BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Miércoles 15 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 153618
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
20638 Real  Decreto  1105/2021,  de  14  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión directa de subvenciones en el ámbito de la transición ecológica 
para  actividades  de  interés  general  consideradas  de  interés  social, 
financiadas con cargo a la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, 
prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
El  Real  Decreto  2/2020,  de  12  de  enero,  por  el  que  se  reestructuran  los 
departamentos ministeriales establece, en su artículo 14, que corresponderá al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un 
modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la 
política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial, así como 
la propuesta y ejecución de la política de agua como bien público esencial.
En el marco de estas competencias, el Ministerio asume las relaciones institucionales 
con las organizaciones y entidades representativas en los sectores medioambiental, 
energético y de reto demográfico. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, le corresponde fomentar el  desarrollo de  las asociaciones que realicen 
actividades de interés general en el ámbito de sus competencias.
De este modo, en el año 2013, el extinto Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio  Ambiente  acordó  suscribir,  con  las  principales  organizaciones  no 
gubernamentales (en adelante, ONG) ambientales de ámbito estatal, un convenio para el 
fomento  de  la  protección  del  medio  ambiente  y  el  desarrollo  de  actividades  de 
colaboración  y  representación  ante  la  Administración  General  del  Estado,  la  Unión 
Europea y organismos internacionales.
Este convenio, prorrogado el 7 de noviembre de 2017 por un plazo de cuatro años, 
reconoce a las ONG de conservación del medio ambiente Amigos de la Tierra España, 
Confederación de Ecologistas en Acción-CODA, WWF Asociación en defensa de la 
naturaleza y Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la condición de entidades 
colaboradoras del extinto Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hoy 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este sentido, las 
citadas asociaciones sin ánimo de lucro participan en los órganos colegiados de ámbito 
estatal que informan sobre la creación de legislación básica ambiental, la transposición 
de directivas y convenios internacionales, colaboran en actividades derivadas de la 
representación internacional, y apoyan al Ministerio en el desarrollo de las políticas 
ambientales.
A través de dicho convenio ambas partes acordaron un plan de actuaciones para la 
mejora del medio ambiente en el Estado español, a partir del fortalecimiento de las vías 
de  colaboración  entre  ellas,  mediante  una  serie  de  actuaciones  de  información, 
asesoramiento y representación de las mencionadas ONG en materia de protección del  s
medio  ambiente.  Actualmente  se  está  trabajando  en  la  elaboración  de  un  nuevo  e.
convenio que continúe en la línea del prorrogado el 7 de noviembre de 2017. w.
Esta estrecha colaboración tiene también su reflejo institucional en la pertenencia de  638ww
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leos tprurecvtuisrtao  ye fnu necl ioRneeasl  dDeelc Creotnos 2e3jo5 A5/s2e0s0o4r,  ddee M 2e3d dioe A dmicbieiemnbtere., por el que se regulan la  BOE-A-cable e
Mediante este real decreto, que da continuidad al Real Decreto 905/2020, de 13 de 
octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito de la 
transición ecológica, a las referidas cuatro asociaciones, se persigue profundizar en esa 
estrecha colaboración con las citadas cuatro asociaciones sin ánimo de lucro, a partir de 
la concesión por segundo año consecutivo de subvenciones financiadas a partir de las 
partidas que proceden del reparto del 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Sociedades, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional centésima tercera de 
la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021. Estas circunstancias que concurren en las referidas cuatro asociaciones sin 
ánimo de lucro, su carácter supra autonómico y su reconocimiento por la Administración 
General del Estado como interlocutores relevantes de ámbito estatal para la defensa del 
medio ambiente y de los intereses de la sociedad civil, dificultan la convocatoria de las 
subvenciones descritas en régimen de concurrencia competitiva.
Los compromisos de modernización y transformación verde de la economía, con un 
especial énfasis en la lucha contra el cambio climático, asumidos por España en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por España el pasado 27 de 
abril serán el eje inspirador de las actuaciones a desarrollar por las citadas cuatro 
asociaciones sin ánimo de lucro al amparo de esta subvención; con el objetivo de 
priorizar la transición ecológica del sistema productivo y alcanzar una mayor resiliencia 
ante futuros choques económicos y escenarios de incertidumbre.
De este modo, se considera de interés social la concesión de subvenciones a las 
citadas entidades colaboradoras de este departamento ministerial para la realización de 
las siguientes actividades, con especial atención a aquellas áreas o aspectos que se 
hayan visto afectados por la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19:
a)  Desarrollo de investigaciones que entren dentro de su ámbito de actuación y 
fines según sus propios estatutos de interés para la Administración General del Estado.
b)  Desarrollo  de  otras  actuaciones  como  guías  informativas  y  actividades  de 
formación, de fomento del voluntariado, y de comunicación para la sensibilización de la 
ciudadanía, que entren dentro de su ámbito de actuación y fines según sus propios 
estatutos de interés para la Administración General del Estado.
Por otro lado, en el marco del Pacto Verde europeo o «Green Deal», los organismos 
internacionales  y  personas  expertas  en  la  materia  han  formulado  una  serie  de 
recomendaciones  a  España  sobre  finanzas  sostenibles.  En  línea  con  dichas 
recomendaciones y propuestas, es necesario analizar todas las alternativas posibles de 
cara  a  establecer  una  estrategia  global  y  conocer  sus  posibles  efectos  desde  la 
perspectiva de las empresas y la profesión económica. Y todo ello garantizando un 
adecuado resultado medido en términos de recaudación y en términos sociales. Es 
preciso investigar el impacto que tendrá sobre diversos sectores, ciudadanía, empresas 
y sobre la economía española en su conjunto. Para ello se hace necesario entender 
también como deben ser las finanzas sostenibles ante los desafíos medioambientales y 
el compromiso de las empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, teniendo en 
cuenta los efectos derivados de la aplicación de diversos fondos europeos, con el fin de 
mantener las condiciones de competitividad de nuestra economía y la identificación 
unívoca con las políticas de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta la importante movilización de fondos de la Unión Europea que va 
a suponer la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se 
hace necesario entender y dotarse de disciplina economicista sobre cómo deben reportar  e
las empresas y las organizaciones los efectos derivados de los proyectos financiados  bo
con fondos en su «informe de sostenibilidad». Esto es: aspectos medioambientales,  638ww
ccuuemsptiloimnieesn tos oncoiarmleas tivyo  ed ei nfloorsm arceicóunr sdoes  lah usmocaineodsa,d , gdéen etraol,  forremspae tqou ea p edremrietac hsoesr, 
valoPraedroo  yp eavraa lupaoddoe rd eascdoem uent epru ntotod odse  veissttoas n ore ftinoas,n ceiesr op.reciso  dotarse  de  doctrina  y
conocimiento para que la transición hacia la economía verde sea justa, eficiente y eficaz.
Conseguirlo no es un reto fácil ni de corto recorrido y ello justifica la necesidad de una 
serie de investigaciones de interés para la Administración General del Estado, que 
entran dentro del ámbito de especialización del Consejo General de Economistas de 
España,  al  objeto  de  que  generen  economía  medioambiental  y  analicen  diversos 
aspectos relevantes para futuras tomas de decisión públicas, que se sintetizan en los 
tres informes que recoge este real decreto. En el caso de la subvención propuesta al 
Consejo General de Economistas de España, la dificultad de la convocatoria en régimen 
de concurrencia competitiva deriva del alto nivel de especialización de los informes 
requeridos en el sentido descrito.
La gestión de estas subvenciones se realizará, por lo tanto, por el Ministerio para la 
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  ciñendo  las  actividades  que  se 
subvencionen a materias de su competencia exclusiva o imprescindible para asegurar la 
plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para 
garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales 
personas destinatarias en todo el territorio nacional.
Resulta importante reseñar la imperiosa necesidad de abordar las investigaciones y 
estudios  ambientales  a  escala  no  sólo  nacional,  sino  internacional  e  incluso 
intercontinental, dado que la «naturaleza» no se atiene a delimitaciones administrativas. 
Es por ello que el conjunto de investigaciones y actividades de carácter ambiental objeto 
de esta línea de subvenciones debe responder a una necesidad que trasciende a los 
límites político-administrativos.
En la actualidad, y desde hace décadas, la amenaza más importante sobre el medio 
ambiente, categorizado como emergencia, es el cambio climático. Esta emergencia, 
cuyas  causas  son  de  escala  planetaria,  tiene  unos  impactos  y  consecuencias  que 
requieren de medidas adaptativas a muy diversa escala para poder aplicarse de forma 
óptima sobre el territorio.
Desde este conocimiento, sobre el que existe absoluto consenso entre la comunidad 
científica internacional, parece urgente potenciar que la cobertura de estudios y medidas 
adaptativas  sea  de  la  escala  adecuada,  sin  restricción  a  fronteras  de  carácter 
administrativo, que impedirían el análisis de los problemas en su auténtica dimensión. En 
esta  línea  de  acción  se  encuentran  múltiples  trabajos  en  todos  los  niveles  de 
Administración: el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030, el Informe del Tribunal de 
Cuentas  de  fiscalización  de  las  actividades  desarrolladas  por  el  Ministerio  para  la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (y Departamentos antecesores), el Informe 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Estudio de Fiscalidad Verde, relativo 
a la aplicación de la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia para la descarbonización de la 
economía a 2050, el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la 
Estrategia Española de Economía Circular, el Informe del Ministerio de Sanidad sobre 
«Impactos del Cambio Climático en la Salud».
Así, es imperioso impulsar y potenciar el desarrollo de investigaciones, análisis, 
formaciones, campañas de sensibilización y voluntariado, entre otras actuaciones, que 
respeten las líneas de división naturales, geológicas o climáticas asociadas a estructuras 
o sistemas naturales, como por ejemplo ríos, cuencas hidrográficas, dominios públicos 
marítimo-terrestre  e  hidráulico,  sistemas  montañosos,  Península  Ibérica,  conjuntos 
insulares, estrechos entre continentes, etc., que trascienden fronteras políticas como 
puedan  ser  las  de  las  comunidades  autónomas  o  las  de  las  provincias  o  de  los 
municipios. s
Adicionalmente, se prevé que este enfoque de alta perspectiva de las actividades  oe.
proporcione mayor eficiencia aún en el uso de los recursos económicos dedicados a este  w.
tipo de estudios y actividades ligados a la naturaleza y sus repercusiones en todos los  638ww
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disponibles.
Asimismo,  es  preciso  avanzar  y  potenciar  el  cumplimiento  de  la  normativa  de 
transparencia, gobierno abierto y reutilización de información para aprovechar y poner en 
valor las ventajas que aporta la homogeneización de bases de datos, metodologías de 
trabajo, indicadores, etc., de modo que se puedan hacer análisis comparativos robustos, 
y así jerarquizar necesidades y priorizar actuaciones, políticas, reformas e inversiones.
El artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece la posibilidad, en determinados supuestos, de conceder de forma directa 
subvenciones a uno o a un conjunto de personas beneficiarias.
Existen, en consecuencia, y tal y como se ha descrito, razones de interés público y 
social  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  estas  subvenciones  en  régimen  de 
concurrencia competitiva. Además, es urgente garantizar la continuidad del esfuerzo que 
se viene realizando para preservar el medio ambiente y para incrementar la conciencia 
ambiental de la sociedad, en particular abordando las consecuencias derivadas de la 
actual  crisis  sanitaria  provocada  por  la  pandemia  de  COVID-19,  con  fuertes 
repercusiones en el medioambiente.
En este contexto, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética, prevé que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 
(PNACC) será el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada 
y coherente de todos los agentes implicados en las políticas de adaptación, incluyendo 
los distintos niveles de las administraciones públicas, las organizaciones sociales y la 
ciudadanía  en  su  conjunto  para  que  contribuyan  activamente  a  la  construcción  de 
respuestas frente a los riesgos derivados del cambio climático. Muchas de las acciones 
que servirán para el PNACC se realizarán con la colaboración de actores diversos, como 
ONG,  organizaciones  profesionales,  grupos  de  investigación,  etc.  Ese  conjunto  de 
entidades colaboradoras se concretará a lo largo del proceso de desarrollo del plan.
Con las actuaciones subvencionadas por este real decreto, se pretende coadyuvar a 
la creación de una España próspera y resiliente ante el cambio climático, que sea 
referente  en  la  protección  y  conservación  de  la  riqueza  de  sus  bienes  naturales, 
apostando por la descarbonización y las infraestructuras verdes, transitando desde las 
energías fósiles hacia un sistema energético limpio, con un modelo de crecimiento 
sostenible y economía circular para la agricultura y la pesca, la industria y los servicios.
Para ello, el proceso de «desescalada» y progresiva recuperación de la actividad tras 
la crisis sanitaria debe combinar la recuperación de la actividad económica con la 
protección de la población frente al COVID-19, sin que ambas prioridades impidan 
avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.
Sin embargo, aun cuando el proceso de vacunación de la población evoluciona a 
buen ritmo, la aparición de nuevas variantes hace pensar que las medidas de seguridad 
e higiene deberán mantenerse durante un plazo indeterminado, por lo que se prevé que 
sigan generándose residuos derivados de un elevado consumo de productos de un solo 
uso, en especial, material de protección como mascarillas, guantes, etc., envases para 
alimentación  u  otros  productos  desechables.  Muchos  de  estos  productos,  además, 
podrían ser de plástico y estar afectados por la Directiva de plásticos de un solo uso 
(Directiva (UE) 2019/904).
Por todo lo expuesto, se estima que concurren circunstancias excepcionales que 
acreditan las razones de interés público y social para la aprobación de la concesión 
directa de subvenciones, prevista en el artículo 22.2.c) y regulada en los apartados 2 y 3 
del artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre.
Este real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,  s
seguridad  jurídica,  transparencia,  y  eficiencia  contenidos  en  el  artículo  129  de  la  oe.
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  w.
Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para poder  638ww
idnetesraérsro llpaúr blalicso ;r efreersidualtsa  cpormoppoertecinocniaasl  epno rqmuaet ereias  deel  minesdtriuom aemnbtoie nntee cpeosar rrioa zopnaeras  dlea 
ccoonhseerecnutceió cno nd edli chfina;  syit uagcairóann tpizrae suepl upersintacripiaio.  Adseim  sisemgou,r ideand a pjulircíadcicióan,  pdueel sptroin cqipuieo  dees   BOE-A-cable e
transparencia, se han definido claramente el alcance y objetivo, y se ha realizado el 
trámite  de  audiencia  e  información  pública  previstos  en  el  artículo  26.6  de  la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y atiende al principio de eficiencia, pues 
no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a la gestión racional de estos 
recursos públicos existentes. Por último, el proyecto es coherente con lo dispuesto en la 
normativa en materia de subvenciones, y en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre.
Es preciso clarificar que el gasto correspondiente a las subvenciones que se regulan 
en  este  real  decreto  no  se  imputa  a  los  fondos  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia.  Concretamente  figura  incluido  en  los  Presupuestos 
Generales  del  Estado  para  2021,  en  la  aplicación  23.12.451O.486,  por  importe 
de 968.240 euros.
No obstante, según lo establecido en el anexo II, apartado segundo.once.d) de la 
Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año 2021, el crédito podrá ampliarse hasta una suma igual a las obligaciones que se 
reconozcan, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las 
que se establezcan.
En este sentido, el importe definitivo de la asignación tributaria al Ministerio para la 
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  correspondiente  a  fines  sociales  como 
consecuencia  de  las  declaraciones  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  asciende 
a  1.043.347,94  euros,  que  resulta  de  aplicar  el  porcentaje  del  2,85%  asignado  al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la disposición adicional 
centésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, a la cuantía resultante de la 
liquidación definitiva del Impuesto sobre Sociedades 2019, que según ha comunicado 
formalmente Agencia Estatal de la Administración Tributaria, asciende a 36.608.699,94 
euros.  En  este  sentido,  se  han  realizado  las  pertinentes  actuaciones  para  la 
correspondiente ampliación del crédito.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del 
Estado, de la Oficina Presupuestaria, de la Intervención Delegada y de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; del 
Ministerio de Política Territorial conforme a lo previsto en el art 26.5 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre; del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática (artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 noviembre) y del Ministerio 
de  Hacienda  y  Función  Pública,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  28.2  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y artículo 26.5, párrafo 5.º de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre.  También  se  ha  realizado  el  trámite  de  información  pública  y  audiencia 
previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 15.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la aprobación previa de la Ministra de 
Hacienda  y  Función  Pública,  y  previa  deliberación  del  Consejo  de  Ministros  en  su 
reunión del día 14 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto. s
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter  w.
excepcional y por razones de interés público y social, de cinco subvenciones de carácter  638ww
syi npgaurlaa r, laas f avaocrtu daec iloanse esn tmidaedneciso nbaednaesfi cieanri also sq uaep faigrutaradno se n2 e ly a p3a rdtaedl om 1i sdmelo a ratírctuíclou lo3,, 
pdreostteincacdióans  dael lf ommeednitoo  daem blaie ninteve syt igsaocsiótenn icbiielindtaífdic, ac yo nt éucnniac ae esnp emciaalt eraiate ndcei ódne fae nslaas,   BOE-A-cable e
consecuencias derivadas de la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia del 
COVID-19, con fuertes repercusiones en el medioambiente
2.  Se autoriza la concesión directa de las subvenciones establecidas en este real 
decreto,  atendiendo  a  las  excepcionales  circunstancias  en  que  ha  de  realizarse  la 
actividad subvencionada, y dado que concurren razones de interés público y social que 
determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma Ley, y el artículo 67 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En particular, las razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de 
las subvenciones se concretan en la necesidad de financiar investigaciones y otras 
actuaciones que entran dentro del ámbito de actuación, especialización y fines propios 
de las organizaciones beneficiarias y que son de interés para la Administración General 
del  Estado,  especialmente  en  el  contexto  del  cumplimiento  de  los  compromisos 
medioambientales asumidos por el Gobierno de España en los que el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC) será el instrumento de planificación 
básico para promover la acción coordinada y coherente de todos los agentes implicados 
en las políticas de adaptación, incluyendo los distintos niveles de las administraciones 
públicas,  las  organizaciones  sociales  y  la  ciudadanía  en  su  conjunto  para  que 
contribuyan activamente a la construcción de respuestas frente a los riesgos derivados 
del cambio climático; y de que haya de prestarse especialmente atención a aquellas 
áreas o aspectos medioambientales que se han visto o se pueden ver afectados por la 
crisis  sanitaria  y  económica  derivada  del  COVID-19:  un  fenómeno  que,  para  ser 
abordado con efectividad, requiere necesariamente de un enfoque nacional.
Artículo 2.  Procedimiento de concesión.
La concesión de las subvenciones objeto del real decreto se instrumentarán a través 
de las correspondientes resoluciones que, en su caso, y de acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden TED/533/2021, de 20 de mayo, de delegación de competencias, se dicten por 
el órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Artículo 3.  Personas beneficiarias y actuaciones a financiar.
1.  Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán el Consejo General de 
Economistas de España, así como las siguientes organizaciones no gubernamentales 
ambientales de ámbito estatal, declaradas de utilidad pública:
a)  Amigos de la Tierra España.
b)  Confederación de Ecologistas en Acción-CODA.
c)  WWF. Asociación en defensa de la naturaleza.
d)  Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
2.  El Consejo General de Economistas de España deberá destinar la subvención 
recibida a la elaboración de investigaciones dentro de su ámbito de especialización 
profesional  de  interés  para  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico, especialmente referidos a sostenibilidad y taxonomía de la información no 
financiera.
3.  Las entidades beneficiarias no mencionadas en el apartado 2 de este artículo, en 
coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,  e.
deberán  destinar  la  subvención  recibida  a  las  siguientes  líneas  de  actuación,  con  w.b
especial atención a aquellas áreas o aspectos medioambientales que se hayan visto  638ww
afectados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19:
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en el marco de la resolución de concesión que se apruebe.
Tal y como establece la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley  37/2007,  de  16  de  noviembre,  sobre  reutilización  de  la  información  del  sector 
público, la información que generan las administraciones públicas y los organismos del 
sector  público  constituye  un  importante  recurso  para  promover  la  economía  del 
conocimiento. De este modo, la reutilización y la puesta a disposición de la información 
del  sector  público  con  fines  privados  o  comerciales  favorecen  la  circulación  de 
información hacia los agentes económicos y la ciudadanía con el fin de fomentar el 
crecimiento económico, el compromiso social y la transparencia.
Por  ello,  toda  la  información  técnica  y  el  material  audiovisual  derivado  de  los 
proyectos de investigación financiados, deberá ser facilitada al Ministerio en formatos 
reutilizables. En particular, la información susceptible de ser incorporada en el Inventario 
Español  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad  (IEPNB)  seguirá  las 
especificaciones  técnicas  establecidas  en  el  siguiente  enlace:  https://
www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/BDN_Documentacion.aspx)
b)  Desarrollo  de  otras  actuaciones  como  guías  informativas  y  actividades  de 
formación, de fomento del voluntariado, y de comunicación para la sensibilización de la 
ciudadanía, que entren dentro de su ámbito de actuación y fines según sus propios 
estatutos de interés para la Administración General del Estado.
4.  Ambas actividades descritas en los apartados 2 y 3 de este artículo, y cuyas 
líneas  de  actuación  estarán  especificadas  en  la  resolución  de  concesión,  serán 
realizadas  en  el  marco  de  las  medidas  legislativas  y  de  planificación  estratégica 
adoptadas  por  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico, 
conducentes a la consecución de los siguientes objetivos:
a)  La mitigación y adaptación al cambio climático.
b)  El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
c)  La transición hacia una economía circular.
d)  La prevención y control de la contaminación.
e)  La protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
f)  El reto demográfico.
Artículo 4.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Las entidades beneficiarias de cada una de las subvenciones establecidas en 
este real decreto estarán sujetas a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, llevarán a cabo las actividades previstas en los artículos 2 y 3, con el 
alcance que se determine en la resolución de concesión que se formalice de forma 
previa al pago de la subvención, y deberán dar cumplimiento a las obligaciones que se 
detallen.
2.  Las solicitudes y documentación correspondientes deberán presentarse en el 
plazo máximo de 10 días hábiles. Este plazo de presentación se computará a partir del 
día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».
La solicitud se realizará por medios electrónicos, junto al resto de la documentación, 
se  dirigirán  a  la  persona  titular  del  Departamento  y  se  presentará  en  el  registro 
electrónico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo  s
con  lo  establecido  en  el  artículo  14.3  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  oe.
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instructor requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo  Bc
hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el apartado correspondiente de la solicitud, las personas beneficiarias designadas 
deberán aportar un presupuesto desglosando los gastos que se derivarán de la gestión 
de  las  actividades  que  se  desarrollen,  concretando  la  definición  de  las  actividades 
previstas.
La  presentación  de  la  solicitud  de  subvención  conllevará  la  autorización  del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no 
deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado 
reglamento.
3.  El plazo máximo para resolver y notificar será de 1 mes, contado a partir de la 
presentación  de  la  solicitud  a  través  del  registro  electrónico  del  Ministerio  para  la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera 
recaído resolución de concesión expresa se podrá entender desestimada la solicitud.
Conforme con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
resolución o la desestimación presunta pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser 
recurridas potestativamente en reposición ante la autoridad administrativa que la dictó en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, o ser impugnadas 
directamente  ante  el  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, a partir 
del día siguiente a aquél en el cual se produzca el acto presunto. Todo ello de acuerdo 
con los artículos 46 y 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
4.  Las actividades deberán llevarse a cabo en un plazo no superior a doce meses a 
contar desde la aprobación de la correspondiente resolución de concesión. También se 
podrán incluir gastos realizados a partir del 26 de noviembre de 2021.
5.  De conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y con el primero de los procedimientos 
transversales  de  fomento  de  la  igualdad  de  género  y  oportunidades  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, las entidades beneficiarias de cada una de 
las  subvenciones  establecidas  en  este  real  decreto  deberán  integrar  el  enfoque 
transversal de género en el contenido de las actividades objeto de la subvención, ya sea 
en la elaboración de informes, estudios, investigaciones y guías informativas, o en la 
realización de actividades de formación, fomento del voluntariado y comunicación para la 
sensibilización de la ciudadanía.
Para ello, se deberán tener en consideración las posibles diferencias entre mujeres y 
hombres respecto a comportamientos, necesidades, actitudes, efectos sobre la salud, 
etc., identificando las brechas de género existentes y proponiendo o aplicando en su 
caso medidas orientadas a que la actuación realizada tenga impacto positivo de género 
en la sociedad a la par que medioambiental. A tal fin, y en función de la temática 
concreta de la actividad subvencionada, se tendrán en cuenta las correspondientes  s
líneas de acción de igualdad de género del Plan Nacional de Adaptación al Cambio  oe.
Climático 2021-2030, de la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española  w.
Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, del Plan de 130 Medidas frente  638ww
caol mRoe,t oe nD seum coagsroá,f idcoe,l  rye sdpeelc tPivloa np ldaen  dRee icguupaeldraacdi ódne,  gTérnaenrsofo drme alac iCóonn yv eRnceisóinlie Mncairac,o  adseí 
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Asimismo, en todas las actividades subvencionadas se hará un uso no sexista del 
lenguaje y de la imagen. Y en la composición de mesas, foros, paneles, grupos de 
trabajo, etc., relacionadas con dichas actividades se respetará el principio de presencia 
equilibrada  de  mujeres  y  hombres,  exceptuando  los  actos  que  específicamente  se 
realicen  en  materia  de  igualdad  de  género,  y  aquellos  que  tengan  como  objetivo 
visibilizar  o  promover  la  participación  de  mujeres  en  ámbitos  en  los  que  están 
infrarrepresentadas, que podrán aplicar un criterio de presencia de mujeres superior 
al 60 %.
Artículo 5.  Cuantía y financiación.
1.  La financiación de las subvenciones reguladas en el presente real decreto se 
realizará con cargo al crédito asignado en los Presupuestos Generales del Estado 
para  2021  en  la  aplicación  presupuestaria  «23.12.451O.486  Actividades  de  interés 
general consideradas de interés social procedentes del Impuesto sobre Sociedades».
2.  La  cuantía  global  de  estas  subvenciones,  una  vez  realizada  la  liquidación 
definitiva  y  comunicada  formalmente  por  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración 
Tributaria, y aplicado el correspondiente porcentaje del 2,85 % asignado al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la disposición adicional centésima 
tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, asciende a un millón cuarenta y tres mil 
trescientos cuarenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos (1.043.347,94 euros). 
El  importe  individual  de  cada  una  de  las  subvenciones  previstas  ascenderá,  como 
máximo, a las cuantías que se indican a continuación, tras la aprobación por la Dirección 
General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de la ampliación 
de crédito solicitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
para financiar actividades de interés general en relación con la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades 
(expte. 675/21):
a)  Amigos de la Tierra España: 144.807,44 euros.
b)  Confederación de Ecologistas en Acción-CODA: 289.513,50 euros.
c)  WWF. Asociación en defensa de la naturaleza: 289.513,50 euros.
d)  Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife): 289.513,50 euros.
e)  Consejo General de Economistas de España: 30.000 euros.
Artículo 6.  Formalización y pago de la subvención.
1.  El  pago de  las  subvenciones  previstas a las  entidades beneficiarias de las 
subvenciones establecidas en este real decreto se efectuará de acuerdo con lo previsto 
en las respectivas resoluciones que se aprueben con carácter previo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El pago de las subvenciones se efectuará sin necesidad de constitución de 
fianza o garantía, si bien, con carácter previo al cobro de la subvención, las entidades 
beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como no ser deudoras por procedimientos de reintegro.
Artículo 7.  Gastos subvencionables. s
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de  w.b
noviembre, General de Subvenciones, se considerarán gastos subvencionables aquellos  638ww
qreuseu ldteen  mesatnriecrtaam inednuteb intaedcae sraersiopso nyd saen  rae allaic enna taunratelesz dae  duen  lpal aazcot ivdied a1d2  smuebsveesn cai ocnoandtaar, 
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de concesión se aprobaran en fecha posterior.
2.  Para la consideración del carácter subvencionable de los gastos, se tendrán en 
cuenta los siguientes condicionantes:
a)  Costes de personal: En esta partida se podrán incluir los gastos derivados del 
pago de las retribuciones al personal vinculado al programa, así como las del personal, 
ajeno  a  la  entidad,  con  contrato  de  arrendamiento  de  servicios  o  que  realice  una 
colaboración esporádica.
Las retribuciones del personal adscrito al cumplimiento del programa subvencionado 
únicamente podrán ser objeto de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas 
para los correspondientes grupos profesionales en el Convenio colectivo único vigente 
para el personal de la Administración General del Estado. Con igual límite se podrán 
sufragar las becas asociadas al proyecto, siendo imputables las horas de dedicación 
exclusiva al mismo.
Solo serán subvencionables los gastos de finiquito e indemnización del personal 
contratado específicamente para cada proyecto y por el período de duración del mismo.
No podrán incluirse en este concepto los gastos originados por los miembros de 
Juntas Directivas o Consejos de Dirección de las entidades, derivados del desarrollo de 
esa función.
Las  colaboraciones  esporádicas  prestadas  por  profesionales,  tales  como 
conferencias o charlas, se entenderán como una participación puntual en la realización 
de alguna de las actividades del programa. Para las colaboraciones esporádicas no será 
necesario firmar un contrato, bastará la factura o minuta justificativa de la actividad.
Las retribuciones del personal contratado en régimen de arrendamiento de servicios, 
modalidad ésta que tendrá carácter excepcional, se admitirán únicamente en los casos 
en  que,  por  las  especiales  características  de  la  actuación,  no  resulte  adecuado  el 
desarrollo de las actividades concretas de que se trate por el personal sujeto a la 
normativa laboral vigente. Estas retribuciones quedarán también afectadas, con carácter 
general, por las limitaciones señaladas para el personal de la entidad, salvo cuando se 
trate de profesionales liberales colegiados, en los que el contrato de arrendamiento 
deberá incluir el precio que la entidad va a abonar por los servicios recibidos.
Para  cada  uno  de  los  proyectos  se  identificará  la  identidad  y  titulación  de  las 
personas expertas participantes en el mismo, así como la adscripción y porcentaje de 
dedicación al mismo.
Los costes de personal deberán justificarse mediante la aportación de partes horarios 
(semanales o mensuales) firmados durante la ejecución de los trabajos, incluyendo 
distribución horaria del conjunto de actividades realizadas por las personas empleadas, 
financiadas o no por la subvención.
b)  Actividades:  En  esta  partida  se  podrán  incluir  los  gastos  derivados  de  la 
realización del programa subvencionado, siempre que se puedan determinar y sean 
necesarios para la ejecución de los proyectos, entendiendo como tales:
1.º  Artículos  de  consumo,  suministros  y  servicios  generales,  que  serán 
subvencionables en base a costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo 
ser asignados a prorrata con arreglo a un método justo y equitativo que debe constar por 
escrito.
2.º  Alquiler de bienes inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto, en base 
a costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser asignados a prorrata 
con arreglo a un método justo y equitativo que debe constar por escrito.
3.º  En el caso de que fuera necesario realizar inversiones en bienes inscribibles en  e
un registro público (adquisición, construcción, rehabilitación y mejora) así como en la  bo
adquisición de vehículos, se deberá justificar el carácter imprescindible de las mismas y  638ww
isnuv evrsiniocnuelasc iónno  pcoodnr álna  soubpteernacri óenl  5d e%  l odse ll otgortoasl  dper elvai sstousb vpeanrcaió nla  soalcictiivtaiddaad .p aErast aesl 
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periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el
que se le concedió la subvención será de 20 años en caso de bienes inscribibles así 
como en la adquisición de vehículos, y de 5 años para el resto de bienes debiéndose 
observar las reglas del artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c)  Gastos  de  viaje  y  estancia:  Podrán  justificarse  con  cargo  a  este  concepto 
exclusivamente las dietas y gastos de viaje del personal adscrito al programa, incluido el 
voluntario y los miembros de Juntas Directivas o Consejos de Dirección de las entidades.
Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías fijadas 
para el grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, siempre que no superen el 3 % del importe total subvencionado 
del  programa  salvo  que,  en  atención  a  la  naturaleza  del  mismo  y  previa  solicitud 
suficientemente justificada, se autorice otro porcentaje distinto que, en ningún caso 
podrá ser superior al 7 % conforme al procedimiento de modificación de la resolución de 
concesión.
d)  Gastos de revisión de la cuenta justificativa: El gasto derivado de la revisión de la 
cuenta justificativa mediante informe de persona auditora conforme a lo previsto en el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no podrá superar el 10 
% del importe de la subvención.
e)  Gastos indirectos: Los gastos indirectos subvencionables no podrán superar en 
su conjunto, el límite máximo del 15 % de los gastos directos justificados para cada uno 
de los programas, sin que sea precisa su justificación documental.
Tendrán la consideración de gastos indirectos aquellos que no puedan vincularse 
directamente  con  un  programa,  pero  que  son  necesarios  para  la  realización  de  la 
actividad subvencionada. Se incluyen tanto los imputables a varios programas, como los 
gastos generales de estructura que, sin ser imputables a una actividad concreta, son 
necesarios para llevar a cabo la actividad. Los gastos indirectos se basarán en gastos 
reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser prorrateados con arreglo a un 
método  justo  y  equitativo,  de  acuerdo  con  principios  y  normas  de  contabilidad 
generalmente admitidas, que debe constar por escrito. En todo caso, tales gastos deben 
corresponder al período en que efectivamente se realiza la actividad.
Del mismo modo, estos gastos se acreditarán mediante declaración responsable 
firmada por la persona representante legal de la entidad, en la que se describirán los 
tipos de gastos incluidos y el método de prorrateo empleado.
En  el  caso  de  gastos  de  bienes  inventariables,  se  podrá  incluir  como  gasto 
subvencionable la parte relativa a la cuota de amortización en la parte correspondiente al 
proyecto subvencionado.
f)  Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales  y  registrales,  los  gastos  periciales  para  la  realización  del  programa 
subvencionado  y  los  de  administración  específicos,  no  tendrán  carácter  de 
subvencionables.
g)  No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible 
cuando la entidad beneficiaria no esté obligada a realizar declaración del mencionado 
impuesto. La exención total o parcial del pago de este impuesto deberá acreditarse.
h)  De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas  para  el  contrato  menor  en  la  normativa  reguladora  de  la  contratación 
pública vigente, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la 
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características  e.
no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o  w.b
suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.  638ww
Lsua  ecalescoc,i óenn  elnat rseo llaicsit uodfe rdtea ss purbevseennctiaódna, ss, eq ureea dliezabreár ácno anpfoorrmtaer sae  cernit elar iojuss tdifeic aecfiicóine,n oc,ia e ny 
reeccoanigoam eían,  ldae pbrioepnudeos tjuas eticfiocnaórsmei ceax mpráess avmenetnatjeo sean. una memoria la elección cuando no
Se permitirá la subcontratación hasta un porcentaje que no exceda del 30 por ciento 
del importe de la actividad subvencionada. Deberá requerirse la autorización del órgano 
concedente cuando la cantidad exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y 
dicho  importe  sea  superior  a  60.000  euros.  Quedan  fuera  del  concepto  de 
subcontratación  aquellos  gastos  en  que  tenga  que  incurrir  el  beneficiario  para  la 
realización por sí mismo de la actividad subvencionada. La subcontratación se ajustará, 
en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
en el artículo 68 de su reglamento.
Las fórmulas de contratación se guiarán por los principios inspiradores del Plan de 
Contratación  Pública  Ecológica  2018-2025,  aprobado  por  Acuerdo  del  Consejo  de 
Ministros de 7 de diciembre de 2018, del Plan para el impulso de la contratación pública 
socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, de la Guía de contratación Pública para las 
PYMES; de la Guía sobre compra pública innovadora; de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, 
de cambio climático y transición energética; y de la Estrategia Española de Economía 
Circular.
Artículo 8.  Justificación.
1.  La  justificación  de  la  subvención  y  de  la  aplicación  material  de  los  fondos 
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo previsto en los artículos 72.1 y 74.1 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este sentido, la 
cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
a)  Una memoria por cada actividad subvencionada, justificativa del cumplimiento de 
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con el siguiente contenido 
mínimo:
1.º  Entidad beneficiaria.
2.º  Denominación de la actividad o proyecto subvencionado.
3.º  Breve resumen del contenido del proyecto.
4.º  Período y lugares de ejecución.
5.º  Actividades realizadas y su cronograma valorado.
6.º  Resumen  económico:  Importe  subvencionado,  estado  de  liquidación  del 
proyecto, desglosado por conceptos de gasto y por origen de financiación.
7.º  Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
8.º  Resultados  obtenidos  y  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  previstos, 
cuantificados y valorados. En concreto, se recogerán los datos relativos a los siguientes 
indicadores, en función de la naturaleza de la actividad, a fin de poder comprobar el buen 
fin de la misma y evaluar su eficacia:
a.  Número de personas beneficiadas por las actividades desarrolladas (y porcentaje 
de mujeres y hombres sobre el total).
b.  Número de empleos generados por las actividades subvencionadas (y porcentaje 
de mujeres y hombres sobre el total de personas que han ocupado esos puestos).
c.  Retribución media percibida por mujeres y por hombres que han ocupado los 
empleos generados a cargo de las actividades subvencionadas, desagregada por área y 
nivel jerárquico.
d.  Número de personas que han formado parte del total del equipo asignado a la 
actividad subvencionada (y porcentaje de mujeres y hombres sobre el total según área y  e.
según nivel jerárquico). w.b
e.  Número  de  personas  formadas/sensibilizadas  por  las  actividades  638ww
subvf.e ncNioúnmaedraos d (ey  mpoerscaesn,t afojer odse,  mpaunjeerleess,  yg hruopmobsr edse  stroabbraej oe,l  teottca.,l) .que se han puesto en
mreasrpcehtaa dcoo eml op rpinacritpei od dee  lap reascetivnicdiaad e qsuuiblivberandcaio dnea dmau (jey reqsu éy  hpoomrcbernetas)je. sobre el total ha
g.  Número de indicadores relativos a personas físicas que se han desagregado por 
sexo en la documentación generada por la actividad subvencionada (y porcentaje sobre 
el total).
h.  Número de contratos realizados basados en el Plan de Contratación Pública 
Ecológica (y porcentaje sobre el total).
i.  Número de contratos realizados que han incluido cláusulas sociales de igualdad 
de género (y porcentaje sobre el total).
j.  Localidades y/o espacios naturales beneficiados por las actividades.
k.  Número de reuniones en los órganos colegiados de la AGE.
l.  Número de alegaciones presentadas.
9.º  La memoria detallará los avances cuantitativos y cualitativos conseguidos en 
materia de igualdad de género a través de la actividad subvencionada y cómo se han 
logrado  dichos  avances,  así  como  las  lecciones  aprendidas  y  recomendaciones  al 
respecto.
10.º  Análisis de las desviaciones, en su caso, producidas entre los resultados 
obtenidos y los objetivos de previstos.
11.º  Conclusiones tras la realización de la actividad.
12.º  En esta memoria se debe especificar explícitamente dónde y cómo se han 
incorporado la publicidad de la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.
13.º  Tal y como establece la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 
Ley  37/2007,  de  16  de  noviembre,  sobre  reutilización  de  la  información  del  sector 
público, la información que generan las administraciones públicas y los organismos del 
sector  público  constituye  un  importante  recurso  para  promover  la  economía  del 
conocimiento. De este modo, la reutilización y la puesta a disposición de la información 
del  sector  público  con  fines  privados  o  comerciales  favorecen  la  circulación  de 
información hacia los agentes económicos y la ciudadanía con el fin de fomentar el 
crecimiento económico, el compromiso social y la transparencia.
Por  ello,  toda  la  información  técnica  y  el  material  audiovisual  derivado  de  los 
proyectos financiados, deberá ser facilitada en formatos reutilizables al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En particular, la información susceptible de 
ser  incorporada  al  Inventario  Español  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad 
(IEPNB) seguirá las especificaciones técnicas establecidas en el siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/
informacion-disponible/BDN_Documentacion.aspx)
b)  Una memoria económica justificativa abreviada, que incorporará como mínimo 
los siguientes documentos:
1.º  Certificación en la que expresen las subvenciones o ayudas percibidas para la 
misma finalidad.
2.º  Estado representativo de los gastos incurridos en la realización de cada uno de 
los proyectos subvencionados, debidamente agrupados y, en su caso, las cantidades 
inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
3.º  Una relación clasificada por cada concepto de gasto autorizado, diferenciando 
los  gastos  corrientes  de  los  gastos  de  inversión,  con  identificación  de  la  persona 
acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago,  e.e
conforme con la clasificación de gastos descrita. Relación detallada y totalizada de todos  b
los gastos en que se haya incurrido, con expresión en cada caso de base imponible, tipo  638ww
cduem  ipmlipmuieesnttoo  pyo rp poarcrteen tdaeje l aas ppliecrasdoon,a sy  bteontaelf icdiaer iafasc dtuer alo, sa lísmí itceosm imo pluae svteorsif ipcoarc ieóln R  edaell 
vDeercifriceatoc ió4n6 2d/e2l0 c0u2m, dpelim 2ie4n dtoe  dmela ayrot,í csuolob r2e9  inddee lma nLiezya c3i8o/n2e0s0 3p,o dr er a1z7ó nd ed neol vsieermvibcrieo,  yy  elal 
artículo 68 de su reglamento.
4.º  En el caso de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes 
establecidos en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá aportarse 
certificado de persona tasadora independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial.
5.º  En el caso de adquisición de bienes inscribibles en un registro público se 
aportará  copia  de  la  escritura  pública  y  su  inscripción  en  el  registro  público 
correspondiente, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
del artículo 4.6.a) de esta orden.
c)  Un informe de una persona auditora de cuentas inscrito como ejerciente en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. En dicho informe, la persona auditora de cuentas llevará a cabo la 
revisión  de  la  cuenta  justificativa  con  el  alcance  que  se  determine  en  las  bases 
reguladoras de la subvención y con sujeción a las normas de actuación y supervisión 
que, en su caso, proponga el órgano que tenga atribuidas las competencias de control 
financiero de subvenciones en el ámbito de la administración pública concedente.
d)  El informe de la persona auditora se ajustará a las previsiones de la Orden 
EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de las 
personas auditoras de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 
justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, se 
requiere que se aporten las hojas firmadas de auditoría donde se reflejan los importes y 
cálculos realizados acompañadas del archivo Excel u hoja de cálculo empleada que 
permita establecer trazabilidad de cada una de las operaciones que se detallan en el 
informe  de  la  persona  auditora,  así  como  exponer  el  cumplimiento  de  los  límites 
establecidos para cada una de las tipologías de gasto. El archivo puede estar protegido 
para asegurar su integridad.
La verificación a realizar por la persona auditora de cuentas, en todo caso, tendrá 
como alcance la verificación del cumplimiento por parte de las personas beneficiarias de 
sus  obligaciones  en  la  gestión  y  aplicación  de  la  subvención  y,  en  particular,  los 
siguientes aspectos:
1.º  Verificación de la elegibilidad de los gastos.
2.º  Verificación  de  que  están  soportados  en  facturas  o  documento  de  valor 
probatorio equivalente.
3.º  Verificación de que están emitidos a nombre del beneficiario y en las fechas de 
ejecución del proyecto o actividad subvencionada.
4.º  Verificación  de  que  guardan  relación  con  el  objeto  de  la  subvención  y  el 
presupuesto presentado.
5.º  Verificación mediante el examen de la contabilidad y cuentas corrientes del 
beneficiario  que  los  gastos  presentados  en  la  justificación  están  efectivamente 
contabilizados  y  pagados  en  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o  actividad 
subvencionada.
2.  Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con esta subvención, 
con  fondos  propios  u  otras  subvenciones  o  recursos,  deberá  acreditarse  en  la 
justificación  del  gasto  el  importe,  procedencia  y  aplicación  de  tales  fondos  a  las 
actividades subvencionadas, según señala el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. En ningún caso el importe total de las subvenciones percibidas podrá superar  s
el coste de las actividades financiadas, en cuyo caso procederá efectuar un reintegro de  oe.
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percibidos.
3.  La cuenta justificativa deberá presentarse, como máximo, en el plazo de tres 
meses a contar desde la finalización del plazo de doce meses tras la firma de la 
correspondiente resolución de la concesión.
Artículo 9.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el supuesto de cumplimiento parcial de la actividad, la fijación de la cantidad 
que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, 
y  teniendo  en  cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  cumplimiento  se  aproxime 
significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su reglamento.
4.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
órgano concedente.
Artículo 10.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias 
se  graduarán  y  sancionarán  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  título  IV  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título IV de su reglamento.
Artículo 11.  Publicidad y medidas de difusión.
1.  En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante esta 
subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, incluidas 
las redes sociales, deberá mencionarse al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico como entidad financiadora, para dar adecuada publicidad al carácter 
público de la financiación, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, en dicha publicidad se deberá incorporar el logotipo institucional del 
«Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de 
septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la 
producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado. La 
propuesta gráfica debe adecuarse a lo establecido en el Manual de Imagen Institucional 
de la AGE, y en particular en su capítulo 9.
El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de las cantidades que 
hayan financiado dichas actividades.
3.  La  información  sobre  las  subvenciones  concedidas  al  amparo  de  este  real 
decreto se hará constar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en los 
términos y a los efectos previstos en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  en  el  artículo  30  de  su  reglamento  de  desarrollo,  y  en  el  Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de  s
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. oe.
Artículo 12.  Compatibilidad con otras subvenciones. 638ww
Las  subvenciones  son  compatibles  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
aredcmuirnsiosstr aqcuioen esse  o oebntetensg apnú bpliacoras  ola  pmrivisamdoas , finnaacliidoanda,l eps,r odcee dlean Utensi ódne E  ucruoapleesaq uoi edrae 
organismos internacionales.
El  importe  de  la  subvención  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo  13.  Modificaciones  a  los  proyectos  iniciales,  sin  alterar  la  cuantía  de  la 
subvención, y ampliación de plazos de justificación.
El  órgano  concedente  de  la  subvención  podrá  autorizar  modificaciones  a  los 
proyectos iniciales y ampliación de plazos siempre que se solicite por escrito, de forma 
motivada y dentro del año de la concesión. En el caso de las ampliaciones de plazo, la 
solicitud deberá recibirse antes del vencimiento inicialmente fijado.
Toda  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  concesión  de  la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, sin perjuicio de la compatibilidad de las ayudas establecida 
en el artículo 12 podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
Conforme a lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, las personas beneficiarias podrán solicitar al órgano concedente con 
carácter  excepcional  la  modificación  de  la  resolución  de  concesión  cuando  surjan 
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor que alteren las condiciones técnicas o 
económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.
La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por el órgano concedente 
y se notificará en el plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha de su 
presentación. De conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  la  resolución  pone  fin  a  la  vía  administrativa  y  podrá  ser  recurrida 
potestativamente en reposición ante la autoridad administrativa que la dictó en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo 
previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. No obstante, si la resolución, 
fuese dictada por un órgano distinto a la persona titular del Departamento, en virtud del 
artículo  63.1.j)  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  ésta  no  pondrá  fin  a  la  vía 
administrativa y por lo tanto podrá interponerse recurso de alzada ante la Ministra para la 
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el 
artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su notificación.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la 
resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  24  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  teniendo  a  todos  los  efectos  la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
Disposición adicional única.  Régimen jurídico aplicable.
Estas subvenciones se regularán, en todo caso, además de por lo particularmente 
dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y su reglamento de desarrollo, salvo en lo que afecte a los 
principios de publicidad y concurrencia, así como, supletoriamente, por la Ley 39/2015,  es
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  bo
Públicas,  y  por  lo  previsto  en  las  demás  disposiciones  legales,  reglamentarias  y  638ww
caopnruveebnecnio.nales  que  resulten  de  aplicación,  así  como  por  las  resoluciones  que  se
Las subvenciones previstas en este real decreto están incluidas en el anexo II, 
epígrafe  II.C.1.  «Subvenciones  con  cargo  a  la  cuota  íntegra  del  Impuesto  sobre 
Sociedades» de la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el periodo 2019-2021 aprobada 
por Orden Ministerial de 6 de mayo de 2021.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª y 15.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado, respectivamente, la competencia 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo y ejecución.
Se habilita a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para 
adoptar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ