BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 322 Jueves 10 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 113008
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
15919 Resolución  de  26  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 3, por la que se deniega la 
práctica de asiento de presentación respecto de un acta de manifestaciones 
de la que resultan obligaciones asumidas por los comparecientes.
En el recurso interpuesto por doña M. I. B. R., contra la negativa de la registradora de 
la propiedad del Registro de la Propiedad número 3 de los de Valencia, doña Ana María 
del Castillo González, por la que se deniega la práctica de asiento de presentación 
respecto de un acta de manifestaciones de la que resultan obligaciones asumidas por los 
comparecientes.
Hechos
I
El día tres de agosto de dos mil veinte se presenta, bajo el número 2.886 del Libro de 
Entrada, tiene acceso instancia junto con acta de manifestaciones de la que resultan 
obligaciones asumidas por los comparecientes sin transcendencia real.
II
Habiendo tenido entrada dicha instancia en el Registro de la Propiedad número tres 
de los de Valencia fue objeto de la siguiente nota de calificación, con fecha 3 de agosto 
de 2020: «(…) Hechos. 1.º En la citada Acta don O. E. respecto de las obras de reforma 
y rehabilitación de la finca sita en Valencia, calle (…) finca registral 140 de la sección de 
(…), se obliga a no levantar el tejado/forjado de su propiedad a una cota más alta de la 
originaria, así como a mantener dicha zona en las mismas condiciones de inaccesibilidad 
que ha tenido hasta la fecha, impidiendo que dicho tejado/forjado pueda convertirse en 
terraza o zona pisable y aceptado lo anterior el resto de comparecientes, doña M. I. B. 
R., doña Z. B.B y don M. B. B., se obligan a permitir la continuación de las obras de 
rehabilitación  del  tejado/forjado  iniciadas,  sin  poner  obstáculo  a  las  mismas. 
Fundamentos de Derecho: En el documento presentado se contienen una serie de 
obligaciones asumidas por los comparecientes que no son susceptibles de provocar 
alguna clase de asiento en el Registro de la Propiedad por no tener transcendencia real 
al no estar aseguradas con derecho real alguno ni conllevar la rectificación del contenido 
del Registro ni provocar una mutación jurídico real inmobiliaria y todo ello, además, de 
conformidad  con  la  Ley  Hipotecaria  que  en  su  Artículo  2.  «Actos  susceptibles  de 
inscripción»  establece:  «En  los  Registros  expresados  en  el  artículo  anterior  se 
inscribirán: 1.º Los títulos traslativos o declarativos de dominio de los inmuebles o de los 
derechos reales impuestos sobre los mismos. 2.º Los títulos en que se constituyan, 
reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, 
enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales. 3.º Los actos y  e.e
contratos en cuya virtud se adjudiquen a algunos bienes inmuebles o derechos reales,  b
aunque sea con la obligación de transmitirlos a otro o de invertir su importe en objeto  919ww
addemteirnmisintraadr,o l.a 4 a.ºu Lseans crieas, oellu fcaiollenceism jiuednitcoi ayle csu eanle sqquuei esrea  doetrcalas rpeo lra  lainsc aqpuaec sidea md oledgifaiql upea rlaa 
ccoanptarcaitdoasd  dceiv ila drree nladsa mpeiernsoton adse e nb iceunaenst oi nam luae lbibleres , diys ploossi cisóunb daerr iesunsd obsi,e nceess. io5n.ºe sL oys 
subrogaciones de los mismos. 6.º Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles y
derechos reales que pertenezcan al Estado, o a las corporaciones civiles o eclesiásticas, 
con sujeción a lo establecido en las leyes o reglamentos.»; y en su Artículo 98: "Los 
derechos  personales  no  asegurados  especialmente,  las  menciones  de  derechos 
susceptibles de inscripción especial y separada y los legados no legitimarios que no 
hayan sido anotados preventivamente dentro del plazo legal no tendrán la consideración 
de gravámenes a los efectos de esta Ley y serán cancelados por el Registrador a 
instancia de parte interesada" Y con el Reglamento Hipotecario, según el cual, Artículo 4: 
«Serán inscribibles los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin 
distinción de la persona física o jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los de las 
Administraciones públicas y los de las entidades civiles o eclesiásticas»; Artículo 7: 
«Conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley, no sólo deberán inscribirse 
los títulos en que se declare, constituya, reconozca, transmita, modifique o extinga el 
dominio o los derechos reales que en dichos párrafos se mencionan, sino cualesquiera 
otros relativos a derechos de la misma naturaleza, así como cualquier acto o contrato de 
trascendencia real que, sin tener nombre propio en derecho, modifique, desde luego o en 
lo futuro, algunas de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a 
derechos reales.» Y Artículo 9: «No son inscribibles la obligación de constituir, transmitir, 
modificar o extinguir el dominio o un derecho real sobre cualquier inmueble, o la de 
celebrar  en  lo  futuro  cualquiera  de  los  contratos  comprendidos  en  los  artículos 
anteriores, ni en general cualesquiera otras obligaciones o derechos personales, sin 
perjuicio de que en cada uno de estos casos se inscriba la garantía real constituida para 
asegurar su cumplimiento o se tome anotación cuando proceda, de conformidad con el 
artículo 42 de la Ley». Y, por analogía, las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 9 de septiembre y 27 de diciembre de 2004, 6 de octubre 
de 2005, 8 y 19 de julio de 2006. Acuerdo, en esta fecha, y de conformidad con el 
artículo 258.4 de la Ley Hipotecaria, denegar la práctica del asiento de presentación en 
el libro Diario de este Registro. Contra la expresada calificación puede (…). Valencia a 3 
de agosto de 2020. La registradora. Fdo. Ana María del Castillo González.».
III
Contra la anterior nota de calificación del Registro de la Propiedad número tres de los 
de Valencia, se interpuso recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública mediante escrito suscrito el veintinueve de septiembre de dos mil veinte por doña 
M. I. B. R. en base a las siguientes alegaciones que resumidamente se exponen: «(…) 
Primero.–El Registro de la Propiedad de Valencia tres deniega a límine anotar siquiera a 
libro diario el Acta de fecha 17/01/2014 por entender que las obligaciones asumidas por 
las  partes  comparecientes  ante  el  Notario  otorgante  no  son  susceptibles  de  causa 
inscripción alguna en el Registro de la Propiedad en atención al contenido del artículo 2 
y 98 ambos de la Ley Hipotecaria (LH) y artículos 4, 7 y 9 del Reglamento Hipotecario 
(RH), aludiendo igualmente a las Resoluciones de la anteriormente denominada DGRN 
de fechas 9 de septiembre y 27 de diciembre de 2004, 06 de octubre de 2005 y 8 y 19 de 
julio de 2006. Segundo.–En contra de esta calificación, esta parte opone que en atención 
a ese mismo régimen normativo y a las normas y resoluciones que a continuación se 
expresarán, las obligaciones asumidas por las partes sí tienen trascendencia suficiente 
como para causar la inscripción pretendida. Y ello por los siguientes motivos: 1.–El 
documento notarial presentado al Registro, además de haber sido otorgado ante Notario 
y ostentar por ello la requerida nota de autenticidad o publicidad (art. 3 LH y 1216 C.  s
Civil), contiene en puridad un acto o negocio susceptible de inscripción en el Registro de  e.
la Propiedad (art. 2 LH). 2.–Y ello con independencia de que, por parte del Notario  w.
autorizante, atendiendo a la demanda de protocolización de acuerdos que recibió en  919ww
deenncoommiiennaddoo  p"Arocfteas"i,o enna l vpeozr  dpealr teq udee  elons a cteonmcpióanre acli ecnotenste, nuidsaor am eislm inos tdruem loesn toa cpuúebrdlicoos 
qaulcea nezl acdoonste hnuidboie prrao psiiod od ee ll aosp eosrtcurnitou,r acso mpúob lhicuabsie sreaa sni dlaos e dl edcela lraa c"iEosncersit udrea "v.o 3lu.n–tPaeds, elo as   BOE-A-cable e
actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los contratos de todas 
clases, mientras que el de las actas sean los hechos jurídicos que por su índole peculiar 
no puedan calificarse de actos o contratos. Y ello habida cuenta que es pacífico que no 
puede considerarse como defecto el empleo por el Notario autorizante de las palabras 
«acta de manifestaciones» en el título que contiene un acto o negocio jurídico capaz de 
producir una inscripción, como es el caso al constar el acuerdo de voluntad capaz de 
producir el nacimiento de un negocio de servidumbre al reunir todos los requisitos para 
su constitución formal (para la que sería necesaria una escritura), pues en dicho título, 
por mucho que se le denomina "Acta de Manifestaciones" figuran como decimos todos 
los elementos propios de una escritura, como son la fe del Notario de conocer al 
compareciente y la emisión del juicio de capacidad, la declaración de los otorgantes de 
que «de forma voluntaria acuerdan constituir un gravamen sobre el predio propiedad de 
uno de ellos D. O. E. (Finca n.º 140 del Registro de la Propiedad TRES de Valencia) y a 
favor del otro compareciente, en este caso la hoy interesada, con el que linda y que está 
perfectamente delimitado al describirse como el sito en la Calle (…). 4.–Esto implica no 
una simple manifestación, susceptible de un acta (art. 17 de la Ley del Notariado -LN)), 
sino una auténtica declaración de voluntad y, por último, la fe del Notario de haber leído 
el documento a los comparecientes, que, encontrándolo conforme, aprueban y firman 
con el Notario, lo que claramente implica un otorgamiento en cuanto asunción de la 
declaración  de  voluntad  prestada,  que  es  inexistente  en  las  actas.  Los  acuerdos 
alcanzados entre las partes y protocolizados en el acta objeto de inscripción son capaces 
en puridad y por los motivos expresados en el acta, de constituir una servidumbre a favor 
del predio de la interesada sobre el predio del otro compareciente. Y ello en aplicación 
del concepto mismo de servidumbre, consagrado en el artículo 530 del Código Civil (C. 
Civil) según el cual "La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en 
beneficio  de  otro  perteneciente  a  distinto  dueño.  El  inmueble  a  cuyo  favor  esté 
constituida la servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente" y 
en lo que respecta al presente supuesto se define y concreta en el artículo 533 del 
mismo Código Civil según el cual "se llama positiva lo servidumbre que impone al dueño 
del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo, y 
negativa la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le seria licito sin la 
servidumbre."  5.–En  cuanto  a  la  necesidad  de  título,  que  se  exigiría,  según  el 
artículo 539 del C.Civil, para la constitución de una limitación que prohibiera al dueño del 
predio sirviente de forma continua y no aparente a realizar lo que sería lícito sin la 
servidumbre, en este caso a edificar y sobre elevar sobre la parcela de su propiedad lo la 
normativa urbanística le permitiera; este título se define por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo (SSTS de 26 de junio de 1981, 8 de octubre de 1988, 2 de junio de 1989, 6 de 
diciembre de 1985, 27 de febrero de 1993, 30 de abril de 1993, 20 de octubre de 1993, 1 
de marzo de 1994, 24 de febrero de 1997, 19 de julio de 2002, 24 de marzo 2003 y 18 de 
noviembre  2003,  de  la  siguiente  forma:  "La  exigencia  de  título  contenida  en  los 
artículos 537 y 539 CC no condiciona el nacimiento de la servidumbre de una manera 
absoluta, pues se considera título constitutivo cualquier negocio o acto jurídico creador 
de la misma, oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa, en virtud del cual se 
establezca la limitación del derecho de propiedad, sin necesidad de que aquel negocio o 
acto quede plasmado documentalmente; pero la voluntad constitutiva ha de ser expresa: 
se requiere, cuando se trata de la creación inter vivos del derecho real, del indispensable 
concierto de voluntades dirigido a ese fin y no es necesaria la escritura pública como 
elemento ad solemnitatem [formal] que afecte a la eficacia obligatoria y validez de lo  s
pactado, siempre que conste bien clara la voluntad de los otorgantes". 6.–Por ello, la  oe.
prohibición de no construir inserta en la citada acta, es, ciertamente, una carga o  w.
limitación del dominio que así se imponía el titular de la finca 140 del Registro de la  919ww
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técnico-jurídica comporta una obligación de prestación negativa o «non facere» incluible 
en la específica categoría de las sujeciones atípicas «propter rem» en las que el titular 
del fundo abdica de su facultad de ejercicio o construir sectorialmente en favor de 
quienes contratan, y sus causahabientes, también personalmente con él, por lo que para 
otorgar la eficacia erga omnes propia de la publicidad registral es imprescindible que 
dicho acto acceda al registro de la propiedad, precisamente lo que se pretende a través 
de la presente inscripción, indebidamente denegada, por los motivos expuestos. 7.–
Además y lo que determina la constitución formal de esta servidumbre en la mencionada 
acta, es el compromiso que las obligaciones asumidas por el dueño del predio sirviente, 
el que se obliga a limitar su derecho a edificar o a realizar lo que de otro modo tendría 
derecho a realizar dado su derecho real de propiedad sobre este predio, se adquieran de 
forma  indefinida,  es  decir  que  sólo  puedan  variarse  mediando  nuevo  acuerdo  de 
voluntades entre las partes intervinientes, nota típica en el derecho de servidumbre, y 
que demuestra que más allá de un acuerdo temporal o provisional para superar una 
situación puntual, lo que se pretende es otorgar un negocio jurídico limitativo de los 
derechos de la propiedad de un fundo a favor de los del fundo colindante, radicando 
precisamente su voluntad indefinida, que raceo por tanto no sólo en la cualidad del 
propietario (derecho personal) sino en el propio fundo (derecho real) en la necesidad de 
que dicha limitación o servidumbre pueda tener acceso al registro de la propiedad para 
que la misma cumpla estrictamente el acuerdo alcanzado ya que de otra forma no sería 
oponible frente a terceros y por ello este pacto carecería de la trascendencia real que las 
partes intervinientes expresamente quisieron otorgarle, y ello con independencia de que 
el Notario otorgante acudiera a un instrumento jurídico inidóneo para tal fin, lo que no 
obsta a la posibilidad de inscripción de los negocios jurídicos documentados en dicho 
documento notarial, tal y como anteriormente hemos indicado. 8.–En apoyo del presente 
Recurso, y entendiendo no aplicables al caso las Resoluciones invocadas en la nota de 
calificación impugnada, apoyamos nuestros fundamentos en las Resoluciones del Centro 
Directivo de fechas: 19/12/2006 y 28/02/2012 entre otras, aplicables habida cuenta su 
analogía al presente supuesto. Por todo lo expuesto, al Registro de la Propiedad de 
Valencia tres ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicito: que 
tenga por presentado el presente escrito de alegaciones unido al Recurso planteado 
mediante el formulario dispensado en el propio Registro, y los documentos oportunos 
requeridos, se sirva admitirlo a trámite y en sus méritos y atendiendo a los fundamentos 
de derecho alegados, el centro Directivo acuerde estimar el recurso, y por ello revocar la 
calificación recurrida, ordenando la anotación a libro diario del acta objeto del presente 
recurso, con efectos desde su presentación, y su posterior inscripción en los términos 
interesados. En Valencia a 29 de septiembre de 2020».
IV
La registradora de la Propiedad accidental del Registro de la Propiedad número tres 
de  los  de  Valencia,  doña  Gema  Reig  Palmero  emitió  su  informe,  manteniéndose 
íntegramente en su calificación, y elevó expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 3, 17, 18, 19, 19 bis, 24, 38, 40, 66, 248.3, 258.4 y 322 y 
siguientes  de  la  Ley  Hipotecaria;  416  y  420  del  Reglamento  Hipotecario,  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de enero  e.
de 2000, 7 de mayo de 2002, 9 de mayo de 2003, 2 de marzo de 2005, 15 de marzo y 5  w.b
de julio de 2006, 19 de julio de 2007, 11 de febrero, 4 y 10 de noviembre y 23 de  919ww
jduilcioie mdeb re2 0d1e2 2, 02008 ,d 2e0  ndoev iseempbtireem dbere  2d0e1 230, 1107,  2d8e  dfeeb mrearroz od ed e2 2001141, , 93  ddee  mjualioyo y y  3104  ddee 
noviembre de 2015, 3 de mayo de 2016, 6 de junio de 2017 y 12 de enero, 23 de marzo,
17 de mayo de 2018, 21 y 22 de noviembre de 2019, y 27 de febrero y 16 de junio 
de 2020
1.  Mediante la instancia que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad número 
tres de los de Valencia, y por medio de un acta de manifestaciones, se solicita, respecto 
de una concreta finca registral, la constancia en el Registro de la Propiedad de dos 
obligaciones: la de no levantar el tejado/forjado de su propiedad a una cota más alta de 
la originaria y mantener dicha zona en las mismas condiciones de inaccesibilidad que ha 
tenido hasta la fecha, impidiendo que dicho tejado/forjado pueda convertirse en terraza o 
zona  pisable,  así  como  la  obligación  de  permitir  la  continuación  de  las  obras  de 
rehabilitación del tejado/forjado iniciadas, sin poner obstáculo a las mismas.
La registradora deniega la práctica del asiento de presentación por aplicación del 
artículo 420 del Reglamento Hipotecario y por entender que, conforme a los principios 
que informan el sistema registral español, no son inscribibles en el Registro de la 
Propiedad las obligaciones personales carentes de trascendencia real.
2.  En  cuanto  a  la  idoneidad  del  recurso,  debe  recordarse  que  en  la  primera 
redacción del Reglamento Hipotecario el artículo 416 estableció que, ante la negativa a 
extender el asiento de presentación, cabía recurso de queja ante el juez de la localidad. 
La Ley 24/2001 estableció en el artículo 329 de la Ley Hipotecaria que cabía interponer 
recurso de queja ante esta Dirección General, con alzada ante el juez de la capital de la 
provincia, pero este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido por la 
Ley 24/2005, por lo que actualmente la cuestión carece de una regulación directa. No 
obstante, este Centro Directivo ha entendido (cfr., Resoluciones citadas en los «Vistos») 
que la negativa a la práctica del asiento de presentación es una calificación más y, como 
tal decisión, puede ser impugnada mediante mismo recurso que puede interponerse 
contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del documento y, por 
tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los artículos 322 
y siguientes de la Ley Hipotecaria.
Naturalmente, el objeto de recurso en estos casos es exclusivamente determinar si 
procede o no la práctica del asiento de presentación, sin prejuzgar sobre la calificación 
que, de practicarse dicho asiento, deberá en su momento llevar a cabo el registrador 
respecto al acceso del título presentado a los libros de inscripciones.
3.  Dados los efectos que, conforme al principio de prioridad registral produce el 
asiento de presentación en el Libro Diario (artículos 17 y 24 de la Ley Hipotecaria), es 
lógico que el legislador no quiera que dicho asiento se extienda mecánicamente con la 
sola aportación del título correspondiente al Registro. Por ello el registrador ha de 
analizar  cada  documento,  con  el  objeto  de  decidir  si  procede  o  no  su  efectiva 
presentación al Diario. Pero la calificación que a estos efectos realiza el registrador es 
distinta de la que debe llevar a cabo con los documentos ya presentados para determinar 
si son o no susceptibles de inscripción o anotación.
Consecuentemente,  en  este  momento  inicial  el  registrador  debe  limitarse 
exclusivamente a comprobar que concurren los requisitos que nuestro ordenamiento 
establece para que un documento pueda acceder al Libro Diario. Si se cumplen estos 
requisitos ha de practicarse el asiento de presentación, aunque se pueda ya observar 
que existe algún defecto que en su momento provocará la negativa a practicar la 
anotación o inscripción definitiva del título.
4.  Por lo que se refiere a la calificación objeto de este recurso, el artículo 420.1 del 
Reglamento Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, ordena 
a los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados,  e.
salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral. w.b
Este Centro Directivo ha reiterado que la negativa a la práctica de un asiento de  919ww
psorelisceitan tasceiaó,n  psaólmlo adrieab ee  irnedaulidzaarbsleem ceunatned, od ee l imdopcousmibleen taoc cceusyoa  aclo nRsetgainsctriao . rEegsitset raels  seel 
ctarimtebriioé nq ueel  ahpaa rdtaed op re3s iddire l lam iinstmerop reatratícciuólno  d4e2l 0r, efqeuried op rporheícbeep toe xrteengdlaemr eanstaierinot o( vdide. 
presentación de «los demás documentos que por su naturaleza, contenido o finalidad no
puedan provocar operación registral alguna»). Por tanto, sólo en aquellos casos en los 
que el propio presentante manifieste que su objetivo no es la práctica de un asiento en 
los libros del Registro, o en los que de una forma evidente resulte que el título nunca 
podría provocar dicho asiento, cabría denegar la presentación.
Es indudable que en el presente expediente nos encontramos ante un acta de 
manifestaciones  que  únicamente  contiene  obligaciones  personales  carentes  de 
transcendencia real, y que no se encuentran aseguradas con derecho real alguno.
A este respecto, bien podrían haberse articulado las obligaciones manifestadas como 
pactos personales a través de un derecho real como el de servidumbre, al que alude la 
recurrente.
Sin  embargo,  para  su  acceso  al  Registro  de  la  Propiedad,  su  constitución  por 
voluntad de los interesados, con expresión de todas sus circunstancias y características, 
no ha de ser meramente manifestada sino consentida de forma expresa, y, a su vez, 
dicha  declaración  de  voluntad  debe  recogerse,  en  virtud  del  principio  de  titulación 
auténtica (cfr. artículos 3 de la Ley Hipotecaria y 33 del Reglamento Hipotecario), en un 
título  público.  Dentro  de  los  notariales,  los  formalmente  válidos  para  recoger 
declaraciones  de  voluntad  dirigidas  a  la  constitución  de  un  derecho  real  son  las 
escrituras  públicas,  y  no  las  actas  de  manifestaciones  que,  como  actas  notariales, 
únicamente tienen por contenido la constatación de hechos o la percepción que de los 
mismos tenga el Notario, y que, por su índole, no pueden ser calificadas de actos o 
contratos (cfr. Artículo 17 de la Ley del Notariado).
Precisamente, para un supuesto similar al del presente expediente la Resolución de 
esta Dirección General de 16 de diciembre de 2010 ya recalcó que «para que pueda 
inscribirse tal derecho es necesario aportar el documento en cuya virtud se constituyó, 
en  el  que  deberán  estar  reflejadas  todas  sus  circunstancias  y  características,  y  el 
consentimiento o la intervención de los respectivos titulares registrales (cfr. artículos 3 
y 13 de la Ley Hipotecaria, 33 y 51.6 del Reglamento Hipotecario). En definitiva, es 
preciso aportar en relación con el derecho de servidumbre de paso (a la que el título se 
refiere  como  serventía),  el  «documento  o  documentos  públicos  en  que  funde 
inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquella y que 
hagan fe, en cuanto al contenido que haya de ser objeto de inscripción», como exige el 
citado  artículo  33  del  Reglamento  Hipotecario».  Por  todo  ello,  debe  confirmarse  la 
decisión de la registradora.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 26 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.