BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 111 Lunes 10 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 56073
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7723 Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Marbella n.º 4 a inscribir una escritura de 
compraventa.
En el recurso interpuesto por don José Andújar Hurtado, notario de Marbella, contra 
la negativa de la registradora de la Propiedad de Marbella número 4, doña Nieves 
Ozámiz Fortis, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 25 de febrero de 2020 por el notario de Marbella, 
don José Andújar Hurtado, con el número 150 de protocolo, doña A. M. B. (divorciada) y 
otras personas vendieron a don F. M. L. y doña C. A. A. un inmueble cuya participación 
indivisa perteneciente a dicha señora vendedora (una cuarta parte) figuraba inscrita a su 
nombre, con carácter privativo por confesión de su esposo, don J. M. M. M.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Marbella número 4, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos.
Bajo el asiento 1.502 del Diario 79 fue presentada escritura otorgada ante el notario 
de  Marbella,  don  José  Andújar  Hurtado,  el  25  de  febrero  de  2020,  número  de 
protocolo 150, por la que doña L. M. B., doña M. G. M. B. y don T. M. V., y doña A. M. B., 
ésta última compró en estado de casada con don J. M. M., con carácter privativo por 
confesión, y ahora comparece divorciada, sin haber hecho constar el no fallecimiento de 
dicho cónyuge, venden a don F. M. L. y doña C. A. A., la finca número 16.594 de 
Marbella sección 7, en unión de testimonio de diligencia de subsanación puesta al pie de 
su matriz, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y de los Impresos modelos 
C10 y 600 correspondientes a la autoliquidación del Impuesto de la operación contenida 
en dicho documento, debidamente cumplimentado por vía telemática, con C.S.V., la cual 
ha sido calificada suspensivamente en los siguientes términos:
Fundamentos de Derecho.
Primero.  Conforme a los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento, 
el  Registrador  califica  bajo  su  responsabilidad  los  documentos  presentados, 
extendiéndose la calificación –ente otros extremos– a “los obstáculos que surjan del 
Registro”, a “la legalidad de sus formas extrínsecas de los documentos de toda clase en  e
cuya virtud se solicite la inscripción”, a “las que afecten a la validez de los mismos, según  bo
las leyes que determinan la forma de los instrumentos” y a “la no expresión, a la  23ww
eceuxspaternE etRsostei eóag n lpal orsmisinn ec “ncidptloaoiocr,  iuddlemaegdbea ensl  tucdofoesicn  ipcteeaúnnlbitefeliicrc,  aoldacse i ió nacnsuu ctaporliorqpirzuc aiieóedlnr oaR,s  ebd gaoeij  soilnat rptsaee dcrnvoiraerc  nudsinedes o nrtsaeu nclpidocoianar dosn”c .oqetu aeerxi,o ps”r eepgsoúarnm e lela n nLtueee yev ony    OE-A-2021-77able en https://
artículo 143 del Reglamento Notarial, redactado por Real Decreto 45/2007, de 19 de
enero, al establecer que tos efectos que el ordenamiento jurídico les atribuye “podrán ser 
negados  o  desvirtuados  por  los  Jueces  y  Tribunales  y  por  las  administraciones  y 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias”. Impugnada esta redacción 
según el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, ha sido confirmada, expresamente por 
el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de octubre de 2008.
Segundo.  Artículo 51 del Reglamento Hipotecario, apartado 9.ª La persona a cuyo 
favor se practique la inscripción y aquélla de quien proceda el bien o derecho que se 
inscriba se determinarán...a) Si se trata de personas físicas, se expresarán el nombre y 
apellidos; el documento nacional de identidad; si es mayor de edad o, en otro caso, la 
edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, 
casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar al acto o contrato que se 
inscriba  a  los  derechos  presentes  o  futuros  de  la  sociedad  conyugal,  el  régimen 
económico  matrimonial  y  el  nombre  y  apellidos  y  domicilio  del  otro  cónyuge;  la 
nacionalidad y la vecindad civil del sujeto si se acreditan o manifiestan; y el domicilio con 
las circunstancias que lo concreten.
Tercero.  Conforme al artículo 1.324 del Código Civil, para probar entre cónyuges 
que determinados bienes son propios de uno de ellos, será bastante la confesión del 
otro,  pero  tal  confesión  por  sí  sola  no  perjudicará  a  los  herederos  forzosos  del 
confesante, ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada uno de los cónyuges.
Cuarto.  Conforme al artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario, si la privatividad 
resultare sólo de la confesión del consorte, se expresará dicha circunstancia en la 
inscripción y ésta se practicará a nombre del cónyuge a cuyo favor se haga aquélla. 
Todos los actos inscribibles relativos a estos bienes se realizarán exclusivamente por el 
cónyuge a cuyo favor se haya hecho la confesión, quien no obstante necesitará para los 
actos de disposición realizados después del fallecimiento del cónyuge confesante el 
consentimiento de los herederos forzosos de éste, si los tuviere, salvo que el carácter 
privativo del bien resultare de la partición de la herencia.
Quinto.  Resoluciones de la DGRN de 25 de julio de 2017, 7 de noviembre de 2018 
y 27 de febrero de 2019:
– Según síntesis de la doctrina en resolución de la DGRN de 25 de julio de 2017 “La 
reiterada doctrina de esta dirección general (cfr. las resoluciones de 13 de febrero 
de 1999, 4 de octubre de 2010, 13 de abril de 2011 y 29 de febrero y 8 de junio de 2012, 
entre  otras),  la  confesión  de  privatividad  no  aparece  configurada  en  nuestro 
ordenamiento como una declaración de voluntad que fije frente a todos el carácter 
privativo del bien al que se refiere (sin perjuicio de su posible impugnación si se efectúa 
en fraude o perjuicio de terceros o no se corresponde con la realidad), sino como un 
simple medio de prueba de esta circunstancia, que opera en la esfera interconyugal y 
que carece de virtualidad para desvirtuar por si sola la presunción de ganancialidad 
recogida en el artículo 1361 del código civil. El reglamento hipotecario, ante la necesidad 
de evitar en todo caso el acceso al registro de negocios eventualmente claudicantes, 
impone el consentimiento de los herederos forzosos del confesante para la realización 
de actos dispositivos por parte del cónyuge beneficiado por la confesión, salvo que el 
carácter privativo del bien resulte de la partición hereditaria del confesante. En este 
sentido se afirma que el artículo 95, número 4, del reglamento hipotecario configura una 
auténtica limitación de las facultades que corresponden al favorecido por la confesión. 
Aunque no establece distinción cuando exige, en tales casos, el consentimiento de los 
herederos  forzosos  del  cónyuge  confesante  para  la  inscripción  de  la  enajenación 
realizada por el supérstite, dicha regla no es aplicable cuando los derechos legitimarios  e.
aparecen configurados como un mero derecho a un valor patrimonial atribuidle por  w.b
cualquier  título  (como  ocurre  con  la  legitima  en  derecho  catalán  conforme  al  23ww
aaprtlíiccualboi li4d5a1d- 1d edle lc citóaddiog op rceivciel pdteo  Creagtalalumñean).t ainridou sdearbíale mlae nptreo,c eedsae nmteis emna  eslo lduecrieócnh –ol ac invoil 
dgea llGegaolic aia l,a q vuies taat rdibeu lyaes  ad ilsap olesgicítiiomnae su ndae  nlaa tluerya l2e/z2a0 0c6la, rdaem e1n4t ed ed ijsutniniota,  dae l ad eersetacbhloe cciidvail 
para el derecho común en el código civil, pues según el artículo 249 de dicha ley ‘el
legitimario no tiene acción real para reclamar su legítima y será considerado, a todos los 
efectos, como un acreedor’. Por ello, es necesario que tal circunstancia, que para 
inscribir los actos de disposición referidos haría innecesario el consentimiento de los 
herederos forzosos del confesante, quede debidamente reflejada en el título, indicando 
claramente que esa ley gallega es la que ha regido la sucesión del confesante fallecido 
por razón de su vecindad civil. Lo que sucede es que la división de la cosa común 
presenta una naturaleza jurídica compleja, difícil de reducir a la dicotomía entre lo 
traslativo y lo declarativo, pero en todo caso, se trate o no la disolución de comunidad de 
un acto traslativo, se produce como consecuencia de la misma una mutación jurídico real 
de carácter esencial, pues extingue la comunidad existente y modifica el derecho del 
comunero y su posición de poder respecto del bien (según la citada sentencia del 
Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2011, debe ser calificado de verdadera atribución 
patrimonial),  que  lo  justifica  como  título  inmatriculador  e  incide  claramente  en  los 
aspectos relativos a la capacidad para realizar o formalizar este acto divisorio. No 
obstante, se considera innecesaria la exigencia expresada en el defecto primero de la 
calificación recurrida en orden a que se indiquen las circunstancias personales de los 
cónyuges de los comparecientes casados, a efectos de constatar su coincidencia con los 
que en su día fueron confesantes y su vecindad civil. Lo que hubiera eventualmente 
existido, por ejemplo, es una disolución del respectivo matrimonio en vida, es irrelevante 
quiénes sean los cónyuges de los titules regístrales; asimismo, si alguno de los restantes 
cónyuges  confesantes  hubieran  fallecido,  el  problema  se  plantearía  en  los  mismos 
términos que respecto de la otorgante viuda, pero según el estado civil que de los 
comparecientes se expresa no hay base para llegar a esa conclusión por parte de la 
registradora, al no expresarse cual fuera la vecindad civil de dicho confesante en el 
momento de su fallecimiento ni especificarse la ley aplicable a su sucesión, puede 
confirmarse  la  calificación  impugnada,  no  porque  pueda  presumirse  que  dicha  ley 
sucesoria sea la de derecho común (como hace la registradora al citar el artículo 1324 
del código civil), sino en cuanto –ante la falta de expresión de la vecindad civil o de la ‘lex 
successionis’ del confesante debe aplicarse la regla del articulo 95.4.º del reglamento 
hipotecario, al no resultar de la escritura calificada que no haya herederos forzosos a los 
que dicha norma se refiere.
– Y  de  la  7  de  noviembre  de  2018  “La  confesión  de  privatividad  no  aparece 
configurada en nuestro ordenamiento como una declaración de voluntad que fije frente a 
todos  el  carácter  privativo  del  bien  al  que  se  refiere  (sin  perjuicio  de  su  posible 
impugnación si se efectúa en fraude o perjuicio de terceros o no se corresponde con la 
realidad), sino como un simple medio de prueba de esta circunstancia, que opera en la 
esfera interconyugal y que carece de virtualidad para desvirtuar por sí sola la presunción 
de ganancialidad recogida en el artículo 1361 del Código Civil (cfr. artículo 1324 del 
Código Civil). Aunque también es cierto que esta presunción de ganancialidad tampoco 
es un título de atribución legal de esa cualidad a los bienes del matrimonio en tanto no 
conste que pertenecen privativamente a uno u otro cónyuge –o a ambos pro indiviso–, 
sino uno más de los medios de prueba. Y es precisamente por esta indeterminación por 
lo que el Reglamento Hipotecario, ante la necesidad de evitar en todo caso el acceso al 
Registro  de  negocios  eventualmente  claudicantes,  impone  el  consentimiento  de  los 
herederos forzosos del confesante para la realización de actos dispositivos por parte del 
cónyuge beneficiado por la confesión, salvo que el carácter privativo del bien resulte de 
la  partición  hereditaria  del  confesante.  Hechas  las  anteriores  consideraciones,  la 
calificación recurrida, en los términos en que ha sido expresada, no puede confirmarse.  s
Si lo que hubiera eventualmente existido, mientras viva el cónyuge confesante, es la  oe.
disolución del matrimonio o de la sociedad de gananciales del aportante, es innecesario,  w.
según la regulación  normativa  antes  analizada,  acreditar la ratificación del carácter  23ww
dperiv gaatinvaon dceia lleas f.inca aportada o la adjudicación de la misma al aportante por liquidación
extra–n Yje rpoo pr laúnltitmeao  hlaa sdtae  q2u7é d peu fnetbor eurno  rdeec o2n0o1c9im “Cieinetrota dmee pnrteiv,a ltaiv iadpaldic aecniótrne  dceóln yDuegreesc haol   BOE-A-cable e
amparo  de  la  ley  reguladora  de  su  régimen  económico-matrimonial,  implica 
necesariamente  la  inscripción  conforme  al  artículo  95  del  Reglamento  Hipotecario, 
pensado exclusivamente –y  con posible  extrapolación– para el Derecho español, y 
especialmente para el artículo 1324 del Código Civil. Recordemos que la inscripción y 
sus efectos, se rige por la legislación hipotecaria española –‘rectius’ por la ‘lex rei sitae’–. 
El Registro publica una titularidad del esposo en la que –como ocurriría si se trataran de 
cónyuges bajo la ley española y concretamente el Código Civil– basta para transmitir la 
manifestación por el transmitente de que su ex cónyuge vive, sin precisarse prueba 
alguna de tal circunstancia ni su comparecencia, pues el reconocimiento o confesión 
produce todos sus efectos excepto si afectara a acreedores o herederos forzosos del 
confesante, hipótesis que no puede ser planteada dado que no ha fallecido la exesposa, 
no constando anotación registral alguna de un eventual acreedor.
Calificación.
Calificado el título a la vista de los Libros del Registro y de los Fundamentos de 
Derecho expuestos, suspendo la inscripción por el siguiente defecto subsanable:
– Doña A. M. B. compró una participación de la finca objeto de venta, en estado de 
casada con don J. M. M. M., con carácter privativo por confesión, y ahora comparece 
divorciada de dicho señor, es necesario hacer constar el no fallecimiento de dicho 
cónyuge, bastando con la manifestación de que el cónyuge confesante vive –o ex 
cónyuge–, sin que se precise prueba de tal circunstancia o de la comparecencia de quien 
en su día confesó.
Contra dicha calificación puede (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Nieves Ozámiz 
Fortis registrador/a de Registro Propiedad de Marbella 4 a día trece de Enero del año 
dos mil veintiuno.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  José  Andújar  Hurtado,  notario  de 
Marbella, interpuso recurso el día 28 de enero de 2021 mediante escrito en el que 
alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«En base a esa calificación entiendo, realmente, que lo que está discutiéndose es el 
alcance del art. 95.4 del Reglamento Hipotecario. En concreto, el problema se concreta 
en  saber  si  el  estado  civil  de  “divorciado”  implica  el  fallecimiento  del  ex  cónyuge 
confesante. Pues en caso contrario, con decir en la comparecencia de una escritura que 
el compareciente está divorciado se presumiría que el otro ex cónyuge vive. De lo 
contrario habría dicho que está viudo.
El artículo 95.4 RH dice que “…Todos los actos inscribibles relativos a estos bienes 
(privativos por confesión) se realizarán exclusivamente por el cónyuge a cuyo favor se 
haya hecho la confesión, quien no obstante necesitará para los actos de disposición 
realizados después del fallecimiento del cónyuge confesante el consentimiento de los 
herederos forzosos de éste, si los tuviere, salvo que el carácter privativo del bien 
resultare de la partición de la herencia”.
En definitiva entonces, si el matrimonio de ha disuelto por divorcio, y el cónyuge  s
confesante sigue vivo ¿es necesario acreditar que el cónyuge confesante sigue vivo?. o
En caso afirmativo, ¿basta una mera manifestación al respecto en la escritura o es  w.
nCeivcielE)s?na. rcioa saoc rneedgitaatrilvoo ,f eshi aecli ecnótneymuegnet ec ocnofne suannat efe h dae  favildleac i(daor,t . y3 6e3n  Rpeagralalemloe nctoon R eel gcisatsroo   2021-7723n https://ww
contrario,  ¿bastaría  una  mera  manifestación  del  disponente  de  que  los  herederos
forzosos  han  dado  su  consentimiento  o  hay  que  acreditar  fehacientemente  este 
consentimiento (en acta aparte, o en la misma escritura)?
Es evidente que el divorcio supone la exención del vínculo matrimonial, pero eso no 
significa que los actos hechos durante el matrimonio no sigan produciendo efectos. Pues 
el hecho de ser ya divorciado no significa que el cónyuge confesante o sus herederos 
forzosos no tengan nada que decir en caso de disposición de los bienes. Lo normal 
habrá sido que por el divorcio se haya liquidado de la sociedad de gananciales. Pero aun 
no habiéndolo hecho, habrá que considerar a los divorciados como casados a los efectos 
de  los  efectos  sobre  actos  jurídicos  realizados  durante  o  acontecidos  durante  el 
matrimonio. Por lo que, aun estando divorciados, el divorcio no presupone la muerte del 
otro cónyuge ni su desaparición de la escena jurídica. En el primer caso, por tanto, si el 
ex cónyuge hubiera fallecido, el divorciado sería viudo; y en el segundo, si el ex cónyuge 
siguiera vivo, el divorciado sería meramente divorciado.
En la comparecencia del disponente se hacía constar que era divorciada –no viuda–, 
por lo que en principio, no haría falta el consentimiento ni del ex cónyuge ni de los 
herederos forzosos del ex-cónyuge.
Para  fundamentar  lo  anterior,  en  este  escrito  no  voy  a  utilizar  la  expresión  ex 
cónyuges,  pues  como  he  dicho,  estamos  hablando  de  efectos  jurídicos  de  hechos 
jurídicos  acontecidos  durante  el  matrimonio,  por  lo  que  la  extinción  del  vínculo 
matrimonial no afecta en modo alguno, a lo preceptuado en el art. 95.4RH.
Por tanto, veamos las distintas alternativas que se pueden plantear.
En el caso de que el cónyuge del confesante estuviera vivo, tenemos una disyuntiva: 
o que el compareciente lo acredite o que simplemente lo manifieste.
1.  En el caso de que haya que acreditar la supervivencia del cónyuge sobreviviente, 
los únicos medios previstos por nuestro ordenamiento jurídico son: una Fe de Vida, que 
corresponde expedirla al Encargado del Registro Civil correspondiente; o bien a un 
Notario, mediante un acta notarial de presencia (art. 363 Reglamento Registro Civil).
En ambos casos, se entiende, que deberían expedirse y referirse al mismo minuto de 
otorgamiento de la escritura, pues si ambos documentos estuvieran hechos un sólo día 
antes –o incluso unas horas antes– nada probarían, pues es posible morir en el ínterin, 
entre su expedición y el otorgamiento de la escritura por la que se va a disponer del bien.
2.  Si, por el contrario, se pensara que para acreditar la supervivencia del cónyuge 
confesante, podría bastar una mera manifestación del disponente, esto realmente no 
aportaría nada pues el preciso hecho de otorgar propia la escritura pública sería una 
manifestación tácita pero concluyente de que el cónyuge confesante sigue vivo. El hecho 
de que en la escritura se manifestara algo más al respecto no aportaría nada más.
En cualquier caso, ni una manifestación ni otra se exigen legalmente.
En el caso de que el cónyuge del confesante hubiera fallecido, tenemos la misma 
disyuntiva que para el caso de que sobreviviera (aplicando la misma lógica):
1.  Acreditación fehacientemente que ha fallecido, que hay unos herederos forzosos, 
y que éstos prestan su consentimiento. (Certificado de Defunción, Últimas Voluntades, 
Testamento  o  Declaración  de  Herederos  notarial  o  judicial,  o  Certificado  Sucesorio 
Europeo; y escritura prestando su consentimiento).
2.  O una mera manifestación del disponente, bien de que los herederos forzosos 
han prestado su consentimiento. O bien mera manifestación de unas personas que dicen 
ser herederos forzosos y que prestan su consentimiento. Pero sin acreditar nada en  s
ambos casos: serían meras manifestaciones. oe.
Con esto quiero hacer ver, que las meras manifestaciones en un sentido u otro no  23ww
aappoorrttaa n nniandgau.n Oa  ssee gaucrrieddaidta nju freíhdaiccaie. nOtetmrae nctoes laa s ecso sqause o  mena naiflegsútna r por encoe mptaon ifleesgtaalr  nseo 
permitiera una mera manifestación al respecto, como ahora ilustraré.
Hay casos similares previstos en el ordenamiento jurídico donde no se exige ni 
manifestar  ni  acreditar  nada  para  su  eficacia  civil  o  registral,  pese  a  que  tengan 
trascendencia civil.
1.  Es un asunto parecido a lo que ocurre en la Ley de Sociedades de Capital, que 
en relación a los bienes que sean activo esencial, la Ley dice en el art. 160 que “Es 
competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: f) La 
adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se 
presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 
veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.”
El hecho de que para disponer de determinados bienes pueda haber unos requisitos, 
no significa que haya que acreditar registralmente (ni previamente en notaria) que se 
cumplen dichos requisitos. Sin perjuicio de que ello pueda tener relevancia civil. Ni 
siquiera manifestar nada al respecto.
Es decir, ni el Reglamento Hipotecario ni la Ley de Sociedades de Capital, imponen 
que “para inscribir bienes privativos por confesión, o que sean activos esenciales… o 
una certificación de una manifestación de la Junta General de la sociedad, que acredite 
que el bien no es activo esencial, respectivamente”
2.  Lo mismo podría decirse de otros supuestos de reservas sucesorias donde 
también se contempla la figura del cónyuge fallecido del artículo 968 Cc.
Artículo 968.
Además de la reserva impuesta en el artículo 811, el viudo o viuda que pase a 
segundo matrimonio estará obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la 
propiedad de todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento, 
por sucesión intestada, donación u otro cualquier título lucrativo; pero no su mitad de 
gananciales.
Artículo 969.
La disposición del artículo anterior es aplicable a los bienes que, por los títulos en él 
expresados, haya adquirido el viudo o viuda de cualquiera de los hijos de su primer 
matrimonio, y los que haya habido de los parientes del difunto por consideración a éste.
En ninguno de estos dos casos se exige en notaría manifestación o acreditación 
alguna:  nunca  se  pide  un  acta  de  manifestaciones  de  los  parientes  del  difunto 
manifestando  que  los  bienes  que  hubieran  transmitido  al  viudo  lo  fueron  por 
consideración a ese matrimonio de su pariente con ese difunto; ni se incluye en la 
escritura cláusula alguna de que no tiene hijos o descendientes del primer matrimonio 
(reserva que tampoco consta inscrita nunca en el Registro, sin perjuicio de su valor civil). 
Me refiero que cuando a un cónyuge viudo se le inscribe un bien procedente de la 
herencia del marido nunca se hace constar en la inscripción que está sujeto a la eventual 
reserva  del  art.  968  y  696  del  Código  Civil.  Sin  perjuicio,  evidentemente  de  que 
civilmente pueda tener su valor si algún hijo reclamara llegado el caso.
En todos estos casos, lo ideal sería que la Ley exigiera una acreditación fehaciente, 
pues se dotaría de mayor eficacia jurídica a las diversas figuras jurídicas, como la 
protección de las legítimas en el caso de disponer en vida como tras la viudez de los 
bienes  cuya  privaticidad  consta  por  confesión,  o  para  la  protección  de  los  bienes 
troncales  en  el  caso  de  las  reservas  viudales,  o,  en  el  ámbito  de  las  sociedades 
mercantiles, para la protección de los derechos de los socios en cuanto a la disposición  e.e
de activos esenciales. b
Retomando el hilo del argumento principal, lo cierto es que, tampoco en ningún  23ww
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General, sobre el carácter de no activo esencial, en el caso de disposición de un bien
societario.  Para  este  último  caso,  esta  Dirección  General,  se  ha  pronunciado 
inequívocamente en múltiples resoluciones. Cito la Resolución de 18 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (BOE 23 de Noviembre) en la 
que yo fui recurrente, y que creo que fue la última o de las últimas de las múltiples sobre 
este particular.
En el caso del art. 95.4 RH, no sólo no se impone acreditar la supervivencia del 
cónyuge confesante con una fe de vida (que es el medio legal de acreditarla), sino que, 
ni siquiera exige una manifestación al respecto del disponente.
A diferencia de estos casos anteriores (art. 95.4 RH –o de las reservas que hemos 
visto–), una mera manifestación, está prevista, por ejemplo, en la Ley de Propiedad 
Horizontal, donde, en relación a los Gastos de Comunidad, se exige Certificación. Pero si 
no  se  aporta  Certificación,  al  menos  debe  haber  una  manifestación  del  comprador 
exonerando de presentarla.
En el caso del art. 95.4 RH no se exige ni fe de vida, ni manifestación al respecto.
Distinto hubiera sido el caso de que en la comparecencia, se hubiera puesto que la 
disponente, que en vez de divorciada, estaba viuda, por manifestarlo así. En este caso 
ya no hace falta esa fe de vida –pues ella misma está reconociendo que no vive su 
cónyuge divorciado–, sino que sí que es necesario el consentimiento de los herederos 
forzosos de este (evidentemente acreditando fehacientemente –en este caso con el 
testamento, certificado sucesor europeo o acta de herederos– quiénes son, y no una 
mera manifestación de algún compareciente diciendo que es heredero forzoso).
Y no sólo no es necesario acreditar fehacientemente la vida, ni manifestar nada, sino 
que lo realmente importante, y lo que da valor a la función notarial, es que el hecho de 
otorgar una escritura presupone que el Notario ha indagado la voluntad, circunstancias y 
demás aspectos de los otorgantes y del negocio jurídico, para que cumpla perfectamente 
con la legalidad. Por lo que, no sólo es que ningún precepto exige acreditar con una fe 
de vida la supervivencia del cónyuge confesante, sino que el otorgamiento de la escritura 
ya supone una garantía de legalidad: porque el notario, al poner en la comparecencia 
que es divorciada no ha puesto que es viuda. Porque si el ex cónyuge hubiera fallecido, 
el estado civil de la compareciente sería el de viuda, y no el de divorciada, por mucha 
extinción del vínculo que haya.
En este sentido se pronuncia la Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (BOE 31 de Julio), sobre la labor del Notario 
en la autorización de una escritura pública, y en presuponer que el otorgamiento se 
adecúa a la legalidad.
Así, por ejemplo, en el caso dilucidado en dicha Resolución la Dirección General 
indicaba lo siguiente:
“Por otra parte, debe tenerse presente que la entrada en juego de un ordenamiento 
extranjero no supone la renuncia a la determinación de la situación jurídica publicada ni 
que el notario español pueda adoptar una actitud pasiva.
De un lado, el artículo 159 del Reglamento Notarial no hace distinción alguna, por lo 
que el notario autorizante debe indagar la situación de los otorgantes a fin de averiguar si 
existen capítulos o contrato matrimonial entre ellos para proceder, tal y como exige dicho 
precepto,  testimoniando,  en  su  caso,  los  aspectos  particulares  que  puedan  ser 
relevantes al efecto. Como expresó este Centro Directivo en Resolución de 15 de junio 
de 2009, con criterio reiterado por otras posteriores (5 de marzo de 2010 y 20 de 
diciembre de 2011), ‘(…) si bien es cierto que en muchos casos no es tarea sencilla el 
determinar  cuál  es  el  régimen  legal  supletorio,  es  necesario  que  el  Notario,  en  e.
cumplimiento de su deber genérico de control de legalidad de los actos y negocios que  w.b
autoriza, a la hora de redactar el instrumento público conforme a la voluntad común de  23ww
ldoess poltieogrguaen ltae sm –aqyuoer  ddileigbeenrcái ai nadl argeaflre, jainr teenrp erel tdaor cyu maednetcou aaru taolr izoarddeon caumáile ensto e lj urréígdiimcoe–n, 
aerctoícnuólom ic1o5 9 mdaetlr imReognliaaml  eqnuteo  Nrigoeta reianl trqeu el ossi  deiscphoos orsé.g imEne n taful ersee netild ole,g aels tbaabsletacreá  elal 
declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que el Notario, tras
haber  informado  y  asesorado  en  Derecho  a  los  otorgantes,  y  con  base  en  las 
manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos como su 
nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o 
el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –cfr. artículos 9.2 y 16.3 del Código 
Civil–), concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el 
legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal 
circunstancia –el carácter legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los 
otorgantes en el instrumento público de que se trate’.
Mutatis mutandis, en el otorgamiento de la escritura de referencia de disposición de 
un bien privativo por confesión de un divorciado, debe presuponerse que el notario ha 
desplegado también la mayor diligencia, para cumplir el control de legalidad del negocio 
que ha autorizado, sobre la base de las declaraciones de la disponente, y que ha 
indagado sobre la situación personal de la otorgante. Y que de haber sabido que estaba 
viuda no habría podido autorizar la escritura. Por lo que si puso en la comparecencia 
divorciada y no viuda, es porque se cercioró de que así era por haberlo manifestado la 
disponente.
Es más, es que un divorciado no se convierte en soltero por la mera extinción del 
vínculo matrimonial por divorcio, a diferencia de una anulación del matrimonio, pues en 
este caso el matrimonio es que nunca ha producido efectos, y podríamos decir que es 
soltera. En teoría, porque si hubiera algún bien inscrito al amparo del 95.4 RH por un 
matrimonio declarado nulo, incluso en estos casos sería necesario el consentimiento el 
cónyuge sobreviviente o de los herederos forzosos de este).
Otra cosa es que, en los casos donde no se exija una acreditación documental, los 
otorgantes puedan mentir. Pero eso ya escapa del ámbito notarial y registral, siendo una 
cuestión judicial si hay algún perjudicado que voluntariamente quiera reclamar.
En conclusión, una divorciada es una casada cuyo vínculo matrimonial se ha roto. 
Pero sigue produciendo efectos para hechos anteriores. De forma que no es soltera. Y si 
el otro cónyuge ha muerto, su estado civil no pasa a soltera, sino que está viuda. Aunque 
sea de su ex cónyuge. Pero es viuda. No soltera. Ya que no queda otra alternativa al no 
poder ser soltera.
Por todo lo expuesto,
Solicito
Que esta Dirección General tenga a bien considerar que otorgar una escritura por 
una persona que manifiesta ser divorciada no implica el fallecimiento del otro cónyuge. 
Sino más bien al contrario, es decir, que la expresión “divorciado” en la comparecencia 
de una escritura implica que el otro cónyuge sigue vivo, y por tanto que puede realizar el 
acto dispositivo documentado en la escritura calificada.»
IV
Mediante escrito, de fecha 1 de febrero de 2021, la registradora de la Propiedad 
elevó el expediente, con su informe, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 1324 y 1361 del 
Código  Civil;  51,  93,  95  y  98  del  Reglamento  Hipotecario;  1385  de  la  Ley  de  es
Enjuiciamiento Civil; 17 bis de la Ley del Notariado; 59 y 160 del Reglamento Notarial;  o
Nodldaceeost  t u2afSeb0rebir0aenr9de t,eodr o5n ed  c dyei1a e 9s81 6m  3d5y ae, d r2lez y9 oT f  lreadyibbs eu4r  en Rjdruaoeenl  s idoSooe culud tpu1cerb9ie or92mne90e o,1ds ,2e1  S,d 3 2e a20d l5a1ela  0 dP j,u eDr1ni mi3irjoue e dlciyroeca  i 1,óay 6nd b  1erdiG3 le 2 ye d  ond2ecee0 tru n adfbole ervbed idre eedim creloiobe  sr2mde 0e bR0 dr3e1ee,g9   di512se150tr   1o2dy7s0 e, 12  y17j8u ,   ndd2dieoe9el      OE-A-2021-7723able en https://www.
noviembre de 2018 y 27 de febrero de 2019.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  objeto  del  presente  recurso  se 
formaliza la venta de un inmueble del que una participación indivisa del 25% pertenece a 
doña A. M. B. que, según se expresa en dicha escritura, es divorciada. Esta participación 
indivisa está inscrita con carácter privativo de dicha persona por haber confesado su 
esposo, en el momento de su adquisición, el carácter privativo del precio pagado por 
ella.
La registradora suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, es necesario 
hacer constar –por mera manifestación– que no ha fallecido el cónyuge confesante, 
pues, conforme al artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario, si la privatividad resultare 
sólo de la confesión del consorte, y consta dicha circunstancia en la inscripción, todos los 
actos inscribibles relativos a estos bienes se realizarán exclusivamente por el cónyuge a 
cuyo favor se haya hecho la confesión, quien no obstante necesitará para los actos de 
disposición  realizados  después  del  fallecimiento  del  cónyuge  confesante  el 
consentimiento de los herederos forzosos de éste, si los tuviere, salvo que el carácter 
privativo del bien resultare de la partición de la herencia.
El notario recurrente alega que si el ex cónyuge confesante hubiera fallecido, el 
divorciado sería viudo y en la escritura se hace constar que la vendedora es divorciada –
no viuda–, por lo que no hace falta el consentimiento ni del ex cónyuge ni de los 
herederos forzosos de éste, y la extinción del vínculo matrimonial no afecta en modo 
alguno a lo preceptuado en el citado artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario.
2.  Respecto de la aplicación en el presente caso de los artículos 1324 del Código 
Civil y 95.4 del Reglamento Hipotecario, debe tenerse en cuenta que, según la reiterada 
doctrina de esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 13 de febrero de 1999, 4 de 
octubre de 2010, 13 de abril de 2011 y 29 de febrero y 8 de junio de 2012, entre otras), la 
confesión de privatividad no aparece configurada en nuestro ordenamiento como una 
declaración de voluntad que fije frente a todos el carácter privativo del bien al que se 
refiere (sin perjuicio de su posible impugnación si se efectúa en fraude o perjuicio de 
terceros o no se corresponde con la realidad), sino como un simple medio de prueba de 
esta circunstancia, que opera en la esfera interconyugal y que carece de virtualidad para 
desvirtuar por sí sola la presunción de ganancialidad recogida en el artículo 1361 del 
Código Civil (cfr. artículo 1324 del Código Civil). Aunque también es cierto que esta 
presunción de ganancialidad tampoco es un título de atribución legal de esa cualidad a 
los bienes del matrimonio en tanto no conste que pertenecen privativamente a uno u otro 
cónyuge  –o  a  ambos  pro  indiviso–,  sino  uno  más  de  los  medios  de  prueba  (cfr. 
artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Según la Resolución de este Centro 
Directivo de 8 de junio de 2012 «(…) la confesión de privatividad se configura como un 
negocio de fijación de la verdadera naturaleza del bien, cuando existe incertidumbre 
sobre  su  partencia  a  una  u  otra  masa  patrimonial.  En  resumen,  respecto  de  los 
cónyuges,  la  confesión  de  privatividad  se  configura  como  un  medio  de  prueba 
especialmente hábil para acreditar que la adquisición del bien se realizó por el patrimonio 
privativo de cónyuge del confesante. En definitiva, destruye el juego de las presunciones 
de los artículos 1361 y 1441 del Código Civil, creando otra presunción de privatividad 
que  puede  ser  destruida,  a  su  vez  por  una  prueba  fehaciente  y  suficiente  de  la 
ganancialidad o privatividad del cónyuge confesante (…) una vez disuelto el matrimonio 
tendrá los efectos propios que le otorga la Ley de Enjuiciamiento Civil, un efecto limitado 
ya que dispone que tendrá eficacia probatoria si no lo contradice el resultado de las 
demás pruebas».
Por tales consideraciones se plantea el problema de determinar el régimen jurídico  s
aplicable a estos bienes confesadamente privativos, pues si no pueden ser tratados  oe.
como privativos a todos los efectos, «inter partes» y frente a terceros, tampoco pueden  w.
ser reputados inequívocamente como gananciales. 23ww
de fAijadrv iléorst atséerm einn oess tdee  mlais imnsoc sriepnctióidno  dceó mtaole esl  bpireonpeios , Rye ag ladmifeernetnoc iHai pdoetle ccraitreiori,o a s leag huoidroa 
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cónyuge  favorecido  por  la  confesión,  con  expresión  de  esta  circunstancia  (cfr. 
artículo  95.4),  produciéndose  una  cierta  indeterminación  registral  en  lo  relativo  al 
carácter de la titularidad de ese bien. Y es precisamente por esta indeterminación por lo 
que el Reglamento Hipotecario, ante la necesidad de evitar en todo caso el acceso al 
Registro  de  negocios  eventualmente  claudicantes,  impone  el  consentimiento  de  los 
herederos forzosos del confesante para la realización de actos dispositivos por parte del 
cónyuge beneficiado por la confesión, salvo que el carácter privativo del bien resulte de 
la partición hereditaria del confesante. En este sentido se afirma que el artículo 95 
número  4  del  Reglamento  Hipotecario  configura  una  auténtica  limitación  de  las 
facultades que corresponden al favorecido por la confesión.
El artículo 1324 del Código Civil fue introducido por la reforma llevada a cabo por Ley 
de 13 de mayo de 1981, recogiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, 
principalmente en sus Sentencias de 2 de febrero de 1951 y 28 de octubre de 1965, que 
se dictaron cuando el Código Civil prohibía las donaciones entre cónyuges, prohibición 
suprimida en la actualidad. De la doctrina sentada por las sentencias citadas y recogida 
en el indicado artículo 1324 del Código Civil, se deduce que este precepto reconoce 
valor probatorio entre los cónyuges a las manifestaciones que éstos hagan para fijar que 
determinados bienes son propios de uno de ellos, pero con la salvedad de que tales 
manifestaciones por sí solas no perjudicarán a los herederos forzosos del confesante. 
Por tanto, el fallecimiento del confesante tiene como consecuencia que la confesión no 
vincula a los legitimarios, salvo que éstos la corroboren. En otro caso, los legitimarios 
sólo se verán afectados si además son herederos y sólo en la parte de herencia que 
excediera del importe de su legítima, si bien no bastaría con invocar su condición de 
herederos forzosos para impugnar el carácter privativo que su padre y causante atribuyó 
a los bienes adquiridos por su consorte, sino que tendrían que acreditar que con tal 
confesión se perjudican sus derechos legitimarios. Para ello, sería necesario practicar la 
partición hereditaria, con las correspondientes computaciones e imputaciones, al objeto 
de determinar si la confesión realizada, perjudica efectivamente la legítima, debiéndose 
recordar que la reducción de una donación inoficiosa no es un efecto producido «ope 
legis» sino que se produce a petición de quien resulte legitimado por su cualidad de 
heredero forzoso y por el concurso del dato de hecho de la comprobada inoficiosidad de 
la disposición.
En definitiva, al margen de la existencia de algunas resoluciones judiciales que 
reconocen determinada eficacia a la confesión frente a los herederos forzosos tras el 
fallecimiento  del  confesante,  creando  una  prueba  de  privatividad  que  les  afecta  y 
recayendo sobre dichos legitimarios la carga de la prueba necesaria para desvirtuar 
dicha presunción, lo cierto es que, en el ámbito registral, la norma del citado artículo 95.4 
del Reglamento Hipotecario debe ser aplicada.
3.  Como afirmó este Centro Directivo en Resolución de 7 de noviembre de 2018, si 
lo que existe, mientras viva el cónyuge confesante, es la disolución del matrimonio o de 
la  sociedad  de  gananciales  del  disponente,  es  innecesario,  según  la  regulación 
normativa antes analizada, acreditar la ratificación del carácter privativo del bien objeto 
de  disposición  o  la  adjudicación  del  mismo,  por  liquidación  de  gananciales,  al 
disponente.
Ahora bien, no puede compartirse la afirmación del recurrente al sostener que si el ex 
cónyuge confesante hubiera fallecido, el divorciado sería viudo y, por tanto, la expresión 
sobre el estado de divorciada en la escritura implica que el ex cónyuge está vivo. Al 
haberse disuelto el vínculo matrimonial por el divorcio, no puede afirmarse que, si ex  s
cónyuge ha fallecido, el estado civil del supérstite es viudo, sino que sigue siendo  oe.
divorciado. w.
Ciertamente, es necesario que el notario, en cumplimiento de su deber de velar por  23ww
llaa  Laedye cdueal cNióonta ari alad ole),g aa lliad ahdo rdae  dloes r eadcatocsta yr  enle ignostcriuoms eqnuteo  apuútbolricizoa c (ocnfrf.o armrtíec ual ola 1 v7o bluisn tadde 
cjuormídúicno –d,e  dloess polietogrugea ntlae s m–aqyuoer  ddeibligeerán ciniad aagla ri,n fionrtmeraprr etaa r lays  adpeacrtueasr  ya l roerfdleejnaar meine nteol   BOE-A-cable e
documento  autorizado  los  elementos  y  circunstancias  necesarios  para  apreciar  la 
regularidad del negocio según el carácter del bien de que se trate como consecuencia 
del régimen económico matrimonial del que derive tal carácter.
Dados  los  privilegiados  efectos  que  en  nuestro  ordenamiento  se  atribuye  a  la 
escritura pública, deben extremarse las cautelas para que cumpla todos los requisitos 
que permitirán que despliegue la eficacia que le es inherente y que, además, permiten 
asegurar  una  sólida  publicidad  registral  basada  en  títulos  en  apariencia  válidos  y 
perfectos mediante la añadida función calificadora del registrador.
En  tal  sentido,  respecto  del  régimen  económico-matrimonial  de  los  otorgantes 
casados no separados judicialmente, este Centro Directivo (cfr., por todas, Resoluciones 
de 15 de junio de 2009, 5 de marzo de 2010 y 20 de diciembre de 2011) ha estimado que 
la norma del párrafo quinto del artículo 159 del Reglamento Notarial –según la cual para 
la constancia de dicho régimen si fuere el legal bastará la declaración del otorgante–, 
debe entenderse en el sentido de que el notario, tras haber informado y asesorado en 
Derecho  a  los  otorgantes,  y  con  base  en  las  manifestaciones  de  éstos  (que 
primordialmente versan sobre datos fácticos como su nacionalidad o vecindad civil al 
tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la 
ausencia de capítulos –cfr. artículos 9.2 y 16.3 del Código Civil–), concluirá que su 
régimen económico-matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que 
corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal circunstancia –el carácter 
legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento 
público de que se trate.
En el presente caso se trata de otorgante divorciada, por lo que debe tenerse en 
cuenta que, según el párrafo tercero del artículo 159 del Reglamento Notarial, «si el 
otorgante  fuere  casado,  separado  judicialmente  o  divorciado,  y  el  acto  o  contrato 
afectase  o  pudiese  afectar  en  el  futuro  a  las  consecuencias  patrimoniales  de  su 
matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará constar el nombre y apellidos del 
cónyuge  a  quien  afectase  o  pudiese  afectar,  así  como  el  régimen  económico 
matrimonial».
A la vista de las normas precedentes, y mediante una interpretación teleológica de 
las mismas, debe concluirse que, dada la relevancia que respecto del acto dispositivo 
formalizado en la escritura calificada tiene el hecho de que viva o no el ex cónyuge de la 
otorgante divorciada, el notario autorizante debe recoger en tal instrumento público la 
manifestación de aquélla sobre tal extremo. De este modo, quedan suficientemente 
cubiertas, fuera del proceso, las necesidades del tráfico jurídico.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de abril de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.