BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 95 Miércoles 21 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 45891
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO FISCAL
6369 Circular 1/2021, de 8 de abril, de la Fiscalía General del Estado, sobre los 
plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.
 Circular 1/2021, de 8 de abril, sobre los plazos de la investigación judicial del artículo 324 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
1.  Cuestiones preliminares. 2.  Los plazos de la investigación judicial del artículo 
324 LECrim. 2.1 Nueva regulación legal. 2.2 El derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas y los plazos regulados por el artículo 324 LECrim. 2.3 Ámbito objetivo de 
aplicación.  3.  Presupuestos  para  la  prórroga  de  la  investigación  judicial.  4. 
Delimitación de las facultades del órgano instructor y las partes en relación con la 
prórroga de la investigación judicial. 5.  Cómputo de los plazos. 5.1 Determinación del 
dies a quo. 5.2 Dies ad quem de la investigación judicial. 6.  Interrupción del cómputo. 7. 
Los  efectos  del  transcurso  de  los  plazos  de  la  investigación  judicial.  7.1  Prórroga 
extemporánea de la fase de investigación judicial. 7.2 Régimen jurídico de las diligencias 
practicadas  extemporáneamente.  7.2.1  Diligencias  acordadas  con  anterioridad  al 
agotamiento  del  plazo.  7.2.2  Régimen  de  las  diligencias  acordadas  y  practicadas 
extemporáneamente. 8.  La declaración en calidad de investigado/a tras la expiración 
de los plazos del artículo 324 LECrim. 9.  La petición de diligencias complementarias 
tras la conclusión de la fase de instrucción. 10.  La actividad extraprocesal del Ministerio 
Fiscal ante procedimientos provisionalmente sobreseídos. 11.  Actividad extraprocesal y 
plazos procesales de la investigación judicial. 12.  Régimen transitorio aplicable a las 
causas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma. 13.  Cláusula 
derogatoria. 14.  Conclusiones.
1.  Cuestiones preliminares.
Transcurridos cinco años desde la instauración de un sistema de plazos de instrucción 
en virtud de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías 
procesales, puede concluirse que el balance de esta medida legislativa ha resultado 
abiertamente insatisfactorio. De tal afirmación dan fe los diversos intentos de derogación 
y/o  reforma  promovidos  por  buena  parte  del  arco  parlamentario,  así  como  las 
apreciaciones  y  críticas  provenientes  de  la  más  cualificada  doctrina  académica, 
asociaciones profesionales de fiscales y jueces y la propia Fiscalía General del Estado(1) (2).
(1)  Memoria 2016: https://www.fiscal.es/memorias/memoria2016/FISCALIA_SITE/index.html.
(2)  Memoria 2019: https://www.fiscal.es/memorias/memoria2019/FISCALIA_SITE/index.html.
La práctica forense, el transcurso del tiempo y los datos estadísticos vinieron a 
confirmar lo que una mera lectura del artículo 324 LECrim –en la redacción ofrecida por 
la Ley 41/2015, de 5 de octubre– permitía inferir desde un primer momento, esto es, que  s
la implantación de un sistema de plazos en los términos previstos por el legislador  oe.
de  2015  dificultaba  las  posibilidades  de  investigación  criminal  y  que,  lejos  de  w.
dupenro ap2 ion0rf1cr9aio dn(oaetraje dmracai cFyioios rc 2ac0leí1ale8, r)ai,d l a«tidue nmaa p loaa  pqjuausreite ictnriaacn iaps emdnietaí al,i ,m ienpncur nepimadlaaedbn rtaaebsn a d celai el arct oaMsrge ama soburuniartoo dcser á qltaiuc eaF  GdhEea    2021-6369n https://ww
contribuido a una merma de la imagen institucional del Ministerio Fiscal» y de todo el
servicio público de la justicia. Bc
La aplicación por nuestros tribunales del nuevo sistema de plazos evidenció que las 
dilaciones del procedimiento penal que el legislador pretendía acotar con la reforma 
obedecían mayoritariamente, además de a una secular escasez de medios materiales y 
humanos en la Administración de justicia, a una legislación procesal disonante con los 
modelos de Derecho comparado de nuestro entorno cultural más cercano y que se ha 
revelado escasamente eficaz y eficiente para combatir la criminalidad, en particular, las 
nuevas y más complejas modalidades delictivas.
Parece de justicia subrayar aquí que el efectivo cumplimiento del sistema de plazos 
instaurado  en  2015  resultó  posible  gracias  al  extraordinario  y  ejemplar  esfuerzo 
desarrollado por los y las fiscales, pues en ellos descansó en buena parte el control de 
las causas en tramitación, sin desmerecer en ningún caso el trabajo realizado por otros 
operadores jurídicos.
El legislador de 2020 ha optado por una nueva redacción de la norma, introducida en 
virtud de la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Su preámbulo reconoce que «establecer sin más un límite 
máximo a la duración de la instrucción se ha evidenciado pernicioso por cuanto puede 
conducir  a  la  impunidad  de  la  persecución  de  delitos  complejos»,  pero  al  tiempo 
considera que «debe articularse un sistema que cohoneste la eficacia del proceso penal 
con los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho de defensa y a un 
proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable».
Resulta obligado, por ello, actualizar los criterios que deberán regir la actuación de 
las/os Sras./es. Fiscales con arreglo al nuevo sistema de plazos introducido por la 
Ley  2/2020,  de  27  de  julio,  por  la  que  se  modifica  el  artículo  324  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal.
2.  Los plazos de la investigación judicial del artículo 324 LECrim.
2.1  Nueva regulación legal.
La redacción ofrecida al artículo 324 LECrim por la Ley 2/2020, de 27 de julio, ha 
simplificado notablemente el sistema de plazos de la fase de investigación judicial, al 
establecer un único plazo de doce meses para la instrucción de las causas penales, 
prorrogable por sucesivos e ilimitados periodos de hasta seis meses de duración, sin otro 
límite  que  el  necesario  para  lograr  la  consecución  de  los  fines  atribuidos  por  el 
artículo 299 LECrim a la fase sumarial.
El legislador de 2020 ha dado al artículo 324 LECrim el siguiente tenor:
«1.  La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses 
desde la incoación de la causa.
Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible 
finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá 
acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.
Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las 
causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas 
diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación. En su caso, 
la denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada.
2.  Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del 
plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del mismo.
3.  Si, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor 
no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera  e.
revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha  w.
fecha. 69ww
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sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda.»
La reforma no se ha limitado a introducir una mera ampliación del plazo ordinario de 
la fase de investigación judicial, sino que ha supuesto una profunda modificación del 
sistema, cuyas principales novedades son las siguientes:
i)  La supresión de la delimitación conceptual entre causas sencillas y complejas.
ii)  La sustitución de un límite temporal máximo para la fase de instrucción por la 
configuración  de  un  control  periódico  sobre  la  concurrencia  de  los  presupuestos 
materiales necesarios para la prosecución de la investigación judicial.
iii)  La posibilidad de que el/la juez/a pueda declarar de oficio la prórroga de su 
investigación.
iv)  La facultad de acordar sucesivas prórrogas de la investigación judicial por un 
periodo máximo de seis meses cada una de ellas.
v)  La previsión de que todas las partes, no solo el Ministerio Fiscal, puedan instar la 
prórroga de la investigación judicial.
vi)  La supresión de supuestos de interrupción de los plazos de instrucción.
vii)  La  omisión  de  referencia  o  limitación  alguna  acerca  de  la  posibilidad  de 
practicar diligencias complementarias.
viii)  La eliminación de un régimen específico de impugnación de las resoluciones 
por las que se declare o deniegue la prórroga de la investigación.
2.2  El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y los plazos regulados por el 
artículo 324 LECrim.
El legislador no ha ofrecido una definición normativa del derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas que permita delimitar con una mínima precisión su contenido. De 
ahí que, sin perjuicio de su configuración como derecho fundamental y como garantía 
procesal a través del que tutelar la duración de las actuaciones procesales, la referencia 
a un proceso sin dilaciones indebidas aparezca, ante todo, como un concepto jurídico 
indeterminado.  En  este  sentido,  resulta  ilustrativa  la  STC  103/2016,  de  6  de  junio 
(FJ 5.º), cuando afirma:
«(…) este derecho es una expresión constitucional que encierra un concepto jurídico 
indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto concreto a la luz 
de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si 
ésta puede considerarse justificada, porque no toda infracción de los plazos procesales o 
toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración 
del derecho fundamental que estamos comentando (por todas, STC 54/2014, de 10 de 
abril, FJ 4), sin que, por otra parte, el derecho fundamental referido pueda identificarse 
con un derecho al riguroso cumplimiento de los plazos procesales, configurándose a 
partir de la dimensión temporal de todo proceso y su razonabilidad (STC 142/2020, de 21 
de diciembre, FJ 3).»
Por ello, nuestros tribunales, haciendo suya la doctrina del TEDH en relación con el 
artículo 6.1 CEDH, han convenido en la necesidad de que el enjuiciamiento acerca de la 
posible vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se realice con 
arreglo a determinados parámetros: la complejidad del proceso, la actitud procesal del 
investigado, la diligencia del órgano judicial y la duración normal u ordinaria de otros 
litigios similares. Resulta de particular interés al respecto la STS 29/2021, de 20 de enero 
(FJ 1.º), cuando dispone:
«(…) el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es  o
identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las  69ww
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existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente
justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano 
jurisdiccional  y  no  precisamente  a  quien  reclama.  En  particular  debe  valorarse  la 
complejidad  de  la  causa,  el  comportamiento  del  interesado  y  la  actuación  de  las 
autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria 
Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y 
Martín de Vargas C. España, y las que en ellas se citan).»
Puede concluirse, por tanto, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas 
proclamado por el artículo 24.2 CE –al igual que el derecho a un proceso en plazo 
razonable consagrado en el artículo 6 CEDH– se identifican en realidad con el derecho 
que asiste a las partes a que la tramitación del procedimiento se desarrolle por el órgano 
judicial de modo diligente y ágil, evitando en todo momento la práctica de actuaciones 
inútiles. De ahí que, como señalan las SSTEDH de 2 de febrero de 2006 (rec. núm. 
41211/1998) y de 20 de mayo de 2014 (rec. núm. 73593/2010), «la razonabilidad de la 
duración del procedimiento deba evaluarse de acuerdo con las circunstancias del caso y 
teniendo  en  cuenta  los  criterios  establecidos  por  la  jurisprudencia  del  Tribunal,  en 
particular  la  complejidad  del  caso,  la  conducta  del  solicitante  y  de  las  autoridades 
competentes».
Por consiguiente, no resulta posible delimitar el contenido del derecho a un proceso 
sin dilaciones indebidas con arreglo a criterios absolutos, debiendo huirse de apriorismos 
que  vinculen  su  posible  vulneración  con  la  infracción  de  plazos  procesales 
predeterminados conforme a criterios abstractos que impidan singularizar las concretas 
circunstancias concurrentes en la tramitación de cada procedimiento.
Razones  de  orden  formal  y  naturaleza  constitucional  impiden  afirmar  que  el 
artículo 324 LECrim desarrolle el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones 
indebidas, pues debe recordarse que el sistema de plazos fue instaurado con arreglo a la 
reforma  operada  por  la  Ley  41/2015,  de  5  de  octubre,  cuya  redacción  resultó 
ulteriormente modificada por la Ley 2/2020, de 27 de julio; en ambos casos leyes 
ordinarias y, por consiguiente, inidóneas –en principio– al objeto de desarrollar derecho 
fundamental  alguno  con  arreglo  a  lo  preceptuado  por  el  artículo  81.1  CE.  Si 
considerásemos que el artículo 324 LECrim conlleva una afectación directa al núcleo del 
derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, no habría sido posible su 
introducción mediante ley ordinaria con arreglo al artículo 53 CE. En este sentido, la 
STC 53/2002, de 27 de febrero (FJ 12.º), dispone:
«Precisando aún más esta doctrina, en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 11, 
analizamos con detenimiento cuándo la imposición de límites a un derecho fundamental 
cae en la reserva de Ley orgánica (art. 81.1 CE) y cuándo se puede considerar una 
regulación del ejercicio del derecho (art. 53.1 CE) no reservado a aquella forma legal. 
Dijimos entonces que los límites legales o bien pueden ser restricciones directas del 
derecho fundamental mismo, o bien pueden ser restricciones al modo, tiempo o lugar de 
ejercicio del derecho fundamental. En el primer caso, regular esos límites es una forma 
de desarrollo del derecho fundamental. En el segundo, los límites que se fijan lo son a la 
forma concreta en la que cabe ejercer el haz de facultades que compone el contenido del 
derecho fundamental en cuestión, constituyendo una manera de regular su ejercicio, lo 
que puede hacer el legislador ordinario a tenor de lo dispuesto en el artículo 53.1 CE.»
La jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos diferencia entre proceso sin dilaciones y proceso sin dilaciones  s
indebidas, así como entre proceso en plazo y proceso en plazo razonable. La fijación de  oe.
un  plazo  máximo  para  la  investigación  judicial  no  contribuye  necesariamente  a  w.
dirreatezCormineairntbaalmer .ceunáten,d oe l unleag idsillaadcoiórn  sdee bhea lslae r farecpuulttaaddoa  ipnadreab ifdijaa ro  pulanz polsa zmo ácxailmifiocsa dpoa croam  eol   2021-6369n https://ww
ejercicio de las actuaciones procesales. Sin embargo, ello no permite entender que las
actuaciones desarrolladas en plazo se muestren respetuosas con el derecho al proceso
sin dilaciones indebidas. Claro ejemplo de cuanto se afirma resulta de la circunstancia de 
que en caso de derogarse el sistema de plazos del artículo 324 LECrim, en nada 
afectaría a la calificación como debidas o indebidas de las dilaciones que pudieran 
producirse durante la fase de investigación judicial. De ello se infiere que el artículo 324 
LECrim aparece como un criterio orientativo, pues la apreciación de una dilación como 
indebida no resulta del mero transcurso de los plazos procesales, sino de las razones 
que subyacen a la duración misma del procedimiento y, más en concreto, a la falta de 
diligencia en su tramitación. En este sentido, resulta oportuno citar el ATS 151/2020, 
de 30 de enero (FJ 2.º), cuando dispone:
«(…) la respuesta dada es conforme con la jurisprudencia de esta Sala, que a 
propósito del nuevo artículo 324 LECrim ha declarado en la STS 455/2017, de 21 de 
junio –con cita en la STS 400/2017, de 1 de junio– que éste puede servir como pauta 
interpretativa  a  la  hora  de  determinar  cuándo  una  dilación  del  procedimiento  es 
extraordinaria, pero ello es siempre relativo teniendo en cuenta los distintos factores que 
convergen, lo que exige un cuidadoso análisis de los distintos casos. Además, la dilación 
debe ser indebida, con independencia del tiempo transcurrido entre uno y otro trámite y 
las circunstancias de cada uno de aquéllos. Por ello la mera relación de los periodos de 
paralización no es suficiente si no se explica el porqué de cada uno.
La  irregularidad  concretada  en  omitir  una  resolución  para  ampliar  el  plazo  de 
instrucción no aboca a la atenuante del artículo 21.6.ª CP. Si el plazo global de duración 
del  proceso  no  sobrepasa  lo  razonable,  de  ninguna  manera  puede  hablarse  de 
dilaciones indebidas en el sentido exigido por el artículo 21.6.ª CP (STS 368/2018, de 18 
de julio).»
De notable interés sobre esta cuestión resulta, asimismo, la reciente STS 66/2021, 
de 28 de enero (FJ 2.º), al señalar:
«Como este tribunal ha mantenido de forma reiterada, el simple incumplimiento de 
los  plazos  procesales  no  justifica  la  solución  atenuatoria  propugnada  [circunstancia 
atenuante de dilaciones indebidas] –vid. SSTS 703/2018, de 14 de enero; 705/2020, 
de 17 de diciembre–.
El  transcurso  del  tiempo  en  el  proceso  penal  por  incumplimientos  de  plazos 
procesales puede comportar diferentes consecuencias que, en atención al contexto en el 
que la disfunción temporal se produce, no pasan de forma necesaria por la atenuación 
de la responsabilidad (…).
Transcurso del tiempo que, también, desde luego, puede fundar la atenuación de la 
responsabilidad penal declarada. Pero para ello, debe identificarse, primero, el carácter 
indebido y extraordinario del tiempo transcurrido y, segundo, una tasa significativa de 
aflictividad para la persona afectada que supere la que puede esperarse del propio 
desarrollo de todo proceso en el que está en juego la libertad personal.
Es  precisamente  dicho  plus  aflictivo  por  el  excesivo  transcurso  del  tiempo,  al 
comportar una suerte de pena natural, el que justifica su compensación mediante la 
atenuación específica.»
Una respuesta judicial tardía puede llegar a frustrar las legítimas expectativas y 
pretensiones de quien como ofendido o perjudicado por el delito recabe el auxilio de la 
Administración  de  justicia,  convirtiéndose,  a  su  vez,  en  una  suerte  de  retribución 
anticipada para el sujeto sometido a investigación, fruto del carácter aflictivo inherente a 
la propia condición de sujeto pasivo del procedimiento. De ahí que se haya postulado la  e.
oportunidad de limitar los plazos de la fase de instrucción a fin de eludir el riesgo de  w.
someter sine die a la persona investigada a un proceso penal, fijando a tal efecto plazos  69ww
tqieume peon  raazbosntraabclteo  ys esi nr eppeurtjueinc ioó pdteim lao sp opsairbail iddaeds adrero alladrm liati r ienxvceesptigciaocnióens  acnritme isnuapl ueens tuons 
de particular complejidad que justifiquen la ampliación de su duración.
Sin embargo, el artículo 324 LECrim no establece un sistema idóneo para conjurar 
plenamente las penalidades asociadas a la condición procesal de la persona investigada, 
pues  en  nuestro  sistema  las  consecuencias  asociadas  a  aquella  condición  pueden 
resultar previas a la atribución de la misma por el órgano judicial.
Así las cosas, al margen de la investigación que la Policía Judicial pueda desarrollar 
con anterioridad a la incoación del proceso penal, nuestro sistema procesal atribuye al 
Ministerio  Fiscal  la  facultad  de  practicar  diligencias  de  investigación  de  naturaleza 
preprocesal (arts. 5 EOMF y 773 LECrim) en el curso de las cuales podrá atribuir el 
estatus de investigado/a a cualquier persona, lo que sin duda puede tener trascendencia 
en el plano personal y el orden social para el sujeto sometido a investigación. Diligencias 
de investigación que, con arreglo a lo preceptuado por el artículo 5 EOMF, podrán 
desarrollarse durante plazos de seis meses –doce meses en el supuesto de los delitos 
previstos en el artículo 19.4 EOMF–, susceptibles de sucesivas e ilimitadas prórrogas por 
idéntico periodo.
El  hecho  de  que  el  artículo  324  LECrim  no  tome  en  consideración  los  lapsos 
temporales  durante  los  que  la  persona  investigada  se  haya  visto  sometida  a  la 
investigación de la Fiscalía o la Policía Judicial revela la auténtica naturaleza de aquellos 
plazos. De hallarse estos íntimamente conectados con el derecho fundamental a un 
proceso sin dilaciones indebidas, su cómputo debiera integrar necesariamente todos los 
periodos de investigación durante los que el sujeto pasivo de la misma se hubiera visto 
sometido a los inconvenientes asociados a esa condición, pues lo contrario podría 
considerarse un mero fraude de etiquetas. Lejos de ello, los artículos 5 EOMF y 324 
LECrim configuran un sistema de plazos para la investigación penal que no afecta de 
forma directa al contenido del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Por consiguiente, el modo en que el artículo 324 LECrim articula el cómputo de los 
plazos  de  la  fase  de  investigación  judicial  revela  que  nos  hallamos  ante  plazos 
procesales cuya finalidad es ordenar el curso del procedimiento, sin conexión directa con 
los artículos 24.2 CE y 6.1 CEDH.
El vigente artículo 324.1 LECrim señala que «[l]a investigación judicial se desarrollará 
en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa». Puede afirmarse, 
por tanto, que el inicio del plazo tendrá lugar desde el momento de la incoación del 
procedimiento judicial, quedando excluidas del cómputo cualesquiera diligencias que la 
Policía Judicial o el Ministerio Fiscal hubiesen desarrollado con anterioridad a aquel 
momento.
Por otro lado, el cómputo del sistema de plazos de la investigación judicial se inicia y 
desarrolla al margen de la atribución de la condición de investigado/a, en tanto en cuanto 
nace desde el momento en que se incoa el procedimiento penal, aun cuando no existan 
elementos que permitan atribuir la comisión del hecho a persona alguna.
De ahí que resulte difícil conectar el contenido del artículo 324 LECrim con el 
derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas o con el derecho a un 
proceso equitativo en plazo razonable, pues por lo que al sujeto pasivo del procedimiento 
se refiere, parece evidente que nos encontramos ante derechos cuyo nacimiento deberá 
vincularse a la efectiva atribución de la condición de investigado a su titular. De este 
modo, la STS 559/2020, de 29 de octubre (FJ 3.º), dispone:
«(…) también es cierto que en cuanto al inicio del cómputo del tiempo de las posibles 
dilaciones, no debe tomarse en cuenta la fecha de los hechos (…) Así la jurisprudencia, 
por ejemplo STS 841/2015, del 30 de diciembre, ha declarado que el derecho se refiere 
al proceso sin dilaciones, no a un hipotético y exótico derecho del autor de un delito a un  e.
descubrimiento  rápido  tanto  de  la  infracción  penal  como  de  su  implicación  en  ella  w.b
(STS 250/2014, de 14 de marzo). Desde la comisión del hecho hasta la incoación del  69ww
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proceso…)  y  que  enlaza  con  la  idea  de  pena  natural,  latente  en  la  construcción 
dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas.»
En idéntico sentido, vid. ATS 740/2020, de 22 de octubre; o las SSTS 528/2020, 
de 21 de octubre; 457/2020, de 17 de septiembre; 366/2020, de 2 de julio; 273/2020, 
de 3 de junio.
En similares términos se pronuncia la STEDH de 25 de noviembre de 2010, al 
afirmar que:
«(…) el plazo a tomar en consideración para determinar la duración del proceso 
penal comienza con el día en que se "imputa" a una persona en el sentido autónomo y 
sustantivo  que  se  le  confiera  a  ese  término.  Termina  el  día  en  que  finalmente  se 
determina su responsabilidad o se termina el proceso (vid. SSTEDH Asunto Gil Leal 
Pereira c. Portugal, de 31 de octubre de 2002; Asunto Eckle c. Alemania, de 15 de julio 
de 1982; Asunto UHL contra Alemania, de 10 de febrero de 2005).»
En otro orden de cosas, el actual párrafo segundo del artículo 324.1 LECrim confirma 
que los plazos no operan a modo de límite absoluto de la investigación criminal, pues 
según  dispone  el  precepto,  «[s]i,  con  anterioridad  a  la  finalización  del  plazo,  se 
constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de 
parte,  oídas  las  partes  podrá  acordar  prórrogas  sucesivas  por  periodos  iguales  o 
inferiores a seis meses».
Esta circunstancia permite inferir que el artículo 324 LECrim se limita a imponer al 
órgano judicial la obligación de revisar periódicamente el curso de las actuaciones, a fin 
de constatar el estado de ejecución de las diligencias cuya práctica fue previamente 
acordada, el resultado de las mismas, así como la necesidad de practicar otras nuevas 
o,  en  su  caso,  poner  fin  a  la  fase  de  instrucción  sobreseyendo  las  actuaciones  o 
avanzando a la fase intermedia del procedimiento. Esta previsión resulta idónea a fin de 
garantizar un mínimo seguimiento y control de los procedimientos judiciales en curso, 
evitando así posibles paralizaciones durante largos periodos de tiempo, lo que redundará 
en una tramitación más ágil y diligente de los mismos.
Sin embargo, el hecho de que el precepto implemente una previsión apta para 
agilizar el curso de los procedimientos penales no permite conectar su contenido sin más 
con los artículos 24.2 CE y 6.1 CEDH. El actual artículo 324 LECrim no establece un 
límite máximo de duración, ni de forma absoluta, ni en función de que la instrucción se 
considere simple o compleja. Por consiguiente, no es posible vincular los plazos –más 
que de un modo remoto– con el tiempo razonable para la tramitación del procedimiento.
No toda infracción de las normas procesales supone la vulneración del derecho a un 
proceso  con  todas  las  garantías,  pues  en  última  instancia  ello  conduciría 
inexorablemente  a  la  constitucionalización  de  los  meros  formalismos  (vid. 
SSTS 407/2020, de 20 de julio; 173/2018, de 11 de abril; 255/2017, de 6 de abril).
En definitiva, el carácter razonable de la duración de un procedimiento no depende 
de la mera prórroga de un plazo procesal, sino que viene delimitado por la diligencia y 
celeridad con que se haya desarrollado la actividad instructora.
2.3  Ámbito objetivo de aplicación.
El nuevo artículo 324 LECrim ha suprimido la previsión contenida en la redacción 
precedente acerca de que los plazos deban computarse desde la fecha de incoación del 
sumario o de las diligencias previas, limitándose ahora a conectar el inicio del cómputo  e.e
con la más genérica referencia a la «incoación de la causa». b
A pesar de lo anterior, el ámbito de aplicación del vigente artículo 324 LECrim debe  69ww
pserogcueird imciirecnutnos corridbiinéanrdioo sey  ceoxmclou sdivilaigmeennctiea s ap relovisa s,p rpoocre driamzioennetoss  antráalomgitaasd oas  lacso myao 
sinesñtraulaccdiaósn ,e qnu lea  sCei racsuulamr edne  ínlat eFgGraEm ne.nº te5./ 2P0o1r5 c, osnosbigreu ileonst ep,l aqzuoesd amná exximclousid does  dlae lf aásmeb diteo 
objetivo de aplicación del precepto los procedimientos ante el Tribunal del Jurado, para el
enjuiciamiento rápido de determinados delitos, por aceptación de decreto y para el juicio 
sobre delitos leves.
La conclusión anterior se infiere de la previsión contenida en el apartado 4.º del 
artículo  324  LECrim,  cuando  dispone  que  «[t]ranscurrido  el  plazo  máximo  o  sus 
prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento 
abreviado, la resolución que proceda». De este modo, el legislador limita la aplicación de 
los  plazos  de  la  fase  de  investigación  judicial  a  las  modalidades  procedimentales 
expresamente referidas en el precepto.
3.  Presupuestos para la prórroga de la investigación judicial.
El derogado artículo 324 LECrim contemplaba la posibilidad de que el plazo ordinario 
de la fase de investigación judicial –seis meses de duración– pudiera ser ampliado en 
aquellos casos en que la instrucción fuera declarada compleja ab initio o de forma 
sobrevenida por concurrir alguna o varias de las circunstancias a que se refería en su 
apartado segundo.
Además, el precepto hacía referencia a la posibilidad de prorrogar la duración de la 
instrucción cuando por concurrir «circunstancias sobrevenidas a la investigación, esta no 
pudiera  razonablemente  completarse  en  plazo».  Esta  previsión  generó  una  notable 
inseguridad jurídica fruto de la indefinición acerca de lo que debiera entenderse por 
«circunstancias sobrevenidas a la investigación».
La mayor parte de las resoluciones de las audiencias provinciales precisaron que 
aquellas causas o circunstancias sobrevenidas debían limitarse a las que se suscitaran 
ad intra durante el curso de la investigación, quedando excluidas las que provinieran de 
un déficit estructural de organización de la Administración de justicia, así como aquellas 
otras que resultaran imputables a la mera pasividad o falta de diligencia del órgano 
judicial (vid. AAP Madrid 889/2019, de 6 de noviembre; AAP Tarragona 822/2019, de 29 
de octubre; AAP Barcelona 303/2019, de 2 de mayo; AAP Pontevedra 211/2019, de 3 de 
abril; AAP Las Palmas de Gran Canaria 261/2018, de 2 de mayo; AAP Lleida 615/2017, 
de 13 de diciembre).
En la nueva redacción ofrecida al artículo 324 LECrim el único presupuesto cuya 
concurrencia se exige –al objeto de prorrogar la duración de la instrucción– consiste en 
que por el/la juez/a se constate motivadamente la imposibilidad de finalizarla como 
consecuencia de la necesidad de practicar diligencias relevantes para el curso de la 
investigación.
Por  consiguiente,  la  prórroga  de  la  investigación  judicial  resultará  jurídicamente 
admisible siempre que concurran los presupuestos materiales antes referenciados, con 
independencia de las razones que hayan impedido la práctica de aquellas diligencias 
que se estimen necesarias para lograr la consecución de los fines descritos por el 
artículo 299 LECrim, y de que esa imposibilidad resulte imputable al órgano judicial o a la 
aparición de circunstancias sobrevenidas durante el curso de la investigación.
Si la voluntas legislatoris hubiera sido la de impedir la prosecución de aquellas 
investigaciones en que la actividad procesal desplegada hubiera sido poco diligente, se 
habría hecho constar mediante la redacción de una cláusula que así lo contemplara. 
Buena  muestra  de  ello  es  el  hecho  de  que  no  prosperasen  aquellas  enmiendas 
introducidas durante la tramitación de la Proposición de Ley núm. 122/000024 (BOCG 
de 29 de abril de 2020), de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en las que se proponía que «deberá ponerse fin a la 
instrucción cuando transcurra un plazo de seis meses sin que se lleve a cabo ninguna  e
diligencia de investigación». bo
En definitiva, la finalidad del precepto no es otra que la de imponer al órgano judicial  69ww
lvae roifibclaigra ceiló ne sdtaed oc odnetr ollaasr   pdeilirgióednicciaams eancteo rdeal dcausr,s oa sdí ec olam oin vveaslotirgaar cilóan  naelc eosbidjeatdo   ddee 
sporabcreticsaerim  oietrnatos , nbuieenv alas  coo,n celuns isóun  dceals osu, mcaornioc luoi r lal aa pinesrttururac cdióen ,la  bfaiesne  dinetecrremtaenddiao  deell 
procedimiento abreviado.
El legislador diseña así un sistema que permite armonizar el derecho a una más ágil 
tramitación de los procedimientos penales y el derecho a la tutela judicial efectiva, 
instaurando mecanismos que garanticen el periódico control y actualización del estado 
de los procedimientos, sin que el derecho de las partes a obtener la tutela de sus 
legítimas pretensiones pueda verse cercenado por la concurrencia de circunstancias 
sobrevenidas,  presupuestos  de  naturaleza  exclusivamente  formal  o  por  la  falta  de 
diligencia o celeridad en la actuación procesal, las más de las veces motivada por 
causas de orden estructural.
En otro orden de cosas, la resolución por la que el órgano judicial decrete la prórroga 
de la investigación deberá revestir –ex artículo 324.1.III LECrim– la forma de auto, en el 
que  el/la  juez/a  expondrá  las  razones  que  han  impedido  concluir  la  investigación 
desarrollada hasta ese momento, así como indicar las concretas diligencias que aún 
resulta preciso practicar, con expresión de los motivos por los que las mismas se 
consideran relevantes para concluir la fase de instrucción.
El deber de motivación de la referida resolución cobra ahora una particular relevancia 
con  arreglo  al  nuevo  diseño  procesal  ofrecido  por  el  artículo  324  LECrim.  En 
consecuencia, las/os Sras./es. Fiscales velarán por que la resolución judicial decretando 
la prórroga de la duración de la investigación exprese las razones que aconsejan su 
continuación, así como las concretas diligencias que restan por practicar, con expresión 
de los motivos por los que estas se consideran relevantes para concluir la fase de 
instrucción.
4.  Delimitación de las facultades del órgano instructor y las partes en relación con la 
prórroga de la investigación judicial.
Con arreglo a la redacción del artículo 324 LECrim ofrecida por la Ley 41/2015, de 5 
de  octubre,  la  jurisprudencia  interpretó  mayoritariamente  que  la  ampliación  de  la 
duración de la fase de instrucción precisaba de la previa solicitud del Ministerio Fiscal, 
con la salvedad del denominado plazo máximo previsto en su apartado 4.º, en el que el 
legislador admitió de modo expreso que la solicitud pudiera ser efectuada por cualquiera 
de las partes personadas en el procedimiento (vid. SSTS 470/2017, de 22 de junio; 
214/2018, de 8 de mayo; AATS 504/2019, de 2 de abril; 164/2020, de 23 de enero).
El  derogado  artículo  324  LECrim  tomó  como  fuente  de  inspiración  el  frustrado 
proyecto de Código Procesal Penal de 2013, una de cuyas principales novedades residía 
en atribuir al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación criminal. Buena parte de los 
problemas técnicos y prácticos asociados a la configuración del sistema de plazos 
instaurado por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, encuentran su génesis en el hecho de 
que se trasladara a nuestra ley rituaria un modelo procesal concebido en torno a la figura 
del fiscal investigador. Sin embargo, la reforma operada por la Ley 41/2015 no alteró la 
configuración  de  la  fase  investigadora  del  procedimiento,  cuya  dirección  siguió 
correspondiendo al órgano judicial, creándose así una evidente paradoja procesal al 
vincular la posibilidad de ampliar el plazo de las investigaciones judiciales a la previa 
petición del Ministerio Fiscal.
La actual redacción del párrafo segundo del artículo 324.1 LECrim ha puesto fin a tal 
incoherencia, atribuyendo al juez la facultad de ampliar de oficio la duración de su 
investigación. El legislador de 2020 ha adoptado una opción más coherente y respetuosa 
con el actual diseño procesal consistente en atribuir la facultad de decidir sobre el curso 
de  la  investigación  a  quien  la  dirige  y  a  quien,  por  esa  misma  razón,  le  está 
encomendada la consecución de las finalidades descritas en el artículo 299 LECrim.  e
Todo ello sin perjuicio, evidentemente, del auxilio que a tal fin puede y debe prestar el  bo
Ministerio  Fiscal  con  arreglo  a  las  altas  funciones  y  responsabilidades  que  el  69ww
ordePnoarm cioennstoig juuireídnitceo,  lleo sa tprilbauzoyes .regulados por el nuevo artículo 324 LECrim deben ser
raenpteurtaiodr,o nso c aopmaore cpela czoonsd ijcuidoincaiadleas a,  lpau perse vsiau  paemticpilóianc dióen p, aar ted.iferencia de la regulación
Como novedad, el párrafo segundo del artículo 324.1 LECrim ha introducido la 
posibilidad de que todas las partes del proceso penal –activas y pasivas– puedan 
promover por igual ante el órgano judicial la prórroga de la investigación. Esta previsión 
legal se estima más respetuosa con los derechos a la tutela judicial efectiva, a utilizar 
todos  los  medios  de  prueba  y  a  un  proceso  con  todas  las  garantías,  siendo 
incontrovertida la legitimación del Ministerio Fiscal para invocar y promover la defensa de 
estos derechos (vid. STC 17/2006, de 30 de enero; SSTS 141/2015, de 3 de marzo; 
508/2015, de 27 de julio; 841/2016, de 8 de noviembre; 288/2018, de 14 de junio; 
352/2019, de 10 de julio; 271/2020, de 2 de junio).
La reforma ha operado una profunda transformación del rol asignado al Ministerio 
Fiscal en relación con el control de los plazos procesales del artículo 324 LECrim. Si con 
arreglo a la redacción de la Ley 41/2015 el Ministerio Fiscal se erigía en figura principal 
de ese control, el protagonismo ha sido trasladado ahora al órgano judicial encargado de 
dirigir la instrucción. Así se infiere de la facultad de este para decretar de oficio la 
prórroga de la investigación y del hecho de que el nuevo precepto coloque en un plano 
de igualdad al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales, atribuyendo a todas 
ellas idénticas facultades.
En definitiva, es al director de la investigación judicial a quien compete controlar el 
curso y duración de la misma y, por ello, determinar la necesidad de ampliar su duración 
al objeto de practicar cuantas diligencias resulten necesarias para lograr la consecución 
de los fines de la instrucción, sin perjuicio de la función que atribuye al Ministerio Fiscal 
el artículo 773.1 LECrim y de que, como ya estableció la Instrucción de la FGE n.º 
2/2008, sobre las funciones del Fiscal en la fase de instrucción, «no es casual que el 
artículo 3 EOMF, en su redacción dada por Ley 24/2007, de 9 de octubre, al desglosar en 
dieciséis apartados las obligaciones del Ministerio Fiscal, ubique en primer lugar la de 
velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los 
plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y 
actuaciones, pertinentes. Ni el hecho de que la investigación de las infracciones penales 
se inicie directamente ante el Juzgado de Instrucción ni la eventual remisión a dicho 
órgano de las diligencias de investigación practicadas por el Fiscal supone que éste 
pueda relajar su obligación de continuar coadyuvando activamente al buen fin de la 
instrucción. (…) La esencia del Fiscal como promotor de la Justicia es la asunción de la 
iniciativa  procesal,  defendiendo  la  legalidad  procesal  desde  una  posición  activa, 
estimulando el desenvolvimiento ágil de las actuaciones».
Por ello, las/os Sras./es. Fiscales promoverán ante el órgano judicial –en aquellos 
casos en que así lo consideren pertinente– el dictado de las resoluciones por las que se 
decrete la ampliación de la fase de investigación, procurando que el/la juez/a recabe el 
parecer de las distintas partes personadas en el procedimiento (art. 324.1.III LECrim), así 
como que el auto en virtud del cual se decrete la prórroga sea motivado y resulte dictado 
en plazo.
Asimismo,  las/os  Sras./es.  Fiscales  deberán  interponer  aquellos  recursos  que 
estimen  procedentes  frente  a  las  resoluciones  por  las  que  el/la  juez/a  acuerde  o 
deniegue la ampliación de la fase de instrucción. A tal efecto, es preciso advertir que el 
vigente artículo 324 LECrim –a diferencia de la versión aprobada por Ley 41/2015– no 
prevé restricción alguna acerca de la posibilidad de impugnar aquellas resoluciones, 
motivo por el que deberá estarse al régimen general establecido en los artículos 216 y 
ss. y 766 LECrim.
5.  Cómputo de los plazos. e.
5.1  Determinación del dies a quo. 69ww
actuLaac ionnueesv ac oremdoa cdciieósn  ad eql uaor típcualroa  3e2l 4c.1ó mLpEuCtori md ef ijalo sl a pflaezcohsa  adle  sienñcoaalacri óqnu ed e« [lla]as 
investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la
incoación de la causa».
Como ya advirtiera la Circular de la FGE n.º 5/2015, la determinación del dies a quo 
plantea problemas en los supuestos de inhibiciones y acumulaciones en los que pueden 
concurrir varios autos de incoación de distinta fecha. Los criterios que sobre dicho 
particular se recogían en la referenciada Circular se asumen íntegramente en la presente 
y deben entenderse plenamente aplicables en la actualidad.
Así, en el caso de las inhibiciones por cuestiones de competencia, la fecha a tener en 
cuenta será la del primer auto de incoación que se dicte, ya que en ningún caso el 
tiempo que la Administración de justicia emplee en determinar el órgano competente 
puede ir en detrimento de la agilización del procedimiento (vid. AAP Barcelona 196/2020, 
de 2 de marzo; SAP Madrid 108/2020, de 17 de febrero; AAP Zaragoza 52/2020, de 24 
de enero; AAP Tarragona 861/2018, de 21 de diciembre; AP Ciudad Real 204/2018, 
de 17 de mayo; AAP Pontevedra 474/2017, de 1 de junio).
Cuando se trata de acumulaciones el criterio ha de ser necesariamente diferente, ya 
que las mismas versarán sobre hechos o sujetos distintos, que en principio podrían 
haberse instruido en causas separadas. Como establece el artículo 17 LECrim, cada 
delito debe dar lugar a la formación de una causa, pero si concurre alguno de los 
supuestos de conexidad, la investigación se efectuará en un solo procedimiento. En este 
caso, si existen varios autos de incoación de diligencias, el que marque el inicio del 
cómputo de los plazos debe ser el auto de incoación de las últimas diligencias iniciadas, 
y ello por razones de estricta lógica: por un lado, si tales diligencias no se hubieran 
acumulado, estarían sometidas a los plazos generales del artículo 324 LECrim en toda 
su amplitud; por otro, de quedar vinculadas al plazo de las diligencias más antiguas, 
podría llegarse al absurdo de que una vez acumuladas, no se disponga de plazo alguno 
para la instrucción, por hallarse este ya agotado.
Algunos tribunales han rechazado el criterio antes expresado, interpretando que el 
inicio del cómputo del plazo regulado por el artículo 324.1 LECrim tendrá lugar con la 
incoación del procedimiento, «pero siempre que dicha resolución incorpore un plan 
investigativo programado», rechazando de ese modo que la resolución de incoación del 
procedimiento a los meros efectos de su inhibición goce de virtualidad alguna a la hora 
de fijar el dies a quo del referenciado cómputo (v. gr. AAP Valencia 774/2020, de 8 de 
septiembre; AAP Granada 386/2020, de 25 de junio; o AAP Murcia 275/2020, de 7 de 
abril, entre otras).
Sin embargo, las audiencias provinciales mayoritariamente han hecho suyos los 
argumentos  ofrecidos  sobre  dicho  particular  por  la  Circular  de  la  FGE  n.º  5/2015, 
subrayando  a  tal  efecto  que  la  incoación  del  procedimiento  y  ulterior  inhibición  no 
suspende en ningún caso la tramitación de las actuaciones, con arreglo a lo dispuesto en 
el  artículo  25.3  LECrim  (v.  gr.  AAP  Barcelona  437/2020,  de  18  de  junio;  AAP 
Madrid 654/2019, de 20 de septiembre; AAP Girona 476/2019, de 15 de julio; AAP 
Valladolid 113/2017, de 13 de marzo; AAP Tarragona 129/2020, de 28 de febrero; AAP 
Bilbao 151/2019, de 16 de mayo; AAP Barcelona 106/2018, de 31 de enero).
Por consiguiente, las/os Sras./es. Fiscales procurarán que en estos supuestos la 
actuación judicial instructora no quede suspendida de modo indefinido a la espera de 
que se resuelvan los posibles conflictos de competencia que puedan suscitarse entre los 
distintos órganos judiciales, promoviendo ante aquel que hubiera planteado la inhibición 
el diligente desarrollo de la investigación con arreglo al artículo 25 LECrim e incluso, para 
el caso de estimarse oportuno, la prórroga de la fase de investigación.
En otro orden de cosas, debe recordarse que también han suscitado controversia las 
conversiones  de  un  procedimiento  no  comprendido  dentro  del  ámbito  objetivo  de  s
aplicación del artículo 324 LECrim –procedimientos ante el Tribunal del Jurado, para el  oe.
enjuiciamiento rápido de determinados delitos, por aceptación de decreto y para el juicio  w.
sobre delitos leves– en los procedimientos ordinario o de diligencias previas. 69ww
cómLpau toa cdtueablí ar eidnaiccicairósne  d«edle sadrteíc ulalo f e3c2h4a  LdEeCl raimut oh ad es uinsctiotuaicdioó nl ad erel fseuremnacriiao  ao  qduee  laesl 
cdailiugsean»c.i aEss ptare mviaosd»if icpaocr ióunn ap fuódrmieruala s nuostcaitbaler mduednates  maáces rvcaag dae:  «sdi eesld ed ielas  inac oqaucoi ódne dbeie rlaa   BOE-A-cable e
fijarse en atención a la data de incoación del primero de los procedimientos o, por el 
contrario, con arreglo a la resolución por la que –a raíz de la conversión– se acordara la 
incoación del procedimiento ordinario o de diligencias previas. Sin embargo, con arreglo 
a una interpretación sistemática y teleológica puede concluirse que también en estos 
casos el dies a quo deberá computarse desde la fecha de incoación del procedimiento 
ordinario o de diligencias previas, en tanto en cuanto el artículo 324 LECrim no debe ser 
aplicado a otros procedimientos que a los expresamente comprendidos dentro de su 
ámbito objetivo de aplicación.
La interpretación apuntada ofrece una solución más compatible con la concreta 
ubicación del precepto pues, en caso contrario, ello conduciría a admitir alternativas 
inconcebibles en aquellos casos en que la incoación del procedimiento ordinario o de 
diligencias previas, fruto de la conversión procedimental, tuviera lugar tras superarse el 
plazo regulado por el artículo 324.1 LECrim.
5.2  Dies ad quem de la investigación judicial.
En cuanto al dies ad quem de los plazos regulados por el artículo 324 LECrim, debe 
recordarse que, de conformidad con el artículo 185 LOPJ, «[l]os plazos procesales se 
computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil», señalando el artículo 5.1 CC 
que «si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. 
Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se 
entenderá que el plazo expira el último del mes». Asimismo, debe tenerse presente que, 
según  los  artículos  201  LECrim  y  184  LOPJ,  «todos  los  días  y  horas  del  año  se 
considerarán hábiles para la instrucción de las causas penales».
La aplicación de los preceptos reseñados a los plazos del artículo 324 LECrim deriva 
de su naturaleza procesal y preclusiva, en contraposición a los plazos sustantivos, como 
los de prescripción y caducidad.
Los plazos procesales se distinguen de los plazos sustantivos porque su nacimiento 
siempre se ubica en el seno de un procedimiento fruto de una actuación procesal 
anterior,  como  es  el  auto  de  incoación  de  diligencias  previas.  Como  señala  la 
STS 751/2019, de 5 de noviembre, «la naturaleza de las normas no depende de su 
ubicación en un determinado texto. El criterio que se aplica para determinar la naturaleza 
procesal de una norma es el ámbito en el que incide la consecuencia jurídica prevista en 
la misma, si tiene reflejo en el proceso, atiende a la conducta de las partes, de los 
intervinientes en el proceso, del juez, o se refiere a actos procesales, tanto a la forma 
como a sus presupuestos, requisitos y efectos, la norma será procesal».
De ahí que aquellos plazos cuya génesis se asocie a una actuación procesal previa 
gocen siempre de naturaleza procesal, mientras que aquellos otros cuyo nacimiento 
tenga lugar extramuros del procedimiento sean considerados sustantivos o materiales. 
En este sentido, el ATS (Civil), sec. 1.ª, de 23 de mayo de 2018, dispone que «[e]sta 
Sala ha reiterado la diferencia existente entre plazos procesales y sustantivos al señalar 
que únicamente ofrecen carácter procesal los que tienen su origen o punto de partida de 
una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), 
entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el 
ejercicio de una acción».
Entre esas actuaciones de carácter procesal se encuentra la resolución judicial 
iniciadora  del  procedimiento  penal  –auto  de  incoación  de  sumario  o  de  diligencias 
previas del procedimiento abreviado–, cuyo mero dictado produce el inicio del cómputo 
de los plazos de instrucción, sin necesidad para ello siquiera de su notificación al  e
Ministerio Fiscal. bo
A mayor abundamiento, el ejercicio de la acción penal no viene constreñido por los  69ww
ipmlapzidoes  deejel racirttaícr ualoq u3e2ll4a ,L nEoC rimimp,l idcae  tuanl  mdeasnaeproad qeuraem eile ntrtaon sdceul rEsos taddeo e psatorsa  naoc tueanre revla i unsi 
epxucnliuesnidvai. mLeonst e palal zporso cdeedli maiertníctou loin v3e2s4ti gLaEtivCor imde snaor roalfleacdtoa np oar  elal  óarcgcainóon  jupdeincaial,l  (svinido. 
AAP Valencia 624/2019, de 10 de junio; AAP Barcelona 237/2019, de 25 de abril; AAP
Murcia  520/2018,  de  20  de  diciembre).  El  vencimiento  de  los  plazos  máximos  sin 
culminar oportunamente la fase de instrucción no determina la caducidad de la acción 
penal, ni implica la aparición de una novedosa causa de extinción de la responsabilidad. 
Es  por  ello  que  la  única  consecuencia  procesal  que  directamente  se  deriva  del 
cumplimiento de los plazos legales no es otra que la obligación que el artículo 324.4 
LECrim impone al juez de pronunciarse sobre la terminación de la fase de instrucción 
con el consiguiente dictado del auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento 
abreviado, la resolución que proceda conforme al artículo 779 LECrim.
Las  audiencias  provinciales  han  atribuido  de  forma  mayoritaria  naturaleza 
estrictamente procesal a los plazos de la investigación judicial, al considerar inadecuado 
relacionar el artículo 324 LECrim con la prescripción o el ejercicio de la acción penal, 
pues  el  mero  transcurso  de  los  plazos  no  genera  consecuencias  sustantivas  sino 
meramente  procesales  (v.  gr.  AAP  Guadalajara  43/2020,  de  4  de  febrero;  AAP 
León 141/2020, de 12 de febrero; AAP Tarragona 101/2020, de 11 de febrero; AAP 
Valencia 1000/2019, de 26 de septiembre; AAP Barcelona 237/2019, de 25 de abril; AAP 
Oviedo 431/2019, de 3 de julio; AAP Cádiz 355/2019, de 17 de julio, entre otros muchos).
La  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo  ha  venido  a  reafirmar  esa  naturaleza 
procesal de los plazos del artículo 324 LECrim cuando en la STS 66/2021, de 28 de 
enero (FJ 2.º), señala expresamente:
«El incumplimiento de los plazos procesales puede generar, también, consecuencias 
preclusivas y no preclusivas que afecten a la propia regularidad del proceso, a la validez 
de determinadas actuaciones y a la obtención y aprovechamiento de fuentes probatorias.
Así, y a título meramente descriptivo, el incumplimiento de los plazos procesales 
puede provocar la clausura de la fase de investigación –vid. artículo 324 LECrim–.»
6.  Interrupción del cómputo.
La reforma operada por la Ley 2/2020, de 27 de julio, ha suprimido la previsión que 
contenía el derogado artículo 324.3 LECrim en que se establecían como causas de 
interrupción del cómputo de los plazos los periodos durante los que las actuaciones se 
hallaran declaradas secretas o sobreseídas provisionalmente.
A la vista de que el actual artículo 324 LECrim no regula supuesto alguno de 
interrupción,  debe  concluirse  que  la  suspensión  del  cómputo  de  los  plazos  de  la 
investigación judicial únicamente tendrá lugar mientras el procedimiento se encuentre en 
estado de sobreseimiento provisional, pues en tal caso no existe investigación alguna en 
marcha ni, por lo tanto, procedimiento en fase de instrucción cuyos plazos puedan ser 
computados.
Debe entenderse que, en el caso de que se acuerde el sobreseimiento provisional, el 
plazo dejará de computarse desde el momento en que se dicte y sin esperar a su 
firmeza, por lo que el tiempo de tramitación de los eventuales recursos no computará a 
los efectos del artículo 324 LECrim, en tanto en cuanto ninguna actividad instructora se 
efectuará mientras penda la impugnación.
En el supuesto de reapertura de un procedimiento provisionalmente sobreseído se 
reanudará el plazo que reste de la investigación judicial, debiendo computarse a efectos 
del artículo 324.1 LECrim el tiempo transcurrido entre el auto de incoación y el de 
sobreseimiento provisional.
Por otro lado, sin perjuicio de que no existe previsión expresa en cuanto a la 
interrupción del cómputo del plazo en los supuestos en que las actuaciones hubieran  s
sido declaradas secretas, una interpretación teleológica y sistemática de los artículos  oe.
302, 306, 324, 579, 588.bis d), 588.ter g) y 588 quinquies LECrim y del artículo 4.1  w.
úEdneOi clMaa Fmin, evpenestertim gaailt ceMi óiannf.iisrmteariro  qFuisec ael np ueesst,o ds e coatsrao sf oerml/laa,  ejulleoz /pao ddreíab ecroán dcuocnirc ead lear  frauusdtrieancicóian   2021-6369n https://ww
Debe tenerse en cuenta la existencia de otros supuestos en que se ha admitido la
interrupción del cómputo, tales como los apuntados en las Conclusiones de las XVIII
Jornadas de Presidentes de las Audiencias Provinciales de España: el tiempo durante el 
que se resuelve el planteamiento de cuestiones prejudiciales devolutivas y el periodo 
durante el que se lleven a cabo labores de traducción de las actuaciones (art. 123.4 
LECrim).
7.  Los efectos del transcurso de los plazos de la investigación judicial
7.1  Prórroga extemporánea de la fase de investigación judicial
El artículo 324 LECrim no prevé de modo expreso que la resolución prorrogando la 
duración de la fase de investigación judicial resulte nula en aquellos casos en que 
hubiera sido dictada extemporáneamente, sino que se limita a prever la invalidez de 
aquellas diligencias que hayan sido practicadas una vez agotados los plazos regulados 
por el apartado primero, sin que estos hubieran sido previamente prorrogados.
Así las cosas, el apartado tercero del artículo 324 LECrim señala que «[s]i, antes de 
la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la 
resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de 
recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha».
El  legislador  no  ha  previsto  el  tratamiento  procesal  que  deba  ofrecerse  a  la 
resolución judicial por la que se declare extemporáneamente la prórroga de los plazos 
regulados por el artículo 324.1 LECrim ni el que deba darse a las diligencias practicadas 
bajo la cobertura de esa resolución judicial, es decir, el tratamiento de las diligencias 
solicitadas por cualquiera de las partes dentro del plazo de la investigación judicial pero 
acordadas inoportuna o extemporáneamente por el órgano judicial que posteriormente 
acuerda la prórroga fuera del plazo.
El precepto se limita a establecer que no serán válidas las diligencias acordadas una 
vez agotados los plazos cuando estos no hubieran resultado expresamente prorrogados 
por el/la juez/a de instrucción. A la vista de ello, puede afirmarse que el artículo 324.3 
LECrim admite dos posibles interpretaciones.
La primera, de carácter estrictamente gramatical, pasa por admitir que las diligencias 
solicitadas dentro de plazo por cualquiera de las partes –pero acordadas y practicadas 
bajo la cobertura de una resolución judicial dictada de modo extemporáneo– no sean 
consideradas válidas. Interpretación que parece fluir de la propia literalidad del precepto, 
que indica que las diligencias acordadas tras la finalización del plazo o de alguna de sus 
prórrogas no serán válidas cuando el instructor no hubiere dictado la resolución a la que 
hace referencia el apartado primero del artículo 324 LECrim.
Una segunda posibilidad interpretativa con arreglo a criterios de orden sistemático y 
teleológico permite admitir la validez de las diligencias acordadas y practicadas de aquel 
modo, pues resultaría paradójico que el legislador no hubiera reputado nula la resolución 
judicial  declarando  extemporáneamente  la  prórroga  de  la  duración  de  la  fase  de 
investigación para, sin solución de continuidad, negar toda validez a las diligencias 
decretadas bajo la cobertura de aquella resolución.
En tanto no exista una línea jurisprudencial uniforme, deberá prevalecer con carácter 
general la primera de las interpretaciones apuntadas, sin perjuicio de que existen sólidos 
argumentos en apoyo de la segunda.
Así, de admitirse la segunda opción, parecería fuera de toda duda que con arreglo al 
artículo 238.3.º LOPJ la resolución decretando extemporáneamente la prórroga de la 
investigación  judicial  no  debería  ser  considerada  nula,  pues  dicha  actuación  no 
disminuye  en  modo  alguno  las  posibilidades  efectivas  de  defensa  de  la  persona  s
investigada. Podría concluirse que la prórroga extemporánea de la duración de la fase de  oe.
investigación judicial constituye una actuación procesal que no entraña menoscabo de  w.
ldpoiosas léipbcritliiindccaaimdp ioesnd teed  eal alce ogpnaotrrs aicdyiió cnca ióccnroe ndeti traaigrr uiaa eldnea nd e ilgd uepa rlpodacaredtse osd  ey s ucqsou ned dinecorioe ncimehsop sid,c eo non  i eddle if riceruselttpoal i cdsauer    2021-6369n https://ww
intervinientes en el proceso. Esta circunstancia, unida al hecho de que el artículo 324.3
LECrim  no  prevea  sanción  o  consecuencia  alguna  para  la  resolución  dictada
extemporáneamente, permitiría concluir que esa resolución judicial pudiera reputarse a 
todos  los  efectos  como  procesalmente  válida  y,  en  consecuencia,  que  tuviere  la 
virtualidad de convalidar las diligencias acordadas y practicadas hasta la fecha de su 
dictado.
Debe, además, subrayarse que esta interpretación presenta mayor compatibilidad 
con el derecho a una investigación suficiente y eficaz en el marco del derecho a la tutela 
judicial efectiva proclamado por el artículo 24.1 CE (vid. SSTC 87/2020, de 20 de julio; 
39/2017, de 24 de abril; 153/2013 de 19 de septiembre). Este derecho fundamental 
comprende  el  derecho  a  que  sean  practicados  todos  los  medios  de  investigación 
necesarios,  pertinentes  y  útiles  para  lograr  durante  la  fase  de  instrucción  el 
esclarecimiento de los hechos objeto del procedimiento (artículo 299 LECrim).
En supuestos similares en los que sí existe afectación de derechos fundamentales de 
la persona investigada nuestra jurisprudencia ha admitido la validez de las diligencias 
practicadas bajo la cobertura de una resolución dictada extemporáneamente:
i)  En  relación  con  la  prórroga  extemporánea  del  secreto  de  sumario,  la 
STS 463/2019, de 14 de octubre, dispone que «[e]n todo caso, la demora en la prórroga 
del secreto que se denuncia carecería de los efectos anulatorios que el recurrente 
pretende atribuirle, pues el recurso no identifica en qué términos dicho retraso le habría 
generado indefensión, habiendo recogido la doctrina constitucional, con ocasión del 
análisis de una decisión judicial de prórroga del secreto de las actuaciones, que lo 
verdaderamente relevante a efectos constitucionales es que no se haya producido una 
verdadera y efectiva indefensión (STC 19 de octubre de 1995, FJ 3.2)».
ii)  En relación con la prórroga extemporánea de la diligencia de interceptación de 
las comunicaciones telefónicas, la STS 138/2015, de 13 de marzo, dispone que «aun en 
casos de cómputo equivocado del tiempo de algunas de las prórrogas de la medida de 
intervención,  prorrogándose  una  vez  transcurrido  el  plazo  mensual  acordado  en  la 
resolución precedente, habiéndose computado un mes y un día en lugar de un mes, (…) 
ello solo puede acarrear la ilicitud de lo actuado en dicho lapso (el citado día) y de lo que 
de ello se derive, pero [en] modo alguno de lo actuado bajo el amparo de la nueva 
resolución. Y ello, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional que se 
pronunció en un caso análogo en la STC 205/2005, de 18 de julio». Criterio reiterado, 
entre otras, en las SSTS 841/2016, de 8 de noviembre; 552/2015, de 23 de septiembre; 
877/2014,  de  22  de  diciembre;  689/2014,  de  21  de  octubre;  1029/2013,  de  8  de 
diciembre.
Esta segunda interpretación coincide, además, con la ofrecida por la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo en el ATS 504/2019, de 25 de abril, al enjuiciar un supuesto en que 
por el órgano judicial se acordó recabar la hoja histórico penal del investigado una vez 
agotado el plazo regulado por el artículo 324.1 LECrim:
«Ciertamente, advertimos que la unión de dichos antecedentes penales se produjo 
una vez transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para la instrucción, pero 
ello no puede suponer la reclamada nulidad de la instrucción, como no justifica en este 
caso  la  declaración  expresa  de  nulidad  de  dicha  diligencia,  aun  a  pesar  de  la 
inoperatividad del artículo 324.7 LECrim. –puesto que ninguna resolución judicial acordó 
previamente su unión a autos–, porque no es posible concluir que se haya producido 
indefensión  efectiva  y  real  para  el  recurrente  por  dicho  motivo,  como  presupuesto 
esencial para que pudiera prosperar toda pretensión de esta naturaleza.»
Finalmente,  debe  recordarse  que  las  audiencias  provinciales  han  admitido  oe.
mayoritariamente, en relación con el derogado artículo 324 LECrim, la posibilidad de que  w.
XluanV arIeI Ivs eoJzluo ecrnixóapndir aaqsdu oed  edele  pcPlrarezetoas ibdleaeg nlaatel .a sC mrdipteeli aricolai ósign u Adauelmd lieaen nftcaeis apesl a dsPemr oianvdsinotrc ueicancl eilóasns   dcpeou ndcEielsurpasai osñneaer  sde dince ta lldaoass    2021-6369n https://ww
siguientes términos: «No es, sin embargo, necesario que la prórroga se acuerde dentro
de dicho plazo, por lo que surtirá plenos efectos la prórroga solicitada por el Fiscal tres
días antes de la expiración aunque sea acordada por el instructor una vez agotado el 
plazo, previa audiencia de las partes, en los términos expuestos en el artículo 324 de la 
LECrim.  En  estos  supuestos,  las  diligencias  practicadas  en  el  ínterin  quedarán 
convalidadas una vez se acuerde la prórroga».
7.2  Régimen jurídico de las diligencias practicadas extemporáneamente.
7.2.1  Diligencias acordadas con anterioridad al agotamiento del plazo.
Respecto a las diligencias practicadas una vez agotados los plazos regulados por el 
artículo 324.1 LECrim, deben distinguirse aquellos supuestos en que la práctica de las 
mismas hubiera sido decretada por el/la juez/a con anterioridad al vencimiento del plazo 
de aquellos otros en que su práctica hubiera sido ordenada una vez agotado el plazo o 
sus prórrogas.
En el primero de los casos referenciados continúan resultando de aplicación los 
criterios ofrecidos por la Circular de la FGE n.º 5/2015 –sustituyendo las referencias que 
en aquella se hacían al apartado séptimo del artículo 324 LECrim, por el apartado 
segundo de la nueva redacción ofrecida al precepto–: «[e]l apartado [segundo] dispone 
que las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales 
serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos. Pese a su 
oscura redacción, una interpretación lógica lleva a mantener necesariamente que si se 
han  acordado  diligencias  de  investigación  dentro  de  plazo,  cabrá  incorporar  sus 
resultados a la causa aún ya agotado el mismo. Esta previsión habrá de entenderse 
referida a cualquier diligencia de instrucción, incluyéndose, por tanto, las testificales 
acordadas dentro de plazo que se lleven a cabo una vez expirado el mismo».
El citado criterio ha venido siendo aceptado mayoritariamente por las audiencias 
provinciales (vid. la conclusión al respecto de las XVIII Jornadas de Presidentes de las 
Audiencias Provinciales de España).
El  nuevo  artículo  324.2  LECrim  dispone  que  «[l]as  diligencias  de  investigación 
acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas, 
aunque se reciban tras la expiración del mismo».
Por  consiguiente,  serán  válidas  todas  las  diligencias  acordadas  antes  del 
vencimiento del plazo de la investigación judicial, sin perjuicio de que se practiquen o 
reciban una vez agotado el mismo, bien se trate de una declaración testifical, un informe 
pericial o un documento con valor probatorio.
Nótese que el principio de conservación de los actos procesales encuentra su razón 
de ser no solo en razones de economía procesal, sino en el derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas, resultando gravemente lesivo para este derecho fundamental exigir 
que a causa de un mero defecto formal se reitere la práctica de diligencias con idéntico 
contenido y resultado.
7.2.2  Régimen de las diligencias acordadas y practicadas extemporáneamente.
La anterior redacción del artículo 324 LECrim no se pronunciaba expresamente 
sobre las consecuencias asociadas a la realización de diligencias de instrucción fuera de 
los plazos legales, limitándose a indicar en su apartado séptimo que «[l]as diligencias de 
investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin 
perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos». Disposición esta que a 
contrario sensu inducía a considerar que las diligencias acordadas con posterioridad al 
transcurso de aquellos plazos no serían válidas.  e.e
El vigente artículo 324 LECrim contempla en su apartado segundo idéntica previsión  b
respecto a la validez de las diligencias acordadas antes del transcurso de los plazos  69ww
pprroenviusntocsia  eanh oerla a epxaprtraedsoa mperinmtee raoc edrecl ap dreec elapst oc.o Snsine ceumenbcairagso ,p rsouc etesracleers  aapsaorctiaaddoa ss ía  slae 
ptérrámctinicoas :e x«t[esm]i,p oarnátnees ad dee  lad ilfiigneanlicziaacsi ódnu rdaenlt ep llaaz ofa soe  ddee  ainlgsutrnuac cdióen  seuns  lopsró srrigougiaesn,t eesl 
instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien
ésta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a 
partir de dicha fecha».
Por tanto, con arreglo a una interpretación literal del artículo 324.3 LECrim, no serán 
válidas las diligencias acordadas de modo extemporáneo, al igual que aquellas que lo 
hubieran sido tras resultar prorrogados los plazos de la investigación judicial, cuando la 
resolución por la que se acordó la prórroga en cuestión fuere revocada.
Las  diligencias  practicadas  de  aquel  modo  en  ningún  caso  merecerán  ser 
consideradas ilícitas, sino irregulares, pues el mero incumplimiento del plazo procesal 
regulado por el artículo 324 LECrim no permite apreciar vulneración de derechos y 
libertades fundamentales de ningún orden (vid. SSTS 1328/2009, de 30 de diciembre; 
53/2011, de 10 de febrero; 115/2015, de 5 de marzo; 714/2018, de 16 de enero de 2019; 
y ATS 227/2020, de 13 de febrero).
En consecuencia, las diligencias acordadas y practicadas extemporáneamente no 
podrán  valorarse  al  objeto  de  resolver  acerca  del  paso  a  la  fase  intermedia  del 
procedimiento ni introducirse en el acto de juicio oral por la vía de los artículos 714 y 730 
LECrim. Sin embargo, nada impedirá que las/os Sras./es. Fiscales puedan proponer, 
bien en el escrito de acusación o de conclusiones provisionales, bien al inicio del acto del 
juicio oral, aquellas pruebas que se estimen pertinentes y útiles, aun cuando las mismas 
guarden conexión con las diligencias reputadas no válidas por haber sido practicadas 
con infracción de los plazos regulados por el artículo 324 LECrim.
Las/os Sras./es. Fiscales deberán dar al resultado de las diligencias practicadas 
extemporáneamente el tratamiento propio de la prueba irregular, rechazando la expulsión 
del acervo probatorio de aquellas fuentes de prueba derivadas de la práctica de la 
diligencia  que  hubiera  sido  realizada  con  infracción  de  los  plazos  del  artículo  324 
LECrim.
8.  La declaración en calidad de investigado/a tras la expiración de los plazos del 
artículo 324 LECrim.
En primer lugar, conviene precisar que, con arreglo a lo preceptuado por el actual 
artículo 324.2 LECrim, esa posibilidad ha venido reputándose viable en todos aquellos 
casos  en  que  la  declaración,  aun  practicada  tras  agotarse  el  plazo,  hubiera  sido 
acordada con anterioridad por el/la juez/a de instrucción.
Cuestión distinta es el tratamiento procesal que deba ofrecerse a la declaración de la 
persona  investigada  acordada  y  practicada  tras  expirar  el  plazo  de  la  fase  de 
investigación judicial.
Doctrina y jurisprudencia convienen en afirmar que la declaración del investigado 
participa de una doble naturaleza, pues además de ser un acto de investigación judicial 
de naturaleza procesal, constituye una garantía de defensa de aquel. Esta función fue 
precisamente lo que motivó que el Tribunal Constitucional concluyera que su práctica 
durante  la  fase  sumarial  resultara  ineludible  (vid.  SSTC  128/1993,  de  19  de  abril; 
129/1993, de 19 de abril; 273/1993, de 20 de septiembre; 277/1993, de 17 de octubre; 
135/1989, de 19 de julio; 186/1989, de 13 de noviembre).
La  particular  naturaleza  de  esta  diligencia  ha  hecho  que  nuestra  jurisprudencia 
admita su práctica extemporánea de modo mayoritario, también en aquellos casos en 
que hubiera sido decretada tras expirar los plazos previstos en el artículo 324 LECrim. A 
tal  efecto  resultan  reveladoras  las  consideraciones  que  sobre  dicho  particular  se 
contienen en el ATC 5/2019, de 29 de enero (FJ 5.º):
«Pero  esta  duda  parte  de  considerar  la  declaración  del  investigado  como  una  oe.
diligencia de investigación o instrucción que no puede ser acordada una vez transcurrido  w.
aLepEl eCcrirttaiumdra,o   ydp esl ailnaz  ode,e mdnbeoa mragicnoua eddraed tofea rsmceoi nnina tneetlr ems idesedte ialma ( a…c od)n eNt inopu leaaszc oieóssn t dade,e  sli innps retormcuecbscaoiróg npo e,d nleaal  ln amartteuícdrauialleonz tea3 ,2 la4o    2021-6369n https://ww
la única naturaleza de la declaración del investigado que resulta de la jurisprudencia de
este Tribunal. (…) En este sentido, hemos dicho que "lo que prohíbe el artículo 24 CE es
que  el  inculpado  no  tenga  participación  en  la  tramitación  de  las  diligencias  de 
investigación judiciales o que la acusación se fragüe a sus espaldas, sin haber tenido 
conocimiento alguno de ella" (SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 4; y 18/2005, de 1 de 
febrero, FJ 5). (…) Esta condición de la declaración de investigado como "garantía de 
audiencia previa" es coherente con los principios inspiradores del derecho y del proceso 
penal en un Estado democrático de Derecho, y así lo hemos recordado igualmente en 
las SSTC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 6, y 161/1997, de 2 de octubre, FJ 5. "Como 
explicábamos in extenso en la STC 197/1995, (…) en el proceso penal acusatorio el 
imputado ya no es objeto del proceso penal, sino sujeto del mismo, esto es, parte 
procesal y de tal modo que [su] declaración, a la vez que medio de prueba o acto de 
investigación, es y ha de ser asumida esencialmente como una manifestación o un 
medio idóneo de defensa".»
Como ya se anticipó, el agotamiento de los plazos del artículo 324 LECrim no puede 
identificarse con la prescripción del delito investigado, supuesto en que sí se admite la 
renuncia al ejercicio del ius puniendi.  De ahí que, una vez expirados aquellos plazos y 
para el caso de apreciar indicios de criminalidad, el/la juez/a deba avanzar a la fase 
intermedia del procedimiento penal, permitiendo a las partes formular acusación, toda 
vez que el sobreseimiento de las actuaciones tan solo resultará viable de concurrir 
alguno de los supuestos de hecho regulados con carácter tasado en los artículos 637 
y 641 LECrim, entre los que no se encuentra contemplada la ausencia de declaración de 
la persona investigada. Lo contrario supondría una tácita modificación del artículo 637 
LECrim, introduciendo como causa de sobreseimiento libre un supuesto no previsto por 
la norma, al tiempo que atribuiría un efecto sustantivo a una norma procesal al admitirse 
por  la  vía  de  hecho  una  nueva  causa  de  extinción  de  la  responsabilidad  criminal 
asociada al transcurso del tiempo, distinta a la prescripción del delito.
La conclusión apuntada supra ha sido admitida de un modo mayoritario por nuestras 
audiencias  provinciales  (vid.  AAP  Barcelona  336/2020,  de  29  de  abril;  AAP 
Barcelona 84/2020, de 4 de febrero; AAP Barcelona 634/2019, de 18 de noviembre; AAP 
Badajoz  159/2020,  de  1  de  junio;  AAP  Cáceres  237/2020,  de  20  de  marzo;  AAP 
Cáceres 217/2020, de 17 de marzo; AAP Pontevedra 595/2017, de 4 de septiembre; 
AAP Bilbao 90482/2019, de 25 de octubre; AAP Sevilla 349/2018, de 8 de mayo; AAP 
Valencia 502/2019, de 14 de mayo).
La especial naturaleza de esta diligencia, el carácter netamente procesal del plazo 
previsto en el artículo 324 LECrim –del que no cabe predicar efecto sustantivo alguno– y 
el hecho de que su omisión no constituya causa que determine el sobreseimiento libre o 
provisional de las actuaciones, parecen justificar la posibilidad de que la declaración de 
la persona investigada pueda ser decretada y practicada una vez expirados los plazos de 
la investigación judicial.
Sin embargo, dado que de forma minoritaria las resoluciones de algunas audiencias 
provinciales (vid. AAP Guadalajara 43/2020, de 4 de febrero; AAP Barcelona 237/2019, 
de 25 de abril; AAP Huelva 48/2019, de 8 de febrero) han denegado la posibilidad de 
practicar la declaración de investigado/a tras la expiración de los plazos regulados por el 
artículo 324 LECrim, las/os Sras./es. Fiscales, al objeto de evitar la posible frustración de 
la investigación, deberán promover ante el órgano judicial que dicha diligencia sea 
practicada previo agotamiento de aquellos plazos.
En definitiva, las/os Sras./es. Fiscales velarán por que el/la juez/a de instrucción 
acuerde la práctica de la declaración de investigado/a o, en su caso, la declaración 
indagatoria con anterioridad a la expiración de los plazos regulados por el artículo 324  e.
LECrim. No obstante, en caso de suscitarse controversia sobre dicho particular, deberán  w.b
sostener que la resolución por la que se declara la práctica de aquella diligencia una vez  69ww
ajugríodtiacdoo.s aquellos plazos resulta admisible y válida con arreglo a nuestro ordenamiento
9.  La petición de diligencias complementarias tras la conclusión de la fase de 
instrucción.
Conforme señalaba la Circular de la FGE n.º 5/2015, sobre los plazos máximos de la 
fase de instrucción, el derogado artículo 324 LECrim impedía de modo expreso al 
Ministerio Fiscal instar la práctica de diligencias complementarias una vez agotado el 
plazo ordinario de la fase de instrucción, o de sus prórrogas, siempre que no se hubiera 
hecho uso de la facultad de instar la fijación de un plazo máximo.
Por el contrario, la nueva redacción del artículo 324 LECrim no contiene previsión 
alguna acerca de las diligencias complementarias, circunstancia que permite concluir 
que su práctica deberá regirse ahora exclusivamente por las previsiones contenidas en 
el artículo 780.2 LECrim.
En consecuencia, el nuevo sistema de plazos de la fase de investigación judicial deja 
ahora  incólume  la  posibilidad  de  practicar  diligencias  complementarias  con 
independencia  de  la  expiración  del  plazo  regulado  por  el  artículo  324  LECrim.  La 
ubicación sistemática de los artículos 324 y 780.2 LECrim revela que mientras el primero 
circunscribe su ámbito objetivo de aplicación a la fase de instrucción, pues se ubica en el 
Título IV del Libro II de la ley, el segundo precepto despliega su eficacia en la fase 
intermedia del procedimiento, hallando su regulación legal en el Capítulo IV del Título II 
del Libro IV LECrim.
De ahí que pueda afirmarse que las diligencias complementarias deban entenderse 
excluidas del ámbito de aplicación del artículo 324 LECrim, cuyo objeto se circunscribe a 
la regulación de aquellas diligencias cuya práctica se desarrolle durante la fase de 
instrucción del procedimiento penal.
Por lo demás, del tenor literal del vigente artículo 324 LECrim se infiere que no 
existen razones que justifiquen condicionar la práctica de diligencias complementarias al 
agotamiento de los plazos de instrucción pues, no existiendo limitación alguna sobre 
dicho particular, deberá reputarse plenamente aplicable el contenido del artículo 780.2 
LECrim, en cuya virtud el/la juez/a de instrucción deberá practicar dichas diligencias 
cuando quien las solicita es el Ministerio Fiscal en tanto en cuanto «no es una parte más: 
es el acusador público, que ha de promover la acción de la justicia en defensa de la 
legalidad,  de  los  derechos  de  los  ciudadanos  y  del  interés  público,  procurando  la 
satisfacción del interés social» (ATC 32/2009, de 27 de enero).
Tampoco existe inconveniente alguno en admitir que el Ministerio Fiscal, tras concluir 
la fase de instrucción y en ejecución de las facultades atribuidas por el artículo 773.1 
LECrim, pueda oficiar a la Policía Judicial –tal como ya previera la Circular de la FGE n.º 
5/2015– para que, bajo su exclusiva dirección, se practiquen aquellas diligencias que se 
estimen necesarias para su ulterior aportación a las diligencias judiciales.
El auxilio por la Policía Judicial en la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal 
viene asimismo reconocido por la jurisprudencia del Alto Tribunal, tal y como señala la 
STS 228/2015, de 21 de abril (FJ 1.º):
«Su regulación en el artículo 773 de la Ley procesal, establece que corresponde al 
Ministerio Fiscal, dentro de su función de impulso y simplificación del procedimiento, dar 
a  la  Policía  Judicial  instrucciones  generales  o  particulares  para  el  más  eficaz 
cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, «aportando los medios 
de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción la práctica de los 
mismos». De esta previsión es claro que el Fiscal para poder aportar esas pruebas ha de 
obtenerlas  previamente  y  que  para  ello  ha  de  recurrir  a  algún  mecanismo  de  e
averiguación y obtención de las mismas, mecanismo que no puede ser otro que su  bo
propia actividad o el auxilio de la Policía Judicial que constitucionalmente –conforme al  69ww
artícLuolos  1p2la6z oCsE –re, gyu lleagdaolsm eenn tee l –aarrttííccuulolo  342.44  MLEFC– rdime  étal mdeppoecnod ere.»sultan de aplicación a la
excepcional posibilidad de suspender el juicio oral al objeto de practicar alguna sumaria
instrucción suplementaria «cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan
alteraciones sustanciales en los juicios» (art. 746.6.º LECrim), pues el ámbito objetivo de 
aplicación de estos plazos se circunscribe, tal y como ya se indicó, a las diligencias 
judiciales practicadas durante la fase de instrucción.
10.  La  actividad  extraprocesal  del  Ministerio  Fiscal  ante  procedimientos 
provisionalmente sobreseídos.
La  posible  actuación  extraprocesal  del  Ministerio  Fiscal  tras  el  archivo  de  las 
actuaciones judiciales ha suscitado escasa atención doctrinal y jurisprudencial, pese a 
tratarse de una vía que pudiera resultar idónea a fin de obtener fuentes de prueba que 
permitan  la  ulterior  reapertura  y  prosecución  de  aquellos  procedimientos 
provisionalmente sobreseídos con arreglo al artículo 641 LECrim.
Al objeto de abordar tan relevante cuestión, conviene comenzar señalando que 
nuestro ordenamiento jurídico ha admitido que la actuación extraprocesal del Ministerio 
Fiscal pueda desarrollarse tanto antes como después de la incoación del procedimiento 
penal.
La  actividad  extraprocesal  desarrollada  al  objeto  de  reabrir  procedimientos 
provisionalmente sobreseídos con arreglo al artículo 641 LECrim no conculca el derecho 
a  la  presunción  de  inocencia  cuando  nuevos  datos  hasta  entonces  ignorados  lo 
aconsejen o hagan preciso, es decir, cuando se aporten nuevos elementos de prueba no 
obrantes en la causa (vid. SSTS 190/1995, de 16 de febrero; 944/1997, de 30 de junio; 
974/2012, de 5 de diciembre; 338/2015, de 2 de junio), pues en ningún caso se alteran 
con ello las presunciones y reglas de tratamiento procesal inherentes a este derecho 
fundamental.
Asimismo,  esa  actividad  extraprocesal  tampoco  compromete  los  derechos  de 
defensa e igualdad de armas, pues se trata de una facultad que el ordenamiento jurídico 
atribuye en idénticos términos a todas las partes, erigiéndose el inicio de las sesiones del 
juicio oral como único límite temporal para la aportación de elementos de prueba (v. gr. 
SSTC 68/2001, de 17 de marzo; 30/2005, de 14 de febrero; 12/2011, de 28 de febrero; y 
SSTS 163/2019, de 26 de marzo; 211/2019, de 23 de abril).
Aunque  resulte  posible  establecer  ciertos  paralelismos  entre  la  actuación 
investigadora desarrollada por el/la juez/a durante la fase de instrucción y la desplegada 
por el Ministerio Fiscal durante la tramitación de sus diligencias de investigación, esta 
segunda se distingue claramente de la actividad judicial por su carácter extraprocesal. 
Como indica la STS 980/2016, de 11 de enero de 2017, «[p]or más ﬂexibilidad que quiera 
atribuirse al heterodoxo modelo que rige en nuestro sistema, el acto procesal, por 
deﬁnición, es de naturaleza jurisdiccional». De ahí, precisamente, que la incoación de las 
diligencias de investigación por el Ministerio Fiscal no goce de eficacia interruptiva de la 
prescripción del delito, tal y como recuerda la Circular de la FGE n.º 4/2013, sobre las 
diligencias de investigación.
Al  margen  de  las  facultades  preprocesales,  nuestro  ordenamiento  jurídico  ha 
admitido  la  posibilidad  de  que  el  Ministerio  Fiscal  pueda  desarrollar  actuaciones 
extraprocesales tras la incoación por el órgano judicial de un procedimiento penal. 
Posibilidad esta a la que ya aludía la Circular de la FGE n.º 5/2015, sobre los plazos 
máximos de la fase de instrucción, como mecanismo a través del cual paliar posibles 
déficits derivados de la finalización prematura de la investigación judicial a causa del 
transcurso de los plazos del artículo 324 LECrim.
Asimismo, la Instrucción de la FGE n.º 1/2008, sobre la dirección por el Ministerio 
Fiscal  de  las  actuaciones  de  la  policía  judicial  –que  reproduce  a  su  vez  las  e
consideraciones que sobre dicho particular se contienen en la Circular de la FGE n.º  bo
1/1989, sobre el procedimiento abreviado introducido por la Ley Orgánica 7/1988, de 28  69ww
de d«ic(…iem) blare –ce, ssaecñiaólna :de las diligencias de investigación plantea la cuestión de si el
Fiscal, en curso un procedimiento judicial, puede o no practicar u ordenar a la Policía
Judicial  que  practique  algún  género  de  diligencia  de  investigación  o  aportación  de
fuentes de prueba. La respuesta a esta cuestión ha de ser que el Fiscal no podrá iniciar 
una  nueva  investigación  general  sobre  el  hecho,  pero  sí  proceder  a  la  práctica 
extrajudicial  de  diligencias  concretas,  puesto  que  de  las  propias  Leyes,  tanto  las 
generales sobre las atribuciones del Fiscal, como las que regulan el procedimiento 
abreviado, se infiere tal facultad. Llegando a la conclusión de que es evidente que el 
Fiscal para poder aportar esas pruebas ha de obtenerlas previamente y que para ello ha 
de recurrir a algún mecanismo de averiguación y obtención de las mismas, mecanismo 
que no puede ser otro que su propia actividad o el auxilio de la Policía Judicial, que 
constitucional y legalmente de él depende.»
Los razonamientos anteriores son reiterados en la Instrucción de la FGE n.º 2/2008, 
sobre las funciones del Fiscal en la fase de instrucción, en los siguientes términos:
«Por último, dentro de esos cometidos tendentes a lograr la agilización de la fase de 
instrucción podrán los Sres. Fiscales, en caso necesario, oficiar a la Policía Judicial para 
que se lleven a cabo diligencias concretas que se estimen necesarias para su ulterior 
aportación a las Diligencias Judiciales. Debe subrayarse que esta habilitación ha de 
entenderse referida a la práctica de diligencias concretas, sin que en ningún caso pueda 
desembocarse  en  una  investigación  Fiscal  paralela  a  la  instrucción  judicial.  Esta 
habilitación que la Ley confiere al Fiscal (vid. art. 773.1 LECrim y Circular 1/1989) habrá 
de ser usada con prudencia, en casos debidamente justificados, pues fácilmente pueden 
colegirse las disfunciones y duplicidades que un mal uso de la misma puede generar.»
Asimismo, la posibilidad de que el Ministerio Fiscal desarrolle actos de investigación 
extraprocesal durante la tramitación judicial del procedimiento, valiéndose a tal efecto del 
auxilio de la Policía Judicial, ha sido recurrentemente reconocida por la Sala Segunda 
del  Tribunal  Supremo  con  arreglo  a  los  artículos  773.1  LECrim  y  3.5  EOMF  (vid. 
SSTS 228/2013, de 22 de marzo; 228/2015, de 21 de abril; 317/2016, de 15 de abril; 
211/2019, de 23 de abril).
Por consiguiente, no concurre óbice procesal o sustantivo que impida al Ministerio 
Fiscal desarrollar actuaciones extraprocesales mientras el procedimiento se encuentre 
en estado de sobreseimiento provisional, al objeto de obtener concretas fuentes de 
prueba que sean idóneas para lograr la ulterior reapertura del procedimiento previamente 
archivado. En este sentido, la Circular de la FGE n.º 1/1989, sobre el procedimiento 
abreviado introducido por la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, señala:
«La conclusión de las diligencias previas por archivo o sobreseimiento (salvo que 
éste sea el libre del número 2.º del art. 637), también autorizará al Fiscal el iniciar una 
investigación para obtener nuevos elementos de juicio que le permitan interesar la 
reapertura del procedimiento judicial. Hay que entender que al archivarse o sobreseerse 
el proceso cesa o se suspende su «existencia» como tal proceso en curso y con ello el 
impedimento para la función investigadora del Fiscal. Esta puede ser de especial utilidad 
en los casos en que el Juez de Instrucción acuerde el sobreseimiento del número 2.º del 
artículo 641, por entender que no existen indicios racionales de criminalidad contra el 
acusado por el Fiscal (art. 790.6, párrafo 1.º), en cuyo caso este último podrá abrir una 
investigación para obtener nuevos indicios o reforzar los existentes, de modo que pueda 
solicitarse la reapertura del procedimiento con éxito.»
Tal y como afirma la Circular de la FGE n.º 1/1989, la prohibición de una concreta 
investigación subsidiaria a la judicial colocaría al Ministerio Fiscal en un injustificado  e.e
plano  de  desigualdad  frente  al  resto  de  partes  procesales,  a  las  que  nuestra  b
jurisprudencia  ha  reconocido  la  posibilidad  de  desarrollar  diligencias  de  modo  69ww
epxrotrcaepdriomcieesnatol sa  sfoinb rdees ereídcoasb.ar las fuentes de prueba que permitan la reapertura de los
del MEnin cisutaelrqiou iFeirs ccaasl od,u draenbtee  aedl veesrttairdsoe  qduee s loab aredsmeiismibieilnidtaod p droev liasi oancatul adceió lna se xatcratuparocicoenseasl 
se  encuentra  íntimamente  conectada  con  la  propia  naturaleza  del  sobreseimiento
provisional, instituto jurídico que puede definirse como el acto procesal por el que se 
produce la terminación anticipada o la suspensión del procedimiento penal motivada por 
la imposibilidad de formular acusación y, por ello, de proceder a la apertura del juicio oral. 
La principal diferencia entre el sobreseimiento libre (art. 637 LECrim) y el provisional 
(art.  641  LECrim)  radica  en  que  mientras  en  el  primer  caso  la  finalización  del 
procedimiento produce idénticos efectos que la sentencia absolutoria, el sobreseimiento 
provisional solo conduce a la suspensión por tiempo indeterminado del proceso, con el 
límite de la prescripción del delito.
Como señala la STC 40/1988, de 10 de marzo, en relación con el sobreseimiento 
provisional, «nada debe impedir una eventual y posible reapertura de las investigaciones 
sumariales si llegan a producirse nuevas pruebas demostrativas de la existencia del 
delito imputado y de la participación que determinadas personas pueden haber tenido en 
él, pues nada impone, fuera de los términos de la prescripción del delito, una renuncia al 
ius puniendi del Estado y de la persecución de las actividades criminales». Todo ello, sin 
perjuicio  de  que,  tal  y  como  señala  la  STC  34/1983,  de  6  de  mayo,  «el  auto  de 
sobreseimiento provisional, por su propia naturaleza, no puede jurídicamente afectar a la 
presunción de inocencia».
Asimismo, debe recordarse al respecto la STC 3/2019, de 14 de enero (FJ 4.º), 
cuando dispone:
«En conclusión, en atención a la jurisprudencia constitucional y del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea expuesta, el eventual efecto de cosa juzgada material de 
una decisión de sobreseimiento no depende de la calificación definitiva o provisional del 
archivo –y, por tanto, de la imposibilidad absoluta de la reapertura del procedimiento– 
sino de las concretas circunstancias concurrentes en el caso y relativas a que (i) dicha 
decisión haya sido adoptada una vez que se ha desarrollado un procedimiento penal al 
que el sujeto haya quedado sometido con la carga y gravosidad que ello implica; (ii) se 
hayan desarrollado por el órgano encargado de la instrucción de ese procedimiento 
penal todas las diligencias necesarias y razonables de investigación para determinar el 
carácter delictivo del hecho y la concreta participación de interesado en el mismo, y (iii) 
como consecuencia de la firmeza de dicha decisión de archivo, la reapertura quede 
condicionada a la ponderación de la aparición de nuevos indicios relevantes sobre el 
carácter delictivo del hecho o de la participación del interesado en el mismo.»
Del  mismo  modo,  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo  se  ha  pronunciado 
reiteradamente sobre este particular. Véase, a título de ejemplo, la STS 507/2020, de 14 
de octubre (FJ 136.º), cuando señala:
«La reapertura del procedimiento una vez firme el auto de sobreseimiento provisional 
depende de que se aporten nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa 
(STS 75/2014, de 11.2). […]
La cuestión que puede plantearse es la de decidir si el sobreseimiento provisional 
puede ser dejado sin efecto, una vez que la resolución que lo acuerde ha devenido firme 
y qué requiere la reaperturación de las diligencias.
Resulta patente que esa provisionalidad en el archivo de las diligencias puede 
plantear problemas de inseguridad jurídica del afectado por la inicial investigación, sobre 
quien planea la posibilidad de una reapertura. Esa limitación de sus expectativas de 
seguridad aparece compensada por las exigencias de nuevos datos que permitan ser 
consideradas como elementos no tenidos en cuenta anteriormente para la decisión de  s
sobreseer. No entenderlo así podría suponer que la desidia o el error [de] una acusación,  oe.
por no valorar unos datos preexistentes, le permite su reconsideración posterior para  w.
sqreoualeipc ieetarntru ,l raya   jauddreioslp ptpraurrod, cesenudc iirmae aihepenemtroto usr"ac du, eaccnoldnao ral ednsoiuó eqnvu oaes  l eadl  sasetoogbsur reicdsoeanidm  pdieoensl ttoien rvpioerrositdvigiasadiod noaa.d lE qpusei rrpimdoorit see  lllloao    2021-6369n https://ww
aconsejen o hagan precisos". Esto quiere decir que la reapertura del procedimiento una
vez firme el auto de sobreseimiento provisional depende de que se aporten nuevos 
elementos de prueba no obrantes en la causa.»
Así las cosas, siendo indiscutible que en los casos de sobreseimiento provisional 
procederá la reapertura de las actuaciones siempre que se obtengan nuevos datos o 
elementos que así lo aconsejen (vid. SSTS 94/2019, de 20 de febrero; 357/2019, de 10 
de  julio;  566/2019,  de  20  de  noviembre),  la  actividad  extraprocesal  resultará 
consustancial al instituto regulado por el artículo 641 LECrim, pues solo de ese modo 
resulta posible la obtención de nuevas fuentes de prueba a tal fin.
En definitiva, corresponde al Ministerio Fiscal, en cuanto promotor de la acción de la 
justicia (art. 124 CE), tratar de subsanar los déficits probatorios que condujeron al 
sobreseimiento provisional de las actuaciones en aquellos casos en que ello resulte 
viable.  No  obstante,  esta  posibilidad  en  ningún  caso  podrá  ser  utilizada  como 
herramienta a través de la que subvertir el modelo procesal diseñado por el legislador en 
el que el/la juez/a de instrucción se erige en director de la investigación criminal. Por ello, 
la actividad investigadora del Ministerio Fiscal se limitará en estos casos a la realización 
de  aquellas  concretas  diligencias  cuya  práctica  no  tuvo  lugar  durante  la  fase  de 
investigación judicial.
La anterior posibilidad que, como se ha visto, resulta plenamente amparada por 
nuestro ordenamiento jurídico y por la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía 
General del Estado, se llevará a efecto por las/os Sras./Sres. Fiscales con la necesaria 
prudencia,  debiendo  solicitarse  la  reapertura  del  procedimiento  judicial  previamente 
sobreseído  cuando  se  llegue  a  conocimiento  de  revelaciones  y/o  nuevo  material 
probatorio suficientes a tal fin y que no obrasen previamente en la causa, evitando así 
que el sobreseimiento provisional transmute en una suerte de archivo definitivo de las 
actuaciones contrario al tenor de la norma que lo regula y susceptible de consolidar 
espacios de impunidad que bien pueden ser resueltos por esta vía.
11.  Actividad extraprocesal y plazos procesales de la investigación judicial.
La naturaleza procesal de los plazos del artículo 324 LECrim resulta relevante en 
orden a analizar la admisibilidad de la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal una 
vez agotados aquellos. Asimismo, determina que su ámbito de aplicación aparezca 
necesariamente circunscrito a la actuación desarrollada por el/la juez/a de instrucción en 
el seno del procedimiento penal. Esta es la razón por la que en el cómputo de los plazos 
del artículo 324 LECrim no se toma en consideración la duración de las diligencias de 
investigación  del  Ministerio  Fiscal  o  la  actividad  de  investigación  preprocesal 
desarrollada por la Policía Judicial. Y ello por tratarse de modalidades de investigación 
criminal claramente excluidas del ámbito de aplicación del artículo 324 LECrim. Ni la 
Ley 41/2015, de 5 de octubre, ni la Ley 2/2020, de 27 de julio, han reformado el artículo 5 
EOMF.
Asimismo, el vigente artículo 324 LECrim ha sustituido la expresión «diligencias de 
instrucción»  por  la  de  «investigación  judicial».  De  este  modo  se  despeja  cualquier 
posible controversia acerca del ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del precepto que 
deberá circunscribirse a la investigación desarrollada por el/la juez/a durante la fase 
sumarial.
Pese a que una interpretación del derogado artículo 324 LECrim ya permitía alcanzar 
idéntica conclusión, la actual previsión que se contiene en el apartado primero del 
precepto –«[l]a investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses  s
desde la incoación de la causa»– zanja cualquier controversia que pudiera suscitarse en  oe.
torno al ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la norma. Resulta evidente, por  w.
ntdaaentsutaorr,ar olleallz aianr  vpilraaobsci leipdsaaardl t yed sse,e  a idnpeclislcuaaidrrr ood lilcaeh la olMs m ipnaliarsgzteeornsio  da e Fl alias  cainacvlt,ue asectniigó antca einóxtnotr  jauepdnrioc cicaeul.saanl toq uec apreucdeie radne   2021-6369n https://ww
A mayor abundamiento, como ya indicaba la Circular de la FGE n.º 1/1989, sobre el
procedimiento  abreviado  introducido  por  la  Ley  Orgánica  7/1988,  al  archivarse  o
sobreseerse el proceso cesa o se suspende su existencia como tal proceso en curso. Es 
por  ello  que  las  diligencias  practicadas  a  partir  de  aquel  momento  no  se  hallarán 
sometidas a plazo procesal alguno en tanto en cuanto esa actividad investigadora no 
está comprendida en el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del artículo 324 LECrim.
Como se ha visto, el artículo 324 LECrim tiene por objeto exclusivo regular el plazo 
durante  el  que  resultará  posible  para  el/la  juez/a  la  práctica  de  diligencias  de 
investigación durante la fase de instrucción, así como las consecuencias asociadas a la 
infracción de dicha previsión legal.
Por  consiguiente,  una  vez  reabierto  un  procedimiento  sobreseído  en  el  que  se 
hubiesen agotado los plazos de instrucción, si bien el órgano judicial no podrá practicar 
diligencia  de  investigación  alguna  derivada  de  los  nuevos  elementos  de  prueba 
recabados, no se aprecia obstáculo para dictar, cuando así proceda, el oportuno auto de 
acomodación a los trámites del procedimiento abreviado o, en su caso, un nuevo auto de 
conclusión de sumario.
Mientras que la petición de reapertura procedimental deberá dirigirse al juez de 
instrucción en caso de unas diligencias previas provisionalmente sobreseídas, la misma 
solicitud deberá realizarse al tribunal que haya acordado el sobreseimiento provisional de 
un procedimiento ordinario. En este segundo supuesto, la petición de reapertura dirigida 
al tribunal deberá contener, además de las diligencias que la fundamenten, la solicitud de 
revocación del auto de conclusión de sumario y la devolución del procedimiento al 
correspondiente juez de instrucción (art. 631 LECrim).
Debe apostillarse, como señala la STC 63/2005, de 14 de noviembre (en similares 
términos  vid.  SSTC  37/2012,  de  19  de  noviembre;  152/2012,  de  9  de  septiembre; 
109/2013, de 6 de mayo; 81/2014, de 28 de mayo; 63/2015, de 13 de abril), que no 
existe otro límite temporal para el ejercicio del ius puniendi que el resultante de la 
aplicación del instituto de la prescripción del delito (art. 130 CP), de suerte que, en caso 
de  acordarse  el  sobreseimiento  provisional  y  en  tanto  no  transcurra  el  plazo  de 
prescripción, siempre será admisible la reapertura de las actuaciones cuando nuevos 
datos  adquiridos  con  posterioridad  lo  aconsejen  o  hagan  preciso,  es  decir,  si  se 
aportasen nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa. Ello no compromete el 
derecho a la presunción de inocencia de la persona investigada, pues la aceptación del 
argumento contrario equivaldría a declarar que quien es investigado sin éxito adquiere 
un derecho intemporal de sobreseimiento libre e indefinido que le confiere inmunidad 
frente a cualesquiera investigaciones posteriores (vid. STS 795/2016, de 25 de octubre).
Un Estado democrático de Derecho no puede ni debe mantener la amenaza penal 
sine die sobre un sujeto sometido a investigación. Ahora bien, la fijación de unos plazos 
para la investigación judicial en el modelo procesal vigente no puede operar a modo de 
prescripción  encubierta  que  impida  a  las  partes  desarrollar  diligencias  de  manera 
extraprocesal. Conclusión que, además, parece clara a la vista de la inexistencia de un 
límite  máximo  de  duración  de  la  investigación  judicial  en  la  redacción  ofrecida  al 
artículo 324 LECrim por la Ley 2/2020, de 27 de julio.
Negar la admisibilidad de la actividad extraprocesal de todas las partes y de la 
Policía Judicial una vez expirado el plazo del artículo 324 LECrim atenta contra la propia 
naturaleza del sobreseimiento provisional, lo equipara injustificadamente a la figura del 
sobreseimiento libre y conduce de facto a la anulación encubierta del artículo 641 
LECrim, identificando, en claro fraude de ley, el agotamiento de los plazos procesales del 
artículo 324 LECrim con el transcurso de los plazos de prescripción. En consecuencia, 
comoquiera que el/la juez/a de instrucción no puede continuar desarrollando su función  s
una vez agotados los plazos del artículo 324 LECrim, resulta evidente que la única  oe.
investigación posible será la que se practique extra processum. w.
Por todo ello, las/os Sras./es. Fiscales podrán practicar actividad extraprocesal en los  69ww
edset rpicrtuoesb taé rmquineo sp eerxmpiutaens tolas  erena eple ertpuírgar adfee  aanqteureiollor,s a  pfirno cdeed rimecieanbtaors e lseomberenstoesíd oo sfu ceonmteos 
pcoundsieencduoe nacuixai liadres ela a  etaxlp eirfaeccitóon d ed ela slo usn ipdlaadzeoss  dree gPuolalicdíoas J updoirc iaell. artículo 324 LECrim,  BOE-A-cable e
En  estos  casos,  las/os  Sras./es.  Fiscales  deberán  documentar  la  actividad 
desarrollada y el resultado de las concretas actuaciones practicadas en el marco de las 
diligencias de investigación que habrán de incoarse al efecto, procediendo a su íntegra 
aportación ante el órgano judicial competente cuando lo practicado resulte relevante para 
la investigación o para la persona investigada, sea favorable o adverso. En todo caso, su 
práctica deberá acomodarse a lo previsto en los artículos 5 EOMF y 773 LECrim en 
aquello que resulte de aplicación.
Al aportar el resultado de las diligencias extraprocesales practicadas, las/os Sras./es. 
Fiscales deberán solicitar al órgano judicial la reapertura del procedimiento y la adopción 
de la resolución que a su juicio proceda: bien el dictado del auto de acomodación a los 
trámites del procedimiento abreviado o la revocación del auto de conclusión de sumario, 
bien el dictado de auto de sobreseimiento libre o el mantenimiento de la situación de 
sobreseimiento provisional. En todo caso, velarán por que el/la juez/a confiera traslado 
del material probatorio recabado a las distintas partes personadas en el procedimiento. 
Todo ello sin perjuicio de interesar, en su caso, la práctica de la declaración de la 
persona investigada como se ha señalado supra.
12.  Régimen  transitorio  aplicable  a  las  causas  incoadas  con  anterioridad  a  la 
entrada en vigor de la reforma.
La disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, señala:
«La modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en 
el artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada de vigor de 
la presente Ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial 
para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél.»
Conforme al tenor literal de la disposición anterior, el cómputo de los plazos de la 
fase de investigación judicial debe entenderse reiniciado respecto de todas las causas en 
tramitación, configurándose como nuevo dies a quo para su cómputo el de la entrada en 
vigor de la Ley –29 de julio de 2020– y, como nuevo plazo a computar, el de los doce 
meses  previstos  con  carácter  general  por  el  artículo  324.1  LECrim  (v.  gr.  AAP 
Pontevedra núm. 602/2020, de 20 de noviembre).
El régimen transitorio aprobado por el legislador resulta coherente con el espíritu que 
informa la nueva redacción del precepto. Así, no debe olvidarse que la reforma del 
artículo 324 LECrim, operada por Ley 2/2020, de 27 de julio, conduce a la derogación de 
un  límite  máximo  de  duración  de  la  fase  de  instrucción,  cuyas  posibilidades  de 
ampliación se hallan ahora únicamente sometidas a la consecución de los fines de la 
instrucción descritos por el artículo 299 LECrim. De ahí que para garantizar la seguridad 
jurídica en el cómputo de los nuevos plazos el legislador haya optado por reiniciar el de 
todas las causas.
La expresión «procesos en tramitación» empleada por el legislador en la disposición 
transitoria permite entender que, además de a los procedimientos que se encuentren en 
fase de instrucción, la nueva redacción del artículo 324 LECrim será de aplicación a 
aquellos otros en los que aquella fase ya hubiera concluido. De este modo, el nuevo 
tenor de la norma adquiere virtualidad para el caso de producirse la revocación del auto 
de procedimiento abreviado o del auto de conclusión de sumario. En tales supuestos el 
procedimiento volverá a encontrarse en trámite de instrucción y resultará procedente, por 
tanto, el reinicio del cómputo de los plazos de la fase sumarial.
Asimismo, el nuevo artículo 324 LECrim será de aplicación a la posibilidad de  e.
practicar las diligencias complementarias del artículo 780.2 LECrim cuando a la entrada  w.
en vigor de la norma el procedimiento se hallase en fase intermedia. 69ww
geneErna lc uteamntpou sa  rlae griet traocatuctmiv.i dEasdt ed ep rlainsc inpoiorm daeste prmroicneas aqluees  dlaesb en orermcoarsd aprrsoec eesl aplreins csipoion 
aplicables a todos los procedimientos en curso desde el momento de su entrada en 
vigor. En este sentido, la STC 63/1982, de 20 de octubre (FJ 3.º), dispone:
«La incidencia que el artículo 24 CE tiene sobre las normas procesales obliga a darle 
el tratamiento que es propio de éstas a la hora de resolver sobre su eficacia en el tiempo, 
y  según  la  doctrina  prácticamente  unánime,  las  normas  procesales  tienen  efecto 
inmediato, son aplicables a todos los procesos en curso en el momento de su entrada en 
vigor.»
Esta regla procesal, utilizada por el legislador en la disposición transitoria analizada, 
resulta coherente con la opción asumida por el RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas 
procesales  y  organizativas  para  hacer  frente  al  COVID-19  en  el  ámbito  de  la 
Administración de Justicia, cuyo artículo 2 dispuso que «[l]os términos y plazos previstos 
en  las  leyes  procesales  que  hubieran  quedado  suspendidos  por  aplicación  de  lo 
establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio».
13.  Cláusula derogatoria.
La presente Circular deroga la Circular de la FGE n.º 5/2015, de 13 de noviembre, 
sobre los plazos máximos de la fase de instrucción.
14.  Conclusiones
1.ª  El artículo 324 LECrim no desarrolla el derecho fundamental a un proceso sin 
dilaciones indebidas proclamado por el artículo 24.2 CE; de ahí que el incumplimiento de 
los plazos de la investigación judicial no comporte automáticamente lesión de aquel 
derecho  fundamental.  La  calificación  como  indebida  de  una  dilación  aparece 
condicionada a la diligencia en la tramitación de las actuaciones y no al mero transcurso 
de los plazos legales.
2.ª  Los  plazos  del  artículo  324  LECrim  aparecen  configurados  como  plazos 
procesales cuyo vencimiento no provoca la caducidad de la instancia o de la acción 
penal ni produce efecto material alguno.
3.ª  Los plazos regulados por el nuevo artículo 324 LECrim son plazos judiciales en 
tanto en cuanto su ampliación no aparece condicionada a la actuación de las partes del 
procedimiento.
4.ª  La nueva redacción del artículo 324 LECrim establece un único plazo de doce 
meses de duración para la investigación judicial, prorrogable por sucesivos e ilimitados 
plazos de hasta seis meses, sin otro límite que el necesario para la consecución de los 
fines de la instrucción.
5.ª  El único presupuesto exigido para prorrogar la investigación es que por el 
órgano judicial se constate motivadamente la imposibilidad de su finalización como 
consecuencia de la necesidad de practicar nuevas diligencias.
6.ª  La regulación actual atribuye al órgano instructor el control de los plazos de la 
investigación en el seno del proceso penal. El órgano judicial ostenta la facultad de 
decretar de oficio mediante auto la prórroga de los plazos de la investigación.
7.ª   Los plazos del artículo 324 LECrim son de exclusiva aplicación a las causas 
tramitadas  como  procedimiento  ordinario  y  diligencias  previas  del  procedimiento 
abreviado. Por consiguiente, quedan excluidos del ámbito objetivo de aplicación del  es
precepto los procedimientos ante el Tribunal del Jurado, para el enjuiciamiento rápido de  o
determinados delitos, por aceptación de decreto y para el juicio sobre delitos leves. 69ww
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la fecha de incoación de estos últimos.
En caso de inhibiciones, el dies a quo vendrá determinado por la fecha del primer 
auto de incoación que se dicte.
En caso de acumulaciones, el auto de incoación de las últimas diligencias marcará el 
inicio del cómputo de los plazos del artículo 324 LECrim.
Las/os Sras./es. Fiscales procurarán que la actuación judicial instructora no quede 
suspendida de modo indefinido a la espera de que se resuelvan los posibles conflictos 
de competencia que puedan suscitarse, promoviendo ante el órgano judicial que hubiera 
planteado la inhibición el diligente desarrollo de la investigación con arreglo al artículo 25 
LECrim  e  incluso,  para  el  caso  de  estimarse  oportuno,  la  prórroga  de  la  fase  de 
investigación.
9.ª  Las/os Sras./es. Fiscales velarán por que la resolución motivada que decrete la 
ampliación de la investigación judicial sea dictada antes de la expiración del plazo legal 
previsto por el artículo 324 LECrim, previa audiencia a las distintas partes personadas en 
el procedimiento.
10.ª  Las/os  Sras./es.  Fiscales  interpondrán  aquellos  recursos  que  estimen 
procedentes frente a las resoluciones por las que se acuerde o deniegue la ampliación 
de la fase de investigación judicial de conformidad con el régimen general en materia de 
recursos (arts. 216 y ss. y 766 LECrim).
11.ª  El nuevo artículo 324 LECrim no prevé supuesto alguno de interrupción de los 
plazos. No obstante, la suspensión de su cómputo tendrá lugar durante el periodo en que 
el procedimiento se encuentre sobreseído provisionalmente.
En  caso  de  reapertura  de  un  procedimiento  provisionalmente  sobreseído  se 
reanudará el plazo que reste de la investigación judicial, debiendo computarse a efectos 
del artículo 324.1 LECrim el tiempo transcurrido entre el auto de incoación y el de 
sobreseimiento provisional.
12.ª  El periodo de tiempo durante el que las actuaciones se encuentren declaradas 
secretas será computado con arreglo al nuevo artículo 324 LECrim.
En caso de encontrarse secretas las actuaciones al momento de expirar los plazos, 
las/os  Sras./es.  Fiscales  velarán  por  que  el  órgano  judicial  conceda  audiencia 
únicamente al Ministerio Fiscal.
13.ª  Serán válidas todas las diligencias acordadas antes del vencimiento del plazo 
de la investigación judicial, sin perjuicio de que se practiquen o reciban una vez agotado 
el mismo, bien se trate de una declaración testifical, un informe pericial o un documento 
con valor probatorio.
14.ª  Carecerán de validez las diligencias cuya práctica hubiera sido acordada por la 
autoridad judicial de modo extemporáneo, aunque hubiesen sido solicitadas en plazo por 
cualquiera de las partes.
Igualmente, carecerán de validez aquellas diligencias que hubieran sido acordadas 
tras resultar prorrogados los plazos de la investigación, cuando la resolución por la que 
se acordó la prórroga resultare revocada.
Las  diligencias  practicadas  de  aquel  modo  en  ningún  caso  merecerán  ser 
consideradas ilícitas sino irregulares, pues el mero incumplimiento del plazo procesal 
regulado por el artículo 324 LECrim no permite apreciar vulneración alguna de derechos 
y libertades fundamentales.
Tales diligencias no podrán valorarse al objeto de resolver la transición a la fase 
intermedia del procedimiento ni introducirse en el acto de juicio oral por la vía de los 
artículos 714 y 730 LECrim. Sin embargo, nada impedirá que las/os Sras./es. Fiscales 
puedan proponer que en el acto de juicio oral sean practicadas aquellas pruebas que se  s
estimen  pertinentes  y  útiles,  aun  cuando  las  mismas  guarden  conexión  con  las  oe.
diligencias reputadas no válidas por haber sido practicadas con infracción de los plazos  w.
del artículo 324 LECrim. 69ww
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anterioridad a la expiración de los plazos de la investigación.
En  aquellos  casos  en  que  hubiere  expirado  el  plazo,  las/os  Sras./es.  Fiscales 
deberán sostener que la declaración de la persona investigada resulta admisible y 
plenamente válida, atendida su condición de garantía procesal.
16.ª  El nuevo artículo 324 LECrim permite practicar las diligencias complementarias 
del artículo 780.2 LECrim en aquellos casos en que el plazo de la investigación ya se 
hubiere agotado al momento de concluir la instrucción.
17.ª  Los plazos del artículo 324 LECrim no resultan de aplicación a las diligencias 
cuya práctica haya sido decretada por el órgano de enjuiciamiento durante la fase de 
juicio oral con arreglo al artículo 746.6.º LECrim, al objeto de desarrollar una sumaria 
instrucción suplementaria.
18.ª  Las/os  Sras./es.  Fiscales  pueden  practicar  actividad  de  investigación 
extraprocesal a fin de recabar elementos o fuentes de prueba que permitan lograr la 
reapertura  de  los  procedimientos  sobreseídos  una  vez  expirados  los  plazos  del 
artículo 324 LECrim.
La  actividad  investigadora  del  Ministerio  Fiscal  se  limitará  en  estos  casos  a  la 
tramitación de aquellas concretas diligencias cuya práctica no tuvo lugar durante la fase 
de investigación judicial. La anterior posibilidad se llevará a efecto por las/os Sras./Sres. 
Fiscales con la necesaria prudencia, debiendo solicitarse la reapertura del procedimiento 
judicial previamente sobreseído cuando se llegue a conocimiento de revelaciones y/o 
nuevo material probatorio suficientes a tal fin y que no obrasen previamente en la causa.
En  tales  supuestos,  las/os  Sras./es.  Fiscales  deberán  documentar  la  actividad 
desarrollada y el resultado de las concretas actuaciones practicadas en el marco de las 
diligencias de investigación que habrán de incoarse al efecto. Igualmente, procederán a 
su íntegra aportación ante el órgano judicial competente cuando lo practicado resulte 
relevante para la investigación o para la persona investigada, sea favorable o adverso.
Al momento de aportar el resultado de aquellas diligencias, las/os Sras./es. Fiscales 
solicitarán del órgano judicial la adopción de la resolución que a su juicio proceda, 
interesando bien la reapertura del procedimiento con el consiguiente dictado del auto de 
acomodación a los trámites del procedimiento abreviado o petición de revocación del 
auto de conclusión de sumario, bien el dictado de auto de sobreseimiento libre o el 
mantenimiento de la situación de sobreseimiento provisional.
19.ª  Conforme a la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, el 
cómputo de los plazos regulados por el artículo 324 LECrim debe entenderse reiniciado 
respecto de todas las causas en tramitación, configurándose la fecha de entrada en vigor 
de  la  Ley  –29  de  julio  de  2020–  como  nuevo  dies  a  quo  de  la  totalidad  de  los 
procedimientos en curso, y como nuevo plazo a computar el de los doce meses previstos 
con carácter general por el citado precepto.
La expresión «procesos en tramitación» permite extender la aplicación del nuevo 
precepto, además de a los procedimientos que se encuentren en fase de instrucción, a 
los supuestos en que tenga lugar la revocación del auto de procedimiento abreviado o 
del auto de conclusión de sumario, así como a la posibilidad de practicar diligencias 
complementarias en aquellos procedimientos que se encuentren en fase intermedia.
En razón de todo lo expuesto, con el propósito de adoptar un criterio uniforme en la 
interpretación del nuevo artículo 324 LECrim, las/os Sras./es. Fiscales se atendrán en lo 
sucesivo a las prescripciones de la presente Circular.
Madrid, 8 de abril de 2021.–La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado García.