BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 329 Viernes 18 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 116158
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
16423 Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las 
normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la 
prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero.
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y 
yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del 
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 13.9, consagró el derecho 
de  los  ciudadanos  castellanos  y  leoneses  al  acceso  a  una  renta  garantizada  de 
ciudadanía cuando se encuentren en situación de exclusión social.
En  la  actualidad  dicha  prestación  se  encuentra  regulada  en  el  Decreto 
Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación 
esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
Dicho texto legal, en su artículo 10 establece los requisitos que debe reunir el 
solicitante para poder ser titular de la prestación, y específicamente, en el apartado d) del 
citado artículo, prevé que no podrán acceder a la prestación de renta garantizada de 
ciudadanía quienes estén percibiendo prestaciones contributivas o no contributivas a 
cargo de cualquiera de las administraciones públicas. La previsión contenida en el 
referido apartado d) del artículo 10, deriva, a su vez, de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 3°, al señalarse que la renta garantizada de ciudadanía no complementará los 
ingresos que pudieran percibir los solicitantes procedentes de acciones protectoras de la 
seguridad social, en cualquiera de sus modalidades contributivas o no contributivas, o de 
cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de protección.
Con fecha 1 de junio de 2020 ha tenido lugar la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital, que se configura como una prestación económica en su modalidad no 
contributiva, destinada, al igual que la renta garantizada de ciudadanía, a aquellas 
personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
El ingreso mínimo vital se dicta en desarrollo del artículo 41 de la Constitución 
Española  y  sin  perjuicio  de  las  ayudas  que  puedan  establecer  las  Comunidades 
Autónomas en el ejercicio de sus competencias, garantizando un nivel mínimo de renta.
No obstante, de los datos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) de prestaciones de ingreso mínimo vital reconocidas, se ha puesto de manifiesto 
que, en algunas ocasiones, la cuantía reconocida ha sido inferior a la que a la unidad 
familiar le correspondería en concepto de renta garantizada de ciudadanía, por lo que 
para que esa unidad familiar pueda alcanzar o mantener, si ya la estaba percibiendo, el  s
nivel de prestación que le ofrece la renta garantizada de ciudadanía, se hace necesario  oe.
compatibilizar, en este supuesto, ambas prestaciones, complementando lo percibido en  w.
concepto de ingreso mínimo vital. 423ww
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ingreso mínimo vital a los que se les haya reconocido un importe inferior a la cuantía de 
renta garantizada de ciudadanía que pudiera corresponder a esa unidad familiar, puedan 
compatibilizar ambas prestaciones siempre que cumplan con el resto de los requisitos 
exigidos en la normativa reguladora de la prestación de renta garantizada de ciudadanía. 
En este supuesto, se tendría derecho a percibir como máximo la diferencia entre la 
cuantía  de  renta  garantizada  que  pudiera  corresponder  en  función  del  número  de 
miembros de la unidad familiar y la cuantía reconocida de ingreso mínimo vital.
La presente norma se ha elaborado de acuerdo con los postulados previstos en el 
Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de 
mejora de la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, cabe señalar el claro interés general 
del objeto de la norma, que va dirigido a compatibilizar la prestación de renta garantizada 
de ciudadanía con el ingreso mínimo vital, complementándose, asimismo, la cuantía 
percibida en concepto de ingreso mínimo vital, en los términos que anteceden.
Del mismo modo, en cumplimiento del principio de eficiencia, la disposición evita 
imponer a sus destinatarios cargas administrativas innecesarias para el logro de su objetivo.
En  atención  al  principio  de  seguridad  jurídica,  cabe  señalar  que  la  presente 
disposición se adopta en ejercicio de las competencias atribuidas a la Administración de 
la Comunidad en este ámbito y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico 
nacional y de la Unión Europea.
De  conformidad  con  el  principio  de  proporcionalidad,  la  disposición  contiene  la 
regulación imprescindible para lograr la consecución de su objeto.
En  aplicación  del  principio  de  transparencia,  no  obstante  haberse  adoptado  la 
tramitación urgente de la modificación operada, ésta se ha publicitado en el portal de 
transparencia y participación ciudadana Gobierno Abierto de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, habiendo, asimismo, sometido a consideración e informe 
por la Sección Renta Garantizada de ciudadanía del Consejo de Servicios Sociales de 
Castilla y León.
En  su  virtud,  en  el  marco  de  distribución  de  competencias  establecidas  en  la 
Constitución y en el Estatuto de Autonomía, y oído el dictamen del Consejo Consultivo 
de Castilla y León, se dicta la presente ley en ejecución de las competencias exclusivas 
previstas en el artículo 70.1.10 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Artículo único.
Se  modifica  el  texto  refundido  de  las  normas  legales  vigentes  en  materia  de 
condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de 
ciudadanía de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, 
en los siguientes términos:
Uno.  El artículo 4, «Concepto y carácter de la prestación», queda redactado como 
sigue:
«1.  La  renta  garantizada  de  ciudadanía  es  una  prestación  social,  de 
naturaleza económica y percepción periódica, que se configura básicamente como 
renta familiar.
2.  La  renta  garantizada  de  ciudadanía  es  subsidiaria  respecto  a  cualquier 
prestación, contributiva o no contributiva, así como de cualesquiera otros regímenes o 
sistemas públicos de protección, constituyendo la última red de protección, a salvo de 
las excepciones establecidas para los supuestos de complementariedad. e
3.  La renta garantizada de ciudadanía es complementaria, hasta el importe  bo
que  de  ésta  corresponda  percibir  en  su  caso,  respecto  de  los  ingresos  y  423ww
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modalidades contributiva o no contributiva, o de cualesquiera otros regímenes o
sistemas  públicos  de  protección,  en  cuyo  caso  será  incompatible,  salvo  lo 
dispuesto en el apartado siguiente para la prestación de ingreso mínimo vital.
No obstante, la prestación de renta garantizada será compatible, con carácter 
complementario, para su solicitante o titular con la percepción de prestaciones 
derivadas de la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad, o 
por riesgo durante el embarazo, las derivadas de incapacidad temporal durante el 
desarrollo de actividad laboral, así como las prestaciones por hijo a cargo, en los 
casos en los que el sujeto causante sea el hijo.
Asimismo, también será compatible para su solicitante o titular, con carácter 
complementario, hasta el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples 
vigente para cada ejercicio económico (IPREM) con la percepción de prestaciones 
por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción 
(RAI),  Programa  de  activación  para  el  Empleo  (PAE),  Programa  Personal  de 
Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) 
u otras de análoga naturaleza que normativamente se determinen, siempre que su 
importe sea inferior al referido porcentaje del IPREM y se cumplan el resto de 
requisitos establecidos para los destinatarios contemplados en el título I.
Igualmente,  la  prestación  de  renta  garantizada  será  compatible  para  su 
beneficiario  titular,  con  carácter  complementario,  hasta  el  80%  del  indicador 
público  de  renta  de  efectos  múltiples  vigente  para  cada  ejercicio  económico 
(IPREM),  con  la  percepción,  a  la  finalización  de  la  actividad  laboral,  de  la 
prestación o subsidio de desempleo de importe igual a la cuantía básica de renta 
garantizada de ciudadanía.
4.  La renta garantizada de ciudadanía será compatible con la prestación de 
ingreso mínimo vital que perciba cualquier miembro de la unidad familiar o de 
convivencia únicamente cuando la cuantía reconocida de ingreso mínimo vital sea 
inferior a la de renta garantizada de ciudadanía que pudiera corresponder a esa 
unidad familiar o de convivencia, siendo incompatible en el resto de los casos.
Para  los  casos  de  complementariedad,  se  tendrá  derecho  a  percibir,  en 
concepto de renta garantizada de ciudadanía, como máximo la diferencia entre la 
cuantía que de ésta pudiera corresponder en función del número de miembros de 
la unidad familiar o de convivencia, y la cuantía reconocida de ingreso mínimo 
vital. Para determinar la cuantía mensual a abonar, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 17 y 18 de la presente ley.
5.  Su reconocimiento está condicionado a la concurrencia de los requisitos y 
condiciones  exigidos  y  a  la  suscripción,  siempre  que  proceda,  del  proyecto 
individualizado de inserción.
6.  Su percepción se mantendrá en tanto persista la concurrencia de los requisitos 
y  condiciones  exigidos,  permanezcan  las  circunstancias  que  dieron  lugar  a  su 
reconocimiento  y  se  cumplan  las  obligaciones  y  compromisos  genéricos  y  los 
específicos que, en su caso, se determinen en el proyecto individualizado de inserción.
7.  La  renta  garantizada  de  ciudadanía  no  podrá  ser  objeto  de  cesión, 
embargo o retención.»
Dos.  Se modifica la redacción del primer párrafo del apartado d) del artículo 10, 
«Requisitos del titular», que pasa a tener la siguiente redacción:
«d) No estar percibiendo prestaciones contributivas o no contributivas a cargo 
de cualquiera de las administraciones públicas, salvo las excepciones previstas en  e
los apartados 3 y 4 del artículo 4.» bo
presTtarecsió. n»S:e modifica la redacción del apartado f) del artículo 28.1, «Extinción de la  2020-16423n https://ww
diero«nf)  luEgl amr aan late snuimspieenntsoi ópno dr et ielam ppeor cseuppceiórnio rd ea  lad opcrees tmaceisóens.» de las causas que  BOE-A-cable e
Disposición transitoria.  Régimen transitorio de procedimientos.
Los procedimientos administrativos iniciados dentro del ámbito de aplicación de esta 
ley antes de su entrada en vigor que se vean afectados por lo dispuesto en ella, se 
tramitarán conforme a la presente regulación.
Sin perjuicio de lo previsto en el título III de este Texto Refundido, en los casos en los 
que se hayan adoptado medidas para compensar las pérdidas económicas producidas 
como consecuencia del reconocimiento de la prestación estatal del ingreso mínimo vital, 
la determinación del importe de la prestación de renta garantizada de ciudadanía se 
calculará  teniendo  en  cuenta,  además,  las  cantidades  que  se  le  hayan  abonado 
mediante estas medidas.
Disposición final.  Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la 
cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Valladolid, 24 de noviembre de 2020.–El Presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 250/2020, de 2 de diciembre de 2020)