BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Lunes 3 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 63270
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9070 Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de La Unión n.º 2, por la que se deniega la 
inscripción  de  una  representación  gráfica  catastral  de  una  finca  y 
consiguiente rectificación de su descripción.
En el recurso interpuesto por don R. A. T., contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de La Unión número 2 doña Silvia Dévora Gutiérrez, por la 
que se deniega la inscripción de una representación gráfica catastral de una finca y 
consiguiente rectificación de su descripción.
Hechos
I
Mediante instancia privada suscrita el 4 de septiembre de 2019, don R.A.T., se 
solicita  la  inscripción  de  representación  gráfica  catastral  de  la  finca  2.256  de  la 
Sección 1.ª del término de Cartagena y consecuente rectificación de su descripción.
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de La Unión número 2, 
una vez tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, es 
objeto de calificación negativa, con arreglo a los siguientes hechos y fundamentos 
jurídicos:  «Tras  tramitar  expediente  registral  regulado  en  el  art.  199  de  la  Ley 
Hipotecaria, con el fin de incorporar la representación gráfica catastral, así como la lista 
de  coordenadas  georreferenciadas  a  la  finca  2.256  de  manera  que  complete  la 
descripción literaria, rectificándose, si fuera preciso la superficie y linderos del terreno 
objeto el expediente, iniciado mediante instancia suscrita el día cuatro de Septiembre de 
dos mil diecinueve, ratificada ante mí, por los cónyuges don R.A.T. y esposa doña 
M.N.G.P.–C., presentada el mismo día cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 
causando el asiento 2176 del diario 123, en unión de certificación catastral descriptiva y 
gráfica  de  fecha  dos  de  Septiembre  de  2019,  con  CSV:  A0GSZ23SD3YJ2015,  ha 
resultado lo siguiente:
I.  Antecedentes registrales de la finca 2.256.
1.  Según resulta de la inscripción 1.ª de fecha 1 de octubre de 1895 la descripción 
de la finca era la siguiente:
“Rustica: Un lote de terreno situado en Cabo de Palos, diputación del Rincón de San 
Ginés,  término  Municipal  de  Cartagena,  de  cabida  cinco  áreas  cincuenta  y  nueve 
centiáreas, que linda: Norte y Este, terreno de don L.U.G.; al Oeste, con el edificio 
depósito de Sal de don A.T. y Sur-Oeste, Mar Mediterráneo.” e.
2.  Según resulta por nota al margen de la inscripción 3.ª, de fecha 10 de febrero  70ww
idMlgaeu u far1icnl9mica9ae,7  n,ry tese eg e idsssettera ag llra ae 3 gC5ós.o u6um 1n8vu e tnrqzoid uzaefoud  e dfu Aeea ut getcórreunredponiamdodaa ad   aedc  e6ola 2n l,a 6C d0oRo mmse ugenfitóirniodncsa a ddcs eu A aruMedtgróuaisnrdctoroiaams,l,e a sqr e udsemeu  álpltaasa ,ns Rdoto ietau g ltifaóroarnrismd  adaldear     OE-A-2020-90able en https://
agrupación la registral 35624. Tras todo ello quedo un resto sin determinar, según el 
Registro de 496,40 metros cuadrados.
Los promotores del expediente compraron la finca que nos ocupa 2256, en virtud de 
la escritura autorizada el día tres de Septiembre de dos mil diez, por el Notario de 
Cartagena, doña María Teresa Navarro Morell, como sustituto de su compañero de 
residencia don Pedro Eugenio Díaz Trenado, protocolo 2139; en dicha escritura se 
pretendió actualizar la finca con la siguiente descripción: Un trozo de terreno que mide, 
según el registro, después de una segregación efectuada, cuatrocientos noventa y seis 
metros,  cuarenta  decímetros  cuadrados,  pero  según  reciente  medición  y  de  la 
certificación catastral que después se dirá, su superficie real es de quinientos noventa y 
cuatro metros cuadrados, de cuyo exceso de cabida se solicita su inscripción.
Actualmente está señalada con el número (…) en Cabo de Palos, diputación del 
Rincón de San Ginés, término municipal de Cartagena. Linda, según el título, Norte y 
Este, finca registral 1.265; Oeste, edificio depósito de sal de Don A.T., y Sur y Oeste, Mar 
Mediterráneo, y según catastro, linda: Norte, la señalada con el número (…); Sur, (…), 
Este, la número (…), de M.N.G.P.C.; calle (…) y la número (…), de F.D.C., y Oeste, calle 
(…).  Acompañándose  a  la  citada  escritura  de  compraventa  certificación  catastral 
descriptiva y gráfica de la finca de fecha 2 de septiembre de 2010, de la que resultaba 
una superficie de parcela de 594 metros cuadrados.
3.  La citada escritura de compra motivó la inscripción 5.ª de compra, de fecha 3 de 
noviembre  de  2010,  la  cual  se  inscribió  concretándose  a  la  cabida  inscrita  de 
cuatrocientos noventa y seis metros, cuarenta decímetros cuadrados, suspendiéndose 
en cuanto al exceso solicitado por falta de previa inscripción.
4.  Como consecuencia de la suspensión la escritura de compraventa se inscribió 
con la siguiente descripción: Urbana: Un trozo de terreno que mide, según el Registro, 
después de la segregación efectuada, cuatrocientos noventa y seis metros, cuarenta 
decímetros, y Linda: Norte y Este, finca registral número 1265; Oeste, edificio depósito 
de  sal  de  don  A.T.;  y  Sur  y  Oeste,  Mar  Mediterráneo.  Referencia  Catastral: 
3176613YG0637N0001UK.
5.  Posteriormente según resulta de la anotación letra C convertida en inscripción 
por la 8.ª, se procedió a declarar sobre el terreno una obra nueva en construcción con la 
siguiente descripción: “URBANA: Un trozo de TERRENO de forma rectangular con un 
desnivel pronunciado hacia el mar que mide cuatrocientos noventa y seis metros con 
cuarenta decímetros cuadrados, actualmente señalado con el número (…) de Cabo de 
Palos,  término  municipal  de  Cartagena,  dentro  de  cuyo  perímetro  se  ubica  una 
VIVIENDA UNIFAMILIAR en construcción, con acceso por la calle (…), compuesta de 
planta de sótano, planta baja y planta primera en alto, comunicadas entre sí mediante 
escalera interior, encontrándose ocupada por la edificación una superficie de ciento 
veintiocho  metros  con  diez  decímetros  cuadrados,  siendo  destinado  el  resto  de  la 
parcela a piscina, patio y ensanches. La planta de sótano, destinada a garaje con acceso 
directo mediante rampa a la calle (…), y en la que se ubican también un aseo y un office, 
tiene una superficie útil de noventa y nueve metros con sesenta decímetros cuadrados, 
siendo  su  superficie  construida  de  ciento  veintitrés  metros  con  quince  decímetros 
cuadrados. La planta baja, destinada a vivienda, se distribuye en diversas dependencias 
y servicios, con una superficie útil de ochenta y seis metros con cuarenta y cinco 
decímetros cuadrados, y una superficie construida de ciento once metros con cuarenta 
decímetros cuadrados. Consta además de un porche con una superficie útil de dieciséis 
metros cuadrados, y construida de dieciséis metros con setenta decímetros cuadrados.  s
La  planta  de  piso,  destinada  a  vivienda,  se  compone  de  diversas  dependencias  y  oe.
servicios, con terraza, con una superficie útil de sesenta y tres metros con sesenta y  w.
cinco decímetros cuadrados, y construida de setenta y ocho metros con setenta y cinco  70ww
tdreecinímtae mtroestr ocsu caudaraddraodso. sL, ay  slau púetirl ftiocitea l tdoeta dl ocsocniesntrtuoisd as edsee nlata  vyi vciienncdoa m eest rodse  ctorens sceietenntotas 
ddeecpíómseitotr odse  csuaal ddrea ddoosn.  AL.iTn.d; ay:  SNuor ryte O ye sEtset,e M, fainr cMae rdeigteisrrtáranle noú.”mero 1.265; Oeste, edificio  BOE-A-cable e
Nota: Se hace constar que al resultar de su lindero Sur-Oeste que linda con Mar 
Mediterráneo, se tomó anotación de suspensión conforme al Reglamento de Costas, 
hasta que la Demarcación de Costas en Murcia certificara sobre si la finca registral 2256 
(referencia catastral: 3176613YG0637N0001UK) con una superficie catastral de 714 
metros  cuadrados,  cuya  representación  gráfica  es  la  misma  que  resulta  de  la 
certificación catastral descriptiva y gráfica que se acompaña al expediente que nos 
ocupa invadía o no el dominio público marítimo terrestre. Certificación que expidió el Jefe 
de la Demarcación de Costas en Murcia, el día 31 de Mayo de 2019, visto el parte del 
Servicio  de  Vigilancia  de  Costas  de  fecha  2  de  Mayo  de  2019,  resultando  de  la 
certificación que la finca 2256 NO INVADE el dominio público marítimo-terrestre, según 
deslinde de dominio público marítimo terrestre, aprobado por orden Ministerial de 17 de 
Diciembre de 2007, entre los hitos DP-113 y DP-114, si bien se halla sometida a las 
servidumbres de tránsito y protección establecidas en la sección 1.ª del capítulo II del 
título II de la vigente Ley de Costas.
6.  Finalmente en virtud del expediente del art. 199 de la Ley Hipotecaria, que nos 
ocupa, los promotores del expediente y titulares de la finca registral 2256, los cónyuges 
don R.A.T. y esposa doña M.N.G.P.–C., han solicitado la tramitación del mismo, con el fin 
de  incorporar  la  representación  gráfica  catastral  y  la  lista  de  coordenadas 
georreferenciadas de la misma, lo que implica aumentar la cabida inscrita de 496,40 
decímetros a 714 metros cuadrados, un exceso o mayor cabida de 217,60 metros 
cuadrados.
II.  Tramitación del expediente (art.199 LH).
Iniciado y tramitado en este Registro, de conformidad con el artículo 199 de la Ley 
Hipotecaria, expediente de inscripción de base gráfica catastral en base a la instancia 
anteriormente  referida  y  practicadas  las  notificaciones  pertinentes  a  los  titulares 
registrales y catastrales colindantes afectados, y tras tener en cuenta los siguientes 
documentos:
1)  Alegaciones de uno de los colindantes registral-catastral, más concretamente de 
su viento Norte, titularidad catastral de la Comunidad de Propietarios, calle (…).
2)  Informe de la Directora General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, de fecha 18/11/2019.
3)  Informe del Jefe de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, de 
fecha 29/11/2019.
4)  Certificación expedida por el Jefe de la Demarcación de Costas en Murcia, el 
día 31 de mayo de 2019.
5)  Escrito presentado por los promotores del expediente los cónyuges don R.A.T. y 
esposa doña M.N.G.P.–C., el día 4/2/2020.– procede denegar la inscripción de la base 
gráfica catastral aportada por los siguientes motivos:
1.º Existir oposición de uno de los colindantes registral-catastral, más concretamente 
de su viento Norte, titularidad catastral de la Comunidad de Propietarios, calle (…), 
integrada por los siguientes propietarios: doña M.I.S.C. con DNI-------, don I.O.V. con 
DNI-------- y don J.A.M.A. con DNI--------, mediante escrito de alegaciones, que fue 
presentado el día 21 de Octubre de 2019, firmado manualmente por los tres interesados, 
los cuales solicitan se acuerde la denegación del expediente, basando su oposición 
básicamente en lo siguiente:.
“En la medida que la finca 35618 se segrega de la 2256, es concluyente que ambas  e.
fincas son colindantes, y como quiera que, según el Catastro, la finca 2256, esto es, la  w.
catastral 3176613YG0637N0001UK, ya linda con la catastral 3176608YG0637N, de la  70ww
cCaotmasutnraidl ad  d3e1 76P6r1o6pYieGta0r6io3s7 N0d0e0 1AcKa,l le  (…de)   de CC.Da.bCo.   de y Palosc, onc on  llaa 
CRaetgaissttrraadl o3r1a7 6q6u1e3 YsGus0c6r3ib7eN, 0R00.P1.HAK., , tparlo pyi ecdoamd od erle Ssur.l taA . d–eh olya  sdeogcúunm hean tcaocniósnta tgardáofi claa   BOE-A-cable e
catastral que se acompaña relativa a la catastral 3176613YG0637N0001UK- integrada 
por el doc. 4.1 certificación catastral; doc. 4.2 parcelas colindantes; y doc. 4.3 consulta 
descriptiva y gráfica- resulta que, de acuerdo con lo anterior, el trozo de 62,60 metros 
cuadrados que forma la registral 35618 solo puede estar ubicado a continuación de la 
finca 2256 esto es, colindando con la terminación de la misma, al ser la única colindancia 
que queda libre.
Para agotar este asunto y cerrar definitivamente la cuestión, resulta que el Registro 
de la Propiedad de La Unión n.º 2, al que estamos siguiendo en estas alegaciones, 
publica en la inscripción 1.ª de la registral 35.618, la siguiente nota marginal “Agrupación: 
Esta y dos fincas se agrupan formando la finca 35.624”.
Por tanto, si la finca 35.618, que es la prolongación de los 496,40 metros cuadrados 
de la registral 2256, y a su vez, la finca 35.618 se une a otras dos fincas, para dar lugar a 
la registral 35624, es concluyente que estas dos nuevas fincas son colindantes de 
la 2256, ya que si no lo fueran, no podrían constituir una agrupación y por dicha razón, la 
registral 35.624 es colindante con la 2256; de hecho la finca 35624 es la prolongación de 
la finca 2256, prolongación de la 2256 hacia abajo, es decir, hacia el Sur, hacia el Mar 
Mediterráneo.
Se acompaña señalado de documento n.º 5, croquis catastral donde se indica la 
superficie registral de la finca 2256 y su ubicación, así como las fincas colindantes con 
ella  a  las  que  se  hizo  anteriormente  mención  y  que  se  denotan  con  la  palabra 
“colindante” siendo de ver por tanto que, la única colindancia posible es la indicada, es 
decir, la que resulta de prolongar hacia abajo la finca 2256, circunstancia de todo punto 
lógica en la medida que la 35624 se forma por agrupación, entre otras, de la 35618 que 
es la que procede de la segregación de la 2256, motivo por el que ambas, la 35618 y 
la 2256 son colindantes; y como la 35618 se agrupa con otras para generar la 35624, 
necesariamente ésta ha de ser colindante con la 2256, de lo que resulta correcta su 
ubicación.
Y respecto a su superficie, se acompaña señalado de documento n.º 6 croquis 
catastral donde se observa la finca registral 2256 con una superficie de 496,40 metros 
cuadrados y la registral 35624 cuya superficie es de 132,46 metros cuadrados, siendo la 
ubicación de ambas la indicada a tenor de lo antes dicho, esto es, fincas colindantes, 
resultando todo ello que no puede prosperar este expediente pues queda perfectamente 
acreditado que la finca registral 2256 del Sr. A. no puede expandirse hacia abajo, porque 
la mayor parte de ese terreno tiene un titular registral, que es la Comunidad Autónoma 
de Murcia.
En definitiva, las fincas agrupadas que componen la registral 35624 son parte del 
exceso de superficie que el Sr. A. atribuye a la finca 2256, de manera indebida y que por 
medio del art. 199 LH, el Sr. A. pretende que sean de su titularidad.
El Registro de la Propiedad pública que la registral 35624 tiene una superficie 
de 132,46 metros cuadrados que se encuentran debidamente inscritos y a favor de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por lo que no se puede acceder a la 
concordancia entre el Registro y Catastro que propone el Sr. A., esto es, hacer suya toda 
la parcela registral 35.624 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por 
cuanto  de  lo  expuesto,  resulta  meridianamente  claro  que  el  Catastro  contiene 
información falsa que ha suministrado el Sr. A., ya que, a la vista de lo que resulta del 
Registro, es jurídicamente imposible que los datos del Catastro resulten acreditados, no 
solo por la inexistencia de documentación registral o notarial que así lo acredite, sino 
porque es imposible de toda imposibilidad que el Registro pueda certificar algo en esa  s
dirección a la vista del contenido de sus libros, ni ningún fedatario público, con lo que la  oe.
vía del art. 199 LH queda definitivamente cerrada y por consiguiente el Sr. A. no puede  w.
hacer suya la totalidad de la finca de la Comunidad Autónoma de Murcia e incorporarla,  70ww
sin mA álas,  vais stau  pdaet rloim aonntieor,i opro, reqsu ec onnoc lleu yaesnistete q nuien geúl nR deegriesctrhoo h sao bdree  deesnee tgearrre lnao i.nscripción
ygará fqicuae d ec olain cfiindcea  e2n2 56p,a rretes pceocnto  ldae  bloass e7 1g4r,0á2fic ma edtreo sl ac uafindcraad o3s5 6d2e4 s uop ebrfieicnie,  cdaatdaas trlaal   BOE-A-cable e
contundencia de las alegaciones efectuadas, proceder también a la desestimación del 
presente expediente, ya que del mismo resulta la más absoluta imposibilidad de hacer 
concordar el Registro de la Propiedad con el Catastro, por cuanto los términos en que 
plantea el Sr. A. la posible concordancia son completamente inexistentes e irreales, ya 
que parte del exceso de superficie que interesa ya se encuentra inscrito registralmente a 
favor de otro titular, debiendo prevalecer la información registral sobre la catastral, de la 
que resulta que parte de la superficie que pretender el Sr. A. incorporar a su dominio 
figura inscrito a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dada la 
colindancia de ambas fincas”.
2.º  Existir dudas tanto en la identidad de la finca como en una posible invasión del 
dominio público.
Ya que tras estudiar los antecedes registrales de la finca 2256, de los que resultan, 
según  he  reseñado  en  el  párrafo  segundo  del  punto  2  de  dichos  antecedes  los 
promotores  del  expediente  midieron  la  finca  cuando  compraron  la  finca  objeto  del 
expediente al expresarse literalmente en la escritura de compra lo siguiente: “según 
reciente medición y de la certificación catastral que después se dirá, su superficie real es 
de quinientos noventa y cuatro metros cuadrados, de cuyo exceso de cabida se solicita 
su inscripción”, acompañándose a dicha escritura certificación catastral descriptiva y 
gráfica de la finca, con superficie coincidente de quinientos noventa y cuatro metros; 
igualmente tras consultar los antecedes Catastrales en la Sede Electrónica del Catastro, 
resulta que la parcela catastral en el año 2010 tenía una superficie catastral de 594 
cuadrados, modificándose el Catastro en Febrero de 2017, pasando a tener la parcela 
catastral 714 metros cuadrados.
Se  observa,  que  Catastralmente  linda  con  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación, y registralmente, linda con el Mar Mediterráneo, si bien según resulta del 
certificado de Costas que se acompañó a la escritura de declaración obra nueva en 
construcción, se concreta y perfila pasando de lindar con el Mar Mediterráneo, a lindar 
con el dominio público marítimo-terrestre, según deslinde de dominio público marítimo 
terrestre, aprobado por orden Ministerial de 17 de Diciembre de 2007, entre los hitos 
(…). Esto último, como se acaba de reseñar, según resulta de la certificación de no 
invasión del dominio público marítimo terrestre que expidió el Jefe de la Demarcación de 
Costas en Murcia, el día 31 de mayo de 2019, visto el parte del Servicio de Vigilancia de 
Costas de fecha 2 de mayo de 2019, que se acompañó a la escritura de declaración de 
Obra Nueva en Construcción.
Se solicitó y recibió informe de la directora general de patrimonio de la Comunidad 
Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  doña  María  Dolores  Sánchez  Alarcón,  firmado 
electrónicamente  el  día  dieciocho  de  noviembre  de  dos  mil  diecinueve,  siendo  el 
contenido literal del mismo el siguiente:
“En  relación  a  su  solicitud  de  información  sobre  titularidad  de  parcela 
catastral 3176613YG0637N0001UK, le comunico que consta en Inventario General de 
Bienes y Derechos que la CARM es titular de la finca registral 35.624 de 132,46 metros 
cuadrados,  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  La  Unión  n.º  2,  con 
IDUFIR 30009000069308, consta que dicha finca no está catastrada, y finalmente consta 
que, conforme a la representación gráfica que figura en la escritura de adquisición, es 
una lengua de terreno en forma de L que se ubica, coincidiendo con un muro de 
contención,  a  lo  largo  de  otras  tres  parcelas  catastrales  3276109YG0637N0001HK,  s
3276110YG0637N0001ZX y 3276111YG0637N0001UK, aproximadamente con la forma  oe.
que  se  indica  en  rojo  a  continuación,  y  por  tanto,  ajena  a  la  parcela  w.
dcaotnadIsnetsr aesler t3 ái1nn7dd6ioc6sa1e e3 nYe nGc o0el6ol 3r i7nroNfojo0r 0mla0e 1u UbimKica.a”gceiónn  ddee  llaa  ficnacpaa d ec astua sttitrualla roid abda sceo ng rfoarfimcaa  dcea tLa,s tdreall   2020-9070n https://ww
cual  resulta  que  la  finca  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  se
encuentra enfrente de la parcela catastral que nos ocupa, es decir, en el lado opuesto de 
la calle(…)
Igualmente  se  solicitó  informe  al  Ayuntamiento  de  Cartagena,  para  que  se 
pronunciara sobre la titularidad y naturaleza de los 714 metros cuadrados de la parcela 
catastral 3176613YG0637N0001UK, informe que fue emitido por la Jefe de Patrimonio 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, doña A. S. B., el día veintinueve de noviembre 
de dos mil diecinueve, siendo el contenido literal del mismo el siguiente:
“Con fecha de 18 de Octubre de 2019 se remitió oficio al Servicio de Gestión 
Urbanística a los efectos de conocer la naturaleza de uso público o privado (por haberse 
solicitado un exceso de cabida por don R.A.T.) de parcela colindante con calle (…) de 
Cabo de Palos y paseo peatonal y de poder coordinar descripción de la finca con 
distintos linderos y superficies según el Registro de la Propiedad y el Catastro, y al no 
constar el terreno del exceso de cabida que se pretende inscribir, le adjunto los datos de 
que dispone esta unidad de Patrimonio sobre el particular, ya que parte de la misma 
pese a estar recogida en el Plan General de Ordenación Urbana vigente (1987) como de 
“uso público”, no figura inscrita en el inventario General Municipal de Bienes y Derechos 
municipal remitiéndole: Nota simple informativa del Registro de la Propiedad de La Unión 
número dos. Finca registral 2256. Descripción gráfica del Catastro de la parcela con 
referencia 3176613YG0637N0001UK. Escrito del Registro de la Propiedad referido para 
formular alegaciones de oposición o no, como colindante de la parcela de la que se 
quiere aumentar la cabida, calle (…). Plano georreferenciado de la parcela.
Mediante informe de 5 de Noviembre se comunica a esta unidad Patrimonio que en 
la parcela sobre la que se pretende el exceso de cabida existen dos porciones de suelo 
con diferente calificación urbanística de forma que la superficie de quinientos treinta y 
tres  con  treinta  ocho  metros  cuadrados,  que  se  corresponden  con  la  referencia 
catastral 3176613YG0637N0001UK, y que en el Plan General Ordenación Urbanística 
vigente tiene calificación:Vc1/uso Residencial, y carácter patrimonial y la otro porción 
tiene una superficie de ciento ochenta con treinta y uno metros cuadrados: Uso vial y 
carácter demanial. Se informa también “que no se localiza expediente que incluya datos 
que posibiliten pronunciamiento” sobre la titularidad de los mismos. Se adjunta plano.”
En definitiva tras haber tramitado el expediente y haber tenido en cuenta tanto las 
alegaciones del colindante Norte, los antecedentes registrales, como catastrales y toda 
la documentación aportada, sigo conservando dudas tanto en la identidad de finca por 
los motivos antes reseñados; como en la posible invasión del dominio público, ya que, si 
bien la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, sí se pronunció, manifestando que su propiedad en forma de “L” es ajena a la 
parcela catastral 3176613YG0637N0001UK, objeto del expediente; y además la Jefe de 
Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, se pronuncia igualmente de que “no se 
localiza expediente que incluya datos que posibiliten pronunciamiento sobre la titularidad 
de los mismos” se hace constar en el informe remitido el día cinco de Noviembre de dos 
mil diecinueve por el Servicio de Gestión Urbanística, en el que se comunica que según 
resulta del Plan General Ordenación Urbanística, que sobre la parcela que se pretende 
el exceso de cabida existen dos porciones de suelo con diferente calificación urbanística 
una  de  533,38  metros  cuadrados  que  se  corresponden  con  la  referencia 
catastral 3176613YG0637N0001UK, y que en el Plan General Ordenación Urbanística 
vigente tiene calificación: Vc1/uso Residencial, y carácter patrimonial; y la otra porción 
tiene una superficie de 180,31 metros cuadrados: Uso vial y carácter demanial, por lo  e
que entiendo que no se puede incorporar a una propiedad privada un trozo de terreno  bo
que el propio Ayuntamiento ha calificado de demanial. 70ww
Fundamentos de Derecho.
Respecto del primer defecto (oposición de uno de los colindantes registral-catastral).
Es  doctrina  reiterada  de  la  D.G.R.N  en  resoluciones,  entre  otras,  de 
fechas  18/12/2017  y  28/11/2019  que  el  registrador,  a  la  vista  de  las  alegaciones 
efectuadas, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. En caso de haberse 
manifestado  oposición  por  algún  interesado,  constituye  uno  de  los  principios  de  la 
regulación de la Jurisdicción Voluntaria que, salvo que la Ley expresamente lo prevea, la 
sola formulación de oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el 
expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. Por tanto, y 
conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera oposición de quien no haya 
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes 
determine necesariamente la denegación de la inscripción».
Lo que no impide, por otra parte, que las alegaciones recibidas sean tenidas en 
cuenta para formar el juicio del registrador.
Respecto del segundo defecto (Existir dudas tanto en la identidad de la finca, como 
en una posible invasión del dominio público)
Resoluciones de la D.G.R.N de fechas 12/6/2019 y 28/11/2019, haciéndose constar 
en esta última resolución, en los párrafos 3.º y 4.º del fundamento 6.º lo siguiente: “En 
efecto, dispone el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 199 de la Ley Hipotecaria 
que 'el Registrador denegará la inscripción de la identificación gráfica de la finca, si la 
misma coincidiera en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, 
circunstancia que será comunicada a la Administración titular del inmueble afectado'.
Sin embargo, esta previsión de notificación una vez denegada la inscripción se 
refiere  al  supuesto  en  que,  tras  la  realización  de  las  actuaciones  previstas  en  el 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria, haya resultado que existe una efectiva invasión o no 
se hayan disipado las dudas existentes al respecto”.
Además, la Resolución reciente de la D.G.R.N de fecha 4 de diciembre de 2019, 
haciéndose constar en el punto 2 de los fundamentos de derecho lo siguiente: “Respecto 
de  la  constancia  registral  del  exceso  de  cabida  se  ha  pronunciado  en  numerosas 
ocasiones este Centro Directivo, atendiendo a su naturaleza y alcance, mediante aquél 
expediente en el que se hace constar en los libros la correcta extensión y descripción de 
la finca como base del Registro. Como se ha señalado en las Resoluciones de 17 de 
octubre de 2014 y 21 de marzo de 2016, entre otras muchas, siguiendo esta doctrina 
consolidada:  «a)  La  registración  de  un  exceso  de  cabida  stricto  sensu  solo  puede 
configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción 
de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no 
se altera la realidad física exterior que se acota con la descripción registral, esto es, que 
la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debió reflejarse en 
su día por ser la realmente contenida en los linderos originalmente registrados; b) que 
fuera de esta hipótesis, la pretensión de modificar la cabida que según el Registro 
corresponde a determinada finca, no encubre sino el intento de aplicar el folio de esa 
última a una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una 
superficie colindante adicional, y para conseguir tal resultado el cauce apropiado será la 
previa inmatriculación de esa superficie colindante y su posterior agrupación a la finca 
registral preexistente». Este método, por tanto, sólo debe permitir la corrección de un 
dato mal reflejado en su término inicial al inmatricular la finca, por lo que la existencia de 
dudas que pudiera albergar el registrador de encontrarnos en cualquier otro caso –
inmatriculaciones de parcelas colindantes o encubrimiento de otras operaciones como  e.
agrupaciones o agregaciones– pueden (y deben) generar una calificación negativa a la  w.b
inscripción del exceso -o defecto- de cabida declarado.” 70ww
[Oferta de recursos]
La Unión diez de febrero de dos mil veinte.
La Registradora, Fdo.: Silvia Dévora Gutiérrez (firma ilegible).»
III
Don R.A.T., interpuso recurso contra la anterior calificación mediante escrito de 
fecha 9 de marzo de 2020, que tuvo entrada en el citado Registro el mismo día, en el 
que alega lo siguiente: «El origen de este asunto es la compraventa realizada por el 
recurrente y esposa en el año 2010 de la finca en la que se describía conforme al 
Registro y se aportaba certificación catastral adjunta en la que señalaba una cabida 
superior a la inscrita. En esa escritura, el Notario solicitó el exceso de cabida existente 
por la diferencia entre la superficie que constaba en el Registro y el Catastro, que fue 
suspendida  por  el  Registrador.  Si  bien,  en  ningún  caso  era  la  voluntad  de  los 
compradores llevar a cabo en ese momento el exceso de cabida y es por ello que no 
procedieron a subsanar la suspensión del exceso, pues eran conocedores de que su 
finca no medía los 496,40 metros que constaban en el Registro ni tampoco los 594 que 
decía  Catastro.  Dado  que  no  se  iba  a  realizar  operación  alguna  sobre  la  finca, 
consistente en trozo de terreno sin urbanizar, se dejó para cuando se procediera a su 
urbanización y construcción de vivienda y, en ese momento, realizar el procedimiento 
adecuado de medición por técnico competente. Éste no se había realizado anteriormente 
pues “la reciente medición", a que se refiere el Catastro es la realizada por el propio 
organismo, una vez plasmado el planeamiento urbanístico por realizar.
Es  en  el  año  2017  cuando  se  procede  a  realizar  Estudio  de  Detalle  para  la 
urbanización y construcción de vivienda, apreciándose la diferencia de cabida existente 
entre  el  Registro,  Catastro  y  realidad.  Es  por  ello  que  los  propietarios  de  la  finca 
proceden a realizar medición por técnico competente de la que resulta que la finca en la 
realidad  mide  714  metros  cuadrados  y,  tras  su  georreferenciación,  iniciar  el 
procedimiento de subsanación de discrepancias de superficie en el Catastro, siendo 
aprobado por resolución del Gerente Regional de Catastro, de 17 de febrero de 2017, 
pasando de una superficie catastral de 594 metros a 714. Esta diferencia se debe a que 
como ocurre en suelo urbano, el Catastro calculó la superficie de uso residencial que 
correspondía  a  la  finca,  quitándole  a  la  misma  la  correspondiente  a  uso  público, 
calificado  por  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  si  bien  y  como  más  tarde 
trataremos en profundidad, el suelo calificado como uso público, llegará a serlo cuando, 
por cualquier sistema de gestión urbanística indicado en la Ley de Ordenación Territorial 
y Urbanística de la Región de Murcia, se gestione y apruebe.
Así las cosas, y una vez rectificadas las discrepancias entre el Catastro y la realidad 
física de la finca, y por causas de celeridad en la tenencia y disfrute de la vivienda, se 
lleva a cabo el Estudio de Detalle, considerando sólo los 496.40 metros que constaban 
en el Registro, dado que, llevar a cabo el procedimiento de exceso de cabida, demoraba 
todo el proceso de gestión, decidiéndose realizarlo con posterioridad.
Y en lo que aquí interesa, es el 4 de septiembre de 2019 y, solo con la voluntad de 
ajustar su finca a la realidad y con el conocimiento, corno después se expondrá, de que 
parte  de  su  finca  tiene  la  calificación  de  uso  público  y  su  intención  de  cesión  al 
Ayuntamiento,  cuando  corresponda,  los  aquí  interesados  inician  expediente  para 
incorporación de la representación gráfica catastral así como la lista de coordenadas 
georreferenciadas a la finca 2256 del Registro n.º 2 de la Unión, mediante instancia 
privada conforme al artículo 199 LH, adjuntando la certificación catastral de la finca con 
cabida de 714 metros cuadrados.
Tercero.–El día diez de febrero de 2020 se notifica al recurrente la calificación de la 
Registradora por la que se deniega! a inscripción de la base gráfica catastral aportada  e
por los siguientes defectos que ahora recurrimos: bo
cSounr,c1 re.eºn ta lmEax eiqnsutteier   dreeoslp uvomiseiincditaóomn N eondrtteee   sdeueñn aloal a f inqdcueae ,  plaoausrn teq ucdeoe li snluda a ofnipnteocssa i coiórbenjeg dtisoet r dabela-lc saeatx aepsnetr daeilel,  nvtieem neátoss    2020-9070n https://ww
propiedad  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia.  Notificada  la
Administración Pública competente contesta, mediante informe de la directora general de
patrimonio de la C.A.R.M., que la finca propiedad de la misma se encuentra enfrente de 
la parcela catastral que nos ocupa, es decir en el lado opuesto de la calle (…). Cuestión 
obvia que conocemos todos los vecinos de la zona que la finca de la C A.R.M. no está, ni 
nunca ha estado situada delante de la finca 2256 objeto del expediente pues ésta 
siempre ha sido primera línea de mar, y su linde sur siempre ha sido el Mar Mediterráneo 
como se desprende de los antecedentes registrales de la finca.
En  cuanto  a  esta  causa  de  oposición,  parece  clara  la  contestación  de  la 
Administración afectada, que no se opone a la inscripción y que además señala que su 
finca no se encuentra lindando con la que es objeto de expediente y menos que parte de 
su superficie, sea propiedad de la misma.
2.º  Existir dudas, tanto en la identidad de la finca, como en una posible invasión del 
dominio público.
Respecto de la identidad de la finca.
De la inscripción 1.ª originaria de la finca registral 2256 resulta claro que el lindero 
Suroeste es un lindero fijo indubitable de la identidad de la finca ya que está marcado por 
el Mar Mediterráneo. Dicho lindero ha sido fijo en las sucesivas inscripciones practicadas 
en dicha finca en el tiempo.
Si bien es cierto, como hemos expuesto en el hecho tercero, que en la escritura de 
compraventa por la que los promotores del expediente adquirieron la finca registral 2256 
se dice que la finca fue objeto de medición, no fue practicada medición alguna por 
técnico, sino que se hizo constar en la descripción de la finca como nueva medición la 
cabida que constaba en la certificación catastral descriptiva y gráfica que el Notario 
recogió y aportó como documento unido a dicha escritura, habiendo sido objeto de 
denegación  el  posible  exceso  de  cabida  solicitado,  al  no  cumplirse  los  requisitos 
establecidos en la ley para la inscripción del mismo. Defecto no subsanado por los 
compradores, ya que no era su voluntad tramitar en dicho momento el exceso de cabida 
conforme a Catastro, pues eran conocedores de las discrepancias existentes entre la 
superficie  catastral  y  la  real  y  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  un  procedimiento  de 
subsanación de discrepancias de superficies (llevado a cabo y aprobado por Catastro 
en 2017), como antes hemos expuesto, basado en que el Catastro había plasmado el 
Plan de Ordenación Urbana, sin considerar que el suelo de propiedad privada, que por el 
Plan es calificado de uso público, sigue siendo de propiedad privada hasta que, por los 
medios  señalados  en  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística,  se  concluya  con  la 
reparcelación, cesión e inscripción a favor de la Administración y de esa forma adquirir 
su carácter demanial. Esto último no se ha realizado hasta el momento, a pesar de los 
ofrecimientos por parte de los propietarios de la finca, ya que el planeamiento urbanístico 
no se ha hecho efectivo en esa zona.
Que el exceso de cabida solicitado en el expediente ha pretendido reflejar un dato 
erróneo registral, ya que el error de medición resulta de no haberse tenido en cuenta 
correctamente  el  citado  lindero  fijo  del  Mar  Mediterráneo,  pretendiéndose  en  el 
expediente  la  coincidencia  entre  la  descripción  literaria  de  la  finca  con  la  de  la 
representación gráfica resultante de la cartografía catastral conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley Hipotecaria.
Que en la tramitación del expediente entendemos que las dudas que le puedan surgir 
al  registrador  no  quedan  justificadas,  ya  que  no  ha  quedado  lo  suficientemente 
acreditado que la finca coincida, en todo o parte, con otra base gráfica inscrita o con el 
dominio público, que exista una posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o  e
que  se  encubra  un  negocio  traslativo  u  operaciones  de  modificación  de  entidad  bo
hipotecaria. 70ww
REne speel cteox ap elad ipeonsteib les ein vansoitóifnic adne l dcoommion o ppoúsbilbicleos.  Administraciones  afectadas,  el
Ayuntamiento de Cartagena, Demarcación de Costas del Estado y Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. Ninguna de las tres se opone a la inscripción por invasión de 
dominio público, aportando los siguientes documentos:
1.º  Informe  del  jefe  de  patrimonio  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena  de 
fecha 29 de noviembre de 2019.
En el informe emitido por la unidad de Patrimonio del Ayuntamiento no se opone a la 
inscripción, y en informe de 5 de noviembre de 2019 del Servicio de Gestión Urbanística 
se indica que en el planeamiento vigente –PGOU– existen dos porciones de suelo que 
afectan a la finca con diferente calificación urbanística, uno de quinientos treinta y tres 
metros con treinta y ocho metros cuadrados que el Plan General de Ordenación Urbana 
lo califica como E1(Ac1), uso Residencial, con desarrollo mediante Estudio de Detalle, y 
carácter patrimonial, y otra porción, de ciento ochenta con treinta y un metros cuadrados, 
que tiene calificación de Vial Peatonal y carácter demanial, informando también "que no 
se  localiza  expediente  que  incluya  datos  que  posibiliten  pronunciamiento  sobre  la 
titularidad de los mismos", es decir, no consta en el catálogo de propiedades municipal.
Que  la  inclusión  en  un  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  un  terreno  de 
propiedad privada, con destino a viales, no determina la conversión del mismo en 
dominio público municipal, sino que es necesario para ello que esa cesión de viales, 
establecida en los sistemas de actuación urbanística, se lleve a cabo con arreglo a las 
normas de procedimiento aplicables, mediante el acta de entrega y recepción, que 
produce la transmisión al Ayuntamiento de la titularidad dominical. El recurrente tiene 
claro el carácter que debe darse a esa porción de terreno de uso vial y carácter demanial 
de  su  propiedad  privada  y  pretende  la  cesión  del  mismo  mediante  la  entrega  al 
Ayuntamiento,  tras  la  aprobación  del  obligado  Estudio  de  Detalle  y,  conforme  a  lo 
dispuesto en el art 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban 
las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
De hecho, y con su intención de cesión al Ayuntamiento, se presenta por el propio 
recurrente escrito el día 4 de febrero de 2020 en el que se hacen constar, en base a este 
informe emitido por la Unidad de Patrimonio, las distintas calificaciones que tiene el suelo 
de  su  finca,  aportando  las  coordenadas  georreferenciadas  de  cada  una  de  estas 
porciones para facilitar la cesión correspondiente al ayuntamiento cuando se lleve a cabo 
por el mismo.
Es  también  destacable,  haciéndose  así  constar  la  buena  fe  del  promotor  del 
expediente que en ningún caso pretende la apropiación de terreno que no sea de su 
propiedad, sino ajustar su finca a la realidad solventando el error de medición existente 
en el Registro, que este informe emitido por la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento 
fue expedido tras la solicitud por el propio instante del expediente, Don R.A. y llevado al 
Registro de la propiedad por él mismo, dándole entrada como documento para aportarlo 
al expediente tramitado.
2.º  Certificado de la Demarcación de Costas, expedido por su responsable, con 
fecha 31 de mayo de 2019.
Del Certificado de la Demarcación de Costas que se acompañó a la escritura de obra 
nueva en construcción que motivó la anotación letra C convertida en inscripción por 
la 8.ª, resulta claro la no invasión del dominio público marítimo terrestre, según deslinde 
aprobado por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 2007, entre los hitos DP-113 y 
DP-114,  si  bien  se  halla  sometida  a  las  servidumbres  de  tránsito  y  protección  e.
establecidas en la sección 1.º del capítulo II del título II dela Ley de Costas, y habiendo  w.
expuesto el Registrador que, según dicho informe, se concreta y perfila pasando de  70ww
ldinodmairn icoo np úebl lMicoa r mMaerdítiitmeror átneerroe,s atr eh,a ceenrtlioe ncdoen  elal  lríenceuar rqeunete u qnuee l ossi ghuiteo ss ideenld doe selli nmdeis mdeol 
lindero habiendo cambiado sólo la forma de nombrarlo.
3.º  lnforme de la directora general de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, de 18 de noviembre de 2019.
De dicho informe resulta que no hay oposición por invasión del dominio público del 
Patrimonio de la C.A.R.M. Señala en el informe que su finca se encuentra al otro lado de 
la calle y por tanto ajena a la finca de los promotores del expediente.
Fundamentos de Derecho.
Respecto del primer defecto.
Conforme a lo dispuesto en el art 199 de la Ley Hipotecaria, por el que el Registrador 
decidirá motivadamente según su prudente criterio, sin que la mera oposición de quien 
no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales 
colindantes, determine necesariamente la denegación de la inscripción, así como a la 
doctrina reiterada en resoluciones de la D.G.R.N. 18/12/2017, 28/11/2019, si bien las 
alegaciones  han  de  tenerse  en  cuenta  por  el  Registrador,  han  de  tener  suficiente 
fundamento, siendo las alegaciones practicadas por el colindante norte de la finca sobre 
el que se pretende el exceso de cabida de nulo contenido a la vista del Informe de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Queda claro que el objeto de la intervención de los titulares colindantes en los 
procedimientos de concordancia del Registro con la realidad física es evitar que puedan 
lesionarse sus derechos y en todo caso que se produzcan situaciones de indefensión, 
asegurando además que puedan tener acceso al Registro situaciones litigiosas o que 
puedan generar una doble inmatriculación, siquiera parcial. Aplicando la doctrina de la 
Resolución de 5 de marzo de 2012, la notificación a los colindantes constituye un trámite 
esencial en este tipo de procedimientos: «la participación de los titulares de los predios 
colindantes a la finca cuya cabida se rectifica reviste especial importancia por cuanto son 
los más interesados en velar que el exceso de superficie de la finca concernida no se 
haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes. Por eso constituye un requisito 
capital  que  se  les  brinde  de  un  modo  efectivo  esa  posibilidad  de  intervenir  en  el 
expediente. En el presente caso, la intervención de los colindantes registral-catastral en 
su viento Norte, alegan causa de oposición por el viento Sur por lo que en nada afecta a 
su derecho de propiedad y linde.
Respecto del segundo defecto.
En cuanto a la identidad de la finca debe tenerse en cuenta (cfr. artículos 199 y 201 
de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de octubre de 2016).
El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la identidad 
de la finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en 
todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión 
de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u 
operaciones de modificación de entidad hipotecaria. El registrador, a la vista de las 
alegaciones  efectuadas  en  el  procedimiento,  debe  decidir  motivadamente  según  su 
prudente criterio. El juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar 
motivado y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones 
genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.
Ha de tenerse en cuenta que siempre que se formule un juicio de identidad de la 
finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de  es
estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (Resoluciones de 8 de  o
octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de  70ww
jraueulpixoriA eldiasdeere,  n2mt0oaá1tcsr4ai,ó ,s dn1 i s9rgep drpoáernfe iefcse aebe nrla etpaprrocoe irocdtaenedpe.2atso0,   1gqe5rul  áyerf e,i2c gaa1i ss ldot resad  daiesobfperro icln ptdoiobesdl  e2rdás0e ,1  u6vqtai,ul ilezeona ratrlr,er e  c laoop tnerca romscr)ari.etraásnpc toenardv meerneigcriuaaam rde enl atlaes    OE-A-2020-90able en https://
características topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, para lo que
podrá acudirse a la aplicación informática prevista en dicha norma y homologada en la 
Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016.
La registración de un exceso de cabida "strictu sensu” sólo puede configurarse como 
la  rectificación  de  un  erróneo  dato  registral  referido  a  la  descripción  de  la  finca 
inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la 
realidad física exterior que se acota con la global descripción registral, esto es que la 
superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que se debió reflejar en su 
día por ser la realmente contenida en los linderos originariamente (Resolución 13 de abril 
de 2018). Ocurre esto en el presente caso ya que existe un lindero indubitadamente fijo 
como es el lindero Sur Mar Mediterráneo y el Oeste Calle (…), siendo los demás linderos 
nominales y no existiendo oposición por ninguno de los colindantes, en lo que a su 
derecho  de  propiedad  se  refiere,  pues  no  afecta  a  su  linde  el  exceso  de  cabida 
pretendido ya que se trata de un simple error de medición y no que se pretenda encubrir 
en el folio de la finca una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral 
y  una  superficie  colindante  adicional,  siendo  para  esto  el  cauce  adecuado  la 
inmatriculación y posterior agrupación. Esto último siempre daría lugar a una doble 
inmatriculación,  ya  que  la  superficie  correspondiente  al  exceso  de  cabida  que  se 
pretende siempre ha estado, está y estará dentro delos linderos de la finca 2256 objeto 
del expediente.
Y en cuanto a una posible invasión del dominio público ha de tenerse en cuenta que 
cuando las Administraciones Publicas, que puedan verse afectadas, han sido notificadas 
y  no  se  oponen,  no  puede  dudarse  de  invasión  de  dominio  público  (Resoluciones 
D.G.R.N. de 27 de noviembre de 2018 y 10 de abril de 2019). En el expediente, todas las 
administraciones  públicas,  posiblemente  afectadas,  han  sido  notificadas  y  se  han 
recibido informes por todas ellas de no invasión del dominio público.
Asimismo, reitera la Resolución de 18 de septiembre de 2019, como en expedientes 
anteriores, que la mera afectación de una finca para ser destinada a viales no va a 
implicar el carácter demanial de la misma, antes de producirse el acto formal de cesión y 
aceptación por la Administración cesionaria.
Respecto al posible carácter demanial de la porción de terreno de ciento ochenta con 
treinta y un metros cuadrados que tiene Uso viario peatonal y carácter demanial según el 
informe del Ayuntamiento, ha de tenerse en cuenta que la jurisprudencia mantiene que la 
existencia  de  normas  urbanísticas  o  acuerdos  municipales  sobre  ejecución  del 
planeamiento que afecten a terrenos de propiedad privada no implica que esos pasen al 
dominio público por tal razón puesto que hasta tanto no exista el acto formal de cesión 
de  tales  terrenos  con  destino  a  uso  público  viario  no  pasaran  a  ser  de  titularidad 
municipal previa aceptación del cesionario (Resolución 5 de marzo de 2019 D.G.R.N.).
Solicito:
En virtud de lo anterior, tenga por presentado el presente recurso gubernativo en 
tiempo y forma y lo admita, y tras los trámites legales oportunos se estime el mismo, 
acordándose la inscripción del documento cuya calificación es recurrida.
Lo hacemos en Cartagena a 9 de marzo de 2020.»
IV
La registradora de la propiedad de La Unión número 2, doña Silvia Dévora Gutiérrez,  s
emitió informe ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a  oe.
esta Dirección General. w.
Fundamentos de Derecho
SupVreismtoos  dleo s2 6a rtdíceu sloesp t9ie, m1b0r,e 1 d9e9  1y9 38296,  2d4e  dlae  Ldeicyi eHmipborete dcaer i1a9, 9S6e, n2t7e ndceia as bdriel ld Ter i1b9u9n9a,l   BOE-A-cable e
18 de noviembre de 2004, 14 de marzo de 2011, 3 y 29 de octubre de 2014 y 17 de 
noviembre de 2015 y las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 17 de noviembre de 2015, 15 de marzo de 2016, 12 de abril de 2016, 22 de 
abril de 2016, 8 de junio de 2016, 3 de octubre de 2016, 10 de octubre de 2016, 31 de 
mayo de 2017, 19 de junio de 2017, 30 de junio de 2017, 13 de julio de 2017, 28 de 
marzo de 2018, 24 de abril de 2018, 30 de abril de 2018, 1 de agosto de 2018, 22 de 
octubre de 2018, 8 de noviembre de 2018, 19 de noviembre de 2018, 27 de noviembre 
de 2018, 28 de noviembre de 2018, 5 de diciembre de 2018, 14 de enero de 2019, 16 de 
enero de 2019, 30 de enero de 2019, 20 de marzo de 2019, 28 de marzo de 2019, 30 de 
abril de 2019, 26 de septiembre de 2019 y 9 de octubre de 2019.
1.  Es objeto de este expediente decidir si es inscribible la representación gráfica 
catastral  correspondiente  a  una  finca  registral  y  consiguiente  rectificación  de  su 
descripción.
Son  circunstancias  de  hecho  relevantes  para  la  resolución  de  este  recurso  las 
siguientes:
– La finca registral número 2.256 de la sección 2.ª del término de Cartagena, resto 
tras una segregación, tiene según Registro una superficie de 496,40 metros cuadrados. 
Sus linderos son los siguientes: Norte y Este, terreno de don L.U.G.; al Oeste, con el 
edificio depósito de Sal de don A.T. y Sur-Oeste, Mar Mediterráneo.
– La  parcela  que  el  interesado  afirma  corresponderse  con  la  finca,  con  referencia 
catastral 3176613YG0637N0001UK, tiene una superficie, según la certificación catastral 
descriptiva y gráfica incorporada al título de 714 metros cuadrados. Sus linderos son los 
siguientes: al Norte, con Comunidad de Propietarios, referencia catastral 3176608YG0637N; 
al Este, con doña C.D.C., referencia catastral 3176616YG0637N0001AK, con don R.P.A., 
referencia catastral 3176614YG0637N0001HK y calle; al Sur, con el dominio público marítimo 
terrestre, aprobado por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 2007, entre los hitos (…); y al 
Oeste, con la calle (…).
– La  citada  finca  está  compuesta  por  dos  zonas,  según  el  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Cartagena, una de uso residencial, con una superficie de 533,38 
metros cuadrados y otra destinada a vial demanial, con una superficie de 180,31 metros 
cuadrados.
La registradora deniega la inscripción solicitada, una vez tramitado el expediente 
previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, basándose en las alegaciones del 
colindante  norte,  que  consiste  en  que  al  haberse  segregado  de  ésta  una  porción, 
posteriormente agrupada, formando la registral 35.624, ésta necesariamente debe lindar 
con  la  finca  objeto  del  expediente  y  resultando  que  el  resto  de  linderos  están 
identificados, sólo puede hacerlo por su lindero Sur, que según las alegaciones es el 
lindero por dónde se efectuó la segregación, resultando ser en la actualidad una finca 
titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, opone dudas de 
identidad acerca de la representación gráfica aportada, basadas en la previa denegación 
de  un  exceso  de  cabida,  también  basado  en  Catastro,  por  el  que  se  rechazó  la 
constatación tabular de una superficie atribuida a la finca de 594 metros cuadrados, así 
como en la existencia de alteraciones que resultan de los antecedentes catastrales y en 
la  circunstancia  de  existir  dudas  de  invasión  del  dominio  público,  basadas 
fundamentalmente en el informe del Ayuntamiento de Cartagena conforme al cuál la 
parcela catastral está formada por dos porciones con distinta calificación urbanística: una  s
de 533,38 metros cuadrados destinada a uso residencial, y otra de 180, 31 metros  oe.
cuadrados, destinada a vial público; y ello, pese a la manifestación expresa por parte de  w.
ldPaeasmt riamAndoiamnli.ion idster alaci oRneegsi ónim dpel icMaudracsia  y(D Aeymuanrtcaamciieónnt o ddee  CCaorstatagse,n aD) idreec cnioó ne xiGsteirn ienrvaal sidóen   2020-9070n https://ww
El  interesado  recurre  alegando,  en  síntesis,  en  cuanto  a  las  alegaciones  del
colindante  norte,  que  quedan  desvirtuadas  por  los  distintos  informes  de  las
Administraciones intervinientes y que, en nada perjudican a su derecho como colindante 
de la finca, pues la pretendida invasión denunciada no afectaría a la finca de que es 
titular el citado lindero norte; que las dudas en cuanto a la identidad de la finca, basadas 
en la previa denegación de un exceso de cabida se deben a que Catastro sólo recogió la 
superficie de parcela destinada a uso residencial, según planeamiento, pero que la parte 
destinada a vial demanial no ha sido aún cedida al Ayuntamiento, por no haberse 
ejecutado el planeamiento a través del correspondiente proyecto de equidistribución, y 
que el defecto apuntado obvia la existencia de un lindero indubitado, cual es el Sur, esto 
es, el mar Mediterráneo, manifestando todo ello, a juicio del recurrente, que las dudas de 
la registradora no quedan justificadas, ya que no ha quedado suficientemente acreditado 
que la finca coincida, en todo o parte, con otra base gráfica inscrita o con el dominio 
público, que exista una posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o que se 
encubra un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria.
2.  Es doctrina consolidada de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
(cfr. «Vistos»): «a) La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 
configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción 
de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no 
se altera la realidad física exterior que se acota con la descripción registral, esto es, que 
la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debió reflejarse en 
su día por ser la realmente contenida en los linderos originalmente registrados; b) que 
fuera de esta hipótesis, la pretensión de modificar la cabida que según el Registro 
corresponde a determinada finca, no encubre sino el intento de aplicar el folio de esa 
última a una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una 
superficie colindante adicional, y para conseguir tal resultado el cauce apropiado será la 
previa inmatriculación de esa superficie colindante y su posterior agrupación a la finca 
registral preexistente».
Este método, por tanto, sólo debe permitir la corrección de un dato mal reflejado en 
su término inicial al inmatricular la finca, por lo que la existencia de dudas que pudiera 
albergar el registrador de encontrarnos en cualquier otro caso –inmatriculaciones de 
parcelas  colindantes  o  encubrimiento  de  otras  operaciones  como  agrupaciones  o 
agregaciones– pueden (y deben) generar una calificación negativa a la inscripción del 
exceso –o defecto– de cabida declarado.
3.  Procede  reiterar,  una  vez  más,  la  doctrina  de  la  Dirección  General  de  los 
Registros  y  del  Notariado  relativa  a  la  inscripción  de  representaciones  gráficas.  El 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria, contempla en su apartado b) la posibilidad de incorporar 
a la inscripción, como operación específica, la representación gráfica georreferenciada 
de  la  finca  que  complete  su  descripción  literaria,  expresándose,  si  constaren 
debidamente  acreditadas,  las  coordenadas  georreferenciadas  de  sus  vértices.  La 
incorporación de la representación gráfica a la inscripción tiene como consecuencia que 
«una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida será la 
resultante de dicha representación, rectificándose, si fuera preciso, la que previamente 
constare  en  la  descripción  literaria»  (párrafo  séptimo  del  artículo  9.b)  de  la  Ley 
Hipotecaria).
Según  dicho  artículo  9.b),  para  efectuar  esta  incorporación  potestativa  han  de 
aplicarse con carácter general los requisitos establecidos en el artículo 199 de la Ley 
Hipotecaria.  Dicho  precepto  regula  el  procedimiento  para  la  inscripción  de  la 
representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro, 
disponiendo que «el titular registral del dominio o de cualquier derecho real sobre finca  s
inscrita podrá completar la descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y  oe.
delimitación gráfica y, a través de ello, sus linderos y superficie, mediante la aportación  w.
de la correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica». 70ww
duda4s.   eEnn  tlao doid ecanstiod,a dse rdáe  oblaje tfoin dcea , capluifeicsa ctiaóln  yp ocr oeml roe gdisistrpaodnoer  lae l exairsttíecunlcoia  9o. bn)o  «dlae 
rseiepmrepsreen tqauceió nno g sráef iacalb earpgouretand dau dsaesrá  poobr jeetl oR deeg isintrcaodropro rsaocbióren  laa l cfoorlrioe srpeoanl ddeen cliaa  feinnctrae,   BOE-A-cable e
dicha  representación  y  la  finca  inscrita,  valorando  la  falta  de  coincidencia,  siquiera 
parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada, así como la posible 
invasión  del  dominio  público.  Se  entenderá  que  existe  correspondencia  entre  la 
representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos 
recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de 
cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la 
perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los 
colindantes».
Por tanto, las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de la finca 
coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la 
posible  invasión  de  fincas  colindantes  inmatriculadas  o  se  encubriese  un  negocio 
traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 199 y 201 
de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de octubre de 2016, 
entre otras).
Además, dispone el precepto que a los efectos de valorar la correspondencia de la 
representación gráfica aportada, el registrador podrá utilizar, con carácter meramente 
auxiliar,  otras  representaciones  gráficas  disponibles,  que  le  permitan  averiguar  las 
características topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, para lo que 
podrá acudirse a la aplicación informática prevista en dicha norma y homologada en la 
Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016.
5.  Procede, en consecuencia, entrar a analizar si los motivos esgrimidos por la 
registradora en la nota de calificación justifican la denegación de la inscripción de la 
representación  gráfica  solicitada  y  consiguiente  rectificación  de  la  descripción, 
considerando que todo juicio de identidad de la finca por parte del registrador no puede 
ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios 
objetivos y razonados.
Esta  Dirección  General  ha  señalado  (desde  la  resolución  de  17  de  noviembre 
de 2015 que es reiterada en numerosas posteriores como las más recientes de 22 de 
octubre de 2018, 8, 19, 27 y 28 de noviembre de 2018), que «el procedimiento previsto 
en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria es aplicable incluso cuando la magnitud de la 
rectificación superficial excediera del diez por ciento de la superficie inscrita o se tratase 
de una alteración de linderos fijos, pues, por una parte, la redacción legal no introduce 
ninguna restricción cuantitativa ni cualitativa al respecto, y por otra, los importantes 
requisitos,  trámites  y  garantías  de  que  está  dotado  tal  procedimiento  justifican 
plenamente esta interpretación sobre su ámbito de aplicación».
Por otra parte, como se ha reiterado en numerosas ocasiones (cfr., entre otras, 
Resoluciones de 1 de agosto de 2018, 28 de marzo o 30 de abril de 2019), «en todo 
caso la representación gráfica aportada debe referirse a la misma porción de territorio 
que la finca registral, lo que es presupuesto para la tramitación de este procedimiento y 
deberá ser objeto de calificación por el registrador».
Asimismo esta Dirección General señaló en la resolución de 5 de diciembre de 2018 
que «aun cuando la identidad total entre la descripción literaria y la gráfica en el título 
sólo se exige en los supuestos de inmatriculación (y sin perjuicio de que la descripción 
registral siempre será la que resulte de la representación gráfica, según dispone el 
artículo  9.b)  de  la  Ley  Hipotecaria),  es  presupuesto  de  aplicación  de  cualquier 
procedimiento  para  la  rectificación  de  descripción  de  la  finca  que  se  aprecie  una 
correspondencia entre la descripción de la finca que conste en el Registro y la que 
resulte de la representación gráfica de la misma que se pretende inscribir». s
6.  En el caso de este expediente, el primer defecto advertido por la registradora  oe.
consiste en la oposición de un colindante, que alega que con la inscripción de la  w.
representación gráfica georreferenciada de la finca se estaría invadiendo otra finca,  70ww
apgrorucepdaecinótne  cdoen  uontara sp,r efovriam asnedgore ugnaaci órne gdisetr alal  nfuinecvaa ,o rbejegtiost rdael l3 5e.x6p2e4d,i etintutela ryid apdo sdteer iolar 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tales alegaciones, así formuladas, determinan que toda la argumentación de la 
registradora se fundamenta en la presunta existencia de un colindante eventualmente 
perjudicado por la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca, 
pero  la  registradora  no  expresa  en  su  nota  de  calificación  que  efectivamente  la 
registral  35.624  resulte  ser  efectivamente  invadida,  total  o  parcialmente,  como 
consecuencia del acceso al Registro de la representación gráfica georreferenciada de la 
finca objeto del expediente regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, limitándose 
a transcribir literalmente el escrito de alegaciones presentado por el colindante.
Siguiendo la doctrina de esta Dirección General en la Resoluciones de 13 de julio 
de 2017 y 24 de abril de 2018, no es razonable entender que la mera oposición que no 
esté debidamente fundamentada, aportando una prueba escrita del derecho de quien 
formula tal oposición, pueda hacer derivar el procedimiento a la jurisdicción contenciosa. 
No puede ser otra la interpretación de esta norma pues de otro modo se desvirtuaría la 
propia esencia de este expediente según se ha concebido en el marco de la reforma de 
la jurisdicción voluntaria.
En definitiva, en el caso que nos ocupa, no pueden considerarse fundados los 
motivos por los que la oposición del titular colindante debe prevalecer sobre la solicitud 
de  la  representación  gráfica  catastral,  resultando,  además,  que  por  la  propia 
Administración presuntamente afectada, se ha evacuado informe del que expresamente 
resulta que su finca no se ve afectada por la práctica de la operación solicitada, incluso 
identificando la ubicación exacta de  la registral 35.624 en plano que acompaña al 
meritado informe, del que resulta que no existe colindancia entre ambas fincas por el 
lindero Sur, como se señala en el escrito de alegaciones.
7.  El siguiente defecto señalado por la registradora es la existencia de dudas de 
identidad, por cuanto la registral 2.256 consta con una cabida inscrita de 496,40 metros 
cuadrados, resultando que con anterioridad, con ocasión de la escritura por la que los 
promotores del expediente adquirieron la finca, se denegó la constancia registral de un 
exceso de cabida, basado en certificación catastral, que atribuía a la finca una superficie 
de 594 metros cuadrados. La certificación catastral descriptiva y gráfica que acompaña a 
la instancia presentada señala una superficie para la parcela de 714 metros cuadrados.
Resulta evidente la discrepancia existente en cuanto a la superficie de la parcela que 
resulta de la comparación de ambas certificaciones catastrales, que por la magnitud de 
la misma pone de manifiesto una alteración de la línea poligonal de delimitación de la 
finca, por haberse llevado a cabo cambios en cuanto a su configuración física que 
pudieran poner de manifiesto que la certificación catastral descriptiva y gráfica aportada 
engloba, además, una porción colindante de suelo ajeno, en principio, a la finca objeto 
del expediente, tratando de conseguir con ello la inmatriculación de una porción de finca 
adicional. En consecuencia, deben confirmarse las dudas de identidad señaladas por la 
registradora  en  su  nota  de  calificación,  debiendo  recordarse  que  una  herramienta 
especialmente útil en estos supuestos es la consulta a los antecedentes de la parcela 
catastral  en  cuestión,  obrantes  en  la  Sede  Electrónica  del  Catastro  y  a  la  que  el 
registrador debe acudir, en el ejercicio de su función calificadora, como herramienta 
auxiliar.
8.  El último defecto consiste en una pretendida invasión demanial, toda vez que 
según  resulta  de  informe  emitido  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena,  la 
registral  2.256  está  compuesta  por  dos  zonas  con  distinta  calificación  urbanística, 
estando una de ellas destinada a vial demanial.
Tal y como señaló esta Dirección General en las Resoluciones de 15 de marzo y 12  s
de abril de 2016, la protección registral que la Ley otorga al dominio público no se limita  oe.
exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio  w.
público no inscrito, pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con  70ww
el quPeo rp utadli emrao tllievog,a rc oan c oclaisriáocntaerr  aplgreuvnioa  par elate npsráiócnti cdae  dines clari pincisócnr.ipción, y conforme a lo
previsto en distintas leyes especiales, como la de costas o de montes, el registrador ha
de  recabar  informe  o  certificación  administrativa  que  acrediten  que  la  inscripción 
pretendida no invade el dominio público.
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones 
expresas de que el registrador, antes de acceder a la inscripción de edificaciones, habrá 
de comprobar que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de uso público general.
Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección  registral  del  dominio 
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o 
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera 
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto,  sino  también  en  diversos  artículos  del  Título  VI  de  la  ley  que  contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 
y 205.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la Ley 13/2015 la 
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo la 
invasión del dominio público.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace 
sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del 
territorio.
Aunque,  como  señala  el  artículo  199,  «la  mera  oposición  de  quien  no  haya 
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes no 
determina necesariamente la denegación de la inscripción», ello no puede entenderse en 
el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales alegaciones para formar el juicio del 
registrador, especialmente cuando se ponga de manifiesto una situación de alteración de 
la  configuración  física  de  la  finca  que  implicaría  invasión  de  dominio  público, 
circunstancia proscrita por la legislación hipotecaria.
9.  Tal y como ya se ha señalado, conforme a los artículos 9 y 199 de la Ley 
Hipotecaria debe evitarse la inscripción de una representación gráfica que coincida en 
todo o parte el dominio público, por lo que resulta procedente determinar si la mera 
afectación de la finca para ser destinada a viales implica el carácter demanial de la 
misma antes de producirse la aprobación del instrumento de ejecución del planeamiento 
que determina la afectación de la finca para ser destinada a viales.
A este respecto ya se pronunció este Centro Directivo en resolución de 31 de mayo 
de  2.017  en  los  siguientes  términos:  «La  jurisprudencia  viene  manteniendo  que  la 
existencia  de  normas  urbanísticas  o  acuerdos  municipales  sobre  ejecución  del 
planeamiento que afecten a terrenos de propiedad privada no implica que estos pasen al 
dominio público por tal razón, hasta tanto no exista el acto formal de cesión de tales  s
terrenos. En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 26 de  oe.
septiembre de 1989, decía que la cesión obligatoria de terrenos no opera de modo  w.
automático sino en la forma que reglamentariamente se determine de acuerdo con los  70ww
Sdiasltain toPsri msueprau,e sdtoes  2d4e  edjee cudcicióienm dberle  pldaen e1a9m9ie6n, tos euñrablaan, ísetinc ot,a yle lsa  dceals omsi,s mcoo mTori butíntualol, 
ternatnrsemgais iyv oa cdeep talac iótnitu»l.a Aridsía, de sdtoam úilntiimcaal  sael ñAalyau nqtuaem «ielan tion cllau s«iócno rerens upno npdlaienn tgee naecrtaal  ddee   BOE-A-cable e
ordenación de un terreno de propiedad privada como destinado a viales y la obligación –
que a los propietarios del suelo urbano impone el artículo 83.3.1.º de la Ley del Suelo 
de  1976,  en  la  actualidad  norma  supletoria  estatal,  de  ceder  gratuitamente  a  los 
Ayuntamientos respectivos los terrenos destinados a viales, parques, jardines públicos y 
Centros de Educación General Básica al servicio del polígono o unidad de actuación 
correspondiente, no determinan por sí solas la conversión en dominio público municipal 
de esos terrenos, sino que es necesario para ello que esa cesión gratuita de viales, 
establecida en los sistemas de actuación urbanística se lleve a cabo con arreglo a las 
normas  de  procedimiento  aplicables,  normas  que  son  de  inexcusable  observancia, 
debiendo señalarse que la cesión, como cumplimiento de esa obligación impuesta a los 
propietarios  de  suelo  urbano  por  la  legislación  urbanística,  se  produce  con  la 
correspondiente  acta  de  entrega  y  recepción,  que  produce  la  transmisión  al 
Ayuntamiento de la titularidad dominical», doctrina que es reiterada, a propósito del 
ejercicio de acción negatoria de servidumbre, por la Sentencia del Alto Tribunal de 18 de 
noviembre  de  2004,  considerando  que,  a  pesar  de  existir  acuerdo  de  cesión  al 
Ayuntamiento, como el mismo no había sido ejecutado, subyace el derecho de propiedad 
sobre el suelo sujeto a planificación. Cabe citar en el mismo sentido la Sentencia del 
Tribunal  Supremo,  Sala  Primera,  de  14  de  marzo  de  2011,  y  las  Sentencias  más 
recientes del Tribunal Supremo, también de la Sala Primera, de 3 y 29 de octubre 
de 2014 y 17 de noviembre de 2015, que citan la anterior, las cuales establecen que el 
concepto de vía pública es jurídico y no de mero hecho, y trayendo a colación la de 24 
de  diciembre  de  1996,  que  declara  rotundamente  que  la  inclusión  en  un  plan  de 
urbanismo no convierte terrenos de propiedad privada destinados a viales en dominio 
público, sino a través del acto de entrega y aceptación. Y este criterio es asimismo 
compartido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, en su Sentencia de 27 de abril 
de 1999, señala que «si el sistema de ejecución para un polígono era el de cesión de 
viales, conforme al artículo 129 de la Ley del Suelo, en tal sistema los propietarios 
deberán ceder al Ayuntamiento los terrenos viales, lo que constituye prueba de que tales 
viales pertenecen a su legítimo propietario mientras no se lleva a cabo la cesión, pues, 
aunque la obligación de la cesión obligatoria de terrenos según la Ley del Suelo haya de 
efectuarse en los términos que resulten del Plan General y de cada uno de los proyectos 
que lo desarrollen, ello no quiere decir que no deban cumplirse las formalidades legales 
para esta cesión y por el solo hecho de que una zona de la finca matriz esté destinada a 
viales no puede afirmarse que tales viales tuvieran la condición de vías públicas ni 
estuvieren por este solo hecho afectadas al dominio público con destino al uso público, 
ya que para ello eran precisas dos condiciones: la primera, que salieran del patrimonio 
de la propietaria y entraran en el patrimonio municipal y la segunda, que una vez fuera 
del dominio particular y dentro del de la Administración, ésta realizara un acto de 
aceptación, que en todo caso supone la previa transmisión del bien desde el patrimonio 
del  particular  al  de  la  persona  jurídica  administrativa»  (en  el  mismo  sentido,  las 
Sentencias  de  6  de  diciembre  de  1980,  21  de  junio  de  1983  y  14  de  noviembre 
de 1995)».
10.  No obstante lo anterior, en el concreto supuesto de este expediente, no puede 
compartirse el criterio de la registradora, toda vez que las distintas Administraciones que 
pudieran  resultar  eventualmente  perjudicadas  (Demarcación  de  Costas,  Dirección 
General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena) se han pronunciado expresamente en el sentido de no 
advertir invasión demanial alguna. De manera terminante, el Ayuntamiento de Cartagena  s
afirma que, pese a estar recogida parte de la finca en el Plan General de Ordenación  oe.
Urbana vigente como «de uso público», no figura inscrita en el Inventario General  w.
Municipal de Bienes y Derechos, lo que evidencia que no se ha llevado a cabo el  70ww
apcrotuyaencttoe . dEen e cqounidsiestcruibeunccióian,  deeslt es edcetoferc yto  csoenñsaiglaudieon tpeo ar dljau driecgaicsitórand ao rlaa,  Atadl mcionmistor aecsiótán 
formulado en su nota de calificación, no puede confirmarse.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos,  esta  Dirección  General  ha  acordado  estimar  parcialmente  el  recurso  y 
revocar la nota de calificación de la registradora en lo relativo a las dudas de invasión de 
un colindante y de dominio público, confirmándola en lo demás, en los términos que 
resultan de los anteriores pronunciamientos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.