BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 298 Martes 14 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 153149
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
20616 Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias  y  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  para  la 
intervención de los profesionales de las Unidades de Conductas Adictivas 
para el tratamiento y seguimiento de penados con problemas de adicciones y 
formación dirigida a los trabajadores del Centro Penitenciario de Palma de 
Mallorca, Centro de Inserción Social de Mallorca Joaquín Ruíz Giménez, 
Unidad de Madres y Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.
Habiéndose suscrito el 29 de noviembre de 2021 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y la Consejería de Salud y 
Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la intervención de los 
profesionales de las Unidades de Conductas Adictivas (UCAS) para el tratamiento y 
seguimiento  de  penados  con  problemas  de  adicciones  y  formación  dirigida  a  los 
trabajadores del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca, Centro de Inserción Social 
de Mallorca Joaquín Ruíz Giménez, Unidad de Madres y Servicio de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
Convenio que figura como anexo a esta Resolución,
Madrid,  2  de  diciembre  de  2021.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias) y la Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears para la intervención de los profesionales de las Unidades de 
Conductas Adictivas (UCAS) para el tratamiento y seguimiento de penados con 
problemas de adicciones y formación dirigida a los trabajadores del Centro 
Penitenciario de Palma de Mallorca, Centro de Inserción Social de Mallorca 
Joaquín Ruíz Giménez, Unidad de Madres y Servicio de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas
Madrid y Palma, a 29 de noviembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2.g) de la  es
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a  o
los efectos del presente acuerdo en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid. 616ww
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virtud de la delegación de firma establecida por Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, 
del Presidente de las Illes Balears.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que  el  artículo  25.2  de  la  Constitución  Española  y  el  artículo  1  de  la  Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establecen como fin 
primordial  de  las  penas  y  medidas  penales  privativas  de  libertad  la  reeducación  y 
reinserción  social.  Asimismo,  la  mencionada  ley  señala  que  para  conseguir  dicho 
objetivo  deben  desarrollarse  programas  socioculturales,  educativos,  formativos  y 
asistenciales.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, y el Reglamento Penitenciario, 
aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe poner a disposición 
de los internos de los centros penitenciarios los recursos necesarios para la mejora de su 
desarrollo personal y facilitar así su integración en la sociedad una vez que hayan 
cumplido la pena que les ha sido impuesta.
En concreto, corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 
entre otras, las siguientes funciones:
– La organización y gestión de las instituciones penitenciarias.
– El impulso y coordinación de programas de intervención con los internos.
– La formación, educación y cualquier otra actividad tendente al desarrollo de la 
personalidad de los Internos en centros penitenciarios y de los liberados condicionales, 
así como la promoción de actividades culturales y deportivas. es
– La  coordinación  de  los  programas  de  intervención  de  organizaciones  no  o
gubernamentales en los centros penitenciarios. 616www.
Quinto.
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programas y servicios en materia de adicciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears, así como de la gestión del sistema público de atención a las 
adicciones,  que  ejerce  a  través  de  la  Coordinación  Autonómica  de  Drogas  de  la 
Dirección General de Salud Pública y Participación, de acuerdo con las previsiones de la 
Ley 4/2005, de 29 de abril, sobre drogodependencias y otras adicciones, de la Estrategia 
nacional sobre adicciones 2017-2024 y del Plan nacional de drogodependencias, del 
cual la Consejería forma parte.
Sexto.
Que la adicción a las drogas entre la población penitenciaria está muy extendida y 
supone una dificultad a la hora de reinsertar adecuadamente al recluso en la sociedad. 
Aparte de ello, conlleva consecuencias negativas para la salud del recluso que inciden 
en la salud de la población. En este sentido, las actuaciones llevadas a cabo en el 
ámbito de los establecimientos penitenciarios son cruciales para ayudar al adicto, en su 
situación de internamiento, a superar su adicción y evitar posibles recaídas, así como 
para prevenir el consumo de drogas en población reclusa que carece de este hábito pero 
que es muy vulnerable, dada la presión del entorno, a caer en él.
Séptimo.
Que la Consejería de Salud y Consumo de las Illes Balears está en disposición de 
desarrollar actividades dirigidas al tratamiento de las personas penadas de cualquiera de 
los centros objeto de este convenio, con la intervención de los profesionales de las 
Unidades de Conductas Adictivas (UCAs), así como actividades formativas dirigidas a los 
trabajadores de dichos centros penitenciarios con la intervención de los profesionales 
expertos en tema de adicciones, para coordinar esfuerzos entre ambas instituciones en 
orden a la consecución de los objetivos de tratamiento y disminución de recaídas en lo 
referente  al  consumo  de  drogas,  sustancias  estupefacientes,  y  prácticas  de  riesgo 
relacionadas, así como la lucha contra el tabaquismo.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Salud y Consumo 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de tratamiento y seguimiento 
de los penados y, en la formación de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias en 
materia  de  drogodependencias  y  otras  conductas  adictivas,  y  prácticas  de  riesgo 
relacionadas.
El ámbito de aplicación del presente Convenio se circunscribe al Centro Penitenciario 
de Mallorca, situado en la carretera de Sóller, s/n, de Palma, al Centro de Inserción 
Social Joaquín Ruiz Jiménez Cortés, la Unidad de Madres y el Servicio de Gestión de 
Penas y Medidas Alternativas situado en la calle Son Sastre, 2 de Palma. Podrán 
beneficiarse del tratamiento todas aquellas personas con penas privativas de libertad o 
medidas alternativas que así lo soliciten, con independencia de su situación procesal- e.
penal, y cumplan los criterios de inclusión en el programa. Por otra parte, podrán  w.
beneficiarse de la formación el personal funcionario o laboral que por razón de su trabajo  616ww
n(veigcielasnidcaiad,  deentefecrtamdear ípao, r tpraatratem dieen ltoos,  ceetcn.t)r otse pnegnai tecnocnitaarciotos .con  los  internos,  según  la
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias,  pondrá  a  disposición  de  la  Consejería  de  Salud  y  Consumo  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears la infraestructura y equipamientos físicos 
necesarios para el desarrollo de las actuaciones objeto del presente convenio, así como 
el personal necesario para la coordinación, seguimiento y correcto funcionamiento de las 
actualizaciones previstas en el mismo.
2.  Consensuará  con  la  Consejería  de  Salud  y  Consumo  de  la  Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears las actividades que vayan a desarrollarse en el marco del 
presente convenio.
3.  Facilitará los cauces de relación y de información que se requieran para la 
realización de las actividades dirigidas al tratamiento y seguimiento de penados y de 
formación  de  los  trabajadores  de  Instituciones  Penitenciarias  en  los  centros 
penitenciarios,  promoviendo  su  ejecución.  En  concreto,  la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias se compromete a que los centros penitenciarios donde se 
lleve  a  cabo  la  intervención  diseñen  conjuntamente  con  la  Consejería  de  Salud  y 
Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears las actividades concretas a 
desarrollar  en  cada  uno  de  ellos  y  faciliten  el  desarrollo  de  las  actividades  y  la 
disponibilidad de recursos e instalaciones con que cuentan los centros penitenciarios, de 
manera ordinaria, para facilitar el desarrollo de las mismas.
4.  Concederá las acreditaciones de las personas físicas que lleven a cabo su 
actividad dentro de los centros penitenciarios, que estarán a su vez obligadas a portarlas 
en lugar visible en todo momento.
Tercera.  Compromisos que asume la Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears.
La Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
se compromete a:
1.  Diseñar conjuntamente con los centros penitenciarios donde se desarrolla la 
intervención, las actividades a desarrollar, la planificación, horario y coordinación de las 
mismas, así como poner a disposición todos los medios necesarios para la realización de 
las actividades objeto del presente convenio.
2.  Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha de las diferentes 
actividades objeto del presente convenio.
3.  Asumir los gastos de desplazamiento, retribuciones y cualesquiera otros del 
personal mencionado anteriormente.
4.  El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral 
entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias 
del mismo.
Cuarta.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  La Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears  se  compromete  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e  informaciones 
facilitados  por  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  que  sean 
concernientes  a  la  ejecución  del  objeto  del  presente  convenio.  En  particular,  será  e.
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo  w.b
la Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears  616ww
tmoadnot eon eern  dpicahrate ,in afo rnminagcuiónna  epne rrseosnearv afí syic ase ocr ejutorí dyi cnao  qrueev enlaor las edae  pnainrtgeu ndae l foprrmesae, neten 
conv2e. nioL.as partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021,
de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales; y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantías de los derechos digitales, en aquello que sea de aplicación.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito de las actividades de reinserción. El 
acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se 
realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la 
finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del convenio. Los datos de 
carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la  Dirección  General  de  Salud  Pública  y 
Participación de la Consejería de Salud y Consumo de las Illes Balears. Los datos objeto 
de tratamiento tendrán por finalidad la reeducación y reinserción social del penado, al 
amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de la Ley 
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, y de su Reglamento de desarrollo, y la formación 
del personal encargado de dicha función.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  los  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Quinta.  Financiación del convenio.
La Consejería de Salud y Consumo sufragará el coste de la formación con expertos 
en la materia a que hace referencia la cláusula tercera –apartados 2 y 3 del presente 
convenio–, por un importe máximo de 2.500 euros anuales, con cargo a la partida 
presupuestaria 18201/413E01/22606/FF21037 o la que corresponda en los sucesivos 
ejercicios presupuestarios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siempre que 
haya crédito adecuado y suficiente.
Sexta.  Imagen institucional.
En  los  elementos  o  soportes  de  difusión  de  las  actuaciones  incluidas  en  este 
convenio  y  promovidas  conjuntamente  por  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias y la Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears aparecerá la imagen gráfica de ambas partes.
Séptima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se constituirá una Comisión de seguimiento con objeto de dirigir, coordinar y  s
comprobar  la  correcta  ejecución  del  presente  convenio,  así  como  de  resolver  las  oe.
incidencias y dudas de interpretación que puedan surgir. w.
2.  La Comisión de seguimiento estará constituida por dos representantes de cada  616ww
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IGlleesn eBraalle daers S. alud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Consumo de las  BOE-A-cable e
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento será rotatoria, comenzando por la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Asimismo, de entre sus miembros se 
designará un secretario, que actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento  que  se  deriven  del  presente  convenio.  Asimismo,  corresponden  a  la 
Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
– Velar por el buen funcionamiento de las actividades que vayan a desarrollarse con 
la en el marco del presente convenio.
– Coordinar la operativa de puesta en marcha de la actividad.
– Realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades desarrolladas.
5.  Serán de aplicación a la actuación de esta Comisión las normas de constitución y 
actuación de los órganos colegiados establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octava.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la  Ley  29  /1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.
Novena.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público 
Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización 
en el «Boletín Oficial del Estado». A su vez, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno será 
publicado en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la 
Consejería de Salud y Consumo de las Illes Balears podrán acordar, expresamente y por 
escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.
Décima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Salud y Consumo de las Illes Balears. 
Para  ello,  habrá  de  suscribirse  la  correspondiente  adenda,  siguiendo  los  trámites 
previstos y la autorización previa establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre.
Undécima.  Causas de extinción. es
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de  w.
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convenio.
El  incumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  en  el  presente 
convenio no generará indemnización entre las partes.
En el supuesto de extinción anticipada del convenio, la Comisión de Seguimiento 
resolverá acerca de la forma de finalización de las actuaciones en curso, en un plazo que 
no podrá ser superior a los dos meses de duración.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El 
Secretario General de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Luis Ortiz González.–La 
Consejera de Salud y Consumo de las Illes Balears, doña Patricia Gómez Picard.