BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Lunes 31 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 12091
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
1453 Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices 
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) 
tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, 
desempeñando una importante labor para contribuir a la consolidación de las cuentas 
públicas, y conseguir los recursos necesarios con los que financiar los servicios públicos.
Para  ello,  la  Agencia  Tributaria  tiene  establecidos  como  objetivos  estratégicos 
fundamentales y permanentes desde su creación tanto la prevención como la lucha 
contra el fraude fiscal.
El Plan Estratégico 2020-2023 recoge la orientación de la actuación de la Agencia 
Tributaria  en  los  próximos  años  y  constituye,  dada  su  visión  global  y  su  carácter 
plurianual,  el  instrumento  central  de  planificación.  En  dicho  Plan  se  incluyen  las 
principales  líneas  estratégicas  que  seguirá  la  Agencia  Tributaria  en  materia  de 
asistencia, prevención y control del fraude tributario y aduanero. Igualmente, también 
contiene un elenco de indicadores estratégicos de alcance plurianual que permitirán 
evaluar la actuación de la Agencia Tributaria en el medio plazo.
Este Plan Estratégico es fruto de la reflexión del conjunto de la organización y 
constituye, por tanto, el marco en el que se van a incardinar los restantes instrumentos 
de planificación de la Agencia Tributaria.
Debe resaltarse la aprobación, en el primer semestre de 2021, de la Adenda al Plan 
Estratégico 2020-2023 que recoge la actualización de las líneas de actuación iniciales 
para adaptarlas, por un lado, a la situación provocada por la pandemia internacional y, 
por  otro,  a  las  nuevas  circunstancias  en  un  entorno  económico  y  tecnológico  muy 
cambiante,  compromiso  reflejado  en  el  componente  27  del  Plan  Nacional  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la prevención y lucha contra el 
fraude.
Está  prevista  en  breve  la  aprobación  de  una  nueva  Adenda  al  Plan 
Estratégico 2020-2023 que recoja una nueva actualización del mismo.
Por ello, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero desglosa las actuaciones a 
llevar a cabo por la organización en el ejercicio 2022 en línea con lo establecido en el 
Plan Estratégico y sus Adendas, y tiene la pretensión de impulsar nuevas líneas de 
actuación.
En  este  sentido,  la  Agencia  Tributaria  pretende  continuar  reforzando  todas  las 
actuaciones dirigidas a mejorar el cumplimiento tributario, mediante la transparencia de 
la  información,  las  actuaciones  dirigidas  a  la  depuración  y  asistencia  censal  al 
contribuyente,  la  cesión  de  datos  a  los  contribuyentes,  las  técnicas  basadas  en  la 
comprensión  del  comportamiento  del  contribuyente,  la  potenciación  de  las 
«Administraciones de asistencia Digital Integral» (ADIs), la mejora en las medidas de 
prevención  y  gestión  recaudatoria  con  la  implantación  de  nuevos  mecanismos  de 
asistencia electrónica y telefónica en el área de Recaudación o el desarrollo de Códigos  s
de  Buenas  Prácticas  Tributarias,  buscando,  de  esta  manera,  orientar  su  actuación  oe.
mediante  la  utilización  de  actuaciones  preventivas  previas  o  simultáneas  a  la  w.
opbrelisgIeganudtaoalsmc itóerninb tudete,a  srlaieos sd a eeusntao lrloirqosu llqiaduraáecn ic ooanncetcusu.arcraionn peesr fdilee sc odme prireosbgaoc,i ólon  qeu ien vreeqstuigiearcei ólan  dseofbinreic ilóons   2022-1453n https://ww
previa de los criterios básicos y de las áreas de riesgo fiscal que se consideren de
atención prioritaria para el ejercicio. Bc
Estos perfiles de riesgo se definen en los instrumentos de planificación y, más 
concretamente,  en  el  Plan  de  Control  Tributario  y  Aduanero,  al  que  se  refiere  el 
artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tiene carácter 
reservado sin perjuicio de la necesaria publicidad a través de las directrices generales 
que lo informan.
Igualmente, la Agencia Tributaria continuará consolidando el modelo de asistencia 
integral, implantando medidas que favorezcan el cumplimiento voluntario y llevando a 
cabo una intensificación de las actuaciones de lucha contra el fraude más complejo.
Así pues, las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2022 
contienen una referencia concreta a las líneas de actuación de prevención y control del 
fraude que se consideran más relevantes, si bien constituyen, al igual que en los últimos 
años, un mecanismo de refuerzo y consolidación de las actuaciones desarrolladas ya en 
años anteriores, a la vez que incorporan otras nuevas adaptadas al contexto económico-
social y normativo en el que la Agencia Tributaria desarrolla su actividad habitual, 
garantizando de este modo la continuidad y la uniformidad de las tareas habituales de 
comprobación e investigación del fraude que desarrolla con generalidad.
Las  sucesivas  mejoras  en  las  aplicaciones  informáticas  permiten  realizar  un 
seguimiento de las directrices generales que posibilita la combinación del mismo con 
otros resultados, como el relativo al análisis de los motivos de regularización en el marco 
de  las  comprobaciones  tributarias,  y  garantiza  un  adecuado  cumplimiento  de  la 
planificación y la regularización de las contingencias tributarias más relevantes.
Se debe tener en cuenta, por su importancia, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva 
(UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del 
mercado  interior,  de  modificación  de  diversas  normas  tributarias  y  en  materia  de 
regulación del juego.
La prevención y lucha contra el fraude fiscal exigen un marco legal apropiado. Por 
ello, esta Ley ha incorporado al ordenamiento interno el Derecho de la Unión Europea en 
el ámbito de las prácticas de la elusión fiscal, y ha introducido cambios dirigidos a 
reforzar el control tributario.
El impacto de las medidas normativas contenidas en la Ley 11/2021, junto con las 
medidas preventivas y de control incluidas en el componente 27 del Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, han sido en 2021 uno de los factores que 
explican el fuerte impulso del cumplimiento voluntario y, en consonancia, las bases 
imponibles  fiscales  y  de  los  ingresos  tributarios,  cuya  tasas  de  crecimiento  han 
sobrepasado  con  creces  las  de  incremento  de  las  principales  magnitudes 
macroeconómicas.
En este sentido, puede subrayarse el efecto positivo en la recaudación derivado de la 
publicación de la primera lista de deudores en la que se han aplicado los criterios 
previstos al efecto en la Ley 11/2021, la reducción de las transacciones en efectivo frente 
a la generalización del uso de tarjetas de crédito propiciada no solo por las nuevas 
limitaciones normativas sino también por los cambios en el comportamiento social, el 
efecto disuasorio de las anunciadas medidas contra el software de doble uso, el efecto 
preventivo de la cesión de datos fiscales y las mejoras en la información que la Agencia 
Tributaria pone a disposición de los contribuyentes para facilitarles la presentación de 
declaraciones sin errores ni omisiones y el carácter prioritario de las actuaciones de 
control contra la economía sumergida y la ocultación de ventas e ingresos. s
Estas  directrices  siguen  la  misma  estructura  que  otro  de  los  instrumentos  de  oe.
planificación de la Agencia Tributaria como es el Plan de Objetivos anual y giran en torno  w.
a cinco grandes pilares: 53ww
– Información y asistencia.
prev–e nPcrieóvne dnecli ófrna uddee .los  incumplimientos.  El  fomento  del  cumplimiento  voluntario  y
– La  investigación  y  las  actuaciones  de  comprobación  del  fraude  tributario  y 
aduanero.
– El control del fraude en fase recaudatoria.
– La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las 
Comunidades Autónomas.
En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me están conferidas, he 
acordado:
Aprobar las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 
de 2022 que a continuación se enuncian y ordenar su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», así como su difusión por cualquier medio que resulte adecuado para su 
general conocimiento.
I. Información y asistencia
La Agencia Tributaria tiene establecido como objetivo estratégico, además de la 
lucha contra el fraude fiscal, la prevención del mismo. Y ello exige el diseño de una 
estrategia de asistencia integral que consiga reducir las cargas administrativas a las que 
deben hacer frente los contribuyentes y favorecer el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias y, con ello, prevenir el incumplimiento.
En 2022 se pretende continuar potenciando tanto la diversidad como la calidad de los 
servicios  de  información  y  asistencia  prestados  a  los  contribuyentes,  utilizando  las 
nuevas tecnologías y los medios tradicionales de asistencia presencial, para conseguir 
una mayor eficacia y permitir una asignación más eficiente de los recursos materiales y 
humanos disponibles. De este modo, se garantizará a los contribuyentes la realización 
de trámites de forma más ágil y eficaz, gracias a los sistemas telemáticos de asistencia y 
a la disponibilidad de medios de identificación y de comunicación electrónicos.
La  Agencia  Tributaria  pretende  profundizar  en  una  evolución  del  modelo  de 
asistencia al contribuyente a partir de las siguientes actuaciones:
a)  Consolidación y evolución de las denominadas «Administraciones de asistencia 
Digital Integral» (ADIs), como plataformas dirigidas a prestar servicios de información y 
asistencia no presenciales, mediante la utilización de distintos canales de comunicación 
digitales (Asistentes Virtuales, chat, videollamada, correo electrónico, llamada saliente 
especializada...) que permitirán adecuar estas tareas al perfil y necesidades de los 
contribuyentes.
b)  Tras  la  consolidación  de  los  Asistentes  Virtuales  de  IVA  y  del  sistema  de 
Suministro Inmediato de Información, así como de las herramientas complementarias de 
asistencia  online  en  el  IVA  y  censos,  en  2022  continuarán  los  trabajos  para  su 
mantenimiento y actualización, de acuerdo con las modificaciones normativas que se 
produzcan, así como la realización de controles de calidad con el fin de lograr un 
funcionamiento óptimo de estos servicios de autoasistencia.
Asimismo, se avanzará en el diseño de este tipo de herramientas en el ámbito del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mediante:
– La ampliación de contenidos en el denominado «Informador de Renta», con la 
finalidad de dotar a la herramienta de respuestas a las cuestiones más frecuentes que 
plantean los contribuyentes. A través de esta herramienta, los contribuyentes podrán 
obtener una respuesta a la consulta formulada mediante la selección de las distintas  e.
opciones que se le muestran en los distintos bloques temáticos habilitados. w.b
– El inicio del diseño de un Asistente virtual de Renta con una doble finalidad: 53ww
• Contestar, a través del uso de inteligencia artificial, las consultas formuladas por los
icnomnotrbibiluiayreion.tes sobre este impuesto, inicialmente relativas a rendimientos de capital
• Obtener  información  sobre  cuáles  son  las  dudas  más  habituales  de  los 
contribuyentes en esta materia para que, a través de la misma, se retroalimente la base 
de conocimientos de la propia herramienta.
En esta primera fase se analizarán las cuestiones referidas a rendimiento de capital 
inmobiliario e imputación de rentas inmobiliarias.
c)  Se avanzará en el diseño del denominado «Asistente censal» como herramienta 
de  ayuda  para  la  formalización  y  presentación  de  la  declaración  censal,  con 
incorporación de información necesaria para el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.
d)  Se continuará impulsando el diseño de la aplicación móvil «Agencia Tributaria», 
que ofrece servicios personalizados a los contribuyentes, como canal de relación con los 
mismos para el conocimiento y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
e)  Asistencia en la campaña de Renta. En la campaña del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas del ejercicio 2021, se continuará avanzando en el servicio de 
Renta Web con la mejora en el funcionamiento de las aplicaciones y su actualización a 
los cambios normativos. Igualmente, se continúan realizando esfuerzos en la mejora de 
la  versión  del  programa  de  cartera  de  valores,  utilizando  el  incremento  de  datos 
facilitados nuevamente por la modificación de los modelos 189 y 198. Para este año se 
ha tratado de mejorar tanto el contenido como la calidad de la información facilitada por 
los declarantes de ambos modelos. Para ello, se han publicado notas informativas en 
el 2021 sobre cumplimentación de los modelos 189 y 198, orientadas fundamentalmente 
a la mejora del funcionamiento de esta herramienta de asistencia.
De forma adicional, para la campaña de IRPF 2021 se va a disponer de información 
sobre la Declaración Informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos,  modelo  179.  Esta  obligación  de  información  recogida  en  la  Orden 
HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, afecta a las 
cesiones de uso de viviendas con fines turísticos que se hayan producido desde el 26 de 
junio de 2021, fecha en la que entró en vigor el artículo 54 ter del Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Asimismo, y como consecuencia de la Orden HAC/773/2019 de 28 de julio, que 
permite que los libros registro del IRPF puedan ser compatibles con los requeridos en el 
IVA, a través de un formato informático único plenamente consistente con la normativa y 
con el modelo de declaración de IRPF, reduciendo las obligaciones formales a casi un 
millón y medio de contribuyentes que podrán llevar unos únicos libros registro válidos 
tanto en el ámbito del IRPF como en el de IVA, podrá efectuar el traslado automático del 
contenido de los libros de IRPF a las casillas correspondientes del modelo de Renta del 
ejercicio 2021.
f)  A  partir  del  primer  trimestre  de  2022,  se  ofrecerá  a  los  contribuyentes  no 
obligados a SII la posibilidad de confeccionar su modelo 303 automáticamente a partir de 
la información contenida en sus libros registro (llevados de acuerdo con el formato 
estandarizado) similar al existente para el modelo 100. El contribuyente podrá importar 
trimestralmente  los  datos  de  los  libros  para  cumplimentar  automáticamente  la 
autoliquidación correspondiente del periodo, de forma que tendrá todo el modelo 303 
autocumplimentado para presentar con un solo clic, como una nueva funcionalidad 
dentro del Proyecto PRE303 – servicio de ayuda a la cumplimentación del modelo 303.
A lo largo de 2022 también se ofrecerá la posibilidad de confeccionar el modelo 130  e
automáticamente a partir de la información contenida en sus libros registro. Al permitirse,  bo
de acuerdo con la Orden HAC/773/2019, de 28 de julio, que los libros registro de IRPF  53ww
pcuumedpalinm esenrta cr oammpbaotsib mleos dceolons ,lo esl  mlibordoes lore 1g3is0t ryo  edl e3 0I3V)A., en un único servicio se podrán
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se  tenga  conocimiento  con  el  fin  de  impulsar  el  cumplimiento  voluntario.  En  este
año  2022  se  potenciarán,  en  la  misma  línea  que  en  ejercicios  anteriores,  avisos 
correspondientes a la realización de operaciones con monedas virtuales y criptoactivos.
En materia de Impuesto sobre Sociedades, se producirá la puesta a disposición de 
los  contribuyentes  del  impuesto  de  avisos  o  advertencias  generados  durante  la 
presentación del modelo 200. En este sentido, hay que tener en cuenta que hasta ahora 
sólo  eran  visualizables  para  los  contribuyentes  que  utilizaban  el  formulario  del 
modelo 200 (Sociedades Web) para su presentación, mientras que en las presentaciones 
a través de servicios web no eran visualizables, por lo que la puesta a disposición de 
estos avisos o advertencias supone la ampliación de la información disponible para estos 
últimos contribuyentes.
h)  Consolidación  de  la  utilización  del  «machine  learning»  en  Renta  Web  para 
reducir  los  errores  previsibles  de  los  contribuyentes  en  la  cumplimentación  del 
modelo 100, incrementando el número de casillas con mensaje.
Asimismo,  se  implementará  la  sistematización  de  la  utilización  de  técnicas  de 
«Behavioural Insights», incorporándolas como una herramienta más para la mejora del 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, tanto en las comunicaciones con los 
contribuyentes como en las aplicaciones informáticas. Esta sistematización se llevará a 
cabo mediante la creación de un grupo de trabajo que localizará aquellas áreas más 
propicias para la utilización de dichas técnicas.
Se continuará incrementando la información ofrecida a los contribuyentes en los 
datos fiscales. En concreto:
– Para el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020 ya resultó obligatoria la 
cumplimentación de los datos sobre los ajustes al resultado contable, por lo que, para el 
Impuesto  sobre  Sociedades  del  ejercicio  2021,  se  ofrecerá  en  Datos  Fiscales  la 
información sobre los ajustes contables cumplimentada el ejercicio anterior.
Además, se ofrecerá el cálculo de las Bases Imponibles Negativas pendientes de 
aplicar  de  acuerdo  con  las  declaraciones  presentadas  por  el  contribuyente,  y  no 
únicamente  el  dato  consignado  en  el  cuadro  de  arrastre  del  modelo  200  del 
ejercicio 2020.
– En cuanto al PRE-303, servicio de ayuda a la cumplimentación del modelo 303, 
para el año 2022 se incrementará el colectivo de contribuyentes a los que se ofrecerán 
los libros agregados, al incluir a los contribuyentes en prorrata general en un primer 
momento y, posteriormente, a los contribuyentes en el régimen especial de bienes 
usados, en régimen especial de agencias de viajes y en régimen especial de criterio de 
caja.
i)  Se  ha  habilitado  la  presentación  exclusivamente  electrónica  del  modelo  de 
solicitud de inclusión y comunicación de renuncia al sistema de Cuenta Corriente en 
materia  Tributaria.  Esta  presentación  se  debe  realizar  a  través  de  un  formulario 
electrónico normalizado.
Esta modificación se ha implementado con la Orden HFP/1032/2021, de 29 de 
septiembre.  No  obstante,  las  mejoras  producidas  que  son  consecuencia  de  esta 
telematización,  tanto  en  la  tramitación  de  la  solicitud  de  inclusión  como  en  la 
comunicación de la renuncia, podrán advertirse principalmente a partir del 2022.
j)  En el ejercicio 2022 estará disponible el modelo de autoliquidación del gravamen 
especial  sobre  beneficios  no  distribuidos  por  sociedades  anónimas  cotizadas  de 
inversión en el mercado inmobiliario, creado con la Ley 11/2021, de 9 de julio. Este 
gravamen se establece sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de  e
rentas que no hayan tributado al tipo general del Impuesto sobre Sociedades ni estén en  bo
plazo legal de reinversión y adecuando las obligaciones de suministro de información a  53ww
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genek)r al Eden  areclcaiocinóinst acso,n u l aósrg caonmo perqausi vaa ldeinsttaen.cia realizadas por consumidores finales en
terceros países, la Agencia Tributaria ha desarrollado un nuevo modelo de declaración
para 2022 que cumple con los cambios normativos que se han producido en este ámbito 
en relación con el IVA y la normativa aduanera y garantiza la agilidad en la tramitación de 
estos envíos.
l)  Crecimiento y consolidación de un sistema informativo y de asistencia en el pago 
al contribuyente a través de:
– Canales telefónicos (con atención especializada y personalizada, así como con 
plataformas facilitadoras para el pago disponibles los 365 días del año).
– Canales electrónicos (a través de herramientas de alta usabilidad como es una 
aplicación móvil-App, o la oferta de asistentes virtuales temáticos para la obtención de 
información individualizada relacionada con las obligaciones tributarias en materia de 
recaudación).
Enfocado siempre a un mejor servicio de información, la facilitación del pago y la 
decidida apertura a otros trámites, debe destacarse la consolidación y evolución del 
denominado REC@T, y la potenciación del sistema de Cl@vePIN en la identificación de 
los contribuyentes, sistema que permite a los ciudadanos a través de esta forma segura 
de identificación la obtención de información individualizada y la posibilidad de realizar 
una diversidad de trámites a través de este canal de comunicación. Con esa misma 
finalidad, se prevé el establecimiento de nuevos sistemas seguros de acreditación de la 
identidad de los representantes de personas jurídicas y entidades.
Este sistema de información y asistencia no solo pretende incrementar el ámbito y la 
calidad de dicho servicio, sino que gravita en torno a la disminución de los costes 
indirectos que supone el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el ámbito de la 
recaudación, y por lo tanto supondrá minorar el número de desplazamientos, así como 
disminuir los tiempos de espera y los plazos de respuesta administrativa.
m)  Para mejorar, simplificar y modernizar la información y comunicación con los 
contribuyentes se ha modificado la estructura de la página web de la Agencia Tributaria. 
Con un enfoque dirigido al usuario, desde julio de 2021 se integra en una sola web la 
información del Portal de Internet y la tramitación de la Sede electrónica, reconociéndose 
un periodo transitorio para el traspaso efectivo. En 2022 esta nueva Sede electrónica 
funcionará de forma exclusiva.
En  definitiva,  la  estrategia  de  la  Agencia  Tributaria  continúa  dirigiéndose  a  la 
utilización de nuevas herramientas y sistemas de asistencia dirigidos a la mejora del 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  en  período  voluntario,  promoviendo  un 
ensanchamiento de las bases imponibles declaradas.
II. Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y 
prevención del fraude
1.  Censo.
El censo es la base de la información de la Agencia Tributaria para la asistencia, la 
prevención y el control tanto intensivo como extensivo.
El gran número de sociedades constituidas en España hace preciso que la Agencia 
Tributaria diseñe los sistemas de control del censo de forma que el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias formales, derivadas de una correcta cumplimentación de los 
modelos 036 y 037, se realice de un modo adecuado.
Es cierto que dentro del colectivo societario existe una parte significativa constituida  s
por sociedades inactivas o con escasa o nula actividad. A menudo tales sociedades han  oe.
sido simplemente abandonadas por sus administradores y socios sin realizar los actos  w.
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Agencia Tributaria destina al control, obliga a atender a un colectivo de potenciales
obligados  tributarios  mucho  mayor  del  que,  efectivamente,  realiza  actividades  Bc
económicas. Además, pueden dar lugar a defraudaciones utilizando, de uno u otro modo, 
estas sociedades aparentemente inactivas. Por último, la OCDE considera que estas 
personas  jurídicas  inactivas  resultan  potencialmente  ocultadoras  de  la  verdadera 
titularidad de bienes y derechos, en España o en otras jurisdicciones, y afectan con ello 
la transparencia de nuestro sistema en el conocimiento y comunicación del Beneficiario 
Efectivo.
El ordenamiento jurídico-tributario prevé determinadas consecuencias para estos 
comportamientos:
– El cierre de la página del Registro Mercantil, que es, además de la consecuencia 
del  incumplimiento  de  ciertas  obligaciones  registrales,  una  sanción  que  deriva  del 
incumplimiento reiterado de obligaciones fiscales que determinan, previamente, la baja 
en el Índice de Entidades. Así mismo, el cierre registral puede ser consecuencia de la 
revocación del NIF.
– La revocación del NIF, la cual impide la continuidad de la vida fiscal de la sociedad 
misma y que se encuentra regulada en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de 
la Ley General Tributaria y en el artículo 147 del Reglamento General de aplicación de 
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Tales medidas, que la Agencia Tributaria ha venido empleando en el pasado, van a 
ser continuadas durante el ejercicio 2022. Con ello se pretende asegurar una adecuada 
depuración  de  los  censos,  de  forma  que  solo  aquellas  sociedades  que  realmente 
intervengan en el ámbito comercial o económico mantengan su plena vida jurídico-fiscal.
Se  ha  de  destacar  que  todas  estas  medidas  afectan  no  solo  a  sociedades 
mercantiles sino también a otras formas jurídicas.
En este sentido, durante 2022 se trabajará en la depuración del censo de entidades 
no mercantiles con el objeto de dar de baja, en su caso, aquellas entidades que no 
cumplan los requisitos para estar efectivamente dadas de alta.
Por otro lado, las nuevas estrategias de carácter preventivo que la Agencia Tributaria 
está impulsando en relación con el fomento del cumplimiento tributario no deben olvidar, 
en consonancia con los más modernos proyectos de la OCDE conocidos como «Right 
from  the  start»  (atención  al  contribuyente  desde  su  primer  registro),  a  aquellos 
contribuyentes que cada año causan alta en los registros tributarios. Acompañar a estos 
desde el primer momento es, no solo una obligación de asistencia e información al 
contribuyente, sino también la mejor forma de asegurar el cumplimiento fiscal desde los 
primeros estadios de la actividad económica. De forma especial se presta apoyo a los 
emprendedores  que  sean  personas  físicas  facilitándoles  el  inicio  de  su  labor  y  su 
correcta inclusión en el censo a través de los asistentes censales mencionados en el 
punto anterior.
Asimismo,  está  prevista  la  continuación  de  otras  medidas  de  mejora  de  la 
información censal como la realización de un control temprano a través de un mapa de 
riesgos de carácter preventivo que permita detectar situaciones de riesgo censal a la 
entrada en el censo de nuevos contribuyentes, en particular posibles incursiones de 
entidades controladas de manera efectiva por contribuyentes con conductas tributarias 
reprochables en el pasado, sobre los que se pretende realizar un seguimiento para 
prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros, o como el desarrollo de actuaciones 
permanentes de rectificación censal a través del Plan de Rectificación Censal Integral 
permanente. e
Un segundo ámbito de naturaleza censal al que se dirigirán los esfuerzos de la  bo
Agencia Tributaria durante el año 2022, en relación con las sociedades mercantiles, es el  53ww
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riesgos y las revisiones sectoriales impidiendo, cuando la información no es correcta, 
una asignación eficiente de los recursos de control en interés de los ciudadanos.
Por  eso,  y  sin  perjuicio  de  la  adecuación  a  la  situación  sanitaria,  los  planes 
específicos de visitas del área de Gestión y de Inspección en la ayuda a las Grandes 
Empresas que anualmente se realizan incluirán un módulo de control y verificación 
censal que asegurará la corrección de los datos declarados en relación, entre otros, con 
los epígrafes de actividad económica, los socios y partícipes, los administradores o los 
domicilios en los que se desarrolla la actividad.
En  la  medida  en  que  la  evolución  pandémica  lo  permita,  se  reanudarán  las 
actuaciones de visitas de carácter censal.
Por último, la correcta formación del censo también requiere que cada contribuyente 
esté adscrito a la oficina gestora que le corresponde, encargada de la tramitación y 
resolución de los procedimientos administrativos y de un primer control a través de las 
actuaciones de comprobación limitada.
Y ello es especialmente necesario en el caso de los contribuyentes que, en su 
condición de gran empresa, quedan adscritos a las Unidades de Gestión de Grandes 
Empresas.
Con este fin, ya en el ejercicio 2021 se han llevado a cabo de forma centralizada a 
través de la Administración de asistencia Digital Integral, las campañas de adscripción y 
desadscripción a dichas Unidades de Gestión de Grandes Empresas.
El buen resultado conseguido aconseja continuar en el ejercicio 2022 con estas 
campañas a nivel nacional, mediante un único órgano administrativo de referencia como 
son las Administraciones de asistencia Digital Integral, prestando un servicio homogéneo 
y uniforme en las distintas Delegaciones Especiales.
2.  Cumplimiento de presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas.
Las actuaciones de depuración del censo permitirán que las acciones de control 
sobre  el  cumplimiento  de  la  presentación  de  autoliquidaciones  y  declaraciones 
informativas de naturaleza tributaria se dirijan sobre aquellos contribuyentes activos que 
no hayan cumplido sus obligaciones tributarias, posibilitando una detección más precisa 
de los incumplimientos y una utilización más eficiente de los recursos que la Agencia 
Tributaria destina para hacer frente a estas actuaciones.
3.  Calidad de la información internacional.
En  el  ámbito  internacional,  destaca  el  incremento  de  la  transparencia  en  la 
información y la consolidación de todos los intercambios de información impulsados en la 
Unión  Europea  y  en  el  ámbito  de  la  OCDE.  Toda  esta  información  se  ha  ido 
completando, en los últimos años, con otras fuentes muy relevantes, como la información 
de cuentas financieras obtenida por la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y 
los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional con 
la  implementación  de  la  «Foreign  Account  Tax  Compliance  Act-FATCA»  (Ley  de 
cumplimiento  tributario  de  cuentas  extranjeras),  del  Acuerdo  Multilateral  entre 
Autoridades  Competentes  sobre  intercambio  automático  de  información  de  cuentas 
financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014 (CRS) o, en el ámbito de la Unión 
Europea, la intercambiada al amparo de la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de 
diciembre de 2014 (conocida como DAC 2), que modifica la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad directa. e.
Desde 2017, año en el que 49 jurisdicciones realizaron el primer intercambio de  w.
información CRS (DAC2 para los Estados miembros de la Unión Europea), se han  53ww
jcuornistdinicucaidoon eisn cocropmopraronmdoe tniduaesv oas  pinatíesrecsa my bjuiarirs dinicfcoiromnaecsi,ó hna setna  a2l0ca2n1z, anr úlam ecirfora  qduee  10v8a 
ainufomremnatcainódno d ep acuulaetnintaasm feinnaten cicearadsa  raeñaoliz. aAdo se lalol  ahmayp aqrou ed esl uAmcuaer rdloos  einnttreer ceal mRbeiionso  ddee   BOE-A-cable e
España  y  los  Estados  Unidos  de  América  para  la  mejora  del  cumplimiento  fiscal 
internacional y la implementación de la «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA).
Con  el  objeto  de  asegurar  que  las  jurisdicciones  participantes  cumplen  con  el 
estándar, el Foro Global durante 2021 ha consolidado su sistema de evaluación a las 
jurisdicciones  de forma  que, además  de evaluar  el intercambio internacional previa 
petición,  esta  evaluación  se  va  a  extender  también  al  intercambio  automático  de 
información sobre cuentas financieras con el objeto de valorar si, en las jurisdicciones 
participantes,  todas  las  instituciones  financieras  obligadas  a  declarar  efectivamente 
comunican la información, si se declaran todas las cuentas financieras incluidas en el 
ámbito del CRS y si las instituciones financieras tienen incorporados correctamente los 
procedimientos de diligencia debida al objeto de determinar la identidad y el país de 
residencia de los titulares y de las personas que ejercen el control de las cuentas 
financieras, así como si el intercambio de información se efectúa por los países y 
jurisdicciones de forma completa en tiempo y forma.
En  este  punto,  cabe  destacar  la  modificación  que  se  ha  incorporado  en  el 
modelo 289 (CRS) para tratar de acreditar y controlar la aplicación y el cumplimiento de 
las  normas  de  diligencia  debida  establecidas  en  CRS  para  todas  las  instituciones 
financieras  obligadas  a  informar  de  cuentas  financieras.  Esta  modificación  se  ha 
producido  en  virtud  del  Real  Decreto  366/2021,  que  a  su  vez  modifica  el  Real 
Decreto 1021/2015 para recoger la obligación de presentación del modelo 289 incluso en 
los casos de inexistencia de cuentas a informar por parte de la institución financiera 
obligada a declarar. En estos casos, deberá presentarse una declaración en la que el 
contenido  reflejará  que  no  existen  cuentas  que  comunicar.  Para  ello,  la  Agencia 
Tributaria habilitará, además del servicio web ya existente, un formulario simplificado 
para poder presentar la declaración sin cuentas que comunicar.
Todo  ello  determina  que  la  Agencia  Tributaria  debe  continuar  desarrollando 
actuaciones con las instituciones financieras tendentes al correcto cumplimiento y control 
por parte de las mismas de la diligencia debida que establece el CRS.
Una vez culmine el proceso de evaluación, en el año 2022 el Foro Global asignará 
las primeras calificaciones a los países y jurisdicciones que participan en el intercambio 
CRS y esta evaluación continuará realizándose con el objetivo de que se mantenga y 
continúe mejorando la calidad de la información sobre cuentas financieras con el objetivo 
final de lograr una información completa y veraz.
4.  Prevención en materia de Aduanas e Impuestos Especiales.
La  introducción  de  mercancías  procedentes  de  terceros  países,  junto  con  la 
obligación de pago de los derechos de importación, está sujeta a otras condiciones 
asociadas a la seguridad y protección de los ciudadanos y que tienen importancia 
creciente en la actividad aduanera en los países de nuestro entorno socioeconómico, en 
los que se produce una progresiva reducción de los aranceles exigibles pero una mayor 
exigencia en cuanto a las condiciones que han de cumplir las mercancías para que 
puedan ser importadas, evitando circunstancias potencialmente peligrosas para la salud 
de los consumidores o el medio ambiente.
Con el fin de garantizar adecuados niveles de protección y seguridad, la aduana 
española inició hace años el camino hacia la implantación de mecanismos informáticos 
que permiten una mejor coordinación con otros servicios de inspección que actúan en las 
aduanas. Durante el año 2022, tras la consolidación del uso de las pre-declaraciones 
aduaneras y la implantación del pre-despacho de dichas declaraciones, se continuará  e
trabajando en la mejora del sistema y de la coordinación con el resto de autoridades  bo
afectadas utilizando, en la medida de lo posible, herramientas informáticas, anticipando  53ww
el coEnnt ropla yra rleedlou,c sieen dcoon etinn ugararán  ptraarbtea jalonsd coo sat ensiv deel le duersoppaecoh eon d ee lm deisrecañnoc díaes .la Ventanilla
Úmnieicmab Erousr ocpoena ,l aqsu ed ipfeerremnitteirsá  bcaosneesc tadre  ad laatso sa uetuorroidpaedaess  eand uqaunee rsaes  gdees ttoiodnoasn l olisc eEnsctiaadso ys 
certificados requeridos para los distintos regímenes aduaneros.
La normativa de la Unión Europea establece la liquidación de los derechos de 
importación por parte de las autoridades aduaneras a partir de la presentación de una 
declaración por el operador, sobre la que la aduana puede realizar las comprobaciones 
necesarias para garantizar que el importe de los derechos se ajuste a las disposiciones 
vigentes, a cuyo fin debe realizar un proceso de análisis de riesgo de las declaraciones 
aduaneras eficaz que permita identificar las operaciones sospechosas y determinar la 
acción de control adecuada en cada caso.
Así, las actuaciones de control en el recinto aduanero se dirigen a evitar actividades 
irregulares  organizadas  para  la  reducción  o  eliminación  de  la  tributación.  Además, 
representan una importante herramienta para el fomento del cumplimiento voluntario, al 
permitir que los operadores ajusten su actuación en aquellos casos en los que puedan 
concurrir errores en la confección de sus declaraciones, traduciéndose todo ello en una 
reducción del fraude aduanero. Obviamente, estas actuaciones de control en recinto 
deben complementarse con comprobaciones a posteriori, buscando siempre el necesario 
equilibrio  entre  la  facilitación  del  comercio  que  toda  Administración  moderna  debe 
procurar y un nivel de control adecuado, seleccionando tanto el nivel como el momento 
en que los controles deben ser realizados para su mayor eficacia.
Durante el año 2022 continuará la mejora del sistema de análisis de riesgo a fin de 
concentrar los controles en recinto en las operaciones más sospechosas o de más difícil 
control a posteriori. En particular, se prestará especial atención a las empresas que 
comiencen su actividad importadora, incluyendo en su caso labores de información con 
el objeto de garantizar el cumplimiento voluntario.
Los controles en los recintos aduaneros juegan, en consecuencia, un papel clave, 
tanto para garantizar la correcta liquidación de los tributos correspondientes como para 
evitar la entrada de mercancías que puedan suponer riesgos para los ciudadanos y, por 
ello se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones:
a)  Refuerzo  de las actuaciones  de control  de  la importación y exportación de 
mercancías sujetas a controles adicionales, cuando no a prohibiciones específicas, como 
alimentos,  medicamentos,  equipos  de  protección  individual,  material  radiactivo, 
productos o residuos peligrosos, precursores de estupefacientes, material de defensa y 
de doble uso, mercancías falsificadas, especies de la fauna y flora silvestres en peligro 
de extinción amparadas por el Convenio CITES, etc.
Para ello, se utilizarán técnicas de análisis de riesgo y se efectuarán reconocimientos 
físicos de las mercancías o mediante escáneres.
b)  Control de las declaraciones aduaneras y de los elementos de las mismas con 
incidencia directa en la liquidación de los tributos asociados a la introducción de las 
mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea, con especial seguimiento de 
la  declaración  de  valores  en  aduana  llamativamente  bajos,  la  realización  de 
verificaciones físicas y documentales que aseguren la correcta clasificación arancelaria 
de la mercancía a efectos de la aplicación de los derechos de importación o, en su caso, 
de los derechos antidumping que puedan proceder, la comprobación de la correcta 
aportación de los documentos necesarios para acogerse a preferencias arancelarias y 
exenciones o reducciones de los derechos antidumping, la utilización de las franquicias 
aduaneras y fiscales tanto en relación con las mercancías transportadas por viajeros 
como en los envíos entre particulares efectuados por vía postal o a través de empresas 
de  mensajería,  las  operaciones  de  comercio  electrónico,  la  adecuación  de  las 
declaraciones  a  las  informaciones  arancelarias  vinculantes,  las  declaraciones  de 
exportación cuyo contenido puede implicar la liquidación de derechos arancelarios y el  e.
control  de  la  correcta  aplicación  de  regímenes  aduaneros  especiales  como  el  w.b
perfeccionamiento, la importación temporal o el destino final. 53ww
También en el ámbito preventivo, la Intervención de Impuestos Especiales, como en
apñroodsu cptroesv ioesn,  fcáobnritcinausa, rád ecpoóns itoesl  cfiosnctarolel s eys paelcmífaiccoe ndeesl  mfisocvailmesie, neton  yr eleaxciisótne nccioans  ldoes 
Impuestos Especiales de Fabricación.
La aplicación de novedades normativas en Impuestos Especiales influirá de forma 
decisiva en el control de las unidades de Intervención. La tarea de estas unidades se 
centrará en asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y en 
asegurar el cumplimiento de las novedades normativas con respecto a la obligación de 
llevanza de los libros de Contabilidad de Existencias de los productos objeto de los 
Impuestos Especiales, y en su caso, las materias primas empleadas en su obtención, 
que deberá ser realizado a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, 
mediante el suministro electrónico de los asientos contables, tal y como determina la 
Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre.
Ello supone, no solo programas informáticos adaptados para la llevanza electrónica 
de los libros de Contabilidad de Existencias, sino que el control por parte de las unidades 
de intervención será realizado a través de los mensajes electrónicos generados por parte 
de los operadores, lo que permitirá el control de los productos en tiempo real respecto a 
los establecimientos de Impuestos Especiales para los que es de obligado cumplimiento 
el nuevo sistema de llevanza de libros.
5.  Fomento de la educación cívico-tributaria.
La Agencia Tributaria considera que uno de los puntos de partida en la lucha contra 
el fraude ha de ser la educación cívico-tributaria, en el convencimiento de que puede 
servir para incidir en el comportamiento tributario de los futuros contribuyentes. Por ello, 
se pretende avanzar en el desarrollo de acciones en el ámbito educativo que fomenten 
un  mejor  entendimiento  de  la  necesidad  de  que  toda  la  sociedad  contribuya  al 
sostenimiento del bien común.
Así, durante 2022 se potenciarán las acciones de formación en centros educativos, 
universidades y centros de profesorado en el marco del programa de educación cívico-
tributaria, el desarrollo del concurso nacional para centros escolares, la firma de nuevos 
protocolos  con  universidades  que  permitan,  entre  otras  acciones,  la  impartición  de 
charlas sobre la materia en las mismas, así como cualquier otra actuación que posibilite 
un mejor entendimiento del hecho fiscal por los más jóvenes, lo cual redundará en el 
objetivo último de la Agencia Tributaria, la mejora del cumplimiento voluntario.
6.  Otras actuaciones preventivas.
Igualmente  se  consideran  de  gran  relevancia  las  actuaciones  de  naturaleza 
preventiva tendentes a garantizar las bases tributarias y a ofrecer seguridad jurídica a los 
contribuyentes. Así, se prevé continuar, en línea con años anteriores, con la política de 
fomento de los Acuerdos Previos de Valoración en materia de precios de transferencia y 
reparto de costes o beneficios, tanto de carácter unilateral como, particularmente, los de 
carácter bilateral y multilateral, en sintonía con lo que sucede en países de nuestro 
entorno. Con este tipo de actuaciones se pretende dar certidumbre a las relaciones 
jurídico-tributarias internacionales evitando costosas actuaciones inspectoras y futuras 
controversias, no sólo con los contribuyentes en sede de Tribunales, sino también con 
las Administraciones de otros países a través del sistema de resolución de discrepancias 
por medio de los procedimientos amistosos, garantizando así una tributación acorde con 
el principio de libre competencia.
En  el  caso  concreto  de  los  acuerdos  previos  de  valoración  de  precios  de 
transferencia, la gestión de la práctica totalidad de los mismos se centraliza en personal 
especializado, con lo que se facilita una mayor homogeneidad en los criterios aplicados, 
así como una mayor eficiencia administrativa. e.
En este terreno, la Administración tributaria española está trabajando con el resto de  w.
miembros de la comunidad internacional en la búsqueda de iniciativas que permitan  53ww
mageiljiozraacri óenl   ddee salarr orlleos odluec ióenst odse  prloosc edaicmuieerndtooss   yp,r eevnio sp adrteic uvlaarl,o ralacsió nte nbdielantetersa leas  lay 
multilaterales, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles.
En el ámbito aduanero continuarán los trabajos de aplicación de los procedimientos 
simplificados y la tramitación de las correspondientes autorizaciones por parte de las 
autoridades aduaneras. En particular, en el ámbito financiero, destacan las relacionadas 
con la determinación del valor en aduana y en especial en los ajustes por precios de 
transferencia, acuerdos de licencia y demás acuerdos contractuales habituales en la 
operativa de las grandes empresas y grupos multinacionales.
III. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero
Los objetivos estratégicos de la Agencia Tributaria pivotan en torno al refuerzo de la 
asistencia y de la prevención del fraude fiscal e intensificación de las actuaciones de 
control sobre el fraude tributario y aduanero más complejo, con el fin de fomentar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Por  lo  que  se  refiere  al  refuerzo  de  la  asistencia  y  prevención  del  fraude,  la 
digitalización de la sociedad en su conjunto y de la actividad económica en particular 
está produciendo importantes modificaciones en la forma de organizar el trabajo de las 
grandes organizaciones y, especialmente, en lo que se refiere a la economía y la 
empresa. Por ello la Agencia Tributaria, desde hace varios ejercicios, viene trabajando 
en mecanismos tales como la implantación de libros registro estructurados de IRPF e IVA 
de  forma  predefinida  que  permitan  una  gestión  más  sencilla  de  las  obligaciones 
tributarias,  la  prohibición  del  uso  de  sistemas  de  procesamiento  de  la  información 
empresarial que permitan la ocultación de las ventas verdaderas de una actividad, o la 
atención  específica  a  la  actividad  de  las  plataformas  de  Internet  dedicadas  a  la 
intermediación o venta directa de bienes o servicios.
La actividad digital y el comercio electrónico son, en definitiva, ámbitos emergentes 
de actuación sobre los que combinar los mecanismos ya citados en estas directrices 
como: la obtención de información, la sistematización y análisis de la misma, la ejecución 
de actuaciones específicas o el impulso de la colaboración nacional e internacional para 
actuar sobre un mundo, el digital, en constante proceso de cambio y evolución.
Estas  actuaciones  de  asistencia,  obtención  de  información  y  análisis  se 
complementan con otras actuaciones también de carácter preventivo. Así, en 2022, 
después del paréntesis causado por la pandemia, está previsto dar continuidad a los 
planes de visitas, diseñados específicamente para incentivar el cumplimiento voluntario 
por parte del sector del pequeño empresariado evitando, en la medida de lo posible, 
cargas fiscales indirectas para ellos derivadas de los procedimientos de comprobación 
inspectora. Las aproximaciones al análisis de los comportamientos fiscales apuntan a 
concluir que la mayor parte de los obligados tributarios toman sus decisiones tratando de 
cumplir  con  sus  obligaciones,  pese  a  que  puedan  cometer  errores  o  están  mal 
informados.  Se  trata,  por  consiguiente,  de  ofrecer  a  estos  obligados  tributarios  la 
oportunidad  de  mejorar  su  comportamiento  fiscal,  incluso  de  forma  extemporánea, 
evitando,  en  su  caso,  procedimientos  administrativos  de  control  e  incentivando  el 
cumplimiento voluntario.
Se pretende así consolidar nuevas técnicas de trabajo, más eficientes y menos 
gravosas para el obligado tributario, que aúnen la asistencia y el control, favoreciendo 
que sean las decisiones voluntarias de los propios contribuyentes adoptadas con la 
debida información, y no necesariamente los procedimientos administrativos, las que 
determinen su mejora en el cumplimiento fiscal. Por ello, durante el año 2022, se va a 
reincidir en una técnica novedosa de trabajo, basada en los principios de la OCDE  s
conocidos como «Behavioural Insights», consistente en complementar el plan extensivo  e.
anual de visitas a determinados sectores empresariales con la emisión de un número de  w.
cartas aviso dirigidas a aquellos contribuyentes, de los sectores elegidos, que incurran  53ww
epna rdáemteertrmoisn asdeo sv pieanreánm emtraonst ednei erinedsog od dee  fionrcmuma pcliomniteinnutoa dcau aan dolo  sela rogbos edrvee  lqous e údltiicmhooss 
ejercicios.
Las cartas aviso pretenden transparentar informaciones disponibles para la Agencia 
Tributaria que apuntan a la existencia potencial de riesgos de incumplimiento. De esta 
forma, determinados contribuyentes conocerán la valoración que de su comportamiento 
fiscal realiza la Inspección de Hacienda y podrán, a decisión propia, o bien explicar que 
las  informaciones  que  han  determinado  esa  valoración  no  son  correctas,  o  bien 
directamente proceder a rectificar su situación fiscal, especialmente en relación con las 
autoliquidaciones siguientes, obviando así costosos procedimientos de comprobación. 
Para esta finalidad, se analizarán una pluralidad de parámetros de tipo financiero y de 
economía de la empresa, incluyendo entre ellos aspectos contables declarados y otros 
datos del rendimiento de la actividad o de generación de flujos de tesorería externos a la 
propia contabilidad, así como signos externos obtenidos de terceros.
Resulta evidente que en la fase de selección se prestará especial atención a los 
casos en los que los indicios de incumplimiento se presenten con una mayor claridad, 
por lo que la función de información al contribuyente debe complementarse con un 
adecuado  análisis  y,  en  su  caso,  selección  e  inmediata  inspección  de  aquellos 
contribuyentes cuyos ratios sean anormalmente bajos.
En 2022 se impulsará la creación de un área de coordinación de análisis de riesgos y 
selección en el ámbito de Gestión Tributaria que integrará una visión sistemática y 
unificada de la asistencia al contribuyente y el control. Esta área coordinará el diseño del 
análisis de riesgos de las diferentes figuras impositivas y contará con la participación de 
las diferentes Dependencias Regionales de Gestión tributaria, en colaboración con el 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
Con el objeto de lograr un adecuado desarrollo del Plan de Control Tributario y 
Aduanero y garantizar la máxima eficacia en la lucha contra fraude fiscal, se utilizará 
cuando sea preciso el mecanismo de la «extensión de competencias».
Los artículos 84 de la Ley General Tributaria y 59 del Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, remiten en esta 
materia a las normas de organización específica, que serán las que fijen la atribución de 
la competencia y la posibilidad de que, en supuestos concretos, se puedan realizar 
actuaciones fuera del ámbito competencial habitual del órgano del que dependan. Estas 
normas de organización son la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se 
establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les 
atribuyen funciones y competencias, y la Resolución de 24 de marzo de 1992, sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la 
competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Conforme a lo 
establecido en las mismas, el Director del Departamento de Inspección Financiera y 
Tributaria podrá acordar la extensión de las competencias de los órganos inspectores de 
una Delegación al ámbito de otras Delegaciones, oídos los Delegados afectados.
A través de este mecanismo se persigue un doble objetivo: por un lado, asegurar el 
tratamiento más homogéneo de aquellos riesgos fiscales que lo merezcan, cualquiera 
que sea el lugar en el que se detecten, permitiendo una mayor eficiencia de los recursos 
del área de Inspección de la Agencia Tributaria, y, por otro lado, mejorar el control de 
actividades  económicas  realizadas  en  un  determinado  territorio  cuando  los 
contribuyentes tengan formalmente en otro su domicilio, asegurando por último el control 
de los cambios de domicilio ficticios que son aquellos realizados exclusivamente con el 
objeto de obtener un ahorro fiscal.
El  desarrollo  de  estas  actuaciones  y  procedimientos  tributarios  se  realizará  s
asegurando la menor carga fiscal indirecta para los obligados tributarios, empleando  oe.
para  ello,  cuando  así  se  acuerde,  las  técnicas  digitales  a  las  que  se  refiere  el  w.
artículo 99.9 en relación con el 151.1.e), ambos de la LGT. 53ww
mueEvne  leas tAeg econncitae xTtori bdueta rdiaig,i t2a0li2za0c fiuóen  edle a ñlaos  eanc teivl iqduaed esse  aedmmpienzisótr aat iuvtailsiz aern u enl  sqisutee msea 
ainsfeosrmoráetsic oco qnu lea  pInesrpmeictec ióinnte srianc ntueacre asi dloasd  odbelli gdaedsopsla tzraibmuiteanritoos f íys icao s au sla r esepdrees ednetl aónrtgeasn oo   BOE-A-cable e
inspector actuante o sistema de Visita Virtual (VIVI). Durante el año 2021, este sistema 
informático se consolidó. Las diligencias de constancia de hechos que habitualmente se 
utilizan en los procedimientos de comprobación inspectora, junto con una conexión por 
vídeo, han ayudado a que los procedimientos avancen dentro de los plazos establecidos 
por la Ley General Tributaria. En ese mismo año se empezó a utilizar este sistema 
informático en la firma de las actas de inspección. Durante el año 2022 el uso de este 
sistema informático VIVI se consolidará también para la firma de las actas, haciendo del 
mismo  un  sistema  recurrente  de  interrelación  con  el  obligado  tributario  o  sus 
representantes, entendido como una vía para «acercar» a los contribuyentes a la oficina 
encargada de la tramitación administrativa, ahorrando costes y tiempo al evitar los 
desplazamientos a la sede física de la misma. El sistema será complementario del 
sistema tradicional de naturaleza presencial, pudiendo incluso, extenderse dicho sistema 
informático a otras áreas.
El empleo de sistemas informáticos que permiten y facilitan la alteración de los 
registros contables de todo tipo, será en 2022 objeto aún de mayor atención y control si 
cabe que en ejercicios previos, extendiéndose estas labores de control a la fabricación, 
producción y comercialización de los mismos en el marco del desarrollo reglamentario de 
esta materia previsto tras la ley del fraude de 2021. El uso de este software de doble uso 
en  beneficio  del  fraude  ha  conllevado  una  modificación  normativa  que  tiene  como 
finalidad  erradicar  estas  prácticas  fraudulentas  (incorporación  por  Ley  11/2021  del 
apartado  j)  al  artículo  29.2  de  la  LGT  y  nuevo  artículo  y  201.bis  de  la  LGT).  La 
comprobación de los sistemas para asegurar que reúnen los requisitos de integridad, 
conservación, trazabilidad y legibilidad de los registros tributarios, la interdicción de 
interpolaciones, omisiones o alteraciones ilegítimas de las que no quede la debida 
anotación  en  los  sistemas,  será  una  prioridad.  En  el  contexto  de  una  estrategia 
claramente  preventiva,  se  tratará  también  de  alcanzar  esos  objetivos  trabajando 
conjuntamente  con  asociaciones  de  empresas  especializadas  en  el  desarrollo  o 
comercialización de software de gestión, como forma de evitar que se desarrollen, 
difundan, comercialicen, descarguen o usen en el ámbito empresarial sistemas que 
permitan  la  supresión  de  ventas  contraviniendo  las  disposiciones  legales  o 
reglamentarias tributarias.
En 2022 la Agencia Tributaria continuará las comprobaciones de aquellos sectores o 
modelos de negocio en los que se aprecien altos niveles de economía sumergida, así 
como, de aquellos entes, con o sin personalidad jurídica, que han sido utilizados como 
instrumento de fraude tributario.
Asimismo, va a continuar la tarea de comprobación respecto de contribuyentes que 
han consignado reiteradamente en sus declaraciones bases imponibles negativas a 
compensar y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades. El 
incremento de dichos saldos y el riesgo que ello implica de minoración indebida de 
tributación  en  ejercicios  futuros  hace  necesario  verificar  con  mayor  intensidad  la 
procedencia de los mismos.
A lo largo de estos últimos años se ha desarrollado por parte del área de Inspección 
de la Agencia Tributaria un proceso de recuperación de información automatizado para el 
conocimiento  de  los  motivos  por  los  que  se  efectúan  las  regularizaciones  de  los 
obligados tributarios inspeccionados. Con este proceso se ha conseguido un mayor 
seguimiento de las actuaciones de Inspección, siendo posible conocer, además de la 
cantidad regularizada, la relevancia cualitativa de los conceptos regularizados.
El uso completo de la información que se deriva del análisis de los motivos de  s
regularización ya se ha consolidado en el año 2021, siendo un elemento clave dentro del  oe.
marco  de  la  estrategia  global  de  la  planificación  tributaria,  permitiendo  obtener  w.
información estructurada de los principales impuestos del sistema tributario español así  53ww
mcoomtivoo dse  qlause  mllaetvearnia sa d ela  rieresgguol aersizpaeccióífnic adse,  coloms oo, bploigr aedjoesm ptlroib, uetal rcioosn oceinm imenattoe rdiae  ldoes 
fiscalidad internacional y precios de transferencia.
En 2022, ya con datos reales, a partir del análisis del resultado de los motivos de 
regularización del año 2021, se avanzará en la valoración de las acciones de control, 
utilizándose los mismos en las labores de planificación, orientándose los programas, 
perfiles o riesgos de mayor interés para reducir los incumplimientos más relevantes.
Por último, la finalidad de la Agencia Tributaria no debe quedarse únicamente en la 
regularización de los incumplimientos y en que las cuotas defraudadas sean ingresadas, 
sino también en la obtención a medio plazo de unos niveles óptimos de cumplimiento 
tributario por parte del conjunto de los contribuyentes. Para ello, procede realizar un 
análisis completo de los resultados de las actuaciones de control y de los efectos que 
estas  inducen  sobre  el  comportamiento  fiscal  de  los  contribuyentes,  en  orden  a 
conseguir que las regularizaciones tributarias se conviertan en una herramienta adicional 
a la hora de conseguir una mejora en el cumplimiento voluntario de aquellos.
Se pretende culminar en 2022 la estandarización y estructuración de los mecanismos 
de medición de los resultados indirectos o inducidos de las actuaciones desarrolladas 
por la Agencia Tributaria, lo que conducirá a su integración en los sistemas automáticos 
de seguimiento de los objetivos corporativos.
En este mismo sentido, y con el fin de consolidar los cumplimientos voluntarios, se 
reiterarán actuaciones de comprobación en el caso de que no se haya consolidado un 
cambio  de  comportamiento  del  contribuyente  o  personas  de  su  entorno  familiar  o 
económico  tras  la  oportuna  regularización  de  incumplimientos  en  un  procedimiento 
previo.
Las líneas de actuación prioritaria serán las siguientes:
1.  Fuentes de información y avances tecnológicos en el análisis de riesgos.
Una de las principales fuentes de información con que cuenta la Agencia Tributaria 
es la obtenida durante la ejecución del Plan Nacional de Captación de Información que 
cada año define, impulsa y coordina la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. En 
este  Plan  se  incluyen  tanto  programas  de  ejecución  centralizada  como  programas 
desarrollados de forma descentralizada por las dependencias regionales de Inspección.
El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales 
de la OCDE continúa avanzando en la mejora de la transparencia y del intercambio de 
información  para  fines  fiscales  y,  por  tanto,  en  la  implementación  del  Estándar 
Internacional de Transparencia que, junto con el intercambio internacional de información 
previa petición, también incluye al intercambio automático de información sobre cuentas 
financieras («Common Reporting Standard - CRS»).
La Agencia Tributaria continúa intercambiando información sobre el denominado 
«Informe País por País» («Country by Country reports - CBC») que forma parte del 
Proyecto  OCDE/G20  para  evitar  la  erosión  de  la  base  imponible  y  el  traslado  de 
beneficios («Base Erosion and Profit Shifting - BEPS»).  En el ámbito de la Unión 
Europea,  el  intercambio  automático  de  esta  información  se  realiza  en  virtud  de  la 
Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016 (conocida como DAC 4), 
que modifica la Directiva 2011/16/UE. A partir del primer intercambio que tuvo lugar en 
junio de 2018, se ha continuado todos los años posteriores con el intercambio de estos 
informes,  figurando  ya  incorporada  esta  información  consolidada  a  los  trabajos  de 
análisis de riesgos dirigidos a la detección de prácticas de erosión fiscal que deban ser 
combatidas de acuerdo con los nuevos estándares internacionales derivados del citado 
proyecto BEPS.
A ello habrá que añadir durante este año la información relativa al cumplimiento del  e
requisito de actividad sustancial recibida en el año 2021 en virtud del nuevo intercambio  bo
impulsado por el Foro de prácticas fiscales perjudiciales de la OCDE, en el marco del  53ww
menPcoiorn oatdrao  pparortyee, cstio b BieEnP eSn. 2020 se comenzó a recibir información sobre determinados
mcoenc alan isDmiroesc titvraan (sUfrEon) t2e0ri1zo8s/8 d2e2  pdlealn iCficoancsieójno  fdisec a2l 5p odtee nmciaaylmo ednete  2a0g1r8e sqivuae,  dmeo adcifuicear dlao 
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos 
sujetos a comunicación de información, conocida como DAC 6, ha sido en 2021 cuando 
este  intercambio  automático  de  información  se  ha  generalizado  entre  los  Estados 
miembros. De esta forma se dispone de información sobre los mecanismos que afecten 
a residentes en España, declarados en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
por el intermediario que facilite dichos mecanismos y, en determinados supuestos, por el 
propio contribuyente interesado. Esta nueva fuente de información contribuirá a una 
mayor  transparencia,  facilitando  tanto  la  prevención  como  la  corrección  de 
comportamientos evasores o elusivos sustentados en este tipo de mecanismos.
Adicionalmente, el 4 de marzo de 2021 entró en vigor el Acuerdo Internacional en 
materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho «ad 
referendum» en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019, que amplía el intercambio de 
información ya existente incorporando una cooperación reforzada, una vez producido el 
BREXIT.
Todos estos nuevos intercambios automáticos internacionales de información unidos 
a  otros  ya  consolidados  como  el  intercambio  de  rentas  al  amparo  de  la 
Directiva 2011/16/UE o la información sobre «tax rulings», complementados con los 
tradicionales intercambios internacionales previa petición, conforman un escenario en el 
que  la  información  con  transcendencia  tributaria  fluye  entre  las  diversas 
Administraciones tributarias eliminando algunas de las barreras con las que cuentan, 
posibilitando de este modo que se incorpore información disponible en el extranjero y 
que hasta el momento no era accesible.
Por último, cabe añadir que en el ejercicio 2022 se desarrollarán reglamentariamente 
las nuevas obligaciones de información sobre monedas virtuales introducidas por la 
Ley  11/2021,  de  9  de  julio.  En  consecuencia,  se  aprobarán  también  las  Órdenes 
Ministeriales correspondientes que regulen los modelos referidos a dichas obligaciones 
de información. Previsiblemente, la primera información sobre estos activos virtuales 
estará  disponible  en  2023  respecto  del  ejercicio  2022.  Esta  información  sobre  el 
ejercicio 2022 permitirá contar con información adicional en datos fiscales.
No cabe duda de que estos avances redundan en una mejora de la calidad de la 
información intercambiada por lo que en la actualidad se cuenta con diversas fuentes 
fiables  y  periódicas  de  información  sobre  rentas,  activos,  actividades,  acuerdos, 
mecanismos, tributación, etc. que se sitúan u obtienen en el extranjero, información que, 
contrastada con las fuentes internas de información, constituye una herramienta eficaz 
para determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En el año 2021 se ha implantado la aplicación Disponibilidad de Información Pública 
(DIP).  Esta  aplicación  permite  conocer  determinadas  fuentes  de  información  con 
trascendencia tributaria a nivel internacional que están disponibles en cada uno de los 
países que forman parte de este proyecto, en la medida que estos datos son de acceso 
público. En el 2022 se consolidará el uso de la misma.
2.  Control de tributos internos.
A.  Actuaciones de comprobación.
A.1  Grupos multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales. Dentro de las 
actividades previstas en el año 2022 para la consecución del objetivo general de la 
Agencia Tributaria en relación con los grupos multinacionales y las grandes empresas se  s
evaluarán con un mayor nivel de prioridad, en general, los riesgos fiscales de aquellos  oe.
contribuyentes que pertenezcan a los sectores de actividad que hayan sido menos  w.
CpdeeOr ljVauIsdD ico-1ab9dlig.o asE cllpiooo nnre ous d nfe isebcneat loiemrsnp ode edeli rcc oqonunóejum nsietco o cd ofenu telionrstúe ecm oeenfnetrtciebt uucayonendndotiec lsiao  ynr eadvdeios a ióqpnuo erd lellool ssc  ureimefespcglitomossi e qnduteeol    2022-1453n https://ww
se pongan de manifiesto mediante los sistemas de detección de riesgos antes citados,
bien porque determinados obligados tributarios individualmente hayan logrado mantener
su situación económica con mejor éxito que sus directos competidores, bien porque los 
riesgos antiguos que arrastren aconsejen su comprobación.
Es indudable que la actividad económica se está desarrollando bajo unos parámetros 
de enorme complejidad, pero no debemos olvidar que las comprobaciones tributarias de 
ejercicios anteriores, que se encuentren dentro del periodo de prescripción que establece 
la  normativa  en  vigor,  deben  ser  analizadas  para  evitar  que  se  puedan  consolidar 
supuestos de irregularidades o malos incumplimientos de la normativa aplicable.
Es preciso por ello combinar las especiales situaciones de dificultad de liquidez que 
puedan existir actualmente, con la obligación de comprobar la correcta cumplimentación 
de las obligaciones tributarias de ejercicios anteriores a la crisis derivada del COVID-19.
Las comprobaciones de las entidades incluidas en este grupo deben velar por la 
efectiva aplicación de todo el conjunto de normas antiabuso actualmente existente, como 
las relativas a la limitación de la deducibilidad de gastos financieros o a las asimetrías 
híbridas, por citar algunas de carácter interno, y también aquellas tendentes a evitar los 
abusos de los Convenios fiscales.
Los controles simultáneos y las inspecciones coordinadas son instrumentos que 
tendrán  presencia  en  el  Plan  de  2022,  tras  los  resultados  obtenidos  en  ejercicios 
anteriores permitiendo continuar en busca de una mayor eficacia administrativa, así 
como de una reducción de los costes de cumplimiento de los contribuyentes. Estos 
controles  permiten  la  obtención  de  mejor  información,  necesaria  para  el  adecuado 
control de los grandes grupos multinacionales, a la par que facilitan la coordinación con 
otros países, reduciendo el riesgo de futuras controversias.
A través de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo, en 2021 se ha llevado a cabo la 
mejora  del  marco  jurídico  comunitario  en  lo  que  se  refiere,  en  particular,  a  las 
inspecciones conjuntas («Joint Audits»), reforzando de este modo las actividades de 
cooperación administrativa entre Estados miembros, lo que constituye un incentivo al 
mayor desarrollo de esta forma de actuación de control multilateral.
Asimismo,  mantienen  su  importancia  estratégica  para  mejorar  la  neutralidad 
impositiva internacional los Procedimientos Amistosos («MAP», por sus siglas en inglés: 
«Mutual  Agreement  Procedure»),  que  siguen  manifestándose  como  un  mecanismo 
eficiente  de  solución  de  conflictos  entre  dos  Administraciones  tributarias  cuando  la 
actuación de una, o de ambas, pueda producir una doble imposición no conforme con el 
Convenio  Fiscal  suscrito  entre  ambos  Estados.  Este  mecanismo  de  solución 
internacional de controversias, ya sea el regulado por la Unión Europea en el Convenio 
de Arbitraje 90/436/CEE, ya el convenido por los propios Estados con países terceros 
por medio de la redacción del artículo 25 de los CDI ratificados al amparo del Modelo de 
Convenio Fiscal de la OCDE, asegura un adecuado nivel de seguridad jurídica a las 
empresas y ha crecido muy significativamente en los últimos años, considerándose la 
principal vía internacional para la resolución de este tipo de controversias.
A los mecanismos de resolución de conflictos indicados, se ha unido en 2021 el 
derivado  de  la  Directiva  (UE)  2017/1852  del  Consejo,  de  10  de  octubre  de  2017, 
reforzándose así las opciones disponibles para resolver las disputas que puedan surgir 
entre Estados miembros de la Unión Europea y eliminar la doble imposición.
La Agencia Tributaria contribuye a facilitar la difusión de las posibilidades de acceso 
a todos estos mecanismos, ampliando la información que al respecto proporciona a 
todos los contribuyentes a través de Internet.
En relación con las actuaciones directas de comprobación, es conveniente incidir 
decididamente en la fase de análisis de riesgos y selección de casos a comprobar para  s
optimizar el uso de los recursos especializados que esta actividad consume. oe.
En 2022 se aplicará plenamente el nuevo sistema automatizado de análisis de  w.
riesgos en precios de transferencia basado en todo el conjunto de información disponible  53ww
hsoabcireen odpoe uranc uiosnoe se fveicntcivuola tdaansto c odne l ecl oqnujuen atoct udael minefonrtme accuieónnt ao blate Andidmai ninistetrrancaiómne ntrtieb uctoamriao, 
edne  ealq áumelblait oa  ddeis lpao OsiCciDónE  dceo mlao  Ienns peel cdceió lna  Uconmióon  cEounrosepceuae.ncia del proyecto BEPS, tanto  BOE-A-cable e
Este sistema automatizado de análisis de riesgos se actualiza periódicamente para 
incorporar nuevas fuentes de información a medida que se dispone de ellas.
También en el ámbito del análisis de riesgos de multinacionales, se continuará con la 
participación en el programa de valoración multilateral del riesgo realizada en el marco 
del denominado programa ICAP (por sus siglas en inglés: «International Compliance 
Assurance Programme») y con el examen de los informes de transparencia previstos en 
el Código de Buenas Prácticas Tributarias, a través del cual se contestan también 
aquéllas dudas que plantean las empresas adheridas a dicho Código en relación con la 
aplicación de los tributos.
Con  todo  ello  se  pretende  conseguir  el  doble  objetivo  de  aliviar  los  costes  de 
cumplimiento de los contribuyentes con menor riesgo e incrementar las actuaciones de 
comprobación en las grandes empresas con potenciales contingencias fiscales más 
relevantes.
Por lo que se refiere a las actuaciones directas de control que se desarrollan por las 
distintas  Dependencias  de  Inspección,  tanto  de  la  Delegación  Central  de  Grandes 
Contribuyentes como de Delegaciones Especiales, los funcionarios especializados de la 
Oficina  Nacional  de  Fiscalidad  Internacional  seguirán  desempeñando  un  papel 
dinamizador, colaborando directamente en las comprobaciones de grandes empresas en 
materia de fiscalidad internacional y emitiendo criterios para homogeneizar la actuación 
de  dichas  Dependencias.  De  este  modo,  el  desarrollo  de  las  actuaciones  de 
comprobación  sobre  grupos  multinacionales  estará  guiado,  en  los  temas  de  mayor 
trascendencia y complejidad, por expertos en materia de fiscalidad internacional con la 
finalidad  de  hacer  un  uso  eficiente  del  conocimiento,  de  lograr  un  tratamiento 
homogéneo  de  situaciones  similares  y  de  garantizar  unos  elevados  estándares  de 
calidad en esas actuaciones.
Las principales áreas sobre las que versarán las actuaciones, sin perjuicio de las 
adaptaciones a la evolución de los niveles de riesgo que se puedan producir durante el 
ejercicio, se pueden resumir en las siguientes:
a)  Medidas  antielusión.  Uno  de  los  resultados  más  tangibles  del  proyecto 
G20/OCDE sobre erosión de bases imponibles y deslocalización de beneficios (proyecto 
BEPS) ha sido el reforzamiento, a nivel global, de las medidas antielusión, tanto de 
carácter interno como internacional. Estas medidas se despliegan sobre un conjunto 
variado de materias, tales como las denominadas asimetrías híbridas, la transparencia 
fiscal  internacional,  la  deducibilidad  de  los  gastos  financieros  o  el  abuso  de  los 
Convenios fiscales.
La entrada en vigor del Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas 
con los tratados fiscales está permitiendo implantar de modo progresivo todas aquellas 
medidas derivadas de los trabajos del proyecto BEPS que requieren la modificación de 
Convenios internacionales.
Con ellas se pretende evitar que la interacción de determinadas cláusulas de los 
Convenios fiscales, junto con determinadas normas nacionales, posibilite situaciones de 
doble no imposición y de elusión fiscal.
En el ámbito de la Unión Europea, las recomendaciones de la OCDE en el terreno de 
las medidas antiabuso se impulsaron a través de la Directiva (UE) 2016/1164 (Directiva 
ATAD), cuyas previsiones se van incorporando paulatinamente a nuestro ordenamiento 
interno, como ha ocurrido señaladamente a través de la Ley 11/2021, de 9 de julio de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye y adapta diversas normas dirigidas 
a frenar y erradicar conductas elusivas. e.
También la jurisprudencia comunitaria ha contribuido al reforzamiento en la aplicación  w.b
de medidas antiabuso, al declarar como principio general del derecho de la Unión la  53ww
pdreol hbiebniceiófinc iadreio p eráfecctitcivaos  ya bdues imvaesd,i dcalasr iafincatianbduos loo sg esunpeuraelsetso so  dees pueticliízfiaccaisó ne nd ere lala ccilóánu scuolan 
lcaá naopnliecsa cai ónno  rdees idlaesn teesx.enciones  de  determinados  pagos  de  dividendos,  intereses  y
Las actuaciones de inspección velarán por la aplicación efectiva de dichas normas 
cuando la mera existencia de las mismas no haya sido suficiente para eliminar las 
conductas elusivas.
b)  Precios de transferencia y operaciones transnacionales. La internacionalización 
e integración de la actividad económica a nivel mundial han dado lugar a que las 
operaciones  vinculadas  internacionales  tengan  una  importancia  sustancial  en  la 
economía actual. Ello unido al riesgo fiscal inherente a este tipo de operaciones hace 
que se trate nuevamente de un ámbito prioritario para las actuaciones inspectoras 
en 2022.
La  Agencia  Tributaria  ha  venido  intensificando  progresivamente  su  actividad  de 
gestión y control sobre los precios de transferencia de grupos multinacionales en los 
últimos  años,  desarrollando  un  número  creciente  de  comprobaciones  inspectoras, 
incluyendo controles realizados simultáneamente con otras Administraciones tributarias, 
así como procedimientos amistosos de resolución de controversias y acuerdos previos 
de valoración que inciden en este ámbito.
Cada  uno  de  estos  procedimientos  tiene  sus  propios  objetivos  y  cauces  de 
desarrollo, si bien, desde la perspectiva del contribuyente, todos ellos inciden sobre la 
misma realidad que, en suma, no es otra que su política de precios de transferencia.
Por ello, con base en la experiencia y madurez adquirida en este terreno, la Agencia 
Tributaria despliega actualmente su actividad en todos estos procedimientos en el marco 
de una estrategia común, denominada estrategia 360º en precios de transferencia que, 
para un contribuyente concreto, interrelaciona los distintos procedimientos que pueden 
afectar a sus operaciones vinculadas, y tiene como fin último evitar las controversias que 
pueden surgir en esta materia, asegurando el cumplimiento tributario en lo que se refiere 
a su política de precios de transferencia, de forma que esta se ajuste al principio de libre 
competencia.
En el centro de esta estrategia se sitúa el nuevo sistema automatizado de análisis de 
riesgos  en  precios  de  transferencia,  basado  en  todo  el  conjunto  de  información 
disponible  sobre  operaciones  vinculadas  con  el  que  actualmente  cuenta  la 
Administración tributaria, haciendo un uso efectivo tanto del conjunto de información 
obtenida  internamente  como  de  aquella  a  disposición  de  la  Inspección  como 
consecuencia del proyecto BEPS tanto en el ámbito de la OCDE como en el de la Unión 
Europea, entre la que destacan la información derivada del Informe País por País 
(«Country-by-Country  report»)  aprobado  en  desarrollo  de  la  Acción  13  del  citado 
proyecto BEPS, los intercambios automáticos de información sobre acuerdos unilaterales 
con Administraciones tributarias derivados de su Acción 5, los referidos a diversas rentas 
o  aquellos  relativos  a  mecanismos  transfronterizos  sujetos  a  comunicación  de 
información,  contemplados  en  la  Directiva  (UE)  2018/822  del  Consejo,  cuya 
transposición a derecho interno se ha realizado mediante la Ley 10/2020, de 29 de 
diciembre, de modificación de la Ley General Tributaria, y el Real Decreto 243/2021, de 6 
de abril, de modificación del Reglamento de aplicación de los tributos.
Dicho sistema automatizado de análisis de riesgos, unido al mejor conocimiento de 
los grupos internacionales y de los sectores en los que operan, en buena medida gracias 
a una especialización cada vez mayor en materia de fiscalidad internacional, permitirá un 
mejor análisis de riesgos a través de la elaboración de indicadores, índices y modelos, y 
de la identificación de pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal.
En  el  ámbito  de  las  declaraciones  informativas,  en  2022  se  continuarán  las 
campañas  tendentes  a  verificar  el  adecuado  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  s
información sobre operaciones vinculadas que, desde 2016, deben declararse en un  oe.
modelo específico (modelo 232). w.
En dicho ejercicio, y en este terreno, se prestará especial atención al cumplimiento  53ww
tdrea nslafesr eonbcliiag,a ciniocnideise nddoe   idgoucaulmmeennttea cieónn  eel   ainnfoárlimsias cisóuns taennc iaml adteer ial a deva loprraecciióons   ddee 
fduentceiromniensa,r  alac tcivoorsre yc criióensg does  laco pnotelítnicidao dse e pnr edciciohsa  ddeo ctruamnsefnetraecniócnia.  dToed loos e gllrou cpoons .objeto de  BOE-A-cable e
Los ámbitos que, por su importancia relativa o su riesgo fiscal, continuarán siendo 
destacados  en  2022  en  precios  de  transferencia  son:  las  reestructuraciones 
empresariales, la valoración de transmisiones o cesiones intragrupo de distintos activos, 
señaladamente  los  intangibles,  y  la  deducción  de  partidas  que  pueden  erosionar 
significativamente la base imponible, como los pagos por cánones derivados de la cesión 
de intangibles o por servicios intragrupo o la existencia de pérdidas reiteradas.
Si bien existen normas antiabuso específicas dirigidas a combatir la elusión en el 
ámbito de las operaciones financieras, siguen existiendo riesgos fiscales propios de las 
operaciones fiscalmente vinculadas de carácter financiero que también serán objeto de 
atención preferente en este ejercicio.
Del  mismo  modo,  se  continuarán  comprobando  las  actividades  realizadas  por 
entidades amparadas en estructuras funcionales de bajo riesgo empresarial declarado e 
importante presencia en la economía, tanto en el ámbito de la fabricación como de la 
distribución, así como la adecuada elección de los métodos de valoración en estos 
escenarios y la idoneidad de los parámetros utilizados en su aplicación, como, por 
ejemplo, los indicadores de beneficios seleccionados o las bases de costes utilizadas.
Además,  las  actuaciones  inspectoras  en  este  terreno  se  centrarán  también  en 
aquellas situaciones en que se pueda manifestar una falta de declaración de ingresos, 
como  las  que  se  puedan  derivar  de  prestaciones  de  servicios  no  reconocidas  o 
infravaloradas, de cesiones de activos intangibles no repercutidos o de la indebida 
aplicación de la reducción de rentas procedentes de dichos activos. También recibirá 
atención prioritaria la erosión de bases imponibles causada por el establecimiento de 
estructuras en el exterior en las que se remansen beneficios que deben tributar en 
España.
c)  IRNR con y sin establecimiento permanente. Sin perjuicio del esfuerzo de las 
normas internacionales para evitar la elusión de la figura del establecimiento permanente 
tras el proyecto BEPS, resulta necesario continuar prestando especial atención a la 
posible  existencia  de  establecimientos  permanentes  no  declarados,  así  como  a  la 
correcta atribución de resultados, incluidos los financieros, a este tipo de estructuras, 
para evitar situaciones de elusión consistentes tanto en la ausencia de declaración de la 
existencia del establecimiento, como en el cómputo de una mínima tributación no acorde 
a la legalidad vigente.
Además, en 2022 se configura como área de atención preferente la comprobación de 
la correcta declaración de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes a que están obligadas, en particular, las grandes empresas que pagan 
dividendos, intereses y cánones a no residentes sin establecimiento permanente en 
nuestro país. Asimismo, se comprobará si quien percibe dichas rentas tiene o no la 
condición de beneficiario efectivo al objeto de comprobar que no se produce un uso 
abusivo de la normativa europea que pretende facilitar la libertad de movimientos de 
capitales dentro del territorio de la Unión.
d)  Jurisdicciones  no  cooperativas  y  regímenes  preferenciales.  Junto  con  la 
actividad que desde un punto de vista de política tributaria se realiza a través de la 
participación  en  los  Organismos  Internacionales  que  lideran  la  lucha  contra  estos 
territorios y regímenes favorecedores de conductas evasivas y elusivas, las actuaciones 
inspectoras velarán por la correcta aplicación de las normas anti-paraíso existentes en la 
normativa.  Se  mantendrá  el  foco  en  la  identificación  de  estructuras  y  pautas  de 
comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de este tipo de 
territorios y regímenes, y que puedan ser o sean replicadas o estandarizadas para el uso  s
por parte de una pluralidad de contribuyentes. oe.
e)  Control sobre grupos fiscales y de entidades. En relación con los contribuyentes  w.
acogidos al régimen especial de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades o al  53ww
créognismtaennt ee scpreecciimali ednetol  gernu ploos  dúelt imenotsid aadñeoss  ddeell  nImúmpueeros tod es olobsre g reul poVsa loqru eA ñoapdtaidno ,p oerl 
tdreib ulat aers btraajtoe geisat odse  rleag Aímgeennceisa  eTsrpibeuctiaarlieas. ha sido reiteradamente recogido en la definición  BOE-A-cable e
Es evidente que, si una parte muy significativa de las bases imponibles y de la 
recaudación derivada de estos tributos procede de los obligados tributarios acogidos a 
estos regímenes especiales, resulta especialmente aconsejable mantener el enfoque en 
un control tributario específico sobre la aplicación de los citados regímenes.
Se pretende con ello maximizar la eficiencia de los procesos de selección de los 
grupos  mediante  una  adecuación  de  dichos  procesos  a  los  distintos  objetivos 
perseguidos con las actuaciones de carácter general y con las de carácter parcial, y a las 
diferentes características y dimensión de los grupos en los que se aprecien perfiles de 
riesgo fiscal.
Se busca con ello que pueda alcanzarse un adecuado equilibrio en el control de 
todos los grupos que tributan bajo estos regímenes especiales, con independencia de su 
tamaño y dimensión, pero evitando, del mismo modo, que la posible ubicación en uno u 
otro  territorio  por  parte  de  la  entidad  representante  del  grupo  pueda  condicionar 
artificialmente el desarrollo de las competencias de control propias de la Administración 
tributaria.
Por todo ello, junto con el control que se desarrolla respecto de los grupos fiscales 
del  Impuesto  sobre  Sociedades  que  tienen  una  mayor  dimensión  y  estructura,  la 
creciente y reiterada existencia de numerosos grupos en el censo de contribuyentes 
acogidos  al  régimen  de  consolidación  fiscal  que  no  responden  a  los  comentados 
parámetros de dimensión y estructura aconseja que las actuaciones de control sobre los 
grupos  continúen  extendiéndose  también  a  grupos  fiscales  con  características 
particulares que exigen adaptar a las mismas los procedimientos de control, de manera 
que pueda alcanzarse un tratamiento más homogéneo del control de todos los grupos 
fiscales.
En concreto se trata de controlar aquellos grupos fiscales con una reducida cifra de 
negocios consolidada, con un número muy limitado de entidades integrantes del grupo y 
en los que, en general, no existan las operaciones intragrupo que son, precisamente, las 
que determinan las eliminaciones propias del régimen de consolidación fiscal.
Los ámbitos prioritarios de actuación serán, entre otros, los siguientes:
−  Por  lo  que  afecta  al  Impuesto  sobre  Sociedades  de  los  grupos  fiscales,  la 
compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, en particular a las 
bases  pendientes  de  compensación  respecto  de  las  cuales  el  derecho  de  la 
Administración para iniciar el procedimiento de su comprobación prescribe a los diez 
años, en la medida en que esta compensación implica en muchos casos una minoración 
sustancial de la tributación por el impuesto, por lo cual resulta esencial la verificación de 
que tal compensación se ajusta plenamente a la norma.
− También, en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los grupos fiscales, el 
cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la integración de entidades en el 
grupo, excluyendo del mismo a aquellas que no cumplan todos los requisitos necesarios 
para la integración en el grupo. Este control de la composición de los grupos fiscales 
debe también tener como objetivo llegar a una adecuada depuración del censo de 
grupos, en la medida en que la exclusión de entidades del grupo, cuando afecta a la 
entidad dominante del grupo o a la única entidad dependiente del mismo, tiene una 
especial  relevancia,  dado  que  en  estos  supuestos  el  proceso  de  control  de  la 
composición del grupo lleva a la extinción del mismo.
−  El  control  sobre  los  grupos  se  verá  potenciado  con  las  recientes  mejoras 
introducidas en las herramientas de liquidación: el motor de cálculo (Sociedades Web) y 
el tramitador multiperiodo. El motor de cálculo va a significar una mejora en el control de  e.
los límites en la aplicación de los créditos fiscales pre-consolidación y el nuevo sistema  w.b
de tramitación multiperiodo va a permitir agilizar estas liquidaciones pudiendo trabajar  53ww
raersrapsetcretos  ddee  vloasri ocsr éedjeitorcsi ciao sa. pClicoanr  toedno  uenl lod estee rmreiniteardao  lae jeimrcpicoiort,a nccoina  deel l ocbojenttirvool  ddee 
ccoréndtritoolas rf islac acleosrr.ecta compensación de las bases imponibles negativas y el resto de
− Contribuyentes que aplican el régimen del grupo de entidades del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, con especial atención a los incluidos en la modalidad avanzada del 
régimen especial, utilizando para ello la información que aporta el SII, al que están 
obligados. A lo largo del año 2022 se desarrollará el sistema de ayuda PRE322, el cual 
servirá para facilitar la declaración y el análisis de la tributación de los grupos de 
entidades en IVA.
A.2  Análisis Patrimonial. Las especiales características de los contribuyentes con 
grandes  patrimonios  requieren  el  uso  de  mecanismos  de  análisis  sofisticado  para 
investigar y comprender complejos entramados financieros y societarios controlados por 
los mismos, lo que ha supuesto un importante esfuerzo en el desarrollo de herramientas 
informáticas específicas.
En los últimos años, la Agencia Tributaria ha impulsado la captación de nuevas 
fuentes de información, las cuales, unidas a herramientas masivas de tratamiento de 
datos han permitido determinar el patrimonio neto de los ciudadanos, sus flujos globales 
de renta y sus relaciones familiares, económicas y societarias.
Estas herramientas han hecho posible efectuar de manera sistemática análisis de 
riesgos tributarios. El resultado de ello se continuará reflejando en el desarrollo de 
expedientes de comprobación que se iniciarán en 2022 y se desarrollarían a partir de los 
datos  obtenidos  a  través  de  los  análisis  mencionados,  en  la  medida  que  permitan 
efectuar una regularización de las diferentes contingencias fiscales detectadas.
Los  análisis  desarrollados  a  través  de  las  herramientas  con  las  que  cuenta  la 
Administración tributaria facilitan a la inspección tributaria la ejecución de las tareas 
necesarias  para  conocer  de  una  forma  ágil  y  eficiente  indicios,  por  ejemplo,  de 
residencia, lo que permite tomar las decisiones individualizadas tendentes a desarrollar 
las actuaciones de control sobre obligados tributarios que declaran ser no residentes y 
que disponen de un nivel relevante de patrimonio o de renta.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude es la encargada de efectuar esta 
tarea de análisis, continuando con su labor de investigación de aquellas situaciones de 
fraude fiscal en su representación más compleja, sofisticada, organizada y de elevada 
cuantía.
La experiencia acumulada en esta Oficina permite poner de manifiesto la existencia 
de  conductas  extremadamente  lesivas  para  los  intereses  de  la  Hacienda  Pública, 
relacionadas  con  la  simulación  de  la  residencia  fiscal  fuera  del  territorio  español, 
especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una 
tributación  efectiva  inferior  a  la  debida.  Estas  conductas,  además,  pueden  ir 
acompañadas por el despliegue de estructuras de ocultación u opacidad que permitan 
sustraer de la tributación tanto rentas como patrimonios en España. Se den ambas 
conductas  conjuntamente  o  por  separado,  la  Oficina  Nacional  de  Investigación  del 
Fraude realizará actuaciones de investigación de este tipo de fraude, poniendo así en 
marcha  los  mecanismos  legales,  bien  en  vía  administrativa,  bien  a  través  de  la 
presentación  de  la  correspondiente  denuncia  ante  el  orden  penal,  para  cumplir  el 
principio  constitucional  de  contribución  al  sostenimiento  de  los  gastos  públicos  de 
acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo.
También es importante poner de manifiesto el impulso en el control del fraude fiscal 
asociado a los grandes patrimonios al que contribuye la Unidad Central de Coordinación 
del Control de Patrimonios Relevantes (UCCCPR) creada en el seno de la Oficina 
Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que, durante el año 2022, continuará las 
labores que le son propias, como la investigación directa sobre contribuyentes de alta  e.
capacidad económica, conocidos por sus siglas en inglés como HNWI («High Net Worth  w.b
Individuals») o UHNWI («Ultra High Net Worth Individuals»), el diseño e implementación  53ww
dpea rah elrar admeietenctcaisó nin fdoer mráietsicgaoss  dfeis cparloecse saasmocieiandtoo sd ea  iensfoterm taipcoió nd ed ec oúnlttirmibau ygeennteesr ayc iólan 
dtreassalarcroióllno   ddee   ldaisc hoasc turaiecsiognoess  ap elratsin ednitsetisn.t aIsg uDalempeenntdee, nlcai aUs CdCeC PInRs peesctcaióbnle cpearára  loesl 
correspondientes mecanismos de seguimiento de tales actuaciones, especialmente en
aquellos  casos  en  que  hayan  detectado  y  remitido  riesgos  unidos  a  fraude  fiscal 
complejo  o  sofisticado  recurrente  basado  en  negocios  anómalos  asociados  a  la 
interposición societaria instrumental, en opacidad o en utilización abusiva de regímenes 
fiscales preferentes.
La contribución de la ONIF a través de la UCCCPR en esta materia se encuentra 
muy especialmente en la incorporación a los nuevos modelos de selección de riesgos (o 
a  las  nuevas  herramientas)  de  todas  las  técnicas  de  investigación  que  han  ido 
desarrollándose en esta Oficina durante los últimos años y dirigidas a detectar el fraude 
fiscal asociado a la opacidad de rentas y patrimonios de alto nivel, al uso abusivo de 
sociedades instrumentales (bien residentes en España, o bien establecidas en territorios 
internacionales de riesgo) o a la utilización de instrumentos contractuales fraudulentos.
Otro de los campos en que la UCCCPR viene colaborando con otros órganos de la 
Agencia Tributaria es el de la búsqueda y uso de nuevas fuentes de información que 
puedan ser objeto de explotación masiva mediante las nuevas técnicas de gestión de 
datos o el de la optimización y depuración del uso de las ya existentes. En este sentido, 
durante 2022, la UCCCPR dedicará parte de sus esfuerzos a la implementación de 
herramientas para la explotación masiva de la nueva información procedente de Consejo 
General del Notariado, de la que dispondrá la Agencia Tributaria, y también ultimará la 
segunda fase la herramienta de detección automatizada de titulares reales («Ultimate 
Beneficial Owners - UBOs») de sociedades opacas residentes en España titulares de 
activos inmobiliarios residenciales de alto nivel.
A.3  Ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de 
sociedades.  El  impacto  que  la  crisis  económica  haya  podido  generar  o  continúe 
generando sobre diferentes actividades empresariales y profesionales y el hecho de que 
determinados sectores económicos se hayan podido ver menos afectados por la misma, 
deben obligar a la Administración tributaria a valorar dichas circunstancias en el marco 
de sus procedimientos de comprobación.
Ahora  bien,  la  experiencia  viene  demostrando  que  el  efecto  preventivo  de 
actuaciones sobre un sector económico concreto y la corrección de comportamientos 
erróneos están permitiendo centrar los esfuerzos en los obligados tributarios reincidentes 
en el incumplimiento formal y material de sus obligaciones tributarias.
Continuará  siendo  un  área  de  atención  prioritaria  la  economía  sumergida  y  se 
potenciarán las operaciones coordinadas de lucha contra la actividad no declarada. En 
este sentido, se efectuarán actuaciones tendentes a controlar aquellas entidades que no 
admiten pagos por medios bancarios.
Cuando se reconocen signos externos de riqueza o de determinados niveles de 
rentabilidad financiera inconsistentes con los indicadores de actividad que resultan poco 
acordes a los niveles de rentas declaradas, es indudable que es preciso abordar la 
tradicional tarea de investigación y, en su caso, regularización de las divergencias y 
contingencias fiscales de los contribuyentes afectados por éstas, aún si cabe con una 
mayor intensidad.
La mejora constante en las aplicaciones informáticas disponibles y la formación 
continua de los empleados de la Administración tributaria permiten garantizar una mayor 
eficacia a estas actividades de control.
Asimismo, conviene reiterar como en años anteriores que la utilización de las formas 
societarias y las relaciones de éstas con los socios, trabajadores, administradores o 
personas vinculadas con ellos, así como con otras sociedades controladas por las 
mismas personas, volverá a ser objeto de análisis con el fin de verificar si se está  s
produciendo una minoración improcedente de la correcta tributación de la actividad  oe.
desarrollada o una traslación de bases imponibles hacia entidades jurídicas sometidas a  w.
menores tipos. 53ww
servEirn c odmefoin iintivsatr,u mlae nmtoe rpaa irnat ecrapnoasliicziaórn r ednet apse drseo pnearss ojunraísd icfíassic acso nc ueyla  ftirnib purtaimcioórnd isael  dvee 
roebdjeutcoid dae  dsee gmuoimdoie nirtroe gguelanre rpaol,r  slain  apceturjauli cdioif edree nactiean ddee r tiap oostr aims pirorseigtiuvolasr idsaedgeusir ác osmieon dlao   BOE-A-cable e
indebida incorporación a los resultados de la actividad de gastos personales de los 
socios no relacionados con ésta o la inclusión entre el patrimonio societario de bienes y 
derechos  no  afectos  a  actividades  económicas,  sino  más  bien,  destinados  al  uso 
particular o personal de los socios.
Asimismo, esta comprobación se extenderá a la interposición de personas jurídicas 
para  remansar  rentas  pendientes  de  distribuir  por  parte  de  sociedades  operativas, 
alcanzando dicha comprobación a la posible aplicación indebida del régimen FEAC con 
ocasión  de  las  aportaciones  no  dinerarias  de  participaciones  que  se  hayan  podido 
efectuar.
En este sentido, se seguirá con la comprobación de aquellas entidades que han sido 
creadas  instrumentalmente  con  el  único  fin  de  emitir  facturas  irregulares  para  ser 
deducidas por sociedades operativas.
Por todo ello, la Agencia Tributaria mantendrá, a lo largo de 2022, la ejecución de las 
siguientes líneas prioritarias de comprobación:
a)  Presencia de la Administración en aquellos sectores y modelos de negocio en 
los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida, con especial 
observancia del uso intensivo de efectivo como único medio de pago o su utilización por 
encima de las limitaciones cuantitativas legalmente establecidas.
b)  Reforzamiento de la lucha contra el uso de sistemas de procesamiento de la 
información  empresarial  que,  instalados  especialmente  en  las  cajas  registradoras, 
permitan la omisión, interpolación o alteración de operaciones ocultando las ventas 
verdaderas  de  una  actividad.  Se  controlará  la  obligación  de  que  los  sistemas 
informáticos utilizados garanticen la inalterabilidad de los registros.
Se pondrá el foco en los propios fabricantes, productores y comercializadores de 
estos sistemas de doble uso de procesamiento de la información, en la medida en la que 
continúen comercializando sistemas de software de doble uso, después de que se haya 
producido el correspondiente desarrollo reglamentario en esta materia.
c)  Ejecución, en el entorno de aquellas actividades económicas en las que se 
detecte una presencia intensiva de consumidores finales, de las actuaciones de control 
que resulten precisas para evitar que se produzca una falta de repercusión efectiva del 
IVA en la última fase de la cadena de comercialización.
d)  La existencia de sociedades carentes de una estructura productiva real sigue 
siendo un modo de facilitar la ocultación de rentas efectivamente obtenidas por personas 
físicas. Por ello se programarán actuaciones dirigidas a evitar el uso abusivo de la 
personalidad jurídica con la principal finalidad de canalizar rentas o realizar gastos 
personales de personas físicas, de manera que se reduzcan improcedentemente los 
tipos impositivos aplicables.
e)  Reforzamiento de las personaciones en las sedes donde se realiza, de modo 
efectivo, la actividad económica para intentar acabar con todas aquellas irregularidades 
de carácter meramente formal y, sin duda alguna, con aquellos supuestos más graves 
relacionados con la obtención de ingresos ocultos, así como, en general, cualquier otro 
incumplimiento susceptible de regularización. Son varios los motivos que justifican este 
tipo de actuaciones. Uno de ellos es la eficacia que han demostrado para la detección y 
regularización de bolsas de fraude. Otro de los motivos es de justicia tributaria, puesto 
que,  mediante  estas  actuaciones,  la  Administración  tributaria  combate  conductas 
insolidarias de una parte muy reducida de contribuyentes que se aprovechan de la 
dificultad  de  contrastar  datos  sobre  el  volumen  real  de  ingresos  para  socavar  los 
ingresos tributarios con significativo impacto en la recaudación que financia los servicios  e.
públicos. La Administración tributaria tiene, por consiguiente, el deber de atacar estas  w.b
conductas insolidarias con las herramientas jurídicas de las que el ordenamiento jurídico  53ww
sloes  daorttíac.u Elons  e11st3e  ys e1n4t2id doe,  llaa  Lreecyi eGneten emraold Tifricibauctiaórnia q, uaes í laco Lmeoy  e1n1 /e2l0 a2r1t íchual oin 8tr.o6d duec ildao L eeny 
mdea tlear iaJu.risdicción Contencioso Administrativa, ha venido a aclarar la regulación en la
f)  Análisis de supuestos de sociedades vinculadas con una persona o grupo familiar 
con el fin de evaluar de modo conjunto las operaciones económicas desarrolladas y los 
efectos que, entre ellas, se puedan derivar en una minoración en las rentas o bases 
declaradas.
g)  Análisis  globales  del  conjunto  patrimonial,  tanto  personal  como  del  entorno 
familiar, de aquellos contribuyentes cuyo perfil de riesgo se pueda asociar a supuestos 
de  división  artificial  de  la  actividad  que  buscan  minorar  indebidamente  su  nivel  de 
tributación directa.
h)  Reiteración  por  parte  de  la  Administración  tributaria  de  las  tareas  de 
comprobación en el caso de que se hayan efectuado regularizaciones previas y no se 
haya consolidado un cambio de comportamiento del contribuyente o personas de su 
entorno familiar o económico, en las que se repite un esquema de riesgo fiscal similar.
Asimismo, las actuaciones de comprobación se completarán con otras actuaciones 
de información y asistencia a sectores económicos donde existe un mayor riesgo de 
ocultación de ingresos, incluyendo la celebración de reuniones con las asociaciones más 
representativas de dichos sectores.
A.4  Control de actividades económicas.
1.  Análisis de la economía digital. La tecnología tiene una gran importancia en la 
sociedad actual. Siendo así, un gran peso de la economía está asociada a los avances 
tecnológicos. Por esta razón se hace necesario llevar a cabo un análisis de las diferentes 
formas en que se manifiesta el uso de la tecnología en la economía y sus efectos en el 
ámbito tributario.
Comercio electrónico.
En las dos primeras décadas del siglo XXI, el comercio electrónico ha experimentado 
un crecimiento espectacular, pero durante el año 2020 este crecimiento fue aun mayor 
como consecuencia de las restricciones a la movilidad y las modificaciones en los 
hábitos de consumo provocadas por la pandemia. El año 2021 ha puesto de manifiesto 
que esta modalidad de comercio se ha quedado como método habitual para practicar 
compras.
Durante 2022, la Agencia Tributaria reforzará las medidas necesarias para garantizar 
un adecuado control de la actividad económica que se realiza vía comercio electrónico, 
fomentando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de todos los que 
intervienen en el proceso, y adoptando medidas correctoras en aquellos casos en que no 
se produzca dicho cumplimiento voluntario.
A menudo, el comercio electrónico se realiza entre partes ubicadas en distintos 
países. Se hace por ello necesario intensificar los mecanismos de control orientados a 
verificar  la  correcta  tributación  de  dichas  operaciones  desde  la  perspectiva  de  la 
tributación directa e indirecta de todos los agentes involucrados.
En este modelo económico, resulta esencial la obtención de información de las 
plataformas digitales que actúan como intermediarias y ponen en contacto a empresarios 
y consumidores ubicados en cualquier parte del mundo.
En  concreto,  las  actuaciones  a  realizar  en  2022  en  relación  con  el  comercio 
electrónico son las siguientes:
a)  Aproximación cooperativa, cuando sea posible, para determinar la forma más  es
adecuada  de  acceder  a  la  información  necesaria  de  las  plataformas  de  comercio  o
electrónico, procurando minimizar los costes fiscales indirectos de cumplimiento a la vez  53ww
qCaqucuueeear  ncsadaeco  tadú seane nolga  uasrer  apstr lueaallvtt aeécf usop mromdpseali ibsmpl elimae tneaatnpfoocl ircimomanaraa tsede,r asiayasla s sd  eesa e plraaeronsax  loiirzmebaslairgiácda ieohcnniaotecensisee  nsloa d p onoo orvb  aptrelaeenrsrct iedilóa ednsne  to delboesls  ig eionanpfc oeiEorrmnasepdasaoc ñriódeanes.     OE-A-2022-14able en https://
información del artículo 93 de la LGT, incluyendo, en su caso, su régimen sancionador.
b)  Asegurar la completa identificación fiscal de aquellos obligados tributarios que, 
aun no estando domiciliados en España, realicen el hecho imponible del IVA por sus 
ventas a consumidores finales localizados en nuestro país. Para ello se facilitará el 
registro de estos operadores no residentes.
c)  La completa implementación de las medidas normativas que derivan del paquete 
e-commerce, aprobado por Directiva de la UE 2017/2455, se produjo el 1 de julio 
de 2021. En este sentido, la Administración tributaria velará por asegurar que se ofrezca 
una adecuada información a las plataformas de comercio electrónico, a la vez que 
extremará el control sobre las mismas para evitar que este tipo de operaciones puedan 
eludir el pago de las obligaciones tributarias que les corresponden, en particular, a 
efectos de la tributación indirecta.
d)  La sistematización y el análisis de la información obtenida, permitirá diseñar las 
actuaciones de prevención y de control adecuadas para garantizar la correcta tributación 
de  las  operaciones  realizadas  a  través  del  canal  digital.  Para  ello  se  continuarán 
realizando actuaciones específicas de control en aquellos casos en los que puedan 
existir diferencias entre los importes declarados y los que se deriven de la información 
obtenida.
e)  A principios del año 2021 entró en vigor del Impuesto sobre Determinados 
Servicios Digitales, en relación con la intermediación digital en diversos sectores. Este 
hecho supuso un importante reto de organización y gestión, tal y como corresponde a 
una nueva figura impositiva implantada en el sistema tributario estatal. En el año 2022 se 
continuará  con  las  tareas  de  actualización  censales,  gestoras  y  comprobadoras, 
asegurando  una  adecuada  información  al  contribuyente.  Indirectamente,  los  hechos 
imponibles de este nuevo impuesto están contribuyendo a determinar el alcance real de 
la actividad de estas plataformas multinacionales en el mercado español, permitiendo 
cruzar datos con las declaraciones presentadas.
f)  Participación activa en foros e instituciones internacionales con el objetivo de 
obtener  información  para  una  adecuada  tributación  de  las  operaciones  realizadas 
mediante comercio electrónico, utilizando para ello los mecanismos de cooperación 
internacional existentes.
g)  Los debates a nivel de la Unión Europea sobre la séptima ampliación de la 
Directiva  de  Cooperación  Administrativa  2011/16/UE  (más  conocida  como  DAC  7) 
finalizaron con la Directiva 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se 
modificó la anterior Directiva y que contó con la participación activa de expertos de la 
Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esta ampliación hace 
referencia a un aspecto esencial en lo que se refiere al comercio electrónico, que es la 
regulación de la obligación de obtención e intercambio de información de los operadores 
de plataformas de comercio online, hecho que debe suponer un paso adelante en el 
aseguramiento  de  una  tributación  del  comercio  electrónico  acorde  a  la  legalidad  y 
análoga a la del comercio convencional.
Prohibición de software de doble uso.
El  artículo  29.2,  apartado  j)  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria, introducido mediante la Ley 11/2021, de 9 de julio, establece la obligación de 
que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos 
contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, 
garanticen  la  integridad,  conservación,  accesibilidad,  legibilidad,  trazabilidad  e 
inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que  e
no quede la debida anotación en los sistemas mismos. bo
De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Componente  27  del  Plan  de  Recuperación,  53ww
pTrreacnespfotorm  acciitóand o,y   Rlae siAliegnecnicai ay  Tdreib uctaarraia  ale sntáe cemsaarniote ndieesnadroro llore urneigolnaemse ntcaornio   dlaesl 
otércgnainciazsa ceionn elsa   rceopnrfeigsuernatcaitóivna sd edl es oPftYwMarEeS  dye   afaucttóunroamcióons   qpuaera  paenrmaliitzaanr,  anlote rsnoaltoiv aesl 
cumplimiento  de  la  prohibición  del  software  de  doble  uso,  sino  también  posibles
soluciones digitales integrales para el cumplimiento de las obligaciones de facturación y 
registrales y la obtención progresiva por los autónomos y PYMES de predeclaraciones o 
borradores de declaración cada vez más completos en la medida en que el sistema de 
facturación  posibilite  también  el  envío  automático  de  la  información  a  la  Agencia 
Tributaria.
Todo ello en un contexto de cambio en el que hay que tener en cuenta las posibles 
modificaciones en la regulación de los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que se puedan derivar de las Directivas europeas, los avances tecnológicos y 
su positivo impacto en la facilitación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la 
disponibilidad  de  fondos  europeos  para  financiar  la  digitalización  de  autónomos  y 
PYMES.
Por tanto, se está trabajando en un doble plano: el desarrollo reglamentario de la 
prohibición de doble uso para establecer de forma inmediata las condiciones mínimas a 
cumplir por los sistemas de facturación empresarial y el diseño y puesta en marcha de 
un  proyecto  de  digitalización  a  varios  años  vista  del  cual  el  citado  desarrollo 
reglamentario constituirá la primera fase.
Monedas virtuales.
Durante el año 2021, se ha incrementado de forma exponencial la inversión en 
monedas virtuales, con los riesgos fiscales que estas operaciones conllevan. Ello justifica 
el mantenimiento en el año 2022 de las actuaciones iniciadas en años anteriores cuyo 
objetivo es facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias derivadas de 
las transacciones realizadas, así como el control de su correcta tributación.
En  consecuencia,  las  actuaciones  a  realizar  en  2022  en  materia  de  monedas 
virtuales son las siguientes:
a)  Desarrollo normativo y elaboración de los modelos de declaración para dar 
cumplimiento a las obligaciones de información que la Ley 11/2021, de 9 de julio, de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal establece para los titulares de 
monedas virtuales situadas en el extranjero y para proveedores de servicios de cambio 
de monedas virtuales y de servicios de custodia de monederos electrónicos.
b)  Continuación de las tareas iniciadas en años anteriores relativas a la obtención 
de  información  procedente  de  diversas  fuentes  relacionada  con  las  operaciones 
realizadas con monedas virtuales.
c)  Sistematización y análisis de la información obtenida sobre la correcta tributación 
de las operaciones realizadas y de los fondos utilizados en la adquisición de monedas 
virtuales.
d)  Potenciación  de  las  herramientas  informáticas  necesarias  para  facilitar  las 
actuaciones de control de las transacciones con monedas virtuales.
e)  Fortalecimiento  de  la  cooperación  internacional  y  la  participación  en  foros 
internacionales con el objeto de obtener información sobre operaciones realizadas con 
monedas virtuales.
f)  Participación  en  los  grupos  de  trabajo  internacionales  en  curso  sobre  la 
regulación de futuros intercambios de información en materia de monedas virtuales.
2.  Actuaciones de control relativas al IVA. La entrada en funcionamiento del SII y su 
consolidación en los procesos analíticos de información han supuesto una indudable 
mejora del control de la imposición indirecta al poder desarrollar sistemas más eficaces 
de evaluación constante de los datos y de la información, a través de los cuales es  e.
factible detectar sujetos pasivos obligados a presentar declaraciones y que, pese a los  w.
indicios claros del desarrollo de actividades económicas, no están cumpliendo con sus  53ww
obligDaacdioan elas  fimiscpaolretas.ncia que está adquiriendo el SII para el control de la imposición
sinudjeirteocst ap, aesniv eols  aañcoo g2i0d2o2s,  atrla ss isctueamtrao  SaIñI,o sy ad essedae  clao ne nctararádcat eern o vbilgigoar todreiol  SoI I,v otoludnotsa rlioos,   BOE-A-cable e
deben cumplir con su obligación de envío de registros del SII. Por tanto, se verificará por 
parte de la Administración tributaria el adecuado cumplimiento de esta obligación.
El  contraste  entre  los  datos  declarados  por  los  contribuyentes  y  la  información 
periódica derivada del SII permitirá que se puedan fortalecer los mecanismos orientados 
a  detectar  irregularidades  tributarias  a  partir  de  las  conclusiones  derivadas  de  la 
información disponible respecto del censo de contribuyentes que presentan mediante 
este sistema su información tributaria. La detección en el sector del comercio minorista 
de  supuestos  de  elusión  del  recargo  de  equivalencia,  es  un  buen  ejemplo  de  la 
potencialidad de estos contrastes.
Ya desde el año 2020 se comenzaron las actuaciones tendentes a la revisión de los 
comerciantes minoristas cuyos clientes son principalmente consumidores finales y que 
cuentan con unos regímenes fiscales especiales, a partir de los que pretenden reducir 
sus costes de cumplimiento tributario. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
además de soportar las cuotas de IVA que les han de repercutir sus proveedores, están 
obligados  a  soportar  el  recargo  de  equivalencia  como  compensación  por  quedar 
exonerados de presentar posteriormente autoliquidaciones trimestrales del impuesto.
Para que el régimen funcione, los comerciantes minoristas deben identificarse ante 
sus proveedores como sujetos incluidos en este régimen de recargo de equivalencia. No 
hacerlo supone no sólo una falta de pago del impuesto sino una posible competencia 
desleal en la medida en que sus costes de aprovisionamiento se reducen frente a los 
que sí cumplen con esta obligación.
Los  órganos  de  control  de  la  Agencia  Tributaria  desarrollarán  de  nuevo  en  el 
año 2022 actuaciones tendentes a comprobar la correcta aplicación del régimen de 
recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Estas actuaciones afectarán por una parte a los proveedores de estos comerciantes 
minoristas para verificar que han repercutido el recargo y, en caso contrario, exigirles el 
ingreso de los recargos no repercutidos. Y, por otra parte, se realizarán actuaciones 
directamente  sobre  los  propios  comerciantes  minoristas  para  verificar  que  figuran 
correctamente censados en el régimen de recargo de equivalencia, y que comunican su 
condición de comerciante minorista a efectos de la inclusión en las facturas emitidas por 
sus proveedores del recargo correspondiente.
La  indudable  mejora  de  los  sistemas  de  análisis  de  la  información,  permite  la 
ejecución de procesos de contraste de datos, que facilitan la detección temprana de 
conductas graves de defraudación, tales como las presuntas cantidades dejadas de 
ingresar y la presencia de economía sumergida, en la que el IVA tiene una especial 
relevancia.
Además de continuar detectando la falta de ingreso en los sujetos relacionados con 
los  comerciantes  minoristas  a  los  que  no  repercuten  el  recargo,  es  necesaria  una 
depuración censal con altas de oficio en los casos en que se detecta la aplicación en la 
práctica  del  régimen  sin  la  correspondiente  alta  en  el  censo.  En  este  sentido,  es 
necesario mejorar y afianzar el servicio de consulta en sede de aquellos contribuyentes 
que están en recargo para que sus proveedores tengan justificada la repercusión del 
recargo independiente de la diligente actuación o no de los contribuyentes en régimen 
especial de recargo de equivalencia.
3.  Actuaciones de control relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades. Uno de 
los  riesgos  que  se  han  puesto  de  manifiesto  tras  las  actuaciones  derivadas  de  la 
ejecución de los Planes de Control Tributario y Aduanero de los años previos es la 
acumulación indebida por parte de muchas entidades societarias de saldos a compensar  s
de  bases  imponibles  negativas  y  deducciones  pendientes  de  aplicar  de  ejercicios  oe.
anteriores. Tales saldos, que se están compensando en base o cuota de la sociedad que  w.
los generó, pero también pueden hacerlo en otras que continúen su actividad, afectan  53ww
direcPtoarm eelnlote,  ad ulara rnetcea uedl aacñióon  2n0e2ta2 ,d dee e sntuee imvop uceosnt oe.l tradicional control sectorial y los
palpalniceasc iódne  adcetlu Paclaiónn  Ecsotnratrtaé gliac oe c2o0n2o0m-2ía0 2s3u, meenr geidxap,e dlaie Inntsepse cecni ólno si nqcuideir áe,x misteadni abnates elas   BOE-A-cable e
imponibles negativas, créditos fiscales en base o cuota pendientes de compensar o de 
aplicar.  En  estos  expedientes,  aunque  las  comprobaciones  no  se  traducen  en 
liquidaciones  a  ingresar  o  minoraciones  de  devoluciones,  de  no  haber  mediado  la 
intervención de la Administración tributaria se hubieran producido en el futuro unos 
menores  ingresos  o  unas  mayores  devoluciones,  en  ambos  casos,  de  forma 
improcedente.
Otro de los riesgos identificados es la posibilidad de beneficiarse de deducciones y 
otros beneficios fiscales de forma indebida por parte de entidades carentes de actividad, 
cuyo  principal  motivo  de  su  existencia  es  el  aprovechamiento  indebido  de  estos 
beneficios fiscales.
En este sentido, hay que hacer especial referencia a la utilización de estructuras 
asociativas, como pueden ser las Agrupaciones de Interés Económico, como vehículo 
para  canalizar  deducciones  u  otros  beneficios  fiscales  indebidos  o  sin  cumplir  los 
requisitos exigidos.
Por esta razón, se analizará y comprobará el cumplimiento de los requisitos para la 
aplicación de deducciones y beneficios fiscales, especialmente en aquellos supuestos en 
que se hayan utilizado entidades interpuestas carentes de actividad y medios, pero que 
sirven como «vehículos» para trasladar y comercializar dichos beneficios fiscales a 
terceros inversores interesados en disfrutar de dichas ventajas.
Este análisis y comprobación no se limitará al propio ente interpuesto para generar el 
beneficio fiscal, sino también a los partícipes o socios que han comercializado con el 
mismo.
Otro de los riesgos identificados es que las sociedades con importe neto de cifra de 
negocios reducido en muchas ocasiones están inactivas, pero junto a ellas existen 
actividades empresariales que no pueden dejar de someterse a un control proporcionado 
a su tamaño y al conjunto de obligaciones materiales y formales que les son requeridas.
Con el fin de incidir en el control de este tipo de entidades, a partir de 2019 se 
implantaron unidades con competencia inspectora para la comprobación del Impuesto 
sobre Sociedades para trabajar conjuntamente con el área de Gestión en la fase de 
selección. Estas Unidades de Comprobación Abreviada (UCAs) se caracterizan por la 
rapidez en la tramitación de los procedimientos y están dirigidas a regularizar riesgos 
concretos.
Las  actuaciones  a  desarrollar  por  estas  unidades  sobre  este  segmento  de 
sociedades serán de nuevo alguna de las siguientes:
a)  Actuaciones trasladadas desde el área de Gestión al área de Inspección en 
aquellos supuestos en los que el procedimiento inspector sea la forma de terminar el 
procedimiento de comprobación limitada. En particular, se prestará atención a aquellos 
contribuyentes que obstruyan la comprobación limitada, así como a aquellos otros que, 
por tener una contabilidad desarrollada, no puedan ser adecuadamente revisados por 
medio de ésta.
b)  Actuaciones seleccionadas en función de riesgos concretos de incumplimiento 
que,  por  su  naturaleza,  pueden  ser  comprobados  por  medio  de  procedimientos 
inspectores abreviados.
La continuación de este proyecto dentro de la actividad de Inspección Tributaria ha 
exigido una modificación en la estructura organizativa de las Dependencias que ha 
permitido a éstas disponer de unidades de actuación mucho más flexibles, y dotadas de 
personal con una cualificación adecuada a esta finalidad del control abreviado. e
Otra de las actuaciones a impulsar sobre un colectivo concreto de entidades sujetas  bo
a este Impuesto es la de verificar el cumplimiento de requisitos exigidos a una SICAV  53ww
dpea raC abpeintaelf iVcaiarriasbel ed ee su nu ntiap ofo drme ag rdaev ainmveenrs iinófne rcioorl eacl tigvean. eDraiclh. aU ncao leScotcivieiddaadd  ddeeb eIn vceurmsipólnir 
ctriiebrutotasc iróenq umisáitso s fayv omraabnltee.n eArclotus aplmaeran teq uee sl al ae nAtiddmadin issetr abceiónne fiTcrieib udtea riuan  laré gqiumee ne sdteá 
habilitada para comprobar el cumplimiento de estos requisitos.
Otra  actuación  a  efectuar  tiene  relación  con  la  comprobación  de  la  correcta 
declaración de las cuotas de liquidación a los socios en la disolución y liquidación de 
sociedades disueltas y liquidadas analizando la diferencia entre el valor de la cuota de 
liquidación y el valor de adquisición de las acciones.
La  presencia  en  los  locales  de  actividad  del  obligado  tributario,  a  través  del 
tradicional Plan de Visitas o de las propias personaciones derivadas de un procedimiento 
de comprobación, resulta en este punto esencial, ya que el Plan Estratégico 2020-2023 
tiene como uno de los objetivos inducir, mediante una mayor presencia del control 
tributario, una mejora paulatina, pero firme, en el cumplimiento general del conjunto de 
las sociedades del colectivo objeto de análisis.
Con carácter general, la necesidad de desarrollar un especial seguimiento desde que 
se inician las actuaciones de comprobación inspectora con los aspectos vinculados a la 
fase recaudatoria, de manera que se puedan adoptar medidas de control que impidan 
una regularización que no consiga recuperar los ingresos no declarados, los intereses 
que procedan, así como las posibles sanciones que se les pudiera imponer en el marco 
de la normativa vigente, es un hecho en el que también se ha avanzado en este último 
año  a  través  de  la  actualización  del  Programa  de  Seguimiento  de  Actuaciones 
Coordinadas entre las áreas de Inspección y Recaudación.
4.  Potenciación  del  control  de  las  actividades  económicas  y  los  tributos 
empresariales. Esta potenciación del control se llevará a cabo mediante la consolidación 
de herramientas de análisis de libros registro de IVA no SII y actividades económicas en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas basados en los nuevos formatos de 
libros registro. Se avanzará en la consolidación de sistemas de trabajo digitales que 
permitan la interacción con los obligados tributarios en un formato único. Para ello, se 
seguirá  trabajando  en  la  implantación  de  libros  registro  estructurados  de  forma 
predefinida que, al menos para las personas físicas y microempresas, permitirán una 
gestión más sencilla de las obligaciones tributarias, tanto formales como materiales, a la 
vez que simplifican la gestión de la información en la Agencia Tributaria. Este tipo de 
libros contribuirá a completar la información cruzada obtenida a través del Sistema de 
Suministro Inmediato de Información, que tradicionalmente ha venido siendo la columna 
vertebral del control tributario del mundo empresarial.
A este respecto, en 2022 se ofrecerá la utilización, de manera voluntaria, del servicio 
de  importación  de  libros  en  el  momento  de  la  confección  de  las  autoliquidaciones 
trimestrales de contribuyentes no SII, de forma que, con la llevanza de libros unificados, 
se ofrezca a los contribuyentes la puesta a su disposición, de manera ágil y sencilla, en 
la cumplimentación de los modelos 303 y 130, como autoliquidaciones periódicas, y del 
modelo 100, como autoliquidación de carácter anual.
Trabajar en esta línea, en un primer momento como asistencia, va a conllevar un 
mejor  control  cuando  la  puesta  a  disposición  de  la  información  por  parte  de  los 
contribuyentes sea utilizada como medio de contraste y base de nuevos datos fiscales 
para contribuyentes que lleven a cabo actividades económicas.
A.5  Otras actuaciones de control sobre el cumplimiento de la normativa interna.
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
1.  Actuaciones generales de control.
a)  Potenciación y mejora del control de los contribuyentes no declarantes del:
– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas anticipando el control gracias a  b
las fuentes de información interna e internacional. 53ww
vinc–u laImdap uae lsat od espoubrraec Sióonc ideedla ídnedsic. eE dseta  emnteidjoardae esn m lae nacciotunaacdióon e dne e cl oanptarortla sdeo  erenlcautievnot raal 
cens–o .IVA:  las  actuaciones  de  control  se  acompañarán  de  actuaciones  previas  de
depuración censal para incrementar la calidad de las mismas.
– En 2022 se continuará con las actuaciones iniciadas ya en 2021 respecto a 
contribuyentes  no  declarantes  de  IVA,  que  han  producido  resultados  positivos, 
especialmente  en  arrendadores  e  imputaciones  procedentes  del  SII.  Se  seguirá 
trabajando en esta línea para ampliar los colectivos incumplidores.
b)  Desarrollo de una herramienta de control de retenciones en sede del retenedor 
ampliando las contingencias objeto de comprobación mediante la herramienta de gestión 
de riesgos, lo que permitirá un enfoque integral del control de IRPF, partiendo de la 
fuente de renta. En este sentido, durante 2022 está prevista una intensificación de las 
actuaciones de control de retenciones en la fuente para los modelos 190 y 184, en 
colaboración conjunta entre los Departamentos de Gestión Tributaria y de Inspección 
Financiera y Tributaria.
c)  Respecto del control en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas se llevarán a cabo, además de los controles basados en fuentes de información 
interna, controles basados en información internacional (DAC), y control de ganancias 
patrimoniales basadas en información notarial y registral.
d)  El control del dinero abonado en efectivo en el marco de las transacciones 
económicas suele estar muy vinculado con la economía sumergida, por lo que con 
independencia de cuáles son los límites cuantitativos que se encuentren vigentes de 
acuerdo con la normativa aplicable, las operaciones en efectivo continuarán siendo 
objeto de atención una vez más por parte de la Administración tributaria.
e)  Para el cálculo del patrimonio neto de los ciudadanos, durante el ejercicio 2022 
se continuará impulsando la herramienta de análisis flujos de renta y consumo de los 
contribuyentes y de sus unidades familiares.
Estos flujos, comparados con la renta declarada y con el patrimonio neto (cuentas 
bancarias,  inmuebles,  activos  financieros,  activos  societarios,  etc.)  permitirán  a  la 
Administración tributaria obtener los datos que servirán para detectar incoherencias 
patrimoniales, de gasto y consumo, o incluso de solvencia que no puedan ser explicadas 
por las rentas conocidas obtenidas por los contribuyentes o por las unidades familiares 
de las que forman parte.
En este sentido, destaca la importancia del análisis de la información obtenida del 
modelo  171,  Modelo  de  declaración  informativa  de  imposiciones,  disposiciones  de 
fondos y de los cobros de cualquier documento. Esta información, sumada al creciente 
uso de los medios de pago electrónicos y la disminución del uso de efectivo derivado de 
los usos sociales y de las limitaciones legales, permiten actualmente elaborar análisis 
complejos de la situación patrimonial de los obligados tributarios una vez depurados de 
inversiones y desinversiones financieras o inmobiliarias, para determinar incoherencias 
que puedan dar a conocer riesgos susceptibles de control.
f)  Actuaciones de colaboración con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude 
dentro del Organismo Estatal Inspección de trabajo y la Seguridad Social en el marco de 
Planes  de  control  comunes  y  coordinados  para  la  lucha  contra  el  fraude  fiscal  y 
aduanero, por un lado, y para la lucha contra el fraude en la cotización y reducción de las 
cuotas de la Seguridad Social por otro en el marco de una estrategia país integral contra 
la economía sumergida y la brecha fiscal.
La  definición  de  nuevas  áreas  comunes  de  riesgo,  el  establecimiento  de 
procedimientos de actuación coordinada y la agilización del acceso a la información 
necesaria para la gestión e inspección tributaria y de la Seguridad Social se vuelven a 
fijar como elementos fundamentales en la planificación de la colaboración entre ambos 
organismos. e.
La colaboración prevista puede extenderse a la identificación de los perfiles de  w.b
empresas que defraudan, al reconocimiento de conductas fraudulentas y al diseño de  53ww
planSees  daete cnodnetrráo l tcaomnb eiélenm ae nlatoss  imcopmlicuanceiso nye cso ofisrdcianlaecsi óenn f uIVnAci oen aIRl dPeF s due e jleacsu rceiólanc.iones
cjuarlíidfiiccaacsi ópnr eatdeencduidaadma epnatera  mtaelercsa rnetillaecsi oennetsr es eeam lpar edsea  reyl atcraiobnaejasd loarb oor asleosc.i oS ecu parnedsota rlaá 
especial atención a aquellos sectores en los cuales las subcontrataciones son frecuentes
puesto que puede ser un indicio de que pueda estar dándose la situación mencionada. 
Las actas emitidas por la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en las que se 
califican  los  servicios  prestados  por  trabajadores,  pretendidamente  autónomos,  a 
empresas  de  diversos  sectores  como  prestaciones  laborales  dependientes  han 
encontrado, a lo largo de los años 2020 y 2021, el respaldo jurisprudencial del orden 
social  mediante  diferentes  pronunciamientos  judiciales,  que  permiten  a  la  Agencia 
Tributaria regularizar las diferentes contingencias fiscales derivadas de dicho cambio en 
las calificaciones declaradas.
g)  En 2022 se continuará con el control de las rentas obtenidas por artistas y 
deportistas no residentes que actúan en territorio español. Sin perjuicio del impacto que 
sobre  el  desarrollo  y  frecuencia  de  estas  actividades  está  teniendo  la  pandemia 
generada por el COVID-19, España es lugar de celebración de competiciones deportivas 
internacionales y de organización de eventos artísticos de diversa naturaleza. En estas 
actividades participan, ya sea de forma colectiva o individual, profesionales no residentes 
que pueden obtener importantes rentas vinculadas a su participación, que en muchos 
casos  deben  quedar  sujetas  a  tributación  por  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  No 
Residentes.
Las rentas objeto de control van más allá de las rentas percibidas por la actuación 
profesional de los artistas y deportistas, incluyéndose otro tipo de rentas estrechamente 
vinculadas a la participación en España.
Las actuaciones de control incluirán la obtención de información de los eventos que 
se  organizan  en  territorio  español  para  recabar  la  información  de  los  promotores, 
organizadores y participantes en los mismos.
h)  Aplicación de mecanismos de big data en el ámbito del IRPF y continuación del 
proyecto puesto en marcha en 2021 para aumentar, utilizando la experiencia obtenida, la 
eficiencia en las selecciones de control, en línea con las estrategias internacionales 
basadas en el enfoque «behavioural insights» (enfoque hacia una mejor comprensión del 
comportamiento  del  contribuyente  que  favorezca  la  mejora  espontánea  de 
cumplimiento).
Se pueden utilizar estos mecanismos en el ámbito del IVA a partir de la existencia de 
los libros agregados de los contribuyentes SII de los que dispone la Agencia Tributaria, 
en un intento de fomentar la mejora en la calidad de los datos registrados en libros a 
través de la Sede electrónica y, consecuentemente, el correcto cumplimiento voluntario 
de las obligaciones periódicas.
i)  Se continuará con la realización de actuaciones centralizadas de comprobación 
en relación con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones de no residentes por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, 
sin perjuicio de las comprobaciones realizadas desde las Dependencias de Inspección.
2.  Actuaciones de control en el marco de las relaciones con las Haciendas forales. 
Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes ante 
la Administración tributaria del Estado, las Diputaciones Forales del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra, derivadas de la existencia del Concierto y Convenio 
Económico con las citadas Comunidades, en especial para comprobar los domicilios 
fiscales declarados, la correcta determinación del lugar de realización de las operaciones 
(tanto de entregas de bienes como de prestaciones de servicios) de acuerdo con los 
puntos  de  conexión  y  la  correcta  presentación  de  los  diferentes  tributos  ante  la 
Administración competente son de nuevo objeto de especial atención en 2022 en el 
marco de las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. e.
Más  allá  de  las  normas  contenidas  en  Concierto  y  Convenio  Económico,  la  w.b
permanente mejora de las relaciones interadministrativas y la coordinación consagrada  53ww
eesxfiguiedraz op opra eral  aartsíecugluor a1r0 3u nd en ilvae Cl oenqsutiiltiburcaiódno  Edsep acñoonltaro, le exnig ee ld tee rlari tAorgioe nCcioam Túrnib uyt aernia  luons 
tpearrrtiticouriloasrm  Feonrtael eesn,  redleascdióen  eclo np uanqtuoe lldoes  cvoisnttari bcuuyaennttietast iqvuoe  ppeorro s uta vmobluiémne nc udael itvaetnivtoa,s  yy 
por el porcentaje atribuido a cada Territorio sean de exacción compartida.
En  este  mismo  marco  de  relación,  se  intensificará  la  lucha  contra  el  fraude 
organizado  y  en  particular  todo  lo  relacionado  con  las  tramas  de  fraude  de  IVA, 
realizando  un  especial  seguimiento  y  control  a  los  contribuyentes  del  sector  de 
hidrocarburos.
Se  agilizarán  los  intercambios  de  la  información  disponible,  tanto  de  fuentes 
nacionales como internacionales, para la realización de las actuaciones de control, tanto 
en la fase de selección previa de candidatos a inspeccionar como en desarrollo de las 
propias  actuaciones,  estableciendo  las  medidas  necesarias  a  través  de  solicitudes 
individualizadas, acuerdos y convenios en el marco del artículo 5 de la Ley del Convenio 
Económico y el artículo 4 de la Ley del Concierto Económico.
En determinados sectores de alto riesgo fiscal se llevarán a cabo actuaciones de 
auditoría informática simultáneamente en distintos locales de negocio y en coordinación 
con las Haciendas Forales vascas y la Hacienda Tributaria de Navarra, al objeto de 
optimizar los recursos, aprovechar sinergias y preservar el necesario efecto sorpresa que 
requieren estas actuaciones.
En los casos de actuaciones concretas de comprobación sobre grupos de empresas 
con tributación en territorio común y foral, se establecerán los adecuados mecanismos 
de  coordinación  continua  que  permitan  obtener  unos  resultados  satisfactorios 
aprovechando el trabajo de los diversos órganos de control de las Administraciones 
tributarias.
En concreto, se intensificará la coordinación en relación con operaciones vinculadas 
en  imposición  directa,  así  como  la  necesaria  regularización  íntegra  en  imposición 
indirecta.
Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para la correcta implementación en 
todo  el  territorio  nacional  de  las  nuevas  figuras  impositivas:  Impuesto  sobre  las 
Transacciones Financieras e Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Además, la necesaria conexión entre las diferentes administraciones implicadas se 
pone  de  manifiesto  a  través  de  una  adecuada  coordinación  de  los  intercambios 
internacionales  de  información,  dado  que  existen  obligados  tributarios  en  territorios 
forales que deben presentar declaraciones con información a transmitir al exterior y, por 
otro lado, la información recibida por la Agencia Tributaria procedente de otros países 
puede ser de interés para las Administraciones tributarias forales.
Se tratará de adoptar medidas que, en el marco del Concierto y del Convenio y de 
acuerdo con la jurisprudencia existente, eliminen en la medida de lo posible cargas 
fiscales indirectas para los obligados tributarios que se puedan originar a partir de 
actuaciones de control realizadas por las diversas Administraciones tributarias.
Por último, las medidas que se puedan tomar para disminuir la litigiosidad en las 
Juntas  Arbitrales  del  Concierto  y  el  Convenio  Económico  permitirán  garantizar  la 
seguridad jurídica de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y la adecuada 
relación financiera entre administraciones, y de este modo facilitar y evitar posteriores 
recursos ante el Tribunal Supremo de las Administraciones tributarias implicadas, en el 
marco de la necesaria reducción de la conflictividad tributaria.
B.  Otras comprobaciones.
B.1  Devoluciones  y  beneficios  fiscales.  Se  continuarán  las  actuaciones  de 
comprobación  de  las  solicitudes  de  devolución,  iniciándose  actuaciones  inspectoras 
cuando, por la cuantía o tipología de estas devoluciones, se requiera la realización de las 
mismas. e
Igualmente, se procederá a la intensificación de las actuaciones de control tendentes  bo
a comprobar el adecuado cumplimiento de los requisitos específicos previstos para la  53ww
ccourarnedcota s ua palcictaivcidióand  dseeal  reécgoinmóemni cfais (ctaaln teos epne cloia lr edfeer elnatse  eanl tIiVdAa ddees  lossin b ifeinneess  ylu scerarvtiivcoioss, 
deen trlaesg aodpoesr accoionn ceosn dtrea persetsat ancaiótunr acloemzao) , ael nI mppaurteicsutola rs, osber ep rSeosctaierád aedsepse cdiea l loaste bnecnióenf icai olas 
investigación de bienes que aparecen ocultos en cuanto a su titularidad real dentro de la 
información relacionada con las actividades propias de las fundaciones.
En este marco, se prestará especial atención a la información que pueda ser remitida 
por las entidades públicas que ejerzan funciones de protectorado sobre las citadas 
entidades.
B.2  Comprobaciones  formales.  A  la  hora  de  analizar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias el componente formal es esencial, no solo porque constituye la 
base de un adecuado sistema tributario, sino por el hecho de que forma parte del 
conjunto de responsabilidades de los obligados tributarios. La certeza e integridad de la 
información con la que cuenta la Administración tributaria para llevar a cabo sus tareas 
de gestión y control dependen en gran medida del cumplimiento de las obligaciones 
formales por parte de los obligados tributarios. La Administración tributaria a la hora de 
planificar sus actuaciones y ejecutar los planes de control tributario siempre tiene en su 
punto  de  mira  la  consecución  del  objetivo  del  cumplimiento  tributario  utilizando  las 
herramientas que le ofrece la normativa.
Tradicionalmente la Agencia Tributaria viene utilizando la visita al contribuyente como 
una vía de acercamiento al obligado tributario, y a través de ellas se han detectado 
incongruencias entre los datos declarados por este o por los terceros que se relacionan 
con él, directa e indirectamente, en el marco de su actividad económica.
Así, las visitas que se efectúan sobre el obligado tributario se constituyen como una 
importante fuente de información, en la que pueden aclararse preventivamente aspectos 
que  no  requieran  del  inicio  de  los  tradicionales  procedimientos  de  comprobación 
inspectora. Estos, por sus características están más enfocados a las regularizaciones 
más complejas y en las que deban efectuarse análisis y contrastes de información en el 
marco de un procedimiento administrativo de mayor complejidad.
El  censo  de  contribuyentes  es  un  dato  esencial  que  requiere  de  un  adecuado 
mantenimiento y que con su adecuada estructura dote de una seguridad tanto a la 
Administración tributaria de cara al desarrollo de sus actuaciones de un modo certero y 
eficaz, como a su vez facilitar al contribuyente la seguridad de un alta de sus actividades 
acordes a su verdadera realidad económica.
Se continuará con las tradicionales visitas que se vienen efectuando por la Agencia 
Tributaria,  siguiendo  en  todo  caso  las  recomendaciones  que  vengan  marcadas  a 
consecuencia del COVID-19, reconduciendo una parte de ellas a verificar cuestiones de 
carácter censal para garantizar la fiabilidad y calidad de los censos tributarios. Dichas 
visitas  alcanzarán  los  denominados  «nidos  de  sociedades»,  esto  es,  «coworking», 
despachos o simplemente, lugares de simple recepción de correspondencia.
Asimismo, se planificarán visitas a determinados colectivos de contribuyentes por 
tamaño y sector de actividad a los efectos de contrastar los datos declarados que se 
utilizarán para conformar una base de datos estadística de contribuyentes por sectores 
reales.
B.3  Actuaciones  de  análisis  de  la  información.  La  actividad  económica  se 
manifiesta en los últimos años en un entorno cambiante, pero a su vez dentro de una 
constante evolución en los modelos de negocio que requieren ser analizados por la 
Administración tributaria, centrando su actividad en aquellos que puedan presentar por 
sus perfiles un mayor riesgo tributario.
En los nuevos modelos de negocio es muy frecuente la globalización de la actividad, 
como es el caso de una parte significativa del comercio electrónico que va a ser objeto 
de especial seguimiento, tal y como se ha indicado con anterioridad. s
Pero junto con ello es necesario consolidar las diferentes vías de obtención de  oe.
información que permiten a la Administración tributaria disponer tanto del importe, como  w.
de la naturaleza y la identificación de las partes que forman parte de las operaciones  53ww
comEelr caiaulegse  redael izlaadsa sn ueenv eals c otencjunnotloo gdíea sla  ya ctlaiv idpaadn deecomniaó mnicoa .sólo  han  conllevado  la
dtrea nnsefogromciaoc imóne ddiaen ntee glao cuiotilsiz eaxciisótne ndtee sr,e dseinso  sqouceia lteasm. bEiésn p ohra ne llgoe qnueera sdeo  dneubeevna sr efdoormblaasr   BOE-A-cable e
esfuerzos para implementar fórmulas con el fin de obtener información de carácter 
económico o comercial que pueda ser explotada en una posterior comprobación.
El incremento del valor de los negocios y la actividad comercial desarrollada a través 
de  internet  unido  a  una  necesidad  de  adaptación  ocasionada  por  el  COVID-19, 
promueve  que,  desde  la  Agencia  Tributaria  se  realice  un  control  exhaustivo  de  la 
correcta tributación de estos negocios, evitando que por esta vía se produzca, por un 
lado, el fraude o la evasión fiscal y, por otro lado, competencia desleal.
Desde marzo de 2020, el contexto en el que se mueven las empresas ha cambiado 
respecto de años anteriores. Los negocios han tenido que adaptarse trasladando su 
actividad física a una actividad cada vez más virtual y, aquellos que por algún motivo no 
han podido hacerlo, se encuentran en una clara desventaja. Este traslado de la actividad 
física a la virtual no ha hecho más que incrementarse durante el año 2021 y no parece 
que, como consecuencia de la eliminación de las restricciones, este proceso vaya a 
ralentizarse.
Por ello, en este 2022, la Agencia Tributaria prevé incrementar las actuaciones en 
aquellas actividades digitales que, en el contexto actual, puedan presentar un mayor 
riesgo tributario.
Cada vez es más frecuente el desarrollo de las relaciones comerciales fuera del 
contexto nacional, de forma que, sin perder la perspectiva de la Unión Europea y el 
objetivo de comercio común, es palpable que por parte de la Agencia Tributaria es 
necesario disponer de un conocimiento pleno de todas las operaciones comerciales que 
se realicen. Se continúan las actuaciones de captura y análisis de información de fuentes 
abiertas.
C.  Actuaciones de investigación, tramas y auxilio judicial.
En los últimos años el IVA ha sido una de las principales preocupaciones de la Unión 
Europea en materia fiscal, lo que ha supuesto que dentro del Plan de Acción IVA 
aprobado por la Comisión en el año 2016 se plantearan nuevas medidas para combatir 
el fraude al IVA en el ámbito de la Unión Europea.
La  mayoría  de  las  medidas  que  recogía  este  Plan  ya  están  implementadas, 
quedando pendiente uno de los retos más importantes que supone poner fin al régimen 
transitorio de tributación en destino de las operaciones intracomunitarias, estableciendo 
un régimen definitivo en el que el proveedor será el responsable del pago del IVA por la 
entrega  dentro  de  la  Unión,  a  menos  que  el  adquirente  sea  un  «sujeto  pasivo 
certificado», en cuyo caso el sujeto pasivo certificado asumirá en su declaración de IVA 
la liquidación de este impuesto.
Su desarrollo se está debatiendo actualmente en el marco del nuevo «Action Plan for 
fair  and  simple  taxation  supporting  the  recovery»  de  15  de  julio  de  2020.  Esta 
modificación normativa plantearía un nuevo escenario en el control del fraude al IVA 
intracomunitario que está siendo objeto de análisis, con la finalidad de anticipar las 
nuevas modalidades de fraude al IVA que puedan surgir con este nuevo sistema de 
tributación.
Debido, entre otros motivos, a las importantes pérdidas fiscales que genera el fraude 
al IVA transfronterizo, a finales de 2020 se puso en marcha la Fiscalía Europea («EPPO, 
European Public Prosecutor´s Office») creada por el Reglamento (UE) 2017/1939, del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada 
para  la  creación  de  la  Fiscalía  Europea,  como  un  organismo  independiente  y 
descentralizado de la Unión Europea con competencias para investigar, perseguir y  e
enjuiciar  los  delitos  contra  el  presupuesto  de  la  Unión  Europea  entre  los  que  se  bo
encuentra el fraude transfronterizo del IVA cuando esté relacionado con el territorio de  53ww
deousro os.  mLáas  EFsistacdaolías  mEiuermobpreoas , yya q uhea  seunptornagdaon  eunn  pfuenrjcuiiocnioa mdeie anlt om eenno sE 1s0p amñaill oncoens  dlea 
a2p0r1o7b/1a9ci3ó9n.  dHea  lasi dLoe yn eOcregsáanriicoa u 9n/ 2c0a2m1b, idoe p 1ro dfuen jduoli oa,  dneiv ealp nliacacicoiónna l dael l hRaebgelra mmoetnivtoa d(Uo Ee)l 
refuerzo del modelo procesal acusatorio, en línea con la práctica totalidad de los Estados 
miembros de la Unión Europea.
La creación de un órgano supranacional penal va a suponer un nuevo reto en la 
realización de investigaciones conjuntas con otros países de la Unión Europea en el 
ámbito de dicha Fiscalía, así como el establecimiento de una colaboración más estrecha 
con otras Administraciones tributarias y autoridades de control de la Unión Europea.
Por otro lado, la red de expertos antifraude conocida como EUROFISC recibió un 
decidido impulso en la reunión de TADEUS («Tax Administration Directors EU Summit») 
del 26 de noviembre 2020, que incluía la adopción de una nueva gobernanza y un 
planteamiento estratégico a medio plazo, buscando una mayor dotación de medios 
personales y tecnológicos para acelerar los intercambios focalizados a la lucha contra el 
fraude en el comercio intracomunitario.
Más  allá  de  la  estrecha  colaboración  existente  entre  las  distintas  autoridades 
tributarias de los países de la Unión Europea y del análisis de las nuevas modalidades 
de fraude que puedan surgir con el nuevo escenario de la tributación de las operaciones 
transfronterizas, se seguirá impulsando la coordinación y gestión del control de tramas 
de fraude organizado en relación con el IVA a nivel nacional, tanto en lo que se refiere a 
su prevención como a su represión.
Las medidas de control abarcan un amplio espectro que se inicia con la correcta 
gestión de los censos de operadores intracomunitarios, pasa por el intercambio activo de 
información con los demás Estados miembros de la Unión Europea y por la realización 
de visitas preventivas en las empresas de logística utilizadas, y culmina, cuando es 
necesario,  con  las  actuaciones  de  investigación  dirigidas  a  la  formulación  de  las 
«denuncias tempranas» ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial que pongan de 
manifiesto  la  comisión  de  delitos  y  sirvan  para  el  desmantelamiento  de  las 
organizaciones criminales que hay detrás del fraude, además de asegurar la máxima 
recuperación  de  las  cantidades  defraudadas.  En  esta  fase  de  la  investigación  es 
importante el trabajo conjunto con los servicios de Vigilancia Aduanera, así como la 
coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por el valor añadido 
que aportan a las investigaciones judiciales.
La  estrategia  nacional  de  lucha  contra  las  tramas,  por  lo  que  se  refiere  al 
ejercicio 2022, incluye como objeto de especial seguimiento las siguientes operaciones:
a)  Sostenimiento de las medidas de control preventivo del Registro de Operadores 
Intracomunitarios (ROI) para depurar el mismo, permitiendo el acceso exclusivamente de 
aquellos operadores con actividad económica real que no participen de las prácticas 
irregulares.
b)  Mayor control del censo de entidades con la finalidad de excluir aquellas que son 
potenciales  clientes  para  ser  utilizados  por  las  organizaciones  criminales  para  la 
comisión de delitos.
c)  Control  de  fraude  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  en  operaciones 
intracomunitarias  y  en  aquéllas  directamente  vinculadas  a  las  primeras  entregas 
posteriores a las importaciones referidas al material y componentes electrónicos no 
amparados por la inversión del sujeto pasivo. Se atenderá adicionalmente a los servicios 
transmisibles,  como  los  minutos  de  telefonía.  En  relación  con  tales  sectores,  se 
procederá  a  la  detección  temprana  de  los  operadores  instrumentales  destinados  a 
ocultar ventas reales a clientes finales, utilizando para ello los procedimientos previstos 
en la normativa comunitaria y los análisis de información y herramientas propias. Merece 
especial mención la puesta en marcha de la herramienta TNA («Transaction National  e.
Analysis») que entró en funcionamiento en el año 2020 para facilitar la lucha contra el  w.b
fraude al IVA, permitiendo la detección temprana de redes sospechosas. Se siguen  53ww
immápsle rmápeindtaa nyd eof icmaez.joras con la finalidad de detectar y atajar el fraude al IVA de forma
sectdo)r  deC ovnethríoclu sloosb.re las tramas de fraude al IVA intracomunitario que operan en el
e)  Comprobación e investigación combinadas de las importaciones de productos de 
consumo, textiles y otros con origen asiático. Para ello, se coordinarán las acciones de 
inspección con otras de tipo preventivo y de inducción al cumplimiento. Se trata, con ello, 
de limitar el fraude originado por importaciones infravaloradas seguidas de ventas en 
economía sumergida de multitud de productos de consumo.
f)  Control de los operadores, tanto mayoristas como minoristas, que están actuando 
fraudulentamente en el sector de hidrocarburos, mediante la coordinación de las áreas 
de control de Aduanas e Inspección, evitando el abuso del régimen de depósitos fiscales 
en materia de IVA, incorporando las modificaciones normativas que sean posibles en 
orden a asegurar el régimen de salidas de depósito de los operadores que no se 
encuentren debidamente registrados al efecto.
g)  Investigación de las tramas que están operando en el sector de alcoholes y 
bebidas derivadas abusando del régimen de los depósitos fiscales y depósitos distintos 
de los aduaneros. En particular, se analizará la información periódica a suministrar por 
parte de los titulares de los establecimientos respecto a la repercusión de las cuotas de 
los Impuestos Especiales.
h)  Control  del  reembolso  del  IVA  soportado  en  las  adquisiciones  de  bienes 
efectuadas por los viajeros no residentes en el territorio de aplicación del impuesto.
i)  Establecimiento de medidas de control preventivo para el acceso al Registro de 
extractores de depósitos fiscales de productos incluidos en los ámbitos objetivos de los 
Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas derivadas o sobre Hidrocarburos.
3.  Control del fraude aduanero, de los Impuestos Especiales y Medioambientales.
A.  Actuaciones de comprobación.
En este ámbito se realizarán actuaciones de comprobación e investigación centradas 
en los sectores de mayor riesgo tributario. En particular, se prestará especial atención a 
la manipulación de la documentación adjunta a las declaraciones aduaneras o que 
permita la aplicación de un régimen suspensivo o exenciones en materia de Impuestos 
Especiales  o  Medioambientales,  con  la  finalidad  de  conocer  la  realidad  de  las 
transacciones más allá de la documentación formal presentada a la Administración 
tributaria.
A estos efectos, en los supuestos de mayor riesgo potencial o cuando la naturaleza 
de la información así lo exija, se reforzará la actuación presencial de la Administración 
tributaria en las instalaciones de los obligados.
Asimismo, continuará la coordinación de las distintas áreas funcionales de la Agencia 
Tributaria  en  organizaciones  que  aúnen  la  lucha  contra  el  fraude  aduanero  o  de 
Impuestos  Especiales  y  Medioambientales  y  la  defraudación  en  otros  tributos,  en 
particular en el contexto de tramas de IVA en sectores sujetos también a tributos sobre el 
comercio exterior, Impuestos Especiales y Medioambientales.
En el fraude más grave, susceptible de generar acciones de índole penal, entrarán 
plenamente en juego las competencias de la Fiscalía Europea. En particular, dicho 
órgano asume competencias de investigación en los delitos que afecten a los recursos 
propios tradicionales de la Unión Europea como son los derechos de importación, cuya 
gestión y control corresponde al área de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Tributaria.
La Oficina Nacional de Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales continuará 
con el desarrollo e impulso de actuaciones de investigación de aquellos fraudes más  s
complejos, y de cuantía económica relevante, en su caso en coordinación con la Oficina  oe.
Nacional de Investigación del Fraude en aquellos ámbitos en los que concurra fraude en  w.
los tAri.b1u toAs cdtuea ccoiomnpeest endcei a cdoem aemrcbioa s eoxfitceirnioars .posteriores  a  la  importación.  Una  vez  2022-1453n https://ww
idnitrrigoidduocsi daa sv elarsif icmare recla nocríigaes ne, nc laesl iftiecrarcitioórnio  aaradnucaenlearroia ,d eré glaim Uenni óand, ulaonse rcoo nytr ovlaelso ri reánn   BOE-A-cable e
aduana declarados con motivo de la importación de mercancías, que actuarán a título de 
complemento de los controles realizados en recinto, si bien incidiendo en aquellas 
cuestiones que por sus características permitan una mayor eficacia mediante el control a 
posteriori,  bien  por  disponer  de  mayor  información  o  por  requerir  de  análisis  más 
detallados de imposible realización en el momento del despacho aduanero, todo ello con 
objeto  de  impedir  la  elusión  de  derechos  arancelarios,  derechos  antidumping  o  el 
Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación aplicables.
De cara a la identificación de sectores y operadores de riesgo, se fomentará el uso 
de técnicas de big data para análisis masivo de alta cantidad de información, a título 
complementario a los análisis tradicionalmente realizados por la Agencia Tributaria ya 
consolidados y que se mantendrán en 2022.
En este punto se prestará especial atención a los siguientes riesgos tributarios:
a)  Control del valor en aduana declarado, en especial la incidencia que los precios 
de  transferencia  y,  en  general,  todas  las  operaciones  dentro  de  un  mismo  grupo 
empresarial, pueden tener en la determinación del valor en aduana de las mercancías. 
Asimismo, se comprobarán los ajustes sobre el valor de transacción.
b)  Control del origen declarado y su correlación con el conjunto de información 
disponible para la Administración tributaria con especial atención a las preferencias 
arancelarias aplicadas y al riesgo de elusión de los derechos antidumping. En este 
punto, resulta de especial interés analizar el flujo de importaciones con el Reino Unido 
tras su retirada de la Unión Europea y en consecuencia convertirse en tercer país. La 
salida del Reino Unido de la Unión Europea se llevó a término al amparo de un acuerdo 
de retirada que, en materia de origen preferencial, establece los requisitos para acogerse 
a los beneficios arancelarios previstos en el citado acuerdo. Transcurrido el primer año 
de  salida,  conviene  focalizar  los  controles  en  aquellas  importaciones  acogidas  a 
preferencia  arancelaria  a  efectos  de  determinar  si  la  misma  ha  sido  declarada 
correctamente.
c)  Control de la clasificación arancelaria de las mercancías.
d)  Control de los despachos a libre práctica de bienes para su posterior entrega en 
otro Estado miembro.
e)  Investigación de las tramas de fraude organizado especialmente en los casos en 
los que se haya detectado que está ocultando toda o una parte de la cadena de 
transmisión  comercial  desde  la  importación  hasta  la  venta  al  consumidor  final.  En 
particular, continuarán las actuaciones de control del valor en aduana declarado desde el 
momento mismo del despacho aduanero, así como las labores de investigación de las 
actividades de distribución de mercancías en territorio español, incluso si las mercancías 
hubiesen  sido  objeto  de  importación  en  otros  Estados  miembros,  participando 
activamente  en  las  iniciativas  que  pueda  impulsar  la  Comisión  para  una  actuación 
coordinada entre los Estados miembros.
f)  Controles derivados de los resultados de las investigaciones realizadas por la 
Comisión en el marco de sus competencias.
g)  Control de la correcta aplicación de los regímenes especiales.
h)  Actuaciones de control con los representantes indirectos de los importadores.
i)  Realización,  cuando  proceda,  de  actuaciones  de  comprobación  sobre  las 
declaraciones complementarias presentadas por operadores autorizados a acogerse al 
procedimiento  de  declaración  simplificada,  a  fin  de  asegurar  que  se  ajustan  a  los 
términos  de  la  autorización  y  la  correcta  tributación  de  las  operaciones  una  vez 
conocidos todos los datos. e.
j)  Control de las operaciones de comercio electrónico. w.b
el  nCuoemvoo  sem haarc ion dijcuaríddoic aon teqruioer mreengtuel,a d eesld ec eolm 1e drcei oju lieol edcet r2ó0n2ic1o ,h ap erenvtriasdtoo  eenn  viglaosr 
Dimirpeocrttiavacisó n2,0 1e7n/ 2l4a5 e5l iym 2in0a1c9ió/1n9 9d5e,  lloa  qeuxee nscei óhna  dtreald IuVcAid oa,  dlae simdep oerl tapcuinótno  dpere vviissttaa  dpea rlaa 
envíos de valor intrínseco inferior a 22 euros, así como en la obligación de presentar
declaración para toda importación de bienes (completa o simplificada respecto a los de 
bajo valor) y la introducción de nuevos sistemas de liquidación y pago del IVA, en función 
del rol que asuman las plataformas de comercio electrónico y las empresa de paquetería.
El crecimiento exponencial del comercio electrónico derivado de los nuevos hábitos 
de los consumidores (acentuado durante la pandemia), unido al nuevo marco normativo, 
exige el diseño de una estrategia de control diferente a la establecida para el tráfico 
comercial que podríamos llamar tradicional y que pivota sobre la presentación de un 
volumen  de  declaraciones  simplificadas,  es  decir,  con  un  conjunto  de  datos  más 
reducido.
Para la adecuada implementación de la estrategia de control sobre este tipo de 
tráfico  que  representa  el  comercio  electrónico,  se  han  implementado  diferentes 
herramientas de explotación de la información e identificación de contribuyentes que 
permitirán comprobar un importante número de declaraciones respecto de las cuales se 
han  identificado  riesgos,  principalmente  relacionados  con  el  valor  declarado.  La 
información utilizada se nutrirá tanto de fuentes internas como externas, entre las que se 
encuentran las que la Agencia Tributaria pueda obtener directamente de las plataformas 
de  comercio  electrónico  en  virtud  de  requerimientos  de  información  y  demás 
mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.
Asimismo, las tareas de control en este ámbito irán encaminadas a la identificación 
de operadores que resulten repetitivos en este tipo de declaraciones y que pudieran 
desarrollar en España actividades económicas no declaradas o a la ocultación de parte 
de la actividad desarrollada en nuestro país.
A.2  Actuaciones  en  materia  de  Impuestos  Especiales.  En  el  ámbito  de  los 
Impuestos Especiales, se potenciarán los siguientes controles:
a)  En el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos, se reforzará el control de la 
correcta aplicación de las exenciones, tipos reducidos y destinos exentos. Asimismo, se 
potenciarán las actividades de control e investigación de la distribución de hidrocarburos 
al margen de la red de depósitos fiscales y los procedimientos legales de circulación 
intracomunitaria, con la consiguiente elusión del Impuesto Especial. Si tales actividades 
implican también un fraude al IVA, se actuará de forma coordinada con otras áreas de la 
Agencia Tributaria.
b)  En el ámbito del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, 
continuarán las actuaciones de control de la correcta declaración de bases imponibles y 
aplicación  de  las  exenciones  y  supuestos  de  no  sujeción  previstos  legalmente. 
Asimismo, se comprobará la correcta declaración del tipo impositivo, en particular en 
aquellos casos en los que el mismo se vincule al nivel de emisiones.
Asimismo, se fomentarán las actuaciones de prevención del fraude, en coordinación 
con otras áreas de la Agencia Tributaria. En particular, se tratará de anticipar el control al 
momento mismo de presentación de la declaración o solicitud de exención o no sujeción, 
en aquellos supuestos en los que se detecten contribuyentes de riesgo, sobre los que las 
actuaciones de comprobación a posteriori pudieran resultar menos eficaces.
c)  Control de los productos sujetos a los Impuestos Especiales con objeto de 
detectar las posibles ventas no declaradas de los mismos y la consiguiente defraudación 
tanto  de  los  propios  Impuestos  Especiales  como  del  IVA  y  los  impuestos  directos 
correspondientes a los beneficios obtenidos. En particular, se prestará especial atención 
al desvío de productos del régimen suspensivo, ya sea por envío entre establecimientos 
autorizados ya sea por exportación, así como a los envíos desde depósitos fiscales a 
distribuidores. e.
Asimismo, se prestará especial atención a los sujetos pasivos que no ingresen las  w.b
cuotas resultantes de sus autoliquidaciones por solicitar aplazamiento o fraccionamiento  53ww
doeb jelatisv om disem eavsit,a er nfi npaalmrtiecnutlaer e cl upaangdoo d seel  imapprueecsieto r.iesgo de que su actuación responde al
del dp)r opCioo inmtrpoul edset ot reasmpaesc iaacl toiv aesl  IeVnA  eclo srreecstpoor nddeie hnitder oac alar bduirsotrsib yuac iósena u npaa rave lza  qeulues ilóons 
productos  abandonan  el  régimen  suspensivo,  en  este  último  caso  mediante  la
coordinación de las áreas de control de Aduanas e Inspección, evitando el abuso del 
régimen de depósitos fiscales en materia de IVA.
e)  Control de la correcta declaración de bases imponibles del Impuesto Especial 
sobre la Electricidad, así como la inclusión de las inscripciones creadas por las nuevas 
figuras sujetas al impuesto.
A.3  Actuaciones en materia de Impuestos Medioambientales. En relación con el 
Impuesto  sobre  los  Gases  Fluorados  de  Efecto  Invernadero,  se  desarrollarán  las 
siguientes  actuaciones,  a  cuyo  fin  se  explotarán  los  datos  facilitados  a  la  Agencia 
Tributaria en virtud de la nueva información prevista en el modelo 586:
a)  Comprobación de las operaciones no sujetas con el fin de detectar hechos 
imponibles incorrectamente declarados.
b)  Control de los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto adquiridos 
por personas o entidades no inscritas en el Registro Territorial del Impuesto sobre los 
Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
c)  Control de las recepciones y expediciones exentas de gases fluorados de efecto 
invernadero imputados y declarados por los revendedores.
d)  Control de las autoliquidaciones y declaraciones de operaciones que deben 
presentar los revendedores de gases fluorados de efecto invernadero.
e)  Control de determinadas adquisiciones intracomunitarias de gases fluorados de 
efecto invernadero efectuadas por revendedores.
f)  Control de las ventas y entregas de los productos incluidos en el ámbito objetivo 
del  Impuesto  sobre  los  Gases  Fluorados  de  Efecto  Invernadero  y  del  correcto 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  inherentes  a  dichas  operaciones.  Se 
prestará especial atención a las operaciones intracomunitarias de adquisición de gases 
sujetos al impuesto.
g)  Control de los importadores de Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Sin 
perjuicio del control estrictamente tributario, en las importaciones se controlará también 
el cumplimiento de las condiciones impuestas en la normativa de la Unión para la 
introducción de estos productos.
h)  Investigación de canales de distribución oculta de Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero.
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 
Eléctrica, se desarrollarán preferentemente actuaciones tendentes a la comprobación de 
la correspondencia entre las autoliquidaciones relativas a los pagos fraccionados y la 
autoliquidación anual.
B.  Control de autorizaciones y obligaciones formales.
Tras la adaptación de las autorizaciones aduaneras al Código aduanero de la Unión 
y el paso, en consecuencia, a un sistema de control basado en el seguimiento de los 
operadores titulares de autorizaciones aduaneras, a lo largo del 2022 se trabajará en el 
desarrollo de aplicaciones que permitan el seguimiento de indicadores de riesgo por 
operador, en función de las autorizaciones de las que son titulares y los requisitos y 
condiciones que las mismas requieren.
Durante  el  2022  se  mantendrá,  además,  un  elevado  número  de  visitas  a  los 
establecimientos donde se encuentran mercancías sujetas a vigilancia aduanera para 
verificar el correcto uso de las autorizaciones correspondientes. e.e
Serán objeto de control: b
mmpreeerrsacceaa)n nntccaLíícaaoiósss  n e yand l mteal oanlcctaoaes ln ereesmcs ei baracdunaeto n urcnidzía eadspde,óo ssstoii nttoroop  saat rdealumu agplnaaoer reraosel,. x paooutrtrotoarsciz ióalndu ogsad roepnsad reaa  uestloe r dizeianpdtróoossdit uoc peadnrea   llaalass    OE-A-2022-14able en https://
b)  Los depósitos aduaneros.
c)  Los expedidores y destinatarios autorizados a efectos de tránsito de la Unión, los 
destinatarios autorizados a efectos de operaciones TIR, el empleo de precintos de un 
tipo especial en el régimen de tránsito.
d)  Las autorizaciones de estatuto de expedidor autorizado de prueba de estatuto 
aduanero.
e)  Los operadores económicos autorizados y los operadores que se benefician del 
uso de los procedimientos simplificados previstos en el código aduanero de la Unión y, 
en especial, las empresas autorizadas a la simplificación de inscripción en registros 
contables.
f)  Las  autorizaciones  de  garantía  global  incluyendo  su  posible  reducción  o 
dispensa,  así  como  las  autorizaciones  de  aplazamiento  de  pago  de  los  derechos 
exigibles.
g)  Los regímenes especiales.
En relación con las autorizaciones y obligaciones formales en Impuestos Especiales, 
se potenciarán los siguientes controles:
a)  En lo referente a los Impuestos Especiales de Fabricación, se continuará con las 
actuaciones y controles tradicionales para su correcto cumplimiento tanto referido a la 
actualización de los censos como al cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
carácter formal. Asimismo, se realizarán actuaciones de control de la correcta aplicación 
de  los  beneficios  fiscales  previstos  legalmente.  En  particular,  en  relación  con  los 
productos en régimen suspensivo, exento y a tipo reducido que circulen amparados en 
un documento administrativo electrónico, se potenciará la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones tanto del expedidor como del destinatario en el ámbito comunitario 
externo  y  en  el  ámbito  interno,  así  como  el  control  de  la  ultimación  del  régimen 
suspensivo  mediante  operaciones  de  exportación.  Asimismo,  se  comprobarán  las 
solicitudes de devolución originadas por este motivo.
Se efectuará el control de las condiciones y requisitos a cumplir a efectos de la 
vigencia  de  las  autorizaciones  de  los  establecimientos  sujetos  a  los  Impuestos 
Especiales de Fabricación, con el fin de proceder a la revocación de las autorizaciones 
concedidas en caso de incumplimiento.
b)  En el ámbito del Impuesto Especial sobre la Electricidad, se llevarán a cabo la 
depuración y actualización del censo, realizando actuaciones de comprobación y, en su 
caso,  regularización  tributaria  sobre  todas  aquellas  empresas  que,  desarrollando 
actividades susceptibles de gravamen por el impuesto, no se encuentren debidamente 
identificadas a efectos del mismo.
c)  En el ámbito del Impuesto Especial sobre el Carbón, se procederá a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias inherentes a tal impuesto.
En materia de Impuestos Medioambientales, y por lo que se refiere al Impuesto sobre 
el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, se desarrollarán actuaciones de 
verificación del requisito de presentación del modelo de declaración, comprensivo de los 
importes satisfechos a los contribuyentes del Impuesto sobre el Valor de la Producción 
de Energía Eléctrica en relación con la producción e incorporación al sistema eléctrico de 
energía eléctrica.
Asimismo,  se  impulsará  la  comprobación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias derivadas de los Impuestos sobre la Producción de Combustible Nuclear 
gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica,  s
y sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en  oe.
instalaciones centralizadas, con especial incidencia en la verificación del cumplimiento  w.
de las obligaciones formales derivadas de estos impuestos. 2022-1453n https://ww
C.  Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. 
Actuaciones de Vigilancia Aduanera.
Para la consecución del objetivo general de la Agencia Tributaria en relación con la 
prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, durante el 
año 2022 la Agencia Tributaria desarrollará específicamente una serie de actuaciones 
encaminadas a la neutralización de las actividades del crimen organizado, actuando de 
manera  integral  contra  las  estructuras  logísticas,  financieras  y  patrimoniales  de  las 
organizaciones criminales.
La vigilancia terrestre, marítima y aérea constituye un pilar fundamental en el control 
de  las  fronteras  y  aguas  jurisdiccionales  para  prevenir  y  perseguir  los  delitos  de 
contrabando, incluido el narcotráfico, por lo que deben adaptarse los medios a las 
nuevas necesidades derivadas de los modus operandi de las organizaciones criminales, 
incorporando nuevos medios y sistemas tecnológicos para potenciar las investigaciones.
En relación con el contrabando, el tráfico de drogas continúa siendo la primera 
actividad, por orden de importancia, del crimen organizado en España, en atención a su 
volumen, a la importancia de las ganancias obtenidas por los grupos criminales y al 
impacto negativo que genera en la sociedad, tanto desde el punto de vista de la salud 
pública  como  desde  el  de  la  seguridad  pública  y  el  deterioro  del  tejido  social  en 
determinadas zonas del territorio español.
Por su parte, el comercio ilícito de productos del tabaco es otro de los ámbitos 
prioritarios,  ya  que  no  solo  influye  negativamente  en  la  recaudación  del  Estado  y 
perjudica a los operadores comerciales legítimos, sino que aumenta la accesibilidad y 
asequibilidad  de  dichos  productos,  socavando  las  medidas  de  control  y  sanitarias 
aplicables a los mismos. La Agencia Tributaria y la Mesa del Tabaco han suscrito un 
Acuerdo de Entendimiento para colaborar en la prevención del comercio ilícito de tabaco.
El desmantelamiento financiero de cualquier red delictiva tiene un efecto represivo 
mayor que la intervención de los efectos del contrabando en sí o, incluso, la propia 
detención y puesta a disposición judicial de los culpables. La utilización generalizada de 
estructuras comerciales legales para las actividades criminales, además de facilitar a 
dichas organizaciones mover capitales e inversiones, erosiona la economía lícita. Por 
ello el objetivo prioritario de lucha contra el contrabando comprende también la ejecución 
de todas las acciones de investigación patrimonial necesarias para la intervención de los 
bienes y ganancias ilícitas de los responsables, atacando así la estructura logística y 
financiera de las organizaciones para su completa desarticulación.
En  definitiva,  los  planes  operativos  quedarán  alineados  con  la  planificación 
estratégica para el cumplimiento de los objetivos en ámbito de prevención y represión del 
contrabando,  el  narcotráfico  y  el  blanqueo  de  capitales.  Para  hacer  posible  estos 
objetivos, durante el año 2022 se establecen las siguientes directrices prioritarias:
a)  En materia de tráfico de drogas, las áreas de control prioritario seguirán siendo el 
tráfico ilícito de cocaína procedente de Sudamérica y el Caribe, así como el hachís 
procedente del norte de África.
En este punto resulta prioritaria la zona del Campo de Gibraltar, en la que se 
desarrollarán  actuaciones  operativas  en  coordinación  con  el  resto  de  autoridades 
policiales y judiciales, en aplicación del Plan Especial del Campo de Gibraltar, con 
especial  atención  a  las  investigaciones  patrimoniales  y  blanqueo  de  capitales.  No 
obstante,  se  prestará  especial  atención  a  las  provincias  limítrofes  debido  al 
desplazamiento de las actividades contrabandistas de las organizaciones criminales. e
Igualmente, es fundamental la adaptación permanente de la estrategia de vigilancia  bo
aeronaval y del análisis efectuado por las Oficinas de Inteligencia Marítima a la evolución  53ww
pdoer  nvuíae vmaas rírtuimtaas. y tipologías en la introducción de estupefacientes en territorio nacional
impuAlssiamnidsom ol,a  seco lmabaonrtaiecnióenn   lpaúsb laiccotu-parcivioandeas  cdoen  cloanst roal uetonr idloasd erse cpinotrotsu aaridausa nye rolass, 
terminales  de  contenedores  con  el  objetivo  de  reforzar  la  seguridad  y  dificultar  la
actuación de organizaciones criminales en dicho entorno; especialmente en la detección 
de operaciones donde las organizaciones criminales se sirven de envíos legales para 
camuflar la droga.
Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de lucha frente a la proliferación de 
plantaciones clandestinas de marihuana en territorio nacional.
b)  De acuerdo con los cambios experimentados en las tipologías del comercio ilícito 
del  tabaco,  se  continuarán  desarrollando  actuaciones  encaminadas  al  control  del 
suministro ilegal de hoja de tabaco susceptible de ser utilizada como materia prima en la 
fabricación ilícita de cigarrillos en fábricas clandestinas y también el control en cuanto a 
consumidores finales, modalidad esta última que está alcanzando cotas importantes.
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio 
de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que 
inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de 
diversas  normas  tributarias  y  en  materia  de  regulación  del  juego,  contiene  dos 
importantes disposiciones adicionales cuya implementación contribuirá a la prevención 
del comercio ilícito de tabaco, especialmente en la tipología de fabricación ilícita.
Por una parte, la disposición adicional primera contiene las normas de control sobre 
el tabaco crudo y régimen sancionador. Este régimen está encaminado a mejorar el 
control  sobre  el  comercio  y  transporte  del  tabaco  crudo  evitando  su  desvío  a  la 
fabricación ilícita.
Por su parte, la disposición adicional segunda califica como género prohibido a 
efectos  de  la  legislación  de  contrabando  determinadas  máquinas  destinadas  a  la 
fabricación  de  labores  de  tabaco  sin  cumplir  los  requisitos,  sumándose  a  otras 
herramientas para la lucha contra la fabricación ilícita de cigarrillos.
Estas medidas irán acompañadas del refuerzo de la cooperación internacional en 
este ámbito, en particular con organismos europeos especializados en la lucha contra los 
grupos de crimen organizado transnacionales que refuerzan la cooperación entre los 
distintos  países  afectados  mediante  el  desarrollo  de  operaciones  internacionales 
conjuntas.  Específicamente  con  Gibraltar,  con  la  reactivación  del  Memorando  de 
Entendimiento sobre el tabaco y otros productos, y los mecanismos de intercambio de 
información previstos, se reforzarán los controles en frontera y las investigaciones sobre 
las redes contrabandistas.
c)  La configuración geoestratégica de nuestro país otorga al medio marítimo una 
especial importancia en la lucha contra el contrabando y otros tráficos ilícitos, como se 
reconoce en la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional. Por ello, resulta esencial un 
conocimiento global del entorno marítimo en el que desarrolla gran parte de la actividad 
operativa el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
Para ello, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a través de la 
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera ha implementado y desarrollado una estructura 
de Oficinas de Inteligencia Marítima que facilita un intercambio de información ágil, 
permitiendo disponer de una visión más integral y eficiente de la actividad marítima.
En 2022, en apoyo a las Oficinas de Inteligencia Marítima se desarrollarán nuevas 
herramientas  y  tecnologías  con  el  fin  de  actualizar  técnica  y  operativamente  las 
herramientas de vigilancia y control marítimo de gestión centralizada como impulso a la 
operatividad  aeronaval,  investigación  e  intercambio  de  información  a  través  de 
plataformas virtuales y Oficina de inteligencia Marítima Central.
Se continuará con la implementación de mecanismos de obtención de información  s
sobre el movimiento de las embarcaciones de recreo con la finalidad de prevenir su uso  oe.
por las organizaciones contrabandistas. w.
Además, para hacer frente adecuadamente a las amenazas y retos que se presentan  53ww
eenst aebll ecáimdabsit oe nm eal ríPtilmano , des eA cpcrieósnt adreá  Seesgpuercidiaal d aMteanrcítiiómna  aa plroosb acdroit eproiors  ely  Cdoinrescetjroic dees 
Seguridad Marítima Nacional, sus acciones ya consolidadas y aquellas en desarrollo por
parte  de  los  grupos  de  trabajo  del  departamento  de  Seguridad  Nacional  para  su 
aprobación por el Consejo de Seguridad Marítima Nacional.
d)  El  Real  Decreto-ley  16/2018,  de  26  de  octubre,  por  el  que  se  adoptan 
determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en 
relación  con  las  embarcaciones  utilizadas,  estableció  una  serie  de  prohibiciones  y 
limitaciones de uso en relación con las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta 
velocidad, como medida para la lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías.
Desde  la  aprobación  de  dicha  norma  se  han  instruido  un  gran  número  de 
expedientes de infracción administrativa de contrabando y de atestados por delitos de 
contrabando causados por el uso ilícito de dicho tipo de embarcaciones, habiéndose 
incautado  más  de  700  embarcaciones.  En  2022,  con  el  reglamento  de  control  de 
embarcaciones aprobado por Real Decreto 807/2021 de 21 de septiembre, continuarán 
las acciones de control en este ámbito, reforzando las acciones operativas y la vigilancia 
marítima en las zonas de mayor riesgo, así como los controles en toda la cadena de 
suministro mediante la trazabilidad desde su fabricación/importación hasta la puesta a 
disposición del operador final.
e)  La  función  de  protección  y  seguridad  constituye  una  de  las  misiones 
fundamentales de las autoridades aduaneras de la Unión Europea. En este sentido, y de 
forma  coordinada  con  otros  organismos  nacionales,  europeos  e  internacionales,  se 
potenciarán las actuaciones de análisis de riesgos y de investigación relativas a tráficos 
ilícitos que afecten a la seguridad global o de los ciudadanos y al medio ambiente.
Para una adecuada evaluación de los riesgos de seguridad y protección, desde 2011 
es exigible la declaración sumaria de entrada para toda mercancía que entre en territorio 
aduanero de la Unión Europea procedente de un tercer país. Desde el 15 de marzo 
de 2021, es también obligatoria la presentación de una declaración de seguridad para 
realizar la evaluación de riesgos de seguridad de la paquetería urgente y correos, con el 
objetivo de proporcionar un control de seguridad adicional a los controles de seguridad 
de la aviación civil existentes.
Por otra parte, se seguirán intensificando, tanto mediante iniciativas nacionales como 
con  la  implementación  en  nuestro  país  de  iniciativas  promovidas  por  organismos 
supranacionales  en  las  que  el  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales 
participa, las actuaciones de control del comercio ilícito de especies protegidas, residuos 
peligrosos o tóxicos, material de defensa y de doble uso, así como de productos cuyo 
consumo ponga en riesgo la salud de los ciudadanos o vulneren los derechos contra la 
propiedad industrial.
f)  Con el objetivo de neutralizar las estructuras económicas y financieras de las 
organizaciones  criminales  vinculadas  al  contrabando  y  narcotráfico,  se  continuarán 
desarrollando las actuaciones y mecanismos para localizar e intervenir los beneficios de 
dichas  organizaciones,  mediante  la  mejora  de  los  acuerdos  de  coordinación  e 
intercambio de información celebrados con organismos nacionales e internacionales, así 
como mediante la colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 
(ORGA).
En este sentido, se desarrollarán acciones operativas específicas de control sobre 
movimientos de medios de pago no acompañados, y se continuará con la estrategia de 
implementación de acciones de control patrimonial mediante técnicas de big data con la 
finalidad  de  detectar  elementos  patrimoniales  cuyo  origen  pueda  estar  vinculado  a 
actividades criminales.
g)  En 2022 tendrá carácter prioritario el apoyo a las actuaciones de lucha contra el  s
fraude  fiscal  más  complejo  en  todas  sus  fases,  especialmente  en  el  caso  de  las  oe.
actuaciones que requieren el empleo de técnicas o facultades de policía judicial en  w.
apoyo  a  la  Oficina  Nacional  de  Investigación  del  Fraude  y  al  Departamento  de  53ww
Recaudación.
IV. Control del fraude en fase recaudatoria
Las  líneas  básicas  de  actuación  del  área  de  Recaudación  para  el  año  2022 
continuarán plasmándose en estas directrices generales bajo dos grandes objetivos a 
perseguir: por una parte, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través 
de las actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes y, por otra, la lucha 
contra el fraude fiscal. Estas directrices, además, se alinean con los grandes objetivos 
estratégicos de la Agencia Tributaria, lo que condiciona a su vez las actuaciones que se 
incluyen en la planificación del área. Además, la concreción de estas directrices a lo 
largo de años anteriores y la experiencia extraída de su puesta en práctica ponen de 
manifiesto su efectividad.
La actividad de control en fase de recaudación, materia propia de estas directrices, 
se realiza a través de medidas concretas con la importancia y efectividad suficiente como 
para  tener  su  plasmación  en  la  planificación  de  los  objetivos  del  área,  medidas 
esenciales para el área cuyo fin último está dirigido al cobro efectivo de las deudas. Si 
bien estas actuaciones no tienen un reflejo inmediato sobre el cobro de las deudas, sin 
duda tienen valor en sí mismas y son necesarias para la prevención y el control del 
fraude fiscal.
De forma continuada, determinadas actuaciones vienen mostrando a lo largo de los 
años una gran eficacia para conseguir el cobro de las deudas y para luchar contra el 
fraude en fase de recaudación. De esta manera, también para el año 2022 se continuará 
perseverando en las mismas, especialmente en aquellas que tienen mayor impacto en el 
grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias por los contribuyentes con un 
efecto directo sobre los deudores, sin perjuicio de su propio valor para la prevención del 
fraude al incidir en el comportamiento futuro de los deudores y otros contribuyentes 
debido a los efectos inducidos que provocan.
Se continuará dando una especial importancia al análisis de riesgos al haberse 
revelado como una herramienta muy efectiva para definir actuaciones a realizar en la 
búsqueda de dichos efectos directos e inducidos, y por tanto para la planificación del 
trabajo.
Durante 2022 se continuará con el control de las titularidades «de conveniencia» de 
los  Terminales  de  Puntos  de  Venta  que  pudieran  ser  utilizadas  para  evitar  las 
actuaciones de embargo. Igualmente se intensificarán las actuaciones específicas en 
relación con los deudores con reconocimientos de deuda o solicitudes de aplazamiento 
sin ofrecimiento de garantía para reducir el riesgo de impago.
Pero no solamente el fraude tributario en fase de recaudación se combate con 
actuaciones  represivas  del  mismo,  sino  que,  el  cumplimiento  espontáneo  de  los 
contribuyentes  debe  verse  favorecido  e  intensificado  a  través  de  la  prestación  de 
mejores servicios de información y asistencia, facilitando de este modo el pago de las 
deudas.
Por tanto, se priorizarán las siguientes líneas de actuación en el ámbito recaudatorio.
1.  Medidas de prevención y control del fraude fiscal.
A.  Mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio. La experiencia acumulada en 
los años anteriores traerá consigo una definición de riesgos recaudatorios cada vez más 
depurada, lo que permitirá planificar y enfocar con mayor eficacia y eficiencia la gestión 
recaudatoria y la lucha contra el fraude, aunando la visión recaudatoria tanto hacia la 
deuda como hacia el deudor, facilitando en los casos de mayor complejidad la detección  s
de comportamientos de riesgo recaudatorio a través de las cada vez más efectivas  oe.
técnicas avanzadas de análisis y procesamiento de datos con las que cuenta el área. w.
ulatsili zdBae.n uddPoa estro spdeoacrsu  rcleaióssnp  podonessl iabdbieliilldiidtaoad dce oscn itqvriual e yl a o pHfereanccaeise  nldade aL  mePyúu blGtaliec acnu eyyr aocl o cTnortribbarubota asnreida o e.pn Sacreoa m ceoiexnnatidcnceui oaanr áalnar    2022-1453n https://ww
Agencia Tributaria, así como las deudas vinculadas a delito a que se refiere el Título VI
de  la  Ley  General  Tributaria,  realizándose  cuantas  actuaciones  recaudatorias  sean 
necesarias.
Se realizará una especial vigilancia patrimonial de estos deudores con la finalidad de 
prevenir y detectar conductas de vaciamiento patrimonial que pudieran calificarse incluso 
como  posibles  insolvencias  punibles.  Este  seguimiento  permitirá,  además,  informar 
adecuadamente de la vertiente recaudatoria de las propuestas de conformidad.
Los órganos de recaudación prestarán especial atención a las conductas de los 
condenados por delito contra la Hacienda Pública y contrabando por si hubiese que 
ponerlas en conocimiento de los órganos judiciales solicitando, en su caso, la revocación 
de  la  suspensión  de  la  pena  de  ingreso  en  prisión  ante  el  incumplimiento  de  sus 
obligaciones de pago sin ser insolventes, realizando la correspondiente investigación 
patrimonial.
C.  Adopción de derivaciones de responsabilidad. Una de las herramientas que se 
ha mostrado más eficaz a lo largo de los años como instrumento de prevención y control 
del fraude en fase recaudatoria ha sido la derivación de responsabilidad y, en general, la 
exigencia de deudas a terceros. Como en años anteriores, durante 2022 se continuarán 
con las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a terceros responsables u 
otras personas a cuyo cargo la Ley impone la obligación de pago, y a acreditar la 
concurrencia de los supuestos de hecho previstos en la norma para exigirles el pago de 
las deudas.
D.  Adopción de medidas cautelares. Igualmente, para prevenir y combatir el riesgo 
de impago como consecuencia de conductas de vaciamiento patrimonial u otras que 
puedan poner en peligro el cobro de las deudas, se potenciará la adopción de las 
medidas cautelares previstas legalmente y que sean pertinentes, para mitigar dicho 
riesgo, asegurando el buen fin de los procedimientos recaudatorios de los que traigan 
causa.
E.  Presencia  de  los  funcionarios  de  Recaudación.  Está  previsto  continuar 
impulsando,  en  la  medida  que  las  circunstancias  lo  permitan,  la  presencia  de  los 
funcionarios de Recaudación mediante visitas y personaciones para realizar actuaciones 
ejecutivas  y  de  obtención  de  información  en  relación  con  determinados  grupos  de 
deudores que no muestran intención de regularizar su situación, y que continúan en 
muchos casos ejerciendo una actividad económica sin minorar sus deudas o incluso 
incrementando las mismas. Se buscará con estas actuaciones tanto los efectos directos 
del cobro como los indirectos en otros deudores con el mismo perfil. Se efectuarán las 
personaciones que se consideren más efectivas, tanto en locales de negocios como en 
aquellos otros que la normativa exige la previa autorización judicial para realizar estas 
actuaciones.
F.  Medidas específicas para la persecución del fraude recaudatorio más importante 
cuantitativa  y  cualitativamente.  Este  tipo  de  fraude  debe  abordarse  con  todas  las 
medidas  necesarias  para  poder  combatirlo.  Desde  el  punto  de  vista  normativo  se 
aprovecharán al máximo las medidas legalmente previstas y aplicables tanto en el 
ámbito administrativo como judicial. Las herramientas informáticas, con el alto nivel de 
desarrollo evidenciado en los últimos años y la utilización de todas las fuentes de 
información disponibles que permiten el análisis de riesgos recaudatorios, se deben 
aplicar para una persecución de este fraude lo más eficaz y eficiente posible. Y junto con 
esto, se abordarán las modificaciones organizativas necesarias que permitan dedicar 
recursos  humanos,  sin  restricciones  territoriales,  a  una  plena  dedicación  a  la 
investigación  recaudatoria  de  estos  deudores  y  adoptar  las  medidas  concretas  s
necesarias dirigidas a la consecución de estas metas. oe.
2.  Otras medidas de gestión recaudatoria en el ámbito del control recaudatorio. 53ww
A.  Seguimiento  de  insolvencias  aparentes.  Se  investigará  especialmente  la
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dificulte la recuperación de las deudas pendientes de cobro.
Las actuaciones a realizar se dirigirán, por un lado, a obtener pruebas dirigidas a la 
acreditación de supuestos de insolvencia punibles y, por otro, a la adopción anticipada de 
las medidas de aseguramiento del cobro de las deudas que procedan.
Estas  actuaciones  se  complementarán  con  el  control  de  deudores  fallidos  para 
detectar posibles supuestos en los que proceda la rehabilitación de los mismos para 
efectuar el cobro de las deudas previamente canceladas provisionalmente como créditos 
incobrables.
B.  Cooperación con otras Administraciones Públicas. Se continuará avanzando con 
el  mecanismo  de  cooperación  con  otras  Administraciones  Públicas  a  través  del 
denominado Punto Neutro, permitiendo difundir información sobre los pagos de las 
Administraciones Públicas a deudores de éstas y posibilitando así la emisión de las 
diligencias de embargo que ellas mismas pudieran dictar contra aquellos contribuyentes 
que fueran simultáneamente acreedores de dichos pagos y deudores de cualquiera de 
las Administraciones. Este mecanismo, previsto en la disposición adicional cuarta de la 
Ley 25/2013, de 27 diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable  de  facturas  en  el  Sector  Público  requiere  del  correspondiente  desarrollo 
reglamentario,  que  se  impulsará  para  que,  una  vez  alcanzado,  pueda  iniciarse  su 
funcionamiento en toda su plenitud, para así permitir de ahí en adelante incorporarse a 
este sistema un gran número de Administraciones Públicas.
Por otro lado, en lo que respecta a la cooperación internacional para el cobro de 
créditos tributarios, se están llevando a cabo todos los trabajos necesarios desde un 
punto de vista multidisciplinar -jurídico, tecnológico y de organización y coordinación- 
para que, gracias a la experiencia adquirida desde el año 2010 por la Agencia Tributaria, 
se pueda extender esa base de conocimiento y medios técnicos hacia la recaudación de 
deudas de las restantes Administraciones tributarias de ámbito nacional cuyos intereses 
de cobro podrían verse satisfechos mediante la utilización de este instrumento, de 
indudable trascendencia y eficacia a nivel europeo.
C.  Proyecto  de  NRC  online.  Implantado  ya  este  nuevo  sistema  de  registro  y 
seguimiento de los ingresos gestionados a través de entidades colaboradoras, el efecto 
práctico  inmediato  se  traduce  en  un  conocimiento  de  esta  información  de  forma 
inmediata en el tiempo.
Todo ello implica un gran avance cualitativo respecto al anterior sistema general que 
redundará en importantes mejoras en el resto de aplicaciones gestoras recaudatorias en 
materia  de  actuaciones  de  seguimiento  y  control.  Se  procederá  a  explotar  este 
conocimiento inmediato de ingresos, tanto desde el punto de vista de la asistencia e 
información como del control de ingresos en plazo.
D.  Control de la deuda pendiente en periodo ejecutivo. Se realizará un control 
permanente de la deuda pendiente, en particular, de la deuda en fase de embargo, con 
el fin de agilizar la gestión recaudatoria y así conseguir una reducción de la misma. Para 
ello, se procederá a revisar esta deuda pendiente, fundamentalmente la más antigua, de 
manera que se agilice la finalización del procedimiento de apremio.
E.  Control de deudas suspendidas y paralizadas. Se realizarán actuaciones de 
control y seguimiento de las deudas paralizadas y suspendidas. Para ello se revisarán 
especialmente  las  deudas  o  vencimientos  suspendidos  por  recurso  o  reclamación, 
agilizando la ejecución de sentencias y resoluciones.
F.  Control  de  garantías  ofrecidas.  Dicho  control  se  efectuará  tanto  sobre  las 
garantías aportadas en el caso de aplazamientos y fraccionamientos de pago, como en 
los supuestos de suspensión de deudas objeto de cualquier recurso o reclamación. Este  s
control supondrá la realización de un seguimiento sobre la grabación de las garantías, el  oe.
mantenimiento de las mismas y finalmente la calidad. w.
G.  Procedimiento  de  enajenación:  subastas.  Con  la  plena  integración  del  53ww
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respecto de la que tiene actualmente en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, 
como por las características del procedimiento de subasta y la concesión de más días 
para la presentación de ofertas.
H.  Eficacia  de  las  deudas  derivadas  y  efecto  inducido  en  la  recaudación. 
Durante 2022 se continuará realizando un seguimiento de las deudas ingresadas por los 
deudores tras un acuerdo de derivación de responsabilidad, así como del cumplimiento e 
ingresos efectuados a partir de dicho acuerdo.
V. Colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las 
Comunidades Autónomas
En cuanto a las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía (en adelante, Comunidades Autónomas), la colaboración entre la 
Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias autonómicas resulta esencial para el 
adecuado control de los tributos cedidos, sean gestionados por la Agencia Tributaria o 
por las Comunidades Autónomas por delegación del Estado.
La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación 
de  las  Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, cede a las Comunidades 
Autónomas  el  rendimiento  total  o  parcial  en  su  territorio  de  una  serie  de  tributos 
estatales, y delega la competencia para la gestión de una parte de esos tributos –
asumida por las Comunidades Autónomas-, concretamente, la gestión de los Impuestos 
sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y de determinados Tributos sobre el Juego.
La  citada  Ley  consagra  como  principio  esencial  la  colaboración  entre  las 
Administraciones tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas, en particular, 
el fomento y desarrollo de intercambios de información y la planificación coordinada de 
las actuaciones de control sobre los tributos cedidos.
De acuerdo con dicha ley, el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la 
Gestión Tributaria –y los correspondientes Consejos Territoriales en el ámbito de cada 
Comunidad-,  es  el  órgano  colegiado  de  coordinación  de  la  gestión  de  los  tributos 
cedidos, integrado por representantes de la Administración tributaria del Estado y de las 
Comunidades Autónomas al que se atribuyen, entre otras, las funciones de concretar 
criterios uniformes y procedimientos comunes de intercambio de información y acordar 
las líneas básicas y directrices de ejecución de programas de control sobre los tributos 
cedidos.
La  Agencia  Tributaria,  en  el  marco  de  los  acuerdos  adoptados  en  el  seno  del 
Consejo Superior y de los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la 
Gestión Tributaria, y en particular del acuerdo del Consejo Superior para la Dirección y 
Coordinación de la Gestión Tributaria de 9 de abril de 2013, potenciará los intercambios 
de información con trascendencia tributaria entre las Administraciones tributarias del 
Estado y de las Comunidades Autónomas con la finalidad de incrementar la eficacia de 
la gestión tributaria, mejorar la asistencia a los contribuyentes y, singularmente, potenciar 
la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Así, continuarán los intercambios de información sobre los datos censales más 
relevantes de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido, base de 
datos consolidada de información censal obtenida por las Administraciones tributarias 
autonómicas y estatal. s
Se  fomentará  igualmente  la  transmisión  periódica  a  la  Agencia  Tributaria  de  la  e.
información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos  w.
gestionados por las Comunidades, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales  53ww
ytr ibAucttooss  eJsutraídtaicleoss  sDoobcruem  eeln tjaudeogso,  geel sItmiopnuaedsotso  spoobr rela sS uCcoemsiounneidsa dye sD oAnuatcóinoonmesa sy  ploosr 
delegación del Estado, dado que dicha información pone de relieve la existencia de otros
posibles  hechos  imponibles,  especialmente,  en  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio.
En 2022, continuará el suministro por las Comunidades Autónomas a la Agencia 
Tributaria de la información de las familias numerosas y de los grados de discapacidad. 
Esta información resulta necesaria para la tramitación de los pagos anticipados de las 
deducciones por familias numerosas y grados de discapacidad previstas en el artículo 81 
bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
Asimismo, continuará y se consolidará en tiempo y en forma el suministro por parte 
de  las  CCAA  a  la  Agencia  Tributaria  de  información  sobre  fianzas  derivadas  del 
arrendamiento de inmuebles a que se refiere el artículo 36 de la Ley de Arrendamiento 
Urbanos (LAU).
Esta  información  permitirá  tanto  asistir  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias (tanto del arrendador como del arrendatario), como también la mejora del 
control de los rendimientos de capital inmobiliario y, en su caso, de las deducciones que 
puedan aplicarse por estos alquileres.
Como novedad en el ejercicio 2022, también va a ser necesario el intercambio de 
información respecto a los certificados de eficiencia energética registrados en el 2021 y 
las resoluciones definitivas de ayuda que hayan sido concedidas por obras de mejora de 
la eficiencia energética de viviendas, junto con la relación de números de referencia 
catastrales a los que se refieran.
Este suministro está previsto en la letra g) del apartado 3 de la disposición adicional 
decimotercera de la Ley del IRPF y tiene como justificación el control y la gestión de las 
nuevas deducciones aprobadas en el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de 
medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por su parte, la Agencia Tributaria continuará proporcionando a las Administraciones 
tributarias autonómicas acceso a la información sobre los impuestos cedidos que sea 
necesaria para su adecuada gestión tributaria.
Además  de  estos  intercambios  de  información  generales,  se  potenciarán  los 
intercambios  de  información  específicos  sobre  determinados  hechos,  operaciones, 
valores, bienes o rentas con trascendencia tributaria que resulten relevantes para la 
gestión tributaria de cualquiera de las Administraciones, especialmente para la lucha 
contra  el  fraude.  En  particular,  durante  2022,  se  intensificará  el  intercambio  de 
información para la mejora de la gestión recaudatoria de los importes adeudados a las 
Administraciones tributarias.
Se  mantendrá  la  transmisión  por  parte  de  las  Comunidades  Autónomas  de 
información sobre los valores reales de transmisión de bienes y derechos en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones que hayan sido comprobados por las Administraciones 
tributarias autonómicas en el curso de procedimientos de control, dada la repercusión de 
este valor comprobado en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
Sociedades gestionados por la Agencia Tributaria.
Del  mismo  modo,  se  potenciará  la  remisión  de  información  por  parte  de  las 
Comunidades  Autónomas  sobre  la  constitución  de  rentas  vitalicias,  operaciones  de 
disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o 
derechos  de  la  sociedad  a  sus  socios,  préstamos  entre  particulares  y  pagos 
presupuestarios  antes  de  su  realización,  a  efectos  de  proceder  al  embargo  del  s
correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor mantenga deudas  oe.
pendientes de pago con la Agencia Tributaria. w.
Finalmente, en materia de intercambio de información, se continuará potenciando la  53ww
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La planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes 
que serán objeto de actuaciones de control será otra área de atención preferente y se 
promoverá que, por parte de la Agencia Tributaria se dé la información correspondiente a 
través de los Consejos Territoriales. En este ámbito, destacan:
a)  Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas, 
partiendo especialmente de la información suministrada por dichas Comunidades.
b)  Asimismo,  se  utilizará  intensivamente  la  información  remitida  por  las 
Comunidades Autónomas en materia de discapacidad y familia numerosa para el control 
de la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c)  Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a ejercicios no prescritos y su 
relación  con  el  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  mediante  el  cruce  de 
información  sobre  la  titularidad  de  bienes  y  derechos,  incluidos  los  situados  en  el 
extranjero, y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que 
estén obligados a presentar declaración.
d)  Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones 
Patrimoniales  Onerosas»  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 
Jurídicos Documentados.
e)  Operaciones  societarias  más  relevantes  no  sujetas  del  Impuesto  sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por haberse acogido al 
régimen fiscal especial del Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.
f)  Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales 
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a través de la comprobación de la 
principal fuente de renta.
g)  Cumplimiento  de  los  requisitos  para  la  aplicación  del  régimen  fiscal  de  las 
cooperativas.
h)  Domicilios declarados y sus modificaciones.
i)  Comprobación de los requisitos para el disfrute de la exención o bonificación del 
Impuesto  Especial  sobre  Determinados  Medios  de  Transporte  por  adquisición  de 
vehículos por discapacitados y familias numerosas.
Por  lo  que  se  refiere  a  las  Comunidades  de  régimen  foral,  tanto  el  Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (aprobado por Ley 12/2002, 
de 23 de mayo), como el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra  (aprobado  por  Ley  28/1990,  de  26  de  diciembre),  contemplan  entre  sus 
principios  esenciales  los  de  coordinación  y  colaboración  mutua  entre  dichas 
Comunidades y el Estado en la aplicación de sus respectivos regímenes tributarios.
La línea fundamental de colaboración entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco vendrá constituida por el intercambio 
de la información necesaria para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones  tributarias  y  luchar  contra  el  fraude  fiscal,  especialmente  aquél  que 
pretende aprovecharse de las diferencias normativas en los distintos territorios o de la 
existencia  de  Administraciones  tributarias  diferentes,  mediante  fórmulas  de 
deslocalización o planificaciones fiscales abusivas.
Madrid,  26  de  enero  de  2022.–El  Director  General  de  la  Agencia  Estatal  de  s
Administración Tributaria, Jesús Gascón Catalán. oe.