BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Jueves 13 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 68797
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
9590 Decreto-ley 7/2020, de 26 de junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 
de diciembre, de renta valenciana de inclusión.
PREÁMBULO
I
El punto vigésimo del apartado primero del artículo 148 de la Constitución Española 
establece como competencia asumible por parte de las comunidades autónomas la 
asistencia  social.  Como  consecuencia  de  ello,  la  Generalitat,  tiene  la  competencia 
exclusiva en materia de Servicios Sociales, en conformidad con el punto vigésimo cuarto 
del apartado primero del artículo 49 del Estatuto de Autonomía.
Por su parte la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 
Inclusivos de la Comunitat Valenciana establece en su artículo cuarto, de los servicios 
sociales valencianos, que estos estarán formados por el conjunto de prestaciones y 
servicios, destinados a la prevención, promoción de la autonomía personal de carácter 
integral y atención de las necesidades personales, familiares y sociales, así como la 
garantía de la inclusión social. Igualmente el punto c) del apartado segundo del artículo 6 
dispone como principio rector de los servicios sociales valencianos la promoción de la 
inclusión como herramienta para la transformación social.
La Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión establece el 
régimen jurídico de la renta valenciana de inclusión, definida como un derecho subjetivo 
que se concreta a través de una prestación económica o prestación profesional la cual 
se materializa en un proceso de inclusión social dirigido a cubrir las necesidades básicas 
que garanticen la calidad de vida combatiendo la exclusión y la vulnerabilidad social, que 
podrá estar vinculada a los instrumentos y actuaciones de apoyo regulados en esa ley, 
facilitando el acceso a la educación, la formación, el empleo, la vivienda, la promoción de 
la salud, la cultura, el acceso y formación a las tecnologías de la información y la 
comunicación, la movilidad, la participación social y la formación en igualdad de género y 
oportunidades.
La entrada en vigor, el 1 de junio de 2020, del Real Decreto ley 20/2020, de 29 de 
mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV), configurándolo como el 
derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel 
mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, ha 
supuesto la alteración del régimen vigente en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en 
el  apartado  segundo  del  artículo  2  del  citado  Real  Decreto  ley  establece  que  la 
prestación  se  desarrollará  sin  perjuicio  de  las  ayudas  que  puedan  establecer  las 
comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.
La existencia en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana de un modelo 
prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se 
encuentren en situación de vulnerabilidad a través de la renta valenciana de inclusión, 
obliga, en este punto, a solventar con la máxima celeridad la incertidumbre y, por tanto, 
la  falta  de  seguridad  jurídica  que  genera  en  las  personas  la  existencia  de  dos  e.e
prestaciones cuyos objetos de concesión son concurrentes y compatibles. b
Debido a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital la conselleria competente en  90ww
mesatutedriioa  ddeet ailnlacdluos idóen  asmocbiaals  sper ehsata vciisotnoe so bpliagraad aq uceo nla  craernátact evra ldeen cuiargnean dceia  inac lhuascióenr  unno 
econntrcee epnto cso lyis iópno dceorn  ceol minpgaretibsoili zmaírn iammob vaitsa l,p nreos tsaec igoenneesr epna drau prleiccidoandoecse rp oers tloes  dmeirsemchoos 
subjetivo  a  la  mayor  cantidad  de  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  social  y
económica posible en un contexto económico, social y sanitario incierto y complejo a 
nivel global generado por la pandemia de Covid-19.
La modificación propuesta en la Ley de renta valenciana de inclusión tiene como 
finalidad principal la adaptación de la prestación valenciana a la entrada en vigor de la 
nueva  prestación  estatal  de  forma  que,  aunque  el  cálculo  del  importe  de  la  renta 
valenciana de inclusión, en atención a la modalidad de la prestación y la composición de 
la unidad de convivencia, no sufra modificación, sí que se ajuste, el abono de dicho 
importe, al reconocimiento del ingreso mínimo vital que se produzca en favor de las 
personas beneficiarias de aquella.
Las modificaciones obedecen a dos finalidades principales, una más inminente para 
permitir la compatibilización urgente y necesaria ante la nueva prestación del ingreso 
mínimo vital y otra que persigue simplificar administrativamente el procedimiento de 
gestión de la renta valenciana de inclusión tanto para articular un sistema de desarrollo 
de la prestación autonómica coordinado con la prestación estatal como para introducir 
matizaciones en algunos preceptos con la finalidad de aclarar o precisar el procedimiento 
administrativo para una mayor comprensión y eficacia del derecho subjetivo tanto entre 
los  órganos  instructores  como  entre  la  ciudadanía.  No  obstante,  ambos  tipos  de 
modificación  tienen  como  fin  último  adaptar  la  regulación  de  renta  valenciana  de 
inclusión al nuevo escenario que se ha producido con el nacimiento de esta nueva 
prestación  y  que  es  coincidente  en  muchos  aspectos  con  la  renta  valenciana  de 
inclusión.
Como  punto  de  partida  podemos  señalar  que,  el  ingreso  mínimo  vital  va  a 
reconocerse  a  las  personas  beneficiarias  de  renta  valenciana  de  inclusión  que, 
cumpliendo los requisitos establecidos en el Real Decreto ley 20/2020, sean perceptoras 
de  prestación  familiar  por  hijo  o  menor  acogido  a  cargo  sin  discapacidad  o  con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, por lo que es necesario realizar las acciones 
oportunas y urgentes para evitar conflicto con nuestra regulación y que justifica la 
necesidad de modificación de la ley.
En  consecuencia,  se  hace  necesario  tramitar  una  modificación  urgente  que  no 
demore más en el tiempo la adaptación de la norma valenciana a la normativa estatal, a 
fin de que las personas solicitantes y beneficiarias de este derecho subjetivo obtengan el 
mismo nivel de protección de que disfrutaban con anterioridad a la entrada en vigor del 
Real Decreto ley 20/2020, máxime cuando las modificaciones que este decreto ley 
introduce tratan de dotar, de nuevo, de coherencia y sentido a la Ley 19/2017, para 
permitir  la  adecuada  aplicación  de  ambas  normativas,  la  estatal  y  la  autonómica, 
facilitando así su aplicación.
II
La necesidad de mantener la Renta Valenciana de Inclusión como prestación propia 
de la Comunitat Valenciana compatibilizándola con el ingreso mínimo vital otorgado por 
el Estado es imprescindible para la concepción de dicho derecho subjetivo como uno de 
los elementos necesarios para la inclusión social de los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad. El ingreso mínimo vital concibe la inclusión únicamente desde la 
vertiente económica, que pese a ser un elemento necesario para la inclusión no es el 
único y sobre todo no es suficiente para la transformación social que se pretende con el 
derecho subjetivo diseñado a través de la renta valenciana de inclusión.
La  prestación  autonómica  concibe  la  inclusión  desde  una  vertiente  holística,  s
acompañando  a  las  prestaciones  económicas  las  prestaciones  profesionales  y  la  e.
elaboración de itinerarios de inclusión individualizados a aquellas personas que reúnen  w.
los requisitos para ser beneficiarias de este derecho subjetivo. El fin último de la renta  90ww
vsaul eenxccilaunsiaó nd es oinccialul syió snu  eesm laa nrucpiptaucraió dne d leal  pceicrlsoo dnea  lcao np oabqrueezlalo ms aetleemriael noto sso qciuael  epnro evlo qcuaen 
se encuentra inmersa por factores ajenos a su voluntad.
Se trata de uno de los pilares estructurales de Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales que no solo tramita y concede una prestación económica sino que 
diseña una hoja de ruta individual y adaptada a las circunstancias de cada persona. En 
este  sentido,  el  Sistema  Público  Valenciano  de  Servicios  Sociales  tiene  por  objeto 
garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos  sociales  en  el  territorio  de  la  Comunitat 
Valenciana, favoreciendo la inclusión social, la autonomía y el desarrollo personal, la 
convivencia, la igualdad de oportunidades y la participación social, desarrollando una 
función  promotora,  preventiva,  protectora,  de  acompañamiento,  de  apoyo  y  de 
rehabilitación  frente  a  las  necesidades  sociales  originadas  por  situaciones  de 
vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o urgencia social. Para ello, la 
Generalitat articula un despliegue territorial para garantizar estos derechos subjetivos a 
través de los servicios sociales de atención primaria básica y específica y los servicios 
sociales de atención secundaria regulados, todos ellos en la Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.
III
El decreto ley se estructura en una parte expositiva, 75 artículos, una disposición 
adicional, una disposición derogatoria y una disposición final. En concreto, se introducen 
en el texto de la ley, entre otras cosas, las definiciones de los conceptos regulados en la 
normativa estatal y autonómica, la compatibilidad de ambas prestaciones económicas, la 
inclusión de aquellos colectivos no contemplados por la normativa estatal, así como la 
clarificación de los instrumentos para la inclusión social a tenor de la irrupción de la 
nueva prestación estatal, a efectos de que no se produzcan duplicidades que generen 
confusión.
En el mismo sentido, se modifican los preceptos que regulan los procedimientos para 
el reconocimiento del derecho a percibir las diversas modalidades de renta valenciana de 
inclusión para compatibilizarlas con el ingreso mínimo vital y el régimen de financiación y 
competencial de las mismas debido a la convivencia de ambas prestaciones en las 
mismas personas beneficiarias.
Podemos destacar las siguientes modificaciones en preceptos de la Ley 17/2019, 
de 20 de diciembre:
En el artículo 1 la inclusión de un apartado b) para separar el derecho subjetivo a una 
prestación económica y el derecho subjetivo a una prestación profesional, ya que la 
normativa estatal únicamente reconoce la primera de las prestaciones y la segunda es 
una prestación íntegramente autonómica. La adición de un nuevo artículo de definiciones 
en el título preliminar para clarificar los conceptos de la renta valenciana de inclusión y 
evitar posibles inseguridades jurídicas en el marco conceptual con la entrada en vigor de 
la prestación económica estatal. La mejora de la definición de la unidad de convivencia 
del artículo 5 en sus diversas modalidades para dar cobertura a todas las realidades 
reconocidas  tanto  en  la  normativa  estatal  como  en  la  autonómica,  dejando  a  la 
administración autonómica la labor de reconocimiento de las prestaciones que venía 
reconociendo con anterioridad y que el real decreto no contempla. Se introduce en el 
título I la prestación profesional de inclusión social como desarrollo del derecho subjetivo 
a la misma, también se extiende la renta complementaria de ingresos regulada en el 
artículo 9 para que sea compatible con modalidades de prestación estatales. Se crea un 
nuevo título II para la mejora en la configuración de los requisitos de acceso a las 
prestaciones económicas y así mejorar la ejecutividad tanto del ingreso mínimo vital  e.e
como de la renta valenciana de inclusión, así como la redefinición los derechos y de las  b
obligaciones  de  las  personas  titulares  y  beneficiarias  de  la  prestación  autonómica  90ww
arertgícuulalod a1s 4 end e ell a acrtoícmuploa ti1b1il idpaadr ad eg alraa nrteiznatra  lava liennccluiasnióan  dseo ciinacl.l uLsiaó ni nccoluns iólan  neune veal 
presStaec iróend eesfitnaeta le.l actual título II que pasa a ser el título III para regular de forma
extensiva la prestación profesional para la inclusión social, añadiéndose tres nuevos
artículos para definir en qué consisten las prestaciones profesionales para la inclusión 
social en el artículo 19, para establecer cuáles son los requisitos de acceso en el 
artículo  20  y  qué  se  entiende  por  diagnóstico  de  exclusión  o  vulnerabilidad  y 
adaptándose varios artículos de este nuevo título tanto a lo recogido por el ingreso 
mínimo vital como a la nomenclatura y procedimientos establecidos en la Ley 3/2019.
Se clarifica el procedimiento en un nuevo título IV para poder compatibilizar ambas 
prestaciones,  renumerándose,  añadiéndose  un  nuevo  artículo  30  para  regular  la 
posibilidad de la solicitud anticipada y un nuevo artículo 42 para regular el procedimiento 
de urgencia derivadas estas dos modificaciones de la necesidad de agilidad en la 
tramitación en casos especiales como el de la situación de pandemia por Covid-19 y 
adaptándose varios artículos de este nuevo título.
Se renumeran los nuevos títulos V, VI y VII adaptándolos a la terminología derivada 
de las modificaciones en el resto del texto.
Asimismo,  se  elimina  la  disposición  transitoria  quinta,  se  añaden  tres  nuevas 
disposiciones  transitorias  para  adaptar  la  norma  al  régimen  establecido  en  el  Real 
Decreto ley 20/2020. La disposición transitoria sexta regula el régimen transitorio para 
las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión, la séptima regula el 
régimen transitorio para las solicitudes de la renta valenciana de inclusión pendientes de 
resolución y la octava regula la posibilidad de compensación de créditos. Finalmente, se 
modifica la disposición final segunda sobre la entrada en vigor para modular la entrada 
en vigor de las nuevas prestaciones a complementar y el nuevo complemento.
A  la  vista  de  lo  expuesto  anteriormente,  concurren  las  circunstancias  de 
extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía 
de la Comunitat Valenciana como presupuestos habilitantes para recurrir al instrumento 
jurídico del decreto ley.
Este decreto ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, eficiencia y transparencia, exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Se cumplen los principios de necesidad y eficacia dada la nueva regulación del 
ingreso mínimo vital acordado por el Decreto ley 20/2020 de 29 de mayo y que ha 
entrado en vigor el 1 de junio de 2020 y por ser el decreto ley el instrumento jurídico más 
adecuado e inmediato para garantizar su consecución.
La norma cumple también con el principio de proporcionalidad, por contener la 
regulación imprescindible para adecuar la renta valenciana de inclusión, no solo a la 
nueva prestación establecida por el Gobierno de España y su clara colisión con ella, sino 
al  escenario  que  de  ello  se  deriva  a  tenor  de  lo  establecido  en  el  Real  Decreto 
Ley 20/2020.
Del mismo modo, se ajusta al principio de seguridad jurídica, ya que es necesario y 
perentorio adecuar la regulación de nuestra prestación con el resto del ordenamiento y 
sobre todo con el nuevo ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta que hay personas 
beneficiarias que van a coincidir en ambas prestaciones y que esta nueva prestación 
está  creando  mucha  incertidumbre  en  las  potenciales  personas  beneficiarias  de  la 
misma, sobre todo en las que ya han solicitado renta valenciana de inclusión y aún no 
les ha sido resuelta.
En  cuanto  al  principio  de  eficiencia,  se  incorporan  mecanismos  para  que  se 
simplifique los trámites administrativos como por ejemplo que no se deba presentar 
documentación por la persona solicitante que ya obra en poder de la administración.
Por último, en relación con el principio de transparencia, la norma está exenta de los  e.
trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la  w.b
tramitación y aprobación de los decretos-leyes. 90ww
AutoPnoorm toíad,o  ae llop,r oyp aule astma padreo  ldae  vloic perperveissitdoe ennta  loys  acrotnícsuelollesr a4 4,d e4 9 Igy u5a0ld daedl  Eys tPatoulíttoic daes 
Inclusivas, y previa deliberación del Consell, en la reunión de 26 de junio de 2020, 
decreto:
Artículo 1.  Modificación del artículo 1 de la Ley 19/2017.
Se modifica el artículo 1 de la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto establecer, en el marco del sistema público de 
servicios sociales de la Comunitat Valenciana, el régimen jurídico de la renta 
valenciana de inclusión, definida en esta ley, garantizando con ello:
a)  El derecho subjetivo a una prestación económica para cubrir necesidades 
básicas a la unidad de convivencia que carezca de los recursos económicos 
suficientes para la cobertura de las mismas.
b)  El  derecho  subjetivo  a  la  inclusión  social  mediante  una  prestación 
profesional a la unidad de convivencia que requiera dicho proceso orientado tanto 
a favorecer su inclusión social, a prevenir el riesgo de exclusión social, como a 
facilitar  el  proceso  de  emancipación  de  las  personas  en  situación  de 
empobrecimiento.»
Artículo 2.  Modificación del artículo 2.2 de la Ley 19/2017.
Se modifica el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 19/2017, que queda redactado 
como sigue:
«Artículo 2.  Del derecho a la inclusión social.
1.  […]
2.  Serán titulares de este derecho todas las personas con residencia en la 
Comunitat Valenciana que se encuentren en situación de exclusión social o de 
riesgo de exclusión social.»
Artículo 3.  Modificación del artículo 3 la Ley 19/2017.
Se modifica el artículo 3 de la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 3.  Definiciones.
1.  Renta valenciana de inclusión. La renta valenciana de inclusión es un 
derecho subjetivo que se concreta a través de una prestación económica y/o una 
prestación profesional para realizar un proceso de inclusión social dirigidas a 
cubrir las necesidades básicas que garanticen la calidad de vida combatiendo la 
exclusión y la vulnerabilidad social.
2.  Situación de exclusión social. Se entiende por situaciones de exclusión 
social, a los efectos de esta ley, aquellas situaciones en las que las personas no 
tienen  los  recursos  necesarios  para  cubrir  sus  necesidades  básicas,  para  el 
ejercicio de sus derechos sociales, con limitaciones en su participación social, y se 
encuentran en un estado de dificultad personal o social para su inclusión social y, 
en su caso, inserción laboral. e.e
3.  Condición de vulnerabilidad social. Se define la condición de vulnerabilidad  w.b
social como una situación de riesgo, de dificultad que inhabilita e invalida, de  90ww
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mismo  domicilio,  están  unidas  entre  sí  por  vínculos  matrimoniales  o  relación
permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguinidad o afinidad 
hasta  el  segundo  grado,  tutela,  guarda  o  acogimiento,  de  forma  que  sus 
integrantes resultarán, en su caso, personas beneficiarias de la renta valenciana 
de inclusión.
5.  Vivienda o alojamiento. Se considera vivienda o alojamiento el marco 
físico de residencia permanente e independiente donde residen la persona o 
personas  que  componen  la  unidad  de  convivencia.  Asimismo,  se  asimilan  a 
vivienda o alojamiento aquellos espacios físicos de residencia colectiva, utilizados 
de forma independiente por las unidades de convivencia, de acuerdo con los 
requisitos que se determinen reglamentariamente.
6.  Prestación económica. Se considera prestación económica a la entrega 
dineraria, de carácter periódico, reconocida a la unidad de convivencia, cuyo 
importe  se  determina  en  función  de  la  modalidad  y  número  de  personas 
integrantes  de  la  unidad  de  convivencia  y  cuya  finalidad  es  la  cobertura  de 
necesidades básicas que garanticen la calidad de vida suficiente.
7.  Prestación profesional. Se define como prestación profesional de inclusión 
social de la renta valenciana de inclusión al conjunto de intervenciones de carácter 
temporal  o  permanente  dirigidas  a  la  prevención,  rehabilitación,  diagnóstico, 
atención en las situaciones de necesidad social o laboral, de promoción de la 
autonomía  y  la  inclusión  social  de  la  ciudadanía,  así  como  la  atención 
sociosanitaria y socioeducativa de esta.
8.  Ingreso  mínimo  vital.  El  Ingreso  Mínimo  Vital  es  una  prestación  no 
contributiva de la Seguridad Social regulada mediante Real Decreto ley 20/2020, 
que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Esta prestación 
se considera compatible con la renta valenciana de inclusión, no computable a los 
efectos del cálculo económico y no acumulable en su cuantía a la de la renta 
valenciana de inclusión.
9.  Modulo  garantizado.  Cuantía  de  los  ingresos  mínimos  garantizados  a 
través de la prestación económica de la renta valenciana de inclusión.
10.  Importe reconocido. Cuantía de la prestación económica de la renta 
valenciana de inclusión que resulta de deducir al módulo garantizado, los ingresos 
compatibles y computables de cualquier naturaleza de que disponga cualquier 
miembro de la unidad de convivencia.
11.  Importe  a  percibir.  Cuantía  total  que  se  abonará  mensualmente  en 
concepto de renta valenciana de inclusión.»
Artículo 4.  Modificación del artículo 4 de la Ley 19/2017.
Se modifica el artículo 4 de la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo  4.  Personas  titulares,  beneficiarias  y  destinatarias  de  la  renta 
valenciana de inclusión.
A  los  efectos  de  la  presente  ley,  las  personas  destinatarias  de  la  renta 
valenciana de inclusión serán tanto la persona titular como la o las personas 
beneficiarias  que  componen  la  unidad  de  convivencia  definida  en  el  artículo 
siguiente, siendo:
1.  Titular,  la  persona  que  solicita  y  a  cuyo  favor  se  concede  la  renta  s
valenciana de inclusión, en nombre propio o en representación de la unidad de  oe.
convivencia y que resulta ser la perceptora material de la misma, así como, en su  w.
csaoscoi2a,.l   ya, B ecenun yseouf i cnciaoasmrioab,s ri eny s seberec nieóesnfti aclaibablreoiocresa, l .elal  cpoerrrseosnpao nod ipeenrtseo ninasst ruqmuee nctoon vdiev einn ccluosni ólan   2020-9590n https://ww
persona titular como miembros de la unidad de convivencia.
3.  Destinatarias, la persona titular y la persona o personas beneficiarias a 
que se refieren los apartados anteriores.»
Artículo 5.  Modificación del artículo 5 de la Ley 19/2017.
Se modifica el artículo 5 de la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 5.  Unidad de convivencia.
A los efectos de esta ley, se entenderá como unidad de convivencia la formada 
por:
1.  Las personas que viven solas en una vivienda o alojamiento. Quedan 
excluidas de esta consideración las personas que, incluso viviendo solas, estén 
unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la 
conyugal, excepto los casos siguientes:
a)  Cuando  se  encuentran  iniciados  los  trámites  judiciales  de  nulidad, 
separación o divorcio, o el de baja en el Registro de Uniones de Hecho, si 
procede.
b)  Cuando se trate de mujeres víctimas de violencia de género, de violencia 
sexual, de trata así como de otras violencias sobre la mujer recogidas en el 
artículo 3 de la Ley 7/2012, acreditadas según el artículo 9 de la mencionada ley, 
siempre que se acredite la no convivencia.
c)  Cuando se trate de personas que tengan la condición de refugiadas o 
hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condición y esta solicitud 
se haya admitido a trámite, y su cónyuge o persona con la cual mantengan una 
forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio 
español.
d)  Cuando se trate de personas migrantes, y su cónyuge o persona con la 
cual mantengan una forma de relación permanente análoga a la conyugal no 
resida en el territorio español, siempre que haya un informe social de los servicios 
sociales de atención primaria correspondientes; en estos supuestos, la condición 
de unidad de convivencia podrá mantenerse por un periodo máximo de doce 
meses.
2.  Dos o más personas que vivan en una misma vivienda o alojamiento y que 
estén unidas entre sí por un vínculo matrimonial o de una relación permanente 
análoga a la conyugal, o filiación cualquiera que sea su naturaleza incluida la 
tutela ordinaria, de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado o por una relación de acogimiento familiar, o de delegación de guarda con 
fines  de  adopción.  También  formarán  parte  de  la  unidad  de  convivencia  las 
personas menores de edad que se encuentren bajo la guarda de hecho de una de 
las  personas  destinatarias  de  forma  temporal  y  en  las  condiciones  que  se 
determine reglamentariamente.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y por un período 
máximo de 24 meses, las personas que, aun uniéndolas un vínculo de hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, compartan vivienda o alojamiento 
podrán  formar  unidades  de  convivencia  diferenciadas  siempre  y  cuando  esta 
situación venga de forma sobrevenida por alguno de los siguientes supuestos: e
a)  Personas prostituidas, víctimas de explotación sexual o trata y las víctimas  w.
sddoeel  avgsiuo oale rnadccaio acm dopena  gñfiéanndeeasr sod d eoe   iansdutrosap fhaciimjóanisli ,a ohr ,i ajqocusoe og h impaeiyerasnnoto na abfsaa mnmdieloiannroa rpdeeosr  msduea  ndeeodnmatdeic  ieloino   drhéeag boimittrueoansl    2020-9590n https://ww
familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
b)  Personas acompañadas o no de sus hijas, hijos o personas menores de 
edad  en  régimen  de  guarda  con  fines  de  adopción  o  acogimiento  familiar 
permanente  y  sus  familiares  hasta  el  segundo  grado  por  consanguinidad  o 
afinidad,  como  consecuencia  de  una  ruptura  matrimonial  por  separación  o 
divorcio,  o  por  ruptura  de  otra  forma  de  relación  permanente  análoga  a  la 
conyugal.
c)  Personas acompañadas o no de sus hijas, hijos o personas menores de 
edad  en  régimen  de  guarda  con  fines  de  adopción  o  acogimiento  familiar 
permanente  y  sus  familiares  hasta  el  segundo  grado  por  consanguinidad  o 
afinidad que hayan abandonado su domicilio habitual, como consecuencia de la 
ausencia  de  recursos  económicos  suficientes  para  sufragar  los  gastos  de 
alojamiento, procedentes de un proceso de desahucio o por alguna otra situación 
extrema que así lo determine.
d)  Personas entre 16 y 24 años con menores de edad a su cargo.
e)  Personas entre 18 y 24 años que hayan estado sujetas al sistema de 
protección de menores o al sistema judicial de reeducación en algún período de 
los tres años anteriores a la mayoría de edad.
f)  Personas  entre  16  y  18  años  que  participen  en  programas  para  la 
preparación  de  la  vida  independiente  como  complemento  a  una  medida  de 
protección jurídica de la persona menor de edad, de acuerdo al artículo 22 bis de 
la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de medidas de protección jurídica del 
menor, de modificación parcial del Código civil y de la ley de enjuiciamiento civil.
g)  Personas menores de 25 años con pensión de orfandad.
4.  En ningún caso se podrá formar parte de dos unidades de convivencia con 
carácter simultáneo, salvo las personas menores de edad en régimen legal de 
guarda  y  custodia  compartida  de  acuerdo  con  lo  que  se  establezca 
reglamentariamente.
5.  Una persona individual o varias personas unidas por vínculos familiares 
entre sí hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad cuando compartan 
vivienda con otra u otras unidades de convivencia con las que no mantengan 
vínculos familiares, se entenderá que son unidades de convivencia diferentes a 
efectos de la prestación. Así, se podrá considerar la existencia de dos o más 
unidades  de  convivencia  en  una  misma  vivienda  o  alojamiento,  según  se 
establezca reglamentariamente.»
Artículo 6.  Supresión del artículo 6 de la Ley 19/2017.
Se suprime el artículo 6 de la Ley 19/2017.
Artículo 7.  Nueva numeración y modificación del artículo 7 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 7 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 6 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 6.   Concepto de renta valenciana de inclusión.
La renta valenciana de inclusión es un derecho subjetivo que se concreta a 
través de una prestación económica y/o una prestación profesional para realizar 
un proceso de inclusión social dirigidas a cubrir las necesidades básicas que  e.
garanticen la calidad de vida combatiendo la exclusión y la vulnerabilidad social,  w.b
que podrá estar vinculada a los instrumentos y actuaciones de apoyo regulados en  90ww
elas tpar olemy,o fcaiócnili tdaen dloa  esla alucdc eys od ea  llaa  eaduutocnaocmióína,  lpae frosromnaacl iyó nla,  eal uetmodpeleteor,m lain vaicviióenn,d ala, 
ccoumltuurnai,c aecli óna,c clae smo ovyi lidfaodrm, alac ipóanr ticai palacsió nt esconcoilaolg yía lsa  fdoerm  alac ióinn foernm iagcuiaólnd ady  dlea 
género y oportunidades.»
Artículo 8.  Nueva numeración y modificación del artículo 8 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 8 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 7 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 7.  Características.
La renta valenciana de inclusión presenta, con carácter general, las siguientes 
características:
a)  Es complementaria respecto de los recursos económicos de que disponga 
la persona titular y las personas integrantes de la unidad de convivencia, en su 
caso,  hasta  el  importe  del  módulo  garantizado  que  corresponda  percibir  en 
concepto de renta valenciana de inclusión.
b)  Es complementaria respecto del ingreso mínimo vital regulado por Real 
Decreto ley 20/2020, de 29 de mayo o cualquier otra prestación de garantía de 
ingresos mínimos de carácter estatal que pueda sustituirla, hasta el importe del 
módulo garantizado que corresponda percibir en concepto de renta valenciana de 
inclusión.
c)  Es  intransferible,  por  lo  que  no  podrá  ofrecerse  en  garantía  de 
obligaciones,  ni  ser  objeto  de  cesión  total  o  parcial,  ni  de  compensación  o 
descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, 
ni podrá ser objeto de retención o embargo de conformidad con lo establecido en 
el Código civil, en la ley de enjuiciamiento civil y demás normas del orden civil.
d)  Se  configura  como  una  prestación  económica  y/o  profesional  que 
dependiendo de la modalidad estará condicionada a la obligación de participar en 
actividades de inclusión social o inserción laboral.
e)  Es una prestación periódica y de duración indefinida, siempre que se 
mantengan en el tiempo los requisitos y condiciones que originaron el derecho a 
su percepción y que permitan su renovación.
f)  La prestación económica es incompatible con la renuncia o la falta de 
solicitud de las prestaciones económicas públicas a las que tengan derecho las 
personas destinatarias, desde cualquiera de los sistemas de rentas.»
Artículo 9.  Nueva numeración y modificación del artículo 9 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 9 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 8 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 8.  Modalidades de la renta valenciana de inclusión.
La renta valenciana de inclusión se constituye en las siguientes modalidades 
de prestaciones económicas y/o prestación profesional de inclusión social, en 
función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona 
y su unidad de convivencia:
1.  Renta  complementaria  de  ingresos,  que  comprende  las  siguientes 
modalidades:
a)  Renta complementaria de ingresos del trabajo.
b)  Renta complementaria de ingresos por prestaciones. e.
2.  Renta de garantía, que comprende las siguientes modalidades: 90ww
ba))   RReennttaa  ddee  ggaarraannttííaa  ddee  iinncglruessioósn  msoínciiaml.o»s. OE-A-2020-95able en https://
Artículo 10.  Nueva numeración y modificación del artículo 10 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 10 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 9 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 9.  Renta complementaria de ingresos.
La renta complementaria de ingresos comprende las modalidades de renta 
complementaria de ingresos procedentes del trabajo y de la renta complementaria 
de ingresos procedentes de prestaciones.
1.  La  renta  complementaria  de  ingresos  del  trabajo  es  la  prestación 
periódica, de naturaleza económica y/o profesional, dirigida a complementar el 
nivel de ingresos de la unidad de convivencia que, aun disponiendo de ingresos 
procedentes del trabajo, cuente con un nivel mensual de recursos económicos que 
resulten insuficientes para atender los gastos asociados a las necesidades básicas 
para el mantenimiento de una vida digna y que no alcanza en el importe que se 
determina para esta modalidad de renta. Esta modalidad se gestionará entre la 
conselleria con competencias en materia de renta valenciana de inclusión y la 
conselleria con competencias en materia de empleo.
2.  La renta complementaria de ingresos por prestaciones es la prestación 
periódica, de naturaleza económica y/o profesional, dirigida a complementar el 
nivel de ingresos de la unidad de convivencia que, aun disponiendo de ingresos 
procedentes  de  ciertas  pensiones  o  prestaciones  sociales  que  no  sean 
incompatibles, cuente con un nivel mensual de recursos económicos que resultan 
insuficientes para hacer frente a los gastos asociados al mantenimiento de una 
vida digna y que no alcanzan el importe para esta modalidad de renta.
Las siguientes prestaciones podrán ser complementadas por esta modalidad 
de prestación de acuerdo a lo que se establezca reglamentariamente:
a)  Pensiones no contributivas en su modalidad de invalidez y jubilación, 
excepto  las  prestaciones  no  contributivas  de  invalidez  con  complemento  por 
tercera persona y aquellas que tengan compatibilizada la percepción de la pensión 
no contributiva con el trabajo remunerado.
b)  Prestación del Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS) en aquellos casos 
en que, habiendo solicitado la pensión no contributiva no le reconozcan el derecho a 
la misma, y siempre que no tengan derecho a otras prestaciones públicas.
c)  Las prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no 
concurrentes.
d)  Las prestaciones por Incapacidad Permanente del Sistema Nacional de la 
Seguridad Social.»
Artículo 11.  Nueva numeración y modificación del artículo 11, apartados 1 y 2 de la 
Ley 19/2017.
El actual artículo 11 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 10 de la misma ley. 
Asimismo, se modifican los apartados 1 y 2 del dicho artículo, que quedan redactados 
como sigue:
«Artículo 10.  Renta de garantía.
1.  La renta de garantía comprende las modalidades de renta de garantía de  bo
ingresos mínimos y la de renta garantía de inclusión social. 90ww
natuar)a leLzaa  reecnotan ódmei cgaa rya/not íap rdoefe siniognreasl,o sd imrigínidima oas  elass  lau npirdeasdtaecsi ódne p ecroióndviivcean, cdiea 
conformadas únicamente por personas mayores de edad en situación de exclusión
social o de riesgo de exclusión social cuyo nivel de recursos económicos no  Bc
alcance el importe correspondiente de la renta de garantía de ingresos mínimos, 
resultando  insuficiente  para  atender  los  gastos  asociados  a  las  necesidades 
básicas de la vida diaria. En todo caso, la persona titular de la prestación adquirirá 
el compromiso de favorecer el acceso a los derechos sociales básicos a las 
personas destinatarias que formen parte de la unidad de convivencia garantizando 
el acceso a planes personalizados de intervención.
b)  La  renta  de  garantía  de  inclusión  social  es  la  prestación  periódica,  de 
naturaleza económica y/o profesional dirigida a garantizar el derecho a la inclusión a 
las unidades de convivencia en situación de exclusión social o de riesgo de exclusión 
social cuyo nivel de recursos económicos no alcance el importe de la renta de 
garantía de inclusión social, resultando insuficiente para atender los gastos asociados 
a las necesidades básicas de la vida diaria y en la que la persona titular o la persona 
o personas beneficiarias suscriban voluntariamente el acuerdo de inclusión social 
regulado en el artículo 22 de esta ley y su desarrollo reglamentario.
2.  La  renta  de  garantía  tiene  carácter  subsidiario  de  las  prestaciones 
económicas vigentes y previstas en el resto de sistemas de protección social, incluido 
el ingreso mínimo vital o cualquier otra prestación de garantía de ingresos mínimos 
de carácter estatal que pueda sustituirla, tanto estatales como autonómicos, a las que 
pudieran tener derecho la o las personas destinatarias, constituyéndose como el 
último recurso de protección social al que poder acceder.»
3.  […]
Artículo 12.  Nueva numeración y modificación del artículo 14 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 14 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 11 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 11.  Derechos y obligaciones de las personas destinatarias de la renta 
valenciana de inclusión.
1.  Derechos de las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión.
1.º   Derechos básicos:
a)  Obtener  una  información  completa,  veraz,  continuada,  comprensible, 
accesible, suficiente y eficaz sobre la renta valenciana de inclusión y sobre las 
condiciones de acceso a la misma.
b)  Recibir una atención personalizada integral, en la que se consideren los 
aspectos individuales, familiares y comunitarios.
c)  Disponer de un análisis de necesidades individuales, familiares o sociales 
a través de un plan personalizado de intervención, de cuya copia dispondrá por 
escrito y en formato accesible.
d)  Participar en la elaboración de los planes personalizados de intervención 
que les afecten y en la toma de decisiones relativas a ellas, contando con los 
apoyos humanos, materiales, técnicos o tecnológicos necesarios.
e)  Realizar  sugerencias  y  reclamaciones,  por  medio  de  procedimientos 
reglados ágiles, accesibles y transparentes, y que estos se tengan en cuenta en el 
proceso de seguimiento y evaluación de la intervención.
f)  La asignación de una persona profesional de referencia que sea la persona  e
interlocutora principal y que vele por la coherencia, la coordinación con los otros  bo
sistemas de protección social y la globalidad y continuidad del proceso de atención. 90ww
valogra) cióEnle tgéicr nilcibar edmele enqteu ipeon dtree  prloafse sdioifnearleenst eqsu ep arteiesntadcaionn seus ,s itautaecniódnie.ndo  a  la
confhid) enRcieacliidbaird , actoenn coióbnje toe nd eu pnr eseenrtvoarnr os u qinuteim  igdaarda npteicres onlaa l, psruiv adcigidnaidda dy y  elal 
respeto de sus derechos y libertades fundamentales.
i)  Renunciar a las prestaciones concedidas, salvo que la renuncia afecte a 
los  intereses  de  personas  menores  de  edad  o  de  personas  con  capacidad 
modificada  judicialmente,  o  cuando  se  trate  de  medidas  cuya  aplicación  o 
ejecución estén impuestas por ley.
2.º  Derechos de valoración específica para acceso a recursos:
La  condición  de  persona  destinataria  de  la  renta  valenciana  de  inclusión 
constituirá un supuesto de valoración específico a tener en cuenta en el acceso a 
los siguientes recursos, de acuerdo con lo que se disponga al respecto en la 
normativa sectorial:
a)  Ayudas económicas de emergencia social y las que fomentan el desarrollo 
o autonomía personal y la accesibilidad tanto de personas con diversidad funcional 
como mayores.
b)  Vivienda social en régimen de tenencia o alquiler.
c)  Obtención de plaza en escuela infantil pública.
d)  Obtención de plaza en centros educativos en cualquier etapa educativa y 
de formación reglada, así como en los cursos preparatorios para el acceso a los 
ciclos formativos de cualquier nivel del sistema educativo.
e)  Obtención plaza de ocio educativo inclusivo.
3.º  Derechos de acceso directo a otros recursos:
Las  personas  destinatarias  de  la  renta  valenciana  de  inclusión  tendrán 
garantizado el acceso directo como beneficiarias, en los términos que establezca 
la  normativa  autonómica  y  municipal  en  la  materia  que  se  desarrollarán 
reglamentariamente:
a)  A las becas de educación infantil desde el primer ciclo de 0 a 3 años en 
centros sostenidos con fondos públicos.
b)  A las ayudas de libros de texto y material curricular en todas las etapas de 
la educación obligatoria.
c)  A las becas de comedor escolar para alumnos y alumnas de educación 
infantil de segundo ciclo, de cero a tres años de la red pública y de educación 
obligatoria, escolarizados en centros que dispongan del servicio de comedor escolar.
d)  A  los  gastos  derivados  de  la  matrícula  de  educación  secundaria  y 
formación profesional y ayudas cuya concesión corresponda a la Generalitat.
e)  A  las  becas  de  gastos  de  matrícula  y  ayudas  para  la  realización  de 
estudios universitarios cuya concesión corresponda a la Generalitat.
f)  A los programas y acciones de orientación, formación y empleo propios de 
los servicios públicos de empleo y formación.
g)  A la sanidad universal y a la prestación farmacéutica y ortoprotésica, 
mediante la adaptación de medidas, por parte de la Conselleria competente en 
sanidad, que eliminen los obstáculos en el acceso al tratamiento médico y al 
restablecimiento de la salud.
h)  A los programas preventivos y de promoción de la salud del sistema 
valenciano de salud con perspectiva de equidad, favoreciendo la participación de 
las personas titulares y beneficiarias de la renta valenciana de inclusión.
i)  Al Carnet Jove. es
2.  Obligaciones  de  las  personas  destinatarias  de  la  renta  valenciana  de  w.
inclusión. 90ww
1.º  Obligaciones a todas las personas destinatarias:
a)  Destinar la cuantía económica de la prestación a la finalidad para la cual
se ha otorgado.
b)  Comunicar,  en  el  plazo  máximo  de  20  días  hábiles,  los  hechos 
sobrevenidos que, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, pudieran 
dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación.
c)  Reclamar, durante todo el periodo de duración de la prestación, cualquier 
derecho económico, incluyendo el ingreso mínimo vital o cualquier otra prestación 
de garantía de ingresos mínimos de carácter estatal que pueda sustituirla, que les 
pueda corresponder a cualquier persona miembro de la unidad de convivencia por 
cualquier título y ejercitar las acciones correspondientes para hacerlo efectivo.
d)  Mantener el empadronamiento y la residencia efectiva en la Comunitat 
Valenciana durante todo el periodo de percepción de la prestación.
e)  Comunicar, en el plazo máximo de 20 días hábiles, cualquier cambio 
relativo al domicilio habitual de la unidad de convivencia o el cambio del domicilio 
facilitado a efectos de notificaciones a los servicios sociales de atención primaria y, 
en su caso, a los servicios públicos de empleo. Así como las salidas voluntarias 
del territorio nacional.
f)  Reintegrar  el  importe  de  las  prestaciones  indebidamente  percibidas  o 
percibidas en cuantía indebida.
g)  Comparecer y atender los requerimientos de la administración y colaborar 
con las actuaciones de comprobación, seguimiento, revisión y modificación que 
esta lleve a cabo.
h)  Las  personas  titulares  de  la  renta  valenciana  de  inclusión  que  no 
dispusieran de número de identificación fiscal, deberán solicitarlo, en el momento 
en que obre en su poder la notificación de la resolución, para dar cumplimiento a 
lo recogido en el artículo 20 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos  de  aplicación  de  los  tributos  aprobados  por  Real 
decreto 1065/2007, de 27 de julio.
i)  Aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos que se le 
requieran por parte de la Administración Pública de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa.
2.º  Obligaciones de las personas destinatarias de la modalidad de renta de 
garantía de ingresos mínimos.
Las personas destinatarias de la modalidad de renta de garantía de ingresos 
mínimos deberán solicitar el cambio a la modalidad de renta de garantía de 
inclusión social en el caso en que a la unidad de convivencia se incorporara 
alguna persona menor de edad.
3.º  Obligaciones de las personas destinatarias de la modalidad renta de 
garantía de inclusión social.
Las personas titulares de la renta de garantía de inclusión social y, en su caso, 
la persona o personas beneficiarias de la unidad de convivencia, además de las 
obligaciones establecidas en el apartado 2,1.º, estarán obligadas de acuerdo con 
el plan personalizado de intervención a:
a)  Cumplir con los compromisos y obligaciones específicas que se hayan 
acordado en el plan personalizado de intervención.
b)  Comparecer, cuando haya sido previamente requerido, ante las personas 
profesionales de atención primaria competentes, el servicio público de empleo y  e.e
formación (LABORA), el servicio público de empleo local y las entidades sin ánimo  b
de  lucro  que  figuren  inscritas  en  el  Registro  General  de  los  Titulares  de  90ww
ACcotmivuidnaitdaet sV adlee nAcciacnióan  (eSno caiadle lya ndtee ,l oRse gSiesrtrvoic dioes  Tyit uClaernetsro dse d Aec Ativcicdiaódne Sso dceia Al cecni ólan 
Sdeo caiatel)n cyi óens tpérnim daersiaa roro ellla snedrov icitiion eprúabriloicso e dne  ceomlapbloeroa yc iófonr mcoanc iólons. servicios sociales
c)  Solicitar la inscripción como demandante de empleo y participar en las 
acciones  de  mejora  de  la  empleabilidad  en  las  que  fuese  prescrito  en  el 
correspondiente itinerario, una vez determinada la idoneidad y aptitud para ello.
d)  Participar en el itinerario de inclusión social desarrollado por los servicios 
sociales de atención primaria o en colaboración por entidades de iniciativa social 
sin ánimo de lucro que figuren inscritas en el Registro de Titulares de Actividades 
de  Acción  Social  o  en  el  itinerario  de  inserción  laboral  desarrollado  por  los 
servicios públicos de empleo o por entidades sociales acreditadas para ello.
e)  Asistir a las entrevistas con las personas profesionales de los equipos de 
servicios sociales de atención primaria y a realizar las actuaciones prescritas como 
parte  de  su  itinerario  familiar  o  individualizado  contempladas  en  el  plan 
personalizado de intervención.
f)  Participar  en  el  proyecto  de  intervención  social  y  educativo  familiar 
establecido a partir de la declaración de riesgo, en el plan de protección o, en su 
caso, en el programa de reunificación familiar, o en el plan de protección para 
adolescentes, cuando la unidad de convivencia esté siendo objeto de intervención 
por parte de la entidad pública de protección de personas menores de edad, o en 
cualquier  otra  medida  exigida  en  la  ley  26/2018,  de  21  de  diciembre,  de  la 
Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia.
g)  Asumir y cumplir la responsabilidad que le corresponde en su propio 
proceso de intervención social, especialmente cuando este proceso implique a 
personas con menores de edad a su cargo.
4.º  Obligaciones  de  las  personas  titulares  de  la  modalidad  de  renta 
complementaria de ingresos del trabajo.
Las personas titulares de la renta complementaria de ingresos del trabajo, 
además de las obligaciones establecidas en el apartado 2,1.º, estarán obligadas a 
ser demandantes de mejora de empleo, tanto en el momento de presentar la 
solicitud  como  durante  el  periodo  de  concesión  de  la  prestación.  Deberán 
participar en acciones de orientación, formación y mejora de la empleabilidad si 
así se determinara por parte de los servicios públicos de empleo y formación y en 
el desarrollo reglamentario.»
Artículo 13.  Adición de un nuevo Título II sobre las prestaciones económicas en la 
Ley 19/2017.
Se añade un nuevo Título II, sobre las prestaciones económicas que aglutina los 
actuales artículos 12, 13, 15, 16 y 17, así como un nuevo artículo que se añadirá con 
anterioridad  al  actual  artículo  12  y  otro  posterior  al  actual  artículo  17,  que  queda 
redactado como sigue:
«TÍTULO II
Prestaciones económicas»
Artículo 14.  Adición de un nuevo artículo 12 en la Ley 19/2017.
Se añade un nuevo artículo 12 en la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 12.  Prestación económica. b
aainypsuoudyLfiaoac   idepdenre ecnsisaatti antducaeridaó ailnne  gzearaec  oesconcuosób nmrdiórei cm aulai cnsdaa e  ynu  lenpacie derraecsdenid ptdaaced iv óecansol  enpbnveácirviisóaeicdnnaiaccsi aa d ,qe ymu  ieiane  csnlpeutra saclisióoa nndr  fuicglraoeu n rsaasu iusc sstoeeimt nueocani cau i nuóaonn     OE-A-2020-95able en https://
de necesidad y con objeto de mejorar las situaciones de vulnerabilidad económica, 
social, laboral y facilitar la inclusión social.»
Artículo 15.  Nueva numeración y modificación del artículo 12 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 12 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 13 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Requisitos de acceso.
1.  Con carácter general tendrán derecho a la prestación económica de la 
renta  valenciana  de  inclusión  aquellas  personas  que  cumplan  los  siguientes 
requisitos:
a)  Estar empadronadas o tener la residencia efectiva durante un mínimo de 
doce meses, de manera continuada, en cualquier municipio o municipios de la 
Comunitat Valenciana, inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.
También cumple este requisito la persona que haya estado empadronada o 
haya tenido la residencia efectiva un total de cinco años, de manera continuada o 
interrumpida, de los diez inmediatamente anteriores a la solicitud.
Los ayuntamientos facilitarán el empadronamiento de todas las personas sin 
hogar que residan habitualmente en el municipio, con independencia de su lugar 
de pernocta, en los términos determinados en cada momento por la administración 
general del Estado.
En el caso de personas asiladas, solicitantes de asilo, refugiadas, extranjeras 
exiliadas o apátridas, así como las personas prostituidas, víctimas de explotación 
sexual o trata y las víctimas de violencia de género o intrafamiliar no se exigirá 
tiempo mínimo de residencia.
A  los  efectos  de  acreditación  de  residencia  efectiva  se  considerará  tener 
asignada asistencia médica o estar inscrita como demandante de empleo o tener 
personas descendientes escolarizadas. Para su práctica, o a falta de inscripción 
en el padrón, y con el fin de acreditar el requisito de residencia efectiva, los 
servicios sociales de atención primaria podrán requerir apoyo y colaboración de 
entidades de iniciativa social que figuren inscritas en el Registro de Titulares de 
Actividades de Acción Social que lleven a cabo programas de intervención con 
colectivos en situación de exclusión social u otros supuestos que se consideren 
reglamentariamente.
b)  No disponer de recursos económicos o, en caso de disponer de alguno, 
que estos sean inferiores a la cuantía mensual de la prestación económica de la 
modalidad de renta valenciana de inclusión que pudiera corresponder a la persona 
titular o la unidad de convivencia.
c)  No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda 
habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o 
cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o 
venta, indique la existencia de medios suficientes y superiores al importe de la 
prestación  económica  de  la  renta  valenciana  de  inclusión,  de  acuerdo  a  su 
modalidad  y  la  unidad  de  convivencia,  de  la  forma  que  se  determinará 
reglamentariamente.  Quedarán  exceptuados  de  esta  prohibición  aquellos  que 
formen  parte  de  un  patrimonio  especialmente  protegido  de  las  personas  con  s
discapacidad,  constituido  de  conformidad  con  lo  establecido  en  su  normativa  oe.
específica. w.
casods)  enN qou oec auspía sre u dneat eprmlaiznae  ereng lcaemnetrnot adreia mateenntcei.ón residencial, excepto en los  2020-9590n https://ww
2.  Las personas menores de 25 años, además de los requisitos establecidos 
en el apartado 1 de este artículo, tendrán que cumplir de la manera que se 
determinará reglamentariamente alguno de estos requisitos:
a)  Ser mayor de 18 años y haber permanecido en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la seguridad social entre 
uno y dos años antes de la solicitud de la renta valenciana de inclusión, y siempre 
que se acredite haber tenido anteriormente a la solicitud un hogar independiente 
de la familia de origen.
b)  Ser mayor de 18 años y haber estado sujeto, en algún periodo de los tres 
años anteriores a la mayoría de edad, a una medida administrativa de protección 
de menores, o del sistema judicial de reeducación, en las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.
c)  Ser mayor de 18 años  y  encontrarse  en situación de dependencia o 
diversidad funcional.
d)  Ser mayor de 16 años y tener a su cargo hijas o hijos, personas con 
diversidad  funcional  o  en  situación  de  dependencia;  así  como  ser  persona 
prostituida, víctima de explotación sexual o trata o víctima de violencia de género o 
intrafamiliar.
e)  Ser mayor de 16 años y participar en programas de preparación para la 
vida independiente de los menores, de acuerdo con el artículo 22 bis de la Ley 
orgánica 1/1996, de 15 de enero, de medidas de protección jurídica del menor, de 
modificación parcial del Código civil y de la ley de enjuiciamiento civil.
f)  Tener entre 18 y 25 años y estar en situación de orfandad.
3.  Las personas entre los 18 y los 65 años, con un grado de diversidad 
funcional igual o superior al 65% y las personas de 65 años o edad superior, 
únicamente  podrán  acceder  a  las  modalidades  de  renta  complementaria  de 
ingresos que prevé el artículo 8.1.b.
No obstante, y con carácter excepcional, estas personas podrán acceder a las 
modalidades de renta de garantía en aquellos casos en que, tratándose de una 
persona titular individual o con personas menores de edad a su cargo, no tengan 
derecho al reconocimiento de cualesquiera otras prestaciones, contributivas o no 
contributivas, públicas o privadas y cumplan con el resto de requisitos para ser 
titulares de renta valenciana de inclusión.
4.  No podrán acceder a la prestación económica de la renta valenciana de 
inclusión  las  personas  en  quienes  concurran  alguna  de  las  siguientes 
circunstancias:
a)  Cuando una de las personas que conforman la unidad de convivencia 
tenga derecho legalmente a percibir una pensión compensatoria o alimenticia y no 
la  reciba,  sin  haber  hecho  uso  de  su  derecho  para  percibirla,  o  renuncie 
voluntariamente a su percepción, excepto cuando la persona titular de la renta 
valenciana de inclusión acredite ser víctima de violencia de género, o se encuentre 
en otros supuestos excepcionales que justifiquen no hacer uso o la renuncia del 
citado derecho según se determine reglamentariamente.
b)  La  renuncia  de  derechos  o  la  falta  de  solicitud  de  las  prestaciones 
económicas  públicas,  incluyendo  el  ingreso  mínimo  vital  o  cualquier  otra 
prestación  de  garantía  de  ingresos  mínimos  de  carácter  estatal  que  pueda  s
sustituirla, a las que tenga derecho cualquier persona de la unidad de convivencia  oe.
tanto  en  el  momento  de  la  solicitud  como  en  el  tiempo  de  vigencia  de  la  w.
perc5e.p cLióans  dep elar sporneastsa ciiónnd iveicdounaólemsi cao  deu nlaid raednetas  vadlee nccioannvai vdeen icnical usqiuóen . tengan  2020-9590n https://ww
rgeacroannotícai ddae  lain gprreessotasc imónín idmeol sin dgere scoa rámcítneimr eos vtaittaall  oq uceu apluqeudiear  soutrsat itpurierlsat,a cteiónnd rdáen   BOE-A-cable e
derecho a la prestación económica de la renta valenciana de inclusión, previa 
solicitud, cumpliendo los requisitos establecidos en esta ley.
6.  No podrán acceder a las modalidades de renta de garantía del artículo 8.2 
aquellas  personas  que  puedan  acceder  a  las  modalidades  de  renta 
complementaria de ingresos que prevé el artículo 8.1, según lo que se establezca 
reglamentariamente.
7.  No podrán acceder a la  modalidad de  renta de  garantía de ingresos 
mínimos del artículo 8.2.a. las unidades de convivencia en las que alguna de sus 
personas integrantes sea menor de edad.
8.  Asimismo  con  carácter  excepcional,  y  siempre  que  así  se  justifique 
expresamente en el informe social que a tal efecto elaboren los y las trabajadoras 
sociales  de  los  servicios  sociales  de  atención  primaria,  podrán  ser  personas 
destinatarias  de  la  prestación  económica  de  la  renta  valenciana  de  inclusión 
aquellas  personas  en  las  que,  aun  no  cumpliendo  todos  los  requisitos 
establecidos, concurran circunstancias extraordinarias que las haga considerar en 
situación  de  especial  vulnerabilidad,  de  acuerdo  con  lo  que  se  establezca 
reglamentariamente.»
Artículo 16.  Nueva numeración y modificación del artículo 13 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 13 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 14 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 14.  Incompatibilidades.
La prestación económica de la renta valenciana de inclusión estará sujeta a las 
siguientes incompatibilidades:
1.  Solo  podrá  concederse  una  prestación  económica  por  unidad  de 
convivencia.
2.  La percepción por la persona titular de otras prestaciones económicas que 
tengan por finalidad la inclusión social, la inserción laboral o la garantía de unos 
ingresos mínimos a excepción del ingreso mínimo vital o cualquier otra prestación 
de garantía de ingresos mínimos de carácter estatal que pueda sustituirla y la 
renta activa de inserción (RAI) por violencia de género o violencia doméstica o 
prestación de idéntica naturaleza que la sustituya.»
Artículo 17.  Modificación del artículo 15 de la Ley 19/2017.
Se modifica el artículo 15 de la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo  15.  Importe  del  módulo  garantizado  por  la  renta  valenciana  de 
inclusión.
1.  Para la renta complementaria de ingresos del trabajo, el módulo garantizado 
se  definirá  como  porcentajes  del  salario  mínimo  interprofesional  (SMI)  vigente 
en 2019, actualizado con el índice de precios de consumo (IPC) (siempre que el IPC 
no sea a la baja y que, una vez acumulado, no supere el SMI vigente), calculado en 
doce mensualidades, para la unidad de convivencia definida en el artículo 5 de esta 
ley, de acuerdo con el número de miembros en los términos siguientes: es
a)  Una persona: 80% del SMI. w.
bcd)))    TDCrouesas t prpoee rprsseoornnsaoasns::a  89s8:6 %1%0  d4de%ell   SSdMeMlI I.S.MI. 2020-9590n https://ww
e)  Cinco personas: 112% del SMI.
f)  Seis personas o más personas: 120% del SMI. Bc
2.  Para la renta complementaria de ingresos por prestaciones podrán ser 
complementadas las prestaciones recogidas en el artículo 9.2 de esta ley, de 
acuerdo  con  la  correspondiente  legislación  que  las  regula  y  el  régimen  de 
incompatibilidades entre ellas. En estos casos, el módulo garantizado se definirá 
como porcentajes del SMI vigente en 2019, actualizado con el IPC (siempre que el 
IPC no sea a la baja y que, una vez acumulado, no supere el SMI vigente), 
calculado en doce mensualidades, para la unidad de convivencia definida en el 
artículo 5 de esta ley, de acuerdo con el número de miembros en los términos 
siguientes:
a)  Una persona: 70% del SMI.
b)  Dos personas: 82% del SMI.
c)  Tres personas: 90% del SMI.
d)  Cuatro personas: 96% del SMI.
e)  Cinco personas: 102% del SMI.
f)  Seis o más personas: 110% del SMI.
En aquellas prestaciones susceptibles de ser complementadas que por su 
propia normativa la aplicación del módulo pudiera suponer la pérdida del derecho 
a las mismas, se complementará hasta el máximo legal permitido, de acuerdo a lo 
que se establezca reglamentariamente.
3.  Para la renta de garantía de ingresos mínimos, el módulo garantizado se 
definirá  como  porcentajes  del  SMI  vigente  en  2019,  actualizado  con  el  IPC 
(siempre que el IPC no sea a la baja y que, una vez acumulado, no supere el SMI 
vigente), calculado en doce mensualidades, para la unidad de convivencia definida 
en el artículo 5 de esta ley, de acuerdo con el número de miembros en los 
términos siguientes:
a)  Una persona: 35% del SMI.
b)  Dos personas: 42% del SMI.
c)  Tres personas: 45% del SMI.
d)  Cuatro personas: 47% del SMI.
e)  Cinco personas: 51% del SMI.
f)  Seis o más personas: 55% del SMI.
4.  Para  la  renta  de  garantía  de  inclusión  social  el  módulo  garantizado 
incluirán el apoyo económico a los procesos de inclusión social e inserción laboral 
vinculado a los acuerdos e itinerarios en los términos previstos en el título III de 
esta ley. Se definirá como porcentajes del SMI vigente en 2019, actualizado con el 
IPC, (siempre que el IPC no sea a la baja y que, una vez acumulado, no supere el 
SMI vigente), calculado en doce mensualidades, para la unidad de convivencia 
definida en el artículo 5 de esta ley, de acuerdo con el número de miembros en los 
términos siguientes:
a)  Una persona: 70% del SMI.
b)  Dos personas: 82% del SMI.
c)  Tres personas: 90% del SMI.
d)  Cuatro personas: 96% del SMI.
e)  Cinco personas: 102% del SMI.
f)  Seis o más personas: 110% del SMI. e.e
5.  Las  actualizaciones  del  módulo  garantizado  de  acuerdo  con  el  IPC,  90ww
sviiegmenptree,  sqeu ep reosdtuec inráon s ceoan  ae fleac btoa jdae ly d qíau e1,  duen ae nveerzo  daecu cmaduala daoñ,o .n»o supere el SMI
Artículo 18.  Modificación del artículo 16 de la Ley 19/2017.
Se modifica el artículo 16 de la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 16.  Cálculo del importe reconocido de la prestación económica.
1.  El importe mensual reconocido de la prestación económica de la renta 
valenciana de inclusión se fija partiendo del importe del módulo garantizado que, 
en su caso, corresponda por la modalidad de renta y el número de personas que 
conforman la unidad de convivencia.
2.  Al módulo garantizado se le deducirá:
a)  Los recursos económicos de los que disponga la persona titular y las 
personas  que  conforman  la  unidad  de  convivencia  en  concepto  rendimientos 
compatibles. No obstante no se computará la prestación del ingreso mínimo vital o 
cualquier otra prestación de garantía de ingresos mínimos de carácter estatal que 
pueda sustituirla, ni la renta activa de inserción (RAI) por violencia de género o 
violencia doméstica o prestación de idéntica naturaleza que la sustituya, así como 
las prestaciones que se establezcan reglamentariamente.
b)  Cualquier tipo de ingreso del que disponga la persona titular y las que 
conforman la unidad de convivencia, incluido el rendimiento que se atribuya a los 
inmuebles, en cómputo mensual, siempre y cuando no se trate de la vivienda 
habitual. A los efectos de esta ley, el rendimiento de los citados inmuebles será 
del 2% anual de su valor catastral.
3.  El resultado de la deducción será el importe reconocido mensual. Se 
establece un mínimo de 50 euros mensuales como importe reconocido siempre 
que  los  recursos  económicos  no  superen  el  importe  garantizado  de  la  renta 
valenciana  de  inclusión  en  su  caso;  excepto  en  la  renta  complementaria  de 
ingresos  por  prestaciones,  en  la  que  la  cuantía  mínima  se  establecerá 
reglamentariamente en función de la normativa que regula las prestaciones a 
complementar.
4.  Con  carácter  excepcional  y  a  los  efectos  del  cálculo  del  importe 
reconocido,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  no  se 
computarán  como  recursos  económicos  de  la  unidad  de  convivencia  las 
cantidades que puedan percibirse mensualmente durante el plazo máximo de tres 
meses por cualquier integrante de la unidad de convivencia en concepto de rentas 
procedentes del trabajo siempre que estas sean inferiores en cómputo mensual al 
salario mínimo interprofesional (SMI) vigente calculado en doce mensualidades o 
a la cuantía mensual que estuvieran percibiendo o tuvieran derecho a percibir si 
esta es superior al SMI. No serán aplicables a estos supuestos las reglas sobre 
modificación y suspensión de la prestación establecidas en el título IV de esta ley.
Será  requisito  indispensable  que  las  personas  destinatarias  de  la  renta 
valenciana de inclusión comuniquen a la entidad correspondiente el inicio y la 
finalización de la actividad laboral a que se refieren los párrafos anteriores, en el 
plazo máximo de veinte días hábiles desde el inicio o fin de la misma.»
Artículo 19.  Modificación del artículo 17 de la Ley 19/2017.
Se modifica el artículo 17 de la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue: e
«Artículo 17.  Complementos de la prestación económica. 90ww
perc1ib. ir Eenn  lcoosn ctéerpmtoin porse sqtaucei ósne  eecsotnaóbmleizccaa nd er eregnlatma evnatlaerniacmianean ted,e  eiln cimlupsioórnte  sae 
podrá  incrementar  hasta  el  25%  de  su  importe  reconocido  para  dichas
prestaciones, para sufragar los gastos derivados del alquiler o del pago de cuota  Bc
hipotecaria de la vivienda habitual de la persona titular de la vivienda y para 
garantizar su acceso a los suministros energéticos básicos, siempre que ninguna 
persona beneficiaria reciba ninguna cuantía por el mismo concepto procedente de 
cualquier administración.
Respecto de las rentas complementarias de ingresos, el incremento antes 
referido por dichos conceptos se determinará reglamentariamente, con la voluntad 
de hacer compatible este incremento con otras ayudas que puedan recibir de otras 
administraciones por dichos conceptos y de llegar a incrementos de la cuantía 
total recibida de un 25%.
2.  Para unidades de convivencia conformadas por más de seis personas, el 
importe reconocido de la prestación económica de renta valenciana de inclusión, 
se incrementará en 60 euros por cada persona miembro adicional.
Artículo 20.  Adición de un nuevo artículo 18 en la Ley 19/2017.
Se añade un nuevo artículo 18 en la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 18.  Importe a percibir en concepto de prestación económica.
1.  El importe que la persona titular percibirá mensualmente siempre que no 
varíen sus circunstancias o las de la unidad de convivencia, será el importe 
reconocido de la prestación económica recogido en el artículo 16 de esta ley, 
sumados  los  complementos  que  le  pudiesen  corresponder  recogidos  en  el 
artículo 17 de esta ley.
2.  En el caso que la persona titular o alguna de las personas de la unidad de 
convivencia fuese beneficiaria del ingreso mínimo vital o cualquier otra prestación 
de garantía de ingresos mínimos de carácter estatal que pueda sustituirla, o de la 
renta activa de inserción (RAI) por violencia de género o violencia doméstica o 
prestación de idéntica naturaleza que la sustituya, el importe que se perciba por 
estas prestaciones se restará de la cuantía a percibir.
En el caso que el importe percibido por las citadas prestaciones supere el 
importe a percibir en concepto de renta valenciana de inclusión, la prestación 
económica se reconocerá a importe cero y se mantendrá a la persona como titular 
de la prestación y se les reconocerá el derecho a la prestación profesional, así 
como del resto de ayudas y recursos (alquiler, becas de comedor, de libros…. 
establecidos en esta ley), salvo que la persona titular solicite la extinción.»
Artículo 21.  Nueva numeración y cambio del nombre del Título II de la Ley 19/2017.
Se renumera el actual Título II de la Ley 19/2017 a Título III y se cambia su nombre, 
que queda redactado como sigue:
«TÍTULO III
Prestaciones profesionales para la inclusión social»
Artículo 22.  Cambio del nombre del Capítulo I del Título II de la Ley 19/2017.
Se cambia el nombre del actual Capítulo I del Título II de la Ley 19/2019 a Capítulo I 
del Título III, que queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO I
Instrumentos de inclusión social: Diagnóstico de exclusión social o 
vulnerabilidad, acuerdo de inclusión, plan personalizado de intervención e 
itinerarios de inclusión social»
Artículo 23.  Adición de un nuevo artículo 19 en la Ley 19/2017.
Se añade un nuevo artículo 19 en la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 19.  Prestaciones profesionales para la inclusión social.
1.  La prestación profesional para la inclusión social consiste en el conjunto 
de planes, itinerarios, instrumentos, actuaciones y prescripciones, de carácter 
individual, familiar o grupal, elaborados, implementados, coordinados y evaluados 
por las personas profesionales de servicios sociales de atención primaria.
Estas prestaciones están orientadas a promover y facilitar la plena inclusión 
social de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social en el 
ámbito de la educación, la formación, el empleo, la alfabetización digital y las 
tecnologías de la información y la comunicación, la vivienda, la salud, la sanidad, 
la movilidad, el deporte, la cultura, la participación social y la igualdad de género y 
de oportunidades y la sociabilidad y comunicación con el entorno y redes de apoyo 
social.
Su  objetivo  es  apoyar  a  las  personas  destinatarias  y  sus  comunidades 
incidiendo  en  su  empoderamiento,  la  ampliación  y  mejora  de  sus  recursos, 
capacidades  y  habilidades  y  acompañarlas  en  el  proceso  de  emancipación 
haciendo especial incidencia en la ruptura de la transmisión generacional de su 
situación  de  empobrecimiento.  Desde  un  enfoque  holístico  y  de  participación 
efectiva de la persona en su propio proceso de cambio hacia una inclusión plena.
2.  Son  unas  prestaciones  que  se  enmarcan  en  el  catálogo  general  de 
prestaciones profesionales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales 
descritas en el artículo 36 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.»
Artículo 24.  Adición de un nuevo artículo 20 en la Ley 19/2017.
Se añade un nuevo artículo 20 en la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 20.  Requisitos de acceso.
Con carácter general, tendrán derecho a las prestaciones profesionales para la 
inclusión social de la renta valenciana de inclusión todas aquellas personas con 
residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana que sean 
destinatarias  de  cualquier  modalidad  de  la  renta  valenciana  de  inclusión 
independientemente de la conformación de su unidad familiar y que acepten  es
libremente  y  de  forma  voluntaria  esta  prestación  a  través  de  un  acuerdo  de  o
inclusión.» 90www.
Artículo 25.  Adición de un nuevo artículo 21 en la Ley 19/2017.
Se añade un nuevo artículo 21 en la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 21.  Diagnóstico de exclusión social o vulnerabilidad.
Este  instrumento  trata  de  determinar  la  situación  de  exclusión  social  o 
vulnerabilidad  de  la  persona  solicitante  y  de  su  unidad  de  convivencia, 
entendiéndolo  como  un  proceso  que  sintetiza,  interpreta  y  conceptualiza  la 
naturaleza y magnitud de las necesidades sociales en sus efectos, génesis y 
causas personales y sociales. Para efectuar el diagnóstico y la valoración técnica 
servirán  de  base  los  criterios  e  indicadores  sociales  que  se  desarrollaran 
reglamentariamente.
El diagnóstico de exclusión social o vulnerabilidad servirá de punto de partida 
para la elaboración del plan personalizado de intervención.»
Artículo 26.  Nueva numeración y modificación del artículo 18 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 18 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 22 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 22.  Acuerdo de inclusión.
1.  El acuerdo de inclusión, a los efectos de la presente ley, se entiende como 
el compromiso voluntario realizado por la persona solicitante en nombre propio y 
de las personas beneficiarias de recibir la prestación profesional orientada a la 
inclusión social. Este acuerdo supone el compromiso de participar de forma activa 
en el proceso de mejora e inclusión social y la colaboración con las personas 
profesionales de los servicios sociales de atención primaria responsables de la 
atención, seguimiento y evaluación de la intervención en la unidad de convivencia. 
Asumiendo  además  el  cumplimiento  responsable  que  le  corresponde  en  el 
proceso de intervención social, la asistencia a las entrevistas con las personas 
profesionales de los servicios sociales de atención primaria, así como a realizar las 
actuaciones prescritas como parte de los itinerarios en el proceso de inclusión 
social o laboral. El acuerdo de inclusión será obligatorio para las personas titulares 
y beneficiarias, en su caso, en las modalidades de renta de garantía de inclusión 
social y en la renta complementaria del trabajo, favorecerá la implicación, el 
compromiso y el alcance de los objetivos a cumplir.
2.  Los  compromisos  incluirán,  Asimismo,  la  adhesión  al  proyecto  de 
intervención social y educativo familiar establecido a partir de la declaración de la 
situación de riesgo, en el plan individualizado de protección o, en su caso, en el 
programa de reintegración familiar, de acuerdo con los artículos 17 y 19 bis de la 
Ley  orgánica  1/1996,  de  15  de  enero,  de  protección  jurídica  del  menor,  de 
modificación parcial del Código civil y de la ley de enjuiciamiento civil, cuando la 
unidad de convivencia está siendo objeto de intervención por parte de la entidad 
pública de protección de personas menores de edad.
3.  Reglamentariamente se establecerán los supuestos en que las personas 
destinatarias de la renta valenciana de inclusión podrán ser eximidas de participar 
en el plan personalizado de intervención cuando se entienda que no concurren 
elementos de riesgo de exclusión en la unidad de convivencia. e.
4.  En  caso  de  negativa  a  la  suscripción  de  acuerdos,  incumplimiento  o  w.b
discrepancias entre las personas profesionales de atención primaria de los servicios  90ww
saolecgiaalceiso nye sl ad ep aecrsuoenrdao  oa  lpoe qrsuoen asse  edsepseticniafiqtaureia se,n  eesl tdaes saúrltriomllaos r epgoladmráenn taprrieos, eanntater 
clar ecaorám isrieógnl atmécennitcaar iadme einnctelu spióanra s oecsiatel  dfein  lae nre nlatas  vdailreenccciiaonnae sd et eirnrcitloursiaiólens  qudee  slae 
conselleria competente en materia de renta valenciana de inclusión.»
Artículo 27.  Nueva numeración y modificación del artículo 19 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 19 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 23 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 23.  Plan personalizado de intervención.
1.  El  plan  personalizado  de  intervención  se  formulará  en  función  del 
diagnóstico social y del acuerdo de inclusión realizado por las trabajadoras y los 
trabajadores sociales e incluirá la valoración de la situación de exclusión social o 
de riesgo de exclusión social, los objetivos y acciones específicas de carácter 
personal, familiar, educativa, formativa, social y laboral oportunas para prevenir o 
mejorar la situación o el riesgo de exclusión social de la persona titular y del 
conjunto de los miembros de su unidad de convivencia. En su caso, conllevará, 
además, los itinerarios de inclusión social o los itinerarios de inserción laboral con 
el fin, en todo caso, de facilitar su inclusión social o inserción laboral. Es el 
instrumento técnico que recogerá el diagnóstico de la situación, las propuestas de 
intervención, objetivos, actuaciones y tareas, así como los indicadores y metas a 
nivel  común  de  la  unidad  de  convivencia  y  a  nivel  individualizado  de  cada 
miembro. Será elaborado por las personas profesionales de los servicios sociales 
de atención primaria, y comprenderá la aplicación de las actuaciones básicas 
contempladas en los módulos operativos de intervención.
Con carácter general los servicios sociales de atención primaria mantendrán 
entrevistas con las personas destinatarias que así se determine en el acuerdo de 
inclusión a fin de conocer y analizar sus necesidades, capacidades, habilidades y 
demás  circunstancias  y  basándose  en  esta  información,  se  elaborará  un 
diagnóstico de la situación y pronóstico diseñará un itinerario personalizado de 
inclusión, que podrá conllevar diferentes actuaciones.
Deberá  ajustarse  a  las  preferencias,  capacidades  y  circunstancias  de  las 
personas a quienes se dirige y adecuarse a un modelo integral de intervención, 
contemplando  todas  las  actuaciones  que  se  consideren  necesarias  para  la 
consecución de los objetivos de inserción, tanto desde el ámbito de los servicios 
sociales, como, en su caso, de los de empleo y formación, educación, vivienda, 
salud, participación social, deporte y cultura.
Además, en él quedará reflejada la necesidad, posibilidad y conveniencia de 
realizar la intervención, o bien si existen motivos de exoneración de realizar el plan 
personalizado de intervención cuando a su juicio profesional se considere.
2.  Se establecerán reglamentariamente los instrumentos de medición de la 
exclusión social, así como la configuración del plan personalizado de intervención 
y la evaluación de los instrumentos de inclusión social.
3.  A los efectos de esta ley, el plan personalizado de intervención es un 
proceso  dinámico,  revisable  y  susceptible  de  modificación  en  función  del 
cumplimiento  de  objetivos,  de  nuevos  itinerarios  o  de  aparición  de  nuevas 
necesidades, así como de la valoración conjunta de los resultados de la persona 
profesional de los servicios sociales de atención primaria y, en su caso, de las 
acciones  de  las  políticas  activas  de  la  inserción  laboral  efectuadas  por  los 
servicios públicos de empleo a través de los orientadores o las orientadoras o 
figuras similares de servicios de empleo locales.
4.  Formarán parte del plan personalizado de intervención aquellos programas  e
en los que participe la unidad de convivencia con motivo de una situación de  bo
desprotección infantil previstos en la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la  90ww
vGmaeolend5nea.crl iaidalaEintadla t  ,p dddreeeo   cdreineescrnoeltu acsh dioóedsn e   yres ggunaaporraovaannnctdtííiaróaá ns d  dcedoe en li a n cclIanalu frasápincórcteneisa rt  asyooc lbicaóli iangal ad, toeollcaeroi sonce,ó evmenancliuc iaaae.c li ódcnea  sdloae  l dreep nlatlana    OE-A-2020-95able en https://
personalizado de intervención de la persona o personas destinatarias, en su caso, 
así como la formulación de un nuevo plan para el nuevo período.»
Artículo 28.  Nueva numeración y modificación del artículo 20 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 20 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 24 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 24.  Itinerario de inclusión.
El  itinerario  de  inclusión  es  el  conjunto  de  actuaciones,  instrumentos  y 
procedimientos técnicos que darán cuerpo al plan personalizado de intervención.
Estará conformado por los módulos operativos de intervención, entendiendo 
estos  como  los  marcos  de  referencia  básicos  para  analizar,  identificar  las 
necesidades y establecer las actuaciones básicas o servicios y programas de 
intervención social. Estos se desarrollaran reglamentariamente.
Se podrán establecer dentro de un mismo plan personalizado de intervención, 
tanto itinerarios familiares como individuales.
La intervención consiste en la atención integral centrada en la persona, familia 
o unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo, sistémico y de 
efectiva participación de la persona en el proceso de intervención, así como de las 
personas menores de edad en su caso. La intervención se realizará en horario 
extenso y flexible.
La  intervención  será  diseñada  e  implementada  de  forma  interdisciplinar 
mediante la metodología participativa y basada en el trabajo en equipo, a partir de 
una valoración integral de las necesidades, de una evaluación conjunta de las 
actuaciones que estará orientada a garantizar el empoderamiento y la atención 
integral de las necesidades de las personas.
El proceso de atención se basará en un enfoque grupal y comunitario y tendrá 
especialmente en cuenta la necesidad de intervenir simultáneamente con otros 
sistemas de protección social, como por ejemplo, el sistema sanitario o el sistema 
educativo, entre otros, incluidas todas las medidas necesarias para conseguir una 
mejora en las condiciones de la calidad de vida de las personas.
Las actuaciones acordadas se formalizarán en un modelo normalizado, que 
será firmado por las personas destinatarias del acuerdo de inclusión social y por la 
persona  profesional  de  los  servicios  sociales  de  atención  primaria 
correspondiente. En dicho documento se establecerán las acciones específicas a 
realizar por las partes intervinientes en el proceso de inserción social, en la forma 
en que se determine reglamentariamente.
En situaciones consideradas especiales por la persona profesional de los 
servicios sociales de atención primaria, se podrá posponer o eximir temporalmente 
su participación en dicho itinerario (violencia de género o intrafamiliar, situaciones 
sobrevenidas, etc.).»
Artículo 29.  Nueva numeración y modificación del artículo 21 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 21 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 25 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 25.  Funciones de las personas profesionales de los servicios sociales  e.
de atención primaria con respecto a los instrumentos de inclusión social. w.
aten1c.i ónC porrirmeasprioan:de a las personas profesionales de los servicios sociales de
a)  La detección de las personas en situación de exclusión social o de riesgo
de exclusión social, y a las trabajadoras y los trabajadores sociales de referencia
la realización del diagnóstico social, así como la suscripción de los acuerdos de 
inclusión.
b)  La implementación de programas y actuaciones por parte de las personas 
profesionales de atención primaria que favorezcan la inclusión social de grupos 
vulnerables  con  características  homogéneas,  desarrolladas  por  el  equipo  de 
intervención social, con figuras de diversos perfiles profesionales.
c)  Colaborar y coordinarse con la atención primaria de carácter básico y 
específico o con la atención secundaria y con otros agentes institucionales del 
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, bajo el principio de unidad de 
acción y, en su caso, en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación 
del plan personalizado de intervención social.
d)  Estrategias  de  empoderamiento  personal,  así  como  la  promoción  de 
actuaciones formativas, ocupacionales, socioeducativas y de inclusión social.
e)  Asesoramiento, prevención y rehabilitación, en su caso, ante situaciones 
de vulnerabilidad o riesgo.
f)  Elaboración y seguimiento del plan personalizado de intervención social.
g)  Acompañamiento,  atención  integral  y  protección  ante  situaciones  de 
vulnerabilidad, riesgo o protección individual y familiar.
2.  Para el ejercicio de estas funciones, el personal de los servicios sociales 
de las entidades locales se coordinará con profesionales de otros ámbitos de 
actuación, en particular, de educación, empleo, salud y vivienda. Podrán participar 
profesionales de las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de 
titulares de actividades de acción social que desarrollan actuaciones específicas 
incluidas en los planes personalizados de intervención. Reglamentariamente, se 
establecerán los procedimientos de colaboración y coordinación.»
Artículo 30.  Nueva numeración del artículo 22 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 22 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 26 de la misma ley 
manteniéndose su contenido.
Artículo 31.  Nueva numeración y modificación del artículo 23, apartados 2 y 3, de la 
Ley 19/2017.
El actual artículo 23 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 27 de la misma ley. 
Asimismo, se modifican los apartados 2 y 3 de dicho artículo, que quedan redactados 
como sigue:
«Artículo 27.  Otros programas de los servicios sociales de atención primaria para 
la inclusión social.
1.  […]
2.  Las personas profesionales de los servicios sociales de atención primaria 
de entidades locales realizarán programas específicos de naturaleza grupal o 
comunitaria que favorezcan la inclusión social de las personas destinatarias de la 
renta  de  garantía  de  inclusión  social  y  serán  financiados  por  la  conselleria 
competente en materia de renta valenciana de inclusión o por las diputaciones 
provinciales, en los términos que establece la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, o en la norma que la  e.
sustituya en su caso, o bien en los términos en que se acuerde en los convenios  w.b
de colaboración entre ambas administraciones para la implementación y desarrollo  90ww
de la3 .p reCsueanltqeu lieeyr .persona individual, empresas suministradoras de servicios y
ednet idlaasd ess itduea cinioicniaetsiv ad eso ceiaxcl lsuisni óánn imoo  vduel nluecrarob ipliduaedd ens occoialal.b oArasri menis mlao d, etpeocdcrióánn 
colaborar en los programas de inclusión social las entidades sin ánimo de lucro 
que estén inscritas en el Registro de Titulares de Actividades de Acción Social.
4.  […]
5.  […]»
Artículo  32.  Nueva  numeración  y  modificación  del  artículo  24  apartado  3,  de  la 
Ley 19/2017.
El actual artículo 24 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 28 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica el apartado 3 de dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 28.  Programas de inserción laboral.
1.  […]
2.  […]
3.  Las  administraciones  introducirán  cláusulas  sociales  de  acuerdo  a  la 
Ley  18/2018,  de  13  de  julio,  de  la  Generalitat,  para  el  fomento  de  la 
responsabilidad social en las contrataciones públicas que otorgan prioridad a las 
entidades que contratan a personas en situación de exclusión o en proceso de 
incorporación laboral.»
Artículo 33.  Nueva numeración y cambio del nombre del Título III de la Ley 19/2017.
Se renumera el actual Título III de la Ley 19/2017 a Título IV, que queda redactado 
como sigue:
«TÍTULO IV
Procedimiento»
Artículo 34.  Nueva numeración y modificación del artículo 25 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 25 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 29 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 29.  Solicitud de la renta valenciana de inclusión.
El procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a percibir 
la  renta  valenciana  de  inclusión  atenderá  a  los  criterios  de  simplificación, 
coordinación interadministrativa e interdepartamental y gestión telemática.
1.  Renta  complementaria  de  ingresos.  Las  personas  que  reúnan  los 
requisitos presentarán la solicitud junto a la documentación requerida en el registro 
de  la  Generalitat,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  16.4  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.
Cuando los documentos necesarios para completar la solicitud no puedan ser 
comprobados por la administración de forma telemática o no obren en su poder y 
no puedan ser aportados por la persona interesada en el momento de la solicitud, 
se podrán sustituir por una declaración responsable de la persona solicitante en la  s
que conste que se obliga a presentar esa documentación durante la instrucción del  e.
procedimiento. w.
En el supuesto que la documentación descrita en la declaración responsable  90ww
innos tsruec atopro rdtee , ecsotna  cfaasráec dteerl  pprreovcieod aim eiemnittior  llae  creoqrrueesrpiroán dqiueen teen r eesl oplulaczióon d, ee l 1ó0r gdaínaos 
daopcourtme elan tadcoicóunm reeqnutaecriidóan,  ys es ei ntrtaennsdceurárr ipdoor  ddiecshios tipdloa zyo s en oa rhcuhbiviaerráe  eplr eexspeendtaiednot ela.  BOE-A-cable e
2.  Renta  de  garantía.  Las  personas  interesadas  presentarán  la  solicitud 
preferentemente en el registro oficial del ayuntamiento del domicilio donde tenga 
su residencia efectiva la persona solicitante. Asimismo, también podrá presentarse 
en  los  registros  oficiales  de  la  Generalitat,  o  mediante  cualquiera  de  las 
modalidades previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Cuando los documentos necesarios para completar la solicitud no puedan ser 
comprobados por la administración de forma telemática o no obren en su poder y 
no puedan ser aportados por la persona interesada en el momento de la solicitud, 
se podrán sustituir por una declaración responsable de la persona solicitante en la 
que conste que se obliga a presentar esa documentación durante la instrucción del 
procedimiento.
En el supuesto que la documentación descrita en la declaración responsable 
no se aporte, con carácter previo a emitir el informe propuesta preceptivo, la 
entidad local como órgano instructor de esta fase del procedimiento le requerirá 
para que en plazo de 10 días aporte la documentación y si transcurrido dicho 
plazo  no  hubiere  presentado  la  documentación  requerida,  se  entenderá  por 
desistido y se propondrá el archivo del expediente.
3.  En  ambos  casos  también,  las  personas  solicitantes  firmarán  la 
autorización expresa para la consulta y verificación de sus datos: de identidad, de 
la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria,  del  INSS,  de  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, del Labora (servicio valenciano de empleo y 
formación), del Instituto Nacional de Estadística y cualquier otro dato necesario 
para el reconocimiento o el mantenimiento de la percepción de la renta valenciana 
de inclusión.
4.  Las personas solicitantes también presentarán autorización expresa para 
ceder  sus  datos  a  otras  administraciones  y  a  las  organizaciones  no 
gubernamentales  sin  ánimo  de  lucro  inscritas  en  el  Registro  de  Titulares  de 
Actividades de Acción Social que colaboren con los planes individualizados de 
intervención.
5.  Asimismo,  las  personas  solicitantes  y  las  personas  que  conforman  la 
unidad de convivencia, prestan conformidad expresa para facilitar sus datos a 
otros  departamentos  de  la  Generalitat  Valenciana,  al  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social y otras administraciones cualquiera que sea su ámbito para el 
reconocimiento  de  cualquier  prestación  que  pueda  beneficiar  a  la  unidad  de 
convivencia, especialmente para la prestación del ingreso mínimo vital, o cualquier 
otra prestación de garantía de ingresos mínimos de carácter estatal que pueda 
sustituirla.
6.  Mediante  convenio  de  colaboración  entre  la  Generalitat  y  el  Instituto 
Nacional de la Seguridad Social para la posible gestión compartida del ingreso 
mínimo vital de acuerdo con la posibilidad establecida en la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital, se podrá acordar, en su caso, la tramitación conjunta de las 
solicitudes de la prestación estatal y de su correspondiente modalidad de renta 
valenciana de inclusión.»
Artículo 35.  Adición de un nuevo artículo 30 en la Ley 19/2017.
Se añade un nuevo artículo 30 en la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue: e.
«Artículo 30.  Solicitud anticipada de la renta valenciana de inclusión. 90ww
cpoenrsoEocnnid aal ot isetu nlc aqaru sdoees s  leae  ncre unqmtuape lvi raánlnoe, n ssceeia  npcaou dmdreáp  liapnnrce lsuteosndiótonas r p sleoorsloi c eritexuqidsu tdiase iut olnasa  r pefeancrthaaa  v paoolbedjneectri ivasane ayr    OE-A-2020-95able en https://
de inclusión en cualquiera de sus modalidades dentro de los seis meses anteriores 
a la fecha prevista del cumplimiento de los requisitos.
Podrán acogerse a esta posibilidad, entre otros, los casos siguientes:
a)  Cuando se vaya a cumplir la edad mínima en el supuesto que corresponda 
a la persona de los recogidos en el artículo 13.2 de esta ley.
b)  Cuando  se  deje  de  ocupar  una  plaza  residencial  en  algún  recurso 
incompatible de los indicados en el artículo 13.1.d.
c)  Cuando  sea  conocida  la  fecha  de  finalización  de  una  prestación 
incompatible con la renta valenciana de inclusión.
d)  Asimismo  con  carácter  excepcional,  y  siempre  que  así  se  justifique 
expresamente en el informe social que a tal efecto elaboren los y las trabajadoras 
sociales de los servicios sociales de atención primaria, se podrá instar solicitud 
anticipada en aquellos casos en los que concurran circunstancias extraordinarias 
que los haga considerar en situación de especial vulnerabilidad que requieran este 
tipo de solicitud.»
Artículo 36.  Nueva numeración y modificación del artículo 26 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 26 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 31 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 31.  Instrucción de la renta valenciana de inclusión.
1.  La instrucción del expediente de la renta complementaria de ingresos en 
su  modalidad  de  ingresos  por  prestaciones  corresponderá  a  las  direcciones 
territoriales  de  la  conselleria  competente  en  materia  de  renta  valenciana  de 
inclusión.
La instrucción del expediente de la renta complementaria de ingresos en su 
modalidad de ingresos del trabajo corresponderá a la conselleria competente en 
materia de renta valenciana de inclusión y a la conselleria competente en materia 
de empleo de la forma que se determine reglamentariamente.
2.  La  instrucción  del  expediente  de  la  renta  de  garantía  en  sus  dos 
modalidades, la efectuará el servicio correspondiente de los servicios sociales de 
atención primaria, que elevará el informe-propuesta de resolución, el cual incluirá 
el  importe  a  percibir,  a  la  dirección  territorial  de  la  conselleria  que  tenga  la 
competencia en materia de renta valenciana de inclusión. Este informe-propuesta 
será firmado por una persona responsable técnica y será preceptivo y vinculante, 
excepto error material, de hecho o de cálculo.
3.  El informe-propuesta de resolución de la renta de garantía en sus dos 
modalidades será remitida a la dirección territorial de la conselleria que tenga la 
competencia en materia de renta valenciana de inclusión, en el plazo máximo de 
tres  meses  desde  la  entrada  de  la  solicitud,  acompañado  de  toda  la 
documentación necesaria, en el registro de la Administración correspondiente.
4.  Cuando la prestación a conceder consista en la renta de garantía de 
inclusión social, antes de formular el informe-propuesta de resolución, se exigirá el 
compromiso  voluntario  de  la  persona  solicitante,  mediante  la  suscripción  de 
acuerdo de inclusión social, de acuerdo con el artículo 22 de esta ley. En caso de 
que la persona solicitante manifestara su negativa a la suscripción del acuerdo, se  s
hará constar dicha circunstancia en el expediente y sus motivos, y se remitirá  oe.
dicha información al órgano gestor competente con la propuesta de asignación en  w.
mla emnEoondre astloi dddaoeds   deledo asrde  cnyata s aodtsee  ngedanier anqndutoeía   aldale  i uninntegidrréeassd o ssdu emp eícnroiiomnrvo idvsee.n ecisat alsa,  isnete pgoradnrá  pjeursstoifincaasr   2020-9590n https://ww
expresamente el mantenimiento de la modalidad de renta de garantía de inclusión
social  en  el  informe  social  que  a  tal  efecto  elaboren  los  trabajadores  y  las 
trabajadoras sociales de los servicios de atención primaria. »
Artículo 37.  Nueva numeración y modificación del artículo 27 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 27 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 32 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 32.  Solicitantes víctimas de violencia de género.
Las solicitudes de mujeres que sean víctimas de violencia de género para ser 
titulares  de  la  renta  valenciana  de  inclusión  se  tramitarán  mediante  un 
procedimiento abreviado, consistente en la reducción a la mitad de los plazos 
estandarizados y dando preferencia a estos expedientes. La acreditación de la 
condición de víctima podrá realizarse por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 9 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra 
la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.»
Artículo 38.  Nueva numeración y modificación del artículo 28 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 28 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 33 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica el epígrafe b del apartado 2 de dicho artículo, se añade un nuevo 
apartado 3 y se renumera el actual apartado 3 siendo de nuevo apartado 4, que queda 
redactado como sigue:
«Artículo 33.  Resolución.
1.  […]
a)  […]
b)  […]
2.  […]
a)  […]
b)  Transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada de la solicitud en el 
registro general del ayuntamiento correspondiente o de la Generalitat y de la 
documentación pertinente según se establezca reglamentariamente, sin que la 
resolución  fuera  dictada  y  notificada,  se  entenderá  estimada  la  solicitud  por 
silencio administrativo, sin perjuicio de la posible suspensión del plazo por causas 
imputables a la persona solicitante.
3.  En el caso de las solicitudes que se hayan tramitado de manera anticipada 
al cumplimiento de los requisitos de cualquiera de sus modalidades, se entenderá 
estimada  la  solicitud  por  silencio  administrativo  cuando  concurran  las  dos 
condiciones siguientes:
a)  Haya transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada de la solicitud 
en el registro general de la Administración correspondiente y de la documentación 
pertinente según se establezca reglamentariamente, sin que la resolución fuera 
dictada y notificada. es
b)  Haya cumplido los requisitos establecidos en esta ley. o
4.  Las resoluciones de la renta valenciana de inclusión en cualquiera de sus  90ww
tmraondsacluidrariddeoss,  tloesn dcráuna leusn ad veibgeernác iap rdoec etrdeesr saeñ oas  sdue srdeen olav afeccióhna,  deen  sulo sre stéorlumciinóons, 
señalados en el artículo 39 de la presente ley.»
Artículo 39.  Nueva numeración y modificación del artículo 29, apartados 1, 2 y 3, de la 
Ley 19/2017.
El actual artículo 29 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 34 de la misma ley. 
Asimismo, se modifican los apartados 1, 2 y 3 de dicho artículo, que quedan redactados 
como sigue:
«Artículo 34.  Devengo y pago.
1.  Los  efectos  económicos  de  la  prestación  de  la  renta  valenciana  de 
inclusión se producirán a partir del día primero del mes siguiente de la fecha de la 
solicitud.
En el caso de las solicitudes realizadas de manera anticipada al cumplimiento 
de los requisitos, los efectos económicos de la prestación se producirán a partir 
del día primero del mes siguiente de la fecha en que se hayan cumplido dichos 
requisitos.
2.  El abono de la prestación económica de la renta valenciana de inclusión 
se realizará directamente a la persona titular de la misma por la Generalitat, 
mediante ingreso en cuenta en una entidad de crédito. Los pagos posteriores se 
efectuarán por mensualidades vencidas desde la fecha del devengo de la misma, 
antes del quinto día hábil del mes siguiente.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, en caso de privación de 
libertad de la persona titular, podrán percibir la renta valenciana de inclusión las 
personas  beneficiarias,  siempre  y  cuando  se  justifique  su  oportunidad  en  el 
informe social.
4.  […]»
Artículo 40.  Nueva numeración del artículo 30 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 30 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 35 de la misma ley 
manteniéndose su contenido.
Artículo 41.  Nueva numeración del artículo 31 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 31 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 36 de la misma ley 
manteniéndose su contenido
Artículo 42.  Nueva numeración y modificación del artículo 32 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 32 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 37 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 37.  Revisiones.
1.  El órgano competente para resolver podrá proceder a la rectificación de 
errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas 
por la constatación de omisiones o inexactitudes en la solicitud e instrucción del 
expediente.
2.  Para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la concesión de 
la renta de inclusión, los servicios sociales de atención primaria correspondientes  s
harán anualmente revisiones periódicas de oficio, mediante una muestra elegida  oe.
de manera aleatoria, sobre el cumplimiento de los requisitos de acceso a la  w.
prestación por las personas titulares de la renta de garantía, a cuyo efecto podrán  90ww
rreencatab avra, lednecl iarensat od ed ein caldumsióinnis, tlroasc idoanteoss  ep úinbfloicramse ys  qeuneti draedseuslt eqnu nee ccoelsaabroiorsa np aerna  elal 
correcto ejercicio de las funciones de revisión y supervisión.
3.  Para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la concesión de 
la renta complementaria de ingresos, las direcciones territoriales de la conselleria 
con competencias en materia de renta valenciana de inclusión harán anualmente 
revisiones periódicas de oficio, mediante una muestra elegida de manera aleatoria, 
sobre el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación por las personas 
titulares de la renta complementaria de ingresos, a cuyo efecto podrán recabar, del 
resto  de  administraciones  públicas  y  entidades  que  colaboran  en  la  renta 
valenciana de inclusión, los datos e informes que resulten necesarios para el 
correcto ejercicio de las funciones de revisión y supervisión.»
Artículo 43.  Nueva numeración y modificación del artículo 33 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 33 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 38 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 38.  Modificación.
1.  El importe a percibir de la prestación económica de la renta valenciana de 
inclusión,  en  cualquiera  de  sus  modalidades  podrá  ser  modificada  como 
consecuencia de cambios, tanto personales como económicos, ocurridos en la 
unidad de convivencia.
2.  El procedimiento de modificación de la prestación económica se podrá 
iniciar de oficio o a instancia de parte y se instruirá en los términos que se 
establezcan reglamentariamente.
El plazo máximo en el que deberá resolverse y notificarse la resolución será de 
tres meses desde la adopción del acuerdo de iniciación, o desde la presentación 
de  la  solicitud  y  la  documentación  pertinente,  según  se  establezca 
reglamentariamente, en el registro de la administración correspondiente.
Transcurrido dicho plazo sin resolver y notificar la resolución, se entenderán 
desestimadas las pretensiones de la persona solicitante.
En el caso de modificaciones instadas de oficio, transcurrido el plazo máximo 
para resolver y notificar lo citado anteriormente, se estará a lo dispuesto en el 
artículo  25.1  de  la  ley  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas.
3.  La modificación del importe a percibir se aplicará a partir del primer día del 
mes siguiente al de la fecha de la causa que origine la modificación.»
Artículo 44.  Nueva numeración y modificación del artículo 34 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 34 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 39 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 39.  Renovación.
1.  El procedimiento de renovación se desarrollará reglamentariamente, sin 
que en ningún caso se interrumpa el abono de la prestación económica ni la 
implementación de la prestación profesional de inclusión social hasta la fecha en 
que se produzca la nueva resolución. Las renovaciones correspondientes a las 
modalidades  de  renta  complementaria  de  ingresos  se  instruirán  desde  las 
direcciones territoriales de la conselleria con competencias en materia de renta  e.e
valenciana  de  inclusión  o  en  materia  de  empleo.  Las  renovaciones  w.b
correspondientes a las modalidades de renta de garantía se instruirán desde los  90ww
sloesr vcicaisooss s eonc ialaless d diree cacteionnceiósn t eprrriimtoariraiale sq uqeu eco crroersrepsopnodnadna,  rseesgoúlvni écnaddoas em eond atoliddaods 
de r2e.n taL.a renovación de la renta valenciana de inclusión deberá realizarse a los
tres años desde la fecha de su resolución. Esta renovación en cualquiera de las
modalidades, se efectuará para favorecer la intervención social y a solicitud de la 
persona titular y se deberá poder acreditar en ese momento el cumplimiento de los 
requisitos exigibles, durante el último semestre anterior al fin de la vigencia de la 
resolución de concesión del derecho a la prestación y, en todo caso, antes del 
último trimestre, en el registro del ayuntamiento del municipio donde se encuentre 
empadronada y tenga su residencia efectiva, o en el registro de la Generalitat, 
según  corresponda,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  16  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.
3.  El  proceso de renovación de la  renta  de  garantía  de inclusión social 
supondrá con carácter obligatorio, en todos los casos, la evaluación del plan 
personalizado de intervención de la persona destinataria, en su caso, así como la 
formulación del nuevo plan para el nuevo período.»
Artículo 45.  Nueva numeración y modificación del artículo 35 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 35 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 40 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 40.  Suspensión.
1.  El derecho a la renta valenciana de inclusión se podrá suspender por las 
siguientes causas:
a)  Pérdida  temporal  de  alguno  de  los  requisitos  exigidos  para  su 
reconocimiento.
b)  Incumplimiento temporal por parte de la persona titular o de cualquier 
integrante  de  su  unidad  de  convivencia  de  las  obligaciones  y  compromisos 
asumidos  al  acceder  a  la  prestación,  incluyendo  el  incumplimiento  del  plan 
personalizado de inclusión.
2.  La suspensión del derecho a la renta valenciana de inclusión implicará la 
suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente al de 
la fecha de la resolución y se mantendrá mientras persistan las circunstancias que 
hubieran dado lugar a la misma, por un periodo máximo de doce meses. No 
obstante,  si  la  causa  de  la  suspensión  fuera  por  percepción  de  ayudas  y 
prestaciones estatales de desempleo y para el empleo en cualquiera de sus 
modalidades, exceptuando para las personas perceptoras de la prestación de la 
renta activa de inserción (RAI) dirigida a las víctimas de violencia de género o 
violencia  doméstica  o  prestación  de  idéntica  naturaleza  que  la  sustituya,  la 
suspensión del pago sería a partir del primer día del mes siguiente de la fecha del 
reconocimiento de la ayuda y prestación estatal de desempleo y para el empleo a 
la que tuviera derecho la persona titular de la renta valenciana de inclusión.
3.  El  reconocimiento  del  derecho  de  la  prestación  podrá  reanudarse  si 
desaparecen las circunstancias que motivaron su suspensión, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente.»
Artículo 46.  Nueva numeración y modificación del artículo 36 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 36 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 41 de la misma ley.  e
Asimismo, se modifica el epígrafe h y g y se añade un nuevo epígrafe i) en el apartado 1  bo
y se modifican los apartados 2 y 3 de dicho artículo, que quedan redactados como sigue: 90ww
«Artículo 41.  Extinción.
1.  […]
a)  […]
b)  […]
c)  […]
d)  […]
e)  […]
f)  […]
g)  Incumplimiento injustificado y reiterado de las obligaciones previstas en el 
artículo 11.2 de esta ley.
h)  Fallecimiento de la persona titular. Cuando esta fuera perceptora de la 
renta de garantía, y al objeto de que, las otras personas destinatarias de su unidad 
de convivencia no se queden en situación de desamparo, se establecerá un 
procedimiento para la modificación de la persona titular de dicha renta de garantía, 
en  los  términos  y  condiciones  que  se  establezcan  reglamentariamente,  sin 
interrupción de la prestación.
i)  La percepción por parte de la persona titular de, prestación o ayuda para el 
fomento del empleo o de desempleo incompatible con la renta valenciana de 
inclusión y de duración inicial prevista superior a 12 meses.
2.  En las modalidades de renta de garantía, será causa de extinción de las 
prestaciones ya reconocidas, el cumplimiento de los 65 años por la persona titular 
o el reconocimiento de un grado de diversidad funcional igual o superior al 65% a 
las personas titulares entre 18 y 65 años, desde la fecha del cumplimiento de la 
edad o desde la fecha de la resolución del reconocimiento del grado de diversidad 
funcional, a excepción de los supuestos contemplados en el artículo 13.3 de esta 
ley.
No obstante, si en la fecha en que se produjera el hecho causante de la 
extinción, los ingresos percibidos en concepto de renta valenciana de inclusión 
motivaran una reducción en la cuantía de la pensión no contributiva que debe 
reclamarse o su denegación, excepcionalmente podrá mantenerse la percepción 
de la renta valenciana de inclusión hasta el 31 de diciembre del año en que se 
produzca el hecho causante, produciéndose en esa fecha la extinción automática 
de la misma.
3.  La extinción del derecho a la renta valenciana de inclusión implicará el 
cese del pago de la prestación y surtirá efectos desde el primer día del mes 
siguiente a aquel en que concurran las causas que dieron lugar a la extinción. No 
obstante,  si  la  causa  de  la  extinción  fuera  por  percepción  de  ayudas  y 
prestaciones estatales de desempleo y i para el empleo en cualquiera de sus 
modalidades, exceptuando para las personas perceptoras de la prestación de la 
renta activa de inserción (RAI) dirigida a las víctimas de violencia de género o 
violencia  doméstica  o  prestación  de  idéntica  naturaleza  que  la  sustituya,  la 
suspensión del pago sería a partir del primer día del mes siguiente de la fecha del 
reconocimiento de la ayuda y prestación estatal de desempleo y para el empleo a 
la que tuviera derecho la persona titular de la renta valenciana de inclusión.»
Artículo 47.  Adición de un nuevo artículo 42 en la Ley 19/2017.
Se añade un nuevo artículo 42 en la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 42.  Procedimiento de urgencia.
Se establece un procedimiento de urgencia tanto para nuevas solicitudes  oe.
como para modificaciones y extinciones de expedientes existentes, consistente en  w.
elax preedduiecnctieósn.  aS ela t rmamitaitda rdáe c loons  cpalarázcotse re dseta unrdgaernizcaiad oesn  ylo dsa snigduoi epnrteefse rseunpcuiae sat oess:tos  2020-9590n https://ww
o vícat)i maE nd elo vsio cleanscoisa  ddee  pgeérnseornoa o p inrotrsatiftaumidialia, rv.íctima de explotación sexual o trata
b)  Cuando se formule solicitud anticipada por el cumplimiento de la edad 
mínima de acuerdo a lo recogido en el artículo 30.a.
c)  En los supuestos en que la extinción o la modificación del derecho a la 
renta valenciana de inclusión implique, a juicio del equipo profesional de los 
servicios sociales de atención primaria de referencia, perjuicio manifiesto a las 
demás personas integrantes de la unidad de convivencia, con especial atención a 
aquellas unidades de convivencia con personas menores de edad.
d)  Los  expedientes  iniciados  como  consecuencia  del  fallecimiento  de  la 
persona titular de la prestación y se haya formulado una nueva solicitud por alguna 
de las personas beneficiarias de esa unidad de convivencia y que dicha solicitud 
se realice en el período máximo de 3 meses desde el fallecimiento de la persona 
titular.
e)  En  las  situaciones  de  emergencia  social  previstas  en  el  punto  4  del 
artículo 70 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de 
la Comunitat Valenciana.
f)  Asimismo  con  carácter  excepcional,  y  siempre  que  así  se  justifique 
expresamente en el informe social que a tal efecto elaboren los y las trabajadoras 
sociales de los servicios sociales de atención primaria, podrán ir por procedimiento 
de urgencia aquellos casos en los que concurran circunstancias extraordinarias 
que los haga considerar en situación de especial vulnerabilidad.»
Artículo 48.  Nueva numeración del Título IV de la Ley 19/2017.
Se renumera el actual Título IV de la Ley 19/2017 a Título V, que queda redactado 
como sigue:
«TÍTULO V
Régimen de financiación»
Artículo  49.  Nueva  numeración  y  modificación  del  artículo  37,  apartado  2,  de  la 
Ley 19/2017.
El actual artículo 37 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 43 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica el apartado 2 de dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 43.  Fuentes de financiación.
1.  […]
2.  Las diputaciones provinciales podrán aportar dotaciones económicas para 
contribuir  a  la  financiación  adecuada  y  suficiente  de  la  renta  valenciana  de 
inclusión, mediante la suscripción del correspondiente convenio de colaboración 
con la Generalitat, que podrán ser tanto para sufragar los gastos de la prestación 
económica o profesional como los recursos necesarios para su gestión.»
Artículo 50.  Nueva numeración del artículo 38 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 38 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 44 de la misma ley 
manteniéndose su contenido.
Artículo 51.  Nueva numeración del artículo 39 de la Ley 19/2017. bo
manEtel naiéctnudaol saer tsícuu cloo n3te9n dideo .la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 45 de la misma ley  2020-9590n https://ww
Artículo 52.  Nueva numeración del Título V de la Ley 19/2017.
Se renumera el actual Título V de la Ley 19/2017 a Título VI, que queda redactado 
como sigue:
«TÍTULO VI
Régimen competencial y organizativo»
Artículo 53.  Nueva numeración del artículo 40 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 40 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 46 de la misma ley 
manteniéndose su contenido.
Artículo 54.  Nueva numeración del artículo 41 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 41 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 47 de la misma ley 
manteniéndose su contenido.
Artículo 55.  Nueva numeración y modificación del artículo 42 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 42 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 48 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 48.  Entidades locales.
En la consecución de la finalidad perseguida por la presente ley, las entidades 
locales,  a  través  de  los  servicios  sociales  de  atención  primaria,  dada  su 
consideración  de  prestación  básica  del  sistema  público  de  servicios  sociales, 
desarrollarán las siguientes atribuciones:
a)  La  detección  de  las  personas  o  las  unidades  de  convivencia  que  se 
encuentren en situación de exclusión o riesgo de exclusión, y la realización de las 
prestaciones profesionales a través de los diferentes instrumentos de inclusión 
social:  configuración  del  diagnóstico  social,  la  suscripción  con  las  personas 
interesadas del acuerdo de inclusión social, elaboración del plan personalizado de 
intervención, itinerario social, familiar o individualizado y también participar, en su 
caso, en la elaboración del itinerario de inserción laboral en coordinación con los 
servicios públicos de empleo.
b)  La instrucción y presentación del expediente, del informe social, en su 
caso, así como del informe-propuesta de resolución sobre la concesión de la renta 
valenciana de inclusión, en la modalidad que corresponda, en el registro de la 
dirección territorial en materia de renta valenciana de inclusión competente para 
resolver.
c)  El seguimiento, revisión y evaluación de los instrumentos de inclusión 
social  a  través  de  los  servicios  sociales  de  atención  primaria  mediante  un 
acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la 
sociedad  utilizando  instrumentos  de  inserción  laboral  en  colaboración  y 
coordinación con los equipos profesionales de los servicios de empleo locales y el 
servicio público de empleo y formación (LABORA).» s
Artículo 56.  Nueva numeración y modificación del artículo 43 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 43 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 49 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 49.  Diputaciones provinciales.
En  la  consecución  de  la  finalidad  perseguida  por  la  presente  ley,  las 
diputaciones  provinciales  valencianas  desarrollarán  las  atribuciones  que  les 
correspondan  según  la  Ley  3/2019,  de  18  de  febrero,  de  servicios  sociales 
inclusivos de la Comunitat Valenciana, o norma que la sustituya, en su caso, y las 
que se determinen en los convenios que puedan suscribir con la Generalitat, 
cooperando  en  la  implantación  de  esta  ley  con  la  aportación  de  los  medios 
económicos, técnicos, materiales y humanos que se consideren en los mismos, y 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 30 y 106 de la citada ley.»
Artículo 57.  Modificación del Capítulo II del Título V de la Ley 19/2017.
Se modifica el contenido del enunciado del Capítulo II del Título V de la Ley 19/2017 
que pasa a ser el enunciado del Capítulo II del Título VI de la misma ley y que queda 
redactado como sigue:
«CAPÍTULO II
Cooperación y coordinación»
Artículo 58.  Nueva numeración del artículo 44 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 44 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 50 de la misma ley 
manteniéndose su contenido.
Artículo 59.  Adición de un nuevo artículo 51 en la Ley 19/2017.
Se añade un nuevo artículo 51 en la Ley 19/2017, que queda redactado como sigue:
«Artículo 51.  Colaboración con la Administración General del Estado.
En el marco de la prestación estatal del ingreso mínimo vital y de acuerdo a lo 
recogido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto ley 20/2020, de 29 de 
mayo que lo regula, se procederá, en su caso, a la celebración de un convenio de 
colaboración  donde  se  contemplen  las  posibles  fórmulas  de  gestión  de  la 
prestación del ingreso mínimo vital y de la renta valenciana de inclusión.
Este convenio podrá establecer los mecanismos para la solicitud mediante un 
proceso único de ambas prestaciones y los mecanismos de inclusión social más 
adecuados a través de la prestación profesional de inclusión social de la renta 
valenciana de inclusión.»
Artículo 60.  Nueva numeración del artículo 45 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 45 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 52 de la misma ley 
manteniéndose su contenido. e.e
Artículo 61.  Nueva numeración y modificación del artículo 46 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 46 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 53 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica el título dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 53.  Cooperación con las entidades sociales».
Artículo 62.  Nueva numeración del artículo 47 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 47 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 54 de la misma ley 
manteniéndose su contenido.
Artículo 63.  Nueva numeración y modificación del artículo 48 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 48 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 55 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 55.  Órganos de participación social.
La participación ciudadana y de los agentes implicados en la implementación 
de esta ley se materializará en el consejo valenciano de inclusión y derechos 
sociales y en el seno de los consejos locales de inclusión y derechos sociales de 
ámbito local o zonal, de acuerdo a lo establecido en la Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.
Estos  realizarán,  en  su  respectivo  ámbito  territorial,  acciones  de 
sensibilización, coordinación, análisis y propuestas de mejora para la aplicación de 
esta ley.
En los organismos de participación se respetará la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres.»
Artículo 64.  Nueva numeración del Título VI de la Ley 19/2017.
Se renumera el actual Título VI de la Ley 19/2017 a Título VII, que queda redactado 
como sigue:
«TÍTULO VII
Planificación, coordinación, calidad y evaluación»
Artículo 65.  Nueva numeración y modificación del artículo 49 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 49 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 56 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 56.  Disposiciones generales.
1.  La planificación de la implementación de la presente ley se materializará, 
en el ámbito autonómico, a través del Plan estratégico de servicios sociales de la 
Comunitat  Valenciana  y  del  Plan  valenciano  de  inclusión  y  cohesión  social, 
debiendo garantizarse en su elaboración la participación directa de todas las 
administraciones públicas valencianas, así como la de otras entidades públicas  e
que intervengan en el sector y del resto de agentes implicados. b
2.  Podrán  elaborarse  planes  específicos  o  territoriales  para  barrios,  90ww
vmuulnneicriapbioilsid, adc yo mpoarr csauss  eule vaodtraoss  tasáamsb diteo sp obgreeozgar áyf iecxocsl usqióune ,s ocpioarl , psrue cismena ydoer 
umnaar caadcacisó ne n inlotse gprlaaln eas  ecostrrtaot éog icmose ddieo  cpalraázcote, r ezno ncaol oyr deinn aecl ióPnla nc oens tralatsé gilcínoe daes 
servicios sociales de la Comunitat Valenciana y en el Plan valenciano de inclusión 
y cohesión social.»
Artículo 66.  Nueva numeración y modificación del artículo 50 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 50 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 57 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 57.  De los planes generales.
Corresponde al Consell el impulso y fomento de los servicios sociales, la 
educación, la formación, el empleo, la vivienda, la promoción de la salud, la 
cultura,  el  acceso  y  formación  a  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación, la movilidad, la participación social y la formación en igualdad de 
género y oportunidades y todos aquellos aspectos que faciliten la inclusión social y 
laboral de las personas en situación de exclusión social o de vulnerabilidad social, 
mediante la implantación y el desarrollo de actuaciones o planes generales, que 
deberán contemplar las medidas de inclusión propuestas, en colaboración con las 
entidades locales.»
Artículo 67.  Nueva numeración del artículo 51 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 51 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 58 de la misma ley 
manteniéndose su contenido.
Artículo 68.  Nueva numeración y modificación del artículo 52 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 52 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 59 de la misma ley. 
Asimismo, se añade un nuevo apartado 5 a dicho artículo, que queda redactado como 
sigue:
«Artículo 59.  Mejora de la calidad de la atención, formación de profesionales e 
investigación.
1.  […]
2.  […]
3.  […]
4.  […]
5.  Con objeto de garantizar y mejorar la calidad de la atención, la formación 
de profesionales y la investigación en el ámbito de la inclusión social se contará 
con la colaboración del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad 
en Servicios Sociales (IVAFIQ), regulado en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la 
Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.»
Artículo 69.  Nueva numeración y modificación del artículo 53 de la Ley 19/2017.
El actual artículo 53 de la Ley 19/2017 pasa a ser el artículo 60 de la misma ley. 
Asimismo, se modifica dicho artículo, que queda redactado como sigue:
«Artículo 60.  Evaluación y seguimiento. s
1.  La evaluación y seguimiento general de la renta valenciana de inclusión,  b
que incluirá la valoración de sus resultados y objetivos conseguidos así como la  90ww
caortmiciusliaócni ónté cdneic ap rodpeu essetgausi mdiee nmtoe jeo raim pgleenmeeranlt adceió nla  dper elsat arceiónnta,  lvaa lerenacliiaznaará  dlae 
inclu2s. iónC, opnre cvaisrátac teenr  beile anratílc duilcoh 5a4 c.2o mdeis ieósnt até lceny.ica realizará un informe de impacto
de la ley, en el que se incluirán los perfiles de las personas perceptoras, los
resultados  de  inclusión  social  e  inserción  laboral,  la  coordinación  de  los 
departamentos del Consell y de las distintas administraciones implicadas para 
garantizar la inclusión social. Asimismo, con el fin de recoger propuestas para un 
mejor desarrollo y alcance de la finalidad de la ley, se trasladará dicho informe al 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, al consejo valenciano de 
inclusión y derechos sociales y, en su caso, a otras entidades cuyos fines guarden 
relación directa con el objeto de esta norma. Se garantizará la independencia y 
objetividad en la evaluación. La Comisión Delegada del Consell de Inclusión y 
Derechos Sociales a propuesta de la comisión técnica prevista en el artículo 54.2 
deberá analizar el informe, así como las propuestas y adoptará cuantas medidas 
sean procedentes para la mejora de la gestión y alcance de la ley.»
Artículo 70.  Supresión de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2017.
Se suprime la actual disposición adicional quinta de la Ley 19/2017.
Artículo 71.  Nueva numeración de la disposición adicional sexta de la Ley 19/2017.
La actual disposición adicional sexta de la Ley 19/2017 pasa a ser la disposición 
adicional quinta de la misma ley, manteniéndose su contenido.
Artículo 72.  Adición de la nueva disposición transitoria sexta en la Ley 19/2017.
Se añade una nueva disposición transitoria sexta en la Ley 19/2017, que queda 
redactada como sigue:
«Disposición  transitoria  sexta.  Régimen  transitorio  para  las  personas 
destinatarias de la renta valenciana de inclusión.
1.  Al amparo de lo recogido en los artículos 6.1.e y 9.2.h del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/45/CE, la Conselleria competente en materia de renta valenciana de 
inclusión facilitará al Instituto Nacional de la Seguridad Social los datos de las 
personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión con el objeto que les 
pueda ser reconocida la prestación del ingreso mínimo vital regulado por Real 
Decreto ley 20/2020, de 29 de mayo.
2.  Sin perjuicio de lo anterior, se establece un régimen transitorio para todas 
las personas destinatarias de la renta valenciana de inclusión que reúnan los 
requisitos para el acceso a la prestación del ingreso mínimo vital regulado por 
Real Decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, para que aporten justificación de 
solicitud del ingreso mínimo vital ante la Dirección General competente en materia 
de renta valenciana de inclusión con anterioridad al 30 de noviembre de 2020.
En el caso de no aportarse dicho justificante y en virtud de lo recogido en el 
artículo 11.2.c respecto a la obligación de «reclamar, durante todo el periodo de 
duración de la prestación, cualquier derecho económico, incluyendo el ingreso 
mínimo vital o cualquier otra prestación de garantía de ingresos mínimos de 
carácter estatal que pueda sustituirla, que les pueda corresponder a cualquier 
persona miembro de la unidad de convivencia por cualquier título y ejercitar las  e.e
acciones  correspondientes  para  hacerlo  efectivo»,  se  procederá  en  a  la  w.b
suspensión  de  la  renta  valenciana  de  inclusión  con  fecha  31  de  diciembre  90ww
de 2E0s2t0a.rán exceptuadas de esta obligación las personas que sean perceptoras de
slais ptermesata cdieó nl ad eS elag uarsidiganda cSióonc iaelc oqnuóem tiecnag paonr  rheijcoo noo cmidean olra sa cmogoiddaol idaa cdaersg op adreal 
personas descendientes mayores de 18 años y con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65%.
3.  Además de la obligación contenida en el apartado anterior, las unidades 
de convivencia que tengan reconocido el derecho en la modalidad de renta de 
garantía de ingresos mínimos y que estén integradas por alguna persona menor 
de edad, deberán solicitar el cambio de modalidad a la renta de garantía de 
inclusión social antes del 31 de diciembre de 2020, en caso contrario se procederá 
a su suspensión en virtud de la obligación recogida en el artículo 11.2.2.º»
Artículo 73.  Adición de la nueva disposición transitoria séptima en la Ley 19/2017.
Se añade una nueva disposición transitoria séptima en la Ley 19/2017, que queda 
redactada como sigue:
«Disposición transitoria séptima.  Régimen transitorio para las solicitudes de la 
renta valenciana de inclusión pendientes de resolución.
Las solicitudes de renta valenciana de inclusión pendientes de resolver que se 
hayan  formulado  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto 
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, 
continuarán con su tramitación, estableciéndose para estos casos el siguiente 
régimen:
Aquellas personas solicitantes o que formen parte de la unidad de convivencia 
que alguna de ellas reúna los requisitos para el acceso al ingreso mínimo vital, 
deberán adjuntar a su expediente de renta valenciana de inclusión, el justificante 
de la solicitud del ingreso mínimo vital.
Esta  aportación  deberá  realizarse  con  anterioridad  a  la  resolución  del 
expediente,  si  esta  aportación  no  se  hubiese  realizado,  el  órgano  instructor 
correspondiente procederá a su requerimiento y si en el plazo de 10 días este no 
si hubiese atendido se entenderá, por desistida la solicitud y se procederá al 
archivo del expediente.»
Artículo 74.  Adición de la nueva disposición transitoria octava en la Ley 19/2017.
Se añade una nueva disposición transitoria octava en la Ley 19/2017, que queda 
redactada como sigue:
«Disposición transitoria octava.  Compensación de créditos.
Mediante convenio, podrá establecerse que los pagos que puedan realizarse 
en concepto de renta valenciana de inclusión, que la persona titular o las personas 
que conforman la unidad de convivencia con posterioridad se le reconozca el 
derecho  al  ingreso  mínimo  vital  dentro  del  plazo  transitorio  de  retroactividad 
contenido en las disposiciones transitorias primera, y tercera del Real Decreto 
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, se 
entenderán como pagos a cuenta realizado por la Generalitat en concepto de 
anticipo del ingreso mínimo vital a esa unidad de convivencia y por consiguiente, 
la Administración General de Estado podrá proceder a su compensación.»
Artículo 75.  Modificación de la disposición final segunda de la Ley 19/2017.
Se modifica la disposición final segunda de la Ley 19/2017, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el “Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana”. Sin embargo, las previsiones relativas a la 
modalidad de renta complementaria de ingresos por prestaciones tendrán efectos 
a partir del año de la entrada en vigor de la ley, y las relativas a la modalidad de 
renta complementaria de ingresos del trabajo, a los tres años de la entrada en 
vigor de la ley.
Hasta que no se haya implementado la modalidad de renta complementaria de 
ingresos del trabajo de la renta valenciana de inclusión no se aplicarán, con 
carácter  retroactivo  al  momento  de  entrada  en  vigor  de  la  norma,  los 
artículos 11.2.1.º f y 35 de la presente ley.
Las prestaciones que podrán ser complementadas mediante la modalidad de 
renta complementaria de ingresos por prestaciones recogidas en el artículo 9.2.c, 
prestaciones de Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, y 
las recogidas en el artículo 9.2.d, prestaciones por Incapacidad Permanente del 
Sistema  Nacional  de  la  Seguridad  Social  recogidas  en  el  artículo  serán 
susceptibles de ser complementadas a partir del 30 de noviembre de 2020.
Asimismo, se establece el 30 de noviembre de 2020 como fecha de aplicación 
del nuevo complemento recogido en el artículo 17.2 de esta ley para unidades de 
convivencia conformadas por más de seis personas miembros, a las cuales, el 
importe reconocido de la prestación económica de renta valenciana de inclusión, 
se incrementará en 60 euros por cada persona miembro adicional.»
Disposición adicional única.  Desarrollo y aplicación.
Se habilita al Consell, para dictar las disposiciones necesarias y adoptar las medidas 
oportunas que permitan el correcto desarrollo y aplicación de este decreto ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se 
opongan a lo dispuesto en este decreto ley.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Este decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana».
València, 26 de junio de 2020.–El President de la Generalitat, Ximo Puig I Ferrer.–La 
Vicepresidenta y Consellera Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8846, de 30 de junio de 2020)