BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17 Jueves 20 de enero de 2022 Sec. TC.   Pág. 6195
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
945 Sala Segunda. Sentencia 192/2021, de 17 de diciembre de 2021. Recurso de 
amparo 5704-2020. Promovido por don José Antonio Zalacaín Salanueva 
respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de un juzgado de ese mismo 
orden  jurisdiccional  de  Zaragoza,  que  desestimaron  su  demanda  de 
reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia 
común. Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de 
discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativa y 
carente de justificación objetiva y razonable derivada exclusivamente del 
hecho de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la 
situación de discapacidad).
ECLI:ES:TC:2021:192
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón y don Ramón Sáez Valcárcel, y la magistrada doña 
Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5704-2020, promovido por don José Antonio Zalacaín 
Salanueva, representado por la procuradora de los tribunales doña Alejandra García 
García y defendido por el letrado don Antonio Callejón Eickelmann, contra la sentencia 
núm. 839/2020, de 2 de octubre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
desestimatoria del recurso de casación para unificación de la doctrina núm. 3058-2019, 
interpuesto contra la sentencia núm. 312/2019, de 22 de mayo, dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recaída en el 
recurso de suplicación núm. 257-2019, desestimatoria del que fue interpuesto contra la 
sentencia núm. 28/2019, de 4 de febrero, del Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza 
en el procedimiento núm. 929-2017, que desestimó la demanda interpuesta por quien 
aquí es recurrente en amparo contra las resoluciones de la dirección provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza, de 8 de agosto y de 30 de octubre 
de 2017, que le habían denegado el reconocimiento de la situación de incapacidad 
permanente  en  grado  de  gran  invalidez.  Ha  sido  parte  el  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad  Social  (INSS),  que  actúa  en  este  proceso  a  través  de  la  letrada  de  la 
administración  de  la  Seguridad  Social.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido 
ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes w.b
novi1e.m  bMree ddiaen te2 0e2s0c riltao  qpuroec uturavdoo eran trdaed a loesn  etrli bruengaisletrso  dyea  ersetsee ñtraibduan, ale ne l ndoíam 2b3re  dey 
creopnrteras enlatasc iórens odleu cdioonne Jso sjéu dAicniatolensio  yZ alaadcmaíinn isStaralatinvuaesv aq, uien tehrpauns os irdeoc urcsitoa ddaes  amenp areol 
encabezamiento, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad 
ante la ley y a la no discriminación (art. 14 CE).
2.  Son antecedentes procesales relevantes de la pretensión de amparo los siguientes:
a)  Según  se  declara  en  los  hechos  probados  de  la  sentencia  dictada  en  la 
instancia,  el  recurrente,  nacido  en  1954,  inició  en  1997  su  actividad  laboral  como 
vendedor de cupones para la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), en la 
que está afiliado desde ese mismo año con certificado oftálmico de deficiencia visual 
severa  (agudeza  visual  igual  o  inferior  a  1/10  de  la  escala  de  Wecker).  Continuó 
desarrollando la misma hasta que solicitó y le fue reconocida pensión de jubilación por 
discapacidad en septiembre de 2014, con la edad de sesenta años, tras acreditar un 
grado importante de minusvalía por discapacidad visual igual o superior al 65 por 100, lo 
que le permitió anticipar o reducir la edad ordinaria en la que cabe obtener pensión de 
jubilación.
Tres años más tarde, en el mes de junio de 2017, encontrándose en dicha situación 
de jubilación, solicitó del INSS la revisión del grado de invalidez reconocido instando el 
reconocimiento de la prestación de gran invalidez debido al paulatino agravamiento de 
su dolencia y las necesidades de asistencia que de ello derivan. Subsidiariamente, 
solicitó el reconocimiento de una situación de incapacidad permanente absoluta.
La solicitud le fue denegada en agosto de 2017 y confirmada la denegación en 
octubre del mismo año, por sendas resoluciones de la dirección provincial en Zaragoza 
del  INSS.  La  denegación  se  apoyó  en  tres  consideraciones:  (i)  no  es  posible  la 
coexistencia  de  una  situación  de  jubilación  anticipada  por  discapacidad  y  el 
reconocimiento de la solicitada invalidez permanente; (ii) no se había producido una 
variación de su estado de salud que determinase la modificación del grado de invalidez 
ya reconocido; y (iii) la base reguladora de su prestación había sido bien determinada 
por no ser aplicable en su caso la denominada «doctrina del paréntesis».
b)  El actor interpuso demanda judicial contra la anterior resolución, que fue turnada 
al Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza. En el marco del procedimiento núm. 
929-2017, el órgano judicial dictó la sentencia 28/2019, de 4 de febrero, por la que fueron 
íntegramente desestimadas sus pretensiones. La decisión desestimatoria se remitió a 
jurisprudencia precedente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y vino fundada en 
considerar que no es legalmente posible reconocer al actor la prestación por incapacidad 
permanente que reclama por cuanto, frente a otros supuestos de jubilación anticipada, la 
suya fue concedida en atención a haber acreditado un grado importante de minusvalía, 
razón por la cual se beneficia de coeficientes reductores de la edad de jubilación (Real 
Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores 
de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de 
minusvalía). De esta manera, se consideró que en casos como el suyo la edad de 
jubilación no ha de fijarse en la ordinaria, de sesenta y cinco o sesenta y siete años de 
edad, sino en la que resulta de la aplicación de los coeficientes reductores legales, 
siendo así que el demandante ya la ha rebasado y que, por ello, no reúne el requisito 
previsto en el artículo 195.1 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS) en relación 
con los artículos 205.1 a) y 206.2 LGSS.
El resto de las pretensiones formuladas en la demanda no fueron abordadas.
c)  La sentencia desestimatoria, dictada por el juzgado de lo social, fue recurrida en 
suplicación por el señor Zalacaín Salanueva. Su recurso fue desestimado por la Sección 
Primera  de  la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  en  e
sentencia 312/2019, de 22 de mayo, que también es objeto de impugnación en este  bo
proceso de amparo. w
que Psaer ar elaco Sgael ae,n l as us efnutnednacmiae dnetos ejusrtiímdiacoto rtiear cdeerboe,  qsueer  caol nefsirtmabaldeac eern c autáeln ecsió lna  ae dlaa dra dtieo 
jiunbteilraecsiaódna q, usee  orepmeriate c ao mloo e lxímpuitees mtoá exnim aon tpeariroar eosb tperneecre edle rnetecos,n soecgimúine nlotos  cduea llae sp:restación
«La regulación de la edad de acceso a la jubilación, para la jubilación en trabajos 
penosos y de personas discapacitadas, se formula de muy distinta manera que para la 
jubilación anticipada por voluntad del interesado o por causa a él no imputable.
En esta, arts. 207 y 208, se exige tener cumplida una edad inferior en cuatro o en 
dos años, como máximo, a la edad prevista en el art. 205.1 a), sin que resulten de 
aplicación los coeficientes reductores establecidos para trabajos penosos o caso de 
discapacidad, y la pensión se reduce en función del tiempo que falte para la edad legal 
de jubilación del art. 205.1 a).
En el caso, por el contrario, de jubilación anticipada por razón de la actividad o en 
caso de discapacidad, la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación [art. 205.1 a)] 
podrá ser rebajada o reducida por Real Decreto, con un límite inferior de acceso a 
jubilación de cincuenta y dos años.
[…] Esta reducción de edad de acceso a la jubilación para personas discapacitadas, 
sin reducción de la cuantía de la pensión, se llevó a cabo mediante el RD 1539/2003, 
de 5 de diciembre, dictado en aplicación de las previsiones, iguales a las ahora vigentes, 
del antiguo art. 161 LGSS/1994.
En la exposición de motivos de este Real Decreto se razona que la previsión legal 
"tiene  como  fundamento  el  mayor  esfuerzo  y  la  penosidad  que  ocasiona  para  un 
trabajador minusválido la realización de una actividad profesional", y que, "de las dos 
formas que existen en el ordenamiento de la Seguridad Social para llevar a cabo dicha 
reducción, el establecimiento de edades de acceso ordinario a la jubilación antes de los 
sesenta y cinco años o la fijación de coeficientes reductores, se ha optado por esta 
segunda alternativa, en cuanto que conecta la reducción de la edad de jubilación con el 
tiempo en el que el trabajador minusválido desarrolle una actividad [...]".
Se comprueba así que la norma legal dispone en estos casos, no una pensión de 
cuantía reducida por haberse solicitado antes de la edad ordinaria ["edad legal de 
jubilación del art. 205.1 a)" en términos de los arts. 207 y 208], sino la pensión de 
jubilación en cuantía normal (no reducida) por haber llegado la persona trabajadora 
discapacitada, a la edad "de acceso ordinario a la jubilación" antes de los sesenta y cinco 
años por la fijación y aplicación de coeficientes reductores.
En suma, la edad de acceso a la jubilación en caso de discapacidad es la "edad 
mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el art. 205.1 a)", o sea, la 
edad ordinaria de jubilación, que es la de sesenta y siete o sesenta y cinco años, o la 
que resulte de la transitoriedad establecida, para todas aquellas personas que no tengan 
una especial reducción o rebaja por razón de la penosidad de su trabajo o por razón de 
su discapacidad.
A diferencia de las personas que accedan a la jubilación anticipada "por voluntad del 
interesado o por causa a él no imputable", de los arts. 207 y 208, que acceden a pensión 
de jubilación de cuantía reducida por no haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, 
es decir la de sesenta y siete o sesenta y cinco años prevista en el art. 205.1 a), 
reducción de cuantía que es proporcional a la anticipación de su solicitud de jubilación 
respecto a la que sería su edad mínima ordinaria».
d)  Frente a dicha resolución judicial interpuso el demandante de amparo recurso de 
casación para unificación de la doctrina, que fue desestimado por la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo en la sentencia núm. 893/2020, de 2 de octubre. En ella se determina 
el objeto de la impugnación señalando que consiste en establecer si el haber accedido a 
la pensión de jubilación por razón de su discapacidad visual, con una edad reducida en 
relación  con  la  ordinaria,  impide  el  reconocimiento  posterior  de  una  incapacidad  e.
permanente, en especial en el grado de gran invalidez. w.b
Una vez apreciada la contradicción existente entre la sentencia impugnada y la de  5w
creomntirtea stae  ipdreonntuifinccaidaam ipeonrt oesl  raencuterrrieonretes,  l–aS SSaTlaS,  edne lc uPalenntoo  a5l 1fo2n/2d0o2 d0e,  ldae p r2e4te ndseió nju, nsioe 
(jurelicou (rrseoc u1r4s1o1 -12903158-)2; 051481)/–2 0e2n0 ,l odse  q2u9e d efu jeu naiole g(raedcau rslao  m10is6m2-a2 0s1e8n)t,e yn c5ia6 3d/2e0 2co0n, tdrea s1te d ey 
analizados los mismos preceptos legales; y llega a una conclusión desestimatoria del
recurso declarando que, conforme a dichos precedentes «no se puede acceder a la 
situación de incapacidad permanente en el grado de gran invalidez desde la situación de 
jubilación por discapacidad del artículo 206.2 LGSS».
Para la sala de casación, el art. 206.2 LGSS debe ser interpretado en el sentido de 
que «la prestación de incapacidad permanente, en tanto que en ella entre en juego como 
requisito para su reconocimiento el no ostentar la edad de jubilación ordinaria, no podrá 
reconocerse cuando se haya alcanzado la edad ordinaria del art. 205.1 a) ni cuando se 
alcance la que como tal tengan establecida colectivos específicos, en donde el número 
de años de edad del art. 205.1 a) se ve sustituido por el allí establecido». De esta 
manera se rechaza que se pueda acceder a la situación de incapacidad permanente en 
el  grado  de  gran  invalidez  desde  la  jubilación  por  discapacidad  reconocida  en  el 
art. 206.2 LGSS, por cuanto tal acceso está excluido a quienes a la fecha del hecho 
causante han alcanzado la edad ordinaria de jubilación que, en casos de jubilación 
anticipada  por  discapacidad,  es  la  que  determinan  los  coeficientes  reductores 
establecidos en las normas. En definitiva, para la Sala «la expresión rebaja o reducción 
de la edad ordinaria de jubilación no puede entenderse en otro sentido que en el de 
sustituir el número de años de la general u ordinaria por otra que, en definitiva, también 
viene a constituirse como edad ordinaria de jubilación establecida para los supuestos 
expresamente contemplados. Por ello, aunque la denominación de esa jubilación vaya 
acompañada en el texto legal del término ‘anticipada’, esa edad no deja ser una edad 
ordinaria para el colectivo al que se le aplica».
3.  La demanda de amparo identifica las resoluciones judiciales impugnadas y, tras 
una  descripción  de  los  antecedentes  del  caso,  solicita  que  se  estime  el  recurso 
apreciando la existencia de vulneración del derecho a la igualdad y de la prohibición de 
discriminación por razón de discapacidad (art. 14 CE), declarándose la nulidad de las 
sentencias dictadas en suplicación y casación con retroacción de actuaciones, en su 
caso, a la dictada en suplicación para que se pronuncie otra respetuosa con el derecho 
fundamental reconocido.
El demandante de amparo fundamenta la invocación del art. 14 CE en que la norma 
que regula el acceso a las prestaciones de incapacidad permanente (art. 195.1 LGSS) 
no  establece  distinción  alguna  respecto  a  las  distintas  modalidades  de  jubilación 
anticipada, por lo que la interpretación sostenida en las resoluciones impugnadas implica 
que  no  existe  impedimento  alguno  para  reconocer  la  situación  y  prestación  por 
incapacidad permanente en favor de las personas jubiladas anticipadamente por propia 
voluntad  que  no  han  alcanzado  la  edad  ordinaria  de  jubilación  en  el  momento  de 
solicitarla,  salvo  que  se  trate  de  personas  discapacitadas,  lo  que  establece  una 
diferencia de trato discriminatoria que carece de una justificación objetiva y razonable 
que lo legitime.
El  demandante  afirma  que  el  recurso  de  amparo  tiene  especial  transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que 
plantea una cuestión novedosa sobre la que no hay jurisprudencia constitucional, en lo 
relativo a si la interpretación realizada de la legislación aplicable al caso vulnera la 
prohibición  de  discriminación  por  razón  de  discapacidad  y,  en  sus  efectos,  la 
interpretación cuestionada vulnera las convenciones internacionales de protección de los 
derechos de personas con discapacidad (Convención ONU de 13 de diciembre de 2006), 
así como los principios básicos que, en esta materia, establece la Carta europea de los 
derechos fundamentales.
4.  La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 30 de junio de 2021, acordó  bo
la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una  w
uensp deecriaelc throa sfcuennddaemnecniat acl osnosbtirteu ceiol nqaul ep onroq uhea ye ld roeccturirnsao  dpela netsetae  utrnib purnoabl le[SmTaC o  1f5a5ce/2ta0 0d9e, 
jFuJrí d2i caa)]  dye e rle alesvuanntote s yu sgceitnaedroa l trraespceirecnudseió dne sl occaiasol  oc oenccorneótom ipcoar q[SuTe Cp l1a5n5te/2a0 u0n9a,  FcuJ e2s tgió)n]. 
En aplicación de lo dispuesto por el art. 51 LOTC, acordó también solicitar atentamente
de los órganos judiciales la remisión de testimonio o copia adverada de las actuaciones y 
el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen 
comparecer en el plazo de diez días en el citado proceso de amparo.
5.  La secretaría de justicia de esta Sala, por diligencia de ordenación de 1 de 
septiembre de 2021, acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la letrada 
de la administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del INSS y la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y dar vista de las actuaciones al 
Ministerio Fiscal y a las partes personadas por un plazo común de veinte días para 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes (art. 52.1 LOTC).
6.  La letrada de la administración de la Seguridad Social presentó sus alegaciones 
el 28 de septiembre de 2021. En ellas, tras analizar los antecedentes del caso y la 
legislación aplicada, solicita la desestimación de la pretensión de amparo tras apreciar 
que la interpretación judicial cuestionada se apoya en la legislación que aplica y, en 
coincidencia con el razonamiento de las sentencias impugnadas, la diferencia de trato en 
la determinación de la edad de jubilación ordinaria que sirve como límite para solicitar la 
gran  invalidez  en  caso  de  jubilación  por  grave  minusvalía  no  produce  la  ilegítima 
discriminación que se denuncia, por cuanto las situaciones que se ofrecen como término 
de comparación no son iguales y la consecuencia jurídica que resulta de la distinción 
legal es adecuada y proporcionada.
7.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 7 de octubre de 2021, formuló 
alegaciones interesando que se estime el recurso de amparo por apreciar la denunciada 
vulneración del principio de no discriminación por razón de discapacidad (art. 14 CE), 
con anulación de las tres resoluciones judiciales impugnadas (de instancia, suplicación y 
casación) y con retroacción de las actuaciones al momento del pronunciamiento de la 
sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza para que se dicte una nueva 
respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
El Ministerio Fiscal, tras exponer la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a 
no  ser  discriminado  por  razón  de  discapacidad  (art.  14  CE)  distinguiendo  los  dos 
contenidos diferenciados que se reconocen en el precepto constitucional (derecho a la 
igualdad y prohibiciones de discriminación), argumenta que la interpretación que se ha 
hecho en vía judicial de la normativa aplicable no toma en consideración el segundo 
contenido citado del derecho a la no discriminación, que impone una interpretación de 
las normas que, en relación con las situaciones de discapacidad, no puede dar lugar a 
que el factor de diferenciación suponga un trato peyorativo para el grupo de personas 
amparadas por la prohibición del art. 14 CE.
A esos efectos, el Ministerio Fiscal destaca que la interpretación a la que llegan las 
sentencias impugnadas cuando afirman que el art. 206.2 LGSS establece una edad 
ordinaria de jubilación específica para los discapacitados, es en sí misma lógica y 
razonable, pero añade que utilizar ese argumento para impedir que se extienda hasta la 
edad de sesenta y siete o sesenta y cinco años, prevista en el art. 205.1 a) LGSS, la 
posibilidad de concederles la pensión por incapacidad permanente del art. 195 LGSS, a 
pesar de que realmente tengan los requisitos de dependencia para tener derecho a ella, 
les produce un trato desigual perjudicial respecto del colectivo ordinario de trabajadores 
que  pueden  acceder  a  la  prestación  de  incapacidad  permanente  (incluida  la  gran 
invalidez que aquí se reclama), aunque estén jubilados anticipadamente, siempre que no 
hayan alcanzado los sesenta y siete años, o los sesenta y cinco años en los términos  s
establecidos por el art. 205.1 a) y la disposición transitoria séptima de la LGSS. oe.
El hecho de que las personas discapacitadas tengan derecho a la pensión por  w.
psjuurbefiicclaeiecpniótotne   lecpgoaamrla pq ljueuetsa tr ifecicgoaunrl  aul alna a inc toeendrcapedres tiiaóncnfei ódrineo  rc laua e plsraet iosdtnaeac dilóoans,   pydaoe rm qináucsea  tpsraaecbríiaadj aandde opcreeerssma nraioon  erqneutseeu  nlteoal    2022-945n https://w
permitiera una interpretación diferente a la que resulta objetivamente perjudicial para los
discapacitados. En ese sentido, concluye el Ministerio Fiscal que los arts. 195 y 205
LGSS pueden ser interpretados de modo que no den lugar a una diferencia de trato legal 
entre personas discapacitadas y las que no lo son, pues ni el art. 195 cuando se remite 
al 205 LGSS, ni este cuando establece las edades límite de sesenta y cinco o sesenta y 
siete años, hacen ninguna mención a las personas discapacitadas. Por lo tanto, de estos 
preceptos no resulta necesariamente el establecimiento por la ley de una diferencia de 
trato para los discapacitados. En tal medida, siendo posible y también razonable una 
interpretación  distinta,  conforme  con  el  contenido  reconocido  del  derecho  a  la  no 
discriminación, que evita un trato diferente y perjudicial para el colectivo discapacitado, 
se considera que no adoptarla significa una vulneración del art. 14 CE.
8.  El demandante de amparo formuló alegaciones mediante escrito registrado el 29 
de septiembre de 2021. En él ratifica las expuestas en su escrito de demanda, con 
referencia a la regulación legal de las diferentes posibilidades de anticipar la edad de 
jubilación y de obtener las prestaciones que fueron reclamadas en la vía judicial.
9.  Por providencia de 14 de diciembre de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 17 de diciembre de 2021.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  establecida  por  la 
STC 172/2021, de 7 de octubre.
Es objeto de este recurso determinar si vulnera el derecho a la no discriminación por 
razón de discapacidad (art. 14 CE) la interpretación sustentada por las resoluciones 
judiciales impugnadas del art. 195.1, en relación con los arts. 205.1 y 206.2, del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley general de la Seguridad Social (LGSS). En las resoluciones dictadas en la vía 
previa, los órganos judiciales han entendido que no cabe el acceso a la prestación por 
incapacidad  permanente  desde  la  situación  de  jubilación  anticipada  voluntaria  por 
discapacidad en porcentaje superior al 65 por 100, en favor de una persona que todavía 
no ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación (sesenta y cinco o sesenta y siete años), 
a pesar de que para cualquier otra situación de jubilación anticipada voluntaria el único 
límite para que se reconozca el derecho a prestaciones de incapacidad permanente 
derivadas de contingencias comunes es la citada edad ordinaria de jubilación.
La cuestión planteada ha sido ya objeto de resolución en la STC 172/2021, de 7 de 
octubre, del Pleno, en la que se resolvió un recurso de amparo relativo a un supuesto 
idéntico al presente, en que fueron también impugnadas diversas resoluciones judiciales 
que se remitían expresamente a la misma doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo que fundamenta las resoluciones cuestionadas en el presente 
recurso de amparo. Este tribunal concluyó en dicha resolución que la interpretación de 
las resoluciones impugnadas produce como resultado una discriminación no justificada 
en perjuicio de las personas con discapacidad, ya que, conforme a ese criterio judicial 
interpretativo, cualquier persona que se encuentre en situación de jubilación anticipada 
podría  acceder  a  una  prestación  por  incapacidad  permanente  hasta  tanto  no  haya 
cumplido  la  edad  ordinaria  de  jubilación,  salvo  las  personas  que  la  han  obtenido 
atendiendo a su discapacidad, lo que provoca una diferencia de trato no prevista en la 
norma, que no tiene justificación objetiva o razonable, que deriva exclusivamente del 
hecho de haber accedido a una situación de jubilación anticipada, precisamente, por su  s
situación de discapacidad [FJ 4 d)]. oe.
En coherencia con dicho pronunciamiento, resulta procedente la estimación de este  5w
rreaczuórns od dee  daimscpaapraoc pidoard l a (vaurtl.n e1r4a ciCónE )a, dluoc idqau ed edl edteerremcihnoa  al an oa snuuflrairc idóinsc rdime intaocdiaósn  plaosr 
drees olalu csieonnteesn jcuiad icdiaelle sju izmgpaudgon addea lso  csoonc liaa lr eptaroraa cqciuóen  dsee  adcictutea coiotrnae ss oabl prero lnau npcrieatmeniesnióton 
ejercitada que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a don José Antonio Zalacaín Salanueva y, en consecuencia:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  no  sufrir 
discriminación por razón de su discapacidad (art. 14 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia núm. 
28/2019, de 4 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza en el 
procedimiento núm. 929-2017; de la sentencia núm. 312/2019, de 22 de mayo, dictada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón en el recurso de suplicación núm. 257-2019, y de la sentencia núm. 839/2020, 
de 2 de octubre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso de 
casación para unificación de la doctrina núm. 3058-2019.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la primera de las resoluciones anuladas a fin de que se pronuncie 
otra sobre la pretensión ejercitada que sea respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol 
Ríos.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–Ramón  Sáez 
Valcárcel.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.