BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 256 Martes 26 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 130074
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
17436 Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación  del  «Programa  de  primera  experiencia  profesional  en  las 
administraciones  públicas»,  de  contratación  de  personas  jóvenes 
desempleadas  en  el  seno  de  los  servicios  prestados  por  dichas 
administraciones  públicas,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
provocada por la COVID-19, el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE) adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger 
la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que 
impulsaran la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, 
acordó un paquete de medidas de gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y 
la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), 
cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia.  La 
instrumentación  de  la  ejecución  de  los  recursos  financieros  del  Fondo  Europeo  de 
Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad 
con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación  del  plan  de  recuperación  y  resiliencia  de  España  (Council  Implementing 
Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  permitirán  la  realización  de  reformas 
estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones y, por lo 
tanto, posibilitarán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía 
tras la pandemia causada por la COVID-19 y, además, una transformación hacia una 
estructura más resiliente que afronte con éxito otras posibles crisis o desafíos en el 
futuro. En el marco de este cambio de modelo, el Plan de Recuperación, Transformación 
y  Resiliencia  impulsa  un  desarrollo  basado  en  el  equilibrio  y  la  generación  de 
oportunidades en el territorio eliminando las desigualdades entre áreas urbana y rural.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la política 
palanca VIII. «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo», se encuadra el 
Componente  23  «Nuevas  políticas  públicas  para  un  mercado  de  trabajo  dinámico, 
resiliente e inclusivo», liderado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en 
cuyas iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural participa el Servicio Público 
de Empleo Estatal.
Uno de los objetivos de este componente es reformar e impulsar las políticas activas  s
de empleo, mejorando la cohesión del Sistema Nacional de Empleo, con un enfoque  oe.
pacceoúpnhbotelyircaraeoddnsaot s ede seen  ne cl amolasnp   mpleleeaorj .soiornann aodsve a ylca eisón nc ,laa pslaa e cmisdopasrdteeesnsa ibsy,i l eiodnra ieldan  ttyár annldasosfl oartsrma hanacscifóoianr m rdeaisgcuiitolatnal eddsoe s lp oersov adsleuurcavtbiivclaeiosss,,    2021-17436n https://www.
Asimismo, la Recomendación del Consejo Europeo relativa al Programa Nacional de
Reformas (PNR) de 2020 de España, recoge la necesidad de respaldar el empleo, así  Bc
como la mejora en el acceso al aprendizaje digital considerando la necesidad de hacer 
frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia. Por su parte, la Recomendación 
del Consejo relativa al PNR de 2019 sugiere a España garantizar que los servicios de 
empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo.
En particular, el análisis europeo señala el reto del desempleo juvenil, que representa 
un peligro para el equilibrio generacional y el riesgo de exclusión socio laboral de los 
colectivos más vulnerables. Se hace especial énfasis en el desempleo de larga duración, 
y en la persistencia de la desigualdad de género.
Las circunstancias de las economías desarrolladas y, en particular, las características 
de los mercados de trabajo en su respuesta a los retos globales de sostenibilidad y 
competitividad requieren un fortalecimiento de las políticas activas de empleo y abocan a 
un nuevo enfoque en su provisión por parte de los servicios públicos de empleo. De esta 
forma,  se  contribuye  a  la  implementación  efectiva  del  Pilar  Europeo  de  Derechos 
Sociales, especialmente, en lo que respecta a su capítulo I, referido a la igualdad de 
oportunidades y acceso al mercado laboral, y a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), principalmente, a través 
del  ODS  8,  dirigido  a  promover  el  crecimiento  económico  sostenido,  inclusivo  y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Dentro de las reformas e inversiones propuestas en el mencionado Componente 23 
«Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», 
se incluye la Inversión 1, «Empleo Joven», en la que se incardina el «Programa de 
primera experiencia profesional en las administraciones públicas», que tiene por objetivo 
desarrollar un plan de primeras experiencias profesionales en el seno de los servicios 
prestados por las administraciones públicas.
De este programa se beneficiarán personas jóvenes desempleadas mayores de 16 y 
menores de 30 años, cuya etapa formativa se haya completado y acreditado en lo que a 
conocimientos se refiere. El objetivo del programa es facilitar mediante un contrato de 
trabajo, la adquisición de competencias «soft», así como de habilidades sociales y 
profesionales –empatía, creatividad, dotes de liderazgo, capacidad de adaptación, entre 
otras–, relacionadas con la actitud de la persona trabajadora.
A través del programa de primera experiencia, se cubrirán preferentemente puestos 
en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización 
de servicios, la cohesión social –la atención de la dependencia e intervención con 
colectivos vulnerables, la rehabilitación de entornos y vivienda–, así como el desarrollo 
local rural.
La dificultad de adquirir una primera experiencia laboral significativa afecta a las 
personas  jóvenes,  impide  su  integración  temprana  en  el  mercado  de  trabajo,  su 
desarrollo profesional y, por tanto, personal.
La  experiencia  acumulada  en  el  funcionamiento  y  gestión  del  programa  de 
contratación de trabajadores desempleados por organismos públicos ha demostrado su 
eficacia para facilitar la práctica profesional y mejorar la ocupabilidad de las personas 
participantes. Los organismos públicos y las instituciones que forman el sector público, 
incluyendo las entidades mercantiles estatales, dada su amplitud de campos y funciones, 
se plantean como un instrumento colaborador prioritario en la consecución del objetivo 
de la primera experiencia.
Esta iniciativa contribuye al logro del objetivo n.º 342 del anexo de la precitada 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision–CID), de contar  s
antes de fin de 2025 con un total de 18.300 personas que terminen los programas de la  oe.
Inversión 1, con una participación de 21.900 personas. w.
En  línea  con  las  directrices  de  la  Comisión  Europea  se  canaliza  la  práctica  436ww
hparocfieas iloans aal cntoiv isdóaldoe hsa yc iao clousp asceioctnoerse sq cuoen f amcailiyteonr  duifnicau lmtaady odre  icnosnetrrcaiótanc idóen  lsaisn op etarmsobniéans 
tpraarbtaicjiop,a ncteasp aecne se stdee  prcorgeraarm  aa cyt ivaidfloarde. n Phoure coúslt imaúon,  dpisopr ontirbaletasr seen  deel  mperrocgardaom daes   BOE-A-cable e
subvencionados con fondos públicos, es necesario medir su eficacia en términos de 
fomento del empleo y creación de actividad en el marco en que operan, así como de 
instrumentos  adecuados  para  lograr  la  práctica  profesional  de  quienes  se  ven 
beneficiados del citado programa.
Esta  orden  regula  el  «Programa  de  primera  experiencia  profesional  en  las 
administraciones públicas» y establece las bases que han de regir la concesión de 
subvenciones  públicas  destinadas  a  financiar  dicho  programa  tanto  por  el  Servicio 
Público de Empleo Estatal como por las diferentes comunidades autónomas en sus 
respectivos ámbitos de gestión.
Por  ello,  esta  orden,  en  cuanto  que  establece  las  bases  reguladoras  para  la 
concesión de las subvenciones, mediante las que se financia el «Programa de primera 
experiencia  profesional  en  las  administraciones  públicas»,  regula  todos  aquellos 
aspectos que tanto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
como  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, disponen como su contenido obligatorio.
En esa línea, se contempla un conjunto de disposiciones comunes para todas las 
subvenciones que se concedan por las diferentes administraciones públicas, sin perjuicio 
de las competencias de ejecución y de autoorganización que tienen reconocidas las 
comunidades autónomas.
En particular, se prevé que la concesión y justificación de la subvención se realice a 
través del régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Para implementar dicho régimen, 
en esta orden se establecen como módulos las cantidades que configuran los costes 
unitarios  por  persona  contratada  participante  determinados  en  el  informe  técnico 
elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal para este programa.
Debido al particular proceso temporal de aprobación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia por parte de las instituciones europeas, las subvenciones 
del «Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas» no 
se  incluyeron  en  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Ministerio  de  Trabajo  y 
Economía Social. Empero, existe una necesidad de acometer esta actuación no prevista, 
basada en el interés social y general de que el Gobierno de España realice un útil 
aprovechamiento de los fondos europeos «Next Generation EU», los cuales no siguen el 
ciclo presupuestario y legislativo nacional.
El «Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas» 
supone un apoyo operativo al objetivo estratégico de mejorar la empleabilidad de las 
personas jóvenes destinatarias finales de la Inversión 1, «Empleo Joven», incluida en el 
Componente  23  «Nuevas  políticas  públicas  para  un  mercado  de  trabajo  dinámico, 
resiliente e inclusivo», encuadrado en la política palanca VIII «Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por  último,  será  de  aplicación  a  estas  bases  reguladoras,  así  como  a  las 
convocatorias que se publiquen en su aplicación, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia  en  las  reglas  que  ayuden  a  agilizar  y  flexibilizar  la  tramitación  de  las 
subvenciones financiables con fondos europeos.
De  acuerdo  con  dicho  real  decreto-ley  y,  en  aplicación  de  su  artículo  62,  las 
subvenciones objeto de esta orden se tramitarán según el procedimiento de concurrencia 
no  competitiva  establecido  en  dicho  artículo,  en  tanto  se  trata  de  subvenciones  s
relacionadas financiables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003, de 17 de  oe.
noviembre,  cuyo  objeto  es  financiar  actuaciones  concretas  que  no  requieren  de  w.
valoración comparativa con otras propuestas, por lo que las resoluciones de concesión  436ww
sceo mdpircotbaarácnio npeos r deo rcdoennc urdree ncpiare sdeen ltaa caiócntu adcieó n ssoulibcviteundceiso,n aubnlea  y veel zc urmeaplliizmaideansto  dlaesl 
lrae sctoon dveo craetqouriisai.tos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en  BOE-A-cable e
En el caso de la Administración General del Estado las bases reguladoras de estas 
subvenciones se aprobarán mediante orden ministerial, siendo de aplicación en todo lo 
que sea compatible lo previsto en la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el ámbito de gestión de las comunidades autónomas competentes, se podrá 
aplicar  para  la  selección  de  beneficiarios  de  las  subvenciones  y  su  concesión,  el 
procedimiento de concurrencia competitiva.
La presente orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa 
normativa justificada por la necesidad de establecer las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones para financiar el «Programa de primera experiencia 
profesional en las administraciones públicas». De la misma manera, en cumplimiento del 
principio  de  proporcionalidad,  la  norma  establece  la  regulación  imprescindible  para 
atender la necesidad a cubrir, como es la regulación de este Programa, así como el 
establecimiento de las bases reguladoras.
Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, la presente orden es 
coherente con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. 
Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y 
ámbito de aplicación, así como se ha promovido la participación de los potenciales 
destinatarios, siendo objeto de diálogo social, y de las administraciones competentes en 
el proceso de tramitación de la misma.
Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, la presente orden, estableciendo 
criterios objetivos y claros sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las 
subvenciones, persigue una correcta utilización de los recursos públicos.
En el proceso de elaboración de esta orden han sido consultadas las comunidades 
autónomas  y  las  asociaciones  empresariales  y  organizaciones  sindicales  más 
representativas, ha sido informado el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, 
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha 
emitido informe la Abogacía del Estado en el Departamento, así como la Intervención 
Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Esta  orden  tiene  por  objeto  establecer  las  bases  reguladoras  de  las 
subvenciones del «Programa de primera experiencia profesional en las administraciones 
públicas», de acuerdo con la dotación presupuestaria que se asigne a tal fin. Constituye 
una  actuación  incluida  en  la  Inversión  1,  «Empleo  Joven»,  comprendida  en  el 
Componente  23  «Nuevas  políticas  públicas  para  un  mercado  de  trabajo  dinámico, 
resiliente e inclusivo» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y por la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
Será  objeto  de  las  subvenciones  reguladas  en  esta  norma  la  contratación  por  e.
administraciones  públicas  y  entidades  del  sector  público  institucional  de  personas  w.b
jóvenes desempleadas, mayores de 16 y menores de 30 años, en la modalidad de  436ww
econn etrl aatrotí ceunl op r4á.2ct.icas, en lo que respecta a los costes laborales, con el alcance previsto
los tAressim pisrimmoe,r osse rmá eosbejest od ed ela s rueblavceinócni ólanb loar atul,t ocroían  dlae  fliansa lpideards odnea sg acroannttriaztaard uans  sdeurrvainctioe 
de apoyo a la persona joven, mediante el acompañamiento personal y el asesoramiento
inicial durante el proceso de incorporación al trabajo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4.3.
El Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas serán las 
administraciones ejecutoras e impulsarán y subvencionarán el «Programa de primera 
experiencia profesional en las administraciones públicas».
El  objetivo  del  citado  Programa,  del  que  se  beneficiarán  personas  jóvenes 
desempleadas cuya etapa formativa se haya completado y acreditado en lo que a 
conocimientos se refiere, consiste en que estas personas adquieran, en el seno de los 
servicios prestados por las administraciones públicas, las primeras experiencias en el 
empleo, así como competencias y habilidades sociales y profesionales.
2.  El ámbito de aplicación de esta orden se extiende a todo el territorio nacional, sin 
perjuicio  de  las  competencias  de  ejecución  y  de  autoorganización  que  tienen 
reconocidas las comunidades autónomas.
3.  De acuerdo con lo recogido en el presupuesto de gastos del Servicio Público de 
Empleo  Estatal  para  2021,  las  subvenciones  se  financiarán  mediante  los  recursos 
financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), a 
través  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  establecido  por  el  Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A la tramitación y concesión de 
estas subvenciones financiables con fondos europeos les será de aplicación lo previsto por 
el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para  la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, las subvenciones reguladas en esta orden están sujetas, en todo caso, al 
cumplimiento, ejecución y realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de 
Recuperación, Trasformación y Resiliencia, de conformidad con la Decisión de Ejecución 
del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y 
resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID) y estarán sometidas a la 
plena aplicación de los procedimientos de gestión y control que se establezcan para el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y demás normativa de la 
Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el 
Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  a  así  como  a  las 
obligaciones específicas relativas a la información y a la publicidad, a la verificación y a 
las demás impuestas por la normativa de la Unión Europea.
4.  Las ayudas previstas en estas bases reguladoras reúnen las condiciones para 
calificarse como subvención y están sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, su normativa de desarrollo y demás normativa aplicable. 
Estas ayudas no constituyen una ayuda de Estado, en los términos previstos en los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pues su 
concesión no falsea ni amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas 
empresas  o  producciones,  al  ser  las  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones 
órganos de las Administraciones competentes y sus organismos autónomos, así como 
las  demás  entidades  del  respectivo  sector  público  institucional,  así  como  las 
corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una administración local 
de su ámbito territorial, según lo dispuesto en el artículo 3.
Artículo 2.  Financiación.
1.  Las  subvenciones  previstas  en  esta  orden  se  financiarán  con  cargo  a  los  e.
correspondientes fondos dotados en el Presupuesto de gastos del Servicio Público de  w.b
Empleo Estatal, en el marco del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, dentro  436ww
del p2r.o gEranm eal  á2m40bAit.o de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal la financiación se
deifreeccttuaa rpáo cro nS EcaPrEg.o  Sae larv ipcaiortsid ay  pprreosgurpaumeassta rpiaa r1a9 .l1a0 1in.v2e4r0sAió.4n8 2P.A9E5.S R IeI.s eErvmap dleeo  gJeosvtieónn 
Primeras experiencias en la administración. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3.  En  el  ámbito  de  gestión  de  las  comunidades  autónomas  la  financiación  se 
efectuará con cargo a la partida presupuestaria 19.101.240A.454.04. Gestión por las 
comunidades autónomas servicios y programas para la inversión PAES. Empleo Joven 
Primeras experiencias profesionales en la administración. Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.
A  estos  efectos,  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  distribuirá  los 
correspondientes fondos a las comunidades autónomas de conformidad con lo previsto 
en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en 
función de los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales.
4.  Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta inversión relativas a 
su etiquetado climático y digital, los fondos disponibles se distribuirán entre las distintas 
entidades territoriales, en tres líneas:
a)  Un 20 por ciento para la línea de empleos verdes, que contribuyen a preservar y 
restaurar el medio ambiente y que se corresponde con el campo de intervención «01-
Contribución  a  las  competencias  y  empleos  verdes»  del  anexo  VI  del  Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Los 
ámbitos de actuación serán, entre otros, los siguientes: la agricultura, ganadería y pesca 
dirigida a la restauración de los ecosistemas y a implantar modelos de explotación 
animal más ecológicos y sostenibles; las actividades dedicadas a aumentar la eficiencia 
del consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero;  minimizar  los  residuos  y  contaminación;  proteger  y  restaurar  los 
ecosistemas, los procesos dirigidos a producir bienes y servicios que beneficien al medio 
ambiente.
b)  Un 20 por ciento para la línea de empleos en competencias digitales, conforme 
al Marco Europeo de competencias digitales para los ciudadanos establecido por la 
Comisión Europea (DIGCOMP).
c)  Un 60 por ciento para la línea de empleo general.
Artículo 3.  Beneficiarios de la subvención.
1.  Podrán  ser  beneficiarias  de  la  subvención  las  siguientes  entidades,  que 
contraten a personas jóvenes trabajadoras desempleadas, mayores de 16 y menores 
de 30 años:
a)  En el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal: Para los fondos 
previstos en el artículo 2.2, los órganos de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes, así como las demás entidades que 
integran el sector público institucional estatal, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 84.1 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
b)  En el ámbito de gestión de las comunidades autónomas serán beneficiarias las 
entidades que determinen las mismas, dentro de los órganos de la administración de la 
comunidad autónoma y sus organismos públicos vinculados o dependientes, así como 
las  demás  entidades  del  sector  público  institucional  de  la  respectiva  comunidad 
autónoma, así como las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a 
una administración local de su ámbito territorial.
2.  No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas 
en  esta  orden  las  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  e.
contempladas en el artículo 13.2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. w.b
Artícmuilsom  4a.s . Destino  de  las  subvenciones  públicas,  cuantías  y  financiación  de  las
1.  Las subvenciones a otorgar para la contratación se destinarán a la financiación
de  los  costes  laborales  de  las  personas  jóvenes  trabajadoras  que,  reuniendo  los
requisitos fijados en esta orden, sean contratadas para la adquisición de experiencia 
profesional en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas.
2.  Los costes laborales incluirán:
a)  Costes  salariales,  incluyendo  la  cotización  por  todos  los  conceptos  a  la 
Seguridad Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1.e) del texto refundido 
de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 20/2015, de 23 de octubre, la remuneración de la persona contratada en 
prácticas no podrá ser inferior al 60 por ciento del salario fijado en convenio para una 
persona trabajadora que desempeñe el mismo puesto y, en todo caso, no podrá ser 
inferior al salario mínimo interprofesional vigente.
b)  Costes de Equipos de Protección Individual (EPI) hasta un máximo de 369,07 euros 
anuales para las personas contratadas en los grupos de cotización 9 a 5 y de 553,60 euros 
anuales para las personas contratadas de los grupos de cotización 4 a 1.
c)  Ayudas  al  desplazamiento,  por  importe  de  1.000  euros  a  tanto  alzado  por 
persona contratada, cuando estas tengan domicilio en provincia o isla diferente de donde 
van a desempeñar su puesto de trabajo, que serán de aplicación a un máximo del 25 por 
ciento de las personas contratadas, hasta agotar el crédito disponible a tal fin.
Una  vez  seleccionadas  las  personas  trabajadoras  para  ocupar  los  puestos  en 
prácticas objeto de la subvención, las entidades podrán formalizar una solicitud adicional 
en la forma que se establezca en la convocatoria.
d)  En el caso de las contrataciones realizadas por entidades en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y Canarias y en otros 
territorios donde sea aplicable la indemnización por residencia, se tendrá en cuenta lo 
establecido  en  la  disposición  adicional  quinta  en  relación  a  la  indemnización  por 
residencia.
3.  Las  administraciones  competentes  podrán  incluir  en  sus  convocatorias  una 
subvención  por  tutoría.  La  subvención  por  tutoría  estará  destinada  a  sufragar  a  las 
entidades beneficiarias el coste del abono a las personas tutoras de una cantidad para 
compensar su labor de acompañamiento personal y asesoramiento inicial en el proceso de 
incorporación de la persona contratada durante los tres primeros meses de relación laboral. 
La cuantía de la subvención y de la cantidad a percibir por la persona tutora será 215 euros 
al mes, durante los meses de realización de las tareas de tutoría.
4.  La concesión de las subvenciones, así como su justificación, se realizará a 
través del régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 
del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para implementar dicho régimen, de acuerdo con el 
informe técnico elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal para el cálculo de 
los costes unitarios por persona contratada participante en el «Programa de primera 
experiencia profesional en las administraciones públicas», se establecen los siguientes 
módulos:
a)  Para compensar los costes laborales contemplados en el apartado 2.a) y b):
Modulo A: El módulo ascenderá a 1.783,83 euros por persona contratada en los 
grupos  de  cotización  de  la  Seguridad  Social  9  al  5,  ambos  inclusive,  y  mes  de 
contratación (21.405,94 euros por año de contratación).
Módulo B: El módulo ascenderá a 2.675,74 euros por persona contratada en los 
grupos  de  cotización  de  la  Seguridad  Social  4  a  1,  ambos  inclusive,  y  mes  de  e.
contratación (32.108,92 euros por año de contratación). w.
prevDiseio anceuse rredcoo gciodna se lelon,  eel l pirmopyeocrtteo  dpere seesntata sduob dveeln ncúiómn esreo  dcea lcpuelrasroán aesn  afu cnocniótrna tdaer,  llaoss 
lma eSseegsu dried acdo nStroactiaacl iqóune d ceo crraedsap ounndaa d.e ellas y el módulo según el grupo de cotización de
b)  Para  compensar  las  ayudas  al  desplazamiento  contempladas  en  el 
apartado 2.c), tiene la consideración de módulo la cantidad a tanto alzado de 1.000 
euros por persona contratada.
c)  Para compensar, en su caso, los costes por tutoría del apartado 3, tiene la 
consideración de módulo la cantidad a tanto alzado de 215 euros al mes por tutor 
durante los meses de realización de las tareas de tutoría.
De acuerdo con lo anterior, el importe de la subvención a conceder se calculará en 
función de las previsiones recogidas en la solicitud presentada del número de personas a 
contratar, los tres meses de duración de la tutoría asignada a cada una de ellas, el 
número de tutores que realizarán las tareas de tutoría y el módulo antes señalado.
5.  Las subvenciones reguladas en la presente orden serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier administración o entidad, pública o privada. Deberá quedar, en todo caso, 
identificada nítidamente la trazabilidad de los gastos. No obstante, estas subvenciones 
son incompatibles con la recepción de otros fondos comunitarios para la ejecución de los 
mismos proyectos de inversión, cuando ello suponga incurrir en doble financiación. 
Conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  los  proyectos  de  inversión  financiados  por  el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pueden recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste que los que 
ya financie la subvención de este programa según los definidos en este artículo.
El beneficiario deberá comunicar a la Administración que conceda las subvenciones 
la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad sin incurrir en doble 
financiación sobre el mismo coste, procedentes de cualesquiera otras administraciones o 
entes públicos, nacionales o internacionales.
Artículo 5.  Actividad subvencionada.
1.  La actividad subvencionada consistirá en la contratación en la modalidad de contrato 
en prácticas de las personas destinatarias, como medio de adquisición de las primeras 
experiencias en el empleo, así como de competencias y habilidades sociales y profesionales; 
además, cuando así se recoja en la convocatoria, será subvencionada la tutoría de las 
personas contratadas, durante los tres primeros meses de la relación laboral, con la finalidad 
de prestar un servicio de apoyo a la persona joven, mediante el acompañamiento personal y 
el asesoramiento inicial durante el proceso de incorporación al trabajo.
La actividad subvencionada deberá cumplir los siguientes requisitos:
a)  Las  personas  contratadas  deberán  desarrollar  funciones  o  tareas  que  sean 
competencia  de  las  entidades  beneficiarias.  La  competencia  podrá  ser  propia  u 
originaria, o bien ejercida por delegación, encargo o encomienda.
b)  Que  se  favorezca  la  formación  y  práctica  profesionales  de  las  personas 
desempleadas  que  sean  contratadas.  A  estos  efectos  las  contrataciones  deberán 
referirse a puestos de trabajo acordes a la formación académica y/o profesional de la 
persona contratada.
c)  La duración de los contratos será, como mínimo, de diez meses y máxima de 
doce meses. La jornada de trabajo será a tiempo completo
d)  Las  entidades  beneficiarias  deberán  facilitar  a  las  personas  destinatarias 
información profesional, orientación o formación durante la vigencia de los contratos  s
subvencionados y cumplir con todas las obligaciones de prevención de riesgos laborales  oe.
sqreeulraevc eici)ol ieonssaL  dapcasúos br plrcieecosornsps oo ladnn eaad scae tnmuc.ao plnliAeztrodaa,ec tdiamóudnára asds,ne  tp esloo etsdo  rdcádaone n lsaoca coprirnmroetalisleart naráctcooniósn  n dd uidegne iat asm lepearesvn.riescorioans a.a odreiecunataddao ram eddei dlaoss   2021-17436n https://www.
f)  Será de aplicación a estos contratos la regulación prevista sobre el contrato de 
trabajo en prácticas, en el artículo 11.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.
g)  En todo caso, las contrataciones objeto de subvención no podrán cubrir plazas 
de naturaleza estructural que estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, 
plantilla u otra forma de organización de recursos humanos, que estén contempladas en 
las distintas Administraciones Públicas y estén dotadas presupuestariamente.
h)  No  podrán  subvencionase  en  el  marco  de  este  programa  la  ocupación  de 
puestos de trabajo relacionados con alguna de las siguientes actividades excluidas de su 
financiación por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
1.º  Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior)
2.º  Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
(ETS)  con  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  proyectadas  que  no  sean 
sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación 
gratuita.
3.º  Las inversiones en instalaciones de vertederos de residuos, en plantas de 
tratamiento biológico mecánico (MBT) e incineradoras para el tratamiento de residuos.
4.º  Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede 
causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).
2.  Las  administraciones  laborales  competentes  en  sus  respectivos  ámbitos  de 
gestión  garantizarán  el  pleno  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  daño 
significativo» (principio «do no significant harm-DNSH») y el etiquetado climático y digital, 
de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, en la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021, y 
en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos.
Artículo 6.  Compromiso de no causar daño significativo al medio ambiente.
1.  Las  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  reguladas  en  esta  orden 
deberán  garantizar  el  pleno  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  perjuicio 
significativo» (principio  «do no significant harm–DNSH»)  y el etiquetado climático  y 
digital,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing 
Decision-CID), de 13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de 
desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera 
individual para cada actuación.
2.  Las  solicitudes  deberán  acompañarse  de  una  declaración  responsable  de 
adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo», el sentido establecido en el 
apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, conforme al formulario que se recoja en la convocatoria 
debidamente cumplimentado por la entidad solicitante. s
3.  Las  declaraciones  responsables  del  principio  de  «no  causar  perjuicio  oe.
tosdéibegcllnni gRiifcaiecatgoa lsrtaiioavmbomer»een  n(tlpoater  ria nepaclal iipctliaiavo co Ci «óaodnl mo Md uneenolc i pacsrnaiignicsnicmóiipfnioci o add ndeete   R lha«ea ncrComu opc–meaDruiaNssciSaóiórnH n u» Eny)  u pqRreuoerepsju eisliiacee in o(rc 2esi0aaig2»linc1.ie/fCinc  ad5tei8vb/o0e»1n )e ,an t «evGnirdtuueídar    2021-17436n https://www.
4.  En todo caso las entidades beneficiarias preverán mecanismos de verificación
del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no  Bc
significant harm-DNSH») y medidas correctoras para asegurar su implementación, de lo 
que dejarán constancia en la memoria justificativa de la subvención.
Artículo 7.  Requisitos y criterios para la selección de las personas contratadas.
1.  Las personas que sean contratadas deberán ser desempleadas, inscritas como 
demandantes de empleo en el servicio público de empleo correspondiente, jóvenes 
mayores de 16 y menores de 30 años. Además, deberán cumplir los requisitos para 
formalizar un contrato en prácticas. Estos requisitos se habrán de cumplir al inicio del 
contrato.
2.  Las personas trabajadoras objeto de contratación se seleccionarán, siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 12, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a)  Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado.
b)  Estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar.
c)  La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante 
el uso de curriculum vitae ciego, garantizando el principio de no discriminación por 
ninguna razón.
d)  Las  convocatorias  deberán  recoger  las  medidas  que  la  entidad  tenga  ya 
implementadas a fecha de la solicitud para favorecer la conciliación entre la vida laboral, 
familiar, personal y la igualdad de género.
e)  En  las  convocatorias  las  administraciones  competentes  podrán  incluir  otros 
criterios que se consideren relevantes en función en su normativa propia o que se 
correspondan con la realidad del colectivo.
Artículo 8.  Régimen e inicio del procedimiento de concesión.
1.  En aplicación de lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, las subvenciones objeto de esta orden se tramitarán según el 
procedimiento de concurrencia no competitiva, en tanto que se trata de subvenciones 
relacionadas financiables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre. Las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de 
solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación 
subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento 
del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
El  procedimiento  de  concurrencia  no  competitiva  se  podrá  ajustar  a  las 
particularidades específicas que, en su caso, para procedimientos análogos, figuren 
previstas en la normativa en materia de subvenciones aplicable en el ámbito de cada 
comunidad autónoma.
En el ámbito de gestión de las comunidades autónomas competentes se podrá 
aplicar, asimismo, para la selección de beneficiarios de las subvenciones y su concesión, 
el procedimiento de concurrencia competitiva, en los términos que se definan de acuerdo 
con  su  normativa  propia  en  las  correspondientes  convocatorias  de  la  respectiva 
comunidad autónoma.
2.  El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia no competitiva se 
iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el Director General del Servicio 
Público de Empleo Estatal u órgano competente de la respectiva comunidad autónoma, 
cuyo extracto será publicado en el diario oficial correspondiente.
La convocatoria se realizará de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en  s
esta orden y con el contenido señalado en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de  oe.
noviembre. En todo caso, en la convocatoria se determinará el plazo durante el cual se  w.
pSoudbrLváaensn  pcairoednsmeeisnn tilasatr r ialnacfsoio srnmoelaiscc iticóuondn escsoe.bdreen tleass  ccoonmvuonciactaorráians  ay  llaa sB caosnec edseio nDeasto dse  Nlaasc ioanyuadl adse,   2021-17436n https://ww
de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Los órganos competentes para resolver podrán designar en sus convocatorias a 
otras entidades para efectuar la instrucción del procedimiento de concesión y elaborar 
las propuestas de resolución provisionales, siendo resuelto el procedimiento, en todo 
caso, por el órgano concedente.
Artículo 9.  Solicitud de la subvención.
1.  Las solicitudes de concesión de subvenciones se dirigirán a la Dirección General 
del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  o  al  órgano  competente  de  la  comunidad 
autónoma, según el ámbito de la convocatoria. Las solicitudes presentadas fuera del 
plazo previsto en la convocatoria darán lugar a la inadmisión de las mismas.
Según lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades 
interesadas en participar en este procedimiento deberán utilizar medios electrónicos para 
relacionarse con los órganos convocantes.
La forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como la documentación que 
la  entidad  interesada  deberá  acompañar  a  las  mismas,  se  establecerán  en  las 
convocatorias.  En  todo  caso  se  presentará  por  parte  del  interesado  declaración 
responsable del cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención; ello sin 
perjuicio de la posibilidad de que la administración competente consulte los sistemas de 
información correspondientes para verificar el cumplimento de las condiciones de los 
beneficiarios de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o 
posterioridad a la concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento 
de  alguna  condición,  procederá  la  denegación  de  la  subvención  o  la  exigencia  de 
reintegro.
En  particular,  respecto  la  acreditación  del  requisito  de  estar  al  corriente  de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en las convocatorias se podrá prever 
que la presentación de la solicitud conlleve la autorización del solicitante para que el 
órgano  concedente  obtenga  directamente  esta  información  a  través  de  certificados 
telemáticos, sin que el solicitante haya de presentar la correspondiente certificación, 
salvo que éste expresamente deniegue su consentimiento, en cuyo caso deberá aportar 
la  certificación  que  corresponde  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  22  del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Se presentará junto con la solicitud una memoria con la descripción de los puestos 
de trabajo a cubrir, especificando si estos tienen la consideración de empleos verdes o 
de empleos en competencias digitales conforme al artículo 2.4, las características de las 
actividades a realizar y su vinculación con la titulación requerida, la duración y el número 
de contratos, las actividades de tutoría a realizar, en su caso, así como las previsiones 
de los costes del programa, distinguiendo entre subvención solicitada y, en su caso, 
aportación de la entidad beneficiaria.
En todo caso, la memoria habrá de hacer mención expresa de que se cumple con las 
previsiones del artículo 5.1.g).
Las  convocatorias  podrán  establecer  un  número  máximo  de  contratos  a 
subvencionar por solicitud.
2.  Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta orden y en 
la  convocatoria,  si  no  estuviera  debidamente  cumplimentada,  si  la  documentación 
recibida  fuese  defectuosa  o  si  faltase  alguno  de  los  documentos  preceptivos,  se  e.
requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles  w.b
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así  436ww
enno  leol  hairctíiecuralo,  s6e8 .l1e  tdeen dlar áL peoy r3 d9e/2s0is1ti5d,a d dee 1 s ud ep eotcictuióbnre, ,d ed eclo Pnrfoocrmedidimadie cnoton  Alod mesintaisbtlreactiidvoo 
Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 10.  Instrucción y tramitación.
1.  El órgano instructor designado en la convocatoria realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos, de concurrencia de la actuación subvencionable y del cumplimiento del resto 
de  requisitos  exigidos,  en  virtud  de  los  cuales  debe  formularse  la  propuesta  de 
resolución.
Las personas que intervengan en el proceso de selección de los beneficiarios, o en 
los procesos de verificación del cumplimiento de las condiciones, manifestarán de forma 
expresa  la  ausencia  o  no  de  conflictos  de  intereses  o  de  causa  de  abstención, 
considerando lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio («Reglamento financiero») y el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 octubre; en caso de existir conflicto de intereses o 
causa de abstención, la persona afectada deberá abstenerse de intervenir en estas 
actuaciones.
2.  El  órgano  instructor,  a  la  vista  del  expediente,  formulará  la  propuesta  de 
resolución provisional y/o definitiva, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Se podrá prever la concesión de un 
plazo máximo de diez días hábiles para que las entidades interesadas presenten su 
aceptación ante la propuesta de resolución definitiva. Se podrá prescindir del trámite de 
audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos 
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las entidades interesadas, y la 
cuantía  que  figure  en  la  solicitud  presentada  y  el  importe  de  la  subvención  de  la 
propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la propuesta de resolución 
tendrá carácter de definitiva.
3.  En las convocatorias se podrá prever que, cuando el importe de la subvención de 
la  propuesta  de  resolución  provisional  sea  inferior  al  que  figura  en  la  solicitud 
presentada, se podrá instar de la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud en 
los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Los expedientes de gastos vinculados a las convocatorias que regula esta orden 
incluirán la memoria específica, así como la declaración de ausencia de conflicto de 
intereses  en  línea  con  la  prevención  del  fraude.  Asimismo,  se  incluirá  en  la 
correspondiente convocatoria la obligación de los beneficiarios de aplicar medidas para 
evitar  el  fraude,  la  corrupción  y  los  conflictos  de  interés  a  la  hora  de  aplicar  las 
subvenciones recibidas a la financiación de proyectos y actuaciones.
5.  Las solicitudes se instruirán por orden de presentación.
Artículo 11.  Resolución y pago de la subvención.
1.  A  la  vista  de  la  propuesta  de  resolución  definitiva,  el  órgano  competente 
resolverá el procedimiento. En el ámbito de la Administración General del Estado, el 
órgano competente para resolver será la persona titular de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal. En el ámbito autonómico, resolverá el órgano que 
determine la normativa autonómica de aplicación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de dos 
meses, contados desde la fecha presentación de la solicitud. Una vez transcurrido dicho 
plazo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  la  solicitud  podrá  entenderse 
desestimada.
Si la resolución es de concesión se identificará la financiación para el «Programa de  e
primera  experiencia  profesional  en  las  administraciones  públicas»  en  el  marco  del  bo
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. 436ww
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contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
2.  La resolución administrativa contendrá como mínimo los siguientes extremos:
a)  Cuantía de la subvención a otorgar, distinguiendo la destinada a contratación y la 
destinada a tutorías, en su caso, y número de personas a contratar.
b)  Categoría profesional, grupo o nivel profesional de las personas a contratar.
c)  Duración de los contratos a realizar con cada persona.
d)  Localización geográfica provincial de las contrataciones a realizar.
3.  Una vez dictada la resolución, se procederá al pago anticipado de la totalidad del 
importe de la subvención. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la 
entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social  o  sea  deudora  por  resolución  firme  de 
procedencia  de  reintegro.  No  procederá  la  constitución  de  garantías  a  favor  de  la 
administración concedente.
Dada la naturaleza de la subvención, los rendimientos financieros que se hubiesen 
generado  por  los  anticipos  de  fondos  librados  no  incrementarán  el  importe  de  la 
subvención concedida.
4.  Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de la misma. Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias 
sobrevenidas  tras  la  resolución  y  durante  el  plazo  de  ejecución  de  la  actividad 
subvencionada para cada entidad beneficiaria y formalizarse con carácter inmediato a su 
acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución. Cada 
convocatoria podrá determinar circunstancias que puedan dar lugar a la modificación de 
la resolución. En ningún caso la modificación podrá afectar a las obligaciones impuestas 
por  la  normativa  comunitaria  o  nacional  aplicable,  en  especial,  cuando  suponga 
incumplimiento de hitos u objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España 
(Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021, o su plazo de ejecución.
El  órgano  competente  deberá  dictar  resolución  aceptando  o  denegando  la 
modificación propuesta en el plazo de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, salvo que la 
convocatoria establezca un plazo inferior. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse 
notificado  resolución  expresa,  la  solicitud  podrá  entenderse  desestimada.  Las 
resoluciones  podrán  retrotraer  sus  efectos,  como  máximo,  al  momento  de  la 
presentación de la solicitud de modificación. En todo caso, la modificación solo podrá 
autorizarse si no daña derechos de terceros.
Artículo 12.  Contratación de las personas trabajadoras.
1.  Para  la  cobertura  de  los  contratos  en  prácticas  susceptibles  de  ser 
subvencionados,  las  entidades  beneficiarias  deberán  utilizar,  al  menos,  una  de  las 
siguientes opciones:
a)  Sistema  Nacional  de  Empleo:  utilizando  los  servicios  de  empleo  de  cada 
comunidad autónoma, solicitarán a la oficina de empleo correspondiente, las personas 
desempleadas a contratar, con quince días de antelación, al menos, al del inicio previsto 
de los contratos.
b)  Portal  Único  de  Empleo  «EMPLEATE»:  las  entidades  interesadas  podrán 
publicar  sus  ofertas  de  trabajo  en  prácticas  a  través  de  publicación  individual, 
introduciendo los datos de las ofertas, mediante la publicación automática de todas sus  e.
ofertas en el Portal Único de Empleo «EMPLÉATE». La cobertura mediante el Portal  w.b
Único  de  Empleo  supone  la  selección  de  los  candidatos  por  parte  de  la  entidad  436ww
beneficiaria.
normCautaivlqau eiesrtaa bqleuceid as epaa real  lossis ptermocae ddime iesnetloesc cdióen s eulteilcizcaiódno ,d en op esresorán adl ed ea lpalsic adcisiótinn talas 
administraciones públicas, aun cuando la entidad beneficiaria sea una administración
pública. En este último caso, las personas seleccionadas no se consideran incluidas en 
las correspondientes plantillas o relaciones de puestos de trabajo, por lo que no será 
precisa  oferta  de  empleo  público  previa.  Las  personas  que  se  inscriban  por 
autocandidatura en el Portal Único de Empleo «EMPLEATE» para un proyecto, por la 
propia autoinscripción en la oferta, autorizarán a que sus datos se remitan para su 
consideración y gestión por la entidad gestora del proyecto con objeto de la selección de 
personas participantes.
De la misma manera, a través de esta convocatoria no se podrán cubrir puestos de 
trabajo estructurales de la administración, en los términos previstos en el artículo 5.1.g).
2.  En  las  correspondientes  convocatorias,  las  comunidades  autónomas 
determinarán  los  procedimientos  de  selección  de  las  personas  candidatas  para  la 
cobertura de los contratos en prácticas susceptibles de ser subvencionados.
3.  Los contratos deberán ser comunicados a través de la aplicación Contrat@ en un 
plazo de quince días hábiles desde el inicio del mismo a la oficina de empleo que 
corresponda y llevarán la indicación «Programa de primera experiencia profesional en 
las administraciones públicas. Mecanismo de recuperación y resiliencia», en los términos 
previstos en dicha aplicación.
4.  Los contratos deberán dar comienzo o finalizar en los plazos que, en su caso, 
establezca  cada  convocatoria,  salvo  en  casos  de  fuerza  mayor  o  por  causas 
debidamente justificadas, en que se podrá autorizar el aplazamiento del inicio por el 
servicio público de empleo competente.
5.  En el caso de suspensión del contrato con derecho a reserva del puesto de 
trabajo, cuando se den las situaciones establecidas en el artículo 11.1.b) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que dan lugar a la interrupción del 
cómputo de la duración del contrato, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación 
de la duración prevista del contrato, así como una subvención adicional por el nuevo 
periodo ampliado, que se tramitará según lo dispuesto en esta orden. En todo caso, la 
concesión de esta subvención adicional estará condicionada a la existencia de crédito 
presupuestario.
Artículo 13.  Seguimiento, control y evaluación. Justificación de la subvención.
1.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  someterse  a  las  actuaciones  de 
comprobación a efectuar por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que correspondan, en su caso, a 
la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas en la 
legislación  del  Tribunal  de  Cuentas,  así  como  a  las  que  puedan  efectuar  las 
comunidades autónomas y sus órganos de control en su ámbito de gestión y la Comisión 
y el Tribunal de Cuentas Europeo, así como la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF), la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.
En  todo  caso,  las  subvenciones  reguladas  en  esta  orden  estarán  sometidas  al 
seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como a las obligaciones específicas relativas a la 
información  y  publicidad,  control,  verificación,  seguimiento,  evaluación  y  demás 
obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea se establezcan y cuya 
aplicación sea de obligado cumplimiento, incluyendo el del principio de «no causar 
perjuicio significativo» (principio «do no significant harm–DNSH»).
En particular, las administraciones concedentes recabarán, a efectos de auditoría y  e.
control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de  w.b
reformas  y  proyectos  de  inversión  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  436ww
Tdaratonss,f ordme accioónnf oyr mRideasdil iecnocnia , loe ne sfopremcaifitcoa deole cetrnó neicl o,a rltaícsu lcoa te2g2o.2r.ída)s  daerml oRneizgaladmase ndteo 
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2.  La concesión de la ayuda se verá condicionada al compromiso escrito de la 
concesión los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea 
y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control, de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  22.2.e)  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 129.1 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018 («Reglamento Financiero»).
3.  La entidad beneficiaria comunicará a la Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal, o unidad que corresponda en las comunidades autónomas, el inicio 
de los contratos en el plazo de quince días hábiles desde el mismo, con indicación del 
número de personas trabajadoras desempleadas contratadas.
4.  La  entidad  beneficiaria,  en  el  plazo  de  dos  meses,  computado  desde  la 
finalización  de  las  contrataciones,  presentará  ante  la  correspondiente  Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, o unidad que corresponda en las 
comunidades  autónomas,  la  justificación  del  cumplimiento  de  las  actuaciones 
subvencionadas y de los gastos realizados, mediante el régimen de módulos, de acuerdo 
a lo previsto en los artículos 69 y 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.
Dicha  justificación  incluirá  la  siguiente  documentación  que  deberá  presentar  la 
entidad beneficiaria:
a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  indicación  de  las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria incluirá:
1.º  Las  actuaciones  realizadas  por  las  personas  participantes  contratadas,  así 
como el número y porcentaje de participantes en competencias y empleos verdes y el 
número y porcentaje de participantes en competencias y empleos digitales.
2.º  Las actuaciones de las tutorías realizadas, en su caso.
b)  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas en 
función  de  los  resultados  obtenidos,  que  contendrá,  como  mínimo  los  siguientes 
extremos:
1.º  Acreditación o declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas 
consideradas  como  módulo,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  4, 
especificando a este fin:
Personas contratadas, distinguiendo el grupo de cotización de la Seguridad Social 
que corresponda y meses de contratación de cada una de ellas, según lo especificado 
en el artículo 4.4.
Personas contratadas que han accedido a la ayuda al desplazamiento contemplada 
en el artículo 4.2.c).
Tutorías realizadas, en su caso, por cada persona contratada, según lo especificado 
en el artículo 4.3.
2.º  Cuantía global de la subvención calculada sobre la base de las actividades 
cuantificadas en la memoria de actuación y los módulos contemplados en el artículo 4, 
según el sistema de cálculo y cuantificación mediante costes unitarios establecido en  es
dicho artículo. o
La liquidación de la subvención se realizará en función de las personas contratadas  436ww
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Social.
A efectos de las ayudas de movilidad previstas en el artículo 4.2.c), el cálculo se 
realizará  considerando  el  número  de  personas  contratadas  que  acceden  a  dichas 
ayudas, por el módulo económico correspondiente.
A efectos de las subvenciones por tutorías realizadas, en su caso, a las personas 
contratadas, según lo especificado en el artículo 4.3, el cálculo se realizará considerando 
el número de meses de tutorías realizadas por cada tutor, por el módulo económico 
correspondiente
3.º  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia, así como la acreditación de 
haber ingresado, en su caso, el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad 
justificada y la recibida en concepto de anticipo.
No obstante, según lo dispuesto en el artículo 79 del mencionado Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, los beneficiarios estarán dispensados de la obligación de 
presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil o 
cualquier otra documentación justificativa de los gastos realizados, sin perjuicio de la 
obligación del beneficiario de conservar los documentos justificativos de la aplicación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 
de  las  correspondientes  actuaciones  de  comprobación  y  control,  según  dispone  el 
artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier otra 
obligación derivada de la normativa estatal o de la Unión Europea que así lo exija. En 
este sentido, deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación 
concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un periodo de 5 años a 
partir de la operación, o de tres años cuando el importe de la subvención sea inferior 
a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio («Reglamento 
Financiero»).
5.  Las administraciones competentes proporcionarán al Servicio Público de Empleo 
Estatal la información periódica de gestión que acredite el estado de situación del 
programa en su ámbito respecto de hitos y objetivos y sobre el gasto en que se ha 
incurrido, con la periodicidad que se determine para el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y a través de los medios informáticos habilitados con esta finalidad, previa 
verificación de la misma.
Los órganos competentes de las administraciones autonómicas deberán aportar al 
Servicio Público de Empleo Estatal toda la información y documentación necesarias para 
el seguimiento de la ejecución de los fondos recibidos, así como las que precise el 
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  para  la  adecuada  justificación  a  efectos  de  la 
recepción de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
atender los requerimientos que se le hagan desde las instituciones europeas.
Artículo 14.  Reintegros y régimen sancionador.
1.  El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de lo establecido en la 
resolución  de  concesión,  así  como  en  la  presente  orden  y  demás  disposiciones 
aplicables en materia de subvenciones, en particular el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, darán lugar, a la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, 
a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la 
exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se 
acuerde la procedencia del reintegro de la misma. e
En el caso de incumplimientos parciales el órgano competente determinará la cantidad  bo
a reintegrar por la entidad beneficiaria respondiendo al principio de proporcionalidad en  436ww
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normativa específica en materia de subvenciones y procedimiento de reintegro.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, será de aplicación el 
régimen de infracciones y sanciones establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, así como, en su caso, lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones  y  Sanciones  en  el  Orden  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto-
legislativo 5/2000, de 4 de mayo.
3.  En caso de incumplimiento de hitos y objetivos, calendario o cualquier otro 
aspecto  relacionado  con  la  normativa  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, se procederá al reintegro, conforme a lo previsto en el artículo 7, regla 
séptima  de  la  Ley  11/2020  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  y  en  el 
artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Artículo 15.  Identificación y publicidad.
Las  actuaciones  subvencionadas  que  configuren  el  «Programa  de  primera 
experiencia profesional en las administraciones públicas» objeto de esta orden, así como 
cuanta  publicidad  se  haga  sobre  el  mismo  deberán  encontrarse  debidamente 
identificadas  de  conformidad  con  las  obligaciones  que  en  materia  de  información, 
comunicación y publicidad determine la normativa interna y de la Unión Europea para el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  quedando  obligadas  las  entidades 
beneficiarias de estas subvenciones a hacer mención en su publicidad del origen de esta 
financiación,  velando  por  darle  visibilidad,  incluido,  cuando  proceda,  mediante  el 
emblema  de  la  Unión  y  una  declaración  de  financiación  adecuada  que  indique 
«financiado por la Unión Europea-Next Generation EU». Esta visibilidad se hará en 
particular  cuando  promuevan  las  acciones  y  sus  resultados,  facilitando  información 
coherente,  efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los 
medios de comunicación y el público.
Disposición adicional primera.  Disponibilidad presupuestaria.
La  concesión  de  las  subvenciones  queda  condicionada  a  las  disponibilidades 
presupuestarias de cada ejercicio económico.
Disposición adicional segunda.  Reintegro de los Departamentos ministeriales.
Cuando  las  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  sean  Departamentos 
ministeriales de la Administración General del Estado, será de aplicación lo dispuesto en 
la Orden TAS/210/2004, de 28 de enero, relativa a la justificación por los departamentos 
ministeriales  de  la  Administración  General  del  Estado,  de  anticipos  de  pago  de 
subvenciones no nominativas concedidas con cargo al presupuesto del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por lo que no procederá, en estos supuestos, la tramitación del 
procedimiento de reintegro.
Disposición adicional tercera.  Organismos autónomos de la Administración General del 
Estado.
En el ámbito de la Administración General del Estado, las subvenciones a que se 
refiere la presente orden podrán ser abonadas directamente a los ministerios a los que 
estén adscritos los organismos autónomos que contraten a las personas trabajadoras 
desempleadas,  cuando  las  solicitudes  sean  suscritas  por  los  órganos  de  los 
departamentos ministeriales con competencias en materia de personal respecto de los  e.e
organismos autónomos a ellos adscritos. w.b
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Reglamento  que  la  desarrolla;  en  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre;  en  la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 
Además,  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Se estará igualmente a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento 
Financiero»).
Disposición adicional quinta.  Subvención de la indemnización por residencia.
En los proyectos aprobados en las convocatorias para la concesión de subvenciones 
que efectúe el Servicio Público de Empleo Estatal que se desarrollen en el ámbito 
territorial de Ceuta, Melilla, Illes Balears, Canarias y otros territorios donde sea aplicable 
la  indemnización  por  residencia,  será  subvencionable,  además  de  las  cuantías 
establecidas en el artículo 4, el importe de la indemnización por residencia que perciban 
las personas trabajadoras contratadas, siempre que el organismo contratante venga 
obligado a su abono por disposición legal o convencional.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, y 
la  competencia  exclusiva  para  regular  las  bases  y  coordinación  de  la  planificación 
general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final segunda.  Facultades de aplicación.
Se autoriza al Director General del Servicio Público de Empleo Estatal a dictar las 
resoluciones o instrucciones necesarias para la aplicación de esta orden.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 24 de octubre de 2021.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra 
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez.