BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47 Jueves 24 de febrero de 2022 Sec. V-B.  Pág. 9064
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
5679 Resolución de 18 de febrero de 2022, de la Subdelegación del
Gobierno en Burgos, de Revocación de Actos Administrativos de
Gravamen o Desfavorables al Interesado.
Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo
de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Esta Subdelegación del Gobierno dictó en su momento resolución
sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente resolución y
relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo
7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las
Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de
tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su
inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
SEGUNDO.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de
multa, no constando que se haya procedido al pago de las mismas.
Y teniendo en cuenta los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone
que ‘’El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno’’.
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/
2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº
2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los
apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia
sentencia.
TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional establece que ‘’Las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no
permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa s
juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos e.
inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso- w.
administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como 9w
coo dnes elac useanncciiaó nd eo  luan nau elixdcaldu sdióen la,  enxoernmcaió anp oli cliamdiata, crieósnu dltee  ulan rae rsepdouncscaióbnili ddaed l’a’. pena
CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
‘’Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico’’.
QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación
corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de
procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves en este
ámbito la ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y
en las Ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Dicha competencia ha sido delegada en el Subdelegado del Gobierno en Burgos
por Resolución de 22 de abril de 2021 (BOE 12-05-2021).
En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las
resoluciones sancionadoras emitidas.
SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, al apreciar razones de interés público.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de
UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.
ANEXO
EXPEDIENTE AÑO NIF/NIE
3884 2020 X5428555A
3771 2020 36114277E
3932 2020 71205681G
3838 2020 71292539Z
4015 2020 13303717B
3953 2020 72890128T
3947 2020 Y5099198C
3993 2020 71346175Z
3981 2020 X1447307D
3821 2020 71277553R es
3994 2020 48334068M o
3812 2020 71344470B ww.
33891885 22002200 7113237012109068SG 22-5679https://w
3846 2020 Y1296658R 20n 
4008 2020 13173535D
3951 2020 45578317E
3828 2020 X8474255C
3751 2020 Y3316141S
3996 2020 71376173C
3899 2020 78947994B
4014 2020 X4516753J
3963 2020 Y4346400N
3830 2020 X4549215E
3886 2020 13094766S
3784 2020 71261399Q
3898 2020 13165663A
3836 2020 Y7625204M
3958 2020 13090080K
4007 2020 13299956E
3868 2020 Y1702080W
4004 2020 52895746R
3835 2020 X8314836Z
3824 2020 X6130544D
4012 2020 71345971V
3817 2020 71278581V
3955 2020 13129327F
3801 2020 71365060Q
3815 2020 71288346F
3948 2020 Y5099198C
3923 2020 45416448G
3879 2020 71307011L
Burgos, 18 de febrero de 2022.- Subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro
L. de la Fuente Fernández.
ID: A220006277-1