BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Viernes 6 de marzo de 2020 Sec. I.   Pág. 22726
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3226 Real Decreto 400/2020, de 25 de febrero, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al 
Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación 
de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el 
ejercicio presupuestario 2020.
El artículo 119 de la Constitución Española establece que la justicia será gratuita 
cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia 
de recursos para litigar.
La especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos que no 
disponen de recursos suficientes para litigar y que no cuentan, por tal motivo, con los 
profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente 
defendidos  sus  derechos  e  intereses  legítimos  ante  la  justicia,  impone  a  las 
administraciones públicas el deber constitucional de prestarles asistencia jurídica gratuita.
Del mismo modo, la especial vulnerabilidad de determinados colectivos, entre otros, las 
mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo y de trata de seres 
humanos, los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental,  cuando  sean  víctimas  de  situaciones  de  abuso  o  maltrato  hace  que  las 
administraciones públicas deban prestarles asistencia jurídica gratuita con carácter inmediato.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, establece que los 
servicios de asistencia jurídica se financiarán a través de fondos públicos y, para ello, las 
administraciones públicas subvencionarán con cargo a sus dotaciones la implantación y 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y 
de Procuradores de los Tribunales.
Esta financiación pública pretende cumplir el mandato constitucional al ser el Estado 
el único responsable del funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita para 
que aquellos que no disponen de recursos para litigar tengan acceso a la justicia, siendo, 
por lo tanto, responsabilidad pública y deber del Estado garantizar el derecho de acceso 
a la justicia, expresión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado 
por la Constitución Española.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, configura la prestación de la asistencia jurídica 
gratuita, consistente en la asistencia letrada, defensa y representación gratuita, como un 
servicio público organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y por el 
Consejo General de Procuradores de España y sus respectivos Colegios, garantizando, 
en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de 
eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición.
Por otro lado, los Colegios de Abogados vienen obligados a implantar servicios de 
asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de 
orientar  y  encauzar  sus  pretensiones.  Dicho  asesoramiento  tendrá,  en  todo  caso, 
carácter gratuito para los solicitantes. Y, por último, los Colegios de Abogados están, 
asimismo, obligados a proporcionar a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la  s
información  necesaria,  en  relación  con  el  cumplimiento  de  los  requisitos  para  su  oe.
concesión, así como ayuda en la redacción de las solicitudes correspondientes. w.
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violentos y contra la libertad sexual, pretende reparar, por primera vez, el daño padecido
por las víctimas y lo hace desde una aproximación social. Bc
La preocupación por la situación de las víctimas de los delitos registra ya importantes 
manifestaciones  normativas  tanto  en  convenios  y  recomendaciones  de  organismos 
internacionales como en la legislación comparada.
La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, en su artículo 16, apartado 1, establece la 
obligación del Ministerio de Justicia de implantar, de conformidad con las previsiones 
presupuestarias,  Oficinas  de  Asistencia  a  las  Víctimas  en  todas  aquellas  sedes  de 
Juzgados y Tribunales o en todas aquellas fiscalías en las que las necesidades lo exijan. 
Igualmente, se recoge en la exposición de motivos de esta ley que a través de las oficinas 
se pretende generalizar la atención psicológica a las víctimas de delitos de todo tipo.
Por otro lado, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral de las Víctimas del Terrorismo, en su artículo 50 contempla el establecimiento 
por parte del Ministerio de Justicia de una Oficina de Información y Asistencia a las 
Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.
Y, finalmente, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, ha 
supuesto  el  reconocimiento  de  un  catálogo  general  de  los  derechos,  procesales  y 
extraprocesales, de todas las víctimas de delito. Así, en su artículo 10, dispone que toda 
víctima tiene derecho a acceder de forma gratuita a los servicios de asistencia y apoyo 
que presten las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
Por su parte, el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, establece en su artículo 15 que el 
Ministerio de Justicia determinará la regulación, organización, dirección y control de las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes en su ámbito territorial, que se 
configurarán como unidades administrativas.
Al objeto de cumplir con los mencionados mandatos legales, el Ministerio de Justicia 
viene suscribiendo convenios  de colaboración con  el Consejo General de Colegios 
Oficiales  de  Psicólogos  para  la  prestación  de  asistencia  psicológica  y  apoyo  a  las 
víctimas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de 
Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la 
Audiencia Nacional, así como para la colaboración en la emisión de informes periciales.
Mediante estos convenios, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 
se compromete a prestar la asistencia psicológica especializada en las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del 
Terrorismo de la Audiencia Nacional, así como a la colaboración en la realización de 
pericias psicológicas a solicitud de los órganos judiciales en el ámbito del Ministerio de 
Justicia.
Esta asistencia especializada y su continuidad resultan esenciales para restaurar la 
situación en que se encontraban las víctimas antes de padecer el delito o al menos 
contribuyen a paliar los efectos que el delito ha producido sobre ellas.
Por todo lo anterior, las excepcionales circunstancias en las que se encuentran los 
ciudadanos que son víctimas de delitos a los que se les presta asistencia jurídica gratuita 
y atención psicológica, en este segundo caso, en las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas del Delito, la necesidad de garantizar para las víctimas de delitos la continuidad 
en la prestación de este servicio público, y la obligación de las administraciones públicas 
de procurar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia, justifican que la opción más 
adecuada para que los beneficiarios directos de estos servicios, que son todos los 
ciudadanos, no vean obstaculizados sus derechos como usuarios de los mismos, sea la 
subvención directa prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  s
General  de  Subvenciones,  así  como  en  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  oe.
mediante  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio.  Esta  opción  permite  conceder  w.
subvenciones  de  forma  directa  y  con  carácter  excepcional  siempre  que  concurran  26ww
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dlae ismaprrroolcloe ddeen lcaisa  mdeis umnaas c yo nsvuo ccaartáocritae rp úmbalinciafi.estamente social y humanitario determinan  BOE-A-cable e
El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa  y  la  potestad  reglamentaria,  las  Administraciones  Públicas  actuarán  de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia.
El ajuste de la norma propuesta a los principios de necesidad y eficacia deriva del 
claro enfoque de la misma para la defensa del interés general, materializado en la 
necesidad  de  garantizar  la  asistencia  jurídica  gratuita  y  la  atención  psicológica  de 
aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad víctimas de delitos.
Es esta una norma que responde al principio de proporcionalidad, conteniendo la 
regulación imprescindible para garantizar que se alcanza el objetivo previsto legalmente 
de contar con unos servicios de asistencia gratuita en esta materia financiados a través 
de fondos públicos.
La norma se adecúa al principio de seguridad jurídica debido a que requiere, en 
suma, aplicar lo previsto principalmente en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, y en la regulación sobre víctimas de delito, y de eficiencia, en tanto que 
la  misma  cumple  estrictamente  el  mandato  establecido  en  el  artículo  119  de  la 
Constitución y de la citada regulación.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 25 de febrero de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
1.  Este  real  decreto  tiene  por  objeto  regular  la  concesión  directa,  con  carácter 
excepcional  y  por  razones  de  interés  público  y  de  reconocimiento  de  derechos 
fundamentales,  de  las  aportaciones  del  Estado,  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 
destinadas a indemnizar, en el ejercicio presupuestario de 2020, tanto a los abogados y 
procuradores de los tribunales por las actuaciones profesionales realizadas, al amparo de 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, siempre que tengan por 
destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el 
coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y 
Procuradores de los Tribunales el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al 
proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
2.  Asimismo, este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con 
carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos 
fundamentales,  de  las  aportaciones  del  Estado,  en  el  ámbito  de  su  competencia, 
destinadas a indemnizar a los psicólogos en la prestación de atención psicológica a las 
víctimas de todo tipo de delitos en el ejercicio presupuestario 2020.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, por lo 
previsto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  su  e.e
Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo  b
en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia; por lo previsto en la  26ww
LAedym in3i9st/r2a0c1io5n, esd eP ú1b licdaes , oacstíu bcorem, o dpeol r Plarso cdeidsipmoiseinctioon eAsd mdein ilsat rLaetivyo 1 /1C9o9m6ú, nd e d1e0  ldaes 
meneedrioa,n tdee R eaasli sDteenccreiato  j9u9rí6d/i2ca0 03g,r adteu i2ta5,  dye  jpuolior ; spuo r Rlae Lgelaym 3e5n/1to9 95d,e d ed e1s1a drreo ldloic, ieampbroreb,a ddeo 
ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; por la
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y el Real Decreto 1109/2015, 
de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 
víctima del delito y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Artículo 3.  Procedimiento y resolución de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto 
atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que 
ha de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren razones de interés 
público  y  de  reconocimiento  de  derechos  fundamentales  que  determinan  la 
improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo 
establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley.
2.  Para la concesión de las subvenciones será de aplicación la normativa específica 
que  las  regula  y  en  su  defecto  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo.
3.  La concesión de las subvenciones se realizará mediante resolución del titular del 
Ministerio  de  Justicia  en  la  que  se  detallará  la  cuantía  máxima  concedida  para  la 
ejecución de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de atención a las víctimas de 
todo tipo de delitos, las actuaciones concretas a financiar, y se determinará el plazo de 
presentación de la memoria y la cuenta justificativa final prevista en el artículo 8.
4.  El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de un mes a partir del 
momento en que el órgano otorgante disponga de la documentación a que se refiere 
este real decreto. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución 
legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la 
solicitud de concesión de la subvención.
5.  Esta subvención será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
6.  La resolución de concesión de las subvenciones pondrá fin a la vía administrativa, 
pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 4.  Beneficiario y actuaciones a financiar.
1.  Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán:
a)  El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los 
Procuradores de España por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica 
gratuita, en el ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia.
b)  El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en lo que afecta a la 
asistencia psicológica a las víctimas de los delitos.
2.  Estas entidades, en coordinación con el Ministerio de Justicia, desarrollarán las 
siguientes actuaciones: e.
a)  Por lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita, de conformidad con el  26ww
aprrtoícfeusloio n6a dlees :la Ley 1/1996, de 10 de enero, se financiarán las siguientes actuaciones
1.º  Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan
reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la
posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de 
conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto 
evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 
humanos, así como de menores de edad y de personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, la asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y 
orientación  gratuitos  en  el  momento  inmediatamente  previo  a  la  interposición  de 
denuncia o querella.
2.º  Asistencia  de  abogado  al  detenido,  preso  o  imputado  que  no  lo  hubiera 
designado,  para  cualquier  diligencia  policial  que  no  sea  consecuencia  de  un 
procedimiento  penal  en  curso  o  en  su  primera  comparecencia  ante  un  órgano 
jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, 
preso  o  imputado  no  hubiere  designado  abogado  en  el  lugar  donde  se  preste. 
Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida 
como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiera designado 
abogado.
No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer 
de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su 
intervención.
3.º  Defensa  y  representación  gratuitas  por  abogado  y  procurador  en  el 
procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente 
preceptiva o, cuando no siéndolo, se de alguna de las siguientes circunstancias:
i.  Su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante 
auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
ii.  Tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal 
haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se acuerde por el Juzgado 
o Tribunal, en atención a la entidad de la infracción de que se trate y las circunstancias 
personales del solicitante de asistencia jurídica.
Asimismo, se financiará el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios 
profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios 
de  asistencia  jurídica  gratuita,  de  las  unidades  encargadas  del  asesoramiento  y  la 
orientación  previos  al  proceso  a  los  ciudadanos  y  los  gastos  devengados  por  la 
tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, y su normativa de desarrollo.
b)  Por lo que se refiere a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos:
1.º  Atención psicológica especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las 
Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional.
2.º Colaboración en la realización de pericias psicológicas a solicitud de los órganos 
judiciales en el ámbito del Ministerio de Justicia.
Estas actuaciones se detallarán en la resolución de concesión.
3.  El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los  es
Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica  o
gratuita, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en lo que afecta a la  26ww
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obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no ser 
deudora  por  procedimiento  de  reintegro,  comprometiéndose  las  entidades 
subvencionadas  a  mantener  su  cumplimiento  durante  todo  el  período  de  tiempo 
inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención.
Artículo 5.  Cuantía y financiación.
1.  El importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
a)  Al Consejo General de la Abogacía Española: 45.003,22 miles de euros.
b)  Al Consejo General de los Procuradores de España: 3.673,25 miles de euros.
c)  Al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: 1.051,80 miles de euros.
2.  La subvención tendrá carácter anual y se financiará, respectivamente, con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias 13.02.112A.483, 13.02.112A.484 y 13.02.112A.488 
del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia.
Artículo 6.  Pago de la subvención.
1.  El libramiento de pago de las subvenciones en lo que respecta a la asistencia 
jurídica  gratuita  se  efectuará  por  periodos  mensuales  vencidos,  sin  perjuicio  de  lo 
previsto en la disposición transitoria segunda. Mensualmente el Consejo General de la 
Abogacía  Española  y  el  Consejo  General  de  los  Colegios  de  Procuradores  de  los 
Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga 
los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo 
largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a 
aquéllas.
En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación 
los  libramientos  mensuales  que  correspondan,  sin  perjuicio  de  las  posteriores 
regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación 
anual regulada en los artículos siguientes.
Con carácter previo al cobro de la subvención, el Consejo General de la Abogacía 
Española y el Consejo General de los Procuradores de España deberán acreditar que se 
encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como no ser deudores por procedimiento de 
reintegro.
2.  El libramiento de pago de la subvención en lo que respecta a la asistencia 
psicológica a las víctimas de los delitos se efectuará por periodos mensuales vencidos, 
sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda.
3.  Con  carácter  previo  al  pago,  el  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de 
Psicólogos deberá rendir justificación ante el Ministerio de Justicia del cumplimiento de 
las condiciones impuestas, de la consecución de los objetivos y de la efectiva realización 
de la actividad.
Los gastos se acreditarán mensualmente mediante facturas y demás documentos de 
valor  probatorio  equivalente,  con  validez  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  eficacia 
administrativa.
Con carácter previo al cobro de la subvención, el Consejo General de Colegios  e.
Oficiales  de  Psicólogos  deberá  acreditar  que  se  encuentra  al  corriente  en  el  w.b
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo  26ww
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de julio, así como de no ser deudor por procedimiento de reintegro.
Artículo 7.  Modificación de la resolución.
Podrá modificarse la resolución de concesión como consecuencia de la alteración de 
las condiciones tenidas en cuenta para la citada concesión y, particularmente, en el 
supuesto de variación de las cuantías inicialmente asignadas por la aprobación de 
nuevos presupuestos generales del estado.
La modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular del Ministerio 
de Justicia.
Artículo 8.  Memoria y cuenta justificativa final.
El Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de los Procuradores de 
España,  para  los  asuntos  de  asistencia  jurídica  gratuita,  y  el  Consejo  General  de 
Colegios Oficiales de Psicólogos, en lo que afecta a la asistencia psicológica a las 
víctimas de los delitos, tras la finalización de la ejecución, justificarán ante el Ministerio 
de Justicia la aplicación de la subvención percibida y presentarán una memoria y una 
cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.
La resolución de concesión determinará el plazo de presentación de esta memoria 
final y los requisitos que ha de cumplir la documentación acreditativa de las actividades 
realizadas y de los gastos efectuados.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el 
contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u 
omisión de algún Colegio de Abogados o de Procuradores o de Psicólogos, se detraerá 
de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por los Consejos 
Generales a dichos colegios.
Artículo 9.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Con carácter general, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General 
de los Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica 
gratuita, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en lo que afecta a la 
asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, deberán cumplir las obligaciones que 
se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en la resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la 
correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General para el Servicio Público 
de Justicia.
b)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c)  Distribuir  entre  sus  respectivos  colegios  el  importe  de  la  subvención  que 
corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas 
y  acreditadas  por  éstos  ante  los  citados  Consejos  Generales,  así  como  de  los 
expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento, 
sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de este real decreto.
d)  Remitir  al  Ministerio  de  Justicia,  dentro  del  mes  natural  siguiente  al  de  la  e.
finalización de cada mes, una certificación que contenga los datos relativos al número y  w.b
clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la  26ww
justiefi)c acSióonm deetel rcsoes tae  elacso naócmtuiacoci otonteasl  adseo cciaodnotr oal  ayq uséelglausim. iento de la aplicación de los
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de Justicia, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de 
la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
f)  Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control.
Artículo 10.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
titular del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  las  entidades  beneficiarias  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
Disposición adicional única.  Efectos económicos.
1.  Los abonos previstos en el apartado 1 del artículo 6 correspondientes a:
Las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre del año 2019, 
correspondientes al Consejo General de la Abogacía Española, y a las actividades 
realizadas en el mes de diciembre del año 2019 correspondientes al Consejo General de 
Procuradores de España, así como la cuantía, correspondiente al mes de noviembre, 
restante de abonar al citado Colegio Profesional, serán liquidados y satisfechos durante 
el primer trimestre de 2020.
2.  Los abonos previstos en el apartado 2 del artículo 6 correspondiente a los meses 
de  noviembre  y  diciembre  del  año  2019  que  estén  pendientes,  para  la  asistencia 
psicológica, serán liquidados y satisfechos durante los tres primeros meses de 2020.
Disposición transitoria primera.  Regularización de los primeros meses de 2020.
1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1, el Consejo General de la 
Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de España 
remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al 
número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio en relación a cada uno de los 
meses completos de 2020 anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto junto 
con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas, a los efectos de su 
correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentación. e
2.  De conformidad con lo previsto en el artículo 6.3, el Consejo General de Colegios  bo
Oficiales de Psicólogos remitirá al Ministerio de Justicia una justificación de la actividad  26ww
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Disposición transitoria segunda.  Pago de los últimos meses del año 2020.
1.  El libramiento de pago de las subvenciones correspondientes al último trimestre 
del año 2020 en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita y en aplicación de las 
disponibilidades presupuestarias, se podrá efectuar por el Ministerio de Justicia en el 
primer trimestre de 2021.
2.  El libramiento de pago de las subvenciones correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre del año 2020 en lo que respecta a la asistencia psicológica a las 
víctimas de los delitos y en aplicación de las disponibilidades presupuestarias, se podrá 
efectuar por el Ministerio de Justicia en los dos primeros meses de 2021.
3.  Lo establecido en los puntos 1 y 2 de esta disposición transitoria no afectará al 
régimen  de  acreditación  mensual  que  establecen  para  el  Consejo  General  de  la 
Abogacía  Española,  el  Consejo  General  de  los  Colegios  de  Procuradores  de  los 
Tribunales de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos los 
artículos 6.1, 6.3 y 9.2 letra d) del presente real decreto.
4.  En todo caso, el libramiento de pago correspondiente a diciembre de 2020 se 
efectuará el primer trimestre de 2021, una vez acreditada la prestación del servicio de 
conformidad con lo previsto en este real decreto.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias en materia de Administración 
de Justicia que el artículo 149.1.5.º de la Constitución Española atribuye al Estado.
Disposición final segunda.  Habilitación.
Se faculta al Ministro de Justicia para adoptar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de febrero de 2020.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
JUAN CARLOS CAMPO MORENO