BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 42008
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6388 Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y  del  Notariado,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  nota  de  calificación 
extendida por la registradora de la propiedad accidental de Girona n.º 3, por 
la que se suspende la extensión de una anotación preventiva de embargo 
ordenada en mandamiento dictado en sede de procedimiento ordinario.
En el recurso interpuesto por don C. J. S. C., procurador de los tribunales, en nombre 
y representación de doña M. R. B. S., contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la Propiedad accidental de Girona número 3, doña Rosa Ana Archilla 
Andrés, por la que se suspende la extensión de una anotación preventiva de embargo 
ordenada en mandamiento dictado en sede de procedimiento ordinario.
Hechos
I
En mandamiento expedido el día 7 de junio de 2019 por doña F. L. C., letrada de la 
Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Girona, se 
solicitaba la conversión de la anotación preventiva de demanda letra B, que constaba 
extendida sobre la finca registral número 305 de Celrà, en anotación preventiva de 
embargo manteniendo el mismo rango registral.
II
Presentado dicho testimonio en el Registro de la Propiedad de Gerona número 3, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Rosa Ana Archilla Andrés, Registradora accidental del Registro de la Propiedad de 
Girona n.º 3.
Calificación registral.
En Girona, a diez de octubre de dos mil diecinueve.
Antecedentes de hecho
Primero.  Con  fecha  21  de  junio  de  2019,  fue  presentado  en  este  Registro 
mandamiento expedido el día 7 de junio de 2019 por doña F. L. C., Letrada de la 
Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Girona, que 
motivó el Asiento 904 del Diario 42, cuyas vicisitudes resultan del citado asiento de 
presentación.
Segundo.  En el día de la fecha el documento a que se refiere el apartado anterior 
ha sido calificado por el Registrador que suscribe en los siguientes términos:
– Con fecha 14 de mayo de 2018 se practicó sobre la finca 305 de Celrá, anotación 
preventiva de demanda letra B de reclamación de legítima a favor de doña M. R. B. S. y  e
doña B. P. B., contra doña D. M. B. Y. –titular registral por título de herencia según la  bo
inscripción 20.ª–, en virtud del procedimiento ordinario número 226/2018-B seguido en el  88ww
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la cual se declara injusta la desheredación, estimándose el derecho de doña M. R. B. S. 
a detraer la legítima.
– De la parte dispositiva del referido Auto resulta la conversión de la anotación 
preventiva de demanda de reclamación de legítima en anotación preventiva de embargo 
por la cantidad de 229.376,87 euros de principal y 68.800 euros para asegurar el pago 
de los intereses y costas, manteniendo dicha anotación el mismo rango registral.
– En virtud del presente mandamiento se solicita la conversión de la anotación 
preventiva de demanda letra B “en anotación preventiva de embargo manteniendo el 
mismo rango registral”. Sin embargo:
a.  no resultan del propio mandamiento las cantidades por las que se ha de practicar 
la anotación preventiva de embargo, sino que deberían ser extraídas del Auto insertado.
b.  no  resulta  tampoco  clara  a  favor  de  quién  ha  de  practicarse  la  anotación 
preventiva de embargo porque la anotación preventiva de demanda consta anotada a 
favor de las demandantes doña M. R. B. S. y doña B. P. B., pero del Auto y la sentencia 
de instancia parece que únicamente se reconoce el derecho de la legitimaria doña M. R. 
B. s., sin referencia alguna a posibles derechos de doña B. P. B. Por lo tanto, debería 
concretarse si la anotación preventiva de embargo debe practicarse a favor de doña M. 
R. B. S. y doña B. P. B. o únicamente a favor de la primera.
c.  se ha manifestado por esta oficina registral que el asiento procedente no es la 
“conversión” de una anotación preventiva de demanda en una anotación preventiva de 
embargo,  sino  la  práctica  de  una  anotación  preventiva  de  embargo  “nueva”,  que 
evidentemente derivaría de la estimación de la demanda anotada, pero sin conversión de 
la misma.
Fundamentos jurídicos
Primero.  Conforme al párrafo primero del artículo 18 de la Ley Hipotecaria los 
Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas 
de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
Segundo.  En el presente caso,
– Con carácter previo conviene indicar que, al no existir asientos posteriores a la 
anotación preventiva de demanda letra B, a efectos de rango o prioridad registral, no 
existiría ningún perjuicio para la parte demandante en caso de practicarse cl asiento 
recomendado  como  procedente  por  esta  oficina  registral:  anotación  preventiva  de 
embargo, que trae causa del procedimiento que originó la anotación preventiva de 
demanda letra B, pero que no es resultado de conversión de la misma.
– El  artículo  42  LH  prevé  dos  tipos  de  anotación  preventiva  en  función  de  la 
pretensión  que  se  pretende  garantizar:  “Podrán  pedir  anotación  preventiva  de  sus 
respectivos derechos en el Registro correspondiente:
Primero.  El  que  demandare  en  juicio  la  propiedad  de  bienes  inmuebles  o  la 
constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real.
Segundo.  El que obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho 
efectivo en bienes inmuebles del deudor”.
En el presente caso, la anotación preventiva de embargo letra B respondería a la  es
previsión de la primera regla, y para asegurar el pago de las cantidades resultantes de la  o
demanda estimada procedería la práctica de la anotación preventiva prevista en el  88ww
apar–t aPdoo r2 o dtrea  epsatert ea,r tlíocsu laor t4íc2u dloes  la1 9L6e yy  Hsiigpuoiteenctaersia d.el Reglamento hipotecario prevén la
conversión de una anotación preventiva en inscripción y el artículo 198 del mismo cuerpo
legal se refiere a la conversión de una anotación preventiva de demanda en inscripción si 
prosperase en virtud de sentencia firme.
Las anotaciones preventivas de demanda tienen como finalidad exclusiva asegurar 
las resultas del juicio o procedimiento judicial o administrativo en que se ordenen, y el 
efecto  de  la  conversión  sería  transformar  un  asiento  de  vigencia  temporal  en  otro 
definitivo, con carácter retroactivo desde la fecha de la anotación (art. 70 LH).
Sin embargo, en el presente caso se solicita la conversión de un asiento provisional o 
temporal  (anotación  preventiva  de  demanda)  en  otro  asiento  también  provisional 
(anotación preventiva de embargo), supuesto no previsto en la legislación hipotecaria. En 
consecuencia, estimada la demanda lo procedente sería dejar sin efecto el asiento que 
motivó (AP de demanda) y solicitar la práctica de una anotación preventiva de embargo 
para garantizar las cantidades reclamadas en concepto de legítima, de conformidad con 
el artículo 166 RH: “Tercera. Si se hiciese a consecuencia de mandamiento de embargo 
o secuestro, o en cumplimiento de alguna ejecutoria, se expresará así, manifestando el 
importe de lo que por principal y cuando proceda, por intereses y costas, se trate de 
asegurar y las circunstancias del que haya obtenido la providencia a su favor y de aquel 
contra quien se haya dictado”
– Según la RDGRN de 21 de julio de 1998, aunque el ámbito de la anotación 
preventiva de demanda ha sido ampliado por la doctrina científica y la de esta Dirección 
General, a lo más que puede llegar es a abarcar aquellas demandas cuya estimación 
pudiera producir una alteración registral, pero, en ningún caso aquéllas que podrían 
desembocar en el derecho al cobro de ciertas cantidades. Y para el caso en ella resuelto 
señala que al desestimarse en la Sentencia la petición de rescisión –que fue la que 
justificó la anotación preventiva–, queda sin objeto la anotación practicada, procediendo 
su cancelación (art. 206 del Reglamento Hipotecario), sin que en ningún caso quepa su 
mantenimiento, como garantía del cobro de las cantidades que ha de pagar según la 
Sentencia.  A  sensu  contrario,  podría  entenderse  que,  estimada  la  petición  –en  el 
presente  caso  el  reconocimiento  de  los  derechos  legitimarios–  lo  procedente  sería 
practicar una anotación preventiva nueva (distinta de la anterior de demanda aunque 
trajese causa del mismo procedimiento), en este caso de embargo, que garantizara el 
derecho de crédito que supone la legítima en derecho sucesorio catalán.
– Según la RDGRN de 16 de mayo de 2006, practicada una anotación preventiva de 
demanda es posible –pese a haber pasado las fincas a un tercer titular– la inscripción 
posterior  de  un  mandamiento  judicial  por  el  que  se  solicitaba,  en  ejecución  de  la 
sentencia obtenida en el procedimiento anterior, la práctica de una anotación preventiva 
de embargo para garantizar el pago de los derechos reconocidos.
– Por todo ello, no procede practicar la conversión solicitada, sino una anotación 
preventiva de embargo independiente de la de demanda anotada –aunque traiga causa 
de la misma– en virtud de mandamiento del que resulte claramente cantidad por la que 
se solicita el embargo y la persona a cuyo favor ha de practicarse, y que incorpore/
testimonie la resolución judicial en virtud de la cual se decreta el citado embargo, de 
conformidad con los requisitos establecidos en los arts. 165 y 166 RH.
Tercero.  La calificación de los documentos presentados en el Registro se ha de 
entender a los efectos de extender, suspender o denegar la inscripción, anotación, nota 
marginal o cancelación solicitada, y no impedirá el procedimiento que pueda seguirse 
ante los Tribunales para que los interesados contiendan entre si sobre la validez o 
nulidad del título, ni prejuzgará los resultados del mismo procedimiento, de conformidad 
con los artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento. e.
Cuarto.  Esta calificación será notificada en el plazo de diez días desde su fecha al  w.b
presentante del documento y al Notario autorizante (o a la autoridad judicial o funcionario  88ww
Hquipeo tloe chaariyaa y e 5x8p eyd i5d9o )d, ed ela  cLoenyf o3r0m/1id9a9d2 ,c odne  2lo6  pdree vnisotvoi eemnb lroes,  daert íRcuélgoism 3e2n2 J udreíd liac oL deey 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Parte dispositiva
Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación, doña 
Rosa Ana Archilla Andrés, Registradora accidental del Registro de la Propiedad n.º 3 de 
los de Girona, acuerda:
1.º  Calificar el documento presentado en los términos que resultan del apartado 
segundo de los antecedentes de hechos antes consignados; y
2.º  Suspender, en consecuencia, el despacho del título hasta la subsanación, en su 
caso, de los defectos advertidos, desestimando la solicitud de su inscripción.
Esta calificación puede ser (…)
La Registradora (firma ilegible), Fdo: Rosa Ana Archilla Andrés».
III
Contra la anterior nota de calificación, don C. J. S. C., procurador de los tribunales, 
en nombre y representación de doña M. R. B. S., interpuso recurso el día 8 de noviembre 
de 2019 dirigido a la Direcció General de Drets i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Cataluña, de conformidad con los artículos 66 y 322 a 328 de la Ley Hipotecaria y 1 de la 
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos contra las calificaciones de los Registradores 
de la Propiedad de Cataluña, por infracción de norma de Derecho catalán, en concreto 
del artículo 451-15.2 de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de 
Cataluña, relativo a las sucesiones, en el que alegaba lo siguiente:
«(…) La base del recurso gubernativo contra la calificación es por infracción del 
artículo 451-15.2 del Código Civil de Cataluña, en base a los siguientes: fundamentos 
jurídicos que esta parte considera infringidos en la nota que se recurre:
A.  Infracción del artículo 451-15.2 del Código Civil de Cataluña. Configuración legal 
de la legítima catalana.
La definición legal de la legítima catalana, a tenor del artículo 451-1 del Código Civil 
de Cataluña: “La legítima confiere a determinadas personas el derecho a obtener en la 
sucesión  del  causante  un  valor  patrimonial  que  este  puede  atribuirles  a  título  de 
institución hereditaria, legado, atribución particular o donación, o de cualquier otra forma”
La doctrina catalana mayoritaria considera como una obligación alternativa la opción 
del heredero del pago en dinero o en bienes de la herencia. El heredero debe un valor 
patrimonial, el crédito legitimarlo, y la opción alternativa se concreta a nivel del pago, el 
valor estará in obligatione y los bienes hereditarios y el dinero estarán in solutione, con 
repercusión con respecto a la asunción de los riesgos de la cosa hasta el ejercicio del 
derecho de opción por el heredero en el medio de pago (a diferencia de la obligación 
facultativa). (E. R. T.).
La legítima devenga interés y no frutos. El legitimario no forma parte de la comunidad 
hereditaria, no participa en la partición hereditaria, ni en la formación de inventario ni 
tiene acción para promover judicialmente la partición de la herencia. La naturaleza del 
derecho legitimario catalán participa del pars valoris.
El ordenamiento catalán con respecto a la protección de la legítima establece por ley 
la anotación preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad. Pieza angular del 
sistema.
El heredero responde de forma personal e ilimitada, si no ha aceptado la herencia a  s
beneficio de inventario que de producirse determinaría como efecto la separación de  o
patrimonios,  con  resultancia  en  la  esfera  de  la  responsabilidad,  especialmente,  del  w.
jcurdéidcEiitalo ll  eelgenigs ailtaipmdliocaarr iccoia.ó tnEa lldáloen l  apaferetrcímctauitrleoía  e4 la6 p 1al-a2g 0op  oddseeil b lCale ól edegixgíttoeim nCsaiiv ópinlo d ro eeb lC jecaatitvuaaslu añdnaete.  laa  tmraevdéisd ad ec aleugtaedlaor   2020-6388n https://ww
o por el heredero con bienes, no dinerarios, integrantes del caudal relicto que deben ser
de propiedad exclusiva, plena, libre, no se hallen sujetos a condiciones, plazos o modos
ni se encuentre gravada con usufructo u otras cargas ni sujeta a fideicomiso, y de calidad 
media, de entre los que compongan el caudal hereditario, con las excepciones previstas 
en el apartado segundo del artículo 451-7 del Código Civil de Cataluña siempre que, por 
disposición del causante, no corresponda a los legitimados de percibirlos por institución 
de heredero, legado o asignación de un bien específico, atribución particular o donación.
La  posibilidad  del  pago  en  bienes  de  la  herencia,  distinto  a  dinero,  ha  sido 
interpretada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en sentencia de 13 de 
junio de 2016, en su segundo Fundamento de Derecho, y sentencia de 8 de mayo 
de 2017.
La Ley del Parlamento de Cataluña 8/1990, de 9 de abril, de modificación de la 
regulación la legítima, alteró el sistema, consideró la legítima como derecho personal y 
derogó la afección real” del artículo 15 de la Ley Hipotecaria, de los bienes hereditarios 
al pago de la legítima. Las regulaciones normativas aprobadas a partir de este momento 
prevén que el derecho a la legítima no autoriza a promover el juicio de testamentaría 
(artículo 366 del Codi de Successions de la Ley 40/1991, de 30 de diciembre), el 
legitimario podía pedir que se anotara preventivamente en el Registro de la Propiedad la 
demanda de reclamación de la legítima o del suplemento.
B.  El derecho civil de Catalunya y del Registro de la Propiedad.
Previa.–El Derecho hipotecario o inmobiliario registral es una parte del derecho civil. 
Las normas procesales o administrativas incluidas en la legislación hipotecaria son 
normas adjetivas en la consecución de la eficacia de la publicidad registral de las 
situaciones jurídicas con transcendencia real. La materia hipotecaria se integra en el 
Derecho civil.
El Estado tiene competencia exclusiva en la regulación de la ordenación de los 
registros e instrumentos públicos (art. 149.1.82 de la Constitución), y la Generalitat de 
Catalunya  de  dictar  las  normas  procesales  específicas  que  deriven  de  las 
particularidades  del  derecho  sustantivo  de  Catalunya  (artículo  130  del  Estatuto  de 
Autonomía de Cataluña) y en lo que no exista particularidad la normativa procesal es de 
titularidad estatal con reserva de ley.
La regulación en la materia legitimaria ha sido distinta en el tiempo tal es así que ha 
sido una ley catalana que derogó el artículo 15 de la Ley Hipotecaria y actualmente la 
regulación está contenida en el artículo 451-15.2 del libro cuarto del Código Civil de 
Cataluña.
En función del equilibrio de cada momento histórico se ha introducido una regulación 
más o menos protectora con respecto al legitimario. Los últimos decenios han sido de 
desprotección  hacia  el  legitimario  por  razones  distintas,  continuidad  empresarial 
(industrial  o  pagesia,  en  función  del  medio),  libertad  del  testador,  autonomía  de  la 
voluntad, alargamiento vital del testador que al fallecer su descendencia suelen tener 
edades más avanzadas con la posibilidad de ganarse la vida, individualización del 
patrimonio  centrado  en  quien  lo  genera  que  se  ha  ido  despojando  de  la  idea  de 
economía de la familia, y la manera de articular la desprotección ha sido, principalmente, 
por un lado, en el aspecto sustantivo, recortar el quantum de la legítima, aumentar las 
causas de desheredación, especialmente por falta de trato, y por el lado de la protección 
o garantía del derecho del acreedor legitimario, la paulatina desaparición de mecanismos 
de garantía, privación de la acción real lo que también ha facilitado la fluidez en el tráfico 
jurídico y acortamiento paulatino de los plazos de prescripción del derecho a la acción 
para la reclamación del derecho legitimarlo. De la participación del legitimario en la  e
aceptación y adjudicación de la herencia, a la afección de todos los bienes hereditarios al  bo
pago de la legítima junto con la titularidad del legitimario de una acción real contra los  88ww
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dpererevechnotiv lae gditeim laar idoe.manda como mecanismo básico del sistema para la protección del
Los  medios  de  pago  que  permite  el  ordenamiento  jurídico  al  heredero  para  la 
satisfacción del derecho legitimario, entre ellos, con bienes inmuebles que componen el 
caudal hereditario y la naturaleza de la legítima como de “valor patrimonial” redunda en 
la adopción de la medida cautelar de la anotación de la demanda por su potencial de 
vocación a un derecho real, razón por la que se mantiene por Ley en el ordenamiento 
jurídico catalán, Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, 
relativo a las sucesiones. La adopción de la medida judicial anotada gana la prioridad 
registral y se evita la traba o enajenación de los bienes hereditarios con malbaratamiento 
del proceso judicial, y la posible aparición del tercero de buena fe del artículo 34 de la 
Ley  Hipotecaria.  A  nivel  registral,  dado  el  carácter  contradictorio  del  procedimiento 
contencioso los derechos de la persona afectada por la medida cautelar o ejecutiva, el 
obligado al pago, se hallan garantizados por cuanto la demanda se dirige contra ellos por 
los que se cumple con la regla del principio de legitimación registral o tracto sucesivo y 
no se causa indefensión (artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria y 24 de la Constitución 
Española).
Es indudable que la previsión legal de la opción del heredero de pagar con un bien 
inmueble  hereditario  que  cumpla  las  exigencias  legales  justifica  la  existencia  de  la 
medida cautelar procesal de la anotación de demanda en la protección cabal, completa, 
del crédito legitimario.
Ciertamente, podría considerarse que la medida cautelar procesal es innecesaria 
para el sistema, por cuanto no añade nada a la opción del heredero de pago en dinero o 
bienes de la herencia y al legitimario también le asiste como medida legal cautelar para 
asegurar su derecho el embargo preventivo. En cualquier caso, la anotación preventiva 
de demanda es una medida legal introducida en el ordenamiento jurídico con plenos 
efectos, potencialmente mayores que la medida cautelar de embargo y que protege 
adecuadamente el mecanismo y la configuración jurídica actual del crédito legitimario al 
que aprehende en garantía de forma completa, protege el derecho al que garantiza.
También pesa como argumento favorable al mantenimiento de la medida cautelar de 
anotación de demanda que una medida que puede tener por efecto, la inscripción de 
dominio, también puede producir el efecto de menor intensidad, el embargo o traba para 
la  realización  de  valor,  por  conversión  de  la  medida  a  embargo  en  ejecución  de 
sentencia.
Igualmente el hecho que el heredero tenga la opción de escoger el medio de pago 
del crédito legitimario, pero que una vez iniciada esta ya deja de ser opción y pasa a ser 
para el heredero su único medio de pago solutorio (su único medio forzoso de pago, 
decisión que para el heredero es irrevocable) y si ha optado por un pago a cuenta con un 
bien inmueble o parte indivisa de éste, aceptado por el legitimado, si existe la medida 
cautelar de la anotación preventiva de la demanda sobre otro bien inmueble de la 
herencia el legitimario tendría la facultad de exigir la adjudicación de la integridad de un 
bien  inmueble  como  medio  solutorio  de  pago  y  tendría  el  anotado  como  bien 
especialmente afecto. Por el contrario, el legitimario con la medida cautelar del embargo 
preventivo  no  tendría  adecuadamente  garantizada  dicha  posibilidad  legalmente 
establecida, Este último argumento se ampara por lo dispuesto en el apartado segundo 
del artículo 451-11 del Código Civil de Cataluña: “Un cop feta l’opció i comenat el 
pagament d’una manera determinada, el legitimad pot exigir que la resta Ii sigui pagada 
de la mateixa manera”.
Es evidente que la medida legal introducida por la Ley 10/2008, de 10 de julio, del 
libro  cuarto  del  Código  Civil  de  Cataluña,  relativo  a  las  sucesiones,  en  su  s
artículo 451-15.2, como protectora del derecho legitimario, la anotación preventiva de  oe.
demanda, aprehende completamente el crédito singular legitimario en toda su extensión  w.
e intensidad, de ahí que la Ley no haya hecho distinciones en los mecanismos de  88ww
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IV, apartado 3 del artículo 427-45, apartados 2 y 3 del artículo 451-15, apartado 4 del 
artículo 452-4.
Catalunya tiene competencia exclusiva, artículo 130 de su Estatuto de Autonomía, 
aprobado  por  la  ley  Orgánica  6/2006,  de  19  de  julio,  de  reforma  del  Estatuto  de 
Autonomía de Cataluña, en materia de las normas procesales específicas que deriven de 
las particularidades del derecho sustantivo de Catalunya. En materia sucesoria Cataluña 
tiene una historia jurídica larga y profunda.
Si decimos que la anotación de la demanda puede lo más, esto es, provocar la 
inscripción de dominio, va a poder lo menos, su conversión a embargo.
C.  Claves de la interpretación normativa de la conversión.
Las normas deben ser interpretadas de conformidad a:
– Artículo 3 del Código Civil: “las normas se interpretarán según el sentido propio de 
sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la 
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de aquéllas”.
– Artículo 111-2 del Código Civil de Cataluña: “1. En la seva aplicació, el dret civil de 
Catalunya s’ha d’interpretar i s’ha d’integrar d’acord amb els principis generals que 
l’informen, prenent en consideració la tradició jurídica catalana. 2. De manera especial, 
en  interpretar  i  aplicar  el  dret  civil  de  Catalunya,  s’han  de  tenir  en  camote  la 
jurisprudencia civil del Tribunal de Cassació de Catalunya i la del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya no moclificades per aquest Codi o altres Ileis. L’una i l’altre poden 
ésser invocades corn a doctrina jurisprudencial als efectes del recurs de cassació.”
– Actos propios.
– Artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público,  de  los  siguientes  apartados:  “1.  Las  Administraciones  Públicas  sirven  con 
objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 
la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los 
siguientes principios: a) servicio efectivo a los ciudadanos b) simplicidad, claridad y 
proximidad  a  los  ciudadanos  d)  Racionalización  y  agilidad  de  los  procedimientos 
administrativos  y  de  las  actividades  materiales  de  gestión.  e)  Buena  fe,  confianza 
legítima y lealtad institucional. K) Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones Públicas.”
– Principios de legalidad, la jerarquía normativa, seguridad jurídica (artículo 9.3 de la 
Constitución Española), tutela judicial efectiva en el ejercicio de los derechos (artículo 24 
de la Constitución Española).
– La Ley de Enjuiciamiento Civil y las Leyes civiles de Catalunya son posteriores a la 
normativa  registral,  Ley  y  Reglamento  Hipotecario.  El  procedimiento  registral  debe 
acomodarse y adaptarse a las normas sustantivas y procesales en aquello o que integra 
el derecho sustantivo o es cuestión procesal.
Hay una cierta imprevisión legislativa registral con respecto a la conversión de las 
medidas  cautelares  judiciales  a  ejecutivas.  Y  es  precisa  una  exigencia  expresa  de 
cohonestar  normas,  que  exigiría  en  esta  materia  registral  una  reforma  que  en  la 
actualidad  debe  ser  salvada  con  una  adecuada  interpretación  para  hacer  viable  el 
sistema.
– Reserva de Ley.–La Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, termina con el sistema de  s
numerus clausus respecto a las anotaciones preventivas, encuadradas en el proceso  oe.
cautelar, judicial. w.
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leyes  de  contenido  reglamentario  siempre  van  a  tener  un  carácter  accesorio,  de
ejecución y si se oponen a la Ley determinan su directa inaplicación. Dicha reserva de
ley  para  las  normas  procesales  va  a  suponer  la  inaplicación  de  las  normas 
reglamentarias  que  regulan  aspectos  procesales,  según  se  mantiene  en  diversas 
sentencias del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) en aplicación de los artículos 24.1 y.2, 117.3, 
149.1.6 de la Constitución y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (esta última dispone: 
“Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición 
contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”).
– Analogía.  La  propia  Ley  hipotecaria  prevé  la  figura  de  la  conversión,  y  sus 
principios básicos son plenamente aplicables a la conversión judicial de medida cautelar 
“anotación de demanda”, cuando garantiza un derecho de crédito singular, como es la 
legítima catalana, a “anotación de embargo” en fase de ejecución de sentencia. De 
hecho, dicha sincronía se produce por la integración de normas y por la naturaleza de la 
medida judicial cautelar que salvaguarda especialmente tanto la tutela judicial efectiva de 
lo que resuelve como proscribe la indefensión del perjudicado con la medida.
La Ley Hipotecaria ya prevé supuestos de conversión de medidas, entre otras, la del 
artículo 88 (la de rentas o de pensiones periódicas) y la del artículo 93 (la del crédito 
refaccionario).
Si la ley hipotecaria prevé supuestos de conversión de medidas a otras que son 
constitutivas. La conversión de la anotación de demanda a embargo no debe tener 
mayor dificultad técnica, máxime cuando este el embargo tiene carácter declarativo, no 
es constitutivo, a diferencia de la hipoteca (la Ley hipotecaria ya prevé supuestos de 
conversión,  cuando  la  hipoteca  es  constitutiva,  lo  que  parecería  que  pudiera  tener 
mayores dificultades).
La calificación registral que se recurre trata la medida cautelar judicial de la anotación 
de  demanda  como  una  simple  afección  fiscal,  esta  última  interpretada  desde  una 
concepción minimalista, es decir que la nota de afección vigente afecta al bien o derecho 
adquirido  o  transmitido  al  crédito  tributario  contingente  de  la  Hacienda  Pública, 
determinando que la preferencia proviene a partir de la anotación de embargo, es decir, 
si existen cargas intermedias desde la nota de afección vigente a la anotación de 
embargo estas perjudican al crédito de la Hacienda Pública, que en su caso le asistirá 
las  acciones  de  tercería  de  mejor  derecho  contra  los  anotantes  intermedios,  que 
comprende a los créditos anotados des de la nota de afección sobre los bienes o 
derecho a la anotación del embargo del crédito tributario. Contrariamente, a la tesis 
expuesta, hay otro sector doctrinal, que mantiene que la prioridad del crédito tributario se 
produce desde la nota de afección fiscal, tesis mantenida por J. M. G. G. y sostenida en 
algunas resoluciones y sentencias judiciales: Las afecciones fiscales si tienen realmente 
sentido es por mantener la prioridad y constituir garantía de cobro del crédito tributario a 
favor de la Hacienda Pública al que afecta la adquisición o transmisión del bien inmueble 
o derecho vigente la afección. En cualquier caso es inverosímil mantener la equivalencia 
de una medida cautelar judicialmente adoptada, con criterios de proporcionalidad propio 
de toda medida cautelar –de lo que se pide en la demanda principal a lo que se afecta 
con la medida cautelar-, en un procedimiento judicial contradictorio, con igualdad de 
armas procesales, en la consecución de una tutela judicial efectiva concreta, en la se 
enmarca como tutela cautelar la medida de anotación de demanda, a una nota de 
afección fiscal, más entendida desde una óptica minimalista que no existe procedimiento 
contradictorio y que se practica de oficio en toda transmisión o adquisición.
La calificación recurrida parte de la asimilación asimétrica de rango registral con la 
preferencia de créditos, cuando no es lo mismo. El rango registral de la anotación de 
embargo proviene de la propia medida cautelar, de la anotación registral de la medida  e.
cautelar judicial de anotación de la demanda, y las reglas de preferencia de crédito nos  w.b
sitúa en un plano distinto, no registral, sino judicial. Es evidente que el Registro altera el  88ww
rparniogriod adde  lou ndae taenrmotiancaió enl  doerd edne my alnad fae,c hcau adnedl oa snioe natocu deerd par elas ecnotnavceiórns iódne,l  mpoarn cduaamniteon tloa 
cHaipuotetelacra, ricao)n y  lraess pperecfteor ean cciaasrg daes  cpréodsitteor ieosre ost ra(c counefrsotniótna.r artículos 24 y 25 de la Ley
No es argumento jurídicamente válido para no acceder a la conversión de la medida 
cautelar la afirmación de la inexistencia de cargas sobre la finca a la fecha de la 
anotación de embargo, porque bien podría ocurrir que, por impago de tributos con 
afección real, entre las realidades posibles, determinará una preferencia con respecto a 
la nueva fecha, la del embargo, al que pretende ubicar la calificación recurrida. Y si el 
argumento descrito en la nota de calificación fuera válido, el de la inexistencia de cargas 
intermedias, también serviría para acordar la conversión porque tampoco perjudica a 
nadie y aún más cuando hay conformidad de la “perjudicada” por la medida, la titular 
registral del pleno dominio.
La anotación preventiva de demanda resultante de la previsión de la “afección real” 
de la Ley de Propiedad Horizontal, actual artículo 9.1 apartado e), en redacciones 
anteriores  artículo  9.5  de  la  Ley.  En  Cataluña,  artículo  553-5  del  Código  Civil  de 
Cataluña, que declara la afección real a la parte vencida del año en curso y a los cuatro 
años inmediatamente anteriores.
Resolución DGRN de 1 junio 1989, en Fundamento de Derecho segundo y tercero:
“Segundo.  La cuestión planteada es, pues similar a la resuelta en las resoluciones 
de  este  Centro  Directivo  de  9  de  febrero  y  18  de  mayo  de  1987 
(RJ 1987\1066yRJ 1987\3924), y como en ellas es necesario abordar con carácter previo 
la naturaleza de la afección real establecida en el artículo 9.5. de la Ley de Propiedad 
Horizontal (RCL 1960\1042 y NDL 24990). Ciertamente, este gravamen tiene carácter 
preferente: sobre él no pueden prevalecer ni los derechos reales (ni siquiera importa que 
la propiedad del piso o local no sea ya del deudor) ni ningún otro derecho de crédito. 
Inscrito el Régimen de Propiedad Horizontal consta ya suficientemente, aunque con 
cierta indeterminación, la carga de tal afección real preferente, que forma parte del 
contorno  ordinario  del  ámbito  de  poder  en  que  consiste  el  dominio  de  cada  piso. 
Cualquier hipoteca o embargo sobre el piso o local ha de entenderse, por tanto, que 
únicamente tendrá eficacia en cuanto no menoscabe la eficacia de la afección real que 
por Ley es preferente.
Tercero.  En cuanto a su operatividad, producido el impago durante un período 
determinado, e instándose judicialmente la satisfacción de las cantidades debidas, todas 
las que están comprendidas en el límite temporal establecido, un año y la parte vencida 
de la anualidad corriente, a contar desde el momento mismo de la demanda, estarán 
amparadas por dicha afección. Ahora bien, aun cuando tal afección no pueda hacerse 
valer inmediatamente porque las cantidades reclamadas no resulten de título con fuerza 
ejecutiva (artículo 1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el 20 de la Ley 
de Propiedad Horizontal), y sea precisa una fase declarativa previa que conduzca a una 
sentencia condenatoria al pago, no cabe duda que el momento determinante en el 
cómputo de las cantidades garantizadas por el artículo 9.5 de la Ley de Propiedad 
Horizontal ha de ser el de presentación de la demanda en juicio declarativo, pues en tal 
instante el acreedor, Comunidad de Propietarios agota todas las posibilidades legales a 
su  alcance  para  obtener  la  satisfacción  de  su  crédito.  Ello  plantea  una  importante 
dificultad; desde la demanda hasta el inicio de la ejecución y la anotación de embargo a 
que se refieren los artículos 921 y 1453 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esa afección 
genérica daría lugar en su aplicación singular a un gravamen oculto, eficaz frente a 
todos, en contra del principio de publicidad, fundamento y esencia de nuestro sistema 
hipotecario.
Por ello, la correcta armonía entre el legítimo derecho que por Ley corresponde a la 
Comunidad de Propietarios en su diligente actuación y las exigencias de seguridad del  e.
tráfico y certeza de las titularidades jurídico-reales inmobiliarias, impone la necesidad de  w.b
la constancia registral inmediata de aquella demanda, en lo relativo a las cantidades  88ww
porbejevteon tdiveo  (caorbtíecrutulorsa  1r4e0a0l,  ylo 1 4q0u1e  dpea lraa  Lleoys  dseu pEunejusticoisa meine nqtou eC inviol)  pqouderpáa  aelcl aenmzabraserg ao 
tHraipvoétse cdaeri au (nRaC aLn 1o9ta4c6i\ó3n4 2d, e8 8la6s y  pNreDvLe n1i8d7a3s 2e),n p oerl  cauratíncutolo e n4 2d, icpháar rdaefom a1n, ddae s ela  inLsetay 
también el reconocimiento judicial de una singular aplicación de la afección real del 
artículo 9, 5.º de la Ley de Propiedad Horizontal para un período concreto.
Así la Comunidad de Propietarios mantendría la cobertura real de las cantidades 
impagadas diligentemente reclamadas.
Cuarto.  Por todo ello en el presente supuesto, no cabe pretender en 1987 la 
subsistencia de la cobertura real preferente que al tiempo de la demanda ostentaban las 
anualidades  1982  y  1983;  la  falta  de  constancia  registral  y  de  la  anotación  de  la 
demanda en el momento adecuado, motiva que aquellas cantidades fueran perdiendo la 
cobertura aludida a medida que transcurría el tiempo y desapareciese por completo 
pasado  un  año,  no  natural  sino  computable  conforme  al  Régimen  de  Propiedad 
Horizontal, tal como resulta de la inscripción de dicha demanda, no procediendo, por 
tanto, la consignación en las anotaciones de preferencia alguna por razón del artículo 9, 
5.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.”
La Resolución DGRN de 18 mayo 1987, en el Fundamento de Derecho quinto y 
sexto, se pronuncia en los mismos términos que la anteriormente transcrita.
Resolución DGRN de 4 enero 2000, en el Fundamento de Derecho segundo y 
tercero:
“Segundo.  Para  resolver  el  problema  planteado  hay  que  tener  en  cuenta  lo 
siguiente:  La  doctrina  de  este  centro  directivo  que  resulta  de  las  Resoluciones 
expresadas en el ‘vistos’ tiene su razón de ser en que, tratándose la afección por las 
cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios de una preferencia que opera 
como una carga tácita, incluso en perjuicio de propietarios posteriores, para evitar que el 
límite temporal de las cantidades garantizadas con la afección operara extinguiendo las 
mismas durante la tramitación del procedimiento declarativo en que las cantidades se 
reclamaren, y, teniendo en cuenta que dicha afección tiene carácter real, puede anotarse 
la demanda en que dichas cantidades se exigen, y, que, mientras tanto, se carece de 
título para hacer constar la afección en el Registro, ya en consecuencia, convertir en 
expresa la carga tácita existente.
Tercero.–Obtenido el título para obtener el reflejo registral, de tal carga, título que no 
es otro que la Sentencia firme en el juicio declarativo, es lógico que pueda reflejarse la 
Sentencia en el Registro, convirtiendo en inscripción la anotación de demanda, pues no 
cabe olvidar que la esencia de las anotaciones de demanda es, precisamente, asegurar 
las resultas de un pleito.”
Resolución DGRN de 9 febrero 1987, en el Fundamento de Derecho cuarto:
“4.  Por todo ello, en el presente supuesto, no cabe pretender el 11 de febrero 
de 1984 la subsistencia de la cobertura real preferente que al tiempo de la demanda (29 
de diciembre de 1981) amparaba a las cantidades entonces reclamadas; la falta de 
vertencia registral y de la anotación de la demanda en el momento adecuado, motiva que 
aquellas cantidades fueran perdiendo la cobertura aludida a medida que transcurría el 
tiempo  y  desapareciese  por  completo  pasado  un  año,  no  natural  sino  computable 
conforme al régimen de propiedad horizontal, tal como resulta de la inscripción, desde 
dicha demanda. No procederá ni la consignación en las anotaciones practicadas de 
preferencia alguna por razón del artículo 9.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, ni la 
práctica de tal asiento respecto de la finca inscrita a favor de terceros; esto último, no 
sólo por lo anteriormente apuntado sino, además porque el actual titular registral lo era 
ya, desde el 29 de enero de 1981, durante parte del período al que corresponden las  e.
cantidades reclamadas, sin que conste haber sido demandado personalmente ni, por  w.
tanto, condenado al pago”. 88ww
– La convergencia de los sistemas registrales en Europa y su protección.
con Liansc lunsoirómna sd er elgoiss traadleqsu,i reenn tgeesn oe raplo, tseonnc inaolersm aasd qduei repnrotetesc cdióen b dieen leoss  icnomnusuembleidso. reEss, 
pauta común en los países europeos la correlación de mayor protección registral cuanto 
mayor es el control de legalidad.
En sede judicial es donde se produce el máximo control de legalidad, entre ellas, la 
adopción de medidas cautelares y ejecutivas (artículos 106 y 117 CE).
– Razón de ser de la medida cautelar y sentido de la medida.
Cuando la Ley ha permitido la tutela judicial cautelar, existencia de la medida de 
anotación de la demanda sobre bien inmueble, si sólo le permitimos como efecto la 
publicidad, limitada en la acepción formal o mera noticia, la medida como tal sería inútil y 
perturbadora,  por  cuanto  el  ordenamiento  la  prevé  y  regula  como  mecanismo  de 
protección judicial cautelar para el legitimario en garantía de su derecho, con toda su 
potencialidad asociada a “la del derecho” y a la del derecho de la acción que garantiza, 
por lo que tampoco es una de las anotaciones con efectos de publicidad protección de 
las que prevé y regula la Ley Hipotecaria por cuanto su adopción es judicial y por su 
naturaleza  constituye  una  medida  procesal  cautelar,  aun  cuando  quiere  su  reflejo 
registral como medio de garantía.
La configuración legal de las medidas cautelares tiene entre uno de sus requisitos la 
proporcionalidad,  por  lo  que  si  la  herencia  estuviera  compuesta  por  tres  bienes 
inmuebles de igual valor y garantizáramos la responsabilidad con un sólo bien inmueble, 
en base a dicha proporcionalidad –en tanto que cubre la responsabilidad del crédito 
“singular”–, si quedara limitada a la publicidad no siendo procedente la conversión a 
medida de embargo, ante el impago del heredero, éste último tendría en su mano burlar 
la efectividad del derecho legitimario y en consecuencia de la tutela judicial efectiva 
quebraría,  de  proceder  a  gravar  o  transmitir  el  dominio  de  los  bienes  inmuebles, 
suponiendo que fueren los únicos que componen la herencia. De no ser así, no se 
entiende que efecto registral se le está disponiendo respecto a la medida de la anotación 
de demanda (quienes le ubican en el artículo 42.1 de la Ley Hipotecaria) cuando no se 
convierte  ni  en  inscripción  de  dominio  del  bien  inmueble  ni  en  la  constitución, 
declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real; en base a que fuerza 
cancela cargas posteriores a la anotación a la demanda cuando no está produciendo 
ninguna alteración del 42.1 LH.
La conversión de medida cautelar de anotación judicial de demanda –de derecho 
legitimario catalán– a medida ejecutiva de embargo es consecuencia del principio o regla 
básica de las normas procesales específicas que derivan de las particularidades del 
derecho sustantivo de Catalunya y, en consecuencia, integra la tutela judicial efectiva. La 
acción cautelar, en la consecución del derecho en el proceso, a través del derecho de 
acción, se verá satisfecha con la conversión de la medida, como conexión por alteración 
de la medida cautelar con la ejecutiva a través de la sentencia. Ambas medidas, se 
conectan y la conversión, es la dinámica o mecánica registral imprescindible para que la 
medida cautelar se consuma por agotamiento o cumplimiento de su finalidad.
La medida cautelar vigente ex artículo 451-15.2 del Código Civil de Cataluña no 
aparece modalizada en la exigencia, que sería contraria al propio ordenamiento jurídico 
catalán por no exigirlo, sobre requerimiento previo al heredero sobre el medio solutorio 
de pago y de asignación del bien afecto al pago. Ello subvertiría el sistema por cuanto se 
exigiría al demandado que acceda a peticiones del actor, “a prevención”, y que evacuado 
el requerimiento el actor el legitimario se acomode o se produzca algún incidente previo 
o en el curso del proceso. Más allá que es pura especulación contra legem, estaríamos 
creando incidentes previos que el ordenamiento procesal no prevé que, si desea hacerlo 
que lo haga, pero hoy, de serio, quien lo mantenga, sería en puridad un designio de lege  s
ferenda. oe.
La  configuración  de  la  medida  cautelar  de  anotación  de  demanda  sobre  bien  w.
inmueble tampoco exige la aceptación del heredero, ni anticipa la sentencia estimatoria.  88ww
Leas  lreeyc nuorr ipdrae vPieonre  eql uhee lare addeorop,c inóin  tdaem lpao mcoe deidna  ecla ustueplaure dseto a ndoet aqcuióen  edle  hdeermedaenrdoa  hsia nyoa 
aceptado explícitamente la adopción de la medida cautelar sobre un bien inmueble, que
esta medida sobre el bien afecto constituya el medio solutorio de pago del crédito 
legitimarlo.
En la fase en la que estamos, ejecución, habiendo procedido la heredera tras el 
dictado de la sentencia a pagar parcialmente el quantum de la legítima en dinero en uso 
de su facultad prevista en el artículo 451-11 del Código Civil de Catalunya, la medida 
procedente  es  la  conversión  de  la  medida  cautelar  de  anotación  de  demanda  en 
embargo. La legitimaria ni le asiste acción real, la anotación a la demanda no altera la 
naturaleza del derecho de crédito y la opción de la forma de pago es de la heredera.
Si ello no fuere del modo expuesto podría quedar a la discreción y a merced de la 
heredera, obligada al pago, en hacer ilusoria la medida judicial protectora, cautelar, toda 
vez iniciado el pago en dinero tras la adopción de la medida cautelar transmitiendo o 
gravando los bienes inmuebles hereditarios, con finalidad defraudatoria o no.
No  creemos  tampoco  que  el  intelecto  de  la  norma  permita  la  exigencia  por  la 
legitimaria de la adjudicación en pago de la integridad del bien inmueble afectado por la 
medida cautelar, con el sólo requisito que cubra el importe pendiente de legítima, con 
independencia  del  exceso  de  adjudicación,  del  importe  del  pago  parcial  realmente 
satisfecho, de la cantidad pendiente (que podría ser ínfima) y de la calidad del bien, toda 
vez el heredero ha procedido al pago parcial de la legítima con dinero. (confrontar 
artículo 1859 del Código Civil).
D.  Tutela cautelar, de la anotación preventiva de demanda. Medida cautelar del 
artículo 451-15.2 del Código Civil de Catalunya. Transcendencia.
Los ordenamientos civiles prevén varios tipos de anotaciones de demanda, aun 
teniendo unas notas comunes, principalmente que son dictadas en sede judicial, no 
producen  los  mismos  efectos.  Es  característica  común  en  todas  ellas  el  carácter 
subordinado e instrumental de la medida cautelar judicial al procedimiento principal, a la 
eventualidad de la estimación de la tutela pretendida, que se promueve. Su regulación 
en el ámbito civil se halla en la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras disposiciones:
Artículo 721.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Necesaria instancia de parte: ‘Bajo 
su responsabilidad, todo actor, principal o reconvencional, podrá solicitar del tribunal, 
conforme a lo dispuesto en este Título, la adopción de las medidas cautelares que 
considere  necesarias  para  asegurar  la  efectividad  de  la  tutela  judicial  que  pudiera 
otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare.”.
Artículo  726  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil.  Características  de  las  medidas 
cautelares: “1. El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y 
derechos  del  demandado,  cualquier  actuación,  directa  o  indirecta,  que  reúna  las 
siguientes características:.
1.ª  Ser  exclusivamente  conducente  a  hacer  posible  la  efectividad  de  la  tutela 
judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no 
pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del 
proceso correspondiente.”
Artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Medidas cautelares específicas: “5.ª 
La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos 
susceptibles de inscripción en Registros públicos. 6.ª Otras anotaciones registrales, en 
casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución. 11.ª Aquellas 
otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las 
leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que  e.
pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.”. w.
Artículo  731.1  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil.  Accesoriedad  de  las  medidas  88ww
ccaauutteellaarre csu. aEnjdeoc uecli ópnr opcreosvois iporninacl ipya ml headyidaa tse rcmauintaedlaor,e sp:o r“ Ncou asleq umiear nctaeunsdará s uanlvao  mqueed idsae 
ltarast em deed idsaesn taecnocriad acdoansd ehnaasttao rqiau eo  tarauntos ceuqruraiv aelle pnltaez,o e an  qcuuey os ec arseofi edreeb eelr áanrt ícmualon t5e4n8e rdsee   BOE-A-cable e
la presente Ley. Transcurrido dicho plazo, si no se solicitare la ejecución, se alzarán las 
medidas que estuvieren adoptadas.
Reconversión de las medidas cautelares a ejecutivas, transformación o mutación de 
las medidas cautelares es la terminología que se usa para explicitar el cambio de la 
medida cautelar a medida ejecutiva de la que no se exige igual identidad de la medida 
cautelar a ejecutiva.
En el ámbito registral se opta por la terminología de la conversión con los efectos 
propios del cambio de fase (declarativa o condena a ejecutiva).
En el razonamiento jurídico tercero de la Interlocutoria de 9 de marzo de 2018 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Girona, en el procedimiento ordinario 226/2018 
B, aportada como documento complementario o auxiliar para la calificación, que resolvió 
la demanda de medidas cautelares, expone, lo que constituye el efecto preventivo de la 
medida cautelar adoptada: “El derecho a una cuarta parte del valor de la herencia del 
causante  (y  del  eventual  donatum)  se  podría  ver  directamente  perjudicado  en  el 
supuesto de alienación de los bienes que forman parte del caudal hereditario, o bien si 
estos resultaran gravados por algún derecho real limitado de cualquier tipo” (el periculum 
in mora, el presupuesto del peligro en la demora).
Los Autos judiciales dictados en trámite de medidas cautelares por la jurisprudencia 
menor prevén la adopción de la medida de anotación de demanda a fin de evitar la 
enajenación o gravamen, la aparición del tercero de buena fe del artículo 34 de la Ley 
Hipotecaria, y por ello constituye una garantía del crédito singular.
A la pregunta de si la anotación cautelar de demanda del artículo 451-15.2 CCC se 
corresponde a la prevista en el artículo 42.1 de la Ley Hipotecaria’, como sostiene la 
calificación  registral  recurrida,  la  respuesta  debe  ser  negativa,  la  anotación  de  la 
demanda en protección del crédito legitimario, aunque puede provocar alguno de los 
efectos  previstos  en  el  punto  1,  no  se  demanda  la  propiedad  ni  la  constitución, 
declaración,  modificación  o  extinción  de  derecho  real  alguno.  Refuerza  la  postura 
mantenida, la Dirección General, en la Resolución DGRN de 2 de agosto de 2016 en el 
recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 1, 
por  la  que  se  suspende  la  anotación  preventiva  de  un  derecho  en  condición  de 
legitimarlo, realiza las siguientes consideraciones incidentales respecto a la legítima 
catalana, ubicando la medida cautelar judicial en el apartado 42.10 de la Ley Hipotecaria, 
en su Fundamento de Derecho Cuarto:
Ciertamente que lo procedente hubiera sido el embargo sobre bienes inmuebles, de 
manera que al presentar la demanda de reclamación, el legitimario solicitase también la 
práctica de la traba y su anotación (artículo 42.2 de la Ley Hipotecaria) sobre bienes de 
la herencia o del propio heredero. Aunque también es aplicable la regulación para la 
anotación diseñada bajo el criterio de “nurnerus apertus” del artículo 42.10 de Ley 
Hipotecaria, según el cual podrá pedir anotación preventiva, quién tuviera derecho a 
exigirlo conforme a lo dispuesto en esta u otra ley, y sus efectos serían sujetar los bienes 
anotados, con garantía real, a la satisfacción de la legítima, protegiendo al legitimario de 
la posible insolvencia de los herederos.
Así  pues,  para  la  protección  de  la  legítima  en  Cataluña,  extinguida  la  antigua 
afección real impuesta “ex lege”, debe quedar sometida a decisión judicial la procedencia 
y el número y valor de los bienes sobre los que ha de recaer, dado que la legislación 
catalana habla de anotación de demanda, por lo que se requiere siempre el inicio de un 
procedimiento judicial. e
E  igualmente,  a  nivel  judicial,  el  Auto  de  la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona  bo
(Sección 11.ª), de 9 de febrero de 1995 (citado en M. P., 2001) sirve para vislumbrar el  88ww
cmriateyroiori tamraiaymoreitnatreio, ,p ecurvaivsei  ulan ámneimdied,a q cuaeu mtealanrt ideen ea nlao tjaucriisópnr uddee dnecmiaa mndean oyr ,l aq eujee ceusc dióonn ddee 
sentencia:
“Segundo.  (...)  Tras  la  promulgación  de  la  Ley  8/1990,  de  9  de  abril,  sobre 
modificación de la regulación de la legítima, incorporada hoy en el Codi de Successions, 
se prescinde hoy de la legítima como pars valoris bonorum para configurarla como un 
verdadero derecho de crédito o derecho personal del legitimario contra la herencia. La 
legítima  no  da  derecho  ya  a  ningún  asentamiento  específico  en  el  Registro  de  la 
Propiedad suprimiéndose la mención legitimaria del artículo 15 de la Ley Hipotecaria. 
Consecuencia de todo ello, es también el acortamiento del plazo de prescripción, que 
pasa de treinta a quince años, para el ejercicio de la acción de reclamación de la legítima 
o de su suplemento. Sin embargo el artículo 138 (actual 366 del Codi de Successions) 
después de declarar que el heredero responde personalmente del pago de la legítima y 
de su suplemento, sigue manteniendo el párrafo tercero del artículo 140 antes citado, 
que como párrafo segundo del artículo 138, reitera que el legitimario puede pedir que se 
anote preventivamente en el Registro de la Propiedad la demanda en que se reclama la 
legítima o en su suplemento. También permanece en la legalidad vigente la facultad que 
electivamente se confiere al heredero, para pagar la legítima en dinero o en bienes de la 
herencia.
Tercero.  Ello expuesto resulta pues que no se pierde por completo una cierta 
afección de los bienes hereditarios para el pago de la legítima pues en otro caso la 
medida cautelar correspondiente no sería la anotación preventiva de demanda sino el 
embargo de los bienes del heredero. Aun así, implicando dicha anotación un cierto 
derecho de realización por el valor o cuantía de la legítima, nada obstaría para limitar la 
anotación  a  aquellos  bienes  con  los  que  se  entendiera  que  ésta  quedaba 
suficientemente garantizada, pues tal parece ser la finalidad de la reforma (artículo 3 del 
Código Civil) según se infiere de la exposición de Motivos de la Lid 8/1990 y lo exige el 
criterio de proporcionalidad entre medios y fines. En todo caso esta anotación debe 
incardinarse en el número diez del artículo 42 de la Ley Hipotecaria al estar reservado el 
número uno a la reclamación de la propiedad u otros derechos reales sobre los bienes 
inmuebles.”
El sistema de anotaciones preventivas con acceso registral de la legítima catalana se 
ha canalizado mayoritariamente a través del artículo 42.10 de la Ley Hipotecaria. El 
razonamiento judicial expuesto, que se corresponde con la previsión legal de la Ley de 
Enjuiciamiento  Civil,  aparece  en  muchas  resoluciones  judiciales,  entre  otras,  AAP 
Barcelona núm. 1/2007, de 8 de enero de 200712, AAP Girona núm. 103/2017, de 5 de 
mayo de 201713, AAP Barcelona núm. 132/2008 de 2 junio de 2008, AAP Barcelona 
núm. 125/2010 de 9 abril de 20101s, AAP Barcelona núm. 24/2003, de 14 de mayo 
de 200316, que utilizan la medida cautelar por el apartado 10 indicado.
Respecto  a  la  medida  ejecutiva  de  la  anotación  de  embargo,  precisar  que  la 
nomenclatura de embargo que prevé la Ley Hipotecaria es únicamente la anotación de 
embargo preventivo. Hay cierta imprecisión terminológica, pero no hay duda del carácter 
del embargo que se solicita con el Auto de despacho de ejecución que se aportó por 
testimonio previo a la calificación. La propia calificación registral a consecuencia de la 
dicción legal hipotecaria es víctima del defecto que aprecia: “no procede practicar la 
conversión solicitada, sino una anotación preventiva de embargo...”.
A nivel doctrinal, hay disparidad en la ubicación de la medida cautelar “anotación 
preventiva  de  demanda”  de  la  legítima  catalana.  Entre  los  que  la  consideran  que 
corresponde a la del artículo 42.1 de la Ley Hipotecaria, A. C. G.” y J. M. G. G. Por el 
contrario, principalmente, E. R. T. y L. P. F., la consideran del artículo 4210 de la Ley 
Hipotecaria. s
J.  M.  G.  G.,  prevé  la  medida  cautelar  judicial  de  la  legítima  catalana  en  el  oe.
artículo 42.1 LH e incidentalmente la trata igualmente en el artículo 42.10 LH, transcribe  w.
el artículo 451-15 CCCat pero no analiza el derecho sustantivo de Catalunya (G. G.,  88ww
2a0fe1c9c)i.ó nQ ufisiecna l,s udsec rsibue o epse raptaivrtididaadr ioo  dmee claá ninictae rpreregtisatcriaóln,  yd edle  alau toprr iocritidaaddo  drees plae cntoot aa  dlae 
apfreiocrcidióand  fisccoaml.o E  smtae dpiadrate  deen tiegnadrea nqtuíae  ldae lló gcicraé dditeol  aturitbourt acriitoa do“ ccounatinndgoe nptere” viednee  llaa   BOE-A-cable e
Administración pública cuando embarga. No puede tener mayor entidad que una medida 
cautelar judicial, en proceso contradictorio contra el titular del derecho, cuando la medida 
protege judicialmente el derecho de crédito del acreedor legitimarlo.
Por el contrario, E. R. T. i L. P. F., sostiene el encaje de la medida cautelar de la 
anotación a la demanda, en el artículo 42.10 LH: “La configuració de la Ilegítima catalana 
com a un simple dret de credit que solament atribueix al legitiman i una acció personal 
contra l’hereu per a obtenir alló que Ii correspon, ha fet que s’hagin eliminat i simplificat 
les antigues garanties registrals que la Llei Hipotecaria reconeixia al legitiman. Més en 
concret, la naturalesa jurídica creditícia impedeix l’aplicació de l’article 15 LH, ates que la 
Ilegítima catalana ha deixat de ser un dret real. Per tant, les úniques garanties registrals 
de qué gaudeix el legitiman, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 8/1990, que va 
modificar la regulació compilada de la Ilegítima, i que es recullen en la redacció de 
l’article 451-15 son les següents:
1.  L’anotació preventiva de demanda de reclamació de Ilegítima i el seu suplement, 
que es reconeix en l’article 42.10 LH, quan permet aquesta anotació en qualsevol cas en 
que es tingui dret a demanar-la “conforme a lo dispuesto en ésta o en otra Ley” i aquesta 
precisament será el Codi civil catalá, d’acord amb el que es disposa en l’article 451-15.2.
2.  Si el legitiman i ha rebut un Ilegat de béns immobles en el pagament de la seva 
Ilegítima, podrá demanar també l’anotació preventiva de Ilegat sobre els béns atribuits, 
d’acord amb l’article 47 LH (art 451-15.3)” (P. F. y R. C., 2009).”
La  interpretación  de  la  jurisprudencia  menor,  de  las  Audiencias  Provinciales,  la 
ubican  cuasi  unánimemente  en  el  artículo  42-10  de  la  LH,  como  se  ha  expuesto 
anteriormente.
La  medida  de  anotación  de  la  demanda  es  procesal  con  independencia  de  su 
ubicación legal. La ley catalana tiene cobertura para regular la anotación preventiva de la 
demanda, medida procesal, en base al citado artículo 130 de su Estatuto de Autonomía. 
Y es evidente que quien va a instar la medida sólo tiene un derecho de crédito “singular”, 
el hecho que el ordenamiento jurídico catalán introduzca como medida de protección de 
la legítima la anotación preventiva de demanda, desaparecida la afección legitimaria y la 
acción real, la medida cautelar procesal de la Ley catalana debe adaptarse al contenido 
propio del derecho que garantiza.
La jurisprudencia accede mayoritariamente en la medida cautelar de anotación de 
demanda,  no  en  el  embargo  preventivo  y  cumpliendo  el  presupuesto  de 
proporcionalidad,  únicamente  con  los  bienes  suficientes  para  garantizar  el  derecho 
reclamado. la potencialidad de la medida, en cuanto a la vocación real, únicamente 
tendrá lugar si el heredero opta en pagar con bien inmueble y no realiza el pago, 
supuesto infrecuente en la práctica. De no optar el heredero por ningún medio de pago la 
medida de anotación de demanda cumplirá, igualmente, con la función de garantía del 
cobro del crédito legitimario y en ejecución de sentencia deberá procederse al embargo, 
a consecuencia de la naturaleza de la acción procesal de reclamación crediticia que es 
personal (pars valoris) y el embargo es declarativo. Es procedente la conversión a 
embargo ejecutivo por la potencialidad de realización del bien que la medida cautelar 
catalana tiene. Quien le niega el encaje en el artículo 42,10 LH encuadrándolo en el 
supuesto del apartado 42.1 LH, no niega que una vez anotada la anotación preventiva de 
demanda el embargo va a gozar de la prioridad registral de la anotación primigenia y si 
goza de prioridad de la medida primigenia es porque hay conversión, sino fuere así no se 
colige en base a que norma se le está confiriendo la prioridad de la anotación de la  e
medida primigenia y porque se le dota de la publicidad registral con los efectos de evitar  bo
el tercero e buena fe del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. 88ww
regisEtsratal  ipnatrroted uecnidtiae nedne  eqlu eo rúdneincaammieenntteo  pjuureíddiec oa pclaictaalrásne  sdie  sfeo rmanaa lcizoar reecl tad elrae cghaora qnutíea 
garaQnutiizean ey sc oinmteor plor egtaarna netli zean.caje de la garantía, es por cuanto reducen las tipologías
plúrimes existentes en el ordenamiento jurídico de anotación preventiva de demanda
porque consideran que la anotación preventiva de demanda en el ámbito registral sólo 
puede ser la del apartado 12 y ello es evidente que no es así.
Realmente la medida ejecutiva si trae causa o deriva de la medida cautelar es por 
conversión, por el cambio de fase que produce la sentencia, de la anotación preventiva a 
medida ejecutiva. Quizá es el intento de apartarse del régimen de la conversión por 
imprevisión legislativa reglamentaria, o únicamente sería una cuestión fenomenológica 
descriptiva mal expresada, por cuanto la medida ejecutiva “nueva” no traería causa de la 
cautelar, sino del título ejecutivo, en este caso de la sentencia. Si la medida ejecutiva 
trae causa de la cautelar, solo puede ser por la conversión.
Del mismo modo que debe entenderse derogado, a partir de la entrada en vigor de la 
Ley  1/2000,  por  ser  de  mayor  rango  y  posterior,  el  artículo  199  del  Reglamento 
Hipotecario, también debe entenderse superada la única vía posible de conversión de 
medida cautelar de anotación de demanda hacia la inscripción por la regulación procesal 
y la naturaleza de la medida cautelar anotación preventiva de demanda cuando garantiza 
un  derecho  de  crédito  legitimario  catalán.  Dicha  interpretación  es  conforme  al 
artículo  538.2.  3.º,  545.4.º  “la  adopción  de  todas  las  medidas  necesarias  para  la 
efectividad del despacho”, 551 y 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El  legislador  catalán  cuando  introduce  la  medida  de  anotación  preventiva  de 
demanda garantiza la legítima en toda su dimensión, no únicamente en los supuestos en 
que el heredero previamente ha efectuado la opción del pago del crédito legitimario con 
bienes inmuebles. La convertibilidad de la medida cautelar hacia la ejecutiva de embargo 
es lógica y coherente y necesaria para la integración del sistema en supuestos en que el 
heredero no ha ni efectuado el pago completo ni la opción del medio de pago.
A consecuencia de lo expuesto y en estimación del recurso interpuesto procede 
constar tabularmente la conversión de la medida cautelar de anotación de demanda a 
embargo preventivo por las cantidades que constan en el Auto de despacho a favor de 
doña M. R. B. S.».
IV
El escrito de recurso, si bien recoge que está interpuesto por don C. J. S. C., 
procurador de los tribunales, constaba sin embargo firmado digitalmente por don J. B. M. 
A., junto a otra firma física no identificada ni legitimada. La registradora de la Propiedad 
ofició a la interesada, doña M. R. B. S., la cual ratificó íntegramente el día 27 de 
noviembre de 2019 el recurso interpuesto por el procurador citado y acompañaba un 
escrito de alegaciones en el cual, resumidamente, señalaba que el artículo infringido 
contiene  una  norma  procesal  propia  y  específica  de  Cataluña,  que  es  plenamente 
aplicable, que los dos primeros defectos de la nota se subsanaran, aunque manifestaba 
que el mandamiento se emitía para dar cumplimiento al auto de fecha 25 de abril 
de 2019 emitido en el procedimiento de ejecución, y en él se fijaban las cantidades 
despachadas en ejecución de la sentencia y que se habían aportado como documentos 
auxiliares para la calificación y despacho del mandamiento judicial, testimonio de la 
sentencia y de la demanda de ejecución de la misma, entre otros documentos del 
procedimiento judicial, y que asimismo en el auto aportado por testimonio constaba a 
favor de quien se habría de practicar la anotación preventiva de embargo, resolución que 
era coherente con la sentencia emitida. Reiteraba la posibilidad y necesidad de permitir 
la conversión de la anotación de demanda en anotación de embargo con mantenimiento 
de la prioridad registral. Argumentaba que la nota de calificación recurrida limitaba los  s
efectos registrales propios de cualquier anotación, cuando analizaba la finca sobre la que  e.
se  había  de  practicar  el  embargo  manifestando  que,  al  momento  de  la  nota  de  w.
calificación, no existía ninguna otra afección previa. Era evidente que el Registro de la  88ww
Pprroodpuiecdidaod  aplguúend en eginofcoirom daer  fdeech alo a nqtueeri osr ea  ecsotnas atantoat atcaibóunl a«rnmueenvtae»,  dpee reom bdaer ghoa, bseinr slae 
prioridad  propia  de  la  medida  cautelar,  podría  verse  francamente  comprometida  la
medida cautelar de inscripción posterior a la anotación preventiva de la demanda a 
través del ejercicio de este tercero de las acciones de tercería de dominio.
V
La registradora emitió informe confirmando su calificación y formó expediente que 
elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 24, 33, 117.4 y 149.1 de la Constitución; 147.2 del Estatuto de 
Autonomía  de  Cataluña;  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  16  de  enero 
de 2014; los artículo 42 de la Ley Hipotecaria; 196 a 198 del Reglamento Hipotecario; 
451 de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, 
relativo a las sucesiones; 522.1 y 738 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de julio de 2015 y 29 de 
mayo, 9 de junio y 21 de septiembre de 2017, en relación con la competencia para 
resolver el recurso; las resoluciones de la Dirección General de Derecho y Entidades 
Jurídicas de Cataluña de 5 de junio y 29 de julio de 2013, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de agosto de 2016 y 21 de 
noviembre de 2018, en relación con la legitima catalana.
1.  Son datos a tener en cuenta para la resolución de este expediente los siguientes:
– Con fecha 14 de mayo de 2018 se practicó sobre la finca 305 de Celrá, anotación 
preventiva de demanda letra B de reclamación de legítima a favor de doña M. R. B. S. y 
doña B. P. B., contra doña D. M. B. Y. –titular registral por título de herencia según la 
inscripción 20.ª–, en virtud del procedimiento ordinario número 226/2018 seguido en el 
Juzgado  de  Primera  Instancia  número  1  de  Girona.  No  constan  inscritos  asientos 
posteriores a esta anotación de demanda letra B.
– Según auto dictado el día 25 de abril de 2019 por don Gustavo José Muñoz 
González, en fecha 30 de noviembre de 2018 se dictó sentencia en instancia en virtud de 
la cual se declara injusta la desheredación, estimándose el derecho de doña M. R. B. S. 
a detraer la legítima.
– De la parte dispositiva del referido auto resulta la conversión de la anotación 
preventiva de demanda de reclamación de legítima en anotación preventiva de embargo 
por la cantidad de 229.376,87 euros de principal y 68.800 euros para asegurar el pago 
de los intereses y costas, manteniendo dicha anotación el mismo rango registral.
– En  mandamiento  expedido  el  día  7  de  junio  de  2019  se  solicita  la  referida 
conversión de la anotación preventiva de demanda letra B «en anotación preventiva de 
embargo manteniendo el mismo rango registral».
– La registradora observa en su nota de calificación tres defectos:
a)  No  resultan  del  propio  mandamiento  las  cantidades  por  las  que  se  ha  de 
practicar la anotación preventiva de embargo, sino que deberían ser extraídas del auto 
insertado.
b)  No  resulta  tampoco  clara  a  favor  de  quién  ha  de  practicarse  la  anotación 
preventiva de embargo.
c)  El asiento procedente no es la «conversión» de una anotación preventiva de  s
demanda en una anotación preventiva de embargo, sino la práctica de una anotación  e.
preventiva de embargo «nueva», que evidentemente derivaría de la estimación de la  w.
demanda anotada, pero sin conversión de la misma. 88ww
– Respecto de los dos primeros defectos, pese a mostrar su disconformidad, señala
esul  rseucbusrraennatec ióhna,b ecersnetr ásonldicoistaed oe l oe sacproitrota yd oe na l cRoengsiesctruoe nlocsia d oecl uremceunrstoos,  epne rteinl etenrtceesr op adrae 
ellos, defendiendo la procedencia de la conversión ordenada.
2.  Como cuestión previa, relativa a la competencia para la resolución del recurso, 
debe tenerse en cuenta que, aun cuando el recurrente dirigió el recurso a la Direcció 
General de Dret i de Entitats Juridiques de la Generalitat de Cataluña, la registradora –
acertadamente–,  lo  ha  trasladado  a  esta  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado.
Afirma la registradora en su informe que la competencia para resolverlo no puede ser 
una cuestión de elección por parte del recurrente. Así, la Resolución de este Centro 
Directivo de 29 de julio de 2015, puso de relieve lo siguiente: «Como cuestión previa 
debe decidirse acerca de la competencia de este Centro Directivo en la resolución del 
presente recurso, en cuanto el notario autorizante y recurrente presentó su recurso en el 
Registro, solicitando expresamente su elevación a la Direcció General de Dret i de 
Entitats Juridiques de la Generalitat de Cataluña. El recurrente carece de posibilidad de 
elección del Centro Directivo, en cuanto es la materia sobre la que versa el expediente la 
que debe conducir a su resolución por uno u otra Dirección General. Como puso de 
manifiesto el Pleno del Tribunal Constitucional al analizar el ámbito de aplicación de la 
Ley  de  la  Generalitat  de  Cataluña  5/2009,  de  28  de  abril,  su  actuación  en  estos 
expedientes  vendrá  determinada  por  la  aplicación  del  Derecho  catalán,  lo  que  en 
absoluto ocurre en este caso (…)».
Más  recientemente,  este  Centro  Directivo,  en  Resolución  de  21  de  septiembre 
de 2017 (en línea con anteriores pronunciamientos de 29 de mayo y 9 de junio de 2017) 
ha  expresado  lo  siguiente:  «Según  el  artículo  324  de  la  Ley  Hipotecaria  “las 
calificaciones  negativas  del  registrador  podrán  recurrirse  potestativamente  ante  la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en la forma y según los trámites 
previstos en los artículos siguientes, o ser impugnadas directamente ante los juzgados 
de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble, 
siendo de aplicación las normas del juicio verbal y observándose, en la medida en que le 
sean aplicables, las disposiciones contenidas en el artículo 328 de esta Ley. Cuando el 
conocimiento del recurso esté atribuido por los Estatutos de Autonomía a los órganos 
jurisdiccionales  radicados  en  la  Comunidad  Autónoma  en  que  esté  demarcado  el 
Registro  de  la  Propiedad,  el  recurso  se  interpondrá  ante  el  órgano  jurisdiccional 
competente. Si se hubiera interpuesto ante la mencionada Dirección General, ésta lo 
remitirá a dicho órgano”. Por su parte, el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen de los 
recursos sobre la calificación de los títulos o las cláusulas concretas en materia de 
Derecho catalán que deban inscribirse en un Registro de la Propiedad, Mercantil o de 
Bienes Muebles de Cataluña, competencia desarrollada por la Ley 5/2009, de 28 de 
abril, del Parlamento de Cataluña, que, tras su anulación parcial por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional número 4/2014, de 16 de enero, atribuye a la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Cataluña la resolución de los recursos 
contra la calificación registral únicamente cuando “las calificaciones impugnadas o los 
recursos se fundamenten de forma exclusiva en normas del derecho catalán o en su 
infracción” (artículos 1 y 3.4); añadiendo el apartado 3 del artículo 3 de la misma ley que 
“si la persona que presenta el recurso en el Registro lo interpone ante la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, y el registrador o registradora, manteniendo la 
calificación,  entiende  que,  en  aplicación  del  artículo  1,  es  competente  la  Dirección 
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, deberá formar expediente en los términos 
establecidos legalmente y elevarlo a esta última con la advertencia expresa de aquel 
hecho”. Ello es así porque la citada Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de enero  s
de 2014 en el recurso de inconstitucionalidad número 107/2010 planteado contra la Ley  oe.
catalana 5/2009 entendió que todo lo no incluido en los términos estrictos del precepto  w.
competencial estatutario constituye competencia exclusiva e indisponible del Estado, que  88ww
nlao  cpounesdeer vsaecr iómne, nmosocdaibficaadcai óan  pay rtdire dsea rlrao lcloo mdpee tesun ciDa edree clhao C ocmiviul npidroapdi oA,u taóunno mcau apnadrao 
hlau bcieorma pseidteon ocbiaje top adrea  reregsuolalvceiór n reenc uerls Dose remchixoto csiv, il ecsa tadláenci;r ,p obr alos aqduoes  see nc oncculeusyteio qnuees   BOE-A-cable e
específicas de derecho catalán comprendiendo, además, otras cuestiones de derecho 
común u otro tipo de derecho –registral, consumo, etc.–, corresponde a esta Dirección 
General  de  los  Registros  y  del  Notariado.  Por  tanto,  cuando  las  calificaciones 
impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva, en normas de Derecho 
catalán o en su infracción, los registradores deberán remitir el expediente formado a la 
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de Cataluña, aun cuando se hayan 
interpuesto  ante  esta  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado.  Por  el 
contrario, cuando la calificación impugnada o los recursos se fundamenten además, o 
exclusivamente, en otras normas o en motivos ajenos al Derecho catalán, como es el 
caso presente, el registrador deberá dar al recurso la tramitación prevista en la Ley 
Hipotecaria y remitir el expediente formado a esta Dirección General de los Registros y 
del Notariado en cumplimiento del artículo 324 de la Ley Hipotecaria. Con base en todo 
lo expuesto este Centro Directivo se considera competente para resolver el presento 
recurso ya que la materia discutida no es de Derecho especial catalán, sino de Derecho 
registral como es la referente a los medios de rectificación del Registro de la Propiedad».
En este expediente, si bien se han aplicado y alegado normas de Derecho estatal, el 
recurso interpuesto se fundamenta en la vulneración del artículo 451-15.2 del libro 
Cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo al pago de la legitima y a la posibilidad de 
solicitar la anotación preventiva de la demanda de reclamación de la misma, pero lo 
cierto es que la nota de calificación no cuestiona la aplicación del citado artículo, antes al 
contrario, en cumplimiento del mismo se extendió la anotación preventiva de demanda 
practicada en el historial registral de la finca cuya conversión en anotación preventiva de 
embargo se solicita.
En cuanto al carácter de norma procesal catalana que invoca el recurrente, la 
Constitución  reconoce  en  su  artículo  149.1.6.ª  competencia  exclusiva  al  Estado  en 
materia de «(…) legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que 
en  este  orden  se  deriven  de  las  particularidades  del  derecho  sustantivo  de  las 
Comunidades  Autónomas».  Este  artículo  de  la  Constitución  ha  sido  objeto  de 
interpretación por el Tribunal Constitucional en varias Sentencias. Así, la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 31/2010, con cita de otra, la 47/2004, afirma que el artículo 149.1 
CE  no  les  permite,  sin  más,  a  las  Comunidades  Autónomas,  introducir  en  su 
ordenamiento normas procesales por el mero hecho de haber promulgado regulaciones 
de derecho sustantivo y que «como indica la expresión ‘necesarias especialidades’ del 
citado precepto constitucional, tan solo pueden introducir, las Comunidades Autónomas, 
aquellas  innovaciones  procesales  que  inevitablemente  se  deduzcan,  desde  la 
perspectiva  de  la  defensa  judicial,  de  las  reclamaciones  jurídicas  sustantivas 
configuradas por la norma autonómica en virtud de las particularidades del derecho 
creado por la propia Comunidad Autónoma».
La posibilidad de solicitar anotación de demanda de reclamación de legítima prevista 
en el artículo 451-15.2 del libro Cuarto del Código Civil de Cataluña, no implica ninguna 
innovación procesal más allá de indicar la medida adecuada para su aseguramiento, 
puesto que la anotación preventiva, cualquiera que sea su clase, como asiento registral, 
tiene su regulación propia y exclusiva en la legislación hipotecaria estatal.
Como indica la registradora en su informe, lo que la calificación cuestiona es si es 
posible  la  conversión  que  ordena  el  mandamiento  presentado  de  una  anotación 
preventiva de demanda en una anotación preventiva de embargo o si es necesario que 
el mandamiento ordene una anotación preventiva de embargo independiente de la de 
demanda, aunque traiga causa de ella, lo cual, conforme a lo antes expuesto, no es una  s
materia de derecho civil catalán sino de derecho hipotecario y registral y, por tanto,  oe.
competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de conformidad  w.
con el artículo 324 párrafo primero de la Ley Hipotecaria. 88ww
dete3r.m inEal daasrt ícpuelros o4n5a1s- 1e, l Cdeórdeigcoh o Caiv iol bcteantaelár ne, ns elañ aslau ceqsuieó n «dlae l lecgaíutismaan tec ounnfi evrea loar 
ppaatrrtiimcuolanria ol  qduoen aecsióten ,p ou eddee c autarilbquuiireler so tara t íftourlom dae» .institución hereditaria, legado, atribución  BOE-A-cable e
Por su parte el artículo 451-15, señala: «1. El heredero responde personalmente del 
pago de la legítima y, si procede, del suplemento de esta. 2. El legitimario puede solicitar 
la anotación preventiva de la demanda de reclamación de la legítima y, si procede, del 
suplemento en el Registro de la Propiedad. 3. Si la legítima se atribuye por medio de un 
legado de bienes inmuebles o de una cantidad determinada de dinero, el legitimario 
también puede solicitar, si procede, la anotación preventiva del legado. El legado simple 
de legítima no tiene a tal efecto la consideración de legado de cantidad y no da lugar, por 
sí mismo, a ningún asentamiento en el Registro de la Propiedad».
Por lo tanto, como señalo la Resolución de este Centro Directivo de 21 de noviembre 
de 2018, hay que partir de una clara afirmación, cual es que la legítima en ese derecho 
civil especial es un derecho de crédito (sin garantía real alguna «de lega data») que 
determinados parientes tienen contra los herederos del causante, no siendo exacto 
seguir calificándola como «pars valoris bonorum», dado que el legitimario carece de 
acción real. Afirmaciones, estas, claramente avaladas por preceptos como el citado 
artículo 451-1 del Código Civil catalán, que presenta la legítima como el derecho a 
obtener en la sucesión del causante un valor que éste puede atribuir por cualquier título; 
o el artículo 451-15.1, según el cual responde el heredero personalmente del pago de la 
legítima y en su caso de su suplemento. Sin olvidar, por último, que, conforme al 
artículo 451-11, es el heredero quien decide, si no lo ha hecho antes el causante, cómo 
se paga la legítima, si en dinero, aunque no lo haya en la herencia, o en bienes relictos.
4.  Se plantea en este recurso el encaje de la anotación de demanda prevista en el 
Código  Civil  catalán  entre  las  reguladas  por  el  artículo  42.1  o  42.10  de  la  Ley 
Hipotecaria. La doctrina no ha sido unánime, como bien refleja el recurrente en su 
escrito, si bien se inclina mayoritariamente, como sucede con la jurisprudencia menor por 
la aplicación del artículo 42.10 de la Ley Hipotecaria.
En este sentido se ha pronunciado esta Dirección General en la Resolución de 2 de 
agosto de 2016, señalando en su fundamento séptimo: «Cuando la legítima es “pars 
hereditatis”, “pars bonorum” o “pars valoris bonorum”, el legitimario, aunque no haya sido 
instituido heredero ni nombrado legatario de parte alícuota, puede interponer el juicio de 
testamentaria y participar en la partición hereditaria si el testador no la hubiere efectuado 
por sí mismo ni la hubiere encomendado a contador partidor. Además, mientras no se 
satisfagan las legítimas todos los bienes de la herencia están afectos al pago de las 
mismas (artículo 806 del Código Civil). Junto a la posibilidad de promover el juicio de 
testamentaría y la intervención en los actos particionales, el legitimario dispone de las 
acciones correspondientes para pedir el suplemento de legítima, la declaración de ser 
injusta la desheredación o la acción de preterición errónea o intencional. Pero cuando la 
legítima es un simple derecho de crédito frente a la herencia (“pars valoris”), el legitimario 
puede ver burlados sus derechos sobre los inmuebles relictos por el juego de la fe 
pública y el nacimiento de terceros. Cuando para inscribir los bienes a nombre del 
heredero  o  legatario  se  precisa  el  consentimiento  de  los  legitimarios,  tienen  éstos 
garantía suficiente, pero cuando el heredero puede satisfacer las legítimas en metálico o 
bienes  no  inmuebles,  más  propiamente  bienes  no  registrables,  es  fácil  obviar  el 
asentimiento legitimario en materia inmobiliaria».
Así mismo en su fundamento cuarto establece: «Por su importancia en nuestra 
legislación, que ha influido de forma determinante en otros derechos civiles forales, así 
como por la cita que hace la registradora en su calificación, se hace necesario un breve 
análisis de la evolución de la legítima catalana. En Cataluña, el antiguo 140 del Código 
de Derecho Civil Catalán establecía que todos los bienes de la herencia quedaban  s
afectos al pago de la legítima, correspondiendo al legitimario la acción real para su  oe.
reclamación. El Código de Sucesiones, recogiendo la orientación de la Ley 8/1990,  w.
suprimió la afección en garantía de la legítima y atribuyó al legitimario para exigir su  88ww
pnaog oc,o unncae daíac ciópnro mdeo vneart ureal lejzuaic mio erdaem etnetset apmeersnotanraial.,  A pcearmmbitíioa  eql uaert íclau lod 3e6m6a, naduan qudee 
Rreecglaismtraoc dióen  lad Pe rolap ieldeagdít,im pao siob ilisdua ds quupele mhoeyn rtoe itefurae real  aarntíoctualdoa 4 5p1r.e1v5e dnetiv saum Ceóndteig oe nC iveill   BOE-A-cable e
catalán:  “El  legitimario  puede  solicitar  la  anotación  preventiva  de  la  demanda  de 
reclamación...”. Por otra parte, esta anotación, al ser el legitimario un mero acreedor, con 
sólo acción personal, elimina su encaje en 42.1 de la Ley Hipotecaria, que publica la 
iniciación de un proceso judicial donde se ejercita alguna pretensión de transcendencia 
real a fin de asegurar la efectividad de la posible sentencia condenatoria.
Ciertamente que lo procedente hubiera sido el embargo sobre bienes inmuebles, de 
manera que, al presentar la demanda de reclamación, el legitimario solicitase también la 
práctica de la traba y su anotación (artículo 42.2 de la Ley Hipotecaria) sobre bienes de 
la herencia o del propio heredero. Aunque también es aplicable la regulación para la 
anotación diseñada bajo el criterio de “numerus apertus” del artículo 42.10 de Ley 
Hipotecaria, según el cual podrá pedir anotación preventiva, quién tuviera derecho a 
exigirlo conforme a lo dispuesto en esta u otra ley, y sus efectos serían sujetar los bienes 
anotados, con garantía real, a la satisfacción de la legítima, protegiendo al legitimario de 
la posible insolvencia de los herederos. Así pues, para la protección de la legítima en 
Cataluña, extinguida la antigua afección real impuesta “ex lege”, debe quedar sometida a 
decisión judicial la procedencia y el número y valor de los bienes sobre los que ha de 
recaer, dado que la legislación catalana habla de anotación de demanda, por lo que se 
requiere siempre el inicio de un procedimiento judicial».
Las resoluciones de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 
Cataluña de 5 de junio y 29 de julio de 2013, que versan sobre la posibilidad de que los 
acreedores  del  legitimario  puedan  instar,  en  garantía  del  cumplimiento  de  sus 
obligaciones anotación preventiva de embargo sobre los bienes del causante y que 
confirman la nota de calificación, entienden que no cabe anotación de embargo pues el 
derecho del legitimario es solo de crédito y ni siquiera ostenta la condición de sucesor de 
aquel ni a título universal ni a título particular. La protección prevista es la de la anotación 
de reclamación de legitima y no habiendo accedido al Registro el derecho a la legítima, 
tampoco se puede extender anotación preventiva de embargo sobre el mismo ni sobre 
los bienes hereditarios.
5.  En el supuesto de este expediente, se da la circunstancia que el procedimiento 
se incoa, según resulta del contenido de la sentencia, para obtener en primer lugar la 
declaración de que la desheredación llevada a cabo por el causante y que constaba 
reflejada en la inscripción 20.ª de la finca, era injusta y, por otro lado, se entiende que si 
se obtenía tal declaración, reclamar la legitima.
La anotación de demanda se extendió en su momento como de reclamación de 
legitima,  sin  hacer  alusión  a  una  concreta  cantidad  que  fuera  objeto  del  crédito 
reclamado, tampoco consta que se solicitase la práctica de la traba. Pero una vez 
extendida, como se ha dicho anteriormente, los bienes anotados quedan sujetos con 
garantía real, a la satisfacción de la legítima, por lo que la ejecución posterior de la traba 
gozaría de la prioridad ganada por la anotación.
Ahora bien, una vez practicada la anotación de demanda en los términos señalados 
será necesaria la extensión de la anotación de embargo a que hace referencia la 
registradora en su nota, salvo que del auto que dio origen al primitivo mandamiento 
resultara que ya inicialmente el legitimario solicitó también la práctica de la traba y su 
anotación (artículo 42.2 de la Ley Hipotecaria) sobre bienes de la herencia o del propio 
heredero, en cuyo caso cabría la rectificación de la anotación practicada para acoger no 
solo la demanda sino también el embargo que en su día no se recogió en el contenido de 
la anotación, concretándose su importe por la sentencia recaída.
6.  Lo  que  no  cabe  es  la  conversión  que  se  ordena  en  el  mandamiento.  El  s
registrador  debe  al  calificar  los  documentos  judiciales  observar,  sin  que  suponga  oe.
extralimitación  del  contenido  del  artículo  100  de  la  Ley  Hipotecaria,  los  obstáculos  w.
derivados de la propia naturaleza de los asientos registrales, obstáculos a los que se  88ww
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decretadas judicialmente, advierte que «si se tratare de la anotación preventiva se 
procederá conforme a las normas del Registro correspondiente»). Es decir, no se pueden 
practicar asientos registrales, aunque hayan sido ordenados por los tribunales, cuando 
no  se  cumplan  los  requisitos  establecidos  por  la  legislación  registral,  o  cuando  la 
resolución se refiera a la constancia de una medida cautelar o de una garantía que no 
sólo no está prevista en la legislación del Registro, sino que contradice lo que resulta de 
los propios principios que rigen la institución registral.
La conversión ordenada, que no consta prevista en la legislación hipotecaria, de 
practicarse iría en contra de los principios inspiradores de la legislación registral, que no 
prevén que una anotación preventiva de demanda pueda convertirse en cualquier otro 
asiento distinto a la inscripción a favor de la persona que adquiera definitivamente el 
derecho anotado.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 24 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.