BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Jueves 30 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 60272
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8795 Resolución de 5 de abril de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de Las Palmas de Gran Canaria n.º 2, por la que se suspende 
la expedición de certificación en expediente de dominio de reanudación de 
tracto sucesivo interrumpido.
En el recurso interpuesto por el notario de Las Palmas don Alberto Blanco Pulleiro, 
contra la nota de calificación del Registrador de Las Palmas de Gran Canaria número 2 
don Miguel Ángel Jiménez Barbero por la que se suspende la expedición de certificación 
en expediente de dominio de reanudación de tracto sucesivo interrumpido.
Hechos
I
En virtud de dicho instrumento público doña D. M. R. S., divorciada, requiere al 
notario recurrente para que de conformidad con lo previsto en los arts. 203 y 208 de la 
Ley Hipotecaria proceda a dar inicio al expediente de dominio para la reanudación del 
tracto sucesivo de la registral finca 862 de Las Palmas, solicitando del Registrador de 
Las Palmas de Gran Canaria número 2 que expida la certificación de la finca indicada. 
De la documentación calificada, concretamente del exponen II «Título de propiedad» no 
resulta la ruptura del tracto que se pretende reanudar, no resultando tampoco de la 
documentación calificada ninguna causa de extraordinaria dificultad para inscribir los 
títulos alegados en dicho exponen II, así como sus previos.
II
Presentada dicha acta fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Vistos los 
artículos 18, 40, 198, 203, 208 de la Ley Hipotecaria; artículo 400 del texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y Notariado de fecha 15 de Noviembre de 1990, 30 de Mayo de 1998, 13 de 
Abril de 1999, 4 de enero de 2002, 15 de Noviembre de 2003, 24 de Febrero de 2006, 11 
de Julio de 2008, 24 de Julio de 2012, 19 de Septiembre de 2012, 25 de Julio de 2014 
y 29 de Abril de 2015, entre otras muchas, para tramitar el expediente calificado es 
necesario acreditar la verdadera interrupción del tracto sucesivo de la finca que se 
pretende.  Con  ocasión  de  la  tramitación  de  los  expedientes  de  dominio  para  la 
reanudación del tracto, que hasta la reforma de la Ley Hipotecaria por la Ley 13/2015, se 
venían tramitando por los Juzgados de Primera Instancia, la Dirección General de los 
Registros y del Notariado ha venido consolidando una reiterada doctrina, clara y diáfana 
respecto a cuándo no debe entenderse interrumpido el tracto sucesivo. Conforme a la 
cual el tracto sucesivo no queda interrumpido cuando el promotor del expediente haya 
adquirido la finca de quién es causahabiente directo del titular registral. Como regla 
general, no cabe acudir al expediente de reanudación de tracto, cuando no existe  e.e
propiamente  tracto  interrumpido.  La  Resolución  de  la  DGRN  de  24-7-2012,  dice  b
expresamente: "...que no se admita la posibilidad de reanudación de tracto sucesivo a  95ww
rtreagvisétsr adl eo  eaxdpqeudirieennttee  ddiere cdtoom dineilo c, itcaudaon dcoa uesal hparboimenotteo r yase qau eca euns athaalebsie ncates odse ln oti tuhlaayr 
vmeisrdmaod esreon ttridaoct ola  inRteDrGruRmNp iddoe  y2 9lo-4 -p2r0o1ce5d ienndtiec ae sq uaep oerlt aerx ploesd iteítnutleo sd ein tdeormmeindiioo sn."o  Ecna beel 
(como ya destacó la R. 30 de mayo de 1988) cuando el problema a solventar no es el de
reanudación de tracto, "...sino el de la falta de acreditación suficiente del acto transmisivo 
a favor del recurrente (artículo 3 de la Ley Hipotecaria), (o) el de falta del título formal 
adecuado para la inscripción. Tales deficiencias no pueden superarse por medio de un 
expediente de dominio para reanudar el tracto, sino a través del reconocimiento y pública 
documentación  de  dicho  acto,  voluntariamente  otorgados  por  el  transferente  o  sus 
herederos (cf. artículo 20-V-l.º de la Ley Hipotecaria) o mediante la debida declaración 
judicial de su existencia obtenida en juicio contradictorio correctamente entablado, que 
asegure  convenientemente  la  tutela  jurisdiccional  del  derecho  del  transmitente 
(artículos 24 de la Constitución Española y 40 de la Ley Hipotecaria)". Asimismo, cabe 
recordar la doctrina mantenida por la Dirección General de los Registros y del Notariado 
(cfr. Resoluciones de 19 de septiembre y 7 de diciembre de 2012 o 24 de marzo 
de 2015) que admite el expediente de dominio, incluso en aquellos casos donde no hay 
verdadera ruptura de tracto, cuando la obtención de la titulación ordinaria revista una 
extraordinaria dificultad, que daría lugar a formalismos inadecuados, circunstancia ésta 
que no se precisa en el caso que nos ocupa. Por último, cabe señalar, que no se expide 
la certificación en cuanto a que, en virtud de mis facultades calificadoras, no puede 
admitirse  desde  un  inicio  el  presente  procedimiento  de  reanudación  del  tracto.  La 
presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación por el 
plazo  que  señala  el  artículo  323.1.º  de  la  Ley  Hipotecaria.  No  se  toma  anotación 
preventiva  de  suspensión  por  defecto  subsanable  por  no  haberse  solicitado  por  el 
presentante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria. 
Contra la calificación efectuada se podrá instar la aplicación del cuadro de sustituciones 
a que se refiere el artículo 275 bis de la Ley Hipotecaria, desarrollado por el Real 
Decreto de 1 de agosto de 2.003. Asimismo, durante el plazo de dos meses a computar 
desde la fecha de su notificación, podrá ser objeto de reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia de la capital de la provincia, de conformidad con los artículos 322 y 
siguientes de la misma Ley Hipotecaria. Sin perjuicio de ello, podrán también acudir, si 
quieren, a los Tribunales de Justicia para ventilar y contender entre sí acerca de la 
validez o nulidad de los títulos. Potestativamente, podrá recurrirse ante la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la forma y según los trámites previstos en 
los artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria, cuya resolución será posteriormente 
impugnable ante el Juzgado de Primera Instancia de la capital de la provincia, ya 
mencionado, al amparo del artículo 328 de la repetida Ley Hipotecaria. Las Palmas de 
Gran Canaria, a cinco de febrero del año dos mil veinte. El Registrador. Fdo.: Miguel 
Ángel Jiménez Barbero.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Alberto Blanco Pulleiro interpone recurso 
en virtud de escrito de fecha 12 de marzo de 2020 en base entre otros a los siguientes 
argumentos: En primer lugar en esta fase inicial del expediente de reanudación del tracto 
sucesivo el Registrador únicamente puede denegar la expedición de la certificación 
sobre la base de lo dispuesto en el artículo 203.1 Tercera con las particularidades del 
artículo 208 pudiendo denegar la expedición de la certificación por la concurrencia de 
alguna de las causas prevenidas en el citado precepto pero lo que no puede hacer es 
calificar el fondo de un expediente que no se la he presentado a calificación, En segundo 
lugar y a mayores y sin perjuicio que el Registrador no pueda en esta fase inicial calificar 
el fondo de un expediente en la medida en que el mismo todavía no se ha tramitado con  s
lo que difícilmente cuenta con los elementos de juicio suficientes para poder llevar a  e.
cabo su función calificadora (amen de sustraer al notario su función y al interesado su  w.
derecho a que se tramite un procedimiento reglado con todas las garantías) lo cierto es  95ww
qNuoe ,s ea  emni tijeunicdioa,  qlau ec adliifgicaa ceiól nR eegni scturaadnotor  qaul efo nndoo h taaym ipnotecror urpecsiuólnta  dnei l mtroatcivtoa dsau cnei slóivgoic an,i 
«intsacmripboirc loo sd etí tlual odso caulemgeandtoasc»ió cnu caanldifoic aad jau icniion gduenl an octaaursioa  qduee  esxutrsacorirbdein easritae  dreifcicuurlstaod e psa urna   BOE-A-cable e
caso  de  «libro»  de  interrupción  del  tracto.  A  modo  de  resumen:  el  expediente  lo 
promueve  la  actual  propietaria  del  inmueble  adquirido  mediante  escritura  de 
compraventa de fecha 15 de enero de 2020 otorgada ante mí bajo el número de 
protocolo 80; los vendedores lo habían adquirido por herencia de un hermano en virtud 
herencia documentada en escritura pública de fecha 20 de septiembre de 2016; el citado 
hermano según se reflejaba en la citada escritura de herencia la había adquirido por 
compraventa en escritura pública a don F. G. (persona distinta del titular registral), 
escritura de fecha 10 de marzo de 2006. El vendedor, a su vez, la había comprada en 
virtud de documento privado al titular registral (citado en esta última escritura y no 
aportado), y con una antigüedad aproximada de 40 años. No se entiende que no se trate 
de un supuesto de interrupción del tracto sucesivo sin perjuicio que, insisto, no es este el 
momento de calificar el citado extremo. Expuesto lo anterior se solicita entiéndase por 
interpuesto el presente recurso frente a la negativa de expedición de certificación por 
parte del Registrador de la Propiedad número 2 de las Palmas de Gran Canaria.
IV
El  registrador  emitió  informe  el  día  12  de  marzo  de  2020  se  mantuvo  en  la 
calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18, 40, 198, 203, 208 de la Ley Hipotecaria; el artículo 400 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y las Resoluciones de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 15 de noviembre de 1990, 30 de 
mayo de 1998, 13 de abril de 1999, 4 de enero de 2002, 15 de noviembre de 2003, 24 de 
febrero de 2006, 11 de julio de 2008, 19 de abril de 2012, 24 de julio de 2012, 19 de 
septiembre de 2012, 25 de julio de 2014, 29 de abril de 2015, 13 de julio de 2017 y 31 de 
enero de 2017.
1.  Se  debate  en  el  presente  recurso  la  procedencia  de  la  expedición  de  una 
certificación registral solicitada en virtud de copia autorizada de acta de iniciación de 
expediente de dominio de reanudación de tracto sucesivo interrumpido. El registrador 
suspende su expedición por entender que no hay tracto sucesivo interrumpido al ser el 
promovente  del  expediente  causahabiente  del  titular  registral  y  no  expresarse  las 
circunstancias de extraordinaria dificultad que justificarían la no obtención de la titulación 
justificativa  de  la  titularidad.  El  notario  autorizante  entiende  que  esto  corresponde 
expresarlo cuando se apruebe el acta definitiva de reanudación de tracto y que mientras 
tanto nada impide la obtención de la certificación.
2.  Dispone el artículo 208 reglas primera y segunda de la ley hipotecaria que la 
reanudación del tracto sucesivo interrumpido se realizará en expediente tramitado con 
arreglo a las siguientes reglas:
«Primera.  No se entenderá producida la interrupción del tracto sucesivo cuando la 
persona a cuyo favor hubiera de practicarse la inscripción haya adquirido su derecho 
directamente del titular registral o sus herederos. En tal caso, la inscripción únicamente 
podrá  practicarse  mediante  la  presentación  del  documento  en  que  se  hubiera 
formalizado  la  adquisición,  declaración  o  constitución  del  derecho,  objeto  de  la  s
inscripción solicitada. e.
Segunda.  La tramitación se acomodará a lo previsto en el artículo 203, con las  w.
siguientes especialidades: 95ww
1.ª  Se iniciará el expediente mediante escrito en el cual, junto a la descripción de la
vfiingcean,t esse,  ecxuparlqeusaierráa  laq uúel tismeaa  isnus ccrliapsceió, ny  dael  qduoem dineiob eyr átno daacso mlapsa dñeamrsáes  loqsu ed oecsutmuveienrteons 
prevenidos en la letra a) de la regla segunda del apartado 1 del referido artículo.
2.ª  Deberán aportarse por el interesado, junto con los documentos que acrediten su 
adquisición, aquellos otros de los que disponga que justifiquen la adquisición de los 
titulares intermedios de los que traiga causa y cualesquiera otros que considere oportuno 
para justificar su petición.
3.ª  Junto  a  los  interesados  referidos  en  la  regla  quinta  del  apartado  1  del 
artículo 203, deberá ser citado en todo caso quien aparezca, según la última inscripción 
vigente, como titular del dominio o derecho real cuyo tracto interrumpido se pretende 
reanudar  o,  si  consta  fallecimiento  de  este,  sus  herederos,  debiendo  acreditar  el 
promotor tal extremo y la condición e identidad de éstos.
4.ª  Cuando la última inscripción de dominio o del derecho real cuyo tracto se 
pretenda reanudar tenga menos de treinta años de antigüedad, la citación al titular 
registral o sus herederos deberá realizarse de modo personal.
La misma regla se observará si, a pesar de tener la inscripción más de treinta años 
de antigüedad, se hubiese practicado con posterioridad, dentro de dicho plazo, cualquier 
otro asiento relativo a cualquier título otorgado por el titular registral o sus herederos.»
3.  Por su parte, en cuanto a la forma de expedirse la certificación registral prevista 
en ese artículo, dispone la regla tercera del artículo 203 de la ley hipotecaria regulador 
del expediente notarial de reanudación de tracto sucesivo que:
«El  Notario  levantará  acta  a  la  que  incorporará  la  documentación  presentada, 
remitiendo copia de la misma al Registrador de la Propiedad competente solicitando la 
expedición de certificación acreditativa de que la finca no consta inscrita en el Registro y 
que, en su caso, practique anotación preventiva de la pretensión de inmatriculación». En 
el  caso  que  nos  ocupa  se  solicita  expresamente  que  no  se  practique  anotación 
preventiva.
«El Registrador –sigue diciendo el artículo–, tras consultar su archivo, tanto literario 
como de representación gráfica en soporte papel o informático, expedirá en el plazo de 
quince días certificación acreditativa de la falta de inscripción de la finca, siempre que 
haya verificado que concurren las siguientes circunstancias:
a)  La correspondencia entre la descripción contenida en el título de propiedad 
aportado y la certificación catastral.
b)  La falta de previa inmatriculación de la finca a favor de persona alguna.
c)  La ausencia de dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca 
cuya  inmatriculación  se  solicita  con  otra  u  otras  que  hubiesen  sido  previamente 
inmatriculadas.
En caso contrario, procederá el Registrador a extender nota de denegación de la 
anotación solicitada, motivando suficientemente las causas de dicha negativa, a la que 
deberá acompañar, en su caso, certificación literal de la finca o fincas coincidentes, 
comunicándolo inmediatamente al Notario, con el fin de que proceda al archivo de las 
actuaciones.
Del mismo modo, si el Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total 
o parcial de la finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras de dominio público 
que no estén inmatriculadas pero que aparezcan recogidas en la información territorial 
asociada, facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la 
entidad u órgano competente, acompañando certificación catastral descriptiva y gráfica 
de la finca que se pretende inmatricular, con el fin de que, por dicha entidad, se remita el 
informe correspondiente dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la  e.
recepción  de  la  notificación.  Si  la  Administración  manifestase  su  oposición  a  la  w.
inmatriculación, o no remitiendo su informe dentro de plazo, el Registrador conservase  95ww
daundoatasc iósonb sroel iclait aedxai,s tneontcifiiaca dned ou snua  cpaolifsicibalcei óinn vaal sNióont adrieol  pdaoram qinuioe  pprúobcleicdoa,  adle anrecghaivroá  dlae 
las actuaciones, motivando suficientemente las causas de dicha negativa, junto con
certificación o traslado de los datos procedentes de la información territorial utilizada y, 
en su caso, certificación literal de la finca o fincas que estime coincidentes.»
4.  Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en los 
«Vistos») que el auto recaído en expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo 
interrumpido  es  un  medio  excepcional  para  lograr  la  inscripción  de  una  finca  ya 
inmatriculada a favor del promotor, y ello por una triple razón: a) Porque contra la regla 
básica de nuestro sistema que exige para la rectificación de un asiento el consentimiento 
de su titular o una resolución judicial dictada en juicio declarativo contra él entablado (cfr. 
artículos 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), dicho auto puede provocar la cancelación de 
un  asiento  sin  satisfacer  ninguna  de  esas  dos  exigencias;  b)  Porque  contra  la 
presunción, a todos los efectos legales, de existencia y pertenencia del derecho inscrito 
a favor del titular registral (cfr. artículo 38 de la Ley Hipotecaria), se va a posibilitar una 
declaración dominical contraria al pronunciamiento registral en un procedimiento en el 
que  no  ha  de  intervenir  necesariamente  el  favorecido  por  dicho  pronunciamiento 
(téngase en cuenta que en el supuesto de hecho que ha provocado el presente la finca 
consta inscrita a nombre de un titular casado), y de ahí que el propio artículo 40.a) de la 
Ley Hipotecaria contemple este cauce como subsidiario de la inscripción de los titulares 
intermedios;  y,  c)  Porque  contra  la  exigencia  de  acreditación  fehaciente  del  título 
adquisitivo para su acceso al Registro (cfr. artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria), se 
posibilita la inscripción en virtud de un auto que declara la exactitud del título adquisitivo 
invocado por el promotor, siendo así que dicho título puede estar consignado en un 
simple documento privado y que tal auto recae en un procedimiento en el que puede no 
quedar  asegurado  el  legítimo  reconocimiento  de  aquel  documento  privado  por  sus 
suscriptores (cfr. artículos 1218 y 1225 del Código Civil, 602 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y 201 reglas 3.ª y 4.ª de la Ley Hipotecaria).
Esta excepcionalidad justifica una comprobación minuciosa por parte del registrador 
del cumplimiento de los requisitos y exigencias legalmente prevenidas, a fin de evitar la 
utilización de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de 
terceros (al permitir una disminución de las formalidades que en los supuestos ordinarios 
se prescriben, precisamente, para la garantía de aquellos, como por ejemplo la exigencia 
de formalización pública del negocio adquisitivo para su inscripción registral), o para la 
elusión de las obligaciones fiscales (las inherentes a las transmisiones intermedias etc.). 
Se impone por tanto una interpretación restrictiva de las normas relativas al expediente 
de reanudación del tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis de 
interrupción de tracto, de modo que sólo cuando efectivamente concurra esta hipótesis y 
así resulte del auto calificado, puede accederse a la inscripción.
5.  En este sentido tiene la razón el registrador al recordar la doctrina de este Centro 
Directivo sobre inaplicación del expediente de dominio cuando no hay propiamente 
interrupción del tracto sucesivo. No puede decirse que exista efectiva interrupción del 
tracto cuando los promotores del expediente son los herederos del adquirente del titular 
registral, y por tanto los legitimados activamente para el ejercicio de las acciones que al 
mismo correspondían para satisfacer los requisitos establecidos por el ordenamiento 
relativos a la documentación de la compraventa.
La resolución de 24 de julio de 2012, dice expresamente: «... de ahí que no se 
admita la posibilidad de reanudación de tracto sucesivo a través de expediente de 
dominio, cuando el promotor sea causahabiente del titular registral o adquirente directo 
del citado causahabiente ya que en tales casos no hay verdadero tracto interrumpido y lo  e
procedente es aportar los títulos intermedios.» bo
En el mismo sentido la Resolución de 29 de abril de 2015 indica que el expediente de  95ww
dsoolmveinnitoa rn noo c easb ee l (dceo mreoa nyuad daecisótna cdóe  ltar aRct.o 3, 0« sdineo m eal dyoe  ldae f a1lt9a8 8d)e  caucarenddiota ceiló pnr osubfleicmiean tea 
ddeell  atíctutolo t rfaonrmsmails aivdoe acu faadvoo r pdaerla r elac uirnrsecnrtiep c(iaórntí.c uTalole 3s  ddee flaic iLeenyc iHasip ontoe cpaureiad)e, no  seul pdeer afarsltea 
por medio de un expediente de dominio para reanudar el tracto, sino a través del
reconocimiento y pública documentación de dicho acto, voluntariamente otorgados por el 
transferente o sus herederos (cf. artículo 20 de la Ley Hipotecaria) o mediante la debida 
declaración  judicial  de  su  existencia  obtenida  en  juicio  contradictorio  correctamente 
entablado,  que  asegure  convenientemente  la  tutela  jurisdiccional  del  derecho  del 
transmitente (artículos 24 de la Constitución Española y 40 de la Ley Hipotecaria)».
6.  No obstante también debe tenerse en cuenta la doctrina de la Dirección General 
que tiene en cuenta, a efectos de valorar la efectiva interrupción del tracto, la existencia de 
una extraordinaria dificultad para otorgar la documentación que subsanaría tal falta de tracto 
(Resoluciones de 19 de septiembre y 7 de diciembre de 2012, 24 de marzo de 2015 y 28 de 
abril de 2016), debiendo reflejarse por el notario autorizante en el propio acta aprobatoria 
del expediente, como justificación para la inscripción de la reanudación de tracto.
En este punto debe recordarse la doctrina de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones 
de 19 de septiembre y 7 de diciembre de 2012 o 24 de marzo de 2015 y 13 de julio 
de 2017) que admite el expediente de dominio, incluso en aquellos casos donde no hay 
verdadera ruptura de tracto, cuando la obtención de la titulación ordinaria revista una 
extraordinaria dificultad, que daría lugar a formalismos inadecuados.
7.  También  ha  reiterado  este  Centro  Directivo  desde  la  Resolución  de  20  de 
diciembre de 2016, de los artículos 201 y 203 de la Ley Hipotecaria resulta que el 
registrador al tiempo de expedir la certificación debe manifestar las dudas de identidad 
que pudieran impedir la inscripción una vez terminado el procedimiento, ya que de este 
modo se evitan a los interesados dilaciones y trámites innecesarios (cfr. Resolución de 8 
de junio de 2016 y 4 de diciembre de 2019). Y ello sin perjuicio de la calificación que 
procede efectuar una vez concluida la tramitación ante notario, a la vista de todo lo 
actuado, conforme al último párrafo del artículo 201.1 y de la regla sexta del artículo 203, 
sin que sea pertinente en dicho momento apreciar dudas de identidad, salvo que de la 
tramitación resulte un cambio en las circunstancias o datos que se tuvieron a la vista al 
tiempo de expedir la certificación (cfr. Resolución de 20 de diciembre de 2016).
Por la misma razón, si en el momento de solicitud de la certificación consta al 
registrador algún obstáculo que pueda impedir la inscripción ulterior del expediente de 
dominio, podría y debería advertirlo para evitar seguir la tramitación de un expediente 
que finalmente no va a poder ser inscrito. En este sentido el registrador hace bien en 
advertir que a su juicio no se reúnen los requisitos para la tramitación del expediente, si 
bien eso no debe impedir la expedición de la certificación. El notario así podrá finalizar la 
tramitación ante los obstáculos advertidos por el registrador, o seguir su tramitación, 
pudiendo  entonces  aportar  pruebas  o  justificación  suficiente  de  la  procedencia  del 
expediente que desvirtúen en su caso las dudas del registrador.
8.  En definitiva lo procedente es expedir la certificación sin perjuicio de la calificación 
final que pueda hacer el registrador a la vista de las pruebas aportadas e incorporadas al 
acta final aprobatoria del expediente, donde podrán alegarse y justificarse las dificultades 
extraordinarias que permiten excepcionar la doctrina general de imposibilidad de tramitación 
del expediente por el promovente causahabiente del titular registral.
Mientras no finalice el expediente y se expida en su caso acta de acreditación de la 
reanudación del tracto, no podrán valorarse todos los elementos de prueba objeto de 
calificación. Debiendo entretanto procederse a la expedición de la certificación, con las 
salvedades y advertencias que considere el registrador conveniente realizar.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho  e.
expuestos, esta Dirección General ha acordado la estimación del recurso y la revocación  w.
de la nota de calificación en los términos de los anteriores pronunciamientos. 95ww
anteC oenl trJau zegsatad ore sdoel ulcoi óCn ilvoisl  ldeeg allam ecnatpeit alel gditiem alad oPsr opvuiendceian  dreecl ulrurigr amr eddoianndtee  draedmicaan deal 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de abril de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
Sofía Puente Santiago.