BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 8 Lunes 10 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 2194
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
381 Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Consejo de 
Transparencia  y  Buen  Gobierno,  por  la  que  se  publica  la  prórroga  del 
Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el 
traslado  del  ejercicio  de  la  competencia  para  la  resolución  de  las 
reclamaciones  previstas  en  el  artículo  24  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El artículo 38, número 2, letra c), de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de 
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  (LTAIBG), 
encomienda a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre 
otras, la función de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación de 
su artículo 24.
Por su parte, el número 2 de la Disposición adicional cuarta de la LTAIBG contempla 
la  posibilidad  de  que  las  Comunidades  Autónomas  atribuyan  al  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno la competencia para la resolución de las reclamaciones 
referidas en el artículo 24, mediante la celebración del correspondiente convenio en el 
que se estipulen las condiciones en que aquéllas sufragarán los gastos derivados de 
esta asunción de competencias.
En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia 
y  Buen  Gobierno  y  la  Consejería  de  Presidencia  de  la  Comunidad  Autónoma  del 
Principado  de  Asturias  suscribieron  el  29  de  diciembre  de  2021  una  prórroga  del 
convenio de colaboración firmado el 27 de diciembre de 2019 que, una vez inscrita en el 
Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector 
público estatal con fecha 29 de diciembre de 2021, debe ser publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» según determina el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación la prórroga del Convenio 
suscrito, con fecha de 27 de diciembre de 2019, entre el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (Consejería de 
Presidencia) por el que se atribuye al Consejo la competencia para la resolución de las 
reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Madrid, 30 de diciembre de 2021.–El Presidente del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, A.A.I., José Luis Rodríguez Álvarez.
TEXTO PRÓRROGA
Prórroga del convenio suscrito con fecha de 27 de diciembre de 2019 entre el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias (Consejería de Presidencia) por el que se atribuye al 
Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el 
artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno
En Madrid, a 29 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. doña Rita Camblor Rodríguez, Consejera de Presidencia, 
nombrada para este cargo mediante Decreto 14/2019, de 24 de julio, del Presidente del 
Principado  de  Asturias,  en  representación  de  la  Administración  del  Principado  de 
Asturias,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  que  le  confiere  el  artículo  3  del 
Decreto  13/2019,  de  24  de  julio,  del  Presidente  del  Principado  de  Asturias,  de 
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma y autorizada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 
de diciembre de 2021.
De  una  parte,  don  José  Luis  Rodríguez  Álvarez,  Presidente  del  Consejo  de 
Transparencia  y  Buen  Gobierno  (en  adelante  el  Consejo),  según  nombramiento 
efectuado por Real Decreto 922/2020, de 20 de octubre (BOE de 21 de octubre) y de 
acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que atribuye al 
Presidente de dicha Autoridad su representación legal e institucional.
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
competencias,  facultades  y  atribuciones  que  tienen  atribuidas,  reconociéndose 
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
EXPONEN
Primero.
Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), 
frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información 
pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno  con  carácter  potestativo  y  previo  a  su  impugnación  en  vía  contencioso-
administrativa.
Segundo.
Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del 
Consejo, entre otras, la función de conocer de las reclamaciones que se presenten en 
aplicación del artículo 24 de la Ley.
Tercero. e
Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la  w.
ldraeesct learAmmdaimnceiiónnni sl atrpsar ceCivooinsmetaus n eiydn a deselu s s aAeructíttcoóurn loopm ú2ab4sli  cecono  rlrdoeess  pséousnptduaeesrs,á to ysa  ld peóo rrrg ealsanosol u cEiniondnteidepase dndedicsite anLdtoaecs a qplueoesr    2022-381n https://w
comprendidas en su ámbito territorial.
Cuarto.
Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 2, contempla la posibilidad de 
que las Comunidades Autónomas atribuyan al Consejo la competencia para la resolución 
de las reclamaciones referidas en el apartado anterior, mediante la celebración del 
correspondiente  convenio  en  el  que  se  estipulen  las  condiciones  en  que  aquéllas 
sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Quinto.
Que en cumplimiento de las previsiones legislativas señaladas, el 27 de diciembre 
de 2019 se suscribió un convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y 
la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias para atribuir al Consejo el 
ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones del artículo 24 de 
la  LTAIBG,  en  los  supuestos  de  resoluciones  dictadas  por  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su 
ámbito territorial y su sector público.
Sexto.
Que, de conformidad con la cláusula quinta del convenio, éste tendrá una duración 
de dos años, surtiendo efectos desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicación en el 
Boletín  Oficial  del  Estado.  Esa  misma  cláusula  dispone  que  el  convenio  podrá 
prorrogarse por un periodo bienal mediante acuerdo expreso de ambas partes, siempre 
que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de duración y sin 
que  en  ningún  caso  exceda  de  los  plazos  establecidos  en  el  artículo  49  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptimo.
Que ambas partes manifiestan su interés y voluntad de prorrogar el vigente convenio 
de colaboración en las mismas condiciones inicialmente acordadas, con excepción de 
las obligaciones económicas que se regirán por el anexo que acompaña a esta prórroga.
Octavo.
Que, a tal efecto, las partes convienen en suscribir esta prórroga al Convenio suscrito 
con fecha de 27 de diciembre de 2019, que se ajustará a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Duración de la prórroga al Convenio.
Esta prórroga tendrá un plazo de vigencia de dos años y surtirá efectos desde el 
día 8 de enero de 2022.
Segunda.  Especificaciones.
Las obligaciones asumidas por cada una de las partes permanecen inalterables con 
respecto a lo establecido en el Convenio suscrito con fecha de 27 de diciembre de 2019,  e.
con excepción de las obligaciones de carácter económico tal y como se establece en la  w.
cláusula tercera. 1w
Tercera.  Obligaciones de carácter económico.
Se procede a la modificación del Anexo I del Convenio, que establece el método de
cálculo del importe de los costes a abonar al Consejo por parte de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para la actualización de las cantidades en él 
recogidas.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes 
firman esta prórroga, en los lugares y fecha al principio indicados.–Por la Consejería de 
Presidencia,  Rita  Clambor  Rodríguez.–Por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen 
Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez.
ANEXO
I.  De  acuerdo  con  el  Modelo  de  Costes  Estándar  /  Standard  Cost  Model 
(MCE/SCM)  de  la  Unión  Europea,  en  la  versión  simplificada  adoptada  en  España, 
aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, los costes 
internos  de  los  procesos  de  trabajo  en  las  Administraciones  Públicas  tienen  en 
consideración los costes de personal y los costes de funcionamiento de los servicios.
II.  Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de 
multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que 
lleva realizar la tarea. El cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se 
obtiene dividiendo la jornada anual de 1.664 horas de trabajo por el salario anual. El 
número de horas empleado en realizar la tarea se obtiene de la observación directa de 
los procesos de trabajo.
III.  Respecto de los gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los 
mismos se obtiene a partir de la información recogida en los Capítulos II y Capítulo VI de 
los Presupuestos Generales del Estado. El importe equivaldría a la suma de los créditos 
correspondientes en un porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes 
de funcionamiento que se hace según estándares internacionales.
IV.  Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2022 de una 
reclamación tramitada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sería el que se 
detalla más abajo, una vez incrementadas las cantidades existentes en 2016, año del 
cálculo inicial del coste de cada reclamación, según el incremento del índice de precios 
al consumo (IPC).
Para calcular la variación se ha introducido en el programa disponible en la página 
del  Instituto  Nacional  de  Estadística,  cada  una  de  las  cantidades,  tomando  como 
referencia agosto de 2021 (mes más reciente del que se disponen datos en el momento 
de redactar este Anexo) y relacionándolo con el mismo mes de 2016, el primer año en el 
que el Consejo firmó los convenios, de forma que la tasa de variación acumulada para 
todo el periodo (agosto de 2016 a agosto de 2021) es del 7,1 %.
A.  El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los 
costes de funcionamiento con el nuevo cálculo sería de:
– A1 o equivalente: 25,39 euros (antes 23,71 euros).
– A2 o equivalente: 19,77 euros (antes 18,46 euros).
– C1 o equivalente: 14,72 euros (antes 13,74 euros).
– C2 o equivalente: 12,16 euros (antes 11,35 euros).
B.  La tramitación media de un expediente de reclamación aumenta en dos horas 
debido a la mayor complejidad que han ido adquiriendo los expedientes con el paso del 
tiempo,  pasando  de  las  6:30  horas  a  8:30  horas,  teniendo  en  cuenta  el  siguiente  e
desglose: bo
(ant––e  riBPorormorrpeaundetoesrt :a3   Chduoear artersos) .ohluocraiósn :p Torre ps ahroter adse p ourn  ptaércten icdoe  duenl  tgércunpicoo  AA11  o(a nutne rtiéocrmniecnot eA 22   2022-381n https://w
horas).
– Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución): Una hora y media por parte de un administrativo C1 (se mantiene el mismo 
número de horas).
C.  De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:
– Borrador: por parte de un técnico A1 y técnico A2 (4:00 horas):
A1: 25,39 × 4 = 101,56 euros (antes 71,13 euros).
A2: 19,77 × 4 = 79,08 euros (antes 55,38 euros).
Valor medio: 101,56 + 79,08/2 = 90,32 euros (antes 63,25 euros).
– Propuesta de Resolución: por parte de técnico A1 (3 horas).
25,39 × 3= 76,17 euros (antes 47,42 euros).
– Gestión administrativa: registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución (1:30 horas).
C1: 14,72 × 1,5= 22,08 euros (antes 20,61 euros).
– Total  expediente:  101,56  +  76,17  euros  +  22,08  euros  =  199,81  euros 
(antes 131,28 euros).