BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 146 Sábado 19 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 74627
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
10245 Resolución  de  9  de  junio  de  2021,  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, sobre avocación y delegación de competencias en 
el Interventor delegado en el Ministerio de Hacienda.
La Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en lo sucesivo CNMC), publicada en BOE de 24 de enero de 2020, 
modificada por la Circular 7/2020, de 7 de julio, de la CNMC, y por la Circular 3/2021, 
de 17 de marzo, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de 
transporte y distribución de electricidad, modifica, respecto a la regulación anterior, la 
estructura tarifaria de los peajes así como los períodos horarios de cada tarifa. Este 
cambio en la estructura tarifaria de peajes y periodos horarios se ha visto completada 
con la aprobación de un nuevo componente de la factura eléctrica, los cargos del 
sistema, cuya metodología de cálculo se ha aprobado por Real Decreto 148/2021, de 9 
de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema 
eléctrico.
La entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria y la nueva metodología para el 
cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad y de los cargos del 
sistema eléctrico, implica la necesidad de la modificación del Acuerdo Marco 23/2017 
para  el  suministro  de  energía  eléctrica,  fase  2  (en  adelante  AM  23/2017),  para  la 
adaptación de los precios a esta nueva estructura tarifaria, y de los contratos basados en 
dicho acuerdo marco (tanto los que estén vigentes en el momento de la entrada en vigor 
de  la  nueva  estructura  de  peajes  de  acceso  y  cargos,  como  aquellos  licitados  y 
adjudicados con anterioridad cuya fecha de inicio fuese igual o posterior al 1 de junio 
de 2021), para la actualización y adecuación de sus precios de adjudicación permitiendo 
así la continuidad de estos contratos basados.
Debido a esta situación, en la Memoria Justificativa del expediente de modificación 
del Acuerdo Marco 23/2017, de 17 de mayo de 2021, suscrita por la Subdirección 
General de Contratación Centralizada de Servicios y Suministros para la Gestión de 
Inmuebles, se propone a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación,  como  órgano  competente  en  virtud  de  la  desconcentración  de 
competencias de la Junta de Contratación Centralizada recogida en el párrafo primero de 
la disposición adicional séptima del Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura básica del Ministerio de Hacienda, además de la modificación del 
citado Acuerdo Marco y la actualización de los precios umbrales de licitación de cada 
empresa (PUOP  ), la modificación de los contratos basados en él, en vigor el 1 de 
AM
junio de 2021 o que entren en vigor en fechas posteriores, siempre que hayan sido 
licitados y adjudicados antes del 1 de junio de 2021, y la actualización y adecuación de 
los precios de adjudicación de dichos contratos basados (PUOP  ).
CB
No obstante, se indica que «se ha seguido una metodología mediante la cual se 
garantiza  que,  tras  la  adaptación  a  la  nueva  estructura  de  peajes  de  acceso, 
financieramente el efecto es neutral, ya que el importe implícito del componente no 
regulado del precio del contrato no es superior al contemplado antes de la modificación,  es
tal  y  como  señala  la  CNMC  en  sus  "Recomendaciones  para  la  aplicación  de  la  bo
Circular 3/2020, de 15 de enero", adoptadas mediante Acuerdo de 8 de abril de 2021». 245ww
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estructura tarifaria, contenido éste que hace necesario que, con carácter previo a su 
aprobación, deban ser objeto de fiscalización previa tanto la una como las otras.
El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen 
de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado al 
regular en su artículo 8 la distribución de competencias entre el Interventor General de la 
Administración del Estado y los Interventores delegados, atribuye a estos últimos, sin 
otras excepciones que los supuestos tasados atribuidos a la competencia de aquel, la 
fiscalización e intervención de los actos relativos a gastos, derechos, pagos e ingresos 
que dicten las autoridades de los Ministerios, Centros, Dependencias u Organismos 
autónomos,  especificando  que  la  misma  se  ejercerá,  con  carácter  general,  por  el 
Interventor delegado cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la de la 
autoridad que acuerde el acto de gestión.
De  acuerdo  con  lo  anterior  y  conforme  a  los  criterios  establecidos  en  la 
Circular 2/2019 de la Intervención General de la Administración del Estado (en adelante, 
IGAE), si bien la competencia para la fiscalización de la modificación del AM 23/2017 la 
ostenta el Interventor delegado en el Ministerio de Hacienda, la competencia para ejercer 
la fiscalización previa en los supuestos de modificación de los contratos basados en 
dicho  acuerdo  corresponde  a  cada  una  de  las  Intervenciones  delegadas  en  los 
organismos destinatarios-financiadores de los mismos, siempre que dichos organismos 
se encuentren incluidos en el ámbito subjetivo de la función interventora ejercida por la 
IGAE.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 150 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, establece que el Interventor General podrá avocar para sí 
cualquier acto o expediente que considere oportuno. Asimismo, en el mismo artículo se 
señala que las competencias del Interventor General en materia de función interventora 
podrán ser delegadas en favor de los Interventores delegados.
Ante el elevado número de organismos destinatarios-financiadores de los contratos 
basados en el AM 23/2017, a los que se hace referencia en la Memoria Justificativa 
de 17 de mayo de 2021 antes citada, incluidos en el ámbito subjetivo de la función 
interventora ejercida por la IGAE, y habida cuenta de que de su modificación en los 
términos propuestos no va a derivarse en este momento un mayor gasto a cargo de los 
organismos destinatarios-financiadores de los mismos, razones de economía procesal 
justifican que la fiscalización previa de los expedientes de modificación de los contratos 
basados en el AM 23/2017 se lleve a cabo por el mismo Interventor delegado que tiene 
competencia para fiscalizar la modificación del citado Acuerdo Marco.
Por todo ello, con fundamento en los citados preceptos y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, dispongo:
Primero.
Avocar la fiscalización previa de los expedientes relativos a la modificación de los 
contratos basados en el AM 23/2017 en vigor el 1 de junio de 2021 o que entren en vigor 
en fechas posteriores, siempre que hayan sido licitados y adjudicados antes del 1 de 
junio de 2021, cuyo objeto consiste en la actualización y adecuación de los precios de 
adjudicación de dichos contratos basados a la nueva estructura tarifaria establecida en la 
Circular  3/2020,  de  15  de  enero,  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia,  y  normativa  concordante,  correspondientes  a  los  organismos  e
destinatarios-financiadores incluidos en el ámbito subjetivo de la función interventora  bo
ejercida por la IGAE. 245ww
Segundo.
Delegar la competencia avocada para la fiscalización de dichos expedientes en el
Interventor delegado en el Ministerio de Hacienda. En el acto de fiscalización previa  Bc
correspondiente se hará constar que la competencia se ejerce en base a la delegación 
contenida en esta Resolución.
Tercero.
Esta avocación y delegación de competencia se efectúa única y exclusivamente para 
la  fiscalización  previa  de  los  citados  expedientes  de  modificación  de  los  contratos 
basados,  cuyo  objeto  consiste  en  la  actualización  y  adecuación  de  los  precios  de 
adjudicación  de  dichos  contratos  basados  a  la  nueva  estructura  tarifaria, 
correspondientes a los organismos destinatarios-financiadores incluidos en el ámbito 
subjetivo de la función interventora ejercida por la IGAE, sin que la misma comprenda la 
fiscalización de otras modificaciones u actuaciones a realizar sobre los mismos que 
pudieran ser precisas en un momento posterior, por lo que no se altera la distribución de 
competencias de fiscalización de ulteriores expedientes.
De acuerdo con lo anterior, en el caso de que estos mismos contratos basados se 
modifiquen con posterioridad, la competencia para su fiscalización previa corresponderá 
a  cada  una  de  las  intervenciones  delegadas  en  los  organismos  destinatarios- 
financiadores de los mismos, siempre que dichos organismos se encuentren incluidos en 
el ámbito subjetivo de la función interventor ejercida por la IGAE.
Cuarto.
La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 9 de junio de 2021.–El Interventor General de la Administración del Estado, 
Pablo Arellano Pardo.