BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. TC.   Pág. 127986
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17104 Sala Primera. Sentencia 155/2021, de 13 de septiembre de 2021. Cuestión 
de inconstitucionalidad 1530-2021. Planteada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 248.3 del 
texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Principio de igualdad y 
prohibición de discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto 
legal  que  regula  las  pensiones  de  incapacidad  permanente  derivada  de 
enfermedad común de los trabajadores contratados a tiempo parcial (STC 
91/2019).
ECLI:ES:TC:2021:155
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1530-2021, planteada por la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 248.3 del 
texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Han comparecido y formulado alegaciones el 
abogado del Estado, el letrado de la administración de la Seguridad Social y la fiscal 
general del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  El 16 de marzo de 2021 tuvo entrada en el registro general de este tribunal un 
oficio de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, al que se 
acompaña, junto con el testimonio del rollo de suplicación núm. 1733-2020 que se 
tramita ante dicho órgano judicial, el auto de 24 de febrero de 2021. En él se acuerda 
plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 248.3 del texto refundido 
de  la  Ley  general  de  la  Seguridad  Social  (LGSS),  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
2.  Los  antecedentes  relevantes  en  este  proceso  constitucional  son  los  que  a 
continuación se resumen.
a)  El demandante en el proceso a quo cotizó al sistema de la Seguridad Social  e.
desde el 1 de octubre de 1991 hasta el 25 de febrero de 2019; una parte de ese periodo  w.
de su vida laboral trabajó y cotizó a tiempo parcial. Por resolución del Instituto Nacional  104ww
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febrero de 2019, con derecho a percibir una pensión del 100 por 100 de su base
reguladora  de  2397,21  euros,  calculada  esta  tras  aplicar  un  coeficiente  global  de 
parcialidad del 96,87 por 100.
b)  El demandante en el proceso a quo formuló reclamación previa frente al INSS, 
alegando que el coeficiente de parcialidad del 96,87 por 100 que le ha sido aplicado para 
determinar la base reguladora de su pensión de invalidez no es correcto, pues vulnera el 
derecho a la igualdad y es discriminatorio, a la vista de la doctrina sentada por la 
STC 91/2019, de 3 de julio.
Desestimada la reclamación previa por resolución del INSS de 26 de noviembre 
de 2019, formuló demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Social 
núm. 4 de Oviedo (autos núm. 898-2019). Alegó el demandante que el coeficiente de 
parcialidad del 96,87 por 100 aplicado para calcular la base reguladora de su pensión es 
incorrecto, pues el INSS solo ha tenido en cuenta como cotizados 10 644 días, teniendo 
en cuenta los periodos de cotización a tiempo parcial, cuando debió tener en cuenta 
como cotizados 10 972 días. Esto llevaría a aplicar a la base reguladora un coeficiente 
de parcialidad del 94,68 por 100, de donde resultaría una pensión de 2426,42 euros. 
Sostuvo que el cálculo realizado por el INSS vulnera el derecho a la igualdad y es 
discriminatorio, atendiendo a lo resuelto por la STC 91/2019 para la pensión de jubilación 
de los trabajadores a tiempo parcial. Considera esta doctrina trasladable al supuesto de 
las  pensiones  de  incapacidad  permanente  derivada  de  enfermedad  común  para 
trabajadores a tiempo parcial.
c)  El juzgado de lo social dictó sentencia desestimatoria de la demanda el 29 de 
septiembre  de  2020.  Entendió  que  la  resolución  administrativa  resulta  ajustada  a 
Derecho,  de  conformidad  con  las  reglas  de  cálculo  de  la  pensión  de  incapacidad 
permanente derivada de enfermedad común para trabajadores a tiempo parcial. Tras 
resumir los pronunciamientos esenciales de la STC 91/2019, razona el juzgado que lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional en esta sentencia se refiere a la pensión de 
jubilación y no cabe hacer una aplicación analógica de la misma al supuesto de la 
pensión de incapacidad permanente.
d)  Contra esta sentencia el demandante en el proceso a quo interpuso recurso de 
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (rollo 
núm. 1733-2020), en el que solicitaba también a la Sala que plantease cuestión de 
inconstitucionalidad respecto del artículo 248.3 LGSS, en relación con la regla a) del 
párrafo primero del artículo 247 de dicha Ley.
e)  Mediante providencia de 15 de enero de 2021 la Sala acordó, con suspensión 
del plazo para dictar sentencia, oír a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de 
diez  días  –de  conformidad  con  el  artículo  35.2  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)– para alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de 
inconstitucionalidad respecto de la regla a) del párrafo primero del art. 247 LGSS y del 
art. 248.3 LGSS. Todo ello por entender que las reglas de cálculo de la pensión de 
incapacidad permanente derivada de enfermedad común para trabajadores a tiempo 
parcial,  contenidas  en  dichos  preceptos  legales,  pudieran  vulnerar  el  derecho  a  la 
igualdad ante la ley o provocar discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE).
En  el  trámite  de  audiencia  del  art.  35.2  LOTC  la  representación  procesal  del 
demandante  en  el  proceso  a  quo  solicitó  el  planteamiento  de  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad, abundando en los razonamientos expuestos al efecto en su recurso 
de suplicación. El Ministerio Fiscal se mostró asimismo favorable al planteamiento de la 
cuestión. El INSS no formuló alegaciones.
f)  En fin, por auto de 24 de febrero de 2021 la Sala de lo Social del Tribunal  s
Superior  de  Justicia  de  Asturias  acordó  plantear  cuestión  de  inconstitucionalidad  oe.
respecto del artículo 248.3 LGSS, por posible vulneración del derecho a la igualdad de  w.
trato que garantiza el artículo 14 CE. 104ww
3.  En el auto de planteamiento de la cuestión, tras exponer los antecedentes del
jausruídnictoa,  seiml óilargr aan ola  jdued iclaia lc useesñtaiólan  iqnuteer nlaa  dpere isnecnotnes tcituuecsiotinóanl idtaiedn ep launntae abdaas ep ofrá lcat icSaa lay 
Segunda del Tribunal Constitucional por ATC 3/2019, de 28 de enero. Tuvo por objeto la
regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido 
de  la  Ley  general  de  la  Seguridad  Social  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (en la redacción dada al precepto por el artículo 5.2 del 
Real  Decreto-ley  11/2013,  de  2  de  agosto),  que  se  corresponde  con  el  actual 
artículo 248.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Dicha cuestión interna 
fue estimada por la STC 91/2019, de 3 de julio, del Pleno del Tribunal, que declaró la 
inconstitucionalidad  y  nulidad  de  esa  regla  en  cuanto  referida  a  las  pensiones  de 
jubilación, por limitarse el objeto de la cuestión en aquel supuesto a la pensión de 
jubilación de un trabajador a tiempo parcial. Considera la Sala que los razonamientos 
contenidos en la STC 91/2019 respecto de la pensión de jubilación de los trabajadores a 
tiempo parcial son trasladables por analogía al caso de las pensiones de incapacidad 
permanente derivada de enfermedad común causadas por trabajadores a tiempo parcial, 
como el discutido en el presente supuesto.
Razona asimismo la Sala que se cumplen los requisitos de aplicabilidad y relevancia 
del precepto legal cuestionado. La cuantía de la pensión de incapacidad permanente, 
para los trabajadores que hayan cotizado parte de su vida laboral a tiempo parcial, viene 
condicionada, al igual que la pensión de jubilación, por la base reguladora y el periodo de 
cotización; este sirve a su vez para fijar un porcentaje sobre la base reguladora, con el 
que se obtiene el importe a cobrar. En cuanto a ese último elemento de cálculo, resulta 
que a los trabajadores a tiempo completo el tiempo se les computa por años y meses de 
cotización, sin aplicar ningún coeficiente o fórmula reductora. Para los trabajadores a 
tiempo parcial, en cambio, el artículo 247 LGSS prevé una reducción del periodo de 
cotización. Lo hace en dos facetas distintas: una, para determinar si se tiene el tiempo 
mínimo de años que permite el acceso a la prestación, aplicando los coeficientes que 
contiene. La segunda de ellas, que es la que aquí interesa, se refiere al cálculo del 
periodo de cotización para fijar el porcentaje sobre la base reguladora. A tal efecto el 
artículo 248.3 LGSS ordena, con remisión a la regla segunda del artículo 247 a) LGSS, 
que a los años y meses cotizados se les aplique un «coeficiente de parcialidad». Por 
este se asigna un porcentaje a cada periodo de trabajo a tiempo parcial respecto de la 
jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, y al que se suman, «en su 
caso, los días cotizados a tiempo completo». El valor resultante, de nuevo conforme al 
artículo 248.3 LGSS, se incrementa con un coeficiente del 1,5 «sin que el número de 
días resultante pueda ser superior al periodo de alta a tiempo parcial».
En el presente caso el trabajador demandante ve reducido su periodo de cotización 
real, perdiendo un 1,14 por 100 sobre la base reguladora, ya ajustada por una menor 
base de cotización conforme al artículo 247 a) LGSS. De ello se deriva una diferencia de 
trato en la fijación del periodo de cotización, para unos (trabajadores a tiempo completo) 
de manera natural, en función del tiempo real, y para otros (trabajadores a tiempo 
parcial) artificialmente, a partir de un valor reductor. Este sistema de cálculo penaliza, 
sobre todo, a los trabajadores con menos porcentaje de parcialidad a lo largo de su vida 
laboral, esto es, a quienes conforman el eslabón más débil del mercado de trabajo.
Por lo que se refiere al fundamento de la duda de constitucionalidad que justifica el 
planteamiento de la cuestión, razona la Sala que el artículo 248.3 LGSS podría entrar en 
contradicción con el derecho a la igualdad garantizado por el artículo 14 CE. Considera 
la Sala que, a la luz de los razonamientos de la STC 91/2019, cuyos pronunciamientos 
esenciales se transcriben, cabe entender que las reglas de cálculo de la pensión de 
incapacidad permanente derivada de enfermedad común para trabajadores a tiempo  s
parcial, contenidas en el precepto legal cuestionado, pueden entrañar por las mismas  oe.
razones ya indicadas por el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 91/2019 para la  w.
pensión de jubilación, una diferencia de trato no justificada y por tanto lesiva del derecho  104ww
a la igualdad (artículo 14 CE).
acor4d.ó  Padomr iptirro vai dteránmciiate  dlea  2c0u edsetió anb driel  dinec o2n0s2t1it,u ceilo nPalelidnaod d ye,l  dTeri bcuonnaflo rCmoidnastdit uccoionn alol 
dispuesto  en  el  artículo  10.1  c)  LOTC,  deferir  su  conocimiento  a  la  Sala  Primera.
Asimismo  acordó  dar  traslado  de  las  actuaciones  recibidas,  conforme  establece  el 
artículo 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus 
presidentes, al Gobierno, por conducto del ministro de Justicia, y a la fiscal general del 
Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse 
en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Igualmente acordó 
comunicar la providencia a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 LOTC, 
permanezca suspendido el proceso a quo hasta que el Tribunal Constitucional resuelva 
definitivamente la cuestión. También se dispuso la publicación de la cuestión en el 
«Boletín Oficial del Estado».
5.  Mediante escritos registrados en este tribunal los días 6 y 11 de mayo de 2021, 
respectivamente,  la  presidenta  del  Congreso  de  los  Diputados  y  la  presidenta  del 
Senado  comunicaron  el  acuerdo  de  la  mesa  de  sus  correspondientes  cámaras  de 
personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 
LOTC.
6.  El abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presentado en 
este tribunal el 17 de mayo de 2021, en el que solicita la desestimación de la cuestión de 
inconstitucionalidad.
Tras resumir los antecedentes del caso y reproducir el contenido del precepto legal 
cuestionado, así como los fundamentos jurídicos 11 y 12 de la STC 91/2019, advierte 
que la pretensión de inconstitucionalidad debe limitarse a la aplicación del coeficiente de 
parcialidad para el cálculo de la pensión por incapacidad permanente, sin que afecte al 
resto de la redacción del artículo 248.3 LGSS.
Sentada la anterior precisión, afirma que la norma cuestionada respeta el derecho a 
la igualdad, ya que cumple con el principio de proporcionalidad para el cálculo de la 
pensión por incapacidad permanente. La reducción del período de cotización que la 
norma efectúa no consiste en una reducción arbitraria o efectuada por el legislador de 
manera voluntarista o en abstracto. Parte de la premisa (al igual que se hace para el 
cálculo de la base de cotización, aspecto este no impugnado) de un menor período de 
tiempo real de prestación laboral. Se trata de una regla proporcional, en función del 
tiempo: horas trabajadas transformadas, previa suma aritmética real de las mismas, a 
hipotéticos  días  trabajados.  No  estamos  ante  una  presunción  puramente  abstracta, 
asignando al trabajador a tiempo parcial un período menor, de modo voluntarista o 
arbitrario, sin conexión lógica con ninguna situación real de hecho.
En definitiva, con ello no se produce efecto legal discriminatorio alguno desde la 
perspectiva del artículo 14 CE. La norma establece un cómputo o configuración legal de 
un período menor respecto del trabajador a tiempo parcial, pero un cómputo que no 
resulta desvinculado de la realidad acaecida. La acumulación de las horas para hallar el 
período equivalente trabajado en días si se hubiera trabajado a tiempo completo, que es 
el punto de partida del cálculo en sí, no constituye un parámetro de comparación 
arbitrario o puramente voluntarista por parte del legislador. No procede el legislador con 
abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica (STC 88/2005, 
de 18 de abril, FJ 5, y 110/2015, de 28 de mayo, FJ 4). Por el contrario, esa solución de 
cálculo tiene cabida dentro del margen de la libertad de ordenación que la doctrina 
constitucional otorga al legislador, en tanto que se configura a partir de datos reales; la 
norma de cálculo se conecta directamente con las horas efectivamente trabajadas, 
encontrando apoyo en el principio contributivo. e
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Después de exponer los antecedentes del asunto y referirse pormenorizadamente al
contenido del auto de planteamiento, considera que la doctrina constitucional que resulta
aplicable para resolver la presente cuestión es en efecto la que se invoca por el órgano 
judicial,  contenida  en  la  STC  91/2019,  que  resolvió  la  duda  de  constitucionalidad 
planteada respecto de la normativa precedente a la ahora cuestionada, pero en lo 
relativo a la pensión de jubilación.
Partiendo de esa doctrina constitucional, la fiscal general del Estado procede a la 
comparación  de  las  normas  que  regulan  el  cálculo  de  la  pensión  de  jubilación 
(artículos 209 y 210 LGSS) y de la pensión de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad común (artículo 197 LGSS), para concluir que en ambas regulaciones se 
tienen en cuenta dos partidas para calcular el importe final de la pensión:
De un lado, las cotizaciones del trabajador que, lógicamente, por el mismo periodo 
de tiempo trabajado a igual categoría profesional serán menores en el caso de las de los 
trabajadores a tiempo parcial que las que corresponden a los trabajadores a tiempo 
completo. A ambas se aplica una fórmula matemática similar, como se puede ver en los 
artículos 209.1 a) y 197.1 a) LGSS.
De otro, el periodo de tiempo cotizado, como se puede ver en los artículos 210.1 
y 197.1 b) LGSS. Este se remite al artículo 210.1 que es donde, para el periodo de 
tiempo de trabajo a tiempo parcial, se aplica para ambas pensiones (la de jubilación 
«inciso ya anulado por la STC 91/2019– y la de incapacidad permanente) el coeficiente 
de parcialidad establecido en la letra a), segundo párrafo, del artículo 247 LGSS, según 
dispone el artículo 248.3 LGSS, cuya constitucionalidad se discute.
La fiscal general del Estado considera que el elemento de las reglas establecidas en 
la  Ley  general  de  la  Seguridad  Social  para  calcular  el  importe  de  la  pensión  –la 
aplicación del coeficiente de parcialidad para el periodo de tiempo cotizado–, que fue el 
fundamento de la citada STC 91/2019 para estimar vulnerado el derecho a la igualdad 
ante la ley respecto de la pensión de jubilación, existe también en la norma ahora 
cuestionada respecto de la pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad 
común. Al igual que en aquel caso, la aplicación del llamado coeficiente de parcialidad 
produce un efecto reductor de la base reguladora cuando ese coeficiente es inferior al 67 
por  100.  No  queda  compensado  por  la  aplicación  del  coeficiente  corrector  del  1,5 
establecido en la norma, disminuyendo en definitiva la cuantía de la pensión a percibir.
Es cierto que cada prestación tiene, además de los elementos comunes, reglas 
específicas derivadas de la diferencia en el hecho causante de las mismas. El efecto 
negativo de la aplicación del coeficiente de parcialidad sobre el importe final de la 
pensión normalmente será menor en la pensión de incapacidad permanente que en la de 
jubilación, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 197.l b) LGSS cuando dice 
«considerándose a tal efecto como cotizados los años que le resten al interesado, en la 
fecha del hecho causante, para cumplir la edad ordinaria de jubilación vigente en cada 
momento». Pero, aunque el impacto concreto sobre el importe final de la pensión sea 
menor,  la  aplicación  del  mencionado  coeficiente  de  parcialidad  en  el  cálculo  de  la 
prestación por incapacidad permanente también supondrá una diferencia de trato en 
perjuicio de los trabajadores a tiempo parcial, respecto de los trabajadores a tiempo 
completo, carente de justificación, por las mismas razones que se expusieron respecto 
de la pensión por jubilación en la STC 91/2019.
En resumen, siendo de aplicación a la pensión de incapacidad permanente derivada 
de enfermedad común la misma regla de cálculo que se analizó en la STC 91/2019 
respecto de la reducción del periodo de cotización por el coeficiente de parcialidad para 
la pensión de jubilación, es de aplicación al presente caso la doctrina de dicha sentencia.  e
Por tanto, también respecto de la pensión por incapacidad permanente derivada de  bo
enfermedad común se puede afirmar que si la obligación de cotizar, y con ello su  104ww
yre dpuerracnutseió tno dcao nlatr ivbiduativ laa beonr ael l dseisl tterambaa jdaed oprr eav tiiseiómnp soo ccoiaml,p sleet om oa nptaiercniea ld, eressduel teal  cporinntcraipriioo 
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de cotización para fijar la cuantía de su pensión, en los términos del precepto aquí
cuestionado. Falta pues el primero de los requisitos exigibles para una desigualdad de 
trato constitucionalmente admisible: su justificación objetiva y razonable. Además, se 
rompe también con la proporcionalidad desde el momento en el que, a una reducción 
razonable de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su 
menor base de cotización, se añade una reducción también del periodo de cotización 
para fijar la cuantía de la prestación –porcentaje sobre la base–, lo que no se hace con el 
trabajador a tiempo completo.
Además, por las mismas razones expuestas en la citada STC 91/2019, la norma 
cuestionada ocasiona una discriminación indirecta por razón de sexo pues, siendo una 
norma objetivamente neutra en cuanto al género, en la práctica su perjudicial aplicación 
afecta mayoritariamente a las mujeres; aproximadamente el triple que a los hombres, 
según los datos recogidos en dicha sentencia respecto del trabajo a tiempo parcial.
En suma, por las razones expuestas, considera la fiscal general del Estado que la 
norma cuestionada vulnera lo dispuesto en el artículo 14 CE, tanto en la faceta del 
derecho a la igualdad ante la ley, como en el de la prohibición de discriminación indirecta 
por razón de sexo, por lo que esa norma, cuya vigencia solo pervivía para las pensiones 
de incapacidad permanente, debe ser declarada inconstitucional y nula. De suerte que, 
tal  como  se  razonó  en  la  STC  91/2019  para  las  pensiones  de  jubilación,  en  la 
determinación de la cuantía de las pensiones de incapacidad permanente derivadas de 
enfermedad común de los trabajadores a tiempo parcial no se aplique el coeficiente de 
parcialidad previsto en el artículo 247 a) LGSS, sino la correspondiente base reguladora 
con su correspondiente escala general, sin reducir el periodo de alta con contrato a 
tiempo parcial mediante el coeficiente de parcialidad. Asimismo será procedente, como 
en la STC 91/2019, modular el alcance de la declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad, de modo que no solo habrá de preservarse la cosa juzgada –artículo 40.1 
LOTC–, sino que, además, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica 
(artículo 9.3 CE), esa modulación de efectos de la nulidad se habrá de extender a las 
posibles situaciones administrativas firmes.
8.  El letrado de la administración de la Seguridad Social, actuando en nombre y 
representación del INSS, se personó en el presente proceso constitucional mediante 
escrito registrado en este tribunal el 17 de mayo de 2021.
Por  diligencia  de  ordenación  del  secretario  de  justicia  del  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional de 26 de mayo de 2021 se tuvo por personado y parte al letrado de la 
administración de la Seguridad Social, concediéndole un plazo de quince días para 
formular alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 LOTC.
9.  Mediante escrito presentado en este tribunal el 16 de junio de 2021, el letrado de 
la  administración  de  la  Seguridad  Social  formuló  sus  alegaciones,  interesando  la 
desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad.
Sostiene que no resulta aplicable la doctrina sentada en la STC 91/2019 sobre los 
coeficientes de parcialidad en la pensión de jubilación al cálculo de las pensiones de 
incapacidad permanente, atendiendo a las siguientes consideraciones.
En primer lugar, en el caso de la jubilación se cuestiona el porcentaje a aplicar a la 
base  reguladora  y,  en  la  incapacidad  permanente,  la  propia  base  reguladora.  Así, 
mientras  que  el  porcentaje  aplicable  para  determinar  la  cuantía  de  la  pensión  de 
jubilación es distinto para cada beneficiario, al determinarse en función de los periodos 
cotizados,  los  porcentajes  aplicables  a  las  pensiones  de  incapacidad  permanente 
atienden al grado de incapacidad y son idénticos para todos los trabajadores a los que  e
se haya reconocido el mismo grado de incapacidad, con independencia de que hayan  bo
prestado siempre trabajos a tiempo completo o parcial. 104ww
pensEinó ns edgeu jnudboila lcuigóanr ,e es l lop esruiofidcoie nat ecmomenptuet aarm ppalriao  ceol mcáolc pualora d pel alas mbaasr ela r eingcuidlaednocriaa  edne  llaa 
rceodtiuzcacciióónn  deen  elal  caácltcivuildoa dde  daeql uterallbaa yja, ddoerr ivaa dtiaemmepnot ep,a ercni ael l yim, cpoonrtsei gdueie lnat epmreesntatec,i ódne.  Nsou 
puede decirse lo mismo respecto de la pensión de incapacidad permanente, pues el
periodo a computar para el cálculo de la base reguladora, mucho más reducido, alcanza 
un  máximo  de  ocho  años  y  es  incluso  menor  cuando,  en  razón  de  la  edad  del 
beneficiario, se exige un periodo de carencia inferior (artículo 197 LGSS).
Por otra parte, la vinculación del periodo mínimo de carencia exigido para causar el 
derecho a la prestación y el periodo de cotizaciones computado para el cálculo de la 
base reguladora no está presente en el caso de la pensión de jubilación, en el que 
ambos parámetros se disocian. Mientras que en la jubilación el periodo de carencia es 
de quince años y se computan veinticinco para el cálculo de la base reguladora, en la 
incapacidad permanente derivada de enfermedad común no se promedia, para calcular 
la base reguladora, ni un día más que los exigidos para alcanzar la carencia.
En tercer lugar, la vinculación entre periodo mínimo de carencia y periodo a computar 
para el cálculo de la base reguladora, se ve afectada por la regulación adoptada para los 
trabajadores a tiempo parcial en aplicación de la doctrina contenida en la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de noviembre de 2012, asunto C-385/11, 
y la STC 61/2013, de 14 de marzo, que se plasma en el artículo 245 LGSS y siguientes. 
Concretamente, el artículo 247 LGSS regula el cómputo de los periodos de cotización e 
introduce el denominado coeficiente de parcialidad, de tal forma que el acceso a las 
prestaciones no se vea afectado en modo alguno por el carácter parcial de la prestación 
de  servicios.  Esta  previsión  puede  tener  un  reflejo  en  la  base  reguladora  de  las 
pensiones de incapacidad permanente.
Por último, incluso lo que a primera vista parece constituir el elemento más sólido 
para asimilar jubilación e incapacidad permanente, esto es, que para calcular la base 
reguladora de las pensiones de incapacidad permanente deba acudirse al porcentaje en 
función de años cotizados según la escala prevista en el artículo 210.1 LGSS para la 
jubilación, puede y debe ser matizado. En efecto, para el cálculo del porcentaje de 
jubilación se tienen en cuenta únicamente, salvo excepciones, los años efectivamente 
trabajados y cotizados, mientras que esto no sucede en la pensión de incapacidad 
permanente; en ella también se consideran como cotizados a tiempo completo los años 
que resten al interesado, en la fecha del hecho causante, para cumplir la edad ordinaria 
de jubilación vigente en cada momento, conforme al artículo 197.1 b) LGSS. Estos años 
ficticios tienen una incidencia considerable y proporcionalmente mayor, a medida que la 
incapacidad permanente se causa en una edad más temprana, igualando o superando 
con facilidad los años realmente cotizados. Estos años ficticios se computan a tiempo 
completo, aun en los supuestos en los que el trabajador haya desempeñado toda o parte 
de su vida laboral en régimen de jornada reducida. Por lo tanto, el coeficiente de 
parcialidad  afecta  solo  a  la  parte  del  porcentaje  correspondiente  a  la  actividad 
profesional desempeñada a tiempo parcial y lo hace de forma corregida en virtud del 
coeficiente corrector del 1,5.
Alega  asimismo  el  letrado  de  la  administración  de  la  Seguridad  Social  que  lo 
dispuesto en el artículo 248 LGSS en cuanto al cálculo de la base reguladora de las 
pensiones  de  incapacidad  permanente  derivada  de  enfermedad  común  de  los 
trabajadores a tiempo parcial no contraviene el artículo 14 CE ni resulta contrario al 
Derecho de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que los porcentajes a aplicar en razón 
del grado de incapacidad son los mismos para los trabajadores a tiempo completo y a 
tiempo parcial, así como el reducido periodo de cotizaciones a promediar para el cálculo 
de la base reguladora, puede afirmarse que la aplicación a esta de un porcentaje sujeto 
a  un  coeficiente  corregido  de  parcialidad  no  implica  una  discriminación  para  los 
trabajadores a tiempo parcial. Se adecúa el importe de la prestación al carácter parcial  s
de la actividad y de la contribución, sin exceder de los límites que la doctrina del Tribunal  oe.
de Justicia de la Unión Europea ha señalado. w.
Por lo demás, no resulta coherente pretender excluir el coeficiente de parcialidad en  104ww
eplr oppoiorc etinetmajpeo a p areptliecnadr earl  eplr ommaendteion idmei ecnottoiz adcei ounneas  rpeadruac ccaiólcnu ldaer l lap ebraiosdeo r edgeu lcaádlocuralo y  dael 
2d4ic7h ay  ba2s4e8 .1a plLicGaSndSo.  eUl nc opeofriccieennttaej ed ec aplacurclaiadliod,a dc odmeo a csuee rpdloa nctoena , lossi na ratípcluicloasc ió1n9 7d.2e,   BOE-A-cable e
coeficiente  de  parcialidad,  debería  proyectarse  sobre  el  promedio  de  cotizaciones 
ordinario y no reducido, en atención al carácter parcial de la prestación laboral; si no se 
hiciera así, los trabajadores a tiempo parcial recibirían un injustificado mejor trato que los 
trabajadores a tiempo completo.
Añade que el contrato de trabajo a tiempo parcial es una institución heterogénea, en 
la que se consideran conjuntamente realidades tan distintas como el trabajo a tiempo 
parcial  horizontal  típico,  es  decir,  el  que  se  realiza  con  jornada  diaria,  semanal  o 
mensual, por número de horas de trabajo inferiores al de los trabajadores con jornada a 
tiempo completo; el contrato a tiempo parcial con horario concentrado en momentos 
concretos del año, con periodos de inactividad superiores al mes, permaneciendo los 
trabajadores fijos periódicos en alta durante todo el año; el caso de los trabajadores en 
situación de jubilación parcial y los trabajadores con contrato de relevo; los contratos a 
tiempo parcial con vinculación formativa; los trabajos a tiempo parcial de los jóvenes en 
microempresas,  etc.  A  lo  anterior  se  añade  que  el  contrato  a  tiempo  parcial,  en 
determinados colectivos de trabajadores, habitualmente concurre con otro trabajo, con 
las consiguientes cotizaciones (a clases pasivas, a otros regímenes de la Seguridad 
Social, particularmente el de trabajadores autónomos, o a las mutualidades alternativas), 
lo que produce, en consecuencia, que se causen pensiones compatibles, o bien, en caso 
de pluriempleo en el régimen general, una única pensión pero de mayor cuantía. De todo 
ello  se  infiere  que  el  precepto  cuestionado  no  resulta  contrario  a  los  principios 
constitucionales de igualdad e interdicción de la discriminación.
Afirma también que la regulación establecida en el artículo 248.3 LGSS es coherente 
con el modelo constitucional de Seguridad Social (artículos 41 y 50 CE). Respeta los 
principios de contributividad, proporcionalidad, solidaridad y suficiencia de las pensiones, 
pues los trabajadores a tiempo parcial tienen garantizada la pensión mínima en la misma 
extensión, términos y condiciones que el resto.
Sostiene  que  si  se  analizan  las  características  del  cálculo  de  la  pensión  de 
incapacidad permanente de los trabajadores a tiempo parcial se llega a la conclusión de 
que el régimen jurídico de la pensión de estos es más favorable que el aplicable a los 
trabajadores a tiempo completo. Se asimilan a tiempo completo todos los periodos de 
tiempo parcial superiores al 66,7 por 100 de la jornada laboral; en todos los periodos de 
tiempo parcial al 66,7 por 100 de jornada laboral se aumenta el periodo de cotización en 
un 50 por 100; el periodo de cotización que resta para alcanzar la edad ordinaria de 
jubilación se computa a tiempo completo, con independencia de que el trabajador haya 
trabajado a tiempo parcial con anterioridad; la escala establecida en el artículo 210 
LGSS para determinar el porcentaje no responde al principio de proporcionalidad sino 
que, al establecer el umbral mínimo en los quince años con un 50 por 100, prima las 
carreras de cotización más cortas y por tanto favorece a los trabajadores que han 
realizado trabajos a tiempo parcial; en fin, el complemento por mínimos juega en todo 
caso como elemento compensador en el caso de trabajadores con vidas laborales cortas 
o  bases  reguladoras  reducidas.  En  apoyo  de  estas  afirmaciones,  el  letrado  de  la 
administración de la Seguridad Social adjunta a su escrito de alegaciones un informe 
estadístico sobre las altas de pensiones de incapacidad permanente total en 2019, 
elaborado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Señala por último que la aplicación de la norma cuestionada en el presente caso no 
ha deparado al trabajador demandante en el proceso a quo un trato lesivo del derecho 
garantizado por el artículo 14 CE. Si se considerase el periodo discutido como cotizado a 
tiempo  completo  a  efectos  del  cálculo  del  porcentaje,  no  se  solucionaría  ninguna  s
discriminación ni se aplicaría el principio de igualdad, sino que se estaría dispensando un  oe.
trato privilegiado a este trabajador. Durante un periodo de tiempo en el que prestó menos  w.
servicios  y  efectuó  una  menor  cotización  se  equipararía  a  otros  beneficiarios  que  104ww
creoaelfizicaieronnte  duenla 1 ,a5p eonrt alocsió pne risoudpoesr iao rt,i emmápxoi mpaer cicaul.a Lnad os itulaa cnióonr mena  eal dperemsáesn tea sñuapduee suton 
npoe neasli zaancáiólong ae na  llaa  ebxaasmei nraedgau leand olara S yT Ce n9 1e/2l 0p1o9r,c epnuteasje n, on ei xriessteu letan  aeqstueí  cdaes ola l an doormblea   BOE-A-cable e
cuestionada una solución desproporcionada entre la cotización del trabajador a tiempo 
parcial y la efectuada por un trabajador a tiempo completo comparable a efectos de 
determinar la cuantía de la pensión; por el contrario, la solución en este caso resulta 
justa, proporcionada y equitativa.
10.  Mediante providencia de 9 de septiembre de 2021, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  La  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Asturias  plantea 
cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 248.3 del texto refundido de la Ley 
general de la Seguridad Social (LGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por posible vulneración del artículo 14 CE. Entiende, partiendo de la 
doctrina sentada en la STC 91/2019, de 3 de julio, que las reglas de cálculo de la 
pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad común para trabajadores a 
tiempo parcial, contenidas en el precepto cuestionado, podrían vulnerar el derecho a la 
igualdad ante la ley, así como la interdicción de discriminación por razón de sexo.
El precepto legal cuestionado, aplicable a la determinación de las pensiones de 
incapacidad permanente derivada de enfermedad común de los trabajadores contratados 
a tiempo parcial, establece lo siguiente:
«A efectos de determinar la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad 
permanente derivada de enfermedad común, el número de días cotizados que resulten 
de lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) del artículo 247, se incrementará 
con la aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser 
superior al período de alta a tiempo parcial.
El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinará conforme 
a la escala general a que se refiere el artículo 210.1, con la siguiente excepción:
Cuando  el  interesado  acredite  un  período  de  cotización  inferior  a  quince  años, 
considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a tiempo parcial 
incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la 
respectiva  base  reguladora  será  el  equivalente  al  que  resulte  de  aplicar  a  50  el 
porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el trabajador sobre 
quince años.»
Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  precepto  cuestionado  viene  a  reproducir  lo 
establecido en la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, 
del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, –en la redacción dada por el art. 5.2 del Real 
Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto–. Esta norma fue objeto de la cuestión interna de 
inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda por ATC 3/2019, de 28 de enero, y 
resuelta por el Pleno en la STC 91/2019, de 3 de julio, que declaró la inconstitucionalidad 
y nulidad del inciso «de jubilación y». Ello se debió a que el objeto de la cuestión interna 
quedó acotado al supuesto de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo 
parcial, por haber sido planteada en un recurso de amparo interpuesto por uno de ellos 
disconforme  con  el  cálculo  de  la  base  reguladora  de  su  pensión  de  jubilación 
[STC 91/2019, FFJJ 3 a) y 11]. Sin embargo, como señalan el órgano judicial promotor 
de la presente cuestión y la fiscal general del Estado, los razonamientos contenidos en la  e.
STC 91/2019 respecto de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial  w.b
resultan trasladables al caso de las pensiones de incapacidad permanente derivada de  104ww
enfermedad común causadas por dichos trabajadores.
prec2is. arP parreav iaumnae nmtee jeolr  ccoonmtepxrteon snioórnm adteiv ola  encu eels tqióune  pslea netenamdaar crae seull tap reccoenpvteon ileengtael 
cuestionado, referido a la determinación de las pensiones de incapacidad permanente 
derivada de enfermedad común causadas por trabajadores a tiempo parcial.
De  acuerdo  con  los  arts.  197,  247  y  248  LGSS,  la  cuantía  de  la  pensión  de 
incapacidad permanente derivada de enfermedad común de los trabajadores a tiempo 
parcial se calcula aplicando el esquema general de cálculo previsto también para los 
trabajadores a tiempo completo, esto es, la fijación de la base reguladora y la aplicación 
de un porcentaje sobre la misma.
En síntesis, la base reguladora se calcula haciendo un promedio de las bases de 
cotización de un periodo prolongado de tiempo, anterior a la incapacidad permanente. 
Esas bases de cotización se corresponden con los salarios reales percibidos, aplicando 
unos límites mínimo y máximo. Para el trabajador a tiempo completo, el límite mínimo 
equivale al salario mínimo legal a tiempo completo; para el trabajador a tiempo parcial, el 
límite mínimo equivale al salario mínimo legal por hora multiplicado por el número de 
horas  trabajadas.  Para  calcular  la  base  reguladora  de  la  pensión  de  incapacidad 
permanente derivada de enfermedad común, las bases de cotización se actualizan con 
el índice de precios al consumo hasta veinticuatro meses antes del mes previo al hecho 
causante; las bases de cotización de los últimos veinticuatro meses se computan por su 
valor nominal. Una vez calculada la base reguladora, si dentro de la vida laboral existen 
contratos a tiempo parcial, se aplica un sistema de cálculo basado en la parcialidad. Los 
periodos trabajados a tiempo parcial no se computan completos, sino en proporción a la 
parcialidad, en función del porcentaje que representa la jornada realizada a tiempo 
parcial en relación con la realizada por un trabajador a tiempo completo: «coeficiente de 
parcialidad». Los días cotizados a tiempo parcial se incrementan con la aplicación del 
coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al período de 
alta a tiempo parcial. Por lo tanto, no se toma en cuenta la totalidad del periodo de alta 
en la Seguridad Social, como acontece con los trabajadores a tiempo completo, sino solo 
los días cotizados, si bien reducidos como consecuencia de la aplicación del «coeficiente 
de parcialidad». No obstante, la aplicación del coeficiente del 1,5 reduce la diferencia 
existente entre una y otra fórmula legal, y llega incluso a anularla completamente si el 
coeficiente de parcialidad durante el periodo es igual o superior al 67 por 100.
A la base reguladora obtenida conforme a las reglas anteriores se aplica, para 
obtener la cuantía de la pensión que corresponda, el porcentaje previsto para el grado de 
incapacidad  permanente  reconocido  en  cada  caso:  55  por  100  en  la  incapacidad 
permanente total, incrementado en un 20 por 100 para los mayores de cincuenta y cinco 
años  con  dificultades  de  encontrar  otro  empleo;  100  por  100  en  la  incapacidad 
permanente absoluta y, en caso de gran invalidez, tal porcentaje incrementado con un 
complemento adicional destinado a remunerar a la persona que atienda al beneficiario.
3.  Conviene recordar, como se hizo en la citada STC 91/2019, FJ 6, que ya en la 
STC 61/2013, de 14 de marzo (aplicada por las SSTC 71/2013 y 72/2013, ambas de 8 
de abril, y 116/2013 y 117/2013, ambas de 20 de mayo, todas ellas resolutorias de 
recursos de amparo), este tribunal analizó la regla correctora del coeficiente del 1,5 
introducida por el legislador para atenuar la aplicación del criterio de proporcionalidad 
estricta en el cómputo de los periodos de cotización, en aras de facilitar el acceso de los 
trabajadores a tiempo parcial a las pensiones con mayores exigencias carenciales y con 
mayor incidencia de los periodos de cotización en la determinación del porcentaje de la 
pensión: jubilación e incapacidad permanente.
Afirmó entonces este tribunal que dicha regla correctora supone reconocer a todos 
los trabajadores a tiempo parcial un plus con carácter uniforme de medio día cotizado  e.
por cada día teórico de cotización calculado conforme al criterio de proporcionalidad. Sin  w.b
embargo,  a  pesar  de  que  esto  atenúa  los  efectos  derivados  de  una  estricta  104ww
pperorípoodrociso ndael idcaodtiz, afacvióonre ecxieigniddoo sq upea rlao sc taraubsaarja ldao preesn sai ótine,m «psou  pvairrtcuiaall idpaude dcaonm aolc ealnezmaer nlotos 
dloes  ceofrercetcocsi ódne esps rloimpoitracdioan, ayd nois s iqquueie srau  eanp leicl aácmióbni toco dnell eevsata e pnr etésrtamciinóons s dee c odnessipgruoete ecvciitóanr 
social»; «únicamente serán menos los trabajadores perjudicados por su aplicación, pero,
respecto de ellos, la regulación cuestionada habrá de merecer similares reproches a la 
anterior, al resultar insuficiente su eficacia correctora». El tribunal afirmó asimismo que 
«cuando el trabajo a tiempo parcial no sea un episodio más o menos excepcional en la 
vida laboral del trabajador y cuando la jornada habitual del mismo no resulte muy 
elevada,  la  aplicación  del  criterio  de  proporcionalidad  seguirá,  a  pesar  de  la  regla 
correctora, constituyendo un obstáculo desproporcionado para su acceso a la pensión de 
jubilación». También consideró que la corrección introducida seguía sin aportar a la 
diferencia de trato la justificación de la que carecía en la regulación precedente.
En  la  STC  91/2019,  FJ  9,  se  concluyó  (para  la  pensión  de  jubilación  de  los 
trabajadores  a  tiempo  parcial,  por  ser  el  supuesto  entonces  examinado)  que  la 
regulación contenida en la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, 
apartado 1, LGSS 1994 (en la redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2013), que se 
corresponde con el vigente artículo 248.3 LGSS:
«No se adecua al principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE) entre trabajadores a 
tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, en perjuicio de estos últimos, por las 
razones siguientes:
a)  La cuantía de la pensión se determina en función de dos factores […]: la base 
reguladora y el periodo de cotización, el cual sirve a su vez para fijar un porcentaje sobre 
la base reguladora, con el que se obtiene el importe a cobrar.
La  base  reguladora,  tal  como  ha  sido  configurada  legalmente,  salvaguarda  el 
principio de proporcionalidad entre trabajadores a tiempo completo y parcial, pues de 
acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado se obtiene una retribución acorde, y a su 
vez conforme a esa cantidad se han ido practicando las correspondientes cotizaciones al 
sistema de seguridad social […], materializándose su contribución al mismo. […].
b)  No ocurre así, sin embargo, con el cálculo del periodo de cotización. En los 
trabajadores a tiempo completo, el tiempo se computa por años y meses de cotización, 
sin practicar sobre ellos ningún coeficiente o fórmula reductora. Para los trabajadores a 
tiempo parcial, en cambio, se prevé una reducción del periodo de cotización. La regla 
tercera, letra c) de la indicada disposición adicional séptima LGSS [actual art. 248.3 
LGSS] ordena: (i) con remisión a la regla segunda, letra a), párrafo segundo [actual 
art. 247 a) LGSS], que a los años y meses cotizados se les aplique un "coeficiente de 
parcialidad", por el cual se asigna un porcentaje a cada periodo de trabajo a tiempo 
parcial respecto de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, y al que 
se suman, "en su caso, los días cotizados a tiempo completo"; (ii) el valor resultante, de 
nuevo conforme a la regla tercera, letra c), se incrementa con un coeficiente del 1,5, "sin 
que el número de días resultante pueda ser superior al periodo de alta a tiempo parcial".
Es evidente que, con este método de cálculo, el periodo de cotización para un 
trabajador a tiempo parcial no se corresponderá con el que de manera natural deriva de 
los meses y años materialmente cotizados por él durante el tiempo de sus contratos en 
alta, a diferencia de lo que sí sucede con los trabajadores a tiempo completo.
Solo si su porcentaje de parcialidad ha podido alcanzar durante su vida laboral el 67 
por 100, podrá tras la aplicación de la regla reductora antedicha obtener el 100 por 100 
de la base reguladora. En cualquier otro caso, coeficiente multiplicador de 1,5 incluido, 
no tendrá derecho al porcentaje total. […]
De ello se deriva no solamente una diferencia de trato en la fijación del periodo de 
cotización, para unos de manera natural, en función del tiempo real (trabajadores a 
tiempo completo) y para otros artificialmente a partir de un valor reductor (trabajadores a  e
tiempo  parcial),  sino  que  el  método  así  implementado  castiga,  sobre  todo,  a  los  bo
trabajadores con menos porcentaje de parcialidad a lo largo de su vida laboral, esto es, a  104ww
quiecn)e s Lcao nefxoprmosaicni óenl  edsela mbóontiv mosá sd edlé Rbiel adle Dl mecerrectaod-loe yd e1 1tr/a2b0a1j3o,. que introdujo la regla de
cdáiflecruelnoc icauceiósnti.o [n…ad]a, no permite hallar una justificación objetiva y razonable de esta
[…] Los principios de contribución al sistema, proporcionalidad y equidad, ya están 
salvaguardados con el método de cálculo de la base reguladora (a partir de la base de 
cotización) y no dejan de estarlo porque el trabajador a tiempo parcial, vea reconocido 
todo el tiempo de cotización de sus contratos en alta.
d)  En fin, a tenor de los arts. 15.2, 106.1 y 106.2 LGSS 1994 (arts. 18.2, 144.1 
y 144.2 LGSS 2015), la obligación de cotizar nace "desde el momento de iniciación de la 
actividad correspondiente" […]. Y la obligación se mantiene "por todo el periodo en que 
el trabajador esté en alta en el régimen general o preste sus servicios, aunque estos 
revistan carácter discontinuo".
Si, por tanto, la obligación de cotizar y con ello su repercusión contributiva en el 
sistema de previsión social, se mantiene desde el principio y durante toda la vida laboral 
del trabajador a tiempo completo o parcial […], resulta contrario a los propios principios 
de dicho sistema que se desconozca en parte el tiempo de cotización solo para este 
último colectivo de trabajadores, restándoselo del periodo real de cotización para fijar la 
cuantía de su jubilación, en los términos del precepto aquí cuestionado.
En suma, falta el primero de los requisitos exigibles para una desigualdad de trato 
constitucionalmente admisible, su justificación objetiva y razonable. Además, se rompe 
también con la proporcionalidad desde el momento en el que, a una reducción razonable 
de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base 
de cotización, añade una reducción también del periodo de cotización para fijar la 
cuantía de la prestación (porcentaje sobre la base), lo que no se hace con el trabajador a 
tiempo completo.»
4.  Además de lo anterior, la STC 91/2019, FJ 10, entendió que la regla cuestionada 
constituía una discriminación indirecta por razón de sexo prohibida por el artículo 14 CE.
Razonó al efecto el tribunal que «la consulta de estadísticas actuales en el mercado 
laboral indica que el porcentaje de mujeres que desempeñan un trabajo a tiempo parcial 
es claramente superior al de los hombres», lo que permite confirmar, «quince años 
después, la conclusión que ya extrajimos en la STC 253/2004, de que el contrato a 
tiempo  parcial  es  una  institución  que  afecta  de  hecho  predominantemente  al  sexo 
femenino, lo que obliga, como señalamos entonces, a "examinar con mayor cautela el 
impacto de la regla sobre cómputo de periodos de carencia contenida en la norma 
cuestionada, pues, acreditada estadísticamente la realidad sociológica indicada, esto es, 
que la medida afecta a una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres 
(disparate effect) para descartar la existencia de una discriminación indirecta prohibida 
por  el  art.  14  CE,  habría  que  constatar  que  esa  medida  se  explica  por  razones 
objetivamente justificadas de política social sin carácter discriminatorio"».
Por ello, tras descartar que en el caso examinado el abogado del Estado o el letrado 
de la administración de la Seguridad Social hubieran identificado qué circunstancias 
objetivas ajenas a cualquier discriminación por razón de sexo justifican la regulación del 
cálculo de la pensión (de jubilación, en aquel caso) de los trabajadores a tiempo parcial, 
en el concreto aspecto discutido, la STC 91/2019, FJ 10, concluyó, en sintonía con la 
conclusión alcanzada desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 8 de mayo de 2019 (asunto 
C-161/18, Violeta Villar Láiz c. Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería 
General  de  la  Seguridad  Social),  que  la  regla  cuestionada  provocaba  «una 
discriminación indirecta por razón de sexo».
5.  La doctrina sentada por la STC 91/2019, respecto de la pensión de jubilación de  e
los trabajadores a tiempo completo y parcial, resulta trasladable al supuesto que nos  bo
ocupa. Teniendo en cuenta que la regulación legal examinada en aquella sentencia se  104ww
cporerrceespptoon, deen  ccouna enlt oc ornetfeenriiddoo  ad ella v idgeetnetrem ainrtaíccuiólon  2d4e8 .l3a  LcGuaSnStí,a c adbee  lacos npcleunirs iqounee se sdtee 
tiniecmappaoc pidaarcdi apl,e crmomanoe enste l ad deirsivcaudtiad ad een e enlf eprrmoceedsaod  ac qoumoú, nv uclanuesraa deal sd eproerc htroa bdaej aigduoareldsa ad 
ante la ley y provoca además una discriminación indirecta por razón de sexo. Ello
determina que deba ser declarado inconstitucional y nulo por vulneración del artículo 14 
CE, con el alcance que luego se dirá.
Conforme viene reiterando la doctrina constitucional, el principio de contributividad 
que informa nuestro sistema de Seguridad Social justifica sin duda que el legislador 
establezca, como hace en la norma cuestionada, que las bases reguladoras de las 
prestaciones de Seguridad Social se calculen en función de lo efectivamente cotizado. 
De ello resultará, lógicamente, una prestación de cuantía inferior para los trabajadores a 
tiempo  parcial,  por  comparación  con  los  trabajadores  que  desempeñen  ese  mismo 
trabajo a jornada completa (SSTC 253/2004, FJ 8; 110/2015, FJ 8; 91/2019, FJ 10, y 
ATC 30/2009, de 27 de enero, FJ 8). En cambio, lo que no resulta justificado, conforme a 
esa misma doctrina, es que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a 
tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, no ya en cuanto a la reducción de la 
base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de 
cotización, sino en cuanto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un 
porcentaje derivado de un «coeficiente de parcialidad». Este reduce el número efectivo 
de días cotizados, diferenciación que no solo conduce a un resultado perjudicial en el 
disfrute de la protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a 
tiempo parcial, sino que, además, continúa afectando predominantemente a las mujeres 
trabajadoras, como ya apreció la STC 91/2019, FJ 10.
6.  Al igual que hicimos en la STC 91/2019, FFJ 11 y 12, –para la pensión de 
jubilación, por ser el supuesto entonces examinado– respecto de la regulación contenida 
en la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, LGSS 1994 
(en la redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2013), que se corresponde con el actual 
artículo 248.3 LGSS, debe precisarse: que la declaración de inconstitucionalidad de este 
precepto que ahora se acuerda debe entenderse referida a la aplicación del llamado 
coeficiente  de  parcialidad  en  la  determinación  de  la  cuantía  de  las  pensiones  de 
incapacidad permanente derivada de enfermedad común causadas por trabajadores a 
tiempo parcial; de suerte que esa determinación deberá realizarse por la administración 
de la Seguridad Social sin tomar en consideración el referido coeficiente de parcialidad y, 
en consecuencia, sin la reducción derivada del mismo.
Asimismo debe recordarse que la STC 91/2019 declaró la inconstitucionalidad y 
nulidad  del  inciso  «de  jubilación  y»,  contenido  en  la  regla  tercera,  letra  c)  de  la 
disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (en la 
redacción dada por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto), norma que 
se corresponde con el vigente artículo 248.3 del texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
Como ha advertido reiteradamente este tribunal, dadas las características propias de la 
refundición de textos legales (artículo 82 CE), carente de capacidad innovadora propia, 
la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de preceptos que han sido incluidos en 
un texto refundido puede extenderse también a los preceptos contenidos en el texto 
refundido que los reproduce (SSTC 196/1997, de 13 de diciembre, FJ 4; 194/2000, de 19 
de julio, FJ 11; 113/2006, de 5 de abril, FJ 6; 272/2015, de 17 de diciembre, FJ 15, 
y 102/2017, de 20 de julio, FJ 3). Otra conclusión, como señala la citada STC 194/2000, 
FJ 11, conllevaría mantener en el ordenamiento normas que son reproducción de otras 
que han sido ya declaradas inconstitucionales y nulas, lo que introduciría un elemento de 
inseguridad jurídica que este tribunal en el marco de sus competencias está llamado a 
evitar. e.
En definitiva, todo lo expuesto conduce a la estimación de la presente cuestión de  w.b
inconstitucionalidad y, en consecuencia, a declarar la inconstitucionalidad y nulidad del  104ww
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pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común
causadas por trabajadores a tiempo parcial; de modo que la determinación de esas 
pensiones habrá de realizarse sin tomar en cuenta el referido coeficiente de parcialidad 
ni la reducción derivada del mismo.
Eliminada  la  inconstitucionalidad,  de  la  forma  indicada,  el  precepto  cuestionado 
puede ser aplicado a efectos de la determinación de la cuantía de las pensiones de 
jubilación e incapacidad permanente derivada de enfermedad común, causadas por 
trabajadores a tiempo parcial.
Procede, por último, modular el alcance de la declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad. En tal sentido, y siguiendo reiterada doctrina constitucional, no solo habrá de 
preservarse la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino que, además, en virtud del principio 
constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la modulación de los efectos de nuestro 
pronunciamiento se extenderá en este caso a las posibles situaciones administrativas 
firmes (por todas, STC 91/2019, FJ 12).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad del inciso «de jubilación y de incapacidad permanente 
derivada  de  enfermedad  común»  del  párrafo  primero  del  artículo  248.3  del  texto 
refundido  de  la  Ley  general  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con los efectos señalados en el fundamento 
jurídico 6 de esta sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de septiembre de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.