BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7469
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1110 Sala Segunda. Sentencia 166/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo 6739-2013. Promovido por don Pavel Kulbida y otras cinco personas 
respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso 
por  responsabilidad  de  la  administración  de  justicia.  Vulneración  de  los 
derechos  a  la  igualdad  y  a  la  presunción  de  inocencia:  STC  125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:166
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6739-2013, promovido por don Pavel Kulbida; don 
Alimbek  Telibaev;  don  Victor  Bakharev;  don  Victor  Tikhonov;  don  Michel  Angelo 
Ahumada  Vásquez;  y  don  Igor  Petrov,  contra  los  siguientes  actos  de  los  poderes 
públicos: (i) la resolución del Ministerio de Justicia, de 15 de abril de 2011, que desestimó 
la  solicitud  de  indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  de  la  administración 
pública, por el tiempo pasado en prisión preventiva en causa judicial de la que resultó 
finalmente absuelto; (ii) la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, de 11 de diciembre de 2012, que desestimó el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución anterior y (iii) el auto 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
de  12  de  septiembre  de  2013,  que  acordó  la  inadmisión  del  recurso  de  casación 
promovido  contra  la  sentencia  indicada,  al  haberse  desestimado  en  el  fondo  otros 
recursos sustancialmente iguales. Ha actuado como parte el abogado del Estado. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez 
Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 19 de 
noviembre de 2013, el procurador de los tribunales don Luis Alfaro Rodríguez, actuando 
en nombre y representación de don Pavel Kulbida; don Alimbek Telibaev; don Victor  e
Bakharev; don Victor Tikhonov; don Michel Angelo Ahumada Vásquez; y don Igor Petrov,  bo
bajo la defensa de/la letrado don Serguey Ryabenko, interpuso demanda de amparo  w
contra las resoluciones arriba mencionadas. 2020-1110n https://w
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  En el marco de las actuaciones seguidas por el Juzgado de Instrucción núm. 3 
de Las Palmas de Gran Canaria, se acordó la detención de los recurrentes el 13 de 
octubre de 2005 y su posterior puesta en prisión provisional, permaneciendo privado de 
libertad por un periodo de 1.448 días. Por sentencia dictada por la Sección Sexta de la 
Audiencia  Provincial  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  en  fecha  28  de  septiembre 
de  2009  (procedimiento  5-2006),  resultaron  absueltos  de  su  participación  como 
cooperadores del delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa 
grave daño a la salud, de la que se les acusaba, por aplicación del principio in dubio pro 
reo, acordándose su excarcelación. En concreto, la sentencia señaló en el fundamento 
de Derecho vigésimo tercero que no había prueba del conocimiento por los recurrentes, 
empleados en el barco en el que fue incautada la droga, de que esta estaba siendo 
transportada:
«Así, se trata de marineros que llevan años trabajando en la mar. El buque IBY-1 
habitualmente se dedica a tráfico mercantil de forma legal. A diferencia del barco de la 
sentencia mencionada 151/2006, en el caso presente se trata de un barco de grandes 
dimensiones que en la actualidad se está utilizando bajo administración judicial, es decir, 
que no se trata de un barco que se destina como último viaje a tal menester y después al 
desguace.  Los  marineros  estaban  durmiendo  en  su  s  camarotes  cuando  son 
despertados por el capitán para efectuar la carga de la mercancía. Esta tripulación no ha 
sido escogida ex profeso para tal cometido, sino que se ha aprovechado su trabajo para, 
de forma ruin por parte del capitán y el armador, utilizar su trabajo para el trasvase de la 
droga. No existe móvil económico, no se sabe si iban a recibir alguna cantidad por ello, 
aunque más bien, todo apunta a que no iban a recibir ni un euro, es más, se les debe su 
salario del mes de septiembre hasta el día 13 de octubre, lo cual han reclamado al 
armador. Lo que parece más bien, si se nos permite dicho sea coloquialmente, es que 
fueron cogido de incautos, pero ni se les había dicho, ni sabían que lo que cargaban era 
droga. Uno de ellos Víctor Tikhonov, manifestó en una carta (folio 3.569 –Tomo 10–) 
dirigida al juzgado: ''si teóricamente se hubiera roto un saco y nosotros hubiéramos 
podido ver su contenido, ¿cómo hubiéramos podido determinar si era cocaína o sulfato 
de aluminio?, puesto que nunca he visto ninguna de las dos sustancias. Nunca he visto 
este narcótico y nunca lo he tenido en mis manos. No se cómo distinguirlo''. Y la Sala 
cree, que, en efecto, así fue. Entendemos que tal situación no es comparable a la de una 
persona que transporta un paquete adosado a su cuerpo o en la maleta y sorprendida en 
el aeropuerto manifiesta que desconoce su contenido, pues en estos casos, los indicios 
en contra de tal persona son más difíciles de rebatir, quien le entregó el paquete, en qué 
circunstancias, para qué, por qué no lo transportó la persona que lo entregó, cuánto 
dinero recibió por tal encargo, etc., etc. Por ello, teniendo dudas este Tribunal de que los 
marineros conocieran el contenido de los sacos que cargaban, siendo igualmente posible 
la versión que todos ofrecen, unido a que el capitán mantienen [sic] en sede judicial que 
ordena a los marineros cargar la mercancía al IBY-1, en virtud del principio in dubio pro 
reo, debe dictarse una sentencia absolutoria de dichos procesados.»
b)  Con fecha 9 de febrero de 2010, los recurrentes en amparo presentaron una 
solicitud ante el Ministerio de Justicia, solicitando en concepto de indemnización por 
responsabilidad patrimonial del Estado, por el tiempo sufrido en situación de prisión  s
provisional, las cantidades siguientes: (i) don Pavel Kulbida, marinero, 759.384,78 €;  oe.
(ii) don Alimbek Telibaev, marinero, 759.384,78 €; (iii) don Víctor Bakharev, jefe de  w.
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El expediente (núm. 96-2010) fue resuelto por resolución del secretario de Estado de
Justicia, de fecha 15 de abril de 2011, desestimando lo solicitado. Como apoyo de la
decisión se citó el art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el dictamen del 
Consejo de Estado recabado para el caso, concluyendo que no procede el derecho a la 
indemnización porque no se trata del supuesto de inexistencia del hecho imputado.
C)  Contra  la  resolución  administrativa  mencionada  se  interpuso  recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, recayendo el asunto en su Sección Tercera (recurso ordinario núm. 383-2011). 
Tras  la  tramitación  del  procedimiento,  esta  última  dictó  sentencia  con  fecha  11  de 
diciembre de 2012, desestimando el recurso.
Como base para su decisión, la Sala siguió el criterio sentado por la jurisprudencia 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a partir de dos sentencias dictadas el 23 de 
noviembre de 2010, modificando el Alto Tribunal su criterio precedente, al apreciar a 
partir  de  entonces  que  solo  cabe  indemnización  por  el  tiempo  pasado  en  prisión 
preventiva, ex del art. 294 LOPJ, en los casos de absolución o sobreseimiento por 
inexistencia objetiva del hecho, no en los demás casos. Por tanto, se deniega en dicho 
recurso, teniendo en cuenta en su fundamento de Derecho cuarto, que:
«En el caso litigioso, la razón de la absolución de los recurrentes no fue la convicción 
del juzgador sobre la falta de participación de los recurrentes en los hechos delictivos de 
los que fueron acusados. Fue la insuficiencia de las pruebas practicadas lo que llevó al 
tribunal a dudar sobre si los recurrentes eran o no eran autores del delito imputado, 
resolviendo dichas dudas sobre la culpabilidad del acusado por aplicación del principio in 
dubio pro reo y por ende a la sentencia absolutoria. No existe, por tanto, una prueba 
indubitable de la falta de participación de los recurrentes en unos hechos delictivos que 
realmente ocurrieron, como pone de manifiesto la sentencia referida, que condenó por 
ellos a varias personas, sino una prueba insuficiente de la participación de aquéllos. No 
se trata, por tanto, del supuesto de inexistencia del hecho delictivo, tal y como ha sido 
definida por la jurisprudencia. En consecuencia, no se cumplen los requisitos exigidos en 
el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según ha sido interpretado por 
referida jurisprudencia del Tribunal Supremo. Debe, por lo expuesto, en aplicación de 
dicho criterio ser desestimado el recurso.»
d)  Contra la sentencia de instancia se interpuso recurso de casación. La Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó auto el 12 de septiembre 
de 2013 (recurso núm. 662-2013) acordando la inadmisión del mismo por aplicación de 
lo dispuesto en el entonces vigente art. 93.2 c) de la Ley 29/1998 reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, esto es, «si se hubieren desestimado en el fondo 
otros  recursos  sustancialmente  iguales».  Así  lo  apreció  teniendo  en  cuenta  la 
jurisprudencia interpretativa del art. 294 LOPJ sentada a partir de sus sentencias de 23 
de  noviembre  de  2010  (razonamiento  jurídico  cuarto),  la  cual  resulta  precisamente 
aplicable al caso planteado (razonamiento jurídico quinto). Añade que la absolución 
penal de los recurrentes «no se asienta en la probada inexistencia del hecho imputado, 
sino en la insuficiencia de la prueba de cargo», y que el art. 294 LOPJ no contempla la 
indemnización en todos los casos de prisión provisional, según se desprende de las 
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictadas el 25 de abril de 2006, 
asunto Puig Panella contra España; y 13 de julio de 2010, asunto Tendam contra España 
(razonamiento jurídico sexto).
3.  La demanda de amparo alegó en primer lugar, frente a todas las resoluciones 
dictadas y que impugna, la vulneración de los derechos a la igualdad en aplicación de la  s
ley (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Tras afirmar que el art. 294  oe.
LOPJ consagra el derecho a indemnización por el Estado a quien ha sufrido prisión  w.
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III del Tribunal Supremo una nueva y restrictiva interpretación del art. 294.1 LOPJ a partir
del año 2010, con base en dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
[Puig  Panella  contra  España  y  Tendam,  contra  España]  que  paradójicamente,  y  al 
contrario que la nueva doctrina restrictiva del Tribunal Supremo, tienden a ampliar o 
extender la interpretación del citado art. 294. 1 LOPJ, pretendiendo incluir junto a la 
absolución por inexistencia del hecho (inexistencia objetiva) y la absolución por prueba 
de la no participación en el mismo (inexistencia subjetiva), los casos de falta de prueba, 
tanto del hecho como de la participación en él, declarando en virtud del principio ‘in dubio 
pro  reo’,  el  cual  constituye  una  expresión  concreta  del  principio  de  presunción  de 
inocencia, que no debe existir ninguna diferencia entre una absolución basada en la falta 
de pruebas y una absolución que derive de la constatación sin ningún género de dudas 
de: la inocencia de una persona, por canto [sic] las sentencias absolutorias no se 
diferencian en función de los motivos que hayan sido tenidos en cuenta en cada ocasión 
por  et  juez  penal;  y  cuyo  conocimiento  conlleva  la  vulneración  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia. […] [L]a sentencia de la Audiencia Nacional objeto del presente 
recurso, debió ser estimatoria de la pretensión indemnizadora [sic], atendiendo a la 
doctrina sobre la materia sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su 
valor en España conforme a lo establecido en los arts. 10 y 96. 1 CE y art.1. 5 del Cc. Al 
no ser así […] dicha sentencia de la Sección lll de la Audiencia Nacional […] en cuanto 
sigue el [criterio] manifestado en la nueva jurisprudencia de la Sala lll Tribunal Supremo 
sobre el art. 294.l LOPJ que más abajo se expone, vulnera el derecho fundamental del 
recurrente  a  la  igualdad  en  su  vertiente  de  igualdad  en  la  aplicación  me  la  ley  y 
prohibición de discriminación del art. 14 CE, así como el derecho fundamental a la 
presunción de inocencia del art. 24.2 CE y art. 6. 2 del CEDH».
En segundo y último lugar, la demanda alegó la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso al recurso, exclusivamente en 
cuanto  al  auto  de  inadmisión  del  recurso  de  casación  (al  que  erróneamente  llama 
sentencia) promovido por dicha parte contra la sentencia de instancia. Afirma al respecto 
que este derecho fundamental «exige del Tribunal que lo inadmite [el recurso de que se 
trate] una resolución judicial suficientemente motivada, que en todo caso, vale por la 
cláusula general de interdicción de la indefensión, sobre el cual el Tribunal Constitucional 
ha puesto de manifiesto la necesidad de aplicar e interpretar la legalidad ordinaria en el 
sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales […]; dicha 
sentencia del Tribunal Supremo adolece de la necesaria y suficiente motivación».
4.  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  justicia  de  la  Sala 
Segunda, Sección Cuarta, de este Tribunal, de 21 de noviembre de 2013, se requirió al 
procurador de los recurrentes para que en plazo de diez días aportara copia de la 
sentencia impugnada, lo que resultó cumplimentado por escrito de dicho profesional 
presentado el 27 de noviembre de 2013.
Posteriormente, la procuradora de los tribunales doña Silvia de la Fuente Bravo, 
presentó escrito el 12 de marzo de 2015 en solicitud de que se la tuviera por personada 
en representación de los aquí recurrentes, «en sustitución del anterior compañero que 
ejercía la representación por fallecimiento del mismo».
Antes de proveer a lo solicitado, por diligencia de ordenación de la secretaría de 
justicia de la Sección Cuarta, de 13 de marzo de 2015, se requirió a dicha procuradora 
para  que  aportara  el  correspondiente  poder  para  pleitos  acreditativo  de  su 
representación, lo que esta cumplimentó mediante escrito de 25 de mayo de 2015. Por 
nueva diligencia de ordenación de la misma secretaría de la Sección Cuarta, de 26 de 
marzo de 2015, se tuvo por personada a la procuradora citada, en sustitución de su 
compañero don Luis Alfaro Rodríguez, acordando entenderse con ella las sucesivas  e.
diligencias. w.b
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cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  un  proceso  de  reflexión  interna
[STC 155/2009, FJ 2 b)]». En la misma resolución se acordó dirigir atenta comunicación 
a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
a fin de que en plazo no superior a diez días remitiera certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones del recurso de casación núm. 662-2013. Asimismo, dirigir atenta 
comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, para que en plazo no superior a diez días remitiera certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones del procedimiento ordinario 383-2011; debiendo 
previamente emplazar en el plazo de diez días a quienes hubieran sido partes en el 
procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo –ya personada–, por si querían 
comparecer en el presente proceso constitucional.
Se condicionó no obstante dicha admisión al cumplimiento en plazo máximo de diez 
días, por la procuradora doña Silvia de la Fuente Bravo, de la aportación del poder 
notarial original acreditativo de su representación, al detectar que el presentado era 
fotocopia. Dicho requerimiento se cumplimentó por escrito presentado el 3 de abril 
de 2017, solicitando el desglose y devolución del poder.
6.  Previamente, el 28 de marzo de 2017, el abogado jefe del Estado ante este 
Tribunal, presentó escrito por el que se personó en el recurso, solicitando se le tuviera 
por personado y parte en la representación que ostenta, debiendo entenderse con él los 
posteriores trámites del procedimiento.
7.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Segunda de 
este Tribunal, de fecha 26 de abril de 2017 se tuvo por personado y parte al abogado del 
Estado, acordando además dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC. 
Por último, se acordó también el desglose del poder aportado por la procuradora de los 
recurrentes, dejando en autos copia autorizada.
8.  La representante procesal de los recurrentes formalizó escrito el 26 de mayo 
de 2017, reiterándose en los motivos de la demanda de amparo e interesando se 
procediera a dictar sentencia estimando la pretensión deducida.
9.  Por escrito presentado el 30 de mayo de 2017, consignó sus alegaciones el 
abogado  del  Estado  por  el  que  interesó  se  dictase  sentencia  inadmitiendo  y, 
subsidiariamente, desestimando la demanda de amparo. En cuanto al primer pedimento, 
alegó como óbice la falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], 
porque se incluye una queja por vulneración del derecho al recurso contra el auto de 
inadmisión del recurso de casación interpuesto, sin haber promovido un incidente de 
nulidad de actuaciones antes de venir en amparo. La consecuencia de apreciar este 
óbice, añade, sería la inadmisión de todo el recurso, pues sino «se ha agotado la vía 
judicial previa respecto del auto de inadmisión cuya nulidad se pretende por vulneración 
del art. 24.1 CE difícilmente se podrá entrar a analizar si ese mismo auto ha vulnerado el 
art.  24.2  CE.  Nos  encontraríamos  ante  un  supuesto  semejante  al  resuelto  por  el 
ATC 137/2009 en el que existiendo dos motivos del amparo el tribunal estima que no 
procede entrar a analizar el segundo motivo (derecho a la integridad de los plazos 
procesales) ya que este se deriva del primero (derecho de acceso a la jurisdicción) y 
respecto de este no se agotó la vía judicial previa, inadmitiendo el recurso de amparo».
Por lo que respecta al fondo, rechaza el mismo escrito de alegaciones que se hayan 
vulnerado los derechos de los recurrentes, toda vez, en primer lugar, que no existe un  e.
derecho susceptible de amparo para obtener una reparación económica en caso de  w.
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Narciso Linares»; refiriéndose esta última, en realidad, a la decisión de la Sección Cuarta 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 23 de marzo de 2000, adoptada en el 
asunto Dinares Peñalver contra España.  También cita el ATC 145/1998, de 22 de junio, 
del recurrente Sr. Puig Panella.
En segundo lugar, niega en concreto el abogado del Estado la lesión del derecho a la 
presunción de inocencia y, refiriéndose de nuevo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, precisa que ésta no es contraria a la regulación específica del 
supuesto de inexistencia del hecho imputado como única causa de indemnización por 
prisión provisional seguida de absolución, sino al lenguaje de la motivación empleada 
para desestimar la solicitud. De nuevo cita la decisión Dinares Peñalver contra España y 
la STEDH del asunto Tendam contra España, de las que extrae que el Tribunal Europeo 
lo que censura es que la motivación se base en un lenguaje susceptible de extender una 
sospecha de culpabilidad sobre el reclamante de turno, lo que sucedía en los asuntos 
Puig Panella y Tendam, pero no aquí. Añade que para cumplir con los criterios del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos la Sala Tercera del Tribunal Supremo tuvo que 
cambiar su jurisprudencia, excluyendo su anterior interpretación extensiva del art. 294.1 
LOPJ. Ya en relación con la sentencia de la Audiencia Nacional impugnada, sostiene que 
ésta no adolece de un lenguaje que afecte a la culpabilidad del recurrente, limitándose a 
aplicar  el  supuesto  de  hecho  legal  (que,  recuerda,  no  es  considerado  contrario  al 
Convenio europeo de derechos humanos), al no existir hecho atípico o hecho no real, 
pero sin entrar a valorar la absolución por falta de pruebas o no participación.
10.  Por su parte, el teniente fiscal ante este Tribunal presentó el 5 de junio de 2017 
sus alegaciones por escrito, interesando que dictáramos sentencia otorgando el amparo 
a los recurrentes por vulneración de su derecho a la presunción de inocencia; con 
nulidad  de  las  tres  resoluciones  impugnadas  (administrativa  y  judiciales);  y  que  se 
acordara la retroacción de actuaciones «al momento anterior al dictado de la última 
resolución citada [la que dictó el secretario de Estado de Justicia] para que se resuelva la 
reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  planteada  sin  introducir  dudas  sobre  la 
culpabilidad del recurrente y su derecho a dicha presunción de inocencia».
Tras  compendiar  los  antecedentes  de  hecho  relevantes,  y  resumir  la  demanda 
interpuesta, señala el teniente fiscal que el «presente caso, al margen de la invocación 
adicional de los arts. 14 y 9.3 CE, guarda una sustancial similitud con el resuelto en la 
STC 10/2017, de 30 de enero, en la que se apreció la vulneración preconizada del derecho 
a la presunción de inocencia por remisión —a su vez— a lo ya resuelto por el Pleno del 
Tribunal Constitucional en la STC 8/2017, de 19 de enero, asunto y resolución con que 
también el presente recurso guarda una evidente identidad […]; también en este supuesto lo 
que  resulta  principalmente  determinante  es  que,  como  concretamente  subrayó  la 
STC 10/2017, FJ 4, ‘las resoluciones impugnadas deniegan todas ellas la indemnización en 
consideración a que el principio in dubio pro reo, esto es, la insuficiencia de la prueba 
practicada para generar una convicción sobre la responsabilidad criminal más allá de toda 
duda razonable, ha sido el determinante de la absolución decretada en el proceso penal’. Y 
parafraseando la decisión constitucional, al operar así, la resolución administrativa y las 
resoluciones judiciales que la confirman ‘cuestiona[n] la inocencia del demandante, lo que 
sucedía en los asuntos Puig Panella y Tendam… siguiendo la reciente STEDH de 16 de 
febrero de 2016 (asunto Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España) […] de modo que se 
menospreció la presunción de inocencia’ (STC 8/2017, de 19 de enero, FJ 7), de tal manera 
que ‘con arreglo a esta doctrina, las decisiones recurridas en este proceso constitucional 
suscitan dudas sobre la inocencia del denunciante, razón por la que deben ser anuladas a  e.
efectos de que sean sustituidas por otras compatibles con el derecho del actor a la  w.b
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recurrentes y su derecho a dicha presunción de inocencia».
11.  Con fecha 2 de diciembre de 2019, se dictó diligencia de ordenación por la 
secretaría de justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal, acordando: «dirigir atenta 
comunicación a la secretaría de justicia a fin de que, a la mayor brevedad posible, se 
remita  a  esta  Sala  certificación  o  fotocopia  adverada  del  escrito  que  dio  lugar  al 
expediente núm. 96-2010 […], así como a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de 
Las Palmas de Gran Canaria a fin de que, a la mayor brevedad posible, se expida y 
remita a esta Sala certificación o fotocopia adverada de la sentencia de 28 de septiembre 
de 2009».
La sentencia fue remitida vía correo electrónico el propio día 2 de diciembre. Por su 
parte, el escrito de reclamación administrativa se remitió, vía correo electrónico, por la 
Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el ministerio 
fiscal, el 4 de diciembre de 2019; uniéndose la correspondiente documentación a las 
actuaciones.
Todavía el 10 de diciembre de 2019 se recibió en el registro general de este Tribunal, 
procedente de la misma subdirección general, copia de los principales documentos del 
expediente administrativo (de nuevo el escrito de reclamación, y además la propuesta de 
resolución, el dictamen del Consejo de Estado, la resolución definitiva y la constancia de 
notificación de ésta), así como de las resoluciones judiciales dictadas con posterioridad. 
La  secretaría  de  justicia  de  la  Sala  Segunda  de  este  Tribunal,  por  diligencia  de 
ordenación  de  11  de  diciembre  de  2019,  tuvo  por  recibida  dicha  documentación, 
quedando unida a las actuaciones y con traslado para su conocimiento a las partes, sin 
que se hayan formulado alegaciones.
12.  Mediante  providencia  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El recurso de amparo tiene por objeto el auto de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 12 de septiembre de 2013 (recurso 
núm. 662-2013), que inadmitió el recurso de casación promovido contra la sentencia de 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de  11  de  diciembre  de  2012,  desestimatoria  a  su  vez  del  recurso  contencioso-
administrativo núm. 383-2011 interpuesto contra la resolución del secretario de Estado 
de Justicia de 15 de abril de 2011, recaída en el expediente núm. 96-2010, que había 
rechazado la reclamación formulada por los recurrentes de responsabilidad patrimonial 
del Estado por haber sufrido prisión provisional y ser posteriormente absueltos.
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos 
introducidos  por  las  partes  en  el  debate  son  sustancialmente  coincidentes  con  los 
abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la reciente STC 125/2019, de 31 
de  octubre  (recurso  de  amparo  núm.  4035-2012),  a  cuyos  fundamentos  jurídicos 
debemos remitirnos.
Antes, con carácter previo, procede estimar el óbice de falta de agotamiento de la vía 
judicial  previa  [art.  44.1  a)  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional:  LOTC] 
invocado por el abogado del Estado respecto de la queja de vulneración del derecho al 
recurso (art. 24.1 CE) causada, según la demanda de amparo, por la inadmisión del 
recurso de casación intentado por los recurrentes contra la sentencia de instancia.  e.e
Contra el auto que acordó dicha inadmisión debió promoverse, en efecto, el incidente de  b
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sentada por la STC 101/2018, de 1 de octubre, FJ 2, conforme a la cual en estos casos
la inadmisión de una de las quejas de la demanda no produce un efecto de arrastre 
respecto de las demás válidamente formalizadas, efecto este que «se funda en un 
criterio rigorista que no tiene asiento en el sistema de la LOTC», como nuestra sentencia 
expone y a la que nos remitimos. Tal sucede aquí con las quejas deducidas por lesión 
del derecho a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
El  examen  de  fondo  de  estos  dos  motivos  lleva  pues  a  la  aplicación  de  la 
STC 125/2019, donde en concreto, en su fundamento jurídico 4, se determinaron los 
efectos sobre el recurso de amparo de la declaración de inconstitucionalidad de los 
incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 
LOPJ por la STC 85/2019, de 19 de julio, para concluir que procede otorgar el amparo en 
tanto «las resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha normativa –a la que 
atendieron  los  órganos  administrativos  y  judiciales  por  estar  entonces  vigente– 
materializan  la  misma  vulneración  del  derecho  a  la  igualdad  y  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que 
tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art. 14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la 
retroacción debe remontarse al momento anterior a dictarse la resolución del secretario 
de Estado de Justicia de 15 de abril de 2011, que denegó la indemnización y que origina 
la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, 
para que la administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las 
exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE en los términos indicados en las STC 85/2019, 
FJ 13, y STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Pavel  Kulbida;  don  Alimbek 
Telibaev;  don  Victor  Bakharev;  don  Victor  Tikhonov;  don  Michel  Angelo  Ahumada 
Vásquez; y don Igor Petrov y, en consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerles en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad del auto dictado 
por  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Supremo, de 12 de septiembre de 2013 (recurso núm. 662-2013); de la sentencia de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de 11 de diciembre de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 
383-2011, y de la resolución del secretario de Estado de Justicia de 15 de abril de 2011, 
recaída en el expediente núm. 96-2010.
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3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.–Encarnación Roca 
Trías.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.
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