BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Lunes 3 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 63244
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9067 Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador mercantil de Palma de Mallorca n.º III, por la que 
se rechaza la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos 
sociales.
En el recurso interpuesto por don Jesús María Morote Mendoza, notario de Palma de 
Mallorca, contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil de Palma de 
Mallorca n.º 3, don Jesús Víctor Muro Villalón, por la que se rechaza la inscripción de 
una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.
Hechos
I
Por el notario recurrente se autorizó en fecha 18 de noviembre de 2019 escritura en 
la que comparece don A.B. en su calidad de secretario del consejo de administración de 
la sociedad San Lorenzo Baleari S.L. a fin de elevar a público los acuerdos sociales 
alcanzados en la junta general celebrada el día 30 de septiembre de 2019 en la localidad 
italiana  de  Ameglia,  y  en  la  reunión  celebrada  a  continuación  por  el  consejo  de 
administración. De la escritura resulta que la junta general de la sociedad fue convocada 
por el vicepresidente del consejo por renuncia de su presidente comunicada a los socios 
por carta el día 14 de septiembre de 2019. Entre otros acuerdos se acordó la renovación 
de  todos  los  cargos  del  consejo  de  administración,  así  como  la  modificación  del 
artículo 2.º de los estatutos sociales.
De la diligencia de fecha 25 de febrero de 2020 resulta que el notario hace constar 
que se le entrega la carta de convocatoria dirigida a los socios, así como el certificado de 
la junta general.
De  la  carta  de  convocatoria  resulta  que  la  misma  se  lleva  a  cabo  por  el 
vicepresidente del consejo de administración en funciones de presidente por renuncia del 
mismo.
De contenido del certificado de la junta general resulta que a la misma concurre un 
único socio que representa el 51% del capital social.
Del contenido de la documentación resulta que se da nueva redacción al artículo 2.º 
de los estatutos que pasa a tener la siguiente: «2.1  La sociedad tiene por objeto: la 
comercialización de embarcaciones y naves deportivas, nuevas o usadas, de una eslora 
no inferior a 24 metros, y la ejecución de mandatos de agencia, de representación o 
distribución en relación con las mismas. 2.2  La sociedad podrá asimismo desarrollar las 
actividades integrantes del objeto social total o parcialmente de modo indirecto...»
Del  contenido  del  registro  resulta  que  la  sociedad  tiene  como  órgano  de 
administración un consejo de administración. De su inscripción 5.ª resulta que el consejo 
se integra por tres consejeros: Presidente, don K.L; vicepresidente, don M. P.; Secretario, 
don D. C. e.
De la inscripción 1.ª de traslado resultan sus estatutos sociales. La inscripción se  w.b
llevó a cabo en fecha 26 de agosto de 2005 en virtud de la escritura pública autorizada  67ww
por Dele n loat ainrisoc driep cBióanrc 9e.lªo nreas duoltan  eEld cuoanrdteon Pidoob deesl  Laartyíucunltoa  5e.lº d díae  1lo0s d ees taagtuotsotos  ddee l 2s0ig0u5i.ente
Bteanloera:r «e5s».1.  El domicilio de la sociedad se establece en (…) término de Calvià, Mallorca-
El artículo 11 Junta General, de los estatutos inscritos, dice así: «11.1  Los socios 
reunidos en junta general decidirán, por mayoría legal, en los asuntos propios de la 
competencia de la junta. 11.2  La junta general podrá reunirse en cualquier lugar de 
España o del extranjero».
Resulta igualmente el artículo 12 Convocatoria con el siguiente contenido: «12.1  La 
junta general será convocada por los administradores mediante comunicación individual 
y escrita del anuncio a todos los socios al domicilio que conste en el libro registro por 
correo certificado con acuse de recibo. En caso de que la sociedad esté regida por un 
consejo de administración, la junta general podrá ser convocada por el presidente o al 
menos por dos consejeros».
Igualmente resulta de su inscripción 9.ª que el artículo 2 de los estatutos sociales 
relativo al objeto social tiene la siguiente redacción: «2.1  La sociedad tiene por objeto: 
la  comercialización  de  embarcaciones  y  naves  deportivas,  nuevas  o  usadas,  y  la 
ejecución de mandatos de agencia, de representación o distribución en relación con las 
mismas.  Y  la  intermediación  y  arrendamiento  “chárter”  de  embarcaciones.  2.2  La 
sociedad podrá asimismo desarrollar las actividades integrantes del objeto social total o 
parcialmente de modo indirecto…»
II
Presentada la referida documentación, fue objeto de la siguiente nota de calificación: 
«Notificación de calificación:
El registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, de 
conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro  Mercantil,  ha  resuelto  no  practicar  conforme  a  los  siguientes  hechos  y 
fundamentos de Derecho:
Hechos:
Diario/Asiento: 232/11604 F. presentación: 20/11/2019 Entrada: 1/2020/3.072,0.
Sociedad: Sanlorenzo Baleari SL.
Autorizante: Morote Mendoza, Jesús María.
Protocolo: 2019/1029 de 18/11/2019.
Fundamentos de Derecho (defectos).
1.  Se reitera la calificación efectuada en fecha 13/12/2019:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del RDL 1/2010 de 2 de julio 
y 378 del RRM, la Hoja de la sociedad ha quedado cerrada por no constar depositadas 
las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.”
2.  En el nuevo texto de convocatoria de Junta que se incorpora por Diligencia se 
aprecia que Don M. P. afirma actuar en su calidad de “Presidente del Consejo de 
Administración”, cuando según el Registro era Vicepresidente del mismo, no ostentado la 
cualidad de Presidente hasta su nombramiento efectuado en la Junta que se convoca, 
celebrada el día 30 de septiembre de 2019.
3.  Se reitera la calificación efectuada en fecha 13/12/2019:
“La junta ha sido convocada para celebrarse en Italia, en (…) Ameglia, lugar donde 
se celebró, y si bien consta en el artículo 11.2 de los estatutos sociales que la Junta  e.
General podrá reunirse en cualquier lugar de España o del extranjero, no cabe que el  w.
lugar  de  celebración  quede  al  absoluto  arbitrio  del  administrador,  inconcreción  que  67ww
tdéertmerinmoi nma ulan icniepcael sdidoandd ed ela  qsuoec ieend alad  cteonngvao csaut odroiam sicei lfioije s coocmialo c loungfaorr mdee  cae lleob driascpiuóens etol  deenl 
el artículo 175 LSC.”
4.  Se reitera la calificación efectuada en fecha 13/12/2019:
“La modificación estatutaria es causa legal de separación (art. 346 1. A LSC), por lo 
que deberá constar en la escritura la fecha de publicación del acuerdo en el BORME o, 
en su caso, la del envío de la comunicación escrita a cada uno de los socios que no 
hubieran votado a favor del acuerdo, así como la declaración de los administradores de 
que ningún socio ha ejercitado el derecho de separación dentro del plazo establecido o 
de  que  la  sociedad,  previa  autorización  de  la  junta  general,  ha  adquirido  las 
participaciones sociales de los socios separados, o la reducción de capital (arts.348 
y 349 LSC, y 206.1 RRM).”
5.  Se reitera la calificación efectuada en fecha 13/12/2019:
“El  poder  debe  ser  revocado  por  el  órgano  de  administración,  conforme  al 
artículo 233 de la Ley de Sociedades de Capital. Es doctrina ya consolidada que la Junta 
General no puede otorgar poderes -y lo mismo debe entenderse de la revocación de los 
mismos-, ya que el órgano competente para ello es el órgano de administración dada la 
distribución competencial entre los diversos órganos sociales y a la atribución a aquél de 
la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (Resoluciones de la DGRN 
de 08-02-1975, 31-10-1989, 26-02-1991, 13-10-1992,01 y 07 de diciembre de 1993, 
y 04-02-2011).”
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.º del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad de los cotitulares del Registro.
En relación con la presente calificación: ...
Palma, a 14 de abril de 2020 (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y 
apellidos del registrador).»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Jesús María Morote Mendoza, en su 
calidad de notario autorizante, interpone recurso exclusivamente frente a los defectos 
señalados con los números 2, 3 y 4 en virtud de escrito de fecha 14 de mayo de 2020, en 
el que alega, resumidamente, lo siguiente: «1.º  Que en relación a la convocatoria 
realizada por el vicepresidente, se trata de un mero error formal pues se omitió que el 
vicepresidente actuaba como presidente en funciones al estar vacante el cargo de 
presidente como resulta del propio registro. Que aunque ni la ley ni el Reglamento del 
Registro Mercantil precisan las funciones del vicepresidente es obvio que resultan en 
hacer las funciones de presidente como resulta de su definición en el diccionario de la 
Real  Academia  de  la  Lengua  Española.  2.º  Que  el  artículo  175  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital determina que salvo disposición contraria de los estatutos la junta 
se celebrará en el término municipal de su domicilio, tal y como es el caso. Que es 
desmesurado que el registrador, desconociendo las circunstancias de la sociedad y de 
residencia de sus socios, se arrogue la facultad de decidir dónde deben celebrarse sus 
juntas. 3.º  Que el artículo 346 de la Ley de Sociedades de Capital exige que la 
modificación del objeto sea sustancial de donde resulta que no toda modificación permite 
el ejercicio del derecho de separación. Que la inclusión de la frase “eslora no inferior 
a 24 metros”, que viene motivada por la distinción administrativa entre embarcación de 
recreo y buque de recreo (real decreto 1435/2010), no modifica nada a la situación  e
anterior. Que no puede ser calificada dicha modificación de sustancial y que de aplicarse  bo
lo contrario no existiría supuesto de modificación del objeto que no fuese sustancial». 67ww
IV
El registrador, tras la oportuna instrucción del expediente, emitió informe el día 21 de 
mayo de 2020, ratificándose en su calificación y elevando el expediente a este Centro 
Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 3 del Código Civil; 23, 93, 159, 175, 188, 189, 204 y 346 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital; los artículos 94.1, 109, 146 y 206 del Reglamento del 
Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1989 y 17 de 
diciembre de 1997, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 9 de febrero, 13 de marzo, 8 de mayo, 10 de octubre, 20 de noviembre 
y 19 de diciembre de 2012, 11 de febrero, 6 de septiembre, 14 de octubre y 20 de 
diciembre de 2013, 11 y 19 de marzo, 10 de julio y 30 de septiembre de 2014, 25 de 
marzo y 30 de octubre de 2016 y 30 de octubre de 2019.
1.  Una sociedad de responsabilidad limitada eleva a escritura pública los acuerdos 
adoptados  en  junta  general  convocada  por  el  vicepresidente  del  consejo  de 
administración  en  ejercicio  del  cargo  de  presidente  por  renuncia  del  mismo.  El 
registrador señala diversos defectos de los que el notario autorizante sólo recurre tres: el 
relativo  a  la  convocatoria  realizada  por  el  vicepresidente  cuando  de  los  estatutos 
inscritos resulta que debe ser realizada por el presidente o dos consejeros; el del lugar 
de celebración de la junta cuando de los estatutos resulta que podrá ser celebrada en 
cualquier lugar de España o del extranjero; y el de que no se tiene en cuenta la previsión 
del artículo 206.1 del Reglamento del Registro Mercantil en relación con el 346 de la Ley 
de Sociedades de Capital respecto del derecho de separación en caso de modificación 
del objeto social inscrito.
2.  En relación al primer defecto, el registrador sólo hace referencia en su nota de 
defectos a que la convocatoria llevada a cabo por el vicepresidente del consejo de 
administración es contraria al contenido de los estatutos que prevén (vide hechos), que 
la  convocatoria  pueda  ser  llevada  a  cabo  por  el  presidente.  Debiéndose  ceñir  el 
contenido de la presente resolución al contenido de la nota del registrador (artículo 326 
de la Ley Hipotecaria), no procede realizar un pronunciamiento sobre la cláusula de los 
estatutos ni sobre su acomodación al contenido de la Ley de Sociedades de Capital (vide 
no obstante la Resolución de esta Dirección General de 31 de enero de 2018).
Establecido  lo  anterior  el  defecto  no  puede  mantenerse  pues  resultando  del 
contenido del Registro Mercantil que el presidente ha renunciado a su cargo no existe 
motivo alguno que impida aceptar la actuación del vicepresidente en su lugar. Aunque no 
existe  una  regulación  normativa  completa  sobre  la  persona  y  competencias  del 
vicepresidente  del  consejo  de  administración,  de  la  escasa  regulación  existente 
(artículos 529 sexies y 529 octies de la Ley de Sociedades de Capital y artículos 94.1. 
4.º, 109.1.a y 146 del Reglamento del Registro Mercantil), cabe deducir que su función 
mínima es actuar en sustitución del presidente cuando por causa justificada no pueda 
hacerlo este.
3.  A diferencia del supuesto anterior, el registrador cuestiona el lugar de celebración 
de la junta general en base al contenido de la Ley de Sociedades de Capital, aún a pesar 
de  que  los  estatutos  sociales  establecen  que  «la  junta  general  podrá  reunirse  en  es
cualquier lugar de España o del extranjero». El recurrente se remite al contenido de los  bo
estatutos y al artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital para entender que la  67ww
eacos ltnaav P ioDnactireraaert pcolacrrei iaóct aonrcer Griaóeelnciznt aaqe durraaeel  s edypn,e u plle aoas rrct taoiíuc tarduo alol,ad  c  1uict7aua5leli  aesdntseiaó  la nlad  t eprL alAaesnymc teedenaegdd liSeaano  eeccssiiae  cp ddoraeendlcf eocissromo nd etreee  cnsCoipdanoop na idtdmaeelb  rlh oopasso  .erre suatnali tzulaatddooos    OE-A-2020-90able en https://
sociales inscritos y su acomodación a aquella.
En respuesta a la primera cuestión, esta Dirección ha sostenido (vide resolución 
de 30 de octubre de 2019, entre otras), que si de acuerdo a la Ley y a la doctrina 
jurisprudencial, el lugar de celebración de la junta está íntimamente ligado al ejercicio de 
los derechos de asistencia y voto de los socios; si la convocatoria que violente el 
ejercicio de tales derechos por los socios debe reputarse nula de pleno derecho (salvo 
que  concurran  circunstancias  especiales  de  apreciación  judicial,  vid.  Sentencia  del 
Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1997); si el régimen legal limita el ámbito de 
discrecionalidad del órgano de administración al término municipal donde esté situado el 
domicilio social, es inevitable concluir: en primer lugar, que la previsión de los estatutos 
al amparo del artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital no puede suponer una 
libertad absoluta a los administradores para convocar donde tengan por conveniente 
pues  implicaría  consagrar  la  posibilidad  de  alteraciones  arbitrarias  del  lugar  de 
celebración  (vid.  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  28  de  marzo  de  1989)  y,  en 
segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocatoria se realice en el 
ámbito  geográfico  de  un  término  municipal  distinto  a  aquel  donde  está  situado  el 
domicilio social (habiendo admitido esta Dirección General la designación estatutaria de 
un  término  municipal  como  alternativo  -a  elección  de  los  administradores-  al  lugar 
previsto  legalmente  para  la  celebración  de  la  junta  -Resolución  de  3  de  octubre 
de 2016-). De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los 
estatutos autoricen a determinar un lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente 
con el derecho de los socios a que su derecho de asistencia y voto no quede al absoluto 
arbitrio del órgano de administración.
Lo que ocurre en el supuesto de hecho es que tal y como ha quedado reflejado, los 
estatutos de la sociedad prevén la posibilidad de celebrar la junta general en cualquier 
lugar  de  España  o  del  extranjero.  La  norma  estatutaria,  proveniente  de  la  primera 
inscripción de la sociedad en el año 2005, fue dictada al amparo de la normativa 
entonces vigente (artículo 47 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de 
responsabilidad limitada), cuyo contenido es idéntico al previsto por el actualmente 
vigente artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital.
Esta circunstancia obliga a respetar el contenido de los estatutos inscritos que fueron 
calificados en su día y que se encuentran protegidos por el principio de legitimación 
consagrado en el artículo 20.1 del Código de Comercio: «El contenido del Registro se 
presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los 
Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su 
inexactitud o nulidad.»
Es cierto que esta Dirección General ha considerado en otras ocasiones que cuando 
el contenido de los estatutos inscritos es incompatible con la ley como consecuencia de 
una modificación sobrevenida de esta, prevalece la aplicación de la norma legal como no 
puede ser de otro modo (ver resoluciones de 23 de mayo de 2014, 16 de junio y 21 de 
septiembre de 2015 y 3 de febrero de 2016). Empero, esta doctrina no es de aplicación 
al supuesto de hecho porque el contenido de los estatutos sociales en este punto fue 
calificado en su día al amparo de la norma entonces vigente que resulta ser idéntica a la 
actual como ha quedado expuesto. Aceptar en estas condiciones una revisión de la 
calificación  entonces  realizada  resulta  del  todo  incompatible  con  los  efectos 
legitimadores del Registro Mercantil.
Procede la estimación del motivo de recurso.
4.  Por lo que se refiere a la tercera tacha objeto de recurso, el recurrente entiende 
que la modificación operada en el contenido del objeto social carece de la trascendencia  s
necesaria  para  considerar  que  se  ha  producido  una  modificación  sustancial  en  los  oe.
términos previstos en el artículo 346.1.a de la Ley de Sociedades de Capital. w.
En el supuesto de hecho y tal y como resulta de la exposición que consta al principio  67ww
adseu lnat opsre sseonmtee,t icdooms paar eacqeu ae lllaa .j unEtnat rceo nlvoosc aadcau eurnd oúsn icaod soopctaiod oqsu e saep rueenbcuae lonstr ad isetiln tdoes 
cmuoedsitfiiócanc dióen s id eexl isatriteícnudloo  m2 oddeif icloasc ióens tdaetul toobs jeretola stiovcoi aal lh aonb jedteo  csuomcipalli rsloe  qlause p prelavnistieoan elas   BOE-A-cable e
legales relativas al ejercicio del derecho de separación en relación a los socios que no 
hayan votado a favor del acuerdo (artículos 346, 348 y 349 de la Ley de Sociedades de 
Capital).
El Reglamento del Registro Mercantil, en su artículo 206.2 relativo a la inscripción del 
acuerdo que da derecho a un socio a separarse de la sociedad, y para el supuesto de 
ejercicio del derecho de separación, se remite a la regulación del artículo 208 donde 
constan las circunstancias que deben resultar de la documentación presentada entre las 
que se encuentran la manifestación del órgano de administración en relación al pago o 
consignación  del  precio  o  las  relativas  a  la  reducción  del  capital  y  reembolso  o 
consignación del valor.
El recurrente considera que la modificación del objeto llevada a cabo no da lugar al 
nacimiento del derecho de separación por cuanto carece de la condición de sustancial 
que exige el artículo 346.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital (tras la reforma 
operada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto).
El derecho de separación ha tenido reconocimiento en nuestro ordenamiento desde 
que lo recogiera el artículo 85 de la antigua Ley de Sociedades Anónimas de 1951, de 
donde pasó al artículo 147 de la Ley de 1989, al artículo 95 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de 1996 y al vigente artículo 346 de la Ley de Sociedades de 
Capital (reformado en este punto por la Ley 25/2011, de 1 de agosto), que ya no habla de 
«cambio  de  objeto»  ni  tampoco  de  «sustitución  de  objeto»,  sino  de  «sustitución  o 
modificación sustancial del objeto social».
Se hace eco así de la doctrina de nuestro Tribunal Supremo (vid. Sentencias de 30 
de junio de 2010 y 10 de marzo de 2011), que afirma que el derecho de separación 
derivado de la modificación del objeto social debe ponerse «en relación con el fin de la 
norma, que no es otro que respetar la voluntad del socio que ingresó en una sociedad 
que explotaba un determinado negocio, admitiendo que condicione su permanencia a la 
de la finalidad objetiva que fue la base de su relación con aquella», añadiendo a 
continuación que: «No habrá sustitución cuando la modificación, por adición o supresión, 
resulte intrascendente desde aquel punto de vista y, menos, en los casos de mera 
concreción o especificación de las actividades descritas en los estatutos, pero sí cuando 
se  produzca  una  mutación  de  los  presupuestos  objetivamente  determinantes  de  la 
adhesión del socio a la sociedad, como consecuencia de una transformación sustancial 
del objeto de la misma que lo convierta en una realidad jurídica o económica distinta: 
caso de la eliminación de actividades esenciales, con mantenimiento de las secundarias; 
o de la adición de otras que, por su importancia económica, vayan a dar lugar a que una 
parte importante del patrimonio social tenga un destino distinto del previsto en los 
estatutos».
Como resulta de la resolución de esta Dirección General de 28 de febrero de 2019 
(2.ª), la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo implica que sea el criterio de 
actividad el que debe servir de referencia para determinar si la modificación del objeto 
social  tiene  o  no  el  carácter  de  esencial.  Tanto  la  supresión  como  la  adición  de 
actividades distintas a las que constituían el objeto antes de la modificación merecen tal 
categorización.
Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto de hecho resulta que el objeto 
social, en lo que ahora interesa y tras su modificación, queda con la siguiente redacción: 
«2.1  La  sociedad  tiene  por  objeto:  la  comercialización  de  embarcaciones  y  naves 
deportivas, nuevas o usadas, de una eslora no inferior a 24 metros, y la ejecución de 
mandatos de agencia, de representación o distribución en relación con las mismas…» s
Si comparamos el texto aprobado con el inscrito es fácil comprobar que se ha  oe.
añadido la frase «de una eslora no inferior a 24 metros», y se ha suprimido otra: «Y la  w.
intermediación y arrendamiento “chárter” de embarcaciones», que resultaba del texto  67ww
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raerprerensdeanmtaiecnióton  “coh ádrtiesrtr”i bduec eiómnb aernc acreiolanceisó.n.. ».con  las  mismas.  Y  la  intermediación  y  BOE-A-cable e
Resulta  claro  que  la  restricción  de  la  actividad  a  determinadas  embarcaciones 
supone una modificación sustancial de la actividad de la empresa con relación a la 
situación anterior como resulta claro que la supresión de la actividad de intermediación y 
arrendamiento chárter supone una limitación de las actividades de la sociedad venía 
realizando. Hay, en definitiva, una modificación sustancial del conjunto de actividades 
que conforman el objeto social lo que lleva al supuesto al artículo 346.1.a de la Ley de 
Sociedades de Capital y a la confirmación en este punto de la nota del registrador.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos,  esta  Dirección  General  ha  acordado  estimar  parcialmente  el  recurso  y 
revocar parcialmente la nota de calificación del Registrador. 
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 18 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.