BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Viernes 23 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 91319
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12832 Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz 
de Tenerife a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por don Francisco Javier Martínez del Moral, Notario de 
Santa Cruz de Tenerife, contra la negativa de la registradora de la propiedad de El 
Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, doña María Azucena Morales 
González, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Santa Cruz de Tenerife don Francisco 
Javier Martínez del Moral el día 18 de mayo de 2020, con número 750 de su protocolo, 
don M.A.C.A. y doña C.P.Q.H. vendieron a doña C.L.S. la finca número 52.605 del 
referido Registro, que, según se expresa en dicha escritura «compra y adquiere para sí 
el  pleno  dominio  de  la  finca  objeto  de  esta  escritura»,  añadiéndose  que  dicha 
compradora y su esposo, don N.Q.R., «acuerdan, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1323 del Código Civil que ésta adquiere el pleno dominio del inmueble en 
exclusiva y con carácter privativo». También se indica en la escritura que estos cónyuges 
están  casados  bajo  el  régimen  de  separación  de  bienes  en  virtud  de  escritura  de 
capitulaciones matrimoniales autorizada por el mismo notario el día 1 de marzo de 2018, 
con número 375, y «Declaran que han promovido recientemente la indicación de los 
capítulos al margen de la inscripción de matrimonio, pendiente de su constatación por la 
suspensión de actividades y plazos de procedimiento».
II
Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad número 4 de Santa Cruz de 
Tenerife, fue objeto de la siguiente calificación:
«Previa calificación del documento que antecede, compraventa, otorgada ante el 
Notario de Santa Cruz de Tenerife, Don Javier Martínez del Moral, el dieciocho de mayo 
de dos mil veinte, número 750 de protocolo, respecto de la cual se acreditó el pago del 
impuesto y la presentación a efectos de plusvalía el 1 de junio pasado mediante la 
entrada 2153, y de conformidad con los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 del 
Reglamento para su  ejecución la Registradora que  suscribe ha resuelto suspender 
inscripción solicitada por apreciar los defectos que se basan en la consideración de los 
siguientes hechos a los que se aplican los fundamentos de derecho que se señalan:
En el título calificado se transmite la registral 52605 a doña C.L.S., casada en  s
separación de bienes con don N.Q.R., en virtud de escritura autorizada ante el notario de  oe.
Santa Cruz de Tenerife Don Javier Martínez del Moral, el día 1 de marzo de 2018 al  w.
número 375 de protocolo, sin que consten los datos de inscripción de las capitulaciones  832ww
rmeaatlirzima odneia lceosn efonr eml iRdaedg isctoron  Ceilv ila yrt ímcualnoi fe1s3t2a3n ddoe dl eC fóodrmigao  eCxpivriel scao qnufoer mlae a daql ucisuiacli ó“nL soes 
tcoódnay ucglaesse  pdoed cráonn trtaratonss”m.itirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí  BOE-A-cable e
Falta  aportar  por  lo  tanto  a  este  Registro  Certificación  del  Registro  Civil 
correspondiente, que acredite la toma de razón de la escritura en la que se pactó el 
régimen de separación de bienes entre los cónyuges.
El  Artículo  1.333  del  Código  Civil  y  concordantes  de  la  Ley  y  Reglamento  del 
Registro Civil, del que resulta “En toda inscripción de matrimonio en el Registro Civil se 
hará  mención,  en  su  caso,  de  las  capitulaciones  matrimoniales  que  se  hubieren 
otorgado,  así  como  de  los  pactos,  resoluciones  judiciales  y  demás  hechos  que 
modifiquen  el  régimen  económico  del  matrimonio.–Si  aquéllas  o  éstos  afectaren  a 
inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en la forma y a los efectos 
previstos en la Ley Hipotecaria”.
Artículo 77 de la Ley del Registro civil. “Al margen también de la inscripción del 
matrimonio  podrá  hacerse  indicación  de  la  existencia  de  los  pactos,  resoluciones 
judiciales  y  demás  hechos  que  modifiquen  el  régimen  económico  de  la  sociedad 
conyugal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1332 del Código Civil”. Artículo 266 
del Reglamento del Registro Civil. “En las inscripciones que, en cualquier otro Registro, 
produzcan las capitulaciones y demás hechos que afecten al régimen económico se 
expresará el Registro Civil, tomo y folio en que ~la inscrito o indicado el hecho. Se 
acreditarán los datos exigidos por certificación, por el Libro de familia o por la nota a que 
se refiere el párrafo anterior, y de no acreditarse se suspenderá la inscripción por defecto 
subsanable”.
Resulta igualmente de las consideraciones que se desprenden de la Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 14 de diciembre de 2017 al 
confirmar la calificación de Registrador señalando que “Como ha puesto de relieve 
anteriormente este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 22 de febrero 
y 28 de abril de 2005), el artículo 266 del Reglamento del Registro Civil exige en su 
párrafo sexto, que en las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el 
de la Propiedad– produzcan los hechos que afecten al régimen económico matrimonial 
han de expresarse los datos de inscripción en el Registro Civil (tomo y folio en que 
consta inscrito o indicado el hecho), que se acreditaran por certificación, por el libro de 
familia o por la nota al pie del documento. En caso de no haberse acreditado se 
suspenderá la inscripción por defecto subsanable. 3. En el presente expediente resulta 
que la disolución del matrimonio se ha producido como consecuencia del divorcio, por lo 
que se trata de una resolución judicial que modifica el régimen económico de la sociedad 
de gananciales (cfr. artículos 1392 del Código Civil y 77 de la Ley del Registro Civil), 
debiendo constar la previa toma de razón en el Registro Civil, para poder proceder a la 
inscripción del título calificado en el Registro de la Propiedad (artículo 266 Reglamento 
del Registro Civil). No constando en el presente caso la mencionada acreditación por 
ninguno  de  los  medios  expresados  no  puede  procederse,  por  tanto,  a  practicar  la 
inscripción solicitada”.
Contra el presente acuerdo de calificación del Registrador los interesados podrán 
(…)
El  Rosario,  a  19  de  junio  de  2020.–La  Registradora,  María  Azucena  Morales 
González.»
III
Don  Francisco  Javier  Martínez  del  Moral,  notario  autorizante  de  la  escritura,  es
interpuso recurso contra la calificación del registrador sustituido, mediante escrito que  bo
entró en el Registro de la Propiedad número 4 de Santa Cruz de Tenerife el 13 de julio  832ww
de 2«0I2. 0,D ceo nl alo sc afulifnicdaacmióenn troesg jiusrtrídailc oy s dqeu elo as  cpoonrtmineunaociróens  sdee tlr atíntusclor ibdeen :interés para la
resolución.
I.1  La  calificación  que  se  recurre  reza  como  sigue:  “En  el  título  calificado  se 
transmite la registral 52605 a doña… casada en separación de bienes con don…, en 
virtud de escritura de capitulaciones… sin que conste los datos de inscripción (sic) de las 
capitulaciones matrimoniales en el Registro Civil y manifestando de forma expresa que la 
adquisición se realiza conforme con el artículo 1323 del Código Civil conforme al cual los 
cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí 
toda clase de contratos”.
Falta  aportar  por  tanto  a  este  Registro  Certificación  del  Registro  Civil 
correspondiente, que acredite la toma de razón de la escritura en la que se pactó el 
régimen de separación de bienes entre los cónyuges.
El  Artículo  1.333  del  Código  Civil  y  concordantes  de  la  Ley  y  Reglamento  del 
Registro Civil del que resulta…
Artículo 77 de la Ley de Registro civil… Artículo 266 del Reglamento del Registro Civil…
Resulta igualmente de las consideraciones que se desprenden de la Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 14 de diciembre de 2017 al 
confirmar la calificación del Registrador señalando que “… Como ha puesto de relieve 
anteriormente este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 22 de febrero 
y 28 de abril de 2005), el artículo 266 del Reglamento de Registro Civil exige en su 
párrafo sexto, que en las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el 
de la Propiedad– produzcan los hechos que afecten al régimen económico matrimonial 
han de expresarse los datos de inscripción en el Registro Civil (tomo y folio en que 
consta inscrito o indicado el hecho), que se acreditará por certificación, por el libro de 
familia o por la nota al pie del documento. En caso de no haberse acreditado se 
suspenderá la inscripción por defecto subsanable. 3. En el presente expediente resulta 
que la disolución del matrimonio se ha producido por divorcio, por lo que se trata de una 
resolución judicial que modifica el régimen económico de la sociedad de gananciales… 
debiendo constar la previa toma de razón en el Registro Civil, para poder proceder a la 
inscripción del título calificado en el Registro de la Propiedad…”
I.2.  En la intervención del título calificado se expresa que: “Doña ... y don ... se 
encuentran casados bajo el régimen de separación de bienes en virtud de escritura 
autorizada ante el infrascrito notario el día… al número… de protocolo. Declaran que han 
promovido recientemente la indicación de los capítulos al margen de la inscripción de 
matrimonio, pendiente de su constatación por la suspensión de actividades y plazos de 
procedimiento...”.
A su vez, en la Estipulación Primera los cónyuges comparecientes disponen lo siguiente:
“… Don… y doña… acuerdan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323 
del Código Civil que ésta adquiere el pleno dominio del inmueble en exclusiva y con 
carácter privativo…”.
II.  Ámbito de aplicación de la falta de indicación del régimen económico matrimonial 
en el Registro Civil.
El artículo 266 del Reglamento de Registro Civil (en adelante, RRC), impone la 
previa indicación al margen de la inscripción de matrimonio –de los capítulos y demás 
hechos que afecten al régimen económico matrimonial– a la inscripción que tales títulos 
puedan provocar en otros registros públicos.
El Centro Directivo ha definido el ámbito de aplicación de este precepto partiendo de 
la evidencia de que la eficacia de las capitulaciones es independiente de su publicidad  s
(Sentencia del Tribunal Supremo –en lo sucesivo, STS– de 10 de marzo de 1998). En  oe.
efecto: 832www.
regis1t.rºo  Nciov ile se dspea añpolli ca(Rcieósno alu lcoiós nc adpeít ullao s Doitroercgcaidóons  Gpoern emraatl rimdeo nliooss  nRoe ignissctrroitso s ye nd eell 
Notariado –en adelante, RDGRN– de 9 de enero de 2018).
2.º  Tampoco es de aplicación, en general, a los títulos que siendo inscribibles en el 
registro de la propiedad no tienen acceso al Registro Civil, como puede ser la escritura 
de compra de un inmueble (RRDGRN 20 febrero 1985, 16 noviembre 1994, 24 abril 2003 
y 28 abril 2005).
Así, la Resolución de 16 de noviembre de 1994 advierte que:
“… Entre los hechos que afectan al régimen económico a que se refiere el citado 
precepto [artículo 266 RRC] no está la compra de un bien porque ni este hecho se refleja 
en el Registro Civil ni por sí afecta al régimen o estatuto a que están sujetas las 
relaciones económicas conyugales…”.
Tradicionalmente se ha entendido que el artículo 266 del RRC, tal y como se expresa 
literalmente, se aplica sólo a los supuestos en que sean las mismas capitulaciones o el 
mismo hecho que afecte al régimen económico del matrimonio el que haya de reflejarse 
tanto en el registro civil como en el registro de la propiedad. La previa indicación en el 
registro civil se exige –continúa afirmando la Resolución de 16 de noviembre de 1994–.
“… por afectar el cambio de régimen económico a la titularidad del bien o régimen de 
un derecho inscrito o inscribible que, según el título adquisitivo, hubiera sido adquirido 
antes de la separación judicial…”.
Este es el caso resuelto por las RRDGRN de 22 de febrero y 28 de abril de 2005, y 
también por la que cita la funcionaria registral, de 14 de diciembre de 2017 (referente a la 
inscripción de una escritura de disolución de matrimonio y liquidación de comunidad de 
gananciales).
3.º  No obstante lo anterior, una reciente resolución de 13 de febrero de 2020, 
considera exigible la previa indicación (inscripción en terminología de la Resolución) a la 
compraventa otorgada unilateralmente por uno de los cónyuges sin acuerdo del otro 
“pues ello podría desembocar en la indeseable consecuencia de que se produjera una 
colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el Registro Civil y la 
oponibilidad nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad (artículo 32 de la Ley 
Hipotecaria), al publicar cada Registro una realidad distinta…”.
El caso que se trae a debate en el presente recurso no tiene encaje en ninguno de 
los supuestos enumerados anteriormente.
En efecto, en la escritura calificada, uno de los cónyuges bajo el régimen paccionado 
de separación de bienes, adquiere por compraventa y con el consentimiento de su 
consorte un inmueble, prescindiendo de su régimen matrimonial y al amparo de la 
autonomía de la voluntad que presiden las relaciones patrimoniales interconyugales, 
declarando expresamente que tal adquisición se verifica por el cónyuge adquirente en 
exclusiva y con carácter privativo, al amparo del artículo 1323 del Código Civil.
Expresamos a continuación las razones por las que, a nuestro juicio, este supuesto 
queda fuera del alcance normativo el artículo 266 del RRC.
III.  El  principio  de  autonomía  de  la  voluntad  en  el  ámbito  de  las  relaciones 
patrimoniales interconyugales.
III.1.  Para situarnos en el escenario concreto en que se desarrolló el otorgamiento, 
conviene atender a su cronología: el día 18 de mayo de 2020, en pleno confinamiento, 
general de la población española para hacer frente a la pandemia del Covid 19. Los  s
cónyuges adquirentes comparecen en el acto de la compraventa exhibiendo una copia  oe.
autorizada de la escritura configurativa del régimen de separación de bienes entre ellos,  w.
sin nota de publicación registral. 832ww
en qEuvei dpeunetdeamne vnotelv, epro as peosntaerr  oupnear aatdivqousi sloicsió rne gmisátsro asl lcái vdileels v, eennc eimsaiesn fteoc ahrarsa l chearrsatad oesl ,d níao 
rearzao lnae sso qluuceió sne ó aprtgimuma enni tlaa nq sueegriudiad apmore lnatse .partes. Tampoco era –ni es necesario– por las  BOE-A-cable e
Es por ello que –ilustrados sobre las diferentes alternativas– la compradora optó por 
adquirir prescindiendo de su concreto régimen matrimonial secundario, con base en el 
principio  de  autonomía  de  la  voluntad  que,  con  carácter  general,  sanciona  el 
artículo 1255 del Código Civil (en adelante, CC) y, en particular, para la organización del 
patrimonio de los cónyuges, el artículo 1323 del mismo texto legal. Y así se declaró 
expresamente en el título incorrectamente calificado.
III.2.  La calificación no percibe la correcta operativa de las normas que invoca o, en 
el mejor de los casos, prescinde paladinamente de expresar fundamentación jurídica 
alguna que desvirtúe la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo y por la Dirección 
General.
En efecto, de la STS de 27 de mayo de 2019 y de las Resoluciones de la Dirección 
General de 12 de Junio de 2020 se entiende que cuando los cónyuges no adquieren 
conforme a su régimen económico matrimonial, sino en virtud del principio de autonomía 
de la voluntad (artículos 1255 y 1323 del CC), el acuerdo es preferente a las normas del 
régimen económico (sea de gananciales, de separación, de participación en ganancias o 
cualquiera otro) y, en lo que ahora concierne, ajeno a la constancia de ese régimen en el 
registro civil, por lo que no puede existir colisión entre la inscripción del título en el 
registro de la propiedad, con el régimen económico general de los cónyuges y con el 
hecho de que tal régimen sea publicable y, de serlo, se encuentre publicado en el 
registro civil.
III.3.  Resulta  evidente  que  el  artículo  1323  del  CC  autoriza  adquisiciones 
prescindiendo del principio de subrogación real (que opera para las atribuciones de 
ganancialidad, generando –o no, según acuerdo– un crédito de reembolso entre masas 
patrimoniales),  supera  las  limitaciones  –frente  a  acreedores  y  legitimarios–  de  la 
confesión  de  privatividad  (bienes  confesados  privativos  o,  con  mayor  rigor  técnico, 
presuntivamente  privativos)  y  de  las  normas  que  operan  sectorialmente  cuando  el 
matrimonio está sometido a la disciplina de la comunidad de gananciales; del mismo 
modo, en general, la autonomía de la voluntad permite fijar el régimen singular de una 
determinada adquisición más allá del concreto régimen matrimonial de los cónyuges o 
del cónyuge adquirente.
Así, cabe la atribución de privatividad causalizada a favor de un solo cónyuge de un 
bien adquirido con dinero del otro cónyuge, con independencia de si los consortes están 
sometidos al régimen de gananciales o al de separación de bienes; también puede 
adquirirse privativamente un bien con dinero cuya procedencia no se acredita ni se 
confiesa por el cónyuge del adquirente que la contraprestación es privativa y, como 
acontece  en  nuestro  caso,  puede  adquirirse  un  bien  privativamente  al  amparo  del 
artículo 1323 del Código Civil, prescindiendo de hacerlo con base en el régimen de 
separación de bienes o de cualquier otro régimen matrimonial legal o paccionado.
En el supuesto debatido, el régimen económico de la compradora al tiempo de 
consumar la compraventa es –como se ha dicho– el de separación de bienes, que opera 
con plena eficacia ad íntra, sin perjuicio de las limitaciones que puedan resultar respecto 
de terceros al faltar su constancia tabular.
Si tal régimen se expresa en la comparecencia del instrumento público lo es por 
exigencias del artículo 159 del Reglamento Notarial, cuyo párrafo cuarto reza como 
sigue:
“Se expresará, en todo caso, el régimen económico de los casados no separados 
judicialmente.  Si  fuere  el  legal  bastará  la  declaración  del  otorgante.  Si  fuese  el 
establecido en capitulaciones matrimoniales será suficiente que se le acredite al notario  e.
su otorgamiento en forma auténtica. El notario identificará la escritura de capitulaciones y  w.b
en su caso, su constancia registral, y testimoniará el régimen acreditado, salvo que fuere  832ww
alguno de los regulados en la ley, en que bastará con hacer constar cuál de ellos es”.
artícEull om  e2r6o6  hedcehl oR dReC q, ueex perl easretí cquuloe  trhaanys crqituoe,  ciudyean trifeicdaarc csióienm epsre p olas teerisocrr iatu rlaa  ddeel 
capitulaciones, pero sólo “en su caso” explicitar su constancia registral, revela que no
siempre va a ser necesario reflejar en el título esa constancia, porque hay supuestos de 
irrelevancia de esa plasmación tabular; precisamente así ocurre cuando la adquisición no 
dependa de lo ordenado o convenido en los capítulos y, por tanto, resulte indiferente la 
cognoscibilidad general de éstos.
III.4.  La registradora no se molesta en razonar cuál es el motivo por el que ignora la 
aplicación del artículo 1323 del CC. No nos ilustra si considera que este precepto no es 
aplicable al tiempo de la adquisición del inmueble, sino en un momento posterior y en un 
título diferente (como se ha sostenido por algunos registradores), o si no puede operar 
cuando se adquiere el inmueble de un tercero (como también se ha mantenido por otros 
funcionarios  calificadores);  o  si  el  problema  deriva  de  que  no  caben  adquisiciones 
fundadas en preceptos del régimen económico matrimonial primario, desconectadas del 
régimen económico concreto del matrimonio; o, en fin, si se fundamenta en la necesidad 
de protección del vendedor o de eventuales acreedores.
Cualquiera que sea el razonamiento que justifique el obstáculo registral procede a 
nuestro juicio la revocación de la calificación, puesto que no protege sino restringe la 
voluntad de los cónyuges y, desde luego, no puede fundarse en la protección del 
vendedor ni de terceros, singularmente de los acreedores. Veámoslo.
III.4.1  Nadie  duda  que  el  vendedor  es  un  tercero  (respecto  a  la  atribución 
adquisitiva) porque no está –ni puede estar– ligado por vínculo matrimonial con los 
adquirentes (españoles de origen y casados en España); precisamente, tratándose de un 
tercero en relación al matrimonio comprador, nada tiene que decir u oponer a la forma y 
manera  en  que  los  cónyuges  deciden  soberanamente  estructurar  su  patrimonio 
consorcial, dado que no puede afectarle como hecho externo y ajeno a su esfera de 
actuación, a su poder de disposición y al sinalagma contractual de la compraventa.
III.4.2  Que el artículo 1323 del CC opera, bien al tiempo originario de la adquisición, 
bien como consecuencia de una redistribución patrimonial ulterior entre cónyuges, es 
algo pacífico doctrinal y jurisprudencialmente. Y es que no se puede negar eficacia ex 
ante a la autonomía de la voluntad interconyugal en el ámbito de las adquisiciones de 
bienes, considerando que tal autonomía solo opera ex post, puesto que tal interpretación 
confundiría el acto traslativo (del tradens) con el adquisitivo (del adquipiens).
En este sentido, la Resolución de la Dirección General de 30 de julio de 2018, 
declaró que:
“… el pacto de privatividad siempre será admisible… tanto en los supuestos en que 
sea previa o simultánea a la adquisición, como en los casos en que sea posterior… de 
modo que ambos consortes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, excluyen el 
juego de la presunción de ganancialidad del artículo 1361 del Código Civil…”.
En el mismo sentido las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública (en lo sucesivo RDGSJFP), ambas de 12 de junio de 2020, que autorizan a 
los cónyuges comparecientes casados en régimen de gananciales en el acto mismo de 
la compraventa y en ejercicio de su autonomía de la voluntad (ex. artículos 1323 y 1355 
CC) la adquisición definitiva (y no meramente presuntiva) del inmueble comprado con 
carácter  privativo  para  uno  solo  de  ellos,  sin  acreditar  –más  allá  de  la  simple 
manifestación– el carácter privativo de la contraprestación y sin asignarle el carácter de 
liberalidad o generar un derecho de reembolso (art. 1358 CC).
También  se  ha  pronunciado  el  Tribunal  Supremo.  Cito,  por  todas,  la  reciente 
Sentencia de 27 de mayo de 2019 (Ponente excma. Sra. Parra Lucán), relativa a la  s
atribución  ganancial  originaria  –es  decir,  en  el  momento  de  la  adquisición–  de  lo  oe.
ciaenodxmmtqeuupneirsubaiacldecioó ióa nndp  eqoqsuru  irueeidn l eo els. laeocmloue ecnródtono y ddueegf eilno istco ocrnióo n sdyueu lgd ecinase reáronc t eperrl  imvaatortiimbvoue.tn ivtLooa   m–sgiesanmntaeonn eccniiaa ql  auofe irp msreiva a v'tehivraiofsi–cta ad  lelaal    2020-12832n https://www.
En efecto, nos dice la sentencia relacionada que:
“… Frente a la atribución de ganancialidad realizada de forma voluntaria por los 
cónyuges, la prueba posterior del carácter privativo del dinero invertido sería irrelevante 
a efectos de alterar la naturaleza del bien, que ha quedado fijada por la declaración de 
voluntad de los cónyuges”.
A contrario sensu, frente a la adquisición a privativa y a favor de uno de los cónyuges 
por voluntad de ambos, el hecho de que cualquier tercero, señaladamente un acreedor, 
pruebe que al tiempo de la adquisición no estaba indicada al margen de la inscripción de 
matrimonió el régimen económico de los cónyuges (sea de separación, de comunidad o 
cualquier otro que permitiera derogar la aplicación del régimen ganancial) tal circunstancia 
no altera la naturaleza del bien; tampoco le permite invocar la inoponibilidad de las 
capitulaciones para conseguir ese resultado, ni existe conflicto entre el contenido del 
registro civil y el de la propiedad con el pronunciamiento que esta institución pueda 
publicar con relación a ese bien, dado que su naturaleza no proviene de la aplicación 
directa de las normas de régimen económico secundario, sino de los principios, derechos 
y garantías que conforman el régimen económico matrimonial primario, cuya eficacia 
imperativa y de orden público matrimonial no es discutida, en tanto manifestación del 
superior  valor  de  libertad  de  los  cónyuges,  para  la  fijación  y  determinación  de  sus 
relaciones económicas (artículos 9.3, 1315, 1323, 1325 y 1328 CC).
III.4.3  El  Centro  Directivo  ha  admitido  con  amplitud  que  los  cónyuges  pueden 
atribuir carácter privativo a un bien ganancial, (cfr. RRDGRN de 25 de septiembre 
de 1990, 21 de enero de 1991 y 30 de julio de 2018), sin que pueda oponerse a tal 
atribución un eventual fraude a los acreedores.
En este sentido, la RDGRN de 25 de septiembre de 1990, declara que:
“…Por  una  parte,  las  normas  jurídicas  no  pueden  ser  interpretadas  desde  la 
perspectiva de evitar el fraude de los acreedores, el cual, además, tiene suficiente 
remedio en las correspondientes acciones de nulidad y rescisión o en la aplicación de las 
normas  que  se  hubiere  tratado  de  eludir.  Por  otra,  no  puede  desconocerse  la 
proclamación, tras la reforma del Código Civil de 13 de mayo de 1981, de la libertad de 
contratación entre los cónyuges (principio recogido en el artículo 1.323 del Código Civil… 
de la que no puede inferirse, por tanto, la exclusión legal de los demás supuestos de 
contratación entre esposos) que posibilita a estos, para, actuando de mutuo acuerdo, 
provocar el desplazamiento de un concreto bien…”.
Como afirma el Centro Directivo, por todas, RRDGSJFP 12 junio 2020:
“…La regulación que del régimen económico matrimonial contiene el Código Civil se 
caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los 
artículos 1315 (libertad 'en' la determinación del régimen económico), 1325 (libertad en 
cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1328 (libertad de pacto en tanto las 
estipulaciones no sean contrarias a las leyes o las costumbres o limitativas de la igualdad de 
derechos  que  corresponda  a  cada  cónyuge)  y  1323  (posibilidad  de  transmitirse  los 
cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos), 
sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr. artículo 1315)…”.
La RDGRN de 21 de diciembre de 1998 considera que el acuerdo de los cónyuges 
debe considerarse suficiente para justificar los desplazamientos patrimoniales derivados  es
de pactos extracapitulares, tratándose de convenciones que participan de la misma  o
“iusta causa traditionis”, justificativa del desplazamiento patrimonial “ad sustinenda-oneri  832ww
matrYim aofinrmiaa”: también la RDGSIFP d 12 de junio de 2020 que:
“… admitido ese trasvase patrimonial de un bien ya ganancial, debe igualmente
admitirse que los cónyuges, con ocasión de la adquisición de determinado bien a tercero,
puedan convenir que éste ingrese de manera directa y erga omnes en el patrimonio 
personal  de  uno  de  ellos  a  pesar  de  no  haberse-acreditado  la  privatividad  de  la 
contraprestación,  siempre  que  dicho  negocio  conyugal  atributivo  (que  mantiene  su 
sustantividad y autonomía jurídica pese a su conjunción con el negocio adquisitivo) 
obedezca a una causa adecuada  que justifique la no operatividad del principio de 
subrogación real (1.347.3.2 del Código Civil)…”.
Pues bien, los razonamientos expresados, sustentados por las Resoluciones del 
Centro Directivo y la doctrina del Tribunal Supremo, referentes a la primacía de la 
autonomía  de  la  voluntad  sobre  las  disposiciones  del  concreto  régimen  económico 
matrimonial,  a  la  hora  de  atribuir  una  determinada  pertenencia  a  una  adquisición 
inmobiliaria,  son  argumentos  suficientes  para  corregir  el  criterio  de  la  funcionaria 
calificadora, revocar la calificación y declarar la inscribibilidad del título.»
IV
Mediante escrito de 21 de julio de 2020, la registradora de la propiedad accidental de 
El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, doña Carmen Rosa Pereira 
Remón, elevó el expediente, con su informe, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1218, 1255, 1323 y 1333 del Código Civil; 2 y siguientes de la Ley 
del Registro Civil; 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 266 del Decreto de 14 de 
noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil; 159 
del Reglamento Notarial; la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2019; y 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de 
febrero y 28 de abril de 2005, 22 de marzo de 2010, 14 de diciembre de 2017; y de este 
Centro Directivo de 13 de febrero y 12 de junio de y 15 de septiembre de 2020.
1.  Debe determinarse en este expediente si es o no necesario acreditar la previa 
indicación en el Registro Civil de una escritura de capitulaciones matrimoniales en la que 
unos cónyuges pactan el régimen económico-matrimonial de separación de bienes, para 
que un bien adquirido mediante compraventa por la esposa pueda ser inscrito con 
carácter privativo a su favor. Según se expresa en la escritura de compraventa, dicha 
compradora y su esposo «acuerdan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323 
del Código Civil que ésta adquiere el pleno dominio del inmueble en exclusiva y con 
carácter privativo».
Cuestión análoga ha sido recientemente abordada en las Resoluciones de este 
Centro Directivo de 13 de febrero de 2020 y 15 de septiembre de 2020, con un criterio 
que debe ahora reiterarse.
2.  El artículo 266 del Reglamento del Registro Civil exige en su párrafo sexto, que 
en las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad– 
produzcan los hechos que afecten al régimen económico matrimonial han de expresarse 
los datos de inscripción en el Registro Civil (tomo y folio en que consta inscrito o indicado 
el hecho), que se acreditarán por certificación, por el libro de familia o por la nota al pie 
del documento. En caso de no haberse acreditado se suspenderá la inscripción por 
defecto subsanable.
La inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación 
(artículo 2 de la Ley del Registro Civil), sino también de oponibilidad frente a terceros  e.e
(artículo 1218 del Código Civil, en combinación con el artículo 222.3 de la Ley de  b
Enjuiciamiento Civil), eficacia esta última que conduce al rechazo de la inscripción en el  832ww
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(artículo 32 de la Ley Hipotecaria), al publicar cada Registro una realidad distinta.
3.  No constando en el presente caso la mencionada acreditación por ninguno de los 
medios  expresados,  no  puede  procederse  a  practicar  la  inscripción  solicitada.  No 
constituye obstáculo a esta conclusión el hecho de que los cónyuges afirmen en la 
escritura calificada que uno de ellos compra para su patrimonio privativo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1323 del Código Civil, pues dicha consecuencia es efecto 
natural del régimen de separación de bienes que tiene eficacia entre los cónyuges desde 
el otorgamiento de las capitulaciones, sin que puedan trasladarse a este supuesto las 
consideraciones  que,  respecto  del  régimen  de  gananciales,  expresó  este  Centro 
Directivo en sus Resoluciones de 12 de junio de 2020, citadas por el recurrente.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 9 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.