BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Lunes 3 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 63266
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9069 Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Burgos n.º 1 a retirar de unas notas simples 
las referencias a la existencia de un concurso voluntario sobre varias fincas.
En el recurso interpuesto por doña E. H. O., contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Burgos número uno, don José-Miguel de Paz Balmaseda, a retirar de unas 
notas simples las referencias a la existencia de un concurso voluntario sobre varias 
fincas.
Hechos
I
Con fecha 30 de abril de 2020, y bajo el asiento de presentación 1434 del Tomo 165 
del Libro Diario del Registro de la Propiedad número uno de los de Burgos, se remite, 
desde el Área de Recursos de esta Dirección General, escrito suscrito por doña E. H. O., 
en base a las siguientes alegaciones que se exponen: «Por la presente, yo, E. H. O, con 
DNI (…), propietaria y titular, como se acredita en nota simple, 100% del pleno dominio 
con carácter privativo por título de compraventa de la misma, formalizada en escritura de 
fecha  05/07/2016,  autorizado  en  Burgos,  por  D.  Julián  Martínez  Pantoja,  n.º  de 
protocolo 2.135/2016. Que la citada ejecución judicial ha quedado en suspenso desde la 
fecha de declaración de concurso. Dicha sociedad fue declarada en concurso voluntario, 
por auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de los de Madrid, de fecha 23 de octubre 
de 2012, habiéndose aprobado la propuesta de convenio, cesado la declaración de 
concurso. Que el órgano competente proceda a la cancelación de anotaciones de las 
derivadas del concurso voluntario de la Sociedad Cid Ruiz Orcajo. Solicito la eliminación 
de  dichas  cargas  de  las  notas  [sic]  simples  adjuntas,  para  poder  proceder  a  la 
enajenación de dicho inmueble y plaza de garaje».
II
Con fecha 7 de mayo de 2020, el Registrador de la Propiedad de Burgos uno emitió 
informe a la presente Dirección General, del tenor literal siguiente: «José-Miguel de Paz 
Balmaseda, Registrador de la Propiedad titular del Registro de la Propiedad n.º 1 de 
Burgos, a la vista del escrito remitido a esta oficina por la sede electrónica del Registro 
General del Ministerio de Justicia sobre interposición de recurso gubernativo por Doña E. 
H. O. referente a que se retiren de las notas simples emitidas por este Registro de la 
Propiedad con fecha 19 de marzo de 2.020, las referencias a la existencia de un 
concurso voluntario sobre las fincas de su propiedad inscritas en este Registro, por 
haberse aprobado e inscrito la propuesta de convenio y el cese de la administración 
concursal, informo lo siguiente: Hechos: En el mes de abril la recurrente se dirigió 
telefónicamente a esta oficina solicitando información sobre la manera de que fueran  e.e
retiradas como cargas de las fincas mencionadas las referencias al concurso voluntario  b
existente e inscrito sobre las mismas; se la indicó que para proceder a ello era necesaria  69ww
lian scprirpecsieonnteasc iódne  cdoen cumrsaon dsaombrieen tlaos  jfuindcicaisa l deq uceo nfoorrdmeindaarda  colan  ecla nAcret.l a8c3ió nd e dlea  Llaesy 
HCiopno tpeocsatreiari,d aadl  tara dtaicrshea  cdoen avesiresnatcoiós np trealcetfiócnaidcoas,  lean r evcirutrurde ndtee  nmoa hnad apmreiesenntotas djou deicni aelestsa. 
oficina,  documento  alguno  solicitando  la  cancelación  de  dichas  cargas,  condición
indispensable  para  que  éstas  no  se  reflejaran  en  las  notas  simples  emitidas;  no 
existiendo, pues, documento calificado, no es posible interponer recurso gubernativo ni, 
en consecuencia, tramitarse la reclamación por el procedimiento recogido en el Art. 322 
y ss. de la Ley Hipotecaria. Sin nota de calificación no es posible interponer recurso. 
Fundamento Único de Derecho: Por lo expuesto, el Registrador de la Propiedad que 
suscribe, informa a ese servicio, como único fundamento de derecho para reflejar dichas 
cargas en las notas simples lo dispuesto en el párrafo 1.º del artículo 83 de la Ley 
Hipotecaria: “Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial 
no se cancelarán sino por providencia ejecutoria”. Una vez presentado y despachado el 
mandamiento judicial de cancelación se expedirá la nota simple sin la constancia de las 
cargas del concurso. Burgos, siete de mayo de dos mil veinte. El Registrador, José-
Miguel de Paz Balmaseda».
III
Remitido el 7 de mayo de 2020 el informe del Registrador de la Propiedad de Burgos 
uno, se formó el correspondiente expediente para su resolución.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 3, 17, 18, 19, 19 bis, 24, 38, 40, 66, 76, 79, 83, 86, 248.3, 
258.4, 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 33, 173, 416 y 420 del Reglamento 
Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1999 y 22 de 
mayo de 2000, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 12 de enero de 2000, 7 de mayo de 2002, 9 de mayo de 2003, 2 de marzo 
y 14 de abril de 2005, 23 de diciembre de 2008, 10 de junio de 2009, 20 de septiembre 
de 2010, 28 de marzo de 2011, 3 de mayo y 17 de septiembre de 2012, 20 de noviembre 
de 2013, 17 de febrero y 8 de abril de 2014, 9 de julio y 30 de noviembre de 2015, 3 de 
mayo y 20 de julio de 2016, 6 de junio de 2017, 2 de enero, 23 de marzo, 17 de mayo, 12 
de junio y 4 de septiembre de 2018, 20 de febrero y 22 de noviembre de 2019, y 9 de 
enero de 2020, entre otras.
1.  Por el presente recurso se pretende, mediante una mera solicitud verbal y no 
presencial  del  titular  registral,  rectificar  el  contenido  del  Registro,  cancelando  las 
inscripciones que reflejan  la  existencia  de un  procedimiento concursal sobre varias 
fincas.
2.  En primer lugar, ha de tenerse presente que, en materia de títulos susceptibles 
de calificación por el Registrador, rige, con carácter general, no sólo el principio de 
rogación, sino también el principio de titulación auténtica de los artículos 3 de la Ley 
Hipotecaria y 33 de su Reglamento de desarrollo, de manera que, sin perjuicio de los 
supuestos  de  documentos  privados  excepcionalmente  admitidos  por  la  legislación 
hipotecaria (vid. artículo 420 del Reglamento Hipotecaria), la mera solicitud verbal, no 
documentada fehacientemente, no puede provocar asiento registral alguno ni, por tanto, 
desembocar en nota de calificación susceptible de recurso al amparo de los artículos 322 
y siguientes de la Ley Hipotecaria.
3.  La nota simple informativa tiene valor puramente informativo y no da fe del 
contenido de los asientos, sin perjuicio de la responsabilidad del registrador, por los 
daños ocasionados por los errores y omisiones padecidos en su expedición. Deberá 
reproducir, literal si así lo solicita el interesado, o en extracto en otro caso, el contenido  e.e
de los asientos vigentes relativo a la finca objeto de manifestación, donde conste, al  b
menos, la identificación de la misma, la identidad del titular o titulares de derechos  69ww
ihnasrcárnit ocso nssotbarre,  elan  mtoidsom caa ys ola,  leaxst epnroshióibni,c nioantuersa ole rzeas tyr iclimcioitnaeciso nqeuse  daefe éctsetons a.  Alossi mtitiusmlaroe, ss eo 
a losA ld esreerc uhnoas  imnsecrrait orse p(vroédauscec aiórntí cduelo  l2o2s 2a aspieanrttoasd or e5g LisHtr)a.les no cabe sino arrastrar la
situación concursal que resulta de los asientos registrales.
Para realizar una depuración jurídica de las cargas canceladas es preciso acudir a la 
práctica  de  un  asiento  en  el  Registro  de  la  propiedad  o  a  la  expedición  de  una 
certificación registral. En efecto señala el artículo 353 del Reglamento Hipotecario en su 
apartado 3 lo siguiente:
«Las  menciones,  derechos  personales,  legados,  anotaciones  preventivas, 
inscripciones de hipotecas o cualesquiera otros derechos que deban cancelarse o hayan 
caducado con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, no se comprenderán en la 
certificación. A este efecto, se entenderá también solicitada la cancelación que proceda 
por el solo hecho de pedirse la certificación, y se practicará mediante extensión de la 
correspondiente  nota  marginal  cancelatoria,  antes  de  expedirse  aquélla.  Del  mismo 
modo podrá procederse cuando se practique cualquier asiento relativo a la finca o 
derecho afectado. Si la solicitud de certificación se realiza por quien no es titular de la 
finca o derecho, o cuando el asiento a practicar no sea de inscripción, el Registrador 
advertirá al solicitante o presentante antes del despacho de la certificación o de practicar 
el asiento que éstos darán lugar a la cancelación de las cargas caducadas conforme a lo 
dispuesto en este artículo.»
4.  En  cualquier  caso,  y  sin  perjuicio  de  todo  lo  previamente  declarado,  en  el 
supuesto de que –por hipótesis– la solicitud de rectificación del contenido de los asientos 
del Registro hubiese reunido los requisitos formales y materiales para ello, y tuviera que 
pronunciarse este Centro Directivo respecto de la pretensión contenida en el recurso de 
que se rectifique el contenido del Registro, esta Dirección General se ve en la obligación 
de recordar lo siguiente:
Que el artículo 83 señala que «las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de 
mandamiento judicial no se cancelarán sino por providencia ejecutoria.
Si los interesados convinieren válidamente en la cancelación, acudirán al Juez o al 
Tribunal  competente  por  medio  de  un  escrito,  manifestándolo  así,  y  después  de 
ratificarse en su contenido, si no hubiere ni pudiere haber perjuicio para tercero, se 
dictará providencia ordenando la cancelación.
También dictará el Juez o el Tribunal la misma providencia cuando sea procedente, 
aunque no consienta en la cancelación la persona en cuyo favor se hubiere hecho».
Por  su  parte,  el  artículo  84  dispone  que  «será  competente  para  ordenar  la 
cancelación de una anotación preventiva o su conversión en inscripción definitiva el Juez 
o Tribunal que la haya mandado hacer o aquel a quien haya correspondido legalmente el 
conocimiento del negocio que dio lugar a ella».
Como se ha dicho, el párrafo primero del artículo 83 de la Ley Hipotecaria previene 
que «las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial no se 
cancelarán sino por providencia ejecutoria». No obstante, también cabe la cancelación 
de los asientos registrales, incluidos los relativos al procedimiento concursal, por otros 
medios, como es el caso de la caducidad de las anotaciones preventivas referentes al 
concurso –artículo 86 de la Ley Hipotecaria–, y como debe entenderse que ocurre, en 
general, y también en sede del procedimiento concursal, cuando resulta de aplicación el 
artículo 76 de la Ley Hipotecaria, que, a estos efectos, establece expresamente que «las 
inscripciones no se extinguen, en cuanto a tercero, sino por su cancelación o por 
inscripción  de  la  transferencia  del  dominio  o  derecho  real  inscrito  a  favor  de  otra 
persona».
5.  Ahora bien, configurada la situación concursal como una situación que afecta,  e.
entre otras, a las facultades dispositivas del deudor puede llegarse a la conclusión, por  w.
parte  de  esta  Dirección  General,  de  que,  hasta  que  no  salga  del  patrimonio  del  69ww
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requisitos legales (sean lo requisitos del convenio, del plan de liquidación, o concurriendo 
autorización judicial cuando sea procedente, esto es, una vez cumplidos los requisitos 
legales según la fase concursal en que se encuentre el concursado) cuando puedan 
cancelarse la referencia a la situación concursal, o antes si se ordena así judicialmente.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el presente recurso.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.