BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Viernes 9 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 86909
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
12109 Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia 
internacional.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió 
la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta crisis sanitaria sin 
precedentes y de enorme magnitud. En este sentido, el estado de alarma declarado 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer frente a la situación 
de emergencia sanitaria con medidas para proteger la salud y la seguridad de los 
ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de 
Salud.
El día 21 de junio finalizó el proceso de desescalada y la vigencia del estado de 
alarma, entrando el país en la etapa de nueva normalidad. En este escenario de control, 
fue preciso adoptar una serie de medidas para seguir haciendo frente a la pandemia y 
evitar un nuevo incremento de casos. Con este objetivo, se aprobó el Real Decreto-
ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y 
coordinación para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
donde se establecen las medidas generales de prevención y control que se deben 
mantener durante esta nueva normalidad.
Asimismo, con el fin de intensificar las medidas de prevención, seguimiento y control 
de la epidemia y ofrecer una respuesta coordinada del conjunto de Administraciones, el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el pasado 16 de julio 
de 2020 el «Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por 
COVID-19», en el que se prevé que, al objeto de «reducir al máximo la transmisión del 
virus, minimizando su impacto en la salud y en la sociedad, las instituciones deben estar 
preparadas  para  responder  a  cualquier  escenario  de  riesgo  para  la  salud  pública, 
asumiendo que es necesaria la coordinación y la toma de decisiones conjunta en función 
de los diferentes escenarios».
Si bien es cierto que las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas han 
hecho y continúan haciendo importantes esfuerzos en el seguimiento y vigilancia de la 
epidemia,  con  grandes  avances  en  los  sistemas  de  detección  temprana  de  la 
enfermedad, el refuerzo de los servicios de salud pública y la adopción de diferentes 
medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios, desde principios de agosto 
comenzó a detectarse un incremento de la incidencia de la enfermedad en todas las 
comunidades autónomas que incluyó un componente de transmisión comunitaria.
Desde  entonces  y  viendo  la  necesidad  de  tomar  medidas  coordinadas  para  el  e.
conjunto  de  las  Administraciones,  se  adoptaron  diversos  acuerdos  en  el  seno  del  w.b
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En concreto en tres de ellos, con  109ww
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COVID-19, tanto para centros educativos durante el curso 2020-2021, como en relación
con la vacunación frente a la gripe estacional; y iii) medidas de consenso relacionadas 
con  la  vacuna  frente  a  la  COVID-19,  la  continuación  del  Estudio  Nacional  de 
Seroprevalencia  ENE-COVID,  la  realización  de  cribados  o  la  coordinación  con  las 
entidades locales, respectivamente.
II
Dentro de la tarea de seguimiento continuo de la evolución de la epidemia, se viene 
observando en las últimas semanas una situación de transmisión comunitaria del SARS-
CoV-2 en diversos territorios y un aumento significativo de las tasas de hospitalización e 
ingresos en unidades de cuidados intensivos. Por este motivo, además de las medidas 
de  prevención  y  protección  individuales  y  colectivas  ya  establecidas,  es  necesario 
considerar la implementación de medidas más estrictas que permitan facilitar el control 
de la epidemia en aquellos territorios más afectados por la misma.
Es recomendable que estas medidas más estrictas se dirijan específicamente a 
aquellos territorios o zonas geográficas con mayor propagación, en los que las medidas 
adoptadas en el marco del Plan de Respuesta Temprana y otros protocolos de actuación 
no han dado el resultado esperado. Todo ello con la finalidad de lograr el mayor beneficio 
para la salud pública y minimizar el impacto social y económico para el conjunto de la 
población.
Medidas similares ya fueron implementadas en el país en fases anteriores de la 
epidemia y se observaron útiles. Estas intervenciones son acordes con las orientaciones 
de la Organización Mundial de la Salud.
La incidencia acumulada de catorce días de COVID-19 en España en la última 
semana ha superado los 250 casos por 100.000 habitantes (con un rango entre las 
diferentes comunidades autónomas que oscila desde 96 a 656 casos por 100.000, a 
día 7 de octubre), muy por encima de las tasas propuestas en la Unión Europea para 
países de riesgo (60 casos por 100.000 habitantes). Esta incidencia observada además 
de no ser homogénea entre las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro del 
territorio de cada una de ellas, viéndose esta tasa influenciada, en muchos casos, por 
municipios con incidencias muy superiores a la media de la comunidad autónoma.
Si bien es cierto que la incidencia de COVID-19 en un territorio no es el único 
indicador para valorar el riesgo poblacional y que las propuestas de actuación deben 
considerar también criterios de transmisión o de capacidad de detección precoz y del 
sistema  asistencial,  también  es  cierto  que  la  incidencia  es  un  indicador  prioritario, 
reconocido  y  recomendado  por  organismos  internacionales,  que  permite  valorar  la 
efectividad de las medidas de control implementadas.
Una tasa de incidencia por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes puede 
considerarse un indicador de alto riesgo para la salud pública en el territorio afectado y, 
por lo tanto, se debe garantizar un alto nivel de capacidad de detección, control de la 
transmisión y refuerzo asistencial para evitar un gran impacto en la población y, en 
particular, en los grupos más vulnerables. La concurrencia de una tasa superior a la 
señalada  demuestra  que  tanto  las  medidas  de  control  como  las  de  refuerzo  de 
capacidades no han logrado alcanzar en los territorios afectados por esa incidencia el 
efecto deseado para hacer frente a la evolución ascendente de la curva epidémica. En 
particular, una tasa de incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, que 
duplica la considerada de alto riesgo, permite establecer un umbral significativamente 
elevado a partir del cual puede calificarse la situación como extrema, y da perfecta  s
cuenta de la enorme gravedad de la propagación de la enfermedad en las unidades  e.
territoriales  que  la  experimentan.  A  partir  de  este  umbral,  resulta  imprescindible  la  w.
adopción con urgencia de medidas de choque dirigidas a tratar de controlar en el menor  109ww
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odregsadnei seml omso imnteenrntoa cmioisnmaloe se enn q suues  lare cinocmideenndcaiac isoonberse.pasa las tasas establecidas por los  BOE-A-cable e
De esta manera, incidencias superiores a las mencionadas en el párrafo anterior en 
núcleos poblacionales grandes, con más volumen de intercambio de personas con otras 
zonas de la comunidad autónoma o del país, reducen substancialmente la capacidad de 
control  de  la  transmisión,  haciendo  necesaria  la  implementación  de  medidas  más 
severas. El control de la transmisión en estos núcleos poblacionales en situación de muy 
alto riesgo tendría además un impacto beneficioso importante en el resto del territorio.
III
A fecha 7 de octubre, y estimando la incidencia acumulada de catorce días corregida 
por  retrasos  de  notificación,  en  España  hay  once  municipios  de  más  de  100.000 
habitantes, que incluyen 4.917.255 habitantes, con tasas de incidencia superiores a 
los 500 casos por 100.000 habitantes. La tasa promedio de estos municipios es de 662 
casos por 100.000 en los catorce días valorados, más de dos veces la incidencia 
nacional, si bien la situación de estos territorios no es homogénea en términos de 
capacidad diagnóstica y asistencial. Esta incidencia representa un total de 32.530 casos 
notificados en estos once municipios en un periodo de catorce días, aproximadamente 
un 25% del total de casos notificados en toda España en ese periodo.
Esta situación conlleva un impacto importante en los sistemas asistenciales tanto de 
atención primaria como hospitalarios, que ya tienen ocupaciones de camas en unidades 
de  cuidados  intensivos  (en  adelante,  UCI)  del  18%  a  nivel  nacional,  con  seis 
comunidades autónomas que superan ya el 25% y una por encima del 35% de las 
camas actualmente disponibles. Dado que el impacto en UCI se incrementa y mantiene 
hasta dos y tres semanas después del máximo pico de transmisión, el esfuerzo de 
control se debe mantener más allá del punto de inflexión de la curva epidémica para 
reducir suficientemente el impacto en el sistema sanitario.
Otro de los indicadores que establece el Centro Europeo para la Prevención y 
Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) como indicador de tendencia 
preocupante en su último informe es el porcentaje de resultados positivos en el total de 
pruebas de diagnóstico de infección activa realizados, señalando como riesgo que este 
porcentaje sea mayor o igual al 3%.
Por este motivo, con fecha 30 de septiembre, el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud acordó, después de haber dado audiencia a todas las comunidades y 
ciudades autónomas, que se declarasen como actuaciones coordinadas, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, una serie de medidas relacionadas con la restricción del 
contacto social en municipios especialmente afectados por una elevada propagación de 
la epidemia. Entre estas medidas, de aplicación para los municipios de más de 100.000 
habitantes en los que concurran una serie de circunstancias, se incluyó la limitación de la 
entrada  y  salida  de  personas  de  los  municipios  afectados  y  su  participación  en 
agrupaciones, el aforo máximo, la distancia y el horario de lugares de culto, velatorios, 
establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público, establecimientos de 
hostelería y restauración, de juegos y apuestas, academias, autoescuelas y centros 
privados  de  enseñanza  y  de  instalaciones  deportivas,  y  asimismo  se  estableció  el 
refuerzo de las capacidades de detección precoz y el control de las enfermedades. Todo 
ello con el objetivo de proteger al máximo a las poblaciones afectadas, preservar la 
capacidad  asistencial  y  minimizar  el  riesgo  de  exportación  de  una  situación 
epidemiológica grave de un territorio a otro, tratando, en definitiva, de reducir las tasas  s
de transmisión por debajo de los niveles de riesgo establecidos por los organismos  e.
internacionales. w.
En concreto, aunque es importante implementar medidas de control en todos los  109ww
municipios con transmisión de SARS-CoV-2, sea cual sea su nivel, resulta especialmente
urgente  implementar  las  medidas  necesarias  para  controlar  la  transmisión  en  los 
municipios de más de 100.000 habitantes que cumplan los siguientes criterios:
a)  Que el municipio presente una incidencia acumulada por fecha de diagnóstico en 
los últimos catorce días de 500 casos o más por 100.000 habitantes (medida hasta cinco 
días antes de la fecha de valoración) en base a la información que se notifica al Sistema 
para  la  Vigilancia  en  España  (SIVIES),  salvo  que  al  menos  el  90%  de  los  casos 
detectados en el municipio se correspondan con brotes no familiares perfectamente 
identificados y controlados, siempre que estos hayan sido comunicados al Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
b)  Que el municipio presente un porcentaje de positividad en los resultados de las 
pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 realizadas en las dos semanas 
previas superior al 10%.
c)  Que la comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio presente una 
ocupación  de  camas  por  pacientes  COVID-19  en  unidades  de  cuidados  intensivos 
superior al 35% de la dotación habitual.
A fecha de este decreto, son nueve los municipios de más de 100.000 habitantes que 
cumplen con los tres criterios señalados y en los que las medidas de restricción en 
relación con la entrada y salida no se encuentran en vigor, todos pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Madrid, a saber, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. En estos municipios, la media de 
la incidencia acumulada según el criterio establecido, es de 679,61 casos por 100.000 
habitantes, siendo más del doble que la media nacional. Por otro lado, los dos criterios 
restantes alcanzan porcentajes más elevados, siendo el porcentaje de positividad en las 
pruebas diagnósticas de infección activa en dichos municipios en torno al doble del 
porcentaje nacional, que se situó en el 10,1% en la última semana. Del mismo modo, el 
porcentaje de ocupación de camas UCI por pacientes COVID19 es del 39,81% en la 
comunidad autónoma frente al 18,04% nacional.
Dada la localización geográfica central en el territorio nacional de estos municipios y 
la gran densidad demográfica con la que cuentan, resulta preciso adoptar medidas 
concretas y urgentes para estas localidades, a fin de controlar la epidemia y proteger la 
salud de sus habitantes y del resto de la población, en aplicación de los criterios 
mencionados.
Debe señalarse al respecto que estos municipios cuentan con una movilidad diaria 
de personas que se desplazan entre las propias localidades afectadas y entre estas y 
otras comunidades autónomas que hace necesario el establecimiento de restricciones a 
su  entrada  y  salida  para  lograr  los  fines  mencionados.  Asimismo,  esta  medida  es 
avalada por la situación de concentración y radialidad de sus vías de comunicación, que, 
además, constituyen un punto estratégico de desplazamiento hacia el exterior.
Entre las medidas contempladas en la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad 
de 30 de septiembre, por la que se aprobó la Declaración de Actuaciones Coordinadas 
en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se incluyó como medida que las 
Comunidades Autónomas, al amparo de la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, estaban obligadas a aplicar en los 
municipios  de  más  de  100.000  habitantes  en  los  que  concurran  las  circunstancias 
anteriormente  señaladas,  la  limitación  de  la  entrada  y  salida  de  personas  de  los 
municipios afectados. e
La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que, encontrándose  bo
algunos  de  sus  municipios  en  las  circunstancias  previstas  en  la  Declaración  de  109ww
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de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios
de la Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de 
septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública).
Teniendo en cuenta que en relación con dicha Orden de la Comunidad de Madrid, la 
autoridad judicial no ha ratificado la medida referida a la limitación de la entrada y salida 
de  personas  de  los  municipios  afectados,  única  medida  contemplada  en 
Orden  1273/2020,  de  1  de  octubre,  de  la  Consejería  de  Sanidad  susceptible  de 
ratificación o autorización judicial por limitar o restringir derechos fundamentales, resulta 
necesario ofrecer una cobertura jurídica puntual e inmediata que resulte suficiente para 
continuar con la aplicación de esta medida, ante la grave situación epidemiológica 
existente en los municipios afectados y con el fin de evitar el riesgo que se ocasionaría 
en caso de ser posible continuar con su aplicación.
Por ello, el presente real decreto regula específicamente la medida referida a la 
restricción de entrada y salida de los municipios en los que concurran las circunstancias 
señaladas anteriormente y lo hace con la única y exclusiva finalidad de proteger la salud 
de la población.
IV
Debe señalarse que el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilita al Gobierno para, en el 
ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el 
estado de alarma en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis 
sanitarias, tales como epidemias, lo cual concurre en la situación presente, tal y como se 
ha venido señalando.
En concreto, a través de esta norma, se pretende limitar el contacto social entre 
personas que residen en diferentes municipios, con el fin de disminuir la probabilidad de 
transmisión entre zonas con distinta situación epidemiológica, como medida urgente, 
necesaria,  proporcionada  y  estrictamente  indispensable  para  evitar  la  cadena  de 
transmisión del virus y su expansión.
En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la 
acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y 
contener la progresión de la enfermedad.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, y con el fin de garantizar la 
normalidad,  es  indispensable  proceder  a  la  declaración  del  estado  de  alarma.  Las 
medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer 
frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no 
suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 
de la Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria  Democrática  y  del  Ministro  de 
Sanidad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de 
octubre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Declaración del estado de alarma.
Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  cuarto,  apartado  b),  de  la  Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el  e.
estado de alarma con el fin de establecer las medidas necesarias para responder ante  w.b
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas  109ww
por el SARS-CoV-2.
Artículo 2.  Ámbito territorial.
El estado de alarma declarado por el presente real decreto resultará de aplicación en 
el territorio de los siguientes municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid:
a)  Alcobendas.
b)  Alcorcón.
c)  Fuenlabrada.
d)  Getafe.
e)  Leganés.
f)  Madrid.
g)  Móstoles.
h)  Parla.
i)  Torrejón de Ardoz.
Artículo 3.  Duración.
La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de 
quince días naturales.
Artículo 4.  Autoridad competente.
A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno.
Artículo 5.  Limitación de la libertad de circulación de las personas.
1.  Se restringe la entrada y salida de personas de los municipios recogidos en el 
artículo 2 a aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por 
alguno de los siguientes motivos:
a)  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b)  Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales 
o legales.
c)  Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas 
de educación infantil.
d)  Retorno al lugar de residencia habitual.
e)  Asistencia  y  cuidado  a  mayores,  menores,  dependientes,  personas  con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f)  Desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse.
g)  Actuaciones  requeridas  o  urgentes  ante  los  órganos  públicos,  judiciales  o 
notariales.
h)  Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 
administrativos inaplazables.
i)  Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k)  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
2.  La circulación de las personas en tránsito a través de los ámbitos territoriales que 
constituyen el ámbito de aplicación de este real decreto no estará sometida a las 
restricciones establecidas en el apartado anterior.
Artículo 6.  Gestión de los servicios. w.b
vigeCntaed, aa sAí dcomminois ltara gceiósnti ónco dnes esruvsa rsáe rvlaicsi osc oym dpee tseun pciearss oqnuael,  plaer ao atodrogpat alra l alse gmiseldaicdióans 
que estime necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto.
Artículo 7.  Régimen sancionador.
El incumplimiento del contenido del presente real decreto o de las órdenes de las 
autoridades será sancionado con arreglo a las leyes.
Disposición adicional única.  Información al Congreso de los Diputados.
De acuerdo con lo establecido en el apartado uno del artículo octavo de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, el Gobierno remitirá semanalmente al Congreso de los 
Diputados información documental estructurada de la ejecución de las distintas medidas 
adoptadas y valoración de su eficacia para contener el virus COVID-19 y mitigar su 
impacto sanitario, económico y social.
Disposición final primera.  Habilitación.
Durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma  declarado  por  este  real  decreto,  el 
Gobierno podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen lo establecido en este, de los 
cuales habrá de dar cuenta al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo octavo dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 9 de octubre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO