BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70708
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9783 Sala Primera. Sentencia 95/2020, de 20 de julio de 2020. Recurso de amparo 
3695-2019. Promovido por Porkytrans, S.L., respecto de las resoluciones 
dictadas por la Audiencia Provincial de Murcia y un juzgado de lo mercantil de 
esa capital en procedimiento concursal. Supuesta vulneración del derecho a 
la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento a través de la dirección 
electrónica  habilitada  que  no  causó  indefensión  material  a  quien  pudo 
personarse e intervenir en el proceso.
ECLI:ES:TC:2020:95
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3695-2019, promovido por la entidad Porkytrans, S.L., 
representada por el procurador de los tribunales don José Bernardo Cobo Martínez de 
Murguía, y bajo la dirección del letrado don Antonio Moreno García, contra los autos de 6 
de noviembre de 2017, de 16 de mayo de 2018 y de 24 de mayo de 2018 dictados por el 
Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Murcia en el procedimiento de concurso abreviado 
núm. 368-2017, y contra el auto de 11 de abril de 2019, dictado por la Sección Cuarta de 
la  Audiencia  Provincial  de  Murcia,  en  el  rollo  de  apelación  núm.  1290-2018,  que 
desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el último de los referidos autos. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte la mercantil Campofrío Food Group, S.A., 
representada por la procuradora de los tribunales doña María José Bueno Ramírez y 
asistida del letrado don José Manuel Álvarez Henarejos y la entidad Banco Santander, 
S.A., representada por el procurador de los tribunales don Juan Esmeraldo Navarro 
López. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 13 de junio de 2019, la entidad 
Porkytrans, S.L., representada por el procurador de los tribunales don José Bernardo 
Cobo Martínez de Murguía, y bajo la dirección del letrado don Antonio Moreno García, 
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas en el encabezamiento.
2.  Los  antecedentes  relevantes  para  resolver  la  pretensión  planteada  son  en  es
síntesis los siguientes: o
A)  Por el procurador de los tribunales don Francisco Javier Berenguer López, en  83ww
ndoemclabrraec iyó nr edper ecsoennctuarcsioó nn edcee sCaraiom dpeolf rdíoe uFdooor dP oGrkroyutrpa,n sS, .SA..L, . sPeo rp raeusteon dtóe l sJoulzicgiatuddo  ddee 
lsoo lMiceitrucda ndteil  ndúemcla. r2a cdieó nM duerc icao, ndceu r6s od ey  neomvipelmazbarre  ad ela 2 d0e1m7,a sned aancoter ddóe a admmpitairr oa  tpráamrai tqeu lea   BOE-A-cable e
compareciera y formulara oposición, proponiendo los medios de prueba de que intente 
valerse.
B)  El emplazamiento se efectuó a través de la dirección electrónica habilitada, 
constando que la notificación fue puesta a disposición del recurrente en amparo el 7 de 
noviembre de 2017. Junto con el auto de 6 de noviembre de 2017 se envió la solicitud de 
concurso  y  demás  documentos  presentados.  Dicha  notificación  fue  rechazada 
automáticamente el 23 de diciembre de 2017.
C)  Por diligencia de ordenación del letrado de la administración de justicia de 
fecha 3 de enero de 2018 se acordó tener por recibido el anterior emplazamiento positivo 
del deudor Porkytrans, S.L., y dar cuenta y traslado al magistrado a los efectos de los 
artículos 15 y 18 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal.
D)  El  procurador  de  los  tribunales  don  Leopoldo  González  Campillo  en 
representación de Porkytrans, S.L., compareció en el procedimiento mediante escrito de 
fecha 6 de febrero de 2018 y solicitó la nulidad de actuaciones con suspensión del 
proceso hasta su resolución y al propio tiempo manifestó su oposición a la declaración 
de concurso necesario. Indica que no ha tenido conocimiento en tiempo y forma del auto 
de 6 de noviembre de 2017, siendo que la notificación intentada por el juzgado ha 
resultado inhábil por falta de apertura y posibilidad de acceso al contenido de la misma. 
Añade  que  lo  que  se  comunicaba  en  el  portal  era  únicamente  el  contenido  del 
mencionado auto pero la solicitud de concurso necesario no figuraba incorporada, con lo 
que el contenido de la notificación en el caso de que se hubiera podido practicar 
resultaba defectuosa conforme a la Ley concursal que exige que en el emplazamiento se 
dé traslado de la solicitud a los efectos de la oposición en cinco días.
Por su parte la mercantil Campofrío Food Group. S.A., se opuso a la solicitud de 
nulidad al entender que el procedimiento no adolece de error alguno siendo que el 
mismo fue efectuado en sede electrónica el 7 de noviembre de 2017 y recibido en 
destino el 7 de noviembre de 2017, notificación que fue rechazada el 23 de diciembre 
de 2017, habiendo transcurrido el plazo legal de tres días sin ser retirada.
E)  Por auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Murcia de 16 de mayo de 2018 
se desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones. Se razona que no resulta discutida, 
a la vista de la normativa en vigor, la validez del emplazamiento mediante notificación 
electrónica. Por otra parte no consta en modo alguno la imposibilidad de acceso al 
contenido  de  la  notificación  por  parte  de  Porkytrans,  S.L.  Refiere  que  el  propio 
documento de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre aportado por la parte que solicita 
la nulidad acredita que la notificación fue puesta a disposición el 7 de noviembre de 2017 
y rechazada automáticamente el 23 de diciembre de 2017, sin que se advierta error 
técnico alguno en el proceso. Añade que de la documental obrante en autos, y del 
certificado de la letrada de la administración de justicia, se desprende que junto al auto 
se enviaba la solicitud de concurso y demás documentos presentados por el solicitante 
del concurso. Por lo que no apreciando infracción alguna que deba dar lugar a la nulidad, 
desestima la petición formulada.
F)  Por auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Murcia de 24 de mayo de 2018 
—rectificado por el auto del mismo juzgado de 1 de junio de 2018—, se acordó estimar la 
solicitud  de  concurso  y  declarar  en  concurso  necesario  de  acreedores  al  deudor 
Porkytrans, S.L. El auto acordaba medidas relativas a la administración y disposición del 
patrimonio del deudor, al llamamiento de los acreedores del concursado, la publicación 
de la declaración de concurso, la práctica de anotaciones en el registro mercantil de 
Murcia y en los registros de la propiedad de Alhama (en relación con la finca registral  s
núm. 11587) y en el núm. 8 de Murcia (en relación con la finca registral núm. 22798),  oe.
entre otras. w.
G)  La mercantil recurrente en amparo interpuso recurso de apelación frente al  83ww
aarnttíecuriloor  a1u5t5o..1 E yn  e2l  rdeec ulras oL eayle gdae  lae ninjufriacciacmióine ndteo  lacsiv gil a(rLaEnCtía) sp porro clae sparláecst ipcrae vdisetla sp reimn eerl 
eompoprltauznaam  cieéndtuol ae nd lea  seemdep laezleacmtrióennitcoa  ahla bdiloitmadicai,li oe nf ívseiczo d ed ere alali zaaprseela pnoter ,r edmáinsdióonlo d ep olar   BOE-A-cable e
realizado por el transcurso del plazo de tres días sin que se accediera a su contenido. 
Indica que el artículo 155.1 LEC dedicado a los actos de comunicación con las partes 
aún no personadas o no representadas por procurador es de aplicación preferente al 
art 162 LEC, por lo que el primer emplazamiento debería haberse remitido a su domicilio 
como lo solicitó la propia demandante en su demanda. Entiende que dicha infracción ha 
provocado la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, causándole una evidente 
indefensión.
Por otra parte cuestiona la admisión a trámite de la solicitud de concurso por haber 
infringido los artículos 2.1, 2 y 4, 15.2 y 18.1 de la Ley concursal, al no hacer el juzgador 
a  quo  una  mínima  comprobación,  siquiera  provisional,  de  los  hechos  reveladores 
alegados por la propia solicitante (artículo 2.4, apartados 1 y 4, de la Ley consursal). 
Considera, tras examinar la documental presentada por el solicitante que pese a la 
palmaria inconsistencia probatoria, incluso de carácter provisional, de la solicitud de 
concurso de Campofrío, reconocida expresamente en la misma por la propia instante, el 
juzgado, con fecha 6 de noviembre de 2017, dictó auto acordando su admisión a trámite 
y el emplazamiento a la recurrente para que compareciera y pudiera formular oposición, 
sin  más  verificación  que  la  del  cumplimiento  de  los  requisitos  procesales  de 
competencia,  capacidad,  legitimación  y  postulación.  Entiende  que  la  solicitud  del 
concurso  fue  admitida  a  trámite  sin  realizar  un  mínimo  examen  de  comprobación, 
siquiera  provisional,  de  los  hechos  reveladores  alegados  en  la  misma,  a  fin  de 
determinar, aunque sea de forma indiciaria, la realidad o no de los mismos y, por ende, el 
carácter  fundado  o  infundado  de  aquella.  Expone  extensamente  los  «hechos  y 
circunstancias» por los que no se debió admitir a trámite la solicitud.
Recuerda que planteó incidente de nulidad y subsidiaria oposición, para el caso de 
que la nulidad no fuera apreciada, y en ambos casos, acompañó los certificados de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social  acreditativos  de  que  está  al  corriente  en  el  pago  y  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  para  con  dichos  organismos,  así  como  un  certificado  de  Cajamar 
justificativo de la existencia de un saldo bancario disponible (existencias/efectivo) por 
importe  de  1.518.128,27  €  y  numerosa  documentación  contable  de  la  concursada 
(cuentas  anuales  y  balance  de  situación),  documental  toda  ella  que  acredita,  sin 
ambages, la incompatibilidad entre el estado de insolvencia (concurso) y la situación real 
(contable, económica y financiera) de la misma.
Finalmente termina indicando que no procede la declaración del concurso de forma 
automática por la falta de oposición del deudor, sin comprobar la insolvencia alegada. Y 
acompaña cinco bloques documentales en sustento de sus alegaciones.
H)  Por auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia de 11 de 
abril de 2019, se desestimó el recurso de apelación interpuesto por Porkytrans, S.L. En 
el auto se razona lo siguiente:
a)  En relación con el defectuoso emplazamiento la resolución considera que no se 
cuestiona el emplazamiento en la sede electrónica, sino su validez, al ser asumida la 
notificación del auto de admisión a trámite del concurso necesario y emplazamiento a la 
deudora en el buzón de la dirección electrónica habilitada del mismo, a través del 
servicio de notificaciones electrónicas del que es titular el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones  Públicas.  Refiere  que  es  la  propia  recurrente  la  que  aporta  la 
certificación de la Real Fábrica de la Moneda y Timbre por la que se puso la notificación 
a disposición de la recurrente el día 7 de noviembre de 2017 y que no aceptó la 
notificación ni descargó su contenido. e.
Añade: w.b
emp«la2z. amSioebnrteo  slae  hvaa lpidreozn undcei adlao  ecostme utnriibcuanciaóln i n eelexctetrnósnoic ae n pealr aa utlole vdaer  8a  dec amboa rzeol 
dy e2 7230 1L8E.C D, eplu ecsotnoj uennt or enlaocrimóna tcivoon  ceol nasrtiísctuelnot e3 3e nd el olas  Laerytí c1u8lo/2s0 1115,2 r,e 1g5u5la,d 1o5ra8 ,d e1l6 u1s, o1 d6e2 
las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia, y
artículos 4, 11, 21 y 22 del Real Decreto 1065/2015 sobre comunicaciones electrónicas 
en la administración de justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el 
que se regula el sistema Lexnet llegamos a la conclusión de ‘que a partir del 1 de enero 
de 2017, en el llamado Territorio Ministerio todas las personas jurídicas están obligadas a 
relacionarse con la administración de justicia a través de la denominada sede judicial 
electrónica y el servicio compartido de gestión de notificaciones electrónicas y la carpeta 
ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre 
que los medios tecnológicos lo permitan, de modo que, conforme al art. 162.2 LEC, 
constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, 
que en definitiva es un buzón de correo electrónico, sin necesidad de que la persona 
jurídica haya abierto el correo, ni retirado el mismo, en principio, si transcurren los plazos 
previstos en dicho precepto (tres días), ha de entenderse que la comunicación ha sido 
efectuada con plenos efectos procesales.
En consecuencia, en ese caso la persona jurídica se entiende notificada, cualquiera 
que sea la clase de acto de comunicación, y entre ellos, ya que la ley no distingue, 
también requerida y emplazada para personarse en las actuaciones. En este caso los 
plazos para desarrollar actuaciones comenzarán a computarse desde el día siguiente al 
tercero previsto en el art 162.2, todos ellos hábiles. Sobre este sistema se pronuncia, en 
el ámbito social, el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo de 6 de julio de 2016.
Con arreglo a dichas consideraciones, en las que nos reiteramos, al no apreciar 
motivo  para  su  alteración,  siendo  además  la  conclusión  alcanzada  por  las  otras 
secciones civiles de esta Audiencia Provincial de Murcia (sentencias de la Sección 
Primera, de 7 de febrero de 2019, y de la Sección Quinta, de 17 de abril de 2018) el 
motivo está abocado al fracaso por cuanto no concurre infracción del art 155 y 162 LEC, 
al ser preceptiva la notificación por medios electrónicos al demandado, al ser persona 
jurídica, que desplaza a la notificación en soporte papel en el domicilio físico.
Como dijimos en nuestro precedente auto de 8 de marzo de 2018, esta respuesta 
que se ajusta a la doctrina jurisprudencial, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal 
Constitucional:
‘Es cierto que la citación en el procedimiento, en la medida que hace posible la 
comparecencia  del  destinatario  y  la  defensa  de  sus  pretensiones,  constituye  un 
instrumento ineludible para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido 
en el artículo 24.1 de la Constitución, de tal manera que su falta o deficiente realización, 
siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una 
situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental. Pero ello es así 
salvo que la incomparecencia sea imputable a la propia conducta del afectado por 
haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso. En definitiva, no 
hay quiebra del art 24 CE,
cuando  la  indefensión  alegada  se  deba  en  realidad  a  la  pasividad,  desinterés, 
negligencia,  error  técnico  o  impericia  de  las  partes  o  los  profesionales  que  los 
representan o defiendan, que la indefensión no puede equipararse a cualquier infracción 
o vulneración de normas procesales, sino solamente con aquella situación en la que el 
interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección 
jurisdiccional (sentencias del Tribunal Constitucional 70/1984, de 11 de junio; 155/1988, 
de 22 de julio, y 41/1989, de 16 de febrero).
En  el  caso  presente,  admitida  la  recepción  por  medios  electrónicos  del 
emplazamiento  por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  162  de  la  Ley  de  e.
enjuiciamiento civil antes trascrito, transcurridos tres días, se tiene por realizada dicha  w.b
comunicación. Si por error la requerida consideró que no procedía esa notificación, debe  83ww
alesyuems ire xlacsu sceo ndsee csuue nccuiamsp qlimueie nsotolo  (aar te l6la.1 s oCnC i)m’ p(suicta)»b le(sc,o msinill aqsu ein tlae rniganso rpaanrcciiaa ldmee nlates 
suprimidas).
b)  En lo que se refiere a las infracciones de la Ley concursal, alegadas en el 
recurso de apelación, indica que: (i) no cabe revisar con motivo de la apelación del auto 
de 24 de mayo de 2018 el precedente auto –en referencia al de 6 de noviembre 
de 2017– que no fue impugnado en su día cuando se personó el deudor. A pesar de 
dicha afirmación entra en el fondo de la impugnación y sostiene que dicha resolución se 
ajusta a la interpretación del art 7 de la Ley concursal mantenida por la referida Sección 
Cuarta y expuesta, entre otros, en el auto de 14 enero de 2016. Afirma que con la 
solicitud se aporta documental mercantil que prima facie advera el impago de los créditos 
de  Campofrío  (1.072.817,39  €)  y  de  otros  cuatro  acreedores  más,  ascendiendo  la 
cuantía total adeudada a 1.108.283,29 €, que, por su importancia cuantitativa, unida a la 
situación registral de los inmuebles justifica la admisión a trámite inicial, sin que baste 
para minusvalorar su trascendencia afirmar que el impago deriva de la existencia de 
«discrepancias comerciales»; (ii) Por otra parte afirma que no cabe analizar en la alzada 
la solvencia de la deudora cuando ello no fue objeto de la instancia, atendido a que la 
declaración de concurso se basa en la ausencia de oposición en plazo. Pese a dicha 
afirmación indica que «por agotar la respuesta», la solvencia alegada por disponer la 
concursada de 1.518.128,27 € en Cajamar Caja Rural, S.C.C., no es tal cuando dicha 
entidad presenta escrito, adjuntando extracto y certificado de la cuenta del deudor, en la 
que se dice que la concursada Porkytrans, S.L., no tiene dicho saldo en la cuenta, 
limitándose el 30 de enero de 2018 a realizar una trasferencia de 1.500.000 € y, ese 
mismo día, realiza un cargo, traspasándolo a otra cuenta diferente de titularidad distinta, 
por lo que ese mismo día el saldo resultante fue finalmente el de 18.128,27 €.
3.  La demandante de amparo se queja en su recurso de la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Tras exponer el contenido de las distintas resoluciones judiciales dictadas en el 
procedimiento  y  a  las  que  ya  se  ha  hecho  referencia,  considera  que  la  actuación 
procesal del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Murcia ha supuesto una flagrante 
infracción del artículo 155.1 LEC respecto de la práctica del primer emplazamiento, que 
es un trámite procesal esencial, habida cuenta de que a través del mismo el demandado 
tiene la primera noticia de la existencia del procedimiento, de modo que, si no se realiza 
con  las  debidas  garantías,  aquel  no  habrá  tenido  la  oportunidad  de  decidir, 
voluntariamente, cómo ejercer su derecho de defensa frente a la acción dirigida contra 
él. Entiende que es evidente que dicha infracción le ha causado indefensión, y, por ende, 
ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 CE, 
toda vez que el emplazamiento en la sede electrónica no le ha permitido formular la 
oportuna oposición frente a la solicitud de concurso, ni proponer prueba, como permite el 
artículo 15.2 LEC y hubiera hecho, sin duda, si se le hubiera remitido la cédula de 
emplazamiento en soporte papel, con traslado de aquella y sus documentos, al domicilio 
expresado en la misma (domicilio social).
La vulneración del referido derecho fundamental se materializó con la declaración de 
la  misma  en  concurso  de  acreedores,  a  raíz  de  tener  por  legalmente  realizado  el 
emplazamiento electrónico dirigido a ella (pese a haber sido devuelto automáticamente 
por el sistema) y de no presentar oposición dentro del plazo de los cinco días siguientes 
al mismo.
A la vista de todo ello, indica que resulta diáfano que el proceder del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 2 de Murcia, en los autos del concurso abreviado 368-2017, no se 
acomoda al deber de diligencia que la doctrina del Tribunal Constitucional impone al 
órgano judicial, a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión,  e.
cuando de la eficacia del acto de comunicación procesal dependa la posibilidad de  w.b
personación de la parte demandada en el proceso, con la consiguiente garantía de su  83ww
dereCcohnoc alu lyae d seofelincistaan.do que se declare que ha sido vulnerado el derecho fundamental
dCeE )l ay  dseem daencdlaarnet ela d neu alidmapda rdoe  ala lsa  rteustoelluac jiuodniecsia jlu edfiecicatlievas  dsiicnt ainddaesf eenns ieóln p r(oacrteícduimloi e2n4t.o1, 
limitando la nulidad en el caso del auto de 6 de noviembre de 2017 al acuerdo por el que
se establece el emplazamiento en la dirección electrónica habilitada. Y se retrotraigan las 
actuaciones del concurso abreviado núm. 368-2017 hasta el momento pertinente para 
realizar un nuevo emplazamiento de manera respetuosa con su derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión.
Por medio de otrosí solicita al Tribunal Constitucional que acuerde la suspensión del 
auto de 24 de mayo de 2018 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Murcia, dictado en el 
procedimiento de concurso abreviado núm. 368-2017, por el que se declara en concurso 
de acreedores al demandante, habida cuenta que, los especiales efectos del proceso 
concursal y los riesgos que supone declarar en concurso a quien no es insolvente (entre 
los que destaca el de hacer insolvente a quien no lo era), pueden hacer perder al amparo 
su finalidad.
4.  Mediante providencias de 27 de enero de 2020 la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite los recursos de amparo apreciando que concurre en los 
mismos especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar 
o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)], y, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicación al Juzgado de lo 
Mercantil núm. 2 de Murcia, a fin de que emplazara a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento de concurso abreviado núm. 368-2017, para que en el plazo de diez días 
pudieran, si lo desean, comparecer en el presente recurso de amparo. La sección acordó 
formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo 
dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a las partes 
recurrentes y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre 
dicha suspensión. Por ATC 29/2020, de 24 de febrero, se acordó denegar la suspensión 
cautelar solicitada.
5.  Por escritos remitidos al registro electrónico de este tribunal los días 18 y 20 de 
febrero de 2020, la procuradora de los tribunales doña María José Bueno Ramírez, 
actuando en nombre y representación de la entidad Campofrío Food Group, S.A., y 
asistida del letrado don Jose Manuel Álvarez Henarejos, y el procurador de los tribunales 
don  Juan  Esmeraldo  Navarro  López  en  representación  de  Banco  Santander.  S.A., 
solicitaron que se les tuviera por personados como parte recurrida, entendiéndose con 
los mismos las actuaciones sucesivas de este proceso.
6.  Por diligencia de ordenación del secretario de justicia de la Sección Segunda de 
este  tribunal  de  fecha  24  de  febrero  de  2020  se  acordó  tener  por  recibidos  los 
emplazamientos de las partes personadas en la vía judicial previa, y los escritos de los 
procuradores de los tribunales doña María José Bueno Ramírez y don Juan Esmeraldo 
Navarro  López  teniéndoles  por  personados  y  parte  en  la  representación  indicada. 
También se resolvió, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que, con vista de las actuaciones, 
formulasen alegaciones.
7.  En  fecha  8  de  junio  de  2020,  el  Ministerio  Fiscal  presentó  su  escrito  de 
alegaciones en el que termina solicitando que se estime el recurso, se declare vulnerado 
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante (art. 24.1 CE), se 
declare la nulidad de todo lo actuado desde la notificación efectuada electrónicamente 
del auto de 6 de noviembre de 2017 dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de  e.
Murcia en el procedimiento de concurso necesario núm. 368-2017 y se ordene retrotraer  w.
las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha notificación. 83ww
partTersa rse creulrarteanrt eloss,  aarngtuemceednetan tleas  fifsáccatilc qous ey  erle Tsruibmuinr alal sC oanlesgtiatuccioionneasl  fsoerm hual apdroans upnocri aldaos 
ecuna nnudmo eerlo dseams aoncdaasdioon eesn  seol bprreo clae dvimulineenrtaoc ieósn  cditeald od eore ecmhop laa zlaad otu tpeolar  pjuridmiceiaral  evfeezc,t invao   BOE-A-cable e
estando personado en el mismo, a través de la dirección electrónica en vez de hacerlo 
personalmente en su domicilio tal y como se deduce de la interpretación conjunta de los 
arts. 155.2 y 273.4 LEC. Al efecto reproduce el fundamento jurídico 2 de la STC 19/2020, 
de  10  de  febrero,  e  indica  que  el  demandado  fue  emplazado  mediante  dirección 
electrónica habilitada de conformidad con lo acordado por el juzgado en el auto de 6 de 
noviembre de 2017, auto en el que el juzgado optó por esta forma de comunicación en 
base al art. 162.2 LEC y el Real Decreto 1065/2015, sin atender a lo dispuesto en los 
arts.  155  y  273.4  LEC,  que  prevén  una  excepción  al  régimen  general  de  las 
notificaciones telemáticas para aquellos supuestos en los que la notificación va dirigida a 
quien todavía no se ha constituido en parte y es llamado al proceso por primera vez, 
exigiendo la remisión de la notificación a su domicilio a fin de garantizarle el correcto 
acceso a la jurisdicción, trasladando al demandado las copias presentadas en papel.
Indica  que  de  la  interpretación  conjunta  de  los  preceptos  analizados  se  puede 
concluir que las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con la administración 
de  justicia  a  través  de  los  medios  electrónicos,  pero  que  la  primera  notificación  o 
emplazamiento de estas en un procedimiento en el que no estuvieran ya personadas, se 
ha de hacer con remisión de la resolución que se notifica o del emplazamiento a su 
domicilio personal dándole traslado de las copias de los escritos y documentos que 
hayan sido aportados por la demandante. Afirma que el órgano judicial debió velar por la 
correcta constitución de la relación jurídica procesal y efectuar la primera citación o 
emplazamiento a Porkytrans, S.L., por correo certificado con acuse de recibo en el 
domicilio designado por el demandante, en lugar de realizarla por medios telemáticos a 
través de la dirección electrónica habilitada. Al actuar de esta manera provocó en el 
demandante de amparo una indefensión prohibida en el art. 24.1 CE.
Considera que la lesión fue causada por la omisión de la notificación personal, en el 
momento de notificar el auto de 6 de noviembre de 2017 por el que se acordó la 
admisión a trámite de la solicitud de concurso necesario y el emplazamiento del deudor 
para que pudiera en su caso formular oposición y proponer pruebas, y se perpetró 
cuando el juez desestimó por auto de 24 de mayo de 2018 el incidente de nulidad de 
actuaciones interpuesto por el recurrente de amparo y, después, por la Sección Cuarta 
de la Audiencia Provincial de Murcia al desestimar por auto de 11 de abril de 2019 el 
recurso  de  apelación  interpuesto  contra  el  anterior.  Por  ello  termina  solicitando  la 
estimación del recurso de amparo.
8.  En fecha 7 de julio de 2020 el secretario de justicia de la Sección Segunda de 
este tribunal extendió diligencia indicando que no constaba haberse recibido escrito de 
alegaciones de las demás partes personadas, quedando el presente recurso pendiente 
para la deliberación cuando por turno corresponda.
9.  Por providencia de 16 de julio de 2020, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 20 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos de 6 de 
noviembre de 2017, de 16 de mayo de 2018 y de 24 de mayo de 2018 dictados por el 
Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Murcia en el procedimiento de concurso abreviado  s
núm. 368-2017, en los que se acordó efectuar el emplazamiento a la recurrente de  oe.
amparo  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  se  la  tuvo  por  emplazada  w.
Pcdoeromsveoisn tceimila ala ndudetoo M  deuel r cin1ia1c,i  ddeeenn  teaelb  rrdoilel l odn edu el2id 0aa1pd9e ,ly a dcsiicóetn al dano úd mpeoc. lr1a 2rlaó9  0Se-n2e 0cc1coi8ón,n cq uuCresu oad redtasee  dsaetcim relaóe  deAolu rrdeeisce,un racsisoaí    2020-9783n https://ww
de apelación interpuesto contra el auto declarando a la demandante en concurso de
acreedores. La recurrente considera que ha resultado vulnerado su derecho a la tutela  Bc
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso, pues, 
según afirma, no fue emplazada en la forma prescrita en la normativa procesal aplicable 
para el primer emplazamiento o citación a juicio, razón por la cual sufrió una situación de 
indefensión  lesiva  de  aquel  derecho  fundamental,  vulneración  que,  a  su  juicio,  los 
órganos  judiciales  consolidaron  con  la  desestimación  de  la  solicitud  de  nulidad  de 
actuaciones y del recurso de apelación.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo con base, en 
esencia, en la doctrina sentada en la STC 47/2019, de 8 de abril, y las que traen causa 
de  aquella  (SSTC  102/2019,  de  16  de  septiembre;  122/2019,  de  28  de  octubre; 
129/2019, de 11 de noviembre; 150/2019, de 25 de noviembre; 7/2020, de 27 de enero, 
y 19/2020, de 10 de febrero).
2.  Régimen jurídico exigible al primer emplazamiento en la regulación procesal.
La  problemática  constitucional  que  deriva  del  primer  emplazamiento,  citación  o 
requerimiento al demandado efectuado mediante la dirección electrónica habilitada ha 
sido abordada por vez primera en la STC 47/2019, de 8 de abril, FFJJ 3 y 4, —de la que 
se hacen eco las sentencias atinadamente citadas por el Ministerio Fiscal y las más 
recientes SSTC 40/2020, de 27 de febrero, y 43/2020, de 9 de marzo— que en línea con 
lo anticipado en la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 3, dictada por el Pleno de este 
tribunal, indica que si bien la ley procesal civil impone a las personas jurídicas la 
obligación general de comunicarse con la administración de justicia a través de medios 
electrónicos [art. 273.3 a) LEC], el régimen jurídico específicamente aplicable al primer 
emplazamiento es el del art. 155.1, 2 y 3 LEC y del art. 273.4, párrafo segundo, LEC, 
que exigen la «remisión al domicilio de los litigantes» (art. 155.1 LEC), estableciendo de 
forma específica tanto la obligación de hacer constar en la demanda o en la petición o 
solicitud con la que se inicie el proceso «el domicilio del demandado, a efectos del primer 
emplazamiento o citación de este» (art. 155.2 LEC), como la de presentar en papel «los 
escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al 
primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado» (art. 273.4, segundo 
párrafo, LEC).
A la vista de esta regulación, este tribunal ha concluido en la citada STC 47/2019 —y 
así lo ha reiterado en otras también referidas a procedimientos de despido, como las 
SSTC  102/2019,  FJ  2;  150/2019,  FJ  3,  y  7/2020,  FJ  3,  pero  también  en  las 
SSTC  122/2019,  FJ  3,  en  un  proceso  monitorio;  129/2019,  FJ  4,  en  un  incidente 
concursal; 40/2020 y 43/2020 en ejecuciones hipotecarias— que no se ha de llevar a 
cabo por medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado en el 
procedimiento, en cuanto a los actos de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto 
en el art. 155.1 LEC, los cuales se harán por remisión al domicilio de los litigantes.
En suma, el hecho de que, por imperativo legal los sujetos mencionados en el 
art. 273.3 LEC, tengan que actuar en el proceso sirviéndose de esas vías tecnológicas y 
que, de acuerdo a lo previsto en el art. 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de 
comunicación  también  se  deban  practicar  por  medios  electrónicos,  no  autoriza  a 
entender, con fundamento en ese deber de relacionarse con la administración de justicia 
por  medios  electrónicos  o  telemáticos,  que  esas  personas  y  entidades  queden 
constreñidas, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a 
través de esos medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal 
especialmente  prevista,  sin  distinción  de  supuestos  o  sujetos,  para  las  primeras 
citaciones o emplazamientos del demandado en el art. 155.1 y 2 LEC. Tan es así que,  e
por su vinculación a los poderes públicos tras la publicación en el «Boletín Oficial del  bo
Estado» de la STC 47/2019 [arts. 40.2 LOTC y 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  83ww
(dLirOigPidJo)] ,u lan as eccormetuanríiac agceiónne raell  d2e1 l ad ea dmmainyiost rdaec ió2n0 1d9e  jau sltaicsi as deeclr eMtainríisatse rdioe  dgeo Jbuiesrtnicoia  dheal 
cTorimbuunnaidl aSdeusp raeumtóon, oAmuadsi,e cnictaian dNo alac ioSnTaCl  4y7 /2T0ri1b9u,n eanle ss u Sfuunpdearimoreenst o djuer ídJiucsot i4c,ia p adrae  qluaes 
cuiden «que la doctrina interpretativa de las normas procesales reguladoras del primer
emplazamiento  de  personas  jurídicas  sentada  por  el  Tribunal  Constitucional,  cuyo 
obligado acatamiento impone la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea observada en 
todas las oficinas judiciales del territorio».
La  doctrina  constitucional  expuesta,  aplicada  a  todos  los  casos  mencionados, 
conllevó  que  se  apreciara  un  incumplimiento  del  régimen  jurídico  específicamente 
aplicable al primer emplazamiento previsto en los arts. 155.1, 2 y 3 y 273.4, párrafo 
segundo,  LEC.  Dicha  irregularidad  procesal  supuso  que  los  respectivos  órganos 
judiciales dictaran sentencias –estimando demandas en materia de sanciones laborales 
(STC 47/2019) o de despido (SSTC 102/2019, 150/2019 y 7/2020), o relativas a la 
cancelación de una condición resolutoria y a la calificación del importe de la obra como 
crédito ordinario (STC 129/2019, FJ 4)– o bien autos –acordando continuar con la 
ejecución hipotecaria al considerar extemporánea la oposición formulada (STC 40/2020 
y 43/2020)–, sin que los demandados o ejecutados pudieran comparecer y formular 
oposición o proponer prueba alguna, por lo que como consecuencia del incumplimiento 
de  las  normas  procesales  fueron  colocados  en  una  situación  de  real  y  efectiva 
indefensión.
3.  Doctrina sobre la indefensión con trascendencia constitucional.
También conviene recordar para no desdibujar la función del Tribunal Constitucional 
como garante de los derechos fundamentales que este tribunal ha venido afirmando que la 
indefensión de alcance constitucional es algo diverso de la indefensión meramente procesal 
y  que  como  en  los  casos  referidos  en  el  fundamento  anterior  debe  alcanzar  una 
significación material produciendo una lesión efectiva (STC 43/1989, de 20 de febrero, FJ2). 
Ciertamente una transgresión de las normas formales configuradas como garantía es un 
factor necesario e inexcusable pero no suficiente para diagnosticar la indefensión con 
trascendencia  constitucional.  De  este  modo  no  basta,  y  así  lo  hemos  declarado 
repetidamente con que se haya producido la transgresión de una norma procesal, en este 
caso, de las que rigen el primer emplazamiento o citación de los demandados en el proceso 
laboral o civil, interpretadas en los términos que se acaban de señalar, sino que es 
necesaria la concurrencia de otros requisitos. La indefensión ha de ser material y no 
meramente formal, lo que implica que del defecto procesal se derive un perjuicio real y 
efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa (STC 86/1997, de 22 de abril, 
FJ 1, y las que en ella se citan). En efecto, la indefensión que prohíbe el art. 24.1 CE, no 
nace, de la sola y simple infracción por los órganos judiciales de las reglas procesales, pues 
el quebrantamiento de esta legalidad no provoca, en todos los casos, la eliminación o 
disminución sustancial de los derechos que corresponden a las partes en razón de su 
posición propia en el procedimiento ni, en consecuencia, la indefensión que la Constitución 
proscribe.  Sí  surge  esta  indefensión  –como  en  los  casos  expuestos  en  las 
SSTC  47/2019,102/2019,  122/2019,  129/2019,  150/2019,  7/2020,  40/2020  y  43/2020– 
cuando se produce una privación del derecho a alegar y a demostrar en el proceso los 
propios derechos, y tiene su manifestación más trascendente cuando por el órgano judicial 
se impide a una parte el ejercicio de este derecho a la defensa, privándola de ejercitar su 
potestad de alegar y, en su caso, de justificar sus derechos e intereses para que le sean 
reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias, en el ejercicio del 
indispensable principio de contradicción (STC 102/1987, de 17 de junio, FJ 2).
4.  Aplicación de la doctrina sobre la indefensión material al caso concreto.
a)  Tal y como resulta de los antecedentes por auto del Juzgado de lo Mercantil  e.
núm. 2 de Murcia, de 6 de noviembre de 2017, se acordó admitir a trámite la solicitud de  w.
declaración de concurso y emplazar a la demandante de amparo para que compareciera  83ww
yD icfohrom eumlarpala zoapmosieicnióton ,s ep roepfeocntúieon dao  Ploorsk ymtreadniso,s  Sd.Le. , ptrruaevbéas  ddee  lqau dei reinctceinótna seele vcatrlóenrsicea. 
hleatrbailditoa ddae.  lLaa a dcmominuisntircaaccióiónn d see j utustvicoi ap oyr s ree cdiiboi dcau emntead aial nmtea gdiislitgreandcoi aa  dloes  oerfdeectnoasc dióen  qdueel   BOE-A-cable e
se procediera a declarar el concurso de acreedores por falta de oposición del deudor 
conforme al art. 18 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. Antes de que se declarara 
el  concurso  de  acreedores  la  mercantil  demandante  de  amparo  compareció  en  el 
procedimiento mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2018, y, además de solicitar la 
nulidad de actuaciones manifestó su oposición a la declaración de concurso necesario. 
Dicha  nulidad  fue  desestimada  por  el  Juzgado  de  lo  Mercantil  núm.  2  de  Murcia 
mediante auto de 16 de mayo de 2018 al considerar válido el emplazamiento mediante la 
notificación electrónica y por auto posterior, de 24 de mayo de 2018, se acordó estimar la 
solicitud  de  concurso  y  declarar  en  concurso  necesario  de  acreedores  al  deudor 
Porkytrans, S.L.
La recurrente de amparo interpuso recurso de apelación contra el referido auto en el 
que  nuevamente  además  de  impugnar  la  validez  del  emplazamiento,  manifestó  su 
oposición a la admisión a trámite de la solicitud de concurso por haber infringido los 
artículos 2.1, 2 y 4, 15.2 y 18.1 de la Ley concursal, al no hacer el juzgador a quo una 
mínima comprobación, siquiera provisional, de los hechos reveladores alegados por la 
propia solicitante (artículo 2.4, apartados 1 y 4, de la Ley concursal). Cuestionaba que se 
hubiera admitido a trámite el concurso pese a la palmaria inconsistencia probatoria de la 
solicitud presentada por Campofrío. En el recurso de apelación refutaba la existencia de 
un estado de insolvencia valiéndose de la aportación de certificados de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social 
que a su juicio acreditaban que estaba al corriente en los pagos y en el cumplimiento de 
sus obligaciones para con dichos organismos. Fundaba también la inexistencia de un 
estado de insolvencia con la aportación de un certificado de Cajamar justificativo de la 
existencia  de  un  saldo  bancario  disponible  (existencias/efectivo)  por  importe 
de 1.518.128,27 €, así como de numerosa documentación contable de la concursada 
(cuentas anuales y balance de situación), integrando cinco bloques documentales con 
los que a su juicio acreditaba, sin ambages, la incompatibilidad entre el estado de 
insolvencia, concurso, y la situación real contable, económica y financiera de la misma.
Finalmente el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia de 11 
de abril de 2019, desestimó el recurso de apelación interpuesto por Porkytrans, S.L. En 
el  auto  se  afirma  la  validez  del  emplazamiento  efectuado  mediante  la  dirección 
electrónica habilitada para las primeras citaciones o emplazamientos del demandado. 
Pero la resolución no se detiene en la regularidad del emplazamiento sino que da una 
respuesta a los motivos de oposición a la declaración de concurso tanto el relativo a la 
inexistencia del hecho en que se fundamenta la solicitud de declaración de concurso 
como el concerniente a la existencia de un estado de insolvencia. En tal sentido, razona 
que  con  la  solicitud  de  declaración  de  concurso  la  solicitante  aportó  documental 
mercantil que prima facie advera el impago de los créditos de Campofrío (1.072.817,39 
€)  y  de  otros  cuatro  acreedores  más,  ascendiendo  la  cuantía  total  adeudada 
a 1.108.283,29 €, que, por su importancia cuantitativa, unida a la situación registral de 
los inmuebles justifica la admisión a trámite inicial, sin que baste para minusvalorar su 
trascendencia  afirmar  que  el  impago  deriva  de  la  existencia  de  «discrepancias 
comerciales». Por otra parte descarta la solvencia de la recurrente que esta sustentaba 
en el certificado de Cajamar justificativo de la existencia de un saldo bancario disponible 
para la concursada de 1.518.128,27 €, al afirmar que la concursada Porkytrans, S.L. no 
tiene dicho saldo en la cuenta, limitándose el 30 de enero de 2018 a realizar una 
trasferencia de 1.500.000 € y, ese mismo día, realiza un cargo, traspasándolo a otra 
cuenta diferente de titularidad distinta, por lo que ese mismo día el saldo resultante fue  s
finalmente el de 18.128,27 €. oe.
b)  La  aplicación  de  la  doctrina  constitucional  expuesta  a  la  tramitación  de  la  w.
solicitud y declaración de concurso permite evidenciar que el Juzgado de lo Mercantil  83ww
n1ú5m5..1 ,2 2 d ye  3M yu r2c7ia3 .4in,c puámrrpalifóo  staengtuon ldao ,n oLrEmCa)t,i vcao mporo clae seaslp edcei fiscuap plerteovriisai óanp ldiceal caiórtn.  1(a8r4t.s7. 
deen  llaa  sLoelyic ictuodn cduers caol,n aclu rnsoo  par oficne ddee rq aule e eml pdleauzadmori epnutdoi eprear soopnoanle ersne e el nd oeml piclailizoo  sdeeñ acliandcoo   BOE-A-cable e
días bien alegando la inexistencia del hecho en que se fundamenta la solicitud o bien en 
que, aun existiendo tal hecho, el deudor no se encontraba en estado de insolvencia. 
Dicha irregularidad procesal se consolidó cuando la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial  de  Murcia  desestimó  el  recurso  de  apelación  interpuesto  contra  el  auto 
declarando a la demandante de amparo en concurso de acreedores.
Ahora bien, como resulta de la anterior referencia a la jurisprudencia constitucional, 
no basta con la mencionada transgresión de la norma procesal para que se colme la 
indefensión contraria al art. 24.1 CE, sino que es preciso que el defecto formal haya 
supuesto un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa. 
Es  decir,  es  necesario  que  la  infracción  comporte  una  eliminación  o  disminución 
sustancial  de  los  derechos  que  le  corresponden  en  razón  de  su  posición  en  el 
procedimiento, privándole del derecho a alegar y a demostrar en el proceso los propios 
derechos. En el presente caso debe afirmarse que dicha indefensión material no llegó a 
producirse.
El recurrente se personó en el procedimiento concursal antes de que por el juez 
mercantil se dictará el auto declarando el concurso y pudo articular su oposición –no solo 
denunciando  la  irregularidad  derivada  del  defectuoso  emplazamiento–  sino 
controvirtiendo tanto el hecho en que se fundamentaba la solicitud de concurso, como la 
existencia  del  estado  de  insolvencia  y  aportando  documentación  que  a  su  juicio 
acreditaba la oposición. Es cierto también, que no obtuvo –inicialmente– respuesta 
alguna a tales motivos de oposición por parte del juzgado de lo mercantil, pero sí la 
obtuvo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia quien descartando los 
motivos de oposición aludidos, confirmó el auto declarando el concurso de acreedores al 
apreciar que de la documental mercantil y contable presentada se acreditaba el impago 
de créditos de importante cuantía así como el estado de insolvencia de la recurrente 
pues el saldo que la concursada poseía en la cuenta no era de 1 518 128,27 €, como 
esta afirmaba y documentaba, sino realmente de 18 128,27 €, como resultaba del 
extracto de movimientos bancarios, y, por tanto, insuficiente para el pago de los créditos.
Por todo ello, puede concluirse que pese a la irregularidad procesal padecida al 
efectuar el primer emplazamiento mediante la dirección electrónica habilitada, no se 
produjo  una  indefensión  material,  pues  la  recurrente  ha  podido  personarse  en  el 
procedimiento concursal y alegar –antes de que se dictara la resolución declarando el 
concurso de acreedores– los motivos de oposición previstos en el art. 18.2 de la Ley 
concursal, sin que sufriera un perjuicio real y efectivo. Sus posibilidades de alegar y de 
justificar sus derechos e intereses, así como de replicar y contradecir la pretensión del 
solicitante del concurso, y de obtener una respuesta sobre el fondo de su pretensión no 
se vieron finalmente mermadas, por lo que no puede apreciarse que haya existido una 
eliminación o disminución sustancial de los derechos que le correspondían en razón de 
su posición en el procedimiento.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Denegar el amparo solicitado por la entidad Porkytrans, S.L.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». b
CAnádnDrdéiadsdo a OC elolennr doMe a-TPdaursimds,ap raida o.v– eTSionautnertó iadnge.–o F juiMrlimoa ardtdíeno e dyzo -rsVu abmrreicils a vdeGoi.natrec.í–aJ.–uAalnfr eJdoos é MGoonntozáyale zM Reilvgaasr..–– OE-A-2020-9783able en https://ww