BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Martes 1 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 14413
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
1636 Resolución de 21 de enero de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se publica el Convenio 
con el Principado de Asturias, para la realización de un proyecto para la 
inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y la 
Administración  del  Principado  de  Asturias,  a  través  de  la  Consejería  de  Derechos 
Sociales y Bienestar han suscrito, con fecha 16 de diciembre de 2021, un Convenio para 
la  realización  de  un  proyecto  para  la  inclusión  social  en  el  marco  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Conforme a la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España, establece para el componente 23, inversión 7 «Fomento del crecimiento 
inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo 
Vital» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como hito 351 para el 
primer trimestre de 2024, la evaluación de 18 proyectos piloto para valorar la cobertura, 
la efectividad y el éxito de los regímenes de renta mínima. En este sentido, de acuerdo 
con  su  indicador  de  seguimiento  351.1,  para  el  primer  trimestre  de  2023,  y  su 
mecanismo de verificación, del anexo II de las Disposiciones Operativas del Plan de 
Recuperación acordadas por el Gobierno de España y la Comisión, se establece la firma 
de al menos 10 convenios adicionales a los 8 convenios correspondientes al hito 350 con 
agentes relevantes para la inclusión social, entre los que se incluirán administraciones 
públicas subnacionales y/o el Tercer Sector de Acción Social. Por todo ello, se procede a 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio.
Madrid, 21 de enero de 2022.–La Secretaria General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social, María Milagros Paniagua San Martín.
ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado, a través de la Secretaría 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
En Madrid, a 16 de diciembre de 2021.
REUNIDAS
De una parte, doña María Milagros Paniagua San Martín, Secretaria General de  s
Objetivos  y  Políticas  de  Inclusión  y  Previsión  Social,  nombrada  por  Real  oe.
Decreto 390/2020, de 18 de febrero, en virtud del artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de  w.
naporatvrícaieu malodb mcreain,t oiGsrcterean red rleao lsl a d ceOr éSrdduietbonvs eI SndcMei o/g4na1es9st/ o2ys0 d 2ye1  ,ls aed d ede 2ele6leg gdaaecn ióa nby  rdiale,p  prcuooerm blapa enqt eulanesc s iadese f lirejeaggnau clloiaosdn aleí mse nidt eeesll    2022-1636n https://ww
ejercicio de competencias en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. Bc
Y  de  otra,  doña  Melania  Álvarez  García,  titular  de  la  Consejería  de  Derechos 
Sociales y Bienestar, nombrada por Decreto 14/2019 de 24 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias por el que nombra a los miembros del Consejo de Gobierno 
(BOPA número 143 de 25 de julio de 2019) y facultada para suscribir el presente 
convenio en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
adoptado en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2021
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir, y
EXPONEN
Primero.
Que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo de 2020, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital crea y regula la prestación no contributiva de Seguridad Social del 
ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión 
social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, 
cuando  se  encuentren  en  situación  de  vulnerabilidad  por  carecer  de  recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Sin  embargo,  más  allá  de  la  prestación  monetaria,  la  atención  integral  de  las 
personas  más  vulnerables  requiere  de  un  conjunto  de  políticas  que  garanticen  su 
derecho a la plena inclusión social y laboral.
Las políticas de inclusión tienen un carácter horizontal que debe desarrollarse a 
través de intervenciones coordinadas en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran 
principalmente: los servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el 
suministro energético y las competencias digitales.
Segundo.
Que corresponde a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social, de acuerdo con el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones,  la  elaboración  y  desarrollo  de  la  política  del  Gobierno  en  materia  de 
inclusión; el diseño, impulso y evaluación de políticas que tienen por finalidad ayudar a la 
incorporación y la participación en la sociedad, en igualdad de oportunidades, de los 
colectivos  más  desfavorecidos,  así  como  las  actuaciones  orientadas  a  propiciar  la 
eficacia de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social; y, el 
impulso, elaboración, coordinación y seguimiento de las políticas, estrategias, planes y 
programas de actuación en materia de inclusión; la definición de objetivos de inclusión y 
desarrollo  de  un  sistema  de  indicadores  con  los  que  llevar  a  cabo  la  medición, 
seguimiento y evaluación de los objetivos de inclusión.
Tercero.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Real decreto-ley 20/2020 de 29 
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones promoverá, en el ámbito de sus competencias, las 
estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital mediante 
la cooperación y colaboración con los departamentos ministeriales, las comunidades  e.
autónomas, las entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales más  w.
representativas, así como con las entidades del Tercer Sector de Acción Social. 36ww
Cuarto.
Que  el  Estatuto  de  Autonomía  del  Principado  de  Asturias  determina  en  su
artículo 10.1.24 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de
asistencia y bienestar Social. En ejercicio de la misma, se aprueba la Ley del Principado 
de Asturias, 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, en consonancia con la 
Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, que 
regula el establecimiento de la prestación económica denominada salario social básico, 
de garantía de ingresos mínimos, sobre la base de la unidad económica de convivencia 
independiente, así como los apoyos personalizados y la participación en programas 
integrales que favorezcan la incorporación e inserción social de las personas y colectivos 
en riesgo de exclusión.
Quinto.
Que al objeto de paliar el impacto económico y social provocado por la irrupción del 
COVID-19 y apoyar la recuperación económica, el Consejo Europeo del 21 de julio 
de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin 
precedentes  y  de  un  planteamiento  innovador  que  impulsen  la  convergencia,  la 
resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de 
gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado 
y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation 
EU»). Este Instrumento Europeo de Recuperación, implicará para España unos 140.000 
millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2023. La 
instrumentación  de  la  ejecución  de  los  recursos  financieros  del  Fondo  Europeo  de 
Recuperación  se  realizará  a  través  del  Plan  de  Recuperación  Transformación  y 
Resiliencia.  Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  permitirán  la  realización  de 
reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, 
por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la 
economía tras la pandemia causada por el COVID 19 y además una transformación 
hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con 
éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
Sexto.
Que, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
la  Secretaría  General  de  Objetivos  y  Políticas  de  Inclusión  y  Previsión  Social  del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa en el Componente 23 
«Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo».
Entre las reformas e inversiones propuestas en este Componente 23 se incluye la 
inversión  C23.I7  Fomento  del  Crecimiento  Inclusivo  mediante  la  vinculación  de  las 
políticas de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital, con una dotación de 297,95 
millones de euros, que promueve la implantación de un nuevo modelo de inclusión a 
partir del ingreso mínimo vital (IMV), que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas 
de pobreza extrema y moderada. Para lograr este objetivo, se ha planteado, entre otros, 
el desarrollo de proyectos piloto para la puesta en marcha de itinerarios de inclusión 
social con las comunidades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector 
de Acción Social.
Se prevé que el objetivo a alcanzar en el marco de la inversión C23.I7 sea la 
suscripción de, al menos, 18 convenios para la realización y evaluación de proyectos 
piloto de inclusión social (el hito 350 del CID prevé 8 convenios de colaboración, y el 
indicador de seguimiento 351.1 del anexo II Disposiciones Operativas (OA por sus siglas  es
en inglés) prevé, al menos, 10 convenios de colaboración adicionales a los anteriores). bo
Esta subvención contribuye al cumplimiento del indicador de seguimiento 351.1 del  36ww
dapAegrno eeyncxetoocel tasIoI b ssDo oprisacilpicoaoitóloesn iscd  ieoya  ndaeeipcnsoito iyOdnoapa delaeer salsa t  ivdfiinaremcsl l uat(esOdrioócAsne  p rs ocsoorec nscio utoesarc d somdingeióln amaissc itcercaanióc  dniinoe gns lleoéoscss i) a bp«l eúapnbla elmirfcaicae isnlal oerisvso aus1rb 0 dna eac  occlainao vbnIeMoan lVelioo sass,     OE-A-2022-16able en https://
través de itinerarios».
Séptimo.
Mediante el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la 
concesión  directa  de  subvenciones  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio adquirió 
compromisos  financieros,  regulando  la  concesión  de  una  subvención  directa  del 
Ministerio  al  Principado  de  Asturias,  para  el  ejercicio  2021,  por  importe  máximo 
de 7.341.491,29 euros.
Para  hacer  efectiva  esta  subvención,  se  hace  necesario  recurrir  al  mecanismo 
excepcional previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, que permite la concesión directa de subvenciones cuando 
«se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».
En virtud del artículo 3 del citado real decreto, la concesión de esta subvención se 
instrumentará mediante resolución de concesión acompañada de un convenio entre el 
Principado de Asturias y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en desarrollo de lo previsto en el artículo 67 del Reglamento 
de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Por  cuanto  antecede,  y  reconociéndose  capacidad  legal  suficiente,  las  partes 
suscriben el presente convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
1.  El presente convenio tiene como objeto instrumentar una subvención directa 
para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de 
inclusión social y su evaluación, con la finalidad de contribuir a la promoción de la 
igualdad,  la  inclusión  social  y  la  lucha  contra  la  pobreza  en  sus  distintas  formas, 
mejorando la tasa de acceso al IMV e incrementando la efectividad del IMV a través de 
las políticas de inclusión, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 938/2021, de 26 
de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un 
importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
2.  La finalidad de las ayudas es financiar proyectos piloto innovadores consistentes 
en itinerarios de inclusión social y su evaluación, cuyos resultados serán publicados, con 
objeto de contribuir a la generación de conocimiento de la política de inclusión, a la 
orientación de la política de gasto de las administraciones públicas y a la creación de 
mayor impacto orientando su diseño a resultados y a la consecución de objetivos.
Segunda.  Naturaleza y régimen jurídico aplicable.
1.  El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto 
en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito  s
de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de  e.
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia;  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  w.
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se  36ww
Raperguleabmae nstuo ;R leag Llaemy e9n/2to0,1 e7n,  dpea r8ti cduela nr olovise marbtírceu, lodse  2C2o.n2t.rca) toys 2 d8e.1l  Sdeec ltao rL Peúy byli ceol , 6p7o rd elal 
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que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a 
esta Ley; así como lo establecido en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que 
regula la tramitación de los convenios que celebre la Administración General del Estado, 
sus organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes, 
para la ejecución de los proyectos con cargo a fondos europeos previstos en el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  estableciendo  ciertas  especialidades 
respecto de lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  Estas  ayudas  estarán  sometidas  al  Reglamento  (UE)  número  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la normativa interna aplicable a la 
gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
Tercera.  Actuaciones a financiar.
1.  El proyecto financiado estará integrado por un piloto de itinerarios de inclusión 
social y su evaluación diseñados de común acuerdo entre la Administración General del 
Estado y la Administración del Principado de Asturias. La descripción del proyecto 
financiado con esta subvención se recoge en el Anexo I del presente convenio.
2.  La subvención irá destinada al desarrollo de itinerarios de inclusión social con 
personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, en el marco de la inversión C23.I7 del 
Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  de  España:  «Fomento  del 
crecimiento  inclusivo  mediante  la  vinculación  de  las  políticas  de  inclusión  social  al 
Ingreso Mínimo Vital».
Cuando el número de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en el territorio 
de  la  comunidad  o  ciudad  autónoma  no  sea  suficiente  para  el  desarrollo  de  la 
intervención,  o  cuando  por  motivos  de  la  evaluación  sea  necesario  incluir  otros 
colectivos, podrán ser beneficiarias de los itinerarios otras personas en situación o riesgo 
de  exclusión  social  sean  o  no  beneficiarias  del  IMV  o  de  las  rentas  mínimas 
autonómicas.
Serán colectivos en situación o riesgo de exclusión social prioritarios la infancia y la 
juventud; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas migrantes; 
las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual; las personas víctimas de discriminación; las personas sin hogar; las 
personas procedentes de minorías étnicas; las personas trans; las personas reclusas y 
exreclusas; las personas con problemas de adicción; y otras personas en situación o 
riesgo de exclusión social.
3.  El diseño y ejecución de los itinerarios de inclusión social deberá prever la 
realización  de  una  evaluación  de  impacto  con  metodología  de  ensayo  controlado 
aleatorizado (RCT).
Cuarta.  Gastos subvencionables.
1.  La  ayuda  se  destinará  a  cubrir  los  costes  relacionados  con  el  desarrollo  y  bo
ejecución  de  las  actuaciones  definidas  en  el  marco  del  convenio,  en  los  términos  36ww
previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La  financiación  podrá  aplicarse  a  los  siguientes  conceptos  de  gasto  de 
operaciones corrientes:
I.  Los costes directos de ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, incluyendo, 
entre otros, a los siguientes conceptos de gasto:
a)  Coste de personal. Gastos de personal vinculados al objeto de la intervención, 
que comprenda los gastos de carácter salarial, incluidos los de seguridad social y la 
indemnización por fin de contrato temporal, que deberá estar dedicado en exclusiva al 
proyecto para asegurar su ejecución.
En el caso de organismos y entidades del sector público, será susceptible de ayuda 
los gastos de contratación de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de 
aplicación, y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación 
laboral entre la Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión de 
los proyectos, bien sea mediante contratos por obra o servicio determinado o a través de 
cualquier modalidad legal de incorporación de personal de duración determinada, a la 
que pudieran acogerse las comunidades autónomas y entidades locales, ajustándose a 
los límites que en cada momento puedan establecerse en las correspondientes leyes de 
Presupuestos Generales del Estado y demás normativa que regule el personal al servicio 
del sector público, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior 
incorporación a dicho organismo o entidad. En el caso de organismos y entidades del 
sector público se deberá respetar la normativa en materia retributiva que les sea de 
aplicación.
b)  Costes  de  movilidad:  gastos  de  viaje,  locomoción,  dietas,  alojamiento  y 
manutención, seguros o visados, asociado al proyecto siempre que sean necesarios 
para asegurar su ejecución.
c)  Costes de asesoría técnica para el diseño del proyecto.
d)  Otros costes derivados de trabajos de asesoramiento, realización de estudios, 
difusión y publicidad.
e)  Costes  específicos  relacionados  con  el  grupo  de  destinatarios  del  itinerario 
objeto de la subvención, que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de dicho 
itinerario o su evaluación.
f)  Gastos de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles para la realización de 
las actividades del proyecto, siempre que exista una relación clara y directa entre dicho 
alquiler y los objetivos del proyecto, y se motive debidamente su necesidad. El inmueble 
deberá utilizarse exclusivamente para la ejecución del proyecto.
II.  Podrán imputarse a las actuaciones subvencionadas costes indirectos según lo 
establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el artículo 83.3 de 
su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el 
Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
cualquier otra normativa que resulte aplicable en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
III.  Otros  costes  no  contemplados  en  los  anteriores  apartados  que  de  forma 
indubitada  respondan  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,  resulten 
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad.
3.  Será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el  e.
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  respecto  a  la  elegibilidad  de  los  gastos  w.
correspondientes  al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (IVA)  de  cualesquiera  de  las  36ww
actu4a.c ioSneersá rne laficniaonncaidaabsle es n laesl  apaactrutaadcoio annetse rivoinr.culadas  al  objeto  del  correspondiente
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subvención y hasta el 31 de marzo de 2024 para su evaluación, siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.
Quinta.  Cumplimiento de hitos y objetivos y otras obligaciones.
1.  Estas ayudas estarán incluidas en la inversión C23.I7 «Fomento del crecimiento 
inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo 
Vital» dentro del Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo 
dinámico, resiliente e inclusivo» correspondiente al Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. Las ayudas contribuirán al cumplimiento, ejecución y realización 
del objetivo y los hitos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se 
prevé que el objetivo a alcanzar para el período del Plan sea la suscripción de, al menos, 
18 convenios para la realización y evaluación de proyectos piloto de inclusión social (el 
hito 350 del CID prevé 8 convenios de colaboración, y el indicador de seguimiento 351.1 
del Anexo II Disposiciones Operativas (OA por sus siglas en inglés) prevé, al menos, 10 
convenios de colaboración adicionales a los anteriores).
Para ello, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social asume los siguientes compromisos en el marco de estas ayudas: 
a)  Proporcionar a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de 
Asturias  apoyo  para  el  diseño  de  las  actuaciones  a  realizar  para  la  ejecución  y 
seguimiento del objeto de la subvención, así como para el perfilado de los potenciales 
participantes del proyecto piloto. 
b)  Diseñar la metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT) del proyecto 
piloto objeto de las subvenciones reguladas en el Real Decreto 938/2021, de 26 de 
octubre,  en  coordinación  con  la  Consejería  de  Derechos  Sociales  y  Bienestar  del 
Principado de Asturias
c)  Evaluar el proyecto piloto objeto de las subvenciones reguladas en el Real 
Decreto 938/2021, de 26 de octubre, en coordinación con la Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. 
2.  La responsabilidad de la gestión, control y cumplimiento de los hitos y objetivos 
de  la  subvención  le  corresponde  al  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones, sin que pueda delegarse la misma en otras entidades.
Sexta.  Compromisos asumidos por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del 
Principado de Asturias.
1.  En virtud del presente convenio, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 
del Principado de Asturias deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, la resolución de concesión y en el 
presente convenio.
b)  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al  e
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se  bo
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 36ww
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de la subvención y en el presente convenio.
d)  Colaborar con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social para la ejecución de la evaluación de los proyectos piloto objeto de las 
subvenciones reguladas en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre.
e)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y 
a la evaluación continua y final por parte de los órganos gestores de las respectivas 
subvenciones, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General 
de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
2.  La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
deberá rendir justificación ante el órgano gestor del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la consecución de los objetivos de la subvención.
El reporte de la justificación de cumplimiento deberá realizarse de acuerdo con los 
requisitos  y  el  contenido  concreto  diseñados  para  cada  una  de  las  categorías  de 
actuaciones a financiar por parte de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social como órgano competente. De esta manera la información 
incluida en la propia justificación de cumplimiento de las condiciones se adecuará al 
diseño general de la política de inclusión social.
3.  Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio  equivalente,  con  validez  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  eficacia 
administrativa.
4.  La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
deberá proporcionar a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social los datos e indicadores disponibles en sus bases de datos necesarios 
para el diseño, seguimiento y evaluación de los itinerarios de inclusión social que son 
objeto de la subvención. En particular, se proveerán datos de la población de partida del 
proyecto para la inclusión social en el ámbito de sus competencias, con información 
sobre las características de cada uno de ellos, así como de sus unidades de convivencia. 
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el Principado de Asturias deberá 
registrar y compartir con Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social la información sobre los participantes en los itinerarios, así como de 
aquellos seleccionados para el grupo de control para la evaluación. Se registrará y 
proveerá información relativa a las actuaciones realizadas que permitan la evaluación de 
las mismas, el seguimiento de los indicadores necesarios para evaluar el impacto de los 
itinerarios y el enriquecimiento de la información con otra información adicional.
Se definirá un método de intercambio seguro de información para que sea posible 
enriquecer la información con información adicional relacionada con el objeto de la 
subvención, que se solicite por parte de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social y que sea proporcionada por terceros.
Los datos que sean objeto de cesión y tratamiento tendrán carácter de reservados y 
secretos. Las partes se comprometen a mantener rigurosamente este carácter y a 
preservar  los  derechos  de  las  personas  físicas  y  jurídicas  a  las  que  se  refiera  la 
información estableciendo los procedimientos que garanticen su disociación y anonimato 
en los términos previstos por el Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD) y en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública (LFE). e.
5.  Asimismo,  deberán  cumplir  con  las  siguientes  obligaciones,  europeas  y  w.b
nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de  36ww
la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
virtuad)  deSl ea rstíocmuleot e2r2á.n2 .ae )l adse la Rcteugalcaimoneensto d (eU cEo) n2tr0o2l 1d/2e4 l1a sd einl sPtiaturclaiomneenst od eE ularo Upenoió ny,  deenl 
Consejo de 12 de febrero.
b)  Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
d)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
e)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea.
En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos 
justificativos  y  demás  documentación  concerniente  a  la  financiación,  en  formato 
electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación. Este período será 
de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
f)  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g)  Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el 
Mecanismos de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión.
h)  En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, la Consejería de 
Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias garantizará el respeto al 
principio de «no causar un perjuicio significativo», conforme a lo previsto en el Plan de 
Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como 
con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
6.  A  efectos  de  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  artículo  22.2.d)  del 
Reglamento  2021/241  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia (RMRR), la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 
del RMRR podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades 
Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la 
Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También, 
será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos 
Europeos,  según  las  previsiones  contenidas  en  la  normativa  europea  y  nacional 
aplicable.
Séptima.  Financiación, cuantía y forma de pago. w.b
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vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
2.  La cuantía máxima destinada a financiar este proyecto es 7.335.893,09 euros. 
Dicho  importe  se  imputará  a  la  aplicación  presupuestaria  32.50.230A.452, 
correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Octava.  Plazo y forma de justificación.
1.  La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, tras 
la finalización de la ejecución, justificarán ante el órgano gestor la aplicación de la 
subvención percibida, como máximo, en tres meses a partir del día siguiente al de la 
finalización  del  plazo  de  vigencia  del  correspondiente  convenio  y  presentará  una 
memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas y una 
memoria  económica,  según  se  define  en  el  artículo  72  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta las 
singularidades establecidas en el artículo 63 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, que contendrá la siguiente documentación:
a)  Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
b)  Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En 
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las 
desviaciones acaecidas.
c)  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil  o  con  eficacia  administrativa  incorporados  en  la  relación  a  que  se  hace 
referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
d)  Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, deba haber solicitado el beneficiario.
2.  Asimismo, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de 
Asturias deberá presentar:
a)  Certificado expedido por el Interventor u órgano económico-financiero interno de 
control, según corresponda, acreditativo de la aplicación a su finalidad de los fondos 
percibidos y el detalle de los pagos efectuados correspondientes a las actuaciones 
subvencionadas objeto de la subvención.
b)  Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por el 
que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención,  así  como  del  informe  emitido  por  la  Intervención  u  órgano  de  control 
equivalente, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa 
de la subvención, según lo establecido en la disposición adicional novena del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
c)  Documento acreditativo sobre las medidas de difusión adoptadas para general 
conocimiento de la financiación por el Estado en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de las actuaciones objeto de la subvención.
d)  Documentos de declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por 
las  autoridades  competentes  conforme  a  la  normativa  nacional  y  europea,  dando 
cumplimiento  a  las  obligaciones  exigibles  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  e.
Transformación y Resiliencia, en especial, atendiendo a las disposiciones normativas  w.b
sobre el sistema de gestión y de información establecidas en la Orden HFP/1030/2021,  36ww
Rdee c2u9p edraec iósne,p tiTermanbsrefo, rmpoarc iólan  qyu eR essei liecnocnifaig uyr al ae lO  srdisetenm  Ha FdPe/1 0g3e1s/t2ió0n2 1d, edl eP l2a9n   ddee 
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seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
3.  Se deberá conservar toda la documentación original, justificativa y de aplicación 
de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control.
4.  Asimismo, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de 
Asturias deberá presentar cualesquiera otros informes o documentos justificativos que de 
acuerdo con la normativa europea o nacional resulten exigibles en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el suministro de información que 
sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del 
Plan, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones 
informáticas que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento 
y control de la financiación y los objetivos.
5.  La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 
comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros 
documentos  o  datos  aclaratorios  que  estime  necesarios  para  poder  proceder  a  la 
correspondiente  liquidación  respecto  a  las  cantidades  transferidas  a  cuenta  y  a  la 
instrucción,  si  fuera  preciso,  del  correspondiente  procedimiento  de  reintegro  de  los 
importes no utilizados.
Novena.  Subcontratación.
1.  La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias 
podrá  subcontratar  hasta  el  cien  por  cien  cuando  tengan  la  condición  de 
Administraciones  Públicas,  y  se  ajustarán  a  lo  previsto  en  el  artículo  29  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En dicho caso, los beneficiarios que tengan la 
condición de Administraciones Públicas deben sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; así como a la normativa 
en materia de ayudas de Estado.
2.  En caso de que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado 
de Asturias subcontrate parte o la totalidad de la actividad objeto de esta subvención, 
habrá de prever los mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el 
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
Décima.  Utilización de la información.
1.  La información que en base a la cláusula sexta del presente convenio sea cedida 
por  el  Principado  de  Asturias  tendrá  como  finalidad  exclusiva  su  utilización  por  la 
SGOPIPS para los fines de la subvención objeto del presente convenio. El contenido de 
esta información se recoge en el Anexo II. La finalidad del tratamiento de datos que 
llevará a cabo la SGOPIPS incluye la selección de la muestra de participantes en el 
grupo de tratamiento y grupo de control a partir de la población de partida, así como el 
seguimiento de las intervenciones y actuaciones realizadas en el proyecto piloto, y la 
evaluación del impacto de estas intervenciones. 
2.  La información que sea cedida por la SGOPIPS a la Consejería de Derechos  s
Sociales y Bienestar del Principado de Asturias incluirá datos mínimos de carácter  oe.
personal sobre los participantes a los simples efectos de contacto con éstos, en los  w.
coda abstoioessn  d dseee   caqamuráepc atsereara  pd enicrehscooe nstaraalr teiaosm.  liLeeagn íttSoim GeoOn  yPu InhPaaS  ds iesde ol a ccsoo bmnaspsereonsmt iddeoet elp  toraar  tqlaoumse it eietnustlotae re etssrta adtbaelm elocieisdn adtosa  tedones    2022-1636n https://ww
el Reglamento General de Protección de Datos.
3.  Los datos cedidos deberán protegerse con los medios de seguridad que incluyan 
limitar el acceso de estos a personal autorizado por las partes, SGOPIPS y la Consejería 
de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias en cada caso. El sistema 
de acceso deberá permitir la identificación del usuario y las actuaciones realizadas en 
relación con los datos cedidos. Se adoptarán las medidas técnicas, administrativas y 
organizativas precisas para asegurar que ninguno de los datos facilitados en los ficheros 
sea distribuido sin autorización a terceras personas, instituciones u organizaciones.
4.  La  SGOPIPS  anonimizará  los  identificadores  personales  para  las  tareas  de 
diseño,  seguimiento  y  evaluación,  y  hará  uso  de  los  identificadores  personales 
exclusivamente para aquellas actuaciones que sean imprescindibles como son el cruce 
de bases de datos adicionales para el enriquecimiento de la información, así como la 
identificación de la muestra de participantes en el caso de que sea necesario.
5.  Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de 
Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía 
de  los  Derechos  Digitales,  la  Consejería  de  Derechos  Sociales  y  Bienestar  del 
Principado de Asturias se asegurará de tener la competencia necesaria para poder 
recabar y ceder todos los datos requeridos a la SGOPIPS. Esta competencia estará 
amparada  por  la  normativa  correspondiente,  o  bien  se  asegurará  recabando  el 
consentimiento  expreso  de  los  potenciales  participantes  antes  de  la  entrada  en  el 
itinerario  de  inclusión  financiado  por  la  subvención  objeto  del  presente  convenio, 
cumpliendo los requisitos legales para ello. Se indica en el Anexo III la referencia al 
contenido del consentimiento.
Undécima.  Compatibilidad con otras subvenciones.
La presente subvención es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir el Principado de Asturias o el destinatario final 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Duodécima.  Publicidad.
1.  El Principado de Asturias debe cumplir con las obligaciones de información y 
publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, en las medidas de información 
y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, 
placas,  publicaciones  impresas  y  electrónicas,  material  audiovisual,  páginas  web, 
anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes 
logos:
a)  El emblema de la Unión Europea.
b)  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU».
c)  Se recomienda emplear también el siguiente logo:
d)  Se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede 
consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm 
y  descargar  distintos  ejemplos  del  emblema  en:  https://europa.eu/european-union/
abouteu/symbols/flag_es#download.   s
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y
de acceso al público.
2.  A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los 
datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos. 
Decimotercera.  Comisión de Seguimiento del convenio.
1.  Para la realización del seguimiento de la buena marcha del convenio se creará 
una Comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
Por parte de la Administración General del Estado, la integrarán 4 representantes de 
la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y un 
representante del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Por  parte  del  Principado  de  Asturias,  formarán  parte  de  la  Comisión  de 
Seguimiento  4  representantes  la  Consejería  de  Derechos  Sociales  y  Bienestar  del 
Principado de Asturias.
Adicionalmente, formarán parte de la Comisión de Seguimiento la persona titular de 
la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, que 
ostentará la Presidencia, y un/a secretario/a con voz, pero sin voto, designado/a por la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social de entre su 
personal funcionario.
2.  Esta Comisión mixta se constituirá en el plazo máximo de un mes a contar desde 
la fecha de la firma del convenio y se reunirá al menos dos veces al año.
3.  La convocatoria de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Presidencia, 
de común acuerdo con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de 
Asturias.
4.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se ajustará a las previsiones 
contenidas en la Sección 3.ª, del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  siendo  atendida  con  medios 
personales, técnicos, materiales y presupuestarios de las administraciones públicas que 
la integran.
Decimocuarta.  Vigencia del convenio y plazo de ejecución.
1.  El plazo de vigencia del presente convenio será desde la fecha de su firma y 
hasta el 31 de marzo de 2024.
2.  El plazo de ejecución de los proyectos piloto de itinerarios de inclusión social 
objeto de las subvenciones previstas en el presente texto no deberá exceder la fecha 
límite del 30 de junio de 2023, mientras que la evaluación de los mismos, objeto de la 
subvención, no se extenderá del plazo del 31 de marzo de 2024, con la finalidad de 
cumplir  con  los  hitos  marcados  por  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia en materia de política de inclusión.
3.  Los gastos efectuados por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del 
Principado de Asturias podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el 
que se concede la ayuda.
4.  Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de 
ejecución  sea  efectivamente  pagado,  durante  el  mismo,  o  dentro  del  periodo  de 
justificación.
5.  Los gastos de la prestación de servicios específicos correspondientes a las 
actuaciones de control, verificación y justificación de la ayuda e inspección del proceso, 
podrán realizarse durante todo el período de ejecución y justificación para el que se  es
concede la ayuda. En todo caso, estos gastos deberán ser efectivamente pagados  bo
dentro del período de ejecución y justificación. 36ww
Decimoquinta.  Modificación de la subvención.
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ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
Administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley General de Subvenciones, salvo 
cuando afecten a cualesquiera de las obligaciones recogidas en la normativa europea y 
nacional aplicable.
Cualquier modificación del convenio deberá formalizarse con una adenda firmada por 
ambas partes.
2.  El  Principado  de  Asturias  podrá  solicitar,  con  carácter  excepcional, 
modificaciones del contenido de la resolución basadas en la aparición de circunstancias 
que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de 
ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, y podrán ser autorizadas siempre 
que no dañen derechos de tercero.
Podrá modificarse, con carácter excepcional, el contenido de la resolución basadas 
en la aparición de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o 
que afecten a la forma y plazos de ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, 
y podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.
Las  solicitudes  de  modificación  deberán  fundamentar  suficientemente  dicha 
alteración o dificultad y presentarse, ante la Secretaría General de Objetivos y Políticas 
de Inclusión y Previsión Social, con anterioridad, en todo caso, al momento en que 
finalice  el  plazo  de  ejecución  del  proyecto,  determinado  en  el  propio  convenio  y 
resolución de concesión.
3.  El Principado de Asturias será informado de la fecha en que la solicitud ha tenido 
entrada  en  el  registro  electrónico  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones, a partir de la cual se inicia el cómputo del plazo de resolución, mediante 
comunicación que a tal efecto les dirigirá la Secretaría General de Objetivos y Políticas 
de Inclusión y Previsión Social, en los términos previstos por el artículo 21.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular 
del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones,  sin  perjuicio  de  las 
delegaciones de competencias existentes en la materia, y se notificará en el plazo 
máximo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado registro 
electrónico. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 
contra ella el recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el 
plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo  en  la  forma  y  plazo  previstos  en  el  artículo  46  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la 
resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  24  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  teniendo  a  todos  los  efectos  la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
Decimosexta.  Resolución de controversias.
La  resolución  de  los  litigios  que  pudieran  plantearse  sobre  la  interpretación, 
cumplimiento, extinción y efectos del mismo corresponderá a los Juzgados y Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. e.
Decimoséptima.  Incumplimientos y reintegros. 36ww
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acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas por incumplimiento de 
lo  previsto  en  el  artículo  7.Séptima  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
2.  El incumplimiento de las obligaciones sobre aportación de la documentación 
exigida por la normativa nacional y europea en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y del Marco de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
será causa de reintegro.
3.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  el  Principado  de  Asturias  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
4.  El  Principado  de  Asturias  responderá  de  forma  solidaria  de  los  reintegros 
motivados por cualquiera de los supuestos señalados en el apartado 1. A estos efectos, 
la responsabilidad solidaria únicamente alcanza, respecto de cada subvención, a la 
entidad beneficiaria principal de la misma a las entidades asociadas de aquella.
5.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
concedente de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimoctava.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por el Principado de Asturias 
se  graduarán  y  sancionarán  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  título  IV  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y título IV de su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En prueba de conformidad de cuanto antecedente, los comparecientes firman por 
duplicado ejemplar y a solo efecto el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento–Por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de 
Asturias.–La Secretaria General de Objetivos, Políticas de Inclusión y Previsión Social.–
María Milagros Paniagua San Martín.–La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, 
Melania Álvarez García.
ANEXO I
Descripción del proyecto objeto de la subvención
Objetivos
El objetivo general del proyecto es impulsar la activación inclusiva social mediante la 
reducción de la brecha digital que sufren las personas en riesgo de pobreza y exclusión 
social. En concreto a las personas beneficiarias de rentas mínimas (ingreso mínimo vital, 
salario social básico o ambas). e.
Las acciones de activación inclusiva están orientadas a los siguientes objetivos 
específicos:
– Alcanzar competencias digitales que permitan desarrollar el ejercicio pleno de la 
ciudadanía mediante la administración electrónica y el desarrollo de la identidad digital 
ciudadana.
– Garantizar el acceso a los servicios públicos a través de medios digitales mediante 
una evaluación participativa de los servicios de administración electrónica de servicios 
sociales por parte de los beneficiarios del proyecto.
Líneas de actuación
Para el desarrollo de estos objetivos específicos, el Plan de Trabajo contempla 4 
líneas de actuación esenciales para la consecución del fin perseguido:
1.  Itinerario formativo adaptativo e individualizado.
El itinerario pretende ofrecer un sistema de aprendizaje adaptativo e individualizado 
que facilite la adquisición de las 5 habilidades básicas para la inclusión digital. Dado que 
la orientación es el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadano o ciudadana por 
medios digitales estas habilidades deberán estar orientadas a:
– Administrar información: usar un motor de búsqueda para buscar información, 
encontrar un sitio web visitado antes o descargar o guardar una foto encontrada en línea.
– Comunicarse: enviar un mensaje personal por correo electrónico o servicio de 
mensajería en línea o hacer comentarios cuidadosamente y compartir información en 
línea.
– Transacciones: comprar artículos o servicios de un sitio web o comprar e instalar 
aplicaciones en un dispositivo.
– Resolución de problemas: verificar fuentes de información en línea o resolver un 
problema con un dispositivo o servicio digital mediante la ayuda en línea.
– Completar formularios en línea o crear algo nuevo a partir de imágenes, música o 
videos en línea existentes.
El marco de aplicación práctica de estas 5 habilidades estará centrado en el ámbito 
de  interacción  con  la  administración  por  medios  digitales  para  acceder  a  servicios 
públicos de ámbito municipal, autonómico y nacional. Con un marcado componente 
práctico, los contenidos del itinerario estarán orientados a la adquisición de competencia 
digital para ejercer de forma autónoma el derecho de acceso a prestaciones sociales, 
relacionarse de forma plena con las Administraciones públicas y ser capaces de ejercer 
sus derechos en los procesos participativos gubernamentales.
En este sentido los objetivos del aprendizaje estarán orientados a:
1.  El alumnado es capaz de obtener, comprender y usar su identidad digital.
2.  El  alumnado  es  capaz  de  relacionarse  de  forma  autónoma  con  las 
Administraciones  públicas  para  acceder  a  derechos  sociales  por  medios  digitales: 
ingreso mínimo vital, salario social básico, prestaciones de vivienda, prestaciones de 
Dependencia, ayudas y prestaciones locales.
Estos itinerarios aplicarán metodologías de evaluación participativa de los servicios 
de administración electrónica que utilizarán durante el itinerario identificando barreras de  e.
acceso que serán capitalizadas a modo de producto del proyecto mediante un informe  w.
recopilatorio de propuestas de mejora que será transferido a los servicios informáticos  36ww
del ePnotre  úqlutime oo,f reecne c duiacnhtoos  as esruv icdiuorsa pciúóbnl,ic soes .prevé que sea por un máximo de 60 horas
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cuestión a concretar en el momento en que se fijen los contenidos del itinerario y la 
selección de los participantes.
2.  Bono «CONECT-AS» para la inclusión social digital.
Eliminar la barrera de acceso es esencial, ya que contando con habilidades las 
dificultades  económicas  pueden  ser  determinantes  en  el  ejercicio  de  derechos  por 
medios digitales e incrementar de forma exponencial el riesgo de exclusión social. Por 
ello, se considera un componente clave del proyecto la concesión de ayudas de apoyo a 
la intervención a las personas participantes para la adquisición de un equipo portátil y/o 
conexión a internet durante un año.
Este bono tiene por objeto facilitar a las personas participantes el acceso a las 
herramientas necesarias para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
itinerario  formativo,  en  las  sesiones  de  tutoría,  apoyo  o  acompañamiento  o  las 
indicaciones del personal de los Centros de Dinamización Tecnológica Local o similares, 
en caso de no recibir dicha formación a través de un itinerario o tutoría.
Debido la relación inherente entre acceso y competencia digital, la concesión del 
bono digital vendrá condicionada a:
– La participación activa en los itinerarios formativos, en su caso.
– La participación activa en el proceso de evaluación del proyecto.
– La concurrencia a la prueba final para la obtención de certificado de ciudadano 
digital  de  la  UE  o  certificado  de  similares  características  que  se  establezca 
específicamente para este proyecto.
Asimismo, el bono «Conect-AS» podrá ser complementado con ayudas de apoyo a la 
intervención por conciliación o para gastos de transporte que faciliten a las personas que 
participen  en  los  itinerarios  formativos  el  acceso  a  los  mismos,  atendiendo  a  sus 
circunstancias  personales,  condicionado  al  cumplimiento  de  los  mismos  requisitos 
señalados anteriormente.
3.  Despliegue de una red de apoyo y asesoramiento configurada entorno a nodos 
tecnológicos (Centros de Dinamización Tecnológica Local y otros centros similares en 
todo el territorio).
Numerosos estudios manifiestan que la proximidad a la ciudadanía es esencial para 
la capilarización de cualquier estrategia de inclusión social. Es necesario, por tanto, que 
las actuaciones no se concentren ni obliguen a la persona beneficiaria a trasladarse a las 
ciudades.
En este sentido, el proyecto propone el componente de trabajo en red mediante el 
establecimiento  de  nodos  CONECT-AS  en  todo  el  territorio  que  ejerzan  un  efecto 
multiplicador del impacto del proyecto ofreciendo asesoramiento y apoyo a población 
vulnerable.
Al mismo tiempo el proyecto debe velar por garantizar la viabilidad y sostenibilidad de 
los resultados del proyecto. Por ello, aprovechará las capacidades del territorio de tal 
forma que, de apoyar al logro de los objetivos planteados, podrán darle continuidad una 
vez que el proyecto haya finalizado, apropiándose de la estrategia y adaptándola a las 
necesidades que vayan surgiendo.
Asturias cuenta con Centros de Dinamización Tecnológica Local implantados en 
los 71 concejos de menos de 20.000 habitantes y con un largo recorrido en el apoyo en  es
el uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. Estos centros junto a otros de similares  o
características de los 7 concejos restantes de más de 20.000 habitantes se constituyen  36ww
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itinerarios y para facilitar la accesibilidad de las personas a las Administraciones Públicas 
de una manera sencilla y flexible.
Por otra parte, la formación del propio personal de los nodos permitirá adaptar los 
conocimientos  técnicos  a  las  estratégicas  pedagógicas  bajo  la  filosofía  y  aspectos 
prácticos del proyecto dando soporte a las personas tanto a las personas que están 
desarrollando el itinerario como a aquellas otras personas que no reciban el itinerario 
formativo. Esta formación a los profesionales de los nodos permitirá dar continuidad a las 
estrategias del proyecto una vez finalizado.
4.  Mejora de la accesibilidad a las principales prestaciones sociales (estatales, 
autonómicas y locales) a través de medios electrónicos.
El cuarto pilar del proyecto es la capitalización de los resultados de la evaluación 
participativa para la mejora de la accesibilidad a las prestaciones básicas (mejora del 
lenguaje, del formato de los actos administrativos, soporte en la tramitación online en 
sede electrónica) con base en la propia experiencia de los participantes. Se trata éste de 
una de las medidas más innovadoras del proyecto, conocer los problemas a través de la 
experiencia de los propios usuarios, así como favorecer la participación de población 
vulnerable en cambios significativos de la administración.
Ámbito territorial
El  proyecto  se  implementará  mediante  el  aprovechamiento  de  sinergias  de 
capacidades del territorio desde el entorno local, lo que garantiza la sostenibilidad del 
proyecto tras las actuaciones piloto.
Así pues, contempla la participación de las Entidades Locales a través de la puesta a 
disposición de los CDTL y dispositivos similares en los 78 concejos con que cuenta el 
Principado de Asturias.
Dicha  puesta  a  disposición  será  diferente  en  función  de  los  participantes 
seleccionados para el proyecto (en función a su vez, de la población perceptora de 
rentas mínimas), aunque se podría clasificar en:
– Concejos de más de 20.000 habitantes (Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, 
Mieres y Castrillón). El papel de sus centros será el de acoger la impartición de los 
itinerarios formativos en todo caso, así como la puesta a disposición de su personal para 
recibir la formación inherente a la participación en el proyecto.
– Concejos de entre 3.000 y 20.000 habitantes: el papel de sus CDTL será el de 
acoger la formación presencial de los participantes empadronados en los mismos y en 
concejos vecinos de menos de 3.000 habitantes cuando el número de participantes 
seleccionados  no  sea  suficiente.  En  estos  casos,  el  personal  recibirá  la  formación 
inherente al proyecto.
– Concejos de menos de 3.000 habitantes: el papel de sus CDTL será el de acoger 
la  formación  presencial  de  los  participantes  empadronados  en  los  mismos  cuando 
cuenten  con,  al  menos,  12  participantes.  En  estos  casos,  el  personal  recibirá  la 
formación inherente al proyecto.
Ámbito subjetivo
Por lo que se refiere al ámbito subjetivo, el proyecto aspira a atender a un grupo  s
de  3.000  personas  beneficiarias  de  rentas  mínimas,  entre  beneficiarios  de  ingreso  e.
mínimo vital, salario social básico o de ambas prestaciones, distribuidas por la totalidad  w.
del territorio, velando por que el ámbito rural, urbano o semiurbano estén representados. 36ww
ANEXO II
Modelo de datos para el intercambio entre la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar del Principado de Asturias y la SGOPIPS
La  información  compartida  incluirá  la  información  necesaria  para  el  diseño, 
seguimiento y evaluación de los itinerarios objeto del presente convenio, con información 
específica según el tipo de actuación.
Sobre la población de partida para el diseño, se incluirá la información necesaria en 
relación con el tipo de las actuaciones:
– Información  de  hogares/unidades  de  convivencia:  composición,  características 
adicionales, de renta mínima, así como aquella información adicional de que disponga el 
cesionario que sea relevante para el diseño.
– Información personal: características generales de edad, sexo, nacionalidad, cobro 
de prestaciones, relación con el empleo, con la vivienda, así como aquella información 
adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el diseño.
Sobre  los  participantes  para  el  diseño  y  evaluación,  se  incluirá  la  información 
necesaria en relación con el tipo de las actuaciones:
– Información personal: información relevante de la participación en el/los itinerarios, 
variables de percepción, de seguimiento, opinión, así como aquella información adicional 
de que disponga el cesionario que sea relevante para el seguimiento y evaluación.
– Información de la intervención: itinerarios, tipologías, participantes, así como la 
información adicional tanto de las características como de la ejecución que sea relevante 
para el seguimiento y evaluación.
ANEXO III
Consentimiento de los potenciales participantes
En caso de que el Principado de Asturias no tenga competencia normativa para 
recabar y ceder los datos necesarios para el diseño, seguimiento y evaluación de los 
itinerarios de inclusión deberán recabar el consentimiento expreso de los potenciales 
participantes  antes  de  la  entrada  en  el  itinerario  de  inclusión  financiado  con  la 
subvención objeto del presente convenio, cumpliendo los requisitos legales para ello. En 
concreto, el Principado de Asturias informará a los participantes de la finalidad del 
tratamiento de sus datos personales, de las posibles cesiones a las AAPP y terceras 
entidades que convenien en la ejecución de las finalidades del presente convenio, de la 
identidad del Delegado de Protección de Datos, informando de la existencia de un 
mecanismo sencillo y gratuito para que los participantes beneficiarios, en cualquier 
momento, puedan ejercitar sus derechos ARCO-POL, y se recabará el consentimiento 
de forma expresa mediante la firma del participante.
Así mismo, se le informa de los plazos de custodia y que, en caso de entender que 
se  ha  vulnerado  alguno  de  sus  derechos,  tiene  la  posibilidad  de  establecer  la 
correspondiente denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias definirá 
un modelo de consentimiento detallado para los potenciales participantes.