BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95400
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13438 Sala Primera. Sentencia 109/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 5912-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las 
resoluciones  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación 
por  infracción  de  normativa  autonómica  en  procedimiento  abreviado  en 
materia de personal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin 
causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas 
autonómicas).
ECLI:ES:TC:2020:109
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5912-2018, promovido por la Junta de Extremadura, 
contra la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura de 11 de octubre de 2018, por la que se inadmite el incidente 
de nulidad de actuaciones formulado contra el auto núm. 1-2018, de 10 de septiembre, 
por el que se inadmite el recurso de casación por infracción de normativa autonómica 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 
Mérida núm. 28/2018, de 2 de marzo de 2018, en el procedimiento abreviado núm. 
150-2017.  Ha  sido  parte  doña  María  Jesús  Borrallo  Berjón,  representada  por  el 
procurador de los tribunales don Luis Felipe Mena Velasco, bajo la dirección del letrado 
don Diego Castillo Guijarro. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  La Junta de Extremadura, representada por la procuradora de los tribunales 
doña Aurora Gómez-Billaboa Mandri y bajo la asistencia de la letrada doña Ana Cristina 
Sánchez-Barriga Leitón, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales 
que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito registrado 
en este tribunal el 12 de noviembre de 2018.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: o
a)  La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida  438ww
n1ú5m0-.2 2081/72,0 1e8s,t imdeó  2e dl er mecaurrzsoo  dceo 2n0te1n8c, iporsoon-audnmciaindisat reanti veol  pirnotceerpduimesieton top oarb redvoiñaad oM naúrmía. 
JGeesrúesn cBiao rrdaelllo  SBeerrvjóicnio  coEnxttrrae mlae ñreos odluec ióSna ludde,  1d5e sdees tfiembaretorori ad ed e2l 01re7c, udrseo l ad eD iraelczcaiódna   BOE-A-cable e
formulado contra la resolución del gerente de área desestimatoria de la reclamación de 
abono  del  complemento  de  comunidad  autónoma  establecido  como  retribución 
complementaria para el personal estatutario sanitario del grupo A1. Esta decisión fue 
anulada, reconociéndose a la actora el derecho a la percepción de ese complemento 
salarial.
b)  La  Junta  de  Extremadura  interpuso  recurso  de  casación  por  infracción  de 
normativa autonómica de acuerdo con el art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), que fue tramitado con el 
núm. 1-2018 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura.
c)  El recurso de casación por infracción de normativa autonómica fue inadmitido por 
auto núm. 1/2018, de 10 de septiembre de 2018, al considerar que concurre la causa de 
inadmisión prevista en el artículo 90.4 a) LJCA, por no ser recurrible en casación la 
sentencia  impugnada,  ya  que,  en  el  orden  contencioso-administrativo,  tras  la  Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, «ni la LOPJ ni la LJCA contienen norma que atribuya 
competencia a las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia para enjuiciar recursos de casación por infracción de norma autonómica». A 
esos efectos, argumenta que (i) el art. 86.1 LJCA únicamente admite la procedencia del 
recurso de casación y su conocimiento por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo «frente a las sentencias dictadas en única instancia por juzgados de lo 
contencioso-administrativo»;  (ii)  los  arts.  99  y  101  LJCA,  que,  respectivamente, 
regulaban los recursos de casación para unificación de doctrina y en interés de la Ley, 
han sido derogados por la Ley Orgánica 7/2015, por lo que tales recursos «no existen 
actualmente»; (iii) el art. 86.3, párrafo segundo, LJCA, que es el que regula el recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica, «por un lado, no menciona como 
susceptibles  de  ser  recurridas  en  casación  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo 
contencioso-administrativo» y, «por otro, el precepto ha sido redactado por la disposición 
final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio», por la que se modifica la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, sin que dicha disposición adicional tenga rango de ley 
orgánica  sino  de  ley  ordinaria,  según  prevé  la  disposición  final  quinta  de  la  Ley 
Orgánica 7/2015; y, (iv) salvo la mención que se hace en el art. 86.3 LJCA, no existe 
ninguna otra referencia al procedimiento del recurso de casación por infracción de 
normativa autonómica, dado que el «trámite procedimental de la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa está previsto en su integridad para la tramitación 
del recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin que exista 
regulación alguna» de la tramitación de este recurso ante las salas de lo contencioso-
administrativo de los tribunales superiores de justicia autonómicos.
d)  La Junta de Extremadura formuló incidente de nulidad de actuaciones aduciendo 
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva 
del derecho de acceso al recurso y de una resolución motivada en derecho en cuanto a 
la procedencia del recurso de casación, y del derecho a la igualdad en la aplicación de la 
ley  (art.  14  CE),  ya  que  otros  tribunales  superiores  de  justicia  autonómicos  han 
alcanzado soluciones distintas en cuanto a la procedencia de dicho recurso de casación 
por infracción de la normativa autonómica.
El incidente fue inadmitido por providencia de 11 de octubre de 2018, insistiendo en 
que  «se  trata  de  un  recurso  que  no  está  previsto  en  la  LJCA  al  no  indicarse 
expresamente  que  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo  contencioso-administrativo 
puedan ser objeto de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo  s
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura […]. Respetando las decisiones de  oe.
otros Tribunales Superiores de Justicia, no es posible que un recurso de casación pueda  w.
admitirse, decidirse en qué supuestos cabe, y tramitarse, cuando existe una absoluta  438ww
falta de regulación en la LJCA y en la LOPJ».
tutel3a.  juLdaic diaelm  eafnedcatinvtae  s(aorlitc. it2a4 q.1u e CsEe )e, stdimecela erál anmdopsaer o lap orn uvulidlnaedr adcieó nl adse l rdeesroelcuhcoio an elas 
dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura.
La demandante invoca el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con 
fundamento en que (i) se ha vulnerado el derecho de acceso al recurso, al denegarse la 
posibilidad de entablar un recurso de casación configurado legalmente, en contra de 
reiterada jurisprudencia constitucional; (ii) se ha vulnerado el art. 24.1, en relación con el 
art. 117.1 de la CE, «en tanto que el 24 CE no solo comporta para el justiciable las 
garantía de obtener una resolución fundada en Derecho, sino que, correlativamente, 
impone a los jueces, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, el sometimiento al 
imperio de la ley (SSTC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 8, y 66/2011, de 16 de mayo, 
FJ 5)», destacando que en este caso se ha inaplicado el art. 86.3 LJCA, que da la 
posibilidad de plantear el mencionado recurso; y (iii) también se ha lesionado el derecho 
a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), 
«habida cuenta que el requisito cuyo incumplimiento ha determinado la inadmisión del 
recurso no está expresamente contemplado por la ley» y se ha llegado al mismo con una 
interpretación contraria a la mayor efectividad del derecho fundamental al recurso.
La demandante invoca el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), 
en relación con el art. 24.1 CE, por la indefensión causada por la no admisión del recurso 
«al no entrar a valorarlo en comparación con las soluciones contempladas en otras 
comunidades autónomas, que han puesto soluciones a la falta de regulación normativa».
La demandante afirma que el recurso de amparo tiene especial transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que la 
vulneración del derecho constitucional que se denuncia proviene de la ley, pues a ello 
conduce la interpretación que postula el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y 
porque transciende el caso concreto por plantear una cuestión jurídica de relevante y 
general repercusión social, en la medida en que no se trata de la inadmisión de un 
recurso en particular, concreto, sino negación con carácter general de la posibilidad de 
aplicación en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de un recurso 
regulado en la ley.
4.  La Sección Primera de este tribunal, por providencia de 6 de mayo de 2019, 
acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado 
transciende el caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general 
repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Asimismo acordó dirigir atenta 
comunicación al órgano judicial para que remita certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones y emplazamiento para que puedan comparecer en los recursos de amparo 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento; y, en fin, acordó la formación de pieza 
separada  para  la  tramitación  del  incidente  sobre  la  suspensión  solicitada,  que  fue 
denegada por ATC 83/2019, de 15 de julio.
5.  La secretaría de Justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 27 de mayo de 2019, acordó tener por personada a doña María Jesús 
Borrallo Berjón, representada por el procurador de los tribunales don Luis Felipe Mena 
Velasco.
Por diligencia de ordenación de 6 de junio de 2019, a tenor de lo dispuesto en el 
art. 52 LOTC, se acordó dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de 
amparo al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días, 
para que, dentro de dicho término, pudieran presentar las alegaciones que a su derecho  e
convenga. bo
pJurenst6ae. n dtaPed oaEr,  xeqtsurecemr irteaopd rrueorgdaiu sjstorea d deroa  nteiufniec vóeo s etliente  trrtaoibldmuone anelt el e.cl o2n8t edneid oju ndioe  dlae  2d0e1m9a, nlad al edtrea daam dpea rlao   2020-13438n https://ww
7.  Don Luis Mena Velasco, en nombre y representación de doña María Jesús 
Borrallo Berjón, presentó su escrito de alegaciones el 12 de julio de 2019, en el que 
solicita la desestimación del recurso de amparo por no haberse vulnerado derecho 
fundamental alguno del Servicio Extremeño de Salud. Considera que en este caso se 
acordó por la sala la inadmisión de un recurso de casación por no venir contemplada la 
posibilidad  de  entablar  dicho  recurso  en  la  legislación  procesal,  ni  ordinaria  ni 
extraordinaria, y ello sin emplear criterios interpretativos restrictivos del cumplimiento de 
los requisitos de recurribilidad.
8.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 19 de julio de 2019, 
interesa que se estime el recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su concreta dimensión de derecho de acceso al recurso, anulándose 
las resoluciones impugnadas con retroacción de actuaciones para que se pronuncie otra 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
El Ministerio Fiscal expone que la triple invocación del derecho a la tutela judicial 
efectiva debe quedar reconducida a la vulneración del derecho al recurso. A esos 
efectos, tras resumir la jurisprudencia constitucional en la materia y la concretamente 
referida a la nueva configuración del recurso de casación por infracción de normativa 
autonómica (ATC 41/2018, de 16 de abril, y STC 128/2018, de 29 de noviembre), 
argumenta que la normativa introducida por la Ley Orgánica 7/2015 ha establecido una 
doble vía casacional, según la normativa que resulte aplicable a cada caso, de tal modo 
que corresponde a las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores 
de justicia el conocimiento de los recursos de casación cuando se denuncie la infracción 
de normativa autonómica, por lo que, si esta vía impugnativa debe cumplir su genuina 
función unificadora del Derecho, y a través de una interpretación sistemática de las 
normas propias de la casación estatal es posible integrar los vacíos normativos que 
presenta la actual regulación de la casación autonómica, entonces habrá que concluir 
que (i) el recurso de casación autonómico tiene un régimen jurídico paralelo al estatal y 
(ii) el órgano judicial encargado de resolverlo, en las mismas condiciones que el Tribunal 
Supremo, será el correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Así, el Ministerio Fiscal 
considera que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho de 
acceso  al  recurso,  ya  que  «la  interpretación  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Extremadura excluyendo radicalmente la posibilidad de recurso de casación autonómico 
respecto del juzgado de lo contencioso-administrativo elimina la posibilidad de esta 
perspectiva de unificación de la aplicación de la normativa autonómica atribuida al 
Tribunal Superior de Justicia, produciendo, desde esta óptica, un vacío respecto de esta 
legislación, incoherente con el sistema establecido para la normativa estatal y europea 
atribuida al Tribunal Supremo […] sin que exista una explicación de esa exclusión ni una 
concreta cobertura legal, que responde a la culminación de la organización judicial tanto 
en el ámbito nacional  (Tribunal Supremo)  como  en el ámbito autonómico (Tribunal 
Superior de Justicia)».
Por otra parte, respecto de la invocación del derecho a la igualdad (art. 14 CE), el 
Ministerio Fiscal concluye que no se ha producido su vulneración porque la demanda no 
ha proporcionado un término de comparación «en relación con el mismo órgano judicial 
del que se derive un cambio arbitrario e injustificado del criterio aplicado en otros 
supuestos con los que exista identidad».
9.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año. e
II. Fundamentos jurídicos 438ww
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por la Sentencia 99/2020, de 22 de julio.
El objeto de este recurso es determinar si vulnera los derechos a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso al recurso y a la  Bc
igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) la decisión judicial impugnada, en la que 
se acuerda que, de conformidad con lo establecido en el art. 86.3 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), tras la 
reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, no cabe interponer el 
recurso de casación por infracción de normativa autonómica contra las resoluciones 
dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo.
El objeto de este recurso es el mismo que el resuelto por la STC 99/2020, de 22 de 
julio, en la que se concluye que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el 
derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la 
perspectiva del derecho de acceso al recurso. Descartada en este caso la concurrencia 
de algún elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado distintos a los 
declarados  entonces,  procede,  por  tanto,  hacer  aplicación  de  la  citada 
sentencia 99/2020.
En  el  fundamento  jurídico  3,  la  STC  99/2020  se  remite  a  lo  dispuesto  en  la 
STC 128/2018 al enjuiciar la constitucionalidad del art. 86.3 LJCA. Así, recuerda que 
«este Tribunal ha considerado que el art. 86.3 LJCA no contraviene ni el rango de ley 
orgánica ni tampoco el art. 122.1 CE, ya que (i) la composición de las secciones de 
casación  debe  ser  conceptuada  como  referida  a  secciones  ‘‘funcionales’’  y  ‘‘no 
orgánicas’’, de modo que ‘‘no constituyen órganos judiciales distintos a los efectos de 
nuestra doctrina constitucional sobre el alcance de la reserva de ley orgánica que deriva 
del artículo 122.1 CE’’ [FJ 4 b)]; y (ii) no se trata de una novedad en la normativa 
procesal, pues la composición de las secciones de casación del art. 86.3 LJCA sigue 
siendo la misma que la que el art. 16.4 LJCA, que continúa en vigor, preveía para los 
desaparecidos recursos de casación en interés de la ley y para la unificación de la 
doctrina [FJ 4 b)]. Del mismo modo, en la STC 128/2018 se ha declarado que (i) ‘‘la 
regulación contenida en los preceptos cuestionados […] [art. 86.3, párrafos segundo y 
tercero, LJCA] no impide una interpretación lógica y coherente que proporcione un 
sentido  útil  a  la  casación  autonómica’’,  cumpliendo  una  función  nomofiláctica  y 
unificadora del Derecho autonómico [FJ 7 a)]; y (ii) el recurso de casación por infracción 
de  normativa  autonómica  se  conforma  como  ‘‘un  recurso  de  casación  paralelo’’  al 
establecido en el Tribunal Supremo respecto de la denunciada infracción del Derecho 
estatal o de la Unión Europea, además de afirmar que a su ‘‘regulación se remite 
implícitamente’’ [FJ 7 a)]».
Una  vez  descartada,  por  las  razones  señaladas  en  la  STC  128/2018,  la 
inconstitucionalidad  de  los  párrafos  segundo  y  tercero  del  art.  86.3  LJCA,  la 
STC 99/2020 considera que «el órgano judicial, al inadmitir el recurso de casación en 
virtud  de  una  interpretación  literal  del  art.  86.3  LJCA  ha  llegado  a  un  resultado 
materialmente contrario al derecho de acceso al recurso que consagra el art. 24.1 CE. 
En efecto, la decisión adoptada, no tomó en consideración que el art. 86.3 LJCA, al 
regular  el  recurso  de  casación  autonómico,  contiene  una  remisión  implícita  a  la 
regulación del recurso de casación por vulneración del Derecho estatal o de la Unión 
Europea (STC 128/2018, FFJJ 6 y 7) y excluyó del recurso de casación autonómico a las 
resoluciones de los juzgados de lo contencioso-administrativo en los supuestos en los 
que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  art.  86.1,  apartado  segundo,  LJCA,  serían 
susceptibles de casación. Con ello, se inadmitió este recurso sin que exista una causa 
legal en la que se prevea esta consecuencia, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de 
este tribunal, determina la vulneración del derecho que garantiza el art. 24.1 CE».
La estimación del presente recurso de amparo por este motivo hace innecesario el  e.
análisis de la invocación del art. 14 CE y determina la nulidad de las resoluciones  w.b
judiciales impugnadas y la retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva  438ww
resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  Junta  de  Extremadura  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de 
la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Extremadura núm. 1/2018, de 10 de septiembre de 2018, y la providencia de 11 de 
octubre de 2018, pronunciados en el recurso de casación autonómico núm. 1-2018.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la primera de las resoluciones anuladas, para que el órgano judicial 
pronuncie una nueva, respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.