BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 288 Sábado 31 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 94568
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13325 Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil de Barcelona n.º XI a inscribir una escritura de elevación 
a  público  de  acuerdos  adoptados  por  la  junta  general  de  una  sociedad 
anónima.
En el recurso interpuesto por don Rafael Ángel Corral Martínez, notario de Tortosa, 
contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona número XI, don Heliodoro 
Sánchez Rus, a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos adoptados por 
la junta general de una sociedad anónima.
Hechos
I
Por escritura autorizada el 19 de junio de 2020 por el notario de Tortosa don Rafael 
Ángel Corral Martínez, con número 681 de protocolo, se elevaron a público los acuerdos 
adoptados el 2 de mayo de 2020 por la junta general de la sociedad «INVER-RISOL 92, 
S.A.»  por  los  cuales  se  reelige,  desde  el  1  de  julio  de  2018  para  el  cargo  de 
administradora única de la sociedad, por un período de cinco años, a doña M.D.R.S., 
que aceptó el cargo en la misma reunión. Se añade que «habida cuenta que su cargo se 
encontraba caducado desde la fecha referida, esta Junta General acuerda convalidar y 
aprobar todos los actos que hayan efectuado la administradora desde la fecha de 
caducidad de su cargo hasta este momento».
II
El mismo día 19 de junio de 2020 se presentó dicha escritura en el Registro Mercantil 
de Barcelona, y fue objeto de calificación negativa que, respecto del único defecto que 
es objeto de impugnación, tiene el contenido siguiente:
«El  Registrador  que  suscribe,  previo  el  consiguiente  examen  y  calificación  del 
documento,  de  conformidad  con  los  artículos  18  del  Código  de  Comercio  y  6  del 
Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho (…).
Fundamentos de derecho (Defectos):
1.  (…)
2.  La reelección de doña M.D.R.S ha tenido lugar el día 1 de julio de 2020 y por 
tanto sólo se puede entender producido el nombramiento a partir de esa fecha, sin que 
en modo alguno pueda atribuirse a los nombramientos efectuados eficacia retroactiva. 
Téngase en cuenta que el nombramiento de administrador surte efectos a partir de la 
aceptación y no cabe aceptar un cargo antes de que haya sido deferido (artículos 214.3,  e.
221.2 y 222 de la Ley de Sociedades de Capital y artículos 6 y 58 del Reglamento del  w.b
Registro Mercantil). 325ww
LCoosn tdrae fleac ptorse sceonntsei gcnaalidficoasc tiióenn e…n carácter subsanable.
Barcelona, a 26 de junio de 2020.–El Registrador.»
III
El notario autorizante de la escritura, don Rafael Ángel Corral Martínez, interpuso 
recurso contra la calificación únicamente respecto del segundo defecto (antes transcrito) 
el 3 de julio de 2020, mediante escrito que causó entrada en el Registro de Mercantil de 
Barcelona el 5 de octubre de 2017, en el que alega lo siguiente:
«(…)
Fundamento segundo: Según la calificación recurrida "en modo alguno puede atribuirse a 
los nombramientos efectuados eficacia retroactiva". No obstante, no resulta prohibición expresa 
de ninguna norma legal y especialmente no existe tal prohibición en ninguna de las normas 
legales citadas por la calificación, esto es, los artículos 214.3, 221.2 y 222 LSC y los artículos 6 
y 58 del RRM. Huelga decir que sin prohibición hay permisión. Fundamento tercero: La 
calificación recurrida encuentra un argumento sistemático para la irretroactividad que pretende 
en que "el nombramiento de administrador surte efectos a partir de la aceptación" (214.3 LSC).
Pero esta afirmación legal no puede entenderse literalmente porque:
–  Determinaría  una  vacancia  de  órgano  administrativo  ex  lege  siempre  que 
nombramiento  y  aceptación  no  sean  simultáneos,  idea  que  es  contraria  a  todo  el 
Derecho Mercantil Estatutario y Traficario.
– La doctrina computa la vigencia y duración del órgano de administración desde el 
nombramiento y no desde la aceptación. Así V. C., A. N., V. G. e incluso finalmente H. C.
– La RDGRN de 3 de Julio de 2017 declara que la vigencia y duración del órgano de 
administración se cuenta desde el nombramiento y no desde la aceptación.
De este modo se diferencia:
– Vigencia y duración del órgano de administración. Se obtiene computando el plazo 
estatutario desde la fecha de nombramiento.
– Ejecutividad del cargo administrativo: El nombramiento de administrador no puede 
funcionar  ejecutivamente  per  se,  por  sí  solo.  Necesita  encarnarse  en  una  persona 
actuante que sólo existirá desde que acepta: podría también rechazar el nombramiento. 
Despejada esta duda tenemos la administración es ejecutiva, esto es, puede actuar. Este 
período ejecutivo tiene como fecha inicial el día de la aceptación del cargo y como día 
final el último día de vigencia y duración del órgano de administración.
Esto es lo que hace el 214.3 LSC. Recordar que el período de administración y el 
período de ejecutividad de la administración no son coincidentes. Pueden dislocarse si la 
aceptación no es simultánea al nombramiento. Pero la vigencia y duración del cargo 
están retrotraídos a ese momento de adopción del acuerdo.
Que la ejecutividad del órgano de administración nazca con la aceptación no impide 
que, recaída esta, el administrador ya ejecutivo concrete un acto que se extiende hacia 
el pasado. El administrador puede ratificar un negocio jurídico otorgado en el interregno 
entre nombramiento y aceptación. Si ese negocio jurídico además fue otorgado por el 
mismo  administrador  todavía  no  aceptante  es  discusión  bizantina  dirimir  si  hubo 
entonces aceptación tácita del cargo o si hay ahora ratificación tácita del negocio por el 
nombramiento y aceptación posterior. Y nada empece a aceptar de manera más natural 
que estos negocios intermedios fueron verdaderamente otorgados por el administrador 
de la compañía una vez que recayó la aceptación del cargo y dada la retroacción de la 
vigencia y duración de la administración al momento de nombramiento. es
Fundamento cuarto: Añade la calificación recurrida que "no cabe aceptar un cargo  o
antes de que haya sido deferido". Ello sería cierto si el administrador hubiera aceptado  325ww
aesucl u dreeíLaread  l2eor ec dytcre oidó amencs atepivylu iod1é a sddd eea  d c2Jeeu0 ple2itof0ae . dc laPteo  eas2rd 0oem1 se8tinás a itsoínnt rtsnaeiotdsa  o edersean  , lq oesu li noep c rpsuoerrpo riabioddl eoaom cpeuatnaes rre addl o eec  ladd aeseco lnau. ocePmirórdinbmo.r aedmreo ie ssnuet or ea qeduloeepc tceais ótenál    OE-A-2020-13able en https://
así tomado por la Junta General: "reelegir desde el día 1 de julio de 2018". Estando así
redactado  el  acuerdo  la  aceptación  post  delación  sólo  toma  los  efectos  naturalmente 
previstos en el mismo sin adelantarse a nada ni recaer en vacío. La aceptación se produce 
cuando se produce. Después del nombramiento. Otra cosa es que de tal aceptación se 
deriven efectos hacia el pasado previstos en el propio acuerdo de nombramiento, (extender el 
cómputo de vigencia y duración de la administración desde el día 1 de julio de 2018).
Fundamento quinto: La idea de la calificación recurrida es contraria al principio 
general del factor notorio, de la ilimitabilidad de la representación de los administradores 
sociales y de la protección del tercero en el tráfico mercantil y societario.
En este caso tenemos una administradora de una compañía con cargo caducado que 
continúa ejerciendo de hecho la administración social y que es reelegida en el mismo 
cargo, aunque sea con un extraordinario retraso.
Traficariamente  negar  la  posibilidad  de  señalar  una  fecha  de  vigencia  del 
nombramiento anterior a la de adopción del acuerdo condena a los negocios intermedios 
a su impugnabilidad o a pasar por un antieconómico proceso de ratificación a posteriori 
concreto e individualizado cuya ventaja y sentido no se comprenden.
Estatutariamente tampoco tiene sentido condenar a la gestión de negocios ajenos la 
relación entre el administrador y la compañía en el enjuiciamiento de su gestión y sus 
mutuas pretensiones en ese interregno entre el 1 de julio de 2018 y la fecha del acuerdo 
de reelección (2/05(2020).
En este caso la retroactividad prevista por el acuerdo de nombramiento soluciona la 
vacancia formal o jurídicamente existente en la administración societaria (no existió 
vacancia de hecho) y solucionarlo con un expediente igualmente formal y jurídico que 
consagra las situaciones intermedias con protección para los terceros y el tráfico y para 
las relaciones internas entre la administradora reelegida y los socios. La realidad jurídica 
es un traje virtual que confeccionamos sobre la realidad social y económica. El sastre no 
debe olvidar que lo importante es el cuerpo y no el vestido.»
IV
Mediante escrito de 20 de julio de 2020 el registrador mercantil emitió informe y elevó 
el expediente a esta Dirección General. En su informe afirma que en la calificación existe 
un error material, pues donde se indica que «… la reelección … ha tenido lugar el día 1 
de julio de 2020», debe expresar que «… la reelección … ha tenido lugar el día 2 de 
mayo de 2020».
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 23.e), 173.1, 197 bis, 214, 221.2, 222, 223 y 224 de la Ley de 
Sociedades de Capital; 326, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria; 138, 141, 142 y 144 
del Reglamento del Registro Mercantil; y las Resoluciones de esta Dirección General 
de 9 de diciembre de 1996, 14 de marzo de 1997, 29 de septiembre de 1999, 25 y 26 de 
marzo de 2002 y de 3 de julio de 2017.
1.  Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso se elevaron 
a público los acuerdos adoptados el 2 de mayo de 2020 por la junta general de la 
sociedad «INVER-RISOL 92, S.A.» por los cuales se reelige, desde el 1 de julio de 2018 
para el cargo de administradora única de la sociedad, por un período de cinco años, a 
doña M.D.R.S., que aceptó el cargo en la misma reunión. Se añade que «habida cuenta 
que su cargo se encontraba caducado desde la fecha referida, esta Junta General  e.e
acuerda convalidar y aprobar todos los actos que hayan efectuado la administradora  b
desde la fecha de caducidad de su cargo hasta este momento». 325ww
inscEribl irr eegli sntroamdborra msuiesnpteon dceo nl ala  infescchriap cdióen l as ojulinctiata dgae npeorarql ueen,  laa  qsuue  juseic iore, aslizóólo  –c2a bdee 
mayEol  den o2t0a2ri0o–  yre ncou rcreonnt ee ficaalecigaa r eqtruoea ctnivoa  dsees dper oehl 1íb dee  ejuxlipor edsea 2m0e1n8t.e  atribuir  a  los
nombramientos eficacia retroactiva y la idea que se mantiene en la calificación recurrida
es contraria al principio general del factor notorio, de la ilimitabilidad de la representación 
de los administradores sociales y de la protección del tercero en el tráfico mercantil y 
societario.
2.  La Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores de una 
sociedad  anónima  ejercen  el  cargo  durante  el  plazo  que  establecen  los  estatutos 
sociales, que no podrá exceder de seis años (artículo 221.2, párrafo primero, de la Ley 
de Sociedades de Capital; cinco años, antes de la entrada en vigor de la Ley 31/2014, 
de 3 de diciembre). Si la duración del cargo de administrador se ha fijado por años (como 
acontece en el presente caso -cinco años-), el nombramiento de los administradores 
caduca cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya transcurrido el 
plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las 
cuentas del ejercicio anterior (artículo 222 de la Ley de Sociedades de Capital).
Es cierto que, como afirma el notario recurrente, el cómputo de la duración del cargo 
de  administrador  debe  realizarse  tomando  como  «dies  a  quo»  la  fecha  del 
nombramiento, y no la fecha de aprobación del acta ni la fecha de la aceptación (vid. la 
Resolución de este Centro Directivo de 3 de julio de 2017). Pero debe tenerse en cuenta 
que el nombramiento o reelección de administrador habrá de ser expreso en todo caso 
(cfr. artículos 214 de la Ley de Sociedades de Capital y 138, 141, 142 y 144 del 
Reglamento del Registro Mercantil) y que incluso la llamada reelección, aunque suponga 
de hecho una continuidad en el cargo, implica un previo cese y no supone prorrogar sino 
nombrar  de  nuevo,  con  observancia  de  los  mismos  requisitos  que  cualquier  otro 
nombramiento (cfr. Resoluciones de 14 de marzo de 1997 y 25 de marzo de 2002).
Por lo demás, según la doctrina de este Centro Directivo (vid. las Resoluciones de 9 
de diciembre de 1996, 29 de septiembre de 1999 y 9 de febrero de 2013), la junta 
general, al proceder a ese nuevo nombramiento de un administrador, no puede fijar un 
plazo de duración del cargo inferior al establecido en los estatutos sociales, habida 
cuenta que: a) La duración del cargo es una mención necesaria de tales estatutos –cfr. 
artículo 23.e) de la Ley de Sociedades de Capital–; b) El tenor literal de los textos legales 
específicos no pueden ser más contundentes al establecer que los administradores de 
sociedades anónimas ejercerán el cargo durante el plazo que señalen los estatutos 
sociales (artículos 221.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 144 del Reglamento del 
Registro  Mercantil);  y  c)  Se  establece  la  ilimitada  facultad  de  separación  del 
administrador por la junta general (artículos 223 y 224 de la mencionada Ley).
De  las  consideraciones  anteriores  (y  aunque  el  artículo  197  bis  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital – por la Ley introducido por Ley 31/2014, de 3 de diciembre– se 
refiera a la ratificación de administradores junto al nombramiento y reelección como 
actos distintos) se desprende que la inscripción de la denominada reelección únicamente 
puede tener como fecha de ésta la del acuerdo adoptado por la junta general que decide 
ese  nuevo  nombramiento  de  la  administradora  con  cargo  caducado,  todo  ello  con 
independencia de la eficacia que, en el ámbito no amparado por la publicidad registral, 
pueda  derivarse  del  acuerdo  también  adoptado  por  la  misma  junta  general  de 
convalidación y aprobación de todos los actos que haya efectuado la administradora 
desde la fecha de caducidad de su cargo hasta ese momento.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de  e.
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,  w.b
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001,  325ww
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
PúbMlicaad, rSido, fí1a4 P duee notec tSubarnet iadgeo .2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe