BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Martes 5 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 121965
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
16214 Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las líneas de ayuda para el fortalecimiento de los 
sistemas  de  comunicación  y  servicios  telemáticos  en  asociaciones  y 
federaciones de exportadores y se procede a su convocatoria en el año 2021, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
La importancia del sector exterior para la economía y sociedad española se puede 
ilustrar por los altos niveles de integración existentes de España con el resto del mundo, 
en especial con la Unión Europea. No obstante, el impacto de la COVID-19 ha puesto en 
jaque las relaciones comerciales y económicas tal y como se conocían anteriormente. 
Consecuentemente, tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la 
pandemia internacional el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros de la Unión 
Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la 
salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento  histórico  de  un  esfuerzo  singular  y  de  un  planteamiento  innovador  que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance.
Como consecuencia de ese acuerdo, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado 
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 
Dicho mecanismo es el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de 
la UE y se enmarca dentro del Instrumento de Recuperación y Resiliencia que regula los 
fondos europeos «Next Generation EU».
Este Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España en torno 
a  140.000  millones  de  euros  en  forma  de  transferencias  y  préstamos  para  el 
periodo 2021-2026, se basa en tres pilares:
El primero consiste en la adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de 
los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.
El segundo consiste en la adopción de medidas para impulsar la inversión privada y 
apoyar a las empresas en dificultades.
Por último, el tercer pilar se centra en el refuerzo de los programas clave de la Unión 
Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más 
fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.
Con  base  en  lo  anterior,  el  Gobierno  de  España  ha  elaborado  el  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, «España puede», que incluye diez políticas 
tractoras o palancas que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con 
mayor capacidad de transformación del tejido económico y social.
De  las  diez  políticas  tractoras,  en  concreto,  en  la  quinta:  «Modernización  y  es
digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a  bo
una España Nación Emprendedora», en el componente 13, «Impulso a la pyme», se  214ww
rvitnaeutmclenoraegnñreaaoncb i oióluindpnaat ilmdicz.oao Lnc ajiuqó ncunote,o o  draddigueinim taapelcriznioóatynece  iccóltoanon  s y co eotsrnmao spsm etpeatointtleiiívbtriiiicdlaiaad sdad, de d  decien olet mentretonrj eaide closaio tsrnp aqartueolizegda iuadccseitó isvnptoa.a  crSaayen   a rlaealcbd aiounnrzdzdcuaaasrn  tr usialnaul     OE-A-2021-16able en https://
y de emprendimiento y la de transformación digital, así como la colaboración público-
privada, son el hilo conductor de este componente, que aprovecha las sinergias entre 
estas políticas.
En  línea  con  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  el  Plan 
de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, aprobado 
por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, presta especial 
atención  a  la  digitalización  al  establecer  sus  acciones,  que  siguen  unas  líneas 
orientativas que buscan conseguir que el sector exterior se configure como pilar de 
crecimiento y empleo y aumentar su resiliencia.
Concretamente, de los seis ejes que conforman dicho Plan de Acción, el eje 2 
«Incorporar  la  innovación,  la  tecnología,  la  marca  y  la  digitalización  a  la 
internacionalización» ilustra el vínculo entre digitalización e internacionalización de forma 
especialmente clara. Se defiende la necesidad de digitalizar la economía española para 
alcanzar una internacionalización exitosa, tanto para los nuevos negocios como para los 
tradicionales. Asimismo, se considera que la administración debe apoyar e impulsar la 
digitalización para agilizar los procedimientos vinculados al comercio exterior.
Concretamente, de los seis ejes que conforman dicho Plan de Acción, el eje 2 
«Incorporar  la  innovación,  la  tecnología,  la  marca  y  la  digitalización  a  la 
internacionalización» ilustra el vínculo entre digitalización e internacionalización de forma 
especialmente clara. Se defiende la necesidad de digitalizar la economía española para 
alcanzar una internacionalización exitosa, tanto para los nuevos negocios como para los 
tradicionales. Asimismo, se considera que la administración debe apoyar e impulsar la 
digitalización para agilizar los procedimientos vinculados al comercio exterior.
Las Asociaciones y Federaciones de Exportadores se configuran como elementos 
vertebradores de los distintos sectores económicos, contribuyendo de forma significativa 
a la apertura y consolidación de nuevos mercados exteriores, al tiempo que facilitan, de 
este modo, un mayor grado de internacionalización de nuestras empresas.
Por ello, desde la Administración General del Estado se estableció un régimen de 
colaboración con las Asociaciones y Federaciones de Exportadores para propiciar una 
adecuada  concentración  sectorial  que  contribuya  al  desarrollo  y  consolidación 
de Asociaciones o Federaciones de Exportadores fuertes, de manera que puedan ejercer 
eficazmente las funciones que les corresponden: interlocución ante la Administración 
General del Estado, capacidad de representación, defensa de los intereses comerciales 
sectoriales, canalización de información sobre normativa comercial entre sus asociados 
así como facilitar el acceso de sus miembros a los mercados exteriores.
Este régimen quedó establecido en la Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre, 
por  la  que  se  regula  el  régimen  de  colaboración  entre  la  Administración  General 
del Estado y las Asociaciones y Federaciones de Exportadores.
Las  Asociaciones  y  Federaciones  así  reconocidas  pueden  optar  al  régimen  de 
ayudas  que  regula  dicha  orden,  al  tiempo  que  quedan  obligadas  a  constituirse  en 
instrumentos de colaboración de la Secretaría de Estado de Comercio, con el fin de 
hacer más efectiva la política comercial exterior española, debiendo comprometerse a 
facilitar cuanta información sea necesaria para un mejor conocimiento de los distintos 
sectores exportadores, permitiendo así ejercer, en mayor medida, la defensa de los 
intereses españoles en los foros internacionales.
El conjunto de Asociaciones y Federaciones de Exportadores reconocidas como 
entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio en virtud de la Orden 
ITC/3690/2005,  de  22  de  noviembre,  son  elementos  de  cohesión  de  los  distintos 
sectores económicos a los que representan, actuando como motores de actividad de sus  s
empresas asociadas, fundamentalmente PYMES. oe.
Un reto fundamental es lograr la máxima eficacia de sus servicios telemáticos y de  w.
comunicación con sus empresas asociadas y otros agentes económicos, favoreciendo  214ww
asimPisomr eol lloa,  tlraasn lsínfoeramsa dceió na yduigdiatasl  qduee l osse  sreecgtuolraens  peonr  qeuseta d oersdaernro sllea nd isruig eanct iav ipdoatde.nciar la
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virtud de la Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre, de cara a proporcionar un 
servicio  eficaz  y  acorde  a  las  necesidades  actuales.  Esta  medida  responde  a  la 
necesidad de impulsar el crecimiento económico en una situación de crisis económica, 
apoyándose  en  la  digitalización  e  internacionalización  de  forma  conjunta  y 
complementaria.
Por otro lado, en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se establece que en el ámbito de la Administración General del Estado 
las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones se aprobarán por orden 
ministerial.
II
Además, en atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los 
fondos europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61.1 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  esta  orden  de  bases  incorpora  la 
convocatoria de las ayudas.
Esta orden se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos. En el primer 
capítulo se contiene una disposición de carácter general referente al objeto de las 
ayudas.  El  segundo  capítulo  contiene  las  disposiciones  de  carácter  general  que 
constituyen las bases reguladoras de las ayudas y que se refieren a aspectos como los 
objetivos  generales,  los  tipos  de  actuaciones  financiables,  los  beneficiarios,  las 
características de la financiación y sus límites. El tercer capítulo regula la convocatoria 
de ayudas para el año 2021.
Las  bases  reguladoras  de  las  ayudas  incorporan  las  previsiones,  garantías  y 
controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las de su 
reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, quedando sometidas todas las 
solicitudes  de  ayuda  al  procedimiento  ordinario  de  concesión  en  régimen  de 
concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha 
normativa.
El fundamento competencial de la orden se encuentra el artículo 149.1. 10.ª de 
la  Constitución,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  exclusiva  sobre  el  régimen 
aduanero y arancelario; comercio exterior, dado su papel estratégico para la economía 
española.
Concretamente, en lo referente al apoyo a las Asociaciones y Federaciones de 
exportadores, dicha competencia estatal queda reflejada en la Orden ITC/3690/2005, 
de 22 de noviembre.
Asimismo, dicha competencia estatal se ejerce sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el cual se otorga 
competencia exclusiva a la Unión Europea en materia de la política comercial común.
Desde el punto de vista de ayudas de Estado, teniendo en cuenta que se trata de 
una transferencia de fondos por parte del Estado a las Asociaciones y Federaciones de 
exportadores, como beneficiarias de las ayudas reguladas por esta orden, no constituiría 
ayuda de Estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado 
de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  (TFUE),  dado  que  las  Asociaciones  y 
Federaciones  de  exportadores  no  realizan  actividad  económica  en  un  mercado  en  s
competencia. e.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el  w.
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  214ww
dnee celassid aAdd my ienfiisctaracciaio, npeuse sPtoú bqluicea sla.  nEonr meas tree ssueltnat ideol ,i nsster umgaernatnot izmaáns  lionsd icpardinoc ippaiorsa  ldoes 
intereses que se persiguen, siendo el principal contribuir a la transformación digital para
la  modernización  de  las  Asociaciones  y  Federaciones  de  exportadores  reconocidas 
como colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo 
solo las condiciones que establece la normativa europea y la española.
Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la 
Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y 
de certidumbre, que  facilite su conocimiento y  comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las empresas.
Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la 
norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas 
llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia 
convocatoria.  En  cuanto  al  principio  de  transparencia,  esta  norma  establece  unos 
criterios  de  evaluación  de  las  solicitudes  que  son  objetivos,  públicos  y  conocidos 
previamente, y garantiza una amplia participación a sus potenciales destinatarios en su 
elaboración.
En  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación 
y Resiliencia (Plan de Recuperación), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de  Recuperación  y  Resiliencia,  y  su  normativa  de  desarrollo,  en  particular  la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar  un  perjuicio  significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución 
del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y 
resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en 
cumplimiento de la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do 
No  Significant  Harm»).  Ello  incluye  el  cumplimiento  de  las  condiciones  específicas 
previstas en la componente 13, así como en la inversión 5, en la que se enmarca, en lo 
referido al principio DNSH y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del 
documento del Componente del Plan.
En  la  elaboración  de  la  presente  orden  han  emitido  informe  sobre  la  misma 
el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Artículo 1.  Objeto de la norma y finalidad de las ayudas.
1.  Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la transformación digital para la 
modernización de las Asociaciones y Federaciones de exportadores reconocidas como 
colaboradoras  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Comercio,  así  como  la  convocatoria 
correspondiente a 2021.
2.  La finalidad de estas ayudas es financiar los proyectos de modernización y 
transformación digital de las Asociaciones y Federaciones de exportadores que permitan  e.e
el fortalecimiento de sus sistemas de comunicación y servicios telemáticos para mejorar  b
la competitividad de las empresas españolas en el exterior. 214ww
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misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y 
resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras
Artículo 2.  Beneficiarios.
Podrán  acogerse  a  las  ayudas  establecidas  en  esta  orden,  las  asociaciones 
y federaciones reconocidas como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado 
de Comercio en virtud de la Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre, por la que se 
regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las 
Asociaciones y Federaciones de Exportadores.
Artículo 3.  Requisitos de los beneficiarios.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)  La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad 
convocante y la entidad colaboradora, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes 
a  tal  condición,  derivada  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, y del reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.
b)  Las acciones que realicen los beneficiarios tendrán que cumplir con lo estipulado 
en estas bases reguladoras.
c)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra 
alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
d)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por 
reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
Artículo 4.  Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria las señaladas en 
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y en particular, 
las siguientes:
a)  En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la 
certeza de la no ejecución y, en todo caso, siempre con anterioridad al vencimiento del 
plazo de ejecución concedido para el proyecto, procediendo a la devolución voluntaria 
conforme  con  lo  establecido  en  el  artículo  90  del  Reglamento  de  la  Ley  General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los 
intereses de demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  Mantener la inversión durante un plazo de cinco años desde el cobro de la 
ayuda, sin que sufra una modificación sustancial que afecte a su naturaleza o a sus  es
condiciones de ejecución y aprobación. o
c)  Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco  214ww
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(UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE)
n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.
d)  Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en las convocatorias o 
las ordenes de concesión.
e)  En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de 
desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación 
del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en 
cumplimiento de la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do 
No  Significant  Harm»).  Ello  incluye  el  cumplimiento  de  las  condiciones  específicas 
previstas en la componente 13, así como en la inversión 5, en la que se enmarca, tanto 
en lo referido al principio DNSH, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 
del  documento  del  Componente  del  Plan.  Para  ello,  y  con  el  fin  de  mantener  la 
coherencia con el compromiso adquirido en el componente 13 y de satisfacer sus 
requerimientos,  los  solicitantes  de  las  ayudas  previstas  en  esta  orden  deberán 
acompañar su solicitud de ayuda de una declaración responsable de cumplimiento del 
principio de no causar un perjuicio significativo en el medioambiente.
Artículo 5.  Gastos subvencionables.
1.  Los potenciales beneficiarios tendrán que presentar una solicitud de ayuda en 
cada  una  de  las  convocatorias,  que  deberá  englobar  uno  o  varios  de  los  gastos 
indicados en el siguiente apartado.
2.  Los  gastos  van  dirigidos  a  la  transformación  digital  de  las  Asociaciones  y 
Federaciones  de  Exportadores  reconocidas  como  entidades  colaboradoras  de  la 
Secretaría de Estado de Comercio, y podrán ser los siguientes:
a)  Mejora en la conectividad de las redes (mejora, renovación y adaptación del 
equipamiento de acceso a internet).
b)  Adecuación de los servidores, para promover la transformación digital en el 
empleo y la productividad, a través del teletrabajo.
c)  Adaptación  de  los  espacios  físicos  y  oficinas  a  la  disrupción  tecnológica, 
incluyendo el equipamiento (insonorización, dotación de equipamiento audiovisual).
d)  Renovación de los equipos informáticos y de comunicación de acuerdo con las 
nuevas tecnologías, incidiendo en la productividad y competitividad.
e)  Adquisición de soluciones tecnológicas para los dispositivos electrónicos, en 
línea con la transformación digital.
f)  Virtualización  de  los  servidores  en  el  ámbito  de  la  inteligencia  artificial, 
estimulando la capacidad de investigación, desarrollo e innovación.
g)  Medidas  de  ciberseguridad  en  relación  con  las  nuevas  tecnologías  para 
garantizar la seguridad de la red y de la información.
h)  Estudios  personalizados  con  Big  Data  de  mercados  en  relación  con  las 
empresas  españolas,  permitiendo  potenciar  el  crecimiento  inteligente,  sostenible  e 
integrador. e
i)  Diseño de páginas web actuales, adaptadas a las nuevas tecnologías e intuitivas. bo
j)  Implantación de estrategias para la gestión de redes sociales para captación de  214ww
clien3t.e s.No  se  subvencionará  ningún  otro  gasto  distinto  de  los  mencionados  en  el
apartado  2.  En  ningún  caso  serán  gastos  subvencionables  los  previstos  en  los
apartados 7 y 8 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en ningún caso 
se podrán consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos.
4.  No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Se excluyen de la financiación 
en la medida en que resulten aplicables a los conceptos en que se realice el gasto al que 
se destinan las presentes ayudas:
a)  Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior).
b)  Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
(ETS)  con  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  proyectadas  que  no  sean 
sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación 
gratuita.
c)  Las  inversiones  en  instalaciones  de  vertederos  de  residuos,  en  plantas  de 
tratamiento biológico mecánico (MBT) e incineradoras para el tratamiento de residuos.
d)  Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede 
causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).
Asimismo,  se  exigirá  que  solo  puedan  seleccionarse  aquellas  actividades  que 
cumplan con la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.
5.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban las medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la financiación correspondiente a estas 
ayudas  estará  vinculada  al  cumplimiento  de  los  objetivos  previstos  en  el  Plan  de 
Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada al mismo.
Artículo 6.  Características y límites de las ayudas a conceder.
1.  Los proyectos de digitalización que se presenten para ser objeto de financiación 
deberán llevarse a cabo en el territorio nacional y enmarcarse dentro de las categorías 
contempladas en el artículo 5 de la presente orden.
2.  Las ayudas se imputarán a las aplicaciones presupuestarias correspondientes al 
programa 20.50.430A.470 «Fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios 
telemáticos  en  asociaciones  y  federaciones  de  exportadores.  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia» o su equivalente en los Presupuestos Generales del Estado 
para cada ejercicio de los Presupuestos del Estado procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia.
3.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
4.  El importe de la financiación a conceder según esta orden será de un máximo 
del  85  por  ciento  sobre  el  presupuesto  del  proyecto  que  haya  sido  considerado 
financiable.
5.  Las actuaciones asociadas al período establecido en una convocatoria que no 
hayan  sido  objeto  de  financiación  podrán  ser  susceptibles  de  financiación  en  s
convocatorias subsiguientes siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las  oe.
mismas. 214www.
Artículo 7.  Régimen de garantías.
No será preciso constituir ninguna garantía por los beneficiarios.
Artículo 8.  Procedimiento de concesión.
1.  El  procedimiento  de  concesión  se  tramitará,  de  conformidad  con  los 
artículos 22.1 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en régimen de concurrencia 
competitiva, y se iniciará de oficio mediante convocatoria pública.
2.  El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y a su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3.  La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 9.  Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión 
y órgano responsable del seguimiento.
1.  Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta 
orden, la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes sobre la materia.
2.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión 
será la Subdirección General de Estrategia de Internacionalización, perteneciente a la 
Secretaría de Estado de Comercio.
3.  La Subdirección General de Estrategia de Internacionalización será el órgano 
responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas.
4.  Con  carácter  general  y  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  para  la 
prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de 
selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su 
implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique 
la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el 
procedimiento.
Artículo 10.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
tramitación  electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las 
solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico del 
Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://sede.serviciosmin.gob.es/
registroelectronico).
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://
sede.serviciosmin.gob.es),  donde  podrá  consultar  los  documentos  presentados  y  el 
estado de tramitación del expediente.
3.  La  práctica  de  notificaciones  electrónicas  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  La publicación de las propuestas de resolución provisional o definitiva, así como 
de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus modificaciones y demás actos 
del  procedimiento,  tendrán  lugar  en  la  sede  electrónica  del  Ministerio  (https:// s
sede.serviciosmin.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según  oe.
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los  w.
pnrooticf5iec.d aicmEioinen neatsoq sure edllaeloc scio ocnnaacsduoarrsse  neccnoi nal  ocdsoi cmqhuope ep titrtuoivvcaiee.draim liuegnator  usen  rperaolcizeadriámni ebnatojo  dlae  mreoindtaelgidraod,  ldaes   2021-16214n https://ww
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Bc
6.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando 
proceda.
7.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
8.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En cumplimento 
del Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte 
del  ministerio  de  los  datos  incluidos  en  el  cuestionario  por  el  beneficiario.  En  los 
supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado 
manifestara la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano 
competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por 
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Artículo 11.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán 
ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos 
en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación 
de la misma ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación 
de  la  persona  jurídica  solicitante.  El  incumplimiento  de  esta  obligación,  de  no 
subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 12.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados 
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado». Para la convocatoria de 2021 se estará a lo que dispone el 
artículo 32 de la presente orden.
2.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
Artículo 13.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Subdirección General  s
de Estrategia de Internacionalización, órgano competente para ordenar e instruir el  oe.
procedimiento,  cuyos  formularios  de  solicitud  estarán  disponibles  para  su  w.
cumplimentación  y  presentación  en  el  portal  de  ayudas  del  Ministerio  de  Industria,  214ww
Com2e. rciCoa yd Tau sroislimciotu (dh tdtpesb:e//rwá wawco.mmipnacoñtaurrs.geo dbe.e las/ PsiogrutaielAntyeu ddoacsu).mentación:
a)  Formulario de solicitud de financiación y cuestionario electrónico: Fichero firmado
electrónicamente  cumplimentado  necesariamente  con  los  medios  electrónicos
disponibles en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
b)  Datos identificativos de la asociación o federación (nombre o razón social, NIF, 
domicilio, números de teléfono y fax, correo electrónico y página web, si ha lugar).
c)  Número de empresas asociadas a 31 de diciembre de los dos años anteriores 
para el que se solicita la ayuda, especificando al menos, razón social y número de 
identificación fiscal de las mismas.
d)  Descripción del producto, mercancía o servicio que se exporta, identificando en 
el  caso  de  los  productos  o  mercancías  las  partidas  o  posiciones  arancelarias 
correspondientes y que constituyen la actividad específica de la asociación o federación.
e)  Plan de digitalización a desarrollar para el que se solicita la ayuda, así como el 
presupuesto asociado al mismo. Incluirá un resumen o memoria descriptiva de los datos 
básicos del proyecto y deberá estar firmada digitalmente. La memoria deberá contener 
los apartados que se detallan en el anexo I.
f)  Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 e) de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre.  No  será  necesaria  la  presentación  de  dicha 
documentación  si  el  solicitante  no  se  opone  expresamente  a  que  sus  datos  sean 
recabados por la Secretaría de Estado de Comercio.
g)  Declaración  responsable  de  no  tener  deudas  por  reintegro  de  ayudas  o 
préstamos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente 
tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado común.
h)  Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a 
las  que  se  refiere  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
i)  Declaración responsable de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») en coherencia con 
el  compromiso  adquirido  en  el  componente  13  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y con el fin de satisfacer sus requerimientos.
j)  Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para 
garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el 
Tribunal  de  Cuentas  Europeo,  la  Fiscalía  Europea  y  las  autoridades  nacionales 
competentes ejerzan sus competencias.
3.  Los  interesados  presentarán  la  solicitud  de  financiación  y  el  resto  de  la 
documentación en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
con  firma  electrónica  de  la  persona  que  tenga  poder  de  representación  suficiente. 
Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de 
las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
4.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la  e.
representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para  w.b
aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la  214ww
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en el expediente.
Artículo 14.  Incompatibilidad de las ayudas.
La percepción de las subvenciones previstas en esta orden será compatible con la de 
cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras 
administraciones  públicas  u  otros  entes  públicos  o  privados,  nacionales  o 
internacionales, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste y siempre que la 
suma de todas las ayudas no supere el coste total de la actividad subvencionada. Por 
otro lado, las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con otras ayudas 
procedentes de fondos de la Unión Europeo de acuerdo con lo indicado en el artículo 9 
del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021.
Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o 
percibido por parte de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y 
objeto,  tanto  en  el  momento  de  la  presentación  de  la  solicitud  como  durante  la 
tramitación del procedimiento.
Artículo 15.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
La asignación de ayudas a las Asociaciones y Federaciones reconocidas tendrá en 
cuenta los siguientes criterios:
a)  Implantación y concentración sectorial; se calcula con la variación del número de 
asociados de la asociación respecto al año anterior, con una ponderación del 4 %.
b)  Capacidad e importancia del sector dentro de la exportación española; valorado 
como  la  media  de  las  exportaciones  del  sector  los  últimos  tres  años,  con  una 
ponderación del 8 %.
c)  Grado de representatividad de las asociaciones y federaciones en relación con la 
exportación del sector al que pertenecen; calculado como la media de los porcentajes 
que representan las exportaciones realizadas por los asociados sobre la exportación 
total de su sector en los últimos tres años, con una ponderación del 8 %.
d)  Tasa de crecimiento de sus exportaciones en términos absolutos en los últimos 
tres años, con una ponderación del 8 %.
e)  Índice de variación de las exportaciones de cada Asociación/Federación con 
respecto a la variación experimentada por las exportaciones de su correspondiente 
sector en los últimos tres años, con una ponderación del 8 %.
f)  Funcionamiento de las asociaciones y federaciones (0 a 10 puntos), con una 
ponderación del 9 %. Se valorarán las principales actividades y servicios que cada 
Asociación/Federación presta a sus asociados.
g)  Grado de colaboración con la Administración General del Estado en la actuación 
del sector en el exterior (0 a 10 puntos) con una ponderación de 9 %, así como en el 
suministro de información a la misma (0 a 10 puntos) con una ponderación del 9 %. Se 
valorarán las principales actividades desarrolladas por cada Asociación/Federación en 
relación con el comercio y la política exterior en el primer caso, y la distribución a la 
Administración de la información proporcionada a sus asociados.
h)  Calidad técnica de la propuesta o actuación presentada (0 a 5 puntos), con una 
ponderación del 8 %. Se valorará la adecuada descomposición de la propuesta en las 
distintas actuaciones a realizar, así como la coherencia con los objetivos finales.
i)  Adaptabilidad de la propuesta como solución al problema y/o necesidad que se 
busca resolver (0 a 5 puntos), con una ponderación del 8 %. Se valorará la contribución  s
efectiva de la propuesta a la mejora de la digitalización de la asociación. Se tendrá en  oe.
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de España y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (0 a 10 puntos), con una
ponderación del 8 %. Se valorará la concordancia de la propuesta con las políticas 
indicadas.
k)  Capacidad del proyecto para dinamizar, ampliar la capacidad de exportación de 
las empresas españolas (0 a 10 puntos), con una ponderación del 8 %. Se valorará el 
impacto de la propuesta presentada en el aumento de la capacidad de exportación de las 
empresas representadas por cada asociación. Se tendrá en cuenta, para la valoración, la 
adecuada justificación cuantitativa y cualitativa de dicho impacto.
l)  Integración en los proyectos de gastos subvencionables de varios conceptos de 
los establecidos en el artículo 5 (0 a 5 puntos), con una ponderación del 5 %. Se valorará 
la inclusión de mínimo de tres conceptos diferentes en la propuesta presentada.
Las puntuaciones alcanzadas por las solicitudes presentadas en cada criterio se 
normalizarán en el rango entre 0 y 1 punto. Es decir, a cada puntuación se le resta el 
valor mínimo de todo el rango de valores de ese criterio y se divide entre la diferencia del 
valor máximo menos el mínimo de dicho rango.
Posteriormente  se  multiplica  cada  valor  normalizado  por  su  correspondiente 
ponderación. Con ello se obtiene una colección de 13 valores (uno por criterio) para cada 
solicitud, y cuya suma determina su índice de reparto.
La cantidad asignada a cada solicitud se obtendrá dividiendo el resultado de la 
multiplicación  del  presupuesto  total  asignado  a  cada  convocatoria  por  el  índice  de 
reparto correspondiente a la solicitud, entre la suma de todos los índices de reparto.
De acuerdo con el apartado 4 del artículo 6 de esta orden, la cantidad a la que se 
refiere el párrafo anterior alcanzará un máximo del 85 por ciento sobre el presupuesto 
del proyecto que haya sido considerado financiable.
Artículo 16.  Instrucción del procedimiento.
1.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de 
ayudas  será  la  Subdirección  General  de  Estrategia  de  Internacionalización  de  la 
Secretaría de Estado de Comercio.
2.  El órgano colegiado encargado de emitir el informe sobre la evaluación de las 
solicitudes, así como la propuesta de reparto de los fondos será la Comisión Gestora 
de Ayudas a Asociaciones de Exportadores establecida en el apartado noveno de la 
Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre.
La  Comisión  Gestora  de  Ayudas  a  Asociaciones  de  Exportadores  elaborará  un 
informe que contendrá la puntuación obtenida por cada solicitud.
De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los miembros 
de  la  Comisión  Gestora  de  Ayudas  a  Asociaciones  de  Exportadores  reforzarán  su 
implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la 
situación respecto de la declaración original, pasando a cesar como vocal.
3.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión 
Gestora  de  Ayudas  a  Asociaciones  de  Exportadores,  formulará  la  propuesta  de 
resolución provisional, que se notificará a los interesados para que en el plazo de 10 días 
hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.
4.  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano 
de instrucción formulará la propuesta de concesión de la subvención, que será notificada 
a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 
diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta.  e
Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la  bo
concesión de la subvención, y su cuantía. El órgano instructor la elevará como propuesta  214ww
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Artículo 17.  Resolución.
1.  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será el titular de la 
Secretaría de Estado de Comercio; en un plazo de quince días hábiles desde la fecha de 
elevación de la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con el artículo 63 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
dictará la resolución definitiva de adjudicación de las subvenciones, resolviendo de este 
modo el procedimiento.
2.  La resolución correspondiente de asignación de ayudas incluirá los solicitantes a 
los que se concede la ayuda, así como hará constar de manera expresa aquellos cuyas 
solicitudes se hayan desestimado.
3.  Las  propuestas  de  resolución  provisional  y  definitiva  y  la  resolución  del 
procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en el portal de ayudas del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de 
tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el 
formulario de solicitud. Dichas resoluciones, de conformidad con el artículo 24.6 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no generan derecho alguno.
4.  La  ayuda  concedida  se  publicará  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 30 del Reglamento de 
subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, 20 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo,  que  regula  la  BDNS  y  la  publicidad  de  las  subvenciones  y  demás  ayudas 
públicas.
5.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 
seis meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.
6.  Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de 
la obligación legal de resolver.
Artículo 18.  Pago, plazos de ejecución y justificación de las ayudas.
1.  El pago de la subvención se realizará con carácter de anticipado por el 100 por 
ciento de la ayuda concedida, tramitándose de oficio por el órgano instructor, tras la 
notificación de la concesión de la subvención.
Conforme al artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los 
beneficiarios  deberán  acreditar  que  se  encuentran  al  corriente  del  pago  de  las 
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos 
anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de 
fondos  europeos  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado.  Corresponde  a  la 
Subdirección General de Estrategia de Internacionalización comprobar el cumplimiento 
de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse 
de otro modo, una declaración responsable del beneficiario.
2.  En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, 
de 12 de febrero de 2021,y el artículo 129 del Reglamento Financiero [Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018] la 
percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará condicionada a que  e
se  presente  compromiso  por  escrito  para  conceder  los  derechos  y  los  accesos  bo
necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la  214ww
cFeonisn cqt3aruo.le íla. f LuEaeu  racoocptnuecaaec dyiói dlnaa s.f inaauntocriiaddaad edse bnearcáio snearl eesj eccoumtapdeate anntetess e djeerlz 3a1n  dsues d cicoimempebtreen dceial sa dñeo   OE-A-2021-16able en https://
4.  La justificación de la realización de las actuaciones financiadas se realizará según 
lo establecido en el capítulo II del título II del Reglamento de subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y de acuerdo con el capítulo IV del título I de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y siguiendo las instrucciones y formularios indicados en 
la Guía de Justificación que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
Asimismo, la justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la 
Unión Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al Plan 
de Recuperación.
5.  La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se 
realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de 
gasto y justificantes de pago. Se deberá acompañar, en su caso, detalle de otras 
subvenciones percibidas que hayan financiado alguno de estos gastos, con indicación de 
su importe y su procedencia.
Cuando  la  subvención  obtenida  tenga  un  importe  menor  de  100.000  euros,  de 
acuerdo con el artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado 
por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  y  el  artículo  63.a)  del  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, sólo se exigirá una cuenta justificativa simplificada.
Las Asociaciones que estén exentas de IVA deberán presentar un certificado emitido 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria que así lo acredite.
6.  Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo 
de  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  en  la  justificación  de  las 
subvenciones.
La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa,  se  entenderá  que 
comprende tanto la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor a los beneficiarios.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales 
de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, u otros, por si les fueran 
requeridos posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al 
realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la 
Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
7.  Se establece un plazo de tres meses desde la finalización de las actuaciones 
subvencionadas,  de  acuerdo  con  el  cronograma  presentado  en  la  solicitud,  para 
presentar la justificación de los gastos realizados.
Artículo 19.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.  Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión son:
a)  Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y 
que no fuesen previsibles con anterioridad.
b)  Necesidad  de  ajustar  la  actividad  a  especificaciones  técnicas,  de  salud, 
medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad  aprobadas  con 
posterioridad a la adjudicación de la ayuda. e
c)  La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas  bo
categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no suponga  214ww
incre3m. eEntno  dnein lgaú cnu acnatsíao  inpiocdiarlám evnatreia crsoen ceeld iddeas yti neos téo d efinbaidliadmade ndtee  mlao tisvuabdvae.nción, los
objetivos  perseguidos  con  la  ayuda  concedida,  ni  alterar  la  actividad,  programa,
actuación  o  comportamiento  para  los  que  se  concedió,  ni  elevar  la  cuantía  de  la  Bc
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de 
ejecución de los proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos 
propuestos u ofertados por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento.
4.  Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para 
la presentación de solicitudes concluirá quince días hábiles antes de que finalice el plazo 
de  ejecución  de  los  gastos  inicialmente  previstos  y  deberá  ser  aceptada  de  forma 
expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado 
en  el  plazo  de  quince  días  hábiles.  El  sentido  del  silencio  administrativo  será 
desestimatorio.
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con 
funcionalidad  y  objetivo  equivalente  no  requerirá  la  solicitud  de  modificación  de  la 
resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:
a)  En  el  caso  de  gastos  relacionados  con  la  implementación  de  soluciones 
tecnológicas y sostenibles, las sustituidas deberán desempeñar la misma función dentro 
del proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.
b)  En  el  caso  de  colaboraciones  externas,  podrá  sustituirse  el  colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.
c)  En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado 
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse 
las  sustituciones  efectuadas  en  la  documentación  justificativa  que  se  exige  en  el 
artículo 18.
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
7.  Si como resultado de la modificación de concesión se tuviera un exceso de 
ayuda  concedida,  se  procederá  de  manera  inmediata  a  iniciar  el  procedimiento  de 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
Artículo 20.  Financiación y presupuesto.
La financiación y el pago de la ayuda se efectuará con cargo al presupuesto de 
gasto, establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, 
de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
que se fije en la convocatoria, no pudiendo superar el límite que en la misma se 
establezca y siempre supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes.
Artículo 21.  Publicidad.
Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en 
materia de publicidad e información:
a)  Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, y en 
defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por orden ministerial 
del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  en  las  medidas  de  información  y 
comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos,  e
placas,  publicaciones  impresas  y  electrónicas,  material  audiovisual,  páginas  web,  bo
anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes  214ww
logo1s.:º  El emblema de la Unión Europea,
2.º  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión
Europea-Next Generation EU»;
3.º  Se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se 
establecen  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (UE)  n.º  1303/2013  del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia  y  gestión  de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de 
información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las  características  técnicas  de  las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro 
y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: 
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del 
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
b)  Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este 
sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá  incluir  que  han  sido  financiadas  por  el  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo.
El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el 
artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija 
en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de 
reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  y  el  artículo  93  de  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)  Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, «España Puede».
d)  En  caso  de  cofinanciación  por  otra  administración,  tal  circunstancia  deberá 
reflejarse en la publicidad del proyecto.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y 
de acceso al público.
Artículo 22.  Control de la ayuda.
1.  El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y 
la doble financiación.
2.  Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas 
o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control 
competentes, podrán realizar todos aquellos controles e inspecciones que consideren 
convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los 
solicitantes  obligados  a  prestar  colaboración  y  proporcionar  cualquier  otra 
documentación  e  información  que  se  estime  necesaria  para  la  verificación  del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente decreto. Asimismo, los 
beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su 
caso, se efectúen por las autoridades nacionales competentes, así como por la Comisión 
Europea, la OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea. La oposición a 
la  realización  de  estas  comprobaciones  e  inspecciones  podrá  constituir  causa  de 
reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento 
sancionador.
3.  La  Administración  y  cuantos  órganos  se  contemplan  en  el  artículo  22  del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero  s
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tendrán  oe.
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entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los
Sistemas de los Fondos Europeos. Bc
Artículo 23.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al 
cobro de la ayuda o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la 
obligación  de  devolver  la  ayuda  percibida  más  los  intereses  de  demora 
correspondientes,  en  el  momento  de  detectarse  el  incumplimiento,  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  artículo  77  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria.
2.  Serán causa de reintegro, además de las previstas en el artículo 37.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las siguientes:
a)  Obtención  de  la  ayuda  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u 
ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b)  Incumplimiento total del objetivo, de la actividad, del proyecto que fundamentan 
la concesión de la ayuda.
c)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en 
los términos establecidos en el artículo 18 de esta orden.
d)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad contenidas 
en el artículo 21 de esta orden.
e)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones intermedias de 
comprobación que pueda realizar el centro gestor desde el momento de la resolución de 
concesión  de  la  financiación  hasta  que  se  produzca  el  cierre  administrativo  del 
expediente, a las actuaciones de comprobación definidas en esta orden, así como del 
control financiero previsto en el título VI de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, así 
como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos  percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las 
actividades financiadas, o la concurrencia de ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f)  La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la 
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
g)  En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la ayuda.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de 
no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos,  las  entidades  beneficiarias  deberán  reintegrar  los  fondos  recibidos.  El 
procedimiento de reintegro deberá ajustarse a lo contenido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
4.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
5.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado 
podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 
quince días hábiles desde dicha notificación. s
6.  Corresponderá  dictar  la  resolución  del  expediente  al  órgano  concedente,  oe.
drdeeeel inlba tipeeaangcrdurtoaoe,d r sdloaeo srs   enodgobeutl iigfniincadaicocdi ioadance eai ósle n isin.n tteceL uraaem rstpraíecldiusdoolao lesu ,nyc  l iauóe nnlc   aipmiulnapsdzaoioc rd taemer áláa  px qrirmoeucioinée tndde eigm erdaiseor n cljteauo  n metponee tsrarsee os loln adsas e  ispnodrtbeeelvri geliasast edafesasc   hedaanel     2021-16214n https://www.
demora.
7.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se 
entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el 
previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se 
aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado, modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria 
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 24.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta el siguiente criterio:
a)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b)  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada 
la que no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, 
la que no respete el desglose de partidas de la resolución de concesión, y la no 
facturada y/o pagada.
3.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
Artículo 25.  Protección de datos.
1.  Los datos de carácter personal que consten en la documentación aportada en la 
solicitud de ayuda serán tratados por la Secretaría de Estado de Comercio y será como 
responsables del tratamiento de los mismos.
2.  Dichos datos serán tratados con el único fin de proceder en la tramitación y  e
resolución de la convocatoria de ayudas referida en el capítulo II, finalidad basada en el  bo
interés público de la convocatoria y en su solicitud de participación en ella. La cesión de  214ww
icnofonrfomramciidóand a  cootrno sl assis tepmreavsis yio enle Ss iscteomntae ndied aFso nedno s laE unrooprmeoast ivsaó loe suero ppoedar á yr eanlaizcaior ndael 
aplic3a. bleE.l tratamiento de los datos de los participantes se regirá de acuerdo a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, Se establecen como responsables del tratamiento de 
datos a la Secretaría de Estado de Comercio.
4.  Los responsables del tratamiento conservarán los datos hasta como máximo un 
año después de la resolución de la convocatoria y se comprometen a que su utilización 
se realice únicamente por ellos y terceros a los que estén legal o contractualmente 
obligados a comunicarlos.
5.  Los interesados podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación 
vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar 
que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la 
portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a los responsables del 
tratamiento a través de los correos electrónicos: DPB@mincotur.es.
6.  Asimismo,  podrán  ponerse  en  contacto  con  los  respectivos  Delegados  de 
Protección de Datos en las direcciones DPB@MINCOTUR.ES, o, en su caso, presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad 
competente.
CAPÍTULO III
Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2021
Artículo 26.  Objeto de la convocatoria, condiciones y finalidad de la concesión.
1.  Se convocan ayudas para el año 2021, en los términos establecidos en las bases 
reguladoras incluidas en el capítulo II de esta orden, destinadas a la transformación 
digital  para  la  modernización  de  las  Asociaciones  y  Federaciones  de  exportadores 
reconocidas como colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.
2.  La  finalidad  de  estas  ayudas  es  financiar  la  transformación  digital  para  la 
modernización de las Asociaciones y Federaciones de exportadores reconocidas como 
colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.
3.  La  convocatoria  se  enmarca  en  la  inversión  5,  apoyo  al  comercio,  del 
componente 13, Impulso a la pyme, del Plan de Recuperación, y contribuirá a los 
objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo 
de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
4.  El pago de la ayuda tendrá el carácter de anticipado por importe del 100 por 
ciento de la ayuda concedida.
Artículo 27.  Financiación.
1.  El presupuesto asignado a la presente convocatoria asciende a 900.000 euros, 
con cargo a la partida presupuestaria 20.50.430A.470.
2.  Esta  convocatoria  está  financiada  por  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación  de  la  Unión  Europea  para  apoyar  la  recuperación  tras  la  crisis  de 
la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la  es
financiación correspondiente a estas ayudas estará vinculada al cumplimiento de los  o
voibnjceutilvaodsa  parl emviisstmoso .en el Plan de Recuperación, así como a la estimación de costes  2021-16214n https://www.
Artículo 28.  Procedimiento de concesión de las ayudas.
El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, 
entre las solicitudes presentadas por los potenciales beneficiarios establecidos en el 
artículo  2,  conforme  a  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  igualdad  y  no 
discriminación.
Los  criterios  para  la  evaluación  de  las  solicitudes  serán  los  señalados  en  el 
artículo 15 de la presente orden.
Artículo 29.  Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
En cuanto a los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos se 
estará a lo dispuesto en los artículos 3 y 13 de la presente orden.
Artículo 30.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones a que se 
refiere el artículo 4 de esta orden.
2.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además,  con  las  obligaciones, 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero.
b)  Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero. 
Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
c)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
d)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
e)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea.
f)  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g)  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
3.  Asimismo,  deben  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y  publicidad  bo
indicadas en el artículo 21 de la presente orden. 214ww
Artículo 31.  Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Por lo que se refiere a los órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 9 de la presente orden. Bc
Artículo 32.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles desde el día 
siguiente al de la publicación del extracto de esta orden en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Artículo 33.  Plazo de resolución y notificación.
Se estará a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la presente orden.
Artículo 34.  Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
Los documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición serán los 
establecidos en el artículo 13 de la presente orden.
Artículo 35.  Resolución de concesión.
Contra  la  resolución  de  concesión,  podrá  interponerse  con  carácter  potestativo 
recurso de reposición ante el propio órgano que la hubiese dictado, en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
computados ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación de la misma.
Artículo 36.  Criterios de valoración de las solicitudes.
En cuanto a los criterios de evaluación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en 
el artículo 15 de la presente orden.
Artículo 37.  Medios de notificación y publicación.
Por lo que se refiere a los medios de notificación y publicación de las resoluciones de 
concesión, se estará a lo establecido en los artículos 10 y 17 de la presente orden.
Artículo 38.  Período de realización de los proyectos y actuaciones subvencionables.
En los proyectos que se presenten a esta convocatoria podrán financiarse gastos 
devengados y pagados entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
Artículo 39.  Justificación de las ayudas.
Para justificar la realización del proyecto o inversión el beneficiario deberá presentar 
la documentación establecida en el artículo 18 de las bases reguladoras, antes del 
día 31 de marzo de 2022.
Artículo 40.  Recursos.
1.  Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser 
impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Contra  la 
resolución expresa, o en su caso, la desestimación presunta de la solicitud, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, ante 
el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso  s
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  computados  desde  el  día  e.
siguiente al de su notificación en el caso de que haya dictado un acto expreso, y en el  w.
segundo caso, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa  214ww
eessptimeceí foicpao, rtsuen op rdoedduuzccira. el acto presunto; sin perjuicio de cuantos otros recursos se
Indu2s.t riaL,a C ionmteerprcoisoi cyió Tnu driesm reoc, uar stroasv édse  dreepl oRseicgiiósntr od eEbleecrátr órenaicloiz adresle m aisnmteo e.l Ministerio de  BOE-A-cable e
Disposición adicional única.  Régimen jurídico aplicable.
En  todo  lo  no  previsto  en  esta  orden  será  de  aplicación  lo  establecido  en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de 
desarrollo  aprobado  por  el  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  así  como  en 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de 
las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  demás 
disposiciones que resulten de aplicación.
Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo,  de  14  de  diciembre  de  2020,  por  el  que  se  establece  un  Instrumento 
de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de 
la COVID-19, y el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y 
estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.
Disposición final primera.  Título competencial.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de régimen 
aduanero y arancelario; comercio exterior.
Disposición final segunda.  Salvaguarda del rango no reglamentario.
Las  disposiciones  incluidas  en  el  capítulo  III  de  la  presente  orden,  sobre  la 
convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2021, no tienen naturaleza reglamentaria 
sino de acto administrativo.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 24 de septiembre de 2021.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
María Reyes Maroto Illera.
ANEXO I
Contenido de la memoria descriptiva del Plan de Digitalización
A.  Identificación del proyecto.
1.  Nombre descriptivo del proyecto.
2.  Actuación/es financiable/s de las descritas en el artículo 5.
3.  Breve descripción/resumen del proyecto.
4.  Presupuesto de inversión total. Desglosado por cada una de las actuaciones a 
realizar. Importe de la inversión sin IVA.
5.  Fuentes  de  financiación.  Se  deberá  indicar  específicamente  si  existe  e.
cofinanciación y las cantidades y porcentajes aportadas por cada una de las partes, en  w.b
su caso. 214ww
B.  Justificación del proyecto.
1.  Justificación del proyecto/actuación: La justificación busca responder porqué es 
importante realizar el proyecto, qué problema o problemas busca resolver, qué se quiere 
realizar y cuáles son los beneficios que se buscan obtener con el proyecto.
2.  Objetivo/s general/es.
3.  Objetivo/s específico/s.
4.  Grado de alineación de la propuesta con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la UE y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. 
Se deberá indicar de manera motivada la concordancia de la propuesta con las políticas 
indicadas.
5.  Grado de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se deberá 
indicar  de  manera  motivada  las  metas  y  objetivos  de  los  ODS  que  contribuye  a 
conseguir.
6.  Capacidad del proyecto de dinamizar y ampliar la capacidad de exportación de 
sus empresas asociadas, y revitalizar la actividad exportadora en su sector económico.
C.  Descripción del proyecto.
1.  Descripción completa del proyecto/actuación financiable.
2.  Presupuesto total que se solicita para la actuación financiable (€).
3.  Desglose  presupuesto  por  partidas  de  gastos  indicando  las  fuentes  de 
financiación.