BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95514
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13454 Sala Segunda. Sentencia 125/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso 
de amparo 2447-2019. Promovido por Promociones Arkimar, S.L., respecto 
de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  e 
instrucción de San Javier (Murcia) en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos llevado a cabo sin apurar previamente las posibilidades de 
averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013).
ECLI:ES:TC:2020:125
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2447-2019, interpuesto por Promociones Arkimar, 
S.L., contra la providencia de 22 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de San Javier (Murcia), que inadmitió a trámite el incidente 
extraordinario  de  nulidad  de  actuaciones  promovido  por  aquella  entidad  en  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 41-2017 instado por la entidad Cajamar 
Caja  Rural,  sociedad  cooperativa  de  crédito,  que  se  ha  personado  y  formulado 
alegaciones. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don 
Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 15 de 
abril de 2019, la procuradora de los tribunales doña Josefa Garcerán Martínez, actuando 
en nombre y representación de Promociones Arkimar, S.L., bajo la defensa del letrado 
don Félix Campillo García, ha interpuesto recurso de amparo contra la resolución arriba 
mencionada.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  En fecha 15 de febrero de 2017, la entidad Cajamar Caja Rural, sociedad 
cooperativa  de  crédito,  interpuso  demanda  ejecutiva  contra  la  ahora  recurrente, 
Promociones Arkimar, S.L., en reclamación de deudas garantizadas con hipoteca que 
correspondían a un inmueble sito en la calle San Martín de Porres núm. 120, de la  es
localidad de Santiago de la Ribera, dentro del término municipal de San Javier (Murcia). o
aSens.Lcte.rE,is tenu l rc ladait ea dd dleeaam  .c caaEonlnlsedst eatCi ,t áuelancr aioóm vnaee slr dc ddeaeo nlmlt aiCl  iceagijlseaiotcri lauloqnt autníneaút  emfh i.fgi ipj8uóo8r ta,ce bodcamea, r oliaaa  ,d l ooeacmfueaitclcoidtirolaiiozsda   ddddeaee    PSenraloo nmtditfiíioaaccga ioco3 in1ode nesde l esaA ,  rRmkeiibamner azrlaoar,     2020-13454n https://www.
de 2006. Mediante otrosí, la entidad demandante solicitaba «de conformidad con lo
establecido en el art. 152 LEC […] que se habilite al procurador que suscribe a realizar
únicamente la notificación de la ejecución y el requerimiento de pago, pudiendo efectuar 
la misma en días y horas inhábiles».
b)  La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 
de San Javier que, en fecha 24 de abril de 2017, en el seno de la ejecución hipotecaria 
núm.  41-2017,  dictó  auto  despachando  ejecución  contra  la  ahora  demandante  de 
amparo, disponiéndose en dicha resolución su notificación en los términos del art. 553 de 
la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Mediante decreto de la misma fecha, el letrado de la 
administración  de  justicia  dispuso  la  notificación  del  requerimiento  de  pago  «en  el 
domicilio que resulte vigente en el registro conforme a lo previsto en el art. 686.2 LEC».
c)  La notificación y requerimiento de pago se intentó efectuar el día 18 de mayo 
de 2017, por el procurador de la parte ejecutante, en el domicilio sito en la calle Cánovas 
del Castillo núm. 88, ya citado. Según la diligencia, el resultado fue negativo, haciéndose 
constar lo siguiente: «comprueba que se trata de vivienda de aspecto muy antigua, 
donde en la actualidad no vive nadie, y existen signos de estar abandonada hace 
muchos años. Preguntado a los vecinos colindantes, nos manifiestan desconocer en la 
zona a la mercantil referida, no pudiendo precisar nada sobre la misma».
d)  Mediante escrito de 23 de mayo de 2017, la parte ejecutante interesó que el 
requerimiento y notificación se efectuaran en una nueva dirección, sita en la calle Ronda 
Norte núm. 69, 30720 de San Javier, por haber resultado negativa la diligencia en el 
domicilio  indicado  en  la  demanda.  Esta  petición  fue  reiterada  en  un  nuevo  escrito 
fechado el día siguiente, 24 de mayo de 2017, en el que además reproducía la petición 
de habilitación del procurador para tal fin, como ya había interesado en la demanda. Esta 
petición fue atendida por el letrado de la administración de justicia que, por medio de 
diligencia de ordenación de 12 de junio de 2017, accedió a lo solicitado y habilitó al 
procurador de la ejecutante para que, con entrega de las cédulas de requerimiento a los 
demandados, procediera a cumplimentar el trámite del art. 161 LEC.
e)  Por diligencia de entrega de 4 de julio de 2017, el procurador de la parte 
ejecutante puso de manifiesto que, a las 11:40 horas de ese mismo día, se había 
constituido en el domicilio sito en la calle Ronda Norte núm. 69, indicando en la diligencia 
que «la mercantil demandada no es conocida, manifestándonos los vecinos que no 
pueden  precisar  ningún  dato  para  su  localización».  Se  añade  que  «igualmente  y 
coincidiendo  con  empleado  del  servicio  de  correos  le  pregunto  sobre  la  misma, 
indicándome que no la conoce de nada». La diligencia estaba firmada por el procurador 
y dos testigos.
f)  Por diligencia de ordenación de 13 de julio de 2017, se acordó la averiguación del 
domicilio de la sociedad demandada a través del punto neutro judicial, interesándose la 
oportuna información a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a la 
Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS),  dando  como  único  resultado  el  domicilio  señalado  en  la  demanda  (calle 
Cánovas del Castillo núm. 88), según datos obrantes en la AEAT. En la misma diligencia 
se acordó «a la vista del paradero desconocido del ejecutado y de conformidad con lo 
interesado  y  dispuesto  en  los  artículos  686.3  y  164  de  la  LEC,  […]  practicar  el 
requerimiento al demandado de forma edictal».
g)  Mediante escrito de 19 de octubre de 2017, la parte ejecutante solicitó que se 
procediera a la convocatoria y anuncio de subasta, lo que fue acordado por decreto de 8 
de noviembre de 2017. Por diligencia de ordenación de 21 de diciembre de 2017, el 
letrado de la administración de Justicia dispuso la remisión al portal electrónico de 
subastas de la documentación necesaria para su convocatoria y materialización. s
h)  En el testimonio de las actuaciones remitidas por el juzgado a este tribunal 
constan  tres  certificaciones  expedidas  por  el  servicio  de  soporte  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada que, en lo que ahora es de 
interés, recogen los siguientes contenidos:
(i)  Certificación expedida en fecha 16 de diciembre de 2017, por la que se destaca 
que el mencionado servicio envió una notificación con referencia «59f8b3c809834» para 
la «DEH B73353468», «con el siguiente resultado:
– Fecha de puesta a disposición: 31/10/2017 18:33:03.
– Fecha de rechazo automático: 16/12/2017 00:00:00».
(ii)  Certificación expedida en fecha 25 de diciembre de 2017, por la que se señala 
que el mencionado servicio envió una notificación con referencia «5a041334ed374» para 
la «DEH B73353468», «con el siguiente resultado:
– Fecha de puesta a disposición: 09/11/2017 09:35:07.
– Fecha de rechazo automático: 25/12/2017 00:00:00».
(iii) Certificación expedida en fecha 07 de febrero de 2018, por la que se expresa que 
el mencionado servicio envió una notificación con referencia «5a3d65f3ae78d» para la 
«DEH B73353468», «con el siguiente resultado:
– Fecha de puesta a disposición: 22/12/2017 21:07:18.
– Fecha de rechazo automático: 06/02/2018 00:00:00».
i)  Por decreto de 18 de septiembre de 2018, el juzgado adjudicó a la mercantil 
ejecutante la finca objeto de garantía hipotecaria.
j)  La ahora demandante de amparo compareció en las actuaciones, por medio de 
escrito de 24 de enero de 2019, solicitando tener acceso al proceso y copia de las 
actuaciones practicadas, al objeto de personarse en las mismas. Por posterior escrito 
de 18 de febrero de 2019 promovió, asimismo, un incidente extraordinario de nulidad de 
actuaciones.
En su escrito, la entidad recurrente alega que el día 22 de enero de 2019 su 
administrador único tuvo conocimiento «de forma totalmente casual […] de la posible 
existencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria». Como razones justificativas de 
la  nulidad,  señalaba  las  siguientes:  (i)  ni  antes  ni  durante  el  procedimiento  se  ha 
practicado requerimiento alguno en la vivienda hipotecada que consta en el registro de la 
propiedad, calle San Martín de Porres núm. 120, 2.º A de Santiago de la Ribera, ni 
tampoco en el domicilio que consta en la escritura del préstamo sito en la calle Cánovas 
del Castillo núm. 88 de Santiago de la Ribera; (ii) la diligencia de requerimiento intentada 
en la calle Ronda Norte núm. 69 de San Javier es defectuosa o irregular por las razones 
que explicita, entre otras, no haber dejado aviso en el buzón, y no haber identificado a 
los vecinos ni al empleado de correos que supuestamente fueron consultados; (iii) la 
actora ha incumplido su obligación de aportar al órgano judicial cuantos datos conozca 
del demandado, datos que, en el caso presente, conocía por la intensa comunicación 
existente entre las partes, como lo demuestran los correos electrónicos que aporta con 
su escrito, que acreditan, entre otras cuestiones, la falta de actividad de la sociedad 
demandada; y (iv) el órgano judicial también ha incumplido su obligación de extremar la 
búsqueda al no haber consultado los datos del registro mercantil y, dentro de él, los  s
relativos a su administrador. oe.
En el escrito se invoca el art. 24.1 CE, y se cita en apoyo de su pretensión la doctrina  w.
constitucional en materia de actos de comunicación, SSTC 122/2013, de 20 de mayo;  454ww
2a0 60 /r2e0p1ro6d, udcee .28 de noviembre, y 83/2018, de 16 de julio, cuyos fundamentos jurídicos 4
k)  El incidente fue inadmitido a trámite mediante providencia dictada por el órgano 
judicial el 22 de febrero de 2019, con el siguiente contenido:
«Habiendo solicitado la representación procesal de Promociones Arkimar, S.L., la 
nulidad de actuaciones, indicar que, conforme al art. 228 LEC, no puede admitirse a 
trámite, dado que no se ha respetado el plazo que establece dicho precepto para pedir la 
nulidad: veinte días desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se 
tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión.
En el procedimiento constan sucesivas notificaciones aceptadas a través de la sede 
electrónica desde mayo de 2017. En particular, el decreto de despacho de la ejecución 
consta aceptado por sede electrónica el 9 de mayo de 2017. Por tanto, ya desde esa 
fecha se pudo haber interesado la nulidad de actuaciones, pues ya se podía tener 
conocimiento de la existencia del procedimiento y de ese supuesto defecto que se 
afirma, dejando transcurrir sobradamente los veinte días que establece la ley».
3.  En la demanda de amparo se alega la vulneración del art. 24.1 CE, en su 
vertiente del derecho a no padecer indefensión por una defectuosa notificación de la 
demanda y del resto de las resoluciones dictadas durante el procedimiento de ejecución 
hipotecaria seguido contra la actora. Según señala, no ha tenido conocimiento de la 
existencia del proceso hasta que, con posterioridad a la ejecución del bien hipotecado y 
su adjudicación a la entidad ejecutante, del modo casual que narra, llegó a saber de 
dicha existencia.
La entidad demandante reitera las quejas formuladas en su escrito de promoción de 
nulidad de actuaciones y subraya los incumplimientos de la parte ejecutante, que califica 
de «maquinación fraudulenta y omisiva», pues, de una parte, mantenía «relaciones 
fluidas cordiales vía telefónica y email en aras a buscar de común acuerdo la venta a 
terceros o dación en pago de la vivienda –a propuesta del señor Campillo–», pero, de 
otro lado, y «coetáneamente a sus espaldas, con alevosía» había enviado un burofax 
previo a la presentación de la demanda al antiguo domicilio social, «a sabiendas que la 
sociedad ya no estaba en él»; habría enviado otro a otro domicilio en el que la entidad 
ahora  demandante  no  había  ejercido  ninguna  actividad  y,  sin  embargo,  «no  envió 
ninguno al del señor Campillo, el cual conocían perfectamente, tanto porque así les 
constaba en los reiterados emails, como en la copia de su DNI del que disponían desde 
hace más de treinta años»; que «interpuso la demanda ocultando el domicilio social 
vigente de la demandada» y que «ocultó al juzgado todos los datos para notificarle la 
demanda a su administrador, señor Campillo, que conocía perfectamente, tales como su 
domicilio profesional sito en la calle Poeta Paco Aquino 57 […] de Almería, su teléfono 
fijo y móvil, email y su condición de abogado en ejercicio en Almería […]».
A su juicio, el órgano judicial no habría desplegado los medios a su alcance para 
garantizar el conocimiento por la demandada del proceso que se seguía contra ella 
(contraviniendo la pacífica doctrina de este tribunal); pues tratándose de una persona 
jurídica, es evidente que tiene un administrador; y que su nombre y datos personales se 
pueden conocer con una simple consulta al registro mercantil e incluso con poner 
simplemente el nombre de la sociedad en Google, y averiguar el resto de sus datos 
personales a través del punto neutro judicial (consultando las bases de datos de la TGSS 
y la AEAT). Este hecho se puede apreciar sin género de dudas de los emails cruzados 
entre ambas partes de fechas 5 de marzo de 2016, 15 de julio de 2016, 30 de agosto 
de 2016, 16 de octubre de 2016, 28 de diciembre de 2016, 9 de febrero de 2017, 9 de 
mayo de 2017, 7 de marzo de 2017 y 8 de junio de 2017. e
Se queja específicamente la demandante de la respuesta ofrecida en la providencia  bo
de 22 de febrero de 2019, al pretender validar las actuaciones y salvar la indefensión  454ww
dreecneupnccióiand an iesgoab.r eS elag úbna esexp ldicea ,l at oadcaesp ltaasc inóont ifdicea cuinoanse sn eolteifcictraócnioicnaess  fueeleroctnr órneicchaasz acudyaas 
atruatso mhaábtiecra tmraennstceu prroidr oe dl iseizs tdeímasa .n Eatlu rreaclehsa zdoe saduet osmu áptuiceos tsae a p droisdpuocseic, iódne  pfoarrma as ug aecnceerasol, 
según el párrafo segundo del artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas.  Y,  de  forma 
particular, superado el plazo establecido por la administración actuante de acuerdo a la 
normativa jurídica específica que sea de aplicación.
Por  otra  parte,  no  existe  acreditación  documental  en  las  actuaciones  de  qué 
notificación es la que se envió, ni el contenido de la misma, ni siquiera qué juzgado la 
envió ni el número de procedimiento; en el certificado consta «que a través de dicho 
servicio se envió la notificación con referencia: 59f8b3c809834 por el organismo emisor 
juzgados y tribunales para la DEHB73353468, con el siguiente resultado: Fecha de 
puesta a disposición: 31 de octubre de 2017 18:33:03; fecha de rechazo automático: 16 
de  diciembre  de  2017  00:00:00».  Afirma  que  las  únicas  actuaciones  que  constan 
remitidas a través de la dirección electrónica habilitada se refieren a la diligencia de 
ordenación  de  26  de  octubre  de  2017  «por  la  que  se  insta  a  la  actora  (en  el 
procedimiento judicial) a que identifique la localización exacta de la finca».
La demandante no ha recibido en ningún momento por parte de la AEAT ni de ningún 
otro organismo comunicación alguna sobre la obligación de incluirse en la dirección 
electrónica habilitada, ni de comunicar a ningún organismo un correo electrónico para 
recibir comunicaciones; por lo que jamás lo hizo.
Asimismo,  considera  la  demandante  que  el  asunto  que  plantea  tiene  especial 
trascendencia constitucional «por cuanto que el órgano judicial se aparta claramente en 
negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional», 
ya que este «ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre quejas de 
indefensión producidas por la defectuosa realización de actos de comunicación procesal, 
consolidando  una  detallada  doctrina  al  respecto»,  doctrina  esta  que  fue  puesta  de 
manifiesto al órgano judicial. La demandante también estima que el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar doctrina como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]. En concreto, en relación al hecho de «si es o no suficiente la 
notificación de un solo acto a lo largo del proceso de ejecución hipotecaria a una persona 
jurídica mediante la dirección electrónica habilitada, para darlo por notificado de todo el 
proceso, aun cuando dicha comunicación sea rechazada por la demandada».
Por otrosí digo la entidad demandante solicita, al amparo del art. 56.2 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), «la medida cautelar de suspensión de la 
sentencia [sic] recurrida en amparo». Entiende la actora que la resolución recurrida 
«implica  la  continuación  de  la  vía  de  apremio  sobre  la  vivienda  habitual  de  mi 
representado, en la que reside con su familia, su ejecución supondría la desposesión de 
mi representado y su familia en relación con su vivienda y la eventual adquisición por un 
tercero, que provocaría una situación irreversible, lo que conlleva que la cabal efectividad 
de una posible sentencia estimatoria futura quede ciertamente comprometida, quedando 
privado de finalidad el recurso». Añade la recurrente que «si no se adopta la medida 
cautelar,  se  puede  materializar  la  transmisión  del  dominio  de  la  vivienda  de  mi 
representado, creando una situación difícilmente reversible que menoscabaría los fines 
del recurso interpuesto por esta representación, debiendo ponderarse, además, que la 
ejecución afecta a la esposa e hijos de mi representado, menores de edad, y que no 
existe una perturbación grave de terceros, puesto que, aun desestimándose el recurso, 
el acreedor fácilmente puede resarcirse pese a la dilación en la ejecución, quedando 
tutelada su posición con el devengo de los intereses moratorios». Entiende, en definitiva, 
la demandante de amparo que «la ejecución de la resolución recurrida en amparo puede 
provocar perjuicios de imposible reparación». s
4.  La  Sala  Segunda,  Sección  Cuarta,  de  este  Tribunal  Constitucional  dictó  w.b
providencia el día 30 de septiembre de 2019, del siguiente tenor: 454ww
«La Sección Cuarta ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a
t(raármt. i5te0,. 1a pLrOecTiCan) dpoo rqquuee  ceol nrceucrurres oe np ueel dmei sdmaor  oucnaas ieósnp eacl itarilb turansacl epnadrean acciala craorn ost ictuacmiobniaarl 
su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración
del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)] y porque el órgano 
judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de 
la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, obrando ya en esta Sala 
testimonio de las actuaciones jurisdiccionales, diríjase atenta comunicación al Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de San Javier a fin de que, en plazo que no 
exceda  de  diez  días,  proceda  a  emplazar  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días 
puedan comparecer, si lo desean, en el presente recurso de amparo.
De conformidad con la solicitud de la parte actora, fórmese la correspondiente pieza 
separada de suspensión.»
5.  Por nueva providencia de la misma fecha, dictada por la Sección Cuarta de este 
tribunal, se dispuso «formar con la precedente fotocopia, la oportuna pieza para la 
tramitación del incidente sobre suspensión y conforme determina el artículo 56 de la Ley 
Orgánica de este Tribunal, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y 
al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen pertinente sobre dicha suspensión». 
Este traslado solo fue cumplimentado por el Ministerio Fiscal, mediante escrito de 14 de 
octubre de 2019, en el que interesó que se adoptara únicamente la medida de anotación 
preventiva de la demanda de amparo.
Así se acordó por medio de ATC 176/2019, de 16 de diciembre, dictado por la 
Sección Cuarta de este tribunal. En el mismo se denegó la suspensión solicitada y se 
ordenó la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, 
con remisión al referido juzgado para la expedición del mandamiento oportuno. Se 
considera, a tal efecto, que esta medida «se reputa idónea para evitar el perjuicio 
derivado de que la adquisición del bien por tercero lo hiciera irreivindicable, situación a la 
que se hace referencia en la demanda».
6.  Mediante providencia de 29 de enero de 2020, la Sección Cuarta de este tribunal 
acordó tener por personado y parte en el procedimiento al procurador don Francisco 
Abajo Abril, en nombre y representación de Cajamar Caja Rural, sociedad cooperativa 
de crédito, que había solicitado su personación en fecha 21 de octubre anterior.
Igualmente,  esta  resolución  acordó  dar  vista  de  las  actuaciones  a  las  partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el 
art. 52.1 LOTC.
7.  Por sendos escritos presentados en el registro de este tribunal el día 28 de 
febrero  de  2020,  se  notificaron  los  cambios  en  la  representación  procesal  y  en  la 
dirección letrada de la entidad Cajamar Caja Rural, sociedad cooperativa de crédito, en 
favor del procurador don José Manuel Jiménez López y del abogado don Fernando 
Alfonso Beltrán, respectivamente, entendiéndose con ellos las actuaciones sucesivas de 
este proceso.
8.  La  representación  procesal  de  la  entidad  Cajamar  Caja  Rural,  sociedad 
cooperativa de crédito, presentó su escrito de alegaciones en fecha 28 de febrero 
de 2020.
Tras recordar el carácter especial y sumario del juicio de ejecución hipotecaria, 
considera que no concurre vulneración alguna y que la resolución judicial impugnada es 
ajustada a Derecho. Según refiere, este procedimiento regula en el artículo 686 LEC el  e.
requerimiento  de  pago  obligatorio  tras  el  despacho  de  ejecución,  en  el  domicilio,  w.
designado a efectos de notificaciones, en la escritura del préstamo hipotecario. Para el  454ww
csaes eos dtaeb ilnetceen teanrs esu s ipnu enfteoc ttoe ryc,e trroa sla r erseualltiazar ciniófrnu cmtueodsiaans tela sp uabvleicriagcuióanci odnee se dpiecrtotins eennte lsa, 
forma prevista en el artículo 164 de la ley rituaria.
En el presente caso, el requerimiento de pago inicial se dirigió al domicilio social de 
la mercantil Promociones Arkimar, S.L. sito en la calle Cánovas del Castillo núm. 88 de 
Santiago de la Ribera, que resultó negativo el 18 de mayo de 2017, domicilio designado 
a efectos de notificaciones en la escritura de préstamo hipotecario correspondiente, y 
cuya  reseña  parcial  se  transcribe  en  este  punto.  Tras  el  resultado  negativo  del 
requerimiento en el domicilio designado a efectos de notificaciones, se aporta como 
domicilio alternativo el sito en la calle Ronda Norte núm. 69 de San Javier. Dicho intento 
también resulta negativo por lo que, tras solicitar averiguación domiciliaria y resultar 
infructuosa, se acuerda la notificación edictal mediante diligencia de ordenación de 13 de 
julio de 2017. En este punto se resalta que ese segundo domicilio es el que figura como 
domicilio social y que el actual administrador (letrado de la entidad ahora recurrente) 
reconoce como propio.
También se pone en cuestión la forma en que, supuestamente, el demandante tuvo 
conocimiento del juicio hipotecario, ya que el señor Campillo, administrador único de la 
sociedad  ejecutada,  tenía  conocimiento  de  la  carga  que  pesaba  sobre  la  finca  en 
cuestión pues el mismo se encargó de relacionar una serie de correos electrónicos 
intercambiados con la entidad sobre el asunto. Es por tanto difícil de asimilar que, 
atendiendo a su condición profesional, la única forma de conocer las consecuencias de 
la misma sea introducir en un buscador de internet las señas de la finca.
Igualmente, se deja constancia de lo innecesario de las alegaciones vertidas de 
contrario en su incidente de nulidad de actuaciones que ahora da por reproducidas, pues 
en ningún momento se ha actuado de mala fe, ni el juzgado ha dejado de salvaguardar 
todas las garantías procesales legalmente establecidas. Las notificaciones se llevaron a 
cabo  tal  como  regula  la  ley;  no  había  obligación  alguna  de  notificar  en  la  finca 
hipotecada,  ni  en  el  domicilio  del  anterior  administrador  porque  no  se  pactó  así 
libremente entre las partes. Tampoco es de recibo indicar que los habilitados que las 
realizaron  tenían  una  relación  de  amistad  con  el  procurador  poniendo  en  duda  su 
imparcialidad, pues hemos de decir que, con requerimiento positivo o edictal, la situación 
final del procedimiento hubiese sido la misma, la adjudicación del bien y, tanto la nulidad 
de actuaciones, como el presente recurso tienen por objeto la retroactividad de un 
procedimiento caracterizado por su rapidez, queriendo la parte contraria obstaculizar el 
curso legal.
En definitiva, se concluye con las siguientes afirmaciones:
– «La ejecución hipotecaria núm. 41-2017 seguida ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de San Javier se llevó a cabo con salvaguarda de todas 
las garantías procesales del proceso sumario en el que nos encontrábamos.
Los intentos de requerimiento de pago resultaron negativos tanto en el domicilio 
designado  a  efectos  de  notificaciones  como  en  el  domicilio  de  recepción  de 
correspondencia  del  actual  administrador  único  de  la  mercantil  ejecutada,  y  tras 
averiguación infructuosa se acordó conforme a lo dispuesto en el artículo 686.3 LEC la 
notificación edictal.
Que tal como dictaminó el juzgado de primera instancia la nulidad de actuaciones no 
pudo prosperar y en consecuencia tampoco el recurso de amparo que nos ocupa, 
destacando la farragosa redacción del mismo que tiene como objeto confundir al tribunal 
mezclando los hechos.
Que mi mandante no ha actuado en ningún momento bajo mala fe ni a espaldas de 
la ejecutada, pues era su intención, y obviamente la del juzgado, garantizar los derechos 
de  ambas  partes,  reprochando  a  la  recurrente  sus  continuas  insinuaciones  e.
malintencionadas. w.b
Por  las  condiciones  especiales  del  juicio  hipotecario  (caracterizado  por  su  454ww
sduem  aarciteudaacdio),n leas i ntceonmcioó n ctoonta lmele nrteec duirlsaoto ridae p reatmenpdairdoa  dcoen ctoranvtrieanrieo  tapnotro  ccoonm lpal entuol idlaads 
caraPcoter rtíosdticoa esl lpor foinpaialisz ad eslo plircoitcaensdoo,  luan d persoecsetsimo aqcuióen n doe inl rceucrurirós oe nd en inagmupnaar ov.ulneración».
9.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el día 3 
de marzo de 2020.
Tras hacer un resumen de la demanda, advierte que, en realidad, se alegan dos 
vulneraciones. Por un lado, lo que se denomina infracción del «régimen procesal de 
emplazamientos, citaciones y notificaciones», por no haber desplegado la diligencia 
necesaria para la localización de la entidad demandada y haber utilizado indebidamente 
la  notificación  edictal;  y  por  otro,  la  insuficiente  motivación  de  la  providencia  de 
desestimación del incidente de nulidad planteado, al dar por buena la utilización del 
sistema de notificaciones telemáticas para el primer emplazamiento de una persona 
jurídica, y por haber dado por acreditadas las aceptaciones de esas notificaciones.
Respecto de la primera cuestión, el fiscal recuerda la consolidada doctrina de este 
tribunal,  recogida  en  las  SSTC  70/2008,  de  7  de  julio,  FJ  2;  150/2008,  de  17  de 
noviembre, FJ 2, y 122/2013, de 20 de mayo, FJ 5, entre otras muchas. Una doctrina que 
resume en los siguientes puntos: «1.–La importancia que los actos de notificación tienen, 
sobre todo cuando de ellos se desprende el conocimiento por primera vez del proceso, 
por servir de puerta de acceso al ejercicio de la jurisdicción como paso previo a otros 
derechos constitucionales, como el de asegurar la contradicción, la igualdad de armas, 
etc.  2.–La  prevalencia  del  modelo  que  mejor  garantice  que  el  interesado  tome 
conocimiento de la decisión judicial, que obviamente será la notificación personal, lo que 
no quiere decir la prohibición absoluta de la realizada por edictos, que queda como una 
forma supletoria y excepcional. 3.–La obligación de los órganos judiciales no se limita 
solo a garantizar que se llevan a cabo los actos de comunicación, sino que los mismos 
cumplen su propósito, que no es otro que el de facilitar que los que puedan ser parte en 
el procedimiento sean oídos en el mismo. […] Lo anterior supone que el órgano judicial 
concernido debe extremar la diligencia para la averiguación del paradero o domicilio de 
los  interesados,  y  para  ello  deberá  utilizar  los  medios  de  averiguación  que  estén 
razonablemente a su alcance».
Trasladando esa doctrina al caso concreto, el fiscal considera que «es procedente la 
estimación de la demanda de amparo, pues el órgano jurisdiccional dio por válida la 
situación de abandono de la vivienda, con la mera manifestación de la propia parte 
ejecutante, limitando su actividad a una mera consulta al punto neutro, sin llevar a cabo 
una auténtica actividad que, de forma realista, sirviera para el fin perseguido». No se 
requirió a la parte ejecutante para que ofreciera otro domicilio de la ejecutada. Tampoco 
se consultó el Registro Mercantil. Y al ponerse todo ello de manifiesto en el incidente de 
nulidad  de  actuaciones,  se  ofreció  una  parca  respuesta  en  forma  de  providencia, 
validando la utilización del sistema de notificaciones telemáticas que, en este caso, 
tampoco procedía.
En efecto, la demanda no cuestiona la utilización del sistema de notificaciones a 
través de la dirección electrónica habilitada, sino la motivación de la providencia de 
inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, que da por válidas las concretas 
notificaciones realizadas por ese sistema. Sin embargo, el Ministerio Fiscal constata que, 
en realidad, las únicas notificaciones llevadas a cabo mediante esta modalidad fueron las 
de 16 y 25 de diciembre de 2017 y 7 de febrero de 2018; en las que no se hace constar 
la resolución notificada, ni su aceptación efectiva. Solo consta la puesta a disposición y 
el posterior rechazo automático por el transcurso del plazo previsto. En definitiva, se 
considera que la providencia del juzgado incurre en «error manifiesto pues en absoluto 
queda acreditado el hecho que se dice producido de haber recibido la notificación».
El Ministerio Fiscal finaliza interesando que se estime el presente recurso de amparo  s
y que, en consecuencia, se reconozca que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial  oe.
efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE)  y  que  se  le  restablezca  en  su  derecho,  w.
acordándose la nulidad de todo lo actuado desde el auto despachando ejecución de  454ww
freecshpae tu2o4s doe c aobnr isl ud ed e2r0e1c7h,o ,p adreab iqeuned os ea  retaall icfien  urent rnoutreaveor  elams palacztuaamciieonnteos  aal l emjeocumtaednoto, 
inmediatamente posterior a dicho auto.
10.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el día 1 de julio de 2020, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de la representación procesal de la entidad Cajamar Caja Rural, sociedad 
cooperativa de crédito, así como de que la entidad Arkimar, S.L. no las ha presentado, 
«quedando  el  presente  recurso  de  amparo  concluso  y  pendiente  para  deliberación 
cuando por turno corresponda».
11.  Mediante providencia de fecha 17 de septiembre de 2020, se señaló para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna la providencia de 22 de febrero de 2019, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de San Javier (Murcia), que 
inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por la actora en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 41-2017, instado por la entidad Cajamar 
Caja Rural, sociedad cooperativa de crédito (en adelante, Cajamar).
La demandante de amparo denuncia que la providencia impugnada ha vulnerado su 
derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE) en una doble 
dimensión: (i) en primer lugar, porque entiende que la providencia impugnada no la ha 
restablecido en su derecho al haberle denegado toda posibilidad de rectificación de las 
irregularidades  generadoras  de  indefensión  que  le  han  ocasionado  los  actos  de 
comunicación realizados por edictos. Según destaca en su escrito, el órgano judicial ha 
iniciado, tramitado y resuelto un procedimiento de ejecución hipotecaria, sin haberle 
dado conocimiento del mismo. Ha sido emplazada y le han notificado las siguientes 
resoluciones mediante edictos, sin que el juzgado haya agotado previamente todos los 
mecanismos previstos en el art. 686.3 LEC para intentar su notificación personal; (ii) en 
segundo  término  y,  con  más  concreta  referencia  al  contenido  de  la  providencia 
impugnada, cuestiona la motivación de la decisión de inadmitir el incidente de nulidad 
sobre la base de una argumentación que reputa como equivocada, por haber dado por 
válidas las notificaciones supuestamente realizadas a través de la dirección electrónica 
habilitada (art. 162 LEC), cuando, según afirma, ni siquiera llegó a recibirlas.
El Ministerio Fiscal considera que procede estimar el recurso y declarar que el citado 
derecho  fundamental  ha  sido  vulnerado  por  las  razones  ya  expuestas  en  los 
antecedentes  de  esta  sentencia.  Por  su  parte,  la  entidad  Cajamar  solicita  su 
desestimación.
2.  Doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos de comunicación.
a)  Como  acertadamente  expone  el  Ministerio  Fiscal,  la  demanda  plantea  dos 
cuestiones que pueden guardar relación o conexión entre sí: (i) Por una parte, la queja 
principal es el incumplimiento por parte del juzgado de su obligación de agotar las 
posibilidades de averiguación del domicilio real del ejecutado, antes de acudir a la 
comunicación edictal. (ii) Por otro lado, la resolución que ha inadmitido el incidente de 
nulidad de actuaciones no hace referencia alguna a esa cuestión, sino que sustenta su 
decisión  sobre  otro  argumento  diferente  al  validar  la  corrección  jurídica  de  las 
notificaciones telemáticas obrantes en la causa, en particular, del decreto de despacho 
de la ejecución. A este respecto, el juzgado sostiene que la parte ha tenido conocimiento  e.
de la existencia del procedimiento de ejecución seguido contra la misma en fecha muy  w.b
anterior a la que afirmaba en su escrito de promoción del incidente, de tal manera que  454ww
rechba)z a Epsotre e txritbeumnpaol rsáen ehaa  lpar onnuulidnacdia ddoe  aecnt ureaicteiornaedsa sin osctaadsaio.nes sobre el problema aquí
pcalasnot edaed oq uaec esrecaa  ndeeg alati vcao mlau nnoictiaficciaócni ódne ly  perlo rceeqduimeriiemniteon tdoe  deej epcaugcoió ne nh eipl odteocmairciaili oe nq ueel 
consta en el registro de la propiedad y, más concretamente, sobre la necesidad de que el
órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir 
a la notificación por edictos.
Así, con carácter general, ha declarado que «cuando del examen de los autos o de la 
documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que 
haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el 
demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación 
por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de 
noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)» (STC 122/2013, de 20 de mayo, 
FJ 3).
Para el tribunal, «desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una 
interpretación secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, de 
forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de 
ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este tribunal en cuanto a la subsidiariedad de 
la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al 
proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de 
averiguación del domicilio del deudor o ejecutado» (STC 122/2013, FJ 5). Esta doctrina 
ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores (SSTC 83/2018, de 16 de julio, FJ 4; 
29/2020, de 24 de febrero, FJ 3; 62/2020, de 15 de junio, FJ 2, y STC 86/2020, de 20 de 
julio, FJ 2).
En la misma línea, también ha señalado este tribunal que no puede estimarse la 
consulta  al  punto  neutro  judicial  «como  único  medio  posible  de  investigación  del 
paradero del demandado» para entender agotadas las posibilidades de localización, si 
cabe  realizar  «otras  pesquisas,  que  por  el  contenido  de  las  actuaciones»,  puedan 
encontrarse «razonablemente a su alcance» (STC 50/2017, de 8 de mayo, FJ 5).
3.  Enjuiciamiento del caso.
Para resolver sobre las vulneraciones alegadas de forma ordenada y coherente, 
hemos de proceder conforme a la lógica de la «mayor retroacción», asegurando con ello 
no  solo  la  más  amplia  tutela  de  los  derechos  fundamentales,  sino  también  su 
correspondencia con los motivos que confieren especial trascendencia constitucional al 
presente recurso de amparo (SSTC 152/2015, de 6 de julio, FJ 3, y 56/2019, de 6 de 
mayo, FJ 2, por todas).
A tal efecto, en el caso de autos debemos examinar primero la queja sobre la falta de 
diligencia exigible al órgano judicial a la hora de realizar las tareas de averiguación del 
domicilio real de la parte ejecutada y comprobar si, a lo largo de todo el procedimiento de 
ejecución, prolongado después con el incidente de nulidad de actuaciones, el juzgado ha 
agotado  toda  posibilidad  de  poner  en  conocimiento  de  la  parte  ejecutada  y  ahora 
demandante la existencia de dicho procedimiento, o por el contrario, no ha extremado 
dicha diligencia y, como consecuencia de aquellas notificaciones realizadas por edictos, 
le ha generado a aquella una real y efectiva indefensión, que, en su caso, se habría 
extendido también al incidente de nulidad de actuaciones, si el órgano judicial hubiere 
persistido en dicho planteamiento de rechazo y no hubiere restablecido el derecho de la 
parte.
Además,  en  conexión  con  lo  hasta  ahora  expuesto,  si  este  tribunal  llegara  al 
convencimiento de que la actuación judicial ha causado la indefensión real y efectiva 
denunciada en la demanda de amparo, resultaría innecesario entrar a valorar, después, 
la cuestionada motivación del contenido de la providencia de inadmisión del incidente de  e
nulidad  de  actuaciones,  en  punto  a  la  procedencia,  validez  y  eficacia  de  las  bo
notificaciones  telemáticas  eventualmente  practicadas  y  su  vinculación  al  454ww
pronAusníc piaumesie, nptoor d ees ee xoterdmepno, rparnoecieddaedr eqmueo sh izaol  elan jpuricoivaimdeiennctioa  jdued ilcaisa l qimuepjuags nraedcao.gidas en
la demanda.
a)  El  análisis  de  la  primera  de  las  cuestiones  planteadas  debe  partir 
necesariamente de una aproximación detallada a los datos fácticos obrantes en la causa.
La demanda de la entidad Cajamar, iniciadora del proceso de ejecución, fijaba como 
domicilio de la parte ejecutada, a efectos de notificaciones, el de la calle Cánovas del 
Castillo, núm. 88, de la localidad de Santiago de la Ribera, en el término municipal de 
San Javier, Murcia. Se trataba del domicilio establecido a tal efecto en la escritura de 
constitución de la garantía hipotecaria y era coincidente con el que figuraba entonces 
como domicilio de la sociedad ahora recurrente. Sin embargo, el intento de notificación 
llevado a cabo el día 18 de mayo de 2017 en ese domicilio fue negativo. Otro tanto 
ocurrió con el nuevo domicilio aportado por la parte ejecutante, sito en la calle Ronda 
Norte núm. 69, del mismo municipio. La diligencia, fechada el día 4 de julio de 2017, dejó 
constancia  de  que  la  sociedad  demandada  era  desconocida  en  ese  inmueble, 
«manifestando los vecinos que no pueden precisar ningún dato para su localización», así 
como el empleado del servicio de correos que indicó que «no la conoce de nada».
Aunque, respecto de esta segunda diligencia de notificación que resultó fallida, la 
demanda de amparo denuncia diversas irregularidades en su realización, no es labor de 
este tribunal realizar valoración alguna sobre una cuestión que no rebasa los límites de 
la legalidad ordinaria, en interpretación del art. 161 LEC. En lo que ahora es de interés, 
el juzgado no apreció irregularidad procesal alguna en la realización de aquel intento de 
notificación y, en consecuencia, por estricto respeto a los hechos, debe reputarse el acto 
de comunicación como fallido en nuestro enjuiciamiento.
Tras aquellos intentos frustrados de notificación en los domicilios señalados a tal 
efecto por la parte ejecutante, el órgano judicial tenía la obligación de realizar las 
averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor antes de acudir a la 
comunicación edictal, tal y como dispone la interpretación conjunta de los arts. 686.3 
y 164 LEC. Consta en autos la consulta al punto neutro judicial, que permitió recabar 
información de tres organismos oficiales, la AEAT, la DGT y la TGSS, y ofreció como 
resultado el domicilio sito en la calle Cánovas del Castillo, núm. 88, según datos de la 
AEAT, que era uno de los dos que anteriormente habían resultado fallidos. A partir de 
aquel  momento,  el  juzgado  no  realizó,  ni  de  oficio,  ni  tampoco  a  instancia  de  la 
ejecutante, ninguna otra actuación indagatoria sobre el domicilio de la ejecutada y, 
atendiendo a la solicitud de la primera, procedió a realizar los actos de comunicación 
subsiguientes por vía edictal.
b)  Este tribunal, ab initio, constata que el juzgado no ha observado la diligencia 
debida  y  ha  incumplido  la  doctrina  constitucional  anteriormente  expuesta  en  las 
actuaciones realizadas hasta la terminación del proceso de ejecución. Ante la situación 
descrita,  el  órgano  judicial  tenía  ante  sí  un  abanico  de  posibilidades,  todas  ellas 
razonablemente a su alcance, que no fueron llevadas a cabo.
Así,  debería  haber  intentado  la  notificación  en  la  dirección  de  la  propia  finca 
hipotecada, sita en la calle San Martín de Porres, 120, segunda planta, de Santiago de la 
Ribera, al tratarse de un inmueble habitable propiedad de la entidad ejecutada, en el que 
se podría haber dado razón sobre esta. Asimismo, de la documentación adjunta a la 
demanda ejecutiva e incorporada a las actuaciones, con especial atención a la escritura 
pública de constitución del préstamo con garantía hipotecaria, suscrita en fecha 31 de 
marzo  de  2006,  entre  el  apoderado  de  la  entidad  prestamista  (Cajamar)  y  el 
representante de la prestataria (Promociones Arkimar, S.L.), de cuyo impago parcial 
deriva el proceso de ejecución, habría podido intentarse la notificación en el domicilio del 
que figuraba como administrador de esta última, don José Manuel Meroño Meseguer,  s
que era el de la calle Cánovas del Castillo núm. 92 de Santiago de la Ribera. oe.
También, el juzgado podría haber requerido a la parte ejecutante para que ampliara  w.
la información sobre la parte demandada, en cumplimiento de la obligación recogida con  454ww
rceagráuclate lro gse naectroasl  edne e lc aormt.u 1n5ic5a.2c ióLnE Cc.o Ens tlaes p rpeacretepsto  aeúsn a pnloic apbelres oan easdtaes s, uyp ueessttaob pleocreq ulea 
poubeligdaacni ósne rp adrea  uetli ldideamda pnadraan tlae  dloec a«liinzdaicciaórn  cduea netsotse ,d acotoms oc onnúomzecrao ds edl ed etemléafnodnaod, od ey  qfauxe,   BOE-A-cable e
dirección  de  correo  electrónico  o  similares».  Se  trata  de  un  deber  de  la  parte 
demandante (en este caso, ejecutante) que, a su vez, debe ser susceptible de control 
por parte del órgano judicial en su labor de actuar en garantía de los derechos de las 
partes en el proceso (art. 117.4 CE, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva 
del art. 24.1 CE). Esto tiene particular relevancia en un caso como el presente, en el que 
el juzgado habilitó al representante procesal de la parte ejecutante para que realizara las 
notificaciones. Esta posibilidad, prevista en el art. 152.1, segundo párrafo, LEC, ha de 
exigir una posterior labor de verificación judicial, a fin de evitar cualquier situación de 
desigualdad entre las partes o de indefensión para alguna de ellas.
Del mismo modo, el juzgado además de haber acudido al punto neutro judicial y 
recabado información de los tres organismos oficiales que se han citado supra, con el 
resultado ya dicho, debería haber interesado la información obrante en el Registro 
Mercantil de Murcia, teniendo en cuenta que la ejecutada era una persona jurídica 
constituida como sociedad de responsabilidad limitada. Si el órgano judicial hubiera 
realizado aquella consulta, habría advertido, como después tuvo ocasión de revelar el 
nuevo administrador legal de Promociones Arkimar, S.L. (señor Campillo García) en el 
incidente de nulidad de actuaciones, que, desde el año 2016, figuraba inscrito el cambio 
de domicilio social de la entidad demandada, así como el del nuevo administrador de la 
entidad. En este punto conviene recordar que el art. 155.3 LEC establece que «si la 
demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de 
cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa […]». 
Esta previsión legal no debe interpretarse como una mera facultad de la parte ejecutante, 
para su ejercicio potestativo, sino que se trata de una alternativa reconocida legalmente 
para la validez de las notificaciones dirigidas a una persona jurídica. De esta forma, la 
notificación realizada a una entidad se entiende válidamente realizada en la persona de 
su  administrador.  En  el  caso  de  autos  no  se  hizo  así,  imposibilitando  esta  vía  de 
comunicación con la sociedad demandada.
Todas estas iniciativas procesales que el Juzgado no adoptó, antes de que el nuevo 
administrador de la entidad Arkimar, S.L., compareciera en los autos y promoviera el 
incidente de nulidad de actuaciones, llevan a este tribunal a considerar que el órgano 
judicial no extremó su diligencia en la averiguación del domicilio del deudor ejecutado; 
antes bien, sin haber agotado las posibilidades de notificación personal que, bien obrante 
en las actuaciones, bien posibilitadas por los preceptos de la norma procesal antes 
citada, tenía el juzgado para realizar, acudió, sin embargo, a los edictos, generándole a 
la demandante de amparo una real y efectiva indefensión.
c)  En  consecuencia,  procede  la  estimación  de  la  demanda  por  este  motivo, 
haciendo  innecesario  el  análisis  del  contenido  de  la  providencia  de  inadmisión  del 
incidente de nulidad de actuaciones y de la segunda de las quejas formuladas, que se 
refería  a  la  motivación  de  la  providencia  para  acordar  la  inadmisión  a  trámite  del 
incidente de nulidad, por reputarlo extemporáneo.
4.  Alcance de la estimación del amparo.
La estimación del recurso de amparo debe acarrear la nulidad de la providencia 
de 22 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 4 de San Javier (Murcia), que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de 
actuaciones promovido por la mercantil recurrente en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 41-2017. Asimismo, como medida de restablecimiento del derecho, 
hemos de acordar la retroacción de las actuaciones hasta el momento inmediatamente  e
anterior al del requerimiento de pago, a fin de que se provea por el órgano judicial a la  bo
notificación de la demanda ejecutiva y de dicho requerimiento a la recurrente en términos  454ww
r(easrtp. e2t4u.o1s CosE )c.on su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Promociones Arkimar, S.L. y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 22 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 4 de San Javier (Murcia), en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 41-2017, así 
como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del auto de 24 de abril de 2017 por 
el que se acordó el despacho de la ejecución y el requerimiento de pago a la entidad 
deudora.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
requerimiento  de  pago  a  Promociones  Arkimar,  S.L.,  debiendo  llevarse  a  cabo  su 
notificación  a  la  parte  ejecutada  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.