BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51  Viernes 28 de febrero de 2020  Sec. I.   Pág. 18501
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
2837 Real Decreto 371/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Extracciones Marítimas.
El título VI de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, dedicado a los 
accidentes de la navegación, regula en su capítulo IV el régimen jurídico de los bienes 
naufragados o hundidos. Tras ocuparse en la Sección 1.ª de los derechos de propiedad de 
tales bienes, la Sección 2.ª, que es la que ahora se desarrolla, establece el régimen básico 
al que han de sujetarse las extracciones marítimas.
La materia reviste especial importancia por las múltiples implicaciones que posee. 
Los buques y otros bienes naufragados o hundidos continúan siendo objeto del derecho 
de propiedad, pudiendo representar la extracción de sus restos un beneficio económico. 
Pero, además, pueden suponer, en primer lugar, un obstáculo para la navegación, el 
tráfico portuario o la pesca o representar un peligro de contaminación marina, 
disponiendo el artículo 369 de la mencionada Ley que las normas sobre remoción de 
tales buques serán en todo caso de aplicación preferente. Pueden ser objeto, igualmente, 
de salvamento si las tareas para reflotarlos o extraerlos se inician de inmediato, en cuyo 
caso se regirán por sus preceptos propios. Puede ocurrir que los bienes hundidos sean 
de comercio prohibido o restringido, supuesto que también determinará la aplicación de 
su legislación específica. Puede tratarse de buques de Estado y en particular de guerra, 
españoles o extranjeros, merecedores de especial protección por las circunstancias en 
que se perdieron. Pueden, en fin, los buques o bienes naufragados o hundidos formar 
parte del patrimonio cultural, supuesto que también determinará la aplicación de su 
normativa específica.
Este real decreto, que se dicta en virtud de la habilitación conferida al Gobierno en el 
apartado 2 de la disposición final novena de la Ley 14/2014, de 24 de julio, tiene por 
objeto desarrollar el régimen de las extracciones marítimas que en la misma se 
establece. El legislador ha optado por mantener la tradicional competencia de la Armada 
para autorizar las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de los 
buques y bienes naufragados o hundidos, reconociendo su condición de actor 
especialmente cualificado por su conocimiento del entorno marítimo y por estar dotado 
de los medios adecuados (buques de vigilancia y científicos, bases de datos 
cartográficas, archivos, etc.) para garantizar, junto con otros agentes, la protección de 
tales restos.
Se regulan con cierto detalle las autorizaciones para las operaciones de exploración, 
rastreo y localización de buques y bienes naufragados o hundidos, estableciendo un 
régimen general en el capítulo II, que quedaría desplazado cuando existieran normas 
especiales aplicables, todo ello con la finalidad de facilitar las tareas de inspección para 
tratar de evitar el expolio de los bienes que forman parte del patrimonio cultural 
subacuático.
En cuanto a las operaciones de extracción, la norma establece un régimen general  s
para la autorización de las operaciones de extracción en el capítulo III, sin perjuicio de  oe.
las especialidades que resultarán de aplicación cuando el objeto de la extracción sean  w.
bienes cuya propiedad haya prescrito a favor del Estado, que se tratan en el capítulo IV.  37ww
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particularidades propias de la materia las normas que para la enajenación por concurso
de bienes patrimoniales se contienen en el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.
Atribuyendo la Ley, en el artículo 382.2, competencias plenas a la Armada para la 
protección de los buques de Estado españoles naufragados o hundidos, el real decreto 
contempla también ciertas manifestaciones de dicha protección y regula el particular 
régimen al que en este caso han de sujetarse las operaciones de exploración, rastreo, 
localización y extracción de aquellos. Entre las medidas de protección, se opta por aplicar 
criterios propios del patrimonio cultural subacuático, tales como la conservación in situ y el 
respeto a los restos humanos, a todos los buques de Estado naufragados o hundidos, 
tanto por la garantía de conservación que ello supone, como por la incuestionable realidad 
de que el paso del tiempo los irá transformando en patrimonio cultural subacuático. En 
cuanto a la extracción de los mismos, únicamente se prevé cuando existan razones 
históricas, culturales, de vulnerabilidad o de otra índole que la hagan necesaria o 
conveniente para su protección.
Las citadas previsiones serán igualmente aplicables a aquellos supuestos en los que 
los buques de Estado españoles naufragados o hundidos formen parte del patrimonio 
cultural subacuático. La particularidad de estos supuestos vendrá determinada porque, 
cuando concurra esta circunstancia, la intervención administrativa de la Armada en relación 
con las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción no será suficiente 
por sí sola, resultando precisa, además, la de las autoridades competentes conforme a la 
legislación sobre patrimonio histórico y cultural.
Finalmente, en la tramitación de este real decreto se solicitó informe a los anteriores 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Ministerio de Fomento.
Con posterioridad, se sometió a trámite de audiencia e información pública, previsto en 
el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a través del portal 
web del Ministerio de Defensa y se solicitaron nuevos informes a los antiguos Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente.
Por todo lo anterior, este proyecto de real decreto se adecúa a los principios de buena 
regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio 
de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, este 
real decreto consta incluido en el plan anual normativo de 2018.
La disposición final tercera, apartado 1, del Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, habilita al Gobierno, a propuesta conjunta de 
los Ministros de Defensa y Fomento, para modificar o derogar las disposiciones 
contenidas en el título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, por la que se regulan los 
auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, en vigor en calidad 
de normas reglamentarias, por virtud, de forma sucesiva, del apartado 2 de la disposición 
final segunda de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, de la disposición final tercera de su Texto Refundido, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, y de la disposición derogatoria única de 
la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. es
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro de Transportes,  o
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DISPONGO:
Artículo único.  Aprobación del Reglamento de Extracciones Marítimas.
Se aprueba el Reglamento de Extracciones Marítimas cuyo texto se incluye a 
continuación.
Disposición adicional primera.  No incremento del gasto público ni de plantilla.
Las medidas incluidas en este Reglamento no podrán suponer incremento de 
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición adicional segunda.  Determinación de las autoridades competentes.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Defensa a determinar la autoridad de 
la Armada a la que corresponda el ejercicio de las competencias que en este Reglamento 
se atribuyen al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, cuando sea necesario como 
consecuencia de cambios en la estructura orgánica de la Armada.
Disposición adicional tercera.  Mesas de licitación.
Se podrán encomendar las labores de la mesa de licitación a las que se refiere el 
artículo 21 de este Reglamento aquellos órganos permanentes de la Armada que tengan 
atribuidas competencias para la enajenación de bienes o materiales, en los que se 
integrarán los vocales a los que se refiere el apartado 1 de aquel precepto en el caso de 
que no formen parte de los mismos.
Disposición transitoria única.  Expedientes en tramitación.
Los expedientes administrativos sobre extracciones marítimas que se hallaren en 
tramitación a la entrada en vigor del presente real decreto seguirán rigiéndose hasta su 
completa terminación por las disposiciones de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, que 
regula los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos y 
del Decreto 984/1967, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación 
de dicha Ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas:
a)  El capítulo IV del título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre auxilios, 
salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos.
b)  El capítulo V del Decreto 984/1967, de 20 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento para aplicación de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, que regula los 
auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos.
2.  Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta norma se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución  o
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Disposición final segunda.  Facultades de desarrollo.
Se faculta a las personas titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, en el ámbito de sus competencias, 
puedan dictar las normas que sean necesarias para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 18 de febrero de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO
REGLAMENTO DE EXTRACCIONES MARÍTIMAS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto desarrollar el régimen de las extracciones 
marítimas regulado el título VI, capítulo IV, sección 2.ª, de la Ley 14/2014, de 24 de julio, 
de Navegación Marítima.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  Las disposiciones de este real decreto se aplicarán:
a)  A las operaciones de exploración, rastreo y localización de buques y bienes 
naufragados o hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles.
b)  A las operaciones de extracción de buques y bienes naufragados o hundidos en 
las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles.
c)  A las operaciones de extracción de buques y bienes de propiedad del Estado, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 374 de la Ley de Navegación Marítima.
d)  A las operaciones de extracción de bienes de comercio prohibido o restringido que 
se desarrollen en los espacios marítimos españoles, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 381 y 383 de la Ley de Navegación Marítima.
e)  A las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de buques y 
embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos.
2.  Las operaciones previstas en las letras a) y b) del apartado anterior que hayan de 
tener lugar dentro del dominio público portuario estatal se regirán por la legislación 
portuaria.
3.  Las normas sobre remoción de buques naufragados o hundidos serán de 
aplicación preferente cuando los restos de los buques constituyan un obstáculo o peligro 
para la navegación o el tráfico portuario.
4.  Los restos de buques de guerra extranjeros hundidos o naufragados en espacios 
marítimos españoles se regirán por lo previsto en el apartado 3 del artículo 382 de 
la Ley 14/2014, de 24 de julio.
Los convenios que se suscriban por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación respecto de los buques de guerra extranjeros hundidos o 
naufragados en espacios marítimos españoles estarán encaminados a establecer un 
marco de colaboración con el Estado del pabellón que permita la contribución y 
participación de las instituciones españolas en el estudio, investigación y protección del 
pecio de que se trate.
Artículo 3.  Aeronaves de Estado.
Todas las referencias que se hacen en este real decreto a los buques y embarcaciones 
de Estado naufragados o hundidos se entenderán asimismo hechas a las aeronaves 
de Estado que se hallen en dicha situación.
Artículo 4.  Silencio administrativo. bo
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
CAPÍTULO II
De las operaciones de exploración, rastreo y localización de buques y bienes 
naufragados o hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial 
españoles
Artículo 5.  Competencia.
Toda operación de exploración, rastreo o localización de buques y bienes naufragados 
o hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles requerirá 
autorización previa de la Armada.
La Armada otorgará la autorización para tales operaciones a quien acredite ser el 
propietario de los buques o bienes hundidos o, en otros casos, discrecionalmente y sin 
carácter exclusivo.
Artículo 6.  Solicitudes.
1.  Las solicitudes se dirigirán al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y 
contendrán, debidamente justificados documentalmente, los siguientes extremos:
a)  Los datos de identificación de la persona física o jurídica que formula la solicitud.
b)  Los datos de identificación de la persona física o jurídica que vaya a realizar los 
trabajos.
c)  El buque o los bienes cuya exploración, rastreo o localización se pretende.
d)  La situación de los derechos de propiedad sobre los mismos, si constare, con 
particular referencia a los derechos sobre el cargamento del buque, si constaren.
e)  La fecha y lugar de hundimiento de los mismos, si constare.
f)  La zona en la que se pretende actuar.
g)  Las fechas en las que se realizarán los trabajos.
h)  Los buques con los que se realizarán los trabajos, junto con el consentimiento 
previo por escrito de su propietario o armador para que los miembros de las dotaciones de 
la Armada o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan subir a bordo durante la 
realización de los trabajos a fin de llevar a cabo labores de inspección de los mismos.
i)  Los medios técnicos que vayan a utilizarse.
2.  Las solicitudes de las personas jurídicas deberán presentarse a través de medios 
electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
3.  Las solicitudes de las personas físicas podrán presentarse a través de cualquiera 
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  Cuando las solicitudes no sean presentadas por el propietario de los buques o 
bienes naufragados o hundidos, las mismas deberán ir acompañadas de un documento en 
el que conste el consentimiento expreso de aquél para realizar tales trabajos, salvo que se 
justifique debidamente que la titularidad del buque o del bien objeto de exploración, rastreo 
o localización no constare.
Artículo 7.  Autorizaciones.
1.  Con carácter previo a la resolución que corresponda, el Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada podrá disponer la práctica de cuantas actuaciones estime oportunas  es
en orden a la acreditación de los extremos contenidos en la solicitud. bo
2.  La resolución concediendo o denegando la autorización se notificará a las  37ww
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forma y en los plazos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
4.  Con el fin de facilitar las tareas de inspección, en las autorizaciones que se 
concedan deberán constar de forma expresa todos y cada uno de los extremos que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ha de contener el escrito de solicitud.
5.  De las autorizaciones concedidas se dará cuenta a la Delegación del Gobierno, así 
como a los Ministerios competentes en las materias de marina mercante y de costas y 
medio marino.
6.  Cuando existan razones debidamente justificadas en la resolución de concesión 
de la autorización, la Armada podrá someter esta a la condición de que los trabajos 
correspondientes se desarrollen con la presencia a bordo de un representante suyo o de 
cualquier otro sector de la administración pública con interés en la localización de los 
restos de que se trate.
Artículo 8.  Ejecución.
1.  Los que resulten autorizados darán cuenta del inicio de los trabajos y de cuantas 
incidencias se produzcan a lo largo de las operaciones a la autoridad de la Armada que 
designe el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada en la resolución de autorización.
2.  Durante la ejecución de los trabajos deberán facilitarse las labores de vigilancia e 
inspección, incluso a bordo, por parte de la Armada, con la presencia a bordo de un 
representante suyo o de cualquier otro sector de la administración pública con interés en 
la localización de los restos de que se trate.
3.  A la finalización de los trabajos deberá rendirse un informe dirigido al Almirante 
Jefe del Estado Mayor de la Armada y presentado ante la autoridad supervisora, en el que 
se expresen las concretas operaciones llevadas a cabo, las zonas en que han tenido lugar 
y los resultados de las mismas.
CAPÍTULO III
De las operaciones de extracción de buques y bienes naufragados o hundidos en 
las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles
Artículo 9.  Régimen jurídico.
En tanto no se produzca la prescripción a favor del Estado prevista en el artículo 374.1 
de la Ley 14/2014, de 24 de julio, la extracción de buques y bienes naufragados o hundidos 
en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles se realizará mediante 
autorización concedida a sus propietarios o a los terceros con quienes aquellos hayan 
concertado un contrato de cualquier clase válido en Derecho.
Artículo 10.  Solicitudes.
1.  Las solicitudes se dirigirán al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y 
contendrán, debidamente justificados documentalmente, los siguientes extremos:
a)  Los datos de identificación de la persona física o jurídica que formula la solicitud.
b)  Los datos de identificación de la persona física o jurídica que vaya a realizar los 
trabajos.
c)  El buque o los bienes cuya extracción se pretende. e.
d)  La fecha y el lugar de hundimiento, si constaren. w.b
e)  La documentación que acredite los derechos de propiedad sobre el buque, con  37ww
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g)  Un estudio económico-financiero.
h)  El consentimiento previo por escrito del propietario o armador de los buques que 
vayan a ser utilizados para la extracción para que los miembros de las dotaciones de 
la Armada, o de cualquier otro sector de la administración pública con interés en la 
extracción de los restos de que se trate, puedan subir a bordo durante la realización de los 
trabajos, a fin de llevar a cabo labores de inspección de los mismos.
2.  Las solicitudes de las personas jurídicas deberán presentarse a través de medios 
electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
3.  Las solicitudes de las personas físicas podrán presentarse a través de cualquiera 
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 11.  Proyecto de extracción.
El proyecto de extracción, que deberá estar suscrito por técnico competente contendrá 
los siguientes documentos:
a)  Memoria justificativa y descriptiva de la extracción, con justificación de su viabilidad 
técnica, en la que se incluirá la situación y contenido de los restos, el sistema de ejecución 
y los medios técnicos que requerirá la extracción, el grado de ocupación del dominio 
público marítimo-terrestre que pueda ser necesario, el programa de ejecución de los 
trabajos, el destino que vaya a darse a los restos extraídos y cuantos otros datos sean 
relevantes para decidir sobre la autorización.
b)  Información cartográfica sobre la situación de los restos y, si está disponible, 
fotográfica de los mismos, así como los planos de la ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre que sea necesario realizar durante la ejecución de los trabajos.
c)  Medidas que habrán de adoptarse para el restablecimiento de las afecciones que 
hayan podido producirse respecto del dominio público marítimo-terrestre.
d)  Determinación de la posible afección al medio marino y en particular a los espacios 
de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros dotados de figuras de protección ambiental, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, y en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del 
medio marino. En todo caso el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al 
ámbito de la actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al 
menos 500 metros de ancho, así como la identificación de los riesgos que los restos y su 
extracción pueden representar para la contaminación del medio marino y las medidas 
correctoras que se van a adoptar conforme a la legislación vigente para su salvaguardia.
e)  Para el caso concreto de proyectos de extracción que requieran bien la ejecución 
de obras o instalaciones en las aguas marina, su lecho o su subsuelo, bien la colocación 
o depósito de materias u otras sustancias sobre el fondo marino o su subsuelo, así como 
los vertidos, el proyecto deberá incluir una evaluación del fondo marino donde se pretenda 
realizar la actuación, así como de los efectos que la misma pueda causar en el medio 
marino y en las actividades humanas en el mar.
f)  Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas.
Artículo 12.  Estudio económico-financiero.
El estudio económico-financiero expondrá las previsiones sobre la viabilidad económica 
de la extracción y contendrá:
a)  Relación de gastos previstos, incluyendo los de personal, medios técnicos a  oe.
emplear, consumos energéticos, medidas correctoras, cánones y tributos a satisfacer y  w.
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podrán extraerse y la valoración de los mismos, incluyendo el método de valoración
empleado. Bc
c)  Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos.
Artículo 13.  Instrucción del procedimiento.
1.  Iniciado el procedimiento, el instructor designado por el Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada llevará a cabo un trámite de información pública mediante anuncios 
publicados en las Capitanías Marítimas correspondientes a la matrícula del buque y al lugar 
del accidente y en el «Boletín Oficial del Estado», dando cuenta del inicio del expediente de 
extracción a fin de que, en el plazo de un mes, puedan personarse y formular alegaciones 
tanto quienes se consideren con algún derecho sobre lo que se pretende extraer, como 
quienes presenten cualquier interés legítimo sobre la extracción en sí misma, aportando en 
ambos casos la documentación que acredite sus derechos o intereses.
2.  Se recabarán, asimismo, cuantos informes se estimen precisos para la resolución 
del procedimiento de extracción. En todo caso, deberán solicitarse y tendrán carácter 
vinculante los informes de los Ministerios competentes en las materias de marina mercante 
y de costas y medio marino. Estos informes deberán haberse evacuado en un plazo de 
diez días, conforme al artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin embargo, el 
plazo máximo para resolver, al tratarse de informes preceptivos, se podrá suspender por 
el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Este plazo de suspensión 
no podrá exceder de tres meses con arreglo a lo establecido en el artículo 22.1.d) de esa 
misma ley. Si no se hubieran recibido los informes en el plazo de tres meses, se podrán 
proseguir las actuaciones.
3.  Igualmente podrá valorarse por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada 
la conveniencia de que por unidades de la Armada se realice un estudio previo sobre la 
situación de los restos, la viabilidad técnica de la extracción y los riesgos que la misma 
pueda comportar. Asimismo, podrá recabar del órgano de la Armada competente en la 
materia un informe sobre la rentabilidad prevista en el estudio económico-financiero del 
proyecto.
Artículo 14.  Resolución.
1.  Concluidos los trámites de información pública e informes y dado trámite de 
audiencia a los interesados en el procedimiento, el instructor elevará el expediente 
al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada con su propuesta de resolución.
2.  El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada dictará resolución y la notificará 
en el plazo máximo de dos meses a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en 
su registro. La resolución será motivada autorizando o denegando la extracción. En el 
primer caso, fijará las condiciones y plazos en los que deben realizarse los trabajos, a cuya 
conclusión volverá a correr el plazo de prescripción a favor del Estado según lo previsto en 
el artículo 375 de la Ley 14/2014, de 24 de julio.
3.   Contra las resoluciones del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada en la 
forma y en los plazos señalados en las normas reguladoras del procedimiento 
administrativo común.
4.  Las solicitudes podrán ser denegadas cuando no se acrediten en debida forma los 
derechos de propiedad, cuando no se acredite la relación contractual con el propietario en 
su caso, cuando exista un riesgo elevado de contaminación o de producir otro tipo de daño 
al medio marino que no haya sido adecuadamente previsto en el proyecto básico, o 
cuando exista un interés público para la denegación atendiendo a las circunstancias en 
que se produjo el hundimiento o naufragio, especialmente respecto de la pérdida de vidas 
humanas. e.e
5.  Las autorizaciones que se concedan se pondrán en conocimiento de la Delegación  b
del Gobierno, así como a los Ministerios competentes en las materias de marina mercante  37ww
y de costas y medio marino.
Artículo 15.  Ejecución.
1.  Los que resulten autorizados darán cuenta, del inicio de los trabajos y de cuantas 
incidencias se produzcan durante las operaciones, a la autoridad de la Armada que 
designe el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada en la resolución de autorización.
2.  Durante la ejecución de los trabajos deberán facilitarse las labores de vigilancia e 
inspección, incluso a bordo, por parte de la Armada, con la presencia a bordo de un 
representante suyo, o de cualquier otro sector de la administración pública con interés en 
la extracción de los restos de que se trate.
3.  De no iniciarse o finalizarse la extracción en los plazos fijados en la autorización 
por causas imputables al interesado, la misma quedará extinguida, volviendo a correr en 
todo caso el plazo de prescripción establecido en el artículo 374 de la Ley 14/2014, de 24 
de julio.
CAPÍTULO IV
De las operaciones de extracción de buques y bienes de propiedad del Estado
Artículo 16.  Expediente previo.
1.  La extracción de los buques o bienes naufragados o hundidos cuya propiedad 
haya prescrito en favor del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 374 de 
la Ley 14/2014, de 24 de julio, requerirá la previa instrucción de un expediente, el cual 
podrá iniciarse de oficio por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, sea por 
propia iniciativa, por orden superior o por petición razonada de otros órganos, o a solicitud 
de parte interesada en la extracción de aquellos.
2.  Las primeras actuaciones serán las tendentes a acreditar la fecha del naufragio o 
hundimiento, las características de los bienes a extraer, el nombre y matrícula o registro en 
el caso de buques, así como si subsisten derechos de los propietarios o concesionarios de 
una extracción anterior.
A estos efectos, el instructor designado por el Almirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada se dirigirá a las Capitanías Marítimas correspondientes al lugar del accidente y 
al de matrícula del buque, así como al Registro de Buques y Empresas Navieras y 
al Registro de Bienes Muebles (Sección de Buques).
3.  Se practicará un trámite de información pública mediante anuncios publicados en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en otros lugares en que se estime conveniente para mayor 
publicidad, dando cuenta del inicio del expediente de extracción a fin de que, en el plazo 
de un mes, puedan personarse y formular alegaciones tanto quienes se consideren con 
algún derecho sobre lo que se pretende extraer, como quienes presenten cualquier interés 
legítimo sobre la extracción en sí misma, aportando en ambos casos la documentación 
que acredite sus derechos o intereses.
4.  Se recabarán, asimismo, cuantos informes se estimen precisos para resolver tanto 
acerca de la necesidad o conveniencia de llevar a cabo la extracción, como de que ésta se 
realice directamente por el Estado. En todo caso, deberán solicitarse, y tendrán carácter 
vinculante los informes de la Autoridad Portuaria y de los Ministerios competentes en las 
materias de marina mercante y de costas y medio marino. Estos informes deberán haberse 
evacuado en un plazo de diez días, conforme al artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, sin embargo, el plazo máximo para resolver, al tratarse de informes preceptivos, 
se podrá suspender por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe.  e
Este plazo de suspensión no podrá exceder de tres meses con arreglo a lo establecido en  bo
el artículo 22.1.d) de esa misma Ley. Si no se hubieran recibido los informes en el plazo de  37ww
tres 5m. esIgeus,a slme epnotder, ápno dprráo sveaglourira rlasse  apcotru ealc Aiolnmeirsa.nte Jefe del Estado Mayor de la Armada
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pueda comportar.
6.  Concluida la instrucción y practicado, en su caso, el trámite de audiencia a los 
interesados, el instructor formulará, en el plazo de diez días, propuesta de resolución en la 
que se pronunciará acerca de la necesidad o conveniencia de llevar a cabo la extracción 
y, en su caso, sobre la conveniencia de que aquella se realice por el Estado, por existir un 
interés público en el aprovechamiento directo de los restos extraídos, o si, por el contrario, 
resulta preferible la adjudicación de la extracción y de los restos extraídos mediante 
concurso con arreglo a la legislación de patrimonio de las Administraciones Públicas. 
El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada dictará resolución en el plazo máximo de 
dos meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La falta de resolución expresa tendrá 
los efectos del artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7.  En el caso de que el origen de la extracción sea a solicitud de una parte interesada, 
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada dictará la resolución por la que se 
determinará sobre la necesidad o conveniencia de llevar a cabo la extracción y la notificará 
a la parte interesada en el plazo de diez días desde que haya recibido la propuesta de 
resolución del instructor nombrado a tal efecto y sin exceder el plazo de dos meses desde 
la fecha en que la solicitud tuvo entrada en el registro de aquella autoridad. Contra esta 
resolución podrá interponerse recurso de alzada en los mismos términos establecidos en 
el artículo 14.3 de esta disposición. Trascurrido el plazo máximo sin haberse notificado 
resolución expresa el silencio tendrá efecto desestimatorio con arreglo a lo establecido en 
el artículo en el artículo 24.1 párrafo segundo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 17.  Adjudicación de la extracción mediante concurso.
1.  Cuando por no convenir al Estado la extracción o aprovechamiento directo de los 
buques o bienes naufragados o hundidos se resuelva concederla mediante concurso, esta 
decisión llevará implícita la declaración de alienabilidad del buque o bienes a que se 
refiera, o, en su caso, la declaración del aprovechamiento directo de los buques o bienes.
2.  El concurso se desarrollará con arreglo a la legislación de patrimonio de 
las Administraciones Públicas.
Artículo 18.  Pliego de condiciones.
1.  Acordada la convocatoria del concurso, se unirá al expediente un pliego de 
condiciones del mismo que deberá contener, cuanto menos, los siguientes extremos:
a)  Descripción física y jurídica del buque o bienes objeto de extracción, con inclusión 
de los datos registrales, con expresa mención de cargas y gravámenes, si los tuviere, o de 
su naturaleza litigiosa.
b)  Tasación inicial del buque o bienes objeto de extracción, que determinará el tipo 
de licitación.
c)  Modo de presentación de ofertas y forma en que se desarrollará la licitación.
d)  Modo de constitución de la garantía y de pago del precio.
e)  Criterios para la admisión de licitadores y para la adjudicación del concurso, y su 
ponderación.
f)  Garantías que deben constituirse para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones y formas o modalidades que puedan adoptar.
g)  Derechos y obligaciones específicas de las partes.
h)  Causas especiales de resolución del negocio.
i)  Documentación preceptiva y modo de presentación. es
2.  El pliego de condiciones del concurso se someterá a informe de la correspondiente  w.
Asesoría Jurídica de la Armada. 37ww
Artículo 19.  Convocatoria pública.
1.  Una vez aprobado el pliego de condiciones que han de regir el concurso de la
extracción, se procederá a la convocatoria del mismo por medio de la publicación del
anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de utilizar cuantos 
otros medios se estimen convenientes para dar mayor publicidad a la misma.
2.  En la convocatoria se recogerá:
a)  El lugar, día y hora de celebración del acto público de apertura de ofertas.
b)  El objeto del concurso.
c)  El lugar de consulta o modo de acceso al pliego de condiciones y la documentación 
del expediente.
d)  Plazo durante el cual los interesados podrán presentar las ofertas y la 
documentación correspondiente, el registro ante el que podrá presentarse y las cautelas 
que deberán observarse si la presentación se realizase por correo certificado.
Artículo 20.  Presentación de documentación.
Cada oferente podrá presentar una única proposición que se ajustará a las 
especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, debiendo presentarse la 
documentación en dos sobres cerrados. El primero de ellos contendrá la documentación 
acreditativa de la personalidad, capacidad y representación en su caso del licitador, y la 
que acredite su solvencia, así como la declaración responsable de no estar incurso en la 
prohibición recogida en el artículo 95.2 del Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, y de no incurrir en ninguna situación de incompatibilidad según la normativa 
específica aplicable, y el documento acreditativo de la constitución de la garantía.
En el segundo sobre se incluirá la proposición del licitador, que abarcará la totalidad de 
los aspectos del concurso, incluido el precio ofertado. En este segundo sobre deberán 
incluirse el proyecto y el estudio económico-financiero de la extracción, elaborados 
conforme a lo que se establece en los artículos 11 y 12 de este real decreto.
Artículo 21.  Mesa de licitación.
1.  Dentro los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo fijado para la 
presentación de proposiciones se constituirá la mesa de licitación, que estará formada por 
un presidente, un vocal secretario y un asesor jurídico, todos ellos designados por 
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada Marítima entre personal bajo su 
dependencia, así como por un vocal técnico y un interventor, designados a petición del 
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada por las autoridades del Ministerio 
de Defensa que en cada caso correspondan.
2.  La mesa procederá a examinar la documentación recogida en el primer sobre y, si 
apreciara la existencia de errores subsanables, lo notificará a los interesados para que en 
un plazo máximo de cinco días procedan a dicha subsanación. Transcurrido este plazo, la 
mesa determinará qué licitantes se ajustan a los criterios de selección señalados en el 
pliego.
Artículo 22.  Apertura de sobres.
1.  En el lugar y hora señalados en el anuncio y en acto público, se procederá a la 
lectura de la lista de licitantes admitidos y se realizará la apertura de los sobres que 
contengan las proposiciones económicas y técnicas del concurso, pudiendo rechazarse en 
el momento aquellas que se aparten sustancialmente del proyecto básico o comportasen 
error manifiesto. s
En el plazo máximo de un mes a contar desde la celebración de dicho acto, la mesa  e.
analizará las propuestas atendiendo a los criterios fijados en el pliego, y podrá solicitar,  w.
antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se  37ww
relacDioenteernm cinoand eal  poobrj elato m deesl ac olan cpurorspoo.sición más ventajosa, se levantará acta y se elevará
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propuesto.
2.  De la resolución dictada por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, por 
la que se conceda la extracción, se dará conocimiento a la Delegación del Gobierno, a los 
correspondientes Ministerios competentes en las materias de marina mercante y de costas 
y medio marino y, en su caso, a la Autoridad Portuaria competente.
Artículo 23.  Forma de las proposiciones económicas.
La proposición económica podrá realizarse por un tanto alzado o por el procedimiento 
de reserva a favor del Estado de un tanto por ciento del valor final de lo extraído.
Artículo 24.  Criterios de adjudicación.
La adjudicación se realizará a la oferta más ventajosa en su conjunto, valorando 
especialmente los aspectos técnicos de la misma y la previsión que se realice de los 
riesgos de contaminación que la extracción puede suponer y las medidas que se 
propongan para la salvaguardia del medio marino.
Artículo 25.  Garantía y pago del precio.
1.  Para optar a la concesión de la extracción los interesados deberán constituir una 
garantía equivalente al diez por ciento del tipo de licitación, en la forma y lugar que se 
señalen, lo que en ningún caso otorgará derecho alguno a aquella. Dicho depósito se 
devolverá a quienes no resulten finalmente adjudicatarios. La garantía se constituirá ante 
la Caja General de Depósitos en los términos previstos en el Real Decreto 161/1997, de 7 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
2.  La resolución por la que se acuerde conceder la extracción se notificará a todos 
los licitadores admitidos a la licitación, que, en el caso de haber hecho su proposición 
económica por el procedimiento de tanto alzado, deberá completar el pago del precio en 
el plazo de un mes desde la firma del contrato de concesión de la extracción, si bien dicho 
plazo podrá modificarse motivadamente. A dicho pago se aplicará la cantidad ya entregada 
para la constitución de la garantía.
En el caso de que la proposición económica de quien resulte adjudicatario se hubiera 
hecho por el procedimiento de reserva a favor del Estado de un tanto por ciento del valor 
de lo extraído, los efectos extraídos deberán quedar depositados en el lugar que se 
designe sometidos a inspección por la Armada, no pudiendo disponer de ellos libremente 
el extractor hasta que, valorado oficialmente lo extraído y abonado el tanto por ciento que 
corresponda al Estado, se considere liquidado el contrato. No obstante, el Almirante Jefe 
del Estado Mayor de la Armada podrá autorizar entregas parciales, cuando éstas sean 
valoradas y se deposite el tanto por ciento correspondiente a su valor a cuenta de la 
liquidación definitiva.
3.  Si el adjudicatario renunciase a la concesión de la extracción, o no atendiese a las 
obligaciones que le corresponden, o no formalizase el contrato por causas que le fueran 
imputables, perderá el depósito constituido en concepto de garantía, sin menoscabo de la 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
En ambos casos podrá procederse, bien a la adjudicación a la segunda oferta más 
ventajosa, bien a la declaración motivada del concurso como desierto.
Artículo 26.  Firma del contrato.
1.  Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación del concurso  e.
se procederá a la firma del contrato de concesión de la extracción, cuyas cláusulas habrán  w.
de ser previamente informadas por la Asesoría Jurídica. 37ww
del EEsl tcaodnot rMaatoy osre d seu lsac Arirbmiraád pa oor  leal  acuotonrciedasido nsuabrioor ddien alad ae exntr alac cqiuóen  dye leelg Aulem sirua fnirtme aJ.efe
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del mismo, la entrega de la cantidad a tanto alzado o del tanto por ciento del valor de lo
extraído y el resto de condiciones de la extracción, pudiendo señalarse las mismas por 
referencia a la documentación técnica presentada por el adjudicatario.
Artículo 27.  Ejecución.
El concesionario de la extracción deberá realizar los trabajos en los plazos fijados, 
dando cuenta de su inicio a la autoridad de la Armada que se designe en el contrato, a la 
que, como responsable de supervisar el desarrollo de aquellos, deberá mantenerse 
informada de cuantas incidencias se produzcan a lo largo de las operaciones.
Artículo 28.  Inspección.
1.  Durante la ejecución de los trabajos, el concesionario deberá facilitar la vigilancia 
e inspección de los mismos, incluso a bordo, por parte de la Armada, con la presencia a 
bordo de un representante suyo, o de cualquier otro sector de la administración pública 
con interés en la extracción de los restos de que se trate.
2.  Las autoridades de la Armada responsables de la supervisión de los trabajos 
deberán inspeccionar la ejecución de los mismos y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas en el contrato, a cuyo efecto recibirán una copia de los documentos necesarios, 
pudiendo proponer y, en caso de urgencia, ordenar la suspensión de las operaciones de 
extracción cuando adviertan alguna anomalía, dando cuenta inmediata al Almirante Jefe 
del Estado Mayor de la Armada para adopción de las medidas necesarias para corregirla 
o la resolución definitiva del contrato, si fuera procedente.
Artículo 29.  Resolución del contrato.
La no iniciación dentro del plazo previsto, la suspensión no autorizada de las 
operaciones de extracción o el incumplimiento de las condiciones exigidas en el contrato 
de concesión serán causas de resolución del mismo.
La resolución del contrato será acordada por el Almirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada previo informe de su Asesoría Jurídica.
De la resolución del contrato se dará cuenta a los órganos a los que se comunicó la 
concesión de la extracción.
CAPÍTULO V
De las operaciones de extracción de armas, municiones, explosivos u otro 
material militar que pueda afectar a la Defensa Nacional, así como de objetos 
pertenecientes al patrimonio cultural subacuático y demás bienes de comercio 
prohibido o restringido
Artículo 30.  Régimen jurídico.
1.  Además de al régimen que, en atención a su titularidad particular o estatal, les sea 
aplicable conforme a las disposiciones este real decreto, la extracción de armas, 
municiones, explosivos u otro material militar que pueda afectar a la Defensa Nacional, así 
como de objetos pertenecientes al patrimonio cultural subacuático y demás bienes de 
comercio prohibido o restringido quedará, asimismo, sujeta a las normas especiales que 
en cada caso resulten de aplicación.
2.  Se regirán por las normas reguladoras de la contratación del sector público los  e.
contratos que la Armada haya de celebrar con personas físicas o jurídicas privadas para la  w.b
extracción de tales bienes. En estos casos, en el expediente de contratación deberán  37ww
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CAPÍTULO VI
De las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de buques y 
embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos
Artículo 31.  Deber de respeto.
1.  Los restos de los buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o 
hundidos que constituyan lugares de enterramiento permanente de sus dotaciones 
deberán ser respetados como tales, evitando perturbar innecesariamente los restos 
humanos y sitios venerados.
2.  Para hacer efectivo tal deber de respeto, la conservación in situ será el criterio 
prioritario para la protección de los restos y sólo podrá procederse a su extracción cuando, 
además de las situaciones en que sea necesaria para la seguridad de la navegación, 
existan razones históricas, culturales, de vulnerabilidad o de otra índole que la hagan 
necesaria o conveniente.
Artículo 32.  Protección.
1.  La Armada fomentará la protección de los restos de tales buques mediante 
acciones que conduzcan a su localización, identificación, estudio, catalogación, vigilancia 
y control.
A tales fines, el Ministerio de Defensa promoverá la suscripción de convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas o con instituciones públicas o privadas.
2.  Cuando sea necesario para su protección, los datos de situación y los catálogos 
de contenidos de los restos de tales buques podrán ser clasificados con arreglo a las 
normas sobre secretos oficiales o a las propias del Ministerio de Defensa en materia de 
seguridad de la información.
3.  Se fomentarán las acciones que puedan conducir a la firma de acuerdos bilaterales 
con Estados en cuyos espacios marítimos haya constancia de que existen restos de 
buques de Estado españoles naufragados o hundidos, mediante los que se localicen, 
identifiquen, estudien y protejan los mismos.
Artículo 33.  Remoción de buques de Estado naufragados o hundidos.
La autoridad de la Administración Marítima o Portuaria que acuerde la aplicación de la 
normativa de remoción a restos de buques de Estado deberá notificarlo a la Armada con 
carácter previo al inicio de los trabajos de remoción, a fin de que puedan adoptarse las 
medidas necesarias para la conservación de los restos que sean de interés.
Artículo 34.  Exploración, rastreo y localización.
Las operaciones de exploración, rastreo y localización de buques de Estado españoles 
naufragados o hundidos, cualquiera que sea el lugar en el que se encuentren, requerirán 
autorización de la Armada, que se concederá de conformidad con las normas contenidas 
en el capítulo II de este real decreto.
Toda persona que localice restos de tales buques deberá ponerlo en conocimiento de 
la autoridad de la Armada más próxima a su lugar de arribada a fin de que se adopten 
sobre ellos las medidas de protección, estudio, catalogación y conservación que sean 
necesarias. e.e
Artículo 35.  Extracción. 37ww
heustnedL riade oaAsl r dmceuacadrneadt oop  yos denr odá ee pnxri solatcase  ordaterzaro  anale telsar  naea lxtaitvsraa q cpucaeiór asn e s duree pf irbeourteeq cuecel isaó pnda yer t daEedsfoet an2ds doae. nl aaurtfírcaugloa d3o1s d eo   OE-A-2020-28able en https://
La Armada podrá realizar la extracción por sus propios medios o a través de un 
contrato de servicios, que se regirá por lo previsto en la legislación de contratos del sector 
público. También se podrán celebrar convenios con entidades públicas y privadas que 
tengan por finalidad la colaboración de las partes en la extracción.
Todos los trabajos de extracción de tales buques serán realizados bajo la dirección o 
supervisión de la Armada.
Artículo 36.  Buques y embarcaciones de Estado que formen parte del patrimonio cultural 
subacuático.
1.  Las operaciones de exploración, rastreo, localización y estudio de buques y 
embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos, sus restos y los de sus 
equipos y carga, que formen parte del patrimonio cultural subacuático, solo podrán 
autorizarse por la Armada una vez que previamente se haya obtenido la correspondiente 
autorización de la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
sobre patrimonio histórico y cultural.
2.  La Armada podrá realizar la extracción de los bienes a que se refiere el apartado 
anterior, con medios propios o a través de un contrato de servicios, que se regirá por lo 
previsto en la legislación de contratos del sector público. También se podrán celebrar 
convenios con entidades públicas y privadas que tengan por finalidad la colaboración de 
las partes en la extracción. Para dicha extracción la Armada deberá, contar con autorización 
previa de la autoridad que, conforme a la legislación sobre patrimonio histórico y cultural, 
resulte competente en la materia, y coordinarse con ella, tanto en lo que se refiere a las 
condiciones a que habrán de sujetarse las operaciones como en cuanto al destino que 
haya de darse a lo extraído, atendiendo en todo momento a lo establecido en la Convención 
sobre la protección del Patrimonio cultural subacuático de 2001.
3.  Cuando se trate de hallazgos casuales, el descubridor deberá comunicarlo 
inmediatamente a la Armada.