BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93244
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13013 Sala Primera. Sentencia 129/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de 
amparo 7583-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:129
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara, 
don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7583-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, contra los autos de 20 de 
noviembre de 2018 y 11 de septiembre de 2019 dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia  e  Instrucción  núm.  4  de  Lorca  en  el  proceso  de  ejecución  hipotecaria 
núm. 362-2018. Ha intervenido la entidad Pera Assets Designated Activity Company, 
representada  por  la  procuradora  delos  tribunales  doña  maría  Claudia  Munteanu  y 
asistida por el abogado don Alejandro Ingram Solís. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  El  30  de  diciembre  de  2019  la  entidad  mercantil  Penrei  Inversiones,  S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, con 
asistencia letrada de doña Anju Nirmala Rodríguez Benavent, interpone recurso contra 
las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los  es
siguientes: o
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca se sigue  013ww
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un derecho de uso respecto del inmueble afectado.
b)  Despachada  ejecución  por  auto  de  26  de  junio  de  2018,  el  servicio  de 
notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remite a la demandante de 
amparo, a través de la dirección electrónica habilitada, un aviso de notificación. Informa 
de que la notificación estará disponible desde el 3 de julio hasta el 18 de agosto. El 3 de 
agosto la recurrente de amparo accede efectivamente a la página web y a la notificación.
c)  El  31  de  agosto  de  2018,  la  sociedad  demandada  formula  oposición  a  la 
ejecución despachada. Por auto de 20 de noviembre del mismo año fue inadmitida por 
extemporánea.
d)  La sociedad ejecutada interpone recurso de reposición. Alega que las diligencias 
de notificación y requerimiento se realizaron el 3 de agosto de 2018. La comunicación 
remitida a través de la dirección electrónica habilitada no sería más que un aviso de 
puesta  a  disposición  o  descarga  de  su  contenido  durante  un  plazo  determinado. 
Entenderlo de otro modo vulneraría el art. 24 CE, además de los arts. 135, 152, 160 
y 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC).
e)  El recurso fue desestimado por auto de 11 de septiembre de 2019. El órgano 
judicial reafirma que la notificación se practicó el 29 de junio de 2018, fecha en la que se 
materializó correctamente su puesta a disposición en aplicación estricta del art. 162 LEC. 
A efectos de computar el plazo para formular oposición a la ejecución hipotecaria no 
puede tomarse en consideración la fecha en que el acceso se realizó efectivamente; de 
lo contrario se estaría dejando al arbitrio de las partes obligadas a utilizar el sistema 
electrónico de notificaciones el cumplimiento de los términos procesales.
3.  La demanda de amparo atribuye a los autos impugnados la vulneración del 
derecho fundamental de la sociedad recurrente a la tutela judicial efectiva y a un proceso 
con garantías y sin indefensión (art. 24 apartados 1 y 2 CE). La interpretación de la 
legislación procesal habría privado injustamente a la recurrente de su derecho a formular 
oposición a la ejecución hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, debió 
realizarse del modo tradicional (art. 273 LEC). El órgano judicial habría incumplido su 
obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el 
cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional. La demanda solicita por otrosí la 
suspensión del proceso de ejecución.
4.  Mediante providencia de 29 de junio de 2020, la Sección Segunda de este 
tribunal  acuerda  inadmitir  a  trámite  el  recurso  de  amparo  por  carecer  de  especial 
trascendencia constitucional. Recurrida en súplica por el Ministerio Fiscal, la Sección, 
mediante ATC 118/2020, de 9 de octubre, la declara nula y acuerda admitir a trámite el 
recurso de amparo.
5.  Mediante diligencia de ordenación de 21 de octubre de 2020, el secretario de 
justicia acuerda formar la oportuna pieza para dar trámite al incidente de suspensión. 
Cumplido dicho trámite, la Sala Primera de este tribunal, mediante ATC 162/2020, de 14 
de diciembre, deniega la suspensión cautelar solicitada y ordena la anotación preventiva 
de la demanda de amparo en el registro de la propiedad.
6.  Mediante escrito registrado el 18 de diciembre de 2020, la entidad Pera Assets 
Designated Activity Company, representada por la procuradora de los tribunales doña 
María Claudia Munteanu y bajo la dirección letrada de don Alejandro Ingram Solís, hace 
constar que la entidad Banco Sabadell le ha cedido el crédito hipotecario y que, en virtud 
del régimen de sucesión procesal, las actuaciones deben continuarse con ella. Solicita 
que se la tenga por parte en tiempo y forma y que se entiendan con ella las diligencias  e.
sucesivas del presente recurso de amparo. w.
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y a las partes para la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que a su 
derecho convengan.
8.  El  Ministerio  Fiscal  presenta  su  escrito  de  alegaciones,  registrado  en  este 
tribunal el 27 de abril de 2021. Solicita el otorgamiento del amparo, el reconocimiento de 
la vulneración del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la 
ejecución, con retroacción de las actuaciones al momento anterior. De acuerdo con 
la STC 47/2019, el art. 155 LEC contempla una especialidad: cuando se trata del primer 
emplazamiento o citación del demandado, los actos de comunicación se harán por 
remisión al domicilio de los litigantes. Se regula una excepción al régimen general de las 
notificaciones telemáticas, sin distinguir entre obligados y optantes. Esta interpretación 
se correspondería con el apartado segundo del art. 273.4 LEC, que especifica que 
«únicamente los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica 
que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o 
ejecutado, se deberán aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias 
literales cuantas sean las otras partes». Como indica la STC 47/2019, FJ 4, la finalidad 
que  racionalmente  se  infiere  de  ese  mandato  no  es  otra  que  trasladar  al  referido 
demandado las copias presentadas en papel. A la vista de tales preceptos y de la 
referida  STC  47/2019,  el  fiscal  concluye  que  el  juzgado  no  debió  prescindir  de  la 
notificación personal. Al hacerlo, habría vulnerado el art. 24.1 CE. Además, el juez no 
tuvo en cuenta que la información contenida en el aviso llevó a la ejecutada a la creencia 
de que disponía de plazo para acceder a la notificación. Destaca, en fin, que la doctrina 
de aquella sentencia está reiterándose en todas y cada una de las que están resolviendo 
recursos  de  amparo  interpuestos  por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
y Penrei Inversiones, S.L., contra autos de idéntico contenido a los aquí impugnados.
9.  El 7 de mayo de 2021 tiene entrada en el registro de este tribunal escrito de la 
recurrente en amparo, que ratifica las alegaciones expuestas en la demanda y trascribe 
en parte los fundamentos jurídicos de la STC 47/2019, de 8 de abril.
10.  Por providencia de 17 de junio de 2021 se señala para votación y fallo del 
presente recurso el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos 
de 20 de noviembre de 2018 y 11 de septiembre de 2019 dictados por el Juzgado 
de  Primera  Instancia  núm.  4  de  Lorca  en  el  proceso  de  ejecución  hipotecaria 
núm. 362-2018. Según la entidad mercantil demandante de amparo, una interpretación 
irrazonable de la legislación procesal le habría privado injustamente de su derecho a 
formular oposición a la ejecución hipotecaria. El requerimiento de pago y alternativo 
derecho a oponerse a la demanda ejecutiva debió realizarse de manera personal en su 
domicilio social con entrega en papel de la documentación, al tratarse de un primer 
emplazamiento.  Al  dar  por  buena  su  notificación  mediante  el  servicio  de  dirección 
electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre  e  inadmitir  por 
extemporánea  la  oposición  a  la  ejecución,  el  órgano  judicial  habría  incumplido  su 
obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los actos de comunicación, sino el 
cumplimiento  efectivo  de  su  finalidad  constitucional.  Todo  ello  constituiría  una  s
vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial  oe.
efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia, la anulación de las  w.
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El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución, 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La STC 40/2020, de 27 de febrero, ha estimado un recurso de amparo basado en los 
mismos motivos y dirigido contra autos de contenido muy similar de otro juzgado de 
primera  instancia  e  instrucción  de  Lorca.  Corresponde  dar  por  reproducidos  los 
fundamentos jurídicos de aquella sentencia y, en consecuencia, declarar que los autos 
de 20 de noviembre de 2018 y 11 de septiembre de 2019 del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca han vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva de la recurrente en amparo (art. 24.1 CE). Como en aquel caso y en los otros 
muchos en que hemos alcanzado análoga conclusión respecto de resoluciones del 
mismo tenor (por todas, STC 86/2021, de 19 de abril), la estimación del amparo trae 
consigo  la  nulidad  de  los  autos  recurridos,  así  como  de  todo  lo  actuado  en  el 
procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó al emplazamiento 
de  la  entidad  mercantil  solicitante  de  amparo  a  través  de  la  dirección  electrónica 
habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la mercantil Penrei Inversiones, S.L., y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 20 de noviembre de 2018 y 11 de septiembre de 2019 dictados por el Juzgado 
de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  4  de  Lorca  en  el  proceso  de  ejecución 
hipotecaria núm. 362-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del 
emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.