BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Sábado 11 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 110877
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
14818 Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad 
comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
El comercio es un sector estratégico para la economía española, representando 
el 12,6 por ciento del PIB a nivel nacional y el 15,5 por ciento del total de los ocupados 
de la economía en 2020.
El sector comercial está constituido por la actividad de ventas y reparación de 
vehículos a motor, el comercio al por mayor y el comercio al por menor. A pesar de la 
importante  aportación  del  sector  comercial  a  la  economía,  este  sector  presenta 
importantes disparidades en el uso de nuevas tecnologías, en su adaptación a los 
actuales hábitos de consumo o en la forma de interactuar con los clientes, tanto entre los 
diferentes subsectores como entre las empresas de un mismo subsector.
El sector comercial se caracteriza por estar conformado en un 99 por cien por pymes, de 
las cuales alrededor del 96 por ciento se encuadran en la categoría de microempresas.
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros 
de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para 
proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
Estas medidas han tenido un drástico impacto económico y social en el conjunto de 
los países de la Unión Europea, habiendo influido directamente en la actividad comercial 
habitual de nuestros pueblos y ciudades. Este impacto ha motivado la necesidad de 
reaccionar de forma rápida adoptando medidas urgentes y contundentes con el objetivo 
de amortiguar el efecto de esta crisis sin precedentes e impulsar la pronta recuperación 
económica, sentando con ello las bases del crecimiento de las próximas décadas.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento  histórico  de  un  esfuerzo  singular  y  de  un  planteamiento  innovador  que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación 
de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, 
compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia 
(en adelante, MRR) la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de 
Europa (REACT-EU).
Como  consecuencia  de  esos  acuerdos,  la  Unión  Europea  ha  adoptado  el 
Reglamento (UE) n.º 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 
establece  un  Instrumento  de  Recuperación  de  la  Unión  Europea  para  apoyar  la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) n.º  2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las  s
medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea. e.
La  financiación  ayudará  a  los  Estados  miembros  a  hacer  frente  a  los  efectos  w.
económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19, garantizando,  818ww
masáims issomsote, nqibulee ss uys r eescioliennotmesía, sc oenm ipnrveenrdsaionn elass q turaen asciceiolenreesn  elac orelócguipcae rayc dióigni tya l repfaurear cseenr 
el crecimiento a largo plazo para que el mercado interior funcione correctamente con
pequeñas y medianas empresas (pymes) solidas, que puedan aumentar la capacidad de 
respuesta y afrontar otros retos.
II
Con base en lo anterior, el Gobierno de España ha elaborado el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia «España Puede» (en adelante, Plan de Recuperación) que 
incluye diez políticas tractoras o palancas que van a incidir directamente en aquellos sectores 
productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social. El Plan de 
Recuperación ha sido aprobado por el Consejo el pasado 13 de julio de 2021, conforme a lo 
establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
De las diez políticas tractoras, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido 
industrial  y  de  la  pyme,  recuperación  del  turismo  e  impulso  a  una  España  nación 
emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial y de las pymes.
Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  de  Recuperación,  alineados  con  los 
objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, 
permitirán  la  realización  de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante 
cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo 
productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID- 
19 y, por otro, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que 
nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
La  mayoría  de  las  actividades  de  apoyo  del  Plan  de  Recuperación  se  van  a 
desarrollar durante un periodo de tiempo breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en 
hacer frente a la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su utilización como una 
oportunidad estratégica para acometer las citadas transformaciones.
Para el sector del comercio, si la digitalización era ya un reto ineludible para las 
empresas, especialmente para las más pequeñas y las ubicadas en zonas con riesgo de 
despoblamiento, la irrupción de la crisis por los efectos de la COVID-19 ha convertido 
dicha exigencia, además, en inaplazable.
La línea de ayudas que se regula por esta orden se incardina en el Componente 13 
del Plan de Recuperación, denominado «Impulso a la PYME», en la inversión 4, apoyo al 
sector del comercio en la economía local, por su generación de empleo y cohesión 
social, para la financiación de proyectos de impulso a la competitividad, innovación y 
modernización  de  los  canales  de  distribución  en  entidades  locales  de  hasta  5.000 
habitantes, y en especial a aquellas en zonas más despobladas o con menor densidad 
de población, para reforzar la actividad y distribución comercial mediante tecnologías 
actuales,  fomentar  la  cohesión  económica  y  social,  la  generación  de  empleo  y  la 
creación de sinergias entre municipios, comercios y vecinos facilitando el consumo y 
entrega de los productos. Estas actuaciones permitirán mantener una oferta comercial de 
calidad, capaz de no solo asegurar el abastecimiento de la población sino también atraer 
al consumidor en su área de influencia; esencial para fijar la población y luchar contra el 
despoblamiento.
De  esta  manera,  y  alineados  con  los  objetivos  marcados  en  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y en el Plan de Recuperación, esta línea de ayuda tiene por 
objetivo  específico  subvencionar  proyectos  que  desarrollen  actuaciones  dirigidas  a 
actualizar y modernizar al sector comercial minorista adaptándolo a los nuevos hábitos 
de consumo, fomentar la implementación de nuevas tecnologías y de soluciones que  s
contribuyan a la mejora de la sostenibilidad, eficiencia, la promoción del reciclaje y  e.
reutilización de residuos en los establecimientos comerciales, así como la formación y  w.
sensibilización en ambas áreas y garantizar el abastecimiento y una oferta comercial de  818ww
calidPaodr  eontr ola sla zdoon, aesn r ucruamlepsl.imiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el
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sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido 
en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a 
cabo en cumplimiento de la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no 
causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, 
"Do No Significant Harm"). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas 
previstas en la Componente 13, Inversión 42.2 en la que se enmarca, tanto en lo referido al 
principio DNSH, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del 
Componente del Plan».
La presente orden se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos. En el 
primer capítulo se contiene una disposición de carácter general referente al objeto de las 
ayudas. En el segundo capítulo se recogen las disposiciones de carácter general que 
constituyen las bases reguladoras de las ayudas, y que se refieren a aspectos como los 
objetivos  generales,  los  tipos  de  actuaciones  financiables,  los  beneficiarios,  las 
características de la financiación y sus límites. El tercer capítulo regula la convocatoria 
de ayudas para el año 2021.
Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
orden incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas 
todas las solicitudes de ayuda al procedimiento ordinario de concesión en régimen de 
concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha 
normativa.
En atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos 
europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta orden incorpora la convocatoria de las 
ayudas para el ejercicio 2021.
III
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la 
Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  sobre  bases  y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, en cuyo ámbito se 
incluye  el  comercio  (y  su  fomento)  en  cuanto  sector  estratégico  para  la  economía 
española.
La competencia estatal sobre la base del artículo 149.1.13.ª CE tiene un «carácter 
transversal»,  en  el  sentido  recogido  en  la  jurisprudencia  constitucional  (por  todas, 
STC 74/2014, de 8 de mayo, FJ 3) de manera que «aun existiendo una competencia 
sobre  un  subsector  económico  que  una  Comunidad  Autónoma  ha  asumido  como 
‘exclusiva’  en  su  Estatuto,  esta  atribución  competencial  no  excluye  la  competencia 
estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio 
autonómico  de  esta  competencia  exclusiva  puede  estar  condicionado  por  medidas 
estatales,  que  en  ejercicio  de  una  competencia  propia  y  diferenciada  pueden 
desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias». siempre que el fin 
perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica. s
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que  e.
«exige  decisiones  unitarias  que  aseguren  un  tratamiento  uniforme  de  determinados  w.
problemas en orden a la consecución de dichos objetivos [de política económica global o  818ww
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de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, 
de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» 
(SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 
de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
En su seno, se enmarcan tanto las normas estatales que fijan las líneas directrices y 
los criterios globales de la economía o referidos a la ordenación de un sector concreto, 
como  aquellas  acciones  o  medidas  singulares  necesarias  para  alcanzar  los  fines 
propuestos dentro de dichos ámbitos. Por ejemplo, líneas de ayudas como las reguladas 
en esta orden, destinadas a impulsar el sector del comercio en áreas con riesgo de 
despoblamiento y a facilitar su transición digital en el marco de la garantía de la unidad 
de mercado.
La competencia transversal del Estado concurre, en el caso que nos ocupa, con la 
atribución estatutaria de las comunidades autónomas en materia de comercio y ferias. 
Por otro lado, los municipios son competentes en materia de ferias, abastos, mercados, 
lonjas y comercio ambulante, dentro de los márgenes de la ley estatal y autonómica 
[artículo 25.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local]. Se trata de un ámbito, por lo tanto, en el que concurren títulos competenciales del 
Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Partiendo de esa concurrencia de títulos competenciales, hay que recordar que, 
como señaló el Tribunal Constitucional en la STC 31/10, en relación con la competencia 
exclusiva recogida en el Estatuto de Cataluña sobre comercio y ferias, que ésta «no 
impide ni menoscaba el ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1.13,ª CE» 
(FJ 68).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las 
comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la 
consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero, 
(FJ 8) cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas 
competencias  exclusivas  sobre  la  materia  en  que  recaen  las  subvenciones,  éstas 
pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del 
Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada 
de  las  partidas  presupuestarias  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado».  No 
obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, 
genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra 
doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad 
de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas 
posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 
territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los 
fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer 
razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la 
medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia 
del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas 
circunstancias  y  para  valorar  la  participación  en  ese  proceso  de  las  comunidades 
autónomas (STC 31/10, FJ 62).
A estos efectos y, en primer lugar, la situación crítica que vive el sector como 
consecuencia de la pandemia y la urgencia requerida en el despliegue homogéneo de 
las  ayudas  en  todo  el  territorio  en  el  menor  plazo  de  tiempo  posible,  justifican 
fundadamente el carácter imprescindible de la presente orden de bases reguladoras y  s
convocatoria de ayudas para garantizar la plena efectividad de las medidas en el sector. oe.
En España, como ya se ha señalado, el comercio representa el 12,6 por ciento del  w.
PIB a nivel nacional (datos Contabilidad 2019) y el 15,5 por ciento del total de los  818ww
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Es, por lo tanto, un componente de ordenación económica y social esencial de 
ámbito nacional, no sólo por las cifras, sino por su importancia en la vida cotidiana de 
multitud  de  municipios  de  tamaño  medio  y  pequeño.  Es  un  elemento  clave  en  el 
desarrollo de nuestros pueblos y ciudades, actuando como vertebrador y dinamizador de 
la  actividad  social,  económica  y  cultural,  y  favoreciendo  la  cohesión  social,  la 
sostenibilidad  y  afrontar  el  reto  demográfico.  Ello  es  especialmente  cierto  en  los 
municipios con menos de 5.000 habitantes, a los que va dirigida la presente línea de 
ayudas, que representan el 98 por ciento del total de municipios de España, con 7.981, 
de acuerdo con el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran 
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas 
al 1 de enero de 2020.
El impacto de la elevada incidencia de la COVID-19 y de las medidas adoptadas se 
ha dejado notar con intensidad sobre el nivel de ventas y el empleo del sector. De 
acuerdo con los índices de comercio al por menor del INE, en el conjunto del año 2020 
las ventas minoristas disminuyeron un 7,1 por ciento. Igualmente, la tasa de ocupación 
en el comercio minorista, según el INE, disminuyó durante 2020 en un 3,6 por ciento.
Todo ello ha puesto en riesgo a un sector con alta incidencia de autónomos y 
micropymes y con una función económica y social esencial para la cohesión económica 
y social de nuestro país.
El impacto provocado por los cierres de los establecimientos comerciales, además, 
es muy difícil de revertir, especialmente en las zonas rurales, por lo que es urgente 
apoyar la modernización del comercio local a la mayor brevedad, reforzando el tejido que 
todavía permanece activo.
Por  todo  ello,  concurren  en  este  caso  las  circunstancias  para  centralizar  la 
convocatoria de las ayudas por el Estado: La grave crisis en la que se encuentra inmerso 
el  comercio  interior  como  consecuencia  de  la  COVID-19  que  hace  imperativo  un 
revulsivo inmediato que le permita recobrar su actividad, reactivando las economías 
municipales y el propio pulso de los ecosistemas locales, también desde el punto de 
vista social.
El esquema centralizado para la asignación de los fondos es imprescindible para la 
efectividad inmediata por varias razones.
Por un lado, se garantizaría el despliegue simultáneo de las ayudas, contribuyendo a 
una acción única, homogénea y sincronizada de revitalización del comercio interior y se 
evitaría la potencial falta de sincronía por posibles diferencias en plazos de tramitación 
entre las diecisiete comunidades autónomas
La  necesidad  de  un  despliegue  inmediato  y  sincronizado,  que  refuerce  la 
competitividad de los mercados locales de zonas rurales en el corto plazo en todo el 
territorio, exige que los plazos y criterios aplicados sean idénticos en todo el territorio 
nacional, lo que se alcanza con una tramitación de la recepción de solicitudes, selección 
y  pago  única.  El  enfoque  adoptado  permite  poner  en  marcha  un  procedimiento 
homogéneo que haga frente a la situación de urgencia actual de forma unívoca.
Por otro lado, esta propuesta de gestión permite alcanzar de manera inmediata el 
objetivo perseguido, limitando los retrasos que pudieran derivarse de las dificultades de 
establecer unos criterios de reparto.
Como  se  ha  señalado,  se  pretende  reforzar  la  competitividad  de  los  mercados 
locales de zonas rurales en todo el territorio, independientemente de su pertenencia a 
una u otra comunidad, basándose tan sólo a las cualidades de los proyectos que 
presenten las entidades locales en la que se encuentren. Este objetivo entra en conflicto  s
con la necesidad de definir un criterio de distribución objetivo entre las comunidades  oe.
autónomas que sirviese al mismo fin en el caso de que se procediese a la gestión  w.
territorializada, porque el nivel del reparto para definir la cantidad asignada a cada una  818ww
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despliegue de las ayudas para maximizar el impacto de las medidas, clave en el actual 
contexto económico.
Esto último enlaza precisamente con el segundo elemento al que hace referencia la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional: el carácter imprescindible de la presente orden 
de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para garantizar las mismas posibilidades 
de obtención y disfrute por los posibles beneficiarios en todo el territorio nacional y, por 
ende, para revitalizar el comercio local de forma sincronizada en todo el Estado. Ninguna 
otra opción de las posibles permitiría atender mejor a ese objetivo primordial.
Los  potenciales  beneficiarios  de  las  subvenciones,  los  municipios,  diputaciones 
provinciales o forales, cabildos o consejos insulares, comarcas, mancomunidades de 
municipios o consejos comarcales del ámbito rural, presentan características diversas y 
variadas en sus dimensiones y estructura, así como en el grado tecnológico alcanzado 
en el sector comercial ubicado en su demarcación, lo que aconseja un procedimiento de 
tramitación y valoración único.
En  resumen,  la  necesaria  coherencia  de  la  política  económica  en  las  actuales 
circunstancias económicas excepcionales y la gravedad y urgencia de la situación aconsejan 
el que se articule un sistema que permita una actuación rápida y uniforme en todo el territorio, 
garantizando la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y 
las  mismas  posibilidades  de  obtención  y  disfrute  por  parte  de  todos  sus  potenciales 
destinatarios, lo que justifica el que de manera excepcional se haya articulado un mecanismo 
que asegura la homogeneidad y la plena información y coordinación en un sistema de 
concurrencia competitiva, que prima la agilidad, pero al mismo tiempo garantiza la debida 
coherencia de los proyectos con las políticas sectoriales de cada comunidad o ciudad 
autónoma, a través de los órganos de gobierno diseñados al efecto.»
Se trata, además, de una medida de fomento puntual, justificada por la gravedad de 
la crisis y la necesidad de una respuesta inmediata, que no afecta al espacio normativo 
de las comunidades autónomas, que pueden llevar a cabo sus políticas sectoriales 
propias,  ya  que  el  Estado  no  establece  una  regulación  básica  con  vocación  de 
permanencia sino que adopta una medida singular, puntual y aislada, que se agotara con 
su ejecución en el marco del Plan de Recuperación, y para el ejercicio por las entidades 
locales de competencias propias de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Por  otro  lado,  la  preservación  de  esta  «unidad  económica»,  aunando  intereses 
divergentes o contrapuestos de las comunidades autónomas, no obsta a respetar el margen 
suficiente y legítimo de su participación en la instrucción del procedimiento de tramitación de 
las subvenciones a través de la valoración de los proyectos presentados en su ámbito 
geográfico territorial, tal y como se recoge en la presente orden en el artículo 18.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) actuara como entidad colaboradora de la línea de 
ayudas regulada en esta orden, como única entidad capacitada de llevar a cabo esas 
funciones por tratarse de la Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con 
mayor implantación a nivel nacional representando más el 95% de los Gobiernos Locales 
españoles;  cumpliéndose,  por  tanto,  con  los  principios  de  publicidad,  concurrencia, 
igualdad y no discriminación a los que se refiere el apartado 5 del artículo 16 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Subvenciones. Para llevar a cabo dicha 
colaboración, se suscribirá un convenio entre la Secretaría de Estado de Comercio y la 
FEMP para colaboración de la FEMP en la gestión de la subvención, por lo que recibirá 
una compensación de gastos. s
IV 818www.
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La línea de ayudas reguladas en esta orden de bases se encuentran pues acogidas 
al Componente 13, «Impulso a la PYME», en su inversión 4 «Impulsar el sector del 
comercio» en el objetivo de reforzar la cohesión social y territorial de ciudades y pueblos, 
garantizando  la  movilidad  y  entrega  de  los  productos;  fortalecer  y  estrechar  las 
relaciones productivas y de comunicación entre el sector del comercio, la administración 
y otras entidades de promoción; y mejorar la competitividad del sector del comercio 
apostando  por  un  modelo  más  sostenible.  La  inversión  4.2.2  tiene  una  dotación 
de  14.550.000  euros  para  tres  años  (2021-2023)  dentro  del  concepto  «Mercados 
sostenibles».
La consecución de los objetivos vinculados a dichos proyectos, indicados con el 
código 212 en la Country Implementing Decisión, y de acuerdo con los principios de 
gestión previstos en el artículo 3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 31 de diciembre, 
agilidad,  celeridad  y  claridad  en  los  procedimientos,  objetividad  y  más  eficiente 
asignación  de  los  fondos  europeos,  permitirá  maximizar  sus  beneficios  en  todo  el 
territorio nacional.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaria de Estado de 
Comercio, es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la 
propuesta y ejecución de la política comercial del Estado en lo que se refiere al comercio 
exterior e interior.
Específicamente, el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, atribuye a 
la Secretaria de Estado de Comercio, a través de la Dirección General de Política 
Comercial, entre otras, las funciones de propuesta de acciones para el desarrollo del 
comercio interior, cooperación con otras Administraciones en materia de distribución 
comercial, el fomento de la productividad y competitividad de las empresas de dicho 
sector o la elaboración de planes generales de apoyo al comercio minorista, incluyendo 
la  promoción  e  impulso  de  nuevas  formas  de  comercialización,  en  particular,  del 
comercio digital.
Desde el punto de vista de ayudas de Estado, teniendo en cuenta que se trata de 
una  transferencia  de  fondos  por  parte  del  Estado  a  las  Entidades  Locales,  como 
beneficiarias de las ayudas reguladas por esta orden, no constituiría ayuda de Estado en 
los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), dado que las Entidades Locales no realizan actividad económica 
en un mercado en competencia.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas.  En  este  sentido,  se  garantizan  los  principios  de 
necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los 
intereses que se persiguen, siendo el principal, dar respuesta a las necesidades del 
sector comercial, a través de las entidades locales.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo 
solo las condiciones que establece la normativa europea y la española.
Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la 
Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y 
de certidumbre, que facilite  su conocimiento  y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las empresas.
Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la  s
norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas  oe.
llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia  w.
convocatoria.  En  cuanto  al  principio  de  transparencia,  esta  norma  establece  unos  818ww
pcrrietevriaioms endtee , eyv aglauraacniótizna  duen al aasm  psloiali cpitaurdtiecsip aqcuióen  sao ns uso bpjeottievnocsi,a lepsú bdliecsotsin ayt arcioons oecnid osus 
elaboración.
En  la  elaboración  de  la  presente  orden  se  ha  consultado  a  las  comunidades 
autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a la Federación Española de 
Municipios y Provincias, de la cual se ha informado en conferencia sectorial, y han 
emitido informe sobre el mismo el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el 
Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  La  presente  orden  tiene  por  objeto  aprobar  las  bases  reguladoras  de  las 
subvenciones destinadas a apoyar la implementación, modernización y fomento de la 
actividad  comercial  en  zonas  rurales,  mejorando  la  competitividad,  sostenibilidad  y 
diversificación de la economía rural.
2.  La  finalidad  de  estas  ayudas  es  conceder  subvenciones  a  los  beneficiarios 
indicados en el artículo 3 para el desarrollo de planes y proyectos que contribuyan a los 
objetivos descritos en el apartado anterior.
3.  Los proyectos subvencionables en el marco de este Programa incluirán:
a)  Proyectos  para  la  transformación  digital  del  comercio  rural  que  mejoren  el 
mercado omnicanal, la experiencia de compra, y fomenten y den visibilidad a la oferta 
comercial impulsando el consumo local.
b)  Proyectos de obras y reacondicionamiento para mejorar las instalaciones, su 
accesibilidad, equipamiento y adecuación, de las zonas ocupadas por los mercados 
municipales,  áreas  comerciales  y  mercados  no  sedentarios,  así  como  sus  zonas 
adyacentes.
c)  Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la 
sustitución de estos por alternativas respetuosas con el medio ambiente.
d)  Sensibilización y formación en competencias tecnológicas.
4.  Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden se enmarcan en la 
inversión 4, apoyo al comercio, del Componente 13, Impulso a la PYME, del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) del 
Gobierno de España, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la 
misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y 
resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras
Artículo 2.  Procedimiento de concesión.
1.  El  procedimiento  de  concesión  se  tramitará,  de  conformidad  con  los 
artículos 22.1 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, y se iniciará de oficio mediante convocatoria 
pública. e.e
2.  El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003,  b
de 17 de noviembre, y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21  818ww
de ju3l.i o, Lcao nc olansv coacraatoctreiar íssteic apsu bqluicea erás taebnl elcae Bn aesseta ds eb aDsaetso sre gNualcaidoonraals d.e Subvenciones
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Artículo 3.  Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las siguientes entidades 
locales:
1.  Los municipios, con poblaciones de hasta 5.000 habitantes conforme a los datos 
del Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la 
revisión del padrón municipal vigente en el momento de la solicitud o colectividades de 
estos.
2.  Las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los 
cabildos y consejos insulares siempre que la media simple de la población de los 
municipios en los que se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes.
3.  Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, en los que la 
media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación o 
proyecto no supere los 5.000 habitantes, instituidas por las comunidades autónomas de 
conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
Artículo 4.  Requisitos de los beneficiarios.
Las entidades locales beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)  La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad 
convocante y la entidad colaboradora, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes 
a tal condición, derivada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b)  Las acciones que realicen los beneficiarios tendrán que cumplir con lo estipulado 
en estas bases reguladoras.
c)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra 
alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
d)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por 
reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
Artículo 5.  Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria las señaladas en 
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y en particular, 
las siguientes:
a)  En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la 
certeza de la no ejecución y, en todo caso, siempre en el plazo máximo de tres meses 
desde la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con 
lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de 
demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. s
b)  Mantener la inversión durante un plazo de 5 años desde la finalización de la  o
ncseuuajemstcutaupranclilmiceóizanieal en dostoe   alt od psdeuro ossey  sceatoceqnt oudr,eei clqlsioouinsnis  eiqqtsouu  deeee  s asetlautjeerfrárcae u nscu uiónejenal t  oyom  baajoep dtrcioivofbiomca apcocri ióoórnbne.a s Scusilueotasrnádteanosn   ccdaoiae nl c slriaqdit ueeserriua obda vofdeesecn lct ceaói ómrngab.a  inosEousl     2021-14818n https://www.
gestor de las ayudas.
c)  Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco 
años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, 
(UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) 
n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.
d)  Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en las convocatorias o 
las órdenes de concesión.
e)  En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades 
beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo» 
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España.
Artículo 6.  Subcontratación.
1.  El  beneficiario  podrá  subcontratar  hasta  el  100  por  ciento  del  proyecto,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En 
dicho caso, los beneficiarios, dada su condición de Administraciones Públicas, deben 
sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 
así como a la normativa en materia de ayudas de Estado.
2.  El solicitante deberá presentar el contrato para autorización con carácter previo a 
la resolución de concesión, en cuyo caso la autorización se entenderá concedida si en 
dicha resolución es declarado beneficiario.
En el caso de que no sea posible presentar el contrato con carácter previo a la 
resolución  de  concesión,  el  beneficiario  solicitará  la  autorización  previa  al  órgano 
concedente, que resolverá sobre la misma en el plazo de diez días hábiles. En el caso 
de  que  el  órgano  concedente  no  resuelva  en  ese  plazo,  la  solicitud  se  entenderá 
desestimada.
3.  Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente 
derivados del proyecto o actuación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse la subcontratación con personas 
o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  consignadas  en  el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
4.  En  el  contrato  o  convenio  suscrito  para  acordar  la  subcontratación,  deberá 
acreditarse que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de 
carácter  personal,  debiendo  incluir  las  cláusulas  necesarias  para  su  cumplimiento 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. e.
5.  En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la  w.b
totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos  818ww
ppaerraju icaisoe sgigunraifri caqtuiveo  laols m  seudbioc oanmtrbaietisnttaes» .cumplan  con  el  principio  de  «no  causar  un
Artículo 7.  Entidad colaboradora.
1.  A efectos de esta línea de ayudas, la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) actuará como entidad colaboradora de acuerdo con lo establecido en 
el  artículo  12  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  dando  cumplimiento  a  las 
obligaciones y requisitos que se establecen en los artículos 13, 15 y 17.3.c) de dicha Ley. 
Las funciones a desempeñar por parte de la FEMP vendrán especificadas en el convenio 
a suscribir entre la Secretaría de Estado de Comercio y la FEMP sin que puedan éstas 
consistir en la entrega y distribución de fondos, como se señala en el artículo 7.2. En 
dicho convenio se establecerán medidas para la prevención del fraude y situaciones de 
conflictos  de  intereses  tanto  en  la  fase  de  evaluación  como  de  revisión  de  las 
justificaciones.
2.  Para la ejecución de las actuaciones se formalizará un convenio entre la FEMP y 
la  Secretaría  de  Estado  de  Comercio,  en  el  que  se  regulen  las  obligaciones  y 
condiciones  que  asumirá  cada  una  de  las  partes,  en  base  a  lo  establecido  en  el 
artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre. Dicho convenio tendrá como objeto la 
colaboración de la FEMP en la gestión de la subvención, sin que exista, en ningún caso, 
entrega alguna ni distribución de fondos.
3.  La  FEMP,  como  entidad  colaboradora  que  no  ha  sido  seleccionada  como 
contratista de servicios, percibirá únicamente por su actuación una compensación de 
gastos  que  estará  contenida  en  el  convenio,  en  base  al  artículo  16.3.m)  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Dado el régimen especial que atribuye a la FEMP la disposición adicional quinta 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la 
naturaleza y objeto social de la misma conforme a sus estatutos, y el hecho de que sus 
actividades  corrientes  guardan  de  por  sí  una  estrecha  relación  con  los  objetivos 
establecidos en el artículo 1 de esta orden, no son necesarias condiciones específicas y 
adicionales de eficacia y solvencia a las que se refiere en el artículo 17.3.c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El necesario cumplimiento de las condiciones del 
artículo 13 de dicha ley es condición suficiente de solvencia y eficacia económica y 
financiera.
Artículo 8.  Gastos subvencionables.
1.  Los potenciales beneficiarios deberán presentar una solicitud de ayuda única que 
podrá desglosarse en anualidades y englobar una o varias de las categorías de gastos 
indicadas a continuación.
2.  Gastos dirigidos a la transformación digital:
a)  Inversión para incorporar, mantener o mejorar las funcionalidades de la venta del 
sector comercial con establecimiento físico y el no sedentario ubicados en zonas rurales 
a través de canales digitales que fomenten la omnicanalidad de los modelos de negocio 
y mejoren la experiencia de compra en el entorno digital de los clientes.
b)  Fomento de la actividad comercial mediante la realización de campañas de 
animación comercial en redes sociales, aplicaciones o en la página web de la entidad 
local que fomenten e impulsen el consumo local.
c)  Publicidad, comunicación y visibilidad en diferentes medios o soportes digitales 
mediante la utilización de nuevas tecnologías.
d)  Otras inversiones que respondan a las necesidades de transformación digital de  s
los comercios en el ámbito de su demarcación. oe.
3.  Gastos relacionados con la transformación del punto de venta: 818ww
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neuspeavoci oess tpaebrlteecnimecieienntote sc oam lear ceinatli doa md elojocraal,  eyn e unn eol lyoas  esexi sdteebneterá,  sdee suabricroalrlaárn,  aeln m loecnaoless,  loa 
actividad comercial; pudiendo esta complementarse con la de otros servicios de interés 
para la comunidad.
Son gastos subvencionables:
1.º  Obra para la construcción de un nuevo establecimiento comercial. Se deberán 
incluir  elementos  que  mejoren  la  sostenibilidad  y  la  eficiencia  energética  del 
establecimiento, y garanticen su accesibilidad.
2.º  Obra para la reforma o acondicionamiento de un establecimiento comercial 
existente.
3.º  Adquisición  del  equipamiento  comercial  necesario  para  el  correcto 
funcionamiento del establecimiento comercial y de los otros servicios que se desarrollen 
en su mismo espacio.
No se subvencionarán actuaciones relacionadas con la adaptación de la actividad 
comercial al COVID-19.
b)  Favorecer la transformación digital del comercio no sedentario y de los canales 
cortos de comercialización impulsando acciones que mejoren la gestión de la oferta y la 
demanda  a  través  de  diferentes  soportes  digitales,  y  la  relación  cliente-proveedor; 
permitiendo que se puedan diseñar rutas de reparto más eficientes.
c)  Inversión en obras para mejorar las instalaciones, su accesibilidad y adecuación 
de las zonas ocupadas por mercados municipales, áreas comerciales y mercados no 
sedentarios, y sus áreas colindantes.
d)  Incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de compra y pago de los 
productos  adquiridos,  evitando  colas  y  aglomeraciones  en  los  establecimientos 
comerciales; así como la actualización de las modalidades de pagos ofrecidas a los 
clientes.
e)  Inversión en nuevas modalidades de entrega y devolución de los productos fuera 
de los horarios de apertura o de reparto. Se subvencionarán los gastos relacionados con 
la obra y reforma de los espacios del establecimiento para la puesta en marcha de estos 
servicios, en su caso.
4.  Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular:
a)  Inversiones para reducir el consumo de productos de un solo uso por parte del 
comercio y de los consumidores en sus establecimientos y la sustitución de éstos por 
otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente.
Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo 
energético y de otros suministros en los establecimientos comerciales, así como la 
instauración de procesos eco-eficientes y para la correcta separación de los residuos 
(biorresiduos, papel, plástico, vidrio, etc) para su posterior reciclado y valorización.
b)  Cualesquiera  otras  actuaciones  y  soluciones  dirigidas  a  incrementar  la 
sostenibilidad, la adaptación al cambio climático, y la eficiencia del modelo de negocio e 
impliquen un avance hacia una economía resiliente y baja en carbono, la reducción en la 
generación  de  residuos,  incluido  el  fomento  de  la  reutilización  de  productos,  y  la 
economía circular.
5.  Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad: Inversión en proyectos 
que,  mediante  la  utilización  de  nuevas  tecnologías,  generen  redes  de  suministro  y 
comunicación locales o de proximidad que involucren a la totalidad o parte de los 
siguientes actores: comercio minorista, productores locales y proveedores de servicios  e.e
afines. b
6.  Gastos de sensibilización y formación: 818ww
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b)  Formación,  sensibilización  y  campañas  para  el  fomento  de  estrategias  de 
economía circular, prevención de la generación de residuos, reutilización de productos, 
correcta separación de los residuos para su reciclado y reutilización de productos en el 
modelo de negocio del sector comercial.
Dentro de este concepto tendrán consideración de gastos subvencionables:
1.º  Alquiler del espacio para la realización de las jornadas.
2.º  Alquiler de mobiliario y de los equipos necesario para la realización de las 
mismas.
3.º  Subcontratación de un tercero para la realización de las mismas, siempre y 
cuando la actividad subcontratada con el tercero no supere el 80 por ciento del importe 
de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Queda fuera de este concepto la contratación de 
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario por la realización por sí mismo 
de la actividad subvencionada.
En estos casos, el beneficiario deberá adjuntar los partes horarios firmados por los 
empleados que impartan tales actuaciones.
4.º  Honorarios de los ponentes.
En ningún caso serán subvencionables los equipos o material para los asistentes, 
gastos  vinculados  a  «merchandising»  ni  los  gastos  imputables  para  conocer  las 
necesidades del sector previo a la realización de los talleres o jornadas.
7.  Otros gastos subvencionables:
a)  Implantación  de  redes  WiFi  que  tengan  por  objeto  el  establecido  en  el 
apartado 1.1 de la presente orden de bases.
b)  Actuaciones vinculadas a la mejora y visibilización de la oferta comercial y de 
otros  sectores  afines  que  mejoren  la  experiencia  de  compra  mediante  nuevas 
tecnologías.
c)  Señalética integrada de la oferta comercial en zonas rurales.
8.  Se apoyará, para cualquiera de los gastos enumerados en el presente artículo, 
aquellas  actuaciones  que  sean  consideradas  como  indispensables  para  la  correcta 
implantación de las soluciones tecnológicas, permitiendo conocer la situación de partida, 
pertinencia de las actuaciones y necesidades del sector comercial, así como el diseño 
del plan de acción, y que conduzcan a realizar una mejor selección y adaptación de las 
acciones a emprender por parte del beneficiario.
En ningún caso se subvencionará el seguimiento, mantenimiento o cualquier otro 
gasto relacionado con el funcionamiento y mejora de la solución tecnológica tras su 
implementación.
9.  No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Se excluyen de la financiación, 
en la medida en que resulten aplicables a los conceptos en que se realice el gasto al que 
se destinan las presentes ayudas:
a)  Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior). e.e
b)  Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión  b
(ETS)  con  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  proyectadas  que  no  sean  818ww
sgurasttuaintac.ialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación
tratacm) ieLnatos  biinovlóegrsicioon mese cáenni cion s(MtaBlaTc)io en einsc indeer avdeorrtaesd epraorsa  edle t raretasmidiueonsto,  deen  repslaidnutaoss .de
d)  Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede 
causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).
Asimismo,  se  exigirá  que  solo  puedan  seleccionarse  aquellas  actividades  que 
cumplan la legislación medioambiental y europea pertinente.
10.  En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos.
11.  No serán subvencionables los gastos financieros, reestructuraciones de pasivo 
o  refinanciaciones,  circulante  y  otros  impuestos  o  tasas  que  sean  susceptibles  de 
recuperación  o  compensación.  Así  mismo,  no  serán  subvencionables  los  gastos 
bancarios  de  cualquier  tipo  de  operación,  así  como  aquellos  que  generen 
autofacturación.
12.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a 
estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que 
se integren dentro del Plan de Recuperación.
Artículo 9.  Presupuesto y límites de las ayudas a conceder.
1.  Los proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación 
deberán enmarcarse en, al menos, una de las categorías de gasto contempladas en el 
artículo 8 de la presente orden, llevarse a cabo en el territorio nacional y tener un valor 
mínimo de:
a)  250.000 euros para las diputaciones, consejos y cabildos insulares.
b)  100.000 euros para las comarcas y consejos comarcales.
c)  50.000 euros para los municipios de menos de 5.000 habitantes.
2.  La  ayuda  que  se  conceda  se  imputará  a  la  aplicación  presupuestaria  del 
programa  20.50.430A.76302  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  cada 
ejercicio de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo,  procedentes  del  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia,  o  su 
equivalente en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
3.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
4.  El proyecto podrá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda y por la 
comunidad autónoma en el que se encuentre ubicado, pudiendo alcanzar este apoyo 
hasta el 40 por ciento del presupuesto financiable del proyecto.
5.  El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de 
un mínimo del 60 por ciento y un máximo del 100 por ciento sobre el presupuesto del 
proyecto que haya sido considerado financiable.
6.  En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la 
actuación.
Artículo 10.  Régimen de garantías.
No será preciso constituir ninguna garantía ni por los beneficiarios ni por la FEMP.
Artículo  11.  Órganos  competentes  para  instruir  y  resolver  el  procedimiento  de 
concesión y órgano responsable del seguimiento. e
osordber21en..    llaaES  mSle aóreátrceg rrcaeioantam.or ipcaeo tdmeenp teEets eptnaatderoa p  dareeras o Colovrdemere nlraac ri oce,o  insncisnet rspuióeirnr jl uodisce ipo rl aodsce e adlayimsu dideaenslt eorgsea gdcueiol acndoeanssc  eveisgnióe nne tseetass    2021-14818n https://www.
la Dirección General de Política Comercial, dependiente de la Secretaría de Estado de
Comercio. Bc
3.  La  Dirección  General  de  Política  Comercial  será  el  órgano  responsable  del 
seguimiento de las actuaciones financiadas.
4.  Con  carácter  general  y  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  para  la 
prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de 
selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su 
implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique 
la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el 
procedimiento.
Artículo 12.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  tramitación 
electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las  solicitudes, 
comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a este 
apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico).
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  ministerio  (https://sede.serviciosmin.gob.es),  donde  podrá 
consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3.  La  práctica  de  notificaciones  electrónicas  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  Adicionalmente,  se  pondrá  a  disposición  del  interesado  un  sistema 
complementario de alertas por medio de correo electrónico. En la sede del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo los interesados, tras identificarse electrónicamente de 
forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y 
efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el 
órgano actuante.
5.  La publicación de las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como 
de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y 
demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del Ministerio 
(https://sede.serviciosmin.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada 
según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con 
los procedimientos de concurrencia competitiva.
6.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando 
proceda.
8.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
9.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por  e.
los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar  w.b
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano  818ww
eaxdpmeindiisetnrateti vqou ep lree sfueen tcóo mlosu ncicitaaddoo se ndtooncucemse, nstioesm, pprea rqau elo  ncou haal yinadni ctraarnás ceul rrnidúom meráos  ddeel 
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de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte 
del  ministerio,  de  los  datos  incluidos  en  el  cuestionario  por  el  beneficiario.  En  los 
supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado 
manifestara la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano 
competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por 
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Artículo 13.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán 
ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos 
en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de acuerdo con la 
legislación de régimen local.
2.  El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación 
de la misma ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación 
de  la  persona  jurídica  solicitante.  El  incumplimiento  de  esta  obligación,  de  no 
subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 14.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  como  máximo  de  dos  meses 
contados  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  del  extracto  de  la  orden  de 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Para la convocatoria de 2021 se estará a 
lo que dispone el artículo 32 de la presente orden.
2.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
Artículo 15.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Dirección General de 
Política Comercial, órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento, cuyos 
formularios de solicitud estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en 
el  portal  de  ayudas  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://
www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), donde se dispondrán los medios electrónicos de 
ayuda necesarios.
2.  Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud de financiación y cuestionario electrónico: Fichero firmado 
electrónicamente  y  cumplimentado  necesariamente  con  los  medios  electrónicos 
disponibles en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas),  que  incluirá  una  declaración  de  otras 
ayudas concurrentes con la inversión presentada.
b)  Memoria descriptiva de la inversión, firmada electrónicamente, que se ajustará al 
modelo establecido en el anexo I. En caso de que entre las actuaciones a realizar por el 
potencial beneficiario se encuentren algunas de las enumeradas en el artículo 8.3, 
deberá presentar junto con la memoria descriptiva una memoria técnica.
c)  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio  e.
válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. w.b
d)  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la  818ww
dSee g2u1r iddaed j uSliooc, iasal, lvcoo nq aurer eegl los oali cloit adnistep uaeusttoor iecne  eal  qaurteíc uello ó 2rg2a dneol  cRoenacl eDdeecnrteet oo b8t8e7n/g2a0 0d6e, 
forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos.
e)  Declaración responsable del compromiso de cofinanciación por el solicitante de 
la ayuda, en la que se especifique el porcentaje de cofinanciación sobre el presupuesto 
financiable del proyecto.
f)  Declaración responsable en el que el solicitante haga constar las ayudas que 
hayan  solicitado  o  percibido  de  otras  Administraciones  o  entidades  para  la  misma 
finalidad y objeto y su cuantía, así como comprometerse a informar de las que pudiera 
solicitar u obtener durante la tramitación de estas subvenciones.
g)  Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos 
o anticipos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente 
tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado común.
h)  Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a 
las  que  se  refiere  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
i)  Declaración responsable de que el solicitante cumplirá toda la normativa nacional 
y  de  la  Unión  Europea  que  resulte  de  aplicación  (en  particular,  en  materia  de 
competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y de 
que se compromete a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, 
autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.
j)  Declaración  de  no  causar  perjuicio  significativo  a  los  seis  objetivos 
medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento 
de  un  marco  para  facilitar  las  inversiones  sostenibles  y  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento (UE) 2019/2088, según el modelo establecido en el anexo III de la presente 
orden de bases.
k)  Datos de la cuenta bancaria única del beneficiario de la ayuda.
l)  Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para 
garantizar  que  la  Comisión,  la  OLAF,  el  Tribunal  de  Cuentas  Europeo,  la  Fiscalía 
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
m)  En  caso  de  que  algunas  de  las  actuaciones  a  realizar  incorporen  ideas 
ganadoras o seleccionadas en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, deberá indicarse la convocatoria, categoría del concurso 
en la que se presentó y si obtuvo reconocimiento, así como la denominación de la idea.
n)  Otras  declaraciones  responsables  cuyos  modelos  sean  aprobados  por  las 
autoridades  competentes  conforme  a  la  normativa  nacional  y  europea,  dando 
cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del PRTR.
3.  Los  interesados  presentarán  la  solicitud  de  financiación  y  el  resto  de  la 
documentación en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
con  firma  electrónica  de  la  persona  que  tenga  poder  de  representación  suficiente. 
Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de 
las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
4.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. e.
5.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será  w.b
obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la  818ww
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en el expediente.
6.  En caso de inclusión de talleres y jornadas:
a)  Calendario de las jornadas que se van a realizar, detallando en cada una de ellas 
el objetivo, la fecha y lugar donde tendrán lugar, su duración, contenido y ponentes.
b)  Curriculum  vitae  de  los  ponentes  o  cualquier  otro  medio  que  se  considere 
oportuno para valorar la pertinencia y experiencia de los mismos.
c)  Presupuesto desglosado para la realización de las jornadas o facturas proformas 
cuando incurra en gastos subvencionables.
d)  Número de potenciales asistentes a cada una de las jornadas y talleres según la 
temática.
e)  En caso de subcontratación de un tercero para la organización de la actividad se 
deberá presentar, además de lo anterior, un informe motivado sobre la elección del 
mismo para su organización y el presupuesto y/o factura proforma de las acciones 
realizadas.
Artículo 16. Compatibilidad de las ayudas.
1.  El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de 
un mínimo del 60 por ciento y un máximo del 100 por ciento sobre el presupuesto del 
proyecto que haya sido considerado financiable, pudiendo ser cofinanciado hasta en 
un 40 por ciento.
2.  La percepción de las subvenciones previstas en esta orden será compatible con 
la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras 
administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, autonómicos o 
locales, siempre que la suma de todas las ayudas no supere el coste total de la actividad 
subvencionada. Por otro lado, las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con 
otras ayudas procedentes de fondos de la Unión Europeo de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º  2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021.
3.  Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o 
percibido por parte de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y 
objeto,  tanto  en  el  momento  de  la  presentación  de  la  solicitud  como  durante  la 
tramitación del procedimiento.
Artículo 17.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
1.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes por tratarse de procedimientos de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva.
2.  Serán de aplicación los siguientes criterios:
a)  Proyectos integrales que conlleven varios tipos de inversiones. Integración en los 
proyectos  de  varias  de  las  categorías  de  gasto  de  entre  las  establecidas  en  los 
apartados 1 a 6 del artículo 8 de la presente orden (0 a 10 puntos).
1.º  Si  el  proyecto  incluye  actuaciones  de  al  menos  dos  categorías  de  gasto 
subvencionables: 2 puntos.
2.º  Si  el  proyecto  incluye  actuaciones  de  al  menos  tres  categorías  de  gasto 
subvencionable: 4 puntos.
3.º  Si el proyecto incluye actuaciones de al menos cuatro categorías de gasto  e
subvencionable: 6 puntos. bo
4.º  Si  el  proyecto  incluye  actuaciones  de  al  menos  cinco  categorías  de  gasto  818ww
subv5e.ºn ciSoni ainbclleu:y 8e  pmuánsto dse. seis actividades subvencionables: 10 puntos.
b)  Porcentaje de comercios potencialmente beneficiarios de las actuaciones sobre 
el total de comercios dentro de la demarcación territorial del beneficiario (0 a 10 puntos):
1.º  De hasta el 20 %: 0 puntos.
2.º  Entre el 20,01 % y el 40 %: 2 puntos.
3.º  Entre el 40,01 % y el 60 %: 4 puntos.
4.º  Entre el 60,01 % y el 80 %: 8 puntos.
5.º  Entre el 80,01 % y el 100 %: 10 puntos.
c)  Proyectos supramunicipales que engloben una pluralidad de municipios y tengan 
un mayor impacto territorial, teniendo un carácter tractor. (0 a 10 puntos).
1.º  Si el proyecto tiene un alcance territorial de al menos dos municipios: 1 puntos.
2.º  Si el proyecto tiene un impacto territorial que alcance entre tres y cinco municipios: 3 
puntos.
3.º  Si el proyecto abarca entre seis y ocho municipios: 5 puntos.
4.º  Si el proyecto abarca entre nueve y diez municipios: 7 puntos.
5.º  Si el proyecto abarca más de diez municipios: 10 puntos.
d)  Población de la entidad local o de la mayoría de las entidades locales en la/s que 
se implanta alguna de las acciones subvencionables, de acuerdo con el último padrón 
municipal publicado por el INE (0 a 5 puntos):
1.º  Población inferior o igual a 1.000 habitantes (5 puntos).
2.º  Población entre 1.001 y 2.000 habitantes (4 puntos).
3.º  Población entre 2.001 y 3.000 habitantes (3 puntos).
4.º  Población entre 3.001 y 4.000 habitantes (2 puntos).
5.º  Población entre 4.001 y 5.000 habitantes (1 punto).
e)  Calidad del proyecto presentado: Viabilidad técnico-comercial y económico-
financiera de la propuesta presentada atendiendo, al menos a los siguientes criterios 
(0 a 5 puntos):
1.º  Previsión de ingresos y gastos (hasta 2 puntos).
2.º  Adaptabilidad de la propuesta como solución al problema y/o necesidad que se 
busca resolver. Se valorará la exposición del problema, calidad del diagnóstico y claridad en 
la identificación del problema y las necesidades que se espera resolver y cómo el proyecto 
actuará de forma positiva sobre el problema en su totalidad o en parte (hasta 3 puntos).
3.º  Por la combinación de los dos criterios anteriores (5 puntos).
f)  Capacidad del proyecto para fomentar la creación de sinergias y realización de 
acciones conjuntas sobre las ventas entre los establecimientos comerciales de diferentes 
municipios. Se valorará la exposición y la justificación de cómo el proyecto actuará de 
forma positiva en el objetivo propuesto (0 a 5 puntos).
g)  Número de actuaciones de la solicitud de ayuda alineadas con los pilares Grado 
de alineación de la propuesta con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (0 a 10 puntos).
1.º  Si incluye una actuación: 1 punto.
2.º  Si incluye dos actuaciones: 2 puntos. e
3.º  Si incluye tres actuaciones: 3 puntos. bo
4.º  Si incluye cuatro actuaciones: 4 puntos. 818ww
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9.º  Si incluye nueve actuaciones: 9 puntos.
10.º  Si incluye diez o más actuaciones: 10 puntos.
h)  Contribución del proyecto a la sostenibilidad y a la implantación y uso de nuevas 
tecnologías en los establecimientos comerciales (0 a 5 puntos).
Se valorará:
1.º  Realización de inversiones que reduzcan el consumo de productos de un solo 
uso  por  parte  del  establecimiento  comercial  y  de  los  consumidores  en  sus 
establecimientos, siendo sustituido por otras alternativas más respetuosas con el medio 
ambiente: 2 puntos.
2.º  Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el 
consumo energético y de otros suministros en los comercios, así como la implantación 
de procesos eco-eficientes, de reciclado y reutilización de residuos: 2 puntos.
3.º  Realización de actuaciones de transformación digital del comercio (mediante la 
integración en portales y plataformas comerciales en Internet para la venta o promoción 
de los productos) y de los canales de comercialización impulsando acciones que mejoren 
la gestión de la oferta y la demanda a través de diferentes soportes digitales, y la 
relación cliente proveedor (tales como el diseño de nuevas rutas de reparto de los 
productos más eficientes): 2 puntos.
4.º  Por la combinación de dos de los puntos anteriores: 5 puntos.
i)  Capacidad  del  proyecto  para  la  Generación  de  empleo/Relevo  generacional. 
entendido como el potencial incremento del número de afiliados a la Seguridad Social 
sobre el total de afiliados en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda (0 
a 5 puntos).
j)  Capacidad del proyecto de dinamizar, actualizar y enriquecer la oferta comercial 
del municipio. Se valorará la exposición y la justificación de cómo el proyecto actuará de 
forma positiva en el objetivo propuesto (0 a 5 puntos).
k)  Capacidad de los proyectos para innovar y mejorar la productividad del sector. 
Se valorará la exposición y la justificación de cómo el proyecto actuará de forma positiva 
en el objetivo propuesto (0 a 5 puntos).
l)  Inversión en vías públicas de donde se asienta la actividad comercial y mejora de la 
accesibilidad. Se valorará la realización de inversiones en vías públicas donde se desarrolle la 
actividad comercial del municipio y que la realización de las mismas (tanto desde un punto de 
vista material o de mobiliario, pero también por la aplicación de nuevas tecnologías) favorezcan 
la accesibilidad de clientes con alguna discapacidad (0 a 10 puntos).
m)  Se valorará que los proyectos incorporen algunas de las ideas ganadoras o 
seleccionadas en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (5 puntos).
n)  Se valorará la contribución a la financiación del proyecto por la entidad local o la 
comunidad o ciudad autónoma en la que se ubique cuando estas aportaciones superen, 
en al menos el 10 por ciento, el coste del proyecto con el siguiente desglose (0 a 10 
puntos):
1.º  Si la cofinanciación es del 40 por ciento: 10 puntos.
2.º  Si la cofinanciación es entre 30 y 39 por ciento: 8 puntos.
3.º  Si la cofinanciación es entre 20 y 29 por ciento: 6 puntos.
4.º  Si la cofinanciación es entre 10 y 19 por ciento: 4 puntos.
5.º  Si no hay cofinanciación: 0 puntos.
Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos. b
3.  Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación, se tendrán en  818ww
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comercios dentro de la demarcación territorial del beneficiario.
b)  Si aún persistiera el empate se dará prioridad a los proyectos que integren 
gastos subvencionables de varios conceptos de los establecidos en el artículo 8.
c)  Si aún persiste el empate se dará prioridad a aquellos proyectos en los que 
exista mayor cofinanciación a nivel autonómico y local.
Artículo 18.  Instrucción del procedimiento y comisión de evaluación.
1.  La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Política 
Comercial, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.
2.  La Comisión de evaluación estará compuesta por:
a)  Presidente: El titular de la Dirección General de Política Comercial.
b)  Vocales:  Diecinueve  representantes,  uno  por  cada  comunidad  o  ciudad 
autónoma, designados por el titular de Dirección General competente en materia de 
comercio.
c)  Secretario:  un  funcionario  de  la  Subdirección  General  de  Apoyo  a  la 
Competitividad del Pequeño Comercio, designado por el titular de la Dirección General 
de Política Comercial, sin voz y voto.
3.  Esta Comisión de evaluación estará asistida por un equipo técnico de gestión de 
la ayuda convocada, bajo la dirección del órgano instructor y conforme a lo establecido 
en  el  artículo  24.3.b  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  compuesto  por  3 
Funcionarios adscritos a la Subdirección General de Apoyo a la Competitividad del 
Pequeño  Comercio,  designados  por  el  titular  de  la  Dirección  General  de  Política 
Comercial, y con la asistencia de la entidad colaboradora en los términos del artículo 7.
Este  equipo  técnico,  bajo  la  dirección  del  órgano  instructor  y  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 24.3.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizará un 
análisis  de  los  proyectos  recibidos  de  las  entidades  locales,  la  comprobación  del 
cumplimiento de los requisitos de las convocatorias, su evaluación en base a los criterios 
de  evaluación  aprobados  y  trasladará  las  propuestas  al  representante  de  cada 
comunidad  o  ciudad  autónoma,  designado  por  el  titular  de  la  Dirección  General 
competente en materia de comercio en el marco de estas ayudas, a los efectos de 
garantizar  la  integración  de  los  proyectos  presentados  en  las  políticas  sectoriales 
territoriales en el marco de cada Comunidad Autónoma.
Las propuestas así evaluadas serán finalmente evaluadas en su conjunto en el 
marco de la Comisión de Evaluación. El órgano colegiado deberá emitir informe en el 
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
4.  El  funcionamiento  de  la  comisión  de  valoración  se  ajustará  al  régimen 
establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.  Los miembros de la comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna 
por el ejercicio de sus funciones en el mismo.
6.  De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los 
miembros de la Comisión de evaluación reforzarán su implicación en este objetivo a 
través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a 
mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la 
declaración original, pasando a cesar como vocal. s
7.  Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado deberá emitir informe en  oe.
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los solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión. La propuesta de
resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a 
la Administración.
9.  La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que 
en el plazo de diez días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.
10.  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el 
órgano de instrucción formulará la propuesta de concesión de la subvención, que será 
notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en 
el plazo de diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación 
propuesta. Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. El 
órgano  instructor  la  elevará  como  propuesta  de  resolución  definitiva  al  órgano 
concedente,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  22.1  y  24.4  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
11.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno 
en favor de los beneficiarios propuestos.
Artículo 19.  Resolución de concesión.
1.  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular 
de la Secretaría de Estado de Comercio; sin perjuicio de las delegaciones vigentes en la 
materia. En un plazo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta 
de  resolución  definitiva,  de  conformidad  con  el  artículo  63  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y 
con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dictará la resolución definitiva de 
adjudicación de las subvenciones, resolviendo de este modo el procedimiento.
2.  Dado que la selección de proyectos está sometida a un régimen de concurrencia 
competitiva,  la  evaluación  de  las  solicitudes  dará  lugar  al  establecimiento  de  una 
prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración descritos en el 
artículo 17. Se seleccionarán aquellas que hayan obtenido mayor puntuación hasta 
agotar el límite del crédito disponible en la convocatoria. En caso de renuncia previa a la 
resolución definitiva podrán seleccionarse otros proyectos en función de la puntuación 
obtenida.
3.  La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se 
concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir 
una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas  y  técnicas  establecidas  en  las  bases  reguladoras  para  adquirir  la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
4.  Las  propuestas  de  resolución  provisional  y  definitiva  y  la  resolución  del 
procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en el portal de ayudas del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de 
tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el 
formulario de solicitud.
5.  La  resolución  de  concesión  se  remitirá  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones para su publicación en dicho portal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el  e.
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional  w.b
de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 818ww
seis6 m. esEel sp claoznot amdáoxsi mdeos dpea rlaa  rfeescohlav edre y p nuobtliifcicaacrió lna  drees loal uccoirórne sdpeol npdrioecneted icmoinevnotoc asteorráia d.e
reso7lu. cióTnra nesxcpurerrsidao,  seel  pplaozdor ám eánxtimenod eers tdaebsleecsidtimo asdina  qluae  ssoeli chitauyda,  ddiec taadcou eyr dpou bcloicna dloo 
previsto en el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la 
obligación legal de resolver.
Artículo 20.  Pago y justificación de las ayudas.
1.  El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado por el 100 por 
ciento de la ayuda concedida, tramitándose de oficio por el órgano instructor, tras la 
notificación de la concesión de la subvención.
Conforme al artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los 
beneficiarios  deberán  acreditar  que  se  encuentran  al  corriente  del  pago  de  las 
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos 
anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de 
fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde a la Dirección 
General de Política Comercial comprobar el cumplimiento de tales condiciones con 
anterioridad al pago, exigiendo a tal efecto, cuando no pueda acreditarse de otro modo, 
una certificación de la entidad local beneficiaria.
2.  En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, 
de 12 de febrero de 2021,y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018) la 
percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará condicionada a que 
se  presente  compromiso  por  escrito  para  conceder  los  derechos  y  los  accesos 
necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la 
Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de 
control.
3.  Transcurrido  el  plazo  establecido  sin  haberse  presentado  la  documentación 
justificativa ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta 
de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión 
Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
5.  La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se 
realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
6.  Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo 
de  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  en  la  justificación  de  las 
subvenciones.
La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa,  se  entenderá  que 
comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor a los beneficiarios.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales 
de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, u otros, por si les fueran 
requeridos posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al 
realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la 
Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas. e.
7.  La justificación de las ayudas deberá contener siempre, independientemente de  w.b
la acción realizada, la siguiente documentación: 818ww
dlae tfainalla)a ldidaMa dec mapdoaarria a u ldane aq  audceteu  saelca isóc onan jcuccesitdoifinióce aslat i vrsaeu afbilrivzmeaanddcaiaós  nd,ien eld ncicu alman pdqloium eei esl netc ood rderesec slrapibsoa ncndo ineddneit cemi oagnnaeessrt aoy    OE-A-2021-14able en https://
incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento.
b)  Facturas o certificaciones conformadas debidamente y aprobadas por el órgano 
municipal competente u órgano equivalente en el caso de otro beneficiario, que acrediten 
la realización en tiempo y forma de la inversión subvencionable. Las facturas deberán 
estar  fechadas  dentro  del  plazo  de  ejecución  del  proyecto,  siendo  necesaria  la 
conformidad de estas y su correspondiente aprobación por el órgano competente.
c)  Justificación de pago efectivo de los gastos realizados, mediante certificado de la 
Intervención municipal u órgano similar en el caso de otro beneficiario de los pagos 
realizados, en el que deberá especificarse la identificación del acreedor, la fecha de 
liquidación del gasto, número de factura e importe o justificantes bancarios de salida de 
fondos, todo ello acompañado de las facturas.
d)  En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las 
disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (incluyendo los pliegos y publicaciones en boletines 
correspondientes, documentos contables en relación con el gasto e informes de mesas 
de  contratación  en  relación  con  la  adjudicación,  adjudicaciones  definitivas  y 
presupuestos de otras ofertas). En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada a 
derecho,  no  sea  obligatorio  la  realización  del  correspondiente  procedimiento  de 
adjudicación, aportar documentación justificativa que acredite tal circunstancia e informe 
técnico responsable en el que se justifique la oferta seleccionada.
e)  En  el  caso  de  que  la  adjudicación  haya  sido  por  contrato  menor,  justificar 
adecuadamente por qué se ha llevado a cabo ese tipo de adjudicación.
f)  Certificado del Secretario del Ayuntamiento o figura equivalente, de la realización 
de las actuaciones que han sido financiadas con cargo a la subvención, en el que se 
consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas.
g)  Cualquier otra documentación justificativa o informes que de acuerdo con la 
normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
8.  No obstante, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para 
la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema 
de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso 
para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos 
que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de 
la financiación y los objetivos.
9.  Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable 
del seguimiento emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que 
justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el 
acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 21.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.  Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión son:
a)  Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y 
que no fuesen previsibles con anterioridad.
b)  Necesidad  de  ajustar  la  actividad  a  especificaciones  técnicas,  de  salud,  s
medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad  aprobadas  con  oe.
picnaoctsreetcegm)ro ieoríLnraiadtso a  dmdde eoa  gd lalaiaf si ccatuaodacsjuni,ó dtsíniaic e adimnceipicló rinade le mdyse egc nlluoatase ane cyd oudonde scal ee.iadm idpparoe ryste ue pstoutétea sdl teasbruiiadbmavemennectneiot enp aomdsooibt ilveda eyd  alna.os  sduisptoinntgaas   2021-14818n https://www.
3.  En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los 
objetivos  perseguidos  con  la  ayuda  concedida,  ni  alterar  la  actividad,  programa, 
actuación  o  comportamiento  para  los  que  se  concedió,  ni  elevar  la  cuantía  de  la 
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de 
ejecución de los proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos 
propuestos u ofertados por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento.
4.  Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para 
la presentación de solicitudes concluirá 15 días hábiles antes de que finalice el plazo de 
ejecución de los gastos inicialmente previstos y deberá ser aceptado de forma expresa 
por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado. En caso 
de no recibir notificación de la aceptación por el órgano que dictó la resolución de 
concesión  en  un  plazo  de  10  días  naturales,  se  entenderá  como  desestimada  la 
modificación.
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con 
funcionalidad  y  objetivo  equivalente  no  requerirá  la  solicitud  de  modificación  de  la 
resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:
a)  En  el  caso  de  gastos  relacionados  con  la  implementación  de  soluciones 
tecnológicas y sostenibles, las sustituidas deberán desempeñar la misma función dentro 
del proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.
b)  En  el  caso  de  colaboraciones  externas,  podrá  sustituirse  el  colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.
c)  En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado 
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse 
las  sustituciones  efectuadas  en  la  documentación  justificativa  que  se  exige  en  el 
artículo 20.
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
7.  Si como resultado de la modificación de la resolución de concesión se tuviera un 
exceso  de  ayuda  concedida,  se  procederá  de  manera  inmediata  a  iniciar  el 
procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el 
momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado 
exceso.
Artículo 22.  Publicidad e información.
Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en 
materia de publicidad e información:
a)  Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, y en 
defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por orden ministerial 
del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  en  las  medidas  de  información  y 
comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, 
placas,  publicaciones  impresas  y  electrónicas,  material  audiovisual,  páginas  web, 
anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes 
logos: e.
1.º  El emblema de la Unión Europea, 818ww
Euro2p.ºe a j–u nNtoe xcto Gne enle eramtibolne mEaU »d;e la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión
esta3b.lºe cisdeo s teennd reál nA  neenx oc uIIe ndteal  Rlaesg lanmoremntaos  dger áEfijceacsu ciyó n lo8s2 1c/2o0lo1r4e,s  ponro reml aqliuzaed oses 
establecen  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (UE)  n.º  1303/2013  del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia  y  gestión  de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de 
información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las  características  técnicas  de  las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro 
y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: 
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del 
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
b)  Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este 
sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá  incluir  que  han  sido  financiadas  por  el  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo.
El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el 
artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija 
en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de 
reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  y  el  artículo  93  de  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)  Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, «España Puede».
d)  En  caso  de  cofinanciación  por  otra  administración,  tal  circunstancia  deberá 
reflejarse en la publicidad del proyecto.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y 
de acceso al público.
Artículo 23.  Control de la ayuda.
1.  Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas 
o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control 
competentes,  incluidos  los  recogidos  en  el  artículo  22.2.e)  del  Reglamento  (UE) 
2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero 
(Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos 
aquellos  controles  e  inspecciones  que  consideren  convenientes,  con  el  objeto  de 
asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar 
colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime 
necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente orden. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones 
y comprobaciones que, en su caso, se efectúen. La oposición a la realización de estas 
comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin 
perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2.  El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses 
y la doble financiación.
3.  La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a 
la información contenida en el Registros de Titularidades Reales, así como a cualquier 
otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los 
titulares reales. s
4.  A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información  oe.
ASenristtítrceeum llooa ss2  4sdi.es t eloImnsc aFusom nepdsliotmasbi eElenuctroiodspo, esr eopisna.treag lrao sg ey sstaiónnc iyo nceosn.trol de estas subvenciones con los  2021-14818n https://www.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la obligación de devolver la 
ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento de 
detectarse  el  incumplimiento,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  77  de  la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.  Serán causa de reintegro total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al principio «no causar un 
perjuicio  significativo»por  parte  de  las  entidades  beneficiarias  de  la  ayuda  también 
supondrá el reintegro de las cuantías percibidas.
3.  El procedimiento de comprobación y control se detallará en las convocatorias y 
se regirá, así mismo, de acuerdo con las instrucciones y normativa que se establezcan 
desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia
4.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de 
no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos, las entidades beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro 
Público de manera total o parcial, en cada caso. El procedimiento de reintegro deberá 
ajustarse a lo contenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
6.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado 
podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 
quince días hábiles desde dicha notificación.
7.  Corresponderá  dictar  la  resolución  del  expediente  al  órgano  concedente, 
debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha 
del  acuerdo  de  iniciación.  La  resolución  indicará  quién  es  la  persona  obligada  al 
reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en 
el apartado segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de 
demora.
8.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General  de  Subvenciones,  se  entiende  por  devolución  voluntaria  aquella  que  es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se 
aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado, modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria 
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 25.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro. e.
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al  w.b
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la  818ww
steantidsrfáa cecnió cnu ednet as uesl  sciogmuipernotem cisroitse ryio :de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se
a)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b)  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada 
la que no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, 
la que no respete el desglose de partidas de la resolución de concesión, y la no 
facturada y/o pagada.
3.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
CAPÍTULO III
Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2021
Artículo 26.  Objeto de la convocatoria, condiciones y finalidad de la concesión.
1.  Se convocan ayudas para el año 2021, en los términos establecidos en las bases 
reguladoras  incluidas  en  el  capítulo  II  de  esta  orden,  destinadas  a  apoyar  la 
implementación, modernización y fomento de la actividad comercial en zonas rurales, 
mejorando la competitividad, sostenibilidad y diversificación de la economía rural.
2.  La  finalidad  de  estas  ayudas  es  conceder  subvenciones  a  los  beneficiarios 
indicados en el artículo 3 para el desarrollo de planes y proyectos que contribuyan a los 
objetivos descritos en el apartado anterior.
3.  La  convocatoria  se  enmarca  en  la  inversión  4,  apoyo  al  comercio,  del 
Componente 13, Impulso a la PYME, del Plan de Recuperación, y contribuirá a los 
objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo 
de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
4.  El pago de la ayuda tendrá el carácter de anticipado por importe del 100 por 
ciento de la ayuda concedida.
5.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la orden de concesión.
Artículo 27.  Financiación.
1.  El presupuesto asignado a la presente convocatoria asciende a 4.823.000 euros 
con cargo a la partida presupuestaria 20.50.430A.76302.
2.  Esta  convocatoria  está  financiada  por  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia de la Unión europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del  e.e
Consejo de 12 de febrero de 2021. w.b
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre,  818ww
yc oerrne sepl oanrdtíiecunltoe  3a7  edsetal sR aeyaul dDaesc reesttoá- leleyg a3l6m/2e0n2te0 , adfeec t3a0d ad ea  dfiinciaenmcbiarre ,l olsa  pfirnoaynecciatocsió no 
líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación.
Artículo 28.  Procedimiento de concesión de las ayudas.
El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, 
entre las solicitudes presentadas por los potenciales beneficiarios establecidos en el 
artículo  3,  conforme  a  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  igualdad  y  no 
discriminación.
Los criterios para evaluación de las solicitudes serán los señalados en el artículo 17 
de la presente orden.
Artículo 29.  Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
En cuanto a los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos se 
estará a lo dispuesto en los artículos 4 y 15 de la presente orden.
Artículo 30.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones a que se 
refiere el artículo 5 de esta orden.
2.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además,  con  las  obligaciones 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero.
b)  Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero. 
Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
c)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
d)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
e)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea.
En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos 
justificativos  y  demás  documentación  concerniente  a  la  financiación,  en  formato 
electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación. Este período será 
de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
f)  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g)  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE)  e.
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al  w.b
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se  818ww
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
indic3a. daAss eimn ieslm aort,í cduelob e2n2 . cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y  publicidad
Artículo 31.  Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Por lo que se refiere a los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente orden.
Artículo 32.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 6 de octubre de 2021.
Artículo 33.  Plazo de resolución y notificación.
Se estará a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la presente orden.
Artículo 34.  Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
Los documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición serán los 
establecidos en el artículo 15 de la presente orden.
Artículo 35.  Resolución de concesión.
Contra  la  resolución  de  concesión,  podrá  interponerse  con  carácter  potestativo 
recurso de reposición ante el propio órgano que la hubiese dictado, en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
computados ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación de la misma.
Artículo 36.  Criterios de valoración de las solicitudes.
En cuanto a los criterios de evaluación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en 
el artículo 17 de la presente orden.
Artículo 37.  Medios de notificación y publicación.
Por lo que se refiere a los medios de notificación y publicación de las resoluciones de 
concesión, se estará a lo establecido en los artículos 12, 18 y 19 de la presente orden.
Artículo 38.  Período de realización de los proyectos y actuaciones subvencionables.
En los proyectos que se presenten a esta convocatoria podrán financiarse gastos 
devengados y pagados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. La 
realización del proyecto presentado para su financiación deberá estar finalizado en dicha 
fecha. Quedan excluidos aquellos proyectos terminados a fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.
Artículo 39.  Justificación de las ayudas.
Se  establece  un  plazo  de  3  meses  desde  la  finalización  de  las  actuaciones 
subvencionadas,  de  acuerdo  con  el  cronograma  presentado  en  la  solicitud,  para 
presentar la justificación de los gastos realizados y, en todo caso, antes del 31 de marzo 
de 2023.
Artículo 40.  Recursos. s
1.  Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser  b
impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  818ww
Prersoocleudciimónie enxtop reAsdam, oin eisntr asutiv coa sCo,o lma údne sedset imlaasc ióAnd pmriensisutnratac idoen elas  sPolúicbitliucda,s q. uCe opnotnrae  filna 
ae l lma ivsíma oa dómrgiannisotr aqtuivea l,o p hoad rdái cintatedrop oenne ersl ep lpaozote sdtea tuivna mmeens,t eo,  rbeiecnu,r sdoir edcet arempeonstiec,ió rne,c aunrsteo 
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  computados  desde  el  día
siguiente al de su notificación en el caso de que haya dictado un acto expreso, y en el 
segundo caso, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzca el acto presunto; sin perjuicio de cuantos otros recursos se 
estime oportuno deducir.
2.  La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, a través del Registro Electrónico del mismo.
Disposición adicional única.  Régimen jurídico aplicable.
En  todo  lo  no  previsto  en  esta  orden  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de 
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y 
estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149. 1. 13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Salvaguarda del rango no reglamentario.
Las  disposiciones  incluidas  en  el  capítulo  III  de  la  presente  orden,  sobre  la 
convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2021, no tienen naturaleza reglamentaria 
sino de acto administrativo.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 10 de septiembre de 2021.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Maria Reyes Maroto Illera.
ANEXO I
Contenido de la memoria descriptiva de la inversión
Parte 1. Identificación del proyecto
Esta parte tendrá carácter introductorio, y su objetivo es proporcionar información 
general sobre el proyecto, con el objetivo de situar en contexto las actuaciones que  e.e
plantea en la solicitud de inversión. w.b
12..   NAcotmuabcreió dne/essc rfiipntaivnoc idaebll ep/rso dyee clatos. descritas en el artículo 8.
Transformación  Digital.  (Describir  y  enumerar  brevemente  las  actuaciones
financiables para esta categoría de gasto). Bc
Transformación  del  Punto  de  Venta.  (Describir  y  enumerar  brevemente  las 
actuaciones financiables para esta categoría de gasto).
Sostenibilidad  y  Economía  Circular.  (Describir  y  enumerar  brevemente  las 
actuaciones financiables para esta categoría de gasto).
Cadena  de  suministro  y  trazabilidad.  (Describir  y  enumerar  brevemente  las 
actuaciones financiables para esta categoría de gasto).
Sensibilización  y  formación.  (Describir  y  enumerar  brevemente  las  actuaciones 
financiables para esta categoría de gasto).
Otros gastos subvencionables. (Describir y enumerar brevemente las actuaciones 
financiables para esta categoría de gasto)
3.  Breve descripción/resumen del proyecto.
4.  Impacto generado por el proyecto:
i.  Efecto previsto en la generación de empleo/relevo generacional.
ii.  Número de comercios beneficiados y porcentaje sobre el tejido comercial del 
municipio  (efecto previsto). Indicar si se  trata de  proyecto/s supramunicipal/es, que 
englobe/n una pluralidad de municipios, teniendo un carácter tractor
iii.  Capacidad del proyecto para involucrar a una pluralidad de municipios (proyecto 
supramunicipal) y ser un proyecto tractor.
iv.  Mejora de la accesibilidad, modernización y adecuación de las áreas o ejes 
comerciales colindantes
v.  Capacidad  del  proyecto  para  generar  sinergias  y  la  realizar  de  acciones 
conjuntas sobre las ventas entre establecimientos comerciales de diferentes tipos de 
beneficiarios
5.  Datos del municipio.
i.  Población (según el Real Decreto en vigor por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal).
6.  Fecha de inicio o fecha prevista
7.  Fecha finalización prevista
8.  Presupuesto de inversión total. (Desglosado por cada una de las actuaciones a 
realizar).
9.  Presupuesto de inversión en la anualidad en curso.
10.  Fuentes de financiación. (Se deberá indicar específicamente si existe cofinanciación 
y las cantidades y porcentajes aportadas por cada una de las partes, en su caso)
Parte 2. Justificación del proyecto
El objetivo de esta parte es justificar la idoneidad del proyecto.
1.  Antecedentes. (Especificar si el proyecto se enmarca en algún plan estratégico o 
desarrollo  del  Municipio  o  de  la  Comunidad,  o  sí  es  una  necesidad  sobrevenida. 
Incluyendo si ya se ha realizado alguna actuación previa o es de nueva creación. 
Asimismo, también se detallarán aquellas acciones que permitan conocer la situación de 
partida, pertinencia de las actuaciones a realizar, necesidades del sector comercial, 
incluidas o no en un plan de viabilidad, o el diseño del plan de acción. Todas ellas 
deberán  conducir  a  realizar  una  mejor  selección  y  adaptación  de  las  acciones  a  s
emprender por parte del beneficiario.). o
irmeaploi2zr.at ar nJytu ecs urtieáfialcelaiszc asióro nne  ldl opesrlo  bpyereoncyeteofic,c tqioou/saé cq ptuureao cbsileóe nmb.u a(s Locaa  pnjur oosbbtilfteiecmnaeacrisó  cnbo unbs uecsal cp arre orsyeoeslvcpetoorn,. )dqeuré p soer qquuéie eres   2021-14818n https://www.
¿¿PQouré q puréo belse mimap oo rptaronbtele rmeaalsiz baur secl ap rroeyseoclvteo?r? BOE-A-cable e
¿Qué se quiere realizar?
Cuáles son los beneficios que se buscan obtener con el proyecto
3.  Objetivo/s general/es.
4.  Objetivo/s especifico/s.
5.  Grado de alineación de la propuesta con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la UE y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. 
(Se deberá indicar de manera motivada la concordancia de la propuesta con las políticas 
indicadas.)
6.  Grado de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Se deberá 
indicar  de  manera  motivada  las  metas  y  objetivos  de  los  ODS  que  contribuye  a 
conseguir.)
7.  Capacidad del proyecto de dinamizar, incorporar nuevas tecnologías, actualizar y 
enriquecer  la  oferta  comercial  del  municipio,  así  como  de  revitalizar  la  actividad 
comercial.
8.  Capacidad del proyecto para innovar y mejorar la productividad del sector
9.  Capacidad del proyecto para mejorar la sostenibilidad y la implantación y uso de 
nuevas tecnologías en los establecimientos comerciales.
Parte 3. Descripción del proyecto
1.  Descripción completa del proyecto/actuación financiable.
2.  Cronograma de ejecución de actuaciones según el modelo indicado en el anexo 
II
3.  Presupuesto total que se solicita para la actuación financiable (€).
4.  Desglose  del  presupuesto  por  partidas  de  gastos  indicando  las  fuentes  de 
financiación
5.  Análisis del principio sobre «no perjuicio significativo» para los seis objetivos 
medioambientales  del  Reglamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo:
a)  Mitigación del cambio climático;
b)  adaptación al cambio climático;
c)  uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos;
d)  transición hacia una economía circular;
e)  prevención y control de la contaminación;
f)  protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
ANEXO II
Cronograma de ejecución de actuaciones
Actuaciones del Proyecto de inversión correspondientes a la anualidad: ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023
EELL en la que se desarrolla la actuación:
Importe de la  Importe de la 
Concepto/s de gasto  Fecha de inicio  Fecha de finalización 
N.º Categoría de gasto* Actuación inversión prevista  IVA (€) inversión prevista 
de cada actuación** (MM-AAAA) (MM-AAAA)
(con IVA) (€) (sin IVA) (€)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Importe total.  
    Cofinanciación autonómica (%).  
    Cofinanciación local (%).  
* Transformación digital, transformación del punto de venta, sostenibilidad y economía circular, cadena de suministro y trazabilidad, sensibilización y formación.
** Una actuación puede incluir varios conceptos de gasto.
ANEXO III
Modelo de declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no 
perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido 
del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852
El declarante:
Don/doña:
En calidad de:(1)
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:
(1)  Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante.
Declara bajo su responsabilidad: Que la entidad solicitante a la cual representa, 
teniendo  en  cuenta  todas  las  fases  del  ciclo  de  vida  del  proyecto  o  actividad  a 
desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el 
principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el Reglamento (UE) 
2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de 
forma que:
1.  No causa un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del  es
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852(2), que se enumeran a continuación: o
(eUsEta)b (22l)e 0c1iRm9/ei2eg0nla8tom8 .ednet ou n( UmEa)r c2o0 2p0a/8ra5 2fa dceililt aPra lralasm inevnetors iEounreosp esoos yte dneibl leCso nys peojor  deel  q1u8e  dsee  jumnoiod ifdicea 2 e0l2 R0 ergellaamtiveon taol   OE-A-2021-14able en https://
a)  Mitigación  del  cambio  climático  –se  considera  que  una  actividad  causa  un 
perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
b)  Adaptación  al  cambio  climático  –se  considera  que  una  actividad  causa  un 
perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los 
efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, 
sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.
c)  Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos –se considera que 
una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de 
los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial 
ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen 
estado ecológico de las aguas marinas.
d)  Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos –se considera que 
una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el 
reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso 
directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación 
de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la incineración o el depósito en vertedero de 
residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a 
largo plazo para el medio ambiente.
e)  Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo –se 
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control 
de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.
f)  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas –se considera que 
una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad 
y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la 
resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats 
y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión.
2.  La entidad solicitante no desarrolla actividades excluidas según lo indicado por la 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Las actividades excluidas son:
– Refinerías de petróleo
– Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles
– Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados 
con su infraestructura de transporte y distribución
– Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 
largo plazo al medioambiente)
– Inversiones  en  instalaciones  para  la  deposición  de  residuos  en  vertedero  o 
inversiones  en  plantas  de  tratamiento  biológico  mecánico  (MBT)  que  impliquen  un 
aumento de su capacidad o de su vida útil (salvo plantas de tratamiento de residuos 
peligrosos no reciclables).
– Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 
(según el anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
3.  La entidad solicitante no prevé efectos directos del proyecto o actividad sobre el  s
medioambiente, ni efectos indirectos primarios, entendiendo como tales aquéllos que  oe.
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Fecha y firma