BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 80789
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11295 Sala Segunda. Sentencia 113/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 3533-2018. Promovido por doña M.S.C. respecto el auto de los autos 
dictados por la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Getafe en procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): 
resoluciones judiciales que ordenan el desalojo de la vivienda sin observar el 
deber de motivación reforzada al no ponderar la afectación a los menores y 
personas con discapacidad. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:113
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3533-2018, promovido por doña M.S.C. contra el auto 
de la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de mayo 
de 2018 por el que se desestima el recurso de apelación núm. 560-2017 interpuesto 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe, núm. 
118/2017, de 1 de junio de 2017, pronunciado en el procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales  núm.  33-2017.  Ha  comparecido  la  entidad  Gescat  Vivendes  en 
Comercialització,  S.L.U.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el 
magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Doña  M.S.C.,  representada  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Silvino 
González Moreno y bajo la dirección del letrado don Víctor Manuel Rodríguez Villares, 
interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  judiciales  mencionadas  en  el 
encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito registrado el 21 de junio de 2018.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La entidad Gestcat Viviendes en Comercialització, S.L.U., formuló demanda de 
ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de 
Getafe de 23 de febrero de 2017, en la que se había declarado la obligación de que la  s
ahora  recurrente  de  amparo  desalojara  la  vivienda  que  ocupaba  junto  a  sus  hijos  e.
menores de edad, dando lugar al procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm.  w.
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oposición.
b)  La demandante de amparo, mediante escrito de 5 de mayo de 2017, formuló 
oposición, con invocación de los arts. 9.3, 10.1 y 2, 39 y 47 CE, y solicitó, además, la 
prórroga del plazo para el desalojo hasta que por los servicios sociales se les concediera 
una solución habitacional y escolar, por, al menos, un plazo mínimo de seis meses hasta 
que concluyera el curso escolar, debido a las circunstancias económicas y familiares de 
absoluta precariedad que atravesaba y las de sus tres hijos menores de edad, uno de 
ellos nacido el 12 de febrero de 2017, que padece un grado de discapacidad física del 65 
por 100. Adjuntaba un informe médico y otro de los servicios sociales, relativos a la salud 
de este menor y a la situación económica del núcleo familiar. Igualmente, solicitó que se 
practicara prueba ampliatoria de estas circunstancias.
La oposición fue íntegramente desestimada, acordándose proseguir con la ejecución, 
por auto de 1 de junio de 2017, con fundamento en que los motivos de oposición a la 
ejecución de un título judicial son únicamente los establecidos en el art. 556 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC), ninguno de los cuales eran esgrimidos en este caso. Respecto 
de la prórroga del plazo para el desalojo se deniega con el argumento de que «no se 
haya prevista en la ley, lo que determina que no pueda ser aprobada más cuando en el 
auto despachando ejecución ya se concedía a la ejecutada el plazo de un mes para 
llevar a efecto el desalojo de la vivienda».
c)  La demandante de amparo interpuso recurso de apelación, que fue tramitado 
con el núm. 560-2017 por la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de 
Madrid, reiterando las mismas invocaciones constitucionales, y solicitando, de nuevo, 
una prórroga para el desalojo en tanto no se le concediere a ella y a sus hijos menores 
una solución habitacional con práctica de prueba sobre dichos extremos.
La petición de prueba fue denegada por auto de 18 de septiembre de 2017, por 
entender  que  no  concurría  ninguno  de  los  supuestos  del  art.  460.2.1  LEC.  La 
demandante de amparo no interpuso recurso de reposición contra dicha decisión.
El  recurso  de  apelación  fue  desestimado  por  auto  de  16  de  mayo  de  2018, 
argumentando que «examinada la resolución de instancia se aprecia que en la misma se 
han valorado las circunstancias existentes con ponderación, sin que se aprecie ningún 
razonamiento ilógico ni arbitrario»; a lo que se añade que «el supuesto examinado afecta 
a una ejecución basada en resolución judicial, por lo que los motivos de oposición a la 
misma son únicamente los regulados en el art. 556 LEC, que no en los del art. 557 LEC. 
Y es lo cierto que el primero de dichos preceptos tan solo admite, como medios de 
defensa de la postura del demandado, el pago o cumplimiento de la obligación, que 
habrá de justificarse documentalmente –amén de la caducidad de la acción ejecutiva–, y 
los pactos o transacciones que se hubieren convenido para evitar la ejecución, siempre 
que los mismos consten en documento público». También se afirma que «se trata de una 
enumeración tasada y ajustada al ámbito en que se permite dicha oposición, que no es 
otro que el de la ejecución de un título que tiene por sí mismo virtualidad suficiente para 
que la misma sea exigida y llevada a cabo. No cabe, por ello, el planteamiento de 
cuestiones que, siendo diferentes a las legalmente previstas de forma expresa y tasada 
en la legislación procesal, no deben ni siquiera ser objeto de examen por el órgano 
judicial,  por  la  simple  razón  de  que  son  marginales  al  procedimiento  en  que  se 
formulan».
3.  La  demandante  de  amparo  solicita  la  nulidad  de  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas invocando múltiples derechos fundamentales, pero que, en esencia, se 
reconducen a la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en 
relación con los arts. 10 (respeto a la dignidad humana), 39 (protección a la familia y los  e.
menores) y 49 CE (protección a las personas con discapacidad), con el argumento de  w.b
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sino, además, una respuesta judicial que diera el debido cumplimiento al deber de
motivación reforzada por afectación a derechos fundamentales sustantivos como es el 
superior interés del menor y la circunstancia de que estaban concernidos los derechos 
de un menor con discapacidad. Sostiene, igualmente, que el desinterés mostrado por el 
órgano judicial a sus peticiones pone de manifiesto su falta de parcialidad, lo que 
también vulnera el derecho a la imparcialidad judicial. Por ello, solicita la retroacción de 
actuaciones  para  que  haya  un  pronunciamiento  respetuoso  con  este  derecho 
fundamental.
4.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 11 de julio de 2018, 
acordó la admisión a trámite del recurso, apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]; dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para la 
remisión de copia testimoniada de las actuaciones y el emplazamiento de quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecen en el plazo de 
diez días en el recurso de amparo; y la suspensión cautelar de la resolución impugnada, 
que fue confirmada por ATC 92/2018, de 17 de septiembre de 2018.
Igualmente, por ATC 91/2018, de 17 de septiembre, se acordó excepcionar en este 
procedimiento la exigencia constitucional de publicidad de sus resoluciones en lo relativo 
a  los  datos  de  identidad  de  la  demandante  de  amparo  sustituyendo  sus  datos  de 
identificación por las iniciales correspondientes.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación  de  30  de  octubre  de  2018,  acordó  tener  por  personada  y  parte  en  el 
procedimiento a la procuradora de los tribunales doña Ana Vázquez Pastor, en nombre y 
representación de la entidad Gescat Vivendes en Comercialització, S.L.U.; y dar vista de 
las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte 
días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 10 de diciembre de 2018, formuló 
alegaciones interesando la denegación del amparo, argumentando que la prevalencia del 
interés del menor, que deben garantizar todos los poderes públicos, no tiene cabida en 
un procedimiento de ejecución, pues no puede suponer que el órgano judicial resuelva 
siempre a favor del menor, «sino que se tratará de un instrumento para ponderar los 
intereses en conflicto y resolver con arreglo a derecho».
Insiste en que el objeto de este procedimiento es la ejecución de una sentencia, cuyo 
objeto de conocimiento es limitado, en el que no es posible revisar lo acordado en el 
procedimiento declarativo del que trae causa, siendo tasadas las causas de oposición 
(art. 556 LEC). Para el fiscal los órganos judiciales no han sido irrazonables al denegar la 
prórroga  para  el  desalojo,  ya  que  tan  solo  han  aplicado  la  previsión  legal  que  no 
contempla tal posibilidad. En consecuencia, no cabe hablar de vulneración del derecho a 
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  por  no  haberse  motivado  las  resoluciones 
reforzadamente ante la presencia de un interés superior del menor. Entiende que no es 
«pertinente ni necesario este criterio para resolver la cuestión que se les sometía a los 
órganos judiciales», como tampoco las resoluciones judiciales impugnadas han sido 
irrazonables, arbitrarias, ni han incurrido en error patente.
En segundo lugar, por lo que atañe a la existencia de una posible incongruencia 
omisiva, el Ministerio Fiscal considera que, aunque pudiera afirmarse de las resoluciones  s
judiciales impugnadas que son parcas y que podrían haber sido más detalladas en sus  oe.
respuestas, lo cierto es que están suficientemente motivadas, siendo además claras y  5ww.
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judiciales  –a  los  que  la  recurrente  tacha  de  parciales–  por  no  haber  tenido  en
consideración las normas e instrumentos internacionales de reconocimiento y protección
de los derechos del niño. Sobre este particular sostiene que la decisión del juez de 
aplicar las normas que considera pertinentes podrá ser o no acertada, pero no afecta a 
su imparcialidad, por lo que la denuncia debe ser desestimada.
Por último y en cuanto a la denegación de la práctica de determinados medios de 
prueba, observa la falta de agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo 
[art.  44.1  a)  LOTC],  en  cuanto  la  recurrente  no  interpuso  el  pertinente  recurso  de 
reposición, del que se le instruía a pie de la resolución denegatoria.
A modo de conclusión, el Ministerio Fiscal advierte que la ejecución y consiguiente 
desalojo de las viviendas puede llevar aparejada «situaciones de gran dramatismo, 
objetivamente  consideradas,  sobre  todo  cuando,  como  ocurre  en  el  caso  concreto, 
existen personas especialmente desvalidas». A su juicio, España ha tomado una serie 
de  medidas  especiales  de  protección  de  los  más  desfavorecidos  como  lo  es  la 
posibilidad de suspender temporalmente el desalojo de la vivienda, cuando concurren 
una serie de requisitos de necesidad. Ahora bien, en el presente caso, no es posible 
aplicar esta normativa excepcional, pensada para las ejecuciones hipotecarias, como 
tampoco pretender que la alegación de «normas nacionales e internacionales, que solo 
regulan  directrices  para  los  poderes  públicos,  sirvan  de  base  para  establecer  una 
obligación para un ciudadano, en este caso la sociedad ejecutante, para solventar un 
problema de marcado carácter social, que debe ser objeto de atención precisamente por 
los servicios sociales, sin que pueda imponerse, sin sustento legal, a un particular la 
obligación de sustituir esa inactividad de los servicios asistenciales». En definitiva, para 
el fiscal, «ni los órganos judiciales concernidos, ni ahora el Tribunal Constitucional, tiene 
entre sus instrumentos la posibilidad de crear, o mejor de generalizar, un estatus de 
protección  previsto  para  unos  supuestos,  a  aquellos  otros  que  por  similitud  se  les 
aproximen».
7.  La parte comparecida no ha presentado alegaciones.
8.  La demandante de amparo no ha presentado alegaciones.
9.  Por providencia de 27 de mayo de 2021 se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 31 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
El objeto principal de este recurso es determinar si las resoluciones impugnadas han 
vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por no 
haber dado una respuesta a la causa de oposición alegada y a la solicitud de prórroga 
del plazo inicial de desalojo de la vivienda de un mes y no haber dado cumplimiento al 
deber de motivación reforzado exigido por la invocación de la afectación de dichas 
decisiones al derecho a la protección familiar y de los menores (art. 39 CE) y de las 
personas con discapacidad (art. 49 CE), derivado de su situación familiar, incluyendo la 
presencia  de  tres  hijos  menores,  uno  de  los  cuales  tenía  una  discapacidad  física 
diagnosticada del 65 por 100.
La  determinación  del  objeto  de  este  recurso  implica  que  en  el  análisis  de 
constitucionalidad de las resoluciones impugnadas se diferencie entre las respuestas 
aportadas a los dos pedimentos incluidos en el escrito de oposición: (i) La alegación 
como causa de oposición a la ejecución de la afectación que implicaba dicha ejecución  e.
de la precaria situación familiar incluyendo el hecho de los menores de edad y la  w.b
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atravesaba y las de sus tres hijos menores de edad, uno de ellos recién nacido que tenía 
un grado de discapacidad física del 65 por 100.
2.  La jurisprudencia constitucional sobre el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales (art. 24.1 CE) y el mandato constitucional de protección de la familia, de los 
menores (art. 39 CE) y de las personas con discapacidad (art. 49 CE).
a)  La jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la tutela judicial 
efectiva  comprende  el  derecho  a  obtener  de  los  órganos  judiciales  una  resolución 
motivada,  fundada  en  Derecho  y  congruente  con  las  pretensiones  oportunamente 
deducidas por las partes. Esta obligación, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, 
es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las 
razones de la decisión posibilitando su control mediante el sistema de los recursos y 
como garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad. Esto implica que la resolución 
ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido 
los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté fundada en 
Derecho, lo que determina que no baste una mera declaración de voluntad en un sentido 
u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no 
fruto de la arbitrariedad o de un error patente (así, por ejemplo, STC 24/2021, de 15 de 
febrero, FJ 2).
La  jurisprudencia  constitucional  también  tiene  declarado  que  esta  obligación  de 
motivación:
(i)  No exige una respuesta sobre el fondo de la pretensión deducida siempre que 
concurra una causa legal que lo impida y así se aprecie a través de los criterios que 
proporciona el principio pro actione, entendido no como la forzosa selección de la 
interpretación más favorable de entre todas las posibles, sino como la interdicción de 
aquellas  decisiones  impeditivas  de  un  pronunciamiento  sobre  el  fondo  que  por  su 
rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara 
desproporción  entre  los  fines  que  aquellas  causas  preservan  y  los  intereses  que 
sacrifican, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad (así, STC 63/2021, 
de 15 de marzo, FJ 3).
(ii)  Aparece reforzada en el caso en que la pretensión objeto de respuesta esté 
vinculada a derechos fundamentales sustantivos o intereses de relevancia constitucional, 
lo que implica la obligación de que se exteriorice el nexo de coherencia entre la decisión 
adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución. No 
cabe una motivación estereotipada ni la mera constatación apodíctica de que «no se 
cumplen las circunstancias» que la ley exige ni la justificación en el carácter discrecional 
de  la  potestad  que  se  ejerce,  pues  las  potestades  discrecionales  deben  también 
ejercerse motivadamente (STC 81/2018, de 16 de julio, FJ 3).
b)  En concreto, respecto del deber de motivación judicial reforzado, en lo que se 
refiere a los supuestos en los que se invoca la afectación a la protección de la familia y 
los menores de edad (art. 39 CE), la STC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3, haciendo 
un resumen de los pronunciamientos de este tribunal en la materia, declara lo siguiente:
(i)  La necesidad de que todos los poderes públicos cumplan el mandato dirigido a 
ellos en el art. 39 CE y atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, 
observando y haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público, ya 
que su superior interés, inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE es,  e.e
considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar  b
(laS TaC(dii o)9 p9c/C2iói0tna1 n9dd,e od  eml a1e 8dS iddTeaC sj u 6llieo4g,/ 2aF0leJ1 s79 ),q. udee  r9e sdtrein jmana ydoe, reFcJh o4s,  ys ep rsinucbirpaiyoas  cqounes t«iteulc iionntearleéss   2021-11295n https://ww
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bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos’,
según el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España 
mediante instrumento de 30 de noviembre de 1990. Como detalla la observación general 
núm. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, 
el citado precepto enuncia uno de los cuatro principios generales de la convención en lo 
que respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño, a aplicar 
como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. Es 
uno de sus valores fundamentales, y responde al objetivo de garantizar el disfrute pleno 
y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención. Añade que no hay 
jerarquía de derechos en la Convención: todos responden al ‘interés superior del niño’ y 
ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés 
superior del menor. [...] En caso de que no puedan respetarse todos los intereses 
legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro 
interés legítimo que pudiera concurrir».
(iii)  «La  decisión  de  cuál  sea  en  cada  caso  el  interés  superior  del  menor 
corresponde  tomarla  a  los  jueces  y  tribunales  ordinarios,  aunque  es  de  nuestra 
incumbencia examinar si la motivación ofrecida por los mismos para adoptar cuantas 
medidas  conciernen  a  los  menores,  está  sustentada  en  su  mayor  beneficio  y  así 
comprobar que no se han lesionado sus derechos fundamentales (STC 221/2002, FJ 4, y 
ATC 28/2001, de 1 de febrero). Porque, una vez más hemos de subrayar que ‘el canon 
de razonabilidad constitucional deviene más exigente por cuanto que se encuentran 
implicados valores y principios de indudable relevancia constitucional, al invocarse por el 
demandante  de  amparo  el  principio  del  interés  superior  del  menor  que  tiene  su 
proyección constitucional en el art. 39 CE y que se define como rector e inspirador de 
todas las actuaciones de los poderes públicos, tanto administrativas como judiciales’
( SSTC 141/2000, de 21 de mayo, FJ 5; 217/2009, de 14 de diciembre, FJ 5; 127/2013, 
de 3 de junio, FJ 6, y 138/2014, de 8 de septiembre, FJ 2, entre otras)».
La  jurisprudencia  constitucional  ha  hecho  hincapié  en  términos  semejantes  de 
exigencia de motivación reforzada en los supuestos en los que se invoca la protección a 
las personas con discapacidad prevista en el art. 49 CE (SSTC 208/2013, de 16 de 
diciembre; 10/2014, de 27 de enero; 18/2017, de 2 de febrero; 3/2018, de 22 de enero, 
y 51/2021, de 15 de marzo).
3.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente recurso.
a)  En el presente caso, han quedado acreditados en las actuaciones, tal como se 
ha expuesto con más detalle en los antecedentes, los siguientes extremos:
(i)  La demandante de amparo fue condenada en un procedimiento declarativo al 
desalojo de la vivienda que ocupaba junto con sus dos hijos menores de edad mediante 
sentencia de 23 de febrero de 2017. En el procedimiento de ejecución de aquel título 
judicial, se dictó auto despachando la ejecución, otorgando el plazo de un mes para el 
desalojo de la vivienda si no formulaba oposición.
(ii)  La demandante formuló oposición, con invocación, entre otros, de los derechos 
a la protección de la familia y el interés superior de los menores, a la vivienda y a la 
protección de las personas con discapacidad en atención a la precaria situación familiar, 
la existencia de dos hijos menores de edad y la circunstancia sobrevenida de que había 
nacido un tercer hijo el 12 de febrero de 2017, con una incapacidad física diagnosticada 
del 65 por 100. Con fundamento en esas mismas circunstancias instó, además, la 
ampliación del inicial plazo del desalojo de un mes concedido en el auto despachando la  e.
ejecución  hasta  que  por  los  servicios  sociales  se  les  concediera  una  solución  w.
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(iii)  La oposición fue íntegramente desestimada con fundamento exclusivo en que 
los  motivos  de  oposición  a  la  ejecución  de  un  título  judicial  son  únicamente  los 
establecidos en el art. 556 LEC, ninguno de los cuales era esgrimido en este caso. La 
solicitud de ampliación del plazo de desalojo fue denegada con el argumento de que es 
una posibilidad que no está prevista en la ley. El recurso de apelación fue desestimado 
insistiendo en que las causas de oposición están tasadas y que no cabe el planteamiento 
de cuestiones distintas de las expresamente previstas en la ley.
b)  En atención a la jurisprudencia expuesta anteriormente, el Tribunal considera 
que se ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva alegada por la 
demandante de amparo por las siguientes razones:
(i)  El  Tribunal  constata  que  la  petición  de  la  recurrente  se  produjo  en  un 
procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  que  se  tramitó  sin  solución  de 
continuidad temporal con un previo procedimiento declarativo sobre la legalidad de la 
permanencia de la recurrente y sus hijos menores en la vivienda, en que se había 
acordado el desalojo.
Con carácter general, habida cuenta de que en dicho procedimiento declarativo la 
demandante de amparo tuvo una posibilidad efectiva y sin ningún tipo de limitación para 
plantear las diversas invocaciones que pudiera considerar adecuadas a la defensa de 
sus intereses y los de su familia, incluyendo la falta de proporcionalidad de una decisión 
de desalojo derivada de la situación de precariedad económica, el superior interés de los 
menores afectados, la ausencia de una alternativa habitacional y, en su caso, el hecho 
de que la titularidad de la vivienda era de una sociedad gestora de los inmuebles 
patrimoniales de una entidad bancaria por lo que no se afectaba el derecho a la vivienda 
de la contraparte, no cabe considerar que la respuesta judicial aportada para desestimar 
la oposición a la ejecución pudiera estar incursa, en principio, en la vulneración alegada 
del art. 24.1 CE.
Ahora  bien,  tomando  en  consideración  la  jurisprudencia  ya  expuesta  sobre  la 
necesidad de que un afectado por este tipo de medidas tenga la posibilidad efectiva de 
someter al órgano judicial su proporcionalidad desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales  e  intereses  constitucionales  que  puedan  resultar  concernidos,  este 
tribunal también constata que en el presente caso concurría una situación muy singular: 
La demandante alegó en el procedimiento de ejecución una situación sobrevenida a la 
del  procedimiento  declarativo  con  una  potencial  influencia  sobre  dicho  juicio  de 
proporcionalidad  como  era  el  nacimiento  de  un  nuevo  hijo  con  una  situación  de 
discapacidad física en un porcentaje relevante del 65 por 100.
Esta  circunstancia  pudiera  haber  sido  considerada  insuficiente  por  los  órganos 
judiciales  para  realizar  un  nuevo  juicio  de  proporcionalidad  o,  en  su  caso,  haber 
cambiado o no el juicio de proporcionalidad en atención a que introducía un nuevo 
elemento de vulnerabilidad como es la protección de una persona con discapacidad 
recién nacida. No obstante, en sí misma considerada, era lo suficientemente relevante 
como para que los órganos judiciales hubieran ponderado si, frente a la literalidad de las 
causas de oposición legalmente previstas, las circunstancias del caso imponían no 
limitarse a una respuesta formalista sobre la concurrencia de una causa obstativa, 
fundándose en la naturaleza ejecutiva del procedimiento y la posibilidad real de haber 
controvertido cualquier cuestión en un declarativo previo.
A estos efectos, el Tribunal cree procedente destacar que, de conformidad con la 
jurisprudencia constitucional respecto de la función tuitiva de los órganos judiciales en  e
materias que puedan afectar a menores (así, STC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3),  bo
tampoco  las  limitaciones  legales  de  oposición  previstas  en  determinadas  normas  5w
procUens alliessta pduoe dceenrr aimdpoo noe rtasesa cdoon  udne  foorpmosailcisiómno  prirgeovriissttoa .en una norma procesal, que  2021-1129n https://w
rreesfoproznaddea  qau eu ninocsu mfinbees  alle ógrígtimanoos  jumduicyi acl ocnucarnedtoos p, uneod ee xeismtaer  adfeel ctdaedbae rla  dper omteoctcivióanc idóen 
los menores, de las personas con discapacidad y de las familias dispensada por la
Constitución  y  los  instrumentos  normativos  del  derecho  regional  e  internacional  de 
derechos humanos suscritos por España.
Por  tanto,  en  el  presente  caso,  el  Tribunal  concluye  que  en  las  circunstancias 
concurrentes una respuesta como la dada por los órganos judiciales a la demandante de 
amparo, que se limita a constatar la inexistencia legal de una causa de oposición a la 
ejecución,  que  se  fundamentaba  en  determinados  aspectos  sobrevenidos  al 
procedimiento declarativo y se basaba en garantías constitucionales, como son las 
reconocidas en los arts. 39 y 49 CE y en derechos fundamentales reconocidos en 
instrumentos internaciones, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
(ii)  El Tribunal también constata, en relación con la solicitud de la ampliación del 
plazo  para  ejecutar  el  desalojo,  que  dicha  solicitud,  fundamentada  en  las  mismas 
razones de fondo que la causa de oposición, fue desestimada con idéntico argumento de 
la falta de cobertura legal. En este caso se da la circunstancia que la propia demandante 
de  amparo  no  solicitaba  un  aplazamiento  indefinido  sino  vinculado  a  que  por  la 
administración pública competente pudiera aportarse una solución habitacional y escolar 
o, al menos, por seis meses en atención a la escolarización de los menores afectados 
por el desalojo.
Respecto de la respuesta judicial a esta petición, que era un simple aplazamiento 
con una determinación temporal cierta y que quedaba enmarcada de una manera natural 
dentro del procedimiento de ejecución de títulos judiciales, debe concluirse también, por 
las  razones  ya  expuestas,  que  por  un  exceso  de  formalismo  rigorista  implica  la 
vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  la  demandante  de  amparo 
(art. 24.1 CE).
Por tanto, el Tribunal acuerda la estimación de este recurso de amparo por la 
vulneración aducida del derecho a la tutela judicial efectiva con la anulación de las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  y  la  retroacción  de  actuaciones  para  que  se 
pronuncie  una  nueva  resolución  judicial  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
reconocido, lo que determina que no resulte preciso pronunciarse sobre el resto de las 
vulneraciones alegadas.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña M.S.C. y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe, núm. 118/2017, de 1 de junio 
de  2017,  pronunciado  en  el  procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  núm. 
33-2017; y el auto de la Sección vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 16 de mayo de 2018, pronunciado en el recurso de apelación núm. 560-2017.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la primera de 
las resoluciones citadas para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con el 
derecho fundamental reconocido. e.e
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 5ww.
TríaDs.a–dJau aenn  MAnatdornidio,  aX tiroeli ntRaí oys .u–nPoe ddreo  mJaoysoé  deG doonsz ámleizl -vTereinvtiijuannoo. –ESnácnacrhneazc.i–óAn nRtooncioa   2021-1129n https://w
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 3533-2018
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia 
recaída  en  el  recurso  de  amparo  núm.  3533-2018,  que  ha  estimado  la  demanda 
interpuesta  al  entender  que  en  un  procedimiento  de  ejecución  de  título  judicial, 
consistente en la orden de lanzamiento de una vivienda ocupada sin título alguno por la 
recurrente y sus tres hijos menores de edad, los órganos judiciales competentes tenían 
que haber dado una respuesta suficientemente motivada sobre el fondo de la solicitud de 
oposición a la ejecución para permanecer en el inmueble sin plazo, o subsidiariamente 
«hasta que por los servicios sociales se les concediera una solución habitacional y 
escolar, o, al menos, por un plazo mínimo de seis meses hasta que concluyera el curso 
escolar».
Las resoluciones impugnadas razonaron que no era posible acceder a lo solicitado 
por no prever la ley las circunstancias familiares de la parte ejecutada dentro de las 
causas  tasadas  de  oposición  a  la  ejecución  (arts.  556  y  siguientes  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil: LEC). La sentencia mayoritaria tacha esta respuesta de vulneradora 
del derecho a la tutela judicial de la recurrente (art. 24.1 CE), pues en virtud de un deber 
de motivación reforzada al estar afectada la protección de la familia y los menores de 
edad (art. 39 CE), uno de ellos discapacitado (art. 49 CE), los órganos judiciales no 
solamente debieron resolver sobre el fondo de lo alegado, sino que estaban obligados a 
hacerlo –y así se les exige ahora que lo hagan– aplicando de manera preferente el 
principio del interés superior del menor.
Lo que la sentencia de la que discrepo auspicia, para entendernos, no es otra cosa 
sino la introducción de una nueva causa de oposición a la ejecución civil de títulos 
judiciales no recogida en la ley: las circunstancias familiares de la parte ejecutada con 
hijos menores de edad. Como tal nueva causa de oposición a la ejecución, el juez 
competente debe resolver si el desalojo de la vivienda se paraliza hasta que los hijos 
menores alcancen la mayoría de edad, o si se limita esa suspensión ejecutiva a un plazo 
determinado (medido en semanas, meses o años) con arreglo a otros factores. Y si el 
menor presenta alguna discapacidad, también tendrá que decidir si permanecer este en 
el inmueble ocupado sin título se antoja adecuado a su interés superior, hasta que sane 
de su discapacidad si resulta médicamente posible, o hasta la fijación de otro plazo 
distinto. Todo ello, sin arreglo a parámetro legal alguno de referencia, y según lo que 
parezca más adecuado al interés del menor en cada caso. Esto es lo que ha resuelto la 
sentencia  mayoritaria  y  no  simplemente  exigir  al  juez  que  motive  más  o  mejor  su 
respuesta. Baso frente a este parecer mi discrepancia en las razones siguientes:
1.  La doctrina de este tribunal declara reiteradamente que la fijación de las causas 
de  oposición  a  la  ejecución  es  materia  de  configuración  legal;  no  cabe  por  tanto 
reprochar al legislador la elección de causas tasadas, excluyendo otras:
Para  no  extenderme  demasiado  en  este  punto  me  limitaré  a  recordar  dos 
pronunciamientos que ha emitido el Pleno de este Tribunal, los cuales guardan relación 
directa con lo que aquí se trata. El primero de ellos fue el dictado en el ATC 113/2011, 
de 19 de julio, que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad formulada contra el 
art. 695 LEC porque ese precepto no recogía entonces la posibilidad de alegar como  s
causa de oposición a la ejecución el carácter abusivo de una cláusula del contrato  oe.
incumplido, y porque además remitía –y remite– al ejecutado fuera de esas causas  5ww.
StaSsTaLdCaa  s4 c1au/ 1lea9s 8vtií1óa,n  d deerle  ps1ru8ol tcóde es oind daicedicmelmaitribdarateiv , opF ooFrrJd Jinn ao5rt iooyr. ia6m, eyn t2e1 7i/n1f9u9n3d,a ddae,  30co dne  cjuitan io,d eF J la2s,   2021-1129n https://w
concluyendo el FJ 4 de ese ATC 113/2011 que «este tribunal ya ha despejado las dudas
formuladas, declarando la conformidad del régimen procesal cuestionado con el referido
derecho  fundamental,  de  cuya  hipotética  vulneración  el  órgano  proponente  hace 
depender la lesión de otros derechos y principios constitucionales, como la interdicción 
de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y el derecho a una vivienda digna (art. 47 CE), que en 
consecuencia carece de justificación a la luz del examen realizado […]; la cuestión de 
inconstitucionalidad no es cauce procesal idóneo para que los órganos jurisdiccionales 
puedan cuestionar de modo genérico o abstracto la constitucionalidad de un régimen o 
esquema  legal  (por  lo  que  aquí  interesa  el  proceso  de  ejecución  hipotecaria)  por 
contraste con un hipotético modelo alternativo, que no le compete formular al órgano 
proponente ni corresponde valorar a este Tribunal Constitucional por ser materia de la 
exclusiva competencia del legislador, dentro de cuyos límites constitucionales dispone de 
un amplio margen de libertad de elección que este tribunal ni puede ni debe restringir».
El segundo pronunciamiento, más reciente, es la STC 32/2019, de 28 de febrero, que 
resolvió  el  recurso  de  inconstitucionalidad  promovido  contra  varios  artículos  de  la 
Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Como es sabido, 
además del juicio declarativo ordinario existen en el orden jurisdiccional civil algunas 
especialidades procesales para la tutela del derecho de posesión: la del desahucio por 
precario del art. 250.1.2 LEC, la tutela sumaria de la posesión ex art. 250.1.4 LEC, y el 
procedimiento para la protección del derecho real inscrito del art. 250.1.7 LEC, este 
último utilizado en la instancia por la entidad actora contra la aquí recurrente, como luego 
se dirá. La Ley 5/2018 se ocupa del segundo de esos procedimientos (el del art. 250.1.4 
LEC), disponiendo algunas reglas aceleratorias de las actuaciones; y junto a ellas y con 
carácter  general  para  todo  proceso  cuya  estimación  conlleve  el  resultado  de  un 
desahucio, la obligación al juez para que: «Cuando la notificación de la resolución 
contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará 
traslado  a  los  servicios  públicos  competentes  en  materia  de  política  social  por  si 
procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los 
interesados» (nuevo apartado 4 del art. 150 LEC). Notificación que reaparece en el 
proceso de tutela sumaria de la posesión en caso de estimarse la demanda: «en la 
misma  resolución  en  que  se  acuerde  la  entrega  de  la  posesión  de  la  vivienda  al 
demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, 
siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios 
públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, 
puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan» (nuevo art. 441.1 
bis, último párrafo LEC, en relación con la disposición adicional de la Ley 5/2018). No se 
previó en cambio la posibilidad de suspensión judicial del lanzamiento en función de las 
circunstancias  familiares  del  demandado,  o  hasta  tanto  los  servicios  sociales  le 
proporcionaran una solución habitacional.
La citada STC 32/2019 del Pleno, declaró en su fundamento jurídico 5 que las 
medidas procesales precitadas no lesionaban por insuficientes los derechos a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), pues en 
todo caso no corresponde al juez civil sino «a las distintas administraciones públicas, en 
el ámbito de sus competencias en materia de vivienda y servicios sociales, articular las 
medidas necesarias para prevenir situaciones de exclusión residencial y para que resulte 
eficaz  la  comunicación  prevista  en  los  preceptos  referidos,  a  fin  de  dar  respuesta 
adecuada y lo más pronta posible a los casos de vulnerabilidad que pudieran producirse 
como consecuencia del desalojo judicial de ocupantes de viviendas, según determina 
expresamente la propia Ley 5/2018 en su disposición adicional». Y desestimó también la  s
posible contradicción de esas reglas procesales con el derecho a una vivienda digna del  oe.
art. 47 CE, porque «ese mandato dirigido a los poderes públicos no es incompatible en  w.
mdlair oitmditouir l aalarlgisdu acndoo n ytcr oopnvoe seresl sieaióssnt aq busleoe bcpriumee ideloansnt o b spiueosnrce ietsal  rilsneemg iauscelaebdrlceoasr  ;dd ceeo l pnmr oeecjlo ercd odimnesrieeigncuthoioes n etjuned  rdieceliaarecleicóshn op c aodrnea    2021-1129n https://w
qoucuiepna nhtueb aie irnas toabr tlean eidjeoc uucniaó nr edseo lduiccihóan  rejusdoicluiacli óan . sEul  dfaevroerc hqou ea  ldae tcurteetlea  jeuld diceiasla elofejoc tdiveal   BOE-A-cable e
(art. 24.1 CE) comprende también el derecho a la ejecución de las sentencias y demás 
resoluciones judiciales en sus propios términos (art. 118 CE), conforme tiene señalado 
de manera reiterada la jurisprudencia constitucional (SSTC 32/1982, de 7 de junio, FJ 2; 
61/1984, de 16 de mayo, FJ 1; 148/1989, de 21 de septiembre, FJ 2; 120/1991, de 3 de 
junio, FJ 2; 153/1992, de 19 de octubre, FJ 4; 3/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 223/2004, 
de 29 de noviembre, FJ 5, entre otras muchas)» [STC 32/2019, FJ 6].
Previamente, en fin, el fundamento jurídico 4 de dicha STC 32/2019 advirtió «que, 
según ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la sentencia 
de 13 de diciembre de 2018, asunto Casa di Cura Valle Fiorita, S.R.L. c. Italia, la demora 
prolongada de las autoridades públicas a la hora de ejecutar una orden judicial de 
desalojo de los ocupantes ilegales de un inmueble, aun escudándose en la necesidad de 
planificar  cuidadosamente  el  desalojo  con  el  fin  de  preservar  el  orden  público  y 
garantizar la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad que participaron en 
la ocupación, vulnera el derecho del titular legítimo a un proceso equitativo que garantiza 
el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), así como su derecho de 
propiedad (art. 1 del Protocolo núm. 1 CEDH)». Esa doctrina, sin embargo, ni siquiera es 
mencionada por la sentencia mayoritaria.
En  realidad,  la  única  excepción  que  hemos  reconocido  para  poder  suscitar 
cuestiones ajenas a las causas tasadas de oposición previstas en la ley, en concreto en 
el  proceso  ejecutivo  hipotecario,  son  aquellas  circunstancias  procesales  cuya 
concurrencia condicione la existencia misma de ese proceso ejecutivo (SSTC 39/2015, 
de 2 de marzo, FJ 6, y 49/2016, de 14 de marzo, FJ 4).
Corresponde por tanto al legislador, no a los jueces ni a este Tribunal Constitucional, 
articular las causas de oposición en los procesos civiles declarativos y de ejecución, y 
prever en su caso las condiciones para autorizar la paralización de la orden de desalojo 
de bienes inmuebles. Así se ha hecho en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 
alquiler social, en los procesos ejecutivos hipotecarios judicial y extrajudicial (art. 129 de 
la Ley hipotecaria: LH), cuando los ejecutados son personas que se encuentran en 
supuestos de especial vulnerabilidad y cumplen con los requisitos del art. 1; medida que 
tras varias prórrogas tiene vigencia hasta el 15 de mayo de 2024, conforme al art. 2 del 
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, «[h]asta transcurridos once años desde la 
entrada en vigor de esta Ley». Por razones sanitarias derivadas de la pandemia del 
COVID-19, se ha previsto también la suspensión del lanzamiento en los procedimientos 
de desahucio de arrendamiento, y en aquellos con especialidades para la tutela de la 
posesión (los apartados 2, 4 y 7 del artículo 250.1 LEC), medida actualmente prorrogada 
hasta el 9 de agosto de 2021 por el art. 2 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo 
(acuerdo de convalidación por el Congreso de los Diputados de 20 de mayo de 2021, 
publicado en el «BOE» núm. 126, del 27 de mayo de 2021).
Son pues estas previsiones legales expresas las que el juez civil, según el tipo de 
proceso de que se trate, ha de aplicar (salvo que considerase necesario elevar respecto 
de alguna de ellas cuestión de inconstitucionalidad ante este tribunal, lo que nos llevaría 
a pronunciarnos). Pero no cabe pretender del juez civil que instrumente sin ninguna 
cobertura legal, una causa con eficacia suspensiva o resolutoria del procedimiento.
2.  El significado de la motivación reforzada, y el interés superior del menor:
La sentencia mayoritaria, se ha dicho ya, aduce el deber de motivación reforzada y el 
interés superior del menor como los dos factores que obligan al juez a quo a examinar  e
las circunstancias familiares alegadas en el trámite de oposición a la ejecución por la  bo
defensa de la recurrente, y eventualmente para admitir dicha causa alegal de oposición.  5w
Dosa o) bsPerovra lcoi oqnuees  aseta iñmep aoln deenb aelr r edsep mecototiv:ación judicial reforzada, en concreto cuando  2021-1129n https://w
están  implicados  derechos  fundamentales  sustantivos  o  intereses  de  relevancia
constitucional, su significado correctamente se explica por la sentencia mayoritaria en el
fundamento jurídico 2 a) (ii), al decir que supone «la obligación de que se exteriorice el 
nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y 
los fines que justifican la institución. No cabe una motivación estereotipada ni la mera 
constatación apodíctica de que ‘no se cumplen las circunstancias’ que la ley exige ni la 
justificación en el carácter discrecional de la potestad que se ejerce».
Tal es lo que significa la motivación reforzada, pero solamente eso. La motivación 
reforzada  no  es  el  juicio  de  ponderación  en  sí  mismo  entre  derechos  y/o  bienes 
constitucionalmente protegibles, el cual fragua en el intelecto del juez con el manejo de 
las  fuentes  pertinentes  del  ordenamiento,  y  es  solo  después  cuando  procede  a 
exteriorizar  dicho  juicio  en  su  resolución.  Desde  luego,  la  motivación  reforzada  no 
concede  derechos  subjetivos  al  margen  de  ese  ordenamiento,  tan  solo  facilita  la 
comprensión de lo que se ha juzgado.
Bajo esa perspectiva, las resoluciones aquí recurridas explicaron que en el proceso 
de  ejecución  de  título  judicial  abierto  contra  la  recurrente,  no  se  permite  discutir 
circunstancias ajenas a las previstas en la propia ley, entre las cuales no aparecen las 
invocadas en el escrito de oposición a la ejecución (y ulterior recurso de apelación). Esa 
respuesta de doble instancia, aunque insatisfactoria para la recurrente, no adolecía de 
una falta de motivación reforzada, pues expresamente se estaba refiriendo al contenido 
de sus alegaciones y a la norma del procedimiento a cuyo cumplimiento el juez se halla 
obligado en todo momento, por lo que la decisión de rechazar aquella oposición se 
motivó en términos inteligibles, razonados y suficientes.
b)  Respecto de la necesidad de ponderar el interés superior del menor, principio 
reiteradamente  recogido  en  nuestra  doctrina  constitucional  y  que  ofrece  además 
previsión expresa entre otros en los arts. 2 y 3 (el cual remite a los instrumentos 
internacionales suscritos por España en la materia) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de protección jurídica del menor, es correcta la doctrina que se transcribe en el 
fundamento jurídico 2 b) de la sentencia mayoritaria. No lo es, en cambio, la aplicación 
que se hace de ella en el fundamento jurídico 3, con los efectos inéditos que a la misma 
se le atribuyen. Basten dos observaciones en este punto:
(i)  La primera es que la sentencia mayoritaria omite recordar, como por ejemplo 
hace la STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 7 (citada en aquella solo parcialmente), que el 
mandato del art. 39 CE precisa de normas legales de desarrollo, siendo así que este 
tribunal «ha admitido expresamente que el art. 39 CE incorpora un mandato dirigido a los 
poderes públicos para que atiendan de un modo preferente la situación del menor de 
edad, estableciendo regímenes especiales de tutela allí donde el legislador, dentro del 
amplio margen que enmarca la Constitución, lo considere necesario»; es decir, «el 
interés superior del menor inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE es, 
considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar 
la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales». 
Intervención por tanto necesaria del legislador, que luego y solo así ha de aplicar 
después el intérprete.
(ii)  La segunda observación, no menos relevante, es que la doctrina que recoge la 
sentencia mayoritaria como expresiva de la aplicación del interés superior del menor, se 
refiere siempre a situaciones en las que o bien se cuestiona la constitucionalidad de la 
norma legal que concreta el mandato de protección (así, SSTC 64/2019 y 99/2019), lo 
que presupone la existencia de dicha norma, o bien se reprocha al juez no haber 
efectuado una ponderación correcta dentro de las posibilidades que la disposición legal o 
reglamentaria le permitía: SSTC 141/2000, 217/2009 y 138/2014, de 8 de septiembre,  e.
sobre fijación del régimen de visitas a los hijos –o nietos– menores; STC 221/2002,  w.b
drdeeein  l2ote4sg  dtrraeibr n ueonnva illeaem sf abemrsepi,li aadñ eao dlveoaspl otpirvaaarca;i ó ScnTo dnCeo 1lc 2eri7re /sd2ge0o 1u d3ne,  s dsueap l3uu edds epto sju ídqneuio isc, uaas tdtrrieba ucmcceiióónnno  ridn eqte ucreon mascepi oeontredanel cndiaea    2021-1129n https://w
mmeennoorre dse;  oe dSaTdC tr a1s7 8la/2 d0e2c0la, rdaec i1ó4n  djued idciicaile dmeb prea,t efirjnaicdiaódn  ddee ls our dperong deen itloosr. apellidos de un
Lo mismo sucede con las sentencias que se citan en la sentencia mayoritaria a 
propósito  del  deber  de  motivación  reforzada  y  la  protección  de  personas  con 
discapacidad, donde se cuestiona la propia constitucionalidad de la norma de desarrollo 
(STC 18/2017, materia competencial), o la decisión judicial de aplicación de las leyes: 
STC 208/2013, protección del derecho al honor y a la propia imagen tras aparición en 
programa de televisión; STC 10/2014, escolarización de un menor en un centro de 
educación especial; STC 3/2018, denegación de servicio público de salud mental a partir 
de  una  cierta  edad;  y  STC  51/2021,  imposición  de  sanción  disciplinaria  por 
incumplimiento reiterado de las obligaciones de su trabajo.
Pues bien: lejos de limitarse al control que se evidencia en aquellas resoluciones, la 
sentencia mayoritaria ha ido más lejos al elevar el interés superior del menor a la 
categoría de título exclusivo para otorgar derechos que las leyes no recogen, imponer 
deberes al juez que carece de competencia para ejercerlos, produciendo además el 
simultáneo menoscabo del derecho ajeno tan constitucionalmente protegible, como lo es 
el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho de 
propiedad (art. 33 CE, este no en amparo) de la parte ejecutante en la instancia, aquí 
personada.
3.  Las particularidades del proceso a quo:
Si  lo  explicado  hasta  ahora  determina  que  la  demanda  de  amparo  debió 
desestimarse, lo actuado en la vía judicial previa en este caso no hace sino reforzar esa 
misma apreciación. La sentencia de la que discrepo pasa por alto los siguientes datos 
relevantes:
a)  El desalojo de la vivienda ocupada sin título por la recurrente y sus hijos fue 
instado por la mercantil propietaria del inmueble, no a través de un proceso declarativo 
ordinario, sino de un proceso para la tutela del derecho real inscrito [procedimiento juicio 
verbal (Efectividad) 488-2016 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 
de Getafe], al cual se refiere el art. 41 LH, norma que reenvía al juicio verbal del 
art.  250.1.7  LEC,  y  se  cohonesta  con  las  especialidades  para  este  procedimiento 
contenidas en los arts. 439.2, 440.2, 441.3, 444.2 y 447.3 de dicha Ley de enjuiciamiento 
civil. En concreto, importa destacar que conforme al art. 444.2 el demandado solo podrá 
oponerse a la demanda si previamente ha prestado la caución determinada por el 
tribunal para responder de frutos percibidos, daños y costas. Caución cuya previsión 
legal hemos declarado que resulta respetuosa del derecho a la tutela judicial efectiva del 
obligado a su constitución (STC 45/2002, de 25 de febrero), aunque este goce del 
beneficio de justicia gratuita –como sucedía con la recurrente– al no quedar dispensada 
por el art. 6 de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de poder 
controlarse su imposición desproporcionada ad casum.  Según figura en el fundamento 
de Derecho primero de la sentencia dictada que ha servido como título de ejecución del 
proceso a quo, la demandada y ahora recurrente no prestó esa caución, lo que llevó al 
juzgado a entender que «debe dictarse sentencia estimatoria de la demanda».
Además, conforme también a aquel art. 444.2 LEC, las causas de oposición en este 
procedimiento son tasadas y se refieren a la falsedad del título registral u omisión en 
esta  de  derechos  o  condiciones  inscritas  que  desvirtúen  la  acción,  el  poseer  el 
demandado la finca por contrato u otra relación jurídica directa con el titular actual o 
anteriores  o  por  prescripción,  el  estar  inscrita  la  finca  en  el  registro  a  favor  del 
demandado, y en fin, no ser la finca inscrita la que posee el demandado. No constan en  s
la sentencia las alegaciones que pudo efectuar la representación procesal de la aquí  oe.
recurrente, pero sí se recoge: (i) que la recurrente, y esto es importante, «efectuó  5ww.
chdoeemcnhtprooa  rsdeeecg eulannscd iao[c )a,i duyes n(aitisi)f] i cqcáuonemd lpoors eaenl edcgiodamadsoo   eeúnnn  ietcola da orot .cc ua4ps4ao4n .2pte oL»r E ladC e,r le locin uqmrrueuene tbceole, n «l(lneaovn atsereíca e edenelc nmuteeisn mtdraeo    2021-1129n https://w
resultado estimatorio de la demanda» (FJ 1).
La sentencia mayoritaria de la que discrepo, señala en el FJ 3 b) (i), que en dicho 
procedimiento declarativo la demandante de amparo «tuvo una posibilidad efectiva y sin 
ningún tipo de limitación para plantear las diversas invocaciones que pudiera considerar 
adecuadas a la defensa de sus intereses y los de su familia, incluyendo la falta de 
proporcionalidad de una decisión de desalojo derivada de la situación de precariedad 
económica, el superior interés de los menores afectados, la ausencia de una alternativa 
habitacional». Esta afirmación sin embargo no se corresponde con la realidad procesal 
que  acaba  de  indicarse.  Lo  cierto  es  que  si  la  recurrente  consideró  que  alguna 
indefensión se le había causado en ese proceso, porque no se atendió a la situación de 
sus hijos menores, pudo y debió agotar la vía impugnatoria previa (apelación o incidente 
de nulidad de actuaciones, al menos), donde ya habría podido referirse a la discapacidad 
motriz de su hijo nacido el 12 de febrero de 2017, y en su caso después promover 
recurso de amparo contra aquella sentencia, cosa que no hizo, aquietándose con el fallo 
que de tal guisa devino firme.
b)  De acuerdo con el art. 447.3 LEC, carecen de efectos de cosa juzgada (material) 
las sentencias que se dicten en estos procesos del art. 250.1.7 LEC. La recurrente podía 
haber acudido a la vía del juicio declarativo ordinario para defender sus razones para 
mantenerse en el inmueble, paso que tampoco consta que haya dado.
c)  Abierta ya la ejecución, tanto en el escrito de oposición a la ejecución, como en 
el de apelación contra el auto que desestimó aquel, la representación de la recurrente ha 
presentado las circunstancias familiares como motivo para paralizar el desalojo. De 
nuevo, pero ahora en relación con los arts. 556 y 559 LEC, aparece la imposibilidad legal 
de tratar tales hechos como causa de oposición siendo un proceso de ejecución de título 
judicial, al existir causas tasadas (pago o cumplimiento de lo ordenado en la resolución, 
caducidad de la acción ejecutiva, pactos o transacciones pasadas en escritura pública 
para evitar la ejecución –556–, o defectos procesales –559–). Y de manera llamativa, se 
solicita que el juez civil se dirija a los servicios sociales del ayuntamiento, cuya dirección 
de localización le facilita, para que pida el historial con los datos que tenga de la 
recurrente y sus hijos, y se provea a una solución habitacional. No consta sin embargo 
que aquella, o su abogado, hayan intentado en algún momento dirigirse a esos servicios 
sociales  en  procura  de  una  vivienda,  sino  que  ha  de  ser  el  juez  civil,  carente  de 
competencias para ello, el que realice esas gestiones administrativas, permaneciendo 
mientras en ella.
d)  La sentencia mayoritaria de la que discrepo, finalmente, no explica en modo 
alguno por qué el interés superior del menor se satisface exigiéndole al juez de la 
ejecución que se pronuncie sobre la posibilidad de mantenerle en la vivienda ocupada 
ilegalmente. Se desconocen de hecho las condiciones de habitabilidad en las que se 
halla ese inmueble, en el que ha seguido viviendo con sus hijos al haberse suspendido 
las resoluciones judiciales impugnadas por ATC 92/2018, de 17 de septiembre, de este 
tribunal. Del mismo modo como se desconoce si en estos ya más de cuatro años 
transcurridos, el hijo menor ha recibido tratamiento médico de su dolencia (pies zambos, 
según consta en informe adjuntado a las actuaciones). Se presupone con esto que el 
juez  civil  de  la  ejecución  debe  abrir  ahora  una  investigación  aparte  para  poder 
desentrañar  estos  extremos,  lo  que  desde  luego  no  corresponde  tampoco  a  sus 
funciones, ahondando así en la inadecuación de la solución dada por la sentencia 
mayoritaria, convirtiéndole en gestor ante los servicios sociales, y todo ello sin haberse 
tenido  en  cuenta  los  derechos  de  la  entidad  ejecutante  (tutela  judicial  efectiva,  y 
propiedad), disponiendo la recurrente de otras vías administrativas y judiciales eficaces  s
para resolver sobre su pretensión. oe.
FirmMaaddor yid r, uab rtirceaidnota. y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.– 2021-1129n https://w