BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Martes 30 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 35983
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
4911 Convenio  entre  el  Reino  de  España  y  la  República  Popular  China  para 
eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y 
prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 28 
de noviembre de 2018.
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA 
ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES
El Reino de España y la República Popular China,
Con el deseo de seguir desarrollando sus relaciones económicas y de reforzar su 
cooperación en materia tributaria,
Con la intención de concluir un Convenio para eliminar la doble imposición en relación con 
los impuestos sobre la renta sin generar oportunidades para la no imposición o para una 
imposición reducida mediante evasión o elusión fiscales (incluida la práctica de la búsqueda del 
convenio más favorable que persigue la obtención de los beneficios previstos en este Convenio 
para favorecer indirectamente a residentes de terceros Estados),
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1.  Personas comprendidas.
1.  El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 
Estados contratantes.
2.  A los efectos del presente Convenio, la renta percibida por o a través de una 
entidad o instrumento considerados total o parcialmente transparentes a efectos fiscales 
de acuerdo con la normativa tributaria de cualquiera de los Estados contratantes, se 
considerará percibida por un residente de un Estado contratante, pero únicamente en la 
medida en que ese Estado la trate, a efectos impositivos, como renta de un residente.
3.  El presente Convenio no afecta a la imposición, por un Estado contratante, de sus 
propios residentes, excepto en relación con los beneficios que se deriven del apartado 2 del 
artículo 9, del apartado 2 del artículo 18 y de los artículos 19, 20, 21, 23, 26, 27 y 29.
Artículo 2.  Impuestos comprendidos.
1.  El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada 
uno de los Estados contratantes o sus subdivisiones políticas, cualquiera que sea el 
sistema de su exacción.
2.  Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o 
elementos de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la 
enajenación de bienes muebles o inmuebles y los impuestos sobre los importes totales 
de sueldos o salarios pagados por las empresas. s
3.  Los impuestos actuales a los que se aplica el Convenio son, en particular: oe.
a)  En China: 11w
i.  El impuesto sobre la renta de las personas físicas;
ii.  el impuesto sobre los ingresos de las empresas;
(denominados, en lo sucesivo, «impuesto chino»).
b)  En España:
i.  El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
ii.  el Impuesto sobre Sociedades;
iii.  el Impuesto sobre la Renta de no Residentes;
(denominados, en lo sucesivo, «impuesto español»).
4.  El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a 
los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
se comunicarán mutuamente las modificaciones importantes que se hayan introducido 
en sus legislaciones fiscales.
Artículo 3.  Definiciones generales.
1.  A los efectos de este Convenio, a menos que el contexto lo determine de otro modo:
a)  El término «China» significa la República Popular China y, utilizado en sentido 
geográfico, significa todo el territorio de la República Popular China, incluyendo su tierra 
firme, las aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo que se extiende sobre 
ellos, en los que rigen las leyes chinas en materia de imposición, y las zonas exteriores a 
su mar territorial, en las que la República Popular China ejerce derechos de soberanía o 
jurisdicción con arreglo al derecho internacional y a su derecho interno;
b)  el  término  «España»  significa  el  Reino  de  España  y,  utilizado  en  sentido 
geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo las aguas interiores, el 
espacio aéreo, el mar territorial y las áreas exteriores al mar territorial en las que, con 
arreglo al derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España 
ejerce jurisdicción o derechos de soberanía respecto del lecho marino, su subsuelo y 
aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
c)  las  expresiones  «un  Estado  contratante»  y  «el  otro  Estado  contratante» 
significan China o España, según el contexto;
d)  el término «persona» comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier 
otra agrupación de personas;
e)  el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que 
se considere persona jurídica a efectos impositivos;
f)  las expresiones «empresa de un Estado contratante» y «empresa del otro Estado 
contratante» significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un 
Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante;
g)  la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un 
buque, aeronave, ferrocarril o vehículo de carretera explotado por una empresa de un 
Estado contratante, salvo cuando el buque, la aeronave, el ferrocarril o el vehículo por 
carretera se exploten únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
h)  la  expresión  «autoridad  competente»  significa,  en  el  caso  de  China,  la 
Administración Tributaria del Estado o su representante autorizado y, en el caso de 
España, el Ministerio de Hacienda o su representante autorizado; s
i)  el término «nacional» significa, en relación con un Estado contratante: e.
i.  toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado contratante; y 11ww
consiit.i tutidoad ac onpfeorrsmoen aa  laju lreídgiicsala,c iósno cviiegdeandte  edne  unp eErsstoandaos c o(nptararttnaenrtesh.ip)  o  asociación
2.  Para  la  aplicación  del  Convenio  en  cualquier  momento  por  un  Estado
contratante, cualquier término o expresión no definido en el mismo tendrá, a menos que
de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento 
le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del 
Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que 
resultaría de otras ramas del derecho de ese Estado.
Artículo 4.  Residente.
1.  A  los  efectos  de  este  Convenio,  la  expresión  «residente  de  un  Estado 
contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté 
sujeta  a  imposición  en  el  mismo  por  razón  de  su  domicilio,  residencia,  lugar  de 
constitución, sede de dirección efectiva o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, 
incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. 
Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición 
en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el 
mismo.
2.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea 
residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 
manera:
a)  se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda 
permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ambos Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado con el que 
mantenga  relaciones  personales  y  económicas  más  estrechas  (centro  de  intereses 
vitales);
b)  si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de 
sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ninguno de los Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado donde 
viva habitualmente;
c)  si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, 
se la considerará residente exclusivamente del Estado del que sea nacional;
d)  si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común 
acuerdo.
3.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea 
una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se la considerará 
residente exclusivamente del Estado en el que se encuentre su sede de dirección 
efectiva.
Artículo 5.  Establecimiento permanente.
1.  A los efectos de este Convenio, la expresión «establecimiento permanente» 
significa un lugar fijo de negocios mediante el que una empresa realiza toda o parte de 
su actividad.
2.  La expresión «establecimiento permanente» comprende, en particular:
a)  Las sedes de dirección;
b)  las sucursales;
c)  las oficinas;
d)  las fábricas; e
e)  los talleres; y bo
f)  las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de  11ww
extracción de recursos naturales.
3.  El término «establecimiento permanente» comprende, asimismo:
a)  Una obra, o un proyecto de construcción, instalación o montaje, únicamente si su 
duración excede de doce meses;
b)  la prestación de servicios por una empresa de un Estado contratante, incluidos 
los  servicios  de  consultoría,  por  intermedio  de  sus  empleados  o  de  otro  personal 
contratado por la empresa a tales efectos, pero solo en el caso de que las actividades de 
tal naturaleza continúen (en relación con ese proyecto u otro conexo) en el otro Estado 
contratante durante un periodo o periodos que en total excedan de 183 días en cualquier 
período de doce meses;
4.  No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la 
expresión «establecimiento permanente» no incluye:
a)  La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
d)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes 
o mercancías, o de recoger información, para la empresa;
e)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la 
empresa cualquier otra actividad;
f)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier 
combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a e),
a condición de que dicha actividad o, en el caso del subapartado f), el conjunto de la 
actividad del lugar fijo de negocios, conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
4.1  El apartado 4 anterior no se aplicará a un lugar fijo de negocios que una 
empresa  utilice  o  mantenga,  si  dicha  empresa,  u  otra  estrechamente  vinculada, 
desarrollan actividades económicas en ese mismo lugar o en otro en el mismo Estado 
contratante y:
a)  Ese  lugar  u  otro  lugar  constituyen  un  establecimiento  permanente  para  la 
empresa  o  la  empresa  estrechamente  vinculada,  conforme  a  lo  dispuesto  en  este 
artículo, o
b)  el  conjunto  de  la  actividad  resultante  de  la  combinación  de  actividades 
desarrolladas por las dos empresas en el mismo lugar, o por la misma empresa o una 
empresa  estrechamente  vinculada  en  los  dos  emplazamientos,  no  tiene  carácter 
preparatorio o auxiliar,
a condición de que las actividades desarrolladas por las dos empresas en el mismo 
lugar,  o  por  la  misma  empresa  o  la  empresa  estrechamente  vinculada  en  los  dos 
emplazamientos,  constituyan  funciones  complementarias  que  formen  parte  de  una 
operación económica cohesionada.
5.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, pero con sujeción al apartado 6, 
cuando una persona actúe en un Estado contratante por cuenta de una empresa y, como 
tal, concluya habitualmente contratos, o desempeñe habitualmente el papel principal en 
la conclusión de contratos rutinariamente celebrados sin modificación sustancial por la  es
empresa, y dichos contratos se celebren: o
a)  En nombre de la empresa; o 11w
de lab )e mpparreas ala o t rcaunysom diseiróenc hdoe  dlae  pursoop iteednagda,;  oo del derecho de uso, de un bien propiedad
c)  para la prestación de servicios por esa empresa,
se considerará que dicha empresa tiene un establecimiento permanente en ese 
Estado respecto de las actividades que esa persona realice para la empresa, excepto si 
las actividades de esa persona se limitan a las mencionadas en el apartado 4 que, de 
realizarse a través de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado que ese lugar 
fijo de negocios se considerara un establecimiento permanente en virtud de lo dispuesto 
en ese apartado.
6.a)  El apartado 5 no se aplicará cuando la persona que actúe en un Estado 
contratante por cuenta de una empresa del otro Estado contratante realice una actividad 
económica en el Estado mencionado en primer lugar como agente independiente y actúe 
por la empresa en el curso ordinario de esa actividad. Sin embargo, cuando una persona 
actúe exclusiva o casi exclusivamente por cuenta de una o más empresas a las que esté 
estrechamente vinculada, no se considerará a esa persona como agente independiente 
conforme  a  los  términos  de  este  apartado  en  relación  con  cualquiera  de  dichas 
empresas.
b)  A los efectos de este artículo, una persona o una empresa está estrechamente 
vinculada a una empresa si, a la vista de todos los hechos y circunstancias pertinentes, 
una tiene control sobre la otra o ambas están bajo el control de las mismas personas o 
empresas.  En  todo  caso,  se  considerará  que  una  persona  o  una  empresa  está 
estrechamente  vinculada  a  una  empresa  si  una  de  ellas  participa  directa  o 
indirectamente en más del 50 por ciento en la otra (o, en el caso de una sociedad, en 
más del 50 por ciento del total del derecho de voto y del valor de las acciones de la 
sociedad o de la participación en su patrimonio) o si una tercera persona o empresa 
participa, directa o indirectamente, en más del 50 por ciento (o, en el caso de una 
sociedad, en más del 50 por ciento del total del derecho de voto y del valor de las 
acciones de la sociedad o del derecho de participación en el patrimonio) en la persona y 
la empresa o en las dos empresas.
7.  El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle una 
sociedad residente del otro Estado contratante, o esté controlada por esta, o de que 
realice  actividades  empresariales  en  ese  otro  Estado  (ya  sea  por  medio  de 
establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de 
estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
Artículo 6.  Rentas inmobiliarias.
1.  Las  rentas  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  bienes 
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el derecho 
del Estado contratante en el que estén situados los bienes. Dicha expresión comprende 
en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo 
utilizado  en  las  explotaciones  agrícolas  y  forestales,  los  derechos  a  los  que  sean 
aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo 
de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación 
por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y 
otros recursos naturales; los buques y aeronaves no tendrán la consideración de bienes 
inmuebles.
3.  Lo dispuesto en el apartado 1 es aplicable a los rendimientos derivados de la 
utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de  e
explotación de los bienes inmuebles. bo
4.  Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas  w
deenr liava pdraess tadcei ólons d bei esneervsi ciinoms upeebrsleosn adlee su innad eepmepnrdeiesan tey sa. los bienes inmuebles utilizados
Artículo 7.  Beneficios empresariales.
1.  Los  beneficios  de  una  empresa  de  un  Estado  contratante  serán  gravables 
exclusivamente en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro 
Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la 
empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden 
someterse  a  imposición  en  el  otro  Estado,  pero  sólo  en  la  medida  en  que  sean 
imputables a ese establecimiento permanente.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cuando una empresa de un Estado 
contratante  realice  su  actividad  en  el  otro  Estado  contratante  por  medio  de  un 
establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a 
dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener 
de ser una empresa distinta e independiente que realizase las mismas o similares 
actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratase con total independencia 
con la empresa de la que es establecimiento permanente.
3.  Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá 
la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, 
comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos 
fines,  tanto  si  se  efectúan  en  el  Estado  contratante  en  que  se  encuentra  el 
establecimiento permanente como en otra parte.
4.  Mientras  sea  usual  en  un  Estado  contratante  determinar  los  beneficios 
imputables  a  un  establecimiento  permanente  sobre  la  base  de  un  reparto  de  los 
beneficios  totales  de  la  empresa  entre  sus  diversas  partes,  lo  establecido  en  el 
apartado 2 no impedirá que ese Estado contratante determine de esta manera los 
beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que 
el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este artículo.
5.  No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por razón de la 
mera adquisición de bienes o mercancías por ese establecimiento permanente para la 
empresa.
6.  A  los  efectos  de  los  apartados  anteriores,  los  beneficios  atribuibles  al 
establecimiento permanente se determinarán cada año por el mismo método, a no ser 
que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.
7.  Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros 
artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las 
de este artículo.
Artículo 8.  Transporte internacional.
1.  Los beneficios obtenidos por una empresa de un Estado contratante derivados 
de la explotación de buques, aeronaves, ferrocarriles o vehículos de carretera en tráfico 
internacional serán gravables exclusivamente en ese Estado.
2.  Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los beneficios procedentes 
de la participación en un «pool», en una explotación en común o en un organismo de 
explotación internacional.
Artículo 9.  Empresas asociadas.
1.  Cuando:
a)  Una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la  e.
dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o w.b
b)  unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el  11w
Ecosntatrdool  oc oenl trcaatpaintatel ,de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro
finanyc ieenra su,n uon iyd aost rpoo rc acsoon dliacsio ndeoss  aecmepptraedsaass  oe ismtépnu,e setna ss quuse  rdeilfaiecrioanne dse  claosm qeurcei asleersía no 
acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por
una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han 
realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y 
gravarse en consecuencia.
2.  Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese 
Estado –y grave en consecuencia– los de una empresa del otro Estado contratante que 
ya han sido sometidos a imposición en ese otro Estado contratante, y ese otro Estado 
reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por 
la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre 
las dos empresas hubieran sido las que hubieran convenido empresas independientes, 
ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha 
gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás 
disposiciones  de  este  Convenio  y  las  autoridades  competentes  de  los  Estados 
contratantes se consultarán, en caso necesario.
Artículo 10.  Dividendos.
1.  Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a 
un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.
2.  Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la 
legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un 
residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
a)  5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo de los 
dividendos  es  una  sociedad  (distinta  de  una  sociedad  de  personas)  que  posea 
directamente  al  menos  el  25  por  ciento  del  capital  de  la  sociedad  que  paga  los 
dividendos durante un periodo de 365 días que comprenda el día de pago de los 
dividendos;
b)  10 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con 
cargo a los que se pagan los dividendos.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los dividendos pagados por una 
sociedad que sea residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado 
contratante se considerarán exentos de imposición en el primer Estado, si el beneficiario 
efectivo de los dividendos es el otro Estado contratante, o sus subdivisiones políticas, 
sus entidades locales, o el Banco Central del otro Estado contratante o cualquier entidad 
cuyo  capital  sea  íntegramente  propiedad,  directa  o  indirectamente,  del  otro  Estado 
contratante.
4.  El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos 
de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las 
partes de fundador u otros derechos que permitan participar en los beneficios, excepto 
los de crédito, así como los rendimientos derivados de otras participaciones sociales 
sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación 
del Estado del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.
5.  Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario 
efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado 
contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad  e.
económica a través de un establecimiento permanente situado allí, o que preste en ese  w.b
otro Estado servicios personales independientes desde una base fija situada en él y la  11w
peastratibcilpeacicmióienn toq upee rmgeanneernate . loEsn  tdailv cidaesnod soes  aepslictáa rávnin lcausl addisap oesficeicotniveasm deenl tea rtíac ulod ic7h oo 
del artículo 14, como corresponda.
6.  Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o 
rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún 
impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos 
dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera 
los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o base fija 
situada en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un 
impuesto  sobre  los  mismos,  aunque  los  dividendos  pagados  o  los  beneficios  no 
distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese 
otro Estado.
Artículo 11.  Intereses.
1.  Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente 
del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el 
impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los 
intereses.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los intereses procedentes de un 
Estado contratante y pagados al otro Estado contratante, o a sus subdivisiones políticas, 
sus entidades locales, al Banco Central de ese otro Estado contratante o cualquier 
entidad cuyo capital sea íntegramente propiedad, directa o indirectamente, del otro 
Estado contratante, o pagados por razón de un préstamo garantizado o asegurado por 
ese otro Estado contratante, o sus subdivisiones políticas, sus entidades locales, el 
Banco Central de ese otro Estado contratante, o cualquier entidad cuyo capital sea 
íntegramente  propiedad,  directa  o  indirectamente,  del  otro  Estado  contratante  se 
considerarán exentos de imposición en el primer Estado.
4.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los intereses procedentes de un 
Estado  contratante  cuyo  beneficiario  efectivo  sea  un  residente  del  otro  Estado 
contratante se considerarán exentos de imposición en el primer Estado si los intereses 
se pagan en relación con la venta a crédito de equipos comerciales o científicos.
5.  El término «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de 
créditos  de  cualquier  naturaleza,  con  o  sin  garantía  hipotecaria  o  cláusula  de 
participación en los beneficios del deudor y, en particular, los rendimientos de valores 
públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a 
esos títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan al mismo régimen que 
los rendimientos de los capitales prestados por la legislación fiscal del Estado del que 
procedan las rentas. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses 
a efectos de este artículo.
6.  Las disposiciones de los apartados 1, 2, 3 y 4 no se aplican si el beneficiario 
efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado 
contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un 
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, o que preste en ese otro Estado 
servicios personales independientes desde una base fija situada en él, y el crédito que 
genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o 
base fija. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, como 
corresponda.
7.  Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el  e.
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses,  w.b
sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado  contratante  un  11ww
deestuadbale pcoimr ilean qtou ep esrem paangeannte l oos  ibnatesree sfiejas , eyn  qrueela scoiópno rcteo nla  ecl acrguaa l dsee l ohsa ymai scmoonstr, adídicoh olas 
ienstetarbelseecsim  iseen toc poenrsmidaenraernáten  o pbraoscee dfiejan.tes  del  Estado  en  el  que  esté  situado  el
8.  Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran 
convenido  el  deudor  y  el  beneficiario  efectivo  en  ausencia  de  tales  relaciones,  las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, 
la cuantía en exceso será gravable de acuerdo con la legislación de cada Estado 
contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
Artículo 12.  Cánones.
1.  Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante, el 
impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los 
cánones.
3.  El término «cánones» en el sentido de este artículo, significa las cantidades de 
cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre 
obras  literarias,  artísticas,  científicas  o  de  otro  tipo,  incluidas  las  películas 
cinematográficas y las películas o grabaciones destinadas a la difusión por radio o 
televisión, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, 
fórmulas o procedimientos secretos, o de información relativa a experiencias industriales, 
comerciales o científicas.
4.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo 
de  los  cánones,  residente  de  un  Estado  contratante,  realiza  en  el  otro  Estado 
contratante, del que proceden los cánones, una actividad económica por medio de un 
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, o que preste en ese otro Estado 
servicios personales independientes desde un base fija situada en él, y el derecho o bien 
por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento 
permanente o base fija. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del 
artículo 14, como corresponda.
5.  Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado contratante. Sin embargo, cuando el deudor de 
los  cánones,  sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado 
contratante un establecimiento permanente o base fija en relación con el cual se haya 
contraído la obligación de pago de los cánones y que soporte la carga de los mismos, 
dichos cánones se considerarán procedentes del Estado contratante donde esté situado 
el establecimiento permanente o base fija.
6.  Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del 
que  habrían  convenido  el  deudor  y  el  beneficiario  efectivo  en  ausencia  de  tales 
relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último 
importe. En tal caso, la cuantía en exceso será gravable de acuerdo con la legislación de 
cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
Artículo 13.  Ganancias de capital.
1.  Las  ganancias  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  la  bo
enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el otro  w
Ecpoasnrtatt2erda.  otda ecLnola tnesat  crtgaetiatnvanogna atdne eec, ni pa uusene l  dpoeertosrnoct ase Ebodlmseetncaetidtmeeosri e scdneoet noa t  lriampa eteparnomnastaeijcen ionóe anndc teeeió n lnaq e  udseeeen   aoubjtneireaonn  aEeecssimó tanmpd rudeoees.ba bl eidesen  qeuusn em  fEuosermtbaledenos    OE-A-2021-49able en https://
afectos a una base fija a disposición de un residente de un Estado contratante en ese
otro Estado contratante a los efectos de prestar servicios personales independientes, 
comprendidas  las  ganancias  derivadas  de  la  enajenación  de  dicho  establecimiento 
permanente  (solo  o  con  el  conjunto  de  la  empresa)  o  de  dicha  base  fija,  pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado.
3.  Las ganancias que obtenga una empresa de un Estado contratante que explote 
buques,  aeronaves,  ferrocarriles  o  vehículos  de  carretera  en  tráfico  internacional 
derivados de la enajenación de dichos buques, aeronaves o ferrocarriles o vehículos de 
carretera, o de bienes muebles afectos a su explotación, serán gravables exclusivamente 
en ese Estado contratante.
4.  Las  ganancias  obtenidas  por  un  residente  de  un  Estado  contratante  de  la 
enajenación de acciones o participaciones, o derechos análogos, cuyo valor proceda en 
más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el 
otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Los bienes 
inmuebles utilizados en el ejercicio de la actividad económica de la sociedad no se 
tendrán en cuenta a tal efecto.
5.  Las  ganancias,  a  excepción  de  aquellas  a  las  que  sea  de  aplicación  el 
apartado 4, obtenidas por un residente de un Estado contratante en la enajenación de 
acciones, distintas de aquellas que se negocien considerable y regularmente en un 
mercado de valores reconocido, siempre que el total de las acciones enajenadas por el 
residente durante el año fiscal en el que se produzca la enajenación no supere el 3 por 
ciento del valor de dichas acciones cotizadas, de una sociedad residente en el otro 
Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante si, en 
cualquier momento durante los 365 que preceden a la enajenación, el transmitente 
mantenía, directa o indirectamente, al menos el 25 por ciento del capital de dicha 
sociedad.
6.  Las ganancias procedentes de la enajenación de cualquier otro bien distinto de 
los mencionados en los apartados 1 a 5 serán gravables exclusivamente en el Estado 
contratante en que resida el transmitente.
Artículo 14.  Servicios personales independientes.
1.  Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga por la prestación 
de servicios profesionales u otras actividades de naturaleza independiente solo pueden 
someterse  a  imposición  en  este  Estado  excepto  cuando  se  dé  cualquiera  de  las 
siguientes circunstancias, en cuyo caso tales rentas pueden someterse a imposición 
también en el otro Estado contratante:
a)  Si dicho residente tiene en el otro Estado contratante una base fija de la que 
dispone habitualmente para el ejercicio de sus actividades; en este caso, las rentas 
pueden someterse a imposición en este otro Estado contratante, pero solo en la medida 
en que sean imputables a esta base fija; o
b)  si permanece en el otro Estado contratante durante un periodo o periodos que en 
total excedan de 183 días en cualquier periodo de doce meses que comience o termine 
en el año fiscal considerado; en este caso, las rentas pueden someterse a imposición en 
este  otro  Estado  contratante,  pero  solo  en  la  medida  en  que  se  deriven  de  las 
actividades realizadas en este otro Estado contratante.
2.  La expresión «servicios profesionales» comprende especialmente las actividades 
independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así  s
como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos,  oe.
odontólogos y contables. w.
Artículo 15.  Rentas del trabajo.
otra1s . remSiunn peerarjcuioicnioe sd es imloi ldairsepsu oebstteon eidno lso sp oarr tuícnu rloess id1e6n, t1e8 d ye  1u9n,  Elossta sduoe cldoonst,r astaalnatreio pso yr 
razón de un empleo serán gravables exclusivamente en ese Estado a no ser que el
empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las 
remuneraciones  derivadas  del  mismo  pueden  someterse  a  imposición  en  ese  otro 
Estado.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un 
residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado 
contratante serán gravables exclusivamente en el Estado mencionado en primer lugar 
cuando:
a)  El perceptor permanezca en el otro Estado durante un período o períodos cuya 
duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que 
comience o termine en el año fiscal considerado, y
b)  las remuneraciones las pague un empleador que no sea residente del otro 
Estado, o se paguen en su nombre, y
c)  las remuneraciones no las soporte un establecimiento permanente o una base 
fija que el empleador tenga en el otro Estado.
3.  No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones 
obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque, aeronave, ferrocarril o 
vehículo de carretera explotados en tráfico internacional por una empresa de un Estado 
contratante pueden someterse a imposición en ese Estado.
Artículo 16.  Remuneración de Consejeros.
Las  remuneraciones  de  los  consejeros  y  otras  retribuciones  análogas  que  un 
residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  como  miembro  de  un  consejo  de 
administración de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse 
a imposición en ese otro Estado.
Artículo 17.  Artistas y deportistas.
1.  No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las rentas que un residente de 
un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado 
contratante en calidad de artista, tal como, actor de teatro, cine, radio o televisión, o en 
calidad de músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.
2.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas 
de las actividades realizadas por un artista o deportista personalmente y en esa calidad 
se atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden 
someterse a imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del 
artista o deportista.
3.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas 
obtenidas en el ejercicio de las actividades previstas en el apartado 1 en el marco de un 
acuerdo  o  convenio  de  cooperación  cultural  entre  los  Estados  contratantes  o  sus 
subdivisiones políticas o entidades locales estarán exentas de imposición en el Estado 
contratante en que se realicen dichas actividades cuando la visita a ese Estado esté 
íntegra o sustancialmente financiada con fondos públicos de cualquiera de los dos 
Estados o sus subdivisiones políticas o entidades locales.
Artículo 18.  Pensiones.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones y  bo
remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de  w
udanen lá el2mom.g ipsomlSes ooisn  aa eptnniest efreejruilco ihcmri oosas er dcrpáeoon  rld  oglea rlda  aivrsédapgmbuilmieensseist noetr  xadeccenliuó  sepnilrv  edaasempt aauecrnntiao tEedn oseet sna1  d,de oesla elc s os Einpsstettreanamdstaoiaon. ntpeeú sob  pluicanoga a dedena tssid eyag dup raliodgcaoadsl    OE-A-2021-49able en https://
social de dicho Estado serán gravables exclusivamente en ese Estado.
Artículo 19.  Función pública.
1.a)  Los sueldos, salarios y otras remuneraciones análogas, a excepción de las 
pensiones, pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o 
entidades locales, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, 
subdivisión o entidad, serán gravables exclusivamente en ese Estado.
b)  Sin  embargo,  dichos  sueldos,  salarios  y  remuneraciones  análogas  serán 
gravables exclusivamente en el otro Estado contratante cuando los servicios se presten 
en ese Estado y la persona física sea un residente de ese Estado que:
i.  Sea nacional de ese Estado; o
ii.  no haya adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para 
prestar los servicios.
2.a)  Las  pensiones  y  otras  remuneraciones  análogas  pagadas  por  un  Estado 
contratante  o  por  una  de  sus  subdivisiones  políticas  o  entidades  locales,  bien 
directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de 
servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, serán gravables exclusivamente 
en ese Estado.
b)  Sin embargo, dichas pensiones y remuneraciones análogas serán gravables 
exclusivamente en el otro Estado contratante cuando la persona física sea residente y 
nacional de ese Estado.
3.  Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salarios, 
pensiones y otras remuneraciones análogas pagados por razón de servicios prestados 
en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una 
de sus subdivisiones políticas o entidades locales.
Artículo 20.  Profesores e investigadores.
1.  Las remuneraciones que una persona que sea o haya sido, inmediatamente 
antes de su llegada a un Estado contratante, residente del otro Estado contratante, y que 
se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de impartir clase, 
dar conferencias o dedicarse a la investigación en un colegio, instituto, universidad u otra 
institución dedicada a la educación o la investigación oficialmente reconocida por la 
administración de este Estado, reciba por tales servicios están exentas de imposición en 
este Estado durante un periodo no superior en total a tres años a partir de la fecha de su 
llegada a este Estado.
2.  Las disposiciones del párrafo 1 no se aplican a las rentas derivadas de la 
investigación,  cuando  esta  investigación  no  se  realice  en  interés  público  sino 
principalmente para beneficio particular de determinada persona o personas.
Artículo 21.  Estudiantes.
Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o 
formación  práctica  un  estudiante  o  persona  en  prácticas  que  sea,  o  haya  sido 
inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado 
contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin 
de proseguir sus estudios o formación práctica no pueden someterse a imposición en 
ese Estado, siempre que procedan de fuentes situadas fuera de él. s
Artículo 22.  Otras rentas. w.
proc1e.d eLnacsia ,r ennota sm deen cuino nraedsaidse neten  dleo su na nEtsetraiodroe sc oanrttríactualnotse , dceo ne isntdee pCeonndveenncioia  dseer ásnu 
gravables exclusivamente en ese Estado.
2.  Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplica a las rentas, distintas de las derivadas 
de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el perceptor de 
dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro Estado contratante 
una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese 
otro Estado, o preste servicios personales independientes en ese otro Estado desde un 
base fija situada en él, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado 
efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso se aplicarán 
las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, como corresponda.
Artículo 23.  Métodos para la eliminación de la doble imposición.
1.  En China, de conformidad con las disposiciones de la legislación china, la doble 
imposición se evitará de la siguiente manera:
a)  Cuando  un  residente  de  China  obtenga  rentas  en  España,  el  importe  del 
impuesto sobre estas rentas que debe pagar en España con arreglo a las disposiciones 
del presente Convenio (excepto en la medida en la que dichas disposiciones permitan a 
España someterlas a imposición por la razón exclusiva de que las rentas se consideran 
también obtenidas por un residente de España), puede deducirse del impuesto chino 
debido por este residente. Sin embargo, esta deducción no puede exceder del importe 
del impuesto chino sobre estas rentas calculado de acuerdo con la normativa que rige la 
imposición en China.
b)  Cuando  las  rentas  obtenidas  en  España  sean  dividendos  pagados  por  una 
sociedad residente de España a una sociedad residente de China y que posee al menos 
el 20 por ciento de las acciones de la sociedad pagadora de los dividendos, la deducción 
tendrá en cuenta el impuesto sobre la renta pagado en España por la sociedad pagadora 
de los dividendos.
2.  En España, la doble imposición se evitará bien conforme a las disposiciones de 
su legislación interna o de acuerdo con las siguientes disposiciones, de conformidad con 
la legislación interna española:
a)  Cuando  un  residente  de  España  obtenga  rentas  que,  de  acuerdo  con  las 
disposiciones  del  presente  Convenio  (excepto  en  la  medida  en  la  que  dichas 
disposiciones permitan a China someterlas a imposición por la razón exclusiva de que 
las  rentas  se  consideran  también  obtenidas  por  un  residente  de  China),  pueden 
someterse a imposición en China, España permitirá:
i.  La deducción en el impuesto sobre la renta de ese residente de un importe igual 
al impuesto sobre la renta pagado en China;
ii.  la  deducción  del  impuesto  sobre  sociedades  efectivamente  pagado  por  la 
sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los 
cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con la legislación interna de España.
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la 
renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que pueda someterse 
a imposición en China.
b)  No obstante, cuando con arreglo a cualquier disposición del presente Convenio 
las rentas obtenidas por un residente de España estén exentas de impuestos en España, 
esta podrá tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el  es
resto de las rentas de ese residente. o
ArtícNuolo o 2b4st.a nDtee laresc rheos taa nlotess  bdeisnpeofiscicioiosn deesl  dCeol npvreesneion.te Convenio, los beneficios concedidos  2021-4911n https://w
ceonn vcilrutuird,  tdeenli emnidsom eon n cou seen toat otorgdaorsá lno sre hsepcehcotos  dye c iurcnu enlsetmanecniatos  dpee rrteinnetan tceusa, nqduoe  seel ain sratrzuomneanbtloe   BOE-A-cable e
jurídico u operación que directa o indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio 
tiene entre sus objetivos principales la obtención del mismo, excepto cuando se determine 
que la concesión del beneficio en esas circunstancias es conforme con el objeto y propósito 
de las disposiciones pertinentes de este Convenio.
Artículo 25.  Disposición aclaratoria.
Las disposiciones de este Convenio se entienden sin perjuicio del derecho de los 
Estados contratantes a aplicar sus propias normas y medidas en materia de prevención 
de la elusión fiscal, explícitamente definidas como tal o no, en la medida en que no 
generen una imposición contraria al Convenio.
Artículo 26.  No discriminación.
1.  Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado 
contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más 
gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro 
Estado que se encuentren  en  las mismas condiciones, en particular con respecto a la 
residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, esta disposición se aplicará también a las 
personas que no sean residentes de uno o de ambos Estados contratantes.
2.  Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante 
tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese Estado de 
manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas 
actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado 
contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones 
personales,  desgravaciones  y  reducciones  impositivas  que  otorgue  a  sus  propios 
residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3.  A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del 
apartado 8 del artículo 11, o del apartado 6 del artículo 12, los intereses, cánones y 
demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del 
otro  Estado  contratante  serán  deducibles  para  determinar  los  beneficios  sujetos  a 
imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a 
un residente del Estado mencionado en primer lugar.
4.  Las empresas de un Estado contratante cuyo capital sea, total o parcialmente, 
propiedad,  directa  o  indirectamente,  de  uno  o  más  residentes  del  otro  Estado 
contratante, o esté controlado, directa o indirectamente, por uno o más residentes de 
dicho Estado, no se someterán en el Estado contratante mencionado en primer lugar a 
ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más 
gravosos  que  aquellos  a  los  que  estén  o  puedan  estar  sometidas  otras  empresas 
similares del Estado mencionado en primer lugar.
5.  No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las disposiciones del presente artículo 
se aplican a todos los impuestos cualquiera que sea su naturaleza o denominación.
Artículo 27.  Procedimiento amistoso.
1.  Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos 
Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición no conforme 
con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los recursos previstos por 
el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente  s
del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del  oe.
artículo 26, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse  w.
dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique  11w
una 2im. pLoasi caiuótno rnidoa cdo ncfoomrmpeet econnte l,a ssi  dlais preocsliacmioanceisó nd elel  Cpoanrevceen ifou.ndada y si no puede por
smí emdiiasnmtea  ullne gaacru ear duon aa msiosltuocsioó nc osna tlias faaucttoorriidaa, dh acroám lpoe tpeonsteib ldee lp ootrr or eEssotlavdeor  clao ncturaetsatnióten   BOE-A-cable e
a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo que se 
alcance será aplicable independientemente de los plazos previstos por el derecho interno 
de los Estados contratantes.
3.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por 
resolver  las  dificultades  o  las  dudas  que  plantee  la  interpretación  o  aplicación  del 
Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para 
tratar de evitar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.
4.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse 
directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados 2 y 3. 
Cuando se considere conveniente para alcanzar un acuerdo, los representantes de las 
autoridades Competentes de los Estados contratantes podrán reunirse para intercambiar 
opiniones verbalmente.
Artículo 28.  Intercambio de información.
1.  Las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  intercambiarán  la 
información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el 
presente Convenio o para la administración o la aplicación del derecho interno relativo a 
los  impuestos  de  cualquier  naturaleza  o  denominación  exigibles  por  los  Estados 
contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que la 
imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no 
está limitado por los artículos 1 y 2.
2.  La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se 
mantendrá en secreto del mismo modo que la información obtenida en virtud del derecho 
interno de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los 
tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o recaudación de 
los impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva, de 
la persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos, de la resolución de los 
recursos  relativos  a  los  mismos,  o  de  la  supervisión  de  tales  actividades.  Dichas 
personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar 
la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. 
No obstante lo anterior, la información recibida por un Estado contratante podrá utilizarse 
para otros fines cuando, conforme al derecho de ambos Estados contratantes dicha 
información pueda utilizarse para dichos otros fines y la autoridad competente del Estado 
que proporciona la información autorice dicho uso.
3.  En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 pueden interpretarse en 
el sentido de obligar a un Estado contratante a:
a)  Adoptar  medidas  administrativas  contrarias  a  su  legislación  y  práctica 
administrativa, o a las del otro Estado contratante;
b)  suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado 
contratante;
c)  suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o 
profesional, o un procedimiento industrial, o información cuya comunicación sea contraria 
al orden público (ordre public).
4.  Cuando un Estado contratante solicite información en virtud de este artículo, el otro 
Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin  s
de obtener la información solicitada, aun cuando este otro Estado pueda no necesitar dicha  oe.
información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo  w.
tedaxislecplsuu seislvimtaomi teaencn ioetenl  epasop ra rleatan ad uoes 3el ,n spceieanr odti deeo nin  tnedirneég sú pnnea rccmaiositnoira lello ses n E nlase tgmaadisrosmse a c.oan trpartaonptoersc iopnoadrr ánin ifnotremrparceitóanr   2021-4911n https://w
5.  En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de
permitir a un Estado contratante denegar el intercambio de información únicamente por  Bc
que esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona 
que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados, o 
porque esté relacionada con acciones o participaciones en una persona.
Artículo 29.  Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares.
Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que 
disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de 
acuerdo  con  los  principios  generales  del  derecho  internacional  o  en  virtud  de  las 
disposiciones de acuerdos especiales.
Artículo 30.  Entrada en vigor.
1.  Cada Estado contratante notificará al otro, por conducto diplomático, que se han 
cumplido los procedimientos legales internos para la entrada en vigor del presente Convenio.
2.  Este Convenio entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la 
fecha de recepción de la última notificación a que se refiere el apartado 1 y surtirá efecto:
a)  Respecto de los impuestos no retenidos en la fuente, a los ejercicios fiscales que 
comiencen a partir de la fecha en la que el Convenio entre en vigor; y
b)  en los restantes casos, a partir de la fecha en la que el Convenio entre en vigor.
3.  El Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular China 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y el patrimonio, hecho en Pekín el 22 de noviembre de 1990 (en lo sucesivo, el 
«Convenio de 1990») dejará de surtir efecto a partir de la fecha en la que sean de aplicación las 
disposiciones del presente Convenio, de conformidad con las disposiciones de este artículo. 
Las disposiciones del artículo 23 del Convenio de 1990 dejarán de surtir efecto el 31 de 
diciembre siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.
Artículo 31.  Denuncia.
Este  Convenio  permanecerá  en  vigor  hasta  su  denuncia  por  uno  de  los  Estados 
contratantes.  Cualquiera  de  los  Estados  contratantes  podrá  denunciarlo,  por  conducto 
diplomático, mediante notificación escrita remitida al efecto al menos con seis meses de 
antelación al final de cualquier año civil que comience una vez transcurrido un plazo de cinco 
años desde la fecha de su entrada en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:
a)  Respecto de los impuestos no retenidos en la fuente, sobre los ejercicios fiscales 
que comiencen a partir de la conclusión de ese año civil; y
b)  en todos los restantes casos, tras la conclusión de ese año civil.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado este 
Convenio.
Hecho por duplicado en Madrid el 28 de noviembre de 2018, en las lenguas española, 
china e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la 
interpretación de los textos, esta se resolverá conforme al texto en inglés.
Por el Reino de España, Por la República Popular China,
María Jesús Montero Cuadrado, Wang Yi, e.
Ministra de Hacienda Consejero de Estado y Ministro de  Relaciones Exteriores w
PROTOCOLO
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y la 
República Popular China para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre 
la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales (en lo sucesivo, el «Convenio»), ambas partes 
han convenido las siguientes disposiciones que constituirán parte integrante del Convenio.
1.  En relación con los artículos 10, 11 y 12. Se entiende que la limitación de los tipos 
impositivos será de aplicación directa y no mediante procedimiento de exacción y posterior 
reembolso cuando dichos tipos sean inferiores a los que prevé el derecho interno del Estado 
contratante del que procede dicha renta.
2.  En relación con el apartado 3 del artículo 10 y el apartado 3 del artículo 11. Se 
entiende  que  la  expresión  «cuyo  capital  sea  íntegramente  propiedad,  directa  o 
indirectamente, del otro Estado contratante» significa:
a)  En el caso de China:
i.  El Banco Chino de Desarrollo;
ii.  el Banco de Desarrollo Agrícola de China;
iii.  el Banco de Exportación e Importación de China;
iv.  el Consejo Nacional para el Fondo de la Seguridad Social;
v.  la Agencia China de Seguro de Crédito a la Exportación;
vi.  la Sociedad China de Inversiones y las entidades cuyo capital sea íntegramente 
propiedad, directa o indirectamente, de dicho Estado;
vii.  la Sociedad del Fondo de la Ruta de la Seda; y
viii.  toda  otra  entidad  que  esté  íntegramente  participada  por  China  que  las 
autoridades competentes de los Estados contratantes convengan en su momento;
b)  En el caso de España:
i.  El Instituto de Crédito Oficial;
ii.  el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria;
iii.  el Consorcio de Compensación de Seguros;
iv.  toda  otra  entidad  que  esté  íntegramente  participada  por  España  que  las 
autoridades competentes de los Estados contratantes convengan en su momento.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado este 
Convenio.
Hecho por duplicado en Madrid el 28 de noviembre de 2018, en las lenguas española, 
china e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la 
interpretación de los textos, esta se resolverá conforme al texto en inglés.
Por el Reino de España, Por la República Popular China,
María Jesús Montero Cuadrado, Wang Yi,
Ministra de Hacienda Consejero de Estado y Ministro de  Relaciones Exteriores
* * *
El presente Convenio y su Protocolo entrarán en vigor el 2 de mayo de 2021,  e.
transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última  w.
notificación por la que las Partes se informaron del cumplimiento de sus respectivos  11w
requisitos internos, según se establece en su artículo 30.
PaloMmaindori.d, 23 de marzo de 2021.–El Secretario General Técnico, José María Muriel