BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 28 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 118866
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
15714 Resolución 420/38356/2021, de 22 de septiembre, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Córdoba, para la constitución de un derecho de superficie a 
favor de Invied, O.A., sobre terrenos ubicados en el Parque Industrial «La 
Rinconada», Córdoba, para la instalación de la Base Logística «General de 
Ejército Javier Varela».
Suscrito el 17 de septiembre de 2021 el Convenio con la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Córdoba para la constitución de un derecho de superficie a favor del 
Invied O.A. sobre terrenos ubicados en el Parque Industrial «La Rinconada», sito en el 
término municipal de Córdoba, para la instalación de la Base Logística «General de 
Ejército  Javier  Varela»,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  48.8  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo 
de esta resolución.
Madrid,  22  de  septiembre  de  2021.–El  Secretario  General  Técnico,  Emilio 
Fernández-Piñeyro Hernández.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Defensa e Invied O.A. con la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Córdoba para la constitución de un derecho de superficie a 
favor del Invied O.A. sobre terrenos ubicados en el Parque Industrial «La 
Rinconada», sito en el término municipal de Córdoba, para la instalación de la 
Base Logística «General de Ejército Javier Varela»
En Córdoba, a 17 de septiembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Ministerio de Defensa y en su nombre y representación doña 
Margarita Robles Fernández, Ministra de Defensa, designada para dicho cargo por el 
Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, 
actuando  en  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  el  artículo  61  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De la misma parte, el Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (Invied), y en su nombre y representación el General de 
Brigada don Sebastián Marcos Morata, en virtud del cargo que ostenta como Director 
Gerente  de  este  Organismo  Autónomo  para  el  que  fue  nombrado  por 
Resolución 430/38045/2021, de 12 de febrero, de la Secretaría de Estado de Defensa.
De otra parte, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
y en su nombre y representación doña María Francisca Carazo Villalonga, Consejera de  es
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, nombrada para dicho cargo por  o
Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se designan los Consejeros y  714ww
alaAatcgsrtie ubCnauconidindaaso sed  jceepo romVarsio v i deetenilt  udlaalaar  rtJyí cu dunRelto eal h ada9 ebc.2 iitlA.iabtand)cd aia ódlCnue oc dínlaeos  se(A BjenOErdísJaatA aluy tu nccítúaoom,sm  eeordno e  tei 1tuj4elal ar dcrei Acdli goe2e  2ndl aced i eaPla  resedn seecid oroemV nidpvceeiiea tne 2ddn0eac1i  9al)asy,     OE-A-2021-15able en https://
Rehabilitación de Andalucía aprobados por Decreto 174/2016, de 15 de noviembre.
Y, por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba, y en su nombre don José María 
Bellido Roche, Alcalde del Ayuntamiento Córdoba, en la representación que por su cargo 
ostenta en virtud de lo establecido en el artículo 124.1 de la Ley 7/2015 de 2 de abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  en  el  artículo  144  del  Reglamento 
Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba.
Todas las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y celebrar válidamente este convenio, y por ello
EXPONEN
Primero.
El Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba han 
firmado  un  Protocolo  General  de  Actuación,  cuyo  objeto  es  sentar  el  marco 
interinstitucional para la construcción y puesta en marcha de la futura Base Logística del 
Ejército «General de Ejército Javier Varela» (en adelante Base Logística o Base Logística 
del Ejército de Tierra) en la ciudad de Córdoba.
La  transformación  que  están  experimentando  los  sistemas  logísticos  como 
consecuencia de la revolución digital, precisa de una reinvención organizativa, cultural y 
estratégica completa. Consciente de ello, el Ministerio de Defensa viene trabajando en lo 
que hoy representa la «Nueva logística 4.0», con el fin de racionalizar sus estructuras de 
apoyo logístico para así mejorar la eficacia y reducir costes en el mantenimiento de las 
infraestructuras. Por ello, el Ejército de Tierra tiene prevista la construcción de una Base 
Logística General en la que se concentren las 11 instalaciones que, repartidas a lo largo 
de la geografía española, tienen asignadas funciones logísticas. Esta base contará con 
los  más  altos  estándares  tecnológicos,  creándose  un  centro  dotado  con  sistemas 
basados  en  la  robótica,  inteligencia  artificial,  impresión  en  3D,  realidad  virtual  y 
aumentada, etc.
La construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra supondrá un extraordinario 
impulso económico y social, tanto durante la fase de construcción e implantación como 
durante su fase operativa, estando previsto que el proyecto contribuya a la creación de 
puestos de trabajo directos de alta cualificación. En definitiva, se trata de un proyecto 
que redundará en una optimización integral de la logística militar al más alto nivel y que 
será un motor tecnológico, de creación de empleo y de I+D+i para la región.
Todo ello ha impulsado a participar en el proyecto a la Junta de Andalucía, que ha 
incorporado la Innovación y el Conocimiento como pautas de su modelo sostenible de 
desarrollo económico y social, mediante el Plan de Innovación y Modernización de 
Andalucía,  en  el  que  se  diseñan  y  construyen  estructuradamente  las  estrategias 
políticas, los objetivos y las acciones que guiarán las líneas de trabajo a largo plazo y los 
compromisos de actuación a medio plazo, necesarios para que sea realidad el proyecto 
de transformación de la cultura social y económica de Andalucía.
Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba, que presentó el proyecto finalmente 
elegido, basa en el emprendimiento la clave para el desarrollo del futuro, con proyectos 
reales que contribuyan de forma sólida a fortalecer el tejido económico de la ciudad, 
generando riqueza y coadyuvando al crecimiento social.
Segundo.
El artículo 1 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la  o
lDGease otpfbreurAienecspsrtinumaaorr aiea sy scm o ilóeaorgnl , g á,d eeneelsip lc tRaidaóree ntasab damlá ersDer iolcnealatlc ooa r  edddytem eolla   iln5a Mei2 sAijtn1erdi/cas2muct0eciió2nrióni0iosn , mt  rdddaieleecit   iaólD1arn.9 e P Gfedoenelíns tieamcr,a aa elyd osdet,e a Dlpb Eeolesfrec taened sl oaqq  uuadeele  q teesuler em M ceiniosnartiarsdebtaesl eprpicoooen r  ddeleeal     OE-A-2021-15714able en https://www.
organización básica de las Fuerzas Armadas, determina las líneas generales sobre las
que ha de desarrollarse la estructura de sus componentes. Este real decreto promueve 
agilizar y flexibilizar la normativa, de forma que se aumente la capacidad de respuesta 
del Ejército de Tierra a la cada vez más rápida evolución del entorno. Del mismo modo, 
aboga por orientar las organizaciones hacia modelos centrados en las personas y el 
conocimiento, como herramienta para alcanzar la superioridad en la información y la 
capacidad de adaptación necesarias. Esta orientación, dirigida desde el Ministerio de 
Defensa mediante la Transformación Digital, tendrá su reflejo tanto en el desarrollo de la 
actividad del Ejército de Tierra como en su modelo de organización, a todo lo cual 
responde el Proyecto de la Base Logística.
El organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (Invied O.A.), creado por la disposición adicional quincuagésima primera de la 
Ley  26/2009,  de  23  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año 2010, se configura como un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de 
Defensa, adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa, y sometido al régimen previsto 
para los organismos públicos en el título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, teniendo personalidad jurídica pública diferenciada, 
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de 
obrar,  dentro  de  su  esfera  de  competencia,  para  el  ejercicio  de  las  potestades 
administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines. Dicho Organismo Autónomo 
se rige por su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1080/2017, de 29 de diciembre, y 
demás normativa estatal de general y concordante aplicación. El artículo 3.2 del mismo 
establece  que  el  Invied  O.A.  podrá  gestionar  y  realizar  cualquier  negocio  jurídico 
permitido por las leyes respecto de los bienes que se hayan puesto o se pongan a su 
disposición.
La  Junta  de  Andalucía,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  56.3  de  la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía,  posee  competencia  exclusiva  en  materia  de  urbanismo,  incluyendo  la 
regulación del régimen urbanístico del suelo y la regulación de los patrimonios públicos 
de suelo y vivienda.
La  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  ostenta 
competencias en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo e inspección 
territorial y urbanística, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.d) del Decreto 107/2019, 
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
Por su parte, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en adelante 
AVRA, como ente instrumental de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y conforme establece el artículo 5 
de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
función social de la vivienda, tiene por objeto llevar a cabo en el territorio andaluz las 
tareas técnicas y económicas requeridas para el desarrollo de la gestión urbanística y 
patrimonial  en  ejecución  de  los  planes  de  urbanismo  por  parte  de  la  Comunidad 
Autónoma, mediante las actuaciones de promoción, preparación y desarrollo de suelo 
urbanizado  para  fines  residenciales,  industriales,  de  equipamiento  y  de  servicios. 
Asimismo, ostenta la titularidad del patrimonio autonómico del suelo, en virtud de la 
disposición adicional primera de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo.
El Ayuntamiento de Córdoba, en lo sucesivo el Ayuntamiento, de conformidad con 
las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril,  s
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), para la gestión de sus intereses y  oe.
en  el  ámbito  de  sus  competencias,  puede  promover  las  actividades  y  prestar  los  w.
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la  714ww
cleogmisulancidióand  dveelc Einsatal,d eoj eyr cdiee nladso  Cpaormau enlildoa cdoems oA ucotómnpoemteans,c iean ptrreo poitara, se nla  lodse  tuérrbmainniosms od,e e lna 
(saurstí cumloa n2i5fe.2s,t aacpioanrteasd o dae) . planeamiento,  gestión,  ejecución  y  disciplina  urbanística  BOE-A-cable e
Tercero.
Dentro del ámbito de actuación del Protocolo citado en el exponendo primero, se 
contempla el interés común que comparten las partes en la instalación de la futura Base 
Logística en la ciudad de Córdoba, recogiéndose como actuación previa de cooperación 
la disponibilidad de los terrenos necesarios para la instalación de la futura base, en 
función de los acuerdos correspondientes entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, 
el Ministerio de Defensa y el Invied O.A., a los efectos de cumplir el requisito legal 
establecido en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, al objeto de que, en el plazo más breve posible, puedan comenzar las obras de 
ejecución de la base. Este proceso culminará con la puesta a disposición del Invied O.A. 
de los terrenos, una vez estén cumplidos los trámites oportunos, para que puedan ser 
afectados a la Defensa Nacional.
Cuarto.
El  Ministerio  de  Defensa,  valorando  las  circunstancias,  sus  necesidades  y  las 
perspectivas de futuro que generará, ha optado por el Parque Industrial La Rinconada 
como sede del proyecto tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra, dado el 
desarrollo urbanístico actual de esos terrenos y la posibilidad de ser adquiridos sin 
necesidad de iniciar procedimiento expropiatorio alguno.
En  estos  terrenos  de  La  Rinconada,  en  ejecución  de  una  serie  de  convenios 
celebrados entre la empresa municipal PROCORDOBA (que tras su disolución ha sido 
sucedida por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba) y la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía (hoy AVRA) con los propietarios del suelo, se llevó a 
cabo la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba, en adelante 
PGOU, para la creación del Parque Industrial «La Rinconada», con una extensión de 
unas 192 hectáreas, situadas al Este del término municipal de Córdoba, clasificado como 
suelo urbanizable industrial.
Tras la aprobación del Plan Parcial y de los estatutos y bases de actuación, se 
constituyó la Junta de Compensación en escritura pública aprobada por el Consejo 
Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) el 14 de septiembre de 2009, que 
se inscribió en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras el 18 de febrero 
de 2011. El 15 de febrero de 2010 se aprobó el Proyecto de Urbanización y se contrató la 
redacción del proyecto de reparcelación que, sin embargo, tras su redacción, no llegó a 
aprobarse.
Este sector limita por el Sur con los terrenos de la Autovía E-5 y al Norte con el resto 
de la Finca «La Rinconada Alta», sobre los cuales podría ampliarse la actuación y, por 
tanto, la Base Logística si fuese necesario. El polígono contará con conexión directa con 
la N-IV (E-5), y tiene próxima la línea de ferrocarril de ancho nacional Madrid-Cádiz; 
existen apeaderos en Villafranca a 6,2 Km y en el Carpio a 10 Km, con posibilidad de un 
ramal ferroviario a la línea Madrid-Cádiz en el extremo suroeste del sector.
La AVRA y el Ayuntamiento, a través de su GMU, forman parte de la Junta de 
Compensación del Parque Industrial «La Rinconada», en la que tienen una participación 
aproximada del 51,76 % del aprovechamiento.
Con  la  totalidad  de  los  aprovechamientos  urbanísticos  correspondientes  al 
Ayuntamiento y una parte de los de la AVRA, se puede disponer de una parcela neta o  e
solar futuro de unas 85 hectáreas aproximadamente, suficientes para las necesidades  bo
previstas para la Base Logística. 714ww
Quinto.
Con fecha 23 y 28 de junio de 2021, la AVRA y la GMU de Córdoba han suscrito 
adendas de los convenios anteriormente mencionados con el resto de miembros de la 
Junta de Compensación en la que todos los integrantes de la misma se comprometen:
a)  A colaborar para facilitar la viabilidad y buen fin del proyecto del Ministerio de 
Defensa de instalación de la Base Logística del Ejército de Tierra, en los terrenos del 
Parque  Industrial  La  Rinconada,  debiendo  ser  interpretado  de  conformidad  con  el 
principio de libertad de pactos que corresponde a las partes firmantes y en el pleno 
respeto al marco jurídico que rige en materia de reparcelación.
b)  A impulsar y reactivar la Junta de Compensación del Parque Industrial «La 
Rinconada»,  modificando  su  anterior  composición  dada  la  nueva  estructura  de  la 
propiedad  del  suelo  y  los  coeficientes  de  participación  a  que  obliga  la  sentencia 
número 11/2021, de 25 de enero, dictada por el juzgado de primera instancia número dos 
de Córdoba. Asimismo se comprometen a cumplir con diligencia las obligaciones que 
impone  la  legislación  urbanística,  especialmente  aquellas  derivadas  del  deber  de 
urbanizar y el pago de las cuotas o derramas que se vayan aprobando para subvenir los 
gastos de urbanización.
Por tanto, se procederá a la modificación del Plan Parcial y se redactará y aprobará 
el proyecto de reparcelación, que deberá tener en cuenta la instalación en el Parque 
Industrial de la Base Logística del Ejército de Tierra en una parcela de unas 85 hectáreas 
aproximadamente.
En consecuencia con lo anterior, se entenderá por concreta localización de la parcela 
destinada  a  base  logística  en  el  ámbito  de  actuación  del  Plan  Parcial,  con  los 
condicionantes técnicos, urbanísticos y conexión a sistemas generales que implique su 
instalación, la que resulte del correspondiente acuerdo de la Administración estatal por el 
que se apruebe la actuación.
c)  A prestar su conformidad a que en el futuro proyecto de reparcelación, se 
concentren en la parcela destinada a la base logística el 100 % de los aprovechamientos 
correspondientes a la GMU (como sucesora de PROCORDOBA) y al Ayuntamiento, y el 
resto de la AVRA, hasta alcanzar las necesidades de edificabilidad de la base logística y 
sin perjuicio de la localización en otras zonas del resto de aprovechamiento que pudieran 
corresponder a AVRA, de forma que la titularidad de la parcela resultante se adjudicará, 
en exclusividad, a las anteriores entidades.
Sexto.
La afectación de un bien al dominio público estatal para un fin, uso o servicio público 
viene  contemplada  en  los  artículos  68  y  siguientes  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 
concordantes de su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 
de agosto. Ambas normas contienen las reglas y principios que han de seguirse para la 
afectación de los bienes y derechos al Patrimonio Demanial del Estado, que integra el 
conjunto de bienes y derechos, de cualquier naturaleza, de la Administración General del 
Estado.
El artículo 186 de la citada Ley 33/2003, de 3 de noviembre, establece que la 
Administración General del Estado y los organismos publicos vinculados o dependientes 
de la misma podrán celebrar convenios con otras Administraciones públicas o con  s
personas jurídicas de derecho público o de derecho privado pertenecientes al sector  oe.
pereúlllaabsclPi cioóeornn,    sccuuoon nn p  ldeoaelsr tt feebin,ri em ldnaiene  asLo deyroyd d  eedánremae rbc Ohiltaroods s eo rdne ealrae cscaiuóiloisnzn  areUers sr abpdcaeetncu tícaisvactoiricáosacn p teedasret  r ipcmAaoontmrndimpiaorloesunn.cidíaaild,  yae sun r ebsnau n eíassrtttiaícc oul eleoyn  te7ren5    2021-15714n https://www.
(número 1 apartado b) permite destinar bienes integrantes de los patrimonios públicos de
suelo a usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o por  Bc
planeamiento,  bien  por  decisión  del  órgano  competente  de  la  Administración  que 
corresponda y, en estos casos (artículo 76 letra b) pueden ser cedidos gratuitamente o 
por precio que puede ser inferior al de su valor urbanístico, a cualquiera de las otras 
Administraciones  públicas  territoriales,  bien  directamente  o  mediante  convenio 
establecido a tal fin.
El artículo 77 de la citada ley regula la constitución del derecho de superficie sobre 
suelos integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
El interés común del uso de los terrenos que se pretenden ceder al Ministerio de 
Defensa en virtud de este convenio viene delimitado en el Protocolo General firmado 
entre el Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento donde se 
establecían los principios colaborativos entre las distintas administraciones públicas para 
la instalación de la Base Logística del Ejército de Tierra en la ciudad de Córdoba.
La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, faculta al 
Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la citada ley. Asimismo, 
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Público,  determina  que  la  organización  militar  se  rige  por  su 
legislación específica y por las bases establecidas en la legislación orgánica sobre dicha 
materia.
El artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, define los convenios como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados  o  dependientes  o  las  Universidades  públicas  entre  sí  o  con  sujetos  de 
derecho privado para un fin común, considerando como un tipo de convenio el suscrito 
entre dos o más Administraciones Públicas.
De otra parte, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía,  contempla  en  su  artículo  9  los  convenios  de  colaboración  entre  la 
Administración de la Junta de Andalucía y el resto de Administraciones Públicas y, 
cuando estos tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan una 
actividad más eficaz de las Administraciones en asuntos que les afecten, se ajustarán a 
los instrumentos y procedimientos de cooperación con la Administración del Estado que 
se  contemplan  en  la  normativa  estatal  básica  sobre  régimen  jurídico  de  las 
Administraciones Públicas.
Séptimo.
Como se recoge en el exponendo sexto, el artículo 77 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, regula la constitución del derecho 
de superficie sobre suelos integrantes de los patrimonios públicos de suelo.
En cuanto a su régimen jurídico, se estará además a lo dispuesto en la legislación 
estatal, esto es, artículos 53 y siguientes del texto refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
así como en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, y su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 
de agosto, texto este último que establece expresamente, en su artículo 37, que la 
adquisición a título gratuito de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos por los 
organismos públicos se tramitará por estos y se acordará por el órgano señalado en el 
artículo 21.2 de la citada ley, es decir sus «presidentes o directores».
El  Estatuto  del  organismo  autónomo  Instituto  de  Vivienda,  Infraestructura  y  e.
Equipamiento de la Defensa, aprobado por Real Decreto 1080/2017, de 29 de diciembre,  w.b
establece que corresponde a este organismo autónomo, entre otras, la función de la  714ww
daedrqeucishiocsió nr epaolers ,c udaelqstuinieard oostr oa  mlae diinof raaedsmtriutidctou rae n y deurseoc hpoo rd ela sb ieFnueesr zainsm  uAermbleasd ays 
[baiertníceusl oi n8m.au)]e, btleensi eansdío  ccoampoa cciduaadle lseqguaile rpaa rdae aredcqhuoirsir  psoobr rceu alolqsu imeri stmítuolso , [taordtíac uclola s9e. bd)]e, 
correspondiendo a su Director Gerente, entre otras competencias, celebrar Convenios de 
Colaboración [artículo 16.j)].
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, de acuerdo con 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio: constitución gratuita de un derecho de superficie.
1.  La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de 
la AVRA y el Ayuntamiento se comprometen a constituir gratuitamente un derecho de 
superficie sobre la parcela que se describe en la cláusula segunda con una superficie 
aproximada de 85 hectáreas y un aprovechamiento máximo en un tanto por ciento a 
determinar en el Plan Parcial en trámite, suficiente para llevar a cabo el Proyecto y sus 
previsibles ampliaciones, del total del sector sobre la misma, por un plazo de setenta y cinco 
años a favor del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en 
adelante Invied O.A., para su posterior adscripción a la Defensa Nacional y para su uso por 
el Ministerio de Defensa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 72, 75.1.b), 76.b) y 77 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía una vez aprobada la modificación del 
Plan Parcial del Parque Industrial «La Rinconada», tras la tramitación de los documentos 
urbanísticos necesarios y la inclusión del inmueble en los distintos patrimonios públicos de 
suelo, comprometiéndose dicho Departamento a destinarla a Base Logística «General de 
Ejército Javier Varela» durante el citado plazo de setenta y cinco años.
En relación a este último aspecto, las partes se comprometen, en la medida que lo 
permita la legislación entonces vigente, a renovar el derecho de superficie objeto de este 
convenio, por un plazo de veinticinco años prorrogables por otros veinticinco años, 
siempre que las necesidades militares del momento lo hagan aconsejable
2.  Previamente, a fin de tramitar el correspondiente expediente de constitución del 
derecho de superficie, el Ministerio de Defensa declarará de interés público para la 
Defensa  Nacional,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  la  instalación  de  la  base 
logística en los terrenos del Parque Logístico de «La Rinconada».
3.  Por su propia naturaleza, una vez constituido el derecho de superficie no podrá 
dejarse sin efecto unilateralmente por parte de las Administraciones autonómica o local 
antes del transcurso del citado plazo de setenta y cinco años. En el título constitutivo del 
derecho de superficie se hará constar, entre otras, esta circunstancia así como el plazo 
para el inicio por parte del Ministerio de la ejecución de las obras de edificación.
Segunda.  Delimitación  de  los  terrenos  para  la  ubicación  de  la  Base  Logística  del 
Ejército de Tierra.
1.  La Base Logística del Ejército de Tierra se instalará en los terrenos del Parque 
Industrial «La Rinconada» en Córdoba, en la parcela delimitada en el plano que, como 
anexo, se acompaña a este convenio, formando parte inescindible del mismo.
2.  Para  delimitar  la  parcela,  de  aproximadamente  85  hectáreas,  y  con  un 
aprovechamiento máximo a determinar en el documento de modificación del Plan Parcial 
del Sector, suficiente para llevar a cabo el Proyecto y sus previsibles ampliaciones sobre 
el aprovechamiento total del sector, se ha iniciado, por parte de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, la modificación del Plan Parcial del Polígono Industrial «La Rinconada», de  es
forma que la parcela destinada a base logística tendrá la siguiente descripción: o
Parcela  situada  en  Zona  Este  del  Plan  Parcial  I-6  «Parque  empresarial  La  714ww
eRninccuoennatrdaa l»ib dree ld PeG eOdiUfic daeci oCnóersd oyb sau, sc loímn iutensa  ssounp:erficie aproximada de 85 hectáreas. Se
– Al Norte: con finca «La Rinconada Alta» en una longitud aproximada de 1.000
metros.
– Al Sur: con zona verde que la separa de la autovía E-5 Madrid-Cádiz, con una 
longitud aproximada de 710 metros.
– Al Este: con la finca Las Avutardas, en una longitud aproximada de 945 metros.
– Al Oeste: con vial futuro del Polígono Industrial I-6, con trazado recto de una 
longitud aproximada de 1.140 metros.
La  parcela  presenta  una  topografía  plana  a  excepción  de  una  plataforma  que 
conforma  parte  de  su  límite  Este,  que  está  elevada  aproximadamente  10  metros 
respecto al resto de la parcela, de forma triangular y unas dimensiones de 100 metros al 
Norte, 600 metros al Este y 570 metros al Oeste.
3.  En el futuro proyecto de reparcelación, la totalidad de los aprovechamientos 
correspondientes  a  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  y  al  Ayuntamiento  se 
concentrarán en la citada parcela de forma que junto con parte de los aprovechamientos 
de la AVRA en el sector, la titularidad de la misma estará atribuida, íntegramente, a las 
entidades públicas.
Tercera.  Obligaciones del Invied/Ministerio de Defensa.
1.  Sin perjuicio de que quede recogido en el título constitutivo del derecho de 
superficie, el Invied O.A. se compromete a iniciar de inmediato la tramitación de la 
afectación a la Defensa Nacional del citado derecho de superficie, a fin de que el 
Ministerio de Defensa pueda acometer la ejecución de las obras de edificación en el 
plazo más breve posible y, en todo caso, en los cuatro (4) años siguientes a la firma de 
este convenio, manteniéndose puntualmente informadas a las otras Administraciones 
firmantes del mismo de la situación de las obras de manera que puedan acompasar la 
ejecución de las obras de urbanización.
2.  Durante el plazo de vigencia del derecho de superficie, el Invied O.A. se subroga 
en las obligaciones tributarias que la AVRA y el Ayuntamiento tengan respecto de la 
superficie del inmueble sobre el que se constituye el derecho de superficie, quedando 
obligado a mantenerlo durante dicho plazo en perfecta conservación, siendo responsable 
de los daños, detrimentos o deterioros causados.
En cualquier caso, todas las partes reconocen que los bienes demaniales afectados 
a la Defensa Nacional están exentos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en adelante 
IBI, por lo que el derecho de superficie sobre el inmueble en ningún caso devengará IBI 
ni otros impuestos de los que están exonerados los bienes adscritos a la Defensa 
Nacional, ni por el terreno ni por las construcciones que se vayan a edificar.
Cuarta.  Reversión de los terrenos.
Transcurrido  el  plazo  del  derecho  de  superficie  revertirán  a  la  AVRA  y  al 
Ayuntamiento los derechos sobre el suelo, así como las pertenencias, accesiones y 
cuantas  revalorizaciones  se  hubieran  acometido  en  el  inmueble,  sin  derecho  a 
compensación alguna en virtud de este convenio, sin perjuicio de los acuerdos a los que 
puedan llegar válidamente las partes sobre esta cuestión, conforme a la normativa 
urbanística patrimonial de aplicación en ese momento.
Si por cualquier causa el Ministerio de Defensa desistiera de la construcción de la 
Base Logística o este proyecto no pudiera llevarse a cabo por cualquier causa, la 
disponibilidad de los terrenos revertirá íntegramente a la AVRA y al Ayuntamiento, con 
todo lo que, en su caso, se hubiera construido, y sin que pudiera reclamarse cantidad  s
alguna por las obras allí realizadas, que quedarán de titularidad de las administraciones  oe.
autonómica y local. w.
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término municipal de Córdoba.
Quinta.  Financiación.
De este convenio no se deriva obligación financiera alguna para las partes.
Sexta.  Modificación del Convenio.
Este convenio podrá modificarse, mediante adenda, por mutuo acuerdo de las partes 
cuando resulte necesario para la mejor realización de su objeto o, en su caso, para 
adaptarse a las modificaciones legales que afecten a su contenido.
Séptima.  Causas de extinción y resolución.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, tal y como se establece en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Se extinguirá asimismo si se incurre 
en cualquiera de las causas de resolución establecidas en el artículo 51.2 de la citada 
ley.
Asimismo, constituyen causas de resolución del presente convenio no iniciar la 
ejecución de las obras de edificación en el plazo establecido en la clausula tercera o no 
destinar el inmueble a los fines objeto del mismo.
Si a la resolución de este convenio existieran actuaciones en curso de ejecución, las 
partes podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones pendientes que 
se consideren oportunas, fijándose un plazo improrrogable para su finalización.
Octava.  Comisión de seguimiento.
Para el seguimiento, control e interpretación de lo dispuesto en este convenio, se 
crea  una  Comisión  Paritaria  de  Seguimiento,  formada  por  seis  miembros,  dos 
designados  por  el  Ministerio  de  Defensa,  dos  por  la  Consejería  de  Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio y dos por el Ayuntamiento. Su designación y 
constitución  se  llevará  a  cabo  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  firma  del 
convenio.
El régimen de funcionamiento y toma de acuerdos de la Comisión se ajustará a lo 
establecido en el título preliminar, capítulo II, sección Tercera, de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los acuerdos se adoptarán de forma 
consensuada y por unanimidad de las partes.
Novena.  Legislación aplicable.
Este convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose por lo dispuesto en la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 4/1986, 
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 186 y 
concordantes  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas y supletoriamente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Queda excluido del ámbito de aplicación de la 
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En todo caso, las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre interpretación y 
cumplimiento  del  convenio,  que  no  puedan  ser  resueltas  por  las  partes  de  mutuo  es
acuerdo,  y  de  conformidad  con  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  bo
Jurisdicción Contencioso-administrativa, serán de conocimiento y competencia del orden  714ww
jurisdiccional Contencioso-administrativo.
Décima.  Entrada en vigor y vigencia.
Este convenio, con arreglo al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, se perfecciona por la prestación del consentimiento 
de las partes, resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Su vigencia será de cuatro años prorrogables por 
un periodo de cuatro años adicionales, si así lo acuerdan unánimemente las partes. 
Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el 
«Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que las partes, una vez transcurrido dicho 
plazo inicial o prorrogado puedan suscribir nuevo convenio conforme a la normativa de 
aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, el derecho de superficie tendrá la duración prevista en 
este convenio y en su título constitutivo, regulándose su ejercicio por lo previsto en el 
mismo y en la normativa de aplicación.
Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, una vez aprobado 
este  convenio  por  los  órganos  administrativos  correspondientes  y  autorizados  los 
comparecientes a su firma, lo hacen por cuadruplicado y a un solo efecto en el lugar y 
fecha  arriba  consignados.–Por  el  Ministerio  de  Defensa,  la  Ministra  de  Defensa, 
Margarita Robles Fernández.–Por el Invied O.A., el Director Gerente, Sebastián Marcos 
Morata.–Por  la  Consejería  de  Fiot  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  Consejera,  María 
Francisca Carazo Villalonga.–Por el Ayuntamiento de Córdoba, el Alcalde, José María 
Bellido Roche.
ANEXO
Planos de delimitación