BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Miércoles 5 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 54072
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
7464 Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el Convenio con el Comité 
Español  de  Representantes  de  Personas  con  Discapacidad,  para  la 
identificación  y  reducción  de  cargas  administrativas  que  afectan  a  las 
personas con discapacidad y a sus familias.
El  Ministro  de  Política  Territorial  y  Función  Pública  y  el  Presidente  del  Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han suscrito, con 
fecha 23 de abril de 2021, un Convenio para la identificación y reducción de cargas 
administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la 
publicación del referido Convenio, como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 26 de abril de 2021.–El Secretario de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, P.D. (Orden TFP/747/2020, de 28 de julio), el Director General de Gobernanza 
Pública, Valentín Olivier Bayón Céspedes.
ANEJO
Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública) y el Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) para la identificación y reducción de cargas 
administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias
De una parte, don Miquel Octavi Iceta Llorens, Ministro de Política Territorial y 
Función Pública, según nombramiento efectuado por Real Decreto 55/2021, de 26 de 
enero,  BOE  del  27  de  enero,  en  ejercicio  de  las  competencias  que  le  atribuye  el 
artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y en virtud de la Resolución de 5 de abril de 2021, dictada al amparo de lo 
dispuesto  en  el  artículo  10.1  de  la  citada  Ley  40/2015,  por  la  que  se  avoca  la 
competencia para la celebración del presente Convenio, competencia que se encuentra 
delegada  en  la  Dirección  General  de  Gobernanza  Pública  conforme  a  la  Orden 
TFP/747/2020, de 28 de julio.
De otra parte, don Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de 
Representantes  de  Personas  con  Discapacidad  (en  adelante  CERMI),  según 
nombramiento efectuado por la Asamblea Extraordinaria de carácter electoral de esta 
entidad en su reunión de fecha de 19 de octubre de 2020, actuando en nombre y 
representación de CERMI y en virtud de la capacidad y las atribuciones que le confieren 
sus correspondientes Estatutos.
Interviniendo en el ejercicio de sus cargos y haciendo uso de la representación que 
ostentan, ambas partes se reconocen suficiente capacidad legal y competencia para  s
celebrar el presente Convenio y, en relación con el mismo, oe.
I.  Que  la  reducción  de  cargasE XaPdOmNinEisNtrativas  constituye  un  objetivo  y  un
yc oFmupnrcoiómnis Poú dbelilc Ga o(ebnie randoe dlaen tEes MpaINñaP,T cFoPrr)e, slap osnimdipelnifdicoa cailó Mn inaidsmteirniois tdrea tiPvoal,í teicl ae sTteurdriitoo rdiael   BOE-A-cable e
las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que 
han de aplicarse para flexibilizar las estructuras de las Administraciones Públicas y 
superar  las  dificultades  que  puedan  encontrar  los  ciudadanos  y  empresas  para 
relacionarse con ellas.
A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados, 
entre  otras  medidas,  prestar  una  atención  particular  a  la  mejora  de  la  tramitación 
mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones 
empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas, así 
como crear o mantener dentro de los servicios de sus administraciones un organismo 
consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y 
medianas,  y  de  la  Administración  con  vistas  a  fomentar  la  simplificación  de  los 
procedimientos  administrativos  y  de  la  legislación.  En  este  sentido,  cabe  citar  las 
Conclusiones sobre la mejora de la legislación para garantizar la competitividad y un 
crecimiento sostenible e integrador, adoptadas por el Consejo de Competitividad de la 
UE en su sesión del 27 de febrero de 2020.
Desde este punto de vista, el proceso de simplificación de procedimientos va dirigido 
a identificar y realizar propuestas de mejora del diseño de los procedimientos vigentes en 
el  ámbito  de  una  determinada  Administración  Pública  para  que  estos,  además  de 
adecuarse a las necesidades existentes en cada momento, operen con la máxima 
economía y alcancen el mayor grado posible de eficacia y eficiencia.
II.  Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los 
Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a seguir para enmarcar 
sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven la creación de instituciones 
eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 
de la sociedad. Se promueve que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un 
rol activo en la adopción de los ODS y su cumplimento, y por tanto, colaboren con las 
administraciones en los cambios que estas promueven.
III.  La situación de pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la necesidad de que las administraciones actúen con suficiente agilidad para hacer frente 
a las demandas de la ciudadanía. En ese sentido, se pretende contribuir a la adopción 
de  medidas  que  traten  de  abordar  la  agilización  y  simplificación  efectiva  de  los 
procedimientos  administrativos  en  una  situación  de  extremada  complejidad  en  los 
ámbitos sanitario, económico y social como la que está sufriendo nuestro país. Las 
medidas necesarias para aumentar el crecimiento y la competitividad después de la 
pandemia, han de incluir mejorar la reglamentación y reducir las cargas administrativas.
El momento requiere una actuación colaborativa para abordar de forma estratégica la 
capacitación del conjunto de la sociedad, especialmente del grupo de población con 
discapacidad, para promover su inclusión social y la igualdad de oportunidades en las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
IV.  En este marco general, el MINPTFP ha venido formalizando convenios con 
diversas entidades representativas, entre las que se encuentra el Comité Español de 
Representantes  de  Personas  con  Discapacidad  (CERMI),  con  el  fin  de  que  esta 
Organización  y  sus  asociados  puedan  contribuir  con  su  experiencia  al  proceso  de 
identificación de cargas administrativas en las áreas de actividad que representan, a la 
formulación de nuevas propuestas de mejora y a la difusión entre sus asociados de los 
resultados alcanzados.
Finalizada la vigencia del anterior Convenio suscrito con el CERMI, se considera de  s
interés abordar, mediante la formalización de un nuevo Convenio para seguir analizando  oe.
la normativa que afecta a las personas con discapacidad y a sus familias, un nuevo  w.
estudio  para  identificar  las  cargas  administrativas  susceptibles  de  ser  eliminadas  o  64ww
reduEcnid alas .vía del enfoque participativo que promueve el gobierno abierto, se podría
laav apnozsaibr ielind alad  mdeej olroas d edle fsutnincaiotanraiomsi edneto  dloes  las eArdvmiciinoiss,t raac iuónna y  deex pseursie snecrivai ccioosn jaubnrtiae nddeo   BOE-A-cable e
búsqueda de soluciones a problemas concretos. Este cambio cultural pretende favorecer 
la formación de espacios de creatividad donde la Administración comparta sus datos, 
experiencia y recursos para ponerlos a disposición del sector empresarial o social (que 
aporta su experiencia como usuario de procedimientos).
V.  Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 2/2020, de 12 
de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al 
MINPTFP la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función 
pública, administración y gobernanza públicas. En particular, el Real Decreto 307/2020, 
de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública le atribuye la política de la reducción de cargas 
administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la 
calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado.
Que el MINPTFP tiene entre sus prioridades la mejora de la atención al ciudadano en 
la Administración General del Estado y, muy especialmente, el desarrollo de planes y 
programas que mejoren la atención y la inclusión de las personas con discapacidad. En 
este sentido, el MINPTFP desea conocer con qué tipo de trabas burocráticas se enfrenta 
este colectivo cuando se relaciona con la Administración General del Estado.
VI.  Que el CERMI, como plataforma de representación, acción y defensa de las 
personas con discapacidad y sus familias, de la que forman parte todas las grandes 
organizaciones estatales de la discapacidad, integradas a su vez por más de 7.000 
asociaciones, federaciones, organizaciones y entidades, que representan en su conjunto 
a los 3,8 millones de personas con discapacidad que hay en España, tiene entre sus 
fines prioritarios la mejora de las condiciones de vida y sociales de las personas con 
discapacidad y sus familias, poniendo los medios para lograr la plena normalización e 
inclusión de este grupo social en todos los órdenes de la vida.
Asimismo, el citado Comité tiene, entre sus objetivos preferentes, la promoción de la 
accesibilidad universal, entendida como valor general del que se benefician todos los 
ciudadanos, el desarrollo de la vida autónoma e independiente y la supresión de las 
barreras de todas clases que impiden o dificultan la plena inclusión de las personas con 
discapacidad, el ejercicio de sus derechos y su acceso regular a los bienes y servicios de 
la comunidad.
Para la consecución de sus objetivos, traslada ante los poderes públicos, los distintos 
agentes y operadores, y la sociedad, mediante propuestas constructivas, articuladas y 
contrastadas técnicamente, las necesidades y demandas del grupo de población de la 
discapacidad,  asumiendo  y  encauzando  su  representación,  para  promover  la  no 
discriminación, la igualdad de oportunidades, la emancipación social y, en general, la 
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos con discapacidad y de sus familias.
VII.  Que  tanto  el  MINPTFP  como  el  CERMI  desean  mejorar  y  garantizar  el 
despliegue  de  las  iniciativas  acordadas  con  el  fin  de  incrementar  la  inclusión  y  la 
normalización sociales de las personas con discapacidad, promoviendo el acceso regular 
y sin exclusiones de esta parte de la ciudadanía a los servicios y prestaciones de la 
Administración  General  del  Estado,  mediante  la  coordinación  de  esfuerzos  y  la 
ampliación del marco de colaboración conjunta ya existente.
Las partes coinciden, con este mismo objetivo, en la conveniencia y necesidad de 
continuar  aunando  esfuerzos  e  impulsar  desde  el  ámbito  de  actuación  de  cada 
Organismo,  iniciativas,  programas,  proyectos  y  acciones  dirigidos  a  mejorar  las 
condiciones de vida, sociales y culturales de las personas con discapacidad, dadas las 
características propias de este grupo social y las dificultades singulares que encuentran  s
sus componentes, por su situación de partida de objetiva desventaja para disfrutar de los  oe.
derechos que la Constitución reconoce a todos los españoles. Estos esfuerzos cobran  w.
una mayor importancia en la compleja situación que, en los ámbitos sanitario, económico  64ww
y social, está atravesando nuestro país.
En  consecuencia  con  lo  expuesto,  las  partes  consideran  oportuno  suscribir  el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Constituye  el  objeto  del  presente  Convenio  impulsar  medidas  orientadas  a  la 
eliminación y reducción de cargas administrativas dirigidas especialmente a las personas 
con  discapacidad  y  a  sus  familias,  así  como  el  intercambio  de  información  y 
conocimiento  sobre  simplificación  administrativa,  la  elaboración  de  propuestas  de 
reducción de trámites y simplificación administrativa.
Dentro de esta colaboración se podría encuadrar la participación en laboratorios de 
ideas para la reducción de cargas administrativas, en los que, de manera conjunta, 
Administración y el sector implicado discutan sobre procedimientos a simplificar.
Segunda.  Actuaciones a realizar por el CERMI.
El CERMI, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, realizará las 
siguientes actuaciones:
El CERMI se encargará de realizar, en colaboración con el MINPTFP, una labor de 
análisis  de  las  obligaciones  de  información  y  cargas  burocráticas  derivadas  del 
cumplimiento de la normativa vigente que afecten a las personas con discapacidad y a 
sus  familias,  suministrarán  información  adecuada,  participarán  en  las  funciones  de 
análisis de las cargas administrativas y en la elaboración de propuestas de reducción de 
las mismas, simplificación, homogeneización y coordinación administrativa.
La presentación de las propuestas de reducción de cargas implicará:
– Diseño de propuestas de reducción de cargas:
Por parte del CERMI se diseñarán propuestas de simplificación administrativa y de 
mejora en la regulación que afecta a las personas con discapacidad, orientadas a 
eliminar  las  barreras  burocráticas  existentes.  Dichas  propuestas  serán  concretas  y 
contrastadas e irán destinadas a contribuir en el impulso y mejora de la relación de las 
personas con discapacidad con la Administración, con una traslación práctica y directa.
Para la elaboración de las propuestas se realizará una revisión documental y un 
análisis de fuentes secundarias, así como una consulta a personas con discapacidad y a 
entidades del entorno CERMI con el fin de identificar medidas que permitan reducir 
cargas administrativas relacionadas con las personas con discapacidad. A partir de dicha 
información, se elaborarán fichas identificativas y descriptivas sobre las cargas.
Las propuestas irán acompañadas, como aspectos principales, de la correspondiente 
estimación  del  ahorro  que  generarían,  de  la  normativa  a  modificar  y  organismo 
vinculado.  La  medición  de  dichos  ahorros  se  hará  de  acuerdo  con  la  metodología 
establecida en el Método Simplificado de medición de cargas administrativas.
En caso de que se formulen varias propuestas de simplificación con la misma 
identidad  sustancial  en  cuanto  al  objeto,  finalidad  o  tipo  de  medida  adoptada,  se 
agruparán todas ellas en una única propuesta con el fin de facilitar el seguimiento por 
parte del Centro Gestor.
El CERMI hará entrega al MINPTFP, a través de la Dirección General de Gobernanza  e.e
Pública, del informe en el que se relacionarán los trámites identificados y las propuestas  w.b
de reducción de cargas. El documento se entregará, en todo caso, antes del 20 de  64ww
noviAesmimbriesm doe,  2e0l2 C1.ERMI aportará la información en el formato que la Administración le
indique.
– Otras actividades:
Cuantas otras actividades o servicios se consideren necesarios o convenientes para 
el buen desarrollo del Convenio.
Con  carácter  general,  dichas  actividades  o  servicios  podrán  ir  dirigidos  a  la 
realización de iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en este ámbito, al 
estudio e intercambio de información entre las partes firmantes, al diseño, recopilación 
de  información,  contraste  de  iniciativas  e  implantación  de  actuaciones  de  la 
Administración General del Estado sobre mejora de la regulación y reducción de trámites 
administrativos,  así  como  a  la  consolidación  de  la  comunicación  e  intercambio  de 
información entre el MINPTFP y el CERMI.
Entre estas actividades pueden encuadrarse el desarrollo de laboratorios de ideas 
para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que el 
MINPTFP podría promover, con el fin de fomentar la implicación de los órganos gestores 
y expertos de los sectores afectados. En este contexto, el CERMI podría participar, 
directamente o a través de la designación de representantes con experiencia en la 
materia de que se trate.
En cualquier tipo de actividad de difusión y comunicación, el CERMI dará publicidad 
de la participación del MINPTFP en la financiación de este Convenio.
El personal dedicado al cumplimiento de los objetivos de este Convenio podrá ser 
propio del CERMI o subcontratado a tal fin.
Tercera.  Actuaciones a desarrollar por el MINPTFP.
1.  Asesoramiento:
Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas 
administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de 
medición de cargas administrativas.
2.  Seguimiento:
Seguimiento de los trabajos realizados por la Organización durante la vigencia del 
Convenio, a través de reuniones periódicas concertadas por las partes.
3.  Comisión de seguimiento:
Convocatoria para la constitución de la Comisión de Seguimiento a que se refiere la 
cláusula sexta de este Convenio.
4.  Análisis de las propuestas presentadas:
Remisión de las propuestas presentadas por la organización a los Departamentos 
ministeriales competentes por razón de la materia objeto de las iniciativas. Se elaborará 
un informe con las valoraciones de los Departamentos, que será remitido al CERMI.
5.  Difusión y comunicación
El MINPTFP podrá dar difusión en sus medios de la firma del Convenio y los 
resultados obtenidos.
Cuarta.  Titularidad de los trabajos realizados. e.
La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio, así como  64ww
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desarrollados en relación a este Convenio.
Quinta.  Régimen económico.
1.  El coste total de las actividades derivadas del presente Convenio se eleva a 
dieciocho mil ochocientos cincuenta euros (18.850 €).
2.  El MINPTFP aportará la cantidad de diecisiete mil cuatrocientos euros (17.400 
€), y el CERMI la cantidad de mil cuatrocientos cincuenta euros (1.450 €), que, de 
conformidad con sus acuerdos de colaboración internos, serán aportados en especie, a 
través de actuaciones valorables económicamente sobre las que el CERMI emitirá la 
oportuna certificación.
El  crédito  presupuestario  al  que  se  imputará  la  obligación  correspondiente  al 
MINPTFP es el siguiente: 22.02.921N.640.06.
3.  A partir del inicio de efectos de este Convenio, el MINPTFP abonará al CERMI 
los pagos correspondientes previa justificación de los servicios realizados, con cargo a la 
aplicación  presupuestaria  del  presupuesto  de  2021,  del  Proyecto  de 
inversión 200922002000100.
A  tal  efecto,  el  CERMI  remitirá  al  MINPTFP  documentación  justificativa  de  las 
actividades relacionadas con las propuestas para la reducción de cargas administrativas 
del  presente  Convenio.  Se  considera  como  documentación  justificativa  del  gasto, 
además del documento de cargo que emita el CERMI, la certificación acreditativa del 
órgano  competente  del  CERMI  en  que  se  especifique  el  alcance  de  las  labores 
desarrolladas por este Comité en el marco del Convenio. Complementariamente, y para 
la justificación de los gastos en que se han incurrido, se remitirán facturas, certificados 
emitidos por representante de la organización en los que figuren los gastos imputables al 
convenio o documentos probatorios equivalentes.
4.  A partir del inicio de efectos del presente Convenio, y antes de su finalización, el 
CERMI  se  compromete  a  abonar  la  totalidad  de  su  aportación  para  financiar  las 
actividades  previstas  en  la  cláusula  segunda  del  presente  Convenio,  presentando 
certificación acreditativa.
Sexta.  Comisión de Seguimiento.
El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos 
representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del MINPTFP y por dos 
representantes del CERMI, designados por las autoridades firmantes del Convenio. 
Estará  presidida  por  el  titular  de  la  Dirección  General  de  Gobernanza  Pública  o 
funcionario en quien delegue.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f). de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los  artículos  51.2.c)  y  52.3  de  la  citada  Ley.  Resolverá  todas  las  incidencias  o 
controversias que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este 
Convenio.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la  Comisión  de  Seguimiento,  cuantas  diferencias  resulten  de  la  interpretación  y 
cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran 
surgir.
A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión de Seguimiento, a las  e
reuniones de ésta podrán asistir otros responsables de la Administración General del  bo
Estado y del CERMI. 64ww
Séptima.  Validez, eficacia y vigencia.
El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las
partes y adquirirá eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico  Bc
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO) del sector público estatal 
al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. El plazo de vigencia se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2021.
La realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de 
cargas administrativas de la Cláusula Segunda, recopilación, análisis y presentación de 
propuestas de reducción de cargas, se desarrollará durante el periodo comprendido 
entre su inicio de efectos y el 20 de noviembre de 2021.
Octava.  Modificación del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del contenido del 
Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, y deberá realizarse mediante 
adenda modificativa y autorizada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el 
artículo 50.2.c) de dicha Ley.
Novena.  Extinción del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se extinguirá por 
el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución. Serán causas de resolución:
− El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
− El acuerdo unánime de todos los firmantes.
− Por denuncia de cualquiera de los firmantes mediante preaviso comunicado de 
forma fehaciente a la otra parte con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de 
resolución.
− Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora  un  requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a la Comisión de Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el 
requerimiento  persistiera  el  incumplimiento,  la  parte  que  lo  dirigió  notificará  al  otro 
firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
− Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
− Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El cumplimiento y la resolución de este Convenio darán lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las 
partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta de la Comisión de 
Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la continuación y finalización de las 
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable 
para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas 
en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley. e.
Décima.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento. 64ww
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cabo.
En el caso de persistir el incumplimiento se entenderá resuelto el Convenio. La 
resolución del Convenio por esta causa no dará lugar a indemnización.
Undécima.  Régimen jurídico del Convenio y resolución de conflictos.
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa  y  se  considera  de  los 
establecidos en el artículo 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y, por tanto, queda sometido al régimen jurídico de convenios 
previsto en el Capítulo VI, del Título Preliminar, de dicha Ley.
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan 
surgir en la interpretación o ejecución del presente Convenio.
Para  cuestiones  litigiosas  que  puedan  suscitarse  sobre  la  interpretación, 
cumplimiento, resolución y efectos del presente Convenio que no puedan solventarse de 
mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento se estará a lo que dispone el 
artículo 5 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e 
Instituciones  Públicas,  y  se  someterán  a  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.