BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 279 Lunes 22 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 143169
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19171 Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Córdoba n.º 3, por la que se suspende 
la inscripción de una escritura de partición de herencia por no aportarse el 
testimonio firme de la sentencia de incapacitación de uno de los herederos, ni 
acreditarse la inscripción en el Registro Civil de dicha incapacitación.
En el recurso interpuesto por don Rafael Díez-Vieito Piélagos, notario de Córdoba, 
contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Córdoba número 3, 
doña Alicia Coronado Teruel, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
partición  de  herencia  por  no  aportarse  el  testimonio  firme  de  la  sentencia  de 
incapacitación de uno de los herederos, ni acreditarse la inscripción en el Registro Civil 
de dicha incapacitación.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 10 de junio de 2021 ante el notario de Córdoba, 
don Rafael Díaz-Vieito Piélagos, se formalizaba una partición de herencia realizada por 
contador-partidor dativo, en la que constaba la aprobación de ésta por dicho notario, y en 
la que uno de los herederos era una persona declarada incapaz.
II
Presentada  la  indicada  escritura  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Córdoba 
número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos:
Primero.–Mediante escritura otorgada en Córdoba, el día 10 de junio de 2021, ante 
su Notario Don Rafael Díaz-Vieito Piélagos, n.º 3031 de protocolo, Don F. A. P., en su 
calidad  de  Contador-Partidor  Dativo,  designado  por  el  Ilustre  Colegio  Notarial  de 
Andalucía en el procedimiento de División de Herencia de Doña J. M. N., y nombrado 
para tal cargo mediante escritura otorgada por referido Notario el día 28 de octubre 
de 2019, con el n.º 4.173 de protocolo, en la que por diligencia extendida al final de 
fecha 4 de noviembre de 2019 aceptó su cargo, requiere el Notario autorizante a fin de 
tramitar el presente expediente de jurisdicción voluntaria, y se notifique a los herederos, 
mediante envío por correo certificado con acuse de recibo, y a tal fin entrega a dicho 
Notario para su protocolización y elevación a público, un cuaderno comprensivo de las 
operaciones de partición de dicha herencia, conforme al art. 1057.3 del Código Civil, las 
cuales, han sido realizadas con la citación del representante legal de Don J. F. N., 
incapacitado, y cuyo tutor es Don J. R. M.; así como el requerimiento por dicho Contador,  s
habiéndose cumplido los requisitos subjetivos y objetivo de los artículos 1.057.2 del  oe.
Código Civil y de los artículos 92 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y 66 de la ley del  w.
Notariado, y previo examen de la partición efectuada, tanto desde el punto de vista  171ww
jduircíhdoic oc ucaodmeorn mo aptaerrtiiacli,o pnaarl af oqrumea lpizraodceod pao ar  elal  ACpornotbaadcoiró-Pn adrteid loar  pDaarttiicvioó,n  ye fqeucetu alledvaa e na 
efefechctao  1e0l  Ndoet ajruion ioa udtoer iz2a0n2t1e.  mDeed iadnictheo  dicliugaednecrian oe xptaerntidciidoan aal l yf indael  dlae l ddooccuummeennttaoc iódne   BOE-A-cable e
protocolizada resulta lo siguiente: 1.–Que la expresada causante Doña J. M. N., falleció 
en Málaga el día 13 de diciembre de 2012, en estado de viuda de sus únicas nupcias 
con Don J. N. A., de cuyo matrimonio tuvo tres hijos llamados M. P., E. y J. L. N. M., bajo 
el testamento abierto otorgado en Málaga el 16 de octubre de 2009, ante su Notario 
Doña Silvia Tejuca García, n.º 2023 de protocolo, en el que lega a su hija E. N. M. los 
tercios de libre disposición y mejora en pleno dominio, e instituye herederos por terceras 
e iguales partes, en el tercio de legítima corta o estricta, a sus tres citados hijos, a los 
que sustituye para los casos de premoriencia, conmoriencia e incapacidad, por sus 
respectivos descendientes; habiéndole premuerto su hija M. P. N. M., quien falleció el 
día 22 de agosto de 2010, en estado de casada en únicas nupcias con Don J. F. V., de 
cuyo único matrimonio tuvo un hijo llamado J. F. N., -el cual fue declarado incapaz en 
virtud de sentencia dictada con fecha 24 de abril de 2001 por el Juzgado de Primera 
instancia n.º 13 de Palma de Mallorca, siendo nombrado Tutor del mismo a Don J. R. M., 
por auto número 222/2011 de fecha 8 de febrero de 2011 por el titular del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 11 de Málaga, habiéndose acreditado únicamente el nombramiento 
de tutor en virtud de un testimonio expedido el 15 de febrero de 2016 por el Letrado de la 
Administración de Justicia de referido Juzgado, Doña E. A. M., que se incorpora al final 
de la escritura de aceptación y adjudicación de la herencia de dicha causante y de su 
esposo Don J. F. V. 2.–Que el único bien que forma el caudal hereditario de la causante 
Doña J. M. N. consiste en una casa sita en la calle (…), perteneciente a este Registro, 
finca registral número 5.894, se adjudica en pleno dominio a la hija y heredera Doña E. 
N. M., conforme al artículo 1062 del Código [sic] Civil, quién lleva adjudicado de más, 
10.764 euros, de cuya cantidad les corresponde a los demás herederos Don J. L. N. M. y 
Don J. F. N., a cada uno de ellos, cinco mil trescientos ochenta y dos euros, cantidad 
abonada por dicha adjudicataria.
Segundo.–Una copia de dicha escritura se presentó en este Registro de la Propiedad 
de Córdoba número Tres, el día 17 de junio de 2021, a las 12:20 horas, causando el 
asiento  186  del  diario  41,  habiéndose  aportado  el  mismo  día  carta  de  pago  y 
autoliquidación del impuesto de la Plusvalía.
Fundamentos de Derecho:
Se  ha  apreciado,  previa  su  calificación  registral  -conforme  a  los  artículos  18  y 
concordantes de la Ley Hipotecaria-, los siguientes defectos subsanables:
–Ha de tomarse en consideración lo siguiente:
Primero.–Del expediente resulta que el hijo de la causante M. P. N. M., llamado J. F. 
N., fue declarado incapaz en virtud de Sentencia dictada por el Jugado de Primera 
Instancia número 13 de Palma de Mallorca de fecha 24 de abril de 2001, y que por Auto 
firme dictada el 8 de febrero de 2011, del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Málaga 
fue nombrado Tutor del mismo a don J. R. M.. Se acompaña testimonio de dicho 
nombramiento. Sin embargo falta la aportación de testimonio judicial de sentencia firme, 
con expresión de su firmeza, por la que se procede a la incapacitación o modificación 
judicial de su capacidad, y ello en la medida que, conforme al artículo 199 del Código 
Civil, «nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las 
causas establecidas en la Ley», debiendo tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 760.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la sentencia que declara la 
incapacitación se determina la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de 
tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado. e.
Para facilitar la labor de los interesados, y sin perjuicio de otros medios admitidos en  w.
Derecho, para la práctica de la inscripción interesada será precisa la aportación de  171ww
tdees tsimu ofinrmioe jzuad.icial de la sentencia firme de incapacitación de don J. F. N., con expresión
la LeSyo nd ed Ee najupilciciaamcióienn ltoos C aivrtiíl cyu cloosn c1o9r9d ayn stiegsu.ientes del Código Civil, 760 y siguientes de  BOE-A-cable e
Segundo.–El artículo 218 del Código Civil indica que «Las resoluciones judiciales 
sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en el Registro Civil. Dichas 
resoluciones  no  serán  oponibles  a  terceros  mientras  no  se  hayan  practicado  las 
oportunas inscripciones», añadiendo el artículo 219 del Código Civil que «la inscripción 
de las resoluciones a que se refiere el artículo anterior, se practicará en virtud de 
testimonio remitido al Encargado del Registro Civil», lo que complementa el artículo 755 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual «Cuando proceda, el Secretario 
judicial -actualmente, Letrado de Administración de Justicia- acordará que las sentencias 
y demás resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este Título se 
comuniquen  de  oficio  a  los  Registros  Civiles  para  la  práctica  de  los  asientos  que 
correspondan»;
– en conexión con ello, el artículo 2 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 
indica que «El Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos. Sólo en los 
casos de falta de inscripción o en los que no fuere posible certificar del asiento, se 
admitirán  otros  medios  de  prueba;  pero  en  el  primer  supuesto  será  requisito 
indispensable para su admisión que, previa o simultáneamente, se haya instado la 
inscripción omitida o la reconstitución del asiento», debiendo tener en cuenta que entre 
los hechos inscribibles en el Registro Civil, conforme al artículo 1, apartados quinto y 
octavo, de la Ley del Registro Civil se encuentran «Las modificaciones judiciales de la 
capacidad de las personas» y la «tutela y demás representaciones que señala la Ley» 
(así, el artículo 46 de la Ley de Registro Civil reseña que «las modificaciones judiciales 
de  capacidad  (…)  se  inscribirán  al  margen  de  la  correspondiente  inscripción  de 
nacimiento» y los artículos 88 y 89 de la citada Ley del Registro Civil señalan que «En la 
Sección cuarta se inscriben el organismo tutelar y las demás representaciones legales 
que no sean de personas jurídicas y sus modificaciones (…)» y que «las inscripciones 
relativas al organismo tutelar se practicarán en el Registro del domicilio de las personas 
sujetas a la tutela en el momento de constituirse ésta»).
En este sentido, la Dirección General de los Registros y del Notariado, por aplicación 
analógica, en Resolución de 28 de octubre de 2014, ha puesto de manifiesto que en 
relación con el tema de la prueba del estado civil de las personas que otorguen actos o 
contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, a los 
efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, parte del criterio general de la 
necesidad de que las distintas circunstancias y hechos relativos al estado civil de las 
personas, cuando afectan a la titularidad de los derechos inscritos o a la legitimación de 
los otorgantes, por afectar a la validez del acto o contrato en que intervienen, deben ser 
acreditados mediante certificación de su inscripción en el Registro Civil: de este modo, 
no se trata sólo de «probar» la incapacitación y el nombramiento de tutor, sino que en 
tanto no tenga lugar su inscripción en el Registro Civil no son oponibles frente a terceros, 
por lo que no deberá accederse a la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos o 
contratos otorgados en nombre del incapacitado por el tutor sin aquella previa inscripción 
en el Registro Civil.
Como consecuencia de lo anterior, para proceder a la práctica de la inscripción 
interesada será preciso acreditar la inscripción de la modificación judicial de la capacidad 
-o incapacitación- de don J. F. N. y la -del nombramiento de tutor en el Registro Civil, 
para lo cual será precisa la aportación:
– de  certificación  de  nacimiento  de  don  J.  F.  N.,  en  que  conste  anotada  la 
incapacitación o modificación judicial de la capacidad del mismo -Sección Primera- 
expedida por el encargado del Registro Civil español que resulte competente, e.
– así como, en su caso, certificación de tutelas y demás representaciones legales en  w.b
que conste inscrito el nombramiento de su tutor, don J. R. M. -Sección Cuarta-, expedida  171ww
por el encargado del Registro Civil español que resulte competente.
de ESnojuni cdiea maipelnictaoc Cióinv ill;o 3s  adret ílcau lLoesy 2 H1i8p,o 2te1c9a yri a1;2 3146  ddeell  RCeógdliagmo eCnitvoil ;H 7ip5o5t eyc 7a6ri0o ;d 1e,  l2a,  L1e5y, 
46, 88 y 89 de la Ley del Registro Civil de 14 de junio de 1957; así como, entre otras, por
aplicación analógica, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 28 de octubre de 2014.
Acuerdo:
En su virtud, se acuerda suspender la inscripción de la precedente escritura, por las 
causas y en los términos que resultan de la presente nota de calificación; asimismo se 
hace constar:
Contra la presente nota de calificación puede (…)
Córdoba, a 8 de Julio de 2021. La Registradora (firma ilegible) Fdo.: Alicia Coronado 
Teruel».
III
Los defectos apreciados en la nota de calificación de la registradora de la Propiedad 
fueron subsanados y la adjudicación hereditaria se inscribió el día 26 de julio de 2021. 
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  Rafael  Díaz-Vieito  Piélagos,  notario  de 
Córdoba, interpuso recurso el día 26 de julio de 2021 mediante escrito del siguiente tenor 
literal:
«Expone:
Primero.–Que  autoricé  escritura  de  protocolización  de  partición  realizada  por 
contador partidor dativo bajo el número 3.031 de orden protocolar del año 2021; dicho 
título fue objeto de calificación negativa el día 8 de julio de 2021 por parte de la titular del 
Registro número 3 de los de Córdoba (…)
Segundo.–Que como presentante del documento, y aun cuando entiendo que se 
trataba  de  una  exigencia  improcedente,  aporté  la  documentación  exigida  por  la 
registradora  (la  certificación  de  nacimiento  del  señor  R.  así  como  la  certificación 
acreditativa de la inscripción en la sección 4 del nombramiento de tutor), a fin de evitar 
dilaciones que pudiesen causar perjuicios económicos a la adjudicataria y a la persona 
interesada en la adquisición del inmueble objeto del título.
Tercero.–Que, no obstante lo anterior, por la presente vengo a interponer recurso 
gubernativo ante la Dirección General de los Registros y el Notariado, en base a las 
siguientes consideraciones:
Como  resulta  del  relato  de  hechos  contenido  en  la  calificación,  se  trata  de  la 
protocolización  de  un  cuaderno  particional  redactado  por  contador  partidor  dativo 
designado conforme a lo previsto en el artículo 1057 del Código Civil y las disposiciones 
concordantes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, norma que llamativamente no es 
objeto de cita ni análisis en la nota de calificación.
Como resulta del expediente, la designación se realizó conforme a las disposiciones 
de la Ley, con citación de todos los interesados, el cuaderno particional fue realizado por 
el  señor  contador  partidor  dativo  previa  tasación  del  único  inmueble  quedado  al 
fallecimiento de la causante y finalmente dicha partición fue protocolizada por dicho 
señor y aprobada de modo expreso por mí, como Notario autorizante en los términos 
exigidos en el Código Civil.
La calificación de la señora registradora parece ignorar dos cuestiones centrales:
a.–en primer lugar, el otorgante del instrumento público calificado ha sido el contador  b
partidor  dativo,  no  la  persona  con  la  capacidad  judicialmente  modificada  ni  su  171ww
raelupdreiesnednota an telo sle g«aalc tcoosm oo  caofinrmtraat oesn  ostuo rngoatdao sd ee nc anliofimcabcrieó nd, eal l inecxaigpira cuintaad doo pcourm eeln ttuatcoiró»n. 
Rele s2u6l tad ep ejrutninioe ndtee  re2c0o1r9d acr ueal ncdoon teinndidicoa  dqeu lea  R«deasdoolu ceiól nc adricátcatdear  puonril aetle Craeln dtreol  Dnieregcoticvioo 
particional efectuado por el contador partidor testamentario, ningún heredero, ni por si ni 
en representación de otro, actúa como otorgante del negocio partitivo».
b.–en segundo lugar, que el título otorgado por el contador partidor dativo, como lo 
sería si el contador fuese testamentario, una vez aprobada notarialmente (o en su caso 
por el Letrado de la Administración de justicia) la partición, es inscribible sin necesidad 
de intervención de los legitimarios ni de los llamados a la herencia. Dicha aprobación 
existe y consta fehacientemente en el título calificado. En concreto en dicho título consta 
expresamente la siguiente diligencia con la aprobación requerida:
«Diligencia  de  aprobación.–La  extiendo  yo,  Rafael  Díaz-Vieito  Piélagos,  Notario 
autorizante de la presente, el día diez de junio de dos mil veintiuno, para hacer constar 
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.057 del Código Civil, apruebo de modo 
expreso las operaciones particionales verificadas por el señor A. P., por cumplir todos los 
requisitos establecidos en la Ley, y por entender plenamente justificada la valoración 
atribuida al bien inventariado (...)»
Es obvio que el procedimiento concebido por la Ley de Jurisdicción Voluntaria implica 
la posibilidad de que el titulo sea inscribible directamente, pues de lo contrario su objetivo 
de evitar bloqueos por parte de la minoría y de desjudicialización quedaría por completo 
desnaturalizado e impedido.
A estos efectos transcribo las argumentaciones del Centro Directivo en la reciente 
Resolución de 19 de febrero de 2021:
«Por lo que se refiere a las referidas cuestiones de fondo planteadas, debe tenerse 
en  cuenta  la  naturaleza  de  actos  de  jurisdicción  voluntaria  que  tienen  tanto  el 
nombramiento de contador-partidor dativo como la aprobación de la partición por él 
realizada.
El Preámbulo de la Ley 1512015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria afirma 
que "..la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, conforme con la experiencia de otros países, 
pero también atendiendo a nuestras concretas necesidades, y en la búsqueda de la 
optimización de los recursos públicos disponibles, opta por atribuir el conocimiento de un 
número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la 
jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, 
tales  como  Secretarios  judiciales,  Notarios  y  Registradores  de  la  Propiedad  y 
Mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento. 
Estos profesionales, que aúnan la condición de juristas y de titulares de la fe pública, 
reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías, 
en algunos de los actos de jurisdicción voluntaria que hasta ahora se encomendaban a 
los Jueces. Si bien la máxima garantía de los derechos de la ciudadanía viene dada por 
la  intervención  de  un  Juez,  la  desjudicialización  de  determinados  supuestos  de 
jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional, en los que predominan los elementos 
de  naturaleza  administrativa,  no  pone  en  riesgo  el  cumplimiento  de  las  garantías 
esenciales de tutela de los derechos e intereses afectados".
La disposición final primera, en su apartado noveno, de la misma Ley 15/2015, 
modificó el artículo 1057 del Código Civil, que en su párrafo segundo dispone que: "No 
habiendo testamento, contador-partidor en él designado o vacante el cargo, el Secretario 
judicial o el Notario, a petición de herederos y legatarios que representen, al menos, 
el 50 por 100 del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, si su 
domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador-partidor dativo, según las reglas  s
que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designación de  oe.
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Notario autorizará escritura pública: a) (...) b) Para el nombramiento de contador-partidor
dativo en los casos previstos en el artículo 1057 del Código Civil. El nombramiento se
realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 50. c) En los casos de renuncia del 
contador-partidor nombrado o de prórroga del plazo fijado para la realización de su 
encargo. d) Para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor cuando 
resulte  necesario  por  no  haber  confirmación  expresa  de  todos  los  herederos  y 
legatarios". Y en su apartado 2 establece que: "Será competente el Notario que tenga su 
residencia en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia 
habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su 
naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, 
siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un 
Notario  de  un  distrito  colindante  a  los  anteriores.  En  defecto  de  todos  ellos,  será 
competente el Notario del lugar del domicilio del requirente".
En esta reforma del artículo 1057 del Código Civil se atribuyen dos cualificadas 
funciones al notario (y al letrado de la administración de justicia), antes atribuidas al juez, 
consistentes, por una parte, en el nombramiento del contador-partidor dativo; y, de otra 
parte, la aprobación de la partición, salvo confirmación expresa de todos los herederos y 
legatarios.  La  designación  del  contador-partidor  se  verifica  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Notariado; y, la aprobación de la partición 
conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la misma Ley del Notariado.
Consecuentemente con lo expresado, deben diferenciarse conceptualmente lo que 
constituye propiamente el proceso de nombramiento del contador-partidor dativo; lo que 
constituyen propiamente las operaciones particionales que debe realizar este contador-
partidor  dativo;  y,  por  último,  la  aprobación  por  el  notario  (o  el  letrado  de  la 
Administración de Justicia) de la partición así practicada.
Cada una de estas fases diferenciadas deben realizarse con estricto cumplimiento de 
lo exigido por la normativa.
Así, por lo que se refiere al nombramiento del contador-partidor dativo es obligación 
del  notario  comprobar  que  la  petición  se  realice  por  herederos  o  legatarios  que 
representen, al menos, el 50% del haber hereditario; que se verifique la citación a los 
demás interesados, si su domicilio fuere conocido, dispone expresamente el citado 
artículo 1057 del Código Civil; realizándose la designación de contador-partidor dativo en 
la forma prevista en la Ley del Notariado (para la hipótesis de que la solicitud se haga al 
notario), es decir, conforme al artículo 50 de esta ley.
La  aprobación  de  la  partición  debe  realizarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 66 de la Ley del Notariado, habiendo manifestado esta Dirección General (cfr. 
Resolución  de  18  de  julio  de  2016)  que  esta  aprobación  notarial  de  la  partición 
practicada  por  el  contador-partidor  supone  un  expediente  especifico  de  jurisdicción 
voluntaria, tramitado por notario competente (sea o no el mismo notario que autorice la 
escritura de partición) de acuerdo con los criterios de competencia que establece el 
artículo 66.2 de la Ley del Notariado.
4.  En la vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, el artículo 22.2, párrafo 
segundo, i.f., delimita claramente el ámbito de la calificación registral respecto de los 
expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, 
al establecer que: "La calificación de los Registradores se limitará a la competencia del 
Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se 
hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que 
surjan del Registro". En relación con la calificación registral de los actos de jurisdicción 
voluntaria autorizados notarialmente no hay precepto semejante, pero debe tomarse en 
consideración dicho artículo 22.2 de la Ley 15/2015 puesto que el notario ejerce en ellos  s
la función de jurisdicción voluntaria -hasta entonces atribuida también a los jueces- en  oe.
exclusiva, como órganos públicos, diferentes de los órganos jurisdiccionales (vid, entre  w.
otros, los apartados IV, último párrafo, y VIII, párrafo cuarto, del preámbulo de dicha ley),  171ww
y(. .a.)r mEonn ivziartrusde  cdoen  lloo se axprtuíceusltoos,  1la7  bciasl idficea lcai óLne yr edgeils Ntraolt adrieald on oym 1b8r adme ilean Ltoe yd He ipcootnetcaadroiar-.
pnaortatidrioor,  lya  lcao nagprruoebnacciiaó nd edle r elas upltaardtioc iódne  tpaoler sé al cptroasc tcicoand ae l aebxaprecdaireán tlea,  claosm fpoermteanlcidiaa ddeesl   BOE-A-cable e
extrínsecas  y  los  obstáculos  que  surjan  del  Registro.  (...)  En  este  sentido,  debe 
recordarse que al Registro sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, 
debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una 
causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación (cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 
de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así puede garantizarse la seguridad 
jurídica  preventiva  que  en  nuestro  sistema  jurídico  tiene  su  apoyo  basilar  en  el 
instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala Tercera, ‘a notarios y 
registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, 
recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento 
público, o sobre los títulos inscribibles’. Pero debe también tomarse en consideración 
que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito objetivo de la calificación al 
establecer que los registradores calificarán "...la legalidad de las formas extrínsecas de 
los documentos de toda clase,... así como la capacidad de los otorgantes y la validez de 
los  actos  dispositivos  contenidos  en  las  escrituras  públicas...".  Ciertamente,  en  el 
procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial respecto de la cual el 
título presentado sea un mero medio de prueba sino que se trata de hacer compatible la 
efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad de impedir que los 
actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia protectora de éste (cfr., 
por todas, las Resoluciones de 20 de diciembre de 2017 y 15 de enero de 2020 –
respecto de declaración notarial de herederos abintestato– y de 2 de octubre de 2019 –
respecto de venta en subasta notarial–).»
En el supuesto que nos ocupa, parece ignorar la registradora que el otorgante es el 
contador partidor dativo debidamente designado, cuya idoneidad y capacidad no ha sido 
cuestionada, así como tampoco la regularidad de nombramiento ni de su actuación en la 
formación de inventario y redacción y protocolización del cuaderno particional tampoco lo 
ha sido la aprobación expresamente formulada por este notario recurrente. No existen 
por  tanto  dudas  acerca  de  la  competencia  del  notario,  de  la  congruencia  del 
procedimiento, de sus formalidades extrínsecas, de la validez de los actos dispositivos, 
de la capacidad del otorgante ni existe obstáculo alguno que surja del Registro.
A mayor abundamiento la condición de tutor del incapaz interesado en la herencia, y 
aun cuando ello resulte innecesario, consta en el título calificado pues en la escritura de 
adjudicación de herencia al fallecimiento de la madre del mismo, que se encuentra 
testimoniada e incorporada, se encuentra la resolución judicial firme en la que se designa 
tutor al señor del señor R. M., así como otra posterior en la que expresamente se le 
atribuye y reconoce el cargo, amén de existir un expreso juicio de suficiencia del notario 
autorizante acerca de la suficiente de sus facultades: no hay duda alguna acerca de la 
condición de tutor de dicho señor, y el título en el que constan dichas resoluciones 
judiciales  –que  parecen  no  bastar  a  la  señora  registradora  a  los  efectos  quedar 
acreditada la condición de tutor– ha sido objeto de inscripción en distintos registros de la 
propiedad.
En base a lo anterior, vengo a interponer recurso gubernativo ante la Dirección 
General de los Registros y el Notariado, dentro del plazo legalmente fijado».
IV
Con fecha 30 de julio de abril de 2021, doña Alicia Coronado Teruel, registradora de 
la  Propiedad  de  Córdoba  número  3,  elaboró  informe  en  defensa  de  su  nota  de  s
calificación y elevó el recurso a este Centro Directivo. e.
Vistos los artículos 199, 21F8u nyd 2a1m9e ndetol sC dóed igDoe rCecivhilo –en su redacción anterior a la  2021-19171n https://ww
sLiegyu i8e/n2t0e2s1 d–e;  3la0 0L deey l dCeó dEingjou icciivaiml –ieennt ola  Creivdial; c2c2ió nd eq ulae  Llee yd a1 5la/ 2L0e1y5 8, /d2e0 221 –d;e 7 j5u5li oy,  7d6e0  lay 
Jurisdicción Voluntaria; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 13 de noviembre de 1998, 28 de octubre de 2014 y 3 de julio de 2019; y 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 18 de 
diciembre de 2020 y 19 de febrero y 12 de julio de 2021.
1.  El  presente  recurso  plantea  la  cuestión  de  si  para  inscribir  una  partición 
hereditaria practicada por contador-partidor dativo con aprobación notarial, en la que uno 
de  los  herederos  está  judicialmente  incapacitado,  es  preciso  aportar  o  acreditar  la 
sentencia firme en la que la misma  se  declara y  si  es preciso acreditar la previa 
inscripción en el Registro Civil de la sentencia de incapacitación.
Son hechos que deben tenerse en cuenta en la resolución del presente expediente, 
los siguientes:
– Mediante escritura autorizada por el notario de Córdoba, don Rafael Díez-Vieito 
Piélagos,  se  procede  a  protocolizar  el  cuaderno  particional  confeccionado  por  el 
contador-partidor dativo, don F. A. C. En esta escritura consta la aprobación por dicho 
notario de la partición practicada.
– En dicho cuaderno particional constan incorporados, entre otros documentos, el 
certificado de defunción del causante, el certificado del Registro de Actos de Última 
Voluntad,  el  último  testamento  autorizado  por  el  causante,  así  como  auto  de 
nombramiento de tutor en la persona de J. R. M., auto de autorización a don J. R. M. 
para aceptar la herencia en nombre de don J. F. N.
La registradora señala dos defectos:
– Falta la aportación de testimonio judicial de sentencia, firme, por la que se procede 
a la incapacitación o modificación judicial de su capacidad.
– Es preciso acreditar la inscripción de la modificación judicial de la capacidad –o 
incapacitación– de don J. F. N. y la del nombramiento de tutor en el Registro Civil.
Entiende el notario recurrente que si la partición la realiza un contador-partidor dativo 
no es precisa ni la aportación de la sentencia firme de incapacitación, ni tampoco la 
acreditación de la previa inscripción de la incapacitación en el Registro Civil, es más, que 
habiendo sido aprobada la partición por el notario y tratándose de un acto comprendido 
dentro de las competencias atribuidas al notario por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, 
no  cabe  calificación,  pues  el  mismo  notario  ha  debido  comprobar  la  legalidad  del 
procedimiento tramitado.
La resolución de las cuestiones planteadas en el presente recurso se realizará 
conforme a la legislación vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2021 
de Reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad 
en el ejercicio de su capacidad jurídica, por ser el supuesto de hecho anterior a su fecha 
de entrada en vigor (3 de septiembre de 2021).
Por lo demás, debe recordarse que el artículo 326 de la Ley Hipotecaria establece lo 
siguiente:  «El  recurso  deberá  recaer  exclusivamente  sobre  las  cuestiones  que  se 
relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose 
cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en 
tiempo y forma».
2.  El artículo 1057 del Código Civil en la redacción dada por la disposición final 1.90 
de la Ley 15/2015, de 2 de julio, dispone:
«El  testador  podrá  encomendar  por  acto  «inter  vivos»  o  «mortis  causa»  para 
después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no  e.
sea uno de los coherederos. w.
No habiendo testamento, contador-partidor en él designado o vacante el cargo, el  171ww
Smeecnroesta, reiol  5ju0d ipcoiar l 1o0 0e l dNeol thaariboe, ra h peeretidciitóanr iod,e y h ceorend ceirtoasc ióyn l edgea tlaorsi odse qmuáes  rienptereresseandteons,,  asli 
qsuu ed olam iLceilyio  dfuee rEen cjuoicnioacmidieon, tpoo dCriáv iln oym dberla Nr uonta crioandtoa deosrt-apbalretcideonr  dpaatriav ol,a s deegsúing nlaasc iróeng ldaes   BOE-A-cable e
peritos. La partición así realizada requerirá aprobación del Secretario judicial o del 
Notario, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios.
Lo  dispuesto  en  este  artículo  y  en  el  anterior  se  observará,  aunque  entre  los 
coherederos haya alguno sujeto a patria potestad, tutela o curatela; pero el contador-
partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de los 
representantes legales o curadores de dichas personas».
Por su parte, el artículo 760.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción 
original, determinaba que «la sentencia que declare la incapacitación determinará la 
extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de 
quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de 
internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763».
Del  artículo  1057  del  Código  Civil  resulta  que  es  preceptiva  la  citación  al 
representante  legal  del  incapaz,  en  los  supuestos  en  que  de  la  sentencia  de 
incapacitación así resultara exigible (artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
En consecuencia, el letrado de Administración de Justicia o en este caso el notario, 
deberán comprobar que se ha producido dicha citación para proceder a la aprobación de 
la partición, si así resultara de la sentencia de incapacitación.
Por otro lado, aun cuando el otorgante de la escritura sea únicamente el contador y 
la partición produzca efectos jurídicos por sí, sin necesidad de la intervención de los 
herederos y legatarios, es preciso, conforme a la legislación hipotecaria, que en ella se 
contenga una identificación completa de los beneficiarios, de modo que si alguno de 
éstos se hallase sujeto a tutela, deberá especificarse debidamente esta circunstancia, 
así como el alcance y forma de intervención que se haya previsto en la sentencia firme 
que lo declare.
Igualmente  deberá  acreditarse  la  identidad  de  su  legal  representante  y  su 
nombramiento
En  este  caso,  resulta  que  uno  de  los  herederos  está  incurso  en  causa  de 
incapacitación,  por  lo  que  se  impone  la  constatación  de  las  circunstancias  antes 
referidas.
En  la  documentación  incorporada  en  la  escritura  de  protocolización  de  las 
operaciones  particionales  realizadas  por  el  contador-partidor  dativo,  consta  el 
nombramiento del tutor pero no consta que el notario haya tenido a la vista, ni por su 
exhibición ni por su incorporación a otro documento público de los unidos a la partición, 
la sentencia por la que se declara la incapacitación de don J. F. N.
Dicha sentencia de incapacitación debió ser solicitada por el contador-partidor dativo 
y  por  el  notario  autorizante,  al  objeto  de  determinar  la  extensión  y  límites  de  la 
incapacitación que a su vez determinaran las facultades del representante legal, no 
siendo suficiente la mera constancia del nombramiento y aceptación del cargo.
Este criterio de atender a las concretas limitaciones impuestas en la sentencia que 
declare la incapacitación se encuentra claramente reforzada, incluso superada en la 
protección del discapacitado en la reciente Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en 
el ejercicio de su capacidad jurídica.
En la Exposición de Motivos de la indicada ley se manifiesta lo siguiente:
«La presente reforma de la legislación civil y procesal pretende dar un paso decisivo 
en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre 
de 2006, tratado internacional que en su artículo 12 proclama que las personas con  e.
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en  w.b
todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas  171ww
ppueertdinaenn tneesc epsairtaar  perno peol recjieorncaicr ioa  dlea ss up ecraspoancaids acdo jnu rdídisiccaa.p Ealc ipdraodp óascitcoe sdoe  laal  caopnovyeon cqióune 
eloss  prdoemreocvheor,s  prhoutemgaenr oys  asye gliubrearrt aedl egso cfeu npdleanmoe yn teanle sc onpdoirc iotnoedsa sd el aigsu apldearsdo ndaes t ocdoons 
discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente.
Con  la  manifestación  de  este  objetivo,  la  convención  introduce  importantes 
novedades en el tratamiento de la discapacidad, además de exigir a los Estados Partes 
que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen 
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el 
Derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán 
que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la 
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia 
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que 
se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por 
parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 
salvaguardias  serán  proporcionales  al  grado  en  que  dichas  medidas  afecten  a  los 
derechos e intereses de las personas.
Se impone así el cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro 
ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones 
que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad 
y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar 
sus propias decisiones».
3.  Respecto de las alegaciones del notario recurrente basadas en el hecho de que 
la partición practicada por el contador-partidor dativo haya sido aprobada por aquél, cabe 
recordar las siguientes consideraciones de este Centro Directivo en Resolución de 30 de 
noviembre de 2016, reiteradas por otras posteriores (cfr. Resoluciones de 19 de febrero 
y 12 de julio de 2021):
«La  reforma  llevada  a  cabo  por  la  indicada  Ley  15/2015,  de  2  de  julio,  de  la 
Jurisdicción Voluntaria, al reformar el artículo 1057.2 el Código Civil, atribuye, en esta 
materia,  dos  cualificadas  funciones  al  notario  (y  al  letrado  de  la  administración  de 
justicia), antes atribuidas al juez, consistentes, por una parte, en el nombramiento del 
contador-partidor dativo; y, de otra parte, la aprobación de la partición, salvo confirmación 
expresa de todos los herederos y legatarios. La designación del contador-partidor se 
verifica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Notariado; y, la 
aprobación de la partición conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la misma Ley del 
Notariado.
Consecuentemente  con  lo  expresado,  debe  procederse  y  deben  diferenciarse 
conceptualmente,  lo  que  constituye  propiamente  el  proceso  de  nombramiento  del 
contador-partidor dativo; lo que constituye propiamente las operaciones particionales que 
debe realizar este contador-partidor dativo; y, por último, la aprobación por el notario (o el 
letrado de la Administración de Justicia) de la partición así practicada.
Cada una de estas fases diferenciadas deben realizarse con estricto cumplimiento de 
lo así exigido por la normativa.
Así, por lo que hace referencia al nombramiento del contador-partidor dativo es 
obligación del notario cerciorarse que la petición se realice por herederos o legatarios 
que representen, al menos, el 50% del haber hereditario; que se verifique la citación a 
los  demás  interesados,  si  su  domicilio  fuere  conocido,  dice  expresamente  el 
artículo 1.057 del Código Civil; realizándose la designación de contador-partidor dativo 
en la forma prevista en la Ley del Notariado (para la hipótesis de que la solicitud se haga 
al notario), es decir, conforme al artículo 50 de la citada ley.
La  aprobación  de  la  partición  debe  realizarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 66 de la Ley del Notariado, habiendo manifestado esta Dirección General (cfr.  e
Resolución  de  18  de  julio  de  2016)  que  esta  aprobación  notarial  de  la  partición  bo
practicada  por  el  contador-partidor  supone  un  expediente  específico  de  jurisdicción  171ww
evosclurnitutarraia d, etr apmairttaicdioó np) odr en oatacurieor dcoo mcpoent elnotse  c(rsietear ioos n od ee lc momispmeote nnoctiaa riqou qeu ee sataubtolericcee  elal 
daert ílcau elos c6r6it.u2r ad ed ela p aLretyic idóenl» N. otariado, siendo esta aprobación diferente a la autorización
También ha afirmado este Centro Directivo que en la vigente Ley 15/2015, de la 
Jurisdicción Voluntaria, el artículo 22.2, párrafo segundo, i.f., delimita claramente el 
ámbito de la calificación registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria 
que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, al establecer que: «La calificación de 
los  Registradores  se  limitará  a  la  competencia  del  Juez  o  Secretario  judicial,  a  la 
congruencia  del  mandato  con  el  expediente  en  que  se  hubiere  dictado,  a  las 
formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro».
En  relación  con  la  calificación  registral  de  los  actos  de  jurisdicción  voluntaria 
autorizados  notarialmente  no  hay  precepto  semejante,  pero  debe  tomarse  en 
consideración dicho artículo 22.2 de la Ley 15/2015 puesto que el notario ejerce en ellos 
la función de jurisdicción voluntaria -hasta entonces atribuida también a los jueces- en 
exclusiva, como órganos públicos, diferentes de los órganos jurisdiccionales (vid., entre 
otros, los apartados IV, último párrafo, y VIII, párrafo cuarto, del Preámbulo de dicha ley), 
y armonizarse con los artículos 17 bis de la Ley del Notariado y 18 de la Ley Hipotecaria.
Conforme al artículo 17 bis, número 1, apartado a), de la Ley del Notariado, el notario 
dar fe de que «el otorgamiento se adecua a la legalidad», lo que implica según el 
apartado  b)  que  «los  documentos  públicos  autorizados  por  Notario  en  soporte 
electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido 
se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes». Y según 
el artículo 24 de la misma ley, reformado por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, «los 
notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la regularidad no 
sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice[n] o intervenga[n] 
(...)».
En virtud de lo expuesto, la calificación registral del nombramiento de contador-
partidor y de la aprobación de la partición por él practicada abarcará la competencia del 
notario, la congruencia del resultado de tales actos con el expediente, las formalidades 
extrínsecas y los obstáculos que surjan del Registro.
Por otro lado, debe recordarse que al Registro sólo pueden acceder títulos en 
apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir 
los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación 
(cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil).
Sólo así puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema 
jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad.
Y es que, como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre 
de 2000, Sala Tercera, «a notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus 
funciones  un  juicio  de  legalidad,  que,  recae,  respectivamente,  sobre  los  negocios 
jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos inscribibles».
Pero debe también tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria 
delimita el ámbito objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán 
«(…) la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase... así como 
la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas (…)».
Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter 
judicial respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba, sino que 
se trata de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la 
necesidad de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la 
eficacia protectora de éste (cfr., por todas, las Resoluciones de 20 de diciembre de 2017 
y 15 de enero de 2020 -respecto de declaración notarial de herederos abintestato- y de 2  s
de octubre de 2019 -respecto de venta en subasta notarial-). oe.
Según el párrafo tercero del artículo 1057 del Código Civil antes transcrito, uno de los  w.
trámites esenciales de la partición por contador-partidor dativo es el inventario de los  171ww
bienYe,s a cuonnq cuieta lcai ócno dnecrl eretap rye seesnpteacnítfeic ale gfoarlm dae l dseu jeretoa laiz atur tedliac.ha notificación debe quedar
dbea jola l aL feey p dúebll icNao dtaer ieaxdcolu),s ipvuae rse snpoo nhsaayb icliditaacdi ódne l nni oetamripol aazuatomriizeanntote a ( ctfirt.u alarrtí caulglou n1o7  bdies   BOE-A-cable e
derechos inscritos (cfr. artículos 18 y 20 de la Ley Hipotecaria), es imprescindible que el 
notario que aprueba la partición practicada haya comprobado -por la correspondiente 
sentencia- la extensión y límites de la incapacitación que a su vez determinarán las 
facultades  del  representante  legal,  no  siendo  suficiente  la  mera  constancia  del 
nombramiento y aceptación del cargo.
Consecuentemente, este primer defecto debe ser confirmado.
4.  En cuanto a la necesidad de acreditar la previa inscripción de la incapacitación 
en el Registro Civil.
El segundo de los defectos señalados se refiere a la falta de acreditación de la 
inscripción en el Registro Civil del cargo tutelar.
El artículo 218 del Código Civil, tras establecer en su párrafo primero que «las 
resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en 
el Registro Civil», añade en su párrafo segundo que «dichas resoluciones no serán 
oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones».
En relación con la inscripción de los cargos tutelares, este Centro Directivo ha puesto 
de relieve (Resolución de 28 de octubre de 2014) lo siguiente:
«(…)  Es  cierto  que  la  cuestión  ahora  planteada  fue  abordada  por  este  Centro 
Directivo en su Resolución de 6 de noviembre de 2002, entendiendo entonces que «si 
bien es cierto que el Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos, el 
artículo 2 de la Ley del Registro Civil necesita acudir a otros medios de prueba distintos 
del Registro si previa o simultáneamente se ha promovido la inscripción omitida, y así 
ocurre en este caso en el que en los Autos de nombramiento de tutor se ordena enviar 
exhorto a los Registros Civiles respectivos para la constancia en los mismos de los 
respectivos nombramientos, con lo que se cumple lo que este Centro Directivo ha 
exigido en casos análogos».
Ahora  bien,  no  es  menos  cierto  que  el  criterio  interpretativo  reflejado  en  dicha 
Resolución  ha  sido  superado  por  la  doctrina  posterior  de  este  Centro  Directivo  en 
relación con el tema de la prueba del estado civil de las personas que otorguen actos o 
contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, a los 
efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, que parte, como se verá, del 
criterio general de la necesidad de que las distintas circunstancias y hechos relativos al 
estado civil de las personas, cuando afectan a la titularidad de los derechos inscritos o a 
la legitimación de los otorgantes, por afectar a la validez del acto o contrato en que 
intervienen, deben ser acreditados mediante certificación de su inscripción en el Registro 
Civil.  Este  criterio  general  aparece  reforzado,  además,  en  casos  como  el  presente 
relativo  a  un  incapacitado  que  comparece  junto  con  su  tutor  a  los  efectos  de 
complementar su capacidad, en que dicha inscripción en el Registro Civil no sólo tiene 
efectos probatorios y de legitimación (cfr. art. 2 de la Ley del Registro Civil), sino también 
de oponibilidad frente a terceros.
En efecto, el artículo 218 del Código Civil, tras establecer en su párrafo primero que 
«las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse 
en el Registro Civil», añade en su párrafo segundo que «dichas resoluciones no serán 
oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones», 
precepto que, por lo demás, concuerda con el artículo 222.3 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, que supedita la eficacia «ultra partes» de la cosa juzgada 
de la sentencia recaída a la previa inscripción en el Registro Civil, al disponer que «en 
las sentencias sobre estado civil... la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir 
de su inscripción o anotación en el Registro Civil» (vid. en el mismo sentido el apartado 2  e.
del artículo 19 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, pendiente de entrada  w.b
en vigor, conforme al cual «en los casos legalmente previstos, los hechos y actos  171ww
iqnusec raibcicbeledsa nc oanl fRoremgeis taro l aCsi vpilr»e)s.cripciones de esta Ley serán oponibles a terceros desde
nomPburaems iebnieton , deen t uttaolre, ss icnaos qous en eon  stea nttroa tnao  steónlog ad elu g«aprr osbua rin»s clari picnicóanp eanci tealc iRóne giys treol 
Civil no son oponibles frente a terceros, por lo que no deberá accederse a la inscripción
en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  actos  o  contratos  otorgados  en  nombre  del 
incapacitado por el tutor sin aquella previa inscripción en el Registro Civil, ya que en 
caso contrario existe el riesgo de que se produzca una colisión entre la inoponibilidad de 
la incapacitación derivada de su falta de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad 
del Registro de la Propiedad en caso de que se inscriba la venta otorgada por el tutor en 
representación del incapacitado (o por éste con capacidad complementada por aquél) si 
el nombramiento del tutor -por el motivo que sea- no llegara a inscribirse en el Registro 
Civil, en los términos que luego se verán.
En este sentido, un primer exponente de esta evolución en la doctrina del Centro 
Directivo  en  la  materia  aparece  representada  por  la  Resolución  de  18  de  octubre 
de 2006 que, ante el mismo defecto ahora examinado (falta de inscripción en el Registro 
Civil  del  correspondiente  cargo  tutelar),  consideró  como  medio  adecuado  por  su 
subsanación  la  acreditación  de  la  inscripción  en  el  citado  Registro  (la  inscripción 
propiamente tal y no su mera solicitud). Este primer pronunciamiento en el sentido 
indicado, claro en su criterio aunque parco en su argumentación, ha sido seguido de 
otros varios durante los últimos años, que han sido pródigos en la materia como se verá, 
tanto desde el punto de vista de las relaciones entre los principios de oponibilidad 
propios del Registro de la Propiedad y del Registro Civil, como desde la perspectiva de la 
prueba del estado civil de las personas ante el Registro de la Propiedad, cuestión 
mediatizada por la anterior en aquellos supuestos de hechos y circunstancias del estado 
civil cuya inscripción tenga efectos de oponibilidad frente a terceros».
En consecuencia, debe confirmarse este defecto señalado en la calificación.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 26 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.