BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 341  Jueves 31 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 126733
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17340 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia 
internacional provocada por la COVID-19 el pasado 11 de marzo y la rápida propagación 
de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional como internacional, los Estados miembros 
de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para 
proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
Estas medidas destinadas a actuar sobre los factores que inciden en la propagación, 
y que se están extendiendo en el tiempo como consecuencia de la segunda ola de la 
pandemia, están teniendo un drástico impacto económico y social en el conjunto de los 
países de la Unión Europea, motivando la necesidad de reaccionar de forma rápida y de 
adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el impacto de esta 
crisis sin precedentes, e impulsar la pronta recuperación económica, sentando las bases 
del crecimiento de las próximas décadas.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance.
Estas medidas aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 
reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next 
Generation EU») por valor de 750 000 millones de euros en precios constantes del año 2018.
Este Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España unos 140 000 
millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-26, se 
basa en tres pilares:
1.  La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros 
por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.
2.  La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las 
empresas en dificultades.
3.  El refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las 
enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar 
la doble transición ecológica y digital.
La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad 
extraordinaria para nuestro país, comparable a los procesos de transformación económica 
producidos a raíz de la incorporación a las Comunidades Europeas en los años 80 o la 
creación del Fondo de Cohesión europeo en mitad de los 90.
La rápida absorción de este volumen de recursos acelerará la recuperación del nivel 
de empleo y actividad económica y también resultará clave para la transformación del  es
modelo económico español, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y  o
social. 340ww
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impulsar la conectividad y la ciberseguridad, la digitalización de la Administración y del
tejido productivo, las competencias digitales del conjunto de la sociedad y la innovación 
disruptiva en el ámbito de la inteligencia artificial. Además, se impulsará la educación y la 
formación profesional, la ciencia y la innovación, la economía de los cuidados, el sistema 
público de salud y la modernización de los sectores tractores para lograr un crecimiento 
futuro más sostenible e inclusivo, con una economía más productiva, una sociedad más 
cohesionada y un progreso basado en la protección de los valores constitucionales y los 
derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos.
La envergadura de estos retos y el marco temporal para su desarrollo requieren del 
concurso de las instituciones y Administraciones Públicas, y plantean la necesidad de 
adoptar medidas urgentes encaminadas a articular un modelo de gobernanza para la 
selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas 
de inversión, y reformas normativas de carácter horizontal que permitan una mejora de la 
agilidad en la puesta en marcha de los proyectos, una simplificación de los procedimientos 
manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario, y una 
mayor eficiencia en el gasto público.
Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 
permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios 
normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para 
la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID 19 y además una 
transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa 
enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
El contexto de la negociación europea y el papel de las instituciones europeas al 
respecto del Instrumento Europeo de Recuperación han perfilado la necesidad de que los 
Estados miembros realicen proyectos de país. Para el desarrollo de estos planes será 
necesaria la colaboración de todos los actores, públicos y también privados por lo que la 
participación y la gobernanza multinivel será necesaria.
No obstante, lo anterior, será evidente el papel protagonista de las Administraciones 
Públicas para el impulso, seguimiento y control de los proyectos del Plan, y para la 
necesaria absorción de los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación. 
Esta absorción será el reflejo del éxito de la ejecución del Plan con las correspondientes 
transferencias de ingresos al presupuesto nacional. Pero además, la absorción de fondos 
plantea un verdadero reto país para todos los actores implicados puesto que, la capacidad 
de España para diseñar proyectos elegibles, llevarlos a cabo, desarrollarlos alcanzando 
los hitos y objetivos establecidos para generar impactos estructurales y canalizar 
inversiones, al mismo tiempo que se protegen los intereses financieros del país y de la 
Unión Europea, es un desafío clave sobre todo considerando el importe de las inversiones 
y el breve periodo de tiempo establecido para la ejecución.
Las Administraciones Públicas españolas, y en especial la Administración General del 
Estado deben jugar un papel clave, ágil, eficaz y eficiente para el éxito de la ejecución y 
además para el control y la salvaguarda necesarios que permitan justificar fehacientemente 
la solicitud de reembolsos y la absorción de los fondos, lo que hace preciso revisar los 
obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa y en los procedimientos e 
instrumentos de gestión pública y, una vez analizados, es preciso acometer reformas que 
permitan contar con una Administración moderna y ágil capaz de responder al desafío que 
la ejecución de proyectos vinculados a los fondos del Instrumento Europeo de 
Recuperación plantean.
La Administración Pública debe responder de modo ágil y eficaz, como sobradamente 
ha demostrado en otras ocasiones, y sin disminuir sus obligaciones de control,  es
salvaguardando el interés general. Para ello, es preciso acometer un proceso de  o
mdeol dPelranniz ya claió mn eqjuoer  glee sptrioópno drcei ofonned loass,  hceornratamnIiIdeon tcaosn n eelc seescatroiar sp púabrliac oa cyo eml esteecrt olar  epjreivcaudcoió.n  OE-A-2020-17340able en https://www.
En el Título I, de disposiciones generales, se recoge, en primer lugar, una exposición  Bc
de los principios de gestión, complementarios a los principios generales de actuación,
funcionamiento e intervención de las Administraciones Públicas, enfocados a la 
consecución de una implementación eficaz y a la consecución de objetivos vinculados a 
los proyectos asignados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, destacando por la importancia que van a tener en la absorción de los fondos 
los principios de planificación estratégica y gestión por objetivos, y los principios de 
agilidad, celeridad, simplicidad y claridad en los procedimientos, procesos y ejecución de 
tareas.
En este título también se incorpora una relación de directrices de gestión y de 
directrices de coordinación, que se encuentran enfocadas en lograr la generación de 
sinergias entre los órganos administrativos que se van a encargar de la gestión de los 
fondos, favoreciendo mecanismos innovadores como los equipos multidisciplinares, los 
foros técnicos y los grupos de trabajo, maximizar las disponibilidades en materia de 
recursos, impulsar la utilización de las nuevas tecnologías de la información en la gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, finalmente, dotar de 
capacidades a la Administración para evaluar las acciones desarrolladas, identificar las 
desviaciones y adoptar correcciones.
III
En el Título II se recogen una serie de medidas de ámbito general para conseguir una 
Administración Pública que cuente con instrumentos del siglo XXI para poder cumplir sus 
funciones de un modo eficaz, estratégico y basado en el cumplimiento de objetivos para el 
mejor servicio público a los ciudadanos.
En este sentido, y de modo paralelo a la aprobación de esta norma, se encuentra en 
tramitación el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2021, que debe señalarse como esencial en la reforma de modernización acometida en 
cuanto a que dicha norma recupera la figura de las agencias estatales como organismo 
público, permitiendo reintroducir en la Administración Pública una fórmula organizativa 
dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, que cuenta con 
mecanismos de control de eficacia, y que promueve una cultura de responsabilización por 
resultados. Un modelo que cuenta con un enfoque organizativo y funcional y con una 
filosofía subyacente de gestión dirigida al cumplimiento de objetivos que previamente 
hayan sido fijados de forma concreta y evaluable.
IV
El segundo capítulo del Título II está dedicado a la simplificación de la tramitación de 
convenios administrativos, con desarrollo en la disposición final segunda, que recoge las 
modificaciones estructurales operadas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
La sistematización del marco legal y la tipología de los convenios administrativos en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, supuso la 
incorporación de un mayor número de controles y un exceso de trámites preceptivos a 
efectos de lograr una mayor garantía jurídica de adaptación de los mismos a su normativa 
reguladora, pero ha supuesto en determinados casos, un cierto límite a su utilización como 
instrumento para articular la colaboración entre las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, y los 
sujetos de derecho privado. s
Una de las ventajas que puede implicar la utilización de los convenios en la gestión del  oe.
Instrumento Europeo de Recuperación es la de permitir que las actuaciones que requiera  w.
el cumplimiento de los fines de interés general puedan articularse a través de entidades  340ww
que Ecno lalab orerefonr mcoan p lala Antdemadinais dtrealc rióéng,im cueyno jsu rpídroiccoe ddiem ileons tocos nsvoenn miosu cahdom mináisst ráagtiilveoss. se ha
breussuclated op odsoibtaler .a su tramitación de una mayor agilidad, eliminando aquellas diligencias que  BOE-A-cable e
Asimismo, se permite la tramitación anticipada de los expedientes de convenios que 
vayan a ejecutarse en el ejercicio siguiente u otros posteriores, pudiendo llegar hasta la 
fase de formalización, siempre que el pago se demore hasta el ejercicio siguiente.
Se prevé también la posibilidad de percibir anticipos por las operaciones preparatorias 
que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas, hasta el límite del 
cincuenta por ciento de la cantidad total a percibir.
Finalmente, se ha alargado la duración máxima de los convenios administrativos, para 
adaptarla a las necesidades temporales que implican los proyectos del Instrumento 
Europeo de Recuperación.
V
En el Capítulo III del Título II se recoge una nueva figura de colaboración público 
privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica 
(PERTES). Dado el efecto multiplicador que implica en la economía una movilización de 
recursos de esta dimensión, la colaboración público-privada será clave para la ejecución 
de los distintos proyectos tractores contemplados en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, siendo necesario adaptar el marco normativo de los 
instrumentos de la colaboración público-privada a fórmulas que, manteniendo los controles 
y exigencias comunitarias, permitan fórmulas más flexibles y adaptativas a los 
requerimientos de los proyectos financiables con el Instrumento Europeo de Recuperación.
Esta nueva figura se crea con vocación de permanencia, para incluir en nuestro 
ordenamiento nuevos instrumentos de colaboración público privada que permitan una 
gestión ágil, si bien, resulta especialmente interesante su aplicación en el ámbito el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia ya que con ella se pretende reforzar a aquellos 
proyectos incluidos en el mismo que contribuyan claramente al crecimiento económico, al 
empleo y a la competitividad de nuestro país, corrigiendo el fallo de mercado de infra-
inversión cuando las iniciativas privadas no se materializan debido a los riesgos significativos 
y a la necesaria colaboración público-privada que entrañan este tipo de proyectos.
Se trata de proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre 
para el resto de la economía, y que exigen la colaboración entre Administraciones, 
empresas y centros de investigación para conseguir que escalen sus operaciones en 
nuestro país.
Esta categoría, que trata de reflejar a nivel nacional a los proyectos importantes de 
interés común europeo, englobará a proyectos tractores con un impacto transformador 
estructural sobre sectores estratégicos o con fases de investigación e innovación 
disruptivas y ambiciosas, más allá del estado de la técnica en el sector, seguidas de un 
primer despliegue industrial. La magnitud de los riesgos asociados a estos proyectos, y la 
necesidad de colaboración a distintos niveles para la canalización de fondos y la creación 
de sinergias, reclama una figura diferenciada para proceder a su apoyo y permitirles 
escalar sus operaciones.
Para el adecuado seguimiento de esta categoría, se pondrá en marcha el Registro 
estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica, dependiente del Ministerio de Hacienda. Dada la urgencia 
para el establecimiento de su funcionamiento y estructura, a esos efectos el real decreto-
ley introduce una habilitación específica al titular de dicho Ministerio para crear y poner en 
funcionamiento el citado Registro.
La formalización e instrumentación jurídica de los PERTES se realizará de conformidad  s
con la legislación aplicable, respetando en cualquier caso los principios de concurrencia,  oe.
no discriminación y competencia de los mercados. 340www.
VI
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de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública.
La eficacia del Plan, en el contexto de la urgencia derivada de la situación actual, 
dependerá de contar con instrumentos de ejecución y control ágiles, así como de una 
gobernanza que garantice la transparencia, la coherencia de las actuaciones y su 
continuidad en el tiempo.
Por ello, se crean unos órganos de gobernanza que garantizan un proceso participativo 
que incorpore las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos y 
a la vez sirvan como los necesarios mecanismos de coordinación con los distintos niveles 
de administración.
Se crea una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que 
presidirá el Presidente del Gobierno. Asimismo, se crea un Comité Técnico que dará apoyo 
a esta Comisión.
Se crea la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, con las comunidades y ciudades autónomas, que presidirá la persona titular 
del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de canalizar la gobernanza multinivel territorial 
propia del sistema español de estado de las autonomías y de establecer mecanismos y 
vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan.
Finalmente, la colaboración entre el Gobierno y el resto de los actores implicados en 
la ejecución del Plan será fluida y regular. Para ello se crean foros y consejos de alto nivel 
con los principales sectores implicados en el plan.
De cara a la ejecución del Plan se reforzarán las capacidades humanas, materiales y 
organizativas del centro directivo competente del Ministerio de Hacienda (actualmente 
Dirección de Fondos Europeos), a través de una estructura adecuada y con la adopción de 
las medidas administrativas necesarias. Esta estructura será designada como autoridad de 
responsable ante las instituciones europeas de cara a la rendición de cuentas y el control 
de los mecanismos del Instrumento Europeo de Recuperación.
VII
Las administraciones públicas, al igual que han venido haciendo durante toda la etapa 
democrática, están abordando un proceso continuo de modernización para adaptarse a los 
cambios sociales y políticos que vienen sucediendo.
En el siglo XX, las Administraciones públicas abordaron con éxito las grandes 
transformaciones de los años 80 con la puesta en marcha de los pilares del Estado del 
bienestar en España o la transformación del modelo de organización territorial, la absorción 
de los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión para la transformación del modelo 
productivo español en los años 90, en el marco del proceso de construcción europeo.
En este siglo, han tenido que hacer frente, demostrar su resiliencia y continuar 
prestando los servicios a la ciudadanía ante los efectos devastadores de la Gran Recesión 
o la falta de relevo en sus plantillas.
La gestión y ejecución de los proyectos ligados al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia suponen un desafío y una oportunidad. Determinadas 
unidades verán multiplicada su carga de trabajo en los próximos años y las administraciones 
públicas tendrán que afrontar este desafío con recursos limitados. Para ello, se impone 
una reflexión estratégica sobre la organización, los procesos, la gestión del personal y la 
digitalización.
En este real decreto-ley se han incluido soluciones flexibles en materia de medios y 
organización para que la gestión del Plan sea abordada de modo eficaz para capacitar a 
la administración para una ejecución absorción de fondos exitosa salvaguardando del  s
interés general. oe.
Por lo que se refiere a los medios paVrIaII digitalización y el empleo de las nuevas
tReeccnuoploegraíacisó nd, eR elas iliinenfocrima ay cTiórann scfoomrmoa ciniósnt,r usme epnretovés  lda ec rgeeacsitóiónn d ep úubnl ipcoar tdael wl ePbla únn idceo   BOE-A-cable e
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como instrumento capaz de
centralizar y canalizar la distribución de toda la información sobre el mismo destinada a los 
distintos interesados y agentes relacionados con el mismo.
Este portal serviría como «ventanilla única» del Plan, facilitando las solicitudes y la 
tramitación de los procedimientos a los interesados, como punto formal de relación con la 
Administración.
Finalmente, se prevé que el portal web único del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia pueda ofrecer un servicio de atención a las personas o entidades interesadas 
en participar en las convocatorias derivadas del Instrumento Europeo de Recuperación, y 
sobre todo para servir de punto y fuente de información para todos los actores públicos y 
privados al respecto del plan y sus medios de implementación.
IX
En el Título IV se recogen las especialidades de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, iniciándose con el Capítulo I, que recoge las especialidades 
en materia de gestión y control presupuestario.
Se propone incrementar el número de anualidades y autorizar la adquisición de 
compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores, hasta el máximo 
previsto por la normativa europea para la ejecución de los proyectos financiados, dado que 
la mayor parte de los expedientes para la instrumentación del plan de recuperación van a 
verse afectados por la superación de límites de los créditos iniciales.
Se prevé la posibilidad de que las órdenes de cierre del presupuesto de gastos y 
operaciones no presupuestarias puedan disponer de plazos diferenciados para los créditos 
vinculados a la gestión de estos fondos, con el fin de modular el calendario presupuestario 
en estos supuestos. Asimismo, se flexibiliza la asunción de compromisos plurianuales.
Se permite la incorporación de los remanentes de crédito, que amparen compromisos 
de gastos contraídos, no detrayendo éstos de los créditos del ejercicio siguiente e 
incrementando con ello los créditos disponibles para el cumplimiento de los hitos y metas 
acordados, facilitando la obtención de los reembolsos de la Comisión.
Se establece la posibilidad de proceder a la tramitación anticipada de expedientes de 
gasto de ejercicios posteriores ligados a modificaciones presupuestarias, pudiendo llegar 
a formalizarse el compromiso de gasto, para cualquier tipo de expediente que se financie 
con los fondos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.
Se flexibiliza la posibilidad de realizar pagos anticipados de los fondos comprometidos, 
con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en este tipo 
de negocios, pudiendo llegar hasta el cincuenta por ciento de la cantidad total a percibir.
Se asignan competencias para autorizar transferencias y variaciones presupuestarias 
entre créditos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
consignados en sus presupuestos de gastos a los titulares de los Departamentos 
Ministeriales y a los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y resto de 
entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo.
Se flexibilizan las reglas de gestión de gasto previstas para los fondos procedentes del 
Plan de Recuperación que deban transferirse a las comunidades autónomas, al tiempo 
que se recoge la previsión de que, en el marco de las conferencias sectoriales y de 
acuerdo con las previsiones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, se procederá a la aprobación de los criterios de distribución de fondos para 
subvenciones gestionadas por las comunidades autónomas con carácter plurianual para 
permitir una mejor planificación de su gestión. s
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fondos para agilizar y flexibilizar su tramitación, a fin de asegurar el mejor equilibrio entre
las garantías que ofrece el control previo para evitar una incorrecta aplicación de los 
fondos y una gestión ágil de los mismos que permita su máximo aprovechamiento.
El régimen de fiscalización e intervención previa se ejercerá, siempre que los actos 
estén sujetos a función interventora, en régimen de requisitos básicos para todos los tipos 
expedientes en ejecución del «Plan», con independencia del tipo de expediente y de su 
cuantía.
El despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, 
debiendo pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles.
Para el ejercicio de la fiscalización previa e intervención previa de este tipo de 
expedientes, solo deberá remitirse a la intervención competente la documentación que sea 
estrictamente necesaria para verificar el cumplimiento de los extremos de preceptiva 
comprobación que resulten de aplicación en cada caso de acuerdo con el régimen de 
control establecido.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, el Consejo de Ministros podrá acordar la aplicación 
del control financiero permanente en sustitución de la función interventora.
XI
El Capítulo II del Título IV aborda las especialidades en materia de procedimientos 
administrativos.
La normativa europea y, en particular, los acuerdos y negociaciones por los que se ha 
aprobado un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, prevé expresamente la necesidad 
de aplicar los principios de gestión eficiente o buena regulación (better regulation), lo que 
lleva en cualquier caso a evitar la sobrerregulación y las cargas administrativas, y reforzar 
los mecanismos de evaluación de los instrumentos adoptados.
El Gobierno presentó el pasado siete de octubre el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que permitirá a España, conforme a las directrices de la 
Unión Europea, acogerse a la financiación de los diferentes mecanismos del Instrumento 
Europeo de Recuperación.
El carácter contracíclico de estos instrumentos y la urgencia de su despliegue para 
impulsar la recuperación económica, mitigar los impactos negativos derivados de la 
pandemia del COVID19 y apoyar el proceso de transformación estructural definido, en 
particular, en la agenda europea para la doble transición verde y digital, requiere una 
particular agilidad en la implementación de las medidas recogidas en el Plan de 
Recuperación, con el fin de poder iniciar su ejecución en 2021 y lograr el impacto 
perseguido desde el punto de vista macroeconómico y estructural. Para ello, es necesario 
adaptar las normas generales que regulan la elaboración de las disposiciones de carácter 
general y los procedimientos administrativos, así como la suscripción de convenios para la 
ejecución de los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación. Todo ello, sin que 
queden mermadas en ningún caso las garantías que necesariamente han de rodear la 
actuación pública, ni el debido rigor en la tramitación.
Por todo lo anterior, en primer lugar, se declara mediante esta norma la aplicación de 
la tramitación de urgencia prevista en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
para el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en el ámbito del 
Gobierno de la Nación. Esta previsión, por tanto, no condiciona la forma en la que, en el 
ejercicio de sus competencias de autoorganización, las comunidades autónomas y 
entidades locales decidan configurar sus respectivos procedimientos de tramitación  s
normativa, con la misma finalidad de agilizar la ejecución de los fondos europeos, lo que a  oe.
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de los fondos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma.
Finalmente, se prevé igualmente una reducción de plazos, en el caso del procedimiento  Bc
de suscripción de convenios por parte de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos vinculados o dependientes, en cuanto a los informes que prevé el 
artículo 50.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
En este ámbito, de nuevo, serán las comunidades autónomas y entidades locales las 
competentes para configurar sus respectivos procedimientos de tramitación de convenios, 
cuando proceda simplificarlos o agilizarlos.
Todas estas medidas, que tienen un carácter excepcional, se ciñen exclusivamente, 
como no puede ser de otra manera, a la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y serán de aplicación únicamente durante el periodo de 
implementación previsto en la normativa nacional y comunitaria correspondiente.
XII
El Capítulo III del Título IV está dedicado a las especialidades en materia de contratación 
administrativa.
Se dispone que a todos los contratos financiados con los Fondos percibidos por el 
Reino de España en el marco del plan de recuperación les sea de aplicación el régimen 
excepcional de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización 
del procedimiento.
Se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos 
simplificados, ordinario y abreviado, de modo que resulten aplicables a un mayor número 
de contratos, lo que permitirá la agilización en su tramitación.
Se promueve la elaboración de pliegos-tipo de cláusulas técnicas y administrativas 
correspondientes a los contratos a celebrar, incorporando todos los criterios verdes, 
digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de responsabilidad social que se 
consideren necesarios, con el fin de facilitar su tramitación por los órganos gestores.
Se revisa el régimen de autorizaciones e informes a recabar en los procedimientos de 
contratación, simplificándolo, así como los plazos para la interposición y pronunciamiento 
en el recurso especial en materia de contratación para agilizar su resolución, al tiempo que 
se crea una nueva sección en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
para reforzar su composición.
Se recoge la posibilidad de que las entidades contratantes ejecuten de manera directa 
las prestaciones de los contratos en cuestión valiéndose de un medio propio, mediante el 
correspondiente encargo, a cambio de la tarifa legalmente procedente, flexibilizándose en 
estos casos el régimen de autorizaciones requerido, así como la posibilidad de 
subcontratación con terceros.
XIII
El Capítulo V del Título IV recoge las especialidades en materia de gestión de subvenciones.
Se simplifica la tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de fondos 
europeos, previéndose la posible utilización del procedimiento de urgencia, cuando 
razones de interés público lo aconsejen, al tiempo que se eliminan requisitos de informes 
y autorizaciones preceptivas.
Se establece que las convocatorias de las subvenciones relacionadas con el uso de 
estos fondos incorporen la regulación de las bases de concesión de las mismas, 
simplificando los requisitos internos para su aprobación, así como la documentación a 
presentar por los posibles beneficiarios.
Se prevé la posibilidad de otorgar subvenciones de concurrencia no competitiva, con  s
cargo al Fondo de Recuperación, para aquellas subvenciones cuyo objeto sea financiar  oe.
actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con otras  w.
propuestas. En dichos supuestos se podrán dictar las resoluciones de concesión por orden  340ww
dlae s pitrueasceinótna coi óanc tduea csioólnic situubdvees,n ucinoan avebzle r ye aelli zcaudmaps lliamsi ecnotmo pdreol braecsitoon dees  rdeeq ucoisnitcousr reexnigciiad odse, 
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subvenciones para justificar la aplicación de las mismas, recogiendo, entre otras, medidas
tales como la elevación del umbral económico para la presentación de una cuenta 
justificativa simplificada y para la acreditación de que se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, o la posibilidad de 
realizar compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a 
alcanzar el fin de la subvención, en las memorias económicas a presentar.
XIV
El Capítulo VI del Título IV está dedicado a las especialidades en materia de evaluación 
ambiental en los proyectos del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el mismo, y en las disposición final tercera, se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación ambiental con el fin de dotar de mayor agilidad y seguridad 
jurídica a los procedimientos de evaluación ambiental, y facilitar así la tramitación de 
proyectos que permitan impulsar la reactivación económica, especialmente en el marco de 
los planes de inversión en las áreas de las tecnologías limpias, el uso de energías 
renovables y de eficiencia energética del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 
Unión Europea, al tiempo que se garantiza la protección del medioambiente.
Se trata de reducir los plazos de resolución en las distintas fases del procedimiento de 
evaluación ambiental. En concreto, se reducen los plazos en el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de proyectos, estableciéndose 
adicionalmente una reducción de plazos en los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental simplificada y en los plazos para publicar o, en su caso, notificar, las resoluciones 
de los procedimientos de esta naturaleza.
XV
Finalmente, en el último capítulo del Título IV se recogen como instrumentos de 
colaboración público-privada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la agrupaciones para la presentación de solicitudes a convocatorias de 
ayudas para actividades vinculadas con el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Economía Española, como canales para afrontar proyectos de la 
envergadura que supone dicho Plan, y en el que los miembros tendrán de manera conjunta 
la consideración de beneficiarios de la subvención, y serán responsables solidariamente 
respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación, 
incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de 
préstamos, y las responsabilidades por infracciones.
Con la misma finalidad se recoge un régimen especial de los consorcios para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía 
Española, pudiéndose crear previo informe favorable del Comité Técnico sin necesidad de 
la autorización legal que exige la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se adapta la actual regulación de la empresa de economía mixta que 
contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a las colaboraciones público-privadas que 
está previsto que nazcan bajo el paraguas del Plan de Recuperación y se facilita la 
agilización y flexibilización del procedimiento de selección del socio de la futura empresa 
de economía mixta, pero dentro de los límites que marca el derecho europeo.
XVI
En las disposiciones adicionales se recoge la creación del Registro estatal de entidades  e.
interesadas en los PERTE, para articular dichos proyectos estratégicos, y la posibilidad de  w.
utilizar una retribución variable por consecución de objetivos y por asignación de funciones  340ww
addeilc pioenrsaolensa al a tidesmcrpitoo p aa rlacisa lu, nciodmadoe isn sot rgurmuepnotso ds eq utrea bsairjvoa sni np acroan csoidmepraecnisóanr  deel  duensideamdp qeuñeo 
tReencguapne arascigiónna,d Tar afunnsfcoiormneasc iróenf eyr iRdaess ilaie nlac ieaj eecnu lcaiós nm doed alolisd afdoensd ores ceougriodpaeso esn  deel lp Prelasne ndtee   BOE-A-cable e
real decreto-ley.
En la disposición final primera se recoge el título competencial del real decreto-ley.
En la disposición final segunda se recogen las modificaciones de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, fruto de las diferentes medidas 
recogidas en el real decreto ley.
En la disposición final tercera se incorporan las modificaciones requeridas en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental para la simplificación de las 
tramitaciones en materia medioambiental.
En la disposición final cuarta se modifica la disposición adicional segunda de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
La disposición final quinta modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La disposición final sexta modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad con el objetivo de transformar el Fondo para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad en el «Fondo de restauración ecológica y resiliencia».
La disposición final séptima modifica el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación y la disposición adicional octava modifica el Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales 
y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, con el fin de agilizar los plazos previstos para la concesión de la 
autorización ambiental integrada a las instalaciones de titularidad pública o privada en las 
que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en las categorías 
enumeradas en las citadas normas.
Con respecto al Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación, se modifica el artículo 19 para reducir el plazo de emisión del informe del 
organismo de cuenca que es preceptivo y vinculante. También se modifica el artículo 21, 
con el fin de reducir el plazo máximo para resolver del órgano competente para otorgar la 
autorización ambiental integrada, transcurrido el cual podrá entenderse desestimada la 
solicitud presentada.
Por otro lado, se modifica el artículo 15 del Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, que regula el procedimiento simplificado de modificación sustancial de la 
autorización, para reducir el plazo para el otorgamiento de la autorización ambiental 
integrada y el informe de organismo de cuenca.
Por razones de coherencia, es preciso modificar los plazos previstos en ambas normas 
porque carecería de sentido reducir los plazos de tramitación del procedimiento ordinario, 
sin modificar los relativos al procedimiento simplificado de modificación sustancial, si bien 
en este último caso, por razones de mayor seguridad jurídica, la modificación guardará 
rango reglamentario al afectar a un real decreto.
Finalmente, la disposición final novena lleva a cabo la modificación de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Respecto del artículo 34, con 
carácter general, se considera que en los convenios subscritos en el ámbito de la I+D+I 
es más idóneo vincular la vigencia del convenio a la especificidad de su objeto, puesto 
que es muy difícil a priori valorar si los plazos que aquí se estipulan son los más 
adecuados para su cumplimento. El Tribunal Constitucional en la STC 132/2018, de 13 
de diciembre de 2018 (F.J. 7, b) concluye que la previsión de un plazo de vigencia de los 
convenios efectuada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, va estrechamente vinculada al  es
ciclo político y al acervo presupuestario español que racionaliza el gasto público y facilita  o
eácmeilmse ec vnbcooacintlnoiutari nso dmtolea ef odrlceas odc  Inpee+óa  Dumrgna+ria acIs  onddu.dae  rEed elnasas  s ocsc lupuuoaa cnsnrisótitneeongsn  a,uos lcl  oadcosrienic dn lyolaua, d nspe c oagnilacaí t ortiqcoasuondtue todím a epcsbbea rerqasm undoiee t,ae  sll natosa  suLpc peoaceynros re4aenr0r  vqlf/oei2un.n0 e Aia1 ol f5osola,s r   tdycpuaeorn o la1acyd boedaoncemrtt aoeoecsmcni tóeuptennbla   rlesaneil      OE-A-2020-17340able en https://www.
y el propio convenio establecen. En cuanto al acervo presupuestario señalar que el
artículo 49.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece con carácter básico que los 
convenios deben indicar los compromisos económicos asumidos por cada una de las 
partes y su imputación concreta al presupuesto de acuerdo con lo previsto en la 
legislación presupuestaria.
Por este motivo, parece conveniente que el plazo de vigencia que se pueda establecer 
en los convenios de creación de centros, institutos, consorcios o unidades de investigación, 
e infraestructuras científicas, que es el documento en donde se articulan los compromisos 
de los participantes, pueda coincidir con la vigencia de la entidad que se crea en virtud del 
convenio, que puede ser indefinida. Por poner un ejemplo, la disposición adicional 
centésima vigésima primera de creación del consorcio «Centro de Análisis Genómico» 
establece que la vigencia del consorcio será indefinida.
También se incorpora una enmienda de corrección técnica puesto este párrafo sólo 
hace referencia a los consorcios y la letra b) a la que se remite también incluye a los 
centros, institutos, unidades de investigación, e infraestructuras científicas.
Respecto de la disposición adicional undécima, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de 
junio, modificó el apartado 3 de la disposición adicional onceava de la Ley 14/2011, de 1 
de junio. El citado apartado 3 regula la concesión directa de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D+I que sean consecuencia de convocatorias públicas 
efectuadas por estructuras creadas por varios Estados miembros en ejecución de los 
programas marco plurianuales de la UE, así como de las convocatorias públicas de 
investigación e innovación competitivas, evaluadas según estándares internacionales de 
evaluación por pares y gestionadas por las estructuras creadas en base a tratados o 
acuerdos internacionales suscritos por España.
A pesar de que esta disposición adicional se destina a las subvenciones y ayudas 
concedidas por el Estado, y que el apartado 3 limita su ámbito de aplicación a los agentes 
públicos estatales de financiación, tanto la disposición final novena apartado 7 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, como la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 
23/2020, de 23 de junio, califican esta disposición de básica, lo que conlleva que también 
es aplicable a las Comunidades Autónomas.
Por este motivo y a los efectos de garantizar la necesaria seguridad jurídica en su 
aplicación, de modo que no quepa ninguna duda de que los agentes públicos de 
financiación de la investigación de las Comunidades Autónomas también pueden hacer 
uso de esta medida más beneficiosa como destaca la exposición de motivos del Real 
Decreto ley 23/2020, «al permitir suprimir un paso administrativo adicional, que no aportaba 
valor añadido ni para los beneficiarios ni para la Administración, como era el de realizar 
una segunda convocatoria de subvenciones interna para proyectos que ya habían sido 
evaluados y seleccionados internacionalmente», mejorando de esta forma las posibilidades 
de cofinanciación, se considera necesaria su modificación de forma que sea aplicable a 
todos los agentes públicos de financiación de la investigación del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por otro lado, para facilitar su gestión, se propone que los proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación tengan la consideración de unidades funcionales separadas con 
responsabilidad autónoma, dentro de los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, a los efectos del cálculo del valor estimado que establece el 
artículo 101.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
La disposición final décima modifica la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, para ampliar el objeto del Fondo creado en su artículo 91, que abarcará 
también actuaciones de fomento de la innovación en sectores clave de la economía. es
Finalmente, la disposición final undécima acomete una modificación de la Ley 13/2003,  o
dfsdioneeba  l2rla e3d n  undoooerdrm mméacaa isemy lor aed,  gíiranela cgsmluiugyeluaenide tuaonnrrtiaaea   sdsa,ea l ylld v lCeaa o gsdnuuista rppraduotoabs i lciddcieeóa  ncrCa iófoninnnga coele  ndps eaeiócrl ani«m  BadoqOeteu EOrec»lble.arrasa s rp ePrgeúuvbléali cclaiao sen,ne ltsara  qdduiase pe ionns cviicdigieóonnr    OE-A-2020-17340able en https://www.
XVII
El presente real decreto-ley, por una parte, no afecta a las materias vedadas a este 
instrumento normativo y, por otra, responde al presupuesto habilitante de la extraordinaria 
y urgente necesidad que justifica la utilización de este tipo de norma.
En relación con el primer aspecto, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución 
Española, los reales decretos-leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones 
básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en 
el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». 
Ninguna de las medidas del presente real decreto-ley afecta a estas materias en el sentido 
restrictivo que la jurisprudencia constitucional ha otorgado a este término (STC 139/2016 
de 31 de julio).
Por lo que respecta al segundo aspecto, es decir, a la concurrencia del presupuesto de 
extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio (FJ 4), exige, por un 
lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta 
por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación 
de extraordinaria urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
El real decreto-ley constituye, de esta forma, un instrumento constitucionalmente lícito, 
siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional 
(Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 
de julio, FJ 3; 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10; y 137/2011, FJ 7), el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando 
la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
En este sentido, el contenido del real decreto-ley se fundamenta en motivos objetivos, 
de oportunidad política y extraordinaria urgencia que requieren su aprobación inmediata, 
entre otros, responder con la mayor brevedad posible a las exigencias que ha marcado a 
España la Unión Europea para poder acceder a los fondos, creando las condiciones 
necesarias para gestionar los mismos de una manera ágil y eficaz, que garantice su 
inversión en las necesidades económicas y estructurales más apremiantes y el 
fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo, el impulso de la 
inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble 
transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión 
económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo.
Así las cosas, en el Título I, de disposiciones generales, se introduce una serie de 
principios y directrices de gestión enfocados a lograr la implementación ágil y eficaz del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuya normativización resulta 
imprescindible para dirigir la actividad de las Administraciones Públicas hacia el objetivo 
esencial de potenciar y facilitar la absorción de los fondos europeos, para reparar los 
daños ocasionados por la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-COV-2 y promover 
la transformación estructural de la economía española.
Por lo que se refiere al contenido del Título II, y dada la previsible importancia de la 
figura los convenios administrativos en la implementación y ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, resulta vital modificar con carácter inmediato 
el régimen jurídico relativo a su tramitación, formalización y eficacia, a fin de simplificarla,  s
favoreciendo y facilitando esta técnica colaborativa y ágil de gestión pública. e.
A su vez, dicho Título II recoge una nueva figura de colaboración público-privada, los  w.
Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica («PERTE»).  340ww
Eprsitvea dinas trpuamrae notofr epcreetre undne m saerrvcior  cjuormídoi cuon  ppruenvtios idbele ,c oenne xeiól nq ueen trsee  lap uineicdiaanti vdae psúabrlrioclala yr 
sdoelcurceioton-elesy i ncnoonv acdaoráracste, re isntmraetédgiaictaos r ey scuoltlaab eosraetnivcaiasl.,  Sau f iinn trdoed ufaccciilóitna re ne l edl epsreasrreonlltoe  yre laal   BOE-A-cable e
ejecución de proyectos que permitan optimizar las posibilidades que ofrece la colaboración
público-privada, aunando esfuerzos y sentando las bases para la transformación 
estructural del conjunto de la economía española.
En el Título III se regula tanto el procedimiento de elaboración del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia como las estructuras de gobernanza y los 
instrumentos de gestión pública que resultan imprescindibles para desarrollar, ejecutar, 
controlar y efectuar el seguimiento de este proyecto de país, necesario para la gestión de 
los fondos europeos. La capacidad de absorción de dichos fondos depende, en gran 
medida, de que existan instrumentos ágiles y eficaces que aseguren la coordinación de 
todos los niveles de administración, así como la participación e implicación de los distintos 
agentes económicos, políticos y sociales. Igualmente resulta imprescindible dotar a la 
Administración de técnicas innovadoras que permitan gestionar sus recursos vinculados a 
la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, de manera ágil y 
eficiente. Solo así se maximizarán sus beneficios y el impacto previsto sobre la economía 
española. Y es por ello que la adopción de las medidas que aquí se incluyen resulta 
inaplazable, como requisito indispensable para asegurar la eficacia de dicho Plan.
El Título IV incorpora un conjunto de especialidades en materia de gestión, dirigido a 
simplificar y facilitar el desarrollo y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Estas especialidades afectan a aquellos ámbitos del ordenamiento jurídico 
que indudablemente cobran un protagonismo especial para garantizar la materialización 
de todas las actuaciones dirigidas a la transformación estructural de la economía española, 
en el marco de las prioridades determinadas en el Plan de Recuperación de la Unión 
Europea. En concreto, se trata de aspectos relativos a la gestión y control presupuestario, 
los procedimientos de elaboración normativa y la tramitación de los procedimientos 
administrativos, la contratación pública, los convenios administrativos, las subvenciones, y 
algunas técnicas de colaboración público-privada. Así las cosas, resulta acuciante agilizar 
este tipo de procedimientos, simplificando sus trámites y eliminando cuellos de botella 
normativos, de manera que la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia pueda llevarse a cabo de la forma inmediata, para que los efectos previstos 
sobre la economía española se comiencen a notar lo antes posible. Esta nueva regulación 
compagina dicha agilidad equilibrándola con fórmulas que permitan el desarrollo adecuado 
de los irrenunciables controles de legalidad y eficacia de la actuación administrativa, así 
como con un elevado nivel de garantías para los ciudadanos y los operadores económicos. 
Todo ello se hace, además, como no podría ser de otro modo, de forma respetuosa con los 
principios y reglas del Derecho de la Unión Europea como los de igualdad, no 
discriminación, concurrencia, competencia efectiva en el mercado, transparencia y 
publicidad.
También en esta misma línea de simplificar procedimientos administrativos para 
agilizarlos y permitir una ejecución más eficiente del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia las disposiciones finales abordan la reforma de distintas leyes sectoriales. 
Todas estas modificaciones responden al objetivo de acortar en la medida de lo posible la 
tramitación administrativa de los distintos procedimientos, lo cual resulta de la máxima 
urgencia por la necesidad de posibilitar que los beneficios derivados de la ejecución de los 
proyectos vinculados al referido Plan de Recuperación se hagan notar tan pronto como 
sea posible, acelerando la recuperación económica tras la crisis ocasionada por la 
pandemia del SARS-COV-2 y logrando que la economía nacional entre de nuevo en una 
senda de crecimiento.
Por su especialidad, conviene hacer una referencia separada, dentro de las 
disposiciones finales, a la creación del Fondo de restauración ecológica y resiliencia  es
(FRER) y a la modificación del régimen del Fondo de Carbono para una Economía  o
SRvpaecroeoohscyritucdeepuencel tiabaorarl sel ca a qi(sódFu npeEe,rc S iTouf-orraCaimddnOaaes2dmnfo)et,eers mqnn dut aeeelca t ie slóoterrnmsa  e ynifnn soRcaincudedieasóonsinlsit  erp eaneocncuro  irílalanoó stypgi m,eii ncroaeassmst i udtehuletnaca ticlnoeai n a ldiee gelcsaa  ocd dnaeoeopjs elim atcaa íu Ulal oci nmsieói ópsonnpob  ardjEetñaeutoin vralocoaicpsa,t e  uddpaaeea.cl r miaPo lnapaenonesd d reaeyr     OE-A-2020-17340able en https://www.
Respecto a las materias que podrían ser objeto de regulación reglamentaria, pero que 
se incluyen en el presente real decreto-ley, cabe recordar la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 14/2020, de 28 de enero, que señala en su FJ 5 que «(…) lo que este 
Tribunal ha declarado inconstitucional, por contrario al art. 86.1, son las remisiones 
reglamentarias exclusivamente deslegalizadoras carentes de cualquier tipo de plazo 
[SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 6, y 29/1986, de 28 de febrero, FJ 2 c)], y no las 
habilitaciones reglamentarias relacionadas con cambios organizativos (STC 23/1993, de 
13 de febrero, FJ 6) o necesarias, dada la imposibilidad técnica de proceder a una 
aplicación inmediata de los preceptos del decreto-ley (STC 12/2015, de 5 de febrero, 
FJ 5)». En suma, el Tribunal Constitucional sostiene que si se pretende utilizar un Real 
Decreto-ley para ordenar una materia que antes era regulada por normas reglamentarias, 
la justificación del empleo de ese producto normativo impone al Gobierno la necesidad de 
razonar por qué esa regulación requería precisamente la elevación de ese rango en el 
momento en que se aprobó el real decreto-ley en cuestión.
En este sentido, debe señalarse que las reglas en materia de subvenciones introducidas 
en los artículos 64 y 65 del presente Real Decreto-ley, constituyen especialidades respecto 
de las reglas generales establecidas en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
pero su introducción en el ordenamiento jurídico debe introducirse de manera inmediata en 
el presente Real Decreto-ley a fin de que garantizar la máxima coherencia, sistematicidad y 
seguridad jurídica en el régimen especial de tramitación y concesión de las subvenciones 
que sean financiables con fondos europeos.
Por su parte, los cambios introducidos en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, 
por el que se por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, se limitan exclusivamente a la modificación de los plazos relativos al 
procedimiento simplificado de modificación sustancial, debiendo señalarse que la inclusión 
de esta reforma en el presente Real Decreto-ley obedece a razones de coherencia y 
seguridad jurídica, dada su íntima relación con otra disposiciones afectadas por el mismo. 
Carecería de sentido reducir los plazos de tramitación del procedimiento ordinario, a través 
de la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, 
sin modificar al mismo tiempo los relativos al procedimiento simplificado de modificación 
sustancial.
En definitiva, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la 
adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de 
diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3), existiendo además la necesaria 
conexión entre la situación de urgencia expuesta y la medida concreta adoptada para 
subvenir a ella.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente real 
decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.
De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente 
justificado. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, 
proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes 
con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de 
excepcionalidad al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución 
de los objetivos previamente mencionados. es
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su  o
tedsrue ain lm cGfFooitionranmbtcaeiialeónmcrnindieó oosnn, et y ep p e,esú nurrboecslui s cefpeiannnes ettc,ors tacdo.o o edn xcefeoal nrspmtoar ei snd ucee ilpp  acaioorrt ntíedcs euue llxoetap f2i ocp6siúe.i1tbni1vlci acdia aye,    pslnaruoe  L mvseiaeey  m y5im o0drp/e1iao 9l noe9esx7n p,t  rldimácemaá n2sit 7 esc suda fedricg eniae oasnvu tqiedeumimeeenb nlcraetieas,     OE-A-2020-17340able en https://www.
estrictamente necesarias.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 
14.ª, 15.ª, 18.ª, 23.ª, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; 
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden 
se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades 
Autónomas; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; 
Hacienda y Deuda del Estado; fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica; Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y 
del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, 
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las 
Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica 
sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas 
las Administraciones públicas; y legislación básica sobre protección del medio ambiente, 
sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 
adicionales de protección.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de la Ministra de 
Hacienda, de la Ministra de Política Territorial y Función Pública y de la Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 22 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  El presente real decreto-ley tiene por objeto establecer las disposiciones generales 
precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las 
actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento 
Europeo de Recuperación, aprobado por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio de 2020 
con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y 
reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y promover un 
proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada 
y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el 
refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social y territorial en el 
marco del mercado único europeo.
2.  El  real  decreto-ley  establece  asimismo  una  serie  de  medidas  para  la 
implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que será 
aprobado por el Consejo de Ministros para su adopción y presentación formal ante las 
instituciones europeas.
3.  El real decreto-ley incorpora una serie de instrumentos de carácter general 
dirigidos a reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de  s
medidas de modernización de las administraciones públicas, que permitan una gestión  e.
más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los mencionados fondos. w.
4.  Las disposiciones de este real decreto-ley se aplicarán sin perjuicio de las  340ww
rreelgaucliaócni ocnoens l ae sgteasbtilóenci ddaes l oos  qfouned oess teaubrloepzceaons .los reglamentos de la Unión Europea en
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  El presente real decreto-ley es de aplicación a las entidades que integran el sector 
público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
2.  El Título I, el Capítulo III del Título III, y los Capítulos II, III, IV, V y VI del Título IV, 
así como el artículo 46, se aplicarán a las actuaciones de cualesquiera de las entidades 
del sector público dirigidas a la gestión y ejecución de proyectos y actuaciones que sean 
financiables con los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación, Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
3.  El Capítulo II del Título III y el Capítulo VII del Título IV se aplicarán a las 
actuaciones de cualesquiera de las entidades del sector público en relación con los fondos 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
4.  El Capítulo I del Título III y el Capítulo I del Título IV se aplicarán a las actuaciones 
de cualesquiera de las entidades del sector público dirigidas a la programación, 
presupuestación, gestión, ejecución y control de proyectos y actuaciones que sean 
financiables con los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación.
Artículo 3.  Principios de gestión.
1.  Las administraciones públicas, como medio para la gestión y ejecución de las 
políticas públicas con dimensión europea y la acción del Gobierno en dicho ámbito, sirven 
con objetividad los intereses generales actuando de acuerdo con los principios establecidos 
en la Constitución, la Ley y el Derecho.
2.  Para una mejor gestión de los servicios y la ejecución de las acciones que tienen 
encomendadas y, en especial, para la implementación eficaz y la consecución de objetivos 
vinculados a los proyectos asignados en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, las Administraciones Públicas respetarán como principios de 
buena gestión:
a)  Objetividad, eficacia y responsabilidad en la gestión.
b)  Planificación estratégica y gestión por objetivos con el establecimiento de 
indicadores a tal efecto.
c)  Innovación en la gestión y creación de sinergias.
d)  Agilidad, celeridad, simplicidad y claridad en los procedimientos, procesos y 
ejecución de tareas.
e)  Racionalización y eficiencia en el uso de recursos y medios.
f)  Participación, diálogo y transparencia.
g)  Evaluación, seguimiento y reprogramación para el cumplimiento de objetivos.
h)  Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
i)  Control eficaz del gasto público, responsabilidad de la gestión y rendición de 
cuentas.
j)  Prevención eficaz de los conflictos de interés, el fraude y las irregularidades.
k)  Promoción de la competencia efectiva en los mercados.
l)  Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en las provisiones de personal de duración 
determinada previstas.
Artículo 4.  Directrices de gestión. es
Para la gestión eficaz de los proyectos vinculados al Plan de Recuperación,  w.
Transformación y Resiliencia los órganos responsables adoptarán las siguientes directrices  340ww
en el marco de sus competencias:
ab))   ALindaelrizaar ra lcocsi oonbejest,i vroesfo drme agse syt ieóqnu qipuoes l.es competan y los recursos disponibles para
su cumplimiento.
c)  Verificar las inadecuaciones de necesidades y disponibilidades en materia de 
recursos y proponer soluciones para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos 
asignados.
d)  Innovar en la búsqueda de soluciones para una gestión sostenible.
e)  Buscar sinergias con distintas unidades administrativas de modo vertical y 
horizontal para aprovechar recursos y generar mayores impactos.
f)  Promover la transformación digital.
g)  Establecer foros técnicos y crear grupos de trabajo con carácter permanente, 
temporal u ocasional para el intercambio de buenas prácticas, la generación de soluciones 
comunes cooperativas o el aprendizaje de los pares.
h)  Evaluar las acciones desarrolladas para identificar las desviaciones y adoptar 
correcciones.
i)  Trabajar en equipos multidisciplinares o de origen distinto si aumentara la eficacia 
y eficiencia de la gestión.
j)  Reconocer los servicios extraordinarios prestados por el personal.
Artículo 5.  Directrices de coordinación.
1.  Con el fin de aumentar la coordinación entre unidades administrativas podrán 
crearse grupos de trabajo o designar unidades existentes para coordinar materias 
transversales de gestión y proponer soluciones comunes a todos los departamentos en 
materias tales como la contratación pública, los procesos de convocatoria de subvenciones 
o ayudas, la creación de vehículos para la colaboración público privada, la adopción de 
sistemas informáticos o soluciones digitales de apoyo a la gestión de fondos o, cualesquiera 
otras materias fueren necesarias para la mejor implementación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
2.  Los grupos a los que se refiere el apartado anterior harán propuestas y 
recomendaciones que serán adoptadas y ejecutadas en su caso por los órganos 
responsables de la gestión competentes en la materia.
3.  La creación de los grupos de trabajo o la designación de unidades referidas en los 
apartados precedentes corresponderá al Comité Técnico para el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia a propuesta de cualquiera de sus miembros.
Artículo 6.  Directrices de procesos y procedimientos.
1.  El Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a 
iniciativa propia o a propuesta de cualquiera de los grupos de trabajo o unidades a los que 
se refiere el artículo anterior podrá aprobar orientaciones o modelos tipo de manuales de 
procedimiento, así como pliegos tipo de licitación, bases para convocatorias de 
subvenciones o ayudas, convenios o cualesquiera otros considere podrían servir de 
orientación a los gestores por razones de eficacia o eficiencia.
2.  Igualmente, podrá aprobar recomendaciones u orientaciones sobre la adopción de 
herramientas informáticas o digitales.
3.  En lo que respecta a lo establecido en el artículo 25 sobre el instrumento de 
planificación estratégica para la gestión, el Comité Técnico para el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia aprobará una plantilla para la formulación de dicho 
instrumento por parte de todos los departamentos.
TÍTULO II
Medidas de ámbito general
CAPÍTULO I
Medidas de agilización en la tramitación de los convenios administrativos
Artículo 7.  Simplificación de la tramitación de los convenios administrativos.
1.  Los gestores de convenios administrativos harán uso de los recursos disponibles 
para que la tramitación de los mismos se efectúe en un periodo de tiempo que permita el 
cumplimiento eficaz de los fines perseguidos con su formalización bajo los principios de 
agilización y simplificación administrativa.
2.  Los convenios se regirán por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
CAPÍTULO II
Nuevas formas de colaboración público-privada
Artículo 8.  Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.
1.  Podrán ser reconocidos como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica (en lo sucesivo, «PERTE»), aquellos proyectos de carácter 
estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad de la economía española.
2.  La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por Acuerdo de Consejo 
de Ministros, a propuesta del titular o de los titulares del departamento o departamentos 
competente por razón de la materia, acompañada de una memoria explicativa en la que se 
describirá la planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas 
y los requisitos para la identificación de los posibles interesados. En su caso, se describirá 
su encaje dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la Economía 
Española
3.  Los criterios a valorar para declarar a un proyecto como PERTE serán, entre otros, 
los siguientes:
a)  Que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la 
creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía española, habida 
cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad.
b)  Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores 
económicos, con el fin de remediar importantes deficiencias del mercado o sistémicas y 
retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera.
c)  Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido 
en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de nuevos productos, 
servicios o procesos de producción.
d)  Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance 
particularmente grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy 
elevado.
e)  Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas  e.
empresas, así como el impulso de entornos colaborativos. w.b
f)  Que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más  340ww
oEbsjpeatñivoolas , deenl  pPalratinc udlaer  Rene clou pqeurea csieó nre, fiTerraen as floorsm oabcjeiótinv oys  Rmeasrcilaiednocsi aa  dneiv elal  eEurcoopneoom eína 
relación con el Instrumento Europeo de Recuperación.
4.  El PERTE podrá consistir en un proyecto único claramente definido en cuanto a 
sus objetivos y sus modalidades de ejecución, o bien en un proyecto integrado, es decir, 
un grupo de proyectos insertados en una estructura, plan de trabajo o programa comunes 
que compartan el mismo objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente.
La ejecución de los PERTE se llevará a cabo a través de cuantos mecanismos estén 
previstos en el ordenamiento jurídico, salvo las especialidades contenidas en los artículos 
siguientes, que en todo caso respetarán los principios de igualdad y no discriminación, 
concurrencia, publicidad, transparencia y proporcionalidad.
5.  Los PERTE no deben distorsionar la competencia efectiva en los mercados. Los 
operadores que participen en un PERTE estarán plenamente sometidos a la normativa 
sobre competencia.
Artículo 9.  Registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para 
la Recuperación y Transformación Económica.
1.  Se crea, dependiente del Ministerio de Hacienda, el Registro estatal de entidades 
interesadas en los PERTE, en el que se inscribirán todas las entidades vinculadas al 
desarrollo de un PERTE, independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada 
y de su forma de constitución.
2.  El Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE será público, y su 
acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.  El Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE tendrá una adicional 
diferenciada para cada uno de los PERTE, gestionado por el Departamento ministerial 
competente por razón de la materia. La inclusión de una entidad en una sección acreditará 
que realiza actividades vinculadas al interés público que encarna ese PERTE.
4.  Se faculta al titular del Ministerio de Hacienda para el desarrollo reglamentario del 
registro, estableciendo en particular las normas sobre su funcionamiento y estructura. 
Asimismo, se habilita a los Ministros competentes por razón de la materia en relación con cada 
uno de los PERTE para el desarrollo reglamentario de cada sección del Registro, estableciendo 
los requisitos necesarios, la naturaleza jurídica de las entidades registradas, y el procedimiento 
para el acceso al mismo, siempre relacionados con las características propias del PERTE.
La tramitación de las normas reglamentarias a las que se refiere este apartado seguirá 
el procedimiento de urgencia establecido en el artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno.
5.  El procedimiento de acceso al registro no deberá introducir obstáculos innecesarios 
sobre la competencia en los mercados.
Artículo 10.  Normas comunes del proceso para la acreditación como entidad interesada 
en un PERTE.
1.  La regulación de cada PERTE deberá recoger claramente la definición y el alcance 
del mismo y velar por los principios de publicidad, igualdad y no discriminación, 
concurrencia, transparencia, y proporcionalidad. En la misma se recogerá:
a)  No podrá establecerse un plazo para solicitar la acreditación como entidad 
interesada.
b)  Los requisitos cuantitativos y cualitativos que deberán acreditarse y los criterios de 
valoración de los mismos, en todo caso deberán ser coherentes con el objeto del PERTE  es
y deberán ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.  o
Estos requisitos no podrán suponer una limitación del número de inscritos en el registro. 340www.
serácde s)))  u pEELelral  ipoóslr ra goazab otnlr imegosa ác cmxoiiommensopee epsst,a e dernanet terreie vnpsadoadilrévaanes drr  eosdsoseoeb l lrvadeee  lraas cee crslo etpindmrcoitaeacdseciaóidó nilanm d ,ci eetoa nnalteccores.es dcióiotnam ctrioóa nnla,s q couubrerl iiedgnoa  tndoiincrigheúodn ap cldaa zdsooe.   OE-A-2020-17able en https://
comunicar cambios en las condiciones que motivaron su acreditación.
2.  Una vez aprobada la acreditación, el Ministerio competente lo comunicará al 
Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE en el plazo máximo de 3 días, 
para que proceda a realizar la correspondiente inscripción.
3.  La condición de entidad acreditada deberá realizarse para cada uno de los PERTE.
Artículo 11.  Ayudas a entidades registradas en un Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica.
1.  La inscripción en el registro podrá ser considerada como requisito necesario para 
ser beneficiario de ayudas, en el caso de que se prevea así en las bases reguladoras, o en 
la convocatoria, si ésta última incluye a las bases reguladoras, y de acuerdo con la 
planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas.
2.  La inclusión como requisito necesario de inscripción en el registro para ser 
beneficiario de ayudas se ajustará a lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado y sólo será prevista cuando resulte necesaria para la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general y no existan medidas menos 
restrictivas o distorsionadoras para la actividad económica para alcanzar los mismos 
objetivos. En todo caso se identificará los requisitos cuantitativos y cualitativos exigidos 
para la inscripción en el PERTE y se permitirá que, alternativamente a la inscripción en el 
registro, pueda acreditarse el cumplimiento de tales requisitos, cuantitativos y cualitativos, 
por la empresa solicitante ante el órgano que concede la subvención.
TÍTULO III
Instrumentos de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CAPÍTULO I
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Artículo 12.  Naturaleza y contenido.
1.  El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento rector 
para el diseño y ejecución de los objetivos estratégicos y las reformas e inversiones que, 
vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia previsto en la normativa 
comunitaria, servirán para favorecer la cohesión económica, social y territorial de España, 
fortalecer la resiliencia social y económica del país, recuperar el tejido productivo y mitigar 
el impacto social tras la crisis causada por la pandemia del SARS-COV-2 y promover la 
transformación ecológica y digital.
2.  El plan tendrá como ejes transversales la transición ecológica, la transformación 
digital, la igualdad de género y la cohesión social, económica y territorial.
3.  El plan contendrá:
a)  Los objetivos generales a alcanzar, la arquitectura básica y las principales 
iniciativas del mismo.
b)  La descripción de las reformas y las inversiones previstas, así como de las 
dimensiones ecológica y digital del plan. Los hitos, metas y el calendario. Sus fuentes de 
financiación y las inversiones de este.
c)  La implementación y la complementariedad del plan: su consistencia con otras  s
iniciativas, la complementariedad de la financiación, la implementación, los mecanismos  oe.
de control y auditoría. w.
d)  El impacto general del plan: su alcance, impacto macroeconómico, de género, en  340ww
ltara ndsisictriióbnu ceicóonl ódgeic laa  yr elan ttara yn sefonr mlaa ccoiónnv edriggietanlc.ia regional, así como el impacto sobre la
Artículo 13.  Elaboración y aprobación.
1.  El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será aprobado por el 
Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, sin perjuicio de las eventuales modificaciones que, conforme a la normativa 
comunitaria, fuere preciso adoptar. Para el caso de tales modificaciones se seguirá el 
mismo procedimiento de aprobación.
2.  En el proceso de elaboración inicial del plan serán oídas las comunidades 
autónomas y las entidades locales y, asimismo, las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas de ámbito estatal.
CAPÍTULO II
Estructuras de gobernanza
Artículo 14.  Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.  Para la dirección y coordinación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, se crea la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  La Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia tendrá la 
siguiente composición:
a)  El Presidente del Gobierno, quien ejercerá la presidencia de la misma.
b)  Las Vicepresidentas y Vicepresidente del Gobierno.
c)  Las Ministras y Ministros del Gobierno.
d)  La Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
e)  La Secretaria de Estado de Hacienda
f)  La Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos
g)  El Secretario de Estado de Derechos Sociales
h)  La autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, 
conforme al artículo 20 del presente real decreto-ley.
i)  El responsable del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de 
la Presidencia del Gobierno, que ejercerá las funciones de secretario de la Comisión.
3.  Corresponden a la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia 
las siguientes funciones:
a)  El establecimiento de las directrices políticas generales para la el desarrollo y 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una vez aprobado por 
el Consejo de Ministros;
b)  El seguimiento estratégico del Plan.
c)  La ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el 
Consejo de Ministros.
Artículo 15.  Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.  La Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia contará con un 
órgano de asistencia y soporte técnico, que se denominará Comité Técnico para el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  La composición del Comité Técnico será fijada por la Comisión para la Recuperación,  es
Transformación y Resiliencia, atendiendo, con objetividad, a criterios técnicos en función de  o
sus competencias y experiencia en la gestión de fondos y ayudas europeas, y aquellos otros  340www.
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siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3.  Las funciones del Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia serán:
a)  Proporcionar soporte técnico a la Comisión para la Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, facilitando toda la documentación que sea necesaria para el desarrollo de 
sus funciones.
b)  La realización de los estudios, informes y análisis que le encargue la Comisión 
para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, y aquellos otros que estime de utilidad 
para la ejecución del Plan.
c)  Proporcionar apoyo técnico a la autoridad responsable del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia, definida en el artículo 23, en el ejercicio de sus funciones.
d)  Informar y asistir a los órganos y unidades de gobernanza, seguimiento y de 
ejecución del Plan.
e)  La aprobación de las orientaciones, manuales de procedimiento, o modelos tipo 
de pliegos de licitación, bases para convocatorias de subvenciones o ayudas, convenios o 
cualesquiera otros que considere que podrían servir de orientación a los gestores por 
razones de eficacia o eficiencia.
f)  La aprobación de recomendaciones u orientaciones sobre la adopción de 
herramientas informáticas o digitales.
g)  La aprobación de una plantilla para la formulación del Instrumento de Planificación 
Estratégica para la gestión de este real decreto-ley.
h)  El seguimiento de cumplimiento de las propuestas, criterios, o recomendaciones 
dictadas por el mismo.
4.  El Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
podrá requerir la colaboración de cualquier órgano de la Administración General del Estado 
para el cumplimento de las funciones que le son propias.
Artículo 16.  Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.  El Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno realizará el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, con el objeto de mantener informado de modo directo y continuo al Presidente 
del Gobierno.
2.  La Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobará un 
protocolo, previo informe del Comité Técnico, con el fin de proporcionar al Departamento 
de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno información de 
los ministerios competentes en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia para su labor de seguimiento político.
3.  El Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno realizará las funciones de secretaría de la Comisión para la Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y de secretaría permanente del Comité Técnico para el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 17.  Foros de participación y grupos de alto nivel.
Los ministerios podrán crear e impulsar foros de participación y grupos de alto nivel 
de carácter transversal u horizontal, vinculados a la Comisión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia con el fin de contar con la participación de actores  s
relevantes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  e.
permitir el diálogo, contar con orientaciones o recomendaciones para el éxito en la  w.
consecución de los objetivos, favorecer la discusión y la generación de sinergias y  340ww
favorecer la gobernanza.
Artículo 18.  Participación social.
Se constituye un foro de participación específico para favorecer el diálogo social con 
las organizaciones empresariales y los sindicatos en relación con el desarrollo del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y la adopción de medidas estructurales.
Artículo 19.  Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
1.  La Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
es el órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para canalizar 
adecuadamente la participación de éstas en los proyectos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y establecer mecanismos y vías de cooperación y 
coordinación en la implementación del Plan.
2.  La Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
estará constituida por la Ministra de Hacienda, que la presidirá, y por los consejeros o 
consejeras competentes por razón de la materia de cada una de las comunidades 
autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En la representación de la Administración del Estado se integrarán el Secretario de 
Estado de Política Territorial y Función Pública, la Secretaria de Estado de Presupuestos 
y Gastos y la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
La Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
podrá convocar a sus reuniones a los representantes de la administración local que sean 
designados por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de 
entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación.
3.  La Comisión de Coordinadores de Fondos Europeos, que reunirá a los 
responsables inmediatos de esta materia del Estado, de las distintas comunidades 
autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, será el órgano de apoyo de la 
Conferencia para las labores de preparación y seguimiento de sus reuniones. Su 
composición y reglas de funcionamiento serán establecidas por la propia Conferencia, 
conforme a lo establecido en su reglamento interno de organización y funcionamiento 
interno.
4.  Para su adecuado funcionamiento, la Conferencia elaborará un reglamento interno 
de organización y funcionamiento interno.
5.  Las decisiones de la Conferencia se adoptarán conforme a lo dispuesto en el 
artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
y su Reglamento interno.
Artículo 20.  Autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.
1.  El centro directivo del Ministerio de Hacienda con competencia en materia de 
fondos europeos actuará como autoridad responsable ante las instituciones europeas, en 
los términos que se establezcan en la normativa europea, desarrollando a tal efecto las 
competencias que legal y reglamentariamente tenga establecidas.
2.  Dicho centro directivo ejercerá, a tal efecto, las siguientes funciones:
a)  En relación con la Comisión Europea, la responsabilidad general de los planes de 
recuperación y resiliencia, actuando como punto de contacto de la Comisión Europea 
(«coordinador»). s
b)  Asegurar la coordinación con los ministerios, organismos públicos, comunidades  e.
autónomas y entidades locales y resto de entidades nacionales y comunitarias implicadas  w.
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 340ww
cd))   LLaa  spurpeesrevinstiaónci ódne  lodse  plroosg riensfoorsm eens r eplarecvióisnt ocosn e lons  lhai tonso rym oabtjievtaiv ores gduella Pdloarna. del
Mfineacnacnieisrma yo,  dcuea Rnedcou ppreorcaecdióan,  dye lR terasmilioe ndceia p, rdéest alams os porliecvitiusdtoe se nd ela  pmaigsom ad.e T load coo enltlori,b suocbiórne   BOE-A-cable e
la base del resultado de los controles realizados, en los términos y condiciones que prevea 
dicha normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
e)  La dirección del Comité Técnico del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, coordinando sus trabajos.
f)  Las funciones de secretaría técnica de la Conferencia Sectorial del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.  La autoridad responsable será dotada de los recursos personales y materiales 
necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones.
Artículo 21.  Autoridad de control del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.
1.  La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) tendrá a su cargo 
el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa europea a la 
autoridad de control del Instrumento Europeo de Recuperación.
2.  En particular, corresponderá a la Intervención General de la Administración del 
Estado las actuaciones derivadas del diseño y ejercicio del control de los fondos que se 
exijan por la normativa europea, asumiendo la coordinación de los controles asignados a 
cualquiera otro órgano de control estatal, autonómico o local, así como el ejercicio de las 
relaciones con las Instituciones Comunitarias y Nacionales para asegurar un sistema de 
control eficaz y eficiente.
La IGAE, para el ejercicio de estas funciones adicionales a sus funciones como 
Autoridad de auditoría en materia de fondos estructurales, tendrá libertad de acceso a los 
sistemas de información de las entidades públicas estatales que participen en la gestión 
de fondos europeos para garantizar la evaluación continuada de las operaciones, así como 
a cualquier otro registro en el que se reflejen actuaciones de ejecución de fondos europeos. 
Cualquier entidad pública o privada quedará obligada a facilitar la información que en el 
ejercicio de estas funciones le sea solicitada.
3.  Por su parte, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en el ejercicio de 
sus funciones para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al 
fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal, promoverá las labores de prevención, 
detección e investigación del fraude que sean precisas, manteniendo a estos efectos las 
relaciones necesarias con los órganos de gestión y control.
4.  La autoridad de control será dotada de los recursos personales y materiales 
necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones.
Artículo 22.  Rendición de cuentas ante las Cortes Generales.
El Gobierno informará trimestralmente sobre los progresos y avances del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea 
de las Cortes Generales.
CAPÍTULO III
Instrumentos de gestión pública
Sección 1.ª  Planificación estratégica
Artículo 23.  Instrumento de planificación estratégica para la gestión. es
1.  Los departamentos ministeriales encargados de la gestión de proyectos del Plan  w.
de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborarán un instrumento de planificación  340ww
edsetcrraetétog ilceay. para la gestión en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este real
a pa2r.t ir Edset ela in psltarunmtilelan tqou see raáp erolabbaorráa deol  Cpoorm eilt étit uTléacr ndiec ola  psaurbas eecl rPetlaarnía d dee Rl deecpuapretarmaceiónnto,   BOE-A-cable e
Transformación y Resiliencia y se circunscribirá a la gestión de las actuaciones, tareas y
proyectos vinculados al ámbito objetivo de este real decreto ley. El instrumento contendrá 
como mínimo:
a)  Al respecto de las actuaciones y proyectos asignados o gestionados por el 
departamento, una estimación de las inversiones y gastos vinculados a la absorción de 
fondos europeos que les corresponda gestionar al departamento y los organismos públicos 
adscritos a éste.
b)  Una descripción de los objetivos y actuaciones encomendadas al departamento de 
modo que expliquen las tareas y cargas de trabajo y/o el aumento de las mismas.
c)  Una propuesta de reorganización de los recursos del departamento y sus 
organismos públicos, de modo detallado y, en su caso, el incremento correlativo de las 
necesidades materiales, organizativas y de personal relacionadas de manera directa con 
la gestión lo previsto en la letra b) anterior. De ser preciso, se acompañará solicitud de 
unidades administrativas de carácter provisional, según los artículos 32 y 33 de este real 
decreto-ley.
d)  Una propuesta de formación para el personal adscrito a unidades que tengan 
encargada la gestión de proyectos o tareas ligadas a la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
3.  El Comité Técnico de la Comisión para la Recuperación, Transformación y 
Resiliencia facilitará a los departamentos ministeriales que vayan a elaborar este 
instrumento de planificación estratégica para la gestión una guía metodológica para su 
confección.
4.  El instrumento de planificación para la gestión, una vez elaborado por el 
departamento ministerial, será elevado a la Comisión para la Recuperación, Transformación 
y Resiliencia para su aprobación, previo informe de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública referido a la organización administrativa y las estructuras de 
personal, e informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos referida a la 
adecuación a la normativa presupuestaria y de costes de personal y de fondos europeos 
que tendrán 10 días para evacuarlo.
5.  Una vez aprobado el instrumento de planificación estratégica de gestión por la 
Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, la persona titular de la 
subsecretaría del departamento ministerial impulsará con la máxima celeridad las acciones 
necesarias en materia de estructuras, recursos, medios, personal y gestión presupuestaria 
para poner en marcha el instrumento en el ámbito de sus competencias.
6.  Si por razones de eficacia o eficiencia fuere necesario comunicar externamente 
algún elemento o actividad de la planificación estratégica se adoptarán las medidas en 
materia de publicidad institucional necesarias para ello.
7.  Igualmente, se preverá la comunicación pública de todos los elementos requeridos 
por la normativa comunitaria en cuanto a la publicidad de la financiación con recursos 
europeos.
Artículo 24.  Organización.
1.  El órgano organizará los medios y recursos de conformidad con el instrumento de 
planificación estratégica aprobado.
2.  Por razones de eficacia y eficiencia, podrán constituirse unidades administrativas 
de carácter provisional para la gestión y ejecución de proyectos financiables con cargo a 
fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en  es
las que se centralizará la gestión de los proyectos y acciones del referido plan. o
3.  La constitución de tales unidades administrativas de carácter provisional se  340ww
evpqifruneoeccv utseulenaa idderáoon  ttaaee l sp ed rsdoetepsa au luarern soritedlalolaa d dcde iesó le nalro  ádpsnee p  rrpsreoouayneseasigct ottniotsaus dld aooer s  adt ra eal a sbl auea  jjSueonuc diubdecsalie óddcn erd epdetae aorlrt ríapiagml,ae cneno.n  untLon ou asun  v  ppoeulrzage zassoento  idscsemu dtmeoer p mctlraoian nbea asldotjooes     OE-A-2020-17able en https://
plazo.
El nivel de estas unidades será el determinado en la correspondiente relación de 
puestos de trabajo.
La propuesta de creación de estas unidades formará parte del instrumento de 
planificación estratégica para la gestión que será elevado a la Comisión para la 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para su aprobación.
4.  La provisión de puestos de trabajo de estas unidades temporales se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de este real decreto-ley. Como regla general, 
se contará primordialmente con aquellos empleados públicos que tengan experiencia 
directa o indirecta en la gestión de proyectos relaciones con fondos europeos. La provisión 
de puestos de estas unidades por personal estatutario temporal, personal funcionario 
interino o personal laboral temporal se efectuará con carácter subsidiario.
Artículo 25.  Instrucciones de gestión.
1.  El Comité Técnico para el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia establecerá orientaciones y recomendaciones comunes para la implementación 
de las acciones contenidas en el instrumento de planificación estratégica contemplado en 
el artículo 25 de este real decreto-ley, en los ámbitos siguientes:
a)  Implementación de buenas prácticas, recomendaciones o modelos.
b)  Adopción de medidas para la digitalización.
c)  Convocatoria de foros técnicos.
d)  Medidas de formación.
e)  Establecimientos de objetivos o indicadores para la evaluación del desempeño del 
personal que preste servicios extraordinarios.
2.  La persona titular de la subsecretaría, en su ámbito de competencias, dictará las 
instrucciones oportunas para la adopción de las recomendaciones, orientaciones o 
modelos tipo aprobados por el Comité Técnico para el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, así 
como cualesquiera otras que estime oportuno para la mejor gestión, en particular en estos 
ámbitos:
a)  Prioridades de tareas o acciones.
b)  Designación de unidades responsables de liderar acciones o proyectos.
c)  Reorganización de medios y recursos.
d)  Creación de grupos de trabajo o equipos para la realización de encargos.
Artículo 26.  Formación.
1.  Se adoptarán las medidas necesarias para la formación de empleados públicos en 
aquellas materias de especial relevancia para la gestión pública y el desarrollo de tareas 
vinculadas a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto de Estudios Fiscales, en el 
ámbito de sus competencias y de acuerdo con las orientaciones de la Comisión para la 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, impartirán formación a medida para la 
ejecución del Plan en materias tales como planificación estratégica, licitación pública, 
procedimientos de subvenciones y ayudas, gestión financiera o presupuestaria, convenios 
o colaboración público privada, entre otras.
2.  La formación vinculada a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación  e.e
y Resiliencia tendrá un enfoque de formación en competencias y orientada al cumplimiento  w.b
de objetivos y la resolución de problemas. 340ww
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peslatrnaetsé gdicea f opramraa lcaió gne, sdtieó na.cuerdo con lo establecido en el instrumento de planificación
Sección 2.ª  Gestión de los recursos humanos
Artículo 27.  Gestión de personas.
1.  La persona titular de la Subsecretaría del departamento ministerial u órgano con 
competencias en materia de personal en los organismos públicos tendrá como prioridad 
en la gestión del personal asignado a ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, el aprovechamiento del talento de las personas al servicio del departamento.
2.  De acuerdo con los principios de gestión enumerados en el artículo 3 del Título I 
de este real decreto-ley y lo establecido en el artículo 81 del texto refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, la persona titular de la Subsecretaría del departamento ministerial u órgano con 
competencias en materia de personal en los organismos públicos adoptará las acciones 
necesarias para movilizar y redistribuir los recursos necesarios en orden a agilizar la 
gestión y absorción de los fondos europeos ligados a la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.  En el marco del instrumento de planificación estratégica aprobado por el 
departamento u organismo, se adoptarán medidas para fomentar la capacitación del 
personal y el reconocimiento de su trabajo, tanto del esfuerzo colectivo como del esfuerzo 
individual.
Artículo 28.  Provisión de recursos humanos en las unidades administrativas de carácter 
provisional para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Unidades para la gestión de proyectos financiables con fondos europeos ligados a la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.  En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, mediante 
Resolución conjunta de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y 
de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos se aprobará un modelo de relaciones 
de puestos de trabajo.
2.  La Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública dictará las 
instrucciones pertinentes con el fin de procurar una tramitación ágil y preferente en la 
provisión de los puestos de trabajo de las unidades administrativas de carácter provisional 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 29.  Criterios para la provisión de puestos de trabajo en las unidades temporales 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.  La persona titular de la Subsecretaría en aquellos departamentos que tengan 
atribuida la gestión de proyectos financiables con fondos europeos en ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia realizará un análisis de las capacidades y 
talento de las personas del departamento u organismo que será incluida en su instrumento 
de planificación estratégica de gestión.
2.  Se priorizará la redistribución y el aprovechamiento de los recursos existentes 
para agilizar la gestión y facilitar la absorción de fondos europeos. En su defecto, también 
se contemplarán los restantes modos de provisión contemplados en la normativa en 
materia de función pública y la modificación o creación de nuevos puestos de trabajo, de 
acuerdo con la normativa presupuestaria en vigor y con la financiación adecuada y 
suficiente. es
3.  El Comité Técnico de la Comisión para la Recuperación, Transformación y  o
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Artículo 30.  Reorganización del personal en los departamentos ministeriales y 
organismos encargados de la gestión de fondos.
1.  La cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de 
carga de trabajo provocado por la gestión de proyectos financiables con fondos europeos 
ligados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se realizará 
preferentemente con los efectivos del departamento ministerial u organismo encargado de 
su gestión.
2.  La persona titular del órgano con competencias en materia de recursos humanos 
de los departamentos ministeriales encargados de la gestión de proyectos financiables con 
fondos europeos impulsará con la máxima celeridad las acciones necesarias para la 
redistribución de personas y puestos de trabajo que permita agilizar la absorción y 
ejecución de los fondos europeos.
3.  De acuerdo con la normativa vigente en materia de provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración general del Estado, 
se emplearán preferentemente estos modos de provisión:
a)  Redistribución de efectivos.
b)  Reasignación de efectivos.
c)  Atribución temporal de funciones.
4.  Se habilita a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública para 
que, mediante resolución, realice instrucciones interpretativas en materia de redistribución 
y reasignación de efectivos que permitan agilizar la reorganización de los departamentos 
ministeriales que así lo requieran.
Artículo 31.  Asignación de funciones a tiempo parcial.
1.  Exclusivamente en el ámbito de gestión de proyectos financiables con fondos 
europeos ligados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
la persona titular la Subsecretaría de los departamentos encargados de la gestión de estos 
podrá acordar la asignación de funciones a tiempo parcial del personal funcionario al 
servicio del departamento sin cambio de adscripción ni del puesto de trabajo ni de la 
persona.
2.  Esta asignación de funciones a tiempo parcial se realizará sin perjuicio de las 
formas de provisión contempladas en el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Artículo 32.  Creación y modificación de puestos de trabajo.
1.  Excepcionalmente, en aquellos casos en los que resulte imprescindible la creación 
o modificación de puestos de trabajo y, de acuerdo con lo establecido en el instrumento de 
planificación estratégica para la gestión del departamento ministerial u organismo 
aprobado por la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, se 
contemplará la creación o modificación de puestos de trabajo cuyas funciones estén 
directamente relacionadas con la gestión de proyectos financiables por fondos europeos 
ligados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  Los órganos con competencias en materia de recursos humanos darán preferencia  e.e
a la tramitación de los expedientes derivados de estas propuestas para su elevación a la  w.b
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. 340ww
Artículo 33.  Oferta de empleo público y provisión de puestos de nuevo ingreso.
1.  El Ministerio de Política Territorial y Función Pública priorizará las necesidades de
los departamentos ministeriales encargados de la gestión de proyectos financiables con
fondos europeos ligados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia al asignar puestos de nuevo ingreso provenientes de la oferta de empleo 
público, con especial atención a los centros directivos que asuman las funciones previstas 
en los artículos 20 y 21 del presente real decreto-ley.
2.  Las necesidades de personal referidas en el apartado anterior, vendrán expresadas 
en el instrumento de planificación estratégica de gestión aprobado por la Comisión para la 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 34.  Nombramiento de personal estatutario de carácter temporal, personal 
funcionario interino y contratación de personal laboral con contratos de duración 
determinada.
1.  Dado el incremento de la carga de trabajo derivado de la gestión de los fondos 
ligados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los 
departamentos ministeriales y los organismos encargados de la gestión de fondos 
europeos podrán reforzar sus plantillas con el nombramiento de personal estatutario 
temporal, personal funcionario interino o personal laboral con contratos de duración 
determinada, de acuerdo con lo establecido en su instrumento de planificación estratégica 
de gestión, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2.  La Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos darán prioridad a la tramitación de las autorizaciones de 
contratos de duración determinada y nombramiento de personal estatutario temporal y 
personal funcionario interino en el marco de los planes de gestión de fondos europeos, 
siempre de acuerdo con lo establecido normativa vigente en materia presupuestaria y de 
recursos humanos.
Los nombramientos y contratos de este personal se formalizarán sólo por el tiempo 
imprescindible para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
También se dará prioridad a la tramitación de expedientes que tengan como objeto el 
nombramiento de personal estatutario temporal, personal funcionario interino o la 
contratación de personal laboral eventual en el resto de unidades que hayan visto 
mermado su número de efectivos por haber sido reasignados en el ámbito del instrumento 
de gestión estratégica recogido en este real decreto-ley.
Sección 3.ª  Digitalización y medios materiales
Artículo 35.  Medios para la digitalización de la gestión del instrumento de planificación 
estratégica de gestión.
1.  La tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias derivadas la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se realizará a través de 
las sedes electrónicas de los departamentos ministeriales y organismos competentes.
2.  Los órganos de contratación podrán difundir toda aquella información vinculada a 
la ejecución del Plan y a los procesos de licitación previstos para la implementación del 
mismo, con el fin de aumentar la transparencia y la mayor concurrencia de los operadores 
económicos interesados, con carácter previo al impulso formal de los procedimientos 
oportunos conforme a la legislación aplicable.
Artículo 36.  Recursos para agilizar y digitalizar los procedimientos de contratación  e.e
relacionados con la gestión de los fondos europeos. w.b
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los contratos necesarios para su puesta en marcha, tanto de ejecución de fondos como 
auxiliares para la gestión de los mismos.
2.  La persona titular de la Subsecretaría del departamento ministerial o del órgano 
con competencias en materia de servicios comunes de los organismos públicos 
encargados de la gestión de proyectos financiables con fondos europeos ligados a la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia priorizará la 
digitalización y agilización de los procedimientos de contratación relacionados con la 
gestión de proyectos financiables con fondos europeos.
TÍTULO IV
Especialidades de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CAPÍTULO I
Especialidades en materia de gestión y control presupuestario
Artículo 37.  Créditos vinculantes y control de gestión.
1.  Los créditos dotados en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
de cada sección presupuestaria, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia consignados en los presupuestos de gastos de las 
entidades referidas en los apartados 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) del artículo 1 de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 sólo podrán ejecutarse con la 
finalidad de financiar actuaciones que resulten elegibles conforme a su marco regulatorio. 
A los efectos anteriores, el Gobierno fijara los criterios aplicables a la gestión de los 
créditos vinculados a dicho Plan a fin de garantizar la consecución de los objetivos 
previstos en el mismo.
2.  El Gobierno podrá acordar las transferencias de los citados créditos entre 
secciones en orden a garantizar una correcta absorción del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia.
3.  En las entidades referidas en los apartados 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) del artículo 1 
de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2021, los ingresos por transferencias 
recibidas de la Administración del Estado, procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU, están legalmente afectados a financiar los 
créditos presupuestarios destinados a cubrir los proyectos o líneas de acción que se 
integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En caso de no 
realizarse el gasto, las citadas entidades deberán reintegrar al Tesoro los fondos recibidos 
que no vayan a destinarse a la finalidad asignada. Con la finalidad de permitir su 
seguimiento, en la formulación de las cuentas anuales, en el remanente de tesorería 
afectado, se distinguirá la parte afectada destinada a cubrir estas actuaciones.
4.  En los organismos públicos y resto de entidades del sector público estatal con 
presupuesto estimativo, las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales y sus 
entidades dependientes, los ingresos por transferencias recibidas de la Administración 
General del Estado, procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y del 
REACT-EU, están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas de acción que 
se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el grado 
de detalle especificado en el mismo. En caso de no realizarse el gasto o en caso de 
incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán  e.e
reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público de manera total o parcial, en cada caso.  w.b
El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la Ministra de  340ww
Hac5ie. ndEan. el caso de la financiación de proyectos gestionados por entidades privadas, a
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costes vinculada a los mismos. En caso de no realizarse el gasto o en caso de
incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán 
reintegrar los fondos recibidos. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará 
por Orden de la Ministra de Hacienda.
Artículo 38.  Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.
Corresponde al Gobierno, a propuesta de la Ministra de Hacienda, la competencia 
específica para disponer las transferencias de crédito entre distintas secciones que afecten 
al servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» y 51 «Ayuda a la recuperación 
para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU)». A estas transferencias de crédito 
no les resultaran de aplicación las restricciones recogidas en el artículo 52.1 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Corresponde a los titulares de los Departamentos Ministeriales autorizar en sus 
respectivos presupuestos las transferencias entre los créditos dotados dentro del 
servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los dotados en el Ministerio de 
Sanidad dentro de su servicio 51 «Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios 
de Europa (React-EU).
Asimismo, corresponde a los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos 
y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, 
excluidas las entidades integrantes de la Seguridad Social, autorizar las transferencias 
entre créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados en sus 
presupuestos de gastos.
Artículo 39.  Tramitación anticipada de expedientes de gasto.
Se establece la posibilidad de proceder a la tramitación anticipada de expedientes de 
gasto de ejercicios posteriores, llegando a la fase de formalización del compromiso de 
gasto, para cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos procedentes del 
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU, cualquiera que sea el 
instrumento o negocio jurídico utilizado para tal fin.
Artículo 40.  Elevación de la limitación a los pagos anticipados establecida en el 
artículo 21.3 LGP.
En los expedientes de gasto que se tramiten al amparo de este Real Decreto-ley 
correspondientes a convenios y encargos se eleva hasta un máximo del 50 por ciento de 
la cantidad total a percibir, el límite previsto en el artículo 21.3 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, para el desembolso anticipado de los fondos 
comprometidos con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones 
previstas en este tipo de negocios».
En los expedientes de gasto que se tramiten al amparo de este Real Decreto-ley para 
los que su normativa reguladora no permite o bien se limita el desembolso anticipado de 
los fondos comprometidos con carácter previo a la ejecución y justificación de las 
prestaciones previstas en este tipo de negocios, se podrá efectuar el desembolso 
anticipado de los fondos hasta un límite máximo del 50 por ciento de la cantidad total a 
percibir.
Artículo 41.  Compromisos de gasto de carácter plurianual.
1.  Con cargo a los créditos que se enumeran a continuación se podrán adquirir  e.
compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que  w.
se autoricen, siempre que no superen los límites y anualidades fijados en el número  340ww
siguiente:
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b)  Los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados 
en los presupuestos de gastos del resto de entidades con presupuesto limitativo.
c)  Los créditos dotados en el Ministerio de Sanidad en su servicio 51 «Ayuda a la 
recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU)».
2.  El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos no será superior a 
cinco. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de 
la cantidad que resulte de aplicar al crédito presupuestario a que corresponda la operación 
los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente y en el segundo, el 100 por 
ciento, en el tercer ejercicio, el 70 por ciento y en los ejercicios cuarto y quinto, el 60 por 
ciento y 50 por ciento.
3.  El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación 
de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la 
adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores 
en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, la Ministra de Hacienda, a 
iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna 
propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos.
4.  Los compromisos a que se refiere este artículo deberán ser objeto de contabilización 
separada.
Artículo 42.  Incorporaciones de crédito.
A los efectos previstos en el apartado a) del artículo 58 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, podrán incorporase a los créditos del ejercicio los 
remanentes de los créditos, que amparen compromisos de gastos contraídos dotados en 
el servicio «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada sección, así como el resto 
de los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados en 
los presupuestos de gastos de las entidades con presupuesto limitativos y los créditos 
dotados en el Ministerio de Sanidad en su servicio 51 «Ayuda a la recuperación para la 
cohesión y los territorios de Europa (React-EU)».
A las incorporaciones de crédito anteriores, que afecten al presupuesto del Estado, no 
les será de aplicación respecto de su financiación lo establecido en los artículos 50 y 58 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, financiándose con Deuda Pública.
Las incorporaciones de crédito en el presupuesto de los organismos autónomos, 
entidades de la Seguridad Social y el resto de entidades con presupuesto de gastos 
limitativo únicamente podrán realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería 
que al final del ejercicio anterior no haya sido aplicada al presupuesto del organismo.
Artículo 43.  Flexibilización del calendario de cierre de ejercicio.
1.  Las órdenes que regulen anualmente el calendario de las operaciones de cierre del 
presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias podrán disponer la aplicación de 
plazos diferenciados para los créditos vinculados al servicio 50 «Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia y los dotados en el Ministerio de Sanidad dentro de su servicio 51 «Ayuda a la 
recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU).
2.  No serán exigibles para la ejecución de los créditos a los que se refiere el apartado 
anterior los requisitos de autorización del Ministerio de Hacienda del calendario semestral 
ni la exigencia de no superación del 50% del crédito inicial disponible, en un eventual 
escenario de prórroga presupuestaria. es
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territorialmente a favor de las Comunidades Autónomas queda sujeta a lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con las 
siguientes especialidades:
a)  A efectos de lo dispuesto en la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, una vez aprobada la distribución definitiva de los créditos en la 
correspondiente Conferencia Sectorial podrán librarse en su totalidad a cada Comunidad 
Autónoma de una sola vez.
b)  A efectos de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, de la cantidad que corresponda transferir a cada Comunidad Autónoma 
no se descontarán los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al término de 
cada ejercicio para esos créditos, que estén poder de las Comunidades Autónomas, que 
seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos.
Si el gasto o actuación al que corresponde el remanente resultase suprimido en el 
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas 
las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el 
sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado.
En el marco de las conferencias sectoriales y de acuerdo con las previsiones incluidas 
en el Plan Nacional de Recuperación, se procederá a la aprobación de los criterios de 
distribución de fondos para subvenciones gestionadas por las CCAA (art. 86 LGP) con 
carácter plurianual.
Artículo 45.  Régimen de control previo aplicable a los expedientes que implementen la 
aplicación de los Fondos de los Planes Next Generation UE.
La función interventora aplicable a estos expedientes se ejercerá conforme a lo 
dispuesto en la Ley General Presupuestaria, en su normativa de desarrollo, y de acuerdo 
con las siguientes reglas:
1.  La fiscalización previa de todos los actos incluidos en la letra a) y la intervención 
previa del reconocimiento de las obligaciones prevista en la letra b) del artículo 150.2 de la 
Ley General Presupuestaria se ejercerá, siempre que dichos actos estén sujetos a función 
interventora, en régimen de requisitos básicos, cualquiera que sea el tipo de gasto al que 
se refiera el expediente y su cuantía. No procederá la aplicación del régimen general de 
fiscalización en ningún caso.
2.  Como extremos adicionales aplicables a los expedientes que implementen la 
aplicación de estos fondos, únicamente se verificarán aquellos que, por su trascendencia 
en el proceso de gestión de estos fondos y para garantizar que su aplicación se adecúa a 
las directrices establecidas por las instituciones de la Unión Europea, determine el Consejo 
de Ministros a propuesta de la Ministra de Hacienda, previo informe de la Intervención 
General de la Administración del Estado, de acuerdo con lo previsto en el apartado g) del 
artículo 152.1 de la Ley General Presupuestaria.
En tanto no se apruebe el citado acuerdo específico de Consejo de Ministros, los 
extremos adicionales a verificar en los expedientes que se financien con cargo a los 
Fondos de los Planes Next Generation UE serán:
a)  En la fiscalización previa de los actos incluidos en la letra a) del artículo 150.2 de 
la Ley General Presupuestaria:
– Los extremos de general comprobación referidos en el artículo 152.1 de la Ley  e
General Presupuestaria. bo
– La existencia de informe del Servicio jurídico en aquellos expedientes en que, de  340ww
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b)  En la intervención previa del reconocimiento de las obligaciones, prevista en la 
letra b) del artículo 150.2 de la Ley General Presupuestaria:
– Para aquellos tipos de gastos que estén incluidos en los distintos Acuerdos de 
Consejo de Ministros por los que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 
de dicha Ley respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos, en la intervención previa del reconocimiento de la obligación se verificarán los 
extremos de general comprobación y los adicionales previstos en esos Acuerdos, que 
resulten exigibles de acuerdo con la normativa aplicable a estos expedientes.
– Para aquellos tipos de gastos que no estén incluidos en dichos Acuerdos de Consejo 
de Ministros, en la intervención previa del reconocimiento de la obligación se verificarán 
exclusivamente los extremos de general comprobación referidos en el artículo 152.1 de la 
Ley General Presupuestaria.
3.  Para el ejercicio de la fiscalización previa y de la intervención previa del 
reconocimiento de las obligaciones derivadas de este tipo de expedientes, sólo deberá 
remitirse a la intervención competente la documentación que sea estrictamente necesaria 
para verificar el cumplimiento de los extremos de preceptiva comprobación que resulten de 
aplicación en cada caso de acuerdo con el régimen de control aplicable. El Interventor 
General de la Administración del Estado podrá determinar la documentación a remitir.
4.  La intervención de la comprobación material de la inversión definida en el inciso 
final del epígrafe b) del citado artículo 150.2 de la Ley General Presupuestaria, se efectuará 
conforme a lo establecido en la sección 4.ª, capítulo IV, Título II de los Real Decretos 
2188/1995, de 28 de diciembre, y 706/1997, de 16 de mayo, en los que se desarrolla, 
respectivamente, el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado y por la Intervención General de la Seguridad Social.
5.  Los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo establecido 
en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II de los Real Decretos 2188/1995, de 28 de diciembre, 
y 706/1997, de 16 de mayo, en los que se desarrolla, respectivamente, el régimen de 
control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado y por 
la Intervención General de la Seguridad Social.
6.  El despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, 
debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo máximo de cinco días hábiles.
7.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, el Consejo de Ministros podrá acordar la aplicación 
del control financiero permanente en sustitución de la función interventora.
Artículo 46.  Seguimiento de los proyectos financiados a través del Plan de Recuperación, 
Resiliencia y Transformación de la UE.
1.  Las entidades del sector público estatal promoverán la modificación del 
correspondiente sistema de información contable para que el registro contable de las 
operaciones de gasto, en cualquiera de sus fases de ejecución presupuestaria y capítulos 
o naturaleza de gasto, susceptibles de imputación a proyectos o iniciativas del Plan de 
Recuperación, Resiliencia y Transformación de la UE, en los que se incurra a partir del 
ejercicio 2021, identifiquen el código de referencia único del proyecto o iniciativa que a tal 
efecto se haya asignado por la Autoridad de gestión nacional del correspondiente programa 
o mecanismo comunitario.
Asimismo, en dichas operaciones de gasto se identificará el código de convocatoria de  es
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o el Número de identificación de  o
contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según corresponda, cuando  340ww
sppeeregrisúó2und.p  icluaaLe mfasasteso en el tindemt,ei idc tgaaoatdnivse lotaso    cpddoeeicmrl ihosoade  liicacntisfodo raqr mdup,eúa p bcorlioipóccenoer  yedeanism  teaciseotatnnult, vo pia eryuer fatsoo urdnpmiósuampetoosicnt,oo iyb   eylce so.ltonimc raealft,ei vtraoen,n tdcoie aab aqe urlaáesnll  ofresec mhcoaitinsr    OE-A-2020-17able en https://
contables, que establezca la Autoridad de gestión nacional del correspondiente programa
o mecanismo comunitario, información sobre el seguimiento de la ejecución contable de 
los gastos imputados a proyectos o iniciativas del Plan de Recuperación, Resiliencia y 
Transformación de la UE, con la debida identificación de dichos proyectos o iniciativas a 
través del código de referencia único mencionado en el apartado 1, del programa o 
mecanismo comunitario, y de la entidad u organismo a que correspondan.
La información de seguimiento presupuestario comprenderá los importes de ejecución 
de gastos en las fases en que se establezca, así como la identificación del código de 
convocatoria de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o el Número de 
identificación de contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según 
corresponda, cuando según la fase de gasto dicha información ya estuviera disponible.
3.  La Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección General de 
Patrimonio del Estado promoverán las modificaciones necesarias para que la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas y la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, incorporen, respectivamente, si no lo hicieran ya, la identificación del 
proyecto o iniciativa a que corresponden la convocatoria o contrato, a través del código de 
referencia único asignado por la Autoridad de gestión nacional, para las convocatorias y 
los contratos que se aprueben a partir de 2021.
4.  Las entidades del sector público estatal, autonómico y local establecerán los 
procedimientos para garantizar que consta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
y Ayudas Públicas o en la Plataforma de Contratación del Sector Público, respectivamente, 
la identificación del proyecto o iniciativa a que corresponden la convocatoria o contrato a 
que se refiere el apartado anterior, para las convocatorias o contratos que se aprueben a 
partir de 2021.
5.  La Intervención General de la Administración del Estado, la Dirección General de 
Patrimonio del Estado y la Dirección General de Fondos Europeos proporcionarán 
servicios en línea para la validación del código de convocatoria en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS), del Número de identificación de contrato en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, y del código de referencia único del 
proyecto o iniciativa en el sistema de gestión de fondos europeos, a efectos de la 
incorporación de estos datos en las operaciones contables.
6.  El desarrollo de lo establecido en el apartado 2 de este mismo artículo será 
efectuado mediante Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda a propuesta 
conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y del centro directivo 
del Ministerio de Hacienda con competencia en materia de fondos europeos, que podrá 
establecer igualmente las adaptaciones adicionales que resultaran necesarias para el 
adecuado seguimiento de la ejecución de los proyectos conforme a la regulación europea 
de los fondos.
7.  Lo establecido en este artículo no será de aplicación para los créditos dotados en 
el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» cuya estricta finalidad sea la 
financiación de los gastos que con esta naturaleza se realicen en las entidades referidas 
en el apartado 3º de la letra a) del artículo 1 de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, realizándose dicho seguimiento en las operaciones de gasto de 
las entidades citadas.
CAPÍTULO II
Especialidades en la tramitación de los procedimientos
Artículo 47.  Aprobación de las normas adoptadas en el marco de la ejecución de los  oe.
fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. w.
ejec1u.c ióEnl  dpero cloesd ifmoniednotos  edue roeplaeboosr apcaióran  deel  Plalasn n doerm Raesc audpoepratacdióans,  eTnr aenls mfoarmrcaoc dióen  lay 
Raretísciulielon 2ci7a.,2  tdeen dlará L eeyl  c5a0r/á1c9t9e7r ,d dee  u2r7g ednet en oav ileoms berfee,c dtoesl  Gy ocboienr neol .alcance previsto en el
En particular, salvo que mediante ley orgánica se establezca otra cosa, se reducirán a 
la mitad los plazos previsto en el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
cuando se soliciten informes a otra administración o a un órgano u Organismo dotado de 
especial independencia o autonomía, sin que sea necesario en este caso motivar la 
urgencia.
Transcurrido el plazo de emisión de los informes, consultas y dictámenes previstos en 
el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, así como en el resto del ordenamiento 
jurídico, sin haberse recibidos estos, el centro directivo competente, dejando debida 
constancia de esta circunstancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, podrá 
continuar la tramitación. En todo caso, y antes de la aprobación formal de la norma que se 
trate se recepcionarán e incorporarán al expediente cuantos informes, consultas o 
dictámenes fueren preceptivos de acuerdo con la legislación aplicable.
2.  No será necesaria la inclusión de las iniciativas normativas vinculadas a la 
ejecución de los fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en el Plan Anual Normativo que se apruebe en el respectivo ejercicio.
3.  Las memorias de análisis del impacto normativo de estas normas contendrán un 
apartado específico en el que se justifique su vinculación con la aplicación del Fondo de 
Recuperación y estarán sometidas a la evaluación a que se refiere el artículo 28 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Artículo 48.  Tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución 
de gastos con cargo a fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
1.  Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario, en 
los términos previstos en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los 
procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con cargo a los 
fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin 
necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente 
acuerdo de inicio.
2.  Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 50 del presente Real Decreto-ley.
3.  En ningún caso será objeto de reducción la duración de los plazos referidos a la 
presentación de solicitudes y de recursos.
CAPÍTULO III
Especialidades en materia de contratación
Artículo 49.  Autorización para contratar
Los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia quedan excepcionados del requisito 
de la autorización para contratar prevista en el artículo 324 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Artículo 50.  Tramitación de urgencia bo
pcoronct1rea. dtaeAcniltó elnisc  didtaeebrl  elPoráslan nc eo dxneatr maRtinoeascr u yps eia lrcaau cseiiórtudnao, csTi órmanna dsrecfoo ur mrqguaeecn icósinea   yivm aRpyaiednsei l ailea n fitcnraiaamn, ciltoiaascr i óócnrog noa rnfdooinnsad droieas    2020-17340n https://ww
de los procedimientos de licitación, procediendo aplicar la tramitación urgente del
expediente prevista en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En aquellos  Bc
casos en los que los órganos de contratación justifiquen el recurso a la tramitación urgente, 
las siguientes especialidades podrán ser de aplicación:
a)  Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto podrán reducirse 
hasta la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que los 
órganos de contratación podrán reducir hasta un mínimo de quince días naturales contados 
desde la fecha del envío del anuncio de licitación.
b)  Se mantendrán sin cambios los plazos establecidos en el artículo 159 apartados 3 
y 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, respecto a la tramitación del procedimiento 
abierto simplificado ordinario, de conformidad con lo señalado en el apartado 5 de dicho 
artículo, excepto el plazo de presentación de proposiciones que será de un máximo de 
quince días naturales en todos los casos. Asimismo, en los supuestos en que se 
contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la 
valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de 
contratación en un plazo no superior a cuatro días naturales, debiendo ser suscritas por el 
técnico o técnicos que realicen la valoración.
c)  El plazo establecido en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para 
la presentación de proposiciones será de un máximo de ocho días naturales. No obstante, 
cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será 
de cinco días naturales.
d)  Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento restringido y del 
procedimiento de licitación con negociación podrán reducirse hasta la mitad por exceso; 
salvo el plazo de presentación de solicitudes, que los órganos de contratación podrán 
reducir hasta un mínimo de quince días naturales, y el de presentación de las proposiciones 
que en ningún caso será inferior a diez días naturales.
e)  La aplicación de las reducciones de plazos contempladas en los apartados a) y d) 
anteriores a los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada 
requerirá que en el expediente se incluya la declaración de urgencia hecha por el órgano 
de contratación, debidamente motivada, motivación que deberá ser incluida igualmente en 
el anuncio de licitación. Dichas reducciones de plazos no se aplicarán en la adjudicación 
de los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios sujetos a regulación 
armonizada cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado, no siendo los 
plazos a que se refieren dichos apartados, en estos contratos, susceptibles de reducción 
alguna.
2.  Los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en todo caso gozarán de 
preferencia para su despacho sobre cualquier otro contrato por los distintos órganos que 
intervengan en su tramitación. Asimismo, los plazos para emitir los respectivos informes 
quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna de este plazo.
Artículo 51.  Procedimiento abierto simplificado abreviado
A los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros y a los contratos 
de suministros y servicios de valor estimado inferior a 100.000 € que se vayan a financiar 
con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, excepto 
los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, les podrá ser de aplicación 
la tramitación prevista en el apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre. es
Artículo 52.  Procedimiento abierto simplificado ordinario 340www.
RecEupne rloasci ócno,n Ttrraantossfo rqmuaec isóen  yv aRyeasni liean fciinaa lnocsi aórr gcaonno sf odned coosn tprarotacceiódne nptoedsr ádne al cPolradna rd lea 
utilización de un procedimiento abierto simplificado ordinario previsto en los apartados 1 a 5
del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los contratos de obras, suministro 
y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:
a)  Que se trate de contratos con valor estimado inferior al umbral establecido por la 
Comisión Europea para los contratos sujetos a regulación armonizada.
b)  Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno 
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco 
por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de 
carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación 
no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.
Artículo 53.  Ampliación del plazo de vigencia de los contratos.
Excepcionalmente, en los contratos de suministro y de servicios de carácter energético 
se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el artículo 29.4 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, con un máximo de diez años, cuando lo exija el período 
de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no 
sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su 
utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un 
coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser 
justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se 
refiera y de su período de recuperación.
Artículo 54.  Elaboración de pliegos-tipo de contratación.
1.  Con el fin de homogeneizar y agilizar los procesos de contratación por parte de los 
diferentes centros gestores, se promoverá la elaboración de pliegos-tipo de cláusulas 
técnicas y administrativas, correspondientes a los contratos a celebrar para la gestión de 
los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que 
incorporen todos los criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y 
de responsabilidad social que se consideren necesarios y estén amparados por la norma 
legal correspondiente.
2.  El Ministerio de Hacienda podrá suscribir acuerdos marco que fijen las condiciones 
a las que ha de ajustarse la contratación de los diferentes ministerios y organismos de la 
Administración General del Estado, en el ámbito de la asistencia técnica, la consultoría y 
la auditoría.
Artículo 55.  Encargos a medios propios.
Para la aplicación de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia los poderes adjudicadores y las entidades contratantes podrán organizarse 
ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, 
servicios, concesión de obra y concesión de servicios, a cambio de una compensación 
tarifaria, valiéndose de un medio propio en aplicación de lo establecido en el artículo 86 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, previo encargo a éste, con sujeción a lo dispuesto en los 
artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o al artículo 25 del Real Decreto-
ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones;  s
del ámbito tributario y de litigios fiscales, según proceda, no siendo exigible en estos casos  e.
la autorización del Consejo de Ministros previa a la suscripción de un encargo prevista en  w.
el artículo 32.6.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 340ww
Artículo 56.  Contratos de concesión de obras y de servicios.
En los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios que se financien
con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el período de
recuperación de la inversión a que se refiere el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, será calculado de acuerdo con lo previsto en dicho artículo así como con lo 
establecido en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, mediante el 
descuento de los flujos de caja esperados por el concesionario, si bien la tasa de descuento 
a aplicar en estos casos será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda 
del estado a treinta años incrementado en un diferencial de hasta 300 puntos básicos.
El instrumento de deuda y el diferencial anteriores que sirven de base al cálculo de la 
tasa de descuento podrán ser modificados por Orden de la Ministra de Hacienda previo 
informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, para adaptarlo a los 
plazos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público.
Artículo 57.  Instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
Corresponderá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado resolver las 
dudas que se puedan plantear sobre la interpretación de las normas sobre contratación 
pública de este real decreto-ley. Asimismo, se habilita a la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado para dictar las Instrucciones que resulten necesarias para coordinar la 
aplicación de las disposiciones anteriores a fin de la correcta tramitación de los contratos 
financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las cuales 
serán obligatorias para todos los órganos de contratación del sector público estatal.
Artículo 58.  Recurso especial en materia de contratación
En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia susceptibles de recurso especial en materia 
de contratación conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y siempre que los procedimientos de selección 
del contratista se hayan tramitado efectivamente de forma electrónica:
a)  El órgano de contratación no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que 
hayan transcurrido diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación, la resolución 
de adjudicación del contrato. En este mismo supuesto, el plazo de interposición del recurso 
especial en materia de contratación, cuando proceda, será de diez días naturales y se 
computará en la forma establecida en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
b)  El  órgano  competente  para  resolver  el  recurso  habrá  de  pronunciarse 
expresamente, en el plazo de cinco días hábiles desde la interposición del recurso, sobre 
la concurrencia de alguna de las causas de inadmisibilidad establecidas en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre y sobre el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, 
incluidos los supuestos de suspensión automática.
CAPÍTULO IV
Medidas de agilización de los convenios financiables con fondos europeos
Artículo 59.  Convenios suscritos para la ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos.
1.  La tramitación de los convenios que celebre la Administración General del Estado, 
sus organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes, para 
la ejecución de los proyectos con cargo a fondos europeos previstos en el Plan de  e.
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se regirá por lo previsto en el capítulo VI del  w.b
título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  340ww
Público, con las siguientes especialidades:
la Leay)  40L/a2s0 1d5is,p does i1c idoen eosc tcuobnrtee,n didea Rs éegni mlaesn l eJturarísd ibc)o y d ce)l  dSeelc atopra Prtaúdbolic 2o ,d neol  arertsícuultlaor á5n0  ddee 
aplicación.
b)  No resultará de aplicación en estos supuestos lo previsto en la Instrucción segunda 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban 
las instrucciones para la tramitación de convenios, en cuanto se refiere a la autorización 
del Consejo de Ministros, de los convenios a suscribir con Comunidades Autónomas o con 
sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes entre 
los que están incluidos los correspondientes consorcios y universidades públicas adscritos 
o vinculados a dichas Administraciones.
c)  Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una 
duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a seis años, 
con posibilidad de una prórroga de hasta seis años de duración. Esta excepción deberá 
justificarse motivadamente por el órgano competente con especial mención a que dicha 
extensión o prórroga no limitará la competencia efectiva en los mercados.
2.  Asimismo, los convenios mencionados en el apartado anterior quedarán excluidos de:
a)  La autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 74 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
b)  La autorización de la Ministra de Hacienda a la que se refiere la disposición 
adicional décima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, salvo que las aportaciones económicas previstas 
en el convenio superen la cifra de seis millones de euros en total.
3.  En caso de que se inicie en el ejercicio corriente la tramitación de expedientes de 
convenios a los que se refiere el apartado primero pero su ejecución presupuestaria no 
vaya a tener lugar hasta el ejercicio siguiente u otros ejercicios posteriores, será posible su 
tramitación anticipada, pudiendo llegar hasta la fase de formalización del convenio en el 
ejercicio corriente, sin necesidad de efectuar ningún pago en el ejercicio corriente.
4.  En los convenios previstos en el apartado primero, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el acreedor de 
la Administración, en los términos que se determinen en el convenio podrá tener derecho 
a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para 
realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 50 por ciento de la cantidad 
total a percibir.
CAPÍTULO V
Medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos
Artículo 60.  Requisitos para la tramitación de subvenciones financiables con fondos 
europeos.
1.  En la concesión de subvenciones y ayudas a las que resulte de aplicación la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no será exigible la 
autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de dicha ley.
2.  Tampoco será exigible en estos casos la autorización del Ministerio de Hacienda 
para la concesión de préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la Deuda emitida 
por el Estado en instrumentos con vencimiento similar, prevista en la letra a) de la 
disposición adicional segunda (préstamos y anticipos financieros con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado) de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos  s
Generales del Estado para al año 2018, prorrogada para 2020. e.
3.  No será necesario el informe del Ministerio de Hacienda para el otorgamiento de  w.
subvenciones «en que se acrediten razones de interés público, social, económico o  340ww
hpruemviasntoit aernio e, l ua rotítcrualso  d2e2b.2id.ca)m, aeln qteu ej usset ifriecmaditaes e nq uees tdei fpicuunlttoe ne ls aur tc. o2n8v.2o,c aamtobrioas  pdúeb llaic dae» 
lHaa Lceieyn 3d8a/ 2e0s0p3e, cdifeic 1a7rá d elo sn oevxietrmebmreo,s  Gqeunee rdael bdeen S quubevednacr ioanceres,d sitia bdioesn  eenl  Mlain imsteemrioo rdiae   BOE-A-cable e
explicativa respecto de las circunstancias que justifican dicha modalidad de subvención.
Artículo 61.  Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones financiables con 
fondos europeos.
1.  Las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos europeos 
podrán incorporar la convocatoria de las mismas.
2.  Para la tramitación de la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de 
estas subvenciones tan solo serán exigibles el informe de los Servicios Jurídicos 
correspondientes, y el informe de la Intervención Delegada al que hace referencia el 
artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que, en todo caso será emitido en el plazo improrrogable de diez días naturales.
3.  Los beneficiarios de los préstamos o anticipos deberán acreditar que se encuentran 
al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o 
anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados 
para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde 
al centro gestor del gasto comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad 
al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración 
responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si éste fuere una 
administración pública. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones 
previstas en la normativa reguladora de subvenciones.
Artículo 62.  Subvenciones de concurrencia no competitiva financiables con fondos europeos.
1.  En el caso de subvenciones relacionadas financiables con fondos europeos, 
reguladas por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo objeto 
sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración 
comparativa con otras propuestas, se podrán dictar las resoluciones de concesión por 
orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de 
concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de 
requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la 
convocatoria.
2.  En el caso de la Administración General del Estado las bases reguladoras de estas 
subvenciones se aprobarán mediante orden ministerial, siendo de aplicación en todo lo 
que sea compatible lo previsto en la citada Ley.
Artículo 63.  Justificación de la aplicación de las subvenciones.
Para la justificación de la aplicación de las subvenciones relacionados con el uso de 
fondos europeos se establecen las siguientes singularidades:
a)  Se eleva el umbral económico previsto en el artículo 75 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, para la presentación de una cuenta justificativa simplificada 
por parte del beneficiario de la subvención, con el texto que sigue, tras el punto final del 
apartado, ampliándose dicho importe hasta los 100.000 euros.
b)  Por lo que se refiere al contenido de la cuenta justificativa, previsto en el artículo 72 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras podrán 
eximir de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior 
a 3.000 euros. s
c)  Se eleva hasta 10.000 euros el límite de 3.000 euros para acreditar cumplimiento  e.
obligaciones tributarias y con Seguridad Social en la normativa de Subvenciones  w.
contemplado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,  340ww
aprodb)a dPo aproar l oRse saul pDueecsretotos  e8n8 7q/u2e0 0la6s,  dsoel i2c1itu ddee sju dlioe.ban venir acompañadas de memorias
eqcuoen sóem picearsm, istaen f lecoximbipliezanrsáanc iloonse cso menptrroem loisso cso pnlacsemptaodso psr eesnu lpaus emsitsamdoass,,  seine melp sreen qtiudeo  dsee   BOE-A-cable e
dirijan a alcanzar el fin de la subvención.
Artículo 64.  Tramitación anticipada de las subvenciones.
Se permite la tramitación anticipada sin crédito disponible de las subvenciones 
financiables con fondos europeos, con exclusión de la aplicación de los requisitos del 
artículo 56 Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, siempre que se acredite que se ha 
solicitado la modificación presupuestaria necesaria para la disposición del crédito aplicable 
y la concesión de esta quede supeditada a la aprobación de dicha modificación.
Artículo 65.  Concesión de incentivos regionales.
Se podrá exceptuar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
en estos casos el umbral previsto en el art. 5.2 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de 
incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, que 
atribuye a dicha Comisión Delegada la competencia para la concesión de incentivos 
regionales cuando se trate de proyectos de cuantía superior a los 15 millones de euros.
CAPÍTULO VI
Especialidades en materia de evaluación ambiental
Artículo 66.  Especialidades en materia de evaluación ambiental en los proyectos del Plan 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
A los efectos de lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, se 
entenderá que concurren circunstancias excepcionales en el caso de los proyectos 
financiados total o parcialmente mediante el Instrumento Europeo de Recuperación, 
cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes, que 
no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de 
nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y entre cuyos requisitos se 
incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, 
tales como la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción de su 
impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente.
CAPÍTULO VII
Instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española
Artículo 67.  Agrupaciones para la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas 
para actividades vinculadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
de la Economía Española.
1.  Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de actividades 
vinculadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía 
Española podrán establecer que puedan ser beneficiarias las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, en los términos previstos en el 
apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Los miembros de la agrupación deberán suscribir, con carácter previo a la 
formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea  e.e
necesario que se constituyan en forma jurídica alguna para ello. El acuerdo de agrupación  w.b
debería incluir, por lo menos, los siguientes aspectos: 340ww
agruabp))a  cPiCóronem.supproumesistoo sc odrree sepjeocnudcieiónnte d ae l aasc taivcitdivaiddaedse ass ausmuimdoidsa sp opro rc acaddaa m mieiemmbbrroo  ddee  llaa   OE-A-2020-17able en https://
agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso.
c)  Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
d)  Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones para 
la resolución de litigios internos.
e)  Acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los 
participantes.
f)  Propiedad de los resultados.
g)  Protección legal de los resultados, y, en su caso, de la propiedad industrial 
resultante. Deberá recoger una previsión mínima de cesión de derechos de uso no 
exclusivo en beneficio de la administración pública española, por una duración acorde con 
la regulación de la propiedad intelectual o industrial, según el caso.
h)  Normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la 
actividad subvencionada.
3.  El acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarado beneficiario de la 
ayuda por resolución de concesión definitiva.
4.  Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios de 
la subvención, y serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades 
subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el 
deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por 
infracciones.
5.  No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de 
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en 
el caso de que la subvención sea en forma de préstamo, hasta que se produzca su 
amortización total.
6.  La agrupación podrá proponer que se sume un nuevo participante o se retire otro, 
o que se sustituya al representante, de conformidad con lo dispuesto en las bases 
reguladoras, siempre que este cambio se ajuste a las condiciones de participación, no 
perjudique a la ejecución de la acción ni vaya en contra del principio de igualdad de trato.
7.  En todo lo no previsto en este artículo, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y su normativa de desarrollo.
Artículo 68.  Régimen especial de los consorcios para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.
1.  Para la ejecución o realización de proyectos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia podrá autorizar la creación de consorcios previo informe favorable del Comité 
Técnico.
2.  Esta constitución no requerirá de la autorización legal prevista en el artículo 123.2.a) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3.  El informe del Comité Técnico se emitirá a respecto de la creación de cada 
consorcio y relación con un proyecto concreto del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
4.  En lo no previsto por este artículo, el régimen jurídico aplicable será el establecido 
en el capítulo VI del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y el resto de normas que le sean de aplicación.
5.  El personal al servicio de los consorcios regulados en este artículo podrá ser 
funcionario o laboral y habrá de proceder de las Administraciones Públicas participantes,  e.e
conservando el régimen jurídico y retributivo de su Administración de origen. b
No obstante, cuando ese personal no sea suficiente para atender las funciones  340ww
amtreibduiaidnates  eunn eal  ccoonnvveoncioa tdoeri ac repaúcbiólinc,a s eb apsoaddráa  ceonn trlaatsa r cpoenrsdoicniaoln leasb oqraul,e s ealuetcocriiocnea dlao 
administración pública competente.
Artículo 69.  Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía Española a través de sociedades de economía mixta.
1.  La ejecución de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, 
cuando esté sujeto a regulación armonizada en el sentido definido por la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre o sujeto al Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, relativo a un proyecto 
enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía 
Española, podrá adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que 
concurra mayoritariamente capital público con capital privado; siempre que se cumplan las 
dos condiciones siguientes:
a)  Que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las 
normas establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
o en el Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, según proceda en cada caso, 
para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto.
b)  Que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato 
que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.
2.  La ejecución de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, 
cuando no esté sujeto a regulación armonizada en el sentido definido por la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre o de un contrato que tenga por objeto una actividad sujeta al Real 
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, pero que conforme a la disposición adicional octava 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, deba sujetarse a esta última Ley por no superar los 
umbrales correspondientes, cuando dicho contrato tenga por objeto el desarrollo de un 
proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía Española, podrá adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta 
en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado; siempre que se 
cumplan las dos condiciones siguientes:
a)  Que la selección del socio privado por una entidad del sector público que no tenga 
la consideración de Administración Pública, se haya efectuado de conformidad con un 
procedimiento que se sujete a las reglas que establece el artículo 321.2 letra b) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, con las especialidades que se indican en el apartado 
siguiente de este artículo.
b)  Que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato 
que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.
Cuando la elección del socio privado deba hacerse por una Administración Pública, 
resultará de aplicación el apartado anterior; si bien dicha selección se hará en todo caso 
de conformidad con los procedimientos que contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
3.  Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado anterior resulte de aplicación 
el procedimiento establecido en el artículo 321.2 letra b) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, deberán observarse las siguientes especialidades:
a)  La documentación de la licitación a que se refiere el artículo 321.2, letra b), 
punto 1.º de la Ley 9/2017 deberá incluir al menos: la información relativa y el pliego del 
contrato que se ha de adjudicar a la futura sociedad de economía mixta y los estatutos de 
dicha entidad; en su caso, el pacto de accionistas y todos los demás elementos por lo que 
se regirá la relación interpartes.
b)  Cuando la entidad contratante tenga la necesidad de que, por motivos concretos,  e
algunas condiciones de la adjudicación se puedan ajustar tras la elección del adjudicatario,  bo
se ha de prever expresamente esta posibilidad de adaptación, así como sus términos  340ww
cmoanncererato qsu dee t oadpalisc alacsió enm, epnre lsaa sd oinctuemreesnatdaacsió ne na  pqaurteic ispea rr etefinegrea nla c loentroac iam)i eannttoe rdioer ,e dlloe 
desde el inicio.
c)  El anuncio de licitación incluirá información sobre la duración prevista del contrato 
que la sociedad de economía mixta haya de ejecutar, así como de sus posibles prórrogas 
y modificaciones.
4.  La modificación de los contratos de concesión de obras y de concesión de 
servicios que se adjudiquen directamente con arreglo a lo previsto en el este artículo, se 
sujetará a lo establecido en los artículos 203 a 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre o 
en los artículos 109 a 112 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, según proceda, 
todos ellos relativos a la modificación de los contratos.
5.  En el caso de que la sociedad de economía mixta pretendiera acceder como 
contratista a otros contratos distintos de los referidos en los apartados 1 y 2 anteriores, 
deberá concurrir al correspondiente procedimiento de licitación de conformidad con lo 
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre o en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de 
febrero, según proceda en cada caso.
6.  Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como emisión 
de obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades de economía mixta 
constituidas para la ejecución de un contrato de concesión de obras o de concesión de 
servicios, podrán:
a)  Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no 
modifique las condiciones esenciales de la adjudicación salvo que hubiera estado prevista 
en el contrato.
b)  Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del 
contrato cuya ejecución se le encomiende, previa autorización del órgano de contratación, 
cumpliendo los requisitos previstos en la normativa sobre mercado de valores.
Disposición adicional primera.  Registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el titular 
del Ministerio de Hacienda mediante orden ministerial creará y pondrá en funcionamiento 
el Registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica.
Disposición adicional segunda.  Retribución extraordinaria por consecución de objetivos 
o por asignación de funciones adicionales a tiempo parcial.
1.  Adicionalmente a la retribución variable que viniesen percibiendo, el personal 
adscrito a unidades o grupos de trabajo sin consideración de unidad que tengan asignada 
como función la gestión de proyectos financiables con fondos europeos o tareas ligadas a 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrá percibir 
productividades y gratificaciones extraordinarias de acuerdo con lo establecido en el 
instrumento de planificación estratégica de gestión, sujetas al grado de cumplimiento de 
los objetivos reflejados en este, en función de su contribución personal al cumplimiento de 
estos resultados y de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente.
2.  El personal al que le sean asignadas funciones a tiempo parcial en el marco del 
instrumento de planificación estratégica de gestión, podrá percibir una retribución variable 
en concepto de productividad extraordinaria ligada a la carga de trabajo adicional derivada 
de estas. s
3.  De acuerdo con lo establecido en los instrumentos de planificación estratégica,  e.
una vez aprobados por la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, el  w.
Ministerio de Hacienda revisará la autorización de productividad y gratificaciones  340ww
emxintriasoterdriainleasri aasfe yc tlaad odso,t adcei óanc upererdsou pcuoens ltaa rniaor mdea teivsato psr ecsounpcueepsttoasr iad ev igloesn tdee.partamentos
revis4a. ráE lal  Mauintoisrtizearicoi ódne  dHea mciaesnad as,a ldaeri aalc dueelr dpoe rcsoonn alal l anboormraal teivna e pl áremsbuiptou edset alarisa  uenni dvaigdoers,   BOE-A-cable e
encargadas de la gestión de los fondos europeos ligados a la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia para dotar la retribución variable ligada a la 
consecución de objetivos en el marco del instrumento de planificación estratégica de 
gestión del departamento u organismo.
Disposición adicional tercera.  Aplicación de las especialidades previstas en materia de 
contratos al ámbito de aplicación del Libro Primero del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales.
Las especialidades previstas en el Capítulo III del Título IV del presente real decreto-
ley serán aplicables, en todo aquello que resulte compatible con su naturaleza y régimen 
jurídico, a los contratos incluidos en el ámbito de aplicación del Libro Primero del Real 
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, que se vayan a financiar con 
fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Disposición adicional cuarta.  Eficacia de las actuaciones
La no obtención de ingresos por absorción de fondos europeos conforme a la normativa 
comunitaria de aplicación con carácter final, no conllevará la nulidad o anulabilidad de las 
actuaciones llevadas a cabo por la Administración en aplicación de lo previsto por este real 
decreto ley.
Disposición adicional quinta.  Aplicación de los instrumentos de gestión pública del 
Capítulo III del Título III de Instrumentos de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en el ámbito del Ministerio de Defensa
Las medidas para la gestión de los recursos humanos contempladas en la Sección 2ª 
del Capítulo III del Título III del presente real decreto-ley, se aplicarán al personal militar 
con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios, de acuerdo con su normativa 
específica.
Disposición adicional sexta.  Absorción de financiación europea.
1.  Para asegurar la correcta absorción de la financiación procedente de la Unión 
Europea, de la cuantía total prevista para la concesión de subvenciones y ayudas 
financiadas con cargo a los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 
«Transferencias de capital» de la sección 28 «Ministerio de Ciencia e Innovación», se 
reservarán 170.000,00 miles de euros para financiar en el ejercicio 2021 actuaciones 
cofinanciadas o financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, preferentemente, 
para la siguiente entidad y programas: Entidad 303 «Agencia Estatal de Investigación», 
programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica» y 
programa 000X «transferencias internas», considerando ambos programas de forma 
conjunta.
De esas cantidades, se dedicará un porcentaje mínimo para financiar actuaciones en 
las regiones incluidas en los apartados b) y c) del artículo 120 del Reglamento (UE)  e.
n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el  w.
que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión,  340ww
FEEurAoDpEeoRs  ya F pEroMpPu.e Dsitcah doe p loar cSeunbtsaejec rseetraár ídae dteer Cmiiennacdioa  peo Irn lnao Dvairceicócni.ón General de Fondos
actuEanc iloan eejse,c uacsiíó cno pmreos uepnu eesl tdaeriraiv daedlo g adset oc odnevriovcaadtoo rdiaes e ost aasc tnuuaecvioans ecso ndveo ceajetorcriiacsio os   BOE-A-cable e
anteriores, deberá clasificarse regionalmente el gasto mediante la cumplimentación de la
documentación complementaria prevista en la normativa reguladora de gestión contable, 
a fin de posibilitar el seguimiento de lo previsto en este artículo por la Intervención 
Delegada competente.
Asimismo, se destinará a financiar en el ejercicio 2021 actuaciones cofinanciadas o 
financiadas con fondos procedentes de la Unión europea la dotación de 30.000,00 miles 
de euros consignada en la aplicación 28.12.467C.749.07 «Al CDTI para proyectos de 
I+D+i empresarial cofinanciados por el FEDER».
A tal efecto en las convocatorias o actuaciones a las que se apliquen estos créditos, el 
organismo o entidad responsable, informará del importe destinado a financiar operaciones 
en las diferentes regiones.
2.  La Agencia Estatal de Investigación será la gestora de los retornos de fondos 
europeos procedentes de certificaciones realizadas por los siguientes órganos 
dependientes de la extinta Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
suprimidos a través del Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea 
la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su Estatuto: Secretaría General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 
y Dirección General de Innovación y Competitividad. La Agencia Estatal de Investigación 
será competente para proponer y tramitar las operaciones contables necesarias para la 
amortización de los correspondientes anticipos, así como para recibir y gestionar los 
fondos retornados e incorporarlos a su presupuesto.
Disposición transitoria única.  Aplicación de las modificaciones de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.
Los plazos previstos en la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán 
de aplicación a los procedimientos de evaluación ambiental regulados en la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, que se inicien a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Se deroga el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas 
urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública 
empresarial «Instituto Español de Comercio Exterior» (ICEX), en tanto en cuanto atribuye 
a ICEX España Exportación e Inversiones la consideración de medio propio, así como los 
artículos 4.1.ll, las referencias a la condición de medio propio en el último inciso del artículo 
29 y el artículo 30 del Real Decreto 1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX).
2.  Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan a lo establecido en el presente real decreto-ley.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
1.  Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 
14.ª, 15.ª, 18.ª, 23.ª, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica; Hacienda y Deuda 
del Estado; fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica; las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de 
sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común  es
ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades  o
dessioxespbrtierrvoemap dpaiaar ocdsti eeód ncrece  fioslóaprn zoo odnrsegsalaa ;mbn leiielzigdadiascioldiaó  acndmi óepnb rt iooebpdnáiatsaesi c, d alsae iss nlo  aApbsedr ermCj ucoiniocminisouttr rnadaitecdo iaoslad nysee  csfsao  Acpnuuúcltebtóaslnidciooaenmsse; a dsys ea ;  ldlelaemgsgi isniCslialsoactmcrióaiuóntinnv ib adsásaos dybice reaesl     2020-17340n https://www.
Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
2.  No tienen carácter básico y, por tanto, solo serán de aplicación a la Administración 
General del Estado y al sector público institucional estatal:
a)  el artículo 5;
b)  el artículo 6;
c)  el artículo 14;
d)  el artículo 15;
e)  el artículo 16;
f)  el artículo 17;
g)  el artículo 18;
h)  el artículo 22;
i)  el Capítulo III del Título III;
j)  el Capítulo I del Título IV, salvo el apartado 4 del artículo 37 y los artículos 39, 44 y 46;
k)  el Capítulo II del Título IV;
l)  el artículo 48;
m)  el apartado 2 del artículo 54;
n)  el artículo 55;
ñ)  el artículo 59;
o)  los apartados 2 y 3 del artículo 60;
p)  los apartados 2 y 3 del artículo 61;
q)  el apartado 2 del artículo 62;
r)  el artículo 63;
s)  el artículo 64;
t)  el artículo 65;
u)  el artículo 66;
v)  los apartados 1, 2 y 3 del artículo 68;
w)  la disposición adicional segunda;
x)  la disposición adicional quinta;
y)  la disposición transitoria única;
z)  la regulación de los plazos establecidos en la disposición final tercera;
aa)  la disposición final cuarta;
ab)  el apartado Dos de la disposición final quinta.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley se modifica la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de la siguiente forma:
Uno.  Se da nueva redacción al artículo 48 apartado 8, que queda redactado como 
sigue:
«8.  Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las 
partes.
Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de 
sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes 
resultarán eficaces una vez inscritos, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional  s
séptima. Asimismo, serán publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su  oe.
formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación  w.
facultativa en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia que  340ww
corresponda a la otra administración firmante».
Dos.  Se da nueva redacción al artículo 50 apartado 2, que queda redactado como 
sigue:
«2.  Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se 
acompañarán además de:
a)  El informe de su servicio jurídico, que deberá emitirse en un plazo máximo 
de siete días hábiles desde su solicitud, transcurridos los cuales se continuará la 
tramitación. En todo caso, dicho informe deberá emitirse e incorporarse al 
expediente antes de proceder al perfeccionamiento del convenio. No será necesario 
solicitar este informe cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado 
informado previamente por el servicio jurídico que corresponda.
b)  Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable, 
que deberá emitirse en un plazo máximo de siete días hábiles desde su solicitud, 
transcurridos los cuales se continuará la tramitación. En cualquier caso deberán 
emitirse e incorporarse al expediente todos los informes preceptivos antes de 
proceder al perfeccionamiento del convenio.
c)  La autorización previa del Ministerio de Hacienda para su firma, modificación, 
prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes, que se entenderá 
otorgada si en el plazo de siete días hábiles desde su solicitud no ha sido emitida.
Cuando el convenio a suscribir esté excepcionado de la autorización a la que se 
refiere el párrafo anterior, también lo estará del informe del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública.
No obstante, en todo caso, será preceptivo el informe del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, respecto de los convenios que se suscriban entre la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes, con las Comunidades Autónomas o con 
Entidades Locales o con sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes, en los casos siguientes:
1.  Convenios cuyo objeto sea la cesión o adquisición de la titularidad de 
infraestructuras por la Administración General del Estado.
2.  Convenios que tengan por objeto la creación de consorcios previstos en el 
artículo 123 de esta ley.
d)  Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones 
Públicas incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar 
actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra Administración Pública y el 
Estado asuma, en el ámbito de sus competencias, los compromisos frente a 
terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la 
existencia de crédito en los correspondientes presupuestos.
e)  Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades 
Autónomas serán remitidos al Senado por el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública.»
Tres.  Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional séptima, con la siguiente 
redacción:
«2.  La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así  e
como la suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio  bo
celebrado por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos  340ww
pórúgbalincoo sd eo  éesntati dqaudee lso  vhianycau lsaudsocsr itoo ,d eenp eeln pdliaeznote dse d ceinbceorá d ísaesr  dceosmdeu nqiucaed oac uprorar  eell 
hCeocohpoe riancsicórnib.»ible, al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de
Cuatro.  Se añade una disposición adicional vigesimoquinta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional vigesimoquinta.  Régimen jurídico aplicable a la entidad 
pública empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) preservará su 
naturaleza de entidad pública empresarial y, con las especialidades contenidas en 
su legislación específica, se regirá por las disposiciones aplicables a dichas 
entidades en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, a excepción de lo dispuesto en los artículos 103.1 y 107.3 de la Ley, 
exclusivamente en lo que se refiere a la financiación mayoritaria con ingresos de 
mercado.»
Cinco.  Se añade una disposición adicional vigesimoctava con la siguiente redacción:
«Disposición adicional vigesimoctava.  Régimen jurídico aplicable a la Entidad 
Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones.
La Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones 
preservará su naturaleza de entidad pública empresarial y, con las especialidades 
contenidas en su legislación específica, se regirá por las disposiciones aplicables a 
dichas entidades en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, a excepción de lo dispuesto en los artículos 103.1 y 107.3 de la Ley, 
exclusivamente en lo que se refiere a la financiación mayoritaria con ingresos de 
mercado.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental.
Se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los 
siguientes términos:
Uno.  Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 17, que quedan redactados 
como sigue:
«2.  El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de dos meses, 
contados desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un 
documento inicial estratégico, para realizar las consultas previstas en el artículo 19.1 
y elaborar un documento de alcance del estudio ambiental estratégico regulado en 
el artículo 19.2.
3.  El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y 
para la realización de la información pública y de las consultas previstas en los 
artículos 20, 21, 22 y 23 será de nueve meses desde la notificación al promotor del 
documento de alcance.
4.  Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración 
ambiental estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses, 
desde la recepción del expediente completo, de acuerdo con los artículos 24 y 25.»
Dos.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 19, que queda 
redactado como sigue: e.e
«1.  El órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el  340www.
dyh oádcbeuil emlase sdn etpose dirnseioc sinaual  rsee scitnreatpetcéreigósinca»od .aa sc,o qnusuel tsaes  dpero lansu nAcdimariánnis teranc ieoln pelsa pzoú bdlieca tsr eaifnetcat addíaass   OE-A-2020-17able en https://
Tres.  Se modifica el apartado 2 del artículo 22, que queda redactado como sigue:
«2.  Las Administraciones públicas afectadas, y las personas interesadas 
dispondrán de un plazo mínimo de treinta días hábiles desde que se les somete la 
versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico 
para emitir los informes y alegaciones que estimen pertinentes».
Cuatro.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 25, que quedan redactados 
como sigue:
«1.  El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente 
formulará la declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses 
contados desde la recepción del expediente completo».
«3.  La declaración ambiental estratégica se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente, en el plazo de los diez días hábiles 
siguientes a partir de su formulación, sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica del órgano ambiental.»
Cinco.  Se modifica el apartado 2 del artículo 26, que queda redactado como sigue:
«2.  En el plazo de diez días hábiles desde la adopción o aprobación del plan o 
programa, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente la siguiente documentación:
a)  La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, y una 
referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a 
disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa.
b)  Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1.º  De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos 
ambientales.
2.º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio 
ambiental estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, 
incluyendo en su caso las consultas transfronterizas y la declaración ambiental 
estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir 
en el proceso.
3.º  Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con 
las alternativas consideradas.
c)  Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio 
ambiente de la aplicación del plan o programa.»
Seis.  Se modifican el primer párrafo del apartado 4 y el apartado 5 del artículo 28, 
que quedan redactados como sigue:
«4.  El órgano ambiental consultará, por el plazo mínimo de treinta días hábiles, 
al promotor, al órgano sustantivo y a las Administraciones Públicas afectadas y 
personas interesadas previamente consultadas de acuerdo con el artículo 22, al 
objeto de que emitan los informes y formulen cuantas alegaciones estimen 
oportunas y aporten cuantos documentos estimen precisos. La consulta se realizará 
por medios electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la realización  es
de la consulta. bo
5.  El órgano ambiental, en un plazo de dos meses contados desde el inicio del  340ww
pesrotrcaetédgimicaie qnutoe,  erne ssoul vdeíar ás es foobrmreu llóa. »modificación de la declaración ambiental
Siete.  Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 30, que queda 
redactado como sigue:
«2.  Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas 
consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de veinte días hábiles desde 
la recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya 
recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental 
cuenta con elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental 
estratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes 
referidos que se reciban posteriormente.»
Ocho.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 31, que quedan redactados como 
sigue:
«1.  El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo 
de tres meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los 
documentos que la deben acompañar».
«3.  El informe de impacto ambiental se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente, en el plazo de los diez días hábiles 
siguientes a partir de su formulación, sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica del órgano ambiental.»
Nueve.  Se modifica el artículo 32, que queda redactado como sigue:
«Artículo 32.  Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
En el plazo de diez días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el 
órgano sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o 
diario oficial correspondiente la siguiente documentación:
a)  La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, 
y una referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a 
disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa.
b)  Una referencia al “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente 
en el que se ha publicado el informe ambiental estratégico.»
Diez.  Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 33, que quedan redactados como 
sigue:
«2.  Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con 
el artículo 34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio 
de impacto ambiental. El plazo máximo para su elaboración es de dos meses.»
«4.  El análisis técnico del expediente de impacto ambiental y la formulación de 
la declaración de impacto ambiental se realizarán en el plazo de cuatro meses, 
contados desde la recepción completa del expediente de impacto ambiental.»
Once.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 34, que quedan redactados como 
sigue:
«1.  Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto  es
ambiental ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore un  o
dereolaccebupomcraeiócnnitó odn ed  edla ea sll codaliocncictuuemd d edenel lte ods otducedu imoa eldcneat onim cdepe a eacsltco a danemc edb.»oiesn tmale. sEel sp laczoon tmadáoxsim doe psadrea  llaa   2020-17340n https://www.
cons«u4l.t adLaas sd eAbdemráinni sptrroancuionncieasrs peú ebnl iecal psl aazfoe cmtaádxaimso y d ela vse pineters doínaas sh áinbtielerse sdaedsdaes   BOE-A-cable e
la recepción de la documentación.
Transcurrido este plazo sin que se hayan recibido estos pronunciamientos, el 
procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio 
suficientes para elaborar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. 
En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se 
reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque 
no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que 
resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior 
de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en dicho plazo, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora.
El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y 
suspende el plazo previsto para la elaboración del documento de alcance.
Si transcurrido el plazo de diez días hábiles otorgado al efecto, el órgano 
ambiental no ha recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas 
que resulten relevantes para la determinación del alcance del estudio de impacto 
ambiental, el órgano ambiental elaborará el documento de alcance haciendo constar 
la ausencia de los informes solicitados para conocimiento del promotor y del órgano 
sustantivo.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la 
emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 
9/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»
Doce.  Se modifica el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 40, que quedan 
redactados como sigue:
«Si transcurridos dos meses el órgano sustantivo no hubiera remitido los 
informes solicitados o, si una vez presentados, su contenido sigue resultando 
insuficiente, el órgano ambiental requerirá personalmente al titular del órgano 
jerárquicamente superior de aquél que tendría que emitir el informe para que, en el 
plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al 
órgano competente la entrega del informe solicitado en el plazo de diez días, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la 
demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al 
promotor, y suspenderá el plazo para la formulación de la declaración de impacto 
ambiental.»
Trece.  Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 41, que queda redactado 
como sigue:
«3.  La declaración de impacto ambiental, se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente, en el plazo de los diez días hábiles 
siguientes a partir de su formulación, sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica del órgano ambiental.»
Catorce.  Se modifica el apartado 2 del artículo 46, que queda redactado como sigue:
«2.  Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas  e
consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de veinte días desde la  bo
recepción de la solicitud de informe. 340ww
procTerdainmsiceunrtori dcoo netsintuea prála szio e sl iónr gqauneo  saem bhiaeynata lr eccuiebnidtao  ceoln p erolenmuennctiaoms ideen tjou,ic ieol 
steunfidcrieánnt ees np acruae fnotram ulolasr  eplr oinnfuonrmciea mdeie inmtopsa caton taems bireenfetarli.d Eosn  eqsutee  csaes or,e ncoib asen 
posteriormente.»
Quince.  Se modifica la redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 47, que quedan 
redactados como sigue:
«1.  El órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental en el plazo 
de tres meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los 
documentos que la deben acompañar.»
«3.  El informe de impacto ambiental se publicará en el “Boletín Oficial del 
Estado” o diario oficial correspondiente, en el plazo de los diez días hábiles 
siguientes a partir de su formulación, sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica del órgano ambiental.»
Dieciséis.  Se modifica el apartado 4 del artículo 48, en los siguientes términos:
«4.  En el supuesto previsto en artículo 47.2.b), en el plazo más breve posible 
y, en todo caso, en los diez días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar 
o denegar el proyecto, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión.
Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de la decisión y las 
condiciones  que  eventualmente  la  acompañen,  los  principales  motivos  y 
consideraciones en los que se basa la decisión, incluida la información recabada de 
conformidad con el artículo 46, y cómo esa información se ha incorporado o 
considerado, en particular, las observaciones recibidas del Estado miembro afectado 
a las se refiere el artículo 49, y una referencia al “Boletín Oficial del Estado” o diario 
oficial correspondiente en el que se publicó el informe de impacto ambiental.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.
Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018., que queda redactada en los 
siguientes términos:
«Con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, la concesión de préstamos y anticipos 
financiados directa o indirectamente con cargo al Capítulo 8 de los Presupuestos 
Generales del Estado se ajustará, a las siguientes normas:
a)  Salvo autorización expresa de la Ministra de Hacienda no podrán 
concederse préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la Deuda emitida 
por el Estado en instrumentos con vencimiento similar.
En el supuesto de préstamos y anticipos a conceder a través de procedimientos 
de concurrencia competitiva, el citado requisito deberá cumplirse en el momento 
anterior a la aprobación de la convocatoria.
La determinación del tipo de interés deberá quedar justificada en el expediente 
por el correspondiente órgano gestor. En los supuestos en que no fuera posible una 
relación directa con la referencia indicada, se acompañará informe de la Secretaría 
General de Tesoro y Política Financiera.
Esta norma no será de aplicación a los siguientes casos:
– Anticipos que se concedan al personal. es
– Anticipos reembolsables con fondos comunitarios. bo
– Préstamos o anticipos cuyo tipo de interés se regule en normas de rango legal. 340ww
–b ) SuLbovse nbceinoenfeicsi afirnioasn cdiaed laoss  op rréesetmamboolssa ob laens tcicoipno fso nddeobse eráunro apceroesd.itar que se
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera
otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos  Bc
Generales del Estado. Corresponde al centro gestor del gasto comprobar el
cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no 
pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del beneficiario o 
certificación del órgano competente si éste fuere una administración pública.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se modifica como sigue:
Uno.  Se modifica el párrafo tercero de la letra b) del apartado 7 del artículo 32, que 
queda redactado como sigue:
«Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los 
que se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a 
la Administración Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad 
y la seguridad de redes y sistemas, la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la 
información, así como a los que celebren los medios propios cuyas funciones sean 
el fomento de las telecomunicaciones, el desarrollo de la sociedad de la información 
y sociedad digital.»
Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 45, que queda redactado como sigue:
«1.  En el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el 
conocimiento y resolución de los recursos a que se refiere el artículo anterior estará 
encomendado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano 
especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus 
competencias. Dicho órgano estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, y estará compuesto por un Presidente y un mínimo de cinco vocales. 
Cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo requiera, el número 
de vocales se incrementará mediante Real Decreto.
El Tribunal estará dividido en un mínimo de dos Secciones, que estarán 
presididas por el propio Presidente del Tribunal, quien podrá delegar el ejercicio de 
la función en uno de los vocales que integren la Sección, y formadas por uno o más 
vocales y el Secretario General.
El Presidente fijará mediante acuerdo el reparto de atribuciones entre las 
Secciones y el Pleno, así como la distribución de asuntos entre las Secciones.»
Tres.  Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 208, que queda redactado 
como sigue:
«a)  Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono 
solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente 
su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:
1.º  Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2.º  Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo 
que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de  e.
iniciarse la suspensión. w.
3.º  Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al  340ww
cont4ra.ºt o dAulqraunilteer eesl  poe rcíoodsote dse  dseu smpeannsteiónni.miento de maquinaria, instalaciones y
eemqupilpeoasd ossie pmaprare o tqrouse  feinle cso dnitsrtaintitsotsa  daec lrae deijteec uqcuióen e dsetol sc omnteradtioo ss unsop epnuddiideor.on ser  BOE-A-cable e
5.º  Suprimido.
6.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el 
contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto 
del contrato».
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.
Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, se modifica el artículo 78 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a fin de crear el Fondo de restauración 
ecológica y resiliencia (FRER) con la siguiente redacción:
«Artículo 78.  El Fondo de restauración ecológica y resiliencia (FRER) (FCPJ).
1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se crea el Fondo de restauración 
ecológica y resiliencia (FCPJ), en adelante FRER, con objeto de poner en práctica 
aquellas medidas destinadas a apoyar la consecución de los objetivos para lograr la 
transición a un modelo productivo y social más ecológico del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia en el ámbito de competencias del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en materia de:
a)  Aguas y dominio público hidráulico.
b)  Costas, protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-
terrestre.
c)  Cambio climático, su mitigación y adaptación y el fortalecimiento de la 
resiliencia climática
d)  Prevención de la contaminación, fomento del uso de tecnologías limpias y 
hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles, de acuerdo con la 
política de economía circular.
e)  Protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y de los bosques.
f)  Meteorología y climatología.
g)  Cualesquiera otras que tenga atribuido el Ministerio a través de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente y de sus organismos públicos.
Asimismo, respecto de las materias relacionadas anteriormente, podrá poner en 
práctica medidas que se financien con cargo a otros fondos europeos, de acuerdo 
con lo que prevean las disposiciones aplicables a los mismos.
2.  El FRER podrá financiar acciones de naturaleza anual y plurianual. 
Asimismo, podrá actuar como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar 
la cohesión territorial
3.  El FRER se dotará con el presupuesto de explotación y capital que figure en 
los Presupuestos Generales del Estado. En los supuestos en los que así se prevea, 
podrán establecerse dotaciones que sean objeto de cofinanciación por aquellos 
instrumentos financieros comunitarios destinados a los mismos fines y, en su caso, 
podrá dotarse igualmente con otras fuentes de financiación que puedan establecerse 
reglamentariamente.
4.  La ejecución de las acciones que se financien con cargo al FRER 
corresponderá, en sus respectivos ámbitos de competencia, a la Administración  e
General del Estado y a las comunidades autónomas, de acuerdo con el  bo
procedimiento que se establezca reglamentariamente. 340ww
opubejed56toa..   nd tEeCefnnoin ennidr i ncopga oeúrrgn neo  fece laa caslt opoF a,e Rrclt oEoantdRo ocr,g  a1sar.egm oci eaonln tFocR,e adE euRrn,á asn eo  s pmuoábdsvr eáennnc tciidooanndceeessd ,ee innr dcseuupabedvneradnbicelienotsne emesne q nusteue    OE-A-2020-17able en https://
de su forma jurídica que ejerza una actividad económica de ventajas que puedan
dar lugar al falseamiento de la competencia en el mercado interior y que sean 
susceptibles de afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.
7.  Asimismo, se podrán realizar proyectos de inversión competencia de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos encuadrables en su 
objeto.
El FRER realizará las contrataciones a través de los órganos colegiados o de los 
organismos que actuarán como órganos de contratación y que se definirán 
reglamentariamente.
8.  El FRER tiene la naturaleza jurídica propia de los fondos carentes de 
personalidad jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84, 137, 138 
y 139 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
y estará adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 
través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pudiendo, en su caso, 
corresponder la gestión de su administración financiera a la entidad del sector 
público institucional que se determine reglamentariamente por el Gobierno.
9.  El régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control del 
Fondo será el previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, para los fondos carentes de personalidad jurídica del artículo 2.2.f) 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
10.  La supervisión y control del Fondo corresponderá a un Consejo rector 
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través 
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Su presidente tendrá la consideración 
de cuentadante a que se refiere el artículo 138 de la Ley 47/2003, de 26 de 
diciembre. Reglamentariamente se determinará su composición, funciones y normas 
de funcionamiento.
11.  En el caso de que correspondiera la gestión de la administración financiera 
del  FRER  a  una  entidad  del  sector  público  institucional  determinada 
reglamentariamente:
a)  Será remunerada al tipo de interés que se establezca mediante convenio 
suscrito entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y 
dicho administrador, en función del coste que represente para éste la captación de 
recursos en el mercado.
Este convenio recogerá como causas de resolución del mismo, entre otras, la 
vulneración de las prohibiciones o el incumplimiento de las obligaciones recogidas 
en este artículo y en su desarrollo reglamentario. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio deberá incluir una 
comisión mixta u órgano similar a la que se le atribuirá el seguimiento, vigilancia y 
control de la ejecución del convenio y los compromisos adquiridos por los firmantes 
y la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse respecto a él.
b)  Liquidará el coste de gestión que conlleve la administración del FRER, con 
base en las cuantías dispuestas en las líneas de financiación del mismo, y cuyo 
importe será establecido en el convenio previsto en el párrafo a) anterior.
12.  La gestión del FRER podrá articularse, en los supuestos en que se estime 
conveniente, a través de encomiendas de gestión, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. e.e
Asimismo, el FRER podrá realizar encargos a medios propios personificados, de  w.b
acuerdo con el artículo 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 340ww
Fon1d3o . sinC poenrfsoornmaeli daal da jrutírcíduilcoa  9e0s tadreá  lian tLeegyra d4o7 /e2n0 0e3l ,c odnec 2e6p tod ed en oTevsieomrob Preú, belisctoe. 
Celu agnedsoto sre  rceusmpoplnas aalbgluen ad dee l ala sa cdirmcuinnissttarancciiaósn  qduee  jsuust iftieqsuoer lear íeax tirneciinótne gdreal rFáR EsuRs, 
remanentes al Tesoro Público, encargado de la gestión de la tesorería del Estado.»
Disposición final séptima.  Modificación del Texto refundido de la Ley de prevención y 
control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre.
El Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, queda modificado 
como sigue:
Uno.  El apartado 2 del artículo 19 queda redactado de la siguiente forma:
«2.  El informe regulado en el apartado anterior tendrá carácter preceptivo y 
vinculante. Este informe deberá emitirse en el plazo máximo de cuatro meses desde 
la fecha de entrada en el registro del organismo de cuenca de la documentación 
preceptiva sobre vertidos, o en su caso, desde la subsanación que fuese necesaria.
Este plazo no se verá afectado por la remisión de la documentación que resulte 
del trámite de información pública.»
Dos.  El artículo 21 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 21.  Resolución.
1.  El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, 
dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de seis 
meses.
2.  Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado 
resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.»
Disposición final octava.  Modificación del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
El Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real 
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, queda modificado de la siguiente manera:
Uno.  El apartado 5 del artículo 15 queda redactado como sigue:
«5.  Presentada la documentación completa, el órgano competente:
a)  La someterá a información pública por un plazo no inferior a veinte días, y
b)  La remitirá al organismo de cuenca para que elabore el informe mencionado 
en el artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en el plazo máximo de tres meses, 
desde la fecha de entrada en el registro de la correspondiente confederación. El 
informe contendrá, al menos, los extremos exigidos para las autorizaciones de 
vertido en los artículos 251 y 259 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
No será necesario este informe cuando el titular declare vertido cero, sin 
perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el 
que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.»
Dos.  El apartado 9 del artículo 15 queda redactado como sigue: es
«9.  El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada,  w.
dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de cuatro  340ww
mauetsoerisz.a Lciaó nre asmolubcieiónnta ql uinet eagprraudeab,e j ulan tom oad liaficsa mcioódni fsicuasctaionnceiasl  hsaeb iindtaesg rdaerás deen  slau 
otorTgraamnisecnutror iedno  euln p úlanzicoo m teáxxtiom.o de cuatro meses sin haberse notificado resolución  BOE-A-cable e
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.»
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.
Se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 2 del artículo 34 queda redactado como sigue:
«2.  A los efectos de lo previsto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la vigencia de los convenios de los 
párrafos a), c), d) y e) del apartado anterior, vinculados a un programa o proyecto 
español, europeo o internacional de I+D+i vendrá determinada en las cláusulas del 
propio convenio, no pudiendo superar en ningún caso los cinco años de duración inicial. 
Los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga, antes de la finalización del 
plazo de vigencia previsto, por un período de hasta cinco años adicionales.
Los convenios de las letras b) y f) del apartado anterior que afecten a consorcios 
de infraestructuras de investigación europeas, así como los convenios de la letra b) 
del apartado anterior por los que se crean o financian centros, institutos, consorcios 
o unidades de investigación e infraestructuras científicas que sean agentes del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, podrán tener vigencia 
indefinida, vinculada a la duración del correspondiente centro, instituto, consorcio, 
unidad de investigación, o infraestructura científica, en función del cumplimiento de 
los fines para los que fueron creados, por las exigencias del proyecto científico, o 
por la naturaleza de las inversiones que requiera o la amortización de las mismas.»
Dos.  El título y el apartado tres de la disposición adicional undécima quedan 
redactados como sigue:
«Disposición adicional undécima.  Subvenciones y ayudas».
«3.  Podrán concederse de forma directa, mediante resolución de la persona 
titular de la dirección del correspondiente agente público de financiación del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 22.2.b) y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica, técnica e 
innovación que sean consecuencia de las siguientes convocatorias competitivas:
a)  Convocatorias públicas efectuadas por las estructuras creadas por varios 
Estados miembros en ejecución del programa marco plurianual de la Unión Europea, 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 182, 185, 186 y 187 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, así como las que se realicen en el marco de 
las asociaciones creadas al amparo del propio Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea.
b)  Convocatorias públicas de investigación e innovación competitivas, 
evaluadas según estándares internacionales de evaluación por pares y gestionadas 
por las estructuras creadas en base a tratados o acuerdos internacionales suscritos 
por España o los agentes públicos de financiación del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.»
Tres.  Se añade una nueva disposición adicional vigesimonovena, con la siguiente  s
redacción: e.
«Disposición adicional vigesimonovena.  Consideración de los proyectos de  340ww
desaiSnrivreoemlslotpi greea  icnqiónunoe,v  sadeceiasóannr  raqouullteoó  neho aimnynaoonsv  saeicdnio ós neu nc ocoobmmjeoet oun,nd iladodasod pser sao f yuleoncsc tioaosgn eadnleete sis.n vpeúsbtliigcaocsi ódne,l   OE-A-2020-17able en https://
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante contratos,
resoluciones de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva o cualquier 
otro instrumento jurídico, tendrán cada uno de ellos la consideración de unidades 
funcionales separadas dentro de dichos agentes públicos del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, a los efectos del cálculo del valor estimado que 
establece el artículo 101.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.»
Disposición final décima.  Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible.
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 91, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1.  Se crea el fondo carente de personalidad jurídica «Fondo de carbono para 
una economía sostenible» (FES-CO2) (FCPJ), adscrito a la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, que tiene por objeto generar actividad económica baja en carbono 
y resiliente al clima, contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España y fomentar el 
desarrollo tecnológico para la descarbonización y la resiliencia del clima en sectores 
clave de la economía, mediante actuaciones de ámbito nacional.
2.  El Fondo se dedicará a:
a)  El desarrollo de actuaciones adicionales de adaptación a los efectos del 
cambio climático con impacto significativo en la lucha contra el cambio climático.
b)  El desarrollo de actuaciones adicionales de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y aumento de sumideros de carbono, basándose en el 
precio de tonelada de CO2 equivalente reducida o absorbida.
c)  El apoyo a proyectos emblemáticos de desarrollo tecnológico con un 
potencial significativo para la descarbonización del sector de generación eléctrica o 
de la industria.
d)  La adquisición de créditos de carbono, en especial los derivados de 
actividades realizadas o promovidas por empresas en el marco de los instrumentos 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de su 
Acuerdo de París en los términos establecidos reglamentariamente, con la finalidad 
de incentivar la participación de las empresas españolas en dichos instrumentos. El 
Fondo se destinará de manera preferente a proyectos de eficiencia energética, 
energías renovables y gestión de residuos y a aquellos que representen un elevado 
componente de transferencia de tecnología en el país donde se lleven a cabo. Para 
la certificación de las reducciones de emisiones de las actividades se atenderá a las 
normas internacionales que las regulen, en función de su naturaleza.
Reglamentariamente se establecerán los términos de acuerdo a los cuales se 
financiarán las actuaciones señaladas en los puntos anteriores, que podrán incluir 
subvenciones.»
Disposición final undécima.  Modificación de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora 
del Contrato de Concesión de Obras Públicas.
Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional segunda de la Ley 13/2003, de 23 
de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, que queda redactado  e.e
como sigue: w.b
eoy m rneiot«virri4ásm.i  óiannsfL o darue mAr bldeoam sen inpní slilasatint crieanascss it tóreuqnrcu rGicetoie órnininae cdlrelaeusl  y ldyoae sunl  rp,Eb rsqaotuncaeíedsd otipi,cm ueoiensed  neyat lo dnese j e adlraefces iacc diptoairs ordp beoaa sslc iucieósiojn ecn,ro ecmmsico pgidoeei tfneidcenearcca iaillóaesnss,     OE-A-2020-17able en https://
competencias estatales. Estos informes tendrán carácter vinculante en lo que se
refiere a la preservación de las competencias del Estado, y serán evacuados, tras 
en su caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada, en el 
plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderán emitidos con 
carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del procedimiento de 
aprobación, salvo que afecte al dominio o al servicio públicos de titularidad estatal. 
A falta de solicitud del preceptivo informe, así como en el supuesto de disconformidad 
emitida por el órgano competente por razón de la materia, o en los casos de silencio 
citados en los que no opera la presunción del carácter favorable del informe, no 
podrá aprobarse el correspondiente plan territorial o urbanístico en aquello que 
afecte a las competencias estatales.
No obstante, si la Administración competente en materia territorial o urbanística 
no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen recibido 
los correspondientes informes que resulten relevantes, o bien porque, habiéndose 
recibido, resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del 
órgano jerárquicamente superior de aquél que tendría que emitir el informe, para 
que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del 
requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe 
en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se 
comunicará al promotor privado del instrumento de planificación, cuando sea el caso 
y éste último podrá también reclamar a la Administración competente la emisión del 
informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 
13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.»
Disposición final decimosegunda.  Cláusula de salvaguardia de rango reglamentario.
1.  Lo dispuesto en los artículos 63 y 64 del presente real decreto-ley tiene rango 
reglamentario.
2.  La modificación del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, prevista 
en la disposición final octava del presente real decreto-ley tiene rango reglamentario.
Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN