BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 41974
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6381 Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador 
mercantil III de Valencia a practicar el depósito de cuentas anuales de una 
sociedad.
En el recurso interpuesto por doña A. P. M., en nombre y representación de la 
sociedad «Logopost Señalización, S.A.», contra la negativa del registrador Mercantil III 
de Valencia, don Carlos Javier Orts Calabuig, a practicar el depósito de cuentas anuales 
de dicha sociedad.
Hechos
I
El día 30 de julio de 2019 se presentaron en el Registro Mercantil de Valencia, para 
su depósito, las cuentas anuales de la sociedad «Logopost Señalización, S.A.», relativas 
al ejercicio de 2018. Causaron el asiento de presentación 53300 del Diario 41 de cuentas 
anuales. La junta general en que se aprobaron las cuentas fue convocada el día 29 de 
mayo de 2019 y se celebró el día 27 de junio de 2019.
II
La documentación presentada fue objeto de la siguiente nota de calificación en el 
Registro Mercantil de Valencia:
«El registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro  Mercantil,  ha  resuelto  no  practicar  el  depósito  solicitado  conforme  a  los 
siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos
Diario/Asiento: 41/53300.
F. presentación: 30/07/2019.
Entrada: 2/2019/547667,0.
Sociedad: Logopost Señalización SA.
Ejerc. depósito: 2018.
Hoja: V-9155.
Fundamentos de Derecho (defectos):
– El  anuncio  de  convocatoria  de  la  Junta  no  consta  publicado  con  la  debida 
antelación. Conforme al art. 176 de la Ley de Sociedades de Capital, (RD 1/2010 de 2 de 
Julio). Defecto de carácter insubsanable. s
Es  de  advertir:  Que  una  vez  instalada  la  última  versión  del  programa  D2,  la  w.
subsanación  del  envío  telemático  completo  deberá  hacerse  en  un  nuevo  envío  81ww
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todos los documentos que forman parte del depósito y no solo los modificados.
Se han cumplido en su integridad los trámites previstos en el artículo 18 del Código 
de Comercio y 6 y 15 del Reglamento del Registro Mercantil (…)
En relación con la presente calificación: (…)
Valencia, a veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve.»
La calificación fue notificada al presentante el 27 de septiembre de 2019.
III
Contra la anterior nota de calificación, doña A. P. M., en nombre y representación de 
la sociedad «Logopost Señalización, S.A.», interpuso recurso el día 25 de septiembre 
de 2019 mediante escrito en el que formuló las siguientes alegaciones:
«Ante la calificación negativa del depósito de cuentas anuales del ejercicio 2018 de 
Logopost Señalización, S.A. (2/2019/547667,0) por no haberse respetado íntegramente 
el  plazo  de  1  mes  que  conforme  al  artículo  176  LSC  ha  de  transcurrir  desde  la 
convocatoria  de  la  Junta  hasta  su  celebración  venimos  a  realizar  las  siguientes 
alegaciones.
Primera.  Más allá de una aplicación en abstracto de la normativa societaria sin 
atender a la finalidad de la misma, procede analizar en el caso concreto qué efectos han 
tenido tanto para el interés social como el de los socios y acreedores sociales que la 
junta fuera convocada con fecha 29 de mayo y celebrada el 27 de junio.
En este sentido, no cabe detenerse en un análisis de las fechas sin atender al 
contenido del acta de aprobación de cuentas y los actos previos y coetáneos a la 
convocatoria.
El resumen de los hechos, que se desprende de los documentos que se acompañan 
al recurso y que se desprenden también de los documentos anexos al depósito de 
cuentas es el siguiente:
1.  La junta se convoca el 29 de mayo.
2.  El día 3 de junio de 2019 un accionista minoritario con el 6% del capital social 
ejerció su derecho a obtener información respecto a las cuentas anuales y el informe 
auditoría del ejercicio 2018, al amparo del artículo 197 LSC, y ello con “la finalidad de 
fijar criterio sobre el sentido de mi voto en la próxima Junta General Ordinaria convocada 
para el 27 de junio”. Asimismo, al amparo del artículo 203 LSC solicitó la presencia de 
fedatario público en la celebración de la Junta.
3.  Ese mismo accionista había interesado, como indicaremos, que las cuentas 
fueran  auditadas  por  auditor  designado  por  el  Registro  Mercantil,  lo  que  retrasó  a 
mayores su formulación y posterior aprobación.
4.  El  día  13  de  junio  de  2019,  el  órgano  de  administración  de  Logopost 
Señalización atendió la solicitud de información.
5.  El  día  18  de  junio  de  2019,  amparándose  en  el  artículo  197  LSC,  y 
supuestamente a la vista de las cuentas anuales, este mismo accionista solicitaba el 
envío de documentación adicional. Nuevamente anunciaba que el motivo de la finalidad 
de la solicitud era “fijar criterio sobre el sentido de mi voto en la próxima Junta General 
Ordinaria, convocada para el 27 de junio”
6.  El 21 de junio de 2019 el órgano de administración de Logopost Señalización, 
S.A.  da  nuevamente  respuesta  a  las  aclaraciones  solicitadas  por  el  mencionado  e
accionista. bo
7.  El 27 de junio se celebra la junta por tanto sin que con carácter previo ninguno  81ww
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qcaureá clotesr  isnesñtrourmese nataclc.ionistas se constituyeran en junta, en un acto con un evidente
Se acompaña (…) las diferentes comunicaciones entre el mencionado socio y el 
órgano de administración de Logopost Señalización, S.A. referidas al presente recurso.
Se hace constar igualmente que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de 
Valencia al número de autos 830/2019 procedimiento de impugnación de acuerdos 
sociales interesado por el socio minoritario, lo que se deja manifestado a los efectos 
oportunos.
Segunda.  Como se deduce del acta aportada con el depósito de cuentas, los 
acuerdos adoptados lo fueron con una abrumadora mayoría del 94% del capital social.
Por tanto, la presencia o no del accionista que conocedor del plazo de convocatoria 
no sólo no hace constar reparo alguno sino que manifiesta su intención de asistir carece 
de relevancia como para suponer una nulidad de un acuerdo máxime cuando, de verse 
forzada la sociedad a adoptarlo de nuevo, lo haría en el mismo sentido.
Tercera.  No cabe obviar la finalidad tuitiva de los intereses de terceros y de la 
publicidad en el tráfico mercantil que cumple el depósito de cuentas. En este sentido, es 
innegable  que  ocasiona  mayor  perjuicio  no  permitirlo  en  aras  a  consideraciones 
puramente formales.
Paradójicamente con la denegación del depósito de unas cuentas anuales auditadas, 
sin  salvedad  alguna,  y  aprobadas  por  el  94%  de  los  accionistas  sociales  se  está 
perjudicando no solo a la sociedad, sino también al tráfico jurídico en general. Se impide 
a todo acreedor social y en general a cualquier tercero que se relacionan con la sociedad 
conocer la situación financiera más reciente de esta.
Nuestros  Tribunales  han  declarado,  que,  incluso  cuando  se  han  producido 
incumplimientos esenciales en la convocatoria de juntas generales –y resulta difícil 
calificar a éste como tal– en la medida en que estos no hayan impedido el ejercicio de 
los derechos de los socios (como es el presente caso), no procede declarar su nulidad.
En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 436/2013, 
Sala Primera, de 3 de julio, y más recientemente el sentido de este fallo ha sido 
reproducido por jurisprudencia menor, citando por todas la Sentencia n.º 726/2018 de la 
Audiencia Provincial de Cádiz o Sentencia n.º 61/2014, de la Audiencia Provincial de 
Madrid, Sección 28.º, de 21 de febrero de 2014.»
IV
Mediante escrito, de fecha 13 de noviembre de 2019, el registrador Mercantil elevó el 
expediente, con su informe, a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  18.2  del  Código  de  Comercio;  176  y  204.3  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital; 97.1.2.ª, 102.1 y 112.2 del Reglamento del Registro Mercantil; las 
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 5 de marzo de 1987 y 29 de marzo, y 
de, Sala Tercera, 22 de mayo de 2000, y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 9 de julio de 2004, 27 de julio de 2006, 23 de marzo y 9 de 
abril de 2010, 6 de abril de 2011, 28 de junio de 2013, 5 de julio de 2016 y 19 de julio 
de 2017.
1.  Según  la  calificación  impugnada  el  registrador  fundamenta  su  negativa  a 
practicar el depósito de las cuentas anuales de la sociedad «Logopost Señalización, 
S.A.», relativas al ejercicio de 2018, en que al haberse publicado la convocatoria de la  e.e
junta general el 29 de mayo de 2019 y haberse celebrado ésta el 27 de junio de 2019, no  b
ha transcurrido el plazo de treinta días establecido en el artículo 176 de la Ley de  81ww
Soc2ie.d aCdeosm doe  Ccuaepsittaiól.n  previa,  debe  tenerse  en  cuenta  que  los  documentos  no
cporensoecnetra ddeols o ab jceatoli fdicealc rieócnu nrsoo p. uCeodmeon  tsieenr ec odnescildaeraraddoo esl  pTorirb uensatal  SDuirpercecmióon,  SGaelnae Traelr cpearraa, 
en Sentencia de 22 de mayo de 2000, el objeto del recurso contra la calificación negativa
del registrador no es el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho 
funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación fue o no ajustada a 
Derecho. El hecho de que sea el acto de calificación el que constituye el objeto del 
recurso tiene importantes consecuencias: en primer lugar, que sólo son objeto de recurso 
aquellos concretos pronunciamientos que sean impugnados (vid., por todas, Resolución 
de 23 de marzo de 2010); en segundo lugar, que los documentos aportados con el 
escrito de recurso no pueden tenerse en cuenta por no haber sido presentados al 
registrador en el momento de la calificación, debiendo resolverse el recurso sólo a la 
vista de los documentos que fueron aportados originariamente en tiempo y forma al 
solicitar su calificación (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria), y sin perjuicio de la 
calificación que hayan de merecer en caso de nueva presentación en el Registro junto 
con el documento principal a que complementan (cfr., por todas, las Resoluciones de 9 
de julio de 2004, 27 de julio de 2006, 9 de abril de 2010, 28 de junio de 2013 y 19 de julio 
de 2017). En definitiva, el objeto del recurso queda delimitado en el momento de su 
interposición y resulta constreñido tanto por la documentación presentada como por el 
contenido de la calificación negativa del registrador.
No puede tomarse en consideración, por tanto, el acta notarial de la junta general en 
que se aprobaron las cuentas autorizada por el notario de Paterna, don Alejandro José 
Fliquete Cervera, el día 27 de junio de 2019, con el número 853 de protocolo, que ha 
sido presentada en unión con el escrito de recurso.
3.  La  Ley  de  Sociedades  de  Capital  (cfr.  el  citado  artículo  176),  al  regular  la 
antelación de la convocatoria de la junta general, fija un margen temporal que tiene como 
justificación garantizar al socio que pueda obtener la información pertinente acerca de 
las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexione detenidamente 
sobre el contenido del voto por emitir. Por ello, el incumplimiento de tal disposición 
comporta, en principio, la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta general. De ahí 
que, tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deban 
constar en la certificación que del acta se expida –y, en su caso, en la certificación de su 
contenido–  los  elementos  esenciales  para  poder  apreciar  la  regularidad  de  la 
convocatoria, entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no 
se trate de junta universal (cfr. artículos 97.1.2.ª y 112.2 del Reglamento del Registro 
Mercantil). La expresión de dicha circunstancia también es exigida cuando los acuerdos 
de la junta consten en acta notarial (cfr. artículo 102.1 del mismo Reglamento). Se trata 
de uno de los extremos que deberá calificar el Registrador por lo que resulte del título 
presentado a inscripción (cfr. artículo 18.2 del Código de Comercio).
Por lo demás, no puede compartirse el razonamiento de la recurrente basado en la 
escasa entidad que, a su juicio, tendría el defecto. Debe tenerse en cuenta que la 
infracción  relativa  al  plazo  previo  de  la  convocatoria  de  la  junta  general  está 
expresamente  excluida  de  la  posibilidad  de  impugnar  acuerdos  por  infracción  de 
requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley (vid. artículo 204.3 de la 
Ley de Sociedades de Capital). Y de la documentación presentada a calificación no 
resulta que, a pesar de la indicada infracción, todos los socios hubieran aceptado por 
unanimidad celebrar válidamente la junta general con carácter de junta universal y así lo 
reconoce la recurrente al afirmar en su escrito de impugnación que el socio minoritario 
decidió abandonar el acto antes de que los restantes accionistas se constituyeran en 
junta.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada. e.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  81ww
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conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 22 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.