BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76  Viernes 20 de marzo de 2020  Sec. III.   Pág. 26402
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
3938 Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de 
marzo de 2020, por el que se resuelve el procedimiento de determinación y 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea en el asunto C-205/17, Comisión/Reino de España, relativo a la no 
ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/Reino de España, 
en el asunto C-343/10 en materia de recogida y tratamiento de aguas 
residuales.
El Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 2020, a propuesta de la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, ha aprobado el Acuerdo por el que se 
resuelve el procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el asunto C-205/17, Comisión/Reino 
de España, relativo a la no ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/
Reino de España, en el asunto C-343/10 en materia de recogida y tratamiento de aguas 
residuales.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, 
por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se resuelve la 
publicación del citado Acuerdo del Consejo de Ministros, que figura como anexo a la 
presente resolución.
Madrid, 11 de marzo de 2020.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se resuelve el procedimiento de 
determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho 
de la Unión Europea en el asunto C-205/17, Comisión/Reino de España, relativo a la 
no ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/Reino de España, en 
el asunto C-343/10 en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales
Propuesta
Vista la instrucción del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del 
Derecho de la Unión Europea.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Política Territorial y Función Pública y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 10 de marzo de 2020, acuerda:
Primero.  Resolución del procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades. e.e
De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 8, y en la disposición adicional  38ww
sSjrueeolsigosput,oe npnndosibara i elbiddli elaqid dulaa edF  esLinesea  yrpne ocOgireu rgirlnaaácn,n u yilmco aesp  nlc2i mrl/io2tiese0r n1iaot2orst, í  cyddu eeellol   D2sp7 re7o r dceyeec dh 1aio4mb  didreieeln, l t ldoaRe  epU aaEnlrs iaóDt andeb ecEitrleieudrtramood pi5n eP1aa5rr, e/ y2ss 0erue1 ppa3uep,e rrdcsueutea tbi5rrai  al da laesy     OE-A-2020-39able en https://
resolución del procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el asunto C-205/17, Comisión/Reino 
de España, relativo a la no ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/
Reino de España, en el asunto C-343/10 en materia de recogida y tratamiento de aguas 
residuales, imponiendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 25 de 
julio de 2018 al Reino de España una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una 
multa coercitiva de un importe de 10 950 000 euros por cada semestre de retraso en la 
aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia de 14 de abril 
de 2011, Comisión/España (C-343/10, no publicada, EU:C:2011:260), cuyo importe 
efectivo se reducirá si se acreditan las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a 
esta sentencia (el importe de la multa coercitiva finalmente se redujo por el cumplimiento 
de Tarifa a la cantidad de 10.355.519,67 euros).
Exposición
I.  Hechos y antecedentes.
En la Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/España,(C-343/10, no publicada, 
EU:C:2011:260), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) declaró 
que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la 
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, al no haber adoptado las medidas necesarias en relación con 
la recogida y/o el tratamiento de las aguas residuales urbanas de 38 aglomeraciones 
urbanas, de más de 15.000 equivalentes habitante (en adelante, e-h), de conformidad con 
los artículos 3 y 4 de la citada Directiva.
El 20 de abril de 2017 la Comisión Europea interpuso un recurso contra el Reino de 
España, con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(en adelante, TFUE), por entender que no había adoptado todas las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a la Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/España, (C-343/10, 
no publicada, EU:C: 2011:260), en lo que concierne a:
1.  La inexistencia de sistemas colectores para las aguas residuales de la 
aglomeración urbana de Valle de Güímar.
2.  La falta de tratamiento de las aguas residuales urbanas de las aglomeraciones 
urbanas de Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de 
Güímar, Peñíscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, 
Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada-Moraira (Rada Moraira), Vigo 
y Santiago de Compostela.
El 25 de julio de 2018 el TJUE (Sala Octava) dictó sentencia, en el asunto C-205/17, 
en la que decidió:
1)  «Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben 
en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las medidas 
necesarias para la ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/España 
(C-343/10, no publicada, EU:C:2011:260).
2)  En caso de que el incumplimiento declarado en el punto 1 del fallo persista en la 
fecha en que se dicta la presente sentencia, condenar al Reino de España a abonar a la 
Comisión Europea una multa coercitiva de un importe de 10.950.000 euros (minorado a 
10.355.519,67 por cumplimiento de Tarifa) por cada semestre de retraso en la aplicación  s
de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia de 14 de abril de 2011,  e.
Comisión/España (C-343/10, no publicada, EU:C:2011:260), a partir de la fecha en que se  w.
dicta la presente sentencia y hasta la plena ejecución de la Sentencia de 14 de abril de  38ww
2d0e1b1e,r áC ocmalicsuiólanr/sEes paal ñfain a(Cl -d3e4 3c/a1d0a,  npoe rpíoudbolic addea s, eEisU :mCe:2s0e1s1 :r2e6d0u)c, iecunydoo  ieml pimorpteo retefe ctotitvaol 
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colectores y/o de tratamiento de las aguas residuales urbanas hayan sido objeto, al final
del período considerado, de las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a la 
Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/España (C-343/10, no publicada, EU:C:2011:260), 
en relación con el número de equivalentes habitante de las aglomeraciones que no 
dispongan de tales sistemas en la fecha en que se dicta la presente sentencia.
3)  Condenar al Reino de España a abonar a la Comisión una suma a tanto alzado 
de  12 millones de euros.
4)  Condenar en costas al Reino de España».
Con fecha de 11 de octubre de 2018 se efectuó el pago por el Reino de España a la 
Comisión Europea de la suma a tanto alzado de 12 millones de euros.
Con fechas de 5 de junio de 2019 y 28 de noviembre de 2019, el Reino de España 
abonó, en la cuenta habilitada por la Comisión Europea, la primera y segunda multas 
coercitivas de 10.355.519,67 euros (cuantía minorada de la inicialmente impuesta por el 
cumplimiento de Tarifa).
La Secretaría General de Coordinación Territorial, en su función de órgano del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública al que le corresponde el inicio y la 
instrucción del procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, con el fin de identificar los posibles 
sujetos incumplidores conforme a lo dispuesto en el artículo 4, artículo 5 y el artículo 9.1.a) 
del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, realizó una petición de información a todas las 
Administraciones que se consideraba que podrían estar afectadas, al amparo del 
artículo  55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas sobre «información y actuaciones previas».
Dicha petición de información se realizó en una fase de diligencias previas al inicio del 
primer procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades. La información 
que se recibió, por tanto, y que obra en poder de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial en la citada fase de diligencias previas, se trata de información obrante en un 
momento anterior a la adopción del acuerdo de inicio de 4 de diciembre de 2018 y, por 
tanto, se entiende que no está afectada por la declaración de caducidad del anterior 
procedimiento ya sustanciado.
La información que se solicitó fue la siguiente:
1)  La Secretaría General de Coordinación Territorial, mediante oficio de 27 de 
septiembre de 2018, solicitó a determinadas Comunidades Autónomas información acerca 
del instrumento jurídico de la declaración de interés autonómico de las actuaciones 
llevadas a cabo en los municipios incluidos en las aglomeraciones urbanas ubicadas en 
sus respectivos ámbitos territoriales, para la adecuación a la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
(escritos recibidos entre el 1 y 2 de octubre de 2018).
Las unidades destinatarias de la citada solicitud de información fueron:
– Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Junta de Andalucía.
– Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Generalitat 
Valenciana.
– Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias.
2)  El 11 de octubre de 2018, la Secretaría General de Coordinación Territorial solicitó 
a 33 Administraciones y entidades que remitieran información relativa a: títulos  s
competenciales y normativa aplicable, instrumentos jurídicos (tales como declaraciones de  oe.
interés, convenios de colaboración celebrados, en su caso, etc…), fecha del acta de  w.
rDseuicr eeecnpttciivdiaóa nd 9  1od/ e2p 7ola1r  /oCotbrEarEsa   Adlldeemlv Caindoianst sraea jcocio,a ndbeeos  2 pa1af erdace t admdaaar ysco.u dmep 1li9m9ie1 nyt oa catlu aacrtioícnuelos  r3e ayli/zoa d4a dse p olar   2020-3938n https://ww
Asimismo, en este escrito y dada la complejidad del expediente y la cantidad de
entidades a las que se solicita información se acuerda ampliar el plazo por un mes más  Bc
para iniciar el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la
Ley  39/2015, de 1 de octubre, (que es la mitad del plazo de 2 meses recogido en el 
artículo 8.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio).
En el caso de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, se solicita: justificación de 
en qué medida la declaración de interés general existente ampara la actuación de la 
Administración General del Estado en cada uno de los casos concretos en que la misma 
ha tenido lugar; fecha de Acta de recepción de la obra llevada a cabo para dar cumplimiento 
al artículo 3 y/o 4 de la Directiva antes citada, así como organismo de cuenca al que 
pertenece cada uno de los 17 municipios afectados por la Sentencia del TJUE de 25 de 
julio de 2018.
Las comunicaciones de este segundo escrito fueron efectuadas entre el 11 y 16 de 
octubre, y recibidas entre el 16 y 24 de octubre, de 2018 por las siguientes unidades:
– Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Ministerio para la Transición Ecológica).
– Comunidades Autónomas: Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Galicia y 
Comunitat Valenciana (a sus respectivas Presidencias, Consejerías de Presidencia, 
Consejerías de Hacienda y Medio Ambiente).
– Cabildo Insular de Tenerife.
– Ayuntamientos de: Alhaurín el Grande, Almonte, Barbate, Benicarló, Coín, Estepona, 
Gijón, Güímar, Isla Cristina, Nerja, Peñíscola, Ribeira, Santiago de Compostela, Tarifa, 
Teulada-Moraira y Vigo.
Este mismo escrito se remitió, además, a los Ayuntamientos de Arafo, Candelaria, 
Marbella, San Cristóbal de la Laguna, Tacoronte y Tegueste (comunicaciones realizadas 
entre los días 26 a 30 de octubre y recibidas entre los días 29 y 31 de octubre de 2018); al 
Ayuntamiento de Benahavís y a las Mancomunidades de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental, de la Costa del Sol Axarquía y de Servicios de la Provincia de Huelva 
(efectuada el 7 de noviembre y recibida el 9 de noviembre de 2018).
3) Asimismo, y como continuación del escrito de 11 de octubre de la Secretaria 
General, se mandó un correo electrónico, enviado los días 23 y 24 de octubre de 2018, a 
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Galicia y 
Comunitat Valenciana para que, dentro de la información solicitada tuvieran en cuenta 
aportar, especialmente, la siguiente información:
– Relación de municipios que integran cada una de las aglomeraciones urbanas 
afectadas por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio 
de  2018 que se ubican en el territorio de su Comunidad, así como la carga contaminante 
(h-E) de cada uno de ellos: todo a fecha de 31 de julio de 2013.
– Y ente público representativo de los municipios a los que corresponda, en cada 
caso, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto-ley 11/1995, 
de  28 de diciembre.
Se recibieron contestaciones de: Alhaurín el Grande, Coín, Estepona, Isla Cristina, 
Güímar, Tegueste, Candelaria, Arafo, Benicarló, Peñíscola, Ribeira, Santiago de 
Compostela, Vigo, Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Comunidad Autónoma de 
Andalucía, Comunidad Valenciana, Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de 
Canarias, Comunidad Autónoma de Galicia, Mancomunidades de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental y de Servicios de la Provincia de Huelva y Dirección General de Aguas 
(del entonces denominado Ministerio para la Transición Ecológica, en adelante, MITECO).
Una vez analizada toda la documentación aportada, el 4 de diciembre de 2018 se 
acuerda por la Secretaría General de Coordinación Territorial iniciar el procedimiento de  es
determinación y repercusión de la responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la  bo
Unión Europea derivada de la Sentencia del TJUE (Sala Octava), de 25 de julio de 2018,  38ww
eASCnauo ntneóeslna eaomjosmiu eaInnn ttsodou  edCl aeA-r2  An0ddg5eau/ 1laAu7sgc ,í RuaCae,o ssmC iddoiuesmai ólTuenesn/n Eiddesearp idfalae ñ A Cayu. o tCóDmnaiucobnhmiilotdaa ota   cVdIuaneels eruCndlcaaoin ra sanderae i an ysTo ,Cet infoEicemnartui ifdane ai tlaydat    aCVPlao úlMmbelnIuiTccnaEiaid CndaaOed,     OE-A-2020-39able en https://
(Administración General del Estado), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para 
determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea. Este procedimiento se resolvió por caducidad transcurrido el plazo contemplado 
en el citado real decreto ya que aunque estaba muy avanzada la instrucción, la complejidad 
del mismo afectó a los plazos de resolución no pudiéndose resolver en tiempo. Esta 
resolución por caducidad se remitió para su conocimiento además de a las Administraciones 
Públicas responsables en el acuerdo de inicio, al resto de Administraciones Públicas a las 
que se solicitó información en la fase de diligencias previas, anteriormente citadas.
Posteriormente, la Secretaría General de Coordinación Territorial adoptó, con fecha 
de 10 de octubre de 2019, nuevo acuerdo de inicio del procedimiento anteriormente citado, 
al no haberse producido la prescripción de la acción, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo  18 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 15.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, toda vez 
que el derecho del Estado a determinar y repercutir las correspondientes responsabilidades 
por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea se podrá ejercitar en los cuatro 
años posteriores a la fecha en la que el Estado haya satisfecho la sanción impuesta por 
las instituciones europeas.
La notificación del acuerdo se realiza a la Entidad Publica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana (en adelante, EPSAR), la Comunitat Valenciana, 
la Comunidad Autónoma de Canarias, la Junta de Andalucía, la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, de MITECO, y la Xunta de Galicia, dando un plazo de 15 días para 
realizar alegaciones al mismo.
Se presentaron alegaciones por parte de:
1.  La Junta de Andalucía, mediante escrito presentado por los Letrados de la Junta 
el 12 de noviembre de 2019.
2.  La Xunta de Galicia, mediante escrito de la Directora de Aguas de Galicia, de 13 
de noviembre de 2019.
3.  La Generalitat Valenciana, mediante escrito de la Secretaria Autonómica de 
Emergencia Climática y Transición Ecológica, de 15 de noviembre de 2019.
4.  El MITECO, mediante escrito de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
de  22 de noviembre de 2019.
5.  El Gobierno de Canarias, mediante escrito del Director General de Planificación 
Territorial, Transición Ecológica y Aguas, de 25 de noviembre de 2019.
Con fecha 25 de noviembre de 2019 se solicitó informe, conforme al artículo 12.1 del 
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, a la Secretaría de Estado de la Unión Europea y a la 
Abogacía del Estado del entonces denominado Ministerio para la Transición Ecológica.
Los informes emitidos conforme al artículo 12 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, 
fueron los siguientes:
1.  Informe de la Secretaría de Estado de la Unión Europea del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 12 de diciembre de 2019, recibido el 8 de 
enero de 2020 (Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas 
Comunitarias).
2.  Informe de Abogacía del Estado del MITECO de 26 de noviembre de 2019, 
reiterándose en el informe 94/2019 de 1 de abril emanado en el procedimiento sustanciado 
conforme al acuerdo de inicio de 4 de diciembre de 2018 y remitiéndose también al informe 
de la Abogacía General del Estado- Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Dictamen  es
Ref.: AG Política Territorial y Función Pública 2/19 (436/2019 de 27 de junio), emanado en  bo
el citado procedimiento anterior. Ambos informes han sido incorporados al presente  38ww
procEeld iinmfoiermnteo .de la Abogacía General del Estado se emanó previa consulta elevada por la
Secretaría General de Coordinación Territorial a la misma como centro superior consultivo
de la Administración del Estado, en virtud del artículo 3 de la Ley 52/1997, de 27 de  Bc
noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Con fecha 5 de diciembre de 2019 la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales (en adelante, EPSAR) remitió un escrito a la Secretaría General de 
Coordinación Territorial en el que señalaba su interés en realizar el pago voluntario, visto 
el acuerdo de inicio, y conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho undécimo del 
citado acuerdo. Asimismo solicitaba las instrucciones necesarias para proceder al pago.
Con fecha 19 de diciembre de 2019, la EPSAR comunicó a la Secretaría General de 
Coordinación Territorial que, tras el análisis efectuado, en sesión celebrada en fecha 18 de 
diciembre de 2019, el Consejo de Administración, órgano de gobierno de la Entidad, 
acordó proceder al pago anticipado, conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho 
undécimo del acuerdo de inicio del procedimiento.
Tras el intercambio de información con el órgano instructor, el 23 de diciembre 
de  2019, la EPSAR de la Comunidad Autónoma Valenciana realizó el pago voluntario de 
la cantidad de 320.799,65 euros, cantidad determinada para su repercusión en el acuerdo 
de inicio de 10 de octubre.
Por lo tanto, procede aplicar respecto a este responsable lo dispuesto en el artículo 15 
del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, en el que se señala que:
«Artículo 15.  Reconocimiento de la responsabilidad.
1.  En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución que ponga fin al 
procedimiento, las Administraciones o entidades interesadas podrán manifestar su 
conformidad y proceder al pago voluntario anticipado de la deuda, dando así lugar a la 
terminación del procedimiento.
A estos efectos, se admitirá como medio de pago voluntario anticipado de la deuda 
tanto el abono de su importe al Estado como la solicitud del sujeto responsable para que 
se proceda a su compensación, deducción o retención.
2.  En los casos en los que se produzca el pago voluntario anticipado de la deuda, 
tras la notificación del acuerdo de iniciación, no se repercutirá el interés compensatorio de 
los costes financieros al que alude el artículo 9.1.
3.  El acuerdo que, en su caso, alcancen las partes se notificará a las mismas, y 
tendrá por sí mismo la consideración de acto finalizador del procedimiento, si bien requerirá 
que el Consejo de Ministros manifieste su aprobación expresa mediante acuerdo y que 
este se publique en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.»
Así, con fecha 10 de febrero se firmó el acuerdo entre la Presidencia de la EPSAR y la 
Secretaría General de Coordinación Territorial y con fecha 3 de marzo de 2020 se aprobó 
por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Con fecha de 28 de enero de 2020, mediante oficio de la Secretaría General de 
Coordinación Territorial, se puso de manifiesto el procedimiento conforme a lo establecido 
en el artículo 13 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, y se remitieron las alegaciones 
presentadas y los informes evacuados en virtud del artículo 12 del Real Decreto 515/2013, 
de 5 de julio.
Igualmente, se adjuntaron tres informes que, si bien se emitieron en el procedimiento 
que se resolvió por caducidad, se han incorporado al procedimiento actual. Dicha 
incorporación también fue solicitada por la propia Abogacía del Estado ante el Ministerio 
para la Transición Ecológica, así como por la Junta de Andalucía. Estos tres informes son:
– Informe de la Abogacía General del Estado, de 27 de junio de 2019.
– Informe de la Abogacía del Estado del Ministerio para la Transición Ecológica, de 29  es
de marzo de 2019. o
– Informe de la Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos  38ww
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 12 de marzo de 2019.
En el plazo concedido al efecto, se presentaron alegaciones a la puesta de manifiesto 
del procedimiento por parte de:
1)  La Xunta de Galicia, mediante escrito de la Directora de Aguas de Galicia, el 11 de 
febrero de 2020.
2)  La Junta de Andalucía, escrito presentado por los Letrados de la Junta, el 12 de 
febrero de 2020.
Finalizada la instrucción del procedimiento, se solicitó, con fecha 20 de febrero de 2020, 
informe a la Abogacía del Estado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 
con carácter previo a la elevación de la propuesta de acuerdo del Consejo de Ministros 
que resuelve el procedimiento.
La Abogacía del Estado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública emitió 
informe de fecha 24 de febrero de 2020 cuyas conclusiones son las siguientes:
«Primera.
En  la  tramitación  del  procedimiento  de  determinación  y  repercusión  de 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el asunto 
C-205/17, Comisión/Reino de se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en el 
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio por el que se regulan los criterios y el procedimiento 
para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea........»
«Segunda.
Que la propuesta de resolución del procedimiento de determinación y repercusión de 
responsabilidades es conforme con lo dispuesto en los artículos 7, 9.1.d), 13.2 y 14 del 
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 
para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea, así como a lo previsto en los artículos 2 y 8 y disposición adicional segunda 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, pudiendo elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación.»
Una vez expuestos brevemente los hechos, trámites e informes recabados a lo largo 
del proceso de instrucción, y antes de analizar las alegaciones presentadas por los 
interesados, se expondrá brevemente un extracto del informe de la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea emanado en virtud del artículo 12.1 del Real Decreto 515/2013, 
de 5 de julio, en el que señala que:
«A)  Multa a tanto alzado .............
Una vez abonada la multa a tanto alzado de 12 millones de euros por parte del Tesoro 
Público, por las 17 aglomeraciones pendientes de cumplir a 31 de julio de 2013, se ha 
iniciado por parte del Ministerio de Política Territorial procedimiento de repercusión de la 
misma contra las Administraciones responsables conforme a los porcentajes de reparto de 
responsabilidad que se estiman procedentes de acuerdo con el Real Decreto 515/2013, 
de 5 de julio…
De acuerdo con la información que ha tramitado esta SEUE en el marco del 
procedimiento de infracción, el reparto de las 17 depuradoras cuestionadas es el siguiente,  s
clasificado de acuerdo con la información facilitada por la Administración responsable en  oe.
su caso: w.
VigoM yI TGEijCóOn :E Bsater.bate, Matalascañas, Estepona, Nerja, Santiago, Aguiño-Carreira-Ribeira,
CC..AA..  ACnadnaalruiacsía: :N Aolhreasutreí n( Veal lGler aGnudeer,r aIs) lya  VCarilsleti ndae,  GTaüríimfaa, rC. oín.
C.A. Valenciana: Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira.
B)  Multa coercitiva.
Se seguirán imponiendo multas coercitivas semestrales de manera decreciente a partir 
de 10.355.519,67 euros en tanto en cuanto se justifique el cumplimiento de la sentencia 
por parte de las 8 aglomeraciones que aún están pendientes de ello.
De acuerdo con la información que ha tramitado esta SEUE en el marco del 
procedimiento de infracción, el reparto de las 8 depuradoras pendientes de cumplir es el 
siguiente clasificado de acuerdo a la información facilitada a la Comisión Europea por la 
Administración responsable en cada caso:
MITECO: Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón- Este..
C.A Andalucía: Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Coín.
C.A. Canarias: Valle de Güímar.
El importe de la multa en concepto de tercer pago semestral está todavía pendiente de 
determinar, para lo que se tendrán en cuenta los informes de progreso de MITECO, 
Andalucía y Canarias que se remitan por esta SEUE antes del próximo 25 de enero 
de 2020.»
II.  Alegaciones.
A partir de ahora se expondrán, como se señalaba anteriormente, las alegaciones de 
cada uno de los interesados, los argumentos desgranados en los diferentes informes que 
componen el expediente, así como las consideraciones últimas y conclusiones que 
preceden a la decisión final sobre cada uno de los casos.
II.1  Alegaciones de la Junta de Andalucía.
[Casos de Alhaurín el Grande, Coín, Estepona (Estepona con responsabilidad 
concurrente con la Administración General del Estado, en adelante, AGE al 50% en el 
acuerdo de inicio), Isla Cristina y Tarifa].
Se formulan alegaciones al acuerdo de inicio por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en los siguientes términos:
A.  Alegación basada en la extemporaneidad del acuerdo de inicio.
La Junta de Andalucía expone los siguientes argumentos relacionados con este primer 
punto:
Que el artículo 8 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, dispone que:
«El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del órgano competente, de 
conformidad con el artículo anterior, y deberá notificarse a los interesados. Para adoptar el 
mencionado acuerdo, el órgano competente dispondrá del plazo de dos meses, a contar 
desde que reciba la notificación de la Secretaría de Estado para la Unión Europea u otro 
órgano competente de que es ejecutiva la sentencia, acto o decisión de las instituciones 
europeas por la que se impone una sanción al Reino de España. Dicha notificación, deberá 
ser remitida por la Secretaría de Estado para la Unión Europea o el órgano competente en 
el plazo de 10 días naturales desde que se tenga constancia de la sentencia, acto o 
decisión.
Asimismo, el acuerdo de inicio será comunicado a los órganos competentes en materia  s
de hacienda pública de la posible Administración responsable y la posible Administración  oe.
responsable subsidiaria.» w.
de lIan daiccaci ólan J (unnota p dlaez Aon ddea luccaídau qcuidea sde  deeslt apbrolecceed uimn ipelnatzoo),  dye  qcuaedu acli dhaadb pearsrae  edl icetjeardcoic ieol 
adcouse mrdeos edse  qinuicei oe exilg 1e0  edle R oecatul bDreec dreet o2 051195,/ h2a0b1í3a,  tdraen 5s cduer rjiudloio s, otobdraad vaemze qnutee  elas es epnlatzeon cdiea 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue notificada el 13 de septiembre de 2018.
Trae a colación determinados preceptos legales de normativas sobre defensa de 
consumidores, así como una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala 
de lo contencioso-administrativo, de 25 de octubre de 2013, en los que se viene a concluir 
que… «habiendo transcurrido el plazo de seis meses sin que el órgano competente haya 
ordenado incoar el oportuno procedimiento…el procedimiento había caducado y procede 
revocar la sanción impuesta».
Frente a esta alegación, procede afirmar que el artículo 8 del Real Decreto 515/2013, 
de 5 de julio por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y 
repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, 
debe ser interpretado en relación con el artículo 18 del mismo, así como con el artículo 
15.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria que establece que 
el derecho del Estado a determinar y repercutir las correspondientes responsabilidades 
por el incumplimiento del derecho de la Unión Europea se podrá ejercitar en los cuatro 
años posteriores a la fecha en la que el Estado haya satisfecho la sanción impuesta por 
las instituciones europeas.
El plazo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, 
meramente reglamentario, no tiene carácter preclusivo y no puede modificar el plazo legal 
establecido para la prescripción en la Ley General Presupuestaria, ni tampoco el régimen 
de caducidad establecido en otro instrumento con rango de ley, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, en su artículo 95.
Además, el plazo previsto en el artículo 8 se cumplió, sin perjuicio de que luego se 
produjera la caducidad del primer expediente. Una interpretación distinta carecería de 
sentido, toda vez que haría inviable la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento tras la 
caducidad del anterior, dejando sin efecto la prescripción, figuras ambas contempladas en 
la legislación, como se ha puesto de manifiesto.
A mayor abundamiento, debe destacarse que la pretensión planteada por la Junta de 
Andalucía llevaría a un enriquecimiento injusto a costa del Estado que el ordenamiento 
jurídico no permite, pues es contrario al principio financiero de corresponsabilidad y al de 
lealtad institucional recogidos en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas.
B.  Alegaciones basadas en el título de imputación de responsabilidad.
La Junta formula diversas consideraciones que se pueden estructurar de la siguiente 
manera:
B.1  La Junta de Andalucía considera que el título de imputación de responsabilidad 
regulado en el Real Decreto 515/2013, es exclusivamente el competencial.
Entiende que así se manifiesta en el Informe de la Abogacía del Estado del Ministerio 
para la Transición Ecológica de 29 de marzo de 2019, que solicita se incorpore a este 
procedimiento, en virtud del artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (Debe 
señalarse que dicho informe ha quedado incorporado al presente procedimiento como se 
ha determinado anteriormente en el presente acuerdo).
Igualmente, señala que el Informe de la Abogacía General del Estado de 27 de junio 
de 2019 aplica la regla de la competencia, matizada en cuanto a lo relativo a convenios o 
instrumentos suscritos con otra Administración cuyo incumplimiento dé lugar a la infracción 
del derecho de la Unión Europea.
Y, finalmente, considera que también el Tribunal Constitucional, en Sentencia 31/2016, 
de 18 de febrero, fija en la competencia la determinación de la responsabilidad en relación  es
con el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. bo
B.2  El título competencial no queda afectado por las relaciones internas que el  38ww
olEabs TltiagrEadannod s eodis cemti eó2a np7n u Etdencentoo gjlu óadng eciio con andu  eedo vet2ro a02 sa19 l9 Aud.ddeem m ainal iIsrnztrfooa rcdmieo en2 ed0se1  9Pla,ú  aAbslbiíco cagosam.cíoa  adle dl eE slata Adboo dgealc Míai nGisetenreiora pl adreal   OE-A-2020-39able en https://
En ambos informes se establece la regla de la competencia para imputar la 
responsabilidad, si bien en el primero se determina que esa regla no se ve alterada por la 
suscripción de convenios u otros instrumentos que pudieran suscribir las Administraciones 
Públicas, sin embargo, en el segundo, emanado por la Abogacía General del Estado, se 
sostiene el criterio contrario y se introduce un elemento nuevo a tener en consideración, 
«en la medida en que se permite que junto con el criterio de la competencia ratione 
materiae, que indudablemente es nuclear, se tomen en consideración otros, como es el 
caso de que la Administración titular de la competencia haya concertado con otra 
Administración un convenio de cooperación o colaboración cuyo incumplimiento imputable 
a esta última dé lugar a la infracción del Derecho de la Unión Europea, para determinar así 
la responsabilidad ad intra y efectuar la oportuna repercusión».
El criterio fijado por la Abogacía General del Estado no es compartido por la Junta de 
Andalucía por entender que así se «estaría alterando el régimen jurídico previsto para 
estos instrumentos, modo de impugnación, la determinación del cumplimiento de las 
obligaciones... convirtiéndose la AGE en una especie de árbitro o juez de lo contencioso y 
sustituyendo los cauces que el ordenamiento jurídico tiene previsto para ello. Considera 
que el cumplimiento o no de convenios u otros instrumentos jurídicos deberá ventilarse al 
margen del procedimiento del Real Decreto 515/2013».
Además, «aun pretendiendo como señala el citado informe de la Abogacía del Estado 
que habría una «suerte de responsabilidad» de la Administración no titular de la 
competencia pero incumplidora de los acuerdos que determinen el incumplimiento del 
derecho de la Unión Europea», la Junta alega que tal circunstancia no concurre en esa 
Comunidad Autónoma, que ha cumplido todos los compromisos asumidos. En este 
sentido, aporta un informe de la Subdirección de Gestión de Recursos y Planificación 
Hidrológica de la Dirección de Infraestructuras del Agua.
Trae a colación distintas sentencias del Tribunal Supremo, de 6 de abril y de 20 de 
enero de 2016, así como sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, de la Comunitat 
Valenciana de 24 de enero de 2013, Andalucía de 13 de febrero de 2014, Región de 
Murcia de 16 de noviembre de 2012 y Aragón de 25 de mayo de 2019, de las que, de 
manera resumida, se extrae la conclusión de que: «siendo la Corporación local la titular del 
servicio y de la autorización de vertido y correspondiéndole por tanto a los municipios el 
proveer a las aglomeraciones urbanas de los sistemas de evacuación previstos en la 
Directiva 91/271/CEE, no puede esta Administración local eximir el cumplimiento de sus 
obligaciones basándose en convenios u otros instrumentos jurídicos firmados con otras 
Administraciones».
B.3  La competencia en materia de aguas residuales en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía reside en los Entes Locales.
La Junta de Andalucía señala que el artículo 92.2 del Estatuto de Autonomía; los 
artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local; el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; y 
el 13 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, atribuyen a los municipios 
competencias sobre el saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
Por su parte, esgrime la Comunidad Autónoma que «el Decreto 310/2003, de 4 de 
noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para el tratamiento de 
aguas residuales urbanas de Andalucía, señala en su artículo 3 que son entidades 
obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 11/1995, por el que se 
transponía la Directiva 91/271, los municipios o, en el caso de aglomeraciones urbanas 
intermunicipales las entidades públicas de gestión que han de constituirse entre los  es
municipios afectados». o
Ddobeirl eirgMceatcaicvotiaiogz nasideo alsba  r cyeJo u ttrrrnraaetattsaa pmqmouinieeedn ne«tto oee l d ndien eA ca nuagdmguauaplusalic msríe aires eainds tulioada  udAleaedsllem  uDsirn.eb irYasetn crlaaahsc o,ic ó aodnlme  nl oploace  hatUeal»nnb.iceóirnas  eEp uaardroaop pcetauadm loop  mleirse  eddsiedt aalass    OE-A-2020-3938able en https://www.
Entiende que también así lo ha reconocido esta Administración cuando en la 
tramitación del anterior procedimiento ahora caducado se solicitó diversa información 
relativa a los municipios, por entenderlos interesados en el procedimiento.
«La Administración Local está obligada a cumplir el Derecho de la Unión Europea, 
pudiendo también ser infractora de ese derecho en su ámbito competencial. Siendo la 
competencia irrenunciable de conformidad con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.»
La Junta de Andalucía se refiere en este punto al informe del Consejo de Estado de 
diciembre de 2010 sobre las garantías del cumplimiento de Derecho Comunitario (pág. 260).
B.4  «En ningún caso, la declaración de interés autonómico de la Comunidad 
Autónoma Andaluza produce el efecto de alterar o desplazar la competencia local en la 
materia, ni sería título atributivo de competencias, ni menos aún, de imputación de 
responsabilidad a la Comunidad Autónoma». Según la Junta, esto resulta contrario al 
sistema constitucional de distribución de competencias, en el que el legislador estatutario 
atribuye claramente la competencia a la Administración Local.
La Junta de Andalucía también discrepa del criterio manifestado en el informe de la 
Abogacía del Estado del Ministerio para la Transición Ecológica de 29 de marzo de 2019 
cuando viene a señalar que las declaraciones de interés general o autonómico sí producen 
una alteración de la competencia.
Argumenta la Junta de Andalucía «que la declaración de interés autonómico no resulta 
ejecutable directamente, sino que en virtud del artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, 
de Aguas de Andalucía, requiere de convenios con las entidades locales de desarrollo y 
ejecución de la planificación. El Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se declaran 
las obras de interés autonómico en el año 2010 no es un instrumento que altere ni desplace 
la competencia de los Entes locales». Se apoya en su argumentación en las sentencias del 
Tribunal Supremo de 6 de abril y de 20 de enero de 2016–recursos de casación 
n.º 1198/2014 y 1191/2014.
Esgrime la Junta de Andalucía que «el acuerdo de inicio atribuye a la declaración de 
interés autonómico una suerte de efecto retroactivo. Para la imposición de las multas el 
criterio determinante y con efecto disuasorio que se ha utilizado con mayor rigor en la 
imposición de las multas ha sido el transcurso de 18 años sin que se haya cumplido el 
Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, la declaración de interés autonómico no se 
produce hasta el año 2010.
Que en todo caso la responsabilidad que se pretendiera derivar está sujeta a una serie 
de limitaciones objetivas y temporales. Desde el punto de vista temporal, señala la Junta 
de Andalucía que no sería en ningún caso responsable del incumplimiento producido antes 
de que el Acuerdo de declaración de interés autonómico de 2010 sea ejecutable, momento 
que traslada a la firma de los convenios de colaboración de desarrollo. Desde el punto de 
vista objetivo, la Junta de Andalucía, afirma que una vez entregada la obra a la Entidad 
Local, debe esta asumir las responsabilidades que puedan derivarse de la multa 
coercitiva».
Hasta aquí se han relacionado los cuatro puntos que la Comunidad Autónoma de 
Andalucía recoge en las dos grandes alegaciones que hacen al acuerdo de inicio, a saber, 
que la competencia en la materia reside en la Administración Local y que esta no se ve 
alterada o desplazada por la declaración de interés autonómico.
En contestación a las mismas es criterio de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial lo siguiente:
1.  Lo primero que se quiere destacar e incidir es que la Junta de Andalucía solo hace  e.
hincapié y acepta aquellas partes del informe de la Abogacía del Estado de MITECO de 29  w.
de marzo de 2019 que le interesan para su argumentación, pero discrepa del mismo  38ww
cuanAdsoí,  leal  acritgaudmo einnftoarcmióen s deeñ alala A qbuoeg aecl aíac udeerl dEos dtaed ion idceiol  hMaIcTeE uCnO a lneá pliesrisju mdiucya .acertado de
la distribución constitucional y normativa de competencias en materia de aguas residuales.
La Abogacía del Estado del MITECO, Ministerio con competencia en la materia, avala 
por tanto el análisis competencial que la Secretaría General de Coordinación Territorial ha 
realizado en el presente expediente.
En relación a estas alegaciones de la Junta de Andalucía, cabe proseguir que, en 
efecto, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por 
el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con 
el orden constitucional de distribución de competencias, cada Administración es 
responsable de cumplir internamente con las obligaciones europeas, y la Administración 
General del Estado repercute a la Administración que corresponda la responsabilidad 
derivada del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Entre las posibles 
Administraciones o entidades responsables se encuentran todas las recogidas en el 
artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, esto es, la Administración Central, las Comunidades Autónomas, 
las Corporaciones Locales y las Administraciones de Seguridad Social.
Así, el acuerdo de inicio identifica a la Comunidad Autónoma de Andalucía como sujeto 
incumplidor en relación a algunas aglomeraciones urbanas basándose en al análisis del 
reparto de las competencias que en esta materia ostentan las distintas Administraciones 
Públicas.
En lo que se refiere a dicho reparto competencial, cabe establecer una distinción entre 
la competencia sobre el saneamiento o depuración de las aguas residuales y la 
competencia sobre la realización de las obras hidráulicas necesarias para la prestación de 
dicho servicio, esto es, la construcción o adaptación de las estaciones depuradoras de 
aguas residuales (en adelante, EDAR). Así, las Administraciones Públicas competentes 
para prestar el servicio de depuración de aguas residuales difícilmente podrán hacerlo si 
no cuentan con la infraestructura adecuada. En la medida en que el incumplimiento de la 
normativa de la Unión Europea sobre tratamiento de aguas residuales, del que traen causa 
las sanciones, tiene su origen en la falta de ejecución de las infraestructuras necesarias, 
el acuerdo de inicio atiende a los títulos competenciales relativos a infraestructuras 
hidráulicas para la determinación del sujeto incumplidor.
En este sentido, se debe traer a colación el escrito de demanda de la Comisión 
Europea contra el Reino de España ante el TJUE en el asunto C-205/17, del que deriva el 
procedimiento que aquí se sustancia, donde expresamente se señala para cada una de las 
aglomeraciones  urbanas  incumplidoras,  y  en  concreto,  para  cada  una  de  las 
aglomeraciones urbanas cuyo incumplimiento se imputa en el acuerdo de Inicio de 10 de 
octubre de 2019 a la Junta de Andalucía, que el incumplimiento se determina al no haber 
probado debidamente que se haya finalizado la infraestructura correspondiente. (Apartados 
49, 52, 54 y 56 del escrito de demanda).
Procede reiterar que, tal y como señala el acuerdo de inicio, a los efectos de determinar 
la responsabilidad por la falta de depuración de las aguas de forma adecuada a la 
normativa europea e identificar al posible sujeto incumplidor, el criterio que se ha 
considerado determinante ha sido la existencia de declaraciones de interés autonómico 
para la ejecución de las EDAR correspondientes. Por lo tanto, es fundamental en este 
caso atender al Acuerdo de 26 de octubre de 2010 (BOJA de 10 de noviembre de 2010) 
por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras 
hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, 
en el que quedan comprendidas diferentes obras de las EDAR de Alhaurín el Grande,  es
Barbate, Coín, Isla Cristina (EDAR de La Antilla), Matalascañas, Nerja y Tarifa. o
AcogobenmrndaeYapsrale aup tllcú aepíb naoLlc,irec i ayeea  lsnO eE  exresgncltá l aueandslr iocáitví.amca u2 bel/io2tno 0 5 md06e7a. ,7l tade  rerCei a1co 9omd neduo enpc imdelaa anadri f,zi lcosaai, e cCdmieóop nmrre,e uf coqnoruimdneasa ntd rdo ueA celuc sEittóóésnntna o ydtmu etfacoinl  adadrenea c dAiAaaunscto didónaenol u midnceítíaea  rl daélaess     OE-A-2020-3938able en https://www.
Por su parte, la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en su artículo 8.1.f), 
bajo la rúbrica «Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía», atribuye a 
la Administración de la Junta de Andalucía la planificación, programación y ejecución de 
las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El artículo 29.1 
de la citada Ley 9/2010, de 30 de julio, reconoce en su letra d) que tienen la consideración 
de obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras de abastecimiento, 
potabilización, desalación y depuración que expresamente se declaren por el Consejo de 
Gobierno.
En virtud de los anteriores preceptos, al declarar las EDAR obras de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta asumió una serie de obligaciones y 
competencias.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 
los instrumentos ordinarios de desarrollo y ejecución de la planificación de las 
infraestructuras de aducción y depuración serán los convenios de colaboración entre la 
consejería competente en materia de agua y las entidades locales. De dicho precepto no 
cabe inferir que la declaración de interés autonómico no implique la asunción de 
competencias por parte de la Comunidad Autónoma hasta la firma de los convenios de 
colaboración correspondientes. Tal y como reconoce el propio artículo 31 de la Ley 9/2010, 
de 30 de julio, los convenios permiten desarrollar y detallar dicha competencia, en 
concreto, determinando las infraestructuras a realizar, terrenos en que deban ubicarse y 
aportación de los mismos, régimen de su contratación y financiación, así como las 
obligaciones que se asuman por cada parte en relación con cada uno de dichos aspectos 
(artículo 31.2). No obstante, la ejecución de las obras hidráulicas declaradas de interés de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía serán de competencia de la misma desde su propia 
declaración, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la Ley 9/2010, de 30 de julio.
Completando esta argumentación, procede precisamente traer de nuevo a colación el 
informe de la Abogacía del Estado del MITECO de 29 de marzo de 2019, en el que 
expresamente se afirma que, «la declaración de obra de interés general o de interés de la 
Comunidad Autónoma constituye el mecanismo jurídico que permite modificar la 
competencia y en consecuencia la responsabilidad sobre la ejecución de una obra 
hidráulica».
Acerca de lo manifestado por la Junta sobre que la Secretaría General de Coordinación 
Territorial consideró a los entes locales interesados en el procedimiento en la medida que 
les solicitó información en la fase de diligencias previas, procede decir que de esa 
actuación no cabe inferir en modo alguno que por ello se convierta a esa administración 
local per se en parte interesada del procedimiento. Como indica su propio nombre, esas 
diligencias resultan previas al inicio del expediente y su objeto es precisamente conocer 
las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento, así 
como determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la 
incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran 
resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran (Artículo 55 de la 
Ley  39/2015, de 1 de octubre).
2.  En relación con la posible incidencia de convenios u otros instrumentos jurídicos 
sobre la imputación de responsabilidad cabe reiterar lo manifestado en párrafos anteriores, 
a saber, que en el acuerdo de inicio, a los efectos de determinar la responsabilidad por la 
falta de depuración de las aguas de forma adecuada a la normativa europea e identificar 
al posible sujeto incumplidor, el criterio que se ha considerado determinante en primer 
lugar ha sido la existencia de declaraciones de interés para la ejecución de las EDAR  es
correspondientes, en concreto y por la que al ámbito de Andalucía se refiere, se ha  o
aqdqIsutueleaeesn td Cisdnaeiradni sddo ctae ioanscmla l aaA p(rlcE arcueDnuen mAdrddReipdo l aii dnmdsete ei de Lr2inéfa6ets o Ar ded dneneet t ioelllla acso t) Cbuo, jbobeMrmrteiaavu stodan  deldiade es2a  lc0aldaa1s  Añ0 cEau a(DstlBói,dA OnNaRoJdem A drdj aeade   eA dyl ae l1Ths 0aAa a rundigfrdeaíuna .an luesocl v dGíiaeer  malAanbnsdrd oeeab ,ld urBeaca sí2ar bh0, ai1edt0nerá) , e upCllo ioqcríua nees,l     OE-A-2020-3938able en https://www.
En definitiva, la responsabilidad que se imputa a la Junta de Andalucía trae su causa 
de la declaración de interés autonómico y no de un posible incumplimiento de convenio.
Solo en el caso de la aglomeración de Isla Cristina se alude a un posible incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por la Junta de Andalucía, pero no se utiliza únicamente ese 
criterio para su imputación, sino que se tienen en cuenta además otras consideraciones. 
Se reproduce aquí la argumentación del acuerdo de inicio:
«En relación con el Colector, el grado de intensidad de la intervención de la Junta de 
Andalucía es muy superior al de la MAS (Mancomunidad de Servicios de la provincia de 
Huelva). Se arrogó la totalidad de las funciones correspondientes a esta infraestructura 
desde la financiación hasta la ejecución. La asumió desde el año 2004-2005, es decir que 
han pasado más 14 años sin haber procedido a su ejecución, por lo que podríamos hablar 
de un incumplimiento por parte de la Junta.
Por otro lado, viene cobrando el canon de mejora respecto de la infraestructura del 
colector, basándose precisamente en el Acuerdo de 26 de octubre de 2010, incluyendo, 
para justificar el cobro del canon, la actuación del Colector de conexión dentro del 
expediente de Ampliación de la EDAR, actuación que sí queda amparada expresamente 
en la declaración de interés autonómico.
Además, esta actuación se ha asumido desde una perspectiva integral, la EDAR y el 
Colector, siendo difícil establecer una partición jurídica de la misma.
A mayor abundamiento, la falta de suscripción de convenios posteriores al protocolo 
no exime a la Junta de responsabilidad, ya que de facto asumió la financiación y ejecución 
de la actuación, y por otro lado, la falta de suscripción de esos instrumentos de colaboración 
sería en todo caso imputable también a la propia Junta.»
Acerca de esta cuestión, a saber, la toma en consideración de convenios en aras a 
imputar una responsabilidad a otra administración distinta de la titular de la competencia, 
cuando se acredite un incumplimiento, también debe ser tenido en cuenta y obedece al 
criterio fijado en el informe de la Abogacía General emanado a petición de la Secretaría 
General de Coordinación Territorial, en aras a clarificar distintas cuestiones interpretativas 
surgidas en la instrucción del expediente.
La Junta de Andalucía no comparte este criterio. Considera que el cumplimiento o no 
de convenios u otros instrumentos jurídicos deberían ventilarse al margen del 
procedimiento del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, no pudiendo convertirse la AGE 
en una especie de árbitro o juez de lo contencioso, sustituyendo así los cauces que están 
previstos en el ordenamiento jurídico.
En este sentido y para el presente expediente el criterio que debe tenerse en cuenta 
por el órgano instructor es el de la Abogacía General, ya que es el centro superior 
consultivo de la Administración del Estado, en virtud del artículo 3 de la Ley 52/1997, de 27 
de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Dicho criterio debe, por tanto, atenderse por esta Secretaría General, como órgano 
instructor del procedimiento en curso ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 
del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, es este órgano el que realizará de oficio cuantos 
actos de instrucción resulten necesarios para la determinación, conocimiento y 
comprobación de datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución solicitando 
asimismo los informes que se juzguen necesarios para resolver.
3.  Acerca de las sentencias a las que la Junta de Andalucía alude en el escrito de 
alegaciones, debe indicarse que los procesos penales sustanciados ante las distintas 
instancias judiciales se refieren a autorizaciones de vertidos y a la administración titular de  e.e
la prestación del servicio, concretándose la actuación tipificada en el vertido de aguas no  w.b
tratadas a cauce público; sin embargo, el objeto del procedimiento de determinación y  38ww
rqeupee racquusíi ósne  dseu srteasnpcoian,s ya bqiluidea tdrease  pcoaru sinac udmel palismuinetnot oC d-2e0l 5D/1e7re dcihriom dideo  laa nUten ieóln T EJuUrEo,p esae 
rlae fnieor ea daol pinccióunm pdleim laiesn mtoe ddeid laoss  naertcíceuslaorsia 3s  yp a4r ad ed laar  Dcuirmecptliivmai e9n1t/o2 7a1 l/aC ESEen, tye necni ac odnec r1e4t od ea 
abril de 2011, que se concretan en no haber probado debidamente la finalización de la
infraestructura necesaria (sistemas colectores y/o EDAR), no haber acreditado que ésta 
dispone de capacidad suficiente o no haber proporcionado muestras representativas 
conformes.
4.  Respecto del periodo de incumplimiento, se debe tener en cuenta que la Sentencia 
de 25 de julio de 2018 del TJUE (Sala Octava), en el asunto C-205/17, impone sanciones 
por el incumplimiento del Reino de España de las obligaciones que le incumben en virtud 
del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado todas las medidas necesarias 
para la ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/España (C-343/10, no 
publicada, EU:C:2011:260). El propio TJUE expone que la fecha de referencia para 
apreciar la existencia de tal incumplimiento es la del vencimiento del plazo señalado en el 
escrito de requerimiento emitido en virtud de lo dispuesto en el artículo 260 TFUE, 
apartado 2, a saber, el 31 de julio de 2013. Por lo tanto, las sanciones no traen su causa 
del inicial incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sino del incumplimiento de la 
Sentencia de 14 de abril de 2011, y más en concreto, el que persistía a fecha 31 de julio 
de 2013.
La propia Comisión, al exponer en su demanda los criterios en los que debe basarse 
la fijación de la multa coercitiva, se refiere a la gravedad de la infracción, la duración de la 
misma y la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de la propia sanción.
En lo que atañe a la duración de la infracción, la Comisión subraya que el TJUE dictó 
la Sentencia Comisión/España (C-343/10, no publicada, EU:C:2011:260) el 14 de abril 
de 2011, mientras que la propia Comisión decidió interponer un recurso basado en el 
artículo 260 TFUE, apartado 2, el 17 de noviembre de 2016. Al ser 67 meses el período 
transcurrido entre la fecha en que se dictó la sentencia y la fecha de la interposición del 
recurso, la Comisión propone que el coeficiente relativo a la duración de la infracción se 
fije en 3, dentro de una escala de 1 a 3 (Sentencia del TJUE de 25 de julio de 2018, 
apartado 33). Del mismo modo, el TJUE, en relación a la duración como criterio de fijación 
de la multa coercitiva, alude al periodo de siete años transcurridos desde la fecha en que 
se dictó la Sentencia de 14 de abril de 2011 Comisión/España (C-343/10, no publicada, 
EU:C:2011:260) (Sentencia del TJUE de 25 de julio de 2018, apartado 60).
Por su parte, con relación a la suma a tanto alzado, el TJUE justifica la adopción de 
esta medida disuasoria por el número de aglomeraciones urbanas cuyos sistemas 
colectores y/o de tratamiento de las aguas residuales urbanas no se habían adaptado 
todavía a las exigencias de la Directiva 91/271 en el momento de valoración de los hechos 
por el TJUE, así como los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados contra 
el Reino de España en este ámbito. Asimismo, señala el TJUE que entre los factores 
pertinentes a este respecto figuran la gravedad de la infracción constatada y el período 
durante el que dicha infracción ha persistido desde el pronunciamiento de la sentencia que 
la constató (Sentencia del TJUE de 25 de julio de 2018, apartados 76 y 78).
En definitiva, es el periodo transcurrido desde la Sentencia de 14 de abril de 2011 el 
que se ha tomado en consideración para la fijación de las sanciones.
Por lo tanto, habida cuenta de que el Acuerdo por el que se declaran de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del 
objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía es de fecha 26 de octubre de 2010, la 
competencia y responsabilidad sobre el cumplimiento de la Sentencia de 14 de abril 
de 2011, recae plenamente en ella.
5.  En lo que se refiere a lo que llaman «objeto de la declaración de interés 
autonómico», efectivamente hay una diferencia entre la responsabilidad de construir la 
instalación y la posterior gestión de la misma. En este sentido el acuerdo de inicio así lo ha  es
ido diferenciando cuando correspondía, (por ejemplo, para el caso de la aglomeración de  o
Tarifa, página 45 del acuerdo de inicio). 38www.
C.  Alegaciones basadas en el título de imputación utilizado para cada aglomeración.
impuLtaa Jcuiónnt au ctiolinzsaiddoe.r aS qouseti eenl ea cquueerd eon d eu ninoisc ioc aresosus ltsae c oantrtirbaudyicet ofurinod eanm ceunatnátnod aol steítu elon  dlae 
declaración de interés autonómico, en otros en el incumplimiento de convenios y pactos, e 
incluso se imputa responsabilidad en base a actuaciones materiales o de hecho.
C.1  Alhaurín el Grande.
La Junta de Andalucía reitera que «el título de imputación en esta aglomeración que el 
acuerdo de inicio atribuye a la declaración de interés autonómico no resulta válido, en 
cuanto que esa declaración tiene, como viene señalando, los efectos que tiene y no los 
que se pretenden atribuir de las alegaciones de la Sra. Alcaldesa de la Corporación. No 
habiéndose concretado ni en los artículos 8.1.f y 11.5 de la Ley 9/2010 de Aguas de 
Andalucía ni en el Acuerdo ninguna obligación que permita imputar un incumplimiento.»
Igualmente, entiende que «el canon de mejora no altera la competencia ni determina 
título de imputación, debiéndose solventar cualquier controversia sobre el mismo en el 
procedimiento que corresponda, pero no en el del ámbito del Real Decreto 515/2013».
Lo expuesto por la Junta de Andalucía no viene sino a confirmar que, tras la declaración 
de la EDAR como obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma, esta asume, de 
conformidad con el artículo 8.1.f) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, la planificación, 
programación y ejecución de las mismas. En ejecución de dicha competencia, inició 
en  2013 las obras correspondientes, siendo responsabilidad de la Comunidad Autónoma 
la adecuada finalización de las mismas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las 
aguas residuales.
Cabe recordar que el artículo 8.1.f) de la Ley 9/2010, de 30 de julio se inserta bajo la 
rúbrica de «Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía» y atribuye a la 
Administración de la Junta de Andalucía la planificación, programación y ejecución de las 
obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En similares 
términos se expresa el artículo 11.5 de la Ley 9/2010, de 30 de julio.
C.2  Coín.
La Junta no comparte el argumento utilizado en el acuerdo de inicio, entendiendo que 
«se imputa responsabilidad a la Comunidad Autónoma en relación con el convenio de 
colaboración de 2006, que concreta lo establecido en la declaración de interés 
autonómico», por considerar nuevamente que la declaración implica que se acuda en 
auxilio de la Entidades Locales. Arguye que en ese Convenio se establecen obligaciones 
para ambas partes y que al imputar la responsabilidad solo a la Junta se presupone un 
incumplimiento únicamente por parte de la Comunidad Autónoma. Además, como 
argumento a favor de ese auxilio al ente local, indica que en la cláusula quinta del Convenio 
se establece que las infraestructuras pasarán a ser de titularidad del Ente supramunicipal 
o de la Diputación.
Lo primero que hay que decir es que en el acuerdo de inicio se imputa la responsabilidad 
a la Junta en esta aglomeración urbana por la declaración de interés autonómico, y no por 
la existencia de un convenio y un supuesto incumplimiento.
Nada de lo expuesto por la Junta de Andalucía en su escrito altera la competencia 
asumida por esta con relación a la ejecución de las obras hidráulicas afectadas. Al 
contrario, en este caso, la Junta de Andalucía no solo confirma que dichas obras fueron 
declaradas de interés de la Comunidad Autónoma sino que asume haber puesto en 
marcha las actuaciones necesarias para la ejecución de dicha obra, así como la firma de 
un convenio en el año 2016 relativo a la construcción, financiación y puesta en  s
funcionamiento de la EDAR. oe.
Dicho convenio viene a concretar distintos aspectos relativos al ejercicio de la  w.
ccinoláfmruaspeueslttaeru nsccetiugaru adnsed  «alaE s DCeAñoRaml auN nqúiduclaeed oc sAo ruBrteaósjnopo oGmnudaae dd aae l hAlaon rcdciaetal:u dÁcaíl oaCr aso,on bPsreiezja elrrarísaa  ,o layb  rCcaoosní.n sE t(rnMu cáccolaióngncar )ed»teo,  ,al aslasí    2020-3938n https://ww
como el coste total de las mismas.
El que se establezca en la cláusula quinta que una vez ejecutada la infraestructura  Bc
esta pase a ser de titularidad de la Administración Local, no altera en modo alguno la
competencia asumida por la propia Comunidad Autónoma sobre la ejecución de la obra 
hidráulica. Como expresamente se dice en la mentada cláusula, una vez se produzca el 
acta de entrega la infraestructura «pasará a ser desde ese momento de titularidad del ente 
supramunicipal o de la Diputación y de ser de su responsabilidad el mantenimiento y 
explotación».
No cabe duda pues que, la Junta de Andalucía asumió la competencia y responsabilidad 
sobre la adecuada ejecución de las obras, debiendo identificarse como el sujeto 
incumplidor en este caso.
C.3  Estepona.
La Junta recuerda que en esta aglomeración el acuerdo de inicio recurre a la doble 
declaración de interés general y autonómico para imputar una responsabilidad concurrente 
entre la AGE y la CA, así como al Convenio suscrito en 2006 entre ambas Administraciones, 
que se limitaba a ejecutar obras declaradas de interés general del Estado.
Considera que la declaración de interés autonómico no resulta título aplicable a esta 
aglomeración, por un lado, por ser de fecha de 2010 y, por otro y fundamentalmente, 
porque su ámbito se refiere únicamente a los colectores y no a la EDAR, siendo esta la 
que resulta afectada por el procedimiento sustanciado ante el TJUE en el asunto C 205/17.
Completa su argumentación haciendo referencia al propio informe del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de 12 de marzo de 2019, que solicita se incorpore al presente 
procedimiento, en el que se hace constar que esta aglomeración se incluye dentro del 
ámbito del MITECO.
Frente a esta alegación cabe decir que, efectivamente, la declaración de interés 
autonómico relativa a esta aglomeración tiene como rúbrica «ampliación de colectores en 
los núcleos de Estepona». De la documentación obrante en la demanda que dio lugar a la 
Sentencia de 25 de julio de 2018 en el asunto C-205/17 se desprende que, la infraestructura 
que en su momento motivó la inclusión de esta aglomeración en el procedimiento citado y 
la que finalmente permitió acreditar la plena ejecución de la Sentencia de 14 de abril 
de 2011, es la EDAR.
Es la declaración de interés general la que ampara la construcción de la EDAR, por lo 
que, como alega la Junta, la declaración de interés autonómico no resulta título de 
imputación de responsabilidad en el presente caso. De tal forma que en Estepona la única 
declaración de interés que puede invocarse es la del Estado, y por tanto la que determina 
el título de imputación de responsabilidad a este.
El Convenio de colaboración suscrito en 2006 para la ejecución de obras declaradas 
de interés general, en la medida que no se ha acreditado que la Junta de Andalucía haya 
incumplido el mismo, no es un elemento que module la responsabilidad, de acuerdo con el 
criterio expresado por la Abogacía General del Estado en su informe de 27 de junio de 2019.
Por tanto, procede admitir la alegación de la Junta de Andalucía respecto de la 
aglomeración de Estepona y se debe considerar responsable a la Administración General 
del Estado, por la existencia de la declaración de interés general.
C 4  Isla Cristina.
La Junta considera que respecto de esta aglomeración y en concreto, en relación con 
el colector, no existe ni declaración ICA ni convenios que sirvan de títulos de imputación de 
responsabilidad y que simplemente se imputa la responsabilidad porque de facto se 
asumió la financiación y la ejecución de la actuación del Colector. La financiación de esta  s
infraestructura no es una cuestión a dirimir en este procedimiento, cuyo objeto es  oe.
determinar quién era el obligado al cumplimiento de las directivas, considerando que la  w.
ccoommEpone l otee snptcueie aas petoan r dltaae d mmoa,a tpnerirfoiiaec seetdsoe  le ornec aiteel.l raanr ttearniotor  alop aarrgtaudmoe Bn traedlaot itvaon taol  etíntu elol  adceu iemrdpou tdaec iiónnic dioe,   2020-3938n https://ww
la responsabilidad.
D.  Consideraciones varias.
La Junta de Andalucía, a lo largo de su exposición, va reiterando determinadas 
argumentaciones que ya han sido puestas de manifiesto y analizadas en puntos anteriores, 
pero además añade algunas otras reflexiones:
1.  De pretenderse una responsabilidad concurrente de las previstas en el artículo 5 
del Real Decreto 515/2013, resultaría bastante complicado aplicarlo por analogía, porque 
tampoco se trata del supuesto de hecho que contempla la responsabilidad concurrente con 
la Administración Local.
No se entiende bien a qué se refiere la Junta. Cabe señalar que en todos los casos en 
los que se identifica a la Comunidad Autónoma de Andalucía como sujeto incumplidor 
(aglomeraciones urbanas de Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Tarifa), el acuerdo de 
inicio expresamente descarta la aplicación de una responsabilidad concurrente de la 
recogida en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013, solo en el caso de Estepona se 
establecía una responsabilidad concurrente, pero con la Administración Estatal no con la 
local, razón por la que el argumento esgrimido por la Junta de Andalucía carece de 
fundamento.
En cualquier caso, debe decirse que el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, contempla 
la posibilidad de que la responsabilidad concurrente lo sea entre cualquier sujeto de los 
contemplados en el artículo 2 del mismo (artículo 5.1.).
2.  Acerca de las limitaciones temporales a las que estaría sujeta una pretendida 
responsabilidad imputable a la Junta, añade una nueva argumentación que literalmente 
dice:
«Una vez declarada la actuación de interés de la Comunidad Autónoma en 2010 ha de 
tenerse en cuenta que la propia Abogacía del Estado señala en la contestación a la 
demanda en el asunto C- 205/17 (apartado 53 y siguientes) que la construcción de 
colectores y sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales requieren de la 
implantación y desarrollo de infraestructuras de gran envergadura que necesariamente 
precisan de años para su adecuada planificación y ejecución, indicando la duración media 
del procedimiento de planificación y ejecución en condiciones óptimas de 96 meses (8 
años), o bien el plazo de «6 años», que señaló la propia Comisión Europea en el punto 8 
del escrito de réplica como suficiente para cumplir la Sentencia de 14 de abril de 2011, 
razón por la que la pretendida responsabilidad de la Administración autonómica en 
concurrencia con la local no puede exigirse hasta que desde luego no hubiera una 
concreción y programación que hicieran ejecutable la declaración pero además hasta que 
transcurriera el plazo de los 8 años que se considera suficiente para la ejecución de las 
obras por la Administración obligada.»
Este párrafo no obedece más que a una argumentación utilizada por la Abogacía del 
Estado en el procedimiento sustanciado ante el TJUE en el asunto C-205/17 como 
justificación del retraso en el cumplimiento de la normativa europea atendida la naturaleza 
de la infracción declarada, justificación que no es aceptada ni por la Comisión ni por el 
TJUE.
La Comisión en el apartado octavo del escrito de réplica del procedimiento 
anteriormente aludido, tras hacer una cronología de los hechos desde la adopción de la 
Directiva de 1991 hasta la interposición del recurso en 2017, seis años después de la 
Sentencia de 14 de abril de 2011, concluye que resulta evidente que el Reino de España  s
ha tenido tiempo más que suficiente para conformarse a las obligaciones cuyo  oe.
incumplimiento declaró el TJUE en 2011. w.
TejreibcuLunataa Crl  oudmnea iJs usióesntni cteeiann  cteaila ma, pbaai éprntea shdaaor   cndooenv qseuindeoe  erdasedtla oe  esqjcuerecitu ouc ndió epn lr aérezpoqli ucdeaer  sí2ae1 ñd mael aeo speeexsrpa recerisaoa nsmeusfei cncitoeemn qtpeul eep jaa«rsea,l    2020-3938n https://ww
(Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2012, Comisión/Irlanda, asunto
C-374/11, ECLI:EU:C:2012:827), y ha considerado excesivo un incumplimiento que  Bc
perduró durante 9 años, (Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 2013, 
Comisión/Bélgica, asunto C-533/11, ECLI:EU:C:2013:659)».
El propio TJUE en la Sentencia de 25 de julio de 2018, en su apartado 61 prescribe 
que «en efecto, aunque el artículo 260 TFUE, apartado 1, no precisa el plazo en el que 
debe producirse la ejecución de una sentencia, el interés en una aplicación inmediata y 
uniforme del Derecho de la Unión exige, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, que esa ejecución se inicie inmediatamente y concluya en el plazo más breve 
posible (Sentencia de 31 de mayo de 2018, Comisión/Italia, C-251/17, no publicada, 
EU:C:2018:358, apartado 79)».
Expone el TJUE que la justificación que el Reino de España invoca a este respecto, 
concretamente que el retraso en la ejecución de la sentencia obedecía a dificultades 
jurídicas y económicas internas, no puede tenerse en cuenta, dado que, conforme a 
reiterada jurisprudencia del TJUE, un Estado miembro no puede alegar dificultades de 
orden interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho 
de la Unión Europea (Sentencia de 31 de mayo de 2018, Comisión/Italia, C-251/17,no 
publicada, EU:C:2018:358, apartado 80) (Sentencia del TJUE de 25 de julio de 2018, 
apartado 62).
3.  Por último, argumenta la Junta que no procede reclamar los intereses a que se 
refiere el artículo 9 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el tiempo transcurrido al 
haberse declarado la caducidad del procedimiento por un retraso imputable a la 
Administración General del Estado en la determinación y repercusión de la deuda, que no 
tiene que soportar la Junta de Andalucía.
En este sentido, para responder a la Junta de Andalucía debe tenerse en cuenta que 
la Administración causante del incumplimiento es aquella que se considere como 
responsable en el procedimiento que ahora se sustancia, y por tanto la que debe asumir el 
pago de la deuda. El Estado simplemente adelanta ese pago, porque es el responsable 
internacionalmente, y después repite lo pagado a los responsables.
Los intereses compensatorios son consecuencia de la carga financiera para el Estado 
de ese pago en nombre y por cuenta de otros, no es una sanción sino una deuda adicional 
a la principal.
Además, como se establece en el apartado undécimo del acuerdo de inicio, los 
presuntos responsables pueden efectuar al pago voluntario anticipado de la deuda en 
cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución que ponga fin 
a dicho procedimiento, en los términos establecidos en el artículo 15 del Real 
Decreto  515/2013, de 5 de julio. En este caso, no se repercutiría el interés compensatorio 
de los costes financieros al que se alude en el artículo 9.1 de dicha norma.
Hasta aquí todo lo relacionado con las alegaciones al acuerdo de inicio por parte de la 
Junta de Andalucía.
Tras la puesta de manifiesto del expediente realizada por la Secretaria General de 
Coordinación Territorial mediante oficio de 28 de enero de 2020 y con fecha de 12 de febrero 
de 2020 se reciben nuevas alegaciones por parte de los Letrados de la Junta de Andalucía.
En estas nuevas alegaciones, la Junta de Andalucía se remite íntegramente a lo ya 
manifestado en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio presentado el 11 de 
noviembre de 2019, considerando que concurre causa de caducidad del plazo para incoar 
el presente procedimiento y, subsidiariamente, que la Comunidad Autónoma andaluza no 
es la titular de las competencias que determinan el incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea, ni se le puede imputar responsabilidad alguna.
Las cuestiones planteadas en este escrito de alegaciones ya han sido argumentadas en  es
párrafos anteriores, con ocasión de las que se presentaron respecto del acuerdo de inicio. o
alegA–a hcTiooarnraief abs: ireens,p eenc toe sdtoes e asgclroimtoe draec iaolneegsa cuirobnaensa sa: la puesta de manifiesto se incluyen  2020-3938n https://www.
Argumenta que el acuerdo de inicio imputa la responsabilidad a la Junta sobre la base
de la declaración de interés autonómico y de un Convenio de 2013, considerando que se
atribuyen efectos retroactivos a la declaración de interés autonómico y que el Convenio 
solo demuestra que la Comunidad Autónoma acudió en auxilio de los Entes Locales.
A tales efectos, cabe reiterar lo ya argumentado acerca de estas consideraciones en 
párrafos precedentes.
–  Matalascañas:
Respecto de esta aglomeración la Junta alude al informe de MITECO de 22 de 
noviembre de 2019, que se remite a un informe de la Abogacía del Estado de 25 de enero 
de 2019, que viene a sostener que Matalascañas no entraba en las obras declaradas de 
interés general de modo que corresponden a la declaración de interés autonómico. 
(Informe al que se aludirá posteriormente en el apartado de alegaciones de MITECO).
La Junta discrepa de estas alegaciones, ya que concluye afirmando (el informe de la 
Abogacía del Estado) que el título para determinar la responsabilidad es el competencial, e 
identifica la competencia con la declaración de interés autonómico, lo cual resulta contrario 
a derecho, según ha argumentado la Junta, a lo largo de sus escritos de alegaciones.
También entiende la Junta que el informe de la Abogacía del Estado al que alude 
MITECO se refiere precisamente a las dudas que planteaba acerca de si la actuación 
estaba incluida o no en la declaración estatal y realizaba una interpretación forzada de la 
literalidad de los términos, que sin embargo resulta contradicha por la propia actuación del 
Ministerio. Por otro lado, ese informe se solicita y emite con posterioridad a la Sentencia 
de 25 de julio de 2018 del TJUE.
La Junta se refiere también al Protocolo de 19 de julio de 2017 firmado entre la Junta 
de Andalucía y la Administración del Estado, según el cual la actuación a ejecutar en 
Matalascañas para dar cumplimiento a la Directiva, está doblemente declarada de interés 
general del Estado y de interés de la Comunidad Autónoma, prevaleciendo la declaración 
de interés general del Estado; asimismo informa acerca de las actas de la Comisión de 
Seguimiento del Protocolo, constatando la asunción de las obligaciones por parte del 
Ministerio respecto de la ejecución de la EDAR en Matalascañas, (ejecución y financiación).
Por último hace mención a un borrador de convenio a suscribir en el futuro entre la 
Junta, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ayuntamiento 
de Almonte.
Estas alegaciones no hacen sino reforzar la teoría de la determinación de 
responsabilidad del Estado en el caso de Matalascañas, tal y como se recogía en el 
acuerdo de inicio.
II.2  Alegaciones de la Xunta de Galicia.
(Casos de Vigo y Ribeira).
La Comunidad Autónoma de Galicia formuló alegaciones al acuerdo de inicio en escrito 
de la Directora de Aguas de Galicia con fecha 13 de noviembre de 2019 centrándose en 
dos ámbitos:
A.  Extemporaneidad del inicio del procedimiento de repercusión respecto de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
En el punto 3 del escrito de alegaciones de la Xunta de Galicia se recogen dos 
argumentos diferenciados:
– Imposibilidad de declarar responsable a la Comunidad Autónoma de Galicia. es
La Xunta de Galicia expone que en el acuerdo de inicio de 4 de diciembre de 2018 «no  w.
figuraba como responsable ni directa ni subsidiariamente la Comunidad Autónoma de  38ww
GaliCcioan»s.ideran por tanto que el nuevo acuerdo de inicio de 10 de octubre de 2019
cporoncsetdituimyiee nuton  p«aervai deefenctteu afrr auundae s udeer tlee yd ea rle evimsipólne adersl ea ceule irndsot idtuet oin idcieo , lian ccluaydeuncdidoa adh odreal   BOE-A-cable e
como Administración responsable a la Comunidad Autónoma de Galicia, administración
que nunca podría haber sido declarada responsable de haberse concluido la tramitación 
del procedimiento anterior en el plazo que marca la norma al no figurar como sujeto 
responsable en el acuerdo de inicio.
El transcurso del plazo máximo para resolver obliga a la Administración a declarar la 
caducidad del procedimiento en garantía de los interesados en el mismo, sin perjuicio del 
derecho de la Administración que tramita el procedimiento a iniciar uno nuevo si la acción 
no está prescrita; pero ello no le autoriza a transfigurar dicho procedimiento incluyendo a 
nuevos sujetos responsables que debían estar ya determinados en el acuerdo de iniciación 
originario».
Respecto de este argumento, cabe recordar que el Real Decreto 515/2013, de 5 de 
julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, prevé que el 
procedimiento se estructure en tres fases: iniciación (donde se enmarcaría el acuerdo de 
inicio), instrucción y finalización, a los que dedica capítulos diferenciados: capítulo II 
Iniciación del procedimiento y medidas de carácter provisional, capítulo III Instrucción del 
procedimiento, y capítulo IV finalización del procedimiento.
Hay que añadir que el artículo 8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de los 
nuevos interesados en el procedimiento señala que «si durante la instrucción de un 
procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que 
sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del 
expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará 
a dichas personas la tramitación del procedimiento».
Esta comunicación, que se efectuó en el procedimiento ya caducado con la puesta de 
manifiesto del expediente a la Xunta de Galicia, le abrió a esta la posibilidad de formular 
alegaciones conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la posibilidad 
de aportar documentos u otros elementos de juicio y, en su caso, proponer prueba, 
conforme a lo previsto en el artículo 77 de la misma ley. El procedimiento de determinación 
y derivación de responsabilidad es único, y es en su seno y por un informe emitido en él 
que han aparecido los nuevos responsables.
En el expediente actualmente caducado, la Xunta de Galicia acusó recibo de la puesta 
de manifiesto con fecha 7 de octubre de 2019, en la que adquiría la condición de interesado 
y posible responsable. Sorprende, no obstante, que en el plazo que con esa fecha se abrió 
para presentación de pruebas y alegaciones, no realizara alegación ni planteara pregunta 
alguna, máxime cuando en la citada puesta de manifiesto se encontraban los dos informes 
que traían la implicación de la Xunta de Galicia: el informe de la abogacía del Estado de 
MITECO de fecha 29 de marzo de 2019 que rebatía la posibilidad de que la Administración 
General del Estado fuera responsable, y el informe de la Abogacía General del Estado de 
fecha 27 de junio de 2019 que determinaba que para trasladar la responsabilidad a la 
Administración que ejecutara las obras de la EDAR (en este caso la Administración 
General del Estado) por un convenio, se debía demostrar incumplimiento.
Además, no olvidemos que a la Xunta de Galicia como Administración Pública se le 
presupone un mayor conocimiento y competencia, y de ahí que sea más inusual en este 
caso que no hubieran respondido a su inclusión en la puesta de manifiesto de ninguna de 
las formas. En este sentido debe señalarse que, además, eran conocedores del acuerdo 
de inicio ya que se les remitió, no en condición de interesado, pero sí como entes a los que 
se les solicitó información en fase de diligencias previas cuando se recabó información de 
más de 30 administraciones, antes de dictar el acuerdo de inicio, tal y como se expuso 
anteriormente en el presente acuerdo. es
Respecto a la alegación de la Xunta de Galicia de que «El transcurso del plazo máximo  o
pgtadraueaartbrmoaaírani tirzatneía a see  aodls  lepttvar realoror ncs yseo aifdnbi gitldmieugerriaetaee srnar atdm odilc aionah sa Ao idne dpoinmcrs ioeai ncler ei mnsudt inrsiemaoml c inaeoióucn, nuetso eivna ori n dp dcsoeeli u rcdljyauleae ica rniiacnodrci o cdiló iaeaan l c  ncdniauóeodenr evu eococshrsitdiáo gsa  ipudndrjea eed rtlsiaoeoc sl»Ar  ip,rtd earmqos; upcipneeoeidsdnraotsirm  aaecbcilellailoóenr nstono  ,qqo  euud lneeee      OE-A-2020-3938able en https://www.
acuerdo con lo expuesto, que el acuerdo de inicio no debe en ningún caso considerarse
inamovible ni definitivo en la determinación de los posibles responsables, ya que no es su 
función resolver sino que no se trata más que de la fase de iniciación del procedimiento, 
que deberá posteriormente ser instruido y resuelto en base a las averiguaciones de esta 
fase de instrucción, pudiendo ser por tanto diferente el resultado de la determinación de la 
responsabilidad, como es lógico, en el acuerdo de inicio y en la resolución del expediente.
Por tanto, la Secretaría General de Coordinación Territorial no solo no ha incurrido en 
un fraude de ley, sino que precisamente, al no poderse abrir una nueva fase de alegaciones 
a la propuesta de resolución por falta de tiempo, tuvo que realizar lo que procede en un 
procedimiento garantista como es este: declarar la caducidad del procedimiento por 
transcurso del plazo y, acto seguido, iniciar un nuevo procedimiento respetando en todo 
momento las necesarias fases de alegaciones para los interesados.
– Extemporaneidad del inicio para la Comunidad Autónoma de Galicia.
Acerca de la fecha de iniciación del procedimiento alega la Xunta de Galicia que «se 
está incumpliendo de manera flagrante el artículo 8 del Real Decreto 515/2013, citado, que 
exige que el acuerdo se adopte en el plazo de 2 meses incluyendo a los sujetos infractores 
y se comunique al órgano competente en materia de hacienda de la presunta administración 
responsable. En el presente caso, considerando la modificación sustancial que opera el 
nuevo acuerdo de inicio, incluyendo por primera vez como sujeto responsable a la 
Comunidad Autónoma de Galicia, es obvio que dicho acuerdo es manifiestamente 
extemporáneo, al adoptarse transcurrido un año y varios meses después de que la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fuese ejecutiva».
Respecto de la inclusión de la Comunidad Autónoma de Galicia como sujeto 
responsable, su pertinencia ya ha quedado largamente expuesta en el apartado anterior.
En relación a los plazos de tramitación, el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el 
que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea establece en su 
artículo 8 que «Para adoptar el mencionado acuerdo, el órgano competente dispondrá del 
plazo de dos meses, a contar desde que reciba la notificación de la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea u otro órgano competente de que es ejecutiva la sentencia, acto o 
decisión de las instituciones europeas por la que se impone una sanción al Reino de 
España».
El artículo 18 de la misma norma establece por su parte que la prescripción del derecho 
de repercutir se producirá a los cuatro años desde la satisfacción de la sanción por el 
Estado.
El procedimiento de repercusión se inició el 4 de diciembre de 2018. Se declaró la 
caducidad de este procedimiento por transcurso del plazo legal para su resolución. De 
acuerdo con el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, «La caducidad no producirá 
por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los 
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción». La legalidad vigente 
permite que, iniciado un procedimiento en el plazo previsto en su normativa específica y 
declarada su caducidad, pueda iniciarse de nuevo en tanto en cuanto no transcurra el 
plazo de prescripción. Cualquier otra interpretación dejaría sin efecto de facto el derecho 
de acción que legalmente corresponde en este caso al Estado mientras este no prescriba, 
tal y como se recoge en el artículo 18 del Real Decreto 515/2013; de lo contrario este 
artículo carecería de sentido.
Finalmente, no se entiende bien a qué se refiere la Xunta de Galicia al hablar de que «el 
subterfugio del informe de la Abogacía General del Estado de 27 de junio de 2019 que se  e.e
emplea para efectuar esa revisión ilegal del acuerdo de inicio, resulta impostado». Se duda si  w.b
se pretende hacer referencia a que es improcedente la solicitud de un informe a la Abogacía  38ww
GenEenra el dsteel  Esesntatdidoo, ,o s ea  sqeuñea elal c qriuteer iloa  dAeb olag Aacbíoag Gaceían eGraeln deeral lE dsetal Edos-ta Ddiore ecsc ieórnró Gneeon.eral del
Scoemrvoic isoe  Jsuerñídaiclao ,e ens e el la crteícnutrloo  s3u dpee riloar  Lceoyn s5u2l/t1iv9o9 7d,e  dlea  A27d mdien instorvaiceimónb rdee, l dEes Atasdisot,e tnacl iay 
Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Durante la instrucción del anterior procedimiento, dada la disparidad de criterios 
dimanante de los informes y alegaciones presentadas, se consideró que lo más correcto y 
garantista era solicitar criterio a este órgano. La incorporación de este informe dota de 
mayor seguridad jurídica al criterio empleado en la futura resolución del expediente, y 
también en los que se puedan sustanciar en un futuro. No debemos olvidar que el 
procedimiento recogido en el Real Decreto 515/2013 es un procedimiento relativamente 
nuevo en su aplicación, ya que son cuatro las sanciones que, hasta la fecha, se han 
producido para el Reino de España.
Así, en ningún caso la existencia del informe produce indefensión de las partes dado 
que fue remitido a la Xunta de Galicia y al resto de interesados en la puesta de manifiesto 
del anterior procedimiento, y ha sido incorporado al nuevo tal y como se ha trasladado a 
los interesados.
Por tanto, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene desde hace largo tiempo, y ya 
desde el anterior procedimiento sustanciado, a su disposición todos los elementos de juicio 
y un nuevo plazo para producir alegaciones y pruebas.
Por otra parte, si lo que pretende afirmar la Xunta de Galicia es que resulta «impostada» 
la utilización que hace la Secretaría General de Coordinación Territorial del informe de la 
Abogacía General «empleando ese subterfugio» para efectuar una revisión ilegal del 
primer acuerdo de inicio e imputar una responsabilidad a la Xunta de Galicia, procede decir 
que esta Secretaría General considera improcedente esta interpretación.
El párrafo que de la conclusión de ese informe es transcrito por la Xunta en su escrito 
de alegaciones no incluye las líneas esenciales del mismo. La Xunta solo extracta lo 
siguiente:
«Para la determinación de la responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea a que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, 
deberán tenerse en cuenta junto con la regla de competencia establecida por el 
ordenamiento jurídico español, otros hechos y fundamentos jurídicos como son los 
convenios de cooperación o colaboración concertados por la Administración titular de la 
competencia con otra Administración Pública, por virtud de la cual esta última se hubiese 
obligado a contribuir a la financiación o ejecución de la actividad de que se trate». Entiende 
la Xunta que este criterio ya se tuvo en cuenta en el acuerdo de inicio originario de 4 de 
diciembre de 2018 en el que se concluyó que el sujeto responsable era la Administración 
General del Estado.
No obstante, la Abogacía General del Estado en su informe de 27 de junio de 2019, 
por tanto emitido en fecha posterior al acuerdo de inicio de 4 de diciembre de 2018, 
concluye incorporando una idea sustancial relativa al incumplimiento del convenio, que la 
Xunta no ha tomado en consideración, y que se transcribe a continuación de manera 
literal:
«En definitiva, y a modo de recapitulación de lo dicho, la amplitud de las reglas 
sustantivas o materiales de determinación de la responsabilidad (artículos 4 y 5, apartado 1, 
párrafo segundo) que, insistiendo en lo dicho, permiten tomar en consideración, junto al 
criterio de la competencia según el ordenamiento jurídico español, otros criterios, y la 
amplitud de las reglas formales (estructuración del procedimiento) justifican fundadamente 
que, junto con el criterio de la competencia ratione materiae, que indudablemente es 
nuclear, se tomen en consideración otros, como es el caso de que la Administración titular 
de la competencia haya concertado con otra Administración un convenio de cooperación o 
colaboración cuyo incumplimiento imputable a esta última dé lugar a la infracción del  e.e
Derecho de la Unión Europea, para determinar así la responsabilidad ad intra y efectuar la  w.b
oportuna repercusión». 38ww
CimopouArtd alianr  allauc ziró ednse pT oeensrstreiat obinriilfaiodlra mhda ea  uld Eteil silztaaa Addoob o elgana  ilcnoítsae  drGpoersen tceaarcsaioól sdn e dqle uE eGs tadalediclo ia,m .lais mSeoc sreet aerxíatr aGee npearraal  dneo   OE-A-2020-39able en https://
Precisamente, al no haberse acreditado el incumplimiento por parte del Estado de los 
convenios suscritos, estos no pueden ser utilizados para modular la responsabilidad y por 
tanto solo puede ser invocado como título de imputación la declaración de interés 
autonómico, razón por la que se imputa la responsabilidad a la Xunta de Galicia.
En definitiva, no hay subterfugio alguno sino que resulta apropiada y necesaria la toma 
en consideración de lo emanado en ese informe solicitado por la Secretaría General de 
Coordinación Territorial. Es lo señalado en ese informe lo que hace que se haya producido 
un cambio en el sujeto responsable en los dos casos de Galicia: antes la AGE y ahora la 
Xunta; informe de la Abogacía General del Estado del que, como ha quedado constatado 
en las argumentaciones expuestas con anterioridad, la propia Xunta tuvo conocimiento 
con la comunicación que se efectuó en el procedimiento ya caducado con la puesta de 
manifiesto del expediente, habiendo efectuado su acuse de recibo y frente al que no 
formuló alegación alguna en dicho momento.
B.  Título de imputación de responsabilidad.
En el apartado 4 de su escrito de alegaciones la Comunidad Autónoma de Galicia 
alega que «La declaración de una obra como de interés de la Comunidad Autónoma debe 
ser considerada un instrumento jurídico análogo a un convenio de colaboración. De la 
misma forma que un convenio de colaboración por sí solo no determina la alteración de 
competencias, tampoco una declaración de interés autonómico puede determinar esa 
alteración de competencias. La declaración de una actuación como de interés autonómico 
no serviría sin más como título para atribuir la responsabilidad».
«Si hay que estar al título competencial, la responsabilidad es de las entidades locales, 
no de la Comunidad Autónoma de Galicia».
La Abogacía del Estado del MITECO, que emite informe en este expediente como 
Abogacía del Estado del Ministerio competente por razón de la materia, respalda el estudio 
competencial realizado por la Secretaría General de Coordinación Territorial en el Acuerdo 
de 4 de diciembre de 2018 y que se ha reproducido en el Acuerdo de 10 de octubre de 2019.
Concretamente dice:
«El estudio de los mecanismos normativos de distribución de competencias y 
consecuentemente responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de estas competencias que hace el acuerdo de inicio del procedimiento es acertado, 
delimitando las normas de atribución de competencias en materia de aguas de las 
Administraciones públicas, la Constitución, la ley y el reglamento. Asimismo, recuerda el 
acuerdo que la declaración de obra de interés general o de interés de la Comunidad 
Autónoma constituye el mecanismo jurídico que permite modificar la competencia y en 
consecuencia la responsabilidad sobre la ejecución de una obra hidráulica –artículos 46 y 
124.2 del TRLA para las obras hidráulicas de interés general-. No obstante, el acuerdo de 
inicio del procedimiento no se limita al análisis de la competencia de las Administraciones 
públicas determinada por una norma jurídica, siendo este análisis de la responsabilidad 
que nace de otros mecanismos jurídicos merecedor de una consideración en este 
informe».
También en este sentido se interpreta la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de 
Galicia que recoge en su artículo 11, apartado 3, referido a las competencias de Aguas de 
Galicia, que a la Comunidad Autónoma le corresponde:
«En el ámbito de las obras hidráulicas: e.
a)  La planificación, programación, proyecto, construcción y explotación de obras  38ww
hXiudnrátau.licas declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Galicia por el Consello da
de inbt)e réLsa g pernoemroacl idóen  easnttee. la Administración general del Estado de la declaración de obras
c)  La redacción de proyectos, construcción y explotación de obras de interés general 
del Estado en las condiciones que fijen los correspondientes convenios que habrán de 
subscribirse entre Aguas de Galicia y el órgano competente de la Administración general 
del Estado.
d)  La participación en la construcción y explotación de las obras hidráulicas de 
competencia de las entidades locales gallegas en la forma regulada por la presente ley.
A diferencia de lo que parece señalar la Comunidad Autónoma de Galicia en sus 
alegaciones, si acudimos a su normativa, en este artículo se diferencian claramente 
aquellas obras hidráulicas declaradas de interés de la Comunidad Autónoma (como son 
las Vigo y Ribeira), en las que le corresponde a Galicia la planificación, programación, 
proyecto, construcción y explotación, y que se encuentran contenidas en el apartado a); de 
las obras hidráulicas competencia de las entidades locales gallegas del apartado d), que 
por exclusión serán aquellas que no hayan sido declaradas de interés general del Estado 
o de la Comunidad Autónoma.
Queda probado, por tanto, que ateniéndose a la distribución estricta de competencias, 
la declaración de interés general del Estado o de la Comunidad Autónoma es criterio 
suficiente para la atribución de responsabilidad a la Administración incumplidora.
Con fecha 11 de febrero de 2020 se reciben las alegaciones de la Directora de Aguas 
de Galicia a la puesta de manifiesto del expediente realizada por la Secretaría General de 
Coordinación Territorial mediante oficio de fecha 28 de enero de 2020.
En las citadas alegaciones se hace referencia a que no consta un informe de la 
Dirección de Aguas de Galicia de fecha 8 de noviembre de 2018 en la documentación 
puesta de manifiesto en el presente expediente.
Como se ha señalado anteriormente, efectivamente tuvo lugar una fase de diligencias 
previas al acuerdo de inicio para recabar información de todas las Administraciones. 
Dichos documentos no forman parte del procedimiento como tal sino que sirven para dotar 
de información al órgano antes de iniciar el procedimiento. En cualquier caso, dicho 
informe fue tenido en cuenta y analizado en su información para el inicio del expediente 
teniéndose en cuenta lo allí expuesto en la redacción del acuerdo de inicio.
Hasta aquí todo lo relacionado con las alegaciones al acuerdo de Inicio por parte de la 
Xunta de Galicia.
Tras la puesta de manifiesto del expediente realizada por la Secretaría General de 
Coordinación Territorial mediante oficio de 28 de enero de 2020 y con fecha de 11 de 
febrero de 2020 se reciben nuevas alegaciones por parte de la Dirección General de 
Aguas de Galicia.
La Dirección General de Aguas de Galicia en sus alegaciones de 11 de febrero de 
2020 solicita que los hechos planteados en el informe de 8 de noviembre de 2018 se 
tengan en cuenta para la propuesta de resolución, algo que ya hizo este órgano instructor 
en el momento de emanar el acuerdo de inicio.
En este sentido la Dirección General de Aguas desarrolla una serie de hechos respecto 
a la aglomeración de Vigo y respecto a la aglomeración de Ribeira (Aguiño-Carreira- 
Ribeira) en los que se exponen las actuaciones por parte de todos los actores implicados. 
Estos hechos se encuentran de forma general ya descritos en el acuerdo de inicio y en 
esta Resolución del presente expediente, y se han tenido en cuenta para su Resolución.
Tras la descripción de los hechos, la Dirección General de Aguas de la Xunta de 
Galicia en sus alegaciones de 11 de febrero de 2020 señala que:
Así, la situación en el año 2018, momento en el que el Tribunal de Justicia de la Unión  e.e
Europea valora los hechos, para determinar las multas que debe imponer al Reino de  w.b
España, las aglomeraciones de Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo y Santiago de Compostela  38ww
yreas pcounmspalbíailnid alads a elgxuignean ac ilaas C doem luan iddiaredc Atiuvató n9o1m/2a7 1d/eC GEEal,i cpiao.r lo que no cabe imputarle
A esto cabe decir que en ningún momento se discute en el acuerdo de inicio ni en la
presente Resolución si en el año 2018 tanto la aglomeración urbana de Vigo como la de
Ribeira (Aguiño-Carreira- Ribeira) cumplían los requisitos de la Directiva 91/271/CEE en 
2018. Así, se recoge expresamente tanto en los hechos de esta Resolución, como en el 
acuerdo de inicio del procedimiento, que la fecha de finalización de las obras de 
saneamiento de Vigo es el 11 de mayo de 2018 y el acta de finalización de los trabajos de 
Aguiño-Carreira-Ribeira data del 1 de marzo de 2016, de modo que efectivamente los 
trabajos se encontraban finalizados a la fecha de dictarse la Sentencia del TJUE de 25 de 
julio de 2018, en la que se impone la multa al Reino de España.
No obstante, si bien esta fecha de cumplimiento es relevante para la no aplicación de 
multa coercitiva a estas dos aglomeraciones, es irrelevante a los efectos del presente 
expediente para la repercusión de la suma a tanto alzado que impone el TJUE.
En este sentido, como se determinó en el acuerdo de inicio, para el TJUE la fecha de 
referencia para apreciar la existencia del incumplimiento es la del vencimiento del plazo 
señalado en el escrito de requerimiento de la Comisión, siendo incuestionable que, 
finalizado el plazo fijado en este escrito (a saber, el 31 de julio de 2013), no se había 
llevado a cabo de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 91/271 el tratamiento de las 
aguas residuales de las aglomeraciones de Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, 
Matalascañas, Tarifa, Peñíscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de 
Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada-Moraira 
(Rada Moraira), Vigo y Santiago de Compostela (apartados 19, 20 y 22 de la Sentencia del 
TJUE de 25 de julio de 2018).
La fecha de referencia por tanto para verificar el incumplimiento será el 31 de julio de 2013 y 
no el 25 de julio de 2018, y en 2013 ninguna de las aglomeraciones gallegas mencionadas 
cumplía con la normativa europea en materia de depuración y tratamiento de aguas residuales. 
No puede por tanto considerarse la argumentación de la Xunta de Galicia en este sentido.
En el punto tercero de su escrito de alegaciones de 11 de febrero de 2020, la Dirección 
General de Aguas de Galicia reitera su argumentación sobre la extemporaneidad del inicio 
del procedimiento de repercusión de responsabilidades, la cual ya ha sido contestada 
respecto a las alegaciones al acuerdo de inicio en párrafos anteriores.
También expresa que en ninguno de los informes remitidos en la puesta de manifiesto 
se da respuesta a las alegaciones presentadas por la Xunta de Galicia respecto de la 
extemporaneidad, fraude de ley del nuevo acuerdo de inicio y falta de responsabilidad, 
diciendo que: «...supone reconocer implícitamente o estimar dichas alegaciones en el 
sentido de que la responsabilidad es exclusiva del Estado español y nunca de la 
Comunidad Autónoma de Galicia».
Sobre esto debe señalarse que es en la propuesta de resolución cuando procede la 
contestación a dichas alegaciones, tal y como se refleja en esta exposición y conforme a 
la regulación prevista en los artículos 8 al 14 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Por último, la Dirección General de Aguas de Galicia también realiza una nueva 
alegación sobre el título de imputación de responsabilidad al hilo del informe de la Dirección 
General de Coordinación de Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias del MAEC 
de 12 de diciembre de 2019.
Concretamente viene a decir que la citada Dirección General del MAEC declara 
responsable a MITECO respecto de las depuradoras de Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo.
Sobre esto debe señalarse que la citada Dirección General elabora el informe citado según 
lo dispuesto en el artículo 12.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. Este es un informe 
descriptivo de los antecedentes del caso y de los hechos relacionados con la actuación de 
España en el marco del procedimiento de infracción, relacionándose las Administraciones que 
coordinan la citada respuesta de España ante las instituciones comunitarias, lo cual no presupone  es
que las Administraciones que suministran dicha información coincidan con las Administraciones  o
responsables a los efectos de este procedimiento. 38www.
I(IC.3a soA dleeg Macaiotanleass cdaeñl aMs)in.isterio para la Transición Ecológica.
Pese a que en el acuerdo de inicio se declaró la responsabilidad del MITECO en las
aglomeraciones urbanas de Barbate, Estepona [(San Pedro de Alcántara), (responsabilidad
concurrente con la Administración General del Estado, en adelante AGE, al 50%)], 
Matalascañas, Nerja, Noreste Valle Guerra y Santiago, el citado Ministerio en su escrito 
de 22 de noviembre solo realiza alegaciones al caso de Matalascañas.
Concretamente, el tenor literal de su escrito es:
«En cuanto a la Administración del Estado, se le repercute multas por incumplimiento 
en las aglomeraciones urbanas de Barbate, Estepona (San Pedro de Alcántara), 
Matalascañas, Nerja, Noreste Valle Guerra y Santiago de Compostela.
...
Analizado el contenido del referido Acuerdo, procede aportar las siguientes 
alegaciones:
1.  Aglomeración urbana de Matalascañas.»
Por tanto, la primera consideración a los efectos que nos ocupa es que se entiende 
que el MITECO está conforme con el resto de consideraciones y responsabilidades 
atribuidas al Estado en el resto del acuerdo de inicio.
Respecto a la alegación sobre Matalascañas el MITECO realiza dos análisis:
–  Por un lado señala que hay una declaración de interés general del Estado y una 
declaración de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Por otro, considera que el Protocolo General entre el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de 2017, al que apela la Secretaría General de Coordinación Territorial en su 
acuerdo de inicio cuando dice que «las partes manifiestan su voluntad de que prevalezca 
la declaración de obras de interés general del Estado», se trata de una mera declaración 
de intenciones que no de un compromiso y considera que el Protocolo no vincula 
jurídicamente y necesita de un desarrollo o convenio posterior. Asimismo, solicita que al 
menos se declara una responsabilidad concurrente y a partes iguales a ambas 
administraciones.
Así pues, el MITECO parece que está cuestionando la validez de su propia actuación.
Así, debe señalarse que en el caso de Matalascañas, la propia Dirección General del 
Agua en la fase de alegaciones previas, (por tanto anterior al procedimiento resuelto por 
caducidad y, por tanto, incorporable en sus indicaciones y argumentos al presente), 
informó de que existía una declaración de interés general del Estado que amparaba la 
actuación en Matalascañas: (Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional) de 
las obras incluidas en los Anexos II y III, entre las que se incluye la ampliación de la EDAR 
de Almonte-Rociana, así como el saneamiento y depuración del entorno de Doñana.
Asimismo el órgano instructor comprobó que existía una declaración de interés 
autonómico, declaración aprobada mediante Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del 
Consejo de Gobierno, por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las 
aguas de Andalucía (BOJA de 10 de noviembre de 2010). Concretamente, se declara de 
interés de dicha Comunidad Autónoma la «Ampliación y mejora de la EDAR de 
Matalascañas».
Por otra parte, el 19 de julio de 2017 se firmó un Protocolo General entre el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por el que se definen las líneas a 
seguir por ambas administraciones para el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre  e.
el tratamiento de las aguas residuales urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma  w.b
de Andalucía, cuyo objeto es llevar a cabo, de forma coordinada, la ejecución del conjunto  38ww
de oEbnra las  dcleá ussaunleaa 2m dieenl ctoit ayd doe ppruortaoccioólno  n«eecsequsaermiaas .de actuaciones», las partes manifiestan
slau  evjoelcuunctaiódn d dee s luassc aribctiru alocsi ocnoensv eqnuieo sg eoszpaenc tíafincotos  dqeu ela p duedcielararanc rieósnu dltaer  incotenrvéesn gieennteersa pl adreal 
Estado como de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se listan en el Anexo C (….),
entre las que se incluye el «Saneamiento del entorno Doñana: ampliación y mejora de la 
EDAR de Matalascañas (Huelva)». Respecto de estas obras, las partes manifiestan su 
voluntad de que prevalezca la declaración de obras de interés general del Estado.
Por todo lo anterior, se deduce que: la intensidad de la actuación del Estado en la 
construcción de la EDAR de Matalascañas viene a ser confirmada por el reconocimiento 
de la prevalencia de la declaración de interés general suscrita por ambas partes en 2017; 
prevalencia que ahora el MITECO cuestiona con el fin de eludir su responsabilidad.
El protocolo, aunque si bien es cierto que necesita de un desarrollo, no es menos 
cierto que establece inequívocamente la prevalencia de la declaración de interés general 
del Estado, y no hay un instrumento posterior que invalide esta posición.
Por otro lado, se debe dejar constancia de que España en su escrito de contestación 
a la demanda, emanado en el seno del procedimiento sustanciado ante el TJUE, hace 
precisamente referencia a este Protocolo como medio de prueba para manifestar la 
voluntad de acelerar los trabajos relativos a garantizar el cumplimiento que corresponde a 
la aglomeración de Matalascañas, (apartado 63).
En virtud de la teoría de los actos propios parece que no es razonable que el Estado 
una vez iniciado este procedimiento de derivación de responsabilidades de un paso atrás 
en lo que, hasta ahora, parecía claro en toda la documentación relacionada con esta 
aglomeración urbana.
De hecho, y ahora ya pasamos a la segunda alegación del MITECO, sorprende, en 
esta línea, que en fecha reciente (31 de octubre de 2018) la Dirección General del Agua 
solicitara informe a la Abogacía del Estado del Departamento con el fin de determinar si la 
declaración de interés general anteriormente señalada era válida y por tanto podía dar 
cobertura para la construcción de la EDAR de Matalascañas. Dicho informe de 25 de 
enero de 2019 es traído en sus alegaciones.
En él, la Abogacía del Estado señala que efectivamente el Estado no puede realizar 
una actuación en la depuradora de Matalascañas en virtud de la declaración de Interés 
general aquí debatida. Y concluye diciendo:
«Por último y respecto al título competencial del Estado para la ejecución de la estación 
depuradora de aguas residuales de Matalascañas que pudiera servir como título 
competencial del Estado para la ejecución de las actuaciones de ampliación de EDAR de 
Matalascañas no ha sido acreditado en la documentación remitida, desconociéndose el 
título por el que la Administración General del Estado parece haber realizado esta obra y 
la situación actual de la estación depuradora de aguas residuales.»
Respecto a esto último, es criterio de este órgano instructor que la sobrevenida 
consciencia de la invalidez de un título jurídico para actuar no exime al órgano responsable 
de dicha actuación de asumir las responsabilidades que le correspondan en base a la 
documentación aportada.
Por todo lo anterior, y como ya se señalaba en el acuerdo de inicio, se mantiene el 
hecho de que la intensidad de la actuación del Estado en la construcción de la EDAR de 
Matalascañas se declaró por el reconocimiento del MITECO de una actuación conforme a 
una declaración de interés general (aunque luego hayan querido defender que esta no 
daba cobertura a la actuación) y vino a ser confirmada por el reconocimiento de la 
prevalencia de la declaración de interés general suscrita por ambas partes en 2017, sin 
que haya un instrumento jurídico posterior que contradiga este compromiso.
Así pues, en el presente caso, al haber actuado el Estado con base en una declaración 
de interés general del Estado, reconocida y asumida por este (el que la haya cuestionado  e.e
después no interesa a los efectos de este procedimiento), y sin una existencia de  w.b
protocolos, ni convenios posteriores que así lo contradigan, la ejecución de las medidas  38ww
nAedcmeisnaisrtiraasc iópna rGa elnae raadl edceul aEdsat addeo pcuornafcoirómne d ae  loa gaunatesr iorermsidenutael eesx pcuoerrsetos,p soinnd qeu ea  slae 
aRperaelc Diee, cerne top r5in1c5ip/2io0,1 u3n, ad er e5s pdoen jusaliob.ilidad concurrente de la recogida en el artículo 5 del
II.4.  Alegaciones del Gobierno de Canarias.
El Gobierno de Canarias presenta alegaciones respecto de la aglomeración urbana de 
Valle de Güímar centrándose, fundamentalmente, en las siguientes consideraciones:
A.  La competencia para la ejecución de obras en materia de aguas residuales 
corresponde a municipios y cabildos, a través de los consejos insulares de aguas.
El Gobierno de Canarias expone la normativa aplicable a la materia, y concluye 
considerando:
«...que en el ámbito de su Comunidad Autónoma, salvo que la obra haya sido 
declarada de interés de alguna Administración, la competencia para ejecutar las obras en 
materia de tratamiento de aguas residuales recae tanto en los municipios que tienen 
competencia para prestar el servicio, y así venía determinado en el Plan Hidrológico de 
Tenerife, como en los Cabildos, a través de los Consejos Insulares del Agua, que prestan 
asistencia a estos, y en realidad son quienes tienen en todo caso la responsabilidad final 
en el cumplimiento de los objetivos en el servicio de depuración de aguas residuales, 
(artículo 8 de la Ley de Aguas de Canarias, entre otros).
Se debe atender a este criterio de competencia para distribuir las responsabilidades, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la LOEPSF, así como en los artículos 4 y 5 
del RD 515/2013 y de conformidad con el informe de la Abogacía del Estado en el 
Ministerio para la Transición Ecológica, de 29 de marzo de 2019.
En su caso, podría existir, en la aglomeración de Valle de Güímar, una responsabilidad 
concurrente entre el Consejo Insular de Aguas de Tenerife y los Ayuntamientos de Arafo, 
Candelaria y Güímar.»
Frente a estas afirmaciones, procede remitirnos al análisis competencial que se 
efectúa en el acuerdo de inicio y que la Abogacía del Estado del MITECO, que emite 
informe en este expediente como Abogacía del Estado del Ministerio competente por razón 
de la materia, respalda señalando idóneo el estudio realizado por la Secretaría General de 
Coordinación Territorial en el acuerdo de 4 de diciembre de 2018 y que se ha reproducido 
en el acuerdo de 10 de octubre de 2019.
Concretamente dice:
«El estudio de los mecanismos normativos de distribución de competencias y 
consecuentemente responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de estas competencias que hace el acuerdo de inicio del procedimiento es acertado, 
delimitando las normas de atribución de competencias en materia de aguas de las 
Administraciones públicas, la Constitución, la ley y el reglamento. Asimismo, recuerda el 
acuerdo que la declaración de obra de interés general o de interés de la Comunidad 
Autónoma constituye el mecanismo jurídico que permite modificar la competencia y en 
consecuencia la responsabilidad sobre la ejecución de una obra hidráulica –artículos 46 y 
124.2 del TRLA para las obras hidráulicas de interés general–.»
No se discute por tanto que pueda haber competencia de los Cabildos o Ayuntamientos 
en materia de obras hidráulicas sino que, en este caso, la imputación que se realiza en el 
acuerdo de inicio a la Comunidad de Canarias viene dada por entender que la actuación 
sobre Valle de Güímar era de interés regional y por tanto de competencia autonómica.
B.  Sobre la declaración de interés regional de la actuación en Valle de Güímar. es
El Gobierno de Canarias considera improcedente la imputación de responsabilidad  w.
que el acuerdo de inicio hace sobre esta Administración por entender que en ningún caso  38ww
las oEbnrtaiesn ldleev aqduaes « an oc apbuoe deen  jVuastlliefic daers Ge üeísmaa dr efucelarroanc idóenc elanr aladsa sa ldeeg atacilo innteesr éasp.ortadas por
edel  CCoonlasbeojor aIcnisóunl,a cr odne f eAcghuaa s2 4d dee T jeunlieor difee ,2 q0u0e2 ,i nefnotrrme óla  aCcoemrcuan didea dla A fuirtmónao dmea u dne C Coannvaerniaios   BOE-A-cable e
y el Cabildo Insular de Tenerife para la ejecución del Plan de Saneamiento, Depuración y
Reutilización. Este Convenio tenía por objeto definir los términos y condiciones de la 
concesión de una aportación dineraria al Cabildo Insular de Tenerife para la financiación 
de las inversiones relacionada en el anexo I».
Añade el Gobierno de Canarias que «esa declaración de interés regional debe llevarse 
a cabo a través del Plan Hidrológico de Canarias, que hasta la fecha no se ha aprobado, 
y mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno».
Por el contrario, considera que «la obra es de interés insular, por no estar declarada ni 
de interés estatal ni regional.»
En este sentido, debe recordarse que la consideración del carácter regional de la 
actuación llevada a cabo en Valle de Güímar recogida en el acuerdo de inicio se determina 
no por las alegaciones puestas de manifiesto por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
(en adelante, CIATF), sino por la interpretación conjunta del informe emitido por el propio 
Gobierno de Canarias en la fase de diligencias previas, así como de la documentación que 
obra en poder de esta Secretaría General.
Como se determinó en el acuerdo de inicio de 10 de octubre de 2019, la información 
aquí relatada se remitió por las Administraciones afectadas a petición de esta Secretaría 
General en un momento anterior al inicio del procedimiento resuelto por caducidad, por lo 
que se han utilizado al formar parte de unas diligencias anteriores al inicio de aquel.
En esa fase de diligencias previas se solicitó al Gobierno de Canarias información 
expresa sobre posibles declaraciones de interés autonómico en las aglomeraciones 
urbanas de Canarias en dos ocasiones. Respecto a la primera solicitud no se obtuvo 
respuesta, y en la segunda, se informó mediante escrito de 21 de noviembre de 2018 del 
Director General de Aguas, que respecto de Canarias existía un Plan de Saneamiento, 
Depuración y Reutilización 2001-2006 (en adelante, PSDR), en el marco del cual se 
planteaban unas líneas de acción a desarrollar mediante actuaciones de interés regional y 
de interés insular. Señalando que se concertaban entre la Administración Regional y los 
Cabildos Insulares, que se derivaban de las demandas y necesidades definidas en los 
Planes Hidrológicos Insulares y cuya financiación se distribuía al 50% entre ambas 
Administraciones.
En el citado informe se establecía que entre las actuaciones a desarrollar en el marco 
del PSDR se encontraba: «TF 24 Acondicionamiento y mejora del Sistema comarcal de 
saneamiento del Valle de Güímar con un total de 51 millones de pesetas». Ahora bien, en 
este informe no se concretaba si la actuación a realizar en Valle de Güímar era de carácter 
regional o insular.
En el propio Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización 2001-2006 (aprobado 
por el Gobierno de Canarias en sesión de fecha 30 de julio de 2001, modificado el 19 de 
noviembre de 2001), en la página 74, dentro del apartado 4.2 dedicado a las «Líneas de 
actuación», literalmente se recoge lo siguiente:
«La estructura del presente Plan ampara tanto las actuaciones de interés nacional 
como las de interés regional y las de interés insular en materia de saneamiento, depuración 
y reutilización. El alcance de las acciones de las obras de interés nacional ha sido ya 
determinado en los convenios suscritos entre la Administración General del Estado y la 
Administración Autonómica, por lo que en las siguientes páginas no va a hacerse mención 
a dichas iniciativas, limitando la reseña de las acciones a las que son objeto de concertación 
entre la Administración Regional y los Cabildos Insulares.»
Alega el Gobierno de Canarias que el Convenio suscrito entre la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Aguas y el Cabildo Insular de Tenerife el 24 de julio de 2002, para la  e.e
ejecución del PSDR, no hace una diferenciación (expresa) de interés de las obras. w.b
Ahora bien, analizando conjuntamente ambos documentos, el PSDR y el Convenio  38ww
deella 2s0 V0a2l,l es ed ec oGnücílmuyaer,  qyu oet reafse cdteiv ainmteernétse i nusnualsa ra, cattueancdioiennedso e ar alan  sdieg uinietenrtées a rregguimoneanlt,a ecniótrne:
Como se señalaba anteriormente, el PSDR habla de forma genérica que en el mismo
se incluyen actuaciones de interés regional y de interés insular. El Convenio de 2002
determina en su cláusula primera que el objeto del mismo es establecer un régimen de 
colaboración entre ambas Administraciones para la ejecución del PSDR. La cláusula 
segunda señala, que las actuaciones que, en ejecución del citado Plan, se desarrollan a 
través de este Convenio son las que se recogen en el anexo I, detallándose en el mismo 
las dotaciones financieras por anualidades y la Administración pública responsable de su 
ejecución. Y para justificar estas actuaciones en el apartado tercero de la parte expositiva 
del Convenio, la Comunidad Autónoma de Canarias reconoce que tiene competencia 
exclusiva en una serie de materias relacionadas con el agua, así como en obras públicas 
de interés de la Comunidad y que no sean de interés general del Estado.
Es en 2006 cuando aparece la actuación de Valle de Güímar reflejada en el anexo I del 
convenio de 2002 ya que dicha actuación se incluye en el citado anexo mediante una 
modificación al mismo efectuada por la Orden de 16 de enero de 2006 del Consejero de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, por la que se resolvía modificar el PSDR, respecto 
de acciones previstas para la Isla de Tenerife. En 2006 por tanto es donde se incluye de 
manera inequívoca que la actuación TF45 «Rehabilitación de la EDAR del Valle de 
Güímar», corresponde según el cuadro de financiación al Gobierno de Canarias.
Esta asignación de financiación implicaba también la asignación de la ejecución al 
Gobierno de Canarias, a la luz de lo dispuesto en la cláusula segunda, cuarta y sexta del 
convenio de colaboración.
– En la cláusula segunda se establece que,» en ejecución del Plan, se desarrollarán 
las actuaciones previstas en el Anexo I, detallándose en el mismo las dotaciones 
financieras y la Administración pública responsable de su ejecución».
– En la cláusula cuarta se regula el tema de la financiación, «que será al 50% entre 
ambas Administraciones respecto del total de las actuaciones previstas en el Convenio, si 
bien cada Administración pública financiará la totalidad del presupuesto de cada una de las 
obras que se le asignen en el cuadro de distribución de actuaciones».
– La cláusula sexta prescribe que «cada administración pública licitará, contratará, 
pagará, supervisará, inspeccionará y recepcionará las obras que le correspondan».
En definitiva, el objeto del convenio va más allá de una simple aportación dineraria de 
la administración autonómica al Cabildo Insular de Tenerife, como apunta el Gobierno de 
Canarias en su escrito de alegaciones y se refiere a la ejecución de actuaciones de interés 
regional e insular.
Por otro lado, carece de fundamento lo alegado por el Gobierno de Canarias de que la 
declaración de interés autonómico no existe, toda vez que hasta la fecha no se ha 
aprobado el Plan Hidrológico de Canarias que es donde se definen las obras de interés 
regional. Como se ha podido constatar en la documentación anteriormente referenciada, 
el PSDR hablaba de actuaciones de interés regional, que derivaban de las demandas y 
necesidades definidas en los Planes Hidrológicos Insulares. Llegar a otra conclusión sería 
considerar que todas las actuaciones recogidas en el PSDR serían de interés insular, y no 
es lo que se deduce del tenor literal del mentado Plan.
A mayor abundamiento, aun en el supuesto de considerar que el procedimiento 
seguido para la aprobación de interés regional no hubiese sido el legalmente establecido, 
ello no puede utilizarse para no asumir las consecuencias derivadas de los propios actos 
acometidos por la Administración Autonómica.
No es este el primer caso que se analiza en este expediente donde se ha actuado de 
facto conforme a una actuación no ajustada exactamente a procedimiento pretendiendo el 
actuante no asumir su responsabilidad basándose en que la actuación no estaba amparada  e.e
por el instrumento jurídico adecuado (véase el caso de Matalascañas). w.b
La Comunidad Autónoma de Canarias, en este caso, con sus actos ha generado una  38ww
caocnufeiardnoz ac orens eple pcrtion cdiepli ore dseto b duee nAad mfei nhiasntr accoinofniaedso P qúubeli cearsa,  llaa  aindsmuilnairs ytr alac imónu naiucitpoanló, mquicea d lea 
qreugeio ansaul.mía las actuaciones con base en la consideración de esa actuación de interés
Resulta clarificadora la reflexión que sobre la teoría de los actos propios realiza el 
Tribunal Constitucional. «La llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la 
inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el ámbito del 
Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad 
generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de 
adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último 
en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede 
haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el 
deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos 
objetivos» (STC 73/1988, de 21 de abril).
En este sentido, el Tribunal Supremo, a través de una extensa jurisprudencia, 
establecerá las bases, requisitos y contenido de esta regla. Así, «es reiterada doctrina de 
esta Sala (Sentencias 5-10-87, 16-2 y 10-10-88; 10-5 y 15-6-89; 18-1-90; 5-3-91; 4-6 y 
30-12-92; y 12 y 13-4 y 20-5-93, entre otras) […] Significa, en definitiva, que quien crea en 
una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a 
obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender 
que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real, porque 
los actos jurídicos lícitos realizados determinan necesariamente unas consecuencias 
jurídicas (SSAAPP Madrid, 27/01/1992; Pontevedra, 30/04/1992; Toledo, 24/06/1992; 
Palma de Mallorca, 07/09/1992; Málaga, 31/10/1992; Zaragoza, 26/10/1992, entre otras 
muchas).
Por otro lado, procede hacer referencia a que los Ayuntamientos no han tenido cabida 
en lo que se refiere a la ejecución de las actuaciones a las que nos venimos refiriendo. 
Baste recordar que el objeto del Convenio era la concertación de acciones entre la 
Comunidad Autónoma y el Cabildo Insular de Tenerife. En la cláusula décima del convenio 
se determina la composición de la Comisión bilateral de seguimiento, donde no aparecen 
representantes municipales, y en la relación de actas de esa Comisión, remitidas por el 
CIATF en la fase de diligencias previas, no se constata la presencia de ningún 
representante municipal.
Con base en las anteriores consideraciones, procede reiterar que la actuación llevada 
a cabo en la aglomeración urbana de Valle de Güímar para hacer frente a las obligaciones 
derivadas de la normativa europea era de interés regional.
C.  Análisis de la evolución de las obras.
Realiza la administración autonómica canaria una cronología de hechos sobre 
actuaciones llevadas a cabo en Valle de Güímar:
a)  «Ejecución en 1996 del Proyecto “EDAR del Valle de Güímar” que no llegó a entrar 
en servicio. La actuación regional fue a título de coordinación y cooperación de las 
Administraciones Hidráulicas para dar cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE. La 
competencia era del Cabildo Insular, por no ser la actuación ni de interés estatal ni regional 
(artículo 8 de la Ley de Aguas de Canarias) y de los Ayuntamientos.
Inicio con fecha 16 de enero de 1991 del expediente de redacción del Proyecto y 
Ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Valle de 
Güímar, con un presupuesto de 400.000.000 de pesetas, convocándose el concurso por 
orden del Consejero autonómico. Considera el Gobierno de Canarias que adoptaron todos 
los medios para ejecutar la obra, aun no siendo de su competencia.
Aporta distintos documentos relativos a este expediente: escritos de Ayuntamiento de  es
Güímar y Arafo sobre ubicación proyectada (años 1991 y 1992), actas de comprobación  bo
de replanteo (1992), anuncio de adjudicación de obra (1992), justificación de retrasos o  38ww
pdAeacfrtiaanE lidintziev aj auRc lii(eoo1cn 1dee edps ec 1i (9óda9niñc7 oipe ssrmo e1v bri9sree9imo 3dni teaey l  1 e1y9l 9 p9A9r7co4)ty.)a,e  dcaetco tE adn edt rleeiq guraeid caaelc pCiócoinón,n sn eopjo rco oInvnisssuitoalannrad dlo e (r 1Ae9sg9pu6ua)es s ydt aer e pTcoeern ppecariirófetne,    OE-A-2020-39able en https://
del CIATF.
Según informe del Ingeniero Director de las Obras, de 24 de junio de 2008, y tras un 
periodo de explotación satisfactorio de 12 meses la instalación quedó parada al no hacerse 
cargo ningún organismo de su continuidad.
b)  Con fecha 24 de julio de 2002 la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo 
Insular de Tenerife suscriben un Convenio de Colaboración para la ejecución del Plan de 
Saneamiento, Depuración y Reutilización para coordinar la participación de ambas 
administraciones en el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de 
aguas residuales urbanas.
Convenio que no realiza diferenciación de interés de las obras si bien establece la 
financiación, entendida como aportación dineraria a título de medida de fomento y 
colaboración con el Consejo Insular, que es quien ostenta la competencia sobre la misma.»
c)  El Gobierno de Canarias informa que «con fecha de abril de 2005, el CIATF 
redacta Proyecto Básico de Rehabilitación y Puesta en marcha de las instalaciones de 
Depuración del Valle de Güímar. En el puto 5 de la Memoria, y relativo a los bienes 
afectados, se indica que «al desarrollarse íntegramente en la Estación Depuradora del 
Valle de Güímar, de titularidad pública, no se afecta ningún bien ni derecho distinto de la 
actuante», por lo que se entiende que se produjo la entrega tácita con la remisión de las 
Actas a dicho Consejo que considera propias las obras en las que se actúa en el Proyecto 
de Rehabilitación».
d)  Señala que «actualmente la obra se encuentra en ejecución por el CIATF, se 
adjudicó por este con fecha 13 de septiembre de 2017, formalizándose el contrato 
administrativo el 5 de octubre de 2017, iniciándose las obras el 27 de octubre de 2017 por 
un plazo de 30 meses, por lo que finalizarán el 27 de abril de 2020.»
e)  Concluye, considerando que «la Administración autonómica no ha incumplido la 
normativa europea, más bien al contrario, a pesar de las dificultades expuestas y de no ser 
de su competencia ejecutó y finalizó la obra, que no fue recibida por el CIATF. Por tanto, el 
incumplimiento recae sobre el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, por no haber 
procedido a la recepción de la infraestructura, así como a la actitud pasiva e incluso 
paralizante de los Ayuntamientos».
Frente a esta exposición de hechos, lo primero que cabe observar es la aportación de 
una serie de documentos referidos a un periodo comprendido entre los años noventa y 
hasta el año 2008, pero hay un lapso de tiempo entre 2008 y hasta 2017, en el que no se 
ha acreditado nada. La intervención del CIATF, a la que alude el Gobierno de Canarias, se 
produce en septiembre de 2017, cuando la Comisión ya había presentado la demanda 
ante el TJUE.
De la documentación obrante en esta Secretaría se deduce que la intervención de la 
Comunidad Autónoma prosigue en los años posteriores a 2008. Así, según se recoge en 
el Acta de la Comisión bilateral de seguimiento del Convenio de Colaboración de 19 de 
julio de 2010 se acuerda mostrar la conformidad a la solicitud de reenfoque de la obra 
Modificado n.º 1 del Proyecto de Rehabilitación y puesta en marcha de la EDAR de Valle 
de Güímar, encargándose el CIATF de la redacción del nuevo Proyecto de Readaptación 
de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales de Güímar (ETAR que no EDAR). El 
CIATF informaba que no le constaba cuales fueron los motivos por los que el Gobierno de 
Canarias no procedió a su ejecución.
En este punto, procede traer a colación la reflexión recogida en la página 66 del 
acuerdo de inicio que remitía a lo dispuesto en la página 8 del escrito de Demanda de la 
Comisión contra el Reino de España, en el asunto que nos ocupa y del que trae causa este  s
procedimiento de repercusión de responsabilidades, en nota a pie de página se hace una  e.
distinción entre lo que es una EDAR y una ETAR y se indicaba que las Estaciones de  w.
Tratamiento de aguas residuales o ETARS, no pueden considerarse conforme con los  38ww
rqeuqizuáis iutons m doet ilvao D diree clati vnao,  yeaje qcuuec ieóln t rdaeta emsiee nptroo qyeucet ose,  ad ilsap eqnusea a elusd me ueyl  bCáIAsiTcFo,.  pPoodr rlíoa  qsueer 
que lo proyectado fuese una ETAR.
En definitiva, no habiéndose remitido documento alguno que acredite que se haya 
declarado caduco o extinto el plan o el convenio, esta Secretaría General únicamente 
puede valorar la documentación a la que venimos refiriéndonos.
Por otro lado, afirmando el Gobierno de Canarias que el CIATF no llevó a cabo la 
recepción de la obra y que ello es la causa del incumplimiento del tratamiento de las aguas 
residuales, no por esta razón puede eludir sus responsabilidades esa administración 
autonómica, toda vez que ejecutada la obra por la Comunidad Autónoma y hasta que se 
produjese su entrega al Cabildo, la infraestructura era de competencia de la propia 
Comunidad Autónoma.
Expuesto cuanto antecede, ante la implicación del Gobierno de Canarias en la 
asunción de obligaciones respecto de las obras necesarias para la depuración de las 
aguas residuales en la aglomeración de Valle de Güímar, y fundamentalmente sobre la 
base de una ausencia de argumentación que desvirtúe los argumentos y conclusiones 
formulados en el acuerdo de inicio, se debe confirmar la imputación de responsabilidad de 
la Comunidad Autónoma de Canarias en la citada aglomeración urbana en los mismos 
términos referidos en el acuerdo de inicio.
III.  Delimitación de sujetos incumplidores.
Una vez analizadas y contestadas todas las alegaciones realizadas por las 
Administraciones responsables, se debe examinar cada caso concreto de los recogidos en 
la Sentencia del TJUE de 25 de julio de 2018 con el fin de identificar, en el presente 
acuerdo y como conclusión, a los sujetos responsables del incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los artículos 3 y/o 4 de la Directiva 91/271/CEE.
III.1  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de 
Alhaurín el Grande.
A la hora de determinar la responsabilidad en el caso de esta aglomeración urbana, y 
por tanto, el sujeto incumplidor, cabe señalar que:
– Esta aglomeración urbana solo incorpora a un municipio: el de Alhaurín el Grande.
– En el caso de la EDAR de Alhaurín el Grande, existe una declaración de interés de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto, en el Acuerdo de 26 de octubre de 
2010 del Consejo de Gobierno, por el que se declaran de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la 
calidad de las aguas de Andalucía (BOJA de 10 de noviembre de 2010), en relación a la 
provincia de Málaga, figura la ampliación de la EDAR de Alhaurín de la Torre y colectores 
en sus núcleos y en los de Alhaurín el Grande.
Respecto a la declaración de interés autonómico, como señala la Alcaldesa- Presidenta 
de la Corporación en su escrito de 30 de octubre de 2018:
«...dicha declaración de obras de interés daba cumplimiento a lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía que dispone: En 
el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de 
Gobierno aprobará la declaración de las obras de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para la construcción de las infraestructuras necesarias para la consecución de 
los objetivos de calidad de las aguas, establecidos en la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un  es
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de Aguas.» o
Dicha declaración conlleva la asunción por la Comunidad Autónoma de una serie de  38ww
o9b/2li0g1a0c,i odnee 3s 0y  dceo mjulpioe,t ednec Aiagsu saesg dúen A sned easlutacíbale, csee ñeanla ldooss a prtoícr ulalo As lc8a.1ld.fe),s ay-  1P1r.e5s didee nlata L deey 
lAad Cmoinrpisotrraacciióónn  deen  lasu J uenstcar itdoe  dAen d3a0l udceía o lcat upblaren ifdicea c2i0ó1n8, .p Droigcrhaoms aacritóícnu ylo esj eactruibciuóyne dne a l alas   BOE-A-cable e
obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Asimismo, el Ayuntamiento de Alhaurín expone que ha venido abonando a la Junta de 
Andalucía el llamado Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas, aportando 
documentación al respecto.
Por último, cabe hacer referencia al Protocolo de colaboración de 3 de agosto de 2006 
suscrito entre la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Málaga, Alhaurín de la Torre, 
Alhaurín el Grande, Álora, Cártama, Coín y Pizarra por el que se fijan las bases y líneas 
generales de actuación para la coordinación y mejora de la gestión de infraestructuras de 
los servicios públicos del ciclo integral del agua en los ámbitos territoriales correspondientes. 
Dicho protocolo contempla como actuación prioritaria, en su Anexo II, la agrupación de 
vertidos de los núcleos del bajo Guadalhorce: Alhaurín el Grande y Cártama. Por su parte, 
entre las infraestructuras recogidas en el Anexo I figura la EDAR de los núcleos del Bajo 
Guadalhorce: Alhaurín el Grande y Cártama. No obstante, tal y como reconoce la Junta de 
Andalucía, en su escrito de 23 de noviembre de 2018, si bien el protocolo preveía la 
suscripción de un posterior convenio para la ejecución de las actuaciones (en plazo no 
superior a un año desde la firma del protocolo), este último no se llegó a firmar.
A los efectos de lo que aquí nos ocupa, esto es, determinar la responsabilidad por la 
falta de depuración de las aguas de forma adecuada a la normativa europea, lo que se 
cree determinante para identificar al sujeto incumplidor es atender a la existencia de una 
declaración de interés autonómico para la ejecución de la nueva EDAR. En este sentido, 
correspondería a la Comunidad Autónoma de Andalucía ejecutar la misma, puesto que si 
no cumple con las obligaciones derivadas del Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del 
Consejo de Gobierno, difícilmente el municipio podrá efectuar una depuración de las aguas 
conforme a normativa.
Por todo ello, en el caso de Alhaurín el Grande se considera que el sujeto incumplidor 
es la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin que se aprecie, en principio, una 
responsabilidad concurrente de la recogida en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013.
A fecha de hoy, el incumplimiento persiste.
III.2  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de 
Barbate.
La aglomeración urbana de Barbate queda integrada por el municipio de Barbate.
En el caso de Barbate, existe una declaración de interés general del Estado (Ley 
10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional) para el «Saneamiento y depuración 
de La Janda» y una declaración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010 (BOJA de 10 de noviembre de 
2010) relativo a la «EDAR y colectores en Barbate y sus núcleos».
La Dirección General de Aguas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en su 
escrito de 29 de octubre de 2018, emitido en la fase de diligencias previas al anterior 
procedimiento, señala que:
– «La Janda es una de las seis comarcas de la provincia de Cádiz. Toma su nombre 
de la desaparecida laguna de La Janda y comprende los municipios de Alcalá de los 
Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera...».
– «La transposición de la Directiva (91/271/CEE) al Derecho español estableció que 
la competencia en materia de saneamiento y depuración es de las entidades locales, y 
subsidiariamente, de las Comunidades Autónomas. Salvo que exista una declaración 
formal de interés general del Estado o se haya suscrito un convenio específico con las 
Comunidades Autónomas para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado, la  es
competencia para el cumplimiento de la mencionada directiva es de las Comunidades  bo
Autónomas y Entidades Locales.» 38ww
entrEe ne rl eMlaicniiósnte ari oe sdtae  aMgelodmioe rAamcibóine nutreb ayn ala,  cJaubneta r edfee rAirsned aallu Ccíoan vpeanraio  edle d ceoslaarbroorlaloc idóne 
actuaciones declaradas de interés general de la nación en el ámbito de las cuencas
hidrográficas intracomunitarias de Andalucía de 9 de febrero de 2006 (BOE n.º 99, de 25  Bc
de abril de 2007), modificado por el Acuerdo de 29 de noviembre de 2010 (BOE n.º 13 
de 15 de enero de 2011).
De acuerdo con la cláusula primera del convenio, éste tiene por objeto establecer el 
régimen de colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Medio Ambiente, y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía a través 
de la Consejería de Medio Ambiente; y en particular la colaboración financiera, para el 
desarrollo de las actuaciones correspondientes al proyecto y ejecución de las obras 
hidráulicas declaradas de interés general de la nación contempladas en el anexo II del 
convenio.
El anexo II, que incluye las actuaciones a desarrollar según la modalidad de 
colaboración económica, prevista en la cláusula quinta del convenio, incluye el 
«Saneamiento y depuración de La Janda: colectores generales, EBARes y EDAR conjunta 
aglomeración urbana Barbate–Zahara de los Atunes–Atlanterra». Por su parte, en su 
versión modificada en el año 2010, el Anexo II se refiere al «Saneamiento y depuración de 
La Janda: colectores generales, EBARes y EDAR conjunta aglomeración urbana Barbate–
Atlanterra».
La cláusula quinta del convenio, que desarrolla los términos de la colaboración 
económica, pone de manifiesto que la Administración General del Estado asume la 
financiación de la ampliación y remodelación de la EDAR con cargo al capítulo 7 del 
Ministerio de Medio Ambiente (actualmente, Ministerio para la Transición Ecológica). Por 
su parte, la responsabilidad sobre todas las actuaciones necesarias para la correcta 
ejecución de las obras recae en la Junta de Andalucía.
Según expone la Junta de Andalucía, mediante escrito de 23 de noviembre de 2018, 
dicho convenio fue objeto de recortes presupuestarios por parte del Estado, en su Anexo  II, 
en la primera modificación de 2010 del convenio, de forma que finalmente solo hubo 
recursos financieros para la redacción de proyectos por parte de la Junta, que fueron 
redactados y remitidos al Ministerio en 2012 y 2014 para que éste ejecutara las obras.
El 19 de julio de 2017 se firmó un Protocolo general entre el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, por el que se definen las líneas a seguir por ambas 
Administraciones para el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de 
las aguas residuales urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En 
concreto, dentro de las actuaciones que cuentan con declaración de interés general del 
Estado y con declaración de interés autonómico, el anexo C.I incluye el «Saneamiento de 
La Janda: agrupación de vertidos y EDAR conjunta de Barbate–Atlanterra y Zahara de los 
Atunes (Cádiz)».
Según dispone dicho Protocolo, «las partes manifiestan su voluntad de suscribir los 
convenios específicos que pudieran resultar convenientes para la ejecución de las 
actuaciones que gozan tanto de interés general del Estado como de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y que se listan en el anexo C, (…). Respecto de estas obras, las 
partes manifiestan su voluntad de que prevalezca la declaración de obras de interés 
general del Estado».
Por todo lo anterior se aprecia una mayor intensidad de la actuación del Estado en la 
construcción de la EDAR de Barbate.
A mayor abundamiento esta mayor intensidad viene a ser confirmada por el 
reconocimiento de la prevalencia de la declaración de interés general acordada por ambas 
partes en 2017.
Así pues, en el presente caso, aunque haya una doble declaración de interés, el  es
Estado asume un mayor protagonismo en la ejecución de la EDAR y reconoce la  o
pcrsReeorese naapvflpoao Drnlreemsecnaciecebri e,ai latie od dn al5e odp1   rle5aiann/ n2cd eti0epel1 cirop3iloa,r. erurasmnecaeinó nrtneete  scdp aeeos nxoinsp rtaueebecriésalisdteo a ge,d en scn leoae n rAcacdolu mnrdrseeinilnd istEeetsrr adatace di qóloaun  e reGe ncel aone geld irdPeaarlt o edetrenoml c eEionl slaoatra ctsdíicóuouns slc oirdn i5te oq d ,u leaeyl     OE-A-2020-3938able en https://www.
A fecha de hoy, el incumplimiento persiste.
III.3  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de Coín.
A la hora de determinar la responsabilidad en el caso de esta aglomeración urbana, y 
por tanto, el sujeto incumplidor, cabe señalar, en primer lugar, que:
– Esta aglomeración urbana solo incorpora un municipio: el de Coín.
– En el caso de Coín, hay una declaración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía sobre las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad 
de las aguas de dicha Comunidad Autónoma, en el que referente a la provincia de Málaga 
figura la construcción de la EDAR y colectores en Coín y sus núcleos (Acuerdo de 26 de 
octubre de 2010; BOJA de 10 de noviembre de 2010).
El Ayuntamiento de Coín en escrito de 19 de octubre de 2010 remite documentación 
relativa a la citada declaración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
además invoca también la declaración de interés autonómico para la EDAR de los núcleos 
del Bajo Guadalhorce: Álora, Pizarra y Coín.
Asimismo aporta:
– Escrito de 11 de julio de 2011 del Alcalde-Presidente dirigido a la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el que manifiesta «la voluntad 
del ayuntamiento de sumarse a cuantas iniciativas implique la protección, el uso 
sostenible….., comprometiéndose a aportar todos los medios y recursos que requiera la 
Consejería de Medio ambiente para, en razón de los acuerdos adoptados, llevar a cabo los 
estudios y proyectos de las infraestructuras necesarias para realizar la depuración de las 
aguas residuales de Coín».
– Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los 
Ayuntamientos de Álora, Coín, y Pizarra de 30 de diciembre de 2016 para la construcción, 
financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la C.A. de Andalucía (EDAR de los núcleos del Bajo Guadalhorce. Álora, Pizarra 
y Coín).
– Acuerdo del Pleno de 25 de abril de 2018 por el que se solicita la adhesión al 
Consorcio Provincial del Agua, organismo dependiente de la Diputación Provincial de 
Málaga para la futura explotación de la EDAR y sus emisarios.
– Escrito de 19 de octubre de 2018 en el que se solicita a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio la fecha de finalización de la construcción de la EDAR 
y sus colectores.
En el Convenio de 30 de diciembre de 2016 se establece el régimen de colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los Ayuntamientos 
antes señalados para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración declaradas de interés de la C.A. de Andalucía.
En la cláusula segunda se señala que corresponde a la citada Consejería la 
construcción de las infraestructuras «EDAR Núcleos Bajo Guadalhorce: Álora, Pizarra, y 
Coín (Málaga), así como el coste total de las mismas.
A los efectos de lo que aquí nos ocupa, establecer a quién corresponde la 
responsabilidad de la no depuración de las aguas de forma adecuada a la normativa 
europea, lo que se cree determinante para identificar al sujeto incumplidor es atender a la 
existencia de una declaración de interés autonómico para la ejecución de la nueva EDAR, 
y a un convenio posterior que así lo concreta. En este sentido, le correspondería construir 
la EDAR y sus colectores a la Comunidad Autónoma de Andalucía, puesto que si no se  e.
ejecuta el mandato del Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno,  w.b
difícilmente el municipio podrá efectuar una depuración de las aguas conforme a normativa. 38ww
ComPuonri dtaodd oA uetlólon,o mena  deel  Acansdoa ludceí aC, soiínn  qsuee  csoe naspidreecriae , qeune p reinl csiupijoe,t ou ninac ruemsppolindsoarb ielisd alda 
concAu frerecnhtae  ddee  hlao yr,e eclo ignicduam epnl ieml iaernttíocu ploe r5s idsteel .Real Decreto 515/2013.
III.4  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de 
Estepona.
La aglomeración urbana de Estepona incluye los municipios de Estepona, Benahavís, 
y Marbella.
Como ente público representativo de esta aglomeración y a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, se encuentra la 
Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental.
En el caso de la aglomeración urbana de Estepona, existe una declaración de interés 
general del Estado, recogida en la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, 
que incluye en su Anexo II el «Colector de Istán. Colector principal. Sector Estepona», la 
«mejora de la conexión Málaga-Costa del Sol Occidental», «reutilización a partir de las 
depuradoras de la Costa del Sol» y «obras de saneamiento en la Costa del Sol (2.ª fase)».
Asimismo, hay una declaración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran 
de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al 
cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía (BOJA de 10 de 
noviembre de 2010), que incluye en su Anexo «la ampliación de colectores en los núcleos 
de Estepona».
Por su parte, en relación a esta aglomeración urbana, cabe referirse al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para el 
desarrollo de actuaciones declaradas de interés general de la nación en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía de 9 de febrero de 2006 (BOE n.º 99, 
de 25 de abril de 2007), modificado por el Acuerdo de 29 de noviembre de 2010 (BOE n.º 13 
de 15 de enero de 2011).
De acuerdo con la cláusula primera del convenio, este tiene por objeto establecer el 
régimen de colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Medio Ambiente, y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía a través 
de la Consejería de Medio Ambiente; y en particular la colaboración financiera, para el 
desarrollo de las actuaciones correspondientes al proyecto y ejecución de las obras 
hidráulicas declaradas de interés general de la nación contempladas en el anexo II del 
convenio.
El anexo II, que incluye las actuaciones a desarrollar según la modalidad de 
colaboración económica, prevista en la cláusula quinta del convenio, incluye el 
«Saneamiento Costa del Sol (2ª fase). Ampliación y remodelación de la EDAR de 
Estepona».
Por su parte, en su versión modificada en el año 2010, el anexo II se refiere a la 
«Ampliación y remodelación de la EDAR de Guadalmansa-Estepona (en ejecución)» y la 
«Ampliación y remodelación de redes colectores generales. Sector San Pedro–Estepona 
(proyecto redactado)».
La cláusula quinta del convenio, que desarrolla los términos de la colaboración 
económica, pone de manifiesto que la Administración General del Estado tan solo asume 
la financiación de la ampliación y remodelación de la EDAR de Estepona con cargo al 
capítulo 7 del Ministerio de Medio Ambiente (actualmente, Ministerio para la Transición 
Ecológica). Por su parte, la responsabilidad sobre todas las actuaciones necesarias para 
la correcta ejecución de las obras recae en la Junta de Andalucía. En concreto, la cláusula 
quinta prevé que corresponde a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  s
realizar las actuaciones preparatorias de los contratos, actuar como órgano ambiental en  e.
el procedimiento, elaborar y aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  w.
desarrollar la licitación de los contratos administrativos y demás facultades que la  38ww
lye greiscliabciri ólans d oeb croans ttrraatos ss ud efi nlaasl iAzadcmióinni,s etrnatcrieo noetrso sP.úblicas otorga al órgano de contratación,
AdmEinl isCtroancvióenn idoe  dlae  JCunotlaa bdoer aAcnidóanl uecnía ,s cuo mColá cuosnuslae cAudeinccioian dael lr teracsopgaes oa ddeem fuánsc iqounees l ay   BOE-A-cable e
servicios acordados por la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía, de fecha 10 de junio de 2004, y de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 5 del artículo 36 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, desarrollará hasta su finalización, y con cargo a sus presupuestos, 
las actuaciones declaradas de interés general de la nación por el anexo II de la referida 
Ley 10/2001, de 5 de junio, (que como se ha referido anteriormente incluye: Colector de 
Istán y Colector principal. Sector Estepona).
Así pues en este caso existe una doble declaración, de interés general del Estado y de 
interés autonómico, si bien la declaración de interés autonómico relativa a esta 
aglomeración tiene como rúbrica «ampliación de colectores en los núcleos de Estepona». 
De la documentación obrante en la demanda que dio lugar a la Sentencia de 25 de julio 
de 2018 en el asunto C-205/17 se desprende que, la infraestructura que en su momento 
motivó la inclusión de esta aglomeración en el procedimiento citado y la que finalmente 
permitió acreditar la plena ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 2011, es la EDAR.
Es la declaración de interés general del Estado la que ampara la construcción de la 
EDAR, por lo que, como alega la Junta en su escrito de 12 de noviembre de 2019, la 
declaración de interés autonómico no resulta título de imputación de responsabilidad. De 
tal forma que solo puede invocarse la declaración de interés general del Estado como título 
de imputación, del que emana la competencia de la Administración General del Estado 
sobre la ejecución de la infraestructura.
Dado que el convenio de 2006 es excesivamente genérico como para poder apreciar 
si ha habido un incumplimiento de obligaciones (no se establecen plazos para la 
finalización de las obras, etc..) se considera que, de acuerdo con el criterio expresado por 
la Abogacía General del Estado en su informe de 27 de junio de 2019, la suscripción del 
mencionado convenio no puede alterar la responsabilidad de aquella Administración que 
la ha asumido, dado que al no establecerse en el propio convenio un plazo para su 
ejecución (y esta Secretaría General no tiene constancia de la existencia de un convenio 
posterior que concrete las actuaciones) no se puede considerar que la Junta de Andalucía 
haya incumplido el mismo. Por tanto, dado que el convenio, en este caso, y por lo 
anteriormente señalado, no es un elemento que module la responsabilidad, se debe 
considerar responsable a la Administración General del Estado por haber declarado de 
interés general la obra hidráulica necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia de 14 de 
abril de 2011.
La responsabilidad en este caso, dado que ya cumple con la normativa, se circunscribe 
a la parte que le corresponda de la suma a tanto alzado.
III 5  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de Isla 
Cristina.
A la hora de determinar la responsabilidad en el caso de la aglomeración urbana de 
Isla Cristina, y por tanto, el sujeto incumplidor, cabe señalar, en primer lugar, que esta solo 
incorpora a un municipio, Isla Cristina.
De acuerdo con el informe de la Junta de Andalucía de 30 de octubre de 2018, el ente 
público representativo de los municipios al que corresponde el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, en los 
términos previstos en el artículo 3 del mismo, es la Mancomunidad de Servicios de la 
provincia de Huelva, (en adelante MAS).
De acuerdo con los Estatutos de esta Mancomunidad, publicados en el BOJA n.º 179 
de 11 de septiembre de 2009, un total de 22 municipios, entre los que se encuentra Isla  e.e
Cristina, en el ejercicio del derecho de asociación que les reconocen los artículos 44 de la  w.b
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 23 de la Ley  7/1993,  38ww
dpea r2a7  ldae e jujelicou, cdieó nD eemn acrocamcúiónn  dmeu noibcripaasl  dye/o A lnad aplruecsíata, csieó nc odnes tistueyrveinc ieons  Mqaunec osme uhnaidlleadn 
cpoamrtipcruelanrd, iedlo as beans etel cáimmibeintoto d ed eclo amgpueat epnoctaiab mle,u nailcciapnatla priallraad loa  yg essatnióena miniteengtroa ly d deel apguuraac, ieónn 
de aguas residuales, (artículo 5 de los Estatutos).
No consta en relación a esta aglomeración urbana declaración de interés general del 
Estado.
Por su parte, tal y como expone el informe de la Junta de Andalucía de 11 de octubre 
de 2018, para la depuración de las aguas residuales de la aglomeración urbana de Isla 
Cristina conforme a los requerimientos de la Directiva 91/271/CEE se requiere la ejecución 
de dos actuaciones: la ampliación de la EDAR de La Antilla y el colector de Isla Cristina a 
la EDAR de La Antilla.
De las dos actuaciones, solo la ampliación de la EDAR de La Antilla dispone de 
declaración de interés autonómico, a saber, el Acuerdo de 26 de octubre de 2010 (BOJA 
n.º 219 de 10 de noviembre de 2010), cuyo anexo contempla el siguiente título «Ampliación 
de las EDAR de Ayamonte, El Rompido y Lepe». La EDAR de Lepe a que hace mención 
la declaración de interés autonómico se denomina EDAR de La Antilla por encontrarse 
próximo al núcleo de población de La Antilla, en el término municipal de Lepe.
Por lo que se refiere al colector de Isla Cristina a la EDAR de La Antilla, no dispone de 
declaración formal de interés autonómico.
No obstante, con fecha 16 de enero de 2004, se suscribió el Protocolo de colaboración 
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial de Huelva, Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, Mancomunidad de 
Aguas del Condado, la Mancomunidad Cuenca Minera, la Mancomunidad del Andévalo, la 
Mancomunidad Sierra Minera, la Mancomunidad Sierra Occidental de Huelva y la 
Mancomunidad Ribera de Huelva, por el que se fijan las bases y líneas de actuación para 
la coordinación y mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo integral urbano del 
agua en los ámbitos territoriales correspondientes, que contempla en su anexo II el 
Colector de Isla Cristina a la EDAR de La Antilla.
Si bien no se firmó un posterior convenio que concretase las actuaciones, la Junta de 
facto asumió la ejecución de las actuaciones correspondientes, y comenzó la ejecución de 
la obra, licitando las obras el 11 de mayo de 2005 y adjudicando el contrato el 9 de junio 
del mismo año.
Cabe decir que, vista la documentación aportada por la Junta en fase de diligencias 
previas, la inversión correspondiente al Colector de conexión sería de 4.625.313,5 euros y 
la de la EDAR de 24.523.617,81 euros. Es decir, que del total del presupuesto de inversión 
previsto para la aglomeración urbana de Isla Cristina, solo un 15%, aproximadamente, 
corresponde a las obras del colector.
Es, por tanto, frente a esta última actuación, el Colector, que conviene analizar el 
sujeto responsable de su ejecución, a la vista de lo dispuesto en el informe de la Abogacía 
General del Estado, de 27 de junio de 2019. Teniendo en cuenta este informe, solo será 
posible tener en consideración como sujeto responsable a una administración distinta de 
la que resulte competente conforme a una norma jurídica, cuando de la actuación de esta 
última se derive el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Para completar este análisis, cabe hacer mención al canon de mejora. El canon de 
mejora autonómico es un tributo aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que grava la utilización del agua con el fin de posibilitar la 
financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al 
ciclo integral del agua de uso urbano, en este sentido, «los ingresos procedentes del 
canon de mejora quedan afectados a las infraestructuras de depuración declaradas de 
interés de la Comunidad Autónoma». (Artículo 80 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de 
Aguas de Andalucía).
La Junta de Andalucía informó en fase de diligencias previas que se formalizó un  es
canon de mejora local con la MAS que estuvo vigente hasta 2008. o
CCl1a2oo 4ann3Dscs/etee2uj j0eoaa0r ccí6daiuó,e e dny re  dGoC oMtoro abceleoside nciarot ncoe Aotrlu m  BaSdbcaeaiil oean2nnne6etcae sem d y rdei eeOe fnoe rEdtrcoiejtde unaIcbsasurlc aecaiió  ló CdnCne r odi asle2e tl3i0c nT1t1oae 0drr- r,Eed it Dpeodu rAiIicsboRill eaid cm AeCa bndlrairtosei lJt l iaeund,nnae  t. Ca 2lSa l0ade 1epv 7ce áAo  gdnndiednseliaa  dAl eeucwxrcuapeíea eber,d d nfdiio egee nuds rttleeeaal      OE-A-2020-3938able en https://www.
Balance que el «Título Actuación Acuerdo Consejo de Gobierno» que ampara esta
actuación, en aras al cobro del canon, es la «Ampliación de las EDAR de Ayamonte, El 
Rompido y Lepe».
Teniendo en cuenta cuanto antecede, se puede afirmar que, en relación con el 
Colector, el grado de intensidad de la intervención de la Junta de Andalucía es muy 
superior al de la MAS. Se arrogó la totalidad de las funciones correspondientes a esta 
infraestructura desde la financiación hasta la ejecución. La asumió desde el año 
2004- 2005, es decir que han pasado más 14 años sin haber procedido a su ejecución, por 
lo que podríamos hablar de un incumplimiento por parte de la Junta.
Por otro lado, viene cobrando el canon de mejora respecto de la infraestructura del 
colector, basándose precisamente en el Acuerdo de 26 de octubre de 2010, incluyendo, 
para justificar el cobro del canon, la actuación del Colector de conexión dentro del 
expediente de Ampliación de la EDAR, actuación que sí queda amparada expresamente 
en la declaración de interés autonómico.
Además, esta actuación se ha asumido desde una perspectiva integral, la EDAR y el 
Colector, siendo difícil establecer una partición jurídica de la misma.
A mayor abundamiento, la falta de suscripción de convenios posteriores al protocolo 
no exime a la Junta de responsabilidad, ya que de facto asumió la financiación y ejecución 
de la actuación, y por otro lado, la falta de suscripción de esos instrumentos de colaboración 
sería en todo caso imputable también a la propia Junta.
Así pues, en el presente caso, la ejecución de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la depuración de aguas residuales corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía conforme a lo anteriormente expuesto, sin que se aprecie, en principio, una 
responsabilidad concurrente de la recogida en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013.
A fecha de hoy, el incumplimiento persiste.
III.6  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de 
Matalascañas.
A la hora de determinar la responsabilidad en el caso de la aglomeración urbana de 
Matalascañas, y por tanto, el sujeto incumplidor, cabe señalar, en primer lugar, que ésta 
solo incorpora a un municipio, Almonte.
En el caso de esta aglomeración urbana, constan declaraciones de interés general del 
Estado y de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en concreto, a través de los 
siguientes instrumentos:
– Declaración de interés general del Estado.
La Dirección General de Aguas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en su 
escrito de 29 de octubre de 2018 emitido en la fase de diligencias previas al anterior 
procedimiento señala que:
«Se declara en virtud de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 
En concreto, la actuación denominada «Saneamiento del entorno de Doñana (Huelva)». El 
espacio natural de Doñana se sitúa al suroeste de la Península Ibérica, su mayor parte en 
la provincia de Huelva y una menor parte en las de Sevilla y Cádiz. Su superficie se 
extiende por los municipios de Almonte, Moguer, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, 
Hinojos, Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado y Bonares en la provincia de 
Huelva; Sanlúcar de Barrameda en la provincia de Cádiz; y Pilas, Villamanrique de la 
Condesa, Aznalcázar, Isla Mayor y la Puebla del Río en la provincia de Sevilla. ** 
Matalascañas se ubica en el término municipal de Almonte». e.
– Declaración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 38ww
declMareadnia ndtee  iAncteureérsd od dee  la2 6C doem oucntuidbared  dAeu 2tó0n1o0m, dae ld Ce oAnnsdejaol udceí aG loabsi eornbora, sp ohr iderl áquuleic saes 
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía (BOJA de
10 de noviembre de 2010), se declara de interés de dicha Comunidad Autónoma la 
«Ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas».
Por su parte, en relación a esta aglomeración urbana, cabe referirse al Protocolo 
general entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, de 19 
de julio de 2017, por el que se definen las líneas a seguir por ambas Administraciones para 
el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto, dentro de las 
actuaciones que cuentan con declaración de interés general del Estado y con declaración 
de interés autonómico, el anexo C.I incluye el «Saneamiento del entorno Doñana: 
ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas (Huelva)».
Según dispone dicho Protocolo, «las partes manifiestan su voluntad de suscribir los 
convenios específicos que pudieran resultar convenientes para la ejecución de las actuaciones 
que gozan tanto de interés general del Estado como de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y que se listan en el anexo C, (…). Respecto de estas obras, las partes manifiestan su voluntad 
de que prevalezca la declaración de obras de interés general del Estado».
Por todo lo anterior se deduce que la intensidad de la actuación del Estado en la 
construcción de la EDAR de Matalascañas viene a ser confirmada por el reconocimiento 
de la prevalencia de la declaración de interés general suscrita por ambas partes en 2017.
Así pues, en el presente caso, al existir una declaración de interés general del Estado, 
reconocida y asumida por este, la ejecución de las medidas necesarias para la adecuada 
depuración de aguas residuales corresponde a la Administración General del Estado 
conforme a lo anteriormente expuesto, sin que se aprecie, en principio, una responsabilidad 
concurrente de la recogida en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013.
A fecha de hoy, el incumplimiento persiste.
III.7  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de Nerja.
A la hora de determinar la responsabilidad en el caso de la aglomeración urbana de 
Nerja, y por tanto, el sujeto incumplidor, cabe señalar, en primer lugar, que esta solo 
incorpora a un municipio, Nerja. De acuerdo con el informe de la Junta de Andalucía de 30 
de octubre de 2018, el ente público representativo del municipio de Nerja al que 
corresponde el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas, en los términos previstos en el artículo 3 del mismo, es 
la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía.
En el caso de esta aglomeración urbana, constan declaraciones de interés general del 
Estado y de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en concreto, a través de los 
siguientes instrumentos:
– Declaración de interés general del Estado.
La Dirección General de Aguas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en su 
escrito de 29 de octubre de 2018 emitido en la fase de diligencias previas al anterior 
procedimiento señala que:
«Se declara en virtud de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 
En concreto, la actuación denominada ‘‘Saneamiento integral de la Costa del Sol-
Axarquía’’. Tanto la Diputación de Málaga, que da a la comarca el nombre de ‘‘Axarquía-
Costa del Sol, como la Junta de Andalucía, que simplemente da a la comarca el nombre  e.
de ‘‘La Axarquía’’, indican que la misma se compone de 31 municipios entre los que se  w.b
encuentra Nerja». 38ww
– Declaración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Mediante Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se
declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía (BOJA de 
10 de noviembre de 2010), se declara de interés de dicha Comunidad Autónoma la «EDAR 
y colectores en Nerja y sus núcleos».
Por su parte, en relación a esta aglomeración urbana, cabe referirse al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para el 
desarrollo de actuaciones declaradas de interés general de la nación en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía de 9 de febrero de 2006 (BOE n.º 99, 
de 25 de abril de 2007), modificado por el Acuerdo de 29 de noviembre de 2010 (BOE 
n.º 13 de 15 de enero de 2011).
De acuerdo con la cláusula primera del convenio, este tiene por objeto establecer el 
régimen de colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Medio Ambiente, y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través 
de la Consejería de Medio Ambiente; y en particular la encomienda de gestión que realiza 
el Ministerio de Medio Ambiente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, así como la colaboración financiera, para el desarrollo de las actuaciones 
correspondientes al proyecto y ejecución de las obras hidráulicas declaradas de interés 
general de la nación contempladas en los anexos I y II del Convenio. El anexo I, en su 
versión modificada en el año 2010, incluye la estación depuradora de aguas residuales, 
colectores interceptores, impulsión y emisario submarino de Nerja.
En el caso de Nerja, a diferencia de otros casos que se comprendían en el citado 
convenio (Barbate o Estepona) se opta por incluir a esta aglomeración urbana en el 
anexo I, por lo que es un caso de encomienda de gestión.
En concreto, se prevé la encomienda de gestión de las obras relativas a la estación 
depuradora de aguas residuales de Nerja del Ministerio de Medio Ambiente a la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. De 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula cuarta, la Agencia Andaluza del Agua de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por medio de la encomienda de 
gestión que efectúa el Ministerio de Medio Ambiente, realizará todas aquellas actividades 
de carácter material, técnico y de servicios que correspondan a este último en relación con 
las obras afectadas por el presente Convenio relacionadas en el Anexo I y que tengan la 
consideración de interés general de la nación, sin que ello suponga, en modo alguno, 
cesión de la titularidad de las competencias, ni de los elementos sustanciales de su 
ejercicio.
De acuerdo con las cláusulas primera y sexta del convenio corresponde al Ministerio 
de Medio Ambiente (actualmente Ministerio para Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico) la financiación de las actuaciones desarrolladas.
Mediante Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General del Agua, 
(BOE 27 de diciembre de 2012), se modifica el citado convenio «con el fin de facilitar e 
impulsar la ejecución de la obra de depuración de Nerja, que se considera prioritaria, y 
puesto que no es posible llevarla a cabo en el marco financiero del convenio, ambas partes 
acuerdan la necesidad de exclusión de la misma del anexo I de actuaciones, minorando 
los créditos del convenio en la cuantía correspondiente, y que la obra sea contratada con 
cargo a los créditos del Ministerio, condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado».
Por lo tanto, es una agrupación en la que para la ejecución de la construcción de la 
EDAR se optó en un primer momento por la figura de la encomienda de gestión de la AGE 
a la Agencia Andaluza del Agua, estableciéndose de forma expresa que ello no supondría 
cesión de la titularidad de las competencias, ni de los elementos sustanciales de su  es
ejercicio. De esta forma y por acuerdo de las partes se da una prevalencia a la declaración  o
dGuerneeb  neaiAneln  traafeaer,rlt cé ísdchsieuna llg   odqEe eu5sn e tehda rosedayelol ,  R  a(peMepol arirIneT l cpcDEuiaeCemr,ctO epree )lni dtme oeps il5er  liE1ann5 tcsroi/etp2 apsi0dope1o,or 3s,un .inlssotaae  bc.rlueeas dpl eolllne isvnaacbu aimli dcpaolidmn ccielounnirtco qu eurrnee  enlsatet a Ad daegm llaoin mriseetcrroaagcciiidóóann    OE-A-2020-3938able en https://www.
III.8  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de Tarifa.
A la hora de determinar la responsabilidad en el caso de la aglomeración urbana de 
Tarifa, y por tanto el sujeto incumplidor, cabe señalar en primer lugar que esta solo 
incorpora a un municipio, Tarifa.
No consta en relación a esta aglomeración urbana declaración de interés general del 
Estado.
Por su parte, consta una declaración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía sobre las obras de depuración de las aguas y más particularmente la ampliación 
de la EDAR y colectores en Tarifa y sus núcleos (Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del 
Consejo de Gobierno, por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las 
aguas de Andalucía; BOJA de 10 de noviembre de 2010).
Dicha declaración de interés autonómico se produce en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 
Andalucía, en virtud de la cual:
En el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo 
de Gobierno aprobará la declaración de las obras de interés de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para la construcción de las infraestructuras necesarias para la consecución 
de los objetivos de calidad de las aguas, establecidos en la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Esta declaración conlleva la asunción por la Comunidad Autónoma de las obligaciones 
correspondientes en materia de planificación, programación y ejecución de las obras 
hidráulicas correspondientes (artículo 8.1.f de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía).
Cabe referirse también al Convenio de 21 de noviembre de 2013 suscrito entre la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Tarifa para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La cláusula segunda reconoce el compromiso de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de construcción de las infraestructuras incluidas en el proyecto 
«EDAR y colector de Tarifa», así como el abono del coste total de la construcción, entre 
otros. Por su parte, corresponde al Ayuntamiento la puesta a disposición de la Consejería 
de los terrenos necesarios, así como facilitar los permisos y autorizaciones necesarios.
En consecuencia, y en la medida en que el incumplimiento de la normativa de la Unión 
Europea sobre tratamiento de aguas residuales del que traen causa las sanciones tiene su 
origen en la falta de ejecución de las infraestructuras necesarias, en el caso de la 
aglomeración urbana de Tarifa, se considera que el sujeto incumplidor es la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sin que se aprecie, en principio, una responsabilidad concurrente 
de la recogida en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013.
La responsabilidad en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
circunscribe a la parte que le corresponda de la suma a tanto alzado, habida cuenta de 
que con fecha 19 de julio de 2018 se firma acta de cesión y entrega de las instalaciones al 
Ayuntamiento de Tarifa.
III.9  Delimitación del sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de 
Ribera (Aguiño-Carreira-Ribeira).
La Ley 8/2001 de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las aguas de las Rías de  oe.
Galicia y de Ordenación del Servicio Público de depuración de Aguas Residuales Urbanas  w.
ddeec alLagarua aL dsee ry ei ns9ti/ed2ru0éa1sl e0gs ed nueer br4aa ln ddaees  .nlao Cvioemmubnreid,a dde A Autgóunaosm ad ed eG Galaicliicaia,  cerl esae rlvaic iEon dtied adedp Purúabcliiócan   2020-3938n https://ww
Empresarial Aguas de Galicia, que comprende entre sus funciones las relativas a la
coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas con competencias en  Bc
materia de aguas y obras hidráulicas en las condiciones que fijen los correspondientes 
convenios a suscribir con el órgano competente de la Administración General del Estado.
Según esta Ley es competencia de esta Administración garantizar las necesidades 
básicas de uso de agua de la población, favoreciendo el desarrollo económico y social de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.
En su artículo 28.1, establece que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en los términos en que reglamentariamente se determinen, las obras incluidas en el 
Plan gallego de abastecimiento y en el Plan gallego de saneamiento, a los que se refiere el 
artículo 34 de esta Ley, así como las incluidas en el Plan hidrológico para la demarcación 
hidrográfica de Galicia-Costa, al que se refiere el artículo 75 de esta misma Ley.
El Plan de Saneamiento de Galicia 2000-2015 (redactado en 2003) recogió como una 
de las actuaciones a ejecutar la EDAR de Ribeira. En su Anexo «Listado de las 
aglomeraciones futuras de más de 2.000 hab-equ propuestas en el plan de saneamiento» 
se recoge en la posición 50 la aglomeración de Ribeira y en la 233 la aglomeración de 
Aguiño, en ambos casos afectan al Concello de Ribeira.
La Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia, en su artículo 26 apartado 
primero establece que la Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma de Galicia 
determinará la política con relación al ciclo integral de uso urbano del agua, así como la 
declaración de interés de las obras y actuaciones cuya trascendencia o efectos sobrepase 
el marco municipal.
Asimismo, en su apartado segundo enumera las funciones que le corresponden a la 
Comunidad Autónoma, en particular, en su apartado b), «la elaboración y aprobación de 
los proyectos de obras y su ejecución cuando se trate de actuaciones declaradas de 
interés de la Comunidad Autónoma de Galicia.»
El Ayuntamiento de Ribeira propuso en febrero de 2006 la ubicación de la EDAR, 
comprometiéndose a la puesta a disposición de los terrenos y la tramitación de los 
permisos necesarios.
En abril de 2007 Augas de Galicia redactó un Anteproyecto, pero debido a dos sucesivas 
propuestas de cambio de ubicación por parte del Ayuntamiento se elaboró un segundo 
proyecto en junio de 2009 y un tercer proyecto constructivo el 28 de octubre de 2013.
El 2 de febrero de 2009, el entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, y la Xunta de Galicia, firmaron un Protocolo General de colaboración en el que se 
fija el marco general de colaboración en ejecución del «Plan nacional de calidad de las 
Aguas: Saneamiento y depuración 2007-2015» en el que se incluía la actuación «Ribeira. 
Colectores generales y EDAR de Ribeira». El anexo IV incluye obras de competencia de 
la Comunidad Autónoma que esta se compromete a ejecutar por sí o a través de 
organismos o entidades participadas o dependientes del mismo en el periodo 2007/2015.
Con fecha 10 de diciembre de 2013 se firmó un Protocolo de Colaboración entre le 
Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas 
de España SA para la licitación del proyecto «Saneamiento de Ribeira (A Coruña)». Este 
Protocolo remite a un Convenio de Gestión Directa de la Sociedad Estatal, que entonces 
se encontraba en tramitación, que incluiría la actuación «Saneamiento de Ribeira».
Una vez aprobado el Convenio de Gestión Directa de Acuaes debería formalizarse un 
convenio donde se recogieran los compromisos necesarios para la ejecución y financiación 
de la infraestructura hidráulica. Así se prevé tanto en el Protocolo de 2013 como en el 
propio Convenio de Gestión Directa, que fue suscrito por la Sociedad estatal y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el 30 de junio de 2014.
Finalmente, el 7 de agosto de 2014 fue suscrito el Convenio de Colaboración entre la  es
Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuecas  o
dciolnaoebt epn raErrvéosses gpnh raigiaodñem ransáa eeuSc rliiAascóel an pdñs adea sre laalilan   dl  qaCaeu poseeoamj errltaurcaousncl cilidooóióa bndndr eda  dA eslaeu  f o toalóbancnjstdeou otomaosbc a rdipaó edrsno e ,apd  eGcieost austlaal.ai cb Lcailiaaeóc .cnt cuLe láada lucoe Sis lós uonmilgca ii«use VEimde DandodtAe e elRE: sc stodátanentv  aRedl niebriecoela,iar lrarizea»alda.r aítEaisvn  ald a eeasl     OE-A-2020-3938able en https://www.
«Tras la firma de este Convenio, la Sociedad Estatal procederá a la adjudicación del 
contrato de ejecución de las obras definidas en el proyecto constructivo de los ‘‘Colectores 
generales y nueva EDAR de Ribeira’’. El plazo previsto para la ejecución es de 30 meses, 
de los cuales 18 meses corresponderán a la propia obra y 12 meses a su puesta en 
marcha.»
El acta de finalización de los trabajos es de fecha 1 de marzo de 2016.
De acuerdo con los datos expuestos y la documentación que consta en el expediente, 
la Sociedad Estatal cumplió con los compromisos adquiridos por Convenio en el plazo 
establecido, por lo que, de acuerdo con el criterio fijado por la Abogacía General del Estado 
en su informe de 27 de junio de 2019, al no existir incumplimiento del convenio que derive 
en un incumplimiento del Derecho Europeo, no se modifica la responsabilidad en este 
caso derivada de la titularidad de la competencia, que corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que había declarado esta obra de interés general de la Comunidad 
Autónoma.
La responsabilidad en este caso, dado que ya cumple con la normativa, se circunscribe 
a la parte que le corresponda de la suma a tanto alzado.
III.10  Delimitación del sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de Vigo.
La Ley 8/2001 de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las aguas de las Rías de 
Galicia y de Ordenación del Servicio Público de depuración de Aguas Residuales Urbanas 
declara de interés general de la Comunidad Autónoma de Galicia el servicio de depuración 
de aguas residuales urbanas.
En el caso de la Aglomeración de Vigo, al igual que en la de Ribeira, se aplica la Ley 
9/2010 de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia, y se encuentra igualmente recogido en el 
Plan de Saneamiento de Galicia 2000-2015, que en su Anexo «Listado de las aglomeraciones 
futuras de más de 2.000 hab-equ propuestas en el plan de saneamiento» recoge en la 
posición 48 la Aglomeración de Lagares (Vigo), que afectaría al Concello de Vigo.
La elaboración y aprobación de los proyectos de obras y su ejecución en el caso de 
Vigo tendrán la consideración de obras «de interés de la Comunidad Autónoma» en los 
mismos términos que en Ribeira.
El 9 de marzo de 2007 se firmó un Protocolo general de colaboración entre la Xunta de 
Galicia, el Organismo Autónomo Augas de Galicia y Aguas de la Cuenca del Norte SA, 
para el desarrollo de la actuación «Saneamiento de Vigo». Su objeto era la realización del 
«Estudio de Alternativas y Anteproyecto del Sistema de depuración de Vigo». En este 
Protocolo las partes se comprometen a realizar los estudios en el marco temporal de 
programación financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, período 2007-2013, y 
a formalizar en el plazo máximo de 3 meses un convenio donde se recojan los compromisos 
adquiridos en el Protocolo.
En cumplimiento de esta estipulación se suscribe el 19 de julio de 2007 un Convenio 
entre la Xunta de Galicia y el Organismo Autónomo Augas de Galicia con Aguas de la 
Cuenca del Norte SA, para el desarrollo de la actuación de «saneamiento de Vigo». Su 
objeto es la realización el «estudio de alternativas y anteproyecto del sistema de 
depuración de Vigo».
AcuaNorte SA se compromete a ejecutar el objeto del convenio en el menor plazo 
posible, fijándose como fecha prevista para la recepción del «estudio de alternativas y 
anteproyecto del sistema de depuración de Vigo» el mes de julio de 2008. Además en la 
cláusula V sobre modificación, vigencia y duración, se concreta que la vigencia del  es
convenio se extenderá a todo el período de ejecución de los trabajos a los que el mismo  bo
se refiere, siendo la fecha límite prevista el 31 de diciembre de 2008. 38ww
lsain roeEE spnlp a o2rcn auds aleaal qb fruieeliibdaeralrie zdcra oadc saidóoden,o   e 2dql0e uc0 eeu9 smn tsoupe dlsi miefoi rsitmer apnótrta oeu  vddnieoe  ns pe.ulasetzvoooss   Ppplraaorztaoo cslao  nrloeo a gdlieezntaeecrirmóanli n eyan reítajree cu uencla iM óvnian driiseat celairói oon b ddraee    OE-A-2020-39able en https://
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia por el que se fija el marco
general de colaboración en el ámbito del saneamiento y la depuración: Ejecución del Plan 
Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración 2007-2015. En su anexo III 
se recogen las obras de competencia de la Xunta de Galicia que esta solicita al Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que sean encomendadas a Sociedades 
Estatales y, en concreto, se incluye en el anexo II la «Nueva EDAR y emisario de Vigo».
El Convenio de Gestión Directa de AcuaNorte de mayo de 2010 incluye en su Adicional 
la actuación «Saneamiento de Vigo», cuyo fin principal era la ampliación y modernización 
de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Concello de Vigo y la 
construcción de un nuevo emisario submarino.
De los convenios anteriores acaba derivando en el Convenio suscrito por la Xunta de 
Galicia, Organismo Autónomo Augas de Galicia y el Concello de Vigo con Aguas de la 
Cuenca del Norte SA como usuarios de la actuación hidráulica «Saneamiento de Vigo», de 
fecha 2 de agosto de 2010.
En este convenio AcuaNorte se compromete a «iniciar, en el menor plazo de tiempo 
posible, la construcción y puesta en explotación de la obra».
El contrato fue adjudicado el 27 de septiembre de 2012, por un plazo inicial de 52 
meses que fue ampliado a 68. El 11 de mayo de 2017 comenzó la fase 3, de puesta en 
marcha, y el 11 de mayo de 2018 se dio por finalizadas las obras en el acta de recepción 
de Acuaes.
El Convenio suscrito no recoge consideraciones de plazo. Con la información 
disponible nada hace entender que no se realizó «en el menor plazo de tiempo posible», 
y el acta de recepción avala la realización del mismo de acuerdo con las condiciones 
técnicas esperadas. De este modo, de acuerdo con el criterio expresado por la Abogacía 
General del Estado no se puede apreciar incumplimiento de convenio y por tanto no se 
altera la responsabilidad derivada de la titularidad de la competencia, en este caso 
asumida por la Xunta de Galicia en su declaración de interés autonómico por su Ley 
8/2001, de 2 de agosto.
La responsabilidad en este caso, dado que ya cumple con la normativa, se circunscribe 
a la parte que le corresponda de la suma a tanto alzado.
III.11  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de 
Gijón-Este.
En la aglomeración urbana de Gijón-Este existe una declaración de interés general del 
Estado, (Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional), para la actuación 
denominada «Estación depuradora de Aguas Residuales de Gijón-Este».
La Dirección General de Aguas, en su escrito de 29 de octubre de 2018 emitido en la 
fase de diligencias previas al anterior procedimiento señala que:
«La transposición de la Directiva (91/271/CEE) al Derecho español estableció que la 
competencia en materia de saneamiento y depuración es de las entidades locales, y 
subsidiariamente, de las Comunidades Autónomas. Salvo que exista una declaración 
formal de Interés general del Estado o se haya suscrito un convenio específico con las 
Comunidades Autónomas para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado, la 
competencia para el cumplimiento de la mencionada directiva es de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales.»
Por otro lado, la Dirección General de Aguas, así como el Gobierno del Principado de 
Asturias, este en su escrito de 31 de octubre de 2018, remiten al «Convenio de  s
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del  oe.
Norte y el Principado de Asturias por el que se fija el esquema general de coordinación y  w.
flEainssat anAdcgoiua eacilsó 5:n  S dpaean rfeaea blamre eireojen cdtoue c y2ió 0Dn0 e8ep)n.u eral Pciróinnc 2ip0a0d7o- 2d0e1 A5s»t.u r(iPaus bdliecla Pdloa ne Nn aecli oBnoalel dtíen  COafilcidiaald  ddeel   2020-3938n https://ww
La actuación denominada «Estación depuradora de aguas residuales de Gijón-Este,
figura en el anexo I del convenio, como obra declarada de interés general. Se prevé su  Bc
ejecución mediante la inclusión del coste total de las obras en los presupuestos de la 
Confederación Hidrográfica del Norte.
Las actuaciones correspondientes a este apartado (Anexo I) tras su ejecución y puesta 
en explotación, serán desclasificadas como obras de interés general del Estado, recayendo 
la obligación de su mantenimiento, explotación, reposición o ampliación en el Gobierno del 
Principado de Asturias.
Este Convenio fue objeto de modificación en los apartados a) y b) de la cláusula 
tercera mediante Resolución de 6 septiembre de 2010 de la Dirección General de Aguas 
(Boletín Oficial del Estado de 15 de septiembre de 2010), y por lo que aquí interesa, se 
estableció que la Administración General del Estado asumiría el coste total de la obra 
ejecutándola con cargo a los presupuestos de la Dirección General del Agua, del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
En la actualidad, esta aglomeración sigue incumpliendo la Directiva 91/271/CEE. La 
Comisión en el escrito de réplica admite que las obras concluyeron en octubre de 2016, 
pero la recepción y puesta en marcha dependen de un nuevo procedimiento de evaluación 
de impacto medioambiental. El Gobierno del Principado de Asturias, informó sobre la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de 22 de septiembre de 2018, del «Nuevo 
Estudio de Impacto Ambiental de la Estación depuradora de aguas Residuales de Gijón 
Este y del Proyecto y ejecución de las obras de la EDAR Este de Gijón (Asturias)».
Así pues, en el presente caso, al existir una declaración de interés general del Estado, 
la ejecución de las medidas necesarias para la adecuada depuración de aguas residuales 
corresponde a la Administración General del Estado, sin que se aprecie, en principio, una 
responsabilidad concurrente de la recogida en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013.
A fecha de hoy, el incumplimiento persiste.
III.12  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de 
Noreste (Valle Guerra).
Esta aglomeración incluye los municipios de San Cristóbal de La Laguna, Tacoronte y 
Tegueste.
En el caso que nos ocupa, si bien el informe de la Dirección General de Aguas de 29 
de octubre de 2018 no recoge esta actuación en la enumeración que formula sobre los 
casos que contando con la declaración de interés general justificaba la intervención de la 
AGE, la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional contempla en el anexo II 
la actuación «Sistema de depuración de aguas residuales del nordeste de Tenerife, 2.ª 
fase».
El 9 de diciembre de 2008 se firma un Convenio entre la Administración General del 
Estado y la Comunidad de Canarias, en cuyo anexo II se incluye como obra de interés 
general la actuación denominada «Sistema de depuración de aguas residuales del 
nordeste de Tenerife, 2.ª fase». El Convenio establece un régimen de colaboración y 
cooperación financiera para el desarrollo de obras hidráulicas de interés general en 
Canarias, por el que el Estado financia y la Comunidad Autónoma licita y ejecuta.
En este convenio no se habla de plazos concretos de actuación.
En la cláusula novena se establecen las funciones de la Comisión mixta de seguimiento 
que se debía constituir, entre las que se pueden citar:
– Acordar programas anuales de desarrollo de las actuaciones.
– Garantizar el seguimiento de los expedientes a fin de asegurar la culminación y 
cumplimiento de los programas. es
– Garantizar el intercambio de información entre ambas Administraciones Públicas. bo
arecsuoeLluradc oicó lnáo u disneu celuasm tdepu cloiomdnéiveceninmtoioa. ) .(pNroe vcéo nlasst ac aau esastsa  dSee creresotalurícai óqnu ed esl eC hoanyvae ndioe,n upnocr iamduot uloa   2020-3938n https://ww
La Abogacía General del Estado en informe de 27 de junio de 2019 señala que «para
la determinación de la responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la UE a que se  Bc
refiere el artículo 4 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, deberán tenerse en cuenta,
«junto con la regla de la competencia establecida por el ordenamiento jurídico español, 
otros hechos y fundamentos jurídicos como son los convenios de cooperación o 
colaboración concertados por la Administración titular de la competencia con otra 
Administración Pública por virtud de la cual esta última se hubiere obligado a contribuir a 
la financiación o ejecución de la actividad de que se trate».
Ahora bien, la Abogacía General del Estado establece el matiz que debe ser analizado, 
y es que señala que para ser apreciada la responsabilidad de la Administración que 
celebra el acuerdo con la Administración titular de la competencia, aquella deberá incumplir 
el convenio que se hubiera celebrado, y fruto de ese incumplimiento infringir la normativa 
comunitaria.
Analizadas las actuaciones acometidas a lo largo del procedimiento de contratación y 
ejecución de las obras por parte de la Comunidad de Canarias, si bien se aprecia un 
retraso en el cumplimiento de los plazos, no se dispone de información que acredite que 
existe un incumplimiento de convenio que sea atribuible a la CA, puesto que cada retraso 
ha motivado una modificación de los instrumentos jurídicos correspondientes realizada de 
forma exhaustiva por las Administraciones implicadas e informada favorablemente por el 
Ministerio.
Por tanto, y siguiendo el criterio de la Abogacía General del Estado, la responsabilidad 
por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, atendiendo al criterio de competencia 
establecida por el ordenamiento jurídico, en el caso de la aglomeración urbana de Valle de 
Guerra recae en la Administración General del Estado por existir una declaración de 
interés general del Estado, sin que se aprecie, en principio, una responsabilidad 
concurrente de la recogida en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013.
En este caso, dado que ya cumple con la normativa, la responsabilidad se circunscribe 
a la suma a tanto alzado.
III.13  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de 
Santiago.
En el caso de Santiago de Compostela, la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan 
Hidrológico Nacional incluyó como obra de interés general del Estado la «mejora de los 
colectores generales y EDAR de Santiago», en virtud de lo cual las obras a ejecutar son 
de competencia de la Administración General del Estado, sin perjuicio del interés que en 
su ejecución tienen las demás entidades concurrentes en el Convenio suscrito entre la 
Entidad Pública Empresarial Aguas de Galicia, el Concello de Santiago de Compostela y 
la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España SA para la ejecución y explotación 
de las obras de mejora de la EDAR de Silvouta, tal y como se recoge expresamente en su 
texto.
En virtud del Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado por Ley Orgánica 1/1981 
de 6 de abril, y de acuerdo con el Real Decreto 1870/1985 de 11 de septiembre, Galicia 
dictó la Ley 9/2010 de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia, que crea la Entidad Pública 
Empresarial Augas de Galicia que cuenta entre sus funciones la participación en las obras 
de interés general del Estado en las condiciones que fijen los correspondientes convenios 
a suscribir con el órgano competente de la AGE.
El 2 de febrero de 2009 se suscribió un Protocolo General de colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Xunta de Galicia, en el que 
se fija el marco general de colaboración en ejecución del «plan nacional de calidad de las 
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015», en cuyo Anexo I «obras de interés 
general» se incluye la actuación «EDAR de Santiago de Compostela». e.e
Posteriormente se encomendó la actuación a la Sociedad Estatal «Aguas de las  w.b
Cuencas de España SA», que suscribe el Convenio de Gestión Directa de 29 de noviembre  38ww
d«eS a2n0e1a1m coienn etol  Mdein iSstaenritoia dgeo  Mdee dCioo Ammpobsietenltae:,  ym Mejeodraio  dReu lroasl  yc Moleacritnoor ecso ng elan edreanleosm iyn adcei ólna 
EDAURn  dneu eSvilov oCuotan»venio de Gestión Directa se suscribió el de 30 de junio de 2014 bajo la
denominación «saneamiento de Santiago de Compostela. Nueva EDAR».
El 7 de agosto de 2014 se suscribió un Convenio entre la Entidad Pública Empresarial 
Augas de Galicia, el Concello de Santiago de Compostela y la Sociedad Estatal Aguas de 
las Cuencas de España SA para la ejecución y explotación de las obras de mejora de la 
EDAR de Silvouta (actuación «saneamiento de Santiago de Compostela. Nueva EDAR»). 
El Convenio reserva a la Sociedad Estatal la titularidad de la explotación de las obras 
durante un período máximo de 45 años.
Así pues en el presente caso, al existir una declaración de interés general del Estado, 
reconocida y asumida por este, la ejecución de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la depuración de aguas residuales corresponde a la Administración 
General del Estado conforme a lo anteriormente expuesto, sin que se aprecie, en principio, 
una responsabilidad concurrente de la regulada en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013.
La responsabilidad en este caso, dado que ya cumple con la normativa, se circunscribe 
a la parte que le corresponda de la suma a tanto alzado.
III.14  Delimitación de sujeto incumplidor en el caso de la aglomeración urbana de 
Valle de Güímar.
A la hora de determinar la responsabilidad en el caso de la aglomeración urbana de 
Valle de Güímar y, por tanto, el sujeto incumplidor, cabe señalar, en primer lugar, que esta 
incorpora parte de los municipios de Arafo, Candelaria y Güímar.
Toda la información aquí relatada se remitió por las Administraciones afectadas a 
petición de esta Secretaría General en un momento anterior al inicio del procedimiento 
resuelto por caducidad, por lo que se han utilizado al formar parte de unas diligencias 
anteriores al inicio de aquel.
Así, de acuerdo con el informe remitido por la Alcaldesa de Güímar, en la fase de 
diligencias previas, la obra de infraestructura relativa a la aglomeración Valle de Güímar 
fue iniciada por el Consejo Insular de Tenerife entre los años 1991 y 1996, si bien nunca 
entró en servicio. Se afirma que la titularidad correspondía entonces al Gobierno de 
Canarias. El CIATF, por su parte, señala que la Dirección General de Aguas del Gobierno 
de Canarias procedió a la ejecución en 1996 del Proyecto «EDAR del Valle de Güímar», la 
cual no llegó a entrar en servicio. Mediante escrito de 21 de noviembre de 2018, la 
Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias afirma que si bien hay constancia 
de la preexistencia de una estación depuradora ejecutada en los años 90, no consta en 
sus archivos expediente alguno.
Respecto de esta EDAR, aunque no se aporta ninguna otra documentación, se ha 
podido consultar el Decreto 178/1993, de 28 de mayo, por el que se acuerda excluir del 
procedimiento de Evaluación Detallada de Impacto Ecológico, el proyecto de ejecución de 
obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Comarcal del Valle de Güímar. 
Constatándose que efectivamente el Gobierno de Canarias, a través de la entonces 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, procedió a acometer las obras de la 
Estación Depuradora del Valle de Güímar, adjudicando la redacción de proyecto y 
ejecución de obras, así como la de su Proyecto Modificado n.º1, que fue objeto de 
exclusión del procedimiento de Evaluación Detallada de Impacto Ecológico.
Además, el propio Decreto 319/1996, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Plan Hidrológico Insular de Tenerife, en su apartado 11.2.7, señalaba expresamente que 
es el Gobierno de Canarias quien ha acometido el sistema general de saneamiento del 
Valle de Güímar.
Según informa el Gobierno de Canarias, mediante escrito de 21 de noviembre de 2018, 
con fecha 30 de julio de 2001 el Gobierno de Canarias aprobó el Plan de Saneamiento,  e.e
Depuración y Reutilización de Canarias 2001-2006 (PSDR). El PSDR plantea unas líneas  w.b
de acción a desarrollar mediante actuaciones de interés regional y de interés insular que  38ww
eDriachna osb ajecttou adceio cnoensc feuretarocnió cno enncetrreta ldaa As demntinreis atrmacbiaósn  ARdemgiinoinsatrla yc iolonse sC ay bsield odse rIivnasbualanr edse. 
lfainsa ndceiamcaiónnd daesl  Py SnDeRc essei ddaisdteribs udyóe fainl i5d0a%s  eennt rleo se l PGloabnieesrn oH dider oClóagniacroiass  Iyn lsousl aCraebsi.l dLoas 
Insulares.
En este sentido, el Gobierno de Canarias no aclara si en concreto la actuación referida 
a Valle de Güímar era de interés regional o insular. Tampoco facilitó esta información 
cuando así se solicitó desde esta Secretaría General mediante escrito de 27 de septiembre 
de 2018.
Sigue informando el Gobierno de Canarias que, entre las actuaciones a desarrollar, en 
el marco del PSDR, se señala: «TF24 Acondicionamiento y mejora del Sistema comarcal 
de saneamiento del Valle de Güímar con un total de 51 millones de pesetas».
Con fecha 24 de julio de 2002 se firma el «Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para la ejecución del 
Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización», para la adecuada ejecución del PSDR 
ambas Administraciones estiman oportuno coordinar su participación y colaboración en las 
actuaciones que se vayan a realizar y financiar. Dicho convenio tiene por objeto definir los 
términos y condiciones de la concesión de una aportación dineraria al Cabildo Insular de 
Tenerife para la financiación de las inversiones relacionadas en el anexo I, referido a obras 
de infraestructuras hidráulicas de interés autonómico.
En la cláusula segunda se refiere al anexo I del convenio que recoge las actuaciones 
a ejecutar, así como las dotaciones financieras por anualidades y la administración pública 
responsable de su ejecución. Visto el contenido del anexo I, no se recoge la actuación 
«TF24 Acondicionamiento y mejora del Sistema comarcal de saneamiento del Valle de 
Güímar» que inicialmente contemplaba el PSDR.
Según el informe del Gobierno de Canarias, en 2006 se incorpora en los Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma, en el marco del PSDR, la dotación económica para los 
trabajos de «Rehabilitación y puesta en marcha de la EDAR Valle de Güímar», obras 
contratadas el 20 de noviembre de 2006. En abril de 2009 se aprueba el Modificado n.º 1 
de la obra, firmándose el contrato en septiembre del mismo año.
Prosigue este informe indicando que, en enero de 2010, el CIATF,futuro receptor y 
gestor de esta infraestructura comarcal, solicita modificar el contenido del Modificado n.º 1. 
En julio del mismo año, en una reunión de la Comisión de Seguimiento del PSDR de la isla 
de Tenerife, se acuerda rescindir el contrato con la empresa adjudicataria sin reclamación 
alguna por las partes, comprometiéndose el Consejo Insular a remitir a la Consejería un 
nuevo proyecto de terminación de las obras.
Así pues, el 25 de octubre de 2011, se suscribe un acta de mutuo acuerdo de la 
medición final de las obras y se firma la rescisión del contrato. Como resultado de ello, el 
Gobierno de Canarias ha remitido copia de la Resolución de 1 de diciembre de 2014, del 
Viceconsejero de Pesca y Aguas, para la aprobación del gasto por los trabajos del 
«Documento de valoración de los trabajos ejecutados del Modificado n º 1 del Proyecto de 
Rehabilitación y puesta en marcha de la EDAR del Valle de Güímar».
Posteriormente, tal y como indica el informe de la Alcaldesa de Güímar, el CIATF 
publicó anuncio para la licitación de las obras incluidas en el proyecto Estación Depuradora 
de Aguas Residuales Valle de Güímar (TM Arafo), Fase I. En concreto, se realiza mediante 
anuncio de 21 de octubre de 2017.
El CIATF informa de que los terrenos sobre los que se ejecutó esta EDAR fueron 
cedidos al Consejo Insular de Aguas para la ejecución de las obras del Proyecto Estación 
Depuradora de Aguas Residuales Valle de Güímar (TM Arafo), Fase I., el cual se encuentra 
en ejecución en la actualidad por el CIATF, habiéndose adjudicado las obras con fecha 13 
de septiembre de 2017 y formalizado el contrato administrativo el 5 de octubre de 2017.
El CIATF aporta, además, extensa documentación, alrededor de unas 400 páginas, 
mediante remisión a un hipervínculo. es
Expuesto cuanto antecede y una vez analizado tanto los informes aportados como la  o
dacoo cncauclbmuose inoptnoaerc siól aqnsu r eed mmisitátiinsd taaa dpse oAlra denmlt eCi nIsAiesT teFrax, cpsioeon npeernos.c eddee  Ca aensaqruiaesm, altoiz aqru lea sp aecrtmuaitciriáon eexst lrlaeevar dlaass   2020-3938n https://www.
escr1it.oº  dSee g2ú1n  dinef onromvóie lma bDreire dccei ó2n0 1G8e,n eerna le dl eV Aalgleu adse d eGl üGímobaire rhnaoy d ceo Cnsatnaanrciaias  edne  slua   BOE-A-cable e
preexistencia de una estación depuradora ejecutada en los años 90. Si bien en ese escrito
se decía que no constaba en sus archivos expediente alguno, con posterioridad y en 
escrito de alegaciones al acuerdo de inicio sí se presenta documentación relativa a la 
misma, de la que se ha dejado constancia en páginas anteriores, en concreto en el 
apartado dedicado a las «Alegaciones del Gobierno de Canarias».
2.º  El 30 de julio de 2001 el Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Saneamiento, 
Depuración y Reutilización de Canarias 2001-2006 (PSRD), cuyo Objetivo 1 era «lograr un 
desarrollo de las infraestructuras de saneamiento y depuración acorde con los 
requerimientos normativos». Basándose en los objetivos del PSRD se planteaban unas 
líneas de acción a desarrollar mediante actuaciones de interés regional y de interés insular, 
que incluía la actuación «TF 24 Acondicionamiento y mejora del Sistema comarcal de 
saneamiento del Valle de Güímar».
3.º  El 24 de julio de 2002 se suscribe el Convenio de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para la ejecución del Plan de 
Saneamiento, Depuración y Reutilización.
– Se suscribe dado que la Directiva 91/271 CE sobre tratamiento de aguas residuales 
urbanas, de obligado cumplimiento para los Estados Miembros, especifica la necesidad de 
proceder al tratamiento adecuado de todas las aguas residuales.
– Tiene por objeto establecer el marco de colaboración para ejecutar el PSDR.
– En la cláusula segunda se establece que, en ejecución del Plan, se desarrollarán las 
actuaciones previstas en el anexo I, detallándose en el mismo las dotaciones financieras 
y la Administración pública responsable de su ejecución.
– En la cláusula cuarta se regula el tema de la financiación, que será al 50% entre 
ambas Administraciones respecto del total de las actuaciones previstas en el Convenio, si 
bien cada Administración Pública financiará la totalidad del presupuesto de cada una de 
las obras que se le asignen en el cuadro de distribución de actuaciones.
Además,  se  prevé  que  el  Cabildo  pueda  convenir  con  los Ayuntamientos 
correspondientes la cofinanciación del 50% correspondiente a la administración insular.
– La cláusula sexta prescribe que cada administración pública licitará, contratará, 
pagará, supervisará, inspeccionará y recepcionará las obras que le correspondan.
– En la cláusula décima se regula la Comisión bilateral de seguimiento, compuesta por 
representantes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y por el Cabildo 
Insular de Tenerife.
– La cláusula duodécima establece que una vez finalizadas y recibidas las obras 
contratadas se procederá a su entrega al Cabildo Insular de Tenerife o al Ayuntamiento 
afectado. A partir de ese momento, y salvo que coincida la administración contratante y la 
beneficiaria, quedará la Administración contratante exonerada de cualquier gasto de 
conservación, mantenimiento o explotación.
4.º  Vista la relación de actuaciones del anexo I, no se recoge la correspondiente a 
Valle de Güímar. Hay que esperar hasta el año 2005, donde vuelve a plasmarse una 
actuación en esta aglomeración, en este caso en un Acta de la Comisión bilateral de 
seguimiento del Convenio de colaboración, de fecha 6 de octubre de 2005, aparece en un 
apartado de Inversiones Nuevas, la actuación: TF45 Rehabilitación de la EDAR del Valle 
de Güímar.
5.º  El 16 de enero de 2006 se dicta Orden del Consejero de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda, por delegación del Gobierno, por la que se resuelve modificar el 
PSDR, respecto de acciones previstas para la Isla de Tenerife, incluyéndose la actuación 
TF45 Rehabilitación de la EDAR del Valle de Güímar, y según el cuadro de financiación se  e.e
atribuye al Gobierno de Canarias. w.b
De lo que se concluye que también se le asigna su ejecución, a la vista de lo dispuesto  38ww
en la6 .cº láuEslu 2la1  sdeeg fuenbdrear, oc udaer t2a0 y0 7s,e mxtae ddiaenl Cteo annvuenncioio d een c eoll a«bBooralectiíónn O. ficial de Canarias»,
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Transporte y Vivienda la entidad adjudicadora.
7.º  En el Acta de la Comisión bilateral de Seguimiento del Convenio de Colaboración 
de 19 de julio de 2010 se acuerda mostrar la conformidad a la solicitud de reenfoque de la 
obra Modificado n.º1 del Proyecto de Rehabilitación y puesta en marcha de la EDAR de 
Valle de Güímar, encargándose el CIATF de la redacción del nuevo Proyecto de 
Readaptación de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales de Güímar (ETAR que 
no EDAR).
8.º  No le consta al CIATF cuales fueron los motivos por los que el Gobierno de 
Canarias no procedió a su ejecución.
En este punto, cabe mencionar que en la página 8 del escrito de Demanda de la 
Comisión contra el Reino de España, en el asunto que nos ocupa y del que trae causa este 
procedimiento de repercusión de responsabilidades, en nota a pie de página se hace una 
distinción entre lo que es una EDAR y una ETAR y se indica que las Estaciones de 
Tratamiento de aguas residuales o ETARS, no pueden considerarse conforme con los 
requisitos de la Directiva, ya que el tratamiento que se dispensa es muy básico. Por lo que 
quizá un motivo de la no ejecución de ese proyecto, a la que alude el CIATF, podría ser 
que lo proyectado fuese una ETAR.
9.º  En el año 2016, el Cabildo, a través del CIATF, procedió a la redacción del 
Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales del Valle de Güímar, y posterior 
adjudicación, encontrándose en fase de ejecución.
Procede dejar constancia, que esta opción ha sido considerada válida por la Comisión 
Europea para ejecutar la Sentencia del TJUE de 14 de abril de 2011, pero en la medida en 
que todavía no está terminada esa nueva EDAR se entiende que el incumplimiento 
persiste.
A la vista de lo expuesto, cabe concluir que fue el Gobierno de Canarias el que asumió 
la financiación y la ejecución de la actuación en Valle de Güímar como actuación de interés 
regional, arrogándose la práctica totalidad de las obligaciones respecto de la misma, y no 
es sino a partir del año 2016 cuando esas obligaciones las asume el Cabildo, a través del 
CIATF, comprometiéndose no solo a financiar la inversión, sino también a redactar el 
proyecto, licitar y ejecutar la actuación.
No se ha acreditado en virtud de qué título asume a partir de 2016 la ejecución de la 
obra el CIATF.
Desde un punto de vista teórico la actuación del CIATF podría incardinarse en alguno 
de estos supuestos:
1)  Siendo la actuación de interés regional, como venimos defendiendo, la intervención 
del CIATF podría enmarcarse en el supuesto previsto en el artículo 10 k de la Ley de 
Aguas de Canarias, que establece que son competencia de los CIATF la realización de 
obras hidráulicas de responsabilidad de la Comunidad Autónoma en su isla.
En tal caso, debería suscribirse el oportuno convenio entre ambas Administraciones.
2)  Podría haberse declarado caduco o extinto el carácter regional de la actuación e 
intervenir el CIATF como administración responsable de obras de interés insular, 
atribuyéndose tal competencia en virtud del artículo 8.1.c de la Ley de Aguas de Canarias.
3)  Podría intervenir el CIATF como administración de apoyo y auxilio a los 
Ayuntamientos, suscribiéndose al efecto el oportuno convenio.
No obstante, todo ello no serían más que elucubraciones, porque no se ha remitido 
documento alguno que acredite alguna de estas posibilidades. De los datos obrantes en 
esta Secretaría aportados por las distintas Administraciones, solo se ha probado 
documentalmente que la obra de la EDAR en Valle de Güímar era una actuación de interés  e.e
regional incluida en el PSDR y cuya ejecución se encomendó al Gobierno de Canarias, en  w.b
el marco del cumplimiento de la Directiva 91/271 CE sobre tratamiento de aguas residuales  38ww
unri beal nPaSsD, nRo. constando que se haya declarado conclusa ni la actuación de interés regional
GenAe rmala dyeolr  Easbtuanddoa dmei e2n7t od,e y j utennioie dned o2 0e1n9 c,u aeunnta e lno  edli sspuupeusetsot oe nd ee lq inufeo rsme eh udbei elas eA bsougsacrciítao 
un convenio entre el Gobierno de Canarias y el CIATF para que este último asumiese la
ejecución de la obra de la EDAR de Valle de Güímar, para poder imputarle una 
responsabilidad al CIATF este debería haber incumplido ese convenio y ser por tanto el 
responsable del retraso o de la falta de ejecución de la depuradora. Circunstancia que 
nuevamente no ha quedado probada documentalmente.
Por tanto, la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales, atendiendo a la regla 
de competencia establecida por el ordenamiento jurídico, y a la vista de lo informado por 
la Abogacía General del Estado, en el caso de la aglomeración urbana de Valle de Güímar 
recae en la Comunidad Autónoma de Canarias, por ser una actuación de interés regional.
El incumplimiento persiste.
IV.  Determinación de cuantías.
Una vez determinados los responsables en cada uno de los casos, procede fijar las 
cuantías que corresponden a cada uno de ellos, de las que responderán de forma 
mancomunada en los términos previstos en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013.
Los importes totales a satisfacer, por sujeto responsable, provienen de la suma de la 
multa a tanto alzado más las multas coercitivas impuestas hasta la fecha.
Reparto de la multa a tanto alzado.
Respecto a la determinación de la cuantía de la suma a tanto alzado que correspondería 
a cada uno de los sujetos responsables, se han aplicado simultáneamente dos criterios: un 
criterio de proporcionalidad, basado en el porcentaje de carga contaminante de cada 
aglomeración urbana con respecto al total; y un criterio de gravedad basado en la duración 
del incumplimiento de cada aglomeración urbana respecto de sus obligaciones sobre el 
tratamiento de sus aguas residuales.
Tanto el criterio de proporcionalidad, como el criterio de la gravedad/temporalidad se 
han utilizado ya que han sido invocados por el propio TJUE a la hora de hacer el cálculo 
de la suma a tanto alzado, en los apartados 79 y 80 que a su vez se remiten a los 
apartados  54 a 63.
En el apartado 56 el TJUE señala la considerable reducción del número de 
aglomeraciones que cumplían con la directiva a fecha de la vista oral, y en el 57 el 
reconocimiento expreso de la propia Comisión de los esfuerzos importantes realizados por 
el Reino de España.
En lo relativo a la carga contaminante, expresada en e-h, se ha utilizado la relación 
elaborada por la Comisión Europea.
En la siguiente tabla se muestra la carga contaminante de cada aglomeración y su 
p orcentaje respecto a la carga contaminante total.
 
 
Carga contaminante   Porcentaje respecto al 
Aglomeraciones urbanas 
(e-h)   total de carga 
Alhaurín el Grande   21.956  1,79% 
Barbate  36.860  3,00% 
Coín  21.027  1,71% 
Estepona (San Pedro de Alcántara)  96.422  7,85% 
Isla Cristina  33.000  2,69% 
Matalascañas  25.774  2,10% 
Nerja  34.243  2,79% 
Tarifa  20.577  1,68% 
Gijón-Este  161.800  13,17% 
Noreste (Valle Guerra)  66.460  5,41% 
Valle de Güímar  23.780  1,94% 
Benicarló  39.053  3,18% 
Peñíscola  10.998  0,90% 
Teulada Moraira (Rada Moraira)  7.637  0,62% 
Aguiño-Carreira-Ribeira  32.505  2,65% 
Santiago  177.546  14,45% 
Vigo  418.686  34,09% 
TOTAL   1.228.324   
 
La cuantía de la suma a tanto alzado impuesta al Reino de España por el TJUE, 12 
millones de euros, se asigna al periodo completo comprendido entre la Sentencia de 14 de 
abril de 2011, (C-343/10, no publicada, EU: C:2011:260), y la Sentencia de 25 de julio de 
2018 (asunto C-205/17).
Para la distribución temporal de la suma a tanto alzado, y dentro del periodo total de 
asignación del importe de 12 millones de euros, se han establecido los siguientes 
subperiodos, según las fechas de cumplimiento de algunas aglomeraciones urbanas:
Subperiodo A: desde la fecha de la sentencia, el 14 de abril de 2011, hasta la primera 
fecha de cumplimiento, el 29 de marzo de 2015, (ambos días incluidos). En este intervalo 
de tiempo, incumplen todas las aglomeraciones.
Subperiodo B: desde el 30 de marzo de 2015 hasta el 27 de abril de 2015, ambos días 
incluidos. Incumplen todas las aglomeraciones menos Teulada, que empieza a cumplir el 
29 de marzo de 2015.
Subperiodo C: desde el 28 de abril de 2015 hasta el 29 de noviembre de 2015, ambos 
días incluidos. Incumplen todas las aglomeraciones menos Teulada, que empieza a cumplir 
el 29 de marzo de 2015, y Benicarló, que empieza a cumplir el 27 de abril de 2015.
Subperiodo D: desde el 30 de noviembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2016, 
ambos días incluidos. Incumplen todas las aglomeraciones menos Teulada (que empieza 
a cumplir el 29 de marzo de 2015), Benicarló, que empieza a cumplir el 27 de abril de 
2015, y Peñíscola, que empieza a cumplir el 29 de noviembre de 2015.
Subperiodo E: desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 9 de octubre de 2017, ambos  e.e
días incluidos. Incumplen todas las aglomeraciones menos Teulada, que cumple el 29 de  b
marzo de 2015, Benicarló que cumple el 27 de abril de 2015), Peñíscola, que cumple el 29  38ww
de nSouvbiepmerbiroed od eF 2: 0d1e5s,d ye  Eesl te1p0o dnea ,o qcutueb cruem dpel e2 e0l1 370 h daes tnao evile 1m6b dree  dneo 2vi0e1m6b.re de 2017,
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el 29 de noviembre de 2015, Estepona, que cumple el 30 de noviembre de 2016, y Valle 
de Guerra, Ribeira y Vigo,(estas tres aglomeraciones cumplen el 9 de octubre de 2017.
Subperiodo G: desde el 17 de noviembre de 2017 hasta el 25 de julio de 2018, ambos 
días incluidos. Incumplen todas las aglomeraciones menos Teulada, que cumple el 29 de 
marzo de 2015, Benicarló, que cumple el 27 de abril de 2015, Peñíscola, que cumple el 29 
de noviembre de 2015, Estepona (cumple el 30 de noviembre de 2016), Valle de Guerra, 
Ribeira y Vigo, estas tres aglomeraciones cumplen el 9 de octubre de 2017, y Santiago, 
que cumple el 16 de noviembre de 2017.
Para la distribución de la suma a tanto alzado, se ha calculado una suma diaria, 
obtenida dividiendo el importe total, 12 millones de euros, entre el número total de días que 
hay entre el 14 de abril de 2011, (C-343/10, no publicada, EU:C:2011:260), y el 25 de julio 
de 2018 (asunto C-205/17).
A continuación se han considerado los subperiodos A, B, C, D, E, F y G, calculando, 
para cada uno de ellos, la parte alícuota de la suma total a tanto alzado. Dicha parte 
alícuota se obtiene multiplicando la suma diaria por el número de días de cada subperiodo.
Finalmente, el importe parcial correspondiente a cada periodo se ha repartido 
proporcionalmente a la carga contaminante de todas las aglomeraciones urbanas que 
incumplían en cada periodo.
El importe resultante por aglomeración urbana analizada se muestra en la siguiente 
tabla:
 
 
 
  Reparto de la multa coercitiva.
 
En la propuesta de resolución se consideran dos multas coercitivas, impuestas por dos 
periodos semestrales de incumplimiento:
1)  Primera multa coercitiva, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de 
julio de 2018 y el 25 de enero de 2019.
2)  Segunda multa coercitiva, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de  s
enero y el 25 de julio de 2019. oe.
Las dos multas coercitivas son exactamente iguales, tanto en importe como en reparto,  38ww
ya qEule  ilmosp osurtjee todse i nccaudmap lmiduolrteas  cyo laesrc aitgivloam aesraccieionndees  aaf e1c0ta.3d5a5s. 5so1n9 ,l6o7s  meiusrmoso.s .Para la
dbeatseardmoi neanc ieóln p doerc lean ctaujaen dtíea  cdaer glaas  cmonutltaams insea nhtea  daep liccaaddao  aegl lcormiteerriaoc dióen  purorbpaonrcai oanfeaclitdaadda, 
con respecto al total de las aglomeraciones que deben asumir el total de la multa coercitiva.
 
Así, para el primer semestre de incumplimiento, las cuantías por aglomeración son:
 
Tamaño  % con respecto 
parte alicuota de la 
Aglomeraciones urbanas (h-e) según  al
multa coercitiva 
demanda  total de carga
Alhaurín el Grande  21.956 6,13%
634.320,36
Barbate 36.860 10,28%
1.064.904,74
Coín 21.027 5,87%
607.481,06
Isla Cristina 33.000 9,21%
953.387,31
Matalascañas 25.774 7,19%
744.624,38
Nerja 34.243 9,55%
989.298,24
Gijón-Este 161.800 45,14%
4.674.486,89
Valle de Güímar 23.780 6,63%
687.016,68
TOTALES 358.440 100,00% 10.355.519,67  
 
Para el segundo semestre de incumplimiento, la situación es exactamente la misma, 
ya que, como se ha mencionado anteriormente, el importe y aglomeraciones afectadas 
son los mismos. Por tanto:
Tamaño  % con respecto 
parte alicuota de la 
Aglomeraciones urbanas (h-e) según  al
multa coercitiva 
demanda  total de carga
Alhaurín el Grande  21.956 6,13%
634.320,36
Barbate 36.860 10,28%
1.064.904,74
Coín 21.027 5,87%
607.481,06
Isla Cristina 33.000 9,21%
953.387,31
Matalascañas 25.774 7,19%
744.624,38
Nerja 34.243 9,55%
989.298,24
Gijón-Este 161.800 45,14%
4.674.486,89
Valle de Güímar 23.780 6,63%
687.016,68
TOTALES 358.440 100,00% 10.355.519,67  
 
Asignación del importe total (multa a tanto alzado y coercitivas) por sujeto responsable.
  Los sujetos responsables, por aglomeración afectada, se reflejan en la siguiente tabla:
 
Aglomeraciones urbanas  Sujeto responsable 
Alhaurín el Grande   Junta de Andalucía 
Barbate  AGE ( Ministerio para la Transición Ecológica) 
Coín  Junta de Andalucía 
Estepona (San Pedro de Alcántara)  AGE ( Ministerio para la Transición Ecológica) 
Isla Cristina  Junta de Andalucia 
Matalascañas  AGE ( Ministerio para la Transición Ecológica) 
Nerja  AGE ( Ministerio para la Transición Ecológica) 
Tarifa  Junta de Andalucía 
Gijón-Este  AGE ( Ministerio para la Transición Ecológica) 
Noreste (Valle Guerra)  AGE ( Ministerio para la Transición Ecológica) 
Valle de Güímar  Comunidad de Canarias 
Benicarló  EPSAR (*) 
Peñíscola  EPSAR (*) 
Teulada Moraira (Rada Moraira)  EPSAR (*) 
Aguiño-Carreira-Ribeira  Xunta de Galicia  
Santiago  AGE ( Ministerio para la Transición Ecológica) 
Vigo  Xunta de Galicia  
(*)Para  estas  aglomeraciones  se  produjo  la  terminación convencional del procedimiento previo pago voluntario. 
El reparto de los importes totales a satisfacer, por sujeto aglomeración, se muestra a 
   
continuación:
   
 
(*)Para estas aglomeraciones se produjo la terminación convencional del procedimiento previo pago voluntario. 
   
 
  Individualizando por sujeto responsable:
 
 
 
 
 
 
 
  b
  w.
( *)Para estas aglomeraciones se produjo la terminación convencional del procedimiento previo pago voluntario.  2020-3938n https://ww

V.  Conclusiones.
De todo lo actuado se concluye:
I.  Que el TJUE (Sala Octava) dicta Sentencia el 25 de julio de 2018 en el asunto 
C-205/17, en la que condena al Reino de España a abonar una suma a tanto alzado de 12 
millones de euros y establece una multa coercitiva decreciente de un importe de 
10.950.000 euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a la Sentencia de 14 de abril de 2011(el importe de la multa 
coercitiva finalmente se redujo por el cumplimiento de Tarifa a la cantidad de 10.355.519,67 
euros).
II.  Que el Reino de España pagó la cuantía establecida para la multa a tanto alzado 
y la primera y segunda multa coercitiva semestral por un importe total de 32.711.039,34 
euros.
III.  Que a los hechos expuestos son objeto de aplicación el procedimiento de 
determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea regulado en el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, en desarrollo de la 
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
IV.   Que se aprobó por Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020 en 
los términos recogidos en el artículo 15.3 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, el 
acuerdo alcanzado con la EPSAR que tuvo su manifestación en el pago voluntario 
realizado por esta entidad el día 23 de diciembre de 2019, por lo que no se aplicaron los 
intereses compensatorios a la misma.
V.  Que el resto de Administraciones responsables del incumplimiento, sin que exista 
un responsable subsidiario o concurrente y por todo lo argumentado en la «Exposición», 
son las que a continuación se señalan:
a)  MITECO por los casos de Barbate, Estepona, Matalascañas, Nerja, Gijón-Este, 
Noreste-Valle Guerra y Santiago.
b)  Comunidad Autónoma de Andalucía, por los casos de Alhaurín el Grande, Isla 
Cristina, Coín y Tarifa.
c)  Comunidad Autónoma de Canarias por el caso de Valle de Güímar.
d)  Comunidad Autónoma de Galicia por los casos de Vigo y Aguiño-Carreira-Ribeira.
VI.  Que los sujetos declarados responsables, conforme al artículo 16 del Real 
Decreto 515/2013, de 5 de julio, deberán pagar el importe total de la deuda en el plazo de 
los dos meses siguientes a la recepción de la notificación del presente Acuerdo del 
Consejo de Ministros en los términos contenidos en el presente Acuerdo. En el caso del 
MITECO este pago no procede por haber el Tesoro Público abonado a la Comisión 
Europea el importe de las multas con cargo al presupuesto del citado Ministerio.
(Continuación propuesta).
Segundo.  Determinación y repercusión de responsabilidades.
Una vez instruido el procedimiento, se determina la responsabilidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante, MITECO), de la Junta de 
Andalucía, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Xunta de Galicia, por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en la manera que se determinará en la  e
exposición y las conclusiones. bo
Asimismo se establece la repercusión del pago a las entidades señaladas en la  38ww
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515/2013, deberán pagar el importe total de la deuda en el plazo de los dos meses
siguientes a la recepción de la notificación del Acuerdo del Consejo de Ministros que 
ponga fin al procedimiento. El importe repercutido incluirá todos los conceptos que, de 
acuerdo con el artículo 9.1.d) del Real Decreto 515/2013, integran el importe total de la 
deuda.
En este caso el importe de la deuda incluirá la suma a tanto alzado satisfecha por el 
Estado por importe de 12 millones de euros (abonado en fecha 11 de octubre de 2018), más 
el importe de 10.355.519, 67 euros correspondientes al primer pago semestral de la multa 
coercitiva (abonado con fecha 5 de junio de 2019) y otros 10.355.519, 67 euros por el 
segundo pago semestral de la multa coercitiva (abonado con fecha 28 de noviembre de 2019). 
Dicha cantidad se ha visto aminorada (en la sentencia se fijó la cantidad de 10.950.000 
euros) por el cumplimiento de la aglomeración urbana de Tarifa. También se incluirán los 
intereses compensatorios que se hubieran devengado desde el día del pago por el Reino 
de España hasta el día en que el sujeto responsable abone el importe de la deuda, o se 
reciba por el órgano instructor del procedimiento la solicitud para que se proceda a su 
compensación, deducción o retención. A esta cantidad se sumarán, en caso de no 
producirse el pago en el periodo de dos meses, los intereses de demora previstos en el 
artículo 9.d) del Real Decreto 515/2013.
Para proceder al pago de la cuantía correspondiente a cada administración 
responsable y que consta en las tablas que se contienen en la exposición del presente 
acuerdo, los interesados deberán dirigirse por escrito a la Secretaría General de 
Coordinación Territorial que les informará del procedimiento a seguir.
En este sentido, formará parte del importe total de la deuda, y deberá sumarse a las 
cuantías previstas en las tablas contenidas en la «exposición» de este acuerdo el interés 
compensatorio de los costes financieros que se hayan generado, que será el interés 
previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. El mencionado 
interés compensatorio se devengará a partir de la fecha en que el Estado haya hecho 
efectiva la cancelación de la deuda, hasta que se haya procedido al pago voluntario o 
venza el plazo de pago previsto en el artículo 16 del Real Decreto 515/2013.
De conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, si no se 
produce el pago voluntario de la deuda en los términos y plazos señalados en el artículo 
16 del mismo, se aplicarán los correspondientes intereses de demora calculados conforme 
a lo previsto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación. Así, se devengarían los mencionados intereses 
desde el día siguiente al que se cumplan los dos meses previstos en el mencionado 
artículo 16 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, hasta el día en el que se haga efectivo 
el pago material del importe adeudado, ambos días inclusive.
Una vez que se constate por el órgano instructor del procedimiento la falta de pago, se 
pondrá en marcha el mecanismo de repercusión contemplado en el artículo 17.2 del Real 
Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Conforme al mismo, el Estado efectuará la compensación, deducción o retención con 
cargo a los importes satisfechos directamente a las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Canarias y Galicia.
La compensación, deducción o retención se llevará a cabo, en primer lugar, con cargo 
a los recursos o flujos satisfechos por el Estado en aplicación del régimen de financiación 
que resulte aplicable a los sujetos declarados responsables. Con carácter subsidiario, se 
llevará a cabo con cargo a las transferencias, subvenciones y otras asignaciones de 
carácter finalista contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en 
mecanismos extrapresupuestarios. es
Conforme al artículo 9.1. d) del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, formarán parte  o
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conforme a los criterios establecidos en las tablas contenidas en el presente acuerdo, para
que se proceda al pago por parte de los mismos en los dos meses siguientes, haciendo 
constar que de no realizarlo en el plazo indicado se hará uso de los mecanismos de 
exacción previstos en el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Una vez que se haga efectiva la repercusión y el pago de la deuda, esta quedará 
extinta conforme al artículo 9.1.f) del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Tercero.  Notificación y publicación del Acuerdo.
El presente acuerdo del Consejo de Ministros será notificado y publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el punto 2 del artículo 14 del Real Decreto 
515/2013, de 5 de julio.
Con carácter potestativo se podrá formular al Consejo de Ministros el requerimiento 
previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. Dicho requerimiento deberá producirse en el plazo de dos 
meses, contados desde que la Administración requirente haya recibido la notificación del 
acuerdo.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo. Cuando hubiera precedido 
el requerimiento previo, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se 
reciba la comunicación del acuerdo expreso, o se entienda presuntamente rechazado 
(artículos 12.1.a, 46.6, y 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio).