BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 162 Jueves 8 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 81553
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11351 Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad interina de Ortigueira a inscribir una escritura de 
compraventa.
En el recurso interpuesto por don Francisco Javier Pérez-Tabernero Olivera, notario 
de Cambre, contra la negativa de la registradora de la Propiedad interina de Ortigueira, 
doña María Jesús Franco Alonso, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura de compraventa autorizada el día 3 de diciembre de 2020 por el 
notario de Cambre, don Francisco Javier Pérez-Tabernero Olivera, con el número 1.487 
de protocolo, los integrantes de una pareja de hecho inscrita como tal en el Registro de 
Parejas de Hecho de Galicia (según se acredita con resolución de 3 de noviembre 
de 2015, con el número de expediente que se indica) compran y adquieren el pleno 
dominio de una vivienda «para su sociedad de gananciales».
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Ortigueira, fue objeto 
de la siguiente nota de calificación:
«N.º Entrada: 2817.
N.º Protocolo: 1487/2020.
Registro de la Propiedad de Ortigueira.
Calificado el precedente documento dentro del plazo legal, escritura autorizada el 3 
de diciembre último, por el Notario de Cambre, Don Francisco Javier Pérez-Tabemero 
Olivera, número 1.487 de protocolo, que se presentó telemáticamente ese mismo día, 
bajo el asiento número 1341 del Diario 51, siendo suspendida su calificación y despacho 
por no acreditarse la previa liquidación del Impuesto conforme a los artículos 254 y 255 
de  la  ley  Hipotecaria,  el  mismo  día,  siendo  aportado  justificante  de  liquidación  del 
impuesto, vía telemática, el día 2 de los corrientes, se suspende la práctica de las 
operaciones registrales solicitadas en el mismo con arreglo a los siguientes:
1.  Hechos: en el indicado documento Don A. A. R. y Doña M. P. L., mayores de 
edad, solteros, vecinos de Cambre, (…), con DD.NN.I. números (..) y (…), compran la 
finca registral número 6.054 de Cariño, para su sociedad de gananciales, manifestando 
que están constituidos como “pareja de hecho”. s
2.  Fundamentos de derecho: Atendiendo a la regulación que sobre parejas de  oe.
hecho contiene la Ley de Derecho Civil de Galicia, su Disposición Adicional 3.ª “3. Los  1ww.
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leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponden a cada conviviente o
gravemente perjudiciales para cada uno de los mismos. Bc
Siendo tal defecto subsanable se suspende la inscripción con arreglo a lo indicado, 
no habiéndose practicado anotación de suspensión por no haberse solicitado.
Contra la presente nota de calificación (…)
Ortigueira, a 24 de febrero de 2021 La registradora interina Fdo. María Jesús Franco 
Alonso Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Jesús 
Franco  Alonso  registrador/a  de  Registro  Propiedad  de  Naron  a  día  veinticuatro  de 
Febrero del año dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Francisco Javier Pérez-Tabernero Olivera, 
notario de Cambre, interpuso recurso el día 23 de marzo de 2021 mediante escrito con 
las alegaciones siguientes:
«(…) La Sra. Registradora cita como Hechos que los compradores manifestaron ser 
“pareja de hecho”, y como Fundamento de derecho el número tres de La Disposición 
Adicional Tercera de la Ley de Derecho Civil de Galicia que dispone: “Los miembros de 
la  unión  de  hecho  podrán  establecer  en  escritura  pública  los  pactos  que  estimen 
convenientes  para  regir  sus  relaciones  económicas  durante  la  convivencia  y  para 
liquidarlas a su extinción, siempre que no sean contrarias a las leyes, limitativos de la 
igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente o gravemente perjudiciales 
para cada uno de los mismos”.
Respecto a los Hechos señalar que los compradores, y así consta en la escritura, no 
manifestaron simplemente ser una “pareja de hecho” como se cita en la calificación, sino 
que acreditaron ser una Pareja de Hecho debidamente inscrita en El Registro de Parejas 
de Hecho dependiente de La Xunta de Galicia, exhibiéndome el oportuno certificado.
Respecto a los fundamentos de derecho, cita el número tres de la D.A. tercera de la 
Ley Derecho Civil de Galicia, y de ello parece desprenderse, que en interpretación de la 
Sr.ª Registradora, las Parejas de Hecho, aunque estén debidamente inscritas y hayan 
cumplido todos los requisitos que la ley les exige para que puedan gozar de un régimen 
económico que regule sus relaciones de forma análoga los matrimonios, tendrían otro 
más: la necesidad de pactarlo expresamente en escritura pública.
Entiendo que esta interpretación contraria a la práctica habitual, –al menos hasta la 
fecha– en la que se inscribían las adquisiciones de las parejas de hecho para su 
sociedad de gananciales, así como aportaciones a la sociedad de gananciales de bienes 
privativos  de  uno  de  los  miembros,  simplemente  acreditando  la  correspondiente 
inscripción en el Registro de La Xunta de Galicia, es contraria a la propia Disposición 
Adicional Tercera de la Ley, donde con toda claridad, se equipara al matrimonio «las 
relaciones maritales con intención de vocación o permanencia, con lo que se extienden a 
los miembros de la pareja los derechos y las obligaciones que la presente ley reconoce a 
los cónyuges. Y como dispone además en su n.º 2. para que se lleve a efecto esa 
inscripción “expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio”.
Por tanto, si la equiparación es plena al matrimonio (como por ejemplo en derechos 
hereditarios del sobreviviente tanto en la sucesión testada e intestada, o derechos 
legitimarios donde está plenamente admitido) no parece justificado que para que gocen 
de  un  régimen  económico  que  regule  sus  relaciones  patrimoniales  sea  necesario 
además  de  su  inscripción,  el  otorgamiento  de  pactos  en  escritura  pública  o  de  s
capitulaciones, o dicho de otra manera, entender que los miembros de una Pareja  oe.
debidamente inscrito carecen de régimen económico si no lo acuerdan, planteándose  w.
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gananciales, y la ley equipara a las parejas al matrimonio, éste será por tanto de
aplicación (art 171. Ley de Derecho Civil). Bc
Lo que a mi juicio recoge el n.º 3 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley de 
Derecho Civil de Galicia es la posibilidad de establecer la acuerdos o pactos –siempre 
que no sean contrarios a la ley– que regulen sus relaciones económicas como estimen 
oportuno,  (por  ejemplo  pactando  separación  de  bienes,  supuesto  frecuente  en  la 
práctica), y ello de manera similar a lo que dispone el art. 172 de la Ley de Derecho Civil 
o el propio art 1325 de del Código Civil, alterando régimen legal aplicable. El propio texto 
de la ley dispone “podrán establecer, y no, «tendrán que establecer”. Sería incongruente 
atribuir los mismos efectos que el matrimonio en la ley, pero no en la práctica.
En este sentido citar la Sentencia 19 de Octubre de 2018 del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, que si bien aborda la cuestión de los derechos ab intestato, diferencia 
claramente entre aquellas, que son objeto de inscripción en un Registro Municipal y que 
por tanto no se les considera aplicable la Ley de Derecho Civil, pues impondría “ope 
legis” una normativa contraria a su voluntad, de aquellas que sí son objeto de inscripción 
en el registro especifico de la Xunta, a las que les reconoce todos los derechos tanto en 
el aspecto personal y patrimonial del matrimonio, pues así lo manifestaron expresamente 
sus miembros».
IV
Mediante escrito, de fecha 31 de marzo de 2021, la registradora de la Propiedad 
interina, doña María Jesús Franco Alonso, elevó el expediente a este Centro Directivo, 
con su preceptivo informe.
El día 7 de mayo de 2021, la citada registradora comunicó a esta Dirección Genera lo 
siguiente: «Comunico a los efectos oportunos que, con fecha 26 de abril inscribí en el 
Registro de la Propiedad de Ortigueira, escritura de compraventa autorizada por el 
Notario de Cambre D. Francisco J Pérez-Tabernero Olivera el 3 de diciembre 2.020. 
Dicha escritura fue objeto de calificación negativa y de recurso por el citado Notario. 
Posteriormente se presentó certificado del Registro de parejas de hecho de Galicia, que 
adjunto, donde consta pacto regulador inscrito, subsanado el defecto». Adjunta a dicho 
escrito una certificación del Registro de Parejas de Hecho de Galicia en la provincia de A 
Coruña, de fecha 14 de abril de 2021, según la cual, de acuerdo con el pacto regulador 
otorgado el día 23 de marzo de 2021 ante el notario de Cambre, don Francisco Javier 
Pérez-Tabernero Olivera, con el número 429 de protocolo, el régimen económico y 
patrimonial aplicable a la citada pareja será de gananciales.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 10.1 y 149.1.8.ª de la Constitución Española; 1255 y 1365 del 
Código Civil; 171 y la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de 
derecho civil de Galicia; la Ley 10/2007, de 28 de junio, de reforma de la disposición 
adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia; los 
artículos 1, 18, 325 y 326 de la Ley Hipotecaria; 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; las Sentencias del Tribunal Constitucional 
de 15 de noviembre de 1990, 12 de septiembre de 2009 y 23 de abril de 2013; las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1995, 27 de mayo de 1998, 18 de 
febrero 2003, 12 de septiembre de 2005, 8 de mayo de 2008 y 15 de enero de 2018, y 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de 
febrero y 12 de junio de 2013, 22 de julio de 2016, 2 de febrero de 2017 y 11 de junio 
de 2018. e.
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gananciales».
La registradora rechaza la inscripción porque no se acredita que, conforme a la 
disposición adicional tercera de la Ley de derecho civil de Galicia, hayan establecido 
pacto alguno para regir sus relaciones económicas.
El notario recurrente entiende que, al equipararse las parejas de hecho al matrimonio 
por la disposición adicional tercera de dicha Ley de derecho civil de Galicia, es aplicable 
el régimen de la sociedad de gananciales por ser éste el régimen económico-matrimonial 
supletorio (artículo 171 de la misma ley).
2.  A la vista de la cuestión planteada en la calificación impugnada (que, como 
reconoce la misma registradora en su informe, tiene falta de precisión), debe decidirse si 
para la inscripción solicitada es o no necesario el pacto en escritura pública que regule el 
régimen económico de la pareja de hecho.
3.  Como indicó este Centro Directivo en Resolución de 11 de junio de 2018, cabe 
recordar que el Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de mayo de 1998, confirmada 
por otras de fecha posterior (Sentencias de 18 de febrero 2003, 12 de septiembre 
de 2005, 8 de mayo de 2008, o 15 de enero de 2018) afirmó que: «(...) Naturalmente que 
cabe que los convivientes regulen las consecuencias de su estado como tengan por 
conveniente,  respetando  los  límites  generales  del  artículo  1.255  C.c.;  o  bien  que 
conductas significativas o de actos con ese mismo carácter patenticen que quieran 
constituir una sociedad o una comunidad de bienes (...)».
En  el  mismo  sentido  se  pronunció  el  Tribunal  Constitucional,  en  la  Sentencia 
número 93/2013, de 23 de abril, dictada a propósito del recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto contra la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las 
parejas estables de Navarra, que declara expresamente, en su fundamento jurídico 5, 
que «consustancial a esa libertad de decisión, adoptada en el marco de la autonomía 
privada de los componentes de la pareja, es el poder de gobernarse libremente en la 
esfera jurídica de ese espacio propio, ordenando por sí mismos su ámbito privado, el 
conjunto de derechos, facultades y relaciones que ostenten, si bien dentro de ciertos 
límites impuestos por el orden social, ya que la autonomía privada no es una regla 
absoluta. Así, el art. 1255 del Código civil plasma el principio de autonomía de la 
voluntad en las relaciones contractuales privadas, y dispone que los contratantes pueden 
establecer  todos  los  pactos,  cláusulas  y  condiciones  que  tengan  por  conveniente 
“siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”».
Los convivientes pueden alcanzar pactos tendentes a regular las consecuencias 
patrimoniales  de  su  unión,  siempre  que  no  sean  contrarias  a  los  referidos  límites 
generales. Así, podrán pactar válidamente entre ellos que les sean de aplicación las 
normas que disciplinan, en general, los distintos regímenes económicos matrimoniales, y 
en concreto el de la sociedad de gananciales, bien por remisión a los artículos que 
regulan dicho régimen económico matrimonial, bien por la adopción de pactos concretos 
que  tradujeran  en  el  convenio  entre  convivientes  las  normas  de  la  sociedad  de 
gananciales.
4.  No obstante, debe recordarse el criterio sentado por esta Dirección General en 
Resolución de 7 de febrero de 2013.
Ciertamente, no está regulada en las leyes una aplicación genérica y en bloque del 
estatuto ganancial al régimen de convivencia, incluso cuando haya sido objeto de un 
pacto expreso de remisión. En este sentido, resulta difícil extender una organización 
jurídica basada en el carácter público del estatuto conyugal a unas relaciones personales 
que, desde el punto de vista jurídico –no así desde el social–, destacan precisamente, 
por lo contrario. Esto es así por los siguientes motivos: a) La imposibilidad de crear una  s
sociedad de gananciales –que es un régimen económico matrimonial– sin matrimonio; b)  oe.
Falta de publicidad de la misma frente a terceros; y, c) La imposibilidad de pactar entre  w.
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régimen legal supletorio de la sociedad de gananciales, incluso mediante pacto expreso 
de los convivientes.
Como pone de relieve la misma Resolución, mediante pacto expreso se puede 
admitir la posibilidad de que los convivientes, valiéndose de los medios de transmisión 
ordinarios –sea permuta, donación, sociedad civil o incluso irregular–, puedan conseguir 
que todos o parte de los bienes de titularidad de uno de ellos lleguen a pertenecer a 
ambos «pro indiviso», sujetándose a las normas generales de la comunidad ordinaria y 
de la contratación. Junto a lo anterior es evidente que en el momento de adquirir un bien 
o derecho concreto puede adquirirse en comunidad por ambos convivientes, versando 
dichos pactos sobre bienes o derechos concretos. Cabe una comunidad de bienes entre 
los convivientes, si queda acreditado que tenían una inequívoca voluntad de hacer 
común la vivienda. De no acreditarse el pacto expreso o tácito de constitución de una 
comunidad, deviene obligado concluir su inexistencia. A falta de pacto expreso, las 
participaciones en esa comunidad serán por partes iguales.
Además, como recuerda la misma Resolución de 7 de febrero de 2013, el documento 
donde consten los pactos será inscribible en el Registro de Parejas de Hecho, pero 
nunca perjudicarán a terceros. Tales consideraciones se expresan respecto de la ley 
andaluza de parejas de hecho, pero, según la Resolución de 11 de junio de 2018 antes 
citada, deben considerarse también aplicables a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora 
de  Parejas  de  Hecho,  del  País  Vasco,  por  cuanto  su  contenido  en  este  punto  es 
prácticamente idéntico (pues fija la plena libertad de pactos para establecer el régimen 
económico de la relación de la pareja estable y de la compensación por disolución, así 
como su inscribibilidad en el Registro de Parejas de Hecho). Así, del artículo 4.1. de la 
referida Ley 2/2003, de 7 de mayo, resulta que el Registro de Parejas de Hecho es un 
Registro administrativo. Diferencia importante y esencial respecto de la naturaleza del 
Registro de la Propiedad que, conforme los artículos 1 y 18 de la Ley Hipotecaria, tiene 
el carácter de registro jurídico. Lo mismo ocurre con el Registro Civil, y de la Exposición 
de Motivos de la Ley 20/2011, de 21 de julio, se deduce de forma clara el carácter 
jurídico de este Registro. Esta circunstancia hace que los documentos y títulos que 
contienen  los  actos  y  negocios  que  resulten  inscritos  en  estos  Registros  hagan 
publicidad en perjuicio de terceros de los derechos que resulten de los mismos. A 
diferencia de éstos, el Registro de Parejas de Hecho es un Registro administrativo y por 
tanto su contenido no perjudica a tercero.
Según los razonamientos precedentes, este Centro Directivo (en un caso en que se 
planteaba si podía inscribirse una compra de vivienda en favor de los integrantes de una 
pareja de hecho con carácter privativo y por mitades indivisas por mero acuerdo de 
aquéllos, habida cuenta de que tal pareja, con ocasión de su inscripción en el Registro 
de Parejas de Hecho del Gobierno Vasco, acordó expresamente someterse al régimen 
económico-matrimonial  de  sociedad  de  gananciales  previsto  por  el  Código  Civil) 
concluyó en la citada Resolución de 11 de junio de 2018 que el régimen de la sociedad 
de gananciales no resulta de aplicación a los efectos de la publicidad «erga omnes» 
consustancial al Registro de la Propiedad, a pesar de haber sido pactado expresamente, 
sin  que  pueda  admitirse  lo  que  ha  sido  calificado  por  algún  sector  doctrinal  y 
jurisprudencial  como  «matrimonio  parcial»,  limitado  únicamente  a  los  efectos 
económicos;  si  bien  ello  no  obsta  para  que,  en  aras  a  la  voluntad  expresamente 
declarada  de  los  convivientes  de  hacer  comunes  los  bienes  adquiridos  durante  la 
convivencia, puedan éstos inscribirse a nombre de aquéllos, pero deberá realizarse por 
medio de figuras como la de la sociedad particular, universal o la comunidad de bienes. s
A estas consideraciones debe añadirse que el régimen de gananciales no sólo afecta  oe.
a los derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí, sino que se proyecta a las  w.
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dispares, pues si bien es cierto que según el apartado 1 de la disposición adicional 
tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, «a los efectos de la aplicación de la presente 
ley, se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o 
vocación de permanencia, con lo que se extienden a los miembros de la pareja los 
derechos y las obligaciones que la presente ley reconoce a los cónyuges», es también 
cierto que, según el apartado 3 de la misma disposición adicional, «los miembros de la 
unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura pública los pactos que 
estimen convenientes para regir sus relaciones económicas durante la convivencia y 
para liquidarlas tras su extinción».
Para  interpretar  adecuadamente  estas  normas  debe  tenerse  en  cuenta  que  el 
apartado 3 de la referida disposición adicional se introdujo por la Ley 10/2007, de 28 de 
junio, de reforma de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de 
derecho civil de Galicia; y en la Exposición de Motivos de aquélla se expresa que dicha 
disposición  adicional  tenía  como  objetivo  «eliminar  en  el  ámbito  de  la  ley  la 
discriminación existente entre los matrimonios y las uniones análogas a la conyugal; sin 
embargo, no fue intención del legislador establecer la equiparación ope legis de quienes 
no deseasen ser equiparados»; y «como quiera que la redacción de la disposición 
adicional tercera aprobada por el Parlamento de Galicia podría no reflejar la auténtica 
voluntad  del  legislador,  se  formula  una  proposición  de  ley  de  modificación  de  la 
disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, 
apoyada  en  tres  pilares  básicos  de  nuestro  ordenamiento:  el  libre  desarrollo  de  la 
personalidad, el principio de igualdad ante la ley y la salvaguarda de la seguridad 
jurídica».
Debe  entenderse  que,  precisamente  por  respeto  a  la  autonomía  privada,  la 
aplicación de un régimen económico a la pareja de hecho requiere necesariamente una 
manifestación de voluntad expresa en los términos permitidos por el apartado 3 de la de 
la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de modo que no cabe 
considerar que, en defecto de esa explícita manifestación de voluntad, pueda aplicarse 
«in integrum» el régimen de gananciales a que remite el artículo 171 de dicha ley.
Esta interpretación es la que más se ajusta a las consideraciones del Tribunal 
Constitucional en la referida Sentencia número 93/2013, de 23 de abril, en recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad 
jurídica de las parejas estables de Navarra. Esta sentencia, en relación con la previsión 
contenida  en  dicha  Ley  Foral  que,  en  defecto  de  pacto,  establecía  determinada 
regulación de las relaciones personales y patrimoniales de la pareja de hecho, declara –
fundamento jurídico 11.b)– que «a primera vista podría pensarse que la norma resulta 
respetuosa con la voluntad de los integrantes de la pareja estable, en la medida en que 
sólo se les aplicaría si no hubieran pactado al respecto. Sin embargo, esta primera 
apreciación decae si consideramos que, en el caso de que los miembros de la pareja no 
hubieran pactado nada sobre el particular, resulta imperativa la aplicación de la norma 
prescindiendo de exigencia alguna de constatación de su voluntad de aceptarla; voluntad 
que, por tal razón, se ve violentada, con la consiguiente infracción del art. 10.1 CE». 
Asimismo, en relación con la regla de imputación de responsabilidad conjunta frente a 
terceros  ex  artículo  7  de  la  Ley  Foral  Navarra  (véase,  entre  otras,  la  regla  de 
responsabilidad  de  bienes  gananciales  ex  artículo  1365  del  Código  Civil),  añade 
fundamento jurídico 11.c)– que «aunque pudiera considerarse como una consecuencia 
necesaria de la convivencia libre y voluntariamente asumida, evitando que la misma 
pudiera producir perjuicios a terceros, lo cierto es que merece igualmente la declaración  s
de inconstitucionalidad, ya que se impone de manera absoluta a los integrantes de la  oe.
pareja, sin permitirles siquiera el establecimiento voluntario de un régimen distinto, por lo  w.
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de hecho unos efectos patrimoniales que no han asumido voluntariamente mediante el 
correspondiente pacto.
Por  las  razones  expuestas,  y  dado  que  el  presente  recurso  debe  ceñirse  a  la 
concreta cuestión planteada (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria) debe confirmarse la 
calificación de la registradora en los términos en que ha sido expresada.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 21 de junio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2021-1135n https://w