BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188 Jueves 9 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 49082
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7532 Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil XIX de Madrid a inscribir una escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales de una entidad.
En  el  recurso  interpuesto  por  doña  M.A.H.C.  contra  la  negativa  del  registrador 
mercantil de Madrid número XIX, don Enrique Mariscal Gragera, a inscribir una escritura 
de elevación a público de acuerdos sociales de la entidad «Prevent XXI Staff and 
Services, S.L.».
Hechos
I
Mediante  escritura  autorizada  por  el  notario  de  Madrid  Luis  Manuel  González 
Martínez, el 16 de enero de 2015, bajo el número 63 de protocolo, se elevaron a público 
los acuerdos adoptados por la junta general de la sociedad “Prevent XXI Staff and 
Services, S.L.”, el 13 de diciembre de 2014, por los que se aceptó la renuncia de doña 
M.A.H.C. a su cargo de administradora única y se nombra para el mismo a otra persona.
II
El 15 de noviembre de 2019 se presentó en el Registro Mercantil de Madrid copia 
autorizada de la referida escritura; y fue objeto de calificación negativa en los siguientes 
términos:
«Enrique Mariscal Gragera, registrador mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos (…).
Fundamentos de Derecho (Defectos).
1.  Suspendida la inscripción del precedente documento, por cuanto la sociedad a 
que el mismo se refiere, figura dada de baja provisional en el índice de entidades del 
Ministerio de Hacienda, comunicada a este registro a los efectos de lo previsto en los 
artículos 119.2 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades, de 27 de noviembre y 96 
RRM.
2.  Defecto subsanable: La hoja registral de la sociedad a que se refiere el presente 
documento ha sido cerrada por falta del depósito de las cuentas anuales conforme a lo 
establecido en el art, 378 del RRM, sin que el acuerdo social que se pretende inscribir  e
sea de los exceptuados en dicho precepto. En consecuencia, es preciso para inscribir  bo
este documento que, se practique el depósito de las cuentas anuales debidamente  32ww
aapprtdoob,a 5d adse lo c sitea daoc raerdt.i t3e7 q8u.e la sociedad se encuentra en el supuesto contemplado en el
Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…)
Madrid, 27 de noviembre de 2019. El Registrador.»
III
Mediante escrito que causó entrada en el Registro Mercantil de Madrid el 16 de 
enero de 2020, doña M.A.H.C. interpuso recurso contra la anterior calificación, en el que 
manifiesta lo siguiente:
«(…) Segundo.  La historia de acciones en las que he intervenido en esta mercantil 
se resume en:
El 06/06/2014 se crea la citada empresa en la que figura como administradora única, 
fijándose la sede social en su propio domicilio.
El 30/12/2014 en junta general extraordinaria y universal de la compañía, se acuerda, 
entre otros, el cese como administradora única y el cambio de domicilio social.
El 16/01/2015 se elevan a públicos los citados acuerdos mediante la firma del 
protocolo n2 73 de la Notaria de D. Luis Manuel González Martínez. Escritura pública 
que está depositada en el Registro Mercantil.
Entiendo,  por  tanto,  que  desde  el  inicio  del  ejercicio  2015  estoy  totalmente 
desvinculada de la citada firma, sin ningún tipo de responsabilidad ni económica ni 
administrativa, responsabilidades éstas que recaen en el nuevo administrador único 
nombrado en la citada Junta General, Entre esas responsabilidades están las gestiones 
para llevar a efecto las inscripciones registrales de los citados cambios en el Registro 
Mercantil.
Tercero.  Que no he recibido ningún tipo de notificación a la que hace referencia el 
artículo 119.1 de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades. En este se dice de forma 
expresa: “La Agencia Estatal de Administración Tributaria dictará, previa audiencia de los 
interesados, acuerdo de bala provisional en los siguientes casos”, entre otros, “Cuando 
la entidad no hubiere presentado la declaración por este impuesto correspondiente a 3 
períodos impositivos consecutivos”.
Cuarto.  Que en los últimos meses del pasado ejercicio 2019 han sido múltiples las 
comunicaciones recibidas en mi domicilio particular, embargos incluidos de la AEAT, por 
hechos ocurridos u omisiones realizadas por la citada firma en fechas en las que ya 
había causado baja como administradora. Razón por la cual en noviembre pasado, 
confirmada la no inscripción de los cambios societarios, conseguí del señor notario 
escritura pública autorizada y pedí su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. 
Petición denegada, como ya se ha dejado manifestado.
Quinto.  Como  es  obvio  la  omisión  de  la  inscripción  del  documento  público 
presentado, aunque ya no tengo ningún tipo de responsabilidad, me está afectando de 
forma directa, pero también a terceras personas que en el desarrollo de su actividad 
mercantil se están viendo seriamente afectadas como consecuencia de desconocer los 
cambios  operados  en  la  mercantil  que  en  algún  momento  pasado  representé.  No 
entiendo, por tanto, las limitaciones legales a que se publiciten en el Registro Mercantil 
los cambios que se han producido.
Por todo ello, ante ese Registro Mercantil, para que se dé traslado a la Dirección  e
General de los Registros y del Notariado, presento las siguientes bo
APlreimgaecraio. neCs:omo se ha dejado expuesto, el cierre de la hoja de Inscripción de la  2020-7532n https://ww
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interesada legítima pero totalmente ajena a todo lo ocurrido en la citada firma a partir 
del  30.12.2014,  en  una  situación  total  de  indefensión,  mientras  que  los  auténticos 
responsables siguen actuando con total libertad e impunidad.
Segunda.  En  el  documento  cuya  inscripción  se  ha  solicitado  está,  entre  otros 
cambios, mi cese como administrador único, aspecto o circunstancia que se entiende 
está incluido de forma expresa y taxativa en la excepción a que se refiere el artículo 378 
del Reglamento del Registro Mercantil, cuando dice: “Se exceptúan los títulos relativos a 
cese o dimisión de administradores....” (…)».
IV
Mediante escrito de 17 de febrero de 2020 el registrador emitió informe y elevó el 
expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 214.3 y 282 de la Ley de 
Sociedades de Capital; 221 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas; 26.2, 27.3, 
126, 129, 84 de la también derogada Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada; 
131.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; 119.2 y disposición final duodécima 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; 6, 9, 96, 109, 
147 y 378 y disposición transitoria quinta del Reglamento del Registro Mercantil; y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de febrero 
de 1979, 26 de mayo y 4 de junio de 1998, 23 de diciembre de 1999, 21 de marzo 
de 2000, 11 de abril de 2001, 14 de enero, 21 de marzo y 27 de abril de 2002, 10 de 
marzo, 26 de julio y 16 de septiembre de 2005, 25 de febrero y 20 de mayo de 2006, 4 
de octubre de 2007, 19 de junio y 30 de julio de 2009, 1 de marzo de 2010, 21 de 
febrero, 26 de julio y 21 de septiembre de 2011, 27 de febrero de 2012, 7 de junio y 8 de 
octubre 14 de noviembre de 2013, 11 de enero de 2014, 23 de enero, 20 de mayo, 19 de 
septiembre y 22 de diciembre de 2015, 18 de mayo de 2016, 18 de enero de 2017, 11 
y 20 de junio de 2018 y 17 de enero, 20 de febrero y 22 y 23 de julio de 2019; y las 
Resoluciones de esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 6 y 7 de 
febrero de 2020.
1.  Mediante el presente recurso se pretende únicamente que se haga constar en el 
Registro Mercantil la renuncia de la ahora recurrente a su cargo de administradora única 
de la sociedad “Prevent XXI Staff and Services, S.L.”.
El registrador suspende la práctica del asiento solicitado porque la sociedad figura 
dada de baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y porque la hoja de la sociedad ha sido cerrada, conforme al 
artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil, por falta de depósito de las cuentas 
anuales.
Manifiesta  la  recurrente  que  puede  practicarse  la  inscripción  su  cese  como 
administradora por tratarse de una de las excepciones expresamente incluidas en el 
referido precepto reglamentario.
2.  Respecto  de  las  consecuencias  que  se  derivan  del  incumplimiento  de  la 
obligación de depositar las cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el  es
artículo 282 de la Ley del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado  o
dpdsdeioeus rbdp iahoRdsasae:yim caatirlóe  aDnnnp tesretaccr caruaetnrpitrcsoridaoi todboL oaremi dagáa iesqssnla ,u  dtinienevolt o a u p Rn1du e/2aeeg0ñld is1oeRt0  redio,n ge sdlsacMedrm eie2be r ilcrnadsat eeonf e  tjdicudl ohleioceal u,l   dRmadeeseelgí n pcictsióoeotsr rmoirate olog M  duedeennerlo  c e earjlleaen arsltaic rl,tit ciícvcniuoouoe  l soando  t3aleca7sija a 8sl   oalsyucni ngiuee aandqrl au eldaaes      OE-A-2020-7532able en https://www.
mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y
entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento 
de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.
La Dirección General de los Registros y del Notariado ha mantenido que la falta de 
depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese del administrador 
como el ahora debatido, pues tiene su fundamento en dicha norma legal, y que, en 
cumplimiento  del  principio  de  rogación,  debe  ser  formulada  por  quien  tiene  interés 
legítimo en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de 
la publicidad de una titularidad -la de su cargo de administrador- que ya se ha extinguido. 
En este sentido, cabe recordar que, según la doctrina de ese Centro Directivo (cfr. las 
Resoluciones de 21 de marzo de 2000, 11 de abril de 2001, 27 de abril de 2002, 26 de 
julio de 2005, 25 de febrero de 2006, 4 de octubre de 2007, 19 de junio y 30 de julio 
de 2009, 1 de marzo de 2010, 26 de julio de 2011, 27 de febrero de 2012 y 7 de junio y 8 
de octubre de 2013 y 11 de enero de 2014, entre otras), salvo que otra cosa se precise 
expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese de los 
administradores, acordado por la junta general de la sociedad, a la validez, eficacia e 
inscripción del nombramiento del nuevo administrador, toda vez que dicho cese es un 
acto  previo,  autónomo  y  jurídicamente  independiente  de  las  actuaciones  sociales 
subsiguientes. Tampoco la necesidad de evitar que la sociedad quede acéfala puede 
constituir obstáculo alguno a la inscripción de una dimisión del administrador como la 
ahora  debatida,  por  haber  sido  ya  nombrado  nuevo  administrador  y,  aunque  dicho 
nombramiento no se pueda inscribir por estar cerrada la hoja registral –a salvo los 
efectos frente a terceros que siguen el régimen previsto en los artículos 20 del Código de 
Comercio y 9 del Reglamento del Registro Mercantil– surtirá efecto desde el momento de 
su  aceptación,  que  consta  en  la  escritura  calificada  –artículo  214.3  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital–.
Conforme  a  tal  normativa,  procedería  la  inscripción  de  la  dimisión  de  la 
administradora única, denegándose la inscripción del nombramiento del administrador 
único, pues en la misma escritura se solicita la inscripción parcial de la misma (y, por 
ende, el segundo de los defectos expresados por el registrador habría de ser revocado 
parcialmente), pero ello no es posible por constar inscrita la baja provisional de la 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
cuestión sobre la que este Centro Directivo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones 
(vid. las Resoluciones citadas en el apartado «Vistos» de la presente) con una doctrina 
construida  sobre  la  redacción  del  artículo  131.2  del  texto  refundido  de  la  Ley  del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo (y en el artículo 137 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, refundido por aquél), que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se 
imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la 
certificación de alta en dicho Índice.
La regulación actual se contiene en el artículo 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades que tiene el siguiente contenido: «El acuerdo 
de  baja  provisional  será  notificado  al  registro  público  correspondiente,  que  deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que 
se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a 
aquélla concierna sin presentación de certificación de alta en el índice de entidades».
El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina 
entonces  aplicable  lo  sigue  siendo  hoy,  a  pesar  del  cambio  de  Ley  aplicable.  La  s
disposición final duodécima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, establece el día 1 de  oe.
enero de 2015 como fecha de su entrada en vigor. w.
Dicha regulación se completa con la del artículo 96 del Reglamento del Registro  32ww
Mreefirecraennt illo qs uaer tíecsutlaobsl e2c7e6  lyo  2s7ig7u dieenl tRee: g«lPamraecntictoa ddoe l eImn plau ehsotoja  dree gSisotcriaeld eald ceise,r rseó lao  qpuoed rásen 
extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de
contener los actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así 
como los relativos al depósito de las cuentas anuales».
El contenido de estas normas es concluyente para el registrador: vigente la nota 
marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar 
ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas. 
Y producido tal cierre ni siquiera puede inscribirse -como pretende el recurrente- el cese 
de los administradores.
Por ello, el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de 
cierre  que  los  preceptos  transcritos  contemplan  no  se  encuentra  el  cese  de 
administradores que, en consecuencia, no podrá acceder a los libros registrales mientras 
el cierre subsista.
Esta  Dirección  General  ha  insistido  (vid.,  por  todas,  la  Resolución  de  14  de 
noviembre de 2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre 
registral provocado en el ámbito de las obligaciones de naturaleza fiscal con las del 
cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales (artículo 282 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el artículo 378 y la disposición 
transitoria quinta del Reglamento del Registro Mercantil), respecto del cual se admite 
expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, 
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo 
demás, la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta 
de depósito de cuentas y por baja en el Índice de en relación con el cese y renuncia de 
administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce 
por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por 
certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, 
por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar parcialmente la calificación impugnada, en los términos expresados en los 
anteriores fundamentos jurídicos, con revocación parcial del segundo de los defectos 
expresados en aquella.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.