BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32811
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4498 Sala Primera. Sentencia 23/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo  3995-2019.  Promovido  por  doña  Ana  Isabel  García  Morales  en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Madrid en procedimiento de ejecución forzosa. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que, al 
aplicar  el  precepto  legal  anulado  por  la  STC  15/2020,  de  28  de  enero, 
deniega  la  revisión  judicial  de  los  decretos  de  los  letrados  de  la 
administración de justicia (STC 17/2020).
ECLI:ES:TC:2021:23
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3995-2019, promovido por doña Ana Isabel García 
Morales, representada por el procurador de los tribunales don Alfredo Gil Alegre y 
asistida por el abogado don Alberto Luis García Morales, contra la providencia de 27 de 
marzo de 2019 y el auto de 10 de mayo de 2019 dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 29 de Madrid en el procedimiento de ejecución forzosa núm. 13-2016. Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el  magistrado  don  Andrés  Ollero 
Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 26 de junio 
de 2019, el procurador de los tribunales don Alfredo Gil Alegre, actuando en nombre y 
representación de doña Ana Isabel García Morales, bajo la defensa del abogado don 
Alberto Luis García Morales, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones 
judiciales mencionadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo, con relevancia para 
la resolución del asunto, son los que a continuación se exponen.
a)  La  recurrente  en  amparo,  tras  divorciarse  de  su  marido,  formuló  demanda 
ejecutiva contra este en reclamación de las cantidades que le reconocía la sentencia  s
dictada en el previo proceso de liquidación de la sociedad de gananciales. Esa demanda  e.
dio lugar al procedimiento de ejecución forzosa núm. 13-2016 del Juzgado de Primera  w.
Instancia núm. 29 de Madrid, que dictó auto despachando ejecución el 10 de marzo  98ww
de 2E0l1 167. de enero de 2017 tres hermanos de la recurrente solicitaron su personación en
deel  pdrooñceas Eo. Mej.eGc.u, tpivaor.t eA ldeegmabaannd asnetre  aecnr eeel dporroecse sdoe  daeq ueejellcau ccoiómno d seu tcíteusloo rjeusd imciaolr tqisu ec,a cuosna   BOE-A-cable e
el núm. 1310-2006, se tramitaba ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de 
Madrid frente a la recurrente y a otro de los hermanos y en el que se había acordado la 
mejora de embargo sobre las cantidades que la recurrente pudiera percibir en el proceso 
de liquidación de su sociedad de gananciales.
La personación fue aceptada por diligencia de ordenación de 25 de mayo de 2017. 
Esta decisión fue recurrida en reposición por la demandante de amparo, recurso que fue 
desestimado por auto de 17 de noviembre de 2017. La demandante de amparo interesó 
el  complemento  de  este  auto,  por  entender  que  no  se  había  pronunciado  sobre 
cuestiones planteadas en el recurso que revelaban, según sostenía, la comisión de un 
delito de estafa procesal; esa solicitud fue desestimada por auto de 17 de julio de 2018.
b)  Contra el referido auto de 17 de noviembre de 2017 la demandante de amparo 
interpuso recurso de apelación, que fue inadmitido por diligencia de ordenación del 
letrado de administración de justicia de 24 de octubre de 2018, por cuanto en el auto 
expresamente se indica que contra el mismo «no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
los  recursos  que  procedan  en  su  caso  contra  las  resoluciones  que  pongan  fin  al 
proceso».
Esta diligencia de ordenación fue recurrida en reposición por la demandante de 
amparo, recurso que fue desestimado por decreto de 4 de marzo de 2019, en el que se 
reitera que contra el auto de 17 de noviembre de 2017 no cabe recurso alguno, como ya 
se informó a la recurrente en el propio auto. Se indica asimismo que contra este decreto 
no cabe recurso.
c)  A la vista de lo anterior, la demandante de amparo presentó en el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 29 de Madrid un escrito el 21 de marzo de 2019 en el que, 
invocando los arts. 24.1 y 117.3 CE y el art. 454 bis de la Ley de enjuiciamiento civil 
(LEC),  interesaba  la  celebración  de  una  audiencia  ante  el  magistrado  juez  para 
reproducir la impugnación de la diligencia de ordenación de 24 de octubre de 2018, 
confirmada por el decreto de 4 de marzo de 2019.
Esta solicitud fue denegada mediante providencia de 27 de marzo de 2019, que 
ordena estar a lo acordado en anteriores resoluciones. Se indica en la providencia que 
contra la misma no cabe recurso, «al no ser una resolución interlocutoria».
d)  La demandante de amparo solicitó aclaración o rectificación de esta providencia, 
aduciendo que en su encabezamiento se identifica como acreedores a los personados 
procedentes de la ejecución del Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Madrid y al 
letrado que les asiste, desconociéndose el título en el que se apoya el juzgado para 
atribuirles tal calificación.
La solicitud de aclaración o rectificación fue denegada por auto de 10 de mayo 
de 2019.
3.  La demanda de amparo se dirige contra la providencia del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 29 de Madrid de 27 de marzo de 2019, que deniega la solicitud de 
celebración de una audiencia, ordenando estar a lo acordado en anteriores resoluciones, 
y contra el auto de 10 de mayo de 2019, que deniega la aclaración o rectificación de esa 
providencia.
La demandante de amparo alega que las resoluciones impugnadas vulneran el 
derecho garantizado por el art. 24.1 CE, porque le han privado de la tutela judicial del 
magistrado  juez  de  primera  instancia  en  relación  con  el  recurso  de  apelación  que 
interpuso contra el auto dictado el 17 de noviembre de 2017; así como de la tutela 
judicial de la Audiencia Provincial, al no poder interponer ante esta recurso de queja 
contra la decisión de inadmisión del recurso de apelación, por haberla acordado el  e.
letrado  de  la  administración  de  justicia  mediante  una  diligencia  de  ordenación,  w.b
confirmada por el posterior decreto. 98ww
predAeñteardmei nlaa ddoe mpoarn dlaa nletey , qguaer atnatmizbaidéon  psoer  heal  avurtl.n e2r4a.d2o  CeEl , dyeare cqhuoe  alal sj ureezs oolurdciinoanreios 
iimnapdumgnitiar deal sr eacturirbsuoy deen  aapl elleatcraiódno i ndteer plau easdtom cinoinsttrraac eiól na udtoe  djues 1ti7ci ad el an ocvoimempebtreen dceia 2 p0a1r7a, 
de modo que el control de la legalidad de la inadmisión de ese recurso se ha sustraído 
indebida e injustificadamente al órgano judicial al que la ley le atribuye su conocimiento.
4.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección Segunda 
de este tribunal de 2 de julio de 2019 se concedió plazo de diez días al procurador de la 
demandante de amparo para que aportara copia del auto dictado el 10 de mayo de 2019 
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Madrid y acreditara la fecha de su 
notificación, a efectos del cómputo del plazo establecido en el art. 44.2 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), lo que fue cumplimentado por medio de 
escrito registrado en este tribunal el 7 de julio de 2019.
5.  Mediante  nueva  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  justicia  de  la 
Sección Segunda de 6 de marzo de 2020 se acordó dirigir atenta comunicación al 
Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Madrid para que remitiera testimonio de las 
actuaciones  correspondientes  al  procedimiento  de  ejecución  forzosa  núm.  13-2016, 
desde la solicitud de personación en este de los hermanos de la demandante de amparo, 
así como del título judicial objeto de ejecución. Dicho requerimiento fue cumplimentado a 
través de oficio del letrado de la administración de justicia del juzgado mencionado, que 
tuvo entrada en este tribunal el 22 de junio de 2020.
6.  La Sección Segunda de este tribunal acordó, por providencia el 21 de septiembre 
de 2020, admitir a trámite el recurso de amparo, al apreciar que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como consecuencia de que 
la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la 
ley [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 c)].
Asimismo acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 
29 de Madrid para que procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento de ejecución forzosa núm. 13-2016, a excepción de la recurrente, a fin de 
que pudieran comparecer si lo desean en este proceso de amparo, en el plazo de diez 
días.
7.  La secretaría de justicia de la Sala Primera de este Tribunal dictó diligencia de 
ordenación el 18 de noviembre de 2020, teniendo por recibidos los testimonios de 
actuaciones remitidos por el Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Madrid y dando 
vista de las actuaciones a la recurrente en amparo y al Ministerio Fiscal por plazo común 
de veinte días, a fin de que pudieran formular alegaciones, conforme a lo previsto en el 
art. 52.1 LOTC.
8.  El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este 
tribunal el 30 de diciembre de 2020, interesando la estimación del recurso de amparo.
Tras recordar los antecedentes del asunto y exponer los argumentos en los que la 
recurrente fundamenta las vulneraciones de los derechos fundamentales que afirma 
haber sido vulnerados por las resoluciones judiciales impugnadas, el fiscal señala que la 
cuestión que se plantea ya ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de este 
tribunal, que ya ha declarado la inconstitucionalidad de diversos preceptos legales de 
contenido similar que excluían en los diferentes órdenes jurisdiccionales la posibilidad de 
recurso  judicial  contra  los  decretos  de  los  letrados  de  la  administración  de  justicia 
resolutorios del recurso de reposición (SSTC 58/2016, de 17 de marzo; 72/2018, de 21 
de junio; 34/2019, de 14 de marzo, y 15/2020, de 28 de enero).
En particular, reviste especial relevancia para el presente asunto la STC 15/2020,  e.e
de 28 de enero. Estima la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por la Sala  b
Segunda de este Tribunal Constitucional mediante ATC 23/2019, de 8 de abril. Este, en  98ww
rLeelay c3ió7n/2 0c1o1n,  deel  1p0á rdraef oo cpturibmree,r od edcelal raór lta.  i4n5c4o nbsitsit.u1c iLoEnaCl,id eand  yla n ureliddaadcc dióen e sdea dpare pceopr tola; 
cjuodnic liaa l pprreocciesdióenn tdee f rqeunete,  eanl  dteacnrteot oe ld elel gleistlraaddoor  dneo  las ea dpmroinniusntrcaieci óanl  drees pjuesctitcoi,a  erle sreocluutrisvoo 
de la reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio art. 454 bis 
LEC.
Considera el fiscal que la proyección al presente caso de la doctrina constitucional 
contenida en la STC 15/2020 debe conducir al otorgamiento del amparo a la recurrente. 
Esta se ha visto privada del preceptivo control judicial respecto del decreto del letrado de 
administración de justicia de 4 de marzo de 2019 que, confirmando la diligencia de 
ordenación  de  24  de  octubre  de  2018,  inadmite  el  recurso  de  apelación  que  la 
demandante de amparo interpuso contra el auto de 17 de noviembre de 2017. Es cierto 
—prosigue el fiscal— que la demandante no intentó recurrir el referido decreto, sino que 
lo que hizo fue solicitar la celebración de una audiencia ante el magistrado juez, pero 
esto no desvirtúa la esencia de petición de pronunciamiento judicial, en consonancia con 
la doctrina constitucional citada, que considera que no es conforme con el derecho a la 
tutela judicial efectiva crear un régimen de impugnación de las decisiones de los letrados 
de la administración de justicia generador de un espacio inmune al control jurisdiccional.
Por todo ello, el fiscal interesa que se estime el recurso de amparo, declarando la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la demandante y la 
nulidad de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución forzosa núm. 13-2016 que 
se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Madrid desde la providencia 
de  27  de  marzo  de  2019;  con  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediatamente  anterior  a  esa  providencia,  para  que  se  dicte  otra  acorde  con  lo 
solicitado por la demandante.
9.  La demandante de amparo no formuló alegaciones en el trámite del art. 52.1 
LOTC.
10.  Por  providencia  de  11  de  febrero  de  2021  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso de amparo se dirige contra la providencia de 27 de marzo 
de 2019, que deniega la solicitud de celebración de una audiencia, ordenando estar a lo 
acordado en anteriores resoluciones, y contra el auto de 10 de mayo de 2019, que 
deniega la aclaración o rectificación de esa providencia; resoluciones ambas dictadas 
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Madrid en el procedimiento de ejecución 
forzosa núm. 13-2016.
Alega la demandante de amparo que las resoluciones impugnadas han vulnerado su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque la decisión de inadmisión del 
recurso de apelación que interpuso contra el auto dictado el 17 de noviembre de 2017 la 
acordó el letrado de la administración de justicia, sin que esa decisión haya sido objeto 
de control judicial. Por esta razón se habría vulnerado también el derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), ya que al atribuirse al letrado de la 
administración  de  justicia  la  competencia  para  inadmitir  el  recurso  de  apelación 
interpuesto contra el auto de 17 de noviembre de 2017, resulta que el control de la 
legalidad de la inadmisión de ese recurso se ha sustraído indebida e injustificadamente 
al órgano judicial al que la ley atribuye su conocimiento.
El Ministerio Fiscal, partiendo de la doctrina sentada en las SSTC 58/2016, de 17 de 
marzo, 72/2018, de 21 de junio, 34/2019, de 14 de marzo, y 15/2020, de 28 de enero 
(particularmente en esta última), apoya la pretensión de la demandante y solicita que se  es
le otorgue el amparo, declarando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y  bo
la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución forzosa núm. 13-2016  98ww
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2.  El art. 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en la 
redacción  dada  por  la  Ley  37/2011,  de  10  de  octubre,  de  medidas  de  agilización 
procesal, establece, al regular el recurso de revisión contra determinados decretos del 
letrado de la administración de justicia, que «contra el decreto resolutivo de la reposición 
no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la 
primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el 
estado  de  los  autos,  se  podrá  solicitar  mediante  escrito  antes  de  que  se  dicte  la 
resolución definitiva para que se solvente en ella». La STC 15/2020, de 28 de enero, del 
Pleno  de  este  tribunal,  estima  la  cuestión  interna  núm.  2754-2019,  declarando  la 
inconstitucionalidad y nulidad de dicho precepto, por vulnerar el derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1 CE.
Se concluye en la STC 15/2020, FJ 3, que el párrafo primero del art. 454 bis.1 LEC 
«no permite descartar la eventualidad de que existan supuestos en los que la decisión 
del letrado de la administración de justicia […] concierna a cuestiones relevantes en el 
marco del proceso que atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a jueces 
y magistrados y que, sin embargo, quedan excluidos por el legislador del recurso directo 
de revisión ante los titulares de la potestad jurisdiccional. Por otra parte, tampoco cabe 
apreciar que este control judicial pueda obtenerse de manera real y efectiva en el marco 
del  propio  proceso  de  una  manera  indirecta  a  través  de  instrumentos  o  remedios 
alternativos al régimen de recursos […] Del mismo modo, la referencia realizada a la 
posibilidad  de  reproducir  la  cuestión  mediante  escrito  para  que  se  solvente  en  la 
‘resolución  definitiva’  tampoco  satisface  con  carácter  general  la  garantía  de  control 
judicial […] En definitiva, el precepto cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), ya que ha creado un régimen de impugnación de las decisiones 
de los letrados de la administración de justicia generador de un espacio inmune al control 
jurisdiccional. En coherencia con ello, se debe declarar la inconstitucionalidad y nulidad 
del precepto cuestionado, precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 
72/2018, FJ 4, y 34/2019, FJ 7, que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el 
recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia 
resolutivo  de  la  reposición  sea  el  directo  de  revisión  al  que  se  refiere  el  propio 
artículo 454 bis LEC».
3.  La aplicación de la doctrina contenida en la STC 15/2020 comporta la estimación 
del presente recurso de amparo, al constatarse que del primer párrafo del art. 454 bis.1 
LEC, anulado por aquella sentencia, vino a hacer implícita aplicación la providencia del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Madrid de 27 de marzo de 2019. Mediante 
esta resolución, el juzgado rechazó la solicitud de la demandante que, invocando los 
arts. 24.1 y 117.3 CE y el art. 454 bis LEC, interesaba la celebración de una audiencia 
para impugnar la decisión que el letrado de administración de justicia habría adoptado 
por diligencia de ordenación de 24 de octubre de 2018, confirmada en reposición por 
decreto de 4 de marzo de 2019. Como resultado se inadmitía el recurso de apelación 
interpuesto contra el auto de 17 de noviembre de 2017, que aceptó la personación de los 
hermanos de la demandante en el proceso de ejecución forzosa seguido ante ese 
juzgado. La providencia deniega la solicitud de la demandante y ordena estar a lo 
acordado en anteriores resoluciones. El posterior auto de 10 de mayo de 2019 denegó la 
solicitud de aclaración o rectificación de la anterior providencia.
En efecto, los mismos razonamientos que han conducido en la STC 15/2020 a 
declarar la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del art. 454 bis.1 LEC deben 
llevar en el presente caso a apreciar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial  e.
efectiva (art. 24.1 CE) de la demandante de amparo. Como señala el Ministerio Fiscal, lo  w.b
determinante es que la demandante solicitó la celebración de una audiencia ante el  98ww
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letrado de administración de justicia, instando el control judicial de esa decisión. Lejos de
atender esa pretensión, el juzgado a quo ordenó estar a lo acordado en anteriores 
resoluciones, sin entrar a revisar la decisión del letrado de administración de justicia.
Apreciada la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por las 
resoluciones impugnadas, resulta innecesario el examen de la otra queja deducida por la 
demandante: posible lesión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, 
garantizado por el art. 24.2 CE, conforme resulta de la doctrina de este tribunal (por 
todas, STC 17/2020, de 10 de febrero, FJ 4 in fine).
4.  Para restablecer a la demandante en la integridad de su derecho, procede que 
declaremos  la  nulidad  de  las  dos  resoluciones  judiciales  impugnadas;  así  como  la 
retroacción de las actuaciones del procedimiento de ejecución forzosa núm. 13-2016 
seguido  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  29  de  Madrid  al  momento 
inmediatamente anterior al de haberse dictado la providencia de 27 de marzo de 2019, 
para que dicho órgano judicial provea en términos que resulten respetuosos con el 
derecho  fundamental  reconocido.  Esto  último  supone  acordar  que  se  tenga  por 
presentado, se admita y resuelva el recurso de revisión contra el decreto de 4 de marzo 
de 2019, de acuerdo con lo establecido en la STC 15/2020, FJ 3 in fine.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por doña Ana Isabel García 
Morales y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en la integridad de su derecho y, en consecuencia, declarar la 
nulidad de la providencia de 27 de marzo de 2019 y del auto de 10 de mayo de 2019, 
dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Madrid en el procedimiento de 
ejecución forzosa núm. 13-2016.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la 
providencia de 27 de marzo de 2019, para que el Juzgado de Primera Instancia núm. 29 
de Madrid provea a la reparación del derecho fundamental vulnerado, en los términos 
que se especifican en el fundamento jurídico 4 de la presente sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.