BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 11 Miércoles 13 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 3096
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
464 Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del 
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
Los  artículos  65  y  67  del  Estatuto  prevén  que  las  leyes  de  Cataluña  son 
promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente Ley.
PREÁMBULO
La Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista, fue una ley pionera, fruto de la participación de las organizaciones feministas y 
los partidos políticos y de la construcción de consensos. Todavía hoy en día puede ser 
considerada la ley más avanzada en materia de violencia machista en el Estado español.
El 4 de diciembre de 2018 se presentaron a la Comisión de Igualdad de las Personas 
del Parlamento de Cataluña unos informes de evaluación con relación a los diez años de 
vigencia de la Ley 5/2008, en los que se identificaban algunas carencias en su desarrollo 
y se proponía su modificación para hacer más amplia y garantista la protección de las 
mujeres víctimas de violencia machista.
Por otra parte, el 13 de diciembre de 2018 se aprobó en el Pleno del Parlamento la 
Moción 32/XII, en que la cámara se posicionaba a favor de ampliar el ámbito material de 
aplicación de la citada ley para incluir la violencia institucional como violencia machista.
Durante estos años, se ha producido, además, la aprobación del Convenio del 
Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia la mujer y la 
violencia doméstica, aprobado en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por 
España en 2014. La presente ley se inspira, principalmente, en este convenio, que se 
aplica a todas las formas de violencia contra las mujeres y comprende todos los actos de 
violencia basados en el género que impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de 
naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de hacer 
estos actos, la coacción y la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada. 
Además, el Convenio obliga a adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia 
contra las mujeres y darle respuesta. En particular, insta a que las medidas que se tomen 
se  dirijan,  en  su  caso,  a  todos  los  actores  implicados,  como  las  agencias 
gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, regionales y locales, y 
promueve la dedicación de los recursos financieros y humanos adecuados para aplicar 
correctamente políticas integradas y medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir 
todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio.
También es preciso mencionar, por el impacto normativo que tienen sobre la presente 
ley, el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades  s
fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, y, especialmente, el Protocolo adicional 12  oe.
de este convenio, que establece una prohibición general de discriminación basada en el  w.
principio fundamental de que todas las personas son iguales ante la ley. 4w
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que tiene por objetivo prevenir el tráfico de seres humanos con fines sexuales o con 
otros fines.
Toda la normativa que se ha mencionado se ve reflejada, en mayor o menor medida, 
en la presente ley, que tiene la vocación de ampliar, reforzar y actualizar la Ley 5/2008, 
así como de proteger los derechos de las mujeres transgénero y cisgénero y de las 
personas no binarias, con el fin de respetar la diversidad de género.
Del  resultado  del  trabajo  parlamentario  y  de  las  modificaciones  y  novedades 
introducidas son un ejemplo el tratamiento de cuestiones como la violencia contra las 
mujeres en la vida política, que puede tener el efecto de desalentar la participación 
política de las mujeres y restringir su capacidad de influencia en la vida pública.
Otra novedad es la regulación de la violencia institucional como ámbito, con la 
definición  de  la  diligencia  debida  y  la  especificación  de  que  dicha  violencia  puede 
causarse tanto por acción como por omisión.
También se introduce la regulación de las violencias digitales, dadas las numerosas 
agresiones machistas que se producen con el uso de las redes sociales o de todo tipo de 
dispositivos electrónicos o digitales, como las suplantaciones de identidad, la publicación 
de fotografías o vídeos sin consentimiento, o los insultos y amenazas.
Entre las modificaciones más significativas resulta relevante la inclusión de una 
definición  de  consentimiento  sexual,  en  la  que  se  fija  como  requisito  esencial  la 
necesidad de voluntad expresa.
Y, por último, se introducen modificaciones en el sentido de ampliar los tipos de 
violencia  en  el  ámbito  social  y  comunitario,  las  formas  de  violencia  machista  y  la 
necesidad de la formación de profesionales.
En  cuanto  a  su  estructura,  la  presente  ley  consta  de  veintisiete  artículos,  una 
disposición adicional y una disposición final.
Artículo 1.  Modificación del artículo 2 de la Ley 5/2008.
Se modifica el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de 
las mujeres a erradicar la violencia machista, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Las referencias a las mujeres incluidas en la presente ley se entiende 
que incluyen a las niñas y las adolescentes, y, por lo tanto, también a las mujeres, 
niñas y adolescentes transgénero.»
Artículo 2.  Modificación del artículo 3 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 3 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a)  Violencia machista: violación de los derechos humanos a través de la 
violencia  que  se  ejerce  contra  las  mujeres  como  manifestación  de  la 
discriminación y de la situación de desigualdad en el marco de un sistema de 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que, producida por 
medios  físicos,  económicos  o  psicológicos,  incluidas  las  amenazas,  las 
intimidaciones y las coacciones, tiene como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado. e
b)  Sensibilización:  el  conjunto  de  acciones  educativas,  pedagógicas  y  bo
comunicativas encaminadas a generar cambios y modificaciones en el imaginario  w
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sensibilizar a la ciudadanía en el sentido de que ninguna forma ni manifestación 
de violencia es justificable ni tolerable.
d)  Detección:  la  puesta  en  marcha  de  distintos  instrumentos  teóricos  y 
técnicos que permitan identificar y hacer visible la problemática de la violencia 
machista, tanto si aparece de forma esporádica como de forma estable, y que 
permitan también conocer las situaciones en las que debe intervenirse, para evitar 
su desarrollo y cronicidad.
e)  Atención: el conjunto de acciones destinadas a una persona para que 
pueda  superar  las  situaciones  y  consecuencias  generadas  por  la  violencia 
machista en los ámbitos personal, familiar y social, garantizando su seguridad y 
facilitándole la información necesaria sobre los recursos y procedimientos.
f)  Recuperación: el proceso de desvictimización en los ámbitos afectados, 
realizado por las propias mujeres y sus hijos e hijas. Este proceso conlleva un 
ciclo vital personal y social de la mujer centrado en el restablecimiento de todos 
los ámbitos dañados por la situación de violencia machista vivida.
g)  Reparación:  el  conjunto  de  medidas  jurídicas,  económicas,  sociales, 
laborales, sanitarias, educativas y similares, tomadas por los diversos organismos 
y agentes responsables de la intervención en el ámbito de la violencia machista, 
que contribuyen al restablecimiento de todos los ámbitos dañados por la situación 
vivida, garantizando el acompañamiento y asesoramiento necesarios.
h)  Diligencia  debida:  la  obligación  de  los  poderes  públicos  de  adoptar 
medidas  legislativas  y  de  cualquier  otro  orden  para  actuar  con  la  agilidad  y 
eficiencia  necesarias  y  asegurarse  de  que  las  autoridades,  el  personal,  los 
agentes, las entidades públicas y los demás actores que actúan en nombre de 
estos poderes públicos se comporten de acuerdo con esta obligación, en orden a 
prevenir, investigar, perseguir, castigar y reparar adecuadamente los actos de 
violencia machista y proteger a las víctimas.
i)  Victimización secundaria o revictimización: el maltrato adicional ejercido 
contra las mujeres que se hallan en situaciones de violencia machista y sus hijos e 
hijas,  como  consecuencia  directa  o  indirecta  de  los  déficits  cuantitativos  y 
cualitativos  de  las  intervenciones  llevadas  a  cabo  por  los  organismos 
responsables,  así  como  por  las  actuaciones  desacertadas  o  negligentes 
provenientes de otros agentes implicados.
j)  Consentimiento  sexual:  la  voluntad  expresa,  enmarcada  en  la  libertad 
sexual y en la dignidad personal, que da paso al ejercicio de prácticas sexuales y 
lo avala. La prestación del consentimiento sexual debe hacerse desde la libertad, 
debe permanecer vigente durante toda la práctica sexual y está acotada a una o 
varias personas, a unas determinadas prácticas sexuales y a unas determinadas 
medidas  de  precaución,  tanto  ante  un  embarazo  no  deseado  como  ante 
infecciones de transmisión sexual. No existe consentimiento si el agresor crea 
unas condiciones o se aprovecha de un contexto que, directa o indirectamente, 
impongan una práctica sexual sin contar con el consentimiento de la mujer.
k)  Interseccionalidad  o  intersección  de  opresiones:  concurrencia  de  la 
violencia machista con otros ejes de discriminación, como el origen, el color de la 
piel, el fenotipo, la etnia, la religión, la situación administrativa, la edad, la clase 
social,  la  precariedad  económica,  la  diversidad  funcional  o  psíquica,  las 
adicciones, el estado serológico, la privación de libertad o la diversidad sexual y de 
género, que hace que impacten de forma agravada y diferenciada. La interacción  s
de  estas  discriminaciones  debe  ser  tenida  en  cuenta  al  abordar  la  violencia  oe.
machista. w.
l)  Precariedad económica: la situación de una persona que percibe unos  4w
ingresos iguales o inferiores al indicador de renta de suficiencia de Cataluña.»
Artículo 3.  Modificación del artículo 4 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 4 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4.  Formas de violencia machista.
1.  La  violencia  machista  viene  configurada  por  una  continuidad  de 
situaciones en las que interactúan cada una de las formas de violencia machista 
con los diferentes ámbitos en los que se producen.
2.  La violencia machista puede ejercerse de manera puntual o reiterada de 
alguna de las siguientes formas:
a)  Violencia física: comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de 
una mujer, con el resultado o el riesgo de producirle una lesión física o un daño.
b)  Violencia psicológica: comprende toda conducta u omisión que produce en 
una mujer una desvaloración o un sufrimiento, mediante amenazas, humillación, 
vejaciones, menosprecio, desprecio, exigencia de obediencia o sumisión, coerción 
verbal, insultos, aislamiento o cualquier otra limitación de su ámbito de libertad. La 
violencia machista también puede llevarse a cabo con la amenaza o la causación 
de  violencia  física  o  psicológica  contra  el  entorno  afectivo  de  la  mujer, 
especialmente los hijos e hijas u otros familiares que convivan o tengan una 
relación directa con ella, cuando se dirija a afligir a la mujer. También incluye la 
violencia ambiental, que se lleva a cabo a través del ejercicio de la violencia sobre 
bienes y propiedades de la mujer, con valor económico o sentimental, o sobre los 
animales con los que tiene un vínculo de afecto, con el fin de afligirla o de crear un 
entorno intimidatorio.
c)  Violencia sexual: comprende cualquier acto que atente contra la libertad 
sexual  y  la  dignidad  personal  de  la  mujer  creando  unas  condiciones  o 
aprovechándose de un contexto que, directa o indirectamente, impongan una 
práctica sexual sin contar con el consentimiento ni la voluntad de la mujer, con 
independencia del vínculo que exista entre la mujer y el agresor o agresores. 
Incluye  el  acceso  corporal,  la  mutilación  genital  o  el  riesgo  de  sufrirla,  los 
matrimonios forzados, la trata de mujeres con finalidad de explotación sexual, el 
acoso  sexual  y  por  razón  de  sexo,  la  amenaza  sexual,  la  exhibición,  la 
observación y la imposición de cualquier práctica sexual, entre otras conductas.
d)  Violencia obstétrica y vulneración de derechos sexuales y reproductivos: 
consiste en impedir o dificultar el acceso a una información veraz, necesaria para 
la toma de decisiones autónomas e informadas. Puede afectar a los diferentes 
ámbitos de la salud física y mental, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y 
puede impedir o dificultar a las mujeres tomar decisiones sobre sus prácticas y 
preferencias sexuales, y sobre su reproducción y las condiciones en que se lleva a 
cabo, de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislación sectorial aplicable. 
Incluye la esterilización forzada, el embarazo forzado, el impedimento de aborto en 
los supuestos legalmente establecidos y la dificultad para acceder a los métodos 
anticonceptivos,  a  los  métodos  de  prevención  de  infecciones  de  transmisión 
sexual y del VIH, y a los métodos de reproducción asistida, así como las prácticas 
ginecológicas y obstétricas que no respeten las decisiones, el cuerpo, la salud y 
los procesos emocionales de la mujer.
e)  Violencia económica: consiste en la privación intencionada y no justificada  s
de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede, de  oe.
sus hijos o hijas, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias  w.
dey issetpinpo ulsalia cadipóarnso  pdeiean cl oicósan rs eiolce ugdríestio mssae p pdraeor pabiocieisón noe  sco od med iplvaao mrrtciudiojoe,s r. eenn  eell  áhmebchitoo  fdaem iloiabrs ota cduel ipzaarre jlaa   2021-464n https://w
f)  Violencia  digital:  consiste  en  aquellos  actos  de  violencia  machista  y
misoginia en línea cometidos, instigados, amplificados o agravados, en parte o  Bc
totalmente,  mediante  el  uso  de  tecnologías  de  la  información  y  de  la 
comunicación, plataformas de redes sociales, webs o foros, correo electrónico y 
sistemas de mensajería instantánea y otros medios similares que afecten a la 
dignidad y los derechos de las mujeres. Estos actos causan daños psicológicos e 
incluso físicos; refuerzan estereotipos; dañan la dignidad y la reputación; atentan 
contra  la  privacidad  y  libertad  de  obrar  de  la  mujer;  le  causan  pérdidas 
económicas, y plantean obstáculos a su participación política y a su libertad de 
expresión.
g)  Violencia de segundo orden: consiste en la violencia física o psicológica, 
las represalias, las humillaciones y la persecución ejercidas contra las personas 
que apoyan a las víctimas de violencia machista. Incluye los actos que impiden la 
prevención, la detección, la atención y la recuperación de las mujeres en situación 
de violencia machista.
h)  Violencia vicaria: consiste en cualquier tipo de violencia ejercida contra los 
hijos e hijas con el fin de provocar daño psicológico a la madre.
3.  Se entiende que las diversas formas de violencia machista son también 
violencia contra la mujer cuando se ejerzan con la amenaza o la causación de 
violencia física o psicológica contra su entorno afectivo, especialmente contra los 
hijos e hijas u otros familiares, con la voluntad de afligir a la mujer.»
Artículo 4.  Modificación del artículo 5 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 5 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5.  Ámbitos de la violencia machista.
La  violencia  machista  puede  manifestarse  en  algunos  de  los  siguientes 
ámbitos:
Primero.  Violencia en el ámbito de la pareja: consiste en la violencia física, 
psicológica, digital, sexual o económica ejercida contra una mujer y perpetrada por 
el hombre que es o ha sido su cónyuge o por la persona que tiene o ha tenido 
relaciones similares de afectividad con ella.
Segundo.  Violencia  en  el  ámbito  familiar:  consiste  en  la  violencia  física, 
digital, sexual, psicológica o económica ejercida contra las mujeres y los menores 
de edad en el seno de la familia y perpetrada por miembros de la misma familia o 
por miembros del núcleo de convivencia, en el marco de las relaciones afectivas y 
de los vínculos del entorno familiar. Incluye los matrimonios forzados. No incluye la 
violencia ejercida en el ámbito de la pareja.
Tercero.  Violencia en el ámbito laboral: consiste en la violencia física, sexual, 
económica, digital o psicológica que puede producirse en el ámbito público o 
privado durante la jornada de trabajo, o fuera del centro y del horario establecido si 
tiene relación con el trabajo. Puede adoptar los siguientes tipos:
a)  Acoso  por  razón  de  sexo:  consiste  en  cualquier  comportamiento  no 
deseado, verbal o físico relacionado con el sexo o género de la mujer, realizado 
con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad, la indemnidad o las 
condiciones de trabajo de las mujeres por el hecho de serlo, creando un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto que dificulte su  e
promoción, ocupación de funciones, acceso a cargos decisorios, remuneración y  bo
reconocimiento profesional, en equidad con los hombres. w
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idneti matideanttoarri oc,o hnotrsat ill,a d edgigrnaiddaandt ey,  hlau mlibilelarntated,  doefe nusniav om ou mjero loe sdtoe. crearle un entorno
c)  Discriminación  por  embarazo  o  maternidad:  consiste  en  todo  trato 
desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, existente 
o potencial, que suponga una discriminación directa y una vulneración de los 
derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y moral y al trabajo.
Cuarto.  Violencia en el ámbito social o comunitario: comprende las siguientes 
manifestaciones:
a)  Agresiones sexuales: uso de la violencia física y sexual contra las mujeres 
determinada por el uso premeditado del sexo como arma para demostrar poder y 
abusar de ellas.
b)  Acoso sexual.
c)  Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y con otros fines con 
dimensión de género.
d)  Mutilación  genital  femenina  o  riesgo  de  sufrirla:  incluye  cualquier 
procedimiento que implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de los 
genitales  femeninos  o  que  produzca  lesiones  en  ellos,  aunque  conste  el 
consentimiento expreso o tácito de la mujer.
e)  Violencia derivada de conflictos armados: incluye todas las formas de 
violencia  contra  las  mujeres  que  se  producen  en  estas  situaciones,  como  el 
asesinato,  la  violación,  la  esclavitud  sexual,  el  embarazo  forzado,  el  aborto 
forzado, la esterilización forzada, la infección intencionada de enfermedades, la 
tortura o los abusos sexuales.
f)  Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
como los abortos selectivos y las esterilizaciones forzadas.
g)  Feminicidios: los asesinatos y homicidios de mujeres por razón de género, 
las inducciones al suicidio y los suicidios como consecuencia de la presión y 
violencia ejercida hacia la mujer.
h)  Agresiones por razón de género.
i)  Vejaciones,  tratos  degradantes,  amenazas  y  coacciones  en  el  espacio 
público.
j)  Restricciones o privaciones de libertad a las mujeres, o de acceso al 
espacio público o a los espacios privados, o a actividades laborales, formativas, 
deportivas, religiosas o lúdicas, así como restricciones a la expresión en libertad 
en cuanto a su orientación sexual o expresión e identidad de género, o a su 
expresión estética, política o religiosa.
k)  Represalias por los discursos y expresiones individuales y colectivos de 
las mujeres que reclaman el respeto de sus derechos, así como expresiones y 
discursos públicos que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente la 
hostilidad, la discriminación o la violencia hacia las mujeres.
Quinto.  Violencia en el ámbito digital: violencia machista que se produce en 
las redes de comunicación digitales, entendidas como nueva ágora de interacción, 
participación  y  gobernanza  mediante  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.  Entre  otras  prácticas,  incluye  el  ciberacoso,  la  vigilancia  y  el 
seguimiento,  la  calumnia,  los  insultos  o  las  expresiones  discriminatorias  o 
denigrantes, las amenazas, el acceso no autorizado a los equipos y cuentas de 
redes sociales, la vulneración de la privacidad, la manipulación de datos privados, 
la suplantación de identidad, la divulgación no consentida de información personal  s
o de contenidos íntimos, el daño a los equipos o canales de expresión de las  oe.
mujeres  y  de  los  colectivos  de  mujeres,  los  discursos  de  incitación  a  la  w.
dpdieigsrcistraoimlneaisns a yac gilóarne p duhabanlc,i cilaoa ccaliaólisnc  edmne uo ji enarfceoosrsm, eaencl  aióc nuh napane tmrasjueoj nedar.el  ccoanr álac teinrt esnecxióuna l dpeo rq ucea noatrlaess   2021-464n https://w
Sexto.  Violencia  en  el  ámbito  institucional:  acciones  y  omisiones  de  las
autoridades, el personal público y los agentes de cualquier organismo o institución
pública que tengan por finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las 
políticas públicas y al ejercicio de los derechos que reconoce la presente ley para 
asegurar una vida libre de violencia machista, de acuerdo con los supuestos 
incluidos  en  la  legislación  sectorial  aplicable.  La  falta  de  diligencia  debida, 
cuantitativa y cualitativa, en el abordaje de la violencia machista, si es conocida o 
promovida  por  las  administraciones  o  deviene  un  patrón  de  discriminación 
reiterado y estructural, constituye una manifestación de violencia institucional. Esta 
violencia puede provenir de un solo acto o práctica grave, de la reiteración de 
actos o prácticas de menor alcance que generan un efecto acumulado, de la 
omisión de actuar cuando se conozca la existencia de un peligro real o inminente, 
y de las prácticas u omisiones revictimizadoras. La violencia institucional incluye la 
producción legislativa y la interpretación y aplicación del derecho que tenga por 
objeto o provoque este mismo resultado. La utilización del síndrome de alienación 
parental también es violencia institucional.
Séptimo.  Violencia en el ámbito de la vida política y la esfera pública de las 
mujeres: la violencia machista que se produce en espacios de la vida pública y 
política,  como  las  instituciones  políticas  y  las  administraciones  públicas,  los 
partidos políticos, los medios de comunicación o las redes sociales. Cuando esta 
forma  de  violencia  machista  ocurre  en  las  instituciones  políticas  o  las 
administraciones públicas y es tolerada y no sancionada, se convierte también en 
una forma de violencia institucional.
Octavo.  Violencia en el ámbito educativo: cualquier tipo de violencia que se 
produce en el entorno educativo entre los miembros de la comunidad educativa. Puede 
producirse entre iguales, de mayor de edad a menor de edad o viceversa. Incluye el 
acoso, el abuso sexual y el maltrato físico, sexual, psíquico o emocional. Entre estas 
violencias algunas se producen por razón de género o de identidad sexual.
Noveno.  Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o puedan lesionar 
la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres.»
Artículo 5.  Modificación del artículo 6 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 6 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6.  Finalidades.
Las medidas que la presente ley establece tienen como finalidades:
a)  Cumplir  con  la  diligencia  debida  las  obligaciones  de  sensibilización, 
prevención,  investigación,  atención,  protección,  recuperación,  reparación  y 
sanción  de  la  violencia  machista,  así  como  garantizar  la  no  repetición  y  la 
remoción de las estructuras y prácticas sociales que la originan y perpetúan, de 
acuerdo con las competencias otorgadas a las administraciones de Cataluña.
b)  Reconocer los derechos de las mujeres que sufren violencia machista a la 
atención, asistencia, protección, recuperación, reparación integral y garantía de no 
revictimización.
c)  Garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  la 
autonomía de las mujeres, y la libertad y efectividad de los derechos de las 
mujeres.
d)  Establecer  mecanismos  para  realizar  investigación  sobre  violencia  s
machista  y  difundir  sus  resultados,  así  como  establecer  mecanismos  para  la  oe.
sensibilización social y la información destinada a las mujeres. w.
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participación política, de los medios de comunicación, digital, laboral, social y
deportivo, y en la vida política y la esfera pública de las mujeres. Bc
f)  Establecer  el  catálogo  de  derechos  de  las  mujeres  que  se  hallan  en 
situación de violencia machista, exigibles ante las administraciones públicas, así 
como para sus hijos e hijas, además de asegurar el acceso gratuito de las mujeres 
a los servicios públicos que se establezcan.
g)  Garantizar  derechos  económicos  para  las  mujeres  que  se  hallan  en 
situación de violencia machista, con el fin de facilitarles el proceso de recuperación 
y reparación integrales.
h)  Evaluar cada dos años la red de atención y recuperación integral para las 
mujeres que sufren violencia machista, integrada por un conjunto de recursos y 
servicios  públicos  para  la  atención,  asistencia,  protección,  recuperación  y 
reparación integrales.
i)  Establecer mecanismos para una intervención integral y coordinada contra 
la violencia machista, y crear mecanismos específicos para abordar la violencia de 
segundo orden, mediante la colaboración de las administraciones públicas de 
Cataluña y la participación de las entidades de mujeres, de profesionales y de 
organizaciones ciudadanas que actúan contra la violencia machista.
j)  Asegurar la formación especializada, obligatoria y periódica de todos los 
colectivos profesionales que intervienen en la atención, asistencia, protección, 
recuperación y reparación destinadas a las mujeres que sufren violencia machista, 
a sus hijos e hijas y a su entorno familiar y comunitario, así como espacios de 
reciclaje y supervisión.
k)  Garantizar el principio de adecuación de las medidas, a fin de que a la 
hora de aplicarlas se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas 
de todas las mujeres que sufren la violencia machista. El diseño y aplicación de 
las medidas debe poner en el centro los derechos de las mujeres y debe fomentar 
su autonomía decisoria y la promoción del empoderamiento personal.»
Artículo 6.  Modificación del artículo 7 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 7 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo  7.  Principios  orientadores  en  las  intervenciones  de  los  poderes 
públicos.
Los poderes públicos de Cataluña, para alcanzar las finalidades establecidas 
por el artículo 6, deben seguir los siguientes criterios de actuación:
a)  La  obligatoriedad  de  asegurar  la  efectividad  de  los  derechos  de  las 
mujeres y de asegurar que vivan una vida libre de violencias, considerando la 
dimensión de los derechos humanos, de la calidad democrática y de la vigencia 
del estado de derecho.
b)  El compromiso de no discriminación de las mujeres, evitando que los 
poderes  públicos  las  discriminen,  depurando  responsabilidades  cuando  quien 
pertenezca o trabaje para las administraciones ejerza actos de discriminación y 
protegiéndolas frente a las discriminaciones que puedan causar terceros.
c)  La consideración del carácter estructural y de la naturaleza multicausal y 
multidimensional de la violencia machista, en especial en cuanto a la implicación 
de todos los agentes responsables de los sistemas de sensibilización, detección, 
atención y reparación. s
d)  La consideración del impacto individual en la mujer que sufre la violencia  oe.
machista directamente, así como del impacto colectivo en las demás personas que  w.
csuoenn ect)oa n oLtocade codoson raslosids de erda eacliñlóoon sy d  qequlu ece aa rsálaicsstt eernm  ianu tjleeagr erreass l pdyue e slsautssa   mdheei jdolaisds a aesd,  mqhuiinjeai ssdt reasbcueifornen tnee sn.ceor meon   2021-464n https://w
consecuencia de la violencia machista. Estos daños, que incluyen la utilización del
síndrome de alienación parental, impactan en la esfera física, emocional, digital, 
económica, laboral, comunitaria y social.
f)  La transversalidad de las medidas, de tal modo que cada poder público 
implicado debe definir acciones específicas y coordinadas, desde su ámbito de 
intervención, de acuerdo con modelos de intervención globales, en el marco de los 
programas cuatrienales de intervención integral contra la violencia machista en 
Cataluña.
g)  La  consideración  de  la  diversidad  de  las  mujeres  y  de  la 
interseccionalidad.  La  violencia  machista  provoca  un  impacto  agravado  y 
diferenciado cuando concurre con otros motivos de discriminación, como el origen, 
el fenotipo, el grupo étnico, la religión, la situación migratoria, la edad, la clase 
social, la discapacidad física o intelectual, el estado serológico, la toxicomanía o 
cualquier otra adicción, la privación de libertad, la orientación sexual o la identidad 
y expresión de género.
h)  La consideración de que todas las medidas deben garantizar que se 
otorgue prioridad a las preocupaciones, los derechos, el empoderamiento y la 
seguridad de las mujeres, así como a su participación efectiva y en condiciones de 
igualdad en la adopción de decisiones.
i)  La proximidad y el equilibrio de las intervenciones en todo el territorio, 
asegurando una atención específica a las zonas rurales y a las mujeres con 
discapacidad de estas zonas.
j)  El compromiso de que la construcción de las respuestas a la violencia 
machista debe hacerse poniendo los derechos de las mujeres en el centro y 
partiendo de las necesidades específicas y las experiencias de las mujeres en 
situaciones de violencia, a partir de las metodologías y prácticas que la sociedad 
civil  y  académica  y  las  organizaciones  feministas,  especialmente,  han  ido 
definiendo mediante la experiencia.
k)  La  consideración  de  las  vulneraciones  que  sufren  mujeres  de 
determinados colectivos en situaciones específicas, de acuerdo con el capítulo 5 
del título III.
l)  El compromiso activo de garantizar la protección de los datos de carácter 
personal  de  las  mujeres  en  situación  de  violencia,  así  como  de  las  demás 
personas implicadas o de los testigos, de acuerdo con la legislación aplicable. 
Debe garantizarse igualmente la protección de los datos de carácter personal de 
los profesionales de la red que estén implicados.
m)  El compromiso activo de evitar la victimización secundaria y las violencias 
institucionales contra las mujeres y sus hijos e hijas y la adopción de medidas que 
impidan la reproducción o perpetuación de los estereotipos sobre las mujeres y la 
violencia machista.
n)  La  formación  obligatoria  y  periódica  sobre  perspectiva  de  género,  de 
infancia y de diversidad de los profesionales que atienden directa o indirectamente 
a las mujeres en situaciones de violencia, para trabajar prejuicios y estereotipos, 
así como la evaluación continuada de esta a partir de espacios de supervisión y 
reciclaje profesional. En el caso de las plazas públicas, debe garantizarse su 
especialización.
o)  El fomento de los instrumentos de colaboración y cooperación entre las 
administraciones públicas para todas las políticas públicas de erradicación de la 
violencia machista y, en especial, el diseño, el seguimiento, la evaluación y la  s
rendición de cuentas de las medidas y los recursos que deben aplicarse. oe.
p)  El fomento de los instrumentos de participación y colaboración con las  w.
organizaciones  sociales,  en  especial  las  de  mujeres,  como  los  consejos  de  4w
mpeurjteerneesc, ieenlt ems oav mimoievnimtoie natsoosc siaotciviaol eds ey  slainsd imcaulejesr,e esn  ye l ldoiss egñrou, peol ss edgeu immieunjetroe ys 
la evaluación de las políticas públicas para erradicar la violencia machista.
q)  La  participación  profesional  y  social,  que  implica  contar  con  todos  los 
profesionales de los diferentes ámbitos que puedan atender la complejidad de las 
formas de violencia machista y con el criterio y participación de los colectivos afectados.
r)  La rendición de cuentas anual de las administraciones que diseñan y llevan a 
cabo las políticas públicas de erradicación de la violencia machista, que permita 
analizar su grado de aplicación, su efectividad y la posibilidad de introducir mejoras.
s)  La  creación  periódica  de  espacios  de  intercambio  de  información  y 
experiencias entre el sector profesional de los diferentes ámbitos de atención a la 
violencia machista, el de las mujeres afectadas y el de los colectivos de mujeres 
que se dedican a su abordaje.
t)  La necesidad de velar por la celeridad de las intervenciones, con el fin de 
posibilitar una adecuada atención y evitar el incremento del riesgo o de la victimización.
u)  La prohibición de la mediación si está implicada una mujer que ha sufrido 
o sufre cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la pareja o en el 
ámbito familiar.
v)  La vinculación del Gobierno y del conjunto de las administraciones catalanas 
con los derechos de las mujeres y el cumplimiento del principio de igualdad de todas 
las personas que viven en Cataluña, de acuerdo con el artículo 37 del Estatuto de 
autonomía y los tratados internacionales de derechos humanos.
w)  El hecho de que las violencias digitales puedan amplificar la violencia 
machista y causen un impacto grave, permanente y reiterado en las mujeres.
x)  El  fomento  de  los  instrumentos  de  sensibilización,  prevención  y 
colaboración en la formación de los profesionales, y de los futuros profesionales, 
de la comunicación, información y publicidad, sobre los principios rectores de la 
presente ley, las buenas prácticas y los códigos deontológicos para contribuir a 
erradicar la violencia machista.»
Artículo 7.  Adición de un apartado al artículo 8 de la Ley 5/2008.
Se añade un apartado, el 5, al artículo 8 de la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«5.  La adecuación del abordaje de la violencia machista requiere un análisis 
cuantitativo y cualitativo previo. La obligación en la obtención de datos estadísticos 
oficiales para la elaboración y evaluación de las políticas públicas sobre violencia 
machista debe llevarse a cabo dentro del marco de la legislación catalana en materia 
de estadística, especialmente en cuanto a la regulación del secreto estadístico, en los 
términos establecidos por la normativa catalana de estadística, la normativa en materia 
de protección de datos de carácter personal y demás normativa de aplicación, sin 
perjuicio de las funciones del Observatorio de la Igualdad de Género y del Centro de 
Estudios, Investigación y Capacitación sobre Violencia Machista.»
Artículo 8.  Adición de un artículo, el 8 bis, a la Ley 5/2008.
Se añade un artículo, el 8 bis, a la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«Artículo 8 bis.  Investigación en violencia machista digital.
La investigación en violencia machista digital debe orientarse a la tipología de 
mujeres  que  reciben  esta  violencia,  el  tipo  de  la  violencia  que  reciben,  su 
frecuencia, el tipo de perfiles que la protagonizan y que divulgan estos discursos,  e.
las plataformas donde los abusos y la violencia tienen lugar, el impacto de esta  w.b
violencia  individualmente  y  en  cuanto  a  los  derechos  fundamentales  de  las  4w
dmeunjeurnecsia ys  ae felocsti vdaemreecnhteo sp hreusmeanntaodsa, sl ar ersepsepcuteos taal  pnoúlmiceiarlo  yd jeu dlaicsia ql,u eel  pínoddircíea nd ey 
dsoenb earíracnh ivhaadbaesrs, ee lp rimespeancttaod oe,n y  lalass  pcearussoansa sp oqr ulaes d qeuneu nncoi asne  llale gvaionle an cpirae seejenrtcaird ao 
hacia la mujer y la respuesta institucional de protección de estas personas.»
Artículo 9.  Adición de un artículo, el 8 ter, a la Ley 5/2008.
Se añade un artículo, el 8 ter, a la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«Artículo 8 ter.  Investigación y debate público sobre la violencia machista en la 
vida política.
La investigación y la promoción del debate público deben orientarse al tipo de 
violencias  recibidas  por  las  mujeres  en  la  vida  política,  su  frecuencia,  las 
motivaciones de género, el impacto sobre su capacidad de influencia, incluyendo 
la retirada de la política o la pérdida de oportunidades para asumir un cargo, el 
impacto  sobre  el  conjunto  de  mujeres  de  la  población,  la  respuesta  de  las 
instituciones políticas y de los partidos, la respuesta policial y judicial, y las causas 
del  bajo  índice  de  denuncias.  La  investigación  debe  prestar  atención  a  la 
diversidad de las mujeres en política, incluyendo la condición racial o étnica, la 
edad, la orientación sexual, la expresión e identidad de género y la diversidad 
funcional.»
Artículo 10.  Adición de un apartado al artículo 9 de la Ley 5/2008.
Se añade un apartado, el 6, al artículo 9 de la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«6.  Las administraciones de Cataluña competentes en materia de educación, 
comunicación,  participación  y  derechos  de  la  ciudadanía,  el  Consejo  del 
Audiovisual  de  Cataluña  y  las  demás  administraciones  de  Cataluña  deben 
incorporar recursos formativos y pedagógicos en ciudadanía digital, con el fin de 
proporcionar conocimientos técnicos, así como una educación en valores, que 
fomenten un uso responsable, constructivo, respetuoso y crítico de las tecnologías 
de la información y la comunicación para asegurar un tratamiento de las mujeres 
conforme a los principios y valores de la presente ley.»
Artículo 11.  Adición de un apartado al artículo 12 de la Ley 5/2008.
Se añade un apartado, el 3, al artículo 12 de la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«3.  Para combatir la violencia machista es esencial incorporar la coeducación 
y la educación afectivo-sexual haciendo un abordaje explícito, transversal, riguroso 
y sistemático de la perspectiva de género desde la educación infantil hasta, como 
mínimo, la finalización de la educación obligatoria.»
Artículo 12.  Adición de un apartado al artículo 15 de la Ley 5/2008.
Se añade un apartado, el 3, al artículo 15 de la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«3.  Debe  garantizarse  la  formación  con  perspectiva  de  género  del 
profesorado desde el inicio de su proceso formativo y debe hacerse extensiva a 
todos los miembros de la comunidad educativa.»
Artículo 13.  Modificación del artículo 17 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 17 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo: s
«Artículo 17.  Ámbito de la enseñanza universitaria. w.
form1a. tivLoas se uspneivceírfisciodsa deens ,m eant eerli am daerc voi odleen scuia a mutaocnhoimstaía ,e nd elab epnr oinpculeusirt ac ocnutrerniciudloasr 
dmeá sla ism tpitualcatcoi oenne esl  dceu mgrpalidmoi,e mntáos dteer  lyo sd oobctjeotriavdoos,  deen  lalo sp reessteundtieo sle qyu.e pueden tener
2.  Las universidades deben velar por que se eliminen de la docencia de las 
titulaciones  los  textos  y  materiales  con  contenidos  sexistas,  violentos  y 
discriminatorios  hacia  las  mujeres  que  contribuyen  a  reforzar  estereotipos  y 
fomentan la desigualdad de género, excepto si el uso de estos textos y materiales 
tiene como objetivo debatirlos para promover el pensamiento crítico del alumnado. 
De modo más general, las universidades deben formar al profesorado sobre la 
erradicación del sexismo en las aulas.
3.  Las universidades deben tener protocolos para la prevención, detección, 
atención y reparación de las situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de 
sexo, así como de las demás formas de violencia machista que puedan producirse 
entre miembros de la comunidad universitaria, y deben formar adecuadamente en 
perspectiva de género y no revictimización a las personas que intervengan en los 
procedimientos y en la instrucción de expedientes informativos o disciplinarios 
derivados  de  la  aplicación  del  protocolo.  Las  universidades  deben  elaborar 
periódicamente  un  informe  de  evaluación,  que  deben  someter  a  las 
administraciones competentes en política universitaria y en políticas de igualdad 
de género, cumpliendo estrictamente la normativa de protección de datos de 
carácter personal.
4.  Las universidades deben dotar sus unidades u observatorios de igualdad 
de los recursos humanos y materiales adecuados para cumplir las funciones de 
prevención, detección, atención y reparación, así como para proporcionar, en el 
ámbito de sus competencias, servicios de acompañamiento a las mujeres de la 
comunidad universitaria que han sufrido o sufren violencia machista.
5.  El Gobierno, como medida de reparación y en el marco de la normativa 
vigente, debe garantizar la gratuidad de la matrícula de las titulaciones de grado a 
las  estudiantes  que  acrediten  documentalmente  la  condición  de  víctima  de 
violencia machista en el ámbito de la pareja, así como a los hijos e hijas que 
dependan de ellas.
6.  Las universidades, las autoridades y los organismos públicos competentes 
en  política  universitaria  deben  establecer  mecanismos  compensatorios  en  el 
cálculo de la elegibilidad, de la duración de las ayudas de investigación, las becas 
o los contratos, del tiempo límite para la obtención de un título o de los procesos 
de evaluación de méritos y de antigüedad del conjunto del personal, para que los 
períodos en que se haya sufrido una situación de violencia machista no penalicen 
la trayectoria académica o profesional de las mujeres.
7.  Las  universidades  deben  adoptar  mecanismos  de  cooperación 
interinstitucional para garantizar la coordinación de los respectivos protocolos de 
abordaje de la violencia machista en las situaciones en que la víctima y el agresor 
pertenezcan a dos universidades diferentes y para compartir la información.
8.  Las  universidades  deben  dotarse  de  mecanismos  de  cooperación 
institucional para facilitar el cambio gratuito de universidad a las estudiantes de 
grado víctimas de violencia machista y a los hijos e hijas que dependan de ellas en 
casos de violencia en el ámbito de la pareja, así como a las estudiantes que han 
sufrido acoso sexual, por razón de sexo, de orientación sexual, de identidad de 
género o de expresión de género.»
Artículo 14.  Modificación del artículo 19 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 19 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo: e.
«Artículo 19.  Formación de profesionales. 4ww
persepve1ec.n iaclEiiózlna G,d aod bedieteer ncocca iódpnea,bc eita agtceaiónrancni ótdnize,a  rt aoqsduiosets e sneloc islal e, pverro eface uscpiaoebnroaa lcelaisó  nfoq rumye a ctrrieóapnba arcjaaocnni ótinne una e lany    OE-A-2021-46able en https://
situaciones de violencia machista.
2.  El Gobierno debe promover la formación específica de especialización y 
capacitación del personal inspector de trabajo y del personal judicial y no judicial al 
servicio de la Administración de justicia, del personal de los cuerpos de seguridad, 
del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña 
adscrito a las unidades de valoración forense integral, del personal de todos los 
servicios  de  la  Secretaría  de  Medidas  Penales,  Reinserción  y  Atención  a  la 
Víctima, y de la Fiscalía en Cataluña que intervengan en los procesos judiciales 
relacionados con la violencia machista. Debe garantizarse desde las primeras 
actuaciones  en  el  procedimiento  judicial  la  especialización  de  los  médicos 
forenses, que deben formar parte de las unidades de valoración forense integral.
3.  Los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y empresariales 
y las administraciones públicas competentes deben asegurar que la formación y la 
capacitación específicas a que se refiere el presente artículo se incorporen a los 
programas de formación correspondientes.
4.  La  formación  debe  incluir  programas  de  apoyo  y  atención  a  los 
profesionales implicados en el tratamiento de la violencia machista para prevenir y 
evitar  los  riesgos  laborales  asociados  a  esta  actividad  profesional.  Debe 
garantizarse a todos los profesionales con independencia del tipo de vinculación 
que tengan con la administración competente.
5.  En los cursos de formación a que se refiere el presente artículo deben 
incluirse  la  perspectiva  de  género,  las  causas  estructurales  y  sociales  de  la 
violencia machista, sus características, causas, efectos y consecuencias, y la 
intersección de otras identidades con la violencia machista.»
Artículo 15.  Modificación del artículo 29 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 29 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 29.  Subvenciones a empresas.
1.  Las bases de las subvenciones que tengan como beneficiarias empresas 
con una plantilla igual o superior a veinticinco personas deben incluir la obligación, 
con el acuerdo de los agentes sociales, de indicar los medios que utilizan para 
prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo en sus 
centros de trabajo y para intervenir en estos casos, y deben tener protocolos de 
abordaje y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
2.  La falta de utilización o la utilización indebida de los medios a que se 
refiere el apartado 1 son una causa de no concesión o, si procede, de revocación 
de la subvención.»
Artículo 16.  Adición de un capítulo al título II de la Ley 5/2008.
Se añade un capítulo, el 8, al título II de la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«CAPÍTULO 8
Partidos políticos
Artículo 29 bis.  Partidos políticos.
1.  Los  partidos  políticos  deben  tener  un  plan  de  igualdad  interno  y  un  b
protocolo para la prevención, detección y actuación ante la violencia machista que  w
epjeerrszoanna, s dqeunetr os ino e sfutaerr aa fidliea dalas  toernggaanniz aucni ócna, rgaofi ldiaed oresp roe sseinmtapcaitóizna on tehsa,y aon  bsiideon 
ddeesl icganragdoa psú pbalicrao  uqnuae  ofucnucpieónn. específica, con independencia del nivel jerárquico o
2.  Los partidos políticos deben asegurar la independencia y la calidad de 
persona  experta  en  violencia  machista  de  las  personas  que  conduzcan  la 
investigación,  garantizar  la  diligencia  debida,  adoptar  las  medidas  cautelares 
necesarias, proporcionar servicios de asesoramiento y de acompañamiento a las 
víctimas y prever las medidas de reparación adecuadas.
3.  Los partidos políticos deben incorporar la prohibición de incurrir en actos 
de violencia machista en sus normas internas y en los programas de acogida de 
nuevas personas afiliadas, y deben adoptar las correspondientes medidas de 
suspensión o expulsión de la militancia por la comisión de estos actos.
4.  Los  partidos  políticos  deben  difundir  su  protocolo  para  la  prevención, 
detección  y  actuación  ante  la  violencia  machista,  realizar  acciones  de 
sensibilización  de  sus  miembros,  y  evaluar  y  revisar  periódicamente  el 
funcionamiento  y  la  aplicación  de  los  procedimientos  establecidos  en  el 
protocolo.»
Artículo 17.  Adición de cuatro apartados al artículo 31 de la Ley 5/2008.
Se añaden cuatro apartados, del 4 al 7, al artículo 31 de la Ley 5/2008, con el 
siguiente texto:
«4.  El abordaje de la violencia machista debe procurar eliminar los factores 
psicológicos, jurídicos, sociales, económicos y comunitarios que obstaculizan la 
formulación de la denuncia de violencia machista.
5.  La evaluación de riesgo por parte de la Policía de la Generalidad-Mossos 
d’Esquadra debe ser individualizada y adaptada al tipo de violencia concreta. La 
evaluación de riesgo debe basarse en información sobre la percepción subjetiva 
de riesgo de la propia mujer; la relación de poder, afectiva, de dependencia 
emocional o económica entre esta y el agresor; la duración y el tipo de las 
violencias sufridas; el apoyo familiar y comunitario de la mujer; la existencia de 
procedimientos judiciales en curso entre ambos, y la existencia de factores de 
vulnerabilización y de empoderamiento de la mujer. La evaluación de riesgo debe 
incluir el riesgo sufrido por los hijos e hijas de la mujer.
6.  Cuando una mujer acuda a una comisaría para presentar una denuncia 
como  consecuencia  de  haber  vivido  cualquiera  de  las  manifestaciones  de  la 
violencia  machista,  los  agentes  de  la  Policía  de  la  Generalidad-Mossos 
d’Esquadra deben requerir al colegio de abogados la presencia de un letrado para 
garantizar la asistencia letrada desde el momento inicial de la denuncia.
7.  Debe crearse un instrumento de evaluación de riesgos, incluido el riesgo 
para los hijos e hijas de la mujer, para ser utilizado por los médicos forenses y por 
las unidades de valoración forense integral. En las unidades de valoración forense 
integral debe haber necesariamente profesionales del ámbito de la familia que 
valoren los riesgos para los menores del régimen de visitas y custodia que se 
establezca, incluso con carácter preventivo.»
Artículo 18.  Modificación del artículo 33 de la Ley 5/2008.
1.  Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 33 de la Ley 5/2008, que queda 
redactada del siguiente modo:
«f)  El  informe  del  Instituto  Catalán  de  las  Mujeres.  Además,  el  Instituto  e.
Catalán de las Mujeres también debe hacer público de modo oficial, cada 31 de  w.b
diciembre y 30 de junio, el número de mujeres que son víctimas de violencia  4w
mdaatcohsi sdteab ye nq usee rd leobs earcíaunm auclacdeodse rd aels dseer vlaic mioi sdme ar efecuchpae rdaeciló anñ yo  raenptearriaocri óyn s. oEns tlooss 
qquuee  sdee breefnie uretil iezla arspea rptaadrao  c2a blcisu ldaer  elal  mdiísnpimosoic iimónp oardteic dioen alal  ppraimrtiedraa .p»resupuestaria a
2.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 33 de la Ley 5/2008, con el siguiente 
texto:
«4.  A los efectos del acceso a los derechos de atención y recuperación de 
los  niños  y  adolescentes,  a  partir  de  los  dieciséis  años  no  es  necesario  el 
consentimiento de los progenitores o tutores legales.»
Artículo 19.  Modificación del artículo 46 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 46 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 46.  Renta garantizada de ciudadanía, ayudas económicas y demás 
prestaciones.
1.  Para favorecer la autonomía de las mujeres que estén en situaciones de 
violencia machista y a efectos del derecho a percibir la renta garantizada de 
ciudadanía, deben tenerse en cuenta exclusivamente los ingresos y las rentas 
individuales de cada mujer, siempre que se cumplan los requisitos establecidos 
por la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía.
2.  Para la determinación de la carencia de rentas para acceder a las ayudas 
económicas  establecidas  por  la  presente  ley,  deben  tenerse  en  cuenta 
exclusivamente  los  ingresos  y  las  rentas  individuales  de  cada  mujer,  y  no 
computan  los  ingresos  provenientes  de  prestaciones  económicas,  públicas  o 
privadas, de urgencia por tener la condición de víctima de violencia machista en 
los ámbitos de la pareja o la familia, de acuerdo con los artículos 7.e y 11.d del 
Decreto 55/2020, de 28 de abril.
3.  Las mujeres víctimas de violencia machista tienen, con respecto a las 
prestaciones de urgencia social, los derechos reconocidos por el artículo 30 de la 
Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico.
4.  El Gobierno puede conceder prestaciones económicas extraordinarias a 
las mujeres que han sufrido violencia machista, identificada por cualquiera de los 
medios establecidos por el artículo 33. Estas prestaciones deben destinarse a 
paliar  situaciones  de  necesidad  personal  que  sean  evaluables  y  verificables, 
previo informe de los organismos competentes sobre la inexistencia o insuficiencia 
de las ayudas ordinarias para cubrir estos supuestos.»
Artículo 20.  Modificación del artículo 55 de la Ley 5/2008.
Se modifica el apartado 1 del artículo 55 de la Ley 5/2008, que queda redactado del 
siguiente modo:
«1.  El servicio de atención telefónica especializada es un servicio universal 
gratuito de orientación y asesoramiento inmediato que proporciona atención e 
información integrales sobre los recursos públicos y privados al alcance de todas 
las personas a las que es de aplicación la presente ley.»
Artículo 21.  Modificación del artículo 68 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 68 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 68.  Mundo rural. oe.
Los servicios de atención, asistencia y protección establecidos por el título III  4w
ddee bdeinfí cfail cailictacer seol  aac cceesnotr odse  lqause m puujeerdeesn p erosvtaern ileenjotess  ddee ls musu nludgoa rruersa ld ye  doer izgoenna ys 
rgeasriadnetnizcaian,d oa spuli caannodnoim  actroit.e»rios  de  máxima  proximidad  a  su  residencia  y
Artículo 22.  Modificación del artículo 69 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 69 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 69.  Vejez.
El Gobierno debe promover estrategias eficaces de sensibilización destinadas 
al colectivo de mujeres mayores, para que conozcan los recursos y las estrategias 
para  afrontar  las  violencias  contra  las  mujeres  y  puedan  adoptar  posiciones 
activas ante estas situaciones, para lo cual debe facilitar información específica de 
violencia machista en mujeres mayores.»
Artículo 23.  Modificación del artículo 70 de la Ley 5/2008.
Se modifica el artículo 70 de la Ley 5/2008, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 70.  Mujeres transgénero y diversidad de género.
1.  Todas las medidas y el reconocimiento de derechos que la presente ley 
señala deben respetar la diversidad de género.
2.  Las mujeres transgénero que no tienen la mención de sexo registrada 
como mujer en la documentación oficial se equiparan, a los efectos de la presente 
ley, a las demás mujeres que han sufrido violencia machista en la medida que se 
reconocen como mujeres.»
Artículo 24.  Adición de un artículo, el 76 bis, a la Ley 5/2008.
Se añade un artículo, el 76 bis, a la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«Artículo  76  bis.  Responsabilidad  de  las  administraciones  derivada  de  la 
revictimización y de las violencias institucionales.
1.  Los diferentes grados de responsabilidad de las administraciones derivada 
de la revictimización y de las violencias institucionales dependen de la intensidad 
de la actuación de la Administración y del impacto negativo y los riesgos que 
provoque en los derechos fundamentales de las mujeres.
2.  La  responsabilidad  por  las  actuaciones  de  las  administraciones 
competentes  comprende,  además  de  su  responsabilidad  patrimonial,  la 
responsabilidad disciplinaria del personal actuante, ya sea funcionarial o laboral, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley del Estado 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
3.  En los procedimientos administrativos en los que sea preciso pronunciarse 
respecto de la responsabilidad de las administraciones por violencia institucional 
hacia  una  mujer  o  un  grupo  de  mujeres,  tienen  la  consideración  de  parte 
interesada las entidades, asociaciones y organizaciones legalmente constituidas 
que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, 
así como los sindicatos y las asociaciones profesionales. Este reconocimiento 
queda  sujeto  al  consentimiento  de  las  mujeres  afectadas,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido por el artículo 12.3 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la  s
igualdad efectiva de mujeres y hombres, o por la norma que la sustituya, con  oe.
relación a los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo que se  w.
produzcan. 4w
muje4r.e sL qause  addemcidinaisnt riancicioianre usn  ppúrobcliecdaism ideen toC adtea lrueñcala mdeabcieónn  doefr erecsepr oanpsoayboil idaa dla.s
aten5c.i ónL aqsu ea dtmeningisat racocimonoe sfi npaúlibdlaicda se sdtea bCleactaelru ñeal  dmeabrecno  edlea bsoura ra cutnu amcoiódne lop adrae   BOE-A-cable e
garantizar que no se lleva a cabo la victimización secundaria de las mujeres. El 
modelo  de  atención  debe  desplegarse  mediante  un  protocolo,  que  es  el 
documento que recoge los aspectos técnicos y organizativos necesarios para su 
implantación. La reparación por los actos de violencia institucional comprende la 
anulación del acto, siempre que sea posible y no revictimice a la mujer, y la 
revisión de la práctica que dio lugar a la violencia institucional.
6.  Las administraciones públicas de Cataluña deben efectuar anualmente 
evaluaciones de victimización de las mujeres y de sus hijos e hijas incluidos en los 
circuitos  de  abordaje  de  la  violencia  machista,  que  incluyen  los  procesos 
judiciales. El resultado de estas evaluaciones debe exponerse en el Parlamento de 
Cataluña y debe publicarse para que sea conocido por la sociedad civil. Asimismo, 
debe comunicarse al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del 
Estado y el Ministerio de Justicia si las evaluaciones afectan a sus ámbitos de 
competencia.»
Artículo 25.  Adición de un artículo, el 76 ter, a la Ley 5/2008.
Se añade un artículo, el 76 ter, a la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«Artículo 76 ter.  Responsabilidad de las administraciones y de las instituciones 
políticas derivada de la violencia contra las mujeres en política.
1.  Todas las administraciones e instituciones políticas deben incorporar como 
estándar  de  conducta  la  prohibición  de  cualquier  tipo  de  violencia  machista, 
incluidos  los  discursos  sexistas  y  misóginos,  el  lenguaje  ofensivo  hacia  las 
mujeres y el acoso psicológico o sexual, por razón de sexo, de orientación sexual 
o de identidad o expresión de género, y deben establecer las correspondientes 
sanciones en su régimen disciplinario. Estas sanciones deben ser más graves en 
caso de discriminación múltiple.
2.  Todas  las  administraciones  e  instituciones  políticas  deben  tener  un 
protocolo  para  la  prevención,  detección  y  actuación  ante  las  situaciones  de 
violencia  machista.  Este  protocolo  debe  incluir  las  medidas  cautelares  y  las 
medidas de reparación adecuadas. Debe asegurarse la independencia y la calidad 
de  persona  experta  en  violencia  machista  de  las  personas  que  conducen  la 
investigación  y  deben  proporcionarse  servicios  de  asesoramiento  y 
acompañamiento a las víctimas.
3.  Todas  las  administraciones  e  instituciones  políticas  deben  impartir 
formación obligatoria en materia de igualdad de género y violencia machista, tanto 
a su personal como a las personas que ocupan cargos de elección pública o de 
designación.»
Artículo 26.  Adición de un apartado a la disposición adicional primera de la Ley 5/2008.
Se añade un apartado, el 2 bis, a la disposición adicional primera de la Ley 5/2008, 
con el siguiente texto:
«2 bis.  La ley de presupuestos de la Generalidad debe consignar una partida 
presupuestaria específica para financiar la atención, recuperación y reparación a 
las mujeres que han sufrido violencia machista. Esta partida debe prever, como 
mínimo, los recursos suficientes para atender todos los casos, de acuerdo con el  e.
último dato publicado por el Instituto Catalán de las Mujeres.» w.b
Artículo 27.  Adición de dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008.
Se añaden dos disposiciones adicionales, la decimotercera y la decimocuarta, a la 
Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«Disposición  adicional  decimotercera.  Convenio  con  las  plataformas 
intermediarias de Internet.
El Gobierno, con la participación e intervención del Consejo del Audiovisual de 
Cataluña en todo lo que afecte a los servicios de comunicación audiovisual y las 
plataformas  de  intercambio  de  vídeos,  debe  impulsar  un  convenio  con  las 
principales  plataformas  intermediarias  de  Internet  para  establecer  un  vínculo 
permanente entre el Departamento de Interior, el Instituto Catalán de las Mujeres y 
demás organismos pertinentes para trabajar en el establecimiento de criterios y 
mecanismos ágiles y urgentes de denuncia y retirada de contenidos relacionados 
con la violencia machista digital, la hostilidad y las discriminaciones hacia las 
mujeres,  y  el  discurso  de  incitación  al  odio,  así  como  mecanismos  ágiles  y 
urgentes de protección y de justicia restauradora para las víctimas de violencia 
digital. El Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña debe ser consultado para 
el establecimiento de estos criterios.
Disposición  adicional  decimocuarta.  Consignación  de  recursos  en  los 
presupuestos de las administraciones.
Los  presupuestos  de  la  Generalidad  y  de  las  administraciones  locales 
catalanas deben consignar los recursos necesarios para garantizar los objetivos 
de la presente ley.»
Disposición adicional.  Efectos de los preceptos que conllevan gastos con cargo a los 
presupuestos de la Generalidad.
Los preceptos de la presente ley que conlleven gastos con cargo a los presupuestos 
de  la  Generalidad  producen  efectos  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  ley  de 
presupuestos correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la 
entrada en vigor de la presente ley.
Disposición final.  Proyecto de ley de atención a los hijos e hijas de las mujeres víctimas 
de violencia machista.
El Gobierno debe presentar, en el plazo de nueve meses, un proyecto de ley para 
adaptar el ordenamiento jurídico a la necesaria garantía de atención a los hijos e hijas de 
mujeres  víctimas  de  violencia  machista  sin  necesidad  de  procedimientos  judiciales 
abiertos, así como, en el caso de las menores de entre catorce y dieciséis años, con 
respecto al consentimiento de los progenitores o tutores legales. Durante este plazo el 
Gobierno debe garantizar dicha atención.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.
Barcelona, 22 de diciembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución  e.
de  la  Presidencia  de  la  Generalidad  y  Consejero  de  Economía  y  Hacienda,  Pere  w.b
Aragonès i Garcia. 4w
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8303, de 24 de diciembre)