BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Viernes 6 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 96997
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13753 Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del Registrador Mercantil de Alicante, por la que se deniega la inscripción de 
una escritura pública de elevación a público de acuerdos sociales.
En el recurso interpuesto por don Antonio Botia Valverde, notario de Callosa de 
Segura, contra la nota de calificación del Registrador Mercantil de Alicante don José 
Simeón Rodríguez Sánchez por la que se deniega la inscripción de una escritura pública 
de elevación a público de acuerdos sociales.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el Notario de Callosa de Segura, don Antonio Botia 
Valverde, de fecha 9 de julio de 2020, doña M. F. R. D., en su calidad de administradora 
única de la mercantil «Gestión y Expansión Mediterráneo, Sociedad Limitada», eleva a 
documento público los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de la 
entidad con fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, por los que se acuerda 
modificar el órgano de administración de esta mercantil que pasa, de estar formado por 
dos administradores con carácter mancomunado, a estar integrado por un administrador 
único y se nombra para el cargo por tiempo indefinido a la propia doña M. F. R. D.
Se hace constar además que este acuerdo de la Junta General Extraordinaria de la 
Mercantil  ha  sido  motivado  por  el  fallecimiento  de  uno  de  los  dos  anteriores 
administradores con carácter mancomunado.
II
Presentada dicha escritura en el Registro Mercantil de Alicante fue objeto de la 
siguiente nota de calificación: En caso de fallecimiento de uno de los administradores 
mancomunados,  el  administrador  que  permanezca  en  el  ejercicio  del  cargo  podrá 
convocar la junta general únicamente con el objeto de designar un nuevo administrador, 
por  lo  que  la  convocatoria  realizada  con  el  objeto  de  cambiar  el  sistema  de 
administración no es válida. Artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital. En relación 
con  la  presente  calificación  (…)  Se  ha  dado  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el 
Artículo 15.º del R.R.M. contando la presente nota de calificación con la conformidad de 
los cotitulares del Registro. Firmado D. José Simeón Rodríguez Sánchez. Alicante/
Alacant, veintidós de julio de dos mil veinte.
III
Contra la anterior nota de calificación, don Antonio Botia Valverde, notario de Callosa 
de Segura interpone recurso en virtud de escrito de fecha 14 de agosto de 2020 en base  e
entre otros a los siguientes argumentos: que desde el punto de vista formal la calificación  b
es defectuosa al no reunir los requisitos de determinación de hechos, fundamento legal o  753ww
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efectuarse; la defectuosa y no fundamentada calificación obligaría a considerar ésta
como  inexistente;  que  el  órgano  social  competente  para  nombrar  y  separar  a  los 
administradores es la junta general y esta ha sido debidamente convocada respetando el 
derecho de información del socio, lo cual se consigue con el orden del día de los asuntos 
a tratar; que la sociedad ha sido convocada correctamente y en el orden del día aparece 
la posibilidad de cambiar el administrador único o continuar con dos mancomunados; 
además la cuestión ha sido expresamente tratada por la resolución de 23 de julio 
de 2019 que admitió que el administrador mancomunado que queda puede convocar la 
junta también con el objeto de alterar la estructura del órgano de administración siempre 
que se respete el derecho de información.
IV
El registrador accidental don José Manresa García, titular del Registro Mercantil III de 
Alicante,  registrador  accidental  por  licencia  reglamentaria  del  titular  del  Registro 
Mercantil II de Alicante, José Simeón Rodríguez Sánchez confirmó la nota de calificación 
y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Visto el artículo 171 TRLSC y la resolución de esta Dirección General de 23 de julio 
de 2019
1.  Se debate en el presente recurso si se puede inscribir el acuerdo social relativo 
al cambio de estructura del órgano de administración de una sociedad, en favor de 
administración única, adoptado en Junta General convocada al efecto por el único 
administrador mancomunado existente, ante el fallecimiento del otro.
Lo primero que debe darse la razón al recurrente es en la parquedad de la nota de 
calificación. Este Centro Directivo ha reiterado que cuando la calificación del registrador 
sea desfavorable es exigible, conforme a los principios básicos de todo procedimiento y 
a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la 
inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, 
con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los 
defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre 
de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio 
de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril y 19 de junio de 2017, 21 de noviembre 
de 2018 y 1 de marzo de 2019, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, 
serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento 
inicial  los  argumentos  en  que  el  registrador  funda  jurídicamente  su  negativa  a  la 
inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su 
tesis  impugnatoria,  a  la  vista  ya  de  los  hechos  y  razonamientos  aducidos  por  el 
registrador que pudieran ser relevantes para la Resolución del recurso.
También ha mantenido esta Dirección General (vid. la Resolución de 25 de octubre 
de 2007, cuya doctrina confirman las de 28 de febrero y 20 de julio de 2012 o las más 
recientes de 13 de septiembre de 2017, 30 de enero de 2018 y 2 de enero y 1 de marzo 
de 2019) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones 
de este Centro Directivo), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de 
que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo 
mismo debe entenderse respecto de las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo  e.e
se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere  b
adecuada la misma. No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina  753ww
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dtoed afesb, relaro ,d 2e2  1d ed em amyoa ryz o2 0d ed e 2j0u1lio9 -d) eq 2u0e1 2la,  aadregmumáse ndtea coiótrna ss meráás  sreucfiiceinetnetse  -cpfar.r,a p olar 
tramitación  del  expediente  si  expresa  suficientemente  la  razón  que  justifica  dicha
negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su 
defensa.
2.  Con relación a la cuestión sustantiva planteada, dispone el artículo 171 del 
TRLSC lo siguiente:
«En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores 
solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los 
miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio 
podrá solicitar del secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la 
convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores.
Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del 
cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto.»
3.  Esta cuestión ya fue analizada en la resolución de 23 de julio de 2019 que señaló 
que la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de 
sus competencias está condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o 
estatutariamente exigible, sino, como requisito previo, a la válida constitución de la 
propia  junta,  lo  que  exige  su  previa  convocatoria  (cfr.  artículo  174  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital) incluyendo el orden del día, salvo que se trate de junta universal, 
en cuyo caso es necesaria la aceptación unánime, no sólo en relación con la celebración 
de la junta, sino respecto de los temas por tratar en ella (cfr. artículo 178.1).
Esta  exigencia  cumple  la  doble  finalidad  de  brindar  a  los  socios  un  cabal 
conocimiento de los asuntos sobre los que son llamados a pronunciarse, permitiéndoles 
informarse  y  reflexionar  sobre  el  sentido  de  su  voto,  así  como  decidir  sobre  la 
conveniencia de asistir o no a la reunión, y garantizarles, por otra parte, que no podrá 
tomarse ninguna decisión sobre asuntos acerca de los cuales no se preveía deliberar ni 
adoptar acuerdo alguno. Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que 
excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, 
cuáles  son  los  de  separación  de  los  administradores  (artículo  223.1  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de 
responsabilidad (artículo 238.1 de la misma Ley).
Y, según han admitido tanto el Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 30 de abril 
de 1971, 30 de septiembre de 1985 y 4 de noviembre de 1992) como este Centro 
Directivo (cfr. Resoluciones de 16 de febrero de 1995, 26 de julio de 1996, 10 de mayo 
de 2011, 10 de octubre de 2012, 30 de mayo y 22 de julio de 2013 y 6 de marzo de 2015) 
esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a 
quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el 
orden de día.
Aunque se trata de reglas excepcionales, que como tales han de ser objeto de 
interpretación restrictiva, esta Dirección General también ha puesto de relieve (vid., entre 
otras, la Resolución de 23 de julio de 2019) que tal carácter no debe impedir que entren 
en juego en los supuestos en que, por circunstancias posteriores a la convocatoria –
como el fallecimiento o dimisión de los administradores–, sea necesario realizar un 
nuevo nombramiento como medio de dotar a la sociedad de un órgano de administración 
sin esperar a que sean nombrados sus integrantes o completado mediante acuerdo 
adoptado  en  una  ulterior  junta  general  convocada  el  efecto  (y  aun  cuando  esta 
convocatoria queda facilitada por la posibilidad de que la lleve a cabo cualquiera de los 
administradores que permanezcan el cargo o se solicite del juez por cualquier socio –
artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital–) o reunida con carácter de junta  e
universal. bo
Se trata así de evitar situaciones de acefalia que se tradujeran en paralización de la  753ww
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y 6 d4e.  mCaarzboe  dep o2r0 1t5a)n.to  que  la  Junta  General,  a  convocatoria  del  administrador
mancomunado que permanece en el ejercicio del cargo, aun cuando no figure este
extremo en el orden del día, pueda nombrar otro administrador mancomunado para 
evitar la paralización de la vida social, dada la necesidad de convocatoria conjunta, pero 
no podrá cambiar la estructura del órgano de administración; si bien ese pretendido 
cambio  de  sistema  de  administración  sí  puede  aprobarse  en  una  junta  que  el 
administrador  mancomunado  que  queda  puede  convocar  con  ese  objeto  (vid. 
artículo 171, párrafo segundo, de la Ley de Sociedades de Capital).
5.  Esto es lo que ocurre en el supuesto de hecho de este expediente, donde sí ha 
habido adecuada información a los socios, a través de la fijación del asunto del cambio 
de la estructura del órgano de administración en el orden del día.
Que cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo 
puedan convocar la junta general para el nombramiento de administradores, incluso sin 
figurar en el orden del día, con ese único objeto (con la finalidad de evitar la paralización 
de la compañía), de manera que una vez cubierta la vacante del administrador fallecido 
puedan ya convocar conforme a las reglas generales un orden del día más amplio, no 
debe impedir que, cumpliendo los requisitos generales de convocatoria y respetando el 
derecho información a través de la fijación del orden del día, pueda adoptarse el cambio 
de estructura del órgano de administración a favor del sistema de administrador único, 
cuando lo que se pretende es precisamente no suplir la vacante.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado la estimación del recurso y la revocación 
de la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 22 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.