BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 329 Viernes 18 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 116467
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16480 Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil de Madrid n.º V a inscribir una escritura de aumento de 
capital de una sociedad.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  S.Z.B.,  en  representación  de  la  sociedad 
«Logavatri, S.A.», contra la negativa del registrador mercantil de Madrid número V, don 
Mariano Rajoy Brey, a inscribir una escritura de aumento de capital de dicha sociedad.
Hechos
I
Mediante  escritura  autorizada  por  el  notario  de  Madrid  don  Javier  de  Lucas  y 
Cadenas, el 20 de septiembre de 2019, bajo el número 4347 de protocolo, se elevaron a 
público determinados acuerdos adoptados el 13 de mayo de 2019 por la junta general de 
la sociedad la entidad «Logavatri, S.A.», de aumento de capital mediante aportaciones 
dinerarias y modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo al capital social. 
Dicho acuerdo se probó con el voto a favor de dos titulares de acciones que representan 
conjunto el 95,444 por ciento del capital y el voto en contra de una socia titular de las 
restantes acciones que representan el 4,556 por ciento del capital social. Esta socia, a 
través de su representante, hizo constar lo siguiente en el acta de la junta:
«1.  En cuanto a la convocatoria.
Entiendo que la convocatoria de Junta vulnera lo dispuesto en el artículo 287 de la 
Ley de Sociedades de Capital, en la medida que no contiene el derecho de los socios a 
examinar  en  el  domicilio  social  o  solicitar  el  envío  gratuito  del  texto  íntegro  de  la 
propuesta  de  aumento  de  capital  y  del  informe  justificativo  de  la  misma.  En 
consecuencia, y conforme al criterio de la Dirección General de los Registros y el 
Notariado la convocatoria es defectuosa, lo que impide la inscripción del acuerdo.
2.  En cuanto al punto segundo del orden del día (aumento de capital mediante 
aportaciones dinerarias con motivo de una nueva inversión inmobiliaria).
La propuesta vulnera el derecho de información de los socios. No especifica cuál 
vaya a ser la nueva inversión inmobiliaria que motiva la ampliación, en qué tipo de 
inmueble va a materializarse, donde se encuentra situado, cuál es el importe real total a 
invertir, la racionalidad económica de la propuesta, etc.
La finalidad de la ampliación de capital no es la expresada en el informe. Su objetivo 
es diluir a mí representada tanto en porcentaje de capital como en el valor de su 
participación social (…).
Adicionalmente  la  prima  de  emisión  de  las  nuevas  acciones  desconoce 
absolutamente la proporción entre la cifra de capital y valor real del patrimonio de la  e.e
sociedad (…). b
Todo ello determina que el acuerdo propuesto sea contrario a la Ley y a los Estatutos  480ww
adceu lear dsoo cimiepduaeds tyo  lceosnio anbeu eslo  idnete mréasy soorícai aql ueen n boe rneesfpicoinod dee a  duentae rnmeicneasdiodsa ds roaczioosn.a bElse  udne 
lrae psreosceiendtaadd as. inEon  aclo dnesesecuoe ndcei ab, evnoetfaicmiaors  ae nd ecteornmtrian ayd oasn usnocciiaoms oesn  edl eetrjeimrceicnitoo  ddee  lamsi 
acciones procedentes (…).»
Asimismo, consta en el acta que el presidente de la junta contesta a tal escrito 
afirmando, entre otros extremos, que «El aumento de capital responde al interés social, 
en cuanto que implica o supone un crecimiento de la sociedad que redunda en beneficio 
de la totalidad de los socios habiéndose explicados en el informe los motivos de la 
ampliación».
II
La escritura se presentó en el Registro Mercantil de Madrid el 4 de noviembre 
de 2019 y fue objeto de calificación negativa que no fue impugnada.
Presentada de nuevo el 9 de junio de 2020 (Diario 3037, asiento 240), fue calificada 
el 26 de junio de 2020 con la siguiente nota de defectos: «Vuelto a presentar en unión de 
copia del acta notarial de la Junta, no se inscribe el precedente documento por no 
cumplirse lo dispuesto en el art. 287 LSC, toda vez que en los anuncios de convocatoria 
unidos al acta no se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de 
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe 
sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 
Salvo que se acredite fehacientemente la fecha y forma de entrega a los socios de los 
documentos referidos en el segundo punto del orden del día».
La escritura se presentó nuevamente el 6 de julio de 2020 bajo el mismo número de 
asiento, acompañada de fotocopia de determinado envío postal (burofax certificado con 
confirmación de entrega) el 9 de mayo de 2020, que contiene las cuentas anuales del 
ejercicio 2018, propuesta de acuerdo de aumento de capital con cargo a aportaciones 
dinerarias, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone a la 
junta, e informe del órgano de administración en relación con la propuesta de aumento 
de capital. Y fue objeto de calificación negativa en los siguientes términos:
«Mariano Rajoy Brey, registrador mercantil de Madrid, previo el consiguiente examen 
y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del 
Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos …
Fundamentos de derecho (Defectos).
Se reitera la anterior nota de calificación de 29 de junio de 2020, siendo de advertir 
que las fotocopias que ahora se acompañan, que carecen de valor formal a efectos 
registrales, se refieren a envíos realizados con posterioridad a la convocatoria de la 
Junta, y que el envío realizado por correo certificado con acuse de recibo no puede 
acreditar su contenido.
Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…).
Madrid, a veintitrés de julio de dos mil veinte.–El registrador, Mariano Rajoy Brey.»
III
El 25 de agosto de 2020, mediante escrito que entró en el referido Registro Mercantil  es
el 15 de septiembre de 2020, don S.Z.B., letrado, en representación de la sociedad  bo
«Logavatri,  S.A.»,  interpuso  recurso  contra  dicha  calificación,  en  el  que  alega  lo  480ww
sigu«ieEnl teR:egistrador Mercantil en su nota de calificación de 26 de junio de 2020, de la
escritura 4347 de 2019 de notario don Javier de Lucas y Cadenas señala que "Vuelto a
presentar en unión de copia del Acta Notarial de la Junta, no se inscribe el precedente  Bc
documento por no cumplirse lo dispuesto en el art.287 de la LSC, toda vez que en los 
anuncios de convocatoria unidos al acta no se hace constar el derecho que corresponde 
a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación 
propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de 
dichos documentos. Salvo que se acredite fehacientemente la fecha y forma de entrega 
a los socios de los documentos referidos en el segundo punto del orden del día". Se 
debe tener en cuenta que el segundo punto del orden del día al que se hace referencia 
era el "Aumento de Capital Social de la Sociedad por aportaciones dinerarias, con motivo 
de nueva inversión inmobiliaria".
Esta  nota  de  calificación  acredita  que  se  trata  formalmente  de  un  defecto 
subsanable, por lo que nuevamente presentada el Registrador Mercantil en su nota de 
calificación de 23 de julio de 2020, de la escritura 4347 de 2019 del notario don Javier de 
Lucas y Cadenas señala que "Se reitera la anterior nota de calificación de 29 de junio 
de 2020, siendo de advertir que las fotocopias que ahora se acompañan, que carecen de 
valor formal a efectos registrales, se refieren a envíos realizados con posterioridad a la 
convocatoria de la Junta, y que el envío realizado por correo certificado con acuse de 
recibo no puede acreditar su contenido".
Estos tres defectos que según el Registrador Mercantil impiden la inscripción de los 
acuerdos adoptados en la Junta celebrada el 13 de mayo de 2019, y referidos al 
Aumento del capital social, no pueden considerarse como tales, ya que se trataba 
simplemente de reiterar con ello la realidad de que eran perfectamente conocidos por 
todos los socios los términos del Aumento del capital social.
En el Acta notarial de la Junta celebrada el día 13 de mayo de 2019, se hace constar 
que las cuentas las habían tenido con anterioridad todos los socios.
Una vez publicada la convocatoria, en la que por un error material no se incluyó la 
referencia al artículo 287 LSC que señala que hay que "hacer constar el derecho que 
corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la 
modificación propuesta y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la 
misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos", Doña 
M.D.T.G. envió un burofax al por aquel momento Administrador Único, Don V.T.G., a fin 
de que se le enviara toda la documentación relativa a los puntos incluidos en el orden del 
día, pues ella era perfecta conocedora de que ostentaba tal derecho.
Posteriormente, por correo certificado se remitió a Doña D.T. toda la documentación. 
Si bien es cierto que el correo certificado no puede acreditar su contenido, si consta que 
el peso del envío se corresponde con el de la documentación aportada, que Doña M.D.T. 
recibió dicha documentación, y que, posteriormente en la celebración de la Junta, Don 
F.A., representante de Doña M.D.T., incorporó un escrito de manifestaciones que había 
elaborado con carácter previo a la misma y en el que hace referencia directa a la 
propuesta e informe que habían sido remitidas a su representada con carácter previo. 
Sobra decir que la preparación e impresión habría resultado materialmente imposible de 
no haber recibido Doña M.D.T. la documentación que le fue remitida cuando ella lo 
solicitó mediante burofax.
En definitiva, resulta evidente que, aunque por un error material no so incluyó la 
referencia al artículo 287 LSC, ningún derecho se vio vulnerado pues la socia solicitó la 
documentación y la misma le fue remitida, pues así se desprende del Acta notarial de la 
Junta celebrada.
A efectos probatorios se designan los archivos de Correos y telégrafos a fin de que 
puedan verificar el contenido del burofax recibido y de la existencia del correo certificado  s
remitido y a su vez recibido por Doña M.D.T.G. oe.
En el acta notarial de la Junta de 13 de mayo de 2019 consta que el Presidente de la  w.
Junta manifiesta que ha enviado a los socios la propuesta de acuerdo de aumento de  480ww
rceaipteitraal  ye ne l loin fmoramneif essotabdreo,  qpuoer  éDl . eFn.A s.,u q eusec irnittoe,r viniecnoer peonr ardeop reas lean tmacaitórinz ,d ae  lcau ayoct oersac, rsiteo 
ceonn cteusatnat oe lq puree ismidpelinctae ,o a sñuapdoienned uon q curee ceiml aieunmtoe ndteo  ldae s occaipeidtaald r eqsupeo rneddeu nadl ain etenr ébse nsoecfiicaiol,   BOE-A-cable e
de la totalidad de los socios habiéndose explicado en el informe los motivos de la 
ampliación.
No se ha vulnerado por tanto el derecho de información de los socios. Todo lo 
contrario. Se ha cumplido con lo dispuesto en el art. 197.2 LSC que establece que 
"Durante  la  celebración  de  la  junta  general,  los  accionistas  de  la  sociedad  podrán 
solicitar  verbalmente  las  informaciones  o  aclaraciones  que  consideren  convenientes 
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día".
Aun habiéndose cumplido con el derecho de información, hemos de recordar que, de 
acuerdo con el art. 197.5 LSC "La vulneración del derecho de información previsto en el 
apartado 2 solo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de 
información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa 
de impugnación de la junta general".
En  cualquier  caso,  cabe  citar  el  Auto  del  Tribunal  Supremo  de  15/07/2020, 
(Recurso 1721/2018) que dice que "se ha admitido la validez de la junta y de los 
acuerdos cuando el cumplimiento de los requisitos omitidos no resultaba necesario, por 
tener el socio interesado conocimiento previo de los temas a tratar".
La Sentencia del Tribunal Supremo de 17/05/1995, desestima el motivo de casación 
porque "los socios no desconocían en modo alguno el asunto a tratar en la misma junta, 
y ex post facto tampoco desconocían que el acuerdo, como los demás impugnados, se 
adoptó con las mayorías legales en su favor". La misma Sentencia señala que "los 
acuerdos lesivos para el interés social en beneficio de uno o varios accionistas necesitan 
la prueba o demostración del alegado resultado lesivo, o de haberse adoptado los 
acuerdos con abuso de derecho". Según consta en el acta notarial de la Junta de 13 de 
mayo de 2019, el acuerdo de ampliación de capital fue aprobado por la mayoría de 
socios  que  representan  el  95,444%  del  capital  social.  El  acuerdo  por  tanto  es 
perfectamente legal y legítimo.
Se adjunta (…)
Solicito
Que no teniendo en cuenta la calificación negativa efectuada por el Registrador 
Mercantil don Mariano Rajoy Brey de 26 de junio y 23 de julio de 2020 de la escritura 
otorgada  ante  el  notario  de  Madrid  don  Javier  de  Lucas  y  Cadenas  el  día  20  de 
septiembre de 2019 con el n° 4347 de su protocolo que impide la inscripción de los 
acuerdos adoptados por la mercantil Logavatri S.A. en la Junta celebrada el día 13 de 
mayo de 2019, acuerde, en base a todo lo anteriormente expuesto que acredita la 
validez de la junta y de los acuerdos cuando el cumplimiento de los requisitos omitidos 
no resultaba necesario, por tener el socio interesado conocimiento previo de los temas a 
tratar, la inscripción de dichos acuerdos en el Registro Mercantil.»
IV
Mediante escrito de 2 de octubre de 2020 el registrador mercantil emitió informe y 
elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. En dicho 
informe afirma que el 22 de septiembre de 2020 se comunicó la interposición del recurso 
al notario autorizante de la escritura, sin que hasta la fecha se hubiera recibido alegación 
alguna por su parte.
Fundamentos de Derecho e.e
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de 2007, 26 de julio de 2010, 13 de diciembre de 2012 y 26 de noviembre de 2014; las
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2, 3 y 19 de 
agosto de 1993, 7 y 14 de marzo y 3 de abril de 1997, 9 de enero de 1998, 24 de 
noviembre de 1999, 18 de mayo, 8 de junio y 20 de julio de 2001, 16 de noviembre 
de 2002, 9 de mayo y 2 de junio de 2003, 14 y 29 de marzo y 8 y 26 de julio de 2005, 13 
de febrero y 20 de septiembre de 2006, 18 de abril de 2007, 8 de febrero, 23 de abril 
y 29 de noviembre de 2012, 18 de marzo, 20 y 30 de mayo y 24 y 28 de octubre 
de 2013, 18 de febrero y 29 de septiembre de 2015, 2 de septiembre de 2016, 24 de 
marzo de 2017, 28 de febrero de 2018 y 25 y 28 de enero de 2019; y la Resolución de 
esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de marzo de 2020.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  impugnada  se  elevaron  a  público 
determinados acuerdos adoptados el 13 de mayo de 2019 por la junta general de la 
sociedad «Logavatri, S.A.», de aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y 
modificación del artículo de los estatutos sociales relativo al capital social. Dicho acuerdo 
se aprobó con el voto a favor por dos titulares de acciones que representan conjunto 
el 95,444 por ciento del capital y el voto en contra por una socia titular de las restantes 
acciones que representan el 4,556 por ciento del capital social.
El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, no se cumple lo 
establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, «toda vez que en los 
anuncios de convocatoria unidos al acta no se hace constar el derecho que corresponde 
a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación 
propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de 
dichos documentos. Salvo que se acredite fehacientemente la fecha y forma de entrega 
a los socios de los documentos referidos en el segundo punto del orden del día. Se debe 
tener en cuenta que el segundo punto del orden del día al que se hace referencia era el 
"Aumento de Capital Social de la Sociedad por aportaciones dinerarias, con motivo de 
nueva inversión inmobiliaria"».
2.  Esta Dirección General se ha pronunciado en distintas ocasiones poniendo de 
relieve la trascendencia que el derecho de información de los socios tiene en el ámbito 
de la regularidad de los acuerdos adoptados por la junta general de la sociedad y 
perfilando una doctrina que por ser de plena aplicación al presente supuesto de hecho 
no cabe sino reiterar.
El artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre modificación de los 
estatutos sociales, dispone lo siguiente: «En el anuncio de convocatoria de la junta 
general,  deberán  expresarse  con  la  debida  claridad  los  extremos  que  hayan  de 
modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar 
en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de 
sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío 
gratuito de dichos documentos».
El derecho de información ha sido configurado por la jurisprudencia (vid. sentencias 
citadas en «Vistos»), como un derecho esencial, instrumental respecto del derecho de 
voto, imperativo e irrenunciable, que se tiene como consecuencia de la condición de 
socio. Tal derecho permite al socio actuar de forma efectiva en el seguimiento de la 
marcha de la gestión social, controlar las decisiones del órgano de administración, actuar 
en defensa de sus intereses y tener conocimiento preciso de los puntos sometidos a 
aprobación de la junta, posibilitando una emisión consciente y reflexionada del voto. Este 
derecho  se  concreta  en  la  obligación  de  la  sociedad  de  proporcionar  datos  y 
aclaraciones relativas a los asuntos comprendidos en el orden del día (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2002, 12 de noviembre de 2003 y 22 de febrero  e.
de 2007). w.b
Desde esta última perspectiva, esta Dirección General ha reiterado en numerosas  480ww
odcea 2s0io1n9e sy  (1v2id .d, ep omra trozdoa dse,  R20e2so0l)u cqiuoen eesl  ddeer e2c9h od ed en oinvfioermmbarcei ódne  d2e0 1lo2s,  a2c8c idoen isetanse roo 
sreoqcuioesr,i meienn tocsu aqnuteo  duenbieta crioom, pdreetnedrmeri nlaa  coqnuveo claa toariuas aefnecciata  ao  laf atlotata liddea d.a Plgourn eol lod, ey  ploosr 
el especial rigor con que se pronuncia el legislador, la omisión total o parcial de todos o
algunos de los requerimientos que conforman el derecho de información implica un vicio 
de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar 
(Resolución de 16 de noviembre de 2002, entre otras muchas). Es precisamente el 
carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del accionista o socio el que ha 
provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la necesidad 
de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente 
que en caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (por 
todas, Resolución de 8 de julio de 2005).
Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, este Centro Directivo ha afirmado 
que tan rigurosa doctrina debe mitigarse en ocasiones, por lo que, debido a los efectos 
devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales pueden orillarse siempre 
que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o 
socio (Resolución de 8 de febrero de 2012). Desde este punto de vista se ha impuesto 
en casos concretos la consideración de que es preciso mantener los actos jurídicos que 
no sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones 
formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin 
aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas 
(vid.  Resoluciones  de  2  y  3  de  agosto  de  1993,  26  de  julio  de  2005,  29  de 
noviembre 2012, 29 de septiembre de 2015, 28 de febrero de 2018 y 25 y 28 de enero 
de 2019). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista 
no sufran una merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados ni 
resulte de forma indiscutible que los accionistas o socios minoritarios hayan considerado 
sus  derechos  individuales  violados,  situaciones  estas  que  impiden  cualquier 
consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional 
del mencionado Centro Directivo (Resolución 20 de mayo de 2013).
Esta última consideración exige que la situación de hecho sea objeto de análisis 
pormenorizado para determinar si los derechos individuales de los socios llamados a 
reunirse en junta y, en su caso, expresar su voluntad mediante el ejercicio del derecho de 
voto, han sido violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no 
admita corrección derivada de las circunstancias concurrentes. En esta línea ese Centro 
Directivo ha considerado que para que así sea deben concurrir en la situación de hechos 
una  serie  de  circunstancias  que  permitan,  en  su  apreciación  conjunta,  llegar  a  la 
conclusión de que no ha existido una violación inadmisible de los derechos individuales 
de los socios (Resolución de 20 de mayo de 2013). Circunstancias como la naturaleza 
meramente formal de los defectos de convocatoria; su escasa relevancia con relación al 
conjunto de la convocatoria; el hecho de que el derecho de información haya sido 
respetado si bien insuficientemente en la convocatoria (Resolución de 24 de octubre 
de 2013); que el contenido del derecho de información se haya reflejado con la debida 
claridad aunque insuficientemente (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo 
de  2005  y  20  de  septiembre  de  2006  y  Resolución  de  23  de  abril  de  2012);  la 
consideración  de  que  la  omisión  de  uno  de  los  medios  de  hacerlo  efectivo 
(concretamente,  en  este  caso,  la  posibilidad  de  solicitar  el  envío  gratuito  de  los 
documentos) no implica «per se» una privación del mismo pues, como afirma el Tribunal 
Supremo,  el  anuncio  tiene  un  carácter  meramente  funcional  al  ser  el  derecho  de 
información de atribución legal (Sentencia de 13 de febrero de 2006 y Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de septiembre de 2015); o 
incluso la circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser alterado en 
una nueva junta (Resolución de 24 de octubre de 2013, entre otras). s
Esta  doctrina  ha  recibido  el  respaldo  legal  como  resulta  de  las  modificaciones  oe.
introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en el texto refundido de la Ley de  w.
Sociedades de Capital, que permiten sostener la doctrina expuesta. De acuerdo con  480ww
daiccuhear droesf orsmoac ia(laerst ícuploor  2«0l4a. 3 indferal ccteióxnto  dreef unredqiduois),i tonso  mpreorcaemdeen tlea   ipmropcuegdniamceiónnta ldees 
ceosntavbolceactidoorisa  p(…or )l»a  Lsaelyv,o lo qsu ees tsaetu rteofsie ora lons a r elag la«mfoermntao sy d pel alaz oju»n ptaa rya d lelel vcaornlas eajo c, apbaora.  Elal   BOE-A-cable e
propio  precepto  permite  corregir  una  aplicación  indiscriminada  de  tales  postulados 
añadiendo que son impugnables los acuerdos cuando se hayan infringido requisitos que 
por  su  naturaleza  puedan  ser  considerados  relevantes,  determinantes  o  esenciales 
circunstancia que debe resolverse incidentalmente con carácter previo al conocimiento 
del fondo del asunto (artículo 204 «in fine»).
Es  cierto,  como  resulta  de  las  consideraciones  ya  expuestas,  que  es  doctrina 
reiterada de esta Dirección General que el severo régimen de exigencia formal de la 
convocatoria  de  juntas  debe  mitigarse  cuando  por  el  conjunto  de  circunstancias 
concurrentes  no  resulten  indebidamente  postergados  los  derechos  individuales  del 
accionista.  Ahora  bien,  esta  doctrina  no  puede  resultar  de  aplicación  en  aquellos 
supuestos  en  que  la  convocatoria  omite  en  su  totalidad  el  régimen  de  protección 
específico del derecho de información: Así se ha considerado en las Resoluciones de 18 
de marzo de 2013, 18 de febrero de 2015, 24 de marzo de 2017, 28 de enero de 2019 
y 12 de marzo de 2020, en las que, aceptando la doctrina de la mitigación de efectos y 
su plasmación legal en el artículo 204.3.a), esa Dirección General así lo entendió por 
tener la omisión «el carácter relevante» a que se refiere el precepto al excepcionar del 
régimen de dispensa las infracciones formales que afectan a derechos esenciales de los 
socios.
En definitiva, como se afirma más arriba y por lo que se refiere al objeto de este 
expediente, son las circunstancias concurrentes en el supuesto de hecho concreto las 
que han de permitir determinar si el derecho de información de los socios ha sido o no 
cumplimentado en términos tales que los derechos individuales de los socios hayan 
recibido el trato previsto en la Ley.
El recurrente alega que aun cuando por un error material no se incluyó en los 
anuncios de convocatoria de la junta general la referencia al artículo 287 de la Ley de 
Sociedades de Capital, ningún derecho se vio vulnerado pues la socia disidente solicitó 
la documentación y la misma le fue remitida. Pero esta circunstancia no puede enervar el 
defecto de convocatoria que reside, precisamente, en la violación del específico derecho 
de información contemplado para el supuesto del acuerdo adoptado.
Debe tenerse en cuenta que, si bien se acompañaron a la escritura calificada para su 
inscripción fotocopia de determinado envío postal (burofax certificado con confirmación 
de entrega) el 9 de mayo de 2020, que, según el recurrente, contiene propuesta de 
acuerdo de aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, incluyendo el texto 
íntegro de la modificación estatutaria que se propone a la junta, e informe del órgano de 
administración en relación con la propuesta de aumento de capital, debe confirmarse el 
criterio del registrador al expresar en su calificación que tales fotocopias, además de 
carecer  de  valor  formal  a  efectos  registrales,  se  refieren  a  envíos  realizados  con 
posterioridad a la convocatoria de la junta general, y que el envío realizado por correo 
certificado con acuse de recibo no puede acreditar su contenido.
A tales circunstancias deben unirse el hecho de un texto de convocatoria ciertamente 
escueto  y  al  hecho  de  que  la  accionista  disidente  ha  considerado  sus  derechos 
individuales violados (de modo que ha expresado en el acta de la junta general su 
oposición a que ésta se considere válidamente convocada, anunciando el ejercicio de las 
acciones  procedentes  –razón  por  la  cual  bien  puede  haber  considerado  que,  para 
conservar su posición en la sociedad, no era necesario suscribir ninguna de las nuevas 
acciones emitidas–). Por ello esta situación impide tener por válidamente realizada la 
convocatoria.
No cabe en consecuencia decidir sobre las cuestiones de hecho a las que se refiere  s
el recurrente cuando sostiene que el requisito omitido no resultaba necesario porque la  oe.
socia tuvo conocimiento previo de los temas por tratar, algo sobre lo que sí podrían  w.
decidir los tribunales de justicia, por el procedimiento correspondiente y con plenitud de  480ww
medios de conocimiento.
confEirnm acro lnas ceacluifeicnacciiaó,n  eimstpau gDniraedcac.ión  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 3 de diciembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.