BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 32208
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4397 Decreto-ley  22/2020,  de  23  de  diciembre,  de  garantía  de  las  Escuelas 
Infantiles de titularidad municipal.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-
ley 22/2020, de 23 de diciembre, de garantía de las escuelas infantiles de titularidad 
municipal, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan 
cumplir.
PREÁMBULO
I
La educación infantil, como ha declarado UNICEF, es una etapa fundamental para el 
desarrollo físico y emocional de las personas, con efectos directos en la mejora del 
bienestar de los niños y las niñas y la promoción de la igualdad de género. Asimismo, 
tiene un gran impacto en la equidad y la reducción de la desigualdad y la pobreza infantil, 
constituyendo un baluarte para la formación del capital humano de una economía y por 
tanto en el crecimiento a largo plazo de la misma. Es por ello que dentro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas posee un papel especial dentro del 
Objetivo 4, que incluye la meta 4.2: «De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y 
todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia 
y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria.»
Canarias sufre actualmente en esta materia un grave déficit que requiere un esfuerzo 
de todos los poderes públicos. Según el último Anuario estadístico elaborado por la 
Subdirección  de  Estadística  y  Estudios  del  Ministerio  de  Educación  y  Formación 
Profesional, la tasa neta de escolaridad de 0 a 2 años en Canarias es solo del 22,6%, 
frente al 39,6 % de la media nacional (un 35 % frente a un 61,4 % si nos referimos a 
los 2 años) y con una edad media de acceso de 2,5 años, frente a los 1,9 años de la 
media estatal. Todo ello agravado por el escaso grado de implantación de la escuela 
pública, 10 puntos porcentuales inferior que en el conjunto de España. Revertir esta 
situación requerirá un esfuerzo sostenido en el tiempo, que el Gobierno de Canarias 
asumió  desde  su  investidura,  para  presentar  el  correspondiente  Mapa  Escolar  e 
incrementar la financiación para el primer ciclo de Educación Infantil hasta alcanzar la 
aspiración de una educación universal, pública y de calidad. 
Sin  perjuicio  de  su  evidente  alineación  con  la  Agenda  Canaria  de  Desarrollo 
Sostenible, el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, aprobado en 
sesión celebrada por el Consejo de Gobierno el 1 de octubre de 2020 y debatido y 
ratificado en sesión del Parlamento de Canarias de fecha 22 de octubre de 2020, dentro 
de la Prioridad Estratégica número 1, referida al mantenimiento de los servicios públicos 
fundamentales, dedica su eje 1.6 al fomento de la educación infantil de 0 a 3 años, con el  e.
objetivo de garantizar la conciliación familiar y el acceso igualitario al mercado de trabajo.  w.b
Dentro de este eje se prevé las medidas 1.06.01, 1.06.02 y 1.06.03 que incluyen ayudas  97ww
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Resiliencia del Gobierno de España que sitúa el impulso de la educación infantil de 0 a 3
años dentro de su Política Palanca n.º 7 «Educación y conocimiento, formación continua 
y desarrollo de capacidades».
II
Sin embargo, en el momento actual, es imprescindible, por urgente y necesario, 
garantizar  la  actual  red  de  escuelas  infantiles  de  titularidad  pública,  que  en  esta 
Comunidad Autónoma son fundamentalmente de titularidad municipal. Dichos servicios 
son prestados por los ayuntamientos canarios como competencias impropias, esto es 
distintas a las propias o a las delegadas, lo que implica que cada Entidad Local debe 
cumplir  en  todo  momento  con  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  7.4  de  la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. En particular, 
respecto del requisito de la obtención del informe de sostenibilidad financiera previsto en 
dicho precepto, la gravedad de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 está 
provocando  un  escenario  económico  financiero  que,  si  bien  de  modo  transitorio, 
desvirtúa por completo los indicadores de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y 
período medio de pago que sirven para determinar el sentido de dicho informe y por 
ende, de la habilitación para el ejercicio de la competencia. En tanto en cuanto se 
procede a implantar un modelo de gestión adecuado a los retos de la educación infantil, 
Canarias  no  puede  permitirse  el  cierre  de  ninguna  escuela  infantil  por  el  deterioro 
temporal de algún indicador o las dificultades en la obtención de dicho informe. Las 
escuelas de titularidad pública resultan esenciales para garantizar, en el contexto del 
Plan  de  Reactivación  Económica  y  Social  de  Canarias,  no  solo  la  educación  del 
alumnado procedente de entornos sociales y culturales menos favorecidos, sino también 
la eficacia de otras políticas sociales, como la igualdad de género y el acceso al mercado 
laboral. De igual manera, en la medida de las posibilidades de cada municipio y en el 
marco de su autonomía, deben removerse los obstáculos para la implantación de nuevas 
unidades o la ampliación o mejora de las existentes, si fuera preciso, bien sea para 
afrontar las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, bien para dar una inmediata 
respuesta a las demandas vecinales.
III
El Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye en su artículo 133 a la Comunidad 
Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución sobre 
educación.  El  artículo  21.1  del  mismo,  relativo  a  los  derechos  en  el  ámbito  de  la 
educación establece que «todas las personas tienen derecho a una educación pública, 
gratuita, aconfesional y de calidad, prestando especial atención a la educación infantil, 
en los términos de la ley». De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, 
Canaria de Educación no Universitaria, la educación infantil constituye un primer y 
fundamental  eslabón  educativo,  siendo  su  objetivo  «el  desarrollo  global  de  las 
capacidades de los niños y las niñas durante los primeros años, al inicio del proceso de 
aprendizaje». Por su parte, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, 
artículo  11,  recoge  que  los  municipios  canarios  asumirán,  en  todo  caso,  las 
competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, entre otras, en materia de educación.
El artículo 7.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone que las 
competencias propias de los municipios solo podrán ser determinadas por Ley y se 
ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a  e.
la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones  w.b
Públicas, a lo que se refieren también los apartados 4 y 5 del artículo 75 de nuestro  97ww
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la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de
ejecución en materia de régimen local, que incluye la fijación de las competencias y de 
las potestades propias de los entes locales de conformidad con lo previsto en el Estatuto.
El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, así como el 
artículo 29.8 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, 
imponen  a  las  Administraciones  públicas  los  mandatos  de  promover  el  incremento 
progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo y de coordinar las políticas 
de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en 
este  ciclo,  determinando  a  tal  fin  las  condiciones  en  las  que  podrán  establecerse 
convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin 
fines de lucro. En el mismo sentido, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, en consonancia con el artículo 25 de la Ley 
reguladora de las Bases de Régimen Local, al regular las competencias municipales en 
materia de educación infantil, en su primer apartado dispone que «las Administraciones 
educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular 
la gestión conjunta con las Administraciones locales».
La  presente  norma  pretende  habilitar  competencialmente  a  los  ayuntamientos 
canarios,  aún  de  modo  transitorio  y  mientras  se  construye  un  instrumento  de 
cooperación  definitivo,  sujeto  a  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera, que impulse adecuadamente la educación de 0 a 3 años, para 
el mantenimiento y la gestión de las escuelas municipales que impartan, o puedan 
impartir, el primer ciclo de educación infantil. De acuerdo con la legislación básica de 
régimen local, la determinación de una competencia propia como la aquí expuesta 
precisa de la aprobación de una norma con rango de ley. Dado que resulta perentorio 
garantizar que ninguna escuela infantil municipal pueda ver condicionada su actividad, 
resulta obligada la utilización del Decreto-ley sin que otro procedimiento de tramitación 
parlamentaria, siquiera por la vía de urgencia, pueda alcanzar dicho fin. 
IV
El presente Decreto-ley está integrado por un artículo, una disposición adicional y 
una disposición final.
El artículo único habilita a los ayuntamientos canarios para poder crear, mantener y 
gestionar las escuelas infantiles de su titularidad, ya sea mediante gestión directa o 
mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación de contratos del sector 
público. Asimismo, en concordancia con el anterior, y utilizando la misma fórmula que 
emplea el artículo 22.3 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital, se exime del requisito de los informes previstos en el 
artículo 7.4 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Por último, se habilita 
un plazo de 12 meses para la aprobación de un instrumento de cooperación para la 
educación infantil que concrete, de un modo definitivo, las fórmulas adecuadas para su 
gestión y financiación compartida.
La  disposición  adicional  única  permite  a  los  ayuntamientos  destinar  la  parte 
condicionada del Fondo Canario de Financiación Municipal de 2021 a los gastos de esta 
naturaleza, como se ha permitido en 2020.
La disposición final única dispone la entrada en vigor del presente Decreto-ley el 
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias», con vigencia para todo 
el ejercicio 2021.
V oe.
El Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin  97ww
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esintuearoc,ió Fn. 4c;o n1c3r7e/t2a0, 0d3e,n dtreo  3d ed leo sj uolbioje, tFiv.3o;s  yg u1b8e9r/n2a0m05e,n tdaele s7,  dqeu ej uploior,  rFa.z3o)n, essu bdvifeícnilier su dnea 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes. Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley 
se  inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC 
de 28 de enero de 2020, Recurso de Inconstitucionalidad n.º 2208-2019), centradas en la 
respuesta a una crisis sin precedentes en los ámbitos sanitario, económico y social.
Por lo expuesto en la presente exposición de motivos, concurren las circunstancias 
de  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que  señala  el  artículo  46  del  Estatuto  de 
Autonomía de Canarias como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma 
en la que, además, se respetan los límites fijados en la misma norma para la aprobación 
de la iniciativa propuesta.
Este Decreto-ley cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia,  previstos  en  el  artículo  129  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. La necesidad, eficacia y proporcionalidad se ven plenamente 
respaldadas  dado  el  interés  general  en  el  que  se  funda,  siendo  el  Decreto-ley  el 
instrumento más adecuado para recoger las medidas imprescindibles para garantizar su 
consecución.  Se  ajusta  al  principio  de  seguridad  jurídica  y  transparencia  por  su 
coherencia con el resto del ordenamiento jurídico de aplicación y la identificación clara 
de su propósito, ofreciendo una explicación completa de su contenido en esta parte 
expositiva. Finalmente, dado que la norma no impone cargas administrativas, más bien 
al contrario, las elimina, se entiende plenamente cumplida la adecuación al principio de 
eficiencia.
La medida contemplada ha sido informada por unanimidad por el Comité Ejecutivo 
de la Federación Canaria de Municipios e informada de conformidad por el Consejo 
Municipal de Canarias.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias,  a  propuesta  conjunta  del  Consejero  de  Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad y de la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 23 de 
diciembre de 2020, dispongo:
Artículo  único.  Garantía  de  las  escuelas  municipales  de  titularidad  municipal  que 
imparten el primer ciclo de educación infantil.
1.  Los ayuntamientos canarios podrán proponer la creación de escuelas infantiles 
municipales, así como mantener y gestionar las escuelas de su titularidad, ya sea 
mediante gestión directa o mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación 
de contratos del sector público.
2.  La  creación  de  escuelas  infantiles,  cuyos  titulares  sean  los  ayuntamientos 
canarios, se realizará por convenio entre estos y la Consejería de Educación, de acuerdo 
con los requisitos previstos en la normativa educativa.
3.  El ejercicio de las funciones citadas en el apartado 1 del presente artículo no 
requerirá, en ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
4.  En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la presente norma, la 
Consejería  competente  en  materia  de  educación  aprobará  un  instrumento  de  e.
cooperación con los ayuntamientos canarios para el primer ciclo de educación infantil, en  w.b
el que se concreten las fórmulas adecuadas para su gestión y financiación compartida. 97ww
Disposición adicional única.  Utilización del Fondo Canario de Financiación Municipal.
Durante 2021, además de los recursos financieros existentes, los ayuntamientos
canarios  podrán  destinar  hasta  el  100%  de  la  parte  del  Fondo,  previsto  en  el
artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación 
Municipal, a la financiación de actuaciones recogidas en esta norma.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín  Oficial  de  Canarias»,  manteniendo  su  vigencia  hasta  el  31  de  diciembre 
de 2021.
Canarias, 23 de diciembre de 2020.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Manuel 
Pérez Hernández.–La Consejera de Educación, Universidades y Deportes, Manuela de 
Armas Rodríguez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 267, de 28 de diciembre de 2020. Convalidado por 
Acuerdo del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 26, de 8 de febrero 
de 2021)