BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 67 Viernes 19 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 31616
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
4321 Ley  1/2021,  de  22  de  febrero,  de  Medidas  Tributarias,  Financieras  y 
Administrativas.
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y 
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del 
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los presupuestos requieren para su completa aplicación la adopción de diferentes 
medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo que, por su 
naturaleza, deben adoptar rango de ley y que, como precisó el Tribunal Constitucional, 
no deben integrarse en las leyes anuales de presupuestos generales, sino en leyes 
específicas.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional este tipo de normas son leyes ordinarias 
cuyo contenido está plenamente amparado por la libertad de configuración normativa de 
que goza el legislador y que permiten una mejor y más eficaz ejecución del programa del 
Gobierno en los distintos ámbitos en que desarrolla su acción.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta los objetivos marcados por la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2021, y con el 
fin de contribuir a una mayor eficacia y eficiencia de los mismos, la presente ley recoge 
las medidas de naturaleza tributaria que acompañan a la Ley de Presupuestos, así como 
otras de diferente carácter que afectan a la actuación, gestión y organización de la 
administración regional; todas ellas necesarias para la consecución de determinados 
objetivos plurianuales perseguidos por la Comunidad Autónoma a través de la ejecución 
presupuestaria.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la Ley Orgánica 14/2007, 
de  30  de  noviembre,  atribuye  a  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  la  competencia 
exclusiva en materia de ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto.
En este sentido, el artículo 86 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León señala 
que las competencias normativas, entre otras, de los tributos cedidos por el Estado se 
ejercerá en los términos fijados en la Ley Orgánica prevista en el artículo 157.3 de la 
Constitución.
La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas  regula  la  autonomía  financiera  y  el  sistema  de  financiación  de  las 
Comunidades Autónomas.
Por otro lado, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, regula el sistema de financiación 
de  las  Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de 
Autonomía y modifica determinadas normas tributarias.
En este contexto, la Ley 30/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad de Castilla y León, procedió a adecuar el contenido de la  s
disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León al nuevo  oe.
régimen general de tributos cedidos previsto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y  w.
procedió, asimismo, a regular el régimen específico de dicha cesión a la Comunidad de  21ww
CasEtilnla e ys tLee ómna.rco normativo se enmarcan las modificaciones del texto refundido de las
dy iscpeodsidicoiosn, easp rleogbaaldeos  dpeo rl ae Cl oDmecurneitdoa dle dgeis lCataivsoti ll1a/ 2y 0L1e3ó, nd een  1m2 adteer ias edpet ietrmibburteo,s  yp rodpei olas   BOE-A-cable e
Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de 
Castilla y León.
En relación con la modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, se ampara en las competencias de la 
Comunidad  del  artículo  70.1.1.º  y  3.º  del  Estatuto  de  Autonomía,  en  materia  de 
organización,  régimen  y  funcionamiento  de  sus  instituciones  de  autogobierno  y  de 
ordenación de la Hacienda de la Comunidad.
Entre  las  medidas  administrativas  se  introducen  varias  modificaciones  en  la 
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, se modifica de la Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la asistencia 
Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de extender las competencias 
de  los  Servicios  Jurídicos  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  en  materia  de 
asesoramiento jurídico preventivo al sector público de la Comunidad de Castilla y León y 
por último se procede a la adaptación de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creación 
de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., a 
la legislación estatal de contratos del sector público.
Por su parte, las restantes modificaciones normativas encuentran su fundamento en 
las  competencias  asumidas  por  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  en  virtud  de  los 
artículos 70 y siguientes del Estatuto de Autonomía.
La ley se estructura en tres capítulos, seis artículos, dos disposiciones adicionales, 
una disposición derogatoria y veintiuna disposiciones finales.
El capítulo I bajo la rúbrica «Medidas tributarias» comprende dos artículos.
El artículo 1 recoge las modificaciones del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.
Como consecuencia del cambio en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas  Físicas,  que  incluye  una  nueva  deducción  por  gastos  de  guardería  de 
hasta  1.000  euros,  se  considera  necesario  minorar  el  importe  de  la  deducción 
autonómica en la cuantía que se aplique en la deducción estatal.
En  segundo  lugar,  se  considera  oportuno  establecer  que  el  importe  total  de  la 
deducción autonómica aplicada por ambos progenitores, más el importe de la deducción 
estatal incrementada por maternidad, más el importe de las posibles ayudas públicas 
percibidas, no pueda superar el importe total del gasto satisfecho ese ejercicio por 
gastos de guardería.
El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  el  empleo  y  la 
ocupación,  ha  equiparado  los  permisos  de  nacimiento  de  hijo  o  hija  de  ambos 
progenitores, eliminando la posibilidad de que la madre biológica pueda ceder al otro 
progenitor parte de su periodo de suspensión del contrato de trabajo.
Esta modificación legislativa estatal hace perder la razón de ser de la deducción 
autonómica por suspensión del contrato de trabajo de la madre biológica cedido al otro 
progenitor a partir del 1 de enero de 2021.
En relación con las deducciones en materia de vivienda, se produce una mejora 
técnica en el artículo al sustituir el término «población» por «municipio y entidad local 
menor», siguiendo de esta forma la terminología específica en materia de demarcación 
territorial.
Por otra parte, se establece un nuevo requisito para aplicar la deducción autonómica 
para el fomento de la movilidad sostenible: que el valor de adquisición del vehículo,  s
incluyendo todos los impuestos inherentes a la compra, no supere los 40.000 euros. oe.
Se  recoge  un  tipo  reducido  en  el  impuesto  de  transmisiones  patrimoniales  en  w.
determinados supuestos de transmisión de inmuebles que vayan a constituir la sede  21ww
sociTaal mo bcieénnt rsoe d ien ttrroadbuacjoe nd em eomdipfirceascaiosn oe sn eegno lcai otas.sa sobre los juegos de suerte, envite o
azar en relación con la base imponible, tipos impositivos y cuotas, la exención, el
devengo y el pago; y se determina cómo está constituida la base imponible para las 
máquinas que oferten juegos alojados en un servidor informático.
Se modifica la regulación del impuesto sobre la afección medioambiental en cuanto a 
su  naturaleza  y  afectación,  modificándose  el  artículo  50.3  del  texto  refundido  para 
permitir que todos los ingresos de este impuesto propio, cualquiera que sea su concreta 
procedencia (aprovechamientos del agua embalsada, parques eólicos o instalaciones de 
transporte  de  energía  eléctrica)  puedan  destinarse  tanto  a  programas  de  gasto  de 
carácter  medioambiental  como  de  eficiencia  energética,  dada  la  analogía  entre  las 
afecciones e impactos ambientales que grava este impuesto en cualquiera de esas tres 
modalidades y la interrelación existente entre unos y otros programas, en la medida que 
la eficiencia energética, en todos los sectores y no sólo el industrial, contribuye a la 
consecución de fines medioambientales.
El artículo 2 modifica determinadas tasas reguladas en la Ley 12/2001, de 20 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, a iniciativa 
de aquellas consejerías a las que corresponde su gestión.
Se modifica la regulación de la tasa en materia de juego, para adaptar la misma a las 
modificaciones  introducidas  por  la  Ley  6/2017,  de  20  de  octubre,  de  medidas  de 
reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. La regulación de 
las cuotas de esta tasa diferencia entre «Autorizaciones y declaraciones responsables», 
«Renovaciones,  modificaciones,  trasmisiones  y  extinciones»,  «Cancelación  de  la 
inscripción  en  el  registro  de  personas  que  tienen  prohibido  el  acceso  al  juego», 
«Consulta previa de viabilidad de salón de juego», «Consulta previa de viabilidad de 
casa de apuestas», «Emisión de duplicados y certificaciones» y «Diligenciado de libros».
De acuerdo con el principio de seguridad jurídica en la tasa medioambiental se 
eliminan como hechos imponibles la evaluación de impacto ambiental y las auditorías 
ambientales.
Se modifica la cuota de la tasa por sacrificio de animales para el caso de los porcinos 
y jabalíes introduciendo la categoría «menos de 5 semanas de edad» al no ser necesario 
investigar la presencia de triquinas en las carnes de estos animales de menos de 5 
semanas de edad.
Se modifica la tasa por la expedición de títulos y certificados y por la realización de 
pruebas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, con el objeto de actualizar la 
denominación de los certificados de Idiomas en los términos indicados de los diferentes 
niveles existentes y de los títulos de las enseñanzas profesionales de Música y Danza 
para adecuarla a lo establecido por la normativa básica.
En la tasa en materia de industria y energía se incluye la aplicación de la cuota 
correspondiente  a  una  nueva  inscripción  a  las  modificaciones  de  importancia  o 
sustanciales de instalaciones. Además se incorporan dos cuotas en relación con la 
inscripción y control de instalaciones de protección contra incendios en edificios no 
industriales y en determinadas actuaciones de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Se modifica la regulación de la cuota y las bonificaciones de la tasa por solicitud de 
concesión de la etiqueta ecológica, sobre la base de los principios de seguridad jurídica, 
con el fin lograr la coherencia con el resto del ordenamiento, representado en este caso 
por el Reglamento (UE) 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
etiqueta  ecológica,  en  la  redacción  dada  por  el  Reglamento  (UE)  782/2013  de  la 
Comisión de 14 de agosto de 2013 y con el objetivo final de una mayor implantación de 
la  etiqueta  ecológica,  apostando  por  dicho  instrumento  de  mejora  de  la  gestión  s
medioambiental como un elemento que potencia la competitividad de los productos y  oe.
servicios en los que se utiliza. w.
Se  incorpora  una  nueva  tasa  por  emisión  de  informe  con  carácter  previo  a  la  21ww
adquPiosric úióltnim oo t rsaen semstiasbiólenc dee u bniae nbeosn iinficmauceióbnle psa.ra el ejercicio 2021 respecto a la tasa por
la prestación de servicios veterinarios.
El capítulo II establece las medidas financieras. En concreto, el artículo 3 introduce 
modificaciones en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Ley de la Hacienda y del Sector 
Público.
Se mejora la regulación en cuanto a la delimitación de las entidades que forman 
parte del sector público autonómico y dentro de él del sector público institucional. A su 
vez se modifican los principios contables y los criterios de aplicación de los mismos, así 
como las competencias de la Intervención General como órgano directivo y como centro 
gestor de la contabilidad pública para incluir en su ámbito de aplicación a las entidades 
del sector público institucional autonómico.
Por otro lado en virtud de lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 2/2006, de 3 de 
mayo, según el cual la elaboración de las cuentas del sector público se realizará de 
forma  compatible  con  el  sistema  seguido  por  el  Estado,  se  procede  a  modificar 
determinados preceptos de dicha ley con el objetivo de elaborar una Cuenta General 
única de la Comunidad, de manera similar a la presentada por el Estado a raíz de la 
entrada en vigor del Plan General de Contabilidad Pública.
Además se establece la supervisión continua de las entidades integrantes del sector 
público institucional autonómico a través del control financiero permanente y del plan de 
auditorías y se incorpora un artículo en el que se regula dicha supervisión continua.
Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los créditos y teniendo en cuenta la 
previsible incorporación al Presupuesto de Castilla y León de fondos procedentes de los 
Planes Next Generation EU, se introduce una especificación en materia de ampliaciones 
de crédito en el artículo 129 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.
Por último, el capítulo III bajo la rúbrica de «medidas administrativas», cuenta con 
tres artículos.
En primer lugar se introducen varias modificaciones en la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La primera tiene 
como finalidad adaptar la regulación de los encargos hechos por la Administración a 
entidades  instrumentales  a  la  normativa  básica  estatal.  La  segunda  supedita  la 
efectividad de las previsiones de la ley sobre asistencia jurídica de los entes públicos de 
derecho privado y de las empresas y fundaciones públicas a que se dote de los recursos 
personales  necesarios  para  el  desempeño  de  tales  funciones  respecto  a  dichas 
entidades. Por último, se modifica la regulación de los artículos del capítulo III del 
título VI de la Ley 3/2001, de 3 de julio, en base a la incidencia que sobre dicha 
regulación ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo. Se 
opta por la adopción de unos principios mínimos y unos trámites esenciales en esta ley, 
dando cabida a una regulación reglamentaria posterior del procedimiento de elaboración 
normativa.
En  segundo  lugar  se  modifica  la  Ley  6/2003,  de  3  de  abril,  reguladora  de  la 
asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de extender las 
competencias de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León en materia 
de asesoramiento jurídico preventivo al sector público de la Comunidad de Castilla y 
León.
En tercer lugar se incorporan modificaciones en varios artículos de la Ley 12/2006, 
de 26 de octubre, de creación de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León, S.A., con el fin de constituir dicha Sociedad como medio 
propio e instrumental no sólo de la Administración General de Castilla y León sino 
también de los entes locales, así como de las entidades del sector público dependientes 
de cualquiera de las anteriores que tengan la condición de poderes adjudicadores. s
En la parte final de la ley se recogen dos disposiciones adicionales. oe.
La  primera  habilita  a  la  modificación  estatutaria  para  hacer  efectiva  la  nueva  w.
regulación recogida en la presente ley respecto al artículo 3.2 de la Ley 12/2006, de 26  21ww
de oLcatu sbereg.unda disposición adicional viene motivada por la colaboración por parte de las
ECUom. Eunni deasdtee ss eAnuttidóon,o mcoans  eeln f inla  dgee sgtaiórann dtieza lro sla  Fcoonrrdeocst ad eej elocsu cPiólann dees  eNsetoxts  Gfoenndeorsa,t iosne   BOE-A-cable e
han de introducir medidas que permitan la eficaz y transparente gobernanza de esos 
fondos a la vez que la eliminación de determinadas trabas administrativas que puedan 
suponer ralentizar y entorpecer la contratación y ejecución de proyectos positivos para la 
recuperación de la economía. Con este objetivo, se establece una regulación específica 
respecto a la tramitación anticipada de expedientes de gastos con cargo a los Fondos de 
los Planes Next Generation EU y respecto a los compromisos de gastos con cargo a 
ejercicios futuros, en concordancia con lo dispuesto a su vez en los artículos 39 y 41.2 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de  Recuperación  y  Resiliencia.  Por  otro  lado,  se  concreta  la  competencia  para  la 
autorización de las transferencias que afecten a los créditos financiados con los Fondos 
de los Planes Next Generation EU.
La disposición derogatoria contiene la relación de preceptos vigentes que quedan 
derogados por la presente ley y la cláusula genérica de derogación.
Las  disposiciones  finales  recogen  las  modificaciones  de  distintas  normas 
autonómicas de variada naturaleza y la entrada en vigor de la ley.
En primer lugar se modifica la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de 
Castilla y León, sustituyendo las referencias hechas a la consejería competente en 
materia de administración local por referencias a la consejería competente por razón de 
la materia, todo ello de acuerdo con la distribución de competencias hecha por el decreto 
de reestructuración de consejerías vigente.
Se incorpora un nuevo procedimiento al apartado 2 c) del Anexo de la Ley 14/2001, 
de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas en el que el 
silencio  tiene  efectos  desestimatorios.  En  concreto,  se  trata  del  reconocimiento  del 
derecho  a  préstamos  garantizados  por  el  Instrumento  Financiero  de  Gestión 
Centralizada  cofinanciados  por  el  FEADER,  siendo  éste  un  procedimiento  especial 
donde participan entidades financieras que son quienes realizan los préstamos una vez 
que la consejería ha resuelto el derecho al préstamo.
Se  modifica  la  regulación  de  las  actividades  de  tiempo  libre  prevista  en  la 
Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, con el objetivo de asegurar 
el seguimiento y control de las mismas, lo cual en estos momentos se considera esencial 
ante la situación de crisis sanitaria.
Se amplía la vigencia de la licencia prevista en la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de 
establecimiento  de  un  régimen  excepcional  y  transitorio  para  las  explotaciones 
ganaderas en Castilla y León, otros quince años más, hasta el 31 de diciembre de 2036, 
dado que a la fecha actual todavía un elevado número de explotaciones mantienen toda 
o parte de su ubicación dentro de los cascos urbanos municipales. Explotaciones que 
sostienen económicamente a un importante número de familias, las cuales durante el 
año 2021, de perder la vigencia la licencia regulada por la Ley 5/2005, de 24 de mayo, 
tendrían comprometida seriamente su viabilidad económica.
Se incorpora una nueva disposición transitoria a la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la 
Función Pública de Castilla y León, con el objetivo de dar en la mayor medida posible 
cumplimiento efectivo al derecho a la carrera profesional y movilidad geográfica de los 
funcionarios de la Administración de Castilla y León. Además se altera de manera 
transitoria el plazo de toma de posesión con el fin de que el impacto en la propia 
organización sea menor, ya que la movilidad de un número masivo e indeterminado de 
funcionarios puede afectar, si no se efectúa de manera organizada y planificada, a la 
propia gestión diaria de los Servicios. s
Se  modifica  la  Ley  13/2005,  de  27  de  diciembre,  de  Medidas  Financieras.  Se  oe.
incorpora  una  nueva  subvención,  competencia  del  Instituto  para  la  Competitividad  w.
Empresarial  de  Castilla  y  León,  para  proyectos  de  inversión  en  suelo  industrial,  21ww
pinrdoumsotrviaidl opsa rpao rl al ains stcaolarpcoióranc idoen eesm lporceaslaess , etne ndieentedrom ienna dcouse nmtau nliac ipdieoms. aSned ai ndtreo dsuuceelno 
emmopdlieficoa. ciSonee si nrceosrppeocrtao  au lna s nsuuebvvoe ncpiorenceesp ptoa raq eule d erseagrurolall o edle  rlaésg ipmoelínti cadse  acatiqvuaesl ldaes   BOE-A-cable e
subvenciones que tienen como origen el Pacto para la recuperación económica, el 
empleo y la cohesión social en Castilla y León, suscrito el 17 de junio de 2020. Se 
incorpora un nuevo artículo que permita que las subvenciones incluidas en programas 
estatales en materia de ahorro y eficiencia energética y energías renovables, se puedan 
resolver por orden de entrada si así lo prevén las propias bases reguladoras recogidas 
en los correspondientes Reales Decretos dictados por el Estado. Por último, se introduce 
una modificación para regular las subvenciones para la sustitución o modificación de 
instalaciones de seguridad industrial en general de más de diez años.
Se modifica la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Castilla y León. Se reducen las sanciones pecuniarias 
en aras del principio de proporcionalidad que debe aplicarse en el régimen sancionador. 
Modificación que conlleva también adecuar el órgano competente en función de la 
cuantía de la sanción a imponer en el procedimiento correspondiente. Por otro lado, se 
modifica la definición de «Bares especiales» con la voluntad de adecuar la realidad 
fáctica al marco jurídico.
Se modifica la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de 
Castilla y León. Para facilitar la concurrencia de los interesados, se disminuye la fianza 
para participar en procedimientos de enajenación, de modo que se obtenga el mejor 
resultado posible para la Hacienda de la Comunidad en la enajenación de inmuebles 
innecesarios, vacíos y en desuso; y se amplía el plazo de las cesiones gratuitas del uso 
de bienes inmuebles de la Administración General con el fin de promover la cesión de 
uso de bienes patrimoniales tanto para la realización de fines públicos o de interés 
social, como para la conservación y el mantenimiento de los inmuebles cedidos. Por 
último, se atribuyen a la consejería competente en materia de vivienda las competencias 
de gestión, administración y disposición respecto a los alojamientos protegidos, así como 
respecto de aquellas viviendas que vayan a incorporarse al Parque Público de alquiler 
social.
Se  modifica  la  Ley  2/2007,  de  7  de  marzo,  del  Estatuto  Jurídico  del  Personal 
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, con el objetivo de dar respuesta a 
una petición que las universidades de la comunidad vienen reiterando en el tiempo y que 
en las circunstancias actuales de crisis sanitaria requiere más que nunca una tramitación 
rápida y sin demoras. Los efectos de la pandemia han agravado la situación de la 
formación universitaria en ciencias de la salud lo que justifica la necesidad de proponer 
este cambio normativo que ha sido consensuado con todas las partes implicadas del 
ámbito docente universitario y sanitario.
Además con ello se persigue: ofrecer claridad sobre la posibilidad de acceso a las 
jefaturas de servicio y de unidad del servicio de salud de Castilla y León del personal 
docente universitario con plaza vinculada tanto en su condición de funcionarios como 
laborales, consolidar la carrera académico-asistencial del personal con plaza vinculada, 
reforzar la cobertura de las plazas vinculadas y con ello garantizar la calidad de la 
formación  de  los  profesionales  sanitarios  y  por  último  equiparar  en  derechos  y 
obligaciones  del  profesorado  universitario  de  ciencias  de  la  salud  con  actividad 
asistencial, tanto en su condición de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios 
como  de  personal  contratado  sujeto  al  derecho  laboral  tal  y  como  establece  el 
artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad como los conciertos 
específicos en materia docente y de investigación en ciencias de la salud entre las 
universidades y la Gerencia Regional de Salud.
Se modifica la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y  s
León,  disminuyendo  y  adaptando  a  la  realidad  social  y  económica  las  sanciones  oe.
tipificadas para reforzar el objeto de la ley que no es otro que la disuasión de las  w.
conductas contrarias a la misma. 21ww
de CSaes tmilload yif iLceaó lna,  Lpeayr a5 /e2x0c0e8p,t udaer  2e5l  idnefo srmepet ideem blar ec,o dnes eSjeurbíav ecnocmiopneetse ndtee  lean C moamteurniaid daed 
hacienda para las subvenciones concedidas directamente por razones que dificulten su
convocatoria pública destinadas a las intervenciones para atender crisis humanitarias y 
de emergencia en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo.
Se incorporan una serie de modificaciones a la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido 
de Castilla y León. Las modificaciones se basan por un lado en razones de seguridad 
jurídica  persiguiendo  el  armonizar  la  regulación  contenida  en  dicha  ley  con  el 
Decreto 38/2019, de 3 de octubre. Por otro lado se introducen otras modificaciones con 
el fin de adaptar los requisitos que deben cumplir determinadas actividades que estaban 
sujetas  al  régimen  de  licencia  ambiental  y  han  pasado  a  estar  sometidas  al  de 
comunicación ambiental.
Se introduce una modificación en la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la 
vivienda de la Comunidad de Castilla y León, en aras de dirigir los principales esfuerzos 
de la acción pública por un lado a lograr la satisfacción del derecho a una vivienda digna 
en favor de las capas más desfavorecidas de la población y por otro a lograr la fijación 
de población, siendo por ello necesario elevar de 3,5 a 5 veces el IPREM el requisito de 
los ingresos de los posibles destinatarios de viviendas de promoción pública en el caso 
de promociones destinadas a la venta.
Se introduce una modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de 
Castilla y León, por la necesidad de adecuar su regulación a la nueva ordenación de los 
viajes combinados.
Se modifica la Ley 7/2013, de 27 septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno 
del Territorio, sustituyendo las referencias hechas a la consejería competente en materia 
de administración local por referencias a la consejería competente por razón de la 
materia, todo ello de acuerdo con la distribución de competencias hecha por el decreto 
de reestructuración de consejerías vigente.
Se modifica la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León, con dos 
objetivos,  por  un  lado  se  recoge  una  regulación  específica  en  materia  de  calidad 
alimentaria, especialmente en materia de infracciones, teniendo en cuenta que el Real 
Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la 
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, en su 
disposición final segunda, modifica la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la 
calidad alimentaria, añadiendo una disposición adicional quinta, titulada «Infracciones», 
en la que preceptúa que «La tipificación de las infracciones en materia de calidad 
alimentaria  será  la  que  al  efecto  se  regule  por  la  legislación  de  cada  Comunidad 
Autónoma en la materia». Se introduce por otro lado diversas modificaciones con el 
objetivo de que la Comunidad de Castilla y León pueda ejercer la potestad sancionadora 
que la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, atribuye a las Comunidades Autónomas en materia de la cadena 
alimentaria,  siendo  para  ello  preciso  que  se  contemplen  determinados  aspectos 
procedimentales y orgánicos.
Se modifica la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de 
Castilla y León, respecto a la cualificación para el ejercicio de la profesión de entrenador 
en las competiciones de los Juegos Escolares del Programa de Deporte en Edad Escolar 
y en las competiciones federadas de ámbito autonómico, y en cuanto a la regulación 
referida a las titulaciones homologadas y equivalentes para el ejercicio de la profesión de 
Monitor Deportivo.
Se modifica la Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera 
profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, con la finalidad de incluir en el ámbito subjetivo de los profesionales que han de  s
percibir el complemento de carrera profesional en la modalidad del artículo 85.a) a los  oe.
inspectores y subinspectores médicos y a los inspectores farmacéuticos. w.
El Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad  21ww
Dadismpionsisictrióanti vaT rpaanrsai toerl iafo mCeunatrot ad, e rleac oregaíac tivmaecidóind apsr odeuxccetivpac ioenna lCesa staillpal icya bLleeósn , ae nl alas 
esopcidieedmaidoelósg iccoao hpae rdaatidvoa slu hgaasr taa  leal  d3e1c ladrea cdióicnie dmeb uren  nduee 2v0o2 e0s. taNdoo  odbes atalanrtme,a  lap osr iteula Rcieóanl   BOE-A-cable e
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado a su 
vez por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, que justifica que en la disposición 
final antepenúltima de esta Ley se modifique la citada disposición transitoria cuarta del 
Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, con el objetivo de adoptar nuevas medidas con 
vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2021, para facilitar a estas entidades su 
funcionamiento social y jurídico ante la imposibilidad de celebrar Asambleas generales y 
Consejos Rectores presenciales.
En la penúltima disposición final se habilita a la Consejería de Economía y Hacienda 
a instrumentar un procedimiento para la compensación a los consumidores por los 
suplementos territoriales de la Ley del Sector Eléctrico que se les hubiera repercutido 
conforme la Orden TEC/271/2019, de 6 de marzo, y que estuvieran pendientes de tal 
compensación, preservando así los derechos de los consumidores que podrían verse 
conculcados por la derogación de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2012, 
de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. Esta disposición guarda 
estrecha  vinculación  con  la  derogación  de  la  disposición  adicional  segunda  de  la 
Ley 9/2012, de 21 de diciembre, derogación que supone la desaparición del Fondo para 
llevar  a  cabo  dicha  compensación,  no  siendo  necesaria  la  derogación  de  normas 
reglamentarias que desarrollaran dicho Fondo al no haberse dictado ninguna hasta la 
fecha.
Finalmente, se establece la fecha de entrada en vigor, siendo diferente la fecha de 
entrada en vigor de los capítulos I y II y del resto de la ley.
CAPÍTULO I
Medidas tributarias
Artículo  1.  Modificación  del  texto  refundido  de  las  disposiciones  legales  de  la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por 
Decreto legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.
1.  Se modifica el artículo 5 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5.  Deducciones por cuidado de hijos menores.
1.  Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, 
tengan que dejar a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada de 
hogar o en guarderías o centros escolares, podrán optar por deducirse una de las 
siguientes cantidades:
a)  El 30 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo a la 
persona empleada del hogar, con el límite máximo de 322 euros.
b)  El 100 por 100 de los gastos satisfechos de preinscripción y de matrícula, 
así como los gastos de asistencia en horario general y ampliado y los gastos de 
alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos, en escuelas 
infantiles, centros y guarderías infantiles de la Comunidad de Castilla y León, 
inscritas en el registro de centros para la conciliación de la vida familiar y laboral,  s
con el límite máximo de 1.320 euros. e.
En el supuesto de que el contribuyente tuviera derecho al incremento de la  21ww
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sFoísbicrea sla y  Rdeen mtao ddiefi cnaoc ióRne spiadrecniatel sd ey  lasso blerey eesl  dPea tlorism Iomnpiou, eeslt oims psoobrtree  dSeo claie dmaisdmesa, 
minorará la cuantía determinada conforme al párrafo anterior. En este supuesto, el
límite de 1.320 euros se verá reducido en la cantidad a que el contribuyente 
tuviera derecho por la deducción estatal.
Para  la  aplicación  de  esta  deducción,  deberán  concurrir  los  siguientes 
requisitos:
a)  Que a la fecha de devengo del impuesto los hijos a los que sea de 
aplicación el mínimo por descendiente tuvieran menos de 4 años de edad.
b)  Que los progenitores que tienen derecho a la aplicación del mínimo por 
descendiente respecto a los hijos que cumplen los requisitos de la letra a) realicen 
una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual estén dados de alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.
c)  Que, en el supuesto de que la deducción sea aplicable por gastos de 
custodia por una persona empleada del hogar, ésta esté dada de alta en el Sistema 
Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
El importe total de la deducción aplicada por ambos progenitores, más el 
importe en su caso, del incremento de la deducción estatal por maternidad, más la 
cuantía de las ayudas públicas percibidas por este concepto no podrá superar, 
para el mismo ejercicio, el importe total del gasto efectivo del mismo. En el caso de 
que el importe de todas las deducciones y ayudas públicas mencionadas superase 
el  gasto  satisfecho  por  la  guardería,  se  minorará  el  importe  máximo  de  la 
deducción en la cuantía necesaria.
2.  Los contribuyentes que a la fecha de devengo del impuesto tengan un hijo 
menor de 4 años, al que sea de aplicación el mínimo por descendiente, podrán 
deducirse el 15 por 100 de las cantidades que hayan satisfecho en el período 
impositivo por las cuotas a la Seguridad Social de un trabajador incluido en el 
Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social, con el límite máximo de 300 euros.»
2.  Se modifica la letra c) del apartado 1 y la letra b) del apartado 4 del artículo 7 del 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de tributos propios y cedidos, que queda redactado en los siguientes términos:
«''c)  Que la vivienda esté situada en un municipio o en una entidad local menor 
de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  que  en  el  momento  de  la  adquisición  o 
rehabilitación no exceda de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 
habitantes, si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia, y tenga un 
valor, a efectos del impuesto que grave su adquisición, menor de 135.000,00 euros.''
''b)  El porcentaje establecido en la letra anterior será el 25% con un límite 
de 612 euros cuando la vivienda habitual se encuentre situada en un municipio o 
en una entidad local menor de la Comunidad de Castilla y León que no exceda 
de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes, si dista menos 
de 30 kilómetros de la capital de la provincia.''»
3.  Se modifica la letra g) del artículo 9 del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«g)  Las  cantidades  destinadas  por  el  contribuyente  a  la  adquisición  de  un 
vehículo turismo nuevo que tenga la consideración de vehículo eléctrico puro o de  es
vehículo eléctrico con autonomía extendida o de vehículo híbrido enchufable con  o
autonomía en modo eléctrico de más de 40 kilómetros. El importe máximo de la  21ww
pdoerd uvecchiíócnu,l oq yu es us ea pplricoarrcaiótena erás,t áe nsu sjeut ac aasl oc,u emnptrliem lioesn taod dqeu ilraesn tseigsu, iseenrtáe sd eco 4n.d0i0c0io neeusro:s
los 4–0 .E0l0 v0a elourr odse. adquisición del vehículo, impuestos incluidos, no podrá superar  BOE-A-cable e
– El vehículo adquirido no podrá estar afecto a actividades profesionales o 
empresariales, cualquiera que sea el titular de estas actividades.
– La deducción solamente será de aplicación en el periodo impositivo en el 
cual se matricule el vehículo cuya adquisición genera el derecho a aplicar la 
deducción.
– El vehículo adquirido deberá mantenerse en el patrimonio del contribuyente 
al menos durante cuatro años desde su adquisición.»
4.  Se incorpora un nuevo apartado 6 en el artículo 25 del texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios 
y cedidos, con la siguiente redacción:
«6.  En las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la sede social o 
centro  de  trabajo  de  empresas  o  negocios  profesionales  se  aplicará  un  tipo 
reducido del 3% en los siguientes supuestos:
a)  Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social 
en alguno de los municipios o entidades locales menores previstos en el artículo 7, 
apartado 1, c) de este texto refundido.
b)  Que la empresa o negocio profesional cumpla los requisitos establecidos 
en las letras b), c) y d) del apartado 5 anterior.»
5.  Se modifica el artículo 29 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 29.  Base imponible.
1.  Por regla general, la base imponible del tributo estará constituida por los 
ingresos netos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen 
a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda 
obtener directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los 
premios satisfechos por el operador a los participantes.
2.  En los juegos sometidos a la tasa que se desarrollen de forma remota, la 
base imponible estará constituida por las cantidades que los jugadores dediquen a 
su participación en el juego descontada la cantidad destinada a premios.
3.  En los casinos de juego, la base imponible estará constituida por los 
ingresos brutos que obtengan procedentes del juego. Se entenderá por ingresos 
brutos la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes 
del juego y las cantidades satisfechas a los jugadores por sus ganancias. No se 
computará en los citados ingresos la cantidad que se abone por la entrada en las 
salas reservadas para el juego.
4.  En el juego del bingo la base imponible estará constituida por el importe 
del valor facial de los cartones adquiridos descontada la cantidad destinada a 
premios. En la modalidad de juego del bingo electrónico, la base imponible estará 
constituida por el importe jugado descontada la cantidad destinada a premios.
5.  En los casos de explotación de máquinas de juego, la cuota fija aplicable 
se determinará en función del tipo de máquina y del número de jugadores. Para 
las máquinas que oferten juegos alojados en un servidor informático, la base 
imponible estará constituida por los ingresos netos. e.e
6.  La base imponible se determinará en régimen de estimación directa u  b
objetiva. En el primer caso la base se determinará por el sujeto pasivo mediante  21ww
mauattoelirqiau iddea chiaócni eennd laa. »forma y casos determinados por la consejería competente en
6.  Se modifica el artículo 30 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 30.  Tipos impositivos y cuotas.
1.  El tipo impositivo general será el 35 por 100.
2.  El  tipo  impositivo  aplicable  a  los  juegos  sometidos  a  la  tasa  que  se 
desarrollen de forma remota será el 10 por 100.
3.  En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:
Porción de la base imponible comprendida entre Tipo aplicable Porcentaje
0 y 2.000.000,00 euros. 20,00
2.000.000,01 euros y 3.000.000,00 euros. 35,00
3.000.000,01 euros y 5.000.000,00 euros. 45,00
Más de 5.000.000,00 euros. 55,00
4.  En aquellos casinos de juego en los que no se reduzca su plantilla de 
trabajadores respecto del personal al que hace referencia el artículo 24.1 del 
Reglamento regulador de los casinos de juego de la Comunidad de Castilla y 
León, aprobado por Decreto 1/2008, de 10 de enero, o norma que lo sustituya, 
respecto del año anterior, en términos de personas/año regulados en la normativa 
laboral, se podrá aplicar la siguiente tarifa reducida:
Porción de la base imponible comprendida entre Tipo aplicable Porcentaje
0 y 500.000,00 euros. 10,00
500.000,01 euros y 2.000.000,00 euros. 17,00
2.000.000,01 euros y 3.000.000,00 euros. 30,00
3.000.000,01 y 5.000.000 euros. 39,00
Más de 5.000.000 euros. 48,00
5.  En las modalidades del tipo general del juego del bingo distintas del bingo 
electrónico, en cada adquisición de cartones se aplicará a la base imponible el tipo 
impositivo que resulte de la siguiente tabla, en función de la suma de los valores 
faciales de los cartones adquiridos por cada sala desde el 1 de enero de cada año:
Suma acumulada de los valores faciales de los cartones adquiridos Tipo aplicable Porcentaje
De 0 a 5.000.000,00 euros. 50,00
De 5.000.000,01 euros a 15.000.000,00 euros. 52,50
Más de 15.000.000,00 euros. 55,00
6.  El tipo impositivo aplicable a la modalidad del juego del bingo electrónico  s
será el 25 por 100. oe.
7.  En los casos de explotación de máquinas recreativas y de azar, la cuota se 
determinará en función de la clasificación de las máquinas establecida en la 
normativa reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León, según las 
normas siguientes:
1.º  Máquinas recreativas y de azar en las que intervenga un solo jugador:
a)  Tipo "B": 900 euros trimestrales.
b)  Tipo "C": 1.320 euros trimestrales.
c)  Tipo "E": 900 euros trimestrales.
d)  Tipo "E1": 900 euros trimestrales.
e)  Tipo "D": 150 euros trimestrales.
f)  Otras máquinas distintas de las previstas en los números anteriores: 900 
euros trimestrales.
2.º  Cuando las máquinas recreativas y de azar tipos ''B'' y ''C'' anteriores se 
encuentren en situación administrativa de suspensión temporal de la explotación, 
la cuota correspondiente se reducirá al 20 %.
3.º  Máquinas recreativas y de azar en las que puedan intervenir dos o más 
jugadores de forma simultánea en varios puestos:
a)  Tipos "B" y "C", cuando todos los puestos incorporen el mismo juego y las 
máquinas  cuenten  con  un  único  programa  y  concedan  los  premios 
correspondientes a ese programa: dos cuotas de las previstas para las máquinas 
en que intervenga un jugador en función del tipo de máquina, siempre que el 
número de puestos no exceda de ocho. A partir del octavo puesto, la cuota se 
incrementará  en  un  sexto  de  la  cuota  prevista  para  las  máquinas  en  que 
intervenga un jugador por cada puesto adicional.
b)  Tipos "B", "C", "E" y "E1", cuando todos los puestos incorporen los mismos 
juegos: dos cuotas de las previstas para las máquinas en que intervenga un 
jugador en función del tipo de máquina más:
– Un 10 % de la cuota prevista para las máquinas en que intervenga un 
jugador por cada puesto adicional al segundo hasta el quinto.
– Un 100 % de la cuota prevista para las máquinas en que intervenga un 
jugador por cada puesto adicional al quinto.
c)  Tipos "B", "C", "E" y "E1", cuando en varios puestos se incorporen distintos 
juegos: dos cuotas de las previstas para las máquinas en que intervenga un 
jugador en función del tipo de máquina más:
– Un 30 % de la cuota prevista para las máquinas en que intervenga un 
jugador por cada puesto adicional al segundo hasta el quinto.
– Un 100 % de la cuota prevista para las máquinas en que intervenga un 
jugador por cada puesto adicional al quinto.
4.º  Cuando se trate de máquinas tipo B de un jugador que oferten juegos 
alojados en un servidor informático, la cuota será la suma del 10 % de la base 
imponible del trimestre natural anterior más 250 euros.»
7.  Se modifica el artículo 32 del texto refundido de las disposiciones legales de la  e
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que queda  bo
redactado en los siguientes términos: 21ww
«Artículo 32.  Devengo.
1.  Con carácter general, la tasa se devenga por la autorización y, en su
defecto, por la organización o celebración del juego. Bc
2.  La tasa sobre el juego del bingo se devenga en el momento de suministrar 
los cartones al sujeto pasivo, con la excepción del bingo electrónico, cuyo devengo 
se producirá de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior.
3.  La tasa, cuando se trate de máquinas recreativas y de azar, será exigible 
por trimestres naturales, devengándose los días 1 de enero, abril, julio y octubre 
de cada año en cuanto a las autorizadas en trimestres anteriores. En el primer 
periodo de actividad, el devengo coincidirá con la autorización.
4.  En el caso de máquinas autorizadas provisionalmente a título de ensayo 
por un periodo igual o inferior a tres meses, el devengo será único y coincidirá con 
cada autorización.»
8.  Se modifica el artículo 33 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 33.  Autoliquidación y pago.
1.  La liquidación y el pago de la tasa sobre los juegos de suerte, envite o 
azar se efectuará mediante autoliquidación del sujeto pasivo en los términos y 
condiciones determinados por la consejería competente en materia de hacienda.
2.  La  autoliquidación  y  el  ingreso  de  la  tasa  aplicable  a  los  casinos  se 
efectuará del día 1 al 20 de los meses de abril, julio, octubre y enero. Para el 
cálculo de las cantidades a ingresar se seguirán las reglas siguientes:
a)  La tarifa aplicable a los casinos de juego es anual.
b)  Con periodicidad trimestral se aplicará la tarifa a los ingresos acumulados 
desde el comienzo del año hasta el último día del trimestre correspondiente. Para 
determinar la cantidad a ingresar, se descontará de este resultado el importe 
ingresado en los trimestres anteriores del mismo año.
c)  En  todo  caso,  la  acumulación  terminará  a  fin  de  cada  año  natural, 
cualquiera que sea la fecha de inicio de la actividad.
3.  En el juego del bingo electrónico la autoliquidación e ingreso de la tasa se 
efectuará:
a)  Del día 1 al 20 de los meses de abril, julio y octubre, por el importe 
devengado en el trimestre anterior.
b)  Del día 1 al 20 del mes de diciembre, por el importe devengado en los 
meses de octubre y noviembre.
c)  Del  día  1  al  20  del  mes  de  enero  del  año  siguiente,  por  el  importe 
devengado en el mes de diciembre.
4.  En el juego del bingo no electrónico el ingreso se efectuará con carácter 
previo a la adquisición de los cartones.
No obstante, previa autorización de la consejería competente en materia de 
hacienda, el sujeto pasivo podrá aplicar el aplazamiento automático del pago de la 
tasa, en cuyo caso serán de aplicación los plazos de ingreso establecidos para el 
bingo electrónico.
5.  En  las  máquinas  recreativas  y  de  azar  sujetas  a  cuota  trimestral  de 
importe fijo, el plazo de autoliquidación e ingreso de la tasa será el siguiente: es
a)  Para las máquinas autorizadas en trimestres anteriores, del día 1 al 20 de  w.
los meses de enero, abril, julio y octubre. 21ww
títulob )d e Peanrsaa ylaos,  cmoná qaunintearsio rdidea dn uae dvaic haau taourtizoaricziaócni,ó nin, calbuoidnaasn dlaos  lap rtootvaisliidoanda ldees  laa 
cuota trimestral aplicable.
6.  En  las  máquinas  recreativas  y  de  azar  sujetas  a  cuota  trimestral  de 
importe variable, la autoliquidación e ingreso de la tasa se regirá por las siguientes 
normas:
a)  Para las máquinas autorizadas en trimestres anteriores, se realizará del 
día 1 al 20 de los meses de enero, abril, julio y octubre por un importe igual 
al 10 % de la base imponible del trimestre anterior más 250 euros.
b)  Para las máquinas de nueva autorización y con anterioridad a la misma, 
por importe de 250 euros.
7.  El titular de la consejería competente en materia de hacienda determinará 
los requisitos y características de los procedimientos de pago y aprobará los 
modelos de autoliquidación para el ingreso de las tasas reguladas en esta sección, 
así  como,  en  su  caso,  los  modelos  de  solicitud  necesarios  para  efectuar  la 
adquisición de cartones.
8.  En los supuestos del bingo electrónico y de juegos que se desarrollen de 
forma remota, el sujeto pasivo deberá disponer de un sistema informático que 
permita a la consejería competente en materia de hacienda el control telemático 
de la gestión y pago de la tasa.»
9.  Se modifica el apartado 3 del artículo 50 del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«3.  Los ingresos procedentes del impuesto sobre la afección medioambiental 
causada  por  determinados  aprovechamientos  del  agua  embalsada,  por  los 
parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta 
tensión se afectarán a la financiación de los programas de gasto de carácter 
medioambiental y de eficiencia energética que se determinen en las leyes anuales 
de presupuestos generales de la Comunidad.»
10.  Se modifica el artículo 53 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 53.  Exenciones.
1.  Gozarán de exención subjetiva el Estado, la Comunidad de Castilla y León 
o las entidades locales castellanas y leonesas, así como sus organismos y entes 
públicos vinculados o dependientes.
2.  También estarán exentas:
a)  Las instalaciones destinadas a investigación y desarrollo. La consejería 
competente en materia de energía hará pública la relación de instalaciones que 
cumplan este requisito.
b)  Las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos durante los 
cinco primeros años naturales desde su puesta en funcionamiento a partir del 1 de 
enero de 2017.»
11.  Se modifica la disposición final séptima del texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, en  e.e
los siguientes términos: w.b
a«cDtiusLapaloi zcsaoicdniaós nela jfe inrreíaalla  cscoéiómpntpi mdeetae .mn tueRn eeicnlaip mcioióasnt ey dr ieean  mdtiedu anhdiacecipsiei olnosdc aya  ledenast rimád aepdnueobsrlie clsoid caaa dlqe uys e mm saeenn troeernfeidesrr.áe   OE-A-2021-43able en https://
el artículo 7, apartado 1.c), de este texto refundido. Para determinar el número de
habitantes se tomará el establecido en el padrón de habitantes en vigor a 1 de 
enero de cada año publicado por el Instituto Nacional de Estadística.»
Artículo 2.  Modificación de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
1.  Se  modifica  el  artículo  41  de  la  Ley  12/2001,  de  20  de  diciembre,  en  los 
siguientes términos:
«Artículo 41.  Cuotas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
1.  Autorizaciones y declaraciones responsables:
a)  De funcionamiento de casinos de juego: 2.774,26 euros.
b)  De funcionamiento de salas de bingo: 659,05 euros.
c)  De funcionamiento de salones de juego: 493,50 euros.
d)  De funcionamiento de casas de apuestas: 493,50 euros.
e)  De instalación de máquinas de juego en establecimientos no específicos 
de juego: 89,18 euros.
f)  De inscripción en el Registro de Empresas relacionadas con las Máquinas 
Recreativas y de Azar: 130,37 euros.
g)  De homologación de material de juego: 130,37 euros.
h)  De celebración del juego de las chapas: 31,73 euros.
i)  De interconexión de máquinas: 40,82 euros.
j)  De cambio de titularidad de establecimientos no específicos de juego: 
44,59 euros.
k)  De emplazamiento de máquinas de juego y azar: 40,82 euros.
l)  De terminales físicos accesorios de juego online: 493,50 euros.
m)  De zona o córner de apuestas: 493,50 euros.
2.  Renovaciones,  modificaciones,  transmisiones  y  extinciones:  Por  la 
renovación, modificación, transmisión o extinción de las anteriores autorizaciones 
y de las autorizaciones de instalación de salas de bingo, salones de juego y casas 
de apuestas se exigirá el 50% de las cuotas establecidas en el apartado anterior, 
salvo aquellas que procedan para los casinos de juego y que afecten a límites de 
apuestas,  horarios,  modificaciones  de  juegos,  periodo  anual,  escrituras  o 
estatutos, garantías, cargas reales o suspensión de funcionamiento, en que se 
exigirá una cuota de 441,70 euros.
3.  Cancelación  de  la  inscripción  en  el  registro  de  personas  que  tienen 
prohibido el acceso al juego: 20,30 Euros.
4.  Consulta previa de viabilidad de salón de juego: 246,75 Euros.
5.  Consulta previa de viabilidad de Casa de apuestas 246,75 Euros.
6.  Emisión de duplicados y certificaciones: 11,30 Euros.
7.  Diligenciado de libros:
– Hasta 100 páginas: 9.58 Euros.
– Por cada página que exceda de 100: 0,33 Euros.»
2.  Se  modifica  el  artículo  82  de  la  Ley  12/2001,  de  20  de  diciembre,  en  los  e.
siguientes términos: w.
inhe«reCnotnesst iatul yseu meiln hisetrcoh od ei minpfoornmibaleci ódne  meesdtaio taamsab ielansta al.c»tuaciones administrativas
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 116 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, 
en los siguientes términos:
«1.  Sacrificio de animales: Por las actuaciones conjuntas de inspección y 
control sanitario anteriores y posteriores al sacrificio, control documental de las 
operaciones realizadas, marcado sanitario de las canales y controles sanitarios de 
determinadas  sustancias  y  sus  residuos,  se  aplicarán  los  siguientes  tipos  de 
gravamen:
Clase de animal Tipo de gravamen (euros/animal)
1.  Bovino:  
1.1  Bovino igual o mayor de 24 meses. 5,40
1.2  Bovino menor de 24 meses. 2,20
2.  Solípedos/équidos: 3,30
3.  Porcino y jabalíes:  
3.1  Con peso superior a 25 kg. 1,20
3.2  Peso inferior o igual a 25 kg y mayores de 5 semanas. 0,56
3.3  Menores de 5 semanas. 0,1626
4.  Ovino, caprino y otros rumiantes:  
4.1  Con peso superior o igual a 12 kg. 0,29
4.2  Con peso menor de 12 kg. 0,1626
5. Aves y conejos:  
5.1  Aves de género Gallus y pintadas. 0,005404
5.2  Patos y ocas. 0,0106605
5.3  Pavos. 0,0283
5.4  Conejos de granja. 0,005404
5.5  Ratites (avestruz, emú, ñandú). 0,545
5.6  Otras aves (caza de cría). 0,005404»
4.  Se modifican los párrafos a.2), a.3), a.6), a.7) y a.9) de la letra a) del artículo 138 
de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, en los siguientes términos:
«''a.2)  Título  de  Técnico  Superior  de  Formación  Profesional,  de  Artes 
Plásticas y Diseño, de Técnico Deportivo Superior, título profesional de Música, 
título profesional de Danza, título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de 
Música, título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Danza: 52,95 euros.
a.3)  Título de Técnico de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, 
de Técnico Deportivo, Certificado de nivel avanzado de Idiomas, Certificado de 
competencia general del nivel Intermedio B2 de Idiomas: 21,65 euros.''
''a.6)  Certificado  nivel  intermedio  de  Idiomas,  Certificado  de  competencia 
general del nivel Intermedio B1 de idiomas: 16,20 euros. e
a.7)  Certificado nivel básico de Idiomas, Certificado de competencia general  bo
del nivel Básico A2 de Idiomas: 10,80 euros.'' 21ww
nAivvae'nl' az.Aa9vd)a on CCza2ed rdtoief i cICad1dio omd neai sv:eI d2l iC5o,m19 0ad see,  uIdrCoieosrm.t''i»faicsa, dCoe rdtifeic acdoom dpee tceonmcipae tgeennceiara gl edneelr anl idveell   OE-A-2021-43able en https://
5.  Se incorpora un nuevo apartado 5 en el artículo 142 de la Ley 12/2001, de 20 de 
diciembre, con la siguiente redacción:
«5.  En  el  caso  de  modificaciones  de  importancia  o  sustanciales  de 
instalaciones,  según  la  definición  dada  en  cada  reglamento  de  seguridad 
industrial, se aplicará la cuota correspondiente a una nueva inscripción de ese tipo 
de instalación. En el caso de que el presupuesto de la modificación de importancia 
sea  inferior  a  400  euros,  se  considerará  que  se  trata  de  una  sustitución  de 
maquinaria.»
6.  Se  incorporan  dos  nuevos  apartados,  25  y  26,  en  el  artículo  143  de  la 
Ley 12/2001, de 20 de diciembre, con la siguiente redacción:
«25.  Inscripción y control de instalaciones de protección contra incendios en 
edificios no industriales: 21,52 euros.
26.  Actuaciones de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas:
a)  Inspecciones de los establecimientos afectados por la normativa de control 
de  los  riesgos  inherentes  a  los  accidentes  graves  en  los  que  intervengan 
sustancias peligrosas de nivel superior: 264,24 euros.
b)  Evaluación  de  los  informes  de  seguridad  de  los  establecimientos 
afectados por la normativa de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas de nivel superior: 1.565,80 
euros.»
7.  Se modifica el artículo 170 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, en los 
siguientes términos:
«1.  La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
a)  Por cada solicitud de concesión de la etiqueta ecológica, no incluida en las 
letras b) y c) de este apartado: 540,65 euros.
b)  Por cada solicitud de concesión de etiqueta ecológica presentada por los 
operadores en los países en desarrollo y por pequeñas y medianas empresas: 300 
euros.
c)  Por cada solicitud de concesión de etiqueta ecológica presentada por 
microempresas: 200 euros.
A estos efectos, se estará a lo establecido en la Recomendación 2003/361 de 
la  Comisión,  de  6  de  mayo  de  2003,  sobre  la  definición  de  microempresas, 
pequeñas y medianas empresas.
2.  Los costes generados por las pruebas que puedan resultar necesarias en 
relación con los productos o servicios sujetos a solicitud de la etiqueta ecológica 
serán satisfechos por los solicitantes o titulares.
La cuota de la tasa por solicitud de concesión de la etiqueta ecológica no 
incluye ningún elemento relativo al coste de la misma.»
8.  Se modifica el artículo 171 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, en los 
siguientes términos:
«La tasa por la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica será objeto de  oe.
las siguientes reducciones: w.
Comau) nitRareiod udcec iGóne stdióenl  y3 0A u%di,t orpíaar Ma eldoiso asmoblicieitnatnatleess  (rEeMgiAstSra).dos  en  el  Sistema
confbo)r mRe ead luac ncoiórnm ad eISl O15 1 %40,0 p1a.ra los solicitantes que dispongan de certificación  BOE-A-cable e
Las  reducciones  no  serán  acumulativas.  Cuando  se  satisfagan  ambos 
sistemas solo se aplicará la reducción más elevada.
La reducción estará sujeta a la condición de que el solicitante se comprometa 
expresamente a garantizar que sus productos con etiquetado ecológico cumplen 
plenamente los criterios pertinentes de la etiqueta ecológica de la UE durante el 
periodo de validez del contrato Ecolabel y que este compromiso se incorpore de 
forma  adecuada  en  su  política  medioambiental  y  en  objetivos  ambientales 
detallados.»
9.  Se incorpora un nuevo Capítulo XLVII en el Título IV la Ley 12/2001, de 20 de 
diciembre, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO XLVII
Tasa por emisión de informe con carácter previo a la adquisición o 
transmisión de bienes inmuebles
Artículo 219.  Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la  emisión,  a  solicitud  del 
interesado,  y  en  relación  con  los  tributos  cuya  gestión  corresponda  a  la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, de informes sobre el valor a efectos 
fiscales de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de la Comunidad, 
vayan a ser objeto de adquisición o transmisión, salvo que éstos se obtengan 
directamente por los medios telemáticos que a tal efecto establezca la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.
Artículo 220.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten los citados 
informes de valor.
Artículo 221.  Devengo.
La tasa se devengará en el momento en el que se solicite la valoración, siendo 
necesario la autoliquidación y pago previo de la misma.
Artículo 222.  Cuotas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
Tasa por cada bien 
Bien a valorar
valorado
Piso, vivienda colectiva, almacén, trastero, garaje, o finca rústica con 
30 euros.
superficie menor o igual a 10 Ha in edificaciones.
Edificio, parte de un edificio, casa, vivienda rural, vivienda unifamiliar, local 
40 euros.
comercial, oficina, nave industrial, nave agrícola, o nave ganadera.
Suelo urbano, suelo urbanizable, finca rústica con superficie mayor de 10  es
50 euros.» e.
Ha. o
10.  Se  modifica  la  disposición  transitoria  quinta  de  la  Ley  12/2001,  de  20  de 
diciembre, en los siguientes términos:
«Quinta.  Bonificación de la tasa por prestación de servicios veterinarios.
Con vigencia en el ejercicio 2021, será aplicable una bonificación del 95% en 
la cuota tributaria de la tasa por prestación de servicios veterinarios.»
CAPÍTULO II
Medidas financieras
Artículo 3.  Modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 
Público de la Comunidad de Castilla y León.
1.  Se modifica el artículo 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que queda redactado 
en los siguientes términos:
«Artículo 2.  Configuración del sector público autonómico.
1.  A los efectos de esta Ley, el sector público autonómico está compuesto por:
a)  La Administración General de la Comunidad.
b)  El Sector Público Institucional de la Comunidad.
2.  El Sector Público Institucional de la Comunidad se integra por:
a)  Los  Organismos  Autónomos  y  los  entes  públicos  de  derecho  privado 
integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad.
b)  Las empresas públicas de la Comunidad.
c)  Las universidades públicas de la Comunidad.
d)  Las fundaciones públicas de la Comunidad.
e)  Los consorcios adscritos a la Comunidad.
f)  El  resto  de  entes  e  instituciones  públicos  creados  por  la  Comunidad  o 
dependientes de ella y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe 
mayoritariamente.
g)  Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad no incluidos en los apartados anteriores.»
2.  Se modifica el apartado 3 del artículo 129 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«3.  Los  expedientes  de  ampliación  de  créditos  preverán  los  medios 
financieros  que  mantengan  el  equilibrio  presupuestario,  bien  a  través  de  la 
obtención de determinados recursos no previstos o superiores a los estimados en 
el presupuesto inicial, incluidos los remanentes de tesorería positivos, o bien por 
medio de la disminución de otros créditos del estado de gastos.»
3.  Se modifica el artículo 215 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que queda redactado 
en los siguientes términos:
«Artículo 215.  Principios contables públicos. oe.
1.  Las entidades del sector público autonómico sujetas al régimen de contabilidad  21ww
epnú blalic nao drmebaetirváan p arepslicuapru, easdtaermiaá asp dliec alobsle p, rloinsc sipigiousie cnotnetsa pbrleinsc ipprieossu cpounetastbalerios:s recogidos
a)  Salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la actividad de la
entidad por tiempo indefinido.
b)  El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos 
debe realizarse, desde el punto de vista económico-patrimonial, en función de la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, sin perjuicio de 
los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria.
c)  No se variarán los criterios contables de un ejercicio a otro.
d)  Se deberá de mantener cierto grado de precaución en los juicios de los 
que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que 
los activos, obligaciones, ingresos y gastos no se sobrevaloren ni se minusvaloren.
e)  No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo, ni las de 
gastos e ingresos que integran las cuentas anuales y se valorarán separadamente 
los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de 
forma excepcional así se regule.
f)  La  aplicación  de  estos  principios  deberá  estar  presidida  por  la 
consideración  de  la  importancia  en  términos  relativos  que  los  mismos  y  sus 
efectos pudieran presentar, siempre que no se vulnere una norma de obligado 
cumplimiento.
2.  Los  elementos  de  las  cuentas  anuales  figurarán  de  acuerdo  con  los 
criterios y normas de valoración establecidos en el Plan General de Contabilidad 
Pública.
3.  La imputación de las transacciones o hechos contables debe efectuarse, 
desde  el  punto  de  vista  económico-patrimonial,  a  activos,  pasivos,  gastos  o 
ingresos  de  acuerdo  con  las  reglas  establecidas  en  el  Plan  General  de 
Contabilidad Pública. Además aquellas operaciones que deban aplicarse a los 
Presupuestos  de  gastos  e  ingresos,  se  registrarán,  desde  el  punto  de  vista 
presupuestario, de acuerdo con las reglas previstas en el título IV de esta Ley.»
4.  Se modifica el artículo 216 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que queda redactado 
en los siguientes términos:
«Artículo 216.  Criterios de aplicación de los principios contables públicos.
1.  En los casos de conflicto entre los principios contables deberá prevalecer 
el que mejor conduzca a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la 
entidad.
2.  Cuando la aplicación de estos principios contables no sea suficiente para 
mostrar la imagen fiel, deberá suministrarse en la memoria de las cuentas anuales 
la información complementaria precisa para alcanzar dicho objetivo.
3.  En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación de un principio 
contable sea incompatible con la imagen fiel que deben mostrar las cuentas 
anuales, se considerará improcedente dicha aplicación, lo cual se mencionará en 
la memoria de las cuentas anuales, explicando su motivación e indicando su 
influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados económico-
patrimoniales de la entidad.»
5.  Se modifica la letra h) del artículo 224 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«h)  Determinar  las  especificaciones,  procedimiento  y  periodicidad  de  la  e.e
información contable a remitir a la Intervención General de la Administración de la  b
Comunidad  por  las  entidades  del  sector  público  autonómico  sujetas  a  los  21ww
pinrsintictuipciioosn aclo anutatobnleósm picúob.l»icos, así como por el resto de entidades del sector público
6.  Se modifica la letra g) del artículo 225 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«g)  Centralizar la información deducida de la contabilidad de las entidades 
del sector público autonómico sujetas a los principios contables públicos, así como 
por el resto de entidades del sector público institucional autonómico.»
7.  Se modifica el artículo 228 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los siguientes 
términos:
«Artículo 228.  Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
1.  A los efectos de la formación de la Cuenta General de la Comunidad, el 
sector público estará formado por las entidades enumeradas en el artículo 2 de 
esta  Ley,  con  la  excepción  de  las  universidades  públicas  y  sus  entidades 
dependientes.
2.  El contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de 
consolidación de la Cuenta General de la Comunidad se determinarán por la 
Consejería  de  Hacienda  a  propuesta  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma.
La Cuenta General de la Comunidad deberá suministrar información sobre la 
situación  patrimonial  y  financiera,  el  resultado  económico  patrimonial  y  la 
ejecución del presupuesto del sector público.»
8.  Se modifica el artículo 229 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los siguientes 
términos:
«Artículo 229.  Documentación que integra la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma.
1.  La Cuenta General de la Comunidad se formará mediante la consolidación 
de  las  cuentas  anuales  de  las  entidades  que  integran  el  sector  público  y 
comprenderá  el  balance  consolidado,  la  cuenta  del  resultado  económico 
patrimonial consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, 
el  estado  de  flujos  de  efectivo  consolidado,  el  estado  de  liquidación  del 
presupuesto consolidado y la memoria consolidada.
2.  A  los  efectos  de  obtener  las  cuentas  consolidadas,  el  Consejero  de 
Hacienda podrá determinar la integración de las cuentas anuales de las entidades 
controladas,  directa  o  indirectamente,  por  la  Administración  General  de  la 
Comunidad que no forman parte del sector público, las de las entidades multigrupo 
y las de las entidades asociadas.
En este caso, dichas entidades deberán remitir a la Intervención General de la 
Administración de la Comunidad sus cuentas anuales aprobadas acompañadas, 
en su caso, del informe de auditoría dentro de los ocho meses siguientes a la 
terminación del ejercicio económico.
3.  A los efectos de lo establecido en el apartado anterior se entiende por 
control el poder de dirigir las políticas financieras y la actividad de otra entidad con 
la finalidad de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio.
Las entidades multigrupo son entidades no controladas por la Administración 
General de la Comunidad, gestionadas por dicha Administración General u otra  e
entidad  controlada  por  ella,  que  participan  en  su  capital  social  o  patrimonio,  bo
conjuntamente con otra u otras entidades. 21ww
GenLearas l ednet ildaa Cdeosm ausnoidcaiadd, aesn  slaosn  qeuneti ddaicdheas  Andom cinoinsttrroalcaidóans G peonre lraa lA ud motirnai setnraticdiaódn 
ceonn struo lcaadpai taplo sr oeclilaal  eoj epracternim uonnaio  inqfuluee, nccrieaa nsidgon icfiocna tiévsat ap ourn ate vnienrc uulnaac iópna rdtiucirpaadceiróan, 
esté destinada a contribuir a su actividad.
4.  Las cuentas de las universidades públicas y sus entidades dependientes 
no serán objeto de consolidación y se unirán como anexo a la memoria de la 
Cuenta General de la Comunidad.»
9.  Se modifica el apartado 1 del artículo 232 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los 
siguientes términos:
«1.  Los  cuentadantes  deberán  remitir  sus  cuentas  anuales  aprobadas, 
acompañadas cuando proceda del informe de auditoría, a la Intervención General 
de la Administración de la Comunidad Autónoma, dentro de los ocho meses 
siguientes  a  la  terminación  del  ejercicio  económico.  Las  empresas  públicas 
deberán acompañar, además, el informe de gestión en su caso.
Las  universidades  públicas  de  la  Comunidad  remitirán  a  la  Intervención 
General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, para la inclusión 
como anexo a la memoria de la Cuenta General y su posterior remisión al Consejo 
de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, la liquidación del presupuesto y el resto de 
documentos que constituyan sus cuentas anuales consolidadas antes del 31 de 
agosto del año siguiente al que se refieran.»
10.  Se modifica el apartado 3 del artículo 233 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«3.  La falta de remisión de cuentas, o su rendición con graves defectos no 
constituirá obstáculo para que la Intervención General de la Administración de la 
Comunidad Autónoma pueda formar la Cuenta General de la Comunidad con las 
cuentas recibidas.
No será obstáculo para la consolidación de las cuentas la circunstancia de que 
el preceptivo informe de auditoría de las cuentas anuales hubiera denegado la 
opinión o expresado salvedades, en cuyo caso estas circunstancias se harán 
constar en la memoria explicativa de dicha Cuenta General.»
11.  Se incorpora una nueva letra f) al apartado 1 del artículo 269 de la Ley 2/2006, 
de 3 de mayo, con la siguiente redacción:
«f)  Las actuaciones de supervisión continua de entidades dependientes de la 
Comunidad que se realicen en el ámbito del control financiero permanente.»
12.  Se incorpora un nuevo artículo 278 bis) de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, con la 
siguiente redacción:
«Artículo  278  bis.  Supervisión  continua  del  sector  público  institucional 
autonómico.
1.  Todas  las  entidades  integrantes  del  Sector  Público  Institucional  de  la 
Comunidad están sujetas, desde su creación hasta su extinción, a la supervisión 
continua de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, que 
verificará la concurrencia, al menos, de los siguientes requisitos:
a)  La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.
b)  Su sostenibilidad financiera.
c)  La concurrencia de las causas de disolución referidas al incumplimiento de  es
los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio  bo
más idóneo para lograrlos. 21ww
anua2l.m  eLnat eI nlate rrevaelnizcaiócnió nG deen elraasl  adcet ulaac iAodnmesin diset rcaocniótnro ld ceo nlac rCetoams uenni deal dm daerccoid direá 
la supervisión continua, atendiendo a los medios disponibles y a un análisis de
riesgos en el que se tendrá en consideración los resultados de las actuaciones de 
control interno efectuadas por la propia Intervención General.
3.  Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes 
a la supervisión continua se determinarán por la Intervención General con base en 
las  normas  de  auditoría  del  Sector  Público  y  la  normativa  reguladora  de  la 
ejecución de controles financieros.
4.  Los resultados de la evaluación se plasmarán en un informe sujeto a 
procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, 
podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o 
supresión del organismo público o entidad. Los informes definitivos serán elevados 
a la Junta de Castilla y León por el titular de la Consejería competente en materia 
de hacienda.»
13.  Se modifica el apartado 1 del artículo 279 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«1.  La Intervención General de la Administración de la Comunidad elaborará 
anualmente un plan de auditorías en el que se incluirán las actuaciones a realizar 
durante  el  correspondiente  ejercicio.  El  plan  anual  incluirá  las  actuaciones 
correspondientes a subvenciones y ayudas públicas así como las de supervisión 
continua de entidades dependientes de la Comunidad que se realicen en el ámbito 
de la auditoría pública.»
CAPÍTULO III
Medidas administrativas
Artículo  4.  Modificación  de  la  Ley  3/2001,  de  3  de  julio,  del  Gobierno  y  de  la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
1.  Se  modifica  el  artículo  48  ter  de  la  Ley  3/2001,  de  3  de  julio,  que  queda 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 48 ter.  Encargos a los medios propios personificados integrados en el 
sector público de la Comunidad de Castilla y León.
1.  Las entidades que tengan el carácter de poderes adjudicadores podrán 
ordenar a los medios propios personificados integrados en el sector público de la 
Comunidad  de  Castilla  y  León  aquellos  trabajos  y  actuaciones  que  precisen 
siempre que se cumplan los requisitos previstos en la normativa de contratos del 
sector público.
2.  Los encargos se formalizarán mediante resolución dictada por el órgano 
competente de la entidad que realiza el encargo y deberá incluir, además de 
cuantos antecedentes procedan, las actuaciones a realizar, la forma y condiciones 
de su realización, el plazo de ejecución, la posibilidad de prórroga, su importe, así 
como la forma de financiación que corresponda, el medio propio personificado 
destinatario del encargo y la justificación de la necesidad o conveniencia de su 
realización. El órgano que realiza el encargo necesitará la previa autorización de la 
Junta de Castilla y León cuando el importe del gasto que suponga el mismo, 
incluidas las posibles prórrogas y modificaciones, sea igual o superior a 2.000.000  e.e
de euros. w.b
La  resolución  que  formalice  el  encargo  se  notificará  al  medio  propio  21ww
ptéecrnsiocnoi,f iceand sou  dceasstoin, aetla priroo gdraeml am disem tora, baadjojus nota ancdtou aceilo nperos yae crteoa lioz arp rye scuupaulqeusietor 
otro documento necesario para la correcta realización del encargo.
Una vez notificado el encargo, el medio propio personificado destinatario del 
mismo  estará  obligado  a  ejecutarlo  de  acuerdo  con  las  instrucciones  fijadas 
unilateralmente por el poder adjudicador que realiza dicho encargo.
Se deberá dejar constancia en la documentación preparatoria del encargo de 
la justificación detallada y exhaustiva de la necesidad de llevar a cabo el mismo, 
así como la justificación de su economicidad y eficiencia.
3.  La  compensación  económica  que  deba  recibirse  por  la  ejecución  del 
encargo se establecerá en los términos previstos en la normativa de contratos del 
sector público.
El medio propio personificado tendrá derecho a percibir un anticipo por las 
operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar las actuaciones 
financiadas hasta un límite máximo del 10 por ciento de la cantidad total a percibir.
4.  Los  medios  propios  personificados  deberán  disponer  de  los  medios 
personales  y  materiales  apropiados  para  la  realización  de  los  encargos  que 
reciban, sin perjuicio de que para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del 
mismo puedan efectuar contrataciones de conformidad con lo establecido en la 
normativa de contratos del sector público.
5.  Las  actuaciones  realizadas  mediante  los  encargos  regulados  en  este 
artículo serán de la titularidad de la entidad que efectuó el encargo.
6.  Los encargos a entidades del sector público autonómico que no tengan la 
consideración  de  Administración  Pública  no  podrán  implicar,  en  ningún  caso, 
atribución  de  potestades  públicas,  funciones  o  facultades  sujetas  al  Derecho 
Administrativo.»
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 68 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«2.  La representación y defensa en juicio de la Administración General de la 
Comunidad, de sus Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado, 
así  como  su  asesoramiento  jurídico  interno,  corresponderá  a  los  letrados 
integrados en los servicios jurídicos de la Comunidad.
También  asumirán  las  mismas  funciones  respecto  de  las  empresas  y 
fundaciones públicas de la Comunidad, en los términos que establezca para cada 
caso el titular de la Consejería a la que los Servicios Jurídicos de la Comunidad se 
encuentren adscritos.
La efectividad de las previsiones anteriores, por lo que se refiere a entes 
públicos  de  derecho  privado  y  empresas  y  fundaciones  públicas,  estará 
supeditada a la previa creación de los correspondientes puestos de trabajo en la 
Dirección de los Servicios Jurídicos y a su provisión.
Respecto de las instituciones propias de la Comunidad previstas en el Estatuto 
de Autonomía y el resto de entidades del sector público de Castilla y León, los 
letrados de los Servicios Jurídicos podrán asumir las mismas funciones si su 
normativa  propia  así  lo  establece  y  siempre  previa  suscripción  del  oportuno 
convenio en el que se determinará la compensación económica que habrá de 
abonarse a la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
Los  letrados  de  los  Servicios  Jurídicos  de  la  Comunidad  también  podrán 
asumir la representación y defensa del personal y de los altos cargos al servicio de 
la Administración General e Institucional de la Comunidad en los procedimientos 
judiciales que se sigan por razón de actos u omisiones relacionados directa e  e
inmediatamente  con  el  ejercicio  de  sus  funciones,  en  los  términos  que  bo
reglamentariamente  se  determinen  y  siempre  que  no  exista  conflicto  de  21ww
intereses.»
3.  Se modifican los artículos 75, 76 y 76 bis de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que 
quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo  75.  Régimen  de  la  iniciativa  legislativa,  de  la  potestad  para  dictar 
normas con rango de ley y de la potestad reglamentaria.
1.  El ejercicio de la iniciativa legislativa, de la potestad para dictar normas 
con rango de ley y de la potestad reglamentaria, por parte de la Junta de Castilla y 
León y la Administración autonómica, se someterá, además de a las previsiones 
del Estatuto de Autonomía, a lo previsto en el presente capítulo, a los principios de 
buena regulación previstos en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de 
derechos  de  los  ciudadanos  en  sus  relaciones  con  la  Administración  de  la 
Comunidad de Castilla y León y de gestión pública, y a cuantas disposiciones se 
dicten en desarrollo del presente capítulo.
2.  Las  habilitaciones  para  el  desarrollo  reglamentario  de  una  ley  serán 
conferidas con carácter general a la Junta de Castilla y León. La atribución directa 
a los titulares de las consejerías o a otros órganos dependientes o subordinados 
de ellas, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante.
Las leyes podrán habilitar el dictado de normas de desarrollo directamente a 
autoridades  Independientes  u  otros  organismos  que  tengan  atribuida  esta 
potestad.
Artículo 76.  Procedimiento.
1.  La tramitación de los anteproyectos de ley, proyectos de decreto legislativo 
y proyectos de disposiciones reglamentarias, se efectuará por la consejería o 
consejerías competentes por razón de la materia.
2.  La redacción del texto estará precedida de cuantos estudios y consultas se 
estimen convenientes y por el trámite de consulta pública previa a través del Portal 
de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León por un plazo mínimo de 10 días 
naturales.
En este trámite se recabará la opinión de los sujetos y las organizaciones más 
representativos potencialmente afectados por la futura norma. El contenido de 
esta consulta será el siguiente:
– Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
– La necesidad y oportunidad de su aprobación.
– Los objetivos de la norma.
– Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias en su caso.
El trámite de consulta pública previa no procederá en el caso de elaboración 
de bases reguladoras de subvenciones, normas presupuestarias y organizativas 
de  la  Administración  General  de  la  Comunidad  o  de  las  organizaciones 
dependientes o vinculadas a esta, cuando concurran razones graves de interés 
público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto 
significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los 
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.
3.  El anteproyecto o proyecto irá acompañado de una memoria que justifique 
el  cumplimiento  de  los  principios  de  buena  regulación  y  cuyo  contenido  se 
determinará reglamentariamente. e.
4.  Una vez redactado el texto del anteproyecto o proyecto, cuando afecte a los  w.b
derechos o intereses legítimos de personas se someterá, cuando proceda al trámite  21ww
dTera npsapraticreipnacciaió yn  Pparretivciisptaoc ieónn  Ceilu dtíatudlaon aII Id ed eC alas tilLlae yy  L3e/2ó0n1. 5E,s tdee t rá4m  ditee  sme allrezvoa,r ád ae 
mcaíbnoim eon d eel  1P0o drtíaals d nea Gtuorablieesrn, oco Anb eiel rfitno  ddee  rleac Jaubnatra l adse a Cpoarsttailclaio yn eLse dóen  lyo sp oarfe ucnta pdloasz oy 
aquellas adicionales que pudiera realizar cualquier otra persona o entidad.
5.  Podrá darse audiencia a las organizaciones o asociaciones reconocidas 
por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa 
con su objeto.
En aquellos casos en los que la normativa sectorial prevea como preceptivo un 
trámite de información pública en el procedimiento de elaboración de la norma de 
que se trate, se llevará a efecto igualmente.
6.  Además de las excepciones al trámite de participación contempladas en el 
artículo 17 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, podrán omitirse los trámites de los 
apartados 4 y 5 cuando existan razones de interés público que deberán justificarse 
en la memoria.
Los trámites de participación y audiencia se simultanearán y compartirán plazo 
para realizar aportaciones.
7.  Reglamentariamente  se  ordenarán  el  resto  de  trámites  preceptivos 
previstos en la normativa sectorial hasta la definitiva aprobación del texto del 
proyecto o anteproyecto.
Artículo 76 bis.  Tramitación urgente.
1.  El titular de la consejería a la que corresponda la iniciativa normativa podrá 
acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de la 
disposición, en alguno de los siguientes supuestos:
a)  Cuando fuese necesario para que la norma entre en vigor en el plazo 
exigido para la transposición de directivas comunitarias, en otras normas de la 
Unión Europea, en normas básicas del Estado o en cualquier otra norma con 
rango de ley.
b)  Cuando  concurran  otras  circunstancias  extraordinarias  que  no  hayan 
podido preverse con anterioridad que exijan la aprobación urgente de la norma.
2.  La memoria que acompañe al proyecto o anteproyecto deberá indicar el 
acuerdo de tramitación urgente y detallar las razones que lo justificaron.
3.  La tramitación urgente implicará que:
a)  Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento 
de elaboración del texto se reducirán a la mitad.
b)  No  serán  necesarios  los  trámites  de  consulta  pública  previa  y  de 
participación previstos en los apartados 2 y 4 del artículo 76.
c)  La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no 
impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su incorporación y 
consideración cuando se reciba.»
Artículo 5.  Modificación de la Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la Asistencia 
Jurídica a la Comunidad de Castilla y León.
Se incorpora un nuevo apartado 4 al artículo 4 de la Ley 6/2003, de 3 de abril, 
reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, con la siguiente 
redacción:
«4.  Corresponde asimismo a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de  s
Castilla y León el asesoramiento jurídico preventivo mediante la adopción de  o
medidas  de  cumplimiento  normativo  y  de  control  en  el  sector  público  de  la  w.
Comunidad de Castilla y León, de forma especial en sus empresas públicas.» 2021-4321n https://ww
Artículo  6.  Modificación  de  la  Ley  12/2006,  de  26  de  octubre,  de  creación  de  la 
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.
1.  Se modifica el artículo 3 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, en los siguientes 
términos:
«Artículo 3.  Capital Social.
1.  El capital social fundacional será de 5.000.000 euros, y será suscrito 
íntegramente por la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, y 
dividido  en  acciones  nominativas,  cuyo  valor  nominal  será  decidido  en  los 
correspondientes estatutos.
El  25  %  del  capital  social  se  desembolsará  con  carácter  previo  a  la 
constitución de la sociedad, y el resto en la forma y plazo que se establezca en los 
estatutos sociales.
2.  El  capital  social  de  la  «Sociedad  Pública  de  Infraestructuras  y  Medio 
Ambiente de Castilla y León» será íntegramente de titularidad pública.
La Administración General de la Comunidad de Castilla y León podrá enajenar 
sus títulos representativos en el capital social de esta Sociedad Pública a las 
Diputaciones Provinciales de Castilla y León y a los Ayuntamientos de Castilla y 
León con una población mayor a 20.000 habitantes, previo cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del 
Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.
Las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos a los que se refiere el 
párrafo anterior solo podrán enajenar su participación a favor de la Administración 
General  de  la  Comunidad  Autónoma  o  de  quién  ésta  autorice  de  entre  los 
anteriores.»
2.  Se modifica el artículo 5 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, en los siguientes 
términos:
«Artículo 5.  Régimen de actuación como medio propio personificado.
1.  La "Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 
León" podrá tener la consideración de medio propio personificado de:
a)  La Administración General de la Comunidad de Castilla y León.
b)  Las Diputaciones Provinciales de Castilla y León.
c)  Los Ayuntamientos de Castilla y León con una población superior a 20.000 
habitantes.
d)  Las  entidades  del  sector  público  dependientes  de  cualquiera  de  las 
anteriores que tengan la condición de poderes adjudicadores.
Para ser medio propio personificado de estas Administraciones y entidades 
deberán cumplirse los requisitos previstos en la normativa de contratos del sector 
público. A estos efectos, los estatutos de la Sociedad preverán que, al menos, dos 
representantes de los entes locales formarán parte del Consejo de Administración 
de la Sociedad.
Igualmente deberá constar que el poder adjudicador que realiza el encargo 
participa en el capital social de la ''Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio  s
Ambiente de Castilla y León''. No obstante, en el caso de las entidades indicadas  o
en la letra d), solo será necesaria la participación de la Administración Pública de  w.
elas tqauLreáa   do"Sebpoligecainedddaaa nda.  Preúablilzicaar,  dpeo rIn sfír ameisstmruac tou raa str ay vMése ddieo  tAemrcbeireonst,e l odse  tCraabsatjiollas  yq uLee,ó enn"   2021-4321n https://ww
las  materias  que  constituyen  su  objeto  social,  le  encarguen  dichas
Administraciones y entidades.
2.  Las  relaciones  de  la  «Sociedad  Pública  de  Infraestructuras  y  Medio 
Ambiente de Castilla y León» con los poderes adjudicadores de los que es medio 
propio personificado tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose 
a través de encargos de los previstos en la normativa de contratos del sector 
público, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y 
subordinado.
3.  El régimen jurídico y administrativo de los encargos que puedan conferirse 
a la "Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León" 
será el previsto en esta Ley, en la normativa de contratos del sector público, en el 
artículo 48 ter de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León,  en  las  disposiciones  de  carácter 
reglamentario y en los estatutos de la Sociedad.
Los encargos se realizarán mediante la correspondiente resolución del órgano 
competente en cada caso, en la que se deberá incluir, al menos, las actuaciones a 
realizar,  la  forma  y  condiciones  de  su  realización,  el  plazo  de  ejecución,  la 
compensación económica fijada en base a las tarifas debidamente aprobadas por 
la Administración Autonómica y su forma de pago. En el expediente que se tramite 
deberán cumplirse cuantos requisitos sean exigidos por la normativa aplicable en 
cada caso.
4.  Las Diputaciones Provinciales podrán realizar encargos a la "Sociedad 
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León" tanto para el 
desarrollo de competencias propias como para el desarrollo de competencias 
municipales  de  los  Ayuntamientos  con  población  igual  o  inferior  a  20.000 
habitantes, al amparo del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y demás normativa reguladora de las entidades 
locales. En este último supuesto, el encargo lo realizará la Diputación Provincial, 
debiendo especificar en el mismo qué derechos y obligaciones asume la propia 
Diputación y cuáles el Ayuntamiento beneficiario.
5.  La  Sociedad  no  podrá  participar  en  los  procedimientos  para  la 
adjudicación de contratos convocados por las entidades de las que es medio 
propio personificado. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá 
encargarse  a  esta  Sociedad  la  ejecución  de  la  actividad  objeto  de  licitación 
pública.»
3.  Se modifica el artículo 6 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, en los siguientes 
términos:
«Artículo 6.  Financiación.
Para su financiación, la Sociedad contará con los siguientes recursos:
a)  Los de su propio capital.
b)  Las  consignaciones  presupuestarias  que  le  sean  asignadas  por  los 
Presupuestos Generales de la Comunidad.
c)  Los ingresos procedentes de las actividades comerciales que la Sociedad 
pueda realizar.
d)  Las aportaciones de otros organismos, entidades y empresas que presten 
su colaboración.
e)  Las operaciones de crédito que se concierten. s
f)  Las subvenciones y ayudas de cualquier clase y procedencia que puedan  oe.
percibirse, y los ingresos procedentes de las Administraciones Públicas. w.
eténrcmagirn)g oosLs e assret acabolilzmeacpdideoonsss  aeecnnio  lnase uns o rcemocnoadntiviócamió dince a scd oeqn utmrea etrodesico id beapl  rsoceopcmioto or p pceoúrnbsoslicenocif.uiceandcoia  edne  llooss   2021-4321n https://ww
h)  Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.»
Disposición adicional primera.  Habilitación para hacer efectiva la regulación recogida 
en el artículo 3.2 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre.
A los efectos de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el apartado 2 del 
artículo  3  de  la  Ley  12/2006,  de  26  de  octubre,  en  los  términos  recogidos  en  el 
artículo  6.1  de  la  presente  ley,  deberán  efectuarse  las  oportunas  modificaciones 
estatutarias.
Disposición adicional segunda.  Reglas especiales referidas a la gestión de los Fondos 
de los Planes Next Generation EU.
1.  Se  establece  la  posibilidad  de  proceder  a  la  tramitación  anticipada  de 
expedientes de gasto de ejercicios posteriores, llegando a la fase de formalización del 
compromiso de gasto para cualquier tipo de expediente que se financie con los Fondos 
de los Planes Next Generation EU, cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico 
utilizado para tal fin. Para la tramitación anticipada de los expedientes de gasto será 
suficiente con que la financiación de los mismos se acredite mediante certificación del 
Servicio o Unidad a quien corresponda la gestión económica del centro gestor instructor 
del expediente. A estos expedientes no les será de aplicación las disposiciones previstas 
en la disposición adicional decimotercera de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.
2.  El número de ejercicios futuros a los que podrán aplicarse los gastos financiados 
con los Fondos de los Planes Next Generation EU, no será superior a cinco. Asimismo, 
podrán imputarse esos gastos a ejercicios futuros siempre que en éstos no se exceda de 
la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial del ejercicio en que se realice la 
operación, definido al nivel de su vinculación, los siguientes porcentajes: en el ejercicio 
inmediato siguiente y en el segundo el 100 por ciento; en el tercer ejercicio, el 70 por 
ciento;  y  en  los  ejercicios  cuarto  y  quinto,  el  60  por  ciento  y  el  50  por  ciento 
respectivamente. Por encima de ese número de ejercicios futuros y porcentajes sólo 
podrán adquirirse compromisos para ejercicios futuros previa la autorización de la Junta 
de Castilla y León prevista en el artículo 113.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
3.  La autorización de las transferencias que afecten a los créditos financiados con 
los Fondos de los Planes Next Generation EU corresponderá al Consejero de Economía 
y Hacienda, a excepción de las que la Ley 2/2006, de 3 de mayo, atribuye a los 
consejeros o a los presidentes o máximos representantes de los organismos autónomos 
y entidades u órganos que posean dotación diferenciada con presupuesto limitativo que 
la seguirán ejerciendo en los mismos términos.
Disposición derogatoria.
Quedan  derogadas  cuantas  normas  de  igual  o  inferior  rango  contradigan  o  se 
opongan a lo establecido en la presente ley, y en particular:
– La  disposición  adicional  segunda  de  la  Ley  9/2012,  de  21  de  diciembre,  de 
Medidas Tributarias y Administrativas.
– La  disposición  transitoria.  Tributos  sobre  el  juego,  del  texto  refundido  de  las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios 
y cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.
– La disposición transitoria tercera de la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de 
Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. e.
– El artículo 18.6 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación  w.b
Ciudadana de Castilla y León. 21ww
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen 
Local de Castilla y León.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, en los 
siguientes términos:
«1.  En la Consejería competente por razón de la materia existirá un Registro 
para la inscripción de los municipios de Castilla y León y demás entidades locales 
de la Comunidad Autónoma a que se refiere la presente Ley.»
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 16 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, en los 
siguientes términos:
«2.  La iniciación de oficio se acordará por la Consejería competente por 
razón de la materia.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 19 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, en los 
siguientes términos:
«1.  Los conflictos que se susciten entre municipios sobre deslinde de sus 
términos serán resueltos por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la 
Consejería competente por razón de la materia.»
4.  Se modifica el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, en los 
siguientes términos:
«3.  La Junta de Castilla y León establecerá, previo informe del Consejo de 
Cooperación Local de Castilla y León y a propuesta de la Consejería competente 
por  razón  de  la  materia,  niveles  homogéneos  de  prestación  de  los  servicios 
mínimos, mediante la fijación de indicadores, resultados o características técnicas 
de los mismos, según proceda.»
5.  Se modifica el apartado 1 del artículo 55 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, en los 
siguientes términos:
«1.  La Resolución del procedimiento se adoptará, en el plazo de seis meses 
desde su iniciación, por la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería 
competente por razón de la materia se publicará en el "Boletín Oficial de Castilla y 
León" y en el "Boletín Oficial" de la provincia correspondiente, y se dará traslado 
de ella a la Administración del Estado.
Cuando la Resolución no se adopte en el plazo establecido en el párrafo 
anterior, se entenderá desestimada la petición.»
6.  Se modifica la letra c) del apartado 3 del artículo 71 de la Ley 1/1998, de 4 de 
junio, en los siguientes términos:
«c)  A la Consejería competente por razón de la materia.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de 
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.
Se incorpora un apartado a la letra c) del apartado 2 del anexo de la Ley 14/2001,  es
de 28 de diciembre, con la siguiente redacción: o
«– Reconocimiento del derecho a préstamos garantizados por el Instrumento  21ww
Financiero de Gestión Centralizada cofinanciados por el FEADER.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de 
Castilla y León.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, en los 
siguientes términos:
«1.  Están sujetas a comunicación, con carácter previo a su inicio, en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente, las actividades juveniles de 
tiempo libre sujetas a esta ley.»
2.  Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 37 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, 
con la siguiente redacción:
«3.  Las actividades juveniles de tiempo libre sujetas a esta ley, contarán con 
una evaluación de riesgos específica en las condiciones y con las características 
que se establezcan por el órgano competente en materia de Juventud.»
Disposición  final  cuarta.  Modificación  de  la  Ley  5/2005,  de  24  de  mayo,  de 
establecimiento  de  un  régimen  excepcional  y  transitorio  para  las  explotaciones 
ganaderas en Castilla y León.
Se modifica el artículo 12 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, en los siguientes 
términos:
«Artículo 12.  Vigencia.
Las  licencias  otorgadas  conforme  al  procedimiento  regulado  en  esta  Ley 
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036. Estas licencias sólo podrán ser 
renovadas  si  durante  dicho  período  de  vigencia  se  hubiera  obtenido  licencia 
urbanística conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León.
Se incorpora una nueva disposición adicional decimoséptima a la Ley 7/2005, de 24 
de mayo, con la siguiente redacción:
«Disposición  adicional  decimoséptima.  Reglas  especiales  de  concursos  de 
traslados.
El requisito de permanencia establecido en el apartado 4 del artículo 50 de 
esta ley se reducirá a tres meses en las convocatorias de los concursos derivados 
de la disposición adicional del Decreto-ley 3/2020, de 18 junio, por el que se 
modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. 
En tales supuestos, transcurridos tres meses desde la publicación de la resolución 
del concurso en el Boletín Oficial de Castilla y León, los adjudicatarios cesarán en 
su puesto en el plazo de tres días hábiles. La toma de posesión del puesto de 
destino se producirá el día hábil siguiente al del cese.
En aquellos casos en los que desde la última convocatoria de un concurso de 
traslados ordinario o específico, de uno o varios Cuerpos, Categorías o Escalas, se 
hubiese llevado a cabo una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, cuyo  e
contenido sea objeto de dicho concurso, que afectase a más del 10% de los puestos  bo
recogidos en dicho instrumento técnico, la convocatoria del siguiente concurso a  21ww
dceelfeinbitriavro  pao durná  mreídnuimcior  edle t ietrmesp om deese pse, rcmoann lean fciniaa leidna de l dpeu epsotdoe or cduapra pdaor tcicoinp accaióránc teenr 
dicho concurso al mayor número del personal interesado en el mismo.»
Disposición  final  sexta.  Modificación  de  la  Ley  13/2005,  de  27  de  diciembre,  de 
Medidas Financieras.
1.  Se modifican las letras b) y l) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley 13/2005, 
de 27 de diciembre, en los siguientes términos:
«''b)  La reordenación del empleo en los sectores de la ayuda a domicilio y de 
restauración colectiva.''
''l)  La autorización de permisos individuales de formación en la Comunidad 
de Castilla y León.''»
2.  Se incorpora una nueva letra o) al apartado 1 del artículo 32 de la Ley 13/2005, 
de 27 de diciembre, con la siguiente redacción:
«o)  Contratación  de  personas  beneficiarias  de  la  Renta  Garantizada  de 
Ciudadanía  u  otros  ingresos  públicos  percibidos  con  la  finalidad  de  prevenir 
situaciones  de  pobreza  o  exclusión  social,  contratación  de  personas  que 
tengan 55 o más años de edad, contratación de personas que sean refugiadas o 
tengan reconocido el derecho de asilo, así como la contratación de personas 
pertenecientes a otros colectivos vulnerables.»
3.  Se incorpora un nuevo artículo 33 bis a la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, con 
la siguiente redacción:
«Artículo  33  bis.  Subvenciones  vinculadas  al  Pacto  para  la  recuperación 
económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León.
La  administración  concederá  subvenciones  destinadas  a  apoyar  el 
mantenimiento del empleo y la actividad, incluido el sector de la hostelería y 
aquellas destinadas a la adquisición de sistemas de protección colectiva y de 
señalización,  de  los  productos  químicos  de  limpieza  y  desinfección,  y  el 
mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente a la COVID-19; así 
como ayudas destinadas a trabajadores de 55 o más años afectados por la crisis 
generada  por  la  Covid-19,  previo  establecimiento  de  bases  reguladoras  que 
concreten los requisitos exigidos en cada caso.
2.  Las solicitudes de las empresas y trabajadores interesados se presentarán 
en el plazo que se determine en la convocatoria a partir de que se produzca el 
hecho subvencionable.
3.  Las  solicitudes  se  resolverán  por  orden  de  entrada  desde  que  el 
expediente esté completo.»
4.  Se incorpora una nueva letra k) al apartado 1 del artículo 34 de la Ley 13/2005, 
de 27 de diciembre, con la siguiente redacción:
«k)  Ayudas destinadas a financiar proyectos de inversión en suelo industrial, 
promovido por las corporaciones locales.»
5.  Se incorpora un nuevo artículo 51 bis a la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, con 
la siguiente redacción:
«Artículo 51 bis.  Subvenciones en materia de ahorro, eficiencia energética y  es
energías renovables. o
1.  En el marco de programas estatales de subvenciones, que establezcan las  21ww
bdaessetins arteagriuolsa dfoinraasle dse,  llaas  Amdismminaiss,t rya cfiiónna ncdiee n lao  cCoofimnaunncidieand  sud eo toCrgaastmilliae nyto  Lae lóons 
scuobnvceendceiroán, essie emnp mrea tqeuriea  sdeea anh ocorrmo,p eaftiicbileensc icao enn learsg éntoicram ya se ndeer glaía Us nreiónno vEaubrloepse.a,  BOE-A-cable e
2.  Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública, y, cuando así 
lo prevean las bases reguladoras, las solicitudes se resolverán por orden de 
entrada desde que el expediente esté completo.»
6.  Se  modifica  el  artículo  53  de  la  Ley  13/2005,  de  27  de  diciembre,  en  los 
siguientes términos:
«Artículo 53.  Subvenciones para la sustitución de calderas, calentadores de gas 
e  instalaciones  y  equipos  de  seguridad  industrial  en  general,  tales  como 
ascensores y baja tensión, entre otras, de más de diez años.
1.  La  Administración  de  la  Comunidad  concederá,  siempre  que  sean 
compatibles con las normas de la Unión Europea y previo establecimiento de las 
correspondientes bases reguladoras, subvenciones con la finalidad de promover la 
adquisición  para  la  sustitución  de  calderas  o  calentadores  e  instalaciones  y 
equipos de seguridad industrial en general, tales como ascensores y baja tensión, 
entre otras, de más de diez años.
2.  Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública y las solicitudes se 
resolverán por orden de entrada desde que el expediente esté completo.»
Disposición  final  séptima.  Modificación  de  la  Ley  7/2006,  de  2  de  octubre,  de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y 
León.
1.  Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley 7/2006, de 2 de 
octubre, en los siguientes términos:
«a)  Multa de 601 a 6.000 euros.»
2.  Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 7/2006, de 2 de 
octubre, en los siguientes términos:
«a)  Multa de 6.001 a 600.000 euros.»
3.  Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 41 de la Ley 7/2006, de 2 de 
octubre, en los siguientes términos:
«a)  El Delegado Territorial correspondiente cuando se trate de infracciones 
graves y se proponga cualquier sanción, incluida la imposición de multas de 
hasta 6.000 euros.»
4.  Se modifica el epígrafe 5.4 del apartado B del Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de 
octubre, en los siguientes términos:
«5.4  Bares especiales: son establecimientos e instalaciones permanentes, 
dedicados principalmente al servicio de bebidas al público para su consumo en el 
establecimiento o instalación, que disponen de ambientación musical. No podrán 
disponer de pista de baile ni ofrecer servicio de cocina.»
Disposición  final  octava.  Modificación  de  la  Ley  11/2006,  de  26  de  octubre,  del 
Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. s
1.  Se modifica el artículo 121 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, en los siguientes  w.b
términos: 21ww
«Artículo 121.  Fianza para participar en procedimientos de enajenación.
La participación en procedimientos de enajenación requerirá el depósito de un
cinco por ciento del precio de venta en concepto de fianza. En casos especiales,
atendidas  las  características  del  inmueble  y  la  forma  o  circunstancias  de  la 
enajenación, el órgano competente para la tramitación del expediente podrá elevar 
el importe de la fianza hasta un diez por ciento del precio de venta.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 138 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, 
en los siguientes términos:
«1.  El  uso  de  los  bienes  inmuebles  patrimoniales  de  la  Administración 
General cuya afectación o explotación no se juzgue necesaria o previsible podrá 
cederse gratuitamente a entidades públicas o privadas por un plazo máximo de 
veinte  años,  para  fines  de  utilidad  pública  o  interés  social  que  redunden  en 
beneficio  de  los  habitantes  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León.  Una  vez 
transcurrido el plazo máximo de veinte años, podrán autorizarse prórrogas por 
periodos no superiores a cinco años cada prórroga, a instancia motivada del 
cesionario y hasta un máximo de veinte años más y siempre que se mantengan 
los mismos fines de utilidad pública o interés social que motivaron la cesión 
gratuita inicial.»
3.  Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 11/2006, 
de 26 de octubre, en los siguientes términos:
«1.  Corresponden a la consejería competente en materia de vivienda, de 
conformidad  con  la  legislación  sectorial  en  dicha  materia,  las  facultades  de 
gestión,  administración  y  disposición  que  esta  ley  atribuye  a  la  consejería 
competente  en  materia  de  hacienda  respecto  de  las  viviendas  de  protección 
pública  y  los  alojamientos  protegidos,  así  como  respecto  de  aquellas  otras 
viviendas que vayan a incorporarse al Parque Público de alquiler social, incluidos 
anejos,  y  de  los  suelos  destinados  a  la  construcción  de  tales  viviendas  o 
alojamientos protegidos, independientemente de su calificación urbanística como 
suelos residenciales o dotacionales. Dichas facultades comprenden en todo caso 
las  de  adquirir,  enajenar,  arrendar,  ceder,  permutar,  establecer  y  cancelar 
hipotecas y otras cargas sobre las viviendas o alojamientos protegidos, establecer 
condiciones y términos, así como constituir y ejercitar cualquier otro derecho 
inscribible. Las mismas facultades corresponden a la consejería competente en 
materia de vivienda respecto de los locales comerciales que formen parte del 
mismo  inmueble  que  las  viviendas  de  protección  pública  o  alojamientos 
protegidos, mientras se les aplique el mismo régimen y beneficios que a éstos.»
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto 
Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
Se modifica el apartado 2 del artículo 38 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, en los 
siguientes términos:
«2.  Para poder participar en los procedimientos de provisión para puestos de 
trabajo de Jefe de Servicio y Jefe de Unidad, los interesados deberán reunir a la 
fecha  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes  los  siguientes 
requisitos, que deberán mantenerse durante todo el procedimiento:
a)  Ostentar la condición de personal estatutario fijo de los servicios de salud  s
del Sistema Nacional de Salud, de funcionario de carrera de cualquiera de las  e.
administraciones  públicas,  o  de  personal  laboral  fijo  perteneciente  a  la  w.
Administración  Pública  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  siempre  que  su  21ww
cUonnivveernsiiod addee sa Ppúlicbalicciaósn  daes Cí alost ilplare yv eLae,ó no. de personal laboral indefinido de las
b)  Pertenecer a la categoría y ostentar la titulación y especialidad, en su 
caso, que se requiera para el desempeño del puesto de que se trate, conforme 
establezcan las correspondientes plantillas aprobadas.»
Disposición final décima.  Modificación de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección 
Ciudadana de Castilla y León.
Se modifica el artículo 27 de la Ley 4/2007, de 28 de octubre, en los siguientes términos:
«1.  Las  infracciones  muy  graves  se  sancionarán  con  multa  de  30.001 
a 600.000 euros.
2.  Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.501 a 30.000 
euros.
3.  Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros.
4.  El apercibimiento se aplicará cuando la entidad de la infracción leve haga 
excesiva la imposición de multa y no existiere reincidencia.»
Disposición final decimoprimera.  Modificación de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
Se modifica el apartado 1 del artículo 39 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, en 
los siguientes términos:
«1.  Podrán realizarse pagos anticipados de las subvenciones concedidas 
directamente por razones que dificulten su convocatoria pública cuando, previo 
informe de la consejería competente en materia de hacienda, así lo prevea la 
Junta de Castilla y León al autorizar la concesión, que asimismo determinará la 
cuantía del anticipo y la garantía que, en su caso, deba constituirse.
No  será  preciso  el  citado  informe  para  las  subvenciones  concedidas 
directamente por razones que dificulten su convocatoria pública destinadas a las 
intervenciones para atender crisis humanitarias y de emergencia en el marco de la 
cooperación internacional para el desarrollo.»
Disposición final decimosegunda.  Modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del 
Ruido de Castilla y León.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 14 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, en los 
siguientes términos:
«1.  En el anexo III se definen los valores mínimos de aislamiento acústico 
que deberán tener las actividades sujetas al régimen de autorización ambiental, de 
licencia ambiental o de comunicación ambiental.»
2.  Se modifica el artículo 30 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, en los siguientes 
términos:
«Artículo 30.  Actividades y proyectos sujetos a autorización ambiental, licencia 
ambiental, comunicación ambiental o evaluación de impacto ambiental.
1.  Cuando se trate de actividades sometidas al régimen de autorización 
ambiental o de licencia ambiental que puedan causar molestias por ruidos y  e
vibraciones, se presentará, junto a la correspondiente solicitud de autorización o  bo
licencia  ambiental,  un  proyecto  acústico  redactado  por  técnico  titulado  21ww
aconmexpoe tVeInI.te,  en  el  que  se  contemplen  todos  los  extremos  indicados  en  el
la reAaslizimacisiómno d, elo os bErastsu, diniossta dlaec Iimonpeasc too  aAcmtivbidieandtaels r seolamtiveotisd oas p arol ryéegcitmose nc odnes Eisvteanluteasc ieónn 
de Impacto Ambiental que puedan causar molestias notables por ruidos y vibraciones
incluirán en el contenido del Estudio de Impacto Ambiental el proyecto acústico al que 
se refiere el párrafo anterior con idénticos requisitos.
2.  En los casos señalados en el apartado anterior la autorización ambiental, 
la  licencia  ambiental  o,  en  su  caso,  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental 
incorporarán las medidas y condiciones necesarias para prevenir y reducir la 
contaminación acústica.
3.  En los casos señalados en el párrafo primero del apartado 1, el titular de la 
actividad  o  instalación,  antes  de  presentar  la  correspondiente  declaración 
responsable mediante la que comunicará la iniciación o puesta en marcha de la 
actividad o instalación, además de la documentación legalmente exigida, deberá 
disponer  de  aquella  que  garantice  que  la  instalación  se  ajusta  al  proyecto 
aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su caso, 
en  la  autorización  ambiental  o  en  la  licencia  ambiental.  Esta  documentación 
incluirá como mínimo los informes que se indican a continuación:
a)  Un informe, emitido por el técnico director de la ejecución del proyecto, en 
el que se acredite la adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto 
objeto de la autorización ambiental o de la licencia ambiental.
b)  Un informe, realizado por una de las entidades de evaluación a las que se 
refiere el artículo 18, en el que se acredite, como mínimo, el cumplimiento de:
– Los niveles de inmisión sonora exigidos en el Anexo I.
– Los valores de aislamiento acústico exigidos en el Anexo III, en el caso de 
actividades ruidosas ubicadas en edificios habitables.
– Los niveles de inmisión de ruidos de impacto exigidos en el Anexo I.5, en el 
caso de actividades susceptibles de producir molestias por ruido de impacto.
– Los valores del tiempo de reverberación exigidos en el artículo 14.3 en el 
caso de comedores y restaurantes.
4.  En  el  caso  de  actividades  sometidas  al  régimen  de  comunicación 
ambiental  que  puedan  causar  molestias  por  ruidos  y  vibraciones,  antes  de 
presentar la comunicación ambiental deberán disponer de un proyecto acústico 
redactado por técnico titulado competente, en el que se contemplen todos los 
extremos indicados en el Anexo VII, y del informe regulado en apartado 3.b de 
este artículo.»
3.  Se modifica la disposición adicional novena de la Ley 5/2009, de 4 de junio, en 
los siguientes términos:
«Disposición adicional novena.  Equipos de reproducción sonora de potencia.
A los efectos de esta ley, en los establecimientos públicos, los televisores de 
proyección, pantallas planas de más de 106,68 centímetros (42 pulgadas), así como 
la reproducción de sistemas integrados de vídeo clips o sistemas de reproducción 
pública de videodiscos láser, el montaje y operación de sistemas de proyección 
multipantalla, la operación de sistemas karaoke y las instalaciones de hilo musical 
tendrán la consideración de equipos de reproducción sonora de potencia, y, en 
cuanto tales, les será de aplicación la misma.»
4.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del anexo VII de la Ley 5/2009, de 4  es
de junio, en los siguientes términos: o
«1.  De acuerdo con el artículo 30 de la ley, los proyectos acústicos relativos a  21ww
caocmtivuidnaicdaecsió snu jaemtabsi eanl traélg oim deen  edvea aluuatocrióizna cdióen i mampabcieton taaml, bdiee nlitcael,n cdieab aemrábnie tnetnael,r  deel 
siguiente contenido:»
Disposición final decimotercera.  Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del 
derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León.
Se modifica el apartado 2 del artículo 58 de Ley 9/2010, de 30 de agosto, en los 
siguientes términos:
«2.  Tendrán la consideración de promoción pública las viviendas que sean 
promovidas por una administración pública o por entidades del sector público. 
Estas viviendas se destinarán a personas cuyos ingresos familiares corregidos no 
excedan de 3,5 veces el IPREM y cumplan los requisitos de acceso a una vivienda 
de protección pública señalados en el artículo 63 de esta Ley. El límite de ingresos 
será de 5 veces el IPREM en el caso de promociones destinadas a la venta.»
Disposición final decimocuarta.  Modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de 
Turismo de Castilla y León.
Se modifica el apartado 1 del artículo 49 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, en los 
siguientes términos:
«1.  Las actividades de intermediación turística se realizarán a través de estos 
dos tipos de empresas:
a)  Agencia de viajes, entendiendo por tal las empresas, ya sean personas 
físicas o jurídicas, cuya actividad comercial sea la mediación y organización de 
servicios  turísticos,  incluida  la  oferta,  contratación  y  organización  de  viajes 
combinados y servicios de viaje vinculados en los términos establecidos por la 
legislación vigente aplicable a esa materia, pudiendo utilizar medios propios o 
ajenos para su prestación.
La condición legal y la denominación de agencia de viajes queda reservada a 
estas empresas.
Las empresas turísticas que desarrollen la actividad de agencia de viajes 
deberán  constituir  y  mantener  vigentes  las  garantías  y  seguros  que  se  fijen 
reglamentariamente, para proteger a los usuarios turísticos en sus relaciones de 
intermediación.
b)  Central de reserva, entendiendo por tal las empresas, ya sean personas 
físicas o jurídicas, que desarrollen la actividad de intermediación turística que 
consiste, principalmente, en reservar servicios turísticos de forma individualizada, 
que se publicite como tal. Las centrales de reserva no tendrán capacidad para 
organizar ni comercializar viajes combinados ni servicios de viaje vinculados, y en 
ningún caso podrán percibir de los turistas contraprestación económica, ni podrán 
aceptar el abono anticipado del servicio reservado, por su intermediación.»
Disposición final decimoquinta.  Modificación de la Ley 7/2013, de 27 septiembre, de 
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.
1.  Se modifican las letras a) y c) del apartado 2 del artículo 6 de la Ley 7/2013, 
de 27 de septiembre, en los siguientes términos:
«''a)  Cada delegación territorial de la Junta de Castilla y León, en el plazo de 
un mes desde la entrada en vigor de esta ley, elaborará un estudio de zonificación 
y lo elevará a la consejería competente por razón de la materia, teniendo en  e.
cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley.'' w.
''c)  La propuesta inicial de delimitación del mapa será sometida a audiencia  21ww
dcoem lopse tmenutnei cpipoior sr ayz óens tadreá  lsau jmetaat ear iian,f odrumraacnitóen  epl úpbllaiczao  pdoer  puanr tme edse,  lma ecdoinasneteje rsíau 
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.''»
2.  Se modifica el apartado 5 del artículo 8 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, 
en los siguientes términos:
«5.  Si se produjera una fusión de municipios y uno de ellos no estuviera 
incluido en el área funcional estable, la modificación del área se declarará, a 
propuesta de la consejería competente por razón de la materia, mediante decreto 
de la Junta de Castilla y León, previa la audiencia y el informe previsto en el 
párrafo primero del apartado anterior. Igualmente, este procedimiento se aplicará a 
aquellos supuestos en los que por razones geográficas singulares, históricas, 
económicas, medioambientales o de cualquier otra índole, sea preciso incorporar 
al área funcional estable un municipio no encuadrado en el apartado 2 de este 
artículo.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 33 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, 
en los siguientes términos:
«1.  La  declaración  de  mancomunidad  de  interés  general  se  efectuará 
mediante orden de la consejería competente por razón de la materia, previa 
acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley. La orden 
contendrá  la  denominación  de  la  mancomunidad,  los  municipios  que 
voluntariamente la integran y los estatutos, y será publicada en el Boletín Oficial 
de Castilla y León e inscrita en el Registro de Entidades Locales, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León. En todo caso, la 
declaración de la mancomunidad sólo tendrá efectividad respecto a los municipios 
que adopten el acuerdo de asociación.»
4.  Se modifica el párrafo primero del artículo 34 de la Ley 7/2013, de 27 de 
septiembre, en los siguientes términos:
«La consejería competente por razón de la materia acordará, mediante orden, 
la pérdida de calificación de mancomunidad de interés general en los siguientes 
supuestos:»
5.  Se modifica el apartado 1 del artículo 35 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, 
en los siguientes términos:
«1.  La  pérdida  de  calificación  de  mancomunidad  de  interés  general  se 
acordará por la consejería competente por razón de la materia, previa audiencia a 
la mancomunidad por el plazo de un mes, valorándose la voluntariedad y, en su 
caso, reincidencia, en el incumplimiento de la obligación.»
6.  Se modifica la letra c) del artículo 38 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, en 
los siguientes términos:
«c)  Adoptado el acuerdo de aprobación de los estatutos por los municipios 
interesados, el expediente se remitirá a la consejería competente por razón de la 
materia, en el plazo máximo de nueve meses desde el momento de la iniciativa.»
7.  Se modifica el apartado 3 del artículo 59 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, 
en los siguientes términos:
«3.  Asimismo, y en atención a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo,  e.
y de la necesaria difusión que deben tener, la Administración de la Comunidad de  w.
Castilla y León, a través de la consejería competente por razón de la materia, dará  21ww
ppurinbclicipidioasd d ae  ceufaicnietonsc idaa yto sso ssteeannib rielidleavda nfitneasn pcaierraa .c»omprobar el cumplimiento de los
8.  Se modifica el apartado 3 de la disposición final décima de la Ley 7/2013, de 27 
de septiembre, en los siguientes términos:
«3.  Por  la  consejería  competente  por  razón  de  la  materia  se  podrán 
establecer modelos tipo de estatutos, acuerdos locales, certificados, documentos 
de acreditación y evaluación de eficiencia u otros documentos en relación con las 
mancomunidades de interés general, para facilitar una actuación administrativa 
unitaria y ágil.»
Disposición final decimosexta.  Modificación de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria 
de Castilla y León.
1.  Se modifica la letra e) del artículo 2 de la la Ley 1/2014, de 19 de marzo, en los 
siguientes términos:
«e)  Fomentar la producción agraria y agroalimentaria y asegurar la calidad 
alimentaria y la calidad diferenciada agroalimentaria.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 3 de la la Ley 1/2014, de 19 de marzo, en 
los siguientes términos:
«1.  Constituyen el ámbito objetivo de aplicación de esta ley las actividades 
de los sectores agrario y agroalimentario en los aspectos relacionados con las 
explotaciones agrarias, las infraestructuras agrarias, los recursos agropecuarios 
locales,  la  producción,  la  calidad  alimentaria,  la  calidad  diferenciada 
agroalimentaria,  la  comercialización  de  los  productos  agrarios  y  la  cadena 
alimentaria. Constituyen también el ámbito objetivo de esta ley las políticas de 
desarrollo rural que contribuyen a la diversificación económica, la creación de 
empleo y la fijación de población en el medio rural.»
3.  Se modifica el nombre del libro tercero de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, en los 
siguientes términos:
«LIBRO TERCERO
La calidad alimentaria, la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria y la 
comercialización de la producción agraria»
4.  Se modifica el nombre del título I del libro tercero de la Ley 1/2014, de 19 de 
marzo, en los siguientes términos:
«TÍTULO I
La calidad alimentaria y la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria»
5.  Se incorporan los nuevos artículos 131 bis, 131 ter y 131 quáter dentro del Título 
I del Libro Tercero de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, con la siguiente redacción:
«Artículo 131 bis.  Control oficial de la calidad alimentaria.
El control oficial de la calidad alimentaria está conformado por el conjunto de  s
principios  y  actuaciones  que  se  desarrollen  para  garantizar  la  conformidad  y  oe.
calidad de los alimentos, de las materias y elementos destinados a la producción y  w.
cccaoolmnidfeoarrdcm iaaell iizmaa eclonió tandr isiaap luismeees tneotx aterieinan sdl.a e nLn aoasr  mtaoacdttioivvsai d labodáse spiscr aod didruiegc tidoaasp slia claaimcl ieócnnot.ni ctErioonsl   eoolf  iáacimlaimlb eidtnoet  odslea,    2021-4321n https://ww
Castilla  y  León,  las  actividades  de  control  oficial  de  calidad  alimentaria  se
realizarán  por  la  consejería  competente  en  materia  agraria,  en  los  términos 
establecidos en la normativa básica de aplicación.
Artículo 131 ter.  Operadores y sus obligaciones.
1.  En el ámbito del control oficial de la calidad alimentaria, operador es el 
definido en la normativa básica de aplicación.
2.  Los operadores serán responsables del cumplimiento de las obligaciones y 
requisitos  en  materia  de  calidad  alimentaria  establecidos  en  la  normativa  de 
aplicación. Los operadores deberán acreditar documentalmente las operaciones 
de manipulación a las que se haya sometido el producto o elementos para uso 
alimentario. En materia de trazabilidad, se conservará toda la documentación 
durante cuatro años.
Artículo 131 quater.  Registro de operadores de establecimientos alimentarios de 
Castilla y León.
1.  Se crea el Registro de operadores de establecimientos alimentarios de 
Castilla y León, que es de naturaleza administrativa, y en él se inscribirán, a 
efectos de su control, los operadores cuyo domicilio o alguna de sus instalaciones 
se ubiquen en el territorio la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
2.  El  Registro,  que  se  constituye  en  una  base  de  datos  informatizada, 
permitirá de manera permanente, integrada y actualizada, disponer de toda la 
información relativa a los operadores de establecimientos alimentarios, rigiéndose 
por lo dispuesto en materia de protección de datos de carácter personal.
3.  La  inscripción  en  este  registro  se  realizará  de  oficio  para  todos  los 
operadores  de  establecimientos  inscritos  en  el  Registro  de  Empresas  y 
Actividades Alimentarias de Castilla y León.
4.  La estructura, organización y funcionamiento del Registro de operadores 
de  establecimientos  alimentarios  de  Castilla  y  León  se  establecerá 
reglamentariamente.»
6.  Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 191 de la Ley 1/2014, de 19 de 
marzo, con la siguiente redacción:
«3.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación asimismo a 
los operadores que intervengan en las relaciones comerciales que constituyen el 
ámbito de aplicación de la legislación sobre la cadena alimentaria, cuando la 
potestad sancionadora corresponda a la Comunidad de Castilla y León.»
7.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 192 de la la Ley 1/2014, de 19 de 
marzo, en los siguientes términos:
«''1.  Las facultades de inspección en relación con las materias objeto de este 
libro y en el ámbito de la cadena alimentaria, corresponderán a los inspectores de 
la consejería competente en materia agraria, salvo en los supuestos en los que la 
competencia corresponda a otra consejería.''
''3.  En el ejercicio de sus funciones de control e inspección, el personal que 
tenga  atribuidas  estas  facultades,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los 
apartados 1 y 2 de este artículo y que reúnan las condiciones requeridas, tendrán  s
el carácter de agente de la autoridad, con los efectos previstos en la normativa  o
básica reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones  w.
dPeú blalisc aFsu. ePrzoadsrá yn  Csuoelicrpitoasr  edle a Speogyou rnideacde.s''»ario de cualquier otra autoridad, así como  2021-4321n https://ww
8.  Se modifica el apartado 1 del artículo 193 de la la Ley 1/2014, de 19 de marzo, 
en los siguientes términos:
«1.  Los  inspectores  podrán  inmovilizar  cautelarmente  las  mercancías, 
productos, envases, etiquetas, y demás objetos relacionados presuntamente con 
alguna de las infracciones previstas en esta ley y en la legislación sobre la cadena 
alimentaria, haciendo constar en acta tanto el objeto como los motivos de la 
intervención cautelar.»
9.  Se incorpora un nuevo apartado 2 al artículo 194 de la Ley 1/2014, de 19 de 
marzo, con la siguiente redacción:
«2.  Las infracciones relativas a la cadena alimentaria son las tipificadas en la 
legislación básica sobre dicha materia.»
10.  Se incorpora un nuevo apartado 8 al artículo 195 de la Ley 1/2014, de 19 de 
marzo, con la siguiente redacción:
«8.  Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará cuando proceda, en 
la determinación concreta de la sanción que se pueda imponer en aplicación de la 
legislación sobre la cadena alimentaria.»
11.  Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 196 de la Ley 1/2014, de 19 de 
marzo, con la siguiente redacción:
«3.  La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores en materia 
de la cadena alimentaria, en los casos en los que corresponda a la consejería 
competente en materia agraria, será:
a)  De  los  servicios  territoriales  de  la  consejería  competente  en  materia 
agraria, en el caso de infracciones leves en las que los operadores afectados por 
el procedimiento tengan su sede social o domicilio social en la misma provincia.
b)  Del  órgano  directivo  central  de  la  consejería  competente  en  materia 
agraria que tenga atribuida la competencia en materia de cadena alimentaria, para 
el resto de supuestos de infracciones leves y para las infracciones graves y muy 
graves.»
12.  Se incorpora un nuevo apartado 2 al artículo 197 de la Ley 1/2014, de 19 de 
marzo, con la siguiente redacción:
«2.  La competencia para resolver los expedientes sancionadores en materia 
de la cadena alimentaria que correspondan a la consejería competente en materia 
agraria, será:
– Del  titular  de  la  delegación  territorial  de  la  Junta  de  Castilla  y  León 
competente por razón del territorio, en el caso de infracciones leves en las que los 
operadores afectados por el procedimiento, tengan su sede social o domicilio 
social en la misma provincia.
– Del  titular  del  órgano  directivo  central  de  la  consejería  competente  en 
materia  agraria  que  tenga  atribuida  la  competencia  en  materia  de  cadena 
alimentaria,  para  el  resto  de  supuestos  de  infracciones  leves  y  para  las 
infracciones graves. e.
– Del titular de la consejería con competencia en materia agraria, en el caso  w.
de infracciones muy graves.» 21ww
13.  Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 198 de la Ley 1/2014, de 19 de 
marzo, con la siguiente redacción:
«3.  En  materia  de  calidad  alimentaria,  los  plazos  de  prescripción  de 
infracciones  y  sanciones  serán  los  establecidos  en  su  normativa  básica  de 
aplicación.»
14.  Se incorpora al Libro Quinto de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, un nuevo 
Capítulo VII con los nuevos artículos 214, 215, 216 y 217, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO VII
Infracciones y sanciones en materia de calidad alimentaria
Artículo 214.  Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves las siguientes:
1.  No realizar anotaciones en el registro de trazabilidad en el plazo de diez 
días desde la fecha en que debieran haberse efectuado, siempre que los asientos 
no registrados puedan justificarse mediante otra documentación.
2.  Las inexactitudes o errores en los registros de trazabilidad o declaraciones 
establecidos en la normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la correcta no rebase en un 15 % esta última.
3.  Aplicación deficiente del sistema de registro de trazabilidad, siempre que 
se  pueda  subsanar  la  deficiencia  mediante  documentación  aportada  por  el 
operador.
4.  No  presentar  las  declaraciones  de  existencias,  de  elaboración  o  de 
movimiento de productos, o presentarlas incompletas, con inexactitudes, errores u 
omisiones o presentarlas fuera del plazo reglamentario.
5.  No tener identificados los depósitos, silos, contenedores y cualquier clase 
de  envase  de  productos  a  granel  o  los  productos  que  contengan,  o  su 
identificación de forma no clara o sin marcado indeleble, y, en su caso, no indicar 
el  volumen  nominal  u  otras  indicaciones  contempladas  en  la  normativa  de 
aplicación.
6.  Las  inexactitudes,  errores  u  omisiones  de  datos  o  información  en  el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los 
registros  de  trazabilidad,  la  rotulación,  la  presentación  y  el  embalaje  de  los 
productos, si dichas inexactitudes, errores u omisiones no afecten a la naturaleza, 
identidad,  calidad,  características,  composición,  procedencia  u  origen  de  los 
mismos.
7.  Incurrir en discrepancias entre las características reales del producto y las 
que declare el operador en cualquier soporte cuando estas diferencias no superen 
el  doble  de  la  tolerancia  admitida  reglamentariamente  para  el  parámetro  o 
elemento de que se trate y no sea tipificada como infracción grave.
8.  Incumplir  las  medidas  cautelares,  siempre  que  se  trate  de  un 
incumplimiento meramente formal, no tipificado como grave, entre ellas el traslado 
físico, sin autorización del órgano competente, de las mercancías intervenidas 
cautelarmente, siempre que no se violen los precintos ni las mercancías salgan de 
las instalaciones en las que fueron intervenidas. e.
Artículo 215.  Infracciones graves. 21ww
Se considerarán infracciones graves las siguientes:
1.  No  disponer  de  registros  de  trazabilidad,  documentos  comerciales,
documentos de acompañamiento, certificados de conformidad u otros documentos  Bc
establecidos por las disposiciones vigentes, o su gestión defectuosa, cuando ello 
dificulte  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  calidad 
alimentaria.
2.  La falta de datos en el registro de trazabilidad, como la identidad de los 
suministradores y receptores de productos, así como las informaciones relativas a 
esos  productos,  como  su  identificación,  naturaleza,  origen,  características 
cualitativas y condiciones de producción y distribución.
3.  No presentar los registros de trazabilidad o libros-registro, declaraciones 
relativas a alimentos o los documentos de acompañamiento sin causa justificada, 
cuando fueren requeridos para su control en actos de inspección.
4.  No conservar durante el tiempo establecido la documentación relativa al 
sistema de autocontrol y a los registros de trazabilidad.
5.  No tener realizada una anotación en los registros de trazabilidad cuando 
haya transcurrido más de diez días desde la fecha en que debió anotarse a 
efectos  de  trazabilidad  o  cuando,  no  habiendo  transcurrido  dicho  periodo  de 
tiempo, el asiento o los asientos no registrados no puedan justificarse mediante 
otra documentación.
6.  Las inexactitudes o errores en los registros de trazabilidad o declaraciones 
establecidos en la normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad 
consignada y la correcta rebase en un 15% esta última.
7.  Las inexactitudes o errores en los registros de trazabilidad o declaraciones 
establecidos en la normativa alimentaria cuando afecten a la naturaleza, calidad, 
características, composición, procedencia u origen de los productos.
8.  Las  inexactitudes,  errores  u  omisiones  de  datos  o  información  en  el 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la 
rotulación, la presentación y el embalaje de los productos, si dichas inexactitudes, 
errores u omisiones afectan a la naturaleza, identidad, calidad, características, 
composición, procedencia u origen de los mismos.
9.  Ausencia de garantías sobre la información acerca de la naturaleza e 
identidad de productos depositados en cualquier instalación o medio de transporte.
10.  Comercializar productos, materias o elementos sin el correspondiente 
etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, la 
rotulación, la presentación, los embalajes, los envases o los recipientes que sean 
preceptivos.
11.  No poder demostrar documentalmente la exactitud de las informaciones 
que  constan  en  el  etiquetado,  los  documentos  de  acompañamiento  o  los 
documentos comerciales de los productos alimentarios, o las que constan en los 
productos utilizados en su elaboración o transformación.
12.  Utilizar en el etiquetado de los productos alimenticios indicaciones, o 
términos reservados facultativos autorizados, o cualquier otra indicación facultativa 
regulada que no sean acordes con las normas de comercialización vigentes en la 
normativa nacional o de la Unión Europea.
13.  Modificar la verdadera identidad de los productos alimentarios o de las 
materias  primas  o  ingredientes  o  cualquier  otra  substancia,  añadiendo  o 
sustrayendo sustancias o elementos con el fin de alterar su composición.
14.  Resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida por los 
órganos competentes o los inspectores, para el control del cumplimiento de la 
normativa  de  aplicación  en  defensa  de  la  calidad  alimentaria,  y  suministrar  s
información o documentación inexacta. oe.
15.  No permitir el acceso a locales, instalaciones o vehículos de transporte, o  w.
no permitir la toma de muestras o la realización de otros tipos de controles sobre  21ww
los p1r6o.d uCctooms.ercializar  productos  alimentarios  sin  que  se  haya  levantado  la
inmovilización cautelar, movilizar los vehículos paralizados cautelarmente o poner
en  funcionamiento  un  área,  un  elemento  o  una  actividad  del  establecimiento 
cautelarmente suspendido.
17.  La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías 
intervenidas cautelarmente, si se violan los precintos, o si las mercancías salen de 
las instalaciones donde fueron intervenidas.
18.  Los insultos y el trato no respetuoso al personal funcionario que realiza 
labores de inspección, al personal que colabore en las labores de inspección y, en 
su caso, a los instructores de los expedientes sancionadores.
19.  La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de 
aditivos o sustancias extrañas cuyo uso no esté autorizado por la normativa 
vigente en la elaboración del producto alimenticio o alimentario de que se trate, 
cuando no produzcan riesgos graves y directos para la salud de los consumidores.
Artículo 216.  Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves las siguientes:
1.  Cometer infracciones graves que impliquen la extensión de la alteración, la 
adulteración, la falsificación o el fraude a realizar por terceros a los cuales se 
faciliten  la  substancia,  los  medios  o  los  procedimientos  para  realizarlos, 
encubrirlos o enmascararlos.
2.  La  negativa  absoluta  a  la  actuación  de  los  servicios  públicos  de 
inspección.
3.  La falsificación de productos o comercialización de productos falsificados, 
siempre que no sean constitutivas de infracción penal.
Artículo 217.  Sanciones en materia de calidad alimentaria.
Las sanciones aplicables en materia de calidad alimentaria serán las que 
establezca la normativa básica estatal de aplicación, así como los plazos de 
prescripción de las infracciones y sanciones.»
Disposición final decimoséptima.  Modificación de la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de 
Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León.
1.  Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 78 con la siguiente redacción:
«4.  Los graduados o licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte quedan facultados para ejercer la profesión de Entrenador Deportivo en 
las competiciones dentro de los Juegos Escolares del Programa de Deporte en 
Edad Escolar y en las competiciones federadas de ámbito autonómico.»
2.  Se  añade  un  nuevo  apartado  3  a  la  disposición  adicional  primera,  con  la 
siguiente redacción:
«3.  A los efectos de la cualificación necesaria para el ejercicio de la profesión 
de Monitor Deportivo establecida en el artículo 71.2 apartados b) y c) y para el 
ejercicio de la profesión de Entrenador Deportivo contemplada en el artículo 72, 
podrán  desempeñar  dichas  profesiones  quienes  acrediten  titulación  y/o 
certificación federativa de la modalidad y/o especialidad correspondiente.
A los efectos de la cualificación necesaria para el ejercicio de la profesión de  e.
Monitor Deportivo establecida en el artículo 71.2 apartado b) y para el caso en el  w.
que la actividad profesional se lleve a cabo en el seno de actividades de turismo  21ww
taitcutliavoci,ó tna mdeb iémno pnoitdorrá dne d neisveeml cpoenñ alar  dfoicrhmaa cpiróonfe essiópne claífsic pae vrsinocnualas dqau ea  alac raecdtiitveidna lad 
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Disposición final decimoctava.  Modificación del artículo 8 de la Ley 7/2019, de 19 de 
marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados 
públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Se modifica el artículo 8 de la Ley 7/2019, de 19 de marzo, que queda redactado en 
los siguientes términos:
«Artículo 8.  Complementos de carrera profesional.
El importe de los complementos de carrera profesional del personal funcionario 
y laboral serán idénticos a los establecidos para el personal estatutario para la 
modalidad de carrera del artículo 85.b) de la Ley 2/2007 del Estatuto Jurídico del 
Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
El importe de la carrera profesional para el personal de la Gerencia Regional 
de  Salud  irá  referenciado  al  establecido  para  el  año  2018  para  las  dos 
modalidades de carrera profesional reguladas en el artículo 85 de la Ley 2/2007, 
de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud 
de Castilla y León. El personal sanitario percibirá los complementos de carrera 
profesional correspondientes al artículo 85.a) cuando esté destinado en centros e 
instituciones  sanitarias.  En  el  resto  de  los  casos  el  importe  de  la  carrera 
profesional irá referenciado al establecido para el año 2018, para la modalidad de 
carrera del artículo 85.b).
A los efectos de esta Ley, se considera destinado en centros e instituciones 
sanitarias el personal sanitario integrante de los cuerpos de inspección médica, de 
inspección de farmacéutica y de los enfermeros subinspectores cuando presten 
servicios propios de dichos cuerpos en cualquiera de los centros adscritos a la 
Gerencia Regional de Salud.»
Disposición final decimonovena.  Modificación del Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, 
de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la 
reactivación productiva en Castilla y León.
Se modifica la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, 
en los siguientes términos:
«Medidas excepcionales aplicables a las sociedades cooperativas.
Las medidas reguladas a continuación estarán vigentes mientras permanezcan 
las medidas sanitarias y/o limitativas de la movilidad y del derecho de reunión 
derivados del COVID-19 aplicadas por las autoridades sanitarias y, en todo caso, 
hasta el 31 de diciembre de 2021.
1.  Las medidas excepcionales en relación con la Asamblea general son las 
siguientes:
a)  De manera excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2021, aunque los 
estatutos de las sociedades cooperativas no lo prevean, se podrá celebrar la 
Asamblea  general,  tanto  ordinaria  como  extraordinaria,  y  adoptar  acuerdos 
mediante  videoconferencia  u  otros  medios  de  comunicación  que  permitan  la 
participación a distancia de los socios.
Las reuniones que se celebren de esta manera se entiende que han tenido  e.
lugar en el domicilio social de la cooperativa. w.
b)  En la convocatoria que el Consejo Rector haga, de acuerdo con lo previsto  21ww
eqnu ee sl ea pdaerbtea dhoa cperrim deer oe,s tsae m haanráe rac oyn estsapre lcaifsic raarz doenteasll addea mexecnetep ccióomnaoli dsaed l lepvoarr ála as 
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concretas  de  cada  sociedad  cooperativa,  para  que  los  socios  reciban  la 
convocatoria y puedan participar en la asamblea convocada.
c)  En el acta de la sesión, además de las circunstancias indicadas en el 
artículo 38 de la Ley 4/2002, de 11 abril, de Cooperativas de Castilla y León, el 
secretario del Consejo Rector deberá dejar constancia expresa que ha reconocido 
la identidad de todas las personas asistentes. El acta aprobada se remitirá, en el 
plazo máximo de quince días desde que tuvo lugar la reunión, a las direcciones de 
correo electrónico de cada una de las personas asistentes.
En todos los casos, se debe hacer posible el acceso, desde el momento en 
que  se  realice  la  convocatoria,  a  los  documentos  a  los  que  se  refiere  el 
artículo 22.3.C) de la Ley 4/2002, de 11 abril.
d)  Las cooperativas que, conforme con el artículo 53 de la Ley 4/2002, de 11 
abril, tengan previstas la celebración de asambleas generales mediante juntas 
preparatorias y Asambleas generales de delegados, podrán prescindir de celebrar 
las juntas o asambleas preparatorias, entendiéndose prorrogado, hasta el 31 de 
diciembre de 2021, el mandato de las personas delegadas para la asamblea 
anterior celebrada. El Consejo Rector deberá motivar en la convocatoria de la 
Asamblea  general  las  razones  por  las  que  no  se  pueden  hacer  las  juntas 
preparatorias.
No obstante, si se hubiesen celebrado tales juntas o asambleas preparatorias 
y hubieran sido designados delegados, serán estos los que podrán concurrir a la 
Asamblea general, aunque la celebración de la asamblea inicialmente prevista 
hubiera sido aplazada o revocada.
No serán de aplicación dichas excepcionalidades para los acuerdos que deban 
adoptarse de conformidad con el artículo 37.2 de la Ley 4/2002, de 11 de abril.
e)  Excepcionalmente, y hasta el 31 de diciembre de 2021, en las asambleas 
generales convocadas, cada socio podrá disponer como máximo de cinco votos 
delegados, que deben cumplir los requisitos del artículo 36 de la Ley 4/2002, de 11 
abril. En todo caso, dentro del plazo del mes siguiente a la celebración de la 
Asamblea general, el Consejo Rector deberá facilitar información escrita a los 
socios de los acuerdos adoptados.
2.  Las medidas en relación con el Consejo Rector son las siguientes:
De manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2021, aunque los 
estatutos de las sociedades cooperativas no lo prevean, el Consejo Rector y las 
comisiones  delegadas  podrán  reunirse  y  adoptar  acuerdos  por  medio  de 
videoconferencia u otros medios de comunicación que permitan la participación a 
distancia de los socios.
Las reuniones que se celebren de esta manera se entiende que han tenido 
lugar en el domicilio social de la cooperativa.
Igualmente,  los  miembros  de  estos  órganos  pueden  participar  utilizando 
medios virtuales, aunque éstos no estén previstos en los estatutos sociales.»
Disposición  final  vigésima.  Procedimiento  para  la  compensación  pendiente  de  los 
suplementos territoriales de la Ley del Sector Eléctrico.
1.  Se autoriza a la consejería competente en materia de hacienda para dictar las 
normas que sean necesarias para la compensación a los consumidores ubicados en la  s
Comunidad por los suplementos territoriales de la Ley del Sector Eléctrico pendientes de  oe.
compensación a la entrada en vigor de la presente ley y, específicamente, los siguientes  w.
aspe–c tLoas :aprobación del modelo de solicitud de compensación, que deberá tramitarse  2021-4321n https://ww
por medios telemáticos.
– El  contenido  y  plazo  de  presentación  de  la  documentación  justificativa  de  la 
aplicación de los suplementos territoriales. Esta documentación deberá tener formato 
electrónico.
2.  Se autoriza a la consejería competente en materia de hacienda para aprobar las 
transferencias  de  créditos  presupuestarios  necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo 
previsto en el apartado primero de esta disposición.
Disposición final vigesimoprimera.  Entrada en vigor.
1.  El capítulo I y II de la ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Castilla y León. Con excepción de los apartados 6, 7 y 8 del 
artículo 1 por los que se modifican respectivamente los artículos 30, 32 y 33 del texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
tributos propios y cedidos, respecto exclusivamente a la regulación para las máquinas 
recreativas o de azar, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.
2.  El capítulo III y el resto de disposiciones de la ley entraran en vigor a los veinte 
días desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
3.  Las  previsiones  del  apartado  3  del  artículo  4  por  el  que  se  modifican  los 
artículos  75,  76  y  76  bis  de  la  Ley  3/2001,  de  3  de  julio,  del  Gobierno  y  de  la 
Administración  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  entrarán  en  vigor  cuando  se 
produzca el desarrollo reglamentario al que se refiere la nueva redacción del apartado 7 
del artículo 76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que deberá producirse en el plazo máximo 
de un año desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la 
cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Valladolid, 22 de febrero de 2021.–El Presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 39/2021, de 25 de febrero de 2021)