BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 81090
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11304 Pleno. Sentencia 122/2021, de 2 de junio de 2021. Recurso de amparo 
1474-2020.  Promovido  por  don  Jordi  Cuixart  i  Navarro  respecto  de  la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un 
delito de sedición. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva, al juez imparcial y ordinario predeterminado por la ley, de reunión y a 
la legalidad penal: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación 
se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que 
no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de 
otros derechos fundamentales. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:122
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya 
Melgar,  don  Ricardo  Enríquez  Sancho  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer 
Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 1474-2020, promovido por don Jordi Cuixart i 
Navarro, representado por el procurador de los tribunales don Luis Fernando Granados 
Bravo y asistido por el letrado don Benet Salellas i Vilar, contra: (i) la sentencia núm. 
459/2019, de 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907-2017, y (ii) el auto 
de fecha 29 de enero de 2020, que desestimó los incidentes de nulidad interpuestos 
contra la sentencia antes indicada. Han comparecido el abogado del Estado, el partido 
político Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar 
Hidalgo López y asistido por la letrada doña Marta Asunción Castro Fuertes, y don 
Carles Puigdemont i Casamajó, representado por el procurador de los tribunales don 
Carlos Ricardo Estévez Sanz y asistido por el letrado don Gonzalo Boye Tuset. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el presidente don Juan José González 
Rivas.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 5 de marzo de 2020, don Luis 
Fernando Granados Bravo, procurador de los tribunales, en nombre y representación de 
don  Jordi  Cuixart  i  Navarro,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  e
judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento. b
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denuncia ante esta en relación con las concentraciones, ocupaciones de la vía pública y
daños en bienes públicos registrados los anteriores días 20 y 21 de septiembre en la
zona de la Rambla-Gran Vía, vía Laietana y avenida Diagonal de Barcelona, con ocasión 
de la práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la sede de la Secretaría 
General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, así 
como en otros puntos de la ciudad. La denuncia describía conductas protagonizadas por 
voluntarios  de  la  entidad  Asamblea  Nacional  Catalana  (ANC),  entre  otros,  que  se 
valoraban como obstruccionistas de la actividad policial. Las únicas personas que fueron 
nominalmente citadas en dicha denuncia fueron don Jordi Sànchez i Picanyol, presidente 
de la ANC, y don Jordi Cuixart i Navarro, presidente de la entidad Òmnium Cultural. La 
denuncia calificó los hechos como constitutivos de un delito de sedición, previsto en los 
arts. 544 y ss. del Código penal (CP). Fue repartida al Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3 de la Audiencia Nacional que, mediante auto de 27 de septiembre de 2017, incoó 
las diligencias previas núm. 82-2017, en el curso de las cuales se practicaron diversas 
diligencias de investigación y se adoptaron medidas cautelares personales respecto de 
los citados denunciados.
b)  El 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos querellas por 
unos mismos hechos que consideraba podían ser constitutivos de los delitos de rebelión 
(art. 472 CP), sedición (art. 544 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432 CP) 
y/o desobediencia (art. 410 CP).
La primera se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la 
Audiencia  Nacional.  Se  dirigió  contra  «todos  los  que  fueron  miembros  del  Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados» con razón de las 
decisiones y actos adoptados en el ejercicio de su cargo. Esta querella fue acumulada a 
las antes citadas diligencias previas núm. 82-2017 que ya se tramitaban ante el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, en las que, como se ha descrito, 
se investigaban algunos hechos parcialmente coincidentes ocurridos en Barcelona los 
días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En  atención  a  la  prerrogativa  de  aforamiento  parlamentario  de  las  personas 
querelladas y el lugar de comisión de parte de los hechos que se les atribuían como 
delictivos, la segunda querella se formuló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Iba dirigida contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco integrantes de la 
mesa de dicha Cámara. Con excepción de una de ellas, todas conservaban en ese 
momento la condición de aforadas por formar parte de la diputación permanente de la 
asamblea legislativa, una vez había sido disuelta por efecto del acuerdo del Senado por 
el que se aprobaron «las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 de 
la Constitución» («BOE» de 27 de octubre de 2017).
c)  En este último caso, una vez registrada y designado ponente, la querella fue 
admitida a trámite por la sala de admisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
mediante auto del siguiente día 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica por otro 
de 18 de diciembre de 2017), en el que se acordó:
«(i)  declarar  la  competencia  de  la  sala  para  la  instrucción  y,  en  su  caso,  el 
enjuiciamiento  por  los  delitos  denunciados  y,  asimismo,  hacer  extensiva  esa 
competencia, para el caso en que el magistrado instructor así lo considere oportuno, 
respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan 
referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los 
querellados; y
(ii)  designar instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala don 
Pablo Llarena Conde, haciendo extensiva su competencia «para el caso en que el 
magistrado  instructor  así  lo  considere  oportuno,  respecto  de  aquellas  otras  causas  e.
penales  actualmente  en  tramitación  y  que  puedan  referirse  a  hechos  inescindibles  w.b
respde)c toE dne  alopsli cqauceió hna nd es idloo  einsictaiabllmeceindtoe  eantr ibeul idaorts.  a2 1lo Ls EqCuerirme,ll aedl oms»a.gistrado instructor  2021-1130n https://w
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fácticos, procesales e investigativos de dos procedimientos que, según señaló la Fiscalía
General del Estado en la querella, se tramitaban en dicho juzgado en relación con los 
hechos también denunciados en la causa especial núm. 20907-2017.
Recibida la información solicitada, el magistrado instructor dictó auto de fecha 24 de 
noviembre de 2017 en el que, apreciando conexidad entre las tres causas, extendió la 
investigación  a  los  presidentes  de  las  asociaciones  Òmnium  Cultural  y  Asamblea 
Nacional Catalana y, también, a quienes habían sido miembros del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en la anterior legislatura. En la misma resolución, reclamó al 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional la remisión de las 
actuaciones  que  venía  tramitando  en  cuanto  hicieran  referencia  a  dichas  personas 
investigadas. No fueron incluidos en la investigación, sin embargo, dos oficiales de la 
policía autonómica catalana a los que se refería una de las causas seguidas ante el 
juzgado central de instrucción. Las actuaciones recibidas fueron acumuladas a la causa 
especial.
La reclamación y acumulación de las actuaciones solicitadas se justificó en la plena 
coincidencia de los hechos denunciados en las diversas actuaciones, y en la eventual 
existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría 
tenido  como  protagonistas  a  autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de 
movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido 
a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio». El instructor apreció que los 
hechos atribuidos a quienes extendía el ámbito subjetivo de investigación mantenían una 
«conexión material inescindible con los investigados a las personas aforadas». Y añadió 
que la unificación de las actuaciones en una sola causa ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo,  venía  justificada  por  una  finalidad  funcional  «concretada  en  la 
facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad 
del enjuiciamiento, lo que se manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los 
que el objeto del proceso se configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de 
partícipes, supuestos estos, específicamente contemplados en los números 1 y 2 del 
artículo 17 LECrim».
Por auto de 22 de diciembre de 2017, tras apreciar que «los hechos objeto de 
investigación  pudieran  haberse  desarrollado  bajo  la  dirección  y  coordinación  de  un 
conjunto de personas, entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los 
grupos  parlamentarios  independentistas  del  disuelto  Parlamento  de  Cataluña»,  el 
magistrado instructor amplió subjetivamente de nuevo la investigación por conexión 
procesal,  extendiéndola  a  dichos  responsables  políticos.  Al  mismo  tiempo,  ordenó 
comunicar  a  los  nuevos  investigados  la  existencia  del  procedimiento  a  fin  de  que 
pudieran ejercer su derecho de defensa (art. 118 LECrim).
Algunas de las personas sometidas entonces a investigación cuestionaron de nuevo 
la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La impugnación fue 
rechazada por resoluciones de 29 de enero y 10 de abril de 2018, que se remitieron a lo 
acordado y expuesto al admitir a trámite la querella.
e)  Por auto de 21 de marzo de 2018 se acordó, entre otros pronunciamientos, el 
procesamiento del demandante de amparo, junto con otros encausados, por presunto 
delito de rebelión del art. 472 y concordantes del Código penal. Por auto de 9 de mayo 
de  2018  se  desestimaron  los  recursos  de  reforma  interpuestos  contra  la  anterior 
resolución; y por auto de 26 de junio de 2018, se desestimaron los recursos de apelación 
entablados contra el auto de 9 de mayo de 2018.
f)  Una vez ratificado el procesamiento, el magistrado instructor declaró concluso el 
sumario (auto de 9 de julio de 2018) y remitió las actuaciones y las piezas de convicción  s
a la sala de enjuiciamiento. El Ministerio Fiscal, la abogacía del Estado y la acusación  oe.
popular instaron la confirmación del auto de conclusión y la apertura del juicio oral contra  w.
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de enjuiciamiento confirmó la conclusión del sumario por auto de 25 de octubre de 2018
y, mediante otro auto de la misma fecha, declaró abierto el juicio oral contra el recurrente 
por el mismo delito por el que había sido procesado.
g)  En  sus  conclusiones  provisionales,  el  Ministerio  Fiscal  calificó  los  hechos 
atribuidos al demandante como constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.1, 5 
y 7, 473, inciso primero (promotores y/o jefes principales) y 478 del Código penal, por el 
que interesó la imposición de las penas de diecisiete años de prisión y de diecisiete años 
de inhabilitación absoluta y la condena en costas. No se ejercitó la acción civil, sin 
perjuicio de la remisión de particulares y de la sentencia al Tribunal de Cuentas, de 
conformidad con lo previsto en los arts. 18.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 12 de mayo, 
del Tribunal de Cuentas (LOTCu), y 16, 17 y 49.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), para el establecimiento y reclamación 
definitiva de las cantidades totales desviadas.
El  abogado  del  Estado  calificó  los  hechos  cometidos  por  el  recurrente  como 
constitutivos de un delito de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP; y solicitó la imposición 
de las penas de 8 años de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación absoluta, condena 
en costas y la responsabilidad civil en los términos solicitados por el Ministerio Fiscal.
La acusación popular consideró que la conducta del recurrente era constitutiva de los 
siguientes delitos: (i) dos delitos de rebelión de los arts. 472.5 y 7, 473.1 y 2 y 478 CP; 
(ii) alternativamente, de dos delitos de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP, y (iii) un 
delito de organización criminal de los arts. 570.bis 1 y 2 a) y c) y 570 quater.2 del Código 
penal. Por cada delito de rebelión interesó la imposición de las penas de veinticinco años 
de prisión y de veinte años de inhabilitación absoluta; alternativamente, por cada delito 
de sedición solicitó las penas de quince años de prisión y de inhabilitación absoluta; y 
por el delito de organización criminal pidió las penas de doce años de prisión y de veinte 
años de inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios 
jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con su 
actuación en el seno de los mismos. Nada reclamó respecto del recurrente en concepto 
de responsabilidad civil y pidió la condena en costas de los acusados.
h)  Mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2018, el demandante promovió, al 
amparo  de  los  arts.  666.1  y  siguientes  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  criminal,  la 
declinatoria  de  jurisdicción  como  artículo  de  previo  pronunciamiento.  En  síntesis, 
consideró que los hechos debían ser conocidos por el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña  y  no  por  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo.  Afirma  que  el  Tribunal 
Supremo ha modificado su criterio establecido históricamente durante años, y que este 
«cambio inexplicable de criterio» se presenta como indicio de la voluntad de atraer hacia 
sí el conocimiento de la causa, constituyendo una sospecha de falta de imparcialidad. Se 
refiere a un auto de 12 de noviembre de 2014 dictado con ocasión de una querella 
formulada a raíz de una consulta sobre la independencia de Cataluña celebrada el 9 de 
noviembre de este mismo año y cita varias distintas causas penales relacionadas con el 
«proceso soberanista» en las que otros órganos judiciales, principalmente el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, habrían afirmado su competencia para el conocimiento 
de las querellas formuladas por acusaciones populares. El dictamen del fiscal, favorable 
a esa competencia, reforzaría las razones para la estimación de la declinatoria de 
jurisdicción, sobre todo, si se tiene en cuenta –se insiste– en que don Jordi Cuixart no ha 
tenido nunca la condición de aforado.
i)  Por auto de fecha 27 de diciembre de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo desestimó la declinatoria de jurisdicción promovida por el demandante. Dicho 
órgano resolvió confirmar su competencia para conocer de los hechos que las partes  s
acusadoras consideran constitutivos de los delitos de rebelión, sedición, malversación de  oe.
caudales públicos y desobediencia. w.
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reunión, el derecho de autodeterminación, la prohibición de tortura, y los derechos al juez 
natural, al doble grado de jurisdicción, a un tribunal independiente e imparcial, al proceso 
debido, a la legalidad penal, a la presunción de inocencia y a la libertad personal. 
Asimismo, propuso la prueba que consideró pertinente y manifestó hacer suya la prueba 
propuesta por el Ministerio Fiscal y demás partes comparecidas.
k)  Mediante auto de 1 de febrero de 2019 se señalaron las fechas de celebración 
del juicio oral, cuyo inicio se fijó para el día 12 de febrero y su finalización para el 1 de 
junio del 2019. Asimismo, el órgano de enjuiciamiento resolvió sobre la admisión de las 
pruebas propuestas por las partes. En concreto, en el fundamento jurídico quinto (págs. 
76 a 92) figuran las pruebas interesadas por el recurrente con indicación de las que 
fueron admitidas y las que se rechazaron por considerarse impertinentes.
l)  Con fecha 12 de febrero de 2019 y antes del comienzo de la práctica de la prueba 
en el juicio oral, el recurrente alegó cuestiones previas basadas en vulneraciones de 
derechos fundamentales respecto de las cuales se remitió a su escrito de defensa. En la 
exposición oral se refiere a los siguientes derechos: (i) derecho a la prueba y a la 
igualdad de armas en el proceso por la denegación, por el citado auto de 1 de febrero 
de 2019, de pruebas testificales y periciales propuestas; (ii) libertades de expresión y de 
reunión, en cuanto la conducta del procesado estaría amparada por el ejercicio de tales 
derechos; (iii) prohibición de la tortura, en cuanto no se hace referencia en el escrito de 
acusación de la fiscalía a los ciudadanos lesionados por la acción policial; (iv) derechos 
procesales, entre los que cita el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, 
por la incompetencia del Tribunal Supremo, a un tribunal independiente e imparcial y a 
un proceso con todas las garantías, haciendo especial hincapié en que el registro 
practicado el 20 de septiembre de 2017 no estaba autorizado en su mayoría por la 
autoridad judicial, pues el auto que lo acordó se circunscribía a cuatro despachos; y en lo 
resuelto  en  la  STEDH  de  7  de  junio  del  2018,  en  el  asunto  Rashad  Hasanov  c. 
Azerbaiyán.
m)  En  sus  conclusiones  definitivas,  las  partes  acusadoras  mantuvieron  sus 
calificaciones jurídicas y peticiones de penas respecto del demandante. Por su parte, este 
último modificó sus conclusiones provisionales, en el sentido de interesar, en la conclusión 
cuarta, la apreciación de la circunstancia eximente (art. 20.7 CP) de obrar en el legítimo 
ejercicio de los derechos a la libertad de expresión (art. 20 CE), ideológica (art. 16 CE), de 
asociación (art. 22 CE) y de participación en asuntos públicos (art. 23 CE).
En el momento de elevar a definitivas sus conclusiones, la defensa del recurrente dio 
por reproducidas las consideraciones efectuadas con anterioridad sobre la vulneración 
de sus derechos fundamentales.
n)  En fecha 14 de octubre de 2019 recayó sentencia en la referida causa especial, 
en virtud de la cual el demandante fue considerado autor de un delito de sedición 
previsto en los arts. 544 y 545.1 CP, y condenado a las penas de nueve años de prisión y 
nueve años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos 
los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e 
incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos 
públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. A su 
vez,  fue  condenado  al  pago  de  una  veinticuatroava  parte  del  total  de  las  costas 
procesales. El demandante fue absuelto de los delitos de rebelión y de organización 
criminal.
ñ)  En las páginas 24 a 60 de la sentencia condenatoria se consignan los hechos 
que el tribunal consideró probados, cuyo tenor literal, es el siguiente: s
«1.  Con fecha 8 de septiembre de 2017, el "Diario Oficial de la Generalitat" núm.  w.b
7tr4a5n1si-tAo riepduabdlic jóu ríldai caL eyy f udnedla cPioanralal mdee nlat  Rdeep úCbalitcaalu.ña  20/2017,  8  de  septiembre,  de  2021-1130n https://w
procElasmtaa cnioonremsa , uniniltaetgerraadleas  pdoer   r8u9p tuarart íccuolons  eyl  stirsetse mdai spcoosnisctiiotunceiso nafiln avleigse, ntien.c luSíea 
presentaba como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, hasta tanto fuera
aprobada la Constitución de la nueva República. Proclamaba que Cataluña se constituye 
en una República de derecho, democrática y social, en la que la soberanía reside en el 
pueblo de Cataluña, y en Arán en el pueblo aranés, de los que emanan todos los 
poderes del Estado. A efectos de ejercicio de su plena soberanía el territorio de Cataluña 
se declaraba compuesto por el espacio terrestre, incluido el subsuelo, correspondiente a 
sus límites geográficos y administrativos preexistentes, por el mar territorial, incluido su 
lecho y subsuelo y por el espacio aéreo situado sobre el espacio terrestre y el mar 
territorial de Cataluña.
Entre otras novedades, declaraba abolida la monarquía constitucional, convirtiendo al 
presidente de la República en el jefe del Estado catalán, que asumía su más alta 
representación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se transformaba en el 
Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que 
culminaría la organización judicial de Cataluña. Instauraba un modelo de autogobierno 
del Poder Judicial inspirado en la actuación coordinada con el Poder Ejecutivo y permitía 
la  continuidad  de  aquellos  jueces  y  magistrados  que  venían  desempeñando  sus 
funciones en los tres años anteriores a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, 
aquellos jueces y magistrados que llevaran menos de tres años de ejercicio en Cataluña, 
se veían despojados de su garantía constitucional de inamovilidad, al referirse la ley a un 
derecho de integración que había de solicitarse por los jueces en ejercicio, con arreglo a 
un procedimiento a regular en el futuro.
Se atribuía al Parlament, a propuesta del Gobierno de la Generalidad, una vez oída 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el nombramiento del Fiscal General de 
Cataluña.
Modificaba el régimen jurídico de la nacionalidad de los residentes en Cataluña, 
redefinía los límites territoriales que habrían de ser abarcados por el nuevo Estado y 
regulaba la sucesión del Estado catalán en la titularidad de todos los bienes y derechos 
del  Estado  español  en  Cataluña.  También  preveía  un  régimen  de  integración  del 
personal de las administraciones públicas que hasta entonces prestaran sus servicios en 
las administraciones central y autonómica, siempre condicionado a las adaptaciones que 
se  estimaran  indispensables  para  la  realidad  del  nuevo  Estado.  Se  convertía  a  la 
Generalidad en la autoridad fiscal llamada a la fijación, recaudación y gestión de todos 
los tributos e ingresos de derecho público y hacía de aquel órgano de gobierno la 
autoridad aduanera y arancelaria del territorio de Cataluña.
2.  La Ley 19/2017, de 6 de septiembre, reguladora del llamado referéndum de 
autodeterminación, fue publicada en el "Diario Oficial de la Generalitat" núm. 7449A, de 6 
de septiembre de 2017.
En  su  preámbulo  se  expresaba  que  en  la  aprobación  de  esa  Ley  confluían  la 
legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán, con el 
derecho  de  autodeterminación  de  los  pueblos  consagrado  por  la  legislación  y  la 
jurisprudencia internacionales. Calificaba el acto de aprobación de la ley como un "acto 
de soberanía".
En el mismo texto legal se precisaba que si en el recuento de los votos válidamente 
emitidos llegara a haber más votos afirmativos que negativos, el resultado implicaría la 
independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlament de Cataluña, dentro los dos días 
siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la sindicatura electoral, 
debería  celebrar  una  sesión  ordinaria  para  efectuar  la  declaración  formal  de  la 
independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.
3.  Ambos textos, a los que siguieron otras normas reglamentarias de desarrollo,  e.
formaban parte de una estrategia concertada por los principales acusados. De lo que se  w.b
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y  Hacienda;  D.  Raül  Romeva  i  Rueda,  Consejero  del  Departamento  de  Asuntos  y
Relaciones  Institucionales  y  Exteriores  y  Transparencia;  D.  Josep  Rull  i  Andreu, 
Consejero de Territorio y Sostenibilidad; Dña. Dolors Bassa i Coll, Consejera de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias; Dña. Meritxell Borràs i Solé, Consejera de Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda; y D. Carles Mundó i Blanch, Consejero de Justicia.
D. Santiago Vila i Vicente, fue inicialmente Consejero de Cultura y asumió con 
posterioridad, en los primeros días del mes de julio de 2017, el Departamento de 
Empresa y Conocimiento. En esas fechas se incorporó al Gobierno, como Consejero de 
Presidencia, el acusado D. Jordi Turull i Negre. La Consejería de Interior fue asumida, en 
la misma remodelación del Gobierno, por D. Joaquim Forn i Chiariello.
Además del papel asumido por la presidenta del órgano parlamentario y por los 
miembros del ejecutivo autonómico, era indispensable conseguir la movilización de miles 
y miles de ciudadanos que, en un momento determinado, pudieran neutralizar cualquier 
manifestación  de  poder  emanada  de  las  autoridades  judiciales  y  gubernativas  del 
Estado. Con este fin y con el de lograr una participación relevante en la consulta 
presentada como la expresión del "derecho a decidir", se sumaron al concierto los 
acusados  D.  Jordi  Sànchez  Picanyol  y  D.  Jordi  Cuixart  Navarro.  Eran  los  líderes 
respectivos de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, organizaciones 
ciudadanas que fueron puestas por sus dos principales dirigentes al servicio de la 
maniobra de presión política que había sido ideada de forma concertada con el resto de 
los acusados.
4.  El 1 de octubre de 2017 los ciudadanos de Cataluña fueron llamados a votar. La 
pregunta  incluida  en  las  papeletas  del  referéndum  fue  la  siguiente:  "¿quiere  que 
Cataluña  sea  un  estado  independiente  en  forma  de  república?".  El  resultado  del 
referéndum, conforme se establecía en su ley reguladora, tendría carácter vinculante y si 
en el recuento de los votos válidamente emitidos se computaban más votos afirmativos 
que negativos, el resultado implicaría ope legis la independencia de Cataluña, a la que 
debería  seguir  una  declaración  formal  del  Parlament,  concretando  sus  efectos  e 
iniciando el proceso constituyente.
Según los datos hechos públicos por el gobierno de la Generalitat, el referéndum 
arrojó el siguiente resultado: de un total de 5 500 000 personas con derecho a voto, la 
cifra total de votantes ascendió a 2 286 217 personas. Se contabilizaron 2 044 058 votos 
favorables al "Sí", cifra esta que representaba el 37 por 100 del censo electoral y poco 
más de una cuarta parte (el 27 por 100) de la población total de Cataluña en esas 
fechas.
El mismo día 1 de octubre, en ausencia de un genuino censo electoral en el que se 
relacionara  la  identidad  de  los  potenciales  votantes,  se  recurrió  al  llamado  "censo 
universal". En realidad, se trataba de un eufemismo presentado en rueda de prensa por 
los acusados Sres. Turull y Romeva, mediante el que cualquier ciudadano podría votar 
en un centro de votación a su elección, con independencia de su lugar de residencia y de 
las circunstancias que, de ordinario, determinan la inscripción censal.
La inexistencia de un censo con garantías autenticidad y la labor de los agentes de 
las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del  Estado,  en  cumplimiento  de  resoluciones 
judiciales que días antes habían ordenado la incautación de todo el material electoral, 
hicieron imposible la designación controlada de los presidentes de mesa electoral. La 
consecuencia fue que las mesas se constituyeron con aquellos ciudadanos que en hora 
más temprana acudieron al centro de votación.
El Presidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa había rechazado 
con anterioridad, por carta fechada el día 2 de junio de 2017, dirigida al presidente de la  e.
Generalitat, la invitación cursada con el fin de que esa institución cooperara en la  w.b
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Tres días después de la celebración del referéndum del 1 de octubre, la Junta 
Electoral Central adoptó el acuerdo núm. 90-2017 (exp. 109-165): "la Junta Electoral 
Central, órgano que encabeza la administración electoral, competente para declarar y 
publicar los resultados de todos los referendos celebrados en España y competente, 
también, en las elecciones al Parlamento de Cataluña en razón de lo dispuesto en la 
disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autonomía, a la vista de las consultas 
que se le han planteado, reunida en el día de la fecha en sesión ordinaria, ha acordado 
hacer público cuanto sigue:
1.º  El pasado día 1 de octubre de 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún 
proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades 
previstas por el ordenamiento jurídico: i) ni por el sujeto que lo convocó, incompetente; ii) 
ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; iii) ni por su objeto, 
inconstitucional;  iv)  ni  por  la  notoria  ausencia  de  toda  garantía  de  objetividad  y 
transparencia en su desarrollo, escrutinio y control.
2.º  Que, por tanto, carecen de todo valor los que se vienen presentando como 
resultados del llamado referéndum de autodeterminación.
5.  El día 10 de octubre de 2017, el presidente de la Generalitat compareció ante el 
pleno del Parlament. La sesión, iniciada con retraso por el desacuerdo entre algunas de 
las fuerzas políticas acerca del texto que iba a ser objeto de lectura, sirvió al presidente 
para dar cuenta del resultado de la votación y manifestar que acataba el mandato del 
pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república. 
Inmediatamente después afirmó "con la misma solemnidad el gobierno y yo mismo 
proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia 
de manera que en las próximas semanas emprendamos un diálogo, sin el que no es 
posible llegar a una solución. Creemos firmemente que el momento requiere, no solo la 
desescalada de las tensiones sino, sobre todo, la voluntad clara de avanzar en las 
peticiones y en el mandato del pueblo de Cataluña […] en la etapa de diálogo que 
estamos dispuestos a abrir".
Después de dicho discurso, los diputados de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y 
la CUP-CC firmaron lo que calificaron como una declaración de independencia. En ella 
acordaban: a) constituir la República Catalana, como estado independiente y soberano; 
b) disponer la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
república;  c)  iniciar  un  proceso  constituyente;  d)  declarar  su  voluntad  de  abrir 
negociaciones con el Estado español, en pie de igualdad; e) comunicar a la comunidad 
internacional y a las autoridades de la Unión Europea la constitución de la república 
catalana y la propuesta de negociaciones con el Estado español, apelando a los Estados 
y  organizaciones  internacionales  a  reconocer  la  república  catalana  como  estado 
independiente y soberano; f) instar al gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas 
necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia 
y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república y g) 
llamar a todos y cada uno de los ciudadanos a construir un Estado que traduzca en 
acción y conducta las aspiraciones colectivas.
La  suscripción  de  este  documento  se  realizó  fuera  del  Salón  de  Plenos  de  la 
Cámara.
6.  El 27 de octubre de 2017 cuatro parlamentarios que no son ahora objeto de  s
juicio, pertenecientes a los grupos Junts pel Si y la CUP presentaron a la mesa del  oe.
Parlament dos propuestas de resolución para su votación al Pleno. La primera tenía por  4ww.
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un consejo asesor y la culminación mediante convocatoria de referéndum en el que se
sometería a votación el texto de la Constitución de Cataluña.
Las propuestas se tramitaron y fueron posteriormente votadas por 82 de los 135 
diputados  del  Parlament.  El  resto  de  los  parlamentarios  abandonó  el  hemiciclo 
expresando  la  ilegalidad  de  las  propuestas.  La  votación  se  realizó  en  urna  y  con 
mantenimiento del secreto del voto para los participantes.
La denominada declaración de independencia fue aprobada con setenta votos a 
favor, diez en contra y dos abstenciones –de un total de 135 diputados autonómicos–. No 
llegó a tener concreción práctica alguna dado que el mismo día 27 de octubre el Pleno 
del Senado dictó un acuerdo aprobando las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general 
por parte de la Generalitat de Cataluña ("Boletín Oficial del Estado" –en adelante, 
"BOE"– de 27 de octubre de 2017), y disponiendo el cese inmediato de todos los 
miembros  del  Gobierno  de  la  Generalitat,  la  disolución  de  la  cámara  legislativa 
autonómica  y  la  convocatoria  de  elecciones  para  la  conformación  de  un  nuevo 
Parlament.
7.  Esa simbólica e ineficaz declaración de independencia fue el desenlace de un 
proceso de tramitación legislativa que se desarrolló en abierta y contumaz oposición a 
todos los requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional que, una y otra vez, 
advirtió, mediante notificaciones personales dirigidas a los acusados, de la ilegalidad de 
las iniciativas que estaban siendo promovidas. Esos requerimientos fueron desatendidos, 
como también lo fue el efecto suspensivo que, por imperativo legal, se producía respecto 
de los actos de la cámara impugnados ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de 
la Nación.
El letrado mayor y el secretario general del Parlament expresaron en sus respectivos 
informes que la admisión a trámite de ambas proposiciones de ley resultaba contraria a 
las  resoluciones  prohibitivas  del  Tribunal  Constitucional  anteriormente  indicadas  y 
conculcaba  los  requerimientos  expresamente  realizados  para  que  se  impidiera  o 
paralizara  cualquier  iniciativa  que  supusiera  ignorar  o  eludir  la  nulidad  de  las 
resoluciones parlamentarias que estas nuevas proposiciones de ley desarrollaban. Pese 
a la advertencia de ilegalidad, la mesa incluyó dichas proposiciones de ley en el orden 
del  día  respectivo,  dio  curso  a  la  iniciativa  legislativa,  las  admitió  a  trámite  por  el 
procedimiento  de  urgencia  y  rechazó  la  solicitud  de  reconsideración  de  ambas 
proposiciones de ley. De esta forma, la tramitación legislativa de las leyes de referéndum 
y transitoriedad se desarrolló a partir de una interpretación singularizada del Reglamento 
del  Parlament,  con  el  exclusivo  objeto  de  imprimir  una  inusitada  celeridad  a  la 
aprobación de aquellos dos textos legales y, sobre todo, de silenciar la voz de los grupos 
parlamentarios que habían mostrado su desacuerdo con el proceso de ruptura.
El  pleno  del  Consejo  de  Garantías  Estatutarias  de  Cataluña,  institución  de  la 
Generalitat que vela para que las disposiciones de esta se adecuen al Estatuto y a la 
Constitución, adoptó dos acuerdos fechados los días 6 y 7 de septiembre de 2017. En 
ellos  se  decidió:  a)  comunicar  al  Parlament  el  carácter  preceptivo,  en  el  seno  del 
procedimiento  legislativo,  de  la  apertura  subsiguiente  a  la  publicación  de  cualquier 
proposición de ley del plazo de solicitud de dictamen a este Consejo, en garantía del 
derecho de los diputados en el ejercicio de su función y que correspondía a la mesa el 
envío  de  tales  solicitudes  de  dictamen  al  Consejo;  y  b)  recordar  que  todas  las 
proposiciones de ley, sin excepción, en fase de tramitación en el Parlament de Cataluña 
y  antes  de  ser  aprobadas  definitivamente,  deben  poder  ser  objeto  de  solicitud  de 
dictamen ante el Consejo, dado su carácter preceptivo, si así lo solicitan los sujetos 
legitimados. e.
El Pleno del Parlament, después de que una parte de los diputados presentes  w.b
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de septiembre de 2017).
Tanto los acuerdos de la mesa de admisión a trámite como los acuerdos del Pleno, 
que incluyeron el debate y votación de ambas proposiciones en el orden del día de las 
sesiones  del  6  y  del  7  de  septiembre,  suprimiendo  los  trámites  esenciales  del 
procedimiento  legislativo,  se  declararon  nulos  por  sendos  autos  del  Tribunal 
Constitucional –núms. 123/2017 y 124/2017, 19 de septiembre–. En ambas resoluciones 
se declaraba la inmediata ejecutividad desde su publicación –que tuvo lugar en el "BOE" 
núm. 229, de 22 de septiembre de 2017– y se acordaba deducir testimonio al fiscal 
contra la presidenta del Parlament de Cataluña, doña Carme Forcadell y otros miembros 
de la mesa, por incumplir el mandato legalmente previsto, en relación con los hechos 
objeto del incidente de ejecución, al permitir su admisión a trámite.
Ambas leyes fueron recurridas por el Gobierno del Estado y suspendidas por el 
Tribunal  Constitucional  mediante  providencias  de  7  de  septiembre  de  2017.  La 
Ley  19/2017  fue  finalmente  declarada  nula  por  STC  114/2017,  de  17  octubre,  e 
igualmente se declaró la nulidad de la Ley 20/2017 por la STC 124/2017, 8 noviembre. 
Todas  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional  volvían  a  contener  las 
correspondientes advertencias sobre la ilegalidad de decisiones futuras y la posibilidad 
de  incurrir  en  responsabilidades  penales.  Las  providencias  de  suspensión  fueron 
notificadas personalmente con dichas advertencias a los miembros de la mesa y del 
Gobierno, y a otras autoridades (en este caso, los miembros de la sindicatura electoral).
7.1  Las impugnaciones que presidieron el devenir parlamentario de las Leyes 19 
y 20 de 2017 estaban en línea con toda una batería de recursos y requerimientos 
promovidos por el Gobierno de la nación ante el propio Tribunal Constitucional, frente a 
iniciativas parlamentarias anteriores, coetáneas y posteriores, llamadas a preparar el 
camino al referéndum finalmente celebrado el día 1 de octubre. Se perseguía así privar 
de  eficacia  a  un  cuerpo  normativo  en  abierta  contradicción  con  las  bases 
constitucionales del sistema.
La mesa del Parlament, compuesta por siete miembros y presidida por la acusada 
Dña. Carme Forcadell, tiene entre sus funciones calificar los escritos y documentos de 
naturaleza parlamentaria, así como declarar su admisión o inadmisión a trámite. Por ello, 
debieron haber sido inadmitidas a trámite y paralizadas todas las propuestas contrarias 
al orden constitucional. Su presidenta –respecto de otros integrantes de la mesa se sigue 
causa penal en otros órganos jurisdiccionales– desoyó las múltiples advertencias y 
requerimientos  personales  que  le  formuló  el  Tribunal  Constitucional  para  que  se 
abstuviera de tramitar iniciativas de esa índole. Votó sistemáticamente a favor de su 
admisión y abrió la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, 
estatutarias y legales, así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la 
legalidad.
7.2  La primera iniciativa admitida a trámite permitió la aprobación por el Pleno del 
Parlament de la resolución 1/XI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre 
de 2015, para la creación del Estado catalán independiente. En su apartado sexto 
proclamaba que el Parlament y el proceso de desconexión "no se supeditarán a las 
decisiones  de  las  instituciones  del  Estado  español,  en  particular  del  Tribunal 
Constitucional".
Fue admitida a trámite por la mesa e impugnada ante el Tribunal Constitucional que, 
mediante su sentencia 259/2015, de 2 diciembre, la declaró inconstitucional.
7.3  La segunda iniciativa dio lugar a la aprobación de la resolución 5/XI, de 20 de 
enero de 2016 para la creación de una "Comisión de Estudio del Proceso Constituyente".  e.
La citada comisión fue constituida el 28 de enero de 2016 y alcanzó la conclusión de que  w.b
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csoonbsreti tuscuio ndaelbidear d ddee  neosa  aadcmtivitiidr asde dmee ljaa nCteosm iisniiócnia yti vaadsv. irStióin a  elomsb marigeom, baro sp edsea lra  dmee slaa 
advertencia, las conclusiones de la mencionada Comisión se debatieron en el Parlament
de Cataluña el 27 de julio de 2016 y se aprobaron mediante la resolución 263/XI, de 27 
de julio de 2016.
El auto del Tribunal Constitucional núm. 170/2016, de 6 de octubre, declaró la 
nulidad de la misma. Además, acordó la notificación personal de la resolución a la 
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, así como al presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a la resolución 263/XI, y de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o 
eludir  la  nulidad  de  dicha  resolución,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que  podrían  incurrir  en  caso  de 
incumplimiento de lo ordenado por el tribunal.
7.4  La tercera iniciativa, admitida por la mesa el 4 de octubre de 2016, contenía las 
propuestas de instar al Gobierno de la Generalitat a celebrar un referéndum vinculante 
sobre la independencia de Cataluña y abordar un proceso constituyente si esta opción 
era votada mayoritariamente. Dio lugar a la resolución 306/XI, de 4 de octubre, donde se 
volvía a proclamar –contra las decisiones del Tribunal Constitucional– el derecho de 
autodeterminación de Cataluña, instando al Gobierno a iniciar la consulta democrática y 
a aportar para ello todos los recursos necesarios.
Por auto del Tribunal Constitucional núm. 24/2017, de 14 de febrero, se declaró la 
nulidad de la resolución. También se acordaba notificar personalmente el auto a la 
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general del Parlament, así como al presidente e integrantes del Consejo de Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera 
actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  la  resolución  306/XI  en  los  apartados 
anulados y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 
directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha 
resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las 
que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. Por 
último, deducía testimonio para remisión al fiscal.
7.5  La siguiente iniciativa se plasmó en la resolución 807/X1, de 7 de septiembre 
de 2017, por la que se designaron los miembros de la sindicatura electoral. Dicha 
resolución fue suspendida por providencia de la misma fecha del Tribunal Constitucional 
–notificada personalmente a los miembros del Gobierno, de la mesa y de la Sindicatura–, 
en la que se imponían multas coercitivas a los designados. Posteriormente, la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2017 declaró nula la referida resolución.
El  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  de  Estrasburgo  ha  inadmitido  la 
demanda núm. 70219-17 promovida por una de las personas a la que se impusieron las 
multas coercitivas por formar parte de esa administración electoral, en decisión Aumatell 
i Arnau vs España de 11 de septiembre de 2018.
Finalmente, se solicitó la presentación de los resultados del referéndum ilegal el 4 de 
octubre de 2017, siendo dicho acto suspendido por auto del Tribunal Constitucional de 5 
de octubre de 2017. La mesa se reunió ese mismo día. El letrado mayor y el secretario 
general advirtieron por escrito de que ello suponía aplicar normas suspendidas por el 
Tribunal Constitucional. La mesa acordó, con el voto favorable de su presidenta –Sra. 
Forcadell–  admitir  a  trámite  la  solicitud  y  posteriormente  rechazar  la  solicitud  de 
reconsideración.
Por auto del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 2017 se admitió el recurso de  s
amparo  frente  a  dichos  acuerdos  y  se  suspendió  cautelarmente  la  eficacia  de  los  oe.
mismos. El auto se notificó a los miembros de la mesa, advirtiéndoles nuevamente de su  w.
pdoerb eEerll   dV6e icd ieemp poreecsdtuiidrb eoren p teda erda e2lilz0 aG1r7o c,b ueieal rlqGnuooi ebdriee i rnlnaico iG adteeivn alea rq aGulietea nst euDrpa.u liOstaiertir,o alm  eJeuludndiqairun letaer  asusun,s asp uec napsrotiaórt naf.ivrmoza dDa.   2021-1130n https://w
Jordi Turull y el consejero de Asuntos Exteriores D. Raül Romeva comunicó al Parlament
el resultado del referéndum, afirmando que había ganado el "Sí" con un 90,18 por 100 de 
los votos emitidos.
7.6  Con anterioridad, el impulso a lo que se presentaba como el camino hacia la 
independencia, con palmario incumplimiento de las bases de nuestro sistema normativo, 
había conocido otros hitos fundamentales.
Así, el día 30 de marzo de 2015 se formalizó el concierto de actuación ilegal 
mediante el acuerdo de una hoja de ruta respecto del proceso de independencia entre 
los partidos políticos Convergencia Democrática de Cataluña (representada por D. Josep 
Rull  Andreu)  y  Esquerra  Republicana  de  Cataluña,  con  las  entidades  soberanistas 
Òmnium  Cultural  (representada  por  una  persona  ya  fallecida),  Asamblea  Nacional 
Catalana (representada por su entonces presidenta Dña. Carme Forcadell Lluís) y la 
Asociación de Municipios para la Independencia (en anagrama, AMI, representada por 
quien entonces era su vicepresidente).
En el preacuerdo se proclamó que las elecciones que iban a celebrarse el día 27 de 
septiembre  de  2015  tendrían  un  carácter  plebiscitario,  de  modo  que  votar  a  las 
candidaturas soberanistas supondría un pronunciamiento favorable a la independencia 
de Cataluña y a iniciar de inmediato un proceso de transición nacional que llevaría a la 
proclamación de la república catalana en un plazo máximo de dieciocho meses, con la 
creación y puesta en marcha de las estructuras necesarias del nuevo Estado y con la 
elaboración de un proyecto de texto constitucional en el término de diez meses, el cual 
debería ser sometido a un referéndum vinculante que, en caso de ser positivo, permitiría 
proclamar la independencia.
El 12 de abril de 2015 la ANC –un mes antes de que el acusado D. Jordi Sànchez 
asumiera su presidencia– aprobó su propia hoja de ruta en la que aseguraba que velaría 
por el cumplimiento de las resoluciones del Parlament de Cataluña relativas al impulso 
del proceso, con especial atención "a las leyes de desconexión, a la convocatoria y 
realización de un referéndum vinculante en los términos establecidos, y la inmediata 
proclamación de la independencia en caso de victoria del Sí". Respecto del Poder 
Ejecutivo, afirmaba que había de trabajarse coordinadamente con el Gobierno para 
conseguir el máximo apoyo internacional respecto del derecho de autodeterminación y 
del reconocimiento del nuevo Estado catalán. También reflejaba expresamente que, ante 
la  posibilidad  de  que  la  Generalitat  de  Cataluña  fuera  "intervenida  políticamente  y 
jurídicamente por el Estado español y/o algún partido soberanista ilegalizado […] la 
ciudadanía emerge como el agente político que impulsa el proceso de independencia".
8.  Hasta llegar a la celebración del referéndum la actividad parlamentaria tuvo 
como complemento toda una serie de actos reglamentarios dirigidos a hacer posible lo 
que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. Los requerimientos personales 
notificados a los acusados no fueron suficientes para impedir la organización de esa 
consulta que era presentada como la legítima expresión del "derecho a decidir".
8.1  En paralelo con la actividad del Parlament descrita más arriba, el 9 de junio 
de 2017, el vicepresidente de la Generalitat, el acusado D. Oriol Junqueras, tras una 
reunión con todo el Consejo de Gobierno, presentó en el "Pati dels Tarongers" del 
Palacio  de  la  Generalitat  la  pregunta  que  se  iba  a  formular  en  el  referéndum  de 
autodeterminación, estableciendo para su celebración la fecha del 1 de octubre. Fueron 
acompañados por todos los miembros de su Gobierno, por la presidenta del Parlament, 
algunos de los miembros de la mesa y varios parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP. 
El día 4 de julio de 2017 en un acto celebrado en el Teatro nacional de Cataluña se hizo  e
la proclamación de la voluntad de realizar el referéndum de autodeterminación que el  bo
coacusado Sr Junqueras preveía que se celebraría con la "oposición descarnada del  4w
Esta8d.2o ". Para  asegurar  que  la  Policía  autonómica  –dependiente  orgánica  y  2021-1130n https://w
lfeugnacliiodnaadl mceonntset itduec iloan Calo nvsigeejenrtíea,  dneo  Infrtuesritorar sdee  llaa  rGeeanlizearacliiótant –d, eel nr ecfaesroé nddeu cmu mprpoliyr eccotand lao 
por los coacusados, a mediados de julio de 2017 se procedió́ a la sustitución de D. Jordi
Jané por el acusado D. Joaquín Forn, para que respaldara sin reservas la celebración 
del referéndum. Unos días más tarde, ante el rumbo que tomaban los acontecimientos, 
también dimitió́ el hasta entonces Director General de Policía de la Generalitat, D. Albert 
Batlle.
Por  el  mismo  motivo  y  en  la  misma  época,  fueron  cesadas  las  consejeras  de 
Enseñanza, Dña. Meritxell Ruiz Isem, y de la presidencia, Dña. Neus Munté Fernández, 
pasando a ocupar sus cargos Dña. Clara Ponsatí y el acusado D. Jordi Turull. También 
en ese momento fue cesado el consejero de Industria D. Jordi Baiget, a raíz de haber 
manifestado en una entrevista que consideraba una irresponsabilidad la celebración de 
un referéndum unilateral.
Fue en ese mismo mes de julio de 2017 cuando el Gobierno de la Generalitat aprobó 
los  Decretos  108/17,  de  17  de  julio  y  110/17,  de  18  de  julio  por  los  que  se 
reestructuraban las competencias de los diferentes departamentos o consejerías, de 
modo que la administración de los procesos electorales pasó a depender en su totalidad 
de la vicepresidencia de la Generalitat, cuyo titular era el acusado D. Oriol Junqueras.
8.3  El 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse por el Parlament de Cataluña la 
Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación, la totalidad de los integrantes del 
Gobierno de la Generalitat (presidente, vicepresidente y doce consejeros), firmaron el 
Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum. El Pleno del Tribunal Constitucional, 
por  providencia  de  7  de  septiembre  de  2017,  suspendió  su  aplicación  –con  las 
correspondientes advertencias personales en orden a impedir los incumplimientos y 
sobre posibles responsabilidades penales– y mediante la sentencia núm. 122/2017, 
de 31 de octubre de 2017, fue declarada la inconstitucionalidad y nulidad de la citada 
norma.
El  mismo  6  de  septiembre  de  2017,  a  propuesta  del  Departamento  de  la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno 
autonómico  aprobó  el  Decreto  140/2017,  de  6  de  septiembre,  de  normas 
complementarias para la realización del referéndum de autodeterminación de Cataluña, 
en el que se contenían las previsiones sobre administración electoral –a través de las 
sindicaturas–, confección del censo, designación de apoderados e interventores de las 
mesas electorales, campaña institucional y electoral con uso de espacios públicos y 
medios de comunicación, procedimiento de votación presencial y en el extranjero, urnas, 
documentación electoral, escrutinio, personal colaborador de la administración electoral, 
observadores internacionales y administración o afectación laboral de los participantes. 
El  decreto  aparecía  firmado  por  el  presidente  de  la  Generalitat,  así  como  por  el 
vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, el acusado D. Oriol 
Junqueras. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre 
de  2017,  suspendió  su  aplicación,  con  las  señaladas  advertencias,  notificándola 
personalmente a los miembros del Gobierno autonómico y a numerosas autoridades. La 
sentencia núm. 121/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró su inconstitucionalidad y 
nulidad.
8.4  En septiembre de 2017, la interventora general de la Generalidad dejó de 
remitir  información  al  Ministerio  de  Hacienda  comunicando  que  el  vicepresidente  y 
consejero de Economía y Hacienda, D. Oriol Junqueras, prescindía de la obligación de 
remitir información contable, y como responsable jerárquico, dispensaba de hacerlo a los 
interventores  concernidos.  En  estas  circunstancias,  ante  la  grave  quiebra  de  los 
principios de la Ley Orgánica 2/2002 y el incumplimiento del resto de obligaciones 
económico-financieras  asumidas  por  el  Gobierno  de  la  Generalidad,  la  Comisión  s
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por acuerdo de 15 de septiembre  oe.
de 2017, publicado por Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre ("BOE" de 16 de  w.
mdseirepectcaietnami sbamr eolo  dsde e a 2cg0re1es7et)idó, onirn ecdsre e dmpeae gnlaotó   dGloees n dceeortaneltrirmdoaliendsa,  dfsiojoasld oco rscé odyni tytoraas   inpfacrecustmuurppalu idecosostma, ruyio nesic sadtadeba lm epcaioónr e urlana    2021-1130n https://w
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operaciones a "corto plazo". Entre muchas otras medidas, se disponía que todos los 
órganos de contratación e interventores que fiscalizaran las actuaciones administrativas 
dirigidas a la entrega de bienes o prestación de servicios a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña  o  las  entidades  de  su  sector  público,  debían  emitir  una  "declaración 
responsable" en la que constase que dichos bienes o servicios no guardan relación con 
la  financiación  de  actividades  ilegales,  debiendo  entregarse  dicha  declaración 
responsable al adjudicatario y al Ministerio de Hacienda. También se disponía que la 
Generalitat no podría ordenar la realización material de ningún pago por medio de 
servicios  contratados  con  entidades  de  crédito  sin  acompañar  un  certificado  del 
interventor que permitiera comprobar que el pago no guardara relación de cualquier 
índole con la financiación de actividades ilegales o prohibidas por los tribunales.
Mediante acuerdo del Gobierno de la Generalitat de fecha 7 de septiembre de 2017 –
a propuesta del Vicepresidente, D. Oriol Junqueras, y de los Consejeros de Presidencia, 
D. Jordi Turull, y de Asuntos Institucionales y Exteriores, D. Raül Romeva– se autorizó a 
los  diferentes  departamentos  para  que  realizaran  las  acciones  y  contrataciones 
necesarias para la realización del referéndum.
El  acuerdo  en  cuestión  establecía  literalmente  lo  siguiente:  "el  Gobierno  como 
administración electoral, para garantizar la preparación adecuada del proceso electoral, 
asume directamente de manera colegiada los encargos a los departamentos o unidades 
competentes entre otras, las contrataciones, la aprobación del gasto, y las acciones 
político-administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum.
En concreto, y con carácter enunciativo y no limitativo, se autoriza: a) la confección, 
impresión, aprovisionamiento y reparto del material electoral necesario (urnas, papeletas 
de votación, sobres, actas de las mesas, manual de funcionamiento de las mesas 
electorales, acreditaciones, credenciales […]; b) la elaboración del censo electoral, su 
comunicación formal y trámite, si hace falta, a los ciudadanos y ciudadanas, y su 
impresión para su utilización el día de la votación de acuerdo con la normativa de 
protección de datos; c) la comunicación a los catalanes y catalanas residentes en el 
exterior con derecho a voto del mecanismo mediante el cual pueden ejercer el derecho a 
voto; d) la elaboración de una página web informativa y la adquisición de reservas de 
dominios y servicios de hospedaje, así como el uso de los ya existentes; e) encargo, 
contratación y diseño de las campañas de comunicación institucional, así como las 
relacionadas con los colaboradores y colaboradoras de la administración electoral; f) 
definición de las secciones censales y mesas electorales, nombramiento y comunicación 
formal de los miembros de las mesas electorales; g) utilización de los espacios de 
titularidad o con derecho de uso de la Generalitat de Cataluña, y organismos y entidades 
dependientes; h) la creación de un registro de colaboradores y colaboradoras de la 
administración electoral; i) utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos  necesarios  para  garantizar  la  adecuada  organización  y  desarrollo  del 
referéndum de autodeterminación de Cataluña, así como aquellos de los que ya se 
dispone".
Añadía  el  último  apartado  que  "las  decisiones  y  actuaciones  nombradas  serán 
tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno, y 
asumidas de manera solidaria".
9.  Los acusados D. Jordi Sànchez Picanyol y D. Jordi Cuixart Navarro eran los 
líderes  respectivos  de  la  Asamblea  Nacional  Catalana  y  Òmnium  Cultural.  Su 
contribución resultaba decisiva para los fines ideados. Ambas asociaciones cuentan con 
una amplia e histórica trayectoria de movilización popular. Los Sres. Sànchez y Cuixart  e.
ejercían  una  indiscutida  capacidad  de  liderazgo.  La  ausencia  de  violencia  en  w.b
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nacionalistas. Ello ha permitido su activa participación en el diseño de las distintas hojas 
de ruta que han venido dibujando el supuesto camino hacia la independencia.
El día 20 de septiembre de 2017, los acusados D. Jordi Sànchez Picanyol y D. Jordi 
Cuixart Navarro convocaron a la población a que compareciera ante la sede de la 
Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, sita 
en los números 19-21 de la Rambla de Cataluña, en Barcelona. Esa convocatoria se 
verificó a través de sus propias cuentas de Twitter y de las organizaciones que lideraban. 
El motivo fue que los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de 
Barcelona,  por  orden  del  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  esa  ciudad,  habían 
practicado una serie de detenciones y habían iniciado la ejecución de la decisión judicial 
de registrar las instalaciones de la consejería, con la finalidad de encontrar elementos y 
datos que permitieran depurar las responsabilidades derivadas de la convocatoria del 
referéndum previsto para el 1 de octubre e impedir su celebración.
Las  entidades  ANC  y  Òmnium  Cultural,  a  través  de  la  página  web 
"www.cridademocracia.cat" –concretamente en la subpágina "www.cridademocracia.cat/
whatsappi"– ofrecieron la opción de unirse a grupos de WhatsApp desde donde se invitó 
a la movilización y a estar conectados permanentemente para recibir alertas y poder 
estar organizados en caso de necesidad. De hecho, ese día 20 de septiembre, Òmnium 
Cultural, mediante mensajes de WhatsApp, a las 8:55 horas llamó a concentrarse, 
además de en la sede de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, en las Consejerías de 
Exteriores, Bienestar y Familia, y Gobernación.
Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de 
la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se 
efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones 
catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían 
sido detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran. Se les animaba diciendo 
que no podrían con todos ellos, que las fuerzas del orden se habían equivocado y que 
habían declarado la guerra a los que querían votar.
Los agentes de la Guardia Civil integrantes de la comisión judicial llegaron a la 
Consejería sobre las 08:00 horas del día 20 de septiembre de 2017, aparcando en la 
puerta  sus  vehículos.  En  los  minutos  siguientes  la  afluencia  de  personas  se  fue 
incrementando,  hasta  el  punto  de  que  a  las  10:30  horas  de  esa  mañana  los 
manifestantes habían rodeado por completo el edificio impidiendo a la comisión judicial la 
normal realización de sus funciones.
Bajo la sola protección del reducido número de Mossos d'Esquadra que diariamente 
se encarga de la vigilancia ordinaria en el acceso del edificio, quienes no recibieron 
refuerzo alguno durante el día, salvo la llegada de unos agentes de mediación, los 
acontecimientos se desarrollaron con la presencia de una cifra próxima a los 40000 
manifestantes,  que  se  agolpaban  en  un  ambiente  en  el  que  coexistían  los  gritos 
reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial, y los actos lúdicos, 
algunos espontáneos, otros, promovidos por los organizadores.
No se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial reclamó, de 
manera que para discurrir entre los miles de manifestantes allí congregados no había 
otro acceso que un estrecho pasillo humano que únicamente permitía el paso en fila 
individual, y que no era un cordón controlado policialmente sino formado por los propios 
voluntarios de la entidad convocante –ANC–, que llevaban chalecos identificativos de 
pertenecer  a  esa  organización.  Ese  pasillo  no  posibilitaba  que  la  comisión  judicial 
trasladara a través del mismo los efectos intervenidos, ni siquiera el mero paso de los  s
agentes, como resultó con los Mossos de mediación que, confundida su adscripción por  oe.
la concurrencia, sufrieron lanzamiento de objetos y tuvieron que guarecerse de manera  w.
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procesales.  También  impidió  que  pudiera  ser  atendida  la  orden  judicial  con  plena 
normalidad. Los vehículos de la Guardia Civil, tres Nissan Patrol con distintivos oficiales 
y matrículas PGC-5313-N, PGC-2446-N y PGC 5314-C, y cuatro vehículos camuflados 
Renault Megane PGC-8401-C, Ford Focus PGC- 8019-C, Laguna Renault PGC-6504-B 
y Hyundai 120 PGC-8784-C, terminaron con importantes destrozos.
Solo sobre las 00:00 horas se consiguió preparar una salida para que la letrada de la 
administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona pudiera 
abandonar el lugar con seguridad, infiltrándola entre los espectadores que abandonaban 
el teatro sito en el inmueble colindante, al que hubo que acceder desde la azotea de los 
edificios. El resto de los agentes de la Guardia Civil pudo salir cuando la manifestación 
ya se hubo disuelto, haciéndolo concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la 
madrugada del día 21 de septiembre, y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha.
La  efectiva  dispersión  de  los  últimos  manifestantes  tuvo  lugar,  ya  entrada  la 
madrugada, a raíz de unas cargas policiales ejecutadas por la brigada antidisturbios de 
los Mossos.
Durante los disturbios, el acusado D. Jordi Sànchez se erigió en el interlocutor de la 
movilización ante los agentes policiales actuantes e impuso condiciones para el efectivo 
desarrollo de su función, negando a los agentes de la Guardia Civil que pudieran 
introducir a los detenidos en el edificio, salvo que asumieran conducirlos a pie entre el 
tumulto. Igualmente se negó a que los agentes de la Guardia Civil pudieran hacerse 
cargo de los vehículos policiales, si no se acercaban a pie, sin garantía alguna de 
indemnidad,  hasta  el  lugar  donde  estaban  estacionados  atravesando  la  masa  de 
personas que los rodeaban. Al ser informado por los agentes de que en el interior de 
esos coches había armas, dispuso lo necesario para aislar los vehículos.
Sobre las 21:15 horas de ese mismo día, el entonces jefe de la brigada antidisturbios 
de Mossos (BRIMO) pudo comprobar por sí la ingente multitud que se agolpaba a las 
puertas  de  la  Vicepresidencia  y  Consejería  de  Economía,  hasta  el  punto  de  que 
consideró, en términos de seguridad ciudadana, imposible su desalojo. Se entrevistó con 
el acusado Sr. Sànchez que, hasta tal punto ejercía el control sobre la masa, que se 
permitió reprochar a su interlocutor la presencia de los efectivos policiales: "saca a la 
BRIMO de aquí […], esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de 
aquí". Conforme avanzaban las horas de la noche, sin embargo, cambió hacia una 
actitud más colaboradora con los agentes.
Desde la llegada al lugar del acusado D. Jordi Cuixart, este y D. Jordi Sànchez se 
dirigieron en diversas ocasiones a la multitud para conducir su actuación. Así, en la tarde 
del día 20, el Sr. Cuixart, dirigiéndose a los congregados exigió la liberación de todos los 
detenidos y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el 
referéndum y que tenían escondido en determinados locales.
Tras esta intervención, tomó la palabra el acusado D. Jordi Sànchez, quien agradeció 
a los presentes que hubieran confiado en las entidades soberanistas. Recordó que estas 
entidades habían prometido salir a la calle a defender las instituciones cuando hiciera 
falta y que estaban allí. Proclamó que ese era el día y que había llegado el momento de 
salir a la calle para defender la dignidad, las instituciones y el referéndum, por lo que ni 
Rajoy,  ni  el  Tribunal  Constitucional,  ni  todas  las  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado 
podrían pararles. Aseguró que hacía un rato se había reunido con el presidente de la 
Generalitat y que este le había asegurado que habría referéndum. Terminó pidiendo que 
nadie se marchara a casa todavía, pues tenían una "noche larga e intensa", y que habían 
de trabajar porque ellos eran el sueño de un nuevo país. s
Sobre las 23:41 horas, ambos acusados D. Jordi Sànchez y D. Jordi Cuixart, subidos  oe.
sobre uno de los coches oficiales de la Guardia Civil, se dirigieron una vez más a los  w.
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tendría lugar a las 12:00 horas del día siguiente, en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Por su parte, D. Jordi Sànchez volvió a dirigirse a la multitud diciendo que ni el 
Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie lograría impedirlo y, tras 
instar a los congregados a que abandonaran la movilización de ese día, les pidió que 
acudieran a la manifestación del día siguiente ante el Tribunal Superior.
Estos actos fueron promovidos, dirigidos y queridos por los acusados Sres. Sànchez 
y Cuixart, que mantuvieron la convocatoria hasta las 00:00 horas –momento en el que se 
había  fijado  y  comunicado  previamente  su  finalización–,  llamando  entonces  a  la 
manifestación permanente y a presentarse a exigir la libertad de los detenidos al día 
siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
9.1  Hechos  similares  orientados  a  impedir  el  funcionamiento  normal  de  la 
administración de Justicia tuvieron lugar con ocasión de otros registros y detenciones 
acordadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 citado.
Así, en el registro del domicilio de D. José María Jové se concentraron unas 400 
personas que impidieron la salida del vehículo policial durante unos quince minutos. En 
el registro de la sede del Departamento de Exteriores, sita en vía Layetana 14, la 
congregación de 200 personas en actitud hostil determinó a la Guardia Civil a introducir a 
la letrada de la administración de justicia en un coche camuflado. Cuando fue sacado del 
edificio el detenido D. Xavier Puig Farré las personas congregadas intentaron sustraerlo 
del control de los agentes y el vehículo oficial fue zarandeado y golpeado. En el registro 
en las naves sitas en los números 17, 18 y 19 de la Urbanización Can Barris, carrer S, de 
Bigues i Riells (Barcelona), la actitud hostil de un grupo de entre 200 y 250 personas 
concentradas en el exterior hizo que el letrado de la administración de justicia tuviese 
que abandonar el lugar en un vehículo camuflado y que ocho furgones con el material 
intervenido sufrieran algunos daños. Asimismo, se produjeron incidentes en registros 
realizados en la localidad de Berga.
Los acusados Sres. Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Forn, Sànchez y Cuixart y las 
Sras. Bassa y Forcadell, expresaron por los medios sociales mensajes de solidaridad, 
afecto y compromiso y expresiones de agradecimiento, animando a la participación 
activa  en  el  referéndum  declarado  ilegal,  y  estimulando  la  presencia  masiva  de 
ciudadanos en las urnas, pese a conocer que las Fuerzas de Seguridad del Estado 
habían recibido la encomienda específica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de impedir su celebración.
Así,  D.  Oriol  Junqueras,  el  mismo  27  de  septiembre  de  2017,  se  dirigió  a  los 
estudiantes  diciéndoles  que  eran  imprescindibles  para  implementar  la  República, 
añadiendo que "se trataba de una cuestión de democracia, derechos civiles y sociales" y 
que el país se sentía orgulloso de todos; D. Raül Romeva dispuso que, a través de 
Diplocat, se invitara a 33 diputados de 17 países para hacer un seguimiento internacional 
del acto ilegal; Dña. Carme Forcadell recibió a aquella delegación en el Parlamento 
autonómico y declaró que "los Mossos d'Esquadra no aceptaban el control del Estado 
que ha ordenado la Fiscalía"; D. Joaquim Forn manifestó que "ante el discurso del miedo 
del gobierno español, nosotros decimos: votaremos el 1-O"; y añadió el día 27 de 
septiembre de 2017 que "la Policía y la Guardia Civil venían a Cataluña a alterar el orden 
y que todas esas salidas de policías desde lugares del Estado español como si fuesen a 
la guerra no iban con ellos"; D. Josep Rull el 21 de septiembre de 2017 manifestó que 
había impedido atracar un buque para alojar miembros de la Policía Nacional en la bahía 
de Palamós; los Sres. Sànchez y Cuixart, el 22 de septiembre de 2017, en diversos 
medios de comunicación audiovisuales y escritos llamaron a la movilización permanente;  e.
D. Jordi Turull comunicó que "el 1-O está en manos de la gente" y que "el 1-O nos  w.b
j"ausñgi aagdmaióno as"vb liaav a ei nll ads erí epsveeon ldtueecnniódcnriía ad" ;e qDmu.eo  Jcporárrodticci laaC mucaiaxtraa rllaat, n reael, p 2mú7bo ldvicielaí z"s aeytpe et iple am2r9ab  rddeee  dfeseen pd2te0ier1 m7e,lb  rdreeef ecdlraeér nó2d 0qu1um7e,,    2021-1130n https://w
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Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los 
centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros.
9.2  El día 21 de septiembre de 2017 se congregaron frente a la sede del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Cataluña  unas  20000  personas,  convocadas  por  los  Sres. 
Sànchez y Cuixart, en protesta por las decisiones judiciales adoptadas para impedir la 
celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La acusada 
Dña. Carme Forcadell se dirigió a ellos en una alocución reclamando la libertad de los 
detenidos.
En el cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia, lugar donde los detenidos 
estaban custodiados, se congregaron 300 personas que llegaron a cortar la circulación.
Ese mismo día se produjeron concentraciones hostiles ante los cuarteles de Guardia 
Civil y Policía Nacional de Manresa, y se rodeó el cuartel de Sant Andreu de la Barca. 
Con anterioridad, se habían desarrollado incidentes en los que algunos ciudadanos, con 
marcada hostilidad, increparon a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que se hallaban alojados en distintos establecimientos hoteleros.
En la Ciudad de la Justicia, cuando los detenidos fueron puestos a disposición 
judicial, se concentraron unas 2000 personas, entre las que se hallaban los acusados 
Sra. Forcadell y los Sres. Romeva y Junqueras.
El 22 de septiembre de 2017 se produjeron concentraciones, con similar inspiración, 
ante los cuarteles de la Guardia Civil de Canovelles, Vilanova y Ripoll y se empapelaron 
las oficinas del DNI de la Policía Nacional de Barcelona.
En relación con la votación, el día 1 de octubre los acusados D. Jordi Sànchez y D. 
Jordi Cuixart alentaron a los ciudadanos, a través de mensajes de Twitter y de los 
medios de comunicación, a ocupar los centros de votación antes de la hora en la que 
estaba  ordenada  la  intervención  de  la  policía  autonómica,  y  les  exhortaron  a  que 
impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la retirada del 
material electoral. También los animaron a que acudieran masivamente a votar –pese a 
la expresa y clara prohibición del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña– y a que protegieran después el recuento de los votos frente a las 
actuaciones que pudieran desarrollar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
10.  Ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
como Diligencias Previas 3/2017, se tramitaban las distintas querellas interpuestas por la 
Fiscalía contra los miembros del Gobierno de la Generalitat, por la presunta desatención 
a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, antes reseñados, especialmente en 
cuanto a la advertencia a los miembros del Gobierno de abstenerse de llevar a cabo 
cualquier actuación que permitiese la preparación o celebración del referéndum previsto 
para el próximo 1 de octubre. En estas Diligencias se dictó auto de 27 de septiembre 
de 2017 por el que se acordaba "ordenar a los Mossos d"Esquadra, Guardia Civil y 
Policía Nacional lo siguiente: a) impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o 
edificios públicos –o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público– 
para la preparación de la celebración del referéndum. En esa fecha, se impedirá su 
apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a 
aperturarse; b) en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los de 
votación el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de 
servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá 
únicamente  al  cierre  de  aquellas  dependencias  en  las  que  se  hicieran  actos  de 
preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea 
afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios  e.
que les sean propios; c) requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en  w.b
dslouec  alcoleasss  odo,e  leietdosistfui cvqiiouesera,  s ineec nliun yvdeeisnsptdiogosa iclnoi;ós n do ) rddaees inmianidtsromordeous, c siqresu eeim,  cpooe ndfsuitreiátru alya a hnaa cleltailv doiodb ajeddte oyn /tooro  ai npdseetrr utudmricaeh ndotoes    2021-1130n https://w
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Mossos d"Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional deberán actuar conjuntamente 
para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo 
necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que se aquí se dispone, y con 
observancia de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y en el artículo 2.3 a) Decreto 770/2017 de 28 de julio.
Líbrense los oficios oportunos a los respectivos mandos de Mossos d"Esquadra, 
Guardia Civil y Policía Nacional".
En el Fundamento Jurídico 2 de esta misma resolución podía leerse lo siguiente: "en 
dicha tesitura se hace del todo previsible que esa actitud renuente al cumplimiento de los 
pronunciamientos constitucionales se materialice, finalmente, en una jornada del 1 de 
octubre en la que los querellados, desde su posición en el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, facilite todos los medios a su alcance para la definitiva consecución del 
referéndum, con clara vulneración de las determinaciones del Tribunal Constitucional. 
[…] Así las cosas, y en el caso que nos ocupa, el artículo 13 LECrim permite acoger 
cuantas medidas sean necesarias para la protección del correcto funcionamiento del 
Estado de Derecho, que se asienta, a su vez, sobre el principio de sometimiento a las 
decisiones judiciales, tanto por los particulares como por las propias Administraciones 
públicas y por las autoridades. […] Y, como no puede ser de otro modo, ello pasa, 
necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del 
referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana, además de garantizar que el 
resto de Administraciones con sede en Cataluña no se vean afectadas por las decisiones 
o actos de los querellados del Govern, en su claro afán por la celebración de un 
referéndum, suspendido por decisión del Tribunal Constitucional".
El 28 de septiembre de 2017, los máximos responsables policiales del Cuerpo de 
Mossos d"Esquadra, a instancia propia, se reunieron con el Presidente de la Generalitat 
de Cataluña, su Vicepresidente, el acusado D. Oriol Junqueras y el Consejero de Interior 
D. Joaquim Forn. Dicha reunión tenía como finalidad poner de manifiesto el problema de 
seguridad ciudadana que podría plantearse el 1 de octubre, debido a la gran cantidad de 
colectivos  movilizados  en  aquellas  fechas  –entre  ellos  42  Comités  de  Defensa  del 
Referéndum y posibles organizaciones contrarias al acto–. Propusieron expresamente la 
suspensión de la votación del día 1 de octubre. Pese a conocer las instrucciones 
contenidas en el auto de 27 de septiembre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña y los mandatos del Tribunal Constitucional que hemos venido citando, se les 
transmitió  la  decisión  de  seguir  adelante  con  el  referéndum.  Ello  dio  lugar  a  la 
advertencia de D. Josep Lluís Trapero –jefe policial de los Mossos– de la posible 
concurrencia a la votación de 2 millones de personas, con el riesgo subsiguiente de 
graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos.
El acusado Sr. Forn aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos fijando 
como  objetivo  prioritario  de  la  intervención  policial  preservar  la  "convivencia"  en 
referencia a una expresión presente en la imperativa resolución judicial, sin dar cuenta, 
desde luego, del sentido interesadamente atribuido a tal expresión. Con ello disimulaba –
siquiera de modo inverosímil– su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos 
no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados. Se aparentó así́ 
que la ponderación bajo el principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la fuerza 
para cumplir la decisión judicial sino de manera absolutamente exclusiva para defensa 
ante agresiones previas "de los ciudadanos a los policías".
Tras avalar esa estrategia, el Sr. Forn advirtió además que las otras Fuerzas de 
Seguridad  del  Estado  solamente  "tendrían  que  actuar  a  requerimiento"  de  las  s
autonómicas. Y protestó de forma contumaz por la designación de la coordinación a  oe.
cargo  de  la  persona  designada  de  conformidad  con  lo  ordenado  en  el  auto  de  la  w.
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cumpliría lo mandado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
desde luego, en el tiempo que transcurriría hasta el comienzo de la jornada prevista para 
el 1 de octubre. Ello contribuyó a la inhibición de la actuación de las demás fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado en todo lo relativo a la ocupación de centros de 
votación bajo la iniciativa conocida como "Escoles Obertes".
Esa desleal actuación del acusado Sr. Forn tuvo como efecto que los centros no 
fueran sustraídos a la disponibilidad de los ciudadanos llamados a movilizarse para 
gestionar y hacer posible la jornada de votación. Con esa actitud se evidenció la firme 
decisión de la Consejería bajo la dirección del acusado Sr. Forn, no solamente de no 
impedir  la  votación,  sino,  antes  bien,  de  que  los  criterios  policiales  allí́  expuestos 
garantizaran  su  efectiva  realización,  ante  la  fácil  previsión  de  que  los  ciudadanos 
convocados y llamados a ellos desatenderían cualquier requerimiento de los Mossos 
d'Esquadra y les impedirían tanto el cierre de los centros como el acceso pacífico a ellos.
11.  Las vísperas del día señalado para el referéndum, se llevó́ a cabo una intensa 
campaña denominada "Escoles Obertes". En ella se convocaba a los ciudadanos a 
ocupar los locales que se habían designado como centros de votación. En su puesta en 
marcha  y  desarrollo  intervino  la  acusada  Dña.  Dolors  Bassa.  Para  liberar  de 
responsabilidades  a  los  directores  de  los  centros  y  garantizar  que  la  orden  de 
disponibilidad iba a ser acatada por todos, avocó para sí la competencia ordinaria de los 
directores responsables de los centros afectados. La finalidad era precisamente hacer 
posible  su  mantenimiento  en  condiciones  de  disponibilidad  para  la  logística  de  la 
votación.  Posibilidad  garantizada  porque  la  fuerza  policial  de  Mossos,  dependiente 
política y administrativamente del acusado Sr. Forn, se limitó́ a constatar el hecho. El 
pretexto para justificar la movilización era la conjetura simulada, que no verazmente 
creída, de que tales ocupaciones masivas de centros tenían una finalidad puramente 
festiva o lúdica, asumida por quienes allí́ concurrieron. El evidente objetivo, sin embargo, 
no era otro que permanecer allí hasta las tempranas horas de la mañana del día 1 de 
octubre, en que debían dar comienzo las sesiones de la votación. Se garantizaba así la 
total disponibilidad de esos centros, conjurando todo riesgo de cierre que quisieran llevar 
a cabo las unidades de Mossos u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
12.  El día 1 de octubre de 2017 multitud de ciudadanos, atendiendo a los reiterados 
llamamientos, tanto de los acusados a que antes hemos hecho referencia como de otras 
personas y medios, se apostaron en los centros señalados para la emisión de voto. A 
varios de estos acudieron agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, con el propósito 
de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
acomodado,  a  su  vez,  a  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional.  Este  había 
declarado ilícita la convocatoria y prohibido cualquier actuación que trajera causa de las 
leyes de transitoriedad y referéndum, requiriendo a los coacusados para impedir y 
paralizar  esas  actuaciones,  entre  las  que  se  incluía  el  insistente  llamamiento  a  la 
población para participar en la emisión de voto como si se tratara de un referéndum 
legal.
En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre 
miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de 
voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de 
la que eran portadores los agentes.
Los Mossos –que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado Sr. 
Forn– no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un  e
mínimo número de centros. En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo  bo
y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a  4w
caboE nla  lgae smtiaóyno dríea  ladse  cloorsr ecsapsoonsd, ieannttees  lma eospaoss diceió vno tdaeccióidni.da de los numerosos grupos  2021-1130n https://w
caocmatpaar clata doords edne  jpuedricsioanl adse q ulae  qpuroet eingfíoarnm eal bcaenn tlroos y  bqinuoem sieo sn edgea bMaons dseo sf ocrmoma isroiotunnaddao sa, 
estos siguiendo las instrucciones que tenían desistían de su objetivo ante la obvia 
imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas.
Ante la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de 
los centros, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de 
la  fuerza  legalmente  prevista.  El  enfrentamiento  entre  ciudadanos  y  agentes  de  la 
autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa.
A  primeras  horas  de  la  tarde,  dado  que  el  uso  de  la  fuerza  podría  devenir 
desproporcionado, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y 
se vieron irremediablemente forzadas a declinar el propósito inicial.
13.  Para  hacer  posible  la  celebración  del  referéndum,  previsto  como  requisito 
habilitante para la supuesta declaración de independencia, conforme a lo dispuesto en 
leyes de transitoriedad y de referéndum aprobadas por el Parlament, se originaron 
obligaciones pecuniarias contra el patrimonio de la Hacienda pública catalana. Ello, pese 
a que ambas leyes fueron –como se ha expuesto supra– inicialmente suspendidas y 
luego anuladas por el Tribunal Constitucional.
Al  socaire  de  la  Ley  del  Parlament  de  Cataluña  4/2017,  de  28  de  marzo,  de 
presupuestos  de  la  Generalitat  de  Cataluña  para  2017,  se  introdujeron  durante  su 
tramitación  sendas  enmiendas,  que  resultarían  aprobadas  como  Disposición 
Adicional 40, bajo el epígrafe "medidas en materia de organización y gestión del proceso 
referendario". Conforme a su contenido, en dos párrafos diferenciados se disponía lo 
siguiente: 1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe 
habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización 
y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña; 2. 
El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación 
económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se 
deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña, acordado 
en  el  apartado  I.1.2  de  la  resolución  306/XI  del  Parlament  de  Cataluña,  con  las 
condiciones  establecidas  en  el  dictamen  2/2017,  de  2  de  marzo,  del  Consejo  de 
Garantías Estatutarias.
Por providencia del Tribunal Constitucional, dictada el 4 de abril del mismo año, en el 
marco  del  recurso  de  inconstitucionalidad  formalizado  por  la  abogacía  del  Estado 
(recurso núm. 1638-2017), fue suspendida su vigencia y aplicación y se acordó notificar 
personalmente esa resolución, entre otros, a cada uno de los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Generalitat, hoy acusados del delito de malversación, Sres. Junqueras i 
Vies, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda; Romeva i Rueda, consejero 
del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia; 
Rull i Andreu, consejero de Territorio y Sostenibilidad; Mundó i Blanch, consejero de 
Justicia; Vila i Vicente, entonces consejero de Cultura; y Sras. Borràs i Solé, consejera 
de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda y Bassa i Coll, consejera de 
Trabajo,  Asuntos  Sociales  y  Familias.  Fue  también  notificada  a  la  consejera  de  la 
Presidencia, Dña. Neus Munté i Fernández, predecesora en el cargo del acusado don 
Jordi Turull i Negre; y al consejero de Interior, D. Jordi Jané i Guasch, predecesor a su 
vez en el cargo, del acusado D. Joaquim Forn i Chiariello.
A todos los personalmente notificados se les advirtió de su deber de impedir o 
paralizar  cualquier  iniciativa  que  pudiera  suponer  ignorar  o  eludir  la  suspensión 
acordada. En particular, de que "se abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar 
acuerdo  alguno  de  disposición  de  las  partidas  presupuestarias  impugnadas,  o  de 
cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia, adoptadas de conformidad con la  e.
disposición adicional cuadragésima, con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la  w.b
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cualesquiera otras partidas presupuestarias o del fondo de contingencia, así como, en
general,  cualquier  otra  medida  presupuestaria  acordada  con  el  aludido  fin,  con  la 
cobertura del precepto de la ley impugnada, incluidas las modificaciones de estructuras 
presupuestarias previstas en la disposición final segunda de la Ley impugnada dirigidos 
a tal finalidad, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".
13.1  Pese a ello, como ya hemos apuntado con anterioridad, el 9 de junio de 2017, 
desde "El Pati dels Tarongers" del Palau de la Generalitat, su presidente, acompañado 
del Vicepresidente Junqueras y de todo el Gobierno, anunció la pregunta del referéndum: 
"¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?" y el día de 
su celebración: el 1 de octubre.
Y el 4 de julio, fue presentada como acontecimiento social y político, en el Teatro 
Nacional de Cataluña, la futura Ley de referéndum. Fue el Grupo Parlamentario Junts 
Pel Si, quien contrató la cesión de uso del espacio del teatro, representado por quien 
entonces era su Presidente, el acusado D. Jordi Turull, quien sería nombrado Consejero 
de Presidencia, solo algunos días después. En el acto de presentación, el frontal del 
escenario lo ocupaban los diputados del grupo Junts Pel Sí. En el lateral derecho –desde 
la posición de los espectadores– se ubicaron todos los miembros del Govern de la 
Generalitat.
Uno de los conductores del acto fue el propio Sr. Turull, quien explicó el carácter 
vinculante del referéndum en la proclamación de la independencia, en caso de ganar el 
"Sí". También incluyó en su intervención una referencia a los mecanismos previstos para 
eludir  las  resoluciones  y  actuaciones  de  los  diversos  organismos  del  Estado  que 
previsiblemente  dificultarían  su  celebración.  La  factura,  con  cargo  al  referido  grupo 
parlamentario, por importe de 17 690,20 €, fue abonada por medio de transferencia 
bancaria tramitada por la oficina con el número 5000 de la sucursal de la entidad 
Caixabanc, con data del día anterior a la celebración de esa presentación.
13.2  Los  gastos  del  referéndum  relacionados  con  la  publicidad  institucional, 
organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el 
exterior,  material  electoral,  pago  de  observadores  internacionales  y  aplicaciones 
informáticas, son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los 
fondos públicos. Supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito y se ordenaron 
careciendo de cobertura presupuestaria. Fueron canalizados a través de la estructura de 
los departamentos de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo, 
Salud y Cultura. Se hicieron así realidad, con los matices que luego se expresan, unos 
gastos previsibles a partir del acuerdo plasmado por escrito el 6 de septiembre de 2017 y 
que fue la diáfana expresión de su consorcio delictivo:
a)  A través de la Presidencia de la Generalitat y el Departamento de Exteriores se 
hicieron posibles los gastos que a continuación se expresan. Fueron encauzados por 
medio del consorcio Diplocat, ente público adscrito al Departamento de Exteriores, de 
donde procede la partida presupuestaria transferida para sus gastos y funcionamiento. 
Su director del Pleno y del Consejo Ejecutivo es el Presidente de la Generalidad: (i) 
visitas de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y 29 de 
septiembre y el 2 de octubre, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal referéndum: 43 
341  €;  (ii)  contratación  de  un  equipo  de  investigación  experto  en  elecciones 
internacionales, en inglés International Election Expert Research Team (IEERT), dirigido 
por Dña. Helena Catt: 177 304,90 €; (iii) contratación con MN2S Managemet Limited de 
un equipo en el estuviera el político holandés D. Willem –Wim– Kok, en los días del  e
referéndum: 54 030 €; si bien este importe fue devuelto porque la prestación no se  bo
realizó. 4w
gastbo)s  gAedneemraádso sd ea l atr arevféesr iddae  rseulasc dióenle dgeal cDioenpeasr teanm eenl teox dteer ioErx tfeureiororens  locso ns iDguipielonctaets, : lo(is)   2021-1130n https://w
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000 €; (ii) contratación de los servicios de la institución The Hague Center for Strategic
Studies,  como  observadores  internacionales  para  verificar  el  referéndum  del  1  de 
octubre: 167 065 €, si bien restan 47 635 € por abonar.
c)  A través del Departamento de Vicepresidencia y Economía fueron acordados los 
siguientes gastos: (i) encargo a la empresa Unipost para la distribución de las notificaciones 
del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 193 899,98 €.
d)  Por medio del Departamento de Presidencia se lideró: (i) la puesta en marcha a 
través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (en adelante, 
CTTI), de la "web referéndum.cat" y los diversos aplicativos incorporados a la misma, 
relacionados directamente con el referéndum del 1 de octubre, tales como el referido a la 
crida extra: https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, además de la actualización 
del "registre.catalans.exteriors.gencat.cat". Estos servicios, pese a la propia normativa 
del CTTI y la intervención externa de DXC y T-Systems, no han sido cuantificados; (ii) 
campaña de difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, desarrollada entre febrero 
y mayo de 2017 que generó una facturación por importe de 220 253,34 €, (266 506,54 € 
con IVA), que no ha sido abonada. Su finalidad primordial, sin excluir otras, era la 
elaboración de un censo de residentes en el extranjero; (iii) contratación de servicios con 
Dña.  Teresa  Guix,  para  diseño  de  la  web  "pactepelreferendum.cat",  que  luego  fue 
utilizada para la inclusión de vínculos relacionados con el ilegal referéndum. Facturó por 
el servicio prestado 2700 €, pero después emitió una factura negativa por ese importe. 
(iv) difusión de la campaña "Civisme", publicidad directa del referéndum del 1 de octubre, 
que antes había resultado declarada desierta, a través de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (en adelante, CCMA), organismo que facturó por sus servicios, 
227  804,41  €,  pero  cuyo  abono  se  paralizó  por  expediente  administrativo;  (v) 
contratación de la cartelería del referéndum, en modo opaco por D. Antonio Molons, 
secretario de Difusión de la Generalitat, a pesar de lo cual, aunque las impresiones se 
realizaron, fueron intervenidas. Su valor era, al menos, de 47 151,70 €. Aunque alguna 
imprenta reclamó su importe, sus representantes manifestaron en el plenario que no 
persisten  en  sus  reclamaciones;  (vi)  encargo  a  Unipost  para  la  distribución  de  las 
notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 198 871,8 €.
e)  El Departamento de Trabajo posibilitó los siguientes gastos: (i) encargo a la 
empresa Unipost para la distribución de las notificaciones del nombramiento de los 
integrantes de las mesas electorales: 197 492,04 €.
f)  El Departamento de Salud también encomendó a Unipost para distribución de las 
notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 192 711,20 €.
g)  El  Departamento  de  Cultura  encargó  a  Unipost  para  distribución  de  las 
notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 196 696,98 €. 
Ninguno de esos pagos fue finalmente ejecutado a favor de Unipost. Su administradora 
concursal decidió no reclamarlo a las Consejerías que habían efectuado los respectivos 
encargos.
14.  Todos los acusados ahora objeto de enjuiciamiento eran conscientes de la 
manifiesta  inviabilidad  jurídica  de  un  referéndum  de  autodeterminación  que  se 
presentaba como la vía para la construcción de la República de Cataluña. Sabían que la 
simple  aprobación  de  enunciados  jurídicos,  en  abierta  contradicción  con  las  reglas 
democráticas previstas para la reforma del texto constitucional, no podría conducir a un 
espacio de soberanía. Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía 
catalana como el ejercicio legítimo del "derecho a decidir", no era sino el señuelo para 
una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano. Bajo 
el  imaginario  derecho  de  autodeterminación  se  agazapaba  el  deseo  de  los  líderes  e.
políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una  w.b
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estatutario y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas.
Los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los Jueces en Cataluña habían 
perdido  su  capacidad  jurisdiccional  y  fueron,  además,  expuestos  a  la  compulsión 
personal  mediante  la  que  el  ordenamiento  jurídico  garantiza  la  ejecución  de  las 
decisiones judiciales».
o)  En el apartado B) de la fundamentación jurídica de la sentencia se lleva a cabo 
el denominado «juicio de tipicidad». En su punto 3 se descarta que los hechos sean 
constitutivos de un delito de rebelión, si bien en el punto 4 se aprecia la comisión de un 
delito de sedición de los arts. 544 y 545 CP, otro de malversación de caudales públicos 
de los arts. 432.1 y 3, párrafo último, (punto 5) y de un delito de desobediencia previsto 
en el art. 410 CP (punto 6), mientras que en el punto 7 se rechaza la comisión de un 
delito de organización criminal. Tras consignar varias consideraciones acerca de la 
delimitación progresiva del objeto del proceso, en las que se afirma que el órgano de 
enjuiciamiento se limitará a valorar las pretensiones acusatorias formuladas en el juicio 
oral, pues es en el plenario «cuando después del esfuerzo probatorio de cargo y de 
descargo ofrecido por las partes puede ya concluirse un juicio de tipicidad definitivo», el 
órgano judicial fundamenta la consideración de los hechos como constitutivos de un 
delito de sedición tipificado en los arts. 544 y 545 CP. Pese a reconocer las similitudes 
existentes entre los delitos de rebelión y sedición, se destaca la diferente ubicación de 
esas figuras, pues mientras la primera de ellas se encuadra en título vigésimo primero 
correspondiente a los «delitos contra la Constitución», el delito de sedición se incardina 
dentro del título vigésimo segundo, relativo a los «delitos contra el orden público», 
siendo, por tanto, diferente el bien jurídico protegido, al igual que es distinta finalidad 
perseguida por los partícipes, que en el caso de la sedición atañe «al impedimento u 
obstrucción de la legítima voluntad legislativa, gubernativa o jurisdiccional».
Posteriormente, tras poner de relieve que el delito de sedición constituye un aliud 
respecto de otras infracciones reguladas en el título vigésimo segundo del Código penal, 
la sala expone los requisitos de esa figura penal, a saber:
(i)  La actividad delictiva no se desarrolla mediante un solo acto, pues requiere de la 
sucesión o acumulación de varios, toda vez que se trata de un delito «plurisubjetivo de 
convergencia, en la medida que su comisión exige un concierto de voluntades para el 
logro de un fin compartido», si bien los actos convergentes pueden no ser delictivos, 
aisladamente considerados.
(ii)  La  sedición  requiere  que  se  produzca  un  alzamiento  tumultuario.  La  mera 
reunión de una colectividad no es, sin más, delictiva. Los partícipes en esa reunión 
tumultuaria deben realizar actos de fuerza o al margen de las vías legales, aunque la 
descripción típica «no anuda al alzamiento público, presupuesto compartido con el delito 
de rebelión, su expresa caracterización como violento». La sala descarta que el vocablo 
«alzamiento» comporte necesariamente la violencia, ya que ninguna de las acepciones 
del diccionario de la Real Academia Española vincula los términos «alzar», «alzarse» o 
«tumultuario», de modo exclusivo con el empleo de violencia.
(iii)  El  delito  de  sedición  ha  sido  concebido  como  una  infracción  de  resultado 
cortado que exige de «una funcionalidad objetiva además de subjetivamente procurada 
respecto de la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la efectividad de las 
resoluciones adoptadas por la administración o el Poder Judicial». Por ello, el resultado 
típico no tiene que ser efectivamente logrado, pues ello determinaría el agotamiento del 
delito, ni tiene que ser pretendido de manera absoluta por todos los autores; basta con 
que «se busque obstruir o dificultar en tales términos que resulte funcional para el 
objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima  e.
actuación de la autoridad o corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de  w.b
sus Lreas soalulac icoonnessi daedrma inqiusetr alotisv ahse coh jousd idcieaclelasr»a.dos probados que acontecieron los días 20  2021-1130n https://w
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por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, ocasionando «un miedo real», no
solo  en  la  letrada  de  la  administración  de  justicia  actuante  en  la  sede  de  la 
vicepresidencia, sino también «en los funcionarios autonómicos bajo investigación que 
habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles en que se estaban 
practicando los registros, cuya presencia fue impedida por los acusados que lideraron la 
tumultuaria manifestación».
En relación con lo acontecido el día 1 de octubre, se señala que los congregados 
hicieron un uso suficiente de fuerza para neutralizar a los agentes que trataban de 
impedir la votación, a lo que estos venían obligados por expreso mandato judicial. La 
trascendencia de esos comportamientos rebasó «los límites de una laxa interpretación 
del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una 
perspectiva constitucional», pues a la vista del contenido de las Leyes 19 y 20 aprobadas 
por el Parlament, se aprecia que las referidas conductas supusieron un intento de 
«derogación de la legislación válida vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar 
las resoluciones del Tribunal Constitucional».
Dentro de este apartado cabe destacar que, para el órgano sentenciador, el derecho 
a la protesta «no puede mutar en un exótico derecho a no dar cumplimiento a un 
mandato judicial y hacerlo de una forma generalizada en toda la extensión de una 
comunidad autónoma, en la que por un día quedó suspendida la ejecución de una orden 
judicial». Por ello, ante un levantamiento proyectado, multitudinario y generalizado no es 
posible eludir la aplicación del delito de sedición, al quedar la autoridad judicial en 
suspenso, sustituida por la propia voluntad impuesta por la fuerza de los convocantes del 
referéndum y de quienes secundaron la convocatoria. También afirma el referido órgano 
que el delito de sedición consumado no se borra por las actuaciones posteriores de 
terceros, tales como los denunciados excesos policiales que son objeto de investigación 
por otros órganos judiciales.
p)  En el apartado C) de los fundamentos jurídicos queda reflejado el denominado 
«juicio de autoría» de los acusados que fueron condenados.
(i)  En el punto 1 se vierten unas consideraciones respecto del delito de sedición 
que atañen a al recurrente en amparo, a don Oriol Junqueras, don Raül Romeva, doña 
Carme Forcadell, don Jordi Turull, don Josep Rull, don Jordi Sànchez, doña Dolors 
Bassa y don Joaquim Forn. En síntesis, se reitera que el delito de sedición es una 
infracción  penal  «de  resultado  cortado»  y,  desde  la  perspectiva  del  bien  jurídico 
protegido, se trata de un delito de consumación anticipada y de peligro concreto. Por 
ello, para colegir si el hecho es imputable objetivamente a la conducta realizada debe 
valorarse si el sujeto en cuestión creó o aumentó el riesgo de lesión del bien jurídico 
protegido y si su comportamiento merece la consideración de adecuado, teniendo en 
cuenta  la  previsibilidad  del  riesgo  objetivo  relevante.  Según  se  razona,  el 
comportamiento atribuido al demandante y a los restantes acusados indicados permite 
atribuirles el riesgo de lesión de los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal, tanto en 
relación con los comportamientos tumultuarios, con episodios ocasionalmente violentos 
y,  en  todo  caso,  realizados  al  margen  de  las  vías  legales,  como  respecto  de  las 
«consecuencias  de  efectivas  derogaciones  de  la  legalidad  y  obstrucciones  al 
cumplimiento  de  órdenes  jurisdiccionales  […]  pues  la  estrategia  de  conductas 
penalmente típicas que cada uno asumió, se enmarcan en una decisión compartida, ab 
initio o de manera sobrevenida».
Tras hacer algunas consideraciones sobre los acusados miembros del Govern y la 
presidencia del Parlament, se pone de relieve que, con base en los informes técnicos 
elaborados por los responsables policiales, los comportamientos lesivos para el orden  e.
público eran «de previsibilidad adecuada a la falta de estrategia mínimamente prudente  w.b
apsucauprasu asediveoirtasa, r luaon slao» s. i Tneatfemercfbetoiréesnn  dcseiea  l raeq cuimhea ppzuartia vqcaui óedn el ad  tear aclontussa crceeinósdnue ltvnaocdliuoans  tcaaar uieass ayto l lsiab ú rellat idm aeoc lstou,s ac ccoiinóu ndb aaddseae n leoonss    2021-1130n https://w
laac ttueaocriíóan  ddee  lalo s« pcriuodhaibdicainóons  dneo  rpeugeredseo s»e. rC coonnfsoirdmeera  seex tarargñuam ael nctoam epno rltaa msieenntteon cdiea ,l olas 
acusados, pues estuvo preordenada y fue promovida ex ante por estos últimos, «como
imprescindiblemente  funcional  para  crear  el  riesgo  de  inaplicación  de  leyes  e 
incumplimiento de decisiones legítimas de órganos judiciales, riesgo luego realizado 
materialmente con tal comportamiento de los ciudadanos movilizados». En suma, la 
imputación  objetiva  a  todos  los  acusados  citados  se  extiende  tanto  al  riesgo 
determinante del resultado lesivo para el bien jurídico protegido, como al medio en que 
tal riesgo se generó, esto es, el tumulto en que se enmarcaron los actos hostiles y, en 
ocasiones, violentos.
(ii)  En el punto 1.9 se reflejan las razones específicamente tenidas en cuenta para 
considerar al recurrente autor de un delito de sedición, previsto y penado en los arts. 544 
y 545.1 CP.
En concreto, se detalla que don Jordi Cuixart, «junto al coacusado presidente de 
ANC– era uno de los pilares del movimiento sedicioso» y su condición de líder de 
Òmnium Cultural, asociación de arraigo histórico en Cataluña, puso su «capacidad de 
movilización al servicio de un proyecto político que incluía la creación de una legalidad 
de ruptura con las bases de nuestro sistema jurídico y la presión al Gobierno de la 
Nación mediante la celebración de una consulta ciudadana que iba a ser presentada 
ante la opinión pública –sin serlo– como la genuina expresión del ejercicio del derecho 
de  autodeterminación.  Para  ello  era  indispensable  la  movilización  de  miles  de 
ciudadanos que, llegado el momento, pudieran oponer una resistencia activa –también 
pacífica– al cumplimiento de los mandatos dictados por los jueces y tribunales».
«En su actuación se produce un progresivo in crescendo que le llevará a dar el salto 
desde las llamadas a la protesta, a las manifestaciones, a la movilización legítima –todo 
ello  sin  relevancia  penal  alguna–  a  empujar  a  la  ciudadanía  simpatizante  con  el 
movimiento secesionista a la resistencia activa, a la oposición por vías de hecho al 
cumplimiento de órdenes judiciales, o de cualesquiera decisiones de las autoridades que 
contradijesen u obstaculizasen ese propósito firme de realizar un referéndum basado en 
un supuesto derecho de autodeterminación».
Tras describir las fuentes probatorias sobre lo acontecido el día 20 de septiembre 
de 2017 (testimonios de los agentes de la policía, de los ciudadanos y responsables 
políticos, vídeos exhibidos en el plenario, la lectura de algunos mensajes enviados por 
redes sociales y la declaración del propio Sr. Cuixart), la sentencia detalla en varios 
subapartados  los  hechos  protagonizados  por  el  recurrente  y  descarta  también  las 
alegaciones efectuadas en su defensa sobre la «desobediencia civil».
En relación con la preparación del supuesto referéndum de autodeterminación, pone 
de  manifiesto  como  el  Sr.  Cuixart,  el  11  de  junio  de  2017,  con  ocasión  de  una 
concentración multitudinaria en que se leyó un manifiesto instando a la participación y 
movilización de todos los partidarios de la independencia, «aseguró que las entidades 
independentistas  se  constituían  en  garantes  de  que  el  referéndum  que  había  de 
celebrarse  fuese  vinculante,  porque  tendría  consecuencias  al  día  siguiente  de  su 
celebración», al tiempo que el coacusado don Jordi Sànchez «lanzaba una advertencia 
al Gobierno de España, al declarar que la única forma de impedir el referéndum era 
llevando a cabo actos impropios, pues la voluntad de la gente era seguir adelante y no 
dar marcha atrás».
Se refiere también a la Diada de 11 de septiembre de 2017 y a los acontecimientos 
del día 20 de septiembre siguiente, en que agentes de la unidad de policía judicial de la 
Guardia  Civil  de  Barcelona,  por  orden  judicial,  practicaron  varias  detenciones  y 
diligencias de registro, entre ellas el registro de las instalaciones de la vicepresidencia y 
de la Consejería de Economía y Hacienda. Señala al respecto que «el acusado Sr.  s
Cuixart en acción conjunta con el Sr. Sànchez, convocó a la población desde primeras  oe.
horas de la mañana a través de las cuentas de Twitter, tanto las de las asociaciones que  w.
pplarr eossdeiuddcíeaie ndn edc ool mau onc aod neas celatjuesar íscauió ycnai tsad depa al.ar tL icGausula acrreodsnia,v  opCcaiarvatiol  qrtieuanesd  lneoons t esc oiualod  iampdupabenldoicisrit  acerolo mrne pfqeaurréeenc isdeeur amen,s  tasaninbtoae    2021-1130n https://w
qciuued addiavnuílag aab daenf eenld elur glaasr  indsotnitduec iosnee se cfeactatulaanbaas , eelx irgeígains tqrou ej ulad iGciuaal,r deiam Cpilvaizl apbuasnie raa  elan   BOE-A-cable e
libertad a las personas que habían sido detenidas, y pedían a los catalanes que se 
movilizaran, alentándoles diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del 
orden se habían equivocado, y que habían declarado la guerra a los que querían votar». 
Agrega que en la tarde del día 20, don Jordi Cuixart «se dirigió a los congregados y 
exigió la liberación de todos los detenidos», y tras expresar «¡no pasarán!», «retó al 
Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el referéndum y que 
tenían escondido en determinados locales, acabando su alocución con las siguientes 
palabras; "hoy estamos decenas de miles aquí, mañana seremos centenares de miles 
allá donde se nos requiera [...] no tengáis ninguna duda de que ganaremos nuestra 
libertad".
Respecto de la consulta ciudadana celebrada el día 1 de octubre de 2017, destaca la 
sentencia que el movimiento "Escoles Obertes", ideado para mantener abiertos los 
puntos de votación, «fue apoyado, estimulado, multiplicado y alentado por D. Jordi 
Cuixart, D. Jordi Sànchez y sus respectivas organizaciones». Relata que se empleó para 
ello una «auténtica resistencia […] cuando los agentes de la autoridad, en ejecución del 
mandato judicial, trataban de hacer efectiva la orden y tropezaban con ciudadanos que 
habían asumido las persuasivas y medidas consignas de movilización canalizadas, entre 
muchos otros, por los acusados D. Jordi Sànchez, D. Jordi Cuixart y sus respectivas 
organizaciones».  Describe  la  tal  fuerza  como  «la  acumulación  de  personas,  la 
superioridad numérica aplastante y disuasoria, la actitud de resistencia pasiva que […] 
no pocas veces se mutaba en activa», agregando que «era un hecho seguro –y más que 
previsible– que la eventual disciplina de no violencia –que también por sí es resistencia, 
fuerza, y vía de hecho– se rompiese, generando esporádicos pero reales episodios de 
agresión  que  en  todo  caso  no  serían  imprescindibles  para  colmar  la  morfología 
conductual que integra la tipicidad del delito de sedición».
Se  refiere  después  la  sentencia  a  lo  declarado  por  el  recurrente  sobre  la 
«desobediencia civil» y a la diferencia entre la desobediencia y la sedición para recalcar 
que lo «sucedido el 1 de octubre no fue solo una manifestación o un acto masivo de 
protesta ciudadana. Si hubiese sido eso no habría reacción penal. Fue un levantamiento 
tumultuario alentado por el acusado entre muchas otras personas para convertir en papel 
mojado –con el uso de vías de hecho y fuerza física– unas decisiones judiciales del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña». Analiza varios 
mensajes en la red Twitter en los que el recurrente llamaba a la resistencia para impedir 
el cierre de los locales electorales, concluyendo que «no eran llamamientos para votar 
sino para hacer "fuerza o resistencia" a la acción policial». Insiste en que «aunque se 
adjetive con la evocación de la paz, la resistencia es resistencia, supone fuerza física e 
intimidatoria, supone presión, supone oposición a la actuación policial dirigida a hacer 
efectivos mandamientos judiciales».
q)  En el apartado D) de la fundamentación jurídica de la sentencia se contiene la 
justificación de la individualización de las penas impuestas. En lo que se refiere al 
recurrente, en el apartado 2, tras referirse a la Sra. Forcadell y a los Sres. Forn y Rull, 
quienes participaban del carácter de autoridad, agrega que «no es el caso, sin embargo, 
de los acusados Sres. Sànchez y Cuixart. Su marco penal se mueve, por mandato del 
art. 545.1 del CP entre ocho y diez años de prisión, duración reservada a los que 
"hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus 
principales  autores".  En  el  juicio  histórico  hemos  reflejado  su  condición  de  líderes 
sociales  de  vanguardia  que,  concertados  en  los  fines  sediciosos  con  los  demás 
acusados, se mostraron como verdaderos conductores de los episodios acaecidos los  s
días 20 de septiembre y 1 de octubre». Concluye señalando que procede imponer a don  oe.
Jordi Cuixart, «como autor de un delito de sedición, las penas de nueve años de prisión y  w.
linonusce ahvpeoa ncaoidñreaosds,   dpeeam raipn lheoaobbstei lynit aeccra iólrognso  asmb pissúombluolitcsao ,o sc  oqcunua ell aet escnqogunaies iregalu  poieetnrnotaesd  phoro,i vnaaoucrneióqsnu,  ecd aesrfeginaointsi v, eaol e decetmi vtpoolsde,oo ess    2021-1130n https://w
públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena».
r)  Con fecha 12 de noviembre de 2019, el recurrente en amparo formalizó escrito 
de nulidad de actuaciones contra la sentencia de 14 de octubre de 2019. Tras reiterar las 
vulneraciones de derechos fundamentales que denunció en anteriores fases procesales, 
a fin de poner de relieve su manifiesta voluntad impugnativa respecto de la sentencia 
condenatoria, cuya nulidad interesa expresamente, considera que se han producido las 
siguientes lesiones: (i) vulneración del derecho fundamental a un juez predeterminado 
por la ley independiente e imparcial (arts. 6.1 CEDH y 24.2 CE); (ii) vulneración del 
derecho fundamental a la presunción de inocencia [arts. 24.2 CE, 6.2 Convenio europeo 
de derechos humanos (CEDH) y 14.2 del Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos  (PIDCP)]  y  (iii)  vulneración  del  derecho  a  la  legalidad  penal  y  derechos 
fundamentales de reunión, libertad de expresión, libertad de pensamiento y prohibición 
de abuso en las restricciones de derechos (arts. 17, 20 y 21 CE, y 7, 11, 10, 9 y 18 
CEDH).
s)  Por auto de fecha 29 de enero de 2020, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
desestimó todos los incidentes de nulidad que le fueron planteados.
3.  En la demanda de amparo, el recurrente alega las siguientes vulneraciones de 
sus derechos fundamentales:
3.1  Vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley (arts. 
24.2 CE y 6.1 CEDH). Bajo esta rúbrica, la demanda pone en cuestión la competencia de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para la instrucción y enjuiciamiento de los 
hechos.
3.1.1  A juicio del recurrente, el órgano judicial «se ha conferido la competencia para 
la instrucción y conocimiento de una causa judicial concreta, modificando el criterio 
establecido de forma reiterada durante años y que además se ha negado a la revisión de 
dicha decisión por la vía de recursos y cuestiones de competencia remitiéndose a la 
previsión establecida en un texto preconstitucional como es el artículo 21.1 LECrim», que 
impide promover cuestiones de competencia contra el Tribunal Supremo y que incurre en 
inconstitucionalidad sobrevenida (STC 4/1981, de 2 de febrero). Sobre este extremo 
argumenta que el legislador procesal español no ha incurrido en ninguna prohibición 
similar en las normas dictadas durante la vigencia de la Constitución de 1978, tales como 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, en la que ni en la regulación de los conflictos 
de competencia (arts. 42 y ss.) ni en la relativa a las cuestiones de competencia (arts. 51 
y ss.) prevé exclusión alguna del Tribunal Supremo; la Ley de la jurisdicción contencioso- 
administrativa de 1998; y la Ley de enjuiciamiento civil de 2000. Señala que ninguna de 
estas  normas  prevé  para  los  respectivos  órdenes  jurisdiccionales  que  regulan  un 
precepto del tenor literal del art. 21.1 LECrim.
3.1.2  En segundo lugar, la demanda señala que el Tribunal Supremo ha modificado 
su  propio  criterio  «establecido  históricamente  y  durante  años»  en  materia  de  la 
investigación  y  enjuiciamiento  de  casos  similares  por  la  actuación  de  aforados  en 
Cataluña, cambio que califica de inexplicable y no razonado, lo que considera un indicio 
de la voluntad de ese tribunal de atraer hacia sí mismo el conocimiento de la causa. A fin 
de justificar lo dicho, se refiere al auto de 12 de noviembre de 2014 dictado con ocasión 
de  la  querella  formulada  por  el  partido  político  UPyD  contra  el  presidente  de  la 
Generalitat, la presidenta del Parlamento y otros representantes políticos a raíz de la 
celebración de la consulta sobre la independencia de Cataluña el día 9 de noviembre del 
citado  año  a  instancias  del  Gobierno  de  la  Generalitat.  En  dicho  auto,  el  Tribunal 
Supremo asumió la posición defendida por el Ministerio Fiscal y rechazó su competencia  e
para  declarar  la  del  Tribunal  Superior  de  Justicia.  Alude  también  a  diversos  autos  bo
dictados  por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña  en  los  que  asume  su  4w
ecol mEspteatteuntoc iad ep aArau toconnoomcíear  ddee  Claast aqluueñrae l(laasu tfoo rnmúumla. d3a7s/ 2c0o1n4tr,a d pee r2s4o ndaes  mafaorrzaod, asso sbereg úlna   2021-1130n https://w
sqouberree lllaa  nqúumer.e 7ll-a2 0n1ú4m e. n1 8ca-2u0s1a4 p eonr  rceabuesliaó np yo rs eredbiceilóiónn;  ayu tsoe dniúcmió.n 8; /a2u0t1o5 ,n údme .8  6d9e6 e/2n0e1ro5,, 
de 2 de noviembre, sobre la querella núm. 12-2015 en causa por rebelión y sedición;
auto núm. 175/2016, de 20 de junio, sobre la querella núm. 19-2015 en causa por 
sedición y prevaricación; auto núm. 11/2016, de 1 de febrero, sobre la querella núm. 
18-2015 en causa por rebelión y sedición; auto núm. 10/2016, de 1 de febrero, sobre la 
querella núm. 10-2016 en causa por conspiración y sedición; auto núm. 13/2017, de 20 
de febrero, en indeterminadas núm. 7-2017 en causa por sedición y rebelión; y auto núm. 
59/2017,  de  31  de  julio,  sobre  la  querella  núm.  26-2017  en  causa  por  rebelión  y 
sedición), así como a causas abiertas, como las diligencias previas núm. 3-2017, en las 
que se investigaba la preparación del referéndum, luego acumulada a la causa especial 
seguida ante el Tribunal Supremo. Cita también las diligencias previas núm. 118-2018 
del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, en la que también se investigaba la 
participación de los miembros del Gobierno y de la sociedad civil en la preparación del 
referéndum del 1 de octubre, y el sumario contra la «cúpula de interior» (sumario núm. 
7-2018)  del  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3,  en  el  que  se  encontraban 
investigados los Sres. Cuixart y Sànchez.
3.1.3  La cuestión de la falta de competencia fue resuelta por la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo mediante auto de 27 de diciembre del 2018. Según la demanda, esta 
resolución judicial se funda en cuatro argumentos que somete a crítica: (i) la «finalidad 
independentista»,  respecto  del  que  alega  que  para  determinar  la  competencia  lo 
relevante es «si los elementos del tipo se realizan dentro o fuera de la comunidad 
autónoma,  siendo  absolutamente  inocuo  desde  una  perspectiva  de  justicia  que  la 
finalidad subjetiva sea la de declarar la independencia o la de mantener la unidad 
territorial»; (ii) la «inescindibilidad del hecho», criterio que «no tiene absolutamente nada 
que ver con la acusación contra el Sr. Jordi Cuixart, en relación al cual no se formulaban 
cargos relativos a la malversación», y que resulta vacía en un contexto procesal en el 
que «existen otras causas penales por los mismos hechos pero con distintos sujetos»; 
(iii) la «diferencia de delitos imputados», argumento que solo afecta a la competencia de 
la Audiencia Nacional; (iv) y la «interpretación restrictiva» en materia de competencia de 
aforados y de atribución al Tribunal Supremo, que no justifica el enjuiciamiento en un 
tribunal de aforados de don Jordi Cuixart, que no ostenta tal condición.
3.1.4  La  sentencia  recurrida  en  amparo  se  refiere  también  a  esta  materia  y, 
respecto de las alegaciones efectuadas por el recurrente, atiende a la «inescindibilidad 
del hecho» presentado por la acusación, «tanto respecto de aquellos acusados a los que 
se imputaban los delitos de rebelión y malversación, como respecto de aquellos otros en 
los que la imputación no incluía el delito de rebelión sino de forma conjunta, los de 
malversación y desobediencia». A su juicio, este criterio no justifica la atribución de 
competencia «en relación a aquellos acusados que, como el Sr. Cuixart, no estaban 
siendo  juzgados  por  malversación»  y  se  encontraban  fuera  del  Gobierno  de  la 
Generalitat.
3.1.5  La demanda incide especialmente en lo que considera consecuencias de esa 
decisión sobre competencia, comenzando por la ausencia de recurso, lo que afectaría al 
derecho a la doble instancia penal. Aduce que la condena del recurrente implica una 
automática violación del derecho a un doble grado de jurisdicción, según lo previsto por 
el art. 14.5 PIDCP, pues el recurso de amparo no puede ser considerado como una 
revisión  por  un  tribunal  superior  conforme  a  las  exigencias  del  precepto  citado.  El 
argumento de la «compensación de garantías» por el fuero privilegiado es, a su juicio, 
cuestionable en este caso, en el que existen dudas sobre la apariencia de imparcialidad 
del tribunal que conoció de la causa, dada, además, la insuficiencia de la ley para dar 
cumplimiento a las exigencias internacionales. En tales circunstancias, la duda sobre la  s
competencia debió resolverse en favor del tribunal inferior, a lo que se añade que, en  oe.
este caso, se ha producido un cambio de criterio insuficientemente justificado «en el  w.
mSuapr3creo.1m d.6oe   ueLnsaa,   qsseuegegurúennldl aal af i crmdoenamsdeaac npudoearn ,cu inlaa   adnimet ipglaou soai bsmuiliinedcmaidób nrod d ede e d lalea s cmaorirmsompllaeart  eSenalcl aiaj»u .ipcoior  eeln T rleibnugnuaal   2021-1130n https://w
catalana.
La  exposición  de  la  demanda  sobre  este  materia  comienza  por  reproducir 
parcialmente los argumentos contenidos al respecto en la sentencia (apartado 3 del 
fundamento  de  Derecho  A)  así  como  en  el  auto  de  27  de  diciembre  de  2018. 
Consideración especial hace de las dos razones ofrecidas por la sentencia para rechazar 
el uso de la lengua catalana, cuales son que la traducción simultánea solicitada por las 
partes afecta al principio de publicidad y que el plurilingüismo en el sistema judicial 
español está construido normativamente a partir de una delimitación espacial o territorial 
de su vigencia.
a)  Sobre el primer argumento, sostiene que el Tribunal Supremo parte de una 
comprensión claramente parcial y desviada del principio de publicidad y que la misma –la 
publicidad de la vista oral– «nunca puede limitar los derechos procesales del acusado, y 
menos cuando […] se reconoce que se disponía de medios para que ello no fuera así». 
A su entender, «un análisis de la cuestión desde los derechos fundamentales de los 
justiciables debería haber servido para amparar el uso de la lengua propia en las 
declaraciones  y  los  interrogatorios  de  los  acusados  y,  en  particular,  el  derecho  de 
autodefensa en sede penal […], en conjunción con el derecho a la vida privada». En el 
discurso de la sentencia late una «confusión entre el derecho a no sufrir indefensión» y 
«el derecho (o garantías) de autodefensa aducidas por los letrados de las partes». 
Según el recurrente, el art. 123 LECrim ha sido objeto de una «interpretación sesgada», 
que desdibuja «el mandato normativo que establece la traducción simultánea como 
medio de interpretación ordinario, y solamente en el supuesto legalmente delimitado en 
el apartado segundo –"en el caso de que no pueda disponerse del servicio de traducción 
simultánea"–, se autoriza que la interpretación de las actuaciones del juicio oral se 
realice "mediante una interpretación consecutiva"». Agrega que «no se puede argüir la 
brillantez discursiva del acusado como argumento para rebatir el derecho a la traducción 
simultánea»,  dado  que  la  objeción  de  las  partes  «no  versaba  sobre  la  capacidad 
dialéctica de los intervinientes, sino sobre el respeto de sus derechos y la interpretación 
pro libertatem». En definitiva, «los derechos lingüísticos de los procesados no fueron en 
ningún  momento  adecuadamente  ponderados»,  «ya  que  se  argumenta  a  partir  de 
principios externos a los mismos (publicidad e indefensión), para acabar concluyendo 
que los primeros no fueron vulnerados».
b)  Sobre la segunda de las razones dadas en la sentencia, según la cual la sede 
del Tribunal Supremo fuera del territorio de Cataluña explica y justifica la exclusión de 
esa  posibilidad  del  uso  del  catalán,  según  la  demanda,  se  «presenta  como  algo 
"evidente", esto es no necesitado de justificación, aquello que en realidad no lo es». A su 
juicio,  el  art.  231  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  (LOPJ)  presenta  serias  dudas 
interpretativas y lo lógico hubiera sido reconocerlas. También aduce que el argumento 
relativo a la Carta de las lenguas regionales y minoritarias resulta contradictorio, pues lo 
que viene diciendo el Consejo de Europa, cuyos informes cita de forma indirecta el 
Tribunal Supremo, «es que el artículo 231 LOPJ, en su redacción actual, constituye el 
principal impedimento legal para poder cumplir las obligaciones asumidas por el Reino 
de España en el marco del art. 9 de la Carta, relativo a la justicia». En el discurso de la 
sala sentenciadora se produce otro salto lógico cuando, en primer término, reconoce en 
el uso de la lengua la distinción activa (derecho de uso por el justiciable) y pasiva 
(derecho a ser atendido por el órgano judicial en la lengua de que se trata), para luego 
«restringir (a los acusados) o negar (en el caso de los testimonios) el uso del catalán en 
la sola dimensión activa».
A continuación se refiere la demanda al régimen jurídico del catalán comenzando por  e.
descalificar la expresión «lengua vernácula», empleada por el tribunal sentenciador, que,  w.b
fsaoo rcsmiuoa lli»nju.gi cüSiíous, t oiccfaioc,in aysl itqdituauedy  eifn uceul nud seo«s ttdéaercmnaoidntaao   ecsnieo rlcatio oS lmóTgeCinc 3oo1s p/y2r 0eh1coi0oy   yr etsosit pabelimecnteo n« dteeel   tseeunx  teods ectaostunusstooti t juupcroiíodr nicalaol    2021-1130n https://w
fnuon didaemnetinfitcaale lso»s,  edse r«etcahmobsi élnin gsaübísidticoo qsu ed edreivtaedrmosin addeo sla d eorfiecciahloidsa fdu n[…da]m ceonmtaole sd eprueecdheons 
presentar un contenido lingüístico», (como el derecho a la tutela judicial efectiva, el
derecho a la educación o el derecho a la intimidad). Alude, además, al art. 10.2 CE, que 
incorpora  un  mandato  de  interpretación  de  las  normas  constitucionales  sobre  esta 
materia  de  conformidad  con  los  tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos 
ratificados por España, y al reconocimiento efectuado por el Tribunal Constitucional de 
que la «conexión del uso lingüístico con el ejercicio de un derecho fundamental debe 
modular  la  interpretación  y  aplicación  de  las  previsiones  legales  restrictivas» 
(SSTC 48/2000 y 49/2000). Reitera que las partes consideraron el derecho de uso de la 
lengua catalana «en el marco de las garantías procesales dotadas de rango de derecho 
fundamental», a partir de lo cual «el tribunal no podía obviar la obligación interpretativa 
del juzgador a favor de la libertad al interpretar el marco normativo existente (e integrar 
sus vacíos o carencias regulatorias antes señaladas), ponderando la afectación de los 
derechos lingüísticos de las partes». Y agrega que esta exigencia era, si cabe, «más 
perentoria e ineludible» en el caso del recurrente, «que es presidente de la entidad 
cultural Òmnium Cultural entre cuyos objetivos fundacionales se encuentra la promoción 
y protección de la lengua catalana». Completa lo anterior con los argumentos dados en 
la sentencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de 24 de abril de 2008 –aportada 
a la causa– que analizó la cuestión del uso de la lengua catalana en la vista oral.
A modo de conclusión, la demanda defiende que la decisión adoptada por la sala de 
enjuiciamiento sobre el empleo del catalán merece una censura constitucional en cuanto 
«expulsa las lenguas oficiales distintas al castellano de las instituciones centrales del 
Estado» y «resuelve los conflictos lingüísticos desde la perspectiva de los derechos del 
tribunal y no de los derechos de los justiciables».
3.2  Vulneración del derecho fundamental al juez independiente e imparcial (arts. 
24.2 CE y 6 CEDH). La demanda cuestiona, en primer término, la imparcialidad objetiva 
de la sala de enjuiciamiento en base a dos motivos: la relación de los magistrados 
integrantes de la misma con el fiscal general del Estado firmante de la querella; y la 
relación de la sala con el Ejecutivo, que sustenta en determinadas declaraciones e 
incidentes relativos a destacados políticos (vicepresidenta del Gobierno, Sra. Sáenz de 
Santamaría; presidente, Sr. Sánchez; y senador, Sr. Cosidó). En segundo lugar, se 
argumenta sobre la ausencia de imparcialidad subjetiva del órgano de enjuiciamiento con 
fundamento en varias causas.
3.2.1  La relación de la sala con el fiscal de la querella. La demanda relata que el 
fiscal firmante de la querella que da origen al proceso, don Manuel Maza, fue durante 
catorce años miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano judicial 
encargado de su instrucción y enjuiciamiento, de modo que los magistrados llamados a 
resolver el litigio han sido durante años compañeros de sala de una de las partes. Esa 
coincidencia,  continúa  diciendo,  es  de  «especial  calado  con  los  magistrados  que 
acordaron la admisión de la querella y la determinación de la competencia mediante el 
auto de 31 de octubre del 2017» (Sres. Marchena Gómez, Martínez Arrieta, Sánchez 
Melgar, Berdugo Gómez de la Torre y Varela Castro). Concluye señalado que «haber 
compartido sala con una de las partes durante nueve, doce o catorce años es un 
supuesto equiparable a la amistad íntima del artículo 219.9 LOPJ», tratándose de una 
relación que, por su intensidad y calidad, puede generar «un temor objetivo a que el 
juzgador sea influenciado» en su comportamiento y decisión, afectando a la apariencia 
de imparcialidad objetiva.
3.2.2  La relación de la sala con el ejecutivo. Bajo este título, la demanda se refiere 
a tres manifestaciones de destacados políticos que, a su juicio, «ponen en evidencia un 
contexto de interferencia del poder político en el poder judicial y que –ante una situación  e.
en la que no se ha tomado medida alguna para frenar, paliar o hacer cesar estas  w.b
eiSnnotrjruoaimcyiaias mSioáineeennstzo– . d sSeoe nS  tairnandttaaic midaeari:ra í(asi),   dqlaeus e ud neealc  1lfa6ar latdace i dodenic eiisne dmdeebp relean  ddveiecln e2cp0ira1e 8sdi,ed ele ntnr tiubanu dane arllu  Geedonabca iedrrgena opd rode ondñseaal    2021-1130n https://w
reens tCo adtael uinndyeap, ednijdoe: n«ti¿sQtausi énno  htean ghaenc hlíod eqruees  phooryq upéo re hsotáyn  EdResCc,a Jbuenztasd poes?r  CMaatraialunnoy aR ayj oeyl 
y el Partido Popular»; y, en manifestaciones en el Parlamento, afirmó, en relación con los
encausados,  que  «están  en  prisión  preventiva  por  haber  cometido  delitos»;  (ii)  el 
mensaje de WhatsApp del senador Sr. Cosidó acerca de la propuesta de nombramiento 
del Sr. Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo,  lo  que  permitiría,  en  palabras  del  citado  senador  y  portavoz  del  grupo 
parlamentario del Partido Popular, «controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
desde detrás»; (iii) y la declaración del entonces presidente en funciones del Gobierno 
español, Sr. Sànchez, que, en el marco de una debate electoral celebrado el 5 de 
noviembre de 2019, se comprometió personalmente a «traer de vuelta a España al Sr. 
Puigdemont», con referencia a la presente causa. Al día siguiente, en declaraciones en 
Radio Nacional de España, preguntado sobre cómo iba a conseguir el propósito referido, 
manifestó: «¿De quién depende la fiscalía? La fiscalía depende del Gobierno, pues ya 
está».
3.2.3  Según la demanda, la ausencia de imparcialidad subjetiva del órgano de 
enjuiciamiento se funda en cinco causas:
a)  El contenido ideológico de la sentencia, que infiere de la «expresiones políticas» 
contenidas en la misma así como de un tratamiento, que califica de excesivo (veinte 
páginas), del denominado «derecho de autodeterminación». Según el recurrente, en las 
páginas 199 y siguientes de la sentencia recurrida, bajo el epígrafe «la inexistencia del 
derecho  a  decidir  en  el  marco  jurídico  internacional,  nacional  y  estatutario»,  se 
desarrollan un conjunto de consideraciones aparentemente jurídicas pero de clarísimo 
trasfondo político, entrando el tribunal a resolver una cuestión que fue vetada a las 
partes, que no forma parte del objeto del proceso penal y da una opinión política en 
materia de soberanía exactamente contraria a la idea defendida por los acusados. Esta 
toma de partido políticamente sobre el fondo, hace evidente, en opinión del recurrente, 
«la ausencia de neutralidad del tribunal juzgador».
b)  El tratamiento procesal de la presunción de inocencia, pues, a su juicio, la 
sentencia se funda en un «prejuicio», dada la inexistencia de valoración probatoria en 
relación con el demandante, lo que, a su vez, constituiría una vulneración del deber de 
motivación exigible ex art. 24.1 CE. Tras hacer referencia a la doctrina constitucional 
sobre la presunción de inocencia, el recurrente alega que la sentencia recurrida no 
contiene un apartado específico destinado a abordar la cuestión probatoria. La misma, 
tras un apartado relativo a los derechos fundamentales, «se adentra en el análisis de los 
juicios de tipicidad, autoría y penas, sin detenerse a desarrollar el análisis probatorio que 
ha permitido al tribunal alcanzar las conclusiones expresadas en el relato de hechos 
probados», omisión que es «indiciaria de vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia».
Este aspecto se desdobla en varios subapartados en los que cuestiona determinados 
hechos y su valoración:
(i)  La participación en la convocatoria del 20 de septiembre ante la sede de la 
Vicepresidencia del Govern y el desarrollo de la diligencia judicial. Según la sentencia, la 
contribución  del  recurrente  a  los  hechos  se  limitó  a  convocar  a  los  ciudadanos  a 
manifestarse ante aquella sede a raíz de los registros judiciales acordados por parte del 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. Sin embargo, no entra a valorar los 
horarios de la comisión judicial ni el cometido de los documentos videográficos sobre los 
incidentes, sin que concrete «qué parte o aspecto de la diligencia no pudo realizarse ya 
no por la actuación de los acusados sino por la mera existencia de la movilización». 
Agrega que «de la prueba se deduce que la diligencia empezó y se desarrolló sin ningún  e
problema derivado de la presencia de los manifestantes –que permanecieron ajenos en  bo
todo momento a la práctica de la diligencia judicial– y cuando fue el momento de acceder  4w
caol ndsetsap, ayc hlao  ddeililg Sern. cJiao sseep  Mcu.mª Jpolivmée, netóst es irne npuronbcilóe maa e satlagru npore»s. eEnnte  eeln r elala mtoi sdmea ,h seecghúons   2021-1130n https://w
oprrdoebna djousd ic(piaálg c. o4n4 )p lseen ad icneo rqmuael id«alad »m, opveilrizoa, cmióáns  [a…llá]  imdep iqduióe  q«usee  phuadciee rdai fsíceirl  iamteangdinidaar  llaa 
normalidad cuando el registro se practica en la vicepresidencia del Gobierno catalán en
relación a la investigación de un referéndum», la misma se desarrolló en su integridad. 
«Si normalidad se refiere a la cumplimentación judicial en el marco de una protesta 
multitudinaria, esta se materializó con normalidad y la sentencia no llega a concretar en 
qué momento, lugar y forma ello no fue así». «Si normalidad se refiere a un escenario sin 
protesta, […] entonces se construye una normalidad de espaldas al concepto de estado 
democrático de derecho».
(ii)  En relación a otras convocatorias e incidentes que, según el relato de hechos 
probados, tuvieron lugar en la misma fecha, aduce que aparecen sobredimensionados y, 
en un caso, como es el de Berga, que no llegó a producirse altercado alguno. En el caso 
del registro del Departamento de Exteriores, «se materializó sin ningún problema, hubo 
zarandeo y golpes en el coche del detenido». En Bigues i Riells, se dice que hubo actitud 
hostil  de  un  grupo  de  200-250  personas»,  lo  que,  según  el  recurrente,  «no  se 
corresponde con las grabaciones aportadas en las que aparecen veinte o veinticinco 
personas sentadas en el suelo». Finalmente, el Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona no acordó diligencia alguna en la localidad de Berga, por lo que ni hubo 
registros judiciales ni se produjo incidente alguno.
(iii)  En relación con las llamadas a la participación en el referéndum del 1-O (pág. 
54 se la sentencia), aduce la demanda que la argumentación de la sentencia resulta 
contradictoria  al  «declarar  que  la  intervención  policial  fue  necesaria  en  un  primer 
momento y devino desproporcionada unas horas después cuando no se consigna al 
mismo tiempo como probado un relato fáctico que permita comprender esta conclusión 
evolutiva». Además, no se concreta qué grabaciones se han visionado y valorado para 
concluir sobre lo que sucedió en los colegios electorales el 1 de octubre y, por otra parte, 
el relato fáctico no contiene el detalle suficiente para subsumir conducta en el tipo penal.
(iv)  Finalmente, critica el hecho relativo a la pérdida de la capacidad jurisdiccional 
por parte de los jueces de Cataluña (pág. 60 de la sentencia) que tiene reflejo, según 
dice la demanda, en la individualización de la pena. La actuación del recurrente, según 
se aduce, estuvo exclusivamente vinculada «a la protesta relativa a la realización del 
referéndum de autodeterminación y por lo tanto a la crítica y a la protesta en cuanto a la 
actuación de dos órganos judiciales muy concretos en relación a dos procedimientos 
muy  concretos»  (el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona,  el  día  20  de 
setiembre, y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el día 1 de octubre). La 
desobediencia civil alegada no se ha predicado «en cuanto a todas las resoluciones 
judiciales, ni en cuanto a todas las leyes, a modo de absoluta anarquía normativa, sino 
como proceso consciente y reflexivo que se ciñe de forma selectiva y concreta en 
relación a preceptos y órdenes que se producen en el marco de conflictos colectivos en 
los que participan masivamente miles de ciudadanos».
c)  Las  manifestaciones  del  tribunal  sobre  los  abogados  fuera  de  la  sala  de 
enjuiciamiento.  Se  refiere  aquí  la  demanda  a  las  valoraciones  efectuadas  por  los 
miembros tribunal sobre la estrategia de la defensa del recurrente al terminar la sesión 
de 14 de mayo de 2019, según la información facilitada por algunos medios («Europa 
Press», «La Vanguardia», «El País» y «El Confidencial») sobre «el profundo malestar de 
los siete magistrados» al respecto. Se argumenta que esas apreciaciones del tribunal 
constituyen  un  «prejuicio»  que  compromete  su  apariencia  de  imparcialidad.  Cita  y 
trascribe parte de las SSTEDH de 16 de septiembre de 1999, Buscemi c. Italia; de 28 de 
noviembre de 2002, Lavents c. Letonia, y de 5 de febrero del 2009, Olujic c. Croacia, en 
relación a declaraciones de miembros de tribunales criticando la defensa y su impacto en 
el respeto del derecho fundamental al proceso debido del art. 6.1 CEDH. e.
d)  Las manifestaciones del tribunal sobre los abogados dentro de la sala. Valora en  w.b
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seguir interrogando a la testigo mencionada.
e)  Las decisiones sobre admisión y práctica de las pruebas. Según la demanda, la 
forma en la que el tribunal abordó los interrogatorios de testigos por las defensas es 
indicadora  de  esta  ausencia  de  imparcialidad.  Se  refiere  específicamente  al 
interrogatorio de la citada Sra. Garcés, del que destaca el «prejuicio absoluto» de la sala 
cuando afirma que sus contestaciones responden a «un guion predefinido, escrito de 
antemano» (pág.178) o «un guion en el que se transcribe hasta el tiempo que hacía que 
"no se tomaba un café" con el Sr. Cuixart, su estado febril o grado de alucinación que le 
produjo  la  prohibición  jurisdiccional  del  referéndum  de  1  de  octubre».  La  misma 
predisposición se manifestó, según se relata en la demanda, en la inadmisión de veinte 
testificales propuestas por la defensa y, especialmente, de la pericial de don Hugh Orde y 
don Duncan Mc.Causland, sobre el análisis de los hechos acaecidos el 20 de septiembre 
y el 1 de octubre. A su juicio, esta decisión de inadmisión, de una prueba que considera 
decisiva, contrasta con la admisión de testificales de la acusación, como la de un agente 
del Cuerpo Nacional de Policía que había emitido un informe sobre en análisis de los 
videos del 1 de octubre, o la de agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el 
atestado y que analizaban los «tweets» emitidos por el Sr. Cuixart. Esta circunstancia 
pone de manifiesto el trato desigual dado a las partes, tal y como señala el informe 
definitivo de la misión international Trial Watch sobre el procedimiento, que se acompaña 
a la demanda.
A modo de cláusula final de la queja, la demanda señala que estas circunstancias 
fácticas, que permiten generar dudas sobre imparcialidad del tribunal de enjuiciamiento 
por parte de cualquier observador externo, «deben ser puestas en relación con otras 
alegaciones del presente recurso que complementan esta perspectiva», como son la 
modificación del criterio de competencia ad hoc, la cuestión relativa a los derechos 
lingüísticos y el mantenimiento de la prisión provisional del recurrente.
3.3  Vulneración del derecho fundamental de reunión (arts. 21 CE y 11 CEDH).
Tras una amplia exposición teórica sobre el contenido de los derechos de reunión y 
manifestación, de la noción de «orden público» como elemento delimitador del tipo penal 
del art. 544 CP, así como del tratamiento jurídico penal de estos supuestos «efecto 
desaliento», se queja el recurrente de que la sentencia no contiene una verdadera 
ponderación,  y  sostiene  que  la  conducta  del  Sr.  Cuixart  en  relación  con  las 
concentraciones de 20 de septiembre y 1 de octubre se incardina en el contenido de este 
derecho fundamental. Se refiere también a la denominada «resistencia pasiva», presenta 
los hechos como «conflicto social pacífico» y su comportamiento como amparado en un 
«derecho  de  desobediencia  al  Derecho».  Sobre  esta  última  materia  crítica  el 
apartado 17.4 de la sentencia impugnada.
Comienza el relato de este motivo de la demanda con un apartado introductorio en 
que expone, a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 
contenido del derecho de reunión mediante la significación de las nociones de «reunión 
pacífica», «actos violentos asilados» y límites generales del derecho, con referencia 
específica a las STEDH de 17 de julio de 2007, Bukta y otros c. Hungría, y de 15 de 
septiembre  2007,  Galsytan  c.  Armenia.  A  continuación  afirma  que  la  participación, 
intervención  pública  y  convocatoria  de  manifestaciones  de  carácter  masivo  y  de 
naturaleza pacífica por parte don Jordi Cuixart «no pueden ser incriminadas ni ser 
sustrato de acusación alguna por delito porqué un mismo hecho no puede ser al mismo 
tiempo delito y ejercicio de un derecho fundamental». Se apoya en que así lo han 
manifestado don Michel Forst y don David Kaye, relatores del sistema de protección de  e
derechos  humanos  de  Naciones  Unidas.  Añade  que,  además  de  los  derechos  bo
fundamentales  del  demandante  de  amparo,  el  proceso  penal  «erosiona  el  derecho  4w
dfuensdaalimenetnot a(cl hdileli ngre uenffieócnt )»d.e Al  cpoanrtjuirn dtoe  adqeu íl ala  caiurgduamdaennítaa caió ntr adveé lsa  dqeule jlala smea ddoe saerfreocltlao   2021-1130n https://w
en los siguientes apartados:
3.3.1  El imposible encuentro entre derechos fundamentales y condenas penales. 
Tras invocar la doctrina constitucional según la cual «los hechos probados no pueden ser 
a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y 
como conductas constitutivas de una infracción», y, en consecuencia, es necesario un 
primer análisis sobre la delimitación del contenido de tal derecho (SSTC 127/2004, 
185/2003 y 124/2005), aduce el recurrente que la sentencia impugnada no ha hecho 
ningún esfuerzo en el sentido indicado sino que, por el contrario, el «punto de partida se 
sitúa en el opuesto y hace encajar de forma directa hechos y conductas en tipos 
delictivos sin cuestionarse si podían estar amparadas por el contenido de un derecho 
fundamental».
3.3.2  El derecho fundamental de reunión en la sentencia recurrida. Al derecho de 
reunión se dedican tres páginas en la indicada resolución (pág. 244-247). Se omite, 
pues, la circunstancia de que lo que está en juego es un derecho fundamental, y se 
prescinde, así, de situar un primer análisis en el ámbito de la delimitación del contenido 
del derecho en cuestión.
3.3.3  El orden público como elemento delimitador. Tras desarrollar una amplia 
disertación sobre las concepciones ideal y material de la noción de orden público, bien 
jurídico protegido por el delito de sedición del art. 544 CP y limite expreso al ejercicio del 
derecho de reunión (art. 21.2 CE), argumenta que este Tribunal Constitucional atiende al 
concepto material para limitar el derecho de reunión, «lo que incluye sólo peligros para 
personas o bienes derivados de las acciones violentas que puedan producirse en la 
celebración pacífica de la concentración, "ya sea porque la misma cree situaciones que 
provoquen  directamente  esos  peligros,  ya  porque  imposibilite  la  realización  de 
actividades  tendentes  a  evitar  o  a  paliar  los  citados  peligros"  (STC  66/1995)».  El 
contenido de las ideas o las reivindicaciones que pretenden expresarse y defenderse 
mediante  el  ejercicio  de  este  derecho  «no  puede  ser  sometido  a  controles  de 
oportunidad política, ni a juicios en los que se emplee como canon el sistema de valores 
que cimientan y dan cohesión al orden social en un momento histórico determinado».
3.3.4  El  bien  jurídico  protegido  de  orden  público  en  el  sistema  constitucional 
español.  Según  la  comprensión  democrática  del  bien  jurídico,  el  único  desorden 
penalmente relevante es aquel que más allá del orden público, afecta también a la paz 
pública. A juicio del recurrente, la definición que toma la sentencia impugnada «es 
absolutamente insuficiente para distinguir entre el concepto de orden público autoritario y 
el concepto de orden público democrático», y no permite separar «la antijuridicidad 
administrativa que justifica la sedición administrativa» del art. 36.4 de la Ley Orgánica de 
protección de la seguridad ciudadana de la antijuridicidad del delito del artículo 544 del 
Código penal. Según la doctrina mayoritaria «solo hay antijuridicidad penal si se produce 
una afectación de la paz pública, sólo si se impide de forma duradera el ejercicio de los 
derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos».  «La  pena  de  naturaleza  privativa  de 
libertad que prevén las fórmulas del delito de sedición exige que la simple alteración del 
orden se proteja mediante el Derecho Administrativo y sea la lesión del valor paz pública 
la que se encauza a través del Derecho Penal».
Según la demanda, la sentencia recurrida «confunde el orden público con el orden 
político» sobre la base de «un especial elemento subjetivo, la finalidad política» que 
califica  como  «nueva  invención  del  Tribunal  Supremo»,  «finalidad  subversiva  que 
aparece expresamente referida en los delitos de terrorismo, pero no en el vigente delito 
de sedición». Desde su posición, defendida por los autores que cita, la noción de orden 
público debe ser interpretada «en sentido positivo y nunca como un límite implícito de los  s
derechos fundamentales», lo que se conecta con el tenor literal del art. 21.2 CE al referir  oe.
la «alteración del orden público» a «peligro para personas o bienes». En definitiva, el  w.
r«seijguunsntiifióficincaa»dd,o op rod red l eo«  oqlarud ees nrae nspcuúiólbtnali  c«poien»nj udaselt»ibf iecy a sbceloerm  deoel  sm«ddiese mllaimo ó ictpautdiacoanr d dode e ella s dtleee crcetuocrnhaco e cpofutnons dtoiatpumecerioann tcaaoll »md eoel    2021-1130n https://w
lpal atnratenaqmuiileidnatdo  pdúeb qliucea  eox aisltteer a«cailótenr adcei ólan  ndoerlm oardliedna dp úinbslticitou cpioonrqaul»é,  etaxli syt ec opmerot usreb apcrioódnu dcee   BOE-A-cable e
en  la  sentencia  recurrida.  El  concepto  negativo  de  orden  público  que  mantiene  la 
sentencia «cercena de forma evidente el ejercicio de los derechos fundamentales al 
entender que es posible limitarlos incluso cuando no exista la circunstancia prevista en el 
texto constitucional de peligro para bienes y personas».
3.3.5  La  técnica  de  ponderación  de  derechos  fundamentales.  Partiendo  de  la 
conocida exigencia, cuando se enfrentan dos derechos fundamentales, de ponderar los 
derechos en conflicto, sostiene la demanda que en el presente caso, a diferencia del 
resuelto en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 812/2015, 
de 7 de marzo «Aturem el Parlament», los derechos-reunión y participación política no se 
encuentran enfrentados. Por el contrario, «tanto el 20 de septiembre como el día 1 de 
octubre  los  representantes  políticos  de  la  ciudadanía  se  encontraban  o  en  casa  o 
precisamente entremezclados ejerciendo derechos». Lo mismo puede decirse desde la 
perspectiva de los actores de la sociedad civil, como el recurrente, «al que difícilmente 
se le puede achacar la infracción de derechos fundamentales de terceros» que puedan 
llegar  a  concurrir  con  el  alegado  derecho  fundamental  de  reunión.  Reprocha  a  la 
sentencia recurrida no haber resuelto específicamente este debate y no haber empleado 
«la técnica de ponderación o balanceo».
3.3.6  La  criminalización  del  ejercicio  del  derecho  fundamental  de  reunión 
expresamente pacífica del Sr. Cuixart. Aduce la demanda, que a la vista de lo anterior, la 
conclusión  es  que  «la  actividad  pública  del  recurrente,  en  relación  con  las 
concentraciones de 20 septiembre y 1 de octubre es perfectamente incardinable» en el 
contenido del derecho fundamental de reunión. Sus llamadas a concentrarse «siempre 
estuvieron condicionadas a que tales concentraciones se desarrollaran pacíficamente», 
como reconoce la sentencia. En la manifestación del día 20 de septiembre «no hubo 
violencia ni fue ilícita», «en tanto que en su ejecución no concurrieron ninguno de los 
límites establecidos por la Constitución (art. 21.2 CE)», lo que también habría reconocido 
la sentencia; y en los hechos acaecidos el 1 de octubre, «la única violencia masiva […] 
fue la que emplearon los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». Frente a ello, el 
Tribunal Supremo, en la resolución impugnada, parte de «la consideración de que los 
tipos penales (en este caso, la sedición) operan como límites absolutos al ejercicio de los 
derechos fundamentales, omitiendo la exigencia constitucional de atender, prima facie, al 
contenido de los mismos».
3.3.7  El  «contexto»  y  la  «multitud»  como  elementos  de  limitación  del  derecho 
fundamental de reunión del Sr. Cuixart. Según señala la demanda, la sentencia recurrida 
afirma que los actos del recurrente «deben interpretarse como sedición por "el contexto" 
en  que  se  daban  y  por  la  "clara  superioridad  numérica"  de  los  manifestantes». 
Reproduce parcialmente varios pasajes de la sentencia (contenidos en las págs. 239, 
281, 283, 392, 393 y 389) para argumentar que esta mantiene una concepción ideal del 
orden público incompatible con el derecho de reunión y que incurre en una confusión 
inaceptable entre «multitud» y «tumulto», elemento típico del delito de sedición.
3.3.8  «Orden público y conflicto pacífico en el Estado social». Bajo este título la 
demanda insiste en que la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo toma 
como punto de partida una noción de orden público ideal y no material, incompatible con 
el derecho de reunión y manifestación del art. 21 CE. Argumenta que en «el marco del 
Estado social y democrático de derecho, las protestas, reuniones y manifestaciones 
públicas han de ser entendidas no como presupuestos de alteración del orden público, 
sino como expresión de participación ciudadana en la reafirmación o confirmación del 
orden constitucional. El concepto de orden público ha de construirse integrado con el  s
ejercicio de los derechos constitucionales y ello obliga a que los tipos penales no pueden  oe.
configurarse en el sentido de que son los derechos de reunión y manifestación los que  w.
daedbeec3un.3a .cr9se ed eGyr aa ardanantpettí aacr usseao lqaciu alaile,  rr eaaaplltlieizcraaacbcióiilóindn ad dde e ldo lisar e dctertaaren cqyhu oidlside easondb  upenúdabie lsincitcaui,aa  csiciónivnoi  ld qeeu nec o eenslf ltiacdt eohr»ea.c hdoe   2021-1130n https://w
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ejerce directamente un derecho fundamental». Partiendo de que, a su entender, lo 
acaecido  el  20  de  septiembre,  supuso  «una  mera  expresión  ordinaria  del  derecho 
fundamental de reunión de la ciudadanía», en relación a lo acaecido el 1 de octubre, si 
bien es cierto que la actuación de la ciudadanía se produjo en el marco de vigencia de 
una resolución judicial dirigida a los poderes públicos en relación a la votación que había 
sido  convocada  para  ese  día,  «frente  a  ellos  y  a  su  carácter  injusto  esta  misma 
ciudadanía ejerció el derecho fundamental de reunión, el cual no había sido objeto de 
suspensión». Tras una amplia exposición histórica sobre «el derecho a desobedecer el 
derecho», se refiere al punto 17.4 de la sentencia recurrida en amparo, en que se trata 
de la cuestión relativa al «derecho de desobediencia civil como causa de exclusión de la 
antijuridicidad», para afirmar que la posición del Tribunal Supremo es contraria «a propia 
la idea de Estado constitucional». Dos serían las razones: en primer lugar, «el derecho a 
la  desobediencia  civil  pacífica  y  proporcional  es  una  forma  de  ejercer  el  derecho 
fundamental de reunión que deriva del principio de aplicabilidad directa e inmediata de 
los derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE) y de participación (art. 23.1 CE)»; y, 
en segundo lugar, «el no reconocimiento del derecho a la desobediencia civil, ejercida de 
manera pacífica y proporcional, conlleva un vaciamiento y vulneración de los derechos 
citados de reunión y manifestación (art. 21 CE) y de participación (art. 23.1 CE)». En 
definitiva, el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales 
«permite establecer una clara separación entre derechos y ley, que obliga a los jueces 
que se encuentren ante casos de desobediencia civil pacífica y proporcional donde el 
sujeto ejerce un derecho fundamental con el único fin de protegerse de una situación de 
vulneración de derechos, a considerar el caso como una expresión política legítima que 
merece un tratamiento que lo diferencie de los actos penales, aplicando la Constitución 
por encima del Código penal y no a la inversa, como hace el Tribunal Supremo en la 
sentencia recurrida». Trae a colación la STEDH de 19 de noviembre del 2019, asunto 
Obote  c.  Rusia,  para  concluir  este  apartado  señalando  que  «no  se  trata  tanto  de 
reconocer  en  abstracto  un  derecho  a  la  desobediencia  civil»,  sino  de  declarar  «la 
preeminencia en nuestro ordenamiento de los derechos fundamentales y su capacidad 
de  autoejecución  y  autoprotección  en  contextos  de  contradicción  con  el  derecho 
vigente».
3.4  Vulneración de derecho fundamental a la legalidad penal (arts. 25 CE y 7 
CEDH). Según la demanda, la vulneración de este derecho fundamental se produce 
desde una triple perspectiva:
3.4.1  En cuanto a la operación de subsunción. Tras hacer una exposición de la 
doctrina  constitucional  sobre  el  principio  de  legalidad  penal,  prohibición  de 
interpretaciones extensivas o analógicas in malam partem, taxatividad y previsibilidad, 
sostiene que la sentencia impugnada incurre en interpretación contraria al sentido de las 
palabras contenidas en el tipo; efectúa una valoración ajena a los criterios del sistema 
constitucional de derechos fundamentales que convierte la norma en imprevisible; y 
vacía de contenido el ejercicio del derecho fundamental de reunión.
a)  En primer lugar, según la demanda, la resolución judicial recurrida interpreta los 
términos típicos de la norma aplicada de una manera contraria a su sentido semántico. A 
su entender «la frontera entre el alzamiento público y tumultuario del delito de sedición y 
una concentración de protesta se halla, entre otros elementos, en el de la existencia o no 
de violencia. Si no hay violencia, en principio, hay ejercicio del derecho de reunión». La  s
sentencia, ante la laxitud de las condiciones típicas del «alzamiento tumultuario» –«por la  oe.
fuerza o fuera de las vías legales»–, califica de sedición «lo que no pasaron de ser, – 4ww.
«craohzmoosont ialimdsaeied n»let oes  ijguendniifci ciaaslu , «ss aegfgurúennsd iaóemnl  ecanurtamol sat–du am "ucllloetumvaaprdiooar  tadame bcieaenb itono tsep rophrr oeustnati lresgser"u »cp.oo m»A,o rg p«uohmr oelsont itlaqid uaeqd u eeol    2021-1130n https://w
abierta hostilidad», conduce a que «el alzamiento propio del tipo de sedición (armado)
resultaría ser incluso más grave que el alzamiento propio de la rebelión (simplemente
violento)». Siguiendo este razonamiento, «si la propia sentencia concluye que en los 
hechos probados no se alcanzó el grado necesario de violencia (que no tuvo en ningún 
caso carácter armado) que requiere el tipo de rebelión, con mayor razón se debería 
rechazar la concurrencia del tipo de sedición que es, en principio, un delito menos 
grave». Se insiste por ello en que las conductas descritas, «consistentes en impedir la 
aplicación  de  las  leyes  o  el  cumplimiento  de  funciones,  acuerdos  o  resoluciones 
administrativas o judiciales, pero llevadas a cabo sin violencia o intimidación, deberían 
resultar  atípicas  al  encontrarse  amparadas  por  el  ejercicio  legítimo  del  derecho  de 
reunión».
b)  En  segundo  lugar,  se  vulnera  el  principio  de  legalidad  porque  la  sentencia 
encuentra su soporte axiológico en una base valorativa ajena a los criterios que informan 
nuestro sistema constitucional de derechos fundamentales, lo que ha conducido a una 
solución  esencialmente  opuesta  a  la  orientación  material  de  la  norma  y,  por  ello, 
imprevisible para sus destinatarios. La apreciación de un «alzamiento tumultuario por la 
vía  de  hecho»,  con  base  en  nociones  como  «grupos  de  personas  aglomerados  y 
compactados»,  «conglomerados  de  personas  en  clara  superioridad  numérica», 
«aglomeraciones de personas impermeables a cualquier requerimiento», o «fórmulas de 
resistencia no violenta», supone una interpretación extensiva del art. 544 CP, contraria a 
la protección que el derecho de reunión brinda a quien convoca reuniones pacíficas de 
protesta e imprevisible para los destinatarios de la norma, como es el caso del recurrente 
en amparo.
c)  Finalmente,  el  demandante  sostiene  que  la  argumentación  de  la  sentencia 
impugnada «es incongruente consigo misma y, por ello, vacía de contenido y criminaliza 
el ejercicio legítimo» del derecho de reunión, puesto que simplemente describe episodios 
de «mera resistencia pasiva o, como mucho, de mera desobediencia» que, en definitiva, 
no son sino fórmulas de «resistencia no violenta que» integran el contenido de aquel 
derecho fundamental.
3.4.2  En cuanto a la pena. Según la demanda, también vulnera el principio de 
legalidad penal del art. 25.1 CE, en relación con los arts. 17 y 21 CE, la pena privativa de 
libertad impuesta de nueve años, al resultar la sanción desproporcionada tanto desde la 
perspectiva  de  la  previsión  legal  que  la  comprende,  como  desde  el  exceso  de  la 
impuesta efectivamente. El desarrollo argumental de la demanda se refiere únicamente 
al  precepto  legal  aplicado,  del  que  se  predica  que  no  atiende  a  la  debida 
proporcionalidad, con vulneración del art. 25.1 CE en relación con los arts. 17 y 21 CE. 
Para fundar la desproporción de la horquilla penal del art. 545 CP se utilizan dos clases 
de argumentos: el contraste con las penas previstas para otras figuras penales con las 
que el tipo aplicado presenta elementos comunes (delitos de atentado, resistencia, 
tenencia de armas, municiones o explosivos, y organizaciones y grupos criminales) y el 
derecho comparado (Alemania, Francia, Suiza e Italia). Con base en esta desproporción 
solicita el planteamiento de cuestión interna de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC) 
sobre los arts. 544 y 545 CP.
3.4.3  La tercera perspectiva de análisis es la que atañe al juicio de autoría. Bajo la 
rúbrica  «principio  de  legalidad  penal  y  personalidad  de  la  pena»,  cuestiona  el 
demandante de amparo la realidad, declarada por la sentencia, de un acuerdo entre los 
acusados sobre la denominada «hoja de ruta». A su juicio, la sentencia del Tribunal 
Supremo resuelve esta cuestión de modo insatisfactorio, pues no concreta de modo 
suficiente los términos de este supuesto «acuerdo» entre los partícipes ni la contribución 
de cada uno de ellos al proyecto común. En el caso del Sr. Cuixart, no se especifica si la  e.
adhesión al acuerdo fue inicial o sobrevenida, ni tampoco su contribución a la fase  w.b
eF«jpienocarul mtnivoea n.et eNv,i otat arr emqspuuoeltc aoo v tricoaasbb lees e lal aa  imlcaetprnuib»tua, ccpiióóunne  sdd een  olar e ersesps oepnlo sndaseba isblideiliadddiac idóa n pt oíutru ncl ood medlieist oiói nndd epu ocrcre isoóumnl tiasadi óolna.    2021-1130n https://w
sdeed liacisó np,e prsuoensa, ste cnoiennvdooc aedna sc uae nltaas  qmuea nnifoe sctoancsiotan elas  iyn vceesntitgroasc iódne  pvoort adceiólitno,  d«es is neod ichióany 
autores difícilmente puede sostenerse que haya inductores».
3.5  Vulneración de los arts. 5, 6, 7 y 11 CEDH, especialmente del derecho a la 
libertad (art. 17 CE) en relación con la prohibición de desviación de poder (art. 18 CEDH) 
y la limitación de restricciones de derechos de la cláusula de prohibición de desviación 
de poder.
Con sustento en el art. 18 CEDH y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos  Humanos  (SSTEDH,  Gran  Sala,  Merabishvili  c.  Georgia,  §  282-283; 
Goussinski c. Rusia, y Rashad Hasanov c. Azerbaiyán) en esta queja, que el recurrente 
encuadra en la vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17 CE), se denuncia 
que la condena penal impugnada, que comprende la privación de libertad del Sr. Cuixart, 
obedece  a  una  «finalidad  escondida»,  consistente  en  un  castigo  político  al 
independentismo.
Según  el  demandante,  la  causa  judicial  de  que  se  trata,  «incluida  la  prisión 
provisional y ahora la condena firme, ha tenido el objetivo de castigar el Sr. Cuixart y el 
conjunto de la entidad cultural Òmnium Cultural por su activismo político, social y cultural 
con el único fin de provocar el fin de las protestas en pro de la independencia y del 
derecho  a  la  autodeterminación  de  Catalunya».  Su  caso  sería  extraordinariamente 
parecido al abordado en la STEDH de 7 de junio del 2018, asunto Rashad Hasanov c. 
Azerbaiyán, en la que el Tribunal de Estrasburgo llegó a la conclusión de que la finalidad 
real de las medidas impugnadas era silenciar y castigar a los demandantes por su 
compromiso  activo  social  y  político  y  sus  actividades  en  la  organización  no 
gubernamental  NIDA,  que  rechaza  la  violencia  y  usa  exclusivamente  métodos  no 
violentos  de  lucha.  En  dicha  sentencia  (§  122  y  siguientes)  se  valoran:  (i)  «las 
declaraciones del fiscal general planteando abiertamente que las actividades de NIDA, 
colectivamente, eran actuaciones ilegales para desestabilizar socialmente el país, sin 
disponer de elementos de prueba»; (ii) «el hecho que los detenidos eran líderes de la 
sociedad civil»; (iii) «la utilización de cuerpos policiales y tribunales especiales»; (iv) «la 
existencia  de  informes  de  organismos  internacionales  de  derechos  humanos  que 
informan de la degradación en materia de derechos humanos especialmente en relación 
a detenciones de activistas de la sociedad civil».
En sustento de la persecución de aquella «finalidad escondida» y su paralelismo con 
el caso citado, el demandante esgrime: (i) el discurso del fiscal general del Estado en la 
apertura del año judicial 2016 que el recurrente considera «centrado en la crítica al 
movimiento independentista catalán», calificándolo como «peligro para la democracia», 
el apelativo periodístico del fiscal general de «azote del independentismo», y el nombre 
del archivo con el comunicado de prensa sobre la presentación de la querella que dio 
lugar a la causa especial, «más dura será la caída»; (ii) la condición de líder de la 
sociedad  civil  del  demandante,  como  presidente  de  la  principal  entidad  social  de 
Cataluña  y  probablemente  del  propio  Estado  español  –Òmnium  Cultural–;  (iii)  la 
utilización  de  tribunales  excepcionales,  como  la  Audiencia  Nacional  y  el  Tribunal 
Supremo, «hurtando el juicio al juez predeterminado por la ley en Catalunya y el derecho 
a una doble instancia, modificando el criterio anteriormente establecido, juzgando un no 
aforado en un tribunal exclusivo para aforados y adoptando un criterio especial en 
relación al delito concreto que era objeto de enjuiciamiento y todo ello con las especiales 
circunstancias  en  materia  de  imparcialidad  que  han  sido  desarrolladas»;  (iv)  y  los 
«posicionamientos  de  organizaciones  e  instituciones  internacionales  que  se  han 
pronunciado  en  términos  críticos  con  la  detención,  persecución  y  condena»  del 
recurrente.
A modo de cierre, argumenta que las quejas desarrolladas con anterioridad en la  s
demanda conducen a esa misma conclusión: «se ha utilizado el procedimiento con un  oe.
objetivo político, como represalia al ejercicio de derechos». Según el demandante de  w.
mapmoalígptiiacsrotorsa,  dpeoensr c eildb peidr oossca eclsvooam gsoue aegrnudeiadmro  iglaaon stue dn eeidl  laTadr mi bnuisanmcaialo ,Sn haualp  rafercemtunoate d« olaa c  nosemuc oea sjumidseatindfia cpzaoacr i óppnao r"rtl eesg duítejiem tlooass"    2021-1130n https://w
pdoed lear  vpurlonpeiroa dcieóln c odnes tsituusc idoenraelcishmoos,  deelmimoincárántdicoos»e. uno de los más importantes límites al  BOE-A-cable e
En el suplico de la demanda se interesa su admisión a trámite y que se dicte 
sentencia que otorgue al recurrente el amparo solicitado contra la sentencia y el auto 
recurridos, «y, en consecuencia: 1) Declare la vulneración del derecho fundamental 
previsto  en  el  artículo  24.2  CE  y  la  nulidad  de  la  sentencia  y  auto  mencionados, 
ordenando las medidas pertinentes para su restablecimiento. 2) Declare la vulneración 
de los derechos fundamentales previstos en los artículos 21, 25 y 17 CE (también en 
relación al art. 18 CEDH) y la nulidad de la Sentencia y Autos mencionados, ordenando 
las medidas pertinentes para su restablecimiento. 3) Declare la inconstitucionalidad de 
los artículos 544 y 545 CP».
Por otrosí primero se solicita en la demanda que se suspenda la pena de acuerdo 
con el art. 56.1 y 2 LOTC. Tras hacer mención de la doctrina constitucional, argumenta 
en favor de su pretensión cautelar que, aunque se trata de una pena «grave», esta 
misma gravedad, es decir, la extensión de la pena, «es objeto de discusión en el 
presente recurso de amparo con lo que sería algo perverso jurídicamente que el criterio 
que  se  discute  mediante  este  procedimiento  sea  utilizado  como  criterio  único  para 
justificar  la  prolongación  de  libertad»  del  Sr.  Cuixart,  siendo  reconocido 
internacionalmente que el trato penal dado al recurrente es desproporcionado. Añade 
que no puede obviarse la actual discusión, impulsada por el Gobierno, sobre la revisión 
de las penas del delito de sedición así como el sentimiento mayoritario en Cataluña, y 
con  un  importante  respaldo  internacional,  a  favor  de  la  amnistía  para  los 
independentistas perseguidos judicialmente, entre los que se encuentra el recurrente, no 
habiendo ninguna víctima de los hechos imputados al Sr. Jordi Cuixart.
Por  otrosí  segundo  se  solicita  el  planteamiento  de  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad sobre los arts. 544 y 545 CP. En síntesis, argumenta, con remisión a 
los motivos tercero y cuarto de la demanda, que el delito de sedición previsto en los arts. 
544 y 545 CP «lesiona derechos fundamentales, como mínimo el derecho fundamental 
de reunión del art. 21 CE y de legalidad penal del art. 25 CE con graves consecuencias 
en el derecho fundamental a la libertad del artículo 17 CE. Además, la ausencia de 
taxatividad y su abierta literalidad permiten, como denunciamos, el uso del delito –y la 
restricción de derechos fundamentales– de forma injustificada incurriendo en desviación 
de poder (18 CEDH)».
Por  escrito  registrado  el  27  de  marzo  de  2020,  la  representación  procesal  del 
recurrente reiteró la solicitud de medida cautelar con invocación del art. 56.6 LOTC, 
añadiendo a lo dicho en la demanda que la situación de emergencia sanitaria provocada 
por  la  pandemia  del  COVID-19  exige  la  inmediata  excarcelación,  tal  y  como  ha 
recomendado la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Agrega  que  don  Jordi  Cuixart  ha  venido  respetando  el  régimen  penitenciario  de 
semilibertad que le permitía, antes de su interrupción por la pandemia, salir diariamente 
durante doce horas para dirigir la empresa de la que es titular, lo que revela que no 
existe riesgo alguno de incumplimiento de la condena si el demandante es puesto en 
libertad durante la tramitación recurso de amparo. Termina dicho escrito suplicando la 
«suspensión de la pena privativa de libertad hasta el dictado de la sentencia del presente 
proceso de amparo constitucional o, subsidiariamente, la suspensión de la pena privativa 
de libertad con obligación de confinamiento domiciliario en su domicilio particular».
4.  El Pleno de este tribunal, por providencia de 6 de mayo de 2020, acordó, a 
propuesta de su presidente y de conformidad con lo que establece el art. 10.1 n) LOTC, 
recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo y admitirlo a trámite, apreciando 
que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC)  e.
porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental  w.b
csoombrDueen e iclc aqocunieófo nnr moa  ihdlaaa ydS  dacoloacn tdr ielno a lod d iPsepe eunseatsel t dotre ibel unTn rieabllu  [anSratT.l  CS5 u11p 5Lr5eO/m2T0oC0,  9aa,  cFfionJr  d2dó,e  a tqa)]um.eb, ieénn  pdliarizgoir  qautee nntao   2021-1130n https://w
ceoxrcreedsap odned iednietezs  daíal sa, urteom dietie 2ra9  cdeer teifincearcoió dne  o2 0fo2t0o cyo paia l aa dsveenrtaednac iad ed el a1s4  adcetu aoccitounberes 
de  2019  dictados  en  la  causa  especial  núm.  20907-2017,  y  emplazara  a  quienes
hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que 
en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el proceso constitucional.
En relación con la solicitud de suspensión formulada en la demanda de amparo 
mediante otrosí, el Pleno no apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el 
art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo 
que, a fin de resolver sobre la misma, ordenó formar la oportuna pieza separada y, en 
ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para 
que  efectuaran  alegaciones  respecto  a  dicha  petición.  Evacuados  los  trámites 
correspondientes, mediante ATC 60/2020, de 17 de junio, se acordó denegar la petición 
de suspensión de las resoluciones impugnadas.
5.  Mediante escrito registrado el 28 de mayo del 2020, la procuradora de tribunales 
doña Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox y bajo la 
dirección  de  la  letrada  doña  Marta  Castro  Fuertes,  interesó  que  se  la  tuviera  por 
personada y parte.
6.  Por  escrito  de  fecha  5  de  junio  del  2020,  la  abogacía  del  Estado,  en  la 
representación que le es propia, solicitó que se la tuviera por personada y parte.
7.  El 18 de junio siguiente, el procurador de tribunales don Carlos Ricardo Estévez 
Sanz interesó que se le tuviera por personado y parte en nombre y representación de 
don Carles Puigdemont i Casamajó, con la asistencia del letrado don Gonzalo Boye 
Tuset.
8.  Por diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2020, la secretaría del 
Pleno  de  este  tribunal  acordó  tener  por  recibido  el  testimonio  de  las  actuaciones 
solicitadas, tener por personado y parte en el procedimiento a la procuradora doña María 
del Pilar Hidalgo López, en representación del partido político Vox, al abogado del 
Estado y al procurador don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en representación de don 
Carles Puigdemont i Casamajó, y, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que formulasen 
alegaciones.
9.  El abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 27 de octubre 
de 2020. En el mismo termina suplicando que se desestime totalmente la demanda de 
amparo. Su sistemática se adecúa al siguiente esquema:
9.1  En primer lugar, analiza la denuncia de vulneración del derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Tras extractar la doctrina constitucional que 
considera aplicable al caso, con transcripción parcial de la STC 159/2014, FJ 3, así como 
de la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, apunta que los órganos judiciales no 
han llevado a cabo una interpretación que suponga una manipulación manifiesta de las 
reglas legales sobre atribución de competencias ni que haya incurrido en error evidente, 
irrazonabilidad manifiesta o arbitrariedad. Afirma que el demandante no ha cumplido con 
la carga de criticar fundadamente los argumentos dados por el Tribunal Supremo, en 
cuya virtud la competencia se fija a partir «del relato que fluye de las acusaciones y de 
su  cristalización  progresiva  a  lo  largo  de  la  instrucción,  para  atender  al  elemento 
territorial o geográfico que el art. 57.2 EAC utiliza para determinar la competencia 
objetiva». Por ello, el referido tribunal ha delimitado la competencia en los términos 
reflejados en la pág. 256 de la sentencia, esto es, en función de un juicio ex ante que  es
versa sobre la pretensión acusatoria, que no se puede ver revertido ni afectado por la  o
decisión final. Trae a colación, como ejemplo de doctrina consolidada, el argumento que  4w
L«fbigEqauusCreera  im pseoa»nnr. a lal ol ass  edhneettecehnromcisai n yad celailó  Tcnar ildbifeuic nalaac l icóSonum pjuprereímdteiocna cn idaúe mo .lba 4j e8ati4cvu/a2s 0aa1c 0lioó,s nd  eelof es2c 6qt oudsee   ddmeealb yaeornt:.   ed1ne4, . s3seí nryvt ei1rs 4di.s4e,    OE-A-2021-1130able en https://w
A  juicio  del  abogado  del  Estado,  el  argumento  sobre  la  inconstitucionalidad 
sobrevenida del art. 21 LECrim resulta «descabellado a la vista del artículo 123 CE» 
cuando establece que el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos 
los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, de donde 
deviene inviable constitucionalmente la promoción de cuestiones de competencia frente 
al Tribunal Supremo, a lo que se añade que no es cierto que no se hayan revisado los 
pronunciamientos  sobre  competencia,  cuestión  que  se  ha  examinado  en  varias 
resoluciones del instructor, de la sala de recursos y de la sala de enjuiciamiento.
En relación con el criterio de la «finalidad independentista» que, según la demanda, 
se toma como razón de la asunción de la competencia por el Tribunal Supremo, también 
trae colación el razonamiento expuesto en el auto de 18 de enero de 2019, que pone en 
valor la particular naturaleza de los delitos de rebelión y sedición; esto es, como delitos 
«de comisión plural», en los que «no todos los sujetos realizan por sí los elementos 
nucleares  del  tipo»,  y  como  infracciones  de  «resultado  cortado»,  cuyo  aspecto 
diferencial, respecto de los delitos de lesión, reside en que para su consumación solo se 
requiere que se materialice el riesgo o peligro que se trata de precaver. A partir de ese 
entendimiento, queda esclarecido cuál es el lugar de comisión del delito de rebelión 
cuando la finalidad es declarar la independencia de una parte del territorio nacional, pues 
«aunque tal lesión no acaezca, el resultado al que ha de encaminarse afecta a las dos 
partes cuya unidad se pretende disolver, pues una y otra serían ya, de alcanzarse la 
lesión por efectividad del resultado, diversas en su identidad. Y tal disolución no es un 
efecto diferenciable ex post del resultado que se procura. Es el resultado mismo».
Sobre el argumento de la «inescindibilidad del hecho», que, a juicio del demandante, 
no tiene absolutamente nada que ver con el mismo en cuanto no fue acusado por 
malversación, el abogado del Estado pone de relieve que tal inescindibilidad no se funda 
en la malversación, sino en la consideración, desde el inicio de la instrucción (auto de 24 
de noviembre de 2017) de que su aportación era «necesaria para cometer el injusto», 
pues «sólo la intervención coordinada de los miembros del Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña, con la presidenta del Parlament y con la que desplegaron los presidentes 
de las asociaciones Òmnium y ANC, podía llenar el contenido del injusto contemplado en 
los delitos de rebelión y/o sedición».
9.2  Sobre la alegada privación del derecho a la doble instancia en materia penal, 
derivada de la anterior lesión, la abogacía del Estado también rechaza esa vulneración, 
pues el propio art. 2 del Protocolo 7 del art. 6 CEDH prevé, en su apartado 2, que el 
derecho a que la declaración de culpabilidad o de condena sea examinado por una 
jurisdicción superior «podrá ser objeto de excepciones en caso de menor gravedad, 
según los defina la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia 
por el más alto tribunal». Esta segunda excepción es la que ha concurrido en el presente 
caso por razón de aforamiento, cuya constitucionalidad ha sido reconocida por este 
tribunal, amén de que tampoco resulta contraria a lo establecido en el art. 14.5 PIDCP.
9.3  También rechaza que el derecho a utilizar la lengua catalana constituya un 
derecho tutelable autónomamente, al margen de las garantías del artículo 24.2 CE, y que 
tal derecho deba determinar la competencia jurisdiccional, con atribución de la misma a 
los juzgados y tribunales situados en territorio catalán o, al menos, el traslado de la sede 
de las sesiones del juicio oral a Cataluña, tal como defiende el recurrente. Según la 
abogacía del Estado, «esta queja debería inadmitirse, dada la configuración del régimen 
lingüístico por el bloque de la constitucionalidad en esta materia». Tras transcribir lo 
argumentado por el órgano de enjuiciamiento en el fundamento jurídico 3.2, se colige  s
que  la  configuración  del  bloque  de  constitucionalidad  del  régimen  de  cooficialidad  oe.
lingüística impide hablar de indefensión, pues no existe el derecho a la utilización de un  w.
macaleesgcoaa, ncsiiosemn peous  sdeieen rt oruannd  turiadcdcioiuómcnta os rdiemissu tiolntfátiocni eadalee spl  aoarf aicd ieiasllp .d oNessoica iróornbo slldotae nd lteae  ,l dase peferñánacslataic  qayu  dseee,   lecano p nercule edpbiróae  saye  nllaotess    2021-1130n https://w
procesados la posibilidad de utilizar este idioma en sus respuestas.
9.4  En el análisis de la denunciada vulneración del derecho al juez imparcial, el 
abogado del Estado distingue:
a)  Sobre la relación de la sala con el fiscal general del Estado que presentó la 
querella, considera, en coincidencia con lo afirmado en la sentencia recurrida (FJ A, 
apartado 5.5.4), que el argumento es descabellado, pues «ser compañeros en un mismo 
órgano jurisdiccional no conduce necesariamente a hacer confidencias irregulares, ni 
menos aún a quebrantar los propios deberes legales y deontológicos. Para que una 
alegación como la hecha por los recusantes mereciera algún crédito, sería necesario que 
aportasen algún elemento fáctico en que basarla; algo que simplemente no han hecho» 
(auto de la Sala del art. 61 LOPJ núm. 3/2018, de 13 de septiembre, FJ 7).
b)  En cuanto a la relación de la sala con el Gobierno, aduce que la diferencia del 
supuesto es notable respecto del enjuiciado en la STEDH de 21 de diciembre del 2000, 
asunto Wettstein c. Suiza, que consideró infringido el art 6.1 CEDH en un caso en que un 
abogado de la parte adversa formó sala como juez a tiempo parcial en procedimientos 
concomitantes en los cuales el demandado es parte. Por otra parte, las declaraciones de 
los cargos políticos a que se refiere la demanda son ajenas a la relación con la sala de 
enjuiciamiento.
c)  A propósito de las calificadas «expresiones políticas», ajenas al derecho penal y 
contrarias a la presunción de inocencia, contenidas en la propia sentencia, el abogado 
del Estado considera que «el argumento es descabellado y supondría admitir la quiebra 
de  la  imparcialidad  por  la  incorporación  de  un  pronunciamiento  desfavorable». 
Concretamente: (i) en relación con la expresión de la presidencia «yerra usted en su 
estrategia defensiva», tras rechazarse preguntas al secretario general de Comisiones 
Obreras en Cataluña, «no se razona ni acredita qué imparcialidad se ve comprometida», 
cuando  se  trata  «de  contextualizar  para  poner  de  relieve  la  impertinencia  de  las 
preguntas»; (ii) respecto de la supuesta filtración de «unas opiniones del tribunal en 
cuanto a la estrategia de la defensa», la alegación no se basa en actuaciones propias de 
los  magistrados,  sino  de  terceros,  de  modo  que  «bastaría  con  emitir  mensajes  u 
opiniones falaces sobre, por ejemplo, la persona o ideología de un magistrado para 
solicitar su recusación de manera inmediata»; (iii) en cuanto a la testifical de la Sra. 
Garcés, se remite al apartado 16.3.3 del fundamento de Derecho A; (iv) por lo que se 
refiere a la queja relativa al rechazo de la pericial de don Hugh Orde, no se considera ni 
se somete a crítica el motivo de denegación de tal prueba contenido en el auto de 1 de 
febrero de 2019, según el cual «[n]inguno de los peritos propuestos puede aportar a la 
Sala algo más que su apreciable experiencia en conflictos históricos desarrollados en 
otros países. La experiencia o el ejercicio de cargos asociativos de relieve en la policía 
del Reino Unido, sin embargo, no puede identificarse con una metodología científica 
susceptible de contradicción y análisis en el plenario».
9.5  Sobre la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, según 
el abogado del Estado, la queja encierra «una mera discrepancia de la valoración de la 
prueba que ha realizado el Tribunal, quedando esta disconformidad sin el soporte de 
ningún derecho fundamental vulnerado, extramuros del amparo». La sentencia analiza 
de forma pormenorizada las pruebas que soportan la intervención del Sr. Cuixart, en el 
fundamento C, relativo al juicio de autoría, apartado 1.9. El auto resolutorio del incidente 
de nulidad de actuaciones se remite al citado apartado al rechazar la misma alegación 
señalando que «las pruebas valoradas por esta Sala para declarar probados los hechos 
por los que el Sr. Cuixart ha sido condenado, se explicitan en el apartado C) de los  e
fundamentos  de  derecho,  cuando  se  examina  el  juicio  de  autoría  correspondiente  bo
(punto 1.9), e incluyen testificales, documentales, periciales y la propia declaración del  4w
acus9a.6d o»E.n relación con la vulneración del derecho de reunión (art. 21 CE), niega el  2021-1130n https://w
aqbuoeg aasdisot ideerol nE sat aladso  mela fnuinfedsatmaceionntoe sd eqlu me osteiv od easficrrmibaennd oe nq ueel  juniicnigou hnios tdóeri cloos h cai urdeasudlatandoos 
acusado, «ni los Sres. Cuixart y Sànchez –que desarrollaron un especial protagonismo
en esos encuentros–, han sido acusados de un delito de reunión o manifestación ilícita». 
No se han criminalizado, por tanto, actos de protesta, pero «una cosa bien distinta a la 
disidencia, canalizada a través de múltiples formas de participación política», es la 
oposición activa y concertada frente a actuaciones de agentes de la autoridad, con 
respaldo legal y constitucional, encaminadas pura y llanamente a dar cumplimiento a un 
específico y muy concreto mandato judicial. La estrategia «fue desplegada para lograr 
que la votación prohibida se llevase a cabo imposibilitando de hecho, mediante la 
interposición física, la actuación de los agentes de la autoridad. Y esa actuación, es 
indudable,  desborda  totalmente  los  linderos  de  lo  que  ha  de  considerarse  legítimo 
derecho de reunión para la exteriorización de la protesta o crítica por la actuación de los 
poderes públicos». En definitiva, no puede quedar amparado en una causa de exclusión 
de la antijuridicidad (art. 20.7 CP), «el ataque concertado a las bases constitucionales del 
sistema, valiéndose para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar 
el ejercicio de la función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una 
votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña».
Finalmente, sobre la alegada «desobediencia civil», se remite a lo argumentado en la 
sentencia [fundamento de Derecho A, apartado 17.4, donde la examina como causa de 
justificación; y, en particular, a la hora de abordar la autoría del recurrente (fundamento 
de Derecho C, apartado 1.9.5)], que reproduce parcialmente.
9.7  A continuación, la abogacía del Estado se pronuncia sobre la queja relativa al 
derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE). Trae a colación la doctrina constitucional que 
concierne a la subsunción de los hechos en la norma penal desde la perspectiva del 
derecho  a  la  legalidad  en  materia  penal  (SSTC  137/1997,  FJ  6;  13/2003,  FJ  3, 
y 129/2008, FJ 3), para concluir que, en el presente supuesto, la sentencia lleva a cabo 
la aludida subsunción de manera lógica y acorde con principios interpretativos válidos y 
previsibles, sin contrariar el sentido literal del precepto aplicado.
Afirma que existió un levantamiento multitudinario y generalizado que fue proyectado 
de forma estratégica; que la autoridad del Poder Judicial fue sustituida por la voluntad de 
los convocantes y de quienes los secundaron; que esta fue impuesta por la fuerza, 
impermeable a cualquier requerimiento para desistir del intento de incumplir la orden 
judicial, pues en todos los centros de votación se «repitió la negativa verbalizada de 
forma vehemente en un escenario de rechazo mostrado por un numeroso grupo de 
personas  que  bloqueaban  la  entrada  y  se  mostraban  decididos  y  firmemente 
determinados a no franquearla, pese al requerimiento judicial. Y en todos esos hechos 
se destaca la participación relevante del promotor del amparo como responsable de la 
movilización masiva de resistencia activa». Luego, tras transcribir el fundamento jurídico 
C, apartado 1.9.5, de la sentencia recurrida, concluye que el demandante no ha sido 
condenado por apoyar dos concentraciones multitudinarias de protesta y votación, ni 
tampoco cabe apreciar que la reacción penal haya sido imprevisible o desproporcionada. 
Es más, carece de fundamento cualquier intento de comparación de los hechos con la 
consulta  «del  9-N»,  pues  entonces  no  se  aprobaron  leyes  manifiestamente 
inconstitucionales, para dotar de una pretendida cobertura legal que confundiera a los 
ciudadanos; no hubo un despliegue policial a fin de impedir la votación; ni se alentó a la 
población para que «resistiera a toda esa actividad».
9.8  Seguidamente,  el  abogado  del  Estado  analiza  las  quejas  relativas  a  la 
proporcionalidad y personalidad de la pena.
a)  Sobre la proporcionalidad de la pena en abstracto, tras recordar la doctrina  e.
contenida en la STC 60/2010, aduce que el recurrente compara la pena del delito de  w.b
ecsoenmdjuicpiciaóiarnad caciosó nnn  liva lá adl iedd aimo teeronns sl aidó enml iteyo dsai dlccaoa nnetcnrea q  deuele  o lnardose  mnse ips úpmbroaliysce,o cl i«tmap ietsároonb dnroeos  lerae sea nlciz ocano dsnuisnce tecamuse bcnaocrnigaco ra eu tunanas    2021-1130n https://w
iamnpáulisginsa tdeaó riaclo  raa zeosnpaarl dsaosb dree  llaa sr edailfiedraedn»c.i aTsr ads eel llod erleitpor oddeu csee dloic dióicnh oc opno ro ltar asse nfitgeunrcaias 
delictivas a las que se hace referencia en la demanda.
Agrega, en relación con la individualización de la pena impuesta al recurrente, que el 
marco penal se movía, de conformidad con los arts. 544 y 545.1 CP, entre ocho y diez 
años de prisión, y se fijó en nueve años «dada su condición de líder social concertado 
con los demás acusados con fines sediciosos, resaltándose su protagonismo como 
verdadero conductor, con el Sr. Sànchez, de los episodios tumultuarios de los días 20 de 
septiembre y 1 de octubre de 2017».
b)  En cuanto al alegado quebranto de la «personalidad de la pena», que, según la 
demanda, se produce al hacer al recurrente «responsable penalmente de los hechos 
delictivos cometidos por otras personas», se niega esta premisa en cuanto «la condena 
del  Sr.  Cuixart  por  un  delito  de  sedición,  como  consecuencia  de  las  actuaciones 
desarrolladas, en su condición de líder de la asociación Òmnium Cultural y dentro de una 
estrategia de ruptura del orden constitucional, movilizando a las masas para impedir el 
cumplimiento de resoluciones judiciales (20 de septiembre) y para permitir la celebración 
de la consulta ciudadana del 1 de octubre» obedece exclusivamente a los hechos que le 
son directamente imputables y que se encuentran pormenorizadamente expuestos en el 
fundamento C, apartado 1.9. Esa pretendida infracción constitucional no es tal, a juicio 
de  la  abogacía  del  Estado,  «sino  el  desacuerdo  con  el  juicio  de  autoría  realizado 
respecto del Sr. Cuixart».
9.9  Finalmente, el abogado del Estado se refiere a la denunciada desviación de 
poder (art. 18 CEDH). A su juicio, el intento por construir un paralelismo con el caso 
abordado por la STEDH de 7 de junio del 2018 (asunto Rashad Hasanov c. Azerbaiyán) 
es  artificioso.  Refuta,  acto  seguido,  las  alegaciones  efectuadas  en  la  demanda 
señalando  que  la  misma  «incorpora  una  transcripción  incorrecta  y  manipulada  del 
discurso pronunciado por la Excma. fiscal general del Estado en la apertura del año 
judicial en 2016»; que al referirse a la «comunicación oficial del Ministerio Fiscal sobre la 
querella que inició la causa especial», no se alude a la explicación ofrecida por la 
Fiscalía de que se trataba de un «documento anterior de carácter privado» y, además, no 
tenía  «nada  que  ver  con  las  causas  por  el  proceso  independentista».  Sobre  la 
calificación  del  Tribunal  Supremo  como  tribunal  de  excepción,  se  remite  a  lo 
argumentado respecto de la competencia del citado tribunal. Finalmente, respecto de los 
informes de «organismos internacionales» a que se refiere la demanda, afirma que 
«ninguno de ellos merece la calificación, en sentido estricto, de informe de «organismo 
internacional», y todos ellos son anteriores a la sentencia a que se refiere el amparo. En 
el caso del llamado «informe del relator de la asamblea parlamentaria Consejo de 
Europa  sobre  la  situación  de  los  defensores  de  derechos  humanos»,  se  trata  del 
memorándum preliminar del diputado que lo suscribe, que ni siquiera ha sido votado en 
la asamblea parlamentaria; y, en el caso de la opinión del grupo de trabajo sobre 
detenciones arbitrarias, «ya fue invocado en el proceso y analizado extensamente por el 
Tribunal Supremo en auto de 21 de junio de 2019», al que se remite, reproduciendo 
parte de su contenido.
10.  El partido político Vox, personado en la causa penal como acusación popular, 
presentó sus alegaciones el día 30 de octubre de 2020.
En primer lugar, cuestiona que la especial trascendencia constitucional del recurso 
de amparo haya sido debidamente justificada. A su juicio, la demanda se limita a señalar 
que «no existe doctrina del Tribunal Constitucional al respecto de las violaciones de 
derechos  que  –siempre  según  el  demandante–  se  han  producido»,  lo  que  resulta 
defectuoso. Se ha limitado a plantear unas «pocas líneas genéricas para pretender  e
justificar el cumplimiento del preceptivo trámite de admisión del recurso; en todo caso,  bo
absolutamente insuficiente». 4w
demSaengduai,d qaumee rnetceh, allzeav ae na  scua btoot aulnid aadn.álisis de las diferentes lesiones denunciadas en la  2021-1130n https://w
10.1  Respecto de la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley,
sostiene que, de lo alegado por el demandante no se desprende que la atribución de la
competencia  al  Tribunal  Supremo  sea  fruto  de  una  interpretación  manifiestamente 
errónea,  irrazonable  o  arbitraria,  sin  que  tampoco  se  ofrezca  una  interpretación 
alternativa «que desnude de forma clara y palmaria los razonamientos del Tribunal 
Supremo, dejándolos sin base jurídica alguna».
Añade a continuación que, en el presente caso, resulta discutible fijar el ámbito 
geográfico en el que se produce el delito, pues es este matiz el que haría recaer la 
competencia en uno u otro órgano; por eso, cuando se duda del lugar de comisión debe 
acudirse a la teoría de la ubicuidad, expuesta en el acuerdo del Pleno no jurisdiccional 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005, que determina que 
«el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún 
elemento del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellos que primero haya 
iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la 
causa».
A continuación, invoca el contenido del auto del Tribunal Supremo de 31 de octubre 
de 2017, por el que se admitió a trámite la querella del fiscal general del Estado, para 
poner de relieve que, en el presente caso, no puede identificarse el resultado del delito 
con sus efectos, afirmación que resulta obligada porque alguno de los delitos por los que 
se formuló la querella son de «tendencia» y, por definición, no exigen que se produzca 
un resultado para su consumación. Indica que dicha resolución refiere que el delito de 
rebelión adquiere una vocación territorial que se proyecta sobre el conjunto del Estado; y 
destaca también el carácter plurisubjetivo del delito de rebelión, que hace explicable un 
reparto de cometidos «en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la 
declaración  de  independencia  de  Cataluña–,  tolera  contribuciones  fácticas  de  muy 
distinto signo y, precisamente por ello, ejecutados en diferentes puntos geográficos». 
Añade que a lo anterior «hay que sumarle el contenido del art. 21 LECrim en el que se 
recoge que "el Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias, y ningún 
juez, tribunal o parte podrá promoverlas contra él"».
Dentro de este mismo epígrafe se pronuncia esta parte sobre la queja relativa al 
empleo de la lengua catalana en el juicio. Para ello evoca la STC 74/1987, en la que 
recoge que, conforme se establece en el art. 3.1 CE, todos los españoles tienen el deber 
de conocer el castellano, que es la lengua española oficial del Estado; y ese deber 
genera una presunción de conocimiento que puede ser desvirtuada cuando de manera 
verosímil se alega ignorancia o conocimiento insuficiente. Entiende que, en el presente 
caso, ha quedado acreditado en el proceso que el demandante conocía perfectamente el 
castellano, por lo que el alegato que formula, por no habérsele permitido declarar en 
catalán con un sistema de traducción simultánea, no es más que una argucia para salvar 
sus responsabilidades penales.
10.2  No existe, a juicio del partido político Vox, la vulneración del derecho al juez 
imparcial. Afirma que el recurrente no ha justificado las razones de esta supuesta lesión 
y  se  refiere  específicamente  a  la  queja  que  cuestiona  la  imparcialidad  judicial  con 
fundamento  en  la  inadmisión  de  pruebas.  Recuerda  la  doctrina  contenida  en  la 
STC 33/2003 y afirma que «todos los hechos puestos de manifiesto por la condenada no 
pasan de ser minucias procesales cuando no interpretaciones interesadas respecto al 
alegado trato desfavorable, pero que al final ni han supuesto anular al condenado su 
posibilidad de proponer y practicar los elementos de prueba propuestos por el mismo, ni 
tampoco afectan al sentido del fallo –de hecho el condenado no ha argumentado nada 
respecto a esta relevante cuestión–, por lo que no puede considerarse vulnerado el 
principio de igualdad de armas planteado». Expone después el significado jurídico de las  s
nociones de «pertinencia» de la prueba, su «necesidad» y la diferencia entre «prueba  oe.
pertinente y necesaria», a lo que agrega que debe ser «relevante», «posible», que debe  w.
eaaxcsptíu lciacodamors ope o llara   etirnla fTlsurciebenuncndiaae ln qScuiuaep  tdreeenm dloarí  adin uoar dahmnutbiesi eieórlna .p  trCeonocienddcoli umlayi eea ndstmoe,ñi snaióolan nd ddeoeb  elqa ue pesrt,i umae ablraas  eev inse tlea ml  djouetici vilooo    2021-1130n https://w
de amparo.
10.3  Tampoco existe, según el partido político Vox, vulneración del derecho de 
reunión ni del resto de libertades del recurrente.
Después de reproducir parte de la STC 136/1999, de 20 de julio, sostiene que, en 
este caso, el orden público alterado «afectaba, ni más ni menos, que a la unidad política 
y territorial de la Nación española (art. 2 CE), unido a que una pena inferior a la impuesta 
no hubiera sido suficientemente desmotivadora para reiterar las mismas conductas en el 
futuro –no puede obviarse que los condenados, aún hoy, mantienen públicamente que 
volverán a repetir los mismos hechos delictivos– y que la injerencia en los supuestos 
derechos  fundamentales  que  el  condenado  alega  vulnerados  fueron  realizados  por 
miembros y dirigentes de partidos políticos que ocupaban cargos públicos representando 
al Gobierno de España en el territorio de Cataluña, agrava la respuesta penal que ha de 
darse, ya que lo contrario produciría un desvalor del tipo penal en este caso, y una 
vulneración del principio de igualdad de los españoles ante la ley (14 CE), al ofrecer un 
castigo penal al mismo nivel al que tendría que se plantearía a particulares que hubieran 
cometido los mismos hechos, lo que lleva a la desestimación del presente motivo».
10.4  En lo que concierne al derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), alega lo 
siguiente:
a)  A su juicio, el órgano judicial no llevó a cabo una interpretación analógica in 
malam partem del delito de sedición. Reitera que no hubo imprevisibilidad al valorar los 
hechos atribuidos al recurrente, como un delito de sedición, de acuerdo a lo expresado 
en  la  sentencia,  según  la  cual,  «el  acusado  sabía  que  la  desatención  a  los 
requerimientos del Tribunal Constitucional ya había sido considerada por esta Sala como 
un delito de desobediencia. Y tenía que prever también que si la acción imputada no se 
limitaba a una conducta omisiva de rechazo al mandato, sino que incluía la creación de 
una  legalidad  paralela  para  promover  la  inobservancia  de  las  leyes  y,  además,  la 
celebración de un referéndum prohibido que se pretende hacer realidad mediante una 
tumultuaria movilización ciudadana para rechazar el cumplimiento de las resoluciones 
judiciales, el título de imputación se agravaba».
b)  No existe imposición de pena desproporcionada. De nuevo, trascribe parte de la 
STC 136/1999, para reiterar lo dicho al contestar la queja relativa al derecho de reunión.
c)  No existe vulneración del principio de personalidad de la pena, pues la sentencia 
recurrida «recoge detalladamente las acciones llevadas a cabo por cada uno de los 
miembros que participaron en la sedición que ha quedado probada y con ello […], se 
recoge la pena que debe imponerse a cada uno de los condenados» de acuerdo con sus 
circunstancias, de modo que carece de base la afirmación del recurrente de que «se 
produce una indeterminación en cuanto a su participación en el alzamiento sedicioso».
Finalmente, el escrito contiene alegaciones sobre la medida cautelar de suspensión 
de los efectos de la sentencia condenatoria y sobre el planteamiento de cuestión interna 
de inconstitucionalidad, pedimentos, ambos, comprendidos en la demanda de amparo.
11.  El  12  de  noviembre  de  2020  tuvo  entrada  en  este  tribunal  el  escrito  de 
alegaciones formulado por el Ministerio Fiscal.
Después de describir los antecedentes fácticos de la causa judicial previa y las 
quejas enunciadas por el recurrente, el fiscal ante el Tribunal Constitucional analiza los 
motivos por el orden seguido en la demanda de amparo. A continuación se sintetizan sus 
alegaciones.
11.1  Juez ordinario predeterminado por la ley, doble instancia penal y derechos  s
lingüísticos. Se refiere aquí el ministerio público a la alegada falta de competencia del  oe.
Tribunal  Supremo  y,  anudado  a  su  conocimiento  del  proceso,  a  la  merma  de  la  4ww.
posiab)i lidLaad  dseu prueevisstiaó nv udlen esruasc dióenc ipsrioinnceipsa yl  ddee ll odse rdeecrheoc haols j ulinegz üoísrdtiicnoasr idoe pl rreedceutrerermntien.ado  2021-1130n https://w
dpeo r elas tele yd. eTrreacsh ore flautnadra ammepnlitaaml (eanrtt.e  2la4 .d2o CctEri)n are ccoongsidtiatu ceino nlaasl  sSoSbTreC e 1l 9co1n/2te0n11id,o d ees 1e2n cdiael   BOE-A-cable e
diciembre, FJ 5; 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 5; 99/2015, de 25 de mayo, FJ 5; 
266/2015, de 14 de diciembre, FJ 2, y 110/2017, de 5 de octubre, FJ 4 b), y cita el fiscal 
las respuestas judiciales dadas sobre esta materia a lo largo de toda la causa, que han 
ido dictándose por el magistrado instructor, por la salas de admisión y recursos (autos 
de 31 de octubre de 2017, 24 de noviembre de 2017, 15 de febrero de 2018, 9 de mayo 
de 2018, 31 de mayo de 2018 y 26 de junio de 2018) y, de forma singular, por el tribunal 
enjuiciador al resolver la declinatoria de jurisdicción (ex art 666.1 LECrim), por auto 27 de 
diciembre de 2018, y en la sentencia de 14 de octubre de 2019.
Trascribe el Ministerio Fiscal parte del auto de 31 de octubre de 2017 y se refiere a 
las resoluciones dictadas durante la instrucción sobre esta materia, argumentado que la 
decisión sobre la competencia tuvo su fundamento en el artículo 57.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, (conforme al que «en las causas contra los Diputados, es 
competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña 
la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo»), cuyo contenido se interpretó valorando para los aforados un doble 
factor o criterio: la condición de diputados del Parlamento de Cataluña de buena parte de 
los investigados y el elemento geográfico basado en el lugar de comisión del hecho. El 
Tribunal Supremo afirma su propia competencia para la investigación y enjuiciamiento de 
los hechos, en ese momento, con base en la constatación de que la querella contenía un 
relato fáctico en el que se describe una estrategia concertada, dirigida a declarar la 
independencia, que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, 
parlamentarias y  de movimientos sociales  ideológicamente afines, cada uno de las 
cuales habría contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional propio, y en el que se 
destaca  una  pluralidad  de  acciones  desarrolladas  fuera  del  territorio  estatal  que 
contribuyeron al objetivo perseguido.
Se refiere después al auto mediante el que fueron resueltas las cuestiones previas, y 
al auto de 27 de diciembre de 2018, resolutorio de la declinatoria de jurisdicción. Este 
último, en respuesta a lo alegado por las defensas razonó que «la lectura de los escritos 
de acusación debe abordarse desde la tantas veces reiterada por esta Sala doctrina de 
la ubicuidad, según la cual, el delito se comete en cualquiera de los territorios donde se 
realizan algunos de los elementos del tipo. Y está fuera de dudas que cuando nuestros 
precedentes se refieren a los elementos del tipo estamos abarcando, tanto aquellos 
incluibles en el tipo objetivo como en el subjetivo. De ahí que la atribución por el fiscal a 
algunos  de  los  procesados  de  actos  ejecutivos,  no  necesariamente  violentos  pero 
vinculados  al  elemento  tendencial  del  delito  por  el  que  se  formula  acusación  (cfr. 
art. 472.5) justifica la aplicación del art. 57.2 del Estatuto de Autonomía que señala a 
esta Sala como el órgano competente para la investigación y enjuiciamiento de hechos 
ejecutados fuera del territorio de la comunidad autónoma».
Asume el fiscal lo razonado en la sentencia (FJ A, apartado 4), en cuanto descarta: 
(i) que el criterio de enjuiciamiento conjunto de los hechos atribuidos a los procesados 
contradiga el precedente representado por la causa especial núm. 20.249-2016, en la 
que  fue  enjuiciado  el  Sr.  Homs,  habida  cuenta  de  la  naturaleza  individual  de  la 
responsabilidad de este al tratarse de un delito de desobediencia frente al carácter 
colectivo o de comisión plural de los delitos de rebelión y sedición; (ii) que se haya 
producido un tratamiento excepcional, con nuevos criterios competenciales ad hoc y 
distanciamiento respecto de otros supuestos antecedentes, existiendo, por el contrario, 
varios precedentes (entre otros, AATS de 1 de julio de 2009 y 24 de junio de 2015; y 
SSTS 152/2005, de 24 de febrero; y 597/2014, y también AATS de 29 junio 2006, 23 de  s
junio de 2009 y 26 de enero de 2017), en los que, siguiendo la línea marcada por la  oe.
jurisprudencia europea (SSTEDH de 2 de junio de 2005, asunto Claes y otros c. Bélgica;  w.
iyinn evdesecs itn2igd2ai bddloees   judyne i oe lnodjsue i c2hia0ed0coh0so,  sa csoyun njutloan  taCcmooéenmnvteeen  ices.n ocBbiérael g idclaea  ) blaaaf soerua ndiddoeas d yl a  dneco o nainefovxreiaósdntio gsam cfaiuóteenrr oianyl    2021-1130n https://w
enjuiciamiento; (iii) y que puedan esgrimirse como vinculantes supuestos precedentes
emanados de tribunales inferiores, máxime teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 123 
CE.
Concluye  afirmando  que  «la  argumentación  desplegada  tanto  en  las  diversas 
resoluciones anteriores al juicio oral, como en la sentencia, ha sido fuertemente motivada 
y resulta más que suficientemente razonada y razonable, amén de no contradictoria con 
sus precedentes». En la causa se ha hecho patente «la existencia de componentes de 
internacionalización  y  extraterritorialidad  respecto  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Cataluña y la necesidad de instruir y enjuiciar conjuntamente a aforados y no aforados 
para evitar decisiones contradictorias y la ruptura del relato histórico que podría derivarse 
de  una  eventual  fragmentación  del  hecho  justiciable»,  evitando  con  ello  –también– 
dilaciones  indebidas.  Por  tanto,  el  criterio  de  asunción  competencial  del  Tribunal 
Supremo no puede calificarse de "manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas 
legales sobre atribución de competencias", sino que responde a una exégesis racional y 
razonable del art. 57.2 EAC, precepto que no ha sido cuestionado.
b)  La alegada conculcación asociada del derecho a la doble instancia (arts. 24.2 
CE, 14.5 PIDCP y 2 del Protocolo 7 del CEDH).
A juicio del fiscal, esta queja pierde su razón de ser y decae una vez confirmada la 
inexistencia de la vulneración principal del derecho al juez ordinario predeterminado por 
la ley.
Por otra parte, la aplicación de la doctrina constitucional (por todas, STC 136/1999, 
de 20 de julio, FJ 11) determina también la desestimación del motivo, pues «la garantía 
que implica la instrucción y el enjuiciamiento de la causa por el tribunal más alto en el 
orden penal (art. 123.l CE) integra en parte –acceso a una instancia judicial superior a la 
que de ordinario enjuicia inicialmente este tipo de conflictos– y sustituye en lo demás –
posibilidad de una segunda decisión– la garantía que ahora aducen los recurrentes, que 
presupone, precisamente, que la primera instancia no sea la instancia suprema en el 
orden jurisdiccional penal». Se refiere también el Ministerio Fiscal a la STC 166/1993 
según la cual «el privilegio del fuero, que es un plus, equilibra así la inexistencia de una 
doble instancia, que si bien es una de las garantías del proceso a las cuales alude 
genéricamente el art. 24.2 CE, ha de ser matizada en los casos en que el enjuiciamiento 
se confía directamente al supremo juez en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo el 
constitucional (art. 123 CE), a quien habría de revertir en definitiva la competencia 
funcional  en  un  segundo  grado  o  escalón  procesal».  Finalmente  destaca  la 
fundamentación recogida en el apartado 4.1.5 del fundamento de Derecho A de la 
sentencia recurrida.
c)  La coligada infracción de los derechos lingüísticos (empleo de la lengua catalana 
como lengua del proceso).
Al igual que en el supuesto anterior, afirma el fiscal que esta queja pierde su razón de 
ser y decae una vez confirmada la inexistencia de la vulneración principal del derecho al 
juez ordinario predeterminado por la ley.
En cualquier caso, el ministerio público señala que a los acusados se les reconoció la 
posibilidad de valerse del catalán, habilitándose un sistema de traducción consecutiva; 
pero  fue  rechazada  la  posibilidad  de  traducción  simultánea  a  partir  de  una  doble 
perspectiva: la ponderación de la implicación para la publicidad del juicio y el significado 
constitucional  del  plurilingüismo  en  nuestro  sistema,  en  el  que  «ni  la  Constitución 
Española,  ni  el  Estatuto  de  Autonomía  del  Cataluña,  ni  la  legislación  orgánica  de 
desarrollo,  otorgan  un  derecho  incondicional  al  uso  de  la  lengua  propia  de  una 
Comunidad Autónoma en actuaciones procesales que se desarrollen fuera del territorio  s
que  le  es  propio».  En  cualquier  caso,  los  acusados,  que  eran  perfectamente  oe.
conocedores de la lengua castellana, renunciaron al empleo de su lengua vernácula y a  w.
dlais puRotiseliizccaoiócpniiól.an  ddees puloéss  dlao sd oicnttréinrap rceotenss tidtuec iolennagl uqau ec acotanlafienrae  qreulee vafunecrioan a  plau einsdtoesfe nas iósnu   2021-1130n https://w
cmoant ecriitaal , ye ntr acsucarinptcoi óqnu ed ep rforadgumcee nutno se fdeec tliavso  Sy SreTaCl  m35e/n1o9s8c9a, bdoe  d1e4l  ddeer efecbhroe rdoe;  5d2e/f1e9n8s9a,,   BOE-A-cable e
de 22 de febrero; 91/2000, de 30 de marzo; 2/2002, de 14 de enero, FJ 2; 109/2002, de 6 
de mayo, FJ 2;, y 85/2003, de 8 de mayo, FJ 11. Concluye afirmando que, en el caso, ni 
siquiera existe infracción de norma procesal alguna, «una vez que el art. 231.3 LOPJ 
circunscribe la posibilidad de que las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así 
como los testigos y peritos, utilicen en sus manifestaciones orales o escritas la lengua 
que sea también oficial en una comunidad autónoma exclusivamente a las actuaciones 
judiciales que tengan lugar en el territorio de esta». Agrega que, en el caso de los 
testigos,  «la  irrelevancia  del  contenido  y  resultado  de  las  declaraciones  abona 
añadidamente cualquier incidencia en el derecho de defensa».
11.2  Juez independiente e imparcial.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional comienza la contestación a esta queja con un 
resumen de la respuesta dada a la misma en el auto de 29 de enero de 2020 resolutorio 
del incidente de nulidad de actuaciones y expone, acto seguido, la doctrina sobre la 
garantía de la imparcialidad judicial. Se refiere primero a la doctrina del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos con cita de las SSTEDH de 15 de octubre de 2009, asunto 
Micallef c. Malta, y de 6 de noviembre de 2018, asunto Otegi y otros c. España, y 
trascripción de los apartados 93 a 99 de la primera. A continuación, extracta la doctrina 
constitucional plasmada en la STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3, en relación con la 
vertiente subjetiva de la imparcialidad, y en la STC 36/2008, de 25 de febrero, FJ 2, 
respecto de la perspectiva objetiva. Distingue, acto seguido, las diversas tachas de 
parcialidad formuladas por la parte recurrente.
a)  La primera denuncia de vulneración del derecho al juez imparcial cuestiona la 
imparcialidad por dos motivos: (i) la relación de los magistrados que integran la sala de 
enjuiciamiento con el fiscal general del Estado que firmó la querella; y (ii) la relación de la 
misma sala con el Ejecutivo, que apoya en la existencia de manifestaciones y mensajes 
de responsables políticos que implican interferencias del poder político en la causa 
penal.
(i)  En cuanto a la denuncia relativa a que el hecho de «haber compartido sala el 
fiscal firmante de la querella que da origen a la causa penal y los miembros del tribunal» 
constituye una situación equiparable a la causa de «amistad íntima» del art. 219.9 LOPJ, 
el fiscal considera que dicha situación no reúne las características de la amistad íntima. 
De la misma, se dice que «no es cualquier relación de amistad, sino aquella que 
aparezca connotada por la característica de la intimidad entre dos personas, concepto 
que ciertamente puede considerarse en sentido técnico como indeterminado, pero que 
en ningún caso permite que se le califique como vago o subjetivo. De la amistad dice el 
diccionario de la lengua, en la primera de sus acepciones, que es afecto personal, puro y 
desinteresado, ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece con el trato, y aparece 
caracterizado por la nota de la intimidad cuando penetra y se sitúa en la zona espiritual y 
reservada de la persona» (por todas, STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 7; y 
AATC 17/2020, de 11 de febrero, FJ 3). Como señaló el auto de 13 de septiembre 
de 2018, dictado en la causa especial, en referencia a la relación existente entre el 
magistrado  instructor  y  los  restantes  miembros  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal 
Supremo,  «[s]er  compañeros  en  un  mismo  órgano  jurisdiccional  no  conduce 
necesariamente a hacer confidencias irregulares, ni menos aún a quebrantar los propios 
deberes  legales  y  deontológicos.  Para  que  una  alegación  como  la  hecha  por  los 
recusantes  mereciera  algún  crédito,  sería  necesario  que  aportasen  algún  elemento  e.
fáctico en que basarla; algo que simplemente no han hecho». En segundo lugar, según  w.
pceorl ommsopin eeirsleete msriueo n qtpouú epbjralioc, bo«a, etonleroimo ,ea nnpito osr tiqacu oienelsr iasr etaec nuntrievre eynl  tdeoe,b  jipenetdivsicoei o d,a e s oqnbuirneeg  ureenl saqu ulnteaa  stueurxsaitgleeinbztlaae,r   qpquauerea   esqniru veeal    2021-1130n https://w
caso concreto concurre en los magistrados un déficit de imparcialidad».
(ii)  En cuanto a la segunda causa, según el fiscal, esta «viene a ser un supuesto de 
hetero-responsabilidad o responsabilidad por un hecho ajeno», puesto que se imputa a 
los magistrados integrantes de la sala una falta de imparcialidad no por manifestaciones 
o actuaciones propias reveladoras de ausencia de objetividad e independencia, sino por 
la expresión por parte de terceros de manifestaciones dirigidas a la opinión pública o a 
compañeros de partido para justificar un eventual pacto con otra formación política, de 
manera que no estamos ante manifestaciones públicas procedentes de juzgadores de la 
causa. Al margen de cualquier valoración sobre su contenido, «tales declaraciones y 
mensaje  no  pueden  considerarse  como  elemento  acreditativo  del  interés  de  los 
miembros del tribunal en un resultado concreto del proceso, por propia intención o por 
anhelado deseo o no del Ejecutivo».
b)  Respecto  de  las  tachas  de  parcialidad  que  el  recurrente  sustenta  en  las 
expresiones  vertidas  en  la  sentencia  sobre  el  derecho  a  la  autodeterminación,  el 
tratamiento procesal de la presunción de inocencia, las manifestaciones del tribunal 
sobre los letrados, dentro y fuera de la sala, y las decisiones del tribunal sobre admisión 
y práctica de la prueba, el Ministerio Fiscal argumenta lo siguiente:
(i)  En cuanto a las «expresiones políticas» que denotarían la supuesta «perspectiva 
ideológica previa" de los miembros del tribunal de enjuiciamiento, frente a los sostenido 
por el demandante de amparo, el tratamiento del alcance, contenido y vigencia del 
denominado «derecho de autodeterminación» era, a juicio del fiscal, necesario a fin de 
resolver sobre las vulneraciones de derechos que operarían como causa de justificación 
y que habían sido alegadas por las defensas. El «prejuicio político e ideológico bajo el 
que se pretende sostener la queja no es sino un revestimiento formal de la propia 
discrepancia del recurrente con las consideraciones de la sentencia sobre el mencionado 
alcance,  contenido  y  vigencia  de  tal  derecho,  pero  no  acreditan  déficit  alguno  de 
imparcialidad».
(ii)  Respecto del tratamiento procesal de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), 
después de una referencia a la doctrina constitucional sobre este derecho fundamental 
(STC 120/1999, de 28 de junio), no aprecia vulneración alguna del mencionado derecho 
fundamental «y siendo ello el presupuesto de la falta de imparcialidad que pretende 
aducir el recurrente, también decae todo fundamento de la tacha de parcialidad objetiva 
en este particular». Ha existido suficiente actividad probatoria de cargo de la que puede 
deducirse la culpabilidad del encausado en relación con el concreto hecho por el que fue 
condenado (testificales, documentales, periciales y la propia declaración del acusado); 
dicha prueba se practicó con las debidas garantías procesales, y el órgano judicial «ha 
explicitado en el fundamento de Derecho C, dedicado al juicio de autoría, concretamente 
en su punto 1.9 (págs. 384 a 399) tanto las fuentes probatorias que han permitido tener 
como  probado  lo  sucedido  y  el  concreto  protagonismo  en  ello  de  la  conducta  del 
recurrente,  como  su  análisis  y  valoración  de  cara  a  alcanzar  las  conclusiones 
expresadas  en  la  sentencia  sobre  los  particulares  atinentes  al  demandante».  Acto 
seguido reproduce el fiscal algunas de las consideraciones contenidas en la sentencia en 
relación con la conducta del recurrente para subrayar que la misma ha explicitado y 
razonado de modo suficiente «el proceso intelectivo que le lleva a deducir la tipicidad de 
la conducta analizada y el juicio de autoría realizado […] a partir de los datos fácticos 
reflejados en el relato de hechos probados en el que consta de forma precisa cuál ha 
sido la participación del recurrente, sin que en las conclusiones alcanzadas se adviertan 
inferencias tan excesivamente abiertas, débiles e indeterminadas» que hayan provocado  e
una infracción de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). bo
Añade que el cuestionamiento por parte del recurrente de aspectos fácticos relativos  4w
ad es 2u0 1p7a,r ti«cnipoa ceisó ns ineon  mlous ehstercah does  daecsaaeccuideorsd oe yl  2d0is cdree psaenpctiiae mcobnre  eyl  reell a1to  ddee  ohcetcuhbores   2021-1130n https://w
pTrroibbuandaol sC ofinjasdtiotu cpioorn aell»  tyri b«usnea ml»a, nqtuieen e« eesnt áe l aálm mbaitorg qeune  dceo rlrae scpoomndpee teenn ceiax cplursoipviaa  ad elal 
jurisdicción ordinaria de acuerdo con el art. 117 CE».
(iii)  Por lo que se refiere a las denunciadas manifestaciones del tribunal sobre los 
abogados efectuadas al terminar la sesión de juicio oral de 14 de mayo de 2019, de las 
que  se  dice  que  fueron  dirigidas  a  patentizar  «el  profundo  malestar  de  los  siete 
magistrados» con la estrategia de defensa del recurrente, según el fiscal, tienen su 
origen en la información facilitada por algunos medios de comunicación en relación, a su 
vez, con lo aparecido en un chat de WhatsApp de periodistas, en el que ninguno de los 
magistrados  participa,  «por  lo  que  de  nuevo  se  está  ante  un  supuesto  de 
manifestaciones efectuadas por tercero» que no sirven de elemento probatorio que 
permita  afirmar  que  las  sospechas  o  dudas  de  parcialidad  se  hallan  objetiva  y 
legítimamente justificadas.
(iv)  En cuanto a las manifestaciones del presidente del tribunal sobre la actuación 
de los abogados dentro de la sala durante en las sesiones de 6 y 14 de mayo, con 
ocasión de los interrogatorios de los testigos Sr. Pacheco y Sra. Garcés, a juicio del 
fiscal, las mismas se encuadran en las funciones de dirección de los debates, cuidando 
de impedir discusiones impertinentes (art. 683 LECrim), y en el desarrollo de la práctica 
de la prueba testifical. Tuvieron una justificación razonable desde la perspectiva de la 
relevancia,  oportunidad,  pertinencia  e  idoneidad  de  las  preguntas  realizadas  y  las 
respuestas brindadas, y «en modo alguno alteraron la igualdad de las partes con la 
causación de un menoscabo o desequilibrio sensible en las facultades de alegación, 
acreditación, réplica y contradicción», por lo que difícilmente puede sustentarse una 
tacha de parcialidad objetiva.
(v)  Finalmente, el fiscal trata de la tacha de parcialidad objetiva por la inadmisión y 
práctica de pruebas. Una vez que aclara que este motivo de la demanda de amparo se 
vincula con el derecho a la prueba y, más concretamente, con el derecho a utilizar los 
medios  de  prueba  pertinentes  para  la  defensa  (art.  24.2  CE),  sintetiza  la  doctrina 
contenida en las SSTC 165/2001, de, 16 de julio, FJ 2; 359/2006 de 18 de diciembre, 
FJ  2,  y,  más  recientemente,  en  las  SSTC  212/2013,  de  16  de  diciembre,  FJ  4, 
y 130/2017, de 13 de noviembre, FJ 2 que es acorde con la jurisprudencia europea 
(STEDH de 3 de octubre de 2019, asunto Fleischner c. Alemania). Después de recordar 
que este Tribunal Constitucional tan sólo es competente para controlar las decisiones 
judiciales  en  esta  materia  cuando  se  hubieran  inadmitido  pruebas  relevantes  sin 
motivación alguna, o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o 
irrazonable, aduce que, en el presente caso, el recurrente «no ha desplegado esfuerzo 
argumentativo alguno para demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida era 
decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia 
decisiva en el pleito». No pudiendo afirmarse la existencia de lesión al derecho a la 
prueba  (art.  24.2  CE),  resulta  inverosímil  la  tacha  de  parcialidad  «que  pareciera 
conectarse  con  una  desigualdad  de  trato,  vulneradora  del  principio  de  igualdad  de 
armas» que tampoco se habría justificado.
11.3  Derecho de reunión.
Según el Ministerio Fiscal, «la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha satisfecho 
sobradamente las exigencias derivadas de la doctrina constitucional para los casos en 
los que en sede penal se plantea, se alega o está implicada como justificación de 
juridicidad de un determinado comportamiento el ejercicio de un derecho fundamental». 
Extracta en primer término la doctrina constitucional (por todas, SSTC 89/2010, de 15 de 
noviembre, FJ 3; 177/2015, de 22 de julio, FJ 2, y 35/2020, de 25 de febrero, FJ 4), sobre 
las exigencias de ponderación judicial en estos supuestos acerca de si la conducta que  e
se enjuicia constituye un ejercicio lícito del derecho implicado y, si una vez determinada  bo
la  extralimitación  en  tal  ejercicio,  procede  la  aplicación  de  una  respuesta  penal.  A  4w
Dcoenretinchuoasc iónH, utmraasn odse sasroroblrlea r  elal   ddoecrtericnhao  cofnusntditaumcieonntaal l y ddee l reTurinbiuónna, l  Esuusro pelímo itdees   2021-1130n https://w
d(SeS 1T1C d e1 4a/b2r0il0 230, 1d1e,  a2s8u ndteo  eAnleekrox,e iFeJv  9c.,  Ry u1s9ia5,/ 2§0 8003;,  ddee  2247  judleio  odcet u2b0r1e2, ,F aJs u4n yto S FSaTbEeDr cH. 
Hungría, § 37; y de 15 de noviembre de 2018, asunto Navalnyy c. Rusia, § 98) y su
incidencia en la aplicación de la ley penal [SSTC 278/2005, de 7 de noviembre, FJ 2; 
177/2015, de 22 de julio, FJ 2 e); 24/2019, de 25 de febrero, FJ 3 a), y STC 104/1986, 
de 13 de agosto, FFJJ 6 y 7], afirma que la anterior doctrina no solo ha sido respetada 
sino que ha presidido tanto la sentencia condenatoria como el auto que resolvió el 
incidente de nulidad de actuaciones, resoluciones contra las que se dirige el presente 
recurso.  En  ambas  resoluciones,  «expresamente:  (i)  se  examina,  a  partir  de  las 
circunstancias concurrentes en el caso, la conexión de los comportamientos enjuiciados 
con el contenido del derecho fundamental de reunión; (ii) se descarta que puedan 
encajar en un ejercicio legítimo del mismo; (iii) se determina y precisa la existencia y 
razón de la gravedad cuantitativa y cualitativa de la extralimitación que sobrepasa lo 
amparado por él; y (iv), una vez apreciada la intensidad de la ilegitimidad de la conducta 
y los principios, valores, bienes constitucionales violentados, se justifica la procedencia 
de la respuesta penal».
A fin de constatar lo anterior, el ministerio público hace un exhaustivo repaso por las 
resoluciones judiciales recurridas:
a)  Comenzando por la sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, destaca el fiscal 
que aborda específicamente, como causas de exclusión de la antijuridicidad, no única y 
exclusivamente el ejercicio legítimo del derecho de reunión (fundamento de Derecho A, 
apartado 17.5.2, págs. 244 a 246) sino otras relacionadas con dicho ejercicio, como la 
desobediencia civil (fundamento de Derecho A, apartado 17.4, págs. 234 a 242) –que el 
demandante considera ínsito en el anterior si su ejercicio es pacífico y proporcional–, así 
como el ejercicio legítimo de las libertades de expresión (fundamento de Derecho A, 
apartado  17.5.1,  págs.  242  a  244),  e  ideológica  (fundamento  de  Derecho  A, 
apartado 17.5.3, pág. 247). Efectúa también una ponderación sobre la extralimitación y 
las razones de pertinencia de la sanción penal por aplicación del tipo penal (544 CP) 
cuando explicita el juicio de tipicidad (fundamento de Derecho B, apartado 4.6, págs. 284 
y  285)  y  el  juicio  de  autoría  sobre  el  demandante  (fundamento  de  Derecho  C, 
apartado 1.9, págs. 385 a 399), abundando en consideraciones añadidas que descartan 
el encuadre de las conductas en el efecto justificativo de las causas de exclusión de la 
antijuridicidad. Además trata, en el apartado 2 del fundamento de Derecho A (págs. 63 
a 68), de la cuestión suscitada por el recurrente en torno al supuesto sacrificio de 
derechos fundamentales en aras de «una pretendida defensa de la indisoluble nación 
española», materia estrechamente relacionada con la queja relativa a la cláusula del 
art. 18 CEDH.
El  escrito  del  fiscal  reproduce  acto  seguido  algunos  de  los  párrafos  del 
apartado 17.4.2, sobre el respeto a la disidencia y sus límites; del apartado 17.4.3.1, 
acerca de las conductas llevadas a cabo por aquellos procesados con responsabilidades 
políticas; y del apartado 17.4.3.2, en relación con la conducta concreta del recurrente. 
Termina trascribiendo el motivo central dado por la sentencia para descartar la aplicación 
de la causa de justificación al demandante y al Sr. Sànchez i Picanyol: «el ámbito 
legítimo  de  protesta  y  de  lucha  por  las  propias  ideas  políticas  y  sociales  quedó 
desbordado cuando los Sres. Sànchez y Cuixart lideraron el impedimento material de 
ejecución  de  decisiones  judiciales,  cuando  abanderaron  la  derogación  de  facto  –
impuesta– de los principios constitucionales, en un determinado territorio y en unas 
determinadas fechas. Y ese desbordamiento les convierte directamente en responsables 
de las consecuencias penales que el ordenamiento jurídico asocia a esas conductas de 
aniquilación del pacto constitucional».
Seguidamente, el ministerio público trascribe el contenido de los apartados de la  e.
sentencia dedicados a las libertades de expresión (17.5.1, págs. 242 a 244), reunión  w.b
(pr1eo7lar. t5loo. 2sd ,e pp rháinegccsihp. oa2sl4e 4ps  roaab c2ua4sd7ao)ds o.e sE i»dn,e  ecolul ómygoiis cmoab o(je 1st7iev. 5od. e3ec,r lapa ár«agc .er ex2ai4sr7t e)u,nn tyae   luaonps aap r«oeennsetet r eacntoe brgeeialrat uccrioóann cj uecrroítdnai dceaal    2021-1130n https://w
qcounet ripbeurymeintideora a lh aaccteor  fucnredearc ioan alal  dceiu ldaa Rdeapnúíab liqcuae i ncdueapnednod iednetpeo dseit aCraa tasluu ñvao»t o(p áegs.t a2r6ía) 
y se subraya la importancia de la movilización ciudadana para «neutralizar cualquier
manifestación  de  poder  emanada  de  las  autoridades  judiciales  y  gubernativas  del 
Estado», señalando que para este fin «se sumaron al concierto los acusados don Jordi 
Sànchez  Picanyol  y  don  Jordi  Cuixart  Navarro»,  líderes  sociales  y  presidentes, 
respectivamente, de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, «organizaciones 
ciudadanas que fueron puestas por sus dos principales dirigentes al servicio de la 
maniobra de presión política que había sido ideada de forma concertada con el resto de 
los acusados» (pág. 27). Posteriormente, refiere que, en el apartado 9 (págs. 41 a 49), la 
contribución específica del aquí demandante –en acción conjunta con don Jordi Sànchez 
i Picanyol– a los fines sediciosos mediante su intervención tanto en los acontecimientos 
de los días 20 y 21 de septiembre de 2017 como en la celebración del conocido como 
«referéndum 1-O».
Después reproduce el fiscal el apartado 4.6 del fundamento de Derecho B de la 
misma  sentencia,  sobre  el  juicio  de  tipicidad  (págs.  284  y  285),  así  como  el 
apartado 1.8.3 del fundamento de Derecho C, sobre el juicio de autoría, en relación a la 
actuación conjunta del recurrente y de don Jordi Sànchez (págs. 377 a 380), destacando 
como la resolución judicial distingue claramente «lo que entiende cubierto por el derecho 
de reunión en ejercicio colectivo de la libertad de expresión y lo que es actuación fuera 
de la cobertura del contenido (extralimitación) del mismo». Destaca también algunos 
pasajes dedicados al juicio de autoría sobre el recurrente (fundamento de Derecho C, 
apartado 1.9, págs. 385 a 399) que reflejan el «desborde de lo que supondría ejercicio 
legítimo del derecho de reunión», trascribiendo algunos de los párrafos iniciales y finales 
y remitiéndose al resto del texto de tal epígrafe de la sentencia. Por último, recalca que si 
bien «no estuvo ausente la idea de que las acciones no fueron tampoco exclusivamente 
pacíficas» –el apartado 1.9.6 cita «otros incidentes protagonizados por ciudadanos que 
insultaron o vejaron a […] agentes con escupitajos, expresiones despectivas, gritos 
infamantes, e incluso palabras amenazantes, sin que faltaran abiertas agresiones»– 
añadiendo que «el órgano judicial no entró en las mismas porque no era objeto de su 
enjuiciamiento juzgar el comportamiento de otros participantes en las movilizaciones».
b)  El  auto  de  29  de  enero  de  2020  dedica  su  apartado  2.5  a  analizar  si  el 
comportamiento  del  recurrente  Sr.  Cuixart  implicaba  el  libre  ejercicio  del  derecho 
fundamental de reunión –y de ahí también la imprevisibilidad de su condena– con 
pronunciamientos que, a juicio del fiscal, igualmente satisfacen las exigencias del art. 21 
CE de acuerdo con la doctrina constitucional y la jurisprudencia europea sobre el art. 11 
CEDH. A continuación reproduce este apartado 2.5 prácticamente en su integridad así 
como el apartado 2.6 del mismo auto que contiene el «juicio de ponderación para 
establecer el canon de proporcionalidad entre los hechos y las restricciones que la 
sentencia penal supone para los derechos de reunión y expresión».
Concluye el examen de este motivo de amparo señalando el fiscal que, a la vista de 
todo lo anterior, «lo que subyace en la queja es una simple discrepancia o desacuerdo 
del recurrente con el tribunal en la valoración de los hechos y sobre el alcance del 
ejercicio del derecho de reunión, pero no hay vulneración alguna ni de su contenido, ni 
de su alcance, ni de su ejercicio legítimo».
11.4  Derecho la legalidad penal: exigencias para el aplicador normativo y para el 
legislador.
El escrito del fiscal ante el Tribunal Constitucional ordena el examen de estas quejas 
relativas al derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en función del sujeto al que se 
atribuye la vulneración, abordando primero las dirigidas contra la subsunción judicial y el  e
juicio  de  autoría,  y  después  la  vertida  contra  la  previsión  legal  de  una  pena  bo
desproporcionada. 4w
a)  Subsunción judicial. 2021-1130n https://w
sumSaemñeanlate  aebl ieMrtion iest eimriop reFciisscoa dl eq louse  téarumniqnuoes  deel  ddeescmriapncdióann tteíp icmae dnecli oanrta.  5e4l4  CcaPr,á ccitñeer   BOE-A-cable e
la tacha de vulneración del art. 25. 1 CE al juicio de subsunción realizado por el Tribunal 
Supremo. Según la doctrina constitucional, el derecho a la legalidad penal «se quiebra 
cuando la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada, es subsumida de un 
modo irrazonable en el tipo que resulta aplicado (por todas, SSTC 57/2010, de 4 de 
octubre, FJ 3; 153/2011, de 17 de octubre, FJ 8, 196/2013, de 2 de diciembre, FJ 5; 
146/2015, de 25 de junio, FJ 2, y 150/2015, de 6 de julio, FJ 2). En el examen de la 
razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la norma penal «el primero de 
los criterios a utilizar es la compatibilidad de dicha subsunción con el tenor literal de la 
norma y con la consiguiente prohibición de la analogía in malam partem», criterio inicial 
al  que  «se  añade  un  doble  parámetro  de  razonabilidad:  metodológico,  dirigido  a 
comprobar  que  la  exégesis  de  la  norma  y  subsunción  en  ella  de  las  conductas 
contempladas  no  incurre  en  quiebras  lógicas  y  resultan  acordes  con  modelos  de 
argumentación aceptados por la comunidad jurídica; y axiológico, consistente en verificar 
la correspondencia de la aplicación del precepto con las pautas valorativas que informan 
el ordenamiento constitucional (SSTC 57/2010, de 4 de octubre, FJ 3; 153/2011, de 17 
de octubre, FJ 8; 45/2013, de 25 de febrero, FJ 2; 193/2013, de 2 de diciembre, FJ 5; 
185/2014, de 6 de noviembre, FJ 5, y 2/2015, de 19 de enero, FJ 8).
Antes de acometer la tarea de proyectar la doctrina constitucional sobre el supuesto 
enjuiciado, destaca el fiscal que el carácter nuclear de esta queja y el hecho de que el 
reproche se dirija contra resoluciones del Tribunal Supremo, órgano judicial que encarna 
la más alta jurisdicción en el orden penal ex art. 123 CE y al que está conferida la función 
de interpretar la ley con el valor complementario que a la jurisprudencia atribuye el 
art. 1.6 del Código civil, demandan un detalle y rigor especial en el análisis de este 
motivo de amparo.
A  continuación,  tras  recordar  el  contenido  de  los  tres  criterios  –gramatical, 
metodológico y axiológico– sobre los que se proyecta el examen de la argumentación 
empleada por la sentencia recurrida al efectuar el juicio de subsunción, trascribe de la 
misma  la  parte  de  la  fundamentación  jurídica  comprensiva  de  dicho  juicio,  que  se 
contiene en el fundamento de Derecho B, dedicado al juicio de tipicidad, apartado 4 
(páginas 275 a 285). Destaca también los pasajes que se dedican a desarrollar el juicio 
de autoría respecto del recurrente (fundamento de Derecho C, apartado 1.9, págs. 384 
a 399) y reproduce la respuesta dada a esta misma queja por el auto de 29 de enero 
de 2020 que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones.
A su juicio, la subsunción realizada por el Tribunal Supremo ostenta fundamento 
razonable y no resulta imprevisible ni contraria a la orientación material de la norma.
(i)  A partir de los hechos probados, la sentencia excluye la calificación como delito 
de rebelión, y, tras reproducir el tenor literal de los arts. 544 y 545 CP, pasa a analizar la 
estructura típica del delito de sedición y sus elementos diferenciales; primero, frente al 
delito de rebelión, poniendo el acento en los fines sediciosos como limitados al afán de 
impedimento u obstrucción de la legítima voluntad legislativa, gubernativa o jurisdiccional 
–la aplicación de leyes, el ejercicio de funciones por autoridad, corporación oficial o 
funcionario público, o el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones administrativas o 
judiciales–; y, segundo, «respecto de otras figuras típicas de menor relevancia lesiva, 
como  los  delitos  alojados  en  el  capítulo  II  del  mismo  título  vigésimo  segundo, 
desentrañando las diferencias entre el genérico concepto de orden público y el de paz 
pública, que permitiría construir un bien jurídico identificable con el interés de la sociedad 
en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las 
autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos  e.
fundamentales; y resaltando el criterio específico representado por la estructura típica del  w.b
rnceoesmcpepesocidtrotaa dmd eie dlnoets o  aqptueeenn taaeddl oo,st u,q mluouesl  tmoim eprpoliocsna dg eaus nó erandl eiuncdeu sey s otn ióloan   dmeeeslr oabfmuenedcnieitonenc aiuamn c ielpánlsutoisc  ao,d  esuul nb Eramsytiaan dulaos    2021-1130n https://w
demEolc Tráritbicuon dael  Sdueprerecmhoo» p.arte de que la sedición se caracteriza por ser cometida por la
sucesión o acumulación de varios actos y exige un concierto de voluntades para el logro
del fin compartido. Precisa que la mera reunión de una colectividad de sujetos no sería, 
sin más, delictiva, de manera que el delito surge cuando, además de ser tumultuaria y 
pública, acude, como medios comisivos, a actos de «fuerza» o de actuación «fuera de 
las vías legales», para dirigirse con potencial funcionalidad a lograr que las leyes no se 
cumplan o que se obstruya la efectividad de las órdenes o resoluciones jurisdiccionales o 
administrativas. Se exige como medio comisivo el alzamiento público y tumultuario, pero 
se subraya que este no se caracteriza como «violento». Tomado el precedente de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1980, que calificó el delito entonces 
vigente como «de actividad» o de «resultado cortado», entiende que se consuma con el 
mero alzamiento, sin necesidad de logro de los fines propuestos, y equipara la «fuerza» 
al empleo de dos medios comisivos de forma alternativa: modos violentos y modos 
«fuera de las vías legales», expresión esta última identificada con el empleo de un modo 
ejecutivo ilícito, ilegítimo o ilegal y no a través de los recursos o procedimientos de 
reclamación,  protesta,  disenso  o  de  disconformidad  que  la  ley  permita,  arbitre  o 
prescriba. Se abona a la posición doctrinal que identifica la expresión "tumultuario" con la 
significación de «abierta hostilidad, y adiciona un contenido de hostilidad y violencia que 
no tiene por qué ser física ni entrañar el uso de la fuerza, como expresa la alternativa 
modal entre esta o "fuera de las vías legales", pero que ha de vivificarse necesariamente 
en  actitudes  intimidatorias,  amedrentatorias,  injuriosas,  etc.».  En  cuanto  a  su 
consumación, la sentencia recurrida señala que «el impedimento no ha de ser logrado 
efectivamente por los autores (lo que pertenecería a la fase de agotamiento) ni la 
finalidad ha de ser pretendida por todos los autores de manera absoluta, bastando que 
se busque obstruir o dificultar en términos tales que resulte funcional para el objetivo de 
disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima actuación de la 
autoridad, corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de sus resoluciones 
administrativas o judiciales» y ello porque «esa pretensión disuasoria implica en sí 
misma una voluntad de impedir definitivamente, siquiera aplazada en el tiempo».
(ii)  Tras delimitar los contornos típicos del delito de sedición, la sentencia aborda el 
análisis de los hechos acontecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, y 
explica detalladamente las razones que llevan a afirmar que tales hechos satisfacen 
plenamente  los  elementos  objetivos  y  subjetivos  previamente  identificados,  con  la 
necesaria ofensa y lesión del bien jurídico protegido, «una vez que en ambos casos se 
aprecian  actuaciones  grupales  compactadas  y  aglomeradas  de  innumerables 
ciudadanos, así como el empleo de la fuerza suficiente o vías no legales incardinables 
en los comportamientos típicos de alzamiento público y tumultuario ejecutados con la 
finalidad  de  impedir  o  neutralizar  con  abierta  hostilidad  el  normal  cumplimiento  y 
ejecución de órdenes emitidas por autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional». 
Las consideraciones plasmadas en los apartados 4.5 y 4.6 del apartado dedicado al 
juicio  de  tipicidad  especifican  con  detalle  las  circunstancias  que  descartan  que  lo 
sucedido se tratase de una mera manifestación ciudadana de 40000 personas, en el 
caso de los hechos del día 20 de septiembre, o de una movilización ciudadana con el 
exclusivo  propósito  de  votar,  respecto  de  lo  sucedido  el  1  de  octubre.  En  ambos 
supuestos se trataba de demostrar a toda la sociedad, por parte del aquí recurrente, 
entre otros, que «los jueces y magistrados, el Tribunal Constitucional y las autoridades 
de  los  poderes  públicos  del  Estado  habían  perdido  la  capacidad  de  ejecutar  sus 
resoluciones en Cataluña, provocando que los agentes policiales encargados de dicha 
ejecución llegasen a claudicar y desistir de hacer cumplir las correspondientes órdenes 
judiciales ante la constatada actitud de hostilidad, rebeldía y oposición a su ejecución por  s
parte de conglomerados de personas en clara superioridad numérica». El fiscal cita,  oe.
como  ejemplos  ilustrativos  de  lo  anterior,  algunas  afirmaciones  contenidas  en  la  w.
sjiumedpniceteidanilmc, iyae  nact ooh mafícose:i cr«looe  lad  edl eoursne acah gfooe rnamt ealsa  g dpeerno etlreaas ltiazaua tndooari  depanud e tdoaed  adm alaru  teacuxr tmeenpnsl imiuónnie  nedtxeoó  utiacn oau  ncd oemmreaucnnhdioda ataodl    2021-1130n https://w
a«uletvóannotmama ieennt ola  mquuelti tpuodrin uanri od, íag eqnueerdaali zsaudsop eyn dpirdoay elact aedjeoc udceió fno rdmea u neast roartdéegnic aju"d; icyi a«l»la;   BOE-A-cable e
autoridad del poder judicial quedó en suspenso sustituida por la propia voluntad –el 
referéndum  se  ha  de  celebrar–  de  los  convocantes  y  de  quienes  secundaban  la 
convocatoria, voluntad impuesta por la fuerza».
(iii)  El  pretendido  efecto  exoneratorio  derivado  de  la  derogación  del  delito  de 
convocatoria de referéndum ilegal es analizado dentro del fundamento de Derecho A, 
punto 17.2 (págs. 223 a 225) de la fundamentación jurídica de la sentencia, justificando 
por qué lo acontecido y enjuiciado en este caso va más allá de lo que entrañaba la base 
objetiva y subjetiva del tipo derogado.
A  la  vista  de  todo  ello  –concluye  el  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional–,  la 
subsunción efectuada satisface la triple exigencia de respeto por parte del intérprete o 
aplicador de la norma sancionadora a la semántica de los términos empleados en la 
proposición  normativa,  a  las  reglas  compartidas  de  interpretación  aceptadas  por  la 
comunidad jurídica (operadores jurídicos y estudiosos del Derecho) y a la axiología 
constitucional (los valores y principios constitucionales). Insiste en que la sentencia 
impugnada ha llevado a cabo «una interpretación posible que entra en los términos de la 
ley, sin haber caído en apreciaciones que impliquen una ruptura de su sujeción a la ley, 
contraria al imperio de la ley, y que, por ello, resultan prohibidas». Ni hay ampliación, 
pues no se ha ido más allá del significado literal posible de los términos legales ni se ha 
incurrido  en  un  exceso  respecto  de  la  más  amplia  de  sus  acepciones  posibles 
(interpretación extensiva), ni concurre extensión alguna de la norma a supuestos que la 
ley no contempla (analogía in malam partem). En segundo lugar, los argumentos y 
razonamientos  empleados  resultan  razonables,  coherentes  y  no  extravagantes, 
ajustándose a criterios interpretativos lógicos, sistemáticos y teleológicos. Finalmente, en 
el  plano  axiológico,  la  actuación  del  Tribunal  Supremo  resulta  intachable  al  haber 
considerado las alegaciones de la parte recurrente sobre el derecho de reunión y las 
libertades personal, de expresión e ideológica –amén de en el concreto juicio de autoría 
sobre el demandante (fundamento de Derecho C, subapartado 1.9, págs. 384 a 399)– en 
el  capítulo  dedicado  a  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  (fundamento  de 
Derecho  A,  subapartado  17.2);  y,  «tras  ponderar  las  invocaciones  efectuadas,  ha 
razonado  y  decidido  su  descarte  con  el  valor  de  neutralizar  la  antijuridicidad  del 
comportamiento  del  recurrente,  justificando  más  que  suficientemente  el  desborde  y 
trasgresión del ejercicio legítimo de tales derechos» en atención a las circunstancias 
concurrentes, «con lo que la inexistencia del efecto desaliento ha quedado constatada».
Añade el fiscal que la previsibilidad de la respuesta penal, en el caso concreto del 
demandante, viene reforzada por la circunstancia de que ejecutó buena parte de los 
hechos por los que se le condena, en relación a la movilización respecto de la jornada 
del 1 de octubre, conociendo ya la existencia de una denuncia del Ministerio Fiscal 
contra él ante la Audiencia Nacional precisamente por delito de sedición. Sobre este 
particular destaca lo dicho en el auto de 29 de enero de 2020: «Adquieren ahora pleno 
sentido las declaraciones del Sr. Cuixart el día 27 de septiembre, recogidas en la 
sentencia cuya nulidad se postula: "si de lo que se nos acusa es de sedición, señor 
fiscal, señores de la Audiencia Nacional, si es por llamar a la movilización permanente, 
tienen ustedes razón, lo volveremos a hacer"».
b)  Juicio de autoría.
El Ministerio Fiscal, tras recordar la argumentación que da soporte a la queja y el 
contenido y vigencia, por imperativo del art. 25.l CE, del principio de la responsabilidad 
personal  por  hechos  propios  y  no  ajenos  [SSTC  131/1987,  de  20  de  julio,  FJ  6;  e
219/1988, de 22 de noviembre, FJ 3; 254/1988, de 21 de diciembre, FJ 5; 246/1991,  bo
de 19 de diciembre, FJ 2; 146/1994, de 12 de mayo, FJ 4 b); 93/1996, de 28 de mayo, FJ  4w
ol; c1tu3b7r/e1,9 F9J7 , 4d],e s e2ñ1a dlae  qjuuelio e, l FaJn á5li;s i1s2 d5e/2l 0a0p1a,r tdaed o4 1 d.9e  djeuln fiou,n dFaJm 6e,n yto  6d0e/2 D0e1r0e, cdheo  C7  ddee   2021-1130n https://w
qlau es ennote hnaciya  aimtispbuog naalgduan, od eddei cqaudeo  sael  hjuaicyiao  rdeea liazuatdoorí au nrae saptericbtuoc dióenl  rdeec urerrsepnoten,s a«breilivdealda 
penal por hechos o actos cometidos por otras personas en relación al aquí demandante
ni de que se haya efectuado una imputación colectiva de acciones delictivas a un grupo 
de personas que haya servido para condenar a cualquiera de ellas». Por el contrario, su 
condena responde estrictamente a «hechos propios desarrollados por el recurrente, 
individualizando  su  contribución  personal  dentro  de  la  acción  concertada  con 
responsables políticos en ejecución del plan preconcebido conforme al rol o papel que le 
había sido asignado en atención a su condición de líder social presidente de Òmnium 
Cultural». En esta condición llevó a cabo las actuaciones descritas «dentro de una 
estrategia, común y conjunta con la de responsables políticos de la Generalitat y el 
Parlamento de Cataluña, de ruptura o aniquilación del pacto constitucional, mediante la 
movilización  de  masas  de  ciudadanía  con  el  objetivo  específico  de  impedir  el 
cumplimiento  de  las  leyes  y  de  resoluciones  y  mandatos  concretos  emanados  de 
autoridades jurisdiccionales para la práctica de diligencias en el curso de una causa 
penal y en seguimiento de decisiones del Tribunal Constitucional».
El escrito del fiscal reproduce diversos pasajes del apartado 1.9 del fundamento de 
Derecho C de la sentencia (págs. 384 a 399), relativo al juicio de autoría sobre el 
demandante, así como del apartado 2.5.2 del auto de 29 de enero de 2020, para concluir 
afirmando  que,  a  la  vista  de  ellos,  «la  condena  del  demandante  se  encuentra 
perfectamente especificada y particularizada conforme a actuaciones exclusivamente 
propias, de modo que es claramente perceptible que en absoluto su condena se produce 
por actos realizados por otras personas o mediante una especie de imputación colectiva 
de determinados actos penalmente reprochables a un grupo de personas para condenar 
a cualquiera de ellos».
c)  Queja dirigida contra el legislador: desproporción de la pena legalmente prevista.
Según el ministerio público, aunque esta alegación pareciera mixta en cuanto dirigida 
contra el legislador por la previsión de la pena abstracta y contra el aplicador normativo 
por la imposición efectiva de la pena concreta de nueve años, lo cierto es que la 
argumentación desplegada en la demanda se refiere exclusivamente al primer aspecto. 
A su juicio, sin embargo, las consideraciones que se esgrimen para estimar que el 
art. 545 CP –que contiene la previsión penal– es contrario al art. 25.l CE, en relación con 
el art. 9.3 CE, por desproporción de las penas, no pueden considerarse suficientes y no 
podrían ser acogidas.
Comienza  el  fiscal  por  exponer  la  doctrina  constitucional  sobre  el  principio  de 
proporcionalidad  de  las  penas  [por  todas,  SSTC  136/1999,  de  20  de  julio,  FJ  22, 
y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7 b)] para destacar después «la altamente extraordinaria 
[…] relevancia constitucional tanto del bien jurídico protegido por la norma cuestionada 
como de los fines inmediatos y mediatos de protección de la misma». Subraya que la 
aplicación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades 
legítimas resulta ineludible para asegurar el funcionamiento del Estado democrático de 
Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales. La norma tutela dicho interés 
frente a actuaciones grupales que, además de ser tumultuarias y públicas, acuden como 
medios comisivos a actos de fuerza o «fuera de las vías legales». Teniendo en cuenta 
las finalidades de prevención general y especial involucradas, el establecimiento de 
penas de prisión en abstracto, de ocho a diez años, para quienes –sin ser autoridades 
públicas– incitan, dirigen, sostienen o son los autores principales de tales actuaciones, 
«no puede estimarse como una medida inadecuada, ineficaz, no apta, inidónea o inútil 
para  lograr  aquellos  fines,  ni  puede  considerarse  innecesaria  en  una  sociedad 
democrática por existir medidas alternativas menos gravosas, o desproporcionada en  e
sentido estricto si tras aplicar técnicas de ad hoc balancing o ponderación entre los  bo
sacrificios  derivados  para  sus  responsables  en  relación  con  el  interés  general  4w
plar eceomncinluesnióten  edne  uqnuae  sloosc imedaaydo redse mbeonceráfitcicioas r peagridaa e pstoer  juunst iEficsatand aoq duee lDloesr»e.cho, se llega a  2021-1130n https://w
asigFnraednates  aa  olatr oas rgduemlitoesn taccoinó ne leemmepnletaods ac opmoru neel s,r eacduurrceen teel  fdisec acl oqnutrea s«tela  dsee npteenncaias 
marca importantes diferencias desde la perspectiva del bien jurídico protegido tal y como
se refleja en el apartado 4.3 del fundamento de Derecho B, dedicado al juicio de tipicidad 
(págs.  277  a  280)»,  que  reproduce  acto  seguido.  Esto  «justificaría  la  diferencia 
penológica  que  hace  improcedente  la  comparación  que  el  demandante  plantea  sin 
reparar en la dimensión, alcance y gravedad de los comportamientos desde el prisma de 
los principios, valores y bienes constitucionales lesionados o puestos en riesgo».
Finalmente, el ministerio público pone de manifiesto que la legislación permite al 
aplicador rebajar la pena en uno o dos grados en el caso de que «la sedición no haya 
llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya 
ocasionado la perpetración de otro delito al que la ley señale penas graves» (art. 547 
CP), de modo que la normatividad en ningún modo es comparable al supuesto de hecho 
de la STC 136/1999, en el que se reprochaba al precepto penal no incorporar previsión 
alguna para atemperar la sanción penal a la entidad de la conducta delictiva.
11.5  Cláusula europea de prohibición de desviación de poder (art. 18 CEDH).
Según el Ministerio Fiscal, este motivo se construye como una especie de enmienda 
a la totalidad de la causa penal, que, a juicio del demandante, habría obedecido a «la 
percepción, por parte de los magistrados del Tribunal Supremo y otros poderes del 
Estado, de amenaza a la unidad indisoluble de la nación y al statu quo les habría llevado 
a actuar desactivando la carta de derechos de la Constitución», olvidando que «deben 
actuar  como  medio  para  hacer  efectivos  los  derechos  fundamentales  y  están 
subordinados a ellos, actuando estos como límite a su actuación». Sobre esa cuestión, 
aunque suscitada sin la cita del art. 18 CEDH, se pronunció la sentencia recurrida en 
amparo, que se refiere a su planteamiento por el Sr. Cuixart en el apartado 2.1 del 
fundamento de Derecho A (págs. 63 y 64), y se contesta en el apartado 2.3, cuyo 
contenido se reproduce en el escrito del fiscal.
Tras recordar que no corresponde al Tribunal Constitucional examinar la observancia 
de textos internacionales que obliguen a España, sino comprobar el respeto de los 
preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas 
susceptibles de amparo constitucional (arts. 53.2 CE y 49.l LOTC), sin perjuicio de que, 
por mandato del art. 10.2 CE, deban tales preceptos ser interpretados de conformidad 
con  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  y  los  tratados  y  acuerdos 
internacionales sobre la misma materia ratificados por España [SSTC 85/2003, de 8 de 
mayo, FJ 6 c), y 99/2004, de 27 de mayo, FJ 3 c)], argumenta que el art. 18 CEDH no 
reconoce ni proclama derecho fundamental alguno, sino que «es una mera garantía de 
derechos, de modo que su invocación como motivo en un recurso de amparo no tiene 
sentido ni virtualidad por sí misma de forma aislada, por cuanto se trata de una cláusula 
de  cierre  relacional  y  no  autónoma  o  independiente,  sino  accesoria,  asociada  y 
dependiente  de  la  invocación  de  uno  o  varios  derechos  fundamentales».  Además, 
destaca  que  esta  cláusula  se  aplica  muy  excepcionalmente  por  la  seriedad  de  la 
imputación que implica, citando al efecto la STEDH de 5 de febrero de 2002, asunto 
Conka c. Bélgica, § 37, que señaló que «pretender que en una actuación impugnada 
concurre desviación de poder "es una acusación grave" que "solo puede ser probada si 
la autoridad se moviera exclusivamente por razones ilícitas", lo que apunta hacia un 
concepto  restrictivo  de  este  vicio  ceñido  solo  a  la  persecución  de  fines  ilegales  y 
exclusivamente en relación con las restricciones establecidas por los Estados al amparo 
de las propias previsiones del convenio».
En el caso, una vez que se han descartado las vulneraciones de los derechos 
fundamentales  principales  del  demandante  [en  resoluciones  precedentes  como  la  e
STC 30/2019, de 28 de febrero, se rechazó la infracción del art. 17.1 CE; y en estas  bo
alegaciones  se  han  refutado  las  denunciadas  de  los  derechos  al  juez  ordinario  4w
pprreudeebtae rym ainl ajudeoz  pinodre lpae lnedy,ie an tlea  ed oimblpea rincsiatal, nacsiaí ,c oam lao  ddeef elonss ad eerne csheonst iddoe  rlienugnüiíósnti c(oa,r ta.  2la1   2021-1130n https://w
qCuEe)j ay.  aE nla t oledgoa cliadsaod,  pceonnatel s(taar ta.  2lo5 .a1le CgaEd)]o n poo rc alab ep asritneo r edceusrerechnater  seel ñfuanladnadmoe lon tsoi gduei eensteta: 
(i) en relación con las afirmaciones del discurso del fiscal general del Estado en la
apertura del año judicial en 2016, no se trascriben «con arreglo a la realidad». Lo que se 
hizo fue «significar la función primaria que la Constitución asigna al Ministerio Fiscal en 
su art. 124: la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad –también 
constitucional–,  incluso,  si  fuera  necesario,  mediante  la  persecución  de  lo  que 
constituyan hechos delictivos»; (ii) ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo 
pueden calificarse de tribunales especiales, excepcionales o parciales desde la doctrina 
constitucional y europea reproducida en el propio escrito de alegaciones, ni los agentes 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han actuado en funciones de 
policía  judicial  o  genérica,  son  «cuerpos  policiales  especiales»;  (iii)  los  calificados 
informes  de  «organismos  internacionales»,  no  son  tales,  y  todos  ellos  –salvo  el 
posicionamiento de Amnesty International de 19 de noviembre de 2019– son previos a la 
sentencia recurrida, con lo que difícilmente pueden servir de parámetro para sostener 
que una condena –entonces inexistente– vulnera derechos fundamentales. En especial, 
el denominado «informe del relator de la asamblea parlamentaria Consejo de Europa 
sobre la situación de los defensores de derechos humanos», no pasa de ser un mero 
memorándum preliminar del diputado que lo suscribe, que ni siquiera ha sido votado en 
la Asamblea Parlamentaria; la llamada «opinión del grupo de trabajo sobre detenciones 
arbitrarias», no constituye sino el criterio de un grupo de trabajo, puramente auxiliar e 
informativo de eventuales posicionamientos o declaraciones generales del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, que, además, no es definitivo, al haberse 
solicitado su revisión por «falta de imparcialidad y objetividad en los miembros del 
grupo», tal y como se hizo contar en la propia causa en el auto de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo de 21 de junio de 2019.
Concluye el Ministerio Fiscal señalando que no existe persecución política ni penal 
alguna del independentismo. El recurrente podría haber defendido la pertinencia, la 
conveniencia o la aspiración de conseguir la independencia de Cataluña sin cometer 
delito alguno. «La propia existencia de un movimiento independentista catalán, apoyado 
por sectores amplios de la sociedad catalana, que se manifiesta cada vez que lo estima 
conveniente en defensa de sus postulados ideológicos, muestra bien a las claras que 
dicha ideología no es objeto de persecución ni de trato discriminatorio de ninguna índole, 
ni por el Tribunal Supremo ni por ninguna otra instancia judicial ni poder público del 
Estado». Por las razones expuestas, interesa la desestimación también de este motivo y, 
con ello, del recurso de amparo.
12.  A fin de tramitar y resolver la petición de recusación del magistrado de este 
Tribunal Constitucional Sr. Narváez Rodríguez, planteada por el demandante en este 
proceso de amparo mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2020, el Pleno, mediante 
providencia de fecha 17 de noviembre de 2020, con suspensión de las actuaciones 
correspondientes al presente recurso, acordó formar pieza separada.
Con fecha 16 de febrero de 2021, el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez 
formuló su abstención en relación con el presente proceso constitucional de amparo, 
abstención que, por unanimidad, fue considerada justificada por el Pleno en resolución 
de la misma fecha, lo que dio lugar a su aceptación y a acordar el archivo de la pieza 
separada de recusación formada en el presente recurso de amparo.
13.  Por escrito registrado en este tribunal el 23 de marzo de 2021, don Luis 
Fernando Granados Bravo, procurador de los tribunales, en representación de don Jordi 
Cuixart i Navarro, promovió la recusación del magistrado don Cándido Conde-Pumpido  s
Tourón. oe.
afobrsmtCeuonlónc i ósfenuc  qhauabe s7,t e pndoceri  óaunbn raeilnn id mreei dl2aa0cd2i,ó 1nf,u  eec ol cnmo naesgl iidspetrreraasddeoan  tdjeuo snpt irfoCiccáaendsdaoi d pcooo rnC esotln itPudlceei-onPnoua mel npd iedre osa omTloupucariróóonn,    2021-1130n https://w
dy ed e2 0to ddea sa bsruils d inec 2id0e2n1c, ialos .que dio lugar a su apartamiento definitivo del presente recurso  BOE-A-cable e
14.  Por providencia de 1 de junio de 2021, se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 2 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra la sentencia núm. 459/2019, de 14 de 
octubre, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 
20907-2017, que condenó al demandante como autor de un delito de sedición previsto 
en los arts. 544 y 545.1 CP, a las penas de nueve años de prisión e inhabilitación 
absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos 
públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los 
mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido 
para cargo público durante el tiempo de la condena; y el auto de fecha 29 de enero 
de 2020 que desestimó los incidentes de nulidad promovidos contra aquella sentencia.
El  recurrente  alega  en  su  escrito  de  demanda  las  siguientes  vulneraciones  de 
derechos fundamentales: a) del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 
24.2 CE y 6 CEDH), por haber asumido el Tribunal Supremo la competencia para 
enjuiciar los hechos, privando adicionalmente al recurrente de su derecho a la doble 
instancia (art. 2 del Protocolo núm. 7 al CEDH) e imposibilitando el desarrollo del juicio 
en catalán; b) del derecho a un juez imparcial (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por la relación 
de los magistrados integrantes de la sala de enjuiciamiento con el fiscal general del 
Estado firmante de la querella y con el Gobierno, por algunas de las expresiones 
contenidas  en  la  sentencia,  por  el  tratamiento  de  la  presunción  de  inocencia  del 
demandante de amparo, las manifestaciones del tribunal dentro y fuera de la sala, y las 
decisiones sobre admisión y práctica de pruebas; c) del derecho fundamental de reunión 
(arts. 21 CE y 11 CEDH), por no contener la sentencia una verdadera ponderación y por 
hallarse  justificada  su  conducta  por  el  ejercicio  de  dicho  derecho;  d)  del  derecho 
fundamental a la legalidad penal (arts. 25.1 CE y 7 CEDH), en una triple vertiente: (i) en 
cuanto al juicio se subsunción, por ser contrario al sentido de las palabras contenidas en 
el  tipo,  efectuar  una  valoración  ajena  a  los  criterios  del  sistema  constitucional  de 
derechos fundamentales que convierte la norma en imprevisible, y vaciar de contenido el 
ejercicio  del  derecho  fundamental  de  reunión;  (ii)  por  la  desproporción  de  la  pena 
prevista para el delito de sedición en el Código penal; (iii) y por el juicio de autoría, al no 
resolver la sentencia de modo satisfactorio sobre las razones por las que se hace 
responsable al recurrente del delito de sedición por el que fue condenado; e) del derecho 
fundamental a la libertad personal (art. 17 CE), en relación con la cláusula de prohibición 
de desviación de poder (art. 18 CEDH), en cuanto el proceso y la condena penal del 
señor Cuixart obedecen a una «finalidad escondida», consistente en un castigo político 
al independentismo.
La abogacía del Estado interesó la desestimación del recurso de amparo. Por su 
parte, el partido político Vox opuso, como óbice procesal de admisibilidad, la insuficiente 
justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso; y en cuanto al fondo, 
pidió igualmente su desestimación. Finalmente, el Ministerio Fiscal solicitó también la 
desestimación del recurso de amparo.
Las alegaciones de las partes han sido ampliamente resumidas en los antecedentes 
de esta resolución. No obstante, una síntesis de estas será expuesta de nuevo al 
analizar cada una de las quejas. e.e
2.  Requisitos  de  admisibilidad:  justificación  de  la  especial  transcendencia  4w
consAtnitutecsio dnea l ldleevl arer cau rcsaob.o el análisis de las lesiones que se invocan en el escrito de  2021-1130n https://w
demanda, procede resolver el óbice de admisibilidad alegado por el partido político Vox,
referido a la insuficiente justificación de la especial trascendencia del recurso de amparo.  Bc
No obstante, cabe adelantar que, de no ser estimado este primer motivo de inadmisión, 
los óbices procesales que se asocian a cada uno de los motivos de amparo serán 
resueltos al enjuiciar cada uno estos.
Dicho partido político señala que la demanda dedica «pocas líneas genéricas» a 
justificar el cumplimiento del preceptivo requisito de admisión del recurso, limitándose a 
señalar que no existe doctrina del Tribunal Constitucional al respecto de las violaciones 
de  los  derechos  fundamentales  que,  a  su  juicio,  se  han  producido,  lo  que  resulta 
defectuoso.
A fin de dar respuesta a la objeción procesal opuesta, conviene recordar que la 
previsión del art. 49.1 in fine LOTC –«[e]n todo caso, la demanda justificará la especial 
trascendencia constitucional del recurso»– se configura como una carga procesal de la 
parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia constitucional, habida 
cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del Tribunal acerca de la 
especial trascendencia constitucional de cada recurso venga siempre precedida de la 
iniciativa  y  apreciaciones  de  la  parte,  recogidas  en  su  escrito  de  demanda 
(STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3). A la parte recurrente, pues, le es exigible un 
«esfuerzo  argumental»  (ATC  154/2010,  de  15  de  noviembre,  FJ  4)  que  ponga  en 
conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el 
artículo 50.1 b) LOTC, criterios que se concretan, sin ánimo exhaustivo, en los supuestos 
contemplados en el fundamento jurídico 2 de la conocida STC 155/2009, de 25 de junio. 
De este modo, no basta argumentar la existencia de la vulneración de un derecho 
fundamental (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3; 
143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también 
AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008, 
de 22 de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 de 
noviembre, FJ único); es preciso que «en la demanda se disocie adecuadamente la 
argumentación  tendente  a  evidenciar  la  existencia  de  la  lesión  de  un  derecho 
fundamental –que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier 
demanda de amparo– y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el 
recurso presenta especial trascendencia constitucional» (STC 17/2011, de 28 de febrero, 
FJ 2).
El planteamiento del referido óbice nos lleva a considerar las razones dadas en el 
escrito de demanda para justificar la especial trascendencia constitucional del presente 
recurso. En dicho escrito, en un apartado específico –el séptimo–, se alegan tres causas 
subsumibles en el fundamento jurídico 2 de la citada STC 155/2009: (i) la novedad de 
algunas  de  la  cuestiones  suscitadas,  sobre  las  que  no  hay  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional, como son la cuestión competencial, que fue rechazada por prematura en 
las SSTC 30/2019 y 62/2019, al plantearse en un estadio procesal anterior de la misma 
causa especial, la posible inconstitucionalidad del delito de sedición y su delimitación 
respecto del derecho fundamental de reunión; (ii) que una de las lesiones denunciadas 
procede  de  la  ley  (arts.  544  y  545  CP),  lo  que  remite  a  la  queja  relativa  a  la 
desproporción de la pena; y (iii) la relevante repercusión social y política de «los hechos 
objeto de enjuiciamiento en el procedimiento penal del que deriva el presente recurso de 
amparo».
A la vista de lo anterior hemos de entender satisfecha la carga de justificar la 
especial trascendencia constitucional a la que se refiere el artículo 49.1 in fine LOTC, 
pues la parte recurrente ofrece argumentos suficientes sobre la proyección objetiva del 
presente recurso de amparo. De entre las causas indicadas en la demanda, tal y como  s
se ha reseñado en los antecedentes de esta resolución, el tribunal apreció, para admitir  oe.
el  recurso,  el  supuesto  de  especial  trascendencia  del  apartado  a)  del  FJ  2  de  la  w.
ScdueTerCes ctih1oo5n 5ef/us2 n0sd0ua9sm,c eiptanodtraaql sus eop boerrle   emel li srqemucoeu  rnpreolan nhtetae,y a s dinuo ncq trupineroa, b, plleoomr  qaou teroo  s aelaf edccootn,a e pcaut aeu dcnaoa n d fevasaccreiaatarst a ddrseee  l ualans    2021-1130n https://w
concEunr rceonncsiae cduee lnocsi ao,t reol só sbuicpeu deestboes  staemr dbeiésne setnimuandcioa.dos en la demanda. BOE-A-cable e
3.  Delimitación del fundamento fáctico y jurídico de la decisión de condena.
El contenido del enjuiciamiento constitucional planteado en la demanda aconseja 
realizar,  antes  del  análisis  individualizado  de  cada  una  de  las  quejas,  dos 
consideraciones previas, con la finalidad de facilitar la compresión del texto de esta 
sentencia.
La primera tiene un doble objeto: está dirigida a delimitar la conducta del recurrente 
que ha sido considerada delictiva, así como las razones que han fundamentado dicha 
consideración (juicios de tipicidad y autoría).
La segunda se dirige a destacar los pronunciamientos de este tribunal que, a lo largo 
del desarrollo de los hechos que han sido después enjuiciados penalmente, ha venido 
haciendo  sobre  la  constitucionalidad  de  algunas  iniciativas  parlamentarias  y 
gubernamentales,  relacionadas  con  los  hechos  declarados  probados,  que  estaban 
dirigidas a reivindicar y hacer efectivo el propósito de convocar y llevar a efecto un 
referéndum sobre la independencia de Cataluña, para dar soporte o continuidad al 
proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república.
3.1. Delimitación de la conducta del recurrente que ha sido declarada delictiva.
En los antecedentes de esta resolución hemos recogido íntegramente la declaración 
de  hechos  probados  de  la  sentencia  impugnada  y  hemos  resumido  los  juicios  de 
tipicidad y autoría que han justificado la condena por delito de sedición que se cuestiona. 
Dada su extensión, pues se refiere a diversos acusados que protagonizaron distintas 
conductas a lo largo de un dilatado período de tiempo, con la finalidad de facilitar su 
análisis, procederemos a continuación a exponer, a partir de los mismos, cuál es la 
conducta del recurrente que ha sido considerada penalmente relevante y cuál el contexto 
en que se desarrolló, así como las razones tomadas en consideración para fundamentar 
su declaración de culpabilidad como autor de un delito de sedición (arts. 544 y 545.1 CP).
A)  La sentencia relata en sus hechos probados que la conducta del señor Cuixart 
formaba parte de una estrategia concertada, que incluía un reparto funcional de roles 
entre  los  miembros  del  Gobierno  autonómico  de  Cataluña,  la  presidenta  de  su 
Parlamento  y  diversas  organizaciones  institucionales,  culturales  y  ciudadanas,  que 
mantenían un programa político común, en cuanto eran todas partidarias de la creación 
de un Estado catalán independiente en forma de república. El objetivo mediato de la 
actuación conjunta de los acusados era crear una cobertura jurídica aparente, al margen 
de  las  previsiones  establecidas  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  y  en  la 
Constitución, que permitiera movilizar a los partidarios de la independencia haciéndoles 
creer, mediante las correspondientes convocatorias, que cuando depositaran su voto en 
un referéndum convocado al efecto por el Gobierno autonómico, estarían contribuyendo 
al acto fundacional de una república independiente en Cataluña. En tal medida, en dicha 
estrategia  común  cobraba  especial  relevancia  la  celebración  de  un  referéndum 
vinculante que, en caso de obtener un resultado favorable, cualquiera que fuera el índice 
de participación ciudadana, justificaría la proclamación de Cataluña como un Estado 
independiente, que era el objetivo final de la estrategia acordada.
Dicho concierto estratégico, y la decisión de llevarlo a cabo, se había producido 
antes de las elecciones autonómicas celebradas el 27 de septiembre de 2015, mediante 
un preacuerdo político u hoja de ruta que las declaraba plebiscitarias; de modo que votar 
a  las  candidaturas  soberanistas  supondría  un  pronunciamiento  favorable  a  la 
independencia de Cataluña y a iniciar de inmediato un proceso de transición nacional  e.
que llevaría a la proclamación de la república catalana en un plazo máximo de dieciocho  w.
mmEseetssaeedsso,.  yc ocno nl ala  cerelaabcoióranc iyó np udees utan  perno ymeacrtoch dae  dteex tlaos c oensstrtuitcutcuioransa ln eenc eesl atérirams indoe ld neu deievoz   2021-1130n https://w
AsaEmnbtlreea  lNasa cieonntaidl aCdaetsa lacniuad (aAdNanCa, sf uncodnacdear teand a2s0 1c1o),b rparreosnid iedsap deecsiadl e smiganyifoic adcei ó2n0 1la5   BOE-A-cable e
por el señor Sànchez i Picanyol –también condenado en la causa–, y Òmnium Cultural 
(OC, fundada en 1961), presidida desde finales del año 2015 por el recurrente, señor 
Cuixart. Ambas organizaciones tenían y mantienen entre sus objetivos hacer efectivo el 
que consideran derecho de los catalanes a elegir democrática y libremente su futuro 
político a través de un referéndum de autodeterminación.
Según se afirma en la sentencia, a partir de 2015, ambos líderes pusieron las 
organizaciones al servicio del propósito de hacer realidad dicho programa, que había 
sido previamente pactado con diversas fuerzas políticas que ya tenían representación 
parlamentaria autonómica. Se afirma también que la contribución movilizadora de ambas 
organizaciones  ciudadanas  resultaba  decisiva  para  los  fines  y  la  estrategia  de 
consecución ideados que han sido descritos.
B)  Más adelante, el relato de hechos probados de la sentencia impugnada declara 
que, pese a su funcionamiento asambleario y su autonomía funcional y orgánica, la 
asociación Òmnium Cultural, liderada por el recurrente, conjuntamente con la entidad 
Asamblea  Nacional  Catalana  y  en  estrecho  contacto  con  los  dirigentes  políticos 
nacionalistas partidarios de la independencia de Cataluña, contribuyó a posibilitar la 
celebración del proyectado referéndum previsto en la ley autonómica y en los decretos 
de Gobierno suspendidos cautelarmente por este Tribunal Constitucional. Para ello, de 
forma coordinada, utilizaron su capacidad de movilización ciudadana convocando a la 
población a ocupar los espacios donde estaba prevista la votación, lo que se entendió 
preciso para asegurar tal objetivo, al tiempo que con ello se impedían las actuaciones de 
los  poderes  públicos  dirigidas  a  hacer  efectiva  su  suspensión,  decretada  por  este 
tribunal.
En el relato fáctico de la sentencia, dicha contribución aparece concretada con 
referencia específica a dos momentos:
(i)  El primero de ellos se produjo el 20 de septiembre de 2017. Guarda relación con 
la ejecución por la policía judicial de la decisión adoptada por el magistrado juez de 
instrucción  núm.  13  de  Barcelona  dirigida  a  registrar,  entre  otras,  la  sede  de  la 
Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. El 
registro se produjo tras la detención de algunos de sus responsables, y tenía como 
objetivo el hallazgo de fuentes de prueba útiles para esclarecer las responsabilidades 
penales en que pudieran haber incurrido los detenidos, o sus colaboradores, como 
consecuencia  de  los  preparativos  del  referéndum  convocado  el  anterior  día  6  de 
septiembre, así como, destacadamente, impedir su celebración. Los agentes de policía 
judicial que integraban la comisión llegaron a la sede de la consejería sobre las 8:00 
horas, dejando los vehículos oficiales estacionados frente a su acceso.
Continúa  el  relato  señalando  que,  desde  las  8:55  horas,  mediante  mensajes 
telemáticos difundidos desde las cuentas en redes sociales de los líderes de ANC y 
Òmnium Cultural, y desde las de las propias organizaciones que presidían, se convocó a 
la  población  a  que  compareciera,  entre  otras,  ante  dicha  sede,  emplazando  a  la 
ciudadanía a defender las instituciones catalanas, y a exigir la puesta en libertad de los 
detenidos, invitando a la movilización ciudadana. En dichos mensajes se decía que «no 
podrían con todos ellos», que «las fuerzas del orden se habían equivocado» y que 
«habían declarado la guerra a quienes querían votar».
En los minutos siguientes la afluencia de personas se fue incrementando, hasta el 
punto de que a las 10:30 horas de esa mañana los manifestantes habían rodeado por 
completo  el  edificio  impidiendo  a  la  comisión  judicial  la  normal  realización  de  sus 
funciones. La concentración, en cifra aproximada de 40.000 personas, se desarrolló  e.
durante el resto del día 20 de septiembre, mientras la comisión judicial permanecía en el  w.b
detreda isfailcatridoaa vdqeoussea  rl doeesn b pícaroo npsdieoircs i ordenegetiess tnrdiadedo osse,  qgauul eriq dhuaaedb,  ílada enmb diudelot ie tuasdt a.l arN  pocro esnsece enentsettrasa,bc ldieóacndi,óa  n uloan   ippmuepdríoimesreiobtnriloi d sadeder    2021-1130n https://w
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portaban chalecos identificativos.
La situación de hecho a que dio lugar la convocatoria provocó que no pudieran ser 
extraídos del edificio los efectos intervenidos y que la comisión judicial no pudiera 
abandonar el edificio así rodeado. Solo a partir de las 12:00 de la noche, a través de la 
azotea  del  edificio  contiguo,  se  consiguió  evacuar  camuflada  a  la  letrada  de  la 
administración de justicia que dirigía la comisión judicial; el resto de sus integrantes, en 
su mayor parte agentes de policía judicial, pudieron hacerlo a partir de las 4:00 horas de 
la  madrugada  siguiente,  una  vez  disuelta  la  concentración  con  cargas  de  agentes 
policiales  antidisturbios,  finalizando  la  evacuación  a  las  07:00  horas  del  día  21  de 
septiembre.  Siete  vehículos  policiales  en  los  que  se  había  desplazado  la  comisión 
judicial sufrieron importantes destrozos materiales.
Concluye el relato de estos hechos señalando que, durante el desarrollo de la 
concentración, los líderes de ANC y Òmnium Cultural se dirigieron en diversas ocasiones 
a la multitud. El señor Cuixart exigió la libertad de los detenidos y retó al Estado a 
incautar el material preparado para la jornada de referéndum. El líder de ANC, por su 
parte, proclamó que ese era el día en que había que salir a la calle a defender la 
dignidad, las instituciones catalanas y el referéndum, por lo que ni el presidente del 
Gobierno (Sr. Rajoy), ni el Tribunal Constitucional, ni todas las fuerzas de seguridad del 
Estado podrían pararles. Aseguró que hacía un rato se había reunido con el presidente 
de  la  Generalitat  y  que  este  le  había  asegurado  que  habría  referéndum.  Terminó 
pidiendo que nadie se marchara a casa todavía, pues tenían por delante una noche larga 
e intensa, y que habían de trabajar porque ellos eran el sueño de un nuevo país. Sobre 
las 23:41 horas, ambos líderes sociales se dirigieron a los concentrados desde lo alto de 
uno de los vehículos policiales destrozados. El recurrente manifestó hablar en nombre de 
las entidades soberanistas, así como del Partido Democrático de Cataluña, Esquerra 
Republicana  de  Cataluña  y  la  CUP-CC  (Candidatura  de  Unidad  Popular-  Llamada 
Constituyente), proclamando que todos estaban alzados para luchar por su libertad 
afirmando que desde ese altar –en clara referencia al vehículo policial– querían convocar 
a todos los asistentes a una movilización permanente en defensa de los detenidos, 
emplazándoles a una concentración que tendría lugar a las 12:00 horas del día siguiente, 
en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para exigir la puesta en libertad de los 
detenidos; concentración a la que ambos líderes acudieron junto a otros responsables 
políticos y cargos públicos.
El relato señala que, en todo momento, el presidente de ANC fue el interlocutor de la 
movilización ante los agentes policiales.
(ii)  Tras  recoger  otros  episodios  intermedios  de  reivindicación,  llamamientos  a 
participar en el referéndum, y convocatoria a la movilización permanente, la sentencia se 
detiene en los sucesos acaecidos en la víspera y la jornada en la que la votación había 
sido establecida. Es este segundo momento el que, en la conducta del señor Cuixart 
declarada  penalmente  relevante,  se  valora  como  nuclear.  Tiene  que  ver  con  la 
preparación y desarrollo de la participación ciudadana en la consulta convocada para la 
jornada del 1 de octubre de 2017.
La relación de hechos probados señala que tanto el recurrente –como también el 
líder de ANC– alentaron a los ciudadanos, a través de mensajes de Twitter y de los 
medios de comunicación, a ocupar los centros de votación antes de la hora en la que 
estaba  ordenada  la  intervención  de  la  policía  autonómica  y  les  exhortaron  a  que 
impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la retirada del 
material electoral. También los animaron a que acudieran masivamente a votar y a que 
protegieran después el recuento de los votos frente a las actuaciones que pudieran  s
desarrollar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. oe.
Tales llamamientos se produjeron antes y en la fecha en la que el referéndum había  w.
sJdiuidlisgote iccnioacn iadvsoe c pCaedanotaa, lluepñse asie nh caao baqíduaae ds ei crataan dtyeoa   leaanu tStooan ldcaee  dsf een colhotoa r Ci2oi7v qi ld uyee   Pslaee pmntaiael gmdisebtlrr eaT drdaibe iu n2ns0at1rlu 7Sc tupoporaer  rediole rq  lduaees    2021-1130n https://w
oCradteanluóñ aa  llao  psoigliuciíean taeu: to«naó)m imicap ecdairt,a lhaansat ay  eall  1re sdteo  doect ucbureer,p olas  uptoilliizcaiaclieósn  odpee rlaotcivaoless e no   BOE-A-cable e
edificios públicos –o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público– 
para la preparación de la celebración del referéndum. En esa fecha, se impedirá su 
apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a 
aperturarse; b) en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los de 
votación el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de 
servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá 
únicamente  al  cierre  de  aquellas  dependencias  en  las  que  se  hicieran  actos  de 
preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea 
afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios 
que les sean propios; c) requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en 
su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos 
locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento 
de los delitos que se investigan; d) asimismo, se impedirá la actividad y/o apertura de 
establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística y/o de cálculo: 
centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos. Mossos 
d"Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional deberán actuar conjuntamente para la 
efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario 
que haga posible el estricto cumplimiento de lo que aquí se dispone, y con observancia 
de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad 
y en el artículo 2.3 a) del Decreto 770/2017, de 28 de julio. Líbrense los oficios oportunos 
a los respectivos mandos de Mossos d"Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional».
No obstante la prohibición judicial, los centros escolares permanecieron abiertos 
desde el día anterior a la votación y, en gran parte, fueron ocupados por partidarios del 
referéndum que respondieron a las convocatorias que promovieron su presencia para 
evitar el cierre de locales y espacios públicos que había sido ordenado judicialmente.
El día 1 de octubre de 2017, multitud de ciudadanos, atendiendo a los reiterados 
llamamientos, tanto de los líderes de las entidades ya reseñadas, como de otros actores 
políticos y medios, acudieron y permanecieron en los centros señalados para la emisión 
de voto. A varios de estos acudieron agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Guardia  Civil,  con  el  propósito  de  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  el  Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña.
El desarrollo de la jornada prevista para la votación se narra así en la decisión de 
condena: «En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos 
entre miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión 
de voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial 
de la que eran portadores los agentes. Los Mossos –que dependían administrativa y no 
solo políticamente del procesado señor Forn– no interfirieron la emisión de votos, más 
allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros. En algunos casos, 
llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral, que les era 
entregado por los ciudadanos que llevaron a cabo la gestión de las correspondientes 
mesas de votación. En la mayoría de los casos, ante la oposición decidida de los 
numerosos grupos compactados de personas que protegían el centro y que se negaban 
de forma rotunda a acatar la orden judicial de la que informaban los binomios de Mossos 
comisionados, estos siguiendo las instrucciones que tenían desistían de su objetivo ante 
la obvia imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas. Ante la 
actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de los centros, 
los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza 
legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó  s
en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa». oe.
Según los datos hechos públicos por el gobierno de la Generalitat, el referéndum  w.
cairfrroaj óto etal l sdigeu vieontaten teress ausltcaednod: idóe a  u2n 2 t8o6ta 2l 1d7e  p5e r5s0o0n a0s0.0 personas con derecho a voto, la  2021-1130n https://w
3.2  La subsunción jurídica de la conducta del recurrente en el delito de sedición 
(arts. 544 y 545.1 CP).
Atendiendo  al  juicio  de  tipicidad  expresado  en  la  sentencia  cuestionada,  cabe 
anticipar que el recurrente ha sido condenado por movilizar a la ciudadanía en un 
alzamiento público y tumultuario que, además de estar dirigido a impedir la aplicación de 
las  leyes,  obstaculizó  de  forma  grave  el  cumplimiento  de  las  decisiones  judiciales 
dirigidas a evitar la celebración de un referéndum cuya base normativa y convocatoria 
habían sido cautelarmente suspendidas.
A)  Dicha apreciación de la sala enjuiciadora se apoya en una comprensión del 
delito de sedición expresada en la decisión de condena en los siguientes términos:
a)  Pese a mantener puntos de coincidencia (autoría colectiva y cierta hostilidad 
para obtener los fines perseguidos, en uno y otro caso), los delitos de rebelión y sedición 
han  de  ser  diferenciados  en  atención  al  bien  jurídico  protegido,  a  su  ubicación 
sistemática  en  el  Código  penal  y  a  los  distintos  fines  perseguidos  por  rebeldes  y 
sediciosos. Estos últimos –como en este caso se imputa al recurrente– actúan con la 
intención  de  impedir  u  obstruir  la  legítima  voluntad  legislativa,  gubernativa  o 
jurisdiccional, siendo indiferente a su calificación penal la finalidad última que anima 
dicha conducta obstativa.
b)  Pese a su ubicación sistemática como «delito contra el orden público» (título 
vigésimo segundo, capítulo primero, del Código penal) la Sala entiende más correcto, a 
efectos de ordenación, atender en cada caso concreto al interés protegido en cada uno 
de los distintos tipos penales incluidos en dicho título.
c)  La toma en consideración de la gravedad de las penas asociadas al delito de 
sedición y la entidad del interés protegido, que la Sala sitúa en la protección de la paz 
pública, le lleva a concluir que la sedición no alcanza a toda turbación de la paz o 
tranquilidad pública, sino que, puesta en relación con otras figuras dirigidas a proteger el 
orden público, es algo más (un aliud) en cuanto exige conductas activas –alzamiento 
colectivo, vías de hecho o despliegue de resistencia–, que afectan a la colectividad 
interesada en la efectividad de las funciones legislativa, gubernativa o jurisdiccional. Para 
la Sala, la idea de paz pública da cuenta de un bien jurídico que se identifica con el 
interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las 
decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de 
los derechos fundamentales. En definitiva, la conducta, para ser sediciosa, ha de ser 
apta para poner en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho, para 
derogar de hecho la efectividad de leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de 
funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones.
d)  Como actividad delictiva, la sedición se caracteriza por cometerse a través de 
una pluralidad de actos, sucesivos o acumulados. Exige también una pluralidad de 
partícipes con un fin compartido que, en este caso, fue proclamar la independencia del 
territorio de Cataluña, si el resultado del referéndum era favorable a ello. La sedición 
exige como medio comisivo el alzamiento público y tumultuario, con abierta hostilidad, 
mediante actos de fuerza o que se realizan fuera de las vías legales. No es preciso que 
sea violento, como sí se exige en otros tipos penales. El alzamiento, añade la Sala, «se 
caracteriza por esas finalidades que connotan una insurrección o una actitud de abierta 
oposición al normal funcionamiento del sistema jurídico, constituido por la aplicación 
efectiva de las leyes y la no obstrucción a la efectividad de las decisiones de las  s
instituciones». oe.
e)  Se trata de un tipo penal «de resultado cortado», es decir, para su consumación  4ww.
eBelsa  ismqtaup eeq duloiems e ealn actotlzo astim priefieicanalitzdoao td unomosu  tsliteeun aderii orpi joabrnu  sqaqu uéoe bh itamebnpeeerrd  sieri,dl  oorbe lssotugrlurtaairdd ooo   deqiffuiececu tlictvaaarrm aecentn ettéreirz;m al oine oel sxd iegtaliiblteoles.    2021-1130n https://w
que resulte funcional para el objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las
leyes, en la legítima actuación de la autoridad, corporación pública o funcionarios para el 
cumplimiento de sus resoluciones administrativas o judiciales.
La aplicación de los anteriores criterios a los hechos declarados probados, hace a la 
Sala concluir que:
(i)  «La  hostilidad  desplegada  hizo  inviable  el  día  20  de  septiembre  que  los 
funcionarios  dieran  cumplimiento  con  normalidad  a  las  órdenes  del  Juzgado  de 
Instrucción  núm.  13  de  Barcelona,  ocasionando  miedo  real,  no  solamente  en  los 
funcionarios que ejecutaban legítimas órdenes jurisdiccionales –es el caso de la letrada 
de la administración de justicia actuante en la sede de la Vicepresidencia–, sino en los 
funcionarios  autonómicos  bajo  investigación,  que  habían  de  ser  trasladados,  por 
exigencia legal, a los inmuebles en los que se estaban practicando los registros. Se 
trataba de los mismos funcionarios a los que los sediciosos decían querer defender, cuya 
presencia fue efectiva y definitivamente impedida por los acusados que lideraron la 
tumultuaria movilización».
(ii)  «Y  los  comportamientos  del  día  1  de  octubre  implicaron  el  uso  de  fuerza 
suficiente para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de impedir 
la votación, según venían obligados por expreso mandato judicial. Se perseguía así 
abortar el cumplimiento de las órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
de  Cataluña  y  del  Tribunal  Constitucional.  Y  todo  ello  con  una  trascendencia  que 
rebasaba  con  mucho  los  límites  de  una  laxa  interpretación  del  concepto  de  orden 
público,  para  incidir  en  el  núcleo  esencial  de  ese  bien  desde  una  perspectiva 
constitucional. Basta, en efecto, la  lectura del hecho probado, donde se recoge el 
contenido esencial de las leyes 19 y 20 aprobadas por el Parlament en las fechas 
iniciales  de  septiembre  de  2017,  para  comprender  que,  aun  prescindiendo  de  su 
irrelevante  funcionalidad  a  los  fines  del  tipo  de  rebelión,  suponían  un  intento  de 
derogación de la legislación válida vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar 
las resoluciones del Tribunal Constitucional».
B)  La consideración del recurrente como autor de un delito de sedición se justifica 
señalando que, en su condición de líder de la asociación Òmnium Cultural, puso su 
acreditada capacidad de movilización al servicio de un proyecto político que incluía la 
creación de una legalidad de ruptura con las bases del sistema constitucional, con el 
objetivo de presionar al Gobierno de la Nación mediante la celebración de una consulta 
ciudadana que fue presentada ante la opinión pública como la genuina expresión del 
ejercicio del derecho de autodeterminación. Se afirma que, para ello, era indispensable 
la movilización de miles de ciudadanos que, llegado el momento, pudieran oponer una 
resistencia activa, aunque pacífica, al cumplimiento de los mandatos dictados por los 
jueces y tribunales. La Sala reitera que ningún episodio de la trayectoria del recurrente 
promoviendo o liderando actuaciones reivindicativas de carácter independentista merece 
reproche penal, pero sí lo merece el hecho de promover la oposición material a la 
ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional, o de otros tribunales, 
dirigidas a tutelar el ordenamiento jurídico vigente frente a las actuaciones dirigidas a 
desconocerlo o desbordarlo.
Tras recordar sus manifestaciones públicas a lo largo del año 2017, en diferentes 
movilizaciones y actos públicos en favor del referéndum sobre la independencia de 
Cataluña, la Sala se detiene en el protagonismo que mantuvo el día 20 de septiembre 
durante el desarrollo de la concentración antes reseñada; concentración de protesta que,  s
según se afirma, fue promovida, una vez convocada la consulta, con el fin de impedir por  oe.
la vía de los hechos el cumplimiento de las decisiones judiciales que habían acordado  4ww.
ddaei ve elnarcs poornset prraeargr aiesclteiróomnse  yen ntcoo sdn evypo edcnaadttooesrni acq iudaees  l pdreeefrl emGréiotinbedireaurnmn o.d edpeu lraa rG leans erreasliptaotn dsaeb Ciliadtaadlueñsa d, edririvigaiddaass   2021-1130n https://w
En lo que considera episodio clave del juicio de autoría, la Sala se refiere a la jornada
de votación del 1 de octubre de 2017. Admite que la iniciativa de mantener abiertos
desde el día anterior los locales públicos previstos para la votación, y su ocupación por 
partidarios del referéndum dirigida a hacer imposible el cumplimiento de las resoluciones 
judiciales  que  prohibían  su  celebración,  no  fue  iniciativa  directa  del  recurrente.  No 
obstante lo cual, se afirma que ese movimiento fue apoyado, estimulado, multiplicado y 
alentado por el recurrente, como admitió en su declaración en el juicio oral. La Sala 
considera que la ocupación previa de los locales estaba indudablemente dirigida a 
impedir que los centros fuesen cerrados y a cerrar el paso a cualquier agente que 
pretendiese  impedir  u  obstaculizar  el  desarrollo  del  referéndum.  Los  ciudadanos 
asistentes, convocados al efecto, impidieron físicamente a los agentes de la autoridad el 
acceso a los locales; lo hicieron mediante una oposición activa, una auténtica resistencia 
dirigida no ya a votar, sino a favorecer la participación de otros, impidiendo que se 
cerraran los centros de votación y se requisara el material preparado al efecto para 
hacerlo posible (urnas, papeletas y demás parafernalia). Señala el juicio de autoría que 
fue la acumulación de partidarios de la votación, en todo el territorio de Cataluña, su 
superioridad numérica aplastante y disuasoria y la actitud de resistencia pasiva –en 
ocasiones activa–, lo que impidió la tarea policial encomendada.
La decisión de condena concluye con estas palabras: «Lo sucedido el 1 de octubre 
no fue solo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana. Si hubiese sido 
eso no habría reacción penal. Fue un levantamiento tumultuario alentado por el acusado 
entre muchas otras personas para convertir en papel mojado –con el uso de vías de 
hecho  y  fuerza  física–  unas  decisiones  judiciales  del  Tribunal  Constitucional  y  del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Nada habría que reprochar si la actuación se 
hubiese  concretado  en  concentraciones  masivas,  protestas  multitudinarias, 
manifestaciones con lemas duros y combativos. Todo eso está no solo protegido sino 
incluso estimulado por el texto constitucional y el espíritu que lo anima. Pero lo que no 
puede tolerar nuestra Constitución ni la Ley Fundamental de ningún Estado democrático, 
es supeditar una de las más elementales exigencias del Estado de Derecho, esto es, el 
acatamiento de la decisión de un tribunal –que no adhesión ni aplauso, ni inmunidad 
ante la crítica– a la voluntad de una, diez, mil, miles o millones de personas. Máxime 
cuando hay otro tanto numérico de ciudadanos que confían en esa decisión y la respetan 
e incluso la comparten, y quieren confiar en que también ellos serán protegidos por el 
Estado de Derecho».
3.3  Referencia a la actividad institucional relevante relacionada con los hechos 
enjuiciados, y a su enjuiciamiento constitucional.
Tanto el programa político a cuyo cumplimiento era funcional la convocatoria de un 
referéndum limitado al territorio de Cataluña, como el compromiso conjunto de llevarlo a 
la  práctica,  fueron  reiteradamente  exteriorizados  en  sede  parlamentaria  durante  la 
legislatura  iniciada  tras  las  elecciones  autonómicas  de  2015.  Así,  la  sentencia 
impugnada  hace  referencia  a  las  siguientes  diez  decisiones  parlamentarias  o 
gubernamentales sometidas a consideración ante este tribunal, que fueron declaradas 
inconstitucionales:
(i)  Resolución 1/XI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del proceso político en 
Cataluña  como  consecuencia  de  los  resultados  electorales  del  27  de  septiembre 
de 2015. Fue declarada inconstitucional y nula mediante STC 259/2015, de 2 diciembre, 
en la que el tribunal apreció que la resolución parlamentaria anulada, que era el acto 
fundacional del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de  s
república, excluía la utilización de los cauces constitucionales para alcanzar tal objetivo. oe.
Tras recordar que sobre los titulares de los cargos públicos recae un cualificado  4ww.
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de  la  primacía  incondicional  de  la  Constitución,  de  lo  que  es  garante  el  Tribunal
Constitucional. Se destaca, también, que en nuestro modelo constitucional no cabe
contraponer  legitimidad  democrática  y  legalidad  constitucional  en  detrimento  de  la 
segunda. La declaración de inconstitucionalidad concluye afirmando que el programa 
político expresado en la Resolución 1/XI vulnera, asimismo, el art. 168 CE, dado que 
«[l]a Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, 
hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia 
autoridad.  Obrando  de  ese  modo,  el  Parlamento  de  Cataluña  socavaría  su  propio 
fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC, antes citados), al sustraerse 
de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las 
bases  del  Estado  de  Derecho  y  la  norma  que  declara  la  sujeción  de  todos  a  la 
Constitución  (arts.  1.1  y  9.1  CE)».  De  esta  manera,  tratar  de  sortear,  eludir  o 
simplemente prescindir de los procedimientos de reforma constitucional sería intentar 
una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de 
Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de 
ella o conseguir su ineficacia práctica (FJ 4).
(ii)  Resolución  5/XI,  de  20  de  enero  de  2016,  de  creación  de  comisiones 
parlamentarias, que incluía la de una «comisión de estudio del proceso constituyente». 
El tribunal estimó entonces el incidente de ejecución planteado al apreciar que dicha 
resolución desconocía lo resuelto en la citada STC 259/2015 y contravenía de forma 
clara sus mandatos. En el ATC 141/2016, de 19 de julio, la actividad de la comisión 
creada  fue  declarada  absolutamente  inviable  si  no  se  entendía  condicionada  al 
cumplimiento  de  las  exigencias  de  la  Constitución  y,  singularmente,  de  los 
procedimientos  para  su  reforma.  Se  incluyó  adicionalmente  una  advertencia  a  los 
poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlamento, de su 
deber  de  impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa  que  suponga  ignorar  o  eludir  los 
mandatos en él enunciados.
(iii)  Resolución  263/XI,  de  27  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  aprobaron  las 
conclusiones de la mencionada comisión de estudio del proceso constituyente. Fue 
declarada inconstitucional y nula por ATC 170/2016, de 6 de octubre, al apreciar también 
que desatendía los pronunciamientos derivados de la STC 259/2015, por lo que acordó 
notificarlo personalmente a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás 
miembros de la mesa del Parlamento y al secretario general, así como al presidente y 
demás  miembros  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Generalitat  de  Cataluña,  con  la 
advertencia  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar 
cumplimiento a esta, y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o 
material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de dicha 
resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las 
que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal.
(iv)  Resolución  306/XI,  de  4  de  octubre  de  2016,  sobre  la  orientación  política 
general del Gobierno, en la que se proclamaba un presunto derecho imprescriptible e 
inalienable de Cataluña a la autodeterminación, e instaba al gobierno autonómico «a 
celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde 
en septiembre de 2017, con una pregunta clara y de respuesta binaria». El ATC 24/2017, 
de 14 de febrero, tras recordar que el Parlamento de Cataluña no puede desconocer que 
la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para convocar y celebrar 
un  referéndum  como  el  proyectado,  declaró  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la 
resolución  parlamentaria  impugnada  al  apreciar,  por  tercera  vez,  que  contravenía 
directamente los pronunciamientos de este tribunal que han sido analizados en los 
epígrafes precedentes. La decisión fue notificada a los miembros de los órganos rectores  s
del Parlamento, así como a los del Gobierno autonómico. oe.
Lo  expuesto  no  impidió  la  convocatoria  del  proyectado  referéndum,  previa  w.
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«DD 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares» y «DD 01 D/
227.00157132. Procesos electorales y participación ciudadana» de la citada Ley), que 
fue declarada inconstitucional y nula en los apartados reseñados por la STC 90/2017, 
de  5  de  julio,  al  apreciar  que  se  dirigía  a  dar  cobertura  financiera  a  un  proceso 
referendario que contravenía el orden constitucional, tanto por motivos sustantivos como 
competenciales.
Al  determinar  los  efectos  del  fallo,  mantuvo  la  advertencia  a  autoridades  y 
funcionarios de la Generalitat de Cataluña «de su deber de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir la suspensión acordada, advertencia esta 
que ha de hacerse extensiva a las autoridades que las hayan sucedido o puedan hacerlo 
en el futuro», concretada ahora en el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 
pudiera suponer ignorar o eludir su fallo, en particular mediante la realización de las 
actuaciones allí especificadas.
(vi)  Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del 
referéndum  de  autodeterminación»,  que  fue  suspendida  por  este  tribunal  mediante 
providencia del día siguiente, 7 de septiembre, con expresa advertencia a los miembros 
del Gobierno catalán, a la presidenta del Parlamento y a distintos miembros de su 
órgano directivo, otros cargos públicos y suplentes de la sindicatura electoral, del deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión 
acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita la 
preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña 
regulado en la ley objeto de la presente impugnación y de poner a disposición de la 
sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicaturas electorales de demarcación los 
medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones con las 
advertencias de las eventuales consecuencias penales en caso de incumplimiento. La 
ley impugnada fue declarada inconstitucional y nula por STC 114/2017, de 17 de octubre.
(vii)  En desarrollo de la Ley 19/2017 se dictaron, inmediatamente, los decretos de la 
Generalitat de Cataluña 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del referéndum 
de  autodeterminación  de  Cataluña,  y  140/2017,  de  7  de  septiembre,  de  normas 
complementarias para su celebración. La vigencia de ambas normas fue suspendida por 
este  tribunal  mediante  providencias  de  7  de  septiembre  de  2017,  que  contenían 
advertencias semejantes a las reseñadas, dirigidas en esta ocasión a quienes integraban 
el Gobierno de la Generalitat. Ambos decretos fueron declarados inconstitucionales y 
nulos por SSTC 121/2017 y 122/2017, de 31 de octubre.
(viii)  Resolución 807/XI, de 7 de septiembre de 2017, por la que se designaron los 
miembros de la sindicatura electoral al amparo de la Ley 19/2017, del referéndum de 
autodeterminación. Esta resolución fue suspendida por providencia de la misma fecha 
del Tribunal Constitucional, y declarada inconstitucional y nula por STC 120/2017, de 31 
de octubre.
(ix)  Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de 
transitoriedad  jurídica  y  fundacional  de  la  república»,  que  fue  suspendida  por  este 
tribunal  mediante  providencia  del  día  12  de  septiembre  siguiente,  con  similares 
advertencias. La ley impugnada fue declarada inconstitucional y nula por STC 124/2017, 
de 8 de noviembre.
Resulta  también  oportuno  reseñar  que,  después  de  la  desordenada  jornada  de 
votación, ajeno su recuento a los más esenciales controles de autenticidad, su resultado 
fue proclamado por los responsables del Gobierno autonómico y, tal y como preveían las  s
leyes autonómicas suspendidas, dio lugar a una convocatoria del Pleno del Parlamento  oe.
en la que, el 10 de octubre siguiente, compareció quien entonces era presidente de la  w.
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perjuicio de proponer a la Cámara que se suspendieran «los efectos de la declaración de
independencia» a fin de iniciar «un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución 
acordada».
Concluida  esta  misma  sesión  parlamentaria,  el  propio  presidente  firmó  en  acto 
público, junto a otros miembros del Gobierno y diputados integrados en los grupos Junts 
pel Sí y CUP-CC, una «Declaración de los representantes de Cataluña» en la que 
figuraban,  entre  otros  pronunciamientos,  los  siguientes:  «Constituimos  la  república 
catalana, como un Estado independiente y soberano, de Derecho, democrático y social. 
Disponemos la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
república»  e  «Iniciamos  el  proceso  constituyente,  democrático,  de  base  ciudadana, 
transversal,  participativo  y  vinculante»,  todo  ello  suscrito  por  los  firmantes  como 
«legítimos representantes del pueblo de Cataluña».
(x)  Por último, en su sesión de 27 de octubre de 2017, se produjo la admisión a 
trámite, sometimiento a debate y aprobación por el Pleno del Parlamento de Cataluña, 
de las resoluciones denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y 
«Proceso constituyente». Estas resoluciones, en tanto fue apreciado que plasmaban la 
contumaz voluntad de esa cámara de eludir los procedimientos de reforma constitucional 
para llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español y crear un 
«Estado catalán independiente en forma de república», dando inicio al llamado «proceso 
constituyente», fueron declaradas inconstitucionales y nulas mediante ATC 144/2017, 
de 8 de noviembre, con notificación personal a la presidenta del Parlamento de Cataluña 
y presidenta de la Diputación Permanente, y a los restantes miembros de la mesa de la 
Diputación Permanente, con requerimiento personal de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad acordada, apercibiéndoles de 
las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir. En 
particular, de abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurídico alguno 
a la declaración de independencia y, en especial, a las previsiones contenidas en la 
suspendida Ley 20/2017 en orden a la aplicación de un régimen jurídico transitorio, y a 
dar efectividad a las denominadas «comisión de investigación por el 1 de octubre» y 
«comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente», recogidas en las 
dos resoluciones anuladas.
Como es sabido, la reseñada actuación, protagonizada por quienes eran entonces 
cargos públicos autonómicos, en el Gobierno y en el Parlamento, dio lugar a que, 
mediante Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, fueran aprobadas, 
con determinadas modificaciones, las medidas cuya autorización fue solicitada por el 
Gobierno de la Nación al amparo del artículo 155 de la Constitución. Dicho precepto 
constitucional,  según  hemos  declarado,  constituye  una  modalidad  extraordinaria  de 
control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas dirigido a afrontar 
con  poder  de  coerción  los  incumplimientos  constitucionales  extremadamente 
cualificados, que es apta como medida de último recurso del Estado ante una situación 
de  incumplimiento  manifiesto,  contumaz  o  flagrante  de  las  obligaciones 
constitucionalmente impuestas [SSTC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 7; 27/1987, de 27 de 
febrero, FJ 9; 49/1988, de 22 de marzo, FJ 31; 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 8; 
41/2016, de 3 de marzo, FJ 16; 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 17 a), y 33/2018, de 12 
de abril, FJ 12].
La solicitud de adopción de dichas medidas y el acuerdo del Senado que las autorizó 
fueron sometidas a control de este tribunal en sendos recursos de inconstitucionalidad, 
que dieron lugar a las SSTC 89 y 90/2019, de 2 de julio, que ratificaron su conformidad a  s
la Constitución. Este tribunal apreció entonces (STC 89/2019, FJ 6) que las actuaciones  oe.
autonómicas referidas al denominado «proceso de transición nacional» incurrieron en los  w.
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transitoriedad jurídica y fundacional de la república», y en el impulso que el Gobierno de
la  Generalitat  había  dado  al  pretendido  referéndum,  respaldando  plenamente  su 
desarrollo material el 1 de octubre de 2017.
Resulta oportuno destacar ahora que, al valorar la concurrencia del presupuesto 
habilitante recogido en el art. 155 de la Constitución, apreciamos que se contravino, por 
un lado, el mandato del art. 9.1 CE, de acuerdo con el cual todos los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y deben adecuar su actuación a sus determinaciones, 
cuestionando la fuerza de obligar de la Constitución y del ordenamiento jurídico fundado 
en ella. Concluimos entonces señalando que «se pretendía así la ruptura del orden 
constitucional, ignorando que una comunidad autónoma no es un ente soberano, sino 
que, por el contrario, está sometido a la Constitución, al estatuto de autonomía y al resto 
del ordenamiento jurídico».
Al ratificar las medidas adoptadas, señalamos en la STC 89/2019 cómo «ante la 
evidencia de un gobierno que ha provocado una grave crisis constitucional, con la 
proclamación  de  una  "república  catalana"  (ficticia  en  Derecho,  pero  afirmada  y 
propugnada de facto) mediante la que se pretendía quebrar la unidad de la Nación 
española constituida en Estado social y democrático de Derecho (arts. 1, apartados 1 
y 2, y 2 CE), no pueden tacharse de excesivas las medidas autorizadas por el Senado 
para el cese y sustitución de quienes, si bien ostentaban aún los títulos respectivos de 
presidente y vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de miembros de su consejo 
de Gobierno, actuaban como un mero poder de hecho» (STC 89/2019, de 2 de julio, 
FJ 12).
Para el tribunal con las medidas entonces adoptadas el Senado hubo de «salir al 
paso, en defensa de la Constitución y del estatuto de autonomía, de la arbitrariedad 
desplegada, con desprecio de toda norma que no sirviera a su propósito, por el Gobierno 
autonómico, socavando su propio fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 
EAC), sustrayéndose de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico». Así el cese del Govern «se acordó para restaurar el orden constitucional así 
comprometido.  En  concreto,  para  que  los  titulares  de  estos  cargos  públicos  no 
prosiguieran en la perpetración de actuaciones de ese género, sirviéndose para ello, 
como propias, de las instituciones de todos los ciudadanos de Cataluña, ni consumaran 
su propósito último de quebrar el Estado».
En definitiva, cabe concluir que el intento de quebrar la unidad de la Nación española 
constituida en Estado social y democrático de Derecho (arts. 1, apartados 1 y 2, y 2 CE), 
adquiere mayor gravedad porque se produce en un modelo de articulación del poder 
como el reconocido por nuestra Constitución, que, como hemos recordado desde la 
STC 42/2014, de 25 de marzo, ha supuesto el reconocimiento, también de Cataluña, 
como sujeto jurídico, en tanto que nacionalidad histórica. A través del reconocimiento de 
la autonomía es como se promueve en nuestro ordenamiento la conciliación de la unidad 
y la diversidad.
Como hemos recordado en nuestra jurisprudencia, la Constitución no constituye un 
texto jurídico intangible e inmutable. La previsión de la reforma constitucional reconoce y 
encauza  la  aspiración,  plenamente  legítima  en  el  marco  constitucional,  dirigida  a 
conseguir que el poder constituyente constitucionalizado en los arts. 167 y 168 CE revise 
y  modifique  la  norma  fundamental.  Así,  todas  y  cada  una  de  las  determinaciones 
constitucionales son susceptibles de modificación, pero para ello es preciso que «el 
intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de 
reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en todo 
caso, inexcusable» (STC 138/2015, de 11 de junio, FJ 4, y jurisprudencia allí citada). Y  s
tal y como hemos tenido ocasión de recordar, la apertura de la norma fundamental para  oe.
su revisión formal es plena, y la pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del  w.
ESsTtCa d4o2,/ 2l0a1s4 , aFsFaJmJ b3le ya 4s ).de  las  comunidades  autónomas  (arts.  87.2  y  166  CE;  2021-1130n https://w
4.  El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
4.1  Posiciones de las partes.
El primer motivo formulado en la demanda de amparo nos obliga a determinar si han 
vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley las decisiones por las 
que  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  asumió,  extendió  y  mantuvo  la 
competencia objetiva para la averiguación y enjuiciamiento de los hechos que le fueron 
atribuidos como delictivos en la querella presentada por el Ministerio Fiscal ante la propia 
Sala y, previamente, en la denuncia formalizada ante la Audiencia Nacional.
La queja se apoya en tres argumentos básicos: (i) el recurrente sostiene que el 
Tribunal Supremo se ha conferido la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de 
la causa penal modificando de forma injustificada y ad hoc el criterio establecido de 
forma reiterada en diversas resoluciones citadas como referencia; (ii) afirma, además, 
que es inconstitucional la previsión establecida por el art. 21 LECrim, según la cual, la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no puede formar o promover competencias, y 
ningún juez, tribunal o parte podrá promoverlas contra él: considera que dicha previsión 
normativa debe entenderse derogada tras la aprobación de la Constitución, porque se 
opone al contenido del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y a un 
proceso con todas las garantías, en tanto impide al justiciable discutir o impugnar la 
competencia del Tribunal Supremo, durante el desarrollo de la causa, ante otro tribunal; 
(iii)  por  último,  difiere  de  varios  de  los  criterios  utilizados  para  afirmar  la  propia 
competencia;  específicamente  de  los  que  se  refieren  a  la  relevancia  de  las 
contribuciones fácticas concertadas no necesariamente violentas, pero vinculadas al 
elemento tendencial del delito de rebelión (proclamar la independencia), que, según la 
denuncia, la querella y los escritos de acusación, se desarrollaron fuera del territorio de 
Cataluña; a la inescindibilidad de los hechos investigados o enjuiciados, pues propugna 
en su favor una interpretación restrictiva de la previsión legal que permite enjuiciar 
conjuntamente los hechos que guarden entre sí conexión procesal (art. 17.3 LECrim) y, 
por fin, a la declarada diferencia entre los delitos objeto de acusación en cada caso, que 
impide dar a la presente causa la misma solución competencial que a los precedentes 
alegados.
El abogado del Estado alega en favor de la desestimación de la queja. Aduce que los 
órganos  judiciales  no  han  llevado  a  cabo  una  interpretación  que  suponga  una 
manipulación manifiesta de las reglas legales sobre atribución de competencias ni, al 
aplicarlas,  han  incurrido  en  error  patente,  irrazonabilidad  manifiesta  o  arbitrariedad. 
Afirma que el demandante no ha cumplido con la carga de criticar fundadamente los 
argumentos expuestos por el Tribunal Supremo, en cuya virtud la competencia se fija a 
partir «del relato que fluye de las acusaciones y de su cristalización progresiva a lo largo 
de la instrucción, para atender al elemento territorial o geográfico que el art. 57.2 EAC 
utiliza para determinar la competencia objetiva». Por ello, la competencia no ha sido 
judicialmente determinada mediante un criterio ad hoc que se aparte infundadamente de 
anteriores precedentes, sino atendiendo a un juicio ex ante que versa sobre el contenido 
fáctico y jurídico de la pretensión acusatoria, que no puede verse revertido ni afectado 
por la decisión final de condena. Descarta también la alegada inconstitucionalidad del 
art. 21 LECrim, dado el carácter de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes 
que corresponde al Tribunal Supremo. Comparte con la Sala enjuiciadora que parte de 
los hechos enjuiciados acaecieron fuera del territorio de Cataluña, dado que los delitos 
de rebelión y sedición de los que fue acusado el demandante son de comisión plural o  e
colectiva, de forma que no todos sus autores realizan por sí los elementos nucleares del  bo
tipo (ATS de 18 de enero de 2019, que desestimó la súplica presentada sobre la  4w
pdreoccliensaatolmriae ntdee i nejusrcisinddicibclieósn,) .d aPdoor  qufien,,  csoomsoti ernaez onqóu ee l lmosa gihsetrcahdoos  inesntrjuucictoiard «osso los olan   2021-1130n https://w
icnotenr vlae ncpiróens idceonotrad indaedl a Pdaer lalomse mnti eym bcroons  ldae lq Gueo bdieersnpol edgea rloan  Gloesn eprarelitsaidt ednet eCs atdaelu ñlaas, 
asociaciones Òmnium y ANC, podía llenar el contenido del injusto contemplado en los
delitos de rebelión y/o sedición de que fueron acusados, por lo que se justificaba la 
instrucción conjunta de su comportamiento, con independencia de que estuvieran o no 
aforados».
En sus alegaciones, el Ministerio Fiscal propone también la desestimación de la 
queja. Con apoyo en la previsión establecida en el art. 57.2 EAC, el relato de hechos y 
los delitos atribuidos al demandante en la denuncia inicial, la posterior querella y los 
escritos de acusación, considera que la determinación de la competencia se realizó 
fundadamente atendiendo a dos criterios previstos en la ley: la condición de diputados 
del Parlamento de Cataluña de buena parte de los investigados, y el elemento geográfico 
basado en el lugar de comisión de parte de los hechos investigados, sobre los que se 
apoyó la acusación. A partir de estas consideraciones, la coautoría que se imputaba al 
recurrente –no aforado– exigía su enjuiciamiento conjunto con el resto de las personas 
aforadas.
Tras exponer la doctrina constitucional sobre el derecho alegado, que resume, el 
Ministerio  Fiscal  solicita  la  desestimación  de  la  queja  tras  considerar  fundada  la 
aplicación, en este caso, de la denominada «doctrina de la ubicuidad», según la cual, el 
delito se comete en cualquiera de los territorios donde se realizan algunos de los 
elementos del tipo. Por lo que concluye afirmando que «la argumentación desplegada 
tanto en las diversas resoluciones anteriores al juicio oral, como en la sentencia, ha sido 
fuertemente motivada y resulta más que suficientemente razonada y razonable, amén de 
no  contradictoria  con  sus  precedentes».  En  la  causa  se  habría  hecho  patente  «la 
existencia de componentes de internacionalización y extraterritorialidad respecto de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y la necesidad de instruir y enjuiciar conjuntamente a 
aforados y no aforados para evitar decisiones contradictorias y la ruptura del relato 
histórico que podría derivarse de una eventual fragmentación del hecho justiciable», 
evitando con ello –también– dilaciones indebidas.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula también la 
desestimación de esta queja. Con referencia a la STC 183/1999, de 11 de octubre, 
considera  que  «no  se  desprende  del  motivo  desarrollado  por  el  demandante  una 
interpretación  "manifiestamente  errónea,  irrazonable  o  arbitraria"  en  el  modo  así 
considerado por este tribunal respecto a la competencia del Tribunal Supremo para 
enjuiciar los hechos de la que trae causa el presente recurso de amparo». Añade que 
nunca podría darse la vulneración de este derecho puesto que el propio artículo 2 del 
Protocolo 7 CEDH, en su apartado segundo, establece que el derecho al doble grado de 
jurisdicción penal «podrá ser objeto de excepciones […] cuando el interesado haya sido 
juzgado  en  primera  instancia  por  el  más  alto  tribunal,  lo  que  refuerza  la  falta  de 
fundamento del presente motivo del recurso». Admite que, aunque en este caso pueda 
ser sometido a debate el ámbito geográfico de los delitos investigados y enjuiciados, 
«cuando no se puede decidir la competencia exactamente porque no se conoce el lugar 
o porque se duda –como es el caso– debemos acudir a la teoría de la ubicuidad», 
conforme a la cual, «[e]l delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya 
realizado algún elemento del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que 
primero haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio competente para la 
instrucción de la causa» (acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005).
Dado que lo que se cuestiona en la demanda es la interpretación que la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo ha hecho de las normas que establecen la competencia para 
la averiguación y enjuiciamiento de los hechos y delitos atribuidos al recurrente y otros  s
acusados, la cual ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones durante el desarrollo de la  oe.
causa  penal,  iniciaremos  nuestro  análisis  exponiendo  el  razonamiento  judicial  que  w.
djues tliafi ccóo mlap aesteunncciiaó no binjeictiiavla,  lpaa prao setnejruioicr iaerx tleans spiórent ean ostiroonse isn vaecsutsigaatodroiass,  yfo erml mulaandtaesn.imiento  2021-1130n https://w
4.2  Respuesta del órgano judicial.
4.2.1  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió y mantuvo su competencia 
objetiva para la averiguación y el enjuiciamiento de los hechos atribuidos al demandante, y al 
resto de personas acusadas en la causa, en aplicación de la siguiente base normativa:
(i)  El art. 57.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), conforme al cual:
«1.  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
[…]
2.  De la instrucción y enjuiciamiento […] de las causas que, en su caso, determinen 
los Estatutos de Autonomía».
(ii)  El  art.  57.1  y  2  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  (EAC;  Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña), que 
establece el aforamiento parlamentario de los diputados autonómicos:
«1.  Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que 
emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos 
concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.
2.  En las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible 
en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».
(iii)  El artículo 17.1 y 2 LECrim, que, al regular el enjuiciamiento de delitos conexos, 
señala:
«1.  Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.
No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa 
cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes 
para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes 
salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.
2.  A  los  efectos  de  la  atribución  de  jurisdicción  y  de  la  distribución  de  la 
competencia se consideran delitos conexos:
1.º  Los cometidos por dos o más personas reunidas.
2.º  Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 
precedido concierto para ello.
3.º  Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
[…]».
(iv)  El artículo 272, párrafos segundo y tercero LECrim, según el cual:
«Si  el  querellado  estuviere  sometido,  por  disposición  especial  de  la  ley,  a 
determinado tribunal, ante este se interpondrá la querella.
Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por 
dos o más conexos y alguno de aquellos estuviere sometido excepcionalmente a un 
tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general, del delito».
4.2.2  De las decisiones adoptadas a lo largo de la causa se deriva que han sido  es
tres los criterios concurrentes tomados en consideración por la Sala de lo Penal del  o
Tribunal Supremo para afirmar su competencia objetiva: 4ww.
todo( i)e l Ldae sparrerrorlolog adtiev al ad ec aaufosraa,m uinean too  evsapreiacsia ld pea rlalasm peenrtsaorinoa: sd eas dlaes s uq uinei csioe,  yre dfeurríaan tlae   2021-1130n https://w
qmuaenrteullvaie r–odne lsap cuoénsd iscoiómn edteid adsip uata dinovse dsetigl Pacairólanm, epnrotoc edsea Cdaasta luoñ afi.nalmente  acusadas–,  BOE-A-cable e
En el momento inicial, al ejercer el Ministerio Fiscal la acción penal ante el Tribunal 
Supremo,  todos  los  querellados,  menos  uno,  formaban  parte  de  la  diputación 
permanente  del  Parlamento  de  Cataluña  –una  vez  fue  disuelto  por  Real 
Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de 
Cataluña y de su disolución–. Como se desprende de los antecedentes que se recogen 
en las SSTC 4/2020, 9/2020, 11/2020, 23/2020, 36/2020, 38/2020, 97/2020, 193/2020 
y 194/2020, poco después, una vez acumuladas las causas por conexidad procesal, 
otras personas coencausadas –no así el recurrente– se postularon y fueron elegidas 
para integrar el Parlamento constituido tras las elecciones autonómicas celebradas el 21 
de diciembre de 2017. E iniciado ya el juicio oral ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo en febrero de 2019, tras las elecciones generales celebradas el 28 de abril 
de 2019, algunos acusados pasaron a integrarse como diputados o senador en las 
Cortes Generales (art. 57.2 EAC). Otros, en fin, concurrieron y fueron elegidos diputados 
del Parlamento Europeo tras las elecciones desarrolladas con tal fin el 26 de mayo 
de 2019, adquiriendo así las prerrogativas que les reconoce el Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.
(ii)  La ubicación geográfica de los hechos imputados y enjuiciados: como veremos 
a continuación, el relato fáctico que dio sustento a la querella inicial y a los escritos de 
acusación formulados afirmaba, en cada caso, la realización de algunos hechos típicos 
fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana (art. 57.2 EAC).
(iii)  La apreciación de conexidad procesal entre los delitos investigados en las 
diversas causas acumuladas: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que los 
hechos  investigados  en  las  actuaciones  penales  dirigidas  contra  varias  personas 
acusadas no aforadas, entre ellas el recurrente, eran plenamente coincidentes con los de 
aquellas otras causas que se seguían contra los que sí tenían reconocida la prerrogativa 
parlamentaria de aforamiento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, de manera que 
los delitos a que se referían eran procesalmente conexos y debían ser investigados y 
enjuiciados en una sola causa (arts. 17.1 y 2, y 272 LECrim).
Así se describe en las diversas resoluciones que, sobre la propia competencia, han 
sido dictadas en el desarrollo de la causa. Son paradigmáticos en este sentido el auto 
de 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica por auto de 18 de diciembre de 2017), 
por el que la querella fue admitida a trámite, y el auto de 27 de diciembre de 2018, por el 
que la sala de enjuiciamiento desestimó las peticiones de declinatoria de jurisdicción 
propuestas  como  artículo  de  previo  pronunciamiento  por  los  acusados  (art.  666.1 
LECrim), que fue también ratificado en súplica por auto de 18 de enero de 2019.
4.2.2.1  La decisión inicial de admisión a trámite de la querella, formulada por los 
delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos (auto de Sala de 31 de 
octubre de 2017), justifica la asunción de competencia para la averiguación de los 
hechos imputados identificando en primer lugar la ya citada norma delimitadora del 
aforamiento de los parlamentarios (art. 57.2 EAC), y aquella otra que permite afirmar que 
todos  los  querellados,  menos  uno,  mantenían  en  ese  momento  su  condición 
parlamentaria por formar parte de la diputación permanente de la entonces disuelta 
asamblea legislativa catalana [art. 24 d) del Reglamento del Parlamento de Cataluña].
A continuación, la sala explica que la regla de aforamiento no atiende únicamente a 
la condición parlamentaria de los inicialmente investigados (condición que nunca ha sido 
cuestionada), sino que, para determinar el juez competente, la norma obliga también a 
tomar  en  consideración  un  elemento  geográfico  –el  lugar  de  comisión  del  hecho 
presentado como ilícito–, a tenor del cual será competente el Tribunal Superior de  e.
Justicia de Cataluña o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en función de que los  w.b
lhae qchuPoeasrre aal ltadr,eib tsueeird maofisinr matera nengs actano  múlulotgim adrae e liccnitr icevulo ntses,r trsaitinnoc rpiioar o,d nleau  lSnaca cilaaor msaetui ensnoiddbaerde a  asl uuret órlaentaoolmi ddaae d oh  oefu cleahr oeasx  diqseut eeén,l. ceian   2021-1130n https://w
ddee sicnrditiociso s bqaujeo  lose la vaelneunn. cEiand sou  e«xAasmpeenc tcoosn stinattear nqaucei,o enna leels a pdaert adlao  29d edcela lorasc hióenc hodse, 
independencia de Cataluña», el Ministerio Fiscal sitúa la ejecución de parte de los 
hechos imputados fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.
Así, en la querella, considera el fiscal que la celebración de una consulta, a modo de 
referéndum, sobre la independencia del territorio de Cataluña, constituía el elemento 
central del delito de rebelión imputado a las personas querelladas, señalando que, en su 
fase  preparatoria,  el  Gobierno  de  la  Generalitat,  decidido  a  promover  y  celebrar 
unilateralmente dicha consulta, desarrolló una campaña internacional de imagen, dirigida 
a justificar la necesidad de intercesión de la comunidad internacional en su propósito 
secesionista. Con este fin, en enero de 2016, constituyó un departamento de asuntos 
exteriores,  relaciones  internacionales  y  transparencia,  atribuyendo  en  él  un  papel 
relevante a las delegaciones en el exterior, cuya partida presupuestaria fue incrementada 
en más del 100 por 100 con el fin de preparar el proceso constituyente de la república 
catalana.  Centra  también  su  imputación  en  el  Consejo  de  Diplomacia  Pública  de 
Cataluña  (Diplocat)  a quien correspondía la labor  de lobby internacional  realizando 
actividades de difusión de la pretensión de independencia (foros, visitas organizadas, 
información  en  Internet,  formación  de  activistas  como  observadores  en  procesos 
electorales, diversos contratos con organizaciones de los países donde radican las 
sedes en el exterior para promover y favorecer la pretensión de independencia).
Entre los hechos realizados en el exterior, se incluyen en la querella las páginas web 
internacionales creadas desde el Gobierno de la Generalitat para informar y facilitar la 
participación  en  la  consulta  ilegal  promovida;  sitios  web  que,  tras  ser  clausurados 
judicialmente otros radicados en España, se localizaron en terceros países para eludir el 
control de las autoridades españolas. A las delegaciones en el exterior se les otorga en 
la querella un papel trascendental en el transcurso de la consulta sobre la independencia 
que se intentó celebrar el 1 de octubre de 2017: facilitaron el voto de los ciudadanos 
catalanes residentes en el exterior, crearon un registro y modelos impresos, recogían y 
custodiaban  las  papeletas  de  los  ciudadanos  que  decidían  participar  y,  realizaron 
también su escrutinio. Se refiere también a la participación de diversos voluntarios 
observadores en el desarrollo de la consulta del 1 de octubre, asistencia que considera 
fruto de la actuación de Diplocat. A los expuestos se añaden en el relato de la querella 
otros aspectos denominados como «efectos internacionales» de la actuación imputada, 
aunque la sala de admisión, al asumir la competencia, ya determinó como premisa que 
«no cabe confundir el resultado del delito con los efectos del delito, por más que estos 
puedan implicar, por su propia naturaleza, la destrucción del Estado de Derecho».
A partir de esta constatación, la sala de admisión aclara que, conforme a criterios ya 
establecidos por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando los 
hechos imputados se ejecutan en diversos lugares, el delito se entiende cometido en 
todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo (acuerdo 
de 3 de febrero de 2005 del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal), por lo que la 
competencia objetiva se atribuye al juez de cualquiera de las jurisdicciones territoriales 
que primero haya iniciado las actuaciones procesales dirigidas a la instrucción de la 
causa.
La resolución analizada concluye señalando que «el relato que sirve de soporte 
fáctico a la querella entablada por el Ministerio Fiscal […] parte de la base de una 
estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como 
protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales 
ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el espacio funcional que le es propio. La existencia de una actuación ejecutada fuera de  s
España, tendencialmente dirigida a hacer realidad el designio independentista, permite  oe.
tener por colmada, […] a los exclusivos efectos de determinar la competencia objetiva, la  w.
rlpaee frecfreoecmntacpmieat eegnnetceoi gaer xádpfielci caae abs tlleaa,   qSau aleala  e.h l oEarlra t .c d5ae7r á.v2ca tdleoerr la pEr luslatra isvtuuebtrodje adtdieve oAr aud teeonln toiddmealídiat o dd eed  ecC aardetaab lueuñlnióaan  ad seho aclcaiaes    2021-1130n https://w
afinpaolritdaacdio nqeuse  ianndiimvidau laal easc, cuiónn  r–elpaa rdtoe cdlaer accoiómn edtideo isn deenp eenld eqnucei al ad ec oCinactiadleunñcaia–  teonle rlaa   BOE-A-cable e
contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en 
diferentes puntos geográficos».
La decisión de asumir la competencia objetiva para la investigación de los hechos 
objeto de querella indicó, finalmente, que «será la instrucción la que ponga de manifiesto 
la procedencia o improcedencia de reclamar para esta Sala, como sugiere el Ministerio 
Fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos 
jurisdiccionales, pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí 
van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados».
4.2.2.2  Siguiendo  este  último  criterio  de  conexidad  procesal  entre  los  delitos 
investigados,  el  magistrado  instructor  acordó  la  extensión  subjetiva  del  ámbito  de 
investigación  a  otras  personas,  entonces  no  aforadas  (auto  de  24  de  noviembre 
de 2017). Concretamente, al presidente de la asociación Asamblea Nacional Catalana y 
al recurrente que, por aquellas fechas, era presidente de la asociación Òmnium Cultural. 
La extendió también a quienes habían sido miembros del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña en la legislatura anterior, ya disuelta. Poco tiempo después, por medio de auto 
de 22 de diciembre de 2017, la investigación se amplió «a los presidentes y portavoces 
de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña».
La extensión de la competencia a los nuevos investigados no aforados se justificó en 
la  existencia  de  plena  coincidencia  entre  los  hechos  denunciados  en  las  diversas 
actuaciones penales ya iniciadas; se apreció, además, la eventual existencia de «una 
estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como 
protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales 
ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el espacio funcional que le es propio».
El  instructor  consideró  que  los  hechos  atribuidos  a  las  personas  no  aforadas 
mantenían una conexión material inescindible con la conducta imputada a las personas 
cuyo estatus parlamentario les reconocía aforamiento (art. 57.2 EAC). Añadió que la 
unificación de las actuaciones en una sola causa, ante la Sala Penal del Tribunal 
Supremo, venía justificada por una finalidad funcional «concretada en la facilitación de la 
tramitación  y  en  resolver  los  problemas  derivados  de  la  inescindibilidad  del 
enjuiciamiento, lo que se manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los que el 
objeto  del  proceso  se  configura  por  una  unidad  delictiva,  con  una  pluralidad  de 
partícipes, supuestos estos, específicamente contemplados en los números 1 y 2 del 
artículo 17 de la LECrim».
Concluyó su razonamiento señalando que «aunque es evidente que la intervención 
de los distintos actuantes ha tenido una sustantividad material propia, lo que marca la 
necesidad del enjuiciamiento conjunto es que no pueda alcanzarse un pronunciamiento 
sobre el objeto del proceso si no se analizan integralmente las actuaciones desarrolladas 
por aquellos y el cuadro de intenciones que les inspiraba. Una agrupación procesal que 
afecta necesariamente a la competencia y que viene expresamente prevista en nuestro 
ordenamiento jurídico en el artículo 272 de la LECrim».
4.2.2.3  A su vez, mediante auto de 27 de diciembre de 2018 (confirmado en súplica 
por otro de 18 de enero de 2019), una vez ratificada la conclusión del sumario, declarada 
la  apertura  del  juicio  oral  y  formulados  los  escritos  de  acusación,  la  sala  de 
enjuiciamiento,  al  desestimar  las  diversas  peticiones  de  declinatoria  de  jurisdicción 
planteadas  por  las  defensas,  se  remitió  a  los  criterios  expuestos  en  los  anteriores 
pronunciamientos dictados en la fase de instrucción, aplicándolos ahora a los hechos 
imputados en los escritos de calificación provisional. s
De nuevo, como presupuesto metodológico, destacó la Sala que en nuestro sistema  oe.
procesal «el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva», pues se dibuja de  w.
uipnnrvoaec slfaotimrgmaacar,i o intnacemispb;i eicénonten  secindo ener lal a p tdalaemnnobu inéincndi aqic uoiae qr i«uoee, lrl eoalslua t eoyl e dsmee  evpnarto opcsee rsffáailcamtniicedonost  ocs oopnbeforremrm iltoees  aa vql auinnesz tahrunac  ltdaoesr    2021-1130n https://w
faijpaodyoa resne  llaa sc ocmonpceltuesniocinae dse yl  trcibounn aels»a.  Pparorav islaio Snaallaid, a«de ssee  oibnjiectiaon q uloesd ad epbroavteissio dneall mjueinctioe   BOE-A-cable e
oral». Por ello, «el momento procesal en el que se encuentra la causa –tramitación de 
los artículos de previo pronunciamiento– define un marco procesal renovado que exige 
del órgano de enjuiciamiento ponderar si los presupuestos sobre los que descansa 
nuestra competencia siguen presentes o si, por el contrario, aconsejan su reexamen». 
Continúa la Sala señalando que tal reexamen, una vez las acusaciones pública y popular 
han presentado sus conclusiones provisionales, ha de realizarse exclusivamente a partir 
de  la  afirmación  fáctica  que  les  sirve  de  sustento.  De  esta  forma,  lo  que  permite 
determinar el órgano de enjuiciamiento es el contenido de la pretensión acusatoria, pues 
incorpora al proceso el relato fáctico que va a ser su objeto de análisis y asocia a dicho 
relato la calificación jurídica pretendida y la pena imponible, para el caso de que los 
hechos que son presupuesto de la acusación resulten acreditados en el plenario.
En tal medida, la Sala constata en su resolución que tanto la acusación del Ministerio 
Fiscal y de la acción popular por delito de rebelión, como el relato fáctico sobre el que se 
construye la pretensión acusatoria por el delito de malversación de caudales públicos 
(que no se imputa al demandante), incorpora también hechos que desbordan el límite 
territorial de la comunidad autónoma catalana (apartado 3.1 del fundamento de Derecho 
tercero),  sin  que  sea  relevante  que  el  auto  de  procesamiento  no  se  refiriera 
provisionalmente a hechos realizados fuera de España, pues el relato fáctico del auto de 
procesamiento  no  cierra  la  posibilidad  de  acusación  por  hechos  que,  sin  ser 
extravagantes a él, se encuentren en estrecha conexión con dicho relato.
Sucintamente expuestos, tal y como se recogen en los escritos de calificación, los 
hechos  objeto  de  acusación  realizados  fuera  de  Cataluña  por  algunos  de  los 
investigados,  luego  acusados,  fueron  los  siguientes:  las  concretas  iniciativas  de 
búsqueda de la legitimación internacional mediante la creación de estructuras de Estado, 
incluidas las de acción exterior, dirigidas a preparar, financiar y legitimar la celebración 
del referéndum, con financiación de actuaciones realizadas fuera de España, incluido un 
contrato dirigido a «internacionalizar» la consulta, para la inserción publicitaria de una 
conferencia sobre la consulta en diversos medios internacionales de prensa escrita; 
todas estas actuaciones estaban al servicio de la pretensión independentista; se hace de 
nuevo referencia a la creación del departamento de asuntos exteriores de la Generalitat, 
al incremento de las delegaciones exteriores en países europeos, en la Unión Europea y 
en  Estados  Unidos,  y  a  la  realización  de  una  campaña  internacional  de  imagen, 
protagonizada  por  Diplocat,  consorcio  público-privado  que  actuaría  en  completa 
vinculación con el Gobierno catalán, a modo de cuerpo diplomático, que firmó contratos 
fuera  de  España  con  mediadores  y  consultores  que  facilitarían  encuentros  que  se 
consideraban útiles para promover la aceptación de la realización del referéndum; en 
tales actividades también habría coadyuvado Òmnium Cultural; se incluye también la 
referencia  a  la  creación  y  mantenimiento  de  webs  internacionales  dirigidas  a  la 
internacionalización del proceso independentista; en el conjunto de actividades dirigidas 
a ese mismo fin se incluyen por las acusaciones la contratación y financiación de 
expertos y observadores internacionales para dar una apariencia de normalidad a la 
pretendida votación. Según estas acusaciones, las conductas descritas, además de 
cooperar en el ilegal designio independentista unilateral (que calificaron como delito de 
rebelión), serían constitutivas de otro de malversación de caudales públicos.
La Sala concluyó entonces señalando que «la competencia de esta Sala para el 
enjuiciamiento de los hechos que son objeto de acusación fluye del propio relato que 
ofrecen el fiscal, la abogacía del Estado y la acción popular para justificar la imputación 
de sendos delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Los arts. 57.2 del  s
Estatuto de Autonomía de Cataluña, y 73.3 a) LOPJ, no admiten otro desenlace cuando  oe.
los hechos se sitúan por las acusaciones fuera del ámbito de la comunidad autónoma  w.
rcueabatiacliuzlaaidnnaa d»a».lg ,L uasne ocgsoú ndnce llu alos iscó unea letlo memle adn eteolnist o co obsnejes ticidvoeomrsa ecoti eós nue bndj eec tinuvuaoelsqv udoiee llra at id pdeoen,  oplomosri  nltoae drqrauit oe«r d«ioolasc  tadritonrinabd udece ió slaen    2021-1130n https://w
vpioorl eenlt ofsis cpael roa  vainlgcuunlaodso sd ea ll oes lepmroecnetos adteonsd ednec iaalc tdoes l edjeecliutoti vpoosr,  neol  qnueec essea rifaomrmenutlae   BOE-A-cable e
acusación  (cfr.  art.  472.5  [CP]),  justifica  la  aplicación  del  art.  57.2  del  Estatuto  de 
Autonomía que señala a esta Sala como el órgano competente para la investigación y 
enjuiciamiento de hechos ejecutados fuera del territorio de la comunidad autónoma».
Para  la  Sala  no  obsta  a  lo  expuesto  que,  al  igual  que  la  de  Cataluña,  otras 
comunidades autónomas cuenten con delegaciones en el exterior, pues lo relevante no 
es  su  existencia,  sino  la  acusación  de  que  fueron  puestas  al  servicio  de  fines 
secesionistas. Rechaza también que se pueda cuestionar que el resultado de los delitos 
de malversación por los que se formula acusación se haya producido fuera del ámbito 
territorial catalán, dado el principio de unidad patrimonial que inspira la regulación del 
patrimonio de las administraciones públicas.
Y al analizar específicamente la jurisprudencia previa que le fue alegada como 
término de comparación, concluye que, debido a los delitos investigados en aquellos 
precedentes, se trata de supuestos objetivamente distintos, por lo que la asunción de 
competencia cuestionada no contradice las resoluciones a que se refieren las defensas 
de los acusados (autos de la Sala de lo Penal de 12 de noviembre de 2014 y 26 de abril 
de 2006). Tampoco considera término de comparación suficiente el contenido de los 
pronunciamientos previos de otros tribunales –singularmente el Tribunal Superior de 
Justicia  de  Cataluña–  pues  el  criterio  razonado  de  decisión  de  la  Sala  no  queda 
vinculado por los que hayan utilizado otros órganos judiciales al abordar las causas que 
a ellos se les han planteado.
Por  último,  atendiendo  objetivamente  a  la  naturaleza  colectiva  y  estructura 
subjetivamente plural de algunos de los delitos imputados, la Sala argumenta en favor de 
la  inescindibilidad  de  los  hechos  sometidos  a  valoración  judicial;  circunstancia  que 
aconseja y justifica que sean enjuiciados conjuntamente los acusados aforados y otros 
que no disponen de dicha prerrogativa parlamentaria. En tal sentido, se añade que «[…] 
la estructura de los tipos por los que se formula acusación es incompatible con un 
enjuiciamiento separado por órganos jurisdiccionales diferentes. La inescindibilidad del 
hecho –tal y como se describe por el fiscal– sugiere evitar la artificial fragmentación del 
objeto del proceso, dificultando sobremanera el enjuiciamiento de los hechos que se 
califican  como  constitutivos  de  delitos  de  rebelión  y  malversación  que,  en  su 
configuración legal, se presentan como un único tipo agravado (cfr. arts. 472 y 473.2 
CP)».
4.2.2.4  Estos  mismos  criterios  fueron  expuestos  en  la  sentencia  condenatoria, 
de 14 de octubre de 2019, al justificar la desestimación de las cuestiones previas 
planteadas por algunos acusados [FJ A) 4]. En ellas, alegando de nuevo la vulneración 
del derecho al juez predeterminado por la ley, discutieron la competencia de la sala de 
enjuiciamiento. Con remisión a los autos ya reseñados, la Sala complementó la decisión 
de mantenimiento de su competencia de enjuiciamiento argumentando de forma más 
extensa  sobre  la  vigencia  y  fundamento  de  la  doctrina  de  la  ubicuidad;  sobre  la 
naturaleza colectiva de los delitos de rebelión y sedición, que constituye un elemento 
diferenciador de la acusación formulada en esta causa frente a los precedentes alegados 
por las defensas como término de comparación; acerca de la inescindibilidad de la causa 
en relación con la acusación por delito de rebelión y de malversación de caudales 
públicos, dada la conexión material o instrumental de los hechos y delitos imputados; y 
en relación con el carácter no vinculante que la jurisprudencia de un tribunal superior de 
justicia tiene para el Tribunal Supremo. La decisión de condena fue ratificada en los 
mismos términos al desestimar las peticiones de nulidad de actuaciones planteadas por 
los condenados (auto de 29 de enero de 2020). s
4.3  Doctrina jurisprudencial. w.b
sustLaan cpiaelrmspeenctetiv iad épnlatinctae aad ala p aonr aelli zdaedma apnodra netle P dleen aom epna rloa sa lr efucniednatmese nStaSrT sCu  3q4u/e2ja0 2e1s,   2021-1130n https://w
dpere s1e7n dtaed faesb rpeorro ,o tyr a9s1 d/2o0s2 p1e, rdseo n2a2s  dceo aacbursil,a dqause  qreuseu healvne ns idlaos  cpornedteennsaidoanse se nd ela a mmipsamroa 
causa penal; en tal medida, la doctrina constitucional que se sintetiza a continuación es 
en todo coincidente con la expuesta al fundamentar dichas resoluciones.
a)  El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley es una 
consecuencia necesaria del principio de división de poderes. En favor de todos los 
ciudadanos, está reconocido en el art. 24.2 CE y se proyecta tanto sobre el órgano 
judicial  como  sobre  sus  integrantes.  Desde  sus  primeros  pronunciamientos 
(STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2), este tribunal ha tenido ocasión de determinar tanto 
el fundamento como el contenido del derecho alegado.
A tenor de dicha doctrina, hemos reiterado que su contenido exige, en primer lugar, que 
el órgano judicial al que se atribuye un asunto litigioso haya sido creado previamente por la 
norma jurídica, que esta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al 
hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no 
permita calificarle de órgano especial o excepcional. La generalidad y la abstracción de los 
criterios legales de atribución competencial garantiza la inexistencia de jueces ad hoc; la 
anterioridad de tales criterios al caso a enjuiciar garantiza que una vez determinado en 
concreto el juez de un caso en virtud de la aplicación de las reglas competenciales 
establecidas en las leyes, no podrá ser desposeído de su conocimiento en virtud de 
decisiones tomadas por órganos gubernativos (SSTC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4, 
y 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 8).
En  segundo  término,  en  relación  con  quienes  lo  integran,  el  derecho  alegado 
garantiza también que la composición del órgano judicial venga determinada por la ley y, 
además, que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido 
para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente 
(SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ2, y 93/1988, de 24 de mayo, FJ 4). La garantía no 
sería eficaz si bastase con determinar legalmente el órgano judicial, pero pudieran 
designarse o alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, 
van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de 
adoptarse.
A través de ambas exigencias, que son fuente objetiva de legitimación de su función, 
se trata de garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales, lo que 
constituye  el  interés  directo  protegido  por  el  derecho  al  juez  ordinario  legalmente 
predeterminado  que,  como  analizaremos  más  adelante,  viene  proclamado  también 
expresamente, aunque con distinta dicción, en el art. 14.1 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos y en el art. 6.1 del Convenio para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Dados los términos del debate que se plantea en la demanda, en tanto se cuestiona 
únicamente  la  competencia  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  para  la 
investigación y enjuiciamiento de los hechos atribuidos al demandante, entre otros, 
resulta oportuno recordar que aunque la determinación del órgano judicial competente 
para conocer de un asunto exige siempre una operación de subsunción en la norma 
general  previa  que  atribuye  la  competencia,  la  jurisprudencia  de  este  tribunal  ha 
establecido, también desde sus primeras resoluciones, que la previsión contenida en el 
art.  24.2  CE  no  va  encaminada  a  dilucidar  en  una  instancia  final  cuestiones  de 
competencia o conflictos jurisdiccionales (STC 49/1983, de 1 de junio, FJ 8).
No  le  corresponde  a  este  tribunal  decidir  en  amparo  simples  cuestiones  de 
competencia entre órganos que pertenecen todos a la jurisdicción ordinaria, ya que la 
manera en que se apliquen los criterios legales de delimitación de competencias entre 
ellos no es materia que, por sí sola, sea objeto del derecho fundamental reconocido por  e.
el art. 24.2 de la Constitución (SSTC 43/1985, de 22 de marzo, FJ 2, y 93/1988, antes  w.b
adcilit satjurdiebazu). c Eoiórnnd  itnadale rm ioce odpmirdepade, etheteenmrcmioaisns  areedniotet rrpeao drloo sl aq  uóleerg y«a nncooo snc  ajebuler i sdcdeoircnecfcuiohnnoda irla ee slq  cusoeen  tlieannstei drnpoor dremetela nds e ersneo cbuhrnoe    2021-1130n https://w
fdaevtoerr mdien ajudzog saednotsid yo »tr.i bLuan aatlerisb udceiól ne jqeurceic eiol  adret.  l1a1 p7o.3te dseta lda  jCuroisndsitcitcuiocinóanl  lelenv ato dao c atipboo  edne 
procesos, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan,
supone  que  «la  interpretación  de  las  normas  que  regulan  la  competencia,  y,  por 
consiguiente, la determinación de cuál sea el órgano competente, es cuestión que 
corresponde  en  exclusiva  a  los  propios  tribunales  de  la  jurisdicción  ordinaria  y  los 
criterios  de  aplicación  de  la  delimitación  de  competencias  entre  distintos  órganos 
jurisdiccionales no constituyen por sí solos materia que sea objeto del derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley» (STC 183/1999, de 11 de octubre, FJ 2, con cita de 
otras anteriores).
No  obstante,  en  este  aspecto,  hemos  reconocido  que  el  derecho  al  juez 
predeterminado por la ley puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga 
indebida e injustificadamente de aquel al que la ley lo atribuye para su conocimiento, 
manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta 
arbitrariedad. Con el fin de evitar tan indeseado efecto, aunque no corresponde al 
Tribunal Constitucional juzgar el acierto o desacierto del órgano judicial en el proceso de 
selección e interpretación de la norma aplicable, sí le compete revisar en su análisis que 
la interpretación y aplicación de las normas de competencia realizadas por el órgano 
jurisdiccional  ordinario  sean  fundadas  en  Derecho,  esto  es,  no  resulten  arbitrarias, 
manifiestamente irrazonables o consecuencia de un error fáctico patente (ATC 262/1994, 
de 3 de octubre, FJ 1, y STC 70/2007, de 16 de abril, FJ 4), pues si así fuera, el efecto 
de tan improcedente aplicación de la norma desconocería el monopolio legislativo en la 
determinación previa del órgano judicial que ha de conocer del caso.
b)  Dado que forman parte de una cultura europea común, los criterios que definen 
la doctrina de este tribunal sobre la necesidad de predeterminación legal de los órganos 
judiciales, de quiénes han de integrarlos y de la competencia que les corresponde, son 
semejantes  a  los  que,  desde  sus  primeras  resoluciones,  se  desprenden  de  la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos.  La  semejanza  no  se 
extiende solo a la definición del contenido del derecho y a su fundamento, sino también 
al criterio de análisis utilizado para abordar las quejas que en esta materia le han sido 
presentadas.
De acuerdo con lo establecido en el art. 6.1 CEDH: «Toda persona tiene derecho a 
que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un 
tribunal independiente e imparcial, establecido por ley». El tribunal europeo ha señalado 
que esta última expresión es reflejo del principio del Estado de Derecho, dado que un 
órgano  judicial  no  establecido  conforme  a  la  voluntad  del  legislador  carecería 
necesariamente de la legitimidad requerida en una sociedad democrática para oír la 
causa de un particular. La exigencia de previsión legal se extiende tanto al órgano mismo 
como a sus integrantes y, en tal medida, abarca la interpretación y aplicación de las 
normas  relativas  a  los  mandatos,  las  incompatibilidades  y  la  recusación  de  los 
magistrados (SSTEDH de 22 de febrero de 1996, asunto Bulut c. Austria, § 29; de 22 de 
junio de 2000, asunto Coëme y otros c. Bélgica, y de 28 de noviembre de 2002, asunto 
Lavents c. Letonia).
En  otros  pronunciamientos  (sentencia  de  5  de  octubre  de  2010,  asunto  DMD 
GROUP,  A.S.  c.  Eslovaquia),  el  tribunal  europeo  ha  destacado  que  la  expresión 
«establecido por la ley» tiene por objeto asegurar «que la organización judicial en una 
sociedad democrática no dependa de la discrecionalidad del poder ejecutivo, sino que 
esté regulada por la ley emanada del Parlamento» (asunto Zand c. Austria, informe de la 
Comisión de 12 de octubre de 1978). Incluso cuando existe una previsión legal expresa, 
la organización del sistema judicial no puede quedar a la valoración discrecional de las 
autoridades judiciales. Lo dicho no significa que los tribunales no tengan cierta libertad  s
para interpretar la legislación nacional relevante (SSTEDH de 22 de junio de 2000,  oe.
asunto Coëme y otros c. Bélgica, antes citado, § 98, y de 28 de abril de 2009, asunto  w.
Slvaiao ivlnaitnceoiró pnyr  eodttaercol isóa nrct .í dcIuetal ollia as6) .. n1Ao uCrmnEqaDusHe  r cecoguruarlenasddpooo rnasdse,e  c seounn  isnptcraiumteme pur lnilmuag ieavniro taloa  clcoioósnn tl rleifblvauagn,r aaelnents ep  nrdianecc iiodpniicoah,l ealass    2021-1130n https://w
sporebvreis icoonmesp,e tneon ccioan ( sreanztóenn cdiae  duen 2a8 m deer nao dviiescmrebprea ndcei a2 0d0e2 ,i natseurpnrteot aLcaivóenn tdse c .l aLse tnoonriam)a.s  BOE-A-cable e
Al respecto, la Corte ha recordado que el artículo 6 CEDH no concede al imputado el 
derecho a elegir la jurisdicción que le juzgará, por lo que, en protección del derecho 
analizado,  la  tarea  que  le  corresponde  se  limita  a  examinar  si  existían  motivos 
razonables  (no  arbitrarios)  que,  conforme  a  la  previsión  legal,  justificaran  que  las 
autoridades del Estado se declarasen competentes para conocer del asunto (sentencia 
de 12 de julio de 2007, asunto Jorgic c. Alemania, § 64 a 72 referida al enjuiciamiento 
por actos de genocidio cometidos fuera de Alemania).
4.4. Resolución de la queja.
4.4.1  Como señalamos antes, el análisis de la queja planteada por el demandante 
permite distinguir tres motivos nucleares en los que sustenta la alegada vulneración del 
derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
a)  De una parte, el demandante sostiene que el Tribunal Supremo se ha atribuido la 
competencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa penal modificando el criterio 
establecido previamente de forma reiterada en diversas resoluciones que cita como 
referencia, y apartándose del utilizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al 
resolver casos precedentes.
b)  En segundo lugar, difiere de varios de los criterios utilizados por la Sala para 
afirmar su propia competencia de investigación y enjuiciamiento de la causa.
c)  Por último, considera que es inconstitucional la previsión establecida en el art. 21 
LECrim, según la cual, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no puede formar o 
promover competencias, y ningún juez, tribunal o parte podrá promoverlas contra él; 
norma esta que considera derogada por la Constitución, pues la entiende contraria al 
contenido del derecho al juez legalmente predeterminado.
A partir de la concreta vertiente del derecho fundamental alegado por el demandante 
y la doctrina jurisprudencial que sobre su contenido ha sido expuesta en el anterior 
subepígrafe tercero, la cuestión que hemos de resolver se concreta en determinar si las 
resoluciones judiciales por las que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió la 
competencia para la investigación de los hechos atribuidos en la querella, la extendió 
después a los no aforados por razones de conexidad procesal e inescindibilidad de la 
causa y, finalmente, la mantuvo para el enjuiciamiento de los hechos que dieron sustento 
a  la  pretensión  acusatoria  se  apoyan  en  razonamientos  arbitrarios,  irrazonables  o 
basados  en  un  error  fáctico  patente  que  deriva  de  las  actuaciones.  Como  hemos 
señalado antes, solo en el caso de que pueda concluirse que el asunto ha sido sustraído 
de forma injustificada al órgano judicial al que la ley lo atribuye para su conocimiento, 
mediante una manipulación arbitraria de las normas legales aplicables, la discrepancia 
expresada por el demandante presentará relieve constitucional, más allá de exteriorizar 
una  diferencia  razonada  de  criterio  con  la  interpretación  judicial  de  la  ley  procesal 
aplicable.
Dada la delimitación progresiva de su objeto, debemos hacer una consideración 
previa acerca de las peculiaridades que presenta el desarrollo del proceso penal en torno 
a  la  determinación  de  la  competencia.  En  nuestro  ordenamiento,  la  exigencia  de 
responsabilidad penal a cualquier investigado solo puede venir apoyada en una inicial 
atribución fáctica y delictiva que se expresa por referencia a dos parámetros: hechos 
supuestamente cometidos y su calificación jurídica provisional como delito. Sobre este 
presupuesto, los hechos atribuidos han de ser investigados, contrastados y, en su caso, 
declarados probados. Por otra parte, su calificación jurídica es provisional durante la fase  e.
de investigación e intermedia (SSTC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 4, y 186/1990, de 15  w.
djcuoeicm niooo  vpdiúeebmlilcibctriove,o,  ssFi  Jps oe4r ) ,m epalu nóetrsieg nsaoenl oola  dd aeecs upesunaéjucsiic ódinae,m  ppireuanectdtoiec, nat rr laocsso  nshtureabcdshiuocmtso irirmilaopmsu eetanndt eou slna   spceorrun eacbfriearmt oea ndt iuponos    2021-1130n https://w
penal.
Expuesto de forma sintética el desarrollo del proceso penal, a tenor de las normas 
que  lo  regulan  resulta  jurídicamente  indiscutible  que  la  evaluación  inicial  de  la 
competencia objetiva para la investigación de la causa solo puede tener como referencia 
los hechos atribuidos en la querella y su calificación jurídica provisional. Tampoco cabe 
discutir fundadamente que la acumulación de causas basada en su conexidad procesal, 
con la consiguiente extensión subjetiva del ámbito de investigación y enjuiciamiento, está 
expresamente prevista en la ley y tiene por finalidad facilitar el esclarecimiento de 
hechos complejos y determinar más fácilmente la responsabilidad penal procedente en el 
caso de delitos plurisubjetivos. Por último, la competencia para enjuiciamiento viene 
determinada en la ley a partir de la imputación fáctica y calificación provisional de los 
hechos realizada por las acusaciones.
A partir de estos criterios y el ámbito de control que a este tribunal corresponde en 
garantía del derecho al juez predeterminado por la ley, analizaremos cada una de las 
decisiones  que  llevaron  a  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  a  asumir  la 
competencia inicial de investigación, a extenderla a los no aforados y a mantenerla para 
el enjuiciamiento de las pretensiones acusatorias formuladas.
4.4.2  Al admitir a trámite la querella inicial (auto de 31 de octubre de 2017), para 
determinar su propia competencia, salvo que hubiese considerado que los hechos en 
que se fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito (arts. 269 
y 313 LECrim), la Sala únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a la 
relación que mantuviera con la calificación jurídica provisional que se aducía por el 
querellante (delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos). A partir 
de dicho relato fáctico y su calificación jurídica, dada la condición parlamentaria de varias 
personas querelladas, resultaban determinantes su fuero especial y el lugar de comisión 
de los hechos que se les atribuían, a la vista de la regla especial establecida en el 
art. 57.2 EAC.
Por tanto, no podemos compartir con el demandante que la asunción inicial de la 
competencia  de investigación, en  aplicación  de los  parámetros expuestos, se haya 
apoyado en valoraciones o razonamientos que puedan ser calificados como arbitrarios, 
manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente que derive de las actuaciones.
Los criterios jurídicos utilizados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –
extensamente  descritos  en  anteriores  epígrafes–  dan  cuenta  de  la  toma  en 
consideración  de  los  elementos  nucleares  de  las  normas  legales  de  atribución  de 
competencia: aforamiento especial parlamentario, lugar atribuido de la comisión del 
delito  y  conexidad  procesal  derivada  de  la  necesidad  de  esclarecer  y  valorar 
conjuntamente  los  diversos  hechos  atribuidos  a  las  distintas  personas  sometidas  a 
investigación.
Por  una  parte,  la  Sala  tuvo  en  cuenta  los  pasajes  fácticos  de  la  querella  que 
describen  los  que  denomina  «aspectos  internacionales  de  la  declaración  de 
independencia», donde se relatan como típicos hechos acaecidos fuera del territorio de 
Cataluña. En segundo término, se destaca en la resolución el carácter complejo del 
hecho atribuido, así como su carácter plurisubjetivo y colectivo, que fue expuesto por el 
Ministerio Fiscal en la querella como fruto de una estrategia concertada que presenta un 
elemento  tendencial  notorio:  declarar  la  independencia  de  una  parte  del  territorio 
español.
Es precisamente la toma en consideración de que una pluralidad de sujetos intervino 
concertadamente en el hecho atribuido lo que justificó razonadamente la decisión de 
interconectar en la misma causa contribuciones fácticas acaecidas dentro y fuera del  s
territorio de Cataluña, pues todas ellas se presentaron al tribunal como consecuencia de  oe.
un reparto de cometidos coincidentes en la finalidad que animó la acción denunciada. Se  w.
tddreeas taavvbireatur iagdrue al ach ipeóecnhr,s ocpsoe mcdtoiivv edare sg oelosnb juaqilcu dieae msndioee n ptlaoo .dqíuaen  hsaebrí aens cdien dsiedro sc oennte mdipvleardsooss,  tparnotcoe seons f assine   2021-1130n https://w
a laPs opr etrasnotnoa, ss oqnu rearzeollandaamsi,e nctoons  qeul elu tgieanr edno nqduee  vseurp ucoenst aloms ednivtee rsseo sp hroedcuhjoesro ant,r ibcuoind olas   BOE-A-cable e
calificación jurídica provisional expresada en la querella y con la condición parlamentaria 
de varios aforados. No parte la Sala de premisas inexistentes o patentemente erróneas. 
Y su desarrollo argumental no incurre en quiebras lógicas ni se aleja del tenor de la 
norma  aplicada,  sino  que,  descartando  la  identidad  objetiva  de  los  precedentes 
jurisprudenciales  alegados  por  el  demandante,  se  apoyan  en  otros,  con  expresa 
referencia a un acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que, ya en 2005, acogió la denominada «doctrina de la ubicuidad», antes 
descrita, aplicable a los casos en que un mismo delito se hubiere cometido en diversas 
jurisdicciones territoriales. Que se utilizaran criterios jurisprudenciales nuevos para un 
caso complejo como el que era objeto de investigación no permite sostener, sin más, su 
arbitrariedad. El demandante discrepa de los utilizados para extender la autoría por 
colaboración a quienes realizaran tareas dirigidas al mismo fin que los denunciados, 
pero, dada la naturaleza y características de los delitos de rebelión y sedición imputados 
(colectivos,  plurisubjetivos  y  de  resultado  cortado),  tal  discrepancia  en  Derecho  no 
constituye parámetro suficiente para justificar la vulneración ahora analizada, ni permite 
apreciar la arbitrariedad que alega en el tratamiento del presente caso.
Tampoco  resulta  fundada  la  queja  que  se  expresa  utilizando  como  término  de 
comparación la solución dada a anteriores acciones penales ya enjuiciadas pues, como 
extensamente ha argumentado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al rechazar la 
declinatoria de jurisdicción, lo relevante es que se trata de casos distintos referidos a 
hechos diferentes, que no pueden ser utilizados como término de comparación válido 
para cuestionar la decisión adoptada en la presente causa. Es un razonamiento que no 
se basa en los delitos atribuidos sino en los hechos que sirven de sustento a dicha 
calificación. En aquellos supuestos que se proponen en la demanda como elemento de 
contraste, la imputación tuvo un presupuesto fáctico distinto, y no se extendió a los tipos 
penales que han sido enjuiciados en la presente causa penal, interconectados entre sí. 
En todo caso, más allá de expresar su discrepancia al respecto, el recurrente no hace el 
mínimo esfuerzo argumental en relación con la respuesta expresa que, sobre esta 
cuestión, ha recibido del Tribunal Supremo.
En definitiva, en cuanto a la asunción de la competencia para la averiguación del 
delito  denunciado,  la  conclusión  alcanzada  es  consecuencia  lógica  de  las  razones 
jurídicas expuestas y no supone una manipulación arbitraria de la regla de distribución 
de competencias, por lo que la vulneración alegada ha de ser desestimada.
4.4.3  Como ha quedado expuesto, la extensión subjetiva de la competencia al 
demandante y a otras personas no aforadas sometidas a investigación, fue acordada por 
auto del magistrado instructor de 24 de noviembre de 2017. Aunque el demandante 
carecía de la condición de aforado, la investigación y enjuiciamiento de los hechos que 
se  le  atribuían  por  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  estaban  explícita  y 
específicamente previstos por las normas de la Ley de enjuiciamiento criminal que 
establecen el enjuiciamiento conjunto en un solo proceso de los delitos conexos cuya 
inescindibilidad sea apreciada (arts. 17.1 y 2, y 272 LECrim).
No cabe compartir la afirmación que se hace en la demanda, según la cual dicha 
apreciación se apoya en la necesidad de enjuiciamiento conjunto de los delitos de 
rebelión y malversación, pues la investigación y enjuiciamiento por delito de rebelión, 
dado su carácter complejo y plurisubjetivo, justificaban ya, en sí mismos, la conexidad 
procesal y la acumulación de causas. Se trata de normas procesales aplicadas diaria y 
ordinariamente en nuestra realidad jurídica cuando un solo hecho es cometido por dos o 
más personas reunidas, o un delito es medio para la comisión de otro o para facilitar su  s
ejecución, o, en fin, cuando se aprecia la existencia de un concierto previo para la  oe.
comisión de un delito plurisubjetivo en distintos lugares o tiempos (art. 17, apartados 1  w.
vau 3ln, 4eL.rE4a.Cc4ir óimnI g).quuael  ssuee ratseo cdiae saels taimuatoto driae  2h7a  ddee  diccoierrmerb, rep odre  l2a0s 18m iqsumea sd ersaezsotinmeós , lalas   2021-1130n https://w
daibvuenrsdaasn  deenc lloinsa tqoureia sy ad eh ajnu rissiddioc ceióxpnu pelsatnotse.a Edla ús.n iScou se lreamzoennatom dieifnetroesn csioanl  dsee msue jaanntáeliss iys   BOE-A-cable e
radica  específicamente  en  que  la  competencia  de  enjuiciamiento  fue  ratificada  en 
atención  al  relato  fáctico  que  sustentaba  las  pretensiones  acusatorias  provisionales 
entonces  formuladas.  De  forma  razonada,  la  Sala  mantuvo  su  criterio  anterior  al 
constatar que tanto la acusación por los delitos de rebelión y sedición, como el relato 
fáctico sobre el que se construye la acusación por malversación de caudales públicos 
(delito del que el demandante no fue acusado), incorporaban hechos que desbordaron el 
límite territorial de la comunidad autónoma catalana.
En definitiva, el mantenimiento de la competencia para enjuiciamiento vino apoyado 
en todo momento en los elementos que, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
definen la regla estatutaria de atribución competencial. La consideración de que a las 
personas  investigadas,  y  luego  acusadas,  se  atribuían  hechos  relevantes  para  la 
calificación  jurídica  como  rebelión,  sedición  y  malversación  de  caudales  públicos, 
cometidos  dentro  y  fuera  del  territorio  de  Cataluña,  se  apoyó  en  datos  objetivos 
confirmados por la instrucción. Esta valoración, que constituye el elemento nuclear del 
disentimiento expresado en el recurso de amparo, no vino apoyada en un razonamiento 
arbitrario,  ajeno  al  sentido  de  la  norma,  irrazonable  por  su  incoherencia  lógica,  o 
apoyado en un error patente pues, en este último sentido, no se evaluaron hechos 
cometidos, sino hechos atribuidos por los acusadores.
No era jurídicamente viable que, en dicho momento procesal, esto es, antes de 
practicarse la prueba de cargo y descargo, la sala de enjuiciamiento pudiera dejar de 
tomar  en  consideración  los  hechos  atribuidos  por  la  acusación  para  determinar  su 
competencia objetiva, pues es la acusación, salvo que carezca manifiestamente de 
justificación o sea inverosímil, la que delimita el marco objetivo a partir del cual ha de ser 
establecida la competencia.
Lo expuesto permite apreciar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 
cuanto es el órgano judicial establecido por la ley para exigir responsabilidad por delito a 
los diputados autonómicos, cuando los hechos atribuidos tienen lugar fuera del territorio 
catalán  –según  establece  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña–,  permite  afirmar 
razonadamente que lo es para investigar y enjuiciar las acciones penales que contra 
ellos  se  dirijan  en  esos  casos;  lo  que  nos  lleva  a  concluir  que  las  resoluciones 
impugnadas  en  amparo  no  vulneraron  el  derecho  del  recurrente  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley.
4.4.5  Al fundamentar la alegada vulneración del derecho al juez legal, afirma el 
recurrente la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 21.1 LECrim, en cuanto impide, en 
el ámbito procesal penal, promover cuestión de competencia contra el Tribunal Supremo. 
En la demanda se presenta dicha prohibición legal como fundamento de la atribución de 
competencia  por  parte  del  Tribunal  Supremo.  Sin  embargo,  basta  lo  expuesto  y 
analizado anteriormente en esta resolución para poner de relieve que dicha interdicción 
legal no es el fundamento de la atribución de competencia, sino que lo han sido las 
razones ya reseñadas y valoradas.
En tal sentido, resulta necesario recordar que, si bien con carácter general el recurso 
de amparo no ha sido concebido para el enjuiciamiento de las normas aplicadas por los 
tribunales, sin embargo, nuestra doctrina autoriza en ocasiones tal eventualidad, entre 
otras, cuando se reprocha a la aplicación del propio precepto la lesión de un derecho 
fundamental. Así, en la STC 34/2011, de 28 de marzo, FJ 1, tuvimos ocasión de señalar 
que «el recurso de amparo no persigue la depuración del ordenamiento jurídico, pues su 
objeto se circunscribe a la reparación de los derechos fundamentales lesionados por 
actuaciones procedentes de los poderes públicos y en consecuencia, tal recurso no es la  s
vía idónea para impugnar disposiciones normativas si no están vinculadas a la concreta  oe.
y  efectiva  lesión  de  algún  derecho  fundamental  (como  venimos  diciendo  desde  la  w.
Sf«ecTboCrne cr4ou0,r /rF1ieJ9n 83d2,o ,y  e d3se4a / 32v00in 1dc1ue, l dajuecni ó2ion8,,   dnFeoJ   ml3ea;  eryzs otpá, o FvsJete d1ra)io»dr.om S aein ne tesetm ee btnari rblgauosn, a Stla SemTnbCtriéa 5nr 4 ah/ 2ee0mx0ao6ms,  idndiaecrh  2eo7n q  uudene    2021-1130n https://w
plar oincteesrop rdeeta caimónp aqruoe e dl ec olan tmenisidmoa d hea cyuaanl qreuaielirz addisop olossic óiórng agneonse rjuadl,i cyiaa lesse,a y paa lroa  seenaju picaiarar   BOE-A-cable e
valorar si la concreta vulneración de los derechos y libertades fundamentales proviene 
de la propia disposición».
En consecuencia, no concurre en este caso el presupuesto lógico que justificaría 
realizar  en  este  proceso  de  amparo  el  enjuiciamiento  abstracto  de  la  disposición 
normativa cuya inconstitucionalidad se propugna, dado que el precepto cuestionado no 
constituye en modo alguno la ratio de la asunción de competencia impugnada.
Adicionalmente, debemos destacar que esta cuestión no aparece planteada en el 
escrito de defensa, ni en el que planteó la declinatoria de jurisdicción, ni tampoco en el 
escrito por el que el recurrente –ex art. 241 LOPJ– suscitó la nulidad de la sentencia 
condenatoria, lo que desatiende frontalmente las exigencias de subsidiariedad que rigen 
en el proceso de amparo; de manera que ningún pronunciamiento sobre esta cuestión 
puede aquí realizarse. Por lo demás, no tratándose de una norma excepcional en el 
orden penal (art. 52 LOPJ), como se afirma en la demanda, tampoco apreciamos que el 
contenido del derecho al juez predeterminado por la ley incluya o exija la posibilidad de 
cuestionamiento de la competencia previamente determinada ante un tribunal distinto o 
funcionalmente superior; mucho menos cuando la misma lo ha sido por el Tribunal 
Supremo. En todo caso, las consecuencias de esta intervención en única instancia de la 
Sala de lo Penal constituyen el objeto de la queja que abordaremos a continuación.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso de amparo.
5.  El derecho al doble grado de jurisdicción en los procesos penales desarrollados 
en única instancia ante el Tribunal Supremo.
La desestimación del precedente motivo de amparo lleva consigo la del que, por 
conexión, denuncia la indebida limitación del derecho al doble grado jurisdiccional en 
materia penal. El demandante ha visto cómo la investigación y el enjuiciamiento de las 
imputaciones que pesaban sobre él se trasladaron ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo debido a que algunas otras personas acusadas en la misma causa tenían la 
condición necesaria para el aforamiento parlamentario previsto en el art. 57.2 EAC, y a 
que  se  apreció  identidad  fáctica  y  conexidad  procesal  entre  los  hechos  y  delitos 
atribuidos inicialmente a los aforados y al demandante.
Tal  y  como  expresa  la  sentencia  impugnada,  este  tribunal  ya  ha  abordado  en 
anteriores pronunciamientos dicha cuestión (por todas, SSTC 51/1985, de 10 de abril, 
FJ  3;  136/1999,  de  20  de  julio,  FJ  11,  y  64/2001,  de  17  de  marzo,  FJ  5),  y 
específicamente lo ha hecho al desestimar la misma queja planteada en amparo por dos 
personas coacusadas en la misma causa penal (SSTC 34/2021, de 17 de febrero, 
y 91/2021, de 22 de abril). En las resoluciones citadas la cuestión planteada ya ha sido 
resuelta por este tribunal en sentido contrario al ahora pretendido. Por ello, dado que el 
supuesto enjuiciado guarda una sustancial similitud con los anteriormente resueltos 
procede reiterar aquí la doctrina ya establecida. En ella hemos afirmado que la garantía 
que implica la instrucción y el enjuiciamiento de la causa por el tribunal más alto en el 
orden penal (art. 123.1 CE) integra en parte –acceso a una instancia judicial superior a la 
que de ordinario enjuicia inicialmente este tipo de conflictos– y sustituye en lo demás –
posibilidad de una segunda decisión– la garantía que ahora aduce el recurrente, que 
presupone, precisamente, que la primera instancia no sea la instancia suprema en el 
orden jurisdiccional penal. Así, hemos señalado que el derecho de todo culpable a que 
«el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 
superior, conforme a lo prescrito por la ley», en los términos expuestos en el art. 14.5 del 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, se integra en el contenido del derecho  e
a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE. Sin embargo, a lo  bo
expuesto no obsta que, en casos de aforamiento ante el Tribunal Supremo, incluso  4w
icnusatanndcoi,a  esne  aetxetniecniódne  aa  plaesrs orengalsa sn op raofcoerasadlaess,  ldae r ecsotnriecxciióónn,  deel  seun jdueicrieacmhioe nat os oemn eútenri claa   2021-1130n https://w
dsuefciclaierancteió.n de la pena y la culpabilidad ante un tribunal superior encuentre justificación
Tal consideración se basa en dos valores constitucionalmente relevantes. De una 
parte,  la  protección  de  la  propia  prerrogativa  parlamentaria,  que  constituye  una 
salvaguarda de la independencia institucional tanto de la asamblea legislativa afectada 
como del propio Poder Judicial, de modo que preserva un cierto equilibrio entre los 
poderes y, al propio tiempo, garantiza la resistencia más eficaz frente a la eventual 
trascendencia de la resolución judicial en la composición del Parlamento, cuando es 
obligado enjuiciar la causa ante el Tribunal Supremo, órgano superior en todos los 
órdenes jurisdiccionales (STC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 6). Y en segundo lugar, se 
apoya en la inescindibilidad de la causa, apreciación esta que ya hemos declarado 
razonada: se atiende así a las exigencias de una buena administración de justicia en 
materia penal, entre las que se encuentra la necesidad de coordinar la apreciación de los 
hechos y de las responsabilidades de los intervinientes cuando la realización del delito 
se atribuye al concurso de una pluralidad de personas o a la realización conjunta de una 
pluralidad de hechos.
Como este tribunal observó en su STC 51/1985, hay determinados supuestos en que 
la garantía que ofrece el sometimiento del fallo condenatorio a un tribunal superior puede 
ser debidamente satisfecha sin necesidad de que exista, como tal, un recurso autónomo. 
En la citada resolución estimamos que «no había vulneración del derecho a la revisión 
de la condena cuando esta era pronunciada en única instancia por el Tribunal Supremo». 
El  propio  art.  6  CEDH  no  enuncia  expresamente  el  derecho  fundamental  aquí 
considerado, aunque sí viene reconocido en el art. 2 de su Protocolo núm. 7 (de 22 de 
noviembre de 1984, firmado por España el 19 de marzo de 1985, cuyo Instrumento de 
ratificación de 28 de agosto de 2009, fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 15 de octubre siguiente). Dicha adición recoge el contenido del derecho plasmado en 
el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, cuyo influjo ha sido 
decisivo en esta materia (STC 42/1982). Pero, al mismo tiempo que lo reconoce, el 
Protocolo establece una excepción en este caso significativa, ya que su enunciado 
admite  que  las  legislaciones  de  los  Estados  contratantes  lo  excluyan,  entre  otros 
supuestos «cuando el culpable haya sido juzgado en primera instancia por el más alto 
tribunal». Dicha circunstancia es la que aquí concurre, dado que el demandante ha sido 
juzgado en única instancia por el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en 
todos los órdenes (art. 123 CE), contra cuyas resoluciones no cabe recurso ordinario 
alguno. Tal circunstancia justifica en este caso que no se pueda apreciar como indebida 
la denunciada limitación del derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal para 
revisar el fallo condenatorio y la pena impuesta; lo que conlleva la desestimación de este 
motivo de amparo.
6.  Los derechos de defensa y a no ser discriminado por razón de la lengua.
6.1  Posiciones de las partes.
El recurrente se queja de la imposibilidad de desarrollar el juicio en lengua catalana 
dentro del motivo de amparo relativo a la vulneración del derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) al tratarse, en su planteamiento, de un efecto 
asociado a la asunción de la competencia por el Tribunal Supremo.
El cuerpo de la demanda, que ahora sintetizamos, desarrolla argumentalmente la 
existencia de vulneración de un pretendido derecho fundamental al uso de la lengua 
catalana. En concreto, como se indica pormenorizadamente en los antecedentes de esta 
sentencia,  razona  que  el  ofrecimiento  por  el  Tribunal  Supremo  de  un  sistema  de  s
traducción consecutiva, en vez del postulado de traducción simultánea, parte de una  oe.
comprensión parcial y desviada del principio de publicidad, pues la misma «nunca puede  4ww.
luaimnuatiot ad«rec lfooensnf sudase»iór,en ce henon ster el p qreoul cede esfuraenlecdhsa ord oeanl   naloac sus supafardirrot e»ins,d  yse ufqe unseso ilóeicnnit» ue dyl   d«aiels lcr eudsresproee ccdhteoo .  l(aAo   sgseaunr taejunnitccíaiioas, ) l aldotees    2021-1130n https://w
derechos lingüísticos de los procesados no fueron adecuadamente ponderados, «ya que
se argumenta a partir de principios externos a los mismos (publicidad e indefensión),
para acabar concluyendo que los primeros no fueron vulnerados». Tras ello, aduce que 
el argumento según el cual la sede del Tribunal Supremo, fuera del territorio de Cataluña, 
justifica la exclusión de la posibilidad del uso del catalán, no es «evidente», que la 
oficialidad de esta lengua fue destacada en la STC 31/2010, y que, si bien el texto 
constitucional  no  identifica  los  derechos  lingüísticos  como  derechos  fundamentales, 
«determinados  derechos  fundamentales  pueden  presentar  un  contenido  lingüístico», 
entre los que cita el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la educación o el 
derecho a la intimidad, a lo que agrega el mandato del art. 10.2 CE, y el reconocimiento 
efectuado por este Tribunal Constitucional de que la «conexión del uso lingüístico con el 
ejercicio de un derecho fundamental debe modular la interpretación y aplicación de las 
previsiones legales restrictivas» (SSTC 48/2000 y 49/2000).
El abogado del Estado niega el fundamento de esta queja al rechazar que el derecho 
a utilizar la lengua catalana constituya un derecho tutelable autónomamente, al margen 
de las garantías del art. 24.2 CE, y que tal derecho deba determinar la competencia 
jurisdiccional, con atribución de la misma a los juzgados y tribunales situados en territorio 
catalán o, al menos, el traslado de la sede de las sesiones del juicio oral a Cataluña. 
Añade  que  la  configuración,  en  el  bloque  de  constitucionalidad,  del  régimen  de 
cooficialidad lingüística impide hablar de indefensión, pues no existe el derecho a la 
utilización de un mecanismo de traducción simultánea para el desarrollo de la práctica de 
la prueba y las alegaciones en un idioma distinto del oficial.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula también la 
desestimación de este motivo de amparo. A su juicio, de la STC 74/1987, de 25 de 
mayo, se desprende que el deber de conocer el castellano, conforme se establece en el 
art. 3.1 CE, genera una presunción que puede ser desvirtuada cuando de manera 
verosímil se alega ignorancia o dominio insuficiente, lo que no se ha producido en este 
caso, en que ha quedado acreditado en el proceso que el demandante se expresaba 
perfectamente en castellano.
Por último, el Ministerio Fiscal, tras afirmar que esta queja pierde su razón de ser una 
vez  confirmada  la  inexistencia  de  la  vulneración  del  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley, interesa también la desestimación de la queja. Destaca que 
los acusados, que eran perfectamente conocedores de la lengua castellana, renunciaron 
al empleo de su lengua vernácula y a la utilización de los dos intérpretes que fueron 
puestos a su disposición. Tras efectuar un importante esfuerzo de compilación de la 
doctrina constitucional relativa a la indefensión material, señala que, a su entender, ni 
siquiera  existe  infracción  de  norma  procesal  alguna,  ya  que  el  art.  231.3  LOPJ 
circunscribe  la  posibilidad  de  empleo  de  la  lengua  cooficial  exclusivamente  a  las 
actuaciones  judiciales  que  tengan  lugar  en  el  territorio  de  la  comunidad  autónoma 
correspondiente.
6.2  Respuesta del órgano judicial.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a esta materia, que fue planteada por las 
defensas  de  varios  procesados  (concretamente  los  señores  Junqueras,  Romeva, 
Sànchez, Rull, Turull, Cuixart y la señora Forcadell), en el fundamento de Derecho A), 
apartado 3.
Tras  un  capítulo  introductorio,  el  tribunal  sentenciador  condensa  su  respuesta 
señalando que «como ya anticipó in voce al resolver la audiencia preliminar, reconoció el 
derecho de los acusados a valerse del idioma catalán, pero rechazó la posibilidad de que 
el interrogatorio se practicara mediante traducción simultánea, que habría exigido a los  e
miembros del tribunal la utilización de auriculares». La razón –señala– es doble: «la  bo
afectación que esa práctica podría conllevar respecto del principio de publicidad» y «el  4w
vneorrdmaadteivraom seignnteif icaa dpoa rctior ndsteit uucnioan adl edlieml itpalcuiórinlin geüsipsamcoia le no  nteurersittorori asl isdtee msau,  creosnpsetrcutiidvao   2021-1130n https://w
vigeAn cipaa»r.tir de este enunciado general, la sentencia aborda estos puntos en varios
subapartados.
a)  El epígrafe 3.2.1 desarrolla la perspectiva del principio de publicidad procesal. 
Comienza declarando lo que sigue:
«Admitir la exigencia de auriculares como única forma de garantizar el derecho a 
expresarse en la propia lengua, habría implicado el sacrificio del principio de publicidad. 
Si entender las preguntas de los letrados y las respuestas de los acusados hubiera 
exigido  disponer  de  auriculares,  habríamos  excluido  de  forma  injustificada  a  todas 
aquellas personas que, hallándose en la sala de juicios o siguiendo la retransmisión 
televisada del proceso, no tuvieran a su alcance esos dispositivos. Habríamos también 
excluido  a  quienes  siguieran  el  juicio  a  través  de  una  señal  de  transmisión  cuyos 
responsables  no  consideraran  oportuno  o  rentable  incorporar  una  voz  en  off  que 
efectuara la traducción».
A  juicio  de  la  Sala,  «se  trataría  de  un  sacrificio  innecesario  e  injustificado». 
Argumenta que ofreció, «incluso a quienes no lo habían solicitado de forma expresa, la 
posibilidad de practicar en lengua catalana los actos procesales en los que debieran 
tener algún tipo de intervención», a cuyo fin el tribunal dispuso de dos intérpretes jurados 
de catalán. «Sin embargo, ninguno de los acusados quiso valerse de intérprete para sus 
respuestas,  renunciando  expresamente  a  lo  que  reivindicaba  como  su  derecho  y 
contestando el interrogatorio en castellano. El juicio, por tanto, se desarrolló con absoluta 
normalidad,  sin  que  durante  los  interrogatorios  se  expresara  por  las  partes  alguna 
dificultad en el entendimiento de lo que se estaba preguntando y sin que se quisiera 
hacer algún matiz impuesto o aconsejado por el empleo del idioma oficial del Estado».
«[M]uestra  de  la  fluidez,  la  precisión  y  el  dominio  de  la  lengua  castellana  que 
evidenciaron todos los procesados» es el soporte digital en el que consta la grabación 
del  juicio.  «Su  capacidad  argumental,  la  solidez  dialéctica  y,  en  algunos  casos,  la 
brillantez de sus exposiciones, disipan cualquier duda acerca de la alegada indefensión».
Tras insistir en que «se puso al alcance de todos los acusados que quisieran hablar 
en el idioma catalán» la posibilidad de hacerlo, sin sacrificio de la publicidad, mediante la 
alternativa del empleo de traductores jurados en interpretación sucesiva, lo que fue 
rechazado por los acusados, se niega la indefensión.
Se refiere después a la interpretación y aplicación del art. 123 LECrim [apartado 2: 
«En el caso de que no pueda disponerse del servicio de interpretación simultánea, la 
interpretación de las actuaciones del juicio oral a que se refiere la letra c) del apartado 
anterior se realizará mediante una interpretación consecutiva de modo que se garantice 
suficientemente  la  defensa  del  imputado  o  acusado»].  Señala  que  «[l]a  primera 
conclusión  que  autoriza  la  lectura  de  este  precepto  es  que  el  respeto  al  derecho 
fundamental de los imputados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial 
en la que se desarrolle el plenario, no se asocia a la utilización de un método de 
traducción  simultánea.  Su  empleo  no  actúa  como  presupuesto  de  validez  de  la 
declaración de los procesados. Tan idónea, a efectos de su validez procesal, es la 
utilización  de  un  mecanismo  de  traducción  simultánea  como  el  que  se  vale  de  la 
traducción sucesiva». Y añade que, si bien es cierto que el precepto «condiciona la 
decisión  por  uno  u  otro  sistema  a  que  "[…]  no  pueda  disponerse  del  servicio  de 
interpretación simultánea" […] no fue esta la razón que llevó a la Sala a optar por la 
segunda  alternativa.  No  han  sido  razones  económicas  […].  Tampoco  dificultades 
técnicas […]. La circunstancia que ha condicionado nuestra decisión está vinculada a la 
singularidad de este proceso, desarrollado en sesiones orales que se han prolongado 
durante cuatro meses y televisado mediante streaming en su integridad. Constatada, por 
tanto, la ausencia de cualquier indefensión derivada del sistema de traducción sucesiva,  e.
hemos  considerado  necesario  preservar  todas  las  ventajas  y  garantías  propias  del  w.b
spheraisnyiacoi npmeioes r mddeea l dpjuoui cbsiluoic  coidaraapdla .hc aiTd opadodod  pidcaoirua dh afaodcreamrnlaoor  ssqeinu o eqp uihneai óylana   adqueus eelorn idqcoiua e sd eeesg atuauibrr iace ual lcadoreensstae arcr ioselunlo da oldc eea nnl caleas    2021-1130n https://w
Salab»).  En los apartados 3.2.2 y 3.2.3 de la sentencia se trata del aspecto relativo al
plurilingüismo en España y su dimensión procesal.
Comienza por reproducir el artículo 3 de la Constitución («1. El castellano es la 
lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el 
derecho  a  usarla.  2.  Las  demás  lenguas  españolas  serán  también  oficiales  en  las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las 
distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 
especial respeto y protección») y señala que la Sala rechazó la petición de la defensa de 
los señores Junqueras y Romeva relativa a que los letrados pudieran formular sus 
preguntas en lengua catalana en aplicación del artículo 231.1 LOPJ que «proclama que 
el castellano, en su condición de lengua oficial del Estado, será el idioma usado en todas 
las actuaciones judiciales». Añade que «el apartado 3 de ese mismo precepto, en 
consonancia  con  la  previsión  del  art.  3  de  la  CE,  autoriza  a  las  partes,  a  sus 
representantes, a los peritos, a los testigos y a los letrados, a valerse de una lengua 
cooficial  cuando  se  trate  de  actos  procesales  practicados  en  el  territorio  de  una 
comunidad autónoma. La sede del Tribunal Supremo, fuera de ese ámbito territorial 
explica y justifica la exclusión de esa posibilidad».
En relación con la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, hecha en 
Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 (instrumento de ratificación publicado en el 
«BOE» núm. 222, de 15 de septiembre de 2001), invocada por las defensas, tras hacer 
una  exhaustiva  exposición  en  torno  a  su  artículo  9  y  al  quinto  informe  sobre  su 
cumplimiento  en  España,  elaborado  por  el  Ministerio  de  la  Presidencia  y  para  las 
Administraciones Territoriales, el tribunal sentenciador declara que «la limitación territorial 
al ámbito de las comunidades autónomas vuelve a hacer acto de presencia, en la misma 
línea que ya proclamara el precepto constitucional y su desarrollo orgánico (arts. 3 CE 
y 231.3 LOPJ)». Esta misma restricción –añade– «está también definida, por ejemplo, en 
el informe sobre la aplicación de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias 
en Cataluña, correspondiente a los años 2006-2008», así como en los apartados 2 y 5 
del artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Concluye señalando:
«Todo apunta, en consecuencia, a que ni la Constitución Española, ni el Estatuto de 
Autonomía del Cataluña, ni la legislación orgánica de desarrollo, otorgan un derecho 
incondicional al uso de la lengua propia de una comunidad autónoma en actuaciones 
procesales que se desarrollen fuera del territorio que le es propio. El territorio, por tanto, 
opera como verdadero criterio delimitador de la oficialidad».
A continuación, se refiere a la jurisprudencia constitucional (con cita y reproducción 
de parte de las SSTC 82/1986, de 26 de junio, y 31/2010, de 28 de junio) de donde 
extrae que «[n]o existe […] el derecho a la utilización de un mecanismo de traducción 
simultánea que obligue al Tribunal Supremo a presenciar el desarrollo de la práctica de 
la prueba y las alegaciones de las partes en un idioma distinto del idioma oficial». Agrega 
que  «[e]se  derecho  tampoco  lo  reconocen  los  instrumentos  jurídicos  de  ámbito 
internacional suscritos por España para la protección de las lenguas regionales», con 
referencia al «informe explicativo del Consejo de Europa sobre su alcance (Explanatory 
Report to the European Charter for Regional or Minority Languages)», que, «en su 
apartado 11, bajo el título "consideraciones generales", proclama que "la Carta no otorga 
derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria", solo 
concede  el  derecho  a  reclamar  la  aplicación  de  los  principios  de  la  Carta,  lo  que 
conllevará  un  saludable  efecto  en  la  situación  de  esas  comunidades  y  de  sus 
miembros».
Pese a la «claridad del cuadro normativo», insiste, la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo «puso a disposición de las defensas […] dos traductores oficiales de la lengua  e.
catalana y concedió a los procesados la posibilidad de hacer uso de la lengua vernácula  w.b
oeapnllác s ióiunnsc  lulrienssgopü duíseet silcotaas s lq»ímu. eiSt eeos t ooterpgrtróait, o esrlie aañlerats.la  q3, u3«e.p1 oe drn emul naEarcs iatnantte usrtupo r eedjteear ccAiiócunitoo »en.xotmenías ivdae  dCeal tdaelurñeach, om dáes   2021-1130n https://w
inveFsitnigaalmcióenn tnei  ereni teerl aa cqtou ed e«l [jnu]ioc ioh ao rahla, beind oe l iqnudee f«elnossi óanc»u.s aNdoo se xoipsttaiór onni  peonr  elax pfraessea rdsee 
en castellano, renunciando de forma explícita al uso de la lengua vernácula» y a «valerse 
de los dos intérpretes de lengua catalana puestos a su disposición por el tribunal».
c)  El apartado 3.2.4 se refiere al argumento, que ya fue respondido en el auto de 27 
de  diciembre  de  2018  (que  desestimó  la  declinatoria  de  jurisdicción),  relativo  a  la 
conveniencia  del  desplazamiento  de  la  sala  de  enjuiciamiento  a  Barcelona  para  el 
desarrollo de las sesiones del juicio oral en esa ciudad, como única forma garantizar los 
derechos  lingüísticos  de  los  acusados.  Dice  al  respecto  que  «nuestro  sistema 
constitucional  no  concede  a  los  procesados  el  derecho  a  ser  enjuiciados  en  las 
proximidades  del  domicilio  familiar.  Ningún  sistema  procesal  contempla  la  cercanía 
domiciliaria como fuero determinante de la competencia en el proceso penal (cfr. arts. 14 
y concordantes de la LECrim)».
d)  Finalmente,  en  el  subepígrafe  3.2.5  se  da  respuesta  a  la  queja  planteada 
respecto de los testigos, cuestión que no se plantea en el presente recurso de amparo.
6.3  Encuadramiento de la queja.
La demanda, de la que se ha dejado constancia más arriba, alude, como fundamento 
de este motivo del recurso, a varios derechos.
En  primer  lugar,  incluye  la  queja  dentro  del  motivo  de  amparo  relativo  a  la 
vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) al 
tratarse, a su juicio, de una consecuencia asociada a la asunción de la competencia para 
el enjuiciamiento de la causa por el Tribunal Supremo. Este planteamiento, en sí mismo 
inasumible en cuanto late una confusión entre la vulneración de un derecho fundamental 
y  los  efectos  de  dicha  vulneración,  de  ser  aceptado,  nos  llevaría,  como  señala  el 
Ministerio Fiscal, a constatar el decaimiento de esta queja al haber sido rechazada la 
principal en que tendría su origen.
El correcto encuadramiento de la queja, sin embargo, exige situar el motivo de 
amparo en el marco de los derechos reconocidos en el art. 24 CE y, específicamente, en 
el derecho de defensa. Así lo hemos señalado en la STC 91/2021, de 22 de abril, FJ 3, 
dictada con ocasión del recurso de amparo núm. 1403-2020, que seguimos también en 
este punto.
La invocación de unos pretendidos «derechos lingüísticos» de los procesados, en 
conexión con otros derechos fundamentales –señaladamente, los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a la «autodefensa»– hace necesario efectuar algunas aclaraciones.
a)  En nuestro sistema procesal no existe un genuino derecho de los intervinientes 
en juicio a utilizar la lengua cooficial en actuaciones judiciales desarrolladas fuera del 
territorio  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente.  A  pesar  de  reconocer  esa 
posibilidad a los procesados, justificada explícitamente en la propia sentencia recurrida 
por haber optado por una interpretación extensiva del derecho de opción lingüística que 
otorga el art. 33.1 EAC, el Tribunal Supremo subraya que «ni la Constitución Española, 
ni el Estatuto de Autonomía del Cataluña, ni la legislación orgánica de desarrollo, otorgan 
un derecho incondicional al uso de la lengua propia de una comunidad autónoma en 
actuaciones procesales que se desarrollen fuera del territorio que le es propio».
Así es. La delimitación de la cooficialidad lingüística sobre la base del territorio en 
que tiene su sede el órgano del poder público de que se trate ha sido constante en la 
doctrina constitucional.
La STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, declaró al respecto: «según el núm. 1 del 
art. 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado, y  s
entendiéndose  obviamente  aquí  por  "Estado"  el  conjunto  de  los  poderes  públicos  oe.
españoles, con inclusión de los autónomos y locales, resulta que el castellano es lengua  4ww.
roCefoigcnuiaslalt ictudióceni ó ntoq dunoeos   dhleaofcsine e p, odsdeie nrolea s q umpeúa btdeliarci aop so prye  rsmuepnitue e tosadtofoir  mloea lr q tueqeru riesto eraeio s u enosafp icalieañnlo gl.uu anA auo nfilqceiunaegl, u allaa,    2021-1130n https://w
independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida
por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su
relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de 
que en ámbitos específicos, como el procesal, y a efectos concretos, como evitar la 
indefensión, las leyes y los tratados internacionales permitan también la utilización de 
lenguas no oficiales por los que desconozcan las oficiales). Ello implica que el castellano 
es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del 
Estado español. En virtud de lo dicho, al añadir el núm. 2 del mismo art. 3 que las demás 
lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, 
se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los 
poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos 
dependientes de la administración central y de otras instituciones estatales en sentido 
estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y de la 
cooficialidad de otras lenguas españolas el territorio, independientemente del carácter 
estatal (en sentido estricto), autonómico o local de los distintos poderes públicos».
Esta misma sentencia, como nos recuerda la STC 253/2005, de 11 de octubre, 
FJ  10,  «abordó  ya  el  tema  de  la  regulación  del  uso  de  la  lengua  dentro  de  la 
administración de justicia concluyendo que en tanto en cuanto la Constitución reserva 
como competencias exclusivas del Estado la administración de justicia (art. 149.1.5) y la 
legislación procesal (art. 149.1.6) debe ser el Estado el que regule el uso de las lenguas 
dentro de la administración de justicia, sin perjuicio de que las comunidades autónomas 
puedan regular el alcance inherente al concepto de cooficialidad, tal y como viene 
establecido por el art. 3.2 de la Constitución y en los artículos correspondientes de los 
estatutos  de  autonomía  (STC  56/1990,  de  29  de  marzo,  FJ  40,  con  cita  de  las 
SSTC 82/1986, 83/1986 y 84/1986, todas de 26 de junio, y 123/1988, de 23 de junio)».
El uso de las lenguas en el seno de la administración de justicia se reguló en el 
art. 231 LOPJ. Respecto de este precepto, ya tuvimos ocasión de manifestar que «el 
carácter de lengua oficial de ámbito general del castellano y la obligación que todos los 
españoles tienen de conocerlo y el derecho de usarlo (art. 3.1 de la Constitución) hace 
que esta sea la lengua generalmente usada en el ámbito de la administración de justicia, 
lo  que  viene  a  ser  reconocido  por  el  art.  231.1  LOPJ.  Ahora  bien,  frente  a  esa 
generalidad, existen comunidades autónomas con estatuto de cooficialidad lingüística, 
estatuto que se traduce, entre otras cosas, en el derecho de usar la lengua propia en el 
seno y ante las administraciones públicas, lo que para la administración de justicia se 
reconoce en los apartados 2 y 3 del art. 231 LOPJ» (STC 56/1990, de 29 de marzo, 
FJ 41).
En  relación  con  los  órganos  jurisdiccionales  de  ámbito  estatal,  condición  que 
reconoce al Tribunal Supremo el artículo 123.1 de la Constitución, y respecto de la 
lengua catalana, la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 21, tomando como punto de partida 
la doctrina constitucional antes reseñada, declaró que «el criterio territorial relevante a 
los  efectos  de  la  delimitación  del  poder  público  vinculado  a  las  consecuencias  de 
principio inherentes a la cooficialidad de una lengua autonómica es el de la sede de la 
autoridad, no el del alcance territorial de su respectiva competencia, pues esto último 
implicaría  la  sujeción  de  todos  los  órganos  de  ámbito  estatal  a  los  efectos  de  la 
cooficialidad de todas las lenguas autonómicas en cualesquiera puntos del territorio 
nacional; esto es, una vinculación por principio reservada a la única lengua española 
común». Subrayó también que la actividad de estos órganos «se ejerce con referencia 
no a una determinada comunidad autónoma, sino a todo el territorio nacional, por lo que 
no  puede  tener  cabida  en  ellos  la  cooficialidad  idiomática»,  y  reiteró  el  criterio  de 
delimitación competencial, de modo  que,  en este  ámbito, corresponde al legislador  s
estatal  con  entera  libertad,  dentro  de  los  límites  constitucionales  (art.  3.1  CE),  el  oe.
reconocimiento o no de eficacia jurídica a las actuaciones desarrolladas en la lengua  w.
caortoícfDiucelioa  la.2h3í1  qLuOeP, Jd, ela  apcouseicridóon  ecxopnr eesla dréag eimn elan  sleengtaeln cviiag eimntpeu, gcnoandtae,n isdeog úenn  lae lc ucaitla ldoos   2021-1130n https://w
procesados no disponían de un derecho autónomo a declarar en lengua catalana ante el
Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid (art. 53 LOPJ), debe ser avalada por 
este tribunal.
b)  A pesar de lo anterior y como se ha adelantado, hay que destacar que la Sala 
sentenciadora  del  Tribunal  Supremo  reconoció  expresamente  el  derecho  de  los 
procesados a emplear la lengua catalana en sus declaraciones, si bien, como explica la 
propia sentencia impugnada, acordó que, para el caso de que se hiciera uso de esta 
posibilidad, habría de emplearse un sistema de traducción consecutiva –y no simultánea, 
como pedían las defensas–, en aras de la garantía de publicidad del proceso. No fue 
siquiera controvertido, por tanto, el pretendido derecho a usar la lengua catalana, que fue 
reconocido, sino exclusivamente el sistema que habría de habilitarse para su traducción 
al castellano, lo que, pudiendo incidir en el ámbito protegido por el derecho de defensa 
(art. 24 CE), como examinaremos después, descarta el presupuesto de la denuncia de 
ese supuesto derecho.
c)  El planteamiento del recurrente al invocar en juicio el derecho de «autodefensa» 
para fundar su solicitud de declarar en catalán, además de que carece de trascendencia 
en cuanto que, como se decía, se le permitió declarar en esa lengua, parte de una 
comprensión inexacta de su significado. El derecho de defensa, que comprende el 
aducido de defenderse personalmente o autodefensa (STC 181/1994, de 20 de junio, 
FJ 3), no confiere al interrogado la facultad de elegir libremente la lengua en la que 
habría de expresarse en juicio, para el caso de conocer varias, sino que, como no puede 
ser de otro modo, implica la de expresarse en la única lengua suficientemente conocida, 
aun cuando no fuera la oficial, con la consiguiente asistencia de intérprete. Esto es lo 
que exige el derecho de defensa, como veremos a continuación.
6.4  Doctrina constitucional.
El derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes en todo proceso 
judicial constituye una de las manifestaciones del derecho fundamental a obtener la 
tutela judicial efectiva sin indefensión consagrado en el artículo 24 de la Constitución y 
comprende el deber los órganos judiciales de asegurar a las partes contendientes la 
oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses (SSTC 25/1997, 
de 11 de febrero, FJ 2; 102/1998, de 18 de mayo, FJ 2; 18/1999, de 22 de febrero, FJ 3; 
143/2001, de 18 de junio, FJ 3), así como de replicar dialécticamente las posiciones 
contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción en igualdad de 
condiciones con las demás partes procesales (SSTC 2/2002, de 14 de enero, FJ 2; 
y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
a)  En la STC 57/2012, de 29 de marzo, el Pleno de este tribunal ha sintetizado su 
doctrina en los siguientes términos: «"[e]n el contexto del art. 24 de la Constitución la 
indefensión se caracteriza por suponer una privación o una limitación del derecho de 
defensa,  que  […]  si  se  produce  en  virtud  de  concretos  actos  de  los  órganos 
jurisdiccionales entraña mengua del derecho de intervenir en el proceso en el que se 
ventilan intereses concernientes al sujeto, […], así como del derecho de realizar los 
alegatos que se estimen pertinentes para sostener ante el juez la situación que se cree 
preferible" (STC 48/1984, de 4 de abril, FJ 1). Este tribunal también ha reiterado que 
para  que  "una  irregularidad  procesal  o  infracción  de  las  normas  de  procedimiento 
alcance  relevancia  constitucional  debe  producir  un  perjuicio  real  y  efectivo  en  las 
posibilidades de defensa de quien las denuncie" (por todas, SSTC 233/2005, de 26 de 
septiembre,  FJ  10,  o  130/2002,  de  3  de  junio,  FJ  4)  y  que  "es  necesario  que  la 
indefensión alegada sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que  e
tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada  bo
por  la  incorrecta  actuación  del  órgano  jurisdiccional,  estando  excluida  del  ámbito  4w
perroroter cttéocr ndiceol  aor t. im24p eCricEi al ad ien dleaf epnasrióten  od edbeid alo as  lpar opfaessiivoindaalde,s  dqeusien telaré sre, pnreegsleignetennc iao,   2021-1130n https://w
ddeicfiieemndbaren,"  F(eJn 5tr;e 1 o0t9ra/2s0 m02u,c hdaes 6,  SdSeT mCa 1y0o1, /F1J9 829; , 8d7e/ 250 d0e3 ,j udnei o1, 9F Jd e5 ;m 2a3y7o/2, 0F0J1 5, ;d e5 /1280 0d4e, 
de 16 de enero, FJ 6; 141/2005, de 6 de junio, FJ 2; 160/2009, de 29 de junio, FJ 4,
y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 5)». «No hay vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  que  garantiza  el  art.  24.1  CE  cuando  el  propio  interesado,  ignorando  o 
despreciando las posibilidades de subsanación a su alcance, no hizo lo necesario para 
defender sus derechos e intereses, "cooperando con ello, al menoscabo de su posición 
procesal" (STC 287/2005, de 7 de noviembre, FJ 2)» (SSTC 14/2008, de 31 de enero, 
FJ 3, y 62/2009, de 9 de marzo, FJ 4).
La doctrina constitucional ha venido insistiendo en la exclusiva relevancia de la 
indefensión material: «la indefensión, que se concibe constitucionalmente como una 
negación de [l]a garantía [de la tutela judicial] y para cuya prevención se configuran los 
demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 CE, ha de ser algo real, efectivo 
y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta 
que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un 
peligro o riesgo. Por ello hemos hablado siempre de una indefensión "material" y no 
formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los 
requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se 
produce de hecho y como consecuencia de aquella. No basta, pues, la existencia de un 
defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del 
derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías "en relación con 
algún interés" de quien lo invoca (STC 90/1988)» (STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 2). 
«Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al 
interesado  al  margen  de  toda  posibilidad  de  alegar  y  defender  en  el  proceso  sus 
derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que 
de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo 
del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses 
del afectado» (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 164/2005, de 20 de junio, FJ 2, 
y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
b)  Este tribunal se ha pronunciado también sobre la proyección en el derecho de 
defensa del desconocimiento de la lengua utilizada en juicio. En esta materia, que es la 
aquí concernida, hemos reconocido que el derecho a ser asistido de intérprete, más allá 
de su reconocimiento legal expreso –en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de 
enjuiciamiento  criminal–  deriva  directamente  de  la  Constitución;  debe  entenderse 
comprendido en el art. 24.1 CE en cuanto dispone que en ningún caso puede producirse 
indefensión;  y  se  extiende  a  los  españoles  que  no  conozcan  suficientemente  el 
castellano –los que no lo comprendan o no lo hablen– y no solo a los extranjeros que se 
encuentren en ese caso (SSTC 74/1987, de 25 de mayo, FFJJ 3 y 4; 71/1988, de 19 de 
abril, FJ 2; 30/1989, de 7 de febrero, FJ 3, y 188/1991, de 3 de octubre, FJ 3).
En la STC 74/1987, a propósito de la constitucionalidad del art. 520.2 e) LECrim 
redactado por la Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la 
asistencia de intérprete por detenidos y presos, este tribunal declaró que «la atribución 
de este derecho [a ser asistido de un intérprete, que deriva del desconocimiento del 
idioma castellano que impide al detenido ser informado de sus derechos, hacerlos valer y 
formular  las  manifestaciones  que  considere  pertinentes],  a  los  españoles  que  no 
conozcan suficientemente el castellano y no solo a los extranjeros que se encuentren en 
ese caso no debe ofrecer duda. Lo contrario supondría una flagrante discriminación 
prohibida por el art. 14 de la Constitución. No cabe objetar que el castellano es la lengua 
española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla 
(art. 3.1 de la Constitución), ya que lo que aquí se valora es un hecho (la ignorancia o 
conocimiento insuficiente del castellano) en cuanto afecta al ejercicio de un derecho  s
fundamental,  cual  es  el  de  defensa».  Añadió  que  «ciertamente,  el  deber  de  los  oe.
españoles de conocer el castellano, antes aludido, hace suponer que ese conocimiento  w.
cpeirxrecissutoen  setaanln elacgi aare  asvleide arpodos,n ípmee ilrdmoe et anmlt epa rneisfsiueu sntcoigi ónenon pr auenelc ditaera  qnuose cducarosro nd oedcsiemv irileatunsa toda ac tciunuasacunifoidcnoiee esn lt edp eotloiec niaideleoss t»ao    2021-1130n https://w
(STC 74/1987, de 25 de mayo, FJ 3).
De acuerdo con esta doctrina, íntegramente trasladable a la posición del procesado 
en juicio oral (la temprana STC 5/1984, de 24 de enero, FJ 2, ya reconoció que el 
derecho a la defensa comprende el derecho de toda persona acusada a ser asistida por 
un intérprete cuando no comprenda o no pueda expresarse fluidamente en el idioma 
utilizado en el Tribunal), la procedencia, en cada caso, de la asistencia de intérprete, 
exige valorar no sólo el derecho y deber de conocer el castellano (art. 3 CE) sino el 
hecho concreto de la ignorancia o conocimiento precario de nuestra lengua común, en 
cuanto  afecte  al  ejercicio  de  un  derecho  fundamental,  cual  es  el  de  defensa 
(STC 71/1988, de 19 de abril, FJ 2).
6.5  Resolución de la queja.
La aplicación de la doctrina que acabamos de sintetizar nos lleva a descartar el 
fundamento de la queja.
a)  El  recurrente  conoce  y  domina  la  lengua  castellana,  por  lo  que  falta  el 
presupuesto establecido por nuestra doctrina en que sustentar la alegada indefensión. 
Este es el dato determinante para rechazar la queja. La propia sentencia impugnada 
constata  que  «el  juicio  se  desarrolló  con  absoluta  normalidad,  sin  que  durante  los 
interrogatorios se expresara por las partes alguna dificultad en el entendimiento de lo 
que  se  estaba  preguntando  y  sin  que  se  quisiera  hacer  algún  matiz  impuesto  o 
aconsejado por el empleo del idioma oficial del Estado». El tribunal sentenciador, que 
cuenta con la inestimable ventaja de la inmediación, apreció «la fluidez, la precisión y el 
dominio de la lengua castellana que evidenciaron todos los procesados» así como «su 
capacidad argumental, la solidez dialéctica y, en algunos casos, la brillantez de sus 
exposiciones». Muestra de ello, dice, es el soporte digital en el que consta la grabación 
del juicio.
El discurso argumental de la demanda cae enteramente en cuanto se constata que 
toma como punto de partida un presupuesto inexistente. Como ha quedado expuesto, el 
empleo en el interrogatorio de la lengua catalana, con la asistencia de intérprete, solo 
resultaría exigible ex art. 24.1 CE en caso de ignorancia o conocimiento precario del 
castellano, lo que ha sido negado.
b)  Si  bien  lo  anterior  descarta  la  indefensión,  cabe  agregar  que  todos  los 
procesados, entre los que se encuentra el ahora recurrente, rehusaron la posibilidad 
conferida por el órgano de enjuiciamiento de declarar en catalán, siendo asistidos por un 
intérprete. La indefensión –que ya hemos descartado y que si seguimos considerando es 
solo por razones argumentativas– solo habría de imputarse a la conducta de la propia 
parte, debidamente asistida de abogado, lo que, como también veíamos, la excluye del 
ámbito protector del art. 24 CE.
El tribunal sentenciador expresa profusamente las razones por las que no acogió el 
sistema de traducción simultánea solicitado por las defensas y que habría exigido a los 
miembros del órgano judicial la utilización de auriculares, y, en su lugar, puso a su 
disposición dos traductores jurados en interpretación sucesiva. Interesa ahora destacar 
que no fueron «razones económicas ligadas a los costes del proceso» ni «tampoco 
dificultades técnicas que hicieran inviable la traducción simultánea», sino la garantía del 
principio de publicidad, que aquí cobra una especial significación por «la singularidad de 
este proceso, desarrollado en sesiones orales que se han prolongado durante cuatro 
meses y televisado mediante streaming en su integridad». Debemos subrayar que el 
tribunal de enjuiciamiento trató así de tutelar un valor esencial, que tiene en nuestra  s
Constitución  la  doble  naturaleza  de  principio  procesal  (art.  120.1  CE)  y  derecho  oe.
fundamental del justiciable en materia penal (art. 24.2 CE; art. 11 de la Declaración  4ww.
puponroliívdteiucrcosesan,l   ydo e ar retd.p er6or eCdcuEhcDoesHn  )hl.a uSsm epagrnúuones bl;aa  sad rdot.ec t 1rci4na ardg edole  y Pe dasectesto ct ariirbngutoen rayn la,s ceei sof oneralm lj uudilceai ond  olearrsae lca, hleeongs a eccl iiqovuinleees ss  eyy    2021-1130n https://w
peticiones definitivas de la acusación y la defensa, el acto procesal en que cobra todo su
sentido la publicidad del proceso en su verdadero significado de participación y control
de la Justicia por la comunidad (STC 176/1988, de 4 de octubre, FJ 2, con cita de la 
STC 62/1982, de 15 de octubre, haciendo suya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos expresada en las SSTEDH de 22 de febrero de 1984, asunto Sutter 
c. Suiza, y de 8 de diciembre de 1983, asuntos Pretto y otros c. Italia, y Axen c. 
Alemania, y STC 174/2001, de 26 de julio, FJ 3). Hemos de recordar que la publicidad es 
garantía del justiciable frente a una justicia secreta que escape a la fiscalización del 
público, y constituye también un medio para preservar la confianza de los ciudadanos en 
los tribunales, de forma que, al dotar de transparencia a la administración de justicia, 
contribuye a realizar los fines del derecho al proceso justo (STEDH de 8 de diciembre 
de 1983, asunto Axen c. Alemania, § 25, y STC 83/2019, de 17 de junio, FJ 3).
Se desprende con claridad de lo anterior que la publicidad del juicio oral no fue causa 
de limitación alguna de los derechos procesales del acusado, como afirma el recurrente. 
En la argumentación del Tribunal Supremo, la salvaguarda de tal garantía es la razón 
para optar por un determinado sistema de traducción para el hipotético suceso, que no 
llegó a tener realidad, de que alguno de los procesados quisiera emplear el catalán. 
Hemos dicho que el recurrente no disponía del derecho al uso de esa lengua, pero es 
que, en todo caso, tampoco lo tenía sobre el sistema de traducción que, eventualmente, 
habría de emplearse.
No  procede  dirigir  reproche  en  este  aspecto  al  Tribunal  Supremo,  pues,  no 
hallándose siguiera compelido por el art. 24.1 CE a ofrecer ningún sistema de traducción 
a los procesados, como hemos dejado sentado más arriba, atendió a tan esencial bien 
jurídico al habilitar un sistema de traducción como el citado, ponderando las superiores 
ventajas que ofrecía el mismo para la publicidad del proceso frente al inconveniente de la 
eventual superior duración de los interrogatorios. Como hemos adelantado, la aplicación 
de la doctrina constitucional sobre la indefensión conduce a afirmar que esa hipotética 
prolongación  temporal  de  los  interrogatorios  y  del  propio  juicio  constituiría  un  leve 
inconveniente que asumió la sala de enjuiciamiento del Tribunal Supremo y que habría 
de  soportar  el  recurrente  en  el  ejercicio  diligente  del  derecho  de  defensa,  exigible 
conforme al art. 24 CE.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso de amparo.
7.  El derecho a un juez imparcial.
El demandante de amparo alega la vulneración del derecho a un juez imparcial, con 
invocación expresa del art. 24 CE y del art. 6 CEDH. El planteamiento de este motivo del 
recurso se desarrolla, a su vez, en varias quejas concretas que, sin perjuicio de su 
relación  con  el  derecho  fundamental  alegado  y  con  algunas  otras  facetas  de  los 
derechos fundamentales integrados en el art. 24 CE, presentan distinta naturaleza y 
significación, por lo que deben ser examinadas de manera individualizada.
Según  la  demanda,  la  vulneración  se  habría  producido  por  la  relación  de  los 
magistrados integrantes de la sala de enjuiciamiento con el fiscal general del Estado 
firmante de la querella y con el Gobierno, por algunas de las expresiones contenidas en 
la sentencia, por el tratamiento de la presunción de inocencia del recurrente en amparo, 
las manifestaciones del tribunal dentro y fuera de la sala, y las decisiones sobre admisión 
y práctica de pruebas.
La pluralidad y heterogeneidad de los alegatos aconsejan, en este caso, iniciar su 
análisis mediante la reseña de la doctrina jurisprudencial sobre el derecho invocado.
7.1  Doctrina jurisprudencial. s
7.1.1  Doctrina del Tribunal Constitucional. w.
EsteE lp dreecreecphtoo,  abl ajujoe ze li meppaígrcraiafel  a«pDareerceec heox par eusna mperonctee sroe ceoqnuoictaidtiov oe»n,  egla arartn. t6iz.a1  Ca EtDodHa.   2021-1130n https://w
pplearzsoo nraaz eoln a«bdleer,e pcohro u an  qtruibeu nsaul  cinaduespae snedaie notíed ae  eimqpuaitarctiivaal,,  epsútabblilceacmideon pteo ry l edye»n.tro de un
Como es conocido, nuestro texto constitucional no recoge este derecho de forma 
singularizada. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que, inicialmente, se considerara 
englobado en el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (STC 47/1983, de 31 
de mayo, FJ 2). A partir de la STC 113/1987, de 3 de julio, FJ 2, y, sobre todo, de la 
STC 145/1988, de 12 de julio, FJ 5, el derecho al juez imparcial se reconoce integrado 
en el derecho a un juicio con todas las garantías, «aunque no se cite en forma expresa» 
en el art. 24.2 CE. Se continuaba así con la progresiva confluencia (art. 10.2 CE) entre 
nuestra doctrina y la desarrollada por el tribunal europeo en la interpretación del art. 6.1 
CEDH, representada en aquel momento por las SSTEDH de 1 de octubre de 1982, 
asunto Piersack c. Bélgica, y de 26 de octubre de 1984, asunto De Cubber c. Bélgica, y 
plasmada posteriormente –entre otras muchas– en las SSTEDH de 24 de mayo de 1989, 
asunto Hauschildt c. Dinamarca; de 25 de noviembre de 1993, asunto Holm c. Suecia; 
de 28 de octubre de 1998, asunto Castillo Algar c. España; de 22 de junio de 1989, 
asunto Langborger c. Suecia, o más recientemente, en las SSTEDH de 6 de enero 
de 2010, asunto Vera Fernández-Huidobro c. España, o de 6 de noviembre de 2018, 
asunto Otegi Mondragón y otros c. España.
Este tribunal ha conformado un cuerpo doctrinal sobre el derecho al juez imparcial 
que, de forma sistematizada y en lo que ahora interesa para la resolución de este 
recurso, puede exponerse de la siguiente manera:
a)  El derecho al juez imparcial es una garantía fundamental del sistema de justicia.
Este tribunal ha afirmado que el derecho a un juez imparcial «constituye una garantía 
fundamental de la administración de justicia en un Estado de Derecho que condiciona su 
existencia misma, ya que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional. Por 
ello, la imparcialidad judicial, además de reconocida explícitamente en el art. 6.1 del 
Convenio  europeo  para  la  protección  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades 
fundamentales (CEDH), está implícita en el derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), con una especial trascendencia en el ámbito penal. El reconocimiento de 
este derecho exige, por estar en juego la confianza que los tribunales deben inspirar en una 
sociedad  democrática,  que  se  garantice  al  acusado  que  no  concurre  ninguna  duda 
razonable  sobre  la  existencia  de  prejuicios  o  prevenciones  en  el  órgano  judicial» 
(SSTC 205/2013, de 5 de diciembre, FJ 2, y 133/2014, de 22 de julio, FJ 2).
En efecto, «ser tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y 
someterse exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio, son notas 
esenciales  que  caracterizan  la  función  jurisdiccional  desempeñada  por  jueces  y 
magistrados» (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5). «Esta sujeción estricta a la ley 
supone  que  la  libertad  de  criterio  en  que  estriba  la  independencia  judicial  no  sea 
orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e 
incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del 
Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: 
primera, que el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que 
no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de 
hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición 
anímica a su favor o en contra (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2)» (STC 60/2008, de 26 
de mayo, FJ 3).
b)  La imparcialidad judicial comprende dos vertientes: subjetiva y objetiva.
En línea con lo anterior, «se viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva,  e.
que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que  w.
siemel p juianertezc igasrleaid naa dctoe odrbcaajse  taliavl sat h;d eeumsd aad sed cqeiruc, ierde edfneedrriiidv asei nna  ld hoeab bjleaetsro  t rodemelala cpdioroon cepesos sodt,eu plr aoju ree lnza   rqceoulnae c saióeqn ua ecsloelangs u,é ryla   (quaunseaí,    2021-1130n https://w
SfeSbTreCro 4, 7F/J2 041)1»,  (dSeT C12 1 d3e3 /2a0b1ri4l, , FdJe  92;2 6 d0e/2 j0u0li8o,,  FdeJ  22)6. de mayo, FJ 3, o 26/2007, de 12 de  BOE-A-cable e
En el mismo sentido, se destaca que «[j]unto a la dimensión más evidente de la 
imparcialidad judicial, que es la que se refiere a la ausencia de una relación del juez con 
las partes que pueda suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas, convive 
su vertiente objetiva, […] que se dirige a asegurar que los jueces y magistrados que 
intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni 
prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto 
previos con el objeto del proceso» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
c)  La imparcialidad objetiva debe ser ponderada en cada caso concreto.
Como  «causas  significativas  de  tal  posible  inclinación  previa  objetiva»  se  han 
considerado la «realización de actos de instrucción, que pueden suponer un contacto 
con el litigio que dificulte su correcto enjuiciamiento posterior; la adopción de decisiones 
previas que comporten un juicio anticipado de culpabilidad; o la intervención previa en 
una  instancia  anterior  del  mismo  proceso  (SSTC  157/1993,  de  6  de  mayo,  FJ  3; 
299/1994, de 14 de noviembre, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 151/2000, 
de 12 de junio, FJ 3; STEDH de 23 de mayo de 1991, caso Oberschlick, § 48 a 52) o, 
más en general, el pronunciamiento sobre los hechos debatidos en un pleito anterior 
(SSTC 138/1994, de 9 de mayo, FJ 7; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 4, y SSTEDH de 7 de 
agosto de 1996, caso Ferrantelli y Santangelo, y de 26 de agosto de 1997, caso De 
Haan).  Debemos  subrayar  en  cualquier  caso  que  ni  esta  relación  de  causas  de 
parcialidad objetiva tiene el carácter de cerrada ni la concurrencia de tales supuestos 
comporta necesariamente tal tacha, cuestión que habrá de analizarse en cada caso a la 
luz de sus concretas características (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3; 162/1999, 
de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 156/2007, de 2 de julio, FJ 6).
«La concreción de esta doctrina constitucional se ha producido principalmente al 
estudiar la incompatibilidad de las facultades de instrucción y de enjuiciamiento, pero sin 
perder de vista que lo decisivo es el criterio material que anima la apreciación de la 
pérdida  de  imparcialidad  más  que  el  concreto  tipo  de  actuación  judicial  del  que 
pretendidamente se derivaría la pérdida de imparcialidad. […] "la determinación de 
cuáles son las circunstancias específicas que posibilitan en cada caso considerar como 
objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial no está vinculada 
tanto con una relación nominal de actuaciones o decisiones previas que queden vedadas 
al juzgador cuanto, especialmente, con la comprobación, en cada supuesto en particular, 
de si la intervención previa en la que el interesado centra sus dudas ha sido realizada 
por  el  órgano  judicial  teniendo  que  adoptar  una  decisión  valorando  cuestiones 
sustancialmente  idénticas  o  muy  cercanas  a  aquellas  que  deben  ser  objeto  de 
pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo. Y ello porque la 
imparcialidad  trata  de  garantizar  también  que  el  juzgador  se  mantenga  ajeno, 
específicamente, a la labor de incriminación o inculpación del acusado, aun cuando esta 
sea solo indiciaria y provisional" […] deben considerarse objetivamente justificadas las 
dudas sobre la imparcialidad judicial y, por tanto, vulnerado el derecho al juez imparcial, 
cuando  la  decisión  a  la  que  se  pretende  vincular  la  pérdida  de  imparcialidad  se 
fundamenta en valoraciones que resulten sustancialmente idénticas a las que serían 
propias de un juicio de fondo sobre la responsabilidad penal, exteriorizando, de este 
modo, un pronunciamiento anticipado al respecto» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
d)  La imparcialidad judicial se presume.
Según la misma doctrina, «aun cuando es cierto que en este ámbito las apariencias  e.
son  muy  importantes  […],  no  basta  con  que  tales  dudas  o  sospechas  sobre  [la]  w.
coimabpsjeoat rivcsaiia  llyaid sal edmg síitsuimmrjaaanms  eeannlct eala n jmzuasentni fitucena dade ac sqo un(SiseSinsT treCenc cu6ias9 a/t2,a 0sl 0inq1ou,  eqd uepe e 1rem7s  idtpaerne  cmaisfaiorrmz doae,r t eFqrFmuJeiJn  as1er4  c hayas lo1la 6an;    2021-1130n https://w
y1 4l0a/s2 0s0o4s,p deech 1a3s  dseo bserep tsieum ibdroen, eFidJa 4d) . hPaonr  edlelo  slae ri mpproabrcaidaalisd a(dS SdeTlC ju 1e7z 0h/a1 9d9e3 p, rdees u2m7i rdsee   BOE-A-cable e
mayo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5) y han de fundarse en causas tasadas 
e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas» 
(STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3).
e)  El  derecho  al  juez  imparcial  debe  hacerse  valer  a  través  del  incidente  de 
recusación.
El  instrumento  primordial  para  preservar  el  derecho  al  juez  imparcial  es  la 
recusación, cuya importancia resulta reforzada si se considera que estamos no solo ante 
un presupuesto procesal del recurso de amparo por la supuesta vulneración del derecho 
al juez imparcial, sino que el derecho a recusar se integra, asimismo, en el contenido del 
derecho a un proceso público con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE 
(STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por tanto, la privación de la posibilidad de 
ejercer  la  recusación  «implica  la  restricción  de  una  garantía  esencial  que  aparece 
establecida legalmente con el fin de salvaguardar aquella imparcialidad del juzgador 
protegida constitucionalmente (SSTC 230/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 282/1993, 
de 27 de septiembre, FJ 2; 64/1997, de 7 de abril, FJ 3; y 229/2003, 18 de diciembre, 
FJ 10)» (STC 116/2008, de 13 de octubre, FJ 2).
La STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, señala que «el derecho a plantear la 
recusación, inserto, a su vez, en el derecho a la imparcialidad del juzgador, está sujeto a 
configuración legal (SSTC 32/1994, de 31 de enero, FJ 4; y 137/1994, de 9 de mayo, FJ 
único) en las normas orgánicas y procesales […]. Pues bien, [esa] exigencia legal de que 
la recusación se proponga tan luego o tan pronto como se tenga conocimiento de la 
existencia de la causa que la funde no carece de toda trascendencia constitucional. […] 
Por ello es lícito que el legislador imponga la carga de impugnar esa idoneidad subjetiva 
con premura y que, en consecuencia, limite o excluya la posibilidad de la invocación 
tardía  de  la  causa  de  recusación  cuando  esta  se  dirija,  no  ya  a  apartar  al  iudex 
suspectus del conocimiento del proceso, sino a anular lo ya decidido definitivamente por 
él. Precisamente por ello el art. 223.1 LOPJ requiere, por razones inmanentes al proceso 
mismo en el que se trata de hacer valer el derecho a la imparcialidad judicial, un obrar 
diligente de la parte a la hora de plantear la recusación, so pena de verse impedida para 
hacer valer la causa de recusación como causa de nulidad de la sentencia. Existen, 
pues,  muy  poderosas  razones  para  impedir  que  la  alegación  de  las  causas  de 
recusación  que  traducen  dudas  sobre  la  imparcialidad  subjetiva  de  un  tribunal  se 
exteriorice una vez conocida la resolución final del proceso desfavorable a los intereses 
de la parte, cuando esta abrigaba tales dudas con anterioridad a que se emitiera el fallo. 
Resulta, en consecuencia, constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso 
a la hora de enjuiciar tanto si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación 
en un momento anterior a la sentencia, como la realidad de la concurrencia de la causa 
de recusación que eventualmente se invoque».
7.1.2  Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ya hemos señalado anteriormente que la doctrina de este tribunal es semejante a la 
que, desde sus primeras resoluciones, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, como expresión de una cultura jurídica común a nivel 
europeo.  En  efecto,  aunque  se  observa  alguna  diferencia  en  los  criterios  de 
sistematización, tanto el método de análisis como el contenido de su doctrina son 
esencialmente coincidentes.
Así, en la STEDH de 6 de noviembre de 2018, asunto Otegi Mondragón y otros c.  e.
España, § 52 a 57), con cita de otras anteriores, se realiza una exposición de los  w.
plar isnicgiupiieons teg emnaenraelreas. en esta materia que, en lo que ahora interesa, se pueden resumir de  2021-1130n https://w
tribuan)a l eLuar oimpepoa recxiaploidnaed  qjuued i«cilaal  ecxoismtepnrceinad dee  dimosp aprecriaslpideacdti vaa slo: ss eufbejcettoivsa d ye l oabrtjíectuivloa .6 E.1l 
[CEDH] debe ser analizada de acuerdo con un criterio subjetivo, teniendo en cuenta las
convicciones  personales  y  el  comportamiento  de  un  juez  en  particular,  es  decir, 
analizando  si  el  juez  se  encontraba  afectado  por  cualquier  prejuicio  personal  o 
predeterminación en relación a un concreto caso; y también de acuerdo con un criterio 
objetivo; es decir, analizando si el tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su 
composición ofrecían suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima relativa a 
su imparcialidad (véase, por ejemplo, SSTEDH de 15 de diciembre de 2005, asunto 
Kyprianou c. Chipre [GC], § 118, y de 15 de octubre de 2009, asunto Micallef c. Malta 
[GC], § 93)».
b)  Las vertientes subjetiva y objetiva están íntimamente relacionadas. El tribunal 
reconoce que «no hay una nítida división entre la imparcialidad subjetiva y la objetiva, 
pues el comportamiento de un juez no solo puede suscitar desconfianzas objetivas sobre 
su imparcialidad por parte del observador externo (criterio objetivo) sino también entrañar 
el  análisis  de  sus  convicciones  personales  (criterio  subjetivo)  (véase  Kyprianou, 
anteriormente citado, § 119). Por ello, en aquellos casos en los que pudiera ser difícil 
encontrar pruebas en base a las cuales rebatir la presunción de imparcialidad subjetiva 
de un juez, la exigencia de imparcialidad objetiva proporciona una importante garantía 
adicional (véase Pullar c. Reino Unido, de 10 de junio de 1996, § 32, Informes 1996-III)».
c)  La imparcialidad judicial se presume. En relación con el criterio subjetivo, el 
«principio  según  el  cual  a  un  tribunal  se  le  debe  presumir  carente  de  prejuicios 
personales o de parcialidad está reconocido desde antaño por la doctrina de este tribunal 
(véase Kyprianou, anteriormente citado, § 119, y Micallef, anteriormente citado, § 94). La 
imparcialidad personal de un juez debe presumirse mientras no se pruebe lo contrario 
(véase Hauschildt c. Dinamarca, de 24 de mayo de 1989, § 47, Serie A núm. 154). 
Respecto del tipo de prueba que se requiere para ello, este tribunal, por ejemplo, 
requiere que se acredite si el juez ha mostrado hostilidad o animadversión por razones 
personales (véase De Cubber c. Bélgica, de 26 de octubre de 1984, § 25, Serie A núm. 
86)».
d)  La imparcialidad ha de analizarse en función de las circunstancias del caso 
concreto. En relación con el criterio objetivo, se deben «analizar los vínculos jerárquicos 
o  de  otra  naturaleza  que  existen  entre  el  juez  y  los  otros  protagonistas  de  un 
procedimiento (ibid.  § 97). Por lo tanto, se debe analizar en cada caso concreto si dicho 
vínculo es de tal naturaleza e intensidad como para implicar una falta de imparcialidad 
por parte del tribunal (véase Pullar, anteriormente citado, § 38)».
e)  La importancia de la apariencia de imparcialidad. Como es conocido, el tribunal 
europeo tiene declarado que «las apariencias pueden alcanzar una cierta importancia o, 
en otras palabras, "la justicia no solo tiene que aplicarse, sino que también debe ser 
aparente que se administra" (véase De Cubber, anteriormente citado, § 26). Lo que está 
en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos en una 
sociedad democrática. Por lo tanto, cualquier juez respecto del cual pueda existir un 
motivo legítimo para temer de su falta de imparcialidad debe abstenerse (véase Castillo 
Algar  c.  España,  de  28  de  octubre  de  1998,  §  45,  Informes  1998-VIII;  y  Micallef, 
anteriormente citado, § 98)».
f)  Las  dudas  sobre  la  imparcialidad  han  de  estar  objetivamente  justificadas. 
Finalmente, y en todo caso, «se debe analizar si, con independencia del comportamiento 
del juez, existen hechos acreditados que pudieran generar dudas sobre su imparcialidad. 
Esto supone que a la hora de decidir sobre si en un caso concreto hay una razón 
justificada para temer que un juez en concreto o un tribunal carecen de imparcialidad, el 
punto de vista de la persona afectada es importante pero no decisivo. Lo que es decisivo  s
es  determinar  si  dicho  temor  puede  considerarse  objetivamente  justificado  (véase  oe.
Micallef, anteriormente citado, § 96)». w.
rneaccuiTosanamacilbóeinsé  nd dehe also tssine jañudaeolcased so,a  ee sl g turainbra ufnantcaiztlo adrr e r elEales vtriamansptbeau.r rcTgiaaolle idqsau ndeo,  lramc eoaxmsi soet expnlarcesias  adnneo  lrapm rpoarcsee odscioumbpieraenc itóolnas    2021-1130n https://w
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eliminación de la causa de tales preocupaciones. Además de garantizar la ausencia real 
de sesgo, su objetivo es eliminar cualquier apariencia de parcialidad reforzando así la 
confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al público 
(véase Micallef c. Malta, § 99, antes citado, y SSTEDH de 15 de julio de 2005, Mežnarić 
c. Croacia, § 27, y de 20 de noviembre de 2012, Harabin c. Eslovaquia, §132). El 
Tribunal Europeo tendrá en cuenta estas reglas para apreciar si el tribunal ha sido 
imparcial  y,  en  particular,  si  las  dudas  del  demandante  pueden  considerarse 
objetivamente justificadas (SSTEDH de 25 de febrero de 1992, Pfeifer et Plankl c. 
Austria, § 6; de 23 de mayo de 1991, Oberschlick c. Austria –núm. 1–, § 50, y, mutatis 
mutandis, de 17 de junio de 2003, Pescador Valero c. España, § 24 a 29).
Una vez expuesta la doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos procede abordar el análisis de las distintas quejas formuladas en la demanda 
que se agrupan bajo la denominación común de derecho al juez imparcial.
7.2  La relación de los magistrados con el fiscal general del Estado.
7.2.1  Posiciones de las partes.
La  demanda  cuestiona  la  imparcialidad  de  los  miembros  del  tribunal  de 
enjuiciamiento por su «amistad íntima» con el fiscal general del Estado, impulsor de la 
acción penal que dio lugar a la causa. A tal fin aduce el recurrente que dicha persona fue 
durante catorce años miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de modo 
que los magistrados llamados a resolver el litigio han sido durante años compañeros de 
sala de una de las partes. Añade que esta coincidencia es de «especial calado con los 
magistrados  que  acordaron  la  admisión  de  la  querella  y  la  determinación  de  la 
competencia mediante el auto de 31 de octubre del 2017» (señores Marchena Gómez, 
Martínez Arrieta, Sánchez Melgar, Berdugo Gómez de la Torre y Varela Castro). A su 
juicio, haber compartido sala «con una de las partes durante nueve, doce o catorce 
años» es un supuesto equiparable a la amistad íntima del art. 219.9 LOPJ, tratándose de 
una relación que, por su intensidad y calidad, puede generar un temor objetivo a que el 
juzgador sea influenciado en su comportamiento y decisión, afectando a la apariencia de 
imparcialidad.
La abogacía del Estado considera que el argumento es descabellado de acuerdo con 
razonado  en  la  sentencia  recurrida  en  amparo  [fundamento  de  Derecho  A), 
apartado 5.5.4]; mientras que el partido político Vox indica, con carácter general, que el 
recurrente no ha justificado las razones de esta supuesta vulneración del derecho al juez 
imparcial.
El Ministerio Fiscal considera que la situación descrita no reúne las características de 
la  amistad  íntima,  que  «es  afecto  personal,  puro  y  desinteresado,  ordinariamente 
recíproco, que nace y se fortalece con el trato, y aparece caracterizado por la nota de la 
intimidad cuando penetra y se sitúa en la zona espiritual y reservada de la persona». 
Tras remitirse a lo dicho en el auto núm. 3/2018, de 13 de septiembre, de la Sala del 
art. 61 LOPJ, a propósito de una queja relativa a la relación del magistrado instructor con 
los miembros del tribunal de enjuiciamiento, añade que el recurrente no aporta ningún 
elemento consistente y objetivo que sirva de sustento probatorio de lo que afirma.
7.2.2  Respuesta del órgano judicial.
Esta queja recibió una primera respuesta en el auto núm. 7/2018, 5 de diciembre, de 
la Sala del art. 61 LOPJ. Posteriormente, la sentencia recurrida en amparo, en su  e.e
fundamento de Derecho A), apartado 5.5.4, considera que esta denuncia de vulneración  b
fdRaealllez d«oce[inLdra]oea  cl ohEr eoqxc ucuamesl  aosjuci.g eióuSzne ri. :m [sDpe.a  fruJcnoiadslaé h]  aMe nda enla u rpeerlc ohMxaimazzaidarsa. edS  pduoe r dl oessus i ignfantelatagc riódanen  teccsoo nmdseois  etefsisntacc aiSal  aaglareg ncueomrnae eln l tdayeal.l    OE-A-2021-11304able en https://ww
Estado y el hecho de que estampara su firma en la querella que está en el origen del
presente procedimiento, sirve a las defensas para construir una causa de recusación de 
carácter subjetivo, basada en la proximidad personal que, durante años, habría existido 
entre el querellante y los magistrados que integran la sala de enjuiciamiento.
También se sugirió el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad "[…] 
sobre las normas legales vigentes que permiten que quien es miembro permanente de 
un tribunal actúe en causas concretas como instructor de procedimientos que acaba 
juzgando su misma Sala". Las razones de la inconstitucionalidad habría que situarlas –se 
arguye– en que el sistema no garantiza "[…] la aconsejable distancia física y personal 
que debe existir siempre entre instructor y sala de enjuiciamiento".
No es fácil, desde luego, entender a qué se refieren las defensas con la exigencia de 
"distancia física y personal" entre los magistrados que componen una sala o, en palabras 
de la defensa de los señores Junqueras y Romeva, cuando se lamenta de "[…] la 
evidente e inevitable camaradería que podría interferir en una imparcial forma de analizar 
la querella presentada en su día por el fiscal general del Estado ante esta Excma. Sala 
donde durante tantos años ocupó dicho fiscal plaza".
El argumento es descabellado.
No se comprende bien por qué la amistad tendría un efecto contaminante cuando 
uno de los magistrados asume funciones de investigación y, sin embargo, esa misma 
amistad no produciría el pretendido efecto invalidante, por ejemplo, en la deliberación en 
la fase de enjuiciamiento o cuando se tratara de resolver un recurso de casación. 
Conforme al entendimiento que anima la queja de la defensa, la "distancia física y 
personal" a la que se refieren las defensas debería llevar a no contrariar jamás al 
ponente. Se rendiría así culto a la amistad en el proceso de deliberación y nunca 
quedaría erosionada la relación personal entre los magistrados de un órgano colegiado. 
Dicho en palabras de la Sala del artículo 61 de la LOPJ, "[…] ser compañeros en un 
mismo  órgano  jurisdiccional  no  conduce  necesariamente  a  hacer  confidencias 
irregulares, ni menos aún a quebrantar los propios deberes legales y deontológicos. Para 
que una alegación como la hecha por los recusantes mereciera algún crédito, sería 
necesario que aportasen algún elemento fáctico en que basarla; algo que simplemente 
no han hecho" (cfr. auto 3/2018, de 13 de septiembre, FJ 7).
Ya se trate de una distancia geográfica o de una distancia emocional, lo que parece 
fuera  de  dudas  es  que  convertir  esta  exigencia  en  presupuesto  para  promover  un 
incidente  de  recusación,  solo  puede  entenderse  como  parte  de  una  compartida 
estrategia de descalificación del órgano de enjuiciamiento».
7.2.3  Resolución de la queja.
Como se ha expuesto, este tribunal tiene declarado que la imparcialidad judicial se 
presume, y que las causas de recusación han de ser interpretadas restrictivamente, lo 
que implica la exigencia de que se aporte un principio de prueba del que se pueda 
derivar una duda objetiva y razonable sobre la causa de recusación invocada. Aunque en 
esta materia son importantes las apariencias, la imparcialidad del órgano jurisdiccional 
no puede quedar a expensas de una mera interpretación subjetiva del recurrente o de 
sus convicciones personales.
La causa de recusación invocada es la prevista en el art. 219.9 LOPJ: amistad íntima 
con cualquiera de las partes. Hemos dicho que las causas de recusación han de ser 
interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas 
(STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3), de donde se sigue el rechazo del planteamiento del 
recurrente según el cual lo que aquí denuncia es «un supuesto equiparable a la amistad  e
íntima». O es amistad íntima o no es causa de recusación. bo
Los términos con los que aparece formulada la queja, huérfana de datos fácticos, nos  4w
llevaEns tae  retrcibhuanzaalr lav.iene afirmando que «la causa legal de recusación no es cualquier  2021-1130n https://w
irnetliamciidóand d een tarem idsotasd p, esrisnoon aasq,u ceollnac qeupeto  aqpuaer ecziecrata cmoennntoet apduae dpeo rc olan scidaeraracrtseerí setnic as edneti dloa 
técnico como indeterminado, pero que en ningún caso permite que se le califique como
vago o subjetivo. De la amistad dice el diccionario de la lengua, en la primera de sus 
acepciones, que es afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, que 
nace y se fortalece con el trato, y aparece caracterizado por la nota de la intimidad 
cuando  penetra  y  se  sitúa  en  la  zona  espiritual  y  reservada  de  la  persona» 
(ATC 226/1988, de 16 de febrero, FJ 3; con reiteración en la STC 162/1999, de 27 de 
septiembre, FJ 7, y en los AATC 238/2014, de 9 de octubre, FJ 5, y 17/2020, de 11 de 
febrero, FJ 3).
El recurrente solo nos dice que el fiscal firmante de la querella, que fue magistrado 
de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo,  y  los  miembros  del  tribunal  de 
enjuiciamiento, compartieron sala; en algunos casos, durante varios años. No nos ofrece 
ningún hecho, dato o argumento que nos permita caracterizar la relación entre estas 
personas, su intensidad y calidad. En definitiva, no aporta la parte recurrente prueba o 
indicio alguno de la supuesta amistad íntima en que funda su recusación. Es significativo 
que la ausencia de elementos probatorios se proyecta en dos planos: (i) en el subjetivo, 
desde el punto de vista de las personas vinculadas, el recurrente se limita a apuntar la 
existencia de una relación de amistad, sin especificar si es predicable de quien ostentara 
el cargo de fiscal general del Estado con uno, varios o todos los magistrados integrantes 
de la sala de enjuiciamiento ni individualizar a los afectados; (ii) en un plano objetivo, 
sobre la naturaleza, calidad e intensidad de esas relaciones interpersonales, no se nos 
ofrece ni un solo dato a fin de cualificar los vínculos denunciados. De este modo, si bien 
puede resultar innegable la existencia, entre aquellos magistrados que compartieron 
sala, de una natural relación profesional entre personas que comparten destino en un 
órgano  judicial  colegiado,  no  contamos  con  ningún  elemento  de  juicio  que  permita 
afirmar la existencia de una relación de amistad con ninguno de ellos, ni menos aún de la 
intimidad  que  adjetiva  a  la  relación  y  que,  en  modo  alguno,  puede  presumirse 
(ATC 54/2014, de 25 de febrero, FJ 5).
Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
7.3  La relación de los magistrados integrantes de la Sala con el Gobierno.
7.3.1. Posiciones de las partes.
La demanda se refiere a tres manifestaciones de destacados políticos que, a su 
juicio, ponen en evidencia un contexto de interferencia del poder político en el Poder 
Judicial y que son indiciarias de una falta de independencia del tribunal encargado del 
enjuiciamiento. Se trata de: (i) las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno doña 
Soraya Sáenz de Santamaría, que el 16 de diciembre del 2018, en una rueda de prensa 
en Cataluña, dijo: «¿Quién ha hecho que hoy por hoy ERC, Junts per Catalunya y el 
resto de independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy 
y el Partido Popular»; y, en manifestaciones en el Parlamento, afirmó, en relación con los 
encausados,  que  «están  en  prisión  preventiva  por  haber  cometido  delitos»;  (ii)  el 
mensaje  de  Whatsapp  del  senador  señor  Cosidó  acerca  de  la  propuesta  de 
nombramiento del señor Marchena como presidente del Consejo General del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo, lo que permitiría, en palabras del citado senador y 
portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, «controlar la Sala Segunda del 
Tribunal  Supremo  desde  detrás»;  y  (iii)  la  declaración  del  entonces  presidente  en 
funciones del Gobierno español, señor Sánchez, que, en el marco de un debate electoral 
celebrado el 5 de noviembre de 2019, se comprometió personalmente a «traer de vuelta 
a España al señor Puigdemont», con referencia a la presente causa. Al día siguiente, en  s
declaraciones en Radio Nacional de España, preguntado sobre cómo iba a conseguir el  oe.
propósito referido, manifestó: «¿De quién depende la fiscalía? La fiscalía depende del  4ww.
GreofibePireear rnlaao  ,de pel umaeabsno ydgaaa  desosot nád »ae.jle nEassta ad ola,  rlealsa cdióenc lacoranc liao nseasla  ddee  leonsj ucicaiargmoise nptoo,lí tmicioesn traa sq quuee  seel   2021-1130n https://w
partido político Vox, como se ha señalado, ofrece una respuesta común según la cual el
recurrente no ha justificado las razones de esta supuesta vulneración del derecho al juez 
imparcial.
Según el fiscal, esta queja viene a ser un supuesto de «hetero-responsabilidad o 
responsabilidad  por  un  hecho  ajeno»,  puesto  que  se  imputa  a  los  magistrados 
integrantes de la Sala una falta de imparcialidad no por manifestaciones o actuaciones 
propias reveladoras de ausencia de objetividad e independencia, sino por la expresión 
por parte de terceros de manifestaciones dirigidas a la opinión pública o a compañeros 
de partido para justificar un eventual pacto con otra formación política, de manera que no 
estamos  ante  manifestaciones  públicas  procedentes  de  juzgadores  de  la  causa.  Al 
margen de cualquier valoración sobre su contenido, «tales declaraciones y mensaje no 
pueden considerarse como elemento acreditativo del interés de los miembros del tribunal 
en un resultado concreto del proceso, por propia intención o por anhelado deseo o no del 
Ejecutivo».
7.3.2  Respuesta del órgano judicial.
El auto núm. 7/2018, de 5 de diciembre, de la Sala del art. 61 LOPJ, tras aludir a «las 
declaraciones de responsables políticos sobre los hechos del procedimiento penal en 
curso», que se invocaron como motivo de recusación, señaló que «estos argumentos no 
pueden ser atendidos en la medida en que no se relacionan con una causa concreta de 
recusación  y  son,  en  realidad,  una  reiteración  de  los  expuestos  en  las  anteriores 
recusaciones  resueltas  por  esta  Sala  en  el  auto  de  13  de  septiembre  de  2018 
(causa 5-2018). Estas consideraciones –que traslucen la idea de que todo el sistema, en 
su conjunto, plantea dudas de imparcialidad– ya fueron tratadas anteriormente y solo 
cabe examinar el motivo de recusación que surge, para las partes recusantes, del hecho 
nuevo consistente en las "negociaciones" y acuerdo entre partidos políticos para la 
cobertura de la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial  por  parte  del  Excmo.  Sr.  D.  Manuel  Marchena  Gómez  y  del  mensaje  de 
Whatsapp citado» (FJ 4).
Tras examinar detenidamente el fundamento de la recusación formulada contra el 
presidente de la Sala con causa en el citado mensaje telemático, el fundamento jurídico 
quinto rechaza que la tacha pudiera extenderse sobre el resto de los miembros del 
tribunal. Argumenta que: (i) si la recusación del presidente «hubiera sido estimada, el 
citado resultaría apartado de la causa y entonces el resto de la Sala no deliberaría con 
él. Sin tal deliberación no habría peligro de esa vis extensiva de su recusación»; (ii) si, 
por el contrario, la recusación «no se estima (como es el caso), eso significa que la 
imparcialidad  del  citado  no  se  encuentra  comprometida  y,  naturalmente,  entonces 
tampoco se produce ninguna vis extensiva de su recusación al deliberar con resto de los 
magistrados (porque, por definición no hay pérdida de imparcialidad de ninguno de 
ellos)».
El auto de 13 de septiembre de 2018, también de la Sala del art. 61 LOPJ, al que se 
remite  el  anteriormente  citado,  también  abordó  esa  causa  de  recusación.  En  el 
fundamento jurídico 10 de dicha resolución se indicaba al respecto lo que sigue:
«Ninguna de esas consideraciones sirve para justificar la afirmación de que los 
magistrados  recusados  carecen  de  imparcialidad  para  juzgar  la  causa 
especial 20907-2017, fundamentalmente porque se trata de consideraciones puramente 
genéricas que en ningún momento se refieren a rasgos y comportamientos de los 
concretos magistrados recusados. Tratan, más bien, de transmitir una imagen global del  s
Tribunal Supremo, dando a entender que no es el foro idóneo para que se celebre y  oe.
decida un proceso penal como este con las debidas garantías. Pues bien, la mera  4ww.
mcnoinanggsuitsantrtaaa cddioóesn   ladresec  ucqsouaneds oi–dsae lr aemcsia ornrgaeezsnó  ndd ees  ulloofissc  iertrenectseu  saaprngatureams  ersneetco hsrae zpfiaerrirnleac sip:e asllpaee sc ríyefiacc uaesmxaeacnmiótenin  aadd eolbso–es    2021-1130n https://w
apoyarse en circunstancias, debidamente acreditadas, que concurran en el concreto juez
o magistrado recusado».
La  cuestión  fue  abordada  definitivamente  en  el  fundamento  de  Derecho  A), 
apartado 5.5.6, de la sentencia impugnada, con un extenso razonamiento en el que 
también se hacía una remisión expresa al citado auto núm. 7/2018, de 5 de diciembre, 
de la Sala del art. 61 LOPJ, en el que se desestimó esta pretensión en el incidente de 
recusación en su día planteado. De forma resumida, estas resoluciones argumentan, en 
primer lugar, que la tacha de parcialidad «solo puede valorarse a partir de los actos 
propios de ese magistrado, por lo que hace, por lo que dice e, incluso, por lo que 
aparenta» pero no por la «opinión de un tercero, volcada en un sistema telemático de 
mensajería  instantánea»;  en  segundo  lugar,  que  el  mensaje  no  deja  de  ser  un 
«argumentario que un político utiliza para justificar un pacto con otra formación política y 
realiza afirmaciones […] en su propia defensa para justificar un pacto que estaba siendo 
criticado por su grupo parlamentario porque consideraban que era un mal acuerdo. El 
político se justifica a sí mismo y usa en su defensa cualquier argumento que le parece 
adecuado. Pero algo que debe interpretarse como una opinión –inaceptable– realizada 
en el ámbito político, no es trasladable, sin más, al ámbito jurisdiccional»; en tercer lugar, 
que en el planteamiento de la recusación se omiten dos hechos relevantes: por un lado, 
que el pacto se alcanzaba «por los dos principales partidos políticos (PP y PSOE), cuyas 
diferencias ideológicas son evidentes» por lo que, en teoría, la designación podría 
derivar de su valía personal y profesional y su adecuación para el cargo, no de la 
cercanía con un partido político; y, por otro, que el propio magistrado recusado se había 
«auto descartado» de ese supuesto pacto, lo que no se compadece con una presunta 
«coincidencia de intereses».
7.3.3  Resolución de la queja.
El motivo de amparo pone en cuestión la imparcialidad del tribunal encargado de 
juzgar  la  causa  sobre  la  base,  única  y  exclusiva,  de  la  conducta,  plasmada  en 
determinadas declaraciones, de terceras personas ajenas a dicho órgano y a su círculo 
más cercano.
La aplicación de la doctrina reseñada nos lleva desestimar la queja a partir de las 
siguientes consideraciones.
a)  La cuestión relativa a la tacha de parcialidad del presidente de la Sala por causa 
del mensaje enviado a través de una aplicación de mensajería instantánea (Whatsapp) 
por el entonces senador del Partido Popular, don Ignacio Cosidó, a numerosas personas, 
ha sido abordada en la citada STC 91/2021, FJ 3.
El texto del mensaje, recogido en el citado auto núm. 7/2018, de 5 de diciembre, de 
la Sala Especial del art. 61 LOPJ, presentaba el siguiente tenor literal:
«El  pacto  previo  suponía  (10  PSOE  +  10  PP  +  el  Presidente  (Magistrado  del 
Supremo) PSOE = 21) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro. = 
(12 jueces + 8 juristas de reconocido prestigio (JRP) + 1 Presidente) = 21 = ((3 jueces 
PP Congreso + 3 jueces PSOE Congreso + 3 jueces PP Senado + 3 jueces PSOE 
Senado) + (2 JRP PP Congreso + 2 JRP PSOE Congreso + 2 JRP PP Senado + 2 JRP 
PSOE Senado) + 1 Presidente = 21 Dicho de otra manera: El PP hubiera tenido 10 
vocales, y el PSOE 10 vocales + el Presidente = 11. Con la negociación, el PP tiene 9 
vocales  +  el  Presidente  =  10,  y  el  PSOE  tiene  11  vocales.  Con  otras  palabras, 
obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, que fue 
vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima 
experiencia en el Supremo, que prestigiará el Tribunal Supremo y el CGPJ, que falta le  e.
hace,  y  con  una  capacidad  de  liderazgo  y  auctoritas  para  que  las  votaciones  no  w.
plsínereeasanid.  1ie1Nn-1od0so   sljiaun gosá apblraaó mx6iom1s.a  Hsl aaas l s 2idr1eo-n0 ou. vnYaa ca ijdouengmeasdá as  fuceotsuntrutarpose landndeda o q 2lua/3e s  ahdleae  ls veiTvgiSdu on dyd ae csdedenest delean  adpreeritsmrá esdr aey    2021-1130n https://w
únnoimcob rqaumei epnutoesd ee nso enla pr omdaelr  sjound icloiasl ,n voimtablersa mpiaernat oesl  dPeP a ylg upnaoras  evlo cfuatluerso  ddeel  PESsOpaEñ,a p. eLroo   BOE-A-cable e
el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que 
tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso, sacar a de Prada de la 
Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP. Otra 
consideración importante, es que este reparto 50% para los próximos años, supone más 
de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras 
fuerzas políticas. En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una 
ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo 
fuerte».
Rechazamos la queja con base en las siguientes consideraciones, siguiendo a la 
citada STC 91/2021, FJ 5.6.3 c):
Se hace necesario insistir en que la regla general es que la imparcialidad judicial se 
presume. Quien alega la parcialidad debe invocar una causa de recusación prevista 
legalmente, o un hecho o circunstancia de semejante entidad y significación como para 
presumir una falta de imparcialidad. Además, en cualquiera de los casos, se habrá de 
ofrecer un principio de prueba objetivo que permita entrar en el análisis de la cuestión 
planteada.
La imparcialidad judicial se configura como una garantía esencial del funcionamiento 
del sistema de derechos y libertades. El ciudadano debe tener la certeza de que su 
asunto será resuelto por un tribunal que no haya tenido contacto previo con las partes o 
con  el  objeto  del  proceso.  Por  eso,  en  esta  materia  son  también  importantes  las 
apariencias.  Sin  embargo,  la  duda  sobre  la  imparcialidad,  o  incluso  sobre  la  mera 
apariencia de imparcialidad, ha de estar basada en datos objetivos, de forma que se 
pueda entender como legítimamente justificada. Un sistema en que cualquier alegación 
sobre la parcialidad de un magistrado determinara su exclusión de un tribunal supondría 
un  grave  quebranto  de  las  garantías  para  el  resto  de  las  partes  implicadas  en  la 
resolución de la controversia. Eso es lo que explica que las causas de abstención y/o 
recusación hayan de ser interpretadas en sentido restrictivo y, por lo tanto, alegadas 
mediante la aportación de un principio de prueba objetivo que justifique su análisis y 
ponderación. En estas coordenadas se enmarca la exigencia de que la imparcialidad de 
un magistrado solo pueda ponerse en cuestión por la conducta o las expresiones u 
opiniones del propio magistrado, no de un tercero.
En este caso, ese tercero es un miembro de un partido político que remite un 
argumentario  a  través  de  una  plataforma  de  mensajería  instantánea  que,  por  su 
contenido y su contexto temporal –de conocimiento público–, aparece inserto en una 
controversia provocada dentro de ese partido, frente a quienes no parecían satisfechos 
con un determinado pacto supuestamente alcanzado para promover la renovación de los 
vocales  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial.  El  mensaje,  por  tanto,  tenía  una 
inequívoca  naturaleza  política  y  estaba  dirigido  –aparentemente–  a  describir  las 
hipotéticas bondades de un acuerdo alcanzado con un partido político rival. En ese afán 
se deslizaba una inaceptable imagen de seguidismo incondicional de los intereses de 
una fuerza política por hacerse con el «control» de una sala de Justicia que, por otra 
parte,  es  absolutamente  incompatible  con  la  independencia  judicial  garantizada  en 
nuestro texto constitucional (art. 117 y ss. CE). No obstante, analizado en su conjunto, 
algunos  de  los  términos  del  mensaje  podrían  entenderse,  incluso,  en  un  sentido 
completamente contrario al pretendido por el recurrente. El magistrado recusado no sería 
un instrumento de un partido político, sino un candidato de consenso entre dos fuerzas 
políticas antagónicas. Un magistrado –se dice en el mensaje– «excepcional», «gran  e
jurista», con «muchísima experiencia en el Supremo», que «prestigiará» el Tribunal  bo
Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, y con «capacidad de liderazgo y  4w
auctEonri tcausa»l.quier caso, no corresponde a este tribunal hacer una valoración política sobre  2021-1130n https://w
peeserm mitee ndseasjec.a rEtanr ,e psoter  saíp maritsamdoo , dlea  liam pdaermciaanliddaa ds odleo  usne  mtraatgai sdtrea dvoa.l oYra lra  srie ssup uceosntate nsiodloo 
puede ser negativa.
El  demandante  no  ha  aportado  ningún  dato  objetivo  sobre  la  conducta  o  las 
opiniones o expresiones del magistrado recusado de las que se deduzca una toma de 
posición previa sobre el fondo del asunto, o un interés sobre el sentido en que deba 
resolverse la controversia sometida a su consideración, que es la causa de recusación 
alegada (art. 219.10 LOPJ). Es más, los hechos subsiguientes a la publicación de ese 
mensaje –notoriamente conocidos– indican justamente lo contrario. El magistrado emitió 
un comunicado público, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación 
como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me 
obligan a hacer las siguientes precisiones:
1.  Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento 
al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.
2.  Mi  trayectoria  como  magistrado  ha  estado  siempre  presidida  por  la 
independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.
3.  El examen de las resoluciones que durante años he dictado como magistrado del 
Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la sala de admisión de las 
causas contra aforados–, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la 
aplicación del Derecho a la opción política del querellado o denunciado.
4.  Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para 
el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial».
Como se puede ver, en ese comunicado no solo se negaba toda participación en 
aquella supuesta estrategia de control de una sala de Justicia al servicio de un partido 
político, sino que se descartaba de manera firme y decidida cualquier postulación para el 
cargo al que se aludía (presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial).
Sin embargo, el recurrente solo parece haber tenido en cuenta el mensaje de un 
tercero frente al comportamiento inequívoco del magistrado recusado, que contradice 
abiertamente las expresiones vertidas por un cargo público en un ámbito estrictamente 
político. Esa lectura parcial de lo acontecido no puede recibir amparo de este tribunal. 
Las  consecuencias  de  una  eventual  estimación  del  recurso  por  este  motivo  son 
fácilmente previsibles, al mismo tiempo que inasumibles. Cualquier mensaje emitido por 
un  tercero  podría  doblegar  la  aplicación  estricta  de  las  normas  sobre  competencia 
objetiva o funcional, o sobre el régimen de abstenciones y recusaciones. Aunque solo 
nos moviéramos en el plano de las apariencias, las dudas sobre la imparcialidad solo 
pueden provenir de los actos o conductas del magistrado, objetivamente constatables. 
Cualquier duda basada en convicciones personales o criterios subjetivos, o en hechos u 
opiniones de terceros, no puede implicar la tacha de parcialidad de un magistrado, al 
margen de su comportamiento, porque entonces se estaría reconociendo un inexistente 
derecho del ciudadano a conformar el tribunal a su conveniencia.
b)  Las  mismas  consideraciones  resultan  enteramente  trasladables  para  dar 
respuesta a la queja relativa a otras manifestaciones de destacados cargos públicos a 
las que se refiere el demandante de amparo. Ninguna de ellas revela dato alguno que 
permita poner en duda la imparcialidad de alguno de los magistrados de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo que constituyeron el órgano juzgador.
Al margen de que el contenido de esas declaraciones, de las que se ha dejado  s
constancia más arriba, no pone de manifiesto la existencia de relación personal alguna  oe.
entre los referidos cargos políticos y los miembros del tribunal de enjuiciamiento, no  4ww.
easexppnortreetans icloaian deposa rratep,  urmdeieceunrorornsec natpebe aprrtr uuerebl baáarn , imdlaao t oidm oep  aaarrlcggiuuamnlidoea nddte o  oas ulgslua n moii neadm efbipnre odnsed  eojnu ccsoitaifm icpadrreo  qmuleaet  etrsa alselaus    2021-1130n https://w
apariencia de imparcialidad.
Cabe añadir que, en todo caso, con apuntamos en la STC 91/2021, ni el proceso 
penal del que dimana la condena impugnada ni, por tanto, el presente recurso de 
amparo, constituyen cauces para recabar la tutela judicial frente a declaraciones públicas 
de terceras personas que, por su contenido, pudieran inscribirse en el ámbito de la 
denominada dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia (FJ 8.4).
Por lo expuesto, el motivo no puede prosperar.
7.4.  Las  expresiones  políticas  contenidas  en  la  sentencia,  el  tratamiento  de  la 
presunción de inocencia, las manifestaciones del tribunal dentro y fuera de la sala, y las 
decisiones sobre admisión y práctica de pruebas.
7.4.1  Posiciones de las partes.
Un segundo grupo de causas que habrían comprometido la imparcialidad de la sala 
de enjuiciamiento, y que la demanda integra bajo la rúbrica «ausencia de imparcialidad 
subjetiva»,  tiene  que  ver,  con  la  excepción  relativa  a  una  determinada  información 
periodística, con el comportamiento del propio órgano en el ejercicio de su jurisdicción, lo 
que integra desde las decisiones sobre inadmisión de pruebas hasta la redacción de la 
sentencia, pasando por el desarrollo del juicio oral.
Tal y como ha quedado reflejado con detalle en los antecedentes de esta sentencia, 
la demanda cuestiona la imparcialidad del tribunal juzgador en base a las siguientes 
causas:  (i)  las  «expresiones  políticas»  y  el  tratamiento  excesivo  del  «derecho  de 
autodeterminación» en la sentencia, que implica una toma de postura sobre la cuestión 
política de fondo y evidencia la ausencia de neutralidad; (ii) el defectuoso tratamiento 
procesal de la presunción de inocencia, dada la inexistencia de valoración probatoria en 
relación con el demandante, lo que, a su vez, constituiría una vulneración del deber de 
motivación exigible ex art. 24.1 CE; (iii) las manifestaciones de los miembros del tribunal 
fuera de la sala de enjuiciamiento al expresar su «profundo malestar» por la estrategia 
de defensa del recurrente; (iv) las manifestaciones del presidente de la Sala en el 
desarrollo del interrogatorio de los testigos don Javier Pacheco y doña Marina Garcés, 
expresivas de la «predisposición del tribunal»; (v) y las decisiones de inadmisión de 
determinadas pruebas (veinte testificales propuestas por la defensa y, especialmente, de 
la pericial de don Hugh Orde y don Duncan McCausland) en contraste con las admitidas 
a la acusación, así como la dirección por el presidente del interrogatorio de la citada 
señora Garcés, también indicativas de esa misma predisposición.
Según el demandante, a las anteriores causas habría que añadir otras circunstancias 
alegadas  como  motivos  distintos  de  amparo,  como  la  modificación  del  criterio  de 
competencia ad hoc, la cuestión relativa a los derechos lingüísticos y el mantenimiento 
de la prisión provisional del recurrente.
El abogado del Estado rechaza el fundamento de este motivo de amparo con base 
en  las  siguientes  consideraciones:  (i)  sobre  las  calificadas  «expresiones  políticas» 
contenidas en la sentencia considera que el argumento es descabellado y supondría 
admitir la quiebra de la imparcialidad por el hecho de que el pronunciamiento fuera 
desfavorable; (ii) en relación con la expresión de la presidencia durante el desarrollo de 
la testifical de don Javier Pacheco, se trató «de contextualizar para poner de relieve la 
impertinencia de las preguntas», sin que se razone ni acredite por qué la imparcialidad 
se vio comprometida»; (iii) respecto de la supuesta filtración de unas opiniones del 
tribunal en cuanto a la estrategia de la defensa», la alegación no se basa en actuaciones 
propias de los magistrados, sino de terceros; (iv) en cuanto a la testifical de la señora  s
Garcés, se remite al apartado 16.3.3 del fundamento de Derecho A) de la sentencia; (v)  oe.
por lo que se refiere a la queja relativa al rechazo de la pericial, no se considera ni se  4ww.
fspeorbemrseeurtnoec  diaóe n c 2ríd0tie1c 9a.i n eCol comemnooct iivhaoa   edqseu  ecddoeanndteeogs aetacxdipóaun e dsdteeo  , tmalalo  pdaroleu gedabicfaei órcenon nrcetiealandtiiodv,oa   baealn j tore alt eaalm uptioeri nsdtmoe a d1 e d delael    2021-1130n https://w
contenido de ese derecho fundamental.
El partido político Vox, al margen la respuesta común reiterada en los apartados 
anteriores, se refiere específicamente a la queja que cuestiona la imparcialidad judicial 
con fundamento en la inadmisión y práctica de pruebas para afirmar que los hechos 
aducidos no constituyen sino «minucias procesales» que no menoscaban el derecho del 
recurrente de proponer y practicar pruebas ni tampoco afectan al sentido del fallo.
El Ministerio Fiscal también interesa la desestimación del motivo de amparo. Las 
quejas  específicas  relativas  al  tratamiento  de  la  presunción  de  inocencia  y  a  la 
inadmisión y práctica de pruebas son analizadas, respectivamente, desde la perspectiva 
del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a utilizar los medios de prueba 
pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE). Tras descartar las vulneraciones de esos 
derechos fundamentales, rechaza, por inverosímil, la tacha de parcialidad que se anuda 
a ellas. Respecto de las otras tres causas que habrían comprometido la imparcialidad del 
tribunal, la posición del fiscal resulta de los siguientes argumentos: (i) el tratamiento en la 
sentencia  del  denominado  «derecho  de  autodeterminación»  era  necesario  a  fin  de 
resolver sobre las vulneraciones de derechos que operarían como causa de justificación 
y que habían sido alegadas por las defensas. La queja expresa su discrepancia con el 
contenido  de  la  sentencia  en  este  aspecto,  pero  no  acredita  déficit  alguno  de 
imparcialidad; (ii) las denunciadas manifestaciones del tribunal sobre la «estrategia de la 
defensa»  tuvieron  su  origen  en  la  información  facilitada  por  algunos  medios  de 
comunicación en relación, a su vez, con lo aparecido en un chat de Whatsapp de 
periodistas, en el que ninguno de los magistrados participaba, por lo que se trata de 
manifestaciones efectuadas por tercero que no sirven para afirmar que las sospechas o 
dudas de parcialidad se hallan objetiva y legítimamente justificadas; y, finalmente, (iii) las 
manifestaciones del presidente del tribunal, con ocasión de los interrogatorios de los 
testigos señor Pacheco y señora Garcés, se encuadran en las funciones de dirección de 
los debates y de práctica de la prueba testifical, tuvieron una justificación razonable y 
«en modo alguno alteraron la igualdad de las partes con la causación de un menoscabo 
o  desequilibrio  sensible  en  las  facultades  de  alegación,  acreditación,  réplica  y 
contradicción».
7.4.2  Encuadramiento de las quejas.
El desarrollo argumental de la demanda, en el punto concreto que examinamos, hace 
del derecho al juez imparcial una suerte de causa común en la que introduce, además de 
algunos  motivos  que  atañen  propiamente  a  la  imparcialidad  del  tribunal  de 
enjuiciamiento, un conjunto de quejas sobre la actividad jurisdiccional del citado tribunal. 
En el discurso del recurrente, todas aquellas decisiones de la Sala, tanto de naturaleza 
interlocutoria como las relativas al enjuiciamiento de fondo, contrarias a su interés e 
incursas en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, serían reveladoras 
de la falta de imparcialidad de los magistrados que colegiadamente las tomaron.
Dicha fórmula argumental resulta inaceptable. Sin perjuicio de que este tribunal dará 
una respuesta a todas y cada una de esas quejas, el punto de partida para su correcto 
análisis reside en encuadrar cada una de ellas en el aspecto o faceta del derecho 
fundamental tutelable en amparo directamente afectado.
De cuanto llevamos expuesto se desprende que, de las cinco causas indicadas, solo 
tres pueden encuadrarse en el marco del derecho fundamental al juez imparcial (24.2 
CE). Las otras dos, a las que habría que sumar las tratadas separadamente en la 
demanda y que atañen a la competencia para el enjuiciamiento, a la cuestión lingüística 
y  al  mantenimiento  en  prisión  provisional  del  recurrente,  integrarían  vulneraciones  e
autónomas, y han de recibir, por ello, una respuesta separada. bo
Concretamente,  se  sitúan  en  la  órbita  del  derecho  al  juez  imparcial  las  tachas  4w
mrealagtiisvtarsa dao sla sin teexgprraenstieosn edse  cloan tseanliad adse e ne nljau icsieanmteiennctioa  yfu ear ala sy  mdeanntifreos tdaec iolan essa dlae.  lEons   2021-1130n https://w
cya mprbáicot,i claas  dqeu e lac onpcruieerbnae n haal nt radtaem  aiennatloiz adres ela,  prreesspuencctiióvanm deen itneo, cecnocmiao  yd ae nlau nacdimasis iódne 
vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la prueba 
(art. 24.2 CE).
Recapitulando, a fin de aclarar el orden de examen en esta sentencia de los motivos 
de amparo agrupados bajo esta denominación común de «derecho al juez imparcial», 
anunciamos lo siguiente: (i) las quejas relativas a la competencia para el enjuiciamiento y 
a la cuestión lingüística han sido ya examinadas en fundamentos precedentes; (ii) la que 
versa sobre el derecho a la presunción de inocencia será analizada en el siguiente 
fundamento jurídico; (iii) abordamos a continuación las que restan y hemos encuadrado 
en la materia de imparcialidad y que cuestionan la misma por razón del contenido de la 
sentencia y del comportamiento del tribunal durante el juicio; y (iv) añadiremos al final de 
este mismo fundamento algunas consideraciones sobre las alegaciones del recurrente 
desde las perspectivas de la igualdad de armas en el proceso y del derecho a la prueba, 
además de incluir una reseña a propósito de la denunciada filtración de la opinión de los 
magistrados sobre la estrategia de la defensa durante el juicio oral.
7.4.3  Inadmisibilidad  de  las  quejas  relativas  a  las  manifestaciones  del  tribunal 
dentro y fuera de la sala.
De las tres quejas que hemos considerado encuadrables en el derecho a un juez 
imparcial (art. 24.2 CE), las dos últimas, relativas las manifestaciones de los magistrados 
integrantes de la sala de enjuiciamiento fuera y dentro de la sala, incurren en la causa de 
inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC, y con el 
art. 223.1 LOPJ, cuando señala que la recusación «deberá proponerse tan pronto como 
se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a 
trámite».
Al respecto, hemos de recordar que el examen de los motivos que integran la 
demanda de amparo requiere, conforme al art. 44.1 c) LOTC, que «se haya denunciado 
formalmente  en  el  proceso,  si  hubo  oportunidad,  la  vulneración  del  derecho 
constitucional, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello». 
La finalidad de esta norma es la de preservar el carácter subsidiario del recurso de 
amparo (por todas, SSTC 42/2010, de 26 de julio, FJ 2; 91/2010, de 15 de noviembre, 
FJ 3, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 2). Este elemento teleológico ha guiado la 
interpretación de este requisito y el contenido mínimo de la invocación para que pueda 
considerarse cumplido.
Como  declaramos  en  la  tantas  veces  citada  STC  91/2021,  las  dudas  sobre  la 
imparcialidad  judicial  han  de  hacerse  valer  a  través  del  incidente  de  recusación 
correspondiente, hasta el punto de que la posibilidad de recusar se integra en el derecho 
a un proceso con todas las garantías (STC 116/2008, de 13 de octubre, FJ 2). El 
incidente de recusación se convierte, por tanto, en el instrumento idóneo para invocar 
una vulneración del derecho al juez imparcial. Al no hacerse así, no solo se renuncia al 
ejercicio del derecho a recusar en tiempo y forma, como expresión del derecho al juez 
imparcial integrado en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). 
También se impide la práctica de la prueba que se estime pertinente (art. 225 LOPJ), así 
como la instrucción y resolución del incidente por los órganos legalmente competentes 
(arts. 224 y 227 LOPJ). Del mismo modo, se imposibilita que el magistrado recusado 
pueda ofrecer las explicaciones que entienda procedentes sobre la cuestión sometida a 
controversia. El incidente de recusación es una garantía para quien recusa, porque 
permite una eventual reparación de la vulneración alegada mediante el apartamiento del 
magistrado, pero también para el recusado, porque impide –en su caso– una indebida  e
exclusión del conocimiento del asunto que legalmente le está encomendado. bo
Un análisis de las actuaciones pone de manifiesto que los motivos indicados no  4w
pfuoerr loan l eayr.ticulados en el momento procesal oportuno a través del cauce procesal indicado  2021-1130n https://w
incidEenn teel  dees cnriutoli dpaodr  deel  qaucetu alac iorenperse sceonnttaraci ólan  speroncteenscaila ,d ebla jsoe ñlao rr úCburiixcaar td eplr o«mdoevreióc heol 
fundamental a un proceso con todas las garantías y a un juez predeterminado por la ley
independiente  e  imparcial»,  se  denunció  como  motivo  principal  la  ausencia  de 
neutralidad política de la Sala a consecuencia de las expresiones contenidas en la 
sentencia sobre el derecho a decidir, a lo que se agregaba, como «hechos procesales 
[…]  que  complementan»  la  perspectiva  expuesta,  la  modificación  del  criterio  de 
competencia, la resolución de la cuestión relativa a los derechos lingüísticos, la decisión 
sobre medios de prueba, la forma en que el tribunal abordó los interrogatorios de los 
testigos de la defensa, las opiniones del tribunal en cuanto a la estrategia de la defensa, 
el  mantenimiento  de  la  prisión  provisional  del  recurrente  y  la  forma  de  abordar  la 
presunción de inocencia. A la vulneración de este último derecho fundamental, sin 
embargo, dedicó un apartado independiente.
Al  margen  de  la  alegación  relativa  a  la  presunción  de  inocencia,  que  tuvo  un 
tratamiento  separado  (apartado  2.3),  la  respuesta  específica  del  Tribunal  Supremo, 
contenida en el fundamento jurídico 2.2 del auto de 29 de enero de 2020, se centró, 
como veremos, en la cuestión relativa a la denunciada ausencia de neutralidad política o 
ideológica. La razón es que esta causa surge a raíz del contenido de la propia sentencia, 
de modo que no pudo denunciarse con anterioridad.
En  cambio,  en  lo  que  ahora  interesa  y  con  independencia  de  que  el  correcto 
encuadramiento de esas otras quejas nos lleve a darles una respuesta de fondo desde la 
perspectiva de otro derecho fundamental o de otra faceta del mismo derecho, las causas 
que ponen en cuestión la imparcialidad por el comportamiento del tribunal durante el 
juicio debieron hacerse valer por medio de la recusación de los magistrados concernidos 
tan pronto tuvieron lugar las conductas que se tachan.
Debemos insistir en que la exigencia de recusación no obedece a un entendimiento 
formalista del principio de subsidiariedad. Como hemos señalado, el instrumento de la 
recusación comprende una serie de garantías tendentes a asegurar el acierto de la 
decisión que son relevantes y no hemos de obviar, como son la audiencia del recusado y 
partes, la posibilidad de practicar prueba y la atribución de la decisión a un órgano 
judicial especialmente diseñado al efecto por la ley –en este caso, la Sala del art. 61 
LOPJ–. Pero, sobre todo, este incidente constituye el único cauce que posibilita la 
reparación temprana e in natura de una eventual vulneración del derecho fundamental al 
juez imparcial (art. 24.2 CE). Por estas «poderosas razones» (en palabras de la citada 
STC 140/2004, FJ 5), no es admisible la denuncia tardía de la vulneración de dicho 
derecho  fundamental  con  el  objeto  de  obtener,  no  el  apartamiento  del  juez  cuya 
imparcialidad se entienda comprometida, sino la anulación de la resolución en la que 
dicho juez hubiera intervenido y que fuera desfavorable para el denunciante.
Como  se  expresaba,  el  óbice  afecta  a  la  queja  que  tiene  por  causa  el 
comportamiento del tribunal durante el juicio oral, pero no comprende el primero de los 
motivos examinados, pues la causa de esa denunciada pérdida de imparcialidad no pudo 
conocerse sino desde el momento en que se notificó la sentencia.
7.4.4  Sobre la queja relativa al contenido político de la sentencia.
7.4.4.1  Respuesta del órgano judicial.
Una vez que ha quedado acotado el objeto de nuestro enjuiciamiento a la queja 
relativa  a  la  supuesta  pérdida  de  la  imparcialidad  puesta  de  manifiesto  por  las 
«expresiones  políticas»  y  el  tratamiento  del  «derecho  de  autodeterminación»  en  la 
sentencia  recurrida  en  amparo,  comenzamos  su  examen  con  reproducción  de  la 
respuesta judicial que obtuvo la misma. s
Como se anticipó, la tacha recibió una respuesta expresa del tribunal sentenciador  oe.
en el fundamento jurídico 2.2 del auto de 29 de enero de 2020 que resolvió los incidentes  4ww.
de n«uLliadsa da ldeeg aaccitounaecsio nreelsa tpivraosm oav liad ovsu clnoenrtarac ióanq udeellla .d Deriecech aos íf:undamental a un proceso  2021-1130n https://w
caomnp taordaadsa sla es ng aurnaan tísausp uy eas tuan  "jpueerzs pperecdtiveate ridmeinoalódgoic pao pr rlae vlieay"  idned elpoesn mdiieenmteb reo sim dpea recsiatel,   BOE-A-cable e
tribunal, carecen de fundamento. Las meras apreciaciones subjetivas de la parte no 
pueden constituir sustento suficiente para afectar a la apariencia de imparcialidad de 
esta Sala.
La  discrepancia  legítima  sobre  el  análisis  que  la  sentencia  realiza  acerca  de 
cuestiones como el "derecho a decidir" o el derecho a la autodeterminación, difícilmente 
puede fundar la parcialidad alegada. El análisis de esta cuestión viene motivado –como 
se explica en dicha resolución– por la necesidad de resolver las posibles vulneraciones 
de derechos que operarían como causa de justificación y que habían sido alegadas, de 
una forma u otra, por las defensas. Sorprende, pues, que en el escrito presentado se 
afirme que dicha cuestión "no forma parte del objeto del juicio penal y que no es ni 
pertinente ni necesaria en un análisis sobre hechos y aplicación de la ley penal como el 
que corresponde a un tribunal de la jurisdicción penal", tratando así de imputar a esta 
Sala "un exceso" que, como hemos dicho, carece de fundamento».
7.4.4.2  Resolución de la queja.
Las razones ofrecidas por el Tribunal Supremo al contestar la queja resultan, a juicio 
de este tribunal, suficientes a fin de rechazar la misma. Añadimos, no obstante, las 
siguientes consideraciones:
a)  La neutralidad ideológica o política no constituye una exigencia derivada la 
imparcialidad judicial [STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 8 b)]. Lo que esta impone 
es  que  las  convicciones  personales  del  juez  no  se  erijan  en  ideas  preconcebidas, 
prevenciones o prejuicios en su ánimo que puedan incidir en la decisión que deba 
adoptar, suplantado el sometimiento al ordenamiento jurídico como exclusivo criterio de 
juicio. Y la imparcialidad judicial se presume. La parte recurrente deduce el alegado 
«prejuicio ideológico» no de lo dicho o hecho por los magistrados integrantes de la Sala 
con anterioridad, con ocasión de su intervención en el proceso que examinamos o al 
margen del mismo, sino a partir del contenido de la propia sentencia, expresión del juicio 
del tribunal sobre la cuestión sometida a su decisión. Esta forma de argumentar es 
metodológicamente incorrecta, pues no es posible tachar de «prejuicio» lo que es ya 
«juicio». Dicho en otros términos, la inferencia de una determinada «toma de postura 
previa» o «prejuicio» no puede hacerse exclusivamente a partir del contenido de la 
decisión definitiva resultante de la acción de juzgar.
b)  El recurrente insiste en que la sala sentenciadora ha dejado constancia en la 
sentencia de una determinada posición política o ideológica. Este punto de partida es 
incierto.
A lo largo de esas más de veinte páginas que la sentencia dedica al «"derecho a 
decidir" como pretendida causa de exclusión de la antijuridicidad» [apartado 17.1 del 
fundamento de Derecho A)], la sala sentenciadora no expresa su opinión ideológica o 
política  sino  su  posición  sobre  una  determinada  cuestión  jurídica  que  había  sido 
suscitada por las partes. Se podrá discrepar de esta posición, de la calidad de la 
argumentación y del acierto de la conclusión alcanzada, pero no es posible identificar en 
todo  el  contenido  de  este  fragmento  expresión  alguna  que  permita  identificar  una 
determinada postura ideológica o política por parte del tribunal de enjuiciamiento.
c)  Como  señala  el  ministerio  público,  la  queja  expresa  la  discrepancia  del 
recurrente con el contenido de la sentencia en este aspecto, pero no acredita déficit 
alguno de imparcialidad en los magistrados que la dictaron.
La sentencia no solo no expresa una «posición política sobre la cuestión de la  s
plurinacionalidad o uninacionalidad del Estado español», que es lo que la demanda de  oe.
amparo  reprocha  a  la  misma,  sino  que,  como  se  encarga  de  reiterar  la  sala  de  4ww.
peeenstrjuemi cpairnaoemcceieidsnoot ,o a ysy í p,e eassjteeen  ator i blaouls nd aienlb tecaontento sjsuta ddtiaec,i a aell,sg deuu ntreaamsn tade e et oslad saa bsps asorultuest saf amdseee nsrt.ee sE ael lxftaatrlral oñlo on  ocao eln sotr bfarjreuiottoo,   dhdeae    2021-1130n https://w
una posición ideológica o política de los miembros del tribunal sentenciador sino el
resultado de una compleja labor de fijación de los hechos y de una extensa reflexión 
jurídica.
7.5  Consideraciones sobre la igualdad de partes en el proceso, el derecho a la 
prueba y la filtración de la supuesta opinión de los magistrados sobre la estrategia de la 
defensa.
7.5.1  Derecho a la igualdad de armas en el proceso.
Como anticipábamos, las alegaciones del recurrente que cuestionan la imparcialidad 
–«predisposición  negativa»  dice  la  demanda–  del  tribunal  de  enjuiciamiento  por  el 
comportamiento de su presidente en el acto del juicio oral con ocasión del interrogatorio 
de dos testigos, pudieran encuadrarse en esta faceta del derecho fundamental a un 
proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE) (STC 130/2002, de 3 de junio).
Muy sintéticamente conviene recordar  que  la igualdad de partes en el proceso 
constituye un principio constitucional integrado en el objeto del derecho a un proceso 
judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE) y «significa que los órganos judiciales 
vienen constitucionalmente obligados a aplicar la ley procesal de manera igualitaria, de 
modo que se garantice a todas las partes, dentro de las respectivas posiciones que 
ostentan en el proceso y de acuerdo con la organización que a este haya dado la ley, el 
equilibrio de sus derechos de defensa, sin conceder trato favorable a ninguna de ellas en 
las condiciones de otorgamiento y utilización de los trámites comunes, a no ser que 
existan circunstancias singulares determinantes de que ese equilibrio e igualdad entre 
las  partes  solo  pueda  mantenerse  con  un  tratamiento  procesal  distinto  que  resulte 
razonable, y sea adoptado con el fin precisamente de restablecer dichos equilibrio e 
igualdad (STC 101/1989, de 5 de junio, FJ 4)» (STC 130/2002, FJ 3).
La STC 91/2021, en su fundamento jurídico sexto, dedicado a la alegada vulneración 
de este mismo derecho fundamental, valoró expresamente desde esta perspectiva, entre 
otros,  el  episodio  del  juicio  oral  que  alega  el  demandante  de  amparo  relativo  al 
interrogatorio de la testigo doña Marina Garcés, materia a la que la sentencia recurrida 
dedica el apartado 16.3.3 del fundamento de Derecho A).
Al respecto, además de remitirnos a lo que allí se expuso, lo que incluye la reseña 
pormenorizada  de  la  respuesta  dada  por  el  Tribunal  Supremo  ante  la  alegación 
efectuada  por  otros  procesados,  reiteramos  que,  como  concluimos  entonces,  este 
tribunal constata que no existió trato peyorativo hacia la defensa.
Señalábamos  allí  que  más  allá  de  que  todas  y  cada  una  de  las  valoraciones 
efectuadas  sobre  tales  eventualidades  han  recibido  una  respuesta  explícita  en  la 
sentencia recurrida, del acierto de tales respuestas (en términos de ajuste a la norma 
procesal), y de que, como también constatamos, esas incidencias carecen de relevancia 
para la formación del relato fáctico del que dimana la condena, estimamos que tales 
acontecimientos, valorados en su conjunto y en el contexto de todo el juicio oral, resultan 
manifiestamente insuficientes para fundar la existencia de un trato desfavorable.
Tras repasar las respuestas dadas por el Tribunal Supremo a cada una de las quejas 
planteadas  al  respecto,  concluíamos  que  ninguno  de  estos  acontecimientos, 
considerados aisladamente, tiene la entidad suficiente como para deducir una quiebra de 
la imparcialidad judicial. Tomados conjuntamente y en el contexto del juicio, la tacha se 
desvanece por completo.
Concretamente, respecto del interrogatorio de la testigo doña Marina Garcés, la 
sentencia impugnada, tras razonar extensamente sobre la irrelevancia para el juicio de  s
las  valoraciones  personales  de  los  testigos,  se  refiere  específicamente  a  dicho  oe.
interrogatorio.  Reproduce  reiteradas  alusiones  a  sus  percepciones  personales  o  4ww.
s[e…enn ]u tionm adie enn uatoelasvr a(m« astei»tnu; íaa«cmeisóotnus  pplaeo flsaítecicncaisó»an;c  iy«ó ensn od rnepi rnuegnsúaan  cg umerniooemsriaedlnaiztdao d ctaou»mv,e p« aldaret idssehana [sc…aec]r  iqlóaun ei nd eqenu tiiernátqubudai emyt uoedsl    2021-1130n https://w
miedo»; y «prohibición incomprensible y triste», en relación con las resoluciones del
Tribunal  Constitucional)  en  respuesta  a  preguntas  que  «en  ningún  caso,  fueron
declaradas impertinentes, pese a su manifiesta irrelevancia». Acto seguido explica la 
interrupción del presidente «en el momento en el que el testimonio llega a un punto en el 
que la declarante pretende explicar su grado de alucinación sobre lo que aconteció el 1 
de octubre ("yo aluciné")», por entender que la declaración no versaba sobre hechos sino 
sobre valoraciones personales, que no interesan al enjuiciamiento.
Concluye este apartado el Tribunal Supremo con la justificación de la expresión 
«correcto. Mucho mejor», empleada por la presidencia cuando el letrado puso fin al 
interrogatorio de la señora Garcés. Y señala que su testimonio fue «manifiestamente 
prescindible». «Nada de lo que dijo, nada de lo que valoró, nada de lo que respondió […] 
ha tenido influencia en la proclamación de los hechos probados».
Más  adelante,  retoma  el  tribunal  sentenciador  el  interrogatorio  de  doña  Marina 
Garcés, para explicar por qué no se permitió a la citada testigo consultar notas escritas, 
lo que había sido criticado por alguna de las defensas. Según la sentencia de la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo, en el caso de la señora Garcés, no se trató del empleo de 
«unas  notas  que  le  sirvan  para  refrescar  la  memoria  respecto  de  datos  de  difícil 
evocación», sino de que se valió de «un guion en el que se transcribe hasta el tiempo 
que hacía que "[…] no se tomaba un café" con el señor Cuixart, su estado febril o el 
grado de alucinación que le produjo la prohibición jurisdiccional del referéndum del 1 de 
octubre».
Como destacábamos en la STC 91/2021, que seguimos, no corresponde valorar a 
esta  jurisdicción  constitucional  el  acierto  o  no  de  tales  respuestas  del  tribunal 
sentenciador. Nuestro enjuiciamiento, mucho más limitado, se circunscribe a constatar 
que las quejas de la parte recurrente han recibido por parte del tribunal encargado del 
enjuiciamiento –insistimos en que, conforme a nuestra Constitución, se trata del órgano 
jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías 
constitucionales  (art.  123.1  CE)–,  una  respuesta  explícita,  completa,  razonada  y 
razonable. La motivación expuesta, que cubre la totalidad de las protestas relativas a 
incidencias producidas en el debate y la dirección de este por el presidente, cumple así 
con el canon constitucional de razonabilidad que resulta aplicable, y elimina la sospecha 
de arbitrariedad y de trato desfavorable que suscita la parte recurrente. Todas y cada una 
de  las  decisiones  adoptadas  por  el  presidente  en  la  dirección  del  juicio,  que  han 
merecido reproche por parte de las defensas, tienen una explicación razonada, siquiera 
no sea del agrado del demandante de amparo.
Por las mismas razones expuestas, también en el supuesto examinado, los hechos 
que integran esta queja, según se relatan en la demanda de amparo formulada por el 
señor Cuixart, censurando lo que considera excesos verbales de la presidencia con 
ocasión del interrogatorio de los citados testigos, en el contexto de un juicio desarrollado 
en largas sesiones de mañana y tarde durante meses y en el que fueron interrogados 
más  de  quinientos  testigos,  constituyen  acontecimientos  no  relevantes  desde  la 
perspectiva de la igualdad de armas y del derecho de defensa.
7.5.2  Derecho a la prueba.
Decíamos  también  que  dentro  del  discurso  del  recurrente,  según  el  cual  todas 
aquellas decisiones de la Sala, contrarias a su interés e incursas en cualquier forma de 
infracción del ordenamiento jurídico, serían reveladoras de la falta de imparcialidad de 
los  magistrados  que  las  adoptaron,  se  integra  una  queja  sobre  las  decisiones  de 
inadmisión de determinadas pruebas y la práctica de la testifical de doña Marina Garcés. 
Según la demanda, la inadmisión de veinte testificales propuestas por la defensa y,  e
especialmente, de la pericial de don Hugh Orde y don Duncan McCausland, lo que le  bo
habría provocado indefensión, en contraste con las testificales admitidas a la acusación,  4w
yin dlaic adtiirveacsc idóen  epsoar  meils mprae s«ipdreendties pdoesli ciinótne rnroeggaattoivraio» .de la citada señora Garcés, serían  2021-1130n https://w
sínteCsaisb,e  qrueec oprdaarar,  qsuigeu ieesntdeo  tari bluan taaln ptause dvae caepsr eccitiaadr au SnaT Cv u9ln1e/2ra0c2i1ó,n F dJe 7l ,d eenre acphroe taa dlaa 
prueba, se exige que el recurrente demuestre la relación entre los hechos que se
quisieron  y  no  se  pudieron  probar,  y  las  pruebas  indebidamente  inadmitidas  o 
practicadas;  y,  por  otro,  que  argumente  de  modo  convincente  que,  si  se  hubieran 
admitido o se hubiera practicado correctamente la prueba admitida, la resolución final del 
proceso hubiera podido ser distinta (STC 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5, con cita de las 
SSTC 147/1987, de 25 de septiembre; 357/1993, de 29 de noviembre; 1/1996, de 15 de 
enero; 217/1998 y 219/1998, de 16 de noviembre).
En realidad, la queja del recurrente, en la que se incluye la simple afirmación de que 
tales decisiones le causaron indefensión, carece de contenido desde la perspectiva del 
derecho a la prueba. No se traen las razones por las que el auto de 1 de febrero 
de 2019, en el que la sala de enjuiciamiento resolvió sobre la proposición de prueba, 
rechazó dichas pruebas ni, por consiguiente, se someten a crítica. Tampoco la cuestión 
relativa al interrogatorio de la citada testigo, extensamente tratada en la sentencia del 
Tribunal  Supremo  [apartado  16.3.3  del  fundamento  de  Derecho  A)],  es  objeto  de 
valoración  crítica  en  la  demanda.  En  tales  circunstancias,  ni  es  posible  afirmar  la 
existencia  de  indefensión,  ni  menos  la  «predisposición  negativa»  del  tribunal  de 
enjuiciamiento denunciada por la parte recurrente.
7.5.3  La filtración de la supuesta opinión de los magistrados sobre la estrategia de 
la defensa.
Finalmente, una última consideración merece la alegación que pone en cuestión la 
imparcialidad  de  la  sala  de  enjuiciamiento  a  partir  de  la  información,  publicada  en 
determinados medios de comunicación, según la cual los magistrados que conformaron 
dicha sala habrían expresado una opinión crítica con la estrategia de la defensa del 
recurrente –mostrando su «profundo malestar»– durante las sesiones del juicio oral.
El  auto  de  29  de  enero  de  2020  que  desestimó  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones se refiere a esta tacha limitándose a señalar que «[e]s obvio, por último, que 
las  informaciones  periodísticas  a  las  que  alude  la  parte  no  pueden  amparar  una 
alegación como la que se formula» (último párrafo del apartado 2.2).
Aunque escueta, la contestación anterior, es suficiente, a juicio de este tribunal, para 
rechazar el fundamento de esta tacha.
No podemos tener por justificada la premisa de la que parte la queja en sentido de 
que la información publicada proceda de algún miembro del tribunal de enjuiciamiento o 
de su entorno. En segundo lugar, en tal información el «profundo malestar» que se 
atribuye a la sala, «según fuentes del tribunal», aparece también conectado con el 
comportamiento de algunos testigos de la defensa durante su interrogatorio en una 
determinada sesión del juicio oral. No es posible entender acreditado, por tanto, que uno, 
varios o todos los magistrados integrantes de ese tribunal hayan expresado de ese modo 
una opinión negativa sobre la forma de conducirse la defensa del ahora demandante de 
amparo.
Procede, por todo ello, desestimar el motivo del recurso de amparo.
8.  El derecho a la presunción de inocencia.
8.1  Posición de las partes.
El demandante sitúa en el segundo motivo del recurso sus alegaciones sobre el 
indebido  tratamiento  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia,  que  no  plantea 
formalmente como queja autónoma, sino como un factor acreditativo de la vulneración 
del derecho al juez imparcial que denuncia con base en múltiples causas. Sostiene aquí  e.e
que la resolución impugnada carece de un apartado específico que aborde la cuestión  b
cpeurxoapbnliacdatoo  rcieaun átyrl  aer esec nola ja cf oulnaet nrdateed bidcidceai óp nmr uoceotbivnaa  lcnaiió  pncró udmeeobl  acs oedr erve aslalpo ordane dfeeiennn sotaer. d aeEnnjáe lamis pifsijl,aif irdc eae  l meresoelda otpo r qofuácecet dinceoor    2021-11304n https://ww
ccoonn trsaup oanciteunadcoió nlo es np álar rjaofronsa ddae ddiceal d2o0s  dae  esxeppltiiceimtabr rlea  dvea lo2r0a1c7ió yn  lporso bhaetcohroias  edne crlealraacdióons 
probados al respecto. Niega, en concreto, que las referencias a que se impidió atender la
orden judicial con plena normalidad, a la existencia de disturbios o a la orientación a 
impedir el funcionamiento normal de la administración de justicia se siga de la prueba 
articulada por la defensa, sin que se expliciten las fuentes de prueba y la valoración que 
conducen a tales conclusiones. A su entender, ese proceder muestra un elemento de 
«prejuicio» determinante de la ausencia de imparcialidad subjetiva e, incluso, vulnera el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales contenido en el art. 24.1 CE y el 
art. 6.1 CEDH.
Desde tal valoración global, la demanda desarrolla en torno a cuatro hechos el 
cuestionamiento sobre los pronunciamientos fácticos que conciernen al recurrente en 
particular. Se defiende, en síntesis, que: a) la participación en la convocatoria del 20 de 
septiembre, que reconoce haber alentado y sitúa en el marco de un Estado democrático 
de Derecho, no impidió la diligencia judicial en la vicepresidencia del Govern; b) las otras 
convocatorias en esa fecha son actos de protesta, sin que se explique por qué se 
entienden dirigidos a impedir el funcionamiento normal de la administración de justicia, y 
los  incidentes  en  el  desarrollo  de  las  distintas  diligencias  judiciales  aparecen 
sobredimensionados y ayunos de prueba que permita imputárselos al demandante; c) las 
llamadas a la participación el 1 de octubre y la necesidad de utilizar la fuerza por parte 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que contiene el relato fáctico resulta 
contradictoria con la afirmación acto seguido de que más tarde tuvieron que declinar ese 
uso por poder devenir desproporcionado, a lo que se añade la falta de concreción de las 
grabaciones visionadas y valoradas para fijar lo ocurrido en los colegios electorales y, 
finalmente, la ausencia de un relato fáctico con la concreción y el detalle suficiente para 
subsumir la conducta en el tipo penal, y d) la finalidad atribuida a las movilizaciones de 
demostrar que los jueces habían perdido su capacidad jurisdiccional en Cataluña carece 
de  fundamento,  pues  la  conducta  del  recurrente  se  limita  a  la  protesta  por  dos 
actuaciones judiciales concretas y no a cuestionar la institucionalidad judicial en su 
conjunto, con el añadido de que los jueces y tribunales continuaron desarrollando su 
función judicial con normalidad.
El abogado del Estado opone que la demanda se limita a discrepar de la valoración 
de la prueba por el órgano judicial, disconformidad que no tiene soporte en derecho 
fundamental alguno, al tiempo que obvia el resto del relato de hechos probados e ignora 
las múltiples diligencias de prueba realizadas de las que se deriva. Precisa que esa 
prueba ha sido valorada a lo largo de la sentencia de forma motivada, aun cuando no 
contenga un apartado específico, como resulta del fundamento C), relativo al juicio de 
autoría, que analiza en su apartado 1.9 las pruebas que soportan la intervención del 
recurrente y que constituyen prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la 
presunción de inocencia.
El partido político Vox se limita a destacar que la sentencia detalla y motiva en todos 
sus apartados las conductas delictivas de todos y cada uno de los condenados.
El fiscal descarta asimismo la vulneración del derecho a la presunción de inocencia 
conforme a la doctrina constitucional pertinente, con la consecuencia lógica de privar de 
su  presupuesto  a  la  falta  de  imparcialidad  aducida.  Defiende  que  ha  existido  una 
suficiente actividad probatoria de cargo, recordando la exposición de las fuentes de 
prueba y de su valoración por el Tribunal Supremo en el apartado 1.9 del fundamento de 
Derecho C) de la sentencia, dedicado al juicio de autoría del demandante. Según valora, 
en él se detallan asimismo los hechos que protagonizó y su intervención en un análisis 
motivado que debe ponerse en conexión con la valoración inicial conjunta (pág. 298) 
sobre la atribución a los acusados de la lesión de los bienes jurídicos en tanto que sus  s
conductas individuales –en su caso, la actuación movilizadora a una resistencia activa y  oe.
de oposición por las vías de hecho– se insertan en una estrategia delictiva, compartida  w.
ddEeessstaaddceou  eeerln d poqr uiyne c uilponisao   cduoise csdrteeio pnmaanamcniieaer nact oossno  fbeárlc etriveceloanstio dq aud.ee  E ehlf eefccishtúcoaasl   lapc rodoiebnmaciddaoens d,c apo nonor   llpaoa  sqaaubneo  gdqaeuc esíade ar d uaenll    2021-1130n https://w
margen de la competencia del Tribunal Constitucional.
8.2  Respuesta del órgano judicial y pronunciamientos concernidos.
El auto del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020 desestima las alegaciones 
relacionadas con la posible vulneración del derecho fundamental a la presunción de 
inocencia que ahora se reproducen en sede de amparo en su razonamiento 2.3. Indica 
que las pruebas valoradas para declarar probados los hechos por los que ha sido 
condenado  el  recurrente,  «se  explicitan  en  el  apartado  C)  de  los  fundamentos  de 
Derecho, cuando se examina el juicio de autoría correspondiente (punto 1.9), e incluyen 
testificales, documentales, periciales y la propia declaración del acusado» y que las 
alegaciones «ponen de manifiesto una clara discrepancia con dicha valoración y con las 
inferencias que de ella se obtienen, pero ello no implica la insuficiencia de los medios de 
prueba analizados».
En el antecedente 2 p) de esta resolución se recogen con detalle los aspectos del 
citado fundamento C) «Juicio de Autoría» atinentes de modo expreso al recurrente 
(apartado 1.9), a los que debe sumarse la consideración global de los razonamientos 
sobre la prueba que contiene la sentencia a los que se hará alusión al analizar la queja.
8.3  Delimitación de la queja.
Como  hemos  adelantado  en  el  fundamento  anterior,  todavía  en  el  motivo  que 
denuncia la vulneración del derecho al juez imparcial trae el recurrente el tratamiento 
procesal de la presunción de inocencia, con invocación de los arts. 24.2 CE y 6.2 CEDH, 
como expresión de la falta de imparcialidad de los magistrados del Tribunal Supremo. 
Sin  embargo,  en  el  desarrollo  posterior  no  se  argumenta  sobre  la  incidencia  del 
tratamiento de la prueba del que discrepa en la garantía de imparcialidad del proceso 
debido. En realidad, bajo el enunciado de la queja reproduce la exposición que ya hiciera 
en el escrito del incidente de nulidad de actuaciones para defender la vulneración de su 
derecho  a  la  presunción  de  inocencia,  entonces  planteada  como  lesión  autónoma 
además de enunciada como indicio de falta de neutralidad. En su traslación literal a la 
demanda de amparo no se añade razonamiento alguno en orden a explicar y defender el 
alegado efecto de generar dudas o atestiguar la imparcialidad de los miembros del 
tribunal más allá de su inicial clasificación como elemento encuadrable en la ausencia de 
imparcialidad  subjetiva  revelador  de  un  prejuicio.  En  atención  a  tal  contenido 
impugnativo, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se analiza como 
queja con sustantividad propia.
Debe aclararse, de cualquier manera, que no resulta ni mucho menos evidente la 
conexión pretendida entre una lesión del derecho a la presunción de inocencia y una 
indebida  predisposición  de  los  jueces  o  su  apariencia.  En  términos  abstractos, 
asumiendo a efectos meramente analíticos la hipótesis de que concurre una vulneración 
del derecho a la presunción de inocencia, resulta insostenible la regla de conexión que la 
demanda presupone. Esto es, que una condena penal asentada en una valoración 
irrazonable de la prueba, o a partir de prueba insuficiente, o, en fin, ayuna de la debida 
motivación, acredite una previa predisposición personal del juez sentenciador. El mismo 
salto  lógico,  cuando  no  mayor,  existe  entre  una  condena  sin  prueba  suficiente  o 
inmotivada tras el juicio oral y la generación ex post de dudas objetivamente justificadas 
sobre la imparcialidad del tribunal. En una reducción al absurdo, la tesis del recurrente 
conduciría  a  apreciar  la  lesión  de  la  garantía  del  proceso  debido  siempre  que  se 
apreciara un tratamiento defectuoso de la presunción de inocencia, por considerarlo 
indicativo de un prejuicio, de «una perspectiva apriorística del tribunal», como adujo en el  s
incidente de nulidad. Confunde con ello el recurrente el ámbito de aplicación y el alcance  oe.
de una y otra garantía del proceso debido, sin alegar hechos desconocidos hasta ese  4ww.
emontorcoma rleanndatoo e,  dln eion  clocidase nqnautleiez  adpdeua d rieaec rtuars aiavncéfeisór nird.se eCl  oplamr oeocx eihssetoem neocssipa e ddciceífh icuoon  yada e ta acdl heeafxe andmsea ini madrpe all ardcsei artelaidccahhdoa, s q pduoeer    2021-1130n https://w
parcialidad, de forma diversa, pero imposible de aceptar, pretende elevar a la categoría
de hecho revelador de la imparcialidad el desenlace negativo del proceso fundado en 
una apreciación de la prueba que juzga deficitaria.
Por lo demás, nada tiene que ver la queja del recurrente con la conexión entre la 
independencia e imparcialidad del juez y la eficacia extraprocesal o como regla de 
tratamiento del derecho a la presunción de inocencia. En ningún momento opone en este 
punto la existencia de declaraciones o manifestaciones de los miembros de la Sala de lo 
Penal sobre el asunto o el demandante, ni antes ni durante el juicio oral ni en el texto de 
la sentencia, denotadoras de un prejuicio de culpabilidad contrario a la presunción de 
inocencia y, de forma global, lesivo del derecho a un juicio justo por ausencia de un 
tribunal imparcial (en cambio, STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 9; SSTEDH de 5 
de febrero de 2009, asunto Olujic c. Croacia, § 59; de 16 de septiembre de 1999, asunto 
Buscemi c. Italia, § 68, y de 6 de noviembre de 2018, asunto Otegi Mondragón c. 
España, § 65).
Hecha la aclaración anterior sobre el deficiente planteamiento y desarrollo de la 
queja  que  conecta  el  tratamiento  de  la  presunción  de  inocencia  con  la  falta  de 
imparcialidad,  cabe  anticipar  que  tampoco  un  examen  de  lo  alegado  desde  la 
perspectiva del derecho a la presunción de inocencia, que se realiza a continuación, 
contribuye a sostener en concreto el vínculo que propugna la demanda. En tanto se 
concluye que existe prueba de cargo válida y lícita suficiente, cuya valoración razonable 
se expresa motivadamente, no puede apreciarse la lesión del derecho a la presunción de 
inocencia aducida como indicio de la existencia de un prejuicio y decae la premisa de la 
tacha de imparcialidad alegada en este punto.
8.4  Doctrina constitucional.
La vulneración del derecho a la presunción de inocencia que alega el recurrente no 
atañe a la licitud o validez de las pruebas practicadas, tampoco a la clara consignación 
de lo que se consideran hechos probados. Se centra en la falta de explicitación de la 
prueba practicada y de su valoración, de la que discrepa parcialmente y, con ello, en la 
ausencia de prueba suficiente que sostenga los hechos probados.
En concordancia con ese concreto planteamiento, hay que poner de manifiesto que 
es doctrina reiterada de este tribunal, como expone la STC 105/2016, de 6 de junio, FJ 8, 
que «el derecho a la presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser 
condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que exige una mínima actividad probatoria, 
realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del 
delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del 
acusado en los mismos. A este respecto, el tribunal ha manifestado en numerosas 
ocasiones su radical falta de competencia "para la valoración de la actividad probatoria 
practicada en el proceso penal y para la evaluación de dicha valoración conforme a 
criterios de calidad o de oportunidad, quedando limitada la misión de este tribunal, 
cuando  le  es  invocado  el  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  (art.  24.2  CE),  a 
supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y 
el relato fáctico resultante […] Igualmente se ha destacado que, a falta de prueba directa, 
la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del 
delito puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que 
los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso 
mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, puesto de manifiesto en la 
sentencia, y que el control de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto 
desde  el  canon  de  su  lógica  o  coherencia,  siendo  irrazonable  cuando  los  indicios  e
constatados  excluyan  el  hecho  que  de  ellos  se  hace  derivar  o  no  conduzcan  bo
naturalmente a él, como desde el de su suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose  4w
lian ferraeznocniaa"b i(leidnatdre  pootrra se lm cuacrháacste, rS eSxTcCe s1iv2a7m/2e0n1t1e,  daeb ie1r8t od, ed jéublioil , oF Ji n6d, eyt e1rm42in/2a0d1o2 ,d dee  l2a   2021-1130n https://w
de juSluiob, rFaJy a5 )t»a.mbién la citada STC 105/2016, FJ 8, que este tribunal ha hecho hincapié
en que «la idoneidad incriminatoria debe ser no solo apreciada por el juez, sino también
plasmada en la sentencia, de forma que la carencia o insuficiencia de la motivación en 
cuanto a la valoración de la prueba y la fijación de los hechos probados entraña la lesión 
del derecho a la presunción de inocencia, lo que impone como canon de análisis no ya la 
mera cognoscibilidad de la ratio decidendi de la decisión judicial, sino una mínima 
explicación de los fundamentos probatorios del relato fáctico, con base en el cual se 
individualiza  el  caso  y  se  posibilita  la  aplicación  de  la  norma  jurídica  (por  todas, 
STC 22/2013, de 31 de enero, FJ 5, y las resoluciones allí citadas)». Ese específico 
deber de motivación ex art. 24.2 CE es diferente y más estricto que el genérico del 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  «dado  que  está  precisamente  en  juego  aquel 
derecho y, en su caso, el que resulte restringido por la pena, que será el derecho a la 
libertad cuando […] la condena lo sea a penas de prisión» (SSTC 209/2002, de 11 de 
noviembre, FJ 3; 169/2004, de 6 de octubre, FJ 6; 143/2005, de 6 de junio, FJ 4; 
12/2011, de 28 de febrero, FJ 6, y 22/2013, de 31 de enero, FJ 5). En este marco, la 
jurisprudencia constitucional también ha establecido que la presunción de inocencia se 
extiende a verificar si se ha dejado de someter a valoración la prueba de descargo 
aportada, exigiéndose una ponderación de la misma, pero sin que ello implique que esa 
ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo 
del modo pretendido por el recurrente, sino solamente que se ofrezca una explicación 
para su rechazo (así, SSTC 104/2011, de 20 de junio, FJ 2; 88/2013, de 11 de abril, 
FJ 12, o 2/2015, de 19 de enero, FJ 4).
En síntesis, los órganos judiciales «han de exteriorizar razonadamente y de forma 
lógica los motivos que fundamentaron su convicción inculpatoria, más allá de toda duda 
razonable» (SSTC 129/1998, de 16 de junio, FJ 4, o 141/2001, de 18 de junio, FJ 6); y la 
función de este tribunal se ciñe a comprobar que el órgano judicial efectivamente expone 
las razones que le han conducido a fijar el relato fáctico a partir de la actividad probatoria 
practicada y efectuar un control externo del razonamiento lógico seguido respetuoso con 
el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria en orden a la fijación de los hechos 
(STC 67/2021, de 17 de marzo, FJ 3).
8.5  Resolución de la queja.
De acuerdo con esta conocida doctrina y a la vista del contenido de la resolución 
impugnada, resulta insostenible tanto el reproche general de falta de motivación sobre 
las fuentes y la valoración de la prueba que conduce al relato fáctico, como la denuncia 
específica de irrazonabilidad de la apreciación de la prueba que se predica de diversas 
conclusiones fácticas sobre la conducta individual del recurrente.
A)  Análisis probatorio en general.
Frente a la queja global de ausencia de un apartado específico dedicado a la prueba 
y su valoración como suficiente, debe hacerse una doble precisión inicial. De un lado, 
que una exigencia formal de tratamiento autónomo como la que denuncia el recurrente ni 
se requiere por la ley ni es condición de respeto del derecho. De otro, que la exigencia 
de una motivación ilustrativa de los fundamentos probatorios forma parte del contenido 
del derecho del art. 24.2 CE y no constituye una lesión autónoma del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) como apunta la demanda (SSTC 143/2005, de 6 de junio, 
FFJJ 2 y 4, y 105/2016, FJ 3).
Acotada la queja a la ausencia de motivación en un sentido material y situada en el 
marco de las exigencias del derecho a la presunción de inocencia, debe rechazarse el 
menoscabo del específico deber de explicitar la valoración probatoria y el razonamiento  e.
asentado en las reglas de la lógica y la experiencia que conecta la prueba con el relato  w.
dp(peruá eglobss.a  s2h 9eq7cu heao  fsu4.n 7Ld7aa), n s qleaun edt,e enbscacijraoip  cclaoió nnrtú iedbnerie ch aeu cn«h Joausmic ipporl íosdbiema doao usat opyra,í arct»ao,dn o ae blCloor),d  elaan  e clolo nesdx uafucmntaed nad med eecn atldoaass    2021-1130n https://w
alocsu sqaudeo f iqnuaelm ceonntset ac aedna e lu fnaoc turems ualtsaí  ccoomndoe lnaa udlote. rEiosr es uabnsáulinscisió mn oetniv eald doe sliteo  doe dseelnitvouse plvoer   BOE-A-cable e
en torno a las calificaciones de sedición, malversación y desobediencia y respecto a los 
distintos acusados por tales delitos, sin perjuicio de las lógicas remisiones expresas e 
implícitas  a  lo  dicho  y  razonado  respecto  a  otros  coacusados  y  de  la  debida 
consideración  global  del  conjunto  del  material  probatorio.  En  él  se  exponen  las 
innumerables pruebas practicadas: declaraciones de los acusados, testimonios de los 
agentes y mandos de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, de responsables 
políticos y de ciudadanos, numerosísima documental de variada índole (publicaciones 
oficiales, agenda, correos electrónicos, tuits, etc.), grabaciones de imagen y sonido o 
periciales, tanto de la acusación como de la defensa, y cómo se valoran en orden a 
inferir la responsabilidad individual.
La sentencia explicita las bases probatorias del relato fáctico en el que se asienta la 
responsabilidad de cada condenado fruto de la subsunción de esos hechos en los tipos 
penales correspondientes que desmiente la alegada omisión general de un tratamiento 
de  la  prueba  que  permita  conocer  y  combatir  la  sostenibilidad  de  las  inferencias 
probatorias. Con el añadido de que, a tenor de lo expresado en la sentencia, son los 
propios acusados en sus declaraciones quienes en gran medida corroboran la narración 
de los escritos de acusación, y su defensa se contrae a cuestionar la relevancia penal de 
unos hechos no controvertidos. En esta misma línea de prevalencia de los aspectos 
valorativos sobre los probatorios se sitúa el recurso ahora examinado, que no denuncia 
formalmente  la  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  de  manera 
autónoma, sino como elemento indiciario de la falta de imparcialidad.
De conformidad con ese rechazo general, tampoco puede compartirse la queja 
específica aducida como ejemplo de los déficit explicativos de falta de explicitación y 
consiguiente soporte probatorio de lo relatado sobre lo ocurrido el 20 de septiembre con 
ocasión de la práctica de la diligencia judicial acordada por el Juzgado de Instrucción 
núm. 13 de Barcelona. Según el criterio del recurrente, el déficit se evidencia en los 
pocos párrafos destinados a explicitar la valoración probatoria sobre lo acaecido el 20 de 
septiembre y su intervención (págs. 386 y 387) y lo consignado al respecto en el relato 
fáctico (págs. 45, 46 y 47). Sin embargo, la lectura íntegra de la sentencia, de sus 
hechos probados y de sus fundamentos jurídicos, lleva a la conclusión opuesta. Obvia el 
recurrente que lo sucedido el 20 de septiembre no solo le concierne a él y a su actuación 
ese día ante la sede de la vicepresidencia del Govern y, en consonancia, no solo se 
analiza en el epígrafe 1.9 del fundamento de Derecho C), dedicado a individualizar su 
juicio de autoría tras haberse hecho lo propio respecto al resto de acusados. Como la 
propia sentencia indica en ese punto 1.9, el episodio se ha analizado al describir la 
autoría de otros coacusados –señaladamente, de los señores Forn y Sànchez–, siendo 
comunes las fuentes de prueba, que no se limitan a la declaración del recurrente o de los 
testigos  de  la  defensa,  como  parece  sugerir  la  demanda,  sino  que  incluyen  las 
declaraciones de otros acusados, el testimonio de los agentes de la policía estatal y 
autonómica presentes, de ciudadanos y responsables políticos, documental, grabaciones 
y mensajes enviados por las redes sociales. A esas fuentes y a los resultados de la 
prueba practicada en el plenario se refiere expresamente la resolución en diversos 
lugares  del  fundamento  C),  donde  también  efectúa  su  valoración,  conducente  a  la 
fijación del relato de los hechos acaecidos el 20 de septiembre que consta en el factum. 
En tal sentido, cabe destacar, sin ánimo de exhaustividad ni mayor detalle y en conexión 
con lo expuesto en los antecedentes y el fundamento tercero de esta resolución, las 
siguientes referencias:
(i)  Apartado 1.3: juicio de autoría de la señora Forcadell. Mensaje desde la cuenta  e.
de Twitter y declaración de la señora Forcadell sobre su presencia en la concentración  w.b
adnet eo( ciilt)au  bvAricepe.aprrteasdiod e1n.c6i:a j ueinci od edfee nasuat odreía  ladse  ilnas stietuñcoioran eBsa ys saas. eMguernasnadjeo  dqeused see l av octuaerníata e dl e1   2021-1130n https://w
Tewleicttterór neicno  dfeefleicnitsaan ddoe  alal  pdeermsooncaral cdiae,  llaa  cliobnesrteajedr íya  epl omr asnud raetoa cdceió nlo sd ec aintadliagnneasc,i ócno rcroeno 
ocasión de los registros y las detenciones por una actuación de la fiscalía «injusta y
lamentable» y declaración de la señora Bassa, así como declaraciones de los agentes 
que intervinieron en los registros en la Consejería de Trabajo manifestando que tuvieron 
que abandonarla a través de otra consejería.
(iii)  Apartado  1.7:  juicio  de  autoría  del  señor  Forn.  Declaraciones  del  señor 
Sànchez; de diversos miembros de la Guardia Civil que actuaban como policía judicial en 
el registro de la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda, sobre la imposibilidad de 
entrar con el detenido, al que algunos manifestantes intentaron sacar del vehículo en el 
que iba y que fue zarandeado, sobre las manifestaciones masivas de «no saldréis» o las 
advertencias de los señores Sànchez y Cuixart de que, si pretendían salir con la cajas 
con los efectos del registro, «os matan»; y declaración del señor Forn, documental y 
declaraciones de mandos y agentes de los Mossos d'Esquadra sobre la comunicación 
tardía y autorización de la protesta, la orden de conferir facultades mediadoras al señor 
Sànchez, que decidió aspectos como la entrada o no de los detenidos al lugar de los 
registros, no invitar a los recurrentes a apartarse del edificio o el momento de invitar a los 
manifestantes a disolverse y que, previamente, había reprochado al agente que dirigía la 
Brigada Móvil de Orden Público su presencia, realizando una llamada al señor Forn, 
quien luego llamó al agente para informarle de la aludida labor mediadora del señor 
Sànchez.
(iv)  Apartado 1.8: juicio de autoría del señor Sànchez. Testimonios de diversos 
miembros de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil sobre el liderazgo del señor 
Sànchez y su capacidad de decisión sobre lo que procedía o no hacer, incluida la 
indicación al jefe de la brigada de sacar de allí a la BRIMO («esto que estás haciendo no 
es lo que hemos acordado, largaos de aquí»), la imposibilidad de acceder con los 
detenidos a la institución para el registro, que no se pudo hacer en la forma que dispone 
la ley, como acreditan las imágenes de este y otros registros, y testifical y análisis de los 
mensajes y páginas web que organizaron grupos de Whatsapp para la movilización, con 
llamadas acreditadas a concentrarse e intervenciones dirigidas a la multitud, todo ello 
junto al señor Cuixart y la entidad Òmnium Cultural.
Después del examen de la prueba en relación con los otros ocho acusados, con 
expresión  de  las  pruebas  practicadas  –entre  otras,  las  arriba  enunciadas–  y  su 
valoración como prueba de cargo de los elementos del delito, la Sala realiza el juicio de 
autoría del señor Cuixart en el apartado 1.9. Comienza enumerando la prueba practicada 
de la que extrae la convicción sobre lo ocurrido: «[l]a declaración de los agentes de la 
policía  estatal  y  autonómica  que  estuvieron  allí,  el  testimonio  de  los  ciudadanos  y 
responsables políticos que fueron llamados como testigos por acusación y defensa y, 
sobre todo, la declaración del propio señor Cuixart, permiten dibujar un escenario fiel a lo 
verdaderamente acontecido. Los vídeos exhibidos en el plenario –incluido el grabado por 
la cámara de seguridad que se hallaba en el interior del edificio que era objeto de 
registro– y la lectura de algunos de los mensajes enviados por redes sociales, refuerzan 
nuestras inferencias». La Sala de lo Penal, asimismo, infiere el importante papel que 
atribuye al recurrente en el proceso de celebración del referéndum de sus propias 
intervenciones en diversos actos convocados por la asociación que presidía (Òmnium 
Cultural) junto con la ANC, con presencia y/o intervención de miembros del Govern y la 
presidenta del Parlament, recordando la concentración de 11 de junio de 2017 y la Diada 
de 11 de septiembre de 2017. También se recoge la convocatoria a través de diversas 
cuentas de Twitter desde primeras horas de la mañana del 20 de septiembre en acción 
conjunta  con  el  señor  Sànchez  en  las  que  «no  solo  publicitaron  que  se  estaba 
produciendo una actuación de la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino  e.
que  divulgaban  el  lugar  donde  se  efectuaba  el  registro  judicial,  emplazaban  a  la  w.b
mclibiuoedvraitlaidzdaa nraaí anl a,a sa d leepnfeetránsndodenora lslea ssq  duiniecs itehitnuadcboiíoa nqneu ses i cdnaoot  adplaeontdearnísai,dn ea cxsoi,g níya  tnop deqodusíea  enlal l oaGs u looas rq duciaea  tCalailvasin l feupseu rszqieaursea   desenel    2021-1130n https://w
oHredcehno sse n hoa nbeíagna deoqsu ipvoorc aedl ore, cyu rqrueen thea, bcíoamn od etacmlapraodcoo  lqau geu lear rtaa rad elo dse ql udeía q 2u0e rsíaen d viroigtaiór »a. 
los congregados y exigió la liberación de todos los detenidos, apeló, pese a reivindicar el
pacifismo de la movilización, «a la determinación mostrada en la guerra civil, empleando 
la expresión "¡no pasarán!", y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había 
preparado  para  el  referéndum  y  que  tenían  escondido  en  determinados  locales, 
acabando su alocución con las siguientes palabras; "hoy estamos decenas de miles 
aquí, mañana seremos centenares de miles allá donde se nos requiera […] no tengáis 
ninguna duda de que ganaremos nuestra libertad"».
Las numerosas y diversas pruebas mencionadas, unidas a lo referido al razonar 
sobre la responsabilidad del recurrente por sedición en el punto 1.9, desmienten la falta 
de motivación y la –pretendidamente conectada– inexistencia de prueba de cargo del 
relato fáctico sobre lo acontecido el 20 de septiembre ante la sede de la Vicepresidencia 
de la Generalitat, su incidencia en la práctica del registro y la intervención en los hechos 
del recurrente como promotor de una oposición material a la ejecución de los mandatos 
judiciales dirigidos a impedir el referéndum ilegal. Las declaraciones de los testigos y las 
imágenes muestran la existencia de una manifestación multitudinaria y las llamadas del 
recurrente y del señor Sànchez a tal concentración en orden a impedir la práctica judicial, 
cuyo desarrollo se describe en los términos fijados esencialmente por la prueba testifical 
y los vídeos. A la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la 
prueba, se aprecia de forma indubitada la razonabilidad de la versión judicial de los 
hechos.
B)  Pronunciamientos fácticos en relación con el recurrente.
Tampoco puede compartirse el reproche de menoscabo del derecho a la presunción 
de inocencia por falta de motivación y de razonabilidad de la valoración de la prueba en 
su  proyección  singular  a  cuatro  pronunciamientos  fácticos  vinculados  con  el 
demandante.
Hay que recordar que, en lo que atañe al delito de sedición, único por el que se ha 
condenado al demandante, la Sala de lo Penal precisa con carácter general, antes del 
estudio particularizado de los juicios de autoría, cuáles son sus características típicas de 
conformidad con la interpretación del art. 544 CP que efectuó en el punto 4 del apartado 
B) dedicado al juicio de tipicidad. Destaca que se trata de un delito de resultado cortado 
y  de  consumación  anticipada  así  como  de  peligro  concreto,  que  protege  «el 
cumplimiento  de  la  legalidad  y  el  acatamiento  de  las  decisiones  legítimas  de  la 
administración o la jurisdicción» frente a acciones obstaculizadoras tumultuarias, de 
modo que no precisa el resultado de impedir ese cumplimiento. Y sostiene, todavía con 
carácter común, que el comportamiento de los acusados permite atribuirles tal delito en 
tanto que sus conductas se insertan en una estrategia penalmente típica que cada uno 
de ellos asumió, desde el principio o de manera sobrevenida, de modo que es atribuible 
a cada acusado la creación de un riesgo de lesión de tales bienes jurídicos así como el 
recurso a comportamientos tumultuarios, en ocasiones violentos y, en todo caso, fuera 
de las vías legales, y las consecuencias de efectivas derogaciones de la legalidad y 
obstrucciones al cumplimiento de órdenes jurisdiccionales. Estas dos consideraciones y 
lo más arriba referido sobre el análisis probatorio a lo largo de todo el fundamento C) 
deben tenerse presentes al analizar las afirmaciones del demandante.
a)  Por lo que se refiere a los incidentes del 20 de septiembre de 2017 ante la sede 
de  la  Vicepresidencia  de  Govern  y  otros  lugares  y  el  desarrollo  de  las  diligencias 
acordadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, apela a un desarrollo de 
las diligencias judiciales en un contexto de protesta auspiciado por él que no impidió que  s
se cumplimentaran, discutiendo la consideración de anormalidad de su desarrollo. Con  oe.
ello  no  cuestiona  la  existencia  de  prueba  ni  la  irrazonabilidad  de  las  inferencias  4ww.
pys orsocebialaeletcostri viacoso.  ndF erlle alnamt eSa daaal asta,  lsa iv ndisoei ófqenun epd aeerrxc pliaaosln,  eisn elsa tositp ucoconionenc leuusns aioy  nceeoxsni gvfiáor ccltaaict oaprsuia eb saat jaotr  aeuvnné  plsib rdiesermt alaad s d dirseet dinleotoss    2021-1130n https://w
detenidos que, conforme a los hechos probados, concentró frente a la consejería a
unos  40  000  manifestantes,  animados  a  permanecer  allí  por  el  recurrente  con  los
mismos objetivos de defensa y tras haber logrado ya impedir el desarrollo normal de la 
orden judicial. La multitud impidió a la comisión judicial la normal realización de sus 
funciones, iniciadas a las 8:00 horas, sin que pudieran acceder los detenidos conducidos 
por agentes de la Guardia Civil que legalmente debían estar presentes en los registros, 
ser trasladados los efectos intervenidos o circular los agentes. No discute el recurrente 
que la letrada de la administración de justicia abandonara el edifico muchas horas 
después, a las 00:00 horas, gracias a una operación clandestina de salida que precisó 
infiltrarla entre el público saliente del teatro colindante al que accedió desde la azotea. O 
que los agentes de la Guardia Civil solo pudieron salir de la sede de la vicepresidencia 
en dos turnos cuando la manifestación se había disuelto, a las 4:00 y, por fin, a las 7:00 
de la mañana ya del día 21 de septiembre tras las cargas de los Mossos. Elementos que 
se  valoran  de  forma  razonable  como  acreditativos  de  un  levantamiento  tumultuario 
dirigido a impedir la actuación ordenada por la autoridad judicial con efectos, incluso, en 
la libertad deambulatoria de los miembros de la comisión judicial.
La demanda, hay que insistir, no enfrenta la razonabilidad de lo inferido, ni siquiera 
especifica qué testimonios de los testigos de la defensa o qué vídeos discrepan, sino que 
se limita a valorar los hechos y construir un relato de lo acontecido que obvia tales 
circunstancias y describe lo sucedido como una actuación ordinaria de entrada y registro 
que nunca se pretendió alterar. Habla así de que la comisión judicial estaba dentro del 
edificio cuando empezaron las movilizaciones y sus integrantes, «una vez finalizado el 
registro, abandonaron el edificio con las debidas cautelas de materia de seguridad, 
llevando  consigo  todos  aquellos  hallazgos  y  pruebas  la  comisión  judicial  entendió 
pertinentes». Conclusiones, estas sí, incompatibles con lo expresado por la prueba 
valorada por el Tribunal Supremo. O sostiene que no hubo un impedimento efectivo 
absoluto que, como se ha dicho, no es un requisito típico del delito de sedición según la 
interpretación que hace el Tribunal Supremo ni se afirma en la sentencia impugnada, que 
alude la imposibilidad de realizar los registros en la forma en que dispone la ley.
b)  Sobre otras convocatorias de la misma fecha y otros incidentes en el desarrollo 
de diligencias judiciales, cuestiona que las manifestaciones no se entiendan como actos 
de protesta y sí como tendentes a impedir el funcionamiento normal de la administración 
de  justicia  y  considera  sobredimensionada  la  incidencia  en  las  actuaciones.  No 
cuestiona, por tanto, la descripción de lo sucedido, sino la inferencia de la finalidad 
impeditiva en conexión con una valoración diversa de la gravedad de los hechos. Sin 
embargo, esa lectura obvia el sentido incriminatorio de elementos acreditados, como los 
zarandeos y golpes de vehículos que trasladan a detenidos, el impedimento de la salida 
de un vehículo policial del lugar de la detención, la actitud hostil que llevó a introducir a 
una letrada de la administración de justicia en un coche camuflado o que otro letrado 
abandonara así otro lugar, los intentos de sustraer a un detenido del control de los 
agentes o el daño a ocho furgones con el material intervenido, asentados en la prueba 
testifical de agentes y testigos participantes. Hechos que se ponen en conexión con la 
realización  de  convocatorias,  que  el  recurrente  asume  y  constan  en  los  mensajes 
incorporados a la causa, para concentrarse no solo en la sede de la vicepresidencia, sino 
también en las Consejerías de Exteriores, Bienestar y Familia y Gobernación. En ellas se 
pide a los catalanes la movilización con el argumento de que «no podrían con todos 
ellos» o que «las fuerzas del orden se habían equivocado y habían declarado la guerra a 
los que querían votar». En ellas se señala el lugar donde se estaba produciendo la 
actuación  de  la  Guardia  Civil  dirigida  a  impedir  el  referéndum,  emplazando  a  la 
ciudadanía  a  defender  las  instituciones  catalanas  y  exigiendo  la  liberación  de  los  s
detenidos. Son elementos de los que se infiere sin quiebra la finalidad impeditiva que  oe.
anima la convocatoria y desarrollo de las concentraciones. Con el añadido de que la  w.
ddtipeeom l aaspn edcnoaar rvle uscepolvonenf odari empneote nsein rd teeillri gpaercenetcani atose  elj undt rliiacb iuafanlelatsal   qdsueee nu, tnec onimmcipaoed ydoairm  henenim toco osan bassdiogvlnueatrot i dldaoe ,  nlraei  sepoxrláiugccetii ócenal    2021-1130n https://w
impugnada.
Tiene  razón  el  recurrente  en  que  no  hay  explicitación  precisa  sobre  la  base 
probatoria de los específicos episodios relativos a los registros realizados en Bigues i 
Riells y en Berga, pero se trata de aspectos incidentales no solo en relación con el relato 
completo  de  hechos  probados,  sino  incluso  en  relación  con  los  hechos  relevantes 
acaecidos el 20 de septiembre y que no sostienen la declaración de culpabilidad del 
demandante.
c)  En relación con los acontecimientos del 1 de octubre, el recurrente considera 
contradictorio afirmar que los agentes policiales se vieron obligados al uso de la fuerza 
legalmente prevista, pero luego se vieron forzados a declinar el propósito inicial, dado 
que  el  uso  de  la  fuerza  podría  devenir  desproporcionado.  Lo  relevante  de  tal 
contradicción,  subraya,  estriba  en  que  la  legalidad  de  la  actuación  policial  es 
determinante  de  la  valoración  de  la  reacción  de  la  ciudadanía  como  elemento  del 
conjunto fáctico que se le imputa, que, por otro lado, considera que no está descrita con 
precisión ni vinculada a claras fuentes de prueba en la sentencia.
No discute el recurrente ni su importante papel en la estrategia de política global, 
articulada  en  torno  a  la  producción  normativa  y  la  movilización  ciudadana  como 
mecanismos de consecución. Tampoco sus reiteradas llamadas a la movilización en 
orden  a  asegurar  aquel  programa,  aun  cuando  declarado  inconstitucional,  frente  a 
cualquier obstáculo y el carácter determinante de su actuación como líder ciudadano en 
el  origen  de  las  concentraciones  masivas.  Asimismo,  defiende  expresamente  sus 
reiteradas llamadas al voto y su contribución a la iniciativa «Escoles Obertes» y reconoce 
la presencia masiva de ciudadanos en los puntos de votación designados, su efecto 
físicamente impeditivo de la actuación policial y la existencia de enfrentamientos de la 
ciudadanía y la policía, que actuaba por mandato judicial para ejecutar la prohibición de 
un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. No cuestiona, en definitiva, los 
hechos probados que sirven de soporte fáctico a la calificación y la condena como autor 
de un delito de sedición. Su queja trasluce una diversa valoración de esos hechos desde 
unas exigencias típicas también diferentes a las fijadas en la sentencia, que apuntan a 
una violencia notoria que el tribunal  sentenciador no  considera imprescindible para 
colmar el tipo, sin perjuicio de considerar probado, con base en las testificales y los 
vídeos exhibidos, la deriva de la resistencia pasiva en activa, así como la previsibilidad 
de tales episodios.
Cabe puntualizar, además, que no se aprecia la contradicción que denuncia entre 
apreciar la necesidad inicial de un uso policial de fuerza y el desistimiento de tal uso por 
poder devenir desproporcionado. Se trata de un desarrollo vinculado al desenvolvimiento 
de  la  jornada  electoral  desde  la  mañana  del  día  de  celebración  del  referéndum  a 
primeras horas de la tarde de ese 1 de octubre.
d)  Por último, el demandante estima carente de sostén probatorio la inferencia de 
que la finalidad de las movilizaciones era demostrar que los jueces habían perdido su 
capacidad jurisdiccional en Cataluña. Lo cierto es que la sentencia no afirma ni, en 
consecuencia, condena en virtud de tal dato. En ningún momento apunta que haya una 
actuación dirigida a eliminar toda capacidad jurisdiccional en el territorio autonómico, 
tampoco que la finalidad fuera hacer notoria esa pérdida absoluta ni mucho menos que 
efectivamente  se  produjera  una  paralización  global  de  la  actividad  judicial.  Lo  que 
considera acreditado es la finalidad de neutralizar en todo el territorio catalán toda 
actuación ordenada judicialmente para impedir la celebración del referéndum ilegal. El 
párrafo final de los hechos probados a que alude el recurrente se refiere a la movilización 
de los ciudadanos «para demostrar que los jueces en Cataluña habían perdido su  s
capacidad  jurisdiccional»  después  de  concluir  que  los  acusados  propiciaron  un  oe.
entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y  w.
Lueanst aapsté uórtdardirdieoan,  edyse  p julraod miccaioapvleaiescr iodvnian dcu unjul arrdiesafdesirc éacn iotdanul amol b scjeeat rove,in nstcei ub ldaiee nc  toopndr eaussne anla tsiale  guganaralaid ndatimdía esm nduseyió mncoo tcnercrárritetioctarai asy.l    2021-1130n https://w
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la realización del referéndum de autodeterminación y por lo tanto a la crítica y a la 
protesta en cuanto a la actuación de dos órganos judiciales muy concretos en relación a 
dos procedimientos muy concretos (el Juzgado de Instrucción núm. 13, el día 20 de 
setiembre, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el día 1 de octubre)», respecto 
a la que reivindica la desobediencia civil fruto de un «proceso consciente y reflexivo que 
se ciñe de forma selectiva y concreta en relación a preceptos y órdenes».
En  realidad,  la  visión  conjunta  de  las  objeciones  respecto  a  los  cuatro 
pronunciamientos  fácticos  señalados  sobre  la  actuación  del  recurrente  pone  de 
manifiesto que se reducen bien a mostrar una discrepancia con la valoración de la 
prueba sin mayores razonamientos o incluso una matización del sentido de los hechos 
probados que desemboca en un relato dulcificado de lo ocurrido, bien a apreciar la falta 
de prueba de hechos que no constan en el relato fáctico ni son relevantes en orden a 
calificar la conducta como sedición. Hay que volver a recordar que, como reitera la Sala 
de lo Penal, la condena del demandante se sustenta en su papel de pilar del movimiento 
sedicioso, cuya contribución estriba en poner su acreditada capacidad de movilización 
como líder de la asociación Òmnium Cultural al servicio de un proyecto político que 
incluía la creación de una legalidad de ruptura con las bases de nuestro sistema jurídico 
y  la  presión  al  Gobierno  de  la  Nación  mediante  la  celebración  de  un  referéndum 
presentado ante la opinión pública como expresión del derecho de autodeterminación. La 
movilización  masiva  era  indispensable  para  que,  llegado  el  momento,  miles  de 
ciudadanos pudieran oponer una resistencia activa –también pacífica– al cumplimiento 
de los mandatos dictados por los jueces y tribunales para asegurar que no se celebraría 
el referéndum prohibido, como efectivamente aconteció. Esos elementos constan en los 
hechos probados, que la fundamentación jurídica de la sentencia vincula con la amplia y 
diversa prueba practicada, y son aceptados por el recurrente, cuando no defendidos por 
él al conectarlos con la desobediencia civil, poniendo de relieve que la controversia no es 
fáctica sino jurídica, relativa a la interpretación del delito de sedición, la calificación de los 
hechos probados como tal y la incidencia de los diversos derechos alegados en la 
atribución de responsabilidad penal y su extensión.
De acuerdo con lo razonado, existe prueba de cargo suficiente y se ofrece una 
explicitación de los elementos de convicción en que se asienta la valoración de la prueba 
y las inferencias que sostienen los hechos probados y la correspondiente afirmación de 
los elementos típicos del delito de sedición, que no cabe calificar de irrazonable, por lo 
que debe desestimarse la vulneración del derecho a la presunción de inocencia alegada.
9.  El derecho de reunión pacífica.
9.1  Posiciones de las partes.
Como con más detalle se recoge en los antecedentes, el recurrente considera que la 
condena penal que le ha sido impuesta vulnera el contenido del derecho de reunión 
pacífica y manifestación (art. 21.1 CE), íntimamente ligado al de expresión (art. 20 CE), 
en cuanto la conducta que le sirve de sustrato fáctico es ejercicio legítimo del derecho 
fundamental alegado.
En apoyo de la pretensión de amparo expone de forma parcial la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho de reunión, poniendo el 
acento en su relación con la libertad de expresión y su finalidad común, que no es otra 
que la formación de una opinión pública libre. Para el recurrente las reuniones han de ser 
consideradas «pacíficas», en los términos del Convenio europeo de derechos humanos y  s
la jurisprudencia que lo interpreta, siempre que sus promotores o participantes no tengan  oe.
intenciones violentas, ni alienten a la violencia. Dado que, usualmente, las reuniones de  4ww.
lpparrsoo ttieedgseteaa s toa  emrxebpiviréiennsd aliacdsaa ccsio;ó nnind scuulcuetsaloes n cq eouxnepd prueucsetaadrses neq  uienenc  odlumegloiabdreearsra  udp aúombfeleicnnodtsee,r   ieaml  qpcouidnieetnnee nusid  nooob d scetorl umdyeperaner ctlahanos    2021-1130n https://w
actividades de terceros: ya sea bloquear temporalmente una ruta, alterar la circulación
viaria,  provocar  cortes  de  circulación,  impedir  el  desarrollo  de  una  obra  o  de  una
actividad cinegética u ocupar el espacio público en el que la reunión se produce o a 
través del que la manifestación se desarrolla. Ni siquiera el riesgo de que se produzcan 
esporádicos actos de violencia excluye a las convocatorias de la protección que da el 
derecho,  sin  que  estos,  de  producirse,  puedan  ser  imputados,  per  se,  a  sus 
organizadores.
A  partir  de  estas  consideraciones  generales,  recuerda  el  recurrente  que  una 
conducta no puede ser considerada, al mismo tiempo, ejercicio legítimo de un derecho y 
penalmente relevante, de manera que, siendo posible imponer restricciones al ejercicio 
del derecho de reunión, las que se pretendan se encuentran sometidas a un triple canon, 
que exige previsión legal, satisfacción de una finalidad legítima y reacción proporcionada 
en la protección de esta.
Para el recurrente, la consideración penal de su conducta como típica, al amparo de 
los arts. 544 y 545.1 del Código penal, supone la vulneración del derecho de reunión 
pacífica porque se apoya en una concepción del orden público que es contraria a la 
Constitución. Alega que «el único desorden penalmente relevante es aquel que, más allá 
del orden público, afecta también a la paz pública», es decir, el recurso a la pena es 
legítimo únicamente cuando «se impide de forma duradera el ejercicio de los derechos 
fundamentales  de  los  ciudadanos».  Para  el  recurrente,  el  Tribunal  Supremo  ha 
reclamado y apreciado indebidamente la finalidad política de la sedición como exigencia 
típica adicional (elemento subjetivo del injusto), confundiendo de esta manera el orden 
público con el orden político, lo que le ha llevado a hacer referencia a la concurrencia en 
la conducta sediciosa de una finalidad subversiva que no viene exigida por el tipo penal. 
Se añade que, con su conducta, el recurrente no ha afectado a derechos fundamentales 
de terceros que puedan oponerse al ejercicio del derecho de reunión pacífica.
Finalmente, señala que, al haberse apoyado su condena en hechos de naturaleza no 
violenta, no resulta proporcionada la injerencia en el derecho de reunión que pretenda 
ampararse en la protección de otros bienes constitucionalmente relevantes. Añade que 
su condena penal se apoya en apreciar que su conducta tenía un propósito delictivo, por 
lo que se le ha sancionado por la intencionalidad de la protesta, sobredimensionando el 
contexto en que se produjeron los hechos, así como la pacífica oposición colectiva al 
cumplimiento de la ley.
Para el abogado del Estado, la queja debe ser desestimada en cuanto la condena del 
recurrente no ha supuesto la criminalización de actos de protesta, sino la de la oposición 
activa y concertada frente a agentes de la autoridad que actuaban con respaldo legal y 
constitucional para dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial. 
Considera  que  la  incitación  pública  a  participar  en  el  referéndum  ilegítimamente 
convocado  fue  realizada  para  lograr  que  la  votación  prohibida  se  llevase  a  cabo, 
imposibilitando  de  hecho  la  actuación  de  los  agentes  de  la  autoridad,  mediante  la 
interposición  física  de  los  participantes.  Y  entiende  indudable  que  ese  llamamiento 
desborda totalmente los linderos de lo que ha de considerarse legítimo derecho de 
reunión para la exteriorización de la protesta o crítica por la actuación de los poderes 
públicos.
También solicita la desestimación de la queja el partido político Vox. Con apoyo en 
los pronunciamientos de la STC 136/1999, de 20 de julio, destaca la gravedad de la 
conducta considerada punible, en cuanto afectó a la unidad política y territorial de la 
Nación española (art. 2 CE). Afirma que una pena inferior a la impuesta no hubiera sido 
suficientemente desmotivadora, lo que favorecería en el futuro la reiteración de las 
mismas conductas. Añade en sus alegaciones que, en la mayor parte de los acusados,  s
su conducta ha de ser considerada agravada, dada su condición de cargos públicos que  oe.
representaban al Gobierno de España en el territorio de Cataluña. w.
qlau eju Erlians  pSerlua mdlae isnSmceioag  usdneedn aeti sddtoee  ld trTeibrsiubenusatnimla lya  Stdouerpilo rT esrmiebo up nrhaoaln  uEsnauctrioisapf eeecolh  Mod eins oiDsbteerrareidoca hFmoissec nHatelu.  mlCaaosn neo axsip,g oseyenoñc aiealans    2021-1130n https://w
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comportamiento  el  ejercicio  de  un  derecho  fundamental.  Coincide  con  la  sentencia 
condenatoria en que, en este caso, pese a su relación con el contenido del derecho de 
reunión, no se ha producido un ejercicio legítimo del mismo, sino que su extralimitación 
tiene la suficiente gravedad como para justificar la respuesta penal cuestionada, en los 
términos en que se produjo.
9.2  Respuesta del órgano judicial.
Tanto en el acto del juicio oral como al solicitar la nulidad de la decisión de condena, 
el demandante adujo ya, como hace en este recurso de amparo, que su conducta fue 
ejercicio legítimo del derecho de reunión y que, por ello, no podía ser sancionado 
penalmente al concurrir dicha circunstancia como causa de justificación penal.
La Sala rechazó dichas alegaciones, tanto en la sentencia como al desestimar la 
petición de nulidad de actuaciones formulada.
a)  En la sentencia condenatoria la Sala recuerda que el derecho fundamental de 
reunión pacífica no está exento de límites; de hecho, el propio Código penal declara 
punibles las manifestaciones ilícitas, definiendo cuáles merecen tal consideración (arts. 
513 y 514 CP). Añade que tal posibilidad es admitida por la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos siempre que la limitación sea proporcionada y no se 
dirija a controlar ideológicamente la finalidad de la manifestación.
Destaca que, en este caso, no es la supuesta ilegitimidad de la convocatoria lo que 
ocasiona la reacción penal, no son los actos de protesta lo que se considera delictivo, 
sino la apreciación de una estrategia concertada y alentada por el recurrente para lograr 
que se llevase a cabo la votación prohibida en el referéndum, previamente declarado 
como «de autodeterminación», imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, 
la  actuación  de  los  agentes  de  la  autoridad.  Es  esa  actuación,  consistente  en  el 
llamamiento a «la oposición activa y concertada, frente a actuaciones de agentes de la 
autoridad con respaldo legal y constitucional encaminadas pura y llanamente a dar 
cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial», lo que se considera que 
desborda totalmente los linderos del legítimo ejercicio del derecho de reunión dirigido a 
exteriorizar la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos.
Al rechazar la concurrencia de la causa de justificación alegada, la Sala parte de un 
principio general que, en este caso, se considera desbordado. Y así, señala:
«Todo lo que sea mostrar la discrepancia frente a las leyes, incluso del máximo rango 
jurídico, frente a decisiones judiciales, sea cual sea el nivel del órgano del que emanan 
esas órdenes o mandatos, propugnar su modificación, denunciar sus puntos débiles, 
incluso, con críticas descarnadas o subidas de tono, agrias y descalificadoras, está al 
abrigo del derecho a la protesta o a la disidencia. Y la legitimidad de esas protestas no 
se debilita cuando tienen como destinatarios al poder central, a la máxima autoridad del 
Estado o a la misma Constitución. La Carta Magna de 1978 proporciona un sólido 
anclaje incluso a quienes la denostan. Proclamas independentistas; críticas ácidas al 
Gobierno central; discursos que tratan de convencer de que un territorio tiene derecho a 
romper amarras con el Estado español; argumentarios defendiendo para los habitantes 
de  una  determinada  comunidad  un  supuesto  derecho  de  autodeterminación; 
movilizaciones encaminadas a apoyar y promocionar esas ideas; difusión de las mismas 
en el tejido social; apoyo y colaboración con los políticos que defienden y propugnan 
idénticas ideas; protestas y manifestaciones frente a actuaciones de los poderes públicos 
que se interpretan como lesivas de esos derechos que se quieren defender, son todas  e.
legítimas.  Es  una  obviedad  que  esa  legitimidad  no  se  cuestiona  en  este  proceso.  w.
mNesiinsagmsu acno aCn dodunecs ettaistusa cspi óuanec dtsueea  sceeiosrnt asearsína ec pisoo nanapiedtana d ppoae rneaan dl meensetenrnetecd»aic d[hfeuonn asdira  eumnnetaen nrtoed aidécesc eiDómneo rdesec q htuoipe oA a )p,l ge1un7na.5al..  2Ld]ae.   2021-1130n https://w
una Pocar ulos aq udee c oenxcclluuyseió anf irdmea nldao  aqnuteij,u reidni ceidsated  caesl oa: t«anqou ep uceodnec eqruteaddaor  aam  lpaasr abdaos eens   BOE-A-cable e
constitucionales  del  sistema,  valiéndose  para  ello  de  una  multitud  de  personas 
convocadas  para  obstaculizar  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional  y  que  son 
movilizadas  para  hacer  posible  una  votación  declarada  ilegal  por  el  Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
Como hemos expuesto en el fundamento jurídico anterior, al sintetizar el juicio de 
tipicidad de la conducta del recurrente –que lleva a considerarla constitutiva de un delito 
de sedición– la Sala entiende que «la hostilidad desplegada hizo inviable el día 20 de 
septiembre que los funcionarios dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona». Y en relación con la jornada de votación 
del 1 de octubre de 2017 y su víspera, se afirma que «los comportamientos del día 1 de 
octubre implicaron el uso de fuerza suficiente para neutralizar a los agentes de policía 
que legítimamente trataban de impedir la votación, según venían obligados por expreso 
mandato judicial».
b)  Mayor extensión y apoyo jurisprudencial presenta la respuesta que dio la Sala al 
desestimar la solicitud de nulidad de actuaciones que, con el mismo fundamento, planteó 
el recurrente tras conocer el fallo condenatorio y los argumentos que lo sustentaban 
(ATS de 29 de enero de 2020, fundamento de Derecho 2.5).
A partir del relato de hechos declarados probados que se refieren al señor Cuixart –
que ha quedado resumido en el fundamento jurídico anterior–, la Sala reitera que su 
conducta no supuso el libre ejercicio de un derecho fundamental. A partir del contenido y 
posibilidades de restricción del derecho de reunión pacífica reconocidos por el art. 11 
CEDH y la jurisprudencia que lo interpreta, destaca que el derecho de reunión no 
ampara  convocatorias  que  conlleven  una  llamada  a  la  violencia,  al  levantamiento 
colectivo o a cualquier otra forma de rechazo de los principios democráticos. Considera 
que es este último límite el que se ha sobrepasado con la conducta del recurrente, pues 
en su convocatoria masiva y reiterada invocó un abstracto mandato del pueblo para 
olvidar y desconocer el ordenamiento constitucional y sus instituciones. De esta forma, 
se afirma, negó toda validez, en forma proactiva, no meramente discursiva, a cualquier 
resolución del Tribunal Constitucional que los acusados entendían que se oponía a ese 
abstracto mandato del pueblo, pretendidamente recibido en las elecciones autonómicas 
de septiembre de 2015.
Aclara la Sala, de nuevo, que el recurrente no ha sido condenado, como él afirma, 
por convocar una protesta contra determinadas actuaciones judiciales que en modo 
alguno se impidieron, ni por animar a participar en un acto masivo de expresión de 
opinión a través de una votación. Lo ha sido por impedir el cumplimiento de las leyes y 
de las decisiones judiciales, por las vías de hecho que se han declarado probadas. 
Añade que las manifestaciones convocadas por las asociaciones civiles el día 1 de 
octubre de 2017 no se circunscribían a la mera reivindicación de un legítimo mensaje 
político. Ni tampoco fueron la expresión de protestas que, pese a su hostilidad, tienen 
indudable  encaje  constitucional.  Por  el  contrario,  se  trataba  de  una  convocatoria 
ejecutada en un indisimulado lenguaje performativo, porque, «simultáneamente a su 
desarrollo se implementaban apartados del decreto dictado por el Govern en desarrollo 
de la inconstitucional normativa de secesión aprobada por el Parlament. Se trataba así 
de  conferir  una  efectividad  a  esa  ilegal  norma  de  cobertura,  con  desprecio  de  su 
invalidez,  posibilitando  la  celebración  de  un  referéndum  que  eludía  la  eficacia  de 
cualquier resolución judicial tendente a impedirlo. Se lograba de esta forma la realización 
simultánea por los convocantes de la acción evocada, celebración del ilegal referéndum, 
en cuanto contrario a la normativa electoral y estatuaria». Su desarrollo, señala la Sala,  s
supuso «graves comisiones delictivas en las que, a través de una conducta coactiva, se  oe.
facilitaba  e  imponía  una  normativa  antidemocrática,  adoptada  con  menosprecio  y  w.
cdoen lcoLusal  ccaipucrdeióatendn adsneioó slno  asd  ldoees r leqocushe o arsec pudrseea sudenon srt ealbdeaevn a,nc qtoeun evn oúscumapere rroya  bdalelan pm aaa rllraa  mma eitnalotdas  rdioecs iul odasau vdtooantnaóonmste icsao» s. lay   2021-1130n https://w
pinatertnictiop adcei ódne reong aucni órenf efuréenrad udme  lsaosb vreía lsa  liengdaelpees nddee nlac ilae gdies laCcaiótanl uvñáali,d laa  vciagleifnictae , caodmeom uáns   BOE-A-cable e
de  una  contumaz  negativa  a  acatar  las  resoluciones  dictadas  por  el  Tribunal 
Constitucional.  Pues  no  solo  el  Parlamento  autonómico  conocía  que  carecía  de 
competencia para aprobar unilateralmente una norma sobre tal referéndum (y en tal 
sentido había sido expresamente advertido en resoluciones de este tribunal anteriores a 
su aprobación), sino que su tramitación parlamentaria forzada se desarrolló con visible 
desprecio a un relevante número de parlamentarios catalanes, próximos a la mitad de la 
composición de la Cámara (decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 
de mayo de 2019, asunto Maria Carme Forcadell i Lluis, y otros, c. España).
En defensa de su rechazo a admitir la causa de justificación alegada según la cual 
«se han condenado ideas», recuerda la Sala que la independencia como aspiración 
política nunca ha sido objeto de procedimiento penal. No lo fue cuando, como cada 
anualidad, el 11 de septiembre se celebró la Diada, con asistencia –según las fuentes 
que se consulten– de entre trescientas cincuenta mil y un millón de personas. Una 
reunión pacífica que incluía, entre otros lemas, la afirmación de que «votaremos, quieran 
o no quieran», en directa alusión al deseo colectivo de ignorar la prohibición de la 
celebración  del  referéndum  que  tuvo  lugar  unos  días  después.  Tampoco  hubo 
persecución penal cuando, una y otra vez, se proclamaba la insumisión a los tribunales y 
gobiernos «que solo quieren preservar la indivisible unidad de la patria».
Insiste la Sala en desligar la conducta del recurrente del libre ejercicio del derecho de 
reunión  y  manifestación  recordando  que  no  ha  sido  condenado  por  convocar  una 
protesta, sino por impedir por la vía de hecho, a través de ella, el cumplimiento de las 
leyes y las decisiones judiciales. Así se considera que sucedió en la concentración 
convocada  y  desarrollada  el  20  de  septiembre  para  cuestionar,  dificultar  e  impedir 
durante varias horas la actuación del juez de instrucción y de los agentes de policía 
judicial, que se limitaban a dar cumplimiento a sus decisiones en busca de fuentes de 
prueba de actividades presuntamente delictivas. En opinión de la Sala, tampoco se ha 
desalentado o disuadido el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, por cuanto «las 
manifestaciones  objeto  de  la  concurrencia  pública,  en  modo  alguno  resultaban 
amparadas  por  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  en  cuanto  conllevaban  un 
levantamiento con el objetivo de implementar una normativa antidemocrática y afectaban 
potencialmente y de forma mediata a la integridad territorial». Y así se reitera que ocurrió 
también  la  víspera  y  la  jornada  señalada  para  la  votación  del  referéndum  ilegal 
convocado al efecto.
9.3  Doctrina jurisprudencial: el ámbito constitucional de protección de las libertades 
de reunión y manifestación.
Haciendo abstracción del contexto en que se produjo y de los efectos que provocó su 
convocatoria, el demandante invoca de forma conjunta sus derechos a la libertad de 
expresión, reunión y manifestación garantizados por los arts. 20 y 21 CE. Afirma que su 
participación en los hechos por los que ha sido condenado constituye un ejercicio 
legítimo de aquellos, por cuanto se limitó a convocar públicamente a los ciudadanos a 
manifestarse masiva y pacíficamente en favor del derecho de los catalanes a decidir 
libremente su futuro político a través de un referéndum de autodeterminación sobre la 
independencia de Cataluña, al que invitó a participar, precisamente, como reacción y 
protesta política frente a la prohibición judicial de su desarrollo, la cual consideraba 
injusta.
En nuestra jurisprudencia hemos declarado el contenido constitucional del derecho 
de reunión, y sus límites internos y externos, con una doctrina que entronca con la del  e
Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  cuyo  contenido  ha  sido  exhaustivamente  bo
expuesto en la STEDH de 5 de enero de 2016, asunto Frumkin c. Rusia, § 93 a 99. Al  4w
liigbueartl aqduees  plao líltiibcearsta bdá sdicea se xsporberseió lna,s  eqlu ed esree cahsoie ndtea  nreuuenstióron  oyrd eeln  dpeo límticaon i(faerst.t a1c0ió.1n  CsEo)n.   2021-1130n https://w
AEsní ,t ahle mmeodsi deax,p rlaess alidmoi tqaucieo neel sd ear escuh oe jedrec irceiou ndióenb eens  suenra i nmtearnpirfeetsatdaacisó nre csotrliecctitvivaam deen tela. 
libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas que
opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, de 
defensa de intereses o de publicidad de problemas y reivindicaciones, constituyendo un 
cauce  del  principio  democrático  participativo.  Sus  elementos  configuradores  son  el 
subjetivo (agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el finalista (licitud 
de la finalidad perseguida) y el real u objetivo (lugar de celebración): así aparece 
señalado ya en la STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2, y desarrollado después, entre otras, 
en las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3; 196/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 170/2008, 
de 15 de diciembre, FJ 3; 38/2009, de 9 de febrero, FJ 2, y 193/2011, de 12 de 
diciembre, FJ 3.
Hemos resaltado también «el relieve fundamental que este derecho –cauce del 
principio democrático participativo– posee, tanto en su dimensión subjetiva como en la 
objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la 
Constitución», señalando que «para muchos grupos sociales este derecho es, en la 
práctica,  uno  de  los  pocos  medios  de  los  que  disponen  para  poder  expresar 
públicamente  sus  ideas  y  reivindicaciones»  (SSTC  66/1995,  FJ  3;  196/2002,  FJ  4; 
195/2003, FJ 3; 110/2006, FJ 3; 301/2006, FJ 2, y 170/2008, FJ 3). Es más, la libertad de 
reunión, como manifestación colectiva de la libertad de expresión, está intensamente 
vinculada con el pluralismo político en tanto coadyuva a la formación y existencia de la 
opinión pública, «de forma tal que se convierte en una condición previa y necesaria para 
el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, 
como lo son precisamente los derechos de participación política de los ciudadanos» 
(STC 170/2008, FJ 4). Como afirmamos en la STC 101/2003, de 2 de junio, FJ 3, «sin 
comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la 
Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y 
absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 
CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política».
Esa  caracterización  pone  de  manifiesto  el  estrecho  vínculo  que  existe  entre  el 
derecho de reunión y la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], y el de ambos derechos 
con la democracia, directa y representativa. Esta conexión ha sido enfatizada también 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que califica la libertad de expresión 
(art. 10 CEDH) como lex generalis en relación con la libertad de reunión (art. 11 CEDH), 
que de aquella sería lex specialis (STEDH de 5 de marzo de 2009, asunto Barraco c. 
Francia, § 26). Por tanto, pese a ser un derecho autónomo con ámbito de aplicación 
propio, cuando el objetivo del ejercicio del derecho de reunión es la expresión pacífica de 
opiniones propias en un foro público a través de la reivindicación o la protesta, su 
contenido debe también examinarse, de forma complementaria, a la luz del art. 10 CEDH 
(por todas, STEDH de 15 de octubre de 2015, de la Gran Sala, dictada en el asunto 
Kudrevičius y otros c. Lituania, § 85 y 86).
Ahora bien, ya se trate de reuniones privadas o públicas, estáticas o en forma de 
manifestación, hemos de destacar que lo que el art. 21 CE reconoce y protege es el 
derecho de reunión pacífica (lo que descarta, obviamente, el uso de armas); pero no son 
las únicas excepciones, pues también quedan excluidas de su ámbito de protección 
aquellas reuniones o manifestaciones en las que sus organizadores o participantes 
tengan intenciones violentas, pretendan inducir a otros a ejercer la violencia o socaven 
de cualquier otra manera los fundamentos de una sociedad democrática. Esta última 
expresión ha sido siempre vinculada en la casuística jurisprudencia del tribunal europeo 
a llamamientos a la violencia, al odio o a la misma insurrección armada (SSTEDH de 2 
de octubre de 2001, asuntos Stankov y United Macedonian Organisation Ilinden c.  s
Bulgaria; de 20 de octubre de 2005, United Macedonian Organisation Ilinden e Ivanov c.  oe.
Bulgaria, § 99; de 23 de octubre de 2008, asunto Serguei Kouznetsov c. Rusia, § 45;  w.
ddee  22U01n1 a8d ,e va esozuc ntduteobf riMnei dudoseh,  er2eg0sh1t a0S ,ap gaohsr uasnteetñolya aAlanlr ec kq. suAeerym eeevl  nccioa.n , Rt§eu n2si2dia7o,)  .d§e l8 0d,e roe cdheo  2d0e  dreeu nsieópnt iepmuebdree   2021-1130n https://w
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de diciembre, FJ 3, «el derecho recogido en el art. 21 CE no es un derecho absoluto o 
ilimitado,  sino  que,  al  igual  que  los  demás  derechos  fundamentales,  puede  verse 
sometido  a  ciertas  modulaciones  o  límites,  entre  los  que  se  encuentran  tanto  el 
específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE –alteración del orden público con 
peligro para personas y bienes–, como aquellos otros que vienen impuestos por la 
necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión 
con otros valores constitucionales (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2)». Límites que, 
como recordamos en la STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 7, y en todas las que allí se 
citan, han de ser necesarios «para conseguir el fin perseguido, debiendo atender a la 
proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquel a 
quien se impone […] y, en todo caso, respetar su contenido esencial».
Así lo prevé expresamente también el Convenio europeo de derechos humanos 
cuando, en el párrafo segundo del art. 11, admite y advierte que «el ejercicio de estos 
derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la 
ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 
nacional,  la  seguridad  pública,  la  defensa  del  orden  y  la  prevención  del  delito,  la 
protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos».
9.4  Resolución de la queja.
9.4.1  Interrelación de las pretensiones sustantivas planteadas.
Como ya hemos expuesto, la impugnación sustantiva de la condena penal se realiza 
en la demanda de amparo desde dos perspectivas diferentes: (i) la de los derechos a la 
libertad de reunión y manifestación, puestos en relación con la libertad de expresión 
(arts. 20 y 21 CE), y (ii) la del derecho a la legalidad de las infracciones y sanciones 
(art.  25.1  CE).  Tal  perspectiva  doble,  en  ocasiones  coincidente,  exige  realizar  una 
consideración adicional.
Como  tuvimos  oportunidad  de  expresar  en  el  ATC  4/2008,  de  9  de  enero,  las 
diferentes perspectivas sustantivas desde las que el recurrente impugna la decisión de 
condena no responden, en principio, a una relación de consunción, de modo que una 
sola de ellas abarque todo el contenido de la otra, sino que son consecuencia de la 
diversidad de valores constitucionales que cada una de ellas incorpora. De una parte, a 
través de los arts. 20 y 21 CE, se establece la exigencia constitucional de no limitar 
indebidamente, ni disuadir, las conductas de los ciudadanos a través de las que, de 
forma  verbal  o  simbólica,  expresan  públicamente  sus  opiniones  y  juicios  de  valor; 
singularmente,  aquellas  que  se  refieren  a  asuntos  de  interés  general  cuyo  debate 
contribuye a la formación de una opinión pública libre; garantía esta que, como tantas 
veces hemos reiterado, es uno de los pilares de una sociedad libre y democrática 
(SSTC 137/1997, de 21 de julio, FFJJ 6 y 7, y 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4). De 
otra, la previsibilidad y proporcionalidad de las sanciones penales es una exigencia 
constitucional ineludible plasmada en el art. 25.1 CE que atiende a la especial incidencia 
que la reacción penal ha de tener sobre los derechos fundamentales; ya sean los 
implicados en la conducta sancionada –en este caso el derecho de reunión– o los que 
tienen que ver con la naturaleza privativa de libertad y otros derechos fundamentales de 
la pena impuesta.
A pesar de la autonomía que mantienen, los argumentos que utiliza el recurrente 
sobre la exigencia de previsión legal, o acerca del carácter necesario y proporcionado de 
la injerencia, son en parte coincidentes y aparecen inevitablemente relacionados, lo que  s
exigirá abordarlos con una perspectiva global atenta a los distintos intereses que unos y  oe.
otros derechos alegados protegen. No podía ser de otra forma, pues la exigencia de  4ww.
peersxeepvnriescsiióaanlm  qolueseg e ainld  eelann t SifliaTc aCl i me1l3i t6ac/co1inó9tn9e 9nd,id edo e l od2se0 l  ddpeerri nejuccilhpiooio,s   FdfJue n 2dl1ea–gm alaleid npatradol epssoa rncecisoi ontnaaalmidtobaridiéa n,e  nye  ls –ercanostmigdooo    2021-1130n https://w
estricto y la necesidad de la medida, además de exigencias constitucionales de la
limitación de los derechos fundamentales, «constituyen dos elementos o perspectivas
complementarias del principio de proporcionalidad de las sanciones penales», ínsito, en 
supuestos como el presente, en la relación entre el art. 25.1 CE y los demás derechos 
fundamentales y libertades públicas concernidos: en este caso, las alegadas libertades 
de  expresión  y  reunión  reconocidas  en  los  arts.  20  y  21  CE,  la  libertad  personal 
reconocida  en  el  art.  17  CE,  y  los  derechos  de  acceso  a  los  cargos  públicos  y 
participación política –dada la naturaleza de las penas impuestas al recurrente–.
9.4.2  Procedimiento de análisis de las pretensiones sustantivas planteadas.
La variedad de pretensiones sustantivas acumuladas que plantea el recurrente, que 
fueron también nucleares en los alegatos defendidos en la vía judicial en favor de su 
absolución, evidencian la necesidad de abordar ordenadamente su examen, dado que, 
como hemos expresado, los diversos motivos de amparo se sustentan en ocasiones en 
argumentos coincidentes o complementarios cuya eventual estimación haría innecesario 
agotar el razonamiento sobre todos los planteados.
Y así, conforme a nuestra jurisprudencia, en nuestro análisis cabe identificar los 
siguientes momentos:
a)  A partir de los hechos declarados probados por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y del contenido de los derechos fundamentales sustantivos alegados, nuestro 
examen debe centrarse, en primer lugar, en la conducta que es presupuesto fáctico de la 
condena.
Deberemos determinar si por su contenido, por la finalidad a que se orienta o por los 
medios  empleados,  puede  encuadrarse  en  el  ámbito  de  protección  propio  de  los 
derechos y libertades de expresión y reunión que han sido alegados, al margen de 
cualquier  consideración  acerca  de  si  su  concreto  ejercicio  supuso  o  no  una 
extralimitación. Nos situaremos, pues, no en el ámbito de las limitaciones o restricciones 
posibles al ejercicio del derecho de reunión, sino en el previo de la delimitación de su 
contenido y finalidad. Tal escrutinio permite identificar y excluir aquellos supuestos en los 
que  la  invocación  del  derecho  fundamental  se  convierte  en  un  mero  pretexto  o 
subterfugio para, a su pretendido amparo, cometer actos antijurídicos; lo que puede 
ocurrir cuando se desnaturaliza el ejercicio del derecho situándose, objetivamente, al 
margen del contenido propio del mismo (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, 
y 104/2011, de 20 de junio, FJ 6).
b)  En segundo término, si concluyéramos que la conducta forma parte del ámbito 
de protección propio del derecho de reunión, será preciso examinar si, por ser ejercicio 
plenamente legítimo de su contenido, tal circunstancia opera como causa excluyente de 
su  antijuridicidad  [por  todas,  STC  24/2019,  de  25  de  febrero,  FJ  3  a),  y,  muy 
recientemente, STC 190/2020, de 15 de diciembre, FJ 4]. El análisis se dirigirá entonces 
a determinar si la conducta sancionada se sitúa inequívocamente en el ámbito del 
contenido del derecho y, además, respeta los límites establecidos para su ejercicio. 
Dicho de otra forma, si puede ser calificada como ajustada al ejercicio regular del 
derecho fundamental, respondiendo por su contenido, finalidad única o concurrente, o 
por los medios empleados, a las posibilidades de actuación o resistencia que otorga 
(entre otras, SSTC 111/1993, de 25 de marzo, FFJJ 5 y 6; 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 
110/2000, de 5 de mayo, FJ 4; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8; 299/2006, de 23 de 
octubre, FJ 6; 104/2011, de 20 de junio, FJ 6, y 177/2015, de 22 de julio, FJ 2).
En caso afirmativo, las conductas enjuiciadas no podrían sufrir reproche jurídico 
alguno;  tampoco  debido  a  la  aplicación  de  previsiones  legales  de  naturaleza  s
sancionadora  cuya  finalidad  sea  la  protección  de  otros  derechos  o  bienes  oe.
constitucionalmente reconocidos, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera  4ww.
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fundamentales al honor y las libertades de expresión e información (SSTC 104/1986,
de 17 de julio, FJ 6; 107/1988, de 8 de junio, FJ 2, o 20/1990, de 15 de febrero, FJ 2), se
ha trasladado también al examen de la respuesta penal a comportamientos relacionados 
con el ejercicio de otros derechos fundamentales (SSTC 254/1988, de 21 de diciembre, 
FJ 3, delito de coacciones en un contexto de huelga; 137/1997, de 21 de julio, FJ 3, falta 
de coacciones y derecho de huelga; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, injurias y libertad 
sindical, y 104/2011, de 20 de junio, FJ 6, delito de desobediencia y derecho a la huelga) 
y, en particular, con el derecho de reunión pacífica (SSTC 196/2002, de 28 de octubre, 
FFJJ 5 y 6, delito electoral, y STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8, allanamiento del 
domicilio de persona jurídico-pública en el contexto de una asamblea sindical). Por lo 
demás, la relación de exclusión entre el ejercicio legítimo de un derecho fundamental y 
su castigo orienta asimismo los pronunciamientos que se han analizado a la legitimidad 
de sanciones no penales vinculadas al ejercicio del derecho de reunión (SSTC 42/2002, 
de 14 de febrero, FJ 5; 124/2005, de 23 de mayo, FJ 3, y 110/2006, de 3 de abril, FJ 4).
c)  De concluir que la conducta analizada no es ejercicio plenamente legítimo del 
derecho de reunión aducido, el análisis constitucional de las quejas planteadas en la 
demanda no puede detenerse ni resolverse únicamente con un debate sobre si los 
derechos fundamentales alegados, así ejercitados, tienen o no valor preferente frente al 
fin  de  protección  de  la  norma  penal  aplicada.  Tan  limitado  examen  aboca  como 
soluciones únicas de la controversia a una decisión absolutoria, o a una de condena 
conforme con la extensión prevista legalmente en la previsión penal abstracta, lo que 
evita y dificulta analizar y graduar la necesidad e intensidad de la reacción penal dirigida 
a proteger su legítima finalidad.
En  tales  casos,  resulta  obligado  efectuar  otras  consideraciones  que  son 
complementarias  a  las  anteriores,  referidas  únicamente  a  su  carácter  plenamente 
legítimo o antijurídico. Dicho análisis se dirige a determinar si en las circunstancias del 
caso, la sanción penal, atendida su naturaleza y su extensión, puede ser considerada 
una reacción proporcionada a las necesidades de protección que la justifican.
En efecto, de apreciar que la conducta imputada debe ser calificada como una 
extralimitación en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, el examen debe 
centrarse entonces en la limitación impuesta, esto es, en la decisión de condena, dado 
que  únicamente  serán  constitucionalmente  admisibles  aquellas  limitaciones  que  (i) 
previstas por la ley (ii) persigan una finalidad legítima, y (iii) sean proporcionadas al fin de 
protección que las justifica (SSTC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 7, y 85/1992, de 8 de 
junio, FJ 4).
Como cabe ver, en este tercer momento el examen se desplaza de la conducta a la 
limitación. Y en él desempeña un papel decisivo el juicio sobre su proporcionalidad: 
evaluación que se dirige a garantizar que la reacción frente a dicha extralimitación no 
pueda producir por su severidad un sacrificio innecesario o desproporcionado de la 
libertad de la que priva o, aún más allá, un efecto disuasorio o desalentador del legítimo 
ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada. Como 
desarrollaremos más adelante, sobre la proscripción de tal «efecto desaliento» se ha 
pronunciado reiteradamente tanto la jurisprudencia constitucional como la del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.
d)  En  estrecha  relación  con  este  último  análisis  puede  ser  preciso  tomar  en 
consideración otras perspectivas de valoración con relevancia constitucional que, en 
parte coincidentes, derivan de la naturaleza penal de la limitación impuesta (art. 25.1 
CE). Así lo propugna el recurrente en el presente caso: se trata de contenidos de 
protección específicos que conforman el derecho a la legalidad de las infracciones y 
sanciones, pues la Constitución impone a los poderes públicos exigencias adicionales de  s
previsibilidad y proporcionalidad de la reacción cuando se trata de limitaciones del  oe.
ejercicio de derechos fundamentales que derivan del ejercicio del ius puniendi estatal  w.
(cSoSmToC A T1C04 4/1/2908068, , 1d0e7 9/1 d9e8 8e,n 1e3ro7)/.1997, 110/2000, 88/2003, y 104/2011, ya citadas, así  2021-1130n https://w
9.4.3  Las conductas imputadas al recurrente no son ejercicio plenamente legítimo 
de los derechos y libertades de expresión y reunión alegados.
Haciendo abstracción del contexto en que se produjo y de los efectos que provocó su 
convocatoria, el demandante invoca de forma conjunta sus derechos a la libertad de 
expresión, reunión y manifestación garantizados por los arts. 20 y 21 CE. Afirma que su 
participación en los hechos por los que ha sido condenado constituye un ejercicio 
legítimo de aquellos, por cuanto se limitó a convocar públicamente a los ciudadanos a 
manifestarse masiva y pacíficamente en favor del derecho de los catalanes a decidir 
libremente su futuro político a través de un referéndum de autodeterminación sobre la 
independencia de Cataluña, al que invitó a participar, precisamente, como reacción y 
protesta política frente a la prohibición judicial de su desarrollo, la cual consideraba 
injusta.
Aun manteniendo relación la conducta por la que el recurrente ha sido condenado 
con el ejercicio de los derechos alegados (arts. 20 y 21 CE) en cuanto expresaba su 
rechazo a la prohibición del ilegítimo referéndum convocado por el Gobierno de la 
Generalitat, no podemos compartir la afirmación formulada en la demanda, según la cual 
se trata de una conducta que ha de ser calificada como ejercicio plenamente legítimo de 
los derechos de libre expresión, reunión y manifestación.
Recordemos  que,  como  expusimos  en  el  fundamento  jurídico  anterior  de  esta 
resolución, atendiendo al juicio de autoría y tipicidad expresado en la sentencia de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el señor Cuixart ha sido condenado por movilizar 
a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, además de estar dirigido a 
impedir la aplicación de las leyes, obstaculizó de forma grave el cumplimiento de las 
decisiones  judiciales  dirigidas  a  evitar  la  celebración  de  un  referéndum  cuya  base 
normativa y convocatoria habían sido cautelarmente suspendidas. Dicho de otro modo, 
se ha considerado que, con sus convocatorias públicas, promovió la oposición material a 
la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional, o de otros tribunales, 
dirigidas a tutelar el ordenamiento jurídico vigente frente a las actuaciones dirigidas a 
desconocerlo o desbordarlo.
Por tanto, lo que ha justificado su condena no es el llamamiento abstracto a la 
movilización ciudadana, ni el contenido de protesta de la convocatoria asociado a la 
prohibición del referéndum, ni tampoco la propuesta política que la sustenta, sino la 
simultánea aceptación e incitación al incumplimiento de la Constitución, la ley y los 
mandatos judiciales emitidos para tutelarla.
Hemos destacado en anteriores resoluciones, singularmente en las SSTC 136/1999, 
de 20 de julio, FJ 15, y 112/2016, de 20 de junio, FJ 2, que la libertad de expresión –de la 
que el derecho de reunión es una manifestación colectiva–, en cuanto es garantía del 
disentimiento razonado, otorga a los ciudadanos el derecho a expresar sus juicios de 
valor sin sufrir intromisiones por parte de los poderes públicos que no estén apoyadas en 
leyes  que  impongan  límites  constitucionalmente  admisibles.  Cuando  la  opinión  es 
instrumento  de  participación  política  o  se  refiere  a  asuntos  de  interés  general,  su 
protección adquiere una extensa amplitud ya que el bien jurídico tutelado por ella es la 
formación de una opinión pública libre. Sin embargo, en atención a tal fundamento, no 
cabe considerar ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión o manifestación 
aquellos mensajes o conductas que, por su contenido o por la forma de desarrollarse, 
persigan una finalidad ilícita o sean causa de efectos prohibidos por la ley, es decir, 
aquellos casos en que los derechos se ejercitan de forma desmesurada y exorbitante en 
atención  al  fin  al  cual  la  Constitución  le  concede  su  protección  preferente  e.
(STC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 6). w.b
dlaesm vCoíoacmrsá otpi cúhabasli  cmsaesoñ,d anelaornd asoos ,en l d iunTrfrraibenuctuneea enl lt Eeeusje rolracpsiec iocoo  dndede ul Dcdetearrsee ccfhíhsooisc  adHse  uormebuasntnriouóscn,t  iyve anms  alaqnsui fees soatcfaeicecidótaannd  eeansl    2021-1130n https://w
tdreá fifcoor mroad aredloe voa nat el al alisb raec tciviricdualdaecisó nq udee  lpleevrasonn aa sc, adbeo  mloasn edream qáuse,  eq uiendclauns op elartsu rdbea dlaoss 
agentes  encargados  de  garantizar  la  seguridad  ciudadana  y  el  orden  público
(SSTC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 8, y 193/2011, antes citada). No obstante, se trata 
de conductas que no forman parte del núcleo de facultades de actuación que define la 
libertad que reconoce el artículo 11 CEDH; esto es, si bien –como hemos ya expuesto– 
no  están  excluidas  del  ámbito  general  de  protección  que  el  reconocimiento  de  tal 
derecho conlleva, no son el objeto principal de protección de esta libertad pública, por 
hallarse  alejadas  de  su  fundamento  (STEDH  de  15  de  octubre  de  2015,  asunto 
Kudrevičius y otros c. Lituania, § 97).
Se trata de conductas que admiten limitaciones, precisamente, en garantía de la 
seguridad  y  el  orden  público  o  la  prevención  de  delitos.  Dichas  restricciones,  en 
protección de estos bienes constitucionalmente relevantes, pueden tener carácter penal 
cuando, como en este caso, así lo prevé la ley con una respuesta proporcionada al fin de 
protección.
Por  ello,  no  podemos  compartir  la  concepción  del  derecho  de  reunión  pacífica 
expresada por el recurrente según la cual, cuando la convocatoria no tiene intenciones 
violentas, su ejercicio no admite límite alguno que no derive de la idea de control del 
orden público o paz pública que el recurrente propugna, es decir, únicamente cuando 
«se  impide  de  forma  duradera  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  a  los 
ciudadanos». Como acabamos de exponer, al margen del contenido de los derechos 
fundamentales con los que debe coexistir en concordancia práctica, es posible confrontar 
las  pretensiones  de  expresión,  reunión  o  manifestación  con  otros  bienes 
constitucionalmente  relevantes  que  justifiquen  su  restricción,  bien  para  impedir  el 
desarrollo de la reunión, bien para exigir responsabilidades a quienes las promuevan o 
participen  en  ellas.  Y  desde  luego,  es  posible  tomar  en  consideración  los  efectos 
materiales  que,  sobre  dichos  bienes,  pueden  ocasionar  dichas  concentraciones 
convocadas en espacios públicos.
En su argumentación, el recurrente presenta sus llamamientos a los ciudadanos 
obviando el contexto en el que se produjeron, la finalidad última que los animaba, y las 
consecuencias que desencadenaron. Siendo nuclear en su condena el llamamiento 
público a participar en el referéndum convocado por el Gobierno de la Generalitat para el 
día 1 de octubre de 2017, no podemos dejar de lado su contenido (la pretendida 
independencia unilateralmente obtenida al margen de la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña) ni la existencia de la prohibición expresa de su celebración que 
derivaba de diversas resoluciones de este tribunal que han sido antes enumeradas, y del 
mandato judicial expreso emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña.
La  necesidad  en  una  sociedad  democrática  de  proteger  la  efectividad  de  las 
resoluciones de los órganos judiciales y de este tribunal como último garante de la 
Constitución no puede ser razonadamente puesta en entredicho. No cabe ignorar que 
dicho referéndum, en el programa normativo del Gobierno autonómico y la mayoría del 
Parlamento de Cataluña que lo apoyaba, era la llave que justificaba la proclamación de 
la independencia de su territorio. La objetiva gravedad de la pretensión de hacer efectivo 
un referéndum inconstitucional ha sido ya reseñada. Basta remitirse a los términos del 
enjuiciamiento constitucional de dicha pretensión que, en reiteradas ocasiones, antes de 
su convocatoria, había realizado este tribunal para expresar su radical disconformidad 
con las bases de nuestra convivencia democrática.
Estas últimas garantías han sido invocadas en la demanda como vulneradas, desde 
la  perspectiva  del  art.  25.1  CE,  denunciando  la  imprevisibilidad  y  falta  de 
proporcionalidad de la norma penal y de su aplicación al caso, cuestión esta que, a  s
continuación, será analizada desde dichos parámetros. oe.
1A0 c. onEtiln duearceióchno,  pfuroncdeadmeerenmtaol sa  laa  dleagra rleidsapdu epsetnaa la ( alartss .d 2if5e rCenEt)e.s quejas que, todavía  2021-1130n https://w
acognru pinavno cbaacjoió ne l ccoonmjuúnnta d edneol mcoinnatednoird od ed eald udceirre lcah ovu dlnee rraecuinóinó nd epla dceífriceac h(oa rat.  l2a1 l eCgEal)i,d asde 
de las infracciones y sanciones, reconocido en el art. 25.1 CE. La alegada vulneración se
formula a través de tres quejas, diferenciadas, pero estrechamente relacionadas, con las 
que el recurrente cuestiona la decisión de condena. Sintéticamente expuestas son las 
siguientes:
(i)  afirma la indebida interpretación de los elementos que configuran el delito de 
sedición por el que ha sido condenado (arts. 544 y 545.1 CP) y, a partir de la que 
propone  como  adecuada,  concluye  que  la  subsunción  típica  de  su  conducta  era 
imprevisible.
(ii)  denuncia la falta de proporcionalidad de las penas establecidas por el Código 
penal  en  la  previsión  legal  abstracta  del  delito  de  sedición,  así  como  de  las  que 
específicamente le han sido impuestas.
(iii)  sostiene  que,  al  realizar  el  juicio  de  autoría,  el  tribunal  sentenciador  ha 
vulnerado el principio de personalidad de las penas.
A partir de los razonamientos que fundamentan sus quejas, el recurrente interesa de 
este tribunal que, al amparo de lo previsto en el art. 55.2 LOTC, dé lugar al examen de la 
constitucionalidad de los preceptos penales aplicados planteando una cuestión interna 
de inconstitucionalidad, por cuanto la vulneración de sus derechos a la legalidad penal y 
de reunión pacífica es consecuencia de la ley aplicada.
10.1  Doctrina constitucional.
Hecha la anterior precisión, procede compendiar la doctrina constitucional relativa al 
derecho fundamental reconocido en el art. 25.1 CE; en especial la concerniente a las 
diferentes facetas que se anudan a las quejas formuladas en el recurso de amparo. El 
indicado  artículo  establece  que  «[n]adie  puede  ser  condenado  o  sancionado  por 
acciones u omisiones que en el momento del producirse no constituyan delito, falta o 
infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».
A)  Según doctrina de este tribunal, el mandato enunciado contiene un derecho 
fundamental subjetivo que comprende una garantía formal anudada al rango exigible a la 
norma sancionadora; y otra de carácter material, vinculada a la exigencia de certeza y 
concreción del precepto penal. Esta doctrina aparece sistematizada en la STC 24/2004, 
de 24 de febrero, FJ 2:
«a)  El derecho a la legalidad penal, como derecho fundamental de los ciudadanos, 
incorpora en primer término una garantía de orden formal, consistente en la necesaria 
existencia de una norma con rango de ley como presupuesto de la actuación punitiva del 
Estado, que defina las conductas punibles y las sanciones que les corresponden. Esta 
garantía formal, como recordábamos en la STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3, implica 
que solo el Parlamento está legitimado para definir los delitos y sus consecuencias 
jurídicas  y  vincula  el  principio  de  legalidad  al  Estado  de  Derecho,  "esto  es,  a  la 
autolimitación que se impone el propio Estado con el objeto de impedir la arbitrariedad y 
el abuso de poder, de modo que expresa su potestad punitiva a través del instrumento 
de la ley y solo la ejercita en la medida en que está prevista en la ley".
También hemos señalado desde nuestras primeras resoluciones –STC 15/1981, de 7 
de mayo, FJ 7– que del art. 25.1 CE se deriva una "reserva absoluta" de ley en el ámbito 
penal. Y que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.1 CE en relación con el 
art. 17.1 CE, esa ley ha de ser orgánica respecto de aquellas normas penales que 
establezcan penas privativas de libertad. En palabras de la STC 118/1992, de 16 de  es
septiembre, FJ 2, "la remisión a la ley que lleva a cabo el art. 17.1 de la CE ha de  o
entenderse como remisión a la ley orgánica, de manera que la imposición de una pena  4w
dvdueel rnebpec)rrh iavocaJ ifcóuuinnón tndod a emda le eal nasl t iagbglae a(rrrSataaSnndtTtí íaCaps  r 1fedo4ver0mils/ 1tada9le ,8 ree6enc,l  h 1po6ur i0nna/ac1  il9pan8i ool6i br dmye er1at a2 led7sg /i1nya,9 l i9pde0oas)rde"  . eclclooam,r ápucrnteeanr  dveico oluanncsiatói tnus yederei e ue ndseae    OE-A-2021-1130able en https://w
garantías materiales que, en relación con el legislador, comportan fundamentalmente la
exigencia  de  predeterminación  normativa  de  las  conductas  y  sus  correspondientes 
sanciones, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la 
descripción  que  incorpora.  En  este  sentido  hemos  declarado  –como  recuerda  la 
STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3– "que el legislador debe hacer el máximo esfuerzo 
posible  en  la  definición  de  los  tipos  penales  (SSTC  62/1982,  89/1993,  53/1994 
y  151/1997),  promulgando  normas  concretas,  precisas,  claras  e  inteligibles 
(SSTC  69/1989,  34/1996  y  137/1997).  También  hemos  señalado  que  la  ley  ha  de 
describir ex ante el supuesto de hecho al que anuda la sanción y la punición correlativa 
(SSTC 196/1991, 95/1992 y 14/1998). Expresado con otras palabras, el legislador ha de 
operar  con  tipos,  es  decir,  con  una  descripción  estereotipada  de  las  acciones  y 
omisiones  incriminadas,  con  indicación  de  las  simétricas  penas  o  sanciones 
(SSTC 120/1994 y 34/1996), lo que exige una concreción y precisión de los elementos 
básicos de la correspondiente figura delictiva; resultando desconocida esta exigencia 
cuando se establece un supuesto de hecho tan extensamente delimitado que no permite 
deducir  siquiera  qué  clase  de  conductas  pueden  llegar  a  ser  sancionadas 
(STC 306/1994)". Todo ello orientado a garantizar la seguridad jurídica, de modo que los 
ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones (STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3).
c)  Ambos aspectos, material y formal, son inescindibles y configuran conjuntamente 
el derecho fundamental consagrado en el art. 25.1 CE. Por tanto, aunque la garantía 
formal se colmaría con la existencia de una norma con rango de ley (ley orgánica cuando 
se prevean penas privativas de libertad), cualquiera que fuera su contenido (aunque 
fuera absolutamente indeterminado o se limitara a remitirse a instancias normativas 
inferiores, de forma que fueran estas quienes definieran de facto lo prohibido bajo 
amenaza penal), esa cobertura meramente formal resulta insuficiente para garantizar 
materialmente que sea el Parlamento –a través de mayorías cualificadas, en su caso– 
quien defina las conductas punibles con suficiente grado de precisión o certeza para que 
los ciudadanos puedan adecuar sus comportamientos a tales previsiones».
B)  Este tribunal ha resaltado la importancia del mandato de taxatividad que el 
precepto constitucional objeto de cita contiene. Ejemplo de ello son los argumentos que 
figuran en la STC 146/2015, de 25 de junio, FJ 2, que a continuación se transcriben:
«El  principio  de  legalidad  penal,  en  su  vertiente  material,  refleja  la  especial 
trascendencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y comporta el mandato de 
taxatividad o de certeza que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa 
de las conductas y de sus correspondientes sanciones (lex certa), en virtud del cual el 
legislador debe promulgar normas concretas, precisas, claras e inteligibles, para que los 
ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 8). De esta 
manera,  ese  principio,  no  solo  fija  el  límite  interpretativo  de  los  preceptos  en  la 
subsunción irrazonable en el tipo que resulta aplicado, bien por la interpretación que se 
realiza de la norma, bien por la operación de subsunción en sí, de manera, que de 
sobrepasarse tal límite, la sanción impuesta resultaría sorpresiva para su destinatario 
(SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6, y 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 5), sino que 
"impone,  por  razones  de  seguridad  jurídica  y  de  legitimidad  democrática  de  la 
intervención punitiva, no solo la sujeción de la jurisdicción sancionadora a los dictados de 
las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo 
la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares  e
a los que sí contempla" (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6)». bo
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de hecho (ámbito aplicativo), como así se refleja en la reciente STC 14/2021, de 28 de
enero, FJ 2:
«La garantía constitucional de lex certa, como faceta específica del derecho a la 
legalidad  sancionadora,  se  desenvuelve,  en  nuestra  doctrina  (vid,  por  todas,  las 
SSTC 146/2015, de 25 de junio, FJ 2; 219/2016, de 19 de diciembre, FJ 5, y 220/2016, 
de 19 de diciembre, FJ 5), en dos ámbitos distintos:
a)  Ámbito normativo. De un lado, la garantía de certeza puede resultar vulnerada 
por la insuficiente determinación ex ante de la conducta sancionable, como defecto 
inmanente  a  la  redacción  legal  del  precepto  sancionador  objeto  de  escrutinio; 
vulneración que afectaría a la calidad de la ley, esto es, a la accesibilidad y previsibilidad 
del alcance de la norma en el ámbito penal o sancionador (SSTC 184/2003, de 23 de 
octubre, FJ 3, y 261/2015, de 14 de diciembre, FJ 5).
b)  Ámbito  aplicativo.  En  cambio,  aun  cuando  la  redacción  de  la  norma 
sancionadora  resulta  suficientemente  precisa,  la  garantía  de  lex  certa  puede  verse 
afectada por la aplicación irrazonable de dicha norma, vertiente que se desdobla, a su 
vez, en dos planos, (i) el de la indebida interpretación ad casum del alcance semántico 
del precepto, más allá de su sentido literal posible (analogía in malam partem), y (ii) el de 
la subsunción irrazonable, en el precepto ya interpretado, de la conducta que ha sido 
considerada  probada.  En  estos  casos,  pese  a  la  "calidad"  de  la  ley,  su  aplicación 
irrazonable se proyecta sobre la exigencia de previsibilidad del alcance de su aplicación 
(STC 220/2016, de 19 de diciembre, FJ 5). Así, en efecto, una vez que el autor de la 
norma, el legislador, ha cumplido suficientemente con el mandato al dar una redacción 
precisa al precepto sancionador, la garantía de certeza exige igualmente de los órganos 
sancionadores que están llamados a aplicarlo "no solo la sujeción […] a los dictados de 
las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo 
la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares 
a los que sí contempla" (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6, y 146/2015, de 25 de 
junio, FJ 2). Por tanto, tal y como hemos señalado en nuestra doctrina, el derecho 
fundamental  a  la  legalidad  penal,  reconocido  en  el  art.  25.1  CE,  ha  de  reputarse 
vulnerado cuando la conducta que ha sido declarada probada en la sentencia "es 
subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal" (SSTC 91/2009, de 20 de abril, FJ 6; 
153/2011, de 17 de octubre, FJ 8, y 196/2013, de 2 de diciembre, FJ 5)».
No  obstante,  el  principio  de  taxatividad  no  es  incompatible  con  el  empleo  de 
conceptos jurídicos indeterminados o la utilización de una terminología con cierto grado 
de ambigüedad por parte del legislador, como así queda expuesto, entre otras, en la 
STC 37/2018, de 23 de abril, FJ 3:
«A esa exigencia de lex certa, a la que debe responder el legislador al definir los 
tipos penales, no se opone la utilización en los tipos penales de los llamados conceptos 
jurídicos indeterminados, máxime en aquellos supuestos en que los mismos responden a 
la protección de bienes jurídicos reconocidos en el contexto internacional en el que se 
inserta nuestra Constitución de acuerdo con su art. 10.2 (STC 62/1982, de 15 de 
octubre, FJ 7), como tampoco la utilización de un lenguaje relativamente vago y versátil, 
pues las "normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad" (STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3), que en 
ocasiones presenta aspectos difíciles de prever».
C)  La aplicación de la analogía in malam partem y las interpretaciones extensivas  s
de la norma penal por parte de los órganos judiciales han sido expresamente reprobadas  oe.
por nuestra doctrina, por contravenir el mandato del art. 25.1 CE. Esta censura queda  4ww.
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sanciones (lex certa). Esta exigencia tiene implicaciones no solo para el legislador, sino 
también para los órganos judiciales. En su labor de interpretación y aplicación de las 
leyes penales, estos últimos se hallan también sometidos al principio de tipicidad, en el 
sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de sujeción estricta a la ley 
penal (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5; 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 
156/1996, de 14 de octubre, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 151/1997, de 29 de 
septiembre, FJ 4; 232/1997, de 16 de diciembre, FJ 2) y, por otro, les está vedada la 
interpretación extensiva y la analogía in malam partem (SSTC 81/1995, de 5 de junio, 
FJ 5; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; 170/2002, de 30 de 
septiembre,  FJ  12);  es  decir,  la  exégesis  y  aplicación  de  las  normas  fuera  de  los 
supuestos y de los límites que ellas mismas determinan. El que estas técnicas jurídicas, 
que tan fértiles resultados producen en otros sectores del ordenamiento jurídico, estén 
prohibidas en el ámbito penal y sancionador obedece a que en caso contrario las 
mismas se convertirían en fuente creadora de delitos y penas y, por su parte, el aplicador 
de la nueva norma así obtenida invadiría el ámbito que solo al legislador corresponde, en 
contra de los postulados del principio de división de poderes (SSTC 133/1987, de 21 de 
julio, FJ 4; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 142/1999, de 22 de julio, FJ 3; 127/2001, de 4 
de junio, FJ 4)" (STC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 8)».
D)  A su vez, este tribunal ha precisado las exigencias a que se deben sujetar los 
órganos judiciales al verificar la labor de subsunción de los hechos en la norma penal. 
Nuestra doctrina al respecto queda recogida con detalle en la STC 129/2008, de 27 de 
octubre, FJ 3, en los siguientes términos:
«El  derecho  a  la  legalidad  penal  (art.  25.1  CE)  supone  que  nadie  puede  ser 
condenado  por  acciones  u  omisiones  que  no  constituyan  delito  o  falta  según  la 
legislación vigente en el momento de tales conductas. Se quiebra así el derecho cuando 
la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada, es subsumida de un modo 
irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado, bien por la interpretación que se realiza 
de la norma, bien por la operación de subsunción en sí. En tales supuestos la condena 
resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención penal es, amén de contraria al 
valor de la seguridad jurídica, fruto de una decisión judicial que rompe el monopolio 
legislativo en la definición de las conductas delictivas (por todas, STC 137/1997, de 21 
de julio, FJ 6).
En el examen de razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la norma 
penal el primero de los criterios está constituido por el respeto al tenor literal de la norma, 
"pues  el  legislador  expresa  el  mensaje  normativo  con  palabras  y  con  palabras  es 
conocido  por  sus  destinatarios.  Este  respeto  no  garantiza  siempre  una  decisión 
sancionadora acorde con las garantías esenciales de seguridad jurídica o de interdicción 
de la arbitrariedad, pues, entre otros factores, el lenguaje es relativamente vago y 
versátil, las normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad (ya en la STC 62/1982, de 15 de octubre; […] 
STC 53/1994, de 24 de febrero). Debe perseguirse, en consecuencia, algún criterio 
añadido que, a la vista de los valores de seguridad y de legitimidad en juego, pero 
también  de  la  libertad  y  la  competencia  del  juez  en  la  aplicación  de  la  legalidad 
(SSTC 89/1983, de 12 de marzo; 75/1984, de 27 de junio; 111/1993, de 25 de marzo), 
distinga entre las decisiones que forman parte del campo de decisión legítima de este y  e
las que suponen una ruptura de su sujeción a la ley […] La seguridad jurídica y el  bo
respeto  a  las  opciones  legislativas  de  sanción  de  conductas  sitúan  la  validez  4w
cdoen lsetgitaulcidioanda lt adnet ola e anp lsicua rceiósnp edteo  laals t ennoormr alitse rsaaln dceiol neanduonrcaisa ddoe sndoer mela ptirvisom, qau dee ml parrinccai peino   2021-1130n https://w
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que informan nuestro texto constitucional (SSTC 159/1986, 59/1990, 111/1993) y desde
modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica. Dicho de otro 
modo, no solo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se 
sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos 
de  la  norma  aplicada.  Son  también  constitucionalmente  rechazables  aquellas 
aplicaciones  que  por  su  soporte  metodológico  –una  argumentación  ilógica  o 
indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios 
que  informan  nuestro  ordenamiento  constitucional–  conduzcan  a  soluciones 
esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles 
para sus destinatarios" (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; también, entre otras, 
SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 138/2004, 
de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4; 9/2006, de 16 de enero, 
FJ 4; 262/2006, de 11 de septiembre, FJ 4)».
E)  También desde el prisma del derecho reconocido en el art. 25.1 CE ha sido 
objeto  de  análisis  el  principio  de  proporcionalidad  de  las  penas.  Dijimos  en  la 
STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3, que el principio de proporcionalidad puede ser 
inferido de diversos preceptos constitucionales –arts. 1.1, 9.3 y 10.1 de la Constitución–. 
Se trata de un criterio de interpretación que no constituye en nuestro ordenamiento un 
canon  de  constitucionalidad  autónomo  cuya  alegación  pueda  producirse  de  forma 
aislada, esto es, sin referencia a otros preceptos constitucionales (SSTC 62/1982, de 15 
de octubre, FFJJ 3 y 5; 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6; 177/2015, de 22 de julio, FJ 2, 
y 112/2016, de 20 de junio, FJ 2).
El ámbito en el que normalmente y de forma muy particular resulta aplicable el 
principio de proporcionalidad es el de los derechos fundamentales, donde constituye una 
regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de toda injerencia 
estatal, incorporando, incluso frente a la ley, exigencias positivas y negativas. Así ha 
venido reconociéndolo este tribunal en reiteradas sentencias en las que ha declarado 
que la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo 
puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional cuando esa falta 
de  proporción  implica  un  sacrificio  excesivo  e  innecesario  de  los  derechos  que  la 
Constitución garantiza.
Tanto la configuración legislativa de las limitaciones de los derechos fundamentales, 
como su aplicación judicial o administrativa concreta, han de quedar reducidas por tanto 
a las que se hallen dirigidas a un fin constitucionalmente legítimo que pueda justificarlas. 
Y aun así, identificada tal finalidad legítima, la limitación solo se hallará justificada en la 
medida en que suponga un sacrificio del derecho fundamental estrictamente necesario 
para conseguirlo y resulte proporcionado a ese fin legítimo. En términos semejantes se 
ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar las cláusulas que, 
en los arts. 8 a 11 del Convenio, admiten injerencias y restricciones de los derechos 
fundamentales cuando, previstas en la ley, son necesarias en una sociedad democrática 
para la satisfacción de un fin legítimo.
Dos perspectivas no excluyentes son posibles: la que tiene que ver con la naturaleza 
y extensión de la sanción impuesta y la relacionada con la conducta que se sanciona:
a)  Poniendo su atención en la sanción prevista para el delito, este tribunal delimitó 
en la STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 23, en los términos que a continuación se 
exponen, cuál es el alcance de la referida exigencia en relación con la naturaleza y 
extensión de la pena asociada por el delito al tipo de comportamiento incriminado:
«El juicio de proporcionalidad respecto al tratamiento legislativo de los derechos  e
fundamentales y, en concreto, en materia penal, respecto a la cantidad y calidad de la  bo
pena en relación con el tipo de comportamiento incriminado, debe partir en esta sede de  4w
"lolas  pcootmesptoardt aemxicelunstoivsa  pdeenl allemgeisnlated orre ppraernas cibolensfi,g uerla rt iploos  yb ielan ecsu apnetníaa lmdee nltaes  psroatnecgioidnoess,   2021-1130n https://w
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límites establecidos en la Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su
posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática 
[...].  De  ahí  que,  en  concreto,  la  relación  de  proporción  que  deba  guardar  un 
comportamiento penalmente típico con la sanción que se le asigna será el fruto de un 
complejo juicio de oportunidad que no supone una mera ejecución o aplicación de la 
Constitución, y para el que ha de atender no solo al fin esencial y directo de protección al 
que responde la norma, sino también a otros fines legítimos que pueda perseguir con la 
pena y a las diversas formas en que la misma opera y que podrían catalogarse como sus 
funciones o fines inmediatos a las diversas formas en que la conminación abstracta de la 
pena y su aplicación influyen en el comportamiento de los destinatarios de la norma –
intimidación, eliminación de la venganza privada, consolidación de las convicciones 
éticas generales, refuerzo del sentimiento de fidelidad al ordenamiento, resocialización, 
etc.– y que se clasifican doctrinalmente bajo las denominaciones de prevención general 
y de prevención especial. Estos efectos de la pena dependen a su vez de factores tales 
como  la  gravedad  del  comportamiento  que  se  pretende  disuadir,  las  posibilidades 
fácticas de su detección y sanción y las percepciones sociales relativas a la adecuación 
entre delito y pena (STC 55/1996, fundamento jurídico 6)" (STC 161/1997, fundamento 
jurídico 9).
El juicio que procede en esta sede de amparo, en protección de los derechos 
fundamentales, debe ser por ello muy cauteloso. Se limita a verificar que la norma penal 
no produzca "un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria 
y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona 
y al Estado de Derecho" (STC 55/1996, fundamento jurídico 8) o una "actividad pública 
arbitraria y no respetuosa con la dignidad de la persona" (STC 55/1996, fundamento 
jurídico 9) y, con ello, de los derechos y libertades fundamentales de la misma. "Lejos 
[pues] de proceder a la evaluación de su conveniencia, de sus efectos, de su calidad o 
perfectibilidad,  o  de  su  relación  con  otras  alternativas  posibles,  hemos  de  reparar 
únicamente, cuando así se nos demande, en su encuadramiento constitucional. De ahí 
que una hipotética solución desestimatoria ante una norma penal cuestionada no afirme 
nada más ni nada menos que su sujeción a la Constitución, sin implicar, por lo tanto, en 
absoluto, ningún otro tipo de valoración positiva en torno a la misma" (SSTC 55/1996, 
fundamento jurídico 6, y 161/1997, fundamento jurídico 9).
[...] cabe afirmar la proporcionalidad de una reacción penal cuando la norma persiga 
la preservación de bienes o intereses que no estén constitucionalmente proscritos ni 
sean socialmente irrelevantes, y cuando la pena sea instrumentalmente apta para dicha 
persecución. La pena, además, habrá de ser necesaria y, ahora en un sentido estricto, 
proporcionada. En suma, según hemos reiterado en otras resoluciones, especialmente 
en la STC 66/1995, fundamentos jurídicos 4 y 5, para determinar si el legislador ha 
incurrido en un exceso manifiesto en el rigor de las penas al introducir un sacrificio 
innecesario o desproporcionado, debemos indagar, en primer lugar, si el bien jurídico 
protegido por la norma cuestionada o, mejor, si los fines inmediatos y mediatos de 
protección de la misma, son suficientemente relevantes, puesto que la vulneración de la 
proporcionalidad podría declararse ya en un primer momento del análisis "si el sacrificio 
de la libertad que impone la norma persigue la prevención de bienes o intereses no solo, 
por supuesto, constitucionalmente proscritos, sino ya, también, socialmente irrelevantes" 
(STC 55/1996, fundamento jurídico 7; en el mismo sentido, STC 111/1993, fundamento 
jurídico 9). En segundo lugar, deberá indagarse si la medida era idónea y necesaria para 
alcanzar los fines de protección que constituyen el objetivo del precepto en cuestión. Y, 
finalmente, si el precepto es desproporcionado desde la perspectiva de la comparación  s
entre la entidad del delito y la entidad de la pena. oe.
Desde la perspectiva constitucional solo cabrá calificar la norma penal o la sanción  w.
npneeocn ecaosl ancrtoriaomsvo e pritnaidnraoe sca elycs aadnriezalas r c cofuinnajeunsnd tood,  e"d aep  rlaos taelunczcc iiodónenel  sara nzqáoulonega omesl i,e mnreitsosm ulólotga i lceeogv,i isddleaend dtoear  tlohasa   meemasntpiimífrieiacsdotaos    2021-1130n https://w
isguufaiclimenecnitae  dee fiucna zm  eddei o laaslt erfinnaatliivdoa dmees nodse sreesatdriacsti vop odre  edle rleecghisolas dpoar"r a (lSaT cCo ns5e5c/1u9c9ió6n,   BOE-A-cable e
fundamento jurídico 8). Y solo cabrá catalogar la norma penal o la sanción que incluye 
como  estrictamente  desproporcionada  "cuando  concurra  un  desequilibrio  patente  y 
excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las pautas 
axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad 
legislativa" (STC 161/1997, fundamento jurídico 12; en el mismo sentido STC 55/1996, 
fundamento jurídico 9)».
b)  Aún es posible otra perspectiva adicional de análisis, relacionada esta vez con el 
ejercicio de los derechos fundamentales a los que el recurrente anuda la conducta por la 
que ha sido penado.
La STC 177/2015 ha puesto de manifiesto los riesgos derivados de la utilización del 
ius puniendi en la respuesta estatal ante un eventual ejercicio, extralimitado o no, del 
derecho a la libertad de expresión, por la desproporción que puede suponer acudir a esta 
potestad y el efecto desalentador que ello puede generar para el regular ejercicio de los 
derechos  fundamentales  (en  el  mismo  sentido  STC  112/2016).  Por  ello,  tanto  el 
legislador al definir la norma penal, como el juez al aplicarla, no pueden «reaccionar 
desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni siquiera en el caso de que no 
constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y aun cuando esté 
previsto legítimamente como delito en el precepto penal» (STC 110/2000, de 5 de mayo, 
FJ 5).
En  nuestra  jurisprudencia  el  juicio  de  proporcionalidad  de  las  limitaciones  de 
naturaleza penal ha sido específicamente abordado en reiteradas ocasiones en el ámbito 
de conductas relacionadas con las libertades de expresión e información, de las que –
como anticipamos– la libertad de reunión es una modalidad concreta (STC 85/1988, 
de 28 de abril, FJ 2). En la ya citada STC 110/2000, destacamos que la dimensión 
objetiva  de  los  derechos  fundamentales,  su  carácter  de  elementos  esenciales  del 
ordenamiento jurídico, permiten afirmar que «no basta con la constatación de que la 
conducta  sancionada  sobrepasa  las  fronteras  de  la  expresión  constitucionalmente 
protegida», sino que ha de garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación «no 
pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la 
libertad de la que privan, o un efecto [...] disuasorio o desalentador del ejercicio de los 
derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada» (en el mismo sentido, 
SSTC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8, y 187/2015, de 21 de septiembre, FJ 4). Sobre la 
exigencia de proporcionalidad cabe citar en el mismo sentido la STC 85/1992, de 8 de 
junio, FJ 4, y las SSTEDH de 13 de julio de 1995, asunto Tolstoy Milovslasky c. Reino 
Unido, § 52 a 55; de 25 de noviembre de 1999, asunto Nilsen y Johnsen c. Noruega, § 
53, y de 29 de febrero de 2000, asunto Fuentes Bobo c. España, § 49 y 50).
Pero tal límite no opera exclusivamente en el ámbito del art. 20.1 CE, sino en 
relación con todos los derechos fundamentales: SSTC 190/1996, de 25 de noviembre, 
FJ3, sobre libertad de información y honor; 136/1999, de 20 de julio, FJ 20, sobre libertad 
de expresión y libertad ideológica en campaña electoral; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8, 
sobre derecho de reunión en el ámbito de la acción sindical; 104/2011, de 20 de junio, 
sobre derecho de huelga, y 140/2016, de 21 de julio, FJ 10, sobre acceso a la justicia. Y, 
en el mismo sentido se ha pronunciado, también de forma reiterada, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en las SSTEDH de 22 de febrero de 1989, asunto Barfod c. 
Dinamarca, § 29; de 20 de mayo de 1999, asunto Bladet Tromsø and Stensaas c. 
Noruega, § 64; de 21 de marzo de 2002, asunto Nikula c. Finlandia, § 54; de 15 de 
diciembre de 2005, asunto Kyprianou c. Chipre, § 175, 181 a 183; de 21 de julio de 2011,  e
asunto Heinisch c. Alemania, § 91 y 92; de 3 de octubre de 2013, asunto Kasparov y  bo
otros c. Rusia, § 84; de 15 de mayo de 2014, asunto Taranenko c. Rusia, § 95 y 96;  4w
ddee  1240 1d5e,  oactsuubnrteo  dGe a2f0g1a4z,  aMsaumntmo aYdilomva zc . YAildziezr bya oiytráons,  c§.  T5u0rq, uyí,a ,m §á 3s3 ;r edcei e1n5t edme eonctteu,b rlea   2021-1130n https://w
STEDH de 4 de septiembre de 2018, asunto Fatih Taş c. Turquía –núm. 5–, § 40.
F)  También procede reflejar el parámetro al que se debe sujetar este tribunal para 
fiscalizar la interpretación y aplicación de la norma penal por parte de los juzgados y 
tribunales, que aparece recogido, entre otras resoluciones, en la STC 38/2003, de 27 de 
febrero, FJ 8:
«[S]egún reiterada jurisprudencia constitucional, la función de interpretar y aplicar la 
legislación  vigente,  subsumiendo  en  las  normas  los  hechos  que  llevan  a  su 
conocimiento, es una función que, de acuerdo con lo establecido en el art. 117.3 CE, 
corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios, sin que este tribunal pueda 
sustituirlos en el ejercicio de dicha tarea (SSTC 16/1981, de 18 de mayo, FJ 2; 89/1983, 
de 2 de noviembre, FJ 2; 105/1983, de 23 de noviembre, FJ 1; 111/1993, de 25 de 
marzo, FJ 5; 31/1996, de 27 de febrero, FJ 10; 185/2000, de 10 de julio, FJ 4; 167/2001, 
de 16 de julio, FJ 3, y 228/2002, de 9 de diciembre, FJ 3, entre otras muchas). Ahora 
bien,  una  aplicación  defectuosa  de  la  ley  penal  puede  implicar,  eventualmente,  la 
vulneración  de  un  derecho  constitucionalmente  garantizado,  protegido  mediante  el 
recurso de amparo. Cuando se alega tal cosa, como en el presente caso ocurre, este 
tribunal  ha  de  analizar,  desde  el  punto  de  vista  del  derecho  constitucionalmente 
garantizado, la interpretación y aplicación que el juez ordinario ha hecho de la norma 
penal (SSTC 75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5), sin olvidar 
que el principio de legalidad, ni puede ser entendido de forma tan mecánica que anule la 
libertad del juez, cuando en uso de esta no se crean nuevas figuras delictivas o se 
aplican penas no previstas en el ordenamiento (SSTC 89/1983, de 2 de noviembre, FJ 3; 
75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5), ni tampoco pasar por 
alto que toda norma penal admite varias interpretaciones como consecuencia natural de 
la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un 
sistema normativo relativamente complejo (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 
42/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 167/2001, de 16 de julio, FJ 3; 228/2002, de 9 de 
diciembre, FJ 3).
[...]
Precisando nuestro canon de control de constitucionalidad, cabe hablar de aplicación 
analógica o extensiva in malam partem, vulneradora de aquel principio de legalidad, 
cuando dicha aplicación resulte imprevisible para sus destinatarios, sea por apartamiento 
del tenor literal del precepto, sea por la utilización de pautas valorativas extravagantes en 
relación  con  el  ordenamiento  constitucional,  sea  por  el  empleo  de  modelos  de 
interpretación no aceptados por la comunidad jurídica, comprobado todo ello a partir de 
la motivación expresada en las resoluciones recurridas (SSTC 137/1997, de 21 de julio, 
FJ 7; 236/1997, de 22 de diciembre, FJ 4; 56/1998, de 16 de marzo, FJ 8; 189/1998, 
de 28 de septiembre, FJ 7; 25/1999, de 8 de marzo, FJ 3; 142/1999, de 22 de julio, FJ 4; 
174/2000, de 26 de junio, FJ 2; 195/2000, de 24 de julio, FJ 4; 278/2000, de 27 de 
noviembre, FJ 11; 127/2001, de 4 de junio, FJ 4; 123/2002, de 20 de mayo, FJ 8; 
170/2002, de 30 de septiembre, FJ 12; y 13/2003, de 28 de enero, FJ 3)».
Y en la ya citada STC 129/2008, FJ 3, se acota la fiscalización que corresponde 
llevar a cabo a este tribunal, en los siguientes términos:
«No compete pues a este tribunal la determinación de la interpretación última, en 
cuanto más correcta, de un enunciado penal, ni siquiera desde los parámetros que 
delimitan los valores y principios constitucionales. Y tampoco le compete la demarcación 
de las interpretaciones posibles de tal enunciado. De un modo mucho más restringido, y 
desde la perspectiva externa que le es propia como tribunal no inserto en el proceso  e
penal, nuestra tarea se constriñe a evaluar la sostenibilidad constitucional de la concreta  bo
interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales. Tal sostenibilidad se refiere,  4w
cjuormídoic as ey  sdeeñ alala baau toerní ae lp afurnladmaemnetanrtoia  adnet elraio dr,e afiln irceisópne dtoe  alo lso sd evlaitloosre ys  ldaes  lpae sneagsu, ryid asde   2021-1130n https://w
jturaddicuiacel  deen l ala n orarmzoan ay bdileid laad s suebmsuánnctiiócan,  lemgeatlo ddeo llóogsi chae cyh oasx ioelnó glaic am idsme ala.  Pinotre erpllroe tfaocrmióna 
parte  del  objeto  de  nuestro  análisis  la  motivación  judicial  de  tales  interpretación  y
subsunción, pero no la argumentación del recurrente en favor de una interpretación 
alternativa, cuya evaluación de razonabilidad per se nos es ajena y solo podrá ser 
tomada en cuenta en la medida en que incida en la irrazonabilidad de la interpretación 
judicial impugnada».
G)  Finalmente,  constatamos  que  este  tribunal  ha  incardinado  dentro  del  derecho 
fundamental reconocido en el art. 25.1 CE al denominado principio de personalidad de las 
penas, en los términos expuestos, entre otras, en la STC 125/2001, de 4 de junio, F J 6:
«El principio de personalidad de las penas, que forma parte del de legalidad penal y 
se encuentra, por tanto, incluido en el art. 25.1 CE, implica que solo se puede responder 
penalmente por los actos propios y no por los ajenos [SSTC 131/1987, de 20 de julio, 
FJ  6;  219/1988,  de  22  de  noviembre,  FJ  3;  254/1988,  de  21  de  diciembre,  FJ  5; 
246/1991, de 19 de diciembre, FJ 2; 146/1994, de 12 de mayo, FJ 4 b); 93/1996, de 28 
de mayo, FJ 1, y 137/1997, de 21 de julio, FJ 5], pero la existencia de responsabilidades 
penales de terceros no excluye necesariamente la responsabilidad del recurrente por sus 
propios actos, ni la posibilidad de que su cooperación pueda ser reputada necesaria».
10.2  Interpretación y aplicación del tipo penal de sedición.
10.2.1  Posiciones de las partes.
Bajo el título «Prohibición de interpretaciones extensivas o analógicas in malam 
partem;  exigencia  de  taxatividad  interpretativa  y  previsibilidad  de  las  conductas 
punibles»,  el  demandante  atribuye  a  la  sentencia  condenatoria  la  vulneración  del 
derecho reconocido en el art. 25.1 CE, con fundamento en la quiebra de la garantía de 
taxatividad tanto por la labor exegética del intérprete como por la concreta aplicación de 
la  norma  a  su  conducta.  A  modo  de  introducción,  pero  sin  concretar  una  queja 
específica, el recurrente efectúa una crítica global a la configuración legal del delito 
descrito en el art. 544 CP, del que, a su juicio, «podrían denunciarse su claro sesgo 
autoritario,  su  uso  como  instrumento  de  represión  penal  de  las  libertades  públicas 
(básicamente,  en  el  ámbito  de  los  derechos  de  huelga  y  de  reunión),  el  carácter 
sumamente abierto e impreciso de los términos con los que está descrito, en clara 
contradicción con las exigencias derivadas del principio de taxatividad penal o, desde la 
perspectiva comparada, el hecho de ser España de los pocos estados democráticos que 
aun contemplan tal trasnochado delito que necesitaría de una urgente reforma». No 
obstante,  puntualiza  que  en  este  apartado  se  ciñe  expresamente  a  la  concreta 
subsunción de los hechos en el delito de sedición que se lleva a cabo por la sentencia 
impugnada. Esta censura se bifurca en tres reproches a la citada resolución, a la que 
achaca que: a) «interpreta los términos típicos de la norma aplicada de una manera 
contraria a su sentido semántico»; b) «hace recaer su soporte axiológico en una base 
valorativa ajena a los criterios que informan nuestro sistema constitucional de derechos 
fundamentales,  por  lo  que  conduce  a  una  solución  esencialmente  opuesta  a  la 
orientación material de la norma y, por ello, imprevisible para sus destinatarios»; y c) 
argumenta de forma « incongruente consigo misma y, por ello, vacía de contenido y 
criminaliza el ejercicio legítimo de derechos constitucionales».
a)  En primer término, en la demanda se afirma que la interpretación del delito de 
sedición resulta tan extensiva que vulnera la exigencia de taxatividad. En este apartado, 
el recurrente lleva a cabo un análisis de los elementos contenidos en el tipo descrito en  es
el art. 544 CP y alcanza la conclusión de que, frente a lo que sostiene la resolución  o
impugnada, la exigencia de violencia es inherente al delito de sedición, tanto desde una  4w
epecojejeenrrrssccpiiidcceiiecoort  aidvl eaeqg  ulvíiettieoi mlrloeaosnl , c tcdiéaoer.mm  Alioanr g odupsem rs«odeateenlzs tuaatan mp.a ir eiPsmniosteortr e»omt  ayqán u«ttioectu, a lma ry eu haclothutseaatnizrltiiaoad » aal da n l aoaa   pilrmagr opuqxlmuiicmeea innedt laa nTdcer icódibeneus l nadjaureilda liSimtcouiae pcln roteqenmu  eeeoll     OE-A-2021-1130able en https://w
supedita la calificación de «alzamiento tumultuario» implica violencia conforme a una de
las acepciones establecidas por la Real Academia Española (RAE): «agresión armada 
de un pueblo, ejército o grupo». Añade, ya desde una perspectiva atenta a los derechos 
concurrentes,  que  las  referencias  al  «carácter  hostil,  intimidatorio,  amedrentatario  o 
injurioso»  no  bastan  para  conformar  el  delito  de  sedición,  pues  esa  interpretación 
convierte el referido delito en un instrumento represivo de las libertades públicas y del 
derecho de protesta.
En apoyo de tal conclusión recuerda la especial importancia que este tribunal ha 
atribuido al derecho de reunión en el seno de una sociedad democrática y señala a 
continuación que, en ese contexto, el ejercicio del derecho a la manifestación constituye 
un poderoso instrumento de presión para alcanzar las finalidades perseguidas por los 
manifestantes, que «desemboca en muchas ocasiones en la aparición de un espacio de 
abierta  hostilidad,  que  se  transforma  necesariamente  en  actividades  intimidatorias, 
amedrentatorias  o  injuriosas».  Dado  que,  según  defiende,  el  «enfrentamiento,  la 
reivindicación y la protesta –con frecuencia enérgicas y hostiles– conforman el ámbito 
del ejercicio del derecho de reunión», tales circunstancias no pueden constituir los límites 
penales al ejercicio de ese derecho. Por el contrario, esos límites –insiste– se sitúan en 
la utilización de violencia o intimidación, medios comisivos de los numerosos tipos 
penales recogidos bajo la rúbrica de delitos contra el orden público (atentados contra la 
autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia, desórdenes públicos). El 
demandante concluye que, por lógica sistemática y en atención a la gravedad de las 
penas previstas, esos medios también deben exigirse en el delito de sedición como 
figura más grave que abre el título vigésimo segundo, de modo que, conforme a la 
interpretación exigente del tipo de sedición del art. 544 CP a la que obliga el derecho de 
reunión, serán atípicas las conductas que describe llevadas a cabo sin violencia o 
intimidación,  lo  que  obliga  a  una  interpretación  estricta  de  la  referencia  legal  a  la 
posibilidad de cometer el delito «fuera de las vías legales».
También afirma que se ha producido una aplicación del tipo penal sin la debida 
taxatividad en tanto que la sentencia no ha podido concretar cuándo se produjo el 
alzamiento tumultuario, toda vez que lo acontecido los días 20 de septiembre y 1 de 
octubre constituyó un legítimo ejercicio del derecho de reunión. Y sin alzamiento, no hay 
delito de sedición.
b)  En segundo lugar, el recurrente pone de relieve el carácter imprevisible de la 
subsunción de los hechos en el tipo penal de sedición con referencia a los distintos 
elementos del tipo. Reitera que, ante la indefinición de cuándo tuvo lugar el alzamiento o 
la  inexistencia  de  actos  violentos  generalizados,  se  colma  la  exigencia  típica  de 
«alzamiento tumultuario» por la vía de hecho con actuaciones que podrían encuadrarse 
en el ejercicio del derecho de reunión, tales como «formación de "grupos de personas 
aglomerados  y  compactados",  "conglomerados  de  personas  en  clara  superioridad 
numérica", "aglomeraciones de personas impermeables a cualquier requerimiento", o 
"fórmulas de resistencia no violenta"». El demandante reprueba también que en la 
sentencia no se describa cuándo y cómo se impidió de forma generalizada la aplicación 
de la ley o el ejercicio de funciones públicas aun dando por sentado que el alzamiento 
tumultuario tuvo lugar los días antes indicados. Destaca que en la manifestación del 
día 20 de septiembre no se relatan actos de violencia, sin que tampoco se llegara a 
imposibilitar la realización de los registros en las condiciones señaladas en el art. 569 
LECrim. Añade que el día 1 de octubre tampoco se impidió la aplicación de ninguna ley 
ni la ejecución de ninguna actuación pública, puesto que las concentraciones ante los 
colegios electorales no confirieron validez a una votación que nacía fuera del ámbito de  s
lo jurídico. En suma, esos dos días lo que se produjo realmente fueron actos de protesta  oe.
ciudadana y de opinión masiva a través de una votación convocada por una autoridad no  w.
rcceoosnmudplteaenbteaan  tppeor,e r vloiss eiqbduliece i pódaner, asdc eoeln  de elm maoñationv do2a 0nd0tee5 ,  cnvouonl nvceoorcnaasnrtd itorue íeaul n ddioeenlrieetosc  hapolga auc ínlfaioc ,la esdg ead limed aapdnr eoprteaen saqtalu ,ye   nslauo    2021-1130n https://w
derecho de reunión.
c)  Finalmente, el recurrente atribuye a la sentencia la falta de congruencia interna, 
habida cuenta de que en diversos pasajes prescinde del criterio de «la abierta hostilidad» 
del alzamiento como elemento configurador del delito de sedición en su interpretación 
del tipo, para pasar a describir episodios de mera resistencia pasiva o desobediencia, 
formas no violentas que integran el contenido del derecho fundamental de reunión.
Para la abogacía del Estado, la sentencia lleva a cabo la subsunción de los hechos 
en  la  norma  de  manera  lógica  y  acorde  con  principios  interpretativos  válidos  y 
previsibles, sin contrariar el sentido literal del precepto aplicado. Afirma que existió un 
levantamiento multitudinario y generalizado que fue proyectado de forma estratégica; 
que la autoridad del Poder Judicial fue sustituida por la voluntad de los convocantes y de 
quienes los secundaron; que esta fue impuesta por la fuerza, impermeable a cualquier 
requerimiento para desistir del intento de incumplir la orden judicial, pues en todos los 
centros de votación se «repitió la negativa verbalizada de forma vehemente en un 
escenario de rechazo mostrado por un numeroso grupo de personas que bloqueaban la 
entrada y se mostraban decididos y firmemente determinados a no franquearla, pese al 
requerimiento judicial. Y en todos esos hechos se destaca la participación relevante del 
promotor del amparo como responsable de la movilización masiva de resistencia activa». 
Por  tanto,  el  demandante  no  ha  sido  condenado  por  apoyar  dos  concentraciones 
multitudinarias de protesta y votación, y los hechos enjuiciados no son comparables con 
la consulta del «9-N».
Para el partido político Vox, el órgano judicial no llevó a cabo una interpretación 
analógica in malam partem del delito de sedición. Reitera que no hubo imprevisibilidad al 
valorar los hechos atribuidos al recurrente como un delito de sedición, de acuerdo a lo 
expresado en la sentencia. El recurrente tuvo que prever la exigencia de responsabilidad 
penal, toda vez que la acción imputada incluía la creación de una legalidad paralela para 
promover la inobservancia de las leyes y, además, la celebración de un referéndum 
prohibido  que  se  pretendió  hacer  realidad  mediante  una  tumultuaria  movilización 
ciudadana para rechazar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El fiscal sostiene que la subsunción de los hechos en la norma penal realizada por el 
Tribunal Supremo ostenta fundamento razonable y no resulta imprevisible ni contraria a 
la orientación material de la norma. Tras analizar los aspectos más relevantes de la 
fundamentación jurídica de la sentencia impugnada sobre esta temática, concluye que la 
subsunción efectuada satisface la triple exigencia de respeto por parte del intérprete o 
aplicador de la norma sancionadora a la semántica de los términos empleados en la 
proposición  normativa,  a  las  reglas  compartidas  de  interpretación  aceptadas  por  la 
comunidad jurídica (operadores jurídicos y estudiosos del Derecho) y a la axiología 
constitucional (los valores y principios constitucionales).
(i)  Insiste en que la sentencia impugnada ha llevado a cabo «una interpretación 
posible que entra en los términos de la ley, sin haber caído en apreciaciones que 
impliquen una ruptura de su sujeción a la ley, contraria al imperio de la ley, y que, por 
ello, resultan prohibidas». Ni hay ampliación, pues no se ha ido más allá del significado 
literal posible de los términos legales, ni se ha incurrido en un exceso respecto de la más 
amplia de sus acepciones posibles (interpretación extensiva), ni concurre extensión 
alguna de la norma a supuestos que la ley no contempla (analogía in malam partem). (ii) 
Considera los argumentos y razonamientos empleados razonables, coherentes y no 
extravagantes, ajustándose a criterios interpretativos lógicos, sistemáticos y teleológicos. 
(iii) Finalmente, afirma que, en el plano axiológico, la actuación del Tribunal Supremo 
resulta intachable, ya que ha considerado las alegaciones de la parte recurrente sobre el  e.
derecho de reunión y las libertades de expresión e ideológica tanto en el fundamento  w.b
ardaueztdooicnríaaadd oos  oayb  rlead  evecuild lniddeeoram csaióunn d dadeneste cd;a ertyree,  c«hcotornsa  sf eulpn odvnaadmloeerr nadtra ele lasns e cuiontmrvaoolicz aaecrn i olenale  sca onneticjfuerercitdtouic aijdduaaicsdio,   dhdeael    2021-1130n https://w
tcroamsgproerstiaómn iednetlo  edjeerlc icreioc ulerrgeíntitme,o  judset iftiaclaensd doe rmeáchs osq»u ee ns uafitceinecnitóenm ean ltaes  ecl ircduenssbtoarndcei asy 
concurrentes, «con lo que la inexistencia del efecto desaliento ha quedado constatada».
Añade  que  la  previsibilidad  de  la  respuesta  penal,  en  el  caso  concreto  del 
demandante, viene reforzada por la circunstancia de que ejecutó buena parte de los 
hechos por los que se le condena –en relación con la movilización respecto de la jornada 
del 1 de octubre–, conociendo ya la existencia de una denuncia del Ministerio Fiscal 
contra él ante la Audiencia Nacional precisamente por delito de sedición. Sobre este 
particular destaca lo dicho en el auto de 29 de enero de 2020: «Adquieren ahora pleno 
sentido las declaraciones del señor Cuixart el día 27 de septiembre, recogidas en la 
sentencia cuya nulidad se postula: "[…] si de lo que se nos acusa es de sedición, señor 
fiscal, señores de la Audiencia Nacional, si es por llamar a la movilización permanente, 
tienen ustedes razón, lo volveremos a hacer"».
10.2.2  Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 4 del fundamento de Derecho B) de la sentencia recurrida se analizan 
las  características  y  naturaleza  jurídica  del  delito  de  sedición.  Por  otro  lado,  el 
apartado 1.9 del fundamento de Derecho C) contiene el juicio de autoría relativo al 
demandante. En los antecedentes y el fundamento jurídico tercero de esta resolución se 
reflejan de manera sintética la interpretación del delito de sedición y la aplicación al 
demandante efectuada por el órgano de enjuiciamiento.
No obstante, resulta de interés destacar las consideraciones que efectúa el órgano 
judicial para rechazar que el ejercicio de la violencia sea un requisito del delito de 
sedición en el fundamento de Derecho B) 4.4.
«Resulta obligado subrayar que la descripción típica no anuda al alzamiento público, 
presupuesto compartido con el delito de rebelión, su expresa caracterización como 
violento.
La  sentencia  de  esta  Sala,  dictada  con  fecha  10  octubre  1980,  al  analizar  la 
regulación  del  entonces  artículo  218  del  Código  penal,  además  de  interesantes 
referencias históricas y de Derecho comparado, resalta su forma colectiva y tumultuaria 
de alzamiento, calificándola como una infracción de actividad o de resultado cortado. 
También lo califica como delito de tendencia pues, por una parte, el alzamiento ha de 
encaminarse necesariamente a la consecución de alguno de los objetivos señalados en 
los cinco números del art. 218 citado –hoy 544– y, por otra, el alzamiento, por sí solo, 
consuma el delito aunque no se hayan logrado los fines propuestos. Pero se requiere 
que el alzamiento se encamine a la consecución de los fines indicados por la fuerza. Y 
ese precedente –no se olvide, referido a un precepto carente ya de vigencia– equipara la 
fuerza al empleo de dos modos ejecutivos que pueden operar de forma alternativa: a) 
modos violentos –violencia absoluta o compulsiva– que pueden recaer, tanto sobre las 
personas como sobre las cosas –vis física o vis in rebus–; b) modos fuera de las vías 
legales, es decir, que se desarrollan de manera ilícita, ilegítima o ilegal y no a través de 
recursos o procedimientos de reclamación, protesta, disenso o de disconformidad que la 
ley permita, arbitre o prescriba.
Aquella sentencia –cuyo valor hermenéutico es más que limitado, al referirse a un 
artículo previgente– advertía que el modo violento no era solamente la agresión física 
sobre  las  personas.  En  el  plano  dogmático,  cobra  aquí  especial  valor  el  discurso 
argumental de una penalista –escrito y publicado con la misma solvencia técnica con la 
que  asumió  en  el  plenario  la  defensa  de  uno  de  los  acusados–  que,  siguiendo 
autorizados criterios doctrinales, razonaba que la expresión «tumultuario» no puede 
tener  otra  significación  que  la  de  «abierta  hostilidad,  y  adiciona  un  contenido  de 
hostilidad y violencia que no tiene por qué ser física ni entrañar el uso de la fuerza, como  e
expresa la alternativa modal entre esta o "fuera de las vías legales", pero que ha de  bo
vivificarse necesariamente en actitudes intimidatorias, amedrentatorias, injuriosas, etc.».  4w
cSoolleoc ativsaí  –as elag ueíjae cruaczioónna dned ola–s p lueeydees  doe asll ienjdearcrsicei o« [d…e ]l ala f usnecdiiócnió np údbel iclaa  pfuaecírfaic dae ol psoisstiecmióna   2021-1130n https://w
loe gparel sdcer irbeac»u.rsos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la ley arbitre
La Sala hace suyo este razonamiento.
La  descripción  del  tipo  previsto  en  el  art.  544  del  CP  –si  se  descartan  otras 
interpretaciones voluntaristas– incluye una alternativa en la descripción del alzamiento 
público y tumultuario. En efecto, este puede ejecutarse «por la fuerza o fuera de las vías 
legales». Quienes entienden que, pese a esa redacción en términos alternativos, la 
exigencia de violencia en el delito de sedición es inherente al vocablo «alzamiento», se 
apartan del significado gramatical de esa palabra. En las veinticuatro acepciones que el 
diccionario de la RAE asocia a la voz «alzar» o «alzarse», ninguna de ellas se vincula de 
modo  exclusivo  al  empleo  de  violencia.  Tampoco  respalda  esa  tesis  el  significado 
gramatical del vocablo tumultuario»».
Asimismo, en el apartado 4.6 se proclama la naturaleza delictiva de los hechos, al 
considerar que, conforme a lo expuesto en el relato fáctico, estos estuvieron lejos de una 
legítima y pacífica manifestación de protesta:
«La hostilidad desplegada hizo inviable el día 20 de septiembre que los funcionarios 
dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado núm. 13 de Instrucción 
de Barcelona, ocasionando miedo real, no solamente en los funcionarios que ejecutaban 
legítimas órdenes jurisdiccionales –es el caso de la letrada de la administración de 
justicia actuante en la sede de la vicepresidencia–, sino en los funcionarios autonómicos 
bajo investigación, que habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles 
en los que se estaban practicando los registros. Se trataba de los mismos funcionarios a 
los  que  los  sediciosos  decían  querer  defender,  cuya  presencia  fue  efectiva  y 
definitivamente impedida por los acusados que lideraron la tumultuaria movilización.
Y los comportamientos del día 1 de octubre implicaron el uso de fuerza suficiente 
para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de impedir la 
votación, según venían obligados por expreso mandato judicial. Se perseguía así abortar 
el cumplimiento de las órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña y del Tribunal Constitucional. Y todo ello con una trascendencia que rebasaba 
con mucho los límites de una laxa interpretación del concepto de orden público, para 
incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una perspectiva constitucional. Basta, en 
efecto, la lectura del hecho probado, donde se recoge el contenido esencial de las 
leyes 19 y 20 aprobadas por el Parlament en las fechas iniciales de septiembre de 2017, 
para comprender que, aun prescindiendo de su irrelevante funcionalidad a los fines de 
tipo de rebelión, suponían un intento de derogación de la legislación válida vigente, 
además de una contumaz rebeldía a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Y tales resultados se procuraban totalmente fuera de las vías legales. En el hecho 
probado  se  ha  expuesto  la  forzada  interpretación  del  reglamento  de  la  Cámara 
autonómica para proclamar esas disposiciones legales. La efectividad –que no validez– 
de  las  nuevas  disposiciones  se  reflejó  en  la  acomodación  de  los  acusados  a  sus 
preceptos  pese  a  los  reiterados  requerimientos  del  Tribunal  Constitucional  para  no 
ponerlas en práctica».
En el apartado 2.4 del auto de 29 de enero de 2020 desestimatorio del incidente de 
nulidad de actuaciones, el órgano judicial descarta que el tipo penal de sedición adolezca 
de falta de taxatividad, si bien recalca que, en realidad, lo que el recurrente cuestiona es 
la subsunción jurídica realizada, por exceder del significado de los términos del precepto 
aplicado y por no respetar los criterios que informan nuestro sistema constitucional de 
Derecho. Al respecto, ofrece la siguiente respuesta:
«El  tipo  penal  de  sedición  de  los  artículos  544  y  545  CP  no  adolece  de  una 
inconcreción o imprecisión que impida conocer de antemano el ámbito de lo proscrito,  e
que sería el primer nivel de análisis. Como se deriva del examen que la propia sentencia  bo
realiza del delito –punto primero del apartado C) de los fundamentos de Derecho–, su  4w
eas ttrruacvtéusra  tdípei caté crmuminpolse  laqsu ee xisgoenn cicaosm ap erestnossib elefesc toys . pDeertfeinnee ecel nco malp olretanmguieanjeto  cpoumniúbnle,   2021-1130n https://w
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corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el
cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. La 
conducta típica está, pues, definida y el precepto cumple así las exigencias materiales de 
taxatividad derivadas del artículo 25.1 CE.
Esta conclusión es, por otro lado, perfectamente compatible con la necesidad de su 
interpretación jurisprudencial, como la que hace la sentencia que ahora se cuestiona. […]
Estas alegaciones [sobre la subsunción jurídica] han de ser también desestimadas.
[…] Este factum contiene, con la necesaria concreción, los elementos del tipo penal 
aplicado, permitiendo así que la subsunción jurídica respecto a la conducta imputada al 
señor Cuixart sea, como se deriva de los argumentos expuestos en la sentencia dictada, 
lógica y acorde a criterios interpretativos válidos, al margen de que dicha subsunción no 
se comparta y la parte continúe insistiendo en la atipicidad de la conducta, lo que no 
implica por sí mismo una quiebra del principio de legalidad penal [cfr. particularmente el 
punto 1.9 del apartado C)]. Adquieren ahora pleno sentido las declaraciones del señor 
Cuixart el día 27 de septiembre, recogidas en la sentencia cuya nulidad se postula: "[...] 
si de lo que se nos acusa es de sedición, señor fiscal, señores de la Audiencia Nacional, 
si es por llamar a la movilización permanente, tienen ustedes razón, lo volveremos a 
hacer".  En  suma,  mal  puede  hablarse  de  imprevisibilidad  del  tipo  penal  cuando  el 
acusado conocía la existencia, incluso, de una denuncia del fiscal que incluía esa 
calificación».
Por su parte, en relación con el derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE), 
cuyo legítimo ejercicio aduce el demandante como incompatible con la responsabilidad 
penal de la que ha sido acreedor, el Tribunal Supremo rechaza tal cobertura en el 
apartado 17.5.2 del fundamento de Derecho A) de la sentencia impugnada y en el 
apartado 2.5 del citado auto de 29 de enero de 2020, donde expresamente se pone en 
relación la aducida imprevisibilidad de la condena con el alegado ejercicio legítimo del 
derecho de reunión. Los razonamientos que conducen al órgano judicial a no acoger la 
tesis del recurrente han sido expuestos sintéticamente en esta resolución al abordar el 
motivo que denunciaba la vulneración del art. 21 CE (FJ 9). En este punto cabe limitarse 
a recordar las siguientes consideraciones del fundamento de Derecho A) 17.5.2.
«Todo lo que sea mostrar la discrepancia frente a las leyes, incluso del máximo rango 
jurídico, frente a decisiones judiciales, sea cual sea el nivel del órgano del que emanan 
esas órdenes o mandatos, propugnar su modificación, denunciar sus puntos débiles, 
incluso, con críticas descarnadas o subidas de tono, agrias y descalificadoras, está al 
abrigo del derecho a la protesta o a la disidencia. Y la legitimidad de esas protestas no 
se debilita cuando tienen como destinatarios al poder central, a la máxima autoridad del 
Estado o a la misma Constitución. La Carta Magna de 1978 proporciona un sólido 
anclaje incluso a quienes la denostan. Proclamas independentistas; críticas ácidas al 
Gobierno central; discursos que tratan de convencer de que un territorio tiene derecho a 
romper amarras con el Estado español; argumentarios defendiendo para los habitantes 
de  una  determinada  comunidad  un  supuesto  derecho  de  autodeterminación; 
movilizaciones encaminadas a apoyar y promocionar esas ideas; difusión de las mismas 
en el tejido social; apoyo y colaboración con los políticos que defienden y propugnan 
idénticas ideas; protestas y manifestaciones frente a actuaciones de los poderes públicos 
que se interpretan como lesivas de esos derechos que se quieren defender, son todas 
legítimas.  Es  una  obviedad  que  esa  legitimidad  no  se  cuestiona  en  este  proceso. 
Ninguna de esas actuaciones es apta para desencadenar una reacción de tipo penal. La 
misma Constitución se estaría poniendo en entredicho si entendiésemos que alguna de 
esas conductas puede ser sancionada penalmente. s
[…] oe.
Pero una cosa bien distinta a la disidencia, canalizada a través de múltiples formas  w.
oda ect dupeaa crtiiioncnitpeeanscs diiódena  adpg,o elísntiitnceaos   –dcoeun altaoli tlóaagutivitcoaar–imd, aeden stce o dlnai s rteoinsptpoaas, lidpcouió elnes  glaaa cl dtyiivf ecaro enyns ctiictauo cnniooc enerastla  sedonalc,o a dfmreei nngatread daoas    2021-1130n https://w
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entusiasmo y un innegable poder convictivo y movilizador por los acusados –cada uno 
de ellos en su propio ámbito de actuación– fue desplegada para lograr que la votación 
prohibida se llevase a cabo imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la 
actuación de los agentes de la autoridad. Y esa actuación, es indudable, desborda 
totalmente los linderos de lo que ha de considerarse legítimo derecho de reunión para la 
exteriorización de la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos».
Por último, procede traer a colación el razonamiento que figura en el apartado 3.2.2.3 
A) del auto de 29 de enero de 2020, que revisa la subsunción de los hechos en la norma 
penal y, en el párrafo final, reafirma que el delito de sedición es un delito de resultado 
cortado al responder a las alegaciones críticas de otro acusado, señor Forn, sobre tal 
subsunción.
«No reiteraremos ahora el relato íntegro de hechos probados de la sentencia, sino 
solamente las líneas que resumen los presupuestos objetivos del tipo penal y delatan la 
artificiosa valoración que de lo ocurrido hace el incidente.
En efecto, el hecho probado, de contenido no cuestionado en ningún apartado de 
este incidente, proclama que el 20 de septiembre, las asociaciones dirigidas por los 
coacusados y penados señores Sànchez y Cuixart, sabiendo que se estaban ejecutando 
diversas  detenciones  dispuestas  para  garantizar  la  presencia  de  los  detenidos  en 
registros  inmediatos  por  orden  del  Juez  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona, 
convocaron  y  lograron  concentrar  una  gran  multitud  de  ciudadanos  para  lo  que 
denominaban eufemísticamente "defensa" de las instituciones catalanas y se motivaba a 
los convocados con la consigna de que, si esa convocatoria llegaba a ser multitudinaria, 
los que tenían encomendada la ejecución de la legítima orden judicial "no podrían con 
todos ellos".
Pues bien, el vaticinio de los penados se verificó casi en su totalidad. El hecho 
probado da cuenta de que los detenidos no pudieron presenciar los registros al hacer 
inviable su acceso al edificio en el que habían de realizarse. Se dificultó la extracción 
desde dicho edifico de los efectos incautados, hasta el punto de que la letrada de la 
administración de justicia hubo de abandonar el edifico horas más tarde, huyendo del 
lugar a escondidas y por lugar ajeno a la función de entrada y salida de personas.
También da cuenta el hecho probado de otros actos obstruccionistas llevados a cabo 
simultáneamente por ciudadanos concurrentes en número no escaso ese mismo día con 
ocasión del cumplimiento por funcionarios policiales y judiciales de sendas órdenes del 
ya citado Juzgado núm. 13 de Barcelona. Se impidió la salida de algún detenido durante 
minutos, hubo que resguardar a una letrada de la administración de justicia en un coche 
camuflado y fue golpeado y zarandeado otro vehículo policial.
Y también refleja el hecho probado que la realización de actos de votación, a modo 
de referéndum convocado para el 1 de octubre, había sido prohibida por el Tribunal 
Constitucional, y que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había 
ordenado impedir que ese acto se llevase efectivamente a cabo. Pese a ello, ese día, y 
ya desde el anterior, numerosos grupos de ciudadanos se apostaron –dice el hecho 
probado–, tras la insistente convocatoria por los acusados, en los centros dedicados a 
colegio electoral. Y esos ciudadanos se enfrentaron a los agentes policiales en los casos 
en que acudieron para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Agentes que en numerosos casos desistieron 
de hacer cumplir aquellas órdenes judiciales ante la "obvia imposibilidad de vencer la 
resistencia de esos grupos de personas". Del enfrentamiento y resistencia se derivaron 
lesiones que en "numerosos casos" exigieron asistencia facultativa. Lo que esta Sala da  s
por  probado  es  incompatible  con  la  repetida  descripción  de  una  actitud  ciudadana  oe.
limitada a interponer pasivos sus cuerpos, sin actuación agresiva alguna contra los  w.
eavgiednEetlne crsei apla oltaoli c inieavxliepasub eiilnsidtteoar,dv  iidnneciellu nestseofs u.eelr zaod marigtiudmo eennt alal  llmaminaimdoa lais tcar itdiceasrc lraip scuióbns udnec ilóan d deefe tnasleas,   2021-1130n https://w
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sentencia conjura el riesgo de laxitud de lo tipificado añadiendo a la búsqueda de la 
finalidad típica el recurso a un medio típico restrictivo. En términos que aparecen en el 
relato de lo probado.
El programa delictivo de los penados preveía –como se proclama en el hecho 
probado  3–  la  estrategia  de  utilizar  a  multitudes  de  ciudadanos  para  "neutralizar 
cualquier manifestación de poder emanada de las autoridades judiciales y gubernativas 
del Estado". En definitiva, a la ilicitud de la finalidad perseguida por los autores se une el 
extravío del procedimiento diseñado como medio. Se decidió actuar con desafío del 
ordenamiento jurídico que fue declarado derogado, sustituido y suplantado por las Leyes 
de referéndum y desconexión 6 y 7 de septiembre de 2017. Y en la medida que para 
esto era un óbice lo que habían ordenado el Tribunal Constitucional y derivadamente los 
juzgados núm. 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llamaron 
a los ciudadanos a hacer imposible su cumplimiento. A esa actuación extraviada o fuera 
de cauce legal, se añadió un modo que implicaba el uso de "fuerza", entendiendo por tal 
el despliegue de una capacidad física de imponer que las cosas ocurran como decide el 
que la usa y no como pretendía el que la sufre. Con la extensión e intensidad que se 
estimaron necesarias. Criterio este el único que determinó los momentos y lugares de su 
empleo. Las defensas han pretendido equiparar lo que la sentencia califica como "abierta 
hostilidad", descrita en el hecho probado 9, y "enfrentamientos", de que da cuenta el 
hecho probado 12, con el modo de los comportamientos de mera resistencia pacífica, o 
no violencia activa.
Ello no diluiría la tipicidad de los comportamientos. Y no solamente por la diferencia 
entre los supuestos de abierta tiranía o injusto colonialismo que han estado presentes en 
los contextos históricos que legitimaron aquellos movimientos. Basta para esa conclusión 
reparar en el contenido de las leyes antidemocráticas y sedicentes aprobadas los días 6 
y 7 de septiembre de 2017, conforme al plan de los acusados como punto de partida. 
Puede ser suficiente considerar el estatuto político, social o económico que ha definido el 
entorno en que se han ejecutado los hechos o pensar, en fin, en la posición y los medios 
que a los autores del hecho concedía su integración en la estructura del Estado, cuyas 
leyes fueron derogadas y sus jueces abiertamente desobedecidos.
[…]
Tampoco es aceptable la miniaturización de la trascendencia de los hechos que, para 
tratar de sustraerlos al alcance del tipo penal, se intenta por el incidente. Ni en la 
interpretación del tipo la sentencia criminalizaría como sedición supuestos de actos 
colectivos  de  ciudadanos  intentando  el  incumplimiento  de  órdenes  judiciales,  cuya 
acotada dimensión en modo alguno pone en cuestión el Estado democrático. Ni cabe 
ignorar en el que hemos juzgado que al extravío del procedimiento seguido se une el 
ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se 
quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se 
integran los movilizados.
Finalmente, la condición de la sedición como tipo penal de resultado cortado nos 
lleva a atribuir funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, a los actos 
que lograron obstruir la efectividad de las órdenes emanadas del Tribunal Constitucional, 
del Juzgado núm. 13 de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
10.2.3  Resolución de la queja.
A continuación, se procederá a dilucidar sobre las vulneraciones formuladas por el 
demandante, de conformidad con el orden seguido por este último. En tanto que quejas  e
vinculadas a la interpretación y aplicación del art. 544 CP, que inaugura el capítulo  bo
primero –«Sedición»– del título vigésimo segundo del libro segundo del Código penal – 4w
«De«liStoosn c orenotrsa  deel  osreddeinc ipóúnb lloicso »q–u,e r, essiunl teas itmarp rceosmcipnrdeibnldei dteons eer np reels deenltieto s ud ete rneobre lliitóenra, ls:e  2021-1130n https://w
alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales,
la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario
público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de 
las resoluciones administrativas o judiciales».
10.2.3.1  Interpretación judicial del delito de sedición.
En primer lugar, reprueba el recurrente que el tribunal sentenciador haya efectuado 
una interpretación del precepto penal que considera extensiva en tanto excede del 
sentido semántico de sus términos y resulta incompatible con el derecho de reunión. El 
argumento nuclear de la queja reside en la necesidad de que concurra violencia en el 
comportamiento de los sujetos activos, toda vez que, a juicio del demandante, ese factor 
resulta inherente al alzamiento tumultuario a que se refiere el art. 544 CP y, en todo 
caso, constituye el elemento diferenciador entre una protesta típica y un ejercicio del 
derecho de reunión. No es suficiente, señala, que para incardinar los hechos en el tipo 
de sedición concurran circunstancias tales como la abierta hostilidad o se lleven a cabo 
actividades intimidatorias, amedrentadoras o injuriosas, toda vez que, si no se ejerce 
violencia,  los  hechos  estarían  amparados  por  el  ejercicio  legítimo  del  derecho  de 
reunión.
Como ha quedado reflejado al exponer la doctrina constitucional relativa al derecho 
fundamental reconocido en el art. 25.1 CE, el mandato de taxatividad también opera en 
el  ámbito  aplicativo.  Aquí,  la  garantía  de  tipicidad  conlleva  la  interdicción  de  una 
subsunción irrazonable, bien por conferir al precepto un alcance semántico que traspasa 
su sentido literal y vulnerar la prohibición de la analogía in malam partem, bien porque, 
aun no desbordándose el significado posible de los términos legales, se incurre en 
irrazonabilidad metodológica o axiológica en tanto la exégesis y la aplicación de la norma 
caen en quiebras lógicas o discordancias con los modelos de argumentación aceptados 
por  la  comunidad  jurídica  o  se  aparta  de  las  pautas  valorativas  que  informan  el 
ordenamiento constitucional. En línea con tal exigencia triple de razonabilidad para 
descartar la imprevisibilidad lesiva del derecho, la queja del recurrente transita desde 
una inicial alegación de irrazonabilidad gramatical al interpretar el requisito de alzamiento 
tumultuario  (a)  a  la  defensa  de  la  necesidad  axiológica  y  sistemática  de  una 
interpretación restrictiva que incluya la violencia (b).
Antes de abordar ambos aspectos, resulta oportuno advertir que, de acuerdo al 
parámetro  de  valoración  que  nos  concierne,  nuestro  enjuiciamiento  no  implicará  la 
asunción de una tesis propia acerca del contenido y alcance del tipo penal aplicado, 
como si fuéramos un órgano jurisdiccional que cumple su función de interpretar y aplicar 
la  legalidad  ordinaria.  Desde  una  perspectiva  más  modesta,  nos  limitaremos  a 
pronunciarnos sobre si la exégesis realizada por el órgano de enjuiciamiento conculca la 
garantía referida, pero sin que ello suponga, para el caso de rechazar la censura, 
proclamar que la tesis judicial es la única adecuada desde el prisma de la legalidad 
constitucional ni, por supuesto, que sea la más correcta, oportuna o adecuada desde la 
perspectiva infraconstitucional.
a)  Previsibilidad semántica: interpretación dentro del tenor literal del art. 544 CP.
Para elucidar la pertinencia de la censura inicial que se dirige contra el órgano 
sentenciador procede esclarecer si, en efecto, su interpretación de la conducta típica 
definida como «alzamiento tumultuario» excede de su significado gramatical por no 
incluir la exigencia de violencia. La respuesta inmediata es negativa. Como apunta el 
tribunal sentenciador y no discute el demandante, ninguna de las acepciones que el 
diccionario de la Real Academia Española asocia a las voces «alzar» o «alzarse» vincula 
tal verbo de modo exclusivo al empleo de violencia y tampoco el uso común del lenguaje  e
identifica de forma necesaria el adjetivo «tumultuario» con la utilización de esa forma de  bo
comisión.  Sobre  ese  particular,  hemos  de  convenir  con  el  órgano  judicial  que  los  4w
vtéiormleinncoias , inpduiecsa dosis  bdieenl  tiapmo bopse navol cnaob losse  naon uedxacnl uyeexnc lulsaisv ameveenntteu aalel se jaegrcreicsioio ndees  loa   2021-1130n https://w
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objeto de análisis. Esta aserción no solo se sustenta en el argumento dado por la
sentencia.  La  dicción  del  precepto,  que,  junto  con  el  empleo  de  la  fuerza,  admite 
alternativamente que se actúe «fuera de las vías legales», corrobora con solidez la 
referida interpretación, pues aunque se pretendiera asimilar el término «por la fuerza» al 
uso de la vis physica, necesariamente habrá que aceptar que la acepción «fuera de las 
vías legales» admite la utilización de medios no violentos. Ni el sentido usual de los 
términos legales «alzamiento» y «tumultuario» ni su examen en el contexto íntegro de 
definición de la conducta típica conducen a la exigencia de violencia como requisito del 
delito de sedición.
En realidad, el único argumento netamente gramatical que esgrime el demandante, 
la existencia de una acepción del término «hostilidad» que la define como «agresión 
armada  de  un  pueblo,  ejército  o  grupo»,  no  solo  no  rechaza  que  existen  otras 
definiciones que no implican violencia, sino que ni siquiera se refiere a un término usado 
por  el  legislador,  sino  a  una  exigencia  introducida  por  el  Tribunal  Supremo  como 
elemento restrictivo del potencial ámbito típico del delito de sedición. La propia queja de 
falta de taxatividad del precepto por la vaguedad de la descripción típica y la defensa de 
la  necesidad  de  una  interpretación  restrictiva  del  delito  de  sedición  para  evitar 
interferencias con el derecho de reunión, que reitera el recurrente en distintas partes del 
motivo y aun de la demanda, ponen de relieve que en ningún caso el problema de la 
interpretación y aplicación de los arts. 544 y 545 CP efectuada por la Sala de lo Penal 
puede ser la falta de sometimiento a las palabras de la ley. Distinto es que, como 
advertimos, no baste para afirmar la razonabilidad de una interpretación y aplicación de 
la norma penal que demanda la garantía de tipicidad con la previsibilidad gramatical, sino 
que  es  preciso  también  que  la  subsunción  sea  razonable  metodológica  y 
axiológicamente.  De  hecho,  es  la  imprecisión  y  amplitud  aplicativa  que  permite  la 
definición  legal  del  delito  la  que,  según  el  recurrente,  permitiría  interpretaciones 
semánticamente posibles pero incompatibles con el derecho de reunión y alejadas de 
una interpretación sistemática y teleológicamente consistente del delito, como sería la 
sostenida en la sentencia impugnada.
b)  Razonabilidad metodológica y axiológica: interpretación restrictiva fruto de una 
reducción teleológica y sistemática del ámbito típico.
El recurrente defiende la necesidad de exigir violencia o intimidación como requisito 
del delito de sedición por la vecindad de las conductas típicas con el ejercicio del 
derecho de reunión y la posibilidad de que ese ejercicio se traduzca en la aparición de un 
espacio de abierta hostilidad que, en tanto que amparado por el derecho, no puede ser 
penalmente relevante. En otras palabras, proyecta ahora la invocación del derecho de 
reunión  a  la  exigencia  de  una  interpretación  del  tipo  conforme  con  los  valores 
constitucionales, lo que se traduciría en la exigencia de violencia, y no tanto como causa 
de exclusión de la antijuridicidad de la conducta, como planteaba en el anterior motivo. 
Una interpretación restrictiva en tal sentido vendría exigida también, a su entender, por el 
lugar sistemático que ocupa el delito de sedición dentro de los delitos contra el orden 
público.
Sin perjuicio de remitirnos a la exposición más detallada sobre el juicio de tipicidad 
contenido en el fundamento de Derecho B) de la sentencia impugnada efectuada en los 
antecedentes y el fundamento jurídico tercero de esta resolución, deben recordarse 
ahora los aspectos esenciales de la interpretación del Tribunal Supremo cuestionada en 
el motivo. En el apartado cuatro del referido fundamento, el órgano judicial primero (i) 
singulariza el delito, respecto del delito de rebelión y otros ilícitos contemplados bajo la 
rúbrica «Delitos contra el orden público» y, en atención a su estructura típica y su  s
gravedad, sienta la necesidad de una afección severa al bien jurídico para apreciarlo  oe.
como condición de respeto del principio de proporcionalidad. Fijado ese entendimiento  w.
leitxeirgael ndteel,  p(irie) cdeepstgor ya nlaa  rleodsu eccleiómne tnetloeso lóogbijceati vroess eyñ asduab.jetivos del delito a partir del tenor  2021-1130n https://w
simi(liit)u dL dae S laal ae estfreucctútuar au ntí paincaá lisdiesl  ddeel liotob jedteo  sdeed ipcrioótne cccoiónn  edl edsedleit ol ad ceo nrecbieenlicóina,  dpee rloa 
también del diverso lugar sistemático que, sin embargo, ocupan ambos ilícitos –bajo los
títulos vigésimo segundo «Delitos contra el orden público» y vigésimo primero «Delitos 
contra la Constitución», respectivamente–, así como atento a la pluralidad de tipos 
incluidos en el título vigésimo segundo y la notable gravedad de algunos de ellos, que 
«desbordan los reducidos límites del concepto de orden público concebido como bien 
jurídico autónomo». Opta por el concepto de paz pública, más amplio que el de orden 
público, como bien jurídico tutelado, sin perjuicio de delimitar en cada caso el interés 
protegido. En línea con pronunciamientos anteriores del propio tribunal, identifica ese 
objeto  de  protección  «con  el  interés  de  la  sociedad  en  la  aceptación  del  marco 
constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como 
presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales». La especificidad 
del delito de sedición radica, a juicio de la Sala, en los rasgos que, conforme a su 
estructura típica, lo cualifican frente a otros delitos contra el orden público, de modo que 
no alcanza a toda turbación de la paz o tranquilidad pública. Subraya que no solo 
constituye un supuesto cualificado por «la entidad de la lesión o el riesgo generado para 
el bien jurídico», respecto a los tipos de atentado o mero desorden, sino también un aliud 
respecto  a  la  desobediencia,  dados  los  requisitos  típicos  de  «conductas  activas, 
alzamiento colectivo, vías de hecho, despliegue de resistencia». Desde tal conciencia de 
un desvalor cualificado, que ancla asimismo en el principio de proporcionalidad penal, la 
Sala requiere que la conducta «afecte a la colectividad interesada en la efectividad de las 
funciones» ejercidas por las autoridades gubernativas y judiciales así como la valoración 
de  «si  el  tumulto  imputado  a  los  autores  pone  efectivamente  en  cuestión  el 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho».
(ii)  Sentado tal punto de partida, el órgano judicial fija los elementos típicos del 
delito:
Primero,  se  trata  de  un  delito  compuesto,  que  se  comete  por  la  sucesión  o 
acumulación de actos, y un delito plurisubjetivo de convergencia, que requiere una unión 
o concierto de voluntades.
Segundo, el medio comisivo es el alzamiento tumultuario, lo que implica que la mera 
reunión de una colectividad de sujetos no es, sin más delictiva, sino que el delito surge 
cuando, además de ser tumultuaria y pública, acude como medios comisivos a actos de 
fuerza o fuera de las vías legales. Advierte aquí la Sala que, a diferencia del delito de 
rebelión, la descripción típica no exige que el alzamiento, que sí ha de ser público y 
puede responder a patrones organizativos, sea además violento, como ya constató en su 
sentencia de 10 de octubre de 1980, si bien al analizar el art. 218 del Código penal 
entonces vigente, dado que, junto a los modos violentos, absolutos o compulsivos, sobre 
las personas o las cosas, se contemplan los modos fuera de las vías legales. No 
obstante, el Tribunal Supremo hace suya aquí una interpretación restrictiva defendida por 
la doctrina en orden a deslindar la sedición de la pacífica oposición colectiva a la 
ejecución de las leyes o al ejercicio de la función pública. Se considera que la expresión 
«tumultuaria»  significa  abierta  hostilidad,  «y  adiciona  un  contenido  de  hostilidad  y 
violencia que no tiene por qué ser física ni entrañar el uso de la fuerza, como expresa la 
alternativa modal entre esta y "fuera de las vías legales", pero que ha de vivificarse 
necesariamente en actitudes intimidatorias, amedrentatorias, injuriosas, etc.». Matiza de 
este modo su entendimiento de 1980 con la exigencia de medios más incisivos.
Tercero, la actuación del grupo debe tener la finalidad de derogar de hecho la 
efectividad de las leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios en 
el  ejercicio  legítimo  de  sus  funciones.  Este  requisito  típico  precisa,  de  un  lado, 
funcionalidad objetiva respecto a la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la  e.
efectividad de las resoluciones administrativas o judiciales. Pero, además, incorpora un  w.b
eecolfeenmcstueivmnatmao  ecsnoutnbe j.lea tE irvneo a tdlaizel a tmceineóddnei ddnaec  ilsaae,  c socinan rdqauuccette aer iltz íiapm iccpaoe mdainomi mednaetdloiat o tci pdoiefnic  traaedls ofui nltteaanldidgoaa d cq.oureta sdeor,  lqougera dseo   2021-1130n https://w
la gAra vlae dluazd  ddee lla t iipnote yrp dreet alac iónne ceexspiduaedst ad,e e dl eTlriimbuitnaarllo S ruepsrpeemctoo  sae  omtruoess tdreal ictoosn s–crieebneteli ódne, 
atentado, desórdenes públicos y desobediencia–, pero también respecto a conductas
que suponen el ejercicio de derechos. Procede la Sala, por ello, a una interpretación 
correctora o restrictiva, que tras identificar un bien jurídico protegido que trasciende el 
orden  público,  persigue  expresamente  excluir  la  posibilidad  de  que  cualquier 
perturbación de la tranquilidad pública, incluso fruto de una actuación colectiva pacífica 
al margen de la vías legales, sea subsumible en el tipo con tal de perseguir una finalidad 
impeditiva cualquiera y, en general, dotar a la conducta típica de un desvalor congruente 
con la gravedad de las penas, en términos absolutos y en términos comparativos con 
otros ilícitos. Para tal fin, la interpretación incide en la necesidad de una pluralidad de 
actos; en la característica de convergencia subjetiva, que precisa la concurrencia no solo 
de varias personas, sino de un número considerable; acoge la interpretación del término 
«tumultuario» como abierta hostilidad, correctora del amplio campo de aplicación que 
dibuja la dualidad de medios fijada por el legislador –«por la fuerza o fuera de las vías 
legales»– al tiempo que la respeta, como no puede ser de otro modo; y cualifica la 
finalidad  impeditiva  con  un  efectivo  cuestionamiento  del  funcionamiento  del  Estado 
democrático de Derecho.
Ya aclaramos en el fundamento anterior que la relevancia penal de las conductas 
sancionadas en este tipo penal, que, evidentemente, no solo es susceptible de ser 
cometido mediante manifestaciones o protestas, no radica en llamar o participar en 
movilizaciones ciudadanas ni en el contenido reivindicativo de la protesta, sino en la 
instrumentalización  simultánea  para  incitar  y  procurar  el  incumplimiento  de  la 
Constitución, la ley y los mandatos judiciales emitidos para tutelarla. La necesidad en 
una sociedad democrática de proteger la aplicación de las leyes y la efectividad de las 
resoluciones de los órganos judiciales y de este tribunal como último garante de la 
Constitución no puede ser razonadamente puesta en entredicho. Tampoco la necesidad 
de  hacerlo,  en  concreto,  frente  a  acciones  especialmente  idóneas  para  lograr  la 
inaplicación de las leyes y el impedimento de las funciones administrativas y judiciales 
por su dimensión colectiva y su carácter violento o abiertamente hostil.
En suma, conforme a la interpretación del órgano judicial, no todo acto ilegal que 
intente  impedir  la  aplicación  de  las  leyes,  el  ejercicio  de  las  funciones  judicial  o 
administrativa o la ejecución de cualquier resolución integra el tipo penal, sino que será 
la trascendencia de esas normas, actos y resoluciones, así como los medios que se 
empleen para intentar dejarlos sin efecto los que de forma determinante aporten el 
desvalor que requiere el delito. Sin olvidar que nuestra tarea de amparo del derecho a la 
legalidad penal no presupone una valoración de la interpretación de la norma penal en 
términos de calidad o de oportunidad ni el análisis de la mayor o menor razonabilidad de 
la  interpretación  alternativa  que  propone  el  recurrente,  este  tribunal  aprecia  que  la 
restricción  del  ámbito  típico  es  una  orientación  común  a  ambas  propuestas 
interpretativas, que, sin embargo, se encauza por vías diferentes. En el caso de la 
propuesta  del  recurrente,  mediante  la  exigencia  irrestricta  de  violencia;  en  la 
interpretación judicial, poniendo el acento en la definición y la afectación del bien jurídico 
y la exigencia de abierta hostilidad y no exclusivamente por la presencia de una violencia 
no exigida en el precepto a diferencia de otros. Se trata de una interpretación sistemática 
y  teleológicamente  consistente  que  encuentra  eco  en  la  doctrina,  sin  perjuicio  de 
opciones interpretativas distintas.
A la luz de lo expuesto y del parámetro de enjuiciamiento constitucional aplicable –
adverar que se trata de una interpretación posible, en cuanto razonable y por ello 
previsible–, la vulneración del derecho a la legalidad penal aducida por el recurrente 
debe  descartarse.  La  comprensión  del  delito  cuestionada  como  una  interpretación  s
extensiva no extravasa el tenor literal de la norma ni utiliza métodos no aceptados en los  oe.
medios jurídicos ni se sustenta en una base axiológica inconstitucional. w.
10.2.3.2  Subsunción de los hechos en el delito de sedición. 2021-1130n https://w
axioElól gdiceom aajnednaon tae  loasfi rmprain cqiupeio sla q sueen tinefnocrima ainm pnuugensatrdoa  ssiset eamsaie nctoan sstoitburceio nuanl , sloop oqrutee 
conduce  a  una  solución  opuesta  a  la  orientación  material  de  la  norma  y  resulta
imprevisible para los destinatarios de esta. La queja que bajo esa denominación se 
articula se desdobla en diferentes aspectos.
Comienza criticando que se aprecie la concurrencia de «un alzamiento tumultuario 
por la vía de hecho» con base en nociones como «grupos de personas aglomerados y 
compactados»,  «conglomerados  de  personas  en  clara  superioridad  numérica», 
«aglomeraciones de personas impermeables a cualquier requerimiento», o «fórmulas de 
resistencia no violenta», supone una interpretación extensiva del art. 544 CP, contraria a 
la protección que el derecho de reunión brinda a quien convoca reuniones pacíficas de 
protesta e imprevisible para los destinatarios de la norma, como es el caso del recurrente 
en amparo. Por otra parte reprocha a la sentencia que no describa cuándo y cómo se 
impidió de forma generalizada la aplicación de la ley o el ejercicio de funciones públicas, 
toda vez que la movilización que tuvo lugar el día 20 de septiembre de 2017 no impidió 
que se realizaran los registros encomendados y el día 1 de octubre de 2017 tampoco se 
imposibilitó la aplicación de ninguna ley, habida cuenta de que la suspensión de la ley 
que daba cobertura al referéndum privaba a la consulta de cualquier eficacia jurídica, de 
suerte que las concentraciones para votar no confirieron validez a la votación resultante. 
Finalmente, el recurrente sostiene que se limitó a convocar una protesta política para 
defender las instituciones y en contra de las detenciones practicadas, en referencia a los 
hechos ocurridos el día 20 de septiembre de 2017; y en relación con el día 1 de octubre 
de 2017, señala que su comportamiento consistió en animar a la ciudadanía a participar 
en  un  referéndum  convocado  por  una  autoridad  no  competente,  lo  cual  desde  el 
año 2005 no constituye delito.
En el siguiente apartado de la demanda, el recurrente reprueba que la sentencia 
resulte  incongruente,  puesto  que  a  la  hora  de  interpretar  el  término  «alzamiento 
tumultuario», en algunos pasajes refiere que ese alzamiento implica comportamientos 
realizados con abierta hostilidad (que a su vez habrían de materializarse necesariamente 
en  actitudes  intimidatorias,  amedrentadoras  o  injuriosas),  como  así  sucede  en  las 
páginas 47, 48 y 284. Sin embargo, en la página 283 ya no califica el levantamiento 
como hostil, sino simplemente como multitudinario, generalizado y proyectado de forma 
estratégica, conformándose con mucho menos. De lo expuesto, el recurrente colige que 
la  sentencia  describe  episodios  de  resistencia  pasiva  o,  como  mucho,  de  mera 
desobediencia,  que  constituyen  fórmulas  de  resistencia  no  violenta  que  integran  el 
contenido del derecho fundamental de reunión.
Antes de analizar la sostenibilidad de lo argumentado, conviene puntualizar que, a la 
vista de su síntesis, el recurrente no cuestiona aquí la orientación axiológica de la 
interpretación del delito, sino la concreta subsunción de los hechos y su conducta en el 
delito de sedición, pero lo hace insistiendo implícitamente en la necesidad de apreciar 
violencia generalizada como elemento típico delimitador con el derecho de reunión. La 
respuesta  a  estas  alegaciones  debe  partir  de  las  consideraciones  anteriormente 
efectuadas sobre la compatibilidad con los derechos de reunión y a la legalidad penal 
(arts. 21 y 25.1 CE) de la interpretación del delito de sedición efectuada por el Tribunal 
Supremo, que no requiere dicha violencia. Resulta descartable desde un principio que el 
entendimiento  del  que  parte  el  órgano  judicial  de  la  conducta  típica  «alzamiento 
tumultuario»  y  del  medio  comisivo  de  actuación  «fuera  de  las  vías  legales»  como 
exigentes de una abierta hostilidad resulte un concepto sorpresivo por imprevisible. Cae 
así  la  premisa  sobre  la  que  en  gran  medida  se  construye  la  queja  sobre  la 
imprevisibilidad  de  la  subsunción,  esto  es,  un  entendimiento  distinto  del  tipo  penal 
aplicado. Asimismo debe traerse aquí de nuevo lo dicho en el fundamento noveno de  s
esta resolución, donde se descartó que la conducta del recurrente consistiera en un  oe.
ejercicio legítimo del derecho de reunión. w.
qauspieeAbc rteaos sct aud aienn idcliaoa  ll sacu ocbnossnuiddneucricóatnac i óecnnu jeguslioctibioaandla,a d,h oalasy ,  yqasui ned  eaolñilmvaididtaiard rl aaq scu soeim gluaoi  epgnratoerbasan sdtíoaab  erdene  l olatsi p rceicosindocalurdec tióosens    2021-1130n https://w
ijrurdaizcoianla yb len oe nl ae l qtiupeo  cpoennsaild qeurae  raecsrueldtait aadpali ceald od.emandante, es subsumida de un modo  BOE-A-cable e
(i)  Respecto de los hechos acaecidos el día 20 de septiembre de 2017, con ocasión 
de los registros acordados por la autoridad judicial, procede una doble respuesta a la 
doble queja de que no constituyeron alzamiento tumultuario y de que no se describe 
cuándo y cómo se impidió de forma generalizada la aplicación de la ley o el ejercicio de 
funciones públicas.
Empezando por esta última, debe recordarse que el delito de sedición no precisa un 
impedimento efectivo de tal aplicación o ejercicio, sino la objetiva funcionalidad de la 
conducta  y  la  subjetiva  finalidad  de  tal  impedimento.  Esa  naturaleza  de  delito  de 
resultado cortado, que el recurrente no pone en duda, disuelve el argumento de la 
demanda, pues en realidad imputa a la resolución judicial una subsunción irrazonable 
por considerar una conducta que no imposibilita la actuación judicial como efectivamente 
impeditiva, pero ni ese efecto lo requiere el delito de sedición ni se afirma en la sentencia 
impugnada. Por el contrario, los hechos probados recogen los elementos de los que se 
infiere la orientación de la conducta del demandante a la finalidad obstructiva y su 
funcionalidad para tal fin, que son los requisitos típicos fijados por el Tribunal Supremo.
En relación con tal finalidad y la existencia de un alzamiento tumultuario, procede 
reproducir la argumentación dada por este tribunal en el la STC 91/2021, de 22 de abril, 
FJ 11.4.3.1.2:
«Coincidimos con el recurrente cuando afirma que no todos los que acudieron a las 
inmediaciones de la sede de Consellería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda 
(unas 40000 personas) actuaron para impedir el desarrollo de la diligencia judicialmente 
acordada. Tampoco dice lo contrario la sentencia, puesto que en el apartado 9 del relato 
fáctico  no  se  afirma  que  la  totalidad  de  los  allí  reunidos  tratara  de  impedir  el 
cumplimiento de la resolución judicial (se relata que "coexistían gritos reivindicativos, 
contrarios a la presencia de la comisión judicial y actos lúdicos, algunos espontáneos, 
otros promovidos por los organizadores"). Sin embargo, en ese apartado sí se refleja con 
nitidez que esa movilización perturbó el normal desenvolvimiento de la diligencia judicial 
que debía ser realizada, hasta el extremo de que se impidió la introducción de los 
detenidos en el edificio a registrar, y de que la letrada de la administración de justicia 
solo  pudo  abandonar  el  lugar  del  registro  "infiltrándola  entre  los  espectadores  que 
abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante al que hubo que acceder desde la 
azotea de los edificios", mientras que la fuerza actuante, (miembros de la Guardia Civil) 
"solo  pudieron  salir  cuando  la  manifestación  ya  se  hubo  disuelto,  haciéndolo 
concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la madrugada del día 21 de septiembre 
y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha".
También queda reflejado en la sentencia cuál era el propósito perseguido con la 
convocatoria, así como el preeminente papel desempeñado por dos de los acusados, el 
señor Sànchez y el señor Cuixart, quienes claramente exteriorizaron la finalidad que 
perseguían, tanto al promover la movilización como al ejercitar funciones de dirección. 
Asimismo, en el relato histórico se describen los incidentes que se produjeron con 
ocasión  de  los  registros  en  el  domicilio  de  don  José  María  Jové,  en  la  sede  del 
Departamento de Exteriores y en las naves sitas en la urbanización Can Barris, que 
también perturbaron y entorpecieron su normal desarrollo.
La secuencia de acontecimientos a que se ha hecho mención denota que, en contra 
de lo sostenido por el demandante, el día 20 de septiembre no solo tuvo lugar una 
manifestación de personas que ejercieron un derecho fundamental. Es perfectamente 
posible, hemos de insistir en ello, que muchos de los allí presentes se limitaran a 
participar en un acto de protesta. Pero, con sujeción a lo narrado en la sentencia, otros  e.
individuos  realizaron  actos  idóneos  para  impedir  el  normal  desenvolvimiento  de  la  w.b
qdseuili ege exinnpccliuicarar i jeeurndo inclai a esln,e  ane txelconescs iqoaus,  esq uue ecl o dame lmop oasrnutadmmaoni etdene trodiv enanoroo msno ienlona  p dcraooñdmouosjo  "m leoassto esmr idauelyes spp"oe, crafouesnc tqaoussei.s ,E teclo ntmitpeoos    2021-1130n https://w
peestnoasl  údleti mseods icaicótnú enno  erenq uunie creo nlate ximtop laicbascoiólunta dmee unnte  edleevsavidnoc unlaúdmoe rdoe  dme aanlizfeasdtoasc,i onni eqsu oe 
reuniones cuyo propósito sea reivindicativo o de protesta. Por ello, es perfectamente
posible que en una congregación multitudinaria algunos de los intervinientes lleven a 
cabo actos constitutivos del referido delito, que es lo que la Sala pone de manifiesto, 
aunque no se pueda discriminar quiénes o cuántos de los participantes actuaron de ese 
modo,  lo  cual  resulta  comprensible  si  se  tienen  en  cuenta  las  circunstancias 
acontecidas».
El recurrente alega que la concentración de protesta no facilitó la labor policial, pero 
tampoco impidió que se desarrollara. Ciertamente, ni el demandante ni ninguno de los 
concentrados tenía la obligación positiva de facilitar la realización de los registros. Pero a 
lo que sí venían obligados es a no obstaculizar ni entorpecer su práctica y, pese a ello, 
se  produjeron  los  acontecimientos  anteriormente  reiterados,  cuya  finalidad  aparece 
explicitada  en  la  sentencia,  siendo  destacable  la  preeminente  labor  de  dirección 
desarrollada por el demandante.
A la vista de lo expuesto, hemos de indicar que, pese a los esfuerzos dialécticos del 
recurrente para restar valor incriminatorio a lo ocurrido durante la realización de los 
registros  acordados  judicialmente,  el  relato  histórico  es  concluyente  al  reflejar  los 
incidentes acontecidos durante la realización de esas diligencias. Y teniendo en cuenta 
el  tenor  del  precepto  aplicado  (art.  544  CP)  y  la  naturaleza  jurídica  de  «delito  de 
resultado cortado» que le atribuye el órgano sentenciador, desde la perspectiva en que 
se sitúa este tribunal, debemos colegir que la consideración de que esos incidentes 
constituyen  un  alzamiento  tumultuario,  dada  la  hostil  obstaculización  por  los 
congregados,  y  fueron  ejecutados  para  impedir  el  desarrollo  de  lo  acordado 
judicialmente, en consonancia con una estrategia previamente concordada, no incurre en 
ninguno de los déficits que conforme a nuestra doctrina supondrían una quiebra del 
principio de taxatividad en la aplicación de la norma penal.
(ii)  En cuanto a los hechos acaecidos el día 1 de octubre de 2017, la argumentación 
que el recurrente ofrece en apoyo de su queja debe también rechazarse. En primer lugar, 
porque en este caso, sin ser preciso el efectivo impedimento de la aplicación de las leyes 
o de las resoluciones administrativas o judiciales, eso fue exactamente lo que ocurrió el 
referido día, habida cuenta de que el acto de la votación se llevó a cabo pese a su 
manifiesta  inconstitucionalidad  y  su  expresa  prohibición  imposibilitando  la  actuación 
pública dirigida a hacerla efectiva.
La  materialización  de  tan  antijurídico  propósito  supuso  la  inaplicación  de  la 
Constitución española, toda vez que la votación trajo causa, como así lo refiere el 
recurrente, de una normativa que había sido privada de validez y eficacia jurídica por su 
contrariedad a los mandatos de la Carta Magna. Por ello, la preterición de la ley devino, 
precisamente, de la celebración de un acto manifiestamente opuesto a nuestra norma 
suprema. La declarada contrariedad a Derecho del sustrato normativo de la consulta no 
obsta la apreciación del propósito de inaplicación normativa que prevé el tipo penal. De 
asumirse la tesis del recurrente, el delito de sedición solamente se habría consumado si 
la normativa que daba cobertura al referéndum no hubiera sido privada de eficacia, lo 
cual aboca a un escenario absurdo. Así pues, concluimos que la realización de las 
votaciones en diferentes centros supuso, de hecho, la relegación de los mandatos 
constitucionales, cumpliéndose así una de las finalidades previstas en el art. 544 CP.
Al margen de lo expuesto, debemos insistir en que la referida votación también 
resultó frontalmente contraria a lo resuelto por este tribunal, amén de lo acordado por el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según se refleja en el apartado 10 del relato 
fáctico. Por tanto, no cabe albergar dudas sobre la finalidad de impedir el cumplimiento 
de las resoluciones judiciales que albergaba la votación llevada a cabo el día 1 de  e.
octubre de 2017. w.b
dpeajraaT  alunmgeapurot rcaao ldi zeuald r raeasl a stlooosb d reea  glhoeesnc tcheoosms  dppeor ortpbaoamldiicoeísna,t  oaqslu  qqeuu eetr  aiemtsaptbalaimcnao rsole nvg iíentilcm uuaslamod edonest  eefu ned reezs ati ems uapfneicádieliirsn itlsae,    2021-1130n https://w
veosttaractiéógni,c a eqnume asrec addeossa rroelnla  au nlo  lalervgaon dtaem toiednat ola  cmomultuitnuiddianda raiou tópnroomyeac.tado  de  forma
(iii)  El  recurrente sostiene que  se  limitó  a convocar una protesta política para 
defender las instituciones y en contra de las detenciones practicadas, en referencia a los 
hechos ocurridos el día 20 de septiembre de 2017; y en relación con el día 1 de octubre 
de 2017, señala que su comportamiento consistió en animar a la ciudadanía a participar 
en un referéndum convocado por la autoridad, (una autoridad no competente), lo cual 
desde el año 2005 no constituye delito. Con base a esas premisas, concluye que la 
subsunción de los hechos en la norma penal que fundamentó su condena no resulta 
previsible,  pues  transforma  el  ejercicio  del  derecho  fundamental  de  reunión  en  la 
comisión de un delito de sedición.
Nuevamente, el recurrente sustenta la vulneración de los derechos fundamentales en 
su  particular  entendimiento  de  las  circunstancias  que  se  tuvieron  en  cuenta  para 
apuntalar su condena que, como es de ver, distan de ser las que el tribunal sentenciador 
refleja  en  la  sentencia.  El  apartado  9  del  relato  fáctico  describe  con  claridad  el 
preeminente  papel  desempeñado  por  el  recurrente,  tanto  en  lo  concerniente  a  la 
convocatoria de la concentración, en la que se dejó bien claro por qué y para qué se 
incitaba a la ciudadanía a concurrir al acto, como durante el desarrollo de la misma, 
desmintiendo que su conducta se limitara a convocar una pacífica protesta. En relación 
con los hechos que tuvieron lugar el 1 de octubre de 2017, basta con reiterar los 
argumentos ya dados para refutar el alegato relativo a la invalidez e ineficacia de la 
convocatoria, como circunstancia que obsta la inaplicación de la ley a que se refiere el 
art. 544 CP.
Por último, respecto de la atipicidad de los hechos desde el año 2005, por la 
derogación  del  art.  506  bis  CP,  damos  por  reproducida  la  respuesta  dada  en  la 
STC 91/2021, FJ 11.4.3.2.2.
«La alegación dada por el recurrente debe rechazarse, pues ignora importantes 
aspectos que se consignan en el relato histórico, a cuyo través el órgano enjuiciador ha 
apuntalado el delito de sedición. Pero, en cualquier caso, debemos proclamar que las 
explicaciones dadas por el referido órgano para descartar la queja del demandante se 
ajustan plenamente al canon de razonabilidad asentado por la doctrina constitucional. 
Debe advertirse que el otrora vigente precepto se limitaba a sancionar "a la autoridad o 
funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones 
para ello, convocare o autorizare la convocatoria [...] de consultas populares por vía de 
referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución". Si bien 
parece  razonable  colegir  que  la  actuación  llevada  a  cabo  desde  el  poder  público 
autonómico para convocar la consulta del día 1 de octubre de 2017 tendría acomodo en 
el referido precepto, lo cierto es que el órgano de enjuiciamiento consideró acreditada la 
concurrencia de factores adicionales que exceden del ámbito del derogado art. 506 bis 
CP y que, sin embargo, se acomodan a la descripción típica que ofrece el art. 544 CP: el 
alumbramiento de una legalidad paralela y la promoción de una movilización ciudadana 
para  provocar  la  inobservancia  de  las  leyes  y  obstaculizar  el  cumplimiento  de  los 
mandatos judiciales».
(iv)  Frente  a  los  argumentos  ya  examinados,  donde  el  recurrente  opone  su 
entendimiento del delito de sedición al sostenido por el órgano sentenciador y, con ello, 
rechaza la subsunción efectuada, en el apartado c) de este punto de la demanda en que 
denuncia la incongruencia de la sentencia recurrida, realiza una crítica a la estricta 
operación de subsunción sin cuestionar simultáneamente la interpretación judicial del 
delito que la determina. Sin embargo, debemos rechazar que el tribunal sentenciador  e
haya incurrido en la incongruencia que se le reprocha. bo
En las páginas 47 y 48 de la sentencia aludidas por el recurrente (hechos probados),  4w
aecl oónrgteacniom ijeundtiocisa lq usee  alimllí itsae  ad erteafllleajna,r  ccounácl reertaa mlae natcet iltau dre daeli zlaocsi ócno ndcee rnetgraisdtoross d ourrdaenntea dlooss   2021-1130n https://w
ajulodjiacibaalmn elonste m yi elmosb raocst odse  dloes p cruoetersptoas  ayn ftuee drzeapse nddee snecgiausr idpaodlic diaelle Es syt ahdoot.e Sleisn  deomnbdaer gsoe, 
en las páginas 282 a 284 de la sentencia [apartado 4.5 del fundamento de Derecho B)],
el tribunal lleva a cabo una labor interpretativa acerca de la consumación del delito de 
sedición, con especial referencia a los hechos acontecidos durante la votación del 1 de 
octubre  de  2017  y  una  referencia  expresa  a  la  hostilidad  desplegada  el  20  de 
septiembre.
Cuando  la  sentencia  alude  a  un  «levantamiento  multitudinario,  generalizado  y 
proyectado de forma estratégica» no se refiere, en abstracto, a los requisitos típicos de la 
sedición. Está detallando algunas de las características del levantamiento que se produjo 
el día de la votación y no, por el contrario, a los acontecimientos que se detallan en sus 
páginas 47 y 48 o 284, al igual que en el referido apartado se describen otros aspectos 
relacionados con el comportamiento de quienes acudieron a los centros de votación. Y 
es  el  conjunto  de  circunstancias  concurrentes,  entre  ellas  las  características  del 
levantamiento a que se ha hecho mención, el que llevó al tribunal a apreciar la comisión 
del delito de sedición, siendo destacables la oposición a la ejecución de la tarea policial y 
el empleo de fuerza suficiente para neutralizar a los agentes actuantes, que trataban de 
impedir el desarrollo de una votación en cumplimiento de lo acordado en sede judicial y 
por este tribunal, sin olvidar que el relato fáctico consigna la existencia de episodios de 
genuina  violencia.  En  su  planteamiento,  el  recurrente  efectúa  una  selección  de 
manifestaciones de la sentencia que, en su debida contextualización y hecha la obligada 
lectura  íntegra  de  la  resolución,  impide  apreciar  que  el  órgano  jurisdiccional  haya 
incurrido en las contradicciones o deficiencias que se le atribuyen.
Por lo demás, al final, la queja se reconduce por el recurrente a la temática ya 
planteada en diversos apartados del recurso de amparo sobre la interferencia de la 
condena con el derecho de reunión, a cuyo análisis desestimatorio en este fundamento y 
el fundamento noveno debemos remitirnos una vez más.
Conforme se ha expuesto, no existe una interpretación del delito de sedición ni una 
subsunción de la conducta del recurrente en ese tipo penal irrazonable y, por ello, 
determinante de una condena imprevisible, de modo que la conclusión no puede ser otra 
que la de desestimar la denuncia de vulneración del derecho a la legalidad penal.
10.3. La proporcionalidad de las penas impuestas.
10.3.1  Posiciones de las partes.
En el escrito de demanda se alega la vulneración del derecho a la legalidad penal 
reconocido en el art. 25.1 CE, en relación con los de libertad y reunión pacífica (arts. 17 
y 21 CE), por considerar que la pena privativa de libertad impuesta, de nueve años de 
duración, resulta desproporcionada tanto desde la perspectiva de la previsión legal que 
la  comprende,  como  desde  el  exceso  de  la  efectivamente  impuesta.  Considera  el 
recurrente  que  el  rigor  de  las  penas  impuestas  propicia  sacrificios  innecesarios  al 
derecho a la libertad personal. No obstante, como se ha indicado en los antecedentes de 
esta  resolución,  la  argumentación  de  la  demanda  se  centra  exclusivamente  en 
cuestionar el precepto legal aplicado, de cuya impugnación deriva el de la concreta pena 
impuesta.
La queja se fundamenta en los siguientes argumentos, que pasamos a exponer de 
forma resumida:
(i)  Posición sistemática: en el Código penal de 1995, la rebelión ha pasado a ser un 
«delito contra la Constitución» (título vigésimo primero), mientras que la sedición ya no 
es una «rebelión en pequeño», sino un delito autónomo «contra el orden público» (título 
vigésimo segundo), pese a lo cual, aún se le asocia una sanción que, por su entidad, se  e.
corresponde con la de un delito contra las instituciones básicas del Estado. w.
vpiaorlae( ini)ec siatCe–  odemesp liatmor au–cyqi óusnue p ceeolrn io Tlrar i bapu enlana al dliSdeau dpo rtredames  oom traooddsm adliitedela itdqoeuss ed  edpleu lmeicditseivm alolse  gtdíatiurri lgoai:d  alraes a plteiaznmaarbs ifeéij ansd iaan    2021-1130n https://w
rpersoitsetgeenrc iae ly  odredseonb epdúiebnliccoia,  (taarlte. s5 5c6o mCPo ),e llo sd edleitsoó rddee naetse nptúabdlioc o(sa (rat.r ts5.5 505 7C Py )5, 6l0o sC Pd)e,   BOE-A-cable e
la  tenencia  de  armas  prohibidas  (art.  563  CP)  o  los  delitos  relacionados  con  la 
organización criminal (art. 570 bis CP). Afirma también que la penalidad establecida en el 
art. 545.1 CP es superior a la fijada para algunos delitos contra las instituciones del 
Estado (arts. 493, 498 y 503 CP); infracciones, todas ellas, que siendo igual o más 
graves  que  el  delito  de  sedición,  sin  embargo,  son  acreedoras  de  una  pena 
notablemente inferior.
(iii)  Derecho comparado: se alega que no existe en nuestro entorno europeo una 
figura equiparable al delito de sedición. No obstante, señala el recurrente que en otros 
ordenamientos (con mención expresa a diferentes figuras delictivas de Alemania, Suiza, 
Francia, Bélgica e Italia) existen tipos penales que contemplan supuestos de resistencia 
colectiva violenta a la autoridad cuyo bien jurídico lesionado es el orden o la paz 
públicos, para finalmente colegir que las penas impuestas por el art. 545 CP son más 
severas  que  las  fijadas  por  esos  otros  códigos  penales  europeos  para  unos 
comportamientos que, además, requieren la concurrencia de violencia, física o psíquica, 
grave y explícita.
La abogacía del Estado, tras recordar la doctrina contenida en la STC 60/2010, 
aduce que el recurrente compara la pena del delito de sedición con la de otros delitos 
contra el orden público, pero no realiza una comparación válida en la medida en que no 
se proyecta sobre las conductas concretas enjuiciadas ni con la dimensión y alcance de 
estas, limitándose en consecuencia a un análisis teórico a espaldas de la realidad. Tras 
ello reproduce lo dicho por la sentencia impugnada al razonar sobre las diferencias del 
delito  de  sedición  con  otras  figuras  delictivas  a  las  que  se  hace  referencia  en  la 
demanda.
Para el partido político Vox no se ha impuesto una pena desproporcionada, de 
acuerdo con los criterios expuestos en la STC 136/1999.
El fiscal también rechaza la aducida desproporcionalidad de la pena. Considera que 
la pena en abstracto que cabe imponer al demandante, de ocho a diez años, no puede 
estimarse como una medida inadecuada, ineficaz, no apta, inidónea o inútil para lograr 
los fines que persigue, ni puede considerarse innecesaria en una sociedad democrática 
por existir medidas alternativas menos gravosas. Frente a la argumentación de contraste 
con penas asignadas a otros delitos con elementos comunes, el fiscal entiende que, 
conforme al análisis que lleva a cabo la sentencia en el apartado 4.3 del fundamento 
jurídico  B),  existen  importantes  diferencias  desde  la  perspectiva  del  bien  jurídico 
protegido, lo que justifica la diferencia penológica y hace improcedente la comparación 
que el demandante plantea.
Finalmente, pone de manifiesto que la regulación legal permite al aplicador rebajar la 
pena en uno o dos grados en el supuesto previsto en el art. 547 CP, de modo que en 
ningún modo es comparable al caso analizado en la STC 136/1999, en el que se 
reprochaba al precepto penal aplicado, [art. 174 bis a) del Código penal, texto refundido 
de 1973, que tipificaba la colaboración con banda armada], no incorporar previsión 
alguna que permitiera atemperar la sanción penal prevista a la entidad de la conducta 
delictiva.
10.3.2  Respuesta del órgano judicial.
En  el  ya  mencionado  apartado  4.3  del  fundamento  jurídico  B)  de  la  sentencia 
combatida, al analizar las especificidades propias del delito de sedición respecto de otras 
modalidades delictivas contra el orden público, se formulan algunas consideraciones 
vinculadas a la idea de la proporcionalidad: e
«Emparentada por la rúbrica del título de ubicación, la sedición difiere de otras  4ww.
cfmiogismumroao se  tstíít pueilcol a cXsa XsdIoIe.   dEmel  eglnoeosnr é drreieclloieto vcsao nndcceiea p dpteoes nódaredl  eopnroderes n lap p úúfbinbliaicclooids an, doa  leloesjsa iddveoa s p daeecnlí  fsiecula jec catoop nístfuiegldoui rcaIiIoc idsóoen,l    2021-1130n https://w
en la doctrina ni en la literatura del propio Código penal. Suele recurrirse a conceptos de
seguridad en un sentido material como presupuestos de pacífica convivencia, reflejo de
principios inderogables de alcance constitucional que, en todo caso, deben diferenciarse 
de la mera tranquilidad pública. Se trataría, en fin, de la protección penal del normal 
funcionamiento de las instituciones y servicios públicos, del ejercicio por las autoridades 
gubernativas  y  judiciales  de  sus  funciones  –siempre  de  acuerdo  con  los  principios 
democráticos que confieren legitimidad a su actuación– y del conjunto de condiciones 
que permiten el normal desarrollo de la vida ciudadana en el marco convivencial de la 
organización democrática del Estado.
La diversidad de tipos incluidos en el Título XXII –desórdenes públicos, atentados, 
resistencia,  desobediencia,  tenencia,  tráfico  y  depósito  de  armas,  municiones  o 
explosivos,  organizaciones  y  grupos  criminales  y  terrorismo–  y  la  gravedad  de  la 
respuesta penal asociada a algunos de ellos, constituyen un óbice a ese reduccionismo 
en la configuración del bien jurídico protegido. De hecho, algunos de los delitos de 
terrorismo alojados bajo la rúbrica de delitos contra el orden público exigen un elemento 
tendencial, encaminado a "[…] subvertir el orden constitucional" (cfr. art. 573.1.1 CP). 
Son preceptos, por tanto, que desbordan los reducidos límites del concepto de orden 
público concebido como bien jurídico autónomo. Todo ello ha llevado a diferenciar el 
orden público de otros conceptos como el de paz pública, que permitiría construir un bien 
jurídico  identificable  con  el  interés  de  la  sociedad  en  la  aceptación  del  marco 
constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como 
presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. E incluso a negar 
la funcionalidad taxonómica del concepto de orden público que se ve comprometido en la 
práctica totalidad de delitos, hasta el punto de que se ha visto en ese enunciado una 
cláusula puramente formal, que exige acudir, en cada caso concreto, al interés protegido 
en los distintos tipos penales incluidos bajo su ámbito.
Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de esa diferencia. Decíamos en 
la STS 1154/2010, 12 de enero, que "[…] se ha discutido si la noción de orden público es 
coincidente con la de paz pública. A pesar de su proximidad y de las dificultades para su 
distinción, esta resulta obligatoria […]". Las definiciones han sido variadas, pero puede 
entenderse que la paz pública hace referencia a la normalidad de la convivencia con un 
uso pacífico de los derechos, especialmente los derechos fundamentales, mientras que 
el  orden  público  se  refiere  al  funcionamiento  normal  de  las  instituciones  y  de  los 
servicios. De esta forma podría decirse que la paz pública puede subsistir en condiciones 
de un cierto desorden, aun cuando al concebir este como un elemento de aquella, una 
grave alteración del mismo conllevaría ordinariamente su afectación. En este sentido, en 
la STS 987/2009, 13 de octubre, se precisaba que: "tanto la doctrina científica como la 
jurisprudencia de esta Sala distinguen entre orden público y paz pública, en el sentido de 
que aquel es el simple orden en la calle, en tanto que la paz pública, concepto más 
amplio se integraría por el conjunto de condiciones externas que permiten el normal 
desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la 
observancia de las reglas que facilitan esa convivencia […] y por tanto permiten el 
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas" (cfr. SSTS 865/2011, 20 de 
julio, 987/2009, 13 de octubre y 1622/2001, 21 de septiembre).
Criterio específico es el de la estructura típica del concreto comportamiento penado. 
Atiende el legislador a la entidad de la lesión o riesgo generado para el bien jurídico. No 
es equivalente para el legislador la sedición y el atentado o el mero desorden. La 
desobediencia clásica y simple es un delito muy distinto a la sedición. Pero la sedición es 
un aliud y no meramente un plus o un minus.  Implica conductas activas, alzamiento 
colectivo, vías de hecho, despliegue de resistencia. La concreta gravedad del delito de  s
sedición radica en su especificidad típica respecto de los otros tipos de la rúbrica. La  oe.
sedición no alcanza a toda turbación de la paz o tranquilidad pública. w.
ienstepreAecusínfaicqdaua e e fisnne alaali  dedafueddc otipsvaoid líaltaidc  eadx eigo le anss cofiucani a–cli,no ons eessireá am  qpnureeec  eahsuicasirmeiono tseq  rueeenfe  lraae fnejuccritiaes.p rau dlean cciao–le, cdtiev iudnaad   2021-1130n https://w
exigEen v daelofirnairt ivsai , eel l tpurminuclitpoi oi mdpeu ptarodpoo arc iloonsa laiduatodr epsr oppoion ed eel fDecetriveacmhoe npteen aeln d ceumeosctiróánti ceol   BOE-A-cable e
funcionamiento del Estado democrático de Derecho. Así lo impone, no solo la vigencia 
de los principios que informan la aplicación del Derecho penal en nuestro sistema 
constitucional, sino la necesidad de no incurrir en perturbadoras interferencias entre el 
ámbito  típico  del  delito  de  sedición  y  otras  respuestas  del  Derecho  administrativo 
sancionador, que miran a formas de obstrucción no encajables en el tipo penal descrito 
en el art. 544 del CP (cfr. art. 36.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la 
seguridad ciudadana)».
Por su parte, en el apartado 2.6 del auto de 29 de enero de 2020 que resuelve los 
incidentes  de  nulidad  planteados,  se  ofrece  la  siguiente  respuesta  a  la  queja  del 
recurrente acerca de la lesión del principio de proporcionalidad de las penas:
«La resolución dictada por esta Sala no vulnera el principio de proporcionalidad de 
las penas.
Decíamos en la sentencia cuya nulidad se insta que la concreta gravedad del delito 
de sedición "radica en su especificidad típica respecto de los otros tipos de la rúbrica". 
Esta especificidad implica que los autores han de poner efectivamente en cuestión el 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho.
Nuestra sentencia no sanciona el mero hecho de la manifestación o de la protesta 
expresada. Lo que implica la gravedad que justifica la sanción penal proporcionada es 
que, a través de las convocatorias enjuiciadas, se propició un levantamiento, en plena 
coordinación  con  las  autoridades  autonómicas,  que  dificultaba  o  hacía  ineficaces 
resoluciones  judiciales,  implementaba  una  normativa  autonómica  anticonstitucional 
adoptada –pero ya suspendida– y lograba que el referéndum ilícito se celebrara a pesar 
de la prohibición judicial. Se daba así paso al desplazamiento del orden constitucional, al 
menos de manera formal. Se procuraba que el mismo sirviera de sustento previsto en la 
antidemocrática norma para que, con absoluta deslealtad constitucional, el president del 
Govern,  tras  el  apoyo  del  Parlament,  declarara  formalmente  la  independencia  de 
Cataluña, si bien suspendida segundos después. Tal fue la ostensible gravedad del ilícito 
cometido,  que  el  mando  jerárquicamente  superior  de  Mossos  d'Esquadra  llegó  a 
manifestar en el juicio oral que tenía preparado un operativo específico para la previsible 
detención del president que, consciente de las consecuencias de su actuación, huyó al 
extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal.
El ejercicio de ponderación para establecer el canon de proporcionalidad entre los 
hechos y las restricciones que la sentencia penal supone para los derechos de reunión y 
expresión ha de partir de esa premisa. Y pasa por los particulares que a continuación se 
expresan.
La finalidad de las convocatorias que dieron lugar a la masiva concurrencia del 20 de 
septiembre era obstaculizar una resolución judicial, la realización de un registro dirigido a 
conjurar las actividades preparatorias de un referéndum declarado ilegal. La actuación 
fue tan intensa y amedrentadora durante el registro y en actuaciones policiales previas 
de  conducción  de  detenidos  para  su  presencia  en  el  mismo,  que  se  impidió 
efectivamente  su  normal  desarrollo  y  la  disponibilidad  de  los  efectos  intervenidos, 
causando pánico en la letrada de la administración de justicia, hasta el punto de que 
hubo de llevarse a cabo una forzada evacuación de la misma.
El dominio de los convocantes sobre los miles de manifestantes allí reunidos era de 
tal naturaleza que, pese a su ilícita finalidad, los responsables del orden público, al 
tiempo  que  renunciaron  a  cualquier  intervención  que  posibilitara  el  normal 
desenvolvimiento del registro (como que pudieran acceder a los despachos registrados 
los titulares de los mismos), renunciaron al control del orden público y lo delegaron en  e.
uno de los convocantes, por indicación expresa del consejero señor Forn. w.b
ollergvaaLndaioz  aaoc tircoaan becoso ,e nnvd oemc aomtdouory iat u dmpifuaelrrtaeu natrleaio  , ifmdeecpshrpoaln etgdaae dle o 1 ip modpre lit coadococit óuenbl ,r teeo rrriiptgooinrri óo  pdauern t eC laedtvaealu nñtdaaimv. eTierusnvatoos    2021-1130n https://w
eploerc ftionraalliedsa,d  eovcituapnadro l oqsu eed ipfiucdioies r–ae fnre snua rgsrea nl am caeyloerbíara pcúióbnli cdoesl– i lpergeavli srteofse rcéonmduom c,o lceogmioos 
había sido judicialmente ordenado, en consonancia con las múltiples resoluciones del
Tribunal Constitucional. La celebración del referéndum fue acordada por el Govern, en el 
que se integraban los coacusados, como paso previo a la declaración de una república 
catalana independiente, reforzando el llamamiento con propaganda del mismo, cuyo 
gasto,  así  como  del  resto  de  los  preparativos  ocultaron.  Y  de  forma  individual 
parlamentarios e integrantes del mismo, lo apoyaron.
Por ende, se trataba de una conducta de máxima gravedad contra el orden público, 
pero que también afectaba al orden constitucional. Aunque la intención exclusivamente 
fuera, por este medio coactivo, lograr forzadas concesiones del Gobierno y autoridades 
estatales, en ese camino continuamente explicitado hacia la independencia.
La efectividad de la convocatoria de la población, y correlativo incremento de la 
gravedad del plan de los acusados, se garantizaba por parte de las asociaciones civiles 
Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana a cuyos llamamientos acudían decenas 
o centenares de miles de personas, según la ocasión. Y por la sintonía concordada con 
el Parlament y el propio Govern que, con absoluta deslealtad democrática, abandonó la 
tutela del orden público y contravino la legalidad constitucional.
La entidad antijurídica de la conducta de los penados, que desbordó el cauce de los 
derechos de reunión y manifestación, se realza por la deslealtad institucional entre 
entidades autonómicas y el Estado, con hostilidad frente a las instituciones del Estado, 
especialmente frente al Tribunal Constitucional.
Cada Estado tipifica, en función de su historia, los atentados que cuestionan su 
propia preservación. Los supuestos de traición en España, a diferencia de múltiples 
ejemplos de Derecho comparado, solo contemplan penas de muy grave entidad en 
conductas  relacionadas  con  la  guerra.  Pero  deviene  especialmente  sensible  a  las 
asonadas  y  alzamientos  que  han  quebrado  su  orden  constitucional,  de  rara 
contemplación en otros países. De ahí las penas del delito de sedición que, como hemos 
indicado,  implica  un  efectivo  cuestionamiento  de  la  primacía  de  la  ley  y  del 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho. De ahí también que en un país 
vecino se castigue aún de forma más severa el intento de secesión mediante el abuso o 
la usurpación de soberanía, sin más aditamentos.
Es cierto que los hechos no alcanzaron la funcionalidad requerida para hacer efectiva 
la independencia de Cataluña y constituirla en un emergente nuevo Estado separado de 
España. Pero ello no resta gravedad a los hechos probados que dan fundamento a la 
condena  impuesta  en  la  sentencia  cuya  nulidad  se  postula.  Fue  necesario,  tras  la 
iniciativa del Gobierno y aprobación del Senado, aplicar una singular medida de muy 
especial trascendencia política y social. Una medida prevista en el artículo 155 de la 
Constitución  Española,  cuya  redacción  presenta  semejanzas  con  el  art.  37  de  la 
Constitución Alemana. De la excepcionalidad de aquella medida habla el hecho de que 
implique una fórmula inédita en treinta y nueve años de vigencia de nuestro sistema 
democrático. Y que ese instrumento en nada haya impedido que los acusados persistan 
en sostener la legitimidad de su conducta, justificada por un abstracto "mandato del 
pueblo", que habrían obtenido a través del resultado del ilícito referéndum. Se invocan 
así las antidemocráticas normas de transitoriedad y referéndum, que se exponen en la 
declaración de hechos probados de nuestra sentencia. La invalidez de tales normas y su 
lastrada eficacia no han impedido una, cuando menos, aparente implementación de las 
mismas. Hasta el punto de haber sido determinante de que no se condenara ni se 
siguiera juicio contra los reunidos manifestantes a quienes por los acusados se les 
presentaba el levantamiento como consecuencia de la «legalidad» que derivaba de sus 
instituciones autonómicas». s
10.3.3  Resolución de la queja. w.b
espeCcoífnic alam eanrtgeu lma efnatltaac idóen  pqroupeo rhcaio nsaidlidoa da ndtee sl asre pseunmaisd ae, stealb ldeecimdaasn deann teel  adret.n 5u4n5c.i1a   2021-1130n https://w
pCrPe.c eLpat ov uplneenraal cqióune  deesl taabrtle. c2e5 .u1n aC Ec odnesreivcaureían ceian  juersítdei caca sqou ed, ep olar  saup licgaracvióend adde,  eunn 
relación con la entidad del supuesto de hecho que justifica su condena, incurre en
manifiesta desproporción. La lesión se atribuye directamente al precepto penal que 
estatuye las penas asociadas al delito de sedición, y se transmite a la duración de las 
que específicamente han sido impuestas al recurrente, pese a ser las previstas en la ley 
en su mitad inferior: nueve años de prisión (y de inhabilitación absoluta, debemos 
añadir).
Llegados a este punto, resulta oportuno recordar que, si bien el recurso de amparo 
no ha sido concebido para el enjuiciamiento de las disposiciones de carácter general, sin 
embargo, nuestra doctrina autoriza tal eventualidad cuando se reprocha a la aplicación 
del propio precepto la lesión de un derecho fundamental, lo que en el presente caso 
acontece. Y así, entre otras resoluciones, en la STC 167/2013, de 7 de octubre, FJ 2, 
este tribunal razonó en los siguientes términos: «Como hemos recordado en multitud de 
ocasiones, el recurso de amparo no persigue la depuración del ordenamiento jurídico, 
pues su objeto se circunscribe a la reparación de los derechos fundamentales lesionados 
por actuaciones procedentes de los poderes públicos y en consecuencia, tal recurso no 
es la vía idónea para impugnar disposiciones normativas si no están vinculadas a la 
concreta y efectiva lesión de algún derecho fundamental (como venimos diciendo desde 
la STC 40/1982, de 30 de junio, FJ 3; y posteriormente en las SSTC 54/2006, de 27 de 
febrero, FJ 3, y 34/2011, de 28 de marzo, FJ 1). Sin embargo, también hemos dicho que 
"concurriendo esa vinculación, no le está vedado a este tribunal entrar a examinar en un 
proceso de amparo el contenido de cualquier disposición general, ya sea para enjuiciar 
la interpretación que de la misma hayan realizado los órganos judiciales, ya lo sea para 
valorar si la concreta vulneración de los derechos y libertades fundamentales proviene 
de la propia disposición" (STC 34/2011, de 28 de marzo, FJ 1)».
Para resolver la denuncia que se suscita, procede retomar la doctrina establecida por 
este  tribunal  en  relación  con  la  necesaria  proporcionalidad  de  las  penas.  De  sus 
pronunciamientos cabe destacar el que reconoce al legislador un amplio margen de 
libertad, que deriva de su específica legitimidad democrática, para configurar, dentro de 
los límites de la Constitución, el tipo y cuantía de las sanciones penales y la proporción 
que debe mediar entre la tutela del fin esencial y directo de protección al que responde la 
norma, las conductas que se pretenden evitar y las penas con que intenta conseguirlo. 
También existen otros fines legítimos que puede perseguir la pena que han de ser 
atendidos:  son  sus  funciones  o  fines  inmediatos,  dirigidos  a  influir  sobre  el 
comportamiento  de  los  destinatarios  de  la  norma,  que  han  sido  clasificados 
doctrinalmente como fines de prevención general y especial. Por ello, hemos reiterado 
que el juicio sobre la proporcionalidad de las normas penales que, en protección de los 
derechos fundamentales procede en sede de amparo, debe ser muy cauteloso; ha de 
dirigirse  únicamente  a  descartar  aquellas  normas  que  produzcan  «[…]  "un  patente 
derroche  inútil  de  coacción  que  convierte  la  norma  en  arbitraria  y  que  socava  los 
principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de 
Derecho" (STC 55/1996, fundamento jurídico 8) o una "actividad pública arbitraria y no 
respetuosa con la dignidad de la persona" (STC 55/1996, fundamento jurídico 9) y, con 
ello, de los derechos y libertades fundamentales de la misma» (STC 136/1999, FJ 23). 
Hemos señalado también que el juicio que procede efectuar en sede constitucional 
resulta ajeno a la conveniencia de la pena, su cualidad, perfectibilidad o relación con 
otras posibles alternativas, pues únicamente se circunscribe a la adecuación de aquella 
a la Constitución, sin implicar ningún otro tipo de valoración positiva. En consecuencia, 
solo  cabrá  considerar  desproporcionada  la  norma  o  la  sanción  penales  «cuando 
concurra un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad  s
de la norma, a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su  oe.
concreción en la propia actividad legislativa» (STC 136/1999, FJ 23). w.
fundAanmaelinzatarne.mos a continuación la queja planteada distinguiendo los argumentos que la  2021-1130n https://w
sediac)ió nE  no cuunpaa  perinm eerla  Caópdroigxoim  apceinóanl,  aco pmaort irc daeb elac eproas idceió ns usi sttíetumloá tivciag éqsuime oe l sdeeglituon ddoe 
(«Delitos contra el orden público»), el demandante construye la queja tomando como
premisa  su  particular  exégesis  de  cuál  sea  el  interés  tutelado  por  la  norma,  pues 
considera que no puede ser otro que el concepto de «orden público» que propugna en 
su demanda. La impugnación, en parte ya analizada en sus argumentos, no puede ser 
compartida.
En el anterior epígrafe 10.2.3.1 hemos destacado cómo la interpretación del delito de 
sedición  que  sustenta  la  decisión  de  condena  es  diferente  de  la  que  propone  el 
demandante, y lo es precisamente en aquello que constituye la premisa de la queja a la 
que acabamos de hacer referencia. Al resumir antes los juicios de tipicidad y subsunción 
de la conducta del recurrente en el fundamento tercero, señalamos que, precisamente, 
es la gravedad de las penas previstas lo que ha justificado que la Sala haga del tipo 
penal una interpretación restrictiva y diferente de la que se propone en la demanda, 
exigiendo que la acción enjuiciada, para ser considerada típica, afecte a un bien jurídico 
más  complejo  y  relevante  que  el  tradicional  orden  público.  En  efecto,  la  Sala  ha 
considerado que tanto la sedición como los delitos de terrorismo, ubicados en el mismo 
título vigésimo segundo, «desbordan los reducidos límites del concepto de orden público 
concebido como bien jurídico autónomo». Y sobre tal disensión, hemos apreciado ya que 
esa interpretación más exigente, centrada en la idea de «paz pública» como interés 
protegido por la norma, identificada como «el interés de la sociedad en la aceptación del 
marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como 
presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales», no puede ser 
calificada como irrazonable ni, por ello, indebida.
El tenor literal del art. 544 CP revela que, a diferencia de otras infracciones penales 
contra el orden público, en el delito de sedición concurre además un aspecto teleológico 
que lo singulariza: el propósito de impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, «la 
aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, 
el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las 
resoluciones  administrativas  o  judiciales».  Este  elemento  diferencial  supone  que,  al 
margen de la protección del orden público, el precepto penal pretende precaver el 
potencial  daño  que  la  conducta  de  los  sujetos  activos  pudiera  ocasionar  en  la 
organización estatal, al tratar de socavar la eficacia de las leyes o la ejecución de los 
acuerdos o resoluciones adoptados en el ámbito administrativo o judicial. Ese factor 
tendencial concierne a un aspecto medular del funcionamiento regular del Estado, en 
tanto que, conforme a lo establecido en el art. 1.1 CE, España se constituye en un 
«Estado social y democrático de Derecho». La acción, por otra parte, debe realizarse a 
través de un alzamiento público y tumultuario, expresivo de la mayor gravedad de la 
conducta. Por tanto, el propósito neutralizador descrito comporta un plus de gravedad 
cuya repercusión en las penas establecidas no parece cuestionable al hacer el juicio 
comparativo propuesto.
De esta forma, para el tribunal sentenciador, únicamente aquellas conductas que son 
aptas para impedir u obstruir de forma grave la legítima voluntad legislativa, gubernativa 
o jurisdiccional, solo en caso de que se realicen a través de un alzamiento público y 
tumultuario, podrán ser consideradas sediciosas.
Como hemos dicho, según la  interpretación  judicial,  han de ser conductas que 
afecten a la paz pública, concebida de forma rigurosa como el interés de la sociedad en 
el mantenimiento del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las 
autoridades legítimas, ya sean judiciales o gubernativas, así como de la actuación de sus 
agentes, debidamente habilitados. Por ello, cabe afirmar que la sala de enjuiciamiento 
interpreta con severidad los elementos del delito de sedición cuando impone como  s
requisito  de  su  apreciación  la  aptitud  de  la  conducta  para  poner  en  cuestión  el  oe.
funcionamiento  del  Estado  democrático  de  Derecho;  para  derogar  de  hecho  la  w.
eeesjfeeprcecticicviiaiodl madel endgteeít  imlgaorsa  vleedysee  sp loaors   eell f ucenufcemicoptnoliem sai el npqtoúu bedl icesa esó  rddiaeritngreiebsnu  iodp aursee.ds eoSnlu ocsliooe nr eecssa tldaifisicc taadcdaoasns d cueocnmt aeosl    2021-1130n https://w
sedición.
Desde un punto de vista abstracto, este entendimiento restrictivo del tipo penal, en 
atención a la mayor necesidad de tutela que deriva del interés que protege, impide 
valorar como desproporcionadas las penas previstas en la ley. En tal sentido pierden 
cualquier fuerza de convicción los argumentos de tipo sistemático que en la demanda 
ponen en relación el delito de sedición con otros recogidos en el título vigésimo segundo 
del Código penal, pues, en ninguno de ellos se exige ni el propósito que la impulsa, ni el 
modo de actuación tumultuario que la caracteriza ni, en fin, se produce esta especial 
afección al interés protegido definido como paz pública.
En consecuencia, debemos rechazar que pueda fundadamente ponerse en cuestión 
la proporcionalidad de la pena a través de un análisis comparativo del delito de sedición 
con el resto de los tipos que integran el título vigésimo segundo del Código penal, que 
encabeza como conducta más grave, tanto en atención al medio comisivo como al 
interés social que tutela.
b)  Adicionalmente, todavía en un plano abstracto, cabe añadir que la regulación 
como delito de la sedición permite atemperar la respuesta penal a la gravedad de la 
acción, pues se construye y ordena en el Código penal a través de diversos grados de 
penalidad que atienden, singularmente, a varios factores: (i) la intensidad de la conducta 
en relación con el interés protegido; (ii) la simultánea comisión de otros delitos que 
tengan atribuidas penas graves (art. 547 CP); (iii) el grado de participación que se haya 
tenido en la conducta sediciosa, distinguiendo la de quien simplemente participa en el 
alzamiento (art. 545.2 CP) y la de aquellos que la hubieren inducido, sostenido, dirigido o 
aparecieren en ella como autores principales (art. 545.1 CP); y (iv) por último, se prevé 
una  modalidad  doblemente  agravada  cuando,  en  el  caso  precedente,  se  trate  de 
personas que estuvieren constituidas en autoridad.
Por tanto, en la regulación de la sedición, dejando al margen los actos preparatorios 
(provocación, conspiración y proposición), la penalidad prevista se extiende por una 
escala  gradual  que  permite  imponer  desde  uno  hasta  quince  años  de  prisión  e 
inhabilitación  absoluta.  La  pena  del  tipo  básico  de  sedición,  la  de  los  simples 
participantes, es de cuatro a ocho años de prisión. Cuando la sedición no llegue a 
entorpecer de modo grave el ejercicio de la autoridad y no haya ocasionado la comisión 
de otro delito castigado con pena grave, la pena prevista es de uno a cuatro años de 
prisión. Solo los líderes o promotores, directores o quienes aparezcan como principales 
autores de la sedición ven elevada la cuantía de su pena abstracta imponible (de ocho a 
diez años). La previsión penal más agravada (de diez a quince años de duración) se 
establece únicamente cuando estos últimos fueren personas constituidas en autoridad, 
dado el especial deber de lealtad con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico 
que contraen al acceder a dicha posición pública.
c)  El  demandante  también  funda  la  falta  de  proporcionalidad  de  las  penas 
establecidas en el art. 545 CP en la comparación que efectúa con la penalidad asignada 
a otras modalidades delictivas relacionadas con el funcionamiento del Congreso de los 
Diputados o con la sede del Consejo de Ministros. Conforme a nuestra doctrina, para 
valorar la constitucionalidad de una pena desde la perspectiva de su necesidad, «el 
control constitucional debe partir de pautas valorativas constitucionalmente indiscutibles, 
atendiendo  en  su  caso  a  la  concreción  efectuada  por  el  legislador  en  supuestos 
análogos, al objeto de comprobar si la pena prevista para un determinado tipo se aparta 
arbitraria o irrazonablemente de la establecida para dichos supuestos. Solo a partir de 
estas  premisas  cabría  afirmar  que  se  ha  producido  un  patente  derroche  inútil  de 
coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios elementales de  s
justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho» (STC 55/1996,  oe.
de 28 de marzo, FJ 8). Sin embargo, en sintonía con lo afirmado por el fiscal, los  w.
sdeuexpi gsuiededosi,tc oihósan bt ryiad ílaad  ocpsulu earna tclaido damedp  dlaaersa  bcfiiineóannle idpsao jdru ereísdl  iqcreuocesu  qlrarue ean cteecs iótnano  i ntpífprriaeccsace idnóetnab npe e epnle agrls rpeargdouotei rdg eeen . a Penola rdl oeeglllioítao,    2021-1130n https://w
llaa sd epsepnraosp oersctaióbnle incivdoacsa dpaa rean l alas  dinefmraacncdioan.es penales que cita el recurrente no acreditan  BOE-A-cable e
d)  Tampoco es posible fundar ni apreciar la falta de proporción de la regulación 
legal atendiendo a la propuesta de comparación que se formula con las elegidas figuras 
afines extraídas del Derecho extranjero. Sin perjuicio de que esta concreta alegación no 
fue  planteada  con  anterioridad  en  la  vía  judicial,  cabe  subrayar  de  principio  que, 
conforme a nuestra doctrina, «el control de la ley penal que este tribunal tiene asignado 
debe venir presidido, en todo caso, por el reconocimiento de la competencia exclusiva 
del legislador para el diseño de la política criminal, correspondiéndole un amplio margen 
de libertad, dentro de los límites de la Constitución, para la configuración tanto de los 
bienes penalmente protegidos y los comportamientos penalmente reprensibles, como del 
tipo y la cuantía de las sanciones penales, o la proporción entre las conductas que 
pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo (SSTC 55/1996, de 28 de 
marzo, FJ 9; 163/1999, de 20 de julio, FJ 23; 127/2009, de 26 de mayo, FJ 8; 203/2009, 
de 27 de octubre, FJ 5; 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7)» (STC 160/2012, de 20 de 
septiembre, FJ 2). Cada sistema penal responde a su propia estructura interna. La 
dosimetría penal entre sus previsiones responde en cada sociedad a características 
históricas y sociales singulares que no la hacen apta para ponerla en relación con otros 
modelos  punitivos  distintos  vigentes  en  otras  sociedades,  por  más  que  compartan 
valores  similares  en  su  organización.  Tampoco  se  toman  en  consideración  en  la 
propuesta  de  comparación  las  formas  de  ejecución  de  las  penas,  los  beneficios 
penitenciarios, las formas de agravación de las conductas o la existencia de otros 
preceptos que se refieran a conductas afines y pueden dar cuenta de la proporcionalidad 
de la reacción penal. En definitiva, en términos constitucionales no cabe sustentar el 
juicio de proporcionalidad en tan exiguos datos, sin poner en cuestión toda la dosimetría 
del Código penal.
e)  Una última reflexión resta por realizar en relación con la finalidad que, en este 
caso, perseguía el mandato judicial cuya ejecución impidieron quienes atendieron la 
convocatoria del recurrente, realizada los días previos al 1 de octubre. Lo que los 
agentes de la autoridad trataron de impedir fue el desarrollo de un aparente referéndum 
de cuyo resultado se pretendía hacer depender unilateralmente la decisión acerca de la 
independencia de Cataluña. Esta propuesta, expresada en las normas aprobadas por el 
Parlamento de Cataluña, había sido suspendida por este Tribunal Constitucional, en 
cuanto era formal y materialmente contraria a la Constitución y al Estatuto de Autonomía 
de  Cataluña.  La  gravedad  constitucional  de  esta  pretensión,  cuya  consumación  no 
dependía del recurrente, sino de la voluntad de los representantes políticos y cargos 
públicos con los que actuó concertadamente, ha sido ya puesta de manifiesto al describir 
la actividad institucional, parlamentaria y gubernamental que, en favor de esta, fue 
desarrollada a lo largo de la legislatura (fundamento jurídico tercero de esta resolución). 
Es precisamente esa gravedad del caso concreto la que permite descartar la falta de 
proporcionalidad de las penas impuestas.
f)  Al juicio favorable a la proporcionalidad de la sanción impuesta al recurrente no 
obsta la alegada relación de su conducta con el ejercicio del derecho de reunión pacífica 
(art. 21 CE). Ya hemos advertido al analizar dicha queja que en ella es sencillo disociar el 
mensaje de reivindicación y protesta que lo animaba, de la aceptación y promoción de 
los actos impeditivos que han sido penalmente sancionados. Es este último efecto 
impeditivo, y generalizado en todo el territorio de Cataluña, del normal desarrollo de los 
medios de tutela del ordenamiento jurídico vulnerado, lo que ha dado lugar a la condena 
del recurrente, y no el mensaje reivindicativo de la independencia de Cataluña. Esa 
reclamación  política  está  presente  en  la  vida  social  y  política  catalana  con  plena  s
normalidad.  Desde  el  advenimiento  de  la  democracia,  tras  la  aprobación  de  la  oe.
Constitución  en  1978,  no  ha  sufrido  ni  sufre  merma  alguna  en  su  expresión  y  w.
rceuievisEntndio icneaascdtiaeó  n,p[ fnuuin netdosa,  emcl eoonnbtvjoee tnoid mdeeo  slaD  eccoorennc dhelaon  af uApn)e dnaa1ml7 q.e5un.e2ta ]s ceióc cnuu aenesdxtpioor neasre.aidtear ae nl al a lesgeitnimteindcaida   2021-1130n https://w
pcoondsetrietusc pioúnbalilc odse,  dlae  ldai srecirveipnadniccaiaci,ó nd ed el ap rocgrírtaicma adse psoclaítricnoasd ad isati nltaoss  ddee cloissio pnreesv isdtoes  leons   BOE-A-cable e
la  Constitución,  ya  sea  el  supuesto  derecho  de  autodeterminación  o  el  deseo  de 
independencia de una parte del territorio del Estado español. Es igualmente legítimo 
llamar a la movilización en defensa de tales propuestas, incluirlas en los programas 
políticos y defenderlas en las convocatorias electorales. Ninguna de esas conductas ha 
sido ni debe ser perseguida penalmente. Pero la condena del recurrente no se ha 
producido por alentar y fomentar dicha discrepancia, sino por promover la oposición 
activa y concertada, frente a la actuación de los agentes de la autoridad que cumplían un 
mandato  judicial  respaldado  legal  y  constitucionalmente.  Su  actuación  ha  sido 
considerada dirigida a lograr que la votación prohibida se llevase a cabo imposibilitando 
de hecho, mediante la interposición física, la actuación de los agentes de la autoridad. Y 
es esa actuación, como ya hemos señalado en la STC 91/2021, la que ha justificado su 
condena y la que desborda totalmente los linderos de lo que ha de considerarse legítimo 
derecho de reunión para la exteriorización de la protesta o crítica por la actuación de los 
poderes públicos.
En conclusión, entendemos que, en términos absolutos, las penas asociadas al delito 
de sedición no incumplen los postulados establecidos por nuestra doctrina en materia de 
proporcionalidad.  Tampoco  presentan  tal  déficit  las  concretamente  impuestas  al 
recurrente. Con independencia del grado de eficacia o acierto técnico del legislador, 
aspectos que son ajenos al enjuiciamiento de este tribunal, no se constata que la 
regulación  penal  cuestionada  comporte  un  desequilibrio  manifiesto,  excesivo  o 
irrazonable entre el desvalor de la conducta penal y las sanciones a ella asociadas, de 
modo que la penalidad que cuestiona el recurrente produzca «un patente derroche inútil 
de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios elementales 
de  justicia  inherentes  a  la  dignidad  de  la  persona  y  al  Estado  de  Derecho» 
( STC 136/1999, FJ 23). En atención a la gravedad de los intereses jurídicos tutelados en 
el  caso  presente,  a  los  que  reiteradamente  hemos  hecho  referencia,  la  conclusión 
expuesta es plenamente trasladable a las concretas penas impuestas al recurrente.
Los razonamientos expresados sirven para descartar la pertinencia de plantear la 
cuestión interna de inconstitucionalidad, por la pretendida falta de proporcionalidad de 
las penas asociadas al delito de sedición.
10.4. Principio de legalidad y personalidad de la pena.
10.4.1  Posiciones de la partes.
Bajo la rúbrica indicada, el demandante de amparo asienta su queja en los siguientes 
aspectos: (i) La condena del recurrente va más allá de los hechos que se le imputan, 
pues  se  limitó  a  convocar,  con  otros,  una  concentración  de  protesta  el  día  20  de 
septiembre y animó a participar en concentraciones en las que se iba a expresar una 
determinada opción sobre el futuro político de Cataluña; pero en ningún caso organizó 
alzamientos tumultuarios violentos. (ii) La sentencia combatida no concreta de modo 
suficiente los términos del supuesto «acuerdo» entre los partícipes ni la contribución de 
cada uno de ellos al proyecto común. En el caso del recurrente, no se especifica si la 
adhesión al acuerdo fue inicial o sobrevenida, ni tampoco cuál fue su contribución a la 
fase ejecutiva. Y aunque hubiera existido un reparto de funciones, afirma que lo que 
resulta incompatible con el derecho reconocido en el art. 25.1 CE es que se aprecie una 
sedición y que ninguno de los coautores haya llevado a cabo actos consustanciales al 
núcleo del tipo (alzarse tumultuariamente), sin que tampoco se haya imputado a ninguno 
de los partícipes en los actos de protesta del 20 de septiembre y el 1 de octubre  s
del 2017. (iii) En el juicio de autoría parece aflorar la imputación de la responsabilidad  oe.
por comisión por omisión, por no evitar que otros se alcen. Esa fórmula se emplea  4ww.
tpcaoomnr tberialé rnóio r gpaaal nrpaor  injaucmdipipcioliiaa dlr  ecl oalem groea sliupdnoa ndds epaleibtnoilai dql aupdeo  raqc oulneos sei sll tídade eelritenos  « dldeae  s pelrado idcsuioóccnci einódona  dhd aec  siuvidnilo,  r lecoos unclcutaeadbl oide»os,    2021-1130n https://w
sino como un delito de «resultado cortado». (iv) Tampoco cabe fundar la atribución de
responsabilidad a título de inducción a la sedición, al amparo del art. 545 CP, dado que,
como no se ha seguido procedimiento penal por el delito indicado contra las personas 
concurrentes a las manifestaciones y centros de votación, no puede sostenerse, sin 
vulnerar el principio de accesoriedad limitada en la participación, que haya inductores sin 
la existencia de autores.
La abogacía del Estado niega que el demandante haya sido considerado penalmente 
responsable por la conducta de otros, toda vez que su condena trae causa de hechos 
que le son directamente imputables [fundamento de Derecho C), apartado 1.9], en su 
condición de líder de la asociación Òmnium Cultural y dentro de una estrategia de 
ruptura del orden constitucional, movilizando a las masas para impedir el cumplimiento 
de resoluciones judiciales (20 de septiembre) y para permitir la celebración de la consulta 
ciudadana del 1 de octubre.
Para el partido político Vox no existe vulneración del principio de personalidad de la 
pena, pues la sentencia recurrida «recoge detalladamente las acciones llevadas a cabo 
por cada uno de los miembros que participaron en la sedición que ha quedado probada y 
con ello […], se recoge la pena que debe imponerse a cada uno de los condenados» de 
acuerdo  con  sus  circunstancias,  de  modo  que  carece  de  base  la  afirmación  del 
recurrente de que «se produce una indeterminación en cuanto a su participación en el 
alzamiento sedicioso».
El fiscal alega que, conforme al análisis del apartado 1.9 del fundamento de Derecho 
C) de la sentencia impugnada, no hay atisbo alguno de que se haya realizado una 
atribución de responsabilidad penal por hechos o actos cometidos por otras personas, ni 
de que se haya efectuado una imputación colectiva de acciones delictivas a un grupo de 
personas que haya servido para condenar a cualquiera de ellas. Según señala, la 
condena del demandante responde estrictamente a hechos por él realizados, que el 
tribunal  individualiza  dentro  de  la  acción  concertada  con  responsables  políticos  en 
ejecución del plan preconcebido, conforme al rol o papel que le había sido asignado en 
atención  a  su  condición  de  líder  social  presidente  de  Òmnium  Cultural.  En  esta 
condición, llevó a cabo un comportamiento dentro de una estrategia, común y conjunta 
con la de responsables políticos de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, de 
ruptura o aniquilación del pacto constitucional, mediante la movilización de masas de 
ciudadanía con el objetivo específico de impedir el cumplimiento de las leyes y de 
resoluciones y mandatos concretos emanados de autoridades jurisdiccionales.
10.4.2  Respuesta judicial.
Con anterioridad, ha quedado sintetizado el contenido del apartado 2.5 del auto 
de 29 de enero de 2020, en el que se refuta que el demandante fuera condenado por 
convocar una protesta contra determinadas actuaciones judiciales, que en modo alguno 
se impidieron, ni por animar a participar en un acto masivo de expresión de opinión a 
través de una votación.
10.4.3  Resolución de la queja.
De los cuatro argumentos que se han compendiado al inicio de este apartado, 
solamente el primero de ellos se esgrime en el escrito por el que se promueve el 
incidente de nulidad de actuaciones; de manera que los restantes no fueron planteados 
ante el órgano judicial. No obstante ello, en esta sede se dará respuesta a todos ellos.
(i)  En el apartado 1.9 del fundamento de Derecho C), el órgano judicial expone las 
razones por las que considera al recurrente autor del delito de sedición. Como es de ver,  e.e
esa consideración no se asienta en hechos ajenos a su proceder, tal y como ha quedado  b
rqdeuefe lep jelalerdsvooó n saai nlcidtaéabtdioc a.d mEe nela nrset eap leeidnnaa dlso,, s bl oaa jqnout eeecl  esaedle ecgnuateetoss t iddoeen  aue,n suatna pa rr eevtseeoznl udmcidáióasn , v,e usslni nleaor  vaeacnlioó rlnaa sdc ieóclno p njrudinruícdcipticaiaos    2021-11304n https://ww
edle  rleocsu irnrceindteen, tessu  occounrrdiduoctsa ,lo lse jdoísa sd 2e0  sdeer  sdeeplitcietimvab,r ec oyn 1s tdituey oóc tuunb ree jedrec i2c0io1 7le, gpíutiemso p adreal 
derecho de reunión.
Al respecto, hemos de indicar que el principio de personalidad de las penas resulta 
ajeno a la temática suscitada. Dicho principio exige que la responsabilidad penal se 
asiente en hechos propios, quedando vedada la exigencia de tal responsabilidad con 
base en lo realizado exclusivamente por terceros. Por ello, cuando la controversia gira, 
como acontece en el presente caso, sobre si los hechos atribuidos al afectado son o no 
delictivos, el principio anteriormente citado no resulta concernido.
(ii)  La aportación del demandante a la ejecución del delito de sedición por el que 
fue  condenado  queda  perfectamente  constatada  en  el  referido  apartado  1.9  del 
fundamento de Derecho C). En él, el tribunal sentenciador concluye que el demandante 
fue uno de los pilares del movimiento sedicioso, que puso su capacidad de movilización, 
en su condición de líder de la asociación Òmnium Cultural, al servicio del proyecto 
político concebido de consuno con otros partícipes, para cuyo logro era indispensable la 
movilización masiva de ciudadanos, a fin de oponer, llegado el momento, resistencia al 
cumplimiento de los mandatos judiciales.
Destaca el órgano judicial que la función movilizadora del recurrente se desarrolla 
progresivamente in crescendo, hasta culminar en los incidentes recogidos en el relato 
histórico  de  la  sentencia,  siendo  particularmente  destacable  el  comportamiento 
desempeñado, en unión de don Jordi Sànchez, en los sucesos que tuvieron lugar el 
día 20 de septiembre de 2017, cuya entidad y significación se constata sin dificultad. 
Asimismo,  queda también reflejada  la vinculación del recurrente con el movimiento 
«Escoles Obertes». Sobre este particular, el resumen que obra en los antecedentes de 
esta resolución resulta esclarecedor, al poner de manifiesto que ese movimiento fue 
ideado para mantener los puntos de votación abiertos y «fue apoyado, estimulado, 
multiplicado y alentado por don Jordi Cuixart, don Jordi Sànchez y sus respectivas 
organizaciones». En suma, la actividad que el tribunal enjuiciador atribuye al recurrente 
refleja con nitidez la importancia cuantitativa y cualitativa de su participación en el delito 
por el que resultó condenado.
Y aunque aquel cuestione que la sentencia no refleja su aportación al supuesto plan 
común, lo cierto es que, tanto del contenido de factum de la sentencia impugnada como 
de los extremos consignados en el «juicio de autoría» que figura en la fundamentación 
jurídica  de  la  referida  resolución,  se  desprende  la  existencia  de  una  estrategia 
concertada por los intervinientes, a cuyo desarrollo contribuyó el recurrente. Por lo 
demás, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos a lo ya razonado al 
resolver sobre la queja relativa al derecho a la presunción de inocencia, tanto en lo 
referente al análisis probatorio en general como a los pronunciamientos fácticos en 
relación con el recurrente (FJ 8.5).
(iii)  Alega el demandante que en el presente supuesto no cabe apreciar la autoría 
con base en la figura conocida como «comisión por omisión». Señala que el delito de 
sedición no ha sido concebido por el órgano sentenciador como una infracción que 
consista en la producción de un resultado, sino como un delito de «resultado cortado». 
También apunta que en el presente caso no existe la obligación legal o contractual de 
actuar que requiere el art. 11 CP, de suerte que no pueden ensancharse las formas 
comisivas de la manera en que lo hace la sentencia. El recurrente selecciona un párrafo 
que figura en la página 300, a fin de demostrar la ampliación de la responsabilidad por 
omisión a los líderes de la sociedad civil, cuyo tenor es el siguiente: «[l]a ausencia de 
titularidad de poder público no excluye que particulares puedan contribuir a producir ese 
mismo riesgo si su comportamiento como dirigentes de movilizaciones sociales coopera 
en la medida necesaria a la misma lesión de aquel bien jurídico origen de la tipicidad del  s
comportamiento sedicioso». oe.
Lo primero que cumple decir es que del contenido del párrafo transcrito en último  w.
ladu igrlaiga erc noetmne sias biódsneo  lpumotoro  osvemili zidsaeiócsinpo,rn ehenasdb eisd oqacu cieau leleans »rtae  sdapelou ndqseua eb clioalidn ra edcfe ladrereind lcoaisda   laíadl  e«rucenosam  spofoocrriamtaleams i edsneet  ova icncoctumualeor    2021-1130n https://w
netamente  activa.  Por  otro  lado,  en  relación  con  el  recurrente  de  amparo,  en  las
páginas  394  y  395  de  la  sentencia  se  descarta  que  la  responsabilidad  penal  del 
demandante se fundara en su comportamiento omisivo:
«La conducta imputada a D. Jordi Cuixart no es una conducta omisiva. Cuando la 
desobediencia civil plasma en un llamamiento generalizado a toda la población de una 
comunidad autónoma a oponerse y desafiar, mediante el uso de la fuerza colectiva y una 
resistencia que rebasa el ámbito de lo puramente omisivo, expresas órdenes judiciales 
que provenían, no solo del Tribunal Superior de Justicia, sino también del Tribunal 
Constitucional,  estamos  ante  algo  más  que  el  tratamiento  penal  de  una  conducta 
omisiva».
Conforme a lo expuesto, resulta que el propio órgano judicial descarta expresamente 
la atribución al demandante de responsabilidad penal derivada de un comportamiento 
meramente omisivo, lo que de por sí excluye que haya fundado su condena como 
coautor de un delito de sedición en la aplicación del art. 11 CP. A lo dicho cabe añadir 
que,  al  margen  del  párrafo  del  escrito  de  demanda  transcrito,  el  recurrente  no  ha 
aportado argumentación alguna para justificar esa pretendida sustentación de su autoría 
en la «comisión por omisión».
(iv)  Por último, el demandante censura que haya sido condenado como inductor a 
la  sedición,  sin  que  hayan  resultado  condenados  los  supuestos  miles  de  autores 
materiales que se agolparon frente a los centros de votación. Por ello, sostiene que si no 
hay  autores  difícilmente  puede  entenderse  que  haya  inductores,  sin  contravenir  el 
principio de accesoriedad limitada de la participación y, en definitiva, el principio de 
personalidad de la pena.
La temática que suscita el demandante coincide en lo esencial con la planteada en el 
recurso de amparo núm. 1403-2020, razón por la que nos remitimos en su integridad a la 
respuesta dada en la STC 91/2021, FJ 11.3.3, a fin de desestimar su alegato:
«A la vista de lo expuesto, debemos convenir que el órgano de enjuiciamiento no ha 
vulnerado el derecho reconocido en el art. 25.1 CE por el motivo que le imputa el 
recurrente. El hecho de que la participación del demandante se considere como la propia 
de un autor en sentido estricto, con base en argumentos tales como que el delito de 
sedición  es  de  naturaleza  "plurisubjetiva"  y  de  "consumación  anticipada";  que  el 
comportamiento de los condenados supuso un incremento del riesgo para el bien jurídico 
protegido; y que el demandante realizó, conforme a lo ideado de consuno, la aportación 
individual para la consecución de la finalidad delictiva, de manera que a todos los 
autores les es imputable lo realizado por los otros, no son razones que quepa tildar de 
aberrantes,  irrazonables  o  arbitrarias,  sin  que  tampoco  se  aprecie  contrariedad  al 
parámetro de razonabilidad metodológica y axiológica asentado por nuestra doctrina.
Por otro lado, que los terceros que participaron en los actos multitudinarios no hayan 
sido enjuiciados por los hechos que han dado lugar a la condena del demandante, no 
autoriza  a  colegir  que  actuaran  amparados  por  una  causa  de  justificación,  en  su 
acepción jurídico-penal; circunstancia esta que, de haberse apreciado respecto de los 
autores, permitiría excluir la responsabilidad criminal de los partícipes, con fundamento 
en la teoría de la accesoriedad limitada. Sin embargo, como aquellos terceros no han 
estado sujetos a un procedimiento penal, cualquier valoración sobre la relevancia de su 
conducta en ese ámbito resulta improcedente, más aún en esta sede constitucional.
El hecho de que la actuación de la multitud de personas que, según se describe en el 
relato  fáctico  de  la  sentencia,  intervino  en  los  hechos  acaecidos  los  días  20  de 
septiembre y 1 de octubre de 2017, sí se haya valorado en su dimensión colectiva para  e
apreciar  del  delito  de  sedición,  no  obsta  la  anterior  conclusión.  Como  ya  hemos  bo
advertido, el objeto de nuestro pronunciamiento respecto de este motivo no se proyecta  4w
spoabrtrieci plaa cpióronb qleume ástiec aa tqriubeu,y ee na lt oddeam saun deaxnteten.s iEóln ,a lpcuaendcea  dsues nciutaers teral  croenspcrueetsot ag reasd om dáes   2021-1130n https://w
leimxcitlaudsioó,n  paude sc assuem  c idrceul npsrcinrcibipei oa d ed iraimccier ssoir ieedl aódr gqauneo  reesnujulteic icaodnotrr ahriaa  aelf emctaunaddaot o udneal 
art. 25 CE. Y como ya se ha indicado, sobre ese concreto aspecto no se vislumbra que 
se haya producido la vulneración denunciada.
Finalmente, hemos de añadir que no le corresponde a este tribunal pronunciarse 
sobre si las respuestas dadas por el órgano judicial son las únicas que se ajustan a 
Derecho, pues ello supondría adentrarse en una labor que queda extramuros de nuestro 
cometido. Ahora bien, de acuerdo con la función de control que nos compete, reiteramos 
que  el  tribunal  sentenciador  ofrece  una  argumentación  que,  de  manera  razonable, 
descarta  que  haya  existido  un  abandono  selectivo  e  interesado  del  principio  de 
accesoriedad limitada en la participación, en el entendimiento de que no concurrieron los 
presupuestos para la aplicación de ese principio, al entender que el demandante, junto a 
otros encausados, fue coautor de los hechos».
Por  todo  lo  expuesto,  procede  desestimar  todas  las  quejas  formuladas  por 
vulneración del derecho a la legalidad penal reconocido en el art. 25.1 CE.
11  La limitación de las restricciones de los derechos (art. 18 CEDH).
11.1  Posiciones de las partes.
El último motivo de la demanda, que el recurrente titula «vulneración de la cláusula 
de prohibición de desviación de poder», denuncia la «vulneración de los artículos 5, 6, 7 
y 11 CEDH, especialmente del derecho a la libertad (17 CE), en relación con el art. 18 
CEDH y la limitación de restricciones de derechos». Bajo tal planteamiento se aduce que 
el art. 18 CEDH se infringe cuando las medidas restrictivas de derechos –singularmente 
la prisión provisional y la condena penal–, pese a justificarse conforme a uno de los 
criterios previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, responden a una 
finalidad adicional predominante inadmisible.
El recurrente expone que, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son 
factores relevantes a la hora de averiguar la existencia de un procedimiento penal con 
objetivos políticos el contexto político amplio, saber si la acusación y el poder judicial 
tenían objetivos no declarados, la presencia o ausencia de indicios de que los tribunales 
no son lo suficientemente independientes del poder ejecutivo, la manera en que se ha 
llevado a cabo el procedimiento, determinar si las acusaciones son reales y se fundan en 
razones plausibles sobre la comisión del delito y saber si se relacionan con actividades 
políticas o con delitos comunes. Esos factores, según entiende, se valoran en el caso 
Rashad Hasanov y otros c. Azerbaiyán, STEDH de 7 de junio de 2018, que atañe a una 
situación que juzga muy parecida a la propia, donde se concluyó que la finalidad real de 
la prisión provisional era silenciar y castigar a los demandantes, que formaban parte de 
una organización no gubernamental, por su compromiso activo social y político y se 
apreció la violación del art. 5 CEDH (derecho a la libertad) en relación con el art. 18 
CEDH.
La demanda defiende la proximidad entre el referido supuesto y su caso, donde la 
prisión provisional primero y la condena penal después habrían tenido como objetivo 
castigar al demandante y al conjunto de la entidad que lidera «por su activismo político, 
social y cultural con el único fin de provocar el fin de las protestas en pro de la 
independencia  y  del  derecho  a  la  autodeterminación  de  Catalunya».  Desde  tal 
apreciación  de  similitud  en  la  finalidad  real  de  la  medida  restrictiva,  proyecta  el 
paralelismo con el asunto Rashad Hasanov también a los datos que fueron decisivos 
para  la  conclusión  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  sobre  la  finalidad 
escondida, que estarían presentes en su caso. e.
lcaiv ial.(p iF)e urtnuEdrla ap  eadspeael  la anfñioromto arjuicodi óiycn i eaevl nide eenln  ctseoe npdtteeien lmiad bofir sedc eadl leída is 2ec0nu1 rls6ao,   pdqeeur selae  ccfiuasclcifiaóicln óg  deaenll e iirnnaddl eedppeeel nnEddseetanndttiioss mmeono    2021-11304n https://ww
«caatzaoláten  ddeel  «inpdeelipgeron dpeanrtais mla od»e mo oaclr ancoiam»b, rea l daeple alartcivhoiv op ecroiond íestl iccoo mdeuln ficisacdaol  gdeen eprraeln dsae 
sobre la presentación de la querella que dio lugar a la causa especial, «más dura será la 
caída».
(ii)  La condición de líder de la sociedad civil del demandante, presidente de la 
principal entidad social de Cataluña.
(iii)  La utilización de un tribunal excepcional que hurta el derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley y el derecho a la doble instancia penal, en las especiales 
circunstancias en materia de imparcialidad expresadas en el motivo segundo del recurso.
(iv)  La  existencia  de  informes  de  organismos  internacionales  «críticos  con  la 
detención,  la  persecución  y  la  condena»  del  acusado.  Menciona  en  concreto  el 
posicionamiento de la Organización Mundial contra la Tortura, de 22 de noviembre 
de 2018, los posicionamientos de Amnesty International, de 15 de octubre 2018, 16 de 
octubre 2018 y 19 de noviembre 2019, el posicionamiento de la organización Front Line 
Defenders, de 23 de noviembre 2018, la opinión del grupo de trabajo sobre detenciones 
arbitrarias de Naciones Unidas, de 13 de junio del 2019, y el informe del relator de la 
asamblea parlamentaria Consejo de Europa sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos en Estados miembros, de 26 de junio de 2019 [AS/Jur (2019) 31].
(v)  La falta de plausibilidad de las acusaciones vertidas contra él, conforme ha 
sostenido en su defensa a lo largo del procedimiento.
El motivo finaliza manifestando que los magistrados del Tribunal Supremo y otros 
poderes públicos, ante la amenaza a la unidad indisoluble de la nación, han actuado 
desactivando la carta de derechos de la Constitución, de modo que la condena por un 
delito de sedición carente de sostén solo obedece al objetivo político del procedimiento. 
En tal medida, concluye, la prisión provisional es arbitraria y la condena ilegal, esto es, 
contrarias a los arts. 5, 6, 7 y 11 CEDH, pero también vulneran el art. 18 CEDH por 
cuanto tienen un objetivo político de represalia que va más allá de la responsabilidad 
penal individual.
El abogado del Estado, tras recordar la respuesta del Tribunal Supremo a una queja 
parecida relativa a un supuesto contexto persecutorio (fundamento de Derecho 2.3), 
rechaza el paralelismo que se quiere construir entre el caso Rashad Hasanov resuelto 
por la STEDH de 7 de junio de 2018 y la situación del demandante. Opone que el 
discurso del fiscal general del Estado en 2016 se incorpora mediante una transcripción 
incorrecta y manipulada y que el nombre del archivo informático correspondía al nombre 
de un documento anterior de carácter privado sobre el que se escribió, de modo que esa 
denominación no era visible y solo podía conocerse accediendo a metadatos. Descarta 
asimismo la existencia de un tribunal de excepción remitiéndose a su oposición al motivo 
de la demanda que lo denuncia. Y, por último, niega que los informes aludidos en la 
demanda  sean,  en  sentido  estricto,  informes  de  «organismos  internacionales», 
destacando que el llamado «informe del relator de la asamblea parlamentaria Consejo de 
Europa sobre la situación de los defensores de derechos humanos» es un memorándum 
preliminar del diputado que lo suscribe que ni siquiera ha sido votado en la asamblea 
parlamentaria. Y respecto a la opinión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, 
invocado ya en el proceso, trae lo dicho en el auto del Tribunal Supremo de 21 de junio 
de 2019, que sitúa tal opinión como criterio de un grupo puramente auxiliar e informativo 
de eventuales y futuros posicionamientos o declaraciones generales del Consejo de 
Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas;  y  advierte  que  tampoco  es  un  examen 
definitivo, porque la abogacía del Estado ha solicitado su revisión por concurrir causa de 
abstención en los miembros del grupo.
El  partido  político  Vox  niega  de  forma  conjunta  la  existencia  de  las  distintas  e.
vulneraciones de derechos aducidas en la demanda apelando a la afectación al orden  w.b
pdúeb llEoicsl o fi dsyec larael  ucrehncoidhsaa dfzu apn odlalaí tqmicuaee nyjat at eqlerusrei t odaretiarli lb.dueyme aunndaa nfintea liad alod  illaerggíoti mdae la p troodcaess ola sp erensatlr icyc ieonn elas   2021-1130n https://w
sllaemntaenndcoia  lad eaftienniticviaó na ssoí bcroem eol  ceal rpáactrearle glilsombaol  cdoenl  meol tcivaos,o q Ruea schaalidfi cHa acsoamnoo v«. unCao emspieencziea 
de enmienda a la totalidad de la causa penal», y el hecho de que fue suscitado en su
momento –aunque no bajo la invocación del art. 18 CEDH– al cuestionar la utilización del 
proceso penal para fines ajenos a sus principios legitimadores [fundamento de Derecho 
A) apartado 2.1, págs. 63 y 64] y contestado en la sentencia impugnada (apartado 2.3, 
págs. 67 y 68). A continuación argumenta en un cuádruple sentido para defender la 
desestimación de la queja.
(i)  Advierte que, a pesar de la invocación de diversos preceptos del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, no le corresponde al Tribual Constitucional examinar su 
observancia, como ha reiterado la doctrina constitucional, sino el respeto o la lesión de 
los derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, que, eso sí, deben 
ser  interpretados  de  conformidad  con  esos  preceptos  convencionales  en  virtud  del 
mandato del art. 10.2 CE.
(ii)  Conforme a la jurisprudencia europea, el art. 18 CEDH no reconoce un derecho 
fundamental, sino que es una garantía de derechos, una cláusula de cierre relacional 
dependiente de la invocación de uno o varios derechos, que supone, en todo caso, una 
imputación  muy  seria  que  solo  puede  ser  probada  si  la  autoridad  se  mueve 
exclusivamente por razones ilícitas. Descartadas las vulneraciones de los derechos en 
cuestión, tanto por resoluciones del propio Tribunal Constitucional sobre la invocación del 
art. 17.1 CE para cuestionar la prisión provisional (STC 30/2019) como con base en los 
argumentos dados en su propio escrito de alegaciones, el fiscal considera que debe 
desecharse el fundamento de los argumentos vertidos en este motivo del recurso.
(iii)  Respecto a los puntos de conexión con el caso Rashad Hasanov que afirma la 
demanda, opone que las alegaciones sobre las afirmaciones puntuales del discurso del 
fiscal general en 2016 no se trascriben con arreglo a la realidad, habiéndose ocupado en 
él de significar la función primaria que la Constitución asigna al Ministerio Fiscal en su 
art. 124. Tampoco comparte que se califique a la Audiencia Nacional o al Tribunal 
Supremo como tribunales especiales, excepcionales o parciales ni a los agentes de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han actuado en funciones de policía 
judicial o genérica como «cuerpos policiales especiales». Y alerta de que lo que se 
califica de informes de «organismos internacionales», no lo son en sentido estricto, con 
argumentos coincidentes con los manejados por el abogado del Estado en tal sentido, y 
de que todos, salvo el de Amnesty International, son previos a la sentencia impugnada, 
de modo que difícilmente pueden servir de parámetro para sostener que la condena, 
entonces desconocida, vulnera derechos del Convenio.
(iv)  El fiscal recuerda por último que «ni en nuestro sistema constitucional ni en 
nuestro ordenamiento jurídico existe prohibición o limitación alguna para sostener tesis 
independentistas en los distintos territorios del Estado, ni para constituir partidos políticos 
que acojan un ideario independentista, ni para su expresión pública individual o colectiva, 
lo que resulta de toda evidencia, dada la ideología de los partidos políticos a los que 
pertenecen  buena  parte  de  los  condenados  y  con  los  que  muchos  de  ellos  han 
concurrido con éxito a las elecciones al Parlamento Europeo y las Cortes Generales, 
partidos que despliegan su actividad sin ningún tipo de cortapisa dentro y fuera del 
correspondiente arco parlamentario. No existe persecución política ni penal alguna del 
independentismo. El recurrente podría haber defendido la pertinencia, la conveniencia o 
la aspiración de conseguir la independencia de Cataluña sin cometer hecho calificado de 
delito  alguno  a  través  de  los  cauces  que  el  ordenamiento  jurídico  prevé  para 
propugnarlo. La propia existencia de un movimiento independentista catalán, apoyado 
por sectores amplios de la sociedad catalana, que se manifiesta cada vez que lo estima 
conveniente en defensa de sus postulados ideológicos muestra bien a·1as claras que  e.
dicha ideología no es objeto de persecución ni de trato discriminatorio de ninguna índole,  w.b
Enis tpaodro »e.l Tribunal Supremo ni por ninguna otra instancia judicial ni poder público del  2021-1130n https://w
11.2  Pronunciamientos del órgano judicial.
La defensa del señor Cuixart encabezó sus alegaciones de vulneración de derechos 
fundamentales  en  las  cuestiones  previas  con  la  consideración  global  de  que  la 
salvaguardia  de  la  indisolubilidad  territorial  española  ha  determinado  un  clima  de 
excepcionalidad jurídica que margina los derechos fundamentales. A esta queja de un 
«contexto de vulneración de derechos fundamentales» responde el Tribunal Supremo en 
los puntos 2.2 y 2.3 del fundamento A) «vulneración de derechos fundamentales» de la 
sentencia  impugnada,  sin  perjuicio  de  que  sea  asimismo  pertinente  atender  a  lo 
respondido por la sala de forma individual a las específicas denuncias de lesión de 
distintos derechos en los puntos siguientes, contenido que hemos expuesto en los 
fundamentos anteriores de esta resolución al hilo del examen de los correspondientes 
motivos de amparo.
En el punto 2.2 aludido la sala recuerda, con carácter previo, que la protección de la 
unidad territorial no es una extravagancia de nuestro sistema constitucional, sino una 
previsión constitucional habitual, protegida incluso con mayor rigor que en la Constitución 
española, como acreditan las múltiples referencias de derecho comparado que recoge. Y 
en el apartado 2.3 rechaza la denuncia, a la que opone que:
«Lo que la defensa del señor Cuixart denomina una sobreprotección de la unidad 
territorial no fue sino la legítima actuación de dos órganos jurisdiccionales –Juzgado de 
Instrucción núm. 13 de Barcelona y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– para la 
investigación  y  enjuiciamiento  de  unos  hechos  que,  en  el  plano  indiciario  que  se 
corresponde  con  el  momento  inicial  de  cualquier  investigación,  presentaban  los 
caracteres de delito. Esa actuación judicial no puede ser etiquetada como una reacción 
llamada a desbordar el Estado democrático de Derecho. Tampoco lo fueron las acciones 
promovidas por el Ministerio Fiscal. Ninguna anomalía democrática se esconde en el 
hecho de que los poderes del Estado, respetando sus respectivos espacios funcionales, 
pongan en marcha los mecanismos institucionales para la defensa de los valores propios 
de  una  sociedad  democrática.  Las  órdenes  impartidas  por  el  fiscal  o  un  órgano 
jurisdiccional  a  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del  Estado  nunca  pueden  ser 
tomadas  como  la  expresión  patológica  de  una  política  represiva.  Las  decisiones 
judiciales son susceptibles de recurso y los excesos que se cometan en ejecución de lo 
resuelto pueden ser –están siendo– objeto de investigación.
En consecuencia, cuando para el análisis de las posibles vulneraciones de derechos 
fundamentales se arranca de un presupuesto contextualizador que todo lo explicaría, se 
está  incurriendo  en  un  error.  Se  nubla  el  análisis  y  se  convierten  las  legítimas 
actuaciones del Estado en actos represivos llamados a subyugar un pueblo».
El recurrente invocó expresamente el art. 18 CEDH en el motivo del incidente de 
nulidad  de  actuaciones  que  sostiene  la  vulneración  del  derecho  fundamental  a  la 
legalidad penal (arts. 25 CE y 7 CEDH) con repercusión en los derechos fundamentales 
de reunión (arts. 21 CE y 11 CEDH), libertad de expresión (arts. 20 CE y 10 CEDH) y 
libertad ideológica (arts. 16 CE y 9 CEDH) que vincula con la prohibición de abuso de la 
restricción de derechos que contiene tal precepto. No obstante, en el desarrollo del 
motivo no existe alusión alguna a la cláusula del art. 18 CEDH, que tampoco se examina 
expresamente por el Tribunal Supremo en su respuesta desestimatoria del motivo debido 
a que no aprecia las lesiones denunciadas por las razones que se han ido consignando 
en los anteriores fundamentos de nuestra resolución.
11.3  El  art.  18  CEDH:  doctrina  y  práctica  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  oe.
Humanos. 4ww.
A)  Doctrina. 2021-1130n https://w
art. B1a8j o ClEa DrHúb reicsata b«lleimceit aqciuóen  «d[el] alsa  raepslticriaccciióonn edse  qluaes,  reens trliocsc iotnéerms indoes  ddeerel cphroess»e,n teel 
Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más 
que con la finalidad para la cual hayan sido previstas».
La doctrina sobre el significado, alcance y criterios de aplicación del precepto ha sido 
objeto de una importante actualización en la STEDH de 28 de noviembre de 2017, [GS], 
asunto  Merabishvili  c.  Georgia,  donde  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos, 
después de analizar su jurisprudencia previa, profundiza en la interpretación del art. 18 
CEDH para enriquecerla y modificarla en una línea luego seguida en varias resoluciones 
recientes. De manera señalada, abandona la presunción de buena fe de las autoridades 
nacionales de la que partía en su análisis así como la práctica de centrar su examen en 
la existencia de una prueba irrefutable de mala fe (§ 282 a 284, 310 y ss.).
Dado que la alegación es novedosa en este tribunal, resulta necesario detenerse en 
la exposición de la doctrina actual sobre la cláusula del art. 18 CEDH, que presenta los 
siguientes rasgos.
a)  El art. 18 CEDH, cuyo origen vincula el tribunal con la figura del Derecho 
administrativo de la desviación de poder (Merabishvili c. Georgia, 2017, § 306), carece 
de existencia independiente, de modo que solo puede aplicarse de forma conjunta con 
un precepto que establezca un derecho y en tanto no sea un derecho absoluto –como la 
prohibición de la tortura–, sino que admita restricciones (Merabishvili c. Georgia, 2017, § 
287  y  290).  Como  es  sabido,  diversos  preceptos  del  Convenio  no  solo  enuncian 
derechos, sino que expresan también las condiciones en que pueden limitarse. La 
previsión del art. 18 CEDH opera como complemento de esas cláusulas expresas de 
fines que pueden legitimar una injerencia en el derecho en cuestión (Merabishvili c. 
Georgia, 2017, § 283 y 293).
La jurisprudencia europea ha examinado quejas de desviación de poder en relación 
con los arts. 5, 6, 8, 9, 10 y 11 CEDH, o el art. 1 del Protocolo número 1, si bien ha 
constatado una violación del art. 18 CEDH de modo muy predominante en conjunción 
con el derecho a la libertad del art. 5 CEDH (SSTEDH de 19 de mayo de 2004, asunto 
Gusinskiy c. Rusia; de 13 de noviembre de 2007, asunto Cebotari c. Moldavia; de 3 de 
julio de 2012, asunto Lutsenko c. Ucrania; de 30 de abril de 2013, asunto Tymoshenko c. 
Ucrania; de 22 de mayo de 2014, asunto Ilgar Mammadov c. Azerbaiyán; de 17 de marzo 
de 2016, asunto Rasul Jafarov c. Azerbaiyán; de 28 de noviembre de 2017, asunto 
Merabishvili c. Georgia [GS]; de 19 de abril de 2018, asunto Mammadli c. Azerbaiyán; 
de 7 de junio de 2018, asunto Rashad  Hasanov  y  otros  c.  Azerbaiyán;  de 20  de 
septiembre de 2018, asunto Aliyev c. Azerbaiyán; de 15 de noviembre de 2018, asunto 
Navalnyy c. Rusia [GS], § 176; de 9 de abril de 2019, asunto Navalnyy c. Rusia –núm. 
2–; de 7 de noviembre de 2019, asunto Natig Jafarov c. Azerbaiyán; de 10 de diciembre 
de 2019, asunto Kavala c. Turquía; de 13 de febrero de 2020, asunto Ibrahimov y 
Mammadov c. Azerbaiyán, § 158; de 27 de febrero de 2020, asunto Khadija Ismayilova c. 
Azerbaiyán –núm. 2–; de 16 de julio de 2020, asunto Yunusova y Yunusov c. Azerbaiyán 
–núm. 2–; de 22 de diciembre de 2020, asunto Selahattin Demirtaş c. Turquía –núm. 2– 
[GS]; de 18 de febrero de 2021, asunto Azizov y Novruzlu c. Azerbaiyán) y mucho más 
puntualmente en relación con el derecho al respeto a la vida privada y familiar del art. 8 
CEDH (Aliyev c. Azerbaiyán, 2018) y la libertad de reunión y asociación del art. 11 CEDH 
(Navalnyy c. Rusia [GS], 2018).
El carácter relacional del precepto no impide que pueda verse infringido aun cuando 
no haya una vulneración del precepto material, ya que el art. 18 CEDH no se limita a 
aclarar el alcance las cláusulas de restricción recogidas en los arts. 8 a 11 CEDH o en el 
art. 5.1 CEDH, sino que prohíbe expresamente la limitación de los derechos para fines  e.
no previstos en el Convenio; y, en tal medida, es autónomo (Merabishvili c. Georgia, §  w.b
C28E8D;b HA) ,l iyEaeluv en cx .a cAmuzaeennrdb aoad iyicnáiono ,n 2acu0l om1 8pp,ol a§r   1st9eo8pd,ao yrsa  Ndlooas vd aelrn euyqnyua ic s.ri etRossutr sicifaicj ai[óGdnoS sd] ,e 2sed0ne1  8llaa,   §óc p1ot6ricr4ea)s. dpeoln adrite. n1t8e   2021-1130n https://w
ddeis puonsaic iiónnje sreunsctaian tdiveas yv ialad ma eddei dlaa ss efian,a pliodra tdaenst oc, oilnevgeítnimciao,n saolelos  ssee  juesrtigifiec ae sni  luan d aesnpuencctioa 
fundamental del caso (Merabishvili c. Georgia [GS], 2017, § 291; Navalnyy c. Rusia [GS],
2018, § 164; Kavala c. Turquía, 2019, § 198; Ibrahimov y Mammadov c. Azerbaiyán, 
2020, § 150). No será así si las alegaciones son esencialmente las mismas que las que 
defienden la indebida injerencia en el derecho desde el precepto sustantivo en cuestión, 
dado que la cuestión se examina desde ese prisma (STEDH de 19 de noviembre 
de 2019, asunto Razvozzhayev c. Rusia y Ucrania y Udaltsov c. Rusia, § 305).
c)  Una finalidad ulterior es una finalidad que no está estipulada por el precepto 
pertinente del Convenio y que es diferente de la proclamada por las autoridades (o la 
que puede inferirse razonablemente del contexto) (Merabishvili c. Georgia [GS], 2017, § 
292; STEDH de 31 de mayo de 2011, Khodorkovskiy c. Rusia, § 255; Lutsenko c. 
Ucrania,  2012,  §  106;  Timoshenko  c.  Ucrania,  2013,  §  294;  Ilgar  Mammadov  c. 
Azerbaiyán, 2014, § 137; Rasul Jafarov c. Azerbaiyán, 2016, § 153).
En la jurisprudencia europea se ha examinado la alegación sobre fines ulteriores (i) 
de  intimidación  y  presión  para  obtener  información  u  otras  ventajas  (por  ejemplo, 
Gusinskiy c. Rusia, 2004, § 76; Cebotari c. Moldavia, 2007, § 53; Merabishvili c. Georgia 
[GS], 2017, § 353); (ii) de castigo, silenciamiento y/o impedimento de actividades (por 
ejemplo, Lutsenko c. Ucrania, 2012, § 109; Tymoshenko c. Ucrania, 2013, § 299; Rasul 
Jafarov c. Azerbaiyán, 2016, § 162; Mammadli c. Azerbaiyán, 2018, § 104; Rashad 
Hasanov y otros c. Azerbaiyán, 2018, § 125; Natig Jafarov c. Azerbaiyán, 2019, § 70; 
Kavala c. Turquía, 2019, § 232; o Ibrahimov y Mammadov c. Azerbaiyán, 2020, § 157); 
(iii) de motivación política y/o económica subyacente al proceso penal y ulteriores (por 
ejemplo, Khodorkovskiy c. Rusia, 2011, § 254; SSTEDH de 20 de septiembre de 2011, 
asunto OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Rusia, § 665; de 25 de julio de 2013, 
asunto Khodorkovskiy y Lebedev c. Rusia, § 889; Merabishvili c. Georgia [GS], 2017, § 
332; SSTEDH de 10 de octubre de 2019, asunto Batiashvili c. Georgia, § 101 a 103, o 
de 4 de julio de 2019, Korban c. Ucrania, § 203), y (iv) de supresión del pluralismo 
político (Navalnyy c. Rusia [GS], 2018, § 175, y Navalnyy c. Rusia –núm. 2–, 2019, § 98).
d)  Las  restricciones  de  derechos  pueden  obedecer  a  una  sola  finalidad  no 
contemplada  en  la  norma  convencional  aplicable,  pero  es  posible  también  que 
respondan tanto a un propósito ulterior como a uno previsto en el Convenio, supuesto en 
el que corresponde determinar la finalidad predominante (Merabishvili c. Georgia [GS], 
2017, § 292 y 309). En tal caso, ni la mera presencia de una finalidad no comprendida en 
la cláusula convencional de restricción determina la infracción del art. 18 CEDH, ni la 
constatación de que la restricción persigue una finalidad dispuesta en el Convenio 
excluye necesariamente la infracción del art. 18 CEDH (Merabishvili c. Georgia [GS], 
2017, § 303-304). Resulta decisivo fijar la finalidad predominante, que se define como 
aquella  que  realmente  impulsó  a  las  autoridades  y  fue  el  objetivo  principal  de  su 
actuación (Merabishvili c. Georgia [GC], 2017, § 303; Navalnyy c. Rusia [GS], 2018, § 
165, y Korban c. Ucrania, 2019, § 211 a 213). Si tal propósito predominante es el fin 
ulterior,  aun  cuando  la  restricción  persiga  también  un  objetivo  compatible  con  las 
previsiones del Convenio, habrá violación del art. 18 CEDH, porque la finalidad prevista, 
aunque esté presente, es una mera cobertura o tapadera (simply a cover) que permite a 
las  autoridades  alcanzar  un  propósito  ajeno,  que  era  el  objetivo  primordial  de  su 
actuación. Por el contrario, si el fin contemplado en el Convenio era el principal, el que 
verdaderamente movía a las autoridades, aunque también quisieran obtener algún otro 
provecho, la restricción no es contraria al art. 18 CEDH (Merabishvili c. Georgia [GC], 
2017, § 305 y 318; Navalnyy c. Rusia [GS], 2018, § 165, y Korban c. Ucrania, 2019, § 
211 a 213).
e)  La existencia de un propósito ulterior y si fue la finalidad predominante se infiere  s
de todas las circunstancias del caso, admitiéndose tanto prueba directa como indiciaria,  oe.
a la que se aplica el estándar de prueba común ante el tribunal europeo. No se aplica ya  w.
lseaus ptpruirceetossu.t anE cnfiió nlnaa l igvdaealndoe raruacltli eódrnieo  srb euy a etsnieean  tdfieee n daee   lapla rnesa saetuunrttaoelr eidqzaaud eye  see ll  ngCarcoaindovone adnleeios   refnupi eruo ncc hoeansbcteiálibndidadador   dpmea árlaas    2021-1130n https://w
mEsatnatdeon edre  yD perroemchoov e(Mr leorsa bidisehavleilis c y.  Gvaeloorrgeisa  d[GeS u],n a2 0s1o7c,i e§d 3a0d7 d ye m31o0c;r áNtiacvaa rlneygyid ca.  pRours eial   BOE-A-cable e
[GS], 2018, § 165; Korban c. Ucrania, 2019, § 214, y STEDH de 13 de abril de 2021, 
ASUNTO Ahmet Hüsrev Altan c. Turquía, § 236). Se examina el impacto de la restricción 
impugnada y el alcance de la gravedad de la finalidad ulterior que se denuncie. En 
particular, si la medida afecta solo al solicitante o a sus compañeros activistas o a sus 
apoyos o a la esencia misma de la democracia como sistema de organización de la 
sociedad en la que la libertad individual solo puede limitarse en aras del interés general 
(Navalnyy c. Rusia [GS], 2018, § 173 a 174; Natig Jafarov c. Azerbaiyán, 2019, § 69, y 
Kavala c. Turquía, 2019, § 231).
En  situaciones  continuadas  o  ante  restricciones  reiteradas,  las  finalidades  que 
motivan la limitación pueden variar y, con ello, la valoración de la finalidad predominante, 
por lo que debe revisarse cuál es esa finalidad a lo largo del tiempo (Merabishvili c. 
Georgia [GS], 2017, § 308 y 351, y Navalnyy c. Rusia [GS], 2018, § 171).
B)  Panorama aplicativo.
En aplicación de la doctrina expuesta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
apreciado la vulneración del art. 18 CEDH de forma prácticamente exclusiva en relación 
con privaciones cautelares de libertad ilegítimas en tanto que no concurría ninguna de 
las causas de restricción que arbitra el art. 5.1 CEDH, que, además, considera motivadas 
únicamente por el fin ulterior ilegítimo. Se afirma así una doble vulneración: una primera 
lesión  del  derecho  a  la  libertad  por  no  concurrir  los  requisitos  del  art.  5.1  CEDH, 
señaladamente, la ausencia de indicios racionales de comisión de un delito, y, debido a 
que se aprecia una finalidad ulterior ilegítima, una adicional violación del art. 5 CEDH en 
relación con el art. 18 CEDH.
En estos supuestos, el tribunal deshace la aparente concurrencia de fines legítimos e 
ilegítimos, rechazando la presencia del primero, que, a la postre, no sería más que una 
finalidad aparente y no real. Descarta que las razones aducidas por las autoridades para 
la detención o la prisión provisional correspondan a las finalidades a las que condiciona 
el Convenio tales medidas restrictivas de la libertad, bien por invocarse motivos distintos 
de los consignados en el art. 5 CEDH (Lutsenko c. Ucrania, 2012, § 63 a 65 y 67 a 72; 
Tymoshenko c. Ucrania, 2013, § 269 a 271; Navalnyy c. Rusia [GS], 2018, § 71, y 
Navalnyy c. Rusia –núm. 2–, 2019, § 93), bien porque los motivos aparentemente 
idóneos relativos a la posible comisión de un delito no están presentes, ya que no existía 
fáctica –ausencia de indicios– o jurídicamente –ausencia de tipicidad– una sospecha 
razonable de comisión de un delito, tal y como exige el art. 5.1 c) CEDH (Cebotari c. 
Moldavia, 2007, § 52; Ilgar Mammadov c. Azerbaiyán, 2014, § 100; Rasul Jafarov c. 
Azerbaiyán, 2016, § 133; Mammadli c. Azerbaiyán, 2018, § 96; Rashad Hasanov y otros 
c.  Azerbaiyán,  2018,  §  119;  Aliyev  c.  Azerbaiyán,  2018,  §  164;  Natig  Jafarov  c. 
Azerbaiyán, 2019, § 68; Kavala c. Turquía, 2019, § 218; Ibrahimov y Mammadov c. 
Azerbaiyán, 2020, § 149; Khadija Ismayilova c. Azerbaiyán –núm. 2–, 2020, § 111; 
Yunusova y Yunusov c. Azerbaiyán –núm. 2–, 2020, § 185, y Selahattin Demirtaş c. 
Turquía –núm. 2– [GS], 2020, § 340). La injerencia, en definitiva, a la vista de las 
circunstancias, solo responde a un propósito ulterior impropio o desviado, que se infiere 
precisamente, entre otros indicios, de esa ausencia de la finalidad convencional de la 
detención o prisión preventiva.
También en los puntuales casos en los que el Tribunal de Estrasburgo ha declarado 
el carácter desviado de la limitación de otros derechos, lo hace tras haber apreciado 
previamente la vulneración del correspondiente precepto material por ausencia de la 
finalidad convencional afecta. En el asunto Aliyev c. Azerbaiyán, 2018, constató la  e
violación del derecho al respeto a la vida privada y familiar del art. 8 CEDH respecto al  bo
registro e incautación en el domicilio y oficina del demandante, que no había perseguido  4w
sniilnegnucniaor  yd ec alossti gfainr easl  dleegmítaimnodsa ndtee l paorrt .s u8 .c2o CmEpDroHm i(s§o  1y8 a7c),t ivsidoalod  lpao fliíntiacalid ya dd eu litmerpioerd irdlee   2021-1130n https://w
ldleev raerulan iaó nc ayb aos o(§c ia2c1i5ó)n.  Edenl  ealr tc. a1s1o C NEaDvHal npyoyr  scí.  sRoulas iase [ GapSr]e, c2ió0 1r8e,s plae cletos ióan d odse  slaa nlicbieorntaeds 
que no solo resultaban desproporcionadas sino ajenas a los fines a los que el art. 11.2
CEDH vincula las restricciones del derecho, lo que, dada la finalidad ulterior de eliminar 
el  pluralismo  político,  inferida  del  contexto  político  amplio,  condujo  a  constatar  la 
violación del art. 18 en conexión con el art. 11 CEDH.
Al habitual patrón de restricción de derechos en atención exclusivamente a una 
finalidad ulterior impropia pertenece el caso Rashad Hasanov y otros c. Azerbaiyán 
(STEDH de 7 de junio de 2018) invocado en la demanda como modelo de vulneración 
susceptible de ser proyectado a la actuación de los poderes públicos en la causa penal 
contra el recurrente. El asunto se inserta en una serie de condenas a Azerbaiyán en las 
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos percibe un patrón de abuso de poder en 
atención a la práctica reiterada de arrestos y detenciones arbitrarias de críticos del 
gobierno, activistas de la sociedad civil, políticos de la oposición y defensores de los 
derechos  humanos  y  aprecia  el  propósito  ulterior  de  silenciar  o  castigar  a  los 
demandantes  por  sus  actividades  e  impedirlas.  En  el  asunto  Rashad  Hasanov  en 
particular, los demandantes eran activistas de la sociedad civil y miembros de la junta 
directiva de la ONG NIDA, uno de los movimientos juveniles más activos de Azerbaiyán, 
que había estado detrás de repetidas protestas contra el gobierno, y habían participado 
activamente, junto con otros miembros de la ONG, en la organización y realización de 
protestas pacíficas contra la muerte de soldados azerbaiyanos en situaciones de no 
combate.  Tres  días  antes  de  una  de  las  manifestaciones  programadas,  algunos 
miembros de NIDA fueron detenidos y acusados de posesión de drogas y cócteles 
molotov (terrorismo). La fiscalía general y el Ministerio de Seguridad Nacional afirmaron 
en un comunicado de prensa conjunto que los miembros de NIDA detenidos habían 
participado  activamente  en  una  serie  de  actividades  ilegales  de  la  organización  y 
planeaban  incitar  a  la  violencia  y  a  los  disturbios  civiles.  El  comunicado  también 
denunciaba los intentos ilegales de socavar la estabilidad sociopolítica del país por parte 
de algunas fuerzas radicales destructivas. Unos días más tarde, los demandantes fueron 
puestos en prisión preventiva y acusados de obtener ilegalmente los cócteles molotov y 
de  organizar  su  almacenamiento  en  los  pisos  de  miembros  de  NIDA  previamente 
detenidos. El tribunal europeo consideró primero que se había violado el art. 5.1 CEDH 
por sí solo, ya que las autoridades de la acusación nunca mostraron información o 
prueba alguna que demostrara que los demandantes tuvieran alguna relación con los 
cócteles  molotov  en  cuestión  y  que,  por  lo  tanto,  proporcionara  una  «sospecha 
razonable» para justificar su arresto y detención. En ausencia de tal sospecha y en el 
contexto general de una represión de la sociedad civil en Azerbaiyán ya apreciada en 
otras ocasiones y las detenciones de otros activistas, la corte concluyó asimismo que el 
objetivo real de la detención de los demandantes era silenciarlos y castigarlos por su 
actividad social y compromiso político y sus actividades en NIDA y que, por lo tanto, 
hubo una violación del art. 18 CEDH en relación con el art. 5 CEDH (§ 122 a 125).
Por último, hay que puntualizar que, como se ha expuesto, el tribunal europeo admite 
conceptualmente una lesión del art. 18 CEDH desligada de la vulneración autónoma del 
derecho en cuestión, pero el repaso por la jurisprudencia pertinente muestra que solo 
excepcionalmente se ha apreciado la compatibilidad de la prisión preventiva con el 
art. 5.1 CEDH y, sin embargo, declarado la violación del art. 18 CEDH en conjunción con 
el art. 5 CEDH en tanto que la finalidad predominante no era llevar al preso ante una 
autoridad judicial, sino coaccionarle para que vendiera unas acciones (STEDH de 19 de 
mayo de 2004, asunto Gusinskiy c. Rusia, § 76) o proporcionara información sobre otras 
investigaciones (Merabishvili c. Georgia, § 353) o castigarle y silenciarlo como miembro 
de una ONG por su participación activa en las manifestaciones celebradas contra el  s
gobierno (Azizov y Novruzlu c. Azerbaiyán, § 79). Pero incluso en estos dos últimos  oe.
casos existe un mantenimiento de la detención que deja de ser regular y se vincula la  w.
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demandante (§ 206 a 28, 229 a 230). Sin embargo, como se trata de una situación 
continuada sometida a permanente revisión, aprecia que la prisión devino ilegítima en su 
prolongación y, por ello, lesiva del art. 5.3 CEDH, al no justificarse el mantenimiento por 
los riesgos para el proceso por los que se había acordado (§ 234 a 235), y finalmente 
sirvió a una finalidad ulterior impropia tras decaer la base inicial que justificó la medida (§ 
352), como era obtener información sobre otras investigaciones (§ 353). En el asunto 
Azizov y Novruzlu c. Azerbaiyán, se da la circunstancia de que el tribunal no pudo 
analizar la vulneración del art. 5.1. CEDH por no haberse cuestionado la detención 
preventiva por los demandantes en la jurisdicción nacional (§ 70), pero infirió la conexión 
predominante de la prisión con el fin espurio del encaje del caso en el patrón de abuso 
de poder antes descrito respecto al caso Rashad Hasanov y otros c. Azerbaiyán, que 
aludía a detenciones y prisiones arbitrarias dada la ausencia de sospechas razonables 
de comisión de un delito como finalidad legítima de la detención (§ 76 a 77) y de la 
prolongación injustificada de la medida lesiva del art. 5.3 CEDH (§ 78).
En suma, no se afirma, por tanto, que la sola finalidad desviada de la medida 
restrictiva acredite la violación del art. 18 CEDH en conexión con el art. 5 CEDH a pesar 
de existir una restricción de la libertad conforme con los requisitos de tal precepto, sino 
que la relevancia de la desviación se debe en gran medida a la previa existencia de una 
situación privativa de libertad ilícita o que ha devenido ilícita, que se constata, a su vez, 
por la presencia de una finalidad ulterior, poniendo de relieve un juicio global sobre la 
orientación teleológica de la medida.
11.4  Resolución de la queja.
11.4.1  Encuadramiento y sentido constitucional de la queja.
Antes de resolver el motivo debe hacerse una doble precisión sobre el objeto y 
contenido impugnativo de la queja a partir de un doble recordatorio sobre la incidencia 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el examen constitucional que incumbe 
a este tribunal.
(i)  El primero de esos recordatorios es que, aun cuando en la demanda se invoquen 
como lesionados los arts. 5, 6, 7 y 11 CEDH en relación con el art. 18 CEDH, «no le 
corresponde a este tribunal, al conocer un recurso de amparo, examinar la observancia o 
inobservancia, per se, de textos internacionales que obliguen a España, sino comprobar 
el respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos 
fundamentales  y  libertades  públicas  susceptibles  de  amparo  (arts.  53.2  CE  y  49.1 
LOTC), sin perjuicio de que, por mandato del art. 10.2 CE, tales preceptos deban ser 
interpretados de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y con 
los  tratados  y  acuerdos  internacionales  sobre  las  mismas  materias  ratificados  por 
España» (SSTC 107/2005, de 9 de mayo, FJ 3; 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2; 
126/2009, de 21 de mayo, FJ 3; 66/2011, de 5 de mayo, FJ 2, y 138/2012, de 20 de junio, 
FJ 3, entre muchas).
(ii)  El segundo, que el tribunal ha destacado de manera específica que el art. 10.2 
CE respalda la incorporación a la jurisprudencia constitucional del método de análisis de 
las limitaciones a los derechos que emplea el Tribunal de Estrasburgo. «Desde nuestras 
primeras resoluciones (vid.  STC 62/1982) hasta las más recientes (vid. especialmente, 
SSTC 55/1996 y 161/1997) hemos consagrado el principio de proporcionalidad como un 
principio general que puede inferirse a través de diversos preceptos constitucionales (en 
especial, de la proclamación constitucional del Estado de Derecho en el art. 1.1 CE y de  e.
la referencia del art. 10.2 C.E. a los arts. 10.2 y 18 del Convenio europeo para la  w.
pcdoreon lttoeescn cdidióeonr,e  dcsheeo  lseo rsfiu gdneed reaenmc heloínmsta itfleue nsdd ceao mntoesdtniattua ylienesj e uryne anla csriea lg ibleaes rdttaaetd aienl stee nprp úrlboelstiac acmisói)sn my q oqusue,e,  ,ip neocnro  srepulo  ámraminsbdmiotoo,    2021-1130n https://w
iFnJc l7u)s.o frente a la ley, exigencias positivas y negativas» (STC 49/1999, de 5 de abril,  BOE-A-cable e
De acuerdo con tales criterios, debe hacerse la anunciada doble precisión.
a)  La primera concierne a los términos impugnativos del recurso de amparo. La 
queja  debe  entenderse  referida  a  los  preceptos  constitucionales  que  reflejan  los 
contenidos iusfundamentales de las normas convencionales invocadas, esto es, los 
derechos a la libertad, a un proceso con todas las garantías, a la legalidad penal y de 
reunión. En definitiva, a los arts. 17, 24.2, 25.1 y 21 CE, cuya infracción, por lo demás, 
viene denunciando el recurrente a lo largo de toda la causa penal. Sin perjuicio de que 
sea el derecho a la libertad y, por tanto, el art. 17 CE, el principalmente concernido, como 
subraya la demanda expresamente y se sigue de la doctrina europea invocada, relativa 
al art. 5 CEDH, desde el inicial momento en el que se acordó la prisión provisional hasta 
el resultado condenatorio y la responsabilidad penal que fija.
b)  La segunda atañe al significado constitucional de la previsión del art. 18 CEDH. 
La función hermenéutica fundamental atribuida en el art. 10.2 CE al Convenio europeo 
de derechos humanos puesta en relación con el carácter relacional del art. 18 CEDH y 
su  comprensión  en  la  doctrina  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  como 
cláusula de complemento y de garantía de las singulares cláusulas habilitadoras de la 
restricción de derechos –de limitación de las limitaciones de los derechos–, permite 
vincular sin mayores dificultades la prohibición de uso desviado de las restricciones de 
derechos con la exigencia constitucional de supeditar toda injerencia en los derechos 
fundamentales a la persecución de un fin legítimo con el que la actuación del poder 
público debe mostrarse congruente. El hecho de que nuestra Constitución no contenga 
un precepto análogo al art. 18 CEDH en relación con las limitaciones de los derechos 
fundamentales, aunque sí proclama el sometimiento de la actuación administrativa a los 
fines  que  la  justifican  (art.  106  CE),  en  modo  alguno  supone  que  ese  criterio 
interpretativo de la legitimidad de las medidas restrictivas y su función de cláusula de 
garantía de los derechos no opere en nuestro ordenamiento constitucional.
En efecto, hemos reiterado que la existencia de una previsión legal, la justificación 
por un fin legítimo y el juicio de proporcionalidad resultan exigencias imprescindibles 
para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales en 
orden a evitar un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos que la Constitución 
garantiza (SSTC 62/1982, de 15 de octubre, FJ 5; 66/1985,de 23 de mayo, FJ 1; 
19/1988, de 16 de febrero, FJ 8; 85/1992, de 8 de junio, FJ 5; 50/1995, de 23 de febrero, 
FJ 7; 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3; 136/1999, de 20 de julio, FJ 22; 60/2010, de 7 de 
octubre, FJ 7, y 96/2012, de 7 de mayo, FJ 10). Una medida que restringe derechos, 
directa o indirectamente, está sujeta a un canon de control que, aunque no se agota en 
ellos  (art.  53.1  CE),  comprende  la  satisfacción  por  parte  de  la  medida  de  dos 
presupuestos de constitucionalidad, la persecución de una finalidad constitucionalmente 
legítima y el cumplimiento del principio de proporcionalidad, cuya verificación exige, 
conforme a nuestra doctrina, comprobar sucesivamente que la medida es susceptible de 
conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), resulta necesaria en tanto no existe 
otra medida menos restrictiva e igualmente eficaz (juicio de necesidad), y es ponderada 
o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas que perjuicios (juicio de 
proporcionalidad  en  sentido  estricto)  (entre  muchas,  SSTC  207/1996,  de  16  de 
diciembre, FJ 4; 49/1999, de 5 de abril, FJ 7; 136/1999, de 20 de julio, FJ 23; 159/2009, 
de 29 de junio, FJ 3; 86/2006, de 27 de marzo, FJ 3; 206/2007, de 24 de septiembre, 
FJ 6; 60/2010, de 7 de octubre, FJ 9,; 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 2, y 56/2019, 
de 6 de mayo, FJ 5).
El  primero  de  los  dos  presupuestos  aludidos  obliga  a  la  persecución  de  fines  e.
legítimos, pasando acto seguido a valorarse si la medida restrictiva resulta funcional para  w.b
ttparaibl sufoinnsa,  lp drveái cnmtcicuoaldómo  eeqnl uteae r tsl.ai n 1 j8us ostCluifEicciDaócnHi ó dnce o tnec olelnaotslión gugiiacdraaa dnd.t eíYa asla  sef rnem nleated  tideaam slpa rtsar anlnaims iSittaaT cCpioo n6r e2es/1s 9od8se 2 d,l ooessl    2021-1130n https://w
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injerencia se estratifica en la previsión abstracta de la fuente de restricción y la efectiva
orientación de la medida a la finalidad habilitante, que no solo requiere funcionalidad 
respecto al propósito legítimo, sino la armonía, congruencia o correspondencia entre los 
medios  utilizados  y  la  finalidad  perseguida  atendidas  todas  las  circunstancias 
[SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4, y 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6 c)]. Solo 
ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga al definir cada derecho 
o ante los que de manera mediata o indirecta de la misma se infieran al resultar 
justificados  por  la  necesidad  de  preservar  otros  derechos  constitucionalmente 
protegidos, pueden ceder los derechos fundamentales (SSTC 120/1990, de 27 de junio, 
FJ 8, y 37/2011, de 28 de marzo, FJ 4).
Se trata de un planteamiento y un esquema metodológico con evidentes similitudes 
al empleado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando revisa las medidas 
restrictivas de derechos, en el que verifica que la medida tiene cobertura legal, persigue 
un fin legítimo y es necesaria en una sociedad democrática para alcanzar ese objetivo, y 
con el carácter relacional del propio art. 18 CEDH como recordatorio y ocasión específica 
para verificar la concordancia de fines. Conforme muestra la doctrina y las resoluciones 
del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  expuestas,  también  la  jurisprudencia 
europea relaciona el lugar del art. 18 CEDH en el esquema general del Convenio con las 
cláusulas de restricción convencionales y la evaluación de que la injerencia persigue un 
objetivo legítimo, donde, desde la flexibilidad interpretativa y el respeto al amplio margen 
de  apreciación  que  se  reconoce  a  los  Estados,  incidiría  el  art.  18  CEDH  con  la 
prohibición de restricciones adoptadas para satisfacer una finalidad predominante –no 
meramente  concurrente–  distinta  de  las  convencionales.  La  cláusula,  más  allá  de 
determinar  formalmente  la  violación  del  art.  18  CEDH,  materialmente  refuerza  o 
complementa el examen sobre la orientación y congruencia teleológica de las medidas 
limitadoras de derechos con ocasión del examen en virtud de las concretas disposiciones 
sustantivas del Convenio. La garantía que se presenta como complementaria y adicional 
en el art. 18 CEDH y que refuerza la exigencia de estricta sujeción al objetivo legítimo 
que dispone el Convenio para las restricciones de derechos se corresponde así con la 
exigencia de congruencia estricta con el fin constitucionalmente legítimo como condición 
de constitucionalidad de toda medida restrictiva de derechos fundamentales.
En suma, en el análisis constitucional que nos es propio, esta suerte de «prohibición 
de  desviación  de  poder»  opera  como  exigencia  de  verificar  en  concreto,  ante  un 
panorama indiciario de una posible finalidad ulterior oculta y en atención a todas las 
circunstancias del caso, que la restricción iusfundamental sirve a la finalidad legítima que 
en abstracto la permite y no a otra impropia. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de 
Derechos humanos en sus razonamientos conecta la violación del art. 18 CEDH con la 
previa vulneración del derecho –por sí solo– en términos que llevarían también a este 
tribunal  a  declarar  el  menoscabo  del  derecho,  pues  apreciar  que  la  restricción 
(normalmente  la  privación  de  libertad)  obedece  principalmente  al  propósito  ulterior 
impropio implica la ausencia de una finalidad legítima o, cuando menos, el decaimiento 
de tal finalidad. En ambos casos, en definitiva, la presencia de un objetivo legítimo en 
sentido propio y no como mera cobertura o tapadera impide apreciar una lesión del 
derecho en cuestión, debiéndose continuar, en su caso, con el examen de la necesidad y 
la proporcionalidad de la medida.
De acuerdo con lo razonado, el presente motivo de amparo obliga a revisar la 
legitimidad de las restricciones de derechos cuestionadas desde la perspectiva de los 
objetivos  que  las  han  determinado,  para  verificar,  en  atención  a  una  visión 
contextualizada, si se corresponden con los fines constitucionalmente legítimos que el  s
ordenamiento persigue con ellas o existe una finalidad impropia a la que obedecen de  oe.
forma predominante. w.
11.4.2  Análisis de la queja. 2021-1130n https://w
caus1a1 .p4e.2n.a1l  coInne fxinisatelidnacdia  pdoelí tliacsa .vulneraciones de derechos alegadas y, con ello, de una
El demandante defiende que la causa penal, incluida la prisión provisional y la 
condena, ha tenido como fin castigarle junto con la entidad Òmnium Cultural por su 
activismo político, social y cultural con el fin de provocar el fin de las protestas en apoyo 
de la independencia y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de modo que la 
prisión provisional vulneró el art. 5 CEDH y el art. 18 CEDH, y la condena los arts. 6, 7 
y 11 CEDH con el art. 18 CEDH. Queja que, en su trasunto a los márgenes de este 
proceso constitucional de amparo, supone la denuncia de que se han lesionado sus 
derechos a la libertad, a un proceso con todas las garantías, a la legalidad sancionadora 
y de reunión por cuanto la injerencia que en tales derechos conlleva la prisión provisional 
y la condena penal no persigue los fines de aseguramiento del proceso penal y de tutela 
de bienes jurídicos que, respectivamente, condicionan su legitimidad, sino una finalidad 
ulterior de represión política.
Es de observar en tal sentido que el último motivo de la demanda trae la esencia del 
planteamiento con que la defensa del recurrente iniciaba sus alegaciones en el juicio oral 
sobre la existencia de múltiples vulneraciones de derechos fundamentales fruto de la 
causa penal, extendida ahora también a la condena, que las asocia con una finalidad 
política de castigar al independentismo en orden a proteger la unidad territorial española 
como  razón  de  esa  lesión  masiva.  Planteamiento  que  también  se  efectúa  en  el 
fundamento  introductorio  de  la  demanda,  donde  bajo  el  título  «la  situación  de 
excepcionalidad  en  materia  de  derechos  fundamentales  en  la  presente  causa»,  se 
anuncia que «intentaremos argumentar como todas y cada una de estas vulneraciones 
son expresiones de una situación de excepción a la regla general, son síntomas de una 
respuesta absolutamente excepcional del sistema institucional del Estado a un conflicto 
de naturaleza política, que ha obviado la totalidad de las garantías penales proclamadas 
en el espíritu constitucional que tanto se dice proteger». Se trata, por tanto, de una 
reiteración de las vulneraciones ya examinadas que se sitúan en este punto bajo el 
prisma de la desviación de poder, esto es, bajo el paraguas de una supuesta finalidad 
real oculta bajo la apariencia formal de la limitación constitucionalmente adecuada de los 
derechos fundamentales.
Hecha la traducción constitucional y contextualización anteriores, nuestro examen 
debe empezar recordando que, a lo largo de los fundamentos precedentes, se han 
descartado motivadamente las vulneraciones de los derechos alegadas por el recurrente. 
El planteamiento circular y repetitivo de la propia demanda, que comienza y termina con 
un cuestionamiento global de la causa penal por su supuesta finalidad política y que 
reitera en cada motivo la conexión de la lesión con el pretendido fin político, ha obligado 
a descartar en el tratamiento de cada una de las denuncias individualizadas de lesión la 
existencia de manipulación en las decisiones judiciales debida a un posicionamiento 
sobre lo que el recurrente llama el conflicto político catalán. En ellos no solo hemos 
constatado que las actuaciones judiciales cuestionadas no han lesionado las garantías 
del proceso debido ni el derecho a la presunción de inocencia, como tampoco se ha 
menoscabado  el  derecho  de  reunión  en  relación  con  el  derecho  a  la  legalidad 
sancionadora  y  el  principio  de  proporcionalidad  penal.  También  hemos  descartado 
específicamente (i) que la competencia del Tribunal Supremo obedezca a la finalidad de 
hurtársela  a  los  tribunales  radicados  en  Cataluña,  que  el  recurrente  considera 
implícitamente más favorables a sus tesis (FJ 4.4); (ii) que los miembros de la Sala de lo 
Penal adolezcan de falta de parcialidad por sus convicciones ideológicas contrarias al 
independentismo que él defiende (FJ 7.4.4.2); (iii) que el procedimiento y la condena 
sancionen su ejercicio legítimo del derecho de libertad de expresión y de reunión en  s
defensa de una ideología política (FJ 9.4.3) y, en fin, (iv) que se haya aplicado un tipo  oe.
penal que castigue la protesta y la movilización ciudadana ayuno de un bien jurídico  w.
cmoenrsDetcieteu dcoiiogrn udaaelli  dlaam dp ardonetee rclaac, i ópnrei ssqitóuene   lpatrr oigbvruaisnviaoelnd aaldt u ddveoel   ldaeo pmceaansnaiód rnae nflteedj ae–  (qFupJer o1 nn0ou.2 nh.c3ai)a .rssideo  osbojberteo  delal   2021-1130n https://w
pmraeysoe,n tdeo pnrdoec eassoim dies mamo pvaerroif–ic eanm loass  lSaS cToCn c3u0r/r2e0n1c9ia,  ddee  2l6a sd efi nmaalirdzaod, eys  6c2o/2n0s1tit9u,c dioen 7a ldees   BOE-A-cable e
consagradas en la ley como único objetivo de la medida cautelar, tras apreciar que 
concurría el presupuesto de indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo y los 
fines de aseguramiento del normal desarrollo del proceso penal necesarios para que la 
prisión  provisional  sea  constitucionalmente  admisible  (FJ  5  y  FFJJ  5  y  6, 
respectivamente).
Dicho brevemente, hemos rechazado ya que el procedimiento penal y la condena 
obedezcan a una finalidad espuria de persecución o castigo por la posición política del 
demandante o esté conectada, siquiera, con ese posicionamiento y activismo ideológico. 
Nada  puede  añadirse  a  lo  ya  dicho  sobre  la  inexistencia  de  la  pretendida  triple 
excepcionalidad, procesal, en materia de derechos civiles y en derecho penal sustantivo.
11.4.2.2  Ausencia de paralelismo con el caso Rashad Hasanov.
En consonancia con el rechazo de la aducida motivación política y la consecuente 
distorsión teleológica, debe aclararse que tampoco los elementos subrayados por el 
recurrente en el motivo, en un forzado intento de construir un paralelismo con el caso 
Rashad Hasanov, pueden valorarse como indicios de ese propósito ulterior, menos aún, 
admitirse la alegada analogía.
Aun  a  riesgo  de  incurrir  en  reiteraciones,  inevitables  conforme  al  expreso 
planteamiento y esquema de la demanda, debe indicarse lo siguiente sobre los referidos 
indicios.
(i)  De forma principal no puede apreciarse la falta de sospechas razonables de 
comisión de un delito en el momento de acordar la prisión preventiva del demandante ni 
la inexistencia de prueba de cargo de los hechos y de su intervención en ellos que 
determinan su condena penal como autor de un delito de sedición.
En la STC 30/2019 apreciamos que la prisión preventiva se había acordado con base 
en un «sustrato factual y jurídico en que se incardinaba la actuación del recurrente […] 
adecuadamente  singularizado,  debidamente  explicitado  y  suficientemente  razonado» 
(FJ 5). En el mismo sentido, en la STC 62/2019, constatamos que «el órgano judicial 
expuso con detalle la secuencia fáctica en la que intervino el demandante de amparo; 
identificó las fuentes de las que extrae la información para fundar su relato histórico; 
finalmente,  argumentó  en  Derecho  sobre  motivos  por  los  que  entendió  que  cabía 
apreciar indicios racionales de participación del recurrente en el delito de rebelión» [FJ 5 
a)], así como argumentó razonablemente sobre la calificación jurídico-penal de la que, 
indiciariamente, es tributaria esa conducta [FJ 5 b)].
En  el  fundamento  octavo  de  la  presente  resolución  hemos  desestimado  la 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al fundarse el relato fáctico en la 
amplia actividad probatoria practicada y ser fruto de una valoración razonable de sus 
resultados como suficientemente acreditativos de los elementos objetivos y subjetivos 
del delito. Y en el fundamento décimo hemos rechazado la lesión derecho a la legalidad 
penal tras descartar que la condena penal se asiente en una interpretación semántica o 
axiológicamente imprevisible del delito de sedición y que se haya incurrido en analogía 
en la subsunción de los hechos. De nuevo debemos remitirnos a nuestros argumentos 
previos.
(ii)  Respecto al papel de la fiscalía «en la persecución del independentismo civil», 
se aprecia en el planteamiento una exposición artificiosa de los hechos. La demanda se 
hace  eco  de  aspectos  ajenos  a  la  actuación  de  la  fiscalía,  como  los  calificativos 
periodísticos del fiscal general señor Maza o el nombre del archivo informático que se  s
envió a los periodistas con ocasión de la presentación de la querella con la que se inició  oe.
la causa. Y se ofrece por referencia a una noticia de prensa una visión mutilada de las  4ww.
dsdeeenc 2ltai0dr1oa6,c  iecoonnn eevsli  radticeet nolda do ef is eaclp acel orgtmuerpnare odrmaell i sdaoeñ lo cE ojusndt ailcadi oad l,ee qnfeu neesl  mad iasdnceui prlusalo al  epsgruoa nclidouanndtce ianydi dolao   eyon bd lseigesapvctiriietóúmna b dsruee    2021-1130n https://w
perseguir los delitos en un fin de persecución política.
En la búsqueda de una similitud inexistente con el caso Hasanov se pretenden 
equivalentes las afirmaciones que sesgadamente se destacan –la alusión por la fiscal 
general del Estado más de un año antes de los hechos enjuiciados al papel de la fiscalía 
en la defensa del Estado de Derecho en línea con los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional (STC 259/2015, de 2 de diciembre) sobre actuaciones del poder público 
en Cataluña y ante su reiterado incumplimiento– y las aseveraciones tenidas en cuenta 
entonces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –las declaraciones en un 
comunicado  conjunto  de  la  fiscalía  y  el  poder  ejecutivo  (Ministerio  de  Seguridad 
Nacional) inmediatamente posteriores a la detención de los demandantes aseverando su 
actuación delictiva y su intención de incitar a la violencia y los disturbios civiles–.
No puede olvidarse, por último, que la condena del recurrente lo ha sido como autor 
de un delito de sedición, que no corresponde a la calificación más grave sostenida por la 
fiscalía, que calificó su conducta como constitutiva de un delito de rebelión, dato que 
desmiente la falta de independencia del Tribunal Supremo y el implícito nexo con la 
aducida finalidad de persecución política (Merabishvili c. Georgia [GS], 2017, § 324, y 
Batiashvili c. Georgia, 2019, § 102).
(iii)  Por lo que atañe a su condición de líder de la sociedad civil, el propio Tribunal 
Supremo reconoce tal carácter al señor Cuixart, que aquí tampoco se discute, como 
también pone de manifiesto en los hechos probados la intensa actividad desarrollada por 
el  recurrente  en  defensa  de  la  independencia  de  Cataluña  durante  los  años  que 
precedieron a la celebración del referéndum ilegal, en apoyo y con apoyo del gobierno 
autonómico y sin injerencia de poder público alguno. Activismo que tanto el Tribunal 
Supremo en la sentencia impugnada como este tribunal en los fundamentos previos ha 
ponderado desde la perspectiva de su contribución al debate democrático. Como es 
obvio, la significación política de una persona y su liderazgo no puede generar una 
inmunidad penal (Khodorkovskiy c. Rusia, 2011, § 258, y Khodorkovskiy y Lebedev c. 
Rusia,  2013,  §  903)  cuando  lo  que  se  enjuicia  son  conductas  que  trascienden  la 
actividad reivindicativa para pasar a integrar una estrategia política impuesta mediante la 
sinergia de mecanismos normativos inconstitucionales y vías de hecho impuestas por la 
fuerza.
(iv)  Ni el Tribunal Supremo tiene institucionalmente carácter de tribunal especial o 
excepcional, sino que es el órgano jurisdiccional superior ordinario en todos los órdenes, 
salvo  lo  dispuesto  en  materia  de  garantías  constitucionales  (art.  123  CE);  ni  su 
competencia se ha determinado con vulneración de las normas aplicables o con base en 
una interpretación forzada de las mismas, como razonamos en el fundamento cuarto. 
Tampoco la imparcialidad de sus miembros ofrece dudas (FJ 7).
(v)  Relaciona  el  recurrente  diversos  documentos,  que  califica  de  «informes  de 
organismos internacionales» a pesar de que, en sentido estricto, no lo son, de fecha 
previa a la de la sentencia impugnada, sobre la que no se pronuncian, salvo en el caso 
de los posicionamientos de Amnistía  Internacional. Como advierten el abogado del 
Estado y el fiscal en sus escritos, el llamado «informe del relator de la asamblea 
parlamentaria Consejo de Europa sobre la situación de los defensores de derechos 
humanos», es, en realidad, el memorándum preliminar del diputado que lo suscribe, que 
ni siquiera ha sido votado en la asamblea parlamentaria. Asimismo la opinión del grupo 
de trabajo sobre detenciones arbitrarias, en la que insiste el recurrente, tal y como aclaró 
el Tribunal Supremo en un auto de 21 de junio de 2019, no refleja sino el criterio de un 
grupo  de  trabajo,  puramente  auxiliar  e  informativo  de  eventuales  y  futuros 
posicionamientos o declaraciones generales del Consejo de Derechos Humanos de  s
Naciones Unidas. No se trata, por tanto, de dictámenes o declaraciones oficiales de  oe.
organismos  internacionales,  sin  perjuicio  del  respeto  a  la  opinión  de  los  expertos  w.
idnedmeDpaeen nddaciuneatneltq,e ussio.enr  «mcaríntiecroas, » locso np sroun duentceianmcióienn, toesn juinicviaomcaiednotso,  ye nc otnédremninao, sm odsetlr ápnrdoopsioe   2021-1130n https://w
eplr eeojecrucpicaidoo dse,  elons e dseenrecciah,o pso ar  llaa  ilnibteerrftearde ndceia e dxep rleas ipórnis iyó nre purnoivóins.io Cnoaml doe le rse ceuvridreennttee ,c otanl   BOE-A-cable e
crítica difiere sustancialmente del contexto general de ofensiva contra la sociedad civil y 
la  degradación  en  materia  de  derechos  humanos,  esencialmente  en  relación  con 
detenciones de activistas, que apuntaban los informes y opiniones de varias instancias 
internacionales de derechos humanos que se valoraron en el asunto Rashad Hasanov (§ 
79 a 81, 125).
Se  trata  de  una  situación  radicalmente  diversa  de  la  que  dibuja  el  sistema 
constitucional de derechos y libertades español y el funcionamiento de los poderes 
públicos.  En  general,  como  atestiguan  numerosos  informes  y  estudios  de  diversas 
instancias internacionales, y, en lo que aquí importa y a la simple vista de los hechos, en 
lo  relativo  a  la  actuación  de  los  poderes  públicos  respecto  al  recurrente  o  sus 
compañeros de activismo. Como destaca el fiscal en sus alegaciones, ni en nuestro 
sistema constitucional ni en nuestro ordenamiento jurídico existe prohibición o limitación 
alguna para sostener tesis independentistas en los distintos territorios del Estado, ni para 
constituir partidos políticos que acojan un ideario independentista y concurran a las 
elecciones, ni para su expresión pública individual o colectiva. Así lo atestigua la propia 
existencia de un movimiento independentista catalán apoyado por sectores amplios de la 
sociedad  catalana  y  vinculado  a  los  partidos  políticos  que  detentan  el  gobierno 
autonómico,  que  ejerce  su  libertad  de  expresión  y  de  reunión  en  defensa  de  sus 
postulados ideológicos sin cortapisas, evidenciando que tal ideología no es objeto de 
persecución ni de trato discriminatorio de ninguna índole, ni por el Tribunal Supremo ni 
por ninguna otra instancia judicial o poder público del Estado. Rechazar la estrategia 
política independentista estrictamente por su contrariedad a la Constitución y sostener la 
legitimidad de defender el cumplimiento de las decisiones constitucionales y, con ellas, 
los derechos de todos los ciudadanos, como ha hecho el propio Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de mayo 
de 2019, asunto Maria Carme Forcadell y Lluis y otros c. España, § 33, 37 a 38), en 
ningún caso puede entenderse como acreditativo o indiciario de un uso político del 
proceso penal.
Conforme a lo razonado, la queja del demandante –que desde el momento de su 
detención el proceso penal perseguía una finalidad ulterior de represión política– ya ha 
sido descartada al resolver las sucesivas denuncias de vulneración de sus derechos 
fundamentales, sin que haga referencia ahora a ninguna alegación estrictamente nueva 
que no haya sido examinada. El motivo debe desestimarse y con él el recurso.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Cuixart i Navarro.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dos de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Alfredo Montoya Melgar.–
Ricardo Enríquez Sancho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. es
Voto particular que formulan el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada  4w
doña María Luisa Balaguedre C aamllepjaórno  raevsopceacdtoo  dneú mla.  s1e4n7t4e-n2c0ia2 0pronunciada en el recurso  2021-1130n https://w
Con el máximo respeto a nuestros compañeros de Pleno, manifestamos nuestra
discrepancia con parte de la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que  Bc
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho de reunión 
(art. 21 CE), ya que se ha dado una severa respuesta penal frente al ejercicio -aunque 
fuera  extralimitado-  de  este  derecho  fundamental  generando  un  indeseado  efecto 
desaliento sobre el mismo; o, en su caso, por vulneración del derecho a la legalidad 
sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con los derechos a la libertad personal (art. 17.1 
CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE), y de reunión (art. 21 CE), ya que se ha 
impuesto una sanción desproporcionada penalmente.
Al  margen  de  nuestra  discrepancia,  entendemos  que  la  sentencia  posee  una 
indudable calidad técnica y pone de relieve el esfuerzo del Tribunal para responder a las 
muchas cuestiones planteadas, en relación con un asunto de una complejidad técnica 
muy por encima de la media. Este voto particular en nada desmerece ese trabajo ni la 
argumentación con la que muestra su acuerdo la mayoría del Pleno. Se expresa con la 
intención de poner de manifiesto la posibilidad, técnica también, de formular un juicio 
distinto sobre la respuesta penal dispensada a los supuestos de ejercicio, aunque sea 
extralimitado, del derecho fundamental de reunión, más acorde con una interpretación 
evolucionada y concordante con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la 
evitación  del  efecto  desaliento  sobre  los  derechos  fundamentales  por  el  recurso  a 
sanciones penales de muy alta gravedad frente a conductas que se desenvuelven dentro 
de su ámbito material de protección. E, igualmente, de formular un juicio distinto sobre la 
proporcionalidad de las penas impuestas, más acorde con una interpretación abierta del 
principio de legalidad y en sintonía con la que está presente en el ámbito de la cultura 
jurídica común de los países de la Unión Europea. Una visión de los derechos de reunión 
y a la legalidad sancionadora que encuentran su articulación óptima en la preservación 
del Estado de Derecho.
1.  Han sido muy diversos los derechos fundamentales invocados por el recurrente 
respecto del procedimiento penal desarrollado ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que ha culminado con su condena a nueve años de prisión y otros tantos de 
inhabilitación absoluta por la comisión de un delito de sedición.
En sendos votos particulares que formulamos a las SSTC 91/2021, de 22 de abril, 
y 106/2021, de 11 de mayo, en relación con la condena de otros dos acusados en este 
mismo procedimiento, ya pusimos de manifiesto que nuestro principal desacuerdo con la 
posición mayoritaria en la que se sustentaban dichas resoluciones radicaba en lo que 
consideramos un análisis de constitucionalidad y una resolución final de la invocación del 
derecho a la legalidad sancionadora, especialmente en la proyección del principio de 
proporcionalidad penal a la cuantificación de la sanción impuesta por el órgano judicial 
sentenciador, alejado de la que entendemos una visión más flexible del principio de 
legalidad penal. Flexibilidad que, a su vez, vinculamos a una perspectiva en la que la 
defensa del Estado de Derecho y de los principios asociados a esta noción básica de las 
democracias modernas deben conjugarse con una protección y garantía de los derechos 
fundamentales incluso de quienes no comparten la misma visión del respeto al Estado 
de Derecho.
Recordábamos que un análisis alternativo, que nosotros consideramos de mayor 
corrección constitucional y más respetuoso con el actual estándar en el derecho nacional 
y europeo de los derechos humanos, hubiera debido desembocar en sendas sentencias 
estimatorias. Incidíamos en que, sin negar la eventual relevancia penal de la conducta 
enjuiciada, hubiera debido acordarse en ambos casos la necesidad de una cuantificación 
de la pena acorde con el principio de proporcionalidad penal en atención a la gravedad 
de la conducta enjuiciada y a su vinculación con el contexto del ejercicio de derechos  e.
fundamentales sustantivos. w.b
cpirteasdEeonns t eev lor etpocrsue rspseoan rdtteiec u aclaamrseposa,  rpoda,e rabale  mmineosnisso tsirre,  mqpuoiteri r dntiaocmsh oba imé lnoo tshiv uorba.izeornaa smidieon ptorso ceexdpeunetes toess timena rl oesl   2021-1130n https://w
2.  En este recurso de amparo, además, concurren circunstancias singulares que,
tal como también expusimos en la deliberación, abonaban la necesidad de establecer
como causa principal de la estimación del recurso de amparo la vulneración del derecho 
de reunión (art. 21 CE) y no solo a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
La conducta de este recurrente, habida cuenta de su condición de presidente de una 
organización de la sociedad civil y de la concreta participación en los hechos por los que 
ha sido condenado, se desenvolvía dentro del ámbito material del derecho fundamental 
de reunión con mayor claridad que la de otros condenados. Por tanto, aun considerando 
que dicha conducta se extralimitara en el ejercicio legítimo de ese derecho fundamental, 
entendemos que recurrir al derecho penal y a la imposición de una pena privativa de 
libertad en la extensión que ha sido aplicada –nueve años de prisión y de inhabilitación 
absoluta–  implica  una  respuesta  indebida  que  provoca  un  efecto  desaliento  en  el 
ejercicio  de  este  derecho  fundamental  incompatible  con  su  relevancia  y  posición 
institucional en una sociedad democrática plena y avanzada.
El proceso argumental que nos ha llevado a defender esta conclusión durante la 
deliberación es, en parte, coincidente con el de la posición mayoritaria en la que se 
sustenta la sentencia. Compartimos con la posición mayoritaria el parámetro de control 
de constitucionalidad establecido para el análisis de la invocación del derecho de reunión 
y la amplitud con la que se valora el ámbito material de protección de este derecho 
fundamental. Esta argumentación es la que lleva a la posición mayoritaria a defender 
que la conducta del recurrente se desenvolvía dentro de dicho ámbito material. Sin 
embargo,  disentimos  con  la  posición  mayoritaria  respecto  de  las  posibilidades  de 
injerencia legítima en este derecho mediante el recurso al derecho penal, al sostener que 
en este caso una sanción penal de la gravedad de la impuesta es una injerencia legítima 
respetuosa con el derecho de reunión.
A esos efectos, y para posibilitar la mayor claridad expositiva, aunque pueda resultar 
reiterativo con la posición expuesta por la mayoría, resulta adecuado abordar (i) el 
parámetro  o  estándar  de  constitucionalidad  vinculado  a  la  reacción  penal  frente  al 
ejercicio de un derecho fundamental sustantivo; (ii) el análisis de los supuestos de 
injerencia legítima en el ejercicio del derecho de reunión y sus límites; para finalizar con 
(iii) la proyección y aplicación que consideramos hubiera sido más adecuada en este 
caso del derecho fundamental de reunión en respeto a su posición institucional en 
nuestro sistema constitucional –y de integración en el Consejo de Europa y la Unión 
Europea– de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales.
I.  Los  problemas  de  constitucionalidad  del  uso  de  la  sanción  penal  frente  a 
conductas  desarrolladas  en  el  ámbito  material  del  ejercicio  de  los  derechos 
fundamentales.
3.  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia acepta que, de 
conformidad con la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el parámetro de constitucionalidad que debe aplicarse en aquellos casos en 
que  se  acude  al  sistema  de  justicia  penal  para  sancionar  conductas  que  se 
desenvuelven en el ámbito material del ejercicio de derechos fundamentales cuenta con 
tres secuencias de control:
(i)  La verificación de que la conducta objeto de sanción penal se desarrolla dentro 
del ámbito sobre el que se proyecta el derecho fundamental, lo que ya implicaría, por 
razón de la materia, la necesidad de ponderar la afectación del derecho fundamental 
concernido a partir de la respuesta penal.
(ii)  La comprobación de que la conducta penalmente sancionada, en atención al  s
haz de garantías y posibilidades de actuación o resistencia que otorga el derecho  oe.
fundamental  concernido,  se  ha  desarrollado  plenamente  dentro  del  ámbito  4ww.
cddoeenll  spdtoeitdrueeccrio henosa–tal,m tlaoel ,n qttueae mp brimoiétpenlg icliada ordí aep roiuvrn aeads atien d mdeeu lrnaei dcpahodote  –fsreteasndtto es  eaasn ,cc riuoeanplaqretuosireeiarn ,ta aac  utpunaa rectiijóre nrdc eiec  liaoin  pjleerrgeeímtnimicsiaao    2021-1130n https://w
de que una conducta no puede ser a un mismo tiempo valorada como un acto de
ejercicio  de  un  derecho  fundamental  y  como  constitutiva  de  un  ilícito  de  cualquier
naturaleza. En tal caso la reacción sancionatoria debe ser considerada una injerencia 
injustificada en el derecho fundamental sustantivo lesiva del mismo.
(iii)  La comprobación de que la sanción penal de la conducta –incluso cuando dicha 
conducta  no  pueda  considerarse  como  legítimo  ejercicio  del  derecho  fundamental 
concernido por haberse sobrepasado sus límites de protección estricta– supone una 
injerencia en dicho derecho que, además de estar prevista expresamente como delito y 
perseguir un fin legítimo, resulta necesaria y proporcionada para la consecución de este 
fin legítimo en evitación del efecto desaliento que provocaría sobre el propio sujeto 
sancionado y la colectividad para el ejercicio del derecho fundamental. En tal caso la 
reacción penal deber ser considerada una injerencia desproporcionada en el derecho 
fundamental sustantivo lesiva del mismo.
4.  Ninguna objeción hay que realizar a esta posición de principio aceptada por la 
mayoría, que, por otra parte, viene a coincidir con la que ya mantuvimos en el voto 
particular que formulamos a la STC 192/2020, de 17 de diciembre, en un supuesto de 
sanción penal del ejercicio de la libertad de expresión.
En  aquel  caso,  como  en  el  presente,  nuestra  discrepancia  con  la  mayoría  se 
fundamenta no tanto en la formulación general del parámetro de constitucionalidad 
aplicable en aquellos supuestos en que se acude al sistema de justicia penal para 
sancionar conductas que se desenvuelven en el contexto del ejercicio de derechos 
fundamentales como en el análisis de la amplitud del derecho fundamental concernido -
en este caso, el derecho de reunión (art. 21 CE)- y, especialmente, las posibilidades de 
injerencia en este derecho mediante el recurso de la sanción penal a las conductas que 
se desenvuelven en conexión con su ámbito de protección y la valoración concretamente 
realizada sobre la legitimidad -justificación y proporcionalidad- de la injerencia en este 
derecho en forma de la sanción penal de nueve años de prisión impuesta al recurrente 
en el presente caso.
II.  Las posibilidades de injerencia legítima –justificada y proporcional– mediante el 
recurso al sistema de justicia penal en el ejercicio del derecho de reunión.
5.  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia expone el ámbito 
constitucional de protección del derecho de reunión (art. 21 CE) incidiendo en alguno de 
sus aspectos esenciales: (i) El carácter básico de este derecho, que se constituye como 
un  pilar  fundamental  de  una  sociedad  democrática;  (ii)  su  configuración  como  una 
manifestación colectiva de la libertad de expresión al servicio del libre intercambio de 
ideas y reivindicaciones en el contexto de una democracia participativa; (iii) un ámbito 
material de protección vinculado al carácter pacífico de la reunión; (iv) la posibilidad de 
limitaciones o injerencias proporcionadas en el ejercicio del derecho justificada en la 
prevalencia de otros intereses o valores constitucionales; y (v) la necesidad de que las 
limitaciones a su ejercicio sean interpretadas y aplicadas restrictivamente.
Compartimos tales premisas; sin embargo, a nuestro juicio, hubiera sido preciso 
profundizar en determinados aspectos relevantes para el más correcto enjuiciamiento del 
caso, sobre los que ha incidido especialmente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, que ha desarrollado un amplio y casuístico tratamiento de los 
supuestos  de  injerencia  en  este  derecho.  A  esos  efectos,  es  preciso  destacar 
determinadas ideas tanto en relación con el propio ámbito material de protección de este 
derecho como, especialmente, respecto de la legitimidad de su injerencia mediante el 
recurso al sistema de justicia penal. s
6.  El ámbito material de protección del derecho de reunión se extiende a cualquier  w.
tlnoipesog  apdcaeiró trince iudpneai nolotneses sf u nono d matemannegifnaetnso tsai ncdtieeon nucenisoa n pseaoscc íivfeiicodalaesdn,  tedanes m,e oiln cscreiátnetitncid aoa (  adlase í ,vq SiuoSele TnloEcsDia oH ro gd aiemn 2ipz4ali qdduoeer enjus l iloay    2021-1130n https://w
de 2012, caso Fáber c. Hungría, § 37; de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y
otros c. Lituania, § 92; de 25 de julio de 2017, caso Annenkov y otros c. Rusia, § 122; o 
de 15 de noviembre de 2018, caso Navalnyy c. Rusia, § 98).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho especial incidencia en que lo 
relevante para que la reunión se desenvuelva dentro del ámbito material de protección 
de este derecho no es tanto que se hayan producido actos de violencia en el contexto de 
la reunión o manifestación, sino que, incluso tratándose de manifestaciones prohibidas, 
no quede acreditada una intención violenta en sus convocantes o participantes. Así, se 
establece que una persona no deja de disfrutar del derecho de reunión pacífica como 
resultado de violencia esporádica u otros actos punibles cometidos por otros en el curso 
de  la  manifestación  si  la  persona  en  cuestión  permanece  pacífica  en  sus  propias 
intenciones o comportamiento (SSTEDH de 12 de junio de 2014, caso Primov y otros c. 
Rusia, § 155; de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 94; de 25 
de julio de 2017, caso Annenkov y otros c. Rusia, § 124; o de 6 de octubre de 2020, caso 
Laguna Guzmán c. España, § 35). Igualmente, que, incluso si existe un riesgo real de 
que una manifestación pública sea la causa de disturbios debido a eventos fuera del 
control de los organizadores, esta manifestación, por esta sola razón, no queda fuera de 
la protección del este derecho, siendo exigible que cualquier restricción impuesta cumpla 
las exigencias de la legitimidad de la limitación del derecho (así, SSTEDH de 18 de junio 
de 2013, caso Gün y otros c. Turquía, § 51; de 15 de mayo de 2014, caso Taranenko c. 
Rusia, § 66; o de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 94).
Por lo que se refiere al contenido y objeto de la reunión o manifestación, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha establecido que queda protegido por el derecho de 
reunión pacífica cualquier manifestación que puede molestar u ofender a personas que 
se oponen a las ideas que se pretenden promover por muy chocantes e inaceptables 
que puedan parecer a las autoridades determinadas opiniones (STEDH de 15 de octubre 
de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 145). Ese ámbito de protección se 
extiende también a los casos en que el objeto de la reunión o manifestación implique la 
promoción  de  cambios  constitucionales  radicales,  incluyendo  reivindicaciones 
independentistas  de  una  parte  del  territorio  (así,  decisión  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos de 7 de mayo de 2019, caso Forcadell i Lluis y otros c. España, en 
relación con la STEDH de 30 de junio de 2009, caso Herri Batasuna y Batasuna c. 
España, § 79). Sin embargo, no quedan protegidas por el ámbito material de este 
derecho la promoción, aunque sea de forma no violenta, de ideas contrarias a los 
principios  materiales  de  una  sociedad  democrática  como  pueden  ser,  por  ejemplo, 
posiciones antisemitas (así, decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 
de junio de 2012, caso Partido de la Liberación y otros c. Alemania).
Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también 
ha destacado que el mero hecho de que pueda existir en los convocantes o participantes 
una intención o conducta penalmente ilícita, siempre que no resulte violenta, tampoco es 
suficiente para excluir el ámbito de aplicación de este derecho fundamental. Así, por 
ejemplo, en la STEDH de 15 de mayo de 2014, caso Taranenko c. Rusia, no hubo 
ninguna objeción por razón de la materia para considerar concernido el derecho de 
reunión pacífica –e incluso para concluir que fue lesionado– un supuesto de ocupación 
por manifestantes de la zona de recepción de un edificio público, en las que provocaron 
daños,  exigiendo  una  reunión  con  los  responsables  de  la  administración  pública  y 
denunciando el incumplimiento de la Constitución; como tampoco en la STEDH de 25 de 
julio de 2017, caso Annenkov y otros c. Rusia, referido a la ocupación permanente de un 
inmueble de propiedad privada en protesta por su cesión a una empresa privada y hasta  s
que se aclararan los aspectos relativos a la legalidad de su demolición; o en la STEDH  oe.
de 9 de abril de 2002, caso Cisse c. Francia, ante la ocupación durante casi dos meses  w.
tddreeá  fi2uc0no1a r5 oi,gd claeadssoiao d  Kcea uutdónrlaeic vvaiíč.a iuL psoú  bym lioicstamr odosu  rscau. ncLteeitd utiraóen seia nd,  íareesl f.ecraidsoo  adle  mlaa nSteTnEiDmHie ndteo  d1e5l  dbelo qoucetuob rael   2021-1130n https://w
por Draezl ómn isdmeo l am modaote, reial  Tlari baupnlaicla Eciuórno pdeeol  dpea ráDmereetcroh odse H cuomntarnool sr etlaamtivpoo caol  dhear eecxhcolu iddoe   BOE-A-cable e
reunión pacífica de aquellos supuestos en los que las manifestaciones se desarrollan en 
protesta, oposición o contradicción con resoluciones de las autoridades estatales. Así, 
por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no excluyó que se tratara de 
una reunión pacífica el llamamiento de un candidato presidencial a sus seguidores para 
que se concentraran contra las irregularidades que supuestamente habían ocurrido en el 
proceso electoral, anunciando que las elecciones no habían sido libres ni justas, a pesar 
de que la comisión electoral había ratificado el resultado de las elecciones, provocando 
con ellos la celebración de reuniones públicas masivas de protesta diarias en muchas 
ciudades del país, algunas con ocupaciones continuadas durante días de espacios 
públicos, teniendo una activa participación con la emisión de discursos dos o tres veces 
diarias a los congregados en la que pedía regularmente que continuaran las protestas 
masivas. Todo ello culminó con la dispersión por la fuerza pública de los manifestantes 
que se mantuvieron en situación de reuniones masivas en otros lugares de la ciudad 
produciéndose enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden con el resultado 
de diez muertos y numerosos heridos (STEDH de 25 de abril de 2019, caso Ter-
Petrosyan c. Armenia, § 8 a 25 y 53). También puede citarse el supuesto de celebración 
de una reunión, cuyo objetivo era denunciar y condenar la conducta de malversación de 
fondos públicos, que había sido prohibida porque las autoridades policiales, de la fiscalía 
y de control contable ya habían investigado esas acusaciones y habían llegado a la 
conclusión de que no tenían fundamento (STEDH de 12 de junio de 2014, caso Primov y 
otros c. Rusia, § 7) o la negativa a disolver una reunión tras recibir un requerimiento 
expreso  de  la  autoridad  competente,  haciendo  un  llamamiento  a  mantener  la 
concentración (STEDH de 5 de enero de 2016, caso Frumkin c. Rusia).
Otros casos relevantes en que tampoco se niega que quedan dentro del ámbito 
material de protección del derecho de reunión pacífica a pesar de ser en oposición a 
resoluciones de cortes constitucionales, son (i) el resuelto en la STEDH de 11 de octubre 
de 2018, caso Tuskia y otros c. Georgia, en que diversos manifestantes, incluyendo 
algunos  miembros  del  gran  consejo  académico  de  una  universidad,  que  había 
desaparecido  en  virtud  de  una  norma  estatal  cuya  constitucionalidad  había  sido 
confirmada por el Tribunal Constitucional, afirmaron mantener sus competencias, en 
desacato  del  mismo,  nombrando  un  nuevo  rector  de  la  universidad,  ocupando 
determinadas  dependencias  de  la  universidad  e  invadiendo  el  despacho  del  rector 
nombrado por la nueva norma estatal exigiéndole su dimisión; y (ii) el resuelto en la 
decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de mayo de 2019, caso 
Forcadell i Lluis y otros c. España, en que tampoco se objetó la posibilidad de analizar 
bajo la invocación del derecho de reunión la suspensión de una sesión parlamentaria en 
aplicación de una resolución de este Tribunal Constitucional.
En conclusión, a nuestro juicio, habría sido necesario, con fundamento en el art. 10.2 
CE, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 
se hubiera concretado, dentro del parámetro de control de constitucionalidad relativo al 
derecho de reunión, de manera más precisa y matizada lo siguiente:
(i)  El ámbito de protección material de este derecho alcanza a toda reunión o 
manifestación  pacífica,  entendiendo  por  tal  aquella  que,  con  independencia  de  la 
radicalidad del mensaje y de las reivindicaciones sostenidas, los organizadores y los 
participantes no tengan intenciones violentas, ni inciten a la violencia o impliquen la 
negación de los fundamentos de una sociedad democrática.
(ii)  El carácter pacífico de una reunión o manifestación no queda negado (a) por la 
circunstancia de que se hayan producido actos de violencia en su contexto, incluso si  e.
existía  un  riesgo  real  de  que  por  la  naturaleza  de  la  situación  pudieran  causarse  w.b
pdcoaismrttuipcribopiraotansm,t esisei  nultano a,p  (einbrt)se onnnic aipó oner n o e ccl uomensedtruioóc ntha ep pceehrnmoa adlmnee ecqneute ep  ialpíccuiídtfaiice,a rsa ie eenmx pissruteisr   qepunreo  plnoioas  src eoisnnutevltonecc vaioinontleeessn  tooa    2021-1130n https://w
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competentes, incluyendo reuniones expresamente prohibidas.
7.  La circunstancia de que una determinada conducta o acto quede dentro del 
ámbito material del derecho de reunión no implica, lógicamente, que cualquier restricción 
o  injerencia  quede  constitucionalmente  prohibida.  No  obstante,  las  eventuales 
restricciones o injerencias de que sea objeto quedan sometidas a los estrictos requisitos 
que  legitiman  este  tipo  de  limitaciones:  previsión  normativa,  persecución  de  un  fin 
legítimo, necesidad y proporcionalidad.
Las injerencias o restricciones que plantean mayores problemas son, precisamente, 
las que consisten en la represión penal de las conductas que se desenvuelven en el 
ámbito  material  del  derecho  de  reunión.  Estas  injerencias,  en  principio,  no  suelen 
plantear problemas desde la perspectiva de su previsión normativa –protegida además 
por el derecho a la legalidad sancionadora– ni la persecución de un fin legítimo –
normalmente vinculado a la protección del orden público o de los intereses o valores 
constitucionalmente tutelados por el tipo penal correspondiente–. Sin embargo, deben 
ser objeto de un muy especial e intenso escrutinio desde la perspectiva de su necesidad 
y proporcionalidad por suponer la más grave injerencia en el derecho de reunión en 
atención  a  la  radicalidad  de  la  respuesta  estatal  que  afecta  a  otros  derechos 
fundamentales sustantivos –los que son objeto de privación como consecuencia de la 
pena– y por su especial intensidad sobre el propio derecho de reunión por el devastador 
efecto desaliento y desincentivador que tiene tanto sobre el sujeto sancionado como 
sobre  la  colectividad  en  el  ejercicio  de  una  libertad  pública  sin  la  que  no  puede 
entenderse el concepto mismo de democracia constitucional. Ese escrutinio debe ser 
más estricto cuanto más severa en lo cualitativo y en lo cuantitativo es la respuesta 
sancionadora estatal.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desarrolla en este 
contexto de pensamiento, al establecer de manera reiterada que dentro del término 
restricciones o injerencias aplicables al derecho de reunión pacífica están las medidas 
punitivas adoptadas como consecuencia del desarrollo de la reunión siempre que (i) 
exista un vínculo claro y reconocido entre el ejercicio de ese derecho y la sanción 
impuesta (así, SSTEDH de 4 de diciembre de 2014, caso Navalnyy y Yashin c. Rusia, § 
52, o de 14 de enero de 2020, caso Varoğlu Atik y otros c, Turquía, § 29), que se 
extiende incluso a los casos de absolución derivado del mero hecho de la existencia de 
un procesamiento penal (SSTEDH de 29 de noviembre de 2007, caso Balçık y otros c. 
Turquía, § 41, o de 18 de diciembre de 2007, caso Nurettin Aldemir y otros c. Turquía, § 
34-35), y (ii) se persiga un objetivo legítimo de preservación del orden público y/o la 
protección de los derechos y libertades de terceros (STEDH de 15 de octubre de 2015, 
caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 140), lo que suele estar presente en aquellos 
supuestos en que en el ejercicio del derecho de reunión, aunque se desarrolle de 
manera pacífica, concurran intenciones que no formen parte del núcleo esencial del este 
derecho como es la obstrucción al cumplimiento de decisiones adoptadas legítimamente 
por las autoridades competentes (STEDH de 11 de octubre de 2018, caso Tuskia y otros 
c. Georgia, § 76 a 87; o decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de 
mayo de 2019, caso Forcadell i Lluis y otros c. España, § 32 y 33).
Igualmente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha incidido 
en que no basta con que la sanción impuesta persiga un fin legítimo, sino que es 
exigible, además, que sea necesaria en una sociedad democrática, lo que implica que 
exista una proporcionalidad de esta respuesta penal con el fin legítimo perseguido, en el 
sentido  de  que  se  ponderen  debidamente,  por  un  lado,  la  presencia  de  los  fines 
legitimadores de esta intervención punitiva, su necesidad para la protección de los  s
intereses y valores que se pretenden tutelar y, por otro, el sacrificio que todo ello implica  oe.
del derecho de reunión (SSTEDH de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y otros c.  w.
LhietucahDnoei ale ,ms §pi se1mc4iao4l ,  méon odfdaeos 1,i s5l a ed njeu  qrniusopevr ieucmudaeblnqrceui aide erd  ie2nl0j e1Tr8rei,bn cucaniasa ole  EnN uaforvoramplneano y dd ece .i  nRDtueesrrveiaec,nh §co is1ó 2nH8 du).eml asnisotse mhaa   2021-1130n https://w
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interés en ejercitar este derecho en el futuro -bien organizando bien participando en 
reuniones similares-, con el empobrecimiento de un debate público abierto que ello 
supone (STEDH de 29 de noviembre de 2007, caso Balçık y otros c. Turquía, § 41), 
destacando que el efecto desaliento puede quedar amplificado cuando estas medidas 
represivas se dirigen a una figura pública conocida o relevante (STEDH de 31 de julio 
de 2014, caso Nemtsov c. Rusia, § 78).
Por último, también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
establecido que la naturaleza y la gravedad de las sanciones impuestas son factores que 
deben tenerse en cuenta al evaluar la proporcionalidad de la injerencia o restricción, 
incidiendo en que (i) una manifestación pacífica no debería, en principio, quedar sujeto a 
la amenaza de una sanción penal y particularmente a una pena privativa de libertad y (ii) 
las sanciones de naturaleza penal requieren una justificación particular debiendo ser 
objeto de un examen especialmente cuidadoso (SSTEDH de 15 de octubre de 2015, 
caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 146 o de 15 de noviembre de 2018, caso 
Navalnny c. Rusia, § 128). En ese sentido, también el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha puesto de manifiesto que la imposición de largas penas de prisión puede 
ser considerada desproporcionada en los casos de enfrentamientos sin armas con la 
policía o situaciones como el lanzamiento de piedras u otros objetos sin causar lesiones 
graves (SSTEDH 19 de enero de 2016, caso Gülcü c. Turquía, § 115; de 4 de octubre 
de 2016, caso Yaroslav Belousov c. Rusia, § 177 a 180; o de 30 de enero de 2018, caso 
Barabanov c. Rusia, § 74-75).
En conclusión, a nuestro juicio, habría sido necesario, con fundamento en el art. 10.2 
CE, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 
se hubiera concretado, dentro del parámetro de control de constitucionalidad relativo al 
derecho de reunión, de manera más precisa y matizada lo siguiente:
(i)  La sanción penal como consecuencia de la convocatoria o participación en una 
reunión pacífica es una injerencia en el derecho de reunión pacífica por lo que, además 
de ser una medida prevista legalmente, debe (a) perseguir un objetivo legítimo de 
preservación del orden público y/o la protección de los derechos y libertades de terceros; 
y (b) ser necesaria y proporcionada con el sacrificio que implica tanto para el derecho 
afectado por el contenido de la sanción impuesta como para el propio derecho de 
reunión por el efecto desaliento que puede generar sobre su ejercicio, exigiendo una 
justificación y análisis de legitimidad especialmente intensos.
(ii)  La sanción penal consistente en largas penas de prisión por la convocatoria o 
participación en reuniones pacíficas en que pueda haber enfrentamientos sin armas con 
fuerzas del orden público u otros incidentes como lanzamientos de objetos sin causar 
lesiones graves deben ser consideradas, en principio, desproporcionadas.
III.  La aplicación del parámetro de constitucionalidad del derecho de reunión a la 
conducta por la que fue condenado el recurrente a una pena de nueve años de prisión y 
de inhabilitación absoluta:
8.  Las  resoluciones  judiciales  impugnadas  en  este  recurso  de  amparo  han 
mantenido que no cabía tomar en consideración la invocación del derecho de reunión 
(art. 21 CE) con la siguiente argumentación:
(i)  La conducta del recurrente era de oposición activa y concertada, mediante la 
interposición física de las personas a las que convocaban, frente a actuaciones de 
agentes de la autoridad que contaban con respaldo legal y constitucional encaminadas a  s
dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial como era impedir que  oe.
una votación prohibida se llevase a cabo, desbordando «totalmente los linderos de lo  4ww.
coqo uncerd íhteiacn aad teop rcoiaor  nilmsai dpaeucrgtaunraascdeia óle)n.g ídtiem olo ds epreocdheore dse  preúubnlicióons »p a(raap laar teaxdtoe ri1o7ri.z5a.2ci ódne d lea  las epnrotetensctiaa   2021-1130n https://w
(ii)  Según el auto impugnado en amparo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos excluye del ámbito material de protección del derecho de reunión
pacífica, no solo la incitación a la violencia, sino también «al levantamiento (soulèvement 
en versión francesa, uprising en la versión inglesa) o a cualquier otra forma de rechazo a 
los principios democráticos»; concluyendo que «en tales supuestos de exclusión de la 
protección  del  derecho  de  reunión  o  manifestación  no  concurre  necesariamente  la 
violencia. Se presentan como una modalidad alternativa a la violencia, en cuanto que no 
resulta  amparable  la  manifestación  que  comporta  desprecio  de  los  principios 
democráticos. Esta idea se refuerza si, como en el caso que centra nuestra atención, se 
recurre  a  vías  de  hecho  que  conducen  a  la  imposición  de  una  normativa 
anticonstitucional, aprobada con desprecio de las minorías». A partir de ello, se insiste 
en que la conducta del recurrente no queda amparada en el concepto de reunión pacífica 
(apartado  2.5  del  auto  desestimatorio  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones 
impugnado).
Por tanto, en la vía judicial ordinaria, el argumento para excluir cualquier tipo de 
consideración del derecho de reunión es que la conducta del recurrente se desarrolló 
fuera de su ámbito material de protección. Los actos convocados por el recurrente y su 
participación en los mismos carecían de la connotación de una «reunión pacífica», ya 
que su objetivo era evitar de manera coactiva, mediante su capacidad de movilización 
pública y masiva, la ejecución de una resolución judicial cuyo objetivo era impedir la 
imposición de una normativa antidemocrática por haber sido aprobada con desprecio a 
las reglas esenciales del derecho y el respeto a las minorías.
9.  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, por el contrario, no 
controvierte que la conducta del recurrente se desarrollaba dentro del ámbito material de 
protección del derecho de reunión. Concentra su fuerza argumental en que el derecho de 
reunión no es un derecho absoluto y que, en este caso, la restricción que supone la 
respuesta penal supone una injerencia necesaria, ya que estaba dirigida al fin legítimo 
de la protección de la efectividad de resoluciones jurisdiccionales tendentes a evitar la 
proclamación  de  la  independencia  de  una  parte  del  territorio  fuera  de  los  cauces 
constitucionales que lo hubieran posibilitado (apartado 9.4.3).
De manera complementaria, aunque lo fuera ya en análisis de la invocación del 
derecho a la legalidad sancionadora, la posición mayoritaria en la que se sustenta la 
sentencia insiste en que la sanción resulta proporcionada porque se vincula con la 
promoción a la oposición activa y concertada frente a la actuación de los agentes de la 
autoridad  que  cumplían  un  mandato  judicial  respaldado  legal  y  constitucionalmente 
[apartado 10.3.3 f)].
10.  Coincidimos con la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia en 
que una recta interpretación del derecho de reunión, en línea con la efectuada por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, determina que la conducta del recurrente 
queda dentro del ámbito material de protección del derecho de reunión pacífica. El 
argumento  sostenido  en  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  de  que  los  actos 
desarrollados el 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 no tienen siquiera cobertura en 
el  concepto  de  reunión  pacífica  –presupuesto  para  que  pueda  ser  tomada  en 
consideración las garantías del derecho de reunión– no es acorde, en efecto, con la 
jurisprudencia de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la 
materia.
No es controvertido por las resoluciones judiciales impugnadas que, con carácter 
general, los hechos en que se fundamenta la condena del recurrente no implicaron un 
nivel de violencia necesario para excluir su calificación de concentraciones de carácter  e
pacífico a los efectos del ámbito material del derecho fundamental de reunión. De hecho,  bo
la condena del recurrente se basó en un precepto penal que no exige como medio  4w
mcoemdiisoi vcoo lma ivsiiovole nccoian cyu rerne nlate  reesroal uecli ó«ne ixmtrpauvgíon a–daac tsuea rh ifzuoe reas pdeec ialal sin cviídaesn lceiag aelens q–u, ed eell   2021-1130n https://w
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conexión del recurrente como convocante o participante con los esporádicos actos de
violencia  que  pudieran  estar  presentes  en  estas  concentraciones  y  que  reconocen 
expresamente el concreto compromiso del recurrente con la no violencia y los generales 
llamamientos de los convocantes a que las concentraciones se desarrollaran de manera 
pacífica y sin enfrentamientos con los agentes de la autoridad.
Ahora bien, no se comparte la posición de la resolución judicial impugnada de incluir 
en la categoría de «reunión que de cualquier otro modo implique el rechazo a los 
fundamentos de una sociedad democrática», a la que se refiere la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para justificar que,  prima facie, queda al 
margen del ámbito material del derecho de reunión. Las razones por las que, de manera 
coincidente con la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, rechazamos 
esta consideración de las resoluciones impugnadas son las siguientes:
(i)  La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya se ha 
desarrollado  anteriormente,  solo  excluye  el  carácter  pacífico  de  la  reunión  en  los 
supuestos de que las concentraciones tengan intenciones violentas, inciten a la violencia 
o impliquen la negación de los fundamentos de una sociedad democrática (así, por 
ejemplo, STEDH de 15 de noviembre de 2018, caso Navalnyy c. Rusia, § 98). Las 
referencias contenidas en el auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones 
impugnado a la idea de «incitación a un levantamiento» como excluyente de reunión 
pacífica  se  fundamenta  en  sendas  resoluciones  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos (SSTEDH de 8 de diciembre de 1999, caso Partido de la libertad y de la 
democracia  (ÖZDEP)  c.  Turquía,  §  40,  y  de  3  de  febrero  de  2005,  caso  Partido 
comunista (Nepeceristi) y Ungureanu c. Rumania, § 54), que no aparecen directamente 
referidas al derecho de reunión pacífica sino de asociación o creación de partidos 
políticos y se utiliza como parámetro de control de análisis de decisiones de disoluciones 
de partidos políticos con referencia directa al objetivo de subvertir el orden establecido 
por medios del uso de la violencia. De hecho, esa misma referencia aparece en idénticos 
contextos en las SSTEDH 25 de mayo de 1998, caso Partido socialista y otros c. 
Turquía, § 46, y de 25 de septiembre de 2012, caso Sindicato de Trabajadores de la 
Educación y la Ciencia c. Turquía, § 75.
Por otra parte, en atención a la propia valoración que se hace en las resoluciones 
condenatorias de que la pretensión real de los condenados «era presionar al Gobierno 
de  la  Nación  para  negociar  un  referéndum,  este  sí,  susceptible  de  homologación» 
(apartado 5.2.3 del auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, con 
reproducción literal de la sentencia condenatoria), parece difícil asumir como posición de 
principio para excluir del ámbito material del derecho de reunión que la conducta del 
recurrente venía animada por la intención de incitar a un levantamiento en el sentido 
utilizado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(ii)  Tampoco cabe asumir como argumento para excluir la conducta del recurrente 
del ámbito material del derecho de reunión, el utilizado en las resoluciones judiciales 
impugnadas de que implicaba una negación de los principios democráticos, por el hecho 
de tener como telón de fondo la oposición abierta o resistencia activa a la ejecución de 
resoluciones  judiciales  cuyo  objetivo  era  impedir  la  imposición  de  una  normativa 
antidemocrática aprobada con desprecio a las reglas esenciales del derecho y el respeto 
a las minorías parlamentarias.
Ya se ha destacado anteriormente que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos  Humanos  utiliza  la  referencia  a  la  negación  de  los  valores  y  principios 
democráticos –con efectos equivalentes al uso o incitación de la violencia para negar el 
carácter pacífico de una reunión– a que tengan como objeto la promoción de ideas  e.
conexas a las que pueden ser consideradas discurso del odio. Además, es constante la  w.b
rdaee fqseuereenn vecuilea lc vqaeur áedc eetnentrr  olpa a djceuílrf iiáscpmor budidteoe  numcnaiaat  edrreeiau lTn drióiebn up, nrcoaotle mEcouci róopnpr eedsoeu  dpeeus teeDs etdore erpceahcrohaso  ,cH nouonm sqiaduneeordasar   snqeeu gheaa dcsoee    2021-1130n https://w
pinoter necli ómn eor oc ohnedcuhcota  dpee nqaulme epnuted ieilírcai tae xois qtiru ee ns e lodse scaorrnovlolacraan etens  poro tpeasrttaic, ipoapnotseicsi óunn oa 
abierta contradicción con resoluciones de las autoridades competentes, incluyendo las
judiciales. Ya se han citado ejemplos de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en que la circunstancia de que la convocatoria lo fuera en abierto desacato y 
contradicción con decisiones de cortes constitucionales no era suficiente para negarles 
su carácter de reunión pacífica, sin perjuicio de la posibilidad de que fueran objeto de 
restricciones legítimas (así, por ejemplo, STEDH de 11 de octubre de 2018, caso Tuskia 
y otros c. Georgia, o decisión de inadmisión de 7 de mayo de 2019, caso Forcadell i Lluis 
y otros c. España).
Por tanto, debemos insistir en que, con independencia de la relevancia que pueda 
tener en la valoración sobre la legitimidad de la restricción aplicada en forma de sanción 
penal, estamos plenamente de acuerdo con la posición mayoritaria en la que se sustenta 
la sentencia en que no resulta posible excluir la conducta del recurrente del ámbito 
material de afectación del derecho de reunión, desautorizando en ese concreto aspecto 
a las resoluciones judiciales impugnadas.
11.  También  coincidimos  con  la  posición  mayoritaria  en  la  que  se  sustenta  la 
sentencia  en  que  la  conducta  del  recurrente  de  convocar  y  participar  en  las 
concentraciones de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, precisamente por 
estar animadas por la finalidad no solo de protestar contra unas concretas decisiones 
jurisdiccionales sino de impedir o, al menos, obstaculizar su efectividad, podía ser objeto 
de una restricción legítima con fundamento en razones de protección del orden público. 
No creemos que sea necesario insistir ni profundizar en ello.
12.  El problema central del control de constitucionalidad de la decisión judicial de 
imponer al recurrente una pena de nueve años de prisión y de inhabilitación por la 
convocatoria y participación en los hechos del día 20 de septiembre y 1 de octubre 
de 2017 es, por tanto, determinar si esa decisión judicial supuso una injerencia necesaria 
y proporcionada en su derecho de reunión para la consecución del objetivo legítimo de 
preservación de valores constitucionales prevalentes.
A esos efectos, tal como sostuvimos en la deliberación, al margen de los problemas 
de proporcionalidad estrictamente penal que planteaba la condena –en línea con lo que 
ya argumentamos en los votos particulares formulados a las SSTC 91/2021, de 22 de 
abril, y 106/2021, de 11 de mayo–, consideramos que, en las circunstancias del caso, el 
recurso mismo al sistema de justicia penal para imponer una sanción de tal gravedad al 
recurrente es desproporcionado y lesivo del derecho de reunión por el efecto desaliento 
que para el ejercicio de este derecho puede implicar. Las razones que nos llevan a 
sustentar esta conclusión son las siguientes:
(i)  El recurrente era el líder de una asociación de la sociedad civil y no un político 
en el momento de los hechos por los que ha sido condenado. La consideración del 
derecho de reunión como una de las libertades esenciales de la democracia, por su 
conexión con la garantía de asegurar un foro para el debate público y la expresión 
abierta de protesta incluso en relación con temas que puedan incomodar o molestar al 
poder, adquiere su máxima dimensión en relación con la actuación de grupos sociales y 
asociaciones,  ya  que,  como  ha  destacado  la  jurisprudencia  constitucional,  «su 
configuración como expresión del principio democrático participativo adquiere mayor 
relevancia, si cabe, al ser este derecho, en la práctica, para muchos grupos sociales 
"uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus 
ideas y reivindicaciones"» (STC 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 6). Por otra parte, el 
hecho de que fuera el máximo representante de un grupo de la sociedad civil de gran  s
proyección pública y de que su condena haya sido acompañada de la del líder de otra  oe.
organización de la sociedad civil de igual relevancia pública inciden, en los términos ya  4ww.
edxepsuaDeliees nteotsose  ( pmSoTro EdeoDl ,TH sr iidb ceuo n3na1 lc  daEeruá rjcoutpleioer  ogd eedn e2e 0Dr1ae4l rc,e uccaahlsoqosu  iNHeeru mlmimtasintoaovcs ic,ó .n eR nau lls adi aea,r me§c p7hli8foi)c .daec iróenu ndieóln e dfeecbtoe   2021-1130n https://w
ser  objeto  de  una  interpretación  restrictiva,  en  el  recurrente  concurren  las  citadas
circunstancias subjetivas que hubieran debido llevar a hacer un especial escrutinio sobre
la singular afectación que su represión penal podría generar en el derecho fundamental 
de reunión.
(ii)  La circunstancia que ha legitimado la restricción del derecho de reunión del 
recurrente ha sido, en los términos expuestos por la resolución condenatoria impugnada, 
su  contribución,  dentro  de  una  actuación  concertada  con  otros  actores  políticos  y 
sociales, a la movilización ciudadana para «neutralizar cualquier manifestación de poder 
emanada de las autoridades judiciales y gubernativas del Estado» contra la efectividad 
de la cobertura jurídica creada para la consecución del acto fundacional de la República 
de Cataluña (hecho probado 3), que se había concretado, por un lado, en sucesivas 
suspensiones de normativa autonómica por el Tribunal Constitucional y, por otro, en 
diversas  decisiones  judiciales  para  hacer  efectivo  su  cumplimiento,  como  eran  una 
diligencia de entrada y registro fijada para el 20 de septiembre de 2017 en una sede de 
la administración autonómica (hecho probado 9) y la orden de incautación de todo el 
material  electoral  y  de  prohibición  de  celebración  de  los  actos  de  votación  (hecho 
probado 10).
Las conductas de «neutralización» realizadas por el recurrente, junto con el líder de 
otra organización de la sociedad civil también condenado, que se consideran punibles en 
la resolución impugnada son:
a)  El 20 de septiembre de 2017, la movilización de la ciudadanía ante la sede 
administrativa que iba a ser objeto de registro judicial publicitando por medio de las redes 
sociales  esa  actuación  judicial,  con  el  resultado  de  que  la  alta  concentración  de 
personas, en la que tuvieron una activa participación directiva ambos líderes sociales, 
impidió el normal desarrollo de la diligencia y se causaron desperfectos en vehículos 
policiales (hecho probado 9).
b)  El 1 de octubre de 2017, alentaron «a los ciudadanos, a través de mensajes de 
Twitter y de los medios de comunicación, a ocupar los centros de votación antes de la 
hora en la que estaba ordenada la intervención de la policía autonómica, y les exhortaron 
a que impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la 
retirada del material electoral» (hecho probado 9.2), con el resultado de que la cifra total 
de personas que fueron a votar ascendió a 2 286 217 (hecho probado 4) y de que «en 
diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre miembros 
de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de voto, 
quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de la 
que eran portadores los agentes» y, en otros, las agentes policiales debieron desistir de 
su objetivo ante la imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas 
(hecho probado 12).
Este relato de hechos probados pone de manifiesto que tanto las convocatorias 
como  la  propia  participación  del  recurrente  en  ambos  días  lo  fueron  en  términos 
estrictamente pacíficos,  aunque con  esporádicos actos de violencia física que, aun 
pudiendo ser previsible en atención a la situación social e institucional concurrente en 
aquellos momentos en Cataluña, se produjeron fuera del control del recurrente que, de 
manera reconocida, permaneció pacífico en sus propias intenciones y comportamiento.
Los llamamientos a la movilización lo fueron con la finalidad expresa de promover 
una actitud desobediente a resoluciones jurisdiccionales pronunciadas en defensa del 
respeto  a  procedimientos  democráticos  de  decisión,  lo  que  posibilita  justificar  una 
restricción legítima del derecho de reunión en forma de sanción para preservar el valor 
constitucional ínsito en el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el respeto a las  e
reglas democráticas. No obstante, hay que insistir en que acudir a la represión penal de  bo
estas conductas y a la imposición de penas privativas de libertad de tan larga duración  4w
cdoemsaole lnatsa daoprl icsaodbares  eall  erejecrucricreion tdee le dne areucsheon cfiuan ddaem veionletanl cdiae  trieeunnei óunn,  tqaune  sheav ellreov aimdop aac tloa   2021-1130n https://w
jiunrjeisrpernucdiae ndceias pdroepl oTrrcibiounnaadl aE (uSrSopTeEoD Hde  dDe e1re5c dheo so cHtuumbraen does  2a0 c1o5n, scidaesora rK uqduree veičsi uusn ay 
otros c. Lituania, § 146 o de 15 de noviembre de 2018, caso Navalnny c. Rusia, § 128).
(iii)  La consideración de que la respuesta penal a la conducta del recurrente y la 
severa limitación que ello implica de su derecho de reunión resulta proporcionada se ha 
hecho  radicar  en  la  gravedad  de  los  valores  constitucionales  lesionados  con  su 
conducta. El relato de hechos probados que ha dado lugar a la condena del recurrente 
pone de manifiesto, como ya se ha expuesto, que la real gravedad de la conducta no 
reside tanto en que las convocatorias se celebraran con la finalidad de oponerse a la 
ejecución de una resolución jurisdiccional, sino en que dicha finalidad era, además, 
instrumental para un objetivo de mayor lesividad constitucional como posibilitar dar 
efectividad a la cobertura jurídica creada para la consecución del acto fundacional de la 
Republica de Cataluña con infracción de los procedimientos constitucionales vigentes.
No  cabe  negar  la  justificación  de  una  injerencia  en  el  derecho  de  reunión  del 
recurrente  mediante  la  imposición  de  una  sanción  administrativa  derivada  de  una 
convocatoria  pública  que  tiene  el  objetivo  de  obstruir  la  ejecución  de  resoluciones 
jurisdiccionales. Sin embargo, no podemos compartir que el recurso a la represión penal 
del  recurrente  se  fundamente  en  que,  además,  resultara  necesario  tomar  en 
consideración el supuesto riesgo de que con su conducta pudiera darse efectividad, al 
margen de los mecanismos y procedimientos constitucionales establecidos al efecto, a la 
independencia de Cataluña.
El relato de hechos probados es categórico al establecer que «todos los acusados 
ahora objeto de enjuiciamiento eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de 
un referéndum de autodeterminación que se presentaba como la vía para la construcción 
de la República de Cataluña. Sabían que la simple aprobación de enunciados jurídicos, 
en abierta contradicción con las reglas democráticas previstas para la reforma del texto 
constitucional, no podría conducir a un espacio de soberanía. Eran conocedores de que 
lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del "derecho a 
decidir", no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la 
creación de un Estado soberano. Bajo el imaginario derecho de autodeterminación se 
agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la 
Nación  para  la  negociación  de  una  consulta  popular»  (hecho  probado  14).  Esta 
afirmación queda también desarrollada en la fundamentación jurídica de las resoluciones 
judiciales impugnadas cuando se menciona que la pretensión real de los condenados 
«era  presionar  al  Gobierno  de  la  nación  para  negociar  un  referéndum,  este  sí, 
susceptible de homologación» (apartado 5.2.3 del auto desestimatorio del incidente de 
nulidad de actuaciones, con reproducción literal de la sentencia condenatoria). Por tanto, 
es  el  propio  relato  de  hechos  probados  el  que  desmiente  en  la  intención  de  los 
condenados,  también  del  recurrente,  una  intención  secesionista  al  margen  de  una 
negociación con el Estado.
Por otra parte, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la preservación de esos 
valores constitucionales que pudieran haberse puesto en riesgo con la celebración del 
llamado referéndum estaba asegurada, en cuanto a la imposibilidad de desplegar efecto 
alguno, mediante la actuación del Tribunal Constitucional, que ya había suspendido 
sucesivamente la diferente normativa autonómica aprobada con esa finalidad, lo que 
impedía  la  efectividad  de  una  declaración  de  independencia  fuera  del  marco 
constitucional vigente.
De ese modo, tampoco en la gravedad del riesgo o lesión de valores constitucionales 
cabe sustentar una necesidad imperiosa en que su preservación exigiera una represión 
penal de las características de la impuesta al recurrente.
13.  En conclusión, consideramos que, en el presente caso, la injerencia en el  e.
derecho  de  reunión  del  recurrente  mediante  el  recurso  a  la  sanción  penal  resulta  w.b
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social que posibilitara la declaración de independencia de Cataluña, fuera de los cauces
y procedimientos constitucionales, sino presionar al Gobierno de la Nación para la 
negociación de una consulta popular en ese sentido.
En esas circunstancias, una adecuada ponderación de todos estos hechos en el 
contexto del derecho fundamental de reunión y las posibilidades de injerencia en el 
mismo mediante el recurso al sistema de justicia penal con la finalidad de preservar 
valores constitucionales prevalentes, hubiera debido llevar a la conclusión, mantenida 
por nosotros en la deliberación, de que una sanción penal resultaba desproporcionada y 
con un indeseable efecto desaliento en el ejercicio de un derecho fundamental.
La respuesta penal, especialmente con la severidad de la impuesta al recurrente, 
frente a la mera convocatoria de actos que, aunque lo fueran para oponerse a la 
ejecución de resoluciones judiciales, tenían como objetivo último presionar al Gobierno 
en  favor  de  una  negociación  política  que  posibilitara  abordar  la  cuestión  de  la 
independencia de Cataluña, supone una injerencia en el derecho de reunión, con un 
devastador efecto desaliento sobre este derecho, que amenaza con empobrecer nuestra 
democracia, con alinearnos con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal 
en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos 
fundamentales y con alejarnos, en definitiva, de la necesidad de una interpretación y 
aplicación progresiva de aquellos derechos que posibilitan la normal participación de la 
ciudadanía en las democracias plenas.
Madrid, a dos de junio de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–María Luisa 
Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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