BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 256 Martes 26 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 130245
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
17451 Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre intercambio recíproco 
de información.
En fecha 13 de octubre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, sobre intercambio recíproco de información y, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, 
que figura como Anexo de esta Resolución.
Madrid, 14 de octubre de 2021.–La Secretaria General Técnica, P.S. (Resolución 
de 12 mayo de 202), la Subdirectora General de Coordinación Jurídica, Reyes Zatarain 
del Valle.
ANEXO
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre intercambio recíproco de información
En Madrid, a 13 de octubre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por su 
titular,  don  Andrés  Harto  Martínez,  Director  General  de  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social, nombrado mediante Real Decreto 132/2020, de 21 de enero, (BOE 
de  22  de  enero),  actuando  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  48.2  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículos 1 y 3 
del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Y,  de  otra  parte,  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria, 
representada por el Vicepresidente, don Pablo Zuloaga Martínez, nombrado mediante 
Decreto 8/2019, de 8 de julio, (BOC Extraordinario de 8 de julio), actuando en virtud del 
artículo 18.1 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico 
del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y de los artículos 1 y 2 del Decreto 9/2019, de 11 de julio, por el 
que se delegan en la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria diversas atribuciones.
Las  partes  se  reconocen  con  capacidad  suficiente  para  suscribir  el  presente 
Convenio y a tal efecto e.
EXPONEN 451ww
Primero.
1)  La  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  es  un  Servicio  Común  de  la
Seguridad Social con personalidad  jurídica propia  en el que, por aplicación de los
principios  de  solidaridad  financiera  y  caja  única,  se  unifican  todos  los  recursos 
financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, teniendo 
a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de 
los servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema de la 
Seguridad Social.
El Real Decreto 1314/84, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS), 
atribuye en su artículo 1.a) las competencias en materia de inscripción de empresas y la 
afiliación, altas y bajas de los trabajadores, materia regulada posteriormente por el 
artículo 3 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas y 
bajas de los trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, 
de 26 de enero. A tales efectos, en virtud de lo establecido en el artículo 52 del citado 
Reglamento, corresponde a la TGSS el mantenimiento de un registro de trabajadores 
con la correspondiente identificación por cada Régimen del Sistema de la Seguridad 
Social, así como los beneficiarios y demás personas sujetas a la obligación de cotizar. 
Asimismo el citado Real Decreto 1314/1984 en su artículo 1.b) atribuye a la TGSS las 
competencias en materia de gestión y control de la cotización y de la recaudación de las 
cuotas y demás recursos de financiación del sistema de la Seguridad Social. Materias 
reguladas posteriormente en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1415/2004,  de  11  de  junio  y  en  el  Real 
Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.
2)  El marco competencial de las Instituciones que integran la Comunidad Autónoma 
de Cantabria viene establecido en su Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley 
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre.
La Administración de la Comunidad de Cantabria, a través de sus Consejerías y 
Organismos dependientes, tiene atribuidas competencias relacionadas con las materias 
objeto de este Convenio y, entre ellas las siguientes:
– La ejecución de la legislación laboral, la política de seguridad y salud laboral y las 
competencias en materia de economía social.
– El fomento de la inserción profesional, la orientación laboral e intermediación en el 
mercado  de  trabajo,  la  gestión  de  las  políticas  activas  de  empleo,  la  formación 
profesional ocupacional y continua y el fomento del empleo.
– El fomento empresarial y el apoyo a la creación de empresas.
– La gestión de las prestaciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión y reguladas por el Real 
Decreto  383/1984,  de  1  de  febrero;  y  pensiones  asistenciales  reguladas  por  la 
Ley 45/1960, de 21 de julio.
– El  reconocimiento  de  la  situación  de  dependencia  y  de  la  gestión  de  las 
prestaciones y servicios que se establecen en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia;
– El reconocimiento de la renta garantizada de ciudadanía.
– La contratación y concesión de subvenciones en el ámbito de sus competencias.
– La administración y gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, 
transferida a la Comunidad Autónoma de Cantabria por Real Decreto 2030/1982, de 24 
de Julio, de Traspaso de Funciones y Servicios de la administración del Estado a la  e.
Comunidad autónoma de Cantabria, en materia de Sanidad. w.b
SAedgmEuinnnid soetr.la cmioanrecos  Pdúeb lcicoalasb, olorasc iróenp remsuetnutaa nqteuse  ddee baem bparess ipdairr telass  croenlasicdioenraens  qeunetr es elraías   OE-A-2021-17able en https://
muy beneficioso para el cumplimiento de sus fines el disponer de mecanismos estables
de intercambio de información y de colaboración que incluso permitieran a los usuarios 
de cada lado, acceder de forma transparente, sencilla e inmediata a la información 
afectada por el presente convenio, que esté alojada en el sistema de información de 
cada una de las partes.
Se trata de una cesión de información y de una colaboración cuyo amparo se 
encuentra en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que establece en su artículo 3.1k) que los principios que deben presidir las relaciones 
entre las Administraciones Públicas son los de cooperación, colaboración y coordinación. 
No  debe  obviarse  además  que,  conforme  al  artículo  3  de  la  citada  Ley,  las 
Administraciones  Públicas  sirven  con  objetividad  los  intereses  generales  y  deberán 
respetar en su actuación y relaciones los principios de servicio efectivo, simplicidad, 
claridad  y  proximidad  a  los  ciudadanos  y  de  racionalización  y  agilidad  en  los 
procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión. Además las 
Administraciones Públicas se relacionarán entre sí a través de medios electrónicos que 
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por 
cada  una  de  ellas,  garantizarán  la  protección  de  los  datos  de  carácter  personal  y 
facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
Asimismo,  y  de  acuerdo  con  la  letra  c)  del  número  1  del  artículo  141  de  la 
Ley 40/2015, en aplicación del deber de colaboración de las Administraciones Públicas 
se desprende la obligación de «facilitar a las otras Administraciones la información que 
precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias».
No obstante, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de 
este Convenio deberá respetar el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos que prescribe el artículo 18 de la Constitución Española, en los términos 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía  de  los  derechos  digitales  que  adapta  el  ordenamiento  jurídico  español  al 
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  el  Consejo,  de  27  de  abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Por otra parte, el artículo 40.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
establece  que  los  funcionarios  públicos,  incluidos  los  profesionales  oficiales,  están 
obligados a colaborar con la Administración de la Seguridad Social suministrando toda 
clase de información de que dispongan, siempre que sea necesaria para el cumplimiento 
de las funciones de la Administración de la Seguridad Social, especialmente respecto de 
la liquidación, control de la cotización y la recaudación de recursos de la Seguridad 
Social y demás conceptos de recaudación conjunta.
A  este  respecto,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  77.1  del 
mencionado  Texto  Refundido,  los  datos,  informes  o  antecedentes  obtenidos  por  la 
Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter 
reservado y solo podrán utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades 
gestoras, servicios comunes y órganos que integran la Administración de la Seguridad 
Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión o 
comunicación tenga por objeto, entre otros:
d)  La colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha 
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de 
fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, para la obtención o percepción de 
prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social  e.
y,  en  general,  para  el  ejercicio  de  las  funciones  encomendadas  legal  o  w.b
reglamentariamente a las mismas para las que los datos obtenidos por la Administración  451ww
de laR eSsepgeucrtidoa adl  Scooncsiael nrteimsuieltnetno  reenle vlaa ncteessió.n de datos el artículo 40.6 señala: «La cesión
dSee gauqruidealldo sS odcaitaols c odnef ocramráec ate lro  pdeisrspouneaslt oq ueen  esest ed eabrtaíc eufloe cotu, aern  ag elan eAradlm, einni scturamcpiólinm dieen tloa 
del deber de colaborar con la Administración de la Seguridad Social para el desempeño
de cualquiera de sus funciones, especialmente respecto de la efectiva liquidación, control 
de la cotización, recaudación de los recursos de la Seguridad Social y de los conceptos 
de  recaudación  conjunta  con  las  cuotas  de  la  Seguridad  Social,  no  requerirá  el 
consentimiento del afectado.»
Tercero.
Razones  de  eficacia  en  la  gestión  de  las  competencias  atribuidas  a  los  entes 
signatarios justifican el establecimiento de un sistema de intercambio de información que 
permita una agilización en la disposición de la información y una disminución de los 
costes.
Dicho sistema se regula a través del presente Convenio, dado que el intercambio se 
producirá sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados por los 
mismos y habrá de verificarse de una forma periódica y, en algunos casos, incluso 
continuada en el tiempo, siendo preciso establecer en determinados supuestos que el 
acceso a la información se produzca a través de las conexiones directas a las bases de 
datos correspondientes. Con este objetivo, se aprovechan, en la medida en que lo 
permite  la  normativa  vigente  y  de  acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  por  el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero, las posibilidades que en este campo ofrecen las más modernas tecnologías.
Conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, los responsables y encargados, 
teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento 
(UE)  2016/679,  determinarán  las  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  que 
deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado 
reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación 
sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de 
impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del 
Capítulo IV del citado reglamento. Para la adopción de las medidas a que se refiere el 
apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en 
particular, los mayores riesgos que puedan producirse en los supuestos que relaciona el 
apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley Orgánica.
A este respecto, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, vigente en tanto no contradiga, se oponga, 
o resulte incompatible con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la actual 
Ley Orgánica, contiene las normas básicas de seguridad que han de cumplir todos los 
ficheros que contengan datos de carácter personal, a fin de garantizar la integridad y 
confidencialidad de la información, preservando el derecho al honor y a la intimidad de 
los ciudadanos, y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, determina los principios y requisitos de la política de 
seguridad en la utilización de medios electrónicos que permita la adecuada protección de 
la información. Además, se determinan las dimensiones de seguridad y sus niveles, la 
categoría de los sistemas, las medidas de seguridad adecuadas y la auditoría periódica 
de la seguridad.
La Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema informático 
de la Seguridad Social, junto con las Circulares núm. 2-030, de 12 de junio de 1996, 
y 2-027 de 27 de septiembre de 1999 regulan el control y seguimiento de accesos a los 
ficheros automatizados de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En  consecuencia,  siendo  jurídicamente  procedente  la  regulación  de  un  sistema  e.
estable de intercambio de información que, en su caso, incluso permita el acceso directo  w.b
a las bases de datos de la otra parte a través de las pertinentes conexiones informáticas  451ww
yg,a rpaenrtsicuea deidna tso ddoe  claas oim spuo rsteacnrceiato  dye e ul ndae reccohrroe cat ala u itniltiizmaicdiaódn  ddee  lodsic hcaiu dinafdoarmnoasc,i óanm qbuaes 
partes acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración que se regirá por las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en cuanto a las condiciones y procedimientos por los que se 
debe regir el intercambio recíproco de información y el recíproco acceso a las bases de 
datos, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiere la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
El artículo 3.3 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del 
Gobierno,  de  la  Administración  y  del  Sector  Público  Institucional  de  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria establece que:
«3.  Cada una de las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la 
Administración  General  tendrá  personalidad  jurídica  propia  y  consideración  de 
Administración pública. Dichas entidades se adscriben, directamente a la Consejería 
competente por razón de la materia o al órgano de la Consejería que en cada caso se 
determine.»
A  los  efectos  del  presente  Convenio,  en  el  concepto  de  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de Cantabria se entienden incluidas las entidades de Derecho 
Público vinculadas o dependientes de la misma.
La TGSS facilitará a la Comunidad de Autónoma de Cantabria el acceso a los datos 
provenientes  del  Fichero  General  de  Afiliación  (que  forman  parte  de  más  de  un 
tratamiento que está debidamente registrado y publicado en la web de Seguridad Social) 
conforme lo estipulado en la cláusula siguiente.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria facilitará a la TGSS 
información en aquellas materias que para el ejercicio de sus competencias ésta precise 
y en particular la que sea determinante para autorizar la inscripción de empresas y la 
inclusión de trabajadores en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, 
para el ejercicio de sus competencias en el proceso recaudatorio gestionado por la 
TGSS y en materia de lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social.
Segunda.  Información objeto de intercambio.
2.1  Acceso a los datos de la TGSS.
La cesión de la información contenida en los ficheros y bases de datos en materia de 
inscripción de empresas, afiliación, cotización y recaudación competencia de la TGSS 
tiene como finalidad exclusiva el desarrollo de las concretas funciones atribuidas por el 
ordenamiento jurídico a la Comunidad Autónoma de Cantabria, que justifican su cesión 
sobre las competencias señaladas en el último párrafo del exponen primero.
La  TGSS  dará  acceso  a  las  transacciones,  servicios  web  o  ficheros  de  datos 
necesarios para el ejercicio de las competencias enumeradas en el párrafo anterior. 
Dichas transacciones, servicios web o ficheros de datos se concretarán por la Comisión  e.e
de Control y Seguimiento a la que se refiere la cláusula decimotercera, siendo ésta la  w.b
competente para asignar, modificar o suprimir con posterioridad cualquiera de ellas. 451ww
funcEionn alom ieqnuteo  yre dsepmecátsa  cao nldai cfioonrmesa  dye  accacraecstoe raí sltoicsa Fsi cdhee rolas  mauetnocriiozancaidóons, , asesi gdneabceiróánn, 
aejlu Rsetaarl  aD leoc rqeuteo  s3e/2 e0s1t0a,b dleec e8  edne  eeln Eersoq uye emna l aN Oacridoenna lM dien iSsteegriuarli ddaed 1 (7E dNeS )e,n reergou dlaed o1 9p9o6r 
(BOE de 25 de enero de 1996).
2.2  Acceso a los datos de la Comunidad Autónoma.
La Administración de la Comunidad Autónoma facilitará a la TGSS información en 
aquellas materias que para el ejercicio de sus competencias esta precise y en particular 
la que sea determinante para autorizar la inscripción de empresas, la inclusión de 
trabajadores en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, el proceso 
recaudatorio  gestionado  por  la  TGSS  y  en  materia  de  lucha  contra  el  fraude  a  la 
Seguridad Social. La información que facilite la Comunidad Autónoma a la TGSS se 
acordará en el seno de la Comisión de Control y Seguimiento tal y como se recoge en la 
cláusula  decimotercera,  siendo  ésta  la  competente  para  proponer  la  asignación, 
modificación o supresión con posterioridad de cualquier información.
Tercera.  Servicios de intercambio.
La información objeto de este Convenio se facilitará mediante una doble fórmula: 
acceso directo a las bases de datos o intercambio recíproco de información.
1.  Debido a la frecuencia e intensidad con la que son necesarios los intercambios 
de información para el cumplimiento de las finalidades indicadas en este convenio, se 
permitirá -con sujeción a las reglas que se detallan en el mismo- el acceso recíproco 
tanto a las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social como a las de 
la Administración de la Comunidad Autónoma. En ningún caso podrá autorizarse el 
acceso a la información afectada para finalidades distintas de las citadas.
La cesión de información procedente de las bases de datos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene como finalidad exclusiva el desarrollo de las 
concretas funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico a la TGSS, que justifican su 
cesión.
En el supuesto de que una ley especial exigiese expresamente el consentimiento del 
interesado para acceder a los datos personales obrantes en los ficheros de la TGSS, la 
Comunidad Autónoma deberá recabar dicha autorización haciendo uso de los anexos II 
y/o III del convenio.
2.  Intercambio de archivos, cuya estructura y formato se determinará entre las 
partes implicadas, en los que aparezca el NIF de las personas o empresas de las que se 
solicita información que la Comunidad Autónoma deberá remitir cumplimentados con los 
datos solicitados, en el plazo de diez días desde la recepción del fichero.
3.  Creación de un acceso directo a las bases de datos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma por el que los funcionarios de la TGSS que se determinen, podrán 
tener acceso telemático para la consulta on line de los expedientes que se considere 
necesario.
4.  Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener 
acceso con la finalidad indicada en el presente Convenio y a no utilizarlos para fines 
distintos de los previstos en este Convenio y a no difundirlos ni cederlos a terceros, en 
cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su normativa de desarrollo así 
como  en  la  normativa  específica  aplicable  a  los  datos,  informes  o  antecedentes  s
obtenidos por Ia Administración de la Seguridad Social, (artículo 40 del Real Decreto  oe.
LGeegniselraatli vdoe  8la/2 S0e1g5u, rdidea 3d0 S doec iaolc)t.ubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  2021-17451n https://www.
El artículo 122 de la citada Ley 5/2018, de 22 de noviembre, establece que:
«Tutela de las sociedades mercantiles autonómicas.
1.  El Decreto del Consejo de Gobierno que cree la sociedad mercantil pública 
atribuirá su tutela a la Consejería que tenga atribuidas las materias que guarden relación 
con el objeto social de la sociedad.
2.  La Consejería que ejerza las funciones de tutela llevará a cabo el control de 
eficacia de la actividad desarrollada por la sociedad de acuerdo con el plan de actuación 
e  impartirá  las  instrucciones  oportunas  acerca  de  sus  líneas  de  actuación  y  su 
plasmación presupuestaria.»
La prohibición de ceder a terceros los datos personales a los que se tenga acceso en 
el marco del presente convenio no alcanza a la cesión que se pueda realizar a las 
entidades de derecho privado dependientes cuando ejerzan potestades públicas, dado 
que, a estos efectos, dichas entidades no tienen la condición de terceros siempre y 
cuando lo autorice la Comisión de Control y Seguimiento a la que se refiere la cláusula 
decimotercera, mediante un documento en el que se deben especificar: cuáles son 
dichas entidades, sus competencias, las potestades públicas que ejercen, que los datos 
que se les proporcionan se ajustan a las finalidades previstas en este convenio y los 
tipos de expedientes para los que les resultan precisos los datos de la Seguridad Social.
Con carácter previo a la interconexión informática es imprescindible la adopción de 
las siguientes medidas:
1.  Los  responsables  técnicos  de  ambas  administraciones  habilitarán  los 
mecanismos  telemáticos  necesarios  para  que  los  accesos  y  autorizaciones 
correspondientes a los usuarios de ambas administraciones se adecúen integrándose en 
los sistemas de administración y confidencialidad de cada una de ellas.
2.  Los  órganos  competentes  de  ambas  administraciones  autorizarán  la 
interconexión informática.
3.  Autorizada  la  conexión  se  procederá  por  los  órganos  técnicos  al  enlace 
telemático de los sistemas informáticos que, en el caso de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, se realizará a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y, en 
el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma, se realizará a la Dirección 
General de Organización y Tecnología.
4.  El responsable de la información o responsable del tratamiento, en su caso, de 
cada  Organismo,  asumirán  directamente,  respecto  de  sus  usuarios,  el  alta,  la 
autorización de accesos y su permanente actualización y adecuación, con independencia 
de la supervisión que pueda efectuarse por el organismo responsable del fichero objeto 
de cesión.
La Administración cesionaria será responsable de la utilización que sus usuarios 
realicen de los ficheros, en especial, de la proporcionalidad, adecuación y pertinencia de 
los datos a los que accedan.
El intercambio de datos se realizará con mecanismos que garanticen la seguridad de 
las  transmisiones,  en  particular  cuidado  de  la  confidencialidad  e  integridad  de  la 
información y evitando cualquier riesgo para el resto de sistemas de información de cada 
organización.  Estos  mecanismos  serán  técnicamente  definidos  y  acordados  por  los 
órganos directivos u organismos con competencias en materia informática de cada 
Organismo y serán ratificadas por ambas partes en el seno de la Comisión de Control y  e.e
Seguimiento. b
Cuarta.  Control de accesos.
4.1  Control por parte de la TGSS.
Para el acceso a las bases de datos de la TGSS, esta y la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria deberán ajustarse a lo estipulado en los siguientes 
puntos:
1.º  La TGSS realizará la autorización inicial de acceso a las transacciones del 
Fichero General de Afiliación y demás información a que se refiere el presente Convenio.
2.º  Además  del  cumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  del  Anexo  II  del 
Esquema  Nacional  de  Seguridad,  la  configuración  del  acceso  objeto  del  presente 
convenio habrá de cumplir los siguientes principios establecidos en el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
– Confidencialidad, de manera que se asegure que la información está disponible 
solamente para aquellos usuarios que estén debidamente autorizados para acceder a la 
misma y que se utiliza exclusivamente por aquéllos para sus cometidos concretos de 
gestión en la forma, tiempo y condiciones determinados en la autorización respectiva.
– Integridad, garantizando que únicamente los usuarios autorizados, y en la forma y 
con los límites de la autorización, pueden crear, utilizar, modificar o suprimir información.
–  Disponibilidad,  de  forma  que  los  usuarios  autorizados  tengan  acceso  a  la 
información en la forma y cuando lo requieran para los exclusivos cometidos de la 
gestión encomendada.
– Trazabilidad, de forma que las actuaciones realizadas por los usuarios autorizados 
pueden ser imputadas exclusivamente a la entidad a la que están adscritos.
– Autenticidad, garantizando que los usuarios autorizados son quienes dice ser, al 
tiempo que se garantiza la fuente de la que proceden los datos.
3.º  La  Administración  del  sistema  se  basará  en  la  asignación  de  perfiles  de 
autorización a los distintos usuarios de acuerdo con las funciones desempeñadas por los 
mismos. En este sentido, la TGSS asignará un perfil de usuario autorizador con nivel 4 
en cada una de las consejerías y organismos que la integran, a las que se ceden 
transacciones, y este a su vez dará de alta tantos códigos de usuario como sean 
necesarios para la realización de las funciones de gestión encomendadas.
Un vez que el presente Convenio sea eficaz la Administración de la Comunidad 
comunicará a la TGSS el nombre completo, DNI, dirección de correo electrónico y 
teléfono de las personas que asuman el perfil de usuario autorizador. Igual obligación 
existirá cuando se produzca un cambio en dichas personas.
A los efectos del presente punto se denomina «usuario» a las personas autorizadas 
para acceder al sistema informático pero sin facultad para dar de alta en SILCON a otros 
usuarios ni transferir autorización alguna. Estos serán identificados con el nivel U.
El usuario autorizador dado de alta realizará la asignación de perfiles, entendiéndose 
como tal la anotación en SILCON de las transacciones a las que puede acceder un 
determinado autorizado (usuario) por razón de su puesto de trabajo.
4.º  El usuario administrador/autorizador y, subsidiariamente, la Administración de la 
Comunidad Autónoma es responsable de la asignación de perfiles de autorización a los 
usuarios,  que  deben  corresponderse  con  las  necesidades  de  gestión  y  vigilará  la 
correcta utilización de las autorizaciones concedidas.
5.º  Todos  los  usuarios  autorizados  a  acceder  al  sistema  deberán  quedar  e.e
identificados  y  autentificados,  de  forma  que  en  todo  momento  pueda  conocerse  el  b
usuario y los motivos por los que se accedió a la correspondiente información contenida  451ww
etond oesl  silsotse mcaa.m Ppaorsa  eelxloig, iedno se l tamleosm ecnotom od,e  caaurtaocritzearrís ati cuans  udseula ripou, esseto c udmep litmraebnatjaor áne 
infor6m.ºa ciCóna dcao mupsuleamrieon tteanriad,r án úumne úron idceo  teclóédfoignoo ,d eet ca.cceso y será responsable de los
accesos que se realicen con su código y contraseña personal.
7.º  Cuando algún usuario, ya sea autorizador o autorizado, pase a desempeñar un 
nuevo puesto de trabajo en distinta unidad de gestión o cause baja en el trabajo de 
forma voluntaria, o sea objeto de suspensión de empleo, se procederá a la baja del 
código de usuario. Por otra parte se establecerán controles en cuanto al tiempo de 
inactividad  de  los  usuarios  que  pasarán  a  la  situación  de  cancelados  una  vez 
transcurridos  seis  meses  sin  acceder  al  Fichero  General  de  Afiliación.  También  se 
dispondrá de la posibilidad de establecer fechas de caducidad de acceso al sistema por 
parte de usuarios y limitaciones en el horario de conexión.
4.2  Control por parte de la Comunidad Autónoma.
El acceso a las bases de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma se 
realizará en similares términos a los establecidos anteriormente, de acuerdo con el 
protocolo que se determine de común acuerdo por las partes.
El control de accesos previsto en el marco del presente convenio no alcanza a la 
cesión que se pueda realizar a las entidades de derecho privado dependientes cuando 
ejerzan potestades públicas, que corresponderá a la Consejería que ejerza las funciones 
de tutela de la entidad, conforme al artículo 122 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, 
de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Quinta.  Responsabilidad por accesos.
Todos los usuarios identificados, así como sus responsables en la Administración de 
la Comunidad Autónoma y en la TGSS, deben tener el conocimiento de que la copia de 
programas y/o uso de datos de carácter personal en tareas impropias son operaciones 
ilegales que pueden dar lugar a responsabilidades administrativas y, en concreto, las 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  así  como  a  responsabilidades  de 
cualquier otra naturaleza, incluso penales, razón por la cual cuando, por cualquier medio, 
se tengan indicios de la utilización de datos, antecedentes, registros o informes con 
finalidad  distinta  a  la  propia  gestión  asignada  al  usuario,  o  su  difusión  indebida, 
infringiendo  así  el  deber  de  secreto  profesional,  se  pondrán  dichos  hechos  en 
conocimiento del interlocutor de la TGSS o de la Administración de la Comunidad 
Autónoma definidos a estos efectos, al objeto de procurar la adopción de las medidas 
pertinentes entre ambas partes.
En el caso de los accesos al Registro General de Afiliación, y a fin de dar a conocer 
estas  responsabilidades,  en  todas  las  altas  de  usuarios  realizadas  se  deberá 
cumplimentar un documento donde se especificarán los compromisos adoptados por el 
usuario, en los términos que se indican en esta cláusula y en el anexo I que se adjunta a 
este Convenio. Dicho documento quedará en poder del autorizador de nivel 4, si bien 
podrá ser remitido a la TGSS.
Se procederá en similares términos a los establecidos anteriormente, en el caso de 
los accesos a las bases de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
La  documentación  en  poder  de  cada  administración  relativa  a  los  controles  de 
acceso al sistema informático de la otra, deberán conservarse por un periodo de tiempo 
no inferior a cuatro años. El ente solicitante conservará a disposición del cedente las 
autorizaciones expresas emitidas por los propietarios de los datos personales cedidos 
con el fin de que se pueda en todo momento demostrar que se consintió la cesión. s
Sexta.  Protección de datos. w.
lo  dEils pcounetsrtool  ye sne geulr idRade gdlaem loesn tdoa toGse dnee rcaal rádcete r Ppreortseocncaiól ns umdein isDtraatdooss  s(Re ergelgaimráe pnotor 
PUeEr s2o0n1a6le/6s7 y9 )g, alara nLteíay  dOer gloásn icdae re3c/2h0o1s8 d, igdieta l5e sd, ey  deilc Eiesmqbureem, ad eN aPcriootneaclc idóen  Sdeeg uDraidtaods 
(ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
Las autoridades, funcionarios y todo el personal que tenga relación directa o indirecta 
con  la  prestación  de  los  servicios  previstos  en  este  Convenio,  guardarán  secreto 
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan 
acceso o de los que tengan conocimiento durante la misma. Estarán obligados a no 
hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan, incluso después de finalizar el plazo 
de vigencia de este Convenio.
Asimismo, las autoridades, funcionarios y todo el personal que tenga relación directa 
o indirecta con la prestación de los servicios previstos en este Convenio, previamente a 
la  autorización  de  acceso,  deberán  manifestar  por  escrito  que  conocen  y  se 
comprometen a cumplir sus obligaciones con la confidencialidad de los datos personales 
a los que tuvieran acceso con motivo de la aplicación de este Convenio.
La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, 
administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio 
de las competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos.
La Administración de la Comunidad Autónoma y la TGSS deberán garantizar:
– Que tiene implantados los procedimientos que permitan gestionar el ciclo de vida 
de sus usuarios o componentes autorizados a acceder a los servicios de cesiones de 
datos del órgano cedente (altas, bajas o modificaciones de autorizaciones).
–  Que  podrá  facilitar  una  lista  actualizada  de  las  personas  o  componentes 
autorizados para realizar peticiones de datos en caso de ser solicitada por el órgano 
cedente.
– Que comunicará cualquier variación relacionada con las personas autorizadas.
Las partes deben garantizar que informarán adecuadamente a todas las personas 
para las que solicita la autorización de acceso al menos de:
1)  Las responsabilidades que asumen.
2)  La finalidad concreta de la autorización.
3)  Que  el  órgano  cedente  almacena  rastros  de  cada  una  de  las  peticiones 
realizadas.
4)  Que en cualquier momento se podrá solicitar la justificación de peticiones de 
datos realizadas, de acuerdo a los requisitos legales y a la finalidad para la que se 
autorizó la cesión de datos.
5)  Las  medidas  de  seguridad  que  deberá  tener  en  cuenta  para  garantizar  la 
seguridad de la información.
Dichos empleados, previamente a la autorización de acceso, deberán manifestar por 
escrito  que  conocen  y  se  comprometen  a  cumplir  sus  obligaciones  con  la 
confidencialidad de los datos personales a los que tuvieran acceso con motivo de la 
aplicación de este Convenio.
Séptima.  Límites de la cesión.
La información cedida por ambas partes en aplicación de lo prevenido en el presente 
Convenio solo podrá tener por destinatarios a los órganos de la Tesorería General de la 
Seguridad  Social  y  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  que  tengan 
atribuidas las funciones que justifican la cesión, recogidas, por aplicación de la normativa 
vigente,  en  el  propio  Convenio,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  ser  destinatarios 
organismos, órganos o entes que realicen funciones distintas. e.e
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la TGSS aceptan y  b
asumen por el presente documento que la cesión de datos se produce a los fines  451ww
heaxcglau sdiveo dsi cqhuoes  sdea teossp ceocnifsictiatuni reán u ne sintec uCmopnlvimenieion,t op odre ll op rqeusee ncteu aClqouniever noitor oq uues ofa qcuuelt asráe 
a cuEall qouriegraan disem loa s cpeasritoensa priaor as eexráig irr elassp orensspaobnles afbreilindtaed easl  ocpeodretunntea sc.on  motivo  de  las
reclamaciones que éste reciba del propietario de los datos personales. El Organismo
cedente podrá repetir contra el Organismo cesionario por cualquier indemnización que 
deba satisfacer derivada de dicho incumplimiento.
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos 
que los derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En 
consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de derechos en favor de los 
interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción 
de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que 
se obtuvo aquélla. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que 
pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior 
modificación de los datos suministrados.
Octava.  Auditorías.
8.1  Por parte de la TGSS.
A través de los sistemas y medios informáticos de auditoría que facilite la TGSS, 
como órgano cedente, la Administración de la Comunidad Autónoma, deberá realizar las 
actividades de control que garanticen la debida custodia y adecuada utilización de los 
datos recibidos y cualquier otra actividad encaminada a garantizar la correcta forma y 
justificación del acceso a los ficheros o bases en que aquellos figuren incluidos.
Para llevar a efecto lo señalado en el párrafo anterior, la TGSS se compromete a 
proporcionar la asistencia necesaria (tanto teórica como técnica) a los responsables que 
se designen por el órgano cesionario.
La Administración de la Comunidad Autónoma se compromete a que cada acceso 
quede justificado con la causa o expediente que lo hubiera motivado.
Las partes implicadas en el proceso de auditoría son las siguientes:
1.  Auditor Delegado de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Sus funciones y competencias son:
– Será el interlocutor único con la TGSS en el ámbito de sus competencias en temas 
relacionados con auditorias y resolución de incidencias.
–  Podrá  efectuar  la  auditoría  trimestral  a  los  usuarios  autorizados  de  cualquier 
consejería dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma, únicamente en 
el caso de ausencia o enfermedad del auditor de la Consejería correspondiente. Por ello 
tendrá acceso mediante consultas a las transacciones de los Ficheros de la TGSS 
recogidas en el presente Convenio.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en los informes de auditoría 
elaborados en cada Consejería por sus auditores para el posterior envío del Resumen 
Trimestral Unificado del total de usuarios auditados.
– Tendrá como mínimo un nivel 26 de complemento de destino, salvo petición 
justificada de la Administración de la Comunidad Autónoma que solicitará la excepción 
de nivel y que deberá ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías.
– Se les asignará en SILCON un perfil de usuario auditor, dándoseles de alta a estos 
efectos  por  la  TGSS  en  el  Departamento  correspondiente.  Las  altas,  bajas  o 
sustituciones que se produzcan en las personas designadas como Auditor delegado de 
la Administración de la Comunidad Autónoma deberán ser comunicados a la mayor 
brevedad  posible  al  Auditor  Delegado  Provincial  de  la  TGSS  quien  lo  pondrá  en 
conocimiento de la Unidad Nacional de Auditorías. e.e
La Unidad Nacional de Auditorías, previa solicitud del Organismo externo, podrá  b
autorizar al auditor delegado de la Comunidad Autónoma como auditor suplente en  451ww
aaulgduitnoar. de las Consejerías en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del
de q–u eE l apmebrfoil sd ues uusauriaorsio t eanugdaitno re nno  ScIoLmCpOoNrt au ne ln civaergl o4 .d Eel luos eusa rdioe baiddmo ian isqturaed loar ,t aar epae sdaer 
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En ningún caso podrán coincidir en la misma persona los cargos de Administrador 
SILCON y Auditor Delegado.
2.  Auditores.
Habrá uno por cada una de las Consejerías u organismos que tengan autorizadas 
consultas a los Ficheros de la TGSS.
Sus funciones y competencias son:
– Efectuar la auditoria trimestral a los usuarios autorizados en su Organismo.
– Elaborar el informe de auditoría correspondiente a su Consejería sobre la auditoría 
practicada para el posterior envío al Auditor Delegado de la Comunidad Autónoma.
– Tendrán como mínimo un nivel 26 de complemento de destino, salvo petición 
justificada de la Comunidad Autónoma que solicitará la excepción de nivel y que deberá 
ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías.
– Se les asignará en SILCON un perfil de usuario auditor, dándoseles de alta a estos 
efectos  por  la  TGSS  en  el  Departamento  correspondiente.  Las  altas,  bajas  o 
sustituciones que se produzcan en las personas designadas como Auditor deberán ser 
comunicados  a  la  mayor  brevedad  posible  al  Auditor  Delegado  de  la  Comunidad 
Autónoma quien lo pondrá en conocimiento del Auditor Delegado Provincial de la TGSS.
– El perfil de usuario auditor no comporta el cargo de usuario administrador, a pesar 
de que ambos usuarios tengan en SILCON un nivel 4. Ello es debido a que la tarea de 
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En ningún caso podrán coincidir en la misma persona los cargos de Administrador 
SILCON y Auditor Delegado.
3.  Auditor Delegado Provincial de la TGSS.
Tendrá las siguientes funciones:
– Realizar las auditorias de los accesos del Auditor Delegado del Organismo externo.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en el informe trimestral de 
auditoría elaborado por el Auditor Delegado del Organismo externo.
– Asignación/desasignación de un Departamento al Auditor Delegado del Organismo 
externo.
– Información y resolución de dudas e incidencias al Auditor Delegado del Organismo 
externo.
– Comunicar el resultado de las auditorías e incidencias a la Unidad Nacional de 
Auditorías.
4.  Unidad Nacional de Auditorías:
Serán funciones de la Unidad Nacional de Auditorías las siguientes:
– Velar por la adecuada transmisión de instrucciones, y contribuir a la aclaración de 
dudas sobre accesos indebidos, con el fin de que las auditorias se lleven a efecto por las 
unidades competentes, con unos criterios unificados.
–  Formular  propuestas  y  recomendaciones  en  materias  relacionadas  con  la 
adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por 
la TGSS, en particular de: s
• Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de los  w.
mismos  pudiera  concurrir  alguna  situación  de  riesgo  en  la  protección  de  datos  451ww
pers•o Cnaolnetsr.ol específico de las autorizaciones de los usuarios, pudiendo comportar su
suspensión o retirada definitiva cuando se advierta un uso inadecuado de las mismas.
– Administrar las transacciones SILCON específicamente referidas al sistema de 
auditorías así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores, 
activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin la 
Unidad Nacional de Auditorias elaborará las solicitudes y propuestas necesarias a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
–  Realizar  auditorías  específicas  de  accesos  indebidos  al  Sistema  de 
Confidencialidad cuando se produzcan denuncias por los titulares de los datos a los que 
se  ha  accedido,  cualquiera  que  sea  su  lugar  de  presentación  y  tramitar  de  forma 
centralizada todas las denuncias y comunicaciones que tengan entrada sobre cualquier 
forma de vulneración de protección de datos o accesos indebidos a los ficheros a cargo 
de la TGSS.
– Coordinar y preparar la información que requiera la Dirección General para su 
relación institucional centralizada con la Agencia Española de Protección de Datos. A 
este fin, deberá ser remitido a la Unidad Nacional de Auditorias cualquier escrito o 
solicitud que se reciba de dicha Agencia.
El procedimiento concreto de auditoría se pondrá en conocimiento del Organismo 
externo por parte de la Dirección Provincial de la TGSS antes del inicio de la auditoría 
trimestral que proceda, la cual explicará dicho proceso y solicitará los datos personales 
del auditor delegado.
– Asignación/desasignación de un Departamento al Auditor Delegado del Organismo 
externo.
Una vez que el presente convenio sea eficaz las partes se comunicarán los datos de 
las personas que realizarán las funciones de auditoría. Igual obligación existirá cuando 
se produzca un cambio en dichas personas.
8.2  Por parte de la Comunidad Autónoma.
En términos recíprocos, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá realizar 
auditorías de los accesos a sus bases de datos, a través de los sistemas y medios 
informáticos que determine y apruebe la Comisión de Seguimiento.
Novena.  Facultades de las partes.
1.  Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes, se reservan, con respecto a los datos 
de su competencia, la facultad de:
A)  Controlar, supervisar y/o auditar los accesos o la utilización que se dé a los 
datos  recibidos,  para  lo  cual  podrán  llevarse  a  efecto  cualesquiera  otros  controles 
accesorios o complementarios por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS y 
análoga de la Comunidad Autónoma.
B)  Solicitar,  en  cualquier  momento,  las  aclaraciones  o  la  información 
complementaria que se estime precisa o conveniente por una de las partes sobre la 
corrección de los accesos, la custodia o la utilización de la información cedida.
C)  Suspender las autorizaciones y desactivar los perfiles de aquellos usuarios que 
hubieren realizado accesos de riesgo, entendiendo por tales todos aquellos en los que 
no  quede  acreditada  su  correspondencia  con  los  fines  para  los  que  hubieran  sido 
utilizados.
2.  Ambas  partes  aceptan  someterse  a  todas  las  actuaciones  de  control  y  es
supervisión que puedan acordarse por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS y  o
dqaueuntilneáizu lSoraneigc csaicóiua onl dtmo aed no ce  loda cmel oa Cnu aisnopneimlfcioccauruacmneciióinadónccan,iida. ós  neAd  ceude teódltaneidsoc atmaa ysca et,u d acaeucl  ialooalnqbse ujecsieto ornd  tdedipi ecoc io ovdnneeetr risiofri rcl neaoogr r umallaaua rdtiadiivtdaoaedrsíc a ruoe a loadc caopi nooovnrbe actndeacanui occsnioaóan nld e leasy     OE-A-2021-17451able en https://www.
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia
gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo 
esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades con traslado, si 
procede, a la autoridad judicial correspondiente.
3.   Ambas partes designarán una persona como interlocutor único en las relaciones 
y comunicaciones.
Décima.  Facultad de revisión de accesos.
Ambas partes se reservan la facultad de revisar en cualquier momento posterior a 
que el presente convenio sea eficaz, las formas de acceso a los datos protegidos ya sea 
a través de acceso directo a ficheros, soporte físico o conexión telemática o electrónica, 
y la limitación de las mismas por razones técnicas, por modificación de los contenidos de 
los ficheros a raíz de mejoras introducidas en los mismos, por falta de uso de las 
transacciones o por otras razones que pudieran suponer alteración de las condiciones 
pactadas en este Convenio.
Undécima.  Incumplimientos.
En lo referente al suministro de información regulado en este convenio, el ente titular 
de los datos podrá acordar la suspensión unilateral o la limitación de los accesos cuando 
advierta  incumplimientos  de  la  obligación  de  sigilo  por  parte  de  las  autoridades, 
funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades en los 
accesos o en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que 
deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este convenio.
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  anteriormente,  cualquier  violación  de  seguridad 
relacionado con los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas titulares de los mismos, deberá ser notificada a la 
autoridad de control competente en materia de protección de datos en el plazo de 72 
horas desde que se tuvo constancia de la misma.
El organismo cesionario será responsable frente al cedente de cualquier tratamiento 
indebido o no autorizado que haga su personal con los datos cedidos. El organismo 
cedente podrá repetir contra el organismo cesionario cualquier indemnización que deba 
satisfacer como consecuencia de dicho incumplimiento.
Duodécima.  Régimen jurídico.
El presente convenio tiene carácter interadministrativo, y se rige por lo dispuesto en 
los artículos 47 a 53 del Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimotercera.  Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión de Control y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados 
por la Administración de la Comunidad Autónoma y otros tres nombrados por el Director 
General de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sus acuerdos requerirán el voto 
favorable de todos los representantes.
Será  competencia  de  la  Comisión  de  Control  y  Seguimiento  establecer  los  es
procedimientos  más  eficaces  que  posibiliten  el  intercambio  de  información  y  la  bo
colaboración entre las partes prevista en este Convenio. A tal fin, promoverá la supresión  451ww
mdreeola dlotLiifvsaico siams c ppiaaóe rndtlea ioms   eseajunecptcooruresdcs tiaióéórncánn n ddi ceeeo lns la  cqseo ulnt restae einmnnsiodpa oicdd caedion en llas eu csC o ionon mmvseeeisnrdviióioiacn tio (ocd sioen wm teSeorebc g apoumubiemjbediitoeeo nn yd t oceso  ecalrae lgbslauoió nrnaao)css iiy óg,d nnee.antca eilólsenes,    OE-A-2021-17able en https://
caso, no se requerirá una modificación del convenio sino el simple acuerdo entre partes,
siempre que no afecte al contenido mínimo y esencial del convenio, el cual no puede ser 
objeto de modificación en la Comisión de seguimiento.
Además a la Comisión de Control y Seguimiento se le encomiendan las siguientes 
funciones:
a)  Dejar reflejadas sus decisiones en el correspondiente documento que ha de 
mantener perfectamente actualizado.
b)  Coordinar las actuaciones necesarias para la correcta ejecución del presente 
Convenio, estableciendo, en particular, los procedimientos de cesión de información más 
eficaces así como las medidas que garanticen la protección de los datos suministrados.
c)  Adoptar las medidas de control pertinentes para asegurar la debida custodia y 
correcta utilización de la información recibida.
d)  Autorizar  las  entidades  de  derecho  privado  dependientes  cuando  ejerzan 
potestades públicas y cumplimentar el documento que se apruebe en los términos 
establecidos en la cláusula tercera del convenio.
e)  Resolver las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
ejecución del presente Convenio.
En calidad de asesores podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios que se 
considere necesario, con derecho a voz.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, para examinar los 
resultados e incidencias de la colaboración realizada.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de esta Comisión. Subsidiariamente, ambas 
partes para las cuestiones derivadas del cumplimiento o interpretación del presente 
Convenio serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La Comisión de Control y Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y 
régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por 
lo dispuesto en la Sección Tercera del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarta.  Duración, modificación, suspensión y resolución.
1.  De conformidad con lo establecido en el apartado 1.º del artículo 49.h) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente Convenio tendrá una vigencia de 4 años, 
desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación.  Asimismo  será  publicado  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  48.8  de  la  misma  norma  legal.  Con 
anterioridad  a  la  finalización  del  plazo  de  duración  previsto  se  podrá  prorrogar  el 
convenio, por acuerdo unánime de las partes, por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales.
2.  El contenido del presente Convenio podrá ser actualizado o modificado de mutuo 
acuerdo en cualquier momento, a cuyo efecto las partes suscribirán la correspondiente 
Adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista 
en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3.  No obstante, por lo que se refiere al suministro de información regulado en este  s
Convenio, el ente titular del fichero podrá acordar la suspensión unilateral o la limitación  oe.
dppoera iin rrltroceeis pgd iuaeolc salc areyisds  araoedusge toclsaur siead nnaq dduloeoe ss ad,  daefuvcbinceecernitso aopn israne rcosioui dsmei rnop   leiremle l ssiretuéonmg tdoiimnesi  espdnteer or dsl aeod  neoca boilln indgftoearorlc mlie óanonct  eiidnó eccne u,c smodionepnf liiaadmrceiiuoene,nc riatadonlosiod  madcdoea n lpíl aoolossr     2021-17451n https://www.
previsto en este Convenio.
4.  El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Este convenio quedará resuelto en los siguientes supuestos:
– Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.
– Por acuerdo unánime de todos los firmantes.
– Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del convenio.
– Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de este 
convenio por una de las partes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a 
la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de quince días con 
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a la Comisión de Control y Seguimiento del convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las demás partes firmantes la concurrencia de la causa de 
la resolución y se entenderá resuelto el convenio. La TGSS podrá exigir a la Comunidad 
Autónoma  la  indemnización  por  daños  y  perjuicios  que  legalmente  le  corresponda, 
atendiendo, a estos efectos, a las consecuencias que dichos incumplimientos hayan 
causado  fijándose  como  criterio  para  determinar  la  posible  indemnización  el  daño 
económico causado una vez esté debidamente cuantificado. Asimismo la Administración 
de la Comunidad Autónoma también podrá exigir a la TGSS indemnización por daños y 
perjuicios en los mismos términos.
– Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse 
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una 
antelación mínima de tres meses, de tal forma que puedan finalizarse adecuadamente 
las actuaciones en curso en el momento de la citada notificación, y en los términos 
establecidos en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
La Comunidad Autónoma será responsable frente la TGSS de cualquier reclamación 
derivada del uso indebido que se haga por los usuarios de los datos cedidos. La TGSS 
podrá repetir contra la Comunidad Autónoma por cualquier indemnización que deba 
satisfacer derivado de dicho incumplimiento. Asimismo, la TGSS será responsable frente 
a la Comunidad Autónoma en los mismos términos.
Decimoquinta.  Régimen económico.
La firma del presente Convenio no conlleva contraprestación económica por ninguna 
de las partes.
En prueba de conformidad, las partes implicadas firman el presente convenio, en la 
fecha  indicada  al  comienzo,  tomándose  como  fecha  de  formalización  del  presente 
documento la fecha del último firmante.–Por la Tesorería General de la Seguridad Social, 
el  Director  General  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Andrés  Harto 
Martínez.–Por  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria,  el 
Vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga Martínez.
ANEXO I
Compromiso usuario SILCON
D.  ………………………………………………………………………………………………, 
con DNI ................................................ adscrito/a …………….............. por el presente 
documento.
COMUNICA
Que, de conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y de la Orden de 17 
de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema informático de la Seguridad 
social, en el caso de que las funciones que desarrolle o los trabajos que realice conlleven 
su alta como usuario del sistema informático, adquiere el compromiso de utilizar las 
transacciones con los fines exclusivos de gestión para los que sea autorizado y está 
obligado a guardar el secreto profesional sobre los datos de que tenga conocimiento, 
siendo responsable de todos los accesos que se realicen a los ficheros informáticos 
mediante su contraseña personal y el código de acceso facilitado.
Que el incumplimiento de las obligaciones indicadas, el acceso a la información por 
usuario no autorizado, la asignación de procesos o transacciones no necesarios para la 
función encomendada y la falta de custodia o secreto de la identificación personal de 
acceso, dará lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas, en concreto las 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  así  como  a  responsabilidades  de 
cualquier otra naturaleza incluso penales.
............................, a ........ de ....................... de......
ANEXO II
Consentimiento cesión de datos (persona física)
D.  ………………………………………………………………………………………………, 
con DNI/NIE/pasaporte n.º ...........................................................
Autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria para que, en mi nombre, acceda a 
los datos e información referida a mi persona y contenida en los ficheros de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, en virtud del Convenio y en relación con la finalidad que 
en el mismo está prevista.
El tratamiento de esta información, en tanto que contempla datos personales está 
sujeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En ................................, a …….. de …….......…. de ….....
ANEXO III
Consentimiento cesión de datos (persona jurídica)
D.  ………………………………………………………………………………………………, 
con DNI/NIE/pasaporte n.º......................................., en representación de ………………, 
con copia de poder o documento …………………………………..
Autoriza a la Comunidad de Autónoma de Cantabria para que, en mi nombre, acceda 
a los datos e información contenida en los ficheros de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en virtud del Convenio suscrito al efecto.
El tratamiento  de esta información, en  tanto  que  contempla datos de personas 
jurídicas, está sujeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.
En ................................, a …….. de …….......…. de ….....