BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 144142
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
19374 Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción 
volcánica en la isla de La Palma.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley  12/2021,  de  30  de  septiembre,  por  el  que  se  adoptan  medidas  tributarias, 
organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La 
Palma, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Es la segunda vez que, en un período de tiempo muy corto, nos enfrentamos a una 
situación de emergencia impensable y que, a pesar de los grandes avances científicos y 
tecnológicos disponibles, ha sido imposible evitar. La primera fue mundial, la pandemia 
del COVID-19, y la de ahora, afecta a una parte de nuestro territorio canario, a la isla de 
La Palma.
El domingo 19 de septiembre de 2021, se produjo una erupción volcánica en el 
municipio  de  El  Paso,  activándose  inmediatamente  el  Plan  Estatal  General  de 
Emergencias  de  Protección  Civil  (PLEGEM)  en  fase  de  Alerta  y  Seguimiento 
Permanente, la Situación de Emergencia Nivel 2 y el semáforo volcánico en nivel rojo, 
correspondientes al Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por 
riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Asimismo, se 
activó a la Unidad Militar de Emergencias en El Paso, desplazándose un considerable 
número de efectivos y vehículos, además de movilizar numerosos medios de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante el periodo de activación de los planes mencionados se ha producido la 
evacuación preventiva de más de 6.000 personas de las poblaciones afectadas, daños 
en infraestructuras y bienes públicos y privados, principalmente viviendas, así como 
daños  en  cultivos  y  explotaciones  agropecuarias,  polígonos  industriales  y  otras 
instalaciones  productivas.  Asimismo,  se  han  alterado  las  redes  del  transporte  de 
personas y mercancías, con el corte de carreteras y la prohibición temporal de la 
navegación marítima en la zona del oeste de la isla de La Palma, así como la suspensión 
de actividades escolares en algunos de los municipios afectados y la alteración de la 
atención sanitaria por desaparición de infraestructura.
La  trayectoria  del  volcán  ha  ido  sepultando  inexorablemente  todo  lo  que  ha 
encontrado a su paso hasta su llegada al mar; aunque las cifras no son definitivas, las 
edificaciones arrasadas por la lava se cuantifican en torno a 520 residenciales, 44 
agrarias, 23 industriales, 19 de ocio y restauración, 7 de servicios públicos y 8 de otras 
tipologías, que en ningún caso podrán ser reconstruidas en el lugar donde se ubicaban, y  e.
sin  perjuicio  de  otros  daños  en  construcciones  que  sí  pueden  ser  rehabilitadas  o  w.b
reconstruidas en su ubicación. 374ww
negoLcai ogsr,a ivnedduasdtr iadse  ylo esx pdlaoñtaocsi omneaste arigarlíecso lparso yd ugcaidnoasd,e reassp, eacsiaí lcmoemnote l ae inn cliadse nvciviaie snodbarse, 
leax traaocrtidviindaardia s,e ccoonnó umni ctraip, leh fainc:e pno r nuenc elasdaor,ia a yulad ara ad oepvcitiaórn  lasd ep osmibeledsid daisfi cutlrtiabduetasr idaes 
liquidez de los contribuyentes palmeros, en detrimento de la recaudación tributaria de la
Agencia Tributaria Canaria, por otro lado, facilitar a los afectados la adquisición de 
nuevos bienes inmuebles,  con diversos beneficios  fiscales, y, por último, ajustar la 
tributación efectiva de determinados empresarios a los días sin erupción volcánica.
En este sentido, y con carácter excepcional, se adoptan las siguientes medidas:
En primer lugar, para todos los sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento 
permanente principal en isla de La Palma, se amplía el plazo de presentación de la 
autoliquidación del Impuesto General Indirecto Canario y del Arbitrio sobre Importaciones 
y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias, correspondiente al tercer trimestre del 
año 2021, hasta el día 31 de enero de 2022. En el caso de que la obligación de 
presentación  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario  sea  mensual,  el  plazo 
correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2021, será, respectivamente, el 
día 31 de diciembre de 2021 y el día 31 de enero de 2022.
En segundo lugar, se amplían en seis meses y previa petición, los vencimientos de 
pago de todas las deudas tributarias que estén fraccionadas o aplazadas a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto ley, salvo las relativas a las importaciones de 
bienes bajo la modalidad de pago diferido, las de los tributos cedidos por el Estado y las 
superiores a 30.000 euros.
En tercer lugar, se articula la posibilidad de solicitar el aplazamiento de deudas 
tributarias que fueron aplazadas o fraccionadas con anterioridad, y que actualmente 
están en período ejecutivo, exigiéndose para ello el cumplimiento de una serie de 
requisitos.
En cuarto lugar, se crean nuevos supuestos de aplicación del tipo cero del Impuesto 
General Indirecto Canario con vigencia entre 2 y 5 años, por las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios tendentes al alojamiento de las personas afectadas por la 
erupción volcánica, a la sustitución de inmuebles y vehículos destruidos, así como a la 
recuperación de las actividades ganaderas y agrícolas, extendiéndose, en este último 
caso, a las importaciones de bienes.
En quinto lugar, se atiende a aquellas actividades empresariales desarrolladas en la 
isla de La Palma, cuya tributación no se vincula con el volumen real de operaciones, y en 
cuyo cálculo, no se ha tenido en cuenta la merma de ingresos ocasionada por la 
erupción volcánica; es el caso de los empresarios o profesionales acogidos al régimen 
simplificado del Impuesto General Indirecto Canario.
En sexto lugar, se crea un nuevo tipo de gravamen reducido cero en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aplicable hasta 
el  31  de  diciembre  de  2026,  a  las  transmisiones  de  inmuebles  y  vehículos  cuyos 
adquirentes  sean  titulares  de  bienes  de  esta  naturaleza  destruidos  por  la  lava, 
ampliándose a los supuestos de constitución o ampliación de préstamos o créditos con 
garantía hipotecaria y a los actos necesarios para acreditar la titularidad jurídica de los 
inmuebles.
En séptimo lugar, se crea una bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones,  aplicable  hasta  el  31  de  diciembre  de  2026,  para  las  donaciones  de 
edificaciones,  terrenos  y  dinero,  siempre  que  en  este  último  caso  se  destine  a  la 
adquisición o construcción de un inmueble en sustitución de uno destruido.
En  octavo  lugar,  se  procede  a  ajustar  los  importes  correspondientes  al  tercer 
trimestre del año 2021 de las cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, 
envite  o  azar,  correspondientes  a  las  máquinas  o  aparatos  automáticos,  con  una 
reducción proporcional a los 12 días del mes de septiembre con la erupción.
Y, por último, se establece una Disposición adicional primera para mantener el  e.
derecho a las deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas  w.b
Físicas vinculadas con la vivienda habitual, a pesar de haber sido destruida por la lava. 374ww
comRpeestepneccitao  dae  lala sC ocminucnoi dpardim Aeurtaósn ommead didea sC, aneaxpriuaes sptaasra  aandtoepritoarrmlaesn eten,  reelxaisctióen  pale lnoas 
tarribtíuctuolos  1p7ro1p dioesl ,E setna tuetlo m daer cAou todneol mpríain cdiep iCo adnea riaaust.o Yn,o emní ae l fminiasnmcoie srae nrteidcoo,n soec irdeoc oenno ceel 
esta competencia respecto a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias,  conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  115  y  166.4  del  Estatuto  de 
Autonomía de Canarias y en el apartado dos de la disposición adicional décima de la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias. Sin embargo, en los tributos cedidos por el Estado, el 
artículo 56 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación  de  las  Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, atribuye a las 
Comunidades  Autónomas  la  competencia  para  regular  los  aspectos  relativos  a  la 
recaudación  de  tales  tributos,  con  una  limitación  respecto  a  los  aplazamientos  o 
fraccionamientos de la deuda, al exigir la aplicación expresa de la normativa del Estado; 
motivo por el que se excluyen a los tributos cedidos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 
del Decreto Ley.
En cuanto al resto de medidas, las relativas a los tributos cedidos recogidas en sexto, 
séptimo, octavo, y último lugar, la competencia normativa deriva de lo dispuesto en la 
Disposición  Adicional  primera  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias  y  en  los 
artículos 46, 48, 49 y 50 de la Ley 22/2009, en relación con el artículo 17 c) y 19.Dos a), 
c), d) y e) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, así como el artículo 2 de la Ley 26/2010, de 16 de julio, del 
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Junto a las medidas tributarias, se incluyen otras medidas de organización y gestión 
administrativa.
En primer término, en la medida en que corresponde a distintas consejerías la 
adopción de las medidas paliativas de los daños producidos, se hace necesaria la 
constitución de un órgano para el impulso, coordinación y propuesta de las actuaciones 
que sean precisas para la reparación de los daños causados por el volcán de la isla de 
La Palma, así como para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas 
afectadas. A estos efectos, se crea la Comisión de coordinación de las medidas de 
reconstrucción y reactivación de la isla de La Palma, con la composición y funciones que 
se especifican en el presente Decreto ley.
Por otra parte, para dar respuesta a quienes han perdido su casa, sus terrenos o su 
empleo, se crea bajo la dirección y coordinación de la Viceconsejería de la Presidencia, 
la Oficina de coordinación económica y de asistencia a los afectados por el volcán de la 
isla de La Palma, que tendrá encomendada las funciones de información, asistencia y 
apoyo en la tramitación de los procedimientos de las personas afectadas por la erupción 
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.
Esta  oficina  única  de  coordinación  y  atención  a  la  ciudadanía  afectada  por  la 
erupción volcánica se configura como el centro principal de atención y coordinación de 
ayudas, asistencia, trámites y asesoría para las personas y entidades afectadas, por lo 
que en la misma se integrará el personal de las distintas áreas de las instituciones, de 
empresas y fundaciones públicas. Específicamente, dispondrá de personal dependiente 
de  distintos  departamentos  del  Gobierno  de  Canarias,  así  como  de  otras 
Administraciones Públicas.
El equipo de la Oficina se organizará de tal forma que se puedan coordinar las 
acciones oportunas en cada materia, tanto para la obtención de las ayudas públicas de 
emergencia y soluciones habitacionales para las personas afectadas, como para la 
recuperación social y económica de la isla.
Finalmente, se adoptan distintas medidas en materia de contratación, expropiación  s
forzosa, tramitación de los procedimientos administrativos y ayudas, con el objeto de  oe.
garantizar que las actuaciones que se lleven a cabo para paliar los efectos derivados de  w.
la erupción volcánica se puedan ejecutar con la mayor celeridad, como es exigible para  374ww
atenLdae rC ao lma usnitiudaacdió nA uetxótnraoomrdai ndaeri aC daenraivraiadsa  tdieen lea  mpliesnmaa .competencia para adoptar las
medidas organizativas y procedimentales que se recogen en el título II de este decreto
ley con fundamento en los artículos 104, 106.2, letras a) a c) del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.
Por lo que se refiere a la materia de subvenciones, el Estatuto de Autonomía sitúa su 
título competencial en el ámbito de la competencia sobre fomento. No se trata de un 
título autónomo, sino que debe situarse en conexión con una de las materias sobre las 
que  la  comunidad  autónoma  tiene  reconocida  competencia.  Así  lo  establece  el 
artículo 102 del Estatuto de Autonomía que dice: «1. En las materias de su competencia, 
corresponde a la comunidad autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos 
efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su 
caso,  desarrollando  los  objetivos  y  requisitos  de  otorgamiento  y  gestionando  su 
tramitación y concesión».
Las subvenciones no constituyen un título competencial en sí mismo, sino que son 
un instrumento al servicio de una competencia sustantiva. Y la comunidad autónoma 
puede en el desarrollo de sus propias competencias sustantivas establecer normas 
propias de subvenciones de aplicación en las materias sobre las que tiene competencia 
y siempre que no contradigan la legislación básica estatal en la materia.
II
El artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, 
que recibirán el nombre de decretos-leyes.
En virtud de la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas 
Sentencia 14/2020, de 28 de enero de 2020, FJ 2) es exigible «que el Gobierno haga 
una definición «explícita y razonada» de la situación concurrente, y segundo, que exista 
además una «conexión de sentido» entre la situación definida y las medidas que en el 
decreto-ley se adopten.»
Es tal la obviedad de la situación de emergencia, que es imprescindible adoptar 
medidas para subvenir, en el ámbito fiscal, una situación catastrófica que por si sola 
justifica  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  las  mismas,  como  es  facilitar  el 
cumplimiento de obligaciones tributarias y aliviar la carga impositiva de las actuaciones 
tendentes a la reposición de los bienes destruidos por la erupción volcánica en la isla de 
La Palma.
Asimismo  esta  misma  situación  justifica  la  adopción  de  medidas  de  índole 
organizativo y procedimental dirigidas a la coordinación de los distintos Departamentos y 
Administraciones implicadas y a resolver con prontitud, mediante la agilización de los 
procedimientos administrativos, la situación de precariedad en la que han quedado las 
personas afectadas por el volcán.
Por tanto, existe plena homogeneidad entre la situación descrita en la exposición de 
motivos y el contenido de la parte dispositiva; es decir, existe «conexión de sentido» 
entre la situación definida y las medidas que en el Decreto ley se adoptan.
El decreto-ley constituye, por tanto, el instrumento constitucional y estatutariamente 
previsto a estos efectos, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal 
y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 
y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta que por razones difíciles 
de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
establecido por la vía normal o por el procedimiento abreviado o de urgencia para la  s
tramitación parlamentaria de las leyes. e.
Todos los motivos expuestos justifican amplia y razonadamente la extraordinaria y  w.
urgente necesidad de que por parte del Gobierno de Canarias se apruebe, conforme al  374ww
Eapsatarttuatdoo d 1e  dAeul taorntíocmulíoa  4d6e  dCea nlaa rLiaesy,  Ounrg dáencicrae to1-/2le0y1 c8o, mdeo  5e ld qeu en onvoiesm obcurep,a d.e reforma del
Por otra parte, el contenido normativo proyectado no afecta a los supuestos previstos 
en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ni a la regulación esencial de 
los derechos y deberes establecidos en dicho Estatuto y en la Constitución española.
No se ha realizado el trámite de participación pública al amparo de lo que establece 
el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación 
supletoria  por  mor  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Final  Primera  de  la  Ley 
Territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que excluye la aplicación de las normas para la 
tramitación de anteproyectos de ley y normas reglamentarias, a los decretos leyes, a 
excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3 del citado artículo, 
con carácter abreviado.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta del Presidente y de los Consejeros de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 
y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 30 de septiembre 
de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas tributarias
CAPÍTULO I
Medidas relativas a la recaudación tributaria
Artículo 1.  Ampliación del plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones.
1.  Los sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto Canario o del Arbitrio sobre 
Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, con domicilio fiscal o 
establecimiento permanente principal en La Palma, podrán presentar hasta el día 31 de 
enero  de  2022  la  autoliquidación  correspondiente  al  tercer  período  de  liquidación 
trimestral del año 2021.
2.  Tratándose  de  sujetos  pasivos  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario,  con 
domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, con obligación de 
presentación mensual de las autoliquidaciones periódicas, podrán presentar hasta el 
día 31 de diciembre de 2021 la autoliquidación correspondiente al período de liquidación 
del  mes  de  septiembre  del  año  2021;  y  hasta  el  día  31  de  enero  de  2022,  la 
autoliquidación  correspondiente  al  período  de  liquidación  del  mes  de  octubre  del 
año 2021.
Lo previsto en este apartado no resulta aplicable a los sujetos pasivos que apliquen 
el régimen del grupo de entidades.
3.  A  los  efectos  de  lo  establecido  en  este  Decreto  ley,  se  entenderá  por 
establecimiento permanente principal el lugar donde esté efectivamente centralizada la 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios en Canarias. Cuando de acuerdo 
con este criterio no pueda determinarse el mismo, se atenderá al lugar donde radique el 
mayor valor de sus elementos de inmovilizado material en Canarias.
Artículo 2.  Ampliación excepcional de las fechas de vencimiento de pago de las deudas  b
tributarias aplazadas o fraccionadas. 374ww
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ampliación en seis meses de la fecha de vencimiento del citado plazo.
Igualmente, y en cuanto a las deudas tributarias respecto de las que haya sido 
concedido su fraccionamiento, el citado obligado tributario podrá solicitar la ampliación 
en seis meses de la fecha de cada uno de los vencimientos de los plazos pendientes a la 
fecha de entrada en vigor de este Decreto ley.
2.  En ningún caso será aplicable lo dispuesto en este artículo a las siguientes 
deudas tributarias:
a)  Las derivadas de la importación de bienes bajo la modalidad de pago diferido, 
previsto en el artículo 108.2 del Reglamento de gestión de los tributos derivados del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de 
agosto.
b)  Las derivadas de los tributos cedidos por el Estado.
c)  Aquellas cuya cuantía inicial del importe aplazado o fraccionado fuera superior 
a 30.000 euros, a excepción de las que siendo superiores a 30.000 euros se hubiera 
dispensado totalmente al obligado tributario de la constitución de garantía conforme a lo 
establecido en el artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
3.  La solicitud de ampliación, en el supuesto de aplazamiento, deberá presentarse 
antes del vencimiento del plazo de pago que consta en el acuerdo por el que se 
concedió el aplazamiento; tratándose de una deuda tributaria fraccionada, la solicitud 
deberá  presentarse  con  anterioridad  al  vencimiento  de  cualquiera  de  los  plazos 
concedidos en el acuerdo, teniendo efectos la autorización sobre todos los plazos de 
pago no vencidos.
La presentación de la solicitud supondrá de forma automática la ampliación del 
vencimiento del plazo o plazos de pago en los términos establecidos en este artículo, sin 
necesidad de resolución expresa del órgano que dictó el acuerdo de concesión de 
aplazamiento o fraccionamiento.
4.  La ampliación de las fechas de los vencimientos de pago a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo, no devengará intereses de demora.
Artículo  3.  Aplazamiento  excepcional  de  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en 
período ejecutivo.
1.  Sin que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 65.2.f) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, podrá solicitarse, con carácter excepcional, el 
aplazamiento del pago de deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo a la 
entrada en vigor del presente Decreto ley, cuando se cumplan, además de los requisitos 
establecidos  en  la  normativa  estatal  para  la  concesión  de  aplazamiento  o 
fraccionamiento de deudas en período ejecutivo, las siguientes condiciones:
– Que el obligado tributario tenga domicilio fiscal o establecimiento permanente 
principal en La Palma
– Que la deuda hubiera sido en su día aplazada o fraccionada mediante acuerdo del 
órgano competente de la Agencia Tributaria Canaria.
– Que la cuantía inicial de la deuda aplazada o fraccionada fuera igual o inferior 
a 30.000 euros; o, siendo superior, que se hubiera dispensado totalmente al obligado 
tributario de la constitución de garantía conforme a lo establecido en el artículo 82.2.b) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
– Que el vencimiento del plazo del aplazamiento incumplido, o el vencimiento de la  e.
primera fracción incumplida incluida en el acuerdo de fraccionamiento se produzca con  w.b
posterioridad al día 19 de septiembre de 2021. 374ww
––  QQuuee  nseo  hpareysae snitdeo l an ostoifliiccaitduod  edle a acpulearzdaom diee netnoa ejenn uanc iópnla zdoe  dloes  qbuieinncees  deímasb ahrágbaildeoss a.
contar desde el día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto ley.
2.  Si  se  cumplen  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  1  anterior,  se 
acordará  el  aplazamiento  del  pago  de  la  deuda  hasta  el  día  20  del  sexto  mes, 
devengándose los correspondientes intereses de demora.
3.  Llegado  el  vencimiento  del  aplazamiento,  la  deuda  tributaria  pendiente  de 
ingreso, en su caso, podrá ser objeto de fraccionamiento en los términos establecidos en 
la normativa estatal vigente, debiéndose solicitar al órgano competente de la Agencia 
Tributaria canaria en un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
fecha de vencimiento del aplazamiento.
4.  Lo establecido en la presente disposición no podrá ser aplicable a deudas de 
tributos cedidos por el Estado.
CAPÍTULO II
Medidas fiscales relativas a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias
Artículo 4.  Tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario aplicable a determinadas 
operaciones.
Uno.  Será aplicable en el Impuesto General Indirecto Canario el tipo cero a las 
siguientes operaciones:
1.  Las entregas de viviendas radicadas en La Palma, incluidos los garajes y anexos 
situados  en  el  mismo  edificio  que  se  transmitan  conjuntamente,  que  tengan  la 
consideración de primera entrega de una edificación realizada por su promotor, en los 
términos expresados en el artículo 50.Uno.22.º de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales, y a las que no les resulte aplicable el tipo cero 
previsto en el artículo 58.Uno de la citada Ley 4/2012, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos:
– El adquirente debe ser el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias o una 
entidad local canaria, o un ente integrante del sector público estatal, autonómico o local 
canario.
– Las viviendas deben destinarse a su utilización como alojamiento de las personas 
que residían en una vivienda destruida como consecuencia de la erupción del volcán.
2.  Las entregas de viviendas radicadas en La Palma, incluidos los garajes y anexos 
situados  en  el  mismo  edificio  que  se  transmitan  conjuntamente,  que  tengan  la 
consideración de primera entrega de una edificación realizada por su promotor, en los 
términos expresados en el artículo 50.Uno.22.º de la Ley 4/2012, y a las que no les 
resulte aplicable el tipo cero previsto en el artículo 58.Uno de la citada Ley 4/2012, 
cuando se cumplan las siguientes condiciones:
– El  adquirente  debe  ser  la  persona  física  propietaria,  usufructuaria  o  nuda 
propietaria, de una vivienda destruida por la lava cuya existencia y titularidad debe 
acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
– Solo podrá aplicarse el tipo cero a una vivienda por persona física.
– La entrega de la vivienda debe producirse antes del día 31 de diciembre de 2026.
Con carácter previo o simultáneo a la entrega de la vivienda, el adquirente deberá  s
entregar  al  sujeto  pasivo  transmitente  una  declaración  en  la  que  manifieste  la  oe.
adcopicnahcrEatuan drd reeeocln  2lsca.uir aEpa ucndie óeesnlt   ocdl aoedssbeo e  prrdeáaeq go uqobiu slaieigtn oaltasitco  ierppinaaatmdrreoaeg, n alltaa ed   deinea clcpaoll airvcpriaavoccireiiaóónrnnds  eaad   asqee ule  efsott iarspm eoú a lrtleicimcfeieear or.ee n ep elr espcvárisritrtuaorf ao e panún bteelircsioater,    2021-19374n https://www.
se deberá presentar con ocasión de la realización del primer pago anticipado.
El sujeto pasivo deberá conservar durante el periodo de prescripción, la declaración 
que no conste en escritura pública.
3.  Las entregas de terrenos situados en La Palma y calificados de solares conforme 
con la regulación del régimen del suelo y ordenación urbana, y las ejecuciones de obras, 
con  o  sin  aportación  de  materiales,  consecuencia  de  contratos  directamente 
formalizados entre el promotor y el contratista que tengan como objeto la construcción de 
una  vivienda  en  el  solar  a  que  se  refiere  este  apartado,  cuando  se  cumplan  los 
siguientes requisitos:
– El adquirente del solar y el promotor de la vivienda deben ser la misma persona 
física y esta ser propietaria, usufructuaria o nuda propietaria, de una vivienda destruida 
por la lava cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho.
– La entrega del solar debe producirse antes del día 31 de diciembre de 2026, 
debiendo acometerse de forma inmediata los permisos administrativos y los proyectos 
técnicos necesarios para la construcción de la vivienda.
– Las obras de construcción deben comenzar en el plazo de un año desde la 
adquisición del solar, sin sufrir interrupción por causa imputable al sujeto pasivo hasta su 
terminación, la cual debe tener lugar en cualquier caso dentro del plazo de dos años 
desde el inicio de las obras.
– Solo podrá aplicarse el tipo cero a un solar por persona física.
Con carácter previo o simultáneo a la entrega del solar y a la ejecución de obra, el 
adquirente deberá entregar al sujeto pasivo transmitente y al sujeto pasivo constructor, 
una declaración en la que manifieste la concurrencia de los requisitos para la aplicación 
del tipo cero previsto en este apartado 3. En el caso de que la entrega del solar se 
formalice en escritura pública, dicha declaración deberá obligatoriamente incorporarse a 
esta última.
En el supuesto de pago anticipado, la declaración a que se refiere el párrafo anterior 
se deberá presentar con ocasión de la realización del primer pago anticipado.
El sujeto pasivo deberá conservar durante el periodo de prescripción, la declaración 
que no conste en escritura pública.
4.  Los  servicios  de  arrendamiento  de  apartamentos  o  viviendas  amueblados 
situados en La Palma, cuando el arrendador se obligue a la prestación de alguno de los 
servicios  complementarios  propios  de  la  industria  hotelera,  tales  como  los  de 
restaurante,  limpieza,  lavado  de  ropa  u  otros  análogos,  cuando  se  cumplan  las 
siguientes condiciones:
– El arrendatario debe ser el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias o una 
entidad local canaria o un ente integrante del sector público estatal, autonómico o local 
canario.
– Los apartamentos o viviendas amuebladas han de ser destinados al uso como 
residencia de las personas desalojadas como consecuencia de la erupción del volcán.
Lo previsto en este apartado 4 resulta también aplicable cuando el arrendatario sea 
una de las personas desalojadas a que se refiere el guión anterior, debiendo entregar al 
sujeto pasivo arrendador una declaración en la que manifieste la concurrencia de los 
requisitos para la aplicación del tipo cero. es
El período de aplicación del tipo cero previsto en este apartado 4 finaliza el día 30 de  o
septiembre de 2022. 374ww
cuan5d. o Lseo sc usmerpvlaicnio lsa sh soigteuleiernotse se cno nedsitcaibolneecsim: ientos turísticos situados en La Palma,
– Los  usuarios  de  los  servicios  sean  las  personas  físicas  desalojadas  como
consecuencia de la erupción del volcán.
– La contraprestación de la operación sea abonada por el Estado, la Comunidad 
Autónoma de Canarias o una entidad local canaria o un ente integrante del sector 
público estatal, autonómico o local canario.
El período de aplicación del tipo cero previsto en este apartado 5 finaliza el día 30 de 
septiembre de 2022.
6.  Las entregas de edificaciones a empresarios o profesionales siempre y cuando 
se cumplan las siguientes condiciones:
– El adquirente debe ser un empresario o profesional propietario de una edificación 
afecta a su actividad económica que ha sido destruida por la lava, cuya existencia y 
titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
– La edificación que se adquiere debe radicar en La Palma y debe afectarse al 
desarrollo  de  una  actividad  empresarial  o  profesional  idéntica  a  la  ejercida  en  la 
edificación destruida.
– La entrega debe producirse antes del día 31 de diciembre de 2026.
Con carácter previo o simultáneo a la entrega de la edificación, el adquirente deberá 
entregar  al  sujeto  pasivo  transmitente  una  declaración  en  la  que  manifieste  la 
concurrencia  de  los  requisitos  para  la  aplicación  del  tipo  cero  previsto  en  este 
apartado 6. En el caso de que la entrega se formalice en escritura pública, dicha 
declaración deberá obligatoriamente incorporarse a esta última.
En el supuesto de pago anticipado, la declaración a que se refiere el párrafo anterior 
se deberá presentar con ocasión de la realización del primer pago anticipado.
El sujeto pasivo deberá conservar durante el periodo de prescripción, la declaración 
que no conste en escritura pública.
Dos.  Será aplicable en el Impuesto General Indirecto Canario el tipo cero a las 
entregas o importaciones de vehículos distintos de los citados en el artículo 59.Uno de la 
Ley 4/2012, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
– El vehículo adquirido o importado debe tener como destino la sustitución de un 
vehículo destruido por la acción de la lava procedente de la erupción volcánica.
– No debe figurar en el momento de su destrucción como dado de baja en el registro 
de la Dirección General de Tráfico o en el registro administrativo correspondiente, ni 
estar embargado por una Administración pública.
– El adquirente o importador debe ser el titular del vehículo destruido. Se presume 
como titular quien figure como tal en el registro de la Dirección General de Tráfico o en el 
registro administrativo correspondiente, salvo prueba en contrario.
– El vehículo adquirido o importado debe tener la misma clasificación por criterio de 
construcción y utilización, que el destruido al que sustituye.
– El devengo del Impuesto debe producirse desde la entrada en vigor del presente 
Decreto ley y el día 31 de diciembre del 2022.
Con carácter previo o simultáneo a la entrega del vehículo, el adquirente deberá 
entregar al sujeto pasivo transmitente una declaración en la que manifieste la concurrencia 
de los requisitos para la aplicación del tipo cero previsto en este apartado Dos.
En el supuesto de pago anticipado, la declaración a que se refiere el párrafo anterior 
se deberá presentar con ocasión de la realización del primer pago anticipado.
El sujeto pasivo deberá conservar durante el periodo de prescripción, la declaración  es
efectuada por el adquirente. o
Tres.  Hasta el día 31 de diciembre de 2022, será aplicable en el Impuesto General  374ww
Indirecto Canario el tipo cero a las entregas o importaciones de los siguientes bienes
para ser utilizados en actividades ganaderas y agrícolas desarrolladas en explotaciones 
situadas en la isla de La Palma:
a)  Semillas, bulbos, esquejes y materiales de origen exclusivamente animal o vegetal 
susceptibles de originar la reproducción de animales o vegetales; fertilizantes, residuos 
orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero.
b)  Maquinaria, utensilios o herramientas.
c)  Animales  destinados  a  su  engorde  antes  de  ser  utilizados  en  el  consumo 
humano o animal y los animales reproductores de los mismos.
Igualmente tributarán al tipo cero las ejecuciones de obras, con o sin aportación de 
materiales, que tengan por objeto reparar los daños de las instalaciones agrícolas o 
ganaderas, como consecuencia de la erupción del volcán, que estén situados en esta 
isla. Lo previsto en este párrafo también resultará aplicable a la entrega o importación de 
bienes que, por su naturaleza y función, estén destinados a la reparación de esos daños.
Con carácter previo o simultáneo a la entrega de los bienes citados o de la ejecución, 
el adquirente deberá entregar al sujeto pasivo transmitente o ejecutor una declaración en 
la que manifieste la concurrencia de los requisitos para la aplicación del tipo cero 
previsto en este apartado Tres.
En el supuesto de pago anticipado, la declaración a que se refiere el párrafo anterior 
se deberá presentar con ocasión de la realización del primer pago anticipado.
El sujeto pasivo deberá conservar durante el periodo de prescripción, la declaración 
efectuada por el adquirente.
Cuatro.  Con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2022 y sin perjuicio de la 
exención prevista en el artículo 14.3.11.º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, será aplicable en el 
Impuesto General Indirecto Canario el tipo cero a las importaciones de bienes donados para 
ser distribuidos a las personas afectadas por la erupción del volcán.
También se le aplicará el tipo cero a las importaciones de bienes donados a favor de 
empresarios o profesionales cuyos establecimientos u oficinas han sido destruidos como 
consecuencia de la erupción volcánica.
Cinco.  El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del tipo cero, 
supondrá para el adquirente del bien o servicio, como beneficiario conforme a lo previsto en el 
artículo 35.2.k) de la Ley General Tributaria, o para el importador, la obligación de presentar la 
declaración ocasional a que se refiere el artículo 59.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación  de  los  aspectos  fiscales  del  Régimen  Económico  Fiscal  de  Canarias, 
correspondiente  al  período  de  liquidación  mensual  en  que  se  incumplió  el  requisito, 
autoliquidando la cuota del Impuesto con los correspondientes intereses de demora.
El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en el momento del devengo 
del impuesto afectará, en su caso, a los pagos anticipados en los que se ha aplicado el 
tipo cero, debiendo el sujeto pasivo rectificar la cuota, no resultando de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 20.Dos.3.1.º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Seis.  En ningún caso será aplicable el tipo cero a que se refiere este artículo 
cuando se trate de la entrega de un bien realizada en el desarrollo de su actividad 
comercial por un sujeto pasivo que tenga la consideración de comerciante minorista, o la 
entrega  de  un  bien  o  la  prestación  de  un  servicio  realizada  por  un  empresario  o 
profesional acogido al régimen especial del pequeño empresario o profesional. s
ArtíctIenurdlocire e5rc . ttori RmCeeadsnutarcerci oio.dneel sa añ oa p2li0c2a1r  ael np oercl ernétgaijme edne  isnigmrepslifoic aa dcou ednetal  cImorprueespstoon dGieenntee raall   2021-19374n https://www.
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Palma, que desarrollen actividades empresariales o profesionales en esa isla, incluidas 
en el anexo II de la Orden de 23 de diciembre de 2019, por la que se fijan los índices, 
módulos y demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto 
Canario para el año 2020, a los efectos de la determinación del importe del ingreso a 
cuenta correspondiente al tercer trimestre del año 2021, podrán reducir en un 13% por 
ciento los porcentajes señalados en el número 3 de las Instrucciones para la aplicación 
de los índices o módulos en el Impuesto General Indirecto Canario.
CAPÍTULO III
Medidas fiscales relativas a los tributos cedidos por el Estado
Artículo  6.  Tipo  cero  en  el  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 
Jurídicos Documentados.
1.  Se  aplicará  un  tipo  cero  a  las  operaciones  sujetas  al  Impuesto  sobre 
Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados,  cuyo  devengo  se 
produzca antes del día 31 de diciembre de 2026, por los siguientes conceptos:
a)  Por  el  concepto  Actos  Jurídicos  Documentados,  las  primeras  copias  de 
escrituras públicas que documenten:
– La transmisión de los bienes inmuebles que, conforme a lo establecido en el 
presente Decreto ley, tributen a tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario.
– La constitución o ampliación de préstamos y créditos con garantía hipotecaria 
concedidos a las personas, físicas o jurídicas, que hayan perdido bienes inmuebles 
como consecuencia de la erupción volcánica.
b)  Por el concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas, por las transmisiones de 
bienes inmuebles y vehículos en las que concurran los mismos requisitos exigidos en el 
presente Decreto ley, para la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto 
Canario a la entrega de bienes inmuebles y vehículos.
Se incluyen en esta letra b), las operaciones previstas en el artículo 7.2.C) del Texto 
Refundido  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 
que tengan como finalidad suplir el título que acredite la propiedad de los inmuebles 
destruidos por la erupción volcánica.
2.  El  incumplimiento  de  los  requisitos  mencionados  en  el  apartado  1  anterior 
determinará  la  improcedencia  de  la  aplicación  del  tipo  cero,  con  ingreso  en  dicho 
momento del gravamen que hubiera correspondido y sus correspondientes intereses de 
demora, comenzando a contarse el plazo de prescripción para determinar la deuda 
tributaria desde la fecha en que se produzca el incumplimiento de tales requisitos.
Artículo 7.  Bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
1.  Se bonificará en un 100 por cien la cuota tributaria correspondiente a la donación 
de una cantidad en metálico, cuyo devengo se produzca antes del día 31 de diciembre 
de 2026, siempre y cuando concurran las condiciones siguientes:
a)  Que el donatario sea propietario, usufructuario o nudo propietario de un inmueble  e.
que haya sido destruido por la acción de la lava, cuya existencia y titularidad debe  w.b
acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho. 374ww
de ubn)  inLmau ceabnleti dsaitdu aedno m eent állaic ois ldao dnea dLaa  dPeablem dae, sqtiunea rhsaeb ará l ad ea dtqeuniesric liaó nm ois cmoan sftinruaclicdiaódn 
que ce)l  dLeast raudidqou.isición del inmueble debe realizarse en un plazo de dos años a contar
desde  el  devengo  del  impuesto  que  grava  la  donación.  Si  existiesen  sucesivas
donaciones para un mismo fin, el plazo comenzará a contarse desde el devengo de la 
primera donación.
En los casos de construcción, deben comenzarse las obras en el indicado plazo de 
dos  años  sin  sufrir  interrupción  por  causa  imputable  al  sujeto  pasivo  hasta  su 
terminación, la cual debe tener lugar en cualquier caso dentro del plazo de dos años 
desde el inicio de las obras.
d)  El  inmueble  adquirido  o  construido  debe  permanecer  en  el  patrimonio  del 
donatario con la misma finalidad que el destruido por un plazo de al menos cinco años, a 
contar desde su adquisición o finalización de la construcción.
e)  La donación debe formalizarse en escritura pública, debiendo constar de forma 
expresa que el destino de la cantidad en metálico donada tiene como fin la adquisición o 
construcción por parte del donatario de un inmueble de idéntica finalidad que el inmueble 
destruido. No obstante, no será necesaria esta formalización cuando el importe donado 
no sea superior a 1.000 euros.
2.  Se bonificará en un 100 por cien la cuota tributaria correspondiente a la donación 
de una edificación situada en La Palma, cuyo devengo se produzca antes del día 31 de 
diciembre de 2026, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que el donatario sea propietario, usufructuario o nudo propietario de un inmueble 
que haya sido destruido por la acción de la lava, cuya existencia y titularidad debe 
acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
b)  El inmueble donado debe permanecer en el patrimonio del donatario con la 
misma finalidad que el destruido por un plazo de al menos cinco años, a contar desde su 
adquisición.
3.  Se bonificará en un 100 por cien la cuota tributaria correspondiente a la donación 
de un terreno situado en La Palma y calificado de solar conforme con la regulación del 
régimen del suelo y ordenación urbana, cuyo devengo se produzca antes del día 31 de 
diciembre de 2026, siempre y cuando concurran las condiciones siguientes:
a)  Que el donatario sea propietario, usufructuario o nudo propietario de un inmueble 
que haya sido destruido por la acción de la lava, cuya existencia y titularidad debe 
acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
b)  El solar donado debe destinarse a la construcción de la vivienda del donatario.
c)  Deben comenzar las obras en el plazo de dos años desde la donación, sin sufrir 
interrupción por causa imputable al sujeto pasivo hasta su terminación, la cual debe 
tener lugar en cualquier caso dentro del plazo de dos años desde el inicio de las obras.
d)  La  vivienda  construida  debe  permanecer  en  el  patrimonio  del  donatario  como 
vivienda un plazo de al menos cinco años, a contar desde la finalización de la construcción.
e)  La donación debe formalizarse en escritura pública debiendo constar de forma 
expresa que el destino del solar tiene como fin la construcción por parte del donatario de 
una vivienda.
4.  El incumplimiento de los requisitos mencionados en los apartados anteriores 
determinará la improcedencia de la bonificación, con ingreso en dicho momento del 
gravamen  que  hubiera  correspondido  y  sus  correspondientes  intereses  de  demora, 
comenzando a contarse el plazo de prescripción para determinar la deuda tributaria 
desde la fecha en que se produzca el incumplimiento de tales requisitos.
Artículo 8.  Cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar  b
correspondiente a máquinas o aparatos automáticos. 374ww
ednev ji1ute.li  oo E daenz  a2lar0  2ca1ou,r troceulsiqypuaoi ndudabiceicinóatnce i ótarni m maeuástqtoruraiinzl aaddse a o,l  aea npT aaersla amto osfi smaceuantlo tosmo ádbtericel o dsleo,v sde enjuvgeeogn,o gssae d deaen  ecslu udeeínartt ree1,    OE-A-2021-19able en https://
en la isla de La Palma, serán objeto de declaración e ingreso por parte de los obligados 
tributarios las siguientes cuotas fijas:
1.  Máquinas tipo «B» o recreativas con premio:
A)  Cuota trimestral: 783,00 euros.
B)  Cuando se trate de máquinas en las que puedan intervenir dos o más jugadores 
de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno sea independiente del realizado 
por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas trimestrales:
a)  Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a lo previsto en la 
letra A) anterior.
b)  Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.392,00 euros, más el resultado 
de multiplicar por 650,00 el producto del número de jugadores por el precio máximo 
autorizado para la partida.
2.  Máquinas de tipo «C» o de azar.
Cuota trimestral: 1.091,25 euros.
3.  En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado 
para la partida en máquinas de tipo «B» o recreativas con premio:
– La cuota tributaria de 783,00 euros de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite 
o azar, se incrementará en 19,57 euros por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo 
precio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro.
2.  Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria 
a modificar el importe de las cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, 
envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengadas el primer 
día  de  cada  trimestre  natural,  para  tener  en  cuenta  los  períodos  de  suspensión  y 
restricción de la actividad del juego en cada trimestre como consecuencia de la actividad 
volcánica de La Palma.
TÍTULO II
Medidas organizativas y de gestión
Artículo 9.  Comisión de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación 
de la isla de La Palma.
1.  Se  crea  la  Comisión  de  coordinación  de  las  medidas  de  reconstrucción  y 
reactivación de la isla de La Palma, adscrita a la Presidencia del Gobierno.
2.  La Comisión de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de 
la isla de La Palma estará integrada:
a)  Presidencia: La persona titular de la Viceconsejería de La Presidencia.
b)  Vicepresidencia: La persona titular de la Viceconsejería competente en materia 
de hacienda, planificación y presupuestos.
c)  Vocalías: una persona en representación de cada una de las consejerías del 
Gobierno, designada entre quienes sean titulares de al menos una dirección general, así  s
como las personas que desempeñan las áreas de coordinación económica y social de la  e.
Oficina de coordinación económica y de asistencia a los afectados por el volcán de la isla  w.
de La Palma. 374ww
entrde)  el Speecrrseotnaaríla f:u nlac iopnearsroion ad edpeesnidgineandtea  dpeo rl al aP rVeisciedceonncsiae jedreíal  Gdoeb ilear nPor,e qsuidee naccitau adráe 
con voz y sin voto.
Podrán asistir a las reuniones de la Comisión las personas que sean convocadas por 
la Presidencia.
3.  La Comisión de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de 
la isla de La Palma tendrá las siguientes funciones:
a)  La adopción de medidas de coordinación necesarias para la actuación de las 
distintas Consejerías y organismos dependientes del Gobierno de Canarias, así como 
para  garantizar  una  adecuada  coordinación  con  la  actuación  de  las  restantes 
Administraciones Públicas.
b)  El impulso y propuesta de actuaciones y medidas que sean necesarias para la 
reparación de los daños causados por el volcán de la isla de La Palma, así como para la 
reconstrucción y reactivación económica de la zona, en el ámbito de competencias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
c)  La  supervisión  y  coordinación  de  las  actuaciones  que  desarrollen  los 
departamentos  y  sus  organismos  públicos  dependientes  para  la  reconstrucción  y 
reactivación de la isla de La Palma.
d)  El análisis e informe del Plan de Reconstrucción y Reactivación económica de la 
isla de La Palma.
e)  La evaluación y seguimiento de la ejecución de las medidas y actuaciones 
adoptadas.
f)  Las demás que sean necesarias para la coordinación entre las Administraciones 
implicadas en la reconstrucción y reactivación de la isla de La Palma, así como para la 
ejecución de las medidas y actuaciones acordadas.
Artículo 10.  Oficina de coordinación económica y de asistencia a los afectados por el 
volcán de la isla de La Palma.
1.  Dependiente  y  bajo  la  dirección  y  coordinación  de  la  Viceconsejería  de  la 
Presidencia,  se  crea  la  Oficina  de  coordinación  económica  y  de  asistencia  a  los 
afectados por el volcán de la isla de La Palma, que tendrá encomendada las funciones 
siguientes:
a)  La coordinación económica, seguimiento y gestión de las actuaciones acordadas 
por la Comisión de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de la 
isla de La Palma, así como la elaboración del Plan de Reconstrucción y Reactivación 
económica de la isla de La Palma.
b)  La coordinación social para prestar tareas de información, asistencia y apoyo en 
la tramitación de los procedimientos de ayuda a las personas afectadas por la erupción 
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.
2.  La oficina contará con las dos áreas de coordinación siguientes:
a)  Área de coordinación económica, que será desempeñada por la persona titular 
de la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia.
b)  Área de coordinación social, que será desempeñada por la persona que se 
designe por el Presidente del Gobierno de entre quienes estén adscritos la Dirección 
General del Gabinete del Presidente.
3.  La oficina tendrá las dependencias necesarias ubicadas en la isla de La Palma  s
para facilitar la información, asistencia y tramitación de los procedimientos más cercana  e.
a las personas afectadas por el volcán. w.
4.  La  oficina  estará  dotada  por  el  personal  y  los  medios  materiales  que  se  374ww
epsetrasbolneazlceasn  y pmora taecriuaelerdso q udee l sGe oabpieorrnteon  dpeo rC laan aArdiamsi,n iys,t reanci ósnu  Gceanseor, acl odne l loEss tmadeod,i oesl 
cCoanb illodso  Cinosnuvleanr iodse  dLea  CPoaolpmear ayc iólons  qAuyeu sneta smuisecnrtiobsa na cfeocnt addicohsa ps oard eml inviosltcráanci,o dnee sa.cuerdo  BOE-A-cable e
Artículo 11.  Medidas de contratación administrativa.
1.  Podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, 
previo el correspondiente acuerdo del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos 
del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  los 
contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, 
de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera 
que sea su cuantía.
2.  Para la tramitación de expedientes de contratación de obras no incluidas en el 
artículo 236.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se dispensará del requisito previo de 
disponibilidad  de  los  terrenos,  sin  perjuicio  de  que  su  ocupación  efectiva  deba  ir 
precedida de la formalización del acta de ocupación.
Artículo 12.  Medidas en materia de expropiación forzosa.
1.  Se  declara  de  utilidad  pública  e  interés  social  la  expropiación  de  bienes 
inmuebles para destinarlos a la reposición de los bienes destruidos por el volcán de La 
Palma.
2.  Se declara urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones 
a que se refiere el apartado anterior, a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Artículo 13.  Tramitación de urgencia de los procedimientos.
1.  Los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones 
y ayudas, encargos a medios propios personificados y demás expedientes de gastos que 
se tramiten para la reparación de los daños causados por el volcán de la isla de La 
Palma se tramitarán por urgencia y se despacharán con carácter preferente.
2.  La tramitación por urgencia prevista en este artículo determinará en exclusiva la 
reducción a la mitad de los plazos internos para la emisión de informes y dictámenes que 
sean preceptivos, sin que afecte a los plazos de convocatoria pública, plazos referidos a la 
presentación de solicitudes y recursos, subsanación de requerimientos o cualesquiera otros 
plazos que limiten los derechos de terceros o que no puedan reducirse por aplicación de la 
normativa básica y sin perjuicio de los plazos específicos previstos en esta norma.
Artículo 14.  Exceptuación del trámite preceptivo de autorización previa del Gobierno.
1.  Los  expedientes  de  gastos,  las  subvenciones  directas  a  que  se  refiere  el 
artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 
préstamos  directos  y  los  convenios  que  suscriba  la  Administración  Pública  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias con la Administración General del Estado, el Cabildo 
Insular de La Palma y los Ayuntamientos afectados por el volcán quedan exceptuados de 
la autorización previa del Gobierno que en atención a su cuantía se establezca en las 
leyes anuales de presupuesto.
2.  De los citados expedientes se dará cuenta al Gobierno trimestralmente.
Artículo 15.  Régimen de las ayudas.
Por los distintos departamentos se adoptarán las normas que regirán la concesión de  bo
ayudas de carácter excepcional para mitigar los daños producidos por la erupción volcánica  374ww
eyin micseioaLrcdagiaase l ne acdnyi eaular,di  vzayaos adn sloa ea  d dmoeet po Calraugrsoma  rbdsárienne   gleVouni eld arjiarése gpdsiue me cLesiarntco  Pud neaeslnm tc aeaonl n ecacli raedtssííca ióu q1nluo9 e d 2d ir2eceo .cs2nte.accp u)te irednrmee an blr araee sLn  de deuye  n2l3 a0in82 t/s1e2i.r0téu0sa3 c,pi óúdnbe l id1ceo7    OE-A-2021-19able en https://
de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición adicional primera.  Mantenimiento de las deducciones vinculadas con la 
vivienda habitual destruida por la lava.
No  perderán  el  derecho  a  las  deducciones  practicadas  de  la  cuota  íntegra 
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, previstas en los 
artículos 14, 14 bis y 14 ter del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos aprobado por Decreto 
legislativo 1/2009, de 21 de abril, por las cantidades satisfechas por estos conceptos a 
pesar de que las viviendas habituales hayan sido destruidas por la erupción volcánica de 
La  Palma,  pudiendo  continuar  aplicándola  por  las  cantidades  que  pudieran  seguir 
abonando.
Disposición adicional segunda.  Autorización de modificación de plazos.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria a 
modificar los plazos establecidos en el presente Decreto ley.
Disposición  adicional  tercera.  Autorización  para  la  extinción  del  órgano  y  unidad 
previstos en este Decreto ley.
Se autoriza a la Presidencia del Gobierno para disponer por Decreto la supresión del 
órgano y la oficina previstos en este Decreto ley una vez cumplidos los objetivos que 
determinaron su creación.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Canarias,  30  de  septiembre  de  2021.–El  Presidente  del  Gobierno,  Ángel  Víctor 
Torres Pérez.–El Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, Román Rodríguez Rodríguez.–El Consejero de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad, Julio Manuel Pérez Hernández.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 202, de 1 de octubre de 2021. Convalidado por 
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Canarias, publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» 
número 232, de 11 de noviembre de 2021)