BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287  Viernes 30 de octubre de 2020  Sec. III.   Pág. 93958
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
13260 Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, para el 
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 6 de agosto de 2020 el Convenio entre el Ministerio del Interior, 
a través de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y la Generalitat 
Valenciana, a través de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a 
esta Resolución.
Madrid, 20 de octubre de 2020.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Generalitat Valenciana, a través de la 
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, para el 
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad
En Madrid, a 6 de agosto de 2020.
REUNIDOS
De una parte don Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ministro del Interior, nombrado 
por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, 
al amparo de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle 
Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid.
Y de otra, la Honorable Sra. doña Mónica Oltra Jarque, Vicepresidenta del Consell y 
Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y en uso de las atribuciones que le confiere 
su nombramiento por el Decreto 6/2019, de 17 de junio, del President de la Generalitat 
Valenciana, por el que nombra a las personas titulares de las Vicepresidencias y de las 
Consellerías, publicado en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8572, 
de 17 de junio de 2019, encontrándose autorizada para la firma de este convenio por 
Acuerdo del Consell de fecha 17 de enero de 2020.
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
MANIFIESTAN es
Primero. 260www.
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otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad, cuyos artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, remiten las circunstancias de ejecución de esta 
pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en 
beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado–, 
le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad 
pública. Circunstancias de ejecución mantenidas por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 
junio, modificativa del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de 
las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen 
la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el Reglamento 
Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución 
de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la comunidad será 
facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, podrán establecer 
los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen 
actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración 
Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 6.3 a) que 
corresponde a la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, 
la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, 
de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional; 
y la acción social penitenciaria.
Quinto.
Que tanto la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Generalitat Valenciana como la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias están 
interesadas en colaborar para conseguir los objetivos marcados en la Constitución y en las 
leyes, en relación con las personas penadas a trabajos en beneficio de la comunidad, en 
el ámbito de sus competencias.
Las partes firmantes acuerdan establecer el presente convenio con arreglo a las 
siguientes e.e
CLÁUSULAS 260ww
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre el
Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la
Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad, mediante la prestación por los penados de determinadas actividades de 
utilidad pública, en su ámbito competencial.
Segunda.  Compromisos que asume la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, asume las obligaciones para la cobertura de las contingencias que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo 
desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección 
de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se señala 
que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «…la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias, la derivada de su inclusión en la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social únicamente en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional». Todo 
ello también en concordancia con el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo de la Consellería.
Tercera.  Compromisos que asume la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas.
1.  La Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se compromete 
a facilitar un número de plazas a los penados a trabajos en beneficio de la comunidad, en 
las condiciones establecidas en el artículo 49 del Código Penal, y en el Real Decreto 
840/2011, de 17 de junio.
2.  La Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas a través de los 
órganos o servicios habilitados para ello, se compromete a impartir los conocimientos 
necesarios para que la actividad desplegada por los penados pueda ser cumplida 
eficazmente, y facilitará el material necesario para la realización de la tarea encomendada.
3.  La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya 
existentes y de futuro de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
4.  La Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas deberá facilitar 
el Anexo I cumplimentado, con los datos que se indican, a los Servicios de Gestión de 
Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Cuarta.  Distribución de las plazas.
1.  La Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas deberá remitir 
a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, el Anexo II cumplimentado con los datos sobre las plazas que  es
se indican. o
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catálogo de plazas que haya remitido la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas de acuerdo con el Anexo II de este convenio.
3.  Una vez realizada la valoración y seleccionada la tarea a desarrollar, los Servicios 
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, trasladarán a la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas la información necesaria para el adecuado desenvolvimiento de las actividades 
asignadas.
Quinta.  Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios que gestionan las Penas y Medidas Alternativas deberán atender al principio de 
flexibilidad que recoge el artículo 6.2 del Real Decreto 840/2011, para compatibilizar, en la 
medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el 
cumplimiento de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones 
judiciales.
Sexta.  Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.  El trabajo que realice el penado no será retribuido.
2.  En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo del presente convenio, ni para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
ni para la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Séptima.  Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1.  Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias de la Vicepresidencia 
y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
2.  La Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas informará a los 
Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias de la actividad que vaya siendo desarrollada por el penado y 
de las incidencias relevantes que se produzcan en el desenvolvimiento del plan de 
ejecución, para que por dichos Servicios se comunique lo oportuno a la Autoridad Judicial 
competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a)  Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b)  Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c)  Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del  
responsable de la ocupación.
d)  Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a 
mantenerle en la misma.
Igualmente la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas deberá 
informar a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias sobre la finalización del plan de ejecución.
Octava.  Confidencialidad y protección de datos. b
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los datos relativos al penado, debiendo la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del 
presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación,  detección  o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito del trabajo en beneficio de la comunidad. 
El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se 
realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la 
finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del convenio. Los datos de 
carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas. Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad la ejecución de sanciones 
penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
introduce en nuestro sistema penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre 
y apellidos del penado, DNI y número de jornadas de condena a la pena de trabajo en 
beneficio de la comunidad.
4.  Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por 
cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la 
entidad que las hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.
Novena.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima.  Comisión Mixta de seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida por 
dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que 
serán nombrados por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias y por la 
Vicepresidenta del Consell, respectivamente.
2.  Las personas miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas  e.e
que estas designen. b
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría  260ww
Gacetunaerráa l cdoen  Ivnoszt iptuecrioo nseins  vPoeton.itenciarias, así como la designación de la secretaría, que
cum4p.l imLiean tCo oqmueis sióen d edreiv eSne dgeul imprieesnetnot er ecsoonlvveenriáo .los problemas de interpretación y
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, para 
los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas mediante la suscripción de la correspondiente Adenda, y siguiendo los trámites 
preceptivos y de autorización previa establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Duodécima.  Legislación aplicable.
1.  Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
2.  Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación en la Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29 
/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercera.  Vigencia y entrada en vigor.
1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia del convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la 
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas podrán acordar, 
expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro años adicionales.
Decimocuarta.  Causas de extinción.
1.  Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2.  Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas 
actuaciones que se encuentren en ejecución en el momento de la resolución del convenio, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–Por el 
Ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ministro del Interior.–Por la 
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque, 
Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
ANEXO I
Datos de la Consellería
PERSONA DE   
CONTACTO   
CARGO   
 
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
 
DIRECCIÓN DE LA 
 
ENTIDAD 
PROVINCIA   
LOCALIDAD    C. POSTAL   
 
 
 
 
ANEXO II
 
Oferta de plazas 
 
ANEXO DE PLAZAS   
DATOS DE LA PLAZA   
TIPO DE ACTIVIDAD   
NÚMERO DE PLAZAS     
CARACTERÍSTICAS   
JORNADA DE  PERIODICIDAD        HORARIO   
Mañana    De lunes a viernes   
*(1)  Tarde    Fines de semana     
Noche    Toda la semana   
ESTUDIOS   
Ninguno    Diplomado o Equivalente   
*(2)  Estudios Primarios      Licenciado o Equivalente   
Educación Secundaria o Equivalente    Idiomas   
OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS   
 
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA   
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE   
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
DATOS DE UBICACIÓN   
PROVINCIA    LOCALIDAD   
C. POSTAL      e.e
  w.b
(1)  Una jornada, una plaza.  Jornada de mañana y tarde, dará lugar a dos anexos distintos.  260ww
(2  )  Marcar el nivel mínimo requerido o “Ninguno” si no se requiere especial cualificación.  OE-A-2020-13able en https://