BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186 Martes 7 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 48250
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
7383 Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
urbanismo, fianzas y ambiental.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos-ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con el anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, declaró el 
estado de alarma y, de acuerdo con el apartado primero de su disposición adicional 
tercera, se suspendieron términos y se interrumpieron los plazos para la tramitación de 
los procedimientos de las entidades del sector público, los cuales se deben reanudar en 
el momento en que pierda vigencia el mencionado real decreto o sus prórrogas.
En estos momentos, el estado de alarma se ha prorrogado sucesivamente: hasta 
las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, mediante autorización del Congreso de los 
Diputados de 25 de marzo de 2020 (BOE n.º 86, del 28); hasta las 00:00 horas del día 26 
de abril de 2020, mediante autorización del Congreso de los Diputados de 9 de abril 
de 2020 (BOE n.º 101, del 11); hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020, 
mediante autorización del Congreso de los Diputados de 22 de abril de 2020 (BOE n.º 
115, del 25), y hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, mediante autorización 
del Congreso de los Diputados de 6 de mayo de 2020 (BOE n.º 129, del 9).
II
La  disposición  adicional  décima  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  urbanismo, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, establece que los plazos 
para la tramitación y la resolución definitiva de las figuras de planeamiento urbanístico y 
de gestión urbanística establecidos por esta Ley se amplían en un mes, en caso de que 
coincidan total o parcialmente con el mes de agosto.
Esta medida, que si bien no constituye una verdadera inhabilitación del mes de 
agosto en la materia de que trata, obliga a adaptar la actividad de la Administración 
urbanística a las características de este mes del año, en que una parte considerable de 
la población disfruta de sus vacaciones anuales.
Sin embargo, el estado de alarma declarado para la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, conjuntamente con las medidas correspondientes que se 
han  adoptado  sucesivamente,  han  llevado  a  una  cierta  parálisis  administrativa  en 
aquellas  materias  que  no  están  implicadas  directamente  en  la  ejecución  de  estas  es
medidas, como la tramitación de las figuras urbanísticas de planeamiento y de gestión. bo
Atendiendo a la evolución de la crisis sanitaria y el cese mismo que se espera del  83ww
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urbanismo se presenta como un obstáculo para recuperar, después de estas semanas
de parálisis, la tramitación normal de las figuras urbanísticas mencionadas, de las que a 
menudo dependen inversiones económicas importantes.
Para superar esta dificultad, el artículo 1 suspende la eficacia de la disposición 
adicional décima del Texto refundido de la Ley de urbanismo durante el año 2020, con 
respecto a la resolución definitiva de los órganos urbanísticos de la Administración de la 
Generalidad de carácter colegiado.
III
Por su parte, los artículos 2.2 y concordantes del Real decreto ley 15/2020, de 21 de 
abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, 
exclusivamente  en  el  marco  de  los  acuerdos  a  que  hace  referencia  la  medida, 
establecen  que  las  partes  pueden  disponer  libremente  de  la  fianza  obligatoria  en 
metálico  regulada  en  el  artículo  36  de  la  Ley  29/1994,  de  24  de  noviembre,  de 
arrendamientos urbanos, que pueden utilizar para pagar total o parcialmente algunas de 
las mensualidades de la renta. Supuesto en el que la parte arrendataria debe reponer la 
fianza en el plazo de un año desde que se formalizó el acuerdo.
Esta medida está dirigida a reducir los costes de Pymes y autónomos en materia de 
arrendamiento de fincas urbanas para uso diferente del de vivienda, que puede conllevar 
un gran número de solicitudes extraordinarias de devolución de fianzas.
De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 13/1996, de 29 de julio, del registro y el depósito 
de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas, en relación con la disposición 
adicional tercera, apartado 1, de la Ley de arrendamientos urbanos, la fianza mencionada se 
deposita en el Instituto Catalán del Suelo. Y de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley 13/1996 
de 29 de julio, el Incasòl debe destinar el importe de las fianzas depositadas a determinadas 
actuaciones en materia de política pública de suelo y de vivienda hasta un importe máximo 
del 90% de las fianzas depositadas, ya que, en todo caso, debe reservar un importe no 
inferior  al  10%  de  estos  recursos  para  garantizar  la  efectividad  en  el  pago  de  las 
cancelaciones y las devoluciones consiguientes que se produzcan.
Teniendo en cuenta la actual situación económica y para garantizar el funcionamiento 
normal del Instituto Catalán del Suelo, así como para asegurar las devoluciones ordinarias 
de  las  fianzas  depositadas  a  la  finalización  de  los  contratos  de  arrendamientos 
correspondientes ante la eventual disminución de la reserva mínima que establece el 
artículo 7.1 de la Ley 13/1996, de 29 de julio, se permite que este Instituto modifique el 
sistema del cómputo de esta reserva, a efectos de diferenciar qué importe del total proviene 
de las fianzas depositadas para la formalización de los contratos de arrendamiento de fincas 
urbanas  para  uso  de  vivienda  y  qué  importe  de  las  fianzas  de  los  contratos  de 
arrendamientos proviene de fincas urbanas para usos diferentes. Y, de este modo, poder 
aplicar a cada parte de la reserva la solicitud de la devolución de la fianza que corresponda.
IV
El artículo 8 de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas 
adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por 
actividades extractivas, establece que, una vez finalizada la restauración, la devolución 
de las fianzas de las actividades extractivas tiene lugar una vez finalizado el plazo de 
garantía, que oscila entre los tres y los cinco años. En el contexto actual de grave 
afectación de la actividad económica, se considera que se pueden adoptar medidas que, 
sin poner en riesgo el resultado de la restauración, permitan flexibilizar el retorno de las  e.
fianzas una vez la restauración se ha llevado a cabo de modo satisfactorio. w.b
Por  otra  parte,  con  respecto  al  Fondo  del  Patrimonio  Natural,  dada  la  grave  83ww
aCfOecVtIaDc-ió1n9 ,q suee  csounfsreidne lraas i minpicrieasticviansd iabmleb aiecntitvaaler sy  edne slaa rprorellsaer nlates  saictucaiocnióens  opraigrain laadsa q puoer  slea 
creó  el  Fondo.  Dada  la  imposibilidad  de  hacerlo  con  los  recursos  actualmente
disponibles, se prevé que parte de los recursos del Fondo se puedan destinar a la 
dotación de los medios personales y materiales necesarios para su gestión.
V
En el caso presente, el carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de 
las  medidas  adoptadas  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria,  que  la 
Organización  Mundial  de  la  Salud  elevó  a  pandemia  internacional  el  11  de  marzo 
de 2020. Esta situación requiere adoptar con urgencia las medidas extraordinarias a que 
se ha hecho referencia, que no se pueden aplazar.
Teniendo  en  cuenta  esta  situación  de  necesidad  extraordinaria  y  urgente,  el 
Gobierno, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la 
presidencia de la Generalidad y del Gobierno, puede dictar disposiciones legislativas 
provisionales, bajo la forma de decreto ley, en los términos del artículo 64 del Estatuto.
Por todo ello, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, a propuesta del Consejero de Territorio y Sostenibilidad, y de 
acuerdo con el Gobierno, decreto:
Artículo 1.  Suspensión de la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley 
de urbanismo.
Se suspende para el año 2020 la ampliación de plazos para la resolución definitiva 
de las figuras de planeamiento urbanístico que establece la disposición adicional décima 
del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, 
de  3  de  agosto,  que  deban  ser  adoptadas  por  los  órganos  urbanísticos  de  la 
Administración de la Generalidad de carácter colegiado.
Artículo 2.  Aplicación de la medida a que hace referencia el artículo 2.2 del Real 
decreto ley 15/2020.
A efectos de lo que establece el artículo 2.2 del Real decreto ley 15/2020, de 21 de 
abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, el 
Instituto  Catalán  del  Suelo  puede  limitar  el  importe  de  las  fianzas  por  retornar  en 
ejecución  de  la  medida  a  que  hace  referencia,  al  10%  de  las  fianzas  que  son 
depositadas, relativas a los contratos de arrendamiento de fincas urbanas para uso 
diferente del de vivienda, con la finalidad de garantizar la devolución ordinaria de las 
fianzas a la finalización del contrato de arrendamiento que corresponda.
Artículo 3.  Modificación del régimen de las fianzas de las actividades extractivas.
Se modifica el apartado 5 del artículo 8 de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la 
que se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés 
natural afectados por actividades extractivas, que pasa a tener la redacción siguiente:
«5.  La devolución de la fianza se hace cuando ha transcurrido el plazo de 
garantía que se haya fijado en el informe sobre el programa de restauración. Este 
plazo es, como máximo, de cinco años. No obstante, una vez se ha efectuado la 
aceptación de las obras de restauración, la persona titular de la actividad puede 
solicitar la devolución del 75 % del importe de los conceptos de la fianza que se  es
detallan a continuación: o
a)  Movimiento de tierras propias con nivelación. 83ww
cb))   ATeranddaid yo  adpeo srtuaeclioó ne ddáef iacob opnroosp.io acaparado.
ed))   RReelllleennaaddoo  ccoonn  mmaatteerriiaall  dpero appioo.rtación. BOE-A-cable e
f)  Construcción de zanjas para la red de desagüe.
g)  Hidrosiembra.
h)  Subsolado.
i)  Esponjamiento.»
Artículo 4.  Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.
Se añade una nueva disposición adicional, la séptima, a la Ley 16/2017, del 1 de 
agosto, de cambio climático, con el contenido siguiente:
«Disposición adicional séptima.  Fondo del Patrimonio Natural.
1.  El Fondo del Patrimonio Natural se creó por la Disposición adicional 10.ª 
de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad para 
el 2017. Es un fondo de carácter público, sin personalidad jurídica, adscrito al 
departamento competente en materia de patrimonio natural, y que tiene como 
objetivo impulsar actuaciones relacionadas con la protección, la gestión, la mejora 
y la valorización del patrimonio natural y la biodiversidad.
2.  El Fondo del Patrimonio Natural se nutre, como mínimo, con el 50% de los 
ingresos obtenidos del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los 
vehículos de tracción mecánica. Se pueden destinar recursos económicos del Fondo 
a la dotación de los medios técnicos y humanos necesarios para su gestión.»
Disposición derogatoria.
Queda derogada la disposición final treceava de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del 
cambio climático.
Disposición final.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación este Decreto-
ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los que 
corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 12 de mayo de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim Torra i Pla.–El Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i Valera.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8133, de 14 de mayo de 2020. 
Convalidado por Resolución 807/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8160, de 23 de junio de 2020)