BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Lunes 31 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 66339
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9004 Resolución  de  26  de  mayo  de  2021,  de  la  Secretaría  General  para  la 
Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se habilita a 
Cl@veJusticia y se establecen sus condiciones de uso, como mecanismo de 
identificación  y  firma  de  los  interesados  en  las  actuaciones  realizadas 
mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás órganos 
pertenecientes a la Administración de Justicia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Resolución se dicta con el objeto de dotar de mayor seguridad jurídica a 
las actuaciones que se realicen mediante presencia telemática entre el interesado y los 
órganos judiciales o demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia, en 
base a lo señalado en el artículo 14 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
procesales  y  organizativas  para  hacer  frente  al  COVID-19  en  el  ámbito  de  la 
Administración de Justicia.
I
La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en la Administración de Justicia, recoge los aspectos necesarios para 
dar cumplimiento de la legislación procesal respecto en lo relativo al uso de las nuevas 
tecnologías; si bien, tras la reforma operada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, se 
establece, en los artículos 4.2 f) y 6.2 d), dentro de los derechos de los ciudadanos y de 
los profesionales en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad 
judicial,  el  de  «utilizar  los  sistemas  de  identificación  y  firma  establecidos  en  los 
artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas». Además, en concreto, en el caso de los 
profesionales, se hará «siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca como 
profesional para cualquier trámite electrónico con la Administración en los términos 
establecidos por las leyes procesales».
II
Asimismo, en el capítulo II del título III de la citada Ley 18/2011, en el apartado 2 del 
artículo 14, sobre las formas de identificación y autenticación establece que «sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de la presente Ley y en todo caso, con sujeción 
estricta a lo dispuesto por las leyes procesales, los ciudadanos y profesionales del 
ámbito de la Justicia podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para 
relacionarse con la Administración de Justicia (…) c) Otros sistemas de firma electrónica, 
como  la  utilización  de  claves  concertadas  en  un  registro  previo  como  usuario,  la 
aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, 
en los términos y condiciones que en cada caso se determinen».
Al hilo de esto, el apartado 1 del artículo 23 de la señalada ley dispone que, «en los  e.
supuestos en que para la realización de cualquier actuación por medios electrónicos se  w.b
requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de  04ww
laoust epnrtiecvaicsitóons  seenrá  evlá laidratímcuelon te1 4re adleiz aldoas  pqour eu na qfuunécl ionnoa ridoi smpeodnigaan,t et aell  uidseon dtifeicl ascisiótenm  ao 
de firma electrónica del que esté dotado.»
III
A la vista de lo expuesto, se debe atender, por tanto, a lo dispuesto en los artículos 9 
y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que regulan, respectivamente, los sistemas de identificación 
de  los  interesados  en  el  procedimiento  y  los  sistemas  de  firma  admitidos  en  las 
Administraciones Públicas y, que la Ley 18/2011, de 5 de julio, recoge en el ámbito de la 
Administración de Justicia.
El artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su apartado 2, establece que 
«Los  interesados  podrán  identificarse  electrónicamente  ante  las  Administraciones 
Públicas a través de los sistemas siguientes:
a)  Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica 
expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios 
de certificación".
b)  Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico 
expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios 
de certificación".
c)  Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones 
consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten 
con  un  registro  previo  como  usuario  que  permita  garantizar  su  identidad,  previa 
autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de 
seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior. La autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de tres 
meses. Sin perjuicio de la obligación de la Administración General del Estado de resolver 
en plazo, la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá que tiene 
efectos desestimatorios».
Por  otra  parte,  en  el  artículo  10  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se enumeran los 
sistemas válidos a efectos de firma, que los interesados podrán utilizar para relacionarse 
con las Administraciones Públicas.
Este  precepto  se  refiere  expresamente  a  los  sistemas  de  firma  electrónica 
reconocida o cualificada y avanzada, basados en certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados  de  firma  electrónica,  a  los  sistemas  de  sello  electrónico  reconocido  o 
cualificado  y  de  sello  electrónico  avanzado  basados  en  certificados  electrónicos 
reconocidos  o  cualificados  de  sello  electrónico  y  a  cualquier  otro  sistema  que  las 
Administraciones Públicas consideren válido,  en  los términos y condiciones que se 
establezcan; recogiendo asimismo la posibilidad de admitir los sistemas de identificación 
contemplados en la Ley como sistemas de firma.
En  cualquier  caso,  todos  los  sistemas  de  firma  electrónica  admitidos  deberán 
garantizar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  recogidos  en  el  apartado  primero  del 
artículo  10  de  la  citada  Ley.  Esto  es,  que  estos  sistemas  permitan  acreditar  la 
autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados, así 
como la integridad e inalterabilidad del documento.
IV
A estos sistemas de firma electrónica han de reconocérsele efectos jurídicos y ser  oe.
conformes a lo establecido en el artículo 25.1 del Reglamento (UE) N o 910/2014 del  w.
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y  del  Consejo,  de  13  de  diciembre  de  1999,  por  la  que  se  establece  un  marco
comunitario para la firma electrónica, sin menoscabo de lo recogido en el artículo 27 de 
la propia norma «Firmas electrónicas en servicios públicos».
Así, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, que acoge los 
artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y, concretamente, el apartado 3 del 
artículo 10 que facultaría a la Administración de Justicia a admitir los sistemas de 
identificación  contemplados  en  esta  Ley  como  sistema  de  firma  cuando  permitan 
acreditar  la  autenticidad  de  la  expresión  de  la  voluntad  y  consentimiento  de  los 
interesados, siempre que así lo disponga la normativa reguladora; se procede con esta 
resolución a validar la utilización del sistema Cl@veJusticia en las actuaciones con 
presencia telemática del interesado, indicando los requisitos que se tienen que cumplir, 
no sólo con este objetivo, sino para asegurar también la integridad e inalterabilidad de 
los datos firmados, así como los requisitos para comprobar que se realizó dicho acto.
Por lo tanto, se sientan las bases de uso de sistemas de identificación basados en la 
plataforma Cl@veJusticia, para la identificación del interesado y, en los casos que se 
exija, la realización de la firma, en de los actos procesales ante los órganos judiciales y 
demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia.
V
Es importante subrayar que el uso del sistema Cl@veJusticia requiere que el usuario 
esté registrado en Cl@ve, con Cl@vePIN de la AEAT, de forma que el procedimiento 
para la identificación y firma electrónicas basada en Cl@veJusticia, con las condiciones 
que esta Resolución establecen, cuente con todas las garantías necesarias ofrecidas por 
el propio ecosistema establecido a través de la normativa actual.
Esto  incluye  por  tanto  los  dos  procesos  fundamentales  basados  en  la  propia 
identificación mediante Cl@vePIN, la propia identificación del interesado, y la firma no 
criptográfica, con las condiciones establecidas en la Resolución de 14 de julio de 2017, 
de  la  Secretaría  General  de  Administración  Digital,  por  la  que  se  establecen  las 
condiciones  de  uso  de  firma  electrónica  no  criptográfica,  en  las  relaciones  de  los 
interesados con los órganos administrativos de la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos.
Por ello se ha tenido a bien establecer este sistema de firma no criptográfica, sencilla 
para el ciudadano, con un sistema de medidas de seguridad, trazabilidad e integridad 
suficientes para los procedimientos que hagan uso de él, pero sin necesidad de recordar 
o tener activa una contraseña ni un certificado electrónico centralizado.
También resulta apropiado el uso de este sistema cuando, aun habiéndose utilizado 
un certificado electrónico en el proceso de identificación, no se requiera realizar una 
firma  electrónica  local  con  dicho  certificado,  con  el  fin  de  evitar  problemas  de 
restricciones de compatibilidad de navegadores, máquinas virtuales Java y versiones de 
sistemas operativos.
VI
En consecuencia, el objeto de esta Resolución es establecer los criterios de uso y las 
condiciones  técnicas  de  implementación  de  los  sistemas  de  firma  electrónica  no 
criptográfica, previstos en el artículo 10.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que se 
considerarán válidos a efectos de firma en la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos, así como en aquellas otras Administraciones Públicas que adopten 
estos criterios y condiciones técnicas. e.
Por tanto, en virtud de lo anterior, en ejercicio de las competencias que se le asignan  w.b
en el artículo 3 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la  04ww
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disposiciones.
Primera.
Aprobar la utilización y condiciones de uso de Cl@veJusticia, como sistema de 
identificación y firma electrónica no criptográfica a efectos de identificación y firma de los 
interesados,  en  las  actuaciones  realizadas  mediante  presencia  telemática,  con  los 
órganos judiciales y los demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia, 
de acuerdo con los artículos 4.2 f), 6.2 d), 14 y 23 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, en 
relación con los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que se incluyen 
como anexo a la presente resolución.
Segunda.
La presente Resolución entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de mayo de 2021.–El Secretario General para la Innovación y Calidad del 
Servicio Público de Justicia, Francisco de Borja Vargues Valencia.
ANEXO
Términos y condiciones de uso de Cl@veJusticia como sistema de identificación y 
firma electrónica no criptográfica a efectos de identificación y firma de los 
interesados, en las actuaciones realizadas por mediante presencia telemática, con 
los órganos judiciales y los demás órganos pertenecientes a la Administración de 
Justicia
I. Objeto
Los  presentes  términos  y  condiciones  tienen  como  objeto  determinar  las 
circunstancias en las que Cl@veJusticia es válido como un sistema de identificación y 
firma electrónica no basado en certificados electrónicos para la identificación y firma de 
los  interesados  en  las  relaciones  con  los  órganos  judiciales  y  los  demás  órganos 
pertenecientes a la Administración de Justicia, de acuerdo con los artículos 4.2 f), 6.2 d), 
14 y 23 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, en relación con los artículos 9 y 10 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando éstos se realicen mediante presencia telemática.
II. Ámbito de aplicación
Los  presentes  términos  y  condiciones  serán  de  aplicación  a  las  actuaciones 
realizadas mediante presencia telemática de los interesados con los órganos judiciales y 
demás órganos dependientes de Justicia, que habiliten Cl@veJusticia como sistema de 
identificación  y  firma  electrónica  no  criptográfica  destinados  a  ser  usados  por  los 
interesados en sus relaciones con los mismos.
III. Criterios para la utilización de sistemas de firma electrónica no criptográfica
El  esquema  nacional  de  seguridad  (en  adelante  ENS),  regulado  por  el  Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, y modificado por Real Decreto 951/2015, de 23 de 
octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
esquema nacional de seguridad en el ámbito de la Administración electrónica constituye  es
el marco legal que permite definir y establecer las medidas para garantizar la seguridad  o
de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, que permita a  w.
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cumplir con el ENS para garantizar la seguridad de los datos y los servicios, como un
instrumento capaz de permitir la comprobación de la autenticidad de la procedencia y la 
integridad de la información ofreciendo las bases para evitar el repudio.
El ENS establece la necesidad de categorizar los sistemas de información, siendo la 
categoría de un sistema de información, en materia de seguridad, la que permite modular 
el equilibrio entre la importancia de la información que maneja, los servicios que presta y 
el esfuerzo de seguridad requerido, en función de los riesgos a los que está expuesto, 
bajo el principio de proporcionalidad.
En aplicación de esta norma, Cl@veJusticia se podrá utilizar como sistema de 
identificación se categorizada con el mismo nivel de seguridad que ofrece Cl@vePIN de 
la AEAT que actúa en todo momento como generador, almacenamiento y custodio de las 
evidencias del proceso de identificación.
En este sentido, todos los sistemas asociados que se apoyen en el sistema de 
Cl@veJusticia para le realización de firma electrónica no criptográfica deberán tener las 
medidas de seguridad implantadas al nivel establecido en el análisis de riesgos de cada 
sistema y procesos asociados.
Se deberá, por tanto, adecuar el uso de Cl@veJusticia con Cl@vePIN al nivel 
requerido de identificación.
Se establecen, además, los niveles sustancial o alto como los únicos válidos para la 
identificación mediante Cl@veJusticia(Cl@vePIN) en las interacciones con los órganos 
judiciales  y  los  demás  órganos  pertenecientes  a  la  Administración  de  Justicia,  de 
acuerdo con los artículos 4.2 f), 6.2 d), 14 y 23 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, en 
relación con los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando éstos se 
realicen  mediante  presencia  telemática,  para  la  realización  de  firma  electrónica  no 
criptográfica,  lo  que  deriva  en  la  exigencia  de  un  registro  en  Cl@vePIN  de  los 
interesados en los niveles equivalentes.
La determinación de uno u otro nivel vendrá derivado por el sistema de información 
sobre el que se recogerán las evidencias fruto de la interacción telemática cuyos efectos 
tendrán  correspondencia  en  actuaciones  procesales  o  administrativas  recogidos  en 
aquellos.
IV. Garantía de funcionamiento
A todos los efectos, la utilización de Cl@veJusticia, como sistema de identificación y 
firma electrónicas, en las actuaciones realizadas ante la Administración de Justicia, 
mediante  presencia  telemática,  reviste  de  todas  las  garantías  necesarias,  surtiendo 
todos los efectos que el acto procesal o trámite lleve aparejados por la normativa 
procesal o administrativa aplicable.
Los sistemas de información en los que se recojan las evidencias de la interacción 
efectuada entre el interesado y el funcionario por medios telemáticos ofrecerán las 
garantías de autenticidad e integridad de todo intercambio efectuado, y conservará las 
evidencias  electrónicas  mediante  sistemas  de  firma  criptográfica  o  equivalentes,  de 
forma que se aseguren su inalterabilidad y autenticidad.
Todos los intercambios de información y de documentación serán validados por el 
funcionario que está realizando la actuación por presencia telemática, de modo que la 
incorporación de la documentación en su caso, al sistema de gestión, se realizará de 
acuerdo a las propias garantías de autenticidad e integridad del sistema de información 
que, en su caso, apliquen.
El organismo responsable del procedimiento emitirá un justificante de firma sellado  s
con su sello electrónico. e.
V. Procedimiento general para la acreditación de la autenticidad de la expresión de la 
voluntad y consentimiento del interesado
Para acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento del 
interesado se requerirá:
1.  Todo el proceso mediante interacción telemática debe contar con continuidad 
suficiente en la interacción mediante medios telemáticos debiendo, por tanto, garantizar 
una correcta transmisión bidireccional de audio y vídeo, en su caso.
Por tanto, ante problemas que pudieran alterar el resultado de una identificación 
basada  en  ClaveJusticia,  deberá  procederse  a  la  re-identificación  mediante  dicho 
sistema.
2.  Una autenticación previa del interesado, realizada a través de la plataforma 
Cl@veJusticia, en el momento de la manifestación de la voluntad contenido del acto 
procesal.
La identificación y autenticación del interesado deberá hacerse, en todo caso, a 
través de la plataforma Cl@veJusticia, que utiliza Cl@vePIN, de la AEAT, sistema de 
identificación, autenticación y firma electrónica basado en Cl@ves concertadas, común 
para todo el sector público administrativo estatal, aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 19 de septiembre de 2014.
Dicha autenticación del interesado con el sistema Cl@veJusticia, inmediatamente 
previa al acto de firma, deberá de hacerse con un nivel de calidad en la autenticación 
sustancial o alto.
3.  La verificación previa por parte del interesado de los datos a firmar.
Estos datos se obtendrán a partir de aquella información que realice el funcionario al 
interesado  en  la  atención  por  mediante  presencia  telemática,  así  como  de  los 
documentos electrónicos que, eventualmente, presente en el procedimiento.
El interesado debe ser consciente de los datos que va a firmar, por lo que deberá 
realizarse una recapitulación por parte del funcionario en un lenguaje comprensible que 
recogerá,  a  su  vez,  el  documento-acta  que  elabore  el  sistema  posteriormente  se 
entregará al interesado como justificante de la firma y de la interacción efectuada.
4.  La acción explícita por parte del interesado de manifestación de consentimiento y 
expresión del consentimiento y de su voluntad de firma.
Las aplicaciones que hagan uso de este sistema de firma, ajustado a los criterios de 
uso y condiciones técnicas de esta Resolución, deberán requerir de forma expresa la 
expresión del consentimiento y la voluntad de firma del interesado en el procedimiento, 
mediante  la  inclusión  de  frases  que  pongan  aquéllos  de  manifiesto  de  manera 
inequívoca, y la exigencia de acciones explícitas de aceptación por parte del interesado 
(por ejemplo, mediante una casilla junto al texto «Usted, D/D.ª [Nombre del Interesado], 
con DNI/NIE [Número], en la fecha y hora de la grabación de este acto, consiente en la 
solicitud siguiente:
Trámite/Procedimiento.
Datos principales del trámite/procedimiento, explicados en lenguaje comprensible 
para el ciudadano.
Y  solicito  para  ello,  como  garantía  de  la  firma  electrónica  básica  efectuada  a 
distancia, se proceda a la identificación segura de mi persona a través de Cl@vePIN.»
Para llevar a cabo la propia operación de firma se volverá a solicitar la autenticación 
del ciudadano mediante Cl@veJusticia mediante actuación directa del funcionario, lo que  e.
dará las garantías necesarias de autenticidad, trazabilidad, disponibilidad, integridad y no  w.
repudio, además de otras garantías establecidas en los puntos siguientes. 04ww
VI. Garantías en el proceso de firma
Para garantizar el no repudio de la firma por parte del ciudadano, el sistema de firma
deberá acreditar la vinculación de la expresión de la voluntad y los datos firmados con la
misma persona. Para ello se volverá a solicitar la autenticación del ciudadano en el 
momento de proceder a la firma, mediante actuación directa del funcionario.
Asimismo, la garantía de no repudio exige que el sistema de firma asegure una 
adecuada trazabilidad en el caso de que sea necesario auditar una operación de firma 
en particular, para lo cual obtendrá, por cada firma y por tanto por cada proceso de 
autenticación, la siguiente información:
Fecha y hora de la autenticación.
Nombre y apellidos del interesado.
NIF/NIE del interesado.
Proveedor de identidad empleado (certificado electrónico, Cl@vePIN, Cl@veJusticia 
o Cl@vePermanente) y nivel de seguridad de identificación (sustancial o alto).
Resultado de la autenticación (con éxito o fallida).
Respuesta devuelta y firmada por la plataforma Cl@veJusticia.
Fecha y hora de la firma.
Resumen seguro de los datos firmados, con un algoritmo de hash que cumpla las 
especificaciones del esquema nacional de seguridad.
Grabación de la interacción telemática.
En su caso, información sobre los datos intercambiados durante la interacción
Información de carácter técnico sobre la calidad de la interacción telemática
Actividad del funcionario y del ciudadano sobre los espacios de interacción comunes 
a los intervinientes de la interacción telemática
Fecha y hora de inicio y de fin de la interacción
Identidad del funcionario
En caso de que hubiera más de un interviniente en la interacción telemática, cuando 
aplique a los efectos de firma, se deberán guardar este conjunto de evidencias, para 
cada uno de ellos, reflejándose el orden de firma que el trámite exija legalmente.
Esta información deberá salvaguardarse con plenas garantías utilizando técnicas 
criptográficas o análogas que permitan garantizar la inalterabilidad a lo largo del tiempo, 
y la inalterabilidad del momento en que se generaron.
Además, se deberá conformar, en forma de acta, un documento que deberá ofrecer 
un resumen de los datos anteriores, con referencias a las evidencias, que será sellada 
con un certificado electrónico cualificado o reconocido de sello del organismo, a la que 
se añadirá un sello de tiempo realizado con un certificado cualificado y emitido por un 
prestador de sellado de tiempo supervisado, y será almacenada por el sistema de 
información asociado al procedimiento electrónico para el que se requiere la firma, como 
evidencia de la verificación de la identidad previa al acto de la firma, vinculada a los 
datos firmados.
VII. Gestión de las evidencias de autenticación
A pesar de que el sistema de firma proporcionará a los sistemas de información 
asociados al procedimiento electrónico que requiere la firma la información relativa a la 
autenticación vinculada a dicha firma, en ocasiones puede ser necesario, por motivos de 
auditoría, recuperar las evidencias completas del proceso de autenticación.
Cl@veJusticia  recogerá  todas  las  interacciones  efectuadas  con  el  sistema  de 
información base de Cl@veJusticia, cl@vePIN de la AEAT, y las custodiará de acuerdo a 
las condiciones técnicas establecidas de nivel alto del ENS. es
Al  utilizar  el  sistema  Cl@veJusticia  como  mecanismo  de  identificación  y  bo
autenticación, las evidencias del sistema de información base no residen en el propio  04ww
isCnislt@etegCvmroeaanJd u odsoset bi cjfeeiirantmo,   uaCds, ules@a inrqvoioue  ePed nIeNl  ola osqs du epse rilso.ltvaee meAadEso ArdeTes,   lodssei   pberisoeovnse  essdeeo rrveriescc iodoseg  esdnee r veiidscetioansst  ifdiecean ic dióeennl  tisfpiicusaetecdmióanna    OE-A-2021-90able en https://
recuperar las evidencias necesarias para acreditar la realización de la identificación y
autenticación previas ligadas a la realización de una firma en el sistema, se deberá 
facilitar  a  dichos  proveedores  la  información  de  autenticación  almacenada  como 
evidencia  de  la  verificación  previa  de  la  identidad  en  los  sistemas  de  información 
asociados al procedimiento administrativo que requiere la firma, descrita en el apartado 
VI.1.
A tal efecto, los proveedores de servicios de identificación deberán salvaguardar 
dichas evidencias durante el plazo mínimo de cinco años. La solicitud de certificación de 
dichas evidencias se realizará conforme al procedimiento y las condiciones que se 
publicarán en el portal de Administración electrónica.
VIII. Justificante de firma
En el proceso de firma se entregará al interesado un acta de evidencias electrónicas 
en la que se recojan todas las evidencias digitales de la realización del acto por mediante 
presencia telemática, que será un documento legible, de acuerdo con la norma técnica 
de interoperabilidad de catálogo de estándares y preferiblemente en formato PDF y que 
deberá cumplir estos requisitos:
Garantizar la autenticidad del organismo emisor mediante un sellado electrónico con 
el certificado de sello del mismo o del sistema en sí mismo, en formato PAdES en el caso 
de que el justificante tenga el formato PDF.
Contener los datos del firmante y, en el caso de que el documento firmado haya 
pasado por un Registro de entrada, los datos identificativos de su inscripción en el 
Registro.
Contener los datos a firmar expresamente por el interesado. Si se ha anexado algún 
documento electrónico se incluirá una referencia al mismo.
Garantizar el instante en que se realizó la firma, mediante sello de tiempo del 
justificante, realizado con un certificado cualificado y emitido por un prestador de sellado 
de tiempo supervisado.
Garantizar la autenticidad del justificante de firma, incluyendo en el justificante de 
firma un código seguro de verificación (CSV), y garantizando que este justificante se 
pueda consultar en línea mediante un sistema de cotejo de CSV cuya dirección se 
incluya en el propio justificante de firma.
Alternativamente, la autenticidad del organismo emisor y del justificante de firma se 
podrá garantizar mediante documentos con sellado electrónico del justificante en formato 
PAdES (en el caso de que el justificante tenga formato PDF) y, en su caso, con la 
utilización de un código seguro de verificación (CSV) del justificante. La presente circular 
producirá sus efectos desde el momento de su firma.