BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Viernes 25 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 22413
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2983 Decreto-ley 13/2021, de 28 de octubre, por el que se regula, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión directa de subvenciones 
destinadas  a  paliar  la  difícil  situación  económica  que  atraviesan,  como 
consecuencia  de  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19, 
determinados sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y 
pesqueros.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 
del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,  promulgo  y  ordeno  la  publicación  del 
Decreto-ley 13/2021, de 28 de octubre, por el que se regula, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión directa de subvenciones destinadas 
a paliar la difícil situación económica que atraviesan, como consecuencia de la crisis 
sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  determinados  sectores  económicos, 
agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros, ordenando a la ciudadanía y a 
las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Gobierno de Canarias ha venido acordando el establecimiento y actualización de 
medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, cuya última expresión ha sido el 
Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de 
alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en 
Canarias, de prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, dirigidas a contener la progresión de la enfermedad y a 
reforzar el sistema de salud pública, así como a proteger y preservar la salud de las 
personas, y la actividad económica de la Comunidad Autónoma, que han alterado de una 
manera directa la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y 
productivas ocasionando un gran impacto en el normal desenvolvimiento de todas ellas.
La suspensión temporal de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al 
desempeño de otras muchas, estas sí prolongadas en el tiempo por la persistencia de la 
pandemia como las adoptadas en materia de aforos en el sector de la restauración, han 
ocasionado  un  impacto  negativo  en  la  actividad  económica  que  desarrollan  las 
explotaciones agrícolas y ganaderas así como algunos actores del sector pesquero y 
agroalimentario de las islas, lo que ha supuesto una reducción significativa de los ingresos 
de estas explotaciones provocando dificultades para la continuidad de sus negocios.
El  conjunto  de  las  explotaciones  agrícolas  y  ganaderas  y  empresas  del  sector 
agroalimentario y pesquero que comercializan su producción en el denominado canal 
HORECA (Hostelería, Restauración y Cafeterías), es uno de los sectores económicos 
que más ha sufrido las consecuencias derivadas de la paralización primero, y de las  s
restricciones impuestas con posterioridad en la actividad en dicho canal, lo que ha  e.
provocado  la  disminución  de  sus  ventas  a  dichos  establecimientos  e  incluso  la  w.
imposibilidad de continuar la venta de gran cantidad de su producción en los citados  83ww
ámbEitno se.l actual escenario generalizado de ralentización de la actividad económica, resulta
adete nmúáexni mloas  uerfgeecntocsia  dlea  laad obprucsiócna  ddeis mmienduicdióans  deext rlaao ardcitnivaidriaads , dceo ng eesl tifóinn  deec orneómmeidciaa r qluoes   BOE-A-cable e
resultados negativos y los efectos sostenidos de la actual crisis. Entre tales medidas se
encuentra la posibilidad de conceder subvenciones directas a las personas titulares de 
explotaciones agrícolas y ganaderas y actores del sector agroalimentario y pesquero con 
dificultades económicas en aras de evitar que pueda desaparecer una actividad básica 
para las islas, y como medida de estímulo que favorezca la reactivación de las zonas 
rurales de Canarias, posibilitando que los consumidores sigan contando con alimentos de 
calidad producidos en las islas y con las mayores garantías de seguridad.
En consecuencia, a pesar de que la población canaria ha continuado consumiendo 
alimentos, un número significativo de agricultores, ganaderos y de actores del sector 
agroalimentario y pesquero de las islas, dependientes del consumo en la hostelería y el 
turismo han experimentado también importantes pérdidas, a las que se añaden las 
distorsiones producidas en los mercados por la caída de la capacidad adquisitiva de los 
consumidores y el desvío del consumo hacia productos menos perecederos.
No debe perderse la perspectiva de que no estamos ante una crisis económica 
convencional, ya que nos enfrentamos a una drástica y cambiante caída de la demanda, 
como consecuencia de la crisis sanitaria y sus implicaciones en el ámbito normativo y de 
salud pública, por lo que ha de seguirse ahondando en el desarrollo de medidas que 
coadyuven a paliar los devastadores efectos de la crisis, especialmente en un territorio, 
como el nuestro, con una economía altamente dependiente del sector turístico.
A los efectos de garantizar la continuidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas 
y de la actividad en el sector agroalimentario y pesquero, y como medida de estímulo 
para la reactivación de la economía ante la pérdida de rentabilidad por la situación de 
crisis ocasionada por la COVID-19, la Comisión Europea estableció un nuevo Marco 
Nacional Temporal de ayudas estatales que permite la compensación de las pérdidas en 
las que hayan podido incurrir los productores y empresas, hasta el 31 de diciembre 
de 2021. El citado Marco Nacional Temporal fue aprobado por la Comisión Europea en 
su Decisión SA.56851(2020/N), de 2 de abril, constituyendo su última modificación la 
Decisión SA.62838 (2021/N), de 18 de mayo de 2021, por la que se declara compatible 
con el mercado interior la modificación del marco nacional temporal para permitir la 
concesión de ayudas a microempresas o pequeñas empresas que ya estuvieran en crisis 
el 31 de diciembre de 2019.
En este sentido y en relación con el anterior requisito establecido por el Marco 
Nacional  Temporal,  resulta  conveniente  aclarar,  que  para  poder  acceder  a  estas 
subvenciones deberá tratarse de empresas o personas trabajadoras autónomas que no 
estaban en crisis a 31 de diciembre de 2019, o que estando en crisis en dicha fecha 
hayan sido capaces de salir de tal situación antes del momento de la concesión de la 
ayuda, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento general de exención por categorías 
Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad 
de conceder ayudas a pequeñas empresas o microempresas que estuvieran en crisis 
el 31 de diciembre de 2019, siempre y cuando no se encuentren inmersas en un 
procedimiento  concursal  ni  hayan  recibido  una  ayuda  de  salvamento  o  de 
reestructuración. A estos efectos, y en lo que se refiere a la definición de microempresas 
y pequeñas empresas, se estará a lo dispuesto en el anexo I, artículos 2.2 y 2.3 del 
citado  Reglamento  (UE)  número  651/2014  que  en  la  categoría  de  las  pequeñas  y 
medianas empresas, define a una pequeña empresa como aquella que ocupa a menos 
de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 
supera los 10 millones de euros, y a una microempresa como aquella que ocupa a  es
menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual  o
cnpdooaen rcsatlPaeu ornpparieed  rrcsaamous ml i otpierspa,n  ar2 ett eienmb,ltl  erimlelM oc enaoodertnicrsa aoe nsd lt, eeN m  laeaDecu reiprcoocranósidsa.riorló o niTgn eatSem Ardip.oe6or 1 rlala8al 7  mv5hi gao(esd2tni0afci2 ci1aae/ clN dió3)en,1    dtdodeede la 2 Ms3d  aicldariceeso m m mNbaeraerdcz iiodod anedsa e l2  dT02ee20 m12a 1ppy,oo  rysaloael     OE-A-2022-2983able en https://www.
elevación de los umbrales de las ayudas consistentes en importes limitados de ayuda.
De acuerdo con lo establecido en este régimen, las autoridades competentes podrán 
conceder ayudas temporales a empresas y personas trabajadoras autónomas que se 
enfrentan a una falta de liquidez u a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote 
de COVID-19, y en general, a cualquier empresa cuyos resultados económicos se hayan 
visto afectados a partir del estado de alarma decretado a raíz de la COVID-19.
Conforme a lo dispuesto al referido Marco Nacional Temporal, las ayudas deberán 
otorgarse  en  forma  de  subvenciones  directas,  anticipos  reembolsables  o  ventajas 
fiscales, en forma de garantías de préstamos o en forma de bonificación de los tipos de 
interés de préstamos y de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos, antes 
del 31 de diciembre de 2021 o en fecha posterior que se establezca por la eventual 
modificación del Marco Temporal Nacional. No obstante, y para el supuesto de que se 
produzca dicha ampliación y que esta pudiera llegar al 31 de diciembre de 2022, el 
decreto-ley limita el plazo máximo de concesión a ocho meses. La fijación de un plazo 
superior  a  seis  meses  debe  establecerse,  por  aplicación  del  artículo  21.2  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
En base a lo anterior se ha realizado por el Departamento competente en materia de 
agricultura, ganadería y pesca un análisis del sector agrícola, agroalimentario ganadero y 
pesquero sobre las pérdidas económicas o la falta de liquidez que ha sufrido este sector 
como consecuencia de la pandemia teniendo en cuenta sus propias especificidades, y 
los  distintos  impactos  económicos  sufridos,  estimándose  por  tanto  las  pérdidas  de 
manera desagregada para cada rama de actividad, siguiéndose metodologías de cálculo 
igualmente distintas sobre la base de la diferente tipología de los productos producidos 
y/o elaborados, a su conservación, a los canales de venta empleados, a la orientación a 
la exportación o al mercado local, al aprovisionamiento exterior de materias primas o a la 
competencia de la importación, entre otros, el citado análisis ha dejado en evidencia que 
las  pérdidas  estimadas  en  dichos  sectores  se  elevan  a  37.788.881  euros  y  afecta 
especialmente a las explotaciones ganaderas, a las explotaciones agrícolas destinadas 
al tomate, pepino, calabacín, calabaza y sandía, a los armadores de buques pesqueros, 
a las queserías y a las bodegas.
Con  ese  propósito  en  el  presente  Decreto-ley  se  regula,  en  primer  lugar,  en  el 
capítulo I, en los artículos 1 al 8, las disposiciones comunes sobre el objeto, régimen 
jurídico, especificando que se trata de subvenciones directas establecidas legalmente de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, régimen de compatibilidad, requisitos de los beneficiarios, 
financiación,  importe  máximo  subvencionable,  obligaciones  de  los  beneficiarios  y  la 
posibilidad de utilizar a entidades colaboradoras en la gestión o distribución de los fondos.
En segundo lugar, en el capítulo II, que contempla del artículo 9 al 16, se regula el 
procedimiento de concesión de las subvenciones, que es el de concesión directa por 
aplicación de lo dispuesto en la letra b), del apartado 2, del artículo 22 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que las subvenciones se otorgan 
con  el  objeto  de  paliar  la  difícil  situación  económica  que  atraviesan  determinadas 
personas del sector agrícola, ganadero, agroalimentario y pesquero, debida a la crisis 
sanitaria ocasionada por COVID. Dicho procedimiento se iniciará por el departamento de 
la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  competente  en 
materia de agricultura, ganadería y pesca, toda vez que los documentos y los datos 
necesarios en virtud de los cuales deberá pronunciarse la resolución de concesión obran 
en poder de la Administración actuante, o han sido obtenidos directamente de Registros  es
de otras Administraciones de carácter público de libre acceso. Asimismo se regula en  o
rerdeesesitn eotnE leuocngcat riiftpoóiecí nrtyauc  dcellaoierós,   nc llusa,o ag nlnaiacncrses,i  ostercinuónoecn nsce,d  illóe aiccn  iiajn oudpfnsreíaettilufc siplcc oraii oomcIncIipIóee,u nsdqe  iyamus detciaem oscnni onttoanriso, t etlllr oamays  tpaci volbbaanoe scndn.eoees lfd iicóaeinra tl íarcdisoue sls o,lu a bl1 asv7 ue mbanvlco ei2don1infci,ec ióssan.ec, ió rlenag  fudolearm  elaal    OE-A-2022-2983able en https://www.
Por otra parte y dado que las ayudas están destinadas al ámbito empresarial, al que 
se  le  presupone  el  acceso  a  los  medios  electrónicos  precisos,  la  aportación  de 
documentación deberá realizarse exclusivamente por medios electrónicos al amparo del 
artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público 
por medios electrónicos.
Asimismo, y a la vista de la naturaleza de las subvenciones, cual es ayudar a 
determinados  subsectores  agrícolas,  agroalimentarios,  ganaderos  y  pesqueros,  ya 
indicados,  a  superar  la  difícil  situación  económica  que  atraviesa  debida  a  la  crisis 
ocasionada  por  COVID-19,  como  consecuencia  de  que  no  ha  podido  colocar  sus 
productos, como tradicionalmente lo venía haciendo en empresas de restauración y de 
hostelería, debida a la caída del sector turístico, y favorecer el mantenimiento de este 
sector productivo que es esencial para nuestra Comunidad Autónoma por la situación de 
lejanía respecto al resto del territorio de la Unión Europea, con el objeto de evitar en la 
medida de lo posible la dependencia exterior y garantizar el abastecimiento de nuestros 
mercados, se establece en este decreto-ley que la acreditación por las personas y 
entidades  beneficiarias  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
seguridad social exigida en la letra e) del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de  Subvenciones,  se  llevará  a  cabo  mediante  declaración 
responsable en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con el contenido previsto en el artículo 69 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, lo que permite extender los efectos de dicha declaración 
hasta el momento del pago de la subvención.
También  se  acreditará  mediante  declaración  responsable  los  demás  requisitos 
exigidos en el artículo antes mencionado, el cumplimiento de las reglas de acumulación 
incluidas en el Marco Nacional Temporal, y el requisito de no estar en situación de crisis 
antes del 31 de diciembre de 2019. A estos efectos se determina que las citadas 
declaraciones se ajustarán a los modelos que serán accesibles en la Sede Electrónica 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Respecto a la notificación que deba practicarse a las personas interesadas a los 
efectos que subsanen o aporten determinada documentación exigida para la obtención 
de  las  subvenciones  o  para  conocimiento  del  acto  administrativo  finalizador  del 
procedimiento  estas  se  llevarán  a  cabo,  atendiendo  al  principio  de  simplificación, 
mediante  su  publicación  en  el  servicio  de  Tablón  de  Anuncios  Electrónicos  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias, como quiera que se trata de actos integrantes de un 
procedimiento selectivo por el que se concede subvenciones a las personas o entidades 
pertenecientes a los sectores y subsectores previstos en este decreto-ley que cumplan 
además los requisitos que se establecen en el mismo.
Finalmente,  el  decreto-ley  contiene  una  disposición  adicional  que  regula  la 
flexibilización del contenido y tramitación de los planes estratégicos de subvenciones 
para las subvenciones tramitadas con cargo a este decreto-ley, que se reducirá a una 
memoria con el contenido establecido en el artículo 7 del Decreto 36/2009, de 31 de 
marzo, y dos disposiciones finales.
En la disposición final primera se modifica el Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por el 
que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la  es
«Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas» prevista en el  o
patcíooptunrol otyEeeo lnm I G  acpdo olleaabnlr i ces Rlroraenle vtopaoe ol,dn  sescDie ibaeE i clmsiedrpmeoaatddpoñi r-fadielce.esaya   cer5iola/ n2el s0ept2níitg1u rr,cea isfdóepen u  cde1.1es2)t   audd naeea l  l amali pspaatararzn toadd,dee o dmr ee4ia s m dedereevld  alaai drd taCíecsO u loVelosxI D t1re-a3x1o p9cre,od dfniniin eaeanrlni taefcisnsia   dnddeoae     OE-A-2022-2983able en https://www.
atendidos por falta de crédito suficiente, exclusivamente referido a las Líneas 2.2 y 2.3,
puesto  que  la  norma  sí  contempla  esta  posibilidad  para  las  líneas  1  y  2.1,  cuyas 
solicitudes se estima que podrán ser atendidas en su totalidad con la dotación inicial 
asignada en el decreto-ley.
Asimismo, se modifican las disposiciones adicionales primera y segunda con el 
objeto de incluir la posibilidad de incrementar el importe máximo del crédito destinado a 
la financiación de las ayudas reguladas mediante el referido Decreto-ley, facultando a la 
persona titular de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para 
acordar dicho incremento.
En la disposición final segunda se establece la entrada en vigor del presente 
decreto-ley.
II
El apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por 
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, dispone que en caso de extraordinaria y 
urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, que recibirán el 
nombre de decretos-leyes.
En virtud de la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas 
Sentencia  14/2020,  de  28  de  enero,  FJ  2)  es  exigible  que  el  Gobierno  haga  una 
definición «explícita y razonada» de la situación concurrente, y segundo, que exista 
además una «conexión de sentido» entre la situación definida y las medidas que en el 
decreto-ley  se  adopten.  Por  tanto,  entre  la  situación  de  extraordinaria  y  urgente 
necesidad  que  habilite  el  empleo  de  la  herramienta  del  decreto-ley  y  las  medidas 
contenidas en él, debe existir una relación directa o de congruencia.
Concurren de manera evidente en la presente situación las circunstancias necesarias 
que  legitiman  el  empleo  de  esta  medida  legislativa  aprobada  por  el  Gobierno:  la 
extraordinaria y urgente necesidad derivada de la extensión de la crisis sanitaria y que 
ha determinado la declaración de uno de los estados de emergencia previstos en el 
artículo 116 de la Constitución, sin perder de vista que las subvenciones que se acojan al 
Marco Temporal Nacional deben estar concedidas lo más tardar el 31 de diciembre 
de 2021.
La extraordinaria y urgente necesidad que fundamenta el establecimiento de las 
medidas de ayuda establecidas en el presente Decreto-ley viene constituida por la 
situación  que  atraviesan  determinadas  personas  pertenecientes  a  los  subsectores 
agrícola, agroalimentario, ganadero, y pesquero ya mencionados, que es a las que se 
destinan dichas medidas; situación que es grave, debido a la prolongación de los efectos 
de la pandemia y que se manifiesta en pérdida importante de ingresos, ocasionados 
fundamentalmente por la demanda en el sector turístico, lo que acarre que dichos 
productos no tengan salida en el mercado, y ocasiona graves problemas de liquidez.
Por  tanto,  existe  plena  conexión  de  sentido  entre  la  situación  descrita  en  la 
exposición de motivos y las medidas que se recogen en este decreto-ley.
El Estatuto de Autonomía de Canarias impone a los poderes públicos canarios 
garantizar las medidas necesarias para, entre otros objetivos, hacer efectivo el desarrollo 
económico  (artículo  11.1),  exigiendo  a  las  administraciones  públicas  canarias  la 
promoción de dicho desarrollo (artículo 165.2). Por otra parte, la Comunidad Autónoma 
de Canarias ostenta competencias en materia de promoción de la actividad económica. 
Concretamente, el artículo 114.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce que la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  tiene  competencia  exclusiva  en  materia  de  s
planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, lo que habilita para  oe.
establecer  y  regular  líneas  de  ayudas  económicas  públicas  para  las  personas  w.
tcarocamtbivauidjnaaidddoa rddae s a fuoatmuótneóonnmtooma d,a ese  ljaec rocCmitoaomn dupona irdaca odlna  sAe ulptloóe nquounmeaña a,c sao  myq pumeet eesdneiac rinaea fisen roeer mmepal rtaievrstaíac sud leodn e1tr 0on2 u.d1ee s dtrleaal    2022-2983n https://ww
mencionado Estatuto de Autonomía.
A su vez, el artículo 130 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que le 
corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  la  competencia  exclusiva  en 
materia de agricultura y ganadería, con respeto a lo establecido por el Estado en el 
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13.ª, 16.ª y 23.ª de la 
Constitución, así como la de desarrollo legislativo y de ejecución sobre la planificación de 
la agricultura y la ganadería y el sector agroalimentario.
Lo  anteriormente  expuesto  justifica  amplia  y  razonadamente  la  extraordinaria  y 
urgente necesidad de que por parte del Gobierno de Canarias se apruebe, conforme al 
apartado 1 del artículo 46 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, un decreto-ley como el que nos ocupa. Por otra 
parte, el contenido normativo proyectado no afecta a los supuestos previstos en el 
artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ni a la regulación esencial de los 
derechos y deberes establecidos en dicho Estatuto y en la Constitución española.
No se ha realizado el trámite de participación pública al amparo de lo que establece 
el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación 
supletoria  por  mor  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  final  primera  de  la  Ley 
Territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que excluye la aplicación de las normas para la 
tramitación de anteproyectos de ley y normas reglamentarias, a los decretos leyes, a 
excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3 del citado artículo, 
con carácter abreviado.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias,  a  propuesta  conjunta  de  las  Consejeras  de  Economía, 
Conocimiento y Empleo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, y previa deliberación del 
Gobierno en su reunión celebrada el día 28 de octubre de 2021, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto-ley tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones 
destinadas a paliar la difícil situación económica que atraviesan, como consecuencia de 
la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  las  explotaciones  ganaderas,  las 
explotaciones agrícolas de tomate, pepino, calabacín, calabaza y sandía, las queserías, 
las bodegas y las personas armadoras de buques pesqueros, que cumplan los requisitos 
y condiciones fijados en esta norma.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones reguladas en el presente decreto-ley se concederán de forma 
directa a las personas beneficiarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y conforme a los 
requisitos y procedimientos que se determinen en este decreto-ley, en el Marco Nacional 
Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal, destinadas a respaldar la economía en 
el contexto del actual brote de COVID-19, y en las demás disposiciones, convenios u 
otros instrumentos que pudieran adoptarse o formalizarse en en aplicación del mismo, y  s
se regirán además por lo dispuesto en las siguientes normas: oe.
– Los preceptos básicos de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de  83ww
Sub–v eLnac ioLneey s1,1 y/ 2d0e0 s6u,  dRee 1g1la dmee dnitcoie ampbroreb,a ddeo  lpao Hr Raceiaeln Ddae cPreútboli c8a8 7C/2a0n0a6ri,a d;e 21 de julio;
subv–e nEcl iDoneecsre dtoe  3la6 /C20o0m9u, ndied a3d1  Adeu tmónaormzoa,  pdoer  Cela qnuaeri asse,  eesnt atboldeoc elo e ql ruéeg inmoe sne g oepnoenragla d eo   BOE-A-cable e
contradiga a lo previsto en este decreto-ley.
Artículo 3. Compatibilidad de las subvenciones.
Las  subvenciones  referidas  en  el  artículo  1  serán  compatibles  con  otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad o distinta finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales siempre que su acumulación en 
relación con la actuación aprobada no supere los topes previstos en la normativa de la 
Unión Europea, que resulte de aplicación.
En concreto, estas subvenciones podrán acumularse con otras contempladas en el 
Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal, destinadas a respaldar 
la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, siempre y cuando se respeten 
los importes máximos y los umbrales de intensidad máxima establecidos para cada tipo 
de ayuda, con las excepciones previstas en el citado Marco.
Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, las personas y/o entidades que 
cumplan además de los requisitos establecidos en el Marco Nacional Temporal relativo a 
las medidas de ayuda estatal, destinadas a respaldar la economía en el contexto del 
actual brote de COVID-19, los siguientes:
a) Subvenciones a explotaciones ganaderas:
1) Titulares  de  explotaciones  ganaderas  de  caprino,  ovino,  porcino,  vacuno, 
cunícola, y avícola que figuren inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias, con censo actualizado en el año 2021.
2) Que tengan al menos 5 UGM (Unidad de Ganado Mayor).
b) Subvenciones a las explotaciones agrícolas destinadas a los cultivos de tomate, 
pepino calabacín, calabaza y sandía:
1) Titulares  de  explotaciones  agrarias  inscritas  en  el  Registro  General  de  la 
Producción  Agrícola  (REGEPA)  como  productoras  de  los  cultivos  objeto  de  este 
apartado.
2) Que  hayan  sido  beneficiarias  durante  la  campaña  2021  de  las  ayudas  del 
Programa  Comunitario  de  Apoyo  a  las  Producciones  Agrarias  de  Canarias  por  los 
citados cultivos.
c) Subvenciones a personas armadoras:
1) Que  los  buques  pesqueros  de  los  que  sean  armadores  o  armadoras  se 
encuentren en situación de alta en el Registro General de la Flota Pesquera y que 
pertenezcan a la modalidad de artes menores o atuneros cañeros con puerto base en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
2) Que hayan tenido pérdidas económicas durante el período comprendido entre 
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, a estos efectos se utilizará el promedio de los 
ingresos obtenidos durante el mismo periodo de los años 2017 a 2019, que figuren en la 
notas de primera venta, excluyendo los que no superen el 30 % del de mayor ingreso.
3) Haber  llevado  a  cabo  una  actividad  pesquera  en  el  mar  y  desembarcado 
capturas por un punto de primera venta, al menos treinta días en el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, debiendo tener algún día de  e.
actividad pesquera en cada uno de los dos años. w.
durad1n))t  e TSlaiut ucblavamerenpsca ioñdnaee 2 s0l aa2s 0l a dqse uq eluase eAsrecíarcísiaó snd: eII I. t4ra: n«sAfoyrumdaa caió lna  pqroudeu chcaióyann l ácstiedao  dbee vnaecfiucniaor idaes   OE-A-2022-29able en https://
origen  local»,  subacción  III  4.1  «Ayuda  a  la  industria  láctea»  y  de  la  Acción  IIl.6,
subacción  III.6.1  «Ayuda  a  las  industrias  lácteas  y  queserías  artesanales,  y  la 
Acción  III  6,  «Ayuda  a  la  producción  láctea  de  caprino  y  ovino  de  origen  local» 
subacción III.6.1: «Ayuda a las industrias lácteas y queserías artesanales», del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).
2) Que hayan transformado en queso una cantidad igual o superior a 500.000 kilos 
de leche durante la campaña 2020.
e) Subvenciones a bodegas:
Titulares de las bodegas que hayan sido beneficiarias durante la campaña 2020 de la 
Acción I.6, «Ayuda a la transformación y embotellado de vinos con denominación de 
origen protegida (DOP) producidos en Canarias».
2. Las personas beneficiarias de dichas subvenciones deberán cumplir asimismo 
los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en los términos y condiciones fijados en este decreto-ley.
Artículo 5. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones 
reguladas por el presente decreto-ley asciende a veintiún millones seiscientos treinta y 
siete mil doscientos cuarenta y dos euros con cincuenta y un céntimos (21.637.242,51) 
del presupuesto de gastos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para la 
anualidad 2021, aplicación presupuestaria13.07.411B.470.02; L.A. 134G1252 Ayudas 
pérdida  de  rentabilidad  sector  primario.  COVID-19,  de  los  cuales,  doce  millones 
(12.000.000) de euros proceden de la línea de distribución de apoyo al Sector Primario 
en el marco del Real Decreto 684/2021, de 3 de agosto, por el que se establece la 
distribución y los aspectos necesarios para poder efectuar el libramiento de la dotación 
adicional de recursos para las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla prevista en el artículo 117 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de 
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021;  y  el  resto,  nueve  millones 
seiscientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y dos euros con cincuenta y un 
céntimos  (9.637.242,51),  proceden  de  economías  de  la  Consejería  de  Agricultura, 
Ganadería y Pesca, distribuidos en atención a las distintas líneas de subvención en la 
forma que a continuación se indica:
a) A los titulares de explotaciones ganaderas: 7.688.175 euros.
b) A  los  titulares  de  explotaciones  agrícolas  destinadas  al  tomate,  al  pepino: 
5.000.000 de euros.
c) A los titulares de explotaciones agrícolas destinadas al calabacín, calabaza y 
sandía: 1.720.000 euros.
c) A los armadores: 4.309.067,51 euros.
d) A las queserías: 1.200.000 euros.
e) A las bodegas: 1.720.000 euros.
2. Dichos importes podrán incrementarse mediante Orden de la persona titular del 
Departamento competente en materias de agricultura, ganadería y pesca, que será 
publicada en el «Boletín Oficial de Canarias».
3. En caso de que se produzca un excedente de los créditos asignados a las 
distintas  líneas  de  subvenciones  indicadas  anteriormente  la  persona  titular  del  e
Departamento  competente  en  materias  de  agricultura,  ganadería  y  pesca  podrá  bo
determinar que este excedente pueda utilizarse para incrementar la dotación asignada a  83ww
doetr acso ndcee lsaisó nlí.neas de subvenciones, siempre que no haya dictado la resolución definitiva
Artículo 6. Importe máximo subvencionable y cuantía de la subvención.
1. Los importes brutos máximos antes de impuestos y otras retenciones a conceder 
a las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en este decreto-ley serán de 
conformidad con lo establecido en el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de 
ayuda  estatal,  destinadas  a  respaldar  la  economía  en  el  contexto  del  actual  brote 
de COVID-19 los siguientes:
a) Subvenciones a los explotaciones agrícolas y ganaderas: 225.000 euros.
b) Subvenciones a las personas armadoras: 270.000 euros.
c) Subvenciones a las queserías y a las bodegas: 1.800.000 euros.
Además de los anteriores límites en cuanto al importe total subvencionable, en los 
sectores de la agricultura, ganadería y la pesca se aplicarán las siguientes condiciones 
específicas:
a) las ayudas a las empresas y autónomos dedicados a la producción primaria de 
productos agrícolas no deben establecerse en función del precio o la cantidad de los 
productos comercializados.
b) las ayudas a las empresas y autónomos que operan en los sectores de la pesca 
no  afectarán  a  ninguna  de  las  categorías  de  ayuda  a  las  que  hace  referencia  el 
artículo 1.1, letras a) a k), del Reglamento (UE) número 717/2014 de la Comisión 
(Ayudas «de minimis» en el sector de la pesca).
c) Las ayudas dirigidas a queserías y a bodegas estarán supeditadas a que no se 
repercutan total o parcialmente a los productores primarios y a que no se fijen en función 
del precio o la cantidad de los productos adquiridos a los productores primarios o 
comercializados por las empresas y autónomos interesados.
De conformidad con el Marco Temporal Nacional, cuando una empresa o autónomo 
opere en varios sectores a los que se aplican distintos importes máximos, se garantizará 
mediante medidas adecuadas tales como la separación de la contabilidad, que a cada 
una de las actividades se aplique el límite máximo correspondiente y que no se supere 
en total el importe más elevado posible.
2. Cuantía de la subvención:
a) Subvenciones a explotaciones ganaderas: La ayuda se concederá de forma 
proporcional  sobre  la  base  del  censo  de  cada  explotación  utilizando  la  tabla  de 
equivalencia para equiparar a las distintas especies de UGM (Unidad de Ganado Mayor), 
repartiéndose la totalidad de los créditos entre el número total de UGM.
b) Subvenciones a las explotaciones agrícolas destinadas a los cultivos de tomate, 
pepino calabacín, calabaza y sandía: La ayuda se concederá de forma proporcional 
sobre la base de la superficie validada para el pago durante la campaña 2020 con cargo 
al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) 
hasta agotar los créditos disponibles.
c) Subvenciones a las personas armadoras: La ayuda se concederá de forma 
proporcional  a  las  pérdidas  acreditadas  en  los  términos  que  se  determinan  en  el 
punto 2), de la letra c), del apartado 1, del artículo 4, hasta agotar el crédito disponible.
d) Subvenciones a las queserías: La ayuda se concederá de forma proporcional 
sobre la base de los kilos de leche transformada en queso.
e) Subvenciones a bodegas: La ayuda se concederá de forma proporcional sobre la  e
base de los litros de vino que hayan obtenido la calificación correspondiente de la  bo
denominación de origen protegida DOP. 83ww
Artículo 7. Obligaciones y compromisos de las personas y empresas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas y empresas beneficiarias las contempladas en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que de 
acuerdo con su naturaleza se especifican a continuación:
a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención.
b) Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal 
de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios 
aportando  cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las  actuaciones 
anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, la obtención de 
otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  las  actividades 
subvencionadas procedentes de entidades públicas o privadas. Especialmente, antes de 
la concesión de una ayuda, la empresa o persona autónoma solicitante ha de declarar 
por  escrito  ante  la  autoridad  que  concede  la  ayuda,  cualesquiera  otras  «ayudas 
temporales» relativas a los mismos gastos subvencionables que en aplicación del Marco 
Nacional Temporal, o en aplicación del Marco Temporal Comunitario, haya recibido.
d) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y con 
la Seguridad Social en el momento de la concesión, en la forma establecida en este 
decreto-ley.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable,  a  la  persona  o  empresa  beneficiaria  en  cada  caso,  con  la  finalidad  de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. El plazo de conservación de la documentación justificativa será 
de diez (10) años, conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal.
g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
A estos efectos las personas y entidades beneficiarias deberán dar la adecuada 
publicidad  del  carácter  público  de  las  subvenciones,  pudiendo  hacerlo  mediante  la 
inclusión de la imagen institucional del órgano concedente, así como leyendas relativas a 
la financiación pública en carteles, materiales impresos, medios electrónicos (páginas 
web, redes sociales, etc.). Este deber de publicidad se mantendrá hasta el 31 de 
diciembre de 2022.
h) Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ya mencionada, y 
los términos establecidos en el título III de este decreto-ley.
Artículo 8. Entidades colaboradoras.
1. El departamento competente en materia de agricultura, ganadería y pesca podrá 
designar como entidad colaboradora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12  es
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 5 del  o
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de  83ww
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como los de solvencia y eficacia establecidos en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la
extinta Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos de 
solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. La  entidad  colaboradora  será  la  encargada  del  tratamiento  de  los  datos 
personales que se incorporen al procedimiento establecido para estas subvenciones, 
quedando sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en 
el vigente Reglamento (UE) número 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
Será responsable del tratamiento de los datos personales, el departamento de la 
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  competente  en  materias  de 
agricultura,  ganadería  y  pesca  a  través  de  sus  correspondientes  centros  directivos 
encargados por razón de la materia.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión
Artículo 9. Inicio procedimiento.
1. El procedimiento concesión de estas subvenciones, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se efectuará en régimen de 
concesión directa.
2. El  citado  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  por  el  departamento  de  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia 
de agricultura, ganadería y pesca teniendo en cuenta los documentos y los datos que 
obran en su poder acreditan el cumplimiento por los beneficiarios de los requisitos 
exigidos en el artículo 4 de este decreto-ley.
Artículo 10. Instrucción.
Los órganos competentes para la instrucción de los procedimientos de concesión de 
subvenciones  reguladas  mediante  el  presente  decreto-ley  serán  las  Direcciones 
Generales de Agricultura, de Ganadería y de Pesca, dentro del área material de sus 
competencias.  Dichos  órganos  llevarán  a  cabo  los  actos  necesarios  para  la 
determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 
Orden de concesión y examinarán si se reúnen los requisitos exigidos.
Artículo 11. Concesión.
1. La  concesión  de  estas  subvenciones  corresponde  a  la  persona  titular  del 
departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma competente en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.
2. Podrán dictarse sucesivas resoluciones de concesión de las distintas líneas 
previstas en el artículo 1 de este decreto-ley hasta que se agote el crédito disponible.
3. Las resoluciones de concesión deberán contener al menos, las personas o 
entidades beneficiarias y los importes a conceder a cada uno de ellos. s
4. La resoluciones de concesión deberán dictarse y notificarse antes del 31 de  oe.
diciembre de 2021, o en fecha posterior que se establezca por la eventual modificación  w.
dpdeleal  zeMos tadere cd oce ocTnreecmteops-olieóryna. ln Noa pcoiodnráa ls. uEpl esruapr uloess tooc dheo  qmuees esse  caomnptalídeo esl  dceitsaddeo  lMa aernctora tdeam epno rvaigl oerl   2022-2983n https://ww
5. La  Orden  de  concesión  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa  excepto  en  los 
supuestos  establecidos  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones.
Artículo 12. Notificación.
1. Las resoluciones de concesión de las subvenciones se notificarán a las personas 
interesadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, en el servicio de Tablón de Anuncios Electrónicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.
2. Las demás notificaciones que deban practicarse a las personas interesadas para 
la culminación del procedimiento de concesión y pago de la ayuda se llevará a cabo en 
la misma forma contemplada en el apartado anterior.
Artículo 13. Condiciones a las que se sujeta la concesión.
1. La  resolución  de  concesión  quedará  condicionada  a  la  aportación  por  las 
personas beneficiarias, en el plazo de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de la 
documentación que se señala a continuación:
a) Declaración responsable de cualesquiera otras ayudas temporales contempladas 
en el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19, que hayan recibido durante la 
vigencia del Marco Nacional Temporal y otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
b) Declaración responsable de no estar en situación de crisis antes del 31 de 
diciembre de 2019, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento 
(UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías), o 
en su caso que habiendo estado en situación de crisis antes del 31 de diciembre de 2019 
hayan sido capaces de salir de tal situación antes del momento de la concesión de la 
subvención.
No deberán presentar esta declaración responsable las microempresas y pequeñas 
empresas definidas en los artículos 2.2 y 2.3 del anexo I, del Reglamento (UE) número 
651/2014, de a Comisión, de 17 de junio de 2014, siempre y cuando no se encuentren 
inmersas en un procedimiento concursal ni hayan recibido una ayuda de salvamento o 
de reestructuración.
c) Declaración responsable de cumplir los requisitos exigidos en el artículo 13. 2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la exigida en su 
letra e) de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, en atención a la naturaleza de la subvención, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Dicha 
declaración deberá adecuar su contenido a lo establecido artículo 69 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, con el objeto de extender sus efectos hasta el momento del pago de la  es
subvención. o
2. Las  declaraciones  responsables  señaladas  en  el  apartado  anterior,  deberán  83ww
Cproemseunntiadrasde  Aau tótrnaovmésa  ddee  Claa naSreiadse,  aEjulescttardóansic aa  ldoes  mlao dAedlomsi nqisutera sceiórná n Paúcbcleicsaib ledse  elna 
dich3a.  seAddee.más  de  las  condiciones  exigidas  en  el  apartado  1  de  este  artículo  los  BOE-A-cable e
beneficiarios de las subvenciones deberán estar dados de alta de terceros en el Sistema
de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(SEFLogIC) en el mismo plazo establecido en dicho apartado, excepto cuando el abono 
se realice a través de la entidad colaboradora prevista en el artículo 8.
4. En los supuestos de que los beneficiarios de las subvenciones no cumplan las 
condiciones impuestas en los apartados anteriores, en la forma allí establecidas, el 
órgano  instructor  requerirá  a  los  beneficiarios,  mediante  comparecencia  en  sede 
electrónica, para que en el plazo improrrogable de cinco (5) cumplan con lo estipulado en 
los mismos. El incumplimiento por los beneficiarios de las condiciones impuestas en este 
precepto dejará sin efecto la subvención otorgada previa resolución dictada a tal fin.
Artículo 14. Modificación de las órdenes de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención,  y  en  todo  caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas 
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales que contradiga lo dispuesto en el artículo 3 del 
presente decreto-ley, podrá dar lugar a la modificación de la correspondiente orden de 
concesión.
2. La orden de modificación de la concesión de la subvención deberá dictarse por el 
órgano concedente en el plazo de quince días hábiles desde la fecha de presentación de 
la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
resolución  expresa,  legitima  a  las  personas  y  empresas  interesadas  para  entender 
desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.
Artículo 15. Justificación y control.
1. De conformidad con lo establecido en artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, las subvenciones reguladas en este decreto-ley, en atención a la situación 
que concurre en los perceptores, no requiere de otra justificación que la acreditación de 
encontrase en la situación que motiva su concesión por cualquier medio admisible en 
derecho,  sin  perjuicio  de  los  controles  que  pudieran  establecerse  para  verificar  su 
existencia.
A tales efectos, la justificación de la ayuda se realizará previa consulta de los 
diferentes  bases  de  datos  y  registros  de  titularidad  del  departamento  de  la 
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  competente  en  materia  de 
agricultura, ganadería y pesca, referidos en el artículo 4 de este decreto-ley.
2. El órgano instructor correspondiente someterá a comprobación posterior, una vez 
verificado el pago de la subvención, el contenido de las declaraciones establecidas en el 
apartado 1 del artículo 13, y controlará la autenticidad y veracidad de los aspectos 
puestos de manifiesto en ellas. A tal fin se realizará una muestra del 5 % de la población 
subvencionada. El porcentaje de la muestra podrá incrementarse en función de los 
resultados obtenidos.
Artículo 16. Abono de las subvenciones.
Las  subvenciones  concedidas  se  abonarán  en  atención  a  lo  establecido  en  el 
artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, una vez cumplidas las condiciones 
exigidas en el artículo 13 de este decreto-ley y se materializarán mediante transferencias 
de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo que el mismo se  es
lleve a cabo por la entidad colaboradora prevista en su artículo 8. o
CAPÍTULO III
Reintegro y sanciones e infracciones administrativas
Artículo 17. Reintegro de las subvenciones.
1. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en 
el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, darán lugar a la obligación de 
reintegrar totalmente las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de 
demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia 
del  reintegro  de  la  misma,  en  los  casos  contemplados  en  el  artículo  37  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 91 a 93 de su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. Para graduar los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas, se 
aplicarán los siguientes criterios:
a) Cuando el incumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total y se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción  de  los  compromisos,  la  cantidad  a  reintegrar  vendrá  determinada, 
respondiendo  al  criterio  de  proporcionalidad,  por  el  grado  de  incumplimiento  de  la 
actividad  o  conducta  objeto  de  la  subvención.  A  estos  efectos  podrá  aplicarse  un 
prorrateo entra la actividad o conducta realmente realizada y justificada y la finalmente 
aprobada.
b) En todo caso, en la graduación del posible incumplimiento podrá tenerse en 
cuenta la voluntariedad y el volumen e importancia del mismo.
Artículo 18. Subvenciones no reintegrables.
1. No  procederá  el  reintegro  de  las  subvenciones  percibidas  cuando  el 
incumplimiento de algunos de los requisitos o condiciones exigidas para el otorgamiento 
de la subvención sea debido a alguna de las siguientes causas:
a) Fallecimiento del beneficiario.
b) Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario.
c) Catástrofe natural grave que haya afectado gravemente a la explotación.
d) Destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación.
e) Epizootia o enfermedad vegetal que haya afectado a una parte o la totalidad del 
ganado o de los cultivos, respectivamente del beneficiario.
f) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta 
expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.
2. La notificación de las causas anteriores y las pruebas relativas a las mismas que 
se aporten, deberán comunicarse por escrito dirigido al órgano instructor en el plazo de 
diez  días  hábiles  contados  a  partir  del  momento  en  el  que  el  beneficiario,  o  sus 
derechohabientes en caso de fallecimiento, dispongan de la documentación que acredite 
dicha circunstancia.
Artículo 19. Régimen aplicable a la prescripción de las causas de reintegro.
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  153.2.b)  de  la  Ley  11/2006,  s
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canarias, el derecho de la Administración a  oe.
reconocer el reintegro de las subvenciones concedidas prescribirá a los cuatro años.  w.
Dicho plazo se computará desde el momento de la concesión. 83ww
Artículo 20. Procedimiento de reintegro.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones sobre
el procedimiento administrativo común contenidas en el título IV de la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas,  sin  perjuicio  de  las  especialidades  establecidas  en  el  título  IX  de  la 
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el capítulo VIII del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 21. Régimen sancionador.
1. Las  subvenciones  reguladas  en  estas  bases  se  someterán  al  régimen  de 
infracciones y sanciones establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
2. Asimismo  y  en  cuanto  al  procedimiento  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Disposición adicional única. Plan Estratégico de Subvenciones.
El Plan Estratégico de las subvenciones reguladas en este decreto-ley se reducirá a 
una  memoria  con  el  contenido  establecido  en  el  artículo  7  del  Decreto  36/2009, 
de 31 de marzo. Dicha memoria se incorporará al Plan Estratégico de Subvenciones del 
departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma competente en 
materia de agricultura, ganadería y pesca, y no requerirá informe preceptivo de la 
Dirección General competente en materia de presupuesto.
Disposición final primera. Modificación del Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por el que 
se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la 
«Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas» prevista en el 
título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 
financiada por el Gobierno de España.
Se modifica el Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea Covid de ayudas 
directas a personas autónomas y empresas» prevista en el título I del Real Decreto-
ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de 
España, en los términos siguientes:
Uno. Se  modifica  el  epígrafe  c.1)  del  apartado  4,  del  artículo  13,  que  queda 
redactado en los siguientes términos:  
«c.1) Si el crédito disponible, con los límites de la cuantía de la subvención 
previstos inicialmente en el artículo 7.2, no alcanzara a cubrir la totalidad de las 
solicitudes  completas,  se  resolverá  estimando  las  solicitudes  completas  por 
estricto  orden  cronológico  hasta  agotar  la  totalidad  del  crédito,  estableciendo 
sendas listas de reserva con las solicitudes completas de las líneas 2.2 y 2.3 que 
no hayan podido atenderse, en los términos y a los efectos establecidos en el 
artículo 63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
Las solicitudes de cada lista de reserva se ordenarán por la fecha en que estén 
completas. La posible atención a estas listas de reserva de las líneas 2.2 y 2.3 en 
caso de existir crédito disponible se realizará respetando la proporcionalidad del  e.e
número de solicitudes en la lista de reserva de cada línea. b
Figurar en dichas listas de reserva no implicará en ningún caso la existencia  83ww
edxep rdeesrae.c»hos  preexistentes  sobre  efectos  estimatorios  a  falta  de  resolución
Dos. Se deja sin contenido el apartado 6 del artículo 13.
Tres. Se añade un apartado 3 en la disposición adicional primera, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«3. Se podrá incrementar, siempre que exista crédito, el importe máximo del 
crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas por el presente 
decreto-ley,  sin  sujeción  a  las  reglas  que  prevé  el  artículo  14.4  del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo. El nuevo importe que resulte del incremento 
deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
y publicarse en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y del Servicio Canario de Empleo.»
Cuatro. Se añade un apartado 5 en la disposición adicional segunda, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«5. Se  faculta  a  la  persona  titular  de  la  Consejería  de  Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos para incrementar el importe máximo del crédito 
destinado a la financiación de las ayudas reguladas mediante el presente decreto-
ley si hubiera mayores ingresos de los inicialmente previstos para dar cobertura a 
las ayudas estatales.»
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, 28 de octubre de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor 
Torres  Pérez.–La  Consejera  de  Economía,  Conocimiento  y  Empleo,  Elena  Máñez 
Rodríguez.–La Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende Simili.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 224, de 29 de octubre de 2021. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de Canarias, publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 251, de 10 
de diciembre de 2021)