BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60020
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8345 Sala Segunda. Sentencia 79/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de 
amparo 1468-2019. Promovido por doña Flora Mayo González y la entidad 
Asistencia Técnica Integral de Salamanca, S.L., respecto de las actuaciones 
llevadas  a  cabo  por  un  juzgado  de  primera  instancia  de  Zaragoza  en 
procedimiento  ordinario.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin 
indefensión: notificaciones practicadas tras la sustitución, no comunicada a 
los colegios profesionales radicados fuera de Aragón, del sistema Lexnet por 
Avantius.
ECLI:ES:TC:2021:79
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1468-2019, promovido por doña Flora Mayo González 
y la entidad Asistencia Técnica Integral de Salamanca, S.L., contra el auto del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 8 de Zaragoza de 21 de enero de 2019, por el que se 
desestima el incidente de nulidad de actuaciones, pronunciado en el procedimiento 
ordinario núm. 894-2016. Ha comparecido la entidad Interdomicilio Servicios Integrales, 
S.L. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio 
Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Doña  Flora  Mayo  González  y  la  entidad  Asistencia  Técnica  Integral  de 
Salamanca,  S.L.,  representadas  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Elena 
Gutiérrez  Pertejo  y  bajo  la  dirección  de  la  letrada  doña  Nuria  González  Montero, 
interpusieron recurso de amparo contra la  resolución  citada en el encabezamiento, 
mediante escrito registrado en este tribunal el 7 de marzo de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  Las demandantes de amparo formularon demanda de resolución de contrato 
contra la entidad Interdomicilio Servicios Integrales, S.L., de la que conoció inicialmente 
el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Salamanca mediante procedimiento ordinario  s
núm. 374-2016. El juzgado, aceptando la declinatoria formulada por la demandada, se  e.
inhibió  en  favor  del  Juzgado  Decano  de  Zaragoza,  dando  lugar  al  procedimiento  w.
ordinario núm. 894-2016, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de  45ww
ZaraEgno zeas.te procedimiento se personaron las demandantes de amparo bajo la misma
representación  que  tenían  en  el  procedimiento  inicial  verificándose  las  sucesivas
comunicaciones con el procurador del Colegio de Procuradores de Salamanca mediante 
el sistema de Lexnet.
La última comunicación así efectuada fue la diligencia de ordenación de 7 de mayo 
de 2018 en que se acordaba que el procedimiento quedaba visto para sentencia.
b)  Por sentencia de 4 de julio de 2018 se condenó a las demandantes de amparo 
en virtud de la reconvención formulada por la entidad demandada, procediéndose a 
notificar la sentencia a través de un nuevo sistema de gestión procesal llamado Avantius-
Aragón, sin que fuera recibida por el procurador de las demandantes de amparo al que, 
como miembro del Colegio de Procuradores de Salamanca, no se le había comunicado 
personal o institucionalmente el cambio de plataforma de notificación.
La sentencia fue declarada firme por diligencia de ordenación de 17 de septiembre 
de 2018, que también fue notificada por el sistema Avantius-Aragón.
c)  La demandada formuló el 15 de octubre de 2018 demanda de ejecución para 
hacer  efectiva  la  cantidad  adeudada,  dando  lugar  al  juicio  verbal  núm.  1101-2018 
tramitado  por  el  mismo  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  8  de  Zaragoza.  La 
notificación de esta demanda de ejecución y las diversas resoluciones a que dio lugar 
este procedimiento fueron notificadas por el sistema Avantius-Aragón.
d)  Las  demandantes  de  amparo,  al  tomar  conocimiento  del  procedimiento  de 
ejecución por el embargo trabado en las cuentas corrientes de su titularidad, mediante 
escrito de 22 de noviembre de 2018, formularon incidente de nulidad de actuaciones, 
invocando el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), alegando que, al amparo 
de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, se había procedido a utilizar los servicios de un 
procurador  del  Colegio  de  Procuradores  de  Salamanca,  y  que  este  representante 
procesal no había podido tomar conocimiento de las notificaciones posteriores a que 
dejara de utilizarse por el órgano judicial la plataforma Lexnet, ya que no se les había 
notificado personal o institucionalmente el cambio del sistema de notificaciones, lo que 
había impedido a las demandantes de amparo ejercer su derecho de defensa y recurrir 
la sentencia condenatoria.
El incidente fue desestimado por auto de 21 de enero de 2019, argumentando que 
«del propio escrito de la parte actora se desprende que no ha existido irregularidad 
alguna por parte del juzgado en la notificación realizada de la sentencia recaída en los 
autos de juicio ordinario a quien ese momento era procurador de la parte actora, y a 
quien  se  había  apoderado  para  representarla  ante  el  juzgado,  asumiendo  dicho 
procurador las obligaciones contempladas en el artículo 26 de la Ley de enjuiciamiento 
civil (LEC). Los motivos por los que el procurador, al parecer, no estaba al tanto del 
cambio del sistema de notificaciones, son ajenos a la actuación del juzgado. No nos 
compete  analizar  las  dificultades  que  pueda  suponer  para  profesionales  que 
habitualmente  ejercen  en  una  determinada  comunidad  autónoma,  el  desarrollar  su 
cometido en otra distinta, desde el momento en que pueden existir diferencias en cuanto 
a los sistemas informáticos implantados en cada una de ellas».
3.  Las demandantes de amparo solicitan que se estime su recurso de amparo por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) con declaración de 
nulidad de todo lo actuado desde el intento de notificación de la sentencia 4 de julio 
de 2018 con retroacción de actuaciones hasta ese momento.
Las demandantes de amparo fundamentan la vulneración del art. 24.1 CE en que la 
actuación del órgano judicial no ha dado cumplimiento a la jurisprudencia constitucional 
sobre  la  corrección  de  los  actos  de  comunicación,  ya  que  (i)  tenía  conocimiento  e
fehaciente de que todas las resoluciones notificadas a través de la nueva plataforma  bo
autonómica,  incluyendo  la  sentencia  condenatoria,  no  habían  sido  abiertas  por  su  45ww
rLeepxrneeste, nqtuaen teer ap reolc qeusea ls; e(i ie) setal bcaam ubtiliioz adned op laetna feolr pmrao cdeed inmoietifnictoa,c aiól nA vdaenstdiues e-Al rsaisgtóenm nao d lee 
fduees dceo m20u1n6ic;a yd o(i iip) eerls coanmalbmioe ndtee  palla ptarfoocrumraad soorl oq ufuee l lceovmabuan iacactduoa npdoor  lean D eirle pcrcoiócne dGimenieenrtaol 
de Justicia e Interior de la Diputación de Aragón al Consejo General de Procuradores de
España el 17 de enero de 2019, momento en que se remitió dicha comunicación a los 
diversos  colegios.  En  concreto,  dicha  comunicación  fue  trasladada  el  22  de  enero 
de 2019 por parte del Colegio de Procuradores de Salamanca a sus colegiados y, por 
tanto, con posterioridad a que se hubieran verificado todos los intentos de notificación 
por el órgano judicial al representante procesal de las demandantes de amparo.
4.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 15 de junio de 2020, 
acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar 
o cambiar su doctrina como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)] y dirigir 
atenta comunicación al órgano judicial para el emplazamiento de quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento para que pudiesen comparecen en el plazo de diez días en el 
recurso de amparo.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal, por diligencia de 
ordenación de 11 de septiembre de 2020, acordó tener por personada y parte en el 
procedimiento a la entidad Interdomicilio Servicios Integrales, S.L., representada por el 
procurador de los tribunales don Pedro Charlez Landivar, bajo la asistencia de la letrada 
doña Pilar López Mateo, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes 
personadas por el plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 28 de octubre de 2020, formuló 
alegaciones interesando que se otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho 
a la tutela judicial  efectiva (art. 24.1  CE)  y  se  declare la nulidad de la resolución 
impugnada y de todo lo actuado desde la notificación de la sentencia condenatoria, que 
debe hacerse extensible a todo lo actuado en el procedimiento de ejecución.
El Ministerio Fiscal, tras la reproducción de la jurisprudencia constitucional en materia 
de comunicaciones procesales (STC 169/2014, de 22 de octubre) y sobre notificaciones 
electrónicas y la obligatoriedad de su uso (STC 6/2019, de 17 de enero, y 47/2019, de 8 
de abril), expone que se ha vulnerado el art. 24.1 CE, ya que el órgano judicial incumplió 
la  obligación  de  facilitar  a  las  demandantes  de  amparo  su  participación  en  el 
procedimiento, que no se concretaba solo en la constatación de que las notificaciones 
fueran puestas a disposición de la parte sino de que pudiera tener un efectivo acceso a 
las mismas en el contexto de la transición entre dos plataformas de comunicación 
comprobando «si las autoridades administrativas habían tomado medidas para que esa 
implantación  no  perjudicase  los  derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos». 
Igualmente, el Ministerio Fiscal destaca que, aunque no haya sido alegado en el recurso 
de amparo, también habría existido vulneración del art. 24.1 CE, ya que el comienzo del 
procedimiento  de  ejecución,  en  vulneración  de  la  jurisprudencia  constitucional 
establecida al efecto, fue notificado por vía telemática y no de manera personal en el 
domicilio  de  las  demandadas,  a  pesar  de  constituir  un  procedimiento  nuevo 
independiente del juicio declarativo del que trae causa.
7.  La parte personada, por escrito registrado el 3 de noviembre de 2020, formuló 
alegaciones solicitando que se desestime el recurso por no haber existido la vulneración 
del art. 24.1 CE alegada, ya que el órgano judicial notificó conforme a derecho la 
sentencia  condenatoria,  derivando  la  circunstancias  del  desconocimiento  de  la  e.
notificación a la negligencia de la parte en tanto que la ley establece la obligatoriedad de  w.
la comunicación a través de los medios electrónicos establecidos legalmente como era la  45ww
plataforma Avantius-Aragón en el contexto de la Comunidad Autónoma de Aragón.
form8u. larLoans a dleegmaacinodnaenst eresi tdeera nadmop laarso ,e xppour eesstacrsi teon r esgui sdteramdaon deal  1d9e  daem poacrtou.bre de 2020,
9.  Por providencia de 15 de abril de 2021 se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso: El objeto de este recurso es determinar si ha vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de las demandantes de amparo el 
cambio de plataforma de comunicación telemática que el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 8 de Zaragoza venía utilizando con su representación procesal desde el comienzo 
del procedimiento ordinario núm. 894-2016 (Lexnet) a la Avantius-Aragón, sin que esa 
circunstancia fuera comunicada personal o institucionalmente a dicha representación 
procesal,  y  que  implicó  que  no  tuvieran  efectivo  conocimiento  de  la  sentencia 
condenatoria recaída en el procedimiento, con la perdida de oportunidad de formulación 
del recurso de apelación.
Por el contrario, tal como también sostiene el Ministerio Fiscal, queda fuera del objeto 
de este recurso, por no haber sido concretamente planteado por las demandantes de 
amparo, la eventual vulneración que hubiera podido derivarse de la circunstancia de que, 
con independencia de la plataforma de notificación que se hubiera utilizado, se hubiera 
acudido al sistema telemático y no al emplazamiento personal de las demandantes para 
comunicarles su condición de ejecutadas en el juicio verbal núm. 1101-2018, tramitado 
por el mismo Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Zaragoza, como consecuencia de 
la  demanda  presentada  para  la  ejecución  de  la  sentencia  recaída  en  el  citado 
procedimiento ordinario núm. 894-2016. Todo ello, sin perjuicio de la eventual nulidad de 
todo lo actuado en ese juicio verbal en caso de estimarse el recurso de amparo y si fuera 
necesario para el pleno restablecimiento del derecho de las demandantes.
2.  La especial transcendencia constitucional del recurso: El tribunal admitió este 
recurso por considerar que concurría la causa de especial transcendencia constitucional 
consistente en que podía dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como 
consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del 
derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)].
En el contexto normativo de la regulación de la obligatoriedad de la comunicación 
electrónica con la administración de justicia, la singularidad planteada en el presente 
recurso de los problemas de notificación efectiva de resoluciones judiciales derivado de 
la doble circunstancia de la liberalización de los servicios de los profesionales de la 
procuración  de  Justicia  y  el  proceso  de  implantación  de  distintas  plataformas  de 
notificación según el ámbito autonómico permite al tribunal aclarar el estándar del deber 
de diligencia a desarrollar por los órganos judiciales en el cumplimiento de las exigencias 
de correcta comunicación con las partes.
3.  La  jurisprudencia  constitucional  sobre  el  deber  de  diligencia  judicial  para  la 
correcta comunicación con las partes procesales y su proyección a las comunicaciones 
electrónicas:
a)  El tribunal ha reiterado la trascendencia constitucional, desde la perspectiva del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), de los actos de comunicación judicial 
con las partes tanto respecto de quienes aún no son parte y han de ser emplazados para 
que puedan hacer efectivo su derecho de acceso a la jurisdicción, como respecto de 
aquellos a los que siendo parte formal en el procedimiento ha de darse traslado de las  s
resoluciones judiciales para que puedan ejercitar la defensa de sus derechos e intereses  oe.
legítimos, con respeto de los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de  w.
cacoormnntsartasit  upcdriiooccnheaasls a hleads ei,mc iinspicuoleunsyeteson.  adE olo,n s e ncó orsgrurae nclaoacssi óojun, d eilcc oieanjlee rsce isucaino   edtrseapls ecdceeianreld cdehenobc ieaar ,  udnlea   pdojiulsigriibeslnpecr uiraed ceeunnrc seiaol    2021-8345n https://ww
cumplimiento efectivo de las normas reguladoras de los actos de comunicación procesal,
cuidando siempre de asegurar que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y, en  Bc
su caso, requerimientos llegan a sus destinatarios dándoles así la oportunidad de actuar 
en defensa de sus derechos e intereses y de evitar la indefensión (así, por ejemplo, 
SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 3, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 3).
A esos efectos, la jurisprudencia constitucional (así, por ejemplo, STC 113/2001, de 7 
de mayo, FFJJ 5 y 6) ha incidido en las siguientes circunstancias:
(i)  El órgano judicial ha de velar no solo por que la práctica de los actos de 
comunicación con las partes se desarrolle con sujeción a sus requisitos legales, sino 
que, además, se asegure de que dichos actos sirven a su propósito, de forma que, 
efectivamente,  el  acto  de  comunicación  procesal  llegue  al  conocimiento  de  su 
destinatario, debiendo desplegar la oportuna diligencia y actividad dirigida a asegurarse 
de que se ha cumplido con la finalidad perseguida con el acto de comunicación procesal.
(ii)  El deber de diligencia judicial no posee la misma intensidad según el objeto del 
acto de comunicación procesal, ya que no es el mismo en el caso de que su finalidad 
sea poner en conocimiento de su destinatario que contra él se han iniciado ciertas 
actuaciones judiciales que en aquellos otros en los que la comunicación versa sobre los 
distintos actos procesales que se siguen en la causa en la que ya es parte y está 
debidamente representado y asistido técnicamente. En estos últimos casos, el Tribunal 
ha  considerado  que  no  cabe  imponer  al  órgano  judicial  una  desmedida  labor  de 
cerciorarse de la efectividad del acto de comunicación en cuestión cuando tiene la 
apariencia de haberse practicado con arreglo a la legalidad que lo rige.
(iii)  Las  partes  procesales  tienen  también  el  deber  de  colaborar  con  la 
administración de justicia en su regular y ordenado proceder por lo que no existirá 
indefensión efectiva lesiva del art. 24.1 CE si de las actuaciones se deduce que quien la 
denuncia no ha observado la debida diligencia en la defensa de sus derechos, de modo 
tal que la indefensión alegada sea la consecuencia del desinterés, la negligencia, el error 
técnico o impericia de la parte o profesionales que le representen o defiendan.
(iv)  En coherencia con todo lo anterior, el deber de diligencia que pesa sobre los 
órganos  judiciales  de  velar  por  que  el  acto  de  comunicación  procesal  cumpla 
eficazmente con su fin de hacer llegar al interesado, o a quien legalmente le represente, 
las decisiones judiciales para que acomode su proceder a las mismas o tome las 
oportunas decisiones en defensa de sus intereses y derechos conlleva la necesidad de 
que no otorguen mecánicamente un valor absoluto al simple contenido formal de la 
diligencia de notificación, prescindiendo de cualquier enjuiciamiento sobre los motivos 
alegados por la parte acerca de la no recepción en plazo de la notificación, o más 
simplemente,  haciendo  caso  omiso  de  los  defectos  de  la  notificación  puestos  de 
manifiesto.
b)  El tribunal, en la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4, hizo un extenso análisis de 
la proyección constitucional que sobre el art. 24.1 CE ha tenido el desarrollo normativo 
producido en los últimos años para avanzar en la generalización del uso de los sistemas 
telemáticos (internet) en la práctica de los actos de comunicación en los distintos tipos de 
procesos, así como su configuración desde el 1 de enero de 2016, en aplicación de la 
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la administración de justicia, como una obligación por parte de los 
profesionales de la justicia que intervienen en representación de alguna de las partes del 
proceso  a  través  de  los  concretos  canales  de  comunicación  que  opcional  o 
preceptivamente  se  hubieran  establecido  y  los  plenos  efectos  de  comunicación 
desplegados, en aplicación del art. 162.2 LEC, cuando, constando la correcta remisión  e
del  acto  de  comunicación  por  estos  medios  transcurrieran  tres  días  sin  que  el  bo
destinatario  acceda  a  su  contenido.  En  dicha  resolución  no  se  objetó  la  45ww
consDtietu mcioannaelriad acdo dmep dleicmheon staisrtiae,m eal. tribunal, en las SSTC 47/2019, de 8 de abril, FJ 3,
ya c4tu0a/2l 0re2g0u, ldaeci ó2n7  ddee  ufseob redreo ,l oFsJ  s3is,t edmesaasr rtoellleóm laásti ciomsp plicaarac iolan epsr áccotincsat itduec iolonsa laecst odse  dlae 
comunicación en el concreto contexto de la previsión establecida en el art. 155.1 LEC,
respecto de la obligación de emplazamiento personal por remisión al domicilio de los 
litigantes cuando lo sea para comunicar o se trate del primer emplazamiento o citación al 
demandado, concluyendo que en tales supuestos la correcta conformación constitucional 
del acto de comunicación exige, en el actual contexto normativo, la notificación personal 
con exclusión de la vía telemática.
4.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente recurso:
a)  En el presente caso, han quedado acreditados en las actuaciones, tal como se 
ha expuesto con más detalle en los antecedentes, y no es controvertido por ninguna de 
las partes, los siguientes extremos:
(i)  Las  demandantes  de  amparo,  tras  formular  demanda  en  los  juzgados  de 
Salamanca, sirviéndose para ello de los servicios de un procurador inscrito en el colegio 
profesional de esta provincia, mantuvieron los servicios de este profesional cuando se 
aprobó  la  inhibición  en  el  conocimiento  de  la  causa  en  favor  de  los  juzgados  de 
Zaragoza.
(ii)  El  procurador  de  las  demandantes  de  amparo,  desde  el  comienzo  del 
procedimiento  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  8  de  Zaragoza,  en 
cumplimiento de la obligación del uso de medios telemáticos, se comunicó con dicho 
órgano judicial mediante la plataforma Lexnet, que era la única utilizada por los órganos 
judiciales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esa situación se 
mantuvo hasta la notificación de la diligencia de ordenación de 7 de mayo de 2018 en 
que se acordaba que el procedimiento quedaba visto para sentencia.
(iii)  La sentencia de 4 de julio de 2018 pronunciada en este procedimiento, en virtud 
de la entrada en vigor para el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Zaragoza de una 
nueva plataforma telemática de comunicación con las partes procesales, denominada 
Avantius-Aragón,  fue  puesta  a  disposición  del  procurador  de  las  demandantes  de 
amparo a través de dicha plataforma para su comunicación, desplegando sus plenos 
efectos como resolución notificada, al amparo del art. 162.2 LEC, a los tres días de dicha 
puesta a disposición aunque constara que el procurador nunca accedió a su contenido. 
Igual sucedió con la diligencia de ordenación de 17 de septiembre de 2018, por la que se 
declaró  firme  la  anterior  sentencia.  También  fue  utilizada  esta  misma  vía  de 
comunicación en relación con todas las actuaciones del juicio verbal núm. 1101-2018, 
tramitado  por  el  mismo  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  8  de  Zaragoza,  como 
consecuencia de la demanda presentada para la ejecución de la sentencia, incluyendo la 
presentación del escrito inicial de ejecución del título judicial.
(iv)  Las  demandantes  de  amparo  tomaron  conocimiento  de  la  existencia  del 
procedimiento de ejecución derivado de una sentencia condenatoria por el embargo de 
sus cuentas corrientes, procediendo, mediante escrito de 22 de noviembre de 2018, a 
formular incidente de nulidad de actuaciones, invocando el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), alegando que, al amparo de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
se había procedido a utilizar los servicios de un procurador del Colegio de Procuradores 
de Salamanca y que este representante procesal no había podido tomar conocimiento de 
las  notificaciones  posteriores  a  que  dejara  de  utilizarse  por  el  órgano  judicial  la 
plataforma Lexnet, ya que no se les había notificado personal o institucionalmente el 
cambio del sistema de notificaciones.
(v)  El incidente fue desestimado por auto de 21 de enero de 2019, argumentando 
que no había existido irregularidad alguna en la notificación de la sentencia, que el  s
procurador asume las obligaciones contempladas en el art. 26 LEC y que los motivos por  oe.
los que dicho profesional no estaban al tanto del cambio del sistema de notificaciones,  w.
pcsooumne duaanj eidnsaoudsp  oaanu eltaór  napocamtruaaa ,c peiórl nod feedsseialo rnjruoazlllgeaasr  dsoqu,u  ceao l mhqauebetii dtnuooa  elmcno emonttpreae  tdeei jseatrinncaetalniz,  adere nsla dsue n deaifl  icmdueolttmaedremensitn oaq deuane    2021-8345n https://ww
que pueden existir diferencias en cuanto a los sistemas informáticos implantados en
cada una de ellas.
b)  En atención a lo expuesto, el tribunal concluye, conforme también interesa el 
Ministerio Fiscal, que se ha vulnerado a las demandantes de amparo su derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE).  No  cabe  imputar  al  órgano  judicial  ninguna 
irregularidad en el modo en que intentó el acto de comunicación de la sentencia y 
posteriores resoluciones judiciales mediante el sistema Avantius. Ahora bien, una vez 
que las demandantes de amparo pusieron de manifiesto en el incidente de nulidad de 
actuaciones las concretas razones por las que no se pudo tomar conocimiento efectivo 
de dichos actos de comunicación, el órgano judicial no dio debido cumplimiento a la 
exigencia constitucional de velar por cerciorarse que su acto de comunicación de la 
sentencia dictada en el procedimiento hubiera cumplido eficazmente su fin de que fuera 
conocida por la representación procesal de las interesadas para que, en su caso, tomara 
las oportunas decisiones en defensa de sus intereses y derechos, incluido recurrirla en 
apelación, al haber procedido a otorgar mecánicamente un valor absoluto al simple acto 
formal  de  la  puesta  a  disposición  de  la  notificación  de  la  sentencia  en  la  nueva 
plataforma  telemática,  prescindiendo  de  la  ponderación  de  las  circunstancias 
concurrentes en el caso que fueron alegadas por las demandantes de amparo en su 
escrito de incidente de nulidad de actuaciones sobre las razones por las que no se pudo 
tomar conocimiento efectivo de dicha resolución.
En  efecto,  el  tribunal  constata,  a  los  efectos  de  valorar  las  circunstancias 
concurrentes  en  el  caso  para  establecer  la  debida  ponderación  sobre  la  diligencia 
desplegada por la parte recurrente en el deber de colaboración con la administración de 
justicia y que el órgano judicial considera como relevante para no considerar vulnerado el 
art. 24.1 CE en este caso, los siguientes extremos:
(i)  Las recurrentes se sirvieron de los servicios de un procurador colegiado en el 
Colegio de Procuradores de Salamanca para que las representara en un procedimiento 
tramitado en un órgano judicial del partido judicial de Zaragoza, al ser una posibilidad 
que está amparada en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, que modificó el art. 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales.  Dicho  precepto  establece,  entre  otras  previsiones,  que  cuando  una 
profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de 
ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el 
territorio español y que los colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en 
un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna.
Esta regulación es determinante de que el órgano judicial, frente a lo que afirma en la 
resolución judicial impugnada, no pueda desentenderse de la obligación que le compete 
de valorar de qué manera la circunstancia de que la opción de cualquier ciudadano por 
esta posibilidad legal no perjudique sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la 
defensa. En última instancia, una apreciación como la utilizada por el órgano judicial de 
que le es ajeno y no le compete ponderar cualquier dificultad que pueda suponer para 
profesionales que habitualmente ejercen en una determinada comunidad autónoma, el 
desarrollar  su  cometido  en  otra  distinta,  desde  el  momento  en  que  pueden  existir 
diferencias en cuanto a los sistemas informáticos implantados en cada una de ellas, 
implica un proceso argumental contrario a la efectividad del derecho a la libre elección de 
profesionales que presten la representación y la asistencia jurídica, que es una garantía 
del derecho de defensa reconocido en el art 24.2 CE.
(ii)  Esta representación procesal, durante todo el devenir procedimental, mantuvo  e
sin incidencia la comunicación con el órgano judicial mediante la plataforma Lexnet sin  bo
que dicho órgano judicial le hubiera comunicado de manera personal ninguna alteración  45ww
o caDmeb ieos dee m poladtoa,f olram aau.sencia de cualquier tipo de comunicación personal o singular a
deest ed ipcrhoaf ecsoiomnuanl igceanceiórna,b ae supneac ilaelgmíteimntae  etoxpmeacntadtoiv ean s ocbornes ildae croancitóinnu iqduaed  eol  mpraoncteedniimmiieennttoo 
estaba visto para sentencia.
(iii)  El sistema Avantius-Aragón como sustituto del sistema Lexnet en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Aragón se oficializó a través de sendos protocolos de 13 de 
marzo de 2018 para el envío y recepción de actos de comunicación procesal por medios 
telemáticos en el ámbito de la administración de justicia en la Comunidad Autónoma de 
Aragón y para la presentación de escritos de trámite e inicio por medios telemáticos en el 
ámbito de la administración de justicia en la Comunidad Autónoma de Aragón, suscritos 
por el Gobierno de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Consejo de 
Colegios de Abogados de Aragón, el Consejo de Colegios de Procuradores de Aragón y 
el Consejo Oficial de Graduados Sociales de Aragón.
La  implantación  de  este  sistema  fue  progresiva  y  la  comunicación  sobre  los 
momentos en que se sustituía un sistema por otro en cada partido judicial y orden 
jurisdiccional se produjo directamente por parte del Gobierno de Aragón con los colegios 
afectados.  En  concreto,  el  25  de  mayo  de  2018,  según  se  reconoce  en  la 
Circular 27/2018, de 1 de junio, del Colegio de Abogados de Zaragoza, se le comunicó 
que la desconexión de Lexnet para los juzgados de primera instancia de Zaragoza se 
produciría el 22 de junio de 2018 a las 15:00 horas y la conexión al sistema Avantius 
el 25 de junio de 2018.
No consta que dicha comunicación se pusiera en conocimiento del resto de colegios 
profesionales fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón hasta la 
comunicación efectuada por la Dirección General de Justicia e Interior de la Diputación 
de Aragón al Consejo General de Procuradores de España el 17 de enero de 2019, que 
dio traslado de dicha novedad a los diferentes colegios de procuradores de España, 
entre ellos al de Salamanca, que el día 22 de enero de 2019 lo notificó a sus colegiados 
incluido quien había sido procurador de las demandantes de amparo.
Por tanto, de manera institucional el representante procesal de las recurrentes solo 
pudo tomar conocimiento institucional de la modificación de plataforma con bastante 
posterioridad a que se hubieran intentado practicar los diversos actos de comunicación 
mediante la nueva plataforma telemática.
(iv)  No ha quedado acreditado que hubiera existido una regulación publicada en 
cualquier boletín oficial con efectos de conocimiento general de la implantación de este 
sistema hasta la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» núm. 231, de 26 de 
noviembre de 2019, del Decreto 223/2019, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
Tampoco ha quedado acreditado ni alegado por ninguna parte procesal que, por 
cualquier otro sistema, incluyendo la plataforma Lexnet, se hubiera notificado a los 
profesionales colegiados en colegios profesionales fuera de la Comunidad Autónoma de 
Aragón de la desconexión de la plataforma Lexnet y su sustitución por la plataforma 
Avantius-Aragón. Singularmente se constata que en los citados protocolos se establece 
que no era necesario el alta de los procuradores en el citado sistema, ya que este se 
producía de oficio mediante el volcado de los listados de colegiados de los diversos 
colegios  profesionales,  por  lo  que  tampoco  por  esta  vía  se  pudo  tener  efectivo 
conocimiento de la entrada en funcionamiento de la nueva plataforma.
En  conclusión,  el  órgano  judicial,  tomando  en  consideración  todas  estas 
circunstancias concurrentes y el hecho, también relevante, de que le constaba que 
ninguno de los intentos de comunicación a través de la nueva plataforma telemática 
hubiera  cumplido  eficazmente  su  fin  de  que  fuera  conocida  por  la  representación 
procesal de las interesadas, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las  e.
demandantes de amparo. Se ha otorgado un valor automático al simple acto formal de la  w.b
puesta a disposición de la notificación de la sentencia en la nueva plataforma telemática  45ww
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procedimiento.
Ello  determina  que  deba  otorgarse  el  amparo  solicitado,  a  cuyos  efectos  debe 
anularse el auto impugnado y todas las actuaciones llevadas a cabo desde el intento de 
notificación de la sentencia de 4 de julio de 2018, dictada en el procedimiento ordinario 
núm. 894-2016, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Zaragoza, 
incluyendo el juicio verbal núm. 1101-2018 tramitado por el mismo juzgado, que tiene 
origen en la ejecución de aquella sentencia, con retroacción de actuaciones a dicho 
momento procesal para que se practique la notificación con respeto a su derecho a la 
tutela judicial efectiva.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Flora Mayo González y la entidad 
Asistencia Técnica Integral de Salamanca, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho de las demandantes de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerles en  su derecho y,  a tal fin, declarar  la nulidad del auto del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Zaragoza de 21 de enero de 2019, pronunciado 
en el procedimiento ordinario núm. 894-2016, así como de todo lo actuado desde el 
intento  de  notificación  de  la  sentencia  de  4  de  julio  de  2018,  dictada  en  dicho 
procedimiento,  incluyendo  el  juicio  verbal  núm.  1101-2018  tramitado  por  el  mismo 
juzgado.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al intento de 
notificación  de  la  citada  sentencia  de  4  de  julio  de  2018  para  que  el  acto  de 
comunicación  se  practique  de  manera  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.