BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112 Miércoles 22 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 29563
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
4560 Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y 
extraordinarias en materia de política social y sanitaria.
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional, ya que su propagación a prácticamente todos los países supone un riesgo 
para la salud pública de estos y exige una respuesta internacional coordinada.
En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el 14 de 
marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, prorrogado por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo.
El  citado  Real  Decreto  463/2020  establece  en  su  artículo  4  que  la  autoridad 
competente a efectos del estado de alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas 
de  responsabilidad,  las  personas  titulares  de  los  Ministerios  de  Sanidad,  Defensa, 
Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el 
artículo 6 de dicha norma cada Administración conserva las competencias que le otorga 
la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas 
que  estime  necesarias,  en  el  marco  de  las  órdenes  directas  de  la  autoridad 
correspondiente. A esta medida, le han seguido una cascada de medidas adoptadas por 
las distintas Administraciones, que intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha 
producido una importante afectación por razón de las circunstancias tanto sociales como 
económicas que ha generado la situación.
Así, en Extremadura se han dictado ya medidas en los ámbitos sanitarios, de salud 
pública, educativo, comercial, del empleo, de los servicios sociales, de la función pública, 
de los servicios públicos básicos, en materia tributaria, de gestión económico-financiera 
o de subvenciones, entre otros.
En  esta  línea,  y  tratándose  de  una  situación  excepcional,  se  han  aprobado  y 
publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» cuatro normas con rango de decreto-ley. 
En concreto:
– El  Decreto-ley  1/2020,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  medidas 
liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID 19;
– El Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario 
para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
– El Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes 
y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis 
ocasionada por el COVID-19.
– Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la  e.e
crisis ocasionada por el COVID-19. b
nEcooxmrtmrNepamolet iamvodaebu nsdrtatiaac nrtcaitaoedsn,a  sd dipedao edlrar aasl a  alisann  eateeluuvrtdioooirblruiedlecsai .ódsnee sgd uceior  mlaarp besittitreuanantcedisoó  nem nse aednli dietaassrti aaud,r oga edsníe t ecasola myrm oe axl,ac  leacp acJmiuonbntiaaal nedtsee,    OE-A-2020-45able en https://
II
Con  ese  propósito,  se  aprueba  el  presente  decreto-ley  de  medidas  urgentes  y 
extraordinarias en materia de política social y sanitaria. Esta norma tiene un doble 
objetivo. En primer lugar, introducir una serie de medidas estrechamente vinculadas con 
el estado de alarma cuya finalidad es garantizar la atención de los colectivos más 
vulnerables  durante  la  vigencia  de  este.  Así,  se  eliminan  aquellos  obstáculos  que 
impiden  acreditar  el  mantenimiento  de  los  requisitos  para  ser  perceptores  de 
determinadas prestaciones sociales básicas durante su vigencia, se adoptan medidas 
excepcionales de renovación automática de prestaciones próximas a expirar y se faculta 
a la Consejería de Sanidad y Sociales para flexibilizar, provisionalmente, los requisitos 
de acceso, sin perjuicio de ulteriores comprobaciones de estos. Por otra parte, se 
permite  agilizar  la  tramitación  y  resolución  de  convocatorias  de  subvenciones 
actualmente no publicadas y destinadas a la financiación de programas de atención 
social y sociosanitaria que se vienen desarrollando durante todo el año y que son 
fundamentales  en  el  actual  contexto  socioeconómico  y,  finalmente,  se  introducen 
modificaciones en el régimen de pagos de actuaciones concertadas para garantizar el 
sostenimiento  de  los  servicios  en  el  marco  de  atención  a  la  discapacidad  en 
Extremadura.
En segundo lugar, a través del presente decreto-ley también se proporciona una 
solución a una serie de problemas y conflictos que no admiten demora y a los que 
pretendía  darse  respuesta  a  través  de  una  serie  iniciativas  normativas  que  se 
encontraban en fase de tramitación y que, tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, van a demorar ineludiblemente su aprobación y entrada en vigor por la 
paralización en la actividad de gran parte de los órganos integrantes del sector público y 
de los plazos administrativos. Nos encontramos, por tanto, ante medidas que deben 
adoptarse con la mayor celeridad posible y que no pueden esperar a una tramitación 
administrativa y parlamentaria ordinarias por los perjuicios que pueden irrogarse para la 
ciudadanía en el caso de no ser adoptadas con la mayor celeridad posible, como son las 
contenidas en los artículos 3 y 5 en materia de concertación social y personal estatutario.
III
El decreto-ley consta de cinco artículos, una disposición derogatoria y tres finales.
En primer lugar, en el artículo 1 se habilita a la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales  a  someter  al  mismo  régimen  que  el  previsto  para  las  convocatorias  ya 
efectuadas y pendientes de resolver a la entrada en vigor del estado de alarma en el 
artículo 5.1 del Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas 
urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la 
crisis  ocasionada  por  el  COVID-19,  a  aquellas  convocatorias  que  no  se  hubieren 
publicado con anterioridad a la entrada en vigor del estado alarma y, por tanto, que se 
encuentren pendientes de publicar.
En  el  ámbito  de  la  Consejería  de  Sanidad  y  Servicios  Sociales  las  entidades 
beneficiarias de las subvenciones son habitualmente entidades sin ánimo de lucro que 
vienen  desarrollando  programas  continuados  de  atención  a  distintos  sectores 
vulnerables de nuestra población que constituyen un complemento determinante del haz 
de servicios sociales y sociosanitarios de carácter público de nuestra región. Estos 
programas son imprescindibles en un contexto socioeconómico como el presente para 
evitar que las personas más vulnerables vean agravada su actual situación; y, para no  e.e
poner en riesgo su permanencia, es necesario que las convocatorias correspondientes  b
sean tramitadas con la mayor urgencia posible para que las entidades sin ánimo de lucro  60ww
pnueecedsaind aadc ceddee re as plae rfainra nac ialac iómn oddei feicsatocisó np rodgera mlaass  ebna suens  brreevgeu leasdpoaracsio,  dme etideimanptoe  slian 
Cadoanpsteajceiróían  cdoen  ceosmtapse tae nlcai asre eanli dlaa dm aptreersiae.nte  a  través  de  la  Orden  del  titular  de  la
En el artículo 2 se introducen medidas de naturaleza excepcional destinadas a los 
beneficiarios de las prestaciones de Renta Básica Extremeña de Inserción y de Renta 
Extremeña Garantizada.
Por una parte, se exime a los actuales perceptores de ambas prestaciones de la 
obligación  de  cumplir  los  compromisos  suscritos  en  los  respectivos  Proyectos 
Individualizados de Inserción y Programas de Acompañamiento para la Inclusión durante 
la vigencia del estado de alarma, por la imposibilidad material de dar cumplimiento en el 
actual contexto a las obligaciones que normalmente incluyen tales documentos.
Por otra parte, se establece que, excepcionalmente, se procederá a una prórroga 
automática  de  la  percepción  de  las  prestaciones  de  Renta  Básica  Extremeña  de 
Inserción, a extinguir, y de la nueva Renta Extremeña Garantizada cuyo vencimiento se 
produzca durante la vigencia del estado de alarma y hasta un mes después de su 
vencimiento,  de  modo  que  se  garantice  a  los  actuales  beneficiarios  de  ambas 
prestaciones la percepción de los mismos importes que venían recibiendo sin necesidad 
de formular la preceptiva solicitud de reconocimiento de la nueva Renta Extremeña 
Garantizada o de renovación de la misma. Posteriormente, una vez levantado el estado 
de alarma, deberá procederse a revisar todas las prestaciones así prorrogadas a la luz 
de las exigencias de la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada, 
de modo que a quien reuniera los requisitos legales para el reconocimiento o para la 
renovación se le reconozca el derecho a continuar con la percepción por el tiempo que 
reste  hasta  los  doce  meses  legalmente  previstos,  conforme  a  la  cuantía  que 
corresponda;  y,  a  quien  no  reuniera  los  requisitos,  se  le  exija  el  reintegro  de  las 
prestaciones indebidamente percibidas.
Finalmente, se habilita a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para que, 
mediante Orden de su titular, establezca cuanto pudiera resultar preciso para facilitar, 
durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma,  el  reconocimiento  de  aquellas  nuevas 
prestaciones de Renta Extremeña Garantizada que se soliciten, de modo que puedan 
modularse los requerimientos formales de las solicitudes o incluso no requerirse la 
acreditación del cumplimiento de ciertos requisitos que en la actual situación pudiera 
resultar complejos, dadas las limitaciones a la movilidad de las personas y para la 
atención al público que conlleva el estado de alarma. Tales limitaciones pueden provocar 
dificultades para la aplicación en sus propios términos de lo establecido en el artículo 17 
y concordantes de la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada, en 
lo que afecta a la presentación de solicitudes de la citada prestación por parte de los 
ciudadanos, presentación que se tramita a través de los Servicios Sociales de Atención 
Social Básica y mediante la plataforma informática habilitada al efecto por la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias.
En el artículo 3 se adoptan medidas en materia de conciertos sociales para la 
prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario. 
Se pretende, fundamentalmente, establecer unos instrumentos urgentes de naturaleza 
transitoria para garantizar la continuidad en la atención de las personas beneficiarias de 
los servicios concertados al amparo del Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se 
regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), así como del 
servicio de atención sanitaria de estancias hospitalarias de media y larga duración.
En el artículo 4 se introduce una modificación del Decreto 151/2006, de 31 de julio, 
por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) 
relativa al régimen de precios con el objetivo de establecer, con carácter de urgencia, un 
régimen de pagos más ágil para las entidades concertadas que el sistema de liquidación  s
previsto actualmente, como consecuencia de la necesidad de dar cobertura a la totalidad  oe.
de gastos asociados a dichos conciertos, en particular, tras el incremento de los gastos  w.
de personal derivados de la Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General  60ww
dseer vTircaiobsa jdoe,  paoter nlac iqóune a s pee rresgoinsatrsa  cyo pnu dbilsiccaa peal cXidVa Cd.o nPvaeran ioe llcoo, lesect imvoo dgiefincae reall  adretí ccuelnot r6o7s. 1y 
y se deroga la disposición adicional tercera del decreto referenciado.
En el artículo 5 se arbitra una medida en materia de personal que tiene por finalidad 
eliminar el requisito de la nacionalidad en el nombramiento como personal estatutario de 
extranjeros extracomunitarios para determinadas especialidades médicas; con ello se pretende 
paliar la carencia de personal en determinadas especialidades para garantizar la atención 
asistencial adecuada articulando una medida que debe ser incorporada con carácter urgente 
en las convocatorias de personal estatutario que se encuentran próximas a su aprobación.
En la disposición derogatoria única se derogan cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan o contradigan a lo establecido en el presente Decreto-ley. En 
la  disposición  final  primera  se  habilita  al  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de 
Extremadura y a la persona titular de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para 
dictar, dentro de sus respectivos ámbitos, cuantos actos y disposiciones sean necesarios 
para el desarrollo y ejecución del contenido del presente decreto-ley.
Por su parte, en la disposición final segunda se introduce una previsión para descender 
el rango normativo de las previsiones contenidas en el artículo 4 tras haber elevado el rango 
de estas a través del presente decreto ley por la urgencia de la medida a adoptar. 
Finalmente, en la disposición final tercera se determina que el presente decreto-ley entrará 
en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».
IV
El artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, faculta a la Junta 
de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad 
de  las  circunstancias  en  la  que  nos  encontramos,  nadie  duda  de  la  extraordinaria 
necesidad de recurrir a la adopción de medidas de todo tipo que vengan a paliar y a 
contener dicha situación, y en esta especial gravedad, además, es necesario una rápida 
actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito que permite 
una actuación de urgencia es el decreto-ley, figura a la que se recurre, en cuanto las 
circunstancias en las que se adoptan y que han sido enunciadas anteriormente vienen a 
justificar la extraordinaria y urgente necesidad de que las medidas aquí previstas entren 
en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitación 
parlamentaria, puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y 
perdería su esperada eficacia, en tal caso.
Ciertamente, existen pocos momentos en los que esté tan justificado aducir a esta 
figura constitucional y estatuaria. Ni el constituyente ni el legislador estatuyente hubieran 
imaginado nunca que fuera necesario acudir a este mecanismo de excepción de una 
forma tan habitual. Lamentablemente tanto a nivel estatal como autonómico ello se ha 
evidenciado como imprescindible.
Por lo tanto, la norma cumple los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 del 
Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y la numerosa jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de junio de 2018, FJ 4, en lo que 
se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 
137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, en lo relativo a «situaciones 
concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una 
acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes»).
V oe.
Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en  60ww
Celo amrútíncu dloe  1la2s9  Addem lian isLterayc i3o9n/e2s0 1P5ú, bdlieca 1s . dDee  oloct uebxrpeu, edsetol  Penro lcoesd ipmáireranftoos  Aadnmteinriiosrterast ivsoe 
epsotnaeb ledcee rsmea nuifnieas toid eenlt ifcicuamcipólnim icelnatroa  ddee  loloss  pfirninecsi pipoesr sdeeg unideocse syid, apdo ry  eellfoic, acsiear,   eall 
instrumento  más  adecuado  el  decreto-ley  para  garantizar  la  consecución  de  estos. 
Asimismo, preside la norma el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente  mencionados  e 
igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica, al establecer claramente el marco 
normativo de actuación y garantizar su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 
Por último, con respecto al principio de eficiencia, queda garantizado porque no se 
imponen cargas administrativas.
Por todo ello, en el ejercicio de la autorización contenida en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica  1/2011,  de  28  de  enero,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  a  propuesta  conjunta  de  la  Vicepresidenta 
Primera  y  Consejera  de  Hacienda  y  Administración  Pública  y  del  Vicepresidente 
Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión de 3 de abril de 2020, dispongo:
Artículo 1.  Medidas en materia de subvenciones.
Las convocatorias de subvenciones relativas a actuaciones en materia de política 
social, sanitaria, sociosanitaria o de salud pública que no hayan sido publicadas con 
anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma cuya ejecución, a consecuencia 
de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y el referido estado de alarma 
declarado,  resulte  imposible  o  no  pueda  llevarse  a  cabo  en  sus  propios  términos, 
pudiendo ello causar un grave perjuicio a los derechos o intereses de las personas 
beneficiarias o por razones de interés general, se someterán al régimen previsto en el 
apartado 1 del artículo 5 del Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban 
medidas  urgentes  y  extraordinarias  en  el  ámbito  administrativo  para  responder  al 
impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19, para las convocatorias ya efectuadas y 
pendientes de resolver a la entrada en vigor del estado de alarma, siempre que las 
actuaciones atiendan a sectores vulnerables de nuestra población.
Artículo 2.  Medidas en materia de Renta Básica Extremeña de Inserción y de Renta 
Extremeña Garantizada.
1.  Durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma  declarado  por  el  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada  por  el  COVID-19,  y  sus  posibles  prórrogas,  los  beneficiarios  de  las 
prestaciones  de  Renta  Básica  Extremeña  de  Inserción  y  de  Renta  Extremeña 
Garantizada quedan eximidos del cumplimiento de los compromisos suscritos en los 
respectivos Proyectos individualizados de Inserción y Programas de Acompañamiento 
para la Inclusión.
2.  Todas las prestaciones de Renta Básica Extremeña de Inserción y de Renta 
Extremeña Garantizada cuyo vencimiento se produzca desde la declaración del estado 
de alarma y hasta un mes después de su levantamiento se prorrogarán provisionalmente 
de  forma  automática  y  de  oficio,  mediante  resolución  de  la  Dirección  General  de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias. Dicha resolución provisional dará derecho al 
abono de la misma cuantía que se venía percibiendo durante los meses que transcurran 
hasta que se proceda a la revisión a que se refiere el párrafo siguiente, considerándose 
como anticipo a cuenta de la renta que pudiera corresponder a tenor de la Ley 5/2019, 
de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada.
Los  expedientes  de  prórroga  resueltos  provisionalmente  con  arreglo  al  párrafo  es
anterior serán objeto de revisión en el plazo de cuatro meses a contar desde que se  bo
produzca la finalización del estado de alarma. Efectuada la citada revisión, se dictará  60ww
csrceoeosn nocf ileorumlmcloiapó nernudl  eodbp eeaorle r  edclhel aorce u acmDh lpioarle  iapmc ecpierieócnrnetco pib cGdiiróe enl an l oedRsreae  lrln aetsqad u ecEi asxnitStotrieedsmr avldeeicegñiosaa sl mpG eeaSnnrdoateicnei taneizltseeatssda, ab d leeIon c afaiadb nosocusni, aa re gr nepyono verFa reácalni mórdeniols,isa tsoesi     OE-A-2020-45able en https://
del período anual; o bien declarando su improcedencia, si no concurren los requisitos
para tener derecho a su percepción o a su renovación, iniciándose en ese caso el 
procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
3.  Se autoriza a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para que, mediante 
Orden,  establezca  cuantas  disposiciones  pudieran  resultar  necesarias  para  facilitar, 
durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, el reconocimiento de nuevas 
prestaciones que se soliciten al amparo de la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta 
Extremeña Garantizada, modulando los requerimientos formales de las solicitudes o 
incluso eximiendo de la acreditación del cumplimiento de aquellos otros requisitos que en 
la  actual  situación  pudiera  resultar  compleja.  En  tal  Orden  se  establecerán  los 
presupuestos de revisión de las nuevas prestaciones así reconocidas una vez levantado 
el estado de alarma.
Artículo 3.  Medidas en materia de conciertos sociales para la prestación de servicios a 
las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario.
1.  Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo y, en todo caso, hasta finalizar el presente ejercicio 2020, en aras a 
garantizar  la continuidad de la  atención de las  personas  beneficiarias de  los  servicios 
concertados al amparo del Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de 
Atención  a  la  Discapacidad  en  Extremadura  (MADEX),  los  servicios  cuyos  conciertos 
expiraren tras la aplicación de las reglas temporales previstas en la disposición adicional 
octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán 
ser adjudicados directamente a través de conciertos o acuerdos, en el caso de entidades 
públicas, a las mismas entidades que los venían prestando por un plazo máximo de un año. 
Si se produjera la renuncia de alguna entidad a esta concertación, se podrá formalizar una 
concertación  directa  con  la  entidad  que  reúna  los  requisitos  para  ello,  valorando  las 
circunstancias presentes en cada caso que determinen la idoneidad de la entidad en función 
del tipo de servicio a prestar.
El procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo las adjudicaciones directas 
será el previsto en la nueva normativa de desarrollo y, en su defecto, el procedimiento de 
renovación de conciertos regulado en el Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se 
regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX). En estos 
casos, no será de aplicación la exigencia de inscripción registral alguna prevista en la 
Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a 
las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en Extremadura y, con 
carácter excepcional, se podrá dispensar el requisito de acreditación y autorización 
cuando una entidad no reúna los requisitos para ello siempre que se justifiquen las 
razones que determinen la idoneidad de la entidad para la prestación del servicio.
Asimismo, en cuanto a su régimen de ejecución, estos conciertos se regirán por la 
Ley 13/2018 de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a 
las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en Extremadura y, en su 
defecto, en cuanto no se oponga a esta, por el Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el 
que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).
2.  Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo y, en todo, caso hasta finalizar el presente ejercicio 2020 y para garantizar la 
continuidad del servicio de atención sanitaria de estancias hospitalarias de media y larga 
duración se podrán formalizar conciertos sociales de forma directa con la entidad que viene 
prestando el servicio, por un año máximo de duración.
Serán de aplicación las características, los trámites procedimentales y los requisitos  e.
establecidos en la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la  w.b
prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario, a  60ww
ecaxcráecptceiró dni rdeec tola  deex ilgae andcjiuad dicea ciniósnc.ripción registral, en todo lo que sea compatible con el
Artículo 4.  Modificación del Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el 
Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).
1.  Se  añade  un  nuevo  párrafo  al  artículo  67.1,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«Artículo 67.  Abono de los conciertos.
1.  La Consejería competente en materia de bienestar social abonará mensualmente 
a las entidades titulares de los servicios concertados el importe que corresponda en 
función de los módulos concertados y de la efectiva ocupación de las plazas.
En los casos en los que mediante la actualización de precios prevista en el 
artículo 69 deban abonarse importes con carácter retroactivo, el importe a abonar 
se realizará en un único pago junto con la primera mensualidad en la que se 
aplique la actualización.»
2.  Se deroga la «Disposición adicional tercera. Revisión de precios de los servicios 
concertados».
Artículo 5.  Exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de 
personal estatutario.
Por razones de interés general, ante la ausencia de profesionales suficientes para 
garantizar la continuidad de los servicios sanitarios, se exime del requisito de nacionalidad, en 
relación con lo previsto en el artículo 30.5.a) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, para el nombramiento de 
profesionales extranjeros extracomunitarios como personal estatutario, en las categorías de 
personal que requieran estar en posesión de una especialidad médica.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan a lo establecido en el presente decreto-ley.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y a la persona titular 
de  la  Consejería  de  Sanidad  y  Servicios  Sociales,  cada  uno  en  el  ámbito  de  sus 
competencias,  a  dictar  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el  desarrollo  y 
ejecución de lo dispuesto en este decreto-ley.
Disposición final segunda.  Modificación de disposiciones reglamentarias.
Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, puedan realizarse 
respecto del artículo o disposición que se modifica o deroga por este decreto-ley, en el 
Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la 
Discapacidad en Extremadura (MADEX), podrán efectuarse a través de la norma de 
rango reglamentario correspondiente.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario  bo
Oficial de Extremadura». 60ww
FernMáénrdideaz,  V3a rdae.– Laab rVil icdeep r2e0s2id0e.–nEtal  PPrreimsiedrean yte  Cdoen slae jeJruan tdae  dHea cEixetnredma ayd Aurdam, inGisutirllaecrmióno 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 67, de 6 de abril de 2020)