BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27305
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4118 Sala Segunda. Sentencia 33/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo 6908-2018. Promovido por don José Luis Corte González en relación 
con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Alcalá 
de Henares en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones 
que, al aplica el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, 
deniegan  la  revisión  judicial  de  los  decretos  de  los  letrados  de  la 
administración de justicia.
ECLI:ES:TC:2020:33
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6908-2018, promovido por don José Luis Corte 
González contra las providencias de 16 de noviembre y de 5 de diciembre de 2018, 
dictadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alcalá de Henares y recaídas en 
el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 12-2018. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 26 de diciembre 
de 2018, la procuradora de los tribunales doña María del Carmen Nicolás Rodríguez, en 
nombre y representación de don José Luis Corte González y asistido por el letrado don 
Carlos  García-Trevijano  de  la  Cagiga,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las 
providencias de 16 de noviembre y de 5 de diciembre de 2018, dictadas por el Juzgado 
de Primera Instancia núm. 2 de Alcalá de Henares, recaídas en el procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales núm. 12-2018.
2.  La demanda trae causa de los siguientes hechos:
a)  En fecha 29 de enero de 2016, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alcalá 
de Henares dictó sentencia, recaída en el procedimiento ordinario núm. 946-2014, por la 
que, con estimación de la demanda promovida por doña Marta Bru de Aragón frente a  s
don  José  Luis  Corte  González  y  doña  María  Victoria  Heredero  Bravo,  declaró  la  e.
procedencia de una acción negatoria de servidumbre de luces y vistas ejercitada por la  w.
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demandada a hacer a su costa la demolición de las dos terrazas a que había sido 
condenada, debiéndolo realizar en el plazo de dos meses. La representación de los 
demandados formuló oposición a la ejecución así acordada.
c)  Después de diversas actuaciones, que no son de interés para este recurso de 
amparo, el día 21 de septiembre de 2018, el letrado de la administración de justicia del 
Juzgado de Alcalá de Henares, dictó diligencia de ordenación por la que requería a don 
José Luis Corte González, en cuanto parte ejecutada, a que aportara copia fehaciente de 
la resolución municipal que autorizaba la demolición de las dos terrazas, así como copia 
sellada del escrito de presentación del proyecto de demolición ante el ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.
d)  Por medio de escrito dirigido al juzgado, al que se adjuntaba copia de la licencia 
de obras interesada, la representación del señor Corte González interpuso recurso de 
reposición contra la precitada diligencia de ordenación, que fue desestimado por virtud 
de decreto de 23 de octubre de 2018 del letrado de la administración de justicia del 
juzgado de Alcalá.
En el pie del decreto se destacaba que contra el mencionado decreto «no se dará 
recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera 
audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado 
de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución 
definitiva para que se solvente en ella (art. 454)».
e)  La representación del señor Corte González interpuso recurso de revisión contra 
el  decreto  de  23  de  octubre  anterior,  sosteniendo  en  el  mismo  que,  contra  dicha 
resolución, era posible formalizar este recurso, pues así lo permite el art. 454 bis de la 
Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en referencia a que la STC 58/2016, de 17 de marzo, 
así lo había acordado, aunque respecto del art. 102 bis de la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Por todo ello, solicitaba que se tuviera por 
interpuesto el mencionado recurso de revisión contra el decreto, a lo que agregaba que 
el juzgado planteara «en su caso cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 454 bis.1 
LEC […]».
f)  El día 16 de noviembre de 2018 el titular del juzgado de Alcalá dictó providencia 
en cuyo apartado segundo declaró que «la resolución impugnada no es susceptible de 
ser recurrida en revisión conforme a lo previsto en el artículo 454 bis.2 de la Ley 1/2000, 
de enjuiciamiento civil (LEC), por lo que procede la inadmisión a trámite del recurso, 
según ordena el mismo precepto».
En el pie se indicaba que «[c]ontra la presente resolución no cabe recurso alguno 
(artículo 454 bis.2 párrafo último)».
g)  Días más tarde y mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2018, la 
representación del señor Corte González promovió incidente extraordinario de nulidad de 
actuaciones por el que denunciaba que la providencia de 16 de noviembre anterior era 
nula  de  pleno  derecho  «por  colisionar  con  el  art.  24  CE  (que  recoge  derechos 
fundamentales protegibles en amparo) ya que la inadmisión del recurso de revisión 
supone desatender la doctrina del Tribunal Constitucional mantenida en la STC 58/2016, 
de 17 de marzo, con relación a idéntico precepto de la Ley 29/1998 […]».
La parte insistía, igualmente, en que el juzgado había rechazado el recurso «sin 
fundamentar las razones» por las que se apartaba de la doctrina constitucional expuesta, 
que,  según  refiere,  había  sido  expresada  en  el  recurso  de  revisión  inadmitido, 
solicitando, también, el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad del art. 454 bis 
LEC. Además, indicaba, al término de su escrito, que se le tuvieran por invocados, a  s
efectos de demanda de amparo, la eventual vulneración de sus derechos a la tutela  oe.
judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas del art. 24 CE y a la igualdad del  w.
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acontece en el presente caso en relación con el decreto de 23 de octubre de 2018 contra 
el que, conforme a lo dispuesto en el art. 454 LEC, no cabe recurso».
En  el  pie  de  la  resolución  se  comunicaba  al  ahora  actor  que,  contra  dicha 
providencia, podía interponerse recurso de reposición.
La providencia le fue notificada a la representación del señor Corte González el 
día 10 de diciembre de 2018.
3.  La demanda de amparo fundamenta su recurso en la alegada vulneración de los 
derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la igualdad ante la ley, con apoyo 
en los siguientes razonamientos:
a)  En primer lugar, denuncia la infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva, 
que imputa, de manera principal, a la norma procesal que le impide interponer recurso de 
revisión contra un decreto del letrado de la administración de justicia del juzgado de 
Alcalá, que, previamente, había desestimado el recurso de reposición formulado por el 
actor contra una diligencia de ordenación del mismo letrado de la administración de 
justicia.
En concreto, señala que la demanda «plantea por vez primera […] el problema del 
ajuste del art. 454 bis.1 de la Ley de enjuiciamiento civil al art. 24 CE, problema idéntico 
al ya resuelto por este Tribunal Constitucional en Sentencia 58/2016, de 17 de marzo, si 
bien en ella lo que se enjuició fue un precepto idéntico, concretamente el art. 102 bis.2 
LJCA redactado por la Ley 13/2009».
Al  respecto,  la  demanda  pone  de  manifiesto  que,  al  no  habilitar  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil la posibilidad de formalizar un recurso de revisión, ante el titular del 
juzgado correspondiente, contra los decretos del letrado de la administración de justicia 
resolutorios  de  previos  recursos  de  reposición  interpuestos  contra  diligencias  de 
ordenación, «supone crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la reserva de jurisdicción a los jueces 
y tribunales integrantes del poder judicial», y hace cita expresa de un pasaje de la 
STC  58/2016.  Igualmente,  para  reforzar  su  planteamiento,  también  menciona  la 
STC 72/2018, de 21 de junio, que ha resuelto en la misma forma el problema suscitado 
por el art. 188. 1 párrafo primero de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social (LJS).
La queja, pues, aunque teniendo por fundamento inicial el propio art. 454 bis LEC, el 
recurrente la hace recaer después sobre la providencia de 16 de noviembre de 2018, en 
cuanto  que,  con  esta  resolución,  el  titular  del  juzgado  no  ha  aplicado  la  doctrina 
constitucional de referencia.
Otro tanto imputa a la providencia de 5 de diciembre de 2018, que inadmitió a trámite 
el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  promovido  por  el  actor  contra  la  anterior 
providencia de 16 de noviembre, pues señala que la misma «es en sí misma opuesta al 
art. 24 CE en términos que tienen relevancia constitucional, pues ni está motivada, ni es 
fruto de la tramitación prevista en ese art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ), ni puede considerarse sino como un error sustancial y aberrante el haber 
inadmitido de plano una acción de nulidad que era idónea para haber evitado esta 
demanda  de  amparo»,  teniendo  en  cuenta,  además,  que  esta  parte  invocó 
expresamente la STC 58/2016 en el escrito que instaba la nulidad de actuaciones.
b)  En segundo término, sostiene también, aunque sin desarrollo argumentativo, que 
puede haberse incurrido en vulneración del principio de igualdad ante la ley del art. 14 
CE,  pues,  a  diferencia  de  lo  que  sucede  en  otras  jurisdicciones  (contencioso- e
administrativa  y  social),  en  que  las  SSTC  58/2016  y  72/2018  han  declarado  bo
inconstitucionales  y  nulos  los  apartados  oportunos  de  los  preceptos  legales  que  w
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clarifica el panorama, se producirá un adicional trato discriminatorio injustificado según
se trate de procesos sometidos a la LEC frente a los sometidos a la LJCA y a la LJS, con 
adicional infracción del art. 14 CE».
La demanda justifica la especial transcendencia constitucional del recurso en los 
siguientes supuestos de la STC 155/2009, de 25 de junio: (i) En primer lugar, con 
fundamento en el supuesto c) de la STC 155/2009, sostiene que la vulneración de sus 
derechos fundamentales deriva directamente de la ley, en concreto del art. 454 bis LEC, 
al no permitir la interposición de un recurso de revisión ante el titular del juzgado, frente a 
los decretos del letrado de la administración de justicia desestimatorios de un recurso de 
reposición previamente formalizado contra anterior diligencia de ordenación de aquel. (ii) 
Igualmente, con apoyo en el supuesto e) de la STC 155/2009, porque entiende que el 
juzgado está incumpliendo de modo reiterado la doctrina de este Tribunal sobre la 
función  que  desempeña  el  incidente  nulidad  de  actuaciones  en  el  ámbito  de  la 
jurisdicción ordinaria, que es la que, inicialmente, debe restablecer la efectividad de los 
derechos fundamentales de las partes, que, en su caso, es la de la tutela judicial 
efectiva. Y, (iii), con sustento en el apartado f) de la STC 155/2009, justifica también la 
especial transcendencia constitucional del recurso en la negativa manifiesta del juzgado 
de Alcalá al deber de acatamiento de la doctrina de este Tribunal sobre la posibilidad del 
recurso de revisión, en los términos ya señalados anteriormente.
Por último, en el suplico de la demanda, el actor solicita, de modo principal, que «se 
declare la colisión» entre el art. 454 bis.1 LEC y el art. 24 CE y se le reconozca el 
derecho de que el juzgado de Alcalá inadmita a trámite el recurso de revisión interpuesto 
contra la providencia de 16 de noviembre de 2018.
4.  Por medio de providencia de 17 de junio de 2019, la Sección Cuarta de este 
Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que en el mismo 
concurre  «una  especial  trascendencia  constitucional  (art.  50.1  LOTC)  “como 
consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia 
pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general” [STC 155/2009, FJ 2 
c)]». En la misma providencia se acordaba dirigir comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de Alcalá de Henares, a fin de que en el plazo de diez días emplazara a 
los que hubieran sido parte en el procedimiento para que pudieran comparecer en el 
recurso de amparo, excepto la parte demandante. Dado que, con anterioridad, este 
Tribunal ya había interesado la remisión de testimonio de las actuaciones, no se reiteró 
esta solicitud.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este Tribunal dictó diligencia de 
ordenación el 8 de octubre de 2019, dando vista de las actuaciones a la parte recurrente 
y al Ministerio Fiscal por plazo de veinte días, con el fin de poder formular alegaciones 
conforme a lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
La parte ejecutante en el proceso judicial del que trae causa este recurso de amparo 
fue emplazada en debida forma y le fue notificada la existencia de este proceso, así 
como de la demanda de amparo, mediante diligencia de notificación a su procuradora de 
fecha 11 de julio de 2019 y, por medio de certificado con acuse de recibo entregado el 
día 30 de septiembre siguiente, a doña Marta Bru de Aragón, sin que se haya personado 
y comparecido en las actuaciones.
6.  El demandante de amparo, por escrito registrado en este Tribunal el día 14 de 
octubre de 2019, postuló la estimación de su demanda, reiterando los fundamentos de la 
misma y ratificándose en su petición de otorgamiento de amparo. s
2020-4118n https://w
7.  El Ministerio Fiscal, por escrito que tuvo entrada en el registro general de este 
Tribunal el día 31 de octubre de 2019, postula, en primer lugar, la suspensión del 
presente  recurso  de  amparo  hasta  la  resolución  de  la  cuestión  interna  de 
constitucionalidad  tramitada  con  el  núm.  2754-2019  y,  de  modo  subsidiario,  la 
desestimación del recurso. Los argumentos, que se recogen en sus alegaciones, son los 
siguientes:
a)  Después de describir los antecedentes de hecho, comienza el fiscal planteando 
que el derecho fundamental que invoca el demandante como vulnerado es el derecho a 
la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  si  bien  señala  que  las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  no  han  incurrido  en  una  errónea,  arbitraria  o 
manifiesta falta de motivación, puesto que la razón de decidir del órgano judicial ha sido 
la falta de previsión impugnatoria de que adolece el art. 454 bis LEC, pues dicho 
precepto exceptúa de recurso las resoluciones en forma de decreto del letrado de la 
administración  de  justicia  que  impugnen  en  reposición  una  previa  diligencia  de 
ordenación de aquel. En consecuencia, entiende el fiscal que no es posible sostener la 
existencia de violación del art. 24.1 CE por falta de motivación.
b)  Seguidamente, alega el fiscal que hay otra manifestación del derecho a la tutela 
judicial  efectiva  que  «sí  parece  tener  un  encaje  más  directo  en  lo  alegado  por  el 
recurrente y que podría referirse al derecho de acceso a la jurisdicción, pues claramente 
lo que cuestiona a las decisiones, tanto judiciales como emanadas» del letrado de la 
administración de justicia es que, «por la aplicación restrictiva de lo previsto en el 
art. 454 bis LEC, se le está privando de una decisión jurisdiccional», pues entiende que 
la queja se localiza en la interpretación que ha hecho el juzgador del citado precepto y en 
no  haber  permitido  la  impugnación  jurisdiccional  de  la  resolución  del  letrado  de  la 
administración  de  justicia,  sirviéndose  para  ello  de  la  doctrina  constitucional  que 
considera aplicable por analogía.
A tal efecto, el fiscal se detiene en el análisis de la STC 58/2016, cuyo fundamento 
jurídico 2 cita de modo expreso y detallado, para llegar a la conclusión de que, para este 
Tribunal lo relevante «no es si el decreto del secretario es recurrible, sino si está 
sometido a control judicial, pues lo que determinaría la vulneración de la tutela judicial 
efectiva, por atentar contra el principio de exclusividad de los juzgados y tribunales del 
artículo 117.3 CE, no sería el régimen de los recursos, y sí el sometimiento de las 
decisiones, de naturaleza administrativa, a la posibilidad del control judicial».
Sin embargo, a juicio del fiscal, hay una diferencia fundamental entre el art. 102 bis 
LJCA, que era el objeto de enjuiciamiento de la STC 58/2016, y el art. 454 bis LEC, que 
es sobre el que recae la queja del recurrente, toda vez que, a diferencia del presupuesto 
de hecho del que traía causa el primero de los preceptos, en el caso del segundo, 
relativo al proceso civil, el artículo «habla de otra vía indirecta o alternativa al recurso» y 
cita expresamente la referencia que el último inciso del art. 454 bis.1 LEC hace a la 
posibilidad de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el 
tribunal y si no fuere posible por el estado de los autos, mediante escrito antes de que se 
dicte la resolución definitiva.
Sobre la base de este texto legal, entiende el fiscal que, a diferencia del precepto de 
la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el caso del art. 454 bis 
LEC  el  legislador  contempla  una  posibilidad  alternativa  de  control  judicial  de  las 
resoluciones del letrado de la administración de justicia, lo que es determinante para 
entender que no hay en este caso un espacio de impunidad, lo que le lleva a concluir 
que, en este supuesto, no habría vulneración del art. 24.1 CE. e.
En todo caso, dice el fiscal que la eventual vulneración del derecho fundamental de  w.b
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procedente es aguardar al enjuiciamiento del art. 454 bis LEC y, por ello, como se ha
anticipado, postula la suspensión del presente recurso de amparo hasta la resolución del 
citado proceso constitucional. De modo subsidiario, solicita la desestimación del recurso 
por las razones expuestas.
8.  Se resumen en este antecedente los hechos acaecidos en la cuestión interna de 
inconstitucionalidad núm. 2754-2019, que son de interés para este proceso:
a)  La cuestión interna de inconstitucionalidad 2754-2019 trae causa del previo 
recurso de amparo núm. 5661-2017, en cuyo seno la Sala Segunda de este Tribunal 
dictó el ATC 23/2019, de 8 de abril, por el que acordó elevar al Pleno cuestión interna de 
inconstitucionalidad en relación con el párrafo primero del artículo 454 bis.1 LEC, en la 
redacción  dada  por  la  Ley  37/2011,  de  10  de  octubre,  de  medidas  de  agilización 
procesal, por posible vulneración del artículo 24.1 CE de los recurrentes.
b)  El Pleno de este Tribunal, mediante providencia de 21 de mayo de 2019, acordó 
admitir a trámite dicha cuestión de inconstitucionalidad, que quedó registrada con el 
núm. 2754-2019 de las de su clase.
c)  Posteriormente, el Pleno de este Tribunal ha dictado la Sentencia núm. 15/2020, 
de 28 de enero, en la que ha resuelto «estimar la cuestión interna de inconstitucionalidad 
planteada y, en su virtud, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 454 bis.1, 
párrafo  primero,  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil,  en  la  redacción  dada  por  la 
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal».
d)  Por último, la STC 17/2020, de 10 de febrero, recaída en el recurso de amparo 
núm.  5561-2017,  ha  acordado  la  estimación  del  recurso  de  amparo,  la  apreciada 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente, la nulidad de 
las  resoluciones  impugnadas  y  la  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediatamente posterior al del decreto del letrado de la administración de justicia para 
que el órgano judicial provea al recurso de revisión formalizado por la parte demandante 
de amparo contra la precitada resolución.
9.  Por providencia de 20 de febrero de 2020, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Pretensiones de las partes y delimitación del objeto del recurso.
a)  El  presente  recurso  de  amparo  se  dirige  contra  las  providencias  de  16  de 
noviembre y de 5 de diciembre de 2018, dictadas por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 2 de Alcalá de Henares y recaídas en el procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales núm. 12-2018, por las que, respectivamente, han acordado (i) la inadmisión a 
trámite del recurso de revisión interpuesto por el ahora demandante de amparo contra el 
decreto de 23 de octubre de 2018 del letrado de la administración de justicia de aquel 
órgano judicial; y (ii) no admitir tampoco a trámite el posterior incidente extraordinario de 
nulidad de actuaciones, igualmente promovido por la representación del señor Corte 
González, contra la primera de las providencias ahora impugnadas.
La demanda invoca, como pretensión principal, la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva porque considera que la primera de las providencias impugnadas le ha 
impedido  el  acceso  al  control  judicial  de  una  previa  resolución  del  letrado  de  la 
administración de justicia del mismo juzgado (el decreto de 23 de octubre de 2018), que 
había resuelto en sentido desestimatorio el recurso de reposición formalizado por el actor  e.
contra una precedente diligencia de ordenación de aquel. La queja se extiende, también,  w.b
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que, con la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de determinados apartados de
los arts. 102 LJCA y 188 LJS, permite la posibilidad de interponer un recurso de revisión 
contra los decretos del letrado de la administración de justicia desestimatorios de un 
recurso de reposición previamente formalizado contra otra resolución de aquel, que no 
ponga fin al procedimiento o impida su continuación.
Adicionalmente, la demanda alega, aunque sin desarrollo argumentativo, que, de no 
quedar habilitado para interponer dicho recurso de revisión, le ocasionaría, también, la 
vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, porque, a diferencia de los procesos 
sometidos a la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y a la Ley 
reguladora de la jurisdicción social, en el proceso civil los litigantes no dispondrían de 
aquel medio impugnatorio.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, por medio de escrito de alegaciones presentado 
con anterioridad a la resolución de la cuestión interna de inconstitucionalidad 2754-2019, 
ha solicitado la suspensión del trámite y resolución de este recurso de amparo hasta que 
el Pleno de este Tribunal haya dictado sentencia en aquel procedimiento. De modo 
subsidiario, propone la desestimación del recurso.
b)  Antes  de  adentrarnos  en  el  enjuiciamiento  de  este  recurso  es  necesario 
descartar, ab initio, la alegada vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, que ha 
propuesto  la  demanda,  por  las  siguientes  razones:  (i)  en  primer  lugar,  porque  no 
despliega el actor ninguna argumentación que pueda justificar la violación del art. 14 CE 
que denuncia; (ii) Y, en segundo término, porque, en todo caso, por las expresiones que 
la demanda utiliza para sostener su queja, que califica de «adicional infracción», está 
planteando una pretensión de alcance meramente preventivo, pues lo que sostiene es 
que, eventualmente, podría causársele esta violación de su derecho a la igualdad si este 
Tribunal rechazara toda posibilidad de control judicial de una decisión adoptada por el 
letrado de la administración de justicia, recaída en el seno de un procedimiento civil, 
poniendo,  como  término  de  comparación,  lo  sucedido  en  otras  jurisdicciones  y 
procedimientos, en los que este Tribunal ha posibilitado un recurso de revisión ante el 
titular  del  órgano  judicial,  luego  de  declarar  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de 
determinados apartados de los arts. 102 LJCA y 188 LJS.
2.  Doctrina constitucional sobre el art. 454 bis LEC y su relación con el derecho a la 
tutela judicial efectiva.
Una vez delimitado el objeto de este recurso de amparo, referido en exclusiva a la 
alegada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  del  recurrente,  en  su 
vertiente del derecho de acceso al recurso (art. 24.1 CE), por entender la demanda que 
el art. 454 bis LEC impide toda posibilidad de impugnación ante el titular del órgano 
judicial de los decretos del letrado de la administración de justicia, desestimatorios de los 
recursos de reposición interpuestos contra precedentes resoluciones de este que no 
pongan fin al procedimiento o que impidan su continuación, casos estos últimos contra 
los que sí está prevista la formalización de un recurso de revisión, procede analizar 
primeramente el precepto legal de referencia para ulteriormente enjuiciar la queja así 
formulada.
A este respecto, la prohibición de recurso de revisión –o cualquier otro– contra los 
decretos no definitivos del letrado de la administración de justicia deriva del propio texto 
del art. 454 bis.1 LEC, en la redacción dada al precepto por la Ley 37/2011, de 10 de 
octubre, de medidas de agilización procesal. Este artículo, en el citado apartado, dispone 
que «contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio 
de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la 
toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar  e.
mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en  w.b
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directa, mediante recurso de revisión ante el titular del órgano judicial, del decreto
dictado por el letrado de la administración de justicia, resolutorio de otro de reposición 
previamente promovido contra las propias resoluciones de este que no pongan fin al 
procedimiento  o  que  impidan  su  continuación;  (ii)  se  advierte,  también,  que  tal 
prohibición impide «este control judicial directo frente a la generalidad de los dictados en 
el proceso civil, con independencia de la importancia del asunto resuelto por el decreto 
correspondiente»; y (iii) que tampoco es posible «apreciar que este control judicial pueda 
obtenerse de manera real y efectiva en el marco del propio proceso de una manera 
indirecta a través de instrumentos o remedios alternativos al régimen de recursos», en 
referencia a que el párrafo primero del art. 454 bis.1 LEC «establece, como alternativa a 
la imposibilidad de impugnación judicial directa, la posibilidad de ‘reproducir la cuestión, 
necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si 
no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de 
que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella’» porque «tal posibilidad 
no satisface en todos los casos la garantía de control judicial impuesta por el derecho a 
la tutela judicial efectiva».
De modo más concreto, la STC 15/2020 sigue destacando que, como «ya se ponía 
de manifiesto en el ATC 23/2019, de 8 de abril, en el que se planteaba la presente 
cuestión de constitucionalidad, no está contemplado en los procesos de ejecución civil 
en general y en el de ejecución no dineraria en particular, cuyo desarrollo se ha confiado 
por  las  últimas  reformas  procesales  al  letrado  de  la  administración  de  justicia,  la 
realización de comparecencias (‘audiencia’) ante el titular del órgano judicial, excepto en 
el  incidente  de  oposición  a  la  ejecución  (arts.  560  y  695  LEC).  De  modo  que  la 
posibilidad alternativa de reproducir la cuestión en la primera audiencia ante el tribunal, si 
bien puede desplegar su funcionalidad, en su caso, en el contexto de los procesos 
declarativos,  carece  de  una  base  real  como  remedio  de  control  judicial  indirecto 
alternativo en el marco de un proceso de ejecución» (FJ 3).
De igual manera, «la referencia realizada a la posibilidad de reproducir la cuestión 
mediante escrito para que se solvente en la ‘resolución definitiva’ tampoco satisface con 
carácter general la garantía de control judicial. En el proceso de ejecución, no resulta 
posible identificar una resolución judicial definitiva que, a semejanza de lo que sucede en 
el proceso de declaración, se pronuncie sobre las pretensiones planteadas por las 
partes, ya que, por su propia naturaleza ejecutiva, su finalización normal se produce ex 
lege cuando se constata que se ha satisfecho completamente al acreedor (art. 570 LEC); 
pero esta resolución del letrado de la administración de justicia no resuelve pretensiones, 
sino que declara un estado de cosas y acuerda en consecuencia, si procede, el archivo 
del  procedimiento.  Por  otra  parte,  en  la  eventualidad  de  que  ambas  partes  se 
atribuyesen recíprocamente la responsabilidad por la inejecución de la sentencia se 
alejaría la virtualidad real de una futura ‘resolución definitiva’ en la que se solventase el 
problema de inejecución planteado» (STC 15/2020, FJ 3).
Concluye,  pues,  la  STC  15/2020,  señalando  que  «[e]n  definitiva,  el  precepto 
cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que ha 
creado un régimen de impugnación de las decisiones de los letrados de la administración 
de justicia generador de un espacio inmune al control jurisdiccional. En coherencia con 
ello,  se  debe  declarar  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del  precepto  cuestionado, 
precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4, y 34/2019, 
FJ  7,  que,  en  tanto  el  legislador  no  se  pronuncie  al  respecto,  el  recurso  judicial 
procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia resolutivo de la 
reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio artículo 454 bis  s
LEC» (FJ 3). oe.
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Tribunal (por todas las SSTC 92/2019, de 15 de julio, FJ 3; 125/2019, de 31 de octubre,
FJ  4,  y  17/2020,  de  10  de  febrero,  FJ  4),  los  mismos  razonamientos  que  han 
determinado la nulidad de la norma son los que deben conducir también a la estimación 
del recurso de amparo y a la apreciada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva del recurrente.
En efecto, en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales del que trae causa 
este proceso constitucional de amparo, la providencia de 16 de noviembre de 2018 del 
titular del juzgado de Alcalá, que inadmitió a trámite el recurso de revisión que el ahora 
demandante de amparo había interpuesto contra el precedente decreto de 23 de octubre 
anterior del letrado de la administración de justicia de dicho órgano judicial, empleó, 
como único argumento para llegar a aquella decisión, el de la imposibilidad legal de todo 
recurso contra aquella resolución porque así lo disponía el art. 454 bis LEC, de tal 
manera  que  la  declaración  de  inconstitucionalidad  y  nulidad  del  apartado 
correspondiente de dicho precepto y el pronunciamiento de este Tribunal en el sentido de 
que, en tanto el legislador no habilite legalmente un medio de impugnación que permita 
el control judicial de las resoluciones del letrado de la administración de justicia que el 
apartado  nulo  así  lo  impedía,  resultará  procedente  la  formalización  del  recurso  de 
revisión contra aquel decreto.
La queja del recurrente, que hacía referencia a la denunciada vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva, debe ser, por ello, estimada y el amparo concedido, 
toda vez que aquel se verá restablecido en su derecho con la posibilidad de interponer el 
recurso de revisión contra el decreto del letrado de la administración de justicia, con el 
que se había propuesto impugnar la resolución de este.
4.  Alcance del amparo.
La estimación del recurso de amparo debe extenderse, además de a la providencia 
de  16  de  noviembre  de  2018,  a  la  posterior  resolución  judicial  de  5  de  diciembre 
siguiente, que inadmitió a trámite el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones 
que la representación del señor Corte González había promovido contra la primera, toda 
vez que esta última guarda íntima conexión con la anterior, no sólo en el fundamento del 
derecho invocado, que en ambos casos era la demanda de tutela que le dirigía el actor al 
titular del órgano judicial para que le permitiera impugnar, a través de un recurso de 
revisión, lo resuelto en un previo decreto del letrado de la administración de justicia, sino 
también porque la razón de decidir de la segunda providencia era la misma que la que 
había servido al juzgador para rechazar el recurso de revisión que el demandante había 
pretendido formalizar.
En consecuencia, tal como se solicita en el suplico de la demanda de amparo, 
procede  declarar  la  nulidad  de  las  dos  providencias  impugnadas  y  retrotraer  las 
actuaciones al momento inmediatamente posterior al del decreto de 23 de octubre 
de 2018, dictado por el letrado de la administración de justicia, para que el órgano 
judicial provea al recurso de revisión formalizado por el actor, en términos que resulten 
respetuosos con el derecho fundamental reconocido. Esto último supone la admisión a 
trámite del recurso de revisión, de acuerdo con lo así establecido en la STC 15/2020, 
de 28 de enero, FJ 3.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido w.b
GonEzsátliemza yr,  epna rccoianlsmeecnuteen ceila :recurso de amparo interpuesto por don José Luis Corte  2020-4118n https://w
1.º  Declarar  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  del  recurrente
(art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las providencias 
de 16 de noviembre y de 5 de diciembre de 2018, dictadas por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de Alcalá de Henares y recaídas en el procedimiento de ejecución de 
títulos judiciales núm. 12-2018.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior al del decreto 
de 23 de octubre de 2018, para que el juzgado provea a la reparación del derecho 
fundamental vulnerado, en los términos que se especifican en el fundamento jurídico 4 
de esta sentencia.
4.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.
2020-4118n https://w