BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 61311
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8917 Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador titular del Registro de la Propiedad de Berga, por 
la que se deniega la inscripción de un acta notarial de cancelación de las 
limitaciones del artículo 28 de la Ley Hipotecaria.
En el recurso interpuesto por don Jordi Mota Papaseit, notario de Sallent, contra la 
nota de calificación extendida por el registrador titular del Registro de la Propiedad de 
Berga, don José Lázaro Santos Echevarría, por la que se deniega la inscripción de un 
acta notarial de cancelación de las limitaciones del artículo 28 de la Ley Hipotecaria.
Hechos
I
En el acta de notoriedad autorizada por don Jordi Mota Papaseit el 21 de enero 
de 2020, número 63 del protocolo, los propietarios de la finca registral 1350 del Registro 
de la propiedad de Berga, con el propósito de solicitar la cancelación de la limitación de 
los efectos de la Fe pública registral del artículo 28 de la Ley Hipotecaria, se declara la 
notoriedad de la inexistencia de legitimarios de la Sra. E. F. O.
II
Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Berga, fue 
objeto de la siguiente calificación: Se presenta acta de notoriedad, en la que el Sr. 
Notario  afirma  que  el  causante  «carecía  de  parientes  que  tengan  la  condición  de 
legitimarios conforme a la legislación civil catalana», y «al efecto de cancelar la limitación 
de efectos de la fe pública registral prevista en el artículo 28 de la Ley hipotecaria». Pues 
bien, la suspensión de la fe pública que establece el citado precepto no deja desplegar 
sus efectos si no por el transcurso del plazo que el mismo artículo señala, esto es, dos 
años a contar desde la muerte del causante. No es posible, por tanto, cancelar la 
constancia registral de dicha suspensión. Al margen de la discusión que versa sobre el 
tercero al que se refiere el artículo 28 (el tercero del artículo 34 o el heredero real), lo 
cierto es que el fundamento de la norma, como advierte G. G., «es la inseguridad del 
título sucesorio, porque puede aparecer un testamento de última hora o parientes no 
tenidos en cuenta». Obiter dicter, el que pueda aparecer un testamento es un extremo al 
cual no se refiere el acta de notoriedad; el que existen parientes con mejor derecho, 
incluso legitimarios, constituye un hecho cuya prueba resulta muy difícil, sino imposible 
(ejemplo clásico de probatio diabolica). Para interpretar el vigente 28 podemos acudir 
también al preámbulo de la Ley hipotecaria de 21 de diciembre de 1869, que establecía 
que «Hay, sin embargo, algunos bienes que no pueden ser inscritos en perjuicio de 
tercero, ni liberados, al menos dentro de cierto plazo, y son los adquiridos por herencia o 
legado. Así lo exige la imposibilidad de probar legalmente que un testamento, que se  e.e
presenta como título para verificarse una inscripción, no está destruido por otro anterior  b
otorgado con cláusula derogatoria -cláusulas ad cautelam derogatorias de un futuro  17ww
tloess tapmareienntote, sp rdoeh iubnid afisn aadhoo,r ad-e cploarr ahdaobse rslou sr ehveorceaddeoro esl  atebs tinatdeosrt,a yto e, lp quueed ee ld deesraepcahroe cdeer 
pproert epnressióenn t(alars ec aontcroesla cpiaórnie ndtee sla m liámsi taincmióend idaeto se»fe. cItnocsl udseo  llaa  DfeG pRúNb,li cdae ndieelg aa rtla.  2m8i sLmHa, 
antes de transcurrir dos años desde la muerte del causante), en un caso en el que el
recurrente alega que procede, al estar sujeta la sucesión al Derecho inglés, donde no 
existen las legítimas (resolución de 4 de septiembre de 2019). En esta resolución se 
afirma que «es fácil deducir, por tanto, que el artículo 28 de la Ley Hipotecaria, ni en su 
actual  redacción  ni  en  sus  anteriores  versiones  se  dirige  -especialmente-  a  la 
comprobación de la existencia de legitimarios [...] sino principalmente a la comprobación 
de herederos voluntarios o beneficiarios de la sucesión». A la vista de la(s) causa(s) 
impeditiva(s) relacionada(s) en los Hechos y en base a los Fundamentos de Derecho 
Legales y reglamentarios, a la jurisprudencia y a la doctrina de las resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado que se citan, acuerdo: 1.º Denegar, el 
asiento solicitado por ser el defecto señalado de carácter insubsanable (art. 65 de la Ley 
Hipotecaria).  2.°  Notificar  esta  calificación  al  presentante  y  a  la  Autoridad  que  ha 
expedido el documento en el plazo de 10 días hábiles desde su fecha (art. 322 Ley 
Hipotecaria y 58 y 59 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común).  3.º  Prorrogar  automáticamente  el  asiento  de 
presentación  del  título  por  60  días,  contados  desde  la  fecha  de  la  última  de  las 
notificaciones a que se refiere el apartado precedente (art. 323 Ley Hipotecaria). …
Continua  pie  de  recursos…Este  documento  ha  sido  firmado  con  firma  electrónica 
cualificada por José Lázaro Santos Echevarría registrador/a de registro propiedad de 
Berga a día cinco de febrero del año dos mil veinte.
III
Contra la anterior nota de calificación, don Jordi Mota Papaseit, notario de Sallent y 
autorizante  del  acta  objeto  de  calificación,  interpone  recurso  dirigido  a  la  Direcció 
General de Drets i d'Entitats Jurídiques de la Ley 4/2005, de 8 de abril, sobre los 
recursos  contra  la  calificación  negativa  de  las  rúbricas  o  cláusulas  específicas  del 
Derecho catalán, que deben estar inscritas en un registro de la propiedad, mercantil o de 
bienes muebles de Cataluña (BOE N.º122, de 20 de mayo de 2009). El recurso se basa 
en los siguientes:
«Hechos:
Primero.  En el acta de notoriedad autorizado por mí en la fecha 21/01/2020 
número 63 del protocolo los propietarios de la finca registral 1350 de Gironella 
(del  Registro  de  la  propiedad  de  Berga),  con  el  propósito  de  solicitar  la 
cancelación de la limitación de los efectos de la Fe pública registral del artículo 28 
de la Ley Hipotecaria, me requieren para declarar la notoriedad de la inexistencia 
de legitimarios de la Sra. E. F. O.
Segundo.  La finca registral 1350 de Gironella fue adquirida por los requirentes, por 
legado dispuesto a su favor en el Testamento de la Sra. E. F. O., fallecida el 20 de julio 
de 2018, según consta en escritura por mí autorizada como notario de Sallent, el 10 de 
enero  de  2019  número  19  de  protocolo.  En  la  mencionada  acta  de  notoriedad, 
número 63 del protocolo, queda acreditada por las pruebas documentales y testimonios 
aportados que la Sra. E. F. O. de vecindad civil catalana en el momento de su muerte, y 
murió en estado de viuda y sin que la sobreviviera ningún pariente que pudiera tener la 
condición  de  legitimario.  En  el  acta  número  64  del  Protocolo,  de  acuerdo  con  la 
documentación y testimonio según la documentación y testimonio según lo dispuesto en 
el acta de la obra, se declara que la Sra. E. F. O. falleció siendo de vecindad civil 
catalana, y en el estado de la viuda, sin descendientes y habiendo muerto sus padres. es
Tercero.  La  calificación  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Berga,  deniega  la  bo
cancelación solicitada alegando que “La Suspensión de la fe pública que establece el  17ww
ecmistias pmdooos  ipbarlreetí,cc epupolotro  ts anenoñto ad,l aec,ja aen scdteeols aeprs lel,a g dcaeor  ndssoutssa  naecñfieaoc srt eoags  icssotir nantlao dr  epd oedrsi cdehela  t lrsaau nmsspuceuenrrssteoió  dnde"e.l» l cpaluaszaon qteu.e N eol   OE-A-2020-89able en https://
«Fundamentos de Derecho
I.  Según el artículo 111-2 del Código Civil de Cataluña, el Derecho civil de Cataluña 
debe interpretarse e integrarse de acuerdo con los principios generales que le informan, 
teniendo en cuenta la tradición jurídica catalana.
II.  La aplicación del artículo 28 de la Ley Hipotecaria parte de una norma civil que 
es  completamente  ajena  al  Derecho  civil  catalán,  por  lo  que  es  inaplicable  a  las 
sucesiones regidas por el Derecho civil catalán, cuando ésta es la ley civil aplicable por 
ser de vecindad civil catalana el causante al tiempo de su muerte (normas de conflicto 
reguladas en los artículos 9.8 y 16.1 y concordante del Código Civil español).
III.  Diversa  naturaleza  de  la  legítima  entre  el  Derecho  Civil  de  Cataluña  y  el 
Derecho civil común.–La aplicación del artículo 28 de la Ley Hipotecaria está plenamente 
justificada en regímenes jurídicos como el de derecho común español, en el que la 
legitima tiene consideración de “pars bonorum”, al que tienen derecho “in bonis” los 
legitimarios, que en este régimen civil se denominan “herederos forzosos” (artículos 806 
y concordantes del Código Civil). Nada de esto sucede en el Derecho civil catalán, donde 
la regla general es la libertad de testar (artículo 421-1 del Código Civil de Cataluña: la 
sucesión  testada  se  rige  por  la  voluntad  del  causante  manifestada  en  testamento 
otorgado de acuerdo con la ley ) y la legitima se configura como un derecho de crédito 
del legitimario contra el heredero (artículo 451-1: "La legítima confiere a determinadas 
personas el derecho a obtener en la sucesión del causante un valor patrimonial que este 
puede  atribuirles  a  título  de  institución  hereditaria,  legado,  atribución  particular  o 
donación, o de cualquier otra forma”. De manera congruente con esta configuración de 
libertad de testar y la naturaleza de la legítima, en el derecho civil catalán, nunca 
quedara ineficaz la institución o el legado por el hecho de que aparezca un pariente del 
grupo de legitimarios que reclame la legítima o pretenda la reducción del legado en 
reclamación de la legitima: siempre se puede evitar la reclamación pagando en dinero u 
otros bienes, el importe de la legítima. (Véase el artículo 451-11 del Código Civil de 
Cataluña, que faculta al heredero para decidir cómo quiere pagar la legítima, si en 
dinero,  aunque  no  lo  haya  en  la  herencia  o  en  bienes  del  caudal  relicto,  y  el 
artículo 451-22, párrafo 4 del mismo Código, que permite al legatario, donatario y al 
adquirente a título particular a pagar en dinero el importe de la legítima al legitimario, 
para evitar perder la totalidad o parte del bien legado, dado o atribuido). Algo que no 
sucede en el Derecho Civil común en el que los "herederos forzosos" pueden impugnar 
la  disposición  testamentaria  que  no  respeta  sus  derechos  y  recuperar  los  bienes 
concretos de la herencia: como regla general la legítima debe ser pagada o cumplida 
mediante la entrega de bienes de la herencia. (Véase el artículo 806 del Código Civil 
español: "Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por 
haberla  reservado  la  ley  a  determinados  herederos,  llamados  por  esto  herederos 
forzosos». Y el artículo 817 del Código Civil español: Las disposiciones testamentarias 
que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en 
lo que fueren inoficiosas o excesivas. IV. Diversa eficacia de la acción de solicitud de 
herencia entre el Derecho Civil Catalán y el derecho civil común. - La acción civil de 
petición de Herencia (que es la acción sustantiva que parece querer reforzar la limitación 
de efectos de la fe pública registral del artículo 28 de la Ley Hipotecaria), es la que 
puede interponer un supuesto "heredero real" (que puede aparecer si se descubre un 
testamento  desconocido  posterior  con  eficacia  revocatoria  del  anterior,  o  por  otras 
causas), que puede ser dirigida contra el heredero aparente que se ha adjudicado antes 
los bienes de la herencia. El artículo 28 de la Ley hipotecaria viene a dar al heredero  e.
aparente que no es "heredero forzoso" una protección inferior al heredero aparente que  w.b
es "heredero forzoso", porque en el primer caso, si el heredero no heredero forzoso se  17ww
hvea ydaenm aadnqduairdidoo  pdoer  éul n( yh eelr eRdeegrios trroe aclo, nl ae satcac liiómni tapcuieódne d ea feefcetactro sin calburseo  laa  ptoesrcibeilriodsa dq duee 
laac cpioósni bcloen atrcac ilóons  dteerlc ehreorse)d; eerno  creaaml bniuon scia e al fheecrteadráe rao  taepracereronste:  eels  huenr e"dheerroe daepraor efonrtzeo sqou"e, 
sea "heredero forzoso" no se verá afectado por esta limitación y las disposiciones que
hubiera hecho quedarían firmes. Ahora bien, la diversa naturaleza de la legítima entre 
Derecho Civil catalán y Derecho Civil Común tradicionalmente ya ha motivado que en el 
Derecho Civil Catalán, no deba considerarse ninguna diferencia en la acción de petición 
de herencia según se plantee la acción contra un heredero aparente que sea legitimario 
o contra un heredero aparente que no lo sea, porque en Cataluña tan válida y eficaz 
debe ser la institución de heredero o el legado testamentario o la atribución a título 
particular a favor de quien es legitimario como en favor de quien no es legitimario, o a la 
inversa en Cataluña ni el heredero aparente es de mejor condición si es legitimario, ni es 
de peor condición si no es legitimario. Precisamente por la diversa naturaleza de la 
legítima en Derecho Civil Catalán, en nada hay diferenciar el régimen jurídico de la 
acción.»
IV
El registrador, emite su informe confirmando su calificación y forma expediente que 
eleva a esta Dirección.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos, 9, 24, 33, 117.4, 149.1 de la Constitución; 147.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña; Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de enero de 2014, 
28 de la Ley Hipotecaria, artículo 28 de la Ley Hipotecaria, artículo 451 del libro cuarto 
del Código Civil de Cataluña, las Resoluciones de la anterior Dirección General de los 
Registros y del Notariado, hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica 
de 29 de julio de 2015, 29 de mayo, 9 de junio y 21 de septiembre de 2017, 5 de marzo 
de 2018 y 29 de agosto de 2019, en relación con la competencia para resolver el recurso 
y las resoluciones de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de Cataluña 
de 5 de junio y 29 de julio de 2013 y de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 2 de agosto de 2016 y 21 de noviembre de 2018 en relación con la legitima 
catalana y resolución de la anterior Dirección General de los Registros y del Notariado, 
hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica, de 4 de septiembre de 2019.
1.  Son datos a tener en cuenta para la resolución de este expediente los siguientes:
– La  finca  registral  1350  de  Gironella  fue  adquirida  por  los  actuales  titulares 
registrales, por legado dispuesto a su favor en el Testamento de la Sra. E. F. O., fallecida 
el 20 de julio de 2018, según consta en escritura autorizada don Jordi Mota Papasseit, 
notario de Sallent, el 10 de enero de 2019 número 19 de protocolo.
– En acta de notoriedad autorizada por dicho notario, ahora recurrente, el 21 de 
enero de 2020, número 63 de protocolo, se declara la notoriedad de la inexistencia de 
legitimarios de la Sra. E. F. O., acta presentada en el registro de la Propiedad de Berga, 
con el propósito de solicitar la cancelación de la limitación de los efectos de la fe pública 
registral del artículo 28 de la Ley Hipotecaria.
– El registrador deniega la cancelación de las limitaciones del artículo 28 de la Ley 
Hipotecaria, al entender, sucintamente, que la suspensión de la fe pública que establece 
el citado precepto no deja de desplegar sus efectos si no por el transcurso del plazo que 
el mismo artículo señala, esto es, dos años a contar desde la muerte del causante, y que 
el  artículo  28  de  la  Ley  Hipotecaria,  se  dirige,  no  solo  a  la  comprobación  de  la 
inexistencia  de  legitimarios,  sino  también,  principalmente  a  la  comprobación  de  la 
existencia de herederos voluntarios o beneficiarios de la sucesión. e.e
– El recurrente alega que el artículo 28 de la Ley Hipotecaria es inaplicable a las  b
sucesiones regidas por el Derecho civil catalán, cuando ésta es la ley civil aplicable por  17ww
nseart udrael evzeac dined laad l ecgiívtiilm caa etanltarnea e le Dl ecraeucshaon Cteiv ial ld etie Cmaptaol udñea  ys ue l mDueerertceh, od caivdial  cloam dúinst iyn tlaa 
ddievreercshao  ecfiivcial ccioam dúen .la acción de solicitud de herencia en el Derecho Civil Catalán y el
2.  Como cuestión previa, relativa a la competencia para la resolución del recurso, 
debe tenerse en cuenta que, aun cuando el recurrente dirigió el recurso a la Direcció 
General de Dret i de Entitats Juridiques de la Generalitat de Cataluña, la registradora –
acertadamente–,  lo  ha  trasladado  a  esta  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado.
Afirma el registrador en su informe que el mismo Preámbulo de la citada Ley 5/2019, 
establece que «la presente ley fija también el procedimiento que debe seguirse a la hora 
de decidir elevar el recurso a la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, 
procedimiento que se asienta sobre la base de que las indicaciones que hagan los 
recurrentes sobre la competencia para resolver no vinculan a los registradores. Todo ello, 
en  el  marco  del  principio  de  cooperación  entre  administraciones  como  esencia  del 
modelo de organización territorial del estado autonómico, principio que se traduce en el 
deber recíproco de apoyo y lealtad institucionales».
En efecto la competencia para resolverlo no puede ser una cuestión de elección por 
parte del recurrente. Así, la Resolución de este Centro Directivo de 29 de julio de 2015, 
puso  de  relieve  lo  siguiente:  «Como  cuestión  previa  debe  decidirse  acerca  de  la 
competencia de este Centro Directivo en la resolución del presente recurso, en cuanto el 
notario  autorizante  y  recurrente  presentó  su  recurso  en  el  Registro,  solicitando 
expresamente su elevación a la Direcció General de Dret i de Entitats Juridiques de la 
Generalitat de Cataluña. El recurrente carece de posibilidad de elección del Centro 
Directivo, en cuanto es la materia sobre la que versa el expediente la que debe conducir 
a su resolución por uno u otra Dirección General. Como puso de manifiesto el Pleno del 
Tribunal Constitucional al analizar el ámbito de aplicación de la Ley de la Generalitat de 
Cataluña 5/2009, de 28 de abril, su actuación en estos expedientes vendrá determinada 
por la aplicación del Derecho catalán, lo que en absoluto ocurre en este caso (…)».
Sobre esta cuestión competencial la doctrina de este Centro Directivo ha sido y es 
meridianamente clara al establecer, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 28 
de  abril,  del  Parlamento  de  Cataluña,  parcialmente  derogada  por  la  Sentencia  del 
Tribunal Constitucional número 4/2014, de 16 de enero, que la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalidad de Cataluña es competente para la 
resolución  de  los  recursos  contra  la  calificación  registral  únicamente  cuando  «las 
calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten de forma exclusiva en normas 
del derecho catalán o en su infracción», mientras que «la competencia para resolver 
recursos mixtos, es decir, basados en cuestiones específicas de derecho catalán como, 
además, en cuestiones de derecho común u otros derechos corresponde a la Dirección 
General de los Registros y del Notariado».
La citada sentencia del Tribunal Constitucional resuelve lo siguiente:
«(…) Encuadrado el debate en los términos expuestos, según se desprende del 
artículo 3.4 antes transcrito, el órgano administrativo competente para conocer de los 
recursos gubernativos varía dependiendo de la invocación que, en cualquiera de ellos, 
se  haga  de  la  normativa  estatal  o  autonómica.  Se  establece  una  regla  sobre  la 
acumulación de recursos gubernativos dirigidos contra una misma calificación registral 
negativa que impone, por el solo hecho de que uno de ellos se base en normas de 
Derecho catalán o en su infracción, una vis atractiva a favor de la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat, habilitándola para sustanciarlos todos 
en una sola pieza, incluidos los que no aleguen la infracción de una norma del Derecho 
catalán.
Es evidente que tal atribución excede de la competencia estatutariamente asumida  e.
por la Comunidad Autónoma de Cataluña para resolver estos recursos gubernativos, que  w.b
se circunscribe estrictamente a la «calificación de los títulos o las cláusulas concretas en  17ww
emna tlear ieax dpeo sdiceiróenc hdoe  cmatoatliávons»  (daer t.la 1 4d7e. 2la E LAeCy) ,d seile Pndaorl asmu efnintaol iddea dC, atatal lyu ñcao m5o/2 s0e0 9d,e lcal adrae 
persetasteurtvaarria y n op riontcelgueyre  e–ln Di peoredcríhao  inccaltuailrá–n l.a  Epsr eisgeuravlamceiónnte o e pvriodteenctcei óqnu ed ee osttrao sh aDbeilriteacchióons 
forales o especiales, ni del Derecho civil común.
(…) En conclusión, resulta contrario al bloque de la constitucionalidad el artículo 3.4 
impugnado, en cuanto atribuye a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas 
de  la  Generalitat  la  competencia  para  resolver  los  recursos  cuando  las  cuestiones 
registrales planteadas exceden del marco estricto del Derecho civil catalán. Incurre así el 
precepto en inconstitucionalidad y nulidad en los incisos;y al menos uno se basa en 
normas del Derecho catalán o en su infracción» e “incluidos los que no aleguen la 
infracción de una norma del Derecho catalán” (…)»
Y más clara no puede ser la postura de esta Dirección General, expresada en 
Resolución de 21 de septiembre de 2017 (en línea con anteriores pronunciamientos 
de 29 de mayo y 9 de junio de 2017, también seguida en Resoluciones de 5 de marzo 
de 2018 y 29 de agosto de 2019), y que no cabe sino ratificar y reiterar:
«Según  el  artículo  324  de  la  Ley  Hipotecaria  «las  calificaciones  negativas  del 
registrador podrán recurrirse potestativamente ante la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en la forma y según los trámites previstos en los artículos siguientes, o 
ser impugnadas directamente ante los juzgados de la capital de la provincia a la que 
pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal y observándose, en la medida en que le sean aplicables, las disposiciones 
contenidas en el artículo 328 de esta Ley. Cuando el conocimiento del recurso esté 
atribuido por los Estatutos de Autonomía a los órganos jurisdiccionales radicados en la 
Comunidad Autónoma en que esté demarcado el Registro de la Propiedad, el recurso se 
interpondrá ante el órgano jurisdiccional competente. Si se hubiera interpuesto ante la 
mencionada Dirección General, ésta lo remitirá a dicho órgano».
Por su parte, el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la 
Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen de los recursos sobre la 
calificación de los títulos o las cláusulas concretas en materia de Derecho catalán que 
deban inscribirse en un Registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles de 
Cataluña, competencia desarrollada por la Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de 
Cataluña, que, tras su anulación parcial por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
número 4/2014, de 16 de enero, atribuye a la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques  de  la  Generalitat  de  Cataluña  la  resolución  de  los  recursos  contra  la 
calificación registral únicamente cuando «las calificaciones impugnadas o los recursos se 
fundamenten de forma exclusiva en normas del derecho catalán o en su infracción» 
(artículos 1 y 3.4); añadiendo el apartado 3 del artículo 3 de la misma Ley que «si la 
persona que presenta el recurso en el Registro lo interpone ante la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, y el registrador o registradora, manteniendo la calificación, 
entiende  que,  en  aplicación  del  artículo  1,  es  competente  la  Dirección  General  de 
Derecho  y  de  Entidades  Jurídicas,  deberá  formar  expediente  en  los  términos 
establecidos legalmente y elevarlo a esta última con la advertencia expresa de aquel 
hecho».
Ello es así porque la citada Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de enero 
de 2014 en el recurso de inconstitucionalidad número 107/2010 planteado contra la Ley 
catalana 5/2009 entendió que todo lo no incluido en los términos estrictos del precepto 
competencial estatutario constituye competencia exclusiva e indisponible del Estado, que 
no puede ser menoscabada a partir de la competencia de la Comunidad Autónoma para 
la  conservación,  modificación  y  desarrollo  de  su  Derecho  civil  propio,  aun  cuando 
hubiera sido objeto de regulación en el Derecho civil catalán; por lo que se concluye que 
la  competencia  para  resolver  recursos  mixtos,  es  decir,  basados  en  cuestiones 
específicas de derecho catalán comprendiendo, además, otras cuestiones de derecho  e.
común u otro tipo de derecho -registral, consumo, etc.–, corresponde a esta Dirección  w.b
General de los Registros y del Notariado. 17ww
formPao re xtacnlutos,iv cau, aennd on olarsm caasl ifdicea cDioenreecsh iom pcautganláand aos  oe nl ossu r eincfurrascocsió sne,  flousn draemgiesntrtaedno, rdees 
Jduerbídeirqáune sr edmei tCir aetal lueñxap, eaduienn cteu afnodrmo asdeo h aay alan  inDtiererpcuceiós toG eanneter ael stdae  DDirerectc iói nd G’Eenntietaratsl 
de los Registros y del Notariado. Por el contrario, cuando la calificación impugnada o los
recursos se fundamenten además, o exclusivamente, en otras normas o en motivos 
ajenos al Derecho catalán, como es el caso presente, el registrador deberá dar al 
recurso la tramitación prevista en la Ley Hipotecaria y remitir el expediente formado a 
esta Dirección General de los Registros y del Notariado en cumplimiento del artículo 324 
de la Ley Hipotecaria.
Con base en todo lo expuesto este Centro Directivo se considera competente para 
resolver el presento recurso ya que la materia discutida no es de Derecho especial 
catalán, sino de Derecho registral como es la referente a los medios de rectificación del 
Registro de la Propiedad».
En este expediente lo que se cuestiona es la aplicación, no de una norma de la 
legislación catalana, sino de una norma de derecho registral que versa sobre un principio 
de nuestro ordenamiento hipotecario, el de fe pública, y más específicamente, sobre el 
artículo 28 de la Ley hipotecaria: materia de competencia estatal exclusiva, ex 149.18.ª 
de la Constitución española.
3.  El  artículo  28  de  la  Ley  hipotecaria  dispone:  Las  inscripciones  de  fincas  o 
derechos reales adquiridos por herencia o legado, no surtirán efecto en cuanto a tercero 
hasta transcurridos dos años desde la fecha de la muerte del causante. Exceptúense las 
inscripciones por título de herencia testada o intestada, mejora o legado a favor de 
herederos forzosos.
La Ley Hipotecaria de 1861, no contemplaba esta limitación temporal. La de 21 de 
diciembre de 1869, introdujo esta limitación como segundo párrafo del artículo 23 de la 
Ley Hipotecaria. En el Preámbulo se afirma: «Hay, sin embargo, algunos bienes que no 
pueden ser inscritos en perjuicio de tercero, ni liberados, al menos dentro de cierto plazo, 
y son los adquiridos por herencia o legado. Así lo exige la imposibilidad de probar 
legalmente  que  un  testamento,  que  se  presenta  como  título  para  verificarse  una 
inscripción,  no  está  destruido  por  otro  anterior  otorgado  con  cláusula  derogatoria  -
cláusulas  ad  cautelam  derogatorias  de  un  futuro  testamento,  prohibidas  ahora-  por 
haberlo  revocado  el  testador,  y  el  que  el  derecho  de  los  parientes  de  un  finado, 
declarados  sus  herederos  ab  intestato,  puede  desaparecer  por  presentarse  otros 
parientes más inmediatos».
La excepción del párrafo segundo del precepto, con relación a las inscripciones a 
favor de herederos forzosos, se introdujo en la reforma de la Ley de 17 de julio de 1877. 
Siendo un hito posterior la creación del Registro General de Actos de Última Voluntad 
por el Real Decreto de 14 de noviembre de 1885, por cuya razón la reforma de la Ley 
de 21 de abril de 1909, reduce el plazo de suspensión a dos años, modificándose la 
dicción «no perjudicar a tercero» por la de «no surtir efecto en cuanto a tercero». La ley 
de 30 de diciembre de 1944 modifica el «dies ad quo» desde la fecha de inscripción por 
la del fallecimiento del causante, siendo aplicable según la disposición transitoria séptima 
de la ley Hipotecaria a las sucesiones causadas desde 1 de julio de 1945.
4.  Tradicionalmente se considera que el fundamento de esta disposición es la 
inseguridad en el título sucesorio en cuanto pudieran aparecer parientes del causante 
que no habían sido tenidos en cuenta, o un testamento de fecha más reciente en el que 
se designe un heredero distinto. Es decir, protege a un eventual heredero real frente al 
aparente en toda o parte de la sucesión y, principalmente, frente a los adquirentes que 
traigan causa de este. La protección de la fe pública registral implica el reconocimiento 
del poder de disposición del transmitente que deriva en la inatacabilidad del tercero que 
adquiere de dicho titular. En el caso del heredero, son varias las causas que pueden 
generar una apariencia hereditaria frente al heredero real: nulidad o revocación del  s
testamento, aparición de parientes con derecho preferente a la herencia, vicios del  oe.
consentimiento, que excepcionan la irrevocabilidad de la aceptación o aparición de un  w.
testamento desconocido. 17ww
fe pEúbl laicrtaíc eunlo  e2l 8c adseo l ad eL ecyo Hnfilpicottoe ceanrtirae  aepl lihcae recodmeroo  raepgalare gneten,e triatul luanr ar esguisstpreanl, syió ne l dree alal, 
protegiendo a este con la suspensión de efectos para quienes adquieran de aquel.
Como  ha  declarado  este  centro  directivo  en  la  reciente  Resolución  de  4  de 
septiembre de 2019: «Es fácil deducir, por tanto, que el artículo 28 de la Ley Hipotecaria, 
ni en su actual redacción ni en sus anteriores versiones se dirige –especialmente– a la 
comprobación de la existencia de legitimarios, titulares de partes reservadas, en la 
terminología del instrumento europeo, -como considera el recurrente- sino principalmente 
a la comprobación de herederos voluntarios o beneficiarios de la sucesión».
De esta forma, la resolución de la disputa que pueda originarse por la titularidad de 
los bienes hereditarios entre el heredero aparente y el real, se resolverá conforme a las 
normas de derecho civil aplicable, pero en el caso de que el conflicto surja entre el 
heredero real y los adquirentes del heredero aparente, habrá que distinguir según haya 
transcurrido o no el plazo de dos años.
En cuanto a quien es el tercero del artículo 28, ha sido objeto de discusión doctrinal, 
si bien la corriente mayoritaria apunta al adquirente del heredero aparente cuando su 
adquisición se haya producido en los términos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Por lo tanto, para que pueda cancelarse la limitación del artículo 28 de la Ley 
Hipotecaria será necesario el transcurso de dos años desde el fallecimiento del causante 
y que el adquirente reúna las condiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Junto a la regla general, el artículo 28 establece una excepción. La existencia de un 
heredero real distinto del aparente se valora más improbable, salvo preterición, en el 
caso de existir herederos forzosos, que cuentan con la condición de herederos por 
reconocimiento legal.
Por ello, el segundo inciso del precepto exceptúa, de la limitación de efectos de la fe 
pública respecto de terceros adquirentes, las inscripciones por título de herencia testada 
o intestada, mejora o legado a favor de herederos forzosos.
En consecuencia, la excepción a la suspensión de efectos de la fe pública registral 
que establece el artículo 28 se sostiene en dos requisitos cumulativos, adquirir de un 
heredero forzoso y hacerlo con las condiciones exigidas por el artículo 34 de la Ley 
Hipotecaria.
4.  Para la determinación de quienes sean los legitimarios habrá que estar a la 
legislación civil aplicable. El recurrente alega que la naturaleza de la legitima en derecho 
Civil común y en Derecho Civil catalán es distinta.
Efectivamente, el art. 451.1, Código Civil Catalán señala que «la legítima confiere a 
determinadas personas el derecho a obtener en la sucesión del causante un valor 
patrimonial que este puede atribuirles a título de institución hereditaria, legado, atribución 
particular o donación, o de cualquier otra forma.»
Por su parte el artículo 451-15, señala: «1. El heredero responde personalmente del 
pago de la legítima y, si procede, del suplemento de esta. 2. El legitimario puede solicitar 
la anotación preventiva de la demanda de reclamación de la legítima y, si procede, del 
suplemento en el Registro de la Propiedad. 3. Si la legítima se atribuye por medio de un 
legado de bienes inmuebles o de una cantidad determinada de dinero, el legitimario 
también puede solicitar, si procede, la anotación preventiva del legado. El legado simple 
de legítima no tiene a tal efecto la consideración de legado de cantidad y no da lugar, por 
sí mismo, a ningún asentamiento en el Registro de la Propiedad».
Por lo tanto, como señalo la Resolución de este Centro Directivo de 21 de noviembre 
de 2018, hay que partir de una clara afirmación, cual es que la legítima en ese derecho 
civil especial es un derecho de crédito (sin garantía real alguna «de lega data») que 
determinados parientes tienen contra los herederos del causante, no siendo exacto 
seguir calificándola como «pars valoris bonorum», dado que el legitimario carece de  s
acción real. Afirmaciones, estas, claramente avaladas por preceptos como el citado  oe.
artículo 451-1 del Código Civil catalán, que presenta la legítima como el derecho a  w.
obtener en la sucesión del causante un valor que éste puede atribuir por cualquier título;  17ww
loe geílt iamrtaíc uyl oe 4n5 1s-u1 5c.a1s, os edgeú ns eul  csuuapll eremsepnotnod. eS einl  hoelrveiddaerr,o  ppoerr súolntiamlmo,e nqtuee d, ecl opnafgoorm dee  laal 
saert ípcaugloa  4la5 1le-1g1ít,i mesa , esli  heenr eddineerroo ,q auuiennq udee cnidoe l,o  shi anyoa  leon h laa  hheecrehnoc aian, toe se ne l bcieanuesas nrteeli,c ctoósm.o  BOE-A-cable e
Ahora bien, lo anterior no implica ni la inexistencia de la legitima ni el hecho de que 
esta pueda satisfacerse en bienes de la herencia el Artículo 451-11 Pago de la legítima 
del Código Civil catalán, señala: «1. El heredero o las personas facultadas para hacer la 
partición, distribuir la herencia o pagar legítimas pueden optar por el pago, tanto de la 
legítima como del suplemento, en dinero, aunque no haya en la herencia, o por el pago 
en  bienes  del  caudal  relicto,  siempre  y  cuando,  por  disposición  del  causante,  no 
corresponda a los legitimarios percibirlos por medio de institución de heredero, legado o 
asignación de un bien específico, atribución particular o donación».
Por ello si el tercero adquiere los bienes de la herencia del legitimario, por habérsele 
satisfecho a este con dichos bienes su crédito, estará protegido por la fe pública registral 
al serle aplicable la excepción del segundo inciso del artículo 28 de la Ley Hipotecaria, 
de forma que dicho tercero devendrá inatacable en su adquisición.
En cualquier caso, la inaplicabilidad de la excepción no implica que no sea aplicable 
la regla general.
5.  Respecto de la acción de petición de herencia, afirma el recurrente que no hay 
en Cataluña ninguna diferencia en la acción de petición de herencia según se plantee la 
acción contra un heredero aparente que sea legitimario o contra un heredero aparente 
que  no  lo  sea,  pero  en  este  sentido  hay  que  tener  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el 
artículo  465-2  Régimen  jurídico  del  heredero  aparente,  dispone  este  artículo:  1.  El 
heredero aparente o el poseedor vencido por el ejercicio de la acción de petición de 
herencia debe restituir al heredero real los bienes de la herencia, aplicando las normas 
de liquidación de la situación posesoria y distinguiendo si la posesión ha sido de buena o 
mala fe. 2. Se excluyen de la restitución los bienes adquiridos a título oneroso por 
terceros de buena fe, de acuerdo con lo establecido por la legislación hipotecaria y las 
normas sobre la irreivindicabilidad de los bienes muebles. 3. En los supuestos a que se 
refiere el apartado 2, el heredero aparente o el poseedor vencido debe entregar al 
heredero real el precio o la cosa que ha obtenido como contraprestación o los bienes 
que ha adquirido con estos. Si la contraprestación aún no ha sido pagada, el heredero 
real se subroga en las acciones del transmitente para reclamarla.
Por lo tanto, al remitir dicho artículo a la regulación de la legislación hipotecaria, los 
bienes no estarían excluidos de la restitución hasta pasados los dos años de suspensión 
del  artículo  28  de  la  Ley  Hipotecaria,  transcurrido  dicho  plazo  y  consolidada  la 
adquisición a favor del tercero del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, conforme se ha 
dicho, sería de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 465-2.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota 
de  calificación  del  registrador  en  los  términos  que  resultan  de  las  anteriores 
consideraciones.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 12 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.