BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70833
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9789 Pleno. Auto 72/2020, de 14 de julio de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 
628-2020. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 628-2020, 
planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 41 del 
texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
ECLI:ES:TC:2020:72A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  en  cuestión  de 
inconstitucionalidad núm. 628-2020, promovida por la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el 
artículo 41 del texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por vulneración del principio de 
igualdad ante la ley consagrado en el art. 14 CE.
AUTO
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 31 de enero de 2020, la Sección cuarta 
de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
remitió  auto  de  2  de  enero  de  2020,  por  el  que  se  acuerda  plantear  cuestión  de 
inconstitucionalidad en relación con el artículo 41 del texto refundido de la Ley de clases 
pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, 
por vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 14 CE.
2.  Los hechos que pueden ser relevantes en este proceso constitucional son los 
siguientes:
a)  Doña N.A.S., nacida el día 30 de agosto de 1997, solicitó el 12 de marzo 
de  2019  la  pensión  de  orfandad  que  entendía  que  le  correspondía  en  virtud  del 
fallecimiento el día 21 de diciembre de 2018 de su madre, la magistrada doña M.P.S.C., 
interesando en dicha solicitud que, en aplicación del principio de igualdad de trato 
contenido en el artículo 14 CE, se le diera trato semejante al que correspondía a los 
huérfanos  simples  del  régimen  de  la  Seguridad  Social  de  idénticas  circunstancias 
fácticas que la solicitante y se le reconociera por ello el derecho a percibir la pensión de 
orfandad hasta el cumplimiento de los veinticinco años de edad, acompañando a tal 
solicitud los documentos que acreditaban su condición de estudiante en la Universidad  e.
Europea de Madrid y su carencia de empleo e ingresos. w.
b)  Por resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones  89ww
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veintidós años de edad, en aplicación de lo establecido en el artículo 41 del texto
refundido  de  Ley  de  clases  pasivas  del  Estado,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
c)  Frente  a  la  resolución  de  la  Dirección  General  de  Costes  de  Personal  y 
Pensiones Públicas de 12 de abril de 2019 interpuso la solicitante recurso contencioso-
administrativo contra el extremo en el que se le denegaba el derecho a continuar 
percibiendo la pensión de orfandad concedida una vez cumplidos los veintidós años de 
edad.
d)  Admitido  tal  recurso  a  trámite  por  la  Sección  Cuarta  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  se  formuló 
demanda en fecha 5 de septiembre de 2019. En dicha demanda la parte recurrente 
fundó su pretensión en la diferente regulación legal de la pensión de orfandad según se 
tratara de empleados públicos sometidos al régimen de clases pasivas o de empleados 
públicos  sometidos  al  régimen  de  la  Seguridad  Social,  régimen  en  el  que  habrían 
quedado encuadrados todos los empleados públicos del Estado, entre ellos los jueces y 
magistrados, que hubieran ingresado en la carrera a partir del día 1 de enero de 2011, en 
virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre. Terminó su 
demanda suplicando que se dictara sentencia estimatoria que dejara parcialmente sin 
efecto la resolución impugnada, reconociendo el derecho de la recurrente a percibir la 
pensión de orfandad de clases pasivas con la misma extensión temporal y con los 
mismos requisitos que los establecidos en el régimen común de la Seguridad Social. En 
el  tercer  otrosí  de  la  demanda,  se  solicitó  de  la  sala  que,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  163  CE  en  relación  con  el  artículo  35.l  de  la  Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), planteara ante el 
Tribunal  Constitucional  la  pertinente  cuestión  de  inconstitucionalidad  respecto  del 
artículo 41 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 
de abril, por entender que de la validez de dicha norma (o de su interpretación acorde a 
la Constitución Española) dependería el fallo que habría de dictarse en ese proceso.
e)  No solicitándose por ninguna de las partes el recibimiento del proceso a prueba, 
trámite de vista ni conclusiones, mediante decreto de 11 de octubre de 2019 se declaró 
concluso, señalándose para votación y fallo el día 3 de diciembre siguiente.
f)  Mediante providencia de 11 de diciembre se suspendió el término para dictar 
sentencia y se concedió a las partes personadas y al Ministerio Fiscal un plazo común de 
diez días para que presentasen alegaciones sobre la pertinencia de plantear la cuestión 
de inconstitucionalidad prevista en el artículo 35 LOTC en relación con el art. 41.2 del 
texto refundido de Ley de clases pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por si pudiera ser contrario al principio constitucional 
de igualdad ante la ley.
g)  Evacuado el traslado, el recurrente consideró oportuno el planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad; el abogado del Estado se opuso al planteamiento de la 
cuestión y el Ministerio Fiscal consideró que procedía el planteamiento de la misma.
3.  Por auto de 2 de enero de 2020, se acordó por la Sección cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid plantear cuestión 
de inconstitucionalidad respecto del artículo 41 del Real Decreto Legislativo 670/1987, 
de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de clases pasivas del 
Estado en relación con el artículo 224.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social, por posible vulneración del principio de igualdad de trato consagrado en el 
artículo 14 CE. e.
La cuestión de inconstitucionalidad se funda en la diferente regulación legal actual de  w.b
la pensión de orfandad según se trate de empleados públicos sometidos al régimen de  89ww
rcélagsimese np aesni veals q ou ed qeu eemdapnle eandcousa pdúrabdlicooss t osdoomse ltoidso esm apl leréagdiomse pnú dbelic loas  Sdeegl uErsidtaaddo S, oecnitarel, 
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Se considera que el artículo 41 del texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que es el aplicable al supuesto de hecho, vulnera el 
derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 CE, invocando como 
elemento  de  comparación  la  situación  contemplada  para  los  huérfanos  simples  del 
régimen de Seguridad Social en idénticas circunstancias fácticas que la solicitante, 
consistentes en su condición de estudiante y carencia de trabajo e ingresos.
Así, en efecto, el régimen regulador de la pensión o prestación de orfandad no se 
regula de manera idéntica en el régimen de clases pasivas y en el régimen general de la 
Seguridad Social desde la modificación de este último en 2011.
Puesto que la causante estaba encuadrada, hasta su fallecimiento, en el régimen de 
clases pasivas del Estado, al supuesto le es aplicable el texto refundido aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987; y como la recurrente en el proceso a quo tenía 
veintiún  años  cuando  su  madre  falleció  –sin  que  concurriesen  las  circunstancias 
adicionales de padecer discapacidad o de ser huérfana de ambos padres– resulta que, 
en una aplicación directa del artículo 41 del citado real decreto legislativo, la resolución 
recurrida, en el extremo en el que se deniega a la solicitante el derecho a continuar 
percibiendo la pensión de orfandad concedida una vez cumpla los veintidós años de 
edad, se ajusta a la norma legal aplicable al supuesto.
4.  Mediante providencia de fecha 10 de marzo de 2020, la Sección Primera de este 
tribunal acordó, a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, oír a la fiscal general del 
Estado para que en el plazo de diez días alegase lo que considerara conveniente acerca 
de  la  admisibilidad  de  la  presente  cuestión  de  inconstitucionalidad,  por  si  fuere 
notoriamente infundada.
5.  La fiscal general del Estado presentó su escrito de alegaciones con fecha 8 de 
junio  de  2020  interesando  la  inadmisión  de  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  por 
entender que resulta notoriamente infundada (art. 37.1 LOTC), en el sentido dado por la 
doctrina del Tribunal Constitucional a este concepto.
Tras recordar los antecedentes de la cuestión, realiza el escrito de la fiscal general 
las siguientes consideraciones: quienes ingresaran en la carrera judicial a partir del día 1 
de enero de 2011, incluido el período de formación en la escuela judicial, quedaron 
encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, aunque solamente a los 
efectos de pensiones, conservando por lo demás la vinculación al mutualismo judicial y, 
por tanto, a su régimen de cotización y prestaciones propias. Por lo tanto; dado que la 
medida  no  afectaba  al  mutualismo  judicial,  la  asistencia  sanitaria,  la  prestación 
farmacéutica, el subsidio por incapacidad temporal, así como el resto de las prestaciones 
económicas gestionadas por dicho mutualismo, se prestarían a través de Mutualidad 
General Judicial, a cuyos efectos quienes ingresaran en la carrera judicial a partir del 
día 1 de enero de 2011 habrían de abonar, junto con la cotización a la Seguridad Social, 
la correspondiente cuota a la citada mutualidad. Al menos temporalmente, los miembros 
de la Carrera Judicial pasaron a contar con dos regímenes de protección, el de clases 
pasivas para los anteriores al 1 de enero de 2011 y el general de la Seguridad Social 
para los posteriores a esa fecha, a lo que se suma la protección del mutualismo.
De acuerdo con el escrito de la fiscal general del Estado, de lo anterior se desprende 
con toda evidencia que las situaciones subjetivas que han sido traídas a comparación no 
son, efectivamente, homogéneas o equiparables, lo que permitiría concluir, ya sólo por 
eso, que la cuestión planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el procedimiento ordinario  e
número 392-2019 es notoriamente infundada. bo
Pero de acuerdo con el escrito de la fiscal general del Estado, la cuestión de  89ww
iennc ovnisrttuitdu cidoen allaid addo pcltarinntae addeal  ppureodpeio s eTr rcibounnsaidl eCraodnas «titnuoctioorniaaml eqnutee  incofunnsdidaedraa»  qtaume biléons 
faurntídcualdoos  4e1n  yp r5in0c CipEio sn oi dcéonntisctorisñ,e nn i ala  elsat abrelegcuilmacieiónnto  ddee  uunno úsn imcois msisotse mreaq puriseistotasc ioo nalal 
previsión  de  iguales  circunstancias  determinantes  del  nacimiento  del  derecho
(STC 114/1987, de 6 de julio); igualmente considera que la identidad en el nivel de 
protección de todos los ciudadanos podrá constituir algo deseable desde el punto de 
vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, 
cada uno con su propia normativa, no constituye un imperativo jurídico (SSTC 103/1984, 
de 12 de noviembre, y 27/1988, de 23 de febrero), ni vulnera el principio de igualdad 
(STC 77/1995, de 20 de mayo, FJ 4) tal falta de identidad.
En este sentido cita el escrito de la fiscal general del Estado los AATC 146/2012 
y  148/2012,  de  16  de  julio,  que  inadmitieron  a  trámite  sendas  cuestiones  de 
inconstitucionalidad  planteadas  por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Asturias  en 
relación  con  la  disposición  adicional  decimoquinta  de  la  Ley  27/2009,  de  30  de 
septiembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la 
protección de las persona desempleadas. En efecto, el Tribunal Constitucional en el 
fundamento jurídico 4 de los citados AATC 146/2012 y 148/2012, afirmó lo siguiente: i) 
que, conforme a su consolidada doctrina, aunque existe una tendencia a la equiparación 
de los distintos regímenes que integran el sistema de Seguridad Social (en función de los 
diversos colectivos protegidos), corresponde al legislador, dentro del margen de libertad 
del que, de acuerdo con el art. 41 CE, goza en esta materia, establecer el marco 
normativo necesario para llevar a cabo la culminación de este proceso, teniendo en 
cuenta la necesidad de no alterar el equilibrio económico financiero del conjunto de la 
institución, lo que obliga a tener en cuenta, entre otras consideraciones, la viabilidad 
financiera  del  sistema  de  Seguridad  Social,  atendidos  los  condicionamientos  que 
imponen las circunstancias sociales y demográficas en lo relativo al montante de las 
prestaciones  como  al  número  de  beneficiarios,  asegurando,  en  último  término,  la 
viabilidad del sistema público de pensiones; y ii) que, en consecuencia, aun siendo 
deseable desde el punto de vista social alcanzar la identidad en el nivel de protección de 
todos los ciudadanos, son legítimas las diferencias de trato normativo en materia de 
prestaciones derivadas de la inclusión en uno u otro régimen del sistema de Seguridad 
Social de los actualmente existentes (entre otras muchas, SSTC 103/1984, de 12 de 
noviembre; 121/1984, de 12 de diciembre; 27/1988, de 23 de febrero; 38/1995, de 13 de 
febrero, y 77/1995, de 22 de mayo;·y ATC 306/2008, de 7 de octubre).
Concluye el escrito de la fiscal general del Estado señalando que, en consecuencia, 
siendo  ello  así  respecto  de  los  distintos  regímenes  que  integran  el  sistema  de  la 
Seguridad Social, con mayor motivo habrá de predicarse lo mismo cuando la cuestión se 
plantea,  tal  y  como  lo  hecho  la  sala  que  ha  promovido  esta  cuestión  de 
inconstitucionalidad, entre el régimen de clases pasivas y el régimen general de la 
Seguridad Social, lo que le hace concluir interesando la inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada, por ser notoriamente infundada.
II. Fundamentos jurídicos
1.  La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid  plantea  cuestión  de  inconstitucionalidad  respecto  del  artículo  41  del  texto 
refundido  de  Ley  de  clases  pasivas  del  Estado,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por vulneración del principio de igualdad ante la ley 
consagrado en el art. 14 CE.
Considera el órgano judicial proponente que el referido artículo 41 del texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987 –que es el aplicable al supuesto de 
hecho en el proceso a quo, pues la causante ingresó en la carrera judicial antes de que  s
el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre encuadrase a todos los empleados  e.
públicos del Estado, entre ellos los jueces y magistrados, que ingresasen en la función  w.
pública a partir del 1 de enero de 2011, en el régimen de Seguridad Social–, vulnera el  89ww
deelermecehnoto a  dlea  cigoumapldaarda caiónnte  lala  slietuya ccoiónns acgornatdeom epnla deal  apratírcau lolo s1 4h uCéErf,a ninovso csainmdpole cso mdeol 
créognismisetne ndtees  eSne gsuur icdoandd icSioócni adle  eens tuiddéianntitcea ys  ccairrecunncisat adnec itarasb afájoc teic ainsg rqeusoes .la solicitante,  BOE-A-cable e
Así, en efecto, el régimen regulador de la pensión o prestación de orfandad no se 
regula de manera idéntica en el régimen de clases pasivas y en el régimen general de la 
Seguridad Social.
El artículo 41 del texto refundido de Ley de clases pasivas del Estado aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que es el aplicable al caso, dispone:
«Artículo 41.  Condiciones del derecho a la pensión.
1.  Tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos 
pasivos que fueran menores de veintiún años, así como los que estuvieran incapacitados 
para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fallecimiento 
del causante.
[…]
2.  En el supuesto en que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por cuenta 
ajena o propia o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual 
resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije en cada 
momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad 
siempre que, a la fecha de fallecimiento del causante, fuera menor de veintidós años o 
de veinticuatro si, en ese momento o antes del cumplimiento de los veintiún años, o en 
su caso de los veintidós, no sobreviviera ninguno de los padres o el huérfano presentara 
una discapacidad igual o superior al 33 por 100. En este caso, la pensión se extinguirá 
cuando el titular cumpla los veinticuatro años de edad, salvo que estuviera cursando 
estudios, manteniéndose en estos supuestos la percepción de la pensión de orfandad 
hasta el día primero del mes siguiente al inicio del siguiente curso académico […]»
Sin embargo, el artículo 224 del texto refundido de Ley general de la Seguridad 
Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dispone:
«Artículo 224.  Pensión de orfandad.
1.  Tendrán derecho a la pensión de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de 
los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, al 
fallecer el causante, sean menores de veintiún años o estén incapacitados para el 
trabajo y que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera 
pensionista en los términos del artículo 217.1 c).
[…]
2.  Podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la fecha del 
fallecimiento del causante fuera menor de veinticinco años, el hijo del causante que no 
efectúe  un  trabajo  lucrativo  por  cuenta  ajena  o  propia,  o  cuando  realizándolo,  los 
ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el 
salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.
Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los veinticinco años durante el 
transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá 
hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso 
académico […].»
Así,  mientras  que  en  el  régimen  general  de  la  Seguridad  Social  se  reconoce, 
cumplidas determinadas circunstancias, el derecho a percibir la pensión de orfandad 
hasta el cumplimiento de los veinticinco años de edad, en el régimen de clases pasivas, 
y cumplidas las mismas circunstancias, tal derecho es hasta los veintidós años. e.
La fiscal general del Estado, por las razones de las que se ha dejado constancia en  w.b
los  antecedentes,  se  opone  a  la  admisión  a  trámite  de  la  cuestión  de  89ww
inconstitucionalidad, por estimarla notoriamente infundada (art. 37.1 LOTC).
trám2it.e  Cdeo nafodrmmies ióan l oy  dmispeudeiasntote  eanu etol ,a rptr. e3v7ia.1  aLuOdTieCn,c ieas tael  tfriisbcuanla gl epnueerdael  rdeeclh aEzsatar deon, 
aquellas cuestiones de inconstitucionalidad que fueren notoriamente infundadas, en el
significado  que  nuestra  reiterada  doctrina  viene  dando  al  concepto  de  «cuestión 
notoriamente infundada».
Se trata, en efecto, de un concepto que encierra un cierto grado de indefinición, el 
cual se traduce procesalmente en la necesidad de otorgar a este tribunal un determinado 
margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las 
cuestiones  de  inconstitucionalidad,  de  modo  que  existen  supuestos  en  los  que  un 
examen preliminar de las cuestiones de inconstitucionalidad permite apreciar la falta de 
viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique, necesariamente, que carezca 
de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta resulte arbitraria, pudiendo 
resultar conveniente en tales casos resolver la cuestión en la primera fase procesal, 
máxime si su admisión pudiera provocar efectos no deseables, como la paralización de 
otros procesos en los que resulta aplicable la norma cuestionada (entre otros muchos, 
AATC 389/1990, de 29 de octubre, FJ 1; 134/1995, de 9 de mayo, FJ 2; 380/1996, de 17 
de diciembre, FJ 2; 229/1999, de 28 de septiembre, FJ 2; 119/2000, de 10 de mayo, 
FJ 2; 46/2001, de 27 de febrero, FJ 2; 269/2003, de 15 de julio, FJ 2; 63/2004, de 24 de 
febrero, FJ 2; 306/2008, de 7 de octubre, FJ 3; 30/2009, de 27 de enero, FJ 4, y 54/2010, 
de 19 de mayo, FJ 3).
De acuerdo con esta consolidada doctrina, la conclusión de nuestro examen sobre la 
viabilidad de la cuestión planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  es  que  no  cabe  apreciar  la  pretendida 
contradicción  de  la  disposición  cuestionada  con  el  art.  14  CE,  por  lo  que  resulta 
procedente apreciar en este momento procesal, de conformidad con lo alegado por la 
fiscal general del Estado, que la cuestión resulta notoriamente infundada (art. 37.1 
LOTC) y ha de ser por ello inadmitida, por las razones que seguidamente pasamos a 
exponer.
3.  Como  tiene  declarado  este  tribunal  desde  la  STC  22/1981,  de  2  de  julio, 
recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
relación con el art. 14 CE, «el principio de igualdad no implica en todos los casos un 
tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia 
jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación 
de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 
CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan 
considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable 
para  ello,  pues,  como  regla  general,  el  principio  de  igualdad  exige  que  a  iguales 
supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, 
veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o 
carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en 
suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas 
en  criterios  objetivos  y  razonables,  según  criterios  o  juicios  de  valor  generalmente 
aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia 
de  trato,  que  las  consecuencias  jurídicas  que  se  deriven  de  tal  distinción  sean 
proporcionadas  a  la  finalidad  perseguida,  de  suerte  que  se  eviten  resultados 
excesivamente gravosos o desmedidos» (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, 
de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 
209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 
de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 
340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8, y 200/2001, de 4 de 
octubre, FJ 4, por todas). e.
A  la  vista  del  término  de  comparación  que  ante  esta  jurisdicción  constitucional  w.b
propone el auto de planteamiento de la cuestión, resulta preciso recordar, en primer  89ww
alubgrail,r , FqJu e5,,  e«nn op rsinocni ptéior,m yin coosm hoo mhao gsuébnreaoysa ddoe  ecostme ptarirbaucnióanl ,e na  seufe SctToCs  d8e8 /l2o0 d0i5s,p duee s1to8  deen 
enlo vairetm. 1b4re ,C FEJ,  4re; g1í7m3e/1n9e8s8 d, ed ela 3  Sdeeg oucritduabdre S, FocJi a2l;  d1i8s4tin/1to9s9 3(,S dSeT 3C1  1d0e3 /m19a8yo4,,  FdJe  21)2» . dEel 
art. 14 CE no alcanza necesariamente a corregir las diferencias existentes entre los
diversos regímenes que integran la Seguridad Social, pues «las diferencias de trato que 
se producen por aplicación de regímenes jurídicos distintos encuentran justificación en el 
distinto ámbito objetivo y subjetivo que cada uno de ellos regulan y, por tanto, también, 
en principio, la pertenencia a órdenes normativos distintos constituye, por sí misma, 
causa justificativa de la diferencia de trato» (STC 39/1992, de 30 de marzo, FJ 8).
Asimismo, se hace necesario señalar, en segundo lugar, que fue el Real Decreto-
ley  13/2010,  de  3  de  diciembre,  de  actuaciones  en  el  ámbito  fiscal,  laboral  y 
liberalizadoras  para  fomentar  la  inversión  y  la  creación  de  empleo,  el  que  vino  a 
encuadrar a todos aquellos empleados públicos del Estado que ingresaron en la función 
pública a partir del 1 de enero de 2011, en el régimen general de la Seguridad Social. 
Los funcionarios que habían ingresado antes del 1 de enero de 2011 permanecieron, sin 
embargo, en el régimen de clases pasivas del Estado.
Se trata, por tanto, de un cambio en el régimen de protección que se establece 
mediante una cesura temporal que determina tanto aquellos funcionarios que quedan 
encuadrados en el régimen anterior como los que, a partir de su ingreso en la función 
pública, se incorporan al nuevo régimen, en este caso el general de la seguridad social. 
El criterio de encuadramiento en uno u otro régimen es, por lo tanto, el momento 
temporal de acceso a la función pública.
Cabe subrayar, en tercer lugar, que el Tribunal Constitucional ha recordado que la 
identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos «puede ser un objetivo 
deseable  desde  el  punto  de  vista  social,  pero  cuando  las  prestaciones  derivan  de 
distintos sistemas o regímenes, cada uno con su propia normativa, no constituye un 
imperativo constitucional (SSTC 103/1984, de 12 de noviembre, FJ 4, y 27/1988, de 23 
de febrero, FJ 5). Aunque existe una tendencia en el plano legal a la equiparación de los 
distintos regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, corresponde al 
propio legislador llevar a cabo la culminación de este proceso, en el que el Tribunal 
Constitucional no debe interferir con decisiones singularizadas susceptibles de alterar el 
equilibrio económico financiero del conjunto de la institución, salvo que la diferencia de 
tratamiento  controvertida  esté  desprovista  de  toda  justificación  objetiva  y  razonable 
(STC 38/1995, de 13 de febrero, FJ 2)» (STC 88/2005, de 18 de abril, FJ 5 y más 
recientemente ATC 146/2012, de 16 de julio, FJ 4).
Una vez señalado lo anterior, en este caso, no es posible afirmar que la diferencia de 
tratamiento  esté  desprovista  de  toda  justificación  objetiva  y  razonable,  pues  nos 
encontramos ante una reforma completa del régimen de protección hasta ese momento 
existente y mediante la que se decide que aquellos funcionarios que venían disfrutando 
del régimen de protección previo, el régimen de clases pasivas, permanezcan en el 
mismo,  ingresando  los  nuevos  funcionarios  en  el  nuevo  régimen,  el  general  de  la 
Seguridad Social.
Por  lo  demás,  hemos  señalado  también  que  la  consideración  de  los  términos 
comparativos entre regímenes diversos habrá de hacerse en todo caso en su conjunto y 
no por las consecuencias individualizadas, más o menos beneficiosas, que en cada caso 
tenga la aplicación de uno y otro régimen (ATC 42/1990, de 29 de enero, FJ 2). Así, en 
efecto, en la presente cuestión, el órgano judicial proponente ofrece un término de 
comparación que en ningún caso sería idóneo, pues ciertamente la pensión de orfandad 
está regulada de manera diferenciada en uno y otro régimen, pero como también lo 
están otras situaciones como puede ser, por ejemplo, la edad de jubilación. En efecto la 
regulación de la edad de jubilación es más favorable en el régimen de clases pasivas 
que en el régimen general de la Seguridad Social, pues el primero permite la jubilación  s
de carácter voluntario siempre que el interesado tenga cumplidos los sesenta años de  oe.
edad y reconocidos treinta años de servicios efectivos al Estado. La consideración de los  w.
términos comparativos entre regímenes diversos habría de hacerse, en todo caso, en su  89ww
ccaodnaju nctaos yo  ntoe npgoar  llaas  acpolnicsaeccióune ndceia su ninod iyv idoutraol izréagdiamse, nm á(As ToC m 4e2n/o1s9 9b0e,n edfeic i2o9s adse,  qeunee reon, 
FJ 2).
Por tanto, cabe concluir que no es posible alegar discriminación como resultado de la 
comparación  de  concretas  y  singularizadas  prestaciones  de  regímenes  distintos  de 
Seguridad Social, dado que no son términos homogéneos de comparación y en todo 
caso, la consideración de los términos comparativos ha de hacerse en su conjunto y no 
por las consecuencias individualizadas, más o menos beneficiosas, que en cada caso 
tenga la aplicación de uno u otro régimen. Se trata, en definitiva, de la articulación legal 
de  diferentes  «sistemas  de  protección»,  caracterizados  por  sus  propios  principios 
configuradores, que justifican y determinan su diverso alcance protector, también en 
cuanto a la determinación legal de los sujetos a los que se extiende la cobertura del 
sistema, que se inscriben dentro del amplio margen de configuración legal de que goza 
el legislador, sin que por tal motivo pueda advertirse incompatibilidad con el derecho a la 
igualdad proclamado por el art. 14 CE.
Por todo lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  catorce  de  julio  de  dos  mil  veinte.–Juan  José  González  Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo 
Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.