BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53680
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8140 Sala Segunda. Sentencia 56/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de 
amparo 5808-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:56
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5808-2018,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 3 de Lorca, de fecha 3 de julio de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria  núm.  108-2018;  y  contra  el  auto  del  mismo  juzgado,  de  fecha  26  de 
septiembre  de  2018,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la 
anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company, actuando como sucesora procesal de la entidad 
ejecutante, Banco de Sabadell, S.A. Ha sido ponente el magistrado don Pedro González-
Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 7 de 
noviembre  de  2018,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y 
asistida por el letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo 
contra las resoluciones arriba mencionadas. e
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Propiedad núm. 3 de Lorca. La cantidad reclamada era de 2 146,62 € de principal del 
préstamo  impagado,  más  intereses  legales  y  costas,  resultando  la  primera  de  las 
demandadas la deudora hipotecaria y la segunda titular de un derecho de uso y disfrute 
sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto, el día 20 de abril de 2018, por el que acordó el 
despacho de ejecución en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 108-2018; 
asimismo, resolvió requerir a las ejecutadas del pago de las cantidades que se reclaman 
y que dicho auto, junto con el decreto que debe dictar el letrado de la administración de 
justicia, «serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el 
artículo 553 LEC, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda 
personarse en la ejecución». Se advirtió además que contra dicha resolución no cabía 
recurso alguno, «sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 695 LEC, y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte». 
El decreto al que se hace referencia fue dictado por el letrado de la administración de 
justicia  del  juzgado  a  quo  en  la  misma  fecha,  el  cual  dispuso  la  expedición  de 
mandamiento de certificación de la finca al registro de la propiedad competente y el 
requerimiento de pago a los ejecutados
b)  Con fecha 26 de abril de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca, relativa al proceso: EJH/
0000108/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 26 de abril a 11 de 
junio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  en  fecha  10  de  junio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónicas 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 11 de junio de 2018.
d)  Al día siguiente, 11 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al 
enlace remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada 
por  el  juzgado  de  primera  instancia  ejecutante,  en  relación  con  el  procedimiento 
hipotecario núm. 108-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
emitió un certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los 
anteriores correos) dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
e)  El 25 de junio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el Juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca dictó auto, en 
fecha 3 de julio de 2018, con esta parte dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por el procurador don Antonio Serrano Caro 
por presentación fuera de plazo, contra Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó, en  oe.
su Fundamento de Derecho único, lo que sigue: w.
esta«bÚlenciicdoo.s  eSne l ae smtaisbmleac,e y  eenn  eell  aarrttííccuulloo  113364 L LEECC, ,q ulae  timrapnrsocrurorrgidaob iolid paads addeo  loesl  téprlmazinoos 
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que  la  parte  ejecutada  puede  oponerse  al  despecho  de  ejecución  en  los  términos 
previstos en dicho artículo y en el término de diez días, a contar desde el siguiente 
notificación  del  auto  y  decreto  y  constando  en  el  presente  supuesto  que  la  parte 
ejecutada se ha opuesto pasado que ha sido el plazo que legalmente se le otorga, debe 
ser inadmitida su oposición por extemporánea, de conformidad con lo establecido en los 
preceptos citados.»
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días 
ante este tribunal».
g)  Por la demandante de amparo se interpuso recurso de reposición contra el 
anterior auto. En el mismo alegó que la comunicación remitida a través de la dirección 
electrónica  habilitada  no  puede  entenderse  más  que  como  un  aviso  de  puesta  a 
disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado; en este caso, 
desde el 26 de abril al 11 de junio de 2018. De ahí que al haber accedido a dicha 
comunicación el día 11 de junio de 2018, es en ese día cuando debe entenderse 
efectuada la notificación, siendo desde entonces cuando cabía computar el plazo de diez 
días del art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Por tanto, como el escrito de 
oposición se consignó el 25 de junio de 2018 antes de las 15 horas (último día del plazo 
legal), dicho escrito se interpuso de manera temporánea. Y entenderlo de otro modo, 
además de infringir los arts. 135, 152, 160, 162 LEC, vulneraría el derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión reconocido en el art. 24.1 CE.
h)  Por  auto  de  26  de  septiembre  de  2018,  el  recurso  de  reposición  fue 
desestimado,  al  igual  que  el  interpuesto  por  la  otra  entidad  ejecutada,  con  los 
argumentos que constan en su razonamiento jurídico segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPAAP y art. 273.3 a) LEC]. Interpretan los recurrentes de 
forma  errónea  la  normativa  aplicable.  Es  cierto  que  la  notificación  por  medios 
electrónicos efectivamente se realiza cuando el destinatario accede a su contenido. 
Ahora bien, hierran en el plazo en el que puede acceder a su contenido a efectos de la 
práctica de la notificación, el cual es de diez días naturales desde la puesta a su 
disposición y ello por imperativo del artículo 43 de la citada LPACAP […].
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 26 de abril de 2018 no accediendo al contenido hasta el 11 de junio 
de 2018 (fuera de los diez días naturales), presentando los escritos de oposición a la 
ejecución  en  fecha  22  de  junio  de  2018,  claramente  fuera  del  plazo  legalmente 
establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del auto despachando ejecución) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas, siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
3.  En la demanda de amparo se alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad  s
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento, como ejecutada en el procedimiento  oe.
hipotecario de referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de  w.
npeornimt ipfieacrap ceeilmo enpnela slz aea lmseeciedtrneót nodi ecea nss u ly ad  nocoam umicsiaeli.do i Easnnot cetio aedl;no ty rc eeaglsaloo  ,d pelea s laree  dcaou cqrruuemen teeens teaax ccpióoonmn euc onqricureaesc psióoignnu dfiuóiee nl ateesl    2020-8140n https://ww
indicaciones  que  le  facilitó  la  comunicación  electrónica,  de  manera  que  accedió  al
contenido de la notificación del juzgado el último día fijado; fecha que, sin embargo, el
órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la inadmisión del escrito 
de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el art. 556 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC).
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de 
medios  electrónicos,  según  establece  el  art.  273  LEC,  cuando  se  trata  del  primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía aquélla «aún no ha tenido ninguna relación con el 
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha 
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts. 
135, 152, 162 y 155 LEC. Este último precepto es categórico al respecto, ya que en su 
punto primero establece que «cuando las partes no actúen representadas por procurador 
o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación 
se harán por remisión al domicilio de los litigantes».
Sobre el auto de 26 de septiembre de 2018, que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución —y del que se resumen sus argumentos—, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su decisión en la Ley del 
procedimiento  administrativo  común,  norma  que  considera  «inaplicable  al  ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación de actos procesales resulta aplicable tanto la Ley de enjuiciamiento civil 
como el art. 24 CE, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. Alega finalmente 
que se ha producido también una vulneración del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), en las vertientes del derecho a la defensa contradictoria y del 
derecho a la asistencia letrada, las cuales permiten en todos los órdenes jurisdiccionales 
evitar desequilibrios en la posición procesal de las partes, sin limitaciones a su defensa 
que pudieran en caso contrario ocasionar indefensión a alguna de ellas. Afirma también 
que el auto de 26 de septiembre de 2018 «huye de este tipo de consideraciones» al 
aplicar una normativa administrativa ajena al ámbito procesa y prescindir, a su vez, de 
las previsiones del art. 273 LEC sobre la exigencia de presentación en papel de la 
documentación referida al primer emplazamiento en la causa.
En consecuencia, solicita que este Tribunal Constitucional estime el recurso del 
amparo, acuerde la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas y ordene reponer 
las actuaciones al momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el 
juzgado a quo admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
4.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Segunda, 
Sección Tercera de este tribunal, de fecha 5 de septiembre de 2019, se acordó oficiar al 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, para que remitiera, a la 
mayor brevedad posible, certificación acreditativa de la interposición o no de un recurso 
de apelación contra alguna de las resoluciones dictadas, en las actuaciones principales o 
en alguna pieza separada, en el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese 
juzgado con el número 108-2018; y si hubiera recaído resolución en el sentido apuntado, 
que se remita a esta sala testimonio de la misma.
5.  Por  certificación  de  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  la  letrada  de  la 
administración de justicia hizo constar que en el procedimiento citado no se había 
interpuesto ningún recurso de apelación por las partes personadas.
6.  Mediante providencia de 28 de octubre de 2019, la Sección Tercera de este  oe.
Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, al apreciar que concurre en el  w.
uCmnois ndmsetorite uuccnhioaon  faeuls n(pdLeaOcmiTaeCl n)tt]ra,a lys asco eqbnurdeee  neecll  irqaeu cceuo rnnsoso t ihptualacyni odtneoaacl  tur[inan rapt. r do5eb0 l.ee1ms tLeae  Toy r aiObfuergncátaanl  i[acS auT nCdae  1lf a5Tc5re/i2bta0u 0nd9ae,l    2020-8140n https://ww
FJ 2 a)]; y que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su
doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del 
contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2, b)].
Asimismo acordó, con arreglo a lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, a fin de 
que, en un plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 108-2018; debiendo emplazar previamente a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento de ejecución referenciado, excepto a la parte recurrente en amparo, por si 
quisieran comparecer en el presente proceso constitucional, en el plazo de diez días, al 
efecto de formular alegaciones. Finalmente, acordó: «De conformidad con la solicitud de 
la parte actora, fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión».
7.  Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el día 22 de noviembre 
del 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, en 
nombre  y  representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company, 
sucesora procesal del Banco Sabadell, S.A., y asistida del letrado don Alejandro Ingram 
Solís, solicitó que se tuviera a la primera de las entidades citadas como personada y 
parte, entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
8.  Por diligencia de ordenación de fecha 13 de enero del 2020, la secretaría de la 
Sala Segunda de este Tribunal acordó tener por personada y parte en el procedimiento a 
la procuradora doña Blanca María Grande Pesquero, en nombre y representación de 
Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  debiéndose  entender  con  aquella  las 
sucesivas actuaciones. Asimismo, resolvió dar vista de las actuaciones recibidas a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los 
cuales podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el 
art. 52.1 de la ley orgánica de este tribunal.
9.  El fiscal presentó escrito de alegaciones el día 29 de enero de 2020. Tras 
resumir los acontecimientos procesales que considero de interés y el fundamento de la 
pretensión de la entidad recurrente, trae a colación la doctrina constitucional relativa a la 
forma de practicar las notificaciones y su vinculación con el derecho a la tutela judicial 
efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE).  En  primer  lugar,  invoca  el  contenido  de  la 
STC 32/2019, de 29 de febrero, en cuyo FJ 4 aparece compendiada la posición del 
Tribunal Constitucional sobre el especial deber de garantizar la efectividad de los actos 
de  comunicación  procesal,  dada  su  vinculación  con  el  derecho  fundamental  antes 
indicado. Luego trae a colación la STC 6/2019, de 17 de enero, cuyo fundamento 
jurídico 3 transcribe en su integridad; más adelante cita la normativa procesal que estima 
de aplicación al caso; y, a modo de conclusión, sostiene que, incluso en relación con las 
personas jurídicas, cuando se trata de la primera notificación, supuesto en el que está en 
juego la más elemental de las manifestaciones de la tutela judicial efectiva, el legislador 
ha previsto la obligatoriedad de la notificación personal en el domicilio (art. 155.1 LEC) 
«y, respecto de las copias, su aporte en papel». A este supuesto se hace referencia, 
como excepción a la notificación por medios electrónicos, en la citada STC 6/2019.
A  continuación,  el  fiscal  invoca  la  argumentación  que  obra  en  el  fundamento 
jurídico 4 de la STC 47/2019, de 8 de abril, y colige que, el juzgado no solo ignoró la 
aplicación de los arts. 155 y 273 LEC, al no efectuar la primera notificación de manera 
personal, sino que también se desentendió de constatar si la notificación efectuada a 
través de la dirección electrónica habilitada había llegado a su destinatario; por lo que no  s
obró con la diligencia que le era exigible. Finalmente, apunta que el aviso recibido por la  oe.
demandante es solo una forma de facilitar el conocimiento de la notificación, pero no  w.
p«foltaermznoiaes n pdcaoor ntse u insd dece reiptelelarni.od seL nadc ein aeo ftdiicfeiac caliocasi óy n pg lasaezrao ncsut ímad epa llip mmeeramnrgtaaen nec nodcnei  aein sddeee alp veaisnvodis eyon  ccaoia md dpiseup toáesnsidceoi óasnev i sdlooes,l    2020-8140n https://ww
destinatario, que es la fecha que parece confundir a la recurrente con la determinante de
la  citación  efectuada».  Por  ello,  a  juicio  del  fiscal,  la  notificación  electrónica  está
correctamente realizada, pues el error judicial determinante de la vulneración del art. 24 
CE fue optar por la notificación por medios electrónicos, cuando lo procedente, conforme 
a lo dispuesto en el art. 155 LEC «era la personal domiciliaria».
Por todo lo expuesto, el fiscal interesa el otorgamiento del amparo a la entidad 
recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la notificación 
efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de 
Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  3  de  Lorca,  en  el  juicio  de  ejecución 
hipotecaria 108-2018», y retrotraer de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución»
10.  Mediante escrito de fecha 29 de enero de 2020 presentó sus alegaciones la 
entidad codemandada, quien interesa la denegación del amparo. Niega que se haya 
producido la lesión constitucional alegada, al entender que lo que realmente pretende la 
recurrente es dilatar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Tras invocar el principio 
de  improrrogabilidad  de  los  plazos  procesales  que  reconoce  el  art.  134  LEC  y  la 
obligación, a cargo de las personas jurídicas, de relacionarse con la administración de 
justicia por medios electrónicos, a partir del 14 de enero del 2017 (disposición transitoria 
cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil y 
art. 273 tercera LEC), muestra su conformidad con la decisión adoptada por el órgano 
judicial en los dos autos impugnados. Para la codemandada, la presentación del escrito 
de  oposición  a  la  ejecución  se  realizó  «claramente  fuera  del  plazo  legalmente 
establecido en el artículo 556.1 LEC». Siendo por tanto correcta la remisión de la 
notificación  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  ésta  debía  tenerse  por 
efectuada  una  vez  transcurridos  tres  días  hábiles,  sin  que  la  entidad  destinataria 
accediera a su contenido conforme prevé el art. 162.2 LEC y, en intelección de este 
precepto, el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, 
de 6 de julio de 2016.
11.  En  fecha  12  de  febrero  de  2020  presentó  sus  alegaciones  la  entidad 
demandante  de  amparo.  Como  primera  cuestión  y  a  fin  de  evitar  repeticiones 
innecesarias, se reiteró en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de 
amparo, si bien hizo especial hincapié en la «recientísima Sentencia de la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional STC 47/2019, de 8 de abril de 2019 […], que no solo confirma 
todo lo dicho en nuestro escrito de interposición del recurso de amparo, sino que lo 
refuerza,  en  el  sentido  de  que,  tratándose  del  primer  emplazamiento  o  citación  al 
demandado,  éste  ha  de  efectuarse  en  el  domicilio  del  litigante,  como  impone  el 
artículo 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, y que todas las normas que se hace 
mención  en  el  auto  recurrido,  para  nada  cuestionan  el  carácter  imperativo  de  esa 
obligación». A tal efecto, el escrito reprodujo gran parte de los FFJJ 2 a 4 de dicha 
STC 47/2019, cerrando con esto sus alegaciones.
12.  Finalmente, mediante providencia de fecha 11 de junio de 2020, se señaló para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020. es
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por  w.
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos  40ww
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al considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común. En concreto, en el presente recurso se 
impugnan los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca, de fechas 3 de 
julio  de  2018  y  26  de  septiembre  de  2018,  recaídos  en  el  proceso  de  ejecución 
hipotecaria núm. 108-2018.
La demandante de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  el  primer 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, 
singularmente el art. 155.1. Aduce, además, otras dos quejas por lesión del derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y 
del derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), ambas, sin embargo, carentes de 
soporte argumental propio. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del 
amparo  por  el  primer  motivo,  mientras  que  la  entidad  comparecida  se  opone  a  la 
demanda en cuanto al fondo, interesando su desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este Tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo, en cuanto 
al  fondo  del  asunto,  que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo 
declarado  entonces,  procede  por  tanto  que  hagamos  aplicación  de  la  citada 
sentencia 40/2020.
En su fundamento jurídico 3 se resuelve la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE, 
derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución. Al respecto se afirma 
que  resulta  de  aplicación  al  caso  la  doctrina  de  este  Tribunal  plasmada  en  sus 
SSTC  6/2019,  de  17  de  enero,  FJ  4  a),  dictada  al  resolver  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en un proceso de amparo, 
«en relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en 
los  procesos  regidos  en  esta  materia  por  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (directa  o 
supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin que 
pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la 
efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se 
exige en el art. 155.1 LEC y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la  conculcación  de  aquel  derecho  fundamental»,  tal  y  como  ya  ha  declarado  este 
Tribunal  en  varios  recursos  de  amparo  referidos  a  procesos  laborales,  civiles  y 
concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, en aplicación de la 
doctrina de referencia.
Al igual que se constató en el fundamento jurídico 4 de la STC 40/2020, en el 
presente caso las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la 
tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el 
proceso a quo a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su 
oposición a la ejecución, optando el juzgado por un emplazamiento electrónico a través 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica  s
Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal y que apenas  oe.
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido  w.
de la notificación. Además, el órgano judicial fundamentó el computó del plazo para  40ww
sporens aejnetnaar se la el sácmritboit od eju oripsodsicicciióonn aeln e nno erml qause d neol sp reoncceodnimtraiemntoos ,a demn ianliesgtraalt icvoon cjuonmcúiónn,  qcuoen 
el  plazo  del  art.  556  LEC.  Todo  lo  cual  determina  la  estimación  del  amparo  por
vulneración  de  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  padecer 
indefensión (art. 24. 1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo,  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de fechas 3 de julio de 2018 y 26 de septiembre 
de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  108-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente de 
forma respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
En Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–Fernando 
Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–
Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.