BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 88  Martes 13 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 40911
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
5771 Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, 
en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
I
El 14 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros acordó declarar el estado de alarma, 
en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con motivo de la crisis sanitaria 
originada por la pandemia del COVID-19.
Posteriormente, con fecha 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, con el fin de arbitrar un conjunto de 
medidas que permitieran paliar, en cierta medida, la crisis sanitaria, económica y social 
generada por la pandemia del COVID-19.
Entre las medidas contempladas en el mencionado real decreto-ley, se recogía la 
flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto por 
causa de fuerza mayor, como en el supuesto de los derivados de causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción, con el fin de intentar paliar los efectos 
devastadores que esta crisis sanitaria está produciendo en el mercado laboral.
No obstante, el notable estancamiento registrado por nuestro mercado laboral, unido 
al importante volumen de ERTE presentados, desde la declaración del estado de alarma, 
pusieron de relieve la necesidad de arbitrar nuevas medidas e instrumentos que 
contribuyeran a paliar los efectos de esta crisis sanitaria sobre las personas trabajadoras 
de nuestro país.
De esta forma, la situación extraordinaria y urgente por la que se atravesaba requería 
la adopción de nuevas medidas para responder de manera adecuada a las necesidades 
derivadas de las consecuencias cambiantes de la crisis sanitaria, que suponen una 
alteración grave y sin precedentes de nuestra vida diaria y que está teniendo un impacto 
devastador sobre el mercado laboral, generando una gran incertidumbre en un amplio 
colectivo de personas trabajadoras, que están viendo afectados sus puestos de trabajo, a 
raíz de la suspensión de un importante volumen de actividades, como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el Gobierno aprobó el Real 
Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en  e.
el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID-19, que tras su convalidación  w.
por el Congreso de los Diputados ha sido tramitado como proyecto de ley. 71ww
II
La presente ley se estructura en cinco artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos
disposiciones finales.
En primer término, la ley busca establecer instrumentos tendentes a garantizar la 
aplicación efectiva de los servicios que resultan esenciales en las circunstancias actuales, 
al objeto de dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención sanitaria y social, 
que concurren. No en vano, los hospitales, los ambulatorios y las residencias de personas 
mayores, entre otros, son centros llamados a prestar un servicio básico en un contexto de 
emergencia de salud pública y social, como el que atravesamos en la actualidad.
Así, esta ley prevé que, durante la vigencia del presente estado de alarma y sus 
posibles prórrogas, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, como hospitales o 
ambulatorios, y los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con 
discapacidad, como residencias y centros de día, ya sean de titularidad pública o privada, 
o cualquiera que sea su régimen de gestión, que determinen el Ministerio de Sanidad o el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como servicios esenciales, no puedan 
tramitar ERTE. Esta medida busca garantizar el compromiso de toda la sociedad, 
instituciones y organizaciones de este país con las personas más vulnerables, entre las 
que, sin duda, se encuentran las enfermas y las socialmente dependientes.
Del mismo modo, la presente ley viene a complementar y detallar algunas de las 
medidas previstas, en lo atinente a la tramitación de los ERTE, previstas en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, concretando el procedimiento de 
reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas 
afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados 
en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del mencionado real decreto-ley, así como 
a integrar otra serie de medidas, en el ámbito laboral, destinadas a paliar los efectos de la 
crisis del COVID-19, sobre las personas trabajadoras.
Tanto las empresas como los sectores económicos y la sociedad, en su conjunto, 
consideran que estamos ante un momento de enfriamiento de la actividad productiva 
acotado por la situación excepcional por la que atravesamos, con motivo de la crisis del 
COVID-19 y, por tanto, que esta situación va a tener una duración limitada y sujeta a un 
periodo de tiempo concreto.
Por esta razón, se establecieron medidas extraordinarias y excepcionales en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con el objetivo de garantizar que los efectos de la 
crisis sanitaria no impidan el restablecimiento de la actividad empresarial y la salvaguarda 
del empleo. En este sentido, y no obstante la vigencia de las diversas causas de despido 
y extinción de los contratos previstas en la normativa laboral, el Gobierno reforzó los 
procedimientos de suspensión y reducción de jornada, agilizándolos y flexibilizándolos, 
con el objetivo de que las causas a las que se refieren los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no sean utilizadas para introducir medidas traumáticas 
en relación al empleo, la extinción de los contratos de trabajo, sino medidas temporales, 
que son las que, en definitiva, mejor responden a una situación coyuntural como la actual.
Asimismo, se prevé, para el caso de las sociedades cooperativas que, cuando por falta 
de medios adecuados o suficientes, la Asamblea General de las mismas no pueda ser 
convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector pueda 
asumir la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de 
trabajo de sus socias y socios y emitir la correspondiente certificación para su tramitación, 
en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo.
Por otra parte, la presente ley prevé mecanismos para paliar los efectos de esta crisis 
sanitaria en la contratación temporal, determinando que la paralización de la actividad  es
económica, derivada de la situación del estado de alarma, declarada en todo el territorio  o
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fueron suscritos. De esta forma, se consigue garantizar que los contratos temporales,
incluidos los formativos, de relevo y de interinidad, puedan alcanzar su duración máxima 
efectiva, desplegando plenos efectos, en cuanto a prestación de servicios, la formación 
que llevan aparejada y la aportación a la actividad empresarial, durante el tiempo 
inicialmente previsto, de forma tal que la situación de emergencia generada por la crisis 
sanitaria del COVID-19 no prive a la empresa de su capacidad real para organizar sus 
recursos.
Asimismo, es del todo imprescindible, ofrecer una solución conjunta a las distintas 
eventualidades que, a nivel de tramitación, se están suscitando tanto para la entidad 
gestora de las prestaciones de desempleo, como para las autoridades laborales, con 
motivo del incremento de los expedientes de regulación temporal de empleo solicitados y 
comunicados por las empresas. En concreto, se pretende clarificar el límite temporal de las 
resoluciones tácitas recaídas en los expedientes de regulación temporal de empleo 
solicitados por fuerza mayor, en los que el silencio, que es positivo conforme a lo previsto 
en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, no puede suponer una duración máxima 
diferente que la aplicable a las resoluciones expresas, que se circunscriben a la vigencia 
del estado de alarma, conforme a lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, así como de sus posibles prórrogas.
Por otro lado, esta ley prevé medidas que permitan proporcionar un equilibrio entre los 
recursos del sector público y las necesidades de respuesta de empresas y personas 
trabajadoras afectadas por la grave situación de crisis sanitaria por la que atravesamos. 
Todo ello, sin olvidar, la necesidad de implementar todos los mecanismos de control y de 
sanción necesarios, con el fin de evitar el uso fraudulento de los recursos públicos para 
finalidades ajenas a las vinculadas con su naturaleza y objetivo.
De esta forma, se prevé que las solicitudes presentadas por la empresa que 
contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las 
sanciones correspondientes, siendo sancionable, igualmente, conforme a lo previsto en 
dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al 
empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que 
las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones 
indebidas.
De forma paralela, se establece el deber de colaboración de la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debiendo 
notificar, a tal efecto a esta última, los supuestos en los que apreciase indicios de fraude 
para la obtención de las prestaciones por desempleo.
Adicionalmente, se incluye una modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, con el fin de determinar que las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones 
y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 del mismo, serán de 
aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción 
de jornada comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad a la entrada en vigor de 
dicho real decreto-ley y siempre que deriven directamente del COVID-19.
Finalmente, la presente ley introduce una modificación del artículo 16 del Real Decreto-
ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19, relativo a la contratación, al objeto de ampliar la 
tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que 
precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas 
para hacer frente al COVID-19, previsto en el mismo, a todo el sector público. Asimismo, 
se prevé la posibilidad de que el libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a  es
los gastos que genera la adopción de medidas para la protección de la salud de las  o
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real decreto-ley.
Finalmente, también se excluye de la facturación electrónica las facturas emitidas por 
proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a expedientes de 
contratación. Todas estas medidas tratan de mejorar y hacer más eficaz la tramitación de 
la contratación por parte de la Administración en el exterior, facilitando el comercio exterior 
en un marco de circunstancias excepcionales que se están viviendo en la actualidad como 
consecuencia del COVID-19.
III
Esta ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos, 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el 
interés general en el que se fundamentan las medidas establecidas, siendo la ley el 
instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Así, responde a la necesidad 
de minimizar el riesgo de un impacto incontrolado e irreversible de la situación de 
emergencia extraordinaria que se sigue del estado de alerta sanitaria provocada por 
el COVID-19, tanto en la actividad económica como en el mantenimiento y salvaguarda del 
empleo, evitándose así situaciones de desprotección y garantizando el restablecimiento y 
recuperación de la actividad económica.
Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para 
conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situación temporal y 
extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
Asimismo, cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica 
claramente su propósito y se ofrece una explicación. Por último, en relación con el principio 
de eficiencia, esta ley no impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con 
anterioridad.
Artículo 1.  Mantenimiento de actividad y del empleo en centros sanitarios y sociales.
1.  Hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención 
adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se 
entenderán en todo caso como servicios esenciales para la consecución de tal finalidad, 
cualquiera que sea la titularidad, pública o privada, o el régimen de gestión, directa o 
indirecta, los siguientes:
a)  Los centros, servicios y establecimientos sanitarios que determine el Ministerio de 
Sanidad.
b)  Los centros, servicios y establecimientos sociales dedicados a la atención de la 
infancia y la adolescencia, de personas mayores, de personas en situación de dependencia, 
de  personas  con  discapacidad,  de  personas  con  problemas  de  adicciones  o 
drogodependencias, o de personas en riesgo o situación de exclusión social y a personas sin 
hogar, en los términos especificados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
2.  De conformidad con dicho carácter esencial, las autoridades competentes deberán 
adoptar las medidas precisas para que los centros, servicios y establecimientos a que se 
refiere el apartado anterior puedan mantener su actividad, sin perjuicio de su suspensión 
o reducción parcial o de la aplicación sobre sus trabajadores de los procedimientos  es
previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en los  o
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Artículo 2.  Medidas extraordinarias para la protección del empleo.
La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada 
previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se 
podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del 
despido.
Artículo 3.  Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, para agilizar la tramitación y abono de 
prestaciones por desempleo.
1.  El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, 
para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada 
por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en 
representación de aquellas.
Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la entidad gestora de 
las prestaciones por desempleo y se incluirá en la comunicación regulada en el apartado 
siguiente.
2.  Además de la solicitud colectiva, la comunicación referida en el apartado anterior 
incluirá la siguiente información, de forma individualizada por cada uno de los centros de 
trabajo afectados:
a)  Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y 
código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los 
trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se soliciten.
b)  Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de correo 
electrónico del representante legal de la empresa.
c)  Número de expediente asignado por la autoridad laboral.
d)  Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en que 
cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.
e)  En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de 
disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.
f)  A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una 
declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de 
aquellas para su presentación.
g)  La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución de 
la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos inicialmente 
contenidos en la comunicación, y en todo caso cuando se refieran a la finalización de la 
aplicación de la medida.
3.  La comunicación referida en el apartado anterior deberá remitirse por la empresa en 
el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación temporal de empleo en los 
supuestos de fuerza mayor a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, o desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral  s
competente su decisión en el caso de los procedimientos regulados en su artículo 23. La  oe.
comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se determine por  w.
el Servicio Público de Empleo Estatal. 71ww
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5.  Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de la remisión por parte 
de la autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones de sus resoluciones y de 
las comunicaciones finales de las empresas en relación, respectivamente, a los 
expedientes tramitados conforme a la causa prevista en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Artículo 4.  Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la 
adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial, en los 
términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo.
Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las 
sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios 
virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total o 
parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente 
certificación para su tramitación, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.
Artículo 5.  Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales.
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 
interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos 
contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada 
una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas 
por estas.
Disposición adicional primera.  Limitación de la duración de los expedientes temporales 
de regulación de empleo basados en las causas previstas en el artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al amparo de las 
causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá 
extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada 
del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma norma, 
entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma decretado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus 
posibles prórrogas.
Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales 
recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo, con 
independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta.
Disposición adicional segunda.  Régimen sancionador y reintegro de prestaciones 
indebidas.
1.  En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o  e.
incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. w.
Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de  71ww
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o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social.
2.  El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no 
imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en 
el apartado anterior, dará lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente 
generadas. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las 
cantidades percibidas por la persona trabajadora, de acuerdo con lo establecido en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
3.  La obligación de devolver las prestaciones previstas en el apartado anterior será 
exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables.
La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al periodo de 
regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera 
percibido en concepto de prestación por desempleo.
Disposición adicional tercera.  Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo 
derivadas de los procedimientos basados en las causas referidas en los artículos 22 
y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
1.  La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza 
mayor será la fecha del hecho causante de la misma.
2.  Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada sea debida a la causa 
prevista en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la 
fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente 
o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión 
adoptada.
3.  La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en 
todo caso, en el certificado de empresa, que se considerará documento válido para su 
acreditación.
Disposición adicional cuarta.  Colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por 
desempleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En los supuestos en los que la entidad gestora apreciase indicios de fraude para la 
obtención de las prestaciones por desempleo, lo comunicará a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social a los efectos oportunos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá, 
entre sus planes de actuación, la comprobación de la existencia de las causas alegadas 
en las solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de regulación de empleo 
basados en las causas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo.
Disposición final primera.  Modificación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19.
Se da nueva redacción al artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19,  es
modificado por la disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de  o
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1.  La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las
entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad
de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.  De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los 
contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender 
las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas 
adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará 
de aplicación la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera necesario 
realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, 
no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada 
Ley 9/2017, siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en 
función de la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la 
necesidad por otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse 
constancia en el expediente.
3.  El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que 
genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente 
al COVID-19 podrá realizarse a justificar.
4.  Cuando la contratación para la atención de estas necesidades deba 
producirse en el exterior, porque los contratos se formalicen o ejecuten total o 
parcialmente en el extranjero, la formalización de los contratos corresponderá al 
Jefe de la Misión o Representación Permanente, con sujeción a las condiciones 
libremente pactadas por la Administración con el contratista extranjero, cuando la 
intervención de este sea absolutamente indispensable para la ejecución del 
contrato, por requerirlo así la atención de las necesidades derivadas de la 
protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros 
para hacer frente al COVID-19, y así se acredite en el expediente. No obstante, 
esta competencia podrá avocarse por el titular del departamento Ministerial 
competente por razón de la materia. Los contratos deberán formalizarse por 
escrito y se sujetarán a las condiciones pactadas por la Administración con el 
contratista extranjero.
Los libramientos de los fondos a los que se refiere el apartado tercero de este 
artículo podrán realizarse bien a favor de cajeros en España, bien a favor de 
cajeros en el exterior, manteniéndose la gestión financiera en el ámbito del 
Ministerio de Sanidad y con cargo a su presupuesto, sin perjuicio de que pudiera 
realizarse igualmente el pago en firme a través del cajero de pagos en el exterior. 
No obstante, la persona titular del ministerio de sanidad podrá delegar esta 
competencia  de  gestión  financiera  en  órganos  o  entidades,  sean  o  no 
dependientes.
Cuando fuera imprescindible de acuerdo con la situación del mercado y el 
tráfico comercial del Estado en el que la contratación se lleve a cabo, podrán 
realizarse la totalidad o parte de los pagos con anterioridad a la realización de la 
prestación por el contratista, en la forma prevista en el apartado 2. El riesgo de 
quebranto que pudiera derivarse de estas operaciones será asumido por el 
presupuesto del Estado.
5.  Se excluye de la obligación de facturación electrónica establecida en la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público, desde la entrada en vigor de este  es
real decreto-ley, a las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados en  o
earl tíecxutleor.i»or que correspondan a los expedientes a los que hace referencia este  2021-5771n https://www.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor y vigencia.
Esta ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los artículos 2 y 5 mantendrán su vigencia hasta el 31 de mayo de 2021.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 12 de abril de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN