BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 11 Jueves 13 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 3327
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
553 Orden ICT/1528/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  para  la  transformación  digital  y 
modernización de las entidades locales que forman parte del Camino de 
Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para su 
impulso  y  consolidación,  hacia  un  modelo  basado  en  la  sostenibilidad 
medioambiental, socioeconómica y territorial, y se procede a la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
I
La drástica reducción de la actividad turística que ha supuesto la pandemia de 
la COVID-19 durante 2020, y la incertidumbre que continúa dominando el horizonte 
de 2021, determina el contexto en el que se desarrollará el turismo durante los próximos 
años. Un momento de cambio y transformación profunda, de necesaria revisión del 
modelo de desarrollo turístico actual tomando como palancas para la reactivación de la 
actividad a corto plazo y la mejora de la competitividad turística, a medio y largo plazo, 
aspectos como la digitalización y la sostenibilidad.
Los daños causados por la pandemia en el tejido turístico representan un riesgo 
significativo que lastra a toda la economía, por lo que vivimos un momento clave que nos 
obliga a rediseñar la estrategia del sector y a establecer las bases reguladoras para 
crear un ecosistema más sostenible, hacia una oferta de experiencias de mayor calidad, 
innovadoras, integradoras con el mundo rural, que enriquezcan a la comunidad local y a 
su entorno medioambiental.
Es clave, por tanto, no solo pensar en el más inminente y acuciante corto plazo, sino 
reforzar su posición en el medio y largo plazo para que el sector turístico español pueda 
seguir siendo líder mundial en competitividad. El turismo es un sector estratégico de la 
economía española, un sector que ha generado aproximadamente el 12,4 % del PIB y 
cerca del 12,9 % del empleo hasta la irrupción de la pandemia COVID-19. El turismo es 
una herramienta de cohesión social y territorial, de desarrollo económico y de fijación de 
población. El refuerzo de la competitividad del sector cada vez estará más ligado al 
desarrollo  de  las  capacidades  digitales  para  atraer  a  los  clientes  y  mejorar  su 
experiencia.
II
Uno de los retos del sector es la celebración, en las condiciones más seguras 
posibles durante el periodo 2021-2022, del año Jacobeo/Xacobeo. España tiene ante sí 
la obligación de relanzar y fortalecer el Camino de Santiago, en todas sus ramas, 
poniendo  en  valor  la  resiliencia  para  transformar  y  fortalecer  el  modelo  turístico, 
adaptándolo a las nuevas necesidades que permitan mejorar la competitividad y afrontar 
la modernización del Camino al servicio de una mejor experiencia peregrina.
Desde sus orígenes, en el siglo IX, se ha planteado la necesidad de una intervención  e.
por parte de las distintas administraciones para proteger primero a los peregrinos y, más  w.
adelante,  al  patrimonio  monumental  histórico  artístico,  cultura  y  parajes  rurales  y  3w
natuLroasle Cs apmori nlooss  qduee S daisnctiuargroe nfu loesro dni fuenrean dtees l aCsa vmíainso dse d ceo Smaunntiiacagcoi.ón más influyentes de
iEmuprolapnata, cimiópnu ldsea nddifoe rlean atepsa reicsiótilno sd eq ucieu dvaedneíasn y d veil laostr oys f upeanístee sd ey  icnuteltrucraams.b Eios ctou lhtuar ahl eyc hdoe   BOE-A-cable e
que además de su valor espiritual, el Camino de Santiago sea, desde el punto de vista 
de su patrimonio material e inmaterial, uno de los bienes culturales más importantes de 
España.  Así,  el  Camino  Francés  y  los  Caminos  del  Norte  peninsular  también  son 
Patrimonio Mundial desde 1993 y julio de 2015, respectivamente. Y en 2004 recibió el 
premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2004 por ser «un lugar de peregrinación y 
de encuentro entre personas y pueblos que a través de los siglos se ha convertido en 
símbolo de fraternidad y vertebrador de la conciencia europea».
En el siglo XX, surgió un nuevo enfoque en la intervención de las administraciones 
con el fin de proteger su rico patrimonio monumental e histórico-artístico. La protección 
de  los  poderes  públicos  se  centró  en  un  principio  en  el  extraordinario  legado 
monumental, y posteriormente se amplió ante la urgencia de una labor de conservación y 
delimitación  del  propio  Camino  para  evitar  su  paulatina  desaparición.  El 
Decreto 324/1999, de 23 de diciembre, por el que se delimita la zona afectada por la 
declaración del conjunto histórico del Camino de Santiago (Camino Francés), declaró 
conjunto histórico-artístico a todos los lugares, edificios y parajes conocidos del Camino 
de Santiago y a todos aquellos que en lo sucesivo identificara el Patronato Nacional 
creado al efecto y regulado posteriormente por Decreto 1941/1964, de 11 de mayo, por el 
que se crea el Patronato Nacional de Santiago de Compostela.
Debido al considerable aumento del número de peregrinos que realizaban el Camino 
de Santiago y el creciente interés por su recuperación como hecho cultural, se creó el 
Consejo Jacobeo por Real Decreto 1530/1991, de 18 de octubre, órgano de cooperación 
que tiene por finalidad facilitar la comunicación entre la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas del Camino de Santiago (País Vasco, Cataluña, 
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra y Castilla y León). 
La Administración General del Estado está representada por los Departamentos con 
competencias  en  materia  de  cultura,  educación,  cooperación  internacional,  turismo, 
cooperación territorial, economía y hacienda, fomento y medio ambiente.
Su  última  reorganización  se  produjo  por  Real  Decreto  1431/2009,  de  11  de 
septiembre, por el que se reorganiza el Consejo Jacobeo, para intensificar sus funciones 
como órgano de cooperación en lo que se refiere a la gestión del Camino de Santiago 
inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, que en aquel momento se limitaba al Camino 
Francés y que, posteriormente, se ha visto incrementado con los Caminos del Norte 
Peninsular (Camino Primitivo, Camino de la Costa, Camino Lebaniego y Camino Interior 
Vasco-Riojano),  declarados  Patrimonio  Mundial  en  julio  de  2015,  sin  olvidarnos  del 
Camino de la Plata, el Camino de Santiago del Sur y que atraviesa las Comunidades de 
Andalucía y Extremadura, entroncando con el camino francés en Castilla y León.
Este Camino se encuentra repartido por diferentes municipios, muchos de los cuales 
a su vez forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes impulsada por La 
Secretaría de Estado de Turismo, a través de la Sociedad Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas, SA (SEGITTUR).
El proyecto Destino Turístico Inteligente es un instrumento de la política turística al 
servicio de la mejora continua, diseñado para que las entidades locales puedan hacer 
frente de manera conjunta con éxito a los retos y transformaciones permanentes que 
plantea el entorno económico, social y tecnológico a nivel mundial, y de forma especial el 
provocado por el COVID-19. En definitiva, se trata de una iniciativa para fomentar la 
transformación de los territorios con el objetivo de favorecer la transición a un nuevo 
modelo más innovador, digital y sostenible.
El punto de partida para la puesta en marcha de este programa es doblemente  s
ventajoso. Por una parte, la existencia del Consejo Jacobeo y los grupos de trabajo que  oe.
han venido colaborando juntos para intensificar, durante los años previos a la celebración  w.
del  próximo  Año  Santo  Jacobeo  en  2021,  la  cooperación  cultural  entre  las  3w
Acodmmpineitsetrnacciaiosn, edse  elas tcaotanls ey rvaauctoiónnó my ilcaa psr oremsopcoiónnsa dbelel sC,a emni nlao  dmee Sdiadnat iadgeo s.us respectivas
digitPaolizr aoctiróan p ya rtlae , slao setexinsitbeinlidcaiad ,d ee lu mnao dreedlo  dye  lean tRideadd eDsT lIo qcaulee sim trpaublasjaa nSdEoG aI TfaTvUoRr ,d eco lna   BOE-A-cable e
más de 180 destinos representativos de todas las regiones españolas; muchas ciudades 
también poseen ya capacidades Smart City desarrolladas durante la última década; y 
hay también un compendio de normas públicas que acompañan el proceso y también 
otras complementarias que abordan aspectos aplicables al turismo generadas en el seno 
del Comité Técnico de Normalización 178 de Ciudades Inteligentes; y finalmente, la 
enorme experiencia acumulada durante los últimos años de trabajo con ciudades en los 
que se han generado buenas prácticas y conocimiento que puede ponerse en valor en 
beneficio de todos los destinos españoles.
Actualmente, nos encontramos en un momento de recuperación de la actividad 
turística tras la pandemia del COVID-19, y de, al mismo tiempo, aceleración de un 
proceso de digitalización necesario para la competitividad de un sector estratégico para 
la economía española como el turismo, y para reducir la brecha digital que padecen los 
municipios  y  la  España  vaciada,  muchos  de  los  cuales  pertenecen  al  Camino, 
solucionando problemas detectados como la falta de atención al peregrino o la escasa 
interacción con ellos a través de los canales digitales.
La estrategia correcta para dar un buen servicio, dar una inmejorable imagen, atraer 
peregrinos  y  proporcionarles  una  grata  experiencia,  pasa  por  lograr  una  mayor 
implicación de los establecimientos y empresas que prestan servicios cerca del Camino 
para mejorar la atención al peregrino.
Atendiendo  a  la  modelización  actual  del  turismo  en  España,  con  una  clara 
diferenciación del turismo de sol y playa, patrimonial, interior, de congresos y urbano, el 
impulso a la transformación, modernización e incremento de competitividad del Camino 
de Santiago se muestra clave para atender al desarrollo de entornos que sufran el 
impacto de la España vaciada, aunque no sólo ellos.
Para el diseño de este programa se ha tenido en cuenta los objetivos aprobados por 
el Consejo Jacobeo, reunido en Comisión Ejecutiva el 6 de noviembre de 2018, para la 
conmemoración del Año Jacobeo 2021, que son los siguientes: destacar la riqueza 
cultural, natural y humana del Camino de Santiago; invitar al diálogo en torno a este 
Gran Itinerario Cultural Europeo; promover el patrimonio cultural jacobeo como fuente de 
inspiración para la creación artística contemporánea; impulsar el desarrollo de las áreas 
rurales del Camino de Santiago; y fomentar el conocimiento del patrimonio relacionado 
con el Camino de Santiago particularmente entre los más jóvenes.
Para poder alcanzar estos objetivos, y teniendo en cuenta que la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación son claves para el crecimiento económico a largo 
plazo y, con ello, del bienestar de la sociedad en general, desde la Secretaria de Estado 
de Turismo se ha decidido llevar a cabo la puesta en marcha del Plan Turístico Nacional 
Xacobeo  2021-2022,  que  se  desarrolla  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia  del  Gobierno  de  España,  y  que  tiene  como  objetivo 
aumentar la productividad y el crecimiento potencial del país, avanzando hacia una 
España verde, digital, inclusiva, con mayor cohesión social y territorial y sin brechas de 
género.
III
Asimismo, hay que señalar que la subvenciones que se regulan en esta orden están 
en línea con los objetivos que motivaron que el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, 
consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y 
de  un  planteamiento  innovador  que  impulsen  la  convergencia,  la  resiliencia  y  la  s
transformación en la Unión Europea, acordara un paquete de medidas de gran alcance,  e.
conocido  como  Instrumento  Europeo  de  Recuperación  de  la  Unión  Europea  (Next  w.
Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos  3w
ilnas Atryuumdean ato las:  Reel cMuepcearancisiómno p paarara l ala C Roehceuspióenr ayc lioósn  Tye lrari tRoreiossili ednec Eiau r(oepna a (dReElaAnCteT,- EMUR)R.) y
RegClaommeon toc o(UnsEe) cnuúemnceiaro  2d0e2 0e/2s0o9s 4 adceul eCrdoonss,e jola,  deU n1i4ó nd eE duircoiepmeab reh ad e a2d0o2p0t,a dpoo r eell   BOE-A-cable e
que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) número 2021/241 del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  establece  el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las 
medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea.
La  financiación  ayudará  a  los  Estados  miembros  a  hacer  frente  a  los  efectos 
económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19, garantizando, 
asimismo, que sus economías emprendan las transiciones ecológica y digital para ser 
más sostenibles y resilientes, con inversiones que aceleren la recuperación y refuercen 
el crecimiento.
Igualmente, en este contexto se aprobó el 7 de octubre de 2020, el marco general del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede», que traza la hoja 
de ruta para la modernización de la economía española. El Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) es un proyecto de 
país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de 
todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la Administración Pública. 
Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, permitirán la realización de 
reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, 
por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la 
economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación 
hacia una estructura más resiliente, que permita que nuestro modelo pueda enfrentar 
con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro, e inclusiva, de especial relevancia, 
todo ello, para el interés público, social y económico.
El Plan de Recuperación fue aprobado por Decisión de Ejecución del Consejo de 13 
de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el 
que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje 
central  de  las  medidas  extraordinarias  de  recuperación  de  la  Unión  Europea.  Está 
articulado  a  partir  de  cuatro  ejes  (transición  ecológica,  cohesión  social  y  territorial, 
digitalización e igualdad de género), que se materializan en diez políticas palanca, que a 
su vez integran 30 componentes que articulan de forma coherente y complementaria las 
diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio 
como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del 
Plan de Recuperación.
Cada componente se centra en un reto u objetivo específico y recoge diferentes 
medidas:  reformas  e  inversiones  para  el  refuerzo  del  capital  natural,  tecnológico  y 
humano, para aumentar la productividad y el crecimiento potencial generador de empleo.
La línea de ayudas que se regula por esta orden se incardina en el Componente 14 
del Plan de Recuperación, denominado «Plan de modernización y competitividad del 
sector turístico», y específicamente en la inversión 2, «Programa de digitalización e 
inteligencia para destinos y sector turístico» cuyo objetivo es desarrollar una plataforma 
inteligente de destino que dote de interoperabilidad a la oferta de servicios públicos y 
privados  al  turista.  Esto  se  complementará  con  el  desarrollo  de  un  Sistema  de 
Inteligencia Turística y un conjunto de iniciativas para impulsar la Red Española de 
Destinos Inteligentes. Las acciones en el marco de esta inversión también respaldarán 
las  soluciones  digitales  basadas  en  la  inteligencia  artificial  y  otras  tecnologías 
habilitadoras  en  las  empresas  del  sector  turístico,  y  aportarán  financiación  para  el  s
desarrollo de espacios de datos industriales y la promoción de la innovación digital en el  oe.
sector turístico. w.
Esta línea de ayudas se recogería en el proyecto 1, «Plan de Transformación Digital  3w
ddieg iDtaelisztaincoiósn T udreís tliocso s»d,e sqtuineo tsie ntuer ípsotirc oosb jeyt od iem pllaesm eenmtaprr eascatus actuiorínsetisc adse  iym paublosrod adre  llaa 
icnotenrsotrpuecrcaióbnili duand ,s pisateram gaa draen tiinztaerl igeel ndceiasa trurorílsloti csao sbtaesnaibdleo  deenl  ltae rerictoornioo mtuíraís dticeol ,d qautoe  ys elaa   BOE-A-cable e
accesible para todos, que facilite la interacción e integración del visitante con el entorno 
e incremente la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del 
residente gracias a las nuevas tecnologías y a un proceso de innovación continua. Esta 
actuación contribuye a la consecución del hito 222, Implementación y puesta en marcha 
de una Plataforma Inteligente de Destino plenamente operativo, al apoyar proyectos 
innovadores  desarrollados  por  entidades  locales  pertenecientes  a  la  red  DTI  que 
alimentarán dicha plataforma y que se pondrán a disposición de los turistas y del sector 
debiendo alcanzarse dicho objetivo en el segundo trimestre de 2025.
IV
Esta  orden  se  aprueba  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  61  del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo dispuesto en el artículo 17.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Además, en atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los 
fondos  europeos  «Next  Generation  EU»  y  de  conformidad  con  el  artículo  61.1  del 
Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  esta  orden  de  bases  incorpora  la 
convocatoria de las ayudas.
La presente orden se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos. En el 
primer capítulo se contienen disposiciones de carácter general, como el objeto de las 
ayudas,  su  ámbito,  los  beneficiarios  o  los  gastos  subvencionables.  En  el  segundo 
capítulo se recoge las bases de las ayudas. El tercer capítulo regula la convocatoria de 
ayudas para el año 2021.
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el 
Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en 
particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución 
del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y 
resiliencia  de  España,  todas  las  actuaciones  financiadas  en  el  ámbito  del  Plan  de 
Recuperación,  deben  de  respetar  el  llamado  principio  de  no  causar  un  perjuicio 
significativo  al  medio  ambiente  (principio  DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No 
Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas 
en el Componente 14, Inversión C14.I2 en la que se enmarca, tanto en lo referido al 
principio DNSH, como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en 
los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
V
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.13.ª  de  la 
Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  sobre  bases  y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica. En primer lugar, la 
competencia estatal sobre la base del artículo 149.1.13.ª tiene un «carácter transversal», 
en el sentido recogido en la jurisprudencia constitucional (por todas, STC 74/2014, de 8 
de mayo, FJ 3) de manera que «aun existiendo una competencia sobre un subsector 
económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como ''exclusiva'' en su Estatuto, 
esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases  e.
y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia  w.b
exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una  3w
ccoammppeotse on cmiaa tperroiapsia» ,y s ideimfepreren cqiaudea e pl fuine dpeenrs deegsupidleog raersspeo anudtaó neofemcativmaemneten tseo ab ruen  doivbejerstiovos 
de planificación económica.
Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que 
«exige  decisiones  unitarias  que  aseguren  un  tratamiento  uniforme  de  determinados 
problemas en orden a la consecución de dichos objetivos (de política económica global o 
sectorial) y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en 
las  distintas  partes  del  territorio,  se  produzcan  resultados  disfuncionales  y 
disgregadores» (STC 186/1988, FJ II; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de 
septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su 
naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» 
(SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la 
«unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, 
FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
En su seno, se enmarcan tanto las normas estatales que fijan las líneas directrices y 
los criterios globales de la economía o referidos a la ordenación de un sector concreto, 
como  aquellas  acciones  o  medidas  singulares  necesarias  para  alcanzar  los  fines 
propuestos dentro de dichos ámbitos. Por ejemplo, líneas de ayudas como las reguladas 
en esta orden, destinadas a actualizar y modernizar los destinos turísticos en todas 
aquellas infraestructuras, herramientas y soluciones digitales relacionadas con la gestión 
de servicios turísticos por parte de las entidades locales.
La competencia transversal del Estado concurre, en el caso que nos ocupa, con la 
atribución  estatutaria  de  las  comunidades  autónomas  en  materia  de  promoción  del 
turismo. Por otro lado, los municipios son competentes en materia de información y 
promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, dentro de los márgenes de 
la Ley estatal y autonómica artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local). Se trata de un ámbito, por lo tanto, en el que concurren 
títulos competenciales del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Partiendo de esa concurrencia de títulos competenciales, hay que recordar que, como 
señaló el Tribunal Constitucional en la STC 31/10, en relación con la competencia exclusiva 
recogida en el Estatuto de Cataluña sobre comercio y ferias, que ésta «no impide ni 
menoscaba el ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1.13.ª CE» (FJ 68).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las 
comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la 
consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero 
(FJ 8), cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas 
competencias  exclusivas  sobre  la  materia  en  que  recaen  las  subvenciones,  éstas 
pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del 
Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada 
de  las  partidas  presupuestarias  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado».  No 
obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, 
genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra 
doctrina anterior, a saber: Que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad 
de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas 
posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 
territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los 
fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer 
razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la 
medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia 
del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas  s
circunstancias  y  para  valorar  la  participación  en  ese  proceso  de  las  comunidades  oe.
autónomas (STC 31/10, FJ 62). w.
A estos efectos, y, en primer lugar, la situación crítica que vive el sector como  3w
cuorgnesnecciuae rnecqiau edreid laa  epna nedl edmesiap,l iae glau eq uheo myao gséen heaoc ed eh elacsh oa yruedfearse necni at ocdoon  ealn tteerrriiotorirdioa de ny  leal 
menor plazo de tiempo posible, justifican fundadamente el carácter imprescindible de la
presente orden de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para garantizar la plena 
efectividad de las medidas en el sector.
Por  todo  ello,  concurren  en  este  caso  las  circunstancias  para  centralizar  la 
convocatoria de las ayudas por el Estado: la grave crisis en la que se encuentra inmerso 
el sector turístico como consecuencia de la COVID-19 que hace imperativo un revulsivo 
inmediato que le permita recobrar su actividad, reactivando las economías municipales y 
el propio pulso de los ecosistemas locales, también desde el punto de vista social.
El esquema centralizado para la asignación de los fondos es imprescindible para la 
efectividad inmediata por varias razones.
Por un lado, se garantizaría el despliegue simultáneo de las ayudas, contribuyendo a 
una acción única, homogénea y sincronizada de revitalización del turismo y se evitaría la 
potencial falta de sincronía por posibles diferencias en plazos de tramitación entre las 
diecisiete comunidades autónomas.
La  necesidad  de  un  despliegue  inmediato  y  sincronizado,  que  refuerce  la 
competitividad del sector turístico en el corto plazo en todo el territorio, exige que los 
plazos y criterios aplicados sean idénticos en todo el territorio nacional, lo que se alcanza 
con una tramitación de la recepción de solicitudes, selección y pago único. El enfoque 
adoptado permite poner en marcha un procedimiento homogéneo que haga frente a la 
situación de urgencia actual de forma unívoca.
Por otro lado, esta propuesta de gestión permite alcanzar de manera inmediata el 
objetivo perseguido, limitando los retrasos que pudieran derivarse de las dificultades de 
establecer  unos  criterios  de  reparto.  Se  pretende  reforzar  la  competitividad  de  los 
destinos turísticos locales en todo el territorio, independientemente de su pertenencia a 
una u otra comunidad, basándose tan sólo a las cualidades de los proyectos que 
presenten las entidades locales en la que se encuentren. Este objetivo entra en conflicto 
con la necesidad de definir un criterio de distribución objetivo entre las comunidades 
autónomas que sirviese al mismo fin en el caso de que se procediese a la gestión 
territorializada, porque el nivel del reparto para definir la cantidad asignada a cada una 
de éstas debería fijarse en función de criterios cuantitativos ligados al ámbito autonómico 
(sea el PIB, la población, los datos turísticos o el número de mercados en el territorio, lo 
que no se puede hacer corresponder con proyectos de modernización, que no se pueden 
conocer a priori) siendo además un requisito imprescindible el de la rapidez en el 
despliegue de las ayudas para maximizar el impacto de las medidas, clave en el actual 
contexto económico.
Esto último enlaza precisamente con el segundo elemento al que hace referencia la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional: el carácter imprescindible de la presente orden 
de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para garantizar las mismas posibilidades 
de obtención y disfrute por los posibles beneficiarios en todo el territorio nacional y, por 
ende, para revitalizar el comercio local de forma sincronizada en todo el Estado. Ninguna 
otra  opción  de  las  posibles  permitiría  atender  mejor  a  ese  objetivo  primordial.  Los 
potenciales  beneficiarios  de  las  subvenciones  presentan  características  diversas  y 
variadas en sus dimensiones y estructura, así como en el grado tecnológico alcanzado 
en el sector turístico ubicado en su demarcación, lo que aconseja un procedimiento de 
tramitación y valoración único.
En  resumen,  la  necesaria  coherencia  de  la  política  económica  en  las  actuales 
circunstancias  económicas  excepcionales  y  la  gravedad  y  urgencia  de  la  situación 
aconsejan el que se articule un sistema que permita una actuación rápida y uniforme en 
todo  el  territorio,  garantizando  la  plena  efectividad  de  las  medidas  dentro  de  la  s
ordenación básica del sector y las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte  oe.
de todos sus potenciales destinatarios, lo que justifica el que de manera excepcional se  w.
haya articulado un mecanismo que asegura la homogeneidad y la plena información y  3w
cmoisomrdoin atcieiómnp eon  guanr asnistitzeam ala d ed ecboindcau rcreonhceirae nccoima pdeeti tivloas,  qpureo ypercimtoas  lac oang ilildaasd ,p poelírtioc aasl 
dseiscetñoariadloess  adl ee fceacdtoa. comunidad o ciudad autónoma, a través de los órganos de gobierno  BOE-A-cable e
Se trata, además, de una medida de fomento puntual, justificada por la gravedad de 
la crisis y la necesidad de una respuesta inmediata, que no afecta al espacio normativo 
de las comunidades autónomas, que pueden llevar a cabo sus políticas sectoriales 
propias,  ya  que  el  Estado  no  establece  una  regulación  básica  con  vocación  de 
permanencia sino que adopta una medida singular, puntual y aislada, que se agotara con 
su ejecución en el marco del Plan de Recuperación, y para el ejercicio por las entidades 
locales de competencias propias de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Este el caso de las ayudas reguladas en esta orden, dirigidos a la digitalización de 
los  miembros  de  la  red  de  destinos  turísticos  inteligentes  gracias  al  desarrollo  e 
implantación de tecnologías en los destinos, que tienen un marcado carácter innovador.
VI
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaria de Estado de 
Turismo, es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la 
propuesta y ejecución de la política de turismo.
Específicamente, el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, atribuye a 
la Secretaria de Estado de Turismo, entre otras, las funciones de definición, desarrollo, 
coordinación  y  ejecución  de  las  políticas  turísticas  del  Estado,  sin  perjuicio  de  las 
competencias  de  la  Comisión  Interministerial  de  Turismo,  así  como  las  relaciones 
turísticas institucionales de la Administración General del Estado con organizaciones 
internacionales,  públicas  o  privadas,  y  la  cooperación  turística  internacional,  en 
coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
Estas ayudas no se consideran ayudas de Estado por cuanto son inversiones que se 
destinan a la digitalización y modernización de Administraciones Públicas, en concreto 
Entidades Locales vinculadas a la Red de destinos turísticos inteligentes.
Asimismo, las ayudas contempladas en la presente orden se incardinan en el Plan 
actualizado  2021  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Ministerio  de  Industria, 
Comercio y Turismo elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y 
marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y por la 
aprobación del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation). Dicha 
incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas estratégicas del Plan 
que  tiene  como  objetivo  fomentar  la  digitalización  y  la  innovación  en  los  sectores 
productivos competencia del Ministerio.
Por otro lado, las ayudas contempladas en la presente orden no tienen asignada 
ninguna etiqueta ambiental en el marco del Plan de Recuperación, pero si una etiqueta 
digital, la 010, correspondiente a Digitalización de pymes (incluidos el negocio y el 
comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación 
digital, los laboratorios vivientes, los ciberemprendedores, las empresas emergentes 
basadas  en  TIC,  el  comercio  electrónico  entre  empresas),  que  tiene  asignado  un 
coeficiente del 100 %. Las actuaciones subvencionadas, por lo tanto, deben responder a 
esa categoría.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  s
de  las  Administraciones  Públicas.  En  este  sentido,  se  garantizan  los  principios  de  e.
necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los  w.
intereses  que  se  persiguen,  siendo  el  principal  favorecer  el  fortalecimiento  del  3w
dcoen porcoimpoiercnitoon alcidieandt ífaicl oc onetenn ert ulrais mreog.u laLciaó n nimorpmreas cinedsi blea cpoarrdae  logcroanr  ele lo bjpertiinvoci pdieo 
gnaorramnattizivaar  elousr ofpineeas  yp elar seegspuaidñoosl,a .i mCpuomnpielen deol  sporilnoc ilpaiso  cdoen dsiecgiounreidsa dq ujuer íedsictaa,b lesiceen dloa   BOE-A-cable e
coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, 
siguiendo los principios de claridad y de certidumbre, que facilite su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las empresas. 
Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la 
norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas 
llegan  de  una  manera  ágil  a  todos  los  beneficiarios.  En  cuanto  al  principio  de 
transparencia, esta norma establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que 
son objetivos, públicos y conocidos previamente, y garantiza una amplia participación a 
sus  potenciales  destinatarios  en  su  elaboración.  En  relación  con  los  principios  de 
eficacia, eficiencia y transparencia, se ha recurrido a la concurrencia competitiva pues se 
trata del instrumento más adecuado para garantizar la efectiva ejecución de las políticas 
públicas del Gobierno en la materia, asegurando la igualdad de oportunidades. Las 
bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden 
incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas todas las 
solicitudes  de  ayuda  al  procedimiento  ordinario  de  concesión  en  régimen  de 
concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha 
normativa.
Esta orden está en consonancia con el Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025, que recoge el impulso de la digitalización de la Administración 
Pública entre los diez ejes de reforma e inversión para catalizar una transformación 
digital que relance el crecimiento económico, la reducción de desigualdades, el aumento 
de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las 
nuevas tecnologías. Impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, 
esta  transformación  debe  llegar  a  toda  la  sociedad  y  permitir  conciliar  las  nuevas 
oportunidades que ofrece el mundo digital con el respeto a los valores constitucionales y 
europeos, así como la protección de los derechos individuales y colectivos.
En  la  elaboración  de  esta  orden  han  emitido  informe  el  Servicio  Jurídico  y  la 
Intervención  Delegada  en  el  Departamento,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el 
artículo  17.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  el  artículo  61.2  del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad de las ayudas.
Constituye el objeto de esta orden la aprobación de las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos que 
permitan avanzar en la transformación y modernización de las entidades locales que 
forman parte del Camino de Santiago hacia un modelo de destino turístico inteligente 
basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial,, en el marco de 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (en 
adelante, Plan de Recuperación) y con el Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022, 
así como la convocatoria correspondiente a 2021. es
Artículo 2.  Encaje en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ww.
«Pla1n.   dLea sm aoyduedransiz arecgióunla dya sc oemn peestittaiv iodradde nd esle  sineccatordr intaunrí setinc oe»l,  ceonm plao neinnvteer s1i4ó,n  d2e,l 
««PPrlaong rdaem aT radnes dfoigrmitaalicziaócni óDni geit ainl tdeeli gDeensctiian opsa rTau rdíestsictionso»s,  yd esnetcrtoo rd etul raísptaicrota»d, op rroeylaetcivtoo  1a,l   BOE-A-cable e
impulso y consolidación de la Red de destinos turísticos inteligentes («DTI»), como parte 
integrante del desarrollo de servicios compartidos para los miembros de la Red que 
resuelvan necesidades comunes, que en el caso de la presente orden se circunscriben al 
ámbito concreto del Camino de Santiago, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos 
asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de 
recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
2.  En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el mecanismo de recuperación y resiliencia y su normativa de desarrollo, en 
particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución 
del Consejo de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de 
Recuperación y Resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas con cargo a la 
presente  Orden  deberán  respetar  el  llamado  principio  de  «no  causar  un  perjuicio 
significativo» al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No 
Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas 
en el Componente 14, Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
Artículo 3.  Ámbito territorial.
La presente orden, por la que se establecen las bases reguladoras para las ayudas 
en el ámbito de la modernización y competitividad del sector turístico, será de aplicación 
en todo el territorio nacional siempre que los proyectos presentados estén relacionados 
con el Camino de Santiago en sus diferentes rutas.
a)  Camino Francés: Ruta habitual de los peregrinos europeos desde la Edad Media 
que tiene su comienzo en España en Roncesvalles-Valcarlos (Navarra) y en Somport-
Canfranc (Aragón). Documentada etapa por etapa desde el siglo XII, protegida por el 
Estado como conjunto histórico desde 1962 e incluida en la lista de Patrimonio Mundial por 
UNESCO en 1993. Es la ruta elegida en mayor medida como destino turístico hoy en día.
b)  Caminos delimitados por el Consejo Jacobeo: Camino de la Costa (Camino del 
Norte),  Camino  Primitivo,  Camino  del  Interior  Vasco-Riojano,  Camino  Liebaniego, 
Camino Catalano-Aragonés.
c)  Otros caminos: Camino Mozárabe por la vía de la Plata, Camino de Invierno, 
Camino de Levante, Camino Mozárabe, Camino de Madrid, Camino Inglés, Camino de 
Fisterra-Muxía, Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla; Camino de Mallorca y el Camino 
Canario.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras
Artículo 4.  Régimen de concesión.
1.  Las ayudas reguladas en esta orden se concederán en régimen de concurrencia 
competitiva,  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  objetividad, 
igualdad y no discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, establecidos 
en los artículos 8.3, 22.1 y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  es
Subvenciones, y se iniciará mediante convocatoria pública. o
2.  El procedimiento de concesión, que se iniciará de oficio mediante convocatoria  ww.
pcRaúerbgal3licac.t ame,re Líssnatet iocp a arestaes qpneurdnoertbeá ea  osdarto adl boel npee ocdsree tan aeb epll esrctoRaibdseao abc lai eósnnDe  esdla cer re Lelgaetousy  l ab38da88os/e7r2as/02s 0r0.e30g,6 u,d laedd oe1r 7a 2sd1,e  q undeoe,v  diejeum liaobc,r uee,c roydn oa  c loasnus    OE-A-2022-553able en https://w
el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación  y Resiliencia, incluye la correspondiente 
convocatoria, se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, 
BDNS)  y  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
artículo 17.3.b) y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Las convocatorias que se aprueben en el marco de estas bases se publicarán en 
la BDNS y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 5.  Financiación y presupuesto de la convocatoria.
La financiación de las convocatorias que se realizan con arreglo a esta orden se 
imputará  a  las  aplicaciones  presupuestarias  20.50.460A.760  de  los  Presupuestos 
Generales del Estado, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Artículo 6.  Beneficiarios.
1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta orden las agrupaciones 
de entidades locales que se ajusten al régimen previsto en el artículo 67 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, que estén ubicadas en el ámbito territorial determinado en el artículo 3, y 
estén compuestas por el número mínimo y máximo de participantes previstos en el 
apartado siguiente.
Todos los miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la 
ayuda  y  serán  solidariamente  responsables,  en  proporción  a  sus  respectivas 
participaciones, en relación al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación, 
incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de 
préstamos, y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2.  Las agrupaciones de entidades locales a las que se refiere el apartado anterior 
serán aquellas compuestas por un mínimo de 3 entidades y un máximo de 8 que 
pertenezcan a la misma ruta del Camino de Santiago. En la solicitud y en la resolución 
de concesión se determinarán los compromisos asumidos por cada miembro y el importe 
de la subvención aplicado a cada uno. Deberá nombrarse un representante o apoderado 
único de la agrupación.
3.  Los  miembros  de  la  agrupación  deberán  suscribir,  con  carácter  previo  a  la 
formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea 
necesario  que  se  constituyan  en  forma  jurídica  alguna  para  ello.  El  acuerdo  de 
agrupación debería incluir, por lo menos, los siguientes aspectos:
a)  Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro de la 
agrupación.
b)  Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada miembro de la 
agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso.
c)  Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. s
d)  Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones  oe.
para la resolución de litigios internos. w.
partfeic)) i paPAnrcoteupseie.rddaods  dseo blorse  reressupltoandsoasb.ilidad,  indemnización  y  confidencialidad  entre  los  2022-553n https://w
g)  Protección legal de los resultados, y, en su caso, de la propiedad industrial
resultante. Deberá recoger una previsión mínima de cesión de derechos de uso no  Bc
exclusivo en beneficio de la administración pública española, por una duración acorde 
con la regulación de la propiedad intelectual o industrial, según el caso.
h)  Normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la 
actividad subvencionada.
El acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarado beneficiario de la 
ayuda por resolución de concesión definitiva.
4.  Los integrantes serán entidades locales que formen parte o que hayan solicitado 
su adhesión a la Red DTI antes de la concesión de la ayuda, conforme al modelo que se 
incluye como anexo I.
5.  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra 
alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
6.  No podrán ser beneficiario las entidades que no estén al corriente de pago de las 
obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente 
concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas 
que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión 
previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e 
incompatible con el mercado interior.
Artículo 7.  Requisitos de los beneficiarios.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)  Para poder acceder ayudas, las solicitudes han de estar referidas a proyectos 
relacionados con el Camino de Santiago y sus rutas.
b)  La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad 
convocante, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)  Las acciones que realicen los beneficiarios tendrán que cumplir con lo estipulado 
en estas bases reguladoras.
Artículo 8.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las que se establezcan en las convocatorias. 
Entre otras, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a)  En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la 
certeza de la no ejecución y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la 
resolución  de  concesión,  procediendo  a  la  devolución  voluntaria  conforme  con  lo 
establecido  en  el  artículo  90  del  reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones, 
aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de demora 
calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
b)  Mantener la inversión durante un plazo de cinco años desde la finalización de la 
ejecución  del  proyecto,  sin  que  sufra  una  modificación  sustancial  que  afecte  a  su 
naturaleza o a sus condiciones de ejecución y aprobación. Serán considerados cambios  e
sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención. El  bo
cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano  w
gestco)r  dCe rleaasr a eynu dEass.paña todo el empleo necesario para la prestación de la actividad
Sobejgeutori ddaed  Slao csiaulb veenn ecli ótne,r riqtoureio  snea crioenaalizl.a Erál  ccuomnp lpimeriesonntoa ld ec oensttrea taredqou isyi toa ftileianddorá  aq ulae 
justificarse documentalmente.
d)  Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así 
como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto 
internacional  y  la  disponibilidad  de  cualquier  componente  o  subsistema  tecnológico 
sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, 
componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en 
la Unión Europea.
e)  Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en las convocatorias o 
las resoluciones de concesión.
2.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además,  con  las  obligaciones, 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)  En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades 
beneficiarias garantizarán el respeto al principio de »no causar un perjuicio significativo», 
conforme  a  lo  previsto  en  el  Plan  de  Recuperación,  en  el  Reglamento  (UE) 
número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por 
el  que  se  regula  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  y  su  normativa  de 
desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación 
del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de 
Ejecución del Consejo, de 13 de julio de 2021.
b)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud  del  artículo  22.2.e)  del  Reglamento  (UE)  número  2021/241  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c)  Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
d)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
e)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
f)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea.
g)  Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco 
años a partir de la operación (tres años si la financiación no supera 60.000 euros), de 
acuerdo  con  el  artículo  132  del  Reglamento  (UE,  Euratom)  número  2018/1046  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE)  número  1296/2013,  (UE)  número  1301/2013,  (UE)  número  1303/2013,  (UE) 
número  1304/2013,  (UE)  número  1309/2013,  (UE)  número  1316/2013,  (UE) 
número 223/2014 y (UE) número 283/2014 y la Decisión número 541/2014/UE y por el  e
que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) número 966/2012. bo
h)  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la  w
caodrorpucpicóinó nd, ep rmeveednidira esl  cdoirnigfliidcatos  dae  pinretevreénsi ry,  dlae dteocbtaler ,f icnoamncuiancicióanr .y corregir el fraude y la
Artículo 9.  Entidad colaboradora.
1.  Para la gestión de las subvenciones se designa a la Sociedad Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SA (SEGITTUR) como entidad 
colaboradora, que deberá cumplir con los requisitos y obligaciones y desempeñar las 
funciones establecidas en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  SEGITTUR intervendrá en las labores de estudio y evaluación técnica de los 
proyectos presentados con las solicitudes, y en la recepción y estudio de la documentación 
remitida, de la justificación de los gastos y de la ejecución de las actuaciones o proyectos 
objeto de financiación, sin que se produzca la previa entrega y distribución de fondos, y 
conforme a lo establecido en el convenio que se suscriba con esta.
En  dicho  convenio  se  establecerán  medidas  para  la  prevención  del  fraude  y 
situaciones de conflictos de intereses tanto en la fase de evaluación como de revisión de 
las justificaciones.
3.  No se requieren condiciones específicas y adicionales de eficacia y solvencia a 
las que se refiere en el artículo 17.3.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El 
necesario cumplimiento de las condiciones del artículo 13 de dicha ley es condición 
suficiente de solvencia y eficacia económica y financiera.
Artículo 10.  Etiquetado Digital, tipos de proyectos, y plazo de ejecución.
1.  Serán susceptibles de ser objeto de ayudas del programa los proyectos dirigidos 
a la realización de actividades en torno al Camino de Santiago, impulsando el sector 
turístico mediante la innovación digital contribuyendo así al cumplimiento del etiquetado 
digital de la medida C14.I2 del Plan de Recuperación.
2.  El presupuesto de los proyectos subvencionados será de entre 500.000 euros 
y 1 millón de euros.
3.  Los  proyectos  subvencionados  tendrán  por  objeto  alguna  de  las  siguientes 
actuaciones:
a)  Planes estratégicos en relación con la transformación digital.
b)  Modernización y transformación digital en la gestión del destino:
1.º  Dotación de infraestructura tecnológica para la conectividad del destino:
i.  Implantación de fibra óptica.
ii.  Disponibilidad de redes Wi-Fi.
iii.  Redes Wi-Max.
iv.  Conectividad en internet (IoT, IoS e IoP).
v.  Información disponible sobre conectividad Wi-Fi.
vi.  Conectividad en puntos de interés y atractivos turísticos.
vii.  Cobertura móvil (4G y 5G).
2.º  Tratamiento de Datos:
i.  Implantación de sensores y sistemas de captura de datos.
ii.  Implantación de soluciones software, como por ejemplo la puesta a disposición 
de datos en formato abierto, así como su uso automatizado.
iii.  Tratamiento masivo de datos e inteligencia artificial.
iv.  Selección  de  indicadores,  protocolos  de  medición  y  diseño  de  cuadros  de  s
mando. e.
3.º  Plataformas TIC: 3ww
Admi.i nisPtrraocyieocnteoss  Pdeú bilmicpalsa.ntación de aplicaciones que faciliten la interoperabilidad entre  OE-A-2022-55able en https://
ii.  Plataformas  telemáticas  de  coordinación  intrarregional.  El  objetivo  de  este 
apartado  es  conseguir  el  desarrollo  de  productos  de  información  que  puedan  ser 
distribuidos a través de Internet.
iii.  Plataformas para permitir la conservación e intervención en patrimonio cultural: 
Monitorización del estado de conservación promoviendo la conservación preventiva, 
control  en  tiempo  real  de  la  eficiencia  energética  en  instalaciones,  edificaciones  e 
infraestructuras, sistemas de seguridad, control de aforos en los espacios patrimoniales, 
certificaciones  de  seguridad  de  los  espacios  patrimoniales  a  través  de  tecnologías 
basadas en cadena de bloques, iluminación de monumentos y escenografías digitales.
iv.  Plataformas de ayuda a mejorar la experiencia del peregrino como pueden ser: 
Control de afluencia en tiempo real de peregrinos a lo largo del Camino, caracterización 
de  los  perfiles  del  peregrino  para  la  oferta  de  servicios,  promoción  de  actividades 
culturales, o información en tiempo real de eventos.
v.  Plataformas de comercialización y marketing del destino.
vi.  Plataformas de cuadros de mando y sistemas de indicadores para la gestión 
turística.
4.º  Implantación de una oficina turística inteligente.
5.º  Desarrollo de sistemas, herramientas y aplicaciones basadas en tecnologías del 
lenguaje y lingüística computacional.
6.º  Implementación de herramientas que permitan la digitalización de las empresas 
turísticas y de valor para el turismo (comercio, restauración, agencias de viaje).
7.º  «Implementación  de  herramientas  tecnológicas  para  ampliar  la  «huella 
económica del Camino de Santiago» en destinos y empresas turísticas ubicadas en 
zonas alejadas de la ruta principal»
8.º  Generación de herramientas dirigidas al sector empresarial y al sector público.
9.º  Implantar soluciones digitales basadas en la plataforma de inteligencia turística, 
con transaccionalidad digital que conllevan:
i.  Herramientas de automatización de marketing digital.
ii.  Generación y gestión de contenidos digitales.
iii.  Gestión de la experiencia inmersiva turística.
iv.  Conserjes y Asistentes virtuales. Chatbot.
v.  Dinamización del destino mediante la gamificación, realidad aumentada.
c)  Actuación en Calidad:
1.  Incentivar la implantación de sistemas de calidad y seguridad turística en el 
destino (SICTED, Normas UNE, Q de calidad turística, SAFE entre otras).
2.  Canales de interacción: portales en consonancia con la norma UNE 178503 de 
semántica aplicada al DTI, que permitan la generación y gestión de contenidos digitales 
y la integración de los medios sociales e integración con webs de terceros mediante API.
3.  Aplicaciones móviles siguiendo las indicaciones de la norma UNE 178502.
4.  Otras soluciones digitales para la gestión del sistema integral de DTI conforme a la 
norma UNE 178501 y UNE 178502 (pudiendo así crear un sistema online del Órgano 
instructor o la entidad colaboradora del DTI que ayude a conocer el avance en los 5 ejes del 
DTI conforme a los planes operativos o de acción establecidos y el plan director del DTI).
5.  Soluciones para conectar los alojamientos digitales, inteligentes y conectados a 
plataformas tecnológicas del DTI, que sigan normas UNE.
d)  Actuaciones en materia de formación y emprendimiento: b
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3.º  Herramientas para la capacitación para la transformación digital.
4.º  Incorporación  de  herramientas  que  promueven  la  accesibilidad  en  la 
señalización, orientación y guiado.
e)  Otras  actuaciones  con  potencial  impacto  positivo  en  el  Camino  y  en  la 
experiencia  peregrina:  desde  el  punto  de  vista  de  la  mejora  y  adecuación  de 
infraestructuras  físicas  y  entorno  natural,  la  mejora  de  los  servicios  al  peregrino  y 
actuaciones en materia de concienciación y formación.
4.  El plazo para realizar las actuaciones a desarrollar se determinará en cada 
convocatoria y no podrá ser superior a dos años a contar desde la fecha de publicación 
en el BOE del extracto de la convocatoria de cada año salvo que se amplíe dicho plazo 
hasta el límite previsto en el artículo 24.3.
Artículo 11.  Gastos subvencionables.
1.  Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y 
ejecución  de  las  actividades  para  las  que  hayan  sido  concedidas,  en  los  términos 
previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y deberán realizarse 
dentro del periodo de ejecución, teniendo las siguientes características:
a)  Costes  de  adquisición  de  material  inventariable,  con  excepción  de  los  de 
amortización del inmovilizado material adquirido con fondos públicos.
b)  Costes de adquisición de aparatos y equipos nuevos siempre que se dediquen 
en exclusiva al proyecto y su vida útil se agote durante el periodo de ejecución del 
mismo.
c)  Serán financiables los gastos de personal contratado exclusivamente para la 
ejecución  del  proyecto,  con  los  límites  que  se  establecen  en  el  anexo  III.  Si  se 
financiasen gastos de personal se tendrá que requerir a los beneficiarios partes horarios 
firmados por los propios empleados a efectos de evitar la doble financiación.
d)  Gastos de viajes y manutención:
1.º  Los  gastos  de  desplazamiento,  alojamiento  y  manutención  del  personal 
involucrado en las actividades objeto de ayuda, así como del personal colaborador 
implicado,  siempre  que  estos  estén  directamente  vinculados  al  proyecto,  sean 
necesarios para la ejecución del mismo, y se identifique la actividad por que ha generado 
el gasto y la persona que ha incurrido en el mismo.
2.º  El importe máximo financiable aplicado a los gastos de desplazamiento será el 
exceptuado de gravamen según el Reglamento del IRPF (Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas).
3.º  Salvo  excepciones  justificadas,  la  elegibilidad  del  resto  de  gastos  de 
manutención y estancia tendrá como límite máximo las cuantías establecidas para el 
grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
de servicio.
e)  Gastos de comunicación y difusión. Es obligatoria la realización de la difusión y 
publicidad  de  las  actividades  realizadas  en  el  proyecto,  resultados  obtenidos  y 
comercialización, en su caso, de los servicios y productos generados. Las actuaciones a 
realizar serán al menos, la realización de una página Web del proyecto, un Acto de 
presentación  pública,  la  presencia  del  proyecto  en  las  Webs  de  las  instituciones  es
implicadas  y  la  documentación  relacionada  con  las  anteriores.  Se  dedicará  un  o
presupuesto de al menos el 5 por ciento de los Costes Directos totales autorizados para  ww.
jseuussbttaicSf iopcenaa tricrmtiaiódptnaau c tdliaoóersn á g,tn ar asdebtenoaf  jieyon ssiqet aunre edpa oeal inrzt acitdoldaador oasd  mecy ae Gasncoateo sn mtooep sena sd ñteaae nrlp ádunocb o eldinxceceid enfapotdottoo,s  g ldordaesef  íjg uaasslast,i  tfcoicadsaro ctgceieóulennmre.íearan, dtlaioscstiaó dpnoo  r ddleea    OE-A-2022-553able en https://w
asistencia,  y  cualquier  otro  documento  gráfico  que  demuestre  la  realización  de  las 
actividades descritas.
f)  Otros gastos, formación y preparación de material formativo, consultoría para la 
adquisición, protección y comercio de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y 
acuerdos de licencias, consultoría sobre el empleo de normas, bancos de datos e 
investigación de mercados, internacionalización de las actividades, alquiler de servidores 
informáticos,  suministros  y  productos  similares,  y  cualquier  otro  que  se  derive 
directamente de la actuación y sea necesario para su ejecución.
No  podrán  ser  consideradas  colaboraciones  externas  aquellas  realizadas  por 
entidades que pertenecen a la misma solicitud.
Las  subcontrataciones  para  trabajos  de  asesoramiento  en  auditoría,  que  estén 
directamente ligados a las actuaciones.
2.  No serán subvencionables los siguientes gastos:
a)  Los  gastos  correspondientes  a  la  adquisición  de  terrenos  edificaciones  o 
inmuebles o vehículos de cualquier clase o naturaleza precisos para la ejecución de las 
actuaciones.  Tampoco  serán  subvencionados  los  trabajos  de  acondicionamiento, 
reparación, reforma o transformación alguna de los mismos.
b)  La adquisición de los equipos que se realice por medio de «leasing» o «renting».
c)  Los gastos corrientes de funcionamiento de los beneficiarios.
d)  Adquisición de material fungible, suministros y productos similares, ni los gastos de 
material de oficina y consumibles informáticos por tener la consideración de gastos generales.
e)  Los gastos correspondientes a:
1.º  La mejora de senderos, caminos o pistas que sirvan de acceso a espacios que 
no tengan interés turístico.
2.º  Balizamiento.
3.º  Trabajos  de  mantenimiento  como  desbroces,  rellenado  de  baches,  limpieza  o 
similares.
f)  Cualquier gasto que no esté directamente relacionado con el proyecto o que no 
se efectúe en el periodo de ejecución concedido.
g)  Los gastos correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
h)  los costes del personal propio de plantilla ni los de amortización de aparatos y 
equipos usados cuando estos hayan sido financiados con fondos públicos.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a 
estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que 
se integren dentro del Plan de Recuperación.
Artículo 12.  Subcontratación.
1.  Las entidades beneficiarias podrán realizar las obras, actuaciones y proyectos objeto 
de subvención directamente o contratar con terceros su ejecución, en los términos previstos 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Un beneficiario subcontrata cuando concierta con 
terceros la ejecución total o parcial de la actividad objeto de la ayuda. Queda fuera de este  es
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la  o
realización por sí mismo de la actividad objeto de la ayuda. Se autoriza la subcontratación de  ww.
lsausb caocntutraactaiocnióens  eosbtajeráto s udjee taa yau ldaas ,s iqguueie nstee si mcapruatcateráríns ticcoams:o un tipo de coste directo. La  2022-553n https://w
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entidad beneficiaria por sí misma, extremo que habrá de acreditarse en la memoria 
técnica del proyecto. También podrán imputarse los costes derivados de la auditoría 
externa necesaria para la justificación del proyecto.
b)  El presupuesto global de la actividad subcontratada por participante no podrá ser 
superior al 50 % del presupuesto de dicho participante.
2.  No podrá subcontratarse con las mismas entidades beneficiarias que forman 
parte de la misma solicitud, ni en ninguno de los casos especificados en el artículo 29.7 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  Los  beneficiarios,  dada  su  condición  de  Administraciones  Públicas,  deben 
sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 
así como a la normativa en materia de ayudas de Estado y a la Orden HFP1030/2021, 
de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.  En relación con todas las cuestiones relacionadas con la subcontratación será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
normativa concordante.
5.  En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución de las obras, 
actuaciones o proyectos subvencionados con personas que se encuentren en algunos 
de los supuestos previstos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la 
totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos 
para  asegurar  que  los  subcontratistas  cumplan  con  el  principio  de  «no  causar  un 
perjuicio significativo al medio ambiente».
Artículo 13.  Intensidad de la Ayuda.
1.  Se entiende como intensidad de ayuda, el importe bruto de la misma expresado 
en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto.
2.  La intensidad de ayuda será del 100 % de los costes financiables.
Artículo 14.  Compatibilidad con otras ayudas.
1.  Las ayudas concedidas con una intensidad del 100 % no serán compatibles con 
otras ayudas concedidas para el mismo objeto.
2.  El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 15.  Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1.  Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta 
orden, la persona titular de la Secretaría de Estado de Turismo, sin perjuicio de las 
delegaciones vigentes sobre la materia.
2.  El órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento será la 
Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística, dependiente de la 
Secretaría  de  Estado  de  Turismo.  Ese  mismo  órgano  será  el  responsable  del 
seguimiento de las actuaciones financiadas. e.
3.  Con  carácter  general  y  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  para  la  w.b
prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de  3w
ismeplelicccaiócinó nd ee nb eensetfeic ioabrijoesti vyo  vae rtirfiacvaécsió nd ed euln cau dmepclliamriaecnióton  ddee  caounsdeicniocinae sd er ecfoornzfalicráton  dseu 
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procedimiento. A estos efectos, y en el caso de que la convocatoria se financie en el
marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se utilizará el modelo previsto en 
el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
Artículo 16.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
tramitación  electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las 
solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico del 
Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://sede.serviciosmin.gob.es/
registroelectronico).
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  ministerio  (https://sede.serviciosmin.gob.es),  donde  podrá 
consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3.  La  práctica  de  notificaciones  electrónicas  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  Adicionalmente,  se  pondrá  a  disposición  del  interesado  un  sistema 
complementario de alertas por medio de correo electrónico. En la sede del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo los interesados, tras identificarse electrónicamente de 
forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y 
efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el 
órgano actuante.
5.  La publicación de las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como 
de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y 
demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del Ministerio 
(https://sede.serviciosmin.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada 
según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con 
los procedimientos de concurrencia competitiva.
6.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando 
proceda.
8.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
9.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto en el 
artículo  23.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  debiéndose  cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
10.  En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del  e.
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que  w.b
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el  3ww
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personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Artículo 17.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán 
ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos 
en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con la legislación de 
régimen local.
2.  El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación 
de la misma ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación 
de  la  persona  jurídica  solicitante.  El  incumplimiento  de  esta  obligación,  de  no 
subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 18.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 19.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las  solicitudes  para  las  ayudas  se  dirigirán  a  la  Subdirección  General  de 
Cooperación y Competitividad Turística, de la Secretaría de Estado de Turismo, órgano 
competente  para  ordenar  e  instruir  el  procedimiento,  cuyos  formularios  de  solicitud 
estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en el portal de ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), 
donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.
2.  Se deberá presentar una solicitud por cada proyecto.
3.  Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación, referida a la 
solicitud,  al  cuestionario  y  a  la  memoria  técnica  y  económica,  así  como  otra 
documentación:
a)  La solicitud y el cuestionario seguirán el modelo que figura en el anexo IV de 
esta orden. Dicho modelo estará disponible para su cumplimentación y presentación en 
la  sede  electrónica  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://
www.mincotur.gob.es/).
b)  La memoria técnica y económica seguirá el modelo que figura en el anexo V. Se 
adjuntará como archivo pdf junto a la solicitud. Estará integrada por los siguientes 
elementos:
1.º  Resumen ejecutivo.
2.º  Objetivos del proyecto.
3.º  Descripción técnica y plan de trabajo.
4.º  Presupuesto del proyecto.
5.º  Capacidad de los solicitantes.
6.º  Explotación de resultados.
7.º  Impacto socioeconómico.
c)  Datos de la cuenta bancaria del beneficiario de la ayuda. oe.
d)  Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas  w.
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
e)  Para  justificar  el  cumplimiento  de  los  criterios  de  experiencia  en  temáticas 
relacionadas con turismo y transformación digital y DTIs en el camino, previstos en el 
artículo 21, se aportará cuanta documentación sea relevante para valorar dicho criterio y 
en  concreto  los  planes  y  o  programas  de  turismo  o  transformación  digital  que  se 
hubiesen elaborado con carácter previo.
f)  Otra documentación. Se adjuntará como archivos pdf junto a la solicitud, firmados 
electrónicamente por todos y cada uno de los miembros de la agrupación:
1.º  Relación de los integrantes de la solicitud que promueve el proyecto, junto con 
un preacuerdo de colaboración entre las partes, siguiendo las premisas establecidas en 
el artículo 6.3.
2.º  Declaración de ayudas públicas solicitadas y recibidas para el mismo proyecto y 
declaración  señalando  que  no  ha  recibido  ayudas  para  financiar  los  gastos 
subvencionables.
3.º  Declaración  responsable  de  no  tener  deudas  por  reintegro  de  ayudas  o 
préstamos con la Administración
4.º  Declaración responsable de estar al corriente de pago de las obligaciones de 
reembolso  de  cualesquiera  otros  préstamos,  anticipos  o  ayudas  concedidas 
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
5.º  Declaración de vinculación con terceros, a los efectos de la disposición adicional 
novena de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 7 de esta orden.
6.º  Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a 
las  que  se  refiere  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
7.º  Declaración responsable de no causar perjuicio significativo a los seis objetivos 
medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) número 2020/852 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  junio  de  2020,  relativo  al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) número 2019/2088 según el modelo establecido en el 
anexo V de la presente orden de bases.
8.º  Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar 
al ámbito objeto de gestión, conforme al modelo establecido en el anexo IV.C de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
9.º  Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios 
para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía 
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
10.º  Otras declaraciones responsables determinadas en la convocatoria o a las que 
se haya dado la debida publicidad normativa con anterioridad a la finalización del plazo 
de  presentación  de  solicitudes,  cuyos  modelos  pudieran  ser  aprobados  por  las 
autoridades  competentes  conforme  a  la  normativa  nacional  y  europea,  dando 
cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
4.  El  formato  de  los  ficheros  electrónicos  que  se  adjunten,  y/o  contengan 
información adicional del proyecto será «pdf», y en ningún caso superará 5 Mbytes de 
información.
5.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos –con excepción  e
de la memoria–, se requerirá al representante o apoderado único de la agrupación para  bo
que, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, según lo establecido en  w
el ar6tí.c uDloe 2 c1o dnefo lram pidreasde cnoten  oerld aerntí.culo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
jnuolivoi,e lma bprree,s Genetnaecrióanl  ddee  Slau sbovleicnitcuiodn peasr,a a lpar oobbatednoc ipóonr  dRe eaayl uDdeac croentoll e8v8a7r/á2 0la0 a6u, tdoeri z2a1c iódne 
del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación
del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a través de 
certificados electrónicos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el 
consentimiento, debiendo aportar entonces dicha certificación cuando le sea requerida 
por dicho órgano.
7.  El solicitante deberá declarar las ayudas referidas en el apartado 3.f).2.º de este 
artículo, que haya obtenido o solicitado para las actuaciones o proyectos regulados por 
esta orden, tanto al presentar las propuestas como en cualquier momento ulterior en que 
se produzca esta circunstancia.
8.  Tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  6.3,  los  miembros  aportarán  en  el 
momento de solicitud un acuerdo de agrupación que recoja al menos: las obligaciones 
de  las  partes,  incluyendo  el  reparto  de  actividades  subvencionables  con  su 
correspondiente desglose económico por cada miembro, así como el reparto de la 
propiedad resultados incluidos los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual que 
pudiesen generarse en el proyecto y un compromiso de responsabilidad solidaria entre 
los socios en caso de reintegro, en proporción a sus respectivas participaciones y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre.
El acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarado beneficiario de la 
ayuda por resolución de concesión definitiva.
Artículo 20.  Subsanación de solicitudes.
De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  23.5  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, en relación con el artículo 68 de la Ley 39/20915, de 1 de octubre, el órgano 
instructor comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo 
al representante o apoderado único de la agrupación, en su caso, para que en el plazo 
de  diez  días  hábiles  se  subsanen  los  defectos  o  se  acompañen  los  documentos 
preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos en 
su solicitud, previa resolución dictada a tal efecto.
Artículo 21.  Puntuación mínima y Criterios de evaluación.
1.  Composición: 15 puntos.
Se valorará la composición de los solicitantes en solitario o en conjunción con otras 
Entidades locales. Se puntuará el número de Entidades Locales, siempre que supere el 
mínimo de tres. 0-15 puntos:
a)  Tres entidades 5 puntos.
b)  Cuatro entidades 10 puntos.
c)  De cinco a ocho entidades 15 puntos.
2.  Experiencia: 30 puntos.
Se puntuará la experiencia de todos los miembros en temáticas relacionadas con 
turismo  y  transformación  digital  y  DTIs  en  el  camino,  valorando  individualmente  la 
experiencia  de  cada  miembro.  0-30  puntos.  Se  tendrán  en  cuenta  para  valorar  la 
experiencia:
a)  Los  planes  estratégicos  de  turismo  que  hubiesen  elaborado  los  solicitantes  e.
(atendiendo a la calidad y grado de detalle de cada uno de ellos). 10 puntos. w.
b)  Las Estrategias aprobadas y documentadas de adaptación para la conversión en  3w
DTI. 20 puntos.
3.  Calidad de la propuesta: 55 puntos.
Se valorará:
a)  Capacidad del proyecto para mejorar la capacidad de interacción del destino con 
el visitante (0 a 10 puntos).
b)  Capacidad del proyecto de dinamizar, incorporar nuevas tecnologías, actualizar y 
enriquecer la oferta turística del municipio, o impulsar y revitalizar la actividad turística en 
zonas que hayan sufrido un importante descenso de la misma. Se valorará la exposición 
y justificación de los objetivos (0 a 10 puntos).
c)  Capacidad de los proyectos para innovar y mejorar la productividad del sector 
turístico del municipio o la zona. Se valorará la exposición y justificación de los objetivos 
(0 a 10 puntos).
d)  Se  valorará  que  los  proyectos  cuenten  con  un  plan  de  viabilidad  mediante 
informe elaborado o suscrito por tercera persona independiente del solicitante, titulado 
competente; o que se trate de Proyectos de Compra Pública de Innovación llevados a 
cabo por los ayuntamientos con impacto directo en el sector comercial. (0 a 5 puntos).
e)  Número de actuaciones de la solicitud de ayuda alineadas con los pilares del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  de  la  Unión  Europea,  el  Plan  de 
Recuperación de España y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (0 a 10 
puntos).
1.º  Si incluye 1 actuación: 1 punto.
2.º  Si incluye 2 actuaciones: 2 puntos.
3.º  Si incluye 3 actuaciones: 3 puntos.
4.º  Si incluye 4 actuaciones: 4 puntos.
5.º  Si incluye 5 actuaciones: 5 puntos.
6.º  Si incluye 6 actuaciones: 6 puntos.
7.º  Si incluye 7 actuaciones: 7 puntos.
8.º  Si incluye 8 actuaciones: 8 puntos.
9.º  Si incluye 9 actuaciones: 9 puntos.
10.º  Si incluye 10 o más actuaciones: 10 puntos.
f)  Descripción del impacto en la economía local (hosteleros, comerciantes, negocios 
locales) y de la promoción de las actividades turísticas de territorios adyacentes al 
Camino. 0-10 puntos.
4.  Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de prioridad, en el orden que se indica:
a)  Se  dará  prioridad  a  los  proyectos  de  municipios  que  lleven  más  tiempo 
integrados en la Red DTI.
b)  Si aún persistiera el empate se dará prioridad a los proyectos que integren 
gastos subvencionables de varios conceptos de los establecidos en el artículo 11.
c)  Si aún persiste el empate se dará prioridad a aquellos proyectos en los que 
exista mayor cofinanciación a nivel autonómico y local.
Artículo 22.  Instrucción del procedimiento y comisión de evaluación.
1.  El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias  s
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales  e.
debe formularse la propuesta de resolución. w.
2.  La Comisión de evaluación estará compuesta por: 3w
a)  El titular de la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística,
squubed liare pcrceiósind icráit.a dEon  ecna seol  adpea artuasdeon dci)a., la Presidencia corresponderá al vocal de la citada
b)  Un vocal designado por la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.
c)  Un vocal de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de 
la Secretaria de Estado de Turismo.
d)  Un vocal de la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística 
de la Secretaria de Estado de Turismo.
e)  Un vocal de SEGITTUR designado por la Secretaria de Estado de Turismo.
f)  Un funcionario de la Secretaría General de Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) actuará como secretario, con voz, pero sin voto.
La Comisión de evaluación podrá solicitar la asistencia de expertos terceros que 
podrán actuar con voz y sin voto para asesorar a la misma, si se considera necesario.
3.  El  funcionamiento  de  la  Comisión  de  evaluación  se  ajustará  al  régimen 
establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.  Los miembros de la Comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna 
por el ejercicio de sus funciones en el mismo.
5.  De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los 
miembros de la Comisión de evaluación reforzarán su implicación en este objetivo a 
través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose 
a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la 
declaración original, pasando a cesar como vocal. A estos efectos, en el caso de la 
convocatoria se financie en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
se utilizará el modelo previsto en el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre.
6.  Una vez evaluadas las solicitudes, que suministrará la entidad colaboradora, el 
órgano  colegiado  deberá  emitir  informe  en  el  que  se  concrete  el  resultado  de  la 
evaluación efectuada.
7.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de 
evaluación, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una 
lista de solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de 
los solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión.
8.  La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que 
en el plazo de diez días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.
9.  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano 
de instrucción formulará la propuesta de concesión de la subvención, que será notificada 
a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 
diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta. 
Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión  de  la  subvención,  y  su  cuantía,  especificando  su  evaluación.  El  órgano 
instructor la elevará como propuesta de resolución definitiva al órgano concedente, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
10.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno 
en favor de los beneficiarios propuestos.
Artículo 23.  Resolución de concesión y pago.
1.  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  e
noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular  bo
de la Secretaría de Estado de Turismo; en un plazo de quince días hábiles desde la  w
ofRaecrecttíauhclbau Dr loede ,e c6d r3ieec ttloead vre8áal 8 crR7eió/se2nog0 llu0adc6mei, ó eldnane  tdo pe2 rf1odin peditu eivlea asj u tdLalieoe  ,yda  eyd3  jcu8roed/2nsic0o ae0lucl3 ciaó,i órndtn íedc u edl1 eola7f is 8n d8iste iuvd baenv,  oeladvn eiceL imoecnyob enr3esf9o,,  /rr2ame0psi1doro5alvb,d iaed dnecodo 1 on p  ddoeeerl     OE-A-2022-55able en https://
este modo el procedimiento.
2.  La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se 
concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir 
una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas  y  técnicas  establecidas  en  las  bases  reguladoras  para  adquirir  la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
3.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la resolución definitiva del 
procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en el portal de ayudas del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de 
tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el 
formulario de solicitud.
4.  La  resolución  de  concesión  se  remitirá  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones para su publicación en dicho portal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas.
5.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 
seis meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.
Transcurrido  el  plazo  máximo  establecido  sin  que  se  haya  dictado  y  publicado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la 
obligación legal de resolver.
6.  El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado, limitado por 
anualidades presupuestarias, por el 100 por ciento de la ayuda concedida salvo que la 
convocatoria,  por  motivos  fundados,  no  prevea  estas  limitaciones  por  anualidades 
presupuestarias y se tramitará de oficio por el órgano instructor, tras la notificación de la 
concesión de la subvención.
7.  El pago se hará en la cuenta facilitada por cada miembro de la agrupación.
8.  El pago se realizará sin que sea precisa la constitución de garantías.
Artículo 24.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.  Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión son:
a)  Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y 
que no fuesen previsibles con anterioridad.
b)  Necesidad  de  ajustar  la  actividad  a  especificaciones  técnicas,  de  salud, 
medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad,  o  aprobadas  con 
posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
c)  La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas 
categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no suponga 
incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente motivada.
3.  En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los  s
objetivos  perseguidos  con  la  ayuda  concedida,  ni  alterar  la  actividad,  programa,  oe.
actuación  o  comportamiento  para  los  que  se  concedió,  ni  elevar  la  cuantía  de  la  w.
psrauozbdóvrnáe  ndacefie óscnut a cor obant ecanrqeidutoae  lolqotuos erag safipmgeuiceratno tsoe .np rolap ureessotolusc uió no fedreta dcoons cpeosri óenl . bLean evfiacriiaarcioió nq utea mfupeorocon   2022-553n https://w
La  prórroga  del  plazo  de  ejecución  de  los  proyectos  o  acciones  con  carácter 
justificado, no podrá ser superior a seis meses desde la fecha de fin del plazo inicial de 
ejecución de actuaciones.
En ningún caso podrán autorizarse modificaciones que afecten al cumplimiento del 
principio de «no causar un perjuicio significativo», o al cumplimiento de los hitos y 
objetivos establecidos en el Plan de Recuperación.
4.  Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para 
la presentación de solicitudes concluirá quince días hábiles antes de que finalice el plazo 
de  ejecución  de  los  gastos  inicialmente  previstos  y  deberá  ser  aceptado  de  forma 
expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado. 
En caso de no recibir notificación de la aceptación por el órgano que dictó la resolución 
de concesión en un plazo de diez días, se entenderá como desestimada la modificación, 
pudiendo implicar el incumplimiento o reintegro de la ayuda concedida.
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con 
funcionalidad  y  objetivo  equivalente  no  requerirá  la  solicitud  de  modificación  de  la 
resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:
a)  En  el  caso  de  gastos  relacionados  con  la  implementación  de  soluciones 
tecnológicas o inversiones, las sustituidas deberán desempeñar la misma función dentro 
del proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.
b)  En  el  caso  de  colaboraciones  externas,  podrá  sustituirse  el  colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas.
c)  En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado 
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse 
las  sustituciones  efectuadas  en  la  documentación  justificativa  que  se  exige  en  el 
artículo 25.
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
7.  Si como resultado de la modificación de concesión se tuviera un exceso de 
ayuda  concedida,  se  procederá  de  manera  inmediata  a  iniciar  el  procedimiento  de 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
Artículo 25.  Justificación de gastos.
1.  La justificación de las actuaciones subvencionadas y del cumplimiento de la 
finalidad de la subvención se realizará por parte del representante designado por la 
agrupación, mediante el sistema de cuenta justificativa con aportación de informe de 
auditor previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, integrando la totalidad de las 
actuaciones efectuadas por los socios en el seno del proyecto.
2.  La presentación de la cuenta justificativa se realizará como máximo tres meses 
después del fin del plazo de ejecución del proyecto. En el caso de que se conceda una 
modificación  del  plazo  de  ejecución,  se  notificará  a  la  entidad  representante  de  la 
agrupación la fecha de finalización y el periodo para su justificación. Y en todo caso, el 
plazo de justificación vendrá indicado en la resolución de concesión. s
3.  Los gastos previstos en el proyecto objeto de ayuda deberán ser realizados  oe.
antes de que finalice el plazo de ejecución de las actuaciones. w.
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cuenta justificativa, en la que se especificarán los citados elementos y el desglose de
cada uno de los gastos incurridos. Bc
5.  Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio  equivalente  con  validez  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  con  eficacia 
administrativa.
La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa,  se  entenderá  que 
comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano instructor o 
la entidad colaboradora.
No  obstante,  la  remisión  de  dicha  documentación  digitalmente  a  la  plataforma 
habilitada para tal efecto, no exime a los beneficiarios de conservar los originales de los 
justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, de acuerdo con las obligaciones 
establecidas en el artículo 8 de esta orden, por si les fueran requeridos posteriormente 
por el Órgano instructor o la Entidad colaboradora de las ayudas o, al realizar las 
actividades  de  control  legalmente  previstas,  por  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
6.  Los documentos de pago emitidos por la entidad beneficiaria pueden tener fecha 
de  vencimiento  posterior  al  periodo  de  ejecución  siempre  que  dicha  fecha  esté 
comprendida dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa. 
No obstante, el gasto financiable derivado del informe de auditoría, podrá realizarse y 
pagarse  dentro  del  plazo  concedido  para  presentar  la  documentación  justificativa 
siempre que se respeten las obligaciones de periodos de pago a proveedores que 
resulten aplicables.
Los beneficiarios de las ayudas deberán facilitar al órgano instructor o a la entidad 
colaboradora la información solicitada. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a 
la revocación de la ayuda y a la obligación de efectuar el reintegro que proceda de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y siguientes.
7.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en esta orden, así 
como las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la ley citada y 
de esta orden, comunique el órgano instructor en materia de ejecución, seguimiento, 
entrega de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
8.  Se  podrá  requerir  documentación  justificativa  complementaria  para  la 
justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema de 
gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso para 
alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos que la 
normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la 
financiación y los objetivos.
9.  Anualmente  deberá  presentarse  una  ficha  resumen  del  seguimiento  técnico 
anual del proyecto, siguiendo el modelo e instrucciones que se publicará en la página 
web del Programa de Ayudas.
10.  Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, y conforme con lo 
establecido en el artículo 28, el órgano instructor emitirá una certificación acreditativa de 
la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de las actividades que 
justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el 
acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
11.  La justificación de las ayudas deberá contener siempre, independientemente de 
la acción realizada, la siguiente documentación:
a)  Memoria de actuación justificativa firmada del cumplimiento de las condiciones y  e.
la finalidad para la que se concedió la subvención, en la que se describan de manera  w.b
detallada  cada  una  de  las  acciones  realizadas  indicando  el  correspondiente  gasto  3w
incubrr)i doF, alocstu rreassu olt acdeorsti foicbatceinoindeoss  cyo lonsfo mrmeaddioass  ddee cboidmapmreonbtaec iyó na pdreolb caudmaps lipmoire netlo ó.rgano
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estar  fechadas  dentro  del  plazo  de  ejecución  del  proyecto,  siendo  necesaria  la 
conformidad de estas y su correspondiente aprobación por el órgano competente.
c)  Justificación de pago efectivo de los gastos realizados, mediante certificado de la 
Intervención municipal u órgano similar en el caso de otro beneficiario de los pagos 
realizados, en el que deberá especificarse la identificación del acreedor, la fecha de 
liquidación del gasto, número de factura e importe o justificantes bancarios de salida de 
fondos, todo ello acompañado de las facturas u otros documentos acreditativos del pago.
d)  En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las 
disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (incluyendo los pliegos y publicaciones en boletines 
correspondientes, documentos contables en relación con el gasto e informes de mesas 
de  contratación  en  relación  con  la  adjudicación,  adjudicaciones  definitivas  y 
presupuestos de otras ofertas). En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada a 
derecho,  no  sea  obligatorio  la  realización  del  correspondiente  procedimiento  de 
adjudicación, aportar documentación justificativa que acredite tal circunstancia e informe 
técnico responsable en el que se justifique la oferta seleccionada.
e)  En  el  caso  de  que  la  adjudicación  haya  sido  por  contrato  menor,  justificar 
adecuadamente por qué se ha llevado a cabo ese tipo de adjudicación.
f)  Certificado del Secretario del Ayuntamiento o figura equivalente, de la realización 
de las actuaciones que han sido financiadas con cargo a la subvención, en el que se 
consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas.
g)  Cualquier otra documentación justificativa o informes que de acuerdo con la 
normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
12.  No obstante, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para 
la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema 
de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso 
para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos 
que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de 
la financiación y los objetivos.
13.  Tras  la  correspondiente  comprobación  técnico-económica,  la  Secretaría  de 
Estado de Turismo emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que 
justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el 
acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 26.  Publicidad e información.
1.  Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en 
materia de publicidad e información:
a)  Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  9  de  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de 
septiembre.  En  particular,  en  las  medidas  de  información  y  comunicación  de  las 
actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones 
impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en 
prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
a)  El emblema de la Unión Europea.
b)  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión  e.
Europea-Next Generation EU». w.b
Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en  3w
deils apnoesixcoio nIIe dse ld eR eagplalicmaecnióton  ddee l ERjeecgulacimóne nntoú m(UerEo)  8n2ú1m/2e0r1o4 ,1 3p0o3r /2e0l 1q3u ed esle  Peasrtlaabmleecnetno 
Ey ugreospteióon y d dee ll aCso cnosnetjroib eunc iloon qeuse d seel  prerofigerraem aa l,a sla m poredsaelidnatadceiósn c odnec rineftoarsm daec itórann ssofebrreen cloias 
instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y 
comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de 
datos.  También  se  puede  consultar  la  siguiente  página  web:  http://
publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm  y  descargar  distintos  ejemplos  del 
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
c)  Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, disponible en el 
link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
b)  Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este 
sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá  incluir  que  han  sido  financiadas  por  el  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo.
c)  En  caso  de  cofinanciación  por  otra  administración,  tal  circunstancia  deberá 
reflejarse en la publicidad del proyecto.
d)  La realización de la difusión y publicidad de las actividades realizadas en el 
proyecto,  resultados  obtenidos  y  comercialización,  en  su  caso,  de  los  servicios  y 
productos generados. Las actuaciones a realizar serán al menos, la realización de una 
página Web del proyecto, un Acto de presentación pública, la presencia del proyecto en 
las  Webs  de  las  instituciones  implicadas  y  la  documentación  relacionada  con  las 
anteriores.
2.  El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo 
con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una 
multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser 
causa  de  reintegro  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  37.1.d)  de  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  artículo  93  de  su  Reglamento  de  desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y podrá ser objeto de reintegro.
3.  Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien 
visible y de acceso al público.
Artículo 27.  Control de la ayuda.
1.  Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas 
o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los órganos de control 
competentes,  incluidos  los  recogidos  en  el  artículo  22.2.e)  del  Reglamento 
(UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos 
aquellos  controles  e  inspecciones  que  consideren  convenientes,  con  el  objeto  de 
asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar 
colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime 
necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente orden. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones 
y comprobaciones que, en su caso, se efectúen. La oposición a la realización de estas 
comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin 
perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
2.  El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses 
y la doble financiación. s
3.  La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el  oe.
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a  w.
oltaitt urailna fbroearsms erae cdaielóe nsd .actoonst ednei dlaa  Aednm eiln iRsteragcisiótrno  ad ee fTeictutolasr iddea dseusm Rineisatrleasr ,d aicshí ocso dmaoto as  scoubarlqeu lioesr   2022-553n https://w
4.  A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información 
entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los 
Sistemas de los Fondos Europeos.
Artículo 28.  Seguimiento técnico.
1.  El seguimiento del cumplimento de los objetivos científico-técnicos del proyecto 
de digitalización será llevado a cabo por la Entidad colaboradora, que remitirá informe al 
órgano Instructor.
2.  Para el seguimiento técnico del proyecto el responsable de la agrupación debe 
presentar anualmente una ficha resumen del seguimiento técnico anual del proyecto, 
siguiendo el modelo e instrucciones que se publicará en la página web del Programa de 
Ayudas.
3.  Con la última justificación técnica del proyecto deberá presentarse, además de la 
documentación del apartado anterior, una memoria técnica global de toda la ejecución 
del  proyecto  para,  realizar  la  evaluación  «ex  post»  del  mismo.  No  se  admitirán 
documentos adicionales a esta memoria, a excepción de los entregables en caso de ser 
necesario.
4.  A  la  finalización  del  proyecto,  y  con  base  en  la  memoria  técnica  global 
presentada y en cuantas presentaciones presenciales o visitas in situ se determinen o se 
hayan realizado a lo largo del proyecto, se realizará una valoración técnica del mismo, 
que determinará si se han alcanzado los objetivos científico-técnicos que planteaba el 
proyecto y por los que le fue concedida la ayuda.
Artículo 29.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la obligación de devolver la 
ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento de 
detectarse  el  incumplimiento,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  38  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Serán causa de reintegro total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al principio «no causar un 
perjuicio significativo» por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda también 
supondrá el reintegro de las cuantías percibidas.
3.  El procedimiento de comprobación y control se detallará en las convocatorias y 
se regirá, así mismo, de acuerdo con las instrucciones y normativa que se establezcan 
desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.
4.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de 
no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos, las entidades beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro 
Público de manera total o parcial, en cada caso. El procedimiento de reintegro deberá 
ajustarse a lo contenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria. es
6.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la  bo
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda  w
aqpfuoeidncr7tcáa.e  dp darCeí.a osRser renhectásaibpbri oilldeanassd   edanreloáest gidfaideccia cdioctiaicnórhen as l  adny e odltr oiefiincscuioacmlciuoieóc ndinóte.anlc  piódrneo lc qeuedexim peeisedtniimetone t edp ee ratrilen ienóntretgegasrno, o,e  ne clu oinnn tcpeelradezesoan dtdeoe,    OE-A-2022-55able en https://
debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha
del  acuerdo  de  iniciación.  La  resolución  indicará  quién  es  la  persona  obligada  al 
reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en 
el apartado segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de 
demora.
8.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General  de  Subvenciones,  se  entiende  por  devolución  voluntaria  aquella  que  es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se 
aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado, modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria 
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 30.  Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2.  No  se  considerará  que  existe  incumplimiento  de  los  fines  para  los  que  se 
concedió la ayuda el supuesto en el que no se aporten en la fase de justificación las tres 
ofertas exigidas y el importe total de la colaboración externa para un mismo proveedor 
supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector  Público,  para  el  contrato  menor,  si  bien  no  se  considerará  justificada  dicha 
colaboración.
En estos casos, se requerirá el reintegro de la subvención recibida en el porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada más los correspondientes 
intereses de demora.
3.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b)  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada 
la que no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, 
la que no respete el desglose de partidas de la orden de concesión, y la no facturada y/o 
pagada.
4.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos: s
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el  w.b
beneficiario que hayan servido de base para la concesión. 3w
cb))   LInac unmo pilnimscierinptcoi ódne  lean f inloasli draedg ipstarroas  lao fqicuiea lelas  aeyxuidgaid fouse  pcoonr clead liedgai.slación para el
desarrollo de la actividad financiada.
CAPÍTULO III
Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2021
Artículo 31.  Objeto de la convocatoria.
1.  Se convocan las ayudas para para la transformación y modernización de las 
entidades locales que forman parte del Camino de Santiago hacia un modelo basado en 
la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, en el Marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  Esta convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la presente 
orden, sin perjuicio de lo que en particular se establece en el presente capítulo.
3.  La convocatoria se enmarca en la inversión 2 del componente 14 del Plan de 
Recuperación, y contribuirá a los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la 
normativa  reguladora  del  mecanismo  de  recuperación  y  resiliencia  y  del  Plan  de 
Recuperación a nivel europeo y nacional.
4.  El pago de la ayuda tendrá el carácter de anticipado por importe del 100 por 
ciento de la ayuda concedida.
5.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
Artículo 32.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la fecha de 
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 33.  Beneficiarios.
En la presente convocatoria podrán ser beneficiarios los que se detallan en el artículo 
seis de la presente orden.
Artículo 34.  Gastos subvencionables.
1.  Serán gastos subvencionables los señalados en el artículo 11 de la presente 
orden.
2.  Los límites máximos correspondientes a estos gastos para esta convocatoria 
son:
a)  Gastos de personal técnico (Grupos de Cotización I, II o III): Máximo 50 €/h, 
incluyendo gastos de seguridad social a cargo de la empresa. No se podrán superar 
las 1.800 h/año.
b)  Gastos de autónomo dependiente de la AEI solicitante: Máximo 40 €/h. No se 
podrán superar las 1.800 h/año.
c)  Gastos  de  personal  administrativo:  Máximo  35  €/h,  incluyendo  gastos  de 
seguridad social a cargo de la empresa. No se podrán superar las 1.800 h/año.
d)  Gastos de colaboraciones externas: Máximo el 80 % de la base subvencionable 
de cada participante en la actuación.
Artículo 35.  Financiación y cuantía máxima de las ayudas.
1.  La financiación de las ayudas correspondientes a esta convocatoria se imputará  e.
a la aplicación 20.50.460A.760 de los Presupuestos Generales del Estado. w.b
2.  La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 5 millones de  3w
euro3s..  Esta  convocatoria  está  financiada  por  el  Mecanismo  de  Recuperación  y
RCeosnislieejnoc, iad ed e1 4la  dUe ndióicni eemubrorep edae,  e2s0t2a0b,le cpiodro  epl oqr ueel  sRee gelasmtaebnletcoe  (UuEn ) In2s0t2ru0m/2e0n9t4o  ddeel 
Recuperación  de  la  Unión  Europea  para  apoyar  la  recuperación  tras  la  crisis  de
la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
4.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la 
financiación correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los 
proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación.
Artículo 36.  Pago de la ayuda.
El pago se realizará por anticipado por el 100 por ciento de la ayuda concedida.
Artículo 37.  Ejecución y justificación de los gastos.
1.  El  periodo  de  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas  no  podrá  ser 
superior al 31 de diciembre de 2023, salvo que se amplíe por el periodo máximo previsto 
en el artículo 24.3.
2.  El plazo de justificación de las actividades y gastos realizados será de tres 
meses, a contar desde la finalización del plazo de ejecución.
Artículo 38.  Recursos.
1.  Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser 
impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Contra  la 
resolución expresa, o en su caso, la desestimación presunta de la solicitud, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, ante 
el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso 
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  computados  desde  el  día 
siguiente al de su notificación en el caso de que haya dictado un acto expreso, y en el 
segundo caso, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzca el acto presunto; sin perjuicio de cuantos otros recursos se 
estime oportuno deducir.
2.  La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, a través del Registro Electrónico del mismo.
Artículo 39.  Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Por lo que se refiere a los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 15.
Artículo 40.  Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
En cuanto a los documentos que deben acompañarse a la petición se estará a lo 
previsto en el artículo 19.
Artículo 41.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
En cuanto a los criterios de evaluación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en 
el artículo 21.
Artículo 42.  Medio de notificación o publicación. e.
Por lo que se refiere a los medios de notificación y publicación de las órdenes de  w
concesión, se estará a lo establecido en el artículo 16.
Disposición adicional única.  Régimen jurídico aplicable.
En  todo  lo  no  previsto  en  esta  orden  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de 
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de  la  información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público  Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás disposiciones que resulten de 
aplicación.
Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y 
estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.13.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Salvaguarda del rango no reglamentario.
Las  disposiciones  incluidas  en  el  capítulo  III  de  la  presente  orden,  sobre  la 
convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2021, no tienen naturaleza reglamentaria 
sino de acto administrativo.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 30 de diciembre de 2021.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
María Reyes Maroto Illera.
ANEXO I
Solicitud adhesión a la Red DTI
 
Protocolo general de actuación para la participación, impulso, apoyo y promoción de la 
Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI)
Modelo de instrumento de adhesión a la Red DTI para miembros titulares e 
institucionales
El  ....................................................  (Ayuntamiento/Diputación/Mancomunidad/
Consell/Cabildo)  de  .................................  con  NIF  ........................,  y  domicilio  en  la 
calle ........................, de ........................, representado por su Alcalde/esa Presidente/a 
D./D.ª  ....................................,  nombrado  por  acuerdo  del  ...............................  que  el 
interesado declara vigente al día de la fecha,
Considerando  que  el  Protocolo  General  de  actuación  para  la  participación, 
impulso, apoyo y promoción de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI) 
fue firmado en Madrid, España, el 27 de febrero de 2019, y que en el mismo se 
establece como objeto contribuir a establecer entre sus miembros los cauces de 
cooperación  necesarios  para  el  impulso,  promoción  y  apoyo  de  la  Red  DTI,  y 
promover el desarrollo de actividades conjuntas, y la colaboración y la transferencia 
de  conocimiento,  entre  otros  fines,  en  los  ámbitos  de  la  sostenibilidad,  la 
accesibilidad, la innovación, la gobernanza y la tecnología.
Considerando que la cláusula séptima del Protocolo estipula que podrán solicitar 
su adhesión a la Red DTI los destinos turísticos e instituciones públicas o privadas 
pertenecientes a la industria turística, tecnológica u otras industrias conexas que 
deseen contribuir a los objetivos y actividades objeto de dicho protocolo, bajo las 
modalidades  de:  Miembros  titulares;  miembros  institucionales;  y  miembros 
colaboradores.
Considerando que se podrán ser Miembros titulares las entidades locales, con 
arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
que tengan reconocida la condición de Destino Turístico Inteligente, y aquellas que 
hayan iniciado el proceso de conversión en un Destino Turístico Inteligente según la 
metodología aplicada por SEGITTUR con la elaboración del diagnóstico y plan de 
acción,
Y considerando que se podrán ser Miembros institucionales, las Administraciones 
públicas y sus entes, organismos y entidades no incluidas en el punto anterior, así 
como  las  asociaciones,  federaciones  y  agrupaciones  de  administraciones  y/o 
entidades públicas, relacionadas con los DTI que trabajan en ámbitos relacionados 
con la metodología DTI.
Manifiesta su deseo de contribuir a los objetivos y actividades objeto del Protocolo 
General de Actuación para la participación, impulso, apoyo y promoción de la Red de  e.e
Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI), de 27 de febrero de 2019, y b
(no escribir al dorso) 
Solicita la adhesión a la Red DTI y ser parte del mencionado Protocolo General de 
actuación.
En ........................, a ............ de ........................ de 2022
Firma
ANEXO II
Declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio 
significativo» a los seis objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 
del Reglamento (UE) 2020/852 de las ayudas para la transformación digital y 
modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes
D./D.ª .................................., con NIF ........................................, por sí mismo/a o en 
representación  de  la  entidad  .........................................................................,  con 
CIF  ........................................  en  calidad  de  ...............................................,  DECLARA 
que  ha  presentado  solicitud  a  la  actuación  arriba  indicada  para  el  proyecto 
denominado  .......................................................................................  y  éste  cumple  lo 
siguiente:
A.  Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  mismo  no  ocasionan  un  perjuicio 
significativo  a  los  siguientes  objetivos  medioambientales,  según  el  artículo  17  del 
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones  sostenibles  mediante  la  implantación  de  un  sistema  de  clasificación  (o 
«taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:
– Mitigación del cambio climático.
– Adaptación al cambio climático.
– Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
– Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
– Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.
– Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
B.  Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones 
fijadas para la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  Destacando:  [a  completar  por  la 
Administración concedente con las condiciones específicas de la medida que se desee 
destacar  que  deberán  cumplirse,  si  las  hubiere  según  los  apartados  3,  6  y  8  del 
documento  del  Componente  dentro  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia].
C.  Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  proyecto  cumplirán  la  normativa 
medioambiental  vigente  que  resulte  de  aplicación.  Entre  otras:  [a  completar  por  la 
Administración concedente con la normativa cuyo cumplimiento se desee destacar].
D.  Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el 
Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España  e.e
y a su correspondiente anexo. w.b
mquiteig –ia mc1pi.ó linq Cudeoennl  cslatarm uecbxcitoiróa nccl cidmieóá nrt iecdfoien. epreíatrsó ldeeo  cor ugdaos,  cneantutrraalle, sd etébrimdoic aals  pdeer jcuaicriboó anl  yo bpjreotyiveoc tdoes   OE-A-2022-55able en https://
– 2.  Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización 
ulterior  de  los  mismos,  excepto  los  proyectos  relacionados  con  la  generación  de 
electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte 
y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la 
Guía Técnica de la Comisión Europea.
– 3.  Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de 
gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de 
efecto  invernadero  provocadas  por  la  actividad  subvencionada  no  van  a  ser 
significativamente  inferiores  a  los  parámetros  de  referencia,  deberá  facilitarse  una 
explicación motivada al respecto.
– 4.  Compensación de los costes indirectos del RCDE.
– 5.  Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento 
de  residuos  peligrosos  no  reciclables,  ni  en  las  plantas  existentes,  cuando  dichas 
acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de 
escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de 
incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de 
tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos 
pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta.
– 6.  Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico 
existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética 
o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el 
compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no 
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una 
prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente 
para cada planta.
– 7.  Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar 
daños al medio ambiente.
E.  Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medio 
ambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como 
tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la 
actividad. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente 
declaración  dará  lugar  a  la  obligación  de  devolver  las  cantidades  percibidas  y  los 
intereses de demora correspondientes.
Fecha:
Firmado:
ANEXO III
Gastos máximos de personal
Gastos salariales máximos del personal de la entidad solicitante
Salarios incluidos gastos de 
Categoría seguridad social a cargo de la  €/h (1.800 h/año)
empresa
Director técnico/proyecto. 88.524,19 49,18
Técnico Senior (empresa). 73.091,41 40,61
Técnico Superior. 40.251.95 22,36
Técnico Junior (empresa). 57.658,64 32,03
Técnico Medio. 33.707,39 18,73
Técnico Medio (empresa). 49.942,26 27,75
P. administrativo. 26.925,47 14,96
Autónomo dependiente*. 30.963,04 17,20
* El personal autónomo económicamente dependiente, según lo establecido en la Ley 20/2007 de 11 de 
julio del Estatuto del trabajador autónomo, es aquel que realiza su actividad económica o profesional para 
una empresa o cliente del que percibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos anuales.
ANEXO IV
Modelo de solicitud y cuestionario
La solicitud y el cuestionario, seguirán el modelo que figura a continuación:
Solicitud de ayuda
Programa Caminos de Santiago 2021
Convocatoria única 2021
Solicitud  de  ayuda  según  la  Orden  IET  //  por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  para  proyectos  y  actuaciones  dentro  del 
programa.
1.  Datos de identificación-Representante o apoderado
Nombre.  
Apellidos.  
Número de documento nacional de identidad 
 
(DNI) o pasaporte.
Para caso de representación mancomunada 
 
datos del 2.º representante.
Nombre.  
Apellidos.  
Número de documento nacional de identidad 
 
(DNI) pasaporte.
Razón social entidad local.  
NIF.  
2.  Datos relativos a la notificación-Representante o apoderado
Domicilio.  
Provincia.  
Localidad.  
Teléfono. Fax.  
C. Electrónico.  
3.  Datos relativos a la solicitud
Título del proyecto.  
Importe solicitado año. e.
  2022 2023 2024 w.
SPurobgvreanmcaió.n.       
Código. 
4.  Representación
Declara(n) que se ha obtenido o solicitado las ayudas declaradas en el punto 2.14 Financiación 
pública del proyecto del cuestionario remitido y se compromete a comunicar por escrito a esta 
Secretaría de Estado en el plazo máximo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción 
de las notificaciones, cualquier modificación sobre la financiación solicitada o recibida, y se 
compromete(n) a comunicarlo a toda Entidad Pública a la que haya solicitado cualquier tipo de 
ayuda.
Asimismo, declara(n) cumplir todos los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones, necesarios para obtener la condición de beneficiario, y en caso de proyecto o 
actuación en cooperación, acepta la representación a que hace referencia el artículo 11.3 de la 
Ley General de Subvenciones y las obligaciones que de ella se derivan, de conformidad con el 
citado artículo y el apartado séptimo.2 de las bases reguladoras. Y declaran que no tiene(n) 
vinculación con las entidades contratadas para el desarrollo de los proyectos, a los efectos de 
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado séptimo de la orden de bases 
reguladoras.
La presente solicitud conlleva la autorización del firmante para que el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo obtenga de forma directa de los órganos competentes los certificados 
electrónicos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
No obstante, el firmante podrá denegar dicha autorización mediante comunicación expresa al 
órgano instructor o a la Entidad colaboradora. La presente solicitud conlleva la autorización del 
firmante para que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pueda utilizar en sus 
publicaciones el resumen que, sobre el contenido del proyecto, se aporta en este cuestionario, 
así como los datos del solicitante recogidos en el apartado 1.1 del mismo cuestionario. No 
obstante, el solicitante podrá denegar dicha autorización o modificar el contenido de la 
información suministrada mediante comunicación expresa al órgano instructor o a la Entidad 
colaboradora de las ayudas.
Lugar.  
Fecha.  
Primer representante.
DNI.  
Segundo representante.
DNI.  
5.  Entidades miembro
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8. s
 9. o
10. 3w
Datos de las entidades socias-A rellenar por cada miembro
1.1  Identificación de la entidad solicitante
Razón social. NIF.
Domicilio social.  
Provincia.   Código postal.   Localidad.  
Teléfono.   FAX.   C. Electrónico.  
Nacionalidad.    
(Entidad local, Centro de investigación, 
Naturaleza jurídica.  
Fundación, Empresa).
1.2  Persona de contacto de la entidad solicitante
Nombre.  
Apellidos.  
Cargo.  
Teléfono.   Fax.   C. Electrónico.  
Rellenar sólo si difiere de los datos de 1.1:
Dirección.  
Provincia.   Código Postal.   Localidad.  
Datos del proyecto
2.1  Título del proyecto
2.2  Modalidad de realización
Tipo de proyecto (anexo II): (elegir una o varias).
 
 
Añadir líneas si es necesario.
Linea temática (anexo II): (elegir una o varias).
 
Añadir líneas si es necesario.
2.3  Persona responsable del proyecto oe.
NApoemllbidreo.s.    2022-553n https://w
Cargo. 
Teléfono.   Fax.   C. Electrónico. 
2.4  Lugar de realización
% Realización del 
C. Postal Provincia Localidad
presupuesto
       
       
       
(Añadir líneas 
     
necesarias)
2.5.a)  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes directos-Personal universitario y 
superior no universitario (a rellenar por cada socio)
Entidad:
Grupo de 
Nombre y  Personal propio 
Sexo N.C. (*) Cotización a la  Titulación
apellidos o contratado
S.S
           
           
           
           
NOTA: Todos los datos económicos en euros, sin decimales.
(*) Marcar la casilla si es personal de nueva contratación (N.C.) en el proyecto.
2.5.b)  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes directos-Personal titulado 
universitario y superior no universitario (a rellenar por cada socio)
Entidad:
2022 2023 2024
Nombre y 
Dedicación  Dedicación  Dedicación 
apellidos: Tarifa  Tarifa  Tarifa 
(número  (número  (número 
(Euros/h) (Euros/h) (Euros/h)
horas) horas) horas)
             
             
             
NOTA: El cálculo de la tarifa se calcula según se indica en el anexo III de la convocatoria.
Cuando el personal no sea de un Centro Tecnológico, en lugar de tarifa se indicará coste/hora 
(tanto la tarifa como el coste/hora podrán calcularse en euros con dos decimales. El total 
aparecerá en euros sin decimales y sin redondeo).
2.5.c)  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes directos-Otro personal (a rellenar 
por cada socio)
Entidad:
Presupuesto
Nombre y apellidos:
2022 2023 2024 Total
         
         
         
NOTA: Todos los datos económicos en euros, sin decimales.
2.6  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes directos-Activos materiales 
e inmateriales inventariables (**) (a rellenar por cada socio)
Entidad:
Presupuesto
Concepto: A/Am (*)
2022 2023 2024
         
         
         
         
(*)  A: Arrendamiento financiero - Am: Amortización.
(**)  En caso de compra se imputarán a cada anualidad los costes de amortización del bien, a razón de 
1/5 del precio de adquisición por cada año de utilización en el proyecto. En caso de arrendaimeinto financiero 
se imputará el principal (sin intereses) de las cuotas correspondientes a cada anualiadad.
NOTA: Todos los datos económicos en euros, sin decimales.
2.7  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes directos-Otros material fungible 
(a rellenar por cada socio)
Entidad:
Presupuesto
Concepto:
2022 2023 2024 Total
         
         
         
          es
          w.b
 NOTA: Todos los datos económicos  en euros, sin deci males.     2022-553n https://w
2.8  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes directos-Subcontratación (a rellenar 
por cada socio)
Entidad:
Presupuesto
Descripción
2022 2023 2024 Total
         
         
         
         
NOTA: Todos los datos económicos en euros, sin decimales.
2.9  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes directos-Viajes (a rellenar 
por cada socio)
Entidad:
Presupuesto
Descripción
2022 2023 2024 Total
         
         
         
         
NOTA: Todos los datos económicos en euros, sin decimales.
2.10  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes directos-Publicidad (a rellenar 
por cada socio)
Entidad:
Presupuesto
Descripción
2022 2023 2024 Total
         
         
         
         
NOTA: Todos los datos económicos en euros, sin decimales.
2.11  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes directos-Otros gastos (a rellenar 
por cada socio)
Entidad:
Presupuesto
Descripción
2022 2023 2024 Total
         
         
         
         
NOTA: Todos los datos económicos en euros, sin decimales.
2.12  Desglose del presupuesto del proyecto: Costes (a rellenar por cada socio)
Entidad:
Presupuesto
Descripción
2022 2023 2024 Total
         
         
         
         
NOTA: Se calculan hallando el 10 % de la cifra total de personal imputado.
2.13  Presupuesto del proyecto (a rellenar por cada socio)
Entidad:
  2022 2023 2024 Total
Gastos Personal.        
– Personal Titulado Universitario y 
       
Superior no Universitario.
– Otro personal.        
Activos materiales e inmateriales 
       
inventariables.
Material fungible.        
Subcontratación.        
Viajes y alojamiento.         es
Gastos de publicidad.         b
Otros gastos de funcionamiento.         2022-553n https://w
  2022 2023 2024 Total
Costes indirectos.        
Total presupuesto.        
NOTA: Todos los datos económicos en euros, sin decimales.
Se rellenará uno por entidad y uno global del proyecto.
2022
Organismo/
2023 2024 Total
Programa
Solicitado Concedido
           
           
           
2.14  Financiación del proyecto (a rellenar por cada socio)
Entidad:
  2022 2023 2024 Total
Financiación propia.        
Préstamos privados.        
Total.        
2.15  Fases o hitos del proyecto
Descripción de la 
Número fase hito Fecha inicio Fecha finalización Presupuesto
actividad
         
         
         
         
         
2.16  Análisis del presupuesto por fases o hitos
Gastos de personal Costes de 
investigación 
Costes de 
Número  Otros gastos de  Personal titulado  contractual,  Gastos generales 
instrumental y  Total
fase hito funcionamiento universitario y  Otro  Temporalmente  conocimientos  suplementarios
material
superior no  personal cedidos técnicos y patentes 
universitario adquiridas s
                  bo
                  3w
                
                
Total.                 Bc
2.17  Breve descripción del contenido y objetivos del proyecto 
(Resumen de la Memoria)
2.18  Resumen de carácter innovador del proyecto. Producto, servicio o método 
de producción nuevo u organizativo
2.19  Resumen del plan de explotación y de la capacidad comercial y/o actividades 
comerciales
2.20  Resultados a alcanzar por el proyecto
2.21  Referencias de proyectos en el mismo área temática (anexo II)
2.22  Impacto e indicadores
ANEXO V
Memoria técnica y económica del proyecto
La extensión máxima de páginas del documento incluyendo la portada y el índice 
será  de  100.  Se  utilizará  la  tipografía  arial  o  Times  New  Roman,  de  tamaño  12, 
márgenes: superior: 2.5 cm; izquierdo: 3 cm; inferior: 2.5 cm; derecho: 3 cm y con 
interlineado sencillo.
La memoria deberá contener los siguientes epígrafes con el número de páginas 
máximo que se indica. No se podrán incluir en la memoria actividades de entidades que 
no forman parte del consorcio ni actividades de entidades, que, aunque formen parte del 
consorcio, no tengan una cuantificación económica en el presupuesto.
1.  Resumen ejecutivo. Máximo 2 páginas.
2.  Objetivos del proyecto. Máximo 12 páginas.
a)  Objetivos del proyecto definidos de forma explícita y concreta.
b)  Principales  elementos  innovadores  del  proyecto.  Justificación  del  carácter  e.
innovador de cada uno de ellos y su importancia respecto al estado actual de la técnica. w.b
reali3az.)a  r, DDoeergssaccnrriiippzccaiidóóonns  td écecotnmaiclloaa d ayac p,t ilvaaildnca addneec ster a pybr ianpjcolai.pn Ma ldáeexs i mtor aotab 3rae5joa p sád, gecilon cnao sen.sjupnetcoia dl ere faecrteivnicdiaad ae slo as   OE-A-2022-55able en https://
métodos y procedimientos que se van a seguir para alcanzar los mismos. Grado de
innovación de los proyectos. Indicación de la responsabilidad y la participación de cada 
una de las entidades en cada una de las actividades principales o tareas. Cronograma 
detallado del proyecto.
b)  Detalle  de  las  tareas  que  realizarán  las  entidades  que  participen  como 
subcontratadas y acreditación de la necesidad de dicha subcontratación.
c)  Indicadores de la evolución del proyecto. Entre los que se incluirá el número de 
Entidades Locales donde se desarrollará el proyecto y su ubicación.
d)  Plan  de  comercialización  y/o  mantenimiento  de  los  proyectos,  sistemas  y 
herramientas desarrolladas.
4.  Presupuesto del proyecto. Máximo 12 páginas.
Para cada entidad participante detallar y justificar todas las partidas a financiar que 
se hayan reflejado en el cuestionario de solicitud de ayuda por actividad, fase, actividad 
principal o tarea.
5.  Capacidad de los solicitantes. Máximo 13 páginas.
a)  Antecedentes de las organizaciones participantes y papel que desempeñan en el 
proyecto.
b)  Experiencia  de  todos  los  miembros.  Experiencia  de  todos  los  miembros  en 
temática relacionadas con turismo y transformación digital y DTIs en el del camino. 
Indicar  referencia  y  planes  estratégicos  de  turismo,  estrategias  DTIs,  estrategia 
transformación digital.
c)  Participación de los miembros en plataformas tecnológicas.
d)  Perfil profesional del equipo de trabajo de cada entidad participante que se haya 
reflejado en el cuestionario de solicitud de ayuda.
e)  Indicación del responsable de la coordinación técnica del proyecto.
f)  Recursos materiales e instalaciones con que cuentan las entidades para abordar 
el proyecto, especificando su adecuación para la ejecución de las actividades.
6.  Explotación de resultados. Máximo 15 páginas.
a)  Identificación  del  mercado  objetivo.  Estudios  de  mercado  nacionales  e 
internacionales, análisis de la competencia y previsiones de comercialización a nivel 
nacional e internacional de los resultados del proyecto.
7.  Impacto socioeconómico. Máximo 9 páginas.
a)  Creación  de  empleo  en  el  territorio  basado  en  la  igualdad  de  género  y  la 
inclusión
b)  Medidas de igualdad de género implantados en las entidades participantes.
c)  Inversión privada movilizada por los miembros. Plan de inversiones previstas 
derivadas de los resultados del proyecto.