BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 22050
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2837 Pleno. Auto 6/2021, de 27 de enero de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 
4837-2020. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4837-2020, 
planteada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de 
Santander, en relación con la disposición adicional undécima de la Ley del 
Parlamento de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario 
de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
ECLI:ES:TC:2021:6A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en la 
cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4837-2020,  planteada  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander, en relación con la disposición adicional 
undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones 
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Con fecha 15 de octubre de 2020 tuvo entrada en el registro de este tribunal un 
oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander por el que se 
remite, junto al testimonio del procedimiento abreviado núm. 367-2019, el auto de 5 de 
octubre de 2020 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con la disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de 
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
al entender que concurre vicio de inconstitucionalidad en el inciso de esa disposición que 
dice: «con vínculo de derecho administrativo durante cinco años en las instituciones 
sanitarias del Servicio Cántabro de Salud».
2.  En síntesis, presentan relevancia para esta cuestión de inconstitucionalidad los 
siguientes antecedentes:
a)  Una enfermera interina que presta servicios en el hospital universitario Marqués 
de Valdecilla formuló demanda contencioso-administrativa contra la resolución de la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria desestimatoria del recurso de alzada 
interpuesto contra la resolución del director gerente del Servicio Cántabro de Salud de 1 
de abril de 2019. Esta deniega a la demandante el acceso al grado 1 de carrera 
profesional en la convocatoria 17PCP/1802. La demanda dio lugar al procedimiento 
abreviado núm. 367-2019  del Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo núm. 1 de  e.
Santander. w.
b)  El  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Santander  dictó  37ww
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instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la redacción de la 
Ley del Parlamento de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas por su posible contradicción con el derecho a la igualdad del art. 14 CE, y 
también con el art. 149.1.1, 16, 17 y 18 CE, por desconocimiento de la legislación básica 
del Estado recogida en los arts. 9.5, 40 y disposición final primera de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud; 
en los arts. 40 y 41 y disposición final primera de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; en el art. 84 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, general de sanidad; y en los arts. 4.6 y 37 a 39 de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
El  Ministerio  Fiscal  y  la  demandante  manifestaron  que  no  se  oponían  al 
planteamiento de la cuestión, mientras que la representación del Gobierno de Cantabria 
se opuso a que se plantease.
c)  Por auto de 5 de octubre de 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Santander acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con 
un inciso de la disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de 
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Se trata del inciso que dice «con vínculo de derecho administrativo durante cinco años 
en las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud».
Razona que el inciso cuestionado podría incurrir en infracción del art. 14 CE o, en su 
caso, del art. 23.2 CE.
Tras recordar los antecedentes del litigio principal, el juzgado se refiere al juicio de 
relevancia afirmando que el resultado del pleito depende de la aplicación del inciso 
cuestionado  de  la  disposición  adicional  undécima  de  la  Ley  del  Parlamento  de 
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre. Fue introducida por el art. 15 de la Ley del 
Parlamento de Cantabria 9/2017, 26 diciembre, conforme a la cual «[c]on efectos de 1 de 
enero de 2018 y vigencia indefinida, lo dispuesto en los artículos 56 y 61.2 e) de la 
presente ley resultará de aplicación al personal interino de instituciones sanitarias del 
Servicio cántabro de salud, siempre que haya prestado servicios con vínculo de derecho 
administrativo durante cinco años en las instituciones sanitarias del Servicio cántabro de 
salud en la misma plaza u otra de contenido funcional equivalente».
Explica a continuación el juzgado por qué solo opta por el planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad: «Ciertamente, se cuestiona la norma legal desde una 
doble perspectiva, europea y constitucional. Este juzgador, por los mismos motivos que 
se expondrán en el punto segundo del planteamiento, está convencido de que la norma 
cuestionada  es  contraria  al  art.  4.1  del  acuerdo  marco  [sobre  trabajo  de  duración 
determinada,  que  figura  como  anexo  de  la  Directiva  1999/70/CE]  y  por  ello,  sería 
inaplicable, pudiendo resolver directamente, ya que es órgano de primera instancia. Pero 
esta solución, dado que también existe una clara infracción de la Constitución, no 
permitiría aplicar la función depuradora del ordenamiento, excluyendo del mismo, una 
norma que se entiende inconstitucional. Además, a la vista de la última doctrina del 
Tribunal Constitucional en la materia, podría bien obligar al órgano de segunda instancia 
a plantear cuestión prejudicial o bien podría motivar un recurso de amparo por no 
hacerlo. En aras de la economía procesal, se entiende que todos los objetivos, de 
resolución  el  litigio  y  de  depuración  del  ordenamiento,  se  consiguen  planteando  la 
cuestión de inconstitucionalidad, sin perjuicio de que, a la vista de la respuesta que dé el 
Tribunal  Constitucional,  este  juzgador  opte  por  la  vía  del  derecho  europeo,  o  bien 
resolviendo o bien planteando la cuestión prejudicial». e.
Procede seguidamente el juzgado a exponer las razones por las que entiende que el  w.b
inciso cuestionado sería inconstitucional. 37ww
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territorial por servicios prestados en otras comunidades, pues los servicios excluidos de
cómputo en aplicación de la ley se han prestado en Cantabria. Entiende el juzgado que 
la norma cuestionada establece una diferencia de trato, carente de motivación objetiva y 
suficiente, entre el personal temporal y el personal fijo, lo que supone una discriminación 
en  aplicación  de  la  cláusula  cuarta  del  acuerdo  marco  sobre  trabajo  de  duración 
determinada, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE, a la vista de la doctrina 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también del Tribunal Supremo. Existiendo 
una discriminación prohibida por esa norma europea difícilmente puede sostenerse que 
no haya una discriminación prohibida por el art. 14 CE, según el auto de planteamiento 
de la cuestión. Conforme a la doctrina sentada en la STC 104/2004, de 28 de junio, se 
considera que la norma cuestionada vulnera el art. 14 CE o, en su caso, el art. 23 CE.
3.  Por providencia de 17 de noviembre de 2020, la Sección Segunda del Tribunal 
Constitucional acordó oír a la fiscal general del Estado para que, en el plazo de diez 
días, y a los efectos que determina el artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional  (LOTC),  alegase  lo  que  considerase  conveniente  acerca  de  la 
admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por defectuosa realización 
del juicio de aplicabilidad.
4.  La  fiscal  general  del  Estado  evacuó  el  trámite  conferido  mediante  escrito 
registrado en este tribunal el 21 de diciembre de 2020, en el que concluye que procede 
inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad por la defectuosa realización del 
juicio de aplicabilidad. Las rezones son las mismas ya expuestas en la cuestión núm. 
2568-2020, planteada también por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 
de Santander respecto del mismo precepto legal y con idéntico contenido a la presente, 
que fue inadmitida por ATC 116/2020, de 22 de septiembre.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Santander  ha 
promovido  cuestión  de  inconstitucionalidad  en  relación  con  la  disposición  adicional 
undécima  de  la  Ley  del  Parlamento  de  Cantabria  9/2010,  de  23  de  diciembre,  de 
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
en  el  inciso  «con  vínculo  de  derecho  administrativo  durante  cinco  años  en  las 
instituciones sanitarias del Servicio cántabro de salud». Considera el juzgado que ese 
inciso incurre en infracción del art. 14 CE o, en su caso, del art. 23.2 CE.
La fiscal general del Estado, en el trámite previsto en el art. 37.1 LOTC, considera 
que procede inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad por la defectuosa 
realización del juicio de aplicabilidad.
La presente cuestión de inconstitucionalidad es similar a la cuestión núm. 2568-2020, 
planteada por el mismo órgano judicial respecto del mismo precepto legal. La duda de 
constitucionalidad ahora expresada coincide con una de las dudas que se planteó en la 
citada cuestión y concurre el mismo óbice de procedibilidad que determinó la inadmisión 
de la misma. En efecto, como recuerda la fiscal general del Estado, esa cuestión ha sido 
ya inadmitida por el Pleno de este tribunal mediante ATC 116/2020, de 22 de septiembre 
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 289, de 2 de noviembre), por incumplimiento del juicio 
de aplicabilidad, atendiendo a la doctrina sentada en el ATC 168/2016, de 4 de octubre, 
FJ 4.
Asimismo, el ATC 173/2020, de 15 de diciembre, ha inadmitido por la misma razón la 
cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4297-2020,  planteada  por  el  Juzgado  de  lo  es
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Santander sobre el mismo precepto y con el  bo
mismo fundamento. 37ww
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planteamiento prioritario o preferente de la primera sobre la segunda. Sin embargo, de la
doctrina sentada en el ATC 168/2016 (reiterada en los AATC 183/2016 y 185/2016, 
ambos de 15 de noviembre, así como en los AATC 202/2016, 203/2016, 204/2016 
y 205/2016, todos ellos de 13 de diciembre), «se desprende que concurre la misma 
causa de inadmisión en la presente cuestión de inconstitucionalidad, ya que al tiempo de 
plantearla el órgano judicial ha exteriorizado sus dudas acerca de la compatibilidad de la 
disposición adicional undécima de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal 
estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria con el 
Derecho de la Unión Europea, por lo que vendría obligado bien a no aplicarla, bien a 
plantear primero la cuestión prejudicial, y solo cuando haya quedado descartada la 
incompatibilidad de la norma nacional con el Derecho de la Unión Europea cabría 
plantear la cuestión de inconstitucionalidad».
En suma, con remisión a lo razonado en los citados AATC 116/2020 y 173/2020, 
procede  inadmitir  también  la  presente  cuestión  por  incumplimiento  del  juicio  de 
aplicabilidad (art. 37.1 LOTC).
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.