BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 29 de diciembre de 2021 Sec. II.B.   Pág. 166265
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
21714 Orden DSA/1475/2021, de 27 de diciembre, por la que se declara la nulidad 
de  pleno  derecho  de  la  Resolución  de  29  de  julio  de  2021,  de  la 
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de 
plazas  de  personal  laboral  fijo,  fuera  de  convenio,  en  el  marco  de 
estabilización de empleo temporal de la Administración General del Estado, 
en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Visto el Acuerdo del Subsecretario del Departamento de 1 de septiembre de 2021, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre, por el que se inicia el 
procedimiento de revisión de oficio, por motivo de nulidad de pleno derecho, de la 
Resolución de 29 de julio de 2021 de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para la provisión de plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, en el 
marco de estabilización de empleo temporal de la Administración General del Estado, en 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), y vista la propuesta formulada 
por la Secretaría General Técnica de Departamento, y el dictamen del Consejo de 
Estado 1125-2021, emitido en su sesión de 9 de diciembre de 2021, con ocasión de 
dicho  procedimiento  de  revisión  de  oficio,  la  Ministra  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030, dicta la presente orden, en base a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
Con fecha 31 de julio de 2021 se publica en el «Boletín Oficial del Estado», la 
Resolución de 29 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para la provisión de plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, en el 
marco de estabilización de empleo temporal de la Administración General del Estado, en 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Dicha  resolución  fue  dictada  por  el  Subsecretario  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030 en ejercicio de la competencia conferida en virtud del artículo 8.1 de Real 
Decreto 452/2020, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, del 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 954/2018, de 27 de 
julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente 
a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y en 
el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del 
Estado, correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018 y con el fin de atender las necesidades de personal de la  s
Administración Pública. oe.
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La precitada resolución se adoptaba, según se hacía constar en el segundo párrafo, 
de su preámbulo, «previo informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública», e incluía las bases de la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en la base 1.1, el proceso selectivo se realizaría 
mediante  el  sistema  de  concurso-oposición,  con  las  valoraciones,  ejercicios  y 
puntuaciones especificadas en el anexo I. La base 1.4, por su parte, preveía que el 
primer ejercicio de la fase de oposición se iniciaría «en el plazo máximo de cuatro meses 
contados a partir de la publicación de la convocatoria».
Segundo.
Tras constatar que la Dirección General de la Función Pública no había emitido el 
preceptivo informe favorable, el Subsecretario del Ministerio del Departamento acordó, 
el 1 de septiembre de 2021, iniciar un procedimiento de revisión de oficio de la referida 
resolución de 29 de julio de 2021, por nulidad de pleno derecho, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por considerar que se había 
dictado con omisión de un trámite esencial, y por el motivo recogido en la letra e) del 
artículo 47.1 de la citada ley.
Se acordó, asimismo, y de conformidad con el artículo 108 de la Ley 39/2015, la 
suspensión de la ejecución de la referida resolución, alegando que, en caso contrario, 
podrían causarse «perjuicios de difícil o imposible reparación para este departamento y 
el interés de los potenciales aspirantes, al tratarse de un acto viciado que, en caso de ser 
declarado nulo de pleno derecho, se consideraría como no dictado y sin que hubiera 
desplegado efecto alguno».
Finalmente,  se  acordaba  otorgar  trámite  de  audiencia  para  que  los  interesados 
pudieran formular por un plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».
Tercero.
El acuerdo reseñado en el antecedente anterior fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el 2 de septiembre de 2021, sin que se hayan formulado alegaciones en el 
plazo otorgado al efecto.
Cuarto.
El 22 de octubre de 2021, dentro de dicho procedimiento de revisión de oficio, se 
formula propuesta de resolución por parte de la Subdirección General de Recursos, 
Relaciones con los Tribunales y Atención a la Ciudadanía, de la Secretaría General 
Técnica del Departamento, en sentido favorable a la revisión de oficio.
Quinto.
Con  fecha  5  de  noviembre  de  2021,  la  Abogacía  del  Estado  delegada  en  el 
Departamento  informa  favorablemente  la  propuesta  de  resolución  extractada  en  el 
antecedente anterior. Coincide en que la omisión del informe preceptivo de la Dirección 
General  de  Función  Pública  constituye  un  vicio  en  la  elaboración  de  un  acto 
administrativo que puede encuadrarse en la causa de nulidad de pleno derecho prevista 
en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015. e.e
Sexto. 714ww
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Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dicho dictamen, con número 1125-2021, se emite en su sesión de 9 de diciembre 
de 2021.
A estos hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho
Primero.
Corresponde la resolución de este procedimiento a la Ministra de Derechos Sociales 
y Agenda 2030, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, en concordancia con lo establecido en el Real Decreto 452/2020, de 10 de 
marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y en 
la Orden DSA/383/2020, de 29 de abril, de fijación de límites de gasto y de delegación de 
competencias.
Segundo.
Como resulta de los antecedentes de hecho relatados, la resolución objeto de este 
procedimiento se publicó en el BOE sin que se hubiera emitido el mencionado informe 
previo, preceptivo y vinculante de la Dirección General de la Función Pública, previsto en 
los artículos 9 y 28.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de 10 de marzo, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  servicio  de  la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, lo que 
se entiende constituye un vicio de nulidad absoluta previsto en la citada letra e) del 
artículo 47.1 de la ley 39/2015.
Tercero.
El  artículo  106  de  la  Ley  39/2015,  prevé  en  su  primer  apartado  que  «las 
Administraciones Públicas, en cualquier momento por iniciativa propia o a solicitud del 
interesado, y previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 
la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos 
administrativos  que  hayan  puesto  fin  a  la  vía  administrativa  o  que  no  hayan  sido 
recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1».
Cuarto.
Corresponde ahora analizar si la omisión del informe previo, preceptivo y favorable 
de la Dirección General de Función Pública se incardina en la causa de nulidad absoluta 
que se recoge en la letra e) del artículo 47.1 de la ley 39/2015, y procede por tanto 
declarar la nulidad de pleno derecho de la Resolución de 29 de julio de 2021 de la 
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de plazas de 
personal  laboral  fijo,  fuera  de  convenio,  en  el  marco  de  estabilización  de  empleo 
temporal de la Administración General del Estado, en el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO). e.e
A tales efectos cabe señalar que tanto la propuesta de 22 de octubre de 2021, de la  b
Subdirección  General  de  Recursos,  Relaciones  con  los  Tribunales  y  Atención  a  la  714ww
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derecho de la resolución enjuiciada de 29 de julio de 2021, por la omisión del referido 
informe de la Dirección General de Función Pública.
Valga por todos, lo que se recoge en el citado dictamen del Consejo de Estado, del 
cual cabe señalar que, tras realizar un amplio análisis de la causa prevista en la letra e) 
de del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, recoge expresamente, dentro de su apartado V:
(…) Pues bien, en el asunto examinado se ha constatado que la resolución por la 
que se convocó el proceso selectivo para la provisión de plazas de personal laboral fijo, 
fuera  de  convenio,  en  el  marco  de  estabilización  de  empleo  temporal  de  la 
Administración General del Estado, en el IMSERSO, fue adoptada sin el previo informe 
de la Dirección General de Función Pública (…).
Y tras la cita y explicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 28.1 del Real 
Decreto  364/1995,  de  10  de  marzo,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado  y  de  Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, literalmente, asimismo, 
recoge:
(..) No ofrece dudas, pues, que el informe del citado órgano resulta preceptivo y debe 
recabarse  con  carácter  previo  a  la  convocatoria  de  los  correspondientes  procesos 
selectivos.
Teniendo en cuenta, además, que se trata de un informe obstativo, toda vez que la 
publicación de la convocatoria solo puede tener lugar cuando el informe sea favorable, 
quedando de este modo condicionada su validez a la previa obtención del parecer 
conforme de la Dirección General de Función Pública, cabe concluir que se trata de un 
trámite esencial cuya omisión vicia de nulidad radical la resolución dictada.
Pues, en efecto, a través del referido informe favorable, el citado centro directivo 
verifica que la convocatoria propuesta se adecua tanto a la oferta de empleo público 
como a la realidad presupuestaria, no pudiendo convocarse válidamente ningún proceso 
selectivo en contra del criterio manifestado por dicho órgano o en ausencia de su 
expresa conformidad.
Se trata, por tanto, de un trámite que debe necesariamente preceder al acto por el 
que se aprueba la convocatoria esencial a fin de garantizar que se ha llevado a cabo una 
correcta valoración de la convocatoria, siendo, además, un instrumento imprescindible 
para la elaboración y ejecución de la política del Gobierno en materia de función pública 
(competencia ésta que el artículo 5.2 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el 
que se reestructuran los departamentos ministeriales, atribuye al Ministerio de Hacienda 
y Función Pública).
A la luz de los razonamientos expuestos, cabe concluir que la emisión del referido 
informe en sentido favorable a la convocatoria constituye un trámite esencial para la 
correcta valoración y resolución de la convocatoria, lo que determina que su omisión sea 
constitutiva de un vicio de nulidad de pleno derecho al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, antes citado.
En  consecuencia,  debe  procederse  a  la  revisión  de  oficio  de  la  resolución  de 
referencia, por apreciarse en ella un vicio de nulidad radical. (…).
En  su  virtud,  vistos  los  anteriores  fundamentos  jurídicos,  los  preceptos  legales 
referidos,  y  los  demás  de  pertinente  aplicación,  de  acuerdo  con  la  propuesta  del 
Secretario General Técnico del Departamento, y de lo dictaminado por el Consejo de  e.
Estado, la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, resuelve, declarar nula de  w.
pleno derecho la Resolución de 29 de julio de 2021 de la Subsecretaría, por la que se  714ww
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Ginehneereranlt edse al  dEiscthaad od,e celanr aecl ióInns dtietu ntou liddea dM.ayores y Servicios Sociales, con los efectos  BOE-A-cable e
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
recepción de la presente notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, o potestativamente recurso Administrativo de Reposición en el plazo de 
un mes ante el mismo órgano que dictó este acto, sin perjuicio de que puedan interponer 
cualquier otro recurso que se considere pertinente.
Madrid, 27 de diciembre de 2021.–La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
Ione Belarra Urteaga.