BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32756
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4496 Sala Primera. Sentencia 21/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 2914-2019. Promovido por don J.C.C. en relación con las sentencias 
de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central que 
confirmaron una sanción administrativa por grave desconsideración con los 
superiores. Vulneración de los derechos a la defensa y a la presunción de 
inocencia: sanción disciplinaria impuesta con infracción del derecho de no 
autoincriminación por las declaraciones prestadas como testigo en un juicio 
verbal civil.
ECLI:ES:TC:2021:21
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y la magistrada doña María Luisa Balaguer 
Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2914-2019, promovido por don J.C.C., representado 
por el procurador de los tribunales don Julio Alberto Gutiérrez Durán, bajo la asistencia 
del letrado don Jorge Cotrino García, contra la sentencia de la Sala de lo Militar del 
Tribunal Supremo de fecha 14 de Marzo de 2019 dictada en recurso de casación 
contencioso núm. 79-2018, así como contra la sentencia dictada por la Sala de Justicia 
del  Tribunal  Central  Militar  de  fecha  9  de  Mayo  de  2018  dictada  en  el  recurso 
contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 151-2016. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el presidente don Juan José González Rivas.
I. Antecedentes
1.  Don J.C.C., representado por el procurador de los tribunales don Julio Alberto 
Gutiérrez Durán y bajo la asistencia del letrado don Jorge Cotrino García, interpuso 
recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  judiciales  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en este tribunal el 8 de 
mayo de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La Asociación Unificada de Guardias Civiles, en la sección de comunicación de 
su página web (www.augc.org), publicó el 10 de diciembre de 2014 un artículo titulado  s
«AUGC Cádiz denuncia los malos tratos de mandos en los acuartelamientos de Arcos de  e.
la Frontera y Ubrique», en el que, en relación al alférez adjunto a la compañía de  w.
Villamartín de la Guardia Civil, con residencia en el acuartelamiento de Ubrique, se  96ww
afirmaba lo que sigue:
debi«dEon s eUrb driaqduoes,  deel  ablaféjare mz éndoic sae p ocor ncfaourmsaas  cposnic oalpóugnictaasrs, en otr lees  bgausatard ciaosn  mlleávsa rq suue  trhaaton 
inhumano al extremo de hacer que dos guardias llegaran a desplomarse, por el estrés a
que fueron sometidos en el transcurso del último ejercicio de tiro, ni le parece suficiente 
sus vejaciones a sus subordinados, obligados a permanecer firmes a capricho en pleno 
centro de la localidad.
Él va más allá de sembrar el terror entre sus trabajadores y también se despacha con 
las familias de los guardias civiles que viven en la casa cuartel, limitándolos en sus 
derechos, coartando las libertades ciudadanas y orillando el acoso a civiles por el hecho 
de ser esposas, hijos o familiares de subordinados suyos, con acciones como por 
ejemplo prohibirles el acceso a sus viviendas por la entrada principal y desviándolos por 
una puerta trasera, cuestiones estas que han llegado a ser puestas en conocimiento del 
psicólogo de la Comandancia de Cádiz y del Coronel de la misma, sin que hasta la fecha 
se obtengan respuestas decentes.»
b)  El 26 de diciembre de 2014 el referido alférez interpuso demanda de juicio verbal 
contra  la  AUGC  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  de  Ubrique, 
ejercitando acción de rectificación respecto de la información difundida. Se celebró el 5 
de mayo de 2015 la vista del juicio verbal, en la que el recurrente y otros dos guardias 
civiles, a propuesta de la demandada, fueron llamados a declarar como testigos, bajo 
juramento o promesa de decir verdad y apercibimiento de las penas establecidas para el 
falso testimonio [art. 458.1 del Código penal (CP)].
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique desestimó la pretensión del 
actor en sentencia de 14 de mayo de 2015. Considera que no ha lugar a la rectificación 
interesada porque lo solicitado por el demandante excede del cauce del procedimiento 
de rectificación, dado que el actor no interesaba la rectificación de los hechos concretos 
y objetivos o de algún dato inexacto que le afectase y que se refiriese directamente a él 
sino  a  la  modificación  de  un  artículo  entero,  sin  especificar  cuál  era  la  redacción 
alternativa que se proponía y que permitiese facilitar su versión sobre lo acontecido. La 
sentencia refleja en sus fundamentos de Derecho la siguiente afirmación: «[…] Lo que sí 
ha quedado acreditado es que el artículo publicado refleja las denuncias presentadas en 
la asociación por los guardias [J.A.V.P., J.C.C., y A.F.D]. Los tres manifestaron que lo 
recogido en el artículo responde a lo indicado por ellos a la asociación en cuanto a los 
datos fácticos recogidos sin perjuicio de que las conclusiones a las que se llega en el 
artículo puedan no ser compartidas en todo o en parte por los guardias».
c)  El 13 de junio de 2015, el alférez mencionado emitió parte disciplinario contra el 
recurrente, y también contra los otros dos guardias civiles que declararon como testigos 
en la vista del referido juicio verbal, por dos faltas graves. La primera consistente en la 
presunta comisión de la infracción prevista en el art. 8.6 de la Ley Orgánica 12/2007, 
de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil (en adelante, LODGC), 
que tipifica la grave desconsideración con los superiores en el ejercicio de sus funciones 
o con ocasión de ellas. Y la segunda por haber incurrido presuntamente en vulneración 
del secreto profesional (art. 8.8 LODGC). A dicho parte se adjuntó, como sustento 
probatorio, el artículo publicado en la web de AUGC, la grabación audiovisual de la vista 
del  juicio  verbal  civil  sobre  derecho  de  rectificación  reseñado  y  la  sentencia 
desestimatoria de la acción ejercitada en ese juicio verbal.
Previa información reservada, fue incoado, por las referidas infracciones de los arts. 
8.6 y 8.8 LODGC, expediente disciplinario contra el recurrente y también contra los otros 
dos guardias civiles, quienes se acogieron a su derecho a no declarar (art. 24.2 CE y 4 
LODGC).
El director general de la Guardia Civil dictó resolución de 18 de abril de 2016 
imponiendo al recurrente, y a otro de los guardias civiles que testificaron en la referida  e.
vista de juicio verbal, sendas sanciones de pérdida de destino, con todos los efectos  w.b
legales inherentes y sin posibilidad de pedir destino en la comandancia de Cádiz por un  96ww
«pdeerísocdoon siddee radcoiósn  caoñno slo, s scuopmeor ioraeust oerne se l edjee rcuicnioa  defa sltuas  fgurnacvieo necso on scisotne notcea seiónn  dlea 
eelnlacsa»rt.a dNoo.  se  hizo  declaración  de  responsabilidad  respecto  al  tercer  guardia  civil
d)  Agotada  la  vía  administrativa  de  recurso,  el  recurrente  interpuso  recurso 
contencioso-disciplinario militar contra la resolución sancionadora, alegando entre otros 
motivos  la  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art.  24.1  CE)  y  a  la  defensa  (art.  24.2  CE).  Sostiene  en  concreto  la  nulidad  del 
procedimiento en la medida que la prueba de cargo deriva de haber prestado declaración 
en un procedimiento civil, promovido por el redactor del parte disciplinario, en calidad de 
testigo  y  no  de  parte  interesada.  La  Sala  de  Justicia  del  Tribunal  Militar  Central 
desestimó la impugnación en sentencia de 9 de mayo de 2018. Resuelve sobre esta 
impugnación en la segunda parte del fundamento jurídico primero y concluye que «el 
hecho de haber sido llamado a deponer como testigo en un juicio verbal civil para el 
ejercicio  del  derecho  de  rectificación  no  impide  ni  obstaculiza  el  ejercicio  de  la 
competencia sancionadora en vía disciplinaria emprendida por el mando y examinada 
ahora en este recurso contencioso-disciplinario jurisdiccional. Dicho en otras palabras, 
no se le ha sancionado disciplinariamente por otras razones que aquellas que figuran en 
la resolución atacada».
e)  Contra la citada sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central 
interpuso recurso de casación. Alegó cuatro motivos: (i) lesión del derecho fundamental 
a la defensa, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE); (ii) 
caducidad del procedimiento; (iii) vulneración del principio de presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE); y (iv) desconocimiento del principio de proporcionalidad de la sanción, con 
vulneración del art. 19 LODGC.
El Tribunal Supremo desestimó el recurso mediante sentencia de 14 de marzo 
de 2019. Aborda la primera de las vulneraciones alegadas en casación en el fundamento 
jurídico segundo. Reconoce que las garantías instrumentales previstas en el art. 24.2 CE 
se aplican a los procedimientos sancionadores. Y añade: «Pero la virtualidad de tales 
derechos  rige  en  el  procedimiento  disciplinario,  sin  que  alcance  a  actuaciones  no 
realizadas en el mismo, como es el caso». En este sentido, el recurrente en ningún caso 
ha  sido  afectado  en  su  derecho  de  defensa  en  el  expediente  disciplinario  por  su 
declaración en el juicio civil, que se produjo con todas las garantías procesales de 
obligado cumplimiento y en nada empece que la fijación de los datos fácticos que sirven 
de base al reproche disciplinario se extraigan de una sentencia firme que sirve para 
establecer la realidad de lo ocurrido».
En el fundamento jurídico tercero resuelve acerca de la invocación de la presunción 
de inocencia. Sostiene que el recurrente la «vincula a la falta de tipicidad absoluta de la 
conducta  sancionada»  y,  así  encuadrada,  la  desestima  porque  las  apreciaciones 
defendidas por la AUGC son un reflejo de los datos fácticos que, según su propia 
declaración testifical en el proceso civil, comunicaron los guardias expedientados a la 
AUGC,  datos  fácticos  que  comportaban  una  grave  descalificación  de  un  superior 
susceptible de reproche disciplinario.
3.  El recurrente, en el encabezamiento del escrito de iniciación registrado el 8 de 
mayo  de  2019,  dirige  el  recurso  de  amparo  contra  las  dos  resoluciones  judiciales 
reseñadas en los antecedentes.
En los fundamentos de Derecho imputa a ambas resoluciones la vulneración del 
derecho fundamental de defensa, a no declararse culpable y a no declarar contra sí 
mismo y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en la medida en que en ellas se 
habría dado valor autoincriminatorio a las afirmaciones que había realizado durante la 
declaración testifical realizada en un procedimiento civil. Argumenta el recurrente que la 
grabación de la vista y la transcripción de la declaración no podrían utilizarse como  e.
elementos  de  prueba  porque  fueron  obtenidos  en  una  declaración  testifical  bajo  la  w.b
obligación de decir verdad, y sin que nadie leyera los derechos del recurrente acerca de  96ww
psio dpíoadní au toili znaor soep etanr  spuo cr onnotr ad eecnl aurna rp raoncteed liam ipeonstoib silaidnacdio dnea dqour.e sus afirmaciones luego
de 2P0o1r8  ovtruoln leardao e, l adleegreac hqou ef ulnad asmenetnetnacl iaa  dlae lt uTterilbau njuadl icMiailli teafre cCtievnat r(aal rtd. e2 49. 1d Ce Em),a eyno 
relación con el principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE) y con la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) por cambio de 
criterio en asuntos iguales. Así, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central habría 
llegado a una conclusión distinta a la del presente asunto en sendas sentencias de 29 de 
noviembre  de  2017.  En  concreto,  en  un  supuesto  idéntico  habría  apreciado  la 
vulneración de los derechos a no declarar contra sí mismos, a no declararse culpables y 
a la presunción de inocencia. La sentencia del Tribunal Supremo no habría salvado esta 
situación.
En tercer lugar, imputa adicionalmente a la sentencia de 14 de marzo de 2019 
dictada  por  la  Sala  Quinta  del  Tribunal  Supremo  («que  incluso  va  más  allá»)  la 
vulneración  de  la  tutela  judicial  efectiva  del  art.  24.1  CE  por  haber  aplicado 
indebidamente el efecto de cosa juzgada material de una sentencia civil y utilizarlo como 
prueba de cargo en un procedimiento disciplinario sancionador, lo que lesionaría la 
presunción de inocencia así como el derecho a obtener una respuesta fundada en 
Derecho.
En fin, en el suplico de la demanda solicita que se reconozca la vulneración de los 
derechos fundamentales invocados y que sea restablecido en los mismos, para lo cual 
insta del tribunal que «declare la nulidad y anule la sentencia de la Sala de lo Militar del 
Tribunal Supremo de fecha 14 de Marzo de 2.019 (recurso de casación contencioso 
núm. 79-2018) y la sentencia dictada por la Sala de Justicia del Tribunal Central Militar 
de fecha 9 de Mayo de 2018, así como también anule las resoluciones administrativas de 
que  traen  causa  y  que  son  lógica  y  cronológicamente  presupuestos  de  dichas 
resoluciones judiciales, en el recurso contencioso-disciplinario militar núm. 151-2016, y 
retrotraer las actuaciones al momento anterior a aquel en que fue dictada la sentencia 
por la Sala de Justicia del Tribunal Central Militar de fecha 9 de Mayo de 2018, para que 
por dicha Sala se dicte nueva sentencia respetuosa con los derechos fundamentales del 
recurrente a la defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la 
presunción  de  inocencia  del  art.  24.2  CE,  así  como  respetuosa  con  su  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE».
4.  Por auto de 12 de febrero de 2020 la Sección Primera de la Sala Primera del 
tribunal estimó justificada la abstención formulada por el magistrado, Excmo. Sr. D. 
Cándido Conde-Pumpido Tourón amparada en los arts. 80 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) y 219.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
5.  La Sección Primera de este tribunal, por providencia de 9 de marzo de 2020, 
acordó admitir este recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; dirigir atenta comunicación a la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remita 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de 
casación contencioso 79-2018, así como al Tribunal Militar Central a fin de que, en plazo 
que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al recurso contencioso-disciplinario militar ordinario núm. 151-2016; 
debiendo  previamente  emplazarse,  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  puedan 
comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento.
6.  La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de  s
ordenación de 30 de junio de 2020, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio  oe.
Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las  w.
aleg7a.c ioEnle Ms iqnuiset eersioti mFaissceanl,  ppeorrt ineescnrtietos ,r deeg isctornafdoor meind aeds tceo tnri beul naartl.  e5l2 3 L0O dTeC j.ulio de 2020,  2021-4496n https://ww
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fundamentales del recurrente a no declararse culpable y a no declarar contra sí mismo 
(art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), así como que acuerde la 
nulidad de las dos resoluciones judiciales contra las que se dirige el recurso de amparo y 
de las dos resoluciones administrativas recaídas en el expediente disciplinario de que 
aquellas traen causa.
Aduce, en primer lugar, que la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el principio de igualdad en aplicación de la ley 
(art. 14 CE) y con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), 
por cambio de criterio en asuntos iguales, a pesar de ser imputable a la Sala de Justicia 
del Tribunal Militar Central, no fue invocada en el recurso de casación. Añade, «de 
hecho, la Sala Quinta de lo Militar no pudo pronunciarse al respecto, como hubiera sido 
posible de haberse alegado como motivo específico del recurso de casación». Insta, en 
consecuencia, que se aprecie el óbice procesal de falta de denuncia previa, citando la 
doctrina constitucional que destaca que este requisito no es un mero formalismo rituario 
(por todas, STC 191/2009).
Manifiesta, en segundo término, que la vulneración de la tutela judicial efectiva del 
art. 24.1 CE, por haber aplicado indebidamente el efecto de cosa juzgada material de 
una sentencia civil y utilizarlo como prueba de cargo en un procedimiento disciplinario 
sancionador, se imputa de un modo especial a la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo y, sin embargo, el recurrente no presentó incidente de nulidad de actuaciones a 
través del cual suscitase la reparación de esta vulneración. Concurriría a su juicio, al 
menos como opción preferente, el óbice procesal de falta de agotamiento de la vía 
judicial previa al recurso de amparo.
En cuanto al primer motivo, cuya estimación insta, el fiscal alega que el derecho a no 
declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable constituyen «garantías o derechos 
instrumentales  del  genérico  derecho  de  defensa,  al  que  prestan  cobertura  en  su 
manifestación pasiva, esto es, la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto 
sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar 
por  defenderse  en  el  proceso  en  la  forma  que  estime  más  conveniente  para  sus 
intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o 
compulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable (SSTC 36/1983, 
de 11 de mayo, FJ 2, y 127/1992, de 28 de septiembre, FJ 2)» (STC 197/1995, de 21 de 
diciembre, FJ 6). Aduce también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por 
todas, sentencia de 17 de diciembre de 1996, asunto Saunders c. Reino Unido) ha 
señalado que el derecho a no contribuir a la propia incriminación forma parte de la 
noción misma de proceso justo ex art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos 
(CEDH).
Destaca el fiscal que, según la citada STC 197/1995, «la jurisprudencia constitucional 
ha reconocido como límite ineludible a la potestad sancionadora de la administración el 
respeto a los derechos de defensa reconocidos en el art. 24 de la CE, que son de 
aplicación  a  los  procedimientos  que  la  administración  siga  para  la  imposición  de 
sanciones (SSTC 77/1983, FJ 2, y 74/1985, FJ 4). […] El ejercicio del ius puniendi del 
Estado en sus diversas manifestaciones está sometido al juego de la prueba de cargo o 
incriminatoria de la conducta reprochada y a un procedimiento en el que la persona a la 
que se le imputa o pueda imputar aquella pueda ejercer su derecho de defensa, de modo 
que, también en el procedimiento administrativo sancionador, la carga de la prueba de 
los hechos constitutivos de la infracción vincula a la administración, que concentra las 
funciones de acusador y decisor, sin que el sujeto pasivo de la actuación sancionadora  s
esté obligado a declarar contra sí mismo». Y ello –añade el fiscal– «se proclama también  oe.
específicamente  en  relación  a  los  procedimientos  sancionadores  disciplinarios  de  w.
naturaleza militar (por todas, STC 74/2004, de 22 de abril, FJ 4)». 96ww
elemPerenctoissa d ae  cpornuteinbuaa qcuióen  teeln fgisacna ol  qpuuee d«alan p treonheibr iecinó ne ld feu tcuorom vpaullosrió inn car imla inaaptoorrtiaoc cióonn tdrae 
einl oacseín ccioam, p[…eli.d] o,d edbeeri vsaodma edteelr sdee rae chuon  ddeo bdleef etnasmai zy  [d…el] : d"elaresc hgoa raa nlatí apsr efsreunntceió na  dlea   BOE-A-cable e
autoincriminación  se  refieren  en  este  contexto  solamente  a  las  contribuciones  del 
imputado  o  de  quien  pueda  razonablemente  terminar  siéndolo  y  solamente  a  las 
contribuciones que tienen un contenido directamente incriminatorio" (STC 161/1997, de 2 
de octubre, FJ 6)».
Expuesta la doctrina constitucional aplicable, el fiscal afirma que en su criterio en 
este caso «se ha producido la invocada vulneración […]. En efecto, no cabe duda de que 
las  concretas  manifestaciones  efectuadas  en  calidad  de  testigo  por  el  recurrente 
ostentan el carácter de contribución de contenido directamente incriminatorio y son tales 
declaraciones las que sustentan de modo exclusivo la prueba de cargo, pues ni el parte, 
ni la grabación con la transcripción de las manifestaciones, ni la sentencia son elementos 
autónomos o desconectados de ellas. […] el propio parte disciplinario se construye a 
partir de la información obtenida por el mismo dador del parte con el ejercicio de una 
acción civil a su propia iniciativa, en la que el sancionado se ve obligado a decir verdad 
bajo  apercibimiento  de  delito  de  falso  testimonio»,  lo  cual  –continúa  el  fiscal–  es 
asimilable a otras situaciones en las que la jurisdicción militar (STS de 8 de febrero 
de 2017) viene entendiendo existente la referida vulneración del art. 24.2 CE.
El fiscal recuerda que las sentencias de 29 de noviembre de 2017, núms. 181 y 191, 
de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central –alegadas y aportadas por el recurrente 
como  tertium  comparationis  en  la  demanda  de  amparo–  son  buena  muestra  de  la 
doctrina  militar  más  acorde  con  las  exigencias  constitucionales  que  se  derivan  del 
art. 24.2 CE. Ambas sentencias analizan un caso exactamente igual al presente y 
estrechamente conectado con él, en cuanto derivado de la misma publicación efectuada 
en la página web de la AUGC, y consideran aplicable a este supuesto la doctrina de la 
jurisprudencia militar que afirma que hay dos situaciones anteriores a la emisión del 
parte  disciplinario  en  que  cabe  apreciar  vulneración  del  derecho  a  no  confesarse 
culpable: una, cuando el mando que posteriormente emite el parte interroga al presunto 
responsable  de  la  infracción  sobre  los  hechos  constitutivos  de  esta  sin  informarle 
previamente de los referidos derechos; la segunda, desarrollada en la STS 8 de febrero 
de 2017, cuando dicho mando, ante la sospecha de que un subordinado pudiera haber 
cometido una infracción disciplinaria, ordena a este la elaboración de un informe sobre 
los hechos constitutivos de la misma.
Lo expresado en dichas sentencias –concluye el fiscal– es predicable igualmente 
respecto del presente caso, y en nada puede servir a la validez constitucional de la 
conclusión  contraria  extraída  por  los  órganos  administrativos  y  judiciales  ni  que  la 
declaración  fuese  prestada  en  el  juicio  verbal  a  propuesta  e  instancia  de  la  parte 
demandada (pues ello en nada aminora la obligación del testigo de declarar y de hacerlo 
con complitud y exactitud), ni que la sentencia desestimatoria de la acción civil recogiese 
en sus fundamentos jurídicos la afirmación de que el demandante de amparo puso en 
conocimiento de AUGC los datos fácticos reflejados en la publicación digital (pues, 
aparte de que esa afirmación no es un aserto autónomo, el juicio verbal previsto en 
garantía del derecho de rectificación es un juicio sumario, con lo que se exime al 
juzgador de una indagación completa de la veracidad de los hechos), ni que el propio 
parte pueda servir como elemento probatorio por sí mismo (pues en este caso el parte 
«no constituye un elemento autónomo y diferente de las manifestaciones previas»).
8.  El recurrente, mediante escrito registrado en este tribunal el día 11 de agosto 
de 2020, evacua el trámite de alegaciones que le fue conferido, reiterando los hechos y 
motivos de amparo que había hecho valer en su escrito de demanda, con la única 
diferencia de que distingue un epígrafe sobre el objeto del amparo, que es idéntico a los  e.
motivos de amparo invocados en la demanda, de otro sobre el contenido y alcance de  w.b
las concretas vulneraciones invocadas, en el cual razona que las mismas también son  96ww
eimmpbuatargbole, se al  slausp lriceos odluec ieosntees  easdcmrition isdtera taivleagsa rceiocaníedsa se se ne le lm eixspmeod iqeunete  edli sdceipl leinsacrriioto.  Sdien 
adqeumeal nedna ,q iunes tfauned doi cdteald tar iblau nsaeln qteunec i«ar eptoror tlraa [Sigaal]a  ladse  aJcutsutaicciaio ndeesl  Tarli bmuonmale Cneton taranlt eMriiolirt aar 
de fecha 9 de Mayo de 2018».
9.  Por providencia de 11 de febrero de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso y alegaciones de las partes.
La  demanda  de  amparo  reprocha  a  las  sentencias  impugnadas  –la  dictada  en 
instancia por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, de 9 de mayo de 2018, y la 
de Sala Quinta del Tribunal Supremo desestimatoria del recurso de casación, de 14 de 
marzo de 2019– que, al haber confirmado la sanción disciplinaria del recurrente por 
«grave  desconsideración  con  los  superiores»  (art.  8.6  LODGC)  con  base  en  sus 
declaraciones autoincriminatorias realizadas como testigo obligado a decir verdad en un 
proceso civil previo, ha lesionado su derecho fundamental a la defensa, a no declarar 
contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE), así como el principio de 
presunción  de  inocencia  (art.  24.2  CE).  Imputa,  además,  a  la  citada  sentencia  del 
Tribunal Militar Central la vulneración del derecho fundamental del recurrente a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el principio de igualdad en aplicación de la 
ley (art. 14 CE) y con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 
CE), lesión que derivaría de haber decidido este proceso conforme a un criterio distinto 
al acogido en otros asuntos iguales. Alega también, como tercer motivo, que la citada 
sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha vulnerado su derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) por basar en el efecto de cosa juzgada material de una 
sentencia civil la prueba de cargo en un procedimiento disciplinario.
En el suplico el recurrente insta de este tribunal que, estimadas sus alegaciones y 
para  restablecerle  en  su  derecho,  anule  las  dos  sentencias  a  las  que  imputa  las 
vulneraciones, anule las decisiones administrativas «de que traen causa» y, en fin, 
ordene «retrotraer las actuaciones al momento anterior a aquel en que fue dictada la 
sentencia por la Sala de Justicia del Tribunal Central Militar de fecha 9 de Mayo de 2018, 
para  que  por  dicha  Sala  se  dicte  nueva  sentencia  respetuosa  con  los  derechos 
fundamentales del recurrente», sin que proceda la acumulación instada al recurso de 
amparo 5776-2019, habida cuenta de la singularidad del recurso interpuesto y del trámite 
procesal en que se encuentra el último recurso citado.
El Ministerio Fiscal, por su parte, aprecia que el segundo y el tercer motivo de 
amparo están afectados por sendos óbices procesales que determinan su inadmisión. 
Solicita,  por  lo  que  hace  al  otro  motivo  de  amparo,  que  sea  estimado  y  que,  en 
consecuencia, acuerde la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas y también 
de  las  resoluciones  administrativas  recaídas  en  el  expediente  disciplinario  del  que 
aquellas traen causa.
2.  Sobre los óbices procesales alegados por el Ministerio Fiscal.
La  tutela  de  los  derechos  fundamentales  a  través  del  recurso  de  amparo 
constitucional tiene uno de sus elementos centrales en su carácter subsidiario. Son 
manifestaciones de esta nota distintiva que el art. 44.1 LOTC exija como presupuestos 
de viabilidad de un recurso de amparo la denuncia formal de las vulneraciones alegadas 
en el proceso judicial previo tan pronto como hubiera lugar para ello [apartado c)] y, 
además, el agotamiento de todos los medios de impugnación previstos por las normas 
procesales [apartado b)]. s
El Ministerio Fiscal razona que el segundo motivo de amparo, el relativo al cambio de  oe.
criterio del Tribunal Militar Central respecto de asuntos iguales, apunta a una vulneración  w.
tdqaeunle  p Tprrouibndutono a hhla uSbbeuorp slrueeg mdaeor n pyua nnraco i aesdleloo . heizno e, ld ree cmuorsdoo  dqeu ec ansoa csieó nh apbroríma odveidnou nacnitaed ola  fSoramlaa lQmueinnttae   2021-4496n https://ww
Procede acoger esta alegación del Ministerio Fiscal. La demanda de amparo esgrime
que el Tribunal Militar Central dictó sendas sentencias el 29 de noviembre de 2017 en las  Bc
que, respecto de asuntos sustancialmente iguales al que resolvió en la sentencia de 9 de 
mayo de 2018 objeto de este recurso de amparo, estimó que la sanción disciplinaria de 
un  guardia  civil  por  «grave  desconsideración  de  sus  superiores»  con  base  en  sus 
declaraciones autoincriminatorias realizadas como testigo obligado a decir verdad en un 
proceso civil previo suponía una lesión de su derecho fundamental a la defensa, a no 
declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE), así como del principio 
de presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
El recurrente pudo fundar en este cambio de criterio, que a su juicio es lesivo de los 
derechos fundamentales consagrados en los arts. 24.1 y 14 CE, su recurso de casación 
y así abrir la vía procedimental para que la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en caso de 
apreciarlo así, reparase esta lesión. En dicho recurso de casación no consta ese motivo 
de impugnación, ni directamente formulado ni expuesto por referencia a sus elementos 
fácticos determinantes. Al invocar esta vulneración en su demanda de amparo pero no 
haber intentado su reparación en la vía judicial lo antes que en ella fue posible, no ha 
respetado  la  subsidiariedad  como  elemento  configurador  del  amparo  constitucional, 
resultando improcedente examinar este motivo de amparo.
El Ministerio Fiscal esgrime un segundo óbice procesal. Destaca que si la tercera 
impugnación, la relativa a la lesión del art. 24.1 CE por haber fundado en el efecto de 
cosa juzgada material de una sentencia civil la prueba de cargo en un procedimiento 
disciplinario, se imputa específicamente a la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo las normas procesales ofrecían un medio de impugnación hábil como era el 
incidente de nulidad de actuaciones, vía de reparación que el recurrente no utilizó.
El tribunal también estima esta alegación del fiscal. De la demanda de amparo se 
desprende expresamente que el tercero de los motivos que la sustentan se imputa 
específicamente a un razonamiento concreto que, sin haber sido objeto de la discusión 
en las fases anteriores de la controversia, usó por primera vez la sentencia de la Sala 
Quinta  del  Tribunal  Supremo  para  desestimar  las  pretensiones  del  recurrente.  Así 
planteada la vulneración alegada, el recurrente había tenido a su disposición un medio 
de impugnación, sobre cuya procedencia no cabe albergar ninguna duda, para obtener 
reparación dentro de la vía procesal previa al recurso de amparo constitucional. El 
recurrente, al no deducir el referido incidente de nulidad de actuaciones, no agotó todos 
los medios de impugnación previstos por las normas procesales en la vía judicial previa 
al presente recurso de amparo.
3.  Delimitación del objeto del proceso.
Descartados los motivos de amparo que aduce la demanda en segundo y tercer 
lugar, por no reunir los presupuestos procesales de viabilidad previstos en el art. 44 
LOTC,  el  tribunal  se  centrará  en  examinar  la  invocada  vulneración  del  derecho 
fundamental a la defensa, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable 
(art. 24.2 CE), así como el principio de presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
A la vista de la demanda y del resto de escritos presentados durante la tramitación 
de este recurso de amparo, se hace imprescindible precisar cuáles son las actuaciones 
del  poder  público  a  las  que  se  imputa  la  vulneración  alegada  y,  correlativamente, 
determinar qué perspectiva de análisis debe adoptar el tribunal para responder a las 
cuestiones formuladas en la demanda y, en caso de apreciarse la vulneración invocada, 
para restablecer al recurrente en su derecho.
Importa recordar ante todo que, de acuerdo a una doctrina constitucional reiterada, 
«cuando se impugna en amparo constitucional una resolución judicial confirmatoria de  e
otras,  que  han  sido  lógica  y  cronológicamente  presupuesto  de  aquella,  han  de  bo
considerarse  también  recurridas,  aunque  no  lo  hayan  sido  expresamente,  las  96ww
FprJe 1ce, dy e1n7t8e/s2 0d2e0c,is dioen 1e4s  dceo ndfiicrmieamdbarse»,  F(pJ o1r) .t oCdoansf,o SrmSeT Ca  e9s5t/e2 0c1rit8e,r idoe g 1e7n edrea l,s heapbtireíma bqruee, 
ednetseensdtiemr adtoirriigaisd od ee sltae  prreectuernssoió nd ed ealm rpeacruor rennot es oslion oc otanmtrab iélans  croenstoralu claiosn eress ojuludcicioianleess 
sancionadoras que aquellas venían a confirmar.
Ahora  bien,  el  suplico  de  este  recurso  de  amparo,  como  petición  expresa  del 
recurrente, solicita que el tribunal ordene «retrotraer las actuaciones al momento anterior 
a aquel en que fue dictada la sentencia por la Sala de Justicia del Tribunal Central Militar 
de  fecha  9  de  Mayo  de  2018,  para  que  por  dicha  Sala  se  dicte  nueva  sentencia 
respetuosa  con  los  derechos  fundamentales  del  recurrente».  Esta  pretensión  es 
incompatible con que el tribunal proyecte el examen que se le demanda sobre las 
resoluciones sancionadoras, debiendo, dado que «no le corresponde reconstruir de oficio 
las demandas» (STC 181/2020, de 14 de diciembre, FJ 3), limitarse a verificar si las 
resoluciones judiciales impugnadas han respetado el derecho fundamental invocado y, 
en caso de apreciar infracción del mismo, retrotraer las actuaciones al momento anterior 
a aquel en que se dictó la sentencia de instancia.
4.  La doctrina constitucional sobre el contenido y alcance de la garantía de no 
autoincriminación.
a)  Este tribunal cuando ha examinado la garantía de no autoincriminación la ha 
contemplado como una especie de los derechos a no declarar contra sí mismo y a no 
confesarse culpable, que «son garantías o derechos instrumentales del genérico derecho 
de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se 
ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una 
imputación», (entre otras, SSTC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 6; 161/1997, de 2 de 
octubre, FJ 5; 18/2005, de 1 de febrero, FJ 2; 142/2009, de 15 de junio, FJ 3, y con 
términos análogos en la STC 54/2015, de 16 de marzo, FJ 7). Estos derechos, según 
esas  mismas  sentencias,  «entroncan  también  con  una  de  las  manifestaciones  del 
derecho a la presunción de inocencia, en virtud de la cual la carga de la prueba en el 
proceso penal corresponde a la acusación, sin que pueda hacerse recaer en el acusado 
la obligación de aportar elementos de prueba que supongan una autoincriminación».
Aun  en  cuanto  al  fundamento  de  esta  garantía,  este  tribunal  destaca 
(SSTC 142/2009, FJ 3; 18/2015, FJ 2, y 54/2015, FJ 7) que, según el Tribunal Europeo 
de  Derechos  Humanos,  «el  derecho  a  guardar  silencio  y  el  privilegio  contra  la 
autoincriminación son normas internacionales generalmente reconocidas que descansan 
en el núcleo de la noción de proceso justo garantizada en el art. 6.1 del Convenio. El 
derecho a no autoincriminarse, en particular, presupone que las autoridades logren 
probar su caso sin recurrir a pruebas obtenidas mediante métodos coercitivos o de 
presión en contra de la voluntad de la "persona acusada"» (STEDH de 3 de mayo 
de 2001, caso J.B. c. Suiza, § 64; en el mismo sentido, SSTEDH de 8 de febrero 
de 1996, caso John Murray c. Reino Unido, § 45; de 17 de diciembre de 1996, caso 
Saunders c. Reino Unido, § 68; de 21 de diciembre de 2000, caso Heaney y McGuinness 
c. Irlanda, § 40; de 8 de abril de 2004, caso Weh c. Austria, § 39, y de 4 de octubre 
de 2005, caso Shannon c. Reino Unido, § 32).
b)  El contenido de la garantía de no autoincriminación se desarrolló por el tribunal 
al principio mediante la consideración de supuestos ligados a condenas penales y, como 
se reseñará en el siguiente apartado d), se ha continuado con ocasión de resolver 
recursos de amparo en que se impugnaban sanciones administrativas.
Respecto del delito de desobediencia por negarse un conductor a someterse a 
pruebas  de  detección  de  alcohol  y  otras  sustancias,  hizo  una  primera  delimitación 
negativa de este derecho, excluyendo de su ámbito de protección las situaciones en que 
«no  se  obliga  al  detectado  a  emitir  una  declaración  que  exteriorice  un  contenido, 
admitiendo  su  culpabilidad,  sino  a  tolerar  que  se  le  haga  objeto  de  una  especial  e
modalidad de pericia» (entre otras muchas, STC 103/1985, de 4 de octubre, FJ 3).  bo
Distinguió de este modo entre la aportación coactiva de información incriminatoria, que  96ww
reesscuelntaa raiom pqaurea dnao  pcoar bees tcaa gtaalroagnatría ,c oym lao  oubnlaig avceiórdna ddee ras odpeocrtlaarr adciilóigne nyc iaasl  qduee p rnuoe bsae, 
extieAntedned laie npdroot eaccl iómni sdmisop esnuspaudeas ptoo r dees tec odnedreecnhao .penal  por  rehusar  el  conductor  las
pruebas de detección exigidas por la ley, la STC 161/1997, FJ 6, precisa adicionalmente
que «[l]a [perspectiva] de los derechos a la no declaración y a la no confesión es […] 
más restringida, pues puede considerarse que comprende únicamente la interdicción de 
la compulsión del testimonio contra uno mismo. Mayor amplitud tiene la prohibición de 
compulsión a la aportación de elementos de prueba que tengan o puedan tener en el 
futuro valor incriminatorio contra el así compelido, derivada del derecho de defensa y del 
derecho  a  la  presunción  de  inocencia  […]».  Y  a  continuación,  dentro  del  mismo 
fundamento jurídico 6, reitera la doctrina constitucional ya reseñada, según la cual «tal 
garantía [de no autoincriminación] no alcanza sin embargo a integrar en el derecho a la 
presunción de inocencia la facultad de sustraerse a las diligencias de prevención, de 
indagación  o  de  prueba  que  proponga  la  acusación  o  que  puedan  disponer  las 
autoridades judiciales o administrativas». Y añade, ya en el fundamento jurídico 7, que 
«la comprobación de la conducción bajo la influencia del alcohol o de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y, entre ellas, las de espiración de aire a 
través de un alcoholímetro, no constituyen en rigor una declaración o testimonio, por lo 
que no pueden suponer vulneración alguna de los derechos a no declarar, a no declarar 
contra uno mismo y a no confesarse culpable».
Aun en el ámbito de las condenas penales, esta vez por delito fiscal, la citada 
STC 18/2005, FFJJ 3 y 4, define (con apoyo en las SSTEDH en los casos Saunders c. 
Reino Unido y J.B. c. Suiza) el requisito subjetivo de este derecho. Afirma que la garantía 
de no autoincriminación solo despliega su protección cuando la compulsión a aportar 
elementos incriminatorios se proyecta sobre la misma persona del imputado o de quien 
pueda llegar a serlo en el futuro. La sentencia desestima la demanda de amparo porque 
«no apreciándose la existencia del requisito subjetivo de que la coacción haya sido 
ejercida por el poder público sobre la persona que facilitó la información incriminatoria y 
que finalmente fue la destinataria de las medidas punitivas, debe desestimarse el recurso 
de amparo en este punto, sin que sea preciso pronunciarse sobre los requisitos objetivos 
del derecho a la no autoincriminación».
c)  El  traslado  a  la  actividad  administrativa  sancionadora  de  las  garantías 
procedimentales del art. 24.2 CE, reflejadas en él con relación directa al proceso penal, 
viene siendo admitido desde la STC 19/1981, de 8 de junio, FJ 2, con la condición de 
que  sea  necesario  para  preservar  los  valores  ínsitos  en  ese  precepto  y  que  sea 
compatible con la naturaleza de la citada actuación administrativa. Más en concreto, en 
cuanto al derecho a no declarar contra sí mismo como garantía instrumental del derecho 
de  defensa,  del  que  es  una  manifestación  específica  el  derecho  a  la  no 
autoincriminación, la STC 197/1985, de 21 de diciembre, FJ 7, ha establecido que «rige y 
ha  de  ser  respetado,  en  principio,  en  la  imposición  de  cualesquiera  sanciones 
administrativas, sin perjuicio de las modulaciones que pudiera experimentar en razón de 
las diferencias existentes entre el orden penal y el Derecho administrativo sancionador, 
pues los valores esenciales que se encuentran en la base del art. 24.2 CE no quedarían 
salvaguardados si se admitiera que la administración pudiera compeler u obligar al 
administrado a confesar la comisión o autoría de los hechos antijurídicos que se le 
imputan o pudieran imputar o a declarar en tal sentido».
Las SSTC 74/2004, de 22 de abril, FJ 2, y 272/2006, de 25 de septiembre, FJ 3, que 
tienen por objeto sendas sanciones disciplinarias impuestas a guardias civiles, han 
reiterado que las garantías instrumentales del derecho de defensa son extensibles a este 
tipo de procedimientos sancionadores de naturaleza militar. Las SSTC 142/2009, FJ 3 
(sanción disciplinaria a dos policías municipales), y 54/2015, FJ 7 (sanciones tributarias), 
que presentan una relación más directa aún con este proceso porque en ellas el tribunal  s
resolvió alegaciones específicas sobre la garantía de no autoincriminación, han seguido  oe.
este mismo criterio. w.
En todas las sentencias mencionadas las garantías instrumentales del derecho de  96ww
dperofecendsaim, iye neton trsea neclliaosn aedlo er sspine cnífinicgou ndae rmecohdou laa cnióon ,a suatolvinoc erinm lian aSrsTeC,  s1e4 2h/2a0n0 a9p, lFicJa d6o,  eanl 
lcao mqupere enld tierirbau neanl,  ceosnte  occaassoió ne ld ed en efgaaltar rq uceo neslc dieenrteecmhoe nate n oa  dlae clvaerradra cdo, natrtae nsdí ióm iasm lao   BOE-A-cable e
especial posición jurídica de los policías municipales, de la que deriva «una mayor 
exigibilidad de rigor en las manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus cargos, incluso 
cuando –como sucede en una información reservada– se investigan hechos de los que 
pueden derivarse responsabilidades administrativas».
d)  Este tribunal ha avanzado en la delimitación del contenido de la garantía de no 
autoincriminación,  con  sanciones  administrativas  como  trasfondo,  en  las  citadas 
SSTC 142/2009 y 54/2015.
En la primera, dos policías locales fueron sancionados por faltar a la verdad en el 
seno de una información reservada, incoada a raíz de la denuncia de un ciudadano con 
el fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las posibles responsabilidades. 
Tras negar los hechos que denunciaba el ciudadano, añadieron que iban a aportar los 
recursos interpuestos por el ciudadano, para que se viera que en los mismos se hace un 
relato de hechos distinto al de la denuncia, lo que se demostró falso.
Los recurrentes alegaron que el derecho a no declarar contra sí mismos comprendía 
el  «derecho  a  mentir»,  con  el  resultado  desestimatorio  indicado  en  el  precedente 
apartado c). Invocaron además la más específica garantía de no autoincriminación, 
respecto  de  la  que  la  STC  142/2009,  FJ  5,  estableció  que  «del  examen  de  las 
actuaciones […] se desprende que en ningún momento del procedimiento los recurrentes 
fueron  forzados  a  realizar  una  declaración  autoincriminatoria,  lo  que  resultaría 
constitucionalmente inadmisible no solo en el procedimiento administrativo sancionador 
propiamente dicho, sino también en la práctica de una información reservada –pese a 
que esta no tenga carácter sancionador; por todas, STC 276/2006, de 25 de septiembre, 
FJ 6– cuyo objeto era la determinación de las posibles responsabilidades administrativas 
de los demandantes de amparo». De este modo, el tribunal destacó (i) que la garantía de 
no autoincriminación tutela frente a la aportación de información autoinculpatoria que sea 
fruto de coerción o compulsión, nunca cuando se suministra voluntariamente; y (ii) que 
dicha garantía no solo protege contra la aportación coactiva de datos autoincriminatorios 
en el seno del proceso penal o sancionador, sino también frente a la utilización en tales 
procedimientos como prueba de cargo del material autoincriminatorio coactivamente 
aportado a los poderes públicos en cualesquiera otros procedimientos, aunque sean de 
otra naturaleza (la información reservada tiene fines de indagación e investigación de 
hechos y no de sanción o castigo).
En atención a esta STC 142/2009, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha 
adoptado una jurisprudencia constante (STS 54/2016, de 10 de mayo; 61/2016, de 24 de 
mayo; 147/2016, de 29 de noviembre; 17/2017, de 8 de febrero, y 87/2019, de 17 de 
julio) en la que admite que los derechos instrumentales del derecho de defensa, y como 
especie  de  este  género  la  garantía  de  no  autoincriminación,  rigen  no  solo  en  los 
procedimientos sancionadores, sino «también en los procedimientos predisciplinarios 
seguidos para el esclarecimiento de los hechos (STC 142/2009, de 15 de junio, y de esta 
Sala 22 de diciembre de 2010, 11 de febrero de 2011, y 19 de octubre de 2016, entre 
otras); y asimismo con carácter de defensa preventiva en los casos en que el deber de 
informar  sobre  asuntos  del  servicio  comporte  autoincriminación  para  el  obligado  a 
hacerlo».
e)  Por su parte, la STC 54/2015 examina la alegación del recurrente según la que 
atribuir efectos inculpatorios en el procedimiento sancionador tributario a la conformidad 
afirmada por el contribuyente en el previo procedimiento de gestión tributaria había 
desconocido la garantía de no autoincriminación. El tribunal acepta este enfoque como 
análisis adecuado (sin perjuicio de que finalmente la estimación parcial estriba en que la  s
conformidad no alcanzaba al ejercicio tributario relevante) y en cuanto a esa dimensión  oe.
constitucional afirma que «en relación a la garantía de no autoincriminación en el ámbito  w.
tributario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado, entre otras, en  96ww
lsaesp tsieemntbernec iadse  d2e0 1070 , dcea dsioc ieI.mJ.bLr.e  yd eo t1ro9s9 6c, . caRseoin So aUunndideors,  dc.o nRdeein oa dUvnieidrtoe,  yq udee,  1s9i  ddee 
caocaucetridvoo s,c oenst al ain floergmisalaccióiónn n oa ppluiceadbele s elar  adleegcaladraa ccioómn oh par useibdao  eonb teel npidoas tebraiojor  jumiceiod idoes   BOE-A-cable e
la persona interesada, aunque tales declaraciones se hayan realizado antes de ser 
acusado».
La STC 54/2015, por lo tanto, ha confirmado, con apoyo expreso en la citada 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este último criterio doctrinal 
avanzado en la STC 142/2009, relativo a que, en la perspectiva de la garantía de no 
autoincriminación, es en principio indiferente que la declaración coactiva se produzca en 
un proceso o procedimiento previo al propiamente penal o sancionador, pues lo relevante 
es que produzca efectos incriminatorios en este último.
5.  La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la garantía 
de no autoincriminación.
En atención a su relevante valor para interpretar el contenido y alcance de los 
derechos fundamentales, que se deriva del art. 10.2 CE, la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos referida en el fundamento jurídico anterior ha sido 
tomada en cuenta por este tribunal para establecer, en relación a la garantía de no 
autoincriminación, que su fundamento se ubica en el mismo núcleo del proceso justo por 
afectar a los derechos de defensa y a la presunción de inocencia; y que su elemento 
subjetivo exige que quien realice la declaración coactiva sea el imputado o quien pueda 
serlo en el futuro. La resolución de las cuestiones planteadas en este proceso requiere 
además que este tribunal considere dicha jurisprudencia europea (a) sobre el elemento 
objetivo de esta garantía y (b) sobre en qué medida es indiferente que la declaración 
coactiva se produzca en una vía procesal o procedimental distinta de la que presenta 
naturaleza penal o sancionadora.
a)  En punto a su contenido y alcance, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
afirma de modo constante que la garantía de no autoincriminación no protege frente a las 
aportaciones autoinculpatorias per se sino contra la obtención de estas pruebas con 
métodos coercitivos o de presión. Es la existencia de compulsión lo que hace surgir la 
preocupación acerca de si la garantía de no autoincriminación ha sido convenientemente 
respetada. Por esta razón, el tribunal debe examinar en primer término la naturaleza y el 
grado de coerción usada para obtener la prueba (inter alia, SSTEDH de 21 de diciembre 
de 2000, caso Heaney y McGuinness c. Irlanda, § 54 a 55; de 29 de junio de 2007, caso 
O’Halloran y Francis c. Reino Unido, § 55; de 10 de marzo de 2009, Bykov c. Rusia, § 
92, y de 13 de septiembre de 2016, caso Ibrahim y otros c. Reino Unido, § 267). El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha identificado en su jurisprudencia al menos 
tres tipos de situaciones en que cabe pensar que hay una compulsión lesiva del art. 6 
CEDH. Interesa ahora la primera de ellas, que es cuando quien es sospechoso es 
obligado a declarar bajo amenaza de sanciones y o bien declara para evitarlas (caso 
Saunders c. Reino Unido) o bien es sancionado por negarse a declarar (caso J.B. c. 
Suiza, y caso Weh c. Austria).
Apunta también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Saunders c. Reino 
Unido, § 71; Bykov c. Rusia, § 104, y Ibrahim y otros c. Reino Unido, § 269) que el 
derecho a no autoincriminarse no es absoluto. El grado de compulsión aplicado será 
incompatible con el art. 6 CEDH si destruye la misma esencia de dicha garantía. Como 
no toda coacción producirá este efecto, lo que es crucial en este contexto es el uso que 
se dé a la prueba obtenida coactivamente en el curso del proceso de naturaleza penal 
(en el sentido autónomo que este concepto tiene en el contexto del art. 6.1 CEDH).
Resalta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en fin, que la garantía de no 
autoincriminación no alcanza a proteger contra el uso en un procedimiento de naturaleza  e
penal de cualquier material que, aun habiendo sido obtenido coactivamente del acusado  bo
o de quien pueda llegar a serlo, tenga una existencia independiente de su voluntad,  96ww
scaonmgor ed uo courminean, toys t erjeidcoasb acdoorps oeranl evsi rdtueds tidnea daoust oar izparcuieóbna sju ddiec iaAl,D Nm u(ecastsroa sS daeu nadleiersn toc,. 
ReinEon U cnoidnocl,u §s i6ó9n,,  ylo csa saos pOe’cHtoasllo orabnje yti vForsa nqcuise  cs.e Rgeúinn oe Ul Tnridibou, n§a 4l 7E)u.ropeo de Derechos
Humanos hay que tener presentes al examinar la garantía de no autoincriminación son
(i) la naturaleza y el grado de coacción con que el poder público recaba la información 
del acusado o de quien puede llegar a serlo; (ii) el uso de esa información en un 
procedimiento de naturaleza penal y la eficacia incriminatoria que en él haya tenido; y (iii) 
si el material incriminatorio tiene existencia independiente de la voluntad del acusado de 
quien se recaba.
b)  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado la vulneración de la 
garantía de no incriminación en dos tipos de asuntos que adquieren relevancia para 
resolver este proceso. De un lado, en aquellos casos en que la información obtenida 
coactivamente en un proceso de naturaleza meramente indagatoria es utilizada para 
fundar  en  el  seno  de  un  posterior  proceso  de  naturaleza  penal  o  sancionadora  la 
incriminación de quien la aportó (Saunders c. Reino Unido, § 74, y I.J.L. y otros c. Reino 
Unido, § 82 y 83). De otro lado, en aquellas otras situaciones en que el poder público 
asocia formas de coacción (multas, privación de libertad, etc.) a quienes en un proceso 
de  naturaleza  no  penal,  como  procedimientos  de  indagación  en  materia  aduanera 
(STEDH de 25 de febrero de 1993, caso Funke c. Francia) o de gestión tributaria (caso 
J.B. c. Suiza) o de investigación para localizar el producto de un delito (caso Shannon c. 
Reino Unido), rehúsan aportar información que podría ser usada posteriormente contra 
ellos en un procedimiento de carácter penal.
De este examen de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo se desprende que 
para  que  se  aprecie  la  quiebra  de  la  garantía  de  no  autoincriminación  no  es 
imprescindible que la declaración coactiva se haya obtenido en el seno del proceso de 
naturaleza penal, siendo en principio admisible que la obtención de información mediante 
coacción se haya producido en un procedimiento previo en el que no se ejerce el ius 
puniendi  estatal  y  solo  sea  posteriormente  cuando  se  incorpore  con  efectos 
incriminatorios a un proceso penal. Lo relevante en la garantía de no autoincriminación 
sería el carácter coactivo de la aportación de la información, independientemente del 
contexto procedimental en que se obtuviera, y el efecto incriminatorio que produjese o 
pudiese producir en un proceso de naturaleza penal o sancionadora.
6.  Examen de la concurrencia en el caso de los elementos conformadores del 
contenido de la garantía de no autoincriminación.
Algunos de los elementos que, según la doctrina constitucional y la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos reseñadas en los fundamentos anteriores, 
conforman el contenido propio de la garantía de no autoincriminación concurren en el 
caso que pende de resolución ante este tribunal, lo que justifica que proceda analizar si 
dicha garantía aparece lesionada por las sentencias impugnadas.
En primer lugar, resulta indiscutible la circunstancia fáctica de haber sido el propio 
recurrente  quien  aportó,  dentro  del  proceso  civil  de  rectificación,  la  información 
consistente en que fue precisamente él la fuente de los datos reflejados en la noticia que, 
publicada en la página web de la AUGC y referida en ciertos medios de comunicación, 
genera la grave desconsideración hacia el mando mencionado en ella. Se cumple, por 
tanto,  el  elemento  subjetivo  de  la  presente  garantía  según  el  que  la  información 
inculpatoria debe ser suministrada por la misma persona a la que incrimina y no por una 
persona física o jurídica que sea tercero a estos efectos.
Cabe afirmar, además, que la comunicación de información del recurrente se trata de 
una verdadera declaración y en ningún caso de una diligencia meramente soportada por 
él y orientada a revelar determinados datos que tuvieran «existencia independiente de la 
voluntad» del guardia civil que los facilitó y que, en virtud de ellos, terminó siendo  e
sancionado. bo
También procede reconocer que la declaración no fue en absoluto voluntaria, sino  96ww
qeune s use c roenadliizcóió nd ed eu nt emstoigdoo  afo rrezaspdoon, ddeard oa  qlause  perle rgeucnutrarse nfoter mquulea dlaa sh iyz oa  ehsatacbearl oo bdleig audnoa 
ftoersmtima oenxioa c(t4a5, 8t.o1d Co Pe)l.l oS eb atrjoa taa pdeer cuibni mdieebnetor  ledgea ll aqsu ep esnuargs ióe sptaarbale ecli dtaess tigpoa rac uealn dfaol seol 
juez civil ante el que se estaba sustanciando el proceso de rectificación consideró
necesario para resolverlo, y por tanto para cumplir su función de impartir Justicia y dar 
satisfacción al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, practicar la prueba 
consistente en su declaración testifical. Frente a este deber legal ligado a la apreciación 
judicial de que su deposición como testigo es necesaria en función del pleito pendiente, 
precisamente por los bienes jurídicos a que hemos visto que sirve, no resulta eficaz en 
línea de principio que el llamado a declarar oponga su interés en no hacerlo por el valor 
autoincriminatorio  que,  en  otro  procedimiento  y  a  otros  efectos,  conllevase  su 
declaración. En definitiva, la declaración como testigo constituye una aportación coactiva 
de información, lo que además resulta avalado por la citada jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que enuncia entre las situaciones en que cabe pensar 
que hay una compulsión lesiva del art. 6 CEDH la obligación de declarar bajo amenaza 
de sanciones.
Consta, por último, que la información aportada coactivamente por el testigo en el 
pleito  civil  desplegó  posteriormente  eficacia  incriminatoria  en  el  procedimiento 
disciplinario  dentro  del  que  se  sancionó  al  recurrente.  Su  declaración  coactiva  en 
condición de testigo en el pleito civil se recogió en la grabación de la vista y fue el apoyo 
determinante para que la sentencia civil estableciese como un hecho que fue el guardia 
civil recurrente quien comunicó los datos fácticos expuestos en la noticia publicada en la 
página web de la AUGC. Posteriormente, el parte del mando, origen del procedimiento 
disciplinario  y  sustento  principal  de  la  resolución  sancionadora,  se  fundó  en  dicha 
grabación, en la transcripción de las partes de ella que contenían la declaración del 
testigo y en la precisión de hechos que hizo la sentencia civil a partir de lo depuesto por 
el testigo. En conclusión, ni la grabación de la vista oral, ni su transcripción parcial, ni las 
declaraciones fácticas de la sentencia civil, ni el parte del mando presentan un valor 
inculpatorio que sea autónomo de las manifestaciones del testigo. Son estas las que, 
directamente o por su reflejo en aquellas, han terminado teniendo en el procedimiento 
disciplinario eficacia autoincriminatoria del guardia civil que las formuló.
Las sentencias impugnadas no contienen ninguna motivación que rechace que estas 
circunstancias caracterizan este supuesto. Desestiman la alegación de que la sanción 
disciplinaria impuesta supone desconocer la garantía de no autoincriminación, pero lo 
hacen  con  apoyo  en  otros  argumentos.  En  los  próximos  fundamentos  jurídicos  se 
examinará si los razonamientos de las sentencias impugnadas constituyen un análisis 
suficiente de las cuestiones constitucionales que plantea el presente caso en relación 
con la garantía de no autoincriminación.
7.  Análisis  de  las  razones  desestimatorias  de  la  sentencia  del  Tribunal  Militar 
Central.
El fallo desestimatorio de la sentencia de instancia –sentencia de la Sala de Justicia 
del Tribunal Militar Central de 9 de mayo de 2018– se funda en que «el hecho de haber 
sido llamado a deponer como testigo en un juicio verbal civil para el ejercicio del derecho 
de rectificación no impide ni obstaculiza el ejercicio de la competencia sancionadora en 
vía  disciplinaria  emprendida  por  el  mando  y  examinada  ahora  en  este  recurso 
contencioso-disciplinario jurisdiccional. Dicho en otras palabras, no se le ha sancionado 
disciplinariamente  por  otras  razones  que  aquellas  que  figuran  en  la  resolución 
[sancionadora] atacada».
Esta línea argumental, a juicio del tribunal, no resulta per se lesiva del derecho 
invocado. En la perspectiva de la garantía constitucional de no autoincriminación como 
manifestación de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia, que un sujeto  e
deponga como testigo (y por ello se vea sometido forzosamente a declarar sobre unos  bo
hechos y a hacerlo de un modo exacto) en un proceso civil, o en cualquier otro proceso o  96ww
pqruoec eedni muine nptoro dcees noa otu rparloeczead nimo iepnetnoa lp, onsote crioonr sdtietu ynea tnueracleeszaar iapmeneanlt ele u sne oab ismtápcuuelost op auran 
ceans ltoig oq upeo rh eascoes  am ilsam goasr ahnetcíah odse.  Ensot aa ucotonindcernima irneascuióltanr, ías ic soen sftuitnudcaiosnea lemne netleem aednmtoissib dlee, 
prueba distintos y razonablemente autónomos de la aportación coactiva de información
en que consistió su declaración como testigo. Sería, por el contrario, lesiva de la garantía 
de no autoincriminación aquella condena o sanción que se sustentase exclusivamente 
en la manifestación coactiva del testigo o en una prueba razonablemente derivada de 
ella.
No basta, desde la óptica constitucional aquí considerada, con razonar de un modo 
genérico que «deponer como testigo en un juicio verbal civil para el ejercicio del derecho 
de rectificación no impide ni obstaculiza el ejercicio de la competencia sancionadora en 
vía disciplinaria». Habría sido necesario que el órgano judicial examinase si, conforme a 
las circunstancias del caso concreto, la sanción del guardia civil se apoyaba únicamente 
en su previa declaración como testigo en el pleito civil o, por el contrario, existían 
elementos de prueba distintos de aquella y razonablemente autónomos respecto de ella 
que habían dado sustento a la resolución sancionadora. Solo en el segundo caso se 
podía concluir que la garantía constitucional de no autoincriminación no había quedado 
comprometida.
No satisface este análisis de la garantía constitucional que el órgano judicial afirme 
que «no se le ha sancionado disciplinariamente por otras razones que aquellas que 
figuran en la resolución [sancionadora] atacada». El dato relevante, que el examen 
constitucional que nos ocupa exigía verificar, no es que el guardia civil fuese sancionado 
por las razones que figuran en la resolución sancionadora, sino si tales razones son 
conformes con la garantía de no autoincriminación.
El tribunal aprecia, por las razones expuestas, que la sentencia del Tribunal Militar 
Central no examinó suficientemente las cuestiones que, respecto de la garantía de no 
autoincriminación, plantea el presente asunto.
8.  Análisis de las razones desestimatorias de la sentencia de la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo.
La sentencia dictada en casación –sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo 
de 14 de marzo de 2019– descarta también que en la sanción disciplinaria impugnada en 
el  contencioso-disciplinario  militar  concurriese  vulneración  de  la  garantía  de  no 
autoincriminación como manifestación de los derechos a la defensa y a la presunción de 
inocencia. La Sala Quinta del Tribunal Supremo estriba su desestimación en que «la 
virtualidad de tales derechos rige en el procedimiento disciplinario, sin que alcance a 
actuaciones no realizadas en el mismo, como es el caso. En este sentido, el recurrente 
en ningún caso ha sido afectado en su derecho de defensa en el expediente disciplinario 
por su declaración en el juicio civil, que se produjo con todas las garantías procesales de 
obligado cumplimiento y en nada empece que la fijación de los datos fácticos que sirven 
de base al reproche disciplinario se extraigan de una sentencia firme que sirve para 
establecer la realidad de lo ocurrido».
Esta motivación gira en torno a establecer los elementos que conforman el contenido 
propio de la garantía de no autoincriminación, que es la cuestión que se discutió ante el 
Tribunal Militar Central y que se reproduce por el guardia civil sancionado en su recurso 
de casación. Se trata, por tanto, de un aspecto de los derechos constitucionales a la 
defensa y a la presunción de inocencia que ha sido objeto de debate procesal en dos 
ocasiones, una de ellas ante el propio Tribunal Supremo, lo que exime al recurrente de 
promover un incidente de nulidad de actuaciones para, en relación a esta concreta 
invocación, entender agotada la vía judicial previa al recurso de amparo [por todas, 
SSTC 216/2013, de 19 de diciembre, FJ 2 d), y 18/2015, de 16 de febrero, FJ 2].
La primera de las razones esgrimidas en la sentencia de casación, según la cual la  e
garantía de no autoincriminación como expresión de los derechos a la defensa y a la  bo
presunción  de  inocencia  carece  de  eficacia  frente  a  aportaciones  coactivas  de  96ww
sinefpoarmraa caibóine rntaom reenateliz addea lsa  ddeoncttrroin ad eclo npsrotitcuecdioimnaiel nyto d edli sTcripibliunnaarilo E suirnoop efuoe drae  dDee reécl,h oses 
tHeunmieanndoos .p rCeosmenot es ela d ejutarilslóp riund eexntceinas od eel nT lroibsu fnuanld aEmureonpteoos  jduerí dDiceorse c4h yo s5 ,H eusmtea ntroibsu n(eanl, 
especial, los casos Saunders c. Reino Unido, § 74, y I.J.L. y otros c. Reino Unido, § 82
y 83), ha reconocido que esta garantía despliega también su virtualidad propia frente a 
las comunicaciones bajo amenaza de sanción hechas fuera de un procedimiento de 
naturaleza  penal,  como  es  el  caso  de  las  materializadas  durante  una  información 
reservada (STC 142/2009) o en el curso de un procedimiento de gestión tributaria 
(STC  54/2015),  siempre  que  acaben  teniendo  posteriormente,  en  un  proceso  o 
procedimiento de naturaleza penal, relevancia autoincriminatoria del declarante. Este 
criterio general, además, ha sido expresamente recepcionado por la propia Sala Quinta 
del Tribunal Supremo en una doctrina constante (STS 54/2016, de 10 de mayo; 61/2016, 
de 24 de mayo; 147/2016, de 29 de noviembre; 17/2017, de 8 de febrero, y 87/2019, 
de 17 de julio). En definitiva, la sentencia impugnada enuncia en términos generales una 
delimitación del ámbito de proyección de la garantía de no autoincriminación que se 
aparta del criterio común que había adoptado la propia Sala con el fin de adaptarse a la 
doctrina constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
de modo que la interpretación que analizamos pugna con el contenido declarado de esta 
garantía constitucional.
La referencia a que la «declaración en el juicio civil […] se produjo con todas las 
garantías procesales de obligado cumplimiento» se aparta, por los mismos motivos 
indicados, de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. La declaración coactiva, aunque no hay objeción en que tenga lugar 
fuera del procedimiento de naturaleza penal, ha de surtir valor incriminatorio dentro de 
este último, que es donde deben desplegarse las cautelas dirigidas a evitar que el 
derecho a no autoincriminarse resulte desconocido.
Nótese,  en  este  mismo  sentido,  que  las  garantías  procesales  de  obligado 
cumplimiento  establecidas  en  el  pleito  civil  de  rectificación,  o  en  cualquier  otro 
procedimiento de naturaleza no penal, no persiguen neutralizar un eventual riesgo para 
el  derecho  a  no  autoincriminarse  que  puede  ni  siquiera  ser  recognoscible  en  ese 
momento. Por el contrario, se orientan como regla general a la mejor realización de los 
intereses jurídicos directamente implicados en el procedimiento de que se trate. Por esta 
razón, el órgano judicial que en un proceso civil de rectificación considera relevante para 
dirimir el litigio llamar a una persona a declarar como testigo no hará otra cosa que 
cumplir su función de ejercer la jurisdicción que tiene atribuida y, además, dar la eficacia 
debida al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes en ese proceso civil. Verificar 
que la garantía constitucional de no autoincriminación es respetada y establecer las 
cautelas procesales para que su protección sea efectiva corresponderá, en principio, al 
procedimiento  de  naturaleza  penal  en  que  la  declaración  coactiva  pueda  resultar 
autoincriminatoria, en este caso a la actuación disciplinaria seguida contra el guardia civil 
recurrente.
Con el último argumento («en nada empece que la fijación de los datos fácticos que 
sirven de base al reproche disciplinario se extraigan de una sentencia firme que sirve 
para establecer la realidad de lo ocurrido») sucede lo que con la motivación del Tribunal 
Militar Central, que no es per se lesiva de la garantía de no autoincriminación, pero 
revela  un  examen  insuficiente  de  las  cuestiones  que  dicha  garantía  suscita  en  el 
presente caso. Habría sido necesario que la Sala Quinta del Tribunal Supremo hubiera 
examinado si, conforme a las circunstancias del caso concreto, la fijación de los datos 
fácticos que hizo la sentencia civil y en la que se apoyó el reproche disciplinario era 
consecuencia directa de la declaración del testigo o, por el contrario, tenía sustento en 
elementos de prueba distintos de aquella y razonablemente autónomos respecto de ella. 
Solo  en  el  segundo  caso  se  podía  concluir  que  la  garantía  constitucional  de  no  s
autoincriminación no había quedado comprometida al basarse el reproche disciplinario  oe.
en la realidad establecida por la sentencia civil. w.
9.  Otorgamiento del amparo y determinación de sus efectos.
precEeld ternibtuens,a lq uaep rleacsi as,e pnotern lcoias sm imotpivuogsn addeassa reronl leasdtoes  reecnu rlosos  ddeo sa mfupnadraom heannt ov ujulnríedriacdoos 
la garantía de no autoincriminación, en tanto que se fundan en razones que (a) o bien se
apartan del contenido propio de esta garantía tal como la ha configurado la doctrina 
constitucional; (b) o bien muestran que el análisis de las cuestiones que dicha garantía 
suscita en el presente caso ha sido insuficiente. En cuanto a esta insuficiencia, la 
alegación  de  la  garantía  de  no  autoincriminación  exigía  que  los  órganos  judiciales 
hubieran examinado si, atendidas las circunstancias del supuesto que enjuiciaban, la 
resolución  sancionadora  del  guardia  civil  se  apoyaba  de  un  modo  exclusivo  en  el 
contenido de su declaración como testigo en el pleito civil o, por el contrario, tuvo 
presente además otros elementos de prueba distintos de aquella y que quepa considerar 
razonablemente autónomos.
10.  Conclusión.
Los  razonamientos  expuestos  conducen  a  otorgar  el  amparo  solicitado  por  el 
recurrente y, en consecuencia, retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado 
de  la  sentencia  de  instancia,  con  el  fin  de  que  el  órgano  judicial,  sin  recurrir  a 
argumentos que según la presente sentencia pugnan con el contenido propio de la 
garantía  de  no  autoincriminación,  haga  un  análisis  suficiente  de  las  cuestiones 
planteadas por esta garantía en el presente caso.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don J.C.C., y, en su virtud:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  garantía  de  no  autoincriminación  como 
manifestación específica de los derechos a la defensa y a la presunción inocencia 
(art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2019 y de la sentencia de la Sala 
de Justicia del Tribunal Militar Central de 9 de mayo de 2018, así como retrotraer las 
actuaciones al momento anterior a aquel en que fue dictada esta última, con el fin de que 
el órgano judicial, sin recurrir a argumentos que según la presente sentencia pugnan con 
el contenido propio de la garantía de no autoincriminación, haga un análisis suficiente de 
las cuestiones planteadas por esta garantía en el presente caso.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.