BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 37249
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
5112 Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre el Banco de 
España  y  la  Comisión  de  Prevención  del  Blanqueo  de  Capitales  e 
Infracciones Monetarias, para la coordinación de sus respectivas actuaciones 
en materia de supervisión e inspección.
Suscrito el Convenio entre el Banco de España y la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias para la coordinación de sus respectivas 
actuaciones en materia de supervisión e inspección, en función de lo establecido en el 
punto 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector  Público,  procede  la  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  dicho 
Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 22 de marzo de 2021.–El Director General del Tesoro y Política Financiera, 
Pablo de Ramón-Laca Clausen.
ANEXO
Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias y el Banco de España para la coordinación de sus 
respectivas actuaciones en materia de supervisión e inspección
REUNIDOS
De una parte, la Presidenta de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 
e  Infracciones  Monetarias  (en  adelante,  la  Comisión)  y  Secretaria  de  Estado  de 
Economía y Apoyo a la Empresa, doña Ana de la Cueva Fernández, nombrada por el 
Real Decreto 580/2018, de 18 de junio, actuando en representación de la Comisión de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 44.2.m) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y 19.2.a) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra, la Subgobernadora del Banco de España, doña Margarita Delgado Tejero, 
nombrada por el Real Decreto 1027/2018, de 3 de agosto, actuando en representación 
del Banco de España, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 19 de la 
Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, así como de lo 
acordado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España en su sesión de fecha 12 de 
marzo de 2021.
Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada una interviene, la 
capacidad legal para la firma del presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN e.
PrimLear oC.omisión es el órgano colegiado que tiene legalmente asignada la función de  2021-5112n https://w
ddieri goitrr oes  imsepcutolsraers  ldaes  aaccttiivviiddaadd eesc odneó pmreicvae npcairóan  edl eb llaan uqtuileizoa cdieó nc adpeitl asleisst eom laa  ffiinnaanncciiaecroió on 
del terrorismo, de acuerdo con el artículo 44.2.a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en lo sucesivo, 
Ley 10/2010, de 28 de abril).
En particular, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión) 
es  la  autoridad  que  tiene  atribuida,  entre  otras,  la  competencia  de  supervisar  las 
obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, pudiendo practicar respecto 
de  cualesquiera  sujetos  obligados  las  actuaciones  inspectoras  necesarias  para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las funciones que tiene 
asignadas [artículos 45.4.f) y 47.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril].
Además  de  la  función  de  supervisión,  al  Servicio  Ejecutivo  de  la  Comisión  le 
corresponden las demás funciones enumeradas en el artículo 45.4 de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, así como la elaboración de informes de inteligencia financiera en virtud 
del artículo 46 de dicha Ley, constituyéndose también como Unidad de Inteligencia 
Financiera.
Segundo.
Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 13/1994, de 1 de 
junio, de Autonomía del Banco de España, y en otras disposiciones concordantes, 
corresponde al Banco de España la función de promover el buen funcionamiento y 
estabilidad  del  sistema  financiero  y  la  facultad  de  supervisar,  conforme  a  las 
disposiciones vigentes, la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica 
de las entidades de crédito y de otras entidades y mercados financieros cuya supervisión 
le haya sido atribuida. Desde noviembre de 2014, el Banco de España está integrado en 
el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) de la zona euro, desarrollando su función 
supervisora  dentro  del  marco  de  cooperación  establecido  entre  el  Banco  Central 
Europeo (BCE) y las demás autoridades nacionales competentes (Reglamento (UE) n.º 
1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, y Reglamento UE 468/2014 del BCE, 
de 16 de abril de 2014).
La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades de crédito (en adelante, la Ley 10/2014, de 26 de junio), confiere al Banco de 
España  la  función  de  supervisión  de  las  entidades  de  crédito,  sin  perjuicio  de  las 
funciones atribuidas al Banco Central Europeo y en cooperación con esta institución, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de 
octubre  de  2013.  En  concreto,  le  atribuye  las  funciones  de  supervisión  de  los 
mecanismos de cumplimiento normativo de las entidades, de los riesgos a los cuales 
están o pueden estar expuestas y de sus sistemas de gobierno corporativo (artículos 50 
a 53 de la Ley 10/2014, de 26 de junio)
Tercero.
La  conveniencia  de  arbitrar  procedimientos  de  cooperación  entre  el  Banco  de 
España y la Comisión deriva de:
a)  La inclusión, en la relación de sujetos sometidos a obligaciones en materia de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (artículo 2 de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril), entre otros, de los siguientes tipos de entidades financieras 
o personas sobre las que el Banco de España ejerce funciones de supervisión:
– Entidades de crédito. e.
– Sucursales en España de Entidades de crédito extranjeras. w.b
–––   SEEonstctaiidebadledacedisme sdie edn epto agsga ofrina.anntícai ererocsíp droec car.édito. 2021-5112n https://w
––  EPnetrisdoandaess  qduee d einjeerrzoa ne lepcrotrfóensiicoon.almente actividades de cambio de moneda.
b)  El hecho de que la supervisión por el Banco de España del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, a las entidades financieras 
sobre las que esta Institución ejerce funciones de supervisión se supedita a que exista 
un Convenio suscrito con la Comisión.
c)  El  hecho  de  que  en  el  desempeño  de  sus  competencias  de  supervisión 
prudencial el Banco de España pueda realizar comprobaciones sobre los procedimientos 
de  control  interno  existentes,  incluidos  los  que  tienen  relevancia  para  valorar  el 
cumplimiento  de  la  normativa  de  prevención  del  blanqueo  de  capitales  y  de  la 
financiación del terrorismo, hace que pueda disponer de información que pueda interesar 
al Servicio Ejecutivo de la Comisión para el desarrollo de sus funciones.
d)  La posibilidad de que en el desempeño de sus competencias de supervisión del 
cumplimiento de las normas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo, así como de Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión llegue a disponer de información que pueda interesar al Banco de España para 
el desarrollo de sus competencias supervisoras.
e)  La posibilidad de que en el desempeño de sus competencias de supervisión el 
Banco de España llegue a conocer cualquier hecho u operación respecto al que exista 
indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo.
f)  La conveniencia de colaborar mediante el intercambio de información técnica y la 
participación en los programas de formación de ambas autoridades, para la mejora de la 
calidad y eficiencia de los respectivos procedimientos supervisores.
g)  La  participación  en  foros  nacionales,  comunitarios  e  internacionales  en  que 
resulte conveniente el intercambio previo de criterios entre las dos autoridades.
Cuarto.
La colaboración entre ambas autoridades, con objeto de garantizar el mejor ejercicio 
de sus respectivas funciones de supervisión y control, viene amparada por lo dispuesto 
en la legislación aplicable.
En la Ley 10/2010, de 28 de abril, se recoge una cláusula con objeto de asegurar la 
eficiencia institucional, para la coordinación de actuaciones entre la Comisión y los 
órganos supervisores de las entidades financieras y para posibilitar el ejercicio por estos 
órganos de funciones de supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo respecto de las entidades financieras sobre las que 
ejerzan  su  supervisión  siempre  que  se  trate  de  sujetos  obligados  conforme  a  la 
Ley 10/2010, de 28 de abril. Así, dentro de las funciones atribuidas a la Comisión, el 
artículo 44.2.m) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, señala que podrá «acordar con los 
órganos supervisores de las entidades financieras, mediante la firma de los oportunos 
convenios, la coordinación de sus actuaciones con las del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión en materia de supervisión e inspección de las obligaciones impuestas a tales 
entidades en esta Ley, con objeto de asegurar la eficiencia en la realización de sus 
cometidos. En dichos convenios, se podrá prever que, sin perjuicio de las competencias 
de supervisión e inspección del Servicio Ejecutivo, los citados órganos supervisores 
ejerzan funciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los capítulos II, III, y IV de esta Ley con respecto a los sujetos obligados y asuman la 
función de efectuar recomendaciones, así como proponer requerimientos a formular por 
el Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias». e.
Por lo tanto, la Ley 10/2010, de 28 de abril, posibilita la suscripción de convenios  w.b
cLbueilamyt ep1rl0iam/l2ei0es1n 0ctoo,  ndd eóe 2r g8laa dnse o soa bbslriuiglp.a eEcrilvo einsjeeosrrce isce isopt aadrbeal e deciicld heaajses r cfeuincni ocli oodsne e scfu adnpecít iusoulnopeses r IvdIi,es i óIsInIu,  ppyeo rrv IpVisa iórdtnee   ddeelall    2021-5112n https://ww
qBuaen cjuos dtiefic Eas lpaa oñpao prteurnmiditaed a dperlo Cveocnhvaern sioin.ergias y contribuir a la eficiencia institucional, lo
Por otra parte, el artículo 48.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, indica que «Toda 
autoridad o funcionario que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de 
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, ya sea durante las inspecciones 
efectuadas a las entidades objeto de supervisión, o de cualquier otro modo, deberá 
informar de ello al Servicio Ejecutivo de la Comisión». A su vez, el artículo 48.2 de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, indica que «el Banco de España, la Comisión Nacional del 
Mercado  de  Valores,  la  Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de  Pensiones,  la 
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado,  el  Instituto  de  Contabilidad  y 
Auditoría de Cuentas, los colegios profesionales y los órganos estatales o autonómicos 
competentes,  según  corresponda,  informarán  razonadamente  a  la  Secretaría  de  la 
Comisión cuando en el ejercicio de su labor inspectora o supervisora aprecien posibles 
infracciones de las obligaciones establecidas en esta Ley».
Además, el artículo 48.4 del mismo texto legal señala que «cuando ejerza sus 
funciones en relación con entidades financieras sometidas a legislación especial, el 
Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá recabar del Banco de España, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores o de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones,  según  corresponda,  toda  la  información  y  colaboración  precisas  para 
llevarlas a cabo».
Quinto.
El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión firmaron el 15 de junio 
de 2005 un primer convenio de cooperación en el ámbito de sus respectivas funciones 
de supervisión y control, suscribiéndose un segundo convenio con fecha 29 de febrero 
de 2008, incorporando las mejoras derivadas de la experiencia acumulada. En base a lo 
contemplado en la Ley 10/2010, de 28 de abril, el Banco de España y la Comisión 
procedieron a la firma de un tercer convenio de cooperación y coordinación el 31 
de octubre de 2013, cuya vigencia, de acuerdo con el clausulado, era indefinida.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 49.h).1.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de  régimen  jurídico  del  sector  público,  «los  convenios  deberán  tener  una  duración 
determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se 
prevea un plazo superior». Así mismo, se recoge a continuación en el artículo 49.h)2.º, 
que los firmantes del convenio «podrán acordar unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales».
En el caso de la adaptación de los convenios vigentes, la DA 8.ª del mismo texto 
legal señala que, para el caso de los convenios vigentes suscritos que no tuvieran 
determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita 
por tiempo indefinido, «el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar 
desde la entrada en vigor de la presente ley». Dicho plazo concluyó el 2 de octubre 
de 2020 para el Convenio de 31 de octubre de 2013.
Por lo tanto, resulta necesaria la tramitación de un nuevo convenio entre ambas 
autoridades con vistas a adecuar el contenido a los requisitos legales actuales. Así 
mismo, y teniendo en cuenta la experiencia acumulada, conviene igualmente adaptar el 
contenido  del  convenio  a  las  necesidades  detectadas,  orientándose  a  mejorar  la 
coordinación de la función supervisora entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión y el 
Banco de España, tanto en la planificación como en la labor inspectora.
2021-5112n https://w
Por lo expuesto, al amparo de la previsión legal contenida en el artículo 44.2.m) de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se 
regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El presente Convenio se acuerda entre la Comisión y el Banco de España al amparo 
del artículo 44.2.m) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, con objeto de coordinar las 
actuaciones de supervisión e inspección del Servicio Ejecutivo de la Comisión y el Banco 
de España con respecto a las entidades financieras sometidas a obligaciones en materia 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo sobre las que 
este último tiene atribuidas funciones de supervisión prudencial, y articular, en general, el 
marco  de  supervisión  e  inspección  y  el  régimen  de  intercambio  de  información  y 
colaboración previstos en los artículos 47 y 48, respectivamente, de la citada ley.
En particular, en virtud del presente Convenio y en los términos establecidos en el 
mismo, el Banco de España podrá llevar a cabo actuaciones de inspección, en base a lo 
establecido en el Plan Anual de Inspección aprobado por la Comisión a través de su 
Comité Permanente, así como otras actuaciones de supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los capítulos II, III, y IV de la Ley 10/2010, de 28 de abril 
por dichas entidades, y efectuar, en su caso, recomendaciones de mejora, así como 
proponer requerimientos a formular por el Comité Permanente.
Segunda.  Principios.
La cooperación el Banco de España y la Comisión se basará en los siguientes 
principios:
a)  Respeto competencial. Las cláusulas del presente Convenio se interpretarán y 
aplicarán de manera que no se altere la atribución de competencias al Banco de España 
y a la Comisión y sus órganos de apoyo establecida en las leyes.
b)  Coordinación.  Las  actuaciones  de  supervisión  e  inspección  en  materia  de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Servicio 
Ejecutivo de la Comisión y del Banco de España se coordinarán con objeto de asegurar 
la eficiencia en la realización de sus cometidos.
c)  Confidencialidad. Las informaciones o datos confidenciales que el Banco de 
España suministre a la Comisión y sus órganos de apoyo, y viceversa, están sujetos al 
deber de secreto y sólo podrán ser utilizados para el cumplimiento de las respectivas 
competencias de supervisión y control.
d)  Mutua colaboración. Ambas partes cooperarán para el mejor desempeño de sus 
respectivas funciones con espíritu de mutua confianza y entendimiento, con el objetivo 
de mejorar la calidad de la supervisión ejercida por cada una de ellas.
e)  Eficiencia. La utilización de los procedimientos de cooperación previstos en el 
presente Convenio se efectuará siempre de forma proporcionada y razonable, de la 
manera más adecuada para un eficiente logro de los objetivos perseguidos.
f)  Especialización.  A  fin  de  conseguir  una  utilización  eficaz  de  los  recursos 
supervisores, en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo el Banco de España centrará sus actuaciones de supervisión del cumplimiento  es
de las obligaciones establecidas en los capítulos II, III y IV de la Ley 10/2010, de 28 de  o
abril, preferentemente en la revisión de las políticas, y los procedimientos, y órganos de  ww.
tdcceuoenrm pglopoaslrni amr itleaiives oncg otoyon s ds neaido  lelraomr saida ccotiióunvnaoe l iedddseae  des  suldatjeáes nt loa eossn   toppidbuoaelliígdtdicaeeadsns o  ebsys a aptjao rero  fcseeeuxcdpptoieumsrev isedistneaiót solna,s   d Ladeepe yslli  cu1Bas0ad /sno2iscs0to 1ea 0m dn, aeidvs ee E ld 2sde8pe  ga dgoñerbau i apeqbornur.ieol,    OE-A-2021-5112able en https://w
Cuando  en  el  transcurso  del  análisis  de  muestras  aleatorias  de  operaciones 
efectuados en el marco de las actuaciones de supervisión e inspección con la finalidad 
de revisar las políticas, procedimientos y controles internos establecidos para prevenir e 
impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo el Banco de España haya podido identificar operaciones sospechosas, dará 
traslado de las mismas al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
g)  Publicidad. Conforme al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y sin perjuicio de la posibilidad de publicidad 
adicional, el presente convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días 
hábiles  desde  su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Tercera.  Apoyo institucional del Banco de España.
El Banco de España se compromete a llevar a cabo iniciativas que promuevan el 
cumplimiento por parte de las entidades de crédito y demás entidades y personas 
sometidas a su control, de sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo llevando a cabo actuaciones tales como:
– El ejercicio de la inspección y supervisión, conforme al objeto de este Convenio.
– Promover la implantación o mejora de los sistemas de control interno en el área de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que faciliten el 
cumplimiento de sus obligaciones legales y permitan una adecuada gestión de los 
riesgos, de cuyo contenido se informará previamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión 
y a la Secretaría de la Comisión
– La emisión de mensajes públicos a través de la participación de representantes del 
Banco de España en foros y conferencias o de la edición de publicaciones, con el mismo 
objetivo.
Cuarta.  Intercambio de información.
El Banco de España y los órganos de apoyo de la Comisión se intercambiarán la 
información de que hayan dispuesto en el desarrollo de sus funciones supervisoras 
establecidas en este Convenio.
Entre otros supuestos, se llevará a cabo el intercambio de información a que se 
refiere el párrafo anterior en los siguientes casos:
a)  El Banco de España comunicará al Servicio Ejecutivo de la Comisión cualquier 
hecho u operación, conocido en el desempeño de sus funciones supervisoras, respecto 
del que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo. A estos efectos, el Banco de España y el Servicio Ejecutivo 
de la Comisión elaborarán conjuntamente unas orientaciones o guías para facilitar la 
identificación y comunicación de estas operaciones.
b)  El Banco de España comunicará a la Secretaría de la Comisión los hechos 
conocidos  en  el  desarrollo  de  inspecciones  u  otras  actuaciones  supervisoras  que 
pudieran constituir infracciones de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, 
de 28 de abril.
c)  El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión se darán traslado 
mutuamente de las comunicaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales  e.
y de la financiación del terrorismo intercambiadas con autoridades supervisoras de otros  w.b
pfinaaísndec)s ie qrEaulse   Sbaaefejrovc itsceuinop  aeE rlvjaeissc iuóetnniv tpiodr audddeee snl acdi aeCl  cdoreméld iBsitioaó nnqc uoye  d oeepl  EeBrsaapnna cñeoan . dEes pEañspaa yñ aa  ostera str aesnltaiddaadráens   2021-5112n https://w
mreuctoumaemnednateci onloess  qiunefo, remne ssu  cdaes o, inhsapyeacnc dióirnig, idloo sa  laess cernittoidsa dedse  cocmonoc rleussuioltnaedso  dye  ulnaas 
inspección.
e)  El Servicio Ejecutivo de la Comisión y el Banco de España se trasladarán 
mutuamente con carácter previo a su envío, la información que vayan a intercambiar con 
el BCE en el marco del Acuerdo Multilateral para el Intercambio de Información entre el 
Banco Central Europeo (BCE) y las Autoridades Nacionales competentes firmado el 10 
de enero de 2019 por la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en 
representación del Servicio Ejecutivo y con la colaboración del Banco de España, la 
CNMV y la DGSFP. Dicho envío se realizará de acuerdo con los criterios recogidos en el 
citado Acuerdo Multilateral. En particular, el Banco de España informará, con carácter 
previo a su envío, sobre la relevancia y pertinencia de dichas comunicaciones para el 
desarrollo de las funciones supervisoras del BCE según lo previsto en el citado Acuerdo.
Tanto el Servicio Ejecutivo como el Banco de España informarán en las reuniones de 
la Comisión de la información enviada al BCE durante el periodo previo en base a este 
Acuerdo.
f)  El Servicio Ejecutivo de la Comisión comunicará al Banco de España los hechos 
conocidos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  que  pudieran  constituir  infracciones 
administrativas  o  deficiencias  relevantes  en  el  cumplimiento  de  la  normativa  de 
ordenación y disciplina de las entidades de crédito o de la normativa aplicable a los 
restantes sujetos obligados que están bajo supervisión del Banco de España.
g)  El Servicio Ejecutivo de la Comisión remitirá al Banco de España la valoración 
del grado y calidad del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que le merezcan las entidades 
bajo supervisión de este último, con la periodicidad y de la forma que se acuerde, a 
efectos de que el Banco de España evalúe y actualice los perfiles de riesgo de las 
mencionadas entidades en esta materia. El Banco de España, por su parte, comunicará 
al Servicio Ejecutivo de la Comisión los resultados de dichas evaluaciones, con la 
periodicidad y de la forma que se acuerde, a efectos de que dicho Servicio actualice los 
perfiles de riesgos de las mencionadas entidades.
Quinta.  Plan Anual de Inspección de los sujetos obligados.
La Comisión, a través de su Comité Permanente, aprobará el primer trimestre de 
cada año el Plan de Inspección a que se refiere el artículo 44.2.g) de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, que incluirá las inspecciones a realizar por todos los supervisores. El plan 
deberá incluir los elementos a que se refiere el Anexo 1 del presente Convenio.
Con carácter previo a la elaboración del Plan de Inspección, el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión y el Banco de España:
a)  Intercambiarán la información pertinente y desarrollarán las consultas necesarias 
en el seno de un grupo de trabajo con todos los supervisores a fin de asegurar la 
coordinación de las actuaciones inspectoras en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo.
b)  Acordarán, con base en una evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, las entidades y personas a incluir en el Plan de Inspección, 
así como el alcance, general o temático, de las inspecciones, especificando el contenido 
de las mismas. La aprobación del Plan se propondrá al Comité Permanente de forma 
conjunta por el Servicio Ejecutivo y el Banco de España. La elaboración del Plan Anual 
de Inspección tendrá en cuenta el conocimiento y especialización del Banco de España 
recogidos en la cláusula segunda, apartado f), del presente Convenio.
c)  En el momento de determinar los sujetos obligados objeto de inspección, no se  e
podrá acordar la realización de inspecciones simultáneas o dentro del mismo plan anual  bo
a  una  misma  entidad,  debiendo  autorizarse,  en  su  caso,  una  inspección  de  forma  w
sccuoopnoejrudrnvintisaaa cdiósaensg .údne  lolo sp resvuipsetorv iseonr esla,   eclváituasnudlao   occatragvaas   paadriac iognaarleasn tizaa r lalas   aednetidcuaaddeas   OE-A-2021-5112able en https://w
d)  Determinarán, en su caso, las posibles inspecciones conjuntas que pudieran 
realizarse durante la ejecución del plan anual, de acuerdo con lo recogido en la cláusula 
octava.
Con carácter general, las actuaciones inspectoras en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión y del Banco de España se ajustarán al Plan de Inspección. Sin perjuicio de 
ello, cuando resulte procedente, y a propuesta del Banco de España o del Servicio 
Ejecutivo de la Comisión podrá acordarse la realización de actuaciones inspectoras 
adicionales por el Comité Permanente de la Comisión, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 47.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Así mismo, el Comité Permanente podrá 
acordar la modificación del Plan Anual de Inspección, pudiendo posponerse actuaciones 
inspectoras incluidas en el ejercicio en el caso de un cambio en la situación que lo 
justifique.
Sexta.  Coordinación de las actuaciones de inspección.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión y el Banco de España llevarán a cabo la 
supervisión del cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de 
capitales  y  de  financiación  del  terrorismo  por  las  entidades  y  personas  sujetas  a 
supervisión ajustándose a lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y en el 
presente convenio, teniendo en cuenta los procedimientos y plazos comunes que serán 
aprobados por la Comisión a través de su Comité Permanente.
La realización de las inspecciones aprobadas en el Plan Anual se iniciará durante el 
año natural. En caso de que alguna de las inspecciones planificadas no haya podido 
iniciarse  antes  de  que  termine  el  ejercicio,  el  supervisor  habrá  de  informar 
motivadamente al Comité Permanente. La realización de la inspección y la elaboración 
del informe deberán realizarse teniendo en cuenta los plazos recogidos en el artículo 47 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Aprobado el Plan de Inspección, el Servicio Ejecutivo de la Comisión y el Banco de 
España se comunicarán mutuamente y a la Secretaría de la Comisión el inicio de las 
inspecciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo que vayan a llevar a cabo en las entidades financieras que se encuentran bajo 
la supervisión del Banco de España.
Tras la práctica de las actuaciones inspectoras, el Servicio Ejecutivo de la Comisión y 
el Banco de España remitirán a la entidad inspeccionada un escrito de conclusiones de 
la inspección, incluyendo recomendaciones relativas a la adecuación de las medidas de 
control  interno  establecidas  en  la  Ley  10/2010,  de  28  de  abril,  y  su  normativa  de 
desarrollo, a los efectos de que la entidad elabore un plan de acción, sin perjuicio de las 
medidas  que  pueda  acordar  posteriormente  el  Comité  Permanente.  Asimismo,  el 
Servicio Ejecutivo de la Comisión y el Banco de España se informarán mutuamente de 
los resultados de sus respectivas actuaciones en relación con los sujetos obligados 
afectados y remitirán a la Secretaría de la Comisión los correspondientes informes de 
inspección,  escritos  de  conclusiones  y  recomendaciones  efectuadas  a  la  entidad 
supervisada,  proponiendo  motivadamente  las  consecuencias  que,  según  su  criterio, 
deban seguir al contenido del informe.
El supervisor trasladará su propuesta a la Secretaría de la Comisión, que propondrá 
lo que resulte procedente al Comité Permanente de la Comisión. La Comisión se hará 
cargo de las actuaciones a partir de ese momento y adoptará las medidas que considere  e
oportunas,  para  lo  cual  podrá  recabar  la  asistencia  técnica  del  supervisor  que  ha  bo
realizado la inspección. w
cdoen cL4la0u  sriedomínaeisss i ódhneá fbaini leliatisv  Saase .crceotnatraíar  ddee slad eC olam isfeiócnh ah adberá  ldae  rreemaliisziaórns ea e nla u ne nptliadzaod  mdáex imlaos   OE-A-2021-5112able en https://w
En  la  reunión  del  Comité  Permanente  en  la  que  se  valoren  las  actuaciones 
inspectoras el supervisor presentará las conclusiones de su informe y la propuesta que 
hubiera trasladado a la Secretaría de la Comisión.
Cuando la propuesta del supervisor sea la realización de un requerimiento y/o la 
incoación de un expediente sancionador, el supervisor acompañará un borrador del 
requerimiento  al  informe  remitido,  para  su  aprobación,  en  su  caso,  por  el  Comité 
Permanente.
En el caso de que el Comité Permanente de la Comisión decida el inicio de una 
acción  sancionadora  a  iniciativa  propia,  la  misma  también  irá  acompañada  por  un 
requerimiento con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos de la 
norma más allá de la sanción del incumplimiento. El Comité Permanente de la Comisión 
podrá recabar la asistencia técnica del supervisor para la preparación del requerimiento. 
El requerimiento se aprobará en el mismo Comité en que se apruebe el Acuerdo de 
incoación.
Cuando  el  Comité  Permanente  de  la  Comisión  acuerde  la  realización  de  un 
requerimiento,  el  seguimiento  de  su  cumplimiento  se  llevará  a  cabo  por  parte  del 
supervisor que haya realizado la inspección, lo que se comunicará a la entidad en el 
propio requerimiento. El supervisor habrá de dar cuenta del seguimiento en la primera 
reunión del Comité Permanente que se celebre tras la expiración del plazo concedido 
para su cumplimiento.
Séptima.  Elaboración de informes y recomendaciones generales.
Al término de cada ciclo inspector, con carácter anual, el Banco de España y el 
Servicio Ejecutivo de la Comisión presentarán al Comité Permanente sendos informes 
que  analizarán  de  manera  global  los  resultados  de  las  inspecciones  realizadas. 
Asimismo, el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión elaborarán un 
documento en el que se incluirán las recomendaciones de mejora que, a la vista de las 
inspecciones practicadas, resulten procedentes.
Sin perjuicio de los informes referidos en el párrafo anterior, la Secretaría de la 
Comisión, el Servicio Ejecutivo de la Comisión y el Banco de España se coordinarán 
para la elaboración de recomendaciones de carácter general encaminadas al estricto 
cumplimiento  de  la  normativa,  dirigidas  a  las  asociaciones  profesionales  de  las 
entidades, para su difusión entre los asociados.
Octava.  Inspecciones conjuntas y coordinación entre supervisores.
El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrán llevar a cabo 
actuaciones inspectoras conjuntas que serán incluidas, en su caso, en el plan anual de 
supervisión. Con carácter previo a la realización de una inspección conjunta, realizarán 
la planificación del desarrollo de los trabajos, fijándose la composición del equipo mixto y 
un calendario de supervisión. El resultado de dichas actuaciones se materializará en la 
elaboración de informes que elevarán de forma conjunta al Comité Permanente de la 
Comisión.
Sin perjuicio de la realización de inspecciones conjuntas entre el Servicio Ejecutivo 
de la Comisión y el Banco de España, ambas partes se comprometen a la cooperación 
mutua  y  con  el  resto  de  supervisores  que,  habiendo  suscrito  el  correspondiente 
Convenio con la Comisión de acuerdo con lo recogido en el artículo 44.2.m) de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, lleven a cabo inspecciones incluidas en el Plan Anual de  es
Inspección, pudiendo solicitar su participación y colaboración en el desarrollo de una  bo
inspección en curso, cuando resulte preciso. w
mdeesiep neEatcnrmiaa lsblai zo aqrsecu aieósl inuzl aapr ceeisrcóvuonipsg oedidrreoev i sdse,ii cónhn sla aesd  c eiltnláe sunSpsdeeurrcálvac i cioseioenn ge Eus ncjecudoceaunn,tj uitavanpo ta alrdostea,   dyrlo eac c foo)Cn gpo ioadmbroaij se ietóeolnn  B d seaee nlf c ooorpmr idreiaennr ct Eaieprsqiáopu  aicpñodoanes,     OE-A-2021-5112able en https://w
carácter preferente al resto de las obligaciones de prevención del blanqueo recogidas en 
la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Novena.  Cooperación técnica.
La  Comisión  y  el  Banco  de  España  están  interesados  en  prestarse  cuanta 
cooperación técnica resulte precisa para el mejor desempeño de sus funciones y en 
intercambiarse informaciones y opiniones referidas a aspectos del sistema financiero de 
interés común y a los métodos y prácticas de supervisión. Dichos intercambios tienen 
como objetivo la mejora de la eficiencia y calidad de los procedimientos aplicados.
En  particular,  los  intercambios  de  información  técnica  se  llevarán  a  efecto, 
principalmente, a través de los siguientes procedimientos:
a)  Consultas. Ambas autoridades podrán formularse consultas técnicas o mantener 
intercambios de opiniones referidos a la normativa de las entidades de crédito o de otras 
entidades supervisadas por el banco de España que sean sujetos obligados conforme a 
la Ley 10/2010, de 28 de abril, y a la normativa de prevención del blanqueo de capitales 
y  de  la  financiación  del  terrorismo,  a  los  productos,  riesgos  y  operativa  de  esas 
entidades, a las técnicas de inspección y a cuantos aspectos sean de interés mutuo y 
puedan ser mejor valorados con la aportación del conocimiento y experiencia de la otra 
autoridad.
b)  Formación.  Ambas  autoridades  podrán  colaborar  en  materia  de  formación 
interna.  A  tal  efecto  el  Banco  de  España  y  el  Servicio  Ejecutivo  de  la  Comisión 
formularán una invitación para que personas de la otra institución puedan participar en 
los cursos, seminarios o sesiones de formación interna que organicen y sean de mayor 
interés. Asimismo, los responsables de formación y planificación de ambas autoridades 
valorarán conjuntamente la posibilidad de que expertos de una institución participen 
como ponentes en los cursos, seminarios o sesiones de formación interna organizados 
por la otra institución, si ello resultara aconsejable en función de la especialización de la 
materia.
c)  Reuniones  de  seguimiento.  Ambas  autoridades  mantendrán  reuniones  de 
seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Inspección, intercambiando información 
sobre la evolución de las inspecciones en curso y las conclusiones principales.
d)  Reuniones de coordinación técnica. Con carácter mínimo anual, la Secretaría de 
la Comisión, el Banco de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión y el resto de 
supervisores sectoriales que hayan suscrito un Convenio con la Comisión, mantendrán 
una reunión específica orientada a la unificación de criterios para la interpretación del 
alcance de las normas y la fijación de expectativas supervisoras comunes, así como para 
la homogeneización de criterios para la elaboración de los informes de inspección y para 
la valoración de los resultados y conclusiones de los mismos.
Décima.  Otras formas de cooperación.
El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión facilitarán a la otra 
autoridad, a petición de ésta, contactos con otras autoridades supervisoras en el ámbito 
internacional,  y  se  informarán  recíprocamente  respecto  de  cualquier  iniciativa  o 
propuesta en foros internacionales que puede afectar a sus respectivas competencias.
En el ejercicio de su actividad en instituciones y organismos internacionales, el 
Banco  de  España,  como  autoridad  nacional  supervisora  prudencial,  y  el  Servicio  s
Ejecutivo  de  la  Comisión,  como  autoridad  nacional  supervisora  de  prevención  del  oe.
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se informarán recíprocamente  w.
dddeee   lcolaas p aiatasdploeepscc tyioó sfni n qaduneec  iadafeceicócistnei ondn eael  stse,u rstroo cdroiosm mepolel,o tye  ncrceoicnaa sbr eeasnráp mne taloat e rarei asl pade ecn tsoivuramp eaortpviviinsaiió ónqn u dpeer e rbveliaagn uaqlanu teeeosl    2021-5112n https://w
Mecanismo Único de Supervisión y, en particular, a las limitaciones derivadas del reparto
competencial entre el Banco Central Europeo y el Banco de España. Bc
El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrán proponer a la otra 
autoridad la realización de publicaciones en común y, en circunstancias especiales, 
fórmulas de asistencia técnica distintas de las previstas anteriormente u otros tipos de 
cooperación cuya oportunidad será valorada en cada caso a la luz de los principios 
establecidos en el presente convenio.
Undécima.  Normativa europea de supervisión de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo y cooperación en el ámbito de la Autoridad 
Bancaria Europea.
El  Servicio  Ejecutivo  de  la  Comisión,  como  autoridad  nacional  supervisora  de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Banco de 
España, en el ejercicio de las funciones de supervisión e inspección previstas en la 
Ley 10/2010, de 28 de abril (artículo 44.2.m) y desarrolladas en el presente Convenio, 
ajustarán su actuación en todo momento a las disposiciones de la normativa de la Unión 
Europea  y  nacional  relativas  a  la  cooperación  e  intercambio  de  información  entre 
autoridades supervisoras.
Con  objeto  de  asegurar  la  coordinación  y  acordar  una  posición  española 
consensuada en el seno del Comité interno sobre blanqueo de capitales y financiación 
del  terrorismo  de  la  Autoridad  Bancaria  Europea,  se  celebrarán  reuniones  de 
coordinación entre la Secretaría de la Comisión, el Servicio Ejecutivo de la Comisión y el 
Banco de España.
Dicho acuerdo sobre la posición española se tendrá en cuenta en relación a las 
decisiones a adoptar por la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea en 
materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En el desarrollo de las obligaciones de cooperación e intercambio de información 
establecidas en el artículo 48 bis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el Servicio Ejecutivo 
de la Comisión y el Banco de España se coordinarán para la organización conjunta de 
los colegios de supervisores de PBC/FT de las entidades españolas, así como para la 
participación en los colegios de supervisores organizados por otros supervisores de 
prevención de blanqueo.
Duodécima.  Forma de la cooperación: Contactos y reuniones entre ambas autoridades.
Los intercambios de información se podrán realizar, según los casos:
a)  A través de reuniones entre representantes de las dos autoridades supervisoras.
b)  Mediante  la  remisión  de  informes  u  otros  escritos  por  correo  ordinario  o 
electrónico.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión y el Banco de España podrán establecer canales 
seguros de intercambio de aquella información cuya naturaleza haga aconsejable dotarla 
de un especial grado de confidencialidad.
Con objeto de dotar de la mayor fluidez y eficacia posible a las relaciones entre las 
dos autoridades supervisoras, cada una de ellas nombrará una persona de contacto y 
una persona de contacto suplente, a través de las que principalmente se canalizarán las 
consultas y peticiones de información.
Decimotercera.  Aportaciones de las partes.
El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión llevarán a cabo las  bo
actuaciones recogidas en el presente Convenio haciendo uso de los recursos propios  w
iqcnoutenerv vdeiinnsiipeoon snteeers á.cna fdinaa unncioa ddaes  lcoosn s cuapregrov iaslo preress. uLpause satcot uoardciinoanreios  dreec coagdidaa usn ean d ee ll apsr epsaerntetes   OE-A-2021-5112able en https://w
Decimocuarta.  Seguimiento.
Se crea la Comisión de Seguimiento del presente Convenio, la cual será presidida 
por  la  persona  titular  de  la  Presidencia  del  Comité  Permanente.  Además,  serán 
integrantes de la misma:
– La persona titular de la Dirección del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en su 
ausencia, la persona titular del área de supervisión o de inspección del Servicio Ejecutivo 
de la Comisión que se designe.
– La persona titular del Departamento de Coordinación de Supervisión e Inspección 
del Servicio Ejecutivo de la Comisión y en su ausencia la persona titular del área de 
supervisión o de inspección que se designe.
– La persona titular de la Dirección General de Supervisión del Banco de España y, 
en su ausencia, la persona titular de la Dirección General Adjunta de Supervisión II.
– La persona titular de la Secretaría General del Banco de España y, en su ausencia, 
la persona titular de la Vicesecretaría General.
Las funciones de secretaría de la Comisión de Seguimiento, con voz pero sin voto, 
serán ejercidas por la persona titular de la Secretaría del Comité Permanente y, en su 
ausencia, por la persona que ostente el puesto de la Subdirección General Adjunta de 
Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera.
La Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año o cuando lo solicite 
alguna de las partes, y sus acuerdos serán adoptados por unanimidad.
A las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán asistir otros expertos con voz 
pero sin voto cuando la Presidencia lo juzgue oportuno a la vista de los asuntos incluidos 
en el correspondiente orden del día.
Entre las funciones que le corresponden se incluyen:
a)  Articular la colaboración entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión y el Banco de 
España tanto para la elaboración del Plan de Inspección anual de la Comisión como para 
las inspecciones que se realicen, sin perjuicio de la necesaria coordinación técnica que 
se ha de dar en reuniones que incluyan al resto de los supervisores con los que la 
Comisión suscriba convenio, de acuerdo con la cláusula novena.
b)  Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 
respecto del presente Convenio.
c)  Valorar la oportunidad de la realización de los otros tipos de cooperación entre la 
Comisión y el Banco de España a que se refiere el último párrafo de la cláusula décima.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará a lo previsto para los 
órganos colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinta.  Modificación del Convenio.
El presente Convenio constituye la manifestación expresa de la voluntad de las 
partes  en  relación  con  su  objeto  y  contenido.  Cualquier  modificación,  revisión  o 
adaptación necesaria para la mejor realización de su objeto deberá ser efectuada por 
escrito y requerirá acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con el artículo 49.g) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. es
Decimosexta.  Entrada en vigor, vigencia y prórroga del Convenio. w.
resuEltla rpár eesfiecnatze u nCao nvveezn inios csrieto ,p eenrf eecl cpiloanzaor ád ec 5o nd íaesl  hcáobnisleesn dtimesiednet osu  dfoer mlaasli zpaacriótens, , eny   2021-5112n https://w
ePlú Rbleicgois etrsot aEtalel.c tArósnimiciosm Eos,t astea l pdueb liÓcargráa neons  eel  «InBsotrluemtíne nOtofisc iadle d Celo Eopsetardaoci»ó,n e dne el lS pelcatzoor   BOE-A-cable e
de 10 días hábiles desde su formalización. Tendrá un plazo de vigencia de cuatro años y, 
con carácter previo a la fecha de terminación, dicho plazo podrá ser prorrogado mediante 
acuerdo expreso de las partes por un periodo adicional de cuatro años.
Decimoséptima.  Confidencialidad.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las 
informaciones pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el 
desarrollo de la presente colaboración.
Esta obligación no será de aplicación cuando:
a)  La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información 
recibida.
b)  La información recibida sea o pase a ser de dominio público.
c)  La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación.
d)  La información sea requerida judicialmente o exista cualquier otra previsión legal 
que determine la obligación de facilitar la información.
Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en el Convenio 
conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula.
Decimoctava.  Extinción.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución del presente Convenio:
a)  El transcurso de su plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del 
mismo, en su caso.
b)  El acuerdo mutuo entre las partes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno  de  los  firmantes.  En  este  caso,  la  parte  afectada  lo  notificará  mediante 
comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho incumplimiento. La 
otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo de 30 días, a contar desde la 
fecha de envío de la notificación. Si transcurrido el plazo de 30 días persistiera el 
incumplimiento, la parte que dirigió el requerimiento notificará a la otra parte firmante la 
subsistencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
Decimonovena.  Fuerza mayor.
Ninguna de las partes firmantes será responsable de los posibles daños derivados de 
un retraso o incumplimiento en la aplicación de este Convenio cuando dicho retraso se 
debiera a un suceso imposible de prever, o que, previsto, sea inevitable y por tanto 
realizado sin culpa de las partes.
Vigésima.  Naturaleza y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza interadministrativa y se rige por lo dispuesto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, quedando expresamente excluido del  e.
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  w.b
Epourr oSlapi  enqoou y es  dese eal  lCctraoannnszseapjsooen 2 eu0nn1  4aa/lc2 uo3er/dUredEno ay e m2x0iter1an4jtuo/2d 4jiuc/UriaídEl i,ec done  le a2s 6Cp adoñemo files libaórsne  rDdoe idr eSec e2tigv0ua1is4m .dieenl tPo asrolabmree nlatos   2021-5112n https://w
dpuadrtaess  os oclovnetnrotavreárns iaéss tsausr gsidoamse stioébnrdeo lsae i,n tae rplar etSaacliaó nC yo cnutemnpcliiomsioe-nAtod mdienli sCtroantivvean idoe,  lalas 
Audiencia Nacional, de acuerdo con el artículo 11.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Vigésima primera.  Transparencia.
El presente Convenio podrá ser puesto a disposición de los ciudadanos en el portal 
de Transparencia, en aplicación de los dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno y 
demás normativa de desarrollo de la misma.
Vigésima segunda.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de datos personales de los representantes de las partes del presente 
convenio deberá realizarse de conformidad con la normativa aplicable en materia de 
protección de datos personales y, en particular, con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos) –en adelante, RGPD–, así como con el resto de 
normativa sobre protección de datos de carácter personal vigente en cada momento.
Los datos personales de los representantes facilitados por las partes (datos de 
identificación,  contacto,  académicos  y  profesionales,  así  como  de  representación  o 
apoderamiento) serán tratados exclusivamente con la finalidad de formalizar y ejecutar el 
presente convenio, sobre la base de lo previsto en el artículo 6.1.(b) del RGPD; y de 
cumplir  con  las  obligaciones  legales  impuestas  a  ambas  partes  al  amparo  del 
artículo 6.1.(c) del RGPD.
Los  datos  objeto  de  tratamiento  podrán  ser  comunicados  a  Administraciones 
Públicas, órganos judiciales y órganos de control en cumplimiento de una obligación 
legal. Una vez dejen de ser necesarios o en los casos en los que se haya ejercitado el 
derecho  de  supresión,  se  mantendrán  bloqueados  para  atender  posibles 
responsabilidades derivadas del tratamiento, hasta su plazo de prescripción, tras el que 
serán eliminados.
Los interesados cuyos datos personales sean tratados por las partes podrán ejercer 
sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  oposición,  supresión,  así  como  los  demás 
derechos recogidos en el RGPD, acreditando debidamente su identidad, de la siguiente 
manera:
– Respecto a los tratamientos de los que sea responsable el Banco de España: 
presencialmente y por correo postal a calle Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de 
Protección de Datos) o, electrónicamente a través del procedimiento indicado en la 
Política de Privacidad del Banco de España.
– Respecto  a  los  tratamientos  de  los  que  sea  responsable  la  Comisión  de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias: a través del siguiente 
enlace:  https://serviciosede.mineco.gob.es/FB/Home.aspx?control=161_IG,  o  por 
cualquier medio que deje constancia de su envío y recepción, al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid.
Las partes informarán a los interesados cuyos datos personales sean tratados de los 
términos previstos en esta cláusula, salvo en los supuestos en los que la normativa 
aplicable en materia de protección de datos personales no requiera facilitar la referida  e.
información. Además, las partes se asegurarán de que sus empleados cumplan con la  w.b
ndoisrtmiEnatnot isve ald  eee vnloe msn tamutaeelrn isacui odpneua epdsrootoste  edcnec i óeqnl up edr eims deea rct oposám rpruaenfroisq oudneean ll aee spn.rteres elnatse  pcalártuessu ldaa ctoosm op erressounltaaldeos   2021-5112n https://w
ldae  lnao ermjeactuivcaió na dpelicl apbreles enetne  cmoantveerniaio ,d seu  tprarotatemciceiónnto  ddeeb edraát ocsu myp lilrl ecvoanr sloe  dais pcuaebsoto  edne 
conformidad con lo previsto en la presente cláusula.
En todo caso, con antelación a la comunicación, la parte emisora informará de la 
misma a los interesados cuyos datos sean comunicados (salvo que sea aplicable alguna 
de las exenciones previstas en la normativa aplicable en materia de protección de datos 
personales) y la parte receptora los tratará de conformidad con lo previsto en el RGPD 
que establece, entre otras, la obligación de garantizar la seguridad y confidencialidad de 
los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y 
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 
técnicas  u  organizativas  apropiadas  (integridad  y  confidencialidad),  así  como  la 
obligación de mantenerlos de forma que se permita la identificación de los interesados 
durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento (limitación del plazo 
de conservación).
Y para que conste, y en garantía de su más exacto cumplimiento, las partes firman el 
presente documento por triplicado ejemplar y a un solo efecto el 18 de marzo de 2021.–
La Subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado Tejero.–La Presidenta de 
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Ana de 
la Cueva Fernández.
ANEXO 1
 Plan de Inspección Anual
El  Plan  de  Inspección  Anual  contendrá  la  información  que  a  continuación  se 
relaciona:
1.  Introducción. Número y objeto de las inspecciones a realizar durante el año por 
el Servicio Ejecutivo de la Comisión y el Banco de España y, en caso de convenio, por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, teniendo en cuenta el contexto y las inspecciones realizadas en años 
previos. Asimismo, se indicará el número de inspecciones conjuntas planificadas
2.  Estado  de  ejecución  del  Plan  Anual  del  año  precedente.  Resumen  de  las 
inspecciones realizadas por cada supervisor individualmente o de forma conjunta y las 
que quedan pendientes de concluir y plazo para su finalización. Se incluirá también la 
información  relativa  a  la  participación  puntual  en  inspecciones  de  un  supervisor  a 
requerimiento de otro.
3.  Inspecciones a realizar por el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Para cada uno de los 
sectores a inspeccionar, se incluirá el número de sujetos obligados sobre los que se llevarán a 
cabo las inspecciones por tipología, incluyendo los criterios de selección de las entidades y la 
determinación de los aspectos principales que van a abordarse en la inspección.
4.  Inspecciones a realizar por el Banco de España. Se incluirá el número de sujetos 
obligados sobre los que se llevarán a cabo las inspecciones por tipología, incluyendo los 
criterios de selección de las entidades y la determinación de los aspectos principales que 
van a abordarse en la inspección.
5.  Inspecciones a realizar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en caso de 
Convenio). Se incluirá el número de sujetos obligados sobre los que se llevarán a cabo las 
inspecciones  por  tipología,  incluyendo  los  criterios  de  selección  de  las  entidades  y  la 
determinación de los aspectos principales que van a abordarse en la inspección.
6.  Inspecciones  a  realizar  por  la  Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de 
Pensiones (en caso de Convenio). Se incluirá el número de sujetos obligados sobre los  s
que  se  llevarán  a  cabo  las  inspecciones  por  tipología,  incluyendo  los  criterios  de  oe.
selección de las entidades y la determinación de los aspectos principales que van a  w.
ianbdoicr7da. arársnIne ls aepsne  icnlacs ipoinenscepcsei occncoieónsnju .cnotnajsu nat arse aplliaznairf iceandtraes , lolass  daiusttoinrtidoas dóersg aqnuoes i nsteurpveernvdisroárne se.n  Sseu   2021-5112n https://w
realización y los criterios de riesgo que han determinado la selección. Asimismo, se
indicará el reparto de tareas de las autoridades participantes y el calendario previsto. Bc