BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 171 Viernes 19 de junio de 2020 Sec. I.   Pág. 42280
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
6428 Decreto-ley  19/2020,  de  19  de  mayo,  de  medidas  complementarias  en 
materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por 
COVID-19.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos-ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con el anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El impacto que está teniendo la situación de emergencia de salud pública ocasionada 
por la COVID-19 ha obligado al Gobierno a adoptar con la máxima celeridad medidas de 
carácter económico, social, sanitario y procedimentales para intentar paliar los graves 
efectos generados por la pandemia. A la vista de la evolución de la crisis, es necesario 
complementar los decretos ley adoptados por el Gobierno las últimas semanas con nuevas 
medidas sociales y que faciliten la respuesta sanitaria adecuada a la emergencia sanitaria.
Este nuevo decreto-ley se estructura en tres capítulos, 7 artículos y una disposición final.
El capítulo I, con el artículo 1, atendiendo la situación económica generada por la 
COVID-19  que  está  afectando  de  forma  muy  intensa  a  la  economía,  así  como  la 
situación económica de los ciudadanos y de las empresas, y más intensamente en el 
caso de las pequeñas y medianas empresas, trata de dar soluciones a uno de los 
escenarios más sensibles que es el ámbito de los servicios sociales a causa de la 
vulnerabilidad de sus usuarios, a los que se tiene que garantizar que en el momento que 
sea posible en virtud de la evolución de la crisis sanitaria, puedan volver a recibir el 
servicio que tienen reconocido como derecho subjetivo.
Es  por  este  motivo  que  resulta  imprescindible  asegurar  la  prestación  de  estos 
servicios  de  igual  modo  que  los  de  ámbito  sanitario.  A  este  efecto,  el  Real 
decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara de estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en su artículo 18 
establece que los operadores críticos de servicios esenciales adoptarán las medidas 
necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios.
La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección 
de infraestructuras críticas, en la letra a del artículo 2, define los servicios esenciales 
como aquellos necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la 
salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz 
mantenimiento de las Instituciones del Estado y de las administraciones públicas.
La situación de emergencia sanitaria  ha provocado que en muchos centros de 
atención residencial se hayan tenido que tomar medidas de intervención, que consisten, 
entre otras, en la redistribución de personal y el refuerzo asistencial que han sido 
posibles gracias a la colaboración y puesta a disposición de los recursos humanos y 
materiales de las entidades sociales proveedoras de la red de servicios sociales de  e.
atención pública. Por ello, si bien en algunos centros se ha suspendido las actividades  w.b
presenciales,  se  han  mantenido  actividades  alternativas  de  servicio  a  las  personas  28ww
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transcurso de la crisis sanitaria.
Con el fin de dar continuidad a la prestación de estos servicios resulta necesario 
garantizar a sus prestadores que seguirán percibiendo las contraprestaciones pactadas. 
A este efecto se dictó la Resolución TSF/778/2020, de 25 de marzo, por la que se 
concretan las medidas excepcionales organizativas y de los recursos humanos en el 
ámbito de los servicios sociales del Sistema catalán de servicios sociales, a causa de la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19, con el fin de garantizar a los prestadores la 
financiación de sus servicios.
Cuando menos, esta disposición no establece la forma y condiciones en que el pago 
de estos servicios se efectuará a sus prestadores por lo que es necesario definirlo y 
establecer los términos necesarios y adecuados.
Por otra parte, en el capítulo II, artículo 2, se introduce una medida para paliar los 
efectos de la pandemia generada por la COVID-19, en las rotaciones externas del 
personal en formación por el sistema de residencia como especialistas en ciencias de la 
salud en Cataluña.
El artículo propuesto hace referencia al establecimiento de una suspensión temporal 
de la limitación actual a la realización de rotaciones externas durante los tres últimos 
meses de formación de los profesionales residentes.
El sistema de formación sanitaria especializada mediante residencia implica para los 
especialistas en formación el desarrollo de las actividades previstas en el programa de 
formación correspondiente a la especialidad de que se trate, de manera tutelada y sujeta 
a las evaluaciones que se determinen reglamentariamente.
El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y se clasifican 
las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada, regula en su artículo 21 las rotaciones 
externas,  la  autorización  y  evaluación,  sin  establecer  limitación  temporal  en  su 
realización. Sobre la base de la normativa mencionada, las comunidades autónomas 
tienen que desarrollar un conjunto de actuaciones que tiendan a la implantación y la 
gestión de la formación sanitaria especializada, y concretamente en la autorización de 
las  rotaciones  externas,  entre  muchos  otros.  En  esta  línea  se  aprobó  el 
Decreto 165/2015, de 21 de julio, de formación sanitaria especializada en Cataluña, 
como norma propia dictada también en despliegue del artículo 162 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, en el que se reconoce la competencia compartida en materia de 
formación sanitaria especializada.
De acuerdo con el artículo 42.3 del mencionado Decreto 165/2015, de 21 de julio, en 
Cataluña no se pueden autorizar rotaciones externas de ninguna especialidad en los 
últimos tres meses previos a la finalización de la formación sanitaria especializada. La 
finalidad de esta limitación es impedir la vinculación contractual o la prestación de 
servicios del personal residente de forma adicional o complementaria con anterioridad a 
la evaluación final de la residencia, con independencia de la vinculación contractual que 
le corresponde con el centro o unidad docente correspondiente a la plaza adjudicada.
Además, el personal residente tiene que desarrollar sus funciones con dedicación a 
tiempo  completo  y  en  exclusiva,  y  es  incompatible  la  dedicación  a  cualquier  otra 
actividad profesional.
La incidencia de la pandemia por COVID-19 en el ámbito sanitario es de público 
conocimiento,  como  también  lo  es  su  incidencia  en  los  profesionales  que  prestan 
servicios en el ámbito de salud y, concretamente, en el personal en formación sanitaria 
especializada.
Por lo tanto, la necesidad de dar cumplimiento a los programas oficiales de las  s
especialidades requiere la adaptación de los itinerarios formativos del personal residente  oe.
y resulta conveniente levantar temporalmente y por plazo de un año la limitación de  w.
efectuar rotaciones externas durante los últimos tres meses previos a la finalización de la  28ww
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año  lectivo  para  efectuar  las  rotaciones  externas  pendientes,  favoreciendo  la 
recuperación del tiempo de rotaciones suspendido durante la asistencia por COVID-19.
Finalmente, el capítulo III dota a las sociedades cooperativas de mecanismos e 
instrumentos que les permita superar las restricciones derivadas de las medidas de 
emergencia sanitaria y puedan continuar una vez se haya levantado el estado de alarma. 
Así, con carácter general, en este capítulo, hay dos grandes bloques de medidas. Un 
primer bloque por el que se prolonga alguna de las medidas previstas por el Decreto 
ley 10/2020, de 27 de marzo, más allá de la fecha en que se declare la finalización de la 
declaración de alarma. En este sentido, se prolongan hasta el 31 de diciembre del 2020 
las medidas siguientes: la posibilidad de hacer asambleas y reuniones de comisiones y 
otros órganos  colegiados por videoconferencia  u otros medios de comunicación; la 
habilitación de mecanismos diferentes a los previstos en el artículo 48.2 de la Ley de 
cooperativas con relación a la publicidad de los votos sociales que corresponden a cada 
socio o socia; la no fijación de un plazo mínimo ni máximo de antelación para hacer las 
convocatorias  extraordinarias  y,  finalmente,  también  se  prolonga  hasta  el  31  de 
diciembre del 2020 la posibilidad de adoptar acuerdos sin reunión del Consejo Rector y 
de otros órganos colegiados que ya preveía el artículo 4.2 del Decreto ley 10/2020. El 
resto de medidas excepcionales dan respuesta a la petición formulada por las entidades 
representativas del sector cooperativo en Cataluña. Dentro de este segundo bloque se 
integran las medidas extraordinarias siguientes: permitir que un socio o socia pueda 
disponer de cinco votos delegados, en lugar de los dos que con carácter habitual se 
permite;  permitir  a  las  cooperativas  que  prevén  en  sus  estatutos  la  existencia  de 
asambleas  preparatorias  o  de  sección,  hacer  a  la  asamblea  general  sin  hacer  las 
primeras;  prorrogar  en  determinados  supuestos  los  mandatos  de  las  personas 
delegadas; ampliar el plazo para celebrar las asambleas relativas a los recursos sobre 
expedientes sancionadores; ampliar hasta el 31 de diciembre del 2020 el plazo para 
hacer a la asamblea ordinaria prevista en el artículo 43.5 de la Ley de cooperativas en 
relación con las cooperativas que cierren el ejercicio económico con posterioridad al 14 
de septiembre del 2019 y antes del día siguiente a la finalización del estado de alarma; 
se amplía el plazo previsto para legalizar los libros, se prevé prolongar la vigencia de los 
cargos  que  caduquen  durante  el  año  2020  hasta  el  31  de  diciembre  del  2020,  y, 
finalmente, se prevé no tener en cuenta, a efectos del cómputo de más de un año que 
establece el artículo 102.1.e de la Ley de cooperativas, el ejercicio cerrado el año en que 
se haya declarado el estado de alarma.
La grave situación de crisis sanitaria que afrontamos por la pandemia declarada por 
la OMS genera la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente 
necesidad de adoptar las medidas que contiene este decreto-ley.
De acuerdo con artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia 
de la Generalitat y del Gobierno, de acuerdo con el cual el Gobierno puede dictar 
disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley;
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y 
Hacienda y con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO I
Medidas con relación a las prestaciones sociales 
Artículo 1. e.
1.1  Durante  el  periodo  de  estado  de  alarma  y  la  aplicación  de  medidas  28ww
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servicio de la red de atención asistencial, y garantizar que en el momento que sea
posible en virtud de la evolución de la crisis sanitaria se puedan volver a prestar los 
servicios sociales presenciales en las diferentes fases a las personas usuarias que 
tienen reconocida la prestación como derecho subjetivo, con los nuevos requerimientos 
de protección que fijen las autoridades sanitarias, se autoriza a abonar como medida de 
fomento el importe previsto en el instrumento de relación.
1.2  A estos efectos se habilita a los órganos competentes para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el apartado anterior.
CAPÍTULO II
Medidas en el ámbito sanitario
Artículo 2.  Del personal residente.
Al personal residente al que corresponda finalizar su formación como especialista 
durante el año 2021 no le será de aplicación la limitación prevista en el artículo 42.3 del 
Decreto 165/2015, de 21 de julio, de formación sanitaria especializada en Cataluña, en 
materia de rotaciones externas.
CAPÍTULO III
Medidas concretas aplicables a las sociedades cooperativas catalanas
Artículo  3.  Medidas  relativas  a  la  convocatoria  y  celebración  de  las  asambleas 
generales.
3.1  De forma excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque los estatutos 
de  las  sociedades  cooperativas  no  lo  prevean,  el  Consejo  Rector  puede  convocar 
telemáticamente las asambleas generales, siempre que la cooperativa y los socios y 
socias dispongan de los medios necesarios para hacerlo con todas las garantías.
3.2  De forma excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque los estatutos 
de las sociedades cooperativas no lo prevean, se puede celebrar la asamblea general y 
se pueden adoptar acuerdos mediante videoconferencia u otros medios de comunicación 
que permitan la participación a distancia de los socios y socias, en los términos que 
establece lo que dispone el apartado 3 del artículo 46 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de 
cooperativas de Cataluña.
Las reuniones que se celebren de esta manera se entienden que han tenido lugar en 
el domicilio social de la cooperativa.
3.3  En la convocatoria que el Consejo Rector haga, de acuerdo con lo que prevén 
los apartados anteriores, tiene que hacer constar las razones de excepcionalidad por las 
que se tiene que hacer de esta manera y especificar de forma detallada como se llevará 
a cabo, en primera y en segunda convocatoria. En todo caso, es responsabilidad del 
Consejo  Rector  adoptar  las  medidas  pertinentes,  en  atención  a  las  circunstancias 
concretas de cada sociedad cooperativa, a fin de que los socios y socias reciban la 
convocatoria y puedan participar en la asamblea convocada.
En el acta de la sesión, además de las circunstancias indicadas en el artículo 51 de la 
Ley  de  cooperativas,  el  secretario  o  secretaria  del  Consejo  Rector  tiene  que  dejar 
constancia expresa de que ha reconocido la identidad de todas las personas asistentes. El 
acta se tiene que remitir de forma inmediata, y como máximo en los tres días siguientes a la  s
reunión, a las direcciones de correo electrónico de cada una de las personas asistentes. oe.
En todos los casos, en la convocatoria se tiene que hacer posible el acceso, desde el  w.
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alarma que tenían que tener lugar después de esta declaración y que podían ser objeto
de aplazamiento o de modificación en cuanto al lugar, medio, día y hora de celebración  Bc
para quien las ha convocado, de acuerdo con el Decreto Ley 10/2020, de 27 de marzo, 
se podrán llevar a cabo dentro del plazo y conforme a las normas establecidas en los 
tres apartados anteriores.
3.5  De forma excepcional y durante el periodo de estado de alarma y hasta el 31 de 
diciembre del 2020, el Consejo Rector puede convocar asambleas extraordinarias con la 
antelación  mínima  y  máxima  que  considere  pertinente,  siempre  teniendo  en  cuenta  la 
urgencia del acuerdo que hay que adoptar. En todo caso, será responsabilidad del Consejo 
Rector adoptar las medidas pertinentes, en atención a las circunstancias concretas de cada 
sociedad cooperativa, a fin de que los socios y socias puedan recibir la convocatoria y 
contribuir a la  sesión  de la asamblea con las  garantías  pertinentes.  A  este efecto, la 
convocatoria de la reunión de la asamblea tiene que hacer constar la concurrencia de las 
razones que han motivado hacer la convocatoria con una antelación inferior o superior a la 
que prevé el artículo 44 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de Cataluña.
3.6  De forma excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2020, el Consejo Rector, 
según  las  circunstancias  concretas  de  cada  sociedad  cooperativa,  puede  disponer 
mecanismos diferentes a los establecidos en el artículo 48.2 de la Ley de cooperativas 
en relación con la obligación de poner a disposición de los socios y socias el número de 
votos sociales que corresponde a cada persona. En todo caso, los mecanismos que se 
articulen  tienen  que  ofrecer  a  los  socios  y  socias  las  mismas  garantías  que  el 
artículo 48.2 de la Ley de cooperativas.
3.7  El plazo para hacer la asamblea ordinaria establecida en el apartado 5 del 
artículo 43 de la Ley de cooperativas se prolonga, excepcionalmente, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, en relación con todas aquellas cooperativas cuyo cierre económico 
fuera posterior al 14 de septiembre de 2019 y anterior al día siguiente de la finalización 
del estado de alarma.
3.8  Las  asambleas  generales  convocadas  para  resolver  recursos  sobre 
expedientes sancionadores que no se hubieran podido llevar a cabo por el estado de 
alarma se tienen que convocar en el plazo máximo de seis meses desde la finalización 
de este estado de alarma.
3.9  De forma excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2020, en las asambleas 
generales convocadas, cada socio o socia puede disponer como máximo de cinco votos 
delegados, que tienen que cumplir los requisitos exigidos en el artículo 49.1 de la Ley de 
cooperativas.
3.10  De forma excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2020, las sociedades 
cooperativas que, conforme al artículo 50 de la Ley de cooperativas constituyan su 
asamblea general mediante asambleas de delegados, no están obligadas a celebrar 
antes las asambleas preparatorias o de sección, aunque sus estatutos lo prevean. El 
Consejo Rector tiene que motivar en la convocatoria de la asamblea general las razones 
por las que no se pueden hacer las asambleas de delegados o de sección.
No  obstante  lo  que  prevé  el  párrafo  anterior,  para  aquellas  cooperativas  que 
convoquen asambleas preparatorias o de sección, los nombramientos de los delegados 
que agoten su mandato a partir de la fecha de declaración del estado de alarma y dentro 
del  ejercicio  2020  se  entenderán  prorrogados  hasta  el  31  de  diciembre 
del 2020. Igualmente, quedan prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2020, y podrán 
actuar en las asambleas generales que tengan lugar hasta esta fecha los nombramientos 
de delegados que se hayan producido antes de la declaración del estado de alarma. En 
caso de que se hubiera designado por una asamblea concreta un delegado o delegada, 
y esta asamblea se haya aplazado en la forma legalmente prevista con motivo del estado  s
de alarma, se considerará vigente la designación hasta el momento en que se haga la  oe.
asamblea concreta por la que fue designado o designada. w.
Artículo 4.  Medidas en relación con el Consejo Rector.
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delegadas se pueden reunir y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia u otros
medios de comunicación que permitan la participación a distancia de los socios y socias, 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 57.1.e de la Ley de cooperativas.
Las reuniones que se celebren de esta manera se entienden que han tenido lugar en 
el domicilio social de la cooperativa.
4.2  El Consejo Rector también puede adoptar acuerdos sin reunión, de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 312-7 del Código Civil de Cataluña, aunque los estatutos 
de la sociedad cooperativa no lo prevean, siempre que lo decida la persona que los 
preside o lo soliciten al menos dos miembros.
Artículo 5.  Medida excepcional con respecto a las causas de disolución.
A los exclusivos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución 
prevista en el artículo 102.1.e) de la Ley de Cooperativas, no se tomará en consideración 
para el cómputo del plazo previsto el ejercicio cerrado en el año en que se haya 
declarado el estado de alarma.
Artículo 6.  Medida en relación con la legalización de los libros.
En  relación  con  todas  las  sociedades  cooperativas  cuyo  cierre  económico  sea 
posterior al 14 de septiembre de 2019 y anterior al día siguiente de la finalización del 
estado de alarma, los libros se pueden legalizar hasta el 31 de diciembre del 2020.
Artículo 7.  Medida de prolongación de la vigencia de los nombramientos de los cargos 
de los órganos de las cooperativas.
Con  carácter  excepcional,  los  nombramientos  de  los  cargos  de  las  sociedades 
cooperativas y de los diferentes órganos sociales, cuyo mandato caduque durante el 
año 2020, se entienden vigentes hasta la primera asamblea que se convoque después 
de la declaración del estado de alarma que, en todo caso, se tiene que hacer como muy 
tarde el 31 de diciembre del 2020. A estos efectos, en la certificación del acuerdo del 
nombramiento de los nuevos cargos que se presente al Registro se tiene que hacer 
constar esta circunstancia.
Disposición final.
Este decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
decreto-ley cooperen a su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 19 de mayo de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim  Torra  i  Pla.–El  Vicepresidente  del  Gobierno  y  Consejero  de  Economía  y 
Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8138, de 21 de mayo de 2020. 
Convalidado por Resolución 773/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» 8149, de 8 de junio de 2020)