BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 213 Viernes 7 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 65758
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9371 Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Pego a inscribir una escritura de aceptación y 
adjudicación de herencia sujeta al derecho suizo.
En el recurso interpuesto por don Secundino José García-Cueco Mascarós, notario 
de Denia, contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Pego, doña Teresa 
Aparicio Marín, a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia sujeta 
al Derecho suizo.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 14 de noviembre de 2019 por el notario de 
Denia, don Secundino José García-Cueco Mascarós, los hermanos S. se adjudicaron un 
bien en España.
II
Presentada la citada escritura en el Registro de la Propiedad de Pego, fue objeto de 
la siguiente nota de calificación:
«Entrada n.º: 30 del año 2.020
Asiento N.º: 1.234 Diario: 93
Presentado el 07/01/2020 a las 13:40
Presentante: A. C. S.
Interesados: don C. S., doña A. C. S., don C. S.
Naturaleza: Escritura pública
Objeto: herencia de doña M. N.
Protocolo N.º: 1931/2019 de 14/11/2019
Notario: Secundino J. García-Cueco Mascarós, Denia
La registradora que suscribe, previo examen y calificación del documento citado, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria, y concordantes 
de su Reglamento, ha resuelto no practicar la operación registral interesada, en base a 
los siguientes:
Hechos
En la escritura citada, don C. S., doña A. C. S., don C. S. formalizan la aceptación y 
adjudicación de herencia de su finada madre, doña M. N., respecto de la finca registral 
número 15834 de Ráfol de Almunia, en base al último testamento que ésta otorgó en 
España, en el que instituyó herederos de todos sus bines en España, por terceras e  e
iguales partes, a sus tres citados hijos y optó por la ley suiza como reguladora de su  bo
sucesión (habiendo tenido su última residencia y domicilio en Hünemnberg –Suiza–). 71ww
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Por lo expuesto será necesario que se acredite, mediante testimonio de contenido y 
vigencia de leyes la necesidad o no de comparecencia del cónyuge de la causante en la 
aceptación y partición de su herencia.
Fundamentos de Derecho:
Visto lo dispuesto en los artículos 18, 19.bis y concordantes de la Ley Hipotecaria y 
de su Reglamento.
Visto lo dispuesto en los artículos 92 y 36 del Reglamento Hipotecario.
Visto el criterio de la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado: En el momento en el que el bien adquirido con sujeción a 
un régimen económico matrimonial extranjero sea objeto de un acto de disposición, debe 
acreditarse el contenido y la vigencia del Derecho extranjero concreto aplicable al caso. 
Como ya ha indicado la DGRN en diversas resoluciones (cfr. Resoluciones de 3 de enero 
de 2003, de febrero de 2008 y de 15 de julio de 2011) el singular régimen de constancia 
del régimen económico-matrimonial de los cónyuges extranjeros en la inscripción de los 
bienes y derechos que adquieren, previsto en el artículo 92 RH difiere el problema para 
el momento de la enajenación posterior, pues en tal momento es preciso el conocimiento 
del  Derecho  aplicable  (reglas  que  disciplinan  el  régimen  de  disposición  del  bien  y 
requisitos que el mismo impone). Dicho régimen no se aplicará, si la enajenación o 
gravamen se realizan contando con el consentimiento de ambos cónyuges (enajenación 
voluntaria) o demandando a los dos (enajenación forzosa). La prueba del Derecho 
extranjero ha sido objeto de nueva regulación en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de 
cooperación jurídica internacional en materia civil (en vigor desde el 20 de agosto 
de 2015). El régimen de la prueba del Derecho extranjero por órganos jurisdiccionales 
queda regulado en el artículo 33 de dicha Ley y no modifica ni afecta a las reglas 
especiales  sobre  aplicación  extrajudicial,  en  particular  al  artículo  36  del  RH.  Los 
artículos 34 a 36 de dicha Ley, que establecen el régimen común de solicitudes de auxilio 
internacional  para  la  información  del  derecho  extranjero,  son  aplicables  tanto  a  la 
aplicación del Derecho extranjero por autoridades jurisdiccionales, como por notarios y 
registradores. Esta ley es de carácter general pero subsidiaria a la ley especial entre las 
que se encuentra la legislación hipotecaria (disposición adicional primera, letra f), de la 
ley 29/2015 de 30 de julio) en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley. El 
Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba también en el ámbito notarial y registral 
(vid. Entre otras Resoluciones de 17 de enero de 1955, 14 de julio de 1965, 27 de abril 
de 1.999, 1 de marzo de 2.005, 20 de enero de 2.001, 22 de febrero de 2.012 y 31 de 
octubre de 2013, entre otras). Recuerda que el Centro Directivo ha señalado en diversas 
ocasiones que la aplicación del Derecho extranjero por autoridad pública que desarrolla 
funciones no jurisdiccionales se sujeta a reglas especiales que se apartan de la solución 
general contemplada en el artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se 
adaptan a las particularidades inherentes al ámbito extrajudicial. En consecuencia, los 
preceptos mencionados son subsidiarios para el caso de que las normas especiales 
sobre aplicación extrajudicial del derecho extranjero no proporcionen una solución. Una 
de  las  consecuencias  de  este  tratamiento  especial  es  que  si  al  Registrador  no  le 
quedase acreditado de forma adecuada el contenido y vigencia del Derecho extranjero 
en el que se fundamenta el acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta. La 
normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe 
buscarse, en primer término, en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario, norma que 
regula los medios de prueba del Derecho Extranjero en relación con la observancia de  e
las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal necesarias para el  bo
acto  y  que  como  señala  la  Resolución  de  esta  Dirección  General  de  1  de  marzo  71ww
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enumerados. Al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el
artículo 282.2 de la LEC, según la cual no sólo es necesario acreditar el contenido del 
Derecho extranjero sino también su vigencia (vid. Entre otras, Sentencias del TS de 11 
de mayo de 1989, 7 de diciembre de 1990, y 25 de enero de 1999, y Resolución de 10 
de  enero  de  2011)  y  debe  probarse  el  sentido,  alcance  e  interpretación  actuales 
atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país. Asimismo, las autoridades públicas 
que  desarrollan  funciones  no  jurisdiccionales  (cfr.  artículos  281  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, 168.4 del Reglamento Notarial y 36.2 del Reglamento Hipotecario), 
pueden realizar bajo su responsabilidad una valoración respecto de la alegación de la 
Ley  extranjera,  aunque  no  resulte  probada  por  las  partes,  siempre  que  posea 
conocimiento de la misma (vid, entre otras, Resoluciones de 14 de diciembre de 1981 y 5 
de febrero y 1 de marzo de 2015). La indagación sobre el contenido del ordenamiento 
extranjero  no  constituye  en  absoluto  una  obligación  del  registrador  o  del  resto  de 
autoridades  no  judiciales  ante  las  que  se  inste  la  aplicación  de  un  ordenamiento 
extranjero; sino una mera facultad que podrá ejercerse incluso aunque aquél no sea 
invocado por las partes. En consecuencia, como señalaron las Resoluciones de 20 de 
enero y 15 de julio de 2.011, el Registrador, pese a que quien insta la inscripción no 
acredite  el  contenido  del  ordenamiento  extranjero  de  acuerdos  a  los  imperativos 
expuestos, podrá, aplicar un derecho extranjero si tiene conocimiento de él o indaga su 
contenido y vigencia. En caso contrario deberá suspender la inscripción.
Y en base a lo expuesto se suspende la práctica de las operaciones registrales 
interesadas.
Asimismo se le notica que el asiento de presentación a que dio lugar la escritura 
antes reseñada, queda prorrogado automáticamente, a contar desde la fecha de emisión 
de esta notificación y por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción 
de la última comunicación correspondiente; por lo que se amplía consecuentemente el 
plazo para subsanar el defecto alegado en la misma.
Contra esta nota de calificación desfavorable (…)
Pego a veintinueve de Enero del año dos mil veinte La Registradora (firma) Fdo: 
Tersa Aparicio Marín».
III
Contra la anterior nota de calificación, don Secundino José García-Cueco Mascarós, 
notario de Denia, interpuso recurso mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2020 en 
el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«Mediante  escritura  por  mí  autorizada  el  14  de  noviembre  de  2019  bajo  mi 
número 1931 de orden de protocolo, los hermanos C., A. C. y C. S. manifestaban y 
aceptan la herencia causada por su madre M. N., de nacionalidad suiza y alemana, 
fallecida en Zúrich el 21 de febrero de 2019, con última residencia y domicilio en 
Hünenberg (Suiza), casada en segundas nupcias con K. N. y dejando tres únicos hijos 
habidos de su anterior matrimonio, los citados otorgantes Sres. S., quienes procedieron 
a adjudicarse por iguales terceras partes el único inmueble de que la finada era titular en 
España, en pleno dominio y con carácter privativo, la registral 1583 del Registro de la 
Propiedad de Pego.
La difunta otorgó su último testamento en España ante mí, el 25 de octubre de 2016, 
en el que entre otras disposiciones que no vienen al caso, instituía herederos universales 
en todos sus bienes, derechos y acciones radicados en España a sus citados hijos A. C.,  es
C. y C. S. bo
En el mismo testamento la Sra. N ordenaba someter su herencia al derecho suizo, tal  71ww
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sucesión.
Presentada a Registro, la inscripción de la escritura quedó suspendida, según la nota 
de  calificación,  porque  debía  "acreditarse  el  contenido  y  la  vigencia  del  Derecho 
extranjero concreto aplicable al caso".
Para  fundamentar  tal  decisión,  la  Registradora  citaba  diversas  resoluciones  del 
Centro Directivo, entre ellas la de 3 de mayo de 2016, y otras anteriores, en que se 
insiste en que "el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba también en el ámbito 
notarial  y  registral  o  en  que  «si  al  registrador  no  le  quedase  acreditado  de  forma 
adecuada el contenido y vigencia del Derecho extranjero en el que se fundamenta el 
acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta"; o la otra afirmación (contenida 
en resoluciones de 20 de enero y 15 de julio de 2011) según la cual "la indagación sobre 
el contenido del ordenamiento extranjero no constituye en absoluto una obligación del 
registrador... sino una mera facultad...".
De manera que la Registradora ha renunciado a ejercitar la facultad que el Centro 
Directivo le reconoce de indagar acerca de la vigencia del derecho extranjero al menos 
en dos materias, la matrimonial y la sucesoria.
Y es así porque la Registradora desconoce que el llamado régimen de participación 
en ganancias es el legal supletorio en el Derecho alemán –equivalente al homónimo 
español–  y  así  mismo  desconoce  que  la  llamada  "parte  legal"  que  asiste  a  los 
legitimarios en el Derecho suizo les confiere –como ocurre equivalentemente en el 
Derecho catalán– un puro derecho de crédito, y nunca un derecho real, de manera que a 
diferencia de nuestro sistema común, la presencia de legitimarios no se hace necesaria 
en la partición.
La renuncia a indagar sobre ambas materias le lleva a exigir la prueba del Derecho 
extranjero, que parece solo poder obtener por las vías que suministra el artículo 36 del 
Reglamento Hipotecario y que imponen, en suma, la aportación de un testimonio de 
vigencia y contenido de leyes.
Lo que el recurrente pone en cuestión es que dicho testimonio sea necesario cuando 
de los títulos presentados y de los propios asientos del Registro resulte la vigencia y 
aplicación del Derecho extranjero que se desconoce, ello en medida suficiente para 
practicar la inscripción que se pretende.
Por lo que atañe a la materia matrimonial, ha de advertirse que la finca manifestada 
en la herencia figuraba inscrita, en pleno dominio, como explica la misma nota de 
calificación, a favor de la finada Sra. N., quien la adquirió "para sí" en escritura de 
compraventa que autorizó el Notario de Denia don José María González Arroyo el 25 de 
marzo  de  2014  bajo  número  573  de  orden  de  su  protocolo,  invocándose  en  la 
comparecencia la nacionalidad alemana que allí ejercía la compradora y su matrimonio 
con el Sr. K. N., sujeto, dicho matrimonio según se explicitaba, al régimen legal de 
participación. No obstante, la inscripción que se practicó en su día, al parecer conforme 
al artículo 92 del Reglamento Hipotecario, lo fue "con sujeción a su régimen matrimonial", 
aunque, según la misma nota de calificación admite, consta en la inscripción 6.ª la 
nacionalidad alemana de la compradora y su matrimonio con el Sr. N. "bajo el régimen 
legal de participación de su país".
A nuestro juicio, de ello es dable concluir con relación a esta cuestión del régimen 
que bastaría estar al contenido del propio título de compraventa y al de los mismos 
asientos registrales, en los que no hay invocación a régimen paccionado alguno y sí en 
cambio al régimen legal de participación alemán, para que se deba entender practicada 
la inscripción con carácter privativo a favor de la compradora, tal como dicho régimen 
impone, a menos que se ignore, lo que a estas alturas tampoco descartamos, que el  s
régimen  legal  alemán  de  participación  es  idéntico  en  este  punto  al  español,  no  oe.
generando las adquisiciones privativas de cada cónyuge comunidad o derecho real  w.
alguno a favor del otro ni existiendo más comunidad que la que podría derivarse de las  71ww
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causante en España, se testimonia, debidamente traducido y apostillado, el Certificado 
de Declaración de herederos de 28 de junio de 2019 expedido por el Escribano-Sustituto 
M. W. del Departamento de Asuntos Sucesorios de Hünenberg, del que resulta que 
según la apertura del último testamento de la testadora en Suiza, son sus herederos, 
precisamente, sus descendientes, los nombrados hermanos S., sin invocación, en dicha 
declaración, a legitimario alguno y de manera que esos hijos y herederos ven atribuida 
su condición de tales por partida doble, en el testamento por mí autorizado y en los 
títulos sucesorios suizos, evidenciándose la perseverante voluntad de la causante de 
que  sean  sus  hijos  y  solo  sus  hijos  los  que  tengan  en  exclusiva  la  condición  de 
herederos, conforme permite el Derecho suizo.
Y si por citar el contenido de las numerosas resoluciones en que la Dirección General 
de  los  Registros  y  del  Notariado,  hoy  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  pública,  se  ha 
pronunciado en esta cuestión de aplicación del Derecho extranjero, también es dable 
citar la de 26 de septiembre de 2018, en la que el Centro Directivo, como en otras 
muchas,  recuerda  tanto  a  notarios  como  a  registradores,  la  conveniencia  de  ir 
avanzando en el conocimiento de los derechos de los demás Estados, especialmente si 
forman parte de la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del Derecho extranjero 
en el ámbito extrajudicial, acudiendo –dice la Resolución– no solo a los medios que 
proporciona  el  artículo  36  del  Reglamento  Hipotecario,  sino  a  los  medios  que 
proporciona el entorno E-Justicia, en el ámbito europeo, colaborando activamente en la 
resolución de conflictos de Derecho Internacional Privado.
En conclusión: el Registrador puede y debe exigir la prueba del derecho extranjero, 
del mismo modo que tiene la facultad de indagar sobre su contenido y vigencia; pero 
dichos deberes y atribuciones no le facultan para dudar inmotivadamente del contenido 
de los títulos presentados y de los asientos del propio Registro, como ha ocurrido a 
nuestro juicio en el caso que nos ocupa, de manera que si la duda persiste, por entender 
que  de  unos  y  otros  no  se  deduce  sentido,  alcance  e  interpretación  de  la  norma 
extranjera, debe dicho Registrador al calificar expresar y motivar las concretas razones 
su rechazo, sin que, por tanto, sea suficiente una referencia genérica de falta de prueba 
del Derecho extranjero, tal cual se expresa, entre otras la citada resolución de 7 de 
septiembre de 2018».
IV
Mediante escrito, de fecha 20 de febrero de 2020, la registradora de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 84 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de julio de 2012,  relativo  a  la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un 
certificado sucesorio europeo; 69.1 del Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 
de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  en 
materia de regímenes económicos matrimoniales; 1, párrafo tercero, 18, 20, 38 y 40 de 
la Ley Hipotecaria; 10.1, 12, apartados 1, 4 y 6, del Código Civil; 53 de la Ley del 
Notariado; 77 de la Ley del Registro Civil; 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 33 a 36  e.
y 57 a 60 y la disposición adicional primera, letra f), de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de  w.b
cooperación jurídica internacional en materia civil; los artículos 34, 35, 36, 51.6.ª y.9.ª, 54  71ww
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de 1955, 14 de julio de 1965, 20 de enero de 1983, 28 noviembre 1988, 21 de mayo 
de 1998, 5 de marzo, 27 de abril y 18 de octubre de 1999, 7 diciembre de 2000, 3 de 
enero, 13 de octubre y 19 de diciembre de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de febrero 
de 2004, 14 de febrero, 1 de marzo y 10 de octubre de 2005, 11 de octubre de 2006, 26 
de febrero de 2008, 15 de junio de 2009, 5 de marzo de 2010, 20 de enero, 15 de julio 
y 20 de diciembre de 2011, 22 de febrero de 2012, 31 de octubre de 2013, 13 de agosto 
de 2014, 20 de julio, 28 de octubre y 4 de diciembre de 2015, 15 de febrero de 2016, 11 
de enero, 2 de febrero, 15 de marzo, 17 de abril, 10 y 17 de mayo, 25 de julio y 31 de 
agosto de 2017, 15 de enero, 5 de marzo, 2 de abril, 1 (2.ª) y 19 de junio, 7 y 10 de 
septiembre, 19 de octubre y 7 de noviembre de 2018 y 27 de febrero, 1 de marzo y 7 de 
noviembre de 2019.
1.  Se presenta a inscripción una escritura de aceptación y adjudicación de herencia 
otorgada por las únicas hijas de la causante, fallecida el día 21 de febrero de 2019, que 
optó, en testamento otorgado el día 25 de octubre de 2016 ante el mismo notario 
autorizante  y  recurrente,  por  la  ley  de  una  de  sus  nacionalidades,  la  suiza,  no 
discutiéndose en el expediente que poseía nacionalidad suiza y alemana. La professio 
iuris  a  favor  de  cualquiera  de  las  nacionalidades  del  testador  está  expresamente 
permitida en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 650/2012.
2.  Se  abordan  en  el  expediente  dos  temas  distintos,  aunque  íntimamente 
relacionados entre sí.
El primero, se refiere a las consecuencias del carácter del bien relicto, adquirido por 
la causante bajo nacionalidad alemana según resulta del asiento registral, por sí sola, 
casada bajo el régimen legal de participación de su país con don K.N., aun domiciliada 
en Suiza «y que la compra y adquiere para sí».
Mantiene la registradora con cita de la Resolución de este Centro Directivo de 3 de 
mayo de 2016, que en el momento en que el bien adquirido con sujeción al régimen 
económico-matrimonial extranjero sea objeto de un acto de disposición, debe acreditarse 
el contenido y la vigencia del derecho concreto aplicable al caso. Y debe entenderse que 
esta exigencia ha de ponerse en relación con las consecuencias de la extinción del 
régimen económico-matrimonial de la causante.
3.  Como indicare la Resolución de 31 de agosto de 2017 específicamente sobre el 
régimen  de  participación  en  las  ganancias  alemán,  supletorio  en  Alemania 
(artículos 1363 y siguientes BGB) y ya había sido puesto de manifiesto anteriormente 
(vid. Resolución de 3 de agosto de 2016), éste se encuentra regulado en el Libro Cuarto, 
Sección  Primera,  Título  sexto  1,  artículos  1363  y  siguientes  del  «Bügerliches 
Gesetzbuch» (BGB, Código Civil alemán) disponiendo el número 2.º de dicho artículo 
que el respectivo patrimonio del marido y de la mujer no será patrimonio común del 
matrimonio; principio que se aplica, asimismo, en cuanto al patrimonio adquirido por uno 
de ellos tras la celebración del matrimonio; de modo que los bienes del marido y los de la 
mujer no se convertirán en bienes comunes de los esposos ni durante el matrimonio ni a 
su disolución. Asimismo, recuerda la Resolución de 17 de diciembre de 2004 que, 
durante la vigencia de dicho régimen, cada cónyuge no tiene un derecho real sobre los 
bienes adquiridos por el otro cónyuge sino el crédito de participación que surge al 
finalizar dicho régimen. Mientras esté vigente dicho régimen, es de separación de bienes 
y por ello cada uno de los cónyuges administra y dispone de su patrimonio libremente, 
salvo que disponga del ajuar familiar o de todo su patrimonio.
4.  Como se ha indicado, del asiento de inscripción resulta que «doña M. N., de 
nacionalidad alemana casada bajo el régimen legal de participación de su país con don  e.
K. N… compra y adquiere para sí». Es decir, resulta precisamente que es aplicable el  w.b
régimen legal de participación en las ganancias alemán y no el suizo. 71ww
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fallecimiento.
5.  Referido exclusivamente al sistema alemán y no al suizo, fallecido un cónyuge 
como recuerda la Sentencia Mahnkopf, se produce el reparto a tanto alzado de las 
ganancias mediante un incremento de la parte alícuota de la herencia a favor del 
cónyuge  supérstite.  Incremento  éste,  que  posee,  en  la  interpretación  que  hace  el 
Tribunal  de  Justicia,  carácter  sucesorio.  Concretamente,  de  conformidad  con  el 
artículo 1371, apartado 1, del BGB, en caso de disolución del régimen de participación 
en  las  ganancias  (Zugewinngemeinschaft),  la  parte  alícuota  legítima  del  cónyuge 
supérstite al efectuarse el reparto de los bienes gananciales se incrementa en un cuarto 
adicional.
Es  decir,  que  queda  acreditado  –partiendo  de  la  exactitud  del  asiento–  que  la 
causante adquirió bajo el régimen de participación legal de su nacionalidad alemana en 
el año 2014 falleciendo bajo la ley suiza coincidente en su residencia y elección.
La liquidación del régimen económico-matrimonial, se regirá por tanto conforme a la 
ley que hubiera sido aplicable a su matrimonio, artículo 69.1 del Reglamento (UE) 
2916/1103, al ser previo el matrimonio a la aplicación de este Reglamento sin que pueda 
ser incrementada su cuota vidual al regirse la sucesión por la ley suiza.
Aun no coincidiendo la ley sucesoria y la relativa al régimen económico-matrimonial, 
la extinción o liquidación de dicho régimen por causa de muerte es relevante a efectos 
de la determinación del caudal hereditario, y en la escritura se manifiesta el carácter 
privativo del bien –aunque en el asiento registral figura como sujeto a su régimen 
matrimonial extranjero, el legal de participación en las ganancias alemán– (y ello sin 
perjuicio de la liquidación que corresponda de carácter obligacional, según ha quedado 
expuesto). Lo que ocurre es que nada expresa el notario autorizante sobre el derecho 
aplicable a esa extinción o liquidación del régimen de participación de ganancias alemán, 
pues se limita a afirmar en la escritura calificada que «la adjudicación es perfecta e 
incondicionada, aunque no libere a los herederos, conforme al derecho suizo aplicable, 
de satisfacer a eventuales legitimarios sus derechos hereditarios legales, según sean 
reclamados por éstos en tiempo y forma».
6.  Como ha puesto de manifiesto reiteradamente este Centro Directivo (vid. la 
Resolución de 7 de noviembre de 2019 y las citadas en ella) debe acreditarse el 
contenido y la vigencia del derecho extranjero cuando se extingue el régimen económico 
matrimonial, con liquidación de aquél y la correspondiente adjudicación de bienes a los 
cónyuges, habida cuenta de la trascendencia que tienen tales actos. Y, de los términos 
de  la  escritura  calificada  y  de  la  calificación  impugnada  resulta  que  esa  falta  de 
acreditación no ha sido suplida por una indagación o conocimiento directo del citado 
derecho  extranjero  por  parte  del  notario  autorizante  ni  de  la  registradora,  lo  cual 
constituye una facultad pero no una obligación de los mismos.
En  relación  con  la  prueba  del  derecho  extranjero,  sobre  la  que  no  existe  un 
instrumento en vigor ni en la Unión Europea ni en la Conferencia de La Haya, pese a los 
intentos realizados al efecto, ha sido objeto de nueva regulación en la Ley 29/2015, 
de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Debe tenerse en 
cuenta que el régimen de la prueba del derecho extranjero por órganos jurisdiccionales 
queda regulado en el artículo 33 de dicha ley, que no modifica ni afecta a las reglas 
específicas sobre aplicación extrajudicial, en particular al artículo 36 del Reglamento 
Hipotecario. Conviene destacar, que los artículos 34 a 36 de dicha ley, que establecen el 
régimen común de solicitudes de auxilio internacional para la información del derecho 
extranjero, son aplicables tanto a la aplicación del derecho extranjero por autoridades 
jurisdiccionales, como por notarios y registradores. s
Esta ley es de carácter general pero subsidiaria a la ley especial, entre las que se  oe.
encuentra  la  legislación  hipotecaria  –disposición  adicional  primera,  letra  f),  de  la  w.
Ley 29/2015, de 30 de julio–, en cuanto sea compatible con lo dispuesto en esta ley. 71ww
acreLdait aacpiólinc aacnióten  lad ere glais trleagdiosrlaac yióan  quaele, maal nigau aql uqeudea  esno eml eátmidab iton epcreoscaersiaaml, eenl tdee rae chsuo 
Cexivtrila),n jtearmo bhiéan  dloe  hsae rd eo bsjeert oe nd ee l pnrouteabriaa l (yc frre. gaisrttírcaul l(ov i2d8. 1la.2s  Rdees loal uLceioyn edse  dEen 1ju7ic diaem eineenrtoo   BOE-A-cable e
de 1955, 14 de julio de 1965, 27 de abril de 1999, 1 de marzo de 2005, 20 de enero 
de 2011, 22 de febrero de 2012, 31 de octubre de 2013, y 5 de marzo de 2018, entre 
otras). Es cierto, no obstante, que este Centro Directivo ya ha señalado en diversas 
ocasiones que la aplicación del derecho extranjero por autoridad pública que desarrolla 
funciones no jurisdiccionales se sujeta a reglas especiales que se apartan de la solución 
general contemplada en el artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se 
adaptan a las particularidades inherentes al ámbito extrajudicial. En consecuencia, los 
preceptos mencionados son subsidiarios para el caso de que las normas especiales 
sobre aplicación extrajudicial del derecho extranjero no proporcionen una solución. Una 
de las consecuencias de este tratamiento especial es que si al registrador no le quedase 
acreditado de forma adecuada el contenido y vigencia del derecho extranjero en el que 
se fundamenta el acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta. No cabe, en 
consecuencia, someter la validez del acto a lo dispuesto en el ordenamiento español, tal 
y como sucede en un proceso judicial.
La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero 
debe buscarse, en primer término, en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario, norma 
que regula los medios de prueba del derecho extranjero en relación con la observancia 
de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal necesarias para 
el acto y que, como señala la Resolución de esta Dirección General de 1 de marzo 
de 2005, resulta también extensible a la acreditación de la validez del acto realizado 
según la ley que resulte aplicable. Según este precepto los medios de prueba del 
derecho extranjero son «la aseveración o informe de un notario o cónsul español o de 
diplomático,  cónsul  o  funcionario  competente  del  país  de  la  legislación  que  sea 
aplicable». El precepto señala además que «por los mismos medios podrá acreditarse la 
capacidad  civil  de  los  extranjeros  que  otorguen  en  territorio  español  documentos 
inscribibles». La enumeración expuesta no contiene un «numerus clausus» de medios de 
prueba ya que el precepto permite que la acreditación del ordenamiento extranjero podrá 
hacerse «entre otros medios», por los enumerados.
Por otro lado, al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el 
artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual no sólo es necesario 
acreditar el contenido del derecho extranjero sino también su vigencia (vid., entre otras, 
Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1989, 7 de septiembre de 1990 y 25 
de enero de 1999, y Resolución de 20 de enero de 2011). Es decir, no basta la cita 
aislada de textos legales extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, 
alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país. 
Asimismo,  esta  Dirección  General  ha  señalado  en  diferentes  ocasiones  que  las 
autoridades públicas que desarrollan funciones no jurisdiccionales (cfr. artículos 281 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, 168.4 del Reglamento Notarial y 36.2 del Reglamento 
Hipotecario), pueden realizar bajo su responsabilidad una valoración respecto de la 
alegación de la ley extranjera aunque no resulte probada por las partes, siempre que 
posea conocimiento de la misma (vid., entre otras, Resoluciones de 14 de diciembre 
de 1981 y 5 de febrero y 1 de marzo de 2005). La indagación sobre el contenido del 
ordenamiento extranjero no constituye en absoluto una obligación del registrador, o del 
resto de autoridades no judiciales ante las que se inste la aplicación de un ordenamiento 
extranjero, sino una mera facultad, que podrá ejercerse incluso aunque aquél no sea 
invocado por las partes. En consecuencia, como señalaron las Resoluciones de 20 de 
enero y 15 de julio de 2011, el registrador, pese a que quien insta la inscripción no 
acredite  el  contenido  del  ordenamiento  extranjero  de  acuerdo  a  los  imperativos  s
expuestos, podrá aplicar un derecho extranjero si tiene conocimiento de él o indaga su  oe.
contenido y vigencia. En caso contrario, deberá suspender la inscripción. w.
A tal efecto, este Centro Directivo ha recordado reiteradamente (cfr., por todas,  71ww
Rseepstoielumcbiornee ys  1d8e d e1 5d icdiee mfebbrere droe  2d0e1 82 0y1 67,  d5e  ndoev ieenmebrroe  yd e1 270 1d9e)  atabnritlo  dae  re2g0i1st7r,a d7o rdees 
jcuormídoic oas  nmoátasr iouss ulaal ecso nevne nlaie pnrcáiact idcea  jauvraídniczaa r eenn E eslp caoñnao, ceimspieenctiaol mdee nltoes  soi rfdoernmaamni epnatrotes   BOE-A-cable e
de la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del derecho extranjero en el ámbito 
extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos en el artículo 36 del Reglamento 
Hipotecario,  y  excepcionalmente  a  los  artículos  de  la  Ley  de  cooperación  jurídica 
internacional, sino a los medios que proporciona el entorno E-Justicia, en el ámbito 
europeo,  colaborando  activamente  en  la  resolución  de  conflictos  de  derecho 
internacional privado. El fácil acceso a las bases de datos jurídicas de otros Estados 
miembros facilita tanto que los notarios, en ejercicio de las competencias atribuidas en la 
Ley puedan emitir informes relativos al derecho extranjero, como que los registradores, 
puedan motivar adecuadamente su decisión facilitando en ambos casos el tráfico jurídico 
de bienes y servicios en un entorno, como el presente, en el que la existencia de un 
elemento de extranjería es elemento normal del negocio jurídico, contribuyendo así a 
afianzar el desarrollo de uno de los pilares esenciales de la construcción europea. En 
este sentido, no cabe desconocer, por ejemplo, con el valor de herramienta informativa, 
el portal https://e-justice.europa.eu, gestionado por la Comisión Europea.
7.  El segundo tema que debe abordarse es relativo a la exigencia por parte de la 
registradora de que se acredite, mediante testimonio de contenido y vigencia de leyes, la 
innecesariedad de comparecencia del cónyuge viudo de la causante en la aceptación y 
partición de su herencia.
8.  Resulta del título calificado y del recurso, que la causante testó en España, en 
exclusiva referencia a los bienes en territorio español, con posterioridad a la aplicación 
del Reglamento (UE) n.º 650/2012. Esta práctica, basada en razones pragmáticas es hoy 
incompatible con el instrumento europeo y dificulta la apreciación de la validez material y 
formal de las disposiciones «mortis causa» (artículos 27 a 28).
El Reglamento señala en su artículo 23.1 que la ley determinada en virtud de los 
artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la sucesión. Y en el considerando 37 señala que 
«para que los ciudadanos puedan aprovechar, respetando en todo momento la seguridad 
jurídica,  las  ventajas  que  ofrece  el  mercado  interior,  el  presente  Reglamento  debe 
permitirles conocer cuál será la legislación aplicable a su sucesión. Además, deben 
introducirse normas armonizadas en materia de conflicto de leyes para evitar resultados 
contradictorios. La norma principal debe garantizar que la sucesión se rija por una ley 
previsible, con la que guarde una estrecha vinculación. Por motivos de seguridad jurídica 
y para evitar la fragmentación de la sucesión, es necesario que esta ley rija la totalidad 
de  la  sucesión,  es  decir,  todos  los  bienes  y  derechos,  con  independencia  de  su 
naturaleza y de si están ubicados en otro Estado miembro o en un tercer Estado, que 
formen parte de la herencia».
Pese a ello, en el presente caso, no se distorsiona la determinación de la ley 
aplicable, pues la «professio iuris» que realiza el causante, realizada a la ley de un tercer 
Estado –recordemos que conforme a su artículo 20 se sanciona el carácter universal del 
Reglamento–  conduce  al  Derecho  suizo  que  resultaría  aplicable  en  atención  a  la 
residencia habitual de la causante.
9.  Aplicándose,  pues,  el  Derecho  suizo  es  relevante  señalar  que  según  el 
certificado de herederos unido a la escritura pública calificada, el día 14 de marzo 
de 2019 fueron abiertas todas las disposiciones de última voluntad de la causante 
(incluidos  eventuales  pactos  sucesorios,  comunes  en  aquel  Derecho)  de  las  que 
resultaron herederos voluntarios solamente los hijos como herederos (artículo 557 del 
Código  Civil  suizo.  Vid:  https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/
index.html).
La apertura de las disposiciones de última voluntad en Derecho helvético exige, tras  s
la  previa  sentencia  de  apertura  de  la  sucesión  –de  la  que  no  existe  cita  en  el  oe.
expediente–, la comunicación a todos los herederos, instituidos y legales (artículo 558  w.
Código Civil). El viudo es legitimario según la ley suiza, en la cuarta parte del caudal  71ww
phaerrteird idtaersiod.e  Clao nnfoortmificea cailó anr tpícauralo  im55p9u gdneal r Cloósd igdoe reCcivhiol sé shteer etudvitoa reiol sp dlaez oq udieen uens  mfueesro na 
determinados herederos en la sentencia de apertura.
Coherentemente,  el  certificado  de  herederos  solo  se  puede  emitir  después  del 
vencimiento de este plazo (artículo 559) lo que hizo la oficina competente, en este caso 
el Ayuntamiento de Hünenberg confirmando la posición de los herederos.
10.  El  certificado  de  herederos,  que  es  susceptible  de  recurso  (artículo  559), 
autoriza a los herederos allí determinados a disponer de la herencia, siempre de mutuo 
acuerdo (vid. Sentencia del Tribunal Supremo suizo, BGE 138 III 354, en especial 
fundamento número 5, http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf
%3A%2F%2F138-III-354%3Ade&lang=de&type=show_document)  sobre  los 
denominados herederos legales virtuales –«virtueller Erbe»– que por sí no tienen una 
posición de heredero sino de crédito mediante interposición de demanda que prescribe 
en un año desde el conocimiento de su exclusión, que se considera se produce con la 
notificación de la sentencia de apertura a todos los herederos legales e instituidos 
(artículo 533) y que constituye una acción de reducción para reclamar la porción forzosa.
Tras la expedición del certificado aunque los herederos determinados ya pueden 
disponer libremente, cualquier persona con mejor derecho puede reclamar su posición 
mediante demanda sucesoria (artículo 559 del Código Civil) y el heredero virtual y el 
excluido tiene aún un nuevo plazo de un año para reclamar su parte legal (derecho de 
crédito contra la herencia).
Por lo tanto, no es contenido imprescindible la mención en el certificado de los 
herederos virtuales (o herederos legitimarios excluidos), como en el caso planteado sería 
el viudo, por su cuarta parte de la herencia, ni las acciones posibles posteriores empecen 
en aquel Derecho la eficacia habilitante del certificado.
11.  En base a lo anterior, en el titulo calificado debería haberse realizado un juicio 
tanto sobre la ley aplicable, que conduce al Derecho suizo así como su contenido, como 
de la validez y alcance del certificado de sucesión.
El notario y el registrador español deben analizar que el certificado de herederos es 
funcionalmente equivalente a un documento expedido por autoridad española, aun con 
adecuación  (disposición  adicional  tercera  de  la  Ley  15/2015).  Norma  aplicable,  en 
preferencia al artículo 60 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica 
internacional  en  materia  civil,  en  cuanto  funcionalmente  habría  de  equivaler  a  una 
declaración de herederos, institución más próxima, aun limitada en el Derecho español a 
las  sucesiones  ab  intestadas  analizando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  allí 
establecidos: a) que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente 
conforme a la legislación de su Estado; b) que la autoridad extranjera haya intervenido 
en  la  confección  del  documento  desarrollando  funciones  equivalentes  a  las  que 
desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos 
o más próximos efectos en el país de origen; c) que el hecho o acto contenido en el 
documento sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas de 
Derecho internacional privado, y d) que la inscripción del documento extranjero no 
resulte manifiestamente incompatible con el orden público español.
12.  En conclusión, el titulo calificado no contiene un juicio del notario basado en la 
prueba del Derecho aplicable a la sucesión, ni del contenido de la ley con base en la cual 
es omitida la comparecencia del cónyuge viudo, ni de los requisitos mínimos exigibles al 
certificado de herederos emitido, si bien respecto de sus aspectos formales basta la 
apostilla  internacional,  según  establece  el  Convenio  de  La  Haya  de  5  de  octubre 
de 1961, que demuestra que se trata de una autoridad con competencia civil.
Tampoco se realiza en el título calificado juicio de equivalencia funcional del título 
extranjero con el que emitiera una autoridad española, razones por las cuales debe  s
confirmarse el defecto observado al no quedar justificada la no comparecencia del  oe.
cónyuge viudo. w.
Conforme a los anteriores fundamentos de Derecho, la calificación registral debe ser  71ww
confirmada, en los términos que resultan de los mismos.
respEescttao  dDeirl escecgióunn dGo edneeferaclt oh laa  caacloifricdaacdioó ne imstipmuagrn apdaarc.ialmente el recurso y confirmar
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de julio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.