BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 122 Sábado 22 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 62400
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8525 Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con la Fundación Mutualidad Abogacía, 
para contribuir a la transformación digital de la justicia en España y paliar la 
brecha digital.
Con fecha 28 de abril de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Justicia y la Fundación Mutualidad Abogacía para contribuir a la transformación digital de 
la justicia en España y paliar la brecha digital.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 17 de mayo de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Fundación Mutualidad Abogacía para 
contribuir a la transformación digital de la justicia en España y paliar la brecha 
digital
REUNIDOS
De una parte, el Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, como persona 
titular del Ministerio de Justicia, de conformidad con el Real Decreto 8/2020, de 12 de 
enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, en representación del Ministerio de 
Justicia y en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 61. k) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y  de  otra  parte,  don  Enrique  Sanz  Fernández-Lomana,  en  su  condición  de 
Presidente, actuando en nombre y representación de Fundación Mutualidad Abogacía, 
domiciliada  en  Madrid,  Calle  Serrano,  9,  con  CIF  G83845818,  constituida  bajo  la 
denominación de Fundación mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid D. 
Antonio Crespo Monerri el día 27 de noviembre de 2003, con el número cuatro mil ciento 
noventa, en uso de las facultades que se reflejan en el Poder otorgado a su favor con 
fecha 27 de febrero de 2020, ante el Notario de Madrid D. José María Mateos Salgado, 
con el número 682 de su Protocolo y a tenor de los previsto en el artículo 10 de los 
Estatutos vigentes de la Fundación Mutualidad Abogacía.
A  los  efectos  del  presente  documento  la  expresión  «las  partes»  designará 
conjuntamente a Ministerio de Justicia y Fundación Mutualidad Abogacía. Ambas partes, 
en el carácter con que intervienen, se reconocen mutuamente plena capacidad jurídica 
para suscribir el presente Convenio, a cuyo efecto:
EXPONEN oe.
I.  Que Fundación Mutualidad Abogacía es una entidad creada con el fin principal de  25ww
lalesvisatre nac iala  ap rsáuc tcicoale cetli vcoo mdep rmomutiusaol isstoacsi ayl  daeb oMgaudtuoasl idy aad  ladse  plae rAsobnoagsa ceían  smiteudaicainótne  dlae 
svouslnteenraibblielid. aDde, sadpeo rstaun dcore vaaclioórn a  elan  s2o0c0ie3d, aFdu pnadraac liaó nc oMnsuetucaulcidióand  dAeb uong adceísaa rfroomlloe nstoac iaell 
concepto del mutualismo, bajo la finalidad de convertirse en un agente de cambio que, a
través de los valores de innovación, colaboración, transparencia y cercanía, ayude a 
desarrollar las competencias necesarias para tomar decisiones financieras informadas 
que permitan a los profesionales del derecho, y a la sociedad en general, alcanzar una 
mejor calidad de vida.
Los programas de la Fundación ayudan a mutualistas y otros beneficiarios a mejorar 
su capacidad de ahorro, desarrollarse como abogados y emprendedores, a tener una 
mayor sensibilidad hacia los retos sociales y medioambientales y, por último, a estar 
mejor  preparados  para  afrontar  la  transición  hacia  la  jubilación  en  las  mejores 
condiciones de salud y dignidad.
II.  Que la transformación digital del Servicio Público de Justicia en España es una 
prioridad para el Ministerio de Justicia.  Por ello, la misma se constituye como uno de 
los ejes vertebradores de la estrategia Justicia 2030, siendo inherente a la mayoría de 
programas y proyectos que la integran. Una estrategia, además, inserta en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, el Ministerio de Justicia 
está comprometido con la modernización del Servicio público de la Administración de 
Justicia.
Por ello, junto al impulso de las modificaciones de leyes procesales para normalizar 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para un mejor servicio al 
ciudadano, actúa dentro de su propio ámbito de competencias para dotar a las oficinas 
judiciales de los medios técnicos adecuados.
No obstante, en el proceso de transformación digital, debemos asegurarnos que no 
dejamos  al  margen  las  realidades  analógicas.  Por  tanto,  las  implantaciones  de  los 
nuevos servicios relacionados con el ámbito digital deben contribuir a reducir la brecha 
territorial (la llamada «España vaciada»), y también abordar las brechas digitales y 
generacionales, estrechamente vinculadas.
De esta manera, y vinculado a la evolución de los Juzgados de Paz en Oficinas de 
Justicia en el municipio, constituidas como punto de conexión de la ciudadanía con la 
administración pública, conviene conocer que necesidades tienen los territorios y su 
ciudadanía, singularmente quienes se encuentran en una edad avanzada.
Una vez conozcamos las necesidades, abordaremos en mejores condiciones los 
servicios que pueden ofrecerse desde las mismas. En ese sentido se pretende, por una 
parte, dotar a las instalaciones de tecnología adecuada para prestar diferentes servicios 
relacionados con el Servicio Público de Justicia, así como como con el servicio público 
en general. Por otra, resulta necesario adaptar el marco profesional de quienes prestan 
sus servicios en ella, para procurar la calidad del servicio. Así se formará a dicho 
personal en competencias digitales, así como en la atención a mayores y otros sectores 
vulnerables.  Estas  oficinas  pueden  contribuir  a  reducir  notablemente  las  brechas 
mencionadas (territorial, digital y generacional).
III.  Que  Fundación  Mutualidad  Abogacía  desarrolla  una  iniciativa  denominada 
«Escuela de Pensamiento» cuya finalidad es aportar valor a toda la sociedad en la 
promoción de la cultura y la economía del envejecimiento. La anteriormente mencionada 
«España  vaciada»  cuenta  con  una  edad  media  superior  a  50  años  que,  además, 
presenta importantes carencias en el ámbito digital.
Por lo tanto, Fundación Mutualidad Abogacía entiende que el proyecto del Ministerio 
de Justicia para la transformación de los Juzgados de Paz confluye con la misión de la 
Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía.
IV.  De conformidad con lo expuesto, mediante el presente Convenio se pretende 
establecer  un  marco  general  de  colaboración  que  se  pueda  traducir  en  proyectos  s
específicos en materia de investigación, consultoría tecnológica y cooperación para  oe.
asesoramiento mutuo, cuyos resultados permitan contribuir a la transformación digital de  w.
la justicia en España y a paliar la brecha digital existente en zonas del territorio en  25ww
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leons  lcoisu dmaduannicoipsi ocso,n y e tl osdeorv eicllioo  paú fbinli cdoe d peo jtuesnticciiaar. y facilitar la interacción del conjunto de  BOE-A-cable e
V.  Que ambas partes, en ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo 
beneficiosa la colaboración, han acordado suscribir el presente Convenio que llevan a 
efecto con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Es objeto del presente Convenio establecer el marco general de colaboración entre 
el  Ministerio  de  Justicia  y  la  Fundación  Mutualidad  Abogacía  para  contribuir  a  la 
transformación digital de la justicia en España y paliar la brecha digital que existe en 
zonas del territorio en regresión demográfica o riesgo de despoblación, especialmente 
entre el colectivo de adultos mayores, así como para definir y desarrollar el papel de las 
Oficinas de Justicia en los municipios.
Segunda.  Colaboración y compromisos de las partes.
1.  Fundación Mutualidad Abogacía se compromete a:
a)  Desarrollar los siguientes proyectos:
– Proyecto  de  investigación.  Identificar  las  necesidades  reales  del  ciudadano 
analógico de la España despoblada (especialmente el adulto mayor) en su relación con 
la administración. Para ello, Fundación Mutualidad Abogacía elaborará un estudio sobre 
el estado actual de la accesibilidad en las relaciones de los ciudadanos de mayor edad 
con  el  sector  público,  partiendo  para  ello  de  una  muestra  de  trámites  y  servicios 
considerados relevantes que dependan de la Administración General del Estado o de 
otras administraciones públicas.
– Consultoría  tecnológica  (análisis  de  necesidades  tecnológicas).  Tras  la 
investigación  anteriormente  descrita,  y  una  vez  identificadas  las  necesidades  del 
ciudadano,  se  realizará  un  proyecto  de  consultoría  tecnológica  en  relación  con  el 
proyecto de Justicia 2030 relativo a las Oficinas de Justicia en los municipios en su 
proceso de transformación digital. El objetivo será desarrollar un marco de servicios 
tecnológicos que deberían tener las Oficinas de Justicia en los municipios con objeto de 
ofrecer  una  solución  global  que  pueda  proporcionar  una  atención  integral  para  la 
transformación digital de dichas oficinas.
– Estudio académico-científico. Elaborar un estudio de corte académico-científico 
que analice las dificultades del acceso a la Justicia de las personas mayores y las 
posibles reformas legislativas de naturaleza procesal y sustantiva que puedan contribuir 
a la consecución de ese objetivo, en el marco del Plan de Justicia 2030.
b)  Ayudar a difundir las iniciativas enunciadas en el presente Convenio en los 
canales de comunicación a su alcance.
2.  El Ministerio de Justicia se compromete a:
a)  Colaborar con Fundación Mutualidad Abogacía en el desarrollo de los proyectos 
anteriormente  descritos,  facilitando  la  información  que  fuera  necesaria  para  su 
realización.
b)  Ayudar a la difusión de los proyectos a través de los canales a su alcance, así  s
como estudiar la posibilidad, previo acuerdo de las partes, de realizar actos de visibilidad  oe.
del Convenio y de cada proyecto. w.
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icnotemrpérso mmeutteuno , ad esunmtroin idsetr alarsse  daisppooynoi beil idinafdoerms adceió lna sd em iisnmtearéss.  Amsuimtuiosm, yo , al ams apnatertneesr  seel 
clima de colaboración.
Tercera.  Obligaciones financieras de las partes.
El coste de los proyectos descritos en el apartado 1, letra a) de la cláusula segunda 
correrá  a  cargo  de  la  Fundación  Mutualidad  Abogacía.  La  Fundación  Mutualidad 
Abogacía  dotará  económicamente  estos  proyectos  con  hasta  30.000  euros  para  el 
proyecto  de  investigación,  con  hasta  20.000  euros  para  el  proyecto  de  consultoría 
tecnológica y con hasta 10.000 euros para el estudio académico-científico.
La  suscripción  del  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o 
contraprestación económica para el Ministerio de Justicia.
Cuarta.  Comisión de seguimiento, vigilancia y control.
Para el adecuado seguimiento, vigilancia, coordinación, control e interpretación de lo 
establecido en el presente Convenio, se constituirá, a partir de la publicación del mismo 
en el «Boletín Oficial del Estado», previa inscripción en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, una comisión de 
seguimiento  vigilancia  y  control,  que  estará  compuesta  por  tres  representantes  del 
Ministerio de Justicia y tres representantes de la Fundación Mutualidad Abogacía. Los 
representantes  de  la  Fundación  Mutualidad  Abogacía  serán  el  Director  Fundación 
Mutualidad  Abogacía,  el  Presidente  Escuela  de  Pensamiento  Fundación  Mutualidad 
Abogacía, y el Director Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía.
La Presidencia de la comisión de seguimiento, vigilancia y control corresponderá 
alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las dos partes intervinientes.
La Presidencia de la comisión, a propuesta de cualquiera de las partes, podrá 
autorizar la asistencia a las reuniones de personas expertas, con voz y sin voto.
La Comisión se reunirá, de forma telemática si fuera necesario, a instancia de 
cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidente y, al menos, una 
vez al año para verificar y comprobar el resultado de las actuaciones realizadas y 
examinar los resultados e incidencias que surjan de la colaboración realizada.
Serán funciones de la Comisión las siguientes:
a)  Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio.
b)  Resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del Convenio.
c)  Impulsar  la  adopción  de  las  medidas  y  acciones  necesarias  para  el  mejor 
cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes participantes en este 
Convenio.
d)  Proponer las modificaciones al Convenio que se consideren oportunas.
La Comisión de Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen 
jurídico, en lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto 
para el funcionamiento de órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinta.  Efectos y modificación del Convenio.
El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y producirá efectos una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado». e
El Convenio tendrá una vigencia de tres años y podrá prorrogarse a su término  bo
mediante acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de  25ww
anteAlascimióins ma ola,  ceuxapliqraucieióran  ddeel  lCaso npvaernteios. firmantes podrá proceder a su denuncia expresa
con Luans p lpaazrot ems ínfiimrmoa dnete tsre sp omderásens  ma olad iffeiccahra  elons  qutéer msein porse tednedl ap sreus eexnpteir acCióonn.venio  en
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Sexta.  Extinción del Convenio.
El presente Convenio se podrá extinguir por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión prevista en la cláusula cuarta.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa  podrá  conllevar  la  indemnización  de  los  perjuicios  causados  conforme  a  los 
criterios que se determinen en el seno de la Comisión prevista en la cláusula cuarta.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
La resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que 
estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un 
plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.  Utilización de signos distintivos y logotipo.
Ambas partes autorizan mutua y recíprocamente el uso de sus signos distintivos y 
logotipos por la otra.
La utilización de la imagen institucional del Ministerio de Justicia debe ajustarse a los 
términos establecidos por el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se 
establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el 
material impreso de la Administración General del Estado, y por la Orden de 27 de 
septiembre de 1999 por la que se aprueba el Manual de Imagen Institucional de la 
Administración  General  del  Estado  y  se  dictan  normas  de  desarrollo  del  Real 
Decreto 1465/1999, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula 
la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, 
y así debería hacerse constar.
Los signos distintos y logotipos no podrán ser modificados, adaptados o alterados.
La autorización de uso se limita única y exclusivamente a los fines previstos en este 
Convenio,  no  podrá  tener  el  carácter  de  exclusiva,  y  será  gratuita,  extinguiéndose 
automáticamente en el momento de terminación del mismo, cualquiera que sea la causa.
Octava.  Protección de datos.
Los firmantes de este Convenio se informan recíprocamente de que sus respectivos  e
datos personales recogidos en el mismo serán tratados de acuerdo con la legislación  bo
vigente en materia de protección de datos de carácter personal, con la finalidad del  25ww
dneescaersraorliloo  pdoer l imppreosseicnióten  lCegoanlv.enio,  sin  que  sean  cedidos  a  terceros  salvo  que  sea
en lLaa Ls epya rOtersg ásnei ccao m3/p2r0o1m8e, tdeen  a5  tdraet adri cloiesm dbarteo,s  dpee rPsroontaelcecsió dne  daec uDeardtoos  aP leor sdoisnpauleess toy 
garantía de los derechos digitales.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como 
del resto de derechos reconocidos en el Reglamento (UE) 2016/679, los/as firmantes 
deberán dirigirse en su caso a la dirección de quien, respectivamente, actúa como 
contraparte y cuya determinación figura en el encabezamiento de este Convenio.
Novena.  Independencia de las partes.
Será obligación específica y exclusiva de cada una de las partes cumplir con cuantas 
obligaciones legales le corresponden, especialmente de índole laboral y fiscal, tanto de 
sí mismo como del personal que pudiera tener a su cargo.
En este sentido, las partes expresamente convienen que el presente Convenio no 
supone  asociación  alguna  o  dependencia  entre  ellas,  por  lo  que  ambas  serán 
absolutamente independientes y autónomas.
Décima.  Transparencia.
El presente Convenio será publicado en el Portal de la Transparencia del Gobierno 
de  España,  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
Transparencia, Acceso y Buen Gobierno.
Undécima.  Confidencialidad.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de publicidad 
y  transparencia  referidas  en  la  anterior  cláusula,  durante  la  vigencia  del  presente 
Convenio las partes se comprometen a no difundir los datos, informaciones y estudios 
científicos y/o técnicos pertenecientes a la otra parte a los que haya tenido acceso en el 
desarrollo de la colaboración que constituye su objeto.
Tal compromiso decaerá en los siguientes casos:
a)  Los datos, estudios o información sean objeto de pública difusión.
b)  La parte titular de dichos datos, información o estudios confiera autorización 
previa y expresa a la otra parte para difundirla.
c)  Cuando exista una obligación legal que así lo imponga.
Duodécima.  Publicaciones.
Cuando una de las partes quiera realizar una publicación de los resultados de los 
trabajos de investigación, artículos o informes, elaborados en desarrollo del presente 
Convenio, deberá solicitar por escrito a la otra parte su visto bueno, comprometiéndose 
ésta a contestar en el plazo máximo de 30 días, desde la recepción de la solicitud, 
comunicando a la parte solicitante su autorización, sus reservas o su disconformidad 
sobre  la  información  o  trabajos  que  se  pretenden  publicar.  En  los  supuestos  de 
disconformidad o reservas, se someterá la cuestión a la Comisión de Seguimiento para 
su resolución.
Acordada  la  publicación,  en  ella  se  hará  mención  debida  a  las  dos  partes, 
cumpliendo las previsiones establecidas en la cláusula séptima del presente Convenio.
Decimotercera.  Principios de buena fe.
Ninguna  de  las  partes  será  responsable  de  ningún  daño  o  perdida  material  o  s
financiera directa o indirecta contraída por la otra parte en sus actividades relacionadas  oe.
con este Convenio. w.
Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los  25ww
principios de buena fe, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Decimocuarta.  Código ético.
Las  actividades  a  realizar  por  parte  de  la  Fundación  Mutualidad  Abogacía  se 
desarrollarán de forma alineada con el Código Ético de Mutualidad de la Abogacía y 
Fundación Mutualidad Abogacía, el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.mutualidadabogacia.com/etica/codigo-etico-y-de-conducta/.
Decimoquinta.  Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza administrativa, se celebra al amparo de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estando sometido 
al régimen jurídico de los convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
citada Ley.
Las partes se comprometen a intentar solucionar cualquier controversia que pueda 
surgir  sobre  la  interpretación,  modificación,  efectos  o  resolución  del  contenido  del 
presente Convenio mediante el diálogo en el seno de la Comisión prevista en la cláusula 
cuarta, pudiendo utilizar los medios adecuados de solución de controversias que, de 
forma consensuada, estimen oportunos.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son 
titulares las partes firmantes, y para que así conste, en prueba de conformidad suscriben 
dos ejemplares del presente Convenio en el lugar y fecha indicados.
Madrid, 28 de abril de 2021.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.–El 
Presidente de la Fundación Mutualidad Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana.