BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32825
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4500 Sala Segunda. Sentencia 25/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 5857-2019. Promovido por Ferma Móvil, S.L., en relación con las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Ciudad Real en proceso de reclamación de cantidad. Vulneración del derecho 
a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020  [inadecuada  utilización  de  la 
dirección  electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:25
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5857-2019, promovido por Ferma Móvil, S.L., contra el 
auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Ciudad Real, de 2 de 
septiembre de 2019, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones planteado 
contra la sentencia 142/2018, de 15 de junio, dictada en el procedimiento ordinario núm. 
549-2017, promovido por la entidad Pelayo Mutua de Seguros, personada en estas 
actuaciones. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don 
Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 14 de 
octubre  de  2019,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Asunción  Holgado  Pérez, 
actuando en nombre y representación de Ferma Móvil, S.L., bajo la defensa del letrado 
don Francisco Javier Lara López, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones 
arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: es
a)  En fecha 16 de octubre de 2017, la entidad Pelayo Mutua de Seguros interpuso  w.
demanda de reclamación de cantidad contra la ahora recurrente de amparo, en concepto  00ww
daeñ or e2s0p1o6n. sIanbcioliaddaod  pcrivoicl epdoirm dieanñtoos o yrd pinearrjuioic (ionsú md.e r5iv4a9d-2o0s1 d7e),  upno rs dineiecsretrtoo  odceul rlreidtroa deon  deel 
Clai uAddamd inRiestarla, cdióen 9  ddee  Jeunsetircoi ad ed e2l0 J1u8z, gsaed aoc doerd Pó rliam aedram Iisnisótna nac itará em iItnes dtreu clac iódne mnaúnmd.a 3,  adseí   BOE-A-cable e
como la notificación y emplazamiento de la demandada, con traslado de la demanda y 
documentación anexa, en el domicilio propuesto por la parte actora, que estaba ubicado 
en la carretera de Carrión, km. 243, de Ciudad Real.
b)  A pesar de lo anterior, la notificación y emplazamiento se produjeron a través del 
servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Más 
en concreto, a través de la dirección electrónica habilitada. Según las certificaciones 
obrantes en las actuaciones, consta que la notificación de la cédula de emplazamiento 
tenía como número de referencia: 5a56774e7fd00; que la administración actuante era: 
Juzgados y Tribunales (SGAJ); como titular figuraba: «null-B13252846»; y como asunto: 
«JDO. 1 INST. E INSTR. N 3 DE CIUDAD REAL». Asimismo, la certificación indica que la 
notificación fue puesta a disposición el 10 de enero de 2018, y que fue objeto de rechazo 
automático el 25 de febrero de 2018. Por su parte, la notificación de la diligencia de 
ordenación por la que se une el emplazamiento tenía como número de referencia: 
5a5d13e12c05c, siendo el resto de los datos coincidente con la anterior, salvo que la 
fecha de puesta a disposición fue el 15 de enero de 2018 y que la fecha de rechazo 
automático se produjo el 02 de marzo de 2018. Las propias certificaciones aclaran que 
«el rechazo automático se produce, de forma general, tras haber transcurrido diez días 
naturales desde su puesta a disposición para su acceso según el párrafo 2, artículo 43, 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. Y de forma particular, superado el plazo establecido por la 
administración  actuante  de  acuerdo  a  la  normativa  jurídica  específica  que  sea  de 
aplicación».
c)  Por diligencia de ordenación de 10 de abril de 2018, se declaró a la recurrente en 
situación  de  rebeldía  procesal,  acordándose  notificar  esta  resolución  «por  correo 
certificado con acuse de recibo conforme a lo ordenado en el art. 497.1 LEC». No 
obstante, una vez más, la notificación se realizó en fecha 11 de abril de 2018 a través de 
la dirección electrónica habilitada, sin que conste que fuera retirada por el destinatario.
d)  En la diligencia de ordenación de 10 de abril de 2018 también se acordó el 
señalamiento de la audiencia previa para el día 12 de junio de 2018. Celebrada la vista 
en la fecha señalada, con la sola asistencia de la parte demandante, el 15 de junio 
de 2018 se dictó sentencia estimatoria de la demanda, que también fue notificada a 
través de la dirección electrónica habilitada. En concreto, según la certificación obrante 
en  las  actuaciones,  la  notificación  tenía  como  número  de  referencia: 
88572665b2c0bd203e26, y como asunto figuraba: «JDO. 1 INST. E INSTR. N 3 DE 
CIUDAD  REAL  ORD/0000549/2017».  El  contenido  del  mensaje  señalaba  que:  «Ha 
recibido un acto de comunicación judicial. Podrá consultarlo en los siguientes enlaces: 
https://sede.administracion.gob.es/carpeta,  https://notificaciones.060.es  y  https://
sedejudicial.justicia.es. Independientemente del tiempo que tenga a su disposición el 
acto de comunicación, transcurridos tres días hábiles desde su puesta a disposición sin 
que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido 
efectuada legalmente desplegando todos sus efectos, conforme con lo establecido en el 
art. 162.2 de la LEC. Este aviso conforme a lo dispuesto en el art. 25 del RD 1065/2015 
no tiene efecto procesal alguno». La fecha de puesta a disposición de esta notificación 
fue el 21 de junio de 2018, con el resultado de rechazo automático fechado el 07 de 
agosto de 2018.
La sentencia fue declarada firme por diligencia de ordenación de 21 de septiembre 
de 2018, en la que se afirmaba que la sentencia había sido notificada a las partes el 21 
de junio de 2018. La declaración de firmeza también fue notificada electrónicamente en  s
fecha 24 de septiembre de 2018, sin que conste la retirada de esta comunicación por el  oe.
destinatario. w.
e)  Una vez firme la sentencia, en la que se condenaba en costas a la ahora  00ww
rqeuceu,r rteranste ,h aebne fresceh ap r2a2ct idcaed mo alyao  cdoerr e2s0p1o9n dsiee ndteic tóta suancai ódni ligdeen ccoias tdaes , osrdee cnoanccióend íean  ulan 
plazo a las partes para alegaciones. Esta diligencia sí fue notificada por correo, con
acuse de recibo, en el domicilio de la entidad Ferma Móvil, S.L., sito en la carretera de 
Carrión, km. 243, de Ciudad Real.
f)  En fecha 6 de junio de 2019, la entidad Ferma Móvil, S.L., presentó un escrito 
ante  el  citado  juzgado,  en  el  que  señalaba  que  había  tenido  conocimiento  de  la 
existencia  del  procedimiento  al  recibir  la  notificación  de  la  tasación  de  costas, 
interesando que se le tuviera por personada y que se le diera traslado de lo actuado. En 
el mismo escrito se anunciaba la posibilidad de plantear un incidente de nulidad de 
actuaciones, para el caso de que las notificaciones y el emplazamiento se hubieran 
realizado a través de la dirección electrónica habilitada. En ese escrito ya se aportaba 
como anexo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la STC 47/2019, de 8 de 
abril, cuya doctrina se invocaba expresamente.
g)  Tras el análisis de lo actuado, la ahora recurrente interpuso un incidente de 
nulidad de actuaciones en fecha 12 de junio de 2019, solicitando la nulidad de la 
sentencia y la retroacción del procedimiento hasta el momento de la admisión a trámite 
de  la  demanda,  a  fin  de  proceder  a  su  contestación.  En  el  escrito  se  alegaba  la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión, y del derecho de 
defensa.  Se  indicaba  la  infracción  de  lo  dispuesto  en  el  art.  155.1  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil (LEC), es decir, por no haberse notificado la demanda y el primer 
emplazamiento en el domicilio de la demandada, y con entrega de la documentación 
correspondiente. También se alegaba la infracción de lo dispuesto en el art. 497.1 LEC 
con ocasión de la notificación de la situación procesal de rebeldía, y de lo establecido en 
el art. 161 LEC en relación con la notificación de la sentencia.
h)  Por auto de 2 de septiembre de 2019 el juzgado desestimó el incidente de 
nulidad de actuaciones planteado por la entidad recurrente. En su fundamento jurídico 
segundo se razona que «no consta infracción procesal alguna que haya generado una 
efectiva indefensión. Al contrario, tal y como acertadamente, se indica de contrario, todas 
las  resoluciones  se  han  notificado  a  través  de  la  sede  electrónica  y  consta  la 
"aceptación", como expresamente se reconoce en el escrito de la demandada, de la 
sentencia de 21 de junio de 2018. Por lo que tendría que haber utilizado los recursos 
ordinarios legalmente previstos, por lo que no se estima la nulidad de actuaciones».
Este auto fue notificado en fecha 5 de septiembre de 2019, con expresa indicación 
de que no cabía recurso alguno contra el mismo.
i)  En fecha 14 de octubre de 2019 tuvo entrada en el registro de este tribunal la 
presente demanda de amparo, que tiene por objeto el auto de 2 de septiembre de 2019 
por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la 
sentencia de 15 de junio de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 3 de Ciudad Real en el procedimiento ordinario núm. 549-2017.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causan la vulneración «del derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos previsto en el artículo 24.1 CE, en 
su vertiente de respeto al derecho de defensa, el cual se basa a su vez en los principios 
de audiencia y contradicción».
Al exponer las actuaciones seguidas por el órgano judicial, la entidad recurrente 
señala  que,  pese  a  lo  acordado  en  el  decreto  de  admisión,  el  emplazamiento  fue 
realizado telemáticamente y rechazado de forma automática por el sistema el 25 de 
febrero de 2018, lo que pone de manifiesto su inefectividad.
Afirma que el órgano judicial no solo infringió en ese momento las prevenciones que 
para el primer emplazamiento dispone el art. 155 LEC con las partes no personadas,  e.
sino que ocurrió lo mismo al ser declarada en rebeldía por diligencia de ordenación de 10  w.b
de abril de 2018. Y otro tanto sucedió en el momento de dictar la sentencia, que fue  00ww
ny oqtuifiec acdoan sttaam igbuiéanlm deen ftoer mreac htealzeamdáat iecla 7,  cdoen a ignofrsatcoc dióen  2d0e1 l8o. dispuesto en el art. 497 LEC,
del pErno cuend aimpaierntatod»o,  dsee  laa ldeegma ahnadbae rq tueen iddeon noomtiicniaa  «dDele pl croocneoscoim ai etnratov é[…s d] ed ela l an oetxifisictaecnicóina 
de la tasación de costas. Esa notificación fue realizada en su domicilio con fecha 29 de
mayo de 2019, por medio de correo ordinario con acuse de recibo, lo que podría haberse 
hecho en los trámites anteriormente indicados. Añade que con el escrito de personación 
de 6 de junio de 2019 ya presentó una copia de la STC 47/2019, de 8 de abril, y reiteró la 
indefensión padecida al promover el incidente de nulidad pese a lo cual el órgano judicial 
no explicitó en la resolución mención alguna a la doctrina invocada.
En el apartado de los fundamentos jurídico-materiales aborda las vulneraciones 
mencionadas al describir los hechos.
Finalmente, con cita expresa de la doctrina de este tribunal sobre la relevancia de los 
actos de comunicación procesal desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial 
efectiva (entre otras, SSTC 126/1991, 17/1992, 334/1993 y 181/1994), solicita que, con 
estimación del amparo, se declare la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE) y, en consecuencia, la nulidad del auto de 2 de septiembre 
de 2019 y de la sentencia de 15 de junio de 2018, así como la retroacción de las 
actuaciones al momento en que se dictó el decreto de admisión a trámite de la demanda, 
para su debido emplazamiento a fin de que pueda comparecer y contestarla en debida 
forma.
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 29 de junio de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en 
una  negativa  manifiesta  del  deber  de  acatamiento  de  la  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 f)]»; y (ii) dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Ciudad Real, a fin de que remita «certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario núm. 
549-2017»,  debiendo  «emplazarse  […]  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento» de origen, excepto a la «recurrente en amparo», para poder comparecer 
en el presente proceso constitucional en el plazo de diez días.
5.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 29 de julio de 2020, la 
procuradora de los tribunales doña Eva María Santos Álvarez, actuando en nombre y 
representación de la entidad Pelayo Mutua de Seguros, bajo la dirección letrada de don 
Filiberto Carrillo de Albornoz y Marcos, solicitó que se le tuviera por personada en este 
recurso, entendiéndose con esa representación las sucesivas diligencias y notificaciones 
que se produjeran.
6.  Con fecha 1 de septiembre de 2020, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda 
de este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que se acordó, de un lado, tener por 
personado y parte a la entidad Pelayo Mutua de Seguros a través de la procuradora 
mencionada, y de otro, dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional.
7.  La fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 29 de 
septiembre de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE),  y  su  restablecimiento  mediante  la 
declaración  de  nulidad  de  «todo  lo  actuado  desde  la  notificación  efectuada 
electrónicamente del decreto de 9 de enero de 2018 por el que se admitió a trámite la  e.
demanda  y  se  acordó  el  emplazamiento  del  demandado  en  el  procedimiento  w.
ordinario 549-2017 del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia núm. 3 de Ciudad  00ww
ReaEl»n. su escrito, la fiscal comienza con una reseña de los antecedentes que consideró
ydae  ifnutee rréess,u pealtroa  ecno nstiennutaidr os eeñsatilmanadtoor iqou me endoisa netnec olanst raSmSTosC  a4n0te/2 0e2l 0m, isdme o2 s7u pduee fsetbor eqruoe,   BOE-A-cable e
y 43/2020, de 9 de marzo, cuyo contenido extracta parcialmente. En estas resoluciones 
se concedió el amparo solicitado por aplicación de la doctrina expuesta, a su vez, en las 
SSTC 6/2019, de 17 de enero, y 47/2019, de 8 de abril, de las que se deriva la 
obligatoriedad de que el primer emplazamiento se realice de manera personal y con 
entrega en papel de la documentación, conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 LEC. 
Para la fiscal, la actuación del órgano judicial en el presente supuesto ha provocado 
indefensión a la recurrente en amparo. El juzgado optó por un emplazamiento electrónico 
que no está previsto en la normativa procesal para ese trámite, «descuidando así el 
especial deber que incumbe a los jueces de garantizar la efectividad de los actos de 
comunicación procesal y de velar por la correcta constitución de la relación jurídico 
procesal, a cuyo fin resultan especialmente relevantes […] el emplazamiento, citación o 
notificación a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento». Al no hacerse así, 
y continuar realizando «las notificaciones subsiguientes […] de la misma manera y, pese 
a su resultado negativo y a conocerse […] el domicilio del demandado, se continuó la 
tramitación procesal a sus espaldas». Una vez conocida la existencia del procedimiento, 
la posterior interposición del incidente de nulidad de actuaciones fue desestimada por el 
órgano  judicial,  a  pesar  de  la  expresa  invocación  de  la  doctrina  de  este  tribunal, 
«perpetuando así en el tiempo la vulneración de la tutela judicial efectiva sin indefensión 
del hoy demandante de amparo».
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 20 de octubre de 2020. En el mismo interesó que se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo reiterando los argumentos expuestos en la demanda. 
Tras hacer un examen detallado de las actuaciones remitidas por el órgano judicial, 
considera que se confirman los hechos alegados en la demanda. Además, se hace una 
reseña expresa de la STC 150/2019, de 25 de noviembre, en la que, a su vez, se aplica 
la doctrina ya expuesta en la STC 47/2019, seguida por las SSTC 102/2019, de 16 de 
septiembre,  (en  proceso  laboral),  122/2019,  de  28  de  octubre,  (en  proceso  civil 
monitorio), y 129/2019, de 11 de noviembre, (en un incidente concursal). En estas 
resoluciones  se  confirma  la  doctrina  que  defiende  en  este  recurso,  en  torno  a  la 
necesidad de que el primer emplazamiento o citación se efectúe en el domicilio de la 
persona jurídica que figure como demandada, según impone el artículo 155.1 LEC.
9.  En fecha 5 de noviembre de 2020 tuvo entrada el escrito de alegaciones de la 
representación de la entidad Pelayo Mutua de Seguros. En el mismo se defiende la 
vigencia de la Ley 18/2011 y de la Ley 39/2015, así como de la Ley 42/2015 y de la Ley 
de enjuiciamiento civil, en las que se establecen los sujetos obligados a la utilización del 
sistema electrónico en sus relaciones con las administraciones públicas, disposiciones 
que se desarrollan en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, para el ámbito de 
la Administración de Justicia. La parte considera que la recurrente en amparo estaba 
obligada a la utilización del sistema de notificaciones telemáticas, por lo que si no 
atendió  a  las  comunicaciones  judiciales  fue  por  un  incumplimiento  consciente  y 
voluntario de sus obligaciones, por lo que no puede alegar indefensión. Considera que la 
STC 47/2019 no es aplicable a este caso, porque fue dictada en un procedimiento 
seguido ante la jurisdicción social en la que, dada la celeridad de tramitación, sí se 
puede dar una clara indefensión, lo que no concurre en el presente supuesto. En 
consecuencia, se interesa la desestimación del recurso de amparo.
10.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 6 de noviembre de 2020,  s
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio  oe.
Fiscal y de la representación procesal de las partes personadas, quedando el asunto  w.
conc1l1u.s o My epdeinadniteen tep rpoavridae dnecliiab erdaec iófne cchuaa n1d1o  pdoer  tufernbore croo rrdeesp o2n0d2a1.,  se  señaló  para  2021-4500n https://ww
deliberación y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La presente demanda plantea un supuesto de hecho idéntico a los ya resueltos en 
anteriores precedentes de este tribunal en los que se impugnaba la actuación judicial 
consistente en la inadmisión de incidentes de nulidad de actuaciones, por considerar 
realizados conforme a Derecho las notificaciones de la admisión de una demanda y el 
consiguiente emplazamiento para personación a través del servicio de notificaciones 
electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre.
La demanda de amparo alega, en esencia, la vulneración del derecho fundamental a 
la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  no  padecer 
indefensión, al no haberse efectuado aquel emplazamiento de manera personal y con 
entrega  en  papel  de  la  documentación  correspondiente,  tal  y  como  establecen  las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil.
El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer 
motivo.  La  parte  contraria  en  el  procedimiento  judicial  de  origen  interesa  la 
desestimación del recurso de amparo.
2.  Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver un recurso de amparo donde se dio respuesta a los mismos argumentos que 
defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada en este caso 
la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  obligue  a  una  fundamentación  o 
resultado diferente a lo declarado entonces, procede por tanto que hagamos aplicación 
de la doctrina expuesta en el citado precedente.
Así, en el fundamento jurídico 3 de esa resolución se advierte que es de aplicación la 
doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a), dictada 
en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en 
proceso de amparo. En ambos supuestos se afirma la «garantía del emplazamiento 
personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la LEC 
(directa  o  supletoriamente),  como  primera  comunicación  con  el  órgano  judicial 
competente, sin que pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», tal y como 
ocurre con la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. El emplazamiento 
personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC 
sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese 
primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial «acarrea por 
tanto la conculcación [del] derecho fundamental» a la tutela judicial efectiva, como ya ha 
declarado este tribunal en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, 
civiles  y  concursales,  que  se  especifican  en  el  mismo  fundamento  jurídico  3, 
precisamente  en  aplicación  de  la  doctrina  de  referencia  (ver,  en  tal  sentido,  las 
SSTC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2; 122/2019, de 28 de octubre, FJ 3; 129/2019, 
de 11 de noviembre, FJ 4; 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 3, y 7/2020, de 27 de 
enero, FJ 2).
Finalmente, constata entonces la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como 
ha  de  hacerse  también  en  el  presente  supuesto,  que  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente. El juzgado  e.
optó por un emplazamiento a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección  w.
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que no está previsto  00ww
epnro lcae dniomrmieanttiov as ep rsoigcueisearla p aa reas peasltdoass c daes olas .e Enstied asdis atehmoraa  dree cnuorrtiefinctaec, ióqnu ed entoe rpmudinoó  eqjeurec eerl 
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indebidamente  desestimado,  lo  que  lleva  consigo  la  estimación  del  amparo  por 
vulneración  de  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
El  pronunciamiento  contenido  en  la  citada  STC  40/2020,  ha  sido  ulteriormente 
reiterado en las SSTC 43/2020, de 9 de marzo; 55/2020, de 15 de junio; 76/2020, de 29 
de junio, o 176/2020, de 30 de noviembre, por citar algunas de las más recientes.
Procede por ello acordar la nulidad de la resolución impugnada y de todo lo actuado 
en el procedimiento de origen, desde el momento en que se proveyó al emplazamiento a 
través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las actuaciones para que 
el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos por la ley (art. 155.1 
y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Ferma Móvil, S.L., y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 2 de 
septiembre de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de 
Ciudad  Real  en  el  proceso  ordinario  núm.  549-2017,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del decreto de 9 de enero de 2018, por el que se acordó 
la admisión a trámite de la demanda y la notificación y emplazamiento a la parte 
demandada, ahora recurrente.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente posterior al dictado del 
decreto de 9 de enero de 2018, debiendo llevarse a cabo de nuevo por el juzgado el 
trámite de notificación y emplazamiento a la parte demandada, de forma que resulte 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.