BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7831
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1126 Pleno. Sentencia 192/2020, de 17 de diciembre de 2020. Recurso de amparo 
526-2019. Promovido por don Jaume Roura Capellera en relación con las 
sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Provincial de Girona que le condenaron por un delito contra los sentimientos 
religiosos. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica, de 
expresión, reunión y a la legalidad penal: interrupción de una ceremonia 
religiosa arrojando pasquines y gritando consignas a favor del derecho al 
aborto. Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2020:192
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón;  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 526-2019, promovido por don Jaume Roura Capellera, 
representado por la procuradora de los tribunales doña Isabel Afonso Rodríguez, y 
asistido por el letrado don Benet Salellas Vilar, contra la sentencia 620/2018, de 4 de 
diciembre, por la que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó el recurso de 
casación que había formalizado frente a la sentencia 201/2017, de 28 de abril, dictada 
por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Girona, en causa seguida por delito 
contra los sentimientos religiosos. Ha sido parte el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 24 de enero de 2019, la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  Isabel  Afonso  Rodríguez,  en  nombre  y 
representación de don Jaume Roura Capellera, interpuso demanda de amparo contra las 
resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
2.  Sucintamente descritos, son hechos relevantes, que anteceden a la presente 
demanda de amparo, los siguientes: es
a)  La  Sección  Cuarta  de  la  Audiencia  Provincial  de  Girona  mediante  w.
salaeu ntpoteer nndace ia du e2n 0 sd1ee/i2lsi0t om1 7ce,os dneetsr a 2d 8leo d spe sr iaesbniórtiniml,.  ciLeoann tdosese nnróete lainglc iodiase omdsea dcnledalar óan rtetpí crdoueblo aa d5mo2p 3qa urdoee,,l   tCrsaoósbd rciego onl aspside en1ra1al:,r0 lae0    2021-1126n https://w
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el grupo de personas en el que se integraba, que contaba con un número de entre diez y 
quince personas. Una vez comenzó la misa, y sabiendo que con su acción podía ofender 
los sentimientos religiosos de los feligreses congregados, se levantó al mismo tiempo 
que sus compañeros y, de manera concertada, arrojó pasquines y gritó la consigna 
«Avortament, lliure y gratuït» (aborto libre y gratuito), en contra del proyecto de reforma 
de la ley del aborto, al tiempo que se exhibía en la zona del altar una pancarta en la que 
se  leía  «Fora  rosaris  dels  nostres  ovaris»  (fuera  rosarios  de  nuestros  ovarios), 
paralizando de este modo la celebración de la misa durante dos o tres minutos, tras lo 
cual abandonó, junto a los demás miembros de grupo, la iglesia. La Sala rechazó que el 
recurrente estuviera ejerciendo su libertad de expresión, porque esta tiene límites, y en 
este caso colisionaba con el derecho a la libertad religiosa del sacerdote y los feligreses 
reunidos en la misa para expresar colectivamente sus creencias a través del culto.
b)  El  demandante  interpuso  recurso  de  casación  contra  su  condena;  en  su 
impugnación la cuestionó formulando dos grupos de quejas: (i) por supuesta vulneración 
de los derechos fundamentales a la igualdad (artículo 14 CE), a la libertad ideológica 
(artículo 16 CE), a la libertad de expresión (artículo 20 CE), a la libertad de reunión y 
manifestación (artículo 21 CE); y (ii) por supuesta vulneración del derecho a la legalidad 
penal (artículo 25 CE).
c)  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó los motivos del recurso de 
casación formalizado, mediante sentencia 620/2018, de 4 de diciembre. En relación con 
la supuesta lesión de los artículos 14, 16, 20 y 21 CE, indicó que su condena penal no se 
funda en su ideología a favor del aborto o en la crítica realizada frente a la Iglesia 
Católica por su postura ante la reforma de la Ley del aborto propugnada por el ministro 
Gallardón, sino en el modo, tiempo y lugar en que la manifestó externa y públicamente, 
extralimitándose en el ejercicio de la libertad de expresión y vulnerando «sin ninguna 
necesidad social imperiosa» el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto.
En cuanto a la supuesta lesión del principio de legalidad por no concurrir dos de los 
elementos  del  tipo,  señaló  que  había  conocido  un  caso  prácticamente  igual  en  la 
sentencia 835/2017, de 19 de diciembre. En ella se explica que si al acusado le asistía el 
derecho a expresar libremente su opinión, ello no le autorizaba a hacerlo de forma que, 
actuando en el interior de un lugar destinado al culto, suprimiera el derecho fundamental 
de los demás, en el caso, el de libertad de culto, cuando el ejercicio de ambos era 
compatible, sin que, por ello, fuera preciso sacrificar uno de ellos para la subsistencia del 
otro. Respecto a la concurrencia de dos de los elementos constitutivos del tipo del 
precepto  penal,  el  resultado  de  la  acción,  consistente  en  «impedir,  interrumpir  o 
perturbar», y el mecanismo comisivo, consistente en el ejercicio de «violencia, tumulto, 
amenaza o vías de hecho», la sentencia señala, respecto a lo primero, que «interrumpir 
no es otra cosa que cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo, lo que 
indudablemente conlleva una perturbación. Se trata pues de verbos que obedecen a la 
misma  realidad,  cualquiera  de  los  cuales  comprende  y  puede  ser  utilizado  para 
denominar la conducta protagonizada por el acusado». Y se añade que de los hechos 
probados resulta evidente que con su acción el acusado interrumpió unos minutos la 
ceremonia religiosa, perturbando el acto. Ello obligó a que se detuviera el oficio y a que 
los feligreses permanecieran sentados en el banco que ocupaban sin enfrentarse a los 
manifestantes y sin poder continuar con la celebración de la ceremonia religiosa. El 
oficiante se tuvo que sentar en una de las sillas laterales del altar a esperar a que parase 
«el  ruixat»  (el  chaparrón).  Con  ello  se  ocasionó  un  impedimento,  interrupción  o 
perturbación grave del acto o ceremonia religiosa que se estaba celebrando en el interior  s
del templo. Y sobre el mecanismo de comisión, la sentencia recoge los razonamientos  oe.
de la audiencia provincial y constata que la vía de hecho, «no es otra cosa que hacer  w.
evlimal lqietuar enu dlnaoa  a epcl trdueeaterceniócsnhió odn e aolj e anuconu, s daaepdrroee,cc chiaoonn dpcoeo rrqt apudreoo pe ciraoa n me osatorn aolos   opq eucreos noh naaabrsíba,i  tlrooacgrurieórrd ildaaod i »ne,t nea rerteul npctcaaisónond, o de enol    2021-1126n https://w
apcrotop idou drea netset eu ntiopso  mdein cuetoresm yo lnai apse.rturbación del sosiego y recogimiento de los feligreses  BOE-A-cable e
3.  El recurso de amparo se dirige contra la sentencia dictada en casación por el 
Tribunal Supremo y contra la de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Girona 
de la que trae causa, las cuales, según se alega, han vulnerado su derecho a la libertad 
ideológica, de expresión y de reunión y su derecho a la legalidad penal.
En la demanda se cuestiona la condena, en primer lugar, porque, en opinión del 
demandante, la necesaria ponderación entre los derechos a la libertad de expresión, 
reunión y manifestación, por un lado, y el derecho a la libertad religiosa, por otro, debe 
llevar a la prevalencia de los primeros, dado el contexto en que se produjeron los 
hechos, a saber, la interrupción pacífica, durante dos o tres minutos, del rito católico en 
un contexto social convulso por una reforma legislativa del aborto en la que la Iglesia se 
había posicionado. Alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
respecto a la delimitación del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión 
y su valor en una sociedad democrática. Apela especialmente a la STEDH Mariya 
Alekhina  y  otras  c.  Rusia,  de  17  de  julio  de  2018,  en  la  que  el  tribunal  tilda  de 
desproporcionada la condena impuesta porque, aunque la actuación tuvo lugar en un 
lugar de culto, no interrumpió ningún servicio religioso, ni dañó a las personas ni a los 
bienes de la catedral. Para el demandante de amparo la citada sentencia aprecia que la 
libertad religiosa limita la libertad de expresión solamente si: a) fomenta el hate speech o 
discurso del odio; b) realiza ofensas gratuitas contra la religión. Según el recurrente, en 
el supuesto que ha motivado su condena no hubo discurso del odio ni ofensa gratuita a 
la religión, y su conducta estaba justificada por el contexto social en que se produjo, que 
no es otro que la polémica tramitación de la reforma de la Ley del aborto del ministro de 
Justicia Ruiz Gallardón y el posicionamiento de la Iglesia Católica, que trató de influir en 
el proceso legislativo, lo que llevaba a una necesidad social imperiosa de protesta. En 
segundo lugar, el demandante considera vulnerado el principio de legalidad penal, pues 
puso en cuestión dos elementos del tipo del artículo 523 del Código penal. El primero fue 
el resultado de la acción, consistente en «impedir, interrumpir o perturbar», de lo que 
habría de hacerse una lectura restrictiva de la «interrupción» que supuso los «dos o tres 
minutos» de la celebración de la misa, sin que pudiera hablarse de una interrupción 
grave. El segundo fue el mecanismo comisivo, la vía de hecho. Para el recurrente, el 
hecho de que el acto de manifestación se llevara a cabo dentro de una iglesia no sitúa la 
acción extramuros de la libertad de expresión, reunión y manifestación. El argumento de 
la Sala de que se podría haber realizado por otros cauces no constituiría un argumento 
referido a la ilegalidad de la acción, sino a su idoneidad. Esta circunstancia no alcanzaría 
a infringir las exigencias del hate speech ni de la ofensa gratuita, pues se trataría de un 
acto de protesta contra un proyecto de ley y el posicionamiento de la Iglesia Católica, por 
lo que la acción debiera haber sido valorada como atípica. El recurrente, en suma, aboga 
por una interpretación restrictiva del tipo penal para no fomentar un efecto disuasorio en 
el ejercicio de la libertad de expresión.
En consecuencia, solicita la estimación de su pretensión de amparo, y la anulación 
de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2018, por 
la que se desestimó su recurso de casación, y la anterior de la Sección Cuarta de la 
Audiencia Provincial de Girona de 28 de abril de 2018, de la que trae causa.
4.  El Pleno de este tribunal, en su reunión de 17 de julio de 2019, a propuesta de 
tres magistrados, acordó recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo, y 
por providencia de 17 de septiembre de 2019, admitirlo a trámite, tras apreciar que 
ofrece  especial  trascendencia  constitucional  [artículo  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional (LOTC)], porque el recurso plantea un problema o afecta a una  e.
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  la  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal  w.b
[aSteTnCEta n1m 5ae5pn/l2itce0a 0dc9eió,  nFlo Jsd  2eó  arlgo)]a .ndoissp ujuedsitcoia elens  elal  arertmícisuilóon 5 d1e lL tOeTstCim, otanmiob diéen l asse  aacctuoardcóio nreeqsu ye reirl   2021-1126n https://w
reemcuprlareznatme,ie pnator ad eq uqeu ipeundeise sheunb iceoramnp asrideoce pr aertne  eeln p elal zpor odcee ddimieize ndtíoa,s  ae enx ceel ppcrieósne ndteel 
proceso de amparo.
5.  La  secretaría  de  justicia  del  Pleno  de  este  tribunal,  por  diligencia  de  6  de 
noviembre de 2019, acordó dar vista de las actuaciones recibidas al recurrente y al 
Ministerio Fiscal para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, 
por plazo común de veinte días, de conformidad con el artículo 52.1 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 29 de noviembre de 2019, interesó 
que se otorgara el amparo por vulneración de los derechos del demandante a la libertad 
ideológica y de expresión (artículos 16 y 20 CE) y el derecho a la legalidad penal 
(artículo 25) y que se declarara la nulidad de la sentencia de la Sección Cuarta de la 
Audiencia Provincial de Girona de 28 de abril de 2017 y de la sentencia de 4 de 
diciembre de 2018 dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Considera el Ministerio Fiscal que no se ha profundizado en el análisis del ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión ni a la libertad ideológica, pareciendo que los 
órganos  judiciales  han  estimado  que  el  ejercicio  era  legítimo  sin  ningún  tipo  de 
extralimitación pero que lo que imposibilita su toma en consideración es el lugar donde 
se ha llevado a cabo, una iglesia católica y durante la celebración de la misa, actos 
amparados por la libertad religiosa del oficiante y los feligreses, sin que exista ninguna 
circunstancia que posibilite la restricción de dicha libertad religiosa. Todo ello supone 
considerar  que  la  libertad  religiosa,  en  su  manifestación  colectiva,  goza  de  una 
protección que no admite límite alguno y que toda perturbación de la misma puede ser 
sancionada  con  una  pena  privativa  de  libertad,  independientemente  del  tipo  de 
perturbación de que se trate. Prescindir del insoslayable análisis de la proporcionalidad 
de la respuesta penal, cuando el recurrente aduce que su condena penal supone una 
violación de un derecho fundamental o libertad pública, es contrario a la doctrina del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En cuanto a la vulneración del principio de legalidad, aduce el Ministerio Fiscal que 
para considerar los hechos típicos se ha acudido, en ambas instancias, a una noción de 
vía de hecho ajena a su significado técnico jurídico, referido a la actuación ilícita de la 
administración, que conlleva que cualquier conducta que se lleva a cabo sería típica, 
dándole así al precepto una amplitud desmesurada. Debe reseñarse que cuando se 
tipifican como delitos conductas que comportan vías de hecho, el Código penal exige la 
concurrencia de violencia (así en las coacciones del artículo 172 o en la realización 
arbitraria del propio derecho, artículo 455). Añade el escrito del Ministerio Fiscal que la 
sentencia dictada en casación por el Tribunal Supremo alude a la práctica identidad del 
asunto con el resuelto mediante la sentencia 835/2017, de 19 de diciembre, cuando 
entre ambos existen notables diferencias, pues en el último citado hubo una entrada 
tumultuaria y una interrupción del rito durante unos diez minutos. De este modo, no se ha 
tenido en cuenta la escasa duración de los hechos (dos o tres minutos), y que no se 
causó daño ni a las personas ni a los bienes. Con esta exégesis se habría prescindido 
del tenor literal del precepto, recurriéndose a la analogía contra el reo, y a conceptos no 
previstos por el legislador y además se habría conferido al precepto una amplitud de 
prohibición que va más allá de lo establecido en el mismo.
7.  El recurrente, en escrito registrado el 3 de diciembre de 2019, se ratificó en todas 
las alegaciones contenidas en su demanda.
8.  Por Providencia de 15 de diciembre de 2020, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 17 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos bo
1E.l  pOrebsjeentote d erel rceucrusors od.e amparo se dirige contra la sentencia 620/2018, de 4 de  2021-1126n https://w
dreicciuermsob rdee,  dcaes laac iSóanl ap rSeseegnutnaddao  dpeolr  Terli breucnuarlr eSnutper ceomnotr,a q luae s eancoterndcói ala 2 0d1e/s2e0s1ti7m, adceió 2n8  ddeel 
abril, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Girona en una causa
penal seguida por los trámites del procedimiento abreviado, en la que resultó condenado 
a una pena de seis meses de prisión como autor de un delito contra los sentimientos 
religiosos del artículo 523 del Código penal (CP, en adelante). Como se ha expuesto con 
detalle  en  los  antecedentes  de  esta  resolución,  el  demandante  atribuye  a  ambas 
resoluciones judiciales la vulneración de los derechos a la libertad ideológica (artículo 16 
CE), a la libertad de expresión (artículo 20 CE) y a la libertad de reunión (artículo 21 CE) 
así como la vulneración del principio de legalidad penal (artículo 25.1 CE).
Según el criterio del recurrente, la delimitación entre los derechos a la libertad de 
expresión, reunión y manifestación, y el derecho a la libertad religiosa de los fieles que 
se encontraban en la iglesia, debe llevar a la prevalencia de los primeros, puesto que no 
hubo discurso del odio ni ofensa gratuita a la religión, y su conducta estaba justificada 
por el contexto social en que se produjo, que era el de una protesta contra la pretendida 
reforma de la Ley del aborto. Por otro lado, desde la perspectiva del principio de 
legalidad penal, aboga el recurrente por una interpretación restrictiva del tipo penal para 
no fomentar un efecto disuasorio en el ejercicio de la libertad de expresión, interpretación 
restrictiva que, en el caso, se traduce en la consideración de que no se cumplían dos de 
los elementos del tipo. Por ello, solicita la anulación de las dos sentencias recurridas en 
amparo.
El Ministerio Fiscal interesa la estimación del presente recurso de amparo, por los 
motivos de los que más extensamente se ha dejado constancia en los antecedentes de 
esta resolución, al entender, por un lado, que se trataba de un ejercicio legítimo de los 
derechos fundamentales alegados que no era susceptible de respuesta penal y, por otro, 
que se ha aplicado un precepto sancionador en el que no eran subsumibles los hechos 
declarados probados, con la consiguiente infracción del artículo 25 CE.
La especial trascendencia constitucional de este recurso, en los términos enunciados 
sin pretensión de exhaustividad en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, estriba, como 
indicó la providencia de admisión, en que el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal, en 
concreto, en relación con el eventual conflicto entre el derecho de libertad de expresión 
[artículo 20.1 a) CE], en conexión con los derechos a la libertad ideológica (artículo 16.1 CE) 
y de reunión (artículo 21 CE), frente a la libertad religiosa o de culto (artículo 16.1 CE).
2.  Doctrina  constitucional  sobre  el  control  que  ha  de  desarrollarse  respecto  al 
primer motivo de amparo.
Como  ya  se  ha  expuesto,  el  ahora  demandante  de  amparo  imputa  a  las  dos 
sentencias que le condenaron como autor de un delito de los previstos en el artículo 523 
CP, la vulneración de su libertad de expresión, en relación con la libertad ideológica y el 
derecho de reunión, por cuanto su conducta no habría excedido de la esfera del libre 
ejercicio de los mencionados derechos fundamentales.
En supuestos como el presente, dada la naturaleza sustantiva de los derechos 
fundamentales alegados y el contenido de la jurisdicción de amparo, la función que 
corresponde a este tribunal no se circunscribe a examinar la existencia o razonabilidad 
de la motivación de las resoluciones judiciales realizando un simple juicio externo que 
verse sobre la existencia, inexistencia o razonabilidad de las valoraciones efectuadas por 
los jueces y tribunales ordinarios; sino que hemos de aplicar a los hechos probados las 
exigencias dimanantes de la Constitución para determinar si, al enjuiciarlos, han sido o 
no  respetadas,  aunque  para  este  fin  sea  preciso  utilizar  criterios  distintos  de  los 
aplicados en la instancia (SSTC 200/1998, de 14 de octubre, FJ 4; 136/1999, de 20 de  e
julio, FJ 13; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 148/2001, de 27 de junio, FJ 3; 20/2002,  bo
de 28 de enero, FJ 3; 148/2002, de 15 de julio, FJ 3; 174/2006, de 5 de junio, FJ 2,  w
y 29A9s/2í 0p0u6e, sd,e  p2a3r ad ev oacloturabrr es, iF Jla 3 )a.plicación del tipo penal realizada por los órganos  2021-1126n https://w
ejund icaimalpeas reon,  eesl  ppreresceinstoe  dcaesteor minicnuarrr es ie nla l acso vnudluncetraa ccioonnessti tudyeen uunnc iaedjearsc ipcoior  elílc riteoc udrere nlotes 
derechos fundamentales invocados y se encuentra amparada por estos, cuestión que
atañe a la delimitación de su contenido y finalidad [STC 24/2019, de 25 de febrero, FJ 3 
a), por todas]. En ese caso, si la conducta constituye un acto ajustado al ejercicio regular 
del derecho fundamental, respondiendo por su contenido, finalidad o medios empleados 
a  las  posibilidades  de  actuación  o  resistencia  que  el  derecho  otorga,  no  resultará 
constitucionalmente  legítima  la  imposición  de  una  sanción  penal,  la  cual  solo  será 
constitucionalmente  posible  cuando  estemos  frente  a  un  «aparente  ejercicio»  del 
derecho fundamental, siempre que la conducta enjuiciada, por su contenido, por la 
finalidad a la que se orienta o por los medios empleados, desnaturalice o desfigure el 
derecho y se sitúe objetivamente al margen de su contenido esencial, quedando por ello 
en el ámbito de lo potencialmente punible (STC 104/2011, de 20 de junio, FJ 6).
Por tanto, en este primer motivo de amparo, ha de examinarse si la interpretación y 
aplicación de la norma penal que han realizado los órganos judiciales es compatible con 
el contenido de la libertad de expresión, en relación con la libertad ideológica y el 
derecho de reunión. Debe añadirse que en el presente caso se da la peculiaridad de que 
no se plantea la mera cuestión de si se produjo o no una extralimitación en el ejercicio de 
las libertades citadas, sino la más compleja de la relación entre dichas libertades y la 
libertad religiosa y de culto que se protege en el artículo 16.1 CE.
3.  La relación entre la libertad de expresión y la libertad religiosa en la doctrina 
constitucional y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El demandante invoca conjuntamente su libertad ideológica, de expresión y reunión, 
si bien de su planteamiento puede inferirse que es la segunda de ellas la que entiende 
directamente vulnerada. En todo caso, la estrecha relación existente entre la libertad 
ideológica y la libertad de expresión ya ha sido destacada por la doctrina constitucional 
(SSTC 177/2015, de 22 de julio, y 20/1990, de 20 de febrero). Entre las manifestaciones 
de la libertad ideológica figura la de expresar libremente lo que se piense, de manera 
que a la libertad que consagra el artículo 16.1 CE le corresponde el correlativo derecho a 
expresarla que garantiza el artículo 20.1 a) CE.
a)  En cuanto a este último, es doctrina consolidada que la libertad de expresión 
reconocida en el artículo 20 CE es un derecho fundamental que goza de especial 
protección por este tribunal, al servir de fundamento al pluralismo político generador de 
una opinión pública libre (por todas, SSTC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3, y 50/2010, de 4 
de octubre, FJ 5). Por ello, la libertad de expresión precisa gozar «de un amplio cauce 
para el intercambio de ideas y opiniones», que ha de ser «lo suficientemente generoso 
como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor» 
(STC  112/2016,  de  20  de  junio,  FJ  2).  En  esta  misma  sentencia,  con  cita  de  la 
STC  177/2015,  de  22  de  julio,  hemos  establecido  que  la  libertad  de  expresión 
comprende la libertad de crítica «aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, 
inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y 
el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática»; y que la libertad 
de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones «acogidas con favor o 
consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, 
chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población», ya que en 
nuestro sistema «no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’, esto es, un 
modelo  en  el  que  se  imponga,  no  ya  el  respeto,  sino  la  adhesión  positiva  al 
ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución […]. El valor del pluralismo y la 
necesidad  del  libre  intercambio  de  ideas  como  sustrato  del  sistema  democrático  s
representativo impiden cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar,  oe.
seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas». w.
seojemrcAeilct iidoiga u haaal   dlqoeus e s líemcru itaceolsqh uefieirjear ndotoetsr  o(So  TdfeCur ne6dc5ah/mo2 0ef1nu5tna,d dadomes  e1en3nt a dll,ae   laCa bolrinbils,e triFttuaJcd i 3ó)dn e e cnoetrnxep  rlloeosss i óqqnuu eee  ssstuáe    2021-1126n https://w
encuentra  «el  respeto  al  contenido  normativo  garantizado  por  otros  derechos
fundamentales, cuya afectación no resulta necesaria para la realización constitucional
del derecho. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el deslinde de la libertad 
de  expresión  no  es  nunca  total  y  absoluto  (por  todas,  STC  173/1995,  de  21  de 
noviembre, FJ 3) y a menudo, la delimitación de su ámbito protegido solo puede hacerse 
a partir de la de otros derechos fundamentales, aunque, eso sí, mediante la adecuada 
ponderación de los valores constitucionales enfrentados» (STC 226/2016, de 22 de 
diciembre, FJ 5). Esta regla, que es de obligada atención con carácter general, habida 
cuenta de la posición preferente que ocupa la libertad de expresión, lo es todavía más 
cuando dicha libertad entra en conflicto con otros derechos fundamentales.
Los límites a los que está sometido el derecho a la libertad de expresión deben ser 
siempre ponderados con el máximo cuidado, habida cuenta de la posición preferente que 
ocupa la libertad de expresión, especialmente cuando esta libertad entra en conflicto con 
otros derechos fundamentales o intereses de significada importancia social y política 
respaldados por la legislación penal. A ese respecto se incide en que, cuando esto 
sucede, esas limitaciones siempre han de ser interpretadas de tal modo que el derecho 
fundamental a la libertad de expresión no resulte desnaturalizado, lo que obliga al juez 
penal a tener siempre presente su contenido constitucional para «no correr el riesgo de 
hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, 
lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado democrático» [SSTC 177/2015, de 8 de 
junio, FJ 2 d); 112/2016, de 20 de junio, FJ 2 iii), y 35/2020, de 25 de febrero, FJ 4].
En el caso sometido a nuestra consideración, el derecho fundamental que se ve 
concernido por su eventual conflicto con la libertad de expresión es el de libertad 
religiosa y de culto, garantizado en el artículo 16 CE. Este artículo 16 CE reconoce esa 
libertad  religiosa  y  de  culto,  garantizándola  tanto  a  los  individuos  como  a  las 
comunidades, «sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley» (artículo 16.1 CE). En cuanto 
derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una doble dimensión, interna y externa. Así, 
según dijimos en la STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9, la libertad religiosa 
«garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de 
autodeterminación  intelectual  ante  el  fenómeno  religioso,  vinculado  a  la  propia 
personalidad y dignidad individual», y asimismo, «junto a esta dimensión interna, esta 
libertad [...] incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los 
ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a 
terceros (SSTC 19/1985, FJ 2; 120/1990, FJ 10, y 137/1990, FJ 8)». Dimensión externa 
que se traduce en la posibilidad de ejercicio «de aquellas actividades que constituyen 
manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, asumido en este caso por el 
sujeto colectivo o comunidades» (SSTC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4, y 128/2001, 
de 4 de junio, FJ 2). El reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere 
licere lo es «con plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos 
sociales» (STC 46/2001, FJ 4, y, en el mismo sentido, SSTC 24/1982, de 13 de mayo, 
y 166/1996, de 28 de octubre). La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad 
religiosa, de acuerdo con el citado precepto y con los textos internacionales (artículo 18 
de la Declaración universal de derechos humanos, artículo 9.1 del Convenio europeo de 
derechos  humanos,  y  artículo  18.1  del  Pacto  internacional  de  derechos  civiles  y 
políticos), delimita el contenido de la libertad religiosa y de culto, abarcando la libertad de 
profesar,  cambiar,  y  abandonar  la  religión  o  creencia,  así  como  la  libertad  para 
manifestar las creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 
en  relación,  entre  otros,  a  los  actos  de  culto,  enseñanza  religiosa,  reunión  o 
manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de  s
este tipo de actividades (artículo 2.1). Se crean así las condiciones adecuadas para el  oe.
pleno ejercicio de dicho derecho y, en todo caso, como señalan los mismos textos  w.
ilsnibuteejerrttnaaa dcaei oslan fsau lneldisma, imltaae clniibotaenlreetsas d dp deree lso mcsr aidtanesimf epásotsar ( ra lalrat  ílpceuryol opn i3ea)c .reesliagriióans,  pcoanrav icpcroiotneegse ro  locsre ednecreiacsh oess táy   2021-1126n https://w
algubn)o s Eals pTercibtousn adl e Elau rroeplaecoi ónd ee nDtreer elocsh odse reHcuhmosa naoqsu í hinav otecandidoos  poocar seiló dne mdea nadbaonrtdea yr   BOE-A-cable e
la libertad religiosa, entre otras, en la sentencia de 20 de septiembre de 1994 (asunto 
Otto-Preminger-Institut c. Austria), sobre la confiscación de las autoridades del Tirol de la 
película «Das Liebeskonzil», en la de 25 de noviembre de 1996 (asunto Wingrove c. 
Reino Unido) sobre el corto cinematográfico «Visions of ecstasy», en la de 2 de mayo 
de 2006 (asunto Aydin Tatlav c. Turquía), en la de 13 de septiembre de 2005 (asunto I.A. 
c. Turquía), o en la sentencia de 26 de junio de 2014 (asunto Krupko y otros c. Rusia).
En este contexto, ha de hacerse especial mención a la sentencia de 17 de julio 
de 2018 (asunto Mariya Alekhina y otras c. Rusia), citada por el demandante en apoyo 
de su tesis y que se refiere a la condena penal impuesta a las componentes de un grupo 
punk por intentar interpretar una canción desde el altar de una catedral de Moscú. En 
dicha sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras recordar la importancia 
de la libertad de expresión en una sociedad democrática, afirma que las excepciones 
deben estar sólidamente fundamentadas, de modo que la necesidad de establecer 
cualquier tipo de limitación debe justificarse de forma convincente. Así, la injerencia 
mediante sanciones penales debe estar prevista en la ley, perseguir uno o más de los 
objetivos legítimos relacionados en el segundo párrafo del artículo 10 del Convenio, y ser 
necesaria en una sociedad democrática, es decir, proporcionada al objetivo perseguido 
(§ 199). Los Estados contratantes disponen de cierto margen de apreciación al analizar 
la  existencia  de  dicha  necesidad  (§  200),  debiendo  examinar,  al  evaluar  la 
proporcionalidad de la medida, tanto la naturaleza como la gravedad de la condena 
impuesta, entre otros factores a tener en cuenta (§ 201), especialmente en aquellos 
asuntos en que las penas impuestas por las autoridades internas por conductas no 
violentas implican una pena de prisión (§ 211).
Con todo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reitera en la mencionada 
sentencia que, pese a la importancia reconocida a la libertad de expresión, el artículo 10 
del Convenio no otorga libertad de foro para ejercer dicho derecho, y añade que esta 
disposición no implica la creación automática del derecho a entrar en una propiedad, sea 
privada o pública. Además, indica la sentencia de referencia que también una actuación 
artística  o  un  discurso  político  en  una  propiedad  de  acceso  libre  para  el  público, 
dependiendo del tipo y finalidad del lugar, pueden exigir el respeto a ciertas reglas de 
conducta (§ 213). En relación con ello, resalta que los actos de las allí demandantes no 
interrumpieron ningún servicio religioso, ni dañaron a quienes se encontraban en la 
catedral ni los bienes de la Iglesia. En estas circunstancias, muy distintas de las que 
concurren  en  el  caso  ahora  enjuiciado,  por  cuanto  en  este  último  se  interrumpió 
deliberadamente la celebración del culto, concluye la sentencia que la pena impuesta fue 
excesivamente rigurosa (§ 215).
En definitiva, como se expresa en el asunto Tagiyev y Huseynov c. Azerbaiyán, 
sentencia de 5 de diciembre de 2019, se trata de ponderar los límites del derecho de los 
recurrentes a la libertad de expresión impuestos por la protección del derecho de las 
personas religiosas a no ser inquietadas por sus creencias (§ 48).
Esta  necesidad  de  ponderación  deriva  de  que  tanto  la  libertad  de  expresión 
(artículo 10 del Convenio) como la libertad religiosa (artículo 9) están protegidas por el 
Convenio. Ninguno de ellos es un derecho absoluto, y todos pueden estar sujetos a 
restricciones,  entre  otros  motivos,  para  la  protección  de  los  derechos  de  otros.  El 
Convenio no establece ninguna jerarquía a priori entre estos derechos: por una cuestión 
de principio, todos ellos merecen igual respeto. Deben ser ponderados de manera que 
se reconozca su importancia en una sociedad basada en el pluralismo, la tolerancia y la 
apertura a nuevas ideas (asunto Karaahmed c. Bulgaria, sentencia de 24 de febrero  s
de 2015, § 92). oe.
Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto E.S. c. Austria,  w.
sbceoannstasetnint ucsyiuaes   dusene on2 dt5ee n dlcoeisa  sofu crnteudlbaartmeiv eadnset o a2sl  0ea1sr8etí,nc ucreilaoitl ee1rsa0 d  l(eoli sbu enpratra isndoc cidpieeiod sea xdfup dnreedsmaiómonce)rn,á ttraieclecaos y r deuannn adq odu eeq  lusaees    2021-1126n https://w
ocobnstdaicnitoen, eesn  rbeálascicióans  cpoanr alo ss ulí mpitreosg rdees oe syta  plibaerart alda,  rreecauliezardcaió qnu ed,e c ocmadoa s ein rdeicvoidnuooc.e  Neon   BOE-A-cable e
el párrafo 2 del artículo 10, el ejercicio de la libertad de expresión conlleva deberes y 
responsabilidades. Entre ellos, en el contexto de las creencias religiosas, se encuentra el 
requisito general de asegurar el disfrute pacífico de los derechos garantizados en el 
artículo 9 a los titulares de esas creencias (§ 43).
La conclusión del análisis de esta jurisprudencia se puede resumir, a los efectos del 
presente recurso, en que hay que tener en cuenta, en la ponderación, si la actuación que 
trata  de  cobijarse  en  la  libertad  de  expresión  tiene  capacidad  para  acarrear 
consecuencias dañosas, teniendo en cuenta que el Convenio europeo no reconoce 
libertad de foro, sobre todo porque el ejercicio de la libertad de expresión puede exigir el 
respeto a ciertas reglas de conducta. En ese sentido, el artículo 10.2 del Convenio 
europeo recuerda que dicho ejercicio entraña deberes y responsabilidades y puede 
verse condicionado o limitado, entre otras razones, por la necesidad de proteger los 
derechos ajenos. Además, el ámbito de apreciación de las autoridades nacionales se ve 
ampliado cuando la libertad de expresión colisiona con otros derechos fundamentales, 
en este caso la libertad religiosa de otras personas.
4.  Ponderación en el caso enjuiciado entre la libertad de expresión del recurrente y 
el derecho a la libertad religiosa de los fieles.
Lo que en el fondo se alega con esta primera queja de amparo es la afectación a la 
libertad de expresión, en cuanto que la aplicación del tipo penal vulneraría el contenido 
constitucionalmente protegido de esa libertad de expresión (por todas las resoluciones 
en este sentido, STC 174/2006, de 5 de junio, FJ 2). Atendiendo a este planteamiento, 
solo si esta libertad se ejerció sin exceso, teniendo en cuenta que también se ve 
concernido, en lo que ahora importa, el derecho de libertad religiosa y de culto, sería 
reconocible y procedería la estimación de este motivo del recurso de amparo.
Conforme a la doctrina que ya se ha expuesto, el ejercicio de la libertad de expresión 
no es ilimitado, pero no tiene otros límites que los que puedan fundamentarse en la 
protección  de  otros  bienes  o  valores  constitucionales,  entre  los  que,  sin  duda,  se 
encuentran aquellos que, como la libertad religiosa y de culto, tienen el carácter de 
derecho fundamental en sí mismos. Lo anterior hace que sea precisa la determinación 
concreta de cuál sea la situación jurídica de derecho fundamental que, en colisión con 
otra de la misma condición, deba prevalecer en atención a las circunstancias del caso. 
En el supuesto enjuiciado es de apreciar que los órganos judiciales, en especial el 
Tribunal Supremo, han valorado, como cuestión previa a la propia aplicación del tipo 
penal y atendiendo siempre a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si la 
conducta que se enjuiciaba constituía un ejercicio lícito del derecho fundamental a la 
libertad de expresión y, en consecuencia, si se justificaba por el valor predominante de 
esta. En tal examen han llegado a una conclusión negativa, pues tal conducta no 
quedaba amparada por el ejercicio de ese derecho al poner de manifiesto que constituía 
un sacrificio de los derechos de terceros que, en el caso, debían prevalecer, atendiendo 
al modo, tiempo y lugar en el que la protesta se hizo efectiva.
Es decir, se lleva a cabo una ponderación entre el valor de la libertad de expresión 
que se ve aquí concernido en comparación con las necesidades de protección de otros 
derechos fundamentales, como la libertad religiosa y de culto, concreta ponderación que 
se ajusta al ámbito respectivo, atendidas las circunstancias del caso, de uno y otro 
derechos. Partiendo de que el fundamento de la libertad de expresión [también en el 
ámbito del derecho de reunión (SSTC 193/2011, de 12 de diciembre, FJ 7, y 195/2003, 
de 27 de octubre, FJ 6)] es el intercambio de ideas, resulta que cuando un grupo de  e
fieles celebra un acto religioso en una iglesia, su lugar de reunión solo es accesible para  bo
esa finalidad, relacionada con su culto, y no existe ningún punto de conexión que permita  w
cporontseisdtear aerj eqrcuied al ap ocre treermceornoisa. esté abierta a un intercambio de ideas que reflejen una  2021-1126n https://w
catóPlicoar  oetsro u lna daoc, toy  rceolnig iroeslaoc íiónntim aal mcaesnote a rheolarac ioennajudioci acdoon,  llaa  cdeimleebnrascióiónn e dxete runnaa  dmei slaa 
libertad religiosa, cuyos participantes tienen derecho a no ser inquietados cuando la
ejercen, y el Estado tiene el deber de garantizar su pacífica celebración. En efecto, los 
feligreses estaban ejerciendo pacíficamente el núcleo de su libertad religiosa en su 
faceta  comunitaria,  en  cuanto  que  estaban  participando  en  uno  de  sus  ritos 
fundamentales. Frente a esto, la afirmación de que el recurrente ejercía su libertad de 
expresión  no  puede  prevalecer,  porque  no  existía  ningún  punto  de  conexión  que 
permitiera  que  el  recurrente  considerara  que  la  ceremonia  estaba  abierta  a  un 
intercambio de ideas con los allí congregados. Además, el recurrente tenía medios 
alternativos para comunicar su mensaje sin necesidad de perturbar a los fieles, en tanto 
que interrumpió el oficio religioso y desplegó una pancarta cuyo contenido, en ese 
contexto determinado, podía considerarse capaz de herir los sentimientos de dichos 
fieles, por lo que tal actuación violó el espíritu de tolerancia, que sí respetaron, con su 
respuesta pacífica, los asistentes a la misa. Por otra parte, dado que nadie tiene un 
derecho  ilimitado  a  exponer  sus  ideas  donde  quiera,  y  dado  que  existían  otros 
escenarios abiertos a la posibilidad de un razonable intercambio de ideas, tratar de 
justificar la conducta con el dato de que la interrupción se prolongó «dos o tres minutos» 
constituye un argumento muy débil, pues el lugar y el modo en que se ejerce la libertad 
de expresión no son irrelevantes, cuando, como en el caso, ese ejercicio entra en 
conflicto con la libertad religiosa y de culto.
Tampoco cabe dudar de que la sanción, que está prevista en la ley, persigue una 
finalidad legítima, en cuanto que con ella se garantiza la dimensión colectiva de la 
libertad religiosa, consistente en el derecho a reunirse para desarrollar actividades de 
culto propias de una confesión religiosa. Este derecho se ve afectado o alterado si, al 
amparo de la libertad de expresión, se interrumpen ceremonias religiosas, obviando que 
dicha libertad de expresión no es ilimitada (artículo 20.4 CE), sino que es posible 
someterla  a  formalidades,  condiciones,  restricciones  o  sanciones  que  constituyan 
medidas necesarias en una sociedad democrática para, entre otros fines, la protección 
de los derechos ajenos (artículo 10.2 del Convenio europeo). Se trata, en lo que ahora 
importa, de garantizar el derecho a no ser perturbado en la práctica religiosa por las 
actividades de otros, teniendo en cuenta, además, que el recurrente disponía de amplios 
canales alternativos para la difusión y eventual discusión de sus ideas que hacían 
innecesaria  la  interrupción  de  una  ceremonia  religiosa.  De  ahí  que  no  resulten 
indiferentes, desde el punto de vista de la ponderación de derechos que este proceso de 
amparo demanda, las circunstancias, modo y lugar en los que esa libertad de expresión 
pretendió ejercerse, lo que, a su vez, legitima la aplicación de medidas sancionadoras o 
restrictivas dirigidas a la protección de la libertad religiosa y de culto. La STEDH antes 
citada, asunto Mariya Alekhina y otras c. Rusia, insiste en que no hay libertad de foro 
para la libertad de expresión y ofrece como elemento relevante de aquel caso el hecho 
de que no se interrumpiera un oficio religioso, lo que sí ocurrió en el aquí enjuiciado. Por 
otra parte, en el presente caso no se ha discutido que hubo una actuación en una iglesia 
dirigida directamente contra los feligreses, al interrumpir el oficio religioso, arrojando 
pasquines y desplegando una pancarta con el lema «fuera rosarios de nuestros ovarios», 
de  manera  que,  aunque  no  se  recurriera  a  la  violencia  física,  la  actuación  tuvo 
consecuencias  lesivas  en  cuanto  se  atentó  contra  la  libertad  religiosa  de  los 
congregados con ocasión de la celebración del culto, lo que justifica la intervención del 
poder público expresada en la imposición de la pena mínima prevista por la ley.
En suma, hemos de concluir que las resoluciones judiciales impugnadas, al imponer 
la sanción penal, han valorado como cuestión previa si la conducta que se enjuicia 
constituye un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión, teniendo  s
presente su contenido constitucional y, en ese marco de valoración, han ponderado las  oe.
diversas  circunstancias  concurrentes  en  el  caso,  tal  como  impone  el  principio  de  w.
eqsuxupperr,ee psmoióar ncc íuaea nnd teoc o lsane eC axoicónansb taictu odcnei ó elnax  pyl iobdneeer trra,e dns opi edpteuooe ladó eglo iscsea dr,  ecprouenecsshidtooes r qafuudneod  calaom ncetronantradiolue cast, a lad  eeli bnuejunri tcamidao dddaeo,    2021-1126n https://w
áamtebnidtoie onbdjoe tiavlo  mdeo mpreontteoc cyió nlu gdaer d eicnh aqsu leib esreta dmeast.erializó, no se encontraba dentro del  BOE-A-cable e
Por ello, esta primera queja del recurso de amparo ha de ser desestimada.
5.  Sobre la queja referida al principio de legalidad.
La segunda queja de amparo se fundamenta en la lesión del principio de legalidad. El 
recurrente considera vulnerado este derecho, en primer lugar, por la diferencia existente 
entre los tipos penales del artículo 523 CP –que emplea los verbos rectores impedir, 
perturbar, interrumpir– referido a los sentimientos religiosos y el 514.4 CP –que utiliza los 
de  impedir,  perturbar–  referido  al  derecho  de  reunión.  Aboga  también  por  que  la 
«interrupción» a que se refiere la figura penal haya de ser grave, para evitar el efecto 
desaliento. Con este mismo objetivo, propone una reducción teleológica del concepto 
«vía de hecho», en el sentido en que se suele interpretar en el Derecho administrativo.
Para dar respuesta a la cuestión planteada es preciso señalar que la interpretación 
del contenido de los tipos sancionadores y el control del proceso de subsunción de los 
hechos probados en los preceptos aplicados es una cuestión ajena al contenido propio 
de nuestra jurisdicción, al ser esta una función que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 117.3 CE, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios (por 
todas, STC 12/2018, de 8 de febrero, FJ 3). Ahora bien, la función que compete a este 
tribunal es la de verificar que la subsunción de los hechos en el correspondiente tipo, 
administrativo o penal, (o lo que es lo mismo, que la concreta aplicación de la norma 
sancionadora) respeta las exigencias del derecho a la legalidad penal. De acuerdo con la 
doctrina de este tribunal relativa al artículo 25.1 CE, la constitucionalidad de la aplicación 
de las normas sancionadoras depende tanto del respeto al tenor literal del enunciado 
normativo,  como  de  su  previsibilidad,  que  debe  ser  analizada  desde  las  pautas 
axiológicas  que  informan  nuestro  texto  constitucional  y  conforme  a  modelos  de 
argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica. Por ello, no solo vulneran el 
derecho fundamental a la legalidad sancionadora aquellas aplicaciones de la norma 
sancionadora que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado 
posible  de  los  términos  de  la  norma  aplicada,  sino  que  son  constitucionalmente 
rechazables  aquellas  que  conduzcan  a  soluciones  esencialmente  opuestas  a  la 
orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios (por 
todas, SSTC 54/2008, de 14 de abril, FJ 4; 199/2013, de 5 de diciembre, FJ 13; 29/2014, 
de 24 de febrero, FJ 3, y 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 5). «No debe olvidarse que el 
derecho a la legalidad penal y sancionadora supone que nadie puede ser condenado o 
sancionado  por  acciones  u  omisiones  que  no  constituyan  delito,  falta  o  infracción 
administrativa, según la legislación vigente, en el momento de la comisión del hecho, 
quebrándose  este  derecho  cuando  la  conducta  enjuiciada,  la  ya  delimitada  como 
probada,  es  subsumida  de  un  modo  irrazonable  en  el  tipo  que  resulta  aplicado» 
(STC 12/2018, FJ 3, y las que cita).
Así, desde la perspectiva del artículo 25.1 CE, la razonabilidad de la subsunción de 
los hechos en la norma sancionadora, en primer lugar, debe ser compatible con el 
respeto al tenor literal del precepto, con la consiguiente prohibición de analogía in malam 
partem; en segundo término, no debe incurrir en quiebras lógicas y debe seguir un 
modelo de argumentación aceptado por la propia comunidad jurídica (razonabilidad 
metodológica); y, en tercer lugar, el resultado de esa operación jurídica debe ser acorde 
con  las  pautas  valorativas  que  informan  nuestro  texto  constitucional  (razonabilidad 
axiológica; STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3).
Este es, por tanto, el escrutinio que debe ser aplicado para examinar la queja que 
ahora nos ocupa. Atendiendo a los términos en los que se plantea, debe determinarse,  e
en suma, si, con ocasión del juicio de subsunción, no se han respetado los criterios  bo
metodológicos comúnmente reconocidos o los parámetros axiológicos que derivan de  w
nmuaensiftireos too rpdoern ealm reiecnutror enctoen.stitucional,  en  los  dos  concretos  aspectos  puestos  de  2021-1126n https://w
que Seitlu aradzoo ensatme iterinbtuon aelm epnl elaa deos feinrac uerxrate renna  dqeu iceobnratrso l mquaen ilfeie essta pmroepnitae,  nilóog sicea vsi slnuim qburea 
alumbre un resultado extravagante que no se ajuste al canon que se acaba de exponer.
La vertiente de la queja que versa sobre las diferencias en la redacción de los verbos 
típicos  empleados  en  los  artículos  523  y  514.4  CP  no  tiene  consistencia,  porque 
«interrumpir»  es,  según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  «cortar  la 
continuidad de algo en el lugar o en el tiempo», acción que se puede considerar como 
una redundante forma de perturbación. La diferencia entre los verbos rectores de ambos 
tipos no implica por ello una minusvaloración de una de las figuras penales con respecto 
a la otra, ni una diferencia valorativa en el trato otorgado a ambas por el legislador, tal 
como exponen los órganos judiciales, que razonan que se trata de verbos que obedecen 
a la misma realidad y que cualquiera de los cuales puede ser utilizado para calificar la 
conducta del ahora recurrente en amparo.
El segundo motivo de vulneración se solapa con el primer motivo de amparo, ya que 
parte de la supuesta prevalencia de la libertad de expresión sobre la libertad religiosa de 
terceros, argumento que hemos rechazado más arriba (fundamentos jurídicos 3 y 4) al 
analizar la primera queja del recurrente.
En cuanto al concepto de «vía de hecho», tercer motivo de queja relacionado con el 
principio  de  legalidad,  no  cabe  considerar  que,  en  su  interpretación  se  incurra  en 
analogía  o  interpretación  extensiva.  En  las  SSTC  137/1997,  de  21  de  julio,  FJ  7, 
y 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4, hemos dicho que «el derecho a la legalidad 
sancionadora debe partir del respeto judicial y, en su caso, administrativo a las palabras 
de la norma, al significado literal o textual del enunciado que transmite la proposición 
normativa, pues el legislador expresa el mensaje normativo con palabras y con palabras 
es conocido por sus destinatarios», y a continuación hemos precisado que el límite está 
en el «significado posible de los términos de la norma aplicada». Por ello, una cosa es 
que un sector doctrinal –cuyas tesis acoge el Ministerio Fiscal– por medio de una 
reducción teleológica interprete la «vía de hecho» en un determinado sentido, y otra es 
que no quepan otras interpretaciones posibles, puesto que el tenor literal remite al 
significado de las palabras según su más amplia acepción. En este sentido, la Audiencia 
Provincial de Girona razonó que la referencia del precepto penal a la vía de hecho aludía 
a «una forma de hacerse valer o sostener una pretensión al margen del procedimiento 
legalmente establecido», poniendo dicha afirmación en relación con los hechos probados 
del  caso.  Por  su  parte,  el  Tribunal  Supremo  le  ha  respondido  al  recurrente  en  la 
sentencia dictada en casación que «vía de hecho […] no es otra cosa que hacer valer 
una pretensión o un derecho por propia mano o arbitrariedad», entendiendo que el ahora 
recurrente en amparo «se extralimitó en el ejercicio de su derecho a la libertad de 
expresión al violentar de forma arbitraria e injustificada el derecho fundamental a la 
libertad religiosa y de culto». Con ello se calificó por los órganos judiciales la vía de 
hecho como aquella referida a la utilización de medios no violentos, pero que no pueden 
entenderse amparados por el ejercicio legítimo de un derecho, lo que justifica que los 
mismos merezcan reproche por el ordenamiento jurídico.
Como ya se ha expuesto, es doctrina reiterada de este tribunal que, aun respetando 
el tenor literal posible, «son constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones de la 
ley que por su soporte metodológico –una argumentación ilógica o indiscutiblemente 
extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios que informan 
nuestro ordenamiento constitucional– conduzcan a soluciones esencialmente opuestas 
de la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios» 
(SSTC 328/2006, de 20 de noviembre, FJ 6, y 199/2013, de 5 de diciembre, FJ 13). Eso 
lleva al Ministerio Fiscal a considerar que la interpretación del Tribunal Supremo de «vía 
de  hecho»  lleva  a  una  ampliación  desmesurada  del  tipo.  Sin  embargo,  la  propia  s
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  exige  que  cualquiera  de  los  medios  comisivos  oe.
empleados posea cierta relevancia, en conexión con los verbos rectores que emplea el  w.
pleeesgprimselciatieda olmer,xe cnltuteeinr  liade endld uotrip aoce,ió nsn e, gclaúu nefo nmrtmaa an ilfeaienss  qtauc eae rssaaec  tjheuarríi ssctpaicruuasdsa ednodc,ei a y,  lllaao  sfo asrmuctpauu aeecnsiót oqnsu  eee ncn ejqusuióce.i a Epdloalor,    2021-1126n https://w
ibnrmeveedsia tianmstaennttees  ys eq ucea upsuad ieurnaa  cpoenqsuideeñraa rsinet emrreunpociró. nI noc luusnoa  aplgeurtnuarsb accoiónnd uqcutaes  cqeusea   BOE-A-cable e
pudieran calificarse como impeditivas por momentos muy breves del acto religioso, si 
cesan inmediatamente, podrían entenderse no delictivas.
No puede afirmarse que sea esto lo que sucediera en el presente caso, en el que, tal 
y como se razona por los órganos judiciales, aunque la interrupción de la ceremonia 
religiosa solo durara unos minutos, perturbó gravemente su normal celebración, y con 
ello vulneró la libertad religiosa de los feligreses allí congregados.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jaume Roura Capellera.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón a la sentencia dictada en el recurso de amparo 
avocado núm. 526-2019
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de nuestros compañeros de Pleno en 
la  que  se  sustenta  la  sentencia,  manifestamos  nuestra  discrepancia  con  la 
fundamentación  jurídica  y  el  fallo  de  esta.  Consideramos  que  hubiera  debido  ser 
estimatoria por vulneración del derecho a la libertad de expresión [artículo 20.1 a) CE].
I.  La libertad de expresión y el sistema punitivo estatal.
1.  Este es el segundo voto particular que, en una misma sesión plenaria, creemos 
necesario formular sobre la libertad de expresión. Proclamada en las declaraciones de 
principios como uno de los derechos que constituyen un pilar esencial de la democracia, 
necesita  ser  defendida  frente  a  las  nuevas  realidades  en  las  que  tiene  que 
desenvolverse  y  las  amenazas  que  la  acechan  provenientes  de  la  tantas  veces 
desmedida reacción punitiva estatal contra quienes la ejercen. El derecho a la libertad de 
expresión, eje del sistema de control de los poderes institucionales y fácticos por la 
sociedad civil, es dinámico como las sociedades democráticas y los retos que plantean y 
está en permanente construcción. La protección de la libertad de expresión en este 
contexto  problemático  y  evolutivo  debe  tener  su  reflejo  en  la  jurisprudencia  de  los 
tribunales y, especialmente, en la jurisprudencia constitucional.
2.  La evolución en las conquistas de este derecho ha sido notable en muchos 
terrenos. En algunos sectores –como, por ejemplo, los relativos a los profesionales de la 
información o al debate político– se ha consolidado una doctrina que concede a la  es
libertad de expresión un ejercicio razonablemente inmune al efecto disuasorio que puede  o
suponer la larga lista de delitos de expresión que figura en nuestra normativa penal. En  ww.
emexsáptasrE seinn ss cioiitosnuitevaroascs sioc  onrcí etloilscan amtsseea,x  ttiihovnasac, sl ua.sssoiun m laiedsm om beáansr g goár,ca iddsaoes  s, auinrfriscauiselttnraatnent  eessl  edyr eiaobsfee rn rseditevic aetson,l ecyira aesn nc iaas  uhcsau fcaoilarqm uliaaessr    OE-A-2021-1126able en https://w
expresión crítica de fondo o a maneras de manifestarlas menos convencionales y más
efectistas. El magistrado y la magistrada firmantes de este voto particular opinan, sin 
embargo,  que  en  la  sociedad  de  la  comunicación  una  expresividad  contundente  o 
impactante puede resultar justificada para la expresión de una idea u opinión en un 
contexto de economía de la atención. Como dijera el juez Marshall de la Corte Suprema 
de  los  Estados  Unidos,  lo  que  es  grosería  para  unos  es  poesía  para  otros.  La 
contundencia en el mensaje puede ser irremplazable para el emisor modesto que no 
cuenta con medios o potencia suficiente para la dura competencia instalada en las 
sociedades globalizadas y altamente tecnológicas. La construcción del derecho a la 
libertad de expresión y su protección jurisdiccional no puede permanecer ajena a estas 
nuevas realidades. A nuestro juicio, debería ser una prioridad para nuestra jurisdicción 
constitucional establecer los límites del poder punitivo del Estado frente al ejercicio –
legítimo o extralimitado– de la libertad de expresión en este terreno.
3.  El efecto disuasorio que tiene el recurso al sistema de justicia penal sobre el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión no se produce solo cuando culmina con la 
imposición de una pena, sino que se hace realidad con el inicio del procedimiento, dados 
los perjuicios de toda índole derivados de la sustanciación de un proceso penal, que 
pueden llegar a traducirse en gravosas medidas cautelares de naturaleza personal y 
material.
La  proliferación  de  los  delitos  de  expresión  en  la  ley  penal,  junto  con  una 
interpretación  abierta  muchas  veces  a  interpretaciones  poco  restrictivas  y  a  una 
frecuente utilización del proceso penal para sancionar determinadas expresiones que 
admitirían la aplicación de mecanismos estatales de inferior gravedad, amenaza con 
instalar  de  manera  inquietante  la  imagen  de  una  sociedad  sometida  y  en  actitud 
disciplinada poco conforme con lo que debe ser el ejercicio de la crítica en una sociedad 
democrática avanzada.
4.  A nuestro juicio es imperativo que la justicia constitucional coadyuve, de acuerdo 
con el alto papel que tiene encomendado, a normalizar que, dentro de un sistema 
constitucional democrático, los sujetos intervinientes en la vida social e institucional 
deben soportar, dentro de los límites constitucionales, expresiones críticas, lacerantes, 
hirientes y hasta insultantes sin que estas sean objeto de una respuesta punitiva o, en su 
caso, desproporcionada. La libertad de expresión, como dijera el juez Holmes, es libertad 
para el pensamiento que odiamos.
En la más reciente jurisprudencia constitucional se han registrado serias divergencias 
de criterio sobre el alcance de la libertad de expresión en determinados contextos 
singularizados  por  el  objeto  de  la  expresión  crítica  y/o  por  la  manera  en  que  fue 
expresada. A modo de ejemplo, se pueden citar la STC 65/2015, de 13 de abril, en 
relación con críticas a las resoluciones judiciales; la STC 177/2015, de 22 de junio, en 
relación con la quema pública de unas fotos del jefe del Estado; las SSTC 112/2016, 
de 20 de junio, y 35/2020, de 25 de febrero, en relación con comentarios sobre víctimas 
del terrorismo; o la STC 190/2020, de 15 de diciembre, en relación con expresiones 
proferidas sobre la bandera española. En la abrumadora mayoría de estos supuestos el 
tribunal ha aceptado por mayoría que el Estado sancionara las conductas consideradas 
como no protegidas por el derecho a la libertad de expresión y lo hiciera, además, a 
través del sistema penal.
En el caso que se enjuicia en este proceso, se plantea al Tribunal un supuesto 
singular porque el mensaje crítico se produjo en el desarrollo de un acto religioso y 
motivó su interrupción. A nuestro juicio, la respuesta ha sido inadecuada desde el punto  e
de vista constitucional. La opinión mayoritaria entendemos que se ha limitado a un  bo
enjuiciamiento de la eventual colisión que se planteaba entre el derecho a la libertad de  w
perxopbrelesmióan  yq ueel ,d eerne cheol  ac alas ol ibeexrtaamd inrealdigoio, sae.s tNimoa hmao sp ronfuuncldeiazar dod,e ssdine  emla bapregros,p eenct iuvan   2021-1126n https://w
mcoendsitaitnutcei olan aiml: ploas iceivóenn dtuea ul ndae psepnroap porrivcaiotnivaal iddaed li bdeert adla.  respuesta  estatal  al  conflicto
Hay dos aspectos que, aun estando ya suficientemente consolidados con carácter 
general en la jurisprudencia constitucional, creemos que debieran haber sido ponderados 
especialmente en este caso por la opinión mayoritaria: (i) la diferenciación entre las 
categorías del ejercicio legítimo y extralimitado del derecho a la libertad de expresión; y 
(ii) los niveles de tolerancia y las expectativas de protección penal en los casos de 
ejercicio extralimitado del derecho a la libertad de expresión.
Tratamos de explicarlo a continuación.
II.  Sobre los límites constitucionales del recurso al derecho penal frente al ejercicio 
extralimitado de la libertad de expresión.
5.  La  jurisprudencia  constitucional  ha  establecido  una  serie  de  pautas  para  el 
enjuiciamiento de la legitimidad del recurso al sistema penal en los supuestos en que, a 
consecuencia de manifestaciones de expresión, se pudiera incidir en otros derechos o 
intereses constitucionales. La regla general es que el eventual conflicto de la libertad de 
expresión  con  otros  derechos  e  intereses  constitucionalmente  protegidos  no  puede 
resolverse mediante la consideración de que sean absolutos los derechos y libertades 
contenidos en la Constitución ni tampoco las limitaciones a las que han de someterse 
esos derechos y libertades. En la aplicación de los tipos penales que suponen un límite 
al ejercicio de la libertad de expresión –los llamados delitos de expresión– deberá 
ponderarse, por tanto, si la conducta enjuiciada se ha llevado a cabo dentro del ámbito 
protegido constitucionalmente de la libertad de expresión o, por el contrario, si se ha 
transgredido ese ámbito, pero valorando que mientras la conducta se atenga a los fines y 
objetivos  constitucionalmente  previstos  no  cabe  el  recurso  a  una  sanción  penal 
(STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 3).
De ese modo, si la conducta, en atención al haz de garantías y posibilidades de 
actuación  o  resistencia  que  otorga  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  se  ha 
desarrollado  plenamente  dentro  del  ámbito  protegido  constitucionalmente  por  este 
derecho –esto es, representa un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión– 
no cabe que pueda ser considerada una conducta sancionable. Los hechos probados no 
pueden  ser  a  un  mismo  tiempo  valorados  como  actos  de  ejercicio  de  un  derecho 
fundamental y como conductas constitutivas de un delito (STC 29/2009, de 26 de enero, 
FJ 3).
Ahora  bien,  incluso  cuando  la  conducta  no  pueda  considerarse  como  legítimo 
ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión  y  esté  prevista  como  delito  en  la 
normativa penal, no cabe la imposición de una sanción penal sin realizar un previo juicio 
de proporcionalidad (STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5). Conforme a este principio, 
debe negarse legitimidad constitucional a las limitaciones o sanciones que incidan en el 
ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible de acuerdo con 
una ponderación razonada y proporcionada de los mismos. Es necesario que toda 
acción penalmente deslegitimadora del ejercicio de un derecho fundamental, adoptada 
en protección de otro derecho fundamental que se enfrente a él, sea equilibradora de 
ambos derechos y resulte proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de 
ellos (STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4).
La dimensión objetiva de los derechos fundamentales y su carácter de elementos 
esenciales del ordenamiento jurídico permiten afirmar que no basta con la constatación 
de  que  la  conducta  enjuiciada  sobrepasa  las  fronteras  de  la  expresión 
constitucionalmente  protegida.  Ha  de  garantizarse  que  la  reacción  frente  a  dicha 
extralimitación  no  pueda  producir,  por  su  severidad,  un  sacrificio  innecesario  o  e
desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto disuasorio o desalentador  bo
del  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  implicados  en  la  conducta  sancionada  w
(SSTECn  2ú/l2tim00a1 ,i ndset a1n5c idae,  eanteenrod,ie FnJd o3 , aol  1c0a8r/á2c0te0r8 ,e dsep e2c2i adlme esenpteti eamflibcrteiv,o F Jd e3 )u.na sanción  2021-1126n https://w
ptreibnuanl,a ln, os ecaanb ees tcriocntacmebeinr teu nc osliinsdteamntae se ne l qteurere, ncoo mdeo  lop acroencset ituecnitoennadlemr elnat em paroyotergíaid od eyl 
el de lo punible penalmente (STC 104/2011, de 20 de junio, FJ 6). Es preciso, en aras a
una debida ponderación de todos los intereses en conflicto, valorar también en los casos 
de  ejercicio  extralimitado  de  la  libertad  de  expresión  la  procedencia  de  acudir  a 
subsistemas  jurídicos  de  resarcimiento  de  daños  que  no  sean  los  estrictamente 
sancionatorios –por ejemplo, indemnizaciones civiles– y, en su caso, dentro de los 
sancionatorios, optar por aquellos que resulten los menos aflictivos –por ejemplo, las 
sanciones administrativas–, atendiendo, además, a la naturaleza de ultima ratio propia 
de una rama del ordenamiento jurídico como es el derecho penal, que tiene como 
consecuencia jurídica nuclear la privación de derechos esenciales, entre ellos, la libertad. 
Como admite implícitamente la STEDH de 17 de julio de 2018, asunto Mariya Alekhina y 
otras c. Rusia (especialmente § 227 y 228), y subraya la jueza Elósegui en su opinión 
parcialmente disidente (§ 2 del voto), el hecho de que una conducta no deba calificarse 
como penal no significa que no pueda ser castigada mediante una sanción administrativa 
o civil.
6.  En el presente caso, la opinión mayoritaria entendemos que no considera este 
aspecto esencial de la proporcionalidad en el enjuiciamiento de la constitucionalidad de 
la sanción penal impuesta al recurrente. A pesar de la posición manifestada por el 
magistrado y la magistrada que suscriben este voto particular durante la deliberación en 
favor  de  atender  a  este  aspecto,  parece  haberse  renunciado,  una  vez  que  se  ha 
considerado que la conducta del recurrente no suponía el ejercicio legítimo del derecho a 
la libertad de expresión, a ponderar si dicha conducta, aunque fuera de una manera 
extralimitada, se atenía a los fines y objetivos constitucionalmente previstos del derecho 
a  la  libertad  de  expresión  y,  por  tanto,  resultaba  necesario  efectuar  un  juicio  de 
proporcionalidad de la reacción punitiva impuesta al recurrente.
III.  Sobre la desproporcionalidad de la reacción estatal frente a la conducta del 
recurrente.
7.  En nuestra opinión, un análisis de estas características sobre la proporcionalidad 
de la reacción penal frente a la conducta del recurrente –que, según entendemos, es el 
que mejor entronca con la jurisprudencia constitucional y con la del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos–, hubiera llevado a la doble conclusión de que (i) la conducta del 
recurrente, aun en el caso de no haberse considerado un ejercicio legítimo del derecho 
fundamental, se atenía en su contenido y forma a fines y objetivos constitucionalmente 
vinculados con la libertad de expresión; y (ii) la respuesta penal, aun siendo la mínima 
prevista  en  el  código  penal  español,  resultaba  desproporcionada  tanto  desde  una 
perspectiva cualitativa –imposición de una pena de prisión– como cuantitativa –seis 
meses de duración–.
8.  Hay  elementos  en  los  hechos  probados  de  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas que ponen de manifiesto que la conducta del recurrente se movía en el 
contexto  de  los  fines  y  objetivos  constitucionalmente  vinculados  con  la  libertad  de 
expresión. De ser así, resultaba improcedente no haberlo considerado, al menos, un 
ejercicio extralimitado de este derecho a los efectos de valorar la proporcionalidad de la 
respuesta punitiva.
La mera circunstancia, considerada concluyente por la opinión mayoritaria, de que la 
conducta del recurrente había provocado la interrupción de un acto religioso y de que 
existían alternativas de actuación del recurrente más deferentes y respetuosas con el 
derecho a la libertad religiosa no tiene –al menos en nuestra estimación– la fuerza 
argumental suficiente para excluir que se estaba ante una conducta de expresión. A  e.
nuestro juicio no pueden obviarse elementos nucleares de la conducta como son los  w.
sigu(iie) nteEsl :contexto social de debate sobre las políticas públicas en materia de derechos  2021-1126n https://w
ad elbaa tsea lueds tsaebxau alt eyn ireenpdroo dulac tivcao nyf elas iórenl evraenligteio sinat eravfeencctaiódna .e– Einsftlau enccoinaf eqsuióen e ne sdtiachboa 
interviniendo en este debate no solo en el seno de su organización respecto de la
posición moral que debían adoptar sus fieles sobre el ejercicio de dichos derechos, sino 
también con la pretensión de ejercer una legítima influencia social, política e institucional 
respecto de los contenidos y límites que debía tener una concreta regulación legal de 
ámbito general para toda la ciudadanía, toda vez que estaba en proceso de debate 
parlamentario una modificación de esa normativa. En estas circunstancias la posición 
que fue objeto de crítica por medio de la conducta del recurrente –cualquiera que fuera el 
origen de aquella, aunque se tratara del credo de una confesión religiosa– era un 
elemento de interés social. Por tanto, el recurrente, al amparo del derecho a la libertad 
de expresión, haciendo ahora abstracción de los medios utilizados, podía intervenir en 
ese intercambio de ideas (incluso si se parte de la dimensión originaria de la libertad de 
expresión bajo postulados utilitaristas formulada por Stuart Mill). En un contexto más 
avanzado de protección de los derechos constitucionales, que es el propio de nuestra 
época, este debate público es indicativo de que, en principio, la conducta del recurrente 
se desenvolvía dentro del ámbito de protección del derecho fundamental.
(ii)  El contenido de las expresiones utilizadas y su línea de coherencia con ese 
debate público.–La conducta desarrollada por el recurrente, dentro de un grupo de una 
quincena de personas, consistió, según la declaración de hechos probados, en arrojar 
pasquines, gritar la consigna «avortament, lliure i gratuït [aborto libre y gratuito]» y exhibir 
una pancarta en la que se leía «fora rosaris dels nostres ovaris [fuera rosarios de 
nuestros ovarios]». El contenido de los mensajes era plenamente coherente con la 
pretensión  de  intervenir  en  el  debate  público  abierto  sobre  la  posición  de  una 
determinada confesión religiosa en una materia de alto interés público. Se trataba de 
expresiones  y  eslóganes  que,  aunque  referidos  a  una  figura  retórica  impactante  y 
llamativa, eran conocidos y usados habitualmente en el debate público para oponerse a 
la conocida posición de aquella confesión religiosa en esta materia. Por tanto, también 
este es un elemento relevante indiciario de la presencia del halo protector de la libertad 
de expresión en el desarrollo de la conducta del recurrente.
(iii)  La forma no violenta como se desarrollaron los actos de expresión y la nula 
alteración del orden público general provocado.–Las sentencias impugnadas ponen de 
manifiesto en el relato de hechos probados que la conducta del recurrente consistió en 
que el grupo en que se integraba se levantó una vez comenzada la ceremonia religiosa y 
se limitó a la citada actuación de arrojar pasquines, gritar eslóganes y desplegar una 
pancarta. Ninguna mención se hace a que hubiera ningún tipo de enfrentamiento ni 
provocación personal o individual a la persona que dirigía el acto o a las allí reunidas. En 
la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia se destaca que «ninguno de los 
feligreses  fue  físicamente  molestado,  y  continuaron  todos  ellos  en  el  banco  que 
ocupaban sin enfrentarse a los manifestantes, y tampoco lo fue el oficiante, que se limitó 
a sentarse en una de las sillas laterales de la zona del altar a esperar, según sus propias 
palabras, a que parase ‘el ruixat’ [el chaparrón]». Junto a esta encomiable actitud irónica 
de los afectados por la protesta, tampoco aparece relatada ninguna incidencia dentro del 
inmueble en que se desarrollaba la reunión de la confesión ni en el exterior derivada de 
la conducta del recurrente. Cabe concluir que la actitud no violenta ni intimidatoria, al 
margen de los efectos de interrupción de la reunión que se estaba celebrando, se 
desarrollaba atendiendo a los fines y objetivos constitucionalmente previstos para el 
derecho a la libertad de expresión.
Consideramos, por tanto, que, a partir de estas circunstancias, solo podía concluirse 
que la conducta que estaba siendo objeto de enjuiciamiento penal por las resoluciones 
impugnadas en amparo no era ajena, en contra de lo que sostiene la opinión mayoritaria,  e.
al ámbito protector que en una sociedad democrática debe aportar el derecho a la  w.b
pelibrxoetrpratoalirmdc iiotdaneca ióleidnxap.dre ssioóbnr.e  Slai  ersetaoc ceisó nc ipeurtnoi,t ivhau bdieerl aE ssitdaod on eecne slaa rsioa npcrioóyne cdtea r eusna  jeuviceinot udael   2021-1126n https://w
9.  La eventual extralimitación que en el ejercicio de este derecho fundamental pudiera
haberse producido cifrada en la interrupción de un acto de una confesión religiosa no
justifica la reacción penal adoptada por las resoluciones judiciales impugnadas, que, por 
consiguiente, entendemos que debe considerarse desproporcionada.
En este juicio de proporcionalidad resultan relevantes –además de las circunstancias 
ya  señaladas  supra  de  que  la  interrupción  del  acto  tuviera  como  único  objetivo 
manifestar una discrepancia con la posición de una confesión religiosa respecto de 
asunto de interés general y de que se hiciera de forma no violenta ni intimidatoria y con 
una nula alteración del orden público– las consecuencias mínimamente incisivas de la 
conducta del recurrente en el ámbito del derecho a la libertad religiosa de los allí 
reunidos por la forma y la duración de los hechos. El acto que se estaba celebrando no 
tuvo que suspenderse, sino que, según el relato de hechos probados de la sentencia 
condenatoria, el recurrente desarrolló su conducta «paralizando la celebración de la 
misma durante unos dos o tres minutos, tras lo cual abandonó voluntariamente, junto con 
el resto de los manifestantes, la iglesia». Tampoco en el relato de hechos probados se 
incluye ninguna referencia a que se produjera una efectiva ofensa en los sentimientos de 
los allí reunidos. Así hay que derivarlo de la circunstancia de que en aquel relato este 
elemento solo aparece como una eventual posibilidad en la intención del sujeto, ya que 
la referencia literal referente a este extremo consiste en decir que la conducta se realizó 
«sabiendo que con su acción podría llegar a ofender los sentimientos religiosos de los 
feligreses allí congregados».
Por tanto, considerando (i) el contexto de debate social sobre un asunto de interés 
público en que se desarrolló la conducta del recurrente; (ii) la coherencia de sus actos de 
expresión con ese debate, que no implicaba ningún ataque directo a la confesión sino a 
su posición en este asunto de interés general; (iii) la forma no violenta de la actuación y 
la inexistencia de algún tipo de alteración de la seguridad o del orden público; (iv) la muy 
limitada perturbación del acto religioso, que solo fue momentáneamente interrumpido y 
no suspendido; y (v) la ausencia de referencia alguna a que hubiera quedado acreditada 
ninguna ofensa a los sentimientos de los reunidos, debió haberse concluido, en el debido 
juicio de proporcionalidad, que la condena penal del recurrente supuso una decisión 
judicial  incompatible  con  la  protección  constitucional  del  derecho  a  la  libertad  de 
expresión y la evitación de un efecto disuasorio de su ejercicio, ya que la conducta 
enjuiciada,  independientemente  de  su  extralimitación,  se  produjo  en  el  ámbito  de 
influencia de este derecho y la reacción penal era innecesaria para proteger la libertad 
religiosa de terceros o cualquier otro interés constitucional.
El «Informe sobre la relación entre la libertad de expresión y la libertad de religión: la 
cuestión de la regulación y el enjuiciamiento de la blasfemia, el insulto religioso y la 
incitación al odio religioso adoptado por la Comisión de Venecia en su 76.ª sesión 
plenaria (Venecia, 17-18 de octubre de 2008)» [CDL-AD(2008)026-e], toma posición por 
que la única respuesta penal frente a las lesiones del derecho a la libertad religiosa en el 
contexto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión sea para reprimir el discurso 
del odio contra la religión (§ 90 a 93). No es controvertido que esta circunstancia está 
ausente de la conducta del recurrente.
Por su parte, la STEDH de 17 de julio de 2018, asunto Mariya Alekhina y otras c. 
Rusia, § 227, en un asunto con grandes semejanzas con el ahora enjuiciado, consideró 
desproporcionada la respuesta penal por los desórdenes públicos generados al intentar 
cantar dentro de una catedral una canción compuesta como crítica a la Iglesia ortodoxa 
por el apoyo a diversas medidas del gobierno ruso, al haberse acreditado que los actos 
de las demandantes no contenían elementos violentos ni fomentaron o justificaron la 
violencia, el odio o la intolerancia de los creyentes. El Tribunal Europeo de Derechos  s
Humanos reiteró que, en principio, las formas de expresión pacífica o no violenta no  oe.
deberían  verse  amenazadas  por  la  imposición  de  penas  privativas  de  libertad,  w.
epresuc eoudrned  ateenlnedemor e qununteo e  flqaeu ceitno j dederiesbnueca istaeo nreieonr  selean   eelilbn ee jcretuarecdin ctdiaoe   daeel x eepvsreateslu idóaenr r elmac ehpdori oaypn qoteurc esi oeansnatcaliiod cnairedcs ud npese tandnaicclheiaas    2021-1126n https://w
injerencia.
En  conclusión,  estimamos  que  lo  procedente  hubiera  sido  otorgar  el  amparo 
solicitado y anular las resoluciones judiciales recurridas.
Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.–Juan Antonio Xiol Ríos.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón a la 
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 526-2019
1.  En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo 
el presente voto particular por discrepar tanto de la fundamentación como del fallo de la 
sentencia recaída en el presente proceso, en cuanto desestima la pretensión planteada 
tras considerar que la conducta imputada al recurrente, que dio lugar a su condena penal 
como autor de un delito contra los sentimientos religiosos (artículo 523 del Código 
penal), no está amparada por las libertades ideológica y de expresión alegadas.
Mi desacuerdo con la desestimación acordada es formal y sustantivo: afecta tanto al 
método de análisis como al contenido que la sustenta.
2.  El primer motivo de discrepancia deriva de constatar que no se ha tomado 
suficientemente en consideración la posición «no acusadora» del Ministerio Fiscal que, 
en sus alegaciones, apoya la estimación del amparo tras estimar vulnerados los artículos 
16  (libertad  ideológica),  20.1  (libertad  de  expresión)  y  25.1  CE  (legalidad  de  las 
sanciones penales). Pese a haber promovido como única acusación la condena en el 
proceso penal previo, el Ministerio Fiscal propugna ahora la estimación de la pretensión 
de amparo con apoyo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la 
de este Tribunal Constitucional. Sin llegar a vincularnos, este cambio de posición y los 
criterios que lo justifican son significativos y hubieran merecido una mayor atención y 
reflexión.  Se  trata  de  un  cambio  de  posición  relevante  por  ser  la  única  acusación 
personada que, en la vía judicial previa, solicitó la condena penal que precisamente 
ahora se cuestiona.
3.  Tampoco comparto el método de análisis de la queja que ha utilizado la decisión 
estimatoria (la delimitación de contenidos entre derechos fundamentales en supuesta 
pugna). Considero que parte de premisas indebidas y llega a conclusiones incorrectas. Y 
además, es incompleto.
a)  A  mi  juicio  no  es  posible  cuestionar  razonadamente  en  este  caso  que  la 
conducta sancionada se dirigía a promover y hacer visible una opinión crítica con la 
postura pública de la jerarquía de la Iglesia Católica, que venía participando en el debate 
político y social en favor de la propuesta gubernamental de modificación de la ley 
reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo. El análisis del contexto histórico 
en el que la actuación enjuiciada se produjo, de forma concurrente con otras protestas 
similares  en  otras  ciudades  españolas  –en  febrero  de  2014–,  permite  relacionarla 
directamente con la dación de cuenta al Consejo de Ministros del 20 de diciembre 
de 2013 del «anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y 
de los derechos de la mujer embarazada». Dicha propuesta reducía los supuestos en los 
que la interrupción voluntaria del embarazo quedaba autorizada, regresando al anterior 
sistema de indicaciones (establecido por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio), desde el 
sistema de plazos vigente tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo.  e.
El anteproyecto generó un debate social intenso que, en una u otra medida, ha estado  w.b
eCpsraeptsóeelcincífatiec  a(smeune  nCntoeun,e feesntrre aen scvtieaid  acEa pspisoúc,b oclpiocanalt )ó, d pceoesnsde ee  la la alp oo aycpouro aebl,x apfcirnieóasnlom  dedene t ella,a   ejeCnra oornqtsoutñíitaou  cddieóe n la 2 0yI 1g4lqe,us eilaa,    2021-1126n https://w
qreuneu lnoc piar odmelo Gvíoab.ierno a la reforma anunciada produjo la dimisión del ministro de Justicia
Por tanto, analizamos una conducta que manifiestamente forma parte del ámbito de 
protección de las libertades ideológica y de expresión (artículos 16 y 20 CE), al recaer 
sobre una materia de interés general, cuyo debate es útil para la formación de una 
opinión pública libre.
b)  Frente a dicha conducta, con un criterio que no puedo compartir, la sentencia 
desestimatoria (FFJJ 3 y 4) identifica el bien jurídico afectado en este caso con la 
dimensión externa del contenido del derecho fundamental a la libertad religiosa y de 
culto también reconocida en el artículo 16.1 CE.
A partir de dicha identificación indebida, para justificar la sanción penal, la sentencia 
acude a la técnica de «delimitación de contenidos entre derechos fundamentales», 
reduciendo  la  queja  constitucional  a  un  aparente  conflicto  entre  una  conducta  que 
pretende ampararse en las libertades ideológica y de expresión, frente a una sanción 
que se dice justificada por la protección que a la libertad religiosa otorga la Constitución. 
Con tales premisas, el conflicto entre ambas pretensiones es resuelto en la sentencia en 
favor  de  la  libertad  religiosa  a  la  vista  de  que  la  protesta  se  produjo  durante  la 
celebración de una ceremonia religiosa –una misa– que es expresión fundamental de la 
fe católica, lo que supuso su momentánea interrupción.
c)  Sin embargo, considero que, en el caso presente, cabe descartar que junto a la 
libertad ideológica y de expresión del demandante se haya visto afectado el contenido de 
la libertad religiosa y de culto de los feligreses que asistían a la misa, supuesto único que 
exigiría delimitar su contenido respectivo cuando entran en conflicto.
Coincido en que la libertad religiosa, en su dimensión externa, se traduce en la 
posibilidad  de  ejercicio,  inmune  a  toda  coacción  de  los  poderes  públicos  y  de 
cualesquiera grupos sociales, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o 
expresiones del fenómeno religioso, asumido en este caso por el sujeto colectivo o 
comunidades  (SSTC  46/2001  y  128/2001).  En  esa  medida,  en  desarrollo  de  la 
Constitución,  la  Ley  Orgánica  7/1980,  de  libertad  religiosa,  reconoce,  entre  otros 
aspectos, la libertad para manifestar las creencias, individual o colectivamente, tanto en 
público  como  en  privado,  reconociendo  para  ello  los  cauces  adecuados  a  tal  fin, 
constituidos  por  el  culto,  la  celebración  de  ritos,  las  prácticas  y  la  enseñanza 
(SSTC 24/1982, de 13 de mayo, y 166/1996, de 28 de octubre).
El derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitución comprende, 
junto a las modalidades de la libertad de conciencia y la de pensamiento, íntimas y 
también exteriorizadas, una libertad de acción que protege la exteriorización de las 
creencias o convicciones religiosas (STC 19/1985, de 13 de febrero, FJ 2). En protección 
de dicha libertad de acción, incluye el derecho a no ver impedida o amenazada la libre 
manifestación de las creencias religiosas o el desarrollo de los actos de culto, así como 
el  de  no  tener  que  soportar  aquellas  conductas  que  puedan  considerarse  como 
gravemente ofensivas, abiertamente hostiles o amenazadoras a la dimensión externa de 
la  libertad  religiosa  (aquella  que  habilita  para  ejercer  en  un  clima  de  paz  social  y 
tolerancia las actividades que son manifestación del fenómeno religioso). Por tanto, no 
cabe confundir el fin de protección del tipo penal aplicado en este caso, rotulado por el 
propio  código  penal  como  «delito  contra  los  sentimientos  religiosos»,  con  la  más 
relevante protección que otorga la Constitución para permitir la libertad de creencias y su 
libre manifestación sin impedimentos que, de forma relevante, imposibiliten la libertad de 
acción que la Constitución reconoce. No obstante, del artículo 16.1 CE no deriva, como 
parece entender la decisión desestimatoria, un supuesto derecho a no ser molestado o 
inquietado en forma alguna durante el desarrollo de los actos de culto, las ceremonias o  s
las manifestaciones de las confesiones religiosas. oe.
d)  La aplicación de tales criterios, a partir del relato de hechos probados de la  w.
pcinortonocdleeersanona c, niamo  reee lslilge ivogasranat ,u anit ia lhama eccneot neuc nluo lsfleaiónmnsa ivmdaei e anq tuoleo  osl  aju sscetonifnticidmau iecetnla to odcsiu oer epslotiigor inomasodotasiv , oesnn i r eeinlli gcpiiotraes osaes  nntleai,    2021-1126n https://w
peonr f imn,á isb aq udeir iignitdearf iari eimrap teedmirp qourael msee ndtees eanrr soulla drae suanrr oalcloto.  Adseí ,c cuoltnos, indie droe  qhueec heon  leol  irmecpuidrisóo,   BOE-A-cable e
de amparo no se plantea una cuestión de delimitación de contenidos entre derechos 
fundamentales en juego, pues, pese a las evidentes molestias ocasionadas, el libre 
ejercicio de la libertad religiosa no fue puesto en cuestión por la concreta conducta 
enjuiciada.
e)  En un análisis abstracto, el que no nos encontremos ante una cuestión de 
delimitación del contenido de dos derechos fundamentales no significa que la conducta 
realizada se encuentre necesariamente legitimada por la libertad de expresión. Frente a 
la  pretensión  de  su  ejercicio  –como  ocurre  con  el  de  cualquier  otro  derecho 
fundamental–  puede  establecer  el  legislador  límites  y  restricciones  precisos  y 
proporcionados  que  vengan  justificados  en  la  garantía  de  otros  bienes  y  valores 
legítimos.  Por  ello,  en  el  presente  supuesto,  deberíamos  haber  examinado  si  la 
restricción impuesta a la libertad de expresión se puede justificar en atención a la 
protección de un interés público relevante como es la protección de los sentimientos 
religiosos.  Tal  restricción  debe  ser  analizada,  como  cualquier  otra  pretensión  de 
restricción impuesta por el legislador, atendiendo a si está prevista en la ley, responde a 
una finalidad legítima, y acarrea consecuencias proporcionadas al fin de protección 
expresado.
Así, una vez determinado que el bien jurídico protegido por el tipo penal aplicado no 
es coextenso con el contenido del derecho a la libertad religiosa, debemos constatar que 
la norma penal se dirige también a proteger otros intereses relacionados que no forman 
parte de aquel derecho, como son los subjetivos sentimientos de ofensa que los fieles 
puedan sentir ante la falta de consideración y respeto a sus ceremonias y ritos que 
consideran  obligados.  De  esta  forma,  hubiera  sido  preciso  analizar  si  la  conducta 
cuestionada, realizada en ejercicio de la libertad de protesta política, fue limitada de 
forma necesaria y proporcionada.
En esa medida, el método de análisis seguido en la sentencia es incompleto porque 
se afirma de forma incorrecta que «solo si la libertad de expresión se ejerció sin exceso 
alguno sería reconocible y procedería la estimación del motivo de amparo» (FJ 4). Como 
se señaló en la STC 104/2011, de 20 de junio, FJ 6, «nuestra doctrina no se detiene en 
esta primera conclusión básica y previsible, aunque imprescindible, sino que cuestiona 
asimismo la aplicación de los tipos penales en aquellos supuestos en los que, pese a 
que  puedan  apreciarse  excesos  en  el  ejercicio  del  derecho  fundamental,  éstos  no 
alcanzan a desnaturalizarlo o desfigurarlo. Con ello no nos referimos, como es obvio, a 
los supuestos en los que la invocación del derecho fundamental se convierte en un mero 
pretexto o subterfugio para, a su pretendido amparo, cometer actos antijurídicos, sino a 
aquellos  casos  en  los  que,  a  pesar  de  que  el  comportamiento  no  resulte  plena  y 
escrupulosamente ajustado a las condiciones y límites del derecho fundamental, se 
aprecie inequívocamente que el acto se encuadra en su contenido y finalidad y, por 
tanto, en la razón de ser de su consagración constitucional. En este último escenario, sin 
perjuicio de otras consecuencias que el exceso en que se incurrió pudiera eventualmente 
comportar, la gravedad que representa la sanción penal supondría una vulneración del 
derecho,  al  implicar  un  sacrificio  desproporcionado  e  innecesario  de  los  derechos 
fundamentales en juego que podría tener un efecto disuasorio o desalentador de su 
ejercicio (STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8). De otro modo, como afirmáramos en el 
ATC 377/2004, de 7 de octubre, ‘existirían solo dos terrenos, el de lo constitucionalmente 
protegido y el de lo punible, lo que no puede admitirse’».
En consecuencia, como señala el fiscal en sus alegaciones, en este caso, siguiendo 
la lógica de análisis de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictada en  s
casación, ni los órganos judiciales ni la sentencia desestimatoria han procedido del modo  oe.
que, de forma constante, viene exigiendo el Tribunal Constitucional cuando una persona  w.
laliobdseu rcdtaeed req pcuúhebo lssic uaf u.c noHdnaad mleimennaitt aapdleeosn  saqul u saeun pháoalinsnie si  duaen nlaati  ftivcéuacldnnoiec raae cndi eóc nod nedfleliimc tuiotna  c–dilóiebnre erdcteah doc  odfnuetn eednxaidpmoreessn eitóannlt  roey    2021-1126n https://w
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profundizado en el análisis de las consecuencias de actuar en ejercicio del derecho a las 
libertades  ideológica  y  de  expresión,  concluyendo,  por  el  contrario,  que  lo  que 
imposibilitaba su toma en consideración era el lugar y momento donde se había llevado 
a cabo, una iglesia católica y durante la celebración de la misa, actos amparados por la 
libertad religiosa del oficiante y de los feligreses, sin que exista ninguna circunstancia 
que posibilite la restricción de dicha libertad religiosa.
La conclusión desestimatoria no puede ser compartida pues lleva a considerar que la 
libertad religiosa, en sus manifestaciones públicas colectivas, goza de una protección 
que no admite límite alguno, por lo que toda perturbación de esta puede ser sancionada 
con una pena privativa de libertad. Sería entonces irrelevante el tipo de perturbación que 
se pretenda amparada por el ejercicio de otro derecho fundamental o libertad pública, 
aunque se trate de las libertades ideológicas o de libertad de expresión ejercidas con 
relación a asuntos políticos de interés general. Tan indebida conclusión se extiende a 
una conducta de protesta que no incitó al odio religioso, que no utilizó ninguna expresión 
ofensiva o hiriente, y que tenía como objetivo visibilizar críticamente la postura de la 
jerarquía de la confesión católica en un asunto de importancia para la ciudadanía, sin 
valorar que comportó una breve y casi momentánea interrupción de la celebración 
religiosa, que se reanudó a los dos o tres minutos, sin incidencia alguna.
4.  La sentencia desestimatoria expresa una concepción restrictiva de las alegadas 
libertades ideológica (artículo 16.1 CE) y de expresión política (artículo 20.1 CE). Es 
restrictiva porque pese a citar diversa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y del Tribunal Constitucional sobre el contenido de la libertad religiosa, lo hace 
de forma incompleta, sin aplicar la doctrina que estas expresan, sino más limitadamente, 
utilizando parte de esta para justificar tomas de posición previas.
Así, en el conflicto entre libertad de expresión ideológica y otros intereses públicos o 
privados  dignos  de  protección  (como  lo  es  la  eventual  ofensa  a  los  sentimientos 
religiosos  ajenos),  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  ha  señalado 
reiteradamente que se debe analizar la injerencia denunciada a la vista del caso en su 
conjunto. En especial, debe determinarse si la injerencia mencionada es «proporcionada 
en relación con los fines legítimos perseguidos» y si los motivos alegados por las 
autoridades internas para justificarla son «pertinentes y suficientes». Además, la Corte 
europea  ha  destacado  reiteradamente  que  se  debe  analizar  con  especial  atención 
aquellos asuntos en los que las penas impuestas por las autoridades internas por 
conductas no violentas implican –como en este caso– una pena de prisión (sentencia 
de 17 de julio de 2018, caso Mariya Alekhina y otras c. Rusia).
A la vista de esta jurisprudencia, cabe discrepar respetuosa pero radicalmente en lo 
sustantivo  de  la  concepción  restrictiva  de  las  libertades  ideológica  y  de  expresión 
expresada por la mayoría, porque desatiende y nos aleja de los estándares europeos 
sobre su contenido y cuestiona así su carácter constitutivo y esencial en una sociedad 
democrática. No puedo sino coincidir con los criterios generales sobre la importancia y 
contenido de la libertad de expresión que se expresan en el fundamento jurídico tercero 
de la sentencia. Pero creo que también aquí son insuficientes. A ellos, además de 
aplicarlos  correctamente,  debiéramos  haber  añadido  las  consideraciones  expuestas 
reiteradamente en la jurisprudencia constitucional sobre la posición preferente de la 
libertad de expresión cuando se ejercita en el ámbito de la libertad ideológica, la crítica 
política, o en conexión instrumental con el ejercicio de otros derechos fundamentales; 
situaciones estas en que la libre expresión de ideas, aun ofensivas o hirientes, se torna 
especialmente resistente a las pretensiones de limitación estatal. e.
La aplicación de tales criterios, y no solo de los que acertadamente se recogen sobre  w.b
eeconl n clcoolsnu tsqeióunneid  ode el a dqbeusmtera,a nactduoan nqdtueeel,   dype uoreetrdcoahsno,   seaex rpl arce olsinbaseriordtnae drsa udd oeds ee sinxapacrdueeescridóuona  dcyoo ssn u elsal   lulpímgoasitrteu ysr a,e  llpl emúvboalminc aea n dtloea    2021-1126n https://w
ldae lj eeramrqbuaíraa zeoc,l elsai ácsotincdau ccatató lcicuae sstoiobnraed laa  mnoe joers  reggrautluaictaiómne dnete  lao fienntesrirvuap, cniói ni nvcoiltuan taa rliaa 
intolerancia religiosa, ni hace un llamamiento o justifica el odio por motivos religiosos ni,
en fin, impidió o se dirigía a impedir que se practicara un acto de culto, por lo que no 
alcanza  a  ser  merecedora  de  una  sanción  penal,  pues  forma  parte  del  ámbito  de 
protección de los derechos invocados.
5.  Por último, tanto la sentencia condenatoria, como la que la ratificó en casación 
como la asumida por la mayoría del Pleno presta una atención insuficiente al contexto de 
debate político en el que se produjo la conducta penalizada y a la posición de la Iglesia 
Católica como actor social que participa en el debate público. Y, en paralelo, otorga una 
importancia decisiva y excesiva al hecho de que la protesta política se produjo en el 
lugar inadecuado. No puedo coincidir ni en la relevancia que se da a esta circunstancia, 
ni tampoco en la supuesta falta de relación del lugar empleado para protestar con el 
tema objeto de la protesta. Por más que la libertad de expresión pueda ser sometida a 
reglas de orden sin vulnerar la Constitución, reglas de lugar, tiempo y modo, la sanción 
penal privativa de libertad frente al incumplimiento de tales reglas no es proporcionada a 
la finalidad que persigue.
Como  ya  se  expuso  antes  (apartado  tercero  de  esta  opinión  discrepante)  el 
demandante expresó una protesta política en el curso de una ceremonia religiosa para 
hacer visible su posición, para llamar la atención sobre la postura que la propia Iglesia 
Católica mantenía en dicho debate público, pero no para generar un intercambio de 
ideas con los feligreses que acudían a aquel acto, momentáneamente interrumpido en su 
desarrollo, pero nunca impedido.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que la libertad de expresión 
protege no solamente los mensajes, sino también las conductas o formas en que estos 
se expresan, admitiendo ciertas dosis de provocación y exageración dirigidas a llamar la 
atención del público sobre la cuestión debatida y la propia posición que se mantiene 
(sentencia de 21 de octubre de 2014, caso Murat Vural c. Turquía; sentencia de 28 de 
junio de 2018, caso Paraskevopoulos c. Grecia, § 40). Todos los medios de expresión 
están incluidos en el ámbito del artículo 10 de la convención. El tribunal ha subrayado 
repetidamente que, en virtud del párrafo 2 del artículo 10 del Convenio, hay poco margen 
para restringir la expresión política o el debate de cuestiones de interés público (véase, 
entre otros, caso Wingrove c. Reino Unido, 25 de noviembre de 1996, § 58). En el mismo 
sentido, considera que la evaluación de si una conducta impugnada entra en el ámbito 
de aplicación del artículo 10 del Convenio no debe ser restrictiva, sino inclusiva. A la luz 
de su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado siempre 
que, para decidir si un determinado acto o conducta está comprendido en el ámbito de 
aplicación del artículo 10 del Convenio, debe evaluarse la naturaleza del acto o conducta 
en cuestión, en particular su carácter expresivo visto desde un punto de vista objetivo, 
así como la finalidad o la intención de la persona que realiza el acto o lleva a cabo la 
conducta en cuestión.
En definitiva, atendiendo a la finalidad de participar en el debate político que animaba 
la conducta enjuiciada, a su carácter pacífico, a que no fue gravemente ofensiva para los 
sentimientos religiosos, a que no pretendía impedir el desarrollo de un acto de culto –por 
más que asumiera su momentánea perturbación para obtener mayor visibilidad–, a que 
no fue irrespetuosa con los objetos de culto, ni amenazó a los participantes por sus 
ideas,  ni  pretendió  que  cesaran  o  renunciaran  a  la  manifestación  pública  de  sus 
creencias, cabe concluir que la sanción penal privativa de libertad cuestionada no era tan 
siquiera necesaria para proteger los legítimos sentimientos religiosos de quienes asistían 
a la ceremonia religiosa momentáneamente interrumpida, ni tampoco proporcionada a tal 
fin; por lo que el recurso de amparo debió ser estimado en los términos pretendidos. e.
En conclusión, al igual que en el recurso núm. 1691-2018, deliberado y resuelto esta  w.b
mqoutirseam,s  aacl e.s geRamnuadsnoiaa ,e,  seepll  etMrciíbifniucinsaatmel rehiona t emF ilasacn SatelT nEnidoDo H mf idnaean ltm1e7ne índate e s juuuln ioap  rdceeote n2nd0se1ión8na,   cpaaecsnuoas lMa etaonrr iiuyana,   Acloal esqkouh eeinn ah  eayl    2021-1126n https://w
llevaLdao  laib deertsaeds tidmea re uxpnr reescióunrs os odber ea mapsaurnot oasl  qduee  ninatdeireé ss eg heanbeíraa ol peuse slato .esencia  de  la
democracia. Por lo que la utilización de sanciones penales privativas de libertad frente al
ejercicio de este derecho constitucional no resulta proporcionada ni necesaria en una 
sociedad  democrática  para  la  protección  exclusiva  de  unos  sentimientos  íntimos 
supuestamente  ofendidos,  cuando  dicha  libertad  se  ejercita  pacíficamente,  y  sin 
incitación al odio ni a la violencia.
Madrid,  a  diecisiete  de  diciembre  de  dos  mil  veinte.–Cándido  Conde-Pumpido 
Tourón.–Firmado y rubricado.
2021-1126n https://w