BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93656
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13033 Sala Primera. Auto 66/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 
5872-2020. Deniega la suspensión y la anotación preventiva de la demanda 
en el recurso de amparo 5872-2020, promovido por Viviendas Chimenea II de 
Águilas, Sociedad Cooperativa, en pleito civil.
ECLI:ES:TC:2021:66A
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  en  el  recurso  de  amparo 
núm. 5872-2020, promovido por la entidad Viviendas Chimenea II de Águilas, Sociedad 
Cooperativa, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 207-2019, ha dictado el 
siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 30 de 
noviembre de 2020 el procurador de los tribunales don Pedro Arcas Barnes, en nombre y 
representación de la entidad Viviendas Chimenea II de Águilas, Sociedad Cooperativa, 
asistida por el letrado don Fernando Bastida García, interpuso recurso de amparo contra 
el auto de 28 de octubre de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de 
Lorca, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 207-2019, que desestimó el 
incidente de nulidad promovido por la demandante.
2.  Los hechos relevantes que se desprenden de la demanda de amparo y de las 
actuaciones que la acompañan, son los siguientes:
a)  En fecha 24 de julio de 2019 la Sociedad de gestión de activos procedentes de la 
reestructuración bancaria, S.A. (SAREB), que había adquirido los activos de la entidad 
Banco Mare Nostrum, S.A., presentó demanda de ejecución hipotecaria contra la entidad 
Viviendas Chimenea II de Águilas, Sociedad Cooperativa, como deudor hipotecario en 
relación con el préstamo con garantía hipotecaria constituido sobre setenta y tres fincas 
registrales y elevado a escritura pública el 27 de mayo de 2008, en reclamación de la 
cantidad de 24 165 916,75 €, en concepto de principal y 7 249 775,02 € en concepto de 
intereses y costas de la ejecución.
b)  Dicha demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca, 
que la tramitó con el núm. 207-2019. Por auto de 10 de septiembre de 2019, el juzgado 
despachó ejecución frente al prestatario por el indicado importe.
c)  Intentada la notificación y el emplazamiento a la ejecutada el 18 de septiembre 
de 2019, se extendió diligencia para «hacer constar que, habiéndome constituido en el 
domicilio facilitado como de la interesada, en c/ Pio XII, núm. 21, 4.º B) resulta ser un  e.
despacho de abogados y manifiestan que no tienen relación con la empresa que pudiese  w.
ser que la tuviera con la Asesoría Serveco que se ubicaba antes en este domicilio». 033ww
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requerimiento  de  pago  en  la  persona  de  Ricardo  José  Montoya  Morata,  legal
representante de Llave Azul 2006, S.L., que a su vez era apoderada de la entidad 
ejecutada.
e)  El 22 de octubre siguiente, por el procurador de los tribunales de la SAREB se 
comunicó  la  diligencia  negativa  de  requerimiento  de  pago,  y  dos  días  después  se 
interesó por el mismo que el requerimiento se realizara por edictos. Así se acordó por la 
letrada de la administración de justicia mediante diligencia de ordenación dictada el 5 de 
noviembre de 2019, procediendo a la inserción del edicto ese mismo día y siendo 
retirado el 5 de diciembre siguiente.
f)  La recurrente presentó incidente de nulidad actuaciones el 6 de julio de 2020 
alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por haber procedido el 
órgano  judicial  al  emplazamiento  mediante  edictos  sin  agotar  previamente  las 
posibilidades de averiguación del domicilio real de la ejecutada, bien a través de la 
localización del domicilio de don Ricardo José Montoya Morata, bien por la consulta 
telemática al registro de cooperativas de la Región de Murcia a fin de averiguar la 
identidad de los miembros de su consejo rector y solicitó la suspensión de la ejecución.
g)  Por auto de 28 de octubre de 2020, se rechazó la nulidad de actuaciones 
pretendida  por  la  parte  recurrente  y  se  acordó  continuar  el  procedimiento.  En  la 
fundamentación del auto, con cita del artículo 686.1 de la Ley de enjuiciamiento civil 
(LEC) se recogía el contenido del auto de 8 de enero de 2018, de la Sección Primera de 
la Audiencia Provincial de Murcia, que, con referencia a otros anteriores de la misma 
sección, atendía a la vinculación de las partes al domicilio pactado en la escritura de 
hipoteca,  y,  a  la  consecuencia  de  que  intentado  el  emplazamiento  en  el  domicilio 
pactado, la falta de notificación del saldo deudor no es imputable a la entidad ejecutante, 
al regir en la ejecución hipotecaria el artículo 683 LEC que impide al deudor el cambio 
del  domicilio  fijado  para  recibir  notificaciones  derivadas  de  la  hipoteca,  amén  de 
establecer una serie de normas para que se pueda llevar a cabo y de exigir una expresa 
y  fehaciente  notificación  al  deudor  del  cambio  de  domicilio,  aspectos  estos  que 
evidentemente no se han producido por lo que habrá que estar al domicilio pactado e 
inscrito en el registro de la propiedad.
3.  La  recurrente  invoca  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE) sin indefensión, en su manifestación de derecho de acceso al proceso, 
reconocido en el artículo 24.1 CE, al haber seguido el órgano judicial el procedimiento de 
ejecución acudiendo al emplazamiento por edictos sin haber agotado, previamente, los 
mecanismos  previstos  en  el  artículo  686.3  LEC,  para  intentar  la  averiguación  y 
localización del domicilio de la recurrente por otros medios.
Entiende  que  el  órgano  judicial  ha  decidido  soslayar  de  forma  consciente  e 
intencionada  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  sobre  el  artículo  686.3  LEC 
establecida en las SSTC 122/2013, de 20 de mayo, 131/2014, de 21 de julio; 137/2014, 
de 8 de septiembre; 169/2014, 22 de octubre; 89/2015, de 11 de mayo; 151/2016, de 19 
de  septiembre;  5/2017;  6/2017,  de  16  de  enero;  106/2017,  de  18  de  septiembre; 
137/2017, de 27 de noviembre, y 5/2018, de 22 de enero.
Considera, que se ha acudido al emplazamiento por edictos sin practicar ninguna 
diligencia  de  averiguación  domiciliaria  de  la  ejecutada,  ni  de  su  apoderada,  o  del 
representante legal de esta última, cuando fácilmente se hubiera podido localizar el 
domicilio de este o consultar telemáticamente al registro de cooperativas de la Región 
de Murcia a fin de identificar a los miembros del consejo rector de la recurrente.
Finalmente, solicita que se reconozca la vulneración invocada y que se declare la 
nulidad del auto de 28 de octubre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de  e.
Lorca y que se acuerde la retracción de las actuaciones al momento inmediatamente  w.b
anterior al requerimiento de pago. 033ww
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adjudicadas,  que  resultarían  no  reivindicables  en  virtud  del  artículo  34  de  la  Ley
hipotecaria (LH) y por tanto la continuación del procedimiento ejecutivo haría perder al 
recurso de amparo su finalidad, sin que, por otra parte, concurra perturbación grave de 
los intereses generales, ni de los derechos fundamentales.
4.  Mediante sendas providencias de 10 de mayo de 2021, la Sección Segunda de 
este tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en 
el mismo especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa 
manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2 f)], y dirigir comunicación al órgano judicial interviniente, a fin de que en el plazo que 
no exceda de diez días remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes  al  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  207-2019,  y  que 
proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el 
presente recurso, excepto la parte recurrente en amparo, para que en plazo de diez días 
puedan comparecer, si lo desean.
Asimismo, la Sección dispuso formar pieza separada para la tramitación del incidente 
de suspensión y, conforme a lo dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común 
de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, para que alegaran lo que 
estimasen pertinente sobre dicha suspensión.
5.  El 17 de mayo de 2021 la recurrente presentó escrito de alegaciones en el que 
además de insistir en la solicitud efectuada en la demanda de amparo, afirmaba que la 
suspensión de actuaciones es la única medida cautelar apta e idónea para evitar el 
perjuicio  que  supondría  la  continuación  de  la  ejecución,  pues  si  bien  la  anotación 
preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad podría evitar la 
presunción de buena fe del tercer adquirente, y con ello evitar el carácter no reivindicable 
de su enajenación, tal medida no evitaría la toma de posesión de las fincas por el 
ejecutante y el consecuente desalojo de aquellos terceros compradores de las fincas 
durante el proceso de construcción de la nueva edificación, que vienen ocupando las 
mismas y que no han podido subrogarse en los concretos préstamos de sus viviendas 
por la irregular situación de mora del préstamo a la promoción. Refería que, si bien el 
órgano judicial había acordado la suspensión del lanzamiento fijado para la fecha de 22 
de noviembre de 2019, podría señalar una nueva fecha de lanzamiento que ocasionaría 
los perjuicios irreparables ya indicados en el recurso de amparo, privando al amparo su 
finalidad. Por otra parte, indica que, «la medida cautelar de anotación preventiva de la 
demanda de amparo en el registro de la propiedad, implica su anotación en las setenta y 
tres fincas ejecutadas, con un coste económico por aranceles registrales imposible de 
asumir por mi representada».
6.  El Ministerio Fiscal, presentó escrito el día 31 de mayo de 2021, por el que 
partiendo  de  la  doctrina  constitucional  considera  que  no  se  acredita  la  incidencia 
económica negativa e irreparable que la continuación del procedimiento pudiera causar, 
más allá de la mera petición de suspensión y la referencia a los efectos jurídicos de la 
inscripción registral. Añade que sí es posible lograr el efecto protector deseado por la 
recurrente mediante la práctica de la anotación preventiva de la demanda de amparo.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto de esta pieza de suspensión consiste en determinar la procedencia o  s
no de la solicitud de suspensión cautelar del procedimiento de ejecución hipotecaria. La  oe.
recurrente refiere que solo la suspensión del procedimiento puede evitar el desalojo de  w.
aleonvsio tatcaroícamió pnlra ap drepovrroeetsne tcidvceaió  dnlae s  ldave idlv eietmenradcnaedsr a e aendn q ceuoli nrresentgrtuiesc trcoyió  dnel,a   lnaor ep scroiueprnrieeddnoat ede ,f ecpcautrievesac  eca o ndt aeel l laer efsecocultoros  solaes    2021-13033n https://ww
económicos  para  la  satisfacción  de  los  aranceles  registrales.  El  Ministerio  Fiscal
considera que no concurren los presupuestos exigidos para acordar la suspensión del  Bc
procedimiento de ejecución y propone como alternativa la medida cautelar de anotación 
preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad.
2.  El art. 56.2 LOTC, en la redacción dada por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de 
mayo, dispone que «cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un 
perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la 
Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá 
disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión 
no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los 
derechos fundamentales o libertades de otra persona». Por esta razón, la pretensión 
cautelar  analizada  se  configura  como  una  medida  de  carácter  excepcional  y  de 
aplicación restrictiva (por todos, AATC 117/2015, de 6 de julio, FJ 1; 59/2017, de 24 de 
abril, FJ 1, y 177/2019, de 16 de diciembre, FJ 2).
Adicionalmente, este tribunal viene exigiendo a quien solicita la adopción de la 
medida  cautelar  de  suspensión  del  acto  o  resolución  judicial  recurrido  que  alegue, 
pruebe o justifique, ofreciendo un principio razonable de prueba, lo irreparable o la 
dificultad de la reparación de los perjuicios de seguirse la ejecución del acto impugnado, 
y ello, con el objeto de mostrar que la ejecución del acto recurrido puede privar a la 
demanda de amparo de su finalidad, provocando que el restablecimiento del recurrente 
en el derecho constitucional vulnerado sea tardío y convirtiendo en meramente ilusorio y 
nominal  el  amparo  [AATC  51/1989,  de  30  de  enero,  290/1995,  de  23  de  octubre, 
370/1996, de 16 de diciembre, 283/1999, de 29 de noviembre, 90/2014, de 27 de marzo, 
FJ 1; 190/2015, de 5 de noviembre, FJ 2 a); 59/2017, FJ 1; 147/2017, de 13 de 
noviembre, FJ 1, y 177/2019, FJ 2]. Ahora bien, «el perjuicio irreparable debe ser real, 
sin  que  sea  posible  alegar  un  perjuicio  futuro  o  hipotético  o  un  simple  temor» 
(ATC 250/2013, de 4 de noviembre, FJ 1).
3.  La aplicación de la doctrina de la que se ha hecho mención al caso aquí 
planteado permite concluir que no es jurídicamente sostenible fundar la medida cautelar, 
para atender la finalidad de evitar un eventual, futuro e incierto lanzamiento de posibles 
ocupantes  de  las  viviendas,  cuya  existencia,  pese  afirmarse  de  modo  genérico  e 
inconcreto, no consta acreditada por la demandante de amparo. Es por ello que el único 
riesgo atendible es que las fincas pudieran ser transmitidas a un tercero de buena fe, con 
la consiguiente consolidación de una posición jurídicamente inatacable, y dicho riesgo, 
una vez que las fincas han sido adjudicadas a favor de la entidad ejecutante no puede 
preservarse con la mera suspensión del procedimiento, pues solamente la prohibición de 
disponer o la anotación de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, podrían 
evitar la adquisición irreivindicable por tercero de las fincas.
Es por ello que el tribunal, atendidas las circunstancias que presenta el supuesto 
sometido a consideración, estima que de modo alternativo, procedería que se acordara 
la medida cautelar de anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la 
propiedad. Esta medida, como bien indica el Ministerio Fiscal, se evidencia, y así hemos 
tenido ocasión de declararlo, como medida idónea para evitar el perjuicio derivado de 
que  la  adquisición  de  los  bienes  inmuebles  por  terceros  de  buena  fe  los  hagan 
irreivindicables, evitando los perjuicios derivados de la paralización de un procedimiento 
que goza de las características de celeridad y sumariedad. En efecto, con la práctica de 
la  anotación  preventiva  de  la  demanda  de  amparo,  se  podría  lograr,  una  de  las 
finalidades del registro de la propiedad, esto es, que sea fiel trasunto de la realidad 
jurídica –en este caso, advertir de la pendencia del presente proceso constitucional– y,  e
por ende, un eficaz instrumento de seguridad jurídica (AATC 18/2012, de 30 de enero,  bo
FJ 4; 282/2014, de 17 de noviembre, FJ 5; 29/2015, de 16 de febrero, FFJJ 3 y 4;  033ww
5–0u/n2a0 1v5e,z d aed 2ju ddeic madaarsz ol,a Fs Jf i4n,c ya s5 9a/ 2l0a1 e5n, tdidea 1d6  edjeec mutaarnztoe,– F Jm 3e)d,i aqnutee  nloa  sseu sppoednrísaió lno gdraerl 
procCeodmimoie hnetom does  eajeficrmucaiódno  hlaip oatencoataricaió.n preventiva es una medida cautelar que este
tribunal, de conformidad con el art. 56 LOTC, puede adoptar de oficio o a instancia de
parte, con fundamento en el art. 42.1 LH (AATC 274/2002, de 18 de diciembre; 257/2003, 
de 14 de julio; 230/2007, de 7 de mayo, FJ 3; 415/2007, de 5 de noviembre, FJ 4, 
y 28/2009, de 26 de enero, FJ 2), pero difícilmente puede acordarse contra la voluntad 
del solicitante de la medida cautelar, que es quien a la postre deberá satisfacer los 
correspondientes aranceles derivados de la anotación.
En  efecto,  la  mercantil  recurrente  rechaza  como  medida  cautelar  adecuada  la 
anotación preventiva, al considerar que no evitaría el riesgo del lanzamiento de los 
ocupantes de las fincas –riesgo que hemos calificado de insuficiente–, y porque se 
encuentra imposibilitada de hacer frente a los costes de arancel derivados de la práctica 
de la anotación registral y que le serían reclamados una vez la misma se hubiera 
materializado. En tales circunstancias, no pudiendo conceder una medida cautelar contra 
la  voluntad  del  propio  interesado  en  la  misma,  procede  denegar  la  práctica  de  la 
anotación preventiva interesada por el Ministerio Fiscal con carácter alternativo.
4.  Los razonamientos anteriores, de conformidad con la doctrina expuesta, y sin 
prejuzgar la decisión de fondo del recurso, conducen a denegar la suspensión solicitada, 
y, la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad 
alternativamente interesada por el Ministerio Fiscal. En cualquier caso, ello no impide 
que, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo 
de sustanciarse el incidente de suspensión, la mercantil recurrente pueda acudir de 
nuevo ante este tribunal solicitando la modificación de nuestra decisión al amparo de lo 
previsto en el art. 57 LOTC.
Por lo expuesto, la Sala
ACUERDA
Denegar la suspensión cautelar solicitada del procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 207-2019 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca, así como la 
práctica de la anotación preventiva de la demanda de amparo.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  veintiuno  de  junio  de  dos  mil  veintiuno.–Juan  José  González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.