BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 73 Miércoles 18 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 26019
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
3848 Resolución  de  24  de  febrero  de  2020,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de Galicia en relación con la Ley 1/2019, de 22 de abril, de 
rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 24 de febrero de 2020.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 1/2019, de 22 de 
abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Galicia ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.  De  conformidad  con  las  negociaciones  previas  celebradas  por  el  Grupo  de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en los Acuerdos de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Galicia de fechas 12 de julio y 26 de julio de 2019, para el estudio y propuesta de 
solución  de  las  discrepancias  competenciales  manifestadas  en  relación  con  los 
artículos  13.4,  15.5.a),  26.3,  27.a),  36.4,  y  44.1  y.2  ambas  partes  las  consideran 
solventadas en razón a los siguientes compromisos:
1.1  En lo que se refiere a los artículos 26.3, 27.a) y 36.4 ambas partes coinciden en 
considerar  que  el  contenido  de  estos  preceptos  en  cuanto  a  las  obligaciones  que 
pudieran  conllevar  o  las  finalidades  de  las  acciones  a  realizar,  se  refieren  a  la 
administración autonómica, no implicando obligaciones para los funcionarios del Registro 
de la Propiedad, ni sobre el modo en que han de efectuarse o cancelarse los asientos en 
el Registro.
Todo ello se entenderá sin perjuicio de la competencia que corresponde en exclusiva 
al Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, conforme 
dispone el artículo 149.1.8.ª de la Constitución.
1.2  En lo concerniente a los artículos 13.4, 15.5.a) y 44.1 y.2, se acuerda lo 
siguiente:
a)  En relación con el artículo 13.4 de la ley 1/2019, ambas partes coinciden en  e.e
entender que las medidas que se adopten para mejorar la accesibilidad, habitabilidad o  b
eficiencia energética estarán en todo caso supeditadas al mantenimiento de los valores  48ww
(cbuiletunreasle dse r einctoenréosc idcuolstu eranl  lyo sc aintamlougeabdleoss )a  yl oesn q suue  áhmacbeit oa lyu seinótno renlo m pernocpiioon, agdaora anptiazratanddoo 
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apartado por el art. 15.dos de la Ley del Parlamento de Galicia 7/2019, de 23 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas (publicada en «Diario Oficial de Galicia» 
núm. 246, de 30/12/2019).
c)  Por lo que respecta al artículo 44.1, se entiende por ambas partes que dicho 
artículo no sería de aplicación a las actuaciones en edificios singulares declarados 
bienes de interés cultural ni a las realizadas en cualquier otro inmueble catalogado, 
cualquiera que sea su nivel de protección. Se entiende igualmente que tal precepto es 
respetuoso  con  la  consideración  del  entorno  de  protección  y  de  la  zona  de 
amortiguamiento  como  elementos  necesarios  para  garantizar  la  percepción  o 
comprensión cultural de los edificios protegidos y permitir su protección y que, por ello, el 
mismo únicamente está exceptuando de autorización previa del órgano autonómico 
competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  aquellas  actuaciones  realizadas  en 
edificios situados en el entorno de protección o zona de amortiguamiento que no se 
refieran a la envolvente exterior.
Las partes entienden que la referencia que se hace a «con independencia de lo 
dispuesto en este (plan especial de protección)» debe entenderse limitada a la posible 
previsión por tales instrumentos de la necesidad de autorización administrativa por la 
Administración autonómica en contra de lo dispuesto por este precepto, sin que pueda 
considerarse  que  ampara  la  posibilidad  de  realizar  actuaciones  en  contra  de  las 
determinaciones  contenidas  en  el  plan  especial,  cuyo  cumplimiento  íntegro  ha  de 
garantizar,  procediéndose  a  la  actualización  de  los  planes  que  no  respondan 
adecuadamente a las necesidades y realidades del ámbito que deben proteger.
d)  En  relación  con  el  artículo  44.2,  ambas  partes  coinciden  en  que  debe 
interpretarse  en  un  sentido  restrictivo  la  posibilidad  de  realizar  intervenciones  sin 
autorización  de  la  consejería  competente  en  materia  de  protección  del  patrimonio 
histórico, excluyéndose en todo caso las actuaciones en edificios singulares declarados 
de interés cultural o catalogados con nivel de protección integral, cabiendo respecto al 
resto de los edificios la licencia directa únicamente en aquellas actuaciones que, sin 
afectar a los elementos protegidos y valores culturales de los citados inmuebles, se 
produzcan en el interior o, de ser en el exterior, se limiten a intervenciones de carácter 
mínimo en las carpinterías exteriores, acabados de fachada o cambios de cubierta. La 
Xunta  de  Galicia  se  compromete  a  desarrollar  reglamentariamente  el  precepto  en 
atención a tal interpretación restrictiva, estableciendo en esa futura disposición general 
que sólo cumplen las exigencias antes indicadas, aquellas intervenciones descritas y 
relacionadas  con  carácter  tasado  en  el  apartado  cuarto,  VI,  b)  de  la  instrucción 
interpretativa conjunta de Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y de la 
Consellería de Cultura y Turismo para la aplicación de las secciones 1.ª, Normas de 
aplicación directa, y 2.ª, Licencias directas, del capítulo V do título I da Ley 1/2019, 
de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia, 
publicada mediante resolución de 2 de agosto de 2019 («Diario Oficial de Galicia» 
núm. 153, martes, 13 de agosto de 2019).
2.  En razón al Acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las  discrepancias  manifestadas  en  relación  con  la  Ley  1/2019,  de  22  de  abril,  de 
rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia.
3.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia».