BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Miércoles 2 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 14706
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
1693 Resolución de 3 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de  la  registradora  de  la  propiedad  de  Barcelona  n.º  16,  por  la  que  se 
suspende la inscripción de un convenio regulador de los efectos del divorcio.
En el recurso interpuesto por don J. B. R. contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Barcelona número 16, doña María Tenza Llorente, por la 
que se suspende la inscripción de un convenio regulador de los efectos del divorcio.
Hechos
I
Mediante sentencia dictada el día 20 de julio de 2021 por doña Eva María Atares 
García, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 51 de Barcelona, en el 
procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo número 235/2021, se aprobó el convenio 
regulador y el plan de parentalidad suscritos por doña S. R. G. y don J. B. R, que 
estaban casados en régimen legal catalán supletorio de separación de bienes. En dicho 
convenio se incluía, entre otros, el pacto por el que los cónyuges acordaban extinguir la 
comunidad sobre la vivienda, que habían adquirido por mitad proindiviso después de 
contraer matrimonio, adjudicándosela el esposo.
II
Presentada dicha sentencia en el Registro de la Propiedad de Barcelona número 16, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre) y 100 y siguientes del Reglamento Hipotecario:
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del 
documento presentado por don/doña B. R., J., el día 20 de agosto de 2021, bajo el 
asiento número 132, del tomo 70 del Libro Diario y número de entrada 5510, que 
corresponde al documento otorgado por el Juzgado de Barcelona Juzgado de Primera 
Instancia  n.º  51  de  Barcelona,  con  el  número  235/2021  de  procedimiento,  de 
fecha  20/07/2021,  ha  resuelto  no  practicar  los  asientos  solicitados  en  base  a  los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Se presenta mandamiento expedido el veinte de julio del año dos mil veintiuno en el 
que se tramita juicio de Divorcio n.º 235/2021 promovido por S. R. G. y J. B. R. Ambos 
son titulares de la Vivienda piso sin anejos en (…) finca registral 26388 (…)
Fundamentos de Derecho: oe.
1.  Se suspende la inscripción del documento pues de conformidad con la disposición  93ww
tfirnibaul tcauriaarsta d direig ildaa Lse ay  1la6 /c2o0n1s2o ldidea c2i7ó nd ed ed iclaiesm fibnraen,z paosr  plaú bqluicea ss ey  aadl oimptpaunl sdoiv deers alas  amcetivdiiddaads 
económica, y con efectos desde 1 de enero de 2013 se adiciona un nuevo apartado 5 en el
artículo 254 de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946, 
con la siguiente redacción (RDGSJFP 23 de diciembre de 2020):
“5.  El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de 
ningún  documento  que  contenga  acto  o  contrato  determinante  de  las  obligaciones 
tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, sin que se acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su 
coso, la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del 
apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo.”
2.  No consta la firmeza del mandamiento (Artículos 82 de la Ley Hipotecaria). Según 
doctrina reiterada del Centro Directivo el concepto que de firmeza pueda predicarse de 
determinada resolución judicial es unitario (para el ordenamiento en general), y es el 
definido en el artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual, son firmes 
aquellas resoluciones contra las que no cabe recurso alguno; bien por no preverlo la ley, 
bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de 
las partes lo haya presentado (artículos 79, 80, 82 y 83 de la Ley Hipotecaria, 174.3 del 
Reglamento Hipotecario, 524 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, 
Resolución de fecha 19 de octubre de 2012, Fundamento de Derecho Segundo). De ahí 
deduce que no existe, pues, un concepto de. firmeza a efectos registrales distinto de su 
concepto  procesal  “stricto  sensu”  (Resoluciones  de  21/4/2005,  2/3/2006,  9/4/2007, 
20/11/2007, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Salamanca de fecha 11/6/2008) 
Fundamento de Derecho Tercero de la Resolución de 15/7/2010; Fundamento de Derecho 
Quinto de la Resolución de fecha 27/9/2010). La necesidad de resolución judicial firme para 
cancelar se reitera, entre otras, en Resolución de fecha 4 de octubre de 2012 (Fundamento 
de Derecho Tercero). Sobre la necesidad de firmeza, Resolución de fecha 28 de agosto 
de 2013. Según el Fundamento de Derecho Tercero de la Resolución de fecha 23 de mayo 
de 2014 uno de los extremos susceptibles de calificación en relación con las resoluciones 
judiciales  es  precisamente  el  requisito  de  su  firmeza  y  ejecutabilidad.  En  efecto,  del 
artículo 3 de la Ley Hipotecaria resulta que los títulos que contengan actos o contratos 
inscribibles  deberán  estar  consignados  en  escritura  pública,  ejecutoria,  o  documento 
auténtico, expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en la forma que 
prescriban los reglamentos. Por tanto, en relación con los documentos de origen judicial se 
exige  que  el  título  correspondiente  sea  una  ejecutoria,  siendo  así  que  conforme  al 
artículo 245.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial la ejecutoria es “el 
documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme”. Por su parte, de 
acuerdo con el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Mientras no sean firmes, o 
aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la 
acción  de  rescisión  de  la  sentencia  dictada  en  rebeldía,  sólo  procederá  la  anotación 
preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan la inscripción o cancelación de 
asientos en Registros Públicos”. Conforme dispone el artículo 207, apartado 2, de la citada 
Ley de Enjuiciamiento Civil: “Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe 
recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el 
plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado”. Con fundamento 
en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este Centro Directivo (puesta de 
manifiesto, entre otras, por las Resoluciones de 21 de abril de 2005, 2 de marzo de 2006, 9 
de abril de 2007, 15 de julio de 2010 y 28 de agosto y 18 de diciembre de 2013), que la 
práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como las inscripciones o  e
cancelaciones, ordenados en virtud de documento judicial sólo pueden llevarse a cabo  bo
cuando de los mismos resulte la firmeza de la resolución de la que, a su vez, resulte la  93ww
mla uLtaecyi óHni pjuortíedcicaori are ya l1 c7u4y ad einl sRcerigplcaiómne sneto o Hrdipeontee coa irnios,t eR (ecsfro. laurctiíócnu lodse  4103,  7d9e,  j8u0n,i o8 2d ey  8230 1d4e, 
Fdeu n2d9a mdee neton edreo  Dy e2r9e cdheo  aCburail rtyo  1o  od e2 6u ndoe  doec toucbtrueb rdee  d2e0 21051 y4 ,d See 2g0u nddeo  odcet ulbar eR edseo l2u0c1ió6n, 
fundamento de Derecho tercero, y fundamento de Derecho tercero de la Resolución de 24
de julio de 2017 y quinto de la Resolución de 27 de septiembre de 2017 y 5 de diciembre 
de 2019, respecto de la aprobación de un plan de liquidación mediante auto) y 8 de octubre 
de 2020 para el caso de una cancelación de anotación preventiva de demanda.
Asimismo, le [sic] fundamento de Derecho quinto de la Resolución de 8 de marzo 
de 2019 señala que es reiterada su doctrina sobre la necesidad de firmeza de los 
documentos judiciales para que puedan dar lugar a la práctica en el Registro de la 
Propiedad, de asientos de inscripción o cancelación, dado que el requisito de la firmeza 
de la resolución judicial está plenamente justificado cuando se van a producir asientos 
definitivos, tanto de inscripción como de cancelación, puesto que, si se admitiera la 
práctica de los mismos sin ser firme la resolución que los ordena, podrían surgir en el 
ínterin terceros protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que se apoyarían en 
asientos registrales practicados en virtud de un título que no es firme, haciéndose 
inviable  la  ejecución  de  la  sentencia  del  órgano  judicial  superior  revocatoria  de  la 
anterior.
3.  No  consta  la  inscripción  de  la  sentencia  de  divorcio  en  el  Registro  Civil 
(Resolución 28/4/2005, 22/2/2005 y Fundamento de Derecho Sexto de la Resolución de 
fecha 11 de abril de 2012 y 6 de septiembre de 2014 de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, artículo 266 RRC por analogía, 77 Ley de Registro Civil de 
fecha 8 de junio de 1957; artículo 231.22.2 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro 
segundo del Código. civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, como previa a la 
inscripción  de  las  mutaciones  jurídico-reales  a  favor  de  los  cónyuges.  Así,  en  el 
Fundamento  de  Derecho  Tercero  de  la  resolución  de  22/3/2010  señala  el  Centro 
Directivo dicho defecto puede subsanarse mediante certificación, Libro de Familia o nota 
al pie del documento donde consten los indicados datos. Así, también, Resolución de 
fecha 28 de octubre de 2014, Fundamento de Derecho Quinto y de 11 de mayo de 2017 
para el caso de nacionalidad española sobrevenida de uno de los cónyuges (fundamento 
de Derecho tercero) y fundamento de Derecho segundo de la Resolución de fecha 14 de 
diciembre de 2017 para un caso de inscripción de escritura de disolución de sociedad de 
gananciales por divorcio. La RGDJSFP también exige que, además de la firmeza, conste 
la toma de razón de la Sentencia en el Registro Civil en la Resolución de 19 de febrero 
de 2020 (Fundamento de Derecho tercero) y RGDJSFP de 3 de diciembre de 2020, que 
entiende  aplicable  a  cualquier  régimen  económico  matrimonial  este  requisito 
(Fundamentos de Derecho segundo y tercero)
4.  En cuanto al contenido del convenio, cabe señalar que carece de trascendencia 
real pues no se adjudica la finca, sino que sólo fijan condiciones de ejercicio de la 
potestad parental. Para que la tuviera, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 
Hipotecaria,  es  preciso  que  se  liquiden  y  adjudiquen  las  comunidades  de  bienes 
existentes con o con anterioridad al matrimonio, como indica el Fundamento de Derecho 
Cuarto y Quinto de la citada Resolución de 22/3/2010, pues sólo tiene como objeto 
(artículos 233.1 g) y 233.3d) de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del 
Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Resoluciones de 25/2 y 9 
y 10/3/1998, y 21/3 y 25/10/2005, 26 de junio de 2013, 1 de julio de 2014 y 13 de marzo 
o 19 y 30 de junio de 2015 o 26 de julio y 13 o 24 de octubre de 2016, 11 de enero 
de 2017, 18 de mayo de 2017 fundamento de Derecho segundo o 25 de mayo de 2017) 
la liquidación de la sociedad conyugal o de los bienes existentes en un régimen de 
separación de bienes. Este negocio ha de tener su adecuado reflejo documental, como 
negocio jurídico complejo, no mediante este convenio, pues no es la vivienda habitual. 
Así, para un caso de error en calificación de los bienes, Resolución de 16 y 21 de mayo  s
de 2018 y para un reconocimiento de dominio, Resolución de 21 de junio de 2018,  oe.
fundamento de Derecho Cuarto o Resolución de 22 de mayo de 2019, fundamentos de  w.
Derecho quinto y sexto y de 2 de octubre de 2019 y Resolución de 31 de octubre  93ww
de 2Y0 1p9o.r considerarlo un defecto subsanable se procede a la suspensión de los asientos
solicitados del documento mencionado.
No  se  toma  anotación  preventiva  por  defectos  subsanables  por  no  haberse 
solicitado.
Contra la anterior nota de calificación cabe (…)
Barcelona, veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno.–La registradora de la 
Propiedad (firma ilegible), Fdo.: María Tenza Llorente.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. B. R. interpuso recurso el día 8 de 
octubre de 2021 con arreglo a las siguientes alegaciones:
«Hechos.
Primero.–Esta parte solicitó ante el Registro de la Propiedad n.º 6 de Barcelona: La 
inscripción [sic] de la propiedad, de la finca registral n.º 26388. a mi propio y exclusivo 
nombre, ello como consecuencia de la disolución de condominio que tuvo lugar tras la 
homologación judicial del Convenio Regulador de Divorcio y de Guarda, Custodia y 
Alimentos, el 20 de julio de 2021.
Segundo.–El Registrador de la Propiedad de Barcelona n.º 6 [sic], emitió calificación 
negativa de dicha Inscripción por los siguientes motivos:
1.  Porque  entiende  que  debía  aportarse  junto  a  la  solicitud  de  Inscripción,  la 
autoliquidación  practicada  del  Impuesto  de  Plusvalía  Municipal,  o  en  su  caso,  la 
declaración del impuesto o comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del 
artículo 110 del Texto Refundido del Decreto 8 de febrero de 1946 (…)
2.  En el momento de la presentación, la resolución judicial, Sentencia n.º 320/2021 
de 20 de julio de 2021, de Divorcio de Mutuo Acuerdo no era firme (…).
3.  Por falta de inscripción de la Sentencia en el Registro Civil. Para su subsanación, 
nos referimos a la diligencia de ordenación de fecha 23 de septiembre de 2021 (…) la 
cual establece: “...acuerdo librar un exhorto al Encargado del Registro Civil de Barcelona, 
junto a la resolución, para la práctica del asiento que corresponda en la inscripción de 
divorcio.”
Asimismo, nos referimos a los mismos efectos el Testimonio de Sentencia n.º 
320/2021 de 20 de julio de 2021, de Divorcio de Mutuo Acuerdo (…).
4.  El  Registrador  entiende  que  el  Convenio  Regulador  de  Divorcio  no  tiene 
trascendencia  Real,  y  dice  que  este  no  adjudica  la  finca,  sino  que  solo  fija  las 
condiciones de ejercicio de la potestad parental. En cuanto a este último punto esta parte 
no está de acuerdo, tal y como se expondrá a continuación.
Tercero.–Tal y como es de ver en el testimonio que se acompaña junto con el 
Convenio Regulador de Divorcio de fecha 25 de marzo posteriormente homologado por 
la Sentencia n.º 320/2021 de 20 de julio de 2021, se recogen expresamente cláusulas de 
contenido  real  como  es  la  cláusula  tercera:  “Disolución  de  Condominio”,  donde  se 
establece que ambos cónyuges acuerdan disolver la propiedad, pasando a ser el Sr. B. 
el titular exclusivo de la misma, tras adjudicación judicial.
No existe identidad de razón entre lo dicho por la DGRN y nuestro supuesto, ya que, 
de la Resolución de 22 de marzo de 2010 de la DGRN, califica de negativa dicha 
solicitud, al entender que; “es preciso que se liquiden y adjudiquen las comunidades de 
bienes existentes con anterioridad al matrimonio”. e
En la resolución de 22 de marzo de 2010 se trata de un caso diferente al nuestro  bo
porque es un régimen económico de gananciales en el que los cónyuges compran con  93ww
amnittaedri,o rciodrarde sapl omnadtireimndoon ieol,  5e0s% de dceirl  einnm eusetabdleo  ad ec a“ssoal teurnoos ”d, ea dloqsu ieexrecnó nuynuag epsro, paieddeamdá ps oar 
epsratec tiscuaprsuee slato i nssec raippcliicóan  eplo rDqeuree cehno u An rCagoonnvéesn.i oE, nstoielon dpeu eedl eR teegniesrt reafdeocrt oq ulae  linqou idpauceidóen 
del régimen económico matrimonial, y versar sobre los bienes que integran el patrimonio
común, y no sobre otros bienes que pudieran pertenecer a los cónyuges con carácter 
privativo, por haberse adquirido en un momento anterior a la celebración del matrimonio.
La vista de lo anterior, entiende esta parte que dicha Resolución, es inscribible el 
cambio de titularidad de la finca n.º [sic] a mi favor, dado que:
1.  En primer lugar porque en este caso es un matrimonio con régimen económico 
matrimonial de separación de bienes, al haberse llevado a cabo en Cataluña, y al que le 
son aplicables la normativa catalana.
2.  En segundo lugar, porque el matrimonio tuvo lugar en fecha 4 de julio de 2014, y 
la  vivienda  se  adquirió  por  ambos  cónyuges  mediante  escritura  de  compraventa, 
autorizada ante notario don Rubén Peran Sánchez de Barcelona el día 2 de abril 
de 2015, con n.º de Protocolo 222/2015. Inscripción 2.º Tomo 2.257 Libro 481 Folio 38 a 
fecha de 25 de mayo de 2015. Por lo tanto, esta se adquirió con posterioridad a la 
celebración del matrimonio, y dentro de un régimen económico común, aunque sea el de 
separación de bienes (…).
3.  En tercer lugar porque según la Resolución de 21 de enero de 2006, tienen 
carácter inscribible las sentencias por las que se aprueban los convenios reguladores en 
procedimientos de separación y divorcio.
4.  Y finalmente porque, en el Convenio se recoge expresamente la voluntad de 
ambos cónyuges de que dicha comunidad quede disuelta, siendo el único bien que 
ostentaban proindiviso el referido inmueble, que además era la vivienda habitual de 
ambos cónyuges, y de las hijas, hasta el momento del divorcio. Entendiéndose que la 
interpretación de los contratos no puede ir nunca contra la voluntad de los otorgantes y 
que si ambos comparecientes han presentado el documento para su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, su intención a la hora de firmar el convenio regulador, no era 
otorgarse la propiedad del inmueble a través de una escritura notarial, sino que la 
adjudicación se producía por la Sentencia que disolvía la comunidad sobre el citado 
inmueble adjudicando la totalidad del mismo a D. J. B. R.
En su virtud,
Al registrador suplico, Tenga por presentado este recurso por vulneración de los 
artículos 19 y 324 y ss. de la Ley Hipotecaria, se sirva admitirlo, y dicte de conformidad a 
lo solicitado, inscribiendo la titularidad única del inmueble referenciado a mi nombre, tal y 
como se desprende de la Sentencia 320/2021, de 20 de julio de 2021, y como recoge el 
apartado Tercero del Convenio Regulador de dicha Sentencia. En Barcelona a 4 de 
septiembre de 2021.»
IV
La registradora de la Propiedad de Barcelona número 16, doña María Tenza Llorente, 
emitió informe el día 21 de octubre de 2021, ratificando su calificación en cuanto a los 
tres primeros defectos y revocándola en cuanto al cuarto, y elevó el expediente a esta 
Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 90, 91, 95, 400 y 609 del Código Civil; 232-1 y siguientes y 233-2 
de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo 
a la persona y la familia; 3, 9, 18, 19, 19 bis, 20, 21, 32, 82, 254.5, 255 y 322 y siguientes  es
de la Ley Hipotecaria; 104 y 110.6.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  o
pRd23oe24er 2,s 2 .5eo301ll  1uy,q 4c 1u7i o0ey0n 0 37se  e ysdd   e1aed 7p elea9r un l aLdee eebrDoyla i  R rddeeeeelc g  tcE2elia0ónxm1ntjuo6 ei Gc,rn eiyeatfo numl aenHisredia pniRdlo toodete  esCdco elailovu rslicialo ;i  Ro;1L n2e6ee6g,y s6i 1sR  7dtdre eoeyg sl lu 1a Ryl9 ae D dddgioerelearl  aclmNa cd eoiLóentean tlyor aiG  asddde eeHonll  a eRRdcreeaeieg lg 1nidiss0dett arr dooSse   eCCL ogoiivvcuciitrlalu;i; d lb3elaar3seds,;      OE-A-2022-1693able en https://www.
Jurídica y Fe Pública de 19 de febrero, 2 de junio y 3 de diciembre de 2020.
1.  Debe decidirse en el presente expediente si es o no inscribible una sentencia 
dictada en procedimiento de divorcio que aprueba un convenio regulador por el cual, los 
cónyuges  –casados  en  régimen  legal  supletorio  catalán  de  separación  de  bienes– 
acuerdan extinguir la comunidad sobre una vivienda, que habían adquirido por mitad 
proindiviso después de contraer matrimonio, adjudicándosela el esposo.
La registradora suspende la inscripción solicitada porque no se ha practicado la 
comunicación, liquidación o autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, no consta la firmeza de la sentencia y no se acredita 
que el divorcio haya sido inscrito en el Registro Civil correspondiente.
El recurrente acompaña junto a su escrito de recurso justificante de presentación del 
modelo 600 ante la Generalitat y diligencia de ordenación de fecha 23 de septiembre 
de 2021, por la que se declara la firmeza de la sentencia y se acuerda librar exhorto al 
encargado del Registro Civil de Barcelona para que proceda a inscribir el divorcio, 
entendiendo que con ello quedarían subsanados los defectos señalados en la nota de 
calificación.
2.  Con  carácter  previo  debe  advertirse,  que  conforme  al  artículo  326,  párrafo 
primero,  de  la  Ley  Hipotecaria,  el  recurso  debe  recaer  exclusivamente  sobre  las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma.
Por ello, no puede ahora decidirse si la aportación, con el escrito de recurso, de los 
referidos documentos, es suficiente para la subsanación de los defectos señalados, 
pues, con base en dicho precepto legal, es continua doctrina de esta Dirección General 
(vid., por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014, basada en el contenido del 
artículo y en la doctrina del Tribunal Supremo –Sentencia de 22 de mayo de 2000–), que 
el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad 
es exclusivamente determinar si la calificación es o no ajustada a Derecho.
Y es igualmente doctrina reiterada (vid., por todas, Resoluciones de 19 de enero y 13 
de octubre de 2015), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los 
defectos apreciados por el registrador. Es decir, el recurso se resuelve atendiendo 
únicamente a la documentación presentada al tiempo en que se produjo la calificación; 
todo esto, sin perjuicio de que los interesados puedan volver a presentar el título cuya 
inscripción no se admitió en unión de los documentos aportados durante la tramitación 
del recurso.
3.  A la vista de lo señalado anteriormente, los tres defectos deben ser confirmados.
En concreto, y en cuanto al primero de los defectos, la registradora suspende la 
inscripción por no haberse presentado la autoliquidación, declaración o comunicación, en 
el Ayuntamiento correspondiente, a efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), por alguno de los mecanismos previstos 
en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (artículo 110).
En efecto, el artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria dispone: «Ninguna inscripción se 
hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los 
impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o 
contrato que se pretenda inscribir».
Más específicamente el mismo artículo establece en su punto 5: «El Registro de la 
Propiedad  no  practicará  la  inscripción  correspondiente  de  ningún  documento  que 
contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto  s
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite  oe.
previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del  w.
impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del  93ww
DTeexctroe tRoe Lfuengdisildaoti vdoe,  2la/2 L0e0y4 ,R deeg 5u laddeo mraa rdzeo »la.s Haciendas Locales, aprobado por el Real
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extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto; 
más en tal caso se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se 
devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga dicho impuesto».
En consecuencia, la falta de acreditación de la liquidación del Impuesto de Plusvalía 
supone  el  cierre  del  Registro  (salvo  en  lo  relativo  a  la  práctica  del  asiento  de 
presentación) y la suspensión de la calificación del documento.
En el presente caso, y aunque el recurrente no plantee tal posibilidad, podría tratarse 
de un acto no sujeto al impuesto de conformidad con los artículos 104.3 del Real Decreto 
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, y 3 de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Barcelona que 
regula dicho Impuesto.
En particular, el citado artículo 104.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
dispone que: «No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones 
de  bienes  y  derechos  realizadas  por  los  cónyuges  a  la  sociedad  conyugal, 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se 
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la 
sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre 
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en 
los  casos  de  nulidad,  separación  o  divorcio  matrimonial,  sea  cual  sea  el  régimen 
económico matrimonial».
En términos similares, el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Ordenanza Fiscal del 
Ayuntamiento de Barcelona, incluye entre los actos no sujetos: «2. Las aportaciones de 
bienes  y  derechos  realizadas  por  los  cónyuges  a  la  sociedad  conyugal,  las 
adjudicaciones que se verifican a su favor y en su pago y las transmisiones que se 
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Salvo que sea de aplicación un 
régimen más favorable para el contribuyente, en los matrimonios sujetos al Derecho Civil 
Catalán se consideran bienes integrantes de la sociedad conyugal los bienes que, en 
concepto de compensación económica o para la división del objeto común o para la 
liquidación  del  régimen  económico  matrimonial,  se  adjudican  a  los  cónyuges  de 
conformidad con los artículos 232.5, 232.12, 232.22, 232.28, 232.29, 232.38 o 233.17 del 
Libro Segundo del Código Civil de Catalunya, aprobado por Ley 25/2010, de 29 de julio. 
3. Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos a 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial».
Sin embargo, pueden plantearse dudas sobre la sujeción del acto que exceden de la 
calificación del registrador, en tanto que la liquidación de la sociedad conyugal se ha 
realizado  con  notable  desigualdad  entre  los  ex  cónyuges  y  sin  especificar  la 
compensación económica por tal exceso de adjudicación.
En esos casos, este Centro Directivo (vid., por todas, Resoluciones de 10 de octubre 
de 2014 y 7 de enero de 2016) ha reconocido que si el registrador tiene dudas fundadas 
sobre  si  estamos  o  no  ante  un  supuesto  de  transmisión  sujeto  al  impuesto  de  la 
denominada Plusvalía, serán los órganos tributarios municipales competentes los que 
deben manifestarse sobre la sujeción o no del hecho imponible al citado impuesto de 
Plusvalía, a la vista de la comunicación del mismo efectuada por el interesado, teniendo 
plena vigencia el denominado cierre registral previsto en el artículo 254.5 de la Ley 
Hipotecaria.
Dicha comunicación al Ayuntamiento de Barcelona a los efectos del impuesto de  s
Plusvalía es distinta e independiente de la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones  oe.
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a que se refiere el modelo 600 que la  w.
parte recurrente acompaña en su escrito de recurso. 93ww
sent4e.n ciEan q useeg aupnrduoe bluag eal rc, olan vreengiiost rraedgourlaad soer.ñala como defecto la falta de firmeza de la
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documento auténtico, expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en 
la forma que prescriban los reglamentos.
Por su parte, de acuerdo con el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 
«Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por 
esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo 
procederá  la  anotación  preventiva  de  las  sentencias  que  dispongan  o  permitan  la 
inscripción o cancelación de asientos en Registros Públicos».
Conforme  al  artículo  207.2  de  la  citada  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  «son 
resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo 
la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que 
ninguna de las partes lo haya presentado».
Además, es también reiterada la doctrina de este Centro Directivo sobre la necesidad 
de firmeza de los documentos judiciales para que puedan dar lugar a la práctica en el 
Registro de la Propiedad, de asientos de inscripción o cancelación, dado el carácter 
definitivo de los mismos.
Como se ha señalado anteriormente, el recurrente presenta junto al escrito del 
recurso, una diligencia de ordenación de fecha 23 de septiembre de 2021 en la que se 
declara la firmeza de la sentencia. Dicho documento no fue presentado al tiempo de la 
calificación  y,  por  tanto,  no  pudo  ser  tenido  en  cuenta  en  ese  momento  por  la 
registradora.
5.  Por último, señala la registradora como defecto el que no se acredita la previa 
inscripción del divorcio en el Registro Civil.
El artículo 266 del Reglamento del Registro Civil exige, en su párrafo sexto, que en 
las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad– 
produzcan los hechos que afecten al régimen económico-matrimonial han de expresarse 
los datos de inscripción en el Registro Civil (tomo y folio en que consta inscrito o indicado 
el hecho), que se acreditarán por certificación, por el libro de familia o por la nota al pie 
del documento.
En  caso  de  no  haberse  acreditado  se  suspenderá  la  inscripción  por  defecto 
subsanable.
La inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación 
(artículos 16 y 17 de la Ley del Registro Civil), sino también de oponibilidad frente a 
terceros (artículo 1218 del Código Civil, en combinación con los artículos 19 de la Ley del 
Registro Civil y 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), eficacia esta última que conduce 
al rechazo de la inscripción en el Registro de la Propiedad sin la previa indicación del 
régimen económico matrimonial (o de los hechos que afecten el mismo) en el Registro 
Civil, pues ello podría desembocar en la indeseable consecuencia de que se produjera 
una colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el Registro Civil 
y la oponibilidad nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad (artículo 32 de la 
Ley Hipotecaria), al publicar cada Registro una realidad distinta.
El recurrente acompaña junto a su recurso la referida diligencia de ordenación en 
que se acuerda librar exhorto al encargado del Registro Civil de Barcelona para que 
proceda a inscribir el divorcio.
Dicho documento no pudo ser tenido en cuenta al tiempo de la calificación, ya que se 
presentó directamente junto con el recurso.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e.
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  w.b
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  93ww
nlao Lrmeya sH dipeol tjeucicairoia v.erbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de
Madrid, 3 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.