BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175  Miércoles 24 de junio de 2020  Sec. I.   Pág. 43879
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
6621 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
I
A raíz de la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia 
internacional provocada por el COVID-19, el pasado 11 de marzo, numerosos países, y 
entre ellos España, han tenido que reaccionar de manera urgente ante la rápida 
propagación de la citada pandemia, impulsando diversas medidas que amortigüen su 
impacto económico en todos los sectores productivos del país, así como en su ámbito 
social, especialmente en la protección del empleo, el mantenimiento de las rentas en la 
unidad familiar y la atención de los ciudadanos en situación más vulnerable.
A su vez, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que incluye, entre 
otras cuestiones, importantes limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos 
inherentes que conlleva en los trabajadores, tanto autónomos como por cuenta ajena, 
sector empresarial y ciudadanos.
En estas circunstancias excepcionales, la política energética debe estar orientada, 
teniendo en cuenta su objeto y ámbito de aplicación en la actual Transición Energética, a 
impulsar una serie de medidas que favorezcan la recuperación económica, la movilización 
de recursos financieros tanto nacionales como de la Unión Europea, la creación de empleo 
sostenible, y la necesaria colaboración entre las políticas presupuestarias, monetarias, 
financieras y estructurales.
En el contexto de la emergencia sanitaria y su determinante impacto económico, 
debemos analizar la situación climática actual, que pretende impulsar el proceso de 
transición  del  sistema  energético  español  hacia  uno  climáticamente  neutro, 
descarbonizado, con un impacto social que sea justo y beneficie a los ciudadanos más 
vulnerables. En este sentido, se ha presentado recientemente en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019 (Cumbre del Clima COP 25) el Pacto 
Verde Europeo «Green Deal», que se configura como la hoja de ruta climática en la Unión 
Europea para los próximos años, y comprenderá todos los sectores de la economía, 
especialmente los del transporte, la energía, la agricultura, los edificios y las industrias, 
como las de la siderurgia, el cemento, las TIC, los textiles y los productos químicos.
Los efectos del COVID-19 sobre la economía y sobre el sistema energético, lejos de 
suponer una amenaza para la necesaria descarbonización de las economías, representan 
una oportunidad para acelerar dicha transición energética, de manera que las inversiones 
en renovables, eficiencia energética y nuevos procesos productivos, con la actividad 
económica y el empleo que estas llevarán asociadas, actúen a modo de palanca verde 
para la recuperación de la economía española.
La necesidad de impulsar la agenda de descarbonización y sostenibilidad como 
respuesta a la crisis es compartida en el ámbito europeo y, en este contexto, España está 
en condiciones de liderar este proceso, aprovechando las ventajas competitivas de nuestro 
país en ámbitos como la cadena de valor industrial de las energías renovables, la eficiencia  e.
energética o la digitalización. w.
A su vez, debido al papel fundamental de la electricidad en el proceso de  21ww
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fcaocntsoerceuse ncociyau dnetu lara cleriss,is  cdoeml Co OlaV IDca-1íd9a. brusca de la demanda y los precios como  BOE-A-cable e
Es por ello necesario adoptar con carácter urgente las medidas regulatorias que 
permitan superar las barreras advertidas en el proceso de transición energética y dotar de 
un marco atractivo y cierto para las inversiones, impulsando el proceso de reactivación 
económica y su electrificación y la implantación masiva de energías renovables, al tiempo 
que se respeta el principio de sostenibilidad del sistema eléctrico.
Las medidas contenidas en esta norma se configuran con la finalidad de garantizar 
una transición energética, limpia, justa, fiable, y  económicamente competitiva, 
especialmente importante en el escenario que se plantea una vez superado el estado de 
alarma. Por lo tanto, es ineludible abordar con carácter inmediato diversas medidas que se 
exponen a continuación, y para una adecuada explicación sistemática, las materias 
reguladas en este real decreto ley se dividen en cuatro grandes bloques, que comprenden 
los títulos I a III, junto con las disposiciones de la parte final que completan este marco.
Por otra parte, el título IV comprende una serie de medidas para la reactivación de la 
actividad económica y el empleo en diferentes ámbitos.
II
El presente real decreto-ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva 
estructurada en cuatro títulos que comprenden doce artículos, seis disposiciones 
adicionales, tres disposiciones transitorias, nueve disposiciones finales y un anexo.
El primer bloque se refiere a diversas medidas para el desarrollo ordenado e impulso 
de las energías renovables, que incluye la regulación del acceso y conexión, para ordenar 
una cantidad muy elevada de solicitudes de acceso a la red eléctrica por instalaciones de 
energías renovables, que están absorbiendo la capacidad de evacuación de la red, con los 
riesgos inherentes a esta situación. En concreto, se ha convertido en el recurso escaso 
que limita y condiciona el despliegue de la nueva generación renovable.
De este modo, el artículo 1 regula las condiciones para mantener el acceso y conexión 
a las redes de transporte y distribución de electricidad, atendiendo a la viabilidad técnica y 
a la solidez de los proyectos, en función del cumplimiento de los sucesivos hitos 
administrativos que son necesarios para la autorización y ejecución de los mismos.
A estos efectos, los plazos máximos que se establecen para el cumplimiento de los 
distintos hitos tienen en cuenta, por un lado, la antigüedad del permiso y, por otro, la 
naturaleza del trámite administrativo de que se trate. Así, se distinguen cuatro cohortes de 
permisos de acceso: los concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los concedidos desde la entrada en 
vigor de esta y hasta el 31 de diciembre de 2017, los concedidos desde el 1 de enero 
de 2018 y hasta la entrada en vigor de este real decreto-ley y, por último, los que se 
concedan tras la entrada en vigor de esta norma.
Para el primer bloque de permisos se ha optado por no establecer ningún hito 
administrativo ya que la disposición transitoria octava de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, ya regula su caducidad.
Para el segundo conjunto, que constituyen los permisos de mayor antigüedad carentes 
en la actualidad de una regulación expresa y clara sobre su caducidad, se establecen unos 
hitos con un primer plazo más exigente, que permitirá liberar casi inmediatamente aquella 
capacidad que no esté vinculada a un proyecto mínimamente maduro, pero no impedirá 
continuar con la tramitación de aquellos proyectos firmes y viables. A estos efectos, la 
norma establece para estos permisos una vigencia total máxima de cinco años a partir de 
la entrada en vigor de este real decreto-ley, en coherencia con lo anticipado en el  s
artículo 33.8 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. oe.
Para el tercer y cuarto bloque de permisos se establecen los mismos hitos y plazos, si  w.
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El incumplimiento de los hitos supondrá la caducidad automática de los permisos y la
ejecución inmediata de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la  Bc
solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución, si bien se exceptúan de lo
anterior aquellos casos en los que, por causas no imputables al promotor, no se produjese 
una declaración de impacto ambiental favorable.
Se trata de una regulación proporcional y ponderada al fin perseguido y que tiene en 
cuenta las circunstancias distintas de las distintas cohortes de permisos, lo que justifica 
que los plazos que se exigen no sean los mismos para un permiso otorgado a finales 
de 2013 –por el que ya han transcurrido más de 6 años desde su concesión– que para un 
permiso concedido apenas unos días antes de la entrada en vigor de esta norma.
No obstante, en todos los casos se da la opción a los titulares de los permisos de 
renunciar a los mismos en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, 
procediéndose a la devolución de las garantías económicas presentadas.
Con esta regulación se evitará retrasar o paralizar un elevado número de proyectos 
solventes, y en particular, impedir el acompañamiento de las nuevas inversiones a los 
procesos de cierre de centrales.
En este bloque también se aborda un nuevo mecanismo de concurrencia competitiva 
para proyectos de energía renovable, que permitirá dotar a estas tecnologías de un marco 
retributivo predecible y estable. De este modo, las futuras subastas cumplirán un triple 
objetivo, ya que permitirán avanzar hacia la descarbonización de la economía, impulsando 
las inversiones y reduciendo el coste de la energía eléctrica, objetivos estos últimos, de 
especial interés en la situación económica generada por el COVID-19.
Se habilita al Gobierno a establecer otro marco retributivo, alternativo al régimen 
retributivo específico, al objeto de favorecer la previsibilidad y estabilidad en los ingresos 
y financiación de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovable que se construyan, lo que es imprescindible para impulsar el 
desarrollo de nuevos proyectos renovables con la urgencia, que resulta necesaria para 
alcanzar los compromisos comunitarios e internacionales asumidos por España en esta 
materia.
Adicionalmente, este nuevo marco retributivo se constituye como el mejor mecanismo 
para dar traslado a los consumidores, de forma directa, de los ahorros asociados a la 
incorporación al sistema eléctrico de nueva potencia renovable con bajos costes de 
generación. Para ello, el referido marco retributivo se otorgará mediante un mecanismo 
de concurrencia competitiva en el que la variable sobre la que se ofertará será el precio 
de retribución de la energía.
En aras de mantener un parque de generación equilibrado, que maximice la 
penetración de tecnologías renovables no gestionables sin riesgo para la estabilidad del 
sistema eléctrico, así como una correcta programación en la senda de penetración de 
renovables, los procedimientos de concurrencia competitiva que se convoquen, que 
deberán estar orientados a la eficiencia en costes, podrán distinguir entre distintas 
tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de 
gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que 
garanticen la transición hacia una economía descarbonizada. Igualmente, se podrán 
establecer mecanismos al objeto de considerar las particularidades de las comunidades de 
energías renovables y de las instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de 
demostración a efectos del otorgamiento del nuevo marco retributivo.
En la Unión Europea se han fijado objetivos en materia de energías renovables como 
parte de su política de Acción Climática en dos horizontes temporales, 2020 y 2030. Estos 
horizontes han sido desarrollados con objetivos específicos en distintos marcos:
– El Paquete Clima y Energía 2020 que contiene legislación vinculante que garantizará  s
el cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía asumidos por la UE para 2020. En  e.
materia de energías renovables el objetivo vinculante es del 20 % en 2020. w.
– El Marco Energía y Clima 2030, que contempla una serie de metas y objetivos políticos  21ww
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objetivos en materia de energías renovables en hitos intermedios 2022, 2025, 2027 y 2030.
El próximo PNIEC 2021-2030 establece como objetivo para el año 2030 que las 
energías renovables representen un 42 % del consumo de energía final en España. De 
forma congruente con dicho objetivo, el plan define una serie de objetivos intermedios para 
la cuota de participación de las energías renovables, situándola en un 24 % para el 
año 2022 y un 30 % para el año 2025. Esto supone que la generación renovable eléctrica 
deberá aumentar, según los datos recogidos en el plan, en unas 2.200 ktep en el 
periodo 2020–2022 y en aproximadamente en 3.300 ktep en el periodo 2022-2025, para lo 
que será necesario un rápido aumento de la potencia del parque de generación a partir de 
fuentes de energía renovable. En el periodo 2020-2022 el parque renovable deberá 
aumentar en aproximadamente 12.000 MW y para el periodo 2020-2025 en el entorno 
de 29.000 MW, de los que aproximadamente 25.000 MW corresponden a tecnología eólica 
y fotovoltaica.
Por otra parte, en los últimos tiempos se han implementado en países de nuestro 
entorno mecanismos de concurrencia competitiva similares a los planteados en este real 
decreto-ley, con resultados satisfactorios, que reflejan un precio por unidad de energía 
generada notablemente inferior a los precios registrados en el mercado eléctrico. La 
traslación de estos ahorros económicos al consumidor en general y a la industria en 
particular, resulta urgente a efectos de no poner obstáculos en la competitividad de la 
economía española.
El artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece que, excepcionalmente, 
el Gobierno podrá establecer un régimen retributivo específico para fomentar la producción 
a partir de fuentes de energía renovables mediante una retribución adicional a los ingresos 
por la venta de la energía en el mercado. Este régimen retributivo se apoya en la premisa 
de que el coste de generación de las instalaciones renovables es superior a los ingresos 
que obtienen por la venta de la energía que generan. Sin embargo, el desarrollo tecnológico 
ha permitido que ciertas tecnologías generen energía eléctrica con costes inferiores al 
precio de mercado. En estos casos, el régimen retributivo específico existente no permite 
trasladar a los consumidores la reducción de los costes de generación.
Por lo anterior, es necesaria una norma con rango legal, que habilite expresamente al 
Gobierno a establecer nuevos sistemas de apoyo para las tecnologías renovables, 
coherente con la evolución tecnológica y económica de estas tecnologías y que traslade 
directamente los ahorros al consumidor de electricidad.
A la vista de los objetivos definidos en el PNIEC 2021-2030 y teniendo en cuenta el 
largo periodo de maduración de los proyectos de tecnologías renovables, así como la 
reducción de costes experimentada por estas tecnologías, se evidencia la urgente 
necesidad de establecer nuevos mecanismos de impulso que permitan dotar a las 
instalaciones renovables de un marco retributivo predecible y estable, de forma que se 
favorezca su desarrollo.
Entre las medidas incluidas en el primer bloque también se encuentran varias 
disposiciones que tienen como finalidad la mejora y simplificación en la tramitación de los 
procedimientos de autorización de la construcción, ampliación, modificación y explotación 
de las instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución, según lo previsto 
en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Las medidas referidas en los ámbitos de la regulación del acceso y conexión y del 
marco retributivo para las renovables van a permitir, como se ha explicado, impulsar la 
inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena  es
de valor industrial. o
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previstas en el real decreto ley. A su vez, y también con el fin de dotar firmeza a los
permisos de acceso solicitados y concedidos, se incorporan los criterios para la 
consideración de una misma instalación de generación a efectos de los permisos de 
acceso y conexión.
III
El segundo bloque contiene una serie de medidas para el impulso de nuevos modelos 
de negocio que van a ser muy relevantes en la transición energética, a la vez que 
permitirán el desarrollo y la ejecución de inversiones y la creación de empleo sostenible y 
de calidad.
Las medidas citadas implican la modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, con la finalidad de eliminar barreras administrativas, implementado al 
mismo tiempo un nuevo marco jurídico que permita impulsar la actividad económica, la 
competitividad del sector, el empleo, la digitalización, la descarbonización y neutralidad 
climática en el contexto de la Transición Energética. De este modo, se incorporan 
disposiciones relativas al almacenamiento, agregadores independientes, comunidades de 
energías renovables, hibridación, infraestructuras de recarga de alta capacidad >250kW, 
autorización simplificada de proyectos de I+D+i, bancos de prueba regulatorios, 
autorización simplificada de instalaciones de red móviles, así como la optimización del uso 
de la capacidad de acceso concedida.
De este modo, la implantación masiva de generación renovable no gestionable y el 
cierre de las centrales térmicas están provocando una pérdida de gestionabilidad del 
sistema, lo que puede poner en riesgo la seguridad del suministro. Por ello, debe 
introducirse urgentemente en la legislación la figura del almacenamiento, en línea con lo 
previsto en la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio 
de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
modifica la Directiva 2012/27/UE y en el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad. 
Mediante el apartado Uno del artículo 4, se introduce una modificación a la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, para incluir la definición de instalaciones de almacenamiento, las 
cuales podrán ser titularidad de distintos sujetos del sistema eléctrico. Esta definición se 
realiza sin perjuicio de la titularidad de los bombeos de dichos sistemas previsto en la 
Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la 
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Por otra parte, y en relación al uso de los permisos de acceso y conexión y con el 
objetivo de incrementar la utilización y gestión de energía renovable que conduzca al 
cumplimiento de los objetivos del próximo Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030), se hace necesario con carácter urgente maximizar 
la utilización de las redes ya existentes y minimizar los impactos ambientales.
Para este fin, el artículo 4 habilita la hibridación, esto es, el acceso a un mismo punto 
de la red de instalaciones que empleen distintas tecnologías de generación siempre que 
esto resulte técnicamente posible. Con este mismo fin, el apartado cinco de la disposición 
final primera modifica la redacción actual de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para 
permitir la autorización de instalaciones con una potencia instalada superior a la potencia 
de acceso y conexión otorgada, siempre que se respeten estos límites de evacuación en 
la operación de la planta. Se elimina así una restricción normativa injustificada que evitaba 
el diseño eficiente de las instalaciones para un aprovechamiento óptimo del recurso 
renovable. En este sentido, con respecto al régimen de autorizaciones, toda referencia a  s
instalaciones de generación deberá entenderse tanto a aquellas que sean titularidad de un  oe.
productor como a las que sean titularidad de otros sujetos del sistema eléctrico. De esta  w.
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coincidir temporalmente, permitirá optimizar la evacuación de energía, logrando así un
mayor aprovechamiento de la red existente, una mejor utilización del recurso renovable y  Bc
unas mayores sinergias ambientales.
Se trata, en ambos casos, de medidas que permitirán el desarrollo rápido y eficiente 
de un gran número de proyectos renovables, optimizando la red ya construida, minimizando 
el coste para los consumidores, aliviando la presión sobre nuevas solicitudes de acceso y 
generando efectos positivos e inmediatos sobre la actividad y el empleo industrial, dotando 
a su vez de seguridad jurídica al marco normativo aplicable.
A su vez, entre las nuevas figuras que se recogen en la Directiva y el Reglamento del 
mercado interior arriba señalados, se encuentra la definición de la agregación y de la figura 
del agregador independiente, que son aquellos sujetos que prestan servicios de agregación 
y que no está relacionado con el suministrador del cliente, entendiendo por agregación 
combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o de varios generadores 
para su venta, compra o subasta en cualquier mercado de electricidad. Esta figura 
introducirá en el mercado un mayor dinamismo en un momento en que están entrando un 
gran número de nuevos sujetos. En los apartados uno, tres y cuatro de la disposición final 
primera se introducen los cambios necesarios para el desarrollo de dichas figuras.
Adicionalmente, parte de las funciones que se entienden por agregación y que, por 
tanto, pueden ser realizadas por un agregador independiente, ya se encontraban recogidas 
en la Directiva 2012/27 relativa a la eficiencia energética, concretamente en el artículo 15.8 
de dicha norma en el que se señala que «Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades reguladoras nacionales de la energía propicien la participación de los recursos 
de la parte de la demanda, como la respuesta de la demanda, junto con la parte de la 
oferta en los mercados mayoristas y minoristas».
A este respecto, la Comisión Europea en su dictamen motivado relativo a la infracción 
n.º 2018/2255 menciona, en su punto 5, la aplicación incorrecta por parte del Reino de 
España del artículo 15.8 de la Directiva 2012/27 relativa a la eficiencia energética. Como 
consecuencia de lo anterior, se considera urgente la incorporación al ordenamiento jurídico 
español de la definición de agregación y de la figura del agregador independiente, lo que 
impulsará la respuesta dinámica de la demanda y con ello se podrá dar por traspuesto el 
precitado artículo 15.8 de la Directiva 2012/27.
También en relación a las nuevas figuras introducidas procedentes de las directivas 
europeas, se incorpora la definición de las comunidades de energías renovables, tal y 
como están previstas en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables. Esta figura, de acuerdo con dicha directiva, tiene como fin la 
participación de los ciudadanos y autoridades locales en los proyectos de energías 
renovables, lo que permitirá una mayor aceptación local de estas energías y una 
participación mayor de los ciudadanos en la transición energética.
Por otra parte, y con el fin de permitir que la red de transporte goce de cierta flexibilidad 
y de evitar que el hecho de ser una red planificada se convierta en un obstáculo de cara a 
lograr una mayor electrificación de la economía, se permite que, de forma excepcional, 
mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se puedan introducir en la planificación de la 
red de transporte determinadas instalaciones que se haya demostrado que puedan resultar 
críticas para la electrificación de la economía y transición energética.
Al mismo tiempo, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de 
autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, de manera que se tengan en 
cuenta las singularidades de los proyectos piloto y de demostración que, por su naturaleza, 
tienen un grado de indefinición elevado y unos plazos de desarrollo y operación específicos. 
Este tipo de proyectos, en un momento de cambio tecnológico como el actual, representan 
una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las  es
energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor  o
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innovación en el ámbito del sector eléctrico.
En el artículo 4 también se simplifica el procedimiento de autorización de las 
instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución que, por su 
naturaleza y singularidad, no se justifica que deban someterse al procedimiento general de 
autorización. Este tipo de instalaciones móviles, tales como transformadores, reactancias 
u otros elementos basados en la electrónica de potencia, van a desempeñar un papel cada 
vez más relevante para la transición energética, al permitir maximizar las renovables en un 
sistema eléctrico en constante evolución y que, por tanto, requiere de elementos móviles 
que doten de flexibilidad y agilidad a su operación. Asimismo, ante situaciones de 
reparación de averías, por ejemplo, a causa de eventos meteorológicos adversos, puede 
ser necesaria la instalación transitoria de elementos tales como posiciones móviles, las 
cuales también podrán acogerse a este tipo de autorización.
Por otra parte, uno de los motivos que se presenta como una barrera a la electrificación 
de la automoción es la insuficiencia de estaciones de recarga en las vías interurbanas, 
especialmente en los puntos de las vías de alta capacidad que están alejados de los 
núcleos urbanos. Este hecho hace que los compradores que se plantean la posibilidad de 
adquirir un vehículo eléctrico para todo uso –no solo urbano- sufran la llamada «ansiedad 
de rango» o «ansiedad de autonomía», lo que desincentiva la adquisición de este tipo de 
vehículos. Con el fin de facilitar el despliegue de una red suficiente de estaciones de 
recarga de alta potencia se introduce la necesidad de autorización de estas y se les otorga 
la declaración de utilidad pública a las infraestructuras de recarga de alta capacidad (con 
potencia superior a 250 kW). Esta medida, que ha sido solicitada reiteradamente por el 
sector de la automoción eléctrica, viene motivada por la necesidad de construir líneas 
eléctricas de media o elevada longitud para alimentar los puntos de recarga de vías 
interurbanas.
IV
El tercer bloque regula las medidas para el fomento de la eficiencia energética, que se 
concreta en una modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para extender la 
vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética hasta 2030, 
adaptando el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada sujeto 
obligado para dotar al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad para los sujetos 
obligados, así como de una mayor flexibilidad en la gestión, para que una modificación de 
las ventas de cualquier índole no suponga un necesario recálculo de las contribuciones de 
todos los sujetos obligados. La extensión de la vigencia del sistema de obligaciones se 
lleva a cabo sin perjuicio del desarrollo futuro de un mecanismo complementario para el 
cumplimiento de las obligaciones de ahorro mediante la ejecución directa de proyectos de 
eficiencia energética y la presentación de los correspondientes Certificados de Ahorro 
Energético.
La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE 
y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, creó un 
marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y estableció 
acciones concretas a fin de alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el 
periodo 2014-2020.
De acuerdo con el artículo 7 de la citada Directiva 2012/27/UE, cada Estado miembro 
debía justificar una cantidad de ahorro de energía acumulado para el periodo 2014-2020.  s
Por otra parte, el citado artículo 7 determinaba que cada Estado miembro establecería un  oe.
sistema de obligaciones de eficiencia energética mediante el cual los distribuidores de  w.
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Asimismo, el artículo 20 de la Directiva permitió a los Estados miembros crear un
Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como respaldo de las iniciativas nacionales de  Bc
eficiencia energética.
En consecuencia, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, estableció un sistema 
nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las 
empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos 
petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, 
en adelante sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual de ahorro 
energético denominada obligación de ahorro.
A raíz del establecimiento de este sistema, anualmente se ha definido mediante Orden 
ministerial el objetivo de ahorro anual, los porcentajes de reparto entre los correspondientes 
sujetos obligados y las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia 
financiera.
Considerando que, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 18/2014, el periodo de 
duración del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética finalizará el 31 de 
diciembre de 2020, y que la citada Directiva 2012/27/UE ha sido revisada mediante la 
Directiva (UE) 2018/2002, ampliando el alcance del sistema de obligaciones de eficiencia 
energética a un nuevo período de obligación, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre 
de 2030, para que la UE logre sus objetivos de eficiencia energética para 2030 y cumpla 
su compromiso de situar a los consumidores en el centro de la Unión de la Energía, es 
necesario extender la vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia 
energética. A este respecto, cabe señalar el carácter urgente con el que hay que extender 
la citada vigencia, dado que la mencionada Directiva (UE) 2018/2002 indica, en su 
artículo 2, que los Estados miembros adoptarán, a más tardar el 25 de junio de 2020, las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en ella. Con la entrada en vigor, las modificaciones del artículo 7 y 7 bis 
tienen un impacto en la aplicación de la obligación de ahorro de energía para el período de 
obligación de 2014 a 2020.
Además, se adapta el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada 
sujeto obligado para dotar al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad para los 
sujetos obligados, así como de una mayor flexibilidad en la gestión, para que una 
modificación de las ventas de cualquier índole no suponga un necesario recálculo de las 
contribuciones de todos los sujetos obligados.
V
Finalmente, en el cuarto bloque, parte final del real decreto-ley, se adoptan una serie 
de medidas sectoriales que complementan la regulación prevista en el articulado de este 
real decreto ley, entre las que destacan aquellas que tienen como objetivo principal mitigar 
los efectos negativos de la situación provocada por la crisis del COVID-19 sobre los sujetos 
que operan en los mercados energéticos y las destinadas a asegurar el equilibrio y la 
liquidez en el sistema eléctrico, requisito necesario para la continuidad de la actividad y el 
impulso de nuevas inversiones y, por tanto, el éxito de la transición energética.
En los últimos dos años se está produciendo el cierre de las centrales térmicas de 
carbón, este hecho tiene un fuerte impacto en la situación económica de determinadas 
comarcas de España en la que sus ciudadanos dependen de los puestos de trabajo 
generados directa o indirectamente por estas centrales de producción. Para favorecer la 
generación de actividad económica alternativa, en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de 
noviembre, se introdujo una disposición adicional en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre 
que permite regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad  s
o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por  oe.
dichos cierres que, además de los requisitos técnicos y económicos, ponderen los  w.
bneeennc ceeosfniacsiroiidose  cmroaencdioóiconea rlma e benive eonsltuaoclsei ósnn uy dd soeos lc aica otleencscn.r eoPtlooagsra íal ap  yoc dadepera  ldcoiissd eacñdria tder erei osasoc scté epcsrnooic ceeoxdsii smyte idenente tso, estgo, umreraisdnuadldtoa.    2020-6621n https://ww
Por este motivo, en la disposición adicional primera se habilita a la Dirección General de
Política Energética y Minas a la petición al operador del sistema para que informe de la 
capacidad de los nudos de transición justa que se detallan en el anexo aplicando criterios 
asociados a la potencia de cortocircuito y a la estabilidad estática y dinámica de la red.
Los límites máximos de inversión en las redes eléctricas de transporte y distribución se 
encuentran establecidos en función del PIB, por lo que un descenso en este indicador 
supondrá un descenso en la inversión. Con el fin de compensar la caída que se produciría 
en términos absolutos en la inversión en las redes motivada por el fuerte descenso del PIB 
causado  por  el  COVID-19,  en  la  disposición  adicional  segunda  se  aumentan 
excepcionalmente los límites máximos expresados como porcentaje del PIB para así 
mantener el ritmo inversor previsto originalmente y poder acometer las inversiones 
necesarias para la integración de la nueva generación renovable. Asimismo, y con el fin de 
incrementar el nivel de interconexiones de la red de transporte tanto con países del 
mercado interior como con terceros países, sin que a su vez esto suponga una restricción 
a las inversiones necesarias en la red de transporte del interior al país, durante el 
periodo 2021-2026, en el cálculo del volumen anual de inversión sujeto a la limitación de 
cantidad de la red de transporte no se computará el volumen de inversión motivado por 
interconexiones internacionales.
La Estrategia de Transición Justa del Marco Estratégico de Energía y Clima, constituye 
el instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad 
y el empleo hacia la transición ecológica de la economía, y a la identificación y adopción de 
medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios en 
dicha transición. Para aquellas zonas donde la transición energética y ecológica pueda 
poner en dificultades a las empresas y actividades económicas de dichas áreas, se 
establecerán Convenios de Transición Justa que propongan un plan de acción territorial 
integral para tales zonas, con vistas a la creación de actividad y empleo en la zona, a la 
fijación de población en los territorios y a una diversificación y especialización coherente con 
el contexto socio-económico.
Estas nuevas dinámicas van a afectar, con carácter general pero no exclusivamente, 
a territorios con características similares a las de las tradicionales zonas mineras del 
carbón (municipios con riesgo de despoblación en lugares lejanos a las grandes 
aglomeraciones urbanas) y las soluciones, en muchos casos, presentan similitudes con las 
medidas ya adoptadas en las zonas mineras; especialmente en lo que respecta a las 
metodologías de trabajo a aplicar.
La gobernanza de la Estrategia de Transición Justa requiere la adaptación del objeto 
del antiguo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, creado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, administrativas y del orden social, a esta política pública y, a la vez, 
mantiene todos los proyectos y actuaciones que se venían desarrollando hasta ahora de 
forma relevante en las zonas mineras, tras el cambio de denominación a Instituto para la 
Transición Justa, O.A., aprobado por el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Esta 
transformación del objeto del Instituto para la Transición Justa, O.A., se realiza en la 
disposición final segunda..
La disposición adicional tercera aborda las medidas necesarias para asegurar el 
equilibrio y la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo. En concreto, se habilita a la 
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al uso del superávit de  es
ingresos del sistema eléctrico para cubrir los costes del sistema de 2019 y 2020, tanto los  o
dcrineoesamstlaaiLozjlaaua l dsacdtaiseoi sssdn p aeetoe sscmsv uaiiacpeciconóoirtongaan i ldedeaasesd s  qilt caruaai oedln n esrsa éiectlgo i epircmirrauroeesad  nrudqt ceuareele  net arp jdieebuornuecp dtieictvaali oonc .  imeaerpserapedr eieddcceaíelfs irec  ojede nercc  uliaacysicoo ol,si mqc ucopoindas añctceaaisrmoá ndcieeteens r tem opx erppenlfaoserturaaeac nlielótaesns,,     OE-A-2020-6621able en https://www.
dependen esencialmente del precio del combustible, al objeto de garantizar la viabilidad
económica de este tipo de instalaciones en un contexto muy negativo para sus condiciones 
de operación, concretamente por la fuerte caída del precio del mercado eléctrico ocurrida 
desde la declaración del estado de alarma, situación que les afecta especialmente debido 
a que se caracterizan por tener altos costes de explotación y alta exposición de sus 
ingresos al precio del mercado eléctrico.
En este sentido, se establece la revisión del valor de la retribución a la operación que 
será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma. Para su cálculo se 
consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de 
emisión de CO  durante el estado de alarma. Adicionalmente, se reducen un 50 % los 
2
valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de 
funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos en la 
Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, ya que como consecuencia del COVID-19 la 
producción industrial ha disminuido sensiblemente y, por lo tanto, también ha disminuido 
la producción de energía eléctrica de las instalaciones asociadas a esas industrias.
Resulta pertinente destacar que la estructura de ingresos y costes de las instalaciones 
cuyos costes dependen esencialmente del precio de combustible presentan características 
específicas que las hacen más vulnerables a situaciones excepcionales, como la derivada 
del COVID-19.
La notoria diferencia existente entre el valor del precio del mercado eléctrico para el 
año 2020 recogido en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, y el precio medio de 
dicho mercado registrado durante el periodo de vigencia del estado de alarma, supone una 
fuerte merma sobre los ingresos previstos por la venta de energía en el mercado. Dicha 
reducción afecta especialmente a aquellas instalaciones tipo con una mayor exposición al 
precio de mercado, como son las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen 
esencialmente del precio del combustible y que presentan altos costes de explotación.
Igualmente, resulta apropiado destacar que las instalaciones tipo cuyos costes de 
explotación dependen esencialmente del precio del combustible son el subconjunto de 
instalaciones, de entre las acogidas al régimen retributivo específico, cuyos ingresos 
totales dependen en mayor medida de los ingresos provenientes de la retribución a la 
operación. Ello es debido a que este tipo de instalaciones presentan unos costes de 
explotación superiores, al encontrarse entre los mismos el coste del combustible, a 
diferencia del resto de instalaciones. Adicionalmente, el grueso de la potencia de las 
instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del 
combustible carecen de retribución a la inversión o es muy reducida.
Las características diferenciales en la estructura de ingresos y costes de las 
instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del 
combustible quedan reconocidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que prevé un 
mecanismo de revisión de retribución específico para estas tecnologías.
La combinación de estos tres efectos, la caída del precio de mercado, la alta exposición 
al mismo y los altos costes de explotación asociados a la utilización de combustible, 
provoca que las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del 
precio del combustible sean las más afectadas en el escenario actual generado por 
el COVID-19.
En cuanto a las disposiciones de contenido transitorio, la primera se refiere a las 
nuevas solicitudes de permisos de acceso, que introduce una moratoria de nuevos 
permisos de acceso, con excepciones, en tanto no se desarrolla el marco reglamentario 
del acceso y conexión. En consecuencia, no se admitirán nuevas solicitudes sobre la 
capacidad de acceso que pueda existir a la entrada en vigor de este real decreto-ley o la  es
que pueda liberarse posteriormente como consecuencia de caducidades, renuncias o  o
cnapcaudloaram zálhqocinau teicdisereet rrir n aldoomtoit vrsecao do smcin,ai erdtpcosuuu,ec enpsissr ríteatoaas   nseqacunu istaela a  pss peeopornbédm rruredíinsavioda ess annu  iuydcde aeerv.de  aeEce rusfs ipotcqaelaui crcedaiti iaussaepd qdno ude seelilacl  lasoaióc srngct í aescrurseuaojsleno uett olíntqasa su e q ielma um upeeitr ssoermtmesanocbáui ltnneincduccaideibamo lse ledoe, nensyt   aeleah  n qcirt uoeoeendsl      OE-A-2020-6621able en https://www.
sin un proyecto firme.
Por tanto, debe establecerse una moratoria en las solicitudes de acceso hasta la 
aprobación de la nueva normativa de otorgamientos de permisos de acceso, la cual deberá 
exigir a los solicitantes una mayor maduración de los proyectos y estudios necesarios 
antes de solicitar el acceso a un nudo de la red. De esta manera se evitarán las solicitudes 
masivas especulativas que no vayan respaldadas por proyectos firmes. Con el objeto de 
que dicha moratoria sea limitada en el tiempo, la disposición final relativa al desarrollo 
reglamentario contiene un mandato al Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia para que aprueben en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en 
vigor de este real decreto-ley las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Por otra parte, con el objetivo de apoyar a las empresas del sector energético para 
impulsar la salida del estado de alarma, se presenta una nueva medida en el ámbito de la 
eficiencia energética, por la que se establece una moratoria de las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020. Dada la situación 
actual, y de manera excepcional, la disposición transitoria segunda establece una 
moratoria en el cumplimiento de ciertas obligaciones de aportación al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, determinadas en la Orden TED/287/2020, de 23 de marzo.
El objetivo es otorgar tiempo a las empresas comercializadoras, que son sujetos 
obligados con la configuración de microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), de acuerdo con el Anexo I, Definición de PYME, del Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado, para que puedan recuperar liquidez después de la situación creada por 
el Estado de Alarma debido al COVID-19. La moratoria se extiende hasta el 28 de febrero 
de 2021 y la condición de PYME deberá ser acreditada ante la Dirección General de 
Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, antes del 31 de diciembre de 2020.
La disposición final primera tiene relación con el ejercicio de la función de liquidación 
de costes del sistema eléctrico, que la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia ostenta al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2013, de 4 
de junio, en relación con la disposición adicional octava, apartado 1.d), de dicha ley. En su 
virtud, esa Comisión debe gestionar varias cuentas bancarias, a través de las cuales se 
pueden llevar a cabo los cobros y los pagos de los diferentes conceptos que se han de 
liquidar en relación con el sector eléctrico.
Debido al estado actual de los mercados financieros, la gestión de esas cuentas, que 
han sido abiertas conforme a la normativa de contratación del sector público, va a empezar 
a implicar gastos de mantenimiento. Existen diferentes casos en los que el régimen 
económico aplicable al coste del sistema de que se trata no prevé la financiación de los 
costes de mantenimiento de las cuentas bancarias destinadas a atender su retribución, por 
lo que se hace necesario contar con una disposición específica que prevea su financiación 
por el sistema eléctrico, como un coste liquidable del sistema.
A tal efecto, se introduce una nueva letra en el artículo 13.3 de la citada Ley 24/2013 a 
fin de especificar como coste del sistema eléctrico los gastos ocasionados por las cuentas 
gestionadas por el organismo encargado de las liquidaciones para realizar la liquidación 
de los costes regulados del sector eléctrico, salvo en los casos en que esté previsto que 
tales costes sean deducidos de los saldos que existan en la cuenta en favor de los titulares 
del derecho de que se trate. Específicamente, los gastos ocasionados por la cuenta 
específica relativa al superávit de ingresos serán deducidos del saldo existente en dicha 
cuenta. es
El resto de disposiciones finales se refieren a los títulos competenciales, incorporación  o
dnnuoedrl moDsae tdriveeac t.hr aoFn indsaeicl imlóane  Unjutnesi,tó ane. l Ereuarol pdeeac,r eatsoí  lceoym coo netile dnees aurnr oallnoe xreog qlaumee inntcaluriyoe y e hl alibstilaitdaoc iódne   2020-6621n https://www.
VI
En cuanto a otras medidas de impulso de la actividad económica y el empleo, el 
título IV prevé en primer lugar, que las entidades locales podrán destinar en 2020, como 
máximo, el 7 por ciento del saldo positivo correspondiente al año 2019 que resulte de la 
aplicación de las reglas al efecto de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para financiar gastos de inversión en vehículos 
eléctricos puros o con etiqueta ambiental CERO, salvo en el caso que se acredite que no 
existen vehículos CERO que cumplan con las necesidades mínimas de servicio, en cuyo 
caso podrán sustituirse por vehículos con la etiqueta ECO, y en infraestructuras de recarga 
para el uso de los vehículos adquiridos, que se destinen a la prestación de los servicios 
públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, 
protección civil, prevención y extinción de incendios y de transporte de viajeros.
Con el objeto de fomentar inversiones en innovación en procesos en la cadena de 
valor de la industria del automóvil en España, el artículo 7 incrementa, para los períodos 
impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021, el porcentaje de la deducción 
en innovación en procesos en el Impuesto de Sociedades, del 12 % actual hasta el 25 %.
Por otra parte, se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
para dotar al procedimiento de evaluación ambiental de una mayor agilidad y seguridad 
jurídica, facilitando la tramitación de proyectos que permitan impulsar la reactivación 
económica al tiempo que se garantiza la protección del medioambiente.
Para ello, se modifican los artículos 34, 43 y 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
con objeto de regular la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así 
el vacío jurídico existente, así como agilizar el procedimiento para la determinación de 
alcance del estudio de impacto ambiental y el relativo a la evaluación ambiental 
simplificada, equiparándola al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.
Las medidas que afectan al sector ferroviario son dos. En primer lugar, la limitación 
normativa en la oferta de plazas aprobada por razones sanitarias, debe tenerse en cuenta 
a efectos de la liquidación del canon por utilización de las líneas ferroviarias integrantes de 
la Red Ferroviaria de Interés General. La naturaleza y características del canon supondría 
que, de no efectuarse ajuste alguno en la liquidación, se estaría gravando una cuantía que 
no se corresponde con las limitaciones normativas establecidas en la oferta, adoptadas 
por razones de profilaxis sanitaria. En efecto, se trata de evitar que el operador tenga que 
pagar un canon al administrador de infraestructuras por unas plazas sobre las que no 
puede obtener ingreso alguno, no por una hipotética falta de demanda, sino por una 
novedosa limitación impuesta por graves motivos sanitarios. Tratándose de un tributo, la 
seguridad jurídica aconseja que este criterio de aplicación totalmente razonable se plasme 
en una norma de rango legal.
El cierre de establecimientos comerciales y de otro tipo acordado en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus disposiciones posteriores de desarrollo, así 
como las restricciones a la libre circulación de las personas, han afectado notablemente a 
los locales comerciales sitos en las estaciones de ferrocarril y a otros inmuebles (locales, 
edificios, instalaciones logísticas y terrenos) arrendados por las entidades públicas 
empresariales administradoras de infraestructuras ferroviarias. En el marco de las políticas 
públicas del Gobierno para proteger y dar soporte al tejido productivo y social se posibilita 
una moratoria o reducción de la renta de estos locales previa solicitud del arrendatario.
Por su parte, en el ámbito sectorial del empleo público, la crisis sanitaria declarada y 
las medidas de contención aprobadas como consecuencia del estado de alarma como es  s
la interrupción de los términos y suspensión de los plazos administrativos ya citados, han  e.
alterado el normal desenvolvimiento de la actuación de las distintas administraciones  w.
públicas, condicionando, en consecuencia, la posibilidad de iniciar nuevos procesos  21ww
speulbelcictiavro sla sd ec oenmvpolceaatdoorisa sp údbel icaocsc eys, oe na  ploasr tidciufelarer,n ltae sa cctuiveidrpaods p yre ecsiscaa lpaasr, ai ngcelusitdioansa lra ys 
núelticmeassa rlieayse psa drae  pllerevsaur pau ecastboos  lgoesn perroacleess odse ld Ees etasdtaob.ilización del empleo previstos en las  BOE-A-cable e
La pandemia ocasionada por la COVID-19 también ha tenido una clara incidencia en el 
proceso de liberación del segundo dividendo digital. Hasta el inicio de la crisis sanitaria, en 
nuestro país se habían venido cumpliendo con los plazos establecidos para llevar a cabo la 
liberación de la banda del segundo dividendo digital (banda de frecuencias 694-790 MHz o 
banda de frecuencias de 700 MHz) de sus usos actuales para el servicio de televisión 
digital terrestre, a efecto de posibilitar su disponibilidad efectiva para los sistemas terrestres 
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica. 
En consecuencia, se estaba en disposición de cumplir la fecha de liberación de dicha 
banda del 30 de junio de 2020, establecida en la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, y en el Real Decreto 391/2019, de 21 de 
junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se 
regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.
No obstante, la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, introdujo necesarias restricciones a la movilidad de las personas y al 
ejercicio de numerosas actividades económicas y comerciales. Adicionalmente, la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales dictó un conjunto 
de instrucciones, con el objetivo de garantizar que la recepción de un servicio tan 
importante como la televisión digital terrestre no pudiera verse afectada en esos momentos, 
evitando la necesidad de realizar resintonizaciones en los televisores de los ciudadanos, a 
fin de no ocasionar movimientos innecesarios de personas y visitas de los instaladores a 
los domicilios de los ciudadanos.
Todo ello trajo consigo una ralentización significativa en el proceso de cambios de 
frecuencias en los centros emisores que tienen que emitir en nuevos canales radioeléctricos 
como consecuencia de la liberación del segundo dividendo digital, así como en las 
adaptaciones de los sistemas de recepción del servicio de comunicación audiovisual 
televisiva digital en los edificios. En consecuencia, se concluyó la imposibilidad de finalizar 
el proceso de liberación del segundo dividendo digital en la fecha programada del 30 de 
junio de 2020.
El aplazamiento del mencionado plazo se hizo de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 
segundo, del apartado 1, del artículo 1 de la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, y fue comunicado por las autoridades 
españolas a la Comisión Europea con fecha 30 de marzo de 2020.
Procede fijar, por tanto, una nueva fecha para la finalización del proceso del segundo 
dividendo digital. Una vez que se está reactivando la actividad social y económica y se ha 
impulsado la transición hacia una nueva normalidad, se está reanudando el proceso de 
adaptación de los sistemas de recepción colectiva de la televisión digital de los edificios, y 
en función de los últimos datos disponibles sobre el grado de dicha adaptación y la 
previsión de evolución de los mismos, se estima el 30 de septiembre de 2020 como fecha 
en la que podrá completarse dicha adaptación.
Con el fin de poder completar el resto de actuaciones necesarias, y en particular los 
cambios de frecuencias en los transmisores de baja potencia, se fija como nueva fecha la 
del 31 de octubre de 2020 para alcanzar la liberación del segundo dividendo digital.
VII
Asimismo, con el fin de evitar que la limitación de movilidad y actividades establecida 
durante este periodo y la suspensión de plazos administrativos, se amplía el plazo de  s
adaptación de las Sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP)  oe.
establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de  w.
mpdeoa rJytuuoas, rtpiicooi ard  eedl e mq luaae nU ispneuió lmanco Eidóuinfri ocdpaee  emal  rdeéergc 1iam1n ecdníea  dsd eidc laieonmsd tborra ecbu admeja pd2lo0im1rei4es,n  rpteoac raaaí  dllaaa  S perenen settela Anccsióiuann  dtdoee lCl  Ts-5rei7brv6ui/nc1iao3l    2020-6621n https://ww
(procedimiento de infracción 2009/4052), por un periodo de dos meses. La oportunidad de
la norma se basa también en el hecho de que el plazo citado ha finalizado el 14 de mayo  Bc
de 2020, por lo que es necesario proceder a su actualización de modo urgente.
En materia de controles sanitarios, la importancia de detectar de manera rápida la 
presencia de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro 
país, así como localizar a los contactos estrechos de los casos, supone la necesidad de 
poner en marcha medidas de índole sanitaria en los puertos y aeropuertos españoles. 
Dichas medidas forman parte de un sistema global de detección de casos importados, 
cuyo éxito vendrá determinado por la identificación precoz de los mismos y la inmediata 
adopción de las oportunas medidas de control que impidan la difusión incontrolada de la 
enfermedad.
Por tanto, en el ámbito aeroportuario, en línea a lo contemplado en las Directrices 
EASA/ECDC (siglas en inglés de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y del Centro 
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, respectivamente) y en base a las 
recomendaciones internacionales de salud pública en el marítimo se deben establecer los 
necesarios controles sanitarios en puertos y aeropuertos, que podrán incluir la toma de la 
temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero.
El control documental se realizará a través de un formulario de salud pública, que tiene 
como finalidad evaluar el estado del pasajero en relación al COVID-19 y servir como 
instrumento para la localización de los pasajeros en caso de iniciarse una búsqueda de 
contactos de un caso confirmado de COVID-19.
Así, con la adopción de medidas higiénico sanitarias y de control en el entorno 
portuario y aeroportuario, se avanzará en la consecución de un entorno seguro desde el 
punto de vista sanitario y que ofrezca seguridad y confianza a los viajeros, limitando el 
riesgo de trasmisión del COVID-19.
En materia de investigación científica, la cooperación internacional ha tenido un 
crecimiento intenso en los últimos años y muy especialmente en el entorno de la Unión 
Europea gracias al fortalecimiento de un Espacio Europeo de Investigación e Innovación 
(ERA), capaz de afrontar las necesidades de la sociedad y abierto al mundo, en el que los 
investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulan libremente.
Durante el actual programa marco de investigación e innovación, Horizonte 2020 
(2014-2020), el crecimiento de iniciativas de investigación en cooperación en geometría 
variable ha sido muy alto, creándose distintos instrumentos de programación conjunta 
público-público y público-privados, con el apoyo financiero de la Unión Europea y que ha 
exigido un gran esfuerzo de gestión y una aportación dineraria importante por parte de los 
distintos agentes públicos estatales de financiación del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
La inminente obligatoriedad de cofinanciación por parte de los Estados miembros en las 
Asociaciones del Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa (2021-2027) 
implica la necesidad de crear un mecanismo ágil que permita la concesión de las 
subvenciones para la realización de dichos proyectos.
Mediante este real decreto-ley se procede a establecer la posibilidad de conceder de forma 
directa aquellas subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica, 
técnica e innovación que son consecuencia de convocatorias públicas de I+D+i efectuadas por 
las estructuras creadas por varios Estados miembros en ejecución del programa marco 
plurianual de la Unión Europea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 182, 185, 186 y 187 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como las que se realicen en el 
marco de las asociaciones creadas al amparo del propio Programa Marco de Investigación 
e Innovación de la Unión Europea, así como de las convocatorias públicas de investigación 
e innovación competitivas, evaluadas según estándares internacionales de evaluación por 
pares y gestionadas por las estructuras creadas en base a tratados o acuerdos  es
internacionales suscritos por España. o
ncseoi lnpevaELcoracsac ito oealn ontpoasterrd airbaomde sadin t ieeene  ftnssiec uurivnapbiagrrviicoomeirsnoi  rcnd nuiaeoi nl npml opeaesasrn a scti oneala t.mae Adrbnmdioamis npi inspaitrsrroaatrp taipuvcreoioós yantoed, scicc tooieomsnn  oaqe lus,e teqre au y reaee  nla hold a edab epírcaeornaret latisozbia-dalreo  vy uea nmvlaoae rls juaoeañrgadaurodánsi dd laaoy     OE-A-2020-6621able en https://www.
posibilidad de cofinanciación de los agentes públicos estatales de financiación en distintos
programas internacionales y, por tanto, supondrá una mejora notable en las tasas de 
retorno obtenidas competitivamente por las entidades españolas de I+D+i.
La disposición final cuarta incorpora una disposición adicional decimosexta en la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que posibilita la libertad 
de amortización de las inversiones realizadas en el año 2020 en elementos nuevos del 
inmovilizado material que impliquen la sensorización y monitorización de la cadena 
productiva, así como la implantación de sistemas de fabricación basados en plataformas 
modulares o que reduzcan el impacto ambiental, afectos al sector industrial del automoción.
Esta medida permitirá incentivar las decisiones de inversión inmediatas, con 
mantenimiento del empleo, atrayendo mayor producción de modelos electrificados y sus 
componentes a las plantas de producción españolas, pero también impulsar la industria 
ligada al ciclo de vida de baterías o la infraestructura de recarga, sistemas de movilidad 
conectada y otros ecosistemas industriales en el ámbito de la movilidad sostenible.
Se trata de una medida que permitirá que el sector afronte su reconversión para 
garantizar su competitividad a largo plazo, mediante la realización de las inversiones 
tecnológicas necesarias que permitan avanzar hacia la industria de la automoción del 
futuro, en la que serán protagonistas los vehículos sostenibles, conectados e incluso 
autónomos
VIII
Este real decreto-ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias exclusivas 
del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica; en el artículo 149.1.22.ª 
de la Constitución, en materia de legislación y la autorización de las instalaciones eléctricas 
cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de 
su ámbito territorial; en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, en materia de legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección; y en el 
artículo 149.1.25.ª de la Constitución, de bases del régimen minero y energético.
Los artículos que se citan comprendidos en el título IV, se dictan conforme a los 
siguientes títulos competenciales:
El artículo 6 se dicta al amparo del artículo 149.1. 13.ª y 14.ª de la Constitución, que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica; Hacienda general y Deuda del Estado.
El artículo 7 se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre hacienda 
general, prevista por el artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
Las modificaciones que se recogen en el artículo 8 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Impacto Ambiental, de conformidad con la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 53/2017, de 11 de mayo, se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución, que regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 
organización propia de las comunidades autónomas: el artículo 34, apartado 4, tercer 
párrafo y el artículo 43 apartado 3, segunda oración. Asimismo, no tienen carácter básico 
y por tanto solo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus 
organismos públicos, el artículo 34, apartado 4, párrafo segundo, última oración; el 
artículo 43, apartado 2 y el apartado 3, última oración; así como los plazos establecidos en 
los artículos 34, 43 y 47. e.
El artículo 9 se dicta al amparo de las reglas 13.ª, 14.ª y 21.ª del artículo 149.1 de la  w.
Constitución que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias sobre bases y  21ww
cdoeourddain daecl ióEns taddeo l ay  fpelarrnoicfiacrarcileiósn y g terannesrpaol rdtees l ate arrcetsivtrideas dq ueec otrnaónmscicuarr,a hna pcoiern edl ate grreitnoeriroa ld ey 
másE dl ea rutíncau lCo o1m0 usnei ddaicdt aA uatló anmompaar.o de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, y 21.ª de la  BOE-A-cable e
Constitución que atribuyen al Estado la competencia sobre «bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica» y «ferrocarriles y transportes terrestres 
que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma», respectivamente.
El artículo 11 se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 18.ª de la Constitución, 
en cuanto atribuyen al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.
El artículo 12 se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.
La disposición adicional quinta se dicta al amparo de las competencias exclusivas que 
corresponden al Estado en materia de legislación laboral, Hacienda del Estado, puertos de 
interés  general  y  Marina  Mercante,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los 
artículos 149.1.7.ª, 149.1.14.ª y 149.1.20.ª de la Constitución.
Por su parte, la disposición adicional sexta se dicta al amparo de la competencia 
exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior del artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución.
La disposición final tercera se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia del procedimiento 
administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización 
propia de las comunidades autónomas.
IX
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ. 3, 
y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, FJ. 10, y 137/2011, FJ. 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación 
de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4)».
La regulación que se propone en el ámbito del acceso está justificada por las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que se explican a continuación. En la 
actualidad existe un elevado volumen de solicitudes de acceso y conexión en trámite 
presentados en los últimos 16 meses de más de 430.000 MW de potencia de nueva 
generación con avales depositados y, de estos, más de 136.000 MW con acceso 
concedido. El ritmo de nuevas solicitudes se ha ido incrementando de forma exponencial 
en los últimos meses y continúa siendo muy elevado, con cifras cercanas a los 30.000 MW 
solicitados cada mes. s
La gran dimensión de este contingente de solicitudes se pone de manifiesto cuando se  oe.
comparan las cifras anteriores con las principales magnitudes del sistema eléctrico  w.
netexacicsnitooelnnoatgelí. a aA  efsióní,lai cll oad sey   42u30n01o.8s0 ,05 q0.0u 0eM0 aW Mlc aWsnu zpfaoobtnoaev olnol tsam 1icá0os5s ..d0 Pe0lo0 r cM usáWud p,r adurept elleo,  slda qe pu ulean  2tpa5o .m0te0án0xc iMmiaWa i nh esisrtaatólnar iddcaae    2020-6621n https://ww
de la demanda del sistema eléctrico español se sitúa en el entorno de los 45.000 MW,
siete veces menos que la potencia asociada a las nuevas solicitudes de acceso. Por  Bc
último, el objetivo de instalación de nueva generación renovable hasta 2030 incluido en el
borrador del PNIEC 2021-2030 remitido y evaluado por la Comisión Europea es de 
apenas 60.000 MW, cifra muy alejada de los valores referidos.
La insuficiencia de la regulación en la materia impide diferenciar las solicitudes 
correspondientes a proyectos firmes y viables de las que obedecen a comportamientos de 
carácter especulativo en el íter procedimental de acceso y conexión a la red. Más allá de 
lo desmesurado de las cifras expuestas, existen fundados indicios adicionales que ponen 
de manifiesto el eventual componente especulativo de buena parte de las solicitudes, 
como son:
– La escasa madurez de los proyectos en el momento de realizar las peticiones de 
acceso o de autorización administrativa.
– El aumento de las peticiones en los últimos 16 meses a un ritmo medio cercano a 
los 30.000 MW mensuales.
– En un elevado número de casos, una vez obtenido el permiso de acceso, los titulares 
del mismo no han solicitado los permisos de conexión, lo que en muchos casos es debido 
a la inexistencia un proyecto real o a una falta de madurez del mismo. De los 
aproximadamente 110.000 MW que disponen de permiso de acceso, más del 60 % no 
dispone aún de permiso de conexión.
El análisis de los permisos de acceso de los dos últimos trimestres de 2019, muestra 
que en el tercer trimestre se otorgaron permisos de acceso a 39.000 MW de plantas 
fotovoltaicas y eólicas y se denegaron por falta de capacidad a 21.000 MW. En el cuarto 
trimestre de dicho año, se otorgaron permisos de acceso a 15.500 MW de plantas 
fotovoltaicas y eólicas y se denegaron por falta de capacidad a 39.500 MW. Este aumento 
rápido del ritmo de desestimaciones pone de manifiesto que la saturación artificial de la red 
por proyectos especulativos poco maduros puede causar un perjuicio a numerosos 
proyectos de generación que sí están respaldados por una iniciativa firme y que pueden 
calificarse como maduros. Así, la no adopción de las medidas que se proponen en este 
real decreto-ley implicaría el aumento de costes y la paralización de proyectos de 
generación en avanzado estado de maduración que, por indisponibilidad de un punto de 
acceso a la red, no podrían llevarse a cabo. Lo anterior pone en riesgo la ejecución de 
cuantiosas inversiones, la creación de empleo y el desarrollo de zonas con escasas 
alternativas económicas y, en algunos casos, sujetas a procesos de cierres de centrales 
térmicas convencionales, con los consiguientes efectos negativos que dichos cierres 
pueden tener sobre el empleo y la actividad de estas zonas.
Además, dado lo prolongado del periodo de maduración de los nuevos proyectos de 
generación, no actuar con carácter urgente pondría en riesgo el cumplimiento de la senda 
de penetración de renovables que se ha fijado en el PNIEC 2021-2030.
Asimismo, el fenómeno de crecimiento inusitado de las solicitudes de permisos de 
acceso y conexión, con el referido componente especulativo, acarrearía un incremento 
artificial y evitable de los costes de construcción de las nuevas centrales que, en último 
término, terminarían pagando los consumidores de electricidad.
De este modo, resulta necesario afrontar con urgencia una reforma estructural en los 
criterios de acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución, ya que la situación 
que se pretende resolver ha adquirido una coyuntura de grado exponencial y su falta de 
resolución inmediata o una dilación en el tiempo, implica agravar de manera considerable 
la aplicación de las medidas que contempla esta norma.
Alternativamente, lo explicado hasta aquí hace que la regulación de estos aspectos 
mediante el procedimiento legislativo ordinario implique retrasar la solución de una manera  e.e
inasumible para un elevado número de proyectos firmes, paralizándolos y generando un  w.b
«efecto llamada» que agravaría aún más el elevado contingente de solicitudes. 21ww
fuenRteess pdeec eton earlg díae sraernroovllaob dlees i,n lsat aulragceionnceias r deesp pornoddeu cac liaó nc adree necniear gdíea  uenlé mctarirccao  an opramrtairt idveo 
qpureev pisriobpleo rlac ifoinnaen sceiagcuiróidna indd yi scpeernteszaab ale  laesn  iensvteer stiipoon edse  nperocyeescatroiass,  peenr emsitteie nsedcot oars, íh aalccaiennzdaor 
los compromisos adquiridos en esta materia.
Por todo ello, es urgente el establecimiento de un marco económico previsible y 
seguro, que haga posible el desarrollo acelerado de proyectos de generación eléctrica 
renovable, que además permita trasladar a los consumidores de forma anticipada los 
ahorros en los costes de producción de energía eléctrica y aporte certidumbre a toda la 
cadena de valor de la industria asociada, evitando periodos de carencia que dificultan y 
amenazan la permanencia en el territorio de las empresas y sectores implicados.
El plazo necesario para la construcción de una instalación fotovoltaica se sitúa en el 
entorno de los 18 meses, mientras que para una instalación eólica este plazo se incrementa 
hasta los 24 meses. Teniendo en cuenta que dichos plazos pueden verse a su vez 
incrementados por la necesaria tramitación administrativa, nos encontramos ante un claro 
riesgo de no alcanzar los objetivos fijados para el periodo 2020-2022. En este contexto, es 
conveniente recordar que el plazo establecido para la puesta en marcha de las instalaciones 
adjudicatarias de las últimas subastas celebradas en el año 2017 fue de 30 meses.
De igual modo, existe una limitación ligada al desabastecimiento del mercado en toda 
la cadena de valor de la promoción renovable, que impide la construcción de importantes 
volúmenes de nueva potencia renovable en un reducido espacio temporal, no siendo 
posible de este modo postergar la entrada gradual de nueva potencia en el sistema. Por lo 
tanto, dicho retraso conllevaría no solo no alcanzar los objetivos fijados para el año 2022, 
sino tampoco los de los años sucesivos.
Por su parte, las modificaciones de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para eliminar 
las barreras normativas que impiden u obstaculizan el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio, la innovación tecnológica y el despliegue masivo de renovables minimizando el 
coste económico y medioambiental se justifican por la extraordinaria y urgente necesidad 
de favorecer la actividad económica y el empleo sostenible en un momento de crisis 
económica como la que se vive en la actualidad como consecuencia de la alerta sanitaria.
Las medidas acometidas para garantizar el equilibrio y la liquidez en el sistema 
eléctrico vienen justificadas por la imperiosa necesidad de, por un lado, aportar recursos 
adicionales al sistema de liquidaciones que permita reducir las cargas financieras de los 
sujetos del sistema y, por otro, dar una señal de estabilidad que permita la continuidad de 
las actividades asociadas y el impulso de nuevas inversiones.
En relación a la liquidación de costes del sistema eléctrico, la adopción de esta 
disposición resulta urgente debido al reciente o próximo vencimiento de ciertos contratos 
que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha venido suscribiendo con 
las entidades financieras para la apertura de estas cuentas y las dificultades encontradas 
para la renovación de dichos contratos. En particular, han resultado desiertas las 
licitaciones para dicha contratación por no haberse podido incluir entre sus condiciones la 
cobertura de los referidos gastos de mantenimiento.
Por otra parte, la urgencia y necesidad de establecer la moratoria en el cumplimiento de 
ciertas obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, se justifica 
por la coyuntura económica que se deriva de la situación producida por el COVID-19 
(STC 61/2018, de 13 de junio, FJ 4.f). En este mismo sentido, se justifica que las entidades 
locales puedan destinar en 2020, como máximo, el 7 por ciento del saldo positivo 
correspondiente al año 2019 en gastos de inversión para la adquisición de vehículos limpios 
para determinados servicios y la instalación de puntos de recarga eléctrica para estos.
La reforma de la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental responde 
a la agilización de los mismos en un contexto de necesidad y urgencia de las políticas de 
reactivación de la actividad económica, coadyuvando además a los principios de 
transparencia y seguridad jurídica en su tramitación. es
Esta es la misma justificación que afecta a la regulación destinada a los arrendatarios  o
didpLneoaefr ss aot leometrrssoeito  rdtlruioiepdccsoatau  sdarl eeacd ssoed  rrefddievsaeraard odrolrvaao isesall  nordie ,ae enasll  ts,eRi ídy sec atqoaadumdle eDoso  es  dlepcaer ús eda brteloelari csirv4mtaar6sia c3d  c/ere2ieolm0 lnca2peit0eirsv,re  aradses ea l da ar1ie  al4li able e rdslesietm a  cdmbiitrelaceac ucriazlióamodnc,mi  iedóyin ennst  ioudlsasset  r  mcadlaociossmivpó pieonlierds criadsciadoeiol ne hnlasaae snyss.      OE-A-2020-6621able en https://www.
afectado, además, de forma muy singular a los locales comerciales sitos en las estaciones.
Estas limitación a la movilidad también han afectado a las operaciones necesarias 
para llevar a efecto los cambios de frecuencias en los centros emisores que tienen que 
emitir en nuevos canales radioeléctricos como consecuencia de la liberación del segundo 
dividendo digital, así como en las adaptaciones de los sistemas de recepción del servicio 
de comunicación audiovisual televisiva digital en los edificios, lo que obliga a adoptar con 
carácter urgente la nueva fecha de 31 de octubre de 2020 para la finalización del proceso 
del segundo dividendo digital.
Por su parte, los actos de liquidación tributaria del canon por utilización de las líneas 
ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, y las declaraciones que 
los soportan, se producen mensualmente, según previsión legal. En el marco del estado 
de alarma que se prolonga durante varios meses es necesario que la Administración que 
procede a liquidar y los responsables de formular las declaraciones dispongan de un 
criterio jurídico con soporte en una ley, que proporcione la necesaria seguridad jurídica. Es 
necesario que dicha norma se produzca en el más breve plazo posible, antes de la 
siguiente liquidación mensual, con efectos también de convalidación del criterio que se 
viene ya aplicando.
En cuanto a la necesidad y urgencia de ampliar el plazo previsto en el artículo 70.1 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para las convocatorias cuyo plazo concluyera 
en el ejercicio de 2020, se justifica en la medida en que subsisten las necesidades de 
personal en virtud de las cuales se aprobaron las preceptivas ofertas de empleo público. 
También por la necesidad de informar a los interesados en aras del principio de seguridad 
jurídica. No adoptar esta medida urgente y necesaria impediría la ejecución de la totalidad 
de las convocatorias, con la consiguiente pérdida de las plazas aprobadas, así como la 
correlativa frustración de las expectativas de aquellos aspirantes que fueran a participar en 
los procedimientos que no resultaría posible convocar en el marco de tales habilitaciones.
La suspensión de plazos prevista por las disposiciones adicionales tercera y cuarta del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no es aplicable al plazo de adaptación de las 
Sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP) establecido en la 
disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se 
modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 
(procedimiento de infracción 2009/4052).
Efectivamente, el plazo definido en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto-ley 8/2017 es difícilmente asimilable a uno de los tres tipos de plazos 
suspendidos recogidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por ser un plazo 
de derecho privado (mercantil) que se concede a una clase de sociedades anónimas 
(SAGEP) para que se extingan o se transformen en Empresas de Trabajo Temporal, todo 
ello con una finalidad laboral, relacionada con la contratación de trabajadores. De todo 
lo expuesto, se justifica la extraordinaria y urgente necesidad para la ampliación del 
plazo mencionado en el Real Decreto-ley 8/2017, de 13 de mayo, mediante la aprobación 
de un nuevo instrumento con rango legal.
Respecto de la regulación urgente de los controles sanitarios necesarios a los que 
deben someterse los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima y el alcance 
de dichos controles, si bien las medidas excepcionales llevadas a cabo en España durante 
el estado de alarma han permitido controlar en gran medida los efectos de la crisis sanitara 
en nuestro país, la situación de pandemia continua a nivel mundial. En este sentido, la  es
Organización Mundial de la Salud mantiene el estado de Emergencia de Salud Pública de  o
Izupmonrenp rvaoPeesrtonto ardi r nse eilclnal ilma  ope ,urnI nenetrtcdneaeo rddne aeeas nnecto tinuoes nnsE  amasp lp asopairmtoauñr eaal anec d tlis óoecans olc ,ure aodepsn siopda súepv bmirdrilueioicos raCil tó.CaOgrOiVicoVIa DI aDm-c1-tu19ivy9 pa ,d rreoe lncsocefsaod vnemotnrreátaecnbsadl endo,i essselm iee monxsdtur oacid hneóojesnstroe op o,ta osloí ds paecauvsrí aaayl     OE-A-2020-6621able en https://www.
supone la necesidad de poner en marcha medidas adecuadas de control sanitario en los 
puertos y aeropuertos, en relación con los pasajeros internacionales.
En efecto, la extraordinaria y urgente necesidad de la regulación en materia de 
controles sanitarios contenida en este real decreto-ley deriva del carácter crucial que 
supone para el sistema de salud pública de nuestro país, la detección de manera rápida 
de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en nuestro país, así como 
la importancia de localizar con inmediatez a los contactos estrechos de estos casos.
Respecto de la situación en la que se encuentran las subvenciones y ayudas públicas 
en el ámbito de la investigación científica y técnica y de la innovación y en las que 
participan distintas entidades y que reciben apoyo de la Unión Europea ha supuesto, en 
muchas ocasiones, la pérdida de fondos comunitarios, derivada de la tardanza en 
instrumentar un proceso de concurrencia competitiva nacional cuando ya se ha propuesto 
a esas mismas entidades el proyecto en el ámbito europeo o internacional, duplicando de 
manera innecesaria los trámites que deben realizarse, máxime cuando la selección de 
tales proyectos en el exterior ha cumplido con todos los principios de igualdad, mérito y 
concurrencia competitiva.
Esta duplicación resulta, por lo demás, anómala en los países de nuestro entorno, que 
se limitan a autorizar el libramiento de los fondos públicos una vez el proyecto ha sido 
seleccionado internacionalmente, lo que provoca una desventaja competitiva de gran 
calado para todo el ecosistema público y privado de la I+D+i español, con la consiguiente 
pérdida de posiciones y de competitividad en relación con los equipos de otros países, en 
un entorno progresivamente internacionalizado y que cuenta, cada día, con mayores 
sinergias.
De ahí que resulte absolutamente imprescindible alinear la normativa española en esta 
materia con la del resto de Estados miembros de la Unión Europea y del entorno 
internacional, de cara a garantizar la igualdad de oportunidades de las entidades españolas 
en la búsqueda de fondos UE en entornos competitivos.
Ello permitirá, por lo demás, una mejor aplicación de fondos de la Unión Europea en 
España, absorbiendo así de manera más eficiente las disponibilidades que tiene nuestro 
país para ello y permitiendo aligerar la tramitación administrativa de los agentes públicos 
estatales de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que 
de por sí justificaría la urgente necesidad de proceder a la aprobación de esta propuesta 
normativa organizativa (STC 60/1986, de 20 de mayo) y de eficiencia en la captación de 
recursos financieros para la investigación científica y tecnológica.
La urgente adaptación del objeto del Instituto para la Transición Justa, O.A., de carácter 
organizativo, requiere una norma legal cuyo plazo de tramitación impediría la eficacia en 
el ajuste de la gobernanza de la política de transición justa en su pleno despliegue.
Los motivos que acaban de exponerse justifican ampliamente la concurrencia de los 
requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno 
para aprobar el presente real decreto-ley dentro del margen de apreciación que, en cuanto 
órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución 
(STC 142/2014, FJ 3 y STC 61/2018, FFJJ 4 y 7).
El presente real decreto-ley respeta los límites constitucionalmente establecidos para 
el uso de este instrumento normativo pues no afecta al ordenamiento de las instituciones 
básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en 
el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho 
electoral general.
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adret ílcaEussl otAe d1 rm2e9ain ld isdete rlaaccr Leioetony-e l3es9 yP/ 2sú0eb1 lai5cda, esdc.eu 1a  dae l oosc tpurbinrec,ip dioesl  Pdreo cbeudeimnaie rnetgou Aladcmióinni sptrreavtiivsoto Cs oemn úenl   2020-6621n https://ww
De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente
justificado. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica,  Bc
proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes
con el Ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de 
excepcionalidad al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución 
de los objetivos previamente mencionados.
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su 
tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia 
e información públicas.
Finalmente, respecto del principio de eficiencia, no se imponen más cargas que las 
estrictamente necesarias y se reducen en la regulación de los procedimientos de 
evaluación ambiental.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la Vicepresidenta Tercera del Gobierno 
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la Ministra de Hacienda; el 
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la Ministra de Política Territorial y 
Función Pública; el Ministro de Sanidad, y el Ministro de Ciencia e Innovación, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2020,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas para el desarrollo ordenado y el impulso de las energías renovables
Artículo 1.  Criterios para ordenar el acceso y la conexión a las redes de transporte y 
distribución de electricidad.
1.  Los titulares de los permisos de acceso para instalaciones de generación de 
energía eléctrica que hubieran obtenido dichos permisos en fecha posterior al 27 de 
diciembre de 2013, y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, deberán 
acreditar el cumplimiento de los siguientes hitos administrativos en unos plazos no 
superiores a los estipulados a continuación:
a)  Si el permiso de acceso se obtuvo en una fecha comprendida entre el 28 de 
diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive:
1.º  Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 3 meses.
2.º  Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 18 meses.
3.º  Obtención de la autorización administrativa previa: 21 meses.
4.º  Obtención de la autorización administrativa de construcción: 24 meses.
5º.  Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años.
b)  Si el permiso de acceso se obtuvo con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y 
antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley:
1.º  Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses.
2.º  Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 22 meses.
3.º  Obtención de la autorización administrativa previa: 25 meses.
4.º  Obtención de la autorización administrativa de construcción: 28 meses.
5.º  Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años. e
lecaul éfmecLAtcproqhilcisuraa  e pl dolqlleasou  zseeho  ntissittto erusasalead nañra edao semlta onddir nevgoi iasspgtd eoreoarrnm std i vliedoso esoes sss ad ptdpeereae  r lrveaatiaa csedclt onoedstsser  aocead rn)pea  aty eore abl-n l )ea i nvyps.sieagtrraoátlaran ddc coeioo  nbeme)s,pst euc d toraeemd agople sudn,t eáetocrnarddecootisoós -neele  ldllyooe ssd e, e pndbleeaerszrgdáoíaens     OE-A-2020-6621able en https://www.
desde la fecha de obtención de los permisos de acceso.
Los titulares de los permisos de acceso dispondrán de un plazo máximo de 6 meses 
para solicitar el permiso de conexión. El plazo señalado será computado desde la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley, excepto para aquellos casos en que aún no se 
hubiera obtenido el permiso de acceso, para los que computará desde la obtención del 
mismo. La no presentación de esta solicitud en dicho plazo supondrá la caducidad 
automática del correspondiente permiso de acceso y la ejecución inmediata por el órgano 
competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías 
económicas presentadas para tramitar la solicitud de acceso a las redes de transporte y 
distribución en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59 bis y 66 bis del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica.
En permisos de acceso otorgados para proyectos de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo, los plazos establecidos en este 
apartado se podrán extender a solicitud del titular sin que en ningún caso el plazo total de 
vigencia de los permisos sin contar con la autorización administrativa de explotación 
definitiva supere los 7 años.
2.  La no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos 
administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de 
acceso y, en su caso, de acceso y conexión concedidos y la ejecución inmediata por el 
órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías 
económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a las redes de 
transporte y distribución. No obstante, si por causas no imputables al promotor, no se 
produjese una declaración de impacto ambiental favorable, no se procederá a la ejecución 
de dichas garantías. Si las instalaciones estuvieran exentas de la obtención de alguno de 
los trámites anteriores, los titulares acreditarán dicha circunstancia mediante escrito del 
órgano competente para dictar la autorización o la declaración de impacto correspondiente. 
De igual modo, para acreditar el cumplimiento del hito de la solicitud de la autorización 
administrativa, la solicitud deberá cumplir con la normativa que resulte de aplicación y en 
particular con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico y en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de 
impacto ambiental. El órgano competente para dictar la autorización deberá emitir escrito 
que acredite que dicha solicitud ha sido presentada y admitida.
No obstante lo anterior, los titulares de los permisos de acceso y, en su caso, de 
acceso y conexión que hubieran obtenido tales permisos en fecha posterior al 27 de 
diciembre de 2013, y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, y aquellos que, 
habiéndolo solicitado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, aún 
no los hubieran obtenido, podrán renunciar a sus permisos de acceso y conexión o, en su 
caso, a la solicitud presentada, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en 
vigor de este real decreto-ley, procediéndose a la devolución de las garantías económicas 
presentadas para tramitar la solicitud de acceso a las redes de transporte y distribución. 
Dicha renuncia será comunicada por el órgano sustantivo al órgano ambiental para que 
proceda a dictar resolución de terminación del correspondiente procedimiento.
Artículo 2.  Desarrollo ordenado de instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables.
Se añade el apartado 7 bis al artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, que queda redactado así: e.e
«7 bis  Adicionalmente al régimen retributivo específico previsto en el apartado  w.
afdinneat efnurcieoianrc,t eiaósnl   oddbeej  eleatnose  ndrgueeí afva arvseo nirneoscvteaarbla llceai o qpnureeesv  isdseeib  pcilriodonadsudtc ruyc yióeansn td,a ebe ilel indGeaordbg iíeeanr en lloéo csdt reiincsgaar raer ospollaasr rtáiyr    2020-6621n https://ww
reglamentariamente otro marco retributivo para la generación de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo  Bc
de un precio fijo por la energía.
El referido marco retributivo se otorgará mediante procedimientos de 
concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será la energía eléctrica, 
la potencia instalada o una combinación de ambas y la variable sobre la que se 
ofertará será el precio de retribución de dicha energía.
En los procedimientos de concurrencia competitiva, que deberán estar 
orientados a la eficiencia en costes, se podrá distinguir entre distintas tecnologías 
de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de 
gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que 
garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, así como tener en 
cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que 
estas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con 
otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.
En el caso de instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de demostración 
se les podrá eximir del procedimiento de concurrencia competitiva para el 
otorgamiento de los referidos marcos retributivos de acuerdo con lo que se 
desarrolle reglamentariamente. En estos casos, se podrá utilizar como referencia 
retributiva el resultado de dichos procedimientos, garantizándose la orientación a la 
eficiencia en costes.»
Artículo 3.  Modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 115, que queda redactado como sigue:
«Artículo 115.  Necesidad de autorización.
1.  La construcción, ampliación, modificación y explotación de todas las 
instalaciones eléctricas a las que se refiere el artículo 111 del presente real decreto 
requieren las resoluciones administrativas siguientes:
a)  Autorización administrativa previa, que se refiere al anteproyecto de la 
instalación como documento técnico que se tramitará, en su caso, conjuntamente 
con el estudio de impacto ambiental. Asimismo, en los casos en los que resulte 
necesario, permitirá la iniciación de los trámites correspondientes para la ocupación 
del dominio público marítimo-terrestre.
b)  Autorización administrativa de construcción, que se refiere al proyecto 
concreto de la instalación y permite a su titular la construcción o establecimiento de 
la misma.
c)  Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, 
poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación comercial.
Las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción definidas 
en los párrafos a) y b) del presente apartado podrán efectuarse de manera 
consecutiva, coetánea o conjunta.
2.  Las modificaciones de instalaciones de generación que hayan obtenido  e
autorización administrativa previa podrán obtener autorización administrativa de  bo
construcción sin requerir una nueva autorización administrativa previa cuando se  21ww
cumap)l anL taosd amso ldaisfi csaigcuioiennetse sn oco snedaicni oonbejes.to de una evaluación ambiental ordinaria
de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental. Bc
b)  Los  terrenos  afectados  por  la  instalación  de  producción  tras  las 
modificaciones no exceden la poligonal definida en el proyecto autorizado o, de 
excederse, no requieran expropiación forzosa y cuenten con compatibilidad 
urbanística.
c)  La potencia instalada, tras las modificaciones, no exceda en más del diez 
por ciento de la potencia definida en el proyecto original. Lo anterior se entenderá 
sin perjuicio de las implicaciones que, en su caso, de conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional decimocuarta, pudiese tener ese exceso de potencia a 
efectos de los permisos de acceso y conexión.
d)  Las modificaciones no supongan un cambio en la tecnología de generación.
e)  Las modificaciones no supongan alteraciones de la seguridad tanto de la 
instalación principal como de sus instalaciones auxiliares en servicio.
f)  No se requiera declaración, en concreto, de utilidad pública para la 
realización de las modificaciones previstas.
g)  Las modificaciones no produzcan afecciones sobre otras instalaciones de 
producción de energía eléctrica en servicio.
3.  A los efectos de lo establecido en el artículo 53.2 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, se consideran modificaciones no sustanciales, debiendo únicamente 
obtener la autorización de explotación, previa acreditación del cumplimiento de las 
condiciones de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado, las que 
cumplan las siguientes características:
a)  No se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental.
b)  Que no supongan una alteración de las características técnicas básicas 
(potencia, capacidad de transformación o de transporte, etc.) superior al 5 por ciento 
de la potencia de la instalación.
c)  Que no supongan alteraciones de la seguridad tanto de la instalación 
principal como de sus instalaciones auxiliares en servicio.
d)  Que no se requiera declaración en concreto de utilidad pública para la 
realización de las modificaciones previstas.
e)  Las modificaciones de líneas que no provoquen cambios de servidumbre 
sobre el trazado.
f)  Las modificaciones de líneas que, aun provocando cambios de servidumbre 
sin modificación del trazado, se hayan realizado de mutuo acuerdo con los 
afectados, según lo establecido en el artículo 151 de este real decreto.
g)  Las modificaciones de líneas que impliquen la sustitución de apoyos o 
conductores por deterioro o rotura, siempre que se mantengan las condiciones del 
proyecto original.
h)  La modificación de la configuración de una subestación siempre que no se 
produzca variación en el número de calles ni en el de posiciones.
i)  En el caso de instalaciones de transporte o distribución que no impliquen 
cambios retributivos.»
Dos.  El apartado 1 del artículo 125 queda redactado como sigue:
«1.  Las solicitudes formuladas conforme al artículo 122 se someterán al 
trámite de información pública durante el plazo de treinta días, a cuyo efecto se  s
insertará un anuncio extracto de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia  oe.
respectiva o «Diario Oficial» de la Comunidad Autónoma respectiva, y además en el  w.
«uOBnfiaoc ilaepltr íodnve Oiln Efcicsiaitaa, ld cdooe»rlr  aeE sslaptasod náodr»ee.ar áEs  not r,ea elm nsi utsapuru  celaas stpoou ,db delie cqpauecenió dlnae  nidncesialt asal andcuein óIcnnid oau fesetncrit aee  lya  « EmBnoáeslre gtdííean    2020-6621n https://ww
en cuya provincia tenga su origen la instalación. Durante el citado plazo de treinta
días, podrán formularse por los interesados las alegaciones que estimen oportunas.» Bc
Tres.  El apartado 2 del artículo 127 queda redactado como sigue:
«2.  A los anteriores efectos, será remitida, por la Administración competente 
para la tramitación del expediente, una separata del anteproyecto, conteniendo las 
características generales de la instalación y la documentación cartográfica 
correspondiente y, en su caso, un documento de síntesis del estudio de impacto 
ambiental, en orden a que en un plazo de treinta días presten su conformidad u 
oposición a la autorización solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que las distintas 
Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de 
interés general afectadas en sus bienes y derechos hayan contestado, se entenderá 
la conformidad de dicha Administración con la autorización de la instalación.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 131, el cual queda redactado del 
siguiente modo:
«1.  La Administración competente para la tramitación del expediente remitirá 
las separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos 
o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con 
bienes y derechos a su cargo, al objeto de que establezcan el condicionado técnico 
procedente, en el plazo de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que las distintas 
Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de 
interés general afectadas en sus bienes y derechos hayan contestado, se entenderá 
la conformidad de dicha Administración con las especificaciones técnicas propuestas 
en el proyecto de ejecución.»
Cinco.  Se suprime el apartado b) del artículo 131.2.
Seis.  El apartado 4 del artículo 131 queda redactado como sigue:
«4. En caso de reparos del peticionario, se trasladarán los mismos a la 
Administración, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés 
general que emitió el correspondiente condicionado técnico, en orden a que en el 
plazo de quince días muestre su conformidad o reparos a dicha contestación. 
Transcurrido dicho plazo sin que la Administración, organismos o empresas de 
servicio público o de servicios de interés general citados emitieran nuevo escrito de 
reparos sobre su condicionado, se entenderá la conformidad con la contestación al 
condicionado efectuada por el peticionario.»
Siete.  El primer párrafo del artículo 144 queda redactado como sigue:
«La solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, junto con el 
documento técnico citado en el artículo anterior, se someterá al trámite de 
información pública durante el plazo de treinta días.»
Ocho.  El apartado 1 del artículo 146 queda redactado como sigue:
«1.  Por el órgano encargado de la tramitación del expediente, simultáneamente 
al trámite de información pública, se dará cuenta de la solicitud y de la parte del 
documento técnico por el que las distintas Administraciones, organismos, empresas 
de servicio público o de servicios de interés general resulten afectados, a fin de que 
por estas se emita el correspondiente informe, en el plazo de treinta días. 
Transcurrido dicho plazo sin que las distintas Administraciones, organismos o  e.e
empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas en sus  b
bienes y derechos hayan contestado, se entenderá que no existe objeción alguna  21ww
con la declaración de utilidad pública de la instalación.»
Nueve.  Se añade una disposición adicional decimocuarta con el siguiente tenor:
«Disposición adicional decimocuarta.  Consideración de una misma instalación de 
generación a efectos de los permisos de acceso y conexión.
1.  Los permisos de acceso y conexión otorgados solo tendrán validez para la 
instalación para la que fueron concedidos. Asimismo, el otorgamiento de un permiso 
de acceso y conexión a una instalación estará condicionado a que esta pueda ser 
considerada la misma instalación que aquella a la que se refiere la solicitud con la 
que se inició el procedimiento de acceso y conexión.
2.  Para valorar si una instalación puede ser considerada la misma le serán de 
aplicación los criterios recogidos en el anexo II. A propuesta de la Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estos criterios podrán ser modificados 
mediante real decreto.
3.  En todo caso, la consideración de que una instalación no sea la misma 
llevará implícita la necesidad de realizar una nueva solicitud de acceso y conexión 
a la red para la obtención de nuevos permisos.
4.  En aquellos casos en los que las instalaciones con permisos de acceso y 
conexión solicitados y/o concedidos hayan sufrido modificaciones que impliquen 
que dichas instalaciones puedan ser consideradas las mismas de acuerdo con lo 
establecido en esta disposición, los titulares deberán actualizar la solicitud de los 
permisos de acceso y conexión, o en su caso, actualizar los permisos de acceso y 
conexión concedidos para adaptarlos a las características de la instalación 
modificada.
5.  En ningún caso, la actualización de los permisos de acceso y conexión por 
las causas a las que se refiere el apartado anterior, conllevará la modificación de la 
fecha de concesión de dichos permisos, que seguirá siendo la misma que la del 
permiso concedido.
Del mismo modo, en ningún caso la actualización de una solicitud de acceso y 
conexión por las razones a las que se refiere el apartado anterior supondrá la 
modificación de la fecha en la que se considere realizada la solicitud de acuerdo con 
lo que, a este respecto, establezca el procedimiento que regule la concesión de los 
permisos de acceso y conexión.
En el caso de hibridación de una instalación que tuviera un permiso de acceso 
ya concedido, a los efectos del cómputo del cumplimiento de los hitos administrativos:
a)  Para la tecnología que contase con el permiso de acceso inicial, el cómputo 
de los plazos se realizará a partir de la concesión del mismo.
b)  Para la nueva parte hibridada no contemplada en el permiso de acceso 
original, la fecha de inicio del cómputo de los mismos será la de actualización del 
permiso de acceso.»
Diez.  Se añade un anexo II con el siguiente tenor:
«ANEXO II
Criterios para considerar que una instalación de generación de electricidad es la 
misma a efectos de los permisos de acceso y conexión concedidos o solicitados
1.  A efectos de la concesión de los permisos de acceso y conexión solicitados  e.e
y de la vigencia de los permisos de acceso y conexión ya otorgados, se considerará  w.b
que una instalación de generación de electricidad es la misma que otra que ya  21ww
hnuinbgieusnea  sdoel ilcaista sdiog uui eonbtteesn cidaor alocste príesrtimcaisso:s de acceso y conexión, si no se modifica
a)  Tecnología de generación. Se considerará que no se ha modificado la
tecnología de generación si se mantiene el carácter síncrono o asíncrono de la
instalación. Asimismo, en el caso de instalaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, se considerará que no se ha modificado la tecnología si la 
instalación pertenece al mismo grupo al que se refiere el artículo 2 del citado real 
decreto. La adición de elementos de almacenamiento de energía no implicará que 
se modifique la tecnología de la instalación.
b)  Capacidad de acceso. La capacidad de acceso solicitada o concedida no 
podrá incrementarse en una cuantía superior al 5 % de la capacidad de acceso 
solicitada o concedida en el permiso de acceso original. A estos efectos, se 
entenderá como capacidad de acceso, aquella que figure en el permiso de acceso 
o en la solicitud del mismo. Si en el mismo se recogieran varios valores de potencia 
sin indicar claramente de cual se trata será aquel valor que refleje la potencia activa 
máxima que puede inyectarse a la red. Este valor no tendrá por qué ser coincidente 
con la potencia instalada o la potencia nominal de la instalación. No obstante, no se 
considerará que se mantiene la capacidad de acceso cuando esta disminuya 
respecto de la solicitada o la otorgada en el permiso de acceso como consecuencia 
de una reducción de potencia instalada o nominal que resulte de la división de un 
proyecto en dos o más proyectos de instalación de generación cuya suma de 
potencias sea igual a la potencia original.
c)  Ubicación geográfica. Se considerará que no se ha modificado la ubicación 
geográfica de las instalaciones de generación cuando el centro geométrico de las 
instalaciones de generación planteadas inicialmente y finalmente, sin considerar las 
infraestructuras de evacuación, no difiere en más de 10.000 metros.
En el caso de que se realice una hibridación, a los efectos de los permisos de 
acceso y conexión, la instalación se considerará la misma siempre que se cumplan 
los criterios anteriormente señalados. No obstante, en el caso de hibridación de 
instalaciones ya en servicio o proyectos que ya cuenten con permisos de acceso 
concedido, la condición a) solo será de aplicación a los módulos de generación de 
electricidad existentes o a los que se refiera el permiso de acceso ya otorgado.
2.  En el caso de instalaciones de generación de electricidad que, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril 
de 2016, que establece un código de red sobre requisitos de conexión de 
generadores a la red, estén integradas por más de un módulo de generación de 
electricidad, la condición asociada a la tecnología de generación a la que se refiere 
el apartado anterior será de aplicación a cada uno de los módulos de generación 
que la integren de tal manera que dicha instalación de generación de electricidad no 
podrá ser considerada la misma si se modifica la tecnología de generación de 
cualquiera de los módulos de generación de electricidad que la integran.»
TÍTULO II
Medidas para el impulso de nuevos modelos de negocio
Artículo 4.  Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, queda modificada como 
sigue: s
Uno.  Se modifica el apartado 13.b) del artículo 3, el cual queda redactado con el  bo
siguiente tenor literal: 21ww
trans«pbo) rteIn ssetaculancdioanrieos,  ddies tprirboudcuiócnc,ió anc oinmcleutyideansd,o l ísnuesa sin dfriareecsttarus,c tyu lraass  idnefr aeevsatcruucatcuiórans, 
eal é2c5t0ri ckaWs,  dqeu ela esx ecsetdaacnio dneels á dmeb rietoc atergrrait odreia lv deeh íucnualo sC oemléuctnriidcoasd  Adeu tpóontoemncai,a a ssuí pceormioor   BOE-A-cable e
las líneas directas conectadas a instalaciones de generación de competencia estatal.»
Dos.  Se añade un apartado d) en el apartado 4 del artículo 4, el cual queda redactado 
con el siguiente tenor literal:
«d)  La construcción de determinadas instalaciones en la red de transporte 
resulte crítica para la transición energética y la electrificación de la economía y estas 
no estuvieran contempladas en el instrumento de planificación vigente.»
Tres.  Se añaden tres epígrafes h), i) y j) al apartado 1 del artículo 6, con el siguiente 
tenor literal:
«h)  Los titulares de instalaciones de almacenamiento, que son las personas 
físicas o jurídicas que poseen instalaciones en las que se difiere el uso final de 
electricidad a un momento posterior a cuando fue generada, o que realizan la 
conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar 
para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica.
Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 17/2013, de 29 de 
octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, y de la posibilidad de que los 
sujetos productores, consumidores o titulares de redes de transporte y distribución 
puedan poseer este tipo de instalaciones sin perder su condición.
i)  Los agregadores independientes, que son participantes en el mercado de 
producción de energía eléctrica que prestan servicios de agregación y que no están 
relacionados con el suministrador del cliente, entendiéndose por agregación aquella 
actividad realizada por personas físicas o jurídicas que combinan múltiples 
consumos o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de 
almacenamiento para su venta o compra en el mercado de producción de energía 
eléctrica.
j)  Las comunidades de energías renovables, que son entidades jurídicas 
basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente 
controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los 
proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas 
y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, 
pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea 
proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o 
miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 10 del artículo 14 en el siguiente sentido:
«10.  Sin perjuicio de lo establecido en relación con la comercialización de 
referencia, la retribución a la actividad de comercialización será la que libremente se 
pacte entre las partes.
Los consumidores y los titulares de instalaciones de almacenamiento, ya sea 
directamente o a través de su comercializador o de un agregador independiente, 
podrán obtener los ingresos que correspondan, por su participación, en su caso, en 
los servicios incluidos en el mercado de producción de acuerdo a lo que 
reglamentariamente se determine.»
Cinco.  Se añade un apartado 12 al artículo 33 con la siguiente redacción:
«12.  Los titulares de los permisos de acceso de instalaciones de generación  es
de energía eléctrica que hibriden dichas instalaciones mediante la incorporación a  o
leddaeens  e acmrlogminísaaemc xeapiónsrian mdm yeai e rlminaat ó ocdr apeuponlodaosrcvá iaddnbae eld evg  aedocne ue amarrac eclcadieó ieasnnon e dteyreg a íl eaacl  eeoiclnnétcrccieoctrdiridcpidaaoa dru, a tqicsluiiizóeeanm nu dptdoirleei ce  elqi nnmus efitsu amlelaano ct neipousune ndevtoeas     2020-6621n https://www.
instalación cumpla con los requisitos técnicos que le sean de aplicación.
Asimismo, se podrán realizar solicitudes de permisos de acceso para 
instalaciones híbridas que incorporen varias tecnologías siempre que al menos una 
de ellas utilice una fuente de energía primaria renovable o incorpore de instalaciones 
de almacenamiento.»
Seis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 49, que queda redactado así:
«1.  Las empresas eléctricas, los consumidores y el operador del sistema, en 
coordinación con otros agentes, podrán realizar y aplicar medidas que fomenten una 
mejora de la gestión de la demanda eléctrica y que contribuyan a la optimización de 
la curva de carga y/o a la eficiencia y ahorro energéticos.
Los consumidores y los titulares de instalaciones de almacenamiento, bien 
directamente o a través de comercializadores o agregadores independientes, 
podrán participar, en su caso, en los servicios incluidos en el mercado de producción 
o gestión de la demanda de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine.»
Siete.  Se modifica el apartado 1 del artículo 53, que queda redactado con el siguiente 
tenor literal:
«1.  Para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, 
distribución, producción, líneas directas e infraestructuras eléctricas de las 
estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kW, 
contempladas en la presente ley o modificación de las existentes se requerirá de las 
siguientes autorizaciones administrativas:
a)  Autorización administrativa previa, que se tramitará con el anteproyecto de 
la instalación como documento técnico y, en su caso, conjuntamente con la 
evaluación de impacto ambiental, según lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, y otorgará a la empresa autorizada el derecho 
a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones.
La autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser 
otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión 
a las redes de transporte o distribución correspondientes.
b)  Autorización administrativa de construcción, que permite al titular realizar la 
construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.
Para solicitarla, el titular presentará un proyecto de ejecución junto con una 
declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de 
aplicación.
Para su resolución se deberán analizar los condicionados exclusivamente 
técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que 
presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo 
a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación.
La tramitación y resolución de autorizaciones definidas en los párrafos a) y b) 
del apartado 1 del presente artículo podrán efectuarse de manera consecutiva, 
coetánea o conjunta.
c)  Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, 
poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación.
Las acometidas podrán requerir las autorizaciones administrativas previstas en 
este apartado en los términos que reglamentariamente se establezcan por las 
Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias. e.
En el caso de instalaciones móviles de la red de transporte o red de distribución  w.b
que deban implantarse transitoriamente por un periodo inferior a dos años y que se  21ww
creoqnueecrtieránn  ad ed uicnhaa as urteodriezas,c icóonn a dcmariáncistterar tpivrae vdieo  cao nlast rauuctcoiórinz aqcuieó nre dceib ieráx pello ntoamcióbrne, 
dpere avuiato. rLizaa caióunto driez aimcipólann dtaec iiómnp, lqaunetadcainódno  seex imreigdiarsá  dpeo lra  laou dtoisripzuaecisótno  aednm einl isatnraetxivoa, 
pudiendo este anexo ser modificado reglamentariamente.
Las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán 
otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en 
el permiso de acceso. La capacidad de acceso será la potencia activa máxima que 
se le permite verter a la red a una instalación de generación de electricidad. Si las 
autorizaciones administrativas emitidas afectasen a instalaciones existentes con 
régimen retributivo específico, las modificaciones de las mismas deberán ser 
comunicadas para su inscripción en el registro de régimen retributivo específico y la 
diferenciación a efectos retributivos de la generación derivada de dichas 
modificaciones.»
Ocho.  Se modifica el primer párrafo al apartado 2 del artículo 53, con el siguiente 
tenor literal:
«2. La Administración Pública competente podrá establecer que determinados 
tipos de modificaciones no sustanciales de las instalaciones de transporte, 
distribución y producción, líneas directas e infraestructuras eléctricas de las 
estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kW no 
queden sometidas a las autorizaciones administrativas previas previstas en los 
apartados 1.a) y b).»
Nueve.  Se añade un párrafo al apartado 3 del artículo 53, con el siguiente tenor 
literal:
«3.  Asimismo, reglamentariamente el Gobierno podrá eximir a determinadas 
instalaciones eléctricas cuyo objeto sea la investigación y el desarrollo tecnológico 
del régimen de autorizaciones previsto en los apartados 1.a) y 1.b) del presente 
artículo. En todo caso para que un proyecto pueda resultar eximido de la autorización 
administrativa previa, ese proyecto concreto deberá estar exento de la obtención de 
declaración de impacto ambiental.
Para que un proyecto sea considerados de I+D+i a los efectos del párrafo 
anterior, este deberá estar sujeto a una convocatoria estatal europea o nacional 
específica que así lo refleje, o bien deberá contar con un reconocimiento expreso a 
tal efecto dictado por la Secretaría de Estado de Energía.»
Diez.  Se modifica el apartado 1 del artículo 54, que queda redactado con el siguiente 
tenor literal:
«1.  Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, 
transporte, distribución de energía eléctrica y las infraestructuras eléctricas de las 
estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kW, a los 
efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su 
establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.»
Once.  Se introduce una disposición adicional vigésima tercera, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional vigésima tercera.  Bancos de pruebas regulatorios.
Al amparo de la presente ley y con el objeto de cumplir los objetivos previstos en 
la misma, así como los objetivos de energía y clima y la sostenibilidad ambiental, se 
podrán establecer bancos de pruebas regulatorios en los que se desarrollen  s
proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación en el ámbito del  e.
sector eléctrico. w.
A tal efecto, dichos proyectos piloto deberán estar amparados por una  21ww
csoen pvoodcraátno reias traeballeizcaedr ap maretidcuialanrtied aredaels d ye,c erent os ud ecla Gsoo,b dieertneorm. Einna ddaicsh ae xceonncvioonceasto rdiae 
leacso nreógmuilcaac iyo nfineas ndceiel rsae dcetol rs iesltéecmtraic eol,é cstirnic poe. rLjuoisc ipor odyeel cptorisn cdiepbioe rdáen  steonseter nciabriálidctaedr   BOE-A-cable e
limitado en cuanto a su volumen, tiempo de realización y ámbito geográfico.»
Doce.  Se introduce un Anexo con la siguiente redacción:
«ANEXO
Autorización administrativa de implantación
Las instalaciones móviles deberán contar con una autorización administrativa de 
implantación de la misma en un lugar concreto. Para la obtención de dicha 
autorización administrativa, el solicitante presentará un proyecto de ejecución y un 
proyecto de implantación ante el órgano competente, así como un informe sobre 
dicho proyecto del Ayuntamiento donde se pretenda ubicar la instalación. Esta 
resolución de autorización administrativa de implantación será emitida en el plazo 
de tres meses desde que sea presentada la documentación reseñada por la 
administración competente para dictar la autorización administrativa de implantación.
Con carácter excepcional y ante casos de emergencia, la administración 
competente para dictar la autorización administrativa de implantación podrá 
autorizar provisionalmente la implantación de una instalación eléctrica móvil con el 
fin de garantizar el suministro en una determinada zona durante el tiempo 
estrictamente necesario hasta la obtención de la autorización de implantación. En 
todo caso, este periodo no podrá ser superior a un año. Dicha autorización deberá 
ser comunicada al municipio en el cual se implante la instalación.»
TÍTULO III
Medidas para el fomento de la eficiencia energética
Artículo 5.  Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 69 que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 69.  Creación de un sistema nacional de obligaciones.
1.  Se crea el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, en 
virtud del cual se asignará a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, 
a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de 
gases licuados de petróleo al por mayor, en adelante, sujetos obligados del sistema 
de obligaciones, una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, 
denominada obligaciones de ahorro.
Las obligaciones de ahorro resultantes equivaldrán, de forma agregada para el 
periodo de duración del sistema, al objetivo asignado a España por el artículo 7 de 
la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de  2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las 
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE, el cual ha sido modificado mediante la Directiva (UE) 
2018/2002, de 11 de diciembre de 2018, una vez deducidos los ahorros provenientes 
de las medidas alternativas contempladas en el artículo 7 ter de la citada Directiva. e
2.  El periodo de duración del sistema nacional de obligaciones de eficiencia  b
energética comprenderá desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014,  21ww
dcoem 4p edtieti vjiudaliod ,y  dlae  eafipcireonbcaiac,i óhna sdtae  eml 3e1d didea dsi cuiermgebnrete dse  p2a0r3a0 .el crecimiento, la
asig3n.a dAo se fae cEtossp adñea v seeri fipcoadr rláa  tlrleavyaerc tao ricaa bhaoc uian ae l rceuvmispiólinm ideenlt os idsete mlosa  opbajreati vlooss 
periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025 y, entre el 1 de enero 
de 2026 y el 31 de diciembre de 2030.»
Dos.  Se modifica el artículo 70 con la siguiente redacción:
«Artículo 70.  Cálculo de las obligaciones de ahorro individuales de los sujetos 
obligados.
1.  El objetivo de ahorro energético anual, las cuotas u obligaciones de ahorro 
correspondientes a cada uno de los sujetos obligados y su equivalencia financiera 
serán fijados anualmente mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos.
El objetivo de ahorro energético anual de cada sujeto obligado se calculará 
multiplicando las ventas de energía correspondientes a cada uno de los citados 
   
sujetos en el año n-2 (siendo n el año de referencia de la obligación), por el resultado 
de dividir el objetivo de ahorro anual promedio del periodo 2015-2020, entre el 
volumen de ventas anual promedio del conjunto de todos los sujetos obligados 
considerado en las correspondientes órdenes ministeriales publicadas por las que   
  se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética en dicho período, multiplicado por un factor, que podrá variar a lo largo 
 
del periodo 2021-2030, de manera que se logre la consecución del objetivo de 
 
  ahorro de energía final establecido en el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, 
modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, en el periodo 2021-2030.
Es decir, el objetivo anual de ahorro energético correspondiente a cada uno de los sujetos 
Es decir, el objetivo anual de ahorro energético correspondiente a cada uno de 
obligados selo sc saulcjeutolasr oáb ldigea dlao ss sigeu ciaelcnutela rmá daen elar asi:g uiente manera:
 
 
��������������������������������������2015−2020
  ��������������������������������������������−2���� �����
��������������������������������������������������������������2015−2020
Donde:  Donde:
   
Las ventas de energía relativas a cada sujeto obligado, indicadas en el párrafo 
Las ventaanst edreio re, snee crgorírae srpeolandtievna cso an: cada sujeto obligado, indicadas en el párrafo anterior, 
se corresponden con: 
En el caso de las comercializadoras de gas y electricidad, con el volumen de sus 
  ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales, teniendo en cuenta 
En el caseol  cdoenj ulantso  cdoe msue arcctiiavildizaadd, eoxrparse sdaeda gsa esn  yG Welhe, cdturircaindtea del,  sceognun edlo  vaoñlou amnetenri odr ea l sus ventas 
periodo anual de la obligación.
de energía final a nivel nacional a consumidores finales, teniendo en cuenta el conjunto de 
En el caso de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases 
su actividadli,c ueaxdporse dseal dpaetsró eleno , GcoWn ehl, v doluurmaennt ed ee slu sse vgenutnads od ea eñnoe rgaínat feinraiol ra  anilv eple nraiocidoona al nual de la 
obligación. para su posterior distribución al por menor, y a consumidores finales teniendo en 
cuenta el conjunto de su actividad, expresadas en GWh, durante el segundo año 
 
anterior al periodo anual de la obligación.
En el caso dEel  lcoose foicpieenrtaed Co rseesr áa lp proopro rmciaonyaolr  adl ea upmroednutoc tdoesl  opbejetrtoivloíf edreo sa hyo rgroa saensu alil cuados del 
petróleo, conne ceels avroiol upmarae ncu dmep lisr ucosn v loe nestatasb ledceid oe neen regl íaart ífciunlao l7 a d en liav eDli rencaticviao 2n0a1l2 p/2a7r/Ua Es, u posterior 
modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, en el periodo 2021-2030.
distribución al por menor, y a consumidores finales teniendo en cuenta el conjunto de su 
La suma de las obligaciones anuales de ahorro de todos los sujetos obligados  es
actividad, esxepráre isgauadla asl  oebnje tGivoW dhe,  adhuorraron eten eergl éstiecog uannudaol  easñtaob laecnidteor ipoorr  alal  oprederino ddoe  laa nual de la  oe.
obligación.  Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ningún caso, la  21www.
cum Elp clior ecfoicnissp(e UuualnoEmprate )ea  erE2  aCds0srept 1 ae sa8llbañe/ 2osalre0 bá op0cj ebo2pidtlr,iir  vgoeeooaln p  cae aoeironctlrí nucc pemueeioslrluo  ínaol aa7anddr uoldt oía eac2 l dlel0u aeas2l o  Du1da -imehr27e o0ea cr3dhtrni0ovoet. aro dr o 2lead 0 d ee1eDnl2  eo/it2rorbeg7djí/coeaUts tiE ifvvil,noa omas   l2od sadu0enij1f euiact2aoah/lsdi2oz oao7r rbdp/oUlooi g raE ealnasd,  tuoDamsabir lloep encodctediiidfvrcioáace   asdaari op opra rlaa   OE-A-2020-66able en https://
Directiva (UE) 2018/2002, en el periodo 2021-2030.
 
La suma de las obligaciones anuales de ahorro de todos los sujetos obligados será igual 
al objetivo de ahorro energético anual establecido por la orden de la Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ningún caso, la suma de las obligaciones 
anuales de ahorro de todos los sujetos obligados podrá superar el objetivo acumulado de 
ahorro de energía final anualizado establecido para España por el artículo 7 de la Directiva 
2012/27/UE, modificado por la Directiva (UE) 2018/2002, en el período 2021-2030.  
 
En caso de que un sujeto obligado cause baja como comercializador u operador al por 
mayor en el año de cumplimiento de la obligación, será considerado sujeto obligado a los 
efectos de la presente Ley, por todo el periodo anual de obligación que corresponda. A estos 
efectos, el sujeto obligado deberá acreditar ante la Dirección General de Política Energética 
y Minas su baja en la actividad, quien lo comunicará al órgano gestor del Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética. 
 
Para determinar la cuantía correspondiente para cada sujeto obligado se incluirán los 
  45
En caso de que un sujeto obligado cause baja como comercializador u operador 
al por mayor en el año de cumplimiento de la obligación, será considerado sujeto 
obligado a los efectos de la presente Ley, por todo el periodo anual de obligación 
que corresponda. A estos efectos, el sujeto obligado deberá acreditar ante la 
Dirección General de Política Energética y Minas su baja en la actividad, quien lo 
comunicará al órgano gestor del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Para determinar la cuantía correspondiente para cada sujeto obligado se 
incluirán los ajustes, en sentido positivo o negativo, que se deriven de la corrección 
de los datos de ventas suministrados por los sujetos obligados sobre los fijados en 
la correspondiente orden ministerial del año anterior para el que se establece la 
obligación.
2.  A estos efectos, los sujetos obligados deberán remitir anualmente, antes 
del 30 de junio, a la Dirección General de Política Energética y Minas los datos de 
ventas de energía correspondientes al año anterior, expresados en GWh.»
Tres.  Se modifica el artículo 71 con la siguiente redacción:
«Artículo 71.  Cumplimiento de las obligaciones y Certificados de Ahorro 
Energético.
1.  Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro 
energético, los sujetos obligados deberán realizar una contribución financiera anual 
al Fondo Nacional de Eficiencia Energética al que se refiere el artículo siguiente, por 
el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia 
financiera que se establezca.
Dicha obligación financiera habrá de ingresarse por trimestres completos en 
cuatro partes iguales, y ello no más tarde del 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 31 de diciembre de cada año, a excepción del último año de obligación 
en el que la citada obligación financiera habrá de ingresarse en dos partes iguales, 
y ello no más tarde del 31 de marzo y 30 de junio.
Por orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se 
determinará la equivalencia financiera con base en el coste medio estimado para 
movilizar las inversiones en todos los sectores de actuaciones necesarias para 
alcanzar el objetivo anual de ahorro.
2.  Alternativamente, y en los términos que reglamentariamente por el Gobierno 
se regulen, se podrá establecer un mecanismo de acreditación de la consecución de 
una cantidad de ahorro energético equivalente al cumplimiento de las obligaciones 
del sistema. Este mecanismo se basará en la presentación de Certificados de 
Ahorro energético (CAE) que resulten de la realización de las actuaciones de 
eficiencia energética.
3.  La inspección y tramitación de los procedimientos sancionadores derivados 
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el la presente Ley y en sus 
disposiciones de desarrollo en relación al sistema nacional de obligaciones de 
eficiencia energética le corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 72 con la siguiente redacción:
«Artículo 72.  Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
1.  Se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, fondo carente de  bo
personalidad jurídica, cuya finalidad será financiar las iniciativas nacionales de  21ww
ePfaicrileanmceian teon Eerugréotpiceao,  eyn d ceul mCpolnimseiejon,t od dee 2l 5a rdtíecu oloc t2u0b rdee  dlae  D2i0re1c2t,i vma o2d0i1fi2ca/2d7a/ UpEo rd leal 
Dire2c.t ivaE (l UFEon) d2o0 1N8a/2c0io0n2a.l de Eficiencia Energética se dedicará a la financiación de
mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación,
información, u otras medidas con el fin de aumentar la eficiencia energética en 
diferentes sectores, de forma que contribuyan en su conjunto a alcanzar el objetivo 
de ahorro de energía nacional previsto en el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, modificada por la 
Directiva (UE) 2018/2002.
3.  Podrán atenderse con cargo a las dotaciones del Fondo todos los gastos 
que ocasione la gestión del Sistema Nacional de Ahorro de Energía. A estos efectos, 
también se considerarán gastos de gestión, entre otros, la elaboración de estudios 
e informes, las asistencias técnicas para la definición de las medidas de actuación, 
así como para la medición, control y verificación del cumplimiento de los objetivos.»
Cinco.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 73, con la siguiente redacción:
«1. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética estará adscrito al Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado 
de Energía.»
«3. La supervisión y control del Fondo corresponderá a un Comité de 
Seguimiento y Control adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía que bajo la presidencia 
de su titular estará compuesto por los titulares de:
a)  La Dirección General de Política Energética y Minas.
b)  La Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P.
c)  La Oficina Española del Cambio Climático
d)  El Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno.
e)  Un representante con rango de Director General de los siguientes 
departamentos ministeriales:
1.º  Ministerio de Hacienda.
2.º  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
3.º  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El secretario del Comité será designado por el Presidente, entre funcionarios de 
la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico con rango de Subdirector General. El Gobierno, mediante real 
decreto, podrá modificar la composición del Comité.»
Seis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 74, con la siguiente redacción:
«1.  El Fondo estará dotado con:
Los recursos provenientes de fondos estructurales comunitarios FEDER como 
consecuencia de la cofinanciación de actuaciones ejecutadas con los recursos del 
Fondo.
Las aportaciones de los sujetos obligados por el sistema nacional de 
obligaciones de eficiencia energética en concepto de cumplimiento o liquidación de 
sus obligaciones de ahorro durante el periodo comprendido desde el 1 de enero 
de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2030. s
Otras aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del  e.
Estado. w.
Los recursos (importes) para financiar nuevas operaciones procedentes de las  21ww
dcoebvoraludcoiso ndees p qréuset aremtoorsn ceonn oce sdeid roesc uepne croennc peoprt op drien cfiinpaanl cei ainctieórne dsee sla dse avcetnugaacdioonse ys 
ianqduiveildlausa leostr aesje ccauntatiddaasd eesn  qaupeli ceavceiónntu daelm leans tem epduiddiaesra dne s aecr tuinagcrieósna, daassí  ceonm loa   BOE-A-cable e
tesorería del fondo como consecuencia de un procedimiento de reintegro por 
incumplimiento por el beneficiario de las condiciones de las ayudas concedidas.
Cualquier otro recurso destinado a financiar actuaciones que tengan como 
objetivo implementar medidas de ahorro y eficiencia energética, así como los 
remanentes de aportaciones, si los hubiere, de anteriores ejercicios.»
Siete.  Se modifican los párrafos 1. a), 2. a) 3. a) y 3. e) del artículo 79, quedando 
redactados de la siguiente forma:
«1.a)  Dejar de ingresar la totalidad de la cuantía anual que corresponda al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética dentro del periodo de la obligación cuando 
la contribución anual sea superior a 5 millones de euros.»
«2.a)  Dejar de ingresar la cuantía anual que corresponda al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética dentro del periodo de la obligación cuando la contribución 
anual sea superior a 500.000 euros e inferior a 5 millones de euros.»
«3.a)  Dejar de ingresar la cuantía anual que corresponda al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética dentro del periodo de la obligación cuando la contribución 
anual sea igual o inferior a 500.000 euros.»
«3.e)  El retraso en la comunicación de los datos sobre las ventas de energía o 
de cualquier otra información que se solicite por la Administración, que dificulte, 
aunque no impida, la determinación de las obligaciones de ahorro. A estos efectos, 
la prescripción de la infracción a la que se refiere el artículo 83 empezará a contarse 
a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la 
correspondiente orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico a la que se refiere el artículo 70.»
Ocho.  Se modifica el artículo 83, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 83.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1.  El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este capítulo será 
de tres años para las muy graves, dos para las graves y seis meses para las leves.
2.  El plazo de prescripción de las sanciones previstas en este capítulo será de 
tres años para las muy graves, de dos años para las graves y de un año para las 
leves.
3.  Para el cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones 
se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.»
Nueve.  Se modifica el apartado 1 del artículo 84, con la siguiente redacción:
«1.  La iniciación y la instrucción de los procedimientos sancionadores 
derivados de las infracciones administrativas tipificadas en el ámbito del sistema 
nacional de obligaciones de eficiencia energética y en materia de auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, 
promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos 
energéticos, así como su archivo, corresponderá al órgano de la Dirección General 
correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía.»
Diez.  Se modifica el artículo 86, quedando redactado de la siguiente forma: s
«Artículo 86.  Procedimiento sancionador. b
eaAnjdu mse1tli a.nq riusáEet ra la l aptlisrovo o fcda eCissdeopismmu deiúeesnn t oitndo se ept nralua rclsaac   AliaóLd neimm yy ip n3roei9sss/ti2roca0liuóc1cnio5i ódn, need  seela s Ps1ta ú srbdaáleninc c aodioscen,tb uecibdsora npem r,l eaedvsnei stlep ta Passrret oiepccnaue rledaasirdmitdaaias eL,dn esetyeos,     OE-A-2020-66able en https://
que se establecen en los demás artículos de este capítulo.
2.  El plazo máximo para la resolución y notificación en estos procedimientos 
sancionadores en los que las fases de instrucciones y tramitación estarán 
debidamente separadas será de dieciocho meses, a contar desde la fecha en que 
se produzca su iniciación. Transcurrido este plazo se declarará la caducidad del 
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos 
en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.»
TÍTULO IV
Otras medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y el empleo
Artículo 6.  Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y 
aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales.
1.  Con los efectos del apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
las entidades locales podrán destinar en 2020, como máximo, el 7 por ciento del saldo 
positivo correspondiente al año 2019 que resulte de la aplicación de las reglas del 
apartado 2 de aquella disposición adicional, para financiar gastos de inversión en vehículos 
eléctricos puros o con etiqueta ambiental CERO, salvo en el caso que se acredite que no 
existen vehículos CERO que cumplan con las necesidades mínimas de servicio, en cuyo 
caso podrán sustituirse por vehículos con la etiqueta ECO, y en infraestructuras de recarga 
para el uso de los vehículos adquiridos, que se destinen a la prestación de los servicios 
públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, 
protección civil, prevención y extinción de incendios y de transporte de viajeros.
2.  En todo caso, son aplicables las reglas, condiciones y requisitos recogidos en la 
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en la disposición adicional decimosexta del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sin perjuicio de la aplicación que se haya podido realizar 
por cada entidad local como consecuencia del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, y 20.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
3.  Se habilita al órgano competente del Ministerio de Hacienda para determinar, en 
su caso, los modelos de formularios normalizados para la captura de aquella información 
y dictar las instrucciones o resoluciones que resulten necesarias para la concreción, 
procedimiento y plazo de remisión de la información a suministrar.
La remisión de la información económico-financiera de cada corporación local se 
realizará por la intervención o unidad que ejerza sus funciones, mediante firma electrónica 
avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica.
El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud del 
presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.
El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido 
a los plazos establecidos, el correcto contenido, idoneidad o modo de envío de los datos 
podrá llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y 
siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, previo requerimiento a la corporación local para su cumplimiento  e.
en un plazo de diez días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que  w.b
corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los requerimientos  21ww
efectuados o al incumplimiento de los mismos.
Artículo 7.  Deducción en el Impuesto sobre Sociedades por actividades de innovación 
tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la 
automoción.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2020 
y 2021, el porcentaje de deducción al que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 35 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, será del 25 por 
ciento para los gastos efectuados en la realización de actividades de innovación 
tecnológica cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos 
de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales 
de los ya existentes.
Para la aplicación de la deducción regulada en el párrafo anterior, será necesario que 
la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como 
innovación tecnológica cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de 
nuevos procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o 
mejoras sustanciales de los ya existentes, en los términos establecidos en la letra a) del 
apartado 4 del artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades.
Artículo 8.  Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, queda modificada como 
sigue:
Uno.  Se modifican los apartados 2, 4 y 5 del artículo 34, que quedan redactados de 
la siguiente manera:
«2.  Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de 
determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del 
documento inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente 
información:
a)  La definición y las características específicas del proyecto, incluida su 
ubicación, viabilidad técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así 
como un análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales 
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 
catástrofes.
b)  Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los 
potenciales impactos de cada una de ellas.
c)  Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la 
documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano 
ambiental para que elabore el documento de alcance del estudio de impacto 
ambiental.
Si la documentación inicial presentada por el promotor junto con la solicitud 
careciera de la información exigible o fuera insuficiente para poder efectuar las 
consultas a las Administraciones Públicas afectadas, se requerirá al promotor para 
que en el plazo improrrogable de diez días, subsane la falta de información o 
acompañe la documentación necesaria, con indicación de que si así no lo hiciera,  e
se le tendrá por desistido de su solicitud.» bo
«4.  Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas  21ww
clpaor onrecsTceuredaltpianmcdsiicaóeusnnr  tdrdoiede boc leo aern ádstnoitne cpu upramolranáezu nosnt iac seicianiló r sóqneru.g eea nns oee l  ahpmalaybzaoien nm rteáacxl iibcmuidoeo nd teeas  ttrcoeosinn tp aer oldenímausne cnhitáaobmsil ieedsne td ojeussi,c dieoel    OE-A-2020-66able en https://
suficientes para elaborar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.
En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se 
reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque 
no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que 
resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior 
de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la 
entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora.
El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y 
suspende el plazo previsto para la elaboración del documento de alcance.
Si transcurrido el plazo otorgado al efecto en el párrafo anterior, el órgano 
ambiental no ha recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas 
que resulten relevantes para la determinación del alcance del estudio de impacto 
ambiental, el órgano ambiental elaborará el documento de alcance haciendo constar 
la ausencia de los informes solicitados para conocimiento del promotor y del órgano 
sustantivo.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la 
emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la 
Ley 9/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»
«5.  Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental 
elaborará y remitirá al promotor y al órgano sustantivo el documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental, junto con las contestaciones recibidas a las consultas 
realizadas dentro del plazo establecido en el artículo 33.2.a).
El documento de alcance del estudio de impacto ambiental será válido durante 
el plazo de dos años a partir del día siguiente al de su notificación al promotor. 
Perderá su validez una vez que transcurra dicho plazo sin que se haya presentado 
ante el órgano sustantivo el estudio de impacto ambiental para iniciar el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.»
Dos.  Se añaden los apartados 2, 3, 4 y 5 en el artículo 43 con la siguiente redacción:
«2.  El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de 
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. 
La solicitud formulada por el promotor suspenderá el plazo de vigencia de cuatro 
años.
3.  Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia de la declaración de impacto ambiental en caso de que no se hayan 
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para 
realizar la evaluación de impacto ambiental, ampliando su vigencia por dos años 
adicionales. Transcurrido este plazo sin que se haya comenzado la ejecución del 
proyecto o actividad el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental del proyecto.
4.  El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de 
tres meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. El órgano 
ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de 
la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la 
evaluación de impacto ambiental. Estas Administraciones deberán pronunciarse en  e.e
el plazo de treinta días, que podrá ampliarse por quince días más, por razones  w.b
debidamente justificadas, periodo durante el cual el plazo de resolución de la  21ww
solic5it.u dT prearnmscaunrericdeor áe sl upslapzeon dsiidno q.ue el órgano ambiental haya resuelto sobre la
pderósrersotgima addea  llaa  svoigliceintucdia d ed ep rlóar rdoegcal.a»ración de impacto ambiental se entenderá
Tres.  Se modifican los apartados 2, 8 y 9 del artículo 47, que quedan redactados de 
la siguiente manera:
«2.  El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el 
promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de 
verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales 
realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del 
informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo 
con los criterios del anexo III que:
a)  El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En 
este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al 
artículo 35.
Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de 
alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.
b)  El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, 
en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al 
menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, 
de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio 
ambiente.
c)  No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos 
adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental 
de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento 
con archivo de actuaciones.»
«8.  El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de 
tres meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente, 
el órgano ambiental solicitará informe a las Administraciones Públicas afectadas por 
razón de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para 
realizar la evaluación de impacto ambiental simplificada. Estas Administraciones 
deberán pronunciarse en el plazo de treinta días, que podrá ampliarse, por razones 
debidamente justificadas, por quince días más, periodo durante el cual el plazo de 
resolución de la solicitud permanecerá suspendido.»
«9.  Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la 
prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental, se entenderá desestimada 
la solicitud de prórroga.»
Artículo 9.  Definición temporal de plaza kilómetro.
Con carácter excepcional y mientras persistan las medidas de restricción obligatoria de 
la oferta, en los trenes en los que el billete otorgue una plaza sentada, a efectos de la 
liquidación de la adición de la modalidad B del canon por utilización de las líneas 
ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, recogido en el 
artículo 97.5 2.º b) de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, se 
entenderá por plaza kilómetro el producto de los kilómetros recorridos por un tren por el 
número de plazas que la empresa ferroviaria esté autorizada a comercializar, atendiendo 
a las medidas necesarias de máxima separación posible entre viajeros determinadas por 
las autoridades competentes en cada momento. s
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará a cuantas liquidaciones correspondan al  oe.
periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14  w.
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de  21ww
crerisstirsic scaiónnit aorbialig oactoarsiiao ndaed laa  opfoerr teal  rCefOeVridIDa-s1.9, y aquella en que decaigan las medidas de
Artículo 10.  Arrendamientos para uso distinto del de vivienda de las entidades 
administradoras de infraestructuras ferroviarias en su condición de grandes tenedores.
Las entidades a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, 
del sector ferroviario, podrán acordar con los arrendatarios de sus inmuebles arrendados 
para uso distinto de vivienda una moratoria o reducción de la renta por el impacto 
provocado por el COVID-19. Este acuerdo exigirá la solicitud previa de los arrendatarios 
en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Artículo 11.  Ampliación de las habilitaciones para la ejecución de la Oferta de Empleo 
Público y de los procesos de estabilización de empleo temporal.
1.  Con carácter excepcional, la habilitación temporal para la ejecución de la Oferta de 
Empleo Público, o instrumento similar de las Administraciones Públicas y de los procesos de 
estabilización de empleo temporal previstos en el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y en el artículo 19.Uno.9 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
mediante la publicación de las correspondientes convocatorias de procesos selectivos 
regulada en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuyo vencimiento 
se produzca en el ejercicio 2020, se entenderá prorrogada durante el ejercicio 2021.
2.  Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para aprobar y 
publicar en los respectivos Diarios Oficiales las ofertas de empleo público que articulen los 
procesos de estabilización de empleo temporal a los que se refiere el apartado anterior. En 
los demás extremos estos procesos se atendrán a los requisitos y condiciones establecidos 
en cada una de las citadas Leyes de Presupuestos, según corresponda.
Artículo 12.  Liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz.
El proceso de liberación de la banda de frecuencias de 694 MHz a 790 MHz (banda de 
frecuencias del segundo dividendo digital), se desarrollará conforme a lo establecido en el 
presente Real Decreto-Ley y en el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se 
aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.
El cese de emisiones en los canales radioeléctricos de la banda de frecuencias 694 MHz 
a 790 MHz explotados por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva 
en ningún caso podrá producirse con posterioridad al 31 de octubre de 2020 para ningún 
múltiple digital o canal radioeléctrico y en ninguna de las áreas geográficas o demarcaciones 
de televisión local, incluida su utilización transitoria con el fin de facilitar las actuaciones de 
adaptación de las instalaciones de recepción de señales de televisión, sin perjuicio de que 
se pueda anticipar la fecha de cese de utilización de determinados canales radioeléctricos 
en los términos indicados en el apartado 4 de la disposición transitoria tercera del citado Real 
Decreto 391/2019, de 21 de junio.
Se mantienen los objetivos de cobertura de población que para los distintos canales 
radioeléctricos y múltiples digitales vienen establecidos en el Real Decreto 391/2019, 
de 21 de junio, si bien las obligaciones relativas a los plazos de cobertura de población 
establecidas en el citado real decreto deberán cumplirse antes del 31 de octubre de 2020.
Disposición adicional primera.  Capacidad de acceso de los nudos de transición justa. es
1.  Hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia apruebe los  w.
criterios para la evaluación de la capacidad de la red y a los efectos de regular los  21ww
penro lcoesd nimudieonst odse  ytr easntsaicbilóenc ejur slotas  qreuqeu fiisgiutoras np aerna e el la onteoxrgoa, mdeie cnoton fdoerm laid caadp caocnid laad d disep aocsciceiósno 
aDdiriecicocnióanl  vGigeénseimraal  sdeeg Puonldítaic dae E lan eLregyé t2ic4a/2 y0 1M3i,n daes  2p6o ddreá d sicoileicmitbarre a, ld oepl eSreacdtoorr  Edelél cstirsicteom, laa   BOE-A-cable e
eléctrico el cálculo de la capacidad de acceso individualizada para dichos nudos.
2.  En los cálculos efectuados, el operador del sistema deberá considerar la situación 
concreta de ese nudo y de aquellos que tengan influencia sobre el mismo. El análisis 
realizado por el operador del sistema incorporará, asimismo, criterios asociados a la 
potencia de cortocircuito y a la estabilidad estática y dinámica de la red. El operador del 
sistema podrá asimismo considerar adicionalmente en sus análisis otros criterios técnicos 
que pudieran ser relevantes en esos nudos concretos de la red, con el objetivo de 
maximizar la penetración de renovables y asegurar una operación segura del sistema.
Disposición adicional segunda.  Límites de inversión en las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica.
1.  Con carácter excepcional, durante cada uno de los años del trienio 2020 a 2022, el 
volumen anual de inversión de la red de transporte de energía eléctrica puesto en servicio 
cada uno de dichos años con derecho a retribución a cargo del sistema podrá ascender 
hasta un máximo del 0,075 por ciento del producto interior bruto de España previsto por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para cada uno de esos años.
Asimismo, durante el periodo 2021-2026, en el cálculo del volumen anual de inversión 
sujeto a la limitación de cantidad no se computará el volumen de inversión motivado por 
interconexiones internacionales, si bien estas actuaciones tendrán derecho a retribución 
sufragada a través de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución.
El cálculo del volumen de inversión con derecho a retribución de cada una de las 
empresas transportistas se realizará de acuerdo con los previsto en el capítulo IV del Real 
Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 
cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, con las 
particularidades relativas al volumen total sectorial señaladas en los párrafos anteriores.
El aumento del volumen máximo de inversión con derecho a retribución a cargo del 
sistema en la red de transporte recogido en el primer párrafo de este apartado deberá 
considerarse en el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica para el 
periodo 2021-2026.
2.  De igual modo, con carácter excepcional durante cada uno de los años del 
trienio 2020 a 2022, el volumen anual de inversión de la red de distribución de energía 
eléctrica puesto en servicio cada uno de dichos años con derecho a retribución a cargo del 
sistema podrá ascender hasta un máximo del 0,14 por ciento del producto interior bruto de 
España previsto por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para 
cada uno de esos años.
El cálculo del volumen de inversión con derecho a retribución de cada una de las 
empresas distribuidoras se realizará de acuerdo con los previsto en el capítulo IV del Real 
Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 
cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, con las 
particularidades relativas al volumen total sectorial señaladas en el párrafo anterior.
3.  El valor máximo del volumen de inversión sujeto a limitación de cantidad señalado 
en los apartados anteriores podrá ser modificado al alza o a la baja por orden de la Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a los efectos de ajustarlo a la evolución 
real de la economía o si se produjeran circunstancias técnicas o económicas sobrevenidas.
Disposición adicional tercera.  Destino del superávit del Sector Eléctrico.
1.  No obstante lo previsto en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y  s
en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, con  oe.
carácter excepcional, el superávit de ingresos del sistema eléctrico podrá aplicarse para  w.
ceunbtrr2eir.   inlogPsr eodsre oossar dyjue csnote sdstee t sel amd epM oliornasis leetrsjea, r ccpoiacniro acs a l2ará0 Tc1rt9ea rny  sp2irc0ei2fóe0nr.e Encteo,l óyg liacsa  dye sevl iRaceioton eDse tmraongsriátofirciaos,   2020-6621n https://ww
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se
aprobarán las cantidades, términos y plazos de la aplicación a que hace referencia el  Bc
apartado anterior.
Disposición adicional cuarta.  Medidas de acompañamiento a las instalaciones acogidas 
al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente 
del precio del combustible.
1.  Para las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente 
del precio del combustible, el valor de la retribución a la operación aplicable durante el 
periodo en el que se encuentre en vigor el estado de alarma, se calculará de acuerdo a los 
siguientes apartados.
2.  Para el cálculo del valor de la retribución a la operación se considerarán los 
parámetros retributivos en vigor en la fecha de la aprobación de este real decreto ley, a 
excepción de los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de 
emisión de CO , que serán estimados para el periodo en el que se encuentre en vigor el 
2
estado de alarma. Asimismo, en caso de ser necesario para la correcta aplicación del 
régimen retributivo específico, se actualizarán aquellos parámetros retributivos 
relacionados con los citados anteriormente.
3.  La retribución a la operación así calculada en ningún caso podrá resultar inferior al 
valor de la retribución establecida en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, para cada 
instalación tipo.
4.  Excepcionalmente,  los  valores  del  número  de  horas  equivalentes  de 
funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020 a las 
instalaciones tipo afectadas por este artículo quedan reducidos en un 50 % respecto de los 
valores establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero.
Disposición adicional quinta.  Prórroga del periodo transitorio de adaptación de las 
Sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios.
El plazo del periodo transitorio de adaptación de las Sociedades anónimas de gestión 
de estibadores portuarios establecido en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores 
para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando 
cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), 
queda prorrogado por un periodo de dos meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley.
Esta prórroga tendrá efectos exclusivamente en cuanto a la adaptación de las 
Sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios, sin afectar al régimen de 
concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria
Disposición adicional sexta.  Control sanitario de los pasajeros internacionales.
1.  Sin perjuicio de las medidas preventivas adoptadas en aplicación de las Directrices 
EASA/ECDC (siglas en inglés de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y del Centro 
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, respectivamente), el Ministerio de 
Sanidad determinará los controles sanitarios necesarios a los que deben someterse los 
pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima y el alcance de dichos controles, 
siendo el responsable de su ejecución. Dichos controles sanitarios podrán incluir la toma 
de la temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero.
2.  En lo que se refiere al control documental, los pasajeros con origen en cualquier 
aeropuerto o puerto situado fuera del territorio español, deberán cumplimentar un  es
formulario de salud pública. El contenido de dicho formulario y su forma de presentación  o
será establecido por la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e  21www.
IanénroeAvo at acoli  óemnfe adcretíotli ,mM laoins i ysa tgeceruinoac ldiqaeus i Sedare n ovidtiaraojed ,a. lgoesn otpee qraudeo rceosm tuerrícsitaicliocse  yb cilolemtepsa ñaíaésre does  trvaennsdpiodrotes   OE-A-2020-66able en https://
aisladamente o como parte de un viaje combinado deberán informar a los pasajeros, en el 
inicio del proceso de venta de los billetes con destino a España, de la obligatoriedad de 
presentar el formulario de salud pública en el aeropuerto o puerto de destino.
3.  Si en el proceso del control sanitario se detecta que un pasajero puede 
padecer COVID-19 u otra patología que pueda suponer un riesgo para la salud pública, se 
realizará una evaluación médica en la que se valorarán los aspectos epidemiológicos y 
clínicos del pasajero. Si se confirma que el pasajero padece COVID-19 u otra patología 
que pueda suponer un riesgo para la salud pública, se activarán los protocolos establecidos 
para su derivación a un centro sanitario.
4.  En relación con la vía aérea, la implementación de los controles sanitarios 
previstos en los apartados 1 y 2, deberá realizarse en coordinación con el gestor 
aeroportuario. El gestor aeroportuario y las compañías aéreas prestarán su colaboración 
al Ministerio de Sanidad para la implementación de estas medidas. En el caso de 
aeropuertos gestionados por Aena S.M.E., S.A. en dicha colaboración se tendrá en cuenta 
lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19
Disposición transitoria primera.  Nuevas solicitudes de permisos de acceso.
1.  Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta la aprobación por el 
Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, respectivamente, del 
real decreto y la circular normativa que desarrollen el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, no se admitirán por los gestores de red nuevas solicitudes de permisos de 
acceso para plantas de producción de energía eléctrica ni por la capacidad existente a la 
entrada en vigor del real decreto-ley ni por la que resulte liberada con posterioridad como 
consecuencia de los desistimientos, caducidades o cualquier otra circunstancia 
sobrevenida.
No obstante, sí serán admitidas por los gestores de red aquellas solicitudes que, a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, hayan remitido a la administración competente 
para la tramitación de las autorizaciones el resguardo acreditativo de haber depositado las 
garantías económicas para la tramitación de los permisos de acceso.
2.  Lo previsto en el párrafo primero del apartado 1 anterior no será de aplicación a las 
solicitudes que se puedan realizar:
a)  En el marco de los procedimientos para la concesión de la capacidad de acceso 
de evacuación previstos en la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, para el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión para 
garantizar una transición justa.
b)  Para plantas de producción destinadas al autoconsumo que se conecten a la red 
de distribución de energía eléctrica.
c)  Para otorgar permisos de acceso a consumidores de energía eléctrica.
3.  Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, queda sin efectos para nuevas 
solicitudes de acceso a la red de transporte lo previsto en la disposición adicional cuarta 
del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores.
No obstante, mediante real decreto podrán definirse criterios y requisitos para 
incorporar en las subestaciones de transporte posiciones adicionales a las incluidas  es
expresamente en la planificación de la red de transporte. Dichas posiciones tendrán  o
consideración de instalaciones planificadas e incluidas en los planes de inversión a los  21ww
efectos del otorgamiento de los permisos de acceso.
Disposición transitoria segunda.  Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética en el año 2020.
De manera excepcional, se establece una moratoria en el cumplimiento de las 
obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, establecidas en la 
Orden TED/287/2020, de 23 de marzo, de aquellos sujetos obligados que sean 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con el Anexo I, 
Definición de PYME, del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
Dicha moratoria se aplicará a las obligaciones pendientes de los citados sujetos 
obligados hasta el 28 de febrero de 2021. La condición de PYME deberá ser acreditada 
ante la Dirección General de Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes de 31 de diciembre de 2020.
Disposición transitoria tercera.  Aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 a las 
autorizaciones administrativas en curso.
Lo previsto desde el apartado dos al ocho del artículo 3, será de aplicación para todas 
aquellas instalaciones que no hubieran comenzado su tramitación a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley o en aquellos casos en los que aun habiendo realizado la solicitud no 
se hubiera iniciado en dicha fecha de entrada en vigor, la información pública y la petición 
de informes a administraciones, organismos y empresas afectados.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico.
Se introduce una nueva letra n) en el artículo 13.3 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, con el siguiente tenor:
«n)  Los gastos ocasionados por las cuentas gestionadas por el organismo 
encargado de las liquidaciones para realizar la liquidación de los costes regulados 
del sector eléctrico, salvo en los casos en que esté previsto que tales costes sean 
deducidos de los saldos que existan en la cuenta en favor de los titulares del 
derecho de que se trate. Los gastos ocasionados por la cuenta específica relativa al 
superávit de ingresos serán deducidos del saldo existente en dicha cuenta.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se modifica el artículo 79 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 79.  Objeto del Instituto para la Transición Justa, O.A.
El Instituto para la Transición Justa, O.A., tiene por objeto la identificación y 
adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la 
transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento 
equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la 
despoblación de estos territorios.» s
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.
Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional undécima de la Ley 14/2011, de 1 
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«3. Podrán concederse de forma directa, mediante resolución de la persona 
titular de la dirección del correspondiente agente público estatal de financiación del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 22.2.b) y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
las subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica, técnica 
e innovación que sean consecuencia de las siguientes convocatorias competitivas:
a)  Convocatorias públicas efectuadas por las estructuras creadas por varios 
Estados miembros en ejecución del programa marco plurianual de la Unión Europea, 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 182, 185, 186 y 187 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, así como las que se realicen en el marco de 
las asociaciones creadas al amparo del propio Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea.
b)  Convocatorias públicas de investigación e innovación competitivas, 
evaluadas según estándares internacionales de evaluación por pares y gestionadas 
por las estructuras creadas en base a tratados o acuerdos internacionales suscritos 
por España o los agentes públicos estatales de financiación del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, sobre libertad de amortización en inversiones realizadas 
en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada.
Con efectos para las inversiones realizadas en el año 2020, se introduce una nueva 
disposición adicional decimosexta en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimosexta.  Libertad de amortización en inversiones 
realizadas en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada.
1.  Las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material que 
impliquen la sensorización y monitorización de la cadena productiva, así como la 
implantación de sistemas de fabricación basados en plataformas modulares o que 
reduzcan el impacto ambiental, afectos al sector industrial de automoción, puestos 
a disposición del contribuyente dentro del año 2020, podrán ser amortizados 
libremente siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del 
período impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la 
plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla media del 
año 2019.
Los inmuebles no podrán acogerse a la libertad de amortización regulada en 
esta disposición.
La cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de 
amortización será como máximo de 500.000 euros. e
Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad se tomarán las personas  bo
empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta  21ww
ldfaine ja ololLricsnae a e ldielbeale m acrñteoaonnd tt2o rda0set 2qa 1aud.mea  operuntei zrdeaalcanicó ainóc nso egare álar s ajeop ralinc eaaldblaale,  c lado emcsupdaleel  htlaaa.  deen tpraroddau ecnir sfeu nacniotensa dmeie qnuteo   OE-A-2020-66able en https://
2.  Para la aplicación de la libertad de amortización regulada en esta 
disposición, los contribuyentes deberán aportar informe motivado emitido por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para calificar la inversión del 
contribuyente como apta. Dicho informe tendrá carácter vinculante para la 
Administración tributaria.
El informe deberá solicitarse por el contribuyente dentro del mes siguiente a la 
puesta a disposición del elemento y será emitido por el órgano competente en un 
plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud.
El procedimiento de emisión por parte del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo de los informes motivados a que se refiere este apartado se regulará, en lo 
que le resulte de aplicación y no se oponga a lo establecido en esta disposición, por 
lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
regula la emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de informes motivados 
relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la 
aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación 
y desarrollo e innovación tecnológica.
Si al tiempo de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades no se 
hubiera emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el informe a que 
se refiere este apartado por causa no imputable al contribuyente, este podrá aplicar 
con carácter provisional la libertad de amortización prevista en esta disposición 
siempre que haya solicitado dicho informe dentro del plazo de solicitud anteriormente 
indicado. En el caso de que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no 
considere apta la inversión, el contribuyente deberá ingresar, juntamente con la 
cuota correspondiente al período impositivo en el que se notifique dicho informe, el 
importe de la cuota íntegra que hubiere correspondido a la cantidad deducida en 
exceso más los intereses de demora correspondientes.
3.  En el supuesto de que se incumpliese la obligación de mantenimiento de la 
plantilla en los términos establecidos en el apartado 1 de esta disposición, se deberá 
proceder a ingresar la cuota íntegra que hubiere correspondido a la cantidad 
deducida en exceso más los intereses de demora correspondientes. El ingreso de 
la cuota íntegra y de los intereses de demora se realizará conjuntamente con la 
autoliquidación correspondiente al período impositivo en el que se haya incumplido 
la obligación.
4.  Las entidades a las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de 
esta Ley, les sean de aplicación los incentivos fiscales para las empresas de 
reducida dimensión previstos en el capítulo XI del título VII de esta Ley, podrán optar 
entre aplicar el régimen de libertad de amortización previsto en el artículo 102 de 
esta Ley o aplicar el régimen de libertad de amortización regulado en esta 
disposición.»
Disposición final quinta.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de las reglas 13.ª, 22.ª, 23.ª y 25.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en 
materia de legislación y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su 
aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito 
territorial; en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas  e.
adicionales de protección; y de bases del régimen minero y energético, respectivamente. w.
El artículo 6 se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª y 14.ª de la Constitución, que  21ww
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El artículo 9 se dicta al amparo de las reglas 13.ª, 14.ª y 21.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, hacienda general y 
deuda del Estado y ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de 
más de una Comunidad Autónoma.
El artículo 10 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 21.ª y 24.ª de 
la Constitución que atribuyen al Estado la competencia sobre «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica», «ferrocarriles y transportes terrestres que 
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma» y «obras públicas de 
interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma», 
respectivamente.
El artículo 11 se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 18.ª, en cuanto atribuyen 
al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica y bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen estatutario de sus funcionarios.
El artículo 12 se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.
La disposición adicional quinta se dicta al amparo de las competencias exclusivas que 
corresponden al Estado en materia de legislación laboral, Hacienda general, puertos de interés 
general y Marina Mercante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª, 14.ª y 20.ª 
de la Constitución.
Por su parte, la disposición adicional sexta se dicta al amparo de la competencia 
exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior del artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución.
La disposición final tercera se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia del procedimiento 
administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización 
propia de las Comunidades Autónomas.
Las normas objeto de modificación por el presente real decreto-ley seguirán 
amparándose en los títulos competenciales expresados en ellas.
Disposición final sexta.  Incorporación de normas del Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto-ley se incorpora parcialmente al ordenamiento jurídico 
español, en lo relativo al almacenamiento y la agregación, la Directiva 2019/944 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE.
Adicionalmente, se incorpora parcialmente, en lo relativo a las comunidades de 
energías renovables, la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables.
Finalmente se incorpora parcialmente, en lo relativo a la extensión de la vigencia del 
sistema de obligaciones de eficiencia energética la Directiva (UE) 2018/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 por la que se modifica la 
Directiva 2012/27/UE relativa ala eficiencia energética.
Disposición final séptima.  Salvaguardia del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.
Las modificaciones que con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley,  e.e
puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación  b
por el mismo, en particular del contenido del artículo 3 y la disposición transitoria tercera  21ww
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frecuencias 694 MHz a 790 MHz, podrán efectuarse por normas con rango de real decreto.
Disposición final octava.  Desarrollo reglamentario y habilitación normativa.
1.  Se habilita al Gobierno para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
2.  En particular, se autoriza al Gobierno para modificar reglamentariamente el 
artículo 3, los anexos I y II y los plazos establecidos en el artículo 1.1 excepto para el caso 
de aquellas instalaciones que a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley ya 
hubieran solicitado u obtenido los permisos de acceso o de acceso y conexión, así como 
para desarrollar lo establecido en el artículo 4. En ningún caso se podrá modificar 
reglamentariamente el plazo para la obtención de la autorización administrativa de 
explotación definitiva.
3.  El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobarán 
en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley 
cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución en el 
ámbito de sus competencias de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre.
Disposición final novena.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
No obstante, lo previsto en la disposición adicional sexta estará vigente hasta que el 
Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, 
previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la 
finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
Dado en Madrid, el 23 de junio de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Listado de nudos de transición justa
Nudos de la Red de Transporte
Carrio 220 kV.
Compostilla 220 kV.
Compostilla 400 kV.
Guardo 220 kV.
La Robla 400 kV.
Lada 400 kV.
Lancha 220 kV.
Litoral 400 kV.
Meirama 220 kV.
Montearenas 400 kV.
Montearenas 220 kV.
Mudejar 400 kV.
Narcea 400 kV.
Pinar del Rey 400 kV.
Pinar del Rey 220 kV.
Puentes García Rodriguez 400 kV.
Puertollano 220 kV.
Soto Ribera 400 kV.
Soto Ribera 220 kV.
Velilla 400 kV.
Garoña 400 kV.
Garoña 220 kV.