BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Viernes 6 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 96796
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13539 Resolución de 26 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Talavera de Reina n.º 2, por la que se 
deniega la práctica de una nota marginal.
En el recurso interpuesto por don Félix Romero Cañizares, director general de Medio 
Natural  y  Biodiversidad  de  Castilla-La  Mancha,  contra  la  nota  de  calificación  del 
registrador  de  la  Propiedad  de  Talavera  de  la  Reina  número  2,  don  Luis  Manuel 
Benavides Parra, por la que se deniega la práctica de una nota marginal.
Hechos
I
Mediante comunicación expedida el día 22 de marzo de 2021 por la jefa de Servicio 
Forestal, doña C. F. S. M., a la vista de una previa comunicación recibida procedente del 
Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina número 2, en relación a la inscripción 
de  representación  gráfica  de  la  finca  registral  número  2.491  de  Los  Cerralbos,  se 
solicitaba la práctica de una nota marginal en los siguientes términos: «Esta finca colinda 
con (…), vía pecuaria clasificada en el término municipal de Los Cerralbos por Orden 
Ministerial de fecha 26 de enero de 1954 con una anchura de 37,61 metros. Esta vía 
pecuaria no está deslindada por lo que, en un futuro deslinde, la posesión de la totalidad 
o parte de la finca podría ser atribuida a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, siendo la Resolución de aprobación título suficiente para rectificar, en la forma y 
condiciones  que  se  determinen  reglamentariamente,  las  situaciones  jurídicas 
contradictorias  con  el  deslinde  (artículo  8.4  Ley  3/1995,  de  23  de  marzo,  de  Vías 
Pecuarias)».
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina 
número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  de 
conformidad con los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 del Reglamento Hipotecario, 
ha resuelto no practicar los asientos solicitados en base a los siguientes hechos y 
fundamentos de Derecho:
Hechos:
Datos de presentación:
– Asiento/Diario: Relacionado con el 1936/46
– Fecha entrada: 25/03/2021, a las 15:13 horas. e
– Entrada: 897 bo
– Presentante:  D.  G.  de  Medio  Rural  y  Biodiversidad,  Viceconsejería  de  Medio  539ww
LAam Mbiaenncteh,a C. onsejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla
Datos del documento:
– Documento: Escrito de respuesta, sin oposición, a notificación previa en el seno 
del  procedimiento  de  incorporación  de  representación  gráfica  georreferenciada  del 
artículo  199  LH  sobre  la  finca  2491  de  Los  Cerralbos  bajo  la  referencia 
catastral 45048A004007010000ST. Se solicita que se practique nota al margen de la 
finca haciendo constar su colindancia con vía pecuaria no deslindada con referencia 
catastral 45048A00309010130000SL. y su posible afectación a un futuro deslinde.
– Declarante: Doña. C. F. S. M., jefa del Servicio Forestal.
– Fecha: 22/03/2021.
Se acompaña notificación efectuada por este Registro con fecha 4 de marzo de 2021 
y consulta catastral descriptiva y gráfica de la referencia 45048A004007010000ST.
Defectos y fundamentos de Derecho:
Señalar que si bien la contestación a una notificación efectuada en el seno del 
procedimiento de incorporación de representaciones gráficas georreferenciadas regulado 
por el art. 199 de la Ley Hipotecaria no es el medio idóneo para solicitar la práctica de 
asientos registrales, el Registrador que suscribe ha entendido necesario estimarlo así 
con el objeto de someterlo a calificación y ofrecer, en caso de no estar conforme con 
esta, la posibilidad de interponer recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública.
De este modo, calificado el documento presentado y conforme al artículo 99 del 
Reglamento Hipotecario, no procede acceder a la práctica de los asientos solicitados por 
advertirse los siguientes defectos:
No está previsto legalmente la práctica de dicha nota, sin que se haya instado 
previamente un procedimiento de deslinde contra el titular registral de la finca:
Si bien en el escrito presentado no existe una expresa oposición a la incorporación 
de la representación gráfica georreferenciada sobre la que se tramita el procedimiento 
del art. 199 puesto que, como consta en el mismo, la anchura de la vía pecuaria (…) 
clasificada por Orden Ministerial de 26 de enero de 1954, con una anchura de 37,61 
metros, es respetada por las parcelas colindantes, especialmente, por la parcela 701 del 
polígono  4,  la  cual  se  corresponde  con  la  finca  registral  2491  de  Los  Cerralbos 
(CRU 45016000120924). No obstante, precisamente por no estar deslindada la vía 
pecuaria, se solicita se haga constar al margen de la citada finca su colindancia con el 
(…) y que, por no estar deslindada, en un futuro deslinde, la posesión de todo o parte de 
la finca podría ser atribuida a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en virtud 
de la resolución aprobatoria de aquel, conforme al artículo 8.4 de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias con el objeto de evitar la adquisición por tercero de buena fe y 
en aras de la protección y salvaguarda del dominio público.
Hay que comenzar señalando que es evidente que los Registradores tenemos la 
obligación legal de tratar de impedir la práctica de inscripciones que puedan invadir el 
dominio  público  pues  los  bienes  y  derechos  de  dominio  público  o  demaniales  son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículos 6 y 30 de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas) y así el art. 61 ordena 
que "el personal al servicio de las Administraciones públicas está obligado a colaborar en 
la protección, defensa y administración de los bienes y derechos de los patrimonios 
públicos". Para ello, el artículo 36 establece que "las Administraciones públicas deben  e.e
inscribir en los correspondientes Registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya  b
sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos  539ww
lpoasr aa citmosp liyc acro nat ralotos s reregfiesrtirdaodso rae se lelons  lqau ep rpoumeodcaiónn t ednee r daicchcae soin sac rdipicchióons  rreeggiissttrroasl," . sYe 
iensfotarbmleacceió na  dseu  locsa ragrotí,c ualdoesm 6á1s y  d6e4l , munaan dparteov isgieónne eraslp edceí ficcoal aebno real caiórtníc uyl os u3m9 icnoisntfroor mdee 
a  la  cual  "los  registradores  de  la  propiedad,  cuando  tuvieren  conocimiento  de  la
existencia de bienes o derechos pertenecientes a las Administraciones públicas que no 
estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarán a los órganos a los que corresponda 
su administración, para que por éstos se inste lo que proceda".
Pero  es  necesario  insistir  en  la  conveniencia  de  que  por  parte  de  las 
Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de inmatricular o 
inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (artículos 36 y 83 y 
disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003), dado que de esta forma éstos gozarán 
de la máxima protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los 
medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni 
siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito (Resolución de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de enero de 2019).
Pero  la  protección  registral  que  la  ley  otorga  al  dominio  público  no  se  limita 
exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio 
público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente pues el deslinde tiene un valor 
declarativo  y  no  constitutivo  (Resolución  de  23  de  enero  de  2014)  pero  de  cuya 
existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar 
alguna pretensión de inscripción. Por tal motivo, con carácter previo a la práctica de la 
inscripción, y conforme a lo previsto en distintas leyes especiales, como la de costas o 
de  montes,  el  registrador  ha  de  recabar  informe  o  certificación  administrativa  que 
acrediten  que  la  inscripción  pretendida  no  invade  el  dominio  público.  Lo  que,  sin 
embargo, no ocurre en la normativa sobre vías pecuarias.
Esta protección registral del dominio público, incluso del no inscrito debidamente, 
tiene una especial preminencia con la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley 
Hipotecaria que prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de 
nuevas  fincas  o  de  la  representación  gráfica  georreferenciada  de  fincas  ya 
inmatriculadas cuando tuviera dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio 
público (así, artículo 9, 199, 203 o 205 de la Ley Hipotecaria). Y para ello, se dota a los 
registradores de los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer la ubicación y 
delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado. Así ocurre con el programa 
para el tratamiento de representaciones gráficas homologado por la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 2 de agosto de 2016 cuyo objeto, entre otros, 
alcanza a la calificación registral e inscripción gráfica a través de servicios de mapas web 
en línea, con el fin de poder enlazar e interoperar visualmente, así como realizar análisis 
de contraste, con la cartografía elaborada por la Dirección General del Catastro y con 
aquellas otras cartografía y planimetrías, debidamente georreferenciadas y aprobadas 
oficialmente por las distintas Administraciones competentes en materia de territorio, 
dominio  público,  urbanismo  o  medioambiente,  que  fueran  relevantes  para  el 
conocimiento de la ubicación y delimitación de los bienes de dominio público y del 
alcance y contenido de las limitaciones públicas al dominio privado. Es decir, el programa 
se nutre de la cartografía catastral, así como de otras debidamente georreferenciadas 
aprobadas por las administraciones con competencias en materia de territorio, dominio 
público,  urbanismo  o  medioambiente  y  que  sea  relevantes  para  la  delimitación  del 
dominio público.
Lo que hace aún más necesario que las administraciones cumplan con su obligación 
legal de inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la 
Propiedad y, en cualquier caso, permitan el acceso a las cartografías georreferenciadas 
actualizadas  de  los  bienes  de  dominio  público  que  dispongan  por  parte  de  los 
registradores. De este modo, en el caso de existir indicios de invasión del dominio  s
público, podrán requerirse que sea la propia administración competente quien informe  oe.
acerca de la realidad de dicha invasión con carácter previa a la práctica del preceptivo  w.
asiento e incorporación de la representación gráfica, cuando así lo prevea la normativa  539ww
aplicCaobnle r.elación a la práctica de la nota marginal solicitada, sin embargo, desde el punto
pdreo cveisdtaim rieegnitsot rdael,  dneos lpinudeed es oplora sceti ccaornstee mpupelas tloe gqaulme elan tep ucbulaicniddaod e rseteg iestsrtaál  idneicniatrdoo d, ep eurno   BOE-A-cable e
no de forma meramente preventiva bajo el futurible de que pudiera iniciarse. Así, la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, en su art. 8, regula el procedimiento de 
deslinde contemplando únicamente su reflejo en el Registro una vez iniciado y respecto 
de aquellos terrenos/fincas que pudieran estar incluidos en dominio público, a instancia 
de la propia administración actuante y con participación de los titulares de los mismo. De 
igual modo, en la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La 
Mancha, al regular en su artículo 13 los deslindes y delimitaciones de las vías pecuarias 
con la participación, en todo caso, de todos los colindantes afectados, no prevé que 
durante la tramitación del proceso o antes de su inicio, se refleje en el Registro la 
situación de colindancia de una finca con una vía pecuaria en cuestión y su posible 
afectación  por  un  futuro  deslinde.  Y,  de  forma  más  general,  el  artículo  52  de  la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, al 
regular los procedimientos de deslinde, contempla, en su apartado b), que el acuerdo de 
iniciación del procedimiento se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente 
a fin de que, por medio de nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de 
su incoación; es decir, solo una vez iniciado, el procedimiento de deslinde tiene reflejo en 
el registro de la Propiedad.
Así lo ha venido señalando la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe Pública 
en varias resoluciones señalando que para poder extender nota marginal de que una 
determinada finca colinda con una vía pecuaria no deslindada, a la vista de que del 
futuro deslinde a realizar podría resultar la incorporación al dominio público de parte de 
aquélla es preciso acreditar que el interesado ha tenido intervención en el procedimiento 
administrativo  correspondiente  (Resoluciones  de  9  de  agosto  y  19  de  septiembre 
de 2019, 12 de marzo y 11 de diciembre de 2020 o 13 de enero de 2021) que destacan 
(precisamente a la vista de lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley 3/1995) que la 
publicidad registral mediante un asiento en la finca solo se contempla legalmente una 
vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los interesados. Y dicha 
cuestión entra dentro de la competencia calificadora del registrador pues el artículo 99 
del  Reglamento  Hipotecario  le  faculta  para  calificar,  respecto  de  los  documentos 
administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la 
resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, 
así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el 
Registro (entre otras, Resoluciones de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 27 de 
marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011 y 1 de 
junio de 2012) y, especialmente, que dentro del procedimiento se ha dado cumplimiento 
a  las  garantías  que  para  los  particulares  están  establecidas  por  las  leyes  y  los 
reglamentos, con el exclusivo objeto de que evitar que el titular registral pueda verse 
afectado si no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que sufra, en el 
mismo  Registro,  las  consecuencias  de  una  indefensión  procesal  (artículo  99  del 
reglamento en coordinación con los artículos 1, 20 y 40 de la Ley Hipotecaria).
Por otro lado, en relación con la posibilidad de que puedan aparecer terceros de 
buena fe protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria de una finca que, tras un 
procedimiento de deslinde, podría verse afectada en su superficie y/o linderos, no hay 
que olvidar que los efectos de la inscripción de la base gráfica, ya sea catastral, o 
alternativa una vez coordinada con Catastro, se recogen en el artículo 10.5 de la Ley 
Hipotecaria que establece que: «Alcanzada la coordinación gráfica con el Catastro e 
inscrita la representación gráfica de la finca en el Registro, se presumirá, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 38, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubicación  s
y  delimitación  geográfica  expresada  en  la  representación  gráfica  catastral  que  ha  oe.
quedado incorporada al folio real». De este modo, se presume que la finca tiene la  w.
ubicación y delimitación geográfica que resulta de la base gráfica, pero se trata de una  539ww
pcorerrseusnpcoiónnd ie"niuteri sp rotacnetduimm"ie nqtuoe d ea ddmesitliirnád, e eand mtoindiost ractaivsoo,,  lop rquueeb ati eneen  ecsopnetcraiarli or eleanc ióenl 
con el carácter de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes y
derechos integrantes de dominio público (artículos 6 y 30 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
Por tanto, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el 
curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan 
tenido intervención alguna, lo que justifica denegar su práctica.
No obstante, el vigente artículo 9 letra a) de la Ley Hipotecaria permite hacer constar 
por nota al margen de la finca la calificación urbanística, medioambiental o administrativa 
correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera». En esta previsión legal 
podría tener encaje la nota marginal solicitada. Sin embargo, en el supuesto analizado, el 
contenido de la solicitud de la Administración y de la nota pretendida adolece una falta 
de determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se 
limita a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia 
descripción de la finca y no justifica su práctica; advierte la posibilidad de un eventual 
deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca pudiera verse afectada por ello y 
en qué medida; además de recordar los efectos legales del deslinde, cuestión que 
resulta de la propia Ley. Por tanto, tampoco puede practicarse la nota marginal solicitada 
al amparo de este precepto, pues no se trata de una resolución administrativa de la que 
resulte una concreta calificación urbanística, medioambiental o administrativa de la finca 
más allá de su colindancia con una vía pecuaria (Resoluciones de 16 de octubre de 2020 
o 13 de enero de 2021).
No obstante, con relación a la nota prevista en el artículo 9 y si la vía pecuaria si está 
calificada,  deslindada  y  amojonada,  si  sería  posible  reflejar  en  el  registro  dicha 
circunstancia en aquellos casos en que, efectivamente, se haya comprobado que existe 
una invasión de la vía pecuaria por una finca colindante puesto que el artículo 8, 
apartado 3, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias dispone que el 
deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad 
Autónoma dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la 
Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados 
y su apartado 4 añade que la resolución de aprobación del deslinde será título suficiente 
para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las 
situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Y en parecidos términos, 
el artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La 
Mancha. De este modo, mediante la oportuna resolución administrativa dictada en base 
a  las  ordenas  o  resoluciones  que  calificaron  la  vía  pecuaria  y  en  cuya  virtud  se 
deslindaron y amojonaron, podría practicarse dicha nota, siempre que se identifique con 
claridad y exactitud la finca, existiendo correspondencia con la que figure o haya de 
figurar en el registro, y superficie afectada u objeto de intrusión con sus coordenadas de 
presentación gráfica.
Calificación:
A la vista de los hechos y fundamentos de derecho citados se deniega la práctica de 
los asientos solicitados, calificándose los defectos advertidos como insubsanables.
No se toma a notación preventiva por defecto subsanable por no haberse solicitado. 
Practicada la notificación de la calificación de conformidad con el artículo 322 y 323, de 
la Ley Hipotecaria, quedará prorrogado automáticamente el asiento de presentación, por 
un plazo de sesenta días, contados desde la fecha de la última notificación.
El asiento practicado queda bajo la salvaguardia de los Tribunales y produce los 
efectos derivados de la publicidad registral. e
Contra esta nota de calificación cabe (…) bo
El Registrador. Luis Manuel Benavides Parra Este documento ha sido firmado con  539ww
Pfirrmopai eedleacdt ródnei cTaa clauvaelirfaic addea  lpao rR Leuinisa  M2a nau edlí aB evneainvtiidneuse vPea rdrae  rmegaisrztroa ddoerl/ aa dñeo  Rdeogsi smtroil 
veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Félix Romero Cañizares, director general 
de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, interpuso recurso día 27 de 
abril de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Motivos.
La Ley 13/2015 de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por 
Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo en su artículo 10.1 dice 
"La base de representación gráfica delas fincas registrales será la cartografía catastral, 
que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad". Por lo tanto, actualmente 
cuando  se  realiza  una  inscripción  en  el  Registro  se  coordina  gráficamente  con  la 
cartografía catastral, con lo que la finca queda georreferenciada de forma inequívoca.
El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo cuyo origen y principal uso hasta 
la citada Ley 13/2015 había sido el tributario. En consecuencia, la cartografía catastral a 
menudo no refleja con exactitud la situación legal de los terrenos de las vías pecuarias. 
Comparando la cartografía catastral con la elaborada para la protección, conservación y 
gestión  de  las  Vías  Pecuarias  y  Montes  de  Utilidad  Pública  por  la  Consejería  de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la cartografía catastral la mayor parte 
de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha no tienen su anchura legal, pues han sido 
invadidas por las parcelas colindantes.
Entre las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se 
encuentran la protección, conservación y gestión de los bienes de dominio público: 
montes y vías pecuarias.
La situación actual, en cuanto a la defensa de la propiedad de las vías pecuarias en 
Castilla-La Mancha, es aproximadamente la siguiente:
– Vías Pecuarias Clasificadas: 14.500 Km (56.000 ha).
– Vías Pecuarias Deslindadas: 3.200 Km (17.800 ha).
– Vías Pecuarias digitalizadas, en proceso de actualización catastral: 2.200 Km 
(14.200 ha).
– Sólo un 6% de la superficie de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (3.200 
ha) está inscrita en los Registros de la Propiedad.
– También existen algunos términos municipales con vías pecuarias sin clasificar.
Por lo tanto, las notas marginales solicitadas son imprescindibles para evitar la buena 
fe exigida por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria en las posteriores transacciones 
onerosas, manteniendo de esta forma la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
la posibilidad de recuperar el Dominio Público Pecuario mediante futuros deslindes. Lo 
que  está  sucediendo,  en  ausencia  de  estas  notas  marginales  es  que  se  inscriben 
derechos y pueden consolidarse, por la vía del artículo 34 (adquisición de buena fe a 
título oneroso), intrusiones en terrenos del dominio público que pasan a manos de los 
colindantes, con la consiguiente pérdida de patrimonio público a favor de unos pocos 
particulares (ver art. 21.8 de la Ley 43/2003 de Montes).
Entendemos que, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, el Registrador puede 
hacer constar, bajo su responsabilidad, como medida de colaboración en la defensa del 
dominio público, sin necesidad del consentimiento del titular registral, nota marginal en la 
que se aclare la situación de la finca inmatriculada. A modo de ejemplo, se adjunta copia  e.e
de  notas  marginales  inscritas  por  los  Registros  de  la  Propiedad  de  Belmonte,  b
Manzanares, Pastrana-Sacedón y Almagro para casos similares a los que se tratan en  539ww
este recurso.»
IV
El registrador de la Propiedad de Talavera de la Reina número 2 emitió informe 
ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección 
General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 20, 40, 201 y 203 de la Ley Hipotecaria; 99 del Reglamento 
Hipotecario; 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 2014, 15 de 
marzo de 2016, 13 de noviembre de 2017, 19 de julio de 2018 y 4 de julio y 19 de 
septiembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 12 de marzo y 16 de octubre de 2020 y 13 de enero y 12 de febrero 
de 2021.
1.  Es objeto de este expediente decidir si, a solicitud de la Administración titular de 
una vía pecuaria, puede practicarse una nota marginal en una finca colindante a la 
misma en los siguientes términos: «Esta finca colinda con (…), vía pecuaria clasificada 
en el término municipal de Los Cerralbos por Orden Ministerial de fecha 26 de enero 
de 1954 con una anchura de 37,61 metros. Esta vía pecuaria no está deslindada por lo 
que, en un futuro deslinde, la posesión de la totalidad o parte de la finca podría ser 
atribuida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo la Resolución de 
aprobación título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen 
reglamentariamente, las situaciones jurídicas contradictorias con el deslinde (art. 8.4 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias)».
El registrador deniega la operación solicitada porque considera que la nota marginal 
solamente procedería una vez iniciado el procedimiento de deslinde con intervención del 
titular registral; y porque fuera de este supuesto, la nota solicitada no se encuentra 
prevista en el ordenamiento jurídico. Invoca anteriores Resoluciones de esta Dirección 
General que han resuelto el mismo asunto siendo la misma Administración la recurrente.
La Administración solicitante recurre la calificación en idénticos términos que en los 
anteriores supuestos ya tratados por esta Dirección General, exponiendo la situación 
estadística  de  la  falta  de  inscripción  de  las  vías  pecuarias  en  los  Registros  de  la 
Propiedad  y  en  base  a  ello  entiende  que  la  práctica  de  las  notas  marginales  son 
imprescindibles para evitar que surjan terceros de buena fe protegidos conforme al 
artículo 34 de la Ley Hipotecaria, lo que supondría una pérdida de patrimonio público. 
Asimismo, afirma que «conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, el Registrador 
puede hacer constar, bajo su responsabilidad, como medida de colaboración en la 
defensa del dominio público, sin necesidad del consentimiento del titular registral». Por 
último,  alega  que  notas  marginales  de  esta  índole  se  han  practicado  ya  en  otros 
registros.
Procede, por tanto, para la resolución de este recurso reiterar, una vez más, los 
pronunciamientos de esta Dirección General en casos idénticos y en idénticos recursos 
promovidos por la misma Administración.
2.  En primer lugar procede hacer referencia al último argumento alegado por el 
recurrente, consistente en que notas marginales análogas a la ahora pretendida se han 
practicado en otros registros. Este argumento no puede admitirse. es
Debe recordarse que es doctrina de este Centro Directivo, reiterada en innumerables  bo
ocasiones,  que  el  registrador,  al  ejercer  su  competencia  de  calificación  de  los  539ww
rdipneordgeceisuspetmrenaentdandocteoirónesncs  ip,ad r eec seooenmtnr ootass ud tt oíatsume ljaoep sroic nc(iscoccif orr.,il,p o pc pioóoernrs  t toánlda oas pes o,s crtl aáal slivaf iiRcsna eccuspioloraolnudpecoisai,o  shn laelerbsevi dasdaude la tc9asu n yeta en1 sta3 c  ddadeebe lo  m plarapi nrozcaroi np, tioo4et  rrddiooeesr     OE-A-2021-13able en https://
abril y 8 y 22 de mayo de 2012, 22 de febrero, 7 de marzo, 3 de abril y 24 de junio 
de 2013 y 25 de julio y 13 de noviembre de 2017).
3.  Centrándonos en el fondo del asunto, se plantea como única cuestión si es 
posible practicar, a requerimiento de la Administración, una nota marginal con la finalidad 
de advertir que una finca colinda con una vía pecuaria, la cual no está deslindada, sin 
que ni siquiera se haya iniciado este procedimiento, a los efectos de advertir las posibles 
consecuencias de un eventual deslinde.
La  publicidad  del  procedimiento  de  deslinde  se  contempla  en  el  artículo  8, 
apartado 5, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias que dispone que 
«cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el 
Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio 
público,  el  órgano  que  tramite  dicho  expediente  lo  pondrá  en  conocimiento  del 
Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal preventiva de esa 
circunstancia». Con independencia de la imprecisión del texto legal sobre el asiento legal 
(«anotación marginal preventiva»), lo que resulta indudable es que la publicidad registral 
mediante un asiento en la finca sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de 
deslinde y con intervención de los interesados.
4.  Esta última cuestión resulta de capital relevancia puesto que por aplicación del 
principio de tracto sucesivo no cabe practicar ningún asiento en una finca en virtud de 
una  resolución  administrativa  sin  que  el  interesado  haya  tenido  intervención  en  el 
procedimiento correspondiente.
Como ha venido resolviendo esta Dirección General (vid., por todas, la Resolución 
de 15 de enero de 2013), ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo 
había mantenido de forma reiterada la doctrina de que, dentro de los límites de su 
función,  goza  el  registrador  de  una  mayor  libertad  para  calificar  el  documento 
administrativo en relación con el judicial, y en particular si se trata del examen de los 
trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y reglamentos (cfr. 
entre  otras,  Resolución  de  30  de  septiembre  de  1980).  Tras  la  citada  reforma 
reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza normativa, y por ello esta 
Dirección  General  ha  venido  considerando  desde  entonces  que,  no  obstante  la 
ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos 
los actos administrativos, el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador 
para calificar, respecto de  los documentos administrativos, entre otros extremos, la 
competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, 
los trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el título 
registral y a los obstáculos que surjan con el Registro (cfr. entre otras, las Resoluciones 
de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 
31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011 y 1 de junio de 2012).
De acuerdo con esta doctrina, efectivamente corresponde al registrador, dentro de 
los límites de su función calificadora de los documentos administrativos, examinar, entre 
otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a 
fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las  garantías  que  para  los  particulares  están 
establecidas  por  las  leyes  y  los  reglamentos,  con  el  exclusivo  objeto,  como  tiene 
declarado este Centro Directivo, de que cualquier titular registral no pueda ser afectado 
si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la 
Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de  s
una indefensión  procesal, y en este  sentido –como  una garantía más del derecho  oe.
constitucional  a  una  tutela  judicial  efectiva–  debe  ser  entendido  el  artículo  99  del  w.
Reglamento  Hipotecario,  en  congruencia  con  los  artículos  1,  20  y  40  de  la  Ley  539ww
HipoPteocr atraian.to, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el
cteunrsidoo  dinet enrvinegnúcnió np raolcgeudniam, imenottoiv oa dpmorin eisl tcrautaivl ola  ecna lieficl aqcuióen l odse btietu claornefsir mreagrsiset.rales hayan  BOE-A-cable e
5.  Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de deslinde no está 
prevista en la normativa reguladora de las vías pecuarias, ni tampoco se prevé en la 
normativa general de las Administraciones Públicas. Así, en el procedimiento de deslinde 
previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (cfr. artículo 52), también se contempla la 
publicidad registral una vez iniciado dicho procedimiento.
Ahora bien, el artículo 9, letra a), de la Ley Hipotecaria dispone que «cuando conste 
acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o 
administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera». En esta 
previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva este recurso.
Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de 
la  solicitud  de  la  Administración  y  de  la  nota  pretendida  adolece  una  falta  de 
determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita 
a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia descripción 
de la finca (cfr. artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento); advierte la 
posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca 
pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos legales 
del deslinde, cuestión que resulta de la propia Ley. Por tanto, tampoco puede practicarse 
la nota marginal solicitada al amparo de este precepto, pues no resulta una concreta 
calificación urbanística, medioambiental o administrativa de la finca más allá de su 
colindancia con una vía pecuaria.
6.  Todo lo expuesto es sin perjuicio de la tutela del dominio público que proceda en 
el curso de cualquier expediente registral que afecte a la finca.
Como ya se indicó por este Centro Directivo en su Resolución de fecha 15 de marzo 
de 2016 y ha reiterado en otras muchas posteriores, la obligación legal a cargo de los 
registradores de la Propiedad de tratar de impedir la práctica de inscripciones que 
puedan invadir el dominio público tiene su origen y fundamento, con carácter general, en 
la legislación protectora del dominio público, pues, como señala la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, tanto en su artículo 6 como 
en  su  artículo  30,  los  bienes  y  derechos  de  dominio  público  o  demaniales  son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual no es sino manifestación del 
principio y mandato supremo contenido en el artículo 132 de nuestra Constitución.
Por esa razón, el artículo 61 de la misma ley, ordena que «el personal al servicio de 
las Administraciones públicas está obligado a colaborar en la protección, defensa y 
administración de los bienes y derechos de los patrimonios públicos».
En  el  caso  particular  de  los  registradores  de  la  Propiedad,  como  funcionarios 
públicos que son, tal deber de colaboración se articula desde diversos puntos de vista.
En primer lugar, el artículo 36 de dicha ley ordena que «las Administraciones públicas 
deben  inscribir  en  los  correspondientes  Registros  los  bienes  y  derechos  de  su 
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, 
así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos 
registros». Y para implicar a los registradores en la promoción de dicha inscripción 
registral, se establece a su cargo, además del mandato general de colaboración y 
suministro  de  información  de  los  artículos  61  y  64,  una  previsión  específica  en  el 
artículo 39 conforme a la cual «los registradores de la propiedad, cuando tuvieren 
conocimiento  de  la  existencia  de  bienes  o  derechos  pertenecientes  a  las 
Administraciones públicas que no estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarán a los 
órganos a los que corresponda su administración, para que por éstos se inste lo que 
proceda». s
En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por  oe.
parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de  w.
inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (vid.  539ww
adretlí cPualotrsim 3o6n yio  8d3e  yla dsi sApdomsiicniiósntr atrcaionnseitso rPiaú bqluicinatsa) ,d dea ldao  Lqeuye  3d3e/ 2e0s0ta3 , fodrem 3a  dées tonso vgieomzabrráen, 
mdee dlaio sm aá xsimu aa lcparontceec cdióen i mppoesdibirle e, np uloe ss ulcae sciavloif icualtceiróionr erse gdisotbralel st riantmaraát ripcourla ctoiodnoess ,l onsi   BOE-A-cable e
siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito (cfr. Resolución 
de 23 de enero de 2019).
Pero  la  protección  registral  que  la  ley  otorga  al  dominio  público  no  se  limita 
exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio 
público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente (pues el deslinde tiene un valor 
declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento 
jurídico 7), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que 
pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.
Por tal motivo, con carácter previo a la práctica de la inscripción, y conforme a lo 
previsto en distintas leyes especiales, como la de costas o de montes (supuesto de este 
expediente),  el  registrador  ha  de  recabar  informe  o  certificación  administrativa  que 
acrediten que la inscripción pretendida no invade el dominio público.
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones 
expresas de que el registrador, antes de acceder a la inscripción de edificaciones, habrá 
de comprobar que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de uso público general.
Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección  registral  del  dominio 
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o 
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera 
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto,  sino  también  en  diversos  artículos  del  Título  VI  de  la  ley  que  contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 
y 205.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la Ley 13/2015 la 
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo la 
invasión del dominio público.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace 
sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del 
territorio.
7.  En el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de la 
instancia  que  da  lugar  a  la  calificación  negativa  impugnada,  se  ha  seguido  el 
procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para incorporar la base gráfica 
catastral,  habiéndose  practicado  las  preceptivas  notificaciones,  entre  ellas  a  la 
Administración  como  titular  de  dominio  público  colindante,  quien  presenta  la 
comunicación a que se refiere el hecho primero de esta resolución, en la cual se solicita 
la  práctica  de  la  nota  marginal,  pero  sin  formular  oposición  a  la  inscripción  de  la 
representación gráfica. s
Por ello, lo procedente es que, a la vista de los trámites efectuados en el citado  oe.
expediente, el registrador, en resolución motivada, resuelva si procede la inscripción de  w.
la  representación  gráfica,  adoptando  las  oportunas  cautelas  a  la  vista  del  escrito  539ww
hporemsoelnotgaaddoa, .y  de  la  consulta  a  las  bases  gráficas  disponibles  en  la  aplicación
Gen8e.r alA dseim 1is9m od ed ejubleio  redceo r2d0a1r8s,e ,q cuoem loa  sfael tian ddiceó  deens llian dRee sdoel ulcai óvní ad ep eecsutaa riDai rceocnci óenl   BOE-A-cable e
procedimiento y garantías previstas en la Ley, impide que puedan aplicarse a los titulares 
de fincas colindantes las consecuencias propias de este deslinde.
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 20 de 
abril de 1988, para poder determinar si existe invasión del dominio público «ha de 
saberse dónde está situado éste y los límites de su superficie; si no hay datos sobre el 
terreno destinado a vía pecuaria y su delimitación con la finca privada colindante, la 
afirmación de que ha invadido el terreno de dominio público, carece de base, y más 
cuando, (…), tal terreno estaba siendo usado por el sancionado: el cambio de esta 
situación de hecho, había de tener una base, cual es la concreta determinación concreta 
del terreno que corresponde a la vía pecuaria; y esto falta en los actos administrativos 
recurridos,  al  no  haberse  efectuado  el  deslinde,  ni  actuación  con  audiencia  del 
interesado que pueda tener unos efectos iguales o parecidos».
En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 1986 ya destacó 
la necesidad de deslinde previo para el válido ejercicio de la facultad administrativa de 
recuperación posesoria, que «se subordina a que en la correspondiente prueba se 
acredite suficientemente, por un lado, la posesión administrativa, el uso público del 
terreno de que se trata, y, por otro, que el indicado uso haya sido perturbado por el 
administrado contra quien se dirige la acción», y consideró «la falta de identificación del 
terreno reivindicado, aludiéndose a la necesidad de practicar un deslinde para precisar 
los límites de las propiedades en cuestión».
En  este  punto  no  podemos  olvidar  la  presunción  derivada  del  principio  de 
legitimación registral que consagra el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, conforme al cual 
«a  todos  los  efectos  legales  se  presumirá  que  los  derechos  reales  inscritos  en  el 
Registro  existen  y  pertenecen  a  su  titular  en  la  forma  determinada  por  el  asiento 
respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los 
inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos».
En  particular,  sobre  las  consecuencias  de  la  ausencia  de  deslinde  de  una  vía 
pecuaria frente al principio de legitimación registral como efecto fundamental de los 
pronunciamientos del Registro de la Propiedad, debe traerse a colación la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 5 de febrero de 1986 que manifestó lo 
siguiente: «Frente a las invasiones y usurpaciones de terrenos de dominio público, entre 
los que se incluyen las vías pecuarias (…), la Administración es titular de facultades 
recuperatorias que vienen limitadas al ámbito estrictamente posesorio, quedando por ello 
excluida de las mismas toda cuestión que implique definición de derechos dominicales 
por venir éstas reservadas en exclusiva a la jurisdicción civil, debiendo calificarse de tal 
aquélla en que existe una indeterminación de límites entre la vía pecuaria y los terrenos 
colindantes de dominio privado inscrito en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y 
amparado en su fuerza legitimadora, tal y como ocurre en el supuesto de autos en el 
cual la esencia del problema planteado consiste en decidir si el terreno ocupado por el 
demandante forma parte integrante de la vía pecuaria o pertenece a la propiedad del 
mismo y de ello excede de la competencia de la Administración y de esta Jurisdicción y 
sólo puede dilucidarse mediante el ejercicio de las acciones civiles pertinentes ante los 
jueces ordinarios, siendo por tanto procedente la confirmación de la sentencia apelada 
que así lo declara y a cuya fundamentación jurídica cabe añadir que entre la presunción 
de la legalidad que protege los actos administrativos y la legitimación derivada del 
Registro de la Propiedad debe, en el caso contemplado, concederse preferencia a esta 
última puesto que la indeterminación en los límites de ambas propiedades colindantes es 
únicamente imputable a la Administración al haber dejado de practicar las operaciones  s
de deslinde y amojonamiento posteriores a la clasificación de la vía pecuaria que le  oe.
impone las normas legales y reglamentarias citadas». w.
9.  Por último es preciso señalar un error en la fundamentación del recurrente, en  539ww
rdeela lcaió nL ecyo nH liap optoesciabriilaid aedn  dree lqauceió np uceodna nl aa psaurpeecrefric tieer cye rloinsd perrootse gqiduoes  speo rd eelr iavratínc udloe  3l4a 
inscripción de la base gráfica y su coordinación con Catastro.
Los efectos de la inscripción de la base gráfica, ya sea catastral, o alternativa una 
vez coordinada con Catastro, se recogen en el artículo 10.5 de la Ley Hipotecaria que 
establece  que:  «Alcanzada  la  coordinación  gráfica  con  el  Catastro  e  inscrita  la 
representación gráfica de la finca en el Registro, se presumirá, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 38, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubicación y 
delimitación geográfica expresada en la representación gráfica catastral que ha quedado 
incorporada al folio real».
Por tanto, se presume que la finca tiene la ubicación y delimitación geográfica que 
resulta de la base gráfica, pero se trata de una presunción «iuris tantum» que admitirá, 
en todo caso, prueba en contrario en el correspondiente procedimiento de deslinde 
administrativo realizado por los trámites correspondientes.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 26 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.