BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 7380
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
1095 Resolución  de  15  de  enero  de  2020,  de  la  Dirección  del  Servicio  de 
Planificación  y  Relaciones  Institucionales  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración  Tributaria,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la 
Comunidad de Castilla y León, en materia de suministro de información para 
finalidades no tributarias.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad de Castilla y León, 
con fecha 26 de diciembre de 2019, han suscrito un Convenio en materia de suministro 
de información para finalidades no tributarias.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 15 de enero de 2020.–La Directora del Servicio, Rosa María Prieto del Rey.
CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN PARA FINALIDADES NO TRIBUTARIAS
Madrid, 26 de diciembre de 2019.
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, la Sra. doña Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en virtud de lo previsto en el artículo 103, apartado 
tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991, nombrada por el Real Decreto 380/2018, de 8 de junio.
Y de otra, el Sr. don Carlos Javier Fernández Carriedo, Consejero de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, nombrado por Acuerdo 14/2019, de 16 de 
julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las 
Consejerías de la Junta de Castilla y León; en uso de las atribuciones que le confiere el 
artículo 26, apartado 1, letra l), de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Reconociéndose  ambas  partes  la  capacidad  legal  necesaria  para  formalizar  el 
presente Convenio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es 
una Entidad de Derecho Público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la  s
aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de  e.
otras Administraciones y Entidades Públicas nacionales o de la Unión Europea cuya  w.
gestión se le encomiende por Ley o por Convenio. 95ww
interLeas eCso ym suen iednacdu deen tCraa fsatcillual tay dLae ópna rtaie lnae s ucsocmrippectieónnc diaes c pornovpeiansio ps apraar ala  egl edsetsióanr rdoello s dues 
actuaciones de intercambio de información con la Administración estatal.
II
En el año 2001 se firmó entre las dos instituciones un Convenio de colaboración por 
el que se establecía un sistema estable de suministro de información tributaria de la 
Agencia Tributaria a la Comunidad de Castilla y León por medios informáticos para el 
desarrollo por parte de ésta de las funciones que tuviera atribuidas cuando fuera precisa 
la  aportación  de  certificaciones  o  copias  de  las  declaraciones  presentadas  ante  la 
Agencia Tributaria o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria en 
el caso de los no obligados a declarar.
En el marco de la colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las 
Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1.k), 140 
y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 
adelante, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público), los representantes de ambas 
partes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos 
fines  establecer  un  nuevo  marco  que  regule  el  suministro  estable  de  información 
tributaria por parte de la Agencia Tributaria a la Comunidad de Castilla y León.
Este suministro de información se encuentra amparado tanto por la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, Ley General Tributaria), como por el 
resto de normas que rigen el suministro de información tributaria a las Administraciones 
Públicas.
Así, en los artículos 3.2 y 34.1.g) de la Ley General Tributaria, se establece, de una 
parte, que los principios generales de eficacia y limitación de costes indirectos derivados 
del cumplimiento de obligaciones formales han de articular la aplicación del sistema 
tributario y, de otra, que los contribuyentes tienen derecho a solicitar certificación y copia 
de las declaraciones por ellos presentadas.
En desarrollo de tales  principios, el suministro de  información tributaria a otras 
Administraciones  Públicas  como  excepción  al  carácter  reservado  de  los  datos  con 
trascendencia tributaria, se regula en el artículo 95.1 de la misma Ley, que en su letra k) 
lo autoriza para el desarrollo de sus funciones previa autorización de los obligados 
tributarios a que se refieran los datos suministrados.
Respecto  al  soporte  para  llevar  a  cabo  el  suministro  de  datos,  se  estará  a  lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo al 
intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos 
entre Administraciones públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho 
público, garantizándose, en todo caso, la seguridad del entorno cerrado y la protección 
de los datos que se transmitan, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En tal sentido, el apartado 2 del ya citado artículo 95 de la Ley General Tributaria, 
añade que en los casos de cesión previstos en el apartado 1, la información de carácter 
tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios 
informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la 
información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de 
certificados de la Administración tributaria en relación con dicha información.
En el mismo sentido se pronuncia la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
de 18 de noviembre de 1999 que regula el suministro de información tributaria a las  e.
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos  w.b
contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria (actual artículo 95.1 de la  95ww
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telemáticos  atendiendo  a  las  posibilidades  técnicas  tanto  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria como de la Administración cesionaria, que podrán convenir en 
cada caso concreto lo que estimen más conveniente».
De acuerdo con ello, la Agencia Tributaria ha ido incorporando tecnologías de cesión 
electrónica de información a las Administraciones Públicas, altamente eficaces para la 
obtención de información tributaria, que ofrecen los datos de manera inmediata. El texto 
establece así expresamente todas las posibilidades tecnológicas que soportan en la 
actualidad el suministro de datos.
El alcance del suministro de información a que se refiere el presente Convenio, 
relativo al desempeño de las funciones de la Comunidad Autónoma, es independiente de 
la cesión de datos contemplada en las letras b) y d) del artículo 95.1 de la Ley General 
Tributaria.
III
Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir 
convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la 
titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los 
trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
En este sentido, razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a 
las  partes  signatarias  justifican  el  establecimiento  de  un  sistema  de  suministro  de 
información tributaria que permita a la Comunidad de Castilla y León disponer de la 
información que precisa para el ejercicio de sus funciones de forma ágil, mediante la 
utilización de los medios materiales y humanos ya existentes en ambas Administraciones 
Públicas y, por tanto, sin que la aplicación del presente Convenio implique aumento de 
costes para ninguna de ellas. Dicho sistema, basado en las modernas tecnologías, se 
regula a través del presente Convenio dado que el suministro se producirá sobre los 
datos de un elevado número de interesados o afectados por los mismos y habrá de 
verificarse de una forma continuada en el tiempo.
En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de 
este Convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad 
personal  y  familiar  de  los  ciudadanos  y  a  la  protección  de  datos  personales  que 
prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Constitución española, así como el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva  95/46/CE  (Reglamento  General  de  Protección  de  Datos),  y  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Dada la posibilidad de utilizar Plataformas tecnológicas de Intermediación, en los 
términos previstos en la Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado 
de  Administraciones  Públicas,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de 
Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos, las previsiones contenidas 
en el presente Convenio resultan de aplicación con independencia de que el cesionario 
utilice, para el intercambio de los datos, medios propios o infraestructuras de terceros.
IV s
Según establece el artículo 48 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en  w.b
el ámbito de la Administración del Estado y sus organismos públicos y entidades de  95ww
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organismos públicos.
El presente Convenio cuenta con el informe favorable del Servicio Jurídico de la 
Agencia Tributaria y la autorización previa del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en la 
instrucción segunda, apartados 1 y 2, de la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, 
por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios, y en el caso 
de  la  autorización  previa  del  Ministerio  de  Hacienda,  de  acuerdo  además  con  lo 
dispuesto en el artículo 14.1.t) del Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda.
Además cuenta con el informe favorable de la Asesoría Jurídica de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.
Asimismo, se ha recabado el informe del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, en virtud de lo señalado en el artículo 4.1.c) del Real Decreto 863/2018, de 13 
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública y de lo dispuesto en la instrucción segunda, apartado 2 de la 
Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para 
la tramitación de convenios.
V
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema 
estable de suministro de información tributaria de la Agencia Tributaria a la Comunidad 
de Castilla y León por medios informáticos, y al haberse cumplido todos los trámites de 
carácter preceptivo, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio con arreglo a 
los artículos 47 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que se 
regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
sobre  las  condiciones  y  procedimientos  por  los  que  se  debe  regir  la  cesión  de 
información de la Agencia Tributaria a la Comunidad de Castilla y León (en adelante, 
Comunidad  Autónoma),  en  los  supuestos  en  los  que,  como  excepción  al  carácter 
reservado de los datos tributarios, conforme al ordenamiento jurídico, sea procedente 
dicha cesión, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera la 
información.
Este Convenio no resulta aplicable a los suministros de información que pueden 
tener lugar entre la Agencia Tributaria y la Comunidad Autónoma cuando tengan por 
objeto las finalidades previstas en el artículo 95, apartado 1, letras b) y d), de la Ley 
General Tributaria.
Segunda.  Finalidad de la cesión de información.
La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria tendrá como finalidad 
exclusiva la colaboración con la Comunidad Autónoma en el desarrollo de las funciones 
que  ésta  tenga  atribuidas,  cuando  para  el  ejercicio  de  las  mismas,  la  normativa  e
reguladora exija la aportación de una certificación expedida por la Agencia Tributaria o la  bo
presentación en original, copia o certificación de las declaraciones tributarias de los  95ww
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interesados o afectados.
Tercera.  Autorización de los interesados en la información suministrada.
El artículo 95 de la Ley General Tributaria otorga, con carácter general, naturaleza 
reservada  a  los  datos  con  trascendencia  tributaria  obtenidos  por  la  Administración 
tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados 
a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, «la colaboración 
con  las  Administraciones  públicas  para  el  desarrollo  de  sus  funciones,  previa 
autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados» 
[artículo 95.1, letra k)]. De ello se deriva la exigencia de obtener la autorización previa de 
los obligados tributarios, interesados y del resto de los miembros de su unidad familiar a 
que se refieran los datos a suministrar, en los supuestos excepcionales en que se 
autoriza su cesión subordinada a «la colaboración con las Administraciones públicas 
para el desarrollo de sus funciones».
Tal requisito será obtenido por el organismo cesionario y se corresponde con los 
términos y las garantías que igualmente contempla el artículo 2.4 de la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999.
Cuarta.  Destinatarios de la información suministrada.
La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá ser utilizada por los 
órganos administrativos de la Comunidad Autónoma y por los organismos o entidades de 
derecho público dependientes de la misma que ejerzan las funciones o instruyan los 
procedimientos a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, siempre que 
así lo hayan solicitado previamente en los términos previstos en la cláusula octava. 
Asimismo, los órganos de fiscalización autonómicos también serán destinatarios de la 
información objeto del Convenio en la medida en que, por aplicación de su propia 
normativa, participen en dichos procedimientos. En ningún caso podrán ser destinatarios 
órganos, organismos o entes que realicen funciones distintas de las descritas en la 
cláusula segunda de este Convenio.
La cesión se realizará sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida 
por la Agencia Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicita. En 
cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la 
Agencia Tributaria.
Quinta.  Principios y reglas de aplicación al suministro de información contemplado en 
este Convenio.
El suministro de información que efectúe la Agencia Tributaria en el marco del 
presente Convenio se regirá por las reglas y principios contemplados en el artículo 6 de 
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999.
El respeto a los principios de eficiencia y minimización de costes obliga a acudir al 
tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas. La Agencia Tributaria determinará 
los diferentes tipos de información a remitir a la Comunidad Autónoma teniendo en 
cuenta, por un lado, la normativa aplicable a los diferentes procedimientos y, por otro, 
que cada tipo de información solicitada se refiera siempre a un número elevado de 
interesados o afectados. Una vez establecidos los diferentes tipos de información y, sin 
perjuicio de su posterior modificación, las peticiones deberán ajustarse a los mismos.
Sexta.  Naturaleza de los datos suministrados. s
Los  datos  suministrados  por  la  Agencia  Tributaria  son  los  declarados  por  los  w.b
contribuyentes  y  demás  obligados  a  suministrar  información,  sin  que,  con  carácter  95ww
gaeuntoemraal,t izahcaiyóann.  Nsoi doob stsaonmtee, tciduoasn doa  loasc ctiivtaiddaods  daalgtousn hau bdieer anve sriidfioca ccoiómnp ropbreavdioas  pao r slau 
Administración tributaria, se facilitarán los datos comprobados.
Tanto  la  Agencia  Tributaria  como  la  Comunidad  Autónoma  podrán  solicitar 
recíprocamente especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los 
datos objeto de suministro.
Séptima.  Interlocutor único.
Tanto en la Agencia Tributaria como en la Comunidad Autónoma existirá un órgano al 
que ambas podrán dirigirse para resolver cualquier aspecto o incidencia relacionado con 
la aplicación del presente Convenio. Un representante de dicho órgano será, a su vez, 
miembro de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento a que se refiere la 
cláusula decimocuarta.
En concreto, en la Agencia Tributaria, dicho órgano será la Delegación Especial de 
Castilla y León, mientras que, en la Comunidad Autónoma, dichas funciones serán 
ejercidas  por  la  Dirección  General  de  Tributos  y  Financiación  Autonómica  de  la 
Consejería de Economía y Hacienda.
Octava.  Procedimiento.
1.  Fases.
A)  Fase inicial.
1.  Una vez que el presente Convenio sea eficaz, los órganos administrativos de la 
Comunidad Autónoma y los organismos o entidades de derecho público dependientes de 
la misma que vayan a acogerse a aquél deberán remitir a su interlocutor único la 
siguiente documentación:
– Datos  identificativos  del  órgano,  organismo  o  entidad  de  derecho  público 
solicitante (denominación, dirección, teléfono…).
– Objeto del suministro de información.
– Procedimiento o función desarrollada por el órgano solicitante.
– Competencia del órgano, organismo o entidad de derecho público (con referencia a 
la concreta normativa aplicable).
– Tipo de información solicitada. Esta deberá ajustarse a los diferentes tipos de 
información a suministrar por vía telemática o informática, establecidos en el Anexo I del 
presente  Convenio,  sin  perjuicio  de  que  en  los  formularios  publicados  en  la  Sede 
electrónica de la Agencia Tributaria se puedan incorporar, dentro de cada una de las 
categorías de suministros a que hace referencia dicho Anexo, otros procedimientos que 
deriven del ejercicio de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, o se 
puedan actualizar las categorías de suministros, en su caso, previo acuerdo de la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del Convenio a que se refiere la cláusula 
decimocuarta, para atender las necesidades de información que puedan surgir de la 
normativa que resulte aplicable, con respeto al objeto, finalidad y demás previsiones del 
presente Convenio.
– Adecuación, relevancia y utilidad de la información tributaria solicitada para el logro 
de la finalidad que justifica el suministro.
–  Cualquier  otra  información  necesaria,  según  el  canal  que  se  utilice  para  el 
suministro de la información.
El interlocutor único de la Comunidad Autónoma, recibidas todas las solicitudes,  s
remitirá a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León una relación  o
detallada de todos los órganos y organismos solicitantes, la normativa en la que se  w.
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electrónica  de  la  Agencia  Tributaria.  Cada  formulario  se  suscribirá  por  la  persona
responsable  del  órgano  administrativo,  organismo  o  entidad  de  derecho  público
dependiente de la Comunidad Autónoma y por el interlocutor único nombrado conforme 
a  la  cláusula  séptima.  Dichos  formularios  deberán  ir  firmados  electrónicamente  y 
presentarse a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria por el interlocutor 
único de la Comunidad Autónoma.
Una vez que el presente Convenio sea eficaz, la Comunidad Autónoma deberá 
ratificar ante la Agencia Tributaria, en un plazo de seis meses, los supuestos de solicitud 
de suministro de información que estuvieran en vigor al amparo del Convenio anterior, 
como  si  de  nuevas  altas  iniciales  se  tratara,  presentando  los  formularios 
correspondientes en la forma determinada en los párrafos anteriores de la presente 
cláusula.
Durante  dicho  período  transitorio  de  seis  meses,  continuarán  vigentes  las 
autorizaciones obtenidas con arreglo al Convenio anterior.
2.  Una  vez  examinada  la  documentación  y  comprobado,  en  su  caso,  con  la 
colaboración  de  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y  Seguimiento,  que  todas  las 
solicitudes se ajustan a lo previsto en el presente Convenio, el Delegado Especial de la 
Agencia Tributaria lo pondrá en conocimiento, tanto del Departamento de Informática 
Tributaria para que proceda a dar de alta al órgano, organismo o entidad de derecho 
público en la aplicación correspondiente de suministro telemático de información, como a 
la Comunidad Autónoma para que tenga conocimiento de la posibilidad de incluir a partir 
de ese momento, en las peticiones a que se refiere la letra B) siguiente, aquellas que 
provengan  de  dichos  órganos,  organismos  o  entidades  de  derecho  público  ya 
autorizados.
3.  La incorporación posterior de nuevos órganos, organismos o entidades a la 
correspondiente aplicación de suministro telemático de información se realizará, a su 
vez, conforme a lo previsto en los apartados anteriores.
4.  Cuando un órgano esté autorizado a un determinado tipo de suministro, deberá 
canalizar en lo sucesivo todas las peticiones de esa naturaleza a través del mecanismo 
establecido,  independientemente  del  número  de  interesados  o  afectados  al  que  se 
refieran.
B)  Suministro de información.
a)  Solicitud.
Los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma u organismos o entidades 
de derecho público dependientes de la misma previamente autorizados, remitirán, con la 
periodicidad que lo necesiten, a la Agencia Tributaria por vía telemática sus solicitudes 
de información en las que incluirán todos los datos que sean precisos para identificar 
claramente la finalidad concreta que ampara cada suministro, así como a los interesados 
afectados y el contenido concreto de la información solicitada, que deberá ajustarse a los 
diferentes tipos de información previamente determinados por la Agencia Tributaria. 
Asimismo, se deberá hacer constar, en su caso, que los interesados en la información 
solicitada  han  autorizado  expresamente  el  suministro  de  datos,  sin  que  se  haya 
producido su revocación, y que se han tenido en cuenta las demás circunstancias 
previstas en el artículo 2.4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de 
noviembre de 1999 respecto de dicha autorización.
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, a que se refiere la cláusula 
decimocuarta, podrá adoptar decisiones en cuanto a la periodicidad para realizar las 
solicitudes de información. s
No  podrán  realizar  directamente  solicitudes  de  información  los  órganos  de  la  oe.
Comunidad Autónoma con rango inferior a una Dirección General ni los órganos de las  w.
CoDtoeroolesrgd óainrcgaioacnnióeonss   yd TifSeererregitnoutriemiasil eecnsu.ta on Ndpooo  dlaroá be ssattcarounrctdetua, rrase ean d lame irln eiasstleirzanatoicv iaód nde e d illraae  cCtCoam odmueni sisdióoanldi c iAtMuuditxóetnaso  pmdoaer    2020-1095n https://ww
así lo aconseje y resulte factible desde un punto de vista técnico.
En  todo  caso,  no  se  podrán  realizar  peticiones  por  órganos  de  la  Comunidad 
Autónoma u organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma que 
no hayan sido previamente autorizados en virtud de lo previsto en el apartado 1.A) de 
esta cláusula.
b)  Tramitación y contestación.
Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, el 
Departamento  de  Informática  Tributaria  remitirá  la  información  solicitada  de  forma 
inmediata, salvo que se requiera un plazo superior, que en ningún caso superará los 
quince días desde la recepción de dicha solicitud. En el supuesto de que alguna petición 
no fuese atendida en ese plazo, el usuario podrá conocer el motivo para que, en su caso, 
pueda ser objeto de subsanación.
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento a que se refiere la cláusula 
decimocuarta  podrá  adoptar  decisiones  en  cuanto  a  los  plazos  para  remitir  la 
información.
c)  Formato.
Tanto  la  solicitud  como  la  entrega  de  la  información  se  realizará  por  medios 
informáticos o telemáticos. En especial, podrá realizarse por los medios y en los términos 
que establezca la Agencia Tributaria para la expedición de certificaciones tributarias 
electrónicas por parte de sus órganos.
La Agencia Tributaria podrá realizar cambios en las aplicaciones tributarias con las 
que se materializan los suministros de información por razón de la evolución tecnológica. 
Estos cambios, remitidos a la Secretaría Técnica Permanente por el Departamento de 
Informática de la Agencia Tributaria, serán comunicados a la Comunidad Autónoma con 
la suficiente antelación, a través del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación 
de la Gestión Tributaria, para que aquélla pueda, si es necesario, realizar las actuaciones 
oportunas de adaptación y comunicación.
2.  Gestión de autorizados.
La Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León gestionará las 
autorizaciones  de  los  órganos,  organismos,  entidades  y  usuarios  de  la  Comunidad 
Autónoma a los suministros de información contemplados en el presente Convenio, así 
como su mantenimiento.
La  Comunidad  Autónoma  informará  inmediatamente  a  la  respectiva  Delegación 
Especial, a través del interlocutor único, de todas las circunstancias e incidencias que 
afecten  a  los  suministros  contemplados  en  el  presente  Convenio  y  a  los  órganos, 
organismos, entidades y usuarios autorizados, y en especial, de las que deban implicar 
la baja de la autorización. En los supuestos en que proceda, remitirán a través de la 
Sede Electrónica de la Agencia Tributaria el formulario correspondiente, publicado en 
dicha Sede, en la forma indicada en el apartado 1.A) de la presente cláusula.
Asimismo,  la  Comunidad  Autónoma  deberá  mantener  actualizado  su  censo  de 
órganos, organismos, entidades y personas autorizadas.
Ello sin perjuicio de los cambios en dicho modelo de gestión que puedan derivar de 
la evolución tecnológica de las aplicaciones informáticas de la Agencia Tributaria. Estos 
cambios,  remitidos  a  la  Secretaría  Técnica  Permanente  por  el  Departamento  de 
Informática de la Agencia Tributaria, serán comunicados a la Comunidad Autónoma con  es
la suficiente antelación, a través del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación  o
de la Gestión Tributaria, para que aquélla pueda, si es necesario, realizar las actuaciones  95ww
opor3t.u naAsp dlicea acdióanp.tación y comunicación.
Las previsiones contenidas en el presente Convenio resultan de aplicación con
independencia de que el cesionario utilice medios propios o infraestructuras de terceros
para la gestión del intercambio de los datos cedidos por la Agencia Tributaria. En caso 
de utilizarse infraestructuras de terceros, los tratamientos de datos que estos realicen 
serán sólo los necesarios para la gestión de los intercambios.
Novena.  Control y seguridad de los datos suministrados.
El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la 
normativa vigente en cada momento en materia de seguridad de la información y, en 
particular, en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica modificado por el 
Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, y en la Política de Seguridad de la Información 
de la Agencia Tributaria y de la Comunidad Autónoma.
Se  establecen  los  siguientes  controles  sobre  la  custodia  y  la  utilización  de  la 
información suministrada al amparo de este Convenio:
a)  Control interno por parte del ente cesionario de la información.
La Comunidad Autónoma realizará controles sobre la constancia y validez de la 
autorización previa de los interesados y sobre la custodia y utilización que de los datos 
recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependientes de ella, 
informando a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula 
decimocuarta del presente Convenio de los resultados obtenidos en dicho seguimiento.
En particular, se adoptarán medidas que eviten el riesgo de que la información pueda 
ser utilizada para otros propósitos y que aseguren el cumplimiento de las condiciones 
que sustentan cada una de las cesiones.
b)  Control por el ente titular de la información cedida.
La Comunidad Autónoma acepta someterse a las actuaciones de comprobación que 
pueda acordar la Agencia Tributaria.
La Agencia Tributaria aplicará los controles ordinarios derivados de su sistema de 
gestión de la seguridad de la información. En particular, las cesiones de información 
realizadas quedarán registradas en el sistema de control de accesos de la Agencia 
Tributaria. El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria podrá acordar otras 
actuaciones de comprobación al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización 
de la información cedida y las condiciones normativas o convencionales que resultan de 
aplicación.
Décima.  Tratamiento de datos personales.
En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, 
tanto el cedente como el cesionario tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de Protección de Datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los  datos  tratados  en  este  Convenio  tienen  la  categorización  de  información 
tributaria.
Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad de la Agencia 
Tributaria, cedente de la información, y los tratamientos posteriores son responsabilidad 
de la Comunidad Autónoma, cesionaria de la información. s
En el caso de la Agencia Tributaria, el Responsable del Tratamiento a efectos del  oe.
Reglamento General de Protección de Datos es el titular de la Dirección General. w.
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Decimoprimera.  Obligación de sigilo.
Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los 
datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más 
estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará 
incurrir  en  las  responsabilidades  penales,  administrativas  y  civiles  que  resulten 
procedentes.
El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole 
que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en 
ejecución  de  este  Convenio  deberá  ser  iniciado  y  concluido,  así  como  exigida  la 
responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, 
funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.
Decimosegunda.  Archivo de las actuaciones.
La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles efectuados 
sobre la custodia y utilización de los datos cedidos deberá conservarse por un periodo de 
tiempo no inferior a tres años. En especial, la Comunidad Autónoma deberá conservar la 
autorización expresa de los interesados.
Decimotercera.  Efectos de los datos intercambiados.
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  9  de  la  Orden  del  Ministerio  de 
Economía  y  Hacienda  de  18  de  noviembre  de  1999,  en  la  medida  en  la  que  la 
Comunidad  Autónoma  pueda  disponer  de  la  información  de  carácter  tributario  que 
precise para el desarrollo de sus funciones mediante los cauces previstos en el presente 
Convenio, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente certificaciones 
expedidas por la Agencia Tributaria, ni la presentación, en original, copia o certificación 
de sus declaraciones tributarias o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia 
Tributaria en el caso de los no obligados a declarar.
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos 
que los derivados del objeto y de la finalidad para los que los datos fueron suministrados. 
En consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de derechos a favor de los 
interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción 
de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que 
se obtuvo aquella. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que 
pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior 
modificación de los datos suministrados.
Decimocuarta.  Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Solución de conflictos.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes 
nombrados por el titular de la Delegación Especial de Castilla y León y otros tres 
nombrados por la Comunidad Autónoma.
En calidad de asesores podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios que se 
consideren necesarios, con derecho a voz.
Las  decisiones  se  adoptarán  por  común  acuerdo  de  las  dos  Administraciones 
representadas. e.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez  w.b
al año, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada. 95ww
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– Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento 
del Convenio.
– Colaborar, en su caso, en la elaboración del censo de órganos, organismos o 
entidades autorizados a que se refiere la cláusula octava.
–  Concretar  cualquier  aspecto  relacionado  con  el  suministro  de  información 
establecido por este Convenio que precise de desarrollo.
La Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico respecto a lo 
no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª 
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinta.  Resultados de la aplicación del Convenio.
A  fin  de  evaluar  la  eficacia  del  presente  Convenio,  la  Agencia  Tributaria  y  la 
Comunidad Autónoma se comprometen, con una periodicidad de al menos una vez al 
año, a determinar los resultados de la colaboración, siendo de análisis conjunto en el 
seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Decimosexta.  Plazo de vigencia.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la fecha de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», una vez inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la Disposición 
Adicional Séptima de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo acordar 
los firmantes, antes del vencimiento del plazo, una prórroga expresa por un período de 
hasta cuatro años.
No obstante, las dos Administraciones podrán acordar la suspensión unilateral o la 
limitación del suministro de información cuando advierta incumplimientos de la obligación 
de  sigilo  por  parte  de  las  autoridades,  funcionarios  o  resto  de  personal  del  ente 
cesionario, anomalías o irregularidades en el régimen de control o incumplimientos de 
los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo 
previsto en este Convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o limitación del 
suministro  se  dará  cuenta  inmediatamente  a  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y 
Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la resolución o mantenimiento del Convenio.
Decimoséptima.  Extinción y resolución del Convenio.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 51.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de dicha Ley, son causas de 
resolución del Convenio, las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o  e
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la  bo
Comisión de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula decimocuarta. 95ww
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e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
Decimoctava.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción. El incumplimiento de 
las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar 
lugar a la resolución del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
decimoséptima.
Decimonovena.  Financiación.
Del presente Convenio no se derivarán, para ninguna de las partes, obligaciones de 
naturaleza ordinaria o extraordinaria ni aportaciones de contenido económico específicas 
para el desarrollo del proyecto.
Vigésima.  Régimen de modificación.
Para  la  modificación  del  presente  Convenio  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 49.g) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Vigesimoprimera.  Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se comprometen a colaborar en 
todo lo que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente Convenio a los 
trámites previstos en dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites 
preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Decimocuarta, las 
controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que se 
pudieran  suscitar  durante  la  vigencia  del  mismo,  serán  sometidas  a  la  jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,  de  conformidad  con  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar 
indicados en el encabezamiento.–Por la Comunidad de Castilla y León, el Consejero de 
Economía  y  Hacienda,  Carlos  Fernández  Carriedo.–Por  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, la Presidenta, Inés María Bardón Rafael.
ANEXO I
Suministros de información
De conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava 1.A) del presente Convenio, se recogen los siguientes suministros de información de la Agencia Tributaria a 
la Comunidad Autónoma:
Categoría Suministro Procedimiento Periodicidad
Situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias. Procedimiento de contratación administrativa. A petición.
Situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias. Obtención de licencias de transporte. A petición.
ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. Situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias. Subvenciones y ayudas públicas. A petición.
Situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias. Permisos de residencia y trabajo para extranjeros. A petición.
Situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias. General art. 74 RGAT aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. A petición.
IRPF. Nivel de renta general. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición.
IRPF. Nivel de renta para becas. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. IRPF. Nivel de renta básica de emancipación. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición.
IRPF. Nivel de renta para agricultores. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición.
IRPF. Nivel de renta para prestaciones sociales. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición.
INFORMACIÓN CATASTRAL. Información catastral. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición.
RENTAS EXENTAS. Rentas exentas: Datos de Pensiones Públicas Exentas. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición.
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Impuesto sobre Actividades Económicas. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición.
Datos Identificativos: NIF, apellidos y nombre, razón social y domicilio fiscal. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición. s
DATOS IDENTIFICATIVOS. e.
Datos Identificativos de partícipes, comuneros y socios de entidades sin personalidad jurídica. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición. bo
DOMICILIO FISCAL. Domicilio Fiscal. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición. 95ww
VALIDACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. Validación del Número de Identificación Fiscal. Los procedimientos establecidos por la Comunidad Autónoma en cada caso. A petición.