BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 272 Miércoles 14 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 87560
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12232 Resolución  de  28  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación de la registradora de la propiedad de Mondoñedo, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de 
herencias.
En el recurso interpuesto por doña M.C.M.D. contra la calificación de la Registradora 
de la Propiedad de Mondoñedo, doña Noemí Sarai Alcobendas Delgado, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencias.
Hechos
I
Mediante  escritura  autorizada  por  la  Notaria  de  Bailén  (Jaén)  doña  Esperanza 
Méndez Vilchez, de fecha 29 de noviembre de 2019, se otorgaron las operaciones de 
aceptación y adjudicación de las herencias causadas por los cónyuges don JPG y doña 
MDCMD.
Don JPG falleció el día 29 de noviembre de 2018, dejando de su matrimonio una 
única hija por reconocimiento de filiación hecho en el Registro Civil el 22 de agosto 
de 2011, llamada doña MCMD. Ocurrió su óbito bajo la vigencia de su último testamento, 
mancomunado junto con su esposa, de 7 de abril de 2014, ante el Notario de Foz (Lugo), 
don Francisco Manuel Mariño Pardo, en el cual declararon entre sus datos de filiación, 
ser de vecindad civil foral gallega, estar «casados en únicas nupcias, sin haber tenido 
descendientes de su matrimonio y teniendo doña MDCMD, una hija no matrimonial 
llamada doña CMD»; entre las disposiciones, interesan las siguientes: «Doña MDCMD 
reconoce a su hija doña MCMD, la legítima, que podrá serle abonada en metálico incluso 
extrahereditario, o parte en dinero y parte en bienes, siempre a elección del heredero, 
con derecho de representación a los descendientes. Si la ley reguladora de la sucesión 
redujese o suprimiese los derechos legitimarios que reconoce la ley actual, se tendría en 
cuenta  aquella  ley  para  determinar  los  derechos  reconocidos…  Se  instituyen  los 
testadores herederos recíprocamente el uno del otro».
Doña MDCMD falleció el día 12 de agosto de 2019, bajo su último testamento de 
fecha 26 de julio de 2019, ente el Notario de Burela (Lugo), don Ignacio Catania Palmer, 
en el que entre sus datos de filiación manifiesta tener vecindad civil gallega, ser viuda, y 
que en estado de soltera tuvo a su única hija llamada doña MCMD. Entre otras, interesa 
a  los  efectos  de  este  expediente,  que  «Lega  toda  participación  o  derecho  que  le 
corresponda a la testadora, sobre la vivienda en la que habita, sita en Foz (Lugo) (…), a 
su  cuidador  don  CDM,  que  a  efectos  de  identificación….  Faculta  expresamente  al 
legatario para tomar posesión por sí mismo de lo legado… En el remanente de su 
herencia, instituye heredera a su nombrada hija, doña MCMD y a sus nietos S y CBM, a 
partes  iguales,  sustituyéndolos  en  caso  de  premoriencia  o  incapacidad  por  sus 
descendientes… Revoca toda disposición testamentaria de fecha anterior la presente». e.
En el otorgamiento de la escritura intervienen doña MCMD, don S y doña CBM.  w.b
Deciden  todos,  que,  en  la  herencia  de  don  JPG,  habida  cuenta  la  filiación  por  232ww
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causante había aceptado tácitamente la herencia causada por su esposo, aunque no la 
formalizó en escritura.
Como consecuencia de su carácter ganancial, la vivienda de la (…), se adjudica por 
liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales,  por  mitad  a  cada  una  de  las  masas 
hereditarias; por la sucesión de don JPG, de su mitad, tres cuartas partes se adjudican a 
la heredera doña MDCMD, esto es a su masa hereditaria y la otra cuarta parte a doña 
MCMD por sus derechos de legítima; la mitad correspondiente a doña MDCMD por sus 
gananciales, y las tres cuartas partes de la otra mitad por herencia de su esposo, esto 
es, siete octavas partes del inmueble, queda «pendiente de la entrega formal del legado 
efectuado por doña MDCMG en favor de don CDM…».
II
La referida escritura se presentó en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo el 
día 30 de enero de 2020, y fue objeto de calificación negativa de 3 de abril de 2020 que 
a continuación se transcribe en lo pertinente:
«Hechos: Se ha presentado en este Registro a las doce horas y cuarenta y cinco 
minutos del día treinta de enero de dos mil veinte, asiento 175 del Diario 71 una escritura 
otorgada el veintinueve de Noviembre del año dos mil diecinueve ante la Notario de 
Bailén, Esperanza Méndez Vílchez número 1187/2.019 de protocolo, por la que fallecidos 
don J. P. G. y doña M. D. C. M. Díaz sus herederos M. C. M. D., S. B. M. y C. B. M. 
aceptan la referida herencia y se adjudican el 12,5% de la finca número 3/18168 y 1/22 
ava parte indivisa de la finca 3/18152, que se corresponde con la plaza de garaje 
señalada con el n ° 7, únicas operaciones solicitadas. El documento fue retirado por el 
presentante  el  20  de  febrero  de  2020.  El  20  de  febrero  de  2020  la  escritura  es 
reintegrada al Registro, y se solicita también la inscripción de 4/7 partes indivisas de la 
finca 3/7067 (finca n ° 10).
En dicha escritura comparece doña M.C.M.D. junto con sus hijos S. y C. B. M. para 
llevar a cabo la adjudicación de bienes de las herencias causadas por Don J. P. G. y 
doña M. D. C. M. D.
En el testamento del primer causante –que es mancomunado– se indicaba que Don 
J. se hallaba casado con doña D. de quien no tenía descendencia, y teniendo la esposa 
una hija no matrimonial llamada C. En dicho testamento mancomunado los causantes se 
instituyen recíprocamente herederos con sustitución al fallecimiento de cualquiera de 
ellos en favor de la persona que les cuide hasta el fallecimiento.
Tras el fallecimiento del causante Doña M. D. otorgó nuevo testamento en la que 
lega toda la partición o derecho que le corresponda a la testadora sobre la vivienda en la 
que habita sita en Foz, Lugo, (…) a su cuidador. Don C. D. M. que a efectos de su 
identificación está casado con una señora cuyo nombre es E. y que tiene dos hijos. 
Faculta al legatario para tomar por sí mismo lo legado. Instituye en el remanente de su 
herencia a su hija y sus nietos doña C. M. D. y don S. y doña C. B. M.
El piso legado consta inscrito a favor de la sociedad de gananciales habida en el 
matrimonio entre Don J. y doña D.
Los  herederos  en  la  escritura  señalan  que  correspondería  en  la  liquidación  de 
gananciales la mitad del bien a Don J. y la otra mitad a doña M. D.
Se indica en la escritura que Don José pretirió de forma no intencional a la Doña C. 
M. D pues la reconoció como hija suya. En dicho reconocimiento que se compaña a la 
escritura  consta  como  fecha  de  reconocimiento  el  2011  esto  es  3  años  antes  del  e.e
otorgamiento del testamento mancomunado. Sin embargo, en el testamento el causante  b
hace constar expresamente que carece de descendientes y señalan que es la esposa y  232ww
no éLl olas  úhneircead eqruoes ,t ieconme oa  hCe. mcooms os eleñgailtaimdoa riima.putan la mitad del bien a la herencia de Don
aJ.  dyo eñnat iCen. dMe.n D q. uuen ad iocchtaa vpare ptearritcei óinnd eivsi snao d ien tlean fciniocnaa.l y adjudican en pago de su legítima
Las otras siete octavas entienden que corresponden a D.: a) como heredera de Don 
J. en cuanto a tres octavas y b) las cuatro octavas restantes por derecho propio de doña 
D. en la liquidación de gananciales habida con su esposo
En consecuencia, atribuyen el bien: 1/8 a Doña C. como legitimaria preterida no 
intencional de Don J. 3/8 a Doña D. como heredera instituida por Don J. 4/8 a Doña D. 
en  su  liquidación  de  gananciales.  Estas  7/8  que  corresponden  a  Doña  D.  quedan 
pendientes de entrega al legatario.
Es defecto que impide la inscripción del documento en cuanto a 1/8 parte de la finca, 
la incorrecta adjudicación de 1/8 parte del bien a favor de Doña C. sin la intervención y 
consentimiento del legatario del bien.
Además, entre los bienes inventariados a favor de Don J. consta como partida 
número 10 del inventario el derecho hereditario que se concretará en 4/7 partes indivisas 
de una vivienda protegida sita en Foz e inscrita en este registro al tomo 368, libro 71, 
folio 154, finca 7067 y que se indica que dicho derecho hereditario pertenece a Don J. en 
cuanto a 1/7 por herencia de su madre G. y 3/7 en cuanto heredero de sus hermanas R., 
E. y C. Se advierte por la Notaría que la adquisición de los derechos hereditarios de Don 
J., proceden todos ellos de una serie de herencias no formalizadas. Bajo el número y 
folio indicado no consta inscrita finca a nombre de Doña G., lo que supone un defecto de 
falta de tracto, que podrá subsanarse con corrección en los datos de identificación toda 
vez que esta sí que tiene bienes a su favor en este distrito. No obstante, lo cual, se 
observa el defecto en cuanto a la adjudicación de los derechos hereditarios por cuanto:
A.  No se acredita por los herederos de Don J. el derecho de este en la herencia de 
su madre y hermanas al no aportar la documentación que le reconozca un derecho en 
sus herencias.
B.  Además que el derecho hereditario es un derecho in abstracto que no permite 
adjudicación  ni  concreción  en  cuotas  o  partes  determinadas  de  bienes  pues  la 
adjudicación concreta requiere de un acto de partición.
C.  Dicho derecho no es susceptible de inscripción sino de anotación.
Ello en atención a los siguientes Fundamentos de Derecho:
Conforme a los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento, el 
Registrador califica bajo su responsabilidad los documentos presentados, extendiéndose 
la calificación –entre otros extremos– a “los obstáculos que surjan del Registro”, a “la 
legalidad de sus formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se 
solicite la inscripción”, a “las que afecten a la validez de los mismos, según las leyes que 
determinan la forma de los instrumentos” y a la no expresión, o la expresión sin claridad 
suficiente, de cualquiera de las circunstancias que, según la Ley y este Reglamento, 
debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad.
1.  En cuanto a la adjudicación de derechos a favor de doña C. en el bien legado por 
Doña D.:
La ley de derecho civil de Galicia establece en su artículo 246 que “Si el testador no 
hubiera asignado la legítima en bienes determinados, los herederos, de común acuerdo, 
podrán  optar  entre  pagarla  en  bienes  hereditarios  o  en  metálico,  aunque  sea 
extrahereditario. A falta de acuerdo entre los herederos, el pago de la legítima se hará en 
bienes hereditarios. 2.  Salvo disposición del testador o pacto al respecto, no podrá 
pagarse una parte de la legítima en dinero y otra parte en bienes’. Y el artículo 249.1. El  e.e
legitimario no tiene acción real para reclamar su legítima y será considerado, a todos los  b
efectos, como un acreedor. 232ww
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el orden de sus fechas, comenzando por las más recientes. 2.  Si las reducciones a que
se  refiere  el  apartado  anterior  no  fueran  suficientes,  también  podrán  reducirse  las 
apartaciones hechas por el causante y los pactos sucesorios. Si se realizaran varias, se 
reducirán  todas  a  prorrateo.  3.  Los  afectados  por  la  reducción  podrán  evitarla 
entregando en metálico su importe para el pago de las legítimas.
La legítima en el ámbito del derecho común tiene carácter de pars hereditatis, lo que 
implica una titularidad sobre parte del valor económico de los bienes de la herencia, 
como un derecho real de realización de un valor. La dirección general de los registros y 
del notariado en resolución de 15 de septiembre de 2014 reconoce que ‘En la actualidad 
es pacífica, en doctrina y jurisprudencia, la consideración de la legítima como una pars 
bonorum’ o en su caso ‘pars hereditatis’. En la jurisprudencia, el Tribunal Supremo 
conceptúa  la  legítima  como  una  ‘pars  hereditatis’,  en  cuanto  los  legitimarios  son 
herederos y cotitulares directos del activo hereditario. No cabe su exclusión de los bienes 
hereditarios  salvo  supuestos  excepcionales  y  en  los  términos  de  conformidad 
expresados.
La Sentencia de 8 de mayo de 1989, en la estela de pronunciamientos anteriores, 
dice que la legítima es cuota de herencia y ha de ser abonada, precisamente, con bienes 
de la herencia, dado que los legitimarios son cotitulares directos del activo hereditario y 
no se les puede excluir de los bienes hereditarios, salvo en hipótesis excepcionales
En cambio, en La ley de derecho civil de Galicia esa naturaleza del legitimario no se 
da. Se reconoce al legitimario un derecho de crédito que ha de ser satisfecho por el 
heredero con bienes de la herencia o en metálico. Y recae en el heredero además la 
elección de pagar de una u otra forma a falta de disposición del testador. Pero además 
se indica en la ley de derecho civil de Galicia que para el pago de dicha legítima no se 
reducen los legados sino cuando estos son inoficiosos.
Así la SAP de A Coruña (S. 4.ª) de 17/06/2016, (JUR 2016U83848) F.J. 3.o ‘En 
efecto, la legítima de los descendientes de 2/3 partes del haber relicto del causante –
constituida por el tercio de legitima estricta y por el tercio de mejora– en los términos del 
art. 808 del CC (LEG 1889,27), se reduce a la cuarta parte del valor del haber hereditario 
líquido conforme al art. 243 de la LDCG. Por otra parte, deja de concebirse como ‘pars 
bonorum’, es decir como porción de bienes de la herencia, que faculta activamente al 
legitimario para instar la partición judicial de la herencia, para convertirse en una ‘pars 
valoris’, esto es en un simple valor del caudal relicto del causante, que confiere al 
legitimario  un  derecho  de  crédito,  al  que  se  refiere  el  art.  249.1  de  la  mentada 
Disposición General.”
Y llegados a este punto es cuando todas estas normas entran en relación con la 
adjudicación que se ha realizado de una parte del bien legado a Doña C. en pago de una 
legítima adquirida por una preterición calificada por la Notario de no intencional.
Resulta de la Ley de derecho civil de Galicia que el legitimario no tiene derecho al 
pago en bienes concretos y que el pago podrá realizarse con bienes o en metálico y que 
sólo ‘Si no hubiera en la herencia bienes suficientes para el pago de las legítimas podrán 
reducirse por inoficiosos los legados’ resultando además que ‘Los afectados por la 
reducción  podrán  evitarla  entregando  en  metálico  su  importe  para  el  pago  de  las 
legítimas’.
En el testamento como se indicó anteriormente Don J. instituyó como única heredera 
de sus bienes a su esposa. Por tanto, todos los derechos que en el bien legado le 
correspondían a don J. pasan a favor de Doña D. como heredera. Y el resto del bien le 
corresponde en la liquidación de gananciales igualmente a Doña D. Y sólo habría lugar a 
la reducción de tal legado en la medida en que el mismo resultase inoficioso por  s
perjudicar la legítima de Doña C. en la herencia de don J. oe.
En ningún caso queda acreditado en el documento la existencia de inoficiosidad en el  w.
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imprescindible su intervención.
Y,  además,  hay  que  tener  en  cuenta  que  excede  del  ámbito  competencial  la 
atribución del carácter intencional o no de la preterición de C. en la herencia de Don J. 
sin la intervención de todos los afectados por ella, esto es sin la intervención de C., 
máxime cuando los únicos derechos que se han visto mermados en la partición han sido 
los del legatario.
La RDGRN, con buen criterio, sustentando su argumentación en la salvaguarda 
judicial de los derechos manifestada en el artículo 24 de la Constitución, entiende que ‘la 
ineficacia del contenido patrimonial del testamento precisa, a falta de conformidad de 
todos  los  afectados,  una  previa  declaración  judicial  que,  tras  un  procedimiento 
contencioso incoado por el preterido, la declare’. Es necesaria la declaración judicial de 
ineficacia del testamento viciado de preterición para que los preteridos puedan hacer 
valer sus derechos.
Pero además resulta que en materia de preterición hay que tener en cuenta la 
normativa especial recogida en la ley gallega que no es exactamente coincidente en sus 
efectos con le legislación de derecho común.
De manera semejante a como trata el Código civil tanto la preterición intencional 
como  la  no  intencional  se  regula  esta  institución  en  los  artículos  258  y  ss.  de  la 
Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia.
Conforme al artículo 258 La preterición intencional de un descendiente no afecta a la 
validez de las disposiciones por causa de muerte. El legitimario sólo tendrá derecho a 
percibir su legítima conforme a las reglas de la presente ley. Lo mismo se entenderá en 
el caso de preterición del cónyuge, sea intencional o no. Por la remisión que hace, el 
artículo antes citado, –350– 258 LDGD ‘percibir la legítima conforme a la presente Ley’ 
Todo indica que hace remisión al artículo 243 y siguientes.
Simplemente se le pagará su legítima al legitimario en metálico ejercitando la acción 
de reclamación o de reducción de legítima. Sin olvidar lo dispuesto en el artículo 251.3, 
LDGD en que los afectados por la reducción podrán evitarla pagando las legítimas en 
dinero.
Pero además el artículo 259 distingue según que la preterición sea intencional o no y 
otorga al legitimario preterido facultad para solicitar la declaración de nulidad de la 
institución de heredero. Y añade que las demás disposiciones testamentarias y los 
pactos sucesorios serán válidos en cuanto su reducción no sea necesaria para el pago 
de las legítimas.
Pero además hay que tener en cuenta que es tajante el precepto 259.1 LDGD 
cuando anula de plano toda la institución de heredero del testamento, lo cual significa 
que también se anula la disposición hecha en favor del viudo. Se encuentra aquí un 
agudizado  distanciamiento  con  el  artículo  814.  2  del  código  civil,  al  disponer  que 
mientras no perjudique a las legítimas, no se anulará la institución de heredero a favor 
del cónyuge viudo.
En el supuesto de ser preteridos, de manera no intencional, todos los descendientes, 
tanto en el Código civil, como en el artículo 259.2 LDGD pueden pedirse la nulidad de 
todas las disposiciones de contenido patrimonial.
También  la  jurisprudencia  gallega  confirma  lo  anteriormente  expuesto  sobre  los 
efectos  que  despliegan  ambas  clases  de  preterición,  es  decir,  la  intencional  y  no 
intencional, donde la primera desplegaría la reducción de la institución de heredero y la 
segunda la anulación de la misma con la necesaria apertura de la sucesión abintestato 
en sentencias de 30 de enero de 1995 y 23 de enero de 2001.
En cualquier caso y como queda expresado concluyen que doña C., fuera preterida  s
intencionalmente o no, tendría un derecho a una legítima como derecho de crédito que  oe.
habría de respetar el resto de disposiciones testamentarias. w.
Y teniendo en cuenta que don José dispuso institución de heredero a su esposa y  232ww
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habría lugar a reducir en alguna parte la adjudicación de C. si su valor generase 
inoficiosidad para el pago de la legítima lo que no ha quedado acreditado y requiere el 
concurso del perjudicado. Perjudicado que conforme a la ley gallega todavía tiene la 
facultad prevista en el artículo 251 de evitarla entregando en metálico su importe.
2.  En cuanto a la finca que constituye la partida 10 del inventario (finca registral 
finca 7067 del término municipal de Foz) no es posible llevar a cabo la adjudicación de 
los derechos hereditarios adjudicados entre los herederos y concretados en las 4/7 
partes  de  la  finca  al  no  haberse  formalizado  ninguna  de  las  aceptaciones  y 
adjudicaciones hereditarias y no aportarse ningún documento que acredite la condición 
de heredero de los señalados.
Se indica que la finca en cuestión pertenece a doña G. Que está dejó siete hijos. Uno 
de ellos Don J. quien a su vez seria heredero de tres de sus hermanas. No se acompaña 
ni certificado de defunción ni declaratoria de herederos abintestato de doña G. Tampoco 
se ha formalizado su herencia entre sus herederos. No se acompaña certificado de 
defunción,  ni  últimas  voluntades  de  las  hermanas  de  J.  Y  de  acompañarse  dicha 
documentación la anotación del derecho hereditario no puede concretarse en cuotas 
concretas de bienes como es la pretensión de los herederos, sino que es un derecho 
abstracto. Derecho que además no es susceptible de inscripción sino de anotación y 
nunca sobre cuotas o partes de bienes.
Y así se observan los siguientes defectos en dicha adjudicación:
a.  no se ha acreditado la condición de heredero toda vez que se manifiestan, pero 
no se acompañan los documentos que acrediten los derechos de don J. en las herencias 
ni de su madre ni de sus hermanas. El artículo 14 de la ley hipotecaria señala que El 
título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato 
sucesorio,  el  acta  de  notoriedad  para  la  declaración  de  herederos  abintestato,  la 
declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado y en su caso, el 
certificado sucesorio europeo
El artículo 76 del Reglamento Hipotecario señala que en la inscripción de bienes 
adquiridos  por  herencia  testada  se  harán  constar  las  disposiciones  testamentarias 
pertinentes, la fecha del fallecimiento del causante, tomada de la certificación respectiva, 
y el contenido del certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad. En la 
inscripción de bienes adquiridos por herencia intestada se consignarán los particulares 
de la declaración judicial de herederos.
Partiendo de los preceptos aludidos hay que concluir en la necesidad de acompañar 
el testamento, o acta declaratoria de herederos abintestato, certificado de defunción y 
últimas voluntades. La necesidad de acompañar estos documentos como auténtico título 
sucesorio es igualmente declarado por Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 6 de mayo de 2014 y 12 de noviembre de 2012 entre otras 
muchas. La necesidad de aportar dichos documentos para acreditar el derecho viene 
reconocida, igualmente, en el artículo 46 de la ley hipotecaria.
b.  Como se ha venido señalando el derecho hereditario no es más que un derecho 
en abstracto al conjunto de bienes que integran la herencia y no un derecho en concreto 
sobre bienes determinados, en tanto no se lleve a cabo la partición.
El artículo 46 de la ley hipotecaria señala que El derecho hereditario, cuando no se 
haga  especial  adjudicación  a  los  herederos  de  bienes  concretos,  cuotas  o  partes 
indivisas de los mismos, sólo podrá ser objeto de anotación preventiva. Esta anotación 
podrá ser solicitada por cualquiera de los que tengan derecho a la herencia o acrediten 
un interés legítimo en el derecho que se trate de anotar. e.
Este derecho que como se ha señalado no es susceptible de inscripción no puede  w.b
concretarse en bienes concretos no es posible la inscripción de la adjudicación de los  232ww
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liquidatorias.
Y  así  ha  reconocido  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  en 
resolución de 1 de diciembre de 2006 Los herederos pueden verificar la partición del 
modo que tuvieren por conveniente (cfr. artículo 1058 del Código Civil) sin que ninguno 
de ellos pueda imponer al otro la atribución por participaciones indivisas de todos y cada 
uno de los bienes resultantes (vid. artículos 1061 y 1062 del Código Civil), de manera 
que, ultimada la liquidación, tanto puede ocurrir que a un heredero no le corresponda 
ningún derecho sobre determinado bien como que se le atribuya éste en su integridad, 
razón por la cual se prevé para esa primera hipótesis la cancelación de la anotación 
preventiva (artículo 206.10 del Reglamento Hipotecario).
En el documento objeto de calificación se menciona sin acreditarlo documentalmente 
la condición de heredero de don J. en la herencia de Doña G. y de las hermanas de Don 
J.  y  para  tomar  anotación  preventiva  (no  inscripción)  deberá  acompañarse  de  los 
documentos que le acrediten como heredero y practicarse no sobre bienes o cuotas 
indivisas  sino  como  derecho  abstracto.  De  pretenderse  la  inscripción  de  cuotas 
concretas de bienes se observa el defecto de tracto sucesivo que requiere igualmente de 
la  presentación  de  los  títulos  sucesorios  (testamentos,  declaratorias  de  herederos 
abintestato, certificados de defunción y últimas voluntades de Doña G., y sus hermanas 
C., R. y E.) y además será necesario aportar las particiones todas estas herencias que 
determinen derecho de don J. sobre 4/7 partes de la finca. Sólo así podría a su vez 
inscribirse dichas 4/7 partes de la finca –no del derecho hereditario– a favor de las 
herederas.
Debe tenerse en cuenta además la necesaria rectificación de los datos identificativos 
de la partida 10 del inventario toda vez que la finca relacionada no pertenece a Doña G., 
(defecto de tracto) aunque sí tiene otras en este distrito hipotecario, entendiéndose que 
se trata de un error material en la identificación de la finca cuyos derechos se adjudican.
Acuerdo: practicar la inscripción de una veintidós ava parte indivisa de la finca 18152 
de Foz en la siguiente proporción: una octava parte indivisa de la indicada participación, 
esto es, una ciento setenta y seis ava parte indivisa, a favor de doña M. C. M. D., en 
pago de su cuota legitimaria, y las restantes siete octavas partes indivisas de la indicada 
participación, a favor de doña M. C. M. D., don S. B. M. y doña C. B. M., por terceras e 
iguales partes indivisas, esto es, siete quinientas veintiocho avas partes indivisas para 
cada uno, por título de herencia previa liquidación de la sociedad de gananciales, con 
carácter privativo para todos en el Tomo 959 del Archivo, Libro 308 de Foz, folio 86, 
inscripción 12.ª y SUSPENDER la inscripción del 12,5% de la finca número 3/18168 del 
término municipal de Foz y de 4/7 partes indivisas de la finca 3/7067 del término 
municipal de Foz según resulta de los hechos y fundamentos de derecho expresados.
Queda automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente a 
este título por sesenta días hábiles a partir de la última notificación efectuada de la 
presente calificación. Notifíquese al presentante y al funcionario autorizante del título 
calificado en el plazo máximo de diez días naturales contados desde esta fecha. El 
interesado tiene derecho, para el caso de discrepar de la presente calificación, a instar la 
intervención de un Registrador sustituto conforme a lo dispuesto en el RD 1039/2003, 
de  1  de  agosto  y  en  el  plazo  de  quince  días  a  contar  de  la  notificación  de  esta 
calificación. Contra esta calificación… (Oferta de recursos)”.»
III
Se  solicitó  calificación  sustitutoria  que  correspondió  a  la  Registradora  de  la  s
Propiedad de Villalba (Lugo) doña María Cristina González Pereda, que, con fecha de 22  e.
de junio de 2020, confirmó la calificación de la Registradora de Mondoñedo. w.
IV
El día 7 de julio de 2020, doña M.C.M.D. interpuso recurso contra la calificación, en 
el que en síntesis alega lo siguiente:
«1.  Atribuye a con C. D. M. derecho a intervenir en la herencia de don J. P. G., 
cuando es un tercero completamente ajeno. Con C. D. M. únicamente es titular del 
legado que a su favor instituyó doña M. D. C. M. D., y, por tanto, ningún derecho ostenta 
respecto al caudal de don J. P. G., a quien le es absolutamente ajena la decisión que los 
herederos de don J. P. G. tuvieron que tomar respecto a la no intencionalidad de la 
preterición de su hija C.
En la calificación registral se sostiene que la intencionalidad o no de la preterición, 
que califica de “pretendida”, de C. requiere la intervención de todos los afectados, 
especialmente de C. puesto que ve reducido su derecho en el piso legado, pero talas 
afirmaciones son erróneas:
– Porque está acreditado el reconocimiento como hija que don J. P. G. hizo el 22 de 
agosto del año 2011 respeto a C. M. D.
– Porque, consecuentemente, la preterición de su hija C. es incuestionable.
– Porque los únicos interesados en la herencia del testador don J. P. G. lo son su 
viuda, porque la instituyó heredera, y su hija, a la que pretirió, y tras la muerte de la viuda 
los herederos instituidos por ella.
– Y porque, no obstante ser razonable estimar que la preterición fue no intencional, 
el tratamiento dado a la misma en la escritura particional de 29 de noviembre de 2019 
fue el que el art. 258 de la Ley 2/2006, de Derecho Civil de Galicia, establece para la 
preterición intencional, en lugar de aplicar el tratamiento previsto para la preterición no 
intencional en el art. 259 de dicha Ley, el cual exigiría que la persona preterida obtuviese 
la declaración de nulidad de la institución de herederos hecha en el testamento de don J. 
P. G.
Los intervinientes en la escritura particional de 29 de noviembre de 2019 constataron 
la preterición de doña C. M. D., para lo que no es preciso medie resolución judicial, y 
respetaron la validez de las disposiciones por causa de muerte, pero respetando el 
derecho de la legitimaria a percibir su legítima.
Respecto a constatar y reconocer el derecho de la legitimaria en la herencia de don 
J. P. G. ni cabía intervención de don C. D. M., porque en su caudal ningún derecho 
ostenta éste, ni desde luego es posible alcanzar solución distinta respecto al derecho de 
la legitimaria.
Afirmar  que  la  constatación  y  reconocimiento  de  la  legitimaria  preterida  por  el 
causante don J. P. G. afecta al derecho de don C. D. en el piso legado es un disparate 
jurídico, dicho sea, con todo respeto, porque el causante don J. P. G. no legó nada a don 
C. D. M., quien, por lo mismo, nada tiene ni puede decir sobre el caudal de aquél.
2.  Atribuye a don C. D. M. derecho a intervenir en la forma de pagar la legítima en 
el caudal de don J. P. G., respecto del que es un tercero completamente ajeno.
Siendo doña C. M. D. legitimaria de su padre don J. P. G. en cuya herencia don C. D. 
M. es totalmente ajeno, la calificación registral negativa y la sustitutoria, que la confirma, 
le atribuyen a tal tercero el derecho a intervenir en la forma de pagar aquella legítima, y 
ello al punto de otorgarle el derecho a evitar la reducción de su legado entregando en 
metálico su importe
Para otorgar tal derecho a un tercero en la herencia en las calificaciones negativa y  e.
sustitutoria se invocan los arts. 246 a 251 de la Ley 2/2006, de Derecho Civil de Galicia, que  w.
faculta a los herederos para pagar la legítima de los descendientes bien en bienes de la  232ww
hneecreenscidiaa do  deen p mageatárlleic osu,  pleagraít imasaí  csoons tbeineenr  aqlguuen oa  dlae  lleag hiteimreanricaia d, opñearo  Ce.l  Mer.r oDr .j unríod ichoa bdíea 
esta argumentación es incuestionable, porque tratándose de legitimaria de don J. P. G. de
éste únicamente son herederos doña C. M. D. y don S. y doña C. B. M. por derivación de 
doña M. D. C. M. D. a quien aquél instituyó heredera el causante don J. P. G.
El causante don J. P. G. no instituyó ningún legado ni, por lo mismo, en la división de 
su herencia resulta menester ni posible hablar de reducción de inexistente legado; al no 
existir institución de legado en su testamento, no existe posibilidad de hablar de su 
inoficiosidad ni, por lo mismo, quien no es legatario de dicho causante puede evitar la 
reducción  de  tal  inexistente  legado  que  prevé  el  art.  251–3°  de  la  Ley  2/2006 
exclusivamente para los legatarios o donatarios del testador en que concurra el derecho 
a su legítima por parte de legitimario.
Siendo verdad que el art. 246 de la Ley 2/2006, de Derecho Civil de Galicia, otorga a 
los herederos la facultad de optar entre pagar a la legitimaria su legítima en bienes de la 
herencia o en metálico aunque sea extrahereditario, no menos cierto es que en la 
herencia en que se ha de ejercitar tal opción por los herederos es la de don J. P. G., en la 
que no existe institución de legado a favor de don C. D. M., y que los herederos a los que 
tal precepto legal atribuye dicha opción son los herederos de dicho causante, que fue 
doña M. D. C. M. D. hasta su óbito y a la que sucedieron como herederos de la misma 
doña M.C.M.D. y don S. y doña C. B. M.
Pues bien, la instituida heredera por don J. P. G. no pagó la legítima a la legitimaria 
doña M.C.M.D. antes de fallecer, y, por ello, tal facultad de opción entre pago de la 
misma  en  bienes  de  la  herencia  o  en  metálico  la  heredaron  sus  herederos  doña 
M.C.M.D. y don S. y doña C. B. M., y ejerciendo dicha facultad, que legalmente les está 
atribuida, no hicieron más que ejercitar un legítimo derecho, con lo que a nadie podían 
causar daño.
3.  Es  erróneo  el  dictamen  sobre  el  cómo  tenía  que  hacerse  la  división  de  la 
herencia de don J. P. G. En la calificación negativa no se aborda de forma expresa la 
cuestión de la liquidación de la sociedad de gananciales, ni tampoco lo hace en la 
sustitutoria que la confirma, en la que se afirma que con el fallecimiento de don J. P. G. 
‘todos los derechos sobre la vivienda (o registral 18.619) pasan a favor de su esposa 
doña D.; mitad de la herencia relicta de su esposo y la otra mitad por liquidación de 
gananciales’, y con ello la Registradora se constituye en autoridad judicial y dictamina el 
cómo los herederos de los esposos causantes teman que haber efectuado la liquidación 
de gananciales.
Ningún reparo se formuló en la calificación negativa a la forma en que los herederos 
de los causantes practicaron la liquidación de su disuelta sociedad de gananciales, 
porque  la  afrontada  es  acorde  a  derecho  al  consistir  en  reflejar  exactamente  lo 
acontecido al disolverse la sociedad de gananciales con la muerte de don J. P. G., que 
comportó que la mitad ganancial que en la vivienda correspondía dicho causante pasó a 
su caudal, y la otra mitad permaneció en la titularidad de doña M. D. C. M. D.
El error del dictamen está en afirmar que la mitad ganancial que correspondía al 
finado don J. P. G. pasó con su fallecimiento a favor de doña M. D. C., porque para 
efectuar tal determinación era menester que mediase la práctica de la liquidación de la 
sociedad de gananciales en que se habría de constatar qué bienes con naturaleza 
ganancial resultan adjudicados al caudal de uno y cuáles al caudal del otro causante.
No corresponde a la Sra. Registradora de la Propiedad determinar el cómo los 
herederos de los finados esposos tenían que practicar la liquidación de su disuelta 
sociedad de gananciales, porque los únicos legalmente facultados para hacerlo son los 
herederos de uno y otro causante.
De la misma forma que en el criterio de la Sra. Registradora calificante pudiera  s
haberse asignado al caudal de un causante la mitad ganancial de la vivienda o finca  oe.
registral  18.168  y  la  otra  mitad  al  caudal  del  otro  causante,  pudieron  los  únicos  w.
legitimados para practicar la liquidación de la disuelta sociedad de gananciales asignar  232ww
egna nlaan dciivails ieónn  ddiech laa  vhievrieenndcaia  yd ela sd otrne sJ . cPu.a Grta. sa  plaa rlteegsi trimesatraian telas  cduea rttaal  mpaitrated  dgea nsaun mciaitla ad 
su heredera doña M. D. C. M. D.
Era facultad exclusiva de los herederos de uno y otro causante, y al hacerlo en la 
forma que lo hicieron dieron escrupulosa aplicación a la voluntad expresada por doña M. 
D. C. M. D. en su último testamento, puesto que en él la testadora no legó a don C. D. M. 
la vivienda o registral 16.168, sino que le legó tan sólo la participación o derecho que a 
dicha testadora le corresponda en dicha vivienda.
Pudo doña M. D. C. M. D. legar a don C. D. M. la vivienda por entero, porque lo 
viabiliza el art. 205 de la Ley 2/2005, de derecho civil de Galicia; también pudo la 
testadora establecer como objeto de legado la vivienda por entero, sin invocar dicho 
precepto legal, y en tal caso sus herederos habrían podido o debido entender que con 
ello les establecía el criterio de que en la liquidación de la sociedad de gananciales 
debería ser adjudicada por entero a su caudal; también pudo doña M. D. C. M. D. haber 
practicado la liquidación de la sociedad de gananciales que constituyera con su finado 
esposo, juntamente con la legitimaria de éste, y decidir ambas en dicha operación a 
quién  se  adjudicaba  la  vivienda  de  que  se  trata.  Pero  lo  que  hizo  fue  legar  la 
participación o derecho que a ella correspondiese en la vivienda.
Al ser don C. D. M. legatario de la participación o derecho que a doña M. D. C. M. D. 
correspondiese en la vivienda, carece de legitimación para intervenir en la liquidación de 
la sociedad de gananciales que dicha testadora había formado con don J. P. G., así 
como para intervenir en la partición de la herencia de éste, a la que es completamente 
ajeno.»
V
Notificada a la Notaria autorizante el escrito de recurso, doña Esperanza Méndez 
Vilchez, Notaria de Bailén, emitió informe con las alegaciones siguientes:
«1.  Sobre la liquidación de gananciales. La muerte de alguien casado bajo régimen 
legal de gananciales obliga con carácter previo al inventarlo de los bienes y derechos 
relictos, a liquidar la sociedad de gananciales, determinando, en consonancia con su 
naturaleza  de  comunidad  germánica,  qué  bienes  o  partes  indivisas  de  ellos 
corresponderían al fallecido y qué bienes o partes indivisas de ellos al viudo. Esa 
determinación corresponde realizarla de mutuo acuerdo a los herederos del fallecido y al 
viudo o viuda, si viviere, o, en caso de fallecimiento de ambos, a los herederos de los 
causantes. Y en este caso, concurre en Doña M. C. M. D., Don S. y Doña C. B. M. la 
condición de herederos de Doña M. D. C. M. D., y por tanto de manera indirecta al haber 
fallecido ésta, de Don J. P., que pueden liquidar dicha sociedad de gananciales de la 
manera que estimen más oportuna.
Esa liquidación de gananciales no puede estar en ningún caso condicionada por una 
disposición testamentaria realizada unilateralmente por uno de los cónyuges. Si Doña M. 
D. C. M. D. quería adjudicarse la totalidad del piso de Foz, objeto de este recurso, le 
hubiera bastado con formalizar dicha liquidación de sociedad de gananciales en escritura 
pública antes de fallecer, por sí y como heredera de su cónyuge, atribuyendo a su lote la 
totalidad  del  piso.  Pero  no  lo  hizo.  Y  en  su  testamento,  lo  único  que  legó  fue  la 
participación o derecho que le correspondiese sobre dicho piso, quedando por tanto a 
expensas de las resultas de esa liquidación de sociedad de gananciales.
2.  Sobre la preterición intencional o no: los artículos 258 y ss. de la Ley 2/2006 
de  14  de  junio  de  derecho  civil  de  Galicia  determinan  respecto  a  la  preterición: 
‘Articulo 258: La preterición intencional de un descendiente no afecta a la validez de las 
disposiciones por causa de muerte. El legitimario sólo tendrá derecho a percibir su  e.e
legítima conforme a las reglas de la presente ley. Artículo 259: 1. La preterición no  b
intencional de un legitimario descendiente faculta a la persona preterida para obtener la  232ww
ddeiscplaorsaicciioónne sd e tensutlaidmaedn dtaer ialas  inys tiltousc iópna cdteo sh esruecdeesroor ihoesc hsae reánn  tevsátlaidmose nteon.  Lcausa ndteom  ásus 
rdeed utocdcoiósn l onso  lseegait inmeacrelossa rdiae spcaeran deiel nptaegso  pdreo dlausc ilreág, íatim inasst.a 2n.c iLaa  dper ectuearilcqióunie rnao  dinet eenllcoiso,n alal 
nulidad de las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial. Las apartaciones y
los pactos de mejora sólo se reducirán si fuera necesario para el pago de las legítimas. 
Artículo 260: La preterición no intencional no producirá los efectos a que se refiere el 
artículo precedente si los preteridos concurrieran a la partición con los instituidos’.
Pues bien, aun cuando la preterida, como única legitimarla descendiente –y siempre 
previa consideración de que dicha preterición era no intencional–, tenía la posibilidad de 
ejercitar la acción que determina el artículo 259 de pedir la nulidad de las disposiciones 
testamentarias de contenido patrimonial, en ningún caso optó por dicha posibilidad, por 
lo que, sea intencional o no, la preterida se conformó con el derecho a percibir su 
legítima conforme a las reglas del derecho gallego, esto es, una cuarta parte del valor del 
haber hereditario liquido (art 243).
De tal forma, antes de la formalización de dicha sucesión en escritura pública, tanto 
la viuda como la legitimaria de Dan J. P. G. presentaron autoliquidación para el pago del 
Impuesto de sucesiones en la Delegación de Lugo, expediente 6S07261861003 el 29 de 
mayo de 2.019 atribuyendo a Doña M.C.M.D. una cuarta parte de cada uno de los bienes 
y derechos que integraban dicha herencia, debe entenderse con la aquiescencia de la 
viuda, madre de la legitimaria.
3.  Sobre  la  naturaleza  jurídica  de  la  legitima  del  derecho  gallego  y  su  pago. 
Artículo 246. 1.  Si el testador no hubiera asignado la legítima en bienes determinados, 
los herederos, de común acuerdo, podrán optar entre pagarla en bienes hereditarios o en 
metálico, aunque sea extrahereditario. A falta de acuerdo entre los herederos, el pago de 
la legítima se hará en bienes hereditarios. 2.  Salvo disposición del testador o pacto al 
respecto, no podrá pagarse una parte de la legítima en dinero y otra parte en bienes. 
Artículo 248: Pueden pagar la legítima, o su complemento, el heredero, el comisario o 
contador–partidor, así como el testamentario facultado para ello. Pero corresponderá en 
exclusiva a los herederos la opción de pagar la legítima en metálico extra hereditario. 
Artículo 251: 1.  Si no hubiera en la herencia bienes suficientes para el pago de las 
legítimas podrán reducirse por inoficiosos los legados y donaciones computables para su 
cálculo,  comenzando,  salvo  disposición  en  contra  del  testador,  por  los  primeros  a 
prorrateo. Si no fuera suficiente, se reducirán también las donaciones por el orden de sus 
fechas, comenzando por las más recientes. 2.  Si las reducciones a que se refiere el 
apartado  anterior  no  fueran  suficientes,  también  podrán  reducirse  las  apartaciones 
hechas por el causante y los pactos sucesorios. Si se realizaran varias, se reducirán 
todas a prorrateo. 3.  Los afectados por la reducción podrán evitarla entregando en 
metálico su importe para el pago de las legítimas. De dichos artículos se desprende que 
la naturaleza jurídica de esta legitima es un derecho de crédito, y nadie pone en duda 
dicha calificación, avalada por la jurisprudencia alegada por la Sra. Registradora. Pero 
son los herederos, en última instancia, quienes tienen la facultad de determinar sí se 
abonan en metálico o en bienes de la herencia. Dice el artículo 246 antes transcrito que 
"los herederos, de común acuerdo, podrán optar entre pagaría en bienes hereditarios o 
en metálico". En ningún caso existe la obligación de pagar en metálico.
Además, argumenta la Sra. Registradora la posible aplicación del párrafo 3 del 
art 251, considerando que el legatario nombrado por la testadora, Dan C. D. es “el 
afectado por la reducción” que podría evitarla entregando en metálico su importe para el 
pago de la legitimas. Pero es que en la sucesión de Don J. P. G. no hay ningún legado, y 
por  tanto  no  se  reduce  ningún  legado.  Simplemente  se  liquida  la  sociedad  de 
gananciales y se opta por los herederos, únicos interesados en dicha herencia, en pagar 
la legitima de la preterida, en lo que se refiere al piso de Foz, en una cuarta parte de la 
mitad indivisa atribuida al fallecido en la liquidación de la sociedad de gananciales, esto  s
es, una octava parte indivisa.» oe.
Mediante escrito con fecha de 20 de julio de 2020, la Registradora de la Propiedad  232ww
deímai t3ió1  sdue li nmfoisrmmoe  my eesle)v.ó el expediente a este centro directivo (con registro de entrada el
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  24  de  la  Constitución,  814  y  1380  del  Código  Civil;  205  y 
siguientes, 246 y siguientes, en especial 251, 258 y 259 de la Ley de Derecho Civil de 
Galicia; Resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado de 20 de 
mayo de 1898, 30 de junio de 1910, 31 de mayo de 1931, 10 de mayo de 1950, 14 de 
agosto de 1959, 4 de mayo de 1999, 13 de septiembre de 2001, 2 de agosto y 5 de 
octubre de 2018.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
aceptación y adjudicación de herencias en la que concurren las circunstancias y son 
relevantes los hechos siguientes:
– El primer causante falleció el 29 de noviembre de 2018, dejando de su matrimonio 
una única hija por reconocimiento de filiación hecho en el Registro Civil el 22 de agosto 
de 2011.
– En su testamento, mancomunado junto con su esposa, de 7 de abril de 2014, 
declararon entre sus datos de filiación, ser de vecindad civil foral gallega, estar «casados 
en únicas nupcias, sin haber tenido descendientes de su matrimonio y teniendo doña…, 
una  hija  no  matrimonial  llamada  doña…»;  entre  las  disposiciones,  interesan  las 
siguientes: «Se instituyen los testadores herederos recíprocamente el uno del otro».
– La segunda causante, esposa del primero, falleció el 12 de agosto de 2019, bajo 
su último testamento de fecha 26 de julio de 2019, en el que entre sus datos de filiación 
manifiesta tener vecindad civil gallega, y que en estado de soltera tuvo a su única hija 
llamada doña…. Y hace las disposiciones siguientes: «Lega toda participación o derecho 
que le corresponda a la testadora, sobre la vivienda en la que habita, sita en Foz (Lugo) 
(…) a su cuidador don... Faculta expresamente al legatario para tomar posesión por sí 
mismo de lo legado… En el remanente de su herencia, instituye heredera a su nombrada 
hija,  doña...  y  a  sus  nietos…  y…,  a  partes  iguales,  sustituyéndolos  en  caso  de 
premoriencia  o  incapacidad  por  sus  descendientes…  Revoca  toda  disposición 
testamentaria de fecha anterior la presente».
– En la escritura de aceptación y adjudicación de las herencias de ambos causantes, 
en el otorgamiento intervienen la hija y los dos nietos; deciden todos, que, en la herencia 
del primer causante, habida cuenta la filiación por reconocimiento de su hija, debe 
entenderse preterida, y tiene derecho a la legítima que prevé el derecho civil gallego en 
una cuarta parte de la herencia, por lo que, distribuyen esa a razón de un cuarto para la 
legitimaria y los otros tres cuartos para la masa de la herencia de la segunda causante; 
que como consecuencia de su carácter ganancial, la vivienda de (…), se adjudica por 
liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales,  por  mitad  a  cada  una  de  las  masas 
hereditarias; por la sucesión del esposo, de su mitad, tres cuartas partes se adjudican a 
la esposa heredera, esto es a su masa hereditaria y la otra cuarta parte a su hija por sus 
derechos de legítima; la mitad correspondiente a la esposa por sus gananciales, y las 
tres cuartas partes de la otra mitad por herencia de su esposo, esto es, siete octavas 
partes del inmueble, queda «pendiente de la entrega formal del legado efectuado por 
doña … en favor de don…». Se manifiesta por los otorgantes que la segunda causante, 
había aceptado la herencia causada por su esposo, aunque no la formalizó en escritura 
pública.
La registradora señala varios defectos en la nota de calificación, de los cuales solo 
se recurre uno de ellos, el relativo a la finca situada en Foz, en (…), limitándose por lo  s
tanto a este la resolución del recurso: que «es defecto que impide la inscripción del  oe.
dbdMeioeorcnteuiv cmaah  eosfn audtv oceo a rec linfdri écecda uicDtaoióno ntñyo a e p anaC  1rl.os /8  ssv iinpag aluolrairteei sni n;td etelea:  r llvaape  onfnisancitbciuóairlni,ad  llayead z ci ando cdenoe srn erleaonc  tlitremaeg diíaetuidnmcjtiuora d  lgdiocaesall cl elileóeggngaa a ddyta eosr sui1o  /pc 8ada gepráala cnrbttdeeieor  nd d»leae.l     2020-12232n https://www.
legítima  en  bienes  extrahereditarios;  el  llamamiento  de  la  segunda  causante  como
heredera única de su esposo, dado que la ineficacia del contenido patrimonial del
testamento  precisa,  a  falta  de  conformidad  de  todos  los  afectados,  una  previa 
declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso incoado por el preterido, la 
declare; en definitiva, que el primer causante instituyó heredera a su esposa y esta 
dispuso de todos los derechos que le correspondían en el piso a favor del legatario, por 
lo que el legado debe alcanzar a la totalidad del bien del que la segunda causante es 
dueña como heredera de su esposo en cuanto a una mitad y por derecho propio en la 
liquidación de gananciales del bien respecto de la otra mitad que se le adjudica y que, 
sólo habría lugar a reducir en alguna parte la adjudicación del legatario si su valor 
generase inoficiosidad para el pago de la legítima lo que no ha quedado acreditado y por 
tanto requiere el concurso del perjudicado, que tiene la facultad de evitarla entregando 
en metálico su importe.
La recurrente alega lo siguiente: que el legatario es un extraño a la sucesión del 
primer causante, por lo que no puede exigirse su intervención en la partición del mismo; 
que la facultad de entregar la legítima en metálico corresponde a los herederos y no está 
en las del legatario exigir que sea así el pago; que acreditada la filiación de la hija 
respecto de su padre primer causante, es incuestionable que se ha producido una 
preterición intencional y por tanto tiene derecho a su legítima; que en definitiva, los 
únicos interesados en la herencia del primer causante son la hija legitimaria y los 
herederos  de  la  segunda  causante  heredera  a  su  vez  del  primero;  que  el  primer 
causante no instituyó ningún legado ni por tanto es posible hablar de reducción de 
inexistente legado; que al no existir institución de legado, no existe posibilidad de hablar 
de su inoficiosidad; que la reducción del inexistente legado sería exclusivamente para los 
legatarios o donatarios del testador en que concurra el derecho a su legítima por parte 
de  legitimario  pero  no  para  un  extraño;  que  en  la  liquidación  de  la  sociedad  de 
gananciales, se ha adjudicado el bien legado por partes iguales entre ambos caudales 
hereditarios, y siendo que el legado es de los derechos que la causante tuviera sobre la 
cosa legada, no está legitimado para intervenir en la partición.
La  notaria  autorizante  alega  lo  siguiente:  que  la  liquidación  de  la  sociedad  de 
gananciales corresponde realizarla de mutuo acuerdo a los herederos del fallecido y al 
viudo o viuda, si viviere, o, en caso de fallecimiento de ambos, a los herederos de los 
causantes, y que, siendo estos los que comparecieron en la escritura, pueden liquidar 
dicha sociedad de gananciales de la manera que estimen más oportuna, por lo que una 
disposición de legado a favor de un extraño no puede condicionar la liquidación; que sea 
la preterición intencional o no, lo único que ha pedido la preterida ha sido la cuota 
legitimaria gallega que le corresponde en bienes de la herencia; que son los herederos, 
en última instancia, quienes tienen la facultad de determinar sí abonan la legítima en 
metálico o en bienes de la herencia, pero en ningún caso existe la obligación de pagarla 
en metálico; que ante la afirmación del derecho del legatario a que no se reduzca su 
legado, hay que recordar que en la herencia del primer causante no hay ordenado 
ningún legado y por tanto no hay necesidad de reducción.
2.  En primer lugar, se ha motivado y alegado por registradora, recurrente y notaria 
autorizante, la cuestión de la adjudicación hecha a la legitimaria preterida en la herencia 
de su padre, sin haberse determinado judicialmente la preterición.
La Dirección General de Registros y del Notariado se ha pronunciado en numerosas 
ocasiones sobre la cuestión de la anulación de las disposiciones testamentarias pero 
referida a la existencia de preterición. Así, en la Resolución de 2 de agosto de 2018 que 
ha decidido si en una partición es o no necesaria, a efectos registrales, la declaración 
judicial previa de nulidad del testamento, o de la institución de herederos ordenada en el  s
mismo,  por  causa  de  preterición  de  alguno  de  los  herederos  forzosos  y  para  la  oe.
determinación del carácter de la preterición como errónea o intencional. El criterio de ese  w.
Centro  Directivo  en  la  citada  Resolución  fue  favorable  a  la  necesidad  de  dicha  232ww
ddee c1la3r adceió ns ejupdtiiecmiabl rper edveia  2c0o0n1 b aqsuee  eanfi rlmosó  aqrguuem: «eLnato sp ryima eerxap rceosnasdiodse rpaocrió lna  Ra etseonleurc ieónn 
lcouse nthai,jo ess  qou e deel sCcóednidgioe nCteivsi,l  prleav é“ apnaurala eciló cna”s od dee  plarest erdiciisópno snioc ioinnteesn ciopnaatrl imdeo ntoiadleoss   BOE-A-cable e
testamentarias, y este termino con independencia de las dificultades de trasponer al 
ámbito testamentario, los conceptos de nulidad y anulabilidad acuñados por la doctrina 
para  el  ámbito  contractual  apunta  claramente  a  la  necesidad  de  impugnación  del 
testamento que incurra en tal defecto, si se quiere dejar sin efecto, lo cual, armoniza 
perfectamente con la evolución institucional favorable a la absorción del ius discendi 
nullum por la querella inofficiosi testamenti. En segundo lugar, habrá de observarse que 
el artículo 814 del Código Civil, al declarar la anulación de todo el contenido patrimonial 
del  testamento  que  incide  en  preterición  no  intencional  de  todos  los  hijos  o 
descendientes, no hace distinción de supuestos, de modo que el significado que se 
atribuya al termino anulación deberá aplicarse a todos, y es evidente que para muchos 
de  ellos  resulta  incuestionable  que  la  ineficacia  de  ese  contenido  patrimonial  del 
testamento  precisara,  a  falta  de  conformidad  de  todos  los  afectados,  una  previa 
declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso incoado por el preterido, 
proclame la no intencionalidad. En tercer lugar, el principio constitucional de salvaguarda 
judicial de los derechos (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), en conjunción con 
el  valor  de  ley  de  la  sucesión  que  tiene  el  testamento  formalmente  valido  (cfr. 
artículo 658 del Código Civil), mas parece avalar la necesidad de una declaración judicial 
para  privar  de  efectos  a  un  testamento  que  no  incurre  en  caducidad  ni  en  vicios 
sustanciales de forma, que la solución contraria. En el mismo sentido militan: a) la 
excepcionalidad de los efectos de la preterición no intencional de hijos y descendientes, 
frente a la regla general que concreta los efectos de la preterición a la salvaguarda de la 
legitima; b) el propio inciso final del artículo 814 del Código Civil, que, en armonía con 
el 658 del mismo texto, dispone que sin perjuicio de legítimas, lo ordenado por el 
testador debe quedar a salvo en todo caso; c) la indudable posibilidad de renuncia a la 
acción de preterición por el perjudicado, o la posibilidad de este de alcanzar un acuerdo 
transaccional con los favorecidos por tal testamento que permita sostener su eficacia. 4. 
Frente  a  las  consideraciones  anteriores  podría  argumentarse  que  en  determinadas 
hipótesis extremas de preterición no intencional de todos los hijos o descendientes (por 
ej.: La postumidad del único hijo del testador), la necesidad de una declaración judicial 
previa para privar de efectos a las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial, 
resultará una solución excesiva por sus costes, dilaciones y multiplicación de tramites en 
la ordenación del fenómeno sucesorio. Mas con ser ello cierto, habrá de reconocerse lo 
dudoso que resultaría el prescindir en tales casos, de la pertinente declaración judicial 
para ignorar el contenido patrimonial inherente a ese testamento, pues, ello sería tanto 
como aproximar el tratamiento de tales supuestos al de caducidad de esas disposiciones 
testamentarias, lo cual sobre carecer de justificación legal, a la vista de cuanto se ha 
señalado, conculcaría el claro mandato contenido en el artículo 743 del Código Civil; y 
sin que quepa alegar, para evitar esta objeción, que se trataría de una simple nulidad de 
pleno derecho, pues ni el termino anulación del 814 del Código Civil, se compadece con 
la nulidad radical o con la inversión de la carga de la iniciativa procesal que comporta, ni 
esta figura encajaría en los supuestos debatidos, en los que no hay inobservancia de 
requisitos  formales  esenciales  (cf.  artículo  687  del  Código  Civil),  ni  vulneración  de 
preceptos  prohibitivos  o  imperativos  (cfr.  Artículo  6  del  Código  Civil).  Por  todo  lo 
expuesto habrá de concluirse que, en el caso debatido, no podrá prescindirse, sin 
consentimiento de los beneficiarios, o sin la pertinente declaración judicial de ineficacia, 
del testamento cuestionado a la hora de formular la partición, y ello sin necesidad de 
prejuzgar ahora si en el pleito consiguiente la carga probatoria corresponde a la que 
alega la intencionalidad de la preterición, o, dada la significación de la no revocación del  s
testamento, al que pretenda su ineficacia». oe.
Estas Resoluciones no contradicen la doctrina de este centro directivo (Resoluciones  w.
de 20 de mayo de 1898, 30 de junio de 1910, 31 de mayo de 1931, 10 de mayo de 1950,  232ww
1h4e reddee arogso sstion  dnee c1e9s5id9a) dc odne  alarr epgrelov iaa  dlae ccluaaral csieó na ddme inteu lliad avda ldidee zla  dien sltait upcaiórtnic ieónn  eplo cr alosos 
de preterición si concurre acuerdo expreso entre todos los herederos (instituidos y
preteridos), ya que para prescindir de la correspondiente acción judicial de nulidad se 
exige dicho convenio entre los interesados.
Así, la Resolución de 4 de mayo de 1999, consideró innecesaria la impugnación y la 
previa declaración de herederos abintestato, para la validez de una partición efectuada 
por la viuda y el hijo que había sido omitido en el testamento otorgado antes de que 
naciese.
Esta resolución afirma que: «2.  Ciertamente es doctrina reiterada tanto del Tribunal 
Supremo como de esta Dirección General (vid. sentencias de 27 de mayo de 1909, 7 de 
noviembre de 1935; Resoluciones de 20 de mayo de 1948, 30 de junio de 1910, 31 de 
enero de 1913, 10 de mayo de 1950 y 14 de agosto de 1959), que si bien la preterición 
de alguno de los herederos forzosos en línea recta determina –conforme al artículo 814 
del Código Civil, en su redacción anterior a la reforma de 1981– la nulidad de la 
institución de heredero, la cual podría ser acordada por los Tribunales cuando los 
herederos instituidos sostengan su validez, nada se opone a que éstos reconozcan a los 
preteridos la porción que les corresponda y puedan convenir con ellos no impugnar la 
partición  hereditaria,  y  en  distribuir  y  adjudicar  los  bienes  en  la  proporción  que 
legítimamente les hubiera correspondido, si se hubiere abierto la sucesión intestada, por 
lo que no cabe rechazar la inscripción de la partición en esta forma efectuada, bajo el 
supuesto de no poder concederse validez legal al testamento que lo origina, pues "los 
interesados pueden de común acuerdo prescindir de las disposiciones testamentarias y 
crear una situación jurídica de plena y absoluta eficacia", y, por otra parte, con tal 
proceder  se  subsana  el  descuido  o  imprevisión  del  testador,  se  acata  e  interpreta 
racionalmente su institución presunta, se salvaguardan los derechos de los legitimarios y 
se evitan dilaciones y gastos que pueden consumir buena parte de la propia herencia».
Así pues, con independencia de si la preterición es intencional o no, cualquier 
actuación  en  la  partición  de  la  herencia  del  esposo  –primer  causante–,  en  la  que 
intervenga su hija en su condición de preterida, requerirá, bien el consentimiento y 
convenio de todos los beneficiados e interesados, o en su defecto, la previa declaración 
judicial de la preterición de la legitimaria.
3.  Motiva la Registradora y alega la recurrente la especial naturaleza de la legítima 
gallega. Pues bien, hay que considerar las distintas variantes de la legítima, atendiendo 
al contenido del derecho que ostentan los legitimarios según la legislación común o foral 
que les sea aplicable. Frente a la naturaleza de la legítima como pars bonorum en el 
derecho civil común, hay otros dos modelos de la que constituye la legítima de valor o 
crédito frente a la herencia. Por un lado, la legítima como pars valoris bonorum, que 
confiere derecho a una parte del valor de la herencia con afección real sobre todos y 
cada uno de los bienes que la componen, y por otro, la legítima como pars valoris, que 
se considera como un crédito puramente personal por la cuantía que cada ordenamiento 
le reconozca en el valor del caudal. Esto determina cuál es el modelo gallego de legítima 
y, como cuestión íntimamente ligada, la protección que se dé a la misma.
La Ley Gallega de 1995 escogía, para la legítima de los descendientes, el modelo de 
pars valoris bonorum, estableciendo (artículo 151.1) que todos los bienes de la herencia 
quedaban  afectos  a  su  pago,  correspondiendo  al  legitimario  acción  real  para  la 
reclamación y atribuyendo, además, que se pudiera pedir anotación preventiva de la 
demanda en que se reclamase la legítima o su suplemento.
Pero la vigente Ley 2/2006, de Derecho Civil de Galicia, adopta el modelo pars 
valoris y reproduce el sistema adoptado en Cataluña. Así, el artículo 249 dispone que "El 
legitimario no tiene acción real para reclamar su legítima y será considerado, a todos los  s
efectos, como un acreedor". oe.
Cuando la legítima es pars hereditatis, pars bonorum o pars valoris bonorum, el  w.
legitimario, aunque no haya sido instituido heredero ni nombrado legatario de parte  232ww
asil íceul otteas, tpaudeodr en inot elarp ohnuebri eerle ju iecfieoc dtuea tdeos tapmore nstía rmiai sym poa rtnici iplaa r heunb liae rpea retinccióonm heenrdeadditoa riaa 
hcoenretandcoiar  peastrátind oar.f eAcdtoesm aáls p, amgieon dtrea sla nso m sies msaatsis (facfgr.a na rlta. s8 0le6g ídtieml aCsó tdoidgoos C loivsi l)b.i eJnuensto d ae  llaa   BOE-A-cable e
posibilidad  de  promover  el  juicio  de  testamentaría  y  la  intervención  en  los  actos 
particionales,  el  legitimario  dispone  de  las  acciones  correspondientes  para  pedir  el 
suplemento de legítima, la declaración de ser injusta la desheredación o la acción de 
preterición errónea o intencional.
Pero cuando la legítima es un simple derecho de crédito frente a la herencia (pars 
valoris), el legitimario puede ver burlados sus derechos sobre los inmuebles relictos por 
el juego de la fe pública y el nacimiento de terceros. Cuando para inscribir los bienes a 
nombre del heredero o legatario se precisa el consentimiento de los legitimarios, tienen 
éstos garantía suficiente, pero cuando el heredero puede satisfacer las legítimas en 
metálico o bienes no inmuebles, más propiamente bienes no registrables, es fácil obviar 
el asentimiento legitimario en materia inmobiliaria.
Cuando la legítima es concebida como una pars valoris entonces adquiere una 
naturaleza distinta, ya que a través de una facultad concedida por la ley para satisfacerla 
se convierte en el objeto de una obligación facultativa. Se convierte así la legítima en un 
crédito del legitimario frente al heredero, y de ahí que sea necesario el principio de 
publicidad para garantizar el posible pago de lo que la ley le reserva.
4.  Así pues, la legítima gallega es una obligación de valor que puede ser satisfecha 
en metálico. Ese derecho se dirige personalmente frente al heredero, que, en definitiva, 
es el obligado frente al legitimario. Así, el legitimario tiene a su favor el derecho a percibir 
con cargo a la herencia un valor patrimonial, pero no forma parte, por su solo título de 
legitimario, del proceso de transmisión y adquisición de los bienes hereditarios y, por lo 
tanto, del caudal relicto, con respecto al cual es un tercero acreedor. Por lo tanto, la 
legítima se configura como un derecho preferente al de los legatarios hasta el límite de la 
cuota legitimaria y constituye un derecho también preferente al de los acreedores del 
heredero.
En definitiva, a efectos de este expediente, tratándose de una sucesión de causantes 
sujetos a Derecho Civil gallego, la legítima tiene una naturaleza especial pars valoris, lo 
que permite que, en esa liquidación de bienes comunes, el legitimario ostente solo un 
derecho al valor.
La consecuencia de todo ello es la posibilidad del pago de la legítima con caudal 
extrahereditario, lo que se recoge el artículo 246 de la Ley de Derecho civil de Galicia: 
«1.  Si  el  testador  no  hubiera  asignado  la  legítima  en  bienes  determinados,  los 
herederos, de común acuerdo, podrán optar entre pagarla en bienes hereditarios o en 
metálico, aunque sea extrahereditario. A falta de acuerdo entre los herederos, el pago de 
la legítima se hará en bienes hereditarios. 2.  Salvo disposición del testador o pacto al 
respecto, no podrá pagarse una parte de la legítima en dinero y otra parte en bienes».
En este expediente, se debate sobre la facultad y la obligación del pago de la 
legítima  en  metálico.  Sostiene  la  registradora  que,  al  reducirse  el  legado  por  los 
herederos, y dado que los afectados por la reducción podrán evitarla entregando en 
metálico su importe para el pago de las legítimas, a esto habrán de someterse en vez de 
la reducción. Por su parte, la recurrente y la notaria autorizante alegan que la facultad de 
entregar la legítima en metálico corresponde a los herederos y no está en las facultades 
del legatario exigir que sea así el pago. Estas aciertan en sus alegaciones, pues del texto 
del artículo 246 resulta que «… los herederos, de común acuerdo, podrán optar entre 
pagarla en bienes hereditarios o en metálico…», y en el artículo 248 de la misma Ley se 
acentúa esta facultad, que no obligación, de los herederos: «Pueden pagar la legítima, o 
su complemento, el heredero, el comisario o contador-partidor, así como el testamentario 
facultado para ello. Pero corresponderá en exclusiva a los herederos la opción de pagar  s
la legítima en metálico extrahereditario». Por último, el artículo 251 del mismo texto legal  oe.
ratifica este criterio cuando recuerda en sede de reducción de legados y donaciones lo  w.
siguiente: «Los afectados por la reducción podrán evitarla entregando en metálico su  232ww
fimacpuoltrated  pdaer ad eetle prmaginoa dr es íl asse  lpeaggítaim laa sle»g. íEtimn ad eefnin mitiveatá, liqcuoe o c eonrr ebsiepnoensd ed ea l alo hs ehreernecdiae.ros la
habiPeenrdoo e ssidtoo  spurpeotenreid qau, ey  laa  flaelgtait imdea rciao nhvaeynaio s iednot rlela mtoaddoas  lao sla i nstuecreessiaódno, sd ey  mbeanneefricai aqruioes,   BOE-A-cable e
de disposiciones –en el supuesto concreto falta el legatario–, se hace precisa una 
declaración judicial determinando su condición y derechos de legitimaria.
5.  Alegan la recurrente y la Notaria autorizante que se trata de un legado de las 
participaciones o derechos que correspondan a la causante en la finca; efectivamente la 
disposición que se ordena es la siguiente: «Lega toda participación o derecho que le 
corresponda a la testadora, sobre la vivienda en la que habita, sita…».
En el artículo 1380 del Código Civil se recoge que la disposición testamentaria de un 
bien ganancial producirá todos sus efectos si fuere adjudicado a la herencia del testador. 
En caso contrario se entenderá legado el valor que tuviera al tiempo del fallecimiento. En 
parecidos términos se regula en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de 
Galicia, que además desarrolla más detalladamente los distintos supuestos. Así, los 
artículos 205 y siguientes de esta Ley recogen las reglas de la disposición de bienes 
gananciales:
– Si se dispone por entero de un bien ganancial, la disposición producirá todos sus 
efectos  si  el  bien  fuere  adjudicado  a  la  herencia  del  testador  en  la  liquidación  de 
gananciales –a la que habrá que esperar en tal supuesto– y en otro caso, el valor que 
tuviera al fallecimiento del testador (artículo 206).
– Y «1.  Cuando se adjudica o lega el derecho que corresponde al testador en un 
bien ganancial, la disposición se entenderá referida solo a la mitad de su valor. 2.  No 
obstante, la disposición se entenderá referida a la mitad indivisa del bien: 1.º  Cuando el 
cónyuge sobreviviente o sus herederos lo acepten. 2.º  Si ambos cónyuges hubieran 
realizado la disposición de forma coincidente y ambas herencias estuvieren deferidas» 
(artículo 207).
Así pues, en el caso de disposición de la cosa ganancial, cabe que se extienda a la 
totalidad de la misma por adjudicación a la herencia en la liquidación de gananciales; y 
en la de disposición de los derechos sobre la cosa ganancial se extendería a la mitad 
indivisa  por  consentimiento  del  cónyuge  supérstite  o  sus  herederos.  En  definitiva, 
distingue la ley entre la disposición de un bien ganancial y la de los derechos que ostente 
el testador sobre un bien ganancial, de manera que, en ambas, remite al valor de la 
totalidad  o  de  la  mitad  de  la  cosa  dispuesta  en  herencia,  legado  o  adjudicación. 
Pudiendo concretarse en la primera a la totalidad si se adjudica en la liquidación de los 
gananciales a la herencia; y en la segunda, pudiendo concretarse en la mitad indivisa si 
el cónyuge supérstite lo consiente.
6.  En el presente supuesto, se debate sobre cuáles son las participaciones que 
corresponden a la segunda causante en la finca objeto del expediente. Por liquidación de 
gananciales es dueña de la mitad, y como heredera de su esposo lo es de la otra mitad, 
habida cuenta de que había aceptado dicha herencia. El debate se produce por la 
apreciación distinta de la intervención de la legitimaria en la herencia del primer causante 
–que también es heredera respecto de la esposa del mismo–.
Pues bien, recapitulando el tracto sucesorio de la finca, una vez liquidada la sociedad 
de gananciales y adjudicando la mitad a cada uno de los caudales hereditarios, debe 
tenerse en cuenta que, respecto de la mitad perteneciente al esposo –primer causante–, 
resulta que instituyó heredera a su esposa –segunda causante–, con lo que devino en 
propietaria de la totalidad de la finca; esta, a su vez, ordenó legado de todos los 
derechos y participaciones que le correspondieran en el piso a favor del cuidador de la 
misma; en definitiva, la esposa era propietaria de la totalidad del piso, por lo que el 
legado comporta la totalidad del bien, en cuanto a una mitad y por derecho propio en la 
liquidación de gananciales, y la otra mitad, por la adjudicación como heredera de su  e.
esposo. Ahora, cuando se practica la adjudicación de las herencias, surge el derecho de  w.b
la legitimaria preterida, y lo sea intencionalmente o no, tendrá un derecho a una legítima  232ww
ednis psous ivceiornseiósn  yte nsatatumreanletzaari adse,  dye reccohno  deell oc,r édlait o,c uqeuset ióhna brád edl e praegsop etacro ne l rmesettoá lidceo 
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liquidación ideal de la sociedad de gananciales y de ambas herencias, corresponden al
legatario  siete  octavas  partes  del  bien  legado,  tal  como  de  forma  correcta  se  ha 
calculado  en  la  escritura.  Pero  para  ello,  previamente,  hace  falta  la  pertinente 
declaración  judicial  de  ineficacia  del  testamento,  o  el  consentimiento  de  todos  los 
interesados y beneficiarios, lo que no se ha producido pues falta el consentimiento del 
legatario.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid, 28 de septiembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.