BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Martes 4 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 912
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
205 Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica  la  segunda  Adenda  al  Convenio  entre  la  Agencia  Estatal  de 
Administración  Tributaria  y  el  Instituto  de  Crédito  Oficial,  E.P.E.,  para  el 
intercambio de información en relación con la línea de avales creada por el 
Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes 
extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del 
COVID-19.
El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Presidente 
del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., han suscrito una Segunda Adenda al convenio 
para paliar los efectos económicos negativos derivados de la crisis sanitaria producida 
por el COVID-19.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la referida adenda como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 28 de diciembre de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEXO
Segunda Adenda al Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para el intercambio de información en 
relación con las líneas de avales creadas para paliar los efectos económicos 
negativos derivados de la crisis sanitaria producida por el COVID-19
28 de octubre de 2021.
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, «Agencia 
Tributaria»), con NIF Q2826000H y domicilio social en Infanta Mercedes 37, Madrid, 
España, representada por don Jesús Gascón Catalán, en calidad de Director General, 
cargo para el que fue designado por Real Decreto 619/2018, de 22 de junio, actuando 
por delegación de firma conferida por la Presidenta de la Agencia Tributaria mediante 
Resolución de fecha 26 de octubre de 2021, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 103.Tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991.
Y, de otra parte, el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial (en 
adelante, «ICO»), con NIF Q2876002C y domicilio social en el Paseo del Prado 4,  s
Madrid, España, representado por don José Carlos García de Quevedo Ruíz, en calidad  oe.
de Presidente, cargo para el que fue designado por Real Decreto 683/2018, de 22 de  w.
DLjueenycio re,6 ta/o1c 9t7u90a76n, /d1do9e 9d 9e1, 4 c dodene fo 3ra0mb dridiel,a  dad becr oilon, r gldaaesn  aaiztdaraicbpiuótcanic oiynó enfs u dnreeclci ooInngasidmtiatuiset noet nod  eedl  eCa rrltéaícd uiAtlood  m1O2ifn icidsieatrlla  Rcaie óalnal    2022-205n https://w
General del Estado y de aprobación de sus Estatutos (BOE n.º 114 de 13 de mayo
de 1999). Bc
Reconociéndose  ambas  partes  la  capacidad  legal  necesaria  para  formalizar  la 
segunda adenda al convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el 
Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para el intercambio de información en relación con las 
líneas de avales creadas para paliar los efectos económicos negativos derivados de la 
crisis sanitaria producida por COVID-19, suscrito el 29 de mayo de 2020, realizan la 
siguiente
Exposición de motivos
I
La  Agencia  Tributaria,  según  dispone  el  artículo  103,  apartado  Uno.2  de  la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, es la entidad de derecho público encargada, en 
nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y 
del  aduanero,  y  de  aquellos  recursos  de  otras  Administraciones  y  Entes  públicos 
nacionales  o  de  la  Unión  Europea  cuya  gestión  se  le  encomiende  por  Ley  o  por 
convenio.
El ICO es un organismo público configurado como entidad pública empresarial de las 
previstas en los artículos 84, 103 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP); tiene naturaleza jurídica de 
entidad de crédito. Adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, tiene 
como fines la concesión de préstamos para financiar operaciones de inversión y liquidez 
de las empresas, tanto dentro como fuera de España, y la gestión de los instrumentos de 
financiación oficial que el Estado español dota para fomentar la exportación y la ayuda al 
desarrollo,  pudiendo  bajo  esta  modalidad  también  financiar  a  los  afectados  por 
catástrofes naturales, desastres ecológicos y otros supuestos de interés general.
En  el  marco  de  colaboración  mutua  que  debe  presidir  las  relaciones  entre  las 
Administraciones públicas y conforme al principio establecido en el artículo 140.1.c) de la 
LRJSP, los representantes de ambas partes establecieron un sistema para el intercambio 
estable y periódico de información entre las mismas, mediante la firma, en fecha 29 de 
mayo de 2020, del convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el 
Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para el intercambio de información en relación con la 
línea de avales creada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
(BOE n.º 212 de 6 de agosto de 2020).
Posteriormente, el 11 de febrero de 2021 (BOE n.º 61 de 12 de marzo de 2021), 
ambas partes suscribieron una adenda al convenio citado para ampliar el intercambio de 
información a la derivada de la línea de avales creada por el Real Decreto-ley 25/2020, 
de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, y 
de cualquier otra que pudiera aprobarse en el mismo sentido.
Tanto el convenio como la adenda recogían la cesión de información de la Agencia 
Tributaria al ICO sobre solicitantes de financiación respecto de los que las entidades 
financieras hubieran informado al ICO en relación a posibles operaciones irregulares o 
presuntamente fraudulentas al objeto de que este pueda llevar a cabo el control de las 
operaciones de financiación que se hubieran beneficiado del aval del Estado.
Igualmente, permitía la cesión para la comprobación posterior que pudiera realizar el 
ICO de las solicitudes aceptadas y que, de detectarse algún incumplimiento en las 
condiciones  requeridas  o  alguna  inexactitud  o  falsedad  en  los  datos  comunicados,  e.e
podrían ser excluidas de la cartera avalada en caso de que se constatase incumplimiento  b
del contrato y de la finalidad prevista. 5ww
caráTcotedro  reelsloe ravla admo pdaer loo sd edla atortsíc cuolon  9tr5a.s1c.edn) ddeen lcai aL tGriTbu qtaureia e, slata pbolescibei,l idcoamd od ee sxuce cpecsióiónn  aol 
ccoomlabuonricaaccióiónn  coan  telarcse Arodsm  pinoisr trpaacrioten edse  plúab liAcdams ipnaisrtara claió nlu cthriab uctaorniatr ae enl  sduepliutoe sftisocsa ld ey 
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de 
fondos públicos o de la Unión Europea.
II
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba 
el  Código  de  Buenas  Prácticas  para  el  marco  de  renegociación  para  clientes  con 
financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19 (en adelante, ACM de 11 de mayo de 2021), incluye medidas orientadas al 
refuerzo de la solvencia, tales como una nueva ampliación de vencimientos de los avales 
públicos, el mantenimiento de los avales públicos en los casos en los que el préstamo 
subyacente se convierta en un préstamo participativo o la realización de transferencias 
para la reducción del principal pendiente de los préstamos avalados.
En el caso de las ampliaciones de vencimientos de los avales públicos, la extensión 
resultará preceptiva para aquellos deudores que la soliciten y que cumplan con los 
requisitos de elegibilidad, entre ellos, que su facturación en 2020 haya caído, al menos, 
un 30 % con respecto a la de 2019. Si se trata del mantenimiento del aval público en 
aquellos casos en que un préstamo ordinario se convierta en préstamo participativo, el 
deudor deberá cumplir con los mismos requisitos de elegibilidad que para la ampliación 
de  vencimiento  de  los  préstamos  avalados  y,  además,  su  cuenta  de  pérdidas  y 
ganancias  correspondiente  a  2020  presente  un  resultado  negativo  después  de 
impuestos. La realización de transferencias para la reducción del importe nominal de los 
préstamos con aval público, previo acuerdo con la entidad financiera concedente de la 
financiación,  está  supeditada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  de  elegibilidad 
establecidos en la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, y demás 
condiciones recogidas en el Anexo IV del ACM de 11 de mayo de 2021.
Ante esta circunstancia, los representantes de ambas partes consideran conveniente 
ampliar el intercambio de información recogido en el convenio mediante la presente 
adenda, ya que, además de la cesión de información derivada de la línea de avales 
aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, el Real Decreto-ley 25/2020, o cualquier otra 
que pudiera aprobarse en el mismo sentido, resulta necesario incorporar la cesión de 
información para la comprobación de los requisitos recogidos en el ACM de 11 de mayo 
de 2021.
III
La tramitación de esta adenda ha cumplido los trámites preceptivos que preceden a 
su firma y, en particular, el informe previo del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria.
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente la ampliación del contenido del 
convenio a través de la presente adenda, ambas partes acuerdan las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Modificación de la cláusula Segunda del Convenio de 29 de mayo de 2020 
suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito 
Oficial.
Se incluye un apartado 3 en la cláusula Segunda del Convenio de 29 de mayo  bo
de 2020, que queda redactado de la siguiente manera: w
com«o3 f.i naAlisdiamdi slma ou,t illiaz aicnifóonrm paocr iópna rtseu mdeinl iIsCtrOa,d ae np eolr  álma bAitgoe dneci as uTsr icboumtaprieat etnecnidarsá, 
para la comprobación de los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas  Bc
Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada 
previsto  en  el  Real  Decreto-ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, necesarios para el alargamiento del plazo de vencimiento de los 
avales referidos en dicho Acuerdo, mantenimiento de avales públicos en caso de 
reconversión en préstamos participativos o para la realización de transferencias 
para la reducción del importe nominal de los préstamos con aval público.
En ningún caso las entidades financieras accederán a los datos concretos de 
información tributaria que la Agencia Tributaria ceda al ICO. De esta forma ICO, en 
su caso, y una vez haya llevado a cabo las comprobaciones de las condiciones 
previstas para la aplicación de las medidas según proceda, comunicará a las 
entidades financieras el resultado de las comprobaciones relativas a la información 
facilitada con base a esta adenda, limitándose a indicar si “no cumple alguno de 
los requisitos del Anexo II/Anexo III/Anexo IV del ACM de 11 de mayo de 2021”.»
Segunda.  Modificación de la cláusula tercera del Convenio de 29 de mayo de 2020 
suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito 
Oficial.
La cláusula tercera del Convenio de 29 de mayo de 2020 queda redactada de la 
siguiente manera:
«La cesión de información que en el marco del apartado 2 de la cláusula 
segunda realice la Agencia Tributaria al ICO no precisará contar con la previa 
autorización expresa de los interesados, según lo establecido en el artículo 95.1.d) 
de la LGT, en los términos y con las garantías que se establecen en el artículo 6 
de la citada Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre 
de 1999.
La cesión de información que en el marco del apartado 3 de la cláusula 
Segunda  realice  la  Agencia  Tributaria  al  ICO  deberá  contar  con  la  previa 
autorización expresa de los interesados, según lo establecido en el artículo 95.1.k) 
de la LGT, en los términos y con las garantías que se establecen en el artículo 2.4 
de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999.
La cesión de información que en el marco de este convenio realice el ICO a la 
Agencia Tributaria no precisará contar con autorización de los interesados, según 
el artículo 94.5 de la LGT.
La Agencia Tributaria cederá al ICO la información que obre en poder de las 
Haciendas Forales o de la Agencia Tributaria Canaria siempre que así se prevea 
en  la  correspondiente  normativa  foral  o  se  articule  mediante  la  oportuna 
encomienda de gestión a la Agencia Tributaria.»
Tercera.  Modificación de la cláusula quinta del Convenio de 29 de mayo de 2020 
suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito 
Oficial.
La cláusula quinta del Convenio de 29 de mayo de 2020 queda redactada de la 
siguiente manera:
«1.  La información suministrada por la Agencia Tributaria al ICO en el marco 
del  apartado  2  de  la  cláusula  Segunda  del  presente  convenio  se  realizará  e.
conforme al siguiente procedimiento: w.b
posi1b.l1e s pLraá citnicfoarsm irarceigóunl afraecsi loita pdrae supnotra mlaesn teen ftridaauddeusle nfitnaasn sceierára tsra salla dICadOa  psoobr reel 
cICoOin caid elan cAiagse,n acniat eTcreibduetnatreias , op avirnac uqluaec iosnee cso qmuper useubpeonn gpaonr  rlaie sAggoe ndcei ain Tsorilbvuetnacriiaa 
deliberada de los operadores identificados por las entidades, con independencia 
de si se les ha otorgado o no operación de financiación avalada.
1.2  El ICO solicitará la colaboración de la Agencia Tributaria en tanto en 
cuanto  sea  precisa  para  la  determinación  de  la  idoneidad  de  determinados 
solicitantes de avales de las líneas de avales de los Reales Decretos-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, 25/2020, de 3 de julio, o cualquier otra norma relacionada con los 
mismos  en  la  que  se  acuerden  medidas  destinadas  a  paliar  los  efectos 
económicos negativos derivados de la crisis sanitaria producida por el Covid-19, 
sobre  los  que  existan  sospechas  fundadas  de  fraude  a  la  vista  tanto  de  la 
documentación financiera y tributaria aportada a la entidad de crédito para la 
concesión de dichos avales como de las declaraciones responsables exigidas.
1.3  Para las operaciones indicadas en el apartado 1.1 anterior, y en los 
términos previstos en el presente convenio, la Agencia Tributaria proporcionará al 
ICO los datos tributarios en un informe en el que se analizarán determinados 
indicadores  relacionados  con  la  información  disponible  requerida  para  la 
concesión de la financiación, los cuales podrían poner de manifiesto la existencia 
de una solicitud fraudulenta.
1.4  La  información  suministrada  por  la  Agencia  Tributaria  deberá  ser 
valorada  como  un  elemento  más  dentro  de  los  procesos  establecidos  de 
verificación  y  control  del  ICO  de  las  operaciones,  sin  que  pueda  exigirse 
responsabilidad a la Agencia Tributaria por el pronunciamiento efectuado.
1.5  La información suministrada por la Agencia Tributaria deberá ajustarse a 
los principios contemplados en el artículo 6 de la Orden de 18 de noviembre 
de  1999,  por  la  que  se  regula  el  suministro  de  información  tributaria  a  las 
Administraciones Públicas. En particular, no podrá ser cedida por el ICO a terceros 
como las entidades financieras que gestionan los avales o los solicitantes de los 
mismos, ni podrá ser utilizada con otro fin distinto al previsto en el apartado 1.2 
anterior.
2.  La información suministrada por la Agencia Tributaria al ICO en el marco 
del  apartado  3  de  la  cláusula  Segunda  del  presente  convenio  se  realizará 
conforme al siguiente procedimiento:
2.1  El ICO proporcionará a la Agencia Tributaria un fichero en formato csv 
que contendrá la información que se detalla más adelante. Para ello, el ICO 
remitirá la solicitud de información a través de un trámite en la sede electrónica de 
la Agencia Tributaria. No se solicitará información de solicitudes ya remitidas con 
anterioridad, salvo que se trate de la subsanación de algún error o por causa 
justificada.
Cada solicitud que figure en el fichero de petición de información contendrá 
obligatoriamente los siguientes datos:
– NIF del solicitante.
– Apellidos y Nombre (para Personas Físicas) o Razón Social (para personas 
Jurídicas).
2.2  La Agencia Tributaria pondrá a disposición del ICO un archivo con la 
siguiente información que se encuentre disponible:
– Información  sobre  el  volumen  de  operaciones  anual  declarado  o  e.e
comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y  b
porcentaje concreto de caída del volumen de operaciones en 2020 indicando si  w
dpiocrhcoe nvtoaljuem deen c ahíad ac.aído igual o más de un 30 % con respecto al de 2019 y el
En caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades
en el régimen de tributación consolidada, la información a proporcionar será la
suma de todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el 
grupo.
No obstante, lo anterior:
Cuando  el  empresario  o  profesional  solicitante  de  la  ayuda  realice  una 
actividad de comercio minorista cuyo rendimiento de actividades económicas se 
determine mediante el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aplicando por dicha actividad el régimen especial 
del recargo de equivalencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo 
equivalente,  se  proporcionará  información  sobre  la  totalidad  de  los  ingresos 
íntegros  fiscalmente  computables  procedentes  de  su  actividad  económica 
minorista incluidos en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente a 2019 y 2020.
Cuando el solicitante de la ayuda tenga su domicilio fiscal en las Ciudades de 
Ceuta o Melilla o realice exclusivamente operaciones que no obligan a presentar 
autoliquidación periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido (artículos 20 y 26 de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido) y no 
aplique el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas en 2019 o 2020:
1.º  Para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
se  proporcionará  información  sobre  la  totalidad  de  los  ingresos  íntegros 
fiscalmente computables procedentes de su actividad económica incluidos en su 
declaración  del  Impuesto  en  2019  y  2020  a  efectos  de  determinación  del 
porcentaje de caída del volumen de operaciones señalado con anterioridad.
2.º  Para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la 
Renta  de  no  Residentes  con  establecimiento  permanente,  se  proporcionará 
información  sobre  el  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  consignado  en  la 
declaración  del  Impuesto  sobre  Sociedades  de  2019  y  2020  a  efectos  de 
determinación del porcentaje de caída del volumen de operaciones señalado con 
anterioridad.
El fichero CSV a facilitar por la Agencia Tributaria incluiría varios campos por 
NIF con indicación con un código para cada tipología de tributación según lo 
señalado en el documento de ayuda de suministro de información facilitado por la 
Agencia Tributaria.
– Información sobre si los solicitantes han consignado en la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2020 un 
resultado  neto  negativo  por  las  actividades  económicas  en  las  que  hubieran 
aplicado el método de estimación directa para su determinación o si ha resultado 
negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del 
Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de 
capitalización y compensación de bases imponibles negativas.
– Para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, información sobre si la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2020 presenta un resultado negativo 
después de impuestos.
2.3  La  información  relativa  a  la  situación  de  estar  al  corriente  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias se suministrará mediante servicio web  e.e
o mediante el procedimiento de cesión inmediata de información disponible en  b
Sede electrónica de la Agencia Tributaria. En concreto, a través del suministro  w
«suEbsvtaern caiol nceosr ripeúnbteli cadse» . obLlaigsa cipoenteicsio ntreibsu tya riares sppuaerast acso nscee siaódne cduea ráany udaa sl osy 
eTsriqbuuetamriaas. o diseños de registro publicados en la Sede electrónica de la Agencia
2.4  Estas  peticiones  deberán  hacer  constar  que  los  interesados  han 
autorizado expresamente el suministro de datos sin que se haya producido su 
revocación y que se han tenido en cuenta las demás circunstancias previstas en el 
artículo  2.4  de  la  Orden  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  de  18  de 
noviembre de 1999 respecto de dicha autorización.
2.5  Posteriormente, y para el control del mantenimiento de los compromisos 
asumidos  respecto  a  las  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 necesarios para el 
alargamiento del plazo de vencimiento de los avales, mantenimiento de avales 
públicos en caso de reconversión en préstamos participativos o para la realización 
de transferencias para la reducción del importe nominal de los préstamos con aval 
público, el ICO realizará una nueva petición, y la Agencia Tributaria facilitará:
– Información  disponible  sobre  el  reparto  de  dividendos  por  el  solicitante 
durante 2021 y 2022.
– Información sobre el mantenimiento de la actividad económica del solicitante 
hasta el 30 de junio de 2022.»
Cuarta.  Modificación de la cláusula octava del Convenio de 29 de mayo de 2020 
suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito 
Oficial.
Se incluye un apartado 3 en la cláusula octava del Convenio de 29 de mayo de 2020, 
que queda redactado de la siguiente manera:
«3.  La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles 
efectuados sobre la custodia y utilización de los datos cedidos deberá conservarse 
por un periodo de tiempo no inferior a tres años. En especial, deberán conservarse 
las autorizaciones expresas de los interesados.»
Quinta.  Vigencia.
Las modificaciones del Convenio de 29 de mayo de 2020 contenidas en la presente 
adenda  serán  eficaces  desde  su  inscripción  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación. Asimismo, la presente adenda se publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado».
En prueba de conformidad, ambas partes lo firman electrónicamente en el lugar 
indicado  en  el  encabezamiento.–El  Director  General  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, Jesús Gascón Catalán.–El Presidente del Instituto de Crédito 
Oficial. E.P.E., José Carlos García de Quevedo.