BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 70349
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
9741 Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil 
de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de 
mediación en el ámbito del derecho privado.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los  artículos  65  y  67  del  Estatuto  prevén  que  las  leyes  de  Cataluña  son 
promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad. De 
acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente Ley.
PREÁMBULO
La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, 
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, procuró facilitar 
el acceso a modalidades alternativas de resolución de litigios, así como fomentar su 
resolución amistosa, mediante la promoción del recurso a la mediación y la garantía de 
una relación razonable entre la mediación y el proceso judicial. El 26 de agosto de 2016, 
de conformidad con el artículo 11 de la Directiva, la Comisión Europea emitió un informe 
sobre la aplicación de la mediación en el que se ponía claramente de manifiesto que, si 
bien la mediación era beneficiosa generalmente en materia civil y mercantil, lo era aún 
más en el ámbito del derecho de familia, en que podía crear un ambiente constructivo 
para las negociaciones y garantizar un trato justo entre madres y padres. El Parlamento 
Europeo dictó las resoluciones de 13 de septiembre de 2011 y 12 de septiembre de 2017 
sobre la aplicación de dicha directiva.
Con un marco normativo comunitario que apostaba por la mediación como sistema 
alternativo de resolución de conflictos, que, además, era altamente recomendado en 
litigios de carácter familiar, se ha podido constatar que las prácticas que pretenden 
alentar a las partes a recurrir a la mediación han sido insuficientes, debido tanto al 
desconocimiento de la mediación entre las partes como entre los profesionales del 
derecho e, incluso, entre el personal jurisdiccional.
En este sentido, el informe de la Comisión Europea ya puso de relieve que era 
necesario  que  los  estados  le  dedicaran  más  esfuerzos  en  consonancia  con  los 
respectivos sistemas de mediación y subrayó que los estados miembros consultados 
habían señalado como medidas especialmente útiles las siguientes disposiciones del 
derecho interno: en primer lugar, exigir a las partes que declaren en sus demandas ante 
los órganos jurisdiccionales que se ha intentado la mediación, lo que recordaría no solo a 
los jueces que conocen las demandas, sino también a los abogados que asesoran a las 
partes, la posibilidad de recurrir a la mediación; en segundo lugar, la previsión de 
sesiones de información obligatorias sobre mediación en el marco del proceso judicial, y 
finalmente, la obligación de considerar la mediación en todas las etapas del proceso 
judicial, especialmente en materia de derecho de familia.
El conocimiento de la mediación sigue siendo escaso y la información no llega ni a 
las posibles partes ni a los profesionales del derecho, lo que afecta negativamente la  e.
eficacia de los servicios de mediación. Ni la información disponible en los sitios web, ni  w.b
los folletos informativos, ni los actos informativos, ni las visitas personales a órganos  41ww
pjurroisfedsiciocnioanleasle sd ehl adne rreecshuolt ayd oa l speerr sporáncatli cjuarsi ssduicficciioennatel sa l puasroa  dmeo tlaiv amr ead ilaacsi ópna. rtAessí,  pau eloss, 
idnete ancsuifeicradro  lcoosn  elassfu reerczooms epnadraac iofonmese ndtealr  ineflo rrmeceu drseo l aa C  loam  misieódni aEcuiórno peaa ,t reasv énse cdees alroios 
mecanismos que establece la propia Directiva y para incrementar el número de asuntos 
en que los órganos jurisdiccionales proponen a las partes que recurran a mediación para 
resolver su litigio.
En esta línea, también conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en la Sentencia de 18 de marzo de 2010 (STJUE C-317/2008), ya dictaminó 
que el hecho de que una norma interna disponga la obligatoriedad de acudir a una 
medida alternative dispute resolution (en adelante, ADR) antes de ejercer una acción 
judicial no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, siempre que no desemboque en 
una decisión vinculante para las partes, que no suponga un retraso sustancial en la vía 
judicial  ni  un  sobrecoste  adicional  y  que  no  suspenda  la  prescripción  de  los 
correspondientes derechos.
Asimismo,  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  en  su  «Guía  práctica  para 
implementar la mediación intrajudicial», reconoce que la voluntariedad de la mediación 
no es incompatible con la obligatoriedad de asistir a una sesión informativa previa al 
proceso y advierte, incluso, que la no asistencia a una sesión de este tipo puede ser 
considerada como conducta contraria a la buena fe procesal, dado que supone rechazar 
sin fundamento una oportunidad ofrecida por el juzgado desde una perspectiva de una 
mejor solución. De hecho, consta que el País Vasco ya incorporó, en 2015, el carácter 
obligatorio de la sesión previa al regular las relaciones familiares en supuestos de 
separación o ruptura.
Por todo lo expuesto, la presente ley tiene como objetivo fomentar la mediación y 
evitar que la falta de información y el desconocimiento de este medio de resolución 
alternativo de conflictos incline preferentemente a las partes y a los profesionales a 
recurrir a la vía litigiosa. Se pretende fomentar la mediación como método alternativo de 
resolución de conflictos que tiene ventajas acreditadas, tales como el ahorro de tiempo, 
el ahorro económico y la minoración de los costes emocionales, y que, además, implica y 
responsabiliza a las partes en la resolución del conflicto que les afecta y, por tanto, 
incrementa la eficacia en la ejecución de los acuerdos alcanzados.
Más  concretamente,  se  pretende  potenciar  la  mediación  en  el  ámbito  de  los 
conflictos familiares, especialmente en aquellos que afectan a los menores de edad, 
atendiendo a su interés superior, estableciendo la obligatoriedad de la sesión previa 
sobre mediación, salvo, lógicamente, los supuestos en los que el recurso a la mediación 
esté  legalmente  excluido.  En  esta  sesión  previa  se  informa  a  las  partes  del 
funcionamiento, las características y los beneficios de la mediación, para que, libremente 
y de forma fundamentada, puedan analizar y decidir si desean iniciar el proceso de 
mediación. Asimismo, se prevé la posibilidad de que la sesión previa pueda continuar 
con una exploración del conflicto, si así lo acuerdan las partes, a las que hay que 
escuchar, opción que puede favorecer el ahorro de tiempo y trámites y acercar aún más 
a las personas afectadas a la mediación. De forma particular, la iniciativa también 
pretende proteger a los niños afectados por el conflicto, el interés superior que les es 
propio y su derecho a mantener las relaciones personales con sus progenitores y con 
otros miembros de la familia. Se convierte, por tanto, en una manifestación del artículo 3 
de la Convención sobre los derechos de los niños, adoptada por las Naciones Unidas 
en  1989,  el  cual  obliga  a  los  estados  a  adoptar  todas  las  medidas  legislativas  y 
administrativas que sean adecuadas para asegurar a los niños toda la protección y la 
atención necesarias para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y los deberes de 
los padres. Y es también una manifestación del artículo 40 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña, que obliga a los poderes públicos a garantizar la protección de los niños, con  s
la precisión de que en todas las actuaciones que lleven a cabo el interés superior del  oe.
niño debe ser prioritario. Por todo ello, resulta coherente que la autoridad judicial esté  w.
informada de la falta de asistencia a la sesión previa, tanto cuando la mediación se haya  41ww
peafecctatudaor  leax dpererisvaamcióenn.t eS ee ntrtareta  ldaes  upna rpterisn cicpoiom qou ec uyaan dhoa nl aa daoupttoardidoa odt rojusd tiecixatlo sr elesugeallveas 
sdoeb mree deisatcai ómna etenr aias,u tnatloess  cciovmileos  eyl  maretríccualnot il1e7s .de la Ley del Estado 5/2012, de 6 de julio,  BOE-A-cable e
La norma establece modificaciones en el libro segundo del Código civil de Cataluña, 
relativo a la persona y la familia. Con relación a las disposiciones generales, ahora se 
hace explícito que la mediación es obligatoria cuando se haya pactado expresamente 
con  anterioridad  al  ejercicio  de  acciones  judiciales.  También  se  establece  que  la 
asistencia a la sesión previa tiene carácter obligatorio y que la falta de asistencia no 
justificada no está sometida a confidencialidad y debe ser comunicada a la autoridad 
judicial. En la institución de la tutela, en cuanto al orden de la delación, en que ya estaba 
prevista la sesión informativa sobre mediación, se introduce el carácter obligatorio de 
esta sesión previa y se determina su objeto, consistente en conocer el valor, las ventajas, 
los principios y las características de la mediación. La modificación de este precepto 
relativo  a  la  tutela  se  aprovecha  para  sustituir  la  expresión  «incapacitada»  por  la 
expresión «con la capacidad modificada judicialmente», de conformidad con las líneas 
establecidas por la Convención de Nueva York, de 13 de diciembre de 2006, sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. En el mismo sentido, respecto a la sesión 
obligatoria, se establecen cambios en la potestad parental, en lo que se refiere a los 
desacuerdos. En último lugar, con relación a los efectos de la nulidad del matrimonio, del 
divorcio y de la separación legal, se incorpora de forma expresa la posibilidad de que el 
convenio regulador incluya pactos de sometimiento a mediación y otros mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos. En la actualidad, las partes pueden preverla en 
el  plan  de  parentalidad,  pero  era  necesario  hacer  una  referencia  más  amplia, 
entendiendo que también puede ser particularmente útil para gestionar otros conflictos 
derivados de la crisis.
La norma también introduce modificaciones en la Ley 15/2009, de 22 de julio, de 
mediación en el ámbito del derecho privado. De acuerdo con los cambios introducidos en 
el  Código  civil,  se  establece  que  la  sesión  previa  sobre  mediación  tiene  carácter 
obligatorio en los supuestos legalmente fijados y que la falta de asistencia no justificada 
no está sometida a confidencialidad y debe ser comunicada a la autoridad judicial. En 
cuanto a las funciones de los colegios profesionales, refuerza el cumplimiento de la 
función deontológica y disciplinaria respecto a los colegiados que ejercen la mediación, 
añadiendo la función de velar por que el conjunto de colegiados cumpla las obligaciones 
de información a los clientes y de fomento y sujeción a la mediación que le imponen las 
leyes o los códigos deontológicos respectivos. En los mismos términos, se remarca la 
obligación de los profesionales colegiados de informar a sus clientes sobre la mediación 
y otras fórmulas de resolución de conflictos y procurar resolver los conflictos que puedan 
tener en el ejercicio de la profesión con sus clientes o compañeros o con otras personas 
a través de la mediación u otras formas extrajudiciales de resolución de conflictos. 
Asimismo,  el  objeto  del  Centro  de  Mediación  de  Derecho  Privado  de  Cataluña  se 
extiende no solo a promover y administrar la mediación, sino también a la promoción y 
administración de otros métodos alternativos de resolución de conflictos.
Finalmente, se cambia la denominación del Centro de Mediación de Derecho Privado 
de Cataluña por la de Centro de Mediación de Cataluña, denominación más clara y 
ajustada a las funciones que tienen atribuidas el Departamento de Justicia y el propio 
Centro, y más coherente con el hecho de que la mediación y otros métodos análogos se 
utilizan o pueden utilizarse en todos los ámbitos y, también, en cualesquiera de los 
órdenes jurisdiccionales. En este sentido, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 3.9 del Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, 
denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la 
Administración  de  la  Generalidad  de  Cataluña,  corresponden  al  Departamento  de  s
Justicia, entre otros, tanto «las funciones relacionadas con la Administración de justicia  oe.
en Cataluña y su modernización», como, particularmente, «la promoción y desarrollo de  w.
los medios alternativos de resolución de conflictos». 41ww
segúEns tae l lecyu asle  cdoicrrteas aplo anmdep aar ol ad eGl eanrteícraulliod a1d2 9la d eclo Emspteatteuntoc idae  eaxuctlounsiovma íae nd em Caatetarilau ñdae, 
edne rteocdhoo  ccaivsiol,  aelx Ecestpatdoo e. nN loa so bmsatatenrteia,s l aq uGee neel raarltiídcaudlo p 1u4e9d.e1 .e8s dtaeb lleac Cero nlosst itinusctiórunm aetrnibtousy ey   BOE-A-cable e
los procedimientos de mediación y de conciliación en la resolución de conflictos en las 
materias de su competencia, le corresponde dictar las normas procesales específicas 
que  deriven  de  las  particularidades  del  derecho  sustantivo  de  Cataluña  y  dispone, 
asimismo, de competencias exclusivas en materia de servicios sociales, protección de 
menores y promoción de las familias y de la infancia (artículos 106, 130 y 166 del 
Estatuto de autonomía).
Artículo 1.  Modificación del artículo 222-10 del Código civil de Cataluña.
Se modifica el artículo 222-10 del Código civil de Cataluña, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 222-10.  Orden de la delación.
1.  La designación corresponde a la autoridad judicial si no existe ninguna 
persona  designada  por  un  acto  de  delación  voluntaria,  si  no  procede  su 
nombramiento o si se excusa o cesa por cualquier causa.
2.  En el caso al que se refiere el apartado 1, la autoridad judicial prefiere para 
la tutela a:
a)  El  cónyuge  o  el  conviviente  en  pareja  estable  de  la  persona  con  la 
capacidad modificada judicialmente, si existe convivencia.
b)  Los descendientes mayores de edad de la persona con la capacidad 
modificada judicialmente.
c)  Los ascendientes del menor o la persona con la capacidad modificada 
judicialmente, salvo que se prorrogue o rehabilite la potestad parental.
d)  En caso de muerte del progenitor del menor o la persona con la capacidad 
modificada judicialmente, el cónyuge o el conviviente en pareja estable de aquel, 
si convive con la persona que debe ser puesta en tutela.
e)  Los hermanos del menor o de la persona con la capacidad modificada 
judicialmente.
3.  No obstante lo establecido por el apartado 2, si lo estima más conveniente 
para los intereses de la persona menor o la persona con la capacidad modificada 
judicialmente, la autoridad judicial, mediante resolución motivada, puede alterar el 
orden establecido o elegir a la persona que ha actuado como asistente o como 
guardadora de hecho, a las que se presenten voluntariamente para asumir los 
cargos indicados u a otra persona.
4.  Si hay varias personas que quieren asumir la tutela, la autoridad judicial, 
con el fin de que alcancen un acuerdo, puede derivarlas a una sesión previa sobre 
mediación de carácter obligatorio para que conozcan el valor, las ventajas, los 
principios y las características de la mediación. Si así lo acuerdan las partes, a las 
que debe escucharse, la sesión previa puede continuar, en el mismo momento o 
en uno posterior, con una exploración del conflicto que les afecta. Las partes 
pueden participar en la sesión previa asistidas por sus abogados. Esta asistencia 
es necesaria si lo requieren las partes o si así lo dispone la autoridad judicial y 
debe desarrollarse siempre con pleno respeto por los principios de la mediación y 
por la igualdad entre las partes.
5.  Si no existen personas del entorno familiar o comunitario que quieran 
asumir la tutela, la autoridad judicial debe designar a personas jurídicas, públicas o  e.
privadas, sin ánimo de lucro, que puedan asumirla satisfactoriamente». w.b
Artículo 2.  Modificación del artículo 233-2 del Código civil de Cataluña.
Se modifica el artículo 233-2 del Código civil de Cataluña, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 233-2.  Medidas definitivas.
1.  Si los cónyuges llegan a un acuerdo sobre las medidas reguladoras de la 
separación o el divorcio o sobre las consecuencias de la nulidad del matrimonio, 
deben formular un convenio con el contenido que proceda de conformidad con los 
apartados 4, 5, 6 y 7.
2.  Si los cónyuges tienen hijos menores no emancipados o con la capacidad 
modificada judicialmente que dependan de ellos, deben presentar el convenio a la 
autoridad judicial para que sea aprobado. También deben hacerlo, en todo caso, si 
se  trata  de  un  convenio  regulador  de  las  consecuencias  de  la  nulidad  del 
matrimonio.
3.  Si  los  cónyuges  no  se  encuentran  en  los  supuestos  del  apartado  2, 
pueden formular el contenido del convenio ante un letrado de la Administración de 
Justicia o en escritura pública ante notario. En estos casos, es preciso que los 
cónyuges intervengan personalmente en el otorgamiento, estén asistidos por un 
letrado en ejercicio y expresen la voluntad inequívoca de separarse o divorciarse.
4.  Si  los  cónyuges  tienen  hijos  comunes  que  están  bajo  su  potestad,  el 
convenio regulador debe contener:
a)  Un  plan  de  parentalidad,  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  el 
artículo 233-9.
b)  Los alimentos que deben prestarles, tanto respecto a las necesidades 
ordinarias como a las extraordinarias, indicando su periodicidad, modalidad de 
pago, criterios de actualización y, si lo han previsto, garantías.
c)  Si procede, el régimen de relaciones personales con los abuelos y los 
hermanos que no convivan en el mismo domicilio.
5.  Además de lo establecido por el apartado 4, el convenio regulador también 
debe contener, si procede:
a)  La prestación compensatoria que se atribuye a uno de los cónyuges, 
indicando  su  modalidad  de  pago  y,  si  procede,  la  duración,  los  criterios  de 
actualización y las garantías.
b)  La atribución o distribución del uso de la vivienda familiar con su ajuar.
c)  La compensación económica por razón de trabajo.
d)  La liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los 
bienes en comunidad ordinaria indivisa.
6.  Además  de  lo  establecido  por  los  apartados  4  y  5,  en  el  convenio 
regulador los cónyuges también pueden acordar alimentos para los hijos mayores 
de edad o emancipados que no tengan recursos económicos propios.
7.  Además de lo establecido por los apartados 4, 5 y 6, el convenio regulador 
puede incluir pactos de sometimiento a mediación y otros mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos».
Artículo 3.  Modificación del artículo 233-6 del Código civil de Cataluña.
Se modifica el artículo 233-6 del Código civil de Cataluña, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 233-6.  Mediación.
1.  La sumisión a la mediación es obligatoria antes de la presentación de 
acciones judiciales si se ha pactado expresamente.
2.  Los cónyuges, antes de presentar la demanda, en cualquier fase del 
proceso judicial y en cualquier instancia, pueden someter las discrepancias a 
mediación en vistas a alcanzar un acuerdo, excepto en los casos de violencia 
familiar o machista.
3. Una vez iniciado el proceso judicial, la autoridad judicial, a iniciativa propia o 
a petición de una de las partes o de los abogados o de otros profesionales, puede 
derivar a las partes a una sesión previa sobre mediación, de carácter obligatorio, 
para que conozcan el valor, las ventajas, los principios y las características de la 
mediación, con el fin de que puedan alcanzar un acuerdo. Si así lo acuerdan las 
partes, a las que debe escucharse, esta sesión puede continuar, en el mismo 
momento o en uno posterior, con una exploración del conflicto que les afecta. Las 
partes pueden decidir si optan o no por el procedimiento de mediación, y pueden 
participar en la sesión previa y en la mediación asistidas por sus abogados. Esta 
asistencia es necesaria si lo requieren las partes o si así lo dispone la autoridad 
judicial y debe desarrollarse siempre con pleno respeto por los principios de la 
mediación y por la igualdad entre las partes.
4.  La falta de asistencia no justificada a la sesión previa obligatoria sobre 
mediación  no  está  sometida  a  confidencialidad  y  debe  ser  comunicada  a  la 
autoridad judicial.
5.  Las partes pueden solicitar de común acuerdo la suspensión del proceso 
judicial mientras dura la mediación. El proceso judicial debe reanudarse en cuanto 
finalice  el  plazo  previsto  para  hacer  efectiva  la  mediación,  cuando  lo  solicite 
cualquiera de las partes o cuando se alcance un acuerdo en la mediación.
6.  El inicio de un procedimiento de mediación familiar está sometido a los 
principios  de  voluntariedad  y  confidencialidad.  En  caso  de  desistimiento  del 
procedimiento de mediación, este no puede perjudicar a los litigantes que han 
participado. La comunicación a la autoridad judicial del desistimiento de cualquiera 
de las partes o del acuerdo alcanzado en la mediación da lugar al levantamiento 
de la suspensión.
7.  Los acuerdos alcanzados en la mediación, una vez incorporados en forma 
al  proceso  judicial,  deben  someterse  a  la  aprobación  judicial  en  los  mismos 
términos que el artículo 233-3 establece para el convenio regulador.
8.  Los acuerdos alcanzados en la mediación respecto al régimen de ejercicio 
de la responsabilidad parental se consideran adecuados para los intereses del 
menor. La falta de aprobación por la autoridad judicial debe fundamentarse en 
criterios de orden público y de interés del menor».
Artículo 4.  Modificación del artículo 236-13 del Código civil de Cataluña.
Se modifica el artículo 236-13 del Código civil de Cataluña, que queda redactado del  s
siguiente modo: oe.
«Artículo 236-13.  Desacuerdos. 41ww
1.  En caso de desacuerdo ocasional en el ejercicio de la potestad parental, la
faauctuolrtiadda dd eju ddeicciiadli,r  aa  uinnsot adnec ieal lodse. cualquiera de los progenitores, debe atribuir la
2.  Si los desacuerdos son reiterados o se produce cualquier causa que 
dificulte gravemente el ejercicio conjunto de la potestad parental, la autoridad 
judicial  puede  atribuir  total  o  parcialmente  el  ejercicio  de  la  potestad  a  los 
progenitores separadamente o distribuir entre ellos sus funciones temporalmente, 
por un período máximo de dos años.
3.  En los procedimientos que se sustancian por razón de desacuerdos en el 
ejercicio  de  la  potestad  parental,  los  progenitores  pueden  someter  las 
discrepancias a mediación. Asimismo, la autoridad judicial puede derivarles a una 
sesión previa de carácter obligatorio para que conozcan el valor, las ventajas, los 
principios y las características de la mediación. Si así lo acuerdan las partes, a las 
que debe escucharse, esta sesión puede continuar, en el mismo momento o en 
uno posterior, con una exploración del conflicto que les afecta. Las partes pueden 
participar en la sesión previa y en la mediación asistidas por sus abogados. Esta 
asistencia es necesaria si lo requieren las partes o si así lo dispone la autoridad 
judicial y debe desarrollarse siempre con pleno respeto por los principios de la 
mediación y por la igualdad entre las partes».
Artículo 5.  Modificación del artículo 6 de la Ley 15/2009.
Se modifica el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de 
mediación en el ámbito del derecho privado, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  La persona mediadora ejerce su función con imparcialidad y neutralidad, 
con  perspectiva  de  género,  garantizando  la  igualdad  entre  las  partes  y  la 
protección  de  las  personas  y  los  colectivos  vulnerables.  Si  es  preciso,  debe 
interrumpir el procedimiento de mediación mientras la igualdad de poder y la 
libertad  de  decidir  de  las  partes  no  esté  garantizada,  especialmente  como 
consecuencia de situaciones de violencia. En todo caso, debe interrumpirse o, si 
procede, paralizarse el inicio de la mediación familiar, si está implicada una mujer 
que ha sufrido o sufre cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la 
pareja o en el ámbito familiar objeto de la mediación».
Artículo 6.  Modificación del artículo 11 de la Ley 15/2009.
Se modifica el artículo 11 de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el 
ámbito del derecho privado, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11.  Sesión previa.
1.  En la sesión previa, las personas son asesoradas sobre el valor, ventajas, 
principios y características de la mediación. En función de este conocimiento y del 
caso concreto, deciden si optan o no por la mediación. Si lo acuerdan las partes, a 
las que debe escucharse, la sesión puede extenderse a la exploración del conflicto 
que les afecta. En el caso de sesión previa de carácter obligatorio, la falta de 
asistencia  no  justificada  no  está  sometida  a  confidencialidad  y  debe  ser 
comunicada a la autoridad judicial.
2.  Las partes pueden designar de común acuerdo a la persona mediadora 
entre las inscritas en el Registro general del Centro de Mediación de Cataluña. En 
caso contrario, deben aceptar la que designe el organismo responsable.
3.  Las partes que deciden iniciar la mediación regulada por la presente ley  e.
deben aceptar sus disposiciones y las tarifas de la mediación, las cuales deben  w.b
facilitarse antes de su inicio, salvo que disfruten del derecho a la gratuidad. 41ww
judic4i.a l Eyan  lsoes  htéar mininicoisa dqou, el ae sataubtolericdea dla  juledgicisialal cipóune dpero cdeisspaol,n ceur aqnudeo  elal sp rpoacretesos 
ahsaicsetann a aco unnsae jasbelsei.ó nE np reesvteia  ssuopburees tlao , mlae sdeiascióiónn p srei vlaias  tcieirnceu ncsatraánccteiar sg rdaetlu ictoa spoa rloa 
las partes. El órgano público correspondiente facilita la sesión previa y vela, si
procede, por el desarrollo adecuado de la mediación. Las partes pueden participar 
en  la  sesión  previa  y  en  la  de  mediación  asistidas  por  sus  abogados.  Esta 
asistencia es necesaria si lo requieren las partes o si así lo dispone la autoridad 
judicial y debe desarrollarse siempre con pleno respeto por los principios de la 
mediación y por la igualdad entre las partes.
5.  La sesión previa debe llevarse a cabo en el plazo más breve posible, que 
no puede exceder de un mes, salvo que la autoridad judicial disponga otra cosa. Si 
se supera el plazo establecido para llevar a cabo la sesión previa por causas 
ajenas a las partes, decae la obligatoriedad de participar, así como las reglas 
aplicables a la falta de asistencia no justificada que establece el apartado 1.
6.  La sesión previa no puede iniciarse o, si se ha iniciado, debe interrumpirse 
en los supuestos a los que se refiere el artículo 6 y siempre que haya implicada 
una mujer u otras personas en situación de desigualdad que hayan sufrido o 
sufran cualquier forma de violencia en el ámbito de la pareja o en el ámbito 
familiar».
Artículo 7.  Modificación del artículo 20 de la Ley 15/2009.
Se modifica el artículo 20 de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el 
ámbito del derecho privado, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 20.  El Centro de Mediación de Cataluña.
1.  El  Centro  de  Mediación  de  Cataluña  es  un  órgano  adscrito  al 
departamento competente en materia de derecho civil mediante el centro directivo 
que tiene atribuida su competencia.
2.  El  Centro  de  Mediación  de  Cataluña  tiene  por  objeto  promover  y 
administrar la mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos y 
facilitar su acceso».
Artículo 8.  Modificación del artículo 22 de la Ley 15/2009.
Se modifica la letra d) del artículo 22 de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación 
en el ámbito del derecho privado, que queda redactada del siguiente modo:
«d)  Cumplir la función deontológica y disciplinaria respecto a los colegiados 
que ejercen la mediación y velar por que el conjunto de colegiados cumpla las 
obligaciones de información a los clientes y de fomento y sujeción a la mediación 
que le imponen las leyes o los códigos deontológicos respectivos».
Artículo 9.  Adición de una disposición adicional a la Ley 15/2009.
Se añade una disposición adicional, la cuarta, a la Ley 15/2009, de 22 de julio, de 
mediación en el ámbito del derecho privado, con el siguiente texto:
«Disposición adicional cuarta.  Información a las personas sobre la resolución 
extrajudicial de los conflictos y fomento de los acuerdos por parte de los 
profesionales colegiados.
Los  profesionales  colegiados,  en  sus  respectivos  ámbitos  de  funciones,  s
deben informar a sus clientes sobre la conveniencia de gestionar y resolver los  oe.
conflictos que les afecten mediante acuerdos extrajudiciales, así como sobre la  w.
mediación y otras fórmulas de resolución de conflictos establecidas por ley,  41ww
sduisst inretassp eac tliav oasc ccióódni gjousd idcieaol,n dtoeló agcicuoesr.d oE nc olons  lmo iessmtaobsl etécrimdoin poosr,  dlaesb eleny epsro yc uproarr 
resolver los conflictos que tengan en el ejercicio de la profesión con sus clientes
o compañeros o con otras personas a través de la mediación u otras formas 
extrajudiciales de resolución de conflictos».
Disposición adicional primera.  Cambio de denominación del Centro de Mediación de 
Derecho Privado de Cataluña.
1.  Se cambia la denominación del Centro de Mediación de Derecho Privado de 
Cataluña por la de Centro de Mediación de Cataluña.
2.  Todas las referencias que la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el 
ámbito del derecho privado, así como el resto de la normativa vigente, realicen al Centro 
de Mediación de Derecho Privado de Cataluña deben entenderse realizadas al Centro de 
Mediación de Cataluña.
3.  El Centro, en su actividad ordinaria, también puede emplear la denominación 
Centro ADR Justicia u otras que se refieran de forma inequívoca a la gestión de la 
resolución extrajudicial de conflictos.
Disposición adicional segunda.  Mediación en el ámbito de las personas jurídicas.
El Gobierno debe promover el uso de la mediación en las controversias que surjan 
por razón del funcionamiento interno de las asociaciones, las fundaciones y las demás 
personas jurídicas.
Disposición  adicional  tercera.  Plan  para  la  prevención,  gestión  y  resolución  de 
conflictos.
En el plazo de nueve meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el 
Gobierno debe elaborar y presentar al Parlamento un plan sobre la adopción de una 
política pública de carácter general para la prevención, gestión y resolución extrajudicial 
de conflictos.
Disposición  final  primera.  Proyecto  de  ley  de  prevención,  gestión  y  resolución  de 
conflictos.
En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el 
Gobierno debe elaborar y presentar al Parlamento un proyecto de ley de prevención, 
gestión y resolución de conflictos.
Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario.
En el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la presente ley, el desarrollo 
reglamentario de la formación en el ámbito de la prevención, gestión y resolución de 
conflictos debe incorporar la perspectiva de género y la protección de las personas y los 
colectivos en situación de desigualdad.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor a los tres meses de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la  e.e
hagan cumplir. w.b
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(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8193, de 4 de agosto de 2020)