BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47 Jueves 24 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 22277
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2959 Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Torrevieja n.º 3, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de obra nueva y compraventa.
En el recurso interpuesto por el notario de Torrevieja, don Miguel Ángel Robles 
Perea,  contra  la  nota  de  calificación  del  registrador  de  la  Propiedad  de  Torrevieja 
número 3, don Antonio José Ramos Blanes, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de obra nueva y compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura de ampliación de obra y compraventa otorgada el día 28 de 
septiembre de 2021 ante el notario de Torrevieja, don Miguel Ángel Robles Perea, sobre 
la finca registral número 7.735 de San Miguel de Salinas, comparecieron como parte 
compradora los cónyuges en régimen legal de su nacionalidad británica, don J. D. R. y 
doña  S.  J.  R.,  que,  previa  ampliación  de  obra  nueva  por  la  parte  transmitente, 
adquirieron el pleno dominio de la finca, por mitad y proindiviso.
A  los  efectos  de  la  acreditación  de  la  ampliación  de  obra  nueva,  quedaba 
incorporado a la escritura documento certificado expedido el día 21 de septiembre 
de 2021 por don R. C. S., arquitecto técnico del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Alicante, quien certificaba que la edificación, tal y como se había 
descrito  tras  su  ampliación,  tenía  una  antigüedad  superior  a  22  años,  certificando 
además las coordenadas de georreferenciación de las construcciones. La firma del 
técnico se encontraba debidamente legitimada por el notario autorizante.
II
Presentada día 28 de septiembre de 2021 dicha escritura en el Registro de la 
Propiedad de Torrevieja número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«El Registrador de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del 
documento remitido por vía telemática por la Notaría autorizante, el día 28/09/2021, bajo 
el asiento número 532, del tomo 131 del Libro Diario y número de entrada 6028/2021, y 
con fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ha sido remitida de nuevo otra copia 
electrónica de la que resulta la presentación por vía telemática al portal tributario de la 
Generalitat  Valenciana,  todo  ello  acreditado  por  contener  el  envío  justificante  de 
presentación y pago del impuesto, y que corresponde al documento autorizado por el 
Notario de Torrevieja, don Miguel Ángel Robles Perea, con el número 1890/2021 de su 
protocolo, de fecha 28/09/2021, ha resuelto no practicar los asientos solicitados en base 
a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: e.e
Hechos: 59www.
regisI.t–raSle 7 7t3ra5t ad ed Sea ne sMcirgituueral  ded eS aalimnapsli.ación  de  obra  y  compraventa  sobre  la  finca
naciIoI.n–aCliodmadp adreocne nJ . cDom. oR .p ayr ted oñcoam  Sp.r aJd.o rRa .,l odse  cnóancyiuogneasli deand  rbérgitiámneicna , leqguael  dpere vsiau   BOE-A-cable e
ampliación de obra nueva por la parte transmitente, adquieren el pleno dominio de la 
finca, por mitad y proindiviso.
III.–A  los  efectos  de  la  acreditación  de  la  ampliación  de  obra  nueva  queda 
incorporado al precedente documento certificado expedido el día veintiuno de septiembre 
de dos mil veintiuno, por don R. C. S., Arquitecto Técnico n.º (…) del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, quien certifica que la edificación, tal y 
como  se  ha  descrito  en  el  precedente  documento  tras  su  ampliación,  tiene  una 
antigüedad  superior  a  veintidós  años,  certificando  además  de  las  coordenadas  de 
georreferenciación de las construcciones. La firma del técnico se encuentra debidamente 
legitimada por el Notario autorizante.
Fundamentos de Derecho:
1. Vistos los artículos 18, 19, 19-bis y 322 de la Ley Hipotecaria, y en especial de 
conformidad con los artículos 16, 18 y 20 y Disposición Adicional de la Ley de Zona e 
Interés para la Defensa Nacional, de 12 de marzo de 1.975 y 35, 37 y 40, de su 
Reglamento, de 10 de Febrero de 1.978, y Orden de Servicio cumunicada [sic] de la 
Dirección General de Infraestructuras (DIGENIN) 1/21.
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe  ha  suspendido  la  inscripción  del 
precedente documento con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por el 
siguiente defecto: No constando de manera fehaciente la calificación del suelo como 
urbano, deducido de la inclusión de la finca o las de procedencia, en un instrumento de 
planeamiento o gestión urbanística, se hace necesaria la preceptiva autorización militar 
exigible para la adquisición por parte de extranjeros no comunitarios de la finca o, en su 
defecto, acreditarse, que dicha finca queda fuera del ámbito de aplicación del citado 
régimen de autorización, por concurrir respecto a la misma las circunstancias previstas 
en los artículos 35 y 38 del aludido Reglamento (Plan Urbanístico aprobado con informe 
favorable del Ministerio de Defensa, expreso o por silencio, o declaración de la zona de 
interés turístico nacional, con autorización previa del mencionado Ministerio; o en su 
caso consideración de núcleo urbano o zona urbanizada o de ensanche, al tiempo de 
entrada  en  vigor  de  la  Ley,  mediante  certificado  urbanístico  expedido  por  el 
Ayuntamiento); de conformidad con los fundamentos de derecho antes expresados.
Contra esta calificación, sin perjuicio de acudir a los Tribunales de Justicia para 
contender entre si sobre la validez o nulidad del título, cabe (…)
Torrevieja, veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno El Registrador Fdo: Antonio 
José Ramos Blanes».
III
Contra la anterior nota de calificación, don Miguel Ángel Robles Perea, notario de 
Torrevieja, interpuso recurso el día 30 de noviembre de 2021 en virtud de escrito y en 
base a los siguientes argumentos:
«Fundamentos de Derecho
Primero: Objeto del recurso gubernativo.–No se discute en este recurso, por resultar 
claramente del documento autorizado:
1.º- La situación de la finca en Zona de Interés para la defensa Nacional según la 
legislación citada. e.e
2.º- El carácter de extracomunitario de los cónyuges adquirentes. w.b
solicEitla soebnje yto o bdteulv ireesceunr sloa  psree cceepntitvraa  aeunto rlaiz anceiócne smidilaitda r oa l nMoi ndisete rqiou ed el oDse faednqsuai,r ednatdeos 
que esta autorización no es necesaria cuando (artículos 35 y 38 del Reglamento de 
aquella ley aprobado el 10 de febrero de 1978):
1.º- El terreno sobre el que se ubica la finca se encuentre en un Plan Urbanístico 
aprobado con informe favorable del Ministerio de Defensa, expreso o tácito por silencio 
administrativo.
2.º- Consideración de núcleo urbano o zona urbanizada o de ensanche al tiempo de 
entrada en vigor de la normativa citada de Defensa nacional.
Considera el registrador que no le consta de forma fehaciente la calificación del suelo 
como  urbano,  deducido  de  la  inclusión  de  la  finca  o  las  de  procedencia  de  un 
instrumento de planeamiento o gestión urbanística, afirmando por lo tanto, que solo el 
suelo urbano que haya tenido esa consideración mediante la calificación como tal por 
estar incluido en un instrumento urbanístico de planeamiento o gestión, está excluido de 
la necesidad de solicitar y obtener la preceptiva autorización militar, siendo necesario 
obtenerla cuando el terreno aun siendo urbano, esa calificación no provenga de su 
inclusión en un instrumento urbanístico.
Lo que no especifica el Registrador en su nota es si le consta que el suelo es urbano 
y lo único que no le consta es si esa calificación proviene de un instrumento urbanístico; 
si podría existir un suelo urbano sin que haya formado parte de dicho instrumento, o si 
todo terreno que no haya formado parte de esos instrumentos urbanísticos no puede ser 
considerado rústicos o suelo rural.
Segundo: Del suelo urbano.
No vamos a desarrollar la teoría urbanística de qué se considera suelo urbano, como 
una  finca  puede  ser  recalificada  y  todas  las  clases  de  procedimientos  de  gestión 
urbanísticos con todos sus requisitos y efectos, estando claro que el suelo urbanizado 
puede haber sido declarado en alguno de los procedimientos urbanísticos previstos, pero 
también  puede  serlo  por  reunir  alguna  de  las  otras  condiciones  que  establece  el 
artículo 21 puntos 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre:
“3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente 
integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas 
propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las 
siguientes condiciones:
a) Haber  sido  urbanizado  en  ejecución  del  correspondiente  instrumento  de 
ordenación.
b) Tener  instaladas  y  operativas,  conforme  a  lo  establecido  en  la  legislación 
urbanística  aplicable,  las  infraestructuras  y  los  servicios  necesarios,  mediante  su 
conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o 
previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras 
que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea 
colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no 
comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella 
que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación 
propuesta por el instrumento de planificación correspondiente.
4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los  o
núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la  w.
ilunerfgbriaasenlasoct rióuonc t ausdrieam si olyar ddsaee nrvyai ccciióounsa  nretdeqorur,i etodriredia ocls o yan lf uoerrfbmeacidntoaís.d”ti ccao nle se llaa,t ricbuueynat elna  ccoonn dliacsió nd odtaec iosnueeslo,   2022-2959n https://ww
La finca transmitida tiene:
1.º- la consideración como “urbana” declarada por el mismo registro.
2.º- Forma parte de una urbanización llamada “(…)”, Parcela (…)
3.º- Se trata de una edificación consolidada, cuyo año de construcción (y por lo tanto 
el resto de la urbanización y las viviendas colindantes, calles y aceras resultantes del 
propio plano catastral) data de 1998, declarándose una obra por antigüedad de más 
de 22 años que ha certificado el propio técnico.
Por  todo  ello,  aunque  no  cumpliera  el  apartado  a)  del  artículo  21.3  (lo  que  al 
registrador no le consta fehacientemente, pero tampoco lo discute), cumple claramente 
el resto de los apartados del mismo número e incluso el número 4 del mismo artículo del 
RDL 7/2015 sin que ello deba ser certificado por el Ayuntamiento al resultar claramente 
de la documentación aportada, la catastral a que tiene acceso el registrador y los propios 
libros del registro.
Tercero.–De la necesidad de autorización militar en fincas sitas en Zonas de Defensa 
Nacional.
Como  bien  dice  el  registrador  en  su  nota,  se  exige  la  previa  autorización  del 
Ministerio de Defensa cuando un extranjero no comunitario pretenda comprar una finca 
que  no  se  encuentre  en  un  Plan  Urbanístico  aprobado  con  informe  favorable  del 
Ministerio  de  Defensa,  expreso  o  tácito  por  silencio  administrativo  o  no  tenga  la 
consideración de núcleo urbano o zona urbanizada o de ensanche al tiempo de entrada 
en vigor de la normativa citada de Defensa nacional (art 35 y 38 del Reglamento de 10 
de febrero de 1978).
Ha sido el propio Ministerio de Defensa, y dada la salida de los ciudadanos británicos 
de la Unión Europea que se ha hecho efectiva el 01 de enero del presente año 2021, el 
que ha interpretado esa normativa a través de la Orden de Servicio 1/21 que el propio 
registrador  cita  en  su  nota,  considerando  informados  favorablemente  todos  los 
instrumentos  de  ordenación  urbanística.  Y  este  informe  favorable  y  por  lo  tanto  la 
exclusión de la necesidad de la solicitud y obtención de la autorización militar se produce 
no solo en el suelo urbanizado a que se refiere la letra a) del artículo 21.3 del RDL7/2015 
es decir no solo a los suelos urbanizados que hayan sido objeto de un planeamiento 
urbanístico, sino a todos los demás comprendidos en las letras b) y c) del número 3 del 
mismo artículo y también a los comprendidos en el número 4 de la misma norma y ello:
1.º-  Porque  así  lo  dice  expresamente  la  citada  orden:  último  párrafo  del  punto 
“primero”
2.º- Porque solo excluye las poblaciones fronterizas y las fincas rústicas (número 2 
del mismo artículo 21), según dice el punto segundo de la citada orden (…)».
IV
El  registrador  de  la  Propiedad  emitió  informe  el  día  17  de  diciembre  de  2021, 
mantuvo la nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo. En el 
informe afirmaba que se había recibido un correo electrónico del arquitecto técnico 
municipal del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas con posterioridad al recurso y del 
que resultaba «en relación con la clasificación y calificación urbanística del inmueble con 
referencia  catastral  001700400XH90F0001GJ,  cuya  localización  se  sitúa  según 
certificación catastral en calle (…), San Miguel de Salinas, e imputable la misma a la 
identidad de la finca registral 7735 de San Miguel de Salinas, CRU: 03051000408416, lo  e.e
siguiente:  a.–Que  los  terrenos  donde  se  sitúa  la  vivienda/finca/inmueble  de  tal  b
información  urbanística,  están  clasificados  por  la  normativa  vigente,  (Normas  59ww
SNu.ºb s6i8d iadreia 2s3 d/0e3 P/1la9n9e0a),m cioemntoo , Sauceuleor dNoo C U.Trb.Ua.n 2iz7a bdlee , aGbrrial ddoe  P1r9im88e,r oy» p. uEbslitcea ciniófonr mB.eO n.Po. 
lpau neodtea  tdeen ecrasleifi ceanc icóune.nta por no tratarse de un documento tomado en consideración en
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 18, 19, 19 bis y 322 de la Ley Hipotecaria; 16, 18 y 20 y la 
disposición adicional de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de 
interés para la Defensa Nacional; los artículos 35, 37 y 40 del Real Decreto 689/1978, 
de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de 
interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de 
zonas  e  instalaciones  de  interés  para  la  Defensa  Nacional;  la  Orden  de  Servicio 
comunicada  de  la  Dirección  General  de  Infraestructuras  del  Ministerio  de 
Defensa 1/2021; el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; las 
Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  11  de 
diciembre de 2012, 6 de mayo de 2013, 16 de octubre de 2015 y 19 de octubre de 2017, 
y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 30 de julio 
de 2021.
1. Mediante escritura de ampliación de obra y compraventa, dos cónyuges de 
nacionalidad británica, previa ampliación de obra nueva (a través de declaración de obra 
nueva por antigüedad) por la parte transmitente, adquieren el pleno dominio de la finca, 
por mitad y proindiviso.
El registrador suspende la inscripción por no acreditarse la preceptiva autorización 
militar exigible para la adquisición por parte de extranjeros no comunitarios de la finca o, 
en su defecto, acreditarse, que dicha finca queda fuera del ámbito de aplicación del 
citado régimen de autorización por concurrir respecto a la misma las circunstancias 
previstas en los artículos 35 y 38 del Reglamento de zonas e instalaciones de interés 
para la Defensa Nacional, esto es, Plan Urbanístico aprobado con informe favorable del 
Ministerio de Defensa, expreso o por silencio, o declaración de la zona de interés 
turístico nacional, con autorización previa del mencionado Ministerio; o en su caso 
consideración de núcleo urbano o zona urbanizada o de ensanche, al tiempo de entrada 
en vigor de la ley, mediante certificado urbanístico expedido por el Ayuntamiento.
El notario recurrente entiende que no procede la necesidad de autorización militar, al 
tener  la  finca  transmitida  la  consideración  como  «urbana»  declarada  por  el  mismo 
Registro; porque consta que es una parcela que forma parte de una urbanización y 
porque se trata de una edificación consolidada, cuyo año de construcción (y por lo tanto 
el resto de la urbanización y las viviendas colindantes, calles y aceras resultantes del 
propio plano catastral) data de 1998, declarándose una obra por antigüedad de más 
de 22 años que ha certificado el propio técnico.
No se discute en el recurso, y está conforme el recurrente, por resultar claramente 
del documento autorizado la situación de la finca en Zona de Interés para la Defensa 
Nacional según la legislación citada ni el carácter de extracomunitario de los cónyuges 
adquirentes.
2. El artículo 18 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de 
interés para la Defensa Nacional, dispone: «En las zonas de acceso restringido a la 
propiedad por parte de extranjeros, quedan sujetos al requisito de la autorización militar, 
tramitada  en  la  forma  que  reglamentariamente  se  determine:  a)  La  adquisición, 
cualquiera que sea su título, por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, de 
propiedad  sobre  fincas  rústicas  o  urbanas,  con  o  sin  edificaciones,  o  de  obras  o 
construcciones de cualquier clase (…)».
Y añade el artículo 20 de la misma: bo
daeu tol«arAi z Palocroisóp neie femdcaitldiot asdr ,ee scbtoeanrbá lcnea criedáxocigtse irre  npd releo vsloi oas  ratiíln ctouetlrooerssg aaadmnotieser nioetorl e aso,c  irlneosdsc itrNaipomctiaióernnio,t osr  eyds epR eelcagt iisvotapramodretounrnteeas,    2022-2959n https://ww
de los instrumentos públicos relativos a los actos o contratos de transmisión del dominio
o constitución de derechos reales a que dichos preceptos se refieren», si bien según su  Bc
disposición  adicional,  introducida  por  el  artículo  106  de  la  Ley  31/1990,  de  27  de 
diciembre,  «1.  Las  limitaciones  que  para  la  adquisición  de  la  propiedad  y  demás 
derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles,  así  como  para  la  realización  de  obras  y 
edificaciones de cualquier clase, son de aplicación en los territorios declarados, o que se 
declaren, zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, en virtud 
de las previsiones contenidas en las disposiciones que integran el capítulo III, no regirán 
respecto de las personas físicas que ostenten la nacionalidad de un Estado miembro de 
la Comunidad Económica Europea (…)».
3. En el mismo sentido se pronuncian los artículos 37 y 40 de su Reglamento, 
aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.
En concreto el artículo 40 dispone que: «1. A los efectos establecidos en los artículos 
anteriores,  los  Notarios  y  Registradores  de  la  Propiedad  deberán  exigir  de  los 
interesados el acreditamiento de la oportuna autorización militar, con carácter previo al 
otorgamiento o inscripción, respectivamente, de los instrumentos públicos relativos a los 
actos o contratos de transmisión del dominio o constitución de derechos reales a que 
dichos preceptos se refieren. 2. Asimismo exigirán los Notarios y Registradores de la 
Propiedad, a los únicos efectos de adquisiciones inmobiliarias por extranjeros en las 
zonas  a  que  se  refiere  el  presente  capítulo,  que  en  los  certificados  urbanísticos 
expedidos por los Ayuntamientos se hagan constar las limitaciones existentes sobre el 
terreno de que se trate impuestas por el Ministerio de Defensa, de conformidad con lo 
dispuesto en este Reglamento y, en su caso, la no existencia de tales limitaciones».
Por su parte, el artículo 41 establece que: «1. Deberán necesariamente inscribirse en 
el Registro de la Propiedad los actos y contratos por los que se establezcan, reconozcan, 
transmitan, modifiquen o extingan, en favor de personas físicas o jurídicas extranjeras, el 
dominio u otros derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en las zonas de acceso 
restringido a la propiedad por parte de extranjeros».
4. En la Orden de servicio comunicada de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa 1/2021, se dictan instrucciones para la racionalización de la 
autorización para adquisición de inmuebles por extranjeros no comunitarios, y se excluye 
de la necesidad de autorización militar en todos los supuestos del artículo 21, números 3 
y 4, del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; esto es, en los que el suelo se 
encuentre en la situación básica de suelo urbanizado.
5. Dispone el citado artículo 21 en los citados apartados, lo siguiente:
«3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente 
integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas 
propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las 
siguientes condiciones:
a) Haber  sido  urbanizado  en  ejecución  del  correspondiente  instrumento  de 
ordenación.
b) Tener  instaladas  y  operativas,  conforme  a  lo  establecido  en  la  legislación 
urbanística  aplicable,  las  infraestructuras  y  los  servicios  necesarios,  mediante  su 
conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o 
previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras 
que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea 
colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no  es
comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado. bo
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella  59ww
qpuroep udeestetarm pionre e lla i nlesgtriusmlaecinótno  ddee  polradneinficaaccióiónn t ecrorritroersiaplo on duierbnaten.ística, según la ordenación
4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los
núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la  Bc
legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo 
urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, 
infraestructuras y servicios requeridos al efecto».
6. Tiene razón por tanto el recurrente en que ha sido el propio Ministerio de 
Defensa, y dada la salida de los ciudadanos británicos de la Unión Europea que se ha 
hizo efectiva el día 1 de enero del año 2021, el que ha interpretado esa normativa a 
través  de  la  Orden  de  Servicio  1/2021  que  el  propio  registrador  cita  en  su  nota, 
considerando  informados  favorablemente  todos  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística.
Y  este  informe  favorable  -como  señala  el  notario  recurrente-  y  por  lo  tanto  la 
exclusión de la necesidad de la solicitud y obtención de la autorización militar se produce 
no solo en el suelo urbanizado a que se refiere la letra a) del artículo 21.3 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015 es decir no solo a los suelos urbanizados que hayan sido 
objeto de un planeamiento urbanístico, sino a todos los demás comprendidos en las 
letras b) y c) del número 3 del mismo artículo y también a los comprendidos en el 
número 4 de la misma norma y ello: a) porque así lo dice expresamente la citada Orden, 
último párrafo del punto primero, y b) porque solo excluye las poblaciones fronterizas y 
las fincas rústicas (número 2 del mismo artículo 21), según dice el punto segundo de la 
citada Orden.
7. No obstante, lo cierto es que no se ha acreditado que el terreno cumpla con tales 
requisitos. Cuando se trata de terrenos procedentes de instrumentos de ordenación 
urbanística, reflejados en el Registro, la acreditación va implícita. Pero ello no ocurre en 
el supuesto de hecho de este expediente.
Como reconoce el propio recurrente, la innecesariedad de la autorización militar, para 
la adquisición de terrenos por ciudadanos no comunitarios, no se extiende a los terrenos 
rústicos o no urbanizables. Y ello, aunque cuente con alguna edificación aislada.
El mero hecho de que catastralmente se acredite la existencia de la edificación que 
se pretende declarar por antigüedad, ni el certificado del técnico competente, no es 
suficiente  a  estos  efectos  -aunque  lo  sean  para  poder  declarar  la  obra  nueva  por 
antigüedad- pues se limitan a constatar la descripción de la edificación y su fecha de 
construcción.
Pero  ello  no  implica  necesariamente  que  la  legislación  urbanística  les  atribuya 
legalmente  la  condición  de  suelo  urbanizado  en  los  términos  a  que  se  refiere  el 
artículo 21, números 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Para ello 
será preciso acompañar la correspondiente calificación urbanística de la finca expedida 
por la Administración pública competente que lo acredite.
Tampoco el hecho de que en el Registro se describa como urbana, es un elemento 
definitivo, pues no es la descripción registral la acreditativa de tal condición, salvo que se 
hubiera incorporado certificado de la calificación urbanística de la finca (cfr. artículo 9.a) 
de la Ley Hipotecaria).
8. Debe tenerse en cuenta, como dice la Resolución de este Centro Directivo de 6 
de mayo de 2013 y reitera la de 30 de julio de 2021, que «el legislador sigue exigiendo 
que  el  registrador  califique  la  antigüedad  suficiente  para  considerar  posible  la 
prescripción  de  las  acciones  que  pudieran  provocar  la  demolición  y,  además  que 
compruebe que la edificación no se encuentra sobre suelo demanial o afectado por 
servidumbres de uso público».
Y en esta calificación el registrador, como afirmó la Resolución de 11 de diciembre  es
de 2012, deberá «constatar, por lo que resulte del Registro (y, cabe añadir, del propio  o
featdaínltetlute  aliarom aq ddcpueaarele l,lir lsfoepiccsqura uiepdcisstaoi ibs)et,oion li qsd dtu aaeeedl ne l al sdaq  e pcuf riaenelas cs olaaccsr  o incpnroorcienr iróssgeepnus o,np endaonda ncdideduiofnieie ctnqneutut rletaaea c  dlsicen uigecó ilxansuiu lsiaddstceaeei   ónperncean isra aazt apn oqulonicur aaaqescbu  ieleódeldn e ria  emde gsespiups oljteanerca gtaridaae o laa ur pl ipnadrl opaartrédzeeog ccf icímiyseió i escnlauan,      OE-A-2022-2959able en https://www.
régimen resulta directamente de un mandato legal».
9. El defecto puesto en la nota de calificación es fácilmente subsanable mediante la 
aportación del correspondiente certificado acreditativo de la calificación urbanística de la 
finca.  En  caso  de  que  no  tenga  tal  calificación  urbanística  acreditada  de  suelo 
urbanizado, y sea no urbanizable o rústica será necesario haber obtenido la autorización 
militar  con  carácter  previo  al  otorgamiento,  tal  como  exige  el  precepto  legal 
anteriormente mencionado, deviniendo insubsanable el defecto.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 9 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.