BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112 Miércoles 22 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 29545
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
4557 Decreto-ley  2/2020,  de  25  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  carácter 
tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
I
Las medidas que se adoptan mediante este Decreto-ley en materia tributaria tienen 
como principal objeto evitar el desplazamiento de los contribuyentes a las dependencias 
públicas de la Administración tributaria extremeña en tanto dure la declaración del estado 
de alarma decretado por el Gobierno mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Es  un  propósito  también  de  este  Decreto-ley  favorecer  la  liquidez  de  familias, 
PYMES y autónomos, prorrogando plazos de pago y elevando la cuantía mínima para la 
exención de garantía en aplazamientos y fraccionamientos de deudas.
Además, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ha 
añadido un apartado 6 a la disposición adicional tercera de esta última norma, según el 
cual,  la  suspensión  de  los  términos  y  la  interrupción  de  los  plazos  administrativos 
recogida en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a 
normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Tras esta modificación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la Junta de 
Extremadura considera conveniente ejercer las competencias normativas atribuidas a la 
Comunidad Autónoma para regular las normas de gestión de los tributos propios y 
cedidos  para  ampliar  los  plazos  de  presentación  y  pago  de  las  declaraciones  y 
autoliquidaciones tributarias.
II
En cuanto a su contenido, en primer lugar, por lo que se refiere a los Impuestos sobre 
Sucesiones  y  Donaciones  y  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados, se ampliará en tres meses adicionales a lo establecido en la normativa 
específica  de  cada  tributo,  el  plazo  para  la  presentación  y  pago  de  todas  aquellas 
autoliquidaciones y declaraciones cuyo plazo finalice desde la fecha de entrada en vigor del 
Real Decreto que declara el estado de alarma y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.
En segundo lugar, los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e 
ingreso de las deudas de derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la 
vigencia  del  estado  de  alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán hasta el mismo día del segundo mes 
siguiente a su vencimiento.
En tercer lugar, como medida adicional y dado que los establecimientos de juego 
deben permanecer cerrados durante la vigencia del estado de alarma, se establece una 
bonificación  de  la  tasa  fiscal  sobre  los  juegos  de  suerte,  envite  o  azar,  relativa  a 
máquinas recreativas y de azar entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020, siempre que  e.
se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere y durante los dos trimestres  w.b
posteriores a la fecha del citado devengo. 57ww
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importe en conjunto no exceda de 50.000 euros y se encuentren tanto en período 
voluntario como en período ejecutivo de pago.
Por último, se establece que las previsiones establecidas en el artículo 33 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  serán  de  aplicación  a  las 
actuaciones, trámites y procedimientos a los que se refiere dicho artículo realizados y 
tramitados por la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La disposición derogatoria contiene la cláusula genérica de derogación de normas de 
igual o inferior rango.
Las disposiciones finales contienen la habilitación al Consejo de Gobierno para el 
desarrollo normativo y la entrada en vigor del Decreto-ley.
III
El Real Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que 
el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido 
nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de 
enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del 
Gobierno.
Como se ha manifestado por el Estado, ninguna duda ofrece que la situación que 
afronta nuestro país por la declaración de emergencia de salud pública de importancia 
internacional,  unida  a  la  reciente  declaración  de  estado  de  alarma,  generan  la 
concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar 
diversas medidas. En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es 
urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud 
pública a la vez que se adoptan medidas de contenido económico para afrontar sus 
consecuencias.
Así, la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, 
requiere  la  adopción  de  medidas  inmediatas  y  eficaces  para  hacer  frente  a  esta 
coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una 
crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número 
de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
La interrupción de la enfermedad demandada por el Comité de Emergencias exige 
que se adopten medidas firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y 
tratar los casos.
Para limitar la propagación del virus es necesario limitar los contactos y, desde el punto 
de vista tributario, ello se conseguirá adoptando medidas que eviten el desplazamiento de 
los ciudadanos hasta las dependencias administrativas.
El escenario descrito constituye una situación de extraordinaria y urgente necesidad que 
justifica una acción normativa de la Junta de Extremadura al amparo del artículo 86.1 de la 
Constitución  Española  y  del  artículo  33  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura, reformado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero. s
El fundamento y el objetivo de la modificación, a los que se acaba de aludir, son de  e.
un inequívoco y extraordinario interés público: que la actuación de los poderes públicos  w.
atienda  al  sentir  mayoritario  de  la  sociedad  española  en  general  y  extremeña  en  57ww
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de Extremadura para llevarlas a cabo de forma ágil y enérgica y este no es otro que el 
instrumento normativo del Decreto-ley.
Así, como se ha dicho, el objeto del presente Decreto-ley es evitar el desplazamiento 
de  los  contribuyentes  a  las  dependencias  públicas  de  la  Administración  tributaria 
extremeña en tanto dure la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno 
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Evidentemente, si se utilizara el 
procedimiento legislativo ordinario no podrían atenderse de manera efectiva e inmediata 
las medidas que hay que adoptar por la emergencia sanitaria que padecemos, ya que se 
retrasarían de forma innecesaria las decisiones cuya adopción es urgente.
Bastaría hacer un repaso a la normativa aprobada recientemente por el Estado para 
ser conscientes de esa extraordinaria y urgente necesidad. En pocos semanas se han 
aprobado varios reales decretos-leyes; además, por primera vez desde la aprobación de 
la Constitución, se ha acudido a declarar el estado de alarma de forma generalizada para 
todo  el  territorio  nacional  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  su  artículo  116.2  y  su 
normativa de desarrollo, esto es, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 
de alarma, excepción y sitio.
Con base en todo lo expuesto, se precisa una respuesta normativa con rango de ley 
en la medida en que resulta necesario modificar los plazos de ingreso y del cumplimiento 
de  obligaciones  tributarias,  en  especial,  la  presentación  de  declaraciones  y 
autoliquidaciones.
Este Decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de 
manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El Decreto-ley es 
acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la 
consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio 
de seguridad jurídica. Por último, con respecto al principio de eficiencia, queda garantizado 
porque si bien puede implicar un aumento de las cargas administrativas posteriormente 
cuando finalice su vigencia, éstas son imprescindibles y en ningún caso innecesarias.
En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 del 
Estatuto de Autonomía de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y 
Consejera de Hacienda y Administración Pública y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 25 de marzo de 2020, dispongo:
Artículo  1.  Plazos  de  presentación  y  pago  de  los  Impuestos  sobre  Sucesiones  y 
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En  el  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  y  en  el  Impuesto  sobre 
Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados,  el  plazo  para  la 
presentación y pago de todas aquellas autoliquidaciones y declaraciones cuyo plazo 
finalice en el período comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos 
inclusive,  se  ampliará  en  tres  meses  adicionales  a  lo  establecido  en  la  normativa 
específica de cada tributo.
Artículo 2.  Prórroga de los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones 
e ingreso de deudas de derecho público.
Los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de las  bo
deudas de derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado  57ww
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Artículo 3.  Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, 
relativa a máquinas recreativas y de azar.
La  tasa  fiscal  sobre  los  juegos  de  suerte,  envite  o  azar,  relativa  a  máquinas 
recreativas  y  de  azar  a  que  se  refiere  el  capítulo  V  del  texto  refundido  de  las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos 
cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, devengada 
entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 se bonificará al 50% siempre que se 
mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere durante los dos trimestres 
posteriores a la fecha del citado devengo.
Artículo 4.  Exención de garantías en aplazamientos y fraccionamientos de pago de 
deudas por tributos propios y deudas de derecho público.
1. En el periodo comprendido desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley 
hasta  el  30  de  junio  de  2020  no  se  exigirán  garantías  para  las  solicitudes  de 
aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas derivadas de los tributos propios 
y demás deudas de derecho público de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,  cuando  su  importe  en  conjunto  no  exceda  de  50.000  euros  y  se 
encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago, sin perjuicio 
del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos 
del deudor en el momento de la presentación de la solicitud.
2. A efectos de la determinación del importe de la deuda señalada, se acumularán, en el 
momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud como 
cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el 
aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de 
ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.
Artículo 5.  Suspensión de plazos en el ámbito tributario de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, será 
de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos a los que se refiere dicho artículo 
que sean realizados y tramitados por la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. No serán de aplicación los apartados 4 y 8 del citado artículo.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan a lo establecido en el presente Decreto-ley.
Disposición final primera.  Habilitación.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este Decreto-ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Diario Oficial de  s
Extremadura». oe.
Mérida, 25 de marzo de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo  57ww
PFeúrbnliácnad, ePzil aVra Brala.–nLcao -MVioceraplreess Lidimenotnae Ps.rimera y Consejera de Hacienda y Administración
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 61, de 27 de marzo de 2020)