BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 32 Jueves 6 de febrero de 2020 Sec. III.   Pág. 11652
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
1824 Resolución de 29 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y la Mutualidad General Judicial, para la realización de funciones por el 
Comité Asesor de la hormona de crecimiento y sustancias relacionadas.
La Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia y la Gerente de la Mutualidad General Judicial, han suscrito un Convenio para 
la  realización  de  funciones  por  el  Comité  Asesor  de  la  hormona  de  crecimiento  y 
sustancias relacionadas.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 29 de enero de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la 
Mutualidad General Judicial (MUGEJU), para la realización de funciones por el 
Comité Asesor de la hormona de crecimiento y sustancias relacionadas
En Madrid a 18 de diciembre de 2019
REUNIDOS
De  una  parte,  doña  Patricia  Lacruz  Gimeno,  nombrada  Directora  General  de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por Real 
Decreto  409/2018,  de  8  de  junio,  (BOE  del  9),  actuando  en  representación  del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, conforme a las atribuciones que 
le confiere el apartado sexto del Capítulo I de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, 
sobre delegación de competencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (BOE número 28, de 1 de febrero).
De otra parte, doña Concepción Sáez Rodríguez, Gerente de la Mutualidad General 
Judicial, nombrada por Acuerdo de la Secretaría de Estado de Justicia de fecha 31 de 
agosto de 2018, en nombre y representación de la misma en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 12 del Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación y 
actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General Judicial.
Ambas partes, en la representación que ostentan, reconociéndose mutua capacidad 
para obligarse y convenir, e.
EXPONEN 24ww
Primero.
Que mediante la Resolución de 29 de marzo de 1989 de la Secretaría General de
Asistencia Sanitaria, fue creado el Comité Asesor de la hormona de crecimiento y
sustancias  relacionadas  (en  adelante  el  Comité),  con  el  fin  de  racionalizar  el  uso 
terapéutico de estos tratamientos.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, y según el Real Decreto 355/2018, de 6 de 
Junio,  por  el  que  se  reestructuran  los  departamentos  ministeriales,  el  Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, el ejercicio 
de las competencias del Estado en materia de farmacia corresponde al Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Cartera 
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y de la agencia estatal 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
En la actualidad, el Comité se encuentra adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social a través de su Dirección General de Cartera Básica de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia (en adelante DGCB), según se establece en el 
artículo 8.6 del citado Real Decreto 1047/2018 de 24 de agosto.
Segundo.
La Mutualidad General Judicial (MUGEJU) es un Organismo Público, dependiente 
del Ministerio de Justicia al que corresponde la gestión del mutualismo judicial regulado, 
entre otras normas, por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen 
especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, 
cuya  acción  protectora  incluye,  entre  otros  servicios  y  prestaciones,  la  asistencia 
sanitaria y la prestación farmacéutica.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, establece en su disposición adicional cuarta que el MUGEJU, como integrante del 
Sistema Nacional de Salud, en su calidad de entidad gestora del Régimen Especial de la 
Seguridad Social del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, tiene que 
garantizar el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, así 
como las garantías sobre accesibilidad, movilidad, calidad, seguridad, información y 
tiempo recogidas en esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en su normativa específica.
Que por parte de MUGEJU, y con el objetivo de promover el uso racional de los 
medicamentos dentro de su ámbito de gestión y la correcta utilización de los recursos 
económicos, se plantea la necesidad de someter a la revisión de un comité técnico los 
tratamientos de hormona de crecimiento.
Tercero.
Ante  la  conveniencia  de  unificar  el  procedimiento  para  la  valoración  de  los 
tratamientos con hormona de crecimiento prescritos a los titulares y beneficiarios de 
MUGEJU con los que se siguen en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y de otras 
Mutualidades de Funcionarios, se considera oportuna la colaboración administrativa con 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a fin de que por parte del Comité 
Asesor  de  dicho  Departamento  sean  revisados,  tanto  los  nuevos  casos,  como  los 
tratamientos ya establecidos de los titulares y beneficiarios de MUGEJU. es
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá  bo
por las siguientes 24ww
CLÁUSULAS
Primera.  Ámbito subjetivo.
El ámbito subjetivo de aplicación de este Convenio afecta a todo el colectivo de 
titulares y beneficiarios del régimen de protección gestionado por la Mutualidad General 
Judicial, independientemente de que el acceso a la atención sanitaria sea a través de 
servicios  de  entidades  de  seguro  concertadas  o  a  través  de  servicios  del  sistema 
sanitario público.
Segunda.  Objeto.
El objeto del Convenio es la realización de informes, a petición de MUGEJU, por el 
Comité,  sobre  los  nuevos  casos  y  las  revisiones  de  tratamientos  con  estos 
medicamentos de los titulares y beneficiarios de MUGEJU.
Tercera.  Obligaciones de las partes.
1.  A efectos del debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, MUGEJU 
se compromete a:
a)  MUGEJU, como interlocutor directo con el Comité, informará a los facultativos 
especialistas correspondientes, de los criterios de utilización aprobados por el Comité 
para estos tratamientos, y de las actualizaciones que del mismo se produzcan.
b)  Los protocolos de tratamiento se han de ajustar a los modelos establecidos por 
el Comité, y han de ser cumplimentados debidamente en todos sus apartados por los 
facultativos que proponen el tratamiento, de acuerdo con los criterios de utilización 
aprobados por el mencionado Comité.
c)  La  petición  de  informe  al  Comité  se  efectuará  por  MUGEJU,  que  remitirá, 
asimismo, los protocolos, los consentimientos informados y la documentación auxiliar 
necesaria.
2.  A efectos del debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, el Comité 
Asesor se compromete a:
a)  Remitir el informe a la Mutualidad que, en base al mismo, resolverá la solicitud 
de tratamiento.
b)  Los informes, que no tendrán un carácter vinculante, serán emitidos en un plazo 
máximo de dos meses a contar desde la fecha de recepción del protocolo en el Comité.
Cuarta.  Confidencialidad y sigilo profesional.
Todo  el  personal  que  preste  servicios  en  MUGEJU  con  acceso  a  los  datos 
suministrados de acuerdo con lo establecido en este Convenio está obligado al estricto 
sigilo respecto a los mismos, y tendrá conocimiento de que el uso de datos de carácter 
personal  en  tareas  impropias  son  operaciones  ilegales  que  pueden  dar  lugar  a 
responsabilidades que correspondan de cualquier naturaleza, incluso penales.
El expediente para conocer de las posibles responsabilidades administrativas que se 
pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de 
este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la responsabilidad, en 
su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro  e.
personal responsable de dicha utilización indebida. w.b
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de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos),  en  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, en las disposiciones reglamentarias del ordenamiento interno en 
materia de protección de datos de carácter personal, en el Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, y 
en la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en la Administración 
General y en MUGEJU.
Sexta.  Seguimiento, vigilancia y solución de conflictos.
Para velar por el cumplimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de 
Seguimiento  de  carácter  paritario  constituido  por  cuatro  representantes,  dos  del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y dos de MUGEJU. En calidad de 
asesores, con derecho a voz, pero sin voto, podrán incorporarse otros técnicos.
Por parte de la DGCB y de MUGEJU se procederá a designar a los vocales que 
constituirán dicha Comisión. Corresponde la presidencia de la Comisión a uno de los 
representantes de la DGCB, con rango mínimo de Subdirector General, y su Secretaría a 
uno de los representantes de MUGEJU.
La Comisión de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y se 
regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido 
expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo ll 
del Título Preliminar de la LRJSP.
Se someterán a la Comisión de Seguimiento las incidencias o discrepancias que 
puedan surgir en las materias que son objeto del Convenio y, en caso de no solventarse 
en el seno de la misma, se elevarán al Secretario General de Sanidad y Consumo y a la 
Gerencia de la Mutualidad General Judicial, respectivamente, a efectos de que por 
acuerdo de los mismos se determine la actuación a seguir.
De no alcanzarse solución o acuerdo a través de esta vía, la resolución de la 
cuestión o cuestiones litigiosas surgidas se someterán a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
Séptima.  Vigencia.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se perfecciona 
por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el 
Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector 
público estatal, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
La duración prevista será de cuatro años a partir de su entrada en vigor. Previo 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 
anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales.
Octava.  Extinción y supuestos de resolución.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su  s
objeto o por incurrir en causa de resolución. oe.
Este Convenio quedará resuelto en los siguientes supuestos: w.
prór1ro. gaP doer l eml istrmanos.curso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la
23..   PPoorr  mimuptousoi baicliduaedrd jou sdteif iclaasd paa drete rse, aelniz alars e cl oonbdjeictoio dneels C qounev aemniob.as estipulen.
4.  Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de 
este Convenio por una de las partes.
5.  Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse 
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una 
antelación mínima de tres meses, de tal forma que puedan finalizarse adecuadamente 
las actuaciones en curso en el momento de la citada notificación.
6.  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
7.  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
Novena.  Financiación.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio, no se generarán contraprestaciones económicas entre las partes.
Décima.  Régimen de modificación.
Este Convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de las partes, conforme a lo 
dispuesto en la LRJSP.
Undécima.  Régimen jurídico y resolución de discrepancias.
Este  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa,  conforme  a  lo  dispuesto 
especialmente para los Convenios en el Título Preliminar, capítulo Vl, de la Ley LRJSP.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Sexta, las cuestiones 
litigiosas surgidas por la ejecución del presente Convenio serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, todo ello sin perjuicio de la aplicación, en su caso y cuando proceda, de la 
utilización  del  mecanismo  contemplado  en  la  Disposición  Adicional  Única  de  la 
Ley 11/2011, de 20 de mayo, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la 
Administración General del Estado.
Duodécima.  Incumplimiento.
En  caso  de  incumplimiento  por  alguna  de  las  partes  de  las  obligaciones  y 
compromisos asumidos, la parte interesada podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que en un plazo de 45 días se cumpla con las obligaciones o 
compromisos que se considere incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula Sexta, y a las demás 
partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
Y en prueba de conformidad, se formaliza y se firma este Convenio por duplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.–La 
Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia,  Patricia  Lacruz  Gimeno.–La  Gerente  de  la  Mutualidad  General  Judicial, 
Concepción Sáez Rodríguez. es