BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60095
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8352 Sala Segunda. Sentencia 86/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de 
amparo 7508-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:86
La  Sala  Segunda  del  Tribunal  Constitucional,  compuesta  por  la  magistrada 
doña Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don 
Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7508-2019, promovido por la entidad Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia 
e Instrucción núm. 4 de Lorca de 30 de octubre de 2019, por el que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra el auto de 14 de diciembre de 2018, por el que 
se inadmite el escrito de oposición a la ejecución hipotecaria en el procedimiento de 
ejecución  hipotecaria  núm.  367-2018.  Ha  comparecido  la  entidad  Pera  Assets 
Designated Activity Company. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  La entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la 
procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, bajo la asistencia del letrado 
don Marcelino Gilabert García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones 
judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito 
registrado en este tribunal el 26 de diciembre de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: es
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., promovió un procedimiento de ejecución  w.
hipotecaria frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en  52ww
rceagliidsatrda l ddee  upnre dsetarteacrhiao  ed eh uipsoot eyc dainstferu, tey  sPoebnrere ei l Iinnvmeurseiobnlee sh,i pSot.eLc.,a deon,  qcuaelid faude  tdraem tiittaudlaor 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca con el núm. 367-2018.
b)  El juzgado acordó despachar ejecución mediante auto de 21 de junio de 2018 
frente a las sociedades demandadas. El citado auto y el decreto de la misma fecha que 
le sigue, acordando las medidas de ejecución y el requerimiento de pago al ejecutado, 
fueron comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el 
día 22 de junio de 2018; fecha en la que se recibió en la dirección electrónica habilitada 
de ambas entidades un mensaje del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre con el aviso de que hasta el 7 de agosto siguiente 
tendrían  disponible  una  notificación  del  juzgado  de  Lorca  relacionada  con  el 
procedimiento EJH 367-2018, a la que, para que constase como leída, debía acceder a 
través de un enlace adjunto. La ejecutada accedió a dicho enlace el 31 de julio de 2018.
c)  La entidad demandante de amparo presentó el 29 de agosto de 2018 escrito de 
oposición a la ejecución despachada. Por auto de 14 de noviembre de 2018, el órgano 
judicial acordó la inadmisión de la oposición formulada por entender extemporánea su 
presentación, tras tomar como fecha de emplazamiento el 22 de junio de 2018.
d)  La entidad demandante de amparo interpuso recurso de reposición, alegando 
que la notificación y requerimiento no habían de entenderse realizadas el 22 de junio 
de 2018, sino el 31 de julio siguiente, y que la comunicación remitida a través de la 
dirección electrónica habilitada no constituye sino un aviso de puesta a disposición para 
descarga de su contenido durante un plazo determinado; poniendo de manifiesto que, 
entenderlo de otro modo, además de infringir los artículos 135, 152, 160 y 162 de la Ley 
de enjuiciamiento civil (LEC), vulneraría el artículo 24 CE.
e)  El  recurso  fue  desestimado  por  auto  de  30  de  septiembre  de  2019  con 
fundamento en que se ha dado cumplimiento al artículo 162.2 LEC, que impone que la 
comunicación electrónica surte efecto trascurridos tres días desde que fue efectuada sin 
que el destinatario acceda a su contenido. Concluye que, al constar que la notificación se 
puso a disposición de las ejecutadas el 23 de junio de 2018, la presentación del escrito 
de oposición el 31 de julio de 2018 se produjo fuera del plazo legalmente establecido en 
el artículo 556.1 LEC, esto es más allá de los diez días siguientes al de la notificación del 
auto despachando ejecución.
3.  La demandante de amparo alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), al 
haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada a través de un correo electrónico 
remitido por un servicio de notificaciones electrónicas y no mediante entrega de la 
documentación correspondiente en papel en la sede de su domicilio social; y ello pese a 
que esa comunicación fue el primer emplazamiento en la causa. Además, señala que, en 
todo caso, siguió las indicaciones que le facilitó la comunicación electrónica, de manera 
que accedió al contenido de la notificación el último día fijado; fecha que, sin embargo, el 
órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la inadmisión del escrito 
de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el artículo 556 LEC.
La demandante de amparo insiste en que, por ser una persona jurídica, si bien está 
obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos, 
según  establece  el  artículo  273  LEC;  sin  embargo,  cuando  se  trata  del  primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía se no ha tenido ninguna relación con el juzgado 
correspondiente  en  ese  concreto  procedimiento,  la  notificación  ha  de  practicarse 
mediante cédula con entrega en papel de la documentación correspondiente, conforme 
establece  ese  mismo  artículo,  puesto  en  relación  con  los  artículos  135,  152,  162 
y 155 LEC. Este último precepto es categórico al respecto, ya que en su punto primero 
establece que «cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del  e.
primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por  w.b
remisión al domicilio de los litigantes». 52ww
de  Elans  croenssoeluccuieonnceisa , jsuodliicciiatale qsu eim speu egsntaimdaes e ly r esceu rsoord deenle a mreppaornoe, ra claosrd aancdtuoa lcaio nnuelisd aadl 
mdeo mqueen teol  jpurzegvaiod oa la ddimctiatad oa  dtreá mlai tper ilma eorpao sdiec ilóans  arel dsoelsupcaiocnheos d jeu deijceicaulecsió inm fpourgmnualaddaas,. a fin
4.  La Secretaría de Justicia de la Sección Tercera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 5 de septiembre de 2019, acordó requerir al órgano judicial para que 
remitiera certificación acreditativa sobre la interposición de algún recurso de apelación en 
dicho procedimiento. El 6 de septiembre de 2019 se recibió certificación indicativa de que 
no fue presentado recurso alguno.
5.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 15 de octubre de 2020, 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque puede dar ocasión para aclarar o cambiar su doctrina, 
como  consecuencia  de  cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del 
contenido  del  derecho  fundamental  [STC  155/2009,  FJ  2,  b)]»;  dirigir  atenta 
comunicación al órgano judicial para el emplazamiento de quienes hubieran sido parte 
en  el  procedimiento  para  que  puedan  comparecen  en  el  recurso  de  amparo;  y  la 
formación de la pieza separada de suspensión, que fue resuelta por ATC 154/2020, 
de 30 de noviembre.
6.  La  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, bajo la dirección letrada de 
don Alejandro Ingram Solís, por escrito registrado el 15 de diciembre de 2020, manifestó 
ser cesionaria a título oneroso de determinados créditos hipotecarios de los que era 
titular Banco de Sabadell, S.A., (entre ellos el que grava la finca hipotecada que es 
objeto del proceso judicial previo), así como haber sido emplazada por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca para comparecer ante este tribunal, por 
lo que solicitó que se le tuviera por personada como parte recurrida, entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
La  Secretaría  de  Justicia  de  la  Sala  Segunda  del  tribunal,  por  diligencia  de 
ordenación de 2 de febrero de 2021, tuvo por personada y parte a la procuradora doña 
María Claudia Munteanu en la representación acreditada y acordó dar vista de las 
actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días, a fin de que, conforme con lo previsto en el artículo 52 LOTC, pudieran presentar 
las alegaciones que estimasen pertinentes.
7.  La parte comparecida no presentó alegaciones.
8.  El  Ministerio  Fiscal,  mediante  escrito  registrado  el  12  de  febrero  de  2021, 
presentó  sus  alegaciones  interesando  la  estimación  del  recurso  de  amparo  y,  en 
consecuencia,  que  se  declare  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión de la demandante y la nulidad de todo lo actuado desde la notificación 
electrónica  del  auto  que  despachó  la  ejecución  solicitada,  con  retroacción  de  las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha notificación para que se le dé 
al recurrente posibilidad de formular oposición a la ejecución.
El Ministerio Fiscal, tras exponer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre 
los actos de comunicación procesal, con expresa referencia a las SSTC 6/2019, de 17 de 
enero; 47/2019, de 8 de abril, y 40/2020, de 27 de febrero, concluye que tanto por haber 
optado el órgano judicial por la notificación telemática en vez de la personal en el 
domicilio de la demandada, como por la forma de computar el plazo para formular 
oposición frente a la ejecución ya despachada, ha resultado infringido el derecho a la 
tutela  judicial  sin  indefensión  de  la  demandante,  ya  que,  aunque  en  la  regulación 
procesal  conviven  las  notificaciones  personales  con  las  telemáticas,  estas  últimas  e.
mantienen una excepción general cuando se trata del primer emplazamiento. De ese  w.
modo, la aplicación conjunta de lo establecido en los artículos 135, 152.2 y 155 LEC  52ww
ldae bcuióa lll e«vcaura anld óor gsaen tora jtuad idceial l par imapelirc aerm lpal aúzltaimmaie dneto e os tacsit apcrieóvni sdioenl edse mleagnadleasd, oc,o lnofso ramceto as 
de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes».
9.  La  entidad  recurrente  presentó  sus  alegaciones  el  8  de  marzo  de  2021, 
remitiéndose  a  lo  expuesto  en  su  demanda,  haciendo  mención  adicional  a  los 
pronunciamientos de la STC 40/2020, de 27 de febrero, a propósito del uso indebido de 
la dirección electrónica habilitada para realizar el primer emplazamiento del demandado, 
en un asunto idéntico al presente.
10.  Por providencia de 15 de abril de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  establecida  por  las 
SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 27 de febrero, FJ 3, ha abordado el examen de la misma queja 
de fondo planteada en este recurso, en la que se aduce también la vulneración del 
artículo 24.1 CE como consecuencia de la inadmisión por extemporáneo del escrito de 
oposición a la ejecución. Se advierte en ella que para su solución resulta de aplicación la 
doctrina del tribunal plasmada en las SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a), (iii), dictada 
al resolver una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el último inciso 
del artículo 152.2 LEC, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, 
en  relación  con  la  garantía  de  emplazamiento  personal  inicial  del  demandado  o 
ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley de enjuiciamiento civil 
(directa o supletoriamente). En ellas se ha concluido que no procede efectuar por medios 
electrónicos  la  citación  o  emplazamiento  del  demandado  aún  no  personado  en  el 
procedimiento, dado que esos actos deben realizarse por remisión a su domicilio, sin que 
dicha forma de comunicación pueda ser sustituida por otra electrónica, como puede ser 
el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento 
personal se exige en el artículo 155.1 LEC, del que es complemento la regla establecida 
en el artículo 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos que sustenten la acción. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, 
«acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha 
declarado el tribunal en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles 
y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en 
aplicación de la doctrina de referencia.
Lo expuesto permite concluir ahora, al igual que se hizo en la STC 40/2020, FJ 4, 
que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión de la recurrente, por no proceder a su emplazamiento personal 
en el proceso a efectos de requerirla de pago o, alternativamente, permitirle presentar su 
oposición a la ejecución, optando, en cambio, el órgano judicial por un emplazamiento 
electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica 
habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Por tanto, el presente recurso de amparo ha de ser estimado en aplicación de la 
doctrina fijada en las SSTC 47/2019 y 40/2020 y declararse la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión de la entidad demandante (art. 24.1 CE). De 
conformidad con lo establecido en el artículo 55 LOTC, procede declarar la nulidad de 
los autos impugnados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, 
así como de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución hipotecaria desde que se 
proveyó  a  su  emplazamiento  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  con  es
retroacción de las actuaciones hasta este momento a fin de que el juzgado proceda a  bo
efectuar dicho emplazamiento de manera respetuosa con el derecho fundamental de la  52ww
demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 14 de 
diciembre de 2018 y 30 de octubre de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 
367-2018, así como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la 
entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.