BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 201 Viernes 24 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 56910
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8505 Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Madrid n.º 37 a inscribir el testimonio de una 
sentencia dictada en rebeldía de la parte demandada.
En el recurso interpuesto por don J.G.G. contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Madrid número 37, doña María Luisa Madejón Concejal, a inscribir el 
testimonio de una sentencia dictada en rebeldía de la parte demandada.
Hechos
I
En el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid se tramitó procedimiento 
ordinario 882/2017 en el que recayó sentencia estimatoria de la demanda el 26 de 
febrero de 2019, declarando la adquisición por prescripción en favor del demandante de 
una novena parte indivisa de la finca registral 18454. Dicha sentencia se dictó en 
rebeldía de la parte demandada.
II
Testimonio de la citada sentencia se presentó en el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 37, siendo objeto de calificación en los siguientes términos: «Hechos: 
El 25 de noviembre de 2019 se presenta, testimonio expedido con fecha 5 de noviembre 
de 2.019, por don M. A. A. M., letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera Instancia número 12 de Madrid, de la sentencia número 50/2019, dictada por 
doña María de las Nieves Gómez Martínez, magistrado juez de dicho Juzgado, en los 
autos de procedimiento ordinario 882/2017, que motivó el asiento 1108 del diario 53. En 
el citado documento se estima la demanda frente a los ignorados herederos de doña 
D.G.M., y se declara que el demandante ha adquirido por prescripción adquisitiva 1/9 
parte  indivisa  de  la  finca  18454,  acordando  la  cancelación  de  la  actual  inscripción 
registral practicada sobre dicha finca a favor de doña D. G. M. La sentencia se ha 
dictado  en  rebeldía  de  los  ignorados  herederos  de  dicha  señora.  Fundamentos  de 
Derecho. La sentencia fue dictada estando los demandamos en situación de rebeldía, 
por lo que debe acreditarse que han transcurrido los plazos indicados en el artículo 502 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el ejercicio de la acción de rescisión veinte días a 
partir de la notificación de la sentencia firme si se practica notificación personal, cuatro 
meses a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme, si no se 
notificó personalmente, que podrán prorrogarse según prevé el número 2 del precepto 
sin que en ningún caso pueda ejercitarse dicha acción en el plazo máximo de dieciséis 
meses desde la notificación de la sentenciar, sin que dicha acción haya sido ejercitada, 
momento en el que se producirá la caducidad de la acción de rescisión de sentencia 
firme que ostenta el demandado rebelde. El Juzgado debe pronunciarse expresamente  e.e
sobre el transcurso de dichos plazos, para entender que la misma ya no es susceptible  b
de rescisión. En este sentido la Resolución de la Dirección General de los Registros y del  05ww
Nlao ntaureiavdao  Ldeey  9d ed eE anbjuriilc idaeml iaeñnoto 2 C00iv7il,,  quunea  insdeinctae nqcuiea  “dciocmtaod ad iesnp orneeb eelld aíart,í cauulon q5u2e4 .h4a dyae 
rdeesvceisniiódno,  fnirom ee,s  mhiáebnitlr apsa rnao  inhsacyraibni rstrea nesnc uerlr idRoe gloisst rpolsa zdoes  lpaa Prar oepjieerdcaitda r slian oa ctacinó ns odleo 
anotarse preventivamente. Por tanto, es ajustada a Derecho la exigencia de que, para
inscribir la cancelación ordenada en la sentencia en cuestión, deberán guardarse los 
plazos señalados en el artículo 502.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Por su parte, la 
Resolución de 17 de marzo de 2009, señala “Por eso es doctrina reiterada de este 
Centro Directivo que, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es preciso 
que,  además  de  ser  firme  la  sentencia,  haya  transcurrido  el  plazo  del  recurso  de 
audiencia al rebelde. En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. artículo 502) 
señala tres plazos de caducidad para el ejercicio de la acción de rescisión de las 
sentencias dictadas en rebeldía, a contar desde la notificación de la sentencia: un 
primero de veinte días, para el caso de que dicha sentencia se hubiera notificado 
personalmente; un segundo plazo de cuatro meses, para el caso de que la notificación 
no hubiera sido personal, y un tercer plazo extraordinario máximo de dieciséis meses 
para el supuesto de que el demandado no hubiera podido ejercitar la acción de rescisión 
de  la  sentencia  por  continuar  subsistiendo  la  causa  de  fuerza  mayor  que  hubiera 
impedido al rebelde la comparecencia. Mientras tanto no puede practicarse la inscripción 
-en  tanto  no  transcurran  estos  plazos-,  por  lo  que  debe  confirmarse  la  nota  de 
calificación en este punto, sin perjuicio de que pueda tomarse la anotación preventiva a 
que  se  refiere  el  citado  artículo  524  de  la  citada  Ley  procesal  civil.”  En  tanto  no 
transcurran dichos plazos, sólo podrá tomarse, en su caso, anotación preventiva de la 
sentencia. Artículo 524.4 de dicha Ley. Por todo lo expuesto, conforme a los artículos 18 
de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento, se suspende la inscripción por el motivo 
expuesto.  (…).  Madrid,  diecisiete  de  diciembre  del  año  dos  mil  diecinueve.  La 
Registradora (firma ilegible). María Luisa Madejón Concejal.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  J.G.G.  interpuso  recurso  ante  esta 
Dirección General atendiendo a los siguientes argumentos: «Alegaciones: (…). Segundo: 
Documentación Complementaria Presentada en el Registro. Al objeto, de facilitar la 
calificación y el estudio para la inscripción del derecho a favor de mi representado se han 
presentado junto con la sentencia firme a que se hace referencia (…) documentación 
complementaria, como el pago del Impuesto ante la Comunidad de Madrid y diversos 
escritos generados en el proceso judicial, que si bien no son objeto de calificación 
complementan la primera. Veamos: 1.  Autoliquidación del Impuesto (…) 2.  Copia del 
Edicto del Juzgado de Primera Instancia, número 12 de los de Madrid, que lleva fecha 18 
de marzo del 2019, dictada en el seno del proceso ordinario 882/2017, de acción 
declarativa de dominio, donde se notifica a los ignorados herederos de doña D. G. M., en 
situación de rebeldía procesal, la sentencia de fecha 26 de febrero del 2019. Dicho 
escrito lleva fecha de 18 de marzo del 2019 (…) 3.  Escrito dirigido al Juzgado de 
Primera Instancia 12 de Madrid, en relación a los autos de Juicio Ordinario 882/2017, 
con firma electrónica del letrado que suscribe, presentado por el Portal de Lexnet, con el 
correspondiente acuse de recibo, con firma válida de Lexnet, del Ministerio de Justicia, 
donde tras haber acreditado en los autos la publicación en el BOCAM el pasado 26 de 
Abril  del  2019,  la  publicación  de  la  sentencia  para  su  notificación  a  los  ignorados 
herederos de doña D. G. M. (titular registral de la finca objeto del proceso ), se hace 
referencia  a  que  habiendo  transcurrido  los  plazos  del  artículo  502  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, en previsión de una posible acción de rescisión, por la situación de 
rebeldía, se pide la declaración de firmeza deja sentencia de fecha de 26 de Febrero 
del 2019 (…). 4.  Escrito contestando al Juzgado de Primera Instancia número 12 de los  s
de Madrid, procedimiento de juicio ordinario 882/2017, donde el recurrente informa que  e.
el destino final del testimonio de la sentencia solicitada será el Registro de la Propiedad  w.
número 37 de los de Madrid, a los efectos de poder inscribir el derecho del recurrente  05ww
(J…uz)g. a5d. o Ddeili gPernimciae rad eI nOsrtdaennciaac i1ó2n  ddee  fMecahdar id5,  daeu tnoosv ijeumicibor eo rddeinl a2r0io1 98, 8p2r/o2v0e1íd7o,  dpaonr deol 
rceofnefroernmciidaa da  ala  lali tisso lqicuiteu dn odse l otceusptima odneio  lodse   alar tícsuelnotse nc5i0a2,  yy  c5u2y4a. 4 redseo lulaci óLne yh adcee   BOE-A-cable e
Enjuiciamiento Civil, el cual fue presentado físicamente en el Registro de la Propiedad 
por el letrado que suscribe tanto por correo electrónico como presencialmente. (…). 
Tercero: Especial Referencia al Documento Objeto de Calificación: Sentencia 50/2019 de 
fecha 26 de febrero del 2019 Juzgado Primera Instancia 12 de Madrid, autos 882/2017 
de  Juicio  Ordinario.  Previamente,  dejamos  designado  como  medio  de  prueba  los 
autos 882/2017, de juicio ordinario, de acción declarativa de dominio, en su integridad. El 
fallo de la sentencia que es objeto de calificación dice literalmente: “que debo estimar y 
estimo la demanda promovida por la procuradora señora L. V., en representación de don 
J. G. G., frente a los ignorados herederos de doña D. G. M. y, en su virtud, se declara el 
dominio a favor de don J. G. G. (español, mayor de edad, vecino de Madrid, con 
domicilio  en  la  calle  […]),  casado  en  régimen  económico  matrimonial  de  bienes 
gananciales con doña I. D. G. (española, mayor de edad […]), de 1/9 parte indivisa y en 
pleno dominio, equivalente a 11,111111% de la finca urbana sita en el término de Madrid, 
en  la  calle  (…),  ordenando  la  cancelación  de  las  actuales  inscripciones  registrales 
practicadas sobre dicha finca a favor de doña D. G. M. y la inscripción de la misma a 
nombre del actor, para su comunidad de gananciales. Y, lo anteriormente expuesto tuvo 
lugar el 12 de febrero del 2016, como así consta en la sentencia de referencia (…). Si 
bien la demandada estuvo emplazada en el tablón del Juzgado, el siguiente iter procesal 
fue la notificación mediante edicto, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid el 26 de Abril del 2019 (…), y tras ello con la espera de los plazos del [sic] los 
artículos 501, 502 y 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se solicita al Juzgado la 
expedición  del  correspondiente  testimonio,  con  especial  referencia  a  los  posibles 
recursos, entre ellos el de rescisión, presentado la correspondiente justificación del 
destino del testimonio de la sentencia. El Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
Madrid, con fecha 5 de noviembre del 2019, firmada por la letrada de Administración de 
Justicia,  que  tiene  funciones  notariales  reconocidas  por  la  Ley  Orgánica  de  Poder 
Judicial, añade a la sentencia -tras la firma de Su Señoría-, y con fecha 5 de Noviembre 
del 2019, que “lo anteriormente inserto (se refiere a la sentencia), concuerda bien y 
fielmente con el original al que me remito y, para que conste, con entrega a D. J. G. G. 
para su presentación en el Registro de la Propiedad número 37 de Madrid, libro el 
presente,  haciendo  constar  que  la  sentencia  es  firme,  que  se  emplazó  a  la  parte 
demandada mediante edictos en el tablón de anuncios del Juzgado, que la sentencia ha 
sido notificada mediante edictos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en 
fecha 26 de Abril del 2019, y que dicha parte ha permanecido en situación de rebeldía 
procesal durante todo el procedimiento, todo ello a los efectos que fueran oportunos 
según  las  advertencias  contenidas  en  los  artículos  501,  502,  524.4  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil y lo firma el 5 de noviembre del 2019 (…). Cuarto: Objeciones del 
Registro de la Propiedad 37 de Madrid a la inscripción. La resolución que se impugna en 
el presente recurso gubernativo, considera ajustado a Derecho, para que fuera posible la 
inscripción el transcurso de todos los plazos previstos en el artículo 502 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; es decir, incluye el de 16 meses, a contar desde la notificación de la 
sentencia en situaciones de rebeldía y para supuestos de fuerza mayor. La interpretación 
del Registro de la Propiedad 37 de Madrid es incorrecta, toda vez que, para la aplicación 
del apartado 2 del artículo 502, se precisan varios requisitos: a) que la sentencia no haya 
sido notificada personalmente; b) que se esté en presencia de una situación de fuerza 
mayor previa. El primer requisito se da en el caso de autos y no es discutido por ninguna 
de las partes en liza, es decir, la situación de rebeldía y la notificación por edictos; pero, 
la segunda, no consta; es decir, la subsistencia de una situación de fuerza mayor, pero  s
que  subsista  y  que  haya  impedido  ejercer  la  acción  de  rescisión.  Dicho  en  otras  oe.
palabras, según el legislador, la acción de rescisión se presente en dos escenarios, uno  w.
sin fuerza mayor, cuyo plazo es de 4 meses; y, segundo, otro con fuerza mayor, cuyo  05ww
fpulaezrzoa  ems adyeo r1-,6 .d eAbseí nl adse c odsaarsse,  paamrab oess trae qsueigsuitonsd aa  olpac ióvenz ,- repbueelsd íad ee nlo  ecsocnetnraarriioo , deel 
mapaanritfaedsota cdióen  ltoosr pe4  dmeel sleegs is(lasdino r.f uSeirnz ae mmbaayrogro),,  leas tinatreíarp rdeeta cmióáns ,d eslo Rbreag, isstreor íaa teunntaa   BOE-A-cable e
contra el principio de legalidad, porque interpreta la inscripción, del derecho en situación 
de rebeldía cuando transcurran los 16 meses, haya no situación de fuerza mayor. 
Menudo desatino el no poder calificar hasta que no transcurran todos los plazos desde la 
posición de rebeldía. Como establece el propio artículo 502.1.2, los plazos podrán 
prorrogarse si subsistiera la fuerza mayor, pero si hay que esperar a que transcurran 
los 16 meses, en todo caso, no tiene sentido el apartado 1.2 del mencionado artículo. Es 
una interpretación contra legem, se desvirtúa al legislador, en perjuicio de algo muy 
concreto, que es el derecho del justiciable y en favor de alguien desconocido que está en 
rebeldía. No hay ninguna constancia en los autos, ni en el expediente administrativo que 
aflore la fuerza mayor, en primer lugar, pero además para que sea de aplicación el 
apartado  2  del  artículo  501  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  que  es  la  previa 
subsistencia de la fuerza mayor, de ahí la redacción utilizada por el legislador de... “si 
subsistiera la fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia”... Por 
tanto, el segundo requisito no se da, ya que ni se tiene constancia de una previa fuerza 
mayor, ni de que ésta pudiera impeler al rebelde, para que fuera de aplicación dicho 
apartado.  Esta  interpretación  es  compatible  con  el  artículo  134  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, cuando después de afirmar que los plazos son improrrogables, 
establece su excepción, cual es la fuerza mayor, de modo que la excepción debe existir 
previamente, es decir, la fuerza mayor ha de darse y además no haber cesado, para que 
el plazo pudiera interrumpirse; y, todo ello, de existir tiene que ser alegado por quien se 
encuentre en rebeldía. Por todo ello, en nuestra opinión esta interpretación que hace el 
Registro de la Propiedad debe ser modificada mediante el presente recurso gubernativo, 
dejarse sin efecto, por cuanto está acreditada la existencia del transcurso normal del 
plazo de 4 meses y no se da situación de fuerza mayor. A idéntica conclusión llegamos 
desde el artículo 1105 del Código Civil, donde establece que fuera de los casos previstos 
por la ley y en los que así los declare la obligación, nadie responderá de aquellos 
sucesos que no se hubieran podido prever o que previstos fueran inevitables, pues no 
tenemos un caso previsto por la Ley de esperar 16 meses, en lugar de 4, tampoco nadie 
alegó la existencia de fuerza mayor; y, por otro lado, de alegarse la fuerza mayor, tendría 
que ser admitida tal situación alegada de fuerza mayor, lo que inevitablemente nos lleva 
a más de plazo indicado de los 16 meses por vía de acciones judiciales y sus respectivos 
recursos. Es por tanto ajustado a Derecho, considerar que en el supuesto enjuiciado los 
plazos son los de 4 meses, razón por la que pedimos se alce la suspensión y se proceda 
a la inscripción con todos los pronunciamientos inherentes a favor de mi representado».
IV
La registradora de Madrid número 37, doña María Luisa Madejón Concejal, emitió su 
informe  en  el  que  mantuvo  íntegramente  su  calificación,  formando  el  oportuno 
expediente que ha elevado a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 134, 501, 502 y 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 1 y 9 de la 
Ley  Hipotecaria;  51  y  100  del  Reglamento  Hipotecario,  y  las  Resoluciones  de  la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de abril de 1999, 11 de julio 
de 2003, 8 y 11 de octubre de 2005, 17 de mayo y 20 de noviembre de 2007, 2 de 
octubre y 6 de noviembre de 2008, 10 y 14 de junio de 2010, 22 de marzo y 27 de 
septiembre de 2011, 28 de enero de 2013, 1 de octubre de 2014, 29 de enero, 21 de  e.
mayo, 16 de abril, 7 de septiembre y 29 de octubre de 2015, 12 de mayo de 2016, 18 de  w.b
enero, 7 de junio y 3 de noviembre de 2017, 29 de mayo y 28 de noviembre de 2018 y 17  05ww
de enero, 6 de febrero, 20 de mayo y 14 y 21 de junio y 18 de octubre de 2019.
sent1e.n ciEas  doicbtjaedtoa  deen  ejsutiec ioe xpoerddiineanrtieo  dpeotre rlma inqaure s is ee s diencslcarribai bqleu ee l late sdteimmoanniod adnete u neas 
propietaria de la novena parte indivisa de una finca registral, habiéndose declarado la
parte demandada en situación de rebeldía procesal y sin que conste en el mismo 
testimonio  el  transcurso  de  los  plazos  indicados  en  el  artículo  502  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil para el ejercicio de la acción de rescisión, pese a constar la firmeza 
de la misma.
La registradora suspende la inscripción por no haberse acreditado el transcurso de 
los referidos plazos y en particular, el extraordinario de dieciséis meses para poder 
practicar la inscripción, sin perjuicio de que se pueda tomar anotación preventiva.
La recurrente alega que no es aplicable dicho supuesto extraordinario, previsto en el 
párrafo segundo del artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por cuanto no existe 
fuerza mayor.
2.  El  único  defecto  que  hay  que  analizar  consiste  en  que  no  se  acredita  el 
transcurso de los plazos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que una 
sentencia  dictada  en  rebeldía  pueda  ser  objeto  de  inscripción,  procede  reiterar  la 
doctrina sentada por este Centro Directivo en numerosas Resoluciones.
Dictada la sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como consta en 
la propia resolución, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 524.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que dispone: «Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan 
transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la 
sentencia dictada en rebeldía, solo procederá la anotación preventiva de las sentencias 
que,  dispongan  o  permitan  la  inscripción  o  cancelación  de  asientos  en  Registros 
públicos».
Es decir, aun cuando conste acreditado en tiempo y forma la firmeza de la resolución, 
es aplicable la doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en 
los «Vistos») según la cual, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es 
preciso que, además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al 
rebelde. No cabe pues la inscripción, ni siquiera haciendo constar la posibilidad de 
rescisión.
La ley procesal civil no exige la presencia de todas las partes litigantes para la válida 
continuación del proceso hasta que se resuelva mediante sentencia o concluya con otra 
resolución. El demandado no está obligado jurídicamente a comparecer y actuar en el 
proceso, las causas de su incomparecencia pueden ser voluntarias o provocadas por 
fuerza mayor, pero ello es indiferente para declararle en situación de rebeldía procesal 
puesto que no se entra en los motivos o causas de la inactividad. En cualquiera de los 
casos tras ser declarado rebelde, el proceso continúa, sin que pueda asimilarse su 
inactividad al allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, conforme al 
artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En consecuencia con lo anterior, los declarados rebeldes que han permanecido en 
esa situación desde el inicio del proceso hasta su finalización mediante sentencia firme, 
tienen el derecho a ejercitar la acción de rescisión de la misma. El artículo 501.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil recoge los presupuestos objetivos para que tenga lugar la 
rescisión de la sentencia firme. Además de la permanencia constante en rebeldía del 
demandado, el artículo exige que se encuentre en una de las tres siguientes situaciones: 
«1.º  De  fuerza  mayor  ininterrumpida,  que  impidió  al  rebelde  comparecer  en  todo 
momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado 
en forma. 2.º De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o 
emplazamiento se hubieren practicado por cédula, a tenor del artículo 161, pero ésta no 
hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable. 3.º 
De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando el demandado rebelde haya sido  s
citado o emplazado por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido  oe.
el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma, en cuyos  w.
Boletines Oficiales se hubiesen publicado aquéllos». 05ww
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veinte días, a partir de la notificación de la sentencia firme, si dicha notificación se 
hubiere practicado personalmente. 2.o De cuatro meses, a partir de la publicación del 
edicto de notificación de la sentencia firme, si ésta no se notificó personalmente. 2. Los 
plazos a que se refiere el apartado anterior podrán prolongarse, conforme al apartado 
segundo del artículo 134, si subsistiera la fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde 
la comparecencia, pero sin que en ningún caso quepa ejercitar la acción de rescisión una 
vez transcurridos dieciséis meses desde la notificación de la sentencia».
Por otra parte, el transcurso de tales plazos debe resultar del propio documento 
presentado a la calificación o bien de otro documento que lo complemente, indicando la 
imposibilidad de ejercicio del procedente recurso por transcurso del plazo aplicable al 
supuesto concreto.
3.  En la sentencia presentada a inscripción, nada consta sobre el transcurso de los 
plazos para el ejercicio de la acción de rescisión a que se refieren los artículos 501 y 502 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ni sobre la forma ni efectividad de las notificaciones a 
partir de las cuales se cuentan dichos plazos, constando exclusivamente en el testimonio 
presentado  a  inscripción  que  la  sentencia  es  firme,  que  se  emplazó  a  la  parte 
demandada mediante edictos en el tablón de anuncios del Juzgado, que la sentencia ha 
sido notificada mediante edictos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en 
fecha 26 de Abril del 2019, y que dicha parte ha permanecido en situación de rebeldía 
procesal durante todo el procedimiento, todo ello a los efectos que fueran oportunos 
según  las  advertencias  contenidas  en  los  artículos  501,  502,  524.4  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil; y por otra parte, dadas las fechas de la sentencia (26 de febrero 
de 2019), del testimonio (5 de noviembre de 2019) y de su presentación en el Registro 
(25 de noviembre de 2019), tampoco habría transcurrido el plazo de dieciséis meses 
para el caso de existencia de fuerza mayor.
Debe recordarse la doctrina emanada de este Centro Directivo respecto de la falta de 
competencia del registrador para apreciar la posible concurrencia de la mencionada 
fuerza mayor y por tanto para la fijación del plazo para el ejercicio de la acción de 
rescisión, cuestión que deberá ser apreciada por el letrado de la Administración de 
Justicia, correspondiendo por tanto al propio Juzgado la determinación del transcurso o 
no del oportuno plazo de la acción de rescisión. Así la Resolución de 12 de mayo 
de 2016 dispuso que «el artículo 502.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se pone en 
relación  con  el  número  2  del  artículo  134,  que  excepciona  la  regla  general  de  la 
improrrogabilidad permitiendo la interrupción de los plazos y de mora de los términos si 
existe fuerza mayor que impida cumplirlos. En este supuesto, la concurrencia de fuerza 
mayor habrá de ser apreciada por el letrado de la Administración de Justicia mediante 
decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás. Por 
lo tanto, no caben deducciones presuntivas respecto a la existencia o no de fuerza 
mayor.  Ciertamente  la  jurisprudencia  ha  marcado  la  necesidad  de  interpretación 
restringida de la posibilidad de rescisión por su naturaleza de extraordinaria y por cuanto 
vulnera el principio riguroso y casi absoluto de irrevocabilidad de los fallos que hayan 
ganado firmeza (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 y 3 de febrero de 1999), ya que 
en caso contrario el principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la 
Constitución Española quedarla totalmente enervado (Sentencias de 12 de mayo y 30 de 
octubre de 1899), pero no corresponde al registrador su valoración, ni la posibilidad de 
prolongación del plazo de ejercicio de la acción por la existencia de fuerza mayor, ni, 
como se ha dicho, puede presumirse su inexistencia del hecho de haberse notificado 
personalmente la sentencia. En definitiva, como ha afirmado reiteradamente este Centro  s
Directivo (vid. “Vistos”), sólo el juzgado ante el que se siga el procedimiento podrá  oe.
aseverar tanto el cumplimiento de los plazos que resulten de aplicación, incluyendo en  w.
su caso la prolongación de los mismos, como el hecho de haberse interpuesto o no la  05ww
acciTóond raess ceisstoarsia c»i.rcunstancias son esenciales para la calificación del registrador, puesto
que según el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que hace referencia
expresa la sentencia citada, mientras quepa la acción de rescisión, la sentencia dictada 
no es inscribible sino solamente susceptible de anotación preventiva.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota 
de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  3  de  junio  de  2020.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.