BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Martes 14 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 3511
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
497 Resolución  de  17  de  diciembre  de  2019,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 12/2019, de 12 de marzo, 
de consultas populares y procesos participativos de Illes Balears.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 17 de diciembre de 2019.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 12/2019, de 12 
de marzo, de consultas populares y procesos participativos de Illes Balears
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears ha adoptado el siguiente Acuerdo:
I.  De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el grupo de trabajo 
constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, de 26 de junio de 2019, para el 
estudio y propuesta de solución de las discrepancias manifestadas en relación con la 
Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos participativos de Illes 
Balears, ambas partes consideran solventadas las mismas conforme a los siguientes 
compromisos:
a)  Respecto a la controversia suscitada con relación al artículo 2 de la Ley 12/2019, 
la  Comunidad  Autónoma  de  Illes  Balears  asume  el  compromiso  de  promover  la 
modificación del apartado dos, en el sentido de que los preceptos de esta Ley que 
regulan los referéndums municipales sean aplicables exclusivamente a los municipios, y 
no a las entidades locales menores. Y ello con la finalidad de ajustarse a la competencia 
exclusiva del Estado en orden al establecimiento de la institución del referéndum ex arts. 
81.1 –en relación con el desarrollo del derecho fundamental del art. 23–, 149.1.18 –sobre 
las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas–, y 149.1.32 de la 
Constitución Española, tal y como se han desarrollado en la Disposición Adicional de la 
Ley  Orgánica  2/1980,  de  18  de  enero,  de  Modalidades  de  Referéndum,  y  en  el 
artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
en  los  términos  fijados  por  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional,  que  en  su 
Sentencia 137/2015, de 11 de junio, Fj.4.d), ha recordado que «(…) sólo mediante  e.
normas estatales pueden preverse…los supuestos, tipos y formas de referéndum, sus  w.
ámbitos territoriales, (…)» y todo ello sin perjuicio de la regulación de las consultas  7w
dpeompuolacrraecsi an poa rrteicfeipraetnivdaa.rias  de  las  entidades  locales  menores  como  mecanismo  de
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promover  la  modificación  del  apartado  tres,  con  la  finalidad  de  ajustarse  a  la 
competencia  exclusiva  del  Estado  en  orden  a  la  regulación  de  la  disciplina  del 
referéndum,  con  el  alcance  interpretado  por  el  Tribunal  Constitucional  en 
Sentencia 137/2015, de 11 de junio, Fj.4.d), que establece que «(…) sólo mediante 
normas  estatales  pueden  preverse  (…)  el  reconocimiento  jurídico  a  dar  al 
pronunciamiento popular». A tal efecto se dará la siguiente redacción:
«El  resultado  de  este  tipo  de  consulta  será  vinculante  para  la  autoridad 
convocante en los supuestos en que así se prevea en la legislación estatal».
c)  Respecto  a  la  controversia  suscitada  con  relación  al  artículo  12  de  la 
Ley  12/2019,  la  Comunidad  Autónoma  de  Illes  Balears  asume  el  compromiso  de 
promover  su  modificación,  en  el  sentido  de  que  el  referéndum  municipal  se  debe 
circunscribir siempre y en todo caso a todo el término municipal, con la finalidad de 
ajustarse a la competencia exclusiva del Estado en orden al referéndum, en los términos 
definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional, por todas STC 137/2015, de 11 de 
junio, que atribuye a las consultas referendarias el carácter de consultas generales por 
virtud de su llamamiento a todo el cuerpo electoral del ámbito territorial correspondiente.
d)  Respecto  a  la  controversia  suscitada  con  relación  al  artículo  16  de  la 
Ley  12/2019,  la  Comunidad  Autónoma  de  Illes  Balears  asume  el  compromiso  de 
promover la modificación del apartado cuatro, suprimiendo la referencia al recurso de 
alzada, con la finalidad de ajustarse a la competencia del Estado sobre las bases del 
régimen jurídico local ex artículo 149.1.18 de la Constitución Española, en los términos 
previstos en el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
e)  Respecto  a  las  controversias  suscitadas  con  relación  a  diversos  preceptos 
recogidos en los capítulos III y IV del Titulo II de la Ley 12/2019, y de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears asume el 
compromiso de promover la modificación de los artículos 27, 33, 34 y 35 en los términos 
siguientes:
I)  En relación con el artículo 27, la Comunidad Autónoma de Illes Balears asume el 
compromiso de promover su modificación en el sentido siguiente:
– Incluir en el mencionado artículo un apartado –que sería el uno– con el siguiente 
tenor:
«Constituyen el cuerpo electoral, que podrá expresar su opinión en la consulta, 
los vecinos del municipio que, al tiempo de la convocatoria de la misma, gocen del 
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.»
– Mantener el texto primigenio de dicho artículo 27, ahora como apartado dos del 
precepto.
II)  En relación con el artículo 33, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
asume el compromiso de remitir el ejercicio del derecho al voto a los artículos 2 a 5 y 85 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
III)  En relación con el artículo 34, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
asume el compromiso de suprimir la previsión del «voto anticipado» porque no es un 
procedimiento previsto por el legislador orgánico. s
IV)  En relación con el artículo 35, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears  oe.
asume el compromiso de suprimir la posibilidad de emitir votos sin sobre. w.
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interpretar tales preceptos de conformidad con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General y, en consecuencia, de que se apliquen sin excluir las 
determinaciones de dicha Ley Orgánica en cuanto a la composición y funcionamiento de 
las Juntas Electorales de Zona; aprobación de las papeletas y actas de la consulta 
municipal;  formación  y  constitución  de  las  mesas  electorales,  así  como  votación  y 
escrutinio.
En este sentido, la Comunidad Autónoma de Illes Balears asume el compromiso de 
introducir en las disposiciones generales del capítulo I del Título II un inciso al objeto de 
señalar que las previsiones contenidas en los capítulos III y IV del Título II de la 
Ley 12/2019 serán de aplicación sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
II.  En  razón  al  acuerdo  alcanzado,  ambas  partes  coinciden  en  considerar 
concluidas las controversias planteadas.
III.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».