nacerá la obligación de 
contribuir en el momento en que se produzca la salida de los equipos de intervención 
desde la base donde estén situados, salvo que el servicio efectivo no llegará a 
realizarse por causa no imputable al interesado.
Exenciones. Estarán exentos del pago de la tasa por la prestación del servicio 
de rescate de animales, todos los sujetos pasivos, cuando la intervención sea 
necesaria por causas sanitarias y de seguridad de las personas.
En el supuesto contemplado en el apartado a), gozarán de exención de esta 
tasa los sujetos pasivos siguientes:
a)  Las personas menores de 16 años de edad.
b)  Las personas que sufran una discapacidad psíquica que implique 
dificultades para comprender el riesgo o peligro.
Tarifas.–Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Tarifa 1.  Personal y medios técnicos de los servicios:
Por derechos de salida de la dotación completa de un parque de emergencias 
para la prestación de un servicio, durante la primera hora: 381,28 euros.
Por la segunda hora o fracción de hora de trabajo de la dotación completa de un 
parque de emergencias que acuda a la prestación de un servicio: 381,28 euros.
Tarifa 2.  Servicios prestados por el helicóptero del Gobierno de Cantabria:
Por derechos de salida del helicóptero del Gobierno de Cantabria para la 
prestación de un servicio, durante la primera hora: 1.906,41 euros.
Por la segunda hora o fracción de hora de trabajo del helicóptero del Gobierno 
de Cantabria para la prestación de un servicio: 1.906,41 euros.
Tarifa 3.  Servicios prestados por el personal de intervención del Gobierno de 
Cantabria o del Servicio de Emergencias de Cantabria en operaciones de rastreo, 
salvamento o rescate:
Por establecimiento del dispositivo de rastreo o búsqueda: 113,99 euros.
Por cada hora adicional: 57,01 euros la hora.
Tarifa 4.  Servicio prestado por el equipo de espeleosocorro contratado por el 
Gobierno de Cantabria:
Por derechos de salida de un equipo de espeleosocorro, hasta las seis primeras  oe.
horas:569,97 euros. w.
Por cada hora adicional de intervención para el equipo de espeleosocorro (hasta  4w
el final de la intervención): 113,99 euros la hora».
IguaCldinacdo, .C uMltuorad ifyi cDaecpióonr ted.e las tasas aplicables por la Consejería de Universidades,
1.  Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, se suprime la numerada como Tasa 5: «5. Tasas por servicios de 
certificaciones, copias, y reproducción de documentos en la Biblioteca Central de 
Cantabria» establecida por la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y 
Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria.
2.  Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, se modifica la «Tasa 1, Tasas por servicios de certificaciones, copias, 
diligencias y reproducción de documentos en el Archivo Histórico», que queda con la 
siguiente redacción:
«1.  Tasas por servicios de certificaciones, copias, diligencias y reproducción 
de documentos en el Archivo Histórico.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación 
por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de los servicios 
enumerados a continuación, realizados por el Archivo Histórico:
1.  Copias y autenticación.
Sujeto pasivo. Quedan sujetos al pago de la tasa las personas físicas o jurídicas 
y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que hagan uso de 
estos servicios.
Devengo. El tributo se devengará y exigirá con ocasión de la solicitud de los 
servicios mencionados.
Tarifas.  Las cuotas de la tasa se ajustarán a las tarifas siguientes:
Tarifa 1.  Diligencias de autenticación de fotocopias y cualquier otro tipo de 
reproducción de documentos hechos en el Archivo:
Por página original reproducida: 3,26 euros.
Tarifa 2.  Fotocopias y reproducciones digitales:
Por cada fotocopia o reproducción digital DIN A4: 0,122 euros.
Por cada fotocopia o reproducción digital DIN A-3: 0,245 euros.
Tarifa 3.  Soportes de entrega:
Por cada CD en que se entreguen las reproducciones digitales del Archivo 
Histórico y de la Biblioteca Central: 1,06 euros.
Por cada DVD en que se entreguen las reproducciones digitales del Archivo 
Histórico y de la Biblioteca Central: 1,59 euros».
3.  Dentro de las tasas aplicables a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte se modifica la Tasa 2 que tendrá la siguiente redacción:
«2.  Tasa por autorización de campamento y acampadas».
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible la solicitud formulada por los 
interesados a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de la 
autorización de campamento y acampadas. s
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las  oe.
Entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que lo soliciten o a las que  w.
saed mpDrienesivsteetr naegtli ovs.ae .rL vaSic ii toae gssartaa v daseod lodic.eitvuedn gnaor áfu eenra e pl rmecoimsae, netol  ddeev esnoglicoi tsaer  lpar oadcutucaircái óanl   2020-504n https://w
efectuarse de oficio la actividad constitutiva del hecho imponible.
Tarifas.  La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1.  Autorización de campamentos y acampadas: 6,59 euros».
Seis.  Modificación de las tasas aplicables por la Consejería de Sanidad.
Dentro de las Tasas aplicables por la Consejería de Sanidad, se modifica la Tasa 
«5.–Tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de despiece 
y establecimientos de transformación de la caza y otros establecimientos sujetos a control 
oficial», que queda redactada como sigue:
«5.  Tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas 
de despiece y establecimientos de transformación de la caza y otros establecimientos 
sujetos a control oficial.
Hecho imponible: Constituye el hecho imponible la realización de inspecciones y 
controles sanitarios necesarios para preservar la salud pública, realizados por el 
Servicio de Seguridad Alimentaria, en mataderos, salas de despiece y establecimientos 
de transformación de la caza. Así como la realización de controles oficiales adicionales, 
motivados por incumplimiento, en otros establecimientos sujetos a control oficial.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas que sean 
operadores o explotadores responsables de las actividades de matadero, salas de 
despiece,  establecimientos  de  transformación  de  la  caza,  así  como  de 
establecimientos y actividades incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa 
de seguridad alimentaria, y que por consiguiente se hayan sujetos a control oficial.
Responsables Subsidiarios: Los Ayuntamientos propietarios de los inmuebles o 
instalaciones utilizados como mataderos que no ejerzan por sí mismos la actividad 
comercial serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria generada por esta 
tasa.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento en que se realicen las 
actividades de inspección y control.
Autoliquidación e ingreso: Los obligados al pago de la tasa deberán repercutir 
íntegramente su importe sobre aquel para quien se realice la actividad cuya 
realización es objeto de control e inspección, quedando éste obligado a soportar 
dicha repercusión. La repercusión deberá realizarse mediante factura o documento 
sustitutivo y se entenderá hecha al tiempo de expedir y entregar tal factura o 
documento. Los obligados deberán, además, llevar un registro de todas las 
operaciones que sean objeto de la tasa.
Los obligados tributarios deberán ingresar la suma de las cuotas autoliquidadas 
el trimestre natural durante el mes siguiente a la finalización del mismo. El ingreso 
se hará conforme lo dispuesto para el pago de las tasas del Gobierno de Cantabria. 
En el caso de que la tasa se devengue como consecuencia de un control oficial 
adicional, el plazo para el ingreso será el determinado para el periodo voluntario por 
la Ley General Tributaria.
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Controles oficiales:
a)  Mataderos:
1.  Carne de vacuno: e.
Vacuno pesado: 5,00 euros por animal. w
V23..a  cuCCnaaorr nnjoeev  ddeeen  :sp 2oo,lr0ícp0ien edouo:rso/se qpuoirn oasn:i m3,a0l.0 euros por animal. OE-A-2020-50able en https://
Animales de menos de 25 kg en canal: 0,50 euros por animal.
– Superior o igual a 25 kg en canal: 1,00 euro por animal.
4.  Carne de ovino y caprino:
– De menos de 12 kg en canal: 0,15 euros por animal.
– Superior o igual a 12 kg en canal: 0,25 euros por animal.
5.  Carne de aves y conejos:
– Aves del género gallus y pintadas: 0,005 euros por animal.
– Patos y ocas: 0,01 euros por animal.
– Pavos: 0,025 euros por animal.
– Carne de conejo de granja: 0,005 euros por animal.
– Codornices y perdices: 0,002 euros por animal.
b)  Salas de despiece:
Por tonelada de carne:
1.  de vacuno, porcino, solípedo/equino, ovino y caprino: 2,00 euros.
2.  de aves y conejos de granja: 1,50 euros.
3.  de caza silvestre y de cría:
De caza menor de pluma y pelo: 1,50 euros.
De ratites (avestruz, emú, ñandú): 3,00 euros.
De verracos y rumiantes: 2,00 euros.
c)  Establecimiento de transformación de la caza:
1.  Caza menor de pluma: 0,005 euros por animal.
2.  Caza menor de pelo: 0,01 euros por animal.
3.  Ratites: 0,5 euros por animal.
4.  Mamíferos terrestres:
Verracos: 1,5 euros por animal.
Rumiantes: 0,5 euros por animal.
Considerando el carácter sanitario de la actividad de control e inspección en 
mataderos, salas de despiece y establecimientos de transformación de la caza y 
otros establecimientos sujetos a control oficial, procede establecer reducciones al 
importe de las tasas que persigan promover e incentivar la mejora de la calidad 
sanitaria de las actividades que en estos establecimientos se desarrolla, podrán 
acogerse a las siguientes deducciones:
a)  Por sistemas de autocontrol evaluados:
La deducción podrá aplicarse cuando el establecimiento disponga de un sistema 
de autocontrol basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos APPCC, 
incluyendo la existencia de procedimientos y registros que garanticen la trazabilidad 
de los animales, sus canales y demás productos manipulados en el establecimiento: 
información  de  la  cadena  alimentaria  del  ganado  sacrificado,  así  como 
procedimientos en materia de bienestar animal evaluado oficialmente y con  s
resultado favorable. Cuantía de la deducción: 10 % de la cuota. oe.
El requisito para el reconocimiento de la deducción por sistemas de autocontrol  w.
edreveaa llaliuc aeednmo fpsur nescseiaroá,n  reeelsa i nldizfeoa rcdmoaen p tfroaorvl  posaraarntbeitl ead redio el.o lsa  óúrltgimanao asu ddeit olarí aad dmeli nsiissttreamciaó nd es aanuittaorcioan qtruoel   2020-504n https://w
b)  Por el cumplimiento de las condiciones generales de higiene y seguridad 
alimentaria:
La deducción podrá aplicarse cuando en el establecimiento no se detecten 
incumplimientos que impliquen un riesgo para la Salud Pública en el historial de los 
operadores en cuanto al cumplimiento de las normas relativas a la seguridad 
alimentaria, incluidas las normas destinadas a garantizar prácticas leales en el 
comercio y a proteger los intereses y la información de los consumidores. Cuantía 
de la deducción: 10 % de la cuota.
Esta deducción se aplicará cuando en los controles oficiales se verifique el 
cumplimiento de las normas indicadas.
c)  Por el cumplimiento de los criterios microbiológicos:
La deducción se aplicará cuando los resultados de los controles analíticos 
microbiológicos sean acordes a lo establecido por el Reglamento (CE) 2073/2005 de 
la Comisión de 15 de noviembre de 2005. Cuantía de la deducción: 10 % de la cuota.
Para la aplicación de las deducciones previstas en los apartados anteriores, se 
solicitará el previo reconocimiento por los órganos competentes de la Administración 
en materia sanitaria de que se cumplen las condiciones anteriormente referidas 
cada ejercicio.
Las solicitudes serán remitidas por parte de los interesados antes del 31 de 
enero de cada ejercicio y en ella se detallarán los conceptos para los que se solicita 
la deducción, aportando los documentos probatorios que tendrá efectos solo para el 
ejercicio en que se solicite.
En el caso de no pronunciarse expresamente la autoridad sanitaria competente 
en el plazo de dos meses, contado desde la entrada de la solicitud en el registro del 
órgano competente para su tramitación, el obligado podrá entender estimada su 
solicitud, pudiendo aplicar las deducciones solicitadas en la primera autoliquidación 
que realice a partir de la finalización de dicho plazo hasta la autoliquidación del 
último trimestre de dicho ejercicio.
Estas autorizaciones para la deducción de tasas podrán ser modificadas o 
incluso revocadas en caso de existir informes motivados sobre el no cumplimiento 
de los requisitos exigidos para su aplicación.
Controles Adicionales:
Los controles oficiales adicionales motivados por incumplimientos no podrán ser 
objeto de deducciones y la tarifa correspondiente a aplicar será:
1.  Por cada control oficial adicional (máximo 1 hora): 54,80 euros.
2.  Suplemento por cada ½ hora o fracción que exceda la primera: 11,56 euros».
Siete.  Se procede a renumerar las tasas recogidas en el Anexo I de la ley y ordenarlas 
en función de la reorganización de las Consejerías operada por Decreto 7/2019, de 8 de 
julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.
Artículo 2.  Modificación de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se modifica el artículo 31 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de  bo
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  w
mreeddaicacnióten :la inclusión de un nuevo apartado que se denominará 4.BIS y tendrá la siguiente
«4. bis.  Cuando de los datos obrantes en el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, se pueda concluir que las concentraciones de las sustancias  Bc
contaminantes presentes en el agua residual industrial no son constantes, para su
determinación podrán ser tenidos en cuenta los datos obrantes desde la última 
resolución, o su defecto desde el inicio de la exigibilidad del tributo, con la finalidad 
de garantizar su representatividad.
Dichas concentraciones calculadas serán las consideradas a los efectos de la 
determinación de las cuotas tributarias, con la salvedad de los supuestos que se 
desarrollen reglamentariamente».
CAPÍTULO II
Tributos cedidos
Artículo 3.  Modificación del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de 
Tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio.
Uno.  Se modifica artículo 2.1. del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en 
materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 
de junio, que tendrá la siguiente redacción:
«1.  Por arrendamiento de vivienda habitual.
El contribuyente podrá deducir el 10 por ciento, hasta un límite de 300 euros 
anuales de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el arrendamiento 
de su vivienda habitual si reúne los siguientes requisitos:
a)  Tener menos de 35 años cumplidos, o tener 65 o más años. El contribuyente 
con discapacidad física, psíquica o sensorial que tenga la consideración legal de 
persona con discapacidad con un grado de disminución igual o superior al 65 por 
ciento de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 367 del texto refundido 
de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, está exonerado de cumplir este requisito para 
tener derecho a gozar de esa deducción.
b)  Que la base liquidable del periodo, después de las reducciones por mínimo 
personal y familiar sea inferior a 22.946 en tributación individual o a 31.485 euros en 
tributación conjunta.
c)  Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 
ciento de la renta del contribuyente.
En el caso de tributación conjunta, el importe máximo de la deducción será 
de 600 euros, pero al menos uno de los declarantes deberá reunir los requisitos 
enunciados anteriormente para tener derecho a gozar de esta deducción.
La base de esta deducción estará constituida por las cantidades justificadas con 
factura o recibo satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia 
bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las 
personas o entidades que sean arrendadores de la vivienda. En ningún caso, darán 
derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de 
dinero en efectivo».
Dos.  Se modifica el párrafo tercero del artículo 2.3. del Texto Refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción: es
«La base de esta deducción estará constituida por las cantidades justificadas  w.
con factura y satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia  4w
bpearnscoanraias,  och eenqtuidea dneosm iqnuaeti vroe aoli cinegnr etasloe se no bcruaes.n tEans  neinn geúnnti dcaadseos,  ddaer ácnré ddeitroe, cah ola as 
perfeaccttiivcoa»r .esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en  BOE-A-cable e
Tres.  Se modifica el artículo 2.7 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales 
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, 
de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:
«7.  Deducción por gastos de enfermedad.
El contribuyente se podrá deducir un 10 % de los honorarios profesionales 
abonados durante el año por la prestación de servicios sanitarios por motivo de 
enfermedad, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, 
tanto propios como de las personas que se incluyan en el mínimo familiar, siempre 
y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Seguridad Social o en su caso 
por la Mutua o entidad aseguradora correspondiente del contribuyente.
Esta deducción tendrá un límite anual de 500 euros en tributación individual y 
700 en tributación conjunta. Estos límites se incrementarán en 100 euros en 
tributación individual cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad y 
acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. En el caso de tributación 
conjunta el incremento será de 100 € por cada contribuyente con dicha discapacidad.
Requisito para la deducción: Que la base liquidable del periodo, después de las 
reducciones por mínimo personal y familiar sea inferior a 22.946 euros en tributación 
individual o a 31.485 euros en tributación conjunta.
La base de esta deducción estará constituida por las cantidades justificadas con 
factura y satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, 
cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o 
entidades que presten los servicios. En ningún caso, darán derecho a practicar esta 
deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en efectivo».
Cuatro.  Se modifica el artículo 2.8 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales 
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, 
de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:
«8.  Deducción por gastos de guardería.
El contribuyente se podrá deducir un 15 % en los gastos de guardería de los 
hijos o adoptados con un límite de 300 euros anuales por hijo menor de tres años. 
En caso de tributación individual, se prorrateará la deducción según los gastos 
justificados por cada contribuyente, sin que supere conjuntamente la cantidad 
máxima de deducción.
Requisito para la deducción: Que la base liquidable del periodo, después de las 
reducciones por mínimo personal y familiar sea inferior a 22.946 euros en tributación 
individual o a 31.485 euros en tributación conjunta.
La base de esta deducción estará constituida por las cantidades justificadas con 
factura y satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, 
cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o 
entidades que presten los servicios. En ningún caso, darán derecho a practicar esta 
deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en efectivo».
Cinco.  Se modifica el primer párrafo del artículo 2.9 del Texto Refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:
«El titular de familia monoparental podrá deducirse 200 euros anuales en su  o
declaración del IRPF, siempre que la base liquidable del periodo impositivo después  ww.
de las reducciones por mínimo personal y familiar sea inferior a 31.485 euros». 2020-504n https://w
Seis.  Se suprime la deducción autonómica regulada en el apartado 10 del artículo 2 
del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, y se sustituye por la 
Deducción por nacimiento y adopción de hijos que tendrá la siguiente redacción:
«10.  Deducción por nacimiento y adopción de hijos.
Por cada hijo nacido o adoptado, que convivan con el contribuyente en la fecha 
del devengo del impuesto, en el periodo impositivo 100 euros, siempre que la base 
liquidable del periodo, después de las reducciones por mínimo personal y familiar 
sea inferior a 31.485 euros».
Siete.  Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, con el siguiente contenido:
«11.  Deducción aplicable a contribuyentes que tengan su residencia habitual 
en zonas rurales de Cantabria en riesgo de despoblamiento.
Se entenderá por zona rural en riesgo de despoblamiento aquellos municipios o 
ayuntamientos que cumplan alguno de los siguientes criterios objetivos:
a)  Población inferior a 2.000 habitantes.
b)  Densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
c)  Tasa de envejecimiento superior al 30 %.
La Consejería de Economía y Hacienda publicará anualmente mediante Orden 
la relación de municipios o ayuntamiento que tendrán tal consideración, de acuerdo 
con los datos oficiales facilitados por el ICANE.
Para determinar el concepto de residencia habitual se estará en los dispuesto 
por el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La base de las deducciones contempladas en los apartados siguientes estará 
constituida por las cantidades justificadas con facturas o recibos y satisfechas, 
mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o 
ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que presten 
los servicios de guardería. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción 
las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en efectivo.
11.1  Por contratos de arrendamiento de viviendas situadas en zonas de 
Cantabria en riesgo de despoblamiento y que constituyan o vayan a constituir la 
vivienda habitual del arrendatario.
11.1.1  Deducción para el arrendatario.
El arrendatario podrá deducir el 20 por ciento, hasta un límite de 600 euros 
anuales en tributación individual y 1.200 euros en tributación conjunta de las 
cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el arrendamiento de su vivienda 
habitual, siempre que la base liquidable del periodo, después de las reducciones por 
mínimo personal y familiar, sea inferior a 22.946 euros en tributación individual o 
a 31.485 euros en tributación conjunta.
Esta deducción es incompatible con la aplicación de la deducción por 
arrendamiento de vivienda habitual prevista en el apartado 1). e.
11.1.2  Deducción para el arrendador. w
normEal sa rerestnadbaledcoird apso derná  loresd aurctíirc uello rse 2n2d,i m2i3e nyt o2 4n edteo ,la d Leeteyr mdeinl aI.dRo. Pc.Fo,n efonr mune  5a0 l a%s 
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despoblamiento.
11.2  Deducción por gastos de guardería.
Si la vivienda habitual del contribuyente se encuentra situada en una de las 
zonas rurales de Cantabria calificada como en riesgo de despoblamiento, se podrá 
deducir un 30 % en los gastos de guardería de los hijos o adoptados con un límite 
de 600 euros anuales por hijo menor de tres años.
Requisito: Que la base liquidable del periodo, después de las reducciones por 
mínimo personal y familiar sea inferior a 22.946 euros en tributación individual o 
a 31.485 euros en tributación conjunta.
Esta deducción es incompatible con la aplicación de la deducción por guardería 
prevista en el apartado 8).
11.3  Por los gastos ocasionados al trasladar la residencia habitual a una zona 
de Cantabria en riesgo de despoblamiento por motivos laborales por cuenta ajena o 
por cuenta propia.
El contribuyente podrá deducirse 500 euros en el periodo impositivo en el que 
se produzca el cambio de residencia y en el siguiente.
El traslado de la residencia habitual desde cualquier punto de España a una 
zona en riesgo de despoblamiento de Cantabria, debe venir motivado por la 
realización de una actividad laboral bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia.
Para consolidar el derecho a la deducción, es preciso que el contribuyente 
permanezca en la nueva residencia habitual durante el año en que se produce el 
traslado y los tres siguientes.
El incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos anteriores dará lugar a la 
integración de las cantidades deducidas en la cuota íntegra autonómica del ejercicio 
en que se produzca el incumplimiento, con los correspondientes intereses de 
demora.
La base liquidable del periodo, después de las reducciones por mínimo personal 
y familiar sea inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en 
tributación conjunta.
El importe de la deducción no podrá exceder de la parte autonómica de la cuota 
íntegra procedente de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas del 
ejercicio en que resulte aplicable la deducción.
Particularidades en caso de tributación conjunta.
En el supuesto de tributación conjunta, la deducción de 500 euros se aplicará, 
en cada uno de los periodos impositivos en que sea aplicable la deducción, por cada 
uno de los contribuyentes que traslade su residencia en los términos anteriormente 
comentados, con el límite de la parte autonómica de la cuota íntegra procedente de 
rendimientos del trabajo y de actividades económicas que corresponda a los 
contribuyentes que generen derecho a la aplicación de la deducción.
11.4  Para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años que fijen 
su residencia habitual en zonas de riesgo de despoblamiento.
Cuantía de la deducción.
1.000 euros para los contribuyentes menores de 35 años que causen alta por 
primera vez, como persona física o como partícipe en una entidad en régimen de  es
atribución de rentas, en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores  o
previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el  ww.
RIdnees pgAelpaclmicciaeócnni tóTonr i bGdueet anTreriiabra uylt  dodese. D leassa rArocltluoa dceio lanse sN oyr mloass  CPoromcuendeims dieen ltooss P droec eGdeimstiieónnt oes   2020-504n https://w
Requisitos para la aplicación de la deducción.
La deducción se practicará en el periodo impositivo en que se produzca el alta 
en el Censo.
Que la actividad se desarrolle principalmente en el territorio de la Comunidad de 
Cantabria.
Que el contribuyente se mantenga en el citado Censo durante al menos un año 
desde el alta.
No se considerará incumplido este requisito en el caso de fallecimiento del 
contribuyente antes del transcurso de un año desde el alta en el censo, siempre que 
no se hubiere dado de baja en el mismo antes del fallecimiento.
En la tributación conjunta no se multiplicará el importe de la deducción por el 
número de miembros de la unidad familiar que cumplan con los requisitos exigidos 
para su aplicación».
Ocho.  Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, con el siguiente contenido:
«12.  Los contribuyentes podrán aplicar las siguientes deducciones por 
inversiones o donaciones a entidades de la Economía Social establecidas en 
Cantabria.
a)  El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en las 
aportaciones realizadas con la finalidad de ser socio en entidades que formen parte 
de la Economía Social a que se refiere el apartado siguiente.
b)  El 50 % de las cantidades donadas, con carácter irrevocable, a entidades 
que formen parte de la Economía social para el desarrollo de actividades económicas 
tanto nuevas como de afianzamiento de las ya realizadas.
c)  El 25 % de las cantidades donadas, con carácter irrevocable, a entidades 
que formen parte de la Economía social para la realización de actividades de 
fomento y difusión de la Economía social, en los términos previstos en el artículo 8 
de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE del 30).
2.  Límite conjunto: El importe máximo de los tres supuestos contemplados de 
esta deducción es de 3.000 euros, tanto en tributación individual como en tributación 
conjunta, y sin que ninguna cantidad pueda ser objeto de deducción simultáneamente 
en dos o más de las modalidades de esta deducción.
Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción.
3.  La aplicación de esta deducción está sujeta al cumplimiento de los requisitos 
y condiciones siguientes.
a)  La participación alcanzada por el contribuyente computado junto con las del 
cónyuge o personas unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, 
por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no podrá ser superior 
al 40 por 100 del capital de la entidad objeto de la inversión o donación.
b)  La entidad en la que debe materializarse la inversión o donación tendrá que 
cumplir los siguientes requisitos: e.e
1.º  Formar parte de la economía social, en los términos previstos en la Ley  w
5ca/2tá023l1o..1ººg  ,o dsTC eeeo nsn2ett9aar  brsd,l ueee c ndimd opomarsoriz cmqoiulei,oe dd  sireoeo  ccaEoinacnulo oaynzl o,fc icmsaocníana ll a  uSe ncnooa cCn pidaaeilnc rystióao nben rsadita eao. rce uninptsidacadrdaita  dc oeen ne  cclooonnso trrmaetgíoai s lsatrobocosira aol.l   OE-A-2020-50able en https://
y a jornada completa, y dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social.
Los requisitos establecidos en los puntos 1.º, 2.º y 3.º anteriores deberán 
cumplirse durante un periodo mínimo de tres años a contar desde la aportación o 
donación.
4.  Las operaciones en las que sea de aplicación la deducción deberán 
formalizarse en escritura pública, en la que se hará constar la identidad de los 
inversores y el importe de la inversión respectiva.
5.  Para tener derecho a esta deducción se debe acreditar la efectividad de la 
donación y el valor de la misma mediante certificación emitida por la entidad donataria.
6.  Las entregas o donaciones que forman la base de esta deducción deberán 
realizarse mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque 
nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las entidades que 
reciban la donación.
En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las aportaciones o 
donaciones satisfechas mediante entregas de dinero en efectivo.
7.  En el caso de la modalidad 12.a, la participación en el capital adquirido 
como consecuencia de la inversión realizada, habrá de mantenerse en el régimen 
de patrimonio del contribuyente durante un período mínimo de cinco años.
8.  El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los 
apartados anteriores comportará la pérdida del beneficio fiscal y, en tal caso, el 
contribuyente deberá incluir en la declaración del impuesto correspondiente al 
ejercicio en que se haya producido el incumplimiento la parte del impuesto que se 
hubiera dejado de pagar como consecuencia de la deducción practicada, junto con 
los intereses de demora devengados.
9.  Esta deducción será incompatible, para las mismas inversiones, con las 
deducciones “Por donativos a fundaciones o al Fondo Cantabria Coopera.” y 
“Deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de 
nuevas entidades o de reciente creación”».
Nueve.  Se modifica el artículo 9.3. apartado b) del Texto Refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:
«b)  Persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la 
consideración legal de minusválida con un grado de disminución igual o superior 
al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento.
Cuando, como resultado de la adquisición de la propiedad de la vivienda, esta 
pase a pertenecer pro indiviso a varias personas se aplicará el tipo reducido a cada 
uno de los sujetos pasivos en proporción a su porcentaje de participación en la 
adquisición siempre que al menos una de ellas reúna el requisito previsto en esta 
letra y adquiera, como mínimo, el porcentaje que represente el usufructo vitalicio 
calculado en virtud del artículo 26 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siendo suficiente con que adquiera el 50 
% para la aplicación del tipo reducido a todos los sujetos pasivos si el usufructo 
representase más de ese porcentaje».
Diez.  Se modifica el artículo 9.4 del Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales 
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, 
de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción.
«4.  Se fija un tipo reducido del 5 por ciento para las adquisiciones de viviendas  b
que vayan a ser objeto de inmediata rehabilitación. Requisitos para su aplicación: w
consat)a r qEune  elal  dvoivcieunmdean vtoa  ap úsbelri coob jeento e dl eq iunem seed iafotarm reahliacebi lliata ccioómn.p Nraov seen taap slicea hráa reál 
tipo reducido si no consta dicha declaración en el documento, ni tampoco se aplicará
cuando se produzcan rectificaciones del documento que subsanen su omisión, una  Bc
vez pasados tres meses desde la formalización de la compraventa.
b)  La edificación objeto de compraventa debe mantener el uso de vivienda al 
menos durante los tres años siguientes a su rehabilitación.
c)  El coste total de las obras de rehabilitación será como mínimo del 25 por 
ciento del precio de adquisición de la vivienda que conste en escritura. La cuota 
soportada en las facturas por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no se tendrá 
en cuenta para el cómputo del coste total de las obras de rehabilitación cuando el 
adquirente sea un sujeto pasivo del IVA.
d)  las obras de rehabilitación deberán finalizarse en un plazo inferior a 
dieciocho meses desde la fecha de devengo del impuesto.
A los efectos de este artículo son obras de rehabilitación de viviendas las 
siguientes:
a)  Obras de reconstrucción de las viviendas, que comprendan obras de 
consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas.
b)  Obras de adecuación estructural que proporcionen a la edificación 
condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su 
estabilidad y resistencia mecánica.
c)  Obras de refuerzo o adecuación de la cimentación, así como las que afecten 
o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.
d)  Obras de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
e)  Obras de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
f)  Obras de supresión de barreras arquitectónicas y/o instalación de elementos 
elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso 
por personas con discapacidad.
g)  Obras de albañilería, fontanería y carpintería para la adecuación de 
habitabilidad de la vivienda que la proporcionen condiciones mínimas respecto a su 
superficie útil, distribución interior, aislamiento acústico, servicios higiénicos u otros 
servicios de carácter general.
h)  Obras destinadas a la mejora y adecuación de la envolvente térmica de la 
vivienda, de instalación o mejora de los sistemas de calefacción, de las instalaciones 
eléctricas, de agua, climatización y protección contra incendios.
i)  Obras de rehabilitación energética destinadas a la mejora del comportamiento 
energético de la vivienda reduciendo su demanda energética, al aumento del 
rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos 
que utilicen fuentes de energía renovables.
j)  Se excluye del concepto de obras de rehabilitación de vivienda las realizadas 
por el propio titular de la misma sin contar con la participación de profesionales de 
la construcción.
En el plazo máximo de los treinta y dos días posteriores a los dieciocho meses 
desde el devengo, el sujeto pasivo deberá presentar ante el Servicio de Tributos u 
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario competente la siguiente documentación:
a)  La licencia municipal de obras de rehabilitación de la vivienda por un importe 
de las obras que, como mínimo, sea el que da derecho a la aplicación del presente 
tipo reducido.
b)  Una relación firmada de las facturas derivadas de la rehabilitación, con 
indicación para cada una del número y, en su caso, serie, la fecha de expedición, la  s
fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior,  oe.
el nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de  w.
ispduae rcnaat ilsfaioc aa epcl ilóiIcmna pcfiuisóecnsa tdlo de sel ot iqbpuroei é renel d lVaua celioxdrpo Ai dlañe a,c deoilnd isome. pArvosaritmceió istnom tdaoel,  d sdeeic rlhaáa  rfsae cqfatuucirstauit roda eisms pgpolroers suacnni ndpdolai bezlone    2020-504n https://w
de 4 años desde que finalicen los treinta días hábiles del periodo de presentación de
la documentación. Bc
El incumplimiento de la obligación de presentar la documentación reseñada en 
el plazo establecido o la falta de adecuación de las obras realizadas, determinarán 
la pérdida del derecho al tipo reducido.
La aplicación del tipo reducido estará condicionada a que los importes 
satisfechos por la rehabilitación sean justificados con factura y abonados mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en 
cuenta en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen las obras o 
presten los servicios. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las 
cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en efectivo».
Once.  Se suprime al apartado 2 del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/2008, de 19 de junio.
Doce.  Se modifica el apartado 3 del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:
«3.  Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por 
objeto la cantidad o cosa evaluable, contengan actos o contratos inscribibles en los 
Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y no sujetos al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los 
apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, tributarán, además, al tipo de gravamen del 1,5 %, en 
cuanto a tales actos o contratos. Por el mismo tipo y mediante la utilización de 
efectos timbrados tributarán las copias de las actas de protesto.
Cuando se trate de documentos que formalicen préstamos con garantía 
hipotecaria el tipo de gravamen será en todo caso del 2 %».
Trece.  Se modifica el apartado 4.b) del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:
«4.  En los documentos notariales en los que se protocolice la adquisición de 
viviendas o las promesas u opciones de compra sobre las mismas, que vayan a 
constituir la vivienda habitual del contribuyente, se aplicará el tipo reducido del 0,3 
por ciento, siempre que el sujeto pasivo reúna alguno de los siguientes requisitos o 
circunstancias:
[…] b) Persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la 
consideración legal de minusválida con un grado de disminución igual o superior 
al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento.
Cuando, como resultado de la adquisición de la propiedad de la vivienda, esta 
pase a pertenecer pro indiviso a varias personas se aplicará el tipo reducido a cada 
uno de los sujetos pasivos en proporción a su porcentaje de participación en la 
adquisición siempre que al menos una de ellas reúna el requisito previsto en esta 
letra y adquiera, como mínimo, el porcentaje que represente el usufructo vitalicio 
calculado en virtud del artículo 26 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siendo suficiente con que adquiera el 50 
% para la aplicación del tipo reducido a todos los sujetos pasivos si el usufructo 
representase más de ese porcentaje». e.
Catorce.  Se modifica el apartado 11 del artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de  w
MLeegdisidlaatsiv oF i6s2ca/2le0s0 8e, nd em 1a9te driea  judnei otr, ibquuteo qs uceeddaid roesd apcotar deol  cEosmtaod os,ig auper:obado por Decreto
«11.  El tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales que formalicen
la constitución y cancelación de derechos reales de garantía, cuando el sujeto
pasivo sea una sociedad de garantía recíproca o una entidad del sector público 
empresarial participada por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en un porcentaje de al menos el 95 %, será del 0,3 %».
Quince.  Se modifica el apartado 1.1 del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:
«1.1  En las apuestas el tipo será, con carácter general, el 12 %, el cual recaerá 
sobre la diferencia entre el importe total de los billetes o boletos vendidos menos las 
cantidades satisfechas a los jugadores como ganancias».
TÍTULO II
Medidas administrativas
Artículo 4.  Modificación de la Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea 
el Instituto de Finanzas de Cantabria.
Uno.  Se modifica la redacción del apartado 4.e) del artículo 5 de la Ley de 
Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, 
que pasará a tener la siguiente redacción:
«e)  Fijar las cuantías a percibir en concepto de asistencias por los miembros 
del Consejo de Supervisión y de la Secretaría, en el marco de la política de 
retribuciones del sector público empresarial y fundacional, en los términos previstos 
en la normativa vigente».
Dos.  Se modifica la redacción del apartado 5.b) del artículo 7 de la Ley de 
Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, 
que pasará a tener la siguiente redacción:
«b)  La elaboración de propuestas en aquellas materias de la competencia del 
Consejo Ejecutivo».
Tres.  Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 11 de la Ley de 
Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, 
que pasará a tener la siguiente redacción:
«2.  Previo acuerdo de su Consejo Ejecutivo y con la posterior autorización 
específica del Consejo de Gobierno para cada operación o línea de actuación, el 
Instituto de Finanzas de Cantabria podrá:
a)  Formalizar avales u otro tipo de garantías a favor de personas naturales o 
jurídicas pertenecientes al sector privado siempre que su domicilio social, 
establecimiento permanente o centro de dirección se sitúen, o vayan a situarse, en 
Cantabria, con excepción de las entidades señaladas en el apartado d). El Instituto 
de Finanzas de Cantabria podrá reservarse los beneficios de excusión, orden, 
división y plazo respecto a los avales que preste. El aval podrá adoptar cualquiera 
de las formas previstas por las leyes.
b)  Formalizar créditos u otro tipo de operaciones de financiación a favor de  e
personas naturales o jurídicas pertenecientes al sector privado siempre que su  bo
domicilio social, establecimiento permanente o centro de dirección se sitúen, o  w
vdcuaeyy ooacp n)de  oaram Escsiiitcotuainlaiboerls sese cod,ec eeri  afnpiln ,rC aoeangsncrtaaitaambcbleairóicsani m. oy  ileaínnveatoale sps ed, ream  afaacnvtoueran cdteieó  onp  ecdeqirnuetecrñotaa d,s em y d emidreeiacdnciatióenn ala ss  eceo msnitpcúreeesnsió,a nos    OE-A-2020-50able en https://
vayan a situarse, en Cantabria. El programa o la línea de actuación establecerá las
condiciones a las que se deberán someter las pequeñas y medianas empresas para 
tener acceso al mismo; la aprobación de cada una de las operaciones de financiación 
o aval enmarcadas dentro del programa o línea de actuación solamente requerirá la 
aprobación del Consejo Ejecutivo de ICAF.
d)  Formalizar créditos u otro tipo de operaciones de financiación, así como de 
aseguramiento o garantía a favor de las entidades inscritas en el Registro de 
Comunidades Cántabras que prevé el artículo 5 de la Ley de Cantabria 2/2018, de 8 
de mayo, de Casas de Cantabria. El Instituto de Finanzas de Cantabria podrá 
reservarse los beneficios de excusión, orden, división y plazo respecto a los avales 
que preste. El aval podrá adoptar cualquiera de las formas previstas por las leyes».
Cuatro.  Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 15 de la Ley de 
Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria, 
quedando redactado:
«3.  El Instituto de Finanzas de Cantabria se financiará con ingresos 
comerciales, mediante la ejecución de las operaciones financieras para las que se 
halle habilitado de conformidad con esta Ley y con la normativa básica estatal en 
materia de ordenación del crédito y la banca».
Artículo 5.  Modificación de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del 
Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.
Uno.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al artículo 4 en los siguientes 
términos:
«Artículo 4.  El Sector Público Institucional.
El Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
comprende:
a)  Los organismos públicos, las entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma y los 
consorcios.
b)  Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las fundaciones 
del sector público, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley 
que específicamente se refieran a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades 
administrativas.
c)  La Universidad de Cantabria, que se regirá por su normativa específica y 
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
d)  Los fondos sin personalidad jurídica».
Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 28 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, 
de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactado en los siguientes términos:
«1.  El Consejo de Gobierno estará asistido por la Comisión de Secretarios  e.
Generales que estará formada por los Secretarios Generales de las distintas  w.
Consejerías. El Director/a General del Servicio Jurídico asistirá en condición de  4w
aensefesromr,e sdua da,u sseernác isau pelnid eas ptao rC eolm/lais tiiótunl aern d leo sla s usupbudeisrteocsc idóen  vgaecnaenratel , daeul sSeenrcviiac ioo 
Jurídico».
Tres.  Se suprime el apartado 2 del artículo 49 en la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, 
de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria quedando el artículo con un párrafo único.
Cuatro.  Se modifica el artículo el artículo 50, 1 c) de la ley 5/ 2018, de 22 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactado en los 
siguientes términos:
«c)  Decretos acordados en Consejo de Gobierno: las disposiciones aprobadas 
por el Consejo de Gobierno que, por tener carácter normativo, deban adoptar dicha 
forma jurídica. Estos Decretos irán firmados por el Presidente del Gobierno y el 
Consejero proponente. Cuando el Decreto afecte a las competencias de más de una 
Consejería, será competente para su firma el consejero que tenga atribuidas las 
funciones de Presidencia o quien actúe de Secretario del Consejo de Gobierno, a 
propuesta de los Consejeros interesados».
Cinco.  Se modifica el artículo 51 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y se añaden los artículos 51.bis, 51.ter, 51.quater 
y 51.quinquies, que quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 51.  Procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y 
disposiciones de carácter general: Trámites comunes.
1.  El procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, proyectos de 
decreto legislativo y disposiciones de carácter general se iniciará en la Consejería o 
Consejerías competentes mediante la elaboración del correspondiente texto y se 
ajustará a los trámites de los apartados siguientes.
2.  Con carácter previo a la elaboración del correspondiente texto se llevarán a 
cabo el trámite de consulta pública, que se publicará en el BOC y en el portal de 
transparencia, durante un plazo que en ningún caso será inferior a diez días.
3.  Los anteproyectos de ley, el proyecto de decreto legislativo o el proyecto de 
disposición de carácter general se someterán al trámite conjunto de audiencia e 
información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el BOC que indique el 
plazo para hacer sugerencias y el portal de transparencia donde se podrá acceder 
al proyecto normativo, durante un plazo que en ningún caso será inferior a diez días.
Se podrá prescindir del trámite conjunto de audiencia e información pública en 
el supuesto de normas presupuestarias u organizativas, y, excepcionalmente, 
cuando concurran graves razones de interés público las cuales han de constar en el 
expediente.
En los supuestos de tramitación urgente de proyectos de ley, proyectos de 
decreto legislativo y disposiciones de carácter general no será necesario realizar la 
consulta previa a su elaboración.
4.  A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además de los 
informes y dictámenes preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen 
convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto.
El órgano administrativo que tramite el procedimiento elaborará una memoria de 
análisis de impacto normativo, que incorporará los siguientes contenidos:
a)  Oportunidad de la propuesta normativa: justificación de la necesidad de  e.
regulación y del rango normativo y adecuación de la regulación a los objetivos y  w.b
finalidades de la norma. 4w
dispbo)s iciConoenste vniigdeon: tmesa arc loa sn qourme aatfievcot ae no  deel rqougea ,s aed iencsueartcaió lna  aplr oorpdueens tdae,  dreislatrcibióunc iódne 
de competencias y relación con el ordenamiento estatal y europeo.
c)  Análisis de los siguientes impactos:
1.  Impacto económico, que evaluará las consecuencias de la aplicación sobre 
los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la 
competencia, la unidad de mercado y la competitividad.
2.  Impacto presupuestario, con referencia a la incidencia eventual de la norma 
en los ingresos y en los gastos del sector público.
3.  Cargas administrativas que comporta la propuesta.
d)  Análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en los 
trámites de consulta, audiencia e información pública, y de los informes emitidos, y 
su reflejo en el texto de la propuesta, si procede.
e)  Referencia al procedimiento de elaboración normativa, con la constancia, si 
procede, de la tramitación urgente.
f)  Evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación.
g)  Cualquier otro aspecto, que resulte relevante a criterio del órgano que 
tramita el procedimiento, así como otras evaluaciones de impacto previstas en la 
legislación vigente.
5.  Cuando cualquier clase de proyecto normativo afecte a la organización 
administrativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma o al régimen 
de personal funcionario no docente o laboral de régimen general, se recabará 
informe complementario específico previo de la Consejería competente en estas 
materias. Si transcurridos quince días desde la recepción de estas solicitudes no se 
hubiere formulado ninguna objeción, se podrá continuar la tramitación.
Evacuados, en su caso, los trámites de consulta, audiencia, información pública 
y demás informes, el proyecto o anteproyecto normativo, será remitido al titular de 
la Secretaría General de la Consejería proponente que recabará un informe de la 
Asesoría Jurídica sobre la legalidad del mismo.
Artículo 51 bis.  Procedimiento de elaboración de normas con rango de ley: 
Trámites específicos.
1.  Terminada la redacción del texto normativo de que se trate y cumplidos los 
trámites comunes contemplados en el artículo 51, el Secretario General de la 
Consejería proponente remitirá el proyecto a las Secretarías Generales de las demás 
Consejerías a los efectos de la emisión por éstas del correspondiente informe, que 
deberá ser emitido en el plazo de diez días. Asimismo, deberá ser remitido para 
informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos de 
conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 26.2. de la Ley 14/2006, 
de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
2.  Una vez transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior la Consejería 
proponente remitirá el proyecto, con toda la documentación adicional generada, a la 
Dirección General del Servicio Jurídico, así como, en su caso, a los órganos 
consultivos cuyo dictamen tenga carácter preceptivo conforme a las normas vigentes 
o cuya opinión se estime conveniente para garantizar el acierto y legalidad del 
proyecto normativo de que se trate. El dictamen de estos órganos consultivos, en su 
caso, se emitirá en el plazo de quince días si se trata de órganos dependientes de 
la Comunidad Autónoma o en el previsto en su propia normativa cuando el órgano  e.
consultivo dependa o esté vinculado a otra Administración. Salvo en el supuesto de  w.b
que se requiera informe del Consejo de Estado, de solicitarse dictamen a un órgano  4w
cJounrísduicltoiv qou see erám, ietinrá t oedl os ucyaos oc,o pnr epvoisot earli oinrfidoarmd ey  deen  leal  Dpilraezcoc idóen  qGueinnceer adl ídaes l dSeesrdveic iloa 
solicitud por parte de la Consejería proponente.
3.  En los proyectos de ley a remitir al Parlamento el texto irá acompañado de 
una Exposición de Motivos que exprese los que hubieren dado origen a su 
elaboración, así como los fines en cada caso perseguidos. Asimismo, el proyecto irá 
acompañado de la documentación a que se refiere esta Ley y la legislación sobre 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 51 ter.  Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general 
con forma de decreto: Trámites específicos.
1.  Terminada la redacción del texto normativo de que se trate y cumplidos los 
trámites comunes contemplados en el artículo 51, el Secretario General de la 
Consejería proponente remitirá el proyecto a las Secretarías Generales de las 
demás Consejerías a los efectos de la emisión por éstas del correspondiente 
informe, que deberá ser emitido en el plazo de diez días. Asimismo, deberá ser 
remitido para informe de la Dirección General competente en materia de 
presupuestos de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
y 26.2. de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
2.  Una vez transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior la Consejería 
proponente remitirá el proyecto, con toda la documentación adicional generada, a la 
Dirección General del Servicio Jurídico, así como, en su caso, a los órganos 
consultivos cuyo dictamen tenga carácter preceptivo conforme a las normas vigentes 
o cuya opinión se estime conveniente para garantizar el acierto y legalidad del 
proyecto normativo de que se trate. El dictamen de estos órganos consultivos, en su 
caso, se emitirá en el plazo de quince días si se trata de órganos dependientes de 
la Comunidad Autónoma o en el previsto en su propia normativa cuando el órgano 
consultivo dependa o esté vinculado a otra Administración. Salvo en el supuesto de 
que se requiera informe del Consejo de Estado, de solicitarse dictamen a un órgano 
consultivo será, en todo caso, previo al informe de la Dirección General del Servicio 
Jurídico que emitirá el suyo con posterioridad y en el plazo de quince días desde la 
solicitud por parte de la Consejería proponente.
Artículo 51 quater.  Procedimiento de elaboración de las órdenes de los Consejeros: 
Trámites específicos.
1.  Cuando las órdenes afecten a las competencias de varias Consejerías será 
preceptivo el informe de todas las Secretarías Generales afectadas por la orden. 
Estas órdenes, asimismo, deberán ser informadas por la Dirección General del 
Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria.
2.  Asimismo, deberá remitirse para informe de la Dirección General competente 
en materia de presupuestos de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y 26.2. de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
Artículo 51 quinquies.  Conservación de expedientes en repositorio electrónico 
seguro.
Cuando se trate de proyectos de ley, proyectos de decreto legislativo o normas 
reglamentarias con forma de decreto el expediente administrativo electrónico con 
toda la documentación derivada del procedimiento al que se refieren los apartados  e
anteriores será conservado en el repositorio electrónico seguro adscrito a la  bo
Consejería que tenga atribuidas las funciones de Presidencia». w
Seis.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción a los apartados 1 y 3 del 
artículo 86 en los siguientes términos:
«Artículo 86.  El Sector Público Institucional.
1.  El Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
está integrado por las siguientes Entidades:
a)  Los Organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma, que se clasifican en:
1.º  Organismos Autónomos.
2.º  Entidades Públicas Empresariales.
b)  Otras Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma.
c)  Los consorcios.
d)  Las sociedades mercantiles autonómicas.
e)  Las fundaciones del sector público.
f)  La Universidad de Cantabria.
g)  Los fondos sin personalidad jurídica.
[…]
3.  Las Entidades que conforman el Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma dependen de ésta a través de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria y se adscriben a la Consejería competente 
por razón de la materia, bien por su previsión en los Estatutos o normas de creación 
del ente, bien presupuestariamente, correspondiéndole a la misma la dirección 
estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad y el control 
de eficacia. No podrán ni depender ni adscribirse a otra Entidad de las que 
conforman el Sector Público Institucional».
Siete.  Se modifica el artículo 90 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 90.  Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector 
público institucional autonómico.
1.  A los efectos de favorecer el seguimiento de la actividad de las entidades 
integrantes del sector público institucional autonómico, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo anterior, se crea un Consejo de seguimiento que se encargará de 
llevar a cabo un análisis de la actividad desarrollada por las entidades públicas 
empresariales, las sociedades mercantiles, las fundaciones y demás entes del 
sector público institucional autonómico de acuerdo con su plan de actuación, los 
principios y objetivos consagrados en su norma de creación, su presupuesto, 
informes de gestión y los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y 
administración.
2.  Este órgano estará formado por los titulares de la Consejerías a las que  e.e
estén adscritas las entidades o las personas en quien deleguen, uno de los cuales  b
ejercerá la Presidencia; un funcionario con competencias en materia jurídica, que  w
apactrulaamráe nctoamrioos S. ecretario, y un representante elegido por cada uno de los grupos
3.  El Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector público 
institucional autonómico, cuyas sesiones ordinarias se celebrarán al menos una vez 
al año, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que se precisen, dispondrá de 
los siguientes medios y funciones:
a)  Ser informado de las convocatorias de los órganos de gobierno de los 
entes, así como del orden del día de las mismas, al mismo tiempo que a los 
miembros de esos órganos.
b)  Recibir las actas de las reuniones de los órganos de gobierno y administración 
inmediatamente después de ser aprobadas.
c)  Recibir informes anuales sobre la gestión de las actividades más relevantes 
que estén siendo o hayan sido desarrolladas durante ese periodo.
d)  Tener acceso a todos los contratos o negocios jurídicos formalizados por 
cada uno de los entes.
e)  Recibir un informe sobre las principales actuaciones previstas para cada 
periodo anual que deberá ser entregado al Consejo a lo largo del mes de diciembre 
del año anterior.
f)  Solicitar las aclaraciones que considere oportunas a los afectos de informar 
o aclarar cualquier cuestión relativa a la documentación remitida al Consejo.
g)  Acceder, conforme a lo previsto en la legislación vigente en la materia, a la 
documentación e información que exista en la entidad y que sea necesaria para el 
ejercicio de la función de seguimiento de la actividad, pudiendo solicitar su puesta a 
disposición en cualquier momento con el fin de ejecutar fielmente su labor.
h)  Emitir recomendaciones y sugerencias sobre el funcionamiento, programas 
y gestión para su toma en consideración por parte del órgano competente».
Ocho.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado tercero del 
artículo 91 en los siguientes términos:
«3.  A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá 
acompañarse una memoria justificativa que acredite la concurrencia de los requisitos 
anteriores. Esta propuesta será informada por la Intervención General de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma.
La declaración de medio propio de las entidades integrantes del Sector Público 
Institucional autonómico deberá recogerse expresamente en los estatutos de la 
entidad, que serán aprobados por el Consejo de Gobierno a propuesta de la 
Consejería a la que esté adscrito. La aprobación o modificación de los estatutos de 
la entidad implicará la declaración de medio propio y servicio técnico de la 
Administración».
Nueve.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción a los apartados cuarto b) 3.º 
y 5.º del artículo 91 en los siguientes términos:
«3.º  Tarifas que deberán ser aprobadas por el Consejo de Gobierno a 
propuesta de la Consejería a la que se adscriba el ente con los criterios legalmente 
establecidos y sin que en ningún caso quepa incluir el beneficio industrial. En  e.
aquellos supuestos en que los elementos a tarifar no puedan determinarse a priori  w.b
deben incluirse como gastos a justificar con el fin de que el pago se ajuste al gasto  4w
efec«ti5v.aº meAnptreo breaacliiózna dpoo»r .el Consejo Gobierno a propuesta de la Consejería a la que
se adscribe el medio propio».
Diez.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado 2 del artículo 93 
en los siguientes términos:
«2.  Los organismos públicos dependen de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria directamente de acuerdo con el principio de 
instrumentalización para la realización de actividades administrativas, de fomento, 
prestación y gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público 
susceptibles de contraprestación cuyas características justifiquen una organización 
en régimen de descentralización funcional o el sometimiento a un particular estatuto 
de independencia».
Once.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción a los apartados 2 y 3 del 
artículo 102 en los siguientes términos:
«2.  Los organismos autónomos dependen de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y se adscriben a la Consejería competente por 
razón de la materia, por su previsión en la norma de creación del mismo.
3.  La dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su 
actividad y el control de eficacia de los organismos autónomos corresponde a la 
Consejería a la que se adscriban».
Doce.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado 2 del artículo 108 
en los siguientes términos:
«2.  Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se adscriben a la Consejería 
competente por razón de la materia, por su previsión en la norma de creación del 
ente, a la que corresponderá la dirección estratégica, la evaluación de los resultados 
y el control de eficacia».
Trece.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al artículo 115 en los 
siguientes términos:
«La Comunidad Autónoma podrá crear por Ley Entidades de Derecho Público 
vinculadas o dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. 
Dichas entidades se regularán conforme a lo dispuesto en su Ley de creación, sus 
Estatutos, y la legislación especial de los sectores económicos en los que operen y, 
supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo 
dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley de 
Finanzas, la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa sobre Patrimonio, así 
como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea 
de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común». e.
Catorce.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen  w
JCaurotrímcíduuilcnooi d1 a2d«d4e3  lAe . Gnu tolLóobansisoe s mrfiunganou d,ide adence tieCo snlaa etn ésAtra mddbemrinil aioSn,s eisd:ctatronardc Poió únnb ulyiec voda ea lur etSodenacóctmcoióric noP  úan bollo ipcsoo da rpIánansr tteiatnud conision n3ga úyln  d 4ce ad sleoal    BOE-A-2020-50cable en https://
disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Ello, no
obstante, excepcionalmente, la Ley puede atribuirles potestades administrativas. En 
tal caso su actividad se ajustará al régimen sustantivo en cada caso establecido, así 
como a la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
En estos supuestos, las decisiones adoptadas por los órganos supremos de 
gobierno y dirección de las fundaciones del Sector Público Institucional autonómico 
serán recurribles a través del recurso de alzada ante la Consejería de adscripción.
4.  En la denominación de las fundaciones del sector público autonómico 
deberá figurar necesariamente la indicación “fundación del sector público” o su 
abreviatura “F.S.P.”».
Quince.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado primero del 
artículo 125 en los siguientes términos:
«1.  La adscripción y el protectorado de las fundaciones del Sector Público 
Institucional autonómico se regulan por lo dispuesto en la normativa estatal sobre 
esta materia en relación con lo previsto en el artículo 86.3 de esta Ley».
Dieciséis.  Se introduce un nuevo capítulo VII en el Título IV de la Ley de 
Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO VII
Fondos sin personalidad jurídica
Artículo 130 bis.  Régimen Jurídico.
Los fondos sin personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en su Ley de 
creación; supletoriamente, por la presente Ley y la legislación de finanzas y 
presupuestos de la Comunidad Autónoma; y finalmente, por la restante legislación 
estatal y autonómica que les sea de aplicación».
Diecisiete.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción a los apartados 1, 3, párrafo 
primero, 4 y 6 del artículo 134 en los siguientes términos:
«1.  Para la debida constancia de cuantos escritos, documentos y comunicaciones 
oficiales se presenten o reciban en los distintos órganos y unidades de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se crea un Registro 
Electrónico General, adscrito a la Consejería que tenga atribuidas las competencias 
en materia de Presidencia. Reglamentariamente se determinará su contenido y 
funcionamiento. También se deberán anotar en el mismo la salida de documentos 
oficiales dirigidos a otros órganos o particulares».
«3.  En la sede electrónica donde se encuentra el punto de acceso al Registro 
Electrónico General figurará también la relación actualizada de los trámites que 
pueden iniciarse en el mismo».
«4.  En el Registro Electrónico General se anotarán los asientos respetando el 
orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día  e.e
en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, de los documentos, solicitudes,  b
escritos y comunicaciones serán remitidas por comunicación electrónica interna sin  w
dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes».
«6.  El Registro Electrónico General para su implementación contará 
obligatoriamente con las necesarias Oficinas de Asistencia en materia de Registro 
Electrónico General.
La Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de Presidencia 
hará pública y mantendrá actualizada la relación de oficinas de Asistencia en materia 
de Registro, y su horario de funcionamiento.
Las  entidades  de  derecho  público  vinculadas  o  dependientes  de  la 
Administración autonómica dispondrán de sus propias Oficinas de Asistencia en 
materia de Registro».
Dieciocho.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado segundo del 
artículo 151 en los siguientes términos:
Se suprime el segundo párrafo del apartado segundo del artículo 151 de la Ley de 
Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de forma que el apartado segundo queda redactado 
de la siguiente manera:
«El conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas 
corresponderá a la Junta Económico-Administrativa».
Diecinueve.  Se modifica la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, dando nueva redacción al apartado tercero del 
artículo 171 en los siguientes términos:
«3.  Los contratos menores serán publicados conforme establecen la normativa 
de contratos del sector público y sobre transparencia».
Veinte.  Se añade una nueva disposición transitoria cuarta en la Ley 5/2018, de 22 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición transitoria cuarta.  Procedimientos de elaboración de disposiciones 
normativas iniciados a la entrada en vigor de la ley.
A los procedimientos de elaboración de normas con rango de ley y disposiciones 
de carácter general ya iniciados a la entrada en vigor de la modificación operada por 
el apartado cuarto del artículo 5 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 
para 2020 no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior».
Veintiuno.  Se modifica la disposición final primera de la Ley 5/2018, de 22 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactado en los 
siguientes términos:
«Se autoriza al Gobierno de Cantabria a dictar cuantas disposiciones 
reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de esta Ley, así como para la 
adaptación a la misma de los distintos procedimientos administrativos. es
El Gobierno, en un plazo de seis meses, regulará mediante Decreto el régimen  bo
de funcionamiento del Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del  w
Vesinetcidtoórs p. úbSliec oin incsotriptuocriaonn aal l aAuntoenxóom I ic«oR»e.lación de Procedimientos Administrativos
cLueyyo 5 p/2la0z1o8 ,m dáex 2im2 od ep anroav nieomtifbicrea,r  dlae  RReésgoimluecnió nJu eríxdpicreos dae el sG soubpieerrnioor,  ad es elais A mdmesineiss»tr adceió lna   BOE-A-cable e
y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los siguientes 
procedimientos:
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo:
«– Procedimiento de inscripción y cancelación de empresas o actividades 
turísticas en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria.
Plazo: doce meses.
– Procedimiento para ordenar la modificación o el cese de actividad turística.
Plazo: doce meses.
– Procedimiento para declarar la inexactitud, falsedad, omisión o dejar sin 
efecto la declaración responsable de inicio, ampliación o reforma.
Plazo: doce meses.
– Procedimiento sancionador en materia de turismo.
Plazo: doce meses».
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
«Procedimiento sancionador en materia de Patrimonio Cultural.
Plazo: doce meses».
Veintitrés.  Se incorporan al Anexo II «Relación de Procedimientos Administrativos en 
los que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios», de la Ley 5/2018, de 22 
de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los siguientes procedimientos:
«1.  Autorización de apertura o cambio de categoría de campamentos de 
turismo.
2.  Declaración de Fiesta de Interés Turístico.
3.  Concesión de medallas y placas al Mérito Turístico».
Veinticuatro.  Se modifica el Anexo II de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del sector público 
institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, incluyendo un nuevo apartado en 
la relación de procedimientos administrativos en los que el silencio administrativo tiene 
efectos desestimatorios.
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior:
«6.  Inscripción de estatutos de los Colegios Profesionales y sus modificaciones 
en el Registro de Colegios Profesionales de Cantabria».
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
«1.  Solicitud de iniciación de procedimiento de declaración de Bien de Interés 
Cultural.
2.  Solicitud de iniciación de procedimiento de declaración de Bien de Interés 
Local.
3.  Solicitud de iniciación de procedimiento de declaración de Bien Inventariado.
4.  Solicitud de iniciación de procedimiento para dejar sin efecto una declaración 
de Bien de Interés Cultural. s
5.  Solicitud de iniciación de procedimiento para dejar sin efecto una declaración  oe.
de Bien de Interés Local. w.
6.  Solicitud de iniciación de procedimiento para dejar sin efecto una declaración  4w
de B7i.e n AInuvtoerniztaarciaiodnoe.s de actuaciones en bienes declarados de Interés Cultural y de
Inter8é. s LPorcóarrl.oga de las autorizaciones de actuaciones en bienes declarados de  BOE-A-cable e
Interés Cultural y de Interés Local.
9.  Autorización de desplazamientos de inmuebles declarados Bien de Interés 
Cultural o Bien de Interés Local.
10.  Autorización de actuaciones sobre los Monumentos o su entorno de 
Protección.
11.  Autorización de obras en Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés 
Cultural cuando su concesión corresponde a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.
12.  Autorización de obras en Lugares Culturales declarados Bien de Interés 
Cultural cuando su concesión corresponde a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.
13.  Autorización de remociones de tierras en zonas arqueológicas y 
paleontológicas.
14.  Autorización de actuaciones arqueológicas.
15.  Autorización de actividades en cuevas naturales con interés arqueológico».
Artículo 6.  Régimen Sancionador en materia de pesca, marisqueo y acuicultura.
Primero.  Objeto.
El objeto de este artículo es regular el ejercido de la potestad sancionadora en materia 
de protección y conservación de los recursos marinos, actividades extractivas de productos 
pesqueros, acuicultura, ordenación del sector pesquero, así como los relativos al buceo y 
a la formación náutico-pesquera y náutico-deportiva.
Este régimen sancionador es aplicable, en relación con las infracciones cometidas en 
el territorio de la Comunidad Autónoma, en la zona marítimo-terrestre, en las aguas 
marítimas interiores, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva del litoral de 
Cantabria, con pleno respecto a las competencias del Estado.
Segundo.  Potestad sancionadora.
La potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de 2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y la ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el resto de 
disposiciones que sean aplicables.
Tercero.  Sujetos responsables.
1.  Son sujetos responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas que por 
acción u omisión realicen las conductas tipificadas en este artículo.
2.  Serán responsables de las infracciones cometidas por los menores de edad no 
emancipados o las personas declaradas judicialmente incapaces, las persona que ejerzan 
la patria potestad o la tutela.
3.  Cuando la infracción sea imputable a varias personas y no sea posible determinar 
el grado de participación de cada uno, responderán solidariamente:
a)  Los propietarios de los buques, armadores, fletadores y patrones o quienes dirijan 
las actividades respecto de las infracciones cometidas durante el desarrollo de la actividad 
pesquera y marisquera a flote.
b)  Los propietarios de las empresas y el personal responsable de su actividad en lo 
relativo a acuicultura, comercialización y transformación de productos. s
c)  Los propietarios de la empresa de trasporte y quienes participen en el transporte,  oe.
en el caso de las infracciones cometidas en el ejercicio de esta actividad. w.
vaefenctdtae), n a aLs aíl asc  ocpmoemrose oerncl aipasel iztrisatuoclniaóarnel  sdr eeys  pplaroosn desuancbttiodlesa  dddeees  sl agu ep asetcsotcrivaais,d  eadld em,  leaanrsi  slcqoaunsejaoos  d oye  l adin eaf rcloauscic ccuioeltnnuetrraso. sq udee   2020-504n https://w
e)  Las personas titulares de empresas de hostelería y comercio en el caso de 
infracciones cometidas en la oferta de productos pesqueros que no cumpla los requisitos 
legales para su tenencia y comercialización.
Cuarto.  Concurrencia de responsabilidades.
1.  La responsabilidad por las acciones u omisiones tipificadas en el presente artículo 
es de naturaleza administrativa y no excluye las de otro orden a que haya lugar.
2.  Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una 
misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.
3.  No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.
4.  Cuando la conducta infractora pueda ser constitutiva de delito, se dará traslado del 
tanto de culpa al ministerio fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento 
sancionador hasta que el fiscal archive la denuncia o la autoridad judicial dicte resolución 
firme que ponga fin al procedimiento.
De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo 
competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados en la 
resolución judicial firme vincularán al órgano administrativo.
Quinto.  Extinción de la responsabilidad.
La responsabilidad derivada de la comisión de infracciones tipificadas en el presente 
artículo se extinguirá:
a)  Por el fallecimiento de la persona física sancionada.
b)  Por cumplimiento de la sanción impuesta.
c)  Por la prescripción de la infracción.
d)  Por prescripción de la sanción.
Sexto.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1.  Las infracciones tipificadas en el presente artículo prescriben a los tres años las 
muy graves, a los dos años las graves y al año las leves.
2.  Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán 
a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos y al año las impuestas por 
infracciones leves.
3.  En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará 
a contar desde el momento de la finalización de la actividad o desde el último acto con que 
la infracción se consuma.
4.  Cuando los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos 
por carecer de signos externos, el plazo de prescripción se computará desde que éstos se 
manifiesten.
Séptimo.  Registro Autonómico de Infractores de Pesca y Actividades Marítimas.
1.  Dependiente de la Consejería competente en materia de pesca, se creará el 
Registro Autonómico de Infractores de Pesca y Actividades Marítimas, en el que se 
deberán inscribir de oficio todas las personas que hayan sido sancionadas por resolución 
firme como consecuencia del ejercicio del procedimiento de la potestad sancionadora  e.e
prevista en el presente artículo. b
Este registro no tendrá carácter público, y su acceso por terceros exige el  w
cons2e. ntiEml ireengtois teroxp creosnote dned rláa  lpoesr seoxntrae mquoes  aqfueect asdea d.etallan en el anexo II de la presente
Ley.
3.  Las personas infractoras que hayan extinguido su responsabilidad tendrán derecho 
a la cancelación de sus antecedentes y a ser dados de baja de oficio en dicho Registro, 
una vez transcurrido el plazo de un año.
4.  Este registro habrá de coordinarse con el Registro Nacional de infracciones graves 
a la política pesquera común, regulado en el Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero.
Asimismo, la Consejería competente puede acordar mecanismos de coordinación con 
otras Comunidades Autónomas para la efectividad del Registro, en términos de 
reciprocidad.
Octavo.  Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a)  El ejercicio de la actividad sin llevar consigo la correspondiente licencia o cualquier 
otro documento exigido por la normativa vigente.
b)  El cumplimiento defectuoso de las preceptivas obligaciones de información a las 
Administraciones Públicas.
c)  El cumplimiento defectuoso de las normas de señalización e identificación cuando 
no impidan las labores de inspección.
d)  Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la legislación pesquera comunitaria o previstas en Convenios, Acuerdos o 
Tratados Internacionales en materia de pesca y marisqueo en aguas interiores y que no 
constituyan infracción grave o muy grave.
e)  El uso para la práctica de la pesca deportiva de más utensilios de los permitidos.
f)  La cumplimentación incorrecta del libro registro de la actividad pesquera, así como 
los documentos de captura y desembarco, que no supongan una alteración de los datos 
relativos a capturas o esfuerzo pesquero.
g)  La práctica de la actividad extractiva y de selección de capturas con luces que 
dificulten la visibilidad de las reglamentarias.
Noveno.  Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1.  Con carácter general:
a)  El ejercicio de la actividad careciendo de la licencia, autorización o título 
administrativo habilitante.
b)  El incumplimiento de normas o condiciones establecidas por la Administración 
competente para la concesión de la licencia, autorización o título administrativo habilitante.
c)  La alteración de los datos y circunstancias que figuren en la licencia, autorización 
o título administrativo habilitante.
d)  La transmisión, cesión o préstamo de la licencia, autorización o título administrativo 
habilitante en los casos en los que, sea intransmisible o cuando, siéndolo, no se comunique 
a la Administración.
e)  La presentación de información o documentos falsos, así como no proporcionar 
determinados datos que tuviese la obligación de aportar y que pudieran llevar a la 
Consejería competente a otorgar un beneficio a la persona interesada que, en caso 
contrario, no podría obtener.
f)  La falta de colaboración, por acción u omisión, de las actuaciones de investigación,  es
inspección, vigilancia o control de las Administraciones públicas competentes, sin llegar a  o
impedir su ejercicio. ww.
entrghe))g  árANsteeelgana tearsnr e ve,e la rcbl aasselmor  edreneqt equ ueceroi dnlaotr  adp eolovrso l oliunscs iipónensc pateo scruteo ser eecson,s  eaisl  tdeeejmevroacl ivsceeiora  dl ainesv  sicauabspl etfuu.rnacsio anle ms.ar, o a  2020-504n https://w
i)  Deshacerse de las capturas o artes con el objeto de impedir la labor inspectora,
con independencia de que se recuperen posteriormente.
j)  El empleo de embarcaciones que no cumplan los requisitos exigidos por la 
normativa reguladora de la actividad, o para realizar una actividad distinta de la autorizada.
k)  La realización de actividades no permitidas en las zonas de protección así 
declaradas.
l)  La realización de actividades que provoquen una alteración o destrucción de los 
recursos marisqueros y pesqueros.
m)  La captura o recolección de cualquier especie en el medio marino que no esté 
considerada como permitida en la normativa reguladora de la materia.
2.  En lo relativo a actividades extractivas:
a)  La realización de actividades extractivas en zonas cerradas por motivos higiénico-
sanitarios.
b)  El incumplimiento de las normas de identificación y señalización.
c)  El incumplimiento de la obligación de llevar visible en la forma prevista 
reglamentariamente el folio y la matrícula del buque, impedir su visibilidad o manipularla 
dificultando el ejercicio de la actividad inspectora.
d)  El incumplimiento de las normas sobre esfuerzo pesquero o cupos de capturas.
e)  La cesión del excedente de la pesca capturada.
f)  El incumplimiento de los horarios establecidos reglamentariamente.
g)  El empleo o tenencia de aparejos, artes, utensilios o medios no autorizados o con 
malla antirreglamentaria.
h)  El empleo o tenencia a bordo de cualquier artefacto o dispositivo que reduzca la 
selectividad de las artes, aparejos o útiles.
i)  La realización de la actividad en épocas, fondos o zonas vedadas o prohibidas.
j)  La realización de la actividad incumpliendo las distancias o profundidades 
reglamentarias.
k)  Salvo las excepciones contempladas en la normativa vigente, la captura, 
conservación abordo, utilización como cebo, transbordo, desembarco, almacenamiento y 
transporte, así como la tenencia, cesión a terceros, exposición a la venta y venta de:
Ejemplares por debajo de las tallas mínimas establecidas.
Hembras ovadas de crustáceos.
Especies prohibidas.
Especies sujetas a vedas con carácter general o para la modalidad autorizada, durante 
el período de vigencia de la misma.
Cantidades de pesca superiores a las autorizadas.
l)  La tenencia, antes de su primera venta, de especies capturadas sin contar con la 
autorización necesaria o en condiciones distintas a las establecidas en la autorización.
m)  El desembarco o descarga de productos fuera de los puertos o de las zonas 
autorizadas para ello, así como fuera del horario establecido.
n)  La venta o intercambio de las capturas obtenidas en el ejercicio de la pesca 
deportiva.
ñ)  El incumplimiento de las normas sobre transporte y arrumaje de artes y aparejos.
o)  La ausencia a bordo, la falta de cumplimentación, así como la cumplimentación 
incorrecta de los documentos de captura y desembarco exigidos reglamentariamente.
p)  No llevar instalados a bordo los sistemas de control y localización exigibles por 
la normativa vigente, así como manipularlos, alterarlos, dañarlos o interferir sus  s
comunicaciones. oe.
q)  Tener mayor potencia de motores que la máxima autorizada en la embarcación  w.
qeuxper res) esa uLmtailei cncetae pp.aturara e jdeerc eprr olad auccttiovsid apde.squeros mediante buceo salvo que se autorice  2020-504n https://w
s)  El ejercicio de la actividad extractiva profesional sin llevar puesto el chaleco
reglamentariamente previsto, impedir su visibilidad o manipularlo dificultando el ejercicio  Bc
de la actividad inspectora.
t)  El incumplimiento de normas que afecten al número y enrole de la tripulación.
u)  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de Convenios, 
Acuerdos, Tratados  Internacionales  o  Normas  establecidas  en  el  seno  de  las 
Organizaciones Regionales de Pesca u otras Organizaciones Internacionales, cuando 
suponga una vulneración de las medidas de conservación y gestión de los recursos 
pesqueros.
v)  Utilizar equipos de buceo autónomo o semiautónomo o propulsión subacuática 
para la práctica de la pesca submarina.
w)  Cargar o mantener cargado el fusil de pesca submarina fuera del agua o dentro 
de la zona de protección establecida mediante distancias mínimas.
x)  Organizar concursos de pesca de recreo sin autorización o incumpliendo lo 
establecido en la misma.
3.  En lo relativo a la acuicultura:
a)  El cambio de especies en establecimientos de acuicultura sin la debida 
autorización.
b)  El incumplimiento de las normas de control de producción de los establecimientos 
de acuicultura.
c)  El incumplimiento de las obligaciones de señalización y balizamiento que se 
impongan reglamentariamente.
d)  La inmersión o siembra de especies autorizadas, cuando se incumplan las 
condiciones establecidas en la autorización.
e)  La tenencia, utilización, tráfico e inmersión de especies no autorizadas en 
establecimientos de acuicultura.
f)  La liberación de organismos al medio sin autorización.
4.  En lo relativo a formación:
a)  Impartir enseñanzas en centros no autorizados.
b)  El incumplimiento en las condiciones por las cuales se ha concedido la autorización 
administrativa para impartir enseñanzas en estas materias.
c)  El incumplimiento de las normas reglamentarias previstas sobre la enseñanza y 
formación de estas materias.
d)  La presentación de documentos o información falsa para la tramitación de títulos 
o tarjetas de identificación deportiva.
5.  En lo relativo a actividades de buceo:
a)  El ejercicio de actividades de buceo sin el preceptivo seguro de accidentes y 
responsabilidad civil.
b)  El incumplimiento en las condiciones establecidas en las autorizaciones de los 
trabajos subacuáticos.
c)  Los incumplimientos en materia de seguridad subacuática.
d)  El ejercicio de actividades de buceo sin la preceptiva señalización.
e)  La posesión de un título deportivo o tarjeta de identificación falso.
Décimo.  Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves: s
1.  Con carácter general: b
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el ejercicio de las actividades reguladas por esta norma.
c)  La falta de colaboración u obstrucción, por acción u omisión, de las actuaciones de 
investigación, inspección, vigilancia o control de las Administraciones Públicas 
competentes, impidiendo su ejercicio.
d)  El empleo de violencia contra los inspectores en el ejercicio de sus funciones.
2.  En lo relativo a actividades extractivas:
a)  La realización de actividades dirigidas a impedir el derecho al ejercicio de la 
actividad extractiva de terceros.
b)  El uso de artes o métodos de arrastre en aguas interiores.
c)  El uso o tenencia de explosivos, armas, sustancias tóxicas, venenosas, soporíferas 
o contaminantes durante el ejercicio de la actividad.
d)  La destrucción o deterioro del entorno marino durante el ejercicio de la actividad 
extractiva cuando conlleve graves daños para la flora o la fauna.
3.  En lo relativo a la acuicultura:
a)  La instalación de establecimientos de acuicultura sin contar el título habilitante que 
autorice la actividad.
b)  La tenencia, utilización, tráfico e inmersión de especies no autorizadas en 
establecimientos de acuicultura cuando conlleve graves daños para la flora o la fauna.
4.  En lo relativo a formación:
a)  La presentación de documentos o información falsa para la tramitación de títulos 
o tarjetas de identificación profesional.
b)  El incumplimiento de las medidas de seguridad o la falta del preceptivo seguro en 
la realización de las actividades de formación.
5.  En lo relativo a actividades de buceo:
a)  La realización de trabajos subacuáticos profesionales sin la preceptiva autorización 
administrativa.
b)  La posesión de un título o tarjeta de identificación profesional falso.
Undécimo.  Clases de sanciones.
1.  Por la comisión de las infracciones tipificada en este artículo podrán imponerse las 
siguientes sanciones:
a)  Multa.
b)  Asignación de puntos.
c)  Inmovilización temporal del buque.
d)  Incautación del buque.
e)  Clausura temporal de las instalaciones.
f)  Decomiso de artes, aparejos o útiles de la pesca.
g)  Decomiso de las capturas pesqueras o los productos de la pesca o de los 
productos o bienes obtenidos en la comisión de las infracciones.
h)  Inhabilitación para el ejercicio de las actividades.
i)  Suspensión, retirada o no renovación de los títulos habilitantes.
j)  Imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. s
2.  Las sanciones recogidas en el apartado anterior podrán ser acumulables. w.b
3.  La imposición de dichas sanciones se realizará de acuerdo con los siguientes  4w
rDeuqouadis)é itcoiLmsa:os  ym Dulétacsim poo dterárcne irmo.ponerse de acuerdo con las reglas previstas en los apartados  OE-A-2020-50able en https://
b)  La asignación de puntos se realizará de acuerdo con la normativa en vigor.
c)  La inmovilización temporal del buque no podrá ser superior a un periodo de un año 
en caso de infracciones graves ni de tres en caso de infracciones muy graves. No cabrá 
en el caso de infracciones leves.
d)  La incautación del buque solo podrá imponerse en caso de infracciones muy 
graves.
e)  La clausura temporal de las instalaciones no podrá ser superior a un periodo de un 
año en caso de infracciones graves ni de tres en caso de infracciones muy graves. No 
cabrá en el caso de infracciones leves.
f)  El decomiso de las capturas pesqueras o los productos de la pesca o los productos 
o bienes obtenidos en la comisión de las infracciones podrá imponerse con independencia 
de la calificación de la infracción.
g)  La inhabilitación para el ejercicio de las actividades no podrá ser superior a un 
periodo de tres años en caso de infracciones graves y de cinco años en caso de 
infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.
h)  La imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas no podrá ser superior 
a un periodo de tres años en caso de infracciones graves ni de cinco en caso de 
infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.
4.  Con independencia de las multas que puedan corresponder como sanción, el 
órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación básica estatal en materia de procedimiento administrativo 
común, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. 
La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 % de la multa fijada por la 
infracción correspondiente.
Duodécimo.  Criterios de graduación de las sanciones.
1.  Para la determinación de las sanciones se tendrán en consideración las siguientes 
circunstancias:
a)  La naturaleza de los perjuicios causados y daños producidos a los recursos y el 
medio natural.
b)  Los perjuicios causados al sector profesional.
c)  La puesta en peligro de la salud pública con la comisión de la infracción.
d)  El volumen de capturas o extracciones, su talla y peso.
e)  El beneficio que pudiese obtener con la comisión de la infracción.
f)  El precio en lonja o de mercado de las especies capturadas, cultivadas, 
transportadas o comercializadas.
g)  La intencionalidad o negligencia.
h)  La reincidencia, existiendo esta cuando en el plazo de un año se cometa más de 
una infracción del mismo tipo y calificación, siempre que se haya sido declarado por 
resolución firme.
i)  La reiteración, existiendo esta cuando se dé el supuesto reglado para la reincidencia 
y no exista resolución firme.
j)  El grado de colaboración con los inspectores.
k)  Otros criterios o circunstancias debidamente motivados.
2.  En ningún caso la comisión de una infracción de la normativa pesquera puede ser 
más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas. 
En consecuencia, el importe de las sanciones deberá incrementarse hasta alcanzar como  es
mínimo la totalidad del rendimiento económico estimado o del daño producido atribuido a  o
la actividad sancionada, y hasta el límite máximo de las multas establecidas en el artículo  w
amprneotedceriaidonirmt.e Si euin netaol  .riennddeimmnieiznatoc ióon e dl idfearñeon cpiraoddau cdied ola s usapnercaiósne,n  perestfoesre lnímteimteesn, tsee  edne teelr mmiinsamroá   OE-A-2020-50able en https://
Decimotercero.  Multas.
Las infracciones administrativas tipificadas en el presente artículo serán sancionadas 
con multas de acuerdo con la siguiente escala:
a)  Las infracciones leves con multa de 100 a 600 euros.
b)  Las infracciones graves con multa de 601 a 60.000 euros.
c)  Las infracciones muy graves con multa de 60.001 a 100.000 euros.
Decimocuarto.  Reducción de las multas.
1.  La cuantía de las multas por las infracciones reguladas en el presente artículo se 
reducirán de conformidad con lo estipulado en el artículo 85 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.  Estas reducciones también se aplicarán en las indemnizaciones si se efectúa el 
pago en el mismo acto que la multa.
3.  El pago voluntario realizado bajo las condiciones y plazos fijados en el presente 
artículo, conllevará las siguientes consecuencias:
a)  La terminación del procedimiento sancionador sin necesidad de resolución expresa.
b)  El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.
c)  El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo se iniciará el día 
siguiente a aquél en que tenga lugar el pago voluntario.
d)  La firmeza de la sanción en vía administrativa desde el momento del pago, 
produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
4.  La reducción de la multa por pago voluntario en ningún caso afectará al resto de 
sanciones accesorias que hayan podido ser impuestas.
Decimoquinto.  Órganos competentes.
1.  La competencia para acordar la iniciación del procedimiento sancionador 
corresponderá a la persona titular de la Dirección General con competencia en la materia.
2.  Son órganos competentes para resolver los expedientes sancionadores:
a)  Para infracciones leves y graves la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de pesca marítima, marisqueo y acuicultura.
b)  Para las infracciones muy graves la persona titular de la Consejería competente 
en materia de pesca marítima, marisqueo y acuicultura.
Decimosexto.  Plazo de tramitación.
1.  El plazo máximo para tramitar, dictar y notificar la resolución que ponga fin al 
procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación.
2.  El transcurso de este plazo podrá interrumpirse por causas imputables a las 
personas interesadas o suspenderse en los supuestos legalmente previstos.
3.  Una vez transcurrido del plazo máximo de seis meses se declarará la caducidad 
del procedimiento, sin perjuicio de la posible apertura de un nuevo expediente sancionador 
en el caso de que no haya prescrito la infracción.
Decimoséptimo.  Medidas provisionales. e
1.  Para asegurar el buen fin del procedimiento y la eficacia de la resolución que  ww.
dpreofvinisitiiovnaamleesn:te se dicte, podrán adoptarse motivadamente las siguientes medidas  2020-504n https://w
bienae)s  oDbteecnoidmoisso, i ndcel uliodso sp rao edsutcotso se fdeec tolas  peel simcap,o retle m ecaorinsóqmueicoo y d ela l aa cvueinctual tduera l,o so  bdiee nleoss   BOE-A-cable e
o productos decomisados.
b)  Incautación de artes, aparejos, enseres de pesca y marisqueo, vehículos, 
embarcaciones, equipos u otros accesorios que hayan sido empleados en la comisión de 
infracciones tipificadas en este artículo como graves o muy graves.
c)  Constitución de fianza. En el supuesto de exigencia de garantía, esta no tiene que 
superar el importe de la sanción que como máximo podría corresponder por la infracción 
o las infracciones cometidas.
d)  Cierre temporal de las instalaciones y de los establecimientos.
e)  Suspensión temporal de la licencia o título administrativo habilitante para el 
ejercicio de la actividad, así como la retención de cualquier medio oficial que le identifiquen 
como persona autorizada para realizar la actividad.
f)  Retención temporal de la tarjeta profesional náutico-pesquera que habilita para el 
ejercicio de la profesión de capitán, o patrón, en un barco pesquero.
g)  Suspensión temporal de la actividad o de la actuación que suponga una infracción 
en materia de conservación del medio marino hasta que se adopten las medidas que 
garanticen su cese.
h)  Retención o apresamiento del buque.
i)  Retorno a puerto del buque.
j)  Retención temporal de la tarjeta de buceo profesional.
2.  En todo caso se incautarán los aparejos, artes, instrumentos y equipos prohibidos 
o antirreglamentarios y se procederá al decomiso de los productos obtenidos ilegalmente.
3.  El órgano competente para iniciar el procedimiento deberá confirmar, modificar o 
levantar la medida provisional en el plazo máximo de quince días, acordando el inicio del 
expediente sancionador, quedando en caso contrario sin efecto la medida provisional.
4.  La adopción de estas medidas se realizará mediante acuerdo motivado, poniendo 
de relieve en cada caso concreto su necesidad en función de los objetivos que se 
pretendan garantizar, así como su intensidad y proporcionalidad en relación, entre otras, 
con las siguientes circunstancias:
a)  Naturaleza del posible perjuicio causado.
b)  Necesidad de garantizar la efectividad de la resolución sancionadora.
c)  Necesidad de evitar la continuidad de los efectos de los hechos denunciados.
d)  Cualquier otra circunstancia de específica gravedad que justifique la adopción de 
dichas medidas.
5.  Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación 
del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas 
o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
6.  Las medidas provisionales adoptadas se extinguirán al dictarse la resolución 
administrativa que ponga fin al procedimiento sancionador. No obstante, en la resolución 
se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar la eficacia 
de la misma en tanto no sean ejecutiva.
Decimoctavo.  Destino de los productos y bienes decomisados obtenidos como 
medida provisional.
1.  Los buques, artes o medios de transporte aprehendidos o retenidos cautelarmente 
podrán ser devueltos previa constitución de la fianza o garantía financiera que fije el 
órgano competente, no pudiendo exceder del importe de la sanción que pudiera 
corresponder por la infracción o infracciones cometidas. El plazo para la prestación de la  e.
fianza será de un mes desde su fijación, pudiendo ser prorrogado por idéntico tiempo y por  w.b
causas justificadas. De no prestarse fianza en el plazo establecido, el bien decomisado  4w
qsouberdea sráu  au bdiicsapcoisóinc ióy nd edset ilnao D diree cacciuóenr dGoe ncoenra lla d lee gPieslsaccaió yn A vliigmeennteta.ción, que podrá decidir
regla2m. eLntoasr ioasr tseesr,á anp daersetjrousid oos ú.tiles, equipos y otros accesorios antirreglamentarios
3.  El destino de las capturas y/o productos pesqueros decomisados será el siguiente:
a)  Cuando las capturas decomisadas tuviesen posibilidades de sobrevivir, el agente 
de la autoridad instará a su devolución al medio del cual han sido extraídos.
b)  Cuando las capturas decomisadas sean aptas para el consumo, el órgano 
competente para la iniciación dispondrá alguno de los siguientes destinos:
Distribuirse entre entidades benéficas y otras instituciones públicas o privadas sin 
ánimo de lucro.
Venderse en lonja o lugar autorizado, quedando el importe de dicha venta en depósito 
a disposición del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
Como última opción, y únicamente en los casos en que ninguna de las opciones 
anteriores sea posible, se categorizarán como subproductos animales no destinados al 
consumo humano, y se tratarán conforme a la normativa que les sea de aplicación, salvo 
que en todo caso proceda su destrucción.
c)  En el supuesto de capturas decomisadas no aptas para el consumo, se procederá 
a su clasificación y tratamiento como subproductos animales no destinados al consumo 
humano, conforme a la normativa que les sea de aplicación, salvo que en todo caso 
proceda su destrucción.
4.  Si en la resolución del procedimiento sancionador se aprecia la comisión de una 
infracción, los objetos decomisados que no sean susceptibles de un uso lícito deben ser 
destruidos. Si son de uso lícito y la resolución sancionadora no ha establecido su decomiso 
como sanción accesoria o medida cautelar, se resolverá su devolución.
5.  El importe de los gastos derivados de la adopción de las medidas anteriormente 
descritas, y especialmente las de destrucción, conservación, mantenimiento y custodia 
que conlleven las medidas provisionales y las sanciones accesorias, serán de cuenta del 
imputado si en la resolución del expediente se apreciara la comisión de la infracción.
6.  Si la persona interesada no se hiciera cargo de los bienes decomisados en el 
plazo de seis meses desde que hubiera sido requerida fehacientemente para ello, haya 
finalizado el plazo para que pague la fianza sin que haya depositado la misma, o no haya 
podido ser identificada, se presumirá su abandono, procediendo la Consejería competente 
a determinar su destino, que podrá consistir en su inclusión como bien de la Administración 
Pública, su venta en subasta pública, su entrega a entidades sin ánimo de lucro o de 
carácter benéfico o en su destrucción.
7.  De todas estas actuaciones se dejará constancia en acta.
Decimonoveno.  Medidas restauradoras.
1.  Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que en cada caso proceda, la 
persona infractora está obligado a realizar a su costa las medidas restauradoras que se 
establezcan en la resolución del expediente con la finalidad de reponer a su estado 
originario la situación alterada por la infracción.
2.  Si no llevase a cabo estas medidas en el plazo previsto, la Administración podrá 
proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas a su costa.
3.  En cualquier caso, el causante deberá indemnizar los daños y perjuicios causados. 
La cuantía de dicha indemnización será determinada y exigida por el órgano competente 
para resolver el procedimiento sancionador bien en la resolución que ponga fin a dicho 
procedimiento o bien a través de un procedimiento distinto en el que, en todo caso, deberá 
garantizarse el derecho de audiencia del interesado.
Vigésimo.  Remisión a la normativa estatal. bo
estaErán  ato lod oe slota nbole cpirdeov iesnto l apso nr oersmtea sa brtáícsuicloa se dni cmtaadtaesri ap odre e iln Efrsataccdioo.nes y sanciones, se  2020-504n https://w
Artículo 7.  Modificación de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones 
de Cantabria.
Uno.  Se  modifica  la  letra  d)  del  apartado  1  del  artículo  3  de  la  Ley  de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que queda redactada de 
la siguiente manera:
«d)  Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las especialidades 
previstas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley».
Dos.  Se modifica la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria, dando nueva redacción al artículo 16, en los siguientes términos:
«Artículo 16.  Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.
1.  En el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, así como de los organismos públicos y restantes entidades de Derecho 
público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, los 
Consejeros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la 
concesión. Las citadas bases se aprobarán por orden del Consejero competente.
El procedimiento de elaboración se iniciará en la Consejería competente 
mediante la elaboración del correspondiente texto. La Consejería competente 
elaborará con carácter preceptivo una Memoria que incluirá entre otros extremos 
que se juzguen convenientes, referencia a la oportunidad de la propuesta, normas 
afectadas, en su caso, título competencial que ampara la propuesta e impacto 
económico y presupuestario.
El proyecto normativo será remitido al titular de la Secretaría General de la 
Consejería proponente que recabará un informe preceptivo de la Asesoría Jurídica 
de la Consejería afectada sobre la legalidad del mismo, y de la Intervención 
Delegada. Las bases se publicarán en el “Boletín Oficial de Cantabria”.
No será necesaria la promulgación de las bases cuando las normas sectoriales 
específicas de cada subvención las incluyan con el alcance previsto en el apartado 3 
de este artículo, así como cuando formen parte de la convocatoria en los términos 
del párrafo 2.º de la letra a) del apartado 2 del artículo 23.
2.  Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través 
de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica 
para las distintas modalidades de subvenciones.
3.  La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones 
concretará, como mínimo, los siguientes extremos:
a)  Definición del objeto de la subvención.
b)  Requisitos que deberán reunir las personas beneficiarias para la obtención 
de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el 
apartado 2 y párrafo segundo del apartado 3 del artículo 10 de esta Ley, así como 
la forma de acreditar los mismos, diario oficial en el que se publicará el extracto de 
la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante 
ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y 
forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. e
c)  Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas  bo
jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 11 de esta Ley, cuando se  w
prevde)a  ePl rroecceudrsimo iae netsot ed ein csotrnucmeesinótno  ddee  lgae ssutibóvne.nción.
pondee) racCiórinte drieo slo so bmjeistmivooss.  Idnec luoitroár geantmreie lonsto c rditee riloas  soubbjevteivnocsi ódne  ya,d jeund icsauc iócan sdoe, 
la ayuda o subvención la integración de la perspectiva de género en el proyecto y
otras medidas de apoyo de la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, así como la trayectoria de la persona o entidad solicitante en el 
desarrollo de políticas o actuaciones dirigidas a la igualdad de mujeres y hombres y 
de personas con discapacidad, salvo en aquellos casos en que, por la naturaleza de 
la subvención o de las entidades solicitantes, esté justificada su no incorporación.
f)  Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
g)  Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la 
resolución.
h)  Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos 
para garantizar la adecuada justificación de la subvención.
i)  Plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria o de la 
entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
j)  Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor 
del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
k)  Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el 
régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar las personas beneficiarias, 
en los términos previstos en la Ley de Presupuestos.
l)  Posibilidad de subcontratar las actividades subvencionadas.
m)  Mención de que toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.
n)  Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.
ñ)  Obligación de las personas beneficiarias de facilitar cuanta información 
relacionada con la subvención les sea requerida por la Intervención General de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de la entidad local, el 
Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa en materia de protección de datos.
o)  Procedimiento para dar publicidad a las subvenciones concedidas en 
aquellos casos en que por su cuantía no sea necesaria su publicación en el “Boletín 
Oficial de Cantabria”.
4.  Las bases reguladoras incluirán criterios de graduación de los posibles 
incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las 
subvenciones o, en su caso, advertirán de la imposibilidad de un cumplimiento 
parcial. Los referidos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad 
que finalmente haya de percibir la persona beneficiaria o, en su caso, el importe a 
reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.
5.  Para que la falta de cumplimiento del objetivo, de ejecución del proyecto, de 
realización de la actividad o de adopción del comportamiento para los que la 
subvención fue concedida sea sancionable como infracción grave, en los términos 
del párrafo f) del artículo 61, será necesario que así se disponga en las bases 
reguladoras».
Tres.  Se modifica la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de  e.e
Cantabria, dando nueva redacción al apartado 1 del artículo 17, en los siguientes términos: w.b
dcaoel n qCcu«aee1nd . stidaeabL siromi ascp ”oó,u nrytg e eeanxnn,p  olbrosees sna iteódéfnmrimc diinaienirs oilotasr,a   cqctoiuavneonv stsio decca oafdintj oeccrneoia dnr,ee cegnellt daepimsdro aepg nuyrtab afmlirinciaaaam rlyiád encanr déete dno,i   tleoafil ns p“ aBsrleuiodsblaeuvdtpeíenuns ecO sidoftieanc reiialoasl     OE-A-2020-50able en https://
subvención.
Asimismo, la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema 
de publicidad de las subvenciones, en aplicación de los principios recogidos en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, y de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de transparencia de la 
Actividad Pública. A tales efectos, las administraciones concedentes y los entes del 
Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma que concedan subvenciones 
deberán remitir, en los términos indicados en el artículo 19, a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones información sobre las bases reguladoras de la 
subvención, convocatorias, programa y crédito presupuestario al que se imputan, 
objeto o finalidad de la subvención, resoluciones de concesión, identificación de las 
personas beneficiarias, importe de la subvención otorgada y efectivamente 
percibida, resoluciones de reintegro y sanciones impuestas».
Cuatro.  Se modifica la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria, dando nueva redacción al artículo 19, en los siguientes términos:
«1.  Los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley pertenecientes al 
sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán facilitar a la 
Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
a efectos de cumplimiento de la normativa comunitaria, de transparencia y con fines 
estadísticos e informativos, información sobre las subvenciones por ellos 
gestionadas, y en los términos en que ésta indique, a través del módulo autonómico 
que conecta con la Base de datos nacional de subvenciones (Base de datos de 
subvenciones del Gobierno de Cantabria BDSGC), para mejorar la eficacia, servir 
como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión, 
controlar la acumulación y concurrencia de subvenciones y facilitar la planificación, 
seguimiento y actuaciones de control y colaborar en la lucha contra el fraude de 
subvenciones y ayudas públicas.
2.  La referida base de datos contendrá, al menos, referencia a las bases 
reguladoras de la subvención, convocatorias, programa y crédito presupuestario al 
que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de las personas 
beneficiarias, importe de la subvención otorgada y efectivamente percibida, 
resoluciones de reintegro y sanciones impuestas. Igualmente contendrá la 
identificación de las personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones 
contempladas en el artículo 12 de esta Ley. La inscripción permanecerá registrada 
hasta que transcurran 10 años desde la fecha de finalización del plazo de prohibición.
3.  La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria es el órgano responsable de la administración y custodia del módulo 
autonómico que conecta con la Base de datos nacional de subvenciones (Base de 
datos de subvenciones del Gobierno de Cantabria BDSGC), y adoptará las medidas 
necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.
Asimismo, dictará las Instrucciones oportunas, en coordinación con la 
Intervención General de la Administración del Estado, para concretar los datos y 
documentos integrantes de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, los plazos 
y procedimientos de remisión de la información, incluidos los electrónicos, así como 
la información que sea objeto de publicación para conocimiento general y el plazo 
de su publicación, que se fijarán de modo que se promueva el ejercicio de sus 
derechos por parte de los interesados.
4.  La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los apartados 
precedentes, debe efectuarse a la Intervención General de la Administración de la  e.e
Comunidad Autónoma de Cantabria no requerirá el consentimiento del afectado. b
5.  La información incluida en la base de datos de ámbito autonómico tendrá  w
ccaersáiócnte tre rnegsae rpvoard oob, jseinto q:ue pueda ser cedida o comunicada a terceros, salvo que la
a)  La colaboración con cualquier Administración Pública y los órganos de la
Unión Europea para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de  Bc
ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.
b)  La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos 
jurisdiccionales o el Ministerio Público.
c)  La colaboración con las Administraciones tributaria y de la Seguridad Social 
en el ámbito de sus competencias.
d)  La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el 
marco legalmente establecido.
e)  La colaboración con el Tribunal de Cuentas u órganos de fiscalización 
externa de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones.
f)  La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación 
del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 8 de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
g)  La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el cumplimiento de las 
funciones que le atribuye el artículo 45.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
h)  La colaboración con el Defensor del Pueblo e instituciones análogas de las 
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones.
i)  La colaboración con la Comisión Nacional de Defensa de los Mercados y la 
Competencia para el análisis de las ayudas públicas desde la perspectiva de la 
competencia.
En estos casos, la cesión de datos será realizada preferentemente mediante la 
utilización de medios electrónicos, debiendo garantizar la identificación de los 
destinatarios y la adecuada motivación de su acceso. Se podrá denegar al 
interesado el derecho de acceso, rectificación y cancelación cuando el mismo 
obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de subvenciones y, en todo caso, cuando el afectado 
esté siendo objeto de actuaciones de comprobación o control.
6.  La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria facilitará a la Intervención General de la Administración del Estado la 
información exigida por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
7.  Las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria o del Sector Público Institucional que tengan 
conocimiento de estos datos estarán obligados al más estricto y completo secreto 
profesional respecto de los mismos, salvo en los casos citados en el apartado 6 
anterior. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieren 
corresponder, la infracción de este particular deber de secreto se considerará 
siempre falta disciplinaria muy grave».
Cinco.  Se modifica la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria, dando nueva redacción al artículo 20, en los siguientes términos:
«1.  Las entidades locales que integran la Administración local de Cantabria 
suministrarán la información sobre la gestión de las subvenciones otorgadas a 
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que operará como sistema 
de publicidad de las subvenciones, en aplicación de los principios recogidos en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, y de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de transparencia de la  es
Actividad Pública, para dar cumplimiento a la exigencia de la Unión Europea,  bo
mejorar la eficacia, controlar la acumulación y concurrencia de subvenciones y  w
fEeanlc  Giml2iota.ab trie elDrarina epo bdl aecenro áiaofnidpc maesucrianimórisánint ,rc iassoctenrigaó luran ils mal oe iicennanftoiltd,or aem ydna e alcasci ó tlcounoca nraceslifeoeesncr,eiu dasca  itdó reaennv   cdéeoesl n  aedtprseoat alcr. tooanbdsloieg j2ae crdíiaeó lnc a.ormtícpueltoe n1t9e.   OE-A-2020-50able en https://
3.  La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los apartados 
precedentes,  deba  efectuarse  por  las  entidades  locales  no  requerirá  el 
consentimiento del afectado, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de 
protección de datos.
4.  La información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
tendrá carácter reservado, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros, salvo 
que la cesión tenga por objeto alguno de los fines referidos en el apartado 6 del 
artículo 19.
5.  Las autoridades y el personal al servicio de las entidades locales que tengan 
conocimiento de estos datos estarán obligados al más estricto y completo secreto 
profesional respecto de los mismos, salvo en los casos citados en el apartado 
anterior. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieren 
corresponder, la infracción de este particular deber de secreto se considerará 
siempre falta disciplinaria muy grave».
Seis.  Se modifica el artículo 28 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria, que queda redactado de la siguiente manera:
«Las subvenciones cuya concesión y justificación se realice mediante la 
concurrencia en el solicitante de los requisitos establecidos en la normativa 
reguladora, y atendiendo a la prelación temporal de la solicitud, completa y 
conforme, hasta el agotamiento del crédito presupuestario, podrán tramitarse por un 
procedimiento abreviado en el que la propuesta de concesión se formulará al órgano 
concedente directamente por el órgano instructor, que únicamente deberá 
comprobar la concurrencia de los requisitos requeridos para conceder la subvención, 
no siendo necesaria la convocatoria del órgano colegiado al que se refiere el 
apartado 2 del artículo 22».
Siete.  Se modifica el artículo 38.1.c) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria, que queda redactada de la siguiente manera:
«No obstante, enervará esta causa de revocación la justificación extemporánea 
siempre que se lleve a cabo antes de la notificación de la resolución de revocación, 
excepto en aquellas subvenciones en las que por la naturaleza del objeto de las 
mismas en sus bases y convocatorias se establezca lo contrario, y todo ello sin 
perjuicio de la posible concurrencia de otras causas de revocación de la tramitación 
del oportuno procedimiento sancionador».
Ocho.  Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que queda redactada de 
la siguiente manera:
«Disposición adicional decimocuarta.  Régimen jurídico de las ayudas concedidas 
por sociedades mercantiles autonómicas.
1.  Las ayudas que se otorguen por las sociedades mercantiles autonómicas a 
través de cualquiera de los procedimientos de concesión se sujetarán al siguiente 
régimen jurídico:
a)  Corresponde a los órganos de gobierno y dirección de las sociedades  s
mercantiles autonómicas las siguientes funciones: e.
a´)  La convocatoria de subvenciones. w
subvbe´n) cioLnae sin, satsríu ccocmióon  lays  rfuenscoilounceiósn d ed ceo mlopsr opbraoccieódni mdeie snut oosp odrteu ncao jnucsetifsicióanc iódne.
subvce´)n cioEnl eps.rocedimiento de gestión presupuestaria del gasto y pago de
b)  Corresponde a la Consejería que ostente la tutela de la sociedad mercantil 
autonómica de que se trate las siguientes funciones:
a´)  La aprobación de las bases reguladoras de subvenciones.
b´)  La instrucción y resolución de los procedimientos de reintegro de 
subvenciones.
c´)  La instrucción y resolución de los procedimientos de imposición de 
sanciones.
d´)  La instrucción y resolución de los recursos administrativos interpuestos 
contra las resoluciones adoptadas por los órganos de gobierno y dirección en esta 
materia.
e´)  Las demás funciones que comporten el ejercicio de potestades administrativas.
2.  No obstante lo anterior, las ayudas que se otorguen por las sociedades 
mercantiles autonómicas a través del procedimiento de concesión directa previsto 
en los artículos 22.3 c) y 29.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria, deberán ser aprobadas por medio de Decreto de 
Consejo de Gobierno, previa iniciativa de la sociedad mercantil autonómica de que 
se trate y a propuesta de la Consejería que ostente su tutela».
Artículo 8.  Modificación de la Ley de Cantabria 1/2014, de17 de noviembre, de 
Transporte de Viajeros por Carretera.
Se modifica el apartado 5 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 1/2014, de17 de 
noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«5.  En el supuesto de que el ámbito de los Planes coordinados de servicios 
abarque el territorio de más de un municipio, corresponderá al órgano autonómico 
competente en materia de transportes la elaboración y aprobación inicial del Plan 
coordinado de servicios, previo informe de los municipios afectados. El Plan podrá 
prever la extensión de los servicios de transportes urbanos de un municipio a 
municipios colindantes, previa justificación de la necesidad de atender zonas del 
municipio receptor de la extensión a causa de la relación social, económica o de 
otra índole de dichas zonas con el municipio prestador del servicio de transporte 
urbano, para lo cual los municipios afectados habrán de mostrar su consentimiento 
expreso. Posteriormente, el proyecto de Plan deberá someterse a información 
pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el “Boletín 
Oficial de Cantabria” remitiéndose, asimismo, notificación comunicándoles dicho 
trámite a las asociaciones empresariales de transporte de la Comunidad Autónoma, 
a las organizaciones sindicales más representativas, y a los contratistas de servicios 
públicos y a los titulares de autorizaciones de servicios regulares de transporte de 
personas incluidos, total o parcialmente, en el ámbito del Plan.
Transcurrido el plazo indicado, las alegaciones presentadas deberán ser 
analizadas y contestadas motivadamente, tras lo cual el órgano autonómico 
competente en materia de transportes aprobará definitivamente el Plan».
Artículo 9.  Modificación de la Ley de Cantabria 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo 
Económico y Social de Cantabria. s
Uno.  Se modifica el artículo 10.12. de la Ley de Cantabria 8/2018 de 2 de diciembre,  w.b
del Consejo Económico y Social de Cantabria, que queda redactado como sigue: 4ww
eFsutna«cbi1ole2nc.ai dmoIi geeunnat olem dl eealnr tStíece urivlnoict e1ior7 vJ eduneríd dlraiác o,L  ecuyon n 1le 1vt/r2oa0zd0,o 6 pd, eedr eloa   1Ds7iin rde vecco jituóolni,o  G,d deee na eOcraurgle darednloi zS acecorivóninc  ilooy    OE-A-2020-50able en https://
Jurídico».
Dos.  Se modifica el artículo 16 de la Ley de Cantabria 8/2018, de 2 de diciembre, del 
Consejo Económico y Social de Cantabria, que queda redactado como sigue:
«Artículo 16.  De la Secretaría.
1.  Es el órgano de asistencia técnica y administrativa del Consejo, así como el 
depositario de la fe pública de los acuerdos del mismo.
2.  Le corresponderá velar por la legalidad formal y material de las actuaciones 
del Consejo, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos 
y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
3.  La Secretaría del Consejo se ejercerá por un funcionario/a del grupo A al 
servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El 
secretario/a no es miembro del consejo y será nombrado mediante resolución del 
titular de la consejería competente en materia de participación ciudadana a 
propuesta de la Dirección General competente en esta misma materia.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad será sustituido por otro funcionario 
del grupo A que, con carácter de sustitución temporal, designe la persona titular de 
la consejería competente en materia de participación ciudadana».
Tres.  Se suprimen los apartados 2 y 3 del artículo 19.
Artículo 10.  Modificación de la Ley 15/2006, de 24 de octubre, del Juego de Cantabria.
Uno.  Se modifica el artículo 11 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de 
Juego de Cantabria, que queda redactado como sigue:
«Artículo 11.  Requisitos generales.
1.  Los juegos y apuestas solo podrán practicarse con los requisitos y 
características y en los establecimientos y lugares señalados en esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias.
2.  La distancia mínima entre establecimientos de juego será de 500 metros, 
tomando como referencia el recorrido peatonal más corto entre las puertas de 
acceso a los mismos. Quedan excepcionados de esta medida los salones 
recreativos definidos en el artículo 15.
3.  La distancia mínima entre un establecimiento de juego y un centro educativo 
de educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación 
profesional será de 500 metros, tomando como referencia el recorrido peatonal más 
corto entre las puertas de acceso a los mismos. Quedan excepcionados de esta 
medida los salones recreativos definidos en el artículo 15.
4.  La distancia mínima entre un establecimiento de juego y una unidad de 
salud mental (USM) dependiente de la Consejería de Sanidad o un centro privado 
subvencionado por ésta para tratamiento de ludopatías será de 250 metros, 
tomando como referencia el recorrido peatonal más corto entre las puertas de 
acceso a los mismos. Quedan excepcionados de esta medida los salones 
recreativos definidos en el artículo 15».
Dos.  Se elimina el apartado 4 del artículo 14 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 
de octubre, de Juego de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1.  Son salones de juego los establecimientos en los que, de forma específica,  e.
se instalan y explotan máquinas de tipo B. De igual forma podrán contar con  w.
máquinas de tipo D o recreativas con premio en especie. 4w
com2o.  el Lnaú msuepreor fmicáiex iym aof odreo  mdáeq eusintoass  sqauloen peuse sdee nre ignustlaarlaár sreeg.lamentariamente, así
3.  La autorización tendrá una duración de diez años».
Tres.  Se modifica la Disposición transitoria sexta, «Salones de Juego», que queda 
redactada como sigue:
«Disposición transitoria sexta.  Distancias.
1.  Quedan exceptuados del cumplimiento de las distancias previstas en el 
artículo 11, los establecimientos de juego con autorización vigente a la entrada en 
vigor de la presente Ley, quedando exentos del cumplimiento de dicho requisito en 
las sucesivas renovaciones o modificaciones de la autorización.
2.  El régimen de distancias fijado en la presente Ley no será de aplicación a 
los establecimientos que hayan presentado consulta previa de viabilidad con más de 
seis meses de antelación a la entrada en vigor de la presente Ley, regulados en el 
artículo 61 del Decreto 23/2008, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de máquinas recreativas y de azar».
Artículo 11.  Modificación de la Ley de Cantabria de 3/2017, de 5 de abril, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Cantabria.
Uno.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 3/2017, de 5 de abril, 
de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cantabria, suprimiendo los 
párrafos c), d) y e), renumerando los restantes del apartado 2 y modificando la redacción 
el apartado 3, quedando el artículo redactado como sigue:
«1.  La presente ley tiene por objeto, en el marco de las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, la regulación de todas las actividades relativas 
a la organización y celebración de los espectáculos públicos y actividades 
recreativas, así como de las condiciones que deben reunir los establecimientos 
públicos y las instalaciones portátiles o desmontables donde aquellos se celebren, 
con independencia de que sus titulares u organizadores sean entidades públicas o 
privadas, personas físicas o jurídicas, tengan o no finalidad lucrativa.
2.  A los efectos de la presente ley, se entenderá por:
a)  Espectáculos públicos: serán aquellos acontecimientos que congregan a un 
público que acude con el objeto de presenciar una representación, actuación, 
exhibición, proyección o distracción de naturaleza artística, cultural, deportiva o 
análoga que le es ofrecida por los organizadores o por artistas, intérpretes, actores, 
deportistas o ejecutantes que intervengan por cuenta de aquellos, bien en un local 
cerrado o abierto, o en recintos al aire libre, espacios abiertos o en la vía pública.
b)  Actividades recreativas: serán aquellas que congregan a un público o a 
espectadores que acuden con el objetivo principal de participar en la actividad o 
recibir los servicios desarrollados por una persona o conjunto de personas físicas o 
jurídicas, tendentes a ofrecer o procurar al público aislada o simultáneamente con 
otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión, deporte, esparcimiento o 
consumición de bebidas y alimentos.
c)  Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario: 
serán aquellos espectáculos públicos o actividades recreativas que no se encuentran 
amparados por la licencia municipal del establecimiento público donde se pretendan 
celebrar, de manera inhabitual o inusual con la finalidad de entretenimiento o 
ambientación y con un determinado motivo o causa que lo justifique.
d)  Espectáculos  públicos  o  actividades  recreativas,  denominadas  e.
conmemorativo o efeméride de un acontecimiento: serán aquellos que se celebran  w.b
o se desarrollan en establecimientos públicos o en instalaciones portátiles o  4w
ddees cmoonnmtaebmleosr,a ars ío c coemleob erna rv íuans  phúebclhicoa sre yl ezvoannatse ,d eh idsotómriicnoio,  pcúiebnlitcíofic coo,n c eull tmuroatilv oo 
socialmente reconocido.
e)  Establecimiento público: será aquel edificio, local, cerrado o abierto, o 
instalación permanente en el que se celebren o practiquen espectáculos públicos o 
actividades recreativas de pública concurrencia.
f)  Instalaciones portátiles o desmontables: serán aquellas estructuras muebles 
provisionales o eventuales, o aquellos recintos aptos para el desarrollo de espectáculos 
públicos o actividades recreativas, cuyo conjunto se encuentre conformado por 
elementos desmontables o portátiles constituidos por módulos o componentes 
metálicos, de madera o de cualquier otro material que permita operaciones de montaje 
o desmontaje sin necesidad de construir o demoler obra de fábrica alguna.
g)  Espacios abiertos: serán aquellas zonas, lugares, vías públicas, donde se 
lleven a cabo espectáculos públicos o actividades recreativas, sin disponer de 
infraestructuras ni instalaciones permanentes para hacerlo.
h)  Titulares del establecimiento público: las personas, físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que exploten los establecimientos públicos a los que se refiere 
esta ley, con ánimo de lucro o sin él.
i)  Organizadores: las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
realicen o promuevan espectáculos públicos o actividades recreativas, con ánimo 
de lucro o sin él, pudiendo ser persona distinta del titular del establecimiento público 
o instalación donde se celebren aquellos, quien deberá haber obtenido una 
autorización para la celebración de los mismos. En ausencia de título habilitante, se 
entenderá que es el organizador quien convoque o dé a conocer la celebración de 
un espectáculo público o actividad recreativa, o en el defecto de este, quien obtenga 
o reciba ingresos por venta de entradas para el espectáculo o la actividad recreativa.
j)  Ejecutantes: las personas que intervienen o presentan el espectáculo o la 
actividad recreativa ante el público, para su recreo y entretenimiento, con 
independencia de que su participación tenga o no carácter retribuido.
k)  Se considerará como público a los usuarios, a los clientes, y a los 
destinatarios de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas.
3.  Los espectáculos públicos y actividades recreativas definidos en los 
apartados anteriores, a su vez pueden ser:
a)  Permanentes: aquellos que, debidamente autorizados, se celebren de 
forma habitual e ininterrumpidamente en establecimientos públicos, definidos en el 
artículo 1.2.e) de la presente ley.
b)  De temporada: aquellos que, debidamente autorizados, se celebren en 
establecimientos públicos o instalaciones portátiles o desmontables durante 
determinados períodos de tiempo, definidos en artículo 1.2 apartados f)».
Dos.  Se modifica el apartado 3 del artículo 25 de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de Cantabria, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«3.  Para la obtención de la correspondiente autorización, la persona o entidad 
organizadora deberá solicitarlo expresamente con una antelación mínima de 30 días 
a la fecha prevista para su celebración, acompañando su solicitud de las 
autorizaciones que en su caso resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación en materia de deporte.
Solo será posible la modificación o mejora de la solicitud a instancia del órgano  s
competente para la resolución del procedimiento, como consecuencia de la  oe.
aportación al mismo de nuevos datos o hechos que puedan fundamentar la  w.
mcoordrEeifsli cpóaorcngiódanan ,oo e  cnmo eemlj opprleaat.zeon tme ápxaimrao  rdees ovelvinetre d dicíatasr dáe ys dneo ltaif irceacreáp claió anu dteo rliaz ascoilóicnit uqdu ey   2020-504n https://w
la documentación que reglamentariamente sea preceptiva, transcurrido el cual sin
que se haya dictado la resolución se entenderá denegada la autorización para la  Bc
celebración de la actividad».
Tres.  Se modifica la redacción de los apartados B-3 y B-4 del Anexo de la Ley 3/2017, 
de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cantabria, denominado 
Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas, que pasan a tener la siguiente 
redacción:
«B-3)  Actividades deportivas:
Aquellas actividades mediante las cuales se ofrece al público el ejercicio o la 
práctica  de  cualquier  deporte,  bien  en  establecimientos  o  instalaciones 
acondicionadas para ello o en vías o espacios públicos abiertos.
Se clasifican en:
Pruebas deportivas competitivas organizadas: será todo espectáculo público y 
actividad recreativa de carácter deportivo cuyo objeto sea competir en espacio o 
tiempo por las vías y zonas de dominio público.
Otros eventos deportivos no competitivos organizados: serán aquellos que no 
estando incluidos en los apartados anteriores se conciben como el ejercicio físico 
por las vías y zonas de dominio público, con fines deportivos, turísticos o culturales 
de más de 50 participantes.
B-4) Actividades, fiestas y celebraciones populares o tradicionales:
Pueden consistir en:
Verbenas, romerías, ferias, comidas populares y similares: Aquellas actividades 
que se celebran generalmente al aire libre, pudiendo ser con motivo de fiestas locales, 
patronales o populares. Podrán contar con actuaciones musicales, bailes, fuegos 
artificiales, hostelería y restauración. Igualmente, se podrán instalar tenderetes, 
casetas de feria y cualesquiera otras instalaciones portátiles o desmontables.
Festejos taurinos de carácter popular: Son aquellos que consisten en la suelta o 
encierros de reses de ganado bovino de lidia en plazas de toros o en vías y plazas 
públicas para recreo y fomento de la afición de los participantes en tales festejos 
según los usos tradicionales en la localidad en la que se celebren, y se regularán 
por su normativa específica».
Artículo 12.  Modificación de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de 
Cantabria.
Se modifica la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública de Cantabria en los 
siguientes términos:
Uno.  Se suprime el apartado cinco del artículo 6, renumerando el apartado seis que 
pasa a ser el apartado cinco.
Dos.  Se suprime el apartado ocho del artículo 7.
Tres.  Se modifica el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de 
la Función Pública de Cantabria, que queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Las relaciones de puestos de trabajo se elaborarán a iniciativa de las 
distintas Consejerías, que serán elevadas por el Consejero de Presidencia y Justicia 
a la consideración y aprobación, en su caso, del Consejo de Gobierno.
Las relaciones de puestos de trabajo distinguirán los correspondientes a  e.e
funcionarios de los de carácter laboral conforme a los criterios establecidos en esta Ley. b
Los puestos de secretaría de los miembros del Gobierno y demás altos cargos  w
sAedrmánin iscturabtiievroto os  apl oCru eprepros oGneanl efruanl cAiuoxnialiariro,  sdi eb iecna rproedrará pn edretesneemcpieenñtaer sael  eCn udeicrphoa 
csoenrvdicicioiósn  eos peenc ilaal edse  cpoenr sroensaelr veav ednet upalal, zean y c upyuoe sctoa soor gpáansiacroá ny  ala sla  resittruibauccióionn dees 
percibidas serán las correspondientes al puesto de trabajo desempeñado.
Excepcionalmente, dicha función podrá desempeñarse en la condición de 
personal eventual por personal estatutario fijo de Instituciones Sanitarias o por 
funcionarios de carrera al Servicio de la Administración de Justicia que pertenezca 
a categorías o cuerpos con funciones asimiladas al Cuerpo Administrativo o al 
Cuerpo General Auxiliar, en cuyo caso pasarán a la situación que les corresponda 
conforme a su regulación propia, siendo las retribuciones percibidas las 
correspondientes al puesto de trabajo de secretaría de los miembros del Gobierno 
y demás altos cargos».
Artículo 13.  Modificación de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que 
se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).
Uno.  Se modifica el artículo 13 de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, 
por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria 
(SEMCA), que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 13.  Régimen de contratación.
La contratación del SEMCA se regirá por la normativa básica en materia de 
contratación del Sector Público y la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en la materia, correspondiendo a la Consejería competente en materia de 
protección civil y emergencias, a través de los órganos que tengan asignada la función, 
la tramitación de los expedientes de contratación y las actuaciones correspondientes 
a la adjudicación, suspensión, modificación o extinción de los contratos. No obstante, 
lo anterior, los contratos menores serán tramitados por el SEMCA».
Dos.  La Disposición adicional primera de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de 
noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de 
Cantabria (SEMCA) queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional primera.  Creación del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, el Cuerpo de Técnicos 
Auxiliares de Atención de Emergencias y el Cuerpo de Agentes de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento.
Se crea el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1.
Se crea el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Atención de Emergencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Administración Especial, 
Grupo C, Subgrupo C1.
Se crea el Cuerpo de Agentes de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C2».
Tres.  La disposición adicional segunda de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de 
noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de 
Cantabria (SEMCA) queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda.  Modificación del artículo 26 de la Ley de 
Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria. e.
Se adicionan tres nuevos cuerpos en el apartado 1, b) del artículo 26 de la Ley  w
dcoem Coa nsitgauberi:a 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública que queda redactado
«b)  Cuerpos de Administración Especial:
1.º  Cuerpo Facultativo Superior.
2.º  Cuerpo de Letrados.
3.º  Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de Cantabria.
4.º  Cuerpo Técnico de Finanzas de Cantabria.
5.º  Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios.
6.º  Cuerpo de Técnicos Auxiliares.
7.º  Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural.
8.º  Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilancia.
9.º  Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento.
10.º  Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Atención de Emergencias.
11.º  Cuerpo de Agentes del Medio Natural.
12.º  Cuerpo de Agentes de Seguridad.
13.º  Cuerpo de Agentes de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento».
Cuatro.  La disposición transitoria tercera de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de 
noviembre, por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de 
Cantabria (SEMCA) queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición transitoria tercera.  Cobertura de los puestos de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo del Cuerpo de Técnicos Auxiliares 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, el Cuerpo de Técnicos 
Auxiliares de Atención de Emergencias y el Cuerpo de Agentes de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento.
Para la cobertura de los puestos del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, el Cuerpo de Técnicos Auxiliares 
de Atención de Emergencias y el Cuerpo de Agentes de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo 
a que se refiere la Disposición adicional tercera, el sistema selectivo será el 
concurso-oposición, valorándose en la fase de concurso, de manera especial y 
entre otros méritos, la formación y la antigüedad en la sociedad anónima unipersonal 
112 Cantabria del personal que acredite relación laboral formalizada».
Cinco.  El artículo 7.2 del Anexo de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, 
por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria 
(SEMCA) queda redactado en los siguientes términos:
«2.  A la Presidencia le corresponde:
a)  Ejercer la representación legal del SEMCA.
b)  Convocar, fijar el orden del día, presidir, moderar el desarrollo de las 
sesiones, ordenar la votación de los asuntos disponiendo de voto de calidad en caso 
de empate, y suspender por causas justificadas las sesiones del Consejo Rector, así 
como visar las actas y certificaciones de los acuerdos del mismo.
c)  Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
d)  Suscribir los convenios en materia de competencia del Organismo Autónomo.
e)  Aprobar las convocatorias públicas de ayudas, así como sus bases 
reguladoras y resolver sobre su concesión de conformidad con la regulación contenida 
en la Ley de Subvenciones de Cantabria y la normativa básica en esta materia. e
f)  Adoptar en caso de urgencia las resoluciones que fueren necesarias para  bo
garantizar el funcionamiento ordinario del SEMCA, dando cuenta de las mismas al  w
Congs)e joL Raes cdtoerm eáns  lafu pnrciimoneeras  rqeuuen iróens uqluteen s dee c leol eebsrtea.blecido en la presente ley, las
qcaureg ole  qsueea nle  dseelaeng aadtraibs upidoar se lp oCro enls reejog laRmecetnotro,  yd ec uoargleasnqizuaiecriaó no, tfruansc iinohnearmenietnetso  ayl 
régimen interior».
Seis.  El artículo 8.3 del Anexo de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, 
por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria 
(SEMCA) queda redactado en los siguientes términos:
«3.  Corresponde al Director:
a)  Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector, dando cuenta a 
éste de su gestión.
b)  Coordinar y planificar las actividades del SEMCA, ejerciendo la dirección 
ordinaria del SEMCA, que incluye la impartición de instrucciones sobre la 
organización de los servicios del organismo.
c)  Ejercer la jefatura directa del personal.
d)  Elaborar y someter al Consejo Rector la propuesta de anteproyecto de 
presupuesto del SEMCA.
e)  Elaborar y someter al Consejo Rector la memoria anual de las actividades, 
facilitando cuanta información requiera.
f)  Las demás funciones que resulten de lo establecido en su ley de creación, 
las que le sean delegadas por otros órganos y cualesquiera otras que le sean 
atribuidas por el reglamento de organización, funcionamiento y régimen interior».
Siete.  El artículo 14 del Anexo de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, 
por la que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria 
(SEMCA) queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 14.  Contratación.
La contratación del SEMCA se regirá por la normativa básica en materia de 
contratación del Sector Público y la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en la materia, correspondiendo a la Consejería competente en materia de 
protección civil y emergencias, a través de los órganos que tengan asignada la 
función, la tramitación de los expedientes de contratación y las actuaciones 
correspondientes a la adjudicación, suspensión, modificación o extinción de los 
contratos. No obstante, lo anterior, los contratos menores serán tramitados por 
el SEMCA».
Artículo 14.  Modificación de la Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación 
Farmacéutica de Cantabria.
Se modifica la disposición transitoria quinta de la Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de 
Ordenación Farmacéutica de Cantabria, quedando redactada como sigue:
«Disposición transitoria quinta. 
No se autorizarán traslados de oficinas de farmacia abiertas atendiendo a su 
ubicación en un núcleo específico, al amparo de lo previsto en el párrafo b) del 
apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, o en la 
legislación anteriormente aplicable, fuera del núcleo de población específico para el 
que fue autorizada, salvo en los casos en que éstas se vean afectadas por traslados 
de oficinas de farmacia en régimen normal o por aperturas de nuevas farmacias en 
dicho núcleo específico».
Artículo 15.  Modificación de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de  w.b
Patrimonio Cultural de Cantabria. 4w
Uno.  Se modifica el apartado 4 del artículo 6, que queda redactado como sigue:
«4.  Igualmente deberán formular y tramitar los Planes Especiales de
Protección de los Conjuntos Históricos, estableciendo las medidas de fomento  Bc
necesarias al objeto de conseguir su conservación y revitalización».
Dos.  Se modifica el apartado 3 del artículo 9, que queda redactado como sigue:
«3.  Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos 
correspondientes y los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo el cumplimiento 
de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de Cantabria».
Tres.  Se modifica el Capítulo I del Título II, integrado por los artículos 13 y 14, que 
queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 13.  Categorías de protección.
Los bienes que integran el Patrimonio Cultural de Cantabria se protegerán 
mediante su inclusión en alguna de las siguientes categorías:
a)  Bien de Interés Cultural. Serán aquellos que se declaren como tales y se 
inscriban en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria.
b)  Bien de Interés Local o Catalogado. Serán aquellos que se declaren como 
tales y se incorporen al Catálogo General de los Bienes de Interés Local de 
Cantabria.
c)  Bien Inventariado. Serán aquellos que se incorporen al Inventario General 
del Patrimonio de Cantabria.
Artículo 14.  Clasificación.
A los efectos de esta Ley, cualquier bien integrante del Patrimonio Cultural de 
Cantabria por alguna de las categorías de protección previstas en el artículo anterior, 
se podrá clasificar como:
a)  Inmueble.
b)  Mueble.
c)  Inmaterial».
Cuatro.  Se introduce un nuevo Capítulo II en el Título II, que comprende los 
artículos 15 a 26 y se denomina de la siguiente manera:
«CAPÍTULO II
Bienes de Interés Cultural»
Cinco.  Se modifica el apartado 4 del artículo 15, que queda redactado como sigue:
«4.  Podrá declararse Bien de Interés Cultural la obra de autores vivos, siempre 
y cuando tres órganos asesores de los previstos en esta Ley emitan informe 
favorable, y medie la autorización expresa del propietario o su adquisición por la 
Administración».
Seis.  Se modifican los artículos 16, 17, 18 y 19, que quedan redactados de la  e.e
siguiente manera: b
«Art1íc. uloL a1 6d.e clParraoccieódni mdeie Bntioe nd ede d Ienctlearréasc iCóunl tduera Bl ireenq udeer iIrnát elaré psr eCvuialt utrraaml.itación del  2020-504n https://w
corr2es. poLnad ieinnitcei apcrioócne ddimeli epnrtooc aeddmiminiiesntrtaot ivsoe. realizará de oficio, pudiendo ser  BOE-A-cable e
promovida por cualquier persona física o jurídica.
La solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural se entenderá denegada 
transcurridos tres meses desde su presentación sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa.
Contra la denegación del inicio del procedimiento se podrán interponer los 
recursos procedentes.
Artículo 17.  Inicio del procedimiento.
1.  El acuerdo de inicio del procedimiento será dictado por la persona titular de 
la Dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural.
2.  El acuerdo de inicio del procedimiento será notificado tanto a los interesados 
como al Ayuntamiento en que se ubique el Bien.
3.  El acuerdo de inicio será publicado en el “Boletín Oficial de Cantabria” y en 
el “Boletín Oficial del Estado”.
4.  La iniciación de un procedimiento para la declaración de Bien de Interés 
Cultural determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional 
del régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados. 
En caso de bienes muebles, además, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 43 de la presente Ley.
Artículo 18.  Instrucción del procedimiento.
1.  En el procedimiento que se instruya habrá de constar informe favorable de 
dos de los órganos asesores a que se refiere la presente Ley. Si transcurridos tres 
meses desde la solicitud del informe, éste no hubiera sido emitido, se considerará 
favorable a la declaración. Así mismo, se recabará el informe del Ayuntamiento 
donde radique el bien.
2.  Recabados los informes a que se refiere el apartado anterior, o transcurrido 
el plazo establecido para su emisión, se abrirá un período de información pública 
por un plazo mínimo de un mes, y se dará audiencia a los interesados y, en el caso 
de bienes inmuebles, al Ayuntamiento en que se ubique el bien.
3.  El expediente contendrá:
a)  Descripción clara y exhaustiva del bien objeto de declaración que facilite su 
correcta identificación y, en caso de inmuebles, las partes integrantes, pertenencias, 
accesorios y bienes muebles y documentales que, por su vinculación con el 
inmueble, pasarán también a ser considerados a todos los efectos de Interés 
Cultural.
b)  Informe exhaustivo y pormenorizado de su estado de conservación, donde 
podrán adjuntarse sugerencias y criterios básicos para regir futuras intervenciones.
c)  Entorno afectado por la declaración. Se efectuará la delimitación con 
precisión del perímetro de protección del bien del que se trate, en el que se 
señalarán los accidentes geográficos y características naturales que configuren 
dicho entorno, subrayando los que potencien su protección, contemplación y 
estudio.
4.  Realizados  los trámites anteriores  se  formulará  la  propuesta que 
corresponda para la resolución del procedimiento.
Artículo 19.  Resolución del procedimiento. es
1.  Corresponde al Gobierno de Cantabria, a propuesta de la persona titular de  w.
la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, acordar la declaración  4w
de B2i.e n Edle a Icnuteerrédso  Cdeu ltduercalla.ración describirá con claridad, precisión y exhaustividad
edle b ibeine noebsje tmo udee blale dse, cilnamraucieóbnl,e isn colu yinémndaotleor idaelentsr.o  Eden  uenla c daes ola sd cel alsoess  iyn tmipuoelobgleíass,   BOE-A-cable e
describirá su delimitación geográfica, el entorno afectado, las partes integrantes,
pertenencias, accesorios y bienes muebles y documentales que por su vinculación 
hayan de ser objeto de incorporación en la declaración. Se incluirá igualmente el 
régimen de protección del bien en sí mismo y del entorno afectado.
3.  La resolución del procedimiento deberá ser dictada y notificada en el plazo 
máximo de doce meses, contados a partir de la fecha del acuerdo de inicio. 
Transcurrido dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento. Todo ello, sin 
perjuicio del plazo de suspensión del procedimiento previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común.
No podrá iniciarse nuevo procedimiento respecto del mismo bien salvo que tres 
de los órganos asesores previstos en esta Ley lo soliciten o lo haga el propietario o 
propietarios del bien. Esta previsión no será aplicable a los supuestos de terminación 
del procedimiento por caducidad».
Siete.  Se suprime el apartado 3 del artículo 21.
Ocho.  Se modifica el apartado 3 del artículo 22, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«3.  Cualquier inscripción relativa a un bien, efectuada de oficio o a instancia de 
parte, aunque ésta no sea el titular de dicho bien, deberá ser notificada a su titular, 
y será obligación de éste comunicar el registro de todos los actos jurídicos y técnicos 
que puedan afectar a dicho bien».
Nueve.  Se modifica la letra b) del apartado 2, así como el apartado 4 del artículo 23:
La letra b) del apartado 2 del artículo 23 queda redactada de la siguiente manera:
«b)  Clasificación que corresponda de acuerdo con la presente Ley».
El apartado 4 del artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:
«4.  El contenido de dicha Denominación resumido servirá para confeccionar 
una guía que deberá exponerse de forma visible en aquellos Bienes de Interés 
Cultural que puedan ser objeto de visita, consulta o investigación. Asimismo, se 
proveerá a las oficinas locales de información turística y a cuantos particulares o 
asociaciones civiles lo soliciten».
Diez.  Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 24.  Señalización.
Los Bienes de Interés Cultural de Cantabria deberán estar debidamente 
señalizados, mediante carteles de diseño y tamaño apropiados a su naturaleza, 
donde se describan las características más relevantes del objeto protegido y las 
condiciones de su visita. Los símbolos iconográficos serán comunes a cada tipología 
de Bien de Interés Cultural, ostentando un logotipo común a todo el Patrimonio 
Cultural de Cantabria, con independencia de la Administración que tenga 
encomendada su gestión. La tipología empleada y la localización de las señales 
deberán ser especialmente cuidadosas con su integración en el entorno».
Once.  Se modifica la numeración del Capítulo II, que pasa a ser el Capítulo III, el cual 
queda redactado como sigue: s
«CAPÍTULO III
De los Bienes de Interés Local»
Doce.  Se modifica el apartado 4 del artículo 26, que queda redactado como sigue:
«4.  De forma excepcional se podrá declarar Bien de Interés Local la obra de 
autores vivos, siempre y cuando tres órganos asesores de los previstos en esta Ley 
emitan informe favorable, la obra tenga una antigüedad superior a cincuenta años, 
y  medie  la  autorización  expresa  del  propietario  o  su  adquisición  por  la 
Administración».
Trece.  Se modifican los artículos 27 y 28 y se introduce un nuevo artículo 28 bis, 
quedando redactados de la siguiente manera:
«Artículo 27.  Procedimiento de declaración de Bien de Interés Local.
1.  La declaración de Bien de Interés Local requerirá la previa tramitación del 
correspondiente procedimiento administrativo.
2.  La iniciación del procedimiento se realizará de oficio, pudiendo ser 
promovida por cualquier persona física o jurídica.
La solicitud se entenderá denegada transcurridos tres meses desde su 
presentación sin que se haya dictado y notificado resolución expresa.
Contra la resolución denegatoria del inicio del procedimiento se podrán 
interponer los recursos procedentes.
Artículo 28.  Inicio del procedimiento.
1.  El acuerdo de inicio del procedimiento será dictado por la persona titular de 
la Dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural.
2.  El acuerdo de inicio del procedimiento será notificado tanto a los interesados 
como al Ayuntamiento en que se ubique el Bien.
3.  El acuerdo de inicio será publicado en el “Boletín Oficial de Cantabria” y en 
el “Boletín Oficial del Estado”.
4.  La iniciación de un procedimiento para la declaración de Bien de Interés 
Local determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional 
del régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados. 
En caso de bienes muebles, además, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 43 de la presente Ley.
Artículo 28 bis.  Instrucción del procedimiento.
1.  En el procedimiento que se instruya habrá de constar informe favorable de 
dos de los órganos asesores a que se refiere el apartado 1 del artículo 11 de la 
presente Ley. Si transcurridos tres meses desde la solicitud del informe, éste no 
hubiera sido emitido, se considerará favorable a la declaración. Así mismo, se 
recabará el informe del Ayuntamiento donde radique el bien.
2.  Recabados los informes a que se refiere el apartado anterior, o transcurrido 
el plazo establecido para su emisión, se abrirá un período de información pública 
por un plazo mínimo de un mes, y se dará audiencia a los interesados y, en el caso 
de bienes inmuebles, al Ayuntamiento en que se ubique el bien. es
3.  El expediente contendrá: bo
a)  Descripción clara y exhaustiva del bien objeto de catalogación que facilite  4w
spuer tceonrerneccitaas , iadcecnetisfoicraiocsi óyn b iye,n eesn  mcuaesbol eds ey  dinomcuumebelnetsa,le sla qsu ep,a prtoers s uin vtiengcrualancteiósn, 
cLoonc ael.l inmueble, pasarán también a ser considerados a todos los efectos de Interés  BOE-A-cable e
b)  Informe exhaustivo y pormenorizado de su estado de conservación, donde 
podrán adjuntarse sugerencias y criterios básicos para regir futuras intervenciones.
c)  Entorno afectado por la declaración. Se efectuará la delimitación con 
precisión del perímetro de protección del bien del que se trate, en el que se 
señalarán los accidentes geográficos y características naturales que configuren 
dicho entorno, subrayando los que potencien su protección, contemplación y 
estudio.
4.  Realizados  los trámites anteriores  se  formulará  la  propuesta que 
corresponda para la resolución del procedimiento».
Catorce.  Se modifica el artículo 29, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 29.  Resolución del procedimiento.
1.  Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural, a propuesta del titular de la Dirección General, acordar la declaración de 
Bien Cultural de Interés Local.
2.  La  resolución  de  declaración  describirá  con  claridad,  precisión  y 
exhaustividad el bien objeto de catalogación, incluyéndolo dentro de una de las 
clases y tipologías de bienes muebles, inmuebles o inmateriales. En el caso de los 
inmuebles, describirá su delimitación geográfica, el entorno afectado, las partes 
integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles y documentales que por su 
vinculación hayan de ser objeto de incorporación en la declaración. Se incluirá 
igualmente el régimen de protección del bien en sí mismo y del entorno afectado.
3.  La resolución del procedimiento deberá ser dictada y notificada en el plazo 
máximo de doce meses, contados a partir de la fecha del acuerdo de inicio. 
Transcurrido dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento.
No podrá iniciarse nuevo procedimiento respecto del mismo bien salvo que tres 
de los órganos asesores previstos en esta Ley lo soliciten o lo haga el propietario o 
propietarios del bien. Esta previsión no será aplicable a los supuestos de terminación 
del procedimiento por caducidad».
Quince.  Se modifica el apartado 3 del artículo 30, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«3.  El Catálogo de Bienes de Interés Local tiene por objeto la protección del 
Patrimonio Cultural de Cantabria mediante la anotación e inscripción de los actos 
que afecten a la identificación, localización, propiedad y grado de conservación de 
los Bienes de Interés Local, cuando afecten al contenido de la declaración, dando fe 
de los datos en él consignados. Su contenido será el mismo que el de las 
denominaciones oficiales de Bienes Declarados de Interés Cultural y que se 
describe en el artículo 23 de esta Ley».
Dieciséis.  Se suprime el apartado 3 del artículo 32.
Diecisiete.  Se modifica el título y la numeración del actual Capítulo III, que queda 
numerado como Capítulo IV, modificando los artículos 33 y 34, e introduciendo un nuevo 
artículo 34.bis, quedando redactados de la siguiente manera:
«CAPÍTULO IV es
De los restantes bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria w.
Artículo 33.  Definición.
tambAidéenm foársm daen  lpoasr tBe iedneel sP adteri mInotneiroé sC uClutultruarl adl ey  Cdaen ltoasb rBiai etondeoss d aeq Iunetleloréss b Lieonceasl 
muebles, inmuebles e inmateriales que constituyen puntos de referencia de la
cultura de la Comunidad Autónoma de Cantabria y que, sin estar incluidos entre los 
anteriores, merecen ser conservados.
Artículo 34.  Inscripción de bienes.
1.  La inclusión de un bien en el Inventario General del Patrimonio Cultural de 
Cantabria podrá ser realizada de forma individual o colectiva.
2.  La iniciación del procedimiento se realizará de oficio, pudiendo ser 
promovida por cualquier persona física o jurídica.
La solicitud se entenderá denegada transcurridos tres meses desde su 
presentación sin que se haya dictado y notificado resolución expresa.
Contra la resolución denegatoria del inicio del procedimiento de inclusión de un 
bien en el Inventario General del Patrimonio Cultural se podrán interponer los 
recursos procedentes.
3.  El procedimiento para su inclusión de un bien en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural de Cantabria conllevará los siguientes trámites:
a)  El acuerdo de inicio del procedimiento será dictado por la persona titular de 
la Dirección General competente en materia de Cultura, y será notificado a los 
interesados y al Ayuntamiento o Ayuntamientos en donde radique el bien. El acuerdo 
de inicio será publicado en el “Boletín Oficial de Cantabria”.
b)  Se otorgará audiencia a los propietarios y al Ayuntamiento o Ayuntamientos 
interesados en el caso de que el bien objeto del procedimiento sea inmueble. Así 
mismo, se abrirá un período de información pública por un plazo mínimo de veinte 
días.
c)  En el expediente deberá constar informe favorable de uno de los órganos 
asesores previstos en esta Ley. Si éste no se emitiese en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de su solicitud, se considerará favorable a la inclusión.
d)  El procedimiento se resolverá mediante resolución de la persona titular de 
la Dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural. El plazo máximo 
para resolver y notificar la resolución será de seis meses a partir de la fecha de 
inicio del procedimiento. Transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad del 
procedimiento.
3.  El inicio de un procedimiento para la inclusión de un bien en el Inventario 
General de Patrimonio Cultural de Cantabria determinará, en relación al bien 
afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para 
los Bienes Inventariados.
Artículo 34 bis.  Procedimiento de exclusión.
1.  La exclusión de un Bien Inventariado del Inventario General del Patrimonio 
Cultural de Cantabria se someterá a los mismos trámites y requisitos necesarios 
para su inclusión en el Inventario.
2.  No se podrá invocar como causas determinantes de la exclusión del bien 
del Inventario las derivadas del incumplimiento de las obligaciones de conservación 
y mantenimiento previstas en esta Ley, sin perjuicio de la exigencia de la 
responsabilidad que proceda».
Dieciocho.  Se introduce un nuevo Capítulo V en el Título II, que se denomina  es
«Capítulo V. Del Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria», y que  o
comprende los artículos 35, 36 y 37. ww.
comDoi esciginuuee:ve.  Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 39, que queda redactado  2020-504n https://w
Adm«i4n.is trCacuiaónnd doe dbiecrháa isn iacciatur,a ecnio enle psl aazfoe cdteen v eai nbtiee ndeíass c huáltbuirlaelse,s e nl coo drreecslaproanddoiesn, tlae   BOE-A-cable e
procedimiento para su declaración como Bien de Interés Cultural, Bien de Interés 
Local o Bien Inventariado.
5.  Los ciudadanos están legitimados para el ejercicio de cualquier actuación 
administrativa en relación con la defensa del patrimonio cultural de Cantabria; la 
Administración autonómica facilitará la colaboración de éstos, tal y como se 
contempla en el artículo 9 de la presente Ley».
Veinte.  Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 42, que quedan redactados de 
la siguiente manera:
«2.  La Administración  autonómica  procurará  la  colaboración  de  los 
propietarios, titulares de derechos reales y poseedores de bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de Cantabria, estableciendo cuantas medidas de fomento crea 
necesarias».
«5.  Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones y el procedimiento 
para el cumplimiento de los anteriores deberes. En todo caso y para los Bienes de 
Interés Cultural, en lo que se refiere a las visitas públicas, serán gratuitas durante 
varios días al año, en fechas y horarios que se fijarán mediante acuerdo adoptado 
al respecto».
Veintiuno.  Se modifica el apartado 2 y se introduce un nuevo apartado 11 en el 
artículo 47, quedando redactados de la siguiente manera:
«2.  Los bienes declarados de Interés Cultural, y los bienes declarados de 
Interés Local no podrán ser sometidos a tratamiento alguno, ni cambiar de uso o 
destino, sin autorización expresa de la Consejería con competencia en materia de 
Patrimonio Cultural previa a la concesión de licencia en el caso de los inmuebles».
«11.  La autorización se entenderá caducada si transcurrieran dos años sin 
haberse iniciado las actuaciones para las que fue solicitada.
Dicha caducidad deberá ser declarada formalmente en procedimiento 
administrativo tramitado con audiencia al interesado.
Podrá prorrogarse la vigencia de la autorización por una sola vez y por un año. 
La solicitud de prórroga deberá presentarse con un mes de antelación a la 
expiración de la vigencia de la autorización original, y deberá dictarse resolución 
antes de que termine el referido plazo de vigencia, entendiéndose denegada en 
caso contrario».
Veintidós.  Se modifica el título del Capítulo II del Título III, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«CAPÍTULO II
Protección de los bienes del Patrimonio Cultural»
Veintitrés.  Se modifica el título del artículo 49, así como el primer párrafo del 
apartado 5 del mismo.
El título del artículo 49 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 49.  Tipología de los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio 
Cultural de Cantabria». e.
El primer párrafo del apartado 5 del mismo del artículo 49 queda redactado de la 
siguiente manera:
«5.  Los Lugares Culturales a su vez podrán ser:»
Veinticuatro.  Se modifica el artículo 54, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 54.  Desplazamiento.
Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural o de Interés Local es inseparable 
de su entorno. No podrá procederse a su desplazamiento salvo que resulte 
imprescindible por causa de fuerza mayor o interés social, previa autorización de la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, en cuyo caso será 
preciso adoptar las oportunas medidas en aquello que pueda afectar al subsuelo. 
Para la consideración de causa de fuerza mayor o de interés social será preceptivo 
el informe favorable de, al menos, dos de las instituciones consultivas competentes 
en esta materia contempladas en esta Ley y previo informe del Ayuntamiento 
afectado.
El plazo para resolver y notificar será de tres meses, transcurridos los cuales la 
autorización deberá entenderse denegada».
Veinticinco.  Se modifica el artículo 59, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 59.  De la demolición.
1.  El deber de conservación de los bienes declarados de Interés Cultural, de 
Interés Local o Inventariados no cesa porque el inmueble haya sido declarado en 
ruina.
2.  Excepcionalmente, solo se podrá acordar la demolición total o parcial de un 
Bien de Interés Cultural cuando, previa existencia de una declaración de ruina, se 
pronuncien favorablemente a dicha demolición al menos dos de los órganos 
asesores previstos en el artículo 11 de esta Ley. En dicho procedimiento, que deberá 
ser tramitado por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, se 
dará audiencia al Ayuntamiento en cuyo término se encuentre el bien. En ningún 
caso se podrá demoler el inmueble sin la autorización de la Consejería competente 
en materia de patrimonio cultural, y sin previa firmeza de la declaración de ruina.
3.  De igual manera, solo excepcionalmente podrá autorizarse la demolición de 
un Bien de Interés Local o Inventariado con las condiciones reseñadas en el 
apartado anterior.
4.  La demolición de Bienes declarados de Interés Cultural, de Interés Local o 
Catalogados, o Inventariados será acordada por el órgano competente para la 
declaración de Bien de Interés Cultural, de Interés Local o Catalogado o Inventariado.
5.  No podrá demolerse ningún inmueble en el que la declaración de ruina sea 
consecuencia del incumplimiento de los deberes de conservación por sus obligados.
6.  La persona titular de la Dirección General competente en materia de 
Patrimonio Cultural podrá ordenar la suspensión inmediata de las obras de 
demolición de aquellos bienes inmuebles que, aunque no estuviesen declarados, 
catalogados o inventariados, fueran portadores de algunos de los valores culturales 
protegidos por esta Ley. En un plazo no superior a seis meses deberá incoarse el 
procedimiento correspondiente para su declaración como bien perteneciente a  es
cualesquiera de las tres categorías anteriores y adoptar las medidas cautelares  o
necesarias para su integridad». ww.
siguVieeninteti sméaisn.e raS:e modifica el apartado 2 del artículo 61, que queda redactado de la
«2.  Dicha autorización se entenderá denegada si no se emite transcurridos
dos meses desde la presentación de la solicitud».
Veintisiete.  Se modifica el apartado 1 del artículo 62, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«1.  La declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto Histórico 
implica la obligación de los Ayuntamientos afectados de elaborar un Plan Especial o 
instrumento de protección equivalente».
Veintiocho.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 64, que quedan redactados 
de la siguiente manera:
El apartado 1 queda redactado de la siguiente manera:
«1.  En tanto no se apruebe definitivamente la normativa urbanística de 
protección a que se hace referencia en el artículo 62 de esta Ley, la concesión de 
licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de la declaración de Conjunto 
Histórico precisará autorización de la Consejería con competencia en materia de 
Patrimonio Cultural en un plazo máximo de tres meses, transcurridos los cuales se 
puede considerar denegada. No se admitirán modificaciones en las alineaciones y 
rasantes existentes, incrementos o alteraciones del volumen, parcelaciones ni 
agregaciones y, en general, cambios que afecten a la armonía del conjunto».
El apartado 4 queda redactado de la siguiente manera:
«4.  Una vez aprobado definitivamente el Plan Especial de Protección, los 
Ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras que lo desarrollan, 
incluidas las de los entornos de los Monumentos declarados, debiendo dar cuenta a 
la Consejería con competencia en materia de Patrimonio Cultural de todas las 
licencias concedidas en un plazo máximo de diez días. En todo caso, las 
intervenciones arqueológicas o sobre monumentos integrantes del conjunto 
requerirán la autorización de la Consejería con competencia en materia de 
Patrimonio Cultural. Las obras contrarias al Plan Especial serán ilegales, y la 
Consejería con competencia en materia de Patrimonio Cultural paralizará dichas 
obras y, si fuera preciso, ordenará su reconstrucción o demolición, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la legislación urbanística».
Veintinueve.  Se modifica el artículo 65, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 65.  Régimen de los lugares declarados de Interés Cultural.
1.  Los Lugares Culturales, así como su entorno, se ordenarán mediante planes 
especiales de protección u otro instrumento de planeamiento que cumpla las 
exigencias establecidas en los artículos 62 y 63 de esta Ley, en especial relativo a 
los regímenes específicos, actuaciones sobre conjuntos y lugares culturales y 
régimen de los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural. El régimen 
de autorizaciones de obras en los Lugares Culturales será el mismo que el artículo 
64 regula para los Conjuntos Históricos.
2.  Cualquier  remoción  de  tierras  de  una  zona  arqueológica  o  zona 
paleontológica habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural, con independencia o no de que exista un instrumento básico de 
protección. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver y notificar la resolución, 
la solicitud se entenderá denegada». es
Treinta.  Se modifica la letra d) del apartado 1, el apartado 2 y el apartado 4 del  w.
artículo 66, que quedan redactados de la siguiente manera: 4w
La letra d) del apartado 1 queda redactada de la siguiente manera:
«d)  Los regímenes de los Patrimonios específicos contenidos en el Título IV y
que les sean de aplicación». Bc
El apartado 2 queda redactado de la siguiente manera:
«2.  Cualquier intervención o cambio de uso en un inmueble de Interés Local 
precisará de autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural en los términos del artículo 47. Las actuaciones en su entorno se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 52. Si se trata de un Conjunto Histórico Artístico con 
plan especial de protección, se regirá por lo dispuesto en el artículo 64».
El apartado 4 queda redactado de la siguiente manera:
«4.  La incoación y declaración de procedimientos de ruina y demolición se 
regulará según lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 de la presente Ley».
Treinta y uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 67, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«2.  La Consejería con competencia en materia de Patrimonio Cultural podrá 
ser parte en el expediente de declaración de ruina y de derribo o demolición, tal y 
como se describe en los artículos 57, 58 y 59 de esta Ley».
Treinta y dos.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 69, que quedan 
redactados de la siguiente manera:
El apartado 1 queda redactado de la siguiente manera:
«1.  Los bienes muebles declarados de Interés Cultural y los de Interés Local 
deberán ser conservados en su integridad, dando cumplimiento al régimen general 
de protección aprobado con su categoría».
El apartado 3 queda redactado de la siguiente manera:
«3.  Por lo que se refiere a bienes culturales de la Iglesia Católica se atenderá, 
además, a lo expuesto en el artículo 6 de esta Ley».
Treinta y tres.  Se modifica el artículo 71, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 71.  Traslados.
1.  Los propietarios y poseedores legítimos de bienes culturales muebles de 
Interés Cultural o los de Interés Local deberán comunicar a la Consejería competente 
en materia de Patrimonio Cultural los traslados de lugar de dichos bienes para su 
anotación en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Catálogo 
General de los Bienes de Interés Local de Cantabria, respectivamente, indicando su 
origen y destino, y si aquel traslado se hace con carácter temporal o definitivo.
2.  Los bienes muebles que fuesen reconocidos como inseparables de un 
inmueble declarado de Interés Cultural o de Interés Local estarán sometidos al 
destino de éste, y su separación, siempre con carácter excepcional, exigirá la previa 
autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural».
Treinta y cuatro.  Se modifica el apartado 4 del artículo 72, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«4.  A los efectos de su posible inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural  e.
de Cantabria, los propietarios, poseedores y personas o entidades que ejerzan  w.
habitualmente el comercio de bienes culturales muebles habrán de comunicar a la  4w
Cmoisnmseojse raían tceosn d ceo pmropceetednecr iaa  esnu  mtraantesrmiai sdióen P aa ttreimrcoenroios ,C hualtcuieranld loa  ecoxinsstetanrc eial  pdree cloios 
convEenn nidinog.ún caso se podrán enajenar los bienes cuyo comercio queda prohibido en  BOE-A-cable e
aplicación de esta ley o de la legislación estatal en la materia ex artículo 149.1.28.ª CE».
Treinta y cinco.  Se modifica el artículo 77 y se introduce un nuevo artículo 77.bis, que 
quedan redactados de la siguiente manera:
«Artículo 77.  Autorizaciones.
1.  La autorización para cualesquiera de las actuaciones arqueológicas 
definidas en el artículo anterior será otorgada por la Consejería competente en 
materia de Patrimonio Cultural, siendo su función exclusiva la concesión, 
modificación o renovación y, en los casos en que resulte procedente, la suspensión 
de los permisos correspondientes. El otorgamiento de la autorización será 
comunicado al Ayuntamiento dentro de cuyo ámbito territorial se desarrolle la 
actuación.
2.  Podrá solicitar autorización cualquier persona física en posesión de una 
titulación idónea de grado universitario con acreditada profesionalidad en el campo 
de la arqueología, o los representantes de una empresa, centro o institución de 
investigación arqueológica, con solvencia en el campo de la arqueología.
No obstante, no podrán solicitar autorización ni, en el caso de actuaciones 
arqueológicas de investigación, solicitar la financiación a que se refiere el artículo 80:
a)  Quienes incumplan la obligación de remitir a la Consejería competente en 
materia de Patrimonio Cultural, en tiempo y forma, la memoria científica con los 
resultados de los trabajos arqueológicos realizados, a que se refiere el artículo 88, 
hasta la entrega de la misma;
b)  Quienes hayan sido sancionados mediante resolución firme por infracciones 
contra el Patrimonio Cultural.
3.  Las excavaciones que se realicen por investigadores o instituciones 
extranjeras, además de la normativa establecida en esta Ley, deberán contar con un 
codirector español. Los informes y la memoria de la excavación se presentarán en 
castellano.
4.  El centro, institución o empresa del que forme parte el director de una 
actuación arqueológica, se responsabilizará de la calidad científica de los trabajos y 
de la protección y conservación de los materiales, hasta su entrega al Museo 
Regional de titularidad pública que determine la Administración, en el plazo y forma 
que se establezca. Igualmente, se hará cargo de cualquier responsabilidad civil 
subsidiaria.
Cuando la autorización haya recaído sobre una persona física, ella se 
responsabilizará de lo dispuesto en el apartado anterior.
5.  La solvencia de las personas físicas y jurídicas para la realización de 
actuaciones arqueológicas de gestión y de salvamento será informada por la 
Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico o de cualquiera de 
los órganos asesores citados en el artículo 11 de esta Ley, con definición expresa de 
los ámbitos en que puedan intervenir en función de la titulación académica y la 
experiencia que se acredite.
En cualquier caso, las obligaciones desde el punto de vista científico serán las 
mismas que para las actuaciones de investigación.
6.  La autorización será denegada cuando no concurra la capacitación 
profesional adecuada o el proyecto arqueológico presentado resulte inadecuado 
para la intervención pretendida. s
7.  Las autorizaciones se otorgarán por año natural, salvo que la actuación  oe.
arqueológica tenga una duración inferior, en cuyo caso la vigencia de la autorización  w.
saeu tolimrizitaac iao nlae sd ucaradcuiócann d eel  ldaí aa c3t1u adcei ódnic iaermqubereo ldóegli caañ oa untaotruizraadl.a. En todo caso, las  2020-504n https://w
prórProogdar ád epbreorráro pgraersseen taanrsuea lcmoenn uten  mlae vsi gdeen acniate dlaec ilóan  aau ltao reizxapciriaócnió. nL ad es olal icviigtuedn cdiae 
de la autorización original, y deberá dictarse resolución antes de que termine el 
referido plazo de vigencia, entendiéndose denegada en caso contrario.
Artículo 77.bis.  Tramitación y resolución.
1.  Sin perjuicio de las especialidades que se puedan establecer en esta Ley, 
las solicitudes de autorización para realizar actuaciones arqueológicas, que podrán 
presentarse en cualquier momento del año natural, estarán acompañadas por la 
siguiente documentación:
a)  En el caso de las actuaciones arqueológicas de carácter preventivo y de 
salvamento:
1.º  Proyecto de la actuación arqueológica, que indicará los objetivos, trabajos 
y técnicas a utilizar en la actuación, medidas de protección de los restos que se 
puedan descubrir, así como el equipo técnico de que se vaya a disponer para su 
realización.
2.º  Carta de contratación.
b)  En el caso de las actuaciones arqueológicas de investigación:
1.º  Proyecto que deberá reflejar: la idoneidad sobre la conveniencia y el interés 
científico de la actuación; los objetivos, trabajos y técnicas a utilizar; medidas de 
protección de los restos que se puedan descubrir; así como el equipo técnico de que 
se va a disponer adjuntando documentación específica de la titulación y experiencia 
en Arqueología del director o directores.
2.º  Memoria económica que refleje las fuentes de financiación públicas y 
privadas con que se dispone para que el proyecto sea viable.
3.º  En los casos en que proceda, autorización de la persona propietaria del 
terreno relativa a la ocupación del mismo. La obtención de dicha autorización será 
responsabilidad,  en  todo  caso,  de  la  persona  que  dirija  las  actuaciones 
arqueológicas.
2.  Durante la instrucción del procedimiento se recabarán los informes que se 
estimen necesarios, en particular de la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico 
y Paleontológico, para adoptar la resolución del procedimiento.
3.  La resolución será dictada por la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de Patrimonio Cultural en un plazo de seis meses 
transcurridos los cuales la solicitud deberá entenderse denegada».
Treinta y seis.  Se introduce el artículo 77.ter, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 77.ter.  Autorizaciones de actividades en cuevas naturales con interés 
arqueológico.
1.  Las visitas, exploraciones espeleológicas y de otras características en 
cavidades naturales con interés arqueológico deberán contar con una autorización 
de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Mediante resolución 
del Consejero competente en materia de Patrimonio Cultural se determinarán las 
cuevas para las que no sea precisa dicha autorización. es
2.  El procedimiento para obtener dicha autorización será el siguiente: bo
a)  Los interesados presentarán la solicitud de autorización ante la Consejería  4w
cporomypeectteandtae  ye, ne nm ealt ecraias od ed eP aqturiem eosntiao  sCeu lptureratel ncdoan  ruena lmizeasr  edne  laonst emlaecsieósn  dae l aju vliios tay 
agosLtao ,s coolinc idtuods  dmeebseersá  dsee ra nptreelsaecinótna.da individualmente o de forma colectiva por  BOE-A-cable e
todos los grupos interesados en realizar la visita.
A la solicitud se acompañará, informe favorable de la Federación Cántabra de 
Espeleología con relación a la solvencia espeleológica de la solicitud.
b)  En el caso de las visitas espeleológicas de exploración, además del informe 
de la Federación Cántabra de Espeleología a que se refiere el apartado anterior, la 
solicitud deberá adjuntar la siguiente documentación:
1.º  Un plan de trabajo, en el que se deberá señalar las fechas en las que se 
realizará la exploración.
2.º  Las cuevas o zona geográfica completa que se quieran estudiar, indicada 
a ser posible en coordenadas de las hojas 17/50.000 del Instituto Geográfico y 
Catastral.
3.º  El número de participantes.
4.º  Los planes generales de estudio.
5.º  Informe de la Federación Cántabra de Espeleología efectuando la 
distribución de la zona de trabajo.
La distribución de las zonas de trabajo realizadas por la Federación deberá 
contar con el visto bueno de la Consejería competente en materia de Cultura.
c)  Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en 
materia de Patrimonio Cultural dictar la resolución del procedimiento.
3.  Las autorizaciones de visita espeleológica de exploración caducan en el año 
natural en que fueron expedidos y tienen vigencia para las fechas que en los mismos 
se determinen.
4.  Los interesados autorizados tendrán la obligación de presentar, al final de 
cada exploración, dos memorias detalladas del trabajo realizado, acompañadas de 
planos e informes, así como títulos de las publicaciones donde aparecerán los 
estudios realizados.
La presentación de las memorias en el plazo establecido será condición para 
obtener cualquier autorización de visita a las cavidades naturales con interés 
arqueológico de Cantabria.
5.  Los hallazgos de tipo arqueológico, histórico o prehistórico aparecidos 
fortuitamente en las cuevas deberán ser puestos en conocimiento de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Cultural.
6.  Queda prohibido realizar cualquier tipo de deterioro, colmatación, obra o 
alteración de las cavidades naturales sin la preceptiva autorización de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Cultural, cuya tramitación se desarrollará 
reglamentariamente.
7.  Transcurrido el plazo para resolver y notificar el procedimiento para otorgar 
las autorizaciones previstas en este artículo, la solicitud se entenderá denegada».
Treinta y siete.  Se modifica el artículo 80, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 80.  Financiación de las actuaciones arqueológicas de investigación.
1.  Las actuaciones arqueológicas de investigación previamente autorizadas 
podrán ser financiadas de conformidad con lo previsto en la normativa general de 
subvenciones, así como las correspondientes bases reguladoras y convocatorias 
anuales que se aprueben al efecto. e
2.  La obtención de una autorización para efectuar una actuación arqueológica  bo
de investigación es independiente de la convocatoria de subvenciones para la  w
finan3c. iacTieónnd dráen e sptraio criladsaed  dpea raac tsuearc ifoinnaensc aiardqouse oplóogr iclaa sA.dministración autonómica
alínqeuaesllo dse p rinovyeecsttoigsa dceió nac ftiujaadcaiósn  paerrqiuóedoiclaógmicean tdee p inovr elast iCgaocnisóenj eqruíae  sceo majpuestteenn tae  leans 
materia de Patrimonio Cultural en el Plan Regional de arqueología a propuesta de 
la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico».
Treinta y ocho.  Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 84, que quedan 
redactados de la siguiente manera:
«1.  Si durante la ejecución de una obra, sea del tipo que fuere, se hallan restos 
u objetos con valor arqueológico, el promotor o la dirección facultativa de la obra 
paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la 
protección de los restos, y comunicarán su descubrimiento de acuerdo con lo 
contemplado en el artículo 85 de la presente Ley.
2.  En el plazo de quince días, a contar desde la comunicación a la que se 
refiere el apartado 1 de este artículo, la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural llevará a cabo las actividades de comprobación correspondientes, 
a fin de determinar el interés y el valor arqueológico de los hallazgos, y dictará 
resolución motivada, autorizando el reinicio de las obras o estableciendo el plazo de 
suspensión hasta completar la investigación.
3.  La suspensión de las obras podrá ser objeto de compensación económica, 
en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas».
Treinta y nueve.  Se modifica el apartado 5 del artículo 85, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«5.  El descubridor y el propietario del terreno en que se encontrase el hallazgo 
casual tendrán derecho a percibir en concepto de premio, una cantidad económica 
que se distribuirá entre ellos a partes iguales. La resolución será dictada por la 
persona titular de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural previo 
informe de la Comisión Técnica de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural».
Cuarenta.  Se modifica el artículo 87, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 87.  Contratación.
1.  Las actuaciones de la Consejería de Patrimonio Cultural en materia 
arqueológica podrán realizarse a través de los procedimientos de contratación 
previstos en la normativa vigente en materia de contratación pública.
2.  Las actuaciones tendentes a evitar el deterioro o destrucción del Patrimonio 
Arqueológico de Cantabria que deban efectuarse sin dilación, tendrán la 
consideración de obras de emergencia a los efectos de lo previsto en la normativa 
vigente en materia de contratación pública».
Cuarenta y uno.  Se modifica el artículo 88, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 88.  Obligaciones.
1.  Los directores de actuaciones arqueológicas autorizadas quedan sujetos a 
las siguientes obligaciones:
a)  Comunicación del comienzo y fin de las tareas de campo a la Consejería  oe.
competente en materia de Patrimonio Cultural. w.
b)  Presentación de un informe preliminar dentro de los tres meses siguientes  4w
ae nla e fli ncaulirzsaoc idóen  ldae al tcrtaubaacjioó ny  saireqmuperoeló agnicteas.  dEen  hdaiccheor  pinúfbolircmae la s ien fdoermbearcáió inn colbutier nuindaa 
rreealalicziaódno sd.e los restos arqueológicos encontrados con ocasión de los trabajos  BOE-A-cable e
c)  Entrega a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de 
una Memoria Científica con los resultados de los trabajos arqueológicos, así como 
de los materiales que aparezcan, en un plazo no superior a un año. No obstante, 
este plazo puede ser prorrogado por períodos anuales, para lo cual será necesario 
presentar solicitud razonada de dicha prórroga con un mes de antelación a la 
expiración del plazo inicial, siendo oída la Comisión Técnica para el Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico con carácter previo a la resolución de dicha solicitud.
La Memoria podrá ser publicada por la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural. En caso de que, transcurrido un año desde su entrega, la 
Consejería no la hubiera editado, el interesado podrá publicar los resultados donde 
considere oportuno.
d)  Asumir personalmente la dirección de los trabajos arqueológicos de campo, 
salvo caso de delegación excepcional y ocasional en persona que reúna los 
requisitos necesarios para desempeñar la dirección de los mismos.
e)  Llevar un inventario o registro numerado de las piezas y materiales, que 
entregará en el Museo de titularidad autonómica que se determine en cada caso, 
ordenado, unido a éstos y antes del comienzo de la campaña posterior. Asimismo, 
deberá permitir el libre acceso a los mismos a las personas que designe la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, a las que se 
informará sobre el desarrollo de los trabajos.
f)  Permitir y facilitar las labores de control del personal de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Cultural.
2.  Los materiales deberán entregarse en el Museo de titularidad autonómica 
de que determine la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, en la 
forma que se establezca y en el plazo de un año a partir de la fecha de la finalización 
de los trabajos».
Cuarenta y dos.  Se modifica el apartado 4 del artículo 94, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«4.  Aquellas Zonas Arqueológicas que pasen a considerarse Parque 
Arqueológico y aquellas que cuenten con un potencial interés turístico, deberán 
disponer de un Plan Director».
Cuarenta y tres.  Se modifica el apartado 2 del artículo 102, que queda redactado de 
la siguiente manera:
«2.  La  Consejería  con  competencia  en  materia  de  Cultura,  al  tener 
conocimiento de la existencia de un archivo o conjunto documental, recabará a sus 
titulares la información necesaria y permiso para su examen, e iniciará de oficio la 
declaración de Bien de Interés Cultural o Bien de Interés Local, si de acuerdo con lo 
establecido en esta Ley procediere. Desde el momento en que la iniciación del 
procedimiento sea publicada en el “Boletín Oficial de Cantabria” y en el “Boletín 
Oficial del Estado” se le aplicará la protección prevista por la Ley».
Cuarenta y cuatro.  Se introducen las letras o) y p) en el artículo 129 y se renumeran 
las letras l) a o), ambos inclusive, del 130 como letras k) a ñ).
Las letras o) y p) del artículo 129 quedan redactadas de la siguiente manera:
«o)  Utilizar detectores de metales o aparatos de tecnología similar en  o
actuaciones arqueológicas ilícitas, tal y como se definen en el artículo 78 de esta Ley. ww.
arqupe)o lóEglic ainsc duem lapsli mobielingatoc iopnoers  pqauert ee sdtaeb lelocse  lad iprerecstoernetes  Ldeey »l.as  actuaciones  2020-504n https://w
manLearsa :letras l) a o) del artículo 130 se renumeran como letras k) a ñ) de la siguiente  BOE-A-cable e
«k)  Ejecutar cualquier tipo de manipulación mecánica o de contacto sobre 
grabados o pinturas rupestres que cause daños a los grafismos o a su soporte 
natural, o removerlos de sus emplazamientos originales.
l)  Incumplir el deber de llevar el libro de registro a que están obligados todos 
los particulares que se dediquen al comercio de bienes muebles integrantes del 
Patrimonio Cultural de Cantabria, así como la omisión o inexactitud de datos que 
deban constar en el mismo.
m)  La retención ilícita o el depósito indebido de bienes muebles objeto de 
protección en esta Ley.
n)  La separación no autorizada de bienes muebles vinculados a Bienes 
Inmuebles declarados de Interés Cultural o de Interés Local.
ñ)  La comisión de la tercera infracción leve en materia de protección del 
Patrimonio Cultural de Cantabria».
Cuarenta y cinco.  Se renumera el último apartado del artículo 131 como letra d):
«d)  La comisión de la tercera infracción grave en materia de protección del 
Patrimonio Cultural de Cantabria».
Cuarenta y seis.  Se modifica el artículo 133, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 133.  Responsables.
Se considerarán responsables de las infracciones recogidas en esta Ley, 
quienes hayan cometido los actos y omisiones en que la infracción consista. En todo 
caso, los promotores o propietarios, así como los directores de intervenciones 
cuando contravengan alguna de las disposiciones establecidas en esta ley o en la 
correspondiente autorización. También se considerarán responsables los que 
conociendo la comisión de una infracción obtengan un beneficio económico de la 
realización de los hechos constitutivos de infracción».
Cuarenta y siete.  Se modifica el artículo 134, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 134.  Sanciones.
1.  En los casos en que el daño causado al Patrimonio Cultural de Cantabria 
pueda ser valorado económicamente, la infracción será sancionada con multa que 
será como mínimo el valor del daño causado y como máximo del cuádruplo del valor 
del daño causado.
2.  En el resto de los casos procederán las siguientes sanciones:
a)  Infracciones leves: Sanción de 100 a 3.000 euros.
b)  Infracciones graves: Sanción de 3.001 a 150.000 euros.
c)  Infracciones muy graves: Sanción de 150.001 a 600.000 euros y, en el caso 
de infracciones muy graves del artículo 131 c) cometidas por profesionales, 
inhabilitación para intervenir en materia de Patrimonio Cultural durante un período 
de hasta diez años.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la cuantía de la  es
sanción no podrá ser en caso alguno inferior al beneficio obtenido como resultado  bo
de la actuación infractora. w
iicmnafpuraos4car.tc raisónLenca i,aa  gld  drePae adl atulrosiams c ciobiórninceiu ondn eeCss t ulaaalntfsuec rcmiaatalus dld taoaetss e,C  nsdaueen alrt neaptabeelrsriizja uao ircy ái ao dge ecrnala  vgfuuarsnanacdtdeioóos n  do qed uq eeiun  letace  ohngnucrcaibouvinererasdaelaind dp,a  odddde eid  dlelaoal     OE-A-2020-50able en https://
interviniente.
5.  Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una 
misma infracción tendrán carácter independiente entre sí».
Cuarenta y ocho.  Se modifica el artículo 135, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 135.  Órganos competentes.
La competencia para la imposición de las sanciones previstas en el artículo 
anterior corresponde:
a)  A la persona titular de la Dirección General competente en materia de 
Patrimonio Cultural para resolver los procedimientos iniciados por infracciones leves 
y graves.
b)  A la persona titular de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Cantabria para resolver los procedimientos iniciados por 
infracciones muy graves».
Cuarenta y nueve.  Se modifica el artículo 136, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«Artículo 136.  Procedimiento.
1.  Los procedimientos sancionadores que se inicien y resuelvan por 
infracciones previstas en esta Ley se tramitarán de conformidad con lo previsto en 
la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo de aplicación a 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2.  La iniciación del procedimiento sancionador, se realizará por resolución de 
la Dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural.
3.  El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificado en el plazo de 
un año desde su iniciación, salvo que se den posibles causas de interrupción o 
suspensión previstas en la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento 
administrativo de aplicación a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria».
Cincuenta.  Se introducen tres disposiciones adicionales y una final, que quedan 
redactadas de la siguiente manera:
«Disposición adicional tercera.  Régimen de las intervenciones arqueológicas a 
desarrollar en procesos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la 
Dictadura.
Hasta tanto no sea aprobada y entre en vigor una Ley que regule en nuestra 
Comunidad Autónoma el procedimiento para realizar la exhumación de personas 
desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la represión política posterior 
será de aplicación en los procesos de exhumación que se lleven a cabo en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria el Protocolo de actuación en exhumaciones de 
víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, publicada mediante la Orden PRE/2568/2011, 
de 26 de setiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 
de septiembre de 2011, de conformidad con lo previsto en la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a  es
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la  bo
dictadura. w
Disposición adicional cuarta.  Exención de informes y autorizaciones en Conjuntos 
Histórico Artísticos con Plan Especial aprobado conforme a la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
La concesión de licencias de obra en los Conjuntos Histórico–Artísticos que 
dispongan de Plan Especial aprobado conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español y con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria les será 
aplicable el régimen previsto en el artículo 64, por lo que no precisarán de 
autorización ni de informe de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural, sin perjuicio de la notificación de la licencia urbanística concedida.
Disposición adicional quinta.  Denominación de la Consejería.
Todas las referencias que se realizan en la Ley a la Consejería de Cultura y 
Deporte deberán entenderse realizadas a la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural. En consecuencia, todas las referencias efectuadas a la persona 
titular de la Consejería de Cultura y Deporte deben entenderse realizadas a la 
persona titular competente en materia de Patrimonio Cultural».
«Disposición final tercera.  Cláusula de género.
Todas las referencias contenidas en la Ley de Patrimonio Cultural expresadas 
en masculino gramatical, cuando se refieran a personas físicas deben entenderse 
referidas indistintamente a mujeres y hombres y a sus correspondientes 
adjetivaciones femeninas o masculinas».
Artículo 16.  Modificación de la Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de 
Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, 
de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda redactado de 
la siguiente manera:
«2.  El citado Registro dependerá orgánicamente del órgano directivo al que se 
asigne la competencia de su gestión, al que le corresponderá velar por la seguridad 
jurídica, dar fe pública, proteger los derechos de las parejas que se acojan a este 
régimen administrativo, así como conceder o denegar las inscripciones que se 
soliciten».
Artículo 17.  Modificación de la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.
Se añaden dos nuevos apartados al artículo 23 la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de 
julio, del Deporte, con la siguiente redacción:
«3.  Las asambleas generales de las federaciones deportivas cántabras se 
reúnen en sesiones ordinarias o extraordinarias.
4.  La asamblea general se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al 
año, dentro del primer semestre del año para la aprobación del estado de cuentas y 
presupuesto. El calendario oficial deberá ser aprobado antes del inicio de la 
temporada». e
Artículo 18.  Modificación de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, de Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.
Se modifican los artículos 56, 65.1 y 86.2, quedando redactados como sigue:
«Artículo 56.  Servicios para el empleo.
1.  En cumplimiento de la legislación laboral, el Servicio Cántabro de Empleo, 
las entidades colaboradoras y las agencias de colocación que intervienen en las 
diferentes fases del proceso de acompañamiento a la inserción laboral no tramitarán 
cualquier oferta de empleo discriminatoria por razón de sexo, de acuerdo con sus 
propios procedimientos y normativa correspondiente.
2.  El Servicio Cántabro de Empleo y las entidades colaboradoras recibirán 
formación sobre el modo de incorporar la perspectiva de género en cada fase del 
proceso integral de acompañamiento a la inserción laboral».
«Artículo 65.  Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1.  Las Administraciones públicas de Cantabria combatirán el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo en el ámbito laboral como manifestación atentatoria contra 
la dignidad de la persona, en su dimensión discriminatoria».
«Artículo 86.  Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo.
[...]
2.  En los términos de la legislación laboral, los representantes de los 
trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo, mediante la sensibilización y asesoramiento de trabajadores y 
trabajadoras frente al mismo, la negociación de protocolos de anti acoso y la 
comunicación a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de 
que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlos».
Artículo 19.  Modificación de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas 
de Cantabria.
Uno.  Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de 
Cantabria, dando nueva redacción al apartado 1 del artículo 2, creando un nuevo 
apartado 2 y renumerando los antiguos apartados 2, 3 y 4, que pasas a ser 3, 4 y 5 
respectivamente, quedando redactados en los siguientes términos:
«Artículo 2.  Sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
1.  A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, conforman el sector público de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria:
a)  La Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b)  El sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2.  Integran el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria las siguientes entidades:
a)  Los organismos autónomos vinculados o dependientes de la Administración  bo
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria. w
Admbci))n  isLtLraaa csUi óneninv tGeidresaniddeearsad l  dpdeúe b Cllaiac Cnatsoa mberumianp.idreasda Ariuatlóenso, mvian cduel aCdaanst aob rdiae.pendientes de la  OE-A-2020-50able en https://
e)  Las sociedades mercantiles autonómicas, entendiendo por tales aquellas 
sobre las que recae un control de la Comunidad Autónoma en los siguientes 
supuestos:
Aquellas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de 
las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, sea igual o superior al cincuenta por ciento. Para la determinación de 
este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a las entidades 
integradas en el sector público autonómico, en el caso de que en el capital social 
participen varias de ellas.
Cuando la sociedad mercantil se encuentre en los casos previstos al efecto en 
la legislación sobre el mercado de valores en relación a la Administración General 
de la Comunidad Autónoma o a cualquiera de las entidades que integran su Sector 
Público Institucional.
f)  Las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
entendiendo por tales aquellas fundaciones en las que concurra, alguna de las 
siguientes circunstancias:
Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma o de alguna de las entidades 
integrantes del sector público institucional autonómico o reciban dicha aportación 
con posterioridad a su constitución, siempre que dicha aportación, originaria o 
sobrevenida, se mantenga, con carácter mayoritario.
Que su patrimonio esté integrado con carácter permanente en más de un 
cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por la Administración 
General de la Comunidad Autónoma o por entidades integrantes del sector público 
institucional autonómico.
g)  Las entidades autonómicas de derecho público distintas a las mencionadas 
en los párrafos b) y c) de este apartado.
h)  Los consorcios, creados como entidades de derecho público dotadas de 
personalidad jurídica propia en que participen cualesquiera de las entidades que 
conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria cuando uno o 
varios de los sujetos enumerados en este artículo hayan participado en su 
financiación en un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento, cuando se 
hayan comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente 
dicha entidad, o cuando sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de 
decisión de un órgano de la Comunidad Autónoma.
i)  Los fondos sin personalidad jurídica».
Dos.  Se modifica el apartado segundo del artículo 47 de la Ley de Cantabria 14/2006, 
de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en los siguientes términos:
«2.  El número de ejercicios posteriores a que pueden aplicarse los gastos no 
será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios 
posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial, 
a nivel de vinculación, a que corresponde la operación los siguientes porcentajes: 
en el ejercicio inmediato siguiente, el setenta por ciento, en el segundo ejercicio, el 
sesenta por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el cincuenta por ciento. e
En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados  bo
bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de  w
csreé rdeitaoli cdee.l  Edisetza  preotre cniceinótno  sdee al pimlicpaorráte a dl ee jeardcjuicdioic eanci óqnu,e e fnin aelli cmeo eml epnlatzoo e fnij aqduoe  eéns teal 
cporenvtreaat or epaalirzaa lra e tle pramgion adceió lan  cdeer tliafi coabcriaó no  fainl asli.g Eusietanste r,e steengcúino neel sm coommepnuttoa reánn  qdueen tsreo 
de los porcentajes establecidos en este artículo.
En los contratos de suministro de carácter plurianual en los que la determinación 
del precio se realice mediante precios unitarios y siempre que así se haya 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se efectuará una 
retención adicional de crédito del diez por ciento del precio del contrato. Esta 
retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para el 
suministro y computará dentro de los porcentajes establecidos en este artículo.
Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la 
carga financiera de la Deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los 
contratos mixtos de arrendamiento y adquisición».
Tres.  Se modifica el apartado segundo del artículo 76 de la Ley de Cantabria 14/2006, 
de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en los siguientes términos:
«2.  De acuerdo con lo preceptuado en esta Ley y normativa de desarrollo, 
quienes sean titulares de las Consejerías y de los organismos autónomos, previo 
informe de su Intervención Delegada o de quien tenga encomendada la Intervención 
Delegada de la Consejería a la que se encuentre adscrito en el segundo caso, 
establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas reguladoras 
de los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija. A este respecto se 
determinarán los criterios generales de los gastos que pueden ser satisfechos por 
este sistema, los conceptos presupuestarios a los que se aplicarán los límites 
cuantitativos establecidos para cada uno de ellos, su aplicación al Presupuesto y 
cuantas estimaciones se consideren oportunas».
Cuatro.  Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de 
Cantabria, dando nueva redacción al apartado a) del artículo 143, en los siguientes 
términos:
«Artículo 143.  No sujeción a la fiscalización previa.
No estarán sometidos a la fiscalización previa los siguientes gastos:
a)  Los contratos menores, así como los contratos privados y administrativos 
especiales cuando no superen las cuantías que fija para los contratos menores la 
normativa aplicable en materia de contratación del sector público».
Cinco.  Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de 
Cantabria, dando nueva redacción al apartado cuarto del artículo 144, en los siguientes 
términos:
«4.  El Gobierno de Cantabria podrá acordar, previo informe de la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, un sistema 
específico de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos para los 
gastos del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y sus Organismos Autónomos sujetos a este régimen, así 
como para los gastos de personal docente, sanitario y de atención social.
De igual manera, el Gobierno de Cantabria podrá acordar, previo informe de la 
Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
un sistema específico de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos 
para los gastos derivados de las sustituciones del personal como consecuencia de  s
incapacidad temporal por causa de enfermedad o accidente, situaciones derivadas  e.
de maternidad, paternidad o vacaciones, así como para el reconocimiento de  w.
servicios previos. 4w
propEune statan tdoe s eco dnetrsaatrarcoilólenn  ddeicl hpoesrs soisntaelm laabso, rqaul etedmarpáo sraulj,e etax cae fpistoca elinz alocsió nsu pprueevsiato las 
citadLoas  feisnc aelli zpaácriróanfo d aen ltaesri onró.minas de retribuciones del personal al servicio de la  BOE-A-cable e
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de los Organismos
Autónomos sujetos a dicho régimen de fiscalización se realizará mediante la 
comprobación de los siguientes extremos:
a)  La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado 
y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se propone contraer.
b)  Que las nóminas están firmadas por el Órgano responsable de su 
elaboración y se proponen para su autorización a órgano competente.
c)  Comprobación aritmética de la nómina, que se realizará efectuando el 
cuadre total de la misma con el que resulte del mes anterior, más la suma algebraica 
de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trata.
El control del resto de gastos del personal indicado, y el nombramiento de 
personal funcionario y la contratación de personal laboral fijo o indefinido, en tanto 
no se apruebe el referido sistema específico de fiscalización e intervención previa, 
será objeto de control financiero permanente.
En todo caso, estarán sometidos al régimen general de fiscalización e 
intervención previa:
a)  Las gratificaciones por servicios extraordinarios.
b)  Los anticipos reintegrables».
Seis.  Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de 
Cantabria, creando un apartado tercero en el artículo 150, en los siguientes términos:
«3.  Los organismos autónomos dependientes de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria siguientes, quedan sujetos a control 
financiero permanente: Centro de Estudios de la Administración Pública Regional, 
Oficina de Calidad Alimentaria, Instituto Cántabro de Estadística, Centro de 
Investigación de Medio Ambiente. Asimismo, quedará sujeta a este régimen la 
Comisión Regional de Montes».
Siete.  Se modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de 
Cantabria, dando nueva redacción al artículo 153, en los siguientes términos:
«Artículo 153.  Planes de acción y seguimiento de medidas correctoras.
1.  Cada Consejería elaborará un Plan de Acción que determine las medidas 
concretas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e 
incumplimientos relevantes que se pongan de manifiesto en los informes de control 
financiero permanente elaborados por la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, relativos tanto a la gestión de la propia 
Consejería como a las entidades integrantes del sector público institucional 
autonómico adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.
2.  El Plan de Acción se elaborará y se remitirá a la Intervención General de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el plazo de 3 meses 
desde que la persona titular de la Consejería reciba la remisión de los informes de 
control financiero permanente y contendrá las medidas adoptadas por la Consejería, 
en el ámbito de sus competencias, para corregir las debilidades, deficiencias, 
errores e incumplimientos que se hayan puesto de manifiesto en los informes 
remitidos por la Intervención General de la Administración de la Comunidad  s
Autónoma de Cantabria y, en su caso, el calendario de actuaciones pendientes de  e.
realizar para completar las medidas adoptadas. La Consejería deberá realizar el  w.
seguimiento de la puesta en marcha de estas actuaciones pendientes e informar a  4w
lCaa nIntatebrrviae ndcei ósnu  eGfeecnteivraa li mdpel alnat aAcdiómni.nistración de la Comunidad Autónoma de
Can3ta. brLiaa v Ianltoerravreán claió and Geceunaecraiól nd ed elal  PAldamn idneis tAraccciióónn  dpea rlaa  Csoolmveunntaidra lda sA duetófnicoiemnac idaes   BOE-A-cable e
señaladas y en su caso los resultados obtenidos.
Si la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria no considerase adecuadas y suficientes las medidas propuestas en el 
Plan  de Acción  lo  comunicará  motivadamente  a  la  persona  titular  de  la 
correspondiente Consejería, la cual dispondrá de un plazo de un mes para modificar 
el Plan en el sentido manifestado. En caso contrario, y si la Intervención General de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria considerase graves las 
debilidades, deficiencias, errores o incumplimientos cuyas medidas correctoras no 
son adecuadas, lo elevará al Consejo de Gobierno, a través de la persona titular de 
la Consejería de Economía y Hacienda, para su toma de razón. Igualmente, la 
Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
a través de la persona titular de la Consejería competente en materia de economía 
y hacienda, pondrá en conocimiento del Consejo de Gobierno para su toma de 
razón, la falta de remisión del correspondiente Plan de Acción dentro del plazo 
previsto en el apartado anterior.
Adicionalmente, esta información se incorporará al informe general que se emita 
en ejecución de lo señalado en el artículo 138.1 de esta Ley».
Artículo 20.  Creación del Fondo de Derribos del Gobierno de Cantabria, fondo carente de 
personalidad jurídica (F.C.P.J.).
Uno.  Creación y adscripción.
1.  Se crea el Fondo de Derribos del Gobierno de Cantabria (F.C.P.J.) con naturaleza 
de fondo sin personalidad jurídica de los previstos en el artículo 2.3 de la Ley 14/2006, 
de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones del Gobierno de Cantabria derivadas de las sentencias que llevan 
aparejadas órdenes de demolición de las edificaciones ilegales.
2.  El Fondo se adscribe a la consejería competente en materia de urbanismo.
Dos.  Recursos del Fondo.
1.  Los recursos del Fondo estarán constituidos por las aportaciones consignadas en 
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria en cada 
ejercicio respectivo. También podrá financiarse con los recursos de cualquier naturaleza 
derivados de los convenios con los ayuntamientos con el fin de articular las relaciones 
internas de liquidación de deuda que se deriven de la ejecución de sentencias.
La dotación presupuestaria establecida en la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, será desembolsada y transferida con carácter 
trimestral al Fondo, de acuerdo con las necesidades de éste.
2.  Adicionalmente, el Fondo se podrá financiar mediante operaciones de crédito o 
préstamo a través del Instituto de Finanzas de Cantabria o con instituciones financieras, 
debiendo solicitar la autorización prevista en la Ley 14/2006, de 24 de octubre.
3.  El Gobierno de Cantabria podrá diferir el pago de las aportaciones derivadas de 
los recursos adicionales obtenidos a través de terceros para la financiación del Fondo, en 
los mismos plazos convenidos por éste para la devolución de dichos recursos.
Tres.  Régimen presupuestario, contable y de control.
1.  Los presupuestos de explotación y capital del Fondo se regirán por lo establecido 
por la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, las leyes anuales de  e
presupuestos y en sus disposiciones de desarrollo. bo
2.  Los recursos aportados al Fondo se depositarán en una cuenta bancaria abierta a  w
tcaao ilrn recLefroseepscm otroene ndnyted aarirmá  lnnaie,o  ndpmtorobetsarve cifo iiónd anaep nld ocFedieloe rFnroaodsmno qd.i euoLne.ot,os e  anal c setuofe scc adtose,o  a,d lsi sGep eodssetirocivrió ednne  ldd Feeo  ltnaad lceoist.a cduae cnuteans tab apnacsaarriáans   OE-A-2020-50able en https://
3.  Todas las operaciones del Fondo serán registradas en una contabilidad específica, 
separada e independiente de la del gestor del Fondo.
4.  El Fondo queda sometido al régimen de control previsto en el Título V, Capítulo IV 
de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
5.  El Fondo se someterá a cualquiera de las actuaciones de comprobación y control 
que pudieran realizar los órganos de verificación y control competentes autonómicos y 
estatales.
Cuatro.  Gestor del Fondo.
1.  La gestión del Fondo se llevará a cabo por la Sociedad Pública Regional «Gestión 
de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S. L». (GESVICAN), en los términos 
previstos en la presente ley y en las instrucciones que la Administración autonómica le 
proporcione al gestor del fondo.
2.  GESVICAN como gestor del Fondo, llevará a cabo todas las acciones relativas a 
la gestión que a continuación se relacionan:
a)  Formalizar por cuenta del Fondo todos los instrumentos financieros y contratos de 
operaciones financieras derivados de la ejecución de las líneas de actuación del Fondo 
que, en su caso, le correspondan.
b)  Realizar los cobros y los pagos derivados de las operaciones del Fondo.
c)  Registrar todas las operaciones en una contabilidad específica, separada e 
independiente de la propia.
d)  Actuar como depositario de los títulos acreditativos de las operaciones realizadas 
por cuenta del Fondo.
e)  Suscribir y formalizar acuerdos, convenios y contratos que resulten necesarios 
para la gestión del Fondo.
f)  Actuar como representante del Fondo ante la Administración tributaria del Estado, 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o cualquier otra administración tributaria. Su 
actuación incluirá la solicitud del Número de Identificación Fiscal, la presentación de 
declaraciones o autoliquidaciones, la interposición de recursos o reclamaciones 
económico-administrativas o cualquier otro tipo, así como cualesquiera otras actuaciones 
relacionadas con esta materia.
g)  Colaborar con los órganos de control competentes suministrando cuanta 
información le sea requerida por estos en el ejercicio de sus competencias de 
comprobación y control.
h)  La elaboración de los anteproyectos de presupuestos anuales de explotación y 
capital del Fondo, en el que se incluirán los costes por la gestión del Fondo.
i)  Elaboración y formulación de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de 
resultados y las liquidaciones de los presupuestos y de los costes por la gestión, así como 
la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
j)  Las incluidas en las instrucciones que la Administración Autonómica le proporcione 
al gestor del Fondo.
k)  Proponer al Comité Ejecutivo las modificaciones de las instrucciones que la 
Administración Autonómica le proporcione al gestor del Fondo.
l)  Prestar los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones a la Secretaría 
del Comité Ejecutivo del Fondo.
m)  Contratar las obras, suministros y servicios vinculadas a las operaciones que  es
hayan de atenderse con cargo al fondo. El procedimiento de contratación se ajustará a las  bo
previsiones normativas específicas de las entidades a las que se refiere el artículo 3.3.d)  w
drees ulanlt )eL ne yEn n9e /cg2ee0sn1ae7rri,a adsl,e  p e8al  rdgaee l sant oogrve idseetmiól bFnr oedn,e ddl oeF  olClenovdnaotr.ráa ttoosd adse l aSqeucetlolar sP aúcbcliicoon.es e iniciativas que  OE-A-2020-50able en https://
3.  Los gastos de gestión del Fondo serán financiados con las dotaciones previstas 
para tal finalidad en el propio Fondo, en los términos establecidos en las instrucciones que 
a tal efecto suministre la Consejería a la que se encuentra adscrito.
Cinco.  Comité Ejecutivo del Fondo.
1.  El Fondo será administrado por un Comité Ejecutivo al que le corresponderán las 
siguientes funciones:
a)  Aprobar  las  propuestas  de  modificaciones  de  las  instrucciones  que  la 
Administración Autonómica le proporcione al gestor del Fondo.
b)  Aprobar los anteproyectos de presupuestos anuales de explotación y capital del 
Fondo.
c)  Aprobación de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y las liquidaciones 
de los presupuestos.
2.  El Comité Ejecutivo estará constituido por los siguientes miembros: cuatro en 
representación de la consejería competente en materia de urbanismo y un representante 
de la consejería competente en materia de hacienda.
Asimismo, a las sesiones del Comité Ejecutivo asistirá un representante del Gestor del 
Fondo con voz y con voto.
3.  El Secretario del Comité Ejecutivo del Fondo será designado por el Comité. El 
Secretario participará en las sesiones del citado Comité con voz y con voto. En caso de 
vacante, ausencia o enfermedad será sustituido por quien designe por el propio Comité.
4.  El Comité designará por mayoría a su Presidente entre sus miembros.
5.  Los vocales del Comité Ejecutivo serán nombrados por el Consejero competente 
en materia de urbanismo, a propuesta de los departamentos representados en el Comité 
Ejecutivo. Las funciones y los derechos de los vocales solamente serán delegables a favor 
de otro miembro del Comité Ejecutivo.
6.  El Comité adoptará sus reglas de organización y funcionamiento interno. No 
obstante, supletoriamente, le serán de aplicación las normas previstas para los órganos 
colegiados en la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del 
Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.
Seis.  Extinción del Fondo.
El Gobierno de Cantabria, una vez liquidadas las operaciones derivadas del 
cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de Cantabria derivadas de las sentencias 
de derribo, podrá acordar por Decreto la extinción del Fondo de Derribos del Gobierno de 
Cantabria (F.C.P.J.), a propuesta conjunta de la consejería que tenga atribuidas las 
competencias en materia de hacienda y de la consejería de adscripción del Fondo».
Artículo 21.  Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Se modifica el apartado cuarto de la disposición transitoria primera, que tendrá la 
siguiente redacción:
«Disposición transitoria primera.  Normativa aplicable y adaptación de Planes 
anteriores. e.
4.  Trascurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo  w
epusntatubalelecsid doe  elons  einl sptrluamneenatmosie dneto p ltaenrreiatomriiaeln, top,o sdarlávon  qrueea liimzaprlsiqeu emno cdaimficbaioc ioden elas 
cmlaasyiofircíaa cnióon e sdteéln s suoemloe tpidaaras  ad eusnt irnéagrilmo ean  lad ec pornosttercuccicóinó np údbeli cvaiv.iendas que en su
No obstante, podrán realizarse modificaciones puntuales de los instrumentos de 
planeamiento, que impliquen cambio de la clasificación del suelo para destinarlo a 
viviendas o alojamientos colaborativos, sin necesidad de estar sometidas a un 
régimen de protección pública, siempre que estén promovidos en régimen de 
cooperativa calificada de iniciativa social y sin ánimo de lucro, y cuenten con informe 
favorable de la Dirección General competente en materia de planificación y 
ordenación de servicios sociales. La sociedad cooperativa será la propietaria del 
inmueble, correspondiendo a sus socios el derecho de uso y disfrute a perpetuidad, 
siendo éste transmisible mortis causa.
A estos efectos se entenderá por viviendas o alojamientos colaborativos, 
aquellos conjuntos residenciales que tengan una función sustitutoria del hogar 
familiar, promovidos o con el propósito de desarrollar una vida de apoyo mutuo entre 
distintas personas que han decidido vivir juntas en un mismo lugar, para procurar la 
promoción de su autonomía y la atención ante situaciones de dependencia, que 
combinan un conjunto de espacios de uso privativo destinados a alojamiento, con 
otros destinados a zonas comunitarias.
Las instalaciones y servicios comunes habrán de incluir, como mínimo: 
despachos para asistencia social y atención médica y otros espacios destinados a 
terapias preventivas y de rehabilitación, servicio de limpieza y mantenimiento, 
dispositivos y sistemas de seguridad, servicio de restauración, así como planes 
específicos de actividades sociales, culturales, deportivas y de ocio. El diseño de los 
espacios ha de garantizar la adecuación y accesibilidad al uso por parte de personas 
mayores o, en su caso, de personas con discapacidad».
Artículo 22.  Modificación de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan 
de Ordenación del Litoral.
Uno.  Se modifica la disposición transitoria tercera, que tendrá la siguiente redacción:
«Disposición transitoria tercera.  Modificaciones puntuales de planes no adaptados.
Hasta que los municipios adapten sus instrumentos de planeamiento a la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, y al presente Plan, podrán realizarse 
modificaciones puntuales de los instrumentos de planeamiento, salvo que impliquen 
cambio de la clasificación del suelo para destinarlo a la construcción de viviendas 
que en su mayoría no estén sometidas a un régimen de protección pública. 
Quedarán exceptuados de esta última prohibición las viviendas o alojamientos 
colaborativos a los que se refiere la disposición transitoria primera de Ley 2/2001, 
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria.
No podrán realizarse modificaciones puntuales que conjunta o aisladamente 
supongan cambios cuya importancia o naturaleza impliquen la necesidad de una 
revisión general del planeamiento en los términos del artículo 82 de la Ley 2/2001, 
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria».
Dos.  Se añade al Anexo I de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del 
Plan de Ordenación del Litoral, una nueva Actuación Integral Estratégica Productiva.
«ANEXO I
Cartografía
Tres.  Se añade al Anexo III de la Ley 2/2004 de 27 de septiembre del Plan de 
Ordenación del Litoral de Cantabria una nueva ficha denominada n.º 12:
«Actuación Integral Estratégica Productiva ÁREA LA HILERA.
Ubicado en el municipio de Torrelavega de 514.106 m2 entre los núcleos urbanos 
de Torrelavega y Polanco:
Objetivos generales:
Establecer reservas del suelo para la ordenación e implantación de nuevas 
actividades económicas.
Garantizar un equilibrio económico y funcional del área.
Evitar la pérdida de oportunidades y eficacia de la iniciativa pública.
Garantizar el mantenimiento de la estructura económica de la región.
Constituir un ámbito logístico industrial en el municipio de Torrelavega eje de 
comunicaciones de la cornisa Cantábrica y de la conexión con la Meseta.
Condicionantes de la actuación:
Estudio de accesibilidad con la Autovía A-67.
Estudio de conexión con las carreteras autonómicas».
«ANEXO III
Ficha n.º 12
Artículo 23.  Se modifica el artículo 4.4.a) de la Ley 2/2008, de 11 de julio, por la que se 
crea el Instituto de Finanzas de Cantabria que queda redactado en los siguientes 
términos:
«a)  Cada Grupo Parlamentario propondrá un vocal que será aprobado por el 
Pleno del Parlamento al inicio de cada Legislatura. Estos vocales podrán ser 
revocados por el Grupo Parlamentario proponente, dando cuenta de ello a la Mesa 
del Parlamento, y proponiendo otro candidato para ocupar el puesto que deberá ser 
aprobado por el Pleno. En todo caso, los vocales de elección parlamentaria cesaran 
con la finalización de la Legislatura».
Disposición adicional primera.  Modificación de disposiciones legales.
Quedan modificadas, en los términos contenidos en la presente Ley, las siguientes 
disposiciones legales:
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la 
Diputación Regional de Cantabria.
Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.
Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Ley 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria.
Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.
La Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios.
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, del Juego de Cantabria.
Ley de Cantabria 2/2008, de 11 de julio, por la que se crea el Instituto de Finanzas de 
Cantabria.
Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado.
Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera.
Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Ley de Cantabria de 3/2017, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de Cantabria.
Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de 
la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.
Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por la que se crea el Organismo 
Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).
Ley de Cantabria 8/2018, de 2 de diciembre, del Consejo Económico y Social de 
Cantabria.
Ley 2/2019, de 7 de marzo, de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. es
Disposición adicional segunda. w
DefeLnas ad isdpeo lsoisc ióCno nasduicmioidnoarle psr iym Uesrau adreio sla,  pLaesya d ae  sCear nlata dbirsipao 1s/i2c0ió0n6 a, ddiec io7n dael  úmniacraz od,e d lea 
citada ley.
Disposición adicional tercera.  Aportaciones iniciales al Fondo de Derribos.
1.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 para los ejercicios sucesivos, para el 
ejercicio 2020, el Gobierno transferirá al Fondo las cantidades previstas en los 
presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria destinados al fondo de 
derribos en los conceptos presupuestarios 610.22 por un importe de 4.500.000 € y 740.03 
por un importe de 1.800.000 € del Programa 451N.
2.  Asimismo, una vez entre en vigor esta disposición, quedarán automáticamente 
cedidos al Fondo los derechos y obligaciones adquiridos por GESVICAN, y derivados de 
las actuaciones necesarias para la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso administrativo 111/1993 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, previstos en el acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 6 de septiembre de 2018 y sus modificaciones.
Disposición adicional cuarta.  Derecho supletorio del Fondo de Derribos.
En lo no previsto en esta Ley, el Fondo se regirá por lo dispuesto en la Ley de 
Cantabria 5/2018, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector 
Público  Institucional  de  la  Comunidad Autónoma  de  Cantabria;  por  la  Ley  de 
Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria; y por la restante normativa 
estatal o autonómica que le sea de aplicación.
Disposición transitoria primera.  Procedimientos sancionadores en materia de pesca.
Los procedimientos sancionadores en materia de pesca a los que sea de aplicación 
esta Ley y se hayan iniciado al amparo de la legislación anterior continuarán tramitándose 
con arreglo a la misma hasta su resolución definitiva, salvo en lo que resulte más favorable 
para el interesado.
Disposición transitoria segunda.  Nuevo régimen jurídico de la Ley 11/1998, de 13 de 
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
1.  Régimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente modificación 
legal se regirán por la normativa anterior.
2.  Caducidad de las autorizaciones ya otorgadas.
El régimen de caducidad de las autorizaciones previsto en el apartado 11 del artículo 47 
será de aplicación a las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta modificación legal siempre que no se hayan iniciado las actuaciones para las 
cuales fueron concedidas.
3.  Procedimientos sancionadores.
Los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigor de la presente 
modificación legal se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente en el momento de 
producirse los hechos, salvo en los supuestos en lo que los preceptos de la presente 
modificación legal le resulten más favorables a los presuntos infractores.
4.  Vigencia de normas anteriores. oe.
Se mantienen en vigor las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley de  4w
Cena nlota qburiea  n1o1 /s1e9 9o8p,o dneg a1n3  ad elo o pcrteuvbirset,o d een P laa tprirmesoenniote C mulotudriafilc daeci óCna nletagbarl.ia, en todo aquello
Disposición transitoria tercera.  Adaptación normativa en materia de contabilidad.
Mientras no se proceda a la aprobación de las normas autonómicas de contabilidad 
aplicables a los Fondos sin personalidad jurídica será de aplicación la Resolución de 1 de 
julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueban las normas contables relativas a los fondos carentes de personalidad jurídica a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria y al registro de 
las operaciones de tales fondos en las entidades aportantes del sector público 
administrativo.
Disposición derogatoria primera.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango en cuanto se 
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición derogatoria segunda.  Derogación normativa expresa.
1.  Quedan  expresamente  derogados  los  artículos  10  a  18  de  la  Ley  de 
Cantabria 7/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por los que 
se regulan las infracciones y sanciones en materia de pesca.
2.  Queda expresamente derogada la disposición adicional segunda de la Ley de 
Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
3.  Quedan expresamente derogadas las disposiciones transitorias tercera y cuarta de 
la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
Disposición final primera.  Elaboración del Texto Refundido de Medidas Fiscales en 
Materia de Tributos Cedidos por el Estado e Impuestos Propios de la Comunidad 
Autónoma.
No habiéndose podido llevar a cabo durante el año 2019 la elaboración de un texto 
refundido de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el Estado e Impuestos 
Propios de la Comunidad Autónoma, conforme a la autorización concedida por la 
Disposición Adicional Primera de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas, se prorroga dicha autorización durante el año 2020.
Disposición final segunda.  Repercusión económica de la creación del Fondo de Derribos.
La creación y funcionamiento del Comité Ejecutivo del Fondo no supondrá incremento 
adicional de gasto público.
Disposición final tercera.  Habilitación de desarrollo.
Se faculta a la consejería competente en materia de urbanismo para dictar cuantas 
disposiciones resulten necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 21 de la 
presente Ley.
Disposición final cuarta.  Modificaciones Presupuestarias.
La Consejería de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias 
que sean precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor. oe.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero 2020. 4ww
Com(PPuaunblaildiccaaiodda  Ad eeun tle óGl n«ooBmbolieeatír ndn eOo  fCidciaealn  dCteaa bCnraitanat,ba Mbriraiiag,» u 2eex3lt  rÁadonergd dienilac rRiioee mnvúibmllraee rR od 7oe6í z, 2d.0e 1390 .d–eE dli cPiermebsried deen 2te01 9d)e la  BOE-A-2020-50cable en https://
ANEXO I
De Tasas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
Organismos Públicos y Entes de Derecho Público dependientes
Tasas con carácter general aplicables en todas las Consejerías, Organismos Públicos 
y Entes de Derecho Público dependientes
1.–Tasa por servicios administrativos.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por los 
distintos Órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Organismos 
Públicos y Entes de derecho público dependientes, de los servicios o actividades 
enumerados en las tarifas, siempre que no estén gravados por una tasa específica.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se presten de oficio 
los servicios o actividades referidas en el hecho imponible.
Exenciones.–Están exentos del pago de la tasa:
Los entes públicos territoriales e institucionales.
El personal al servicio de la Comunidad Autónoma por los servicios relativos al 
desarrollo de sus funciones.
Las personas físicas y jurídicas por las certificaciones de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando sean 
necesarias para la tramitación de los procedimientos de contratación y concesión y/o pago 
de subvenciones o ayudas por parte del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria o de las Entidades Locales de la Región, y hayan autorizado expresamente al 
Órgano competente del procedimiento a consultar en su nombre el cumplimiento de sus 
obligaciones ante la Administración de la Comunidad Autónoma.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento en que se solicite el servicio o 
actividad, o cuando se preste si la actuación se produjera de oficio.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1.  Por expedición de certificados (por certificado): 4,90 euros.
Tarifa 2.  Por compulsa de documentos (por página): 2,86 euros.
Tarifa 3.  Por diligencias de libros y otros documentos (por libro o documento): 16,30 
euros.
Tarifa 4.  Por inscripción en Registro Oficial de Asociaciones y Modificaciones de 
Estatutos (por inscripción o modificación): 20,38 euros.
Tarifa 5.  Por copia o reproducción de expediente administrativo en formato A-4 o 
tamaño folio: 0,093 euros por página reproducida.
Tarifa 6.  Por copia o reproducción de expediente administrativo en formato A-3: 0,58 
euros por hoja de A-3 reproducida.
Tarifa 7.  Por copia o reproducción de expediente administrativo en formato A-2: 2,40 
euros por hoja de A-2 reproducida.
Tarifa 8.  Por copia o reproducción de expediente administrativo en formato A-1: 5,18 
euros por hoja de A-1 reproducida.
Tarifa 9.  Por copia o reproducción de expediente administrativo (cuando sea posible) 
en formato CD: 3,91 euros por soporte. es
2.–Tasa por dirección e inspección de obras. w.
la AdHmecinhiost rimacpióonn ibdlee .la– CCoonmstuitnuiydea de lA huetócnhoom imap doen iCbalen dtaeb lraia p, rOersgeannteis tmasoas  lPaú pbrleicsotas cyió Enn pteosr 
dines pDeeccreiócnh oy  lPiqúubidliaccoi ódne dpee nodbireanst eresa, lidzead tarsa baa ijnosst afnacciual tdaetilv Goso bdieer nroe pdlea nCteaon,ta dbirriea,c cyiaó nlo, 
sean mediante subasta, concurso o adjudicación directa.
No sujeción.–No estarán sujetos a esta tasa los servicios que constituyen el hecho 
imponible cuando se hallen gravados por una tasa específica de cualquier Consejería.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos los contratistas adjudicatarios de las subastas, 
concursos o adjudicaciones directas a quienes se presten los servicios o actividades 
gravadas.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento en que sean realizados los trabajos a 
que se refiere el hecho imponible.
Bases imponibles y tipos de gravamen.–La base imponible de la tasa será el importe 
líquido de las obras ejecutadas, incluyendo, en su caso, las revisiones de precios y las 
adquisiciones y suministros especificados en el proyecto, según las certificaciones 
expedidas por los servicios correspondientes.
El tipo de gravamen será el 4,62 por 100 de la base imponible.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR.
1.–Tasa de inscripción en las pruebas de acceso a la Función Pública del Gobierno de 
Cantabria.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en las 
convocatorias de selección de personal para acceder a la Función Pública del Gobierno de 
Cantabria.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten la inscripción para 
realizar las pruebas de ingreso en la Función Pública del Gobierno de Cantabria.
Exenciones.–Estarán exentos del pago de esta tasa:
– Las personas desempleadas que figuren inscritas como tales en los Servicios 
Públicos de Empleo, con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la 
convocatoria del proceso selectivo.
– Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
– Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten 
mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se 
reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación 
de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
– Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, y sus hijos o hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la 
orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor 
de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera 
de los delitos o faltas.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud.
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del subgrupo A1: 31,62 
euros.
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del subgrupo A2: 31,62 
euros.
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del subgrupo C1. 12,63  e
euros. bo
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del subgrupo C2: 12,63  w
euroPso.r la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo Agrupaciones
ProfPeosiro lnaa ilnessc: r1ip2c,6ió3n e eunro psr.uebas selectivas de acceso a plazas del grupo 1 de personal
laboral: 12,63 euros.
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo 2 de personal 
laboral: 12,63 euros.
Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo 3 de personal 
laboral: 12,63 euros.
2.–Tasa del «Boletín Oficial de Cantabria».
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de esta tasa la inserción de anuncios 
de pago en el «Boletín Oficial de Cantabria» (BOC).
Son anuncios de pago todos aquellos que no estén declarados legalmente como 
gratuitos, y en concreto:
Los anuncios de particulares cuando la normativa establezca su publicación obligatoria.
La publicación de escrituras, convocatorias, balances, tarifas y cualquier otro 
documento de entidades, bancos, sociedades y en general de cualquier persona física o 
jurídica que se efectúe por mandato del ordenamiento jurídico.
Los relativos a procedimientos de concesiones, licencias, autorizaciones y permisos de 
explotaciones industriales, mineras u otras análogas, instruidos de oficio o a instancia del 
interesado para el provecho o beneficio de este último, así como, en su caso, los derivados 
de procedimientos en materia de contratación pública.
Exenciones.–Estará exenta del pago de la tasa la inserción y, por tanto son gratuitos, 
los siguientes anuncios:
Las leyes, disposiciones, resoluciones y actos que deban publicarse en el BOC en 
cumplimiento de la legalidad vigente, que no sean consecuencia de procedimientos 
iniciados a instancia de particulares para su provecho o beneficio o se refieran a 
procedimientos de contratación administrativa. No se considerará a estos efectos que 
reportan un provecho o beneficio, las citaciones para ser notificados por comparecencia ni 
los casos en los que, intentada la notificación al interesado o a su representante ésta no 
haya sido posible.
Los actos de adjudicación en procedimientos de contratación administrativa.
Los relacionados con procesos electorales, bien sean de la Unión Europea, del Estado, 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de las Entidades Locales.
Los edictos, notificaciones y resoluciones de los Juzgados y Tribunales cuando la 
inserción sea ordenada de oficio, así como las inserciones solicitadas a instancia de parte 
que cuenten con derecho de justicia gratuita o así se establezca en norma legal.
Los referidos a actuaciones de los procedimientos criminales seguidos ante la 
jurisdicción ordinaria.
Las correcciones de errores no imputables al solicitante.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos, en calidad de contribuyente, las personas 
físicas o jurídicas, así como herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan unidad económica o un 
patrimonio separado susceptible de imposición:
A las que afecte, beneficie o se refiera en particular la inserción, tanto si son ellas 
mismas quienes solicitan las inserciones, como si éstas se llevan a cabo a instancia de 
terceros, sean o no administraciones públicas, en el seno de cualquier procedimiento, 
tanto si se ha iniciado de oficio como a instancia de parte. es
Adjudicatarias en los procedimientos de contratación administrativa. w.
SLaesrá enn stiudjaedtoess  ppaesrtievnoes ceienn cteaslid aal ds edcet osru psútitbulitcoos,  dtaenl tcoo andtrmibiunyisetnrateti:vo como empresarial,
en el caso de que sean éstas quienes insten las inserciones como consecuencia de
actuaciones a petición de parte en procedimientos administrativos, así como en el caso de  Bc
anuncios relativos a licitaciones en procedimientos de contratación administrativa.
Los procuradores que intervengan en los procedimientos judiciales.
Devengo y exigibilidad.–La tasa se devengará en las inserciones de anuncios, en el 
momento en que se efectúe la correspondiente inserción en el BOC.
La tasa será exigible en el momento en que se solicite la inserción. No obstante, se 
podrá diferir el pago de la tasa en los anuncios derivados de procedimientos en materia de 
contratación pública, siendo exigible desde el momento en que las Consejerías u 
organismo oficiales comuniquen a la dirección general competente en materia de dirección 
del BOC el nombre y apellidos o razón social, domicilio y NIF de los sujetos pasivos.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifas por anuncios e inserciones en el «Boletín Oficial de Cantabria»:
Por palabra: 0,1008 euros.
Por plana entera: 78,96 euros.
Cuando no se sobrepase el 50 % de ocupación de una plana la tarifa será el 50 % de 
la correspondiente por plana entera. En los restantes casos la tarifa será la de la plana 
entera.
Cuando se solicite la publicación urgente en el B.O.C., ésta tendrá preferencia 
conforme a lo dispuesto en el Decreto que regula el «Boletín Oficial de Cantabria», 
aplicándose a la tarifa establecida un incremento del 50 %.
3.–Tasa por servicios administrativos de ordenación del juego.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por la 
Administración del Gobierno de Cantabria, de servicios o la realización de actuaciones, en 
interés del ciudadano o peticionario, que lleva consigo el control administrativo del juego, 
en los casos y conforme se especifica en las tarifas.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento del inicio de las actuaciones 
administrativas constitutivas del hecho imponible.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o 
jurídicas que soliciten, a quienes se presten o en cuyo interés se realicen las actuaciones 
administrativas que constituyen el hecho imponible.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1.  Autorizaciones:
– De casinos: 5.293,95 euros.
– De salas de bingo: 1.221,69 euros.
– De salones de juego: 584,51 euros.
– De salones recreativos: 244,34 euros.
– De locales de apuestas: 206,65 euros.
– De zonas de apuestas: 154,99 euros.
– De otros locales de juego: 40,72 euros.
– De rifas y tómbolas: 81,45 euros.
– De empresas gestoras de casinos de juego y su inscripción: 161,27 euros.
– De empresas gestoras de salas de bingo y su inscripción: 161,27 euros.
– De empresas fabricantes, distribuidoras y técnicas de máquinas y fabricantes de 
otro material de juego y su inscripción: 161,27 euros.
– De empresas operadoras de máquinas y su inscripción: 161,27 euros. es
– De empresas de salones y su inscripción: 161,27 euros. o
– De empresas organizadoras de rifas y tómbolas y su inscripción: 161,27 euros. ww.
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– Homologación e inscripción de modelos de máquinas tipos B y C: 81,45 euros.
– Homologación e inscripción de modelos de máquinas tipo D: 40,72 euros.
– Homologación e inscripción de otro material de juego: 80,65 euros.
– Autorizaciones de explotación de máquinas tipos B y C: 81,45 euros.
– Autorización de explotación de máquinas de tipo D: 40,72 euros.
– Autorizaciones de instalación de máquinas tipos B y C: 24,42 euros.
2.  Expedición de documentos y otros trámites:
– Transmisión de autorizaciones de explotación de máquinas: 24,42 euros.
– Cambios de establecimiento y canjes de máquinas: 24,42 euros.
– Expedición de duplicados: 50 % de la tarifa.
4.–Tasa por servicios administrativos de ordenación de espectáculos.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por la 
Administración del Gobierno de Cantabria, de servicios o la realización de actuaciones, 
que lleva consigo el control administrativo de los espectáculos públicos o actividades 
recreativas sometidas a autorización administrativa o comunicación previa, en los casos y 
conforme se especifica en las tarifas.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento del inicio de las actuaciones 
administrativas constitutivas del hecho imponible.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o 
jurídicas que soliciten, a quienes se presten o en cuyo interés se realicen las actuaciones 
administrativas que constituyen el hecho imponible. Serán responsables solidarios los 
titulares de los establecimientos donde se hayan de celebrar los espectáculos o las 
actividades recreativas.
Exenciones.–Quedan exentas del pago de la tasa, aunque no de la autorización o 
comunicación, los espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas por la 
Comunidad Autónoma, sus organismos y empresas, y aquellos cuya recaudación esté 
destinada totalmente a beneficio de Cruz Roja, Cáritas, Asociación Española contra el 
Cáncer, UNICEF, Manos Unidas, Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a tareas 
de cooperación al desarrollo y otras asociaciones oficialmente reconocidas dedicadas a 
finalidades benéficas o asistenciales, y así lo acrediten.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1.  Espectáculos taurinos en plazas fijas:
Corridas de toros: 81,45 euros.
Corridas de rejones: 65,15 euros.
Novilladas con picadores: 65,15 euros.
Novilladas sin picadores: 48,87 euros.
Becerradas: 24,42 euros.
Festivales: 65,15 euros.
Toreo cómico: 24,42 euros.
Encierros: 40,72 euros.
Suelta de vaquillas: 24,42 euros.
2.  Inspecciones periódicas en plazas de toros y tentaderos: 81,45 euros.
3.  Autorización y controles:
De actos recreativos, fiestas, bailes y verbenas: 24,42 euros. s
De espectáculos públicos en general: 24,42 euros. e.
De apertura, reapertura y traspasos de locales: 48,87 euros. w.
De actos deportivos: 41,33 euros. 4w
5.–Tasa por servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento, dentro del 
ámbito de protección civil.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa los servicios prestados 
por los órganos competentes de la Administración de Cantabria en materia de Protección 
Civil y Emergencias, a instancia de los interesados o bien de oficio por razones de 
seguridad pública, en los siguientes supuestos:
a)  Búsqueda, salvamento y rescate de personas, en los siguientes casos:
– Cuando sean consecuencia de la realización de actividades que conlleven consigo 
un aumento del riesgo en situaciones de avisos, alertas o predicción de fenómenos 
meteorológicos e hidrológicos adversos, de nivel naranja, rojo o equivalente, emitidos por 
los servicios meteorológicos nacionales, de Protección Civil y organismos análogos 
competentes, incluido el organismo autónomo «Servicio de Emergencias de Cantabria».
– Cuando la búsqueda, el salvamento y/o rescate sea consecuencia de la 
inobservancia por el sujeto pasivo de señales de advertencia de zonas como peligrosas o 
de acceso prohibido o restringido.
– Cuando el sujeto pasivo no haya cumplido con todos los trámites legales previos de 
obtención de autorizaciones o permisos para la realización de la actividad que provoque el 
accidente, en los casos en que ello sea preceptivo.
– Cuando las personas buscadas, salvadas o rescatadas no llevaran el equipamiento 
imprescindible y sin el cual resulte manifiestamente inseguro el desarrollo de la actividad 
que se encontraban realizando.
b)  Servicio de rescate de animales con dueño identificable.
c)  Servicios de atención de emergencias en los establecimientos industriales, 
especialmente cuando estén presentes sustancias peligrosas para las personas, los 
bienes y el medio ambiente.
d)  Servicios de asistencia en accidentes de tráfico o de ferrocarril en los que 
intervengan mercancías peligrosas.
Sujetos pasivos.–Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean 
beneficiarias de la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible, con 
independencia de que existiera o no solicitud por su parte, dadas las circunstancias de 
emergencia en que se suelen realizar.
En el caso de que el sujeto pasivo tenga contratada una póliza de seguros que cubra 
los supuestos objeto de esta tasa, serán sujetos pasivos sustitutos las entidades o 
sociedades aseguradoras.
Devengo.–Con carácter general, la tasa se devengará y nacerá la obligación de 
contribuir en el momento en que se produzca la salida de los equipos de intervención 
desde la base donde estén situados, salvo que el servicio efectivo no llegara a realizarse 
por causa no imputable al interesado.
Exenciones.–Estarán exentos del pago de la tasa por la prestación del servicio de 
rescate de animales, todos los sujetos pasivos, cuando la intervención sea necesaria por 
causas sanitarias y de seguridad de las personas.
En el supuesto contemplado en el apartado a), gozarán de exención de esta tasa los 
sujetos pasivos siguientes:
a)  Las personas menores de 16 años de edad. bo
b)  Las personas que sufran una discapacidad psíquica que implique dificultades para  w
comprender el riesgo o peligro.
Tarifas.–Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Tarifa 1. Personal y medios técnicos de los servicios:
– Por derechos de salida de la dotación completa de un parque de emergencias para 
la prestación de un servicio, durante la primera hora: 381,28 euros.
– Por la segunda hora o fracción de hora de trabajo de la dotación completa de un 
parque de emergencias que acuda a la prestación de un servicio: 381,28 euros.
Tarifa 2. Servicios prestados por el helicóptero del Gobierno de Cantabria:
– Por derechos de salida del helicóptero del Gobierno de Cantabria para la prestación 
de un servicio, durante la primera hora: 1.906,41 euros.
– Por la segunda hora o fracción de hora de trabajo del helicóptero del Gobierno de 
Cantabria para la prestación de un servicio: 1.906,41 euros.
Tarifa 3. Servicios prestados por el personal de intervención del Gobierno de Cantabria 
o del Servicio de Emergencias de Cantabria en operaciones de rastreo, salvamento o 
rescate:
– Por establecimiento del dispositivo de rastreo o búsqueda: 113,99 euros.
– Por cada hora adicional: 57,01 euros la hora.
Tarifa 4. Servicio prestado por el equipo de espeleosocorro contratado por el Gobierno 
de Cantabria:
– Por derechos de salida de un equipo de espeleosocorro, hasta las seis primeras 
horas:569,97 euros.
– Por cada hora adicional de intervención para el equipo de espeleosocorro (hasta el 
final de la intervención): 113,99 euros la hora».
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO.
1.–Tasa por ordenación de los transportes por carretera.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios o la 
realización de las actividades enumeradas en las tarifas de esta tasa cuando se efectúen 
por la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de 
Cantabria, siempre que sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados y 
no puedan prestarse por el sector privado.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a las que se presten los 
servicios o para las que se realicen las actividades objeto de esta tasa.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio o la actuación 
administrativa. Si no fuera preciso formular solicitud, el devengo se producirá al prestarse 
el servicio o ejecutarse la actividad administrativa.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Servicios públicos de transporte por carretera sujetos a concesión 
administrativa o, en su caso, a contrato de gestión de servicio público:
A)  Inauguración de servicios públicos regulares de transporte por carretera: 77,36  e
euros. bo
B)  Tramitación de modificaciones de las condiciones concesionales referidas a  w
itineCra)r ioAs,p hroobraarciioósn,  dcael ennudeavroios sc uua odtrrooss  tcaarmifabriiooss :s 2u5s,t6a5n ceiaulreoss .en las líneas: 25,65 euros.
Tarifa 2. Servicios de transporte por carretera sujetos a autorización administrativa:
A)  Expedición de alta, rehabilitación, modificación o visado anual de las tarjetas de 
transporte, así como de las actividades auxiliares y complementarias del transporte, de 
conformidad con las siguientes cuantías:
Autorizaciones para transporte de viajeros. Por cada tarjeta o en su caso copia 
certificada: 23,92 euros.
Autorización para transporte de mercancías. Por cada tarjeta o en su caso copia 
certificada: 23,92 euros.
B)  Expedición de duplicados de tarjetas de transporte: 2,43 euros.
C)  Expedición de autorizaciones especiales necesarias por no estar amparadas por 
la tarjeta del vehículo:
C.1  Autorización de tránsito, por cada vehículo y mes o fracción: 5,30 euros.
C.2  Autorizaciones de transporte regular de uso especial para reiterar itinerario. Por 
cada itinerario: 25,65 euros.
C.3  Autorizaciones de transporte de personas en vehículo de mercancías, por cada 
autorización: 25,65 euros.
Tarifa 3. Actuaciones administrativas.–Reconocimiento de locales, instalaciones y 
levantamiento de actas de inauguración de servicios: 77,36 euros.
Tarifa 4. Expedición de Tarjetas precisas para el tacógrafo digital: 39,08 euros.
Tarifa 5. La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1.  Capacitación o competencia profesional de empresas transportistas:
a)  Derechos de examen capacitación o competencia profesional transportista: 21,14 
euros.
b)  Expedición certificado capacitación o competencia profesional de transportista: 
21,14 euros.
c)  Derechos de Examen consejero de seguridad: 21,14 euros.
d)  Expedición y renovación de certificado consejero de seguridad: 21,14 euros.
2.  Cualificación de conductores:
a)  Autorización de centros para impartir formación y cualificación de conductores: 
352,31 euros.
b)  Visado, ampliación, o modificación de autorización de centros para impartir 
formación y cualificación de conductores: 176,15 euros.
c)  Homologación o renovación de cursos para la formación, cualificación o aptitud 
profesional de conductor: 117,43 euros.
d)  Derechos de examen para certificado de aptitud profesional de conductor: 21,14 
euros.
e)  Expedición de certificado de aptitud profesional de conductor: 21,14 euros.
f)  Expedición de tarjeta de cualificación de conductor: 23,49 euros.
g)  Renovación de tarjeta de cualificación de conductor: 23,49 euros.
2.–Tasa por ordenación de los transportes de personas por cable.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación de  oe.
los servicios o la realización de las actividades enumeradas en las tarifas cuando se  w.
efectúen por la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno  4w
daed mCinainsttarabdrioas c.on carácter exclusivo, y sean de solicitud o recepción obligatoria para los
a quSeu jseeto r epfaiesriveo e.–l Saertríácnu lsou 3je5to.4s  dpea sliav oLse yla sG peenresroanl aTsr ibfíusitcaarisa ,o  aju lraídsi cqause  ys lea sp rEensttiedna dloess   BOE-A-cable e
servicios o para las que se realicen las actividades objeto de esta tasa.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio o la actuación 
administrativa. Si la solicitud no fuera precisa, el devengo se producirá al prestarse el 
servicio o ejecutarse la actividad administrativa sometida a gravamen.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1: tramitación de proyectos de nuevas instalaciones de transporte de personas 
por cable: 1.713,55 euros.
Tarifa 2: tramitación de las modificaciones de un proyecto de una nueva instalación de 
transporte de personas por cable autorizado: 856,78 euros.
Tarifa 3: expedición de la autorización administrativa requerida por la legislación 
vigente para la explotación de remontapendientes, telesillas, telecabinas, teleféricos o 
cualquier otra instalación de transporte de personas por cable: 5.555,02 euros.
Tarifa 4: tramitación de modificación de las condiciones de prestación del servicio 
referidas a horarios, calendarios u otros cambios sustanciales: 636,30 euros.
Tarifa 5: aprobación de nuevos cuadros tarifarios.
1.  Con informe: 411,63 euros.
2.  Sin informe: 210,00 euros.
Tarifa 6: expedición de cualquier otra autorización requerida por la legislación vigente 
para la instalación o explotación de remontapendientes, telesillas, telecabinas, teleféricos 
o cualquier otra instalación de transporte de personas por cable: 411,63 euros.
3.–Tasa por inspección técnica de instalaciones de transporte de personas por cable.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la 
Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio de los servicios relativos al 
reconocimiento de las instalaciones de transporte de personas por cable, cuando las 
disposiciones normativas impongan dicho reconocimiento o éste sea condición 
indispensable para la adquisición de derechos, y siempre que el servicio solo pueda 
prestarse por la Consejería.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria propietarias de las instalaciones de transporte 
por cable, siempre que su explotación no se halle cedida. En otros casos serán sujetos 
pasivos los cesionarios, arrendatarios, concesionarios y en general los que por cualquier 
título distinto del de propiedad exploten las instalaciones de transporte de personas por 
cable.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio.
Tarifas.–Las cantidades a pagar por cada clase de instalación y según el tipo de 
inspección realizada, son las siguientes:
Tarifa 1: Remontapendientes:
a)  Inspección completa antes de la puesta en servicio de una nueva instalación: 
1.089,10 euros.
b)  Inspección rutinaria completa (revisión periódica): 956,22 euros.
c)  Inspección parcial (ocasional): 896,39 euros.
Tarifa 2: Telesillas:
a)  Inspección completa antes de la puesta en servicio de una nueva instalación:  e.e
1.229,20 euros. b
b)  Inspección rutinaria completa (revisión periódica): 1.089,10 euros. w
cTa)a)  rifIaInn s3sp:p eTececclceiiócónan b pcianoramcsia:pll e(otac aasniotensa ld):e 9 l5a6 ,p2u2e esutaro esn. servicio de una nueva instalación:  BOE-A-2020-50cable en https://
1.511,50 euros.
b)  Inspección rutinaria completa (revisión periódica): 1.399,17 euros.
c)  Inspección parcial (ocasional): 1.199,34 euros.
Tarifa 4: Teleféricos:
a)  Inspección completa antes de la puesta en servicio de una nueva instalación: 
1.640,50 euros.
b)  Inspección rutinaria completa (revisión periódica): 1.498,29 euros.
c)  Inspección parcial (ocasional): 1.289,04 euros.
4.–Tasa por ordenación de industrias artesanas.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 
servicios o la realización de actividades enumeradas en las tarifas señaladas seguidamente 
cuando se efectúen con carácter exclusivo por la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio y sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de industrias artesanas. Se 
presumen titulares las personas o entidades bajo cuyo nombre figuran en el IAE.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio o la actuación 
administrativa, o en el momento de efectuarse ésta si no fuera precisa solicitud alguna.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Inscripción en el Registro de Industrias Artesanas: 15,64 euros.
Tarifa 2. Tramitación de expedientes por ampliación de maquinaria o sustitución de la 
existente: 6,51 euros.
Tarifa 3. Cambios de titularidad en el Registro de Industrias Artesanas: 3,91 euros.
Exenciones:
Están exentos de la presente tasa los artesanos protegidos que hayan sido declarados 
como tales por el Gobierno de Cantabria.
5.–Tasa por ordenación de instalaciones de aguas minerales.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación de 
los servicios o la realización de las actividades enumeradas en las tarifas cuando sean 
efectuadas por la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio con carácter 
exclusivo por no poder realizarlos el sector privado, y además ser de solicitud o recepción 
obligatoria para los administrados.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la actuación o el servicio 
administrativo, y las que, sin instarlo, estén obligadas a recibirlo o aceptarlo.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio o la actuación 
administrativa, o en el momento de efectuarse éstos si no fuera precisa solicitud alguna.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Prestación de servicios de laboratorio:
1.1  Toma de muestras de agua. Por cada toma de muestras: 24,42 euros.
1.2  Análisis de agua. Por cada análisis completo: 89,59 euros. s
1.3  Análisis de agua. Por cada análisis bacteriológico: 48,87 euros. oe.
Tarifa 2. Visitas de revisión. Por cada visita: 32,59 euros. 4w
162,T8a8r ifeau r3o.s T.ramitación de expedientes para la declaración de agua minero-medicinal:
TTaarriiffaa  54..  TAruatmoriitzaaccióiónn d dee e cxapmedbiieon dtee  ptiaturala roidtoardg adre p deerírmecehtroos d me inperorotesc: c8ió5n,3: 68 1e,u4r5o se.uros.
Tarifa 6. Autorización de obras dentro del perímetro de protección: 48,87 euros.
Tarifa 7. Autorización y aprobación de proyecto de aprovechamiento: 81,45 euros.
Tarifa 8. Autorización de puesta en marcha del proyecto de aprovechamiento:
Hasta 30.050,61 de euros: 70,58 euros.
De 30.050,62 a 60.101,21 de euros: 105,86 euros.
De 60.101,22 a 120.202,42 de euros: 141,17 euros.
De 120.202,43 a 300.506,05 de euros: 126,698006 + 3,858423 por cada 6.010,12 
euros o fracción.
Más de 300.506,05 euros: 6,392381 euros por cada 6.010,12 euros o fracción.
Tarifa 9. Informe geológico incluyendo visitas: 65,15 euros.
6.–Tasa por ordenación de actividades industriales, energéticas, mineras y venta de 
bienes.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 
servicios o la realización de las siguientes actividades cuando sean ejecutadas por la 
Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio con exclusión del sector 
privado, y resulten de solicitud o recepción obligatoria para los administrados.
Están sujetas a gravamen las siguientes actuaciones:
La autorización de funcionamiento, inscripción y control de instalaciones industriales, 
empresas de servicio a la actividad industrial y agentes autorizados para colaborar con las 
Administraciones públicas en materia de seguridad y calidad industrial.
Las inspecciones técnicas reglamentarias.
Las funciones de verificación y contrastación.
La autorización de funcionamiento, inscripción y control de instalaciones eléctricas de 
generación, transporte, transformación, distribución y utilización de energía eléctrica.
Las pruebas de presión en aparatos y recipientes que contienen fluidos.
Concesiones administrativas y autorizaciones de instalaciones de gases combustibles.
Autorización de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente.
Autorización de instalaciones de combustibles líquidos, agua.
Fraudes y calidad en los servicios públicos de suministros de energía eléctrica, agua y 
gas.
La expedición de certificados y documentos que acrediten la aptitud para el ejercicio 
de actividades reglamentarias.
La expropiación forzosa de bienes y la imposición de servidumbre de paso.
La expedición de autorizaciones de explotación y aprovechamiento de recursos 
minerales.
El otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones 
mineras de explotación; sus cambios de titularidad y otras incidencias relacionadas.
La confrontación y autorización de proyectos de exploración, investigación, planes de 
labores mineras y grandes voladuras con explosivos.
Control de uso de explosivos.
El otorgamiento de la condición de productor de energía eléctrica en régimen especial 
y su inscripción en el registro correspondiente.
Derechos de examen para la obtención del carnet de instalador, mantenedor u 
operador autorizado.
El acceso a los datos del Registro Industrial.
Las actuaciones de las ENICRES y Organismos de control. e.
La venta de placas, libros de Registro y Mantenimiento e impresos. w.b
SSuejreátno  psausjeivtoo:s pasivos de las tasas por ordenación de actividades industriales,
energéticas, mineras y venta de bienes, las personas físicas o jurídicas a quienes afecten
o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades públicas que  Bc
constituyen su hecho imponible.
En su caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.
Responsables:
Sin perjuicio de lo previsto en la Ley General Tributaria en materia de responsabilidad 
y garantía de la deuda tributaria, responderán solidariamente de las tasas las entidades o 
sociedades aseguradoras de riesgos que motiven actuaciones o servicios administrativos 
que constituyan el hecho imponible de la tasa.
En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien a los 
usuarios ocupantes de viviendas, naves o locales o, en general, de inmuebles, serán 
responsables subsidiarios los propietarios de dichos inmuebles.
Devengo.–Las tasas por ordenación de actividades industriales, energéticas y mineras 
se devengarán:
Según la naturaleza del hecho imponible, bien cuando se inicie la prestación del 
servicio o se realice la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de exigir su depósito previo.
Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se 
realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Control administrativo de actividades industriales:
Inscripción en el Registro Industrial de nuevas instalaciones, ampliaciones y traslados. 
(N = el número que se obtiene al dividir la inversión en maquinaria y equipos industriales 
entre 6.010,12 euros).
1.1  Nuevas industrias y ampliaciones.
1.1.1  Inversión en maquinaria y equipo, hasta 6.010,12 euros: 35,28 euros.
1.1.2  Hasta 30.050,61 euros: 105,86 euros.
1.1.3  Hasta 150.253,03 euros: 211,73 euros.
1.1.4  Hasta 1.502.530,26 euros: 148,387559 + (2,533960 × N) euros.
1.1.5  Hasta 3.005.060,52 euros: 285,070515 + (1,900470 × N) euros.
1.1.6  Hasta 6.010.121,04 euros: 601,815531 + (1,266979 × N) euros.
1.1.7  Más de 6.010.121,04 euros: 1.235,305564 + (0,633489 × N) euros.
1.2  Traslados de industrias: Se aplica el 75 por 100 de la tarifa básica 1.1
1.3  Cambios de titularidad de industrias y variación de la inscripción anterior: Se 
aplica el 25 por 100 de la tarifa básica 1.1.
1.4  Reconocimientos periódicos reglamentarios de industrias: Se aplica el 30 por 100 
de la tarifa básica 1.1, con un máximo de 81,45 euros.
1.5  Regularización administrativa de instalaciones clandestinas: Se aplica el 200 por 
100 de la tarifa básica 1.1.
1.6  Inscripción en el Registro Industrial de instalaciones de almacenamiento, 
distribución y venta al por menor de combustibles líquidos: Según tarifa básica1.1.
1.7  Autorización de puesta en servicio de instalaciones frigoríficas: Según tarifa 
básica 1.1. es
1.8  Aparatos elevadores: bo
1.8.1  Inscripción en el Registro de Aparatos Elevadores (RAE) de un aparato: 40,72  4w
euro1s..8.2  Inspección de un aparato elevador: 81,45 euros.
1.9  Aparatos a presión: Según tarifa básica 1.1.
1.10  Otras instalaciones industriales: Según tarifa básica 1.1.
1.11  Instalaciones de rayos X:
1.11.1  Autorizaciones segunda categoría: 162,88 euros.
1.11.2  Autorizaciones tercera categoría: 122,15 euros.
1.11.3  Autorizaciones de tipo médico: 122,15 euros.
1.12  Patentes y modelos de utilidad. Certificado de puesta en práctica: 39,91 euros.
Tarifa 2. Control administrativo de actividades energéticas:
2.1  Instalaciones eléctricas de alta tensión.
2.1.1  Autorización de líneas eléctricas centros de transformación subestaciones y 
demás instalaciones de alta tensión: Se aplicará el 200 por 100 de la tarifa básica 1.1.
2.1.2  Declaración de utilidad pública: Se aplicará el 20 por 100 de la tarifa básica 1.1.
2.1.3  Cambio de titularidad de la instalación: 13,02 euros.
2.1.4  Instalaciones de energías alternativas: Se aplicará el 100 por 100 de la tarifa 
básica 1.1.
2.1.5  Inspección a instancia de parte: 78,14 euros.
2.1.6  Instalaciones temporales 78,14 euros.
2.2  Instalaciones eléctricas en baja tensión.
2.2.1  Instalaciones en viviendas ya existentes, por ampliaciones de potencias, 
cambios de titular, cambios de tensión, etc.: 13,02 euros.
2.2.2  Edificios de viviendas o locales comerciales: 13,02 euros.
2.2.3  Instalaciones con proyecto, distintos de los anteriores: según tarifa básica 1.1.
2.2.4  Resto de las instalaciones: 13,02 euros.
2.3  Gases combustibles:
2.3.1  Concesiones administrativas: 200 por 100 de la tarifa básica 1.1.
2.3.2  Instalaciones de almacenamiento y distribución de gases combustibles con 
depósitos fijos: según tarifa básica 1.1.
2.3.3  Redes de distribución de gas canalizado, acometidas y centros de regulación y 
medidas de gas: según tarifa básica 1.1.
2.3.4  Centros de almacenamiento y distribución de botellas GLP.: según tarifa 
básica 1.1.
2.3.5  Instalaciones receptoras de gas:
2.3.5.1  En edificios de viviendas (montantes): según tarifa básica 1.1.
2.3.5.2  Instalaciones con botellas de GLP. Por cada botella en uso o reserva: 13,02 
euros.
2.3.6  Inspecciones (a instancia de parte): 78,14 euros.
2.3.7  Aparatos a gas tipo único: según tarifa básica 1.1.
2.3.8  Ampliación de aparatos a gas en instalaciones existentes. Por cada nuevo 
aparato: 4,90 euros.
2.4  Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente:
2.4.1  Instalación individual en vivienda o local: 13,02 euros. e
2.4.2  Instalaciones con proyecto: Según tarifa básica 1.1. bo
2.4.3  Instalaciones con proyecto, distintas a las anteriores: Según tarifa básica 1.1. w
2.5  Combustibles líquidos:
indu2s.t5ri.a1l esI nqustea lparceicoinseens  pdreo yaelcmtoa ceenn daempióesnittoo sc foijmosu: nsietagrúion  toa raifnae bxáos iac ae 1s.t1a.blecimientos  BOE-A-cable e
2.5.2  Almacenamientos individuales para una vivienda o local: 13,02 euros.
2.5.3  Instalaciones de Almacenamiento para uso propio en establecimientos 
industriales:
2.5.3.1  Sin proyecto: 7,98 euros.
2.5.3.2  Con proyecto según tarifa básica 1.1.
2.6  Agua:
2.6.1  Autorización de instalaciones distribuidoras de agua, que requieren proyecto: 
Según tarifa básica 1.1.
2.6.2  Instalaciones interiores de suministro de agua. Por cada vivienda: 13,02 euros.
2.7  Verificación de la calidad del suministro de energía eléctrica:
2.7.1  Alta tensión: 81,45 euros.
2.7.2  Baja tensión: 40,72 euros.
2.8  Tramitación presencial e inscripción en el registro de certificaciones de eficiencia 
energética de los edificios ubicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria: 26,15 euros.
Tarifa 3. Tasas que afectan a la inspección técnica de vehículos.
3.1  Inspecciones técnicas:
3.1.1  Vehículos ligeros PMA <3.500 kilogramos: 31,90 euros.
3.1.2  Vehículos pesados PMA >3.500 kilogramos: 44,62 euros.
3.1.3  Vehículos especiales: 63,91 euros.
3.1.4  Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuatriciclos, quads, ciclomotores de tres 
ruedas y cuatriciclos ligeros: 21,29 euros.
3.1.5  Vehículos agrícolas: 21,29 euros.
3.2  Revisiones periódicas: Las tarifas serán las correspondientes a inspecciones 
técnicas.
3.3  Inspecciones previas a la matriculación: Las tarifas serán las correspondientes a 
inspecciones técnicas incrementadas en 17,60 euros.
3.4  Autorización de una o más reformas de importancia sin proyecto técnico: Las 
tarifas serán las correspondientes a inspecciones técnicas incrementadas en 13,14 euros.
3.5  Autorización de una o más reformas de importancia con proyecto técnico: Las 
tarifas serán las correspondientes a inspecciones técnicas incrementadas en 35,15 euros.
3.6  Expedición de duplicados de tarjetas de inspección técnica: Las tarifas serán las 
correspondientes a inspecciones técnicas incrementadas en 17,60 euros.
3.7  Inspecciones previas a la matriculación de cualquier tipo de vehículos 
procedentes de la UE o de terceros países, incluidos los traslados de residencia: 158,45 
euros.
3.8  Cambios de destino y desgloses de elementos procedentes de reforma de 
importancia: Las tarifas de aplicación serán las correspondientes a inspecciones técnicas 
incrementadas en 3,52 euros. En el caso de que el cambio de destino tenga lugar antes 
del vencimiento del primer plazo de inspección, y si este cambio no implica ninguna 
modificación técnica del vehículo, existirá una única tarifa de 3,52 euros.
3.9  Inspecciones a domicilio vehículos especiales: Las tarifas de aplicación serán las 
correspondientes a los servicios solicitados, incrementada en un 100 por 100. es
3.10  Actas de destrucción número de bastidor en taller autorizado: 41,71 euros. bo
3.11  Inspecciones técnicas por cambios de matrícula: Las tarifas serán las  w
corrCesupaonnddoi esnet eres qau iinesrapne cscimiounletásn teéacmniceanste i ndcorse mo emnátasd saesr veicni o1s7,, 6la0  teaurirfao sr.esultante será la
stéucmnaic ad eu lnaas  staorliafa vse dze. los servicios solicitados, aplicando la correspondiente a la inspección  BOE-A-cable e
Para la segunda y sucesivas inspecciones, como consecuencia de rechazos en la 
primera presentación del vehículo, se establecen los siguientes dos supuestos:
1.  Si la presentación del vehículo se hace dentro de los quince días hábiles siguientes 
al de la primera inspección, no devengará tarifa alguna por este concepto.
2.  Si la presentación del vehículo se hace a partir del plazo anterior y dentro de los 
dos meses naturales desde la fecha de la primera inspección, la tarifa será el 70 por 100 
de la correspondiente a la inspección periódica.
No tendrán la consideración de segundas o sucesivas inspecciones aquellas que 
tengan lugar después de los dos meses naturales a partir de la primera.
Estas tarifas anteriores vendrán incrementadas por el tipo de IVA en vigor.
Estas tarifas serán incrementadas con la tasa de tráfico vigente en el momento de su 
aplicación.
Tarifa 4. Metrología.
4.1  Contadores:
4.1.1  Contadores eléctricos, de gas y de agua. Por cada contador: 4,07 euros.
4.2  Limitadores de corriente. Por cada Limitador: 0,814 euros.
4.3  Pesas y medidas:
4.3.1  Certificación y comprobación de revisión de básculas puente: 16,30 euros.
4.3.2  Verificación de balanzas por unidad: 8,15 euros.
4.3.3  Determinación volumétrica de cisternas. Por cada unidad: 40,72 euros.
4.3.4  Verificación de surtidores. Por medidor: 32,59 euros.
4.4  Intervención y control de laboratorios autorizados, por cada uno: 122,15 euros.
Tarifa 5. Metales preciosos. Contrastación.
5.1  Platino:
5.1.1  Por cada gramo o fracción: 0,206608 euros.
5.2  Oro:
5.2.1  Por pieza de tres gramos o inferior: 0,122 euros.
5.2.2  Objetos de más de tres gramos. Por gramo: 0,040723 euros.
5.3  Plata:
5.3.1  Por pieza de 10 gramos o inferior: 0,040723 euros.
5.3.2  Objetos de más de 10 gramos y hasta 80 gramos, por pieza: 0,164 euros.
5.3.3  Objetos de más de 80 gramos, por gramo: 0,002038 euros.
Tarifa 6. Minería. Instalaciones y servicios afectos a la minería.
6.1  Autorizaciones de explotación y aprovechamiento de recursos mineros de la 
Sección A:
6.1.1  Nuevas autorizaciones: 407,23 euros. e.
6.1.2  Prórroga de autorizaciones: 122,15 euros. w.
6.1.3  Ampliación de extensión superficial: 162,88 euros. 4w
6.2  Rectificaciones, replanteos, divisiones, agrupaciones e intrusiones:
6.2.1  Rectificaciones: 610,85 euros.
6.2.2  Replanteos: 407,23 euros.
6.2.3  Divisiones. Por cada una: 610,85 euros.
6.2.4  Concentración de concesiones mineras. Por cada concesión minera a 
concentrar: 407,23 euros.
6.2.5  Intrusiones: 814,45 euros.
6.3  Confrontación y autorización de sondeos y planes mineros de labores:
6.3.1  Sondeos de investigación (N = el número y sus fracciones que se obtienen al 
dividir el presupuesto entre 6.010,12 euros): 95,023505 +(6,334900 × N) euros.
6.3.2  Planes de labores en exterior, canteras y minas:
6.3.2.1  Hasta 150.253,03 euros: 176,45 euros.
6.3.2.2.  Desde 150.253,04 euros hasta 601.012,10 euros: 63,349003+ (1,583693 × N) 
euros.
6.3.2.3.  Desde 601.012,11 euros: 95,023505 + (1,583693 × N) euros.
6.3.3  Planes de labores en el interior:
6.3.3.1  Hasta 150.253,03 euros: 247,03 euros.
6.3.3.2  Desde 150.253,04 euros hasta 601.012,10 euros: 63,349003 + (3,167450 × N) 
euros.
6.3.3.3  Desde 601.012,11 euros: 126,698006 + (1,266979 × N) euros.
6.4  Explosivos:
6.4.1  Informes sobre uso de explosivos: 81,45 euros.
6.4.2  Informes grandes voladuras: 203,60 euros.
6.4.3  Informes voladuras especiales: 122,15 euros.
6.4.4  Inspección unitaria por seguridad minera de voladuras: 81,45 euros.
6.5  Aprobación de disposiciones internas de seguridad: 81,45 euros.
6.6  Clasificación de recursos mineros: 65,15 euros.
6.7  Transmisión de derechos mineros, según el importe de la transmisión escriturada 
(N = el número total y sus fracciones que se obtienen al dividir entre 6.010,12 euros).
6.7.1  De autorización de aprovechamientos y permisos de investigación:
6.7.1.1  Hasta 60.101,21 euros: 352,91 euros.
6.7.1.2  Desde 60.101,22 euros en adelante: 253,396014 + (3,167450 × N) euros.
6.7.2  De concesiones mineras:
6.7.2.1  Hasta 60.101,21 euros: 705,81 euros.
6.7.2.2  Desde 60.101,22 euros en adelante: 601,815531 + (3,167450 × N) euros.
6.8  Suspensión abandono y cierre de labores:
6.8.1  Informes sobre suspensiones: 122,15 euros.
6.8.2  Abandono y cierre de labores: 203,61 euros.
6.9  Establecimiento de beneficio e industria minera en general: Según tarifa 1.1.
6.10  Autorización de lavaderos de minerales e instalaciones de tratamiento: Según 
tarifa 1.1. e.
6.11  Prórrogas de permisos: 610,85 euros. w.
6.12  Inspecciones de policía minera: 4w
6.12.1  Extraordinaria: 162,88 euros.
6.12.2  Ordinaria: 81,45 euros.
Tarifa 7. Expropiación forzosa y servidumbre de paso.
7.1  Expropiación forzosa, ocupación temporal y servidumbre de paso:
7.1.1  Inicio de expediente (N = número total de parcelas):
7.1.1.1  Menos de nueve parcelas: 407,23 euros.
7.1.1.2  Desde nueve parcelas en adelante: 323,079916 + (3,230799 × N) euros.
7.1.2  Acta previa a la ocupación, por cada parcela: 40,72 euros.
7.1.3  Acta de ocupación, por cada parcela: 32,59 euros.
Tarifa 8. Expedición de certificados, documentos y tasas de examen.
8.1  Expedición de documentos que acrediten aptitud o capacidad para el ejercicio de 
actividades reglamentarias:
8.1.1  Expedición del carné de instalador autorizado o cartilla de palista/maquinista o 
artillero: 8,15 euros.
8.1.2  Renovaciones y prórrogas: 8,15 euros.
8.2  Derechos de examen para la obtención de carnet de instalador autorizado: 8,15 
euros.
8.3  Certificaciones y otros actos administrativos:
8.3.1  Confrontación de proyectos, instalaciones aparatos y productos: Según tarifa 
básica 1.1.
8.4  Inscripción en el Registro Industrial de Empresas de Servicios:
8.4.1  Nuevas inscripciones: 81,45 euros.
8.4.2  Modificaciones: 40,72 euros.
8.5  Inscripción en el Registro Industrial de Agentes Autorizados para colaborar con 
las Administraciones Públicas en materia de seguridad y calidad industrial:
8.5.1  Nueva inscripción: 244,34 euros.
8.5.2  Modificaciones: 81,45 euros.
8.6  Expedición de documento de calificación empresarial:
Nuevos: 40,72 euros.
Renovaciones: 8,15 euros.
8.6.3  Obtención de datos del Registro Industrial:
Por cada hoja: 0,814 euros.
En soporte informático: 0,974 euros.
8.7  Autorización de talleres para la instalación de tacógrafos analógicos, limitadores 
de velocidad y fabricantes de menos de 50 unidades: 81,45 euros.
8.8  Habilitación de libros de registro para talleres instaladores de tacógrafos y menos 
de 50 unidades: 8,15 euros. s
8.9  Autorización y renovación de la autorización de centros técnicos para tacógrafos  e.
digitales: 17,60 euros. w.
corrTSeaserp iafoapn l9dic.iea Cnráote na ts rceoagl daúadn me laxinp miesdatritaeetnriivtaeo  q tdruaeem  lsaitesa  dtaroca ttoue a.acciotunaecsió dne r eloasl izOardgaa neils 1m0o pso dre 1 0C0o ndtero lal. tasa  OE-A-2020-50able en https://
Tarifa 10. Tasa por venta de bienes.
10.1  Placas de aparatos a presión: 0,814 euros.
10.2  Placas aparatos elevadores: 0,814 euros.
10.3  Libro - Registro Usuario Instalaciones Frigoríficas: 15,64 euros.
10.4  Libro - Mantenimiento Instalaciones de Calefacción, Climatización y ACS: 15,64 
euros.
10.5  Impresos Planes de Labores: 15,64 euros.
7.–Tasa por el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa el otorgamiento por la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de licencias para la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que 
soliciten el otorgamiento de una licencia para la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual y resulten adjudicatarios de la misma en un concurso público.
Devengo.–Se devengará cuando se notifique el acuerdo de adjudicación definitiva. No 
podrá formalizarse el correspondiente contrato sin la acreditación del pago de la tasa 
devengada.
Tarifas.–La cuantía de la tasa se fijará en función de la población de su zona de 
servicio y de los factores correctores correspondientes, poblacionales y/o tecnológicos, de 
la siguiente forma:
A los efectos de estas tasas se tomará como habitantes el último censo oficial.
1.  «Emisoras Radiofónicas», por servicios audiovisuales radiofónicos. La cantidad 
de 2.300,13 euros, por los siguientes factores correctores poblacionales:
Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 2.300,13 euros.
Por 0,25 para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 575,03 euros.
Por 0,10 para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 230,01 euros.
Por 0,05 para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 115,01 euros.
2.  «Televisión Digital Local», por servicios audiovisuales televisivos de ámbito de 
cobertura local. La cantidad de 5.366,98 euros, por los siguientes factores correctores 
poblacionales:
Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 5.366,98 euros.
Por 0,25 para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 1.341,75 euros.
Por 0,10 para poblaciones de menos de 5.000 y 25.000 habitantes: 536,70 euros.
Por 0,05 para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 268,35 euros.
3.  «Televisión Digital Autonómica», por servicios audiovisuales televisivos de ámbito 
de cobertura autonómico: 8.050,50 euros.
Exenciones.–Están exentas del pago de la tasa las Administraciones Públicas.
8.–Tasa para la renovación de licencias para la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual. s
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la renovación por la  w.b
Comunidad Autónoma de Cantabria de licencias para la prestación de servicios de  4w
comSuunjiecatoc ipóans aivuod.i–oSviosnu asl.ujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que
saouldicioitveins ulaal .renovación de una licencia para la prestación de servicios de comunicación
Devengo.–Se devengará cuando esta se produzca, siendo necesario el previo pago de 
la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para que la renovación surta efectos.
Tarifa.–La cuantía de la tasa se fijará en función de la población de su zona de servicio 
y de los factores correctores correspondientes, poblacionales y/o tecnológicos, de la 
siguiente forma:
A los efectos de estas tasas se tomará como habitantes el último censo oficial.
1.  «Emisoras Radiofónicas», por servicios audiovisuales radiofónicos. La cantidad de 
2.300,13 euros, por los siguientes factores correctores poblacionales:
Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 2.300,13 euros.
Por 0,25 para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 575,03 euros.
Por 0,10 para poblaciones de menos de 5.000 y 25.000 habitantes: 230,01 euros.
Por 0,05 para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 115,01 euros.
2.  «Televisión Digital Local», por servicios audiovisuales televisivos de ámbito de 
cobertura local. La cantidad de 5.366,98 euros, por los siguientes factores correctores 
poblacionales:
Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes: 5.366,98 euros.
Por 0,25 para poblaciones de entre 25.001 y 100.000 habitantes: 1.341,75 euros.
Por 0,10 para poblaciones de menos de 5.000 y 25.000 habitantes: 536,70 euros.
Por 0,05 para poblaciones de menos de 5.000 habitantes: 268,35 euros.
3.  «Televisión Digital Autonómica», por servicios audiovisuales televisivos de ámbito 
de cobertura autonómico: 8.050,50 euros.
Exenciones: Están exentas del pago de la tasa las Administraciones Públicas.
9.–Tasa por la autorización de negocios jurídicos que afecten a una licencia para la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la autorización de negocios 
jurídicos que afecten a una licencia para la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que 
soliciten la autorización para la realización del negocio jurídico correspondiente que afecte 
a una licencia para la prestación de servicios de comunicación audiovisual.
Devengo.–Se devengará cuando se solicite la autorización del negocio jurídico 
correspondiente.
Tarifa.–La cuantía de la tasa se fijará en función del negocio jurídico de que se trate:
1.  Transmisión de licencias de comunicación audiovisual: el 2,5 por 100 del importe 
total de la transmisión.
2.  Cambio de titularidad de las licencias de comunicación audiovisual como 
consecuencia de operaciones societarias en las empresas adjudicatarias: 143,08 euros.
3.  Arrendamiento, cesión del uso o cualquier otro negocio jurídico no contemplado en 
otros apartados de las licencias de comunicación audiovisual o de los canales o servicios 
adicionales vinculados a ellas, el 2,5 por 100 del importe anual del arrendamiento o cesión 
de uso. Si el arrendamiento o cesión de uso fuera por más de un año, el 2,5 se aplicará  es
sobre la cantidad que resulte de la suma del importe de todas las anualidades o fracciones. bo
Exenciones.–Están exentas del pago de la tasa las Administraciones Públicas. 4w
10.–Tasa por la práctica de inscripciones en el registro de prestadores de servicios de
ceoxpmeudnicicióanc idóen  caeurdtifiiocvaicsiuoanle ds ed ela d Cicohom ruengidisatrdo .Autónoma de Cantabria, así como por la
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la práctica de las 
inscripciones en el Registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como por la expedición de certificaciones 
registrales.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que 
soliciten la práctica de la inscripción o la certificación correspondiente.
Devengo.–Se devengará cuando se formalice la inscripción o se expida la certificación. 
No obstante, el pago se exigirá por anticipado en el momento de la solicitud, mediante la 
autoliquidación del sujeto pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
Tarifa.–Por cada inscripción o certificación registral: 70,46 euros.
Exenciones.–Están exentas del pago de la tasa las Administraciones Públicas.
CONSEJERÍA  DE  OBRAS  PÚBLICAS,  ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO.
1.–Tasa por servicios prestados para la concesión de autorizaciones de obras por el 
Servicio de Carreteras.
Hecho Imponible.–Constituye el hecho imponible de la presente tasa, toda actuación 
de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo conducente al 
otorgamiento de la licencia necesaria para la realización de obras, instalaciones, 
edificaciones, cierres y cualquier otra actividad en los terrenos situados dentro de las 
Zonas de Influencia de las carreteras pertenecientes a la Red Viaria de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de acuerdo con la definición que de dichas Zonas de Influencia se 
contiene en la Ley de Cantabria 5/1996, de carreteras de Cantabria.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a nombre de las cuales se solicita la licencia.
Exenciones.–Están exentos del pago de esta tasa los Entes Públicos Territoriales e 
Institucionales.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitarse la licencia.
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las cantidades establecidas en las 
siguientes tarifas:
Tarifa 1. Nuevas edificaciones y obras de nueva construcción.
Tasa mínima por autorizaciones para construcciones de obra de los apartados a), b), 
c) y d) siguientes: 48,87 euros.
a)  Autorización para la construcción de pasos salva cunetas para peatones y 
vehículos, aceras, muros de contención y/o de cerramientos de hierros, sillería, piedra 
ladrillo y otros materiales de clase análoga o superior:
Por cada metro lineal o fracción totalmente ocupada a partir de 6 metros lineales: 
6,108400 euros.
b)  Autorización para la construcción de cerramientos provisionales con materiales de 
clase inferior como alambre, estacas u otros elementos análogos o similares:
Por cada metro lineal o fracción a partir de 30 metros lineales: 1,221678 euros.
c)  Autorización para la construcción y ampliación de edificios destinados a viviendas,  es
oficinas y comercios, construcciones de naves, casetas para transformadores, naves  bo
industriales, almacenes y garajes y otros similares: w
metrPoosr  lcinaedaale ms:e 1tr2o, 2li1n6e8a0l 1d ee ufarcohsa.da y por cada planta a la vía regional a partir de cuatro
d)  Autorización para la construcción de nuevo acceso a la vía regional en función de
la potencial afección del mismo a la seguridad vial.
Accesos de anchura de la plataforma de la vía que accede menor o igual a cuatro 
metros: 203,61 euros.
Accesos de anchura de la plataforma de la vía que accede de cuatro a siete metros: 
407,23 euros.
Accesos de anchura de la plataforma de la vía que accede de más de siete metros: 
814,45 euros.
Tarifa 2. Obras de conservación y reparación.
Tasa mínima por autorizaciones para reparaciones y conservación de obras de los 
apartados a), b) y c) siguientes: 32,59 euros.
a)  Autorizaciones para reparación o modificación esencial de huecos de fachadas, 
reformas y reparación de edificios, entendiendo por tales las que afecten a partes 
esenciales de los mismos, como travesías, entramados horizontales o cubiertas, obras de 
revoco y retejado, la suma, en su caso, de las siguientes:
Por cada hueco, a partir de cinco huecos: 4,886720 euros.
Por cada metro lineal de fachada y por cada planta a la vía regional a partir de 10 
metros lineales: 2,443359 euros.
b)  Autorización para la reparación del grupo a), tarifa 1 anterior:
Por cada metro lineal o fracción a partir de 6 metros lineales: 2,443359 euros.
c)  Autorización para la reparación del grupo b), tarifa 1 anterior:
Por cada metro lineal o fracción a partir de 30 metros lineales: 0,814453 euros.
d)  Autorización para la reparación del grupo d), tarifa 1 anterior:
Accesos de anchura de la plataforma de la vía que accede menor o igual a 4 metros: 
81,45 euros.
Accesos de anchura de la plataforma de la vía que accede de 4 a 7 metros: 162,88 
euros.
Accesos de anchura de la plataforma de la vía que accede de más de 7 metros: 203,63 
euros.
Tarifa 3. Instalaciones y canalizaciones.
«Autorizaciones previas condicionadas» para instalación de estaciones de servicio y 
otro tipo de instalación que requieran crear o utilizar un acceso de la carretera: 407,23 
euros.
Tasa mínima por autorización para instalaciones y canalizaciones de los apartados a), 
b), c), d), e), f) y g) siguientes: 44,78 euros.
a)  Autorización para instalación de aparatos distribuidores de gasolina o lubricantes, 
depósitos, gas butano e instalaciones análogas desde el punto de vista de afección a la 
carretera:
Por cada metro cuadrado de superficie total ocupada dentro de la zona de influencia a 
partir de los 3 metros cuadrados: 12,216801 euros. e.
b)  Autorización para instalaciones de postes o soportes de alumbrado o transportes  w
ddee  eenneerrggííaa  eyl éoctrtarisc aa,n líánloeagsa ste:lefónicas, cortes con destino al tendido aéreo de conductores
Por cada poste o elementos a partir de tres postes: 16,289065 euros.
c)  Autorización para la apertura de zanjas para la colocación de conductores de 
líquidos para abastecimientos, alcantarillados, riegos y drenajes, y para nuevas 
conducciones de energía eléctrica, líneas de comunicación, gas, etc.:
Por cada metro lineal de conducción transversal a la calzada a partir de los 4 metros 
lineales: 16,289065 euros.
Por cada metro lineal de conducción longitudinal a la calzada a partir de 20 metros 
lineales: 2,443359 euros.
d)  Autorización por apertura de pozos, sondeos, etc.:
Por cada unidad a partir de una: 48,87 euros.
e)  Autorización de canteras y yacimientos de toda clase, renovables cada año:
Para extracción anual igual o inferior a 100 metros cúbicos y por cada año: 89,59 
euros.
Para extracción anual superior a 100 metros cúbicos y por cada año: 211,77 euros.
f)  Autorización de ocupación temporal de aceras, arcenes y/o terrenos en la zona de 
dominio público con instalaciones provisionales de cualquier tipo:
Por cada metro cuadrado o fracción ocupada y por cada año, en su caso, a partir de 4 
metros cuadrados: 8,144531 euros.
g)  Autorización de talas:
– Por cada actuación solicitada: 63,88 euros.
2.–Tasa por otras actuaciones del Servicio de Carreteras.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de esta tasa la redacción de informes, 
la realización de trabajos de campo para deslindes, inspección de obras, levantamiento de 
actas, expedición de certificación final, entrega de planos o redacción de documentos 
comprensivos de la actuación efectuada, y todo ello por personal del Servicio de 
Carreteras, siempre que sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados, 
y no puedan prestarse por el sector privado, y no constituyan un trámite de la tasa por 
servicios prestados para la concesión de licencias de obras por el Servicio de Carreteras.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades del 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o sean destinatarias de la actuación 
del Servicio de Carreteras.
Exenciones.–Están exentos del pago de esta tasa:
1.  Los Entes públicos territoriales e institucionales.
2.  El personal al servicio de la Comunidad Autónoma por los servicios relativos al 
desarrollo de sus funciones.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de efectuar la solicitud, o al prestarse 
el servicio si no fuera precisa solicitud alguna.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1.  Si no fuera necesario tomar datos de campo: 24,42 euros. s
2.  Si fuera necesario tomar datos de campo: oe.
2.1  Por el primer día: 65,15 euros. 4w
2.2  Por cada uno de los siguientes: 40,72 euros.
3.  En su caso, por cada mapa o plano: 8,15 euros.
3.–Tasas Portuarias.
En consonancia con lo previsto en la legislación en materia de tasas y precios públicos 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las tarifas portuarias por los servicios prestados 
por la Administración Portuaria serán las siguientes:
Tarifa T-1: Entrada y estancia de barcos.
Tarifa T-2: Atraque.
Tarifa T-3: Mercancías y pasajeros.
Tarifa T-4: Pesca fresca.
Tarifa T-5: Embarcaciones deportivas y de recreo.
Tarifa T-6: Grúas.
Tarifa T-7: Almacenaje.
Tarifa T-8: Suministros.
Tarifa T-9: Servicios diversos.
I.  Devengo o período de prestación del servicio y recargos por anulaciones.
1.  El comienzo y el término del periodo de prestación del servicio coincidirá:
Con la entrada y salida por la zona de servicio portuaria de los buques, mercancías y 
pasajeros, pesca fresca y embarcaciones deportivas de recreo, en el caso de las tarifas 
T-1, T-3, T-4 y T-5, respectivamente.
Con el tiempo de utilización del puesto de atraque, de los medios mecánicos o de los 
espacios para almacenaje, en el caso de la tarifas T-2, T-6 y T-7, respectivamente.
Con el momento en que se realice la entrega de suministros o la prestación de servicios 
diversos, en el caso de las tarifas T-8 y T-9.
2.  La Administración Portuaria de Cantabria podrá establecer la indemnización 
correspondiente en el caso de anulación de solicitudes para la prestación de los servicios 
a que se refieren las tarifas T-8 y T-9. La anulación de reservas en el caso de servicios 
correspondientes a las tarifas T-2 y T-7 queda regulada en la forma que a continuación se 
expone:
La anulación de la reserva de atraque en un plazo inferior a tres horas antes del 
comienzo de la reserva o cuando dicha anulación no se produzca y el buque no arribe a 
puerto, dará derecho al cobro de la tarifa aplicable a dicho buque por el día completo en el 
que ha comenzado la reserva, sin perjuicio de que el atraque reservado pueda ser utilizado 
por otro barco.
La anulación o modificación de la reserva de espacios, explanadas, almacenes, 
locales, etc., en un plazo inferior a veinticuatro horas antes del comienzo de la reserva o 
cuando dicha anulación no se produzca y la mercancía no llegue a puerto dará derecho a 
la Administración Portuaria al cobro de la tarifa aplicable a la mercancía por el día completo 
en el que ha comenzado la reserva, sin perjuicio de que la superficie reservada pueda ser 
utilizada por otra mercancía.
II.  Prestación de servicios fuera del horario normal.–La prestación de los servicios 
«Grúas», «Suministros» y «Servicios diversos», en días festivos o fuera de la jornada 
ordinaria en los laborables, quedará supeditada a la posibilidad y conveniencia de su 
realización, a juicio de la Administración Portuaria, y serán abonados con el recargo que 
en cada caso corresponda, sin que, en ningún caso, éste pueda exceder del 40 por 100  e
sobre las tarifas vigentes en condiciones normales. bo
III.  Plazo para el pago de tarifas e interés de demora: w
estaas) t arEifal sp lsaezroá  mdeá xvieminote p daíraas  hdaecsedre e lafe fcetcivhaas d lea sn odteifuicdaacsió onr digein laa dfaacst uproar  cloar raepslpicoancdióienn dtee.
devebn) gaLráans  indteeuredsaess  ndoe  dseamtisofreac qhuaes  seen e estli mplaarzáon  aepsltiacabnledcoi dao l aesn c aenl tiadpaadretas daod eaundtaedriaosr   BOE-A-cable e
el porcentaje que para cada año establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
IV.  Medidas para garantizar el cobro de las tarifas:
a)  Suspensión temporal de la prestación de servicios.–El impago reiterado de las 
tarifas o cánones devengados por la prestación de servicios portuarios en cualquiera de 
los puertos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, faculta a la Administración Portuaria 
para suspender temporalmente la prestación del servicio a la sociedad deudora, previo 
requerimiento a ésta y comunicación al Capitán Marítimo si afectase a servicios de 
navegación marítima.
b)  Depósito previo, avales y facturas a cuenta.–La Administración Portuaria de 
Cantabria podrá exigir el depósito previo o la constitución de avales, así como emitir 
facturas a cuenta, con objeto de garantizar el cobro del importe de la tarifas por los 
servicios que se presten en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de la liquidación 
final resultante.
c)  Suspensión de la facturación a buques abandonados.–La Administración Portuaria 
de Cantabria suspenderá la facturación de servicios portuarios respecto de los buques que 
previamente declare en abandono por impago prolongado de las tarifas. No obstante, se 
seguirá anotando la cuantía de los gastos que tales buques ocasionen a efectos de su 
liquidación final.
V.  Daños causados a la Administración Portuaria de Cantabria o a terceros.–Los 
usuarios y particulares serán responsables de las lesiones, daños y averías que ocasionen 
a la Administración Portuaria de Cantabria o a terceros como consecuencia de su 
intervención en la utilización de obras e instalaciones portuarias. La Administración 
Portuaria de Cantabria podrá exigir del usuario la suscripción de la correspondiente póliza 
que garantice dicha responsabilidad.
VI.  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  En la liquidación final de las tarifas T-1 a 
T-9 por los distintos servicios prestados, la cantidad que se obtenga será incrementada, en 
los casos que proceda, con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que corresponda.
Las bases para la liquidación de las tarifas, sus cuantías, los sujetos pasivos y las 
reglas particulares de aplicación de las mismas son las que, a continuación se exponen:
Tarifa T-1: Entrada y estancia de barcos:
Primera: Esta tarifa comprende la utilización de las aguas del puerto, de los canales de 
acceso, esclusas (sin incluir el amarre, remolque o sirga de la misma), obras de abrigo y 
zonas de fondeo, señalización y balizamiento en aguas portuarias y demás servicios 
generales prestados al buque. Será de aplicación en la cuantía y condiciones que se 
indican más adelante a todos los buques y plataformas fijas que entren o permanezcan en 
las aguas del puerto.
Segunda: Abonarán esta tarifa los armadores o los consignatarios de los buques que 
utilicen los servicios indicados en la regla anterior.
Tercera: La cuantía en euros de esta tarifa se calculará de acuerdo con el cuadro 
siguiente, en función de su arqueo bruto (por cada 100 unidades de GT o fracción) y de su 
estancia en puerto.
Estancia Arqueo bruto Euros
Hasta 3.000. 13,00
Periodos completos de 24 horas o  Mayor de 3.000 Hasta 5.000. 14,44 oe.
fracción superior a 6 horas. w.
Mayor de 5.000 Hasta 10.000. 15,88 w
Mayor de 10.000. 17,32
Estancia Arqueo bruto Euros
Hasta 3.000. 6,51
Mayor de 3.000 Hasta 5.000. 7,24
Por la fracción de hasta 6 horas.
Mayor de 5.000 Hasta 10.000. 7,96
Mayor de 10.000. 8,66
Para la navegación de cabotaje las cuantías anteriores se multiplicarán por el 
coeficiente 0,3125.
Los barcos destinados a tráfico interior, de bahía o local, remolcadores con base en el 
puerto, dragas, aljibes, ganguiles, gabarras y artefactos análogos, pontones, mejilloneras, 
etc., abonarán mensualmente, quince veces el importe diario que, por aplicación de la 
tarifa general de navegación de cabotaje correspondería.
No están sujetos al abono de esta tarifa los barcos que abonen la tarifa T-4, y cumplan 
las condiciones que, en las reglas de aplicación de dicha tarifa, se especifican.
Tarifa T-2: Atraque.
Primera: Esta tarifa comprende el uso por los buques de los elementos de amarre y 
defensa que permiten su atraque, y será de aplicación en la cuantía y condiciones que se 
indican más adelante a todos los buques atracados en muelles, pantalanes, etc., 
construidos total o parcialmente por el Gobierno de Cantabria o que estén afectos a el 
mismo.
Segunda: Abonarán esta tarifa los armadores o los consignatarios de los buques que 
utilicen los elementos citados en la regla anterior.
Tercera: El barco pagará por cada metro de eslora o fracción y por período completo 
de veinticuatro horas o fracción mayor de nueve horas, durante el tiempo que permanezca 
atracado la cantidad de 1,669629 euros.
Se aplicarán los siguientes coeficientes reductores a los supuestos que a continuación 
se indican:
a)  Navegación interior: 0,25.
b)  Atraque inferior a tres horas: 0,25.
c)  Atraque de punta: 0,60.
d)  Abarloado a otro ya atracado de costado al muelle o a otros barcos abarloados: 
0,50.
Tarifa T-3: Mercancías y pasajeros.
Primera: Esta tarifa comprende la utilización por las mercancías y pasajeros de las 
aguas del puerto y dársenas, accesos terrestres, vías de circulación, zonas de 
manipulación (excluidos los espacios de almacenamiento o depósito) y estaciones 
marítimas y servicios generales del puerto.
Queda incluido en esta tarifa el derecho de las mercancías que se embarcan o 
desembarcan utilizando medios no rodantes a permanecer en zona de tránsito portuario el 
mismo día de embarque o desembarque y su inmediato anterior o posterior sin devengar 
ninguna otra tarifa en relación a la superficie ocupada. Así mismo queda incluido en esta 
tarifa el derecho de las mercancías que se embarcan o desembarcan utilizando medios  e
rodantes a que los vehículos y los barcos que las transportan utilicen las rampas fijas y el  bo
cantil de los muelles para las operaciones de carga y descarga. Finalmente queda incluido  w
elons  emsutae ltlaersif ac ueal nddeor eecmhob adreq uloesn  poa sdaejseeromsb aa rlqau uetnil izpaocr iósun  pdreo lpaiso  rpaiem poa ust ifliijzaasn yd oe ls cua pnrtoil pdieo 
vehículo.
Queda excluida de esta tarifa la utilización de maquinaria y elementos móviles 
necesarios para las operaciones de embarque y desembarque, utilización que queda 
regulada en otras tarifas.
Segunda: Abonarán esta tarifa los armadores o los consignatarios de los barcos que 
utilicen el servicio y los propietarios del medio de transporte cuando la mercancía entre y 
salga del puerto por medios terrestres. Subsidiariamente serán responsables del pago de 
la tarifa los propietarios de la mercancía y, en su defecto, sus representantes autorizados, 
salvo que prueben haber hecho provisión de fondos a los responsables principales.
Tercera: La tarifa se aplicará a:
Los pasajeros que embarquen o desembarquen.
Las mercancías embarcadas, desembarcadas, transbordadas o que entren y salgan 
por tierra en la zona de servicio portuaria sin ser embarcadas, excluyendo aquellas cuya 
entrada tenga como único objeto la tramitación de documentos de control aduanero, sin 
que se produzcan rupturas de cargas, descargas a tierra ni estancias en dicho espacio 
superiores a dos horas y su origen y destino sean países miembros de la C. E.
Cuarta: Las cuantías de las tarifas de pasajeros serán las siguientes:
Pasajeros (euros) Vehículos (euros)
Tráfico
Bloque Bloque Furgonetas  Autocares Autocares
Motocicletas Turismos
(1) (2) caravanas ≤20 plazas >20 plazas
Interior o bahía. 0,063528 0,063528
CEE. 3,41 1,02 1,82 5,42 9,76 24,42 48,87
Exterior. 6,52 4,07 2,71 8,15 14,67 36,64 73,30
(1) Camarote de cualquier número de plazas ocupado por uno o dos pasajeros.
(2) Resto de modalidades de pasaje.
Las cuantías de la tarifa de mercancías por tonelada métrica de peso bruto o fracción 
serán las siguientes y de acuerdo con el repertorio de clasificación de mercancías vigente 
aprobado por el Ministerio de Fomento:
Primero: 0,293202.
Segundo: 0,419203.
Tercero: 0,605175.
Cuarto: 0,924404.
Quinto: 1,262402.
Sexto: 1,681845.
Séptimo: 2,101289.
Octavo: 4,467275.
A las cuantías de este cuadro se les aplicarán los siguientes coeficientes según el tipo 
de operaciones y para cualquier clase de navegación (cabotaje o exterior).
Navegación Coeficiente
Embarque. 2,50
Desembarque o tránsito marítimo. 4,00 bo
Transbordo. 3,00 4w
Se entiende por tránsito marítimo, la operación que se realice con las mercancías que,
descargadas de un barco al muelle vuelven a ser embarcadas en barco distinto o en el
mismo barco en distinta escala sin salir del puerto, salvo que, por necesidades de  Bc
conservación, no se disponga en el puerto de instalaciones apropiadas.
Transbordo es la operación por la cual se trasladan las mercancías de un barco a otro 
sin detenerse en los muelles y con presencia simultánea de ambos barcos durante las 
operaciones.
Cabotaje 
Cabotaje  Exterior 
Embarque/ Exterior Embarque
Desembarque Desembarque
Grupos Desembarque –
– –
– Euros
Euros Euros
Euros
Primero. 0,623 0,949 0,733 1,178
Segundo. 0,893 1,360 1,044 1,697
Tercero. 1,339 2,045 1,561 2,520
Cuarto. 1,972 3,015 2,309 3,699
Quinto. 2,667 4,101 3,162 5,058
Sexto. 3,563 5,470 4,205 6,714
Séptimo. 4,459 6,830 5,249 8,412
Octavo. 9,465 14,504 11,162 17,866
En el tráfico local o de bahía se aplicará el coeficiente 0,5 a las cuantías anteriores.
Tarifa T-4: Pesca fresca.
Primera: Esta tarifa comprende la utilización por los buques pesqueros en actividad y 
los productos de la pesca marítima fresca, de las aguas del puerto, muelles, dársenas, 
zonas de manipulación y servicios generales del puerto.
Segunda: Abonará la tarifa el armador del buque o el que en su representación realice 
la primera venta. Cualquiera de las dos que la hubiera abonado deberá repercutir su 
importe sobre el primer comprador de la pesca, si lo hay, quedando éste obligado a 
soportar dicha repercusión. Lo cual se hará constar de manera expresa y separada en la 
factura o documento equivalente.
Subsidiariamente serán responsables del pago de la tarifa el primer comprador de la 
pesca, salvo que demuestre haber soportado efectivamente la repercusión y el 
representante del armador, en su caso.
Tercera: La cuantía de la tarifa queda fijada en el 2 por 100 del valor de la pesca 
establecido de la siguiente forma:
a)  El valor de la pesca obtenida por la venta en subasta en las lonjas portuarias.
b)  El valor de la pesca no subastada se determinará por el valor medio obtenido en 
las subastas de la misma especie realizadas en el día o, en su defecto, en la semana 
anterior. También podrá utilizarse el precio medio de la cotización real del mercado para 
productos iguales de la semana anterior acreditado por la Dirección General de Mercados 
Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación).
c)  En el caso en que este precio no pudiere fijarse en la forma determinada en los 
párrafos anteriores, la Administración Portuaria de Cantabria lo fijará teniendo en cuenta 
las condiciones habituales del mercado del pescado. e
Cuarta: La pesca fresca transbordada de buque a buque en las aguas del puerto sin  w.
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o utilización de las instalaciones portuarias, abonarán el 50 por 100 de la tarifa siempre
que acrediten el pago de esta tarifa o equivalente en otro puerto de descarga español; en  Bc
caso contrario pagarán la tarifa completa.
Sexta: Los productos de la pesca fresca descargados que, por cualquier causa, no 
hayan sido vendidos y vuelvan a ser cargados en el buque abonarán el 25 por 100 de la 
cuantía de la tarifa establecida en la regla tercera.
Séptima: Para la liquidación de esta tarifa deberá presentarse por el usuario obligado 
al pago, antes de empezar la descarga, carga o transbordo, una declaración o manifiesto 
de pesca, indicando el peso de cada una de las especies que se van a manipular, con 
arreglo a un formato elaborado por la autoridad portuaria. A los efectos de la determinación 
del peso de la pesca, será obligación del armador pasar la misma por la lonja portuaria o 
establecimiento que la Administración Portuaria de Cantabria disponga en el puerto.
Octava: La tarifa aplicable a los productos de la pesca será doble de las señaladas, en 
los supuestos anteriores, en los casos de:
a)  Ocultación de cantidades en la declaración o manifiesto o retraso en su 
presentación.
b)  Inexactitud derivada del falseamiento de especies, calidades o precios resultantes 
de las subastas.
c)  Ocultación o inexactitud en los nombres de los compradores.
Este recargo no será repercutible en el comprador.
Novena: Los industriales armadores que descarguen habitualmente en un mismo lugar 
productos de la pesca con destino a sus fábricas o factorías sin pasar por lonja podrán 
abonar la tarifa por liquidaciones mensuales a la Administración Portuaria de Cantabria.
Décima: El abono de esta tarifa exime al buque pesquero de abono de las tarifas T-1 
«Entrada y estancia de barcos», T-2 «Atraque» y T-3 «Mercancías y pasajeros», por un 
plazo máximo de un mes en el puerto en el que haya abonado la tarifa T-4, a partir de la 
fecha de iniciación de las operaciones de descarga o transbordo.
Undécima: Las embarcaciones pesqueras estarán exentas del abono de la tarifa T-3 
«Mercancías y pasajeros», por el combustible, avituallamientos, efectos navales y de 
pesca, hielo y sal que embarquen para el propio consumo, bien en los muelles pesqueros 
o en otros muelles habilitados al efecto.
Duodécima: La Administración Portuaria de Cantabria está facultado para proceder a 
la comprobación del peso y clase de las especies y calidades de la pesca, siendo de 
cuenta del usuario, obligado al pago de la tarifa, los gastos que se ocasionen como 
consecuencia de dicha comprobación.
Décimotercera: Los titulares de las salas de venta pública tendrán derecho a recibir 
una comisión por su gestión, denominada Premio de Cobranza. El Premio de Cobranza 
será el 0,5 % de la base imponible y se le aplicará los mismos descuentos de esta tarifa.
Tarifa T-5: Embarcaciones deportivas y de recreo.
Primera: Esta tarifa comprende la utilización por las embarcaciones deportivas o de 
recreo, y por sus tripulantes y pasajeros, de las aguas interiores del puerto, de las dársenas 
y zonas de fondeo, de las instalaciones de amarre y atraque en muelles o pantalanes, en 
su caso, y de los servicios generales del puerto.
No será de aplicación a aquellas embarcaciones que no estén matriculadas en lista 
séptima, que devengarán las tarifas T-1 Entrada y estancia de barcos, T-2 Atraque y T-3 
Mercancías y pasajeros, o realicen actividades comerciales sujetas a autorización o 
concesión, para las que se estará a lo establecido en las condiciones del título 
administrativo correspondiente. s
Segunda: Será sujeto pasivo de la tasa el propietario de la embarcación o su  oe.
representante autorizado y, subsidiariamente, el Capitán o Patrón de la misma. w.
eesplíogTrraea rfmcee áqrxaui:em  Lcaao d rbreea lssape eo pmnadbraaa, r lclaaa  lsciquióupnied prafoiccrii óelan e  mdne am nlaeg tatra omrsifá acxu ismaedarrá ay, d seoals ltv ireoem sinupdlotia cdnaetce ei ódsntea le npncr iocado eunnctr tfaoo  neddnee  leoal    2020-504n https://w
o atraque, expresado en días naturales o fracción.
Cuarta:
1.  Tarifa general.
Es de aplicación a aquellas embarcaciones que hagan una utilización esporádica del 
puerto y sus servicios.
Tarifa
–
Tipo de amarre
Euros por metro cuadrado y día 
o fracción
1.a) Fondeado con medios propios. 0,086979
1.b) Fondeado con muerto o cadena de amarre. 0,102793
1.c) Atracado de punta en muelle. 0,142329
1.d) Atracado de costado en muelle. 0,403272
2.  Tarifa para amarres continuos.
Es de aplicación a aquellas embarcaciones cuyo propietario es titular de una 
autorización otorgada por resolución administrativa e implica utilización continua de 
amarre.
Tarifa
Tipo de amarre –
Euros por metro cuadrado y mes
2.a) Fondeado con muerto o cadena de amarre. 2,790076
2.b) Atracado de punta en muelle. 4,066552
2.c) Atracado de costado en muelle. 11,522022
2.d) Fondeado con medios propios. 1,468245
Quinta:
1.  A los atraques no esporádicos en pantalanes, autorizados en virtud de resolución 
administrativa previa convocatoria pública de amarres, les serán de aplicación las 
siguientes tarifas mensuales:
Tarifa general mensual
Tipo de amarre –
Euros/mes
Eslora < 6 m. 55,75
6 ≤ eslora < 8 m. 107,39
8 ≤ eslora < 10 m. 169,87
10 ≤ eslora < 12 m. 254,19
12 ≤ eslora. 21,24 × eslora (m) e.
2.  A los atraques esporádicos en pantalanes, para embarcaciones en tránsito, les 
serán de aplicación las siguientes tarifas diarias:
Tarifa general
Tipo de amarre –
Euros/día
Eslora < 6 m. 6,88
6 ≤ eslora < 8 m. 11,88
8 ≤ eslora < 10 m. 16,98
10 ≤ eslora < 12 m. 25,42
12 ≤ eslora. 2,13 × Eslora (m)
3.  En el caso de que la instalación de pantalanes disponga de acometidas de agua y 
energía en los propios pantalanes, a las tarifas definidas en el epígrafe Quinta 1, se 
añadirán las siguientes, por los servicios que efectivamente se ofrezcan.
Tarifa general
–
Tipo de amarre Euros/mes
Agua Energía
Eslora < 6 m. 1,73 1,73
6 ≤ eslora < 8 m. 2,95 2,95
8 ≤ eslora < 10 m. 4,20 4,20
10 ≤ eslora < 12 m. 6,32 6,32
12 ≤ eslora. 0,536 × Eslora (m) 0,536 × Eslora (m)
La tarifa incluye el pago de los consumos eventualmente realizados.
4.  En el caso de embarcaciones que ocupen los amarres con carácter esporádico, de 
paso o en tránsito, a las tarifas definidas en Quinta 2, se añadirán las siguientes por los 
servicios que efectivamente se ofrezcan.
Tarifa general
–
Tipo de amarre Euros/día
Agua Energía
Eslora < 6 m. 0,211 0,358
6 ≤ eslora < 8 m. 0,296 0,601
8 ≤ eslora < 10 m. 0,422 0,864
10 ≤ eslora < 12 m. 0,643 1,273
0,0532 × Eslora 0,1134 × Eslora e.
12 ≤ eslora. o
(m) (m) w.b
La tarifa incluye el pago de los consumos eventualmente realizados.
realSizeaxráta :p Eolr  aabdoenloa ndtea dlao ,t aari flaa  plalergaa edmab, ayr cpaocri olnoes sd eíans t rqáunsei teo l os dueje ptoa spoa psoivro e ld peucelartroe  sael 
personal del puerto.
El importe de la tarifa aplicable será independiente de las entradas, salidas o días de 
ausencia de la embarcación, mientras tenga asignado puesto de atraque.
Séptima: Los titulares de autorizaciones administrativas para amarre en el puerto, en 
fondeo, en muelle o en pantalán, ingresarán el importe de la tarifa mensual por meses 
adelantados, con independencia de los periodos en que la embarcación no utilice el 
amarre, en tanto esté en vigor dicha autorización.
Si el usuario abonara la tarifa por trimestres completos y a través de domiciliación 
bancaria, se aplicará una bonificación del 20 por 100 sobre la tarifa correspondiente, una 
vez aplicados los descuentos, reducciones o bonificaciones que reglamentariamente 
procedan.
Octava:
1.  Los pensionistas titulares de autorización administrativa que acrediten ser jubilados 
de la mar, mediante certificación expedida por el Instituto Social de la Marina, o acrediten 
unos ingresos anuales de la unidad familiar inferiores a dos veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual establecido para el ejercicio, tendrán derecho a 
una reducción del 50 por 100 sobre las tarifas aplicables.
2.  Las embarcaciones atracadas sin fingers en pantalán abarloadas entre sí abonarán 
un 70 por 100 de la tarifa correspondiente.
3.  Las embarcaciones abarloadas a otras embarcaciones amarradas a muelle o 
pantalán, sin contacto con las infraestructuras portuarias, abonarán el 50 por 100 de la 
tarifa aplicable a la embarcación a la que está abarloada.
4.  Todos los servicios deberán ser solicitados al personal de la Consejería competente 
en materia de puertos que preste sus servicios en el puerto, aplicándose tarifa doble a los 
servicios obtenidos sin autorización, independientemente de la sanción que pueda 
proceder por infracción de la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de 
Cantabria, el Reglamento de servicio y policía del puerto y demás normativa de general 
aplicación.
5.  El abono de la tarifa T-5 no releva de la obligación de desatracar la embarcación, 
de cambiar de lugar de amarre o de fondeo o, incluso, de abandonar el puesto si así fuere 
ordenado motivadamente por la autoridad competente.
En el caso de embarcaciones con amarre esporádico, de paso o en tránsito, la orden 
de abandono dará derecho exclusivamente a la devolución del importe de la ocupación 
abonada por adelantado y no utilizada.
Novena:
1.  A los atraques no esporádicos en pantalanes, correspondientes a la nueva dársena 
deportiva del Puerto de Laredo, autorizados en virtud de resolución administrativa previa, 
les resultarán de aplicación específicamente las siguientes tarifas anuales:
Tarifa Anual
Tipo de Amarre
Eslora de embarcación –
Eslora × Manga
Euros
≤ 5 m 1.174,05
6 m × 2,8 m
> 5 m y ≤ 6 m 1.487,14
≤ 7 m 1.895,18 es
8 m × 3,4 m e.
> 7 m y ≤ 8 m 2.304,27 w.b
10 m × 4,2 m > 9 m≤  y9  ≤m 10 m 23..729857,,8315 2020-504n https://w
12 m × 4,8 m ≤ 11 m 3.915,59 BOE-A-cable e
> 11 m y ≤ 12 m 4.542,80
Tarifa Anual
Tipo de Amarre
Eslora de embarcación –
Eslora × Manga
Euros
≤ 13,5 m 5.483,09
15 m × 5,3 m
> 13,5 m y ≤ 15 m 6.423,38
≤ 16,5 m 7.543,16
18 m × 6,3 m
> 16,5 m y ≤ 18 m 8.663,99
≤ 19 m 9.679,42
20 m × 7,0 m
> 19 m y ≤ 20 m 10.695,88
En relación a la anualidad de 2020, las tarifas se prorratearán en función del momento 
en el que se obtenga la resolución administrativa que habilite la ocupación del pantalán.
En el supuesto de embarcaciones que solo pudieran acceder a pantalanes de 
dimensiones superiores a las que les corresponderían por sus dimensiones, la tarifa será 
la media entre la que le correspondería si hubiera pantalanes disponibles para su 
dimensión de embarcación y la correspondiente al pantalán que finalmente se le asigne.
2.  El usuario abonará la tarifa en todo caso por trimestres completos vencidos, sin 
que por tanto sea de aplicación lo establecido en el apartado 7 de esta tarifa, y sin perjuicio 
de lo señalado en el apartado anterior respecto a la tarificación en el periodo inicial, que 
será desde el momento de la resolución de autorización hasta el final del trimestre en el 
que se produzca.
3.  Las acometidas de agua y energía, así como los consumos eventualmente 
realizados se encuentran incluidos en las tarifas anteriores. De igual forma, se encuentran 
incluidos los gastos de gestión y tramitación que pudieran resultar necesarios para las 
personas físicas o jurídicas que no tengan su residencia habitual en territorio español y 
soliciten la utilización de los atraques de forma periódica.
4.  Cuando la estancia en el puesto de amarre se efectúe por un plazo continuado 
superior a un año, se aplicará una reducción del 20 % sobre la tarifa correspondiente, sin 
que sea de aplicación a esta tarifa reducción alguna de las contempladas en el apartado 
ocho. En el caso de que el autorizado hubiera asumido expresamente el compromiso de 
estancia superior a un año en el momento de efectuar la solicitud, la bonificación se 
aplicará trimestralmente desde el inicio de la estancia, debiendo reintegrar las cuantías de 
las que se hubiera beneficiado en caso de renuncia a dicha solicitud sin cumplir el 
expresado plazo de un año. Si el precitado compromiso se adquiriera una vez autorizada 
la ocupación del puesto de amarre, la bonificación se aplicará desde el inicio de la estancia.
Así mismo, si el usuario abonara la tarifa a través de domiciliación bancaria, se aplicará 
adicionalmente una bonificación del 20 % sobre la tarifa correspondiente, una vez aplicada 
en su caso la reducción prevista en el párrafo anterior, sin que sea de aplicación reducción 
alguna de las contempladas en el apartado ocho de esta tarifa.
5.  A los atraques esporádicos en pantalanes, para embarcaciones en tránsito, les 
serán de aplicación las siguientes tarifas diarias:
Tarifa diaria total
Tipo de Amarre
Eslora de embarcación –
Eslora × Manga
Euros es
≤ 5 m 29,22 w.b
6 m × 2,8 m w
8 m × 3,4 m >>  57  mm≤   7yy   m≤≤  68  mm 333012,,,333005 OE-A-2020-504able en https://w
Tarifa diaria total
Tipo de Amarre
Eslora de embarcación –
Eslora × Manga
Euros
≤ 9 m 33,39
10 m × 4,2 m
> 9 m y ≤ 10 m 35,49
≤ 11 m 36,53
12 m × 4,8 m
> 11 m y ≤ 12 m 38,61
≤ 13,5 m 40,70
15 m × 5,3 m
> 13,5 m y ≤ 15 m 43,84
≤ 16,5 m 46,96
18 m × 6,3 m
> 16,5 m y ≤ 18 m 50,10
52,18
20 m × 7,0 m
> 19 m y ≤ 20 m 55,31
Para embarcaciones de menos de 8 metros se establece una bonificación del 25 % y si 
la embarcación, además, es de menos de 6 metros la bonificación se amplía hasta el 50 %.
El abono de la tarifa para embarcaciones en tránsito o de paso por el puerto se 
realizará por adelantado, a la llegada, y por los días que el sujeto pasivo declare al 
personal del puerto. Las acometidas de agua y energía, así como los consumos 
eventualmente realizados se encuentran incluidas en las tarifas anteriores.
6.  El importe de la tarifa aplicable será independiente de las entradas, salidas o días 
de ausencia de la embarcación, mientras tenga asignado puesto de atraque.
Tarifa T-6: Grúas.
Esta tarifa comprende la utilización de grúas fijas, propiedad del Gobierno de 
Cantabria, que existen en sus puertos.
La base para la liquidación de esta tarifa será el tiempo de utilización de la grúa que, a 
efectos de facturación, será entre la hora en la que se haya puesto a disposición del 
peticionario y la de terminación del servicio. La facturación se hará por horas completas y 
será abonada por el peticionario del servicio.
La cuantía de la tarifa será de 48,87 euros por cada hora o fracción.
Tarifa T-7: Almacenaje.
Primera: Esta tarifa comprende la utilización de espacios, explanadas, cobertizos, 
tinglados, almacenes, locales y edificios, con sus servicios generales correspondientes, 
para el almacenaje de mercancías y vehículos. Se excluye la ocupación y utilización del 
dominio público portuario para llevar a cabo otras actividades que exijan el otorgamiento 
de las respectivas autorizaciones o concesiones.
Los espacios destinados a depósito y almacenamiento de mercancías y otros 
elementos se clasifican, de un modo general, en dos zonas:
Zona de tránsito. e.
Zona de almacenamiento. w.b
haalmsatPLacao el ranz  zoefoansnc ahsa ia dtdudeeaa  d atdroláemsn  laseoicnstoe  tl naisna egzm oleainnedatnoi estdon.e d esese l ralva iq cfuiooer  mdliemal diptaau  ecprootnor  ,l tafou dzeaorasn  adl aeds el a emsx apznloainonabasrda dases y ,m  stiaenn geiloxabtdieroanssd  eoy    OE-A-2020-50able en https://
de tránsito.
La zona de maniobra inmediata a los atraques de los barcos no es zona de depósito 
de mercancías, salvo excepciones con previa y explícita autorización de la Administración 
Portuaria de Cantabria. La identificación y extensión de cada una de estas zonas en los 
distintos muelles se determinarán por la Administración Portuaria de Cantabria.
Segunda: La tarifa será abonada por los peticionarios del servicio, siendo responsables 
subsidiarios del pago los propietarios de las mercancías almacenadas y, en su defecto, sus 
representantes autorizados, salvo que prueben haber hecho a éstos provisión de fondos.
Tercera: Esta tarifa se aplicará al producto de la superficie ocupada por el tiempo 
reservado. La Administración Portuaria de Cantabria podrá aplicar una franquicia de dos 
días como máximo para las mercancías que embarcan o desembarcan con medios 
rodantes; para el resto, dicha franquicia de dos días será obligatoria. La cuantía será fijada 
por la Administración Portuaria de Cantabria, respetando los siguientes mínimos:
Zona de tránsito: La cuantía mínima será de 0,024434 euros por metro cuadrado y día. 
Los coeficientes de progresividad a aplicar serán los siguientes:
Primero al décimo día, 1; undécimo al trigésimo día, 4; trigésimo primero al sexagésimo 
día, 8, y más de setenta días, 16.
Zona de almacenamiento: La cuantía será fijada por la Administración Portuaria de 
Cantabria, teniendo en cuenta el precio de mercado, y será siempre superior a 0,017104 
euros por metro cuadrado y día.
En ambas zonas la cuantía establecida en los párrafos anteriores se incrementará, 
como mínimo, según los casos, en 0,032577 euros por metro cuadrado y día, cuando la 
superficie esté cubierta y abierta, y en 0,048868 euros por metro cuadrado y día, cuando 
la superficie esté cubierta y cerrada.
Cuarta: El almacenaje se contará desde el día para el que se haya hecho la reserva 
hasta que la mercancía deje la superficie libre.
Quinta: La forma de medir los espacios ocupados por las mercancías o vehículos será 
por el rectángulo circunscrito exteriormente a la partida total de mercancías o elementos 
depositados, definido de forma que dos de sus lados sean paralelos al cantil del muelle, 
redondeando el número de metros cuadrados que resulte para obtener el número 
inmediato sin decimales. De análoga forma se procederá en tinglados y almacenes, 
sirviendo de referencia los lados de ellos.
Sexta: La Administración Portuaria de Cantabria no responderá de los robos, siniestros 
ni deterioros que puedan sufrir las mercancías.
Séptima: Las bases para la liquidación de esta tarifa en el caso de locales, edificios o 
almacenillos será la superficie ocupada y los días de ocupación.
Las cuantías de las tarifas de ocupación serán las siguientes:
Para depósito de artes y pertrechos de los armadores de embarcaciones de pesca:
– Planta baja de los almacenillos: 0,032577 euros por metro cuadrado y día.
– Cabrete de fábrica en aquellos almacenillos que lo tengan o terraza accesible 
habilitada para depósito: 0,012215 euros por metro cuadrado y día.
Para otras utilizaciones:
– Planta baja de edificio: 0,065157 euros por metro cuadrado y día. s
– Cabrete de fábrica en los almacenillos que lo tengan o terraza accesible habilitada  e.
para depósito: 0,032577 euros por metro cuadrado y día. w.
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Segunda: La base para la liquidación de esta tarifa será el número de unidades 
suministradas.
Tercera: La tarifa de agua se devengará con arreglo a la medición que señalen los 
contadores existentes en las aguadas, y se entiende para suministros mínimos de 5 metros 
cúbicos.
Los suministros de energía eléctrica se prestarán previa petición, por escrito, de los 
usuarios, haciendo constar la potencia de alumbrado que precisa, el número de máquinas 
o herramientas y características de las que precisan la energía y la hora de iniciación de la 
prestación.
Las cuantías de esta tarifa serán las siguientes:
Por metro cúbico de agua suministrado o fracción: 0,887753 euros.
Por kilovatio por hora de energía eléctrica o fracción: 0,488671 euros.
Tarifa T-9: Servicios diversos.
Primera: Esta tarifa comprende cualesquiera otros servicios prestados en régimen de 
gestión directa por la Administración Portuaria de Cantabria no enumerados en las 
restantes tarifas.
Segunda: Son normas generales de ocupación de rampas y carros de varada las 
siguientes:
El plazo de permanencia máxima de la embarcación en la instalación será fijado por la 
Administración Portuaria de Cantabria, a la vista de los datos contenidos en la solicitud 
formulada por el peticionario. Si cumplido este plazo sigue la instalación ocupada, la tarifa 
se incrementará en un 10 por 100 el primer día que exceda del plazo autorizado; en un 20 
por 100 el segundo día; en un 30 por 100 el tercero, y así sucesivamente.
Los peticionarios deberán depositar una fianza de 0,798482 euros por metro de eslora. 
Las embarcaciones propiedad del Estado o de las Comunidades Autónomas no precisarán 
fianza.
Tercera: Son sujetos pasivos obligados al pago de esta tarifa los usuarios de los 
correspondientes servicios.
Cuarta.–Tarifa T-9.1: Ocupación de los carros de varada.
Por subida, estancia durante las primeras 24 horas (2 mareas) y bajada: 64,80 euros.
Por estancia durante las segundas 24 horas (dos mareas): 34,42 euros.
Por estancia durante las terceras 24 horas (dos mareas): 48,20 euros.
Por estancia durante las cuartas 24 horas (dos mareas): 68,86 euros.
Por estancia durante cada 24 horas siguientes: 101,98 euros.
Quinta.–Tarifa T-9.2: Ocupación de las rampas de varada.
La cuantía por ocupación parcial de las rampas de varada, por día o fracción, será:
Por cada día o fracción a pinazas, gabarras, embarcaciones para servicio del Puerto y 
buques de comercio: 4,80 euros.
Por cada día o fracción a buques de pesca con cubierta y embarcaciones de recreo 
con motor: 2,37 euros.
Por cada día o fracción a buques sin cubierta y embarcaciones de recreo sin motor:  es
0,651 euros. bo
Sexta.–Tarifa T-9.3: Básculas: La cuantía será de 2,45 euros por cada pesada. 4w
Séptima.–Tarifa T-9.4: Aparcamiento o estacionamiento de vehículos.
destLinaa cduoasn atí ae pstoer  feins taseciroán daem 6ie,3n2to  eduer ousn. camión o vehículo industrial en los aparcamientos
4.–Tasa Autonómica de abastecimiento de agua.
Tasa Autonómica de Abastecimiento de aguas, según ley 2/2014, de 26 de noviembre, 
de abastecimiento y Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
CAPÍTULO III
Tasa autonómica de abastecimiento de agua
Artículo 38.  Normas Generales.
La tasa autonómica de abastecimiento de agua es un tributo propio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria exigible por la prestación del servicio de abastecimiento de agua 
por la Comunidad Autónoma.
Artículo 39.  Compatibilidad con otros ingresos tributarios.
La tasa autonómica de abastecimiento de agua es compatible con cualquier otro tributo 
relacionado con la utilización del agua, tanto con las figuras tributarias previstas en la 
legislación estatal de aguas, como con las tasas municipales destinadas a la financiación 
del servicio de suministro domiciliario.
Artículo 40.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa es la prestación de los servicios de abastecimiento 
de agua, tanto bruta como potable, por parte de la Comunidad Autónoma.
2.  A los efectos de esta tasa se entiende por prestación de servicios tanto el 
suministro de agua como la disponibilidad de las instalaciones que integran el 
correspondiente sistema de abastecimiento.
Artículo 41.  Sujetos pasivos.
1.  Son sujetos pasivos de la tasa de abastecimiento en concepto de contribuyentes, 
los municipios y excepcionalmente otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 
y las comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, a los que se preste el 
servicio.
2.  Los municipios podrán repercutir en sus tarifas el importe de la tasa sobre los 
usuarios finales del servicio.
Artículo 42.  Base imponible.
1.  Constituye la base imponible de la tasa autonómica de abastecimiento de agua, 
tanto bruta como potable, el volumen de agua suministrado por la Comunidad Autónoma y 
registrado en los equipos de medida de caudal de salida de los sistemas de abastecimiento 
correspondientes, expresado en metros cúbicos.
2.  Excepcionalmente y en los casos en los que no sea posible la medición de los 
caudales en los términos indicados en el apartado anterior, la base imponible se 
determinará atendiendo a los antecedentes disponibles que resulten de aplicación, así 
como a otras magnitudes y datos relevantes a tal fin. s
Artículo 43.  Cuota tributaria y tipos de gravamen. w.
la su1m. a Ldae c tureosta c torimbuptoanriean dtees l:a u tnaas ap aaurtteo nfiójam dicea g daera anbtíaas tdeec ismuimenintois dtreo ,a ugnuaa  psaer toeb tvieanriea bdlee 
de suministro y una parte variable de exceso sobre la garantía de suministro.
2.  En el caso de la tasa autonómica de abastecimiento de agua potable, los tres 
componentes que determinan su cuantía se concretan del siguiente modo:
a)  Parte fija de garantía de suministro: Es la cantidad trimestral expresada en euros 
que se calcula a partir de la multiplicación del volumen trimestral de garantía asignado por 
una tarifa de 0,08481 euros/metro cúbico.
b)  Parte variable de suministro. La parte variable queda fijada en 0,1336 euros/metro 
cúbico suministrado para los trimestres de invierno (trimestres naturales primero, segundo 
y cuarto) y en 0,1697 euros/metro cúbico suministrado para el trimestre de verano (tercer 
trimestre natural).
c)  Parte variable de exceso sobre la garantía de suministro: Es la cantidad anual 
expresada en euros que se calcula a partir de la multiplicación del volumen suministrado 
en exceso sobre el volumen determinado en el párrafo a) por una tarifa de 0,42406 euros/
metro cúbico.
3.  Para la tasa autonómica de abastecimiento de agua bruta, los tres componentes 
que determinan su cuantía se concretan del siguiente modo:
a)  Parte fija de garantía de suministro: Es la cantidad anual expresada en euros que 
resulta de multiplicar el volumen en metros cúbicos de volumen de garantía anual 
solicitado, por una tarifa de 0,07819 euros/metro cúbico.
b)  Parte variable de suministro: La parte variable queda fijada en 0,04593 euros/
metro cúbico suministrado.
c)  Parte variable de exceso sobre la garantía de suministro: Es la cantidad anual 
expresada en euros que se calcula a partir de la multiplicación del volumen suministrado 
en exceso sobre el volumen determinado en el párrafo a) por una tarifa de 0,39094 euros/
metro cúbico.
4.  Para el cálculo de la parte fija de la tasa, la determinación del volumen de garantía 
de suministro, tanto en el caso de agua potable como de agua bruta, requerirá la previa 
solicitud del sujeto pasivo en los términos previstos reglamentariamente.
A estos efectos, la garantía de suministro se concreta, en el caso del agua potable, en 
el máximo volumen que el sujeto pasivo prevé consumir en un trimestre natural. Tratándose 
de agua bruta, el volumen de garantía viene determinado por el máximo volumen que el 
sujeto pasivo tiene previsto consumir en un período de un año.
El órgano competente en materia de abastecimiento y saneamiento de la Administración 
autonómica asignará el volumen de garantía solicitado en atención a la capacidad técnica 
y operativa que las infraestructuras correspondientes tienen para asegurar el suministro, 
así como de la disponibilidad del recurso y de la legislación que resulte de aplicación en 
cada caso.
El volumen asignado podrá revisarse una vez cada cuatro años a petición del sujeto 
pasivo.
5.  No será de aplicación la parte fija en los supuestos de suministro de agua a los 
servicios públicos de extinción de incendios y emergencias.
6.  Sobre la cuota tributaria obtenida de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 
anteriores se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los términos establecidos en 
la legislación aplicable.
7.  Se aplicará una reducción en la cuota tributaria a aquellos Ayuntamientos, 
Mancomunidades y Consorcios que incluyan en sus ordenanzas municipales la  s
bonificación o reducción de la tasa municipal por el suministro de agua potable a los  oe.
sujetos pasivos que se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el  w.
aodr edtlí ecc uo1lno5s 02u 5mm.33o  d dmee í alnagi muparoe,  seseis lntaat ebu lnLeiecdiyad doy   cfpauomyr oielsial  Acr oylanu scnuotammmopisoe nnaetnonu. amleáss  ndoe  etrxecse pdearns odnea 1s2, 0o  men3  dseu  acgausoa   2020-504n https://w
La reducción que se aplicará sin carácter acumulativo en la cuota tributaria, que en
ningún caso podrá ser inferior a cero, será el 50 % del importe que los Entes Locales hayan,  Bc
a su vez, bonificado o reducido a los usuarios que se encuentren en alguna de las situaciones 
señaladas en el artículo 25.3, con un máximo de 120,00 euros por usuario y año.
Artículo 44.  Periodo impositivo y devengo.
1.  El período impositivo de la tasa autonómica de abastecimiento de agua potable es 
el trimestre natural, devengándose ésta el último día de cada trimestre.
2.  El período impositivo de la tasa autonómica de abastecimiento de agua bruta es el 
año natural, devengándose el último día de este período.
Artículo 45.  Liquidación.
1.  La  tasa  autonómica  de  abastecimiento  de  agua  potable  se  liquidará 
trimestralmente.
2.  La tasa autonómica de abastecimiento de agua bruta será liquidada anualmente 
por el órgano competente de la Administración autonómica durante el primer trimestre del 
año siguiente al de la prestación del servicio.
3.  Reglamentariamente se establecerán los términos en los que se realizará la 
liquidación de la tasa.
Artículo 46.  Gestión tributaria.
1.  La tasa autonómica de abastecimiento de agua queda sometida en su regulación 
a lo previsto en la presente Ley y en sus normas de desarrollo y, supletoriamente, a lo 
establecido en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios 
Públicos, así como a la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas y, en su 
caso, a la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.
2.  La aplicación de la tasa autonómica de abastecimiento de agua corresponde en 
cuanto a su gestión y liquidación al órgano competente en materia de abastecimiento y 
saneamiento de la Administración autonómica.
3.  Corresponde a la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria la inspección y 
la recaudación en periodo ejecutivo de la tasa autonómica de abastecimiento de agua.
5.–Tasa por tramitación de solicitudes de autorizaciones en suelo rústico y en zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la presente tasa la actividad 
realizada por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo en 
la tramitación de solicitudes de autorización en suelo rústico, tanto si la competencia 
resolutoria es de la Comunidad Autónoma como si se residencia en el Ayuntamiento, todo 
ello según lo establecido en la legislación vigente en la materia, así como la tramitación de 
solicitudes de autorizaciones en el ámbito de la zona de servidumbre de protección del 
dominio público marítimo terrestre, incluido el suelo urbano.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y las 
entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la autorización de 
construcciones en suelo rústico cuando la competencia para otorgarlas resida en la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como cuando soliciten a 
la citada Comisión la emisión del preceptivo informe para resolver por parte del 
Ayuntamiento y la tramitación de autorizaciones en el ámbito de la zona de servidumbre 
de protección del dominio público marítimo-terrestre, incluido el suelo urbano. e.e
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de formular ante la Administración  b
autonómica la solicitud que origine la actuación administrativa. w
servTTidaaursimafa bspr.o–er L dtare a tpamrsoiatat etciceiócnnióe n du edn easl o údlniocimictauin dtiaeors pi fadú:eb liacuot moraizraítcimioon etesr reens tsreu,e ilnoc lruúisdtoic eol  syu eenlo z uornbaa ndoe:   OE-A-2020-50able en https://
43,85 euros.
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE.
1.–Tasa por ordenación y defensa de las industrias agrícolas, forestales y pecuarias.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la realización por parte de la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de los 
servicios, trabajos y estudios tendentes a la inscripción en el Registro de Industrias 
Agroalimentarias, Forestales y Pesqueras de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 
nuevas instalaciones de industrias o de las modificaciones de las ya existentes y al control, 
a efectos del citado Registro, de las industrias transformadoras de productos agrícolas, 
forestales, pecuarios y pesqueros de nuestra Comunidad Autónoma.
Los servicios, trabajos y estudios son los siguientes:
Por Inscripción de nuevas instalaciones de industrias o modificación de las ya 
existentes por ampliación, perfeccionamiento, sustitución, cambios de actividad, traslado 
o cambio de titularidad.
Por certificado de funcionamiento.
Por inspección, comprobación y control de las industrias agrícolas, forestales, 
pecuarias y pesqueras cuando den origen a expedientes de modificación.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos todas las personas físicas o jurídicas y las 
Entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten los servicios o para 
las que se realicen de oficio los trabajos o estudios sujetos a gravamen.
Devengo.–El devengo se producirá en el momento de presentarse la solicitud de la 
actividad administrativa. Si no se precisara de solicitud, la tasa se devengará al efectuarse 
por la Administración el trabajo, servicio o estudio.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa  1.  Por  instalación  de  industria  o  modificación  por  ampliación  o  por 
perfeccionamiento de instalaciones. (Sobre valor de la instalación):
Hasta 30.000 euros: 94,50 euros.
De 30.000,01 euros a 100.000 euros: 119,01 euros.
Por cada 60.000 euros adicionales o fracción: 24,51 euros.
Tarifa 2. Por modificación por sustitución o perfeccionamiento de maquinaria. (Sobre 
valor de la maquinaria):
Hasta 30.000 euros: 25,96 euros.
De 30.000,01 euros a 100.000 euros: 39,03 euros.
Por cada 60.000 euros adicionales o fracción: 13,07 euros.
Tarifa 3. Por modificación por traslado de industria. (Sobre valor de la instalación):
Hasta 30.000 euros: 62,78 euros.
De 30.000,01 euros a 100.000 euros: 81,38 euros.
Por cada 60.000 euros adicionales o fracción: 18,60 euros.
Tarifa 4. Por modificación por cambio de titularidad. (Sobre valor de la instalación):
Hasta 30.000 euros: 25,96 euros. e.
De 30.000,01 euros a 100.000 euros: 39,02 euros. w.b
Por cada 60.000 euros adicionales o fracción: 13,07 euros. 4w
instaTlaarciifóan )5:. Por puesta en marcha de industria de temporada. (Sobre valor de la  OE-A-2020-50able en https://
Hasta 30.000 euros: 14,56 euros.
De 30.000,01 euros a 100.000 euros: 22,49 euros.
Por cada 60.000 euros adicionales o fracción: 3,98 euros.
2.–Tasa por gestión técnico-facultativa de los Servicios Agronómicos.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la presente tasa la realización por 
los Servicios Agronómicos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente de las actividades enumeradas en las tarifas, si tales 
servicios resultan de solicitud o recepción obligatoria para los administrados y además no 
pueden prestarse por el sector privado.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a las que se presten los servicios o trabajos 
referidos en las tarifas.
Devengo.–Si el servicio se presta a instancia de parte, la tasa se devengará al 
formularse la solicitud correspondiente. En otro caso, el devengo se producirá al efectuarse 
el servicio gravado.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1.
1.  Por ensayos autorizados por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente de productos o especialidades fitosanitarias y enológicas, 
así como los que preceptivamente han de efectuarse para la inscripción de variedades de 
plantas, incluidas la redacción de dictamen facultativo, censura de la propaganda y los 
derechos de inscripción en el Registro correspondiente, se aplicarán las siguientes tarifas:
a)  Productos fitosanitarios: 40,72 euros.
b)  Ensayos para inscripción de variedades de plantas: 28,51 euros.
Por la inscripción en los Registros oficiales:
a)  Con Inspección facultativa: 19,55 euros.
b)  Sin Inspección facultativa: 9,12 euros.
3.  Por los informes facultativos de carácter económico - social o técnico que no estén 
previstos en los aranceles: 20,34 euros, que se reducirán en un 50 por 100 si el peticionario 
es una Entidad agropecuaria de carácter no lucrativo.
4.  Expedición de duplicados de certificados de inscripción en Registros Oficiales: 
18,22 euros.
5.  Levantamiento de actas por personal facultativo o técnicos agronómicos:
a)  Sin toma de muestras: 10,41 euros.
b)  Con toma de muestras 10,41 euros. Esta tarifa se incrementará con el valor del 
análisis de la misma.
Tarifa 2.
Por expedición de carnet de aplicador de plaguicidas por cinco años: 15,64 euros.
3.–Tasa por prestación de servicios facultativos veterinarios.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la prestación por la Consejería de  e
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de los servicios y  bo
trabajos enumerados en las tarifas, si los efectúa sin concurrencia del sector privado, y los  w
sereencrtvoidSigcauiiddojeoestss os   edopnena l s ldaaievsrot  íst.ca–ourEliilcfosai tts3áu.5nd.  4oo b drleiegc aleadp oLcseió yan lG  opebanlgigeoar adtole rT ilarai b ptauastraaar  illaao ssa   palaedsrms qoinuniesa tssr aefíd spoicrsea.sst eon ju lroísd iscearsv yic liaoss   OE-A-2020-50able en https://
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitarse el servicio o, en su caso, 
en el momento de su realización de oficio por la Administración.
Exenciones.–Estarán exentos del pago de esta Tasa los organismos públicos 
dependientes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, así como las personas naturales o jurídicas y las entidades del 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a quienes se presten los mencionados servicios 
con ocasión de campañas de saneamiento promovidas por la Consejería de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Por los trabajos y gastos de desinfección y desinsectación de vehículos 
utilizados en el transporte de ganado por carretera, explotaciones pecuarias, locales 
destinados a ferias, mercados, concursos, exposiciones y demás lugares donde se 
alberguen o contraten ganados o materias contumaces a petición de parte, y cuando se 
realicen por los Servicios dependientes de la Dirección General de Ganadería:
– Por vehículo:
• Hasta 4 toneladas un solo piso: 1,81 euros.
• Hasta 4 toneladas, dos o más pisos: 2,69 euros.
• De 4 toneladas en adelante, un solo piso: 1,81 euros.
• De 4 toneladas en adelante, dos o más pisos: 3,88 euros.
• Por jaula o cajón para res de lidia: 0,611 euros.
• Por jaula o cajón para aves: 0,164 euros.
• Locales o albergues de ganado, por metro cuadrado de superficie: 0,028506 euros.
Tarifa 2. Expedición de certificados, visados de facturas, comprobación de cupos de 
materias primas y demás trámites de carácter administrativo que precisen informes y 
consultas o búsqueda de documentos en archivos oficiales: 13,02 euros.
Tarifa 3.
1.  Por la prestación de servicios analíticos bacteriológicos, virológicos, parasitológicos, 
serológicos, clínicos, histológicos, bromatológicos, instrumentales, físico-químicos 
(agroalimentarios) y moleculares. Por cada determinación de cada muestra: 9,58 euros.
2.  Por la prestación de servicios bacteriológicos, virológicos, parasitológicos, 
serológicos, clínicos, histológicos, bromatológicos, instrumentales, físico-químicos 
(agroalimentarios) y moleculares correspondientes a programas o actuaciones nacionales 
y/o autonómicos tutelados. Por cada determinación de cada muestra: 4,26 euros.
Esta tarifa estará exenta si así lo establecen los programas o actuaciones nacionales 
o autonómicas.
Tarifa 4. Certificado sanitario de traslado: 4,90 euros.
Tarifa 5. Reposición marca auricular para identificación animal según normativa 
vigente: 4,90 euros.
Tarifa 6. Inspección facultativa veterinaria a petición de parte para la comprobación de 
la situación sanitaria o identificación de animales, o para verificación del cumplimiento de 
los requisitos de autorización de centros o establecimientos ganaderos, o de vehículos de 
transporte de ganado:
6.1  Explotaciones ganaderas: 15,64 euros. e.
6.2  Otros Centros ganaderos y vehículos de transporte de ganado: 39,08 euros. w.
6.3  En Centros de concentración o instalaciones de operadores comerciales fuera  4w
del horario laboral de atención al público: 364,64 euros por día de inspección.
Tarifa 7. Inscripción o actualización en el registro de explotaciones ganaderas, 
vehículos de transporte de ganado, otros centros ganaderos y en el registro de 
establecimiento de piensos:
1.  Sin inspección veterinaria: 19,55 euros.
2.  Con inspección veterinaria para comprobación de requisitos de autorización: 35,59 
euros.
Tarifa 8. Por expedición de documentos de identificación o calificación sanitaria; 
expedición de etiquetas de identificación de LETRA Q: 4,64 euros.
Tarifa 9. Solicitud de inscripción en el registro de animales de compañía o de vehículos 
destinados al transporte de estos animales: 4,90 euros.
Tarifa 10. Expedición y actualización de la cartilla ganadera para la confección del 
mapa epizootológico: 1,02 euros por el importe del impreso con validez periódica de dos 
años.
Tarifa 11. Recogida y mantenimiento de animales sin documentación sanitaria 
insuficientemente identificados o que supongan un riesgo para la salud pública o la sanidad 
animal.
1.  Por recogida: 149,80 euros.
2.  Por mantenimiento (coste diario): 254,00 euros.
3.  Por sacrificio: 78,14 euros.
Tarifa 12. Por traslado e instalación de manga de manejo de animales para la 
realización de actuaciones en materia de sanidad e identificación animal: 364,64 euros.
Tarifa 13. Levantamiento de actas por personal facultativo veterinario a petición de 
parte o como consecuencia de la detección de un incumplimiento que dé lugar a controles 
oficiales que excedan de las actividades normales de control:
A.  Sin toma de muestras: 9,92 euros.
b.  Con toma de muestras: 9,92 euros. Esta tarifa se incrementará con el valor del 
análisis de la misma.
Tarifa 14. Cambio de Titular en el Registro de animales de compañía.
– Sin inspección Veterinaria: 18,61 euros.
Tarifa 15. Marcado de ganado bovino con un identificador electrónico tipo bolo ruminal. 
Este servicio se llevará a cabo por personal facultativo veterinario: 21,08 euros.
Tarifa 16. Realización de pruebas de campaña saneamiento ganadero a petición de 
parte. Este servicio se llevará a cabo por personal facultativo veterinario: 10,54 euros.
Tarifa 17. Identificación de ganado bovino con marcas auriculares según la normativa 
vigente: 2,65 euros.
4.–Tasa por pesca marítima.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación por 
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 
los servicios enumerados a continuación:
Expedición del carné de mariscador. s
Expedición de licencias de pesca marítima de recreo, en aguas interiores de la  oe.
Comunidad Autónoma de Cantabria. w.
Expedición de licencias de recogida de algas de arribazón en las playas y otras zonas  4w
dmeisl mlitaosra.l de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como el corte o arranque de las
EExxppeeddiicciióónn  ddee  gguuííaass  ddee  terxapnesdpiocritóen  yy c viracluelsa cdieó nc idrceu lmacairóisnc doe. algas. BOE-A-cable e
Otorgamiento de autorización para marisqueo y extracción de algas.
Tramitación de concesiones en terrenos de dominio público para instalaciones de 
marisqueo y de acuicultura marina.
Autorización de instalaciones y establecimientos de marisqueo y acuicultura, así como 
la comprobación e inspección de los mismos.
Expedición de certificados relacionados con establecimientos de marisqueo, 
acuicultura y algas.
Expedición de autorizaciones para la pesca de angula.
Expedición de autorizaciones para la extracción de algas.
Expedición de chalecos identificativos para el ejercicio de la actividad marisquera, 
recogida de arribazón y pesca profesional de la angula.
En ningún caso se comprenderán en esta tasa las satisfechas por la utilización 
privativa del domino público.
Sujeto pasivo.–En los supuestos 1, 2 y 3 las personas físicas o jurídicas que soliciten 
los carnés o licencias, en los supuestos 4 y 5, las personas físicas o jurídicas que expidan 
la mercancía a transportar. En el resto de los supuestos las personas físicas o jurídicas a 
nombre de las cuales se expidan las concesiones o autorizaciones, sean titulares de las 
instalaciones o establecimientos inspeccionados o comprobados, o soliciten la expedición 
de certificados o elementos identificativos.
Devengo.–La tasa se devengará al solicitarse la expedición de los carnés, licencias, 
guías, autorizaciones, concesiones y certificados, y al realizarse la comprobación o 
inspección en el resto de los casos.
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Expedición del carné de mariscador:
– Carné de primera clase, para mariscar a flote y a pie: 5,13 euros.
– Carné de segunda clase, para mariscar a pie: 5,13 euros.
Tarifa 2. Expedición de licencias de pesca marítima de recreo:
– Licencia de primera clase, para pescar desde embarcaciones, tanto en aguas 
interiores como fuera de aguas interiores: 15,19 euros.
– Licencia de segunda clase, para pescar en apnea o pulmón libre: 15,19 euros.
Bonificación.–Esta tarifa estará sujeta a una bonificación del 50 % en el caso de 
solicitud de duplicado de las licencias de pesca marítima de recreo por pérdida o deterioro 
de la misma. Se expedirá este duplicado manteniendo el periodo de vigencia del original y 
haciendo constar en el documento dicha circunstancia.
Exenciones.–Estarán exentos del pago de esta tarifa los sujetos pasivos, qué a la 
fecha del devengo de la tasa, hayan cumplido los 65 años.
Tarifa 3. Expedición de licencia de recogida de algas de arribazón.
Licencia individual de recolector de arribazón (anual): 4,27 euros.
Licencia para los barcos recolectores de arribazón (anual): 7,75 euros.
– Licencia de actividad para empresas recolectoras de arribazón (anual): 31,00 euros.
Tarifa 4. Expedición de guías de transporte y circulación de marisco.
Expedición de guías de transporte y circulación de marisco: 4,73 euros. oe.
Tarifa 5. Despacho de guías de expedición y vales de circulación. 4w
Despacho de guías de expedición y vale de circulación: 4,73 euros.
Tarifa 6. Otorgamiento y tramitación de autorizaciones, o concesiones para marisqueo 
y extracción de algas, así como comprobaciones e inspecciones de las instalaciones 
efectuadas al amparo de concesión o autorización.
Valor de la instalación:
– Hasta 3.005,06 euros: 4,17 euros.
– De 3.005,07 a 6.010,12 de euros: 5,56 euros.
– De 6.010,13 a 12.020,24 de euros: 9,04 euros.
– Por cada 6.010,12 euros de más o fracción: 3,47 euros.
– Comprobaciones e inspecciones: 11,64 euros.
Tarifa 7. Expedición de autorizaciones para la pesca de angula, tanto deportiva como 
profesional.
– Expedición de autorización para la pesca de angula, tanto deportiva como 
profesional: 37,95 euros.
Tarifa 8. Expedición de autorizaciones para los barcos de extracción de algas mediante 
técnicas de arranque.
– Expedición de autorizaciones para los barcos de extracción de algas mediante 
técnicas de arranque: 49,04 euros.
Tarifa 9. Expedición de chalecos identificativos para el ejercicio de la actividad 
marisquera, de recogida de arribazón y pesca profesional de la angula.
– Expedición de chalecos identificativos para el ejercicio de la actividad marisquera, 
de recogida de arribazón y pesca profesional de la angula: 19,72 euros.
5.–Tasa por la prestación de servicios de ejecución de trabajos en materia forestal.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de los 
servicios o trabajos expresados en las tarifas cuando sean consecuencia de la tramitación 
de expedientes iniciados de oficio por la Administración o a instancia de parte, siempre que 
en este último caso el servicio resulte de solicitud o recepción obligatoria para los 
administrados.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o a quienes se 
presten los servicios o trabajos sujetos a gravamen.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento en que se solicite la prestación del 
servicio o cuando se realice éste, si se produjera de oficio.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Levantamiento de planos.
Por el levantamiento de hasta seis puntos, incluso los auxiliares: 74,39 euros. Los 
puntos adicionales se devengarán a razón de 12,41 euros cada uno.
La tarifa incluye la entrega de un ejemplar del plano levantado de las características 
adecuadas a cada caso.
Tarifa 2. Replanteo de planos. e.
Por el replanteo de hasta cuatro puntos: 74,39 euros. Los puntos adicionales se  w
devengarán a razón de 18,60 euros cada uno.
Tarifa 3. Deslinde.
Por el apeo de hasta cuatro piquetes, incluyendo el levantamiento topográfico y la 
confección de plano al efecto: 148,78 euros. Los piquetes adicionales se devengarán a 
razón de 37,20 euros cada uno.
Tarifa 4. Amojonamiento.
Por la colocación de hasta 2 hitos: 148,78 euros. La tarifa comprende el replanteo del 
punto, si así fuera necesario.
Tarifa 5. Cubicación e inventario de existencias.
Inventario de árboles en pie: 0,0374 euros/m3.
Inventario de existencias apeadas: El 5 por 100 del valor inventariado.
Cálculo de corchos, resinas, frutos, etc.: 0,0267 euros/pie.
En todo caso con un mínimo de 7,44 euros por actuación.
Tarifa 6. Valoraciones.
El 5 por 1000 del valor, con un mínimo de 11,80 euros por actuación.
Tarifa 7. Señalamiento e inspección de concesiones y autorizaciones sobre dominio 
público forestal.
1.  Por el señalamiento de los terrenos concedidos: 2,47 euros/ha, con un mínimo 
de 18,60 euros por actuación.
2.  Por la inspección anual del disfrute: el 5 por 100 del canon anual, con un devengo 
mínimo de 7,44 euros por actuación.
Tarifa 8. Informes.
El 10 por 100 del importe de las tarifas que correspondan a la ejecución del servicio o 
trabajo que motiva el Informe, con un mínimo de 74,39 euros por actuación.
Tarifa 9. Señalamiento, inspección y entrega de aprovechamientos y disfrutes 
forestales en toda clase de montes.
1.  Maderas:
a)  Señalamiento: 0,1171 euros/m3.
b)  Contada en blanco: 0,1383 euros/m3.
c)  Reconocimiento final: 0,1064 euros/m3.
2.  Leñas:
a)  Señalamiento: 0,1064 euros/estéreo.
b)  Reconocimiento final: 0,0745 euros/estéreo.
3.  Corchos:
a)  Señalamiento: 0,0745 euros/pie.
b)  Reconocimiento final: 0,0320 euros/pie. s
En todos los casos, con un mínimo de 7,09 euros por actuación. w.b
En los montes de Utilidad Pública, por la entrega de toda clase de aprovechamientos,  4w
seeu rdoesv peonrg aacrátu ealc 0ió,5n .por 100 del importe del precio de adjudicación, con un mínimo de 7,01
Tarifa 10. Reproducción de planos.
La tarifa devengará un importe de 13,11 euros/m2. La liquidación final se incrementará 
con impuesto sobre valor añadido (IVA) que corresponda. Esta tarifa estará sujeta a un 
descuento del 30 % para Entes Públicos Territoriales e Institucionales, y para particulares 
que se encuentren desarrollando trabajos de investigación, trabajos universitarios, 
proyectos fin de carrera y de doctorado, previa justificación de los mismos por el órgano 
receptor del citado trabajo y exclusivamente para el ámbito físico del mismo.
6.–Tasa por permisos para cotos de pesca continental.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible el otorgamiento de permisos para 
pescar en las zonas acotadas por la Comunidad Autónoma de Cantabria. Los permisos 
que autorizan la pesca en las citadas zonas serán independientes de las licencias de 
pesca de las que, en todo caso, deberán estar en posesión los solicitantes del permiso 
objeto de esta tasa.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos de la tasa aquellas personas físicas nacionales 
o extranjeras residentes en España, a las que se les adjudiquen los correspondientes 
permisos para pescar en los cotos controlados por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Devengo.–El devengo se producirá en el acto de adjudicación del permiso para pescar.
Bonificación.–Estarán bonificados en el 50 % del pago de la tasa los solicitantes que 
acrediten ser miembros de Sociedades Colaboradoras en los términos establecidos en el 
artículo 4 del Decreto 48/2003, de 8 de mayo.
Devolución.–Se procederá de oficio a la devolución de la tasa cuando el permiso para 
el coto no se haya podido utilizar por haber finalizado anticipadamente el período hábil de 
pesca para la especie objeto del acotado en aplicación de lo contemplado en la Orden 
Anual de Pesca.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Acotados de salmón: 23,27 euros.
Tarifa 2. Acotados de trucha: 11,64 euros.
Tarifa 3. (Suprimida).
7.–Tasa por expedición de licencias de pesca continental.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la prestación por la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de los servicios 
administrativos inherentes a la expedición de las licencias que, según la legislación 
vigente, sean necesarias para practicar la pesca continental, o sus duplicados.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos aquellas personas físicas que soliciten la 
expedición de la licencia necesaria para la práctica de la pesca continental en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, o un duplicado de la misma por pérdida o deterioro 
de la original.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitarse la licencia o su 
duplicado.
Bonificaciones.–(Suprimido).
Exenciones.–Estarán exentos del pago de esta tasa los sujetos pasivos que, a la fecha 
del devengo de la tasa, hayan cumplido los 65 años.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa:
Tarifa 1. Licencia de pesca continental, válida únicamente para el territorio de la  o
Comunidad Autónoma de Cantabria, durante 1 año: 12,43 euros. ww.
ComTTuaanrriiiffdaaa  d23 ..A  LLuiitccóeennnoccmiiaaa   dddeee   Cppeeassncctaaab  rcciaoo,nn dttiiunnreeannntttaaell ,,2  vv aááñlliioddsaa:   úú24nn,iicc0aa5mm eeeurnnottees.  ppaarraa  eell  tteerrrriittoorriioo  ddee  llaa   2020-504n https://w
Comunidad Autónoma de Cantabria, durante 3 años: 35,67 euros.
8.–Tasa por expedición de licencias de caza y matrículas de cotos de caza.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la prestación por la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de los servicios 
administrativos inherentes a la expedición de las licencias de caza, o sus duplicados, y de 
las matrículas de cotos de caza que, según la legislación vigente, sean necesarias para 
practicar la caza.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos aquellas personas físicas o jurídicas que soliciten 
la expedición de la matrícula de un coto de caza, de la licencia de caza de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, o de un duplicado de la misma por pérdida o deterioro de la 
original.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitarse la licencia, su duplicado 
o la matrícula del coto de caza.
Bonificaciones.–(Suprimido).
Exenciones.–Estarán exentos del pago de las tarifas por expedición de licencia de 
caza los sujetos pasivos que, a la fecha del devengo de la tasa, hayan cumplido los 65 
años.
Tarifas.–La tasa exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Licencia de caza únicamente válida en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria durante 1 año: 12,43 euros.
Tarifa 2. Licencia de caza únicamente válida en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria durante 2 años: 24,05 euros.
Tarifa 3. Licencia de caza únicamente válida en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria durante 3 años: 35,67 euros.
Tarifa 4. Matrículas de cotos de caza: 0,465401 euros por hectárea y año.
9.–Tasa por servicios prestados por el Centro de Formación Náutico-Pesquera.
«Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación por 
el Centro de Formación Náutico-Pesquera de los servicios enumerados a continuación:
1.  Presentación a los exámenes para la obtención de las titulaciones que se 
enumeran en las tarifas.
2.  Expedición o renovación de tarjetas de identificación profesional y recreativa, 
títulos y diplomas.
3.  Validación de certificados de prácticas al amparo de lo dispuesto en el Real 
Decreto 875/2014, de 10 de octubre por el que se regulan las Titulaciones Náuticas para 
el gobierno de las embarcaciones de recreo.
4.  Expedición de impresos de Licencias de Navegación.
Sujeto pasivo.–En el supuesto 1, serán sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten la 
inscripción para realizar los exámenes correspondientes.
En los supuestos 2 y 3 serán sujetos pasivos las personas físicas a nombre de las 
cuales se expidan las tarjetas, títulos y diplomas o se efectúen las validaciones y 
convalidaciones.
En el supuesto 4, serán sujetos pasivos las federaciones de vela y motonáutica y las 
escuelas náuticas de recreo a los que se entreguen impresos para expedir las Licencias 
de Navegación.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar la actuación administrativa. e
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: bo
FormTaarcifiaó n1 N. Páourti cloos-P deesrqeucheoras. de presentación a exámenes organizados por el Centro de  2020-504n https://w
1.  Títulos y especialidades profesionales:
a)  Títulos y especialidades profesionales del sector marítimo-pesquero:
– Patrón costero polivalente: 43,27 euros.
– Patrón local de pesca: 38,18 euros.
b)  Títulos y especialidades de Buceo Profesional:
03_1 tp Títulos Profesionales de Buceo.
– Buceador Instructor profesional: 22.21 euros.
– Buceador profesional 1.ª clase: 39,19 euros.
– Buceador profesional 2.ª clase: 42,94 euros.
– Buceador profesional 2.ª clase restringido: 32,76 euros.
– Operador de cámara hiperbárica: 28,41 euros.
– Supervisor en operaciones de buceo: 30,44 euros.
03_2 eo Especialidades Profesionales de Buceo de Carácter Obligatorio.
– Formación sanitaria en actividades subacuáticas: 18,00 euros.
– Primeros auxilios en actividades subacuáticas: 18,00 euros.
– Prevención de riesgos laborales en actividades subacuáticas: 18,00 euros.
– Riesgos laborales en actividades subacuáticas: 18,00 euros.
– Tecnología básica del buceo – buceadores en activo: 19,80 euros.
– Tecnología básica del buceo – no buceadores: 18,00 euros.
– Instalaciones y sistemas de buceo: 18,00 euros.
03_3 ep1 Especialidades Profesionales Superiores de Buceo acceso con B. P. de 2.ª 
Clase.
– Instalaciones y sistemas hiperbáricos: 18,79 euros.
– Reparaciones a flote y salvamento de buques: 19,80 euros.
– Corte y soldadura submarina: 36,70 euros.
– Obras hidráulicas: 37,94 euros.
– Explosivos submarinos: 26,72 euros.
– Buceo en campana húmeda: 30,44 euros.
03_3 ep2 Especialidades Profesionales Medias de Buceo acceso con B. P. de 2.ª 
Clase Restringido.
– Rescate y salvamento en medio subacuático: 30,44 euros.
– Buceador de rescate: 30,44 euros.
– Recolección y extracción de recursos marinos con técnicas de buceo: 12,58 euros.
– Técnicas de investigación científica y arqueológica en medio subacuático: 26,72 
euros.
03_4 cp Certificación Profesional para el Buceo en Apnea.
– Buceador recolector en apnea: 17,37 euros.
2.  Títulos de recreo.
– Capitán de yate: 62,90 euros.
– Patrón de yate: 57,52 euros.
– Patrón de embarcaciones de recreo: 51,96 euros.
– Patrón para la navegación básica: 43,42 euros. s
Tarifa 2. Expedición o renovación de tarjetas, títulos o diplomas. w.
1–.  MEarxinpeerdoic pióens ceasdpoerc: ia1l7id,6a4d eesu rporso.fesionales.
––  RExepsetod idceió ens ppoerc ciaolindvaadliedsa:c 3ió5n,2 o9  ceaunrjoes: .40,11 euros. BOE-A-cable e
– Renovación de tarjetas: 36,91 euros.
2.  Expedición especialidades recreativas.
– Nueva expedición de especialidad recreativa: 46,52 euros.
– Expedición por convalidación o canje: 46,52 euros.
– Renovación de tarjetas: 33,70 euros.
3.  Impresos de Licencia de Navegación:
– Por cada 25 impresos de la FNMT: 45,80 euros.
Esta tarifa estará sujeta a un descuento del 50 por ciento en el caso de solicitud de 
expedición de duplicado de las tarjetas de identidad profesionales o deportivas, títulos o 
diplomas por pérdida o deterioro de la misma. Se expedirá este duplicado manteniendo el 
periodo de vigencia del original y haciendo constar en el documento dicha circunstancia.
Exenciones.–Estarán exentos del pago de la tarifa 2.1 y tarifa 2.2 los sujetos pasivos 
que, a la fecha del devengo de la tasa, hayan cumplido los 65 años.
Tarifa 3. Validaciones y convalidaciones.
– Validación de prácticas para la obtención de títulos deportivos: 23,58 euros.
10.–Tasa por servicios de gestión de los Cotos de Caza.
Hecho Imponible.–La prestación del servicio administrativo inherente a la gestión de 
los Cotos Privados y Deportivos de Caza, en concreto, la tramitación de los procedimientos 
de constitución, de modificación de superficies y límites, de extinción de los cotos, de 
tramitación de Planes Técnicos de Aprovechamiento Cinegético, y de tramitación de 
cualquier otra solicitud de gestión de los cotos.
Sujetos pasivos.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades 
a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Tarifa.–Un importe equivalente a 0,479089 euros por hectárea de terreno cinegético 
acotado.
Reducciones.–Los Cotos Deportivos de Caza gozarán de una reducción del cincuenta 
por ciento en la cuota de la tasa por servicios de gestión del Coto, como medida de 
fomento del carácter recreativo y deportivo de la actividad cinegética.
En ningún caso el importe a liquidar por los Cotos Deportivos, una vez aplicada la 
reducción a la que se refiere el apartado anterior, podrá superar los mil novecientos euros 
con cuarenta y siete céntimos (1.900,47 euros).
Devengo.–La tasa se devengará anualmente.
La falta de pago de la tasa conllevará, en su caso, la suspensión temporal de la actividad 
cinegética, previa la tramitación por la Consejería competente del procedimiento 
correspondiente, con audiencia al titular del coto. Si transcurrido el plazo de seis meses desde 
la fecha de devengo no se hubiera satisfecho la misma por el titular del coto, la Consejería 
competente tramitará el correspondiente procedimiento para la extinción del acotado.
11.–Tasa por participación en los sorteos de distribución de permisos de caza y pesca.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la participación en los 
diferentes sorteos para la distribución de permisos de caza y pesca continental realizados 
por la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. s
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas que soliciten la participación  e.
en los sorteos de distribución de permisos de caza y pesca continental que realice la  w.
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 4w
que Esne  eplr accatsiqou deen  leans  csuoalidcirtiullad eesl  sduej eptaor pticaispiavoci ósne reán e llo Jse fseo rdtee oCsu daed rmilload.alidades de caza
admDineisvterantgivoa.–.La tasa se devengará en el momento en que se solicite la actuación  BOE-A-cable e
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa:
Tarifa 1. Participación en los sorteos de distribución de permisos de caza y pesca 
continental en modalidades de práctica individual: 5,89 euros.
Tarifa 2. Participación en los sorteos de distribución de permisos de caza en 
modalidades de práctica colectiva (caza en cuadrilla): 5,89 euros por cada cazador 
miembro de la cuadrilla.
12.–Tasa por pruebas de Laboratorio Agrícola-CIFA.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la prestación por el Laboratorio 
Agrícola-CIFA de los servicios de laboratorio en la realización de análisis de tierras, aguas 
para riego, análisis foliares y diagnósticos de sanidad vegetal.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos de las tasa las personas físicas y jurídicas, así 
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que 
soliciten los análisis.
Devengo.–La tasa se devenga desde el momento en que el sujeto pasivo solicite el 
análisis.
Exenciones.–Están exentos del pago de estas tarifas, 1 a 15 inclusivas, los entes 
públicos territoriales e institucionales.
Tarifas:
Importe tasa 
por muestra
Análisis Determinaciones
–
Euros
pH, conductividad eléctrica (C.E.), materia orgánica oxidable (M.O. 
1 Suelos básico. oxid.), nitrógeno (N); fósforo (P); calcio (Ca), Magnesio (Mg) y potasio  43,56
(K).
1.a pH en suelos o aguas. pH. 4,79
Conductividad eléctrica (C.E) 
1.b C:E. 5,15
en suelos o aguas.
Materia orgánica (M.O) 
1.c M.O. oxidable. 10,35
oxidable en suelos.
Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.), pH, conductividad 
2 Suelos básico y C.I.C. eléctrica (C.E.), materia orgánica oxidable (M.O. oxid.), nitrógeno (N);  54,99
fósforo (P); calcio (Ca), Magnesio (Mg), potasio (K).
pH, conductividad eléctrica (C.E.), materia orgánica oxidable (M.O. 
3 Suelos general. oxid.), nitrógeno (N); fósforo (P); calcio (Ca), Magnesio (Mg), potasio  55,94
(K), textura y carbonatos.
Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.), pH, conductividad 
eléctrica (C.E.), materia orgánica oxidable (M.O. oxid.), nitrógeno (N); 
4 Suelos general y C.I.C. 67,81
fósforo (P); calcio (Ca), Magnesio (Mg), potasio (K), textura y 
carbonatos.
5 Oligoelementos suelos. Hierro (Fe) y manganeso (Mn). 17,46
Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.), pH, conductividad  s
eléctrica (C.E.), materia orgánica oxidable (M.O. oxid.), nitrógeno (N);  oe.
6 Completo suelos. 79,49 b
fósforo (P); calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K), textura,  w.
carbonatos, hierro (Fe) y manganeso (Mn). 4w
6.a Encalado de suelos. Necesidades encalado para elevar el pH. 9,81
6.b Aincteidrecaz my baialubmlein eion  suelos. Acidez y Aluminio (Al). 10,61
Importe tasa 
por muestra
Análisis Determinaciones
–
Euros
pH, conductividad eléctrica (C.E.), amonio, calcio (Ca), Magnesio 
7 Aguas fertirrigación. 62,91
(Mg), Potasio (K), hierro (Fe), Manganeso (Mn) y aniones.
pH, conductividad eléctrica (C.E.), calcio (Ca), Magnesio (Mg) y 
8 Aguas captación riego. 35,57
Potasio (K).
Aguas de riego: Carbonatos y 
8.a Carbonatos y bicarbonatos. 10,69
bicarbonatos.
8.b Aguas de riego: sodio. Sodio (Na). 9,35
pH, conductividad eléctrica (C.E.), nitratos (NO3), nitritos (NO2) y 
9 Aguas contaminación. 47,69
Demanda Química de Oxígeno (DQO).
Humedad, Cenizas, nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca), magnesio 
10 Foliar básico. 43,29
(Mg) y potasio (K).
Humedad, cenizas, nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca), magnesio 
11 Foliar completo. (Mg), potasio (K), hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu) y zinc  68,16
(Zn).
Diagnóstico de enfermedades que afectan a vegetales causadas por 
12 Enfermedades en vegetales. 26,83
virus, bacterias, hongos o nematodos.
Diagnóstico de plagas que afectan a vegetales causadas por 
13 Plagas en vegetales. 20,15
artrópodos.
Porcentaje de germinación en 100 semillas y presencia de ácaros en 
14 Fitosanitario semillas. 71,28
superficie, gorgojo, hongos, virus y bacterias.
15 Germinativo de semillas. Porcentaje de germinación de 500 semillas. 20,52
13.–Tasa por permisos de caza en la Reserva Regional de Caza Saja.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible el otorgamiento del permiso de caza 
durante el período hábil en la Reserva Regional de Caza Saja. El permiso que autoriza la 
caza en la Reserva será independiente de la licencia de caza y del resto de documentación 
exigida por la Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza para el ejercicio de la 
actividad cinegética.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos de la tasa aquellas personas físicas a las que se 
les adjudiquen los correspondientes permisos para cazar en la Reserva Regional de Caza 
Saja. En el caso de los permisos para modalidades de práctica colectiva el sujeto pasivo 
será el jefe de la cuadrilla o, en su caso, la sociedad de cazadores a la que esté adscrita 
la cuadrilla.
Devengo.–En el caso de los permisos para las batidas de jabalí, la cuadrilla deberá 
abonar y justificar el pago de las tasas de la totalidad de las cacerías elegidas para la 
temporada, incluidas las de los permisos de invitados que se pretendan utilizar en la 
misma, con una antelación de al menos 5 días hábiles antes de la fecha prevista para la 
primera cacería elegida por la cuadrilla. En el caso de los permisos de caza menor y de 
adiestramiento de perros, las tasas de todos los permisos elegidos deberán ser abonadas  e
y justificado su pago en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha en la que se  bo
produjo la elección. Las tasas del resto de permisos de caza deberán abonarse con una  w
anteElal cnióon  ambíonnimo ay  djeu s1t0if icdaíacsió an  lad efe clohsa  pperermvisistao sp aerna  lcoasz aprl.azos indicados supondrá su
anulBaocnióifnic.ación.–Estarán bonificados en el 75 % del pago de la tasa los cazadores que
acrediten ser miembros de entidades colaboradoras en los términos establecidos en el
Decreto 45/2010 de 15 de julio, por el que se desarrollan las previsiones sobre 
Organización Administrativa contenidas en la Ley 12/2016 de 17 de julio, de Caza de 
Cantabria. En el caso de las modalidades cinegéticas de práctica colectiva, solo se 
disfrutará de ese descuento en el supuesto de que todos los miembros de la cuadrilla 
tengan la condición de asociados a la entidad colaboradora. A estos efectos, deberán 
acreditar la condición de asociado mediante documento en vigor emitido por la entidad 
colaboradora.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Rececho trofeo venado: 316,21 euros.
Tarifa 2. Rececho trofeo corzo: 263,52 euros.
Tarifa 3. Rececho trofeo rebeco: 316,21 euros.
Tarifa 4. Rececho selectivo o no medallable venado macho: 158,12 euros.
Tarifa 5. Rececho selectivo venado hembra: 52,71 euros.
Tarifa 6. Rececho selectivo o no medallable corzo macho: 158,12 euros.
Tarifa 7. Rececho selectivo corzo hembra: 52,71 euros.
Tarifa 8. Rececho selectivo o no medallable rebeco macho: 210,81 euros.
Tarifa 9. Rececho selectivo o no medallable rebeco hembra: 105,40 euros.
Tarifa 10. Rececho lobo: 474,33 euros.
Tarifa 11. Por cazador participante en batida de venado: 31,62 euros.
Tarifa 12. Por cada miembro de una cuadrilla local y cacería de jabalí con cupo de 3 o 
menos jabalíes: 10,54 euros.
Tarifa 13. Por cada miembro de una cuadrilla regional y cacería de jabalí con cupo de 3 
o menos jabalíes: 21,08 euros.
Tarifa 14. Por cada cazador invitado por una cuadrilla local o regional y cacería de 
jabalí con cupo de 3 o menos jabalíes: 21,08 euros.
Tarifa 15. Por cada miembro de una cuadrilla extra autonómica, y por cada cazador 
invitado por una cuadrilla extra autonómica, y cacería de jabalí con cupo de 3 o menos 
jabalíes: 31,62 euros.
Tarifa 16. Por cada miembro de una cuadrilla local y cacería de jabalí con cupo de 
entre 4 y 8 jabalíes: 21,08 euros.
Tarifa 17. Por cada miembro de una cuadrilla regional y cacería de jabalí con cupo de 
entre 4 y 8 jabalíes: 31,62 euros.
Tarifa 18. Por cada cazador invitado por una cuadrilla local o regional y cacería de 
jabalí con cupo de entre 4 y 8 jabalíes: 31,62 euros.
Tarifa 19. Por cada miembro de una cuadrilla extra autonómica, y por cada cazador 
invitado por una cuadrilla extra autonómica, y cacería de jabalí con cupo de entre 4 y 8 
jabalíes: 42,16 euros.
Tarifa 20. Por cada miembro de una cuadrilla local y cacería de jabalí con cupo de 9 o 
más jabalíes, o sin cupo: 31,62 euros.
Tarifa 21. Por cada miembro de una cuadrilla regional y cacería de jabalí con cupo de 9 
o más jabalíes, o sin cupo: 42,16 euros.
Tarifa 22. Por cada cazador invitado por una cuadrilla local o regional y cacería de 
jabalí con cupo de 9 o más jabalíes, o sin cupo: 42,16 euros.
Tarifa 23. Por cada miembro de una cuadrilla extra autonómica, y por cada cazador 
invitado por una cuadrilla extra autonómica, y cacería de jabalí con cupo de 9 o más 
jabalíes, o sin cupo: 52,71 euros.
Tarifa 24. Por cazador local y cacería al salto de becada: 15,81 euros. s
Tarifa 25. Por cazador regional y cacería al salto de becada: 21,08 euros. e.
Tarifa 26. Por cazador nacional, de la UE o extranjero y cacería al salto de becada:  w.
26,35 euros. 4w
TTaarriiffaa  2278..  PPoorr  ccaazzaaddoorr  lroecgaiol nya cl ayc cearícae dríea  pdeer rpeeor rdeeo  bdeec baedcaa: d1a0:, 5145 ,e8u1r oesu.ros.
21,0T8a reifuar o2s9.. Por cazador nacional, de la UE o extranjero y cacería de perreo de becada:  BOE-A-cable e
Tarifa 30. Por cada miembro de una cuadrilla local y cacería al salto de liebre o perdiz 
roja: 15,81 euros.
Tarifa 31. Por cada miembro de una cuadrilla regional y cacería al salto de liebre o 
perdiz roja: 21,08 euros.
Tarifa 32. Por cazador invitado por una cuadrilla local o regional y cacería al salto de 
liebre o perdiz roja: 21,08 euros.
Tarifa 33. Por cada miembro de una cuadrilla extra autonómica, y por cazador invitado 
por una cuadrilla extra autonómica, y cacería al salto de liebre o perdiz roja: 26,35 euros.
Tarifa 34. Por cada miembro de una cuadrilla local y cacería de perreo de liebre o 
perdiz roja: 10,54 euros.
Tarifa 35. Por cada miembro de una cuadrilla regional y cacería de perreo de liebre o 
perdiz roja: 15,81 euros.
Tarifa 36. Por cazador invitado por una cuadrilla local o regional y cacería de perreo de 
liebre o perdiz roja: 15,81 euros.
Tarifa 37. Por cada miembro de una cuadrilla extra autonómica, y por cazador invitado 
por una cuadrilla extra autonómica, y cacería de perreo de liebre o perdiz roja: 21,08 
euros.
Tarifa 38. Por cada miembro de una cuadrilla local y cacería de zorro: 10,54 euros.
Tarifa 39. Por cada miembro de una cuadrilla regional y cacería de zorro: 21,08 euros.
Tarifa 40. Por cada miembro de una cuadrilla extraautonómica y cacería de zorro: 
26,35 euros.
Tarifa 41. Por cada miembro de una cuadrilla local y día de adiestramiento de perros: 
10,54 euros.
Tarifa 42. Por cada miembro de una cuadrilla regional y día de adiestramiento de 
perros: 15,81 euros.
Tarifa 43. Por cada miembro de una cuadrilla extraautonómica y día de adiestramiento 
de perros: 21,08 euros.
14.–Tasa por jabalí cazado en la Reserva Regional de Caza Saja.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible el abatimiento de un jabalí en una 
batida para la que se dispone del correspondiente permiso en la Reserva Regional de 
Caza Saja.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos de la tasa el cazador que haya abatido el jabalí, 
el jefe de la cuadrilla en la que se integre el cazador o la sociedad de cazadores a la que 
esté adscrita la cuadrilla.
Devengo.–La tasa deberá ser abonada y justificado su pago en el plazo máximo de un 
mes desde la fecha de notificación por la Administración de su cuantía.
Bonificación.–Estarán bonificados en el 75 % del pago de la tasa los cazadores que 
acrediten ser miembros de entidades colaboradoras en los términos establecidos en el 
Decreto 45/2010 de 15 de julio, por el que se desarrollan las previsiones sobre 
Organización Administrativa contenidas en la Ley 12/2016 de 17 de julio, de Caza de 
Cantabria. En el caso de las modalidades cinegéticas de práctica colectiva, solo se 
disfrutará de ese descuento en el supuesto de que todos los miembros de la cuadrilla 
tengan la condición de asociados a la entidad colaboradora. A estos efectos, deberán 
acreditar la condición de asociado mediante documento en vigor emitido por la entidad 
colaboradora.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Por jabalí abatido por cazador de una cuadrilla local o por cuadrilla local:  bo
30,60 euros. w
rpeogri oTTcaanuraariifldf:aa r4 i l3l22a.,.  1 PeP6xo otrerr auj a jraaobubsata.loíl nía óbamabtaiicdtaiod:  op5 o2pr,o7 cr1a  cezaauzdroaosdr. odre  duen au ncau acdurailldar iellxat rrae gauiotnonaól mo icpao rr ecguioandarill lao   OE-A-2020-50able en https://
15.–Tasa por lobo cazado en batidas de jabalí en la Reserva Regional de Caza Saja.
(Suprimida).
16.–Tasa de Autorización Ambiental Integrada.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la realización, por parte de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de todas las actividades 
tendentes a la obtención por el sujeto pasivo, de la autorización ambiental integrada así 
como de todas las actividades correspondientes a la tramitación de la modificación de 
dichas autorizaciones ambientales.
Sujetos pasivos.–Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así 
como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten la autorización ambiental integrada.
Devengo.–La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 
administrativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.
Tarifas.–Se establecen cuatro tarifas, dependiendo del grado de complejidad en la 
autorización ambiental integrada:
Tarifa tipo A. Se aplicará a aquellas solicitudes de autorización ambiental integrada o 
de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada que requieran, evaluación 
de impacto ambiental y viertan sus aguas residuales al dominio público marítimo-terrestre: 
2.159,18 euros.
Tarifa tipo B. Se aplicará a aquellas solicitudes de autorización ambiental integrada o 
de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada que requieran, evaluación 
de impacto ambiental y viertan sus aguas residuales al dominio público hidráulico o a la 
red de saneamiento municipal, o que no requieran evaluación de impacto ambiental y 
viertan sus aguas residuales al dominio público marítimo-terrestre: 1.484,40 euros.
Tarifa tipo C. Se aplicará a aquellas solicitudes de autorización ambiental integrada o 
de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada que no requieran 
evaluación de impacto ambiental y viertan sus aguas residuales a la red de saneamiento 
municipal o al dominio público hidráulico: 1.129,97 euros.
Tarifa tipo D. Se aplicará a aquellas solicitudes que supongan modificación no 
sustancial de la autorización ambiental integrada: 40 % de la tarifa A, B o C que le 
corresponda.
17.–Tasa por Ordenación de las Actividades Emisoras de Gases de Efecto Invernadero.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa, la realización de las 
siguientes actividades cuando sean ejecutadas por la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con exclusión del sector privado, y 
resulten de solicitud o recepción obligatoria para los administrados.
Están sujetas a gravamen las siguientes actuaciones:
La autorización de emisión de gases de efecto invernadero, establecida en el artículo 4 
de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, modificada por la Ley 13/2010, de 5 de julio.
La modificación de la autorización, cuando según el artículo 6 de la Ley 1/2005, 
modificada por la Ley 13/2010, se produzcan cambios en la instalación que obliguen a la  es
revisión de la misma, revisión o adaptación a la normativa sobre comercio de derechos de  o
emisión. ww.
CinovmeLrunana vidtaaelrroioor,a  dcsieeó gnDú ednre esl ceihn rofeosgr mudleea   Eaenmnu iaesilló  vaner,t ríircfeiucllaaotd iv2oo3,   ead  eilna slsac  reLipmecyiis ói1on/n 2de0es0l  5dd,e am togo adesinefi csea ldd eRa  eepgfoeisrc trtlaoo    2020-504n https://w
Ley 13/2010, y la valoración del informe anual verificado de cumplimiento de medidas de
reducción equivalentes, para las instalaciones excluidas del régimen, de acuerdo con la
disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, modificada por la Ley 13/2010 y el Real 
Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes a la 
participación en el régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la exclusión 
de instalaciones de pequeño tamaño.
La aprobación de los planes de seguimiento, y sus actualizaciones, regulados en el 
artículo 4 de la Ley 1/2005, modificada por la Ley 13/2010.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a las que se presten los 
servicios o para las que se realicen las actividades gravadas.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar la actuación administrativa. 
En aquellas actuaciones que se realicen de oficio por la Administración, el devengo se 
producirá en el momento de dictarse la resolución administrativa.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Autorización de emisión de gases de efecto invernadero: 983,35 euros.
Tarifa 2. Modificación y renovación de la autorización de emisión de gases de efecto 
invernadero: 393,33 euros.
Tarifa 3. Revisión del informe anual sobre emisiones del año anterior: 242,28 euros.
Tarifa 4. Aprobación y actualización de planes de seguimiento: 242,28 euros.
18.–Tasa por Control Administrativo de las operaciones de descontaminación de 
vehículos al final de su vida útil.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 
servicios cuando sean ejecutadas por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con exclusión del sector privado, y resulten de 
solicitud o recepción obligatoria para los administrados.
Están sujetas a gravamen las siguientes actuaciones:
Emisión de impresos de certificados de destrucción, regulados por el Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciembre sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, y en la 
Orden INT/249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula la baja definitiva de los vehículos 
descontaminados al final de su vida útil.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General a las que se presten los servicios o para 
las que se realicen las actividades gravadas.
Exenciones.–Están exentos del pago de la tasa los entes públicos territoriales e 
institucionales.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa:
Tarifa 1. Emisión de un paquete de 125 impresos de certificados de destrucción: 16,29 
euros.
19.–Tasa de gestión final de residuos urbanos.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por parte de 
la consejería con competencias en materia de gestión de residuos, de los siguientes 
servicios relativos a actividades de gestión de residuos urbanos: e.e
– Almacenamiento en los centros de transferencia y transporte hasta las instalaciones  w
de v–a loGreizsatcióiónn f ion ael lidmei nloasc iróens.iduos urbanos, mediante valorización o eliminación.
consSourjceitooss  peans icvuoyso.– Sfaevroárn  sseuj eptroess pteans ivoo sp adrea l alo tsa sqau leos s me urneiacilpicioesn,  mloasn sceormviucnioidsa doe lsa os   BOE-A-cable e
actividades gravadas.
Devengo y período impositivo.–La tasa se devengará en el momento de la entrega de 
los residuos urbanos en las plantas de transferencia, o en las instalaciones de gestión 
final, cuando sean depositados directamente en dichas instalaciones, sin almacenamiento 
previo en plantas de transferencia. La liquidación de la tasa se realizará con periodicidad 
mensual.
Tarifas.–La Tasa se exigirá conforme a la siguiente Tarifa: 85,28 euros por tonelada 
métrica.
La determinación del número de toneladas se efectuará mediante pesada directa de 
los residuos urbanos en el momento de su entrega en los centros de transferencia o, en su 
defecto, en las instalaciones de gestión final, cuando los residuos sean depositados 
directamente en dichas instalaciones sin almacenamiento previo en plantas de 
transferencia. Cuando los residuos entregados en las anteriores instalaciones procedan de 
la recogida realizada en diversos Entes Locales, y no sea posible determinar físicamente 
las cantidades que correspondan a cada uno de ellos, el cálculo del número de toneladas 
que corresponde a cada sujeto pasivo se realizará en función de la frecuencia y la 
capacidad de los elementos de recogida de cada uno.
Se aplicará una reducción en la cuota a aquellos ayuntamientos, mancomunidades y 
consorcios que incluyan en sus ordenanzas municipales la bonificación o reducción de la 
tasa municipal por la recogida de basura a los sujetos pasivos que se encuentren en 
alguna de las situaciones siguientes:
Preceptores de la renta social básica.
Perceptores de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez.
Perceptores de subsidio por desempleo.
Perceptores de ayuda a la dependencia, con capacidad económica de la unidad 
familiar igual o inferior a 1,5 veces el IPREM.
La reducción a aplicar en la cuota tributaria será el 50 % del importe que los entes 
locales hayan, a su vez, bonificado o reducido a los usuarios que se encuentren en alguna 
de las situaciones señaladas en el párrafo anterior.
20.–Tasa de inspección en materia de emisiones a la atmósfera.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la realización, por parte de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de todas las actuaciones en 
relación con los servicios de inspección, que conlleven toma de muestras y análisis en 
materia  de  emisiones  a  la  atmósfera  en  aquellas  actividades  potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera según definición de la ley 34/2007 de 15 de noviembre, 
de calidad del aire y protección de la atmósfera.
La tasa se exigirá una vez al año como máximo, salvo que exista un incumplimiento 
constatado en los límites de emisión que requieran comprobaciones posteriores «in situ».
Sujetos pasivos.–Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a las que se presten 
los servicios sujetos a esta tasa.
Devengo.–La tasa se devengará en el plazo máximo de 10 días desde que el sujeto 
pasivo reciba la prestación del servicio.
Tarifas.–Se establecen tres tarifas, dependiendo del grado de complejidad del 
muestreo y análisis, determinándose su aplicación como sigue:
Valoración
Descripción de los tipos de trabajos de muestreo y análisis Tipo –
Euros
MUESTREO BÁSICO, EMISIÓN, Inspección reglamentaria en foco de 
emisión con determinación de parte o la totalidad de los siguientes  tipo 1 1.291,80
contaminantes: Partículas, Gases de combustión, COT.
MUESTREO COMPLETO, EMISIÓN Inspección reglamentaria en foco 
de emisión con muestreo básico y 5 contaminantes más de los 
tipo 2 3.053,37
contenidos en la sublista de contaminantes E-PRTR a determinar por la 
Consejería de Medio Ambiente.
MUESTREO ESPECIAL, EMISIÓN Inspección reglamentaria en foco de 
emisión con muestreo completo de emisión incluyendo dioxinas y  tipo 3 5.402,09
furanos.
Cálculo de la tasa:
CUOTA = (N focos TIPO 1 * 1.291,80 euros) + (N focos TIPO 2 * 3.053,37 euros) + 
(N focos TIPO 3 * 5.402,09 euros)
Siendo:
N focos TIPO = Número de focos en los que se realiza cada uno de los tipos de 
muestreo contenidos en la tabla 1, siendo el número máximo de focos que intervienen en 
el cálculo igual a tres.
Si en un determinado foco de emisión no se realiza la medición de la totalidad de los 
parámetros establecidos en cada uno de los tipos de muestreos 2 y 3 del cuadro anterior, 
el importe a cobrar se estructurará de la siguiente forma aplicándose según el caso que 
proceda:
MUESTREO COMPLETO, EMISIÓN (TIPO 2-PARCIAL):
En caso de no medirse todos los contaminantes incluidos en este muestreo, se cobrará 
la tasa correspondiente al Tipo 1 (Muestreo Básico), si se miden parte o la totalidad de los 
contaminantes establecidos en el Tipo 1, y además;
– Medición y análisis de cada parámetro E-PRTR 352,31 euros/parámetro, hasta un 
máximo de 4.
En cualquier caso, el importe mínimo a cobrar en aplicación de este tipo de muestreo, 
se establece en 1.291,80 euros, con independencia del número de parámetros que se 
midan.
MUESTREO ESPECIAL, EMISIÓN (TIPO 3-PARCIAL):
En caso de no medirse todos los contaminantes incluidos en este muestreo, se cobrará 
la tasa correspondiente al Tipo 2 (Muestreo Completo) o Tipo 2-Parcial, según los 
contaminantes medidos, y además;
– Medición y análisis de Dioxinas y Furanos: 2.348,74 euros. bo
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21.–Tasa por clausura de vertedero o depósito incontrolado de residuos sólidos urbanos.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por parte de 
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del 
servicio de clausura de un vertedero o depósito incontrolado de residuos sólidos urbanos, 
cuando la entidad local correspondiente no cumpla con las obligaciones establecidas en el 
artículo 4 del Decreto 9/1988, de 1 de marzo, por el que se regula el control, inspección y 
vigilancia de los residuos sólidos urbanos.
Sujetos pasivos.–Serán sujetos pasivos de la tasa las entidades locales para las que 
se realicen los servicios de clausura del vertedero o depósito incontrolado de residuos 
sólidos urbanos.
Devengo.–La tasa se devengará cuando se proceda al clausurado del vertedero por la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Tarifas.–Las tarifas de la tasa se configuran en función de la tipología de vertedero o 
depósito de residuo sólido urbano y del tipo de residuos sólidos urbanos.
Según la tipología especificada se aplicaran las siguientes tarifas:
Tasa de clausura de vertederos o depósitos incontrolados con una cantidad menor a 
las 30 toneladas de residuos y situados a una distancia menor o igual a 50 km. del gestor 
autorizado del residuo. (Tipo A Distancia 1): 170,13 euros por tonelada métrica.
Tasa de clausura de vertederos o depósitos incontrolados con una cantidad menor a 
las 30 toneladas de residuos y situados a una distancia mayor a 50 km. del gestor 
autorizado del residuo. (Tipo A Distancia 2): 177,56 euros por tonelada métrica.
Tasa de clausura de vertederos o depósitos incontrolados con una cantidad mayor o 
igual a 30 toneladas y menor a 150 toneladas de residuo y situados a una distancia menor 
o igual a 50 km. del gestor autorizado del residuo. (Tipo B Distancia 1): 114,40 euros por 
tonelada métrica.
Tasa de clausura vertederos o depósitos incontrolados con una cantidad mayor o igual 
a 30 toneladas y menor a 150 toneladas de residuo y situados a una distancia mayor a 50 
km. Del gestor autorizado del residuo. (Tipo B Distancia 2): 120,65 euros por tonelada 
métrica.
Tasa de clausura vertederos o depósitos incontrolados con una cantidad mayor o igual 
a 150 toneladas de residuo y situados a una distancia menor o igual a 50 km. del gestor 
autorizado del residuo. (Tipo C Distancia 1): 66,03 euros por tonelada métrica.
Tasa de clausura vertederos o depósitos incontrolados con una cantidad mayor o igual 
a 150 toneladas de residuo y situados a una distancia mayor a 50 km. del gestor autorizado 
del residuo. (Tipo C Distancia 2): 70,72 euros por tonelada métrica.
Tarifas adicionales para aquellos supuestos en que los residuos extraídos tengan una 
caracterización diferente de residuos de la construcción y demolición (RCDs):
Residuos inertes de baja densidad: 1.852,51 euros por tonelada métrica.
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE’s): 521,53 euros por tonelada 
métrica.
Neumáticos: 417,23 euros por tonelada métrica.
Residuos con aceite mineral: 691,02 euros por tonelada métrica.
Residuos que contengan amianto: 2.425,10 euros por tonelada métrica.
Residuos con pintura y disolventes u otros residuos peligrosos no contemplados en los 
apartados anteriores: 2.513,75 euros por tonelada métrica.
La determinación del número de toneladas se efectuará tomando como dato el 
indicado por el sistema de pesaje del gestor donde se envíen los residuos. es
Las fracciones inferiores a una tonelada métrica se liquidarán en proporción a la tarifa  bo
fijada. w
22.–Tasa por solicitud de la etiqueta ecológica.
órgaHneoc haod miminpisotnraibtilveo.– Ccoomnspteittueynete e dl eh elach Aod immipnoisntirbalcei ódne  dees tlaa  tCaosam ulan itdraamd iAtauctióónno, mpoar  deel 
Cantabria, de la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica para los productos que se
encuentren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 66/2010, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la 
Unión Europea o la norma que lo sustituya.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la realización de las actividades que 
constituyen su hecho imponible. Los partícipes o cotitulares de las entidades a las que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
responderán de manera solidaria respecto de la obligación tributaria.
Devengo.–La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 
administrativa, momento en el que se realizará el pago.
Tarifa.–La cuantía de la tasa se fija en 316,52 euros por solicitud.
Bonificaciones.–La cuantía de la tasa será objeto de la bonificación del 20 % para los 
sujetos pasivos que acrediten disponer de la validación por el Reglamento EMAS o 
certificación por la Norma ISO 14001, y se comprometan, en su política medioambiental, a 
incorporar una referencia expresa al cumplimiento de los criterios de la etiqueta ecológica 
que han servido de base a la concesión.
Aplicación.
1.  La gestión y liquidación de la tasa corresponderá al órgano administrativo 
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que deba 
prestar el servicio o realizar la actividad gravada.
2.  La tasa se gestionará obligatoriamente en régimen de autoliquidación, en impresos 
normalizados aprobados por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria o a través 
de medios electrónicos.
3.  La Agencia Cántabra de Administración Tributaria será la competente para la 
recaudación en periodo ejecutivo y la inspección de la tasa objeto de la presente Ley.
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA.
1.–Tasa por denominaciones de calidad de productos agroalimentarios de Cantabria.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por parte de 
la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) de los servicios tendentes a:
La concesión, comprobación y verificación del uso de distintivos de calidad de 
productos agroalimentarios.
La expedición de precintas, etiquetas, contraetiquetas y otros sistemas de control.
La inscripción en los registros de las denominaciones y marcas de calidad.
La renovación anual de la inscripción en el Consejo Regulador de la Agricultura 
Ecológica de Cantabria.
El levantamiento de actas por personal de la ODECA a petición de parte o como 
consecuencia de la detección de incumplimientos que den lugar a controles oficiales que 
excedan de las actividades normales de control.
Sujeto pasivo.–Son sujeto pasivo de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como 
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que:
En el supuesto 1 del hecho imponible, los que comercialicen sus productos haciendo 
uso del distintivo de calidad. Salvo cuando la mercancía vaya con destino a otro operador  es
inscrito dentro del ámbito de competencia territorial de la ODECA, en cuyo caso será éste  o
quien deberá cumplir la obligación tributaria al procesar el producto. ww.
del hLLeoocssh  qionu siemc rspiotoolnisci ibteelenn.  lloas e rjeecguisctiróons  od esel  Cleosn psreejost eRne lgousl asdeorvr icdieo sl,a e Ang lroics uslutupruae esctoosló 2g,i c3a,  yd 5e   2020-504n https://w
Cantabria en el supuesto 4.
Devengo.–El 31 de diciembre de cada año, en los supuestos 1 y 4 del hecho imponible. 
El pago será exigible mediante autoliquidación del sujeto pasivo dentro del plazo de los 
tres meses contados desde el día siguiente del citado devengo.
Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa o, en su caso, en 
el momento de su realización de oficio por la Administración, en los puntos 2, 3 y 5 del 
hecho imponible. Dichas actuaciones no se realizarán o tramitarán sin que se haya 
realizado el pago correspondiente.
Exenciones.–Estarán  exentas  del  pago  de  la  tasa  todas  las  explotaciones 
pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Afectación.–Los recursos generados por los ingresos correspondientes a esta tasa se 
destinarán a la financiación de la Oficina de Calidad Alimentaria.
Tarifas.–La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Sobre la producción agroalimentaria destinada a la elaboración o 
transformación de productos protegidos por la correspondiente denominación.
a)  La base imponible será el valor resultante de multiplicar la producción anual por el 
precio medio de venta.
b)  La cuota a ingresar será la resultante de aplicar el tipo impositivo del 0,5 % sobre 
la base imponible, con un mínimo de 94,45 euros y un máximo de 1.322,14 euros.
Bonificaciones.–Se establece una reducción del 25 % en la cuota para los operadores 
que comercialicen con el distintivo de la agricultura ecológica.
Tarifa 2. Sobre productos amparados por la correspondiente denominación.
a)  La base imponible será el valor resultante de multiplicar la cantidad o volumen 
vendido de producto amparado por el precio medio de venta.
b)  La cuota a ingresar será la resultante de aplicar el tipo impositivo del 0,5 % sobre 
la base imponible, con un mínimo de 94,45 euros y un máximo de 1.322,14 euros.
Bonificaciones.–Se establece una reducción del 25 % en la cuota para los operadores 
que comercialicen con el distintivo de la agricultura ecológica.
Tarifa 3. Por la expedición de precintas, etiquetas, contraetiquetas y otros sistemas de 
control.
a)  La base imponible de la tasa será la correspondiente al valor documentado.
b)  El tipo impositivo será el 200 % de la base imponible.
Tarifa 4. Por la inscripción en los registros de las denominaciones y marcas de calidad 
de productos agroalimentarios: 65,34 euros.
Bonificaciones.–Se establece una reducción del 25 % en la tarifa para la inscripción de 
operadores en agricultura ecológica.
Tarifa 5. Por la renovación anual de la inscripción en los registros del Consejo 
Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria: 70,13 euros.
Exención.–Están exentos del pago de esta tarifa los sujetos pasivos que en el mismo 
ejercicio abonen la correspondiente por las tarifas 1 o 2 de la tasa.
Tarifa 6. Por el levantamiento de actas por personal de la ODECA a petición de parte  e.
o como consecuencia de la detección de incumplimientos que den lugar a controles  w.
oficiales que excedan de las actividades normales de control: 93,51 euros. 4w
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
Tasa 1.–Tasa por Valoración previa de inmuebles objeto de adquisición o transmisión.
Hecho Imponible.–Constituye hecho imponible de la tasa la emisión, a solicitud de los 
interesados y a los efectos de los tributos cuya gestión corresponde al Gobierno de 
Cantabria, de informes sobre el valor de bienes inmuebles que, situados en el territorio de 
su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así 
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten de la Administración del Gobierno de Cantabria la práctica administrativa que 
integra el hecho imponible.
Exenciones objetivas.–Está exenta la emisión de informes cuando los bienes a valorar 
se refieran a pisos, viviendas unifamiliares, garajes y cuartos trasteros a los que sea 
aplicable los coeficientes multiplicadores del valor catastral, regulado en el artículo 57.1 b) 
de la Ley General Tributaria y en las Órdenes publicadas por la Consejería competente.
Devengo.–La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 
administrativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.
Tarifas.–La tasa se exigirá, por cada bien inmueble, de acuerdo con la siguiente tarifa:
Cuota
Epígrafe Denominación –
Euros
1 Naves, locales y oficinas. 42,58
2 Terrenos urbanos y urbanizables. 42,58
3 Inmuebles destinados a usos como vivienda. 38,33
4 Resto de inmuebles urbanos cualquiera que sea su uso. 38,33
Fincas rústicas sin construcciones:
5 Una finca. 31,93
Resto, por cada finca. 15,96
6 Fincas rústicas con construcciones 37,65
Autoliquidación.–La tasa será objeto de autoliquidación por los sujetos pasivos en el 
momento en que se formule la solicitud.
La aplicación y el desarrollo de la presente tasa se llevarán a cabo mediante orden de 
la Consejería competente en materia de Hacienda.
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES.
1.–Tasa por descalificación voluntaria de viviendas protegidas.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la presente tasa las actuaciones 
de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales conducentes al otorgamiento de la 
descalificación definitiva de viviendas protegidas.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las  e.e
entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o sean destinatarios  w.b
de la descalificación de viviendas protegidas. 4ww
favoDraebvleen, gsoe. –soElli cditeev elan dgeos scea lpifriocadcuicóen  cduea lnad voi,v uiennad vae.z se haya obtenido el informe previo
protTeagridifaass .t–ieLnae  tuansaa  úenxicigai dtaar ifpao, rq ueel  soetorárg daem 2i8e8n,t0o7  deeu rloas  dpeosr cvaivliiefincadcai.ón de viviendas
2.–Tasa por la inscripción en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción para la 
participación en las pruebas para la acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos las personas que presenten la solicitud de 
participación en las pruebas.
Exenciones.–Gozarán de exención total de tasa las personas desempleadas que 
figuren inscritas como tales en las Oficinas de Empleo.
Devengo.–El devengo de la tasa por las fases de asesoramiento y evaluación, se 
producirá en dos momentos. La primera, en el momento de la inscripción en la fase de 
asesoramiento y la segunda para poder acceder a la fase de evaluación de competencias, 
siendo necesario el previo pago de la tasa en cada una de las fases, para la tramitación de 
la correspondiente solicitud.
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Fase de asesoramiento: 27,63 euros.
Fase de evaluación (por cada unidad de competencia): 13,81 euros.
3.–Tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales 
acumulables y expedición de duplicados.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de certificado 
de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables así como la expedición, por 
causas no imputables a la Administración, de duplicados de dichos certificados o 
acreditaciones.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa las personas que soliciten la prestación 
del servicio que integra su hecho imponible.
Exenciones.–Gozarán de exención total de la tasa las personas desempleadas que 
figuren inscritas como tales en las Oficinas de Empleo.
Devengo.–La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación 
administrativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.
Tarifas:
Por expedición de certificados de profesionalidad: 14,96 euros.
Por expedición de acreditaciones parciales acumulables (por unidad): 12,66 euros.
Por expedición de duplicados de certificados profesionalidad: 11,52 euros.
Por expedición de duplicados de acreditaciones parciales acumulables (por unidad): 
9,21 euros.
4.–Tasa de autorización previa a la impartición de las acciones formativas vinculadas 
a certificados de profesionalidad no financiadas con fondos públicos desarrolladas por 
empresas y centros de formación de iniciativa privada respecto al cumplimiento de 
requisitos establecidos en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y demás normativa de 
aplicación.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa el conjunto de trámites  oe.
necesarios para dictar resolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 del Real  w.
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profesional para el empleo conducente a la obtención de certificados de profesionalidad y
así lo comuniquen al Servicio Cántabro de Empleo, en los términos previstos en el  Bc
artículo 19 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento que se realice la comunicación de 
inicio que inicie el conjunto de trámites administrativos, cuyo ingreso será condición para 
la prestación del servicio.
Tarifa.–La tasa de autorización de impartición de cada acción formativa se exigirá de 
acuerdo con la siguiente Tarifa:
Para la realización de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad 
en modalidad presencial: 210,00 euros.
Para la realización de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad 
en modalidad de teleformación: 237,00 euros.
5.–Tasa de la evaluación, seguimiento y control de la calidad de la formación 
conducente a la obtención de certificado de profesionalidad, de acuerdo a lo establecido 
en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa el conjunto de trámites 
necesarios para efectuar, de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, el seguimiento y control de calidad de las acciones formativas 
desarrolladas por empresas y centros de formación y centros integrados de formación 
profesional de iniciativa privada previstos en el artículo 12.2 del mencionado Real Decreto.
Esta Tasa únicamente se impondrá cuando la Resolución sea favorable y autorice la 
impartición de la acción formativa. Será requisito previo para el inicio de la acción formativa.
Sujeto Pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa aquellas empresas y centros de 
formación de iniciativa privada que hayan sido previamente autorizadas, por Resolución 
favorable del Servicio Cántabro de Empleo, para impartir acciones formativas de formación 
profesional para el empleo conducente a la obtención de certificados de profesionalidad. 
La Resolución favorable se dictará tras la comunicación al Servicio Cántabro de Empleo, 
en los términos previstos en el artículo 19 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por 
el que se regulan los certificados de profesionalidad y los Reales Decretos por los que se 
establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Devengo.–La tasa se devengará tras la comunicación de la Resolución favorable y 
antes del inicio de la acción formativa autorizada y cuyo ingreso será condición para la 
prestación del servicio.
Tarifa.–La tasa de evaluación, seguimiento y control de la calidad de las acciones 
formativas desarrolladas por empresas y los centros de formación y los centros integrados 
de formación profesional de iniciativa privada previstos en el artículo 12.2 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, se exigirá de acuerdo con la siguiente Tarifa:
Para la realización de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad 
en modalidad presencial: 132,00 euros.
Para la realización de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad 
en modalidad de teleformación, por cada módulo a impartir: 117,00 euros.
Tasa de autorización previa a la impartición de acciones formativas dirigidas a la 
obtención de competencia clave que permiten el acceso a la formación de certificados de 
profesionalidad no financiadas con fondos públicos, desarrolladas por empresas y centros 
de formación de iniciativa privada.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa el conjunto de trámites 
necesarios para dictar resolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 del Real  e
Decreto 34/2008, de 18 de enero. bo
Sujeto Pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa aquellas empresas y centros de  w
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de 18 de enero.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento que se realice la comunicación de 
inicio que inicie el conjunto de trámites administrativos, cuyo ingreso será condición para 
la prestación del servicio.
Tarifa.–La tasa de autorización de impartición de cada acción formativa se exigirá de 
acuerdo con la siguiente Tarifa:
• Para la realización de acciones formativas en modalidad presencial, por cada una de 
las competencias claves incluidas en la acción formativa: 210,00 euros.
• Para la realización de acciones formativas en modalidad teleformación, por cada una 
de las competencias clave incluidas en la acción formativa: 237,00 euros.
7.–Tasa de la evaluación, seguimiento y control de la calidad de la formación dirigida a 
la obtención de competencia clave que permiten el acceso a la formación de certificados 
de profesionalidad no financiadas con fondos públicos, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 18 del real decreto 34/2018, de 18 de enero y de los programas formativos que los 
desarrollan.
Esta Tasa únicamente se impondrá cuando la Resolución sea favorable y autorice la 
impartición de la acción formativa. Será requisito previo para el inicio de la acción formativa.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa el conjunto de trámites 
necesarios para efectuar, de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, el seguimiento y control de calidad de las acciones formativas 
desarrolladas por empresas y centros de formación y centros integrados de formación 
profesional de iniciativa privada previstos en el artículo 12.2 del mencionado Real Decreto.
Esta Tasa únicamente se impondrá cuando la Resolución sea favorable y autorice la 
impartición de la acción formativa. Será requisito previo para el inicio de la acción formativa.
Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos de la tasa aquellas empresas y centros de 
formación de iniciativa privada que han sido previamente autorizadas, por Resolución 
favorable del Servicio Cántabro de Empleo, para impartir acciones formativas de formación 
profesional para el empleo dirigidas a la obtención de competencias clave que permiten la 
obtención de certificados de profesionalidad. La Resolución favorable se dictará tras la 
comunicación al Servicio Cántabro de Empleo, en los términos previstos en el artículo 19 
del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los Reales Decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación.
Devengo. La tasa se devengará tras la comunicación de la Resolución favorable y 
antes del inicio de la acción formativa autorizada y cuyo ingreso será condición para la 
prestación del servicio.
Tarifa. La tasa de evaluación, seguimiento y control de la calidad de las acciones 
formativas desarrolladas por empresas y los centros de formación y los centros integrados 
de formación profesional de iniciativa privada previstos en el artículo 12.2 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, se exigirá de acuerdo con la siguiente Tarifa:
• Para la realización de acciones formativas en modalidad presencial, por cada una de 
las competencias clave incluidas en la acción formativa: 111,00 euros.
• Para la realización de acciones formativas en modalidad teleformación, por cada una 
de las competencias clave incluidas en la acción formativa: 117,00 euros.
8.–Tasa por inspecciones y registro de centros, establecimientos y entidades de 
servicios sociales. e.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la inspección a centros y entidades  w
dCeo nsseerjveircíiao sd es oEcmiaplleeso  yy  Psuo líitnicsacsri pScoiócina leesn. el correspondiente registro, realizada por la
del aSrutíjceutolo p 3a5s.i4v od.–eS lae rLáeny s Gujeentoesra pl aTsriivbousta lraias  ap elarsso qnuaes  sfíes ipcaress ote jnu rloídsi csaesr vyi cliaoss  eonbtjiedtaod dees 
esta tasa.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar la prestación del servicio 
o cuando éste se realice, si se ejecuta de oficio por la Administración.
Tarifas:
A)  Visitas de inspección a centros y establecimientos de servicios sociales:
A.1. Visitas periódicas de inspección: 40,72 euros.
A.2. Visitas para concesión de autorización de funcionamiento: 81,45 euros.
A.3. Inspección de oficio: 40,72 euros.
B)  Inscripción en el Registro de Entidades Centros y Servicios Sociales:
B.1. Cuotas de inscripción: 20,38 euros.
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE.
1.–Tasa por servicios de certificaciones, copias, diligencias y reproducción de 
documentos en el Archivo Histórico.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación por 
la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de los servicios enumerados 
a continuación, realizados por el Archivo Histórico:
Copias y autenticación.
Sujeto pasivo.–Quedan sujetos al pago de la tasa las personas físicas o jurídicas y las 
entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que hagan uso de estos servicios.
Devengo.–El tributo se devengará y exigirá con ocasión de la solicitud de los servicios 
mencionados.
Tarifas.–Las cuotas de la tasa se ajustarán a las tarifas siguientes:
Tarifa 1. Diligencias de autenticación de fotocopias y cualquier otro tipo de reproducción 
de documentos hechos en el Archivo:
– Por página original reproducida: 3,26 euros.
Tarifa 2. Fotocopias y reproducciones digitales:
– Por cada fotocopia o reproducción digital DIN A4: 0,122 euros.
– Por cada fotocopia o reproducción digital DIN A-3: 0,245 euros.
Tarifa 3. Soportes de entrega:
– Por cada CD en que se entreguen las reproducciones digitales del Archivo Histórico 
y de la Biblioteca Central: 1,06 euros.
– Por cada DVD en que se entreguen las reproducciones digitales del Archivo Histórico 
y de la Biblioteca Central: 1,59 euros.
2.–Tasa por autorización de campamento y acampadas.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la solicitud formulada por los 
interesados a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de la 
autorización de campamento y acampadas. es
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades  o
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que lo soliciten o a las que se preste el  w
sSaeci rteivvDisicdetiaoav  degs norcagoliovcna.is–tdutLiotdau.  ttniavosa a fd udeeel r hade epcvhreeonc giimsaarpá,o  eennli b deleel .mveonmgeon stoe  dper osodluicciitraár  laal  aecfteucatcuióanrs aed mdein iosftircaitoiv ala.   OE-A-2020-50able en https://
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Autorización de campamentos y acampadas: 6,59 euros.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO.
1.–Tasa para expedición de Títulos académicos y Certificados académicos.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio 
por la Administración Educativa de la expedición de títulos y certificados académicos, 
docentes y profesionales de enseñanza no universitaria que se enumeran en las tarifas.
Sujeto pasivo.–Será sujeto pasivo de la tasa quien solicite dicho servicio o actividad o 
quien resulte beneficiado por el mismo.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar la prestación de los 
servicios.
Exenciones.–Están exentos del pago de la tasa para la expedición de títulos y diplomas 
académicos las personas que, habiendo participado en las pruebas estandarizadas de 
lenguas extranjeras organizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, estén, como consecuencia de las mismas, 
en condiciones de obtener el certificado de nivel básico de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial. Estarán igualmente exentos del pago de esta tasa quienes, habiendo 
cursado un programa de educación bilingüe en esta etapa educativa, hayan sido inscritos 
en las pruebas de certificación de nivel intermedio por dicha Consejería y estén en 
condiciones de obtener el certificado de nivel intermedio.
A los miembros de familias numerosas les será de aplicación las exenciones y 
bonificaciones que en cada momento se establezcan por la legislación reguladora de 
protección familiar.
Forma de pago.–La tasa se abonará en un solo pago en el momento de su devengo.
Tarifas.–Las cuotas de la tasa se ajustarán a las tarifas siguientes:
Tarifa 1. Aplicable para la expedición de los títulos y certificados académicos no 
gratuitos.
Tarifa 2. Para los casos de solicitud de duplicados por extravío, modificaciones, etc., 
imputables al interesado, de títulos y certificados no gratuitos.
Tarifa 1
Tarifa 2
Tarifa 1 (Familia Numerosa 
Duplicados
– – Categoría General)
–
Euros –
Euros
Euros
Título Superior (incluyendo Sup. Europeo). 90,26 45,13 5,15
Bachillerato. 45,46 22,73 5,15
Técnico y Profesional Básico. 45,46 22,73 5,15
Técnico Superior. 45,46 22,73 5,15
Certificado de Nivel Básico de Idiomas. 22,73 11,37 5,15
Certificado de Nivel Intermedio de Idiomas. 22,73 11,37 5,15
Certificado de Nivel Avanzado de Idiomas. 22,73 11,37 5,15
Certificado de Nivel C1. 22,73 11,37 5,15 es
Certificado de Aptitud (LOGSE). 22,73 11,37 5,15 w.b
TTíétucnloic Por dofee lsaiosn Eanl s(Meñúasniczaa sy  PDraonfezsai)o.nales  4455,,4466 2222,,7733 55,,1155
(Música y Danza).
2.–Tasa por participación en procesos de selección para el acceso a cuerpos docentes.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la participación en procesos de 
selección para el acceso a cuerpos docentes, convocados por la Consejería de Educación, 
Formación Profesional y Turismo.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas que soliciten la participación 
en tales procesos de selección.
Exenciones.–Estarán exentos del pago de esta tasa:
– Las personas desempleadas que figuren inscritas como tales en los Servicios 
Públicos de Empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la 
convocatoria del proceso selectivo.
– Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
– Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten 
mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se 
reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación 
de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
– Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, y sus hijos o hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la 
orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor 
de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera 
de los delitos o faltas.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud de 
participación en los procesos de selección.
Tarifas.–Las cuotas de la tasa se ajustarán a las tarifas siguientes:
Procesos de selección para cuerpos docentes del Grupo «A1»: 45,81 euros.
Procesos de selección para cuerpos docentes del Grupo «A2»: 45,81 euros.
3.–Tasa de inscripción en las pruebas para la obtención de los Títulos de Técnico y 
Técnico Superior de Formación Profesional.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en las 
pruebas para la Obtención de los Títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación 
Profesional Inicial del Gobierno de Cantabria.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten la inscripción para 
realizar las pruebas para la Obtención de los Títulos de Técnico y Técnico Superior de 
Formación Profesional Inicial del Gobierno de Cantabria.
Devengo.–La tasa de devengará en el momento de presentar la solicitud de inscripción.
Exenciones a los miembros de familias numerosas. A los miembros de familias 
numerosas les será de aplicación las exenciones y bonificaciones que en cada momento 
se establezcan por la legislación reguladora de protección familiar.
Forma de pago.–La tasa se abonará en un solo pago en el momento de su devengo.
Tarifas.–Las cuotas de la tasa serán de 10,36 euros por cada módulo profesional que 
se solicite.
4.–Tasa de inscripción en las pruebas de acceso a la formación profesional de grado  o
superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y medio, las enseñanzas  ww.
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convocatorias de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación
profesional inicial, a ciclos de grado superior y medio de enseñanzas deportivas, a
enseñanzas profesionales de danza, a ciclos de grado superior de enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño y a enseñanzas superiores de diseño en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten la inscripción para 
realizar las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación 
profesional inicial, a ciclos de grado superior y medio de enseñanzas deportivas, a 
enseñanzas profesionales de danza, a ciclos de grado superior de enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño y a enseñanzas superiores de diseño del 
Gobierno de Cantabria.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud de inscripción.
Exenciones a los miembros de familias numerosas.–A los miembros de familias 
numerosas les serán de aplicación las exenciones y bonificaciones que en cada momento 
se establezcan por la legislación reguladora de protección familiar.
Forma de pago.–La tasa se abonará en un solo pago en el momento de su devengo.
Tarifas.–Las cuotas de la tasa se ajustarán a las tarifas siguientes:
Pruebas de acceso a los ciclos de grado medio de enseñanzas deportivas de las 
especialidades de Deportes de Montaña y Escalada, Deportes de Invierno y Espeleología: 
28,36 euros.
Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional 
inicial, a ciclos de grado superior de enseñanzas deportivas, a enseñanzas profesionales 
de danza y a ciclos de grado superior de enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño: 28,36 euros.
Pruebas de acceso a enseñanzas superiores de diseño: 35,46 euros.
5.–Tasa de inscripción en las pruebas de clasificación en enseñanzas de idiomas de 
régimen especial.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de esta tasa la solicitud de realización 
de prueba de clasificación con el fin de situar al solicitante con conocimientos del idioma 
objeto de su petición en el nivel de estudios correspondiente de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de estas tasas quienes soliciten la realización de 
las pruebas de clasificación.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud de admisión 
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
Exenciones a los miembros de familias numerosas.–A los miembros de familias 
numerosas les será de aplicación las exenciones y bonificaciones que, en cada momento, 
se establezcan por la legislación reguladora de protección familiar.
Forma de pago.–La tasa de abonará en su solo pago en el momento de su devengo.
Tarifas. La cuota de la tasa será de 10,54 euros por cada prueba que se solicite.
6.–Tasa por ordenación del sector turístico.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los 
servicios o la realización de las actividades enumeradas en las tarifas cuando sean 
ejecutadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo con exclusión 
del sector privado y resulten de solicitud o recepción obligatoria para los administrados.
Sujeto Pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten los servicios o actividades  e.
gravados o sean destinatarios de las mismas cuando su recepción resulte obligatoria. w.b
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio o la actuación  4w
addemclainriasctrióatniv rae, sop oenns aebl lme.o Nmoe notbos dtaen ltae ,e emni seiósnte  dúel tiimnfoo rmsuep udees itnos, peel cpcaiógno  ys ec oenxtirgoilr ád ep olar 
anticipado en el momento de la presentación de la declaración responsable.
Tarifas.–Las cuotas de la tasa se ajustarán a las tarifas siguientes:
Tarifa 1:
Emisión de informe de inspección y control de la declaración responsable de inicio de 
actividad y reforma de restaurantes y cafeterías: 32,59 euros.
Emisión de informe de inspección y control de la declaración responsable de inicio de 
actividad, ampliación y reforma de establecimientos hoteleros, extrahoteleros, turismo 
rural, cabañas pasiegas y demás alojamientos turísticos divididos en unidades en los 
siguientes términos:
– Hasta 20 unidades de alojamiento: 40,72 euros.
– Más de 20 unidades de alojamiento: 48,87 euros.
Emisión de informe preceptivo para la clasificación, ampliación y mejora de los 
campamentos de turismo:
– Hasta 250 plazas: 40,72 euros.
– Más de 250 plazas: 48,87 euros.
Emisión de informe de inspección y control de la declaración responsable de inicio de 
actividad, ampliación y reforma de albergues turísticos:
– Hasta 250 plazas: 40,72 euros.
– Más de 250 plazas: 53,13 euros.
Tarifa 2.  Emisión de informe de inspección y control de la declaración responsable de 
inicio y modificación de la actividad de mediación turística: 32,59 euros.
Tarifa 3.  Expedición del carnet de guía turístico y guía intérprete: 6,12 euros.
Tarifa 4.  Emisión de informe de inspección y control de la declaración responsable de 
cambio de titular y/o denominación de establecimiento turístico: 6,12 euros.
CONSEJERÍA DE SANIDAD.
1.–Tasa por realización de actuaciones, inspecciones y autorizaciones en materia 
sanitaria.
Hecho imponible: Constituye el hecho imponible la realización de actuaciones, 
inspecciones y autorizaciones en materia sanitaria por la Consejería de Sanidad.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a las que se presten los servicios objeto de 
esta tasa.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar la prestación del servicio 
o, cuando éste se realice, si se ejecuta de oficio por la Administración.
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
A)  Para apertura, reforma o cambio de titularidad en los locales destinados a:
A.1  Hoteles (según categoría):
De 4.ª categoría: 32,59 euros.
De 3.ª categoría: 48,87 euros. s
De 2.ª categoría: 81,44 euros. oe.
De 1.ª categoría: 122,17 euros. w.
DA.e2  lujCo:a 1s6a2s ,d8e8  heuuérossp.edes y pensiones: 21,17 euros. 2020-504n https://w
A.3  Camping (según categoría):
De 3.ª categoría: 8,15 euros.
De 2.ª categoría: 16,30 euros.
De 1.ª categoría: 24,42 euros.
A.4  Estaciones de transporte colectivo:
Autobuses, ferrocarriles y análogos: 24,42 euros.
A.5  Espectáculos públicos (según aforo):
Hasta 200 localidades: 12,22 euros.
De 201 a 500 localidades: 22,81 euros.
De 501 a 1.000 localidades: 36,64 euros.
Más de 1.000: 58,65 euros.
A.6  Guarderías: 12,22 euros.
A.7  Residencias de ancianos: 12,22 euros.
A.8  Balnearios: 28,51 euros.
A.9  Embotelladoras de agua (mineromedicinales): 36,64 euros.
A.10  Centros docentes (según capacidad):
Hasta 100 alumnos: 12,22 euros.
De 101 a 250 alumnos: 22,81 euros.
Más de 250 alumnos: 36,64 euros.
A.11  Peluquerías de señoras y caballeros: 8,94 euros.
A.12  Institutos de belleza: 12,22 euros.
A.13  Instalaciones deportivas (gimnasios, piscinas, etc.): 8,94 euros.
A.14  Casinos, Sociedades de recreo y análogos (según volumen y categoría): 
12,22/58,65 euros.
A.15  Otros establecimientos no especificados en los apartados anteriores (según 
volumen y categoría): 12,22/71,68 euros.
B)  Tramitación de expedientes y autorizaciones efectuadas en el ejercicio de 
funciones de policía sanitaria mortuoria.
B.1  Estudios, proyecto, informe, apertura e inspección de:
Cementerios: 20,38 euros.
Empresa funeraria: 28,51 euros.
Criptas dentro cementerio: 4,90 euros.
Criptas fuera cementerio: 4,90 euros.
Furgones: 3,26 euros.
B.2  Traslado de un cadáver sin inhumar:
Dentro provincia: 18,73 euros.
Otra provincia: 29,33 euros.
Extranjero: 171,44 euros.
B.3  Exhumación de un cadáver antes de los cinco años de su enterramiento:
Mismo cementerio: 20,38 euros. s
En Cantabria: 28,51 euros. oe.
En otras Comunidades Autónomas: 32,59 euros. w.
añosB .d4e  dEexfuhnucmióanc:i ó4n,0 c7o enu oro ssi.n traslado de los restos cadavéricos después de los cinco
BB..56   MInohnudmaasc dióen  cdeem uenn tceardioásv e(pr oern r ecsritpotsa) :d 2e,n8t6ro e duero cse.menterios: 16,30 euros. BOE-A-cable e
B.7  Inhumación de un cadáver en cripta fuera de cementerio: 138,44 euros.
B.8  Embalsamamiento de un cadáver: 18,73 euros.
B.9  Conservación transitoria: 12,22 euros.
C)  Convalidación, ampliación de actividades y otras actuaciones sanitarias.
C.1  Diligencia libros recetarios de oficinas de farmacia: 4,07 euros.
C.2  Por expedición de certificados a petición:
Médicos: 4,07 euros.
Actividades: 12,22 euros.
Exportaciones de alimentos: 4,07 euros.
C.3  Visados y compulsas: 2,45 euros.
Tasa 2.–Tasa por pruebas de laboratorio de salud pública.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible las pruebas de laboratorio realizadas 
a través de los centros o dependencias sanitarias de la Consejería de Sanidad, cuando por 
cualquier causa no puedan efectuarse por el sector privado y su realización venga 
impuesta por las disposiciones normativas vigentes.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a las que se presten los servicios objeto de 
esa Tasa.
Exenciones.–Estarán exentas del pago de la tarifa 6 de la presente tasa (análisis de 
gluten mediante métodos basados en técnicas ELISA), las asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro representativas de personas con enfermedad celiaca.
Devengo.–La Tasa se devengará en el momento de solicitar la prestación del servicio 
o cuando éste se realice, si se ejecuta de oficio por la Administración.
Tarifas.–La Tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
1.  Aguas.
Análisis mediante métodos basados en técnicas electroanalíticas: 24,48 euros.
Análisis mediante métodos basados en técnicas ópticas: 24,48 euros.
Análisis mediante métodos basado en técnicas de espectroscopia molecular: 24,48 
euros.
Análisis de una sustancia, o grupo de ellas, mediante métodos basados en técnicas de 
cromatografía iónica: 33,27 euros.
Análisis mediante métodos basado en técnicas de espectrometría atómica: 60,73 
euros.
Análisis mediante métodos basados en técnicas gravimétricas y volumétricas: 24,48 
euros.
Análisis mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo: 
24,48 euros.
2.  Alimentos en general.
Análisis mediante métodos sencillos, basados en técnicas de aislamiento en medio de 
cultivo: 24,48 euros.
Análisis mediante métodos complejos, basados en técnicas de aislamiento en medio 
de cultivo: 63,88 euros. es
Análisis mediante métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia (ELFA): 63,88  bo
euros. w
euroAAsnn.áálliissiiss  mmeeddiiaannttee  mmééttooddooss  bbaassaaddooss  eenn t étéccnnicicaass e glercatvriomaéntarilcítaicsa sy:  v2o4l,u4m8 éeturicroass.: 24,48  OE-A-2020-50able en https://
3.  Productos de la pesca y derivados.
Análisis por cromatografía líquida con detector de fluorescencia (LC-FDL), en grupos 
de hasta 9 unidades: 139,10 euros.
Análisis mediante métodos basado en técnicas de espectrometría atómica: 60,73 
euros.
Análisis mediante métodos basados en técnicas de cromatografía iónica:
1.  Por muestra individual: 47,84 euros.
2.  Por grupos de hasta 7 muestras: 127,74 euros.
4.  Carne y Productos cárnicos.
Análisis mediante métodos basado en técnicas de espectrometría atómica: 60,73 
euros.
Análisis mediante métodos basados en técnicas de cromatografía iónica:
2.  Por muestra individual: 47,84 euros.
3.  Por grupos de hasta 7 muestras: 127,74 euros.
Análisis mediante métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia (ELFA): 63,88 
euros.
Detección de larvas de triquina (Trichinella spp.) por digestión y microscopía: 59,32 
euros por cada muestra.
5.  Bebidas y alimentos enlatados.
a)  Análisis mediante métodos basado en técnicas de espectrometría atómica: 60,73 
euros.
6.  Alimentos para celiacos.
a)  Análisis de gluten mediante métodos basados en técnicas ELISA: 43,25 euros.
7.  PNIR.
a)  Análisis de una sustancia, o grupo de ellas, mediante métodos basado en técnicas 
cromatográficas (LC-MS/MS):
1.  De 1 a 10 analitos: 718,60 euros.
2.  Por cada grupo adicional de 10 analitos: 266,15 euros.
b)  Análisis mediante métodos basado en técnicas de espectrometría atómica: 60,73 
euros.
c)  Análisis mediante métodos basados en técnicas de inhibición del crecimiento 
bacteriano por la técnica de las 4 placas: 24,48 euros.
8.  Otros.
a)  Análisis  mediante  métodos  basados  en  técnicas  sencillas  no  descritas 
anteriormente: 24,48 euros.
3.–Tasa por prestación de servicios de Seguridad Alimentaria. es
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la inscripción inicial en el Registro  w.
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA), la ampliación de las  4w
arecgtiivsitdroa;d eass íi nmsicsrmitaos,  lya  laco cmoumnuicnaiccaiócnió na  dlae  Alag evnacriiaac Eiósnp adñeo lloas  ddea tCoos nisnusmcroito, sS eegnu driidcahdo 
Aalliimmeennttaarciaió ny  Neusptreiccióianl  dceu acnodmop lleom pernetoves aa lsimue lnetgiciisolsa cyi ódne  easlipmeecniatol;s  ldae sintisncardipocsi óan u dnea   BOE-A-cable e
establecimientos de carnicería en el registro de comercio al por menor; la expedición de 
certificados sanitarios y cualquier otra actividad enumerada en las siguientes tarifas.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a los que se presten los servicios objeto de 
esa Tasa.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento que se expida la correspondiente 
documentación.
Tarifas.–La Tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
3.1  Registro General de Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).
3.1.1  Por autorización inicial de funcionamiento en inscripción en el RGSEAA de 
establecimientos a los que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento (CE), N.º 853/2004:
– 1 a 5 empleados: 119,59 euros.
– 6 a 15 empleados: 130,20 euros.
– 16 a 25 empleados: 142,15 euros.
– Más de 25 empleados: 152,79 euros.
3.1.2  Por autorización de cambio de domicilio industrial e inscripción en el RGSEAA, 
de establecimientos a los que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento (CE), N.º 853/2004:
– 1 a 5 empleados: 108,93 euros.
– 6 a 15 empleados: 119,56 euros.
– 16 a 25 empleados: 131,54 euros.
– Más de 25 empleados: 143,47 euros.
3.1.3  Por autorización de ampliación de actividad e inscripción en el RGSEAA, de 
establecimientos a los que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento (CE), n.º 853/2004:
– 1 a 5 empleados: 96,97 euros.
– 6 a 15 empleados: 108,93 euros.
– 16 a 25 empleados: 119,56 euros.
– Más de 25 empleados: 131,54 euros.
3.1.4  Por comunicación inicial o variación de datos e inscripción en el RGSEAA de 
empresas y establecimientos sin conllevar autorización: 30,55 euros.
3.1.5  Por cambio de titular de establecimientos a los que se refiere el artículo 4.2 del 
Reglamento (CE) N.º 853/2004: 30,56 euros.
3.2  Por comunicación inicial o variación de datos de complementos alimenticios y de 
alimentos destinados a una alimentación especial: 23,99 euros/producto.
3.3  Por inscripción inicial o variación de datos en el registro de establecimientos de 
carnicería: 19,86 euros.
3.4  Certificados sanitarios de productos alimenticios:
3.4.1  Por certificado sanitario de reconocimiento de productos alimenticios 
(certificados de exportación y otros a petición de parte):
Hasta 1.000 kg. o litros: 47,83 euros.
Más de 1.000 kg. o litros: 53,14 euros. s
3.4.2  Por certificado sanitario de industria o establecimiento alimentario que no  w.b
conlleve inspección: 3,98 euros. 4w
4.–Tasa por servicios relacionados con ordenación sanitaria.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible el informe y asesoramiento para la
creación, ampliación, modificación, funcionamiento, traslado o cierre de los centros,
servicios o establecimientos de asistencia sanitaria; la inspección de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios; la inscripción y control sanitario de las entidades de seguro 
libre de asistencia médico-farmacéutica; diligenciado de libros de hospitales así como 
cualquier otro enumerado en las tarifas y realizado por personal o en las dependencias de 
la Consejería de Sanidad.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades 
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a las que se presten los servicios objeto de 
esta tasa.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar la prestación del servicio 
o cuando éste se realice, si se ejecuta de oficio.
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Por el estudio e informe previo a la resolución de los expedientes de autorización 
administrativa de creación, ampliación, modificación, permiso de funcionamiento, traslado 
o cierre de centros, servicios o establecimientos de asistencia sanitaria:
A.1  Consulta previa y asesoramiento: 40,72 euros.
A.2  Hospitales: 203,61 euros.
A.3  Otros centros, servicios y establecimientos: 81,45 euros.
Inspección de Centros, servicios y establecimientos sanitarios:
B.1  A petición del titular (por inspección o día de inspección cuando suponga más de 
uno): 65,15 euros.
B.2  De oficio: 40,72 euros.
Entidades de seguro libre de asistencia médico-farmacéutica:
C.1  Inscripción en el Registro de la Dirección General de Ordenación y Atención 
Sanitaria: 40,72 euros.
C.2  Prestación de servicios de control sanitario: El 2 por 1.000 de las primas 
satisfechas por los asegurados a las entidades de seguro libre con actuación en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Diligenciado de libros de hospitales: 8,15 euros.
Inspección sanitaria de vehículos destinados a traslado sanitario con expedición de 
certificado (cuota de autorización de funcionamiento):
E.1  Ambulancias y similares: 16,30 euros.
E.2  Otros vehículos: 32,59 euros.
5.–Tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de 
despiece y establecimientos de transformación de la caza y otros establecimientos sujetos 
a control oficial.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la realización de inspecciones y 
controles sanitarios necesarios para preservar la salud pública, realizados por el Servicio 
de Seguridad Alimentaria, en mataderos, salas de despiece y establecimientos de 
transformación de la caza. Así como la realización de controles oficiales adicionales, 
motivados por incumplimiento, en otros establecimientos sujetos a control oficial.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas que sean  es
operadores o explotadores responsables de las actividades de matadero, salas de  bo
despiece, establecimientos de transformación de la caza, así como de establecimientos y  w
ayin cqstiutvaReilde apascodpioreo ncsneo sinnsa scbuilgulteuiidlsiizeo ansSd tueeobn sss  eeicd l hoiáaammryioabo nistmo .s– audLtjeoae stdao epsArl iyoacusa cn coqtióanuntmer o dienle ono lft aioce snijae olpr.rzmraoanpt iievptaoa rrd ieos íss  medgeisu mrliodosas d in laaml imauceetbnivlteiadsrai ado,    OE-A-2020-50able en https://
comercial serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria generada por esta tasa.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento en que se realicen las actividades de 
inspección y control.
Autoliquidación e ingreso.–Los obligados al pago de la tasa deberán repercutir 
íntegramente su importe sobre aquel para quien se realice la actividad cuya realización es 
objeto de control e inspección, quedando éste obligado a soportar dicha repercusión. La 
repercusión deberá realizarse mediante factura o documento sustitutivo y se entenderá 
hecha al tiempo de expedir y entregar tal factura o documento. Los obligados deberán, 
además, llevar un registro de todas las operaciones que sean objeto de la tasa.
Los obligados tributarios deberán ingresar la suma de las cuotas autoliquidadas el 
trimestre natural durante el mes siguiente a la finalización del mismo. El ingreso se hará 
conforme lo dispuesto para el pago de las tasas del Gobierno de Cantabria. En el caso de 
que la tasa se devengue como consecuencia de un control oficial adicional, el plazo para 
el ingreso será el determinado para el periodo voluntario por la Ley General Tributaria.
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Controles oficiales:
a)  Mataderos:
1.  Carne de vacuno:
– vacuno pesado: 5,00 euros por animal.
– vacuno joven: 2,00 euros por animal.
2.  Carne de solípedos/equinos: 3,00 euros por animal.
3.  Carne de porcino:
– animales de menos de 25 Kg en canal: 0,50 euros por animal.
– superior o igual a 25 Kg en canal: 1,00 euro por animal.
4.  Carne de ovino y caprino:
– de menos de 12 Kg en canal: 0,15 euros por animal.
– superior o igual a 12 Kg en canal: 0,25 euros por animal.
5.  Carne de aves y conejos:
– aves del género Gallus y pintadas: 0,005 euros por animal.
– patos y ocas: 0,01 euros por animal.
– pavos: 0,025 euros por animal.
– carne de conejo de granja: 0,005 euros por animal.
– codornices y perdices: 0,002 euros por animal.
b)  Salas de despiece:
Por tonelada de carne:
1.  de vacuno, porcino, solípedo/equino, ovino y caprino: 2,00 euros.
2.  de aves y conejos de granja: 1,50 euros.
3.  de caza silvestre y de cría:
– de caza menor de pluma y pelo: 1,50 euros. s
– de ratites (avestruz, emú, ñandú): 3,00 euros. oe.
– de verracos y rumiantes: 2,00 euros. w.
c)  Establecimiento de transformación de la caza:
12..   CCaazzaa  mmeennoorr  ddee  ppleulmo:a 0: ,00,10 0e5u reousr poos rp aonr imanaiml. al.
3.  Ratites: 0,5 euros por animal.
4.  Mamíferos terrestres:
– verracos: 1,5 euros por animal.
– rumiantes: 0,5 euros por animal.
Considerando el carácter sanitario de la actividad de control e inspección en 
mataderos, salas de despiece y establecimientos de transformación de la caza y otros 
establecimientos sujetos a control oficial, procede establecer reducciones al importe de las 
tasas que persigan promover e incentivar la mejora de la calidad sanitaria de las 
actividades que en estos establecimientos se desarrolla, podrán acogerse a las siguientes 
deducciones:
Por sistemas de autocontrol evaluados:
La deducción podrá aplicarse cuando el establecimiento disponga de un sistema de 
autocontrol basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos APPCC, 
incluyendo la existencia de procedimientos y registros que garanticen la trazabilidad de los 
animales, sus canales y demás productos manipulados en el establecimiento: información 
de la cadena alimentaria del ganado sacrificado, así como procedimientos en materia de 
bienestar animal evaluado oficialmente y con resultado favorable. Cuantía de la deducción: 
10 % de la cuota.
El requisito para el reconocimiento de la deducción por sistemas de autocontrol 
evaluados será el informe favorable de la última auditoría del sistema de autocontrol de la 
empresa, realizada por parte de los órganos de la administración sanitaria que realicen 
funciones de control sanitario.
Por el cumplimiento de las condiciones generales de higiene y seguridad alimentaria:
La deducción podrá aplicarse cuando en el establecimiento no se detecten 
incumplimientos que impliquen un riesgo para la Salud Pública en el historial de los 
operadores en cuanto al cumplimiento de las normas relativas a la seguridad alimentaria, 
incluidas las normas destinadas a garantizar prácticas leales en el comercio y a proteger 
los intereses y la información de los consumidores. Cuantía de la deducción: 10 % de la 
cuota.
Esta deducción se aplicará cuando en los controles oficiales se verifique el 
cumplimiento de las normas indicadas.
Por el cumplimiento de los criterios microbiológicos:
La deducción se aplicará cuando los resultados de los controles analíticos 
microbiológicos sean acordes a lo establecido por el Reglamento (CE) 2073/2005 de la 
Comisión de 15 de noviembre de 2005. Cuantía de la deducción: 10 % de la cuota.
Para la aplicación de las deducciones previstas en los apartados anteriores, se 
solicitará el previo reconocimiento por los órganos competentes de la Administración en 
materia sanitaria de que se cumplen las condiciones anteriormente referidas cada ejercicio.
Las solicitudes serán remitidas por parte de los interesados antes del 31 de enero de 
cada ejercicio y en ella se detallarán los conceptos para los que se solicita la deducción, 
aportando los documentos probatorios que tendrá efectos solo para el ejercicio en que se 
solicite.
En el caso de no pronunciarse expresamente la autoridad sanitaria competente en el  s
plazo de dos meses, contado desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano  e.
competente para su tramitación, el obligado podrá entender estimada su solicitud,  w.
pudiendo aplicar las deducciones solicitadas en la primera autoliquidación que realice a  4w
peajerrtciri cdieo .la finalización de dicho plazo hasta la autoliquidación del último trimestre de dicho
revoEcsatdaass  aeunt ocraizsaoc dioen eexsis ptira irnaf olarm deesd mucoctiivóand dose  stoabsares  epl ondor ácunm spelrim mieondtiofi cdaed laoss  roe qinucisluitosos   BOE-A-cable e
exigidos para su aplicación.
Controles Adicionales:
Los controles oficiales adicionales motivados por incumplimientos no podrán ser objeto 
de deducciones y la tarifa correspondiente a aplicar será:
1.  Por cada control oficial adicional (máximo 1 hora): 54,80 euros.
2.  Suplemento por cada ½ hora o fracción que exceda la primera: 11,56 euros.
6.–Tasa por habilitación de profesionales sanitarios.
Hecho Imponible.–Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de servicios, o realización de 
determinadas pruebas de capacitación para la habilitación de profesionales sanitarios.
Devengo.–La Tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud de la 
actividad administrativa constitutiva del hecho imponible.
Sujeto Pasivo.–Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa, las personas físicas o 
jurídicas que soliciten la prestación del servicio o actuaciones administrativas que 
constituyen el hecho imponible.
Tarifa.–La Tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa:
Habilitación de profesionales sanitarios: 40,72 euros.
7.–Tasa por participación en pruebas selectivas de personal estatutario.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la participación en pruebas selectivas 
para la adquisición de la condición de personal estatutario fijo convocadas por la Consejería 
de Sanidad.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas que soliciten la participación 
en tales pruebas selectivas.
Exenciones.–Estarán exentos del pago de esta tasa:
– Las personas desempleadas que figuren inscritas como tales en los Servicio 
Públicos de Empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la 
convocatoria del proceso selectivo.
– Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
– Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten 
mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se 
reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación 
de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
– Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, y sus hijos o hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la 
orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor 
de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera 
de los delitos o faltas.
Devengo.–La Tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud de 
participación en las pruebas selectivas.
Tarifas.–La Tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa: e.e
Pruebas selectivas de acceso a plazas del Grupo A1: 31,62 euros. w
PPPPrrrruuuueeeebbbbaaaassss    sssseeeelllleeeeccccttttiiivvvivaaaassss   ddd deeee   aaa accccccceeecesssooos   oaaa    appp lllaaapzzzlaaaazsssa   dddseee dlll   eGGGl rrrGuuuppprooou   pACCo212 :d::   3e111 22A,,,666g233r u  eeepuuuarrrocoosisso...nes Profesionales:  OE-A-2020-50able en https://
12,63 euros.
8.–Tasa por dictamen previo de los ensayos clínicos con medicamentos, emitido por el 
Comité Ético de Investigación Clínica de Cantabria.
a)  Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la emisión del dictamen previo de 
los ensayos clínicos con medicamentos por el Comité Ético de Investigación Clínica de 
Cantabria.
b)  Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos de las tasa las personas físicas y jurídicas, 
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que 
tengan la condición de promotor del ensayo clínico.
c)  Devengo.–La tasa se devenga desde el momento en que el promotor del ensayo 
clínico solicita el dictamen del Comité Ético de Investigación Clínica de Cantabria.
d)  Exenciones.–Quedan exentos del pago de las tarifas 1 y 2, los ensayos clínicos 
que se correspondan con la definición de investigación clínica sin ánimo de comercial, de 
conformidad con Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre.
Tarifas:
Por evaluación de ensayo clínico: 1.289,89 euros.
Por evaluación de enmiendas relevantes: 257,96 euros.
9.–Tasa por inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
de Cantabria.
a)  Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la inscripción, cambio de 
domicilio industrial, cambio de titular, ampliación de actividad, de los establecimientos y 
servicios, sujetos a inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas de Cantabria.
b)  Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que sean 
titulares de los establecimientos y/o servicios biocidas ubicados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, que presten los servicios objeto de esta Tasa.
c)  Devengo.–La Tasa se devengará en el momento que se expida la correspondiente 
documentación.
e)  Tarifa.–53,23 euros.
10.–Tasa por participar en concursos para la autorización de apertura de nuevas 
oficinas de farmacia en Cantabria.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la presentación de la solicitud de 
participación en los concursos para la autorización de apertura de nuevas oficinas de 
farmacia en Cantabria.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas que presenten solicitud de 
participación en los concursos para la autorización de apertura de nuevas oficinas de 
farmacia en Cantabria.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de presentación de la solicitud de 
participación en los concursos para la autorización de apertura de nuevas oficinas de 
farmacia en Cantabria.
Tarifa.–158,61 euros.
11.–Tasa por solicitudes de autorización en materia de estudios posautorización de tipo 
observacional de seguimiento prospectivo en Cantabria. s
a)  Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la presentación de la solicitud de  b
autorización inicial para la realización de estudios posautorización de tipo observacional de  w
smeogduiifmiciaecnitoon perso srpeelcetvivaon etens C daen taebsrtiuad yi olas  ppreosseanuttaocriiózna cdieó nla  dseo lictiiptuod  odbe saeurtvoaricziaocnióanl  ddee 
segubi)m  ieSnutoje ptoro sppaescivtiov.o– pSreerváianm seunjteet oasu tporaizsaivdooss  leans  Cpaenrtsaobnriaas. físicas o jurídicas que
presenten solicitud de autorización inicial para la realización de estudios posautorización
de tipo observacional de seguimiento prospectivo en Cantabria y las personas físicas o 
jurídicas que presenten solicitud de autorización de modificaciones relevantes de estudios 
posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo previamente autorizados 
en Cantabria.
c)  Exenciones.–Quedan exentos del pago de las tarifas 1 y 2, los estudios 
posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo para medicamentos de 
uso humano (EPA-SP), que se correspondan con la definición de investigación clínica sin 
ánimo de comercial, de conformidad con Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre.
d)  Devengo.–La tasa se devengará en el momento de presentación de las respectivas 
solicitudes.
e)  Tarifas:
– Tarifa  1.  Solicitud  de  autorización  inicial  para  la  realización  de  estudios 
posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo para medicamentos de 
uso humano (EPA-SP) en Cantabria: 417,32 euros.
– Tarifa 2. Solicitud de autorización de modificaciones relevantes de estudios 
posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo para medicamentos de 
uso humano (EPA-SP) previamente autorizados en Cantabria: 185,25 euros.
12.–Tasas por copia de documentación de la historia clínica.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible la expedición de copia de la 
documentación de la historia clínica que se señala en las tarifas, realizada a través de las 
instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud. La expedición de copia de la 
restante documentación integrada en la historia clínica se sujetará a las tarifas 5 a 9 de la 
Tasa General 1 (tasa por servicios administrativos).
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que soliciten 
copia de determinada documentación de la historia clínica.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar la copia del documento 
correspondiente.
Tarifas.–La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Copia de informes clínicos en soporte digital: 15,96 euros.
Copia de radiografías en soporte acetato: 15,96 euros.
Copia en soporte digital de imágenes radiográficas y otras exploraciones de diagnóstico 
por la imagen: 10,64 euros.
13.–Tasas por autorizaciones administrativas de Establecimientos y Servicios de 
atención farmacéutica en Cantabria.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de la tasa, la realización por los 
órganos administrativos competentes, de los trámites necesarios para las autorizaciones 
de los establecimientos y servicios de atención farmacéutica: Oficinas de Farmacia; 
Botiquines; Servicios de Farmacia Hospitalarios; Depósitos de medicamentos y Almacenes 
mayoristas de distribución de medicamentos de uso humano.
Sujeto pasivo.–Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas así como 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria que soliciten las 
autorizaciones preceptivas para los establecimientos y servicios de atención farmacéutica.
Devengo.–La tasa se devengará en el momento de solicitar la prestación del servicio 
o, cuando éste se realice, si se ejecuta de oficio por la administración. e
Tarifas.–La Tasa se exigirá conforme a las siguientes Tarifas: bo
ATa) rifaO Afic.1in: aAsu dtoer iFzaacrmióanc diae: nueva apertura o traslado de oficinas de farmacia: 352,42  2020-504n https://w
euroTsa.rifa A.2: Autorización de transmisión de oficinas de farmacia: 322,54 euros. BOE-A-cable e
Tarifa A.3: Autorización de modificación del local de oficinas de farmacia: 97,46 euros.
Tarifa A.4: Nombramiento de Farmacéutico Regente: 46,37 euros.
B)  Botiquines:
Tarifa B.1: Autorización de instalación y apertura o traslado de botiquines: 98,13 euros.
C)  Depósitos de Medicamentos.
Tarifa C.1: Autorización de instalación, apertura y funcionamiento de depósitos de 
medicamentos: 219,08 euros.
Tarifa C.2: Renovación de la autorización de funcionamiento de depósitos de 
medicamentos: 140,56 euros.
Tarifa C.3: Modificación sujeta a autorización de depósitos de medicamentos: 74,95 
euros.
D)  Servicios de Farmacia Hospitalarios.
Tarifa D.1: Autorización de instalación, apertura y funcionamiento de servicios de 
farmacia hospitalarios: 434,11 euros.
Tarifa D.2: Autorización de traslado de servicios de farmacia hospitalarios: 256,50 
euros.
Tarifa D.3: Renovación de la autorización de funcionamiento de servicios de farmacia 
hospitalarios: 434,11 euros.
Tarifa D.4: Modificación sujeta a autorización de servicios de farmacia hospitalarios: 
166,38 euros.
E)  Almacenes Mayoristas de distribución de medicamentos de uso humano 
(Almacenes Mayoristas):
Tarifa E.1: Autorización de apertura y funcionamiento de almacenes mayoristas: 488,39 
euros.
Tarifa E.2: Autorización de traslado de almacenes mayoristas: 302,88 euros.
Tarifa E.3: Modificación sujeta a autorización de almacenes mayoristas: 166,38 euros.
Tarifa E.4: Nombramiento de Director Técnico de almacenes mayoristas: 46,37 euros.
Tarifa E.5: Inspección y Verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Distribución. Emisión del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de almacenes 
mayoristas: 658,09 euros.
14.–Tasas de Fabricantes de Productos Sanitarios a medida.
Hecho imponible.–Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, de oficio 
o a instancia de parte, de los servicios de tramitación para la obtención de la licencia de 
funcionamiento de los fabricantes de productos sanitarios a medida, esto es, productos 
fabricados específicamente según la prescripción de un facultativo especialista en la que 
haga constar, bajo su responsabilidad, las características específicas de diseño y que se 
destine únicamente a un paciente determinado.
Sujeto pasivo.–Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que presenten 
solicitud de la licencia de funcionamiento para la fabricación de productos sanitarios a 
medida.
Devengo y pago.–La tasa se devengará en el momento en que se presta el servicio o 
se ejecuta la actuación, pero puede ser exigida la justificación del ingreso en el momento 
de la presentación de la solicitud. e
Tarifas.–La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: bo
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sanitarios a medida: 143,19 euros.
Tarifa 3: Modificación sujeta a autorización de la licencia de funcionamiento de  Bc
fabricantes de productos sanitarios a medida: 97,46 euros.
ANEXO II
Creación del fichero de datos de carácter personal «Registro Autonómico 
de Infractores de Pesca y Actividades Marinas»
a)  Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de 
su finalidad y usos previstos.
a.1)  Identificación del fichero: Registro Autonómico de Infractores de Pesca y 
Actividades Marítimas.
a.2)  Finalidad y usos previstos: Gestión de datos sobre infracciones y sanciones, 
gestión del sistema de puntos previsto en la normativa comunitaria, coordinación con las 
autoridades competentes de la administración nacional.
b)  Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el 
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1)  Colectivo: Personas físicas o jurídicas relacionadas con el procedimiento 
administrativo sancionador.
b.2)  Procedencia: Resoluciones firmes de expedientes sancionadores en materia de 
pesca y actividades marinas.
c)  Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su 
organización.
c.1)  Estructura: Datos identificativos.
La inscripción contendrá, al menos, los siguientes apartados:
1.  Referencia a los sujetos y los buques declarados responsables de la comisión de 
cualesquiera infracciones, con indicación de los siguientes extremos:
Buque: Nombre, matrícula, folio, IMO (en caso de tenerlo) y Puerto Base.
Armador: Nombre, NIF y DNI, número de licencia.
Patrón: Nombre, DNI.
Persona física: Nombre, DNI.
Personas jurídicas: Razón social, NIF.
2.  Infracción que se estima probada, con indicación de los siguientes extremos:
Número de Expediente, precepto infringido, fecha de la infracción, fecha del acta o 
denuncia, fecha del acuerdo de inicio del expediente sancionador, medidas provisionales 
adoptadas.
3.  Sanción aparejada, tanto la principal, como las accesorias, en su caso, con 
indicación de:
Fecha de Resolución sancionadora, sanción económica, sanciones accesorias en su 
caso.
4.  Carácter provisional de la inscripción, en su caso, cuando no sea firme, indicando 
la fecha de interposición del recurso. s
5.  Número de puntos asignados que apareja esta sanción. oe.
6.  Fecha de la resolución donde se determinen estos extremos. w.
Ley.7D.a toFse ecshpae dceia lpmreesncteri ppcrioótne gdied olas : sinafnrcaicócnio, ndees a yc usearndcoio cnoens .lo dispuesto en la presente  2020-504n https://w
c.2)  Sistema de tratamiento: Automatizado. BOE-A-cable e
d)  Comunicaciones de los datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o 
las categorías de destinatarios y legislación aplicable: al Registro Nacional de Infracciones 
Graves a la Política Pesquera Común gestionado por la Secretaria General de Pesca en 
aplicación del artículo 4.2 del Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que se crea 
y regula el registro nacional de infracciones graves a la política pesquera común, se 
establecen las normas de aplicación del sistema de puntos y se actualizan los importes de 
las sanciones previstas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
e)  Transferencias Internacionales previstas a terceros países, con indicación, en su 
caso, de los países de destino de los datos: no están previstas.
f)  Modificación del fichero: se habilita a la Consejería con competencia en materia de 
pesca para la modificación del fichero mediante Orden.
g)  Órganos responsables del fichero: Dirección General de Pesca y Alimentación.
h)  Servicios o unidades ante los que pueden ejercerse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Pesca. C/ Albert Einstein, 2 
(PCTCAN) - 39011 Santander.
i)  Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible de acuerdo con lo 
establecido en el título VIII del RLOPD: Medio.