BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 123 Lunes 24 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 63078
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8619 Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de El Puente del Arzobispo, por la que se 
suspende la práctica de una nota marginal relativa a la posible afección de 
una finca a un futuro procedimiento de deslinde de vía pecuaria.
En el recurso interpuesto por don Félix Romero Cañizares, director general de Medio 
Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, contra la nota de calificación extendida 
por la registradora de la Propiedad de El Puente del Arzobispo, doña Marta Díaz-Canel 
Blanco, por la que se suspende la práctica de una nota marginal relativa a la posible 
afección de una finca a un futuro procedimiento de deslinde de vía pecuaria.
Hechos
I
Mediante instancia, suscrita el día 8 de febrero de 2021 por doña C. F. S. M., jefa de 
Servicio Forestal, Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Consejería de 
Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, y tras hacer constar que se había recibido 
la comunicación del Registro de la Propiedad de El Puente del Arzobispo sobre la 
inscripción de la base gráfica de la parcela catastral 21 del polígono 10 del término 
municipal de Alcaudete de la Jara, se solicitó la extensión de una nota al margen de la 
misma  ya  «que  esta  finca  colinda  con  (…),  vía  pecuaria  clasificada  en  el  término 
municipal de Alcaudete de la Jara por Real Orden de fecha 31 de octubre de 1931 con 
una anchura de 37,61 metros. Esta vía pecuaria no está deslindada, por lo que, en un 
futuro deslinde, la posesión de la totalidad o parte de la finca podría ser atribuida a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo la Resolución de aprobación título 
suficiente  para  rectificar,  en  la  forma  y  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde 
(art 8.4 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias)».
II
Presentada  dicha  solicitud  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  El  Puente  del 
Arzobispo, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificado negativamente el precedente documento en el sentido de no practicar la 
inscripción del mismo, se suspende en base a los siguientes Hechos y Fundamentos de 
Derecho:
Hechos:
1.º  Se ha presentado en el Registro, a las 12 horas y 50 minutos del día 11 de 
febrero de 2021, según el asiento 598 del libro Diario 84, instancia de la Consejería de  e.
Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Dirección  w.b
General de Medio Natural y Biodiversidad firmada digitalmente en Toledo el 8 de febrero  19ww
de 220.2º 1 pEonr  llaa  iJnesftaa ndceia S qeurvei csieo  cFaolrifeicsata sl ed osñoali cCit.a F l.a S c.o Mns.tancia mediante nota marginal al
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de 1931 con una anchura de 37,61 metros.
Fundamentos de Derecho:
La situación de mera colindancia no se encuentra incluida en los supuestos previstos 
en el artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria, el cual hace referencia a la constancia mediante 
nota  marginal  de  la  calificación  urbanística,  medioambiental  y  administrativa 
correspondiente.
A la vista del artículo 8, apartado 5 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías 
Pecuarias la publicidad registral mediante un asiento en la finca sólo se contempla una 
vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los interesados.
En esta línea se ha pronunciado la DGRSJFP en Resoluciones de fechas 9 de 
agosto, 19 de septiembre de 2019 y 11 de diciembre de 2020.
Una vez que se inicie el procedimiento de deslinde, se practicará en su caso, el 
asiento que corresponda.
Contra la presente calificación negativa (…).
El  Puente  del  Arzobispo,  a  veinticuatro  de  febrero  de  dos  mil  veintiuno  La 
registradora (firma ilegible), Fdo. Marta Díaz-Canel Blanco.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Félix Romero Cañizares, director general 
de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, interpuso recurso el día 23 de 
marzo de 2021 por escrito y en base a los siguientes argumentos:
«La Ley 13/2015 de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por 
Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo en su artículo 10.1 dice 
“La base de representación gráfica de las fincas registrales será la cartografía catastral, 
que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad”. Por lo tanto, actualmente 
cuando  se  realiza  una  inscripción  en  el  Registro  se  coordina  gráficamente  con  la 
cartografía catastral, con lo que la finca queda georreferenciada de forma inequívoca.
El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo cuyo origen y principal uso hasta 
la citada Ley 13/2015 había sido el tributario. En consecuencia, la cartografía catastral a 
menudo no refleja con exactitud la situación legal de los terrenos de las vías pecuarias. 
Comparando la cartografía catastral con la elaborada para la protección, conservación y 
gestión  de  las  Vías  Pecuarias  y  Montes  de  Utilidad  Pública  por  la  Consejería  de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la cartografía catastral la mayor parte 
de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha no tienen su anchura legal, pues han sido 
invadidas por las parcelas colindantes.
Entre las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se 
encuentran la protección, conservación y gestión de los bienes de dominio público: 
montes y vías pecuarias.
La situación actual, en cuanto a la defensa de la propiedad de las vías pecuarias en 
Castilla-La Mancha, es aproximadamente la siguiente:
– Vías Pecuarias Clasificadas: 14.500Km (56.000 ha).
– Vías Pecuarias Deslindadas: 3.200Km (17.800 ha).
– Vías Pecuarias digitalizadas, en proceso de actualización catastral: 2.200 Km 
(14.200 ha).
– Sólo un 6% de la superficie de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (3.200  s
ha) está inscrita en los Registros de la Propiedad. oe.
– También existen algunos términos municipales con vías pecuarias sin clasificar. w.
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que  está  sucediendo,  en  ausencia  de  estas  notas  marginales  es  que  se  inscriben
derechos y pueden consolidarse, por la vía del artículo 34 (adquisición de buena fe a 
título oneroso), intrusiones en terrenos del dominio público que pasan a manos de los 
colindantes, con la consiguiente pérdida de patrimonio público a favor de unos pocos 
particulares (ver art. 21.8 de la Ley 43/2003 de Montes).
Entendemos que, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, el Registrador puede 
hacer constar, bajo su responsabilidad, como medida de colaboración en la defensa del 
dominio público, sin necesidad del consentimiento del titular registral, nota marginal en la 
que se aclare la situación de la finca inmatriculada. A modo de ejemplo, se adjunta copia 
de  notas  marginales  inscritas  por  los  Registros  de  la  Propiedad  de  Belmonte, 
Manzanares y Pastrana-Sacedón para casos similares a los que se tratan en este 
recurso.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación 
el día 24 de marzo de 2021, ratificándola en todos sus extremos, y elevó el expediente a 
este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1.3.º, 18, 20, 38, 40, 82, 205 
y 326 de la Ley Hipotecaria; 99 del Reglamento Hipotecario; 8 de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas; las Sentencias de la Sala Contencioso-administrativa del 
Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1986 y 20 de abril de 1988; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 y 13 de marzo, 4 de abril y 8 
y 22 de mayo de 2012, 15 de enero, 22 de febrero, 7 de marzo, 3 de abril y 24 de junio 
de 2013, 23 de enero y 2 de octubre de 2014, 15 de marzo de 2016, 25 de julio y 13 de 
noviembre de 2017, 19 de julio de 2018 y 4 de julio, 9 de agosto y 19 de septiembre 
de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 12 de marzo de 2020.
1.  Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes:
– Respecto de la parcela catastral 21 del polígono 10 del término municipal de 
Alcaudete de la Jara, con anterioridad a la presentación de la instancia que da lugar a la 
calificación negativa impugnada, se siguió el procedimiento del artículo 199 de la Ley 
Hipotecaria para incorporar la base grafica catastral.
– Mediante instancia suscrita por la jefa de Servicio Forestal de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, tras hacer 
constar que se ha recibido la comunicación del Registro de la Propiedad de El Puente 
del Arzobispo sobre la inscripción de la base gráfica de la finca, se solicita la extensión 
en el Registro de la Propiedad de una nota marginal, para hacer constar que la posesión 
de la totalidad o parte de la citada finca registral podría ser atribuida a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en un futuro deslinde.
La registradora suspende la extensión de la nota marginal por entender que la 
extensión de dicha nota, dados los efectos que puede producir, aunque sea por vía de 
hipótesis, hace preciso el consentimiento del titular registral, ex artículos 1, 38, 40 y 82  s
de la Ley Hipotecaria. e.
El recurrente, por su parte, apunta que la mayor parte de las vías pecuarias no  w.
figuran en el Catastro con la anchura legal, porque han sido invadidas por las parcelas  19ww
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notas marginales se inscriben derechos y pueden consolidarse, por la vía del artículo 34 
de la Ley Hipotecaria, intrusiones en terrenos del dominio público que pasan a manos de 
los colindantes, con la consiguiente pérdida de patrimonio público a favor de unos pocos 
particulares y que además se han practicado notas similares en otros registros.
2.  En primer lugar conviene traer a colación la doctrina reiterada de este Centro 
Directivo, en el sentido de que el registrador, al ejercer su competencia de calificación de 
los documentos presentados a inscripción no está vinculado, habida cuenta del principio 
de  independencia  en  su  ejercicio,  por  las  calificaciones  llevadas  a  cabo  por  otros 
registradores,  como  tampoco  lo  está  por  las  propias  resultantes  de  la  anterior 
presentación de otros títulos (cfr., por todas, las Resoluciones de 9 y 13 de marzo, 4 de 
abril y 8 y 22 de mayo de 2012, 22 de febrero, 7 de marzo, 3 de abril y 24 de junio 
de 2013 y 25 de julio y 13 de noviembre de 2017).
De  lo  anterior  no  resulta  un  perjuicio  para  la  seguridad  jurídica,  ya  que  los 
mecanismos previstos en el ordenamiento para la revisión de las decisiones de los 
registradores, como lo es este expediente de recurso, garantizan a los interesados la 
defensa de su posición jurídica en términos que su derecho a la inscripción sea revisado 
y,  en  su  caso,  confirmado,  así  como  el  establecimiento  de  criterios  uniformes  de 
actuación.
3.  En cuanto a la cuestión de fondo, la publicidad del procedimiento de deslinde se 
contempla en el artículo 8, apartado 5, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias que dispone que «cuando los interesados en un expediente de deslinde 
aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran 
resultar incluidos en el dominio público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá 
en conocimiento del Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal 
preventiva de esa circunstancia».
Con  independencia  de  la  imprecisión  del  texto  legal  sobre  el  asiento  legal 
(«anotación marginal preventiva»), lo que resulta indudable es que la publicidad registral 
mediante un asiento en la finca sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de 
deslinde y con intervención de los interesados.
En ningún caso puede admitirse la práctica de asientos sobre las fincas sin que el 
titular haya sido parte en el procedimiento.
Como ha venido resolviendo esta Dirección General (vid., por todas, la Resolución 
de 15 de enero de 2013), ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo 
había mantenido de forma reiterada la doctrina de que, dentro de los límites de su 
función,  goza  el  registrador  de  una  mayor  libertad  para  calificar  el  documento 
administrativo en relación con el judicial, y en particular si se trata del examen de los 
trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y reglamentos (cfr. 
entre otras, Resolución de 30 de septiembre de 1980).
Tras la citada reforma reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza 
normativa, y por ello esta Dirección General ha venido considerando desde entonces 
que,  no  obstante  la  ejecutividad  y  las  presunciones  de  validez  y  eficacia  de  que 
legalmente están investidos los actos administrativos, el artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario  faculta  al  registrador  para  calificar,  respecto  de  los  documentos 
administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la 
resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, 
así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el  s
Registro (cfr. entre otras, las Resoluciones de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998,  oe.
27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011  w.
y 1 de junio de 2012). 19ww
límitDese  daec useur dfuon ccoiónn  ecsatalif idcaodctorrinaa d, ee fleocst idvaomcuemneten tcoosr raedsmpoinnidsetr aatilv roesg, isetxraadmoirn,a dr,e netnrtor ed oet rlooss 
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las leyes y los reglamentos, con el exclusivo objeto, como tiene declarado este Centro 
Directivo, de que cualquier titular registral no pueda ser afectado si, en el procedimiento 
objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el 
titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal, 
y en este sentido -como una garantía más del derecho constitucional a una tutela judicial 
efectiva- debe ser entendido el artículo 99 del Reglamento Hipotecario, en congruencia con 
los artículos 1, 20 y 40 de la Ley Hipotecaria.
Por tanto, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el 
curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan 
tenido intervención alguna, motivo por el cual la calificación debe confirmarse.
4.  Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de deslinde no está 
prevista en la normativa reguladora de las vías pecuarias, ni tampoco se prevé en la 
normativa general de las Administraciones Públicas. Así, en el procedimiento de deslinde 
previsto  en  la  Ley  33/2003  de  3  de  noviembre  (cfr.  artículo  52),  se  contempla  la 
publicidad registral una vez iniciado dicho procedimiento.
Ahora bien, el artículo 9, letra a), de la Ley Hipotecaria dispone que «cuando conste 
acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o 
administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera».
En esta previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva 
este recurso.
Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de 
la  solicitud  de  la  Administración  y  de  la  nota  pretendida  adolece  una  falta  de 
determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita 
a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia descripción 
de la finca (cfr. artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento); advierte la 
posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca 
pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos legales 
del deslinde, cuestión que resulta de la propia ley.
Por tanto, tampoco puede practicarse la nota marginal solicitada al amparo de este 
precepto,  pues  no  resulta  una  concreta  calificación  urbanística,  medioambiental  o 
administrativa de la finca más allá de su colindancia con una vía pecuaria y no resulta de 
la solicitud la intervención del titular de la finca.
En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por 
parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de 
inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (vid. 
artículos 36 y 83 y disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas), dado que de esta forma estos gozarán 
de la máxima protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los 
medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni 
siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito (cfr. Resolución 
de 23 de enero de 2019).
5.  Debe recordarse, como se indicó en las Resoluciones de esta Dirección General 
de 19 de julio de 2018 y de 12 de marzo de 2020, que la falta de deslinde de la vía 
pecuaria con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, impide que puedan 
aplicarse a los titulares de fincas colindantes las consecuencias propias de este deslinde.
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 20 de 
abril de 1988, para poder determinar si existe invasión del dominio público «ha de 
saberse dónde está situado éste y los límites de su superficie; si no hay datos sobre el  s
terreno destinado a vía pecuaria y su delimitación con la finca privada colindante, la  oe.
afirmación de que ha invadido el terreno de dominio público, carece de base, y más  w.
cuando, (…), tal terreno estaba siendo usado por el sancionado: El cambio de esta  19ww
sdietul atecriórenn doe q hueec hcoor, rheasbpíoan ddee  tae nlae rv uían ap ebcausaer,i ac;u ay l eesst ola f acoltan cerent alo dse atecrtmosin aadcmióinn icsotrnactirveotas 
rinetceurrersidaodso,  qaule  pnuoe dhaa bteenreser  uneofesc etufeacdtoo s eigl udaelessli nod pea, rencii daocst»u.ación  con  audiencia  del  BOE-A-cable e
La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 1986 ya destacó la necesidad 
de deslinde previo para el válido ejercicio de la facultad administrativa de recuperación 
posesoria,  que  «se  subordina  a  que  en  la  correspondiente  prueba  se  acredite 
suficientemente, por un lado, la posesión administrativa, el uso público del terreno de 
que se trata, y, por otro, que el indicado uso haya sido perturbado por el administrado 
contra quien se dirige la acción», y consideró «la falta de identificación del terreno 
reivindicado, aludiéndose a la necesidad de practicar un deslinde para precisar los 
límites de las propiedades en cuestión».
En  este  punto  no  podemos  olvidar  la  presunción  derivada  del  principio  de 
legitimación registral que consagra el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, conforme al cual 
«a  todos  los  efectos  legales  se  presumirá  que  los  derechos  reales  inscritos  en  el 
Registro  existen  y  pertenecen  a  su  titular  en  la  forma  determinada  por  el  asiento 
respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los 
inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos».
En  particular,  sobre  las  consecuencias  de  la  ausencia  de  deslinde  de  una  vía 
pecuaria frente al principio de legitimación registral como efecto fundamental de los 
pronunciamientos del Registro de la Propiedad, debe traerse a colación la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 5 de febrero de 1986 que manifestó lo 
siguiente: «Frente a las invasiones y usurpaciones de terrenos de dominio público, entre 
los que se incluyen las vías pecuarias (…), la Administración es titular de facultades 
recuperatorias que vienen limitadas al ámbito estrictamente posesorio, quedando por ello 
excluida de las mismas toda cuestión que implique definición de derechos dominicales 
por venir éstas reservadas en exclusiva a la jurisdicción civil, debiendo calificarse de tal 
aquélla en que existe una indeterminación de límites entre la vía pecuaria y los terrenos 
colindantes de dominio privado inscrito en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y 
amparado en su fuerza legitimadora, tal y como ocurre en el supuesto de autos en el 
cual la esencia del problema planteado consiste en decidir si el terreno ocupado por el 
demandante forma parte integrante de la vía pecuaria o pertenece a la propiedad del 
mismo y de ello excede de la competencia de la Administración y de esta Jurisdicción y 
sólo puede dilucidarse mediante el ejercicio de las acciones civiles pertinentes ante los 
jueces ordinarios, siendo por tanto procedente la confirmación de la sentencia apelada 
que así lo declara y a cuya fundamentación jurídica cabe añadir que entre la presunción 
de la legalidad que protege los actos administrativos y la legitimación derivada del 
Registro de la Propiedad debe, en el caso contemplado, concederse preferencia a esta 
última puesto que la indeterminación en los límites de ambas propiedades colindantes es 
únicamente imputable a la Administración al haber dejado de practicar las operaciones 
de deslinde y amojonamiento posteriores a la clasificación de la vía pecuaria que le 
impone las normas legales y reglamentarias citadas».
6.  No obstante lo anterior, la protección registral que la Ley otorga al dominio 
público no se limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace 
extensiva al dominio público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente (pues el 
deslinde tiene un valor declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero 
de 2014, fundamento jurídico séptimo), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes 
el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.
Por tal motivo, con carácter previo y vinculante a la práctica de la inscripción, diversas 
leyes especiales sujetan la inmatriculación de las fincas a la emisión de un informe previo 
favorable, así sucede en el caso de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, 
artículo 30.7, en el caso de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, artículo 22, y  s
en el caso de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, artículo 15. oe.
Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección  registral  del  dominio  w.
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma  19ww
dpere lvaé  Lqeuye ,H eipno ttoedcaor ciaa,s aol,  deal rr enguiesvtraa dreodr atrcactiaórná  ad ed ievveirtsaor sla a irntísccurliopsc iódne  dlae  Lneuye vHaipso ftienccaarsi ao, 
ddued laa sr efupnredsaednatsa csioóbnr eg rláaf ipcoas gibeleo rirnevfearseiónnc idaedla d doem fiinnicoa psú ybali cinom. atriculadas cuando tuviera  BOE-A-cable e
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto,  sino  también  en  diversos  artículos  del  Título  VI  de  la  ley  que  contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 
y 205, si bien contemplando la emisión de informe previo únicamente para el supuesto 
de inmatriculación regulado por este último artículo, por lo que no es de aplicación en 
este caso.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la Ley 13/2015 la 
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo la 
invasión del dominio público.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace sino 
asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el dominio 
público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión de la 
posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del territorio.
En el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de la instancia 
que  da  lugar  a  la  calificación  negativa  impugnada,  se  siguió  el  procedimiento  del 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria para incorporar la base gráfica catastral, habiéndose 
practicado las preceptivas notificaciones, entre ellas a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha como colindante titular de la vía pecuaria de una cañada real, quien 
presentó  alegaciones  que  fueron  rechazadas  por  el  registrador  entonces  titular, 
procediéndose a la inscripción de la base gráfica.
7.  Por último es preciso señalar un error en la fundamentación del recurrente, en 
relación con la posibilidad de que puedan aparecer terceros protegidos por el artículo 34 
de la Ley Hipotecaria en relación con la superficie y linderos que se derivan de la 
inscripción de la base gráfica y su coordinación con Catastro.
Los efectos de la inscripción de la base gráfica, ya sea catastral, o alternativa una 
vez coordinada con Catastro, se recogen en el artículo 10.5 de la Ley Hipotecaria que 
establece  que:  «Alcanzada  la  coordinación  gráfica  con  el  Catastro  e  inscrita  la 
representación gráfica de la finca en el Registro, se presumirá, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 38, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubicación y 
delimitación geográfica expresada en la representación gráfica catastral que ha quedado 
incorporada al folio real».
Por tanto, se presume que la finca tiene la ubicación y delimitación geográfica que 
resulta de la base gráfica, pero se trata de una presunción iuris tantum que admitirá, en 
todo  caso,  prueba  en  contrario  en  el  correspondiente  procedimiento  de  deslinde 
administrativo realizado por los trámites correspondientes.
Por tanto, procede confirmar la calificación de la registradora en el sentido de que no 
puede hacerse constar en el Registro que una finca está pendiente de deslinde, sin 
haberse incoado el oportuno expediente de deslinde con intervención del titular registral.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  bo
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  19ww
nlao Lrmeya sH dipeol tjeucicairoia v.erbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de
Madrid, 7 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.