BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 70993
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9672 Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador  de  la  propiedad  de  Cieza  n.º  2,  por  la  que  se  suspende  la 
inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencias.
En el recurso interpuesto por don Miguel Prieto Escudero, notario de Pinoso, contra 
la calificación del registrador de la Propiedad de Cieza número 2, don Juan Cavallé 
Herrero,  por  la  que  se  suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de  aceptación  y 
adjudicación de herencias.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 29 de octubre de 2020 por el notario de Pinoso, 
don Miguel Prieto Escudero, se otorgaron las operaciones particionales causadas por el 
fallecimiento de los esposos don F. M. A. y doña M. M. T.
Don F. M. A. falleció el día 14 de abril de 2001, dejando viuda y dos hijos llamados 
don V. y don F. M. M., bajo la vigencia de su último testamento otorgado el día 13 de 
junio de 1989 ante el notario de Villena, don Juan Pablo Merino Hernández, en el que 
tras legar a la viuda el usufructo de sus bienes, instituyó herederos a sus dos hijos y a 
los demás hijos que en futuro pudiere tener.
Doña M. M. T. falleció el día 2 de mayo de 2020 bajo la vigencia de su último 
testamento, otorgado el día 21 de octubre de 2010 ante el notario de Pinoso don Miguel 
Prieto  Escudero,  en  el  que  instituyó  herederos  por  partes  iguales  a  sus  dos  hijos 
sustituidos por sus respectivos descendientes.
Don F. M. M. había fallecido el día 17 de julio de 2019, esto es, sobreviviendo a su 
padre y premuriendo a su madre, en estado de casado con doña A. P. A., dejando un 
único hijo llamado don F. M. M. P. No había otorgado testamento, por lo que ante el 
mismo notario de Pinoso, don Miguel Prieto Escudero, mediante acta de notoriedad de 
fecha 18 de septiembre de 2019, se declaró heredero abintestato a su hijo don F. M. M. 
P., sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria de la viuda, doña A. P. A.
Intervinieron en la escritura de aceptación de las herencias de fecha 29 de octubre 
de 2020, el hijo don V. M. M., el nieto de los causantes, don F. M. M. P., y la viuda del 
premuerto hijo, doña A. P. A. Los comparecientes liquidaban la sociedad de gananciales, 
adjudicaban los bienes de la herencia y doña A. P. A. «presta su consentimiento al 
contenido íntegro de la presente escritura».
II
Presentada el día 12 de noviembre de 2020 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Cieza número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Examinado el documento precedente, que fue presentado en este Registro el día 12  o
de noviembre de 2020 a las 10:20 horas según el asiento de presentación número 611  72ww
del tomo 37 del diario, he resuelto suspender la inscripción solicitada, con base en los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Se presenta en el Registro una escritura pública de aceptación de tres herencias y 
adjudicación de bienes por los títulos de liquidación de sociedad de gananciales y 
herencia, autorizada el 29 de octubre de 2020 por el notario de Pinoso don Miguel Prieto 
Escudero  con  el  número  634  de  su  protocolo.  Se  observan  en  ella  los  siguientes 
defectos, que impiden su inscripción:
Primero (impide la inscripción del documento en su totalidad):
No consta en la escritura una declaración expresa por el notario autorizante de haber 
identificado a los otorgantes.
Segundo (solo impide que se practique la inscripción solicitada respecto de la finca 
identificada en la escritura con el número 1):
La  finca  identificada  en  la  escritura  con  el  número  1,  que  es  la  finca  registral 
número 9.688 del término municipal de Abanilla, pertenecía a los cónyuges don F. M. A. 
y doña M. M. T. con carácter ganancial. En las sucesiones de estos dos causantes 
concurren las siguientes circunstancias de hecho:
– Don F. M. A. (primer causante) falleció el 14 de abril de 2001, habiendo otorgado 
un testamento en el que instituyó herederos por partes iguales a sus dos hijos, llamados 
don V. y don F. M. Con posterioridad, uno de estos dos hijos del primer causante 
instituidos herederos, don F. M. (segundo causante o transmitente), falleció el 17 de julio 
de 2019 sin haber aceptado ni repudiado la herencia de su padre, en estado de casado 
con doña A. P. A. y con un solo hijo, llamado don F. M. M. P.; por lo que por la 
correspondiente acta de notoriedad de declaración de herederos ab intestato se declaró 
que la única persona llamada a su herencia es su hijo, don F. M. M. P., sin perjuicio de la 
cuota legal usufructuaria correspondiente a su viuda, doña A. P. A. (cuota que recae 
sobre un tercio de la herencia por concurrir con descendientes, conforme al artículo 807 
del Código Civil).
– Por su parte, doña M. M. T. falleció el 2 de mayo de 2020 en estado de viuda y con 
un solo hijo sobreviviente, don V. M. (al haber fallecido antes que ella su otro hijo, don F. 
M. M.), habiendo otorgado un testamento en el que instituyó herederos por partes 
iguales a sus dos hijos, don V. y don F. M. (pues este aún vivía en la fecha de 
otorgamiento del testamento), sustituyéndolos para el caso de premoriencia por sus 
respectivos descendientes; sustitución vulgar que, a causa de la premoriencia de don F. 
M., produjo efecto a favor de su hijo, don F. M. M. P.
En la escritura se adjudica esta finca identificada con el número 1 por mitades 
indivisas a don V. M. y don F. M. M. P. por título de herencias (de don F. M. A. y doña M. 
M.  T.),  previa  liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales  de  los  causantes; 
considerándose a don F. M. M. P. (acertadamente) heredero de su abuelo, don F. M. A., 
por derecho de transmisión, en calidad de heredero de su padre, don F. M., que estaba 
llamado a la herencia de don F. M. A.; y heredero de su abuela, doña M. M. T., por efecto 
de la sustitución vulgar impuesta por ésta en su testamento. Sin embargo, no se adjudica 
ninguna participación en esta finca a la viuda del segundo causante, doña A. P. A., en  e.
pago de la cuota legal usufructuaria que le corresponde sobre la herencia de dicho  w.b
segundo causante y por tanto, como consecuencia del derecho de transmisión, sobre la  72ww
(deesl  pdriemceir,r o;e ln i htaemchpoo, coa cctoon sota  n(ceogmocoio a ltjeurrnídaictiova  ian slcor iabnibtleer ioer)n  cueál l Rees geisl ttríotu lop omr atteenriearl 
tnriansgcuennad eandcjuiad icreaacli ónso ebnre  puang ob dieen  eisnam uceuboltea)  lecgoaml;o  tíctuolnos emcauteenricaila  qdueel  pcoudarlí an, os erre, cpiboer 
ejemplo, su renuncia a su participación en la sucesión del primer causante (pero no su
renuncia a su participación en la sucesión del segundo causante, pues consta por los 
documentos que se acompañan que ha aceptado esta participación por haber liquidado 
en nombre propio y de su hijo el impuesto de sucesiones correspondiente a la sucesión 
de don F. M. M.); o una donación (si, aun habiendo aceptado esa participación ha 
consentido con ánimo de liberalidad no recibir nada en la partición de la herencia); o una 
compraventa (si ha prestado ese consentimiento a cambio de recibir un precio del 
beneficiario de que ella no se adjudique ninguna participación en la finca, que es don F. 
M. M. P.); o una dación en pago (si lo ha prestado a cambio de que se extinga un crédito 
que tuviera frente a ella don F. M. M. P.); o cualquier otro que pudiera justificar este 
defecto  de  adjudicación.  Sí  declara  en  la  escritura  doña  A.  P.  A.  que  «presta  su 
consentimiento  al  contenido  íntegro  de  la  presente  escritura»,  pero  esta  mera 
declaración de conformidad no es una expresión un título material que sirva de causa a 
las  adjudicaciones  que  se  formalizan  en  la  escritura  (de  hecho,  todos  los  títulos 
materiales que he mencionado a modo de ejemplos requerirían la conformidad de esta 
señora, lo que demuestra que su simple conformidad no es un título material ni basta 
para identificar un título material).
Tercero (no impide por sí solo que se inscriban las adjudicaciones que se acuerdan 
en la escritura, sino solo que se haga constar en la inscripción la descripción de la finca 
número 1 que se declara en la escritura):
La finca identificada en la escritura con el número 1 es la finca registral número 9.688 
del término municipal de Abanilla, que mide según el Registro 110 metros cuadrados. En 
la escritura se declara que su superficie es la misma que consta en su descripción 
registral; que esta finca se corresponde con una determinada parcela catastral; y que sus 
linderos son distintos de los que constan en su descripción registral: concretamente, los 
linderos de la finca que se declaran en la escritura son los mismos que resultan de la 
certificación catastral descriptiva y gráfica que se incorpora a la escritura por testimonio, 
lo que es coherente con la afirmación de que la finca se corresponde con la parcela 
catastral a la que se refiere esa certificación. Sin embargo, de ésta resulta que la parcela 
catastral en cuestión mide 145 metros cuadrados, superficie que difiere de la que tiene la 
finca según el Registro en más de un 10% de esta última.
Fundamentos de Derecho:
Primero.
El artículo 23 de la Ley del Notariado dispone en su primer párrafo que «Los notarios 
darán fe en las escrituras públicas y en aquellas actas que por su índole especial lo 
requieran de que conocen a las partes o de haberse asegurado de su identidad por los 
medios supletorios establecidos en las leyes y reglamentos»; precepto que se desarrolla 
por los párrafos siguientes del mismo artículo y los artículos 189 a 192 del Reglamento 
Notarial; a lo que añade el artículo 27.3.º de la Ley que «Serán nulos los instrumentos 
públicos (…) en que el Notario no de fe del conocimiento de los otorgantes, o no supla 
esta diligencia en la forma establecida en el artículo 23 de esta Ley».
Segundo.
En la sucesión de don F. M. A. (primer causante), se da el supuesto de hecho del 
artículo 1006 del Código Civil, que dispone que «Por muerte del heredero sin aceptar ni  e
repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía»; pues este  bo
primer causante instituyó herederos a sus dos hijos y uno de ellos, don F. M. (segundo  72ww
rceapuusdainatdeo),  sfua lhleecrieón ucniao,s o a añl oms edneossp suiéns q duee  qcuoen sftael leqcuiee rlaa  asuce ppatód roe ,r espinu dhiaób.er aceptado ni
adquEixsiisctieónn  ddiores ctteao yrí atse ocroían tdraep luae sdtoabsl e( at ralanss mquiseió enn,  daedseclaarnttaen ddoe,n poamrian amréa ytoero rcíala rdidea dla, 
otras denominaciones más habituales, pero menos descriptivas) acerca de a quién
suceden los beneficiarios del derecho de transmisión en el supuesto regulado en el 
artículo 1006 del Código Civil:
– Según  la  teoría  de  la  adquisición  directa,  que  es  la  que  adopta  el  Tribunal 
Supremo en su sentencia de 11 de septiembre de 2013, cuando el beneficiario del 
derecho de transmisión acepta la herencia del primer causante los bienes de éste se 
transmiten directamente al patrimonio del beneficiario (o transmisario), sin pasar por el 
patrimonio del segundo causante, el cual, por tanto, sólo transmite al transmisario su 
derecho a aceptar o repudiar la herencia, pero no los bienes de la herencia del primer 
causante si finalmente la acepta.
– En cambio, según la teoría de la doble transmisión, cuando el beneficiario del 
derecho de transmisión acepta la herencia del primer causante los bienes de éste se 
transmiten al patrimonio hereditario del segundo causante, y desde este patrimonio se 
transmiten al patrimonio del beneficiario.
La  cuestión  de  quiénes  son  los  beneficiarios  de  la  sucesión  por  derecho  de 
transmisión regulada en el artículo 1006 del Código Civil, y en particular si entre dichos 
beneficiarios se encuentra el cónyuge del transmitente en su condición de legitimario del 
mismo  (que  como  tal  ostenta  una  cuota  legal  usufructuaria  sobre  el  patrimonio 
hereditario de su cónyuge pero no es heredero del mismo), no plantea ninguna duda 
para quienes defienden la teoría de la doble transmisión, pues, una vez integrados los 
bienes procedentes de la herencia del primer causante en el patrimonio hereditario del 
transmitente, es evidente que dichos bienes pertenecerán a todos los partícipes de la 
comunidad hereditaria existente sobre el patrimonio del transmitente, incluidos todos 
aquellos que, pese a no ser herederos, son cotitulares del activo hereditario, como los 
legatarios de parte alícuota o los legitimarios de pars bonorum (cuya legítima está 
constituida por una porción de bienes de la herencia), entre los que se encuentra el 
cónyuge supérstite con derecho a la legítima regulada en los artículos 834 y siguientes 
del Código Civil, legítima que está constituida por una cuota en usufructo sobre una parte 
de los bienes de la herencia y que por tanto tiene la naturaleza de pars bonorum, sin 
perjuicio de la posibilidad de que sea conmutada por otros bienes.
Sin embargo, esta cuestión de quiénes son los beneficiarios de la sucesión por 
derecho de transmisión no presenta una solución tan sencilla si se acepta la teoría de la 
adquisición directa. Es claro que los suyos a los que se refiere el artículo 1006 del 
Código Civil cuando dispone que «Por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la 
herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía» son los herederos del 
transmitente, pero, aun partiendo de la base de que lo que quiere decir este artículo es 
que los suyos son los beneficiarios de la sucesión por derecho de transmisión (es decir, 
que  pasará  a  los  herederos  del  transmitente  el  derecho  de  éste  a  convertirse  en 
heredero del primer causante por la aceptación de su herencia, como sostiene la teoría 
de la adquisición directa, a diferencia de lo que sostiene la teoría de la doble transmisión, 
según la cual lo que pasará a los herederos del transmitente es simplemente el derecho 
del transmitente a aceptar o repudiar la herencia del primer causante), sigue siendo 
dudoso si los herederos del transmitente a los que se refieren las palabras los suyos son 
sus  herederos  en  sentido  estricto  (es  decir,  las  personas  que  le  suceden  a  título 
universal, en todas sus relaciones jurídicas transmisibles con la sola excepción de las 
atribuidas a título singular por la voluntad del causante o la Ley) o bien sus sucesores en 
general, incluidos los que no ostenten la cualidad de herederos; pues en el Código Civil 
existen muchos preceptos que utilizan impropiamente la palabra herederos para referirse  e
a los sucesores en general (por ejemplo, los artículos 756.4.º y 803) o a los partícipes de  bo
la comunidad hereditaria aunque no sean herederos (por ejemplo, los artículos 1051 y  72ww
asi glousie lnetgeitsim), ayr ieons  e(psopre ceijaelm cpalboe,  edne setla acratírc quuloe  8ll0a7m),a e snitsrtee mloást iqcuaem iennctleu yhee arel dceórnoysu gfoer zvoiusdoos 
del cEanu msai notpei.nión, la finalidad que persigue la norma del artículo 1006 del Código Civil es
que por el hecho de que una persona llamada a una herencia fallezca sin haberla
aceptado o repudiado (o por el hecho de que no se pueda acreditar su aceptación 
aunque realmente haya aceptado la herencia, situación probablemente muy frecuente en 
la  práctica  de  los  Registros  de  la  Propiedad,  donde  la  única  acreditación  posible 
conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria es la realizada mediante documento público) 
no se altere el cauce sucesorio previsible de los bienes, es decir, no se produzca el 
efecto de que los bienes que forman parte de la herencia del primer causante acaben 
siendo adquiridos por personas distintas de las que en principio habría podido esperar 
dicho primer causante cuando dispuso de sus bienes en testamento o cuando decidió no 
disponer de ellos. Si es ésta la finalidad de la norma, creo que debe entenderse que los 
beneficiarios del derecho de transmisión son las mismas personas a quienes se habrían 
transmitido finalmente los bienes del primer causante si el segundo causante hubiese 
fallecido después de haber aceptado la herencia del primero, es decir, si no se hubiese 
producido la contingencia anómala cuyos efectos trata de corregir el artículo 1006 del 
Código Civil, consistente en que la muerte del segundo causante se produzca antes de 
haber declarado su voluntad de aceptar o repudiar la herencia del primero: si así hubiese 
sucedido, al aceptar el segundo causante la herencia del primero los bienes de éste se 
habrían integrado en la herencia de aquél y por tanto a la muerte del segundo causante 
se habrían transmitido esos bienes a sus sucesores conforme a las disposiciones mortis 
causa otorgadas por él o conforme a las normas de la sucesión ab intestato, pudiendo 
ser adquiridos por sus herederos en sentido estricto o por otro tipo de sucesores. Por 
ello, en mi opinión, tanto si se sigue la teoría de la doble transmisión como si se sigue la 
teoría de la adquisición directa, debe entenderse que los beneficiarios del derecho de 
transmisión no son sólo los herederos en sentido estricto del transmitente, sino sus 
sucesores, incluido el cónyuge viudo del transmitente, que por el hecho de serlo no es 
heredero del mismo, pero sí legitimario partícipe de la comunidad hereditaria sobre los 
bienes del transmitente.
Conviene destacar que la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre 
de 2013, antes citada, que se inclinó claramente por la teoría de la adquisición directa, 
no se ocupó de la cuestión de quiénes son los beneficiarios del derecho de transmisión, 
sino que, en un caso en el que no se discutía la identidad de los beneficiarios (porque 
todos los sucesores del transmitente eran además herederos del mismo), se limitó a 
resolver que en la división judicial de la herencia del primer causante es necesario 
adjudicar ya bienes concretos del mismo a los beneficiarios del derecho de transmisión, 
por  ser  éstos  herederos  directos  del  primer  causante  y  por  tanto  partícipes  en  la 
comunidad  hereditaria  sobre  los  bienes  del  primer  causante,  sin  que  sea  posible 
adjudicar un lote de bienes en conjunto a los beneficiarios del derecho de transmisión, 
aplazando su división entre ellos al momento en que se parta de la herencia del segundo 
causante. Fue la Dirección General de los Registros y del Notariado en sus resoluciones 
de 26 de marzo y 11 de junio de 2014 la que, partiendo de esta doctrina del Tribunal 
Supremo,  sostuvo  que  de  ella  se  deduce  que  los  beneficiarios  del  derecho  de 
transmisión  son,  conforme  al  artículo  1006  del  Código  Civil,  los  herederos  del 
transmitente, entendida la palabra herederos en sentido estricto, con exclusión de otros 
sucesores del transmitente que no lo son por título de herencia, como el cónyuge 
supérstite de dicho transmitente. Pero la resolución de 22 de enero de 2018 (cuyo criterio 
ha sido reiterado en otras resoluciones posteriores, como las de 25 de abril 5 de julio 
y 28 de septiembre de 2018 y 5 y 11 de abril, 5 de junio y 15 de noviembre de 2019) se 
apartó del anterior criterio en un caso en el que los sucesores del transmitente eran una 
hija a la que había instituido heredera en su testamento y otro hijo al que había legado su  s
legítima estricta (y que por tanto no era heredero del transmitente pero sí partícipe de la  oe.
comunidad hereditaria sobre los bienes del transmitente, en su doble condición de  w.
legitimario de pars bonorum y de legatario de parte alícuota), declarando esta resolución  72ww
qduee l ae lh heirjeon dceial  tdraenl spmrimiteenrt ec anuos ainnstetit,u aiddoju hdeicráenddeoros eta bmiebniéens  dae sbue  fianvteorrv: e«nSiri  ebnie nla  spea rhtiac idóen 
rpercimoerdroa r eqnu ee l ntuieemstproo,  Areltoso Tlvriiebnudnoa l nhuam aecrloasraads od quudea ss ea cheercread dae d liare cctaapmaecindtaed a ql ucaeu hsaa ndtee   BOE-A-cable e
ostentarse para suceder, ello no se hace con la intención de vulnerar otras normas 
imperativas que rigen la sucesión testamentaria, por lo que si bien sí resulta evidente 
que es el heredero el que debe aceptar o repudiar la herencia del causante, una vez 
emite su voluntad de aceptar dicha condición de heredero, el conjunto patrimonial activo 
y pasivo del causante deberían recaer en la masa patrimonial del transmitente, y por 
ende, la partición de los bienes de la masa del transmitente debe cumplir con las normas 
aplicables a su propia sucesión. Otra solución llevaría a una vulneración casi sistemática 
de las normas de la legítima, pero no sólo ya en lo que concierne al transmisario como 
acabamos de ver, sino del propio causante, ya que el reparto por mitad de la herencia 
entre un hijo y otra persona que sólo lo hace como heredero de su hijo postmuerto y que 
por ello puede ser absolutamente extraño a la sucesión forzosa del primer causante –en 
cuya masa hereditaria no entrarían, por tanto los bienes– supone que la parte que 
debería integrarse en la legítima del primer fallecido (dos tercios de la herencia) se ve 
reducida a la mitad pudiendo significar una vulneración de los derechos legitimarios del 
otro heredero forzoso. Sin que ello suponga una ruptura de la doctrina fijada por el 
Sentencia de 11 de septiembre de 2013, que se limita a explicar que el «ius delationis» 
no se fragmenta o se divide en dos sucesiones, y confirmada como tal dicha premisa, 
debemos señalar en el ámbito práctico que, una vez aceptada la herencia del primer o 
de  los  primeros  causantes  por  parte  del  transmisario,  éste  pasará  a  formar  parte 
subjetiva  de  la  comunidad  hereditaria,  ostentando  un  derecho  abstracto  sobre  un 
conjunto de bienes, derechos y deudas procedentes de los indicados finados. Es decir, la 
decisión de adquirir dicha condición hereditaria y por ello del ingreso definitivo en la 
comunidad hereditaria corresponde sólo al titular del «ius delationis». Ahora bien, debe 
resolverse acerca del destino de la masa patrimonial del primer causante con relación al 
caudal  del  llamado  transmitente,  puesto  que  como  antes  hemos  visto,  el  efecto 
transmisivo sólo se refiere al «ius delationis», es decir comprende el efecto transmisivo 
del derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto necesario para 
hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia, pero sin que ello 
suponga un pronunciamiento sobre el destino de los bienes: está claro que se acepta o 
repudia la herencia del causante directamente por parte del transmisario, pero eludir la 
inclusión  de  los  bienes  procedentes  de  la  herencia  del  causante  en  la  propia  del 
transmitente  resultaría  de  todo  punto  inaceptable,  ya  que  implicaría  una  sucesión 
independiente, ajena a las normas de la legítima y de la voluntad del testador como ley 
que ha de regir la sucesión».
Desde mi punto de vista no es cierto que el criterio de esta resolución no suponga 
una ruptura de la doctrina fijada por el Sentencia de 11 de septiembre de 2013, porque 
en esencia lo que sostiene la resolución es que como consecuencia de la aceptación por 
el transmisario de la herencia del primer causante los bienes de esta herencia se 
integran  en  el  caudal  hereditario  del  segundo  causante,  lo  cual  es  absolutamente 
incompatible  con  lo  afirmado  por  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  (de  la  que 
perfectamente puede apartarse la Dirección General de los Registros y del Notariado en 
sus resoluciones porque el criterio del Tribunal Supremo no es una norma jurídica, 
incluso cuando constituye jurisprudencia por ser reiterado, lo que no sucede en el 
presente  caso);  pero  comparto  la  conclusión  a  la  que  conduce  el  razonamiento, 
consistente en que un legitimario no heredero del transmitente también es beneficiario 
del derecho de transmisión.
De acuerdo con lo explicado, en el presente caso la liquidación de la sociedad de 
gananciales de los cónyuges don F. M. A. y doña M. M. T. y la adjudicación de los bienes  s
pertenecientes a la herencia de don F. M. A. (primer causante), que se otorgan en la  oe.
escritura presentada a inscripción, requieren la intervención de la viuda del segundo  w.
causante, doña A. P. A., intervención que no debe consistir en su simple declaración de  72ww
caodnjufodricmaicdiaódn  dceo nb ileanse as daju sduic faacvioorn eesn  pqaugeo s dee f osurm cauloiztaan l eegna l lau seusfrcurcittuuraar,i as ienno  lab iehne reennc liaa 
djueslt ifsiqeugeu nqduoe  ncoa ussea nretea,l icoe nb aiednju deinca ceilo noetosr gaa smui efanvtoo r,d per ocduuacliqéunideor setí tualsoí  umna etexrciaels oq udee   BOE-A-cable e
adjudicación  a  favor  de  los  demás  partícipes;  porque  para  que  se  practique  una 
inscripción en el Registro de la Propiedad no basta que una determinada persona 
consienta que una finca o derecho se ponga a nombre de otra persona, sino que debe 
acreditarse  un  título  material  (que  es  lo  que  se  inscribe  en  el  Registro)  como 
consecuencia del cual esta otra persona haya adquirido la finca o derecho de que se 
trate; dicho de otra manera, lo que se inscribe en el Registro de la Propiedad no son las 
situaciones jurídicas (por ejemplo, que una finca pertenece a una persona), ni tampoco 
las mutaciones jurídico-reales (por ejemplo, que una finca se transmite a una persona), 
sino los títulos materiales, es decir, los hechos, actos o negocios jurídicos que sirven de 
causa a las mutaciones jurídico-reales (por ejemplo, un contrato de compraventa como 
consecuencia del cual una persona ha adquirido una finca con carácter privativo); si bien, 
una vez practicada la inscripción, lo que publica el Registro es la situación jurídica de la 
finca resultante del título inscrito: por ejemplo, practicada la inscripción de un contrato de 
compraventa de una finca, el Registro publica que la finca pertenece al comprador y que 
está sujeta a un determinado régimen de titularidad, y esto es lo que se presume cierto 
conforme al artículo 38 de la Ley Hipotecaria y lo que puede convertirse en real, aunque 
el Registro sea inexacto, en el supuesto del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Así resulta 
del artículo 2.2.º de la Ley Hipotecaria, que dispone que en los Registros de la Propiedad 
«se inscribirán (…) Los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen 
o  extingan  derechos  de  usufructo,  uso,  habitación,  enfiteusis,  hipoteca,  censos, 
servidumbres y otros cualesquiera reales»; y, además, sólo si consta cuál es el título 
material  en  cuya  virtud  se  produce  la  transmisión  es  posible  aplicar  las  normas 
pertinentes  relativas  a  la  calificación  registral  y  a  la  práctica  de  la  inscripción;  por 
ejemplo, si el título material es una compraventa será necesario que se identifique el 
medio de pago del precio (según el artículo 11 de la Ley Hipotecaria); si es una donación 
será necesario que se acrediten la presentación de la autoliquidación y el pago del 
impuesto de sucesiones y donaciones a la Administración tributaria competente (según 
el artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria); o si es un título material en el que se impongan 
condiciones  que  puedan  provocar  en  el  futuro  la  ineficacia  del  propio  título  será 
necesario que dichas condiciones se transcriban en la inscripción para ser oponibles a 
terceros (según el artículo 37 de la Ley Hipotecaria).
Tercero.
El artículo 201 de la Ley Hipotecaria regula (en combinación con el artículo 203, al 
que remite el artículo 201 para todo lo no previsto en éste) el expediente para rectificar la 
descripción, superficie o linderos de cualquier finca registral, pero contempla en sus 
apartados 2 y 3 diversos supuestos en los que no es necesario que se tramite este 
expediente para rectificar la descripción física de la finca que consta en el Registro. 
Concretamente, el apartado 3 establece lo siguiente:
«Tampoco será necesario tramitar el expediente de rectificación para la constatación 
de diferencias de cabida de la finca inscrita, en los siguientes supuestos:
a)  Cuando las diferencias de cabida no excedan del diez por ciento de la inscrita y 
se acredite mediante certificación catastral descriptiva y gráfica, siempre que de los 
datos descriptivos respectivos se desprenda la plena coincidencia entre la parcela objeto 
del certificado y la finca inscrita.
b)  En los supuestos de rectificación de la superficie, cuando la diferencia alegada  s
no exceda del cinco por ciento de la cabida que conste inscrita. oe.
En ambos casos será necesario que el Registrador, en resolución motivada, no  72ww
acolbmeprgroubea dcuiódna, sc osonb erex alcat itrueda,l iddaed  lad ec alab idmao idnisficcraitcaió, ne ns olalic irteaidtear,a cfuiónnd addea sr eecnti filcaa cpiroenveias 
shoipbortee claa rmiaiss,m cao om eon  leal  hseecghreog daec ipórno, clead edri vlais ifóinnc ao  dlea  aacgtorse gdaec imóno,d ieficna cloiósn  qduee e nsetid ahdaeyas 
determinado con exactitud su superficie. Realizada la operación registral, el Registrador 
la notificará a los titulares registrales de las fincas colindantes.»
En el presente caso se ha aportado al Registro la certificación catastral descriptiva y 
gráfica relativa a la parcela catastral con la que, según la escritura, se corresponde la 
finca registral. Sin embargo, al existir una diferencia superior al 10% entre la superficie 
que tiene la finca según el Registro y la superficie que tiene la parcela catastral según la 
certificación catastral, no es posible, conforme al apartado a) del artículo 201.3 de la Ley 
Hipotecaria, identificar una con otra y en consecuencia rectificar el dato registral de los 
linderos de la finca en virtud de esa certificación catastral. Por tanto, para que se pueda 
hacer constar en el Registro la descripción de la finca que se declara en la escritura es 
necesario que se siga el expediente para rectificar la descripción, superficie o linderos de 
cualquier finca registral, regulado en el apartado 1 del mismo artículo.
La presente calificación negativa provoca la prórroga del asiento de presentación 
durante sesenta días, contados desde que se practique la última de las notificaciones de 
la  misma  exigidas  por  el  artículo  322  de  la  Ley  Hipotecaria  (artículo  323).  Dicha 
calificación podrá (…).
Cieza, 3 de diciembre de 2020 (firma ilegible).–El registrador, Juan Cavallé Herrero.»
III
El día 29 de diciembre de 2020 se solicitó calificación sustitutoria, que correspondió 
al registrador de la Propiedad de Lorca número 1, don Eduardo Fernández-Luna Abellán, 
quien, el día 25 de enero de 2021, confirmó la calificación del registrador de la Propiedad 
de Cieza número 2.
IV
Contra la nota de calificación sustituida, don Miguel Prieto Escudero, notario de 
Pinoso, interpuso recurso el día 4 de marzo de 2021 en el que alegaba lo siguiente:
«Fundamentos de Derecho:
Estoy en desacuerdo con la calificación del Sr. Registrador titular del Registro de la 
Propiedad número dos de Cieza (Murcia), por los siguientes motivos y fundamentos de 
derecho:
Primero.
Que  el  fundamento  de  la  calificación  que  se  recurre  radica  en  que  el  señor 
Registrador  considera,  en  cuanto  al  primero  de  los  defectos,  que  no  consta  en  la 
escritura una declaración expresa por el notario autorizante de haber identificado a los 
otorgantes.
Segundo.
Que en la comparecencia de todos y cada uno de los comparecientes, literalmente, 
se  hace  contar  [sic]  que  codos  ellos  comparecen  «provistos»  (es  decir,  habiendo 
suministrado al autorizante) de sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad y  s
Números de Identificación Fiscal los cuales se especifican, indicándose a tal efecto que  e.
cada uno de ellos lo hace «según me acredita», es decir, probando su certeza o realidad  w.
al propio notario autorizante (a quien se han suministrado) que es el sujeto de la  72ww
aefviridmeancteiómn eqnutee  sined lieca  hqaune  edxhicihbaid oc irecsuonss tadnocciuam leen teoss  adcer eldoista dqau ea  eéslt ámn ispmroov isat oqsu ileons 
comparecientes.
Tercero.
Que en la dación de fe general que cierra el instrumento el propio autorizante afirma 
que «De haber identificado a los comparecientes por sus reseñados documentos de 
identidad (…) yo, el notario, doy fe.», habiendo quedado ya dicho en la comparecencia 
que  se  habían  acreditado  dichos  documentos  suministrados,  e  indicando  en  dicha 
elación de fe general otra serie de cuestiones también reglamentariamente exigidas y 
que se enumeran en ese mismo párrafo de cierre del instrumento.
Cuarto.
Que ninguna de las normas citadas por el Señor Registrador en su calificación, ni 
ninguna otra de la vigente legislación notarial exige que el notario haga mención a la 
norma concreta con arreglo a la cual efectúa la identificación, bastando con que el 
requisito  quede  cumplimentado,  lo  que  de  forma  suficiente  y  por  triplicado  queda 
expresado en el contenido del citado documento.
Quinto.
Que, en cuanto al segundo de los defectos, el caso objeto del presente recurso es 
idéntico al que ha dado lugar a la Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (BOE 18 de febrero de 2021), en el recurso 
interpuesto contra una calificación por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de aceptación, partición y adjudicación de determinadas herencias sin comparecencia de 
la viuda de un segundo causante.
Sexto.
Que, en dicha Resolución, se discute si en una herencia en la que concurre el 
supuesto  del  artículo  1.006  del  Código  Civil,  es  decir,  un  heredero  fallece  con 
posterioridad a su causante sin haber aceptado ni repudiado su herencia, los herederos 
de dicho heredero pueden intervenir en la delación sucesoria prescindiendo del cónyuge 
de dicho heredero concluyendo el Centro Directivo «que la obligada protección de los 
herederos forzosos exige entender que, a efectos de determinar el importe de la legítima, 
el  "ius  delationis"  también  se  computa,  porque  en  sí  es  susceptible  de  valoración 
económica por lo mismo que es susceptible de venta (artículo 1.000-1.º del Código Civil). 
Desde  que  el  transmitente  muere  –aunque  su  herencia  abierta  aún  no  haya  sido 
aceptada–, se defiere la legítima, por lo que no puede quedar menoscabada. Así se 
asegura la mejor protección de las legítimas, sin que haya necesidad de contradecir el 
indudable carácter personalísimo de la opción que implica el "ius delationis". Aunque el 
transmisario  que  ejercita  positivamente  el  "ius  delationis"  adquiere  la  condición  de 
heredero  directamente  del  primer  causante,  su  contenido  viene  delimitado  por  la 
vocación al transmitente; al formar tal derecho parte de la herencia del transmitente, con 
ese derecho –y, por ende, con la herencia del primer causante– debe satisfacerse a los 
legitimarios del transmitente» y que «Como claramente se deduce de lo expuesto, este 
Centro Directivo no se aparta de la sentencia dictada por el Pleno de Sala Primera del 
Tribunal Supremo el 11 de septiembre de 2013, y lo único que pone de manifiesto en las 
Resoluciones –de Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de junio 
de 1986, 22 de enero de 1998, 22 de octubre de 1999, 26 de marzo, 11 de junio y 6 de 
octubre de 2014, 2 de marzo y 9 de junio de 2015, 4 de febrero de 2016, 26 de julio  e.
de 2017, 22 de enero, 22 de febrero, 12 de marzo, 25 de abril, 5 de julio y 28 de  w.b
septiembre de 2018 y 5 y 11 de abril y 6 de junio de 2019– [sic] es que la obligada  72ww
lpar oletegcítcimióan,  deel  "loiuss  ldeegliatimtioanriiso"s  taemxigbeié ne nstee ncdoemr pquutea,  ean e lfae chteorse ndcei ad edteel rtmrainnasmr eitle inmtep,o ertne  ldoes 
dtéerrmeicnhoos  adnet etsr aenxspmreissiaódno sc;o ens tola  esc,o eqxuies terenscuialt a dime plreegsictiimndairbioles  c–onmob inhaerr elodse reofse–c tocso mdeol 
interesados en la herencia del denominado transmitente a los efectos de exigir –o no– su
intervención en las operaciones de aceptación y partición de herencia», reiterando la 
doctrina más reciente en cuanto a que el cónyuge viudo del transmitente podría, en esa 
combinación  de  efectos,  simplemente  consentir  o  aprobar  la  partición  del  primer 
causante como ocurre en el caso objeto de la escritura calificada que da lugar al 
presente recurso.»
V
Mediante escrito, de fecha 16 de marzo de 2021, el registrador de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. En el citado informe, a la 
vista de las alegaciones del escrito de interposición de recurso, el registrador revocó el 
primero de los defectos señalados, de manera que habiéndose recurrido tan solo los dos 
primeros defectos señalados en la calificación, esta Resolución se limitará al segundo de 
ellos.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 806, 807, 834, 839, 924 y 1006 del Código Civil; las Sentencias 
del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 11 de septiembre de 2013 y 16 de diciembre 
de 2014 y, Sala Tercera, de 5 de junio de 2018; las Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 23 de junio de 1986, 22 de enero de 1998, 22 de 
octubre de 1999, 26 de marzo, 11 de junio y 6 de octubre de 2014, 2 de marzo y 9 de 
junio de 2015, 4 de febrero de 2016, 26 de julio de 2017, 22 de enero, 22 de febrero, 12 
de marzo, 25 de abril, 5 de julio y 28 de septiembre de 2018 y 5 y 11 de abril y 6 de junio 
de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 3 
de febrero de 2021.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
aceptación y adjudicación de herencias en la que concurren los hechos y circunstancias 
siguientes
– El esposo falleció el día 14 de abril de 2001, dejando viuda y dos hijos, y su 
testamento tras legar a la viuda el usufructo de sus bienes, instituyó herederos a sus dos 
hijos.
– La  esposa  falleció  el  día  2  de  mayo  de  2020,  y  en  su  testamento  instituyó 
herederos  por  partes  iguales  a  sus  dos  hijos  sustituidos  por  sus  respectivos 
descendientes.
– Uno de los hijos había fallecido el día 17 de julio de 2019, esto es, sobreviviendo a 
su padre y premuriendo a su madre, dejando viuda y un único hijo. No había otorgado 
testamento, por lo que se declaró heredero abintestato a su hijo sin perjuicio de la cuota 
legal usufructuaria de la viuda.
– Intervienen en la escritura de aceptación de las herencias el hijo que sobrevive, el 
nieto de los causantes –hijo del heredero premuerto–, y la viuda del premuerto hijo. Los 
comparecientes liquidan la sociedad de gananciales, adjudican los bienes de la herencia 
y la viuda del premuerto hijo «presta su consentimiento al contenido íntegro de la 
presente escritura».
El registrador señala tres defectos, de los cuales el primero es revocado por él a la 
vista del escrito de interposición del recurso y el tercero no se recurre. Por tanto, se limita  s
esta resolución al segundo de los defectos señalados, según el cual la liquidación de la  e.
sociedad de gananciales de los causantes y la adjudicación de los bienes pertenecientes  w.
a la herencia del primer causante requieren la intervención de la viuda del segundo  72ww
ccoanu slaans tea,d jiundteicrvaecniocnióens  qquuee  sneo  fodrembea liczoanns eisnti rl ae ens scuri tusrima,p slein od ebcielanr aecnió lna  daed jucdoincfaocrimónid daed 
cbaieunseasn tae ,s ou  bfaievno re ne ne lp oatgoorg daem iseun tcou doeta  clueaglaqlu uiesru tfírtuuclotu maraiate erina l lqau hee jruesntcifiiaq udee ql usee gnuon dseo   BOE-A-cable e
realicen adjudicaciones a su favor, produciéndose así un exceso de adjudicación a favor 
de los demás partícipes.
El notario recurrente alega que para combinar los efectos del derecho de transmisión 
con la debida protección de legitimarios –no herederos– como interesados en la herencia 
del  denominado  transmitente,  a  los  efectos  de  exigir  o  no  su  intervención  en  las 
operaciones de aceptación y partición de herencia, basta la mera intervención de la 
viuda consintiendo; y se ha reiterado por la doctrina más reciente que el cónyuge viudo 
del  transmitente  podría,  en  esa  combinación  de  efectos,  simplemente  consentir  o 
aprobar la partición del primer causante.
2.  Esta Dirección General ha tenido que abordar en numerosas ocasiones, (cfr., 
entre las más recientes, las Resoluciones de 26 de julio de 2017, 22 de enero, 12 de 
marzo, 25 de abril, 5 de julio y 28 de septiembre de 2018, 5 y 11 de abril y 6 de junio 
de 2019 y 3 de febrero de 2021) las cuestiones planteadas por el denominado derecho 
de transmisión que, en nuestro sistema sucesorio, está recogido en el artículo 1006 del 
Código Civil. El mismo señala que «por muerte del heredero sin aceptar o repudiar la 
herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía».
El supuesto de hecho contemplado prevé un primer fallecimiento –el del llamado 
causante– seguido de la muerte de uno de sus herederos –el denominado transmitente– 
que no emite declaración de voluntad (ya sea expresa o tácita) aceptando o repudiando 
su cualidad de heredero, por lo que se transmite a los «suyos» –los conocidos como 
transmisarios– la facultad de aceptar o repudiar la herencia.
Históricamente, doctrina y jurisprudencia han debatido sobre la existencia de una o 
varias  delaciones  hereditarias  al  fallecer  con  posterioridad  a  los  causantes  el 
transmitente,  debiendo  ser  en  definitiva  los  transmisarios  los  que  lleven  a  cabo  la 
emisión  de  la  correspondiente  declaración  de  voluntad  en  torno  la  aceptación  o 
repudiación de la herencia de los causantes.
En el año 2013, ha sido el Tribunal Supremo el que ha zanjado en parte esta 
discusión, en la Sentencia de 11 de septiembre, al señalar que «(…) el denominado 
derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del Código Civil no constituye, en 
ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del «ius delationis» en 
curso de la herencia del causante que subsistiendo como tal, inalterado en su esencia y 
caracterización, transita o pasa al heredero transmisario. No hay, por tanto, una doble 
transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el «ius delationis», sino un mero 
efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto 
necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia que ex 
lege ostentan los herederos transmisarios; dentro de la unidad orgánica y funcional del 
fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando la herencia 
del heredero transmitente, y ejercitando el «ius delationis» integrado en la misma, los 
herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra 
distinta sucesión al fallecido heredero transmitente».
Esta misma tesis ha seguido la doctrina de este Centro Directivo, en Resoluciones 
como las de 26 de marzo y 11 de junio de junio de 2014, y más recientemente en las 
de 26 de julio de 2017, 22 de enero, 12 de marzo, 25 de abril, 5 de julio y 28 de 
septiembre de 2018 y 5 y 11 de abril y 6 de junio de 2019. En estas nueve últimas se 
expresa que «los transmisarios suceden al primer causante de manera directa y no 
mediante  una  doble  transmisión  del  causante  al  transmitente  y  de  éste  a  los 
transmisarios. Pero es indiscutible que la determinación de quiénes son los transmisarios 
y en qué porcentaje y modo adquieren los bienes, viene determinado por la sucesión del  s
transmitente, no por la sucesión del primer causante». oe.
No obstante, más que en la doble transmisión de bienes, que la Sentencia del Pleno  w.
excluye, sería mejor profundizar en que los transmisarios adquieren la herencia del  72ww
pforrimmear  yc apurospaonrtcei ópno reqnu eq useo nlo h seorne,d epraorsa  dloe lc turaaln esms iitneenvteita yb lseó cloo nesnid ceuraarn teon l oq uséo nté yrm einn olas 
laobsi nhteas tlalatom oa dfoor zeol satr,a snesgmúinte lnotse  spuopru evsíato sd.e testamento o la ley en caso de vocación  BOE-A-cable e
3.  Por otro lado, y como circunstancia especialmente reseñable en el presente 
caso,  existe  como  interesada  en  los  derechos  sucesorios  de  uno  de  los  hijos 
transmitentes una legitimaria en la cuota legal usufructuaria.
La legítima, tal y como se ha configurado en el Código Civil (artículo 806: «La 
legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla 
reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos») se 
identifica como una auténtica «pars bonorum» que confiere al legitimario un derecho 
como cotitular –por mandato legal– del activo líquido hereditario, quedando garantizada 
por la ley igualmente una proporción mínima en dicho activo y que –salvo excepciones, 
cuyo planteamiento aquí no corresponde– ha de ser satisfecha con bienes hereditarios, 
por lo que su intervención en cualquier acto particional de la masa hereditaria del 
transmitente  debe  ser  otorgado  con  el  consentimiento  de  dicho  legitimario,  con 
independencia del título –herencia, legado o donación– con el que se haya reconocido 
su derecho.
4.  Por ello, resulta imprescindible combinar los efectos del derecho de transmisión 
con la coexistencia de legitimarios no herederos como interesados en la herencia del 
denominado transmitente, a los efectos de exigir su intervención –o no hacerlo– en las 
operaciones  de  aceptación  y  partición  de  herencia,  en  los  términos  y  condiciones 
aplicables al caso planteado.
Tal y como se ha analizado en la jurisprudencia de nuestro alto tribunal, y así se ha 
seguido  en  la  doctrina  de  este  Centro  Directivo,  la  aceptación  de  la  condición  de 
heredero y el ejercicio del «ius delationis» en su favor creado sólo puede reconocerse al 
designado  –ya  sea  por  voluntad  del  testador,  ya  por  disposición  de  ley–  como  tal 
heredero, dadas las especiales consecuencias que ello implica para el destinatario del 
nombramiento  (adquisición  a  título  universal,  subrogación  en  las  deudas  del 
causante,...). Por ello, la aceptación como un acto propio, independiente, voluntario, 
único y responsable, debe y puede exigirse sólo al designado como tal heredero.
5.  Como afirma el Tribunal Supremo en la citada Sentencia de 11 de septiembre 
de 2013, dentro de la unidad orgánica y funcional del fenómeno sucesorio del causante 
de  la  herencia,  de  forma  que  aceptando  la  herencia  del  heredero  transmitente,  y 
ejercitando  el  «ius  delationis»  integrado  en  la  misma,  los  herederos  transmisarios 
sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido 
heredero transmitente, y de manera añadida se ha considerado en el fallo que cumplidos 
ya los requisitos de capacidad sucesoria por el heredero transmitente y, por tanto, la 
posibilidad de transmisión del «ius delationis», la capacidad sucesoria de los herederos 
transmisarios en la herencia del causante deba ser apreciada cuando éstos acepten la 
herencia del fallecido heredero transmitente.
Todo apuntaría a que los bienes del primer fallecido transitan directamente desde su 
patrimonio relicto hacia el de los transmisarios. Si bien esta solución pudiera parecer la 
más sencilla, al eliminar intermediarios y sucesivas aceptaciones y particiones, podría 
chocar con varios fundamentos del sistema sucesorio instaurado en el Código Civil.
En este sentido, el Derecho común fija como presupuestos básicos para la sucesión 
«mortis causa» la supervivencia al causante y la capacidad de suceder, sin perjuicio de 
la existencia de ciertas cuotas de la masa hereditaria que han de ser respetadas y 
reservadas de manera inexcusable a los llamados herederos forzosos o legitimarios –
amén de un eficaz y válido llamamiento a la sucesión–.
Es evidente que la voluntad del testador determina el camino que han de seguir sus 
bienes, deudas y derechos una vez fallecido y que ésta es la ley que ha de regir la  s
sucesión, y que, para evitar el juego de las transmisiones inesperadas, consecuencia de  oe.
las muertes prematuras de los nombrados herederos (ya sea por la ley o por voluntad del  w.
finado) se establecen soluciones que intentan reconducir el camino inicialmente querido  72ww
en laD esu ecsetsai ómn.anera, la ley prevé que el propio testador podrá establecer sustituciones
vinuclgluasroe sp paarara  leols c acsaos odse  pdree mreonruienncciaia sp, oinr cpaapratcei ddaedle sd eos iimgnpaodsoib; iliyd aedne se pl aáram bsuitoce ddeer , lea   BOE-A-cable e
preterición  el  propio  artículo  814  del  Código  Civil  prevé  un  especial  derecho  de 
representación para salvaguardar la línea descendente en la transmisión de los bienes, 
de manera igualitaria y proporcional entre descendientes. Por ello, debe recordarse que 
la voluntad del testador válidamente emitida y dentro de los límites previstos en la norma 
debe ser cumplida por los interesados en su herencia.
Como ha afirmado el Alto Tribunal, lo que se transmite y lo que se adquiere en virtud 
del artículo 1006 del Código Civil no puede ser más que el «ius delationis», que si bien 
se ejercita de manera directa –sin pasar por la herencia del transmitente– sólo puede 
referirse al acto de aceptar o repudiar la herencia del primer causante, pero no debería 
afectar a otras consecuencias más allá de ello, máxime cuando ello podría derivar en la 
vulneración de una ley reguladora de nuestro derecho sucesorio.
Otra solución devendría en un resultado no deseado por nuestra norma, la cual 
permite  conservar  la  esfera  y  el  interés  patrimonial  de  los  descendientes  de  otro 
descendiente premuerto a los efectos de proteger a los legitimarios de grado sucesivo 
(tal  y  como  establece  el  artículo  814  del  Código  Civil  –los  descendientes  de  otro 
descendiente que no hubiere sido preterido, representan a éste en la herencia del 
ascendiente y no se consideran preteridos–).
6.  Como ha puesto de relieve este Centro Directivo en las citadas Resoluciones 
de 22 de enero, 25 de abril, 5 de julio y 28 de septiembre de 2018, 5 y 11 de abril y 6 de 
junio de 2019 y 3 de febrero de 2021, sin que ello suponga una ruptura de la doctrina 
fijada por el Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, que se limita 
a explicar que el «ius delationis» no se fragmenta o se divide en dos sucesiones, y 
confirmada como tal dicha premisa, debe entenderse en el ámbito práctico que, una vez 
aceptada la herencia del primer o de los primeros causantes por parte del transmisario, 
éste pasará a formar parte subjetiva de la comunidad hereditaria, ostentando un derecho 
abstracto sobre un conjunto de bienes, derechos y deudas procedentes de los indicados 
finados. Y concluye que cualquier operación tendente a la partición de la herencia a la 
que esté llamado el transmitente debe ser otorgada por todos los interesados en su 
sucesión. En los términos expresados en dichas Resoluciones, serán los cotitulares de 
esta masa los que deban verificar estas operaciones, dentro de los cuales deben tenerse 
en consideración los designados como herederos y de forma indudable sus legitimarios, 
ya  hayan  sido  beneficiados  como  tales  a  título  de  herencia,  legado  o  donación. 
Indudablemente, el llamado como heredero por el transmitente –o por la ley– está sujeto 
a las limitaciones legales o cargas en que consisten las legítimas. Por todo ello, concluyó 
este  Centro  Directivo  que  en  la  partición  de  la  herencia  del  primer  causante  era 
necesaria la intervención del legitimario del transmitente –que es lo que ha ocurrido en el 
supuesto concreto de este expediente–.
En las mismas Resoluciones se justifica el cambio de criterio respecto de otras 
anteriores (vid. Resoluciones de 26 de marzo, 11 de junio y 6 de octubre de 2014 y 9 de 
junio de 2015) por el diferente supuesto de hecho que contempla respecto del que 
originó la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, pues el Alto 
Tribunal distingue claramente dos sucesiones, la del causante de la herencia y la del 
transmitente  y  lo  hace  con  todas  sus  consecuencias  (y,  como  puso  de  relieve  la 
Resolución de 26 de julio de 2017, «en el supuesto contemplado en la citada Sentencia 
del Tribunal Supremo se plantea la cuestión relativa a si el contador-partidor judicial de la 
herencia  de  la  causante,  al  hacer  las  correspondientes  adjudicaciones,  debió 
individualizar las cuotas correspondientes a cada uno de los transmisarios, o si, por el 
contrario, era suficiente formar un único lote correspondiente al transmitente. Es en este  s
punto en el que se centra el Tribunal Supremo, casando y anulando la Sentencia,  oe.
manifestando  que  «(…)  debiéndose  modificar  y  completar  el  cuaderno  particional  w.
realizado  de  la  herencia  de  doña  Cristina  (Sic.  la  primera  causante),  en  orden  a  72ww
tinradnivsimduitaelniztaer)  lay  csuuo trae sqpueec ctiovrar ecsopnocnrdeac iaó nc aedna  ulonso  bdiee nloess  hye rdeedreercohso dse  qduoen  Jleusli or e(Ssuiclt.e enl 
adjudicados particionalmente como fijación de la Doctrina jurisprudencial aplicable a la
cuestión debatida». Es esta la única cuestión que trata de resolver la Sentencia del 
Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo)».
Este Centro Directivo estima que la obligada protección de los herederos forzosos 
exige entender que, a efectos de determinar el importe de la legítima, el «ius delationis» 
también se computa, porque en sí es susceptible de valoración económica por lo mismo 
que  es  susceptible  de  venta  (artículo  1000.1.º  del  Código  Civil).  Desde  que  el 
transmitente muere –aunque su herencia abierta aún no haya sido aceptada–, se defiere 
la  legítima,  por  lo  que  no  puede  quedar  menoscabada.  Así  se  asegura  la  mejor 
protección de las legítimas, sin que haya necesidad de contradecir el indudable carácter 
personalísimo de la opción que implica el «ius delationis». Aunque el transmisario que 
ejercita positivamente el «ius delationis» adquiere la condición de heredero directamente 
del primer causante, su contenido viene delimitado por la vocación al transmitente; al 
formar tal derecho parte de la herencia del transmitente, con ese derecho –y, por ende, 
con  la  herencia  del  primer  causante–  debe  satisfacerse  a  los  legitimarios  del 
transmitente.
Como claramente se deduce de lo expuesto, este Centro Directivo no se aparta de la 
Sentencia  dictada  por  el  Pleno  de  Sala  Primera  del  Tribunal  Supremo  el  11  de 
septiembre de 2013, y lo único que pone de manifiesto en las últimas resoluciones 
citadas en los «Vistos» de la presente es que la obligada protección de los legitimarios 
exige entender que, a efectos de determinar el importe de la legítima, el «ius delationis» 
también se computa en la herencia del transmitente, en los términos antes expresados; 
esto es, que resulta imprescindible combinar los efectos del derecho de transmisión con 
la coexistencia de legitimarios –no herederos– como interesados en la herencia del 
denominado  transmitente  a  los  efectos  de  exigir  –o  no–  su  intervención  en  las 
operaciones de aceptación y partición de herencia.
7.  En el concreto supuesto de este expediente, la discrepancia que motiva el 
recurso versa sobre si la intervención del cónyuge del transmitente en la partición de la 
herencia del primer causante puede consistir solamente en declarar que presta su 
consentimiento  a  esa  partición,  en  la  que  no  recibe  adjudicación  en  pago  de  su 
participación, o por el contrario debe hacerse una adjudicación o especificarse en qué 
concepto presta ese consentimiento, es decir, cuál es el concreto título material que 
constituye la causa de que no reciba ninguna adjudicación. En este último caso, debería 
expresar que renuncia a su legítima en la herencia del transmitente –y entonces ya no 
sería partícipe de esa comunidad sobre los bienes de la herencia del primer causante–, o 
que sin renunciar a esa legítima no recibe nada en la partición porque está conforme con 
que los demás partícipes reciban excesos de adjudicación a título gratuito; o que ha 
recibido dinero extrahereditario u otros bienes o, que se extinguen créditos que ostentan 
frente  a  ese  cónyuge  los  demás  partícipes  por  el  mismo  importe  del  exceso  de 
adjudicación; o por cualquier otra causa válida en Derecho.
La identificación del título material otorgado tiene trascendencia jurídica –artículo 2 
de la Ley Hipotecaria–, pues del título material que se ha otorgado depende cuáles son 
los efectos del consentimiento que presta el cónyuge del transmitente, que no deben 
quedar indeterminados. Así, si el cónyuge supérstite ha renunciado a la porción de 
legítima que le corresponde en la herencia del transmitente, posteriormente no se le 
podrán adjudicar bienes en pago de esa legítima en otra escritura pública; pero si ha 
consentido en un exceso de adjudicación a título gratuito, entonces sí podrá después 
intervenir, adjudicándose bienes, en otra partición parcial que tuviera por objeto otros 
bienes de la herencia del transmitente o del primer causante. s
Por  último,  desde  el  punto  de  vista  estrictamente  registral,  si  se  ha  prestado  oe.
consentimiento a un exceso de adjudicación a cambio de una cantidad de dinero, debe  w.
identificarse el medio de pago de esa cantidad –artículo 21.2 de la Ley Hipotecaria–, lo  72ww
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título material por el que no se realiza adjudicación al cónyuge del transmitente.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación en cuanto al segundo de los defectos recurridos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 26 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.