BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211 Viernes 3 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 107589
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
14515 Orden DSA/921/2021, de 1 de septiembre, por la que se establecen las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a 
actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en España.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita en septiembre de 2015 por 
los Jefes de Estado y de Gobierno de 193 países en el seno de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, representa un cambio en la concepción del desarrollo sostenible y el 
progreso  de  los  países  y  las  personas,  respetando  los  límites  del  planeta.  La 
Agenda 2030 constituye el marco para la acción más ambicioso del que se ha dotado 
España y el conjunto de la comunidad internacional hasta la fecha y debe encaminarnos 
hacia un futuro basado en la protección de nuestro planeta y en la garantía de una vida 
digna para todas las personas. A través de sus 17 objetivos y 169 metas aborda los 
derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables, garantizando no dejar 
a  nadie  atrás,  y  promueve  medidas  para  conservar  la  naturaleza  y  hacer  un  uso 
equilibrado de los recursos naturales. En definitiva, la Agenda 2030 es una oportunidad 
única para garantizar el bienestar de todas las personas y transitar hacia un modelo de 
desarrollo más inclusivo, justo y sostenible.
La Agenda 2030 desde el principio de universalidad establece responsabilidades a 
todos los países para contribuir en la resolución de los grandes retos globales y locales 
que nos aquejan, trascendiendo la clásica división Norte - Sur. Además, por primera vez 
se parte de un diagnóstico integral y compartido de los grandes problemas que atañen a 
las  personas,  a  los  países  y  a  nuestro  planeta,  dejando  atrás  análisis  y  acciones 
sesgadas  y  compartimentadas.  Así,  se  apuesta  por  una  perspectiva  holística  del 
desarrollo sostenible, que tenga en cuenta siempre las dimensiones sociales, culturales, 
económicas y medio ambientales.
Por todo ello, la Agenda 2030 es y debe ser la piedra angular a partir de la cual 
articular las políticas internas, debe conformarse como un pilar fundamental ineludible en 
nuestra acción exterior y ha de articular el conjunto de nuestras iniciativas, garantizando 
la coherencia de las políticas con el desarrollo sostenible.
No obstante, a pesar de los avances significativos y de los importantes esfuerzos 
llevados a cabo por nuestro país para cumplir con la Agenda 2030, la realidad es que la 
pandemia global de la COVID-19 está generando una crisis sanitaria, económica y social 
de graves consecuencias para las personas dentro y fuera de nuestras fronteras.
Es  en  este  complejo  contexto  en  el  que  el  Gobierno  de  España  asume  un 
compromiso renovado con el objetivo de avanzar decisivamente en la implementación de 
la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un compromiso 
claro que se centra en una tarea fundamental: convertir en hechos las palabras y en 
políticas  las  declaraciones.  Nuestro  país  debe  ser  un  referente  internacional  en  el 
cumplimiento de la Agenda 2030, y ésta debe ser un principio esencial en nuestra 
política interna, en nuestra acción exterior y en la coherencia entre todas nuestras 
actuaciones. s
Expresión  de  este  compromiso  del  Gobierno  fue  la  creación,  mediante  el  Real  oe.
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de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de  Bc
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.
Entre las funciones de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 destacan la de 
colaborar con todas las Administraciones públicas para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030; garantizar la puesta en marcha y buen 
funcionamiento de los diferentes mecanismos de gobernanza, coordinación, diálogo y 
articulación de la implementación de la Agenda 2030; diseñar, elaborar, desarrollar y 
evaluar los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de España con la 
Agenda 2030; así como impulsar y apoyar la preparación, elaboración e implementación 
de  las  políticas  palanca  y  medidas  acordadas  que  aceleren  en  mayor  grado  el 
cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a otros órganos.
Todo ello respetando el principio de lealtad institucional y en colaboración con los 
órganos  competentes  de  la  Administración  General  del  Estado,  con  el  resto  de 
Administraciones públicas competentes, con la sociedad civil, el sector privado, las 
instituciones académicas y la sociedad en su conjunto.
Además, entre sus competencias, se encuentra la de promover la implementación de 
la Agenda 2030 en España a través del impulso a la actividad y contribución de la 
sociedad civil organizada, el sector privado y otros actores comprometidos con ella 
desde una perspectiva multinivel y multiactor, implicando a la academia, a los agentes 
económicos y sociales y al conjunto de la ciudadanía.
La Agenda 2030 debe ser abordada desde un nuevo enfoque de cooperación y 
coordinación institucional e intersectorial en el que es imprescindible el diálogo y la 
complementariedad del nivel local, nacional e internacional, así como la colaboración 
entre los sectores público, privado y de la sociedad civil.
En el ejercicio de esta competencia se hace necesario promover la concesión de 
subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la promoción e implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para lo cual, esta orden de bases tiene 
por objeto regular la posible concesión de subvenciones a actividades realizadas por 
plataformas, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones sin ánimo de lucro, 
entidades del ámbito de la economía social, universidades y organismos públicos de 
investigación que promuevan la incidencia política y social para el fomento de políticas 
alineadas  a  la  Agenda  2030,  así  como  el  desarrollo  de  proyectos  piloto,  buenas 
prácticas, iniciativas innovadoras, impulso de la investigación científica y técnica en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y generación de alianzas que fomenten la 
promoción e implementación de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta orden se 
adecúa a los principios de buena regulación, en concreto, responde a los principios de 
necesidad y eficacia, al existir razones de interés general dirigidas a la implementación 
de la Agenda 2030 en España y por ser, además, un instrumento adecuado para 
garantizar  la  consecución  de  los  fines  perseguidos.  Se  ajusta  al  principio  de 
proporcionalidad, pues contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad 
expuesta. Asimismo, se garantiza el principio de seguridad jurídica, ya que es coherente 
con el marco normativo general en materia de subvenciones. En cuanto al principio de 
transparencia, identifica claramente su propósito y la memoria, accesible a la ciudadanía, 
ofrece una explicación completa de su contenido.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la  s
Constitución Española que confiere la competencia exclusiva del Estado en la regulación  oe.
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el  w.
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como  515ww
econo redli naarctíiócunl og e1n4e9ra.1l .d1e5 .laª,  inqvuees tiagtaricbióunye c ieanl tíEficsata yd oté clan iccao.mpetencia  en  el  fomento  y
Es necesaria la gestión directa y centralizada de estas subvenciones, de manera que 
se garanticen iguales posibilidades de obtención de disfrute por parte de potenciales 
destinatarios en todo el territorio nacional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, esta orden ha sido sometida a informe de la 
Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la 
Administración del Estado en el Departamento.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
dispongo:
Artículo 1.  Objeto.
1.  La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las 
subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo a los créditos de sus presupuestos, a 
proyectos e iniciativas cuyas finalidades sean el impulso, la promoción y la alineación de 
políticas  públicas,  así  como  la  realización  de  actividades  para  el  fortalecimiento  e 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2.  Las  subvenciones  irán  destinadas  a  subvencionar  proyectos  o  iniciativas 
relativos a:
a)  Actuaciones/Actividades que promuevan acciones de incidencia política y social 
para  el  impulso  de  políticas  públicas  y  planificación  estratégica  alineadas  con  los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible 2030.
b)  Actuaciones  que  promuevan  la  generación  e  implementación  de  proyectos 
pilotos  y  de  buenas  prácticas  que  favorezcan  el  cumplimiento  de  los  Objetivos  de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como de las prioridades de actuación de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
c)  Proyectos situados en el marco de la innovación social y la I+D+i que planteen 
nuevas metodologías, escenarios y enfoques para avanzar en el cumplimiento de la 
implementación de la Agenda 2030 y que tengan como eje vertebrador la investigación y 
el conocimiento.
d)  Proyectos y actividades que promuevan el trabajo en red y a la generación de 
alianzas multiactor inclusivas, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, sobre 
una visión centrada en las personas y el planeta, que tengan como objetivo fortalecer y 
acelerar la implementación de la Agenda 2030.
e)  Iniciativas  de  comunicación  y  desarrollo  de  campañas  transformadoras  que 
generen conocimiento e implicación de la sociedad en general con el impulso de la 
Agenda 2030.
El plazo máximo para ejecutar cada proyecto o iniciativa, será de un año a partir de 
la publicación de la resolución de concesión correspondiente.
Artículo 2.  Requisitos de las entidades beneficiarias.
1.  Podrán  obtener  la  condición  de  entidad  beneficiaria  las  asociaciones, 
fundaciones especialmente las de ámbito supraterritorial o nacional y demás entidades 
privadas sin ánimo de lucro, las entidades que integran la economía social, definidas en 
el artículo 2 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, y las universidades  e.
creadas conforme a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  w.b
Todas estas entidades deben estar legalmente constituidas e inscritas, en su caso, en los  515ww
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de la Agenda 2030, que promuevan el bienestar colectivo.
2.  No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias aquéllas que incurran 
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  Las subvenciones serán concedidas, de acuerdo con los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del título I de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título I de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  El  procedimiento  de  concesión  se  iniciará  de  oficio  mediante  convocatoria 
pública  anual  aprobada  por  la  persona  titular  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la 
Agenda 2030, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, siempre que exista 
crédito adecuado y suficiente. La convocatoria se ajustará a lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título I de su Reglamento 
de desarrollo.
3.  Se publicará un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y 
se publicará la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los 
términos previstos en los artículos 20.8 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Las convocatorias determinarán los créditos presupuestarios a los que deben 
imputarse las correspondientes subvenciones y podrán fijar, excepcionalmente, además 
de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya 
aplicación a la concesión de las subvenciones no requerirá de nueva convocatoria, 
siempre y cuando esa financiación adicional se obtenga antes de la resolución de 
concesión,  de  acuerdo  con  los  requisitos  que  se  señalan  en  el  artículo  58  del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de lo ya establecido en 
el artículo 8.
5.  Además, las convocatorias especificarán las actuaciones que se subvencionan, 
los requisitos y prioridades, en su caso, los importes máximos de las subvenciones a 
conceder y el número de solicitudes que se pueden presentar por entidad sin perjuicio de 
lo ya establecido en los artículos 2 y 4.
6.  Al amparo de lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
actos  administrativos  serán  objeto  de  publicación,  surtiendo  ésta  los  efectos  de 
notificación, al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva. En este caso, 
la  convocatoria  del  procedimiento  indicará  el  medio  en  el  que  se  efectuarán  las 
sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares 
distintos.
La resolución deberá publicarse conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. La publicación tendrá los efectos de la notificación.
Artículo 4.  Solicitudes, plazo de presentación y régimen de comunicaciones.
1.  De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los 
solicitantes  deberán  presentar  las  solicitudes  por  el  registro  electrónico  de  la 
Administración o por el del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, e irán 
dirigidas a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.
2.  Las  solicitudes  deberán  formalizarse  en  el  modelo  normalizado  que  estará  es
disponible en la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las  bo
correspondientes convocatorias determinarán las memorias y documentos que deban  515ww
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por  una  declaración  responsable  del  solicitante,  en  los  términos  indicados  en  el
artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este supuesto, el órgano instructor, 
con anterioridad a efectuar la propuesta de resolución de concesión de la subvención, 
deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los 
datos contenidos en la citada declaración en un plazo de diez días hábiles.
3.  La presentación de la solicitud conllevará la autorización, al órgano concedente, 
para que obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias relativas al 
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social de la entidad solicitante, salvo 
que esta deniegue expresamente el consentimiento, debiendo aportar, en este caso, la 
certificación  correspondiente  regulada  en  el  artículo  22  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, teniendo en cuenta el contenido del artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, 
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  la  entidad  solicitante  deberá  autorizar 
expresamente al órgano concedente, para que obtenga de forma directa la acreditación 
de las circunstancias relativas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias de la 
entidad solicitante, o, en su defecto, deberá aportar la certificación correspondiente 
regulada en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en las memorias o en la documentación aportada, que no obedezcan a 
errores materiales o aritméticos, comportará la inadmisión de la solicitud y la exclusión 
del procedimiento para la adjudicación de la subvención, previa actuación de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 5 y 10, y sin prejuicio de las restantes responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse.
5.  El plazo de presentación de solicitudes será, como máximo, de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».
6.  La convocatoria podrá establecer un número máximo de proyectos a presentar 
por un mismo solicitante.
7.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, o la 
documentación aportada fuera incompleta, se requerirá a la entidad solicitante para que 
subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hace se le tendrá por 
desistido de su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de dicha ley.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, podrá instarse al solicitante para 
que complete los requisitos necesarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a 
partir del día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no 
hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a dicho trámite.
Artículo 5.  Ordenación e instrucción.
1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la 
Dirección General de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030, adscrita 
al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la Secretaría Estado para 
la Agenda 2030, que examinará la documentación presentada y requerirá, en su caso, a 
los solicitantes para que subsanen de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.7.
Así mismo, el órgano instructor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 
y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrá realizar de oficio cuantas actuaciones  e.
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en  w.b
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, pudiendo solicitar  515ww
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que Esne  lvae rcifoicrraersáp eoln cduiemnpteli mcioennvtoo cdaeto lraias  csoen edsictaiobnleecse imráp uuneas tafass pea drae  opbreteenvearl ulaa ccióonn deicni ólan 
de  entidad  beneficiaria.  En  caso  de  que  en  la  fase  de  preevaluación  se  hubiera
producido la exclusión de algún solicitante, se le notificará tal extremo en la forma que 
determine dicha convocatoria.
2.  El examen y evaluación de las solicitudes, así como la consiguiente propuesta de 
concesión y denegación de ayudas, se realizará por el órgano colegiado, la Comisión 
Técnica de Valoración, según lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, que estará formada por:
a)  Presidenta/e:  Una/un  representante  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la 
Agenda 2030 con nivel de Subdirector o asimilado.
b)  Secretaria/o:  Una/un  representante  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la 
Agenda 2030, con voz, pero sin voto que desempeñe un puesto de nivel 26 o superior.
c)  Vocales: Tres funcionarios de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, 
designados por el titular de la misma, que desempeñen un puesto de nivel 26 o superior.
Las/os Vocales y la/el Secretaria/o serán nombrados a propuesta de los respectivos 
órganos directivos, por la Secretaría de Estado de Agenda 2030.
En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otra causa justificada, las/os 
Vocales y la/el Secretaria/o podrán ser sustituidos por funcionarias/os del mismo nivel, a 
propuesta de los órganos competentes para la designación de aquéllos.
d)  Cuando la/el Presidenta/e de la Comisión lo estime necesario o conveniente, 
podrán incorporarse a ésta, con voz, pero sin voto, expertos competentes en las áreas a 
las que afecte la evaluación efectuada.
La Comisión Técnica de Valoración se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a lo 
previsto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La  Comisión  Técnica  de  Valoración  procederá  al  análisis  y  valoración  de  las 
solicitudes admitidas, conforme a los criterios establecidos en el artículo 6, estableciendo 
un orden de prelación y fijando la cuantía de la subvención a conceder a las solicitudes 
en función de su puntuación, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito 
presupuestario disponible. Una vez evaluadas las solicitudes, emitirá un informe en el 
que se concretará el resultado de la evaluación efectuada.
3.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe elaborado por la 
Comisión  Técnica  de  Valoración,  formulará  la  propuesta  de  resolución  provisional, 
debidamente motivada.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por los interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá carácter 
definitivo.
Cuando  el  importe  de  la  subvención  contenido  en  la  propuesta  de  resolución 
provisional sea inferior al que figuraba en el proyecto inicialmente presentado, se podrá 
instar de las entidades beneficiarias a la reformulación de sus solicitudes, en el plazo de 
diez días hábiles, para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, 
identificando, de entre las actuaciones propuestas, aquellas cuyo compromiso mantiene 
y que serán objeto de subvención.
La reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de 
la subvención, manteniendo el porcentaje de financiación exigido por la convocatoria, así 
como los criterios de valoración establecidos, y deberá contar con la conformidad de la 
Comisión Técnica de Valoración.
Examinadas por la Comisión Técnica de Valoración las reformulaciones presentadas  e
en su caso por los interesados, el órgano instructor elevará al órgano concedente la  bo
propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará la relación de personas  515ww
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criterios de valoración seguidos para efectuarla.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
de la persona beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no se haya 
publicado la resolución definitiva de concesión.
Artículo 6.  Criterios de valoración de las solicitudes.
La valoración de los proyectos presentados, hasta un máximo de cien puntos, se 
efectuará con arreglo a los criterios que se indican a continuación:
1.  Calidad  técnica  y  viabilidad  económica  del  proyecto  (hasta  un  máximo  de 
cuarenta puntos).
a)  Adecuación del proyecto a los objetivos de las subvenciones (máximo diez 
puntos).
b)  Coherencia de las actividades propuestas, metodología y calendario (máximo 
diez puntos).
c)  Suficiencia y capacidad de los recursos humanos y materiales previstos (máximo 
cinco puntos).
d)  Coherencia, claridad y proporcionalidad del presupuesto aportado (máximo cinco 
puntos).
e)  Metodología innovadora (máximo diez puntos).
2.  Experiencia, trayectoria y especialización de las organizaciones, en relación con 
los objetivos de cada subvención (hasta un máximo de diez puntos).
a)  Actividades  realizadas  por  los  solicitantes  que  hayan  contribuido  o  que 
contribuyan  a  la  implementación  de  la  Agenda  2030  para  el  desarrollo  sostenible 
(máximo cinco puntos).
b)  Actividades realizadas similares a las que se presentan para la solicitud de 
subvención (máximo cinco puntos).
3.  Incidencia del proyecto en la sociedad (hasta un máximo de cuarenta puntos).
a)  Definición de los resultados esperados (máximo cinco puntos).
b)  Repercusión territorial de las actividades programadas (máximo cinco puntos).
c)  Potenciales beneficiarios (máximo cinco puntos).
d)  Interés social del proyecto (máximo diez puntos).
e)  Incidencia en los principales retos y problemas del país, sustentado en datos 
oficiales (máximo diez puntos).
f)  Alcance de las medidas de difusión y divulgación propuestas (máximo cinco 
puntos).
4.  Colaboración  y  alianzas  innovadoras,  multiactor  y/o  multinivel  con  otras 
organizaciones (máximo diez puntos).
a)  La participación conjunta de varias entidades en el proyecto y otras ayudas y 
colaboraciones (máximo cinco puntos).
b)  La cofinanciación del proyecto por otras entidades (máximo cinco puntos).
Artículo 7.  Resolución.
1.  La persona titular de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, del Ministerio  oe.
de Derechos Sociales y Agenda 2030, resolverá el procedimiento de concesión mediante  w.
resolución motivada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 38/2003,  515ww
de 127.  deE nno rveiesmolubcreió.n, que habrá de ser motivada de acuerdo con lo que disponga la
lcao nrevloaccaiótonr idae q suoeli chiatarán taelsu sai ólons a q luoes  sceri tecorinocse ddee  vlaa losruabcvióenn cdióen l,a lsa  sdoelisceitsutdimesa,c sióen a ecxoprdreasraá   BOE-A-cable e
de las restantes solicitudes y la no concesión, por desistimiento, renuncia o imposibilidad 
material sobrevenida. Se indicará, además, la cuantía de la subvención concedida al 
beneficiario.
3.  Además, la resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de todas 
las  solicitudes  que,  cumpliendo  con  las  condiciones  administrativas  y  técnicas 
establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no 
hayan  sido  estimadas  por  rebasarse  la  cuantía  máxima  del  crédito  fijado  en  la 
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de 
los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por parte de alguno de los 
beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, 
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de 
su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios 
se  haya  liberado  crédito  suficiente  para  atender  al  menos  una  de  las  solicitudes 
denegadas.
4.  La resolución se publicará en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. En todo caso, esta publicación sustituirá a la notificación personal y surtirá 
sus mismos efectos.
La resolución deberá publicarse en el plazo de seis meses desde la fecha de 
publicación de la correspondiente convocatoria.
Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo máximo de 
resolución  y  notificación,  en  los  términos  y  con  las  limitaciones  establecidas  en  el 
artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El vencimiento del plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, legitima a 
las  personas  interesadas  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la 
solicitud de concesión de la subvención.
5.  La resolución de concesión de las subvenciones agota la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, o bien ser impugnada directamente ante el orden contencioso–administrativo en la 
forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
6.  Las subvenciones concedidas se harán públicas, en los términos previstos en el 
artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La publicación en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones se hará de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.8.b) de la 
misma ley.
Artículo  8.  Pago  de  la  subvención  y  criterios  para  la  determinación  de  la  cuantía 
individualizada.
1.  La cuantía de las subvenciones será proporcional a la puntuación obtenida por 
los beneficiarios en sus proyectos, conforme a los criterios de valoración fijados en el 
artículo 6, y al presupuesto solicitado.
2.  El importe de la subvención no podrá superar en ningún caso las cuantías 
máximas establecidas para cada actuación.
3.  Sólo se podrán subvencionar proyectos cuyo coste total sea igual o superior al 
importe  mínimo  que  establezca  expresamente  la  correspondiente  convocatoria  de 
subvenciones.
4.  Las subvenciones a que se refiere esta orden, se concederán en régimen de 
pagos anticipados, con el límite que, en su caso, pudiera establecer cada convocatoria,  e.
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  párrafo  segundo  del  artículo  34.4  de  la  w.b
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, atendiendo a que el objeto de las subvenciones estará  515ww
dcoeostpinearadcoió an  ilnat efirnnaanccioiancaiól ne nd eel  ápmrobyietoc todse,  lap rAoggeranmdaa s2 0d3e0 ,a yc cqióune  ssuosc iable ny epfircoiagrriaoms asse rádne 
entidEasdtoess  psiang foinse sse d ep rloudcuroc.en como financiación para que la entidad beneficiaria pueda
llevar a cabo las actuaciones correspondientes a la subvención. Ello está motivado por la
necesidad de atender a las necesidades financieras del beneficiario que no siempre 
puede llevar a cabo la actividad subvencionada si no dispone de la liquidez adecuada.
A este efecto debe incluirse en el expediente que se tramite para el pago de la 
subvención un certificado, expedido por el órgano responsable del seguimiento de la 
subvención, en el que se acrediten los siguientes extremos:
a)  Que no ha sido emitida resolución declarativa de procedencia de reintegro de la 
subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma.
b)  Que no ha sido acordada, por el órgano concedente, la retención cautelar de los 
libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario e entidad 
colaboradora.
5.  El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a una cuenta abierta a 
nombre de la entidad, con relación a la cual la Dirección General de Políticas Palanca 
para el cumplimiento de la Agenda 2030 podrá requerir la información que, en su caso, 
precise.
Artículo 9.  Subcontratación.
1.  La realización de la actividad subvencionada es obligación personal de la entidad 
beneficiaria  sin  otras  excepciones  que  las  establecidas  en  las  presentes  bases 
reguladoras, dentro de los límites y con los requisitos fijados en los artículos 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 68 de su Reglamento.
2.  Por razón de la naturaleza de las actividades que integran el proyecto, se podrá 
autorizar a las entidades beneficiarias la subcontratación de hasta un cien por cien del 
importe total de la actividad subvencionada.
Dicha subcontratación se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su reglamento.
En el supuesto de que la actividad subcontratada exceda del veinte por ciento de la 
subvención concedida y dicho importe sea superior a sesenta mil euros (60.000 €), 
además de la citada autorización será preceptiva la celebración de un contrato por 
escrito, conforme a lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
3.  La resolución de concesión podrá autorizar, en su caso, las subcontrataciones 
que el beneficiario hubiera previsto en su solicitud. En tal caso, se deberá aportar 
documentación acreditativa de la especialización de la entidad con la que se contrata la 
realización de actividades, en la materia objeto de dicha contratación.
Asimismo, se aportará documentación acreditativa de que la entidad con la que se 
contrata la realización de las actividades se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social o autorización para que el órgano concedente la 
obtenga de forma directa según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Además deberá acreditarse mediante declaración responsable de quien ostente la 
representación legal de la entidad con la que se ha contratado o se vaya a contratar la 
realización  de  la  actividad,  que  no  se  encuentra  incursa  en  las  prohibiciones  para 
obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones, establecidas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que en la misma no concurre ninguna de las 
causas previstas en los párrafos b), c), d) y e) del artículo 29.7 del mismo texto legal.
Artículo 10.  Justificación. s
1.  La entidad beneficiaria tiene la obligación de justificar, en tiempo y forma, la  w.b
realización del proyecto y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión  515ww
de la subvención, para lo cual deberá ajustarse a las siguientes reglas:
presae)n taPr aurnaa  scuubevnetnac jiuosnteifisc adtiev ac cuoann taíap oinrtfaecriióonr  dae s jeussetifnictaa nmteisl  eduer goas s(to6.0.000 €) deben
Dicha cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación, según lo dispuesto 
en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
1.º  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
2.º  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá:
1.ª  Una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  de  la  actividad,  con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha  de  pago.  En  el  caso  de  que  la  subvención  se  otorgue  con  arreglo  a  un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
2.ª  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil  o  con  la  eficacia  administrativa  incorporados  en  la  relación  que  se  hace 
referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
3.ª  Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial, en el caso de la adquisición de bienes inmuebles.
4.ª  Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o 
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en la cláusula 1.ª, 
excepto aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan previsto 
su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación.
5.ª  Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
6.ª  Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, debe de haber solicitado el beneficiario.
7.ª  En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
Las  memorias,  tanto  de  actuación  justificativa,  como  económica,  deberán  estar 
firmadas por la/el representante legal.
b)  En el caso de subvenciones de cuantías iguales o superiores a sesenta mil euros 
(60.000 €), se debe presentar cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, 
conforme a la Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de 
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de 
cuentas justificativas de subvenciones, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este caso, la cuenta 
justificativa contendrá una memoria de actuación y una memoria económica que podrá 
ser abreviada.
2.  La justificación de las subvenciones deberá efectuarse por el coste total del 
proyecto, cien por cien de la cantidad concedida y parte cofinanciada, en su caso, 
mediante la presentación de facturas o cualquier otro documento probatorio válido en 
derecho, debidamente cumplimentado.
3.  Los  documentos  justificativos  del  gasto  deberán  cumplir  las  condiciones 
indicadas en el manual de justificación de cada convocatoria y haber sido emitidos en los 
plazos establecidos en cada caso.
4.  El órgano encargado de la tramitación podrá requerir a la entidad beneficiaria 
para  que  aporte  cualquier  otra  documentación  que  se  considere  necesaria  para  la 
justificación de la subvención. e.
5.  El plazo de presentación de la justificación será de tres meses contados a partir  w.
del día siguiente al de la finalización del periodo de ejecución del proyecto o de la  515ww
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Agenda 2030.
6.  Si  vencido  el  plazo  de  justificación  la  entidad  no  hubiese  presentado  los 
correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de quince 
días,  comunicándole  que,  transcurrido  el  mismo  sin  atender  el  requerimiento,  se 
entenderá incumplida la obligación de justificar con las consecuencias previstas en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su Reglamento, y en los artículos 11 y 17 de esta 
orden.
7.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  justificación  de  la  subvención  en  los 
términos de tiempo y forma exigidos en las convocatorias, así como la insuficiente 
justificación de la misma llevará aparejado el reintegro, total o parcial, de la ayuda, según 
el procedimiento establecido en el artículo siguiente.
8.  En el supuesto de que no se hubiere abonado la totalidad de la subvención 
concedida, el incumplimiento de dicha obligación llevará consigo además la pérdida de la 
cantidad pendiente de percibir.
9.  La Secretaría de Estado para la Agenda 2030 elaborará anualmente un plan de 
actuación, al objeto de comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades 
subvencionadas, en el que se indicará si la comprobación alcanzará a la totalidad de las 
subvenciones o bien a una muestra de las concedidas y, en este caso, el procedimiento 
de selección, así como los principales aspectos a comprobar y el momento de su 
realización.
Artículo 11.  Reintegros y criterios de graduación de los incumplimientos.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si 
es  anterior  a  ésta,  en  los  supuestos  establecidos  en  los  artículos  36  y  37  de  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  así  como  en  el  capítulo  I  del  título  III  de  su 
Reglamento.
2.  La justificación parcial o el incumplimiento parcial por la entidad beneficiaria de 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, dará lugar a un 
reintegro proporcional de la subvención otorgada, siempre que el cumplimiento se estime 
superior al setenta y cinco por ciento. En caso de no alcanzar este límite, se procederá al 
reintegro total de la subvención concedida por el órgano competente.
En todo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, se establecen los siguientes criterios para la graduación de los 
posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de 
la subvención con los porcentajes a reintegrar en cada caso:
a)  Obtención de la subvención falseando datos u ocultando condiciones. Porcentaje 
a reintegrar: cien por ciento.
b)  Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud. Porcentaje 
a reintegrar: cien por ciento.
c)  Incumplimiento  parcial  de  los  fines  para  los  que  se  presentó  la  solicitud. 
Porcentaje proporcional a los objetivos no cumplidos.
d)  Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 12.1.h) de esta orden. Porcentaje a 
reintegrar: cuarenta por ciento.
e)  Incumplimiento de la obligación de justificación. Porcentaje a reintegrar: cien por  e
ciento. bo
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a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 94 a 101 de su
Reglamento. Bc
Artículo 12.  Obligaciones de las entidades beneficiarias de las subvenciones.
1.  Sin perjuicio de las obligaciones específicas que establezca la convocatoria en 
atención al objeto, condiciones y finalidad de la subvención, las entidades beneficiarias 
de las subvenciones vendrán obligadas a:
a)  Justificar ante la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 el cumplimiento de 
los  requisitos  y  condiciones,  así  como  la  realización  de  la  actividad  y  alcance  de 
objetivos que determinen la concesión de la subvención, en los plazos y condiciones que 
se determinan en las cláusulas de cada convocatoria.
b)  Facilitar cuantas actuaciones de comprobación se requieran por parte del órgano 
concedente  de  la  subvención.  Asimismo,  quedarán  obligados  a  facilitar  cuanta 
información les sea demandada y sometidos al control financiero que corresponde a la 
Intervención General de la Administración del Estado y al previsto en la legislación del 
Tribunal de Cuentas.
c)  Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la subvención, la obtención de otras subvenciones y 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas 
o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales, así como su importe y la aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.
d)  Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, en la forma establecida en el artículo 4.3.
e)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados, así como cuantos estados contables y registros específicos 
puedan ser exigidos en las correspondientes convocatorias con el fin de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
f)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.
g)  Realizar la adecuada publicidad de la subvención concedida, mediante medidas 
de difusión tales como la inclusión de la imagen institucional de la entidad concedente, 
leyendas  relativas  a  la  financiación  pública  en  carteles,  placas  conmemorativas, 
materiales  impresos,  medios  electrónicos  o  audiovisuales,  o  bien  en  menciones 
realizadas  en  medios  de  comunicación  u  otras  que  resulten  adecuadas  al  objeto 
subvencionado y de eficacia equivalente a las mencionadas.
h)  Entregar un informe de la actuación realizada y los resultados obtenidos.
i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos recogidos en el 
artículo 11.
2.  El  incumplimiento  de  las  anteriores  obligaciones,  así  como  de  las  que 
específicamente establezcan las correspondientes convocatorias, producirá la pérdida 
del derecho al cobro total o parcial de la subvención otorgada, así como el reintegro de 
las cantidades percibidas, dejará esta sin efecto y dará lugar, en su caso, a la exigencia 
de las responsabilidades que legalmente correspondan.
Artículo 13.  Modificación de la resolución.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las  e.
subvenciones y la obtención concurrente de subvenciones o ayudas para la misma  w.b
finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o ente público o privado,  515ww
mnaocdioifnicaalc, iódne  dlae  lUan rieósno lEuuciróonp edae  coo dnece osirógna,n disem aocsu einrdteor ncaocni olon aplreesv, isptood erná  edla arr tlíucgualor  1a9 .la4 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Las  entidades  beneficiarias  podrán  solicitar  con  carácter  excepcional  la 
modificación del contenido de la actuación subvencionada, así como de la forma y plazos 
de  su  ejecución  y  justificación  de  los  correspondientes  gastos,  cuando  aparezcan 
circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo de la actuación, que podrán ser 
autorizadas siempre que no puedan afectar a los objetivos o finalidad perseguidos por la 
ayuda, a sus aspectos fundamentales ni dañen derechos de terceros.
Las  solicitudes  de  modificación  deberán  fundamentar  suficientemente  dicha 
alteración o dificultad y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las 
circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, hasta treinta y tres días hábiles antes 
de la finalización del plazo de realización de la actividad.
La resolución sobre la modificación solicitada se dictará por la persona titular de la 
Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y se notificará en el plazo de treinta y tres 
días hábiles a contar desde la fecha de su presentación.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella 
recurso  potestativo  de  reposición  en  el  plazo  de  un  mes,  o  bien  ser  impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazo 
previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la 
resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  24  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  teniendo  a  todos  los  efectos  la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
Artículo 14.  Compatibilidad con otras ayudas.
Las subvenciones reguladas en esta orden serán compatibles con la percepción de 
cualquier  otra  subvención,  ayuda,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad 
procedente de cualesquier Administraciones, entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y cuando aisladamente o en 
conjunto no supere el coste total del proyecto subvencionado. En caso de producirse 
este  superávit,  procederá  su  reintegro  a  la  Administración  en  la  proporción  que 
corresponda, junto con los intereses de demora, en los términos establecidos en el 
artículo 34 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La percepción de estas otras ayudas deberá ponerse en conocimiento del órgano 
instructor en el momento en que se produzca, ya sea antes o durante la ejecución del 
proyecto, aportando la correspondiente resolución de concesión.
Artículo 15.  Gastos subvencionables.
1.  Las  subvenciones  solo  podrán  cubrir  los  gastos  que  de  manera  indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen dentro del plazo 
concedido para la ejecución de la misma en la convocatoria correspondiente. Podrán 
subvencionarse gastos realizados con anterioridad a que se produzca la resolución 
definitiva  de  concesión  de  las  subvenciones,  según  los  plazos  establecidos  en  las 
convocatorias correspondientes.
2.  Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y podrán responder a alguno de los siguientes 
conceptos: es
a)  Costes de personal. En esta partida se podrán incluir los gastos derivados del  w.
acpojaelganobo o draea  clliaaós n e rneettsirdpibaoudrcá, idocincoeans.   aLcola nsp terraresttoor inbdauelc  vioiannrcreeusnl adddaeoml  aipel enprtsrooo yndeaecl  toas,ed arsvsciírc iitcooos m aolo   clqauusme pd lerimel apieleicnretso o undnaeal,l    2021-14515n https://ww
proyecto subvencionado, únicamente podrán ser objeto de subvención hasta el importe
de  las  retribuciones  fijadas  para  los  diferentes  grupos  profesionales  en  las 
correspondientes convocatorias.
b)  Actividades. En esta partida se incluirán los gastos derivados de la realización 
del proyecto subvencionado, siempre que se puedan determinar y sean necesarios para 
la ejecución del proyecto:
1.º  Artículos  de  consumo,  suministros  y  servicios  generales,  que  serán 
subvencionables en base a costes reales incurridos, soportados por facturas.
2.º  Alquiler de bienes inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto.
3.º  Dietas  y  gastos  de  viajes:  Podrán  justificarse  con  cargo  a  este  concepto 
exclusivamente las dietas y gastos de viaje de personal adscrito al proyecto.
Los desplazamientos, alojamiento y manutención, hasta el máximo correspondiente 
al Grupo 2 de dietas contemplado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. Las dietas y gastos de viaje podrían ser objeto 
de  subvención  siempre  que  no  superen  el  diez  por  ciento  del  importe  total 
subvencionado del programa.
4.º  Gastos  de  adquisición  o  alquiler  de  material  inventariable  y  bibliográfico 
necesarios para la realización del proyecto.
5.º  Material fungible como papelería, consumibles u otros.
6.º  Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales  o  registrales,  los  gastos  periciales  para  la  realización  del  proyecto 
subvencionado, incluido el informe del auditor del proyecto subvencionado, así como los 
de  administración  específicos,  podrán  ser  subvencionados  si  están  directamente 
relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada 
preparación y ejecución de la misma.
7.º  Otros  gastos,  tales  como  los  de  publicidad  y  difusión  de  las  actividades 
realizadas, de prestación de servicios profesionales ligados a la realización del proyecto, 
u otros relacionados directamente con la actividad subvencionada.
c)  Los  gastos  de  funcionamiento  ordinario  de  la  entidad  podrán  ser 
subvencionables  como  máximo  hasta  un  diez  por  ciento  del  coste  de  la  actividad 
subvencionada, siempre que se correspondan con el periodo en que efectivamente se 
realiza la actividad subvencionada.
3.  En ningún caso serán gastos subvencionables:
a)  Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b)  Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c)  Los gastos de procedimientos judiciales.
d)  Los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o 
compensación y los impuestos personales sobre la renta.
4.  Tampoco  podrán  imputarse  a  la  subvención  los  gastos  originados  por  las 
actividades realizadas en la condición de miembros de la Junta Directiva u órgano de 
gobierno correspondiente de la entidad.
Artículo 16.  Actuaciones de comprobación y control.
El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la subvención se 
efectuará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14.1.c) y 32.1 de la Ley 38/2003,  es
de 17 de noviembre, según las actuaciones de control, seguimiento y evaluación que  o
expresamente determine el órgano concedente. 515www.
Artículo 17.  Régimen sancionador.
adm1in. istEral tivréagsi mcoennt emsapnlacdioansa edno rl a sLee y a3p8li/c2a0r0á3 , pdoer  17la  dec onmovisieiómnb rdee,  a laaqs ueinllforsa cscuiojentoess   BOE-A-cable e
que sean responsables de las mismas y se regirá por lo dispuesto en el título IV de la 
misma.
2.  La  imposición  de  las  sanciones  en  materia  de  subvenciones  se  efectuará 
mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia a la 
persona interesada antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado 
conforme a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el capítulo 
III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como en el título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su Reglamento.
Disposición final primera.  Legislación aplicable.
En los extremos no previstos en la presente orden será de aplicación la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Disposición final segunda.  Título competencial.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la 
Constitución Española que confiere la competencia exclusiva del Estado en la regulación 
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como 
en  el  artículo  149.1.15.ª,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  en  el  fomento  y 
coordinación general de la investigación científica y técnica.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 1 de septiembre de 2021.–La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
Ione Belarra Urteaga.