BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32748
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4495 Sala Segunda. Sentencia 20/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 6839-2018. Promovido por doña Silvia Cazorla Úbeda respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Sabadell en 
juicio verbal de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: emplazamiento mediante edictos sin apurar las posibilidades de 
comunicación personal (STC 62/2020).
ECLI:ES:TC:2021:20
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José-González Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  6839-2018,  interpuesto  por  doña  Silvia  Cazorla 
Úbeda, contra el auto de 8 de octubre de 2018, dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 6 de Sabadell, en el juicio verbal de desahucio núm. 555-2016 instado 
contra  ella,  en  cuya  virtud  se  desestimó  el  incidente  excepcional  de  nulidad  de 
actuaciones planteado contra las resoluciones dictadas en orden a la notificación edictal 
y posteriores desde el decreto de 8 de noviembre de 2016, de admisión a trámite de la 
demanda.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 4 de julio de 2019, doña Silvia Cazorla 
Úbeda, representada por la procuradora de los tribunales doña Pilar Azorín-Albiñana 
López y bajo la dirección del letrado don Antonio Abellán Albertos, interpuso recurso de 
amparo contra el auto de 8 de octubre de 2018, dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 6 de Sabadell, en el juicio verbal de desahucio núm. 555-2016 instado 
contra  ella,  en  cuya  virtud  se  desestimó  el  incidente  excepcional  de  nulidad  de 
actuaciones planteado contra las resoluciones dictadas en orden a la notificación edictal 
y posteriores, desde el decreto de 8 de noviembre de 2016, de admisión a trámite de la 
demanda.
2.  Los antecedentes relevantes para la resolución del presente recurso de amparo 
son, sucintamente, los siguientes: es
a)  Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Sabadell se ha tramitado a  w.
instancia de doña Carmen Requena Sorrocha y don Diego Pellicer Alcaraz frente a doña  95ww
pSlialvziao  cCoanztorarlcat uÚabl ey dfaa,lt ae ld jeu icpiaog ove yr,b aacl udme udlaedsaamhuecniote ,n úlam r.e c5l5a5m-2a0ci1ó6n,  dpeo rc aenxptidiraadci ódne  dlaesl 
rgeansttaoss  ddee vceonmguandiadsa dy y  odteratesr mciannatdidoasd iemsp uceosnttorasc.tualmente convenidas, concretamente,  BOE-A-cable e
En la demanda detallaban que adquirieron de la demandada, señora Cazorla, el 
inmueble que es objeto del arrendamiento, situado en la calle Muntaner núm. 25, 4-1.ª en 
la localidad de Sabadell, compraventa documentada en escritura pública otorgada el 26 
de abril de 2000 y que, con fecha 28 de diciembre de 2001, suscribieron el contrato de 
arrendamiento con una duración de cinco años, prorrogable conforme a ley y fijando el 
importe de la renta mensual en ciento cincuenta euros con veinticinco céntimos al mes, 
actualizable anualmente con referencia al índice de precios al consumo.
Mencionaban también los previos procesos mantenidos por las partes, entre ellos: (i) 
el juicio de desahucio instado por los propietarios contra la misma demandada que dio 
lugar al proceso verbal núm. 1114-2007 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 6 de Sabadell y que concluyó mediante sentencia desestimatoria de fecha 9 de 
julio  de  2008;  (ii)  el  proceso  ordinario  instado  por  la  señora  Cazorla  frente  a  los 
propietarios, seguido ante el mismo órgano jurisdiccional con el núm. 821-2007, en el 
que se ejercitaba la acción de nulidad del contrato de compraventa suscrito entre las 
partes en el año 2000, con resultado desestimatorio, tanto en primera como en segunda 
instancia, reputado firme tras la inadmisión de los recursos extraordinarios de casación y 
por infracción procesal, acordada en el auto del Tribunal Supremo de 27 de mayo 
de 2014.
En la demanda se dejaba interesado, mediante otrosí segundo, que la realización de 
los actos de comunicación «y especialmente el emplazamiento», fueran efectuados por 
la procuradora compareciente.
Dentro  de  los  documentos  acompañados  con  la  demanda  se  aportaba  una 
certificación del Ayuntamiento de Sabadell, datada al 8 de enero de 2009, sobre la falta 
de  constancia  de  persona  alguna  empadronada  en  la  dirección  interesada,  calle 
Muntaner núm. 25. 4-1.ª de dicho municipio.
b)  Admitida a trámite la demanda por decreto de 8 de noviembre de 2016, e 
intentada la notificación a la demandada mediante correo ordinario con acuse de recibo, 
fue devuelta por el servicio de correos el 1 de diciembre de 2016, lo que motivó su 
realización a través de la procuradora designada en la demanda quien, con fecha de 10 
de enero de 2017, se personó en la dirección indicada y, con la asistencia y firma de dos 
testigos, describe en el documento de notificación que «hallándome en el domicilio y tras 
repetidas llamadas sin que nadie atienda, procedo a comprobar si la persona destinataria 
reside/se halla allí. En el buzón no consta el nombre pero hay muchas cartas a nombre 
de la demandada. Llamamos al vecino del 4-2.ª, señora Carmen Zapata Gómez [número 
de DNI ilegible] y nos indica que hace años que no vive la señora Cazorla en el 4-1.ª 
Llamamos a[l] 3-2.º y la señora que nos abre la puerta no se quiere identificar pero nos 
dice que hace mucho tiempo que la demandada no vive en el 4-2.º, años. Miramos el 
buzón del 3-2.º y la señora se llama Asunción Asensio».
Los  demandantes  a  través  de  su  representación  procesal  solicitaron  que  la 
notificación, requerimiento y citación fueran practicados mediante edictos, modalidad que 
fue acordada por diligencia de ordenación de 18 de enero de 2017.
Transcurrido el plazo del requerimiento, mediante decreto de 7 de febrero de 2017, 
se declara terminado el juicio y se acuerdan los pronunciamientos sobre el lanzamiento 
preseñalado, la condena dineraria y remisión instrumental de oficios y mandamientos.
El lanzamiento se llevó a efecto con fecha de 9 de febrero de 2017, describiéndose 
en la diligencia de la comisión judicial que la vivienda «se encuentra vacía, libre, vacua y 
expedita a excepción de algunos muebles que son propiedad de la actora y otros que se 
consideran abandonados a todos los efectos. La parte actora hace constar que han sido  s
sustraídos la encimera de la cocina, el extractor, el fregadero, la lavadora y secadora así  oe.
como las [ilegible] del comedor». w.
c)  Los  demandantes  interpusieron  demanda  de  ejecución  con  relación  a  los  95ww
pnrúomn.u 1n2ci6a4m-0ie1n7t,o sso dbere  ccounydoe ensat addion eprraorciae,s alol  nqou es ed aiop olurtgaanr  daalt opsr.oceso de título procesal
actuda)c ioCneosn   yfe, chmae ddiaen t3e0  edsecr iteon edreo   1d0e   2d0e1 8fe, blrae rod emdea n2d0a1d8a,  sper ompeorvsioón ói nceind enlates   BOE-A-cable e
excepcional de nulidad de actuaciones al entender, en síntesis, que el órgano judicial no 
había realizado actividad alguna para averiguar su domicilio. En tal sentido, invoca la 
doctrina de este tribunal referida a los actos de comunicación judicial, con cita de la 
STC 67/2003, que en parte reproduce, y afirma «que una simple consulta por parte del 
juzgado hubiera sido suficiente para comprobar que la señora Cazorla reside en la calle 
Punta Prima 7- D- 2 Bajo 10 de Castell, Platja d’Aro, desde hace varios años».
El  incidente  fue  resuelto,  por  auto  de  8  de  octubre  de  2018,  en  sentido 
desestimatorio. Para alcanzar este fallo, el órgano judicial, en el fundamento de derecho 
único reproduce el art. 164 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y añade que «en este 
caso se ha cumplido con el precepto anterior ya que se ha intentado por dos veces la 
notificación en el domicilio del contrato y la señora Cazorla no ha comunicado un nuevo 
domicilio por lo que es procedente la comunicación edictal y no procede estimar la 
nulidad de actuaciones».
3.  El recurso de amparo se plantea contra la decisión desestimatoria del incidente 
de nulidad de actuaciones, por entender la demandante que el órgano judicial le ha 
vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso 
a la jurisdicción causando indefensión, pues, habiendo obtenido un resultado negativo 
del intento de notificación en el inmueble arrendado, no se realizó esfuerzo alguno por 
averiguar el real domicilio de la recurrente, cuando una simple consulta al punto neutro 
judicial hubiera arrojado tal dato. Sin embargo, –afirma la demandante– «se optó por la 
comodidad del automatismo de la publicación edictal».
Por otra parte, sostiene que el auto impugnado «es de una contumacia inexcusable», 
puesto que por toda respuesta a la invocación de lesión del derecho fundamental, el 
órgano judicial declara que se ha cumplido la norma procesal que cita, es decir, el 
art. 164 LEC, lo que le lleva a afirmar que «este enroque, aun a sabiendas de lo evidente 
de que mal podría comunicarse nuevo domicilio al juzgado cuando precisamente se 
desconocía la pendencia del proceso reafirma la voluntad de optar por el automatismo 
sin subsanar la indefensión sufrida, despreciando la nutrida doctrina constitucional». Así, 
con cita de nuestra STC 39/2018, FJ 4 in fine, que considera aplicable a este supuesto 
por haber enjuiciado uno idéntico, concluye que «en definitiva, el órgano judicial hizo una 
interpretación y aplicación literal del citado artículo 164 LEC, que, como se ha puesto de 
manifiesto, había quedado ya reiteradamente desautorizada por este tribunal».
4.  Mediante providencia de 9 de marzo de 2020, la Sección Tercera de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)], porque el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa 
manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, de 25 
de junio, FJ 2 f)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, constando ya copia de las 
actuaciones del juicio verbal de desahucio núm. 555-2016, se ordena dirigir atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Sabadell a fin de que, en plazo 
que no exceda de diez días, proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, si lo desean, pudieran 
comparecer en el presente recurso de amparo.
5.  Con fecha de 27 de julio de 2020, la procuradora doña Gloria Arias Aranda, en 
nombre y representación de los arrendadores don Diego Pellicer Alcaraz y doña Carmen  s
Requena  Sorroche,  se  personó  en  este  procedimiento,  evacuando  el  trámite  de  oe.
alegaciones. w.
iombpjeoEtront a enlsatee  psm,r imicsomemroao  i ndlomes u edelelba llsea,,   eaaxsdiívs citeeornmtecoi aq  qudueee   olhatar odcsíea mp araol ncmdeeadnnimotesie  dntreteo ssa  amjuñpdoaiscr ioqa ulehesa  n qoou meh iattiibdeionta ebdnaa p teoonsr    2021-4495n https://ww
el mismo. En 2013 ya no vivía allí, remarcando en negrita que la señora Cazorla hace
años que no reside allí. A su entender, señora Cazorla se ha situado voluntariamente al
margen del procedimiento de desahucio, al no haber comunicado a los tribunales donde 
tenía pendientes dichos procedimientos, su actual domicilio, infringiendo con ello la 
orden contenida en el art. 155.5 LEC que exige que cuando las partes cambien su 
domicilio durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la 
oficina  judicial.  Por  tanto,  a  su  entender,  no  puede  solicitar  el  amparo  quien 
voluntariamente se coloca en situación de indefensión.
En este mismo sentido, subraya el reprochable comportamiento de la demandante de 
amparo, al haber dejado voluntariamente de habitar la vivienda desde principios de 2013, 
sin realizar desde entonces abono alguno, sin comunicar a sus arrendadores su marcha 
y, por consiguiente, sin darles la oportunidad de arrendarlo y sufragar así los gastos de 
mantenimiento de la vivienda.
Sobre la decisión del juzgado de instancia de desestimar el incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones, entiende que este tribunal debe revisar su propia doctrina y 
modificar el criterio para los casos concretos de desahucio puesto que, cuando se den 
las circunstancias expuestas en el último párrafo del art. 164 LEC, y solo en el caso de 
que se trate de un juicio sobre desahucio, se le deberá seguir notificando forzosamente 
en el domicilio que conste en el contrato de arrendamiento, sin que el arrendador tenga 
otras  obligaciones  adicionales  ya  que  la  norma  legal  no  deja  espacio  para  la 
disponibilidad  de  las  partes  en  cuanto  al  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  y 
comunicaciones. En tal sentido afirma que, «con la aplicación del art. 164 último párrafo 
LEC, si el arrendatario no vive en el domicilio del arrendamiento o no procura que algún 
vecino  con  casa  abierta  asuma  la  responsabilidad  de  recoger  las  notificaciones  y 
comunicaciones  que  pueda  hacer  el  juzgado,  siempre  quedará  sin  notificar  –pero 
evidentemente solo por su culpa– ya que no podemos hacer recaer en el arrendador la 
obligación de investigar el paradero de su arrendatario renuente con sus obligaciones».
En definitiva, concluye que la interpretación rigurosa sobre la debida constitución de 
la  relación  jurídico  procesal  llevada  a  cabo  por  este  tribunal,  en  caso  del  deudor 
malicioso coloca en una situación de inferioridad manifiesta al arrendador que, obrando 
con arreglo a la ley, se ve perjudicado en sus derechos.
Por todo ello, solicita de este tribunal la desestimación del recurso de amparo.
6.  Mediante providencia de 24 de septiembre de 2020, la Sección Tercera de este 
tribunal acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la procuradora doña 
Gloria Arias Aranda, en nombre y representación de don Diego Pellicer Alcaraz y doña 
Carmen Requena Sorroche, acordándose entender con ella las sucesivas actuaciones. 
Igualmente, esta resolución acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
7.  Con  fecha  de  16  de  octubre  de  2020,  el  Ministerio  Fiscal  presentó  sus 
alegaciones ante este tribunal, solicitando la estimación del recurso de amparo. Tras 
llevar a cabo un análisis de la doctrina de este tribunal sobre la necesidad de proceder 
correcta y diligentemente en los actos de comunicación procesal, especialmente en los 
procedimientos de desahucio (STC 30/2014, de 24 de febrero, FJ 3, 181/2015, de 7 de 
septiembre, FJ 3), para así garantizar el derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 
CE) de quien ha sido demandado, entra a analizar el contenido del art. 164 LEC. En este 
punto, si bien la norma procesal prevé la facultad de la comunicación edictal cuando no 
puede hallarse al arrendatario o efectuarle la comunicación en los domicilios designados 
en el art. 155.3 LEC, la doctrina de este tribunal ha sido constante en reiterar que dicho  e
precepto ha de ser interpretado secundum constitutionem y, por consiguiente, tal vía de  bo
comunicación del procedimiento de desahucio solo puede utilizarse cuando se hayan  95ww
agotEand oe lostse m  ceadsioos,  ddee satvaecraig ueal cifóisnc adle l qdueeu,d osre.gún  se  desprende  de  las  actuaciones
vjuivdiiecniadleas a, rcreunadnaddoa l atu pvoro ccuornaodcoimrai edneto  lad ep aqrutee  deestmabaan ddaensteh aibnitteandtaó  dlae sndoet ifhicaaccíaió nti eemnp ola, 
resultado también negativo el intento de notificación por correo ordinario. Pese a ello, el
órgano judicial no ordenó la práctica de ninguna comprobación encaminada a conocer el 
domicilio de la demandante de amparo, ni a través de la documentación obrante en los 
autos, en las que figuraba la existencia de otros procedimientos en el mismo juzgado y 
entre las mismas partes, en las que la demandada estaba personada con abogado y 
procurador, ni con los diferentes organismos públicos a los que se remite el art. 155.3 
LEC, ni por los medios que recoge el art. 156 LEC, sino que directamente acudió a la 
notificación edictal. Solo cuando se solicitó la tasación de costas y se requirió a los 
profesionales que actuaban en representación y defensa de la demandante de amparo 
en  los  otros  procedimientos  judiciales,  fue  cuando  la  señora  Cazorla  Úbeda  tuvo 
conocimiento del procedimiento de desahucio. Aún más, pudiendo haberse reparado la 
vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  en  el  momento  de  resolver  el 
incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por la misma, sin embargo, el 
órgano judicial optó por hacer una interpretación rigorista del art. 164 LEC, contraria a la 
doctrina de este tribunal.
Por todo ello, el fiscal solicita la estimación del presente recurso de amparo, la 
nulidad de lo actuado en el procedimiento del juicio verbal de desahucio núm. 555-2016 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Sabadell y la retroacción de las 
actuaciones al momento en el que se acordó notificar la demanda y emplazar a la 
demandante de amparo, para que se le otorgue la posibilidad de comparecer en el 
proceso y ejercer la defensa de sus intereses.
8.  Mediante providencia de fecha 11 de febrero 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna el auto de 8 de octubre de 2018, dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Sabadell, que desestima el 
incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por la recurrente, en el 
procedimiento de juicio verbal de desahucio núm. 555-2016, por entender vulnerado su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por haberse seguido el proceso sin 
habérsele emplazado personalmente, ya que el órgano judicial acudió al emplazamiento 
por edictos sin haber agotado previamente los mecanismos previstos en el art. 156 LEC 
para intentar su localización personal, tal como exige nuestra jurisprudencia.
Por su parte, los arrendadores don Diego Pellicer Alcaraz y doña Carmen Requena 
Sorroche solicitan su desestimación, por entender que la demandante de amparo fue 
correctamente emplazada mediante edictos, pues fue ella misma la que se colocó en la 
situación de no poder ser emplazada y si no tuvo conocimiento de la existencia del 
procedimiento, fue debido a su propia negligencia al no haber comunicado el cambio de 
domicilio y el abandono de la vivienda arrendada.
El Ministerio Fiscal considera que procede estimar el recurso y declarar que el citado 
derecho fundamental ha sido vulnerado, dado que el art. 164 LEC debe ser interpretado 
de conformidad con la doctrina constitucional que en los procedimientos de desahucio 
exige expresamente al órgano judicial llevar a cabo una previa averiguación domiciliaria 
antes de acudir a la vía edictal, so pena de vulnerar su derecho a la jurisdicción y 
causarle indefensión.
2.  Doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos de comunicación procesal en  oe.
los procesos arrendaticios. w.
FiscCalo, mesot ea ctreibrtuandaalm yae nhtae  teexnpidoon eonc atasinótno  dlae  dperomnaunndcaianrtsee  dseo barme plaa rcou,e csotimóno  pelal nMteinaidsate reion 
numAesroí,s aesn  rleas oreluccieionntee sS. TC 62/2020, de 15 de junio, FJ 2, pero también en muchas
anteriores relativas a los procedimientos arrendaticios (SSTC 30/2014, de 24 de febrero;
181/2015, de 7 de septiembre; 39/2018, de 25 de abril, y 123/2019, de 28 de octubre), 
hemos subrayado la gran relevancia que posee «la correcta constitución de la relación 
jurídica procesal para garantizar el derecho de defensa reconocido en el art. 24 CE, que 
implica la posibilidad de un juicio contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus 
derechos  e  intereses  legítimos.  De  ahí  la  especial  trascendencia  de  los  actos  de 
comunicación del órgano judicial con las partes, en particular el emplazamiento, citación 
o notificación a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso 
el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso 
de los derechos e intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente 
realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado 
en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que 
la situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado por 
haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener 
conocimiento por otros medios distintos de su existencia, si bien es necesario recordar 
que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento 
extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia 
constitucional de la queja, ‘no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en 
simples conjeturas, sino que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto 
invalidante  de  la  tacha  de  indefensión,  pues  lo  presumido,  es  justamente,  el 
desconocimiento del proceso si así se alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, 
y 182/2000, de 16 de mayo, FJ 5)’ (STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4)».
En todas estas resoluciones, hemos insistido en que sobre los órganos judiciales no 
solo recae el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación 
procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven al propósito de 
garantizar que la parte sea oída en el proceso. «Ello comporta, en lo posible, la exigencia 
del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del 
empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que, tras intentar su 
averiguación, no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su 
paradero. En este sentido hemos declarado que cuando del examen de los autos o de la 
documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que 
haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el 
demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación 
por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de 
noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)».
Ahora una vez más, como hemos hecho cada vez que se nos ha planteado este 
supuesto,  hemos  de  recordar  que  frente  a  esta  doctrina,  no  cabe  que  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil no exija realizar mayores averiguaciones tras la reforma del art. 164 
LEC llevada a cabo mediante la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de 
fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. 
«Semejante  argumentación  es  la  que  pone  de  relieve,  precisamente,  la  especial 
trascendencia  constitucional  del  presente  recurso,  pues  hemos  reiterado  en  la 
jurisprudencia  reseñada  que  dicho  cambio  normativo  no  permite  obviar  la  doctrina 
constitucional  precedente,  que  le  fue  expresamente  alegada  por  el  recurrente» 
(STC 62/2020, de 15 de junio, FJ 2).
3.  Aplicación de la doctrina al caso.
La doctrina constitucional expuesta resulta aplicable al supuesto que se analiza, de 
manera  que  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  6  de  Sabadell  debería  haber  e
efectuado  la  notificación  o  emplazamiento  a  la  demandante  de  amparo  de  forma  bo
personal y, de haber obtenido un resultado negativo en el inmueble arrendado, debió  95ww
phraobceers aalg, oatnatdeos  dtoed porso cloesd emr ead rieoasl izdaer laav peorirg muaecdiióon d deo emdiiccitloiasr.ia que indica la legislación
el inEcisd eonbtveio d qeu neu llaid areds py uqeuseta h oaf rseidcoid aim epnu genl aaduoto,  edle ó 8rg daen oo cjutudbicreia ld hea 2 h0e1c8h, oq ucea sroe soumeilsvoe 
de nuestra doctrina, pues no efectúa esa interpretación secundum constitutionem a la
que acabamos de hacer referencia, sino antes al contrario, mantiene la especificidad 
introducida para el juicio de desahucio por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de 
medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los 
edificios, que dio nueva redacción al art. 155.3 LEC y añadió un párrafo concordado con 
este al art. 164 LEC, resaltado en negrita en el auto objeto de impugnación.
En  efecto,  este  tribunal  no  puede  más  que  declarar  que  se  ha  producido  la 
vulneración constitucional alegada por la demandante de amparo. En primer término, por 
el automatismo del órgano judicial al acudir al requerimiento y notificación edictal sin 
averiguación domiciliaria alguna, a pesar de la información trasladada por la procuradora 
actuante que incorporaba testimonios de vecinos muy próximos sobre la marcha de la 
demandada  de  aquel  domicilio  varios  años  atrás  y  también,  de  forma  relevante, 
descuidando información explicitada en la demanda que daba cuenta de litigios previos 
sobre el mismo inmueble entre las partes y en las que la recurrente estaba personada.
En segundo lugar, porque la respuesta ofrecida en el auto resolutorio del incidente de 
nulidad prescinde de todas y cada una de las alegaciones de la demandante, no repara 
en la doctrina constitucional invocada y mantiene una interpretación rigorista de los arts. 
155.3 y 164 LEC, incompatible con esta, sin dedicar un solo argumento a su aplicación o 
procedencia en el caso sometido a su consideración y, desde luego, sin tener en cuenta 
el  escenario  litigioso  previo  dibujado  someramente  por  los  allí  demandantes,  que 
reforzaba aún más la necesidad de la búsqueda domiciliaria, proceso que ni siguiera fue 
iniciado.
Es cierto, como apunta la representación procesal de don Diego Pellicer Alcaraz y 
doña Carmen Requena Sorrocha, que la recurrente no define ni aclara cómo y a través 
de qué medios o personas, tomó razón o conocimiento del proceso de desahucio, pues 
nada manifiesta en el escrito de personación de 30 de enero de 2018, al que se remite el 
escrito en el que promueve el incidente, donde afirma que «ha tenido conocimiento de la 
existencia de un procedimiento de desahucio contra ella», sin detallar dato alguno. Pero, 
aun  con  esa  omisión,  persiste  la  vulneración,  pues  como  recordamos  en  nuestra 
STC 49/2019, de 8 de abril, FJ 3, «[E]n relación con la concurrencia de indefensión, este 
tribunal  ha  matizado,  no  obstante,  que  “el  acto  de  comunicación  es  el  necesario 
instrumento  que  facilita  la  defensa  en  el  proceso  de  los  derechos  e  intereses 
cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre 
la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión 
que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación 
sea  imputable  a  la  propia  conducta  del  afectado  por  haberse  situado  voluntaria  o 
negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros medios 
distintos de su existencia, si bien es necesario recordar que la posible negligencia, 
descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento “no puede fundarse sin 
más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse 
fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo 
presumido,  es  justamente,  el  desconocimiento  del  proceso  si  así  se  alega” 
(STC 181/2015, de 7 de septiembre, FJ 3)».
Finalmente, debe subrayarse que la interpretación que realiza el órgano judicial de la 
reforma introducida por la Ley 19/2009 pone de manifiesto la concurrencia del motivo de 
la  especial  trascendencia  constitucional  apreciado  en  el  trámite  de  admisión 
[STC 155/2009, FJ 2, f)], no solo porque se aparta de la doctrina establecida por este 
tribunal en materia de emplazamientos y notificaciones, sino porque, como así se refleja 
en los antecedentes de esta resolución, la recurrente invocó en el incidente de nulidad  s
de actuaciones esa doctrina, sin que la juzgadora la tuviera en cuenta al resolver. oe.
La  aplicación  de  nuestra  reiterada  doctrina  al  presente  supuesto  conlleva  la  w.
declaración de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión  95ww
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en  el  procedimiento  de  juicio  verbal  de  desahucio  núm.  555-2016,  acordando  la 
retroacción  de  las  actuaciones  hasta  el  momento  de  dictarse  el  decreto  de  8  de 
noviembre de 2016 por el que se admite la demanda de desahucio, a fin de que se 
proceda de nuevo al emplazamiento de la demandante de amparo, por los medios 
previstos en la Ley de enjuiciamiento civil.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Silvia Cazorla Úbeda y, en su 
virtud:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 8 de 
octubre de 2018, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Sabadell, en el 
proceso de juicio verbal de desahucio núm. 555-2016, así como la nulidad de las 
actuaciones realizadas a partir del decreto de 8 de noviembre de 2016, por el que se 
admite a trámite la demanda de desahucio.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al decreto de 
fecha de 8 de noviembre de 2016, debiendo llevarse a cabo su notificación a la parte 
demandada de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.