BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 42 Jueves 18 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 18909
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2515 Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 1, por la que se deniega la 
cancelación por caducidad de una concesión minera.
En el recurso interpuesto por D.F.J.E. contra la nota de calificación de la registradora 
de la propiedad de Cáceres número 1, doña María Rosa Fuentes Cruz, por la que se 
deniega la cancelación por caducidad de una concesión minera.
Hechos
I
Por medio de una instancia firmada por D. F.J.E., en su condición de Presidente de la 
Agrupación de Interés Urbanístico APE27.01 (Comercial Ruta de la Plata), se solicita la 
cancelación total de la finca registral 1317 de ese Registro, «por haber decaído por 
caducidad el derecho que legitimaba dicha inscripción» en virtud de una resolución de la 
D.G de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la 
Junta de Extremadura, de 22 de diciembre de 2015, por la que se declara la caducidad 
de las concesiones de Explotación que conforman el Grupo Minero «La Abundancia», 
por expirar los plazos por los que fueron otorgados, declarando francas las cuadrículas 
mineras de que constan. Se acompaña una fotocopia de esta resolución.
Se solicita igualmente la cancelación del asiento por el que se transmitió el derecho 
minero de «Ercros SA» a «Placonsa SA» por no constar la preceptiva autorización de la 
D.G de Industria, Energía y Minas, por lo que a su juicio procede la cancelación por 
nulidad radical.
En el Registro la citada finca aparece inscrita a favor de la entidad «Pronorba SA», la 
cual adquirió de Placonsa SA, por título de compra y que a su vez adquirió de Ercros SA. 
Se describe como «Mina de fosfato caliza denominada Labradora, sita en terreno del 
Conde de Adanero.
II
Presentada dicha instancia en el Registro de la propiedad fue objeto de la siguiente 
nota de calificación: Se deniega la cancelación del folio registral y de la inscripción a 
favor de Placonsa SA por no constar la intervención del titular registral en el expediente 
de caducidad, por lo que es necesario su consentimiento o en su defecto sentencia 
firme. Tampoco procede la cancelación de la inscripción a favor de Placonsa SA por 
«nulidad»  porque  las  inscripciones  del  registro  están  bajo  la  salvaguarda  de  los 
tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud, lo que 
corresponde  a  los  tribunales.  II.–Fundamentos  de  Derecho.  1.º  Esta  calificación  la 
practica la registradora de la propiedad competente por razón del lugar en el que radica 
la finca, en cumplimiento de la función calificadora atribuida en los artículos 18 de la Ley  e.e
Hipotecaria  y  99  y  siguientes  de  su  reglamento.  2.º  Para  la  cancelación  de  las  b
inscripciones de concesiones mineras por caducidad existe un procedimiento en los  15ww
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Hacienda que inicia el expediente, en caso de impago del canon de superficie, o de la
Jefatura de Minas en los demás supuestos. Cuando sea el Estado quien solicite esta 
nota, se presentará la certificación por conducto de la Alcaldía correspondiente, y se 
extenderá de oficio". Artículo 184: "A todo expediente de caducidad de concesión deberá 
incorporarse certificación del Registro de la Propiedad, comprensiva de los asientos 
vigentes de todas clases o de los extendidos con anterioridad a la fecha de la nota a que 
se refiere el artículo anterior, si se hubiere extendido, al efecto de que sean oídos en el 
expediente los interesados y puedan ejercitar el derecho de subrogación por su orden de 
prelación registral." Artículo 185: "Caso de revocarse por cualquier causa la providencia 
ordenando la instrucción del expediente de caducidad, será título bastante para cancelar 
la nota extendida en el Registro la certificación del nuevo acuerdo." Artículo 186: "Las 
inscripciones de concesiones mineras y las anotaciones de permisos de investigación se 
canjearán mediante resolución administrativa firme, anunciada en el BOE que declare su 
caducidad y la franquicia del terreno. También será título bastante la declaración de 
caducidad y reserva para el Estado en las mismas condiciones. Mediante dichos títulos 
se practicará la cancelación de todos los asientos de fecha posterior a la de la nota 
marginal a que se refiere el artículo ciento ochenta y tres de este Reglamento, aun 
cuando no conste que los interesados en los mismos han sido oídos en el expediente. 
Cuando la causa de caducidad o nulidad conste explícitamente en el Registro o hubieren 
sido  oídos  los  interesados  en  el  expediente  o  citados  personalmente  no  hubieren 
comparecido, también se cancelarán en virtud de los referidos títulos los asientos de 
fecha anterior a la citada nota marginal; en el traslado de la resolución se determinarán 
los asientos que deban cancelarse con referencia a los datos registrales. En los casos en 
que, de conformidad con la Ley de Minas, el Delegado de Hacienda, el Ministerio de 
Industria o el de Hacienda dicten resolución firme por la que se subrogue el titular de 
algún gravamen real inscrito, en los derechos del concesionario incurso en caducidad, la 
inscripción de transferencia a favor de aquél se practicará en virtud de traslado del 
acuerdo firme y del título de concesión en que conste a diligencia de subrogación 
extendida por el Ministerio de Industria. El gravamen del titular subrogado se cancelará, 
pero  los  demás  gravámenes  sobre  la  concesión  subsistirán  afectando  al  nuevo 
concesionario. En todos los demás supuestos no comprendidos en este artículo para la 
cancelación se estará a lo dispuesto en los artículos ochenta y dos y siguientes de la Ley 
Hipotecaria." Este procedimiento exige que se entienda el expediente de caducidad con 
el titular registral y evita, con la extensión de esa nota marginal, que aparezcan terceros 
a los que no pueda perjudicar el expediente por no haber tenido conocimiento. En este 
caso  no  consta  en  el  registro  la  extensión  de  esta  nota  marginal,  por  lo  que  la 
cancelación  habrá  de  efectuarse  conforme  a  las  reglas  generales  de  la  legislación 
hipotecaria. El artículo 210.8 de la Ley Hipotecaria no excluye la aplicación de los 
principios hipotecarios, por lo que será necesario el consentimiento del titular registral si 
este no ha intervenido en el expediente de caducidad al objeto de alegar lo que a su 
derecho convenga. 3.º Conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la L.H, y conforme a 
los principios de legitimación y de tutela judicial efectiva, del artículo 24 de la CE, que a 
su vez deriva de la proscripción de la indefensión, no cabe la cancelación de un derecho 
inscrito sin consentimiento del titular registral o en su defecto en virtud de sentencia 
firme. 4.º En cuanto a la solicitud de cancelación del folio registral por caducidad, ha de 
estarse a lo previsto en el artículo 40.b) de la Ley Hipotecaria, conforme al cual "Cuando 
la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún derecho inscrito o anotado, la 
rectificación se hará mediante la correspondiente cancelación, efectuada conforme a lo 
dispuesto en el Título IV o en virtud del procedimiento de liberación que establece el  s
Título VI". 5.º En cuanto a la solicitud de cancelación de un asiento por supuesta nulidad  oe.
por un defecto del título, ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 40.d) de la Ley  w.
Hipotecaria: Cuando la inexactitud procediere de falsedad, nulidad o defecto del título  15ww
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registral  o  en  su  defecto  resolución  judicial".  III.–Contra  el  presente  acuerdo  de
calificación (…) Cáceres, 2 de diciembre de 2020.–La registradora, María Rosa Fuentes 
Cruz».
III
Contra la anterior nota de calificación, don F.J.E. interpone recurso en virtud de 
escrito  de  fecha  10  de  diciembre  de  2020  en  base  entre  otros  a  los  siguientes 
argumentos:  que  el  derecho  de  concesión  se  encuentra  caducado  por  ley;  que  la 
cancelación se ha ordenado por resolución administrativa y por órgano competente, en 
procedimiento legalmente establecido; que esa resolución administrativa ha devenido 
firme por el transcurso de los plazos administrativos para su eventual impugnación; que 
ha expirado el derecho minero por caducidad por lo que procede la cancelación de la 
inscripción; que también procede la cancelación del asiento por el que se transmitió el 
derecho a un tercero por no constar la preceptiva autorización de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, lo que determina la nulidad radical de dicha inscripción. En 
definitiva, los datos que se contienen en el asiento de transmisión del derecho no se 
corresponden con la realidad jurídica.
IV
El  registrador  emitió  informe  el  18  de  diciembre  de  2020,  mantuvo  la  nota  de 
calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 20, 34, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria; artículos 99, 177 y 184 
a 186 de su reglamento; el artículo 111 c) del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería; y las 
resoluciones de este Centro Directivo de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 27 
de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011 y 1 
de junio de 2012; 12 de febrero de 2014; y 11 de julio de 2014; 30 de marzo y 19 de abril 
de 2016; y 30 de octubre de 2020.
1.  Se  debate  en  el  presente  recurso  si  se  puede  cancelar  por  caducidad  la 
inscripción de una concesión minera en virtud de resolución administrativa firme, cuando 
consta  inscrita  a  favor  de  un  tercero  que  no  ha  sido  oído  en  el  expediente.  La 
registradora entiende que no cabe cancelación por caducidad sin haber sido oído el 
titular registral, mientras que el recurrente entiende que sí procede al haberse adoptado 
la  caducidad  por  órgano  administrativo  competente  en  procedimiento  legalmente 
establecido,  sin  que  la  transmisión  a  favor  del  actual  titular  registral  hubiera  sido 
autorizada por la Administración, por lo que es nula radicalmente.
2.  Es doctrina de esta Dirección General (véase resoluciones citadas en los vistos) 
que para la cancelación de un asiento registral se presupone bien el consentimiento del 
titular  del  derecho  reflejado  en  dicho  asiento,  bien  la  pertinente  resolución  judicial 
supletoria (cfr. arts. 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). Pero, no es menos cierto que dicha 
regla tiene importantes excepciones y una de ellas es cuando el derecho inscrito se haya 
extinguido por imperativo del propio título inscrito, o por disposición directa de la ley 
(artículo 82 de la Ley Hipotecaria). Eso es lo que ocurre en los supuestos de caducidad  s
de derecho minero si, a través del oportuno expediente administrativo, queda acreditado  oe.
que la concesión ha incurrido en causa de caducidad y extinción de conformidad con lo  w.
esta3b.l ecEidno  leons  laca Lseoys. de caducidad este Centro Directivo sostiene que la cancelación  2021-2515n https://ww
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como  el  presente  relativo  a  un  derecho  minero–  debe  pasar  por  la  exigencia  de 
certificación del acto administrativo firme que, con audiencia del interesado, declare la 
extinción del derecho, siempre y cuando tal decisión haya adquirido firmeza, también en 
vía jurisdiccional, por sentencia judicial confirmatoria o por transcurso de los plazos de 
impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa.
4.  Debe partirse de que la calificación registral de los documentos administrativos 
que pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se extiende en todo caso a la 
competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o 
procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los 
trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular 
registral y a los obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario).
En efecto, cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 
en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de 
sujetar,  además  de  a  la  propia  legislación  administrativa  aplicable,  a  la  legislación 
hipotecaria, que impone el filtro de la calificación en los términos previstos por los 
artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento, como fundamento de los 
efectos que la propia legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que 
se encuentran no solo los derivados del principio de legitimación registral (con los que 
solo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez de los artículos 57 
de la Ley 30/1992 y 39 de la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros distintos y 
superiores, también con transcendencia erga omnes, como el de inoponibilidad de lo no 
inscrito y en el fe pública registral de los artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. 
Resolución de 15 de enero de 2013).
Ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento Hipotecario, dada por 
el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo había mantenido de 
forma reiterada la doctrina de que, dentro de los límites de su función, goza el registrador 
de una mayor libertad para calificar el documento administrativo en relación con el 
judicial,  y  en  particular  si  se  trata  del  examen  de  los  trámites  esenciales  del 
procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que para los 
particulares  están  establecidas  por  las  leyes  y  los  reglamentos  (cfr.  entre  otras, 
Resolución de 30 de septiembre de 1980). Tras la citada reforma reglamentaria, dicha 
interpretación cobró carta de naturaleza normativa, y por ello esta Dirección General ha 
venido considerando desde entonces que, no obstante la ejecutividad y las presunciones 
de validez y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. 
artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, actuales 38 y 39 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al 
registrador  para  calificar,  respecto  de  los  documentos  administrativos,  entre  otros 
extremos,  la  competencia  del  órgano,  la  congruencia  de  la  resolución  con  el 
procedimiento  seguido,  los  trámites  e  incidencias  esenciales  de  éste,  así  como  la 
relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro (cfr. 
entre otras, las Resoluciones de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 27 de marzo 
de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011 y 1 de junio 
de 2012).
De acuerdo con esta doctrina, efectivamente corresponde al registrador, dentro de 
los límites de su función calificadora de los documentos administrativos, examinar, entre 
otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a  e.
fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las  garantías  que  para  los  particulares  están  w.b
establecidas  por  las  leyes  y  los  reglamentos,  con  el  exclusivo  objeto,  como  tiene  15ww
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constitucional  a  una  tutela  judicial  efectiva–  debe  ser  entendido  el  artículo  99  del
Reglamento  Hipotecario,  en  congruencia  con  los  artículos  1,  20  y  40  de  la  Ley 
Hipotecaria.
5.  Específicamente en materia de concesión de derechos mineros, el Reglamento 
Hipotecario, como explica la registradora en su nota de calificación, exige para cancelar 
la inscripción por caducidad, la tramitación de un expediente en el que sea oído el titular 
registral o al menos haya sido citado personalmente y no hubiere comparecido (cfr. 
artículo 186 RH), circunstancias que no se acredita que concurran en el supuesto de 
hecho de este expediente.
Es cierto que el artículo 186 R.H. en su apartado 3 prevé un supuesto de cancelación 
especial, al decir que "cuando la causa de caducidad o nulidad conste explícitamente en 
el  Registro  o  hubieren  sido  oídos  los  interesados  en  el  expediente  o  citados 
personalmente  no  hubieren  comparecido,  también  se  cancelarán  en  virtud  de  los 
referidos títulos los asientos de fecha anterior a la citada nota marginal; en el traslado de 
la resolución se determinarán los asientos que deban cancelarse con referencia a los 
datos  regístrales".  Es  decir,  admite  la  caducidad  automática  cuando  la  causa  de 
caducidad conste explícitamente en el Registro». En tal caso la caducidad es un acto 
necesario que tiene "mero carácter de constancia, al haberse producido la caducidad 
"ope legis", como ocurre en los casos de simple transcurso del plazo de vigencia (cfr. 
artículo 111.c) del Reglamento General para el Régimen de la Minería).
Pero tal constancia explícita de la causa de caducidad no concurre en el supuesto de 
hecho de este expediente, donde la inscripción primera se remite al título concesional en 
lo relativo a las condiciones de la concesión minera y las inscripciones posteriores son 
de mera transmisión de la misma.
6.  En el caso que nos ocupa no se acredita que el actual titular registral del derecho 
de concesión minera haya sido oído en el expediente administrativo de caducidad que 
determina la extinción del derecho o al menos haya sido citado personalmente y no 
hubiere comparecido. Y como señalan las resoluciones anteriores es obligación del 
registrador exigir la acreditación de ese trámite de audiencia, manifestación no sólo del 
cumplimiento del principio de tracto sucesivo sino también del principio constitucional de 
tutela judicial efectiva.
7.  No se puede tampoco aceptar el argumento de que la transmisión del derecho 
minero es nula. Se trata de una cuestión que una vez practicado el asiento escapa a la 
calificación  registral,  debiendo  partirse  de  la  salvaguarda  judicial  de  los  asientos 
(artículo 1 de la ley hipotecaria) de manera que sólo en procedimiento adecuado dirigido 
contra el titular registral podrá acreditarse esa circunstancia (cfr. artículo 40 y 82 LH).
Sólo  mediante  la  práctica  de  la  nota  marginal  de  iniciación  del  expediente  de 
caducidad  se  hubiera  podido  evitar  la  aparición  de  un  eventual  tercer  adquirente 
posterior protegido por la fe pública registral (artículo 34 LH), de manera que respecto de 
estos ya no sería necesario el trámite de audiencia pues la nota marginal les habría 
advertido de la existencia del expediente de caducidad.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado la desestimación del recurso y 
la confirmación de la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  e.e
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  b
la Ley Hipotecaria. 15ww
PúbMlicaad, rSido, fí4a  Pduee fnetber Seraon tdiaeg o2.021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  OE-A-2021-25able en https://