BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126963
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16922 Resolución  de  13  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación del registrador de la propiedad de Colmenar Viejo n.º1, por la que 
se suspende la inscripción de una escritura de partición y adjudicación de 
herencia.
En el recurso interpuesto por doña M. L. A. R., abogada, contra la calificación del 
registrador de la Propiedad de Colmenar Viejo número 1, don Ignacio del Río García de 
Sola, por la que se suspende la inscripción de una escritura de partición y adjudicación 
de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 26 de febrero de 2021 por el notario de Tres 
Cantos, don Alfonso García-Perrote Latorre, se otorgaron por la contadora-partidora las 
operaciones de partición y adjudicación de la herencia causada por doña M. A. V. B., 
fallecida el día 1 de marzo de 2020 en estado de casada con don R. C. P., de cuyo 
matrimonio tuvo cuatro hijos, llamados doña R. M., doña M. E., don R. y doña M. A. C. V. 
Ocurrió  su  óbito  bajo  la  vigencia  de  su  último  testamento,  otorgado  el  día  11  de 
noviembre de 2009 ante el notario de Tres Cantos, don José Ángel Gómez-Morán 
Echart, en el cual, entre otras, dispuso lo siguiente: «Primera: Priva a su esposo de la 
cuota legal usufructuaria por la causa 1.ª prevista en el artículo 855 del Código Civil. 
Segunda: Lega a su hija doña M. A. C. V. la legítima estricta que por ley le corresponde. 
Tercera:  Lega  a  su  hijo  don  R.  C.  V.,  con  cargo  de  su  parte  de  legítima  -que 
expresamente  reconoce-  y  en  lo  que  excediese  al  tercio  de  mejora  y  si  no  fuera 
suficiente a cargo del tercio de libre disposición el pleno dominio de la casa sita en Tres 
Cantos (…) Cuarta: Lega a su hija doña M. E. C. V. con cargo al tercio de libre 
disposición y en lo que excediese al tercio de mejora, el pleno dominio del Dúplex sito en 
(…)  propiedad  de  la  testadora.  Quinta:  En  el  remanente  de  sus  bienes,  derechos, 
instituye herederos de todos sus bienes, derechos y acciones a sus dos hijas doña R. M. 
y  doña  M.  E.  C.  V.  Sexta:  Sustituye  vulgarmente  a  sus  nombrados  hijos  por  sus 
respectivos  descendientes  en  cuantos  derechos  se  les  reconoce  por  el  presente 
testamento y en su defecto entre sí. Séptima: (…) Octava: Prohíbe expresamente la 
testadora  la  intervención  judicial  en  la  adjudicación  de  su  herencia  para  violar  lo 
dispuesto  en  este  testamento.  El  heredero  que  con  tal  fin  la  promoviere,  quedará 
reducido a su legítima estricta. En este supuesto ordena de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 841 del Código Civil, que dicha legítima se pague en metálico (…) Décima: 
Nombra albacea, contador partidor de su herencia, con todas las facultades legales, 
incluida la expresamente determinada en el artículo 841 del Código Civil y con prórroga 
de un año más sobre el plazo legal a doña M. L. A. R.».
Interesa a los efectos de este expediente que la hija doña M. A. C. V. fue declarada  e.
incapaz y sometida al régimen de tutela por sentencia del Juzgado de Primera Instancia  w.b
e Instrucción número 3 de Colmenar Viejo de fecha 14 de julio de 2010, habiéndose  922ww
neol mcabrrgaod o eel l cdaíarg o4  ddee t uotocrtau bar ela  Adeg e2n0ci1a0 M; aedl rihleijñoa  dpoanra  Rla.  TCut.e lVa.  deesl tAadbual toju, dqiuceia lamceenptteó 
iPnrcimapearaci tIandsota yn csiuaj eeto I nas tturuteclcai ópno rn súemneteron c3ia  ddee  Cfeoclhmae 1n adre V mieajorz, oh daeb ie2n0d0o2  dseidl oJ unzogmabdroa ddea 
tutora su hermana doña R. M. C. V., que aceptó su cargo el día 9 de septiembre de 2002.
Otorgaba la escritura la contadora-partidora, que hacía constar que había citado 
mediante  burofax  a  los  tutores  de  las  personas  incapacitadas  a  los  efectos  de  la 
formación del inventario.
Se habían realizado las adjudicaciones siguientes: a doña M. A. C. V., con capacidad 
modificada judicialmente, le adjudicaba una participación de la vivienda, metálico, un 
tercio de un crédito funerario y un tercio del crédito de «Fórum Filatélico»; a don R. C. V., 
persona con capacidad modificada judicialmente, el pago de su legado a cuenta de su 
legítima y en lo que excediese, del tercio de mejora y de libre disposición, un porcentaje 
del inmueble legado, ya que había sido reducido por la contadora-partidora; a doña M. E. 
C.V., en pago de su legado, con cargo al tercio de libre disposición y en su exceso con 
cargo al tercio de mejora, se le había entregado en su totalidad un bien inmueble legado 
y, en pago de sus derechos como heredera, una participación del otro inmueble que es la 
vivienda, metálico, un tercio de un crédito funerario y un tercio del crédito de «Fórum 
Filatélico»,  y  a  doña  R.  M.  C.  V.,  en  pago  de  sus  derechos  como  heredera,  una 
participación de la vivienda, metálico, un tercio del crédito funerario y un tercio del crédito 
de «Fórum Filatélico».
II
Presentada la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo 
número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Documento.
Escritura otorgada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno ante el Notario Alfonso 
García-Perrote Latorre, número 208 de protocolo.
Presentación.
Asiento 943 del Diario 128.–Vence el 17-06-2021 sin perjuicio de la prórroga derivada 
de esta resolución.
Calificada la escritura presentada se observan los siguientes defectos.
Primero.  Deberá  acreditarse  la  inscripción  en  el  Registro  Civil  de  los 
nombramientos de los tutores de los incapacitados en su condición de legatarios y 
legitimarios M. A. C. V. y de don R. C. V.
Disposiciones normativas: artículos 2 y 218 de la Ley del Registro Civil y resolución 
de la DGRN, hoy DGSJ y FP de 28 de octubre de 2014.
Fundamentación: Como declara la resolución citada la prueba de incapacitación y 
nombramiento de tutor requiere la inscripción en el Registro Civil, resultando que en 
tanto que no tenga lugar dicha inscripción, la resolución de nombramiento de tutor no es 
oponible frente a terceros.
Segundo.  No consta que los tutores representantes legales de doña M. A. C. V. y 
don  R.  C.  V.  hayan  intervenido  en  la  formación  de  inventario  con  citación  a  sus 
representantes legales nombrados en virtud de resolución judicial.
Disposiciones normativas: artículo 1057 párrafo tercero del Código civil y resolución 
de la DGRN, hoy DGSJFP de 3 de julio de 2019 y 23 de octubre de 2020.
Fundamentación: El artículo 1057 del Código civil establece lo siguiente: "El testador 
podrá encomendar por acto ‘inter vivos’ o ‘mortis causa’ para después de su muerte la  e.
simple  facultad  de  hacer  la  partición  a  cualquier  persona  que  no  sea  uno  de  los  w.
coherederos"... "Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará, aunque entre  922ww
ploasr tcidoohre dreedbeerroás  ehna yeas taolsg ucnaoso ssu jientvoe nat apraiatrri alo pso bteiesntaeds,  dtuet elala  hoe creunractiae,la c; opne rcoit aecl icóonn dtaed loors-
representantes legales o curadores de dichas personas."
Tercero.  Con relación al legatario y legitimario don R. C. V., se dice en la escritura, 
exponen III que ha sido citada la Agencia Madrileña para la tutela de Adultos, en su 
calidad de tutor del citado incapacitado, incurriendo en incongruencia la escritura al 
constar en el exponen II que la tutora de don R. C. V. es su hermana doña R. M. C. V.
Cuarto.  Deberá acreditarse la aprobación judicial de la partición al tener carácter 
dispositivo la partición efectuada por el contador partidor concurriendo como interesados 
los dos incapacitados en base a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.
(i)  La testadora en su testamento otorga al contador todas las facultades previstas 
en el Código Civil y expresamente la facultad de pago en metálico de las legítimas, como 
así se ha efectuado a la legitimaria incapacitada de M. A. C. V.
(ii ) Concurriendo como interesada en la partición la legitimaria incapacitada M. A. C. 
V., a la que se adjudica una tercera parte del Crédito Fórum Filatélico (número 7 del 
inventario) no consta el título de este crédito, su vencimiento, criterio de valoración 
contable ni identificación a efectos de su inventario y de la cuenta de partición realizada 
por el contador.
(iii)  El  legado  de  cosa  determinada,  propia  del  testador,  primer  legado  en  su 
testamento, a favor de don R. C. V. del inmueble número 1 del inventario, legitimario 
incapacitado, a cuenta de su legítima y en lo que exceda, del tercio de mejora y de libre 
disposición, ha sido reducido por el contador partidor, adjudicándole un 85,2855133%. 
Considerando que el segundo legado del testamento dispuesto a favor de la legataria, 
legitimaria y heredera doña M. C. V. del inmueble identificado con el número 2 del 
inventario, con cargo al tercio de libre disposición y en su exceso con cargo al tercio de 
mejora, se le ha entregado en su totalidad el bien inmueble legado, lo que ratifica el 
carácter dispositivo de la partición realizada por el contador partidor que está facultado 
en el testamento para pagar las legítimas en metálico, conforme al artículo 841 del 
Código civil, por lo que la partición requiere de aprobación judicial.
Disposiciones normativas: artículo 272,1 del Código y 93, 2b de la Ley 15/2015, 992 
y 998 del Código Civil y Resoluciones de la DGSJFP de 23/10/2020, 26 de junio de 2019 
y 11 de enero de 2018.
Fundamentación: Como declara la Resolución de 11 de enero de 2018 «El contador-
partidor, por tanto, no está limitándose a contar y partir los bienes del causante, sino que 
decide no ejercitar la facultad de pago de la legítima en metálico y optar por la partición 
ordinaria manteniendo la naturaleza de la legítima que es "pars bonorum" y que debería 
consistir  necesariamente  en  bienes  de  la  herencia,  excluyendo  el  supuesto  del 
artículo 841 que constituiría una excepción y daría amparo legal al hipotético cambio de 
la naturaleza de la legítima desde "pars bonorum" a "pars hereditatis".
La Resolución de 26 de junio de 2019 en su apartado 2. Dice: "Antes de entrar en el 
fondo  de  la  cuestión  debatida,  hay  que  precisar  que  el  defecto  señalado  por  el 
registrador y que es objeto de recurso, se refiere tanto a la autorización judicial previa 
como a la aprobación posterior de la partición, siendo que el notario recurrente nada 
objeta respecto de la posterior, que acepta. Es más, aclara en sus alegaciones, que la 
advertencia hecha en la escritura, no ha gozado de la precisión oportuna, siendo que se 
refería a la aprobación judicial de la partición a posteriori y no como parece literalmente, 
a la autorización judicial previa. En consecuencia, debe concluirse en que lo que se 
recurre de la calificación, es exclusivamente la necesidad de la autorización judicial 
previa, aceptándose, tal y como se pretendió advertir en la escritura, la aprobación 
judicial posterior". e
En definitiva, se reitera la aprobación judicial, cuando el contador se aparte de lo  bo
meramente particional lo que sucede en la escritura presentada al concurrir los hechos  922ww
qinucea plaoc iftuanddoasm, aednvtaenrt eyn cciao mquoe  innote srees haad oresa dlizoasd ole egniti mlaa ersiocsr ituerna  lpar essietunatacidóan. jurídica de
últimQau deed ala sp rnoorrtoifigcaadcoio neel sa qsiueen tsoe  deefe cptrúees eanl tNaocitóanri op aour toprlaizzaon tdee y  sael spernetsae ndtíaadso rd.esde la
La identidad del Registrador responsable será la del titular del Registro en cada 
momento. (…)
Colmenar Viejo, 12 de mayo de 2021.–El Registrador Ignacio de Río Sola Este 
documento has sido firmado digitalmente por el registrador: don Ignacio del Río García 
de Sola con firma electrónica reconocida.»
III
El día 16 de junio de 2021, doña M. L. A. R.., abogada, presentó en el Registro de la 
Propiedad de Colmenar Viejo número 1 la documentación necesaria para la subsanación 
de los tres primeros defectos señalados e interpuso recurso contra el cuarto de ellos 
señalado en la calificación y en el que alegaba lo siguiente:
«A)  Defectos subsanables:
Primera.  En el correlativo se solicita acreditación de la inscripción en el Registro 
Civil de los nombramientos de los tutores de los incapacitados, doña M. A. y D. R. C. V. 
Entendemos que se trata de un defecto subsanable, aportando dichos certificados.
Segundo.  Los tutores representantes legales de doña M. A. y D. R. C. V., han sido 
debidamente citados por la Contadora Partidora, de conformidad con lo establecido en el 
art. 1.057 del Código Civil.
Estando en mi poder los burofaxes remitidos a dichos representantes con acuse de 
recepción, se aportan, subsanando dicho defecto.
Tercera.  En  el  correlativo  se  dice  que  hay  error  en  la  citada  escritura,  el  Sr. 
Registrador dice textualmente: "con relación al legatario y legitimario don R. C. V., se 
dice en la escritura, exponen III que ha sido citada la Agencia Madrileña para la tutela de 
Adultos, en su calidad de tutor del citado incapacitado, incurren en incongruencia la 
escritura al constar en el exponen II que la tutora de don R. C. V. es su hermana doña R. 
M. C. V".
Con todo respeto, el error viene de su lectura, ya que la citada escritura en su 
exponen III, dice textualmente "En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1057.3 del 
Código Civil la contadora-partidora doña M. L. A. R. hace constar que ha citado a la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y a doña R. M. C. V., en su calidad de 
tutores de doña M. A. C. V. y don R. C. V., respectivamente, para la formación de 
inventario de la herencia…".
De cualquier forma, se trataría igualmente de un error subsanable, pero esta parte de 
su lectura no percibe la aludida incongruencia, no se percibe ningún error.
En cuanto al título del crédito de Fórum Filatélico, que en el correlativo Cuarto (ii), se 
dice que no consta, el certificado de este Título consta en mi poder, el que podemos 
aportar y por tanto consideramos que también es un defecto subsanable.
B)  Calificación recurrida:
Cuarta.  Objeto de recurso: No conformes con el correlativo.–En mi calidad de 
Albacea Contadora Partidora de la herencia de doña M. A. V. B. he sido fiel a sus 
disposiciones testamentarias, haciendo las adjudicaciones que la masa hereditaria me 
permitía efectuar para respetar las legítimas de los herederos.
(i)  En cuanto al pago en metálico de las legítimas, la testadora en su testamento 
dice textualmente: "Octava: Prohíbe expresamente la testadora la intervención judicial en  e
la adjudicación de su herencia para violar lo dispuesto en este testamento. El heredero  bo
que con tal fin la promoviere, quedara reducido a su legítima estricta. En este supuesto  922ww
olergdíetinmaa,  sdee  pcaognufoer menid made tcáolinco l.o.. "d.ispuesto en el artículo 841 del Código Civil, que dicha
las Eleng íntimingaús,n  scoaloso e mn ee lf ascuupltuae slato t easntatedso raal uedxidpore s(ealm heenrteed pearora q eule p pargoom eune vma eatáclcicioon dees 
judiciales...), pero si así fuera es imposible pagar las legítimas con dinero efectivo, ya
que en la masa hereditaria el dinero efectivo que hay en cuentas corrientes cuyos 
certificados constan en la escritura presentada es de 30.145,29.–€, y la legítima estricta 
que corresponde a los herederos es de 70.848,61.–€ a cada uno, por tanto no se pueden 
pagar las legítimas en efectivo, porque no hay metálico suficiente en la masa hereditaria.
¿Dónde dice en el testamento que se me faculta expresamente para el pago de las 
legítimas en metálico? En el testamento que nos ocupa, en ningún apartado.
Respecto a la legitimaria incapacitada M. A. C. V., no se le ha pagado su legítima en 
metálico, y no entiende esta parte como el Sr. Registrador hace tal aseveración, pues a 
los legitimarios se ha adjudicado el importe correspondiente a su legítima de la misma 
manera y con el mismo equilibrio: efectivo, crédito de Fórum Filatélico y porcentaje de la 
casa sita en Tres Cantos (…), con cargo al tercio de libre disposición.
(ii)  En mi calidad de Contadora Partidora solicite a la tutora de D. R. C. V., doña R. 
C. V., que si tenía efectivo su tutelado podríamos pagar esa parte de las legítimas en 
metálico a fin de no desmembrar la propiedad, pero D. R. C. V. carece de metálico, y en 
la masa hereditaria como hemos dicho y, está acreditado que no hay metálico suficiente. 
y lo que de ninguna manera se puede admitir es que uno de los herederos diga que pone 
el metálico para adjudicarse un buena proporción, de la citada propiedad, porque en ese 
caso estaríamos ante una venta. Por ello, ante la imposibilidad del pago en metálico de 
las legítimas, se adjudica a todos por igual en pago de sus legítimas: metálico, crédito de 
Fórum Filatélico y el % con cargo al tercio de libre disposición de la casa de la calle (…)
(iii)  Reitero que el legado a D. R. C. V. ha sido reducido en cuanto al exceso de la 
parte de libre disposición para el pago de la legítima estricta del resto de herederos.
En cuanto al segundo legado, a doña M. E. C. V., en cumplimiento de la voluntad de 
la testadora, en su testamento dice: Cuarta: "Lega a su hija doña M. E. C. V., con cargo 
al tercio de libre disposición y en lo que excediese al tercio de mejora, el pleno dominio 
del Dúplex sito en (…)", por tanto, no es con cargo a su legítima, la que hay que respetar 
porque es heredera por mitad del resto del patrimonio hereditario.
En su testamento la testadora hace constar en la séptima: que a lo largo de su vida 
ha  hecho  donaciones,  préstamos  personales,  sin  que  estos  últimos  hayan  sido 
amortizados y compraventas a favor de sus hijos de forma que con lo dispuesto en el 
presente testamento todos sus hijos han recibido de forma igualitaria todos sus bienes.
No puedo admitir el carácter "dispositivo" que se me imputa, diciendo "decide no 
ejercitar  la  facultad  de  pago  de  la  legítima  en  metálico  y  optar  por  la  partición 
ordinaria...", cuando en el testamento tan solo se me ordena el pago en metálico de 
legítima estricta para el caso de que un heredero promueva la intervención judicial en el 
testamento, por tanto me he limitado estrictamente a contar y partir los bienes de la 
testadora y no soy coheredera, soy persona ajena a la herencia, nombrada contadora 
partidora.
Entre las disposiciones normativas que enumera el Sr. Registrador, dejar claro que 
las casas legadas no constituyen vivienda habitual, ni hogar familiar ni de la testadora ni 
de ninguno de sus herederos, tampoco son objeto de transacciones mercantiles, y los 
artículos 272.1 Cc y 93.2b de la Ley 15/2015, 992 y 998 Cc., se refieren al ámbito de las 
obligaciones inherentes al cargo de tutor.
En cuanto a la exigencia de la autorización judicial, es innecesaria, tratándose de una 
partición unilateral efectuada por el contador partidor y no darse, en consecuencia, 
ninguna variedad de representación en el proceso particional, pese a que dos de los 
herederos interesados son personas incapacitadas, no surgen supuestos de actuaciones 
sujetas a control o refrendo judicial, hipótesis que se limita al caso de actuación de un  s
representante legal -sea tutor, curador o defensor judicial- en nombre de un incapaz.  oe.
Esta consideración aparece confirmada por el propio artículo 1057.3 del Código Civil que  w.
exclusivamente  establece  como  formalidad  especial  de  este  tipo  de  operaciones  922ww
ipnatertriecisoandaoless  sveear ifmiceandoars  op oinr cealp caocnitataddoo, r lap adrteid ocrit atre sata msuesn traerpiore, sceunatnadnote sa lgleugnaole ds ea  lolas 
formación del inventario.
Fundamentos de Derecho:
Artículos 1.057, 1.061 y 1.068 del Código Civil.
Fondo de la cuestión: En cuanto a la autorización judicial previa y posterior a la 
adjudicación de herencia, al haber dos incapacitados, ya ha sido zanjado este tema en 
multitud de Resoluciones de la DGSJFP:
1.  Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado: "hay que recordar la doctrina que emana de la Resolución de 18 de junio 
de 2013, según la cual, ‘precisamente, como consecuencia de la autoría particional que 
corresponde en exclusiva al partidor testamentario y de que se trata de una partición 
unilateral  efectuada  por  el  partidor,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  la  partición 
convencional (cfr. 1058 del Código Civil) ningún heredero, ni por sí ni por otro, actúa 
como otorgante del negocio o acto partitivo. Por ello, aunque estén interesadas en la 
sucesión personas que no tiene plena capacidad de obrar, no surgen en el curso de la 
partición  conducida  por  el  contador  supuestos  de  actuaciones  sujetas  a  control  o 
refrendo judicial, hipótesis que se limitan a los casos de actuación de un representante 
legal –sea tutor, curador o defensor judicial– como parte otorgante de un acto particional 
en nombre de un ‘alieni iuris‘". En consecuencia, en el caso de este expediente, no es 
necesaria la autorización judicial previa para la partición formulada por el contador-
partidor testamentario, ni tampoco la posterior, al no apartarse las actuaciones realizadas 
por el partidor de lo meramente particional.
2.  Resolución de 10 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado (B.O.E 1424 de 30/01/2012): «Por ello, el cuaderno particional formalizado 
mediante la escritura cuya inscripción se deniega, al que alcanza el juicio de adecuación 
a la legalidad inherente a aquélla, no necesita ser confirmado ni ratificado por nadie más, 
especialmente por ningún interesado en la sucesión, por haber sido efectuado dentro del 
ámbito de facultades, y en definitiva de legitimación testamentaria, propia del contador-
partidor. La regla anterior no se ve excepcionada por el hecho de que concurra como 
interesada o afectada por la sucesión una persona incapacitada. Tal y como ocurriría con 
la partición que efectúa directamente el testador, tampoco aquí se precisa la intervención 
de los mecanismos legales a los que se confía la representación y defensa de los 
intereses de los incapaces. Y al no ser precisa la actuación o intermediación de dichos 
representantes legales, tampoco son precisos los controles que se imponen para la 
adecuada vigilancia de sus actuaciones.
A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que como ya se apuntó en la 
Resolución de 24 de marzo de 2001, que la partición realizada por el contador-partidor 
en el ámbito de su marco competencial (configurado por la simple facultad de hacer la 
partición –en la que cabe incluir las operaciones particionales de inventario del activo y 
pasivo, con la correspondiente calificación de la naturaleza privativa o consorcial de sus 
elementos, avalúo, formación de lotes o hijuelas y su entrega y adjudicación a los 
interesados– por las otras las facultades legales si también es albacea y por las demás 
que le fueren atribuidas testamentariamente), es válida y produce todos los efectos que 
le son propios mientras no se impugne judicialmente, de forma que sólo los Tribunales 
de  Justicia  son  competentes  para  declarar  la  disconformidad  del  proceder  de  los 
contadores con lo querido por el testador, debiendo estarse, mientras tanto, a la partición 
realizada por éstos.»
IV bo
acorMdaebdaia nlot es igeusicernittoe,: de fecha 23 de junio de 2021, el registrador de la Propiedad  2021-16922n https://ww
cons–t aQ lau ein, sccorinpsciidóenr adned loo sq cuaer geons  tluatse lcaerertsif,i csaec aiocnueesr ddae rla tRifeicgairs terol d Cefievicl top rpersimenetraod.as no
– Considerar subsanados los defectos segundo y tercero de la nota de calificación.
– Iniciar expediente de recurso contra la nota de calificación. Dado el contenido del 
escrito de interposición, se entiende exclusivamente recurrido el cuarto defecto señalado 
en la nota de calificación.
El registrador emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificada 
la interposición del recurso al notario autorizante del título calificado, no había hecho 
alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 163, 233, 271, 272, 279, 1057, 1058,1060, 1061 y 1068 del 
Código Civil; 27 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; 18 y 19 bis 
de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2012; la 
sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Valencia  de  5  de  noviembre  de  2003;  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de enero 
de 1987, 23 de julio de 1990, 14 de enero de 1991, 10 de enero de 1994, 6 de febrero 
y 3 de abril de 1995, 25 de abril de 2001, 19 de septiembre y 6 de noviembre de 2002, 
14 de septiembre de 2004, 14 de julio y 13 de octubre de 2005, 17 de agosto de 2007, 
18 de junio de 2010, 10 de enero, 8 de mayo y 31 de octubre de 2012, 18 de junio y 11 
de julio de 2013, 16 de marzo y 18 de julio de 2016, 31 de enero, 13 de septiembre y 21 
de diciembre de 2017, 28 de febrero de 2018 y 26 de junio y 3 de julio de 2019, y las 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 19 de 
febrero y 9 de octubre de 2020 y 15 de enero, 19 y 23 de febrero, 18 de marzo y 9 y 26 
de junio de 2021.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias y los hechos siguientes:
– En la escritura, de fecha 26 de febrero de 2021, se otorgan por la contadora-
partidora, las operaciones de partición y adjudicación de la herencia de la causante, 
fallecida el día 1 de marzo de 2020, en estado de casada, de cuyo matrimonio tuvo 
cuatro hijos.
– En su último testamento, de fecha 11 de noviembre de 2009, entre otras, dispuso 
lo siguiente: «Primera: Priva a su esposo de la cuota legal usufructuaria por la causa 1.ª 
prevista en el artículo 855 del Código Civil. Segunda: Lega a su hija doña M. A. C. V. la 
legítima estricta que por ley le corresponde. Tercera: Lega a su hijo don R. C. V., con 
cargo de su parte de legítima -que expresamente reconoce- y en lo que excediese al 
tercio de mejora y si no fuera suficiente a cargo del tercio de libre disposición el pleno 
dominio de la casa sita en Tres Cantos (…) Cuarta: Lega a su hija doña M. E. C. V. con 
cargo al tercio de libre disposición y en lo que excediese al tercio de mejora, el pleno 
dominio del Dúplex sito en (…) propiedad de la testadora. Quinta: En el remanente de 
sus bienes, derechos, instituye herederos de todos sus bienes, derechos y acciones a 
sus dos hijas doña R. M. y doña M. E. C. V. Sexta: Sustituye vulgarmente a sus 
nombrados  hijos  por  sus  respectivos  descendientes  en  cuantos  derechos  se  les 
reconoce por el presente testamento y en su defecto entre sí. Séptima: (…) Octava: 
Prohíbe expresamente la testadora la intervención judicial en la adjudicación de su 
herencia para violar lo dispuesto en este testamento. El heredero que con tal fin la 
promoviere,  quedará  reducido  a  su  legítima  estricta.  En  este  supuesto  ordena  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 841 del Código Civil, que dicha legítima se  s
pague en metálico (…) Décima: Nombra albacea, contador partidor de su herencia, con  oe.
todas las facultades legales, incluida la expresamente determinada en el artículo 841 del  w.
sCeóndt–ieg noLc aCia hi vdiijlea yl  d Jcouoñznag  paMrdó.o rA reo. lg C1a.4  dV de.,e  uf ujnue la iodñ eodc emla 2ára0sd1 sa0o ,ib nhrcaeab epiéla npzdl ayoz ssoeo l mengoeamtild baar  adadol oñré aeg Mli mc.a eLrng.  oAd .ed R etu. »ttue.tloar pao ar   2021-16922n https://ww
la Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto, que aceptó el cargo el día 4 de octubre
de 2010; el hijo don R. C. v. está judicialmente incapacitado y sujeto a tutela por  Bc
sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Colmenar Viejo de fecha 1 de 
marzo de 2002, habiendo sido nombrada tutora su hermana doña R. M. C. V., que 
aceptó su cargo el día 9 de septiembre de 2002.
– La  contadora-partidora  hace  constar  en  la  escritura  que  ha  citado  mediante 
burofax a los tutores de las personas incapacitadas a los efectos de la formación del 
inventario.
– Se han realizado las adjudicaciones siguientes: a doña M. A. C. V., con capacidad 
modificada judicialmente, le adjudica una participación de la vivienda, metálico, un tercio 
de un crédito funerario y un tercio del crédito de «Fórum Filatélico»; a don R. C. V., 
persona con capacidad modificada judicialmente, el pago de su legado a cuenta de su 
legítima y en lo que exceda, del tercio de mejora y de libre disposición, un porcentaje del 
inmueble legado, ya que ha sido reducido por la contadora-partidora; a doña M. E. C. V., 
en pago de su legado, con cargo al tercio de libre disposición y en su exceso con cargo 
al tercio de mejora, se le ha entregado en su totalidad el bien inmueble legado, y en pago 
de sus derechos como heredera, una participación del otro inmueble que es la vivienda, 
metálico, un tercio de un crédito funerario y un tercio del crédito de «Fórum Filatélico», y 
a doña R. M. C. V., en pago de sus derechos como heredera, una participación de la 
vivienda, metálico, un tercio del crédito funerario y un tercio del crédito de «Fórum 
Filatélico».
El registrador señala varios defectos de los cuales, dos de ellos son subsanados –
segundo y tercero– y se recurre únicamente el cuarto de ellos: que deberá acreditarse la 
aprobación judicial de la partición al tener carácter dispositivo la partición efectuada por la 
contadora-partidora concurriendo como interesados los dos incapacitados.
La recurrente alega lo siguiente: que no ha sido facultada para el pago de la legítima 
en metálico en cualquier caso, sino que lo ha sido exclusivamente para el caso de que 
alguno de los herederos promoviera acciones judiciales, lo que no se ha producido; que 
no hay dinero ni metálico suficiente en la masa de la herencia para el pago de las 
legítimas; que a la legitimaria incapacitada doña M. A. C. V., no se le ha pagado su 
legítima  en  metálico,  pues  a  otros  legitimarios  se  ha  adjudicado  el  importe 
correspondiente a su legítima de la misma manera y con el mismo equilibrio: efectivo, 
parte de un crédito y porcentaje de una casa, con cargo al tercio de libre disposición; que 
el legado a don R. C. V. ha sido reducido en cuanto al exceso de la parte de libre 
disposición para el pago de la legítima estricta del resto de herederos; que el legado a 
doña M. E. C. V. no es con cargo a su legítima, lo que hay que respetar porque es 
heredera por mitad del resto del patrimonio hereditario; que la contadora-partidora se ha 
limitado estrictamente a contar y partir los bienes de la testadora; que, en definitiva, no 
es precisa autorización previa ni aprobación judicial porque no se ha apartado de lo 
meramente particional; que, por tanto, la partición es válida y produce todos los efectos 
que  le  son  propios  mientras  no  se  impugne  judicialmente,  de  forma  que  sólo  los 
tribunales de Justicia son competentes para declarar la disconformidad del proceder de 
la contadora-partidora con lo querido por la testadora.
2.  La partición del supuesto de este expediente está realizada por la contadora-
partidora testamentaria, por lo que hay que recordar la doctrina de este Centro Directivo 
(Resolución de 18 de junio de 2013) referida a este tipo de partición:
«(…) La concurrencia de un contador partidor permite que el proceso de partición 
hereditaria se geste, si bien en interés de los herederos, legitimarios y legatarios, y 
demás personas llamadas legal o testamentariamente a la sucesión, al margen de los  e
mismos. bo
El  contador  partidor  consiste  en  un  cargo  que  designa  el  testador,  como  922ww
cdoirmigpir,le emnecnatuoz adre  yl ar eoarlgizaanri zealc ipórno cteessota mdee nttraarnias mdisei ólna  dseu celossió bni,e nceosn  rlae licvtiortsu.a lDidea de sdtea 
pforrinmcaip, iom mienetrraams eqnutee  plaa rtaiccitounaacli,ó ns ed leel  icnovmisitsea drieo  urensap eetsep eecl iaálm pboitteos tdaes , squu ee nlcea prgeorm, eiten 
gozar de total legitimación para actuar, hasta agotar todo el proceso partitivo que se
ultima con la distribución y adjudicación del caudal hereditario. Mediante la previsión en 
su última voluntad de su intervención en el fenómeno sucesorio, configura el testador un 
instrumento  o  mecanismo  privado  de  solución  de  controversias  y  de  conflictos 
particionales.
(…) En efecto la actuación del contador partidor en el curso del proceso particional 
cobra  su  mayor  significado  cuando  concurren  una  pluralidad  de  personas  y,  en 
consecuencia,  confluyen  una  diversidad  de  intereses  que  eventualmente  pueden 
presentarse como antagónicos. Su función principal consiste entonces en articular la 
partición, sobre la base del mandato testamentario, dirimiendo los eventuales conflictos y 
colisiones, mediante el ejercicio del poder inherente a su función, que le permite llevar a 
cabo todas las operaciones particionales y rematar el proceso mediante la liquidación y 
el reparto de la masa hereditaria y la atribución de los bienes del decuius entre todos los 
llamados, sin necesidad de contar con su intervención y asentimiento.
El comisario, como tal, está ungido de poder suficiente para realizar la partición por sí 
sólo, de modo que no requiere la intervención de los legitimarios (cfr. Resolución de 29 
de marzo de 2004) ni de los herederos, ni por ello es necesario que fuesen éstos 
«mayores y tuviesen la libre administración de sus bienes». Y puede acometer este 
encargo con independencia de cómo se presenten los intereses –al margen de su grado 
de contraposición y de que tengan o no riesgo  de  colisión– de los llamados a la 
sucesión. Sólo fuera de ese campo de actuación, cuando se rebasa lo particional, 
espacio que se delimita por las líneas marcadas por el testador, y se entra en el ámbito 
dispositivo, se diluyen las facultades del comisario y se hace necesario el concurso y la 
aprobación unánime de los herederos y demás interesados en la sucesión.
(…) Consiguientemente, a diferencia de la partición convencional, la partición de 
herencia hecha por el contador-partidor testamentario se configura como un acto o 
decisión unilateral en el más amplio sentido del término. Sólo requiere su concurso. De 
aquí  se  sigue  que  no  se  precise  el  consentimiento  ni  la  intervención  de  ningún 
interesado,  al  margen  del  título  de  su  llamamiento  o  de  su  carácter  legitimario,  y 
cualquiera que sea el «status personae» o civil del mismo y su capacidad de obrar y con 
independencia, igualmente, de cómo se presenten o confluyan sus intereses, ya sea o 
no en términos de contraposición.
Estas consideraciones permiten constatar que la partición que el contador partidor 
concluye  dentro  del  ámbito  de  su  competencia,  goza  de  la  misma  eficacia  que  la 
practicada por el testador (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989); 
esto es, genera todos los efectos. Especialmente, produce per se, los efectos previstos 
en el artículo 1.068 del Código Civil, tal y como ha tenido oportunidad de declarar en 
reiteradas  ocasiones  este  Centro  Directivo  (cfr.  Resoluciones  de  27  de  diciembre 
de 1982; 19 de septiembre de 2002; 21 de junio de 2003; 13 de octubre de 2005, y 20 de 
julio de 2007).
(…) La autonomía partitiva del contador partidor determina que la autoría de la 
partición sea exclusivamente suya. Ciertamente –como ya tiene declarado este Centro 
Directivo (cfr. Resolución de 10 de enero de 2012)– debe tenerse en cuenta que el 
contador cuando actúe en cumplimiento de la misión que le encomendó el testador 
ejercita facultades, particularmente la de hacer la partición, que le corresponden por 
derecho propio, sin que sea dable entender que interviene en representación de los 
herederos, legatarios, legitimarios o cualquier otra suerte de interesados en la herencia. 
Su actuación, por ende, no está sujeta a ninguna limitación representativa, ni tampoco 
necesita del refrendo o ratificación de los afectados por el proceso partitivo verificado, ni  s
de sus representantes voluntarios, o legales, en caso de que alguno de ellos estuviese  oe.
sujeto a cualquier orden de representación legal. w.
Precisamente, como consecuencia de la autoría particional que corresponde en  922ww
epxocr luesl ipvaa ratidl opra, rtaid doirf eteresntacmiae dneta rloio  qyu dee o qcuuerr es ee tnr altaa  pdaer tuicnióan p acrotnicvióenn cuionnilaatl e(rcaflr .e 1fe0c5t8u addeal 
Cacótdoi gpoa rCtitivivilo) . nPinogr úenl loh,e areudneqruoe,  neis ptéonr  siní tenri epsoard oatsr oe, na clatú sau ccoemsióon o ptoerrgsaonntaes d qeul en engoo ctiieon eo   BOE-A-cable e
plena capacidad de obrar, no surgen en el curso de la partición conducida por el 
contador supuestos de actuaciones sujetas a control o refrendo judicial, hipótesis que se 
limitan a los casos de actuación de un representante legal –sea tutor, curador o defensor 
judicial– como parte otorgante de un acto particional en nombre de un «alieni iuris».
Esta consideración aparece confirmada por el propio artículo 1057.3 del Código Civil 
que  exclusivamente  establece  como  única  formalidad  especial  de  este  tipo  de 
operaciones particionales verificadas por el partidor testamentario, cuando alguno de los 
interesados sea menor o incapacitado, la de citar a sus representantes legales a la 
formación del inventario.
(…)  Como  corolario  de  lo  anterior  (esto  es,  de  que  no  hay  ninguna  relación 
representativa en este tipo de partición hereditaria, ni ninguna participación negocial –ni 
en nombre propio ni por representación– por parte de ningún interesado en el caudal 
hereditario, al ser efectuada la partición únicamente por el contador-partidor), puede 
afirmarse que tampoco puede haber riesgo real de conflicto derivado de que alguno de 
ellos represente (en el acto partitivo) los intereses de otros, pues como ya se expresó, tal 
eventualidad queda descartada por la actuación unilateral del contador partidor, en 
merito a su función dirimente. El único conflicto posible es el que eventualmente pueda 
tener el propio contador con los restantes (o alguno de ellos) interesados en la partición 
hereditaria. Pero una situación de contraposición de intereses con alguno o algunos de 
aquéllos le inhabilitaría para ejercer esta función particional. Por eso, en prevención de 
esa eventualidad, el artículo 1057 permite que se encomiende la «facultad de hacer la 
partición a cualquier persona que no sea uno de los coherederos», prohibición que hay 
que entender que se extiende a cualquier persona en la que recaiga la misma razón 
justificativa que le inhabilite para ejercer el cargo. Ninguna incompatibilidad parece existir 
en este caso en que el partidor no tiene ningún interés propio en la herencia cuyo reparto 
le ha sido encomendado».
3.  A  la  vista  de  esta  doctrina,  hay  que  analizar  la  incidencia  que  produce  la 
adjudicación a una persona con capacidad judicialmente modificada en una partición 
hecha por el contador-partidor testamentario.
En primer lugar, hay que recordar lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1057 
del Código Civil, que exige que, en los casos de que haya en la partición coherederos 
sometidos a tutela, el contador-partidor deberá inventariar los bienes de la herencia, con 
citación  de  los  representantes  legales  de  dichas  personas,  lo  que,  en  el  supuesto 
concreto de este expediente, tras la subsanación correspondiente, se ha producido.
Por  otra  parte,  el  artículo  272  del  Código  Civil,  en  se  redacción  vigente  en  el 
momento del otorgamiento de la escritura disponía que «no necesitarán autorización 
judicial la partición de la herencia ni la división de cosa común realizadas por el tutor, 
pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial», lo que se corresponde con el 
artículo 1060 del mismo texto legal en su redacción dada por la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria: «Cuando los menores o personas con capacidad 
jurídica modificada judicialmente estén legalmente representados en la partición, no será 
necesaria la intervención ni la autorización judicial, pero el tutor necesitará aprobación 
judicial de la partición efectuada». A continuación, la segunda parte del artículo 1060 se 
refiere a la intervención del defensor judicial designado en los casos de oposición de 
intereses u otros exigidos por la ley, para el cual se exige la aprobación judicial de la 
partición efectuada si el letrado de Administración de Justicia no hubiera dispuesto otra 
cosa al hacer el nombramiento.
En el supuesto de este expediente, habiendo personas con capacidad modificada  s
judicialmente, la partición está realizada por la contadora-partidora testamentaria, por lo  oe.
que, como se ha expuesto, como consecuencia de la autoría particional que corresponde  w.
en exclusiva al partidor testamentario y de que se trata de una partición unilateral  922ww
neifnegcútuna dhae rpeodre reol,  mniis mpoor,  as í dnifie rpeonrc iao trdoe,  laoc tqúuae  coocmuorr eo teonrg alan tpea rdtiecli ónne cgooncvioe noc ioancatol, 
pplaerntiaci ocnaapl.a cPidoar de lldoe,  aoubnrqaur,e  neos tésnu rginetne reesna deal s ceunrs ola  dseu celas iópna rpticeirósno ncaosn qduueci dnao  ptioern eenl   BOE-A-cable e
contador supuestos de actuaciones sujetas a control o refrendo judicial, hipótesis que se 
limitan a los casos de actuación de un representante legal –sea tutor, curador o defensor 
judicial– como parte otorgante de un acto particional.
4.  Así pues, en el caso de la partición hecha por el contador-partidor, y, por tanto, 
no habiendo oposición de intereses, no es precisa la autorización ni la intervención 
judicial en ninguno de los supuestos de representación de menores o personas con 
capacidad modificada judicialmente, por parte de los tutores o padres que ejercen la 
patria potestad, a diferencia del caso de intervención de los tutores, que exigiría por la 
ley la aprobación judicial de la partición efectuada. En el caso de existir oposición de 
intereses –lo que no se ha señalado en este expediente–, se exigiría el nombramiento de 
un defensor judicial que requeriría la aprobación del juez si el letrado de Administración 
de Justicia no hubiera dispuesto otra cosa en el nombramiento.
Pues bien, en el supuesto concreto, siendo una partición realizada por contador-
partidor, y habiéndose cumplido la exigencia de la citación de los representantes legales 
de las personas con capacidad modificada judicialmente, como regla general, no es 
necesaria la autorización previa ni la aprobación judicial. Sentado que, siempre que se 
trate de una partición del contador-partidor sujeta a las disposiciones testamentarias, no 
es necesaria la autorización judicial previa ni la aprobación judicial posterior, hay que 
analizar ahora si existen variantes que exijan tales requisitos.
El registrador señala que debe acreditarse la aprobación judicial de la partición al 
tener carácter dispositivo la partición efectuada por la contadora-partidora concurriendo 
como interesados los dos incapacitados. Motiva la exigencia en que se ha reducido uno 
de los legados de una persona con capacidad modificada judicialmente, y en cambio, el 
segundo legado del testamento dispuesto a favor de una legataria, legitimaria y heredera 
capaz, de un inmueble determinado, con cargo al tercio de libre disposición y en su 
exceso con cargo al tercio de mejora, se ha entregado en su totalidad el inmueble 
legado; que además, podía haber utilizado la facultad de pagar la legítima en metálico 
para mantener la totalidad del legado reducido; lo que ratifica el carácter dispositivo de la 
partición realizada por la contadora– partidora que está facultada en el testamento para 
pagar las legítimas en metálico, conforme al artículo 841 del Código Civil, por lo que la 
partición requiere de aprobación judicial.
La recurrente opone a este defecto que no hay metálico suficiente en la herencia y 
que no puede imponer el pago con metálico extrahereditario, por lo que no es precisa 
autorización previa ni aprobación judicial porque no se ha apartado de lo meramente 
particional; que, por tanto, la partición es válida y produce todos los efectos que le son 
propios mientras no se impugne judicialmente, de forma que sólo los tribunales de 
Justicia son competentes para declarar la disconformidad del proceder del contador con 
lo querido por el testador.
En definitiva, la cuestión a resolver es si la contadora-partidora se ha limitado a 
realizar  funciones  meramente  particionales  o  si  ha  realizado  actos  dispositivos 
excediéndose de su cargo.
5.  Es  criterio  doctrinal  unánime  que  la  misión  del  contador-partidor  consiste 
únicamente -valga la redundancia- en contar y partir, de modo que carece de facultades 
dispositivas, al ser las suyas simplemente particionales. Por ello ha de respetar la 
igualdad cualitativa en la formación de los lotes (cfr. artículo 1061 del Código Civil), 
evitando, en cuanto sea posible, los suplementos en metálico; aunque se ha entendido 
por  autorizada  doctrina  que  dicho  precepto  no  impone  una  igualdad  matemática 
absoluta, ni impone la participación de todos los herederos en cada bien de la herencia.  s
En  suma,  que  la  regla  de  la  igualdad  es  de  carácter  relativo  y  depende  de  las  oe.
circunstancias del caso, y así, por ejemplo, este Centro Directivo en Resolución de 28 de  w.
febrero de 2018 declaró: «la regla del artículo 1061 del Código que impone la igualdad  922ww
ehne clhaa  ipnoterg croancitóand odr-ep alortsid olort,e hsa  ddee  ltoesn ehre creodmeoro usn, ar edfee rsiduas  epxricnecpipcaiolmneesn teel  asu lpau epsatroti cqiuóen 
ecoxcnetepmcipólna  eenl teanrtdícidualo  csoimguoi esnitme,p lee l a1c0to6 2p, aprtaicraio neal l, ceansoca jdaeb lec opsoars  tainndtiov isdiebnletsro,  yd ee slatas   BOE-A-cable e
facultades de los contadores partidores, ha sido interpretada con gran amplitud por la 
doctrina de este Centro Directivo -vid. Resoluciones de 10 de enero de 1903, 23 de julio 
de 1925, 6 de abril de 1962, 2 de diciembre de 1964, 13 de mayo de 2003 y 16 de 
septiembre de 2008- al punto de considerar que es la solución más lógica cuando en la 
herencia existe tan solo un bien jurídico o económicamente indivisible».
Este Centro Directivo ha puesto de relieve (cfr. Resolución de 3 de julio de 2019) que 
«el contador-partidor no puede realizar actos que excedan de lo particional: entre ellos 
(…) prescindir del viudo en la liquidación del régimen económico-matrimonial; realizar 
conmutación de la legítima del viudo; realizar hijuelas para pago de deuda; o atribuirse 
funciones privativas del testador, como es la revocación de disposiciones o la valoración 
de los supuestos de desheredación. Tampoco constituye acto particional decidir si una 
legataria a la que se atribuye en el testamento la opción de ser legataria de parte 
alícuota o recibir en usufructo una finca ha cumplido o no la condición impuesta por el 
testador a la misma, sino que se trata de un presupuesto o cuestión previa a la propia 
partición, que sólo puede resolverse si se acredita que la interesada ha prestado su 
conformidad o ha sido resuelta la cuestión judicialmente en otro caso. Ni tampoco podría 
proceder a la disolución de comunidad existente con un tercero (cfr. Resolución de 14 de 
septiembre de 2009)».
6.  Por otra parte, no está de más traer a colación el fundamento de Derecho 
segundo de la Resolución de este Centro Directivo de 13 de mayo de 2003: «Ahora bien, 
la asignación de todos los bienes de la herencia a uno de los interesados imponiéndole 
la obligación de pagar los derechos correspondientes a los otros interesados en metálico 
supone transformar los derechos de éstos que de cotitulares de la masa hereditaria con 
cargo a la que, previa liquidación, han de satisfacerse sus derechos, pasan a ser titulares 
de un derecho de crédito frente a otro de los partícipes. Y ello implica un acto de 
disposición  admisible  en  el  caso  de  ser  los  interesados  con  facultades  de  libre 
disposición de sus bienes los que lo convinieran (cfr. artículo 1.058 CC), pero que no 
puede entenderse comprendida entre las de partir que al contador partidor le vienen 
asignadas por la ley en su condición de tal. Otro tanto cabría decir del derecho de los 
legitimarios, intangible no sólo en el aspecto cuantitativo sino también en el cualitativo 
que, por más que de naturaleza discutida en Derecho común, no puede el contador 
partidor  cambiar  por  un  crédito  frente  a  los  herederos  so  pena  de  desvirtuarlo 
completamente, algo que el legislador ni tan siquiera permite en el caso de que el 
testador lo imponga o autorice (cfr. artículo 841) si no es con consentimiento de los 
afectados o aprobación judicial (artículo 843), amén del necesario respeto de otra serie 
de garantías como los plazos preclusivos de todo el proceso de partición y pago».
Y es que el cumplimiento de la voluntad del causante no exime de la obligación de 
respetar las reglas imperativas en materia de legítimas, pues en la partición de la 
herencia el contador-partidor no sólo debe ajustarse a la voluntad del testador, sino 
también  a  las  normas  legales  de  carácter  imperativo,  como  son  las  relativas  a  la 
intangibilidad  de  las  legítimas  (así,  Resolución  de  18  de  mayo  de  2012);  y  este 
sometimiento ha de darse aunque sean circunstancias posteriores al otorgamiento del 
testamento  las  que  provocan  un  desajuste  entre  lo  querido  por  el  testador  y  las 
disposiciones legales, pues en tal caso lo que ha de hacer el contador es partir la 
herencia ajustándose a la ley (así, Resolución de 20 de septiembre de 2003).
Debe recordarse que, como regla general, la legítima en el derecho común se 
configura como «pars bonorum» (así lo ha entendido este Centro Directivo) o como 
«pars hereditatis», lo que implica, en palabras del Tribunal Supremo que la legítima es  s
cuenta herencial y ha de ser abonada con bienes de la herencia, porque los legitimarios  oe.
son cotitulares directos del activo hereditario y no se les puede excluir de los bienes de la  w.
herencia. Es decir, como ha reiterado este Centro Directivo, la naturaleza de la legítima  922ww
hcoemreod ita«rpioa rqsu eb odneobreu mad»j uadticriabduay ee na bl ielengeisti mdea rliao  heelr ednecriae.cho  a  una  porción  del  haber
CódNigoo  oCbisvtial,n tyea,  squupeo, nsdi ríaas uí nloa  iemsptaobrlteacnete  eexxpcreepscaimóne,n ltae  aepl licteasctiaódno dr,e pl earrmtícituel oa 8 4u1n od eol   BOE-A-cable e
algunos de los descendientes, o al contador-partidor, en lugar de pagar la legítima de los 
demás  legitimarios  con  bienes  de  la  herencia,  como  es  ordinariamente  obligatorio, 
conmutar su cuota por un caudal que se pagará en efectivo metálico. Otra cuestión es si, 
aunque el precepto no lo establezca expresamente, se presupone que no es forzoso que 
exista en la herencia el metálico con que se debe pagar a los demás legitimarios. La 
doctrina y la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2012 han admitido que 
el pago de la legítima lo sea con metálico extrahereditario porque han afirmado que la 
finalidad de salvaguarda de la intangibilidad material de la legítima y de la seguridad 
respecto del pago efectivo de la misma, viene también reforzada desde la perspectiva 
conceptual  que  presenta  el  pago  en  metálico  de  la  legítima  de  los  descendientes 
conforme al marco establecido en los artículos 841 y siguientes del Código Civil. Así, a 
diferencia de lo previsto en el artículo 1056 del Código Civil, y pese al mero tenor literal 
del artículo 841, «el testador o el contador-partidor expresamente autorizado por aquél», 
en rigor, no están ordenando imperativamente la conmutación del pago de la legítima, 
sino facultando a alguno o algunos de sus hijos o descendientes para que, si así lo 
quieren,  se  adjudiquen  todo  o  parte  del  caudal  relicto,  compensando  a  los  demás 
legitimarios  con  dinero  no  hereditario.  En  consecuencia,  estos  requisitos  en  los 
supuestos de los artículos 841 y siguientes del Código Civil solo son aplicables en 
situaciones muy tasadas en las que el testador lo ha autorizado o el contador-partidor ha 
sido autorizado para ello.
Ahora  bien,  si  el  contador-partidor,  después  de  calcular  la  legítima,  no  puede 
proceder al pago en metálico de su cuota ya que tal cantidad no existe entre los bienes 
hereditarios del causante, sino que establece que tal cantidad sea pagada por los 
herederos, entonces no está limitándose a contar y partir los bienes del causante, sino 
que  está  transformando  la  legítima  en  un  derecho  de  crédito  frente  a  los  demás 
herederos, a quienes ordena el pago en metálico de su cuota, pues pasan a ser titulares 
de un derecho de crédito frente a otro de los partícipes. Y ello implica un acto de 
disposición  admisible  en  el  caso  de  ser  los  interesados  con  facultades  de  libre 
disposición de sus bienes los que lo convinieran (cfr. artículo 1058 del Código Civil), pero 
que no puede entenderse comprendida entre las de partir que al contador-partidor le 
vienen asignadas por la Ley en su condición de tal. Otro tanto cabría decir del derecho 
de los legitimarios, intangible no sólo en el aspecto cuantitativo sino también en el 
cualitativo  que  no  puede  el  contador-partidor  cambiar  por  un  crédito  frente  a  los 
herederos so pena de desvirtuarlo completamente.
7.  En el supuesto concreto, se han realizado las adjudicaciones siguientes: a doña 
M. A. C. V., con capacidad modificada judicialmente, le adjudica una participación de la 
vivienda, metálico, un tercio de un crédito funerario y un tercio del crédito de «Fórum 
Filatélico»; a don R. C. V., persona con capacidad modificada judicialmente, el pago de 
su legado a cuenta de su legítima y en lo que exceda, del tercio de mejora y de libre 
disposición,  un  porcentaje  del  inmueble  legado,  ya  que  ha  sido  reducido  por  la 
contadora-partidora; a doña M. E. C. V., en pago de su legado, con cargo al tercio de 
libre disposición y en su exceso con cargo al tercio de mejora, se le ha entregado en su 
totalidad el bien inmueble legado, y en pago de sus derechos como heredera, una 
participación del otro inmueble que es la vivienda, metálico, un tercio de un crédito 
funerario y un tercio del crédito de «Fórum Filatélico», y a doña R. M. C. V., en pago de 
sus derechos como heredera, una participación de la vivienda, metálico, un tercio del 
crédito funerario y un tercio del crédito de «Fórum Filatélico»
Por tanto, la contadora-partidora, con independencia de la contradicción entre dos de  s
las cláusulas testamentarias -en una le faculta para el pago de la legítima en metálico  oe.
para el caso de «violación» de lo dispuesto en el testamento, y en otra concede sin más  w.
la facultad de pago de la legítima en metálico conforme el artículo 841-, tras el cálculo de  922ww
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adjudicado los bienes de la herencia a algunos de los herederos con la obligación de 
pagar la legítima en metálico a los demás. En consecuencia, no ha usado la facultad 
concedida de pago de legítima en metálico conforme el 841 del Código Civil. Por tanto, 
este motivo no puede ser tenido en cuenta para considerar que se haya realizado un 
acto dispositivo que exceda del meramente particional.
Sin embargo, la contadora-partidora ha reducido el legado de una de las personas 
con  capacidad  modificada  judicialmente,  manteniendo  íntegro  el  de  la  persona  sin 
discapacidad alguna, y esto, excede de lo meramente particional. Este Centro Directivo 
ha afirmado (Resolución de 14 de septiembre de 2009) que no corresponde al contador-
partidor decidir acerca de la inoficiosidad de las disposiciones testamentarias sin la 
concurrencia de todos los interesados, de manera que, excediendo de sus funciones de 
partir, el consentimiento expresado por el tutor requeriría de la aprobación judicial. En el 
mismo sentido, la Resolución de 29 de enero de 2013, que afirma que, por ello, la 
valoración  del  contado-  partidor  respecto  del  legado,  es  claramente  extralimitada 
respecto de la función de contar y partir, e incluso de interpretar el testamento.
Alega la recurrente la Resolución de 26 de junio de 2019, pero en aquel supuesto, se 
trataba de concurrencia de una partición que habían ratificado todos los herederos, entre 
ellos, el tutor de uno con capacidad judicialmente modificada. Además, en aquel caso, 
las actuaciones realizadas no se apartaron de lo meramente particional. Cita también la 
Resolución de 10 de enero de 2012, pero en aquel supuesto la partición del contador-
partidor fue hecha con el consentimiento de todos los representantes legales de los 
interesados, y dentro del marco competencial del contador-partidor.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 13 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.