BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47848
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6621 Pleno.  Sentencia  75/2021,  de  18  de  marzo  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 4911-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados respecto del 
artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, 
en  la  redacción  dada  por  la  reforma  de  1  de  julio  de  2020.  Régimen 
lingüístico:  constitucionalidad  del  precepto  que  permite  el  uso  del  bable/
asturiano en las actuaciones parlamentarias. Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2021:75
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya 
Melgar,  y  don  Cándido  Conde-Pumpido  Tourón,  y  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  4911-2020  promovido  por  más  de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados 
contra el art. 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias que 
introduce el art. único de la reforma de dicho reglamento de 1 de julio de 2020. Ha 
intervenido el letrado de la Junta General del Principado de Asturias. Ha sido ponente el 
magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 19 de octubre de 2020, don Antonio Ortega Fuentes, procurador de 
los tribunales y de más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el 
Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 3 bis 
del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de 1997, 
introducido mediante la reforma aprobada por el Pleno de la Cámara de 1 de julio 
de 2020 y publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» núm. 139, de 20 
de julio de 2020.
2.  En el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad, una vez referido 
el contenido de la reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de 
Asturias impugnada y afirmada la concurrencia de los requisitos formales relativos a la  es
presentación en plazo del recurso y a la legitimación de los recurrentes, se formulan los  o
reproches de inconstitucionalidad que se sintetizan a continuación: 21www.
de laa )J unLtoas  Greecnuerrraeln dteesl  Psreinñcailpaand loa  dinec oAnsstutirtiuacsi opnoarl ivdualdn edrealc aiórntí cduelo l o3s  bairst ícduello Rs e3g.2la my 8e1n.t1o 
de la Constitución y del art. 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Comienza  el  recurso  señalando  que  el  art.  3  CE  contiene  sustancialmente  la 
regulación constitucional en materia lingüística y recordando la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre la cuestión. Tras subrayar cómo el tribunal ha recordado que «el 
art. 3.2 de la Constitución remite a los estatutos de autonomía la decisión sobre el 
reconocimiento de las lenguas propias como lenguas oficiales y la determinación, en 
cada caso, del alcance de la cooficialidad», recoge la doctrina constitucional acerca de la 
noción de lengua oficial.
A continuación, recoge el marco estatutario que dispone en el art. 4 que «1. El bable 
gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación 
y su enseñanza, respetando en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad en su 
aprendizaje. 2. Una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del 
bable».  Relacionando  el  art.  10.1  del  Estatuto  de  Autonomía  como  una  de  las 
competencias exclusivas del Principado de Asturias la 21, «[e]l fomento y protección del 
bable en sus diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el 
territorio del Principado de Asturias».
Así, de acuerdo con el escrito de los recurrentes, partiendo de la configuración que 
se recoge en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, resulta fácilmente 
constatable que su art. 4 no configura un régimen de cooficialidad lingüística entre la 
lengua castellana y el bable, que permita su proyección como lengua oficial propia en las 
relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas. Reproduce el escrito de 
los  recurrentes  la  doctrina  recogida  en  la  STC  56/2016,  al  pronunciarse  sobre  la 
conformidad al marco constitucional del régimen legal de las lenguas propias de Aragón 
que carecen de carácter oficial, y donde se consideró que no cabía deducir para el caso 
de las lenguas propias que no tienen la consideración de oficial la aplicabilidad inmediata 
de las obligaciones de la parte III de la Carta europea de las lenguas regionales o 
minoritarias.
Prosigue el escrito de los recurrentes señalando que la carencia de carácter cooficial 
del  bable  ha  sido  expresa  y  reiteradamente  reconocida  por  la  jurisprudencia 
constitucional desde la STC 27/1996.
Por otra parte recuerda la demanda la cuestión planteada en el ATC 27/2010 que 
resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de lo contencioso-
administrativo de Oviedo, que conocía de un proceso especial para la protección de los 
derechos  fundamentales  por  el  recurso  interpuesto  por  un  funcionario  de  la 
administración del Principado de Asturias, contra una resolución de la Consejería de 
Presidencia  por  la  que  se  le  rechazaba  una  solicitud  de  permiso  porque  estaba 
redactada en bable fundamentándose tal rechazo en el art. 4.2 de la Ley 1/1998, de 23 
de  marzo,  de  uso  y  promoción  del  bable/asturiano  que  solo  contempla  «las 
comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias», sin 
referirse a los asuntos que, en relación con el servicio, planteen los funcionarios de la 
administración asturiana en su condición de tales.
En el ATC 27/2010 se afirmó que «[e]l referido precepto legal no reconoce al bable/
asturiano  como  “medio  normal  de  comunicación”  en  el  seno  de  la  administración 
autonómica, como tampoco le atribuye esa condición en las relaciones que esta entable 
con los sujetos privados “con plena validez y efectos jurídicos”, notas identificativas de la 
oficialidad de una lengua determinada. Dicho de otro modo, el precepto legal no atribuye 
a los ciudadanos el derecho a elegir la lengua del procedimiento, limitándose a imponer 
a la administración del Principado de Asturias la obligación de tramitar los escritos que 
los ciudadanos le dirijan en bable/asturiano. Contemplada la norma con otra perspectiva,  s
su principal virtualidad consiste en privar de toda discrecionalidad a la administración  oe.
autonómica a la hora de aceptar las comunicaciones que reciba en esa lengua». w.
Frente a ello existe un voto particular que argumenta que «si la condición de lengua  21ww
FofJic ia2l,  reesni des,u  coremcoo nvoecnimimieonst os eñpaolra nldoos  dpeosddeer ensu epsútrbali cSoTs C c8o2m/1o9 8“6m, eddeio  26n odrme ajul ndioe, 
scuojmetuonsi capcriivóand” o“sd,e ”c, o“enn ”p lye n“ean tvrea”li dloesz  pyo deefreecst opsú bjluicroídsi cyo se,n  nlao  remlaec iópna rdeec ee sqtouse  cpoune ldoas   BOE-A-cable e
descartarse,  a  priori,  que  la  validez  “a  todos  los  efectos”  que  el  precepto  legal 
cuestionado reconoce al uso del bable en las comunicaciones orales o escritas de los 
ciudadanos con la administración del Principado de Asturias no pueda suponer, al menos 
en parte, que se está otorgando por el legislador autonómico a esta lengua algunos 
elementos propios de la cooficialidad lingüística (pese a no tener el bable carácter de 
lengua oficial conforme al Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias) […]; pues 
es innegable que los sujetos privados que pretendan relacionarse con la administración 
del Principado de Asturias pueden optar por hacerlo en bable o en castellano, surtiendo 
plenos efectos jurídicos los escritos redactados en una u otra lengua que se presenten 
por los ciudadanos ante dicha administración».
Prosigue la demanda recordando que la posibilidad de uso del bable/asturiano al 
comparecer ante la Cámara ya estaba presente en la regulación reglamentaria anterior, 
si  bien  esta  se  circunscribía  a  los  diputados  en  el  ejercicio  de  sus  funciones 
parlamentarias, lo que indiscutiblemente contrasta con la generalización que introduce el 
nuevo precepto al permitir tal uso, además de a los diputados, a «los miembros del 
Consejo  de  Gobierno,  los  cargos  y  empleados  públicos  y  cualquier  persona  que 
comparezca ante la Cámara», es decir, a cualquier ciudadano compareciente.
Una vez examinado el tenor del precepto impugnado, señala la demanda que no 
siendo el bable lengua oficial en Asturias, el compromiso de promoción de su uso no 
puede asimilarse con un mandato de normalización del uso de las lenguas oficiales en el 
territorio del Principado de Asturias. El examen del contenido del precepto recurrido 
evidencia que su objeto no se limita a ser el fomento y difusión del bable/asturiano, sino 
que se trata de una materia –instaurar el uso general de dicha lengua en el Parlamento 
asturiano– que sin duda se introduce en el ámbito de la definición del estatuto jurídico de 
la cooficialidad de una lengua autonómica, que configura lo que el tribunal ha llamado 
«un compromiso de promoción de la normalización lingüística» (STC 69/1988, FJ 3).
Para los recurrentes, el objeto y finalidad del art. 3 bis del Reglamento de la Junta 
General  se  circunscribe  al  desarrollo  del  estatuto  jurídico  del  bable,  pues  con  sus 
previsiones impulsa realmente su reconocimiento por los poderes públicos como «medio 
normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con 
plena validez y efectos jurídicos», en concreto, atribuye al bable la condición de lengua 
de  uso  normal  «en»  los  poderes  públicos,  haciéndole  poseedor  de  una  de  las 
características propias de la lengua oficial.
En efecto, téngase en cuenta que el precepto impugnado otorga plena eficacia 
jurídica  a  las  intervenciones  parlamentarias  que  realice  en  bable  cualquier 
compareciente  ante  el  Parlamento  autonómico.  De  este  modo  los  miembros  del 
Gobierno  o  los  empleados  públicos  sometidos  a  actuaciones  de  control  por  el 
Parlamento  podrán  usar  el  bable  con  plena  eficacia  jurídica.  Igualmente,  los 
parlamentarios tendrán derecho a dirigirse a «cualquier persona que comparezca ante la 
Cámara» en esa lengua no cooficial y del mismo modo el sujeto privado compareciente 
podrá dirigirse a los parlamentarios, con plena eficacia y valor jurídico, en la lengua no 
cooficial.
Así, para la demanda, y teniendo en cuenta que los caracteres constitucionales de 
una lengua cooficial son (i) que se convierta en medio normal de comunicación entre un 
poder público y los sujetos privados y (ii) que se atribuya a la lengua «plena validez y 
efectos jurídicos»; resultaría evidente que la normativa impugnada está otorgando el 
carácter de cooficial al bable en las relaciones entre el Parlamento y la ciudadanía. Y es 
que una cosa es el fomento y promoción de una lengua o modalidad lingüística, como  s
prevé el Estatuto de Autonomía y cosa muy distinta es atribuirle plena eficacia jurídica y  oe.
normalidad en las relaciones entre un poder público –el Poder Legislativo– y los sujetos  w.
privados. Este importante salto cualitativo supone dotar al bable de caracteres propios de  21ww
elal sa lretíncguuloa s3  cdoeo lfaic iCaloenss, teitunc firóann cya c coonn etrla pdriocpciióon a crtoícnu llao  r4e sdeerlv Eas etasttuattou tdaeri aA eustotanbolmecíaid,a q eune 
decidió no otorgar la condición de cooficial a esa modalidad lingüística.
Prosigue  la  demanda  señalando  que  en  el  caso  que  nos  ocupa,  faltando  el 
presupuesto  fáctico  de  la  normalidad  del  uso  del  bable,  sin  embargo,  la  norma 
impugnada pretende atribuirle la característica propia de la lengua cooficial, esto es, la 
plena validez y eficacia jurídica de las actuaciones producidas precisamente ante el 
máximo  órgano  representativo  del  Principado  de  Asturias.  Para  los  recurrentes  la 
reforma impugnada excede del fomento de una «modalidad lingüística» a que alude el 
artículo  3.3  CE,  para  proceder  a  atribuir  al  bable,  de  manera  inconstitucional,  los 
caracteres de lengua cooficial. Y esto supone una evidente vulneración de los arts. 3 CE 
y 4 del Estatuto de Autonomía.
b)  Adicionalmente señalan los recurrentes que el general uso del bable con plena 
eficacia  jurídica  en  las  sesiones  parlamentarias  puede  debilitar  el  control  que  los 
parlamentarios y grupos parlamentarios realizan del Ejecutivo y de la administración 
autonómica,  en  cuanto,  al  no  ser  una  lengua  de  general  conocimiento,  puede  no 
entenderse por los diputados, lo que afectaría al núcleo de la función representativa de 
los parlamentarios, ex artículo 23 CE.
Así, desde la perspectiva de la función de control del Ejecutivo –como base de una 
democracia representativa y de una Constitución democrática y núcleo del ius in officium 
de  los  parlamentarios–,  cobra  una  indudable  trascendencia  la  atribución  que  el 
Reglamento impugnado hace al bable de lengua de uso normal y con plena eficacia 
jurídica en tales actuaciones del Parlamento autonómico.
3.  Por providencia de 17 de noviembre de 2020, el Pleno, a propuesta de la 
Sección Primera, acordó admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y los 
documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus 
presidentes, y al Gobierno, por conducto del ministro de Justicia, así como a la Junta 
General y al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por conducto de sus 
presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el 
procedimiento y formular alegaciones. Asimismo, se acordó publicar la incoación del 
procedimiento en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del Principado de 
Asturias», lo que se verificó en el primero en el núm. 310, de 26 de noviembre de 2020.
4.  Mediante escrito de 27 de noviembre de 2020, el abogado del Estado, en la 
representación que legalmente ostenta, señaló que no haría alegaciones en el presente 
procedimiento y que se personaba exclusivamente a los efectos de que en su día se le 
notifiquen las resoluciones que en él se dicten.
5.  Mediante escrito registrado el día 1 de diciembre de 2020 la presidenta del 
Congreso de los Diputados comunicó al tribunal el acuerdo de la mesa de la Cámara por 
el que se persona en el procedimiento y ofrece su colaboración a los efectos del art. 88.1 
LOTC. Lo mismo hizo la presidenta del Senado por escrito que tuvo entrada en este 
tribunal el día 2 de diciembre.
6.  Por escrito de 30 de diciembre de 2020, el letrado mayor de la Junta General del 
Principado de Asturias, en la representación que legalmente ostenta, se personó en el 
procedimiento y realizó alegaciones. Con posterioridad, por escrito registrado el 5 de 
enero  de  2021,  presentó  nuevo  escrito  y  solicitó  darle  trámite  como  escrito  de 
personación  y  alegaciones  tras  advertir  erratas  en  su  primer  escrito.  Así,  estas 
alegaciones se sintetizan a continuación:
Un primer apartado contiene diversas consideraciones sobre el contenido de la  b
reforma del Reglamento de la Cámara. 21ww
dos Raepcaurtearddoas e: l« r1e.p Erens eenl tmanatrec od ed ela  lCo ádmisapruae satuot opnoórm eicl aE sqtuaetu etol  adretí cAuuloto 3n obmisí ac oyn, setna  dsue 
fcuanscoio, npeosr  plaa rlleagmiselnatcaiórina sq cuoem loo  ldoess amrrieomlleb, rotasn tdoe ll oCso dnispeujota ddoes  Geonb ieelr neoje, rlcoisc ioc adreg ossu ys 
empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara, podrán utilizar
el bable/asturiano» y «2. La mesa de la Cámara, oída la junta de portavoces, adoptará, 
en su caso, los criterios oportunos a tal efecto».
Destaca el representante del Parlamento el hecho de que el precepto consta de dos 
apartados porque el recurso, que se dirige contra todo el artículo, no hace en su 
argumentación alusión alguna al segundo apartado.
Prosigue explicando el origen de la reforma que lo que pretendía era desactivar el 
argumento,  usado  en  una  sesión  de  1  de  octubre  de  2019,  de  la  imprevisión  del 
Reglamento  –en  su  redacción  previa  a  la  reforma–  del  uso  del  bable  en  las 
intervenciones ante la Cámara de quienes no fueran diputados, empezando por los 
miembros del Consejo de Gobierno y siguiendo por el resto de posibles comparecientes.
Tras  exponer  el  parámetro  de  constitucionalidad  que  propone  el  recurso,  el 
artículo 3.2 de la Constitución y el artículo 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias, recoge la doctrina constitucional en contenciosos lingüísticos que reconoce la 
«realidad plurilingüe de España» (STC 82/1986, FJ 4): una realidad plurilingüe que es 
constitucionalmente valiosa: «La Constitución se refiere a la necesidad de proteger y 
respetar  las  distintas  modalidades  lingüísticas  de  España  como  parte  de  nuestro 
patrimonio cultural» (STC 88/2017, FJ 5); un patrimonio que es «digno de especial 
respeto y protección» (STC 337/1994, FJ 7), «respeto y protección que por definición 
incumben  al  Estado  en  sentido  estricto  y  también  a  las  comunidades  autónomas» 
(STC 82/2016, FJ 4).
Recuerda el escrito del representante de la Cámara autonómica que la protección de 
las distintas modalidades lingüísticas coexistentes con el castellano en las comunidades 
autónomas se ha traducido para algunas de ellas en su declaración como cooficiales con 
el castellano por parte de los respectivos estatutos de autonomía, una posibilidad que 
ofrece la propia Constitución en su artículo 3.2 (STC 56/2016, FJ 3: «el art. 3.2 de la 
Constitución remite a los estatutos de autonomía la decisión sobre el reconocimiento de 
las lenguas propias como lenguas cooficiales»). Para otras modalidades lingüísticas, sin 
embargo,  el  mandato  constitucional  de  protección  no  ha  tenido,  al  menos  por  el 
momento, esa traducción. Es el caso del bable, como el Tribunal Constitucional ha tenido 
ya ocasión de verificar (SSTC 82/1986, FJ 4; 27/1996, FJ l; 48/2000, y ATC 27/2010).
Subraya el escrito del representante de la Junta General que la cooficialidad, tiene 
dicho el Tribunal Constitucional, comporta que, «independientemente de su realidad y 
peso como fenómeno social», una lengua «es reconocida por los poderes públicos como 
medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, 
con plena validez y efectos jurídicos» (STC 82/1986, FJ 2) y «lo es con respecto a todos 
los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos 
dependientes de la administración central y de otras instituciones estatales en sentido 
estricto» (STC 165/2013, FJ 4), «siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad 
del  castellano  y  de  la  cooficialidad  de  otras  lenguas  españolas  el  territorio, 
independientemente del carácter estatal (en sentido estricto), autonómico o local de los 
distintos poderes públicos» [STC 31/2010, FJ 14 a)]; «el ciudadano tiene derecho a usar 
indistintamente el castellano o la lengua oficial propia de la comunidad autónoma en sus 
relaciones con el conjunto de las instituciones públicas que se ubican en el territorio de 
esa  comunidad»  (STC  11/2018,  FJ  4).  De  modo  que  no  podrán  obtener  el 
reconocimiento  como  medio  normal  de  comunicación  con  plena  validez  y  efectos 
jurídicos  con  respecto  a  todos  los  poderes  públicos  radicados  en  una  comunidad 
autónoma, en y entre ellos, y de estos con los particulares, las lenguas que, como el 
bable, no sea cooficiales según los estatutos de autonomía. s
Prosigue el escrito del representante legal de la Cámara señalando que con arreglo  oe.
al ATC 27/2010, no hay cooficialidad encubierta o material del bable en el artículo 4.2 de  w.
la  Ley  1/1998,  porque,  de  un  lado,  «su  principal  virtualidad  es  privar  de  toda  21ww
qduisec rreecciiobnaa elidna eds aa  llae nagdumai»n iys,t rdaecli óont raou, tpoonróqmueic a« laa  plale hnoitruad d dee a vcaelpidtaerz  laas t ocdoomsu lnoisc aecfieocnteoss 
predicada por el legislador autonómico solo vincula al Principado de Asturias, según se
precisa en el inciso final de este precepto legal, quedando por tanto extramuros de ese 
ámbito de aplicación el resto de poderes públicos existentes en el territorio autonómico».
Así, el artículo 4.2 de la Ley 1/1998 no mereció tacha de inconstitucionalidad en el 
ATC  27/2010  sobre  la  base  de  esas  dos  consideraciones.  Para  el  escrito  del 
representante legal de la Junta General tampoco el artículo 3 bis del Reglamento de la 
Junta General debiera merecerlo, pues: a) se limita a decir que cualquier persona que 
comparezca ante la Cámara puede utilizar el bable/asturiano, algo que no va más allá 
del artículo 4.2 de la Ley 1/1998 cuando dice que los ciudadanos tienen derecho a 
emplear el bable/asturiano ante la administración autonómica; y b) si limitado es el 
alcance del artículo 4.2 de la Ley 1/1998, que se circunscribe a la administración del 
Principado, no más amplio es, desde luego, el alcance del artículo 3 bis del Reglamento 
de la Junta General, que se ciñe a las intervenciones ante la Junta General.
Sostiene el escrito del representante de la Junta General que el hecho de que una 
lengua no sea oficial no significa que no pueda tener algunos «usos oficiales». El propio 
Tribunal Constitucional no ha querido que se dejaran sin proclamar unas candidaturas al 
Congreso y al Senado en bable/asturiano (STC 48/2000). Esos usos no podrán ser, 
ciertamente, los que habilita una declaración de cooficialidad, es decir, los que, con plena 
validez y efectos, se imponen para, en y entre todos los poderes públicos radicados en la 
comunidad autónoma, y entre estos y los particulares. Pero, entre la protección máxima 
de la cooficialidad y una mínima protección de lo que serían los contenidos lingüísticos 
que conllevan derechos humanos como, por ejemplo, el derecho a un nombre, o a la 
vida privada, «se abre paso una zona o nivel intermedio de garantía de los derechos 
lingüísticos».
Señala el representante de la Junta General que el artículo 3 bis del Reglamento de 
la Cámara contempla el uso del bable/asturiano únicamente en sede parlamentaria y 
para las intervenciones en la Cámara. Y recuerda que otras instituciones parlamentarias 
autorizan el uso de lenguas no oficiales. En Aragón, el artículo 6 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón dispone que las «[l]as Cortes de Aragón adaptarán sus actuaciones 
interna  y  externa,  así  como  sus  relaciones  con  los  ciudadanos,  a  las  obligaciones 
derivadas de la legislación vigente en materia de lenguas y en virtud de lo dispuesto en 
el Estatuto de Autonomía». Y el Reglamento del Senado, respecto de las lenguas 
cooficiales, que son cooficiales en las comunidades autónomas respectivas, pero no en 
el Estado, es decir, no en el Senado, contiene, sin embargo, diversas cláusulas para 
habilitar su uso con validez y efectos jurídicos en las intervenciones en la Cámara alta.
El mandato del artículo 4 del Estatuto de Autonomía no es únicamente de protección 
del  bable,  sino  también  de  promoción  de  su  uso  y  de  regulación  del  mismo.  El 
artículo 10.1.27 del Estatuto de Autonomía tampoco habla solo de protección, sino, 
también, de «fomento».
Prosigue el representante de la Junta General recordando que la Carta europea de 
las  lenguas  regionales  o  minoritarias,  que  aunque  «no  puede  erigirse  en  canon 
autónomo de validez», sí «proporciona pautas interpretativas» [STC 165/2013, FJ 14 a), 
con remisión al ATC 166/2005, FJ 4; también STC 56/2016, FJ 5], incluye «el empleo por 
las colectividades regionales de lenguas regionales o minoritarias en los debates de sus 
asambleas, sin excluir, no obstante, el uso de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado» 
[artículo 10.2 e)] entre las medidas a «permitir y/o fomentar». Y ello, por lo que se refiere 
a España, tanto, según consta en el instrumento de ratificación del Tratado, para las 
lenguas reconocidas como oficiales en los Estatutos de Autonomía de las comunidades 
autónomas del País Vasco, Cataluña, Illes Balears, Galicia, Valenciana y Navarra, como  s
para «las que los estatutos de autonomía protegen y amparan en los territorios donde  oe.
tradicionalmente se hablan». w.
Y es que las asambleas regionales, que, como todo Parlamento, son «ante todo,  21ww
reespcreensaerniotasc iópnri vdileelg pialudroasli smdeol  podleítbicaote,  qupeo,l íeticno e»f ec(StoT, C« ad2q2u6i/e2r0e0 u4n, o FdJe  s6u)s  ym ápsa crlaa rolas 
smeisnmtidoo, s leung alar  ayc triveicdiandto  paprrloapmiceionsta rpiaa»ra ( SdTaCr  1v1is5i/b2i0lid1a9d,  FaJ  3e)s, ares suleltnagnu taasm breiégnio, npaolre se soo   BOE-A-cable e
minoritarias,  al  pluralismo  lingüístico  que  en  ellas  se  encarna,  protegiéndolas  y 
fomentando su uso como quieren la Carta Europea y la Constitución Española, al igual 
que el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Así,  entiende  el  representante  de  la  Junta  General  que  el  artículo  3  bis  del 
Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias no infringe los artículos 3 de 
la Constitución y 4 el Estatuto de Autonomía porque no comporta para el bable una 
cooficialidad encubierta que haya sorteado la falta de declaración de cooficialidad en el 
Estatuto de Autonomía como norma constitucionalmente competente para hacer esa 
declaración.
Responde, por último, a la alegación de que «el general uso del bable con plena 
eficacia  jurídica  en  las  sesiones  parlamentarias  puede  debilitar  el  control  que  los 
parlamentarios y grupos parlamentarios realizan del Ejecutivo y de la administración 
autonómica,  en  cuanto,  al  no  ser  una  lengua  de  general  conocimiento,  puede  no 
entenderse por los diputados». Señala el escrito del representante de la Junta General 
que para supuestos de dificultad en la comprensión es para lo que el artículo 3 bis del 
Reglamento de la Junta General cuenta con un apartado 2 que dice «[l]a mesa de la 
Cámara, oída la junta de portavoces, adoptará, en su caso, los criterios oportunos a tal 
efecto», es decir, efectuará las ponderaciones y adoptará las resoluciones que, de darse 
el caso, sean necesarias. Así, podrán discutirse las determinaciones que, al amparo de 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 bis del Reglamento, la mesa, oída la junta de 
portavoces, considere en su caso necesarias y adecuadas, pero no cabe prejuzgar en 
este recurso cuáles vayan a ser, ni anticipar que el apartado 1 del artículo 3 bis del 
Reglamento pueda llegar a dar cobertura a criterios de uso inconstitucionales. Por todo 
ello, el letrado autonómico suplica que se dicte sentencia desestimando el recuro.
7.  Mediante  providencia  de  16  de  marzo  de  2021  se  acordó  señalar  para  la 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El  presente  recurso  de  inconstitucionalidad  ha  sido  formulado  por  más  de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados 
contra el art. 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias en la 
redacción que del mismo ha realizado la reforma de 1 de julio de 2020 cuando dispone:
«1.  En el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la 
legislación  que  lo  desarrolle,  tanto  los  Diputados  en  el  ejercicio  de  sus  funciones 
parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados 
públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/
asturiano.
2.  La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, adoptará, en su caso, los 
criterios oportunos a tal efecto».
Los diputados recurrentes, tal y como se reproduce en los antecedentes, consideran 
que la disposición impugnada ha vulnerado los artículos 3.2 y 81.1 de la Constitución y el 
art. 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Igualmente consideran 
vulnerado el artículo 23 CE.
El representante legal de la Junta General del Principado de Asturias, en los términos 
que  han  quedado  resumidos  en  los  antecedentes,  expresa  su  opinión  divergente,  s
señalando que el artículo 4.2 de la Ley 1/1998 reconoce a los ciudadanos el derecho a  oe.
emplear  el  bable/asturiano  ante  la  administración  autonómica,  y  suplicando  la  w.
dese2s. timSaec iaólne gdae,l  reenc uprrsimo.er lugar, por los diputados recurrentes que el reconocimiento  2021-6621n https://ww
dfuenl cdioenreesc hpoa rala muteilniztaarr iaesl , bcaobmleo/ aas tlousri amnioe mtabnrtoos  ad ello Cs odnispeujtoa ddoes G, oebni eerln oe,j ear cloicsio c adreg ossu sy 
empleados  públicos  y  a  cualquier  persona  que  comparezca  ante  la  Cámara,  sería
contraria a las previsiones de los arts. 3.2 y 81.1 de la Constitución, que reservan a los 
estatutos de autonomía la decisión sobre el reconocimiento de las lenguas propias como 
lenguas oficiales y la determinación, en cada caso, del alcance de la cooficialidad, y del 
art. 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, que no ha reconocido el 
bable/asturiano como lengua cooficial; pues no existiendo una declaración estatutaria de 
cooficialidad del bable/asturiano le estaría impedido al Reglamento de la Cámara regular 
un aspecto primordial de esa cooficialidad como es la condición de lengua de uso normal 
«en» los poderes públicos. Así, para los recurrentes el art. 3 bis estaría estableciendo el 
carácter de cooficial del bable/asturiano al instaurar el uso general de dicha lengua en el 
Parlamento asturiano.
Para  abordar  la  referida  impugnación  es  preciso  comenzar  subrayando  que  la 
diversidad lingüística es una realidad cuyo respeto constituye un valor fundamental 
reconocido por la Constitución como patrimonio común y expresión de la diversidad 
cultural de España. Según este tribunal advirtió tempranamente, la Constitución de 1978 
reconoce la realidad plurilingüe de la Nación española y, viendo en ella un valor cultural 
no solo asumible, sino también digno de ser promovido, obtiene de dicha realidad una 
serie de consecuencias jurídicas, la primera en orden a la posible atribución de carácter 
oficial a las diversas lenguas españolas, la segunda en orden a la protección efectiva de 
todas ellas y la tercera en orden a la configuración de derechos y deberes individuales 
en  materia  lingüística.  Ya  en  el  apartado  cuarto  de  su  preámbulo,  la  Constitución 
proclama la voluntad de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el 
ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones»; y 
el art. 20.3, en relación con la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación públicos y el acceso a ellos, impone que se lleven a cabo en el respeto a 
las «diversas lenguas de España» (STC 56/2016, de 17 de marzo, FJ 2).
Debemos recordar, como ya hicimos, asimismo, en la referida STC 56/2016, de 17 
de marzo, FJ 2, que en la configuración del estatuto de las lenguas españolas distintas 
del castellano la Constitución deja un importante espacio a la regulación por los estatutos 
y las leyes de las comunidades autónomas. En el artículo 3 del texto constitucional se 
fijaron  los  acuerdos  básicos  que  actúan  como  premisa  para  cualquier  desarrollo 
normativo en este ámbito sin que se imponga un único modelo de regulación y gestión 
del  pluralismo  lingüístico.  Es,  por  tanto,  el  ya  referido  artículo  3  CE  (que  figura 
significativamente en el título preliminar) el que contiene sustancialmente la regulación 
constitucional en materia lingüística, en los siguientes términos:
«1.  El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles 
tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo.
2.  Las  demás  lenguas  españolas  serán  también  oficiales  en  las  respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3.  La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección.»
Ciertamente, en virtud de la remisión que hace el apartado 2 de este artículo 3 CE a 
lo dispuesto en las normas estatutarias de las respectivas comunidades autónomas, tal 
regulación  esencial  se  completa  con  lo  que  dichas  normas  establecen  sobre  la 
cooficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano. Así, el art. 3.1 y 2 de la 
Constitución y los artículos correspondientes de los respectivos estatutos de autonomía 
son la base de la regulación del pluralismo lingüístico en cuanto a su incidencia en el 
plano de la oficialidad en el ordenamiento constitucional español. e
De acuerdo con la doctrina de este tribunal, de la regulación que hace la Constitución  bo
de la materia se desprendería que es oficial una lengua, independientemente de su  21ww
rceoamlidoa md eyd ipoe snoo rcmoaml od efe cnoómmuennioc ascoiócnia le, nc uya nednotr ee se lrloesc oyn oecni dsau  proerl alcoisó np ocdoenr eloss p súubjleictooss 
ipmripvlaicdao sq, uceo nu npale nlean gvuaalid oefzic yia el fseecrtáo su jnu rmídeicdoiso  (dSeT Cco 8m2u/1n9ic8a6c,i ódne  n2o6r mdea lj udneio l,o Fs Jp 2o)d. eErellos 
públicos y ante ellos, de lo que se sigue que en el caso de aquellas lenguas distintas al
castellano la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes públicos 
radicados en el territorio autonómico, sin exclusión ni de los entes locales ni de los 
órganos dependientes de la administración central (STC 82/1986, FJ 4), de modo que el 
ciudadano tiene derecho a usar indistintamente el castellano o la lengua oficial propia de 
la comunidad autónoma en sus relaciones con el conjunto de las instituciones públicas 
que se ubican en el territorio de esa comunidad (SSTC 134/1997, de 17 de julio, FJ 2; 
253/2005, de 11 de octubre, FJ 10, y 31/2010, FJ 21).
Examinado  el  alcance  de  los  dos  primeros  apartados  del  art.  3  CE,  debemos 
asimismo subrayar que el referido precepto constitucional dispone de un apartado 3 en 
virtud  del  cual  el  constituyente  ha  demandado  tutelar,  también,  aquellas  realidades 
lingüísticas que no están amparadas por el estatuto de la oficialidad lingüística en un 
determinado territorio autonómico, para lo cual corresponderá a los poderes públicos 
disponer las garantías tanto de respeto como de protección de aquellas, lo cual incluye la 
posible regulación de su uso público bajo determinadas circunstancias.
Recordado  lo  anterior,  es  ya  posible  abordar  el  primer  motivo  de  impugnación 
señalando  que  el  precepto  reglamentario  impugnado  en  el  presente  proceso 
constitucional  no  tiene  como  resultado  la  atribución  de  los  efectos  propios  de  la 
oficialidad a una lengua propia, pues no reconoce al bable/asturiano como «medio 
normal de comunicación» ante todos los poderes públicos radicados en el territorio 
autonómico, sino únicamente reconoce determinados efectos en el seno de la institución 
parlamentaria  autonómica.  Es  claro  que  el  precepto  impugnado  no  regula  dicha 
cooficialidad. La posibilidad de utilizar el bable/asturiano se reconoce tanto en favor de 
los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como de los miembros del 
Consejo  de  Gobierno,  los  cargos  y  empleados  públicos  y  cualquier  persona  que 
comparezca ante la Cámara pero únicamente a los exclusivos efectos de utilizar esa 
lengua en sede parlamentaria. En efecto, el precepto reglamentario impugnado no se 
refiere, ni podría hacerlo, ni a la administración autonómica, ni a los entes locales, ni a 
los órganos dependientes de la administración central. Lo dispuesto en el art. 3 bis del 
Reglamento de la Junta General tiene un ámbito de aplicación limitado, pues los efectos 
del reconocimiento que en el mismo se realiza solo se producen en el ámbito de la 
propia Cámara autonómica, quedando por tanto extramuros de ese ámbito de aplicación 
el resto de los poderes públicos existentes en el territorio autonómico.
Serían los ya referidos efectos generales ante todos los poderes públicos radicados 
en un territorio las notas identificativas de la oficialidad de una lengua determinada –
efectos  generales  que  son  los  que  justifican,  precisamente,  que  el  apartado  2  del 
artículo 3 CE remita para declarar expresa y formalmente la cooficialidad a los estatutos 
de autonomía como norma institucional básica de cada comunidad autónoma a la que el 
Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico según 
dispone el art. 147.1 CE–, pero tales notas no se dan en el presente supuesto, pues no 
nos encontramos ante un reconocimiento general por los poderes públicos de una 
lengua como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los 
sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos. Dicho de otro modo, el precepto 
impugnado  se  limita  a  establecer  que  la  Junta  General,  máximo  órgano  de 
representación de los ciudadanos asturianos, acepta la utilización de la lengua asturiana 
tanto por los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como por los 
miembros  del  Consejo  de  Gobierno,  los  cargos  y  empleados  públicos  o  cualquier 
persona que comparezca ante la Cámara, como medio de asegurar la protección, el uso 
y la promoción del bable a las que se refiere el art. 4 del Estatuto de Autonomía en  s
desarrollo de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 3 CE cuando dispone que «la riqueza  oe.
de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será  w.
objeto de especial respeto y protección». 21ww
la leEnlg Euast aptruotpoi ad,e e Al buatobnleo/masíatu driealn oP,r iyn criepmaditoe  dae l aA Lsteuyr iapsa rcao lnat ierengeu luanc iróenc odneo lcoism dieisnttion tdoes 
daesp aeucttoonso dmeí as,u e sptreo treecccoiónno,c iumsioe nyt op rdoeml polcuiróilnin. gCüoismmoo  tnaom blleiévna  saupcaerdeeja dean  loat raotsri beusctiaótnu tdoes   BOE-A-cable e
carácter oficial a la lengua propia, que, en este caso, sí ha sido identificada por el propio 
Estatuto bajo una concreta denominación; el bable. Pero el que no se haya atribuido 
estatutariamente carácter oficial al bable/asturiano no excluye la posibilidad de tutelar 
aquella  realidad  lingüística  que  no  está  amparada  por  el  estatuto  de  la  oficialidad 
lingüística mediante medidas de protección y promoción como es el reconocimiento del 
uso de la lengua propia ante el órgano de representación de la ciudadanía, la Junta 
General  del  Principado  de  Asturias,  foro  de  debate  y  participación  en  el  que  es 
especialmente adecuado que se garantice y visibilice aquella realidad lingüística plural. 
En definitiva el párrafo tercero del artículo tercero de la CE establece también su propio 
espacio de protección al ejercicio de las lenguas no oficiales, con independencia de lo 
establecido en el apartado segundo.
A tal interpretación del alcance del mandato constitucional de respeto y protección de 
aquellas realidades lingüísticas que no están amparadas por el estatuto de la oficialidad 
lingüística, coadyuva el hecho de que, como ya estableció este tribunal en relación con 
otras lenguas regionales no oficiales, en la medida en que el Estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias «protege y ampara» el bable no hay duda de que resultan de 
aplicación las disposiciones de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, 
en los términos de la declaración del Estado español incluida en el instrumento de 
ratificación de la Carta de 2 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» núm. 222, 
de 15 de septiembre de 2001) según la cual, a los efectos de la Carta se entienden por 
lenguas regionales o minoritarias, además de las reconocidas como oficiales, «las que 
los estatutos de autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente 
se hablan». Así, cabe señalar, tal como recuerda el letrado de la Junta General, que la 
referida Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, que de acuerdo con 
nuestra  doctrina  proporciona  pautas  interpretativas  de  nuestro  régimen  jurídico 
lingüístico [STC 165/2013, FJ 14 a), con remisión al ATC 166/2005, FJ 4; también 
STC 56/2016, FJ 5], incluye específicamente entre aquellas disposiciones de la parte 
tercera de la Carta que recogen medidas dirigidas a «permitir y/o fomentar» por los 
Estados firmantes: «el empleo por las colectividades regionales de lenguas regionales o 
minoritarias en los debates de sus asambleas, sin excluir, no obstante, el uso de la(s) 
lengua(s) oficial(es) del Estado» [artículo 10.2 e)]; medida razonable que se vincula con 
uno de los objetivos y principios establecidos en el artículo 7 de la Carta como es «la 
facilitación  y/o  el  fomento  del  empleo  oral  y  escrito  de  las  lenguas  regionales  o 
minoritarias en la vida pública y en la vida privada».
Por  todo  cuanto  antecede,  debemos  desestimar  el  primer  motivo  de 
inconstitucionalidad alegado.
3.  Se alega, en segundo lugar, por los diputados recurrentes que el reconocimiento 
del derecho a utilizar el bable/asturiano en la Junta General del Principado de Asturias 
recogido en el art. 3 bis puede debilitar el control que los parlamentarios y grupos 
parlamentarios realizan del Ejecutivo y de la administración autonómica, en cuanto, al no 
ser una lengua de general conocimiento, puede no entenderse por los diputados, lo que 
afectaría al núcleo de la función representativa de los parlamentarios, ex artículo 23 CE.
Así, lo que plantea este segundo motivo, es la eventual imposibilidad efectiva para 
que los diputados de la Junta General puedan ejercer sus facultades de control e 
impulso de la acción del Gobierno como consecuencia de que pudieran no comprender 
las  comparecencias  que  se  realicen  en  bable/asturiano,  vulnerándose  así  el  ius  in 
officium propio del cargo de parlamentario protegido por el art. 23.2 CE y el correlativo 
derecho  de  los  ciudadanos  a  participar  en  las  funciones  públicas  a  través  de  sus  e.
representantes (art. 23.1 CE). w.b
Sin  embargo,  la  vulneración  del  derecho  fundamental  que  pudiera  derivar  del  21ww
pqrueec einptteog, rpaune esl  eess tiantduutod acbolen sqtiutuec liao nraelgmuelanctieó nre alefevcatnat ea  daeqlu reellporse sdeenretacnhtoes p oú baltircibou, cpiuoendees 
qRueegdlaamr esnatlvoa ddea  plao rJ ulan tpar eGveisnióenra rl edceolg Pidrain ceinp aedl oa pdaer tAadstou r2ia sd ecl uparnodpoio  daisrtpícounleo  q3u bei s« [dl]eal 
mesa de la Cámara, oída la junta de portavoces, adoptará, en su caso, los criterios
oportunos a tal efecto». Es decir, al efecto de que tanto los diputados en el ejercicio de 
sus funciones parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y 
empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara puedan utilizar 
el bable/asturiano. Así, que esa afectación no se convierta en vulneración depende de 
que  la  mesa  necesariamente  adopte  las  medidas  oportunas  para  impedir  que  el 
desconocimiento del bable por los representantes suponga un obstáculo para el ejercicio 
de tales funciones de debate y control.
Tal previsión impone a la mesa que al adoptar los criterios a los que el precepto se 
refiere realice una interpretación de los mismos que impida que la previsión recogida en 
el apartado 1 del art. 3 bis pueda llegar a suponer una limitación efectiva y real al 
ejercicio  de  aquellos  derechos  o  atribuciones  que  integran  el  estatuto 
constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su 
aplicación,  con  la  finalidad  de  evitar  la  vulneración  del  derecho  fundamental  del 
representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), así como del derecho 
de estos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), que se puedan producir por 
el uso en la Junta General de una lengua distinta a la oficial en todo el Estado.
Así, tal y como señala el representante de la Junta General, podrán discutirse las 
determinaciones que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 bis del 
Reglamento, la mesa, oída la junta de portavoces, considere en su caso necesarias y 
adecuadas, pero no cabe prejuzgar en este recurso cuáles vayan a ser, ni anticipar que 
el apartado 1 del artículo 3 bis del Reglamento pueda llegar a dar cobertura a criterios de 
uso inconstitucionales.
Cabe por tanto concluir que, en abstracto, el precepto impugnado no vulnera los 
derechos reconocidos en el art. 23 CE, por lo que debemos igualmente desestimar este 
segundo motivo de impugnación.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 4911-2020 promovido por más de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados contra 
el art. 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio 
de 1997, introducido mediante la reforma aprobada por el Pleno de la Cámara de 1 de 
julio de 2020 y publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» núm. 139, 
de 20 de julio de 2020.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Alfredo 
Montoya  Melgar.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer  Callejón.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña Encarnación Roca Trías a la sentencia  e
dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4911-2020 bo
pTarirbtuEicnnua lael rlC  eaoj enfirsnct iitcduieoc  ioednxepa lola, n yfea crc omunlti  aeddl i smqcuáreexpi mmanoec  rcieaos ncpfoeientor el aa e  fllau a nordtpíacinmuilóeonn 9 tda0ec.2 ióla nd  meju alrayíd oLirceíaay ,  yOf ocrrgománun eliocla  vf aodltleool    2021-6621n https://ww
de la sentencia, en atención a las razones que defendí durante su deliberación en el
Pleno y que paso a exponer a continuación. Bc
1.  En el presente recurso de inconstitucionalidad se impugna el art. 3 bis del 
Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, introducido por el art. único 
de la reforma de dicho Reglamento de 1 de julio de 2020, que establece:
«1.  En el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la 
legislación  que  lo  desarrolle,  tanto  los  Diputados  en  el  ejercicio  de  sus  funciones 
parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados 
públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara, podrán utilizar el bable/
asturiano.
2.  La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, adoptará, en su caso, los 
criterios oportunos a tal efecto.»
El citado precepto se impugna por contradecir la reserva al estatuto de autonomía 
establecida en los arts. 3 y 81.1 CE y el propio art. 4 del Estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias, que decidió no otorgar la condición de cooficial a la modalidad 
lingüística del bable. Los recurrentes consideran que no existiendo una declaración 
estatutaria de cooficialidad del bable/asturiano, le estaría impedido al Reglamento de la 
Cámara regular un aspecto primordial de esa cooficialidad como es la condición de 
lengua de uso normal «en» los poderes públicos, al instaurar el uso general de dicha 
lengua en el Parlamento asturiano.
2.  Tras examinar el alcance de los dos primeros apartados del art. 3 CE y de la 
previa  doctrina  constitucional  acerca  de  la  cooficialidad  lingüística,  con  cita  de  la 
STC 56/2016, la sentencia rechaza la queja de los recurrentes con base en un único 
argumento: «el precepto reglamentario impugnado en el presente proceso constitucional 
no tiene como resultado la atribución de los efectos propios de la oficialidad a una lengua 
propia, pues no reconoce al bable/asturiano como “medio normal de comunicación” ante 
todos  los  poderes  públicos  radicados  en  el  territorio  autonómico,  sino  únicamente 
reconoce determinados efectos en el seno de la institución parlamentaria autonómica» 
(FJ 2). Y añade: «En efecto, el precepto reglamentario impugnado no se refiere, ni podría 
hacerlo, ni a la administración autonómica, ni a los entes locales, ni a los órganos 
dependientes de la administración central. Lo dispuesto en el art. 3 bis del Reglamento 
de  la  Junta  General  tiene  un  ámbito  de  aplicación  limitado,  pues  los  efectos  del 
reconocimiento que en el mismo se realiza solo se producen en el ámbito de la propia 
Cámara autonómica, quedando por tanto extramuros de ese ámbito de aplicación el 
resto de los poderes públicos existentes en el territorio autonómico» (FJ 2). Para la 
sentencia serían, pues, los «efectos generales ante todos los poderes públicos radicados 
en un territorio las notas identificativas de la oficialidad de una lengua determinada», y 
esas no se dan en el presente supuesto, por lo que la sentencia considera el precepto 
impugnado como un «medio de asegurar la protección, el uso y la promoción del bable a 
las que se refiere el art. 4 del Estatuto de Autonomía en desarrollo de lo dispuesto en el 
apartado 3 del art. 3 CE cuando dispone que “la riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 
protección”» (FJ 2).
Es  decir,  para  el  Pleno,  el  precepto  reglamentario  impugnado  no  tiene  como 
resultado la atribución de los efectos propios de la oficialidad porque solo se reconoce 
como «medio de comunicación normal» en la Junta General del Principado de Asturias y, 
por tanto, su finalidad es la protección, uso y promoción del bable/asturiano.
3.  En  la  STC  11/2018,  de  8  de  febrero,  que  resolvió  el  recurso  de  e.
inconstitucionalidad interpuesto contra algunos preceptos de la Ley del Parlamento de  w.
Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, por ser contrarios a los  21ww
tarpibaurntaadl,o esn u snuo  Fy Jd 2o,s  sdeeñl aalórt:.  «3E Cl Een yc uaal darrat.m 6i.e2n dtoe lq Euset aetlu ptoro dcee sAou dtoenmoamnídaa d dee Cbea thaalucñear,s ee,l 
fcinoanlfiodramde”  dae  rleai tneorarmdaa  d(SoTctCri n1a5 3c/o1n9s8t9itu, cdieo n5a dl, ea otecntudbieren,d Fo Jp 4re).f eErne npterimnceipnitoe,  alal  r“esgeunltaidcoió ny   BOE-A-cable e
del uso de las lenguas puede entenderse, en función de las concretas previsiones de la 
norma, bien relacionada con el estatus de oficialidad de esa lengua o bien con las 
medidas dirigidas al fomento de su utilización. Este tribunal ya ha tenido ocasión de 
declarar que, de lo dispuesto en la materia tanto en la Constitución como en el Estatuto 
de Autonomía, surge un mandato, una habilitación competencial (que el tribunal ha 
calificado como “deber”, STC 6/1982, de 22 de febrero, “mandato”, STC 69/1988, de 19 
de  abril,  FJ  8,  “habilitación”,  STC  337/1994,  de  23  de  diciembre,  FJ  7,  o  como 
“competencia lingüística”, STC 74/1989, de 21 de abril, FJ 2), dirigido a la Generalitat de 
Cataluña para llevar a cabo, en las condiciones que derivan de la Constitución y el 
Estatuto, no solo actividades de fomento de las lenguas oficiales en la comunidad, sino 
también para regular los aspectos esenciales de la cooficialidad de las mismas». Tras 
examinar el contenido de los preceptos impugnados, se concluía que su objeto no era el 
fomento y difusión del aranés, sino que por el contrario, se referían «al régimen de 
cooficialidad del aranés, pues su objeto y finalidad se circunscribe al desarrollo de su 
estatuto jurídico en cuanto lengua reconocida por los poderes públicos como medio 
normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con 
plena validez y efectos jurídicos».
Este debería haber sido, a mi juicio, el canon o forma de enjuiciar este recurso. 
Dilucidar desde el «sentido y finalidad de la norma», si nos encontrábamos o no ante una 
norma que regula aspectos esenciales de la cooficialidad, y ello en la consideración de 
que, a diferencia del aranés, el bable/asturiano no se encuentra reconocido como lengua 
oficial por el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. La sentencia con la que 
no estoy de acuerdo no hace ninguna reflexión en este sentido y se limita a afirmar, en 
los términos ya expuestos, que dado que no nos hallamos ante un reconocimiento 
general del bable/asturiano como «medio de comunicación normal», no se dan «las 
notas  identificativas  de  la  oficialidad»  y,  por  tanto,  la  finalidad  del  precepto  es  la 
protección, uso y promoción de dicha lengua.
4.  Dicho lo anterior procede afirmar lo siguiente:
(i)  Ninguna duda cabe albergar de que el bable no es lengua oficial, puesto que el 
Estatuto de Autonomía del Principado no le reconoce este carácter (SSTC 82/1986, 
de 26 de junio, FJ 4, y 27/1996, de 15 de febrero, FJ 3). Únicamente establece, en su 
art. 4, que «gozará de protección», «[s]e promoverá su uso, su difusión en los medios de 
comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso, las variantes locales y la 
voluntariedad en su aprendizaje», y que una ley del Principado regulará su «protección, 
uso y promoción».
(ii)  En la STC 87/1997, de 24 de abril, el Tribunal afirmó que «la Constitución en su 
art. 3.2 remite a los Estatutos de Autonomía de las Comunidades con lengua propia 
distinta del castellano la decisión sobre la declaración de la oficialidad de esa lengua y 
acerca  de  su  régimen  jurídico.  A  su  vez  los  Estatutos  concretan  esta  remisión 
constitucional mediante preceptos, situados en los Títulos preliminares respectivos, en 
los que, después de efectuar la declaración de la oficialidad de la lengua propia de la 
Comunidad  y  reiterar  la  del  castellano,  lengua  oficial  común,  incluyen  un  mandato 
dirigido a las correspondientes instituciones autonómicas de gobierno para que adopten 
las medidas necesarias en orden a asegurar el conocimiento de ambos idiomas y a 
garantizar la plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes lingüísticos de 
los ciudadanos, así como el uso normal y oficial de las lenguas oficiales» (FJ 3).
(iii)  Es cierto, por otro lado, que en la STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, el Tribunal  e
señaló que la condición de lengua oficial reside en su reconocimiento, por los poderes  bo
públicos, como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los  21ww
dsuejseatopse rpcribiviaddoo, sd,i cchoon  rpelceonnao cviamlidieenzt oy  peofer clotoss p joudríedriceoss p. úNboli coobss etasntateb,a y p erestvoia nmoe pnutee daetr ipbausidaor 
ePsetraot,u taa rfiaalmta ednetel .m Sisomloo e, l¿ Epsutaetdueto e, le lxe gaisrtl.a 3d.o2r  CoErd,i npaureiod ed ellecvlaarra ar  ucnaab ole dnigchuoa  rceocmonoo mciemdiieon dtoe. 
comunicación oficial aunque solo lo sea para determinados ámbitos?
(iv)  Como ya se ha señalado, el Pleno ha considerado que cualquier regulación que 
se haga respecto de una lengua no oficial, sea cual sea su contenido, si esta no es 
general, es decir, si no afecta a todos los poderes públicos radicados en el territorio 
autonómico, deberá ser considerada como una medida de protección, uso y promoción 
de la misma. Yo estimo, sin embargo, que en los supuestos de lenguas no oficiales se ha 
de partir y atender «preferentemente» al «sentido y finalidad de la norma», y no tener 
como único canon de enjuiciamiento el que se hace derivar de la definición que este 
tribunal, a falta de una establecida en la Constitución, ha hecho de «lengua oficial», sin 
haber tenido, al menos, en consideración, que fue realizada, según entiendo yo, desde la 
comprensión de que la oficialidad debía ser previamente declarada por el Estatuto de 
Autonomía (art. 3.2 CE).
Así  pues  y  desde  el  razonamiento  expuesto,  considero  que  el  art.  3  bis  del 
Reglamento ha convertido el bable/asturiano en lengua cooficial «en» el Parlamento 
asturiano, al otorgarle una cualidad o efecto no reconocido previamente en su Estatuto, 
y, por tanto, sin competencia para ello.
5.  Nos encontramos ante una sentencia importante por su trascendencia y sus 
consecuencias pro futuro.  Solo el Estatuto puede convertir una lengua propia en medio 
normal de comunicación «en» y «entre» los poderes públicos. Y si no lo hace, el 
legislador no puede, a mi juicio, conferir, aunque sea de forma parcial o limitada, dicha 
cualidad.  Con  esta  sentencia  se  confirma  la  decisión  tomada  en  el  art.  3  bis  del 
Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias.
La reforma de un Estatuto de Autonomía es compleja. Necesita de un procedimiento 
de  aprobación  y  de  reforma  dificultoso.  Pero  ello  no  es  casualidad.  Es  la  «norma 
institucional básica de cada comunidad autónoma» (art. 147.1 CE). Si en su día no se 
declaró por el Estatuto del Principado de Asturias la cooficialidad del bable, solo a través 
de su reforma puede revertirse esta decisión. No hacerlo así, sino a través de diferentes 
normas  que,  aunque  de  forma  limitada  o  parcial,  regulen  aspectos  propios  de  la 
cooficialidad, puede acabar convirtiendo una lengua propia en plenamente oficial por una 
vía distinta a la prevista constitucionalmente.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid,  a  dieciocho  de  marzo  de  dos  mil  veintiuno.–Encarnación  Roca  Trías.–
Firmado y rubricado.
Voto particular concurrente que formula el magistrado don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez a la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4911-2020
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), y con pleno respeto a la opinión de la mayoría, expreso 
mi discrepancia, no con el fallo, pero sí con la fundamentación jurídica de la sentencia 
dictada en el recurso de inconstitucionalidad mencionado, en los términos que expuse en 
la deliberación realizada en el Pleno.
Coincido con el texto de la sentencia, cuando afirma que el art. 3 de la Constitución 
Española y los artículos correspondientes de los respectivos estatutos de autonomía 
constituyen la base de la regulación del pluralismo lingüístico, en cuanto a su incidencia en 
el  plano  de  la  oficialidad  en  el  ordenamiento  constitucional  español.  Como  hemos 
señalado,  «la  Constitución  en  art.  3.2  remite  a  los  estatutos  de  autonomía  de  las  s
comunidades con lengua propia distinta del castellano la decisión sobre la declaración de  oe.
oficialidad  de  esa  lengua  y  acerca  de  su  régimen  jurídico.  A  su  vez,  los  estatutos  w.
cpdoreen lcimlrae intaalenrne gseu sraea s ppreerocmptiivisaoi ósn,d  een c ollaon  sqtciutouemc, iodunenasidlp audmé se [d…diea] n etefine cclptuuryaeerc nee pstauo nsd ,e mcslaiaturnaadcdaióotons   ddeein ril gai ldooosfi  ciataílt iudllaaodss    2021-6621n https://ww
correspondientes instituciones autonómicas de gobierno para que adopten las medidas
necesarias en orden a asegurar el conocimiento de ambos idiomas y a garantizar la plena  Bc
igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes lingüísticos de los ciudadanos, así 
como el uso normal y oficial de ambas lenguas» (STC 87/1997, de 24 de abril, FJ 3).
De acuerdo con ello, únicamente tienen la consideración de lenguas cooficiales en el 
territorio de una comunidad autónoma, aquellas que hayan sido reconocidas como tales en el 
respectivo estatuto de autonomía. Dicho reconocimiento no se produce en el caso del 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, cuyo art. 4.1 se limita a señalar que «[e]l 
bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación 
y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad de su 
aprendizaje». Siendo ello así, y acudiendo a lo señalado en el apartado 3 del art. 3 del texto 
constitucional,  el  bable  se  configura  como  una  «modalidad  lingüística»,  y  es,  por  ello 
«patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».
De conformidad con el art. 3.2 CE, el reconocimiento del bable como lengua oficial 
en el territorio autonómico exigiría necesariamente la previa reforma del Estatuto de 
Autonomía, y por tanto la concurrencia de las mayorías exigidas en su art. 56.2, sin que 
pueda abordarse por el cauce de una ley ordinaria emanada de la asamblea legislativa. 
Dicha pretensión se situaría extramuros de lo señalado en el texto constitucional y en la 
propia norma estatutaria.
Esta clara distinción, que deriva del marco constitucional y estatutario vigente, no 
aparece, a mi juicio, recogida en la sentencia con la suficiente claridad, dando lugar a un 
déficit argumentativo que debería haberse reparado en el texto. La sentencia viene a 
poner el énfasis en que el apartado 3 del art. 3 CE, en la medida en que ha demandado 
tutelar  aquellas  realidades  lingüísticas  que  no  están  amparadas  por  el  estatuto  de 
cooficialidad  lingüística  «incluye  la  posible  regulación  de  su  uso  público  bajo 
determinadas circunstancias». Se trata, a mi juicio, de una expresión apodíctica, que no 
precisa ni el alcance ni las circunstancias de esa regulación, ni por tanto viene a 
distinguir suficientemente entre el uso público de las lenguas que son oficiales en el 
respectivo territorio, y las que carecen de dicho carácter; o, en otras palabras, entre un 
régimen de cooficialidad y otro de promoción y protección del uso de las lenguas.
Nada añade a la argumentación que se demanda, la afirmación según la cual el 
reconocimiento del uso de esta lengua ante la Junta General del Principado de Asturias, 
se  integra  dentro  de  «las  medidas  de  promoción  y  protección»  de  esta  modalidad 
lingüística. Es obvio que cualquier medida que favorezca la utilización del bable por 
cualquiera de los poderes públicos autonómicos, es una medida de promoción. Pero no 
es esta la cuestión planteada por los recurrentes, pues a lo que debería dar respuesta la 
sentencia  es  a  si  esa  promoción  o  protección  puede  llegar  a  la  atribución  a  esta 
modalidad lingüística de alguna de las características propias de la oficialidad lingüística 
a través de una ley autonómica; esto es, si puede llegar a equiparar el uso del bable con 
el que es propio de una lengua cooficial en el seno de la institución parlamentaria, lo que, 
en opinión de la demanda, sería contrario al bloque de constitucionalidad.
No puedo compartir la afirmación según la cual, solo en el supuesto de que se 
produjera  un  reconocimiento  general  del  uso  de  esta  lengua  como  medio  de 
comunicación normal ante «todos» los poderes públicos, se produciría una regulación de 
la oficialidad susceptible de ser considerada inconstitucional; consecuencia que no se 
daría cuando dicha regulación afecte únicamente a uno o algunos de estos poderes, 
como es, en este caso, la Junta General del Principado de Asturias. No es esta una 
afirmación que quepa deducir con claridad de nuestra doctrina, pues no estamos, a mi 
juicio, ante una cuestión de naturaleza puramente cuantitativa, ni cabría afirmar, a sensu 
contrario, que sería suficiente con que alguno de los poderes públicos autonómicos no la  s
reconociese  como  lengua  uso  normal,  para  admitir  la  constitucionalidad  de  su  uso  oe.
generalizado como lengua oficial, en el seno de las instituciones autonómicas. w.
La respuesta que haya de darse a la cuestión planteada ha de partir pues de otros  21ww
pleanrgáumae, trinods.e pEenn cdoiennctreemtoe, nyt ea cdued iseun droe aali dloa ds eyñ apleasdoo  ceonm nou efsetnraó mdeonctor insao,c «iael,s  coufiacniadlo u neas 
erellcoosn yo ceidna  spuo rr elloasc iópno dceorne sl opsú bsulicjeotso sc opmrivoa dmoesd, ioc onno rpmleanla d vea lcidoemzu ny iceafecicótno se jnu ryíd iecnotsre»   BOE-A-cable e
(STC 11/2018, de 8 de febrero, FJ 4, que se remite a la STC 82/1986, de 26 de junio, 
FJ 2). Como tuvimos ocasión de señalar en el ATC 27/2010, de 25 de febrero, solo en la 
medida en que no se reconozca al bable/asturiano como «medio de comunicación 
normal», ni tampoco se le atribuya esa condición en las relaciones que la respectiva 
institución entable con los sujetos privados «con plena validez y efectos jurídicos» –notas 
identificativas  de  la  oficialidad  de  una  lengua  determinada–,  cabría  rechazar  la 
pretensión ejercitada en el presente recurso de inconstitucionalidad.
De conformidad con lo anterior, entiendo que la sentencia debería haber precisado 
que  la  posibilidad  de  utilizar  el  bable/asturiano  que  el  Reglamento  parlamentario 
reconoce tanto en favor de los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias 
como de los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados públicos y 
cualquier persona que comparezca ante la Cámara, lo es a los exclusivos efectos de 
abrir la posibilidad de uso de esa lengua en sede parlamentaria, pero sin que de dicha 
utilización pueda deducirse validez o efecto jurídico alguno, ni pueda derivarse en su 
configuración como lengua vehicular en el seno del órgano legislativo.
En segundo lugar, y en relación con la alegada vulneración del art. 23 CE, coincido 
con el texto de la sentencia, cuando afirma que, en abstracto, el precepto impugnado no 
vulnera los derechos reconocidos en el citado precepto constitucional, ni cabe en este 
momento prejuzgar cuáles vayan a ser las medidas que vaya a adoptar la mesa, oída la 
junta de portavoces, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del art. 3 bis del 
Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias. Discrepo, sin embargo, de la 
afirmación que se efectúa de que dicha previsión «impone» a la mesa realizar una 
interpretación que impida que la previsión recogida en el apartado 1 del art. 3 bis pueda 
llegar a suponer una limitación efectiva y real al ejercicio de los derechos reconocidos en 
el art. 23 CE.
Esta supuesta imposición no deriva, en absoluto, de la dicción literal del apartado 2 
del art. 3 bis, que se limita a afirmar que la mesa, oída la junta de portavoces «adoptará, 
en su caso, los criterios oportunos a tal efecto». Ello implica que: se somete a la decisión 
discrecional de este órgano parlamentario, la posibilidad o no de su adopción («en su 
caso»), la fijación del contenido o alcance de los mismos («criterios oportunos») y el 
objetivo perseguido con dichos criterios («a tal efecto»); es decir, ya sea este únicamente 
el de promover el uso del bable, o el de salvaguardar los derechos de aquellos diputados 
que no entiendan esta lengua. En suma, el precepto no impone a la mesa la adopción de 
las medidas que señala la sentencia, sino que deja en manos de la misma la adopción 
de aquellas que estime necesarias y adecuadas, sin ningún condicionamiento adicional.
Por los motivos expuestos, y aplicando el principio de conservación de la norma, 
entiendo que la sentencia debería haber acudido al instrumento de la interpretación 
conforme a efectos de precisar que, sin perjuicio de que los criterios que adopte la mesa 
pudieran ser impugnados en su momento; este apartado del precepto únicamente podría 
reputarse constitucional, si se entiende que en la adopción de los mencionados criterios 
la mesa vendrá obligada a asegurar el equilibrio entre la posibilidad de utilizar el bable/
asturiano y el derecho de los parlamentarios al ejercicio de sus funciones sin obstáculo 
alguno  derivado  del  desconocimiento  de  esta  lengua.  Dicha  interpretación  debería 
asimismo haberse incluido en el fallo.
En definitiva pues, y de acuerdo con la consolidada doctrina constitucional sobre el 
citado principio de conservación de las normas, que hace necesario apurar todas las 
posibilidades de interpretar los preceptos de conformidad con la Constitución, entiendo 
que el precepto controvertido, siempre que se le atribuya, en los términos señalados en  s
el presente voto particular, un significado respetuoso con lo señalado en la Constitución y  oe.
en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias no ha de ser objeto de reproche  w.
de inconstitucionalidad. 21ww
Por todo ello emito mi voto particular.
SánMchaedzr.i–dF, iarm daiedcoi oyc rhuob rdicea mdoa.rzo de dos mil veintiuno.–Pedro José González-Trevijano