BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 80833
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11300 Sala Primera. Sentencia 118/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 2726-2020. Promovido por don Domingo Antonio Yumar Afonso y 
doña María del Pilar Martín Goya en relación con las resoluciones dictadas 
por un juzgado de primera instancia de San Cristóbal de La Laguna (Santa 
Cruz de Tenerife) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos 
de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 
122/2013).
ECLI:ES:TC:2021:118
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2726-2020, interpuesto por la procuradora de los 
tribunales doña Yolanda López Muñoz, en nombre y representación de don Domingo 
Antonio Yumar Afonso y doña María del Pilar Martín Goya, con la asistencia de la 
abogada doña María Yumar Martín, contra el auto de 26 de febrero de 2020 del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 2 de San Cristóbal de La Laguna, dictado en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 363-2012. Han comparecido las entidades Caixabank, 
S.A., y Buildingcenter, S.A.U., representadas ambas por el procurador de los tribunales 
don Miguel Ángel Montero Reiter y asistidas por la abogada doña Sonia Acosta Pérez. 
Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero 
Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 30 de junio 
de 2020, la procuradora de los tribunales doña Yolanda López Muñoz, en nombre y 
representación de don Domingo Antonio Yumar Afonso y doña María del Pilar Martín 
Goya,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  la  resolución  judicial  mencionada  en  el 
encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los 
que seguidamente se relacionan. es
a)  En el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Cristóbal de La Laguna se  w.
ensilúg mmueu.  n3fir6ce3ipn-it2oe0  d1ae2  ,lL opasr  oLdmaegomuvanidnaod,  appnootrre  esBl  adimnec paaa mgCopív apicrooar ,  aeSql .uAper.o,ll oceesn d drimee liaseucnisóto no  bdcleoig nae cujeinocanu ecvsiióv dniee nhridivpaao dsteaitcsaa  dereianl    2021-1130n https://w
contrato  de  préstamo  hipotecario  suscrito  entre  ambas  partes  el  15  de  noviembre
de 2006. En dicho procedimiento se dictó auto el 20 de marzo de 2012 despachando la 
ejecución y requiriendo de pago a los ejecutados.
Banca Cívica, S.A., fue absorbida el 3 de agosto de 2012 por Caixabank, S.A.
b)  Intentada el 18 de mayo de 2012 la notificación del auto a los ejecutados en la 
calle Bartolomé Cairasco, núm. 18, vivienda 1, El Coromoto, La Laguna (que figura como 
dirección  de  la  finca  en  la  escritura  de  préstamo  hipotecario),  en  la  diligencia  de 
notificación la procuradora de la entidad bancaria hace constar lo siguiente: «El vecino 
de  dicho  domicilio  me  manifiesta  que  la  numeración  ha  cambiado,  por  lo  que 
preguntando por la zona averiguamos que actualmente es el núm. 95. Personados la 
señora de la limpieza afirma que ese es el domicilio pero se niega a firmar, a identificarse 
y a recoger ninguna documentación según indicaciones de los demandados».
c)  Sin otras actuaciones, por diligencia de ordenación de 24 de mayo de 2012 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Cristóbal de La Laguna se acuerda la 
notificación  por  edictos  del  emplazamiento  y  del  requerimiento  de  pago,  siendo 
notificadas por esta vía todas las resoluciones dictadas a partir de entonces. Así ocurre 
con la diligencia de ordenación de 18 de julio de 2012 por la que se acuerda proceder a 
la realización del bien hipotecado, fijando el 26 de septiembre de 2012 como fecha para 
la celebración de la subasta; la diligencia de ordenación de 15 de marzo de 2013, por la 
que se acuerda conferir traslado a los ejecutados por un plazo de diez días a los efectos 
de mejorar postura; el decreto de 26 de abril de 2013, de aprobación del remate del bien 
inmueble subastado a favor de Buildingcenter, S.A.U.; y el decreto de 15 de octubre 
de 2018 por el que se aprueba la tasación de costas y la liquidación de intereses 
devengados en el procedimiento ejecutivo.
d)  Habiendo  tenido  conocimiento  los  demandantes  de  amparo  del  referido 
procedimiento de ejecución hipotecaria el 25 de noviembre de 2019 (según alegan) al 
serles notificada la demanda del juicio de desahucio por precario seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia núm. 3 de San Cristóbal de La Laguna, a instancias de Coral 
Homes, S.L.U., en relación con la que venía siendo su vivienda, el 19 de diciembre 
de 2019 formularon incidente de nulidad de actuaciones ante el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de San Cristóbal de La Laguna. Alegan la vulneración de su derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Sostuvieron que esa lesión se 
produjo porque el procedimiento de ejecución hipotecaria se sustanció sin que fueran 
oídos, debido a que les fueron notificadas las actuaciones correspondientes a dicho 
procedimiento mediante edictos, por no haber agotado el juzgado todos los intentos de 
notificación personal a su alcance. En apoyo de su pretensión invocaron la doctrina del 
Tribunal Constitucional acerca de la preferencia de la notificación personal y la diligencia 
exigible de los órganos judiciales al respecto (citaron, entre otras, las SSTC 37/1990, 
de 1 de marzo; 122/2013, de 20 de mayo, y 131/2014, de 21 de julio).
e)  Por auto de 26 de febrero de 2020 el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 
San Cristóbal de La Laguna desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido 
por los demandantes de amparo. Rechaza el juzgado que haya existido indefensión 
alguna, porque la parte ejecutada fue citada el 18 de mayo de 2012 en el domicilio que 
figuraba en la escritura del préstamo hipotecario y en el registro de la propiedad, donde 
un  vecino  manifestó  que  la  numeración  había  cambiado,  resultando  tras  las 
averiguaciones  oportunas  que  el  domicilio  es  ahora  el  núm.  95.  Intentada  allí  la 
notificación, quien dice ser la «señora de la limpieza» confirma que es el domicilio de los 
ejecutados,  pero  se  niega  a  firmar,  así  como  a  identificarse  y  a  recoger  ninguna 
documentación, «por indicación de los demandados». Concluye el juzgado que «la parte  s
tenía conocimiento del procedimiento, fue notificada en su domicilio y dio indicaciones a  oe.
la trabajadora de que no lo recogiera. Resulta imposible a este juzgado más intentos de  w.
nVnooot liusfienc taaccoriiórarnme sepnpotuene dlsaet  opla a rdqteiru eenc oc ihóeanl  ,q edunoe mrqiduicoei l irnoeo c osegese  hr alcayo acrnrite ahccteioóc nh.oy sN  oas veees rtiagnmuoaotcisfiio ceónn e scv aaás loitdrsaa veménes qn duteee.l    2021-1130n https://w
eplu jnutzog naeduot raoc taunót ecso ndfeo rpmroec ae dloe rd ias pnuoetisfitcoa [re pno er l]e adrict.t o6s8 6[...1.]  LaEqCuí» .el domicilio es correcto y  BOE-A-cable e
3.  En la demanda de amparo se aduce la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), porque el procedimiento de ejecución hipotecaria 
se sustanció sin que los demandantes de amparo fueran oídos, al haber procedido el 
órgano  judicial  al  emplazamiento  edictal  sin  agotar  las  posibilidades  razonables  de 
citación personal. También se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) por la ausencia de motivación del auto que desestima el incidente 
de nulidad de actuaciones. El órgano judicial se limita a realizar una interpretación literal 
del  art.  686  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (LEC),  «que  elude  cualquier  tipo  de 
consideración sobre la dimensión constitucional puesta de relieve, lo que denota una 
voluntad implícita de no aplicar al caso la referida doctrina constitucional».
Por todo ello interesan los demandantes que se les otorgue el amparo, declarando 
que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  anulando  el  auto 
impugnado, así como todas las actuaciones del procedimiento de ejecución hipotecaria 
desde la notificación edictal del despacho de la ejecución y requerimiento de pago.
4.  Por providencia de 15 de febrero de 2021, la Sección Segunda de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)], porque el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del 
deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]. Por ello, en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se ordena dirigir atenta comunicación al 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Cristóbal de La Laguna, para que, en plazo 
que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 363-2012; debiendo 
asimismo emplazar a quienes hubieran sido parte en dicho procedimiento, excepto a los 
recurrentes en amparo, a fin de que puedan comparecer, si lo desean, en el presente 
proceso constitucional.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 22 de marzo de 2021, acordó tener por personado y parte en el presente 
proceso constitucional al procurador don Miguel Ángel Montero Reiter, en nombre y 
representación  de  Caixabank,  S.A.  Acordó  asimismo  dar  vista  de  las  actuaciones 
recibidas del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Cristóbal de La Laguna a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar 
las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC. Por 
diligencia de ordenación de 8 de abril de 2021 se tuvo por personado y parte al mismo 
procurador en nombre y representación de Buildingcenter, S.A.U.
6.  El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado en este tribunal el 27 de abril 
de 2021, formuló sus alegaciones, solicitando la estimación del recurso de amparo.
Tras resumir los antecedentes procesales relevantes para el caso, señala que el 
objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el órgano judicial ha vulnerado el 
derecho de los demandantes de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE), por haber acudido al emplazamiento edictal en el procedimiento de 
ejecución  hipotecaria  sin  haber  agotado  previamente  las  posibilidades  de  citación 
directa, como exige la doctrina constitucional. Alude a la doctrina de este tribunal sobre 
la necesidad de que los órganos judiciales procedan correcta y diligentemente en los 
actos  de  comunicación  procesal,  para  así  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  la 
jurisdicción y de defensa de quien ha sido demandado o pueda ser parte interesada en el  s
procedimiento; lo que supone que el órgano judicial concernido no debe acudir de forma  oe.
automática a la práctica de la comunicación edictal, sino que ha de extremar la diligencia  0ww.
pSmaSerTdaCi ol sa 1 da2ev2 e/a2rvi0ge1ur3iag,c uidóaenc i ód2ne0 l q uddeeo  memiscatiélyinoo  ;r da3ez0 ol/no2as0 b1il4ne,tm erdeeens tae2d 4ao  ssd, ued  aeflebcbiaernnecdreoo ;  (pc1iat8ar1a /e 2en0l 1lpo5a ,ur ttidicleiuz laa7rr   lldaoess    2021-1130n https://w
septiembre; 138/2017, de 27 de noviembre, y 187/2020, de 14 de diciembre).
Concluye el fiscal que la aplicación de esta consolidada doctrina al presente caso 
conduce derechamente al otorgamiento del amparo solicitado. El órgano judicial intentó, 
a través de la procuradora de la entidad ejecutante la comunicación en el domicilio de los 
deudores ejecutados. Tras el resultado negativo de esa diligencia, acudió seguidamente 
al  emplazamiento  edictal  de  manera  inmediata,  es  decir,  optó  por  la  aplicación 
automática del art. 686.3 LEC, sin realizar ningún intento de averiguación del paradero 
de los ejecutados. Al no actuar el órgano judicial con la diligencia que le era exigible para 
la averiguación del paradero o domicilio de los interesados, vulneró el derecho de estos 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Añade el fiscal que los demandantes de 
amparo dieron al juzgado la oportunidad de reparar esta vulneración al promover el 
incidente de nulidad, pero hizo caso omiso, al reputar correcto el emplazamiento edictal 
por el previo intento fallido de citación en el que constaba como domicilio de aquellos en 
la escritura de préstamo hipotecario y en el registro de la propiedad, desatendiendo la 
doctrina constitucional citada.
Por  todo  ello,  el  fiscal  interesa  que  se  declare  vulnerado  el  derecho  de  los 
recurrentes en amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y se les 
restablezca en su derecho, acordando la nulidad de todo lo actuado desde la notificación 
edictal por la cual se emplazó a aquellos en el procedimiento de ejecución hipotecaria, y 
que  se  retrotraigan  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  a  dicha 
notificación, a fin de que se les dé la posibilidad de comparecer en ese proceso y actuar 
en defensa de sus intereses.
7.  El 22 de abril de 2021 tuvo entrada en el registro del Tribunal Constitucional un 
escrito de la procuradora de los recurrentes, en el que se ratifica íntegramente en la 
demanda de amparo y solicita su estimación.
8.  La  representación  procesal  de  Caixabank,  S.A.,  formuló  sus  alegaciones 
mediante escrito registrado en este tribunal el 27 de abril de 2021. Solicita que se 
desestime el recurso de amparo, pues considera que no ha existido la vulneración del 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE)  que  aducen  los 
recurrentes. El juzgado notificó correctamente, conforme a lo dispuesto en la legislación 
procesal, el auto por el que se despacha la ejecución y requiere de pago a los deudores, 
pues esa notificación tuvo lugar en el domicilio fijado por estos para requerimientos y 
notificaciones; la notificación tuvo lugar en el domicilio correcto y se llevó a efecto de 
forma válida, sin que el hecho de que la empleada de hogar de los deudores se negase 
a recibir la notificación altere esa conclusión.
9.  La entidad Buildingcenter, S.A.U., no presentó alegaciones.
10.  Por providencia de 27 de mayo de 2021 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 31 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del presente recurso de amparo consiste en dilucidar si los recurrentes, 
como sostienen, han sufrido la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE), como consecuencia de la omisión de emplazamiento personal 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 363-2012 del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de San Cristóbal de La Laguna.
Con  apoyo  en  los  argumentos  que  se  han  expuesto  en  los  antecedentes,  el  e.
Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso de amparo, mientras que la entidad  w.b
banc2a. riaE esjteec turitbaunntea le sne e hl ap ropcroensuon hciipaodtoe ceanr iore iinteteraredsaas  loac daessioensetism saocbiórne. el problema aquí  2021-1130n https://w
cpalasnot edaed oq uaec seercaan  dinef rulac tcuoomsousn ilcoasc iinótne ndteols  pdreo cneodtiimficiaecnitóon d ye  reeqjeuceurcimióine nhtoip odtee cpaargiao  eenn  eell 
domicilio que consta en el registro de la propiedad y, más concretamente, sobre la
necesidad de que el órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del domicilio 
real de la parte demandada antes de acudir a notificación por edictos.
En  concreto,  desde  la  STC  122/2013,  de  20  de  mayo,  venimos  analizando  el 
problema constitucional que ha planteado, desde la perspectiva del art. 24.1 CE la 
redacción dada al art. 686.3 LEC por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de 
la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. De modo especial 
en cuanto a la comunicación del procedimiento de ejecución hipotecaria en el caso de 
que resulte infructuosa la notificación del requerimiento de pago en el domicilio que 
consta en el registro de la propiedad y, más concretamente, sobre la necesidad de que el 
órgano judicial agote las posibilidades razonables de citación personal del deudor antes 
de proceder a la notificación edictal.
Esta reiterada doctrina se mantiene tras la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 
de noviembre, que añade un nuevo apartado 3 al art. 686 LEC. Relativo a la notificación 
edictal  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria,  para  el  caso  de  que  resulte 
intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que figure en el registro, habida 
cuenta que todos los preceptos relativos a la notificación del despacho de la ejecución y 
del requerimiento de pago han de ser interpretados en coherencia con la jurisprudencia 
de este tribunal.
De  acuerdo  con  esta  consolidada  doctrina  constitucional  (entre  otras  muchas, 
SSTC 131/2014, de 21 de julio; 89/2015, de 11 de mayo; 151/2016, de 19 de septiembre; 
106/2017, de 18 de septiembre; 5/2018, de 22 de enero; 29/2020, de 24 de febrero; 
41/2020, de 9 de marzo, y 43/2021, de 3 de marzo), cuando del examen de los autos o 
de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio 
que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el 
demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación 
por edictos. Incluso cuando no conste ese domicilio en las actuaciones, el órgano judicial 
viene obligado a realizar otras gestiones en orden a la averiguación del domicilio real, 
siempre  que  ello  no  suponga  exigirle  una  desmedida  labor  investigadora  sobre  la 
efectividad del acto de comunicación.
En definitiva, «desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una 
interpretación secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, de 
forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de 
ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este tribunal en cuanto a la subsidiariedad de 
la comunicación edictal, que tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso 
del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación por edictos en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de 
averiguación del domicilio del deudor o ejecutado» (STC 122/2013, FJ 5).
3.  En el supuesto objeto de este recurso de amparo, resulta que el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 2 de San Cristóbal de  La Laguna dictó auto despachando 
ejecución respecto de la finca sita en la calle (actualmente avenida) Bartolomé Cairasco, 
núm. 18, vivienda 1, La Laguna, requiriendo de pago a los ahora recurrentes en amparo. 
El auto se intentó notificar a estos el 18 de mayo de 2012 en la dirección indicada (que 
es  la  que  figuraba  en  la  escritura  del  préstamo  hipotecario  y  en  el  registro  de  la 
propiedad), por medio de la procuradora de la entidad bancaria ejecutante, conforme a lo 
previsto en el art. 161.1 LEC. En la diligencia de entrega, notificación y requerimiento la 
procuradora hizo constar lo siguiente: «El vecino de dicho domicilio me manifiesta que la 
numeración  ha  cambiado,  por  lo  que  preguntando  por  la  zona  averiguamos  que 
actualmente es el núm. 95. Personados la señora de la limpieza afirma que ese es el  e.
domicilio pero se niega a firmar, a identificarse y a recoger ninguna documentación  w.b
esengtidúHanad bin ibedanicndacoca iorrineaes eus jletdacedu oltoa snn dteeeg,m aptaoivnra d daildlaigo escn»oc.miau ndiec aocriódne naecni óenl  ddeo m24ic idlieo  mdaeysoig ndaed o2 01p2o r delal   2021-1130n https://w
aJuvezgriagduoa cdioen Persim, lear an Iontsifticaancciióan n úpmor.  2e ddiect oSsa nd Celr isetmóbpalal zdaem Liean Ltoa gyu ndae ls er eaqcuoerrdimó,i esnint om dáes 
pago. Fueron notificadas por esta vía, al amparo de lo dispuesto en los arts. 164 y 686.3
LEC,  todas  las  resoluciones  dictadas  a  partir  de  entonces  en  el  procedimiento  de 
ejecución hipotecaria, que se sustanció así sin que los recurrentes en amparo fueran 
oídos en el mismo.
En suma, de lo actuado se desprende que, una vez que la procuradora localizó la 
dirección correcta de la vivienda hipotecada, tras el cambio de numeración de la calle, 
intentó la notificación del auto despachando ejecución y requiriendo de pago en esa 
dirección,  calle  (hoy  avenida)  Bartolomé  Cairasco,  núm.  95,  La  Laguna.  En  efecto 
resultaba ser el domicilio real de los recurrentes, como se indica en la demanda de 
amparo. El intento de notificación resultó infructuoso, porque el tercero hallado en el 
domicilio, con quien quiso entenderse la diligencia, se negó a identificarse y a recoger la 
citación.
Es indudable que el órgano judicial no cumplió con su deber de velar por que los 
actos  de  comunicación  procesal  alcancen  eficazmente  su  fin,  pues  no  agotó  las 
posibilidades  razonables  de  localización  de  los  deudores.  Esto  determinó  que  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria se sustanciara sin que estos fueran oídos para 
defender sus derechos e intereses. En efecto, una vez que resultó infructuoso el intento 
de emplazamiento en el domicilio antes referido –que a la postre resultó ser el domicilio 
real–, el juzgado no intentó efectuar ningún acto de comunicación adicional en ese 
domicilio, ni practicó diligencia de averiguación domiciliaria alternativa alguna.
Atendidas  las  circunstancias  relatadas  en  la  diligencia  de  notificación  negativa, 
relativas a una «señora de la limpieza» que «se niega a firmar, a identificarse y a recoger 
ninguna documentación según indicaciones de los demandados», debió el juzgado, 
antes de proceder al emplazamiento por edictos, intentar de nuevo la notificación en el 
mismo domicilio, a través de los funcionarios de auxilio judicial, por cualquier medio que 
permitiera dejar constancia fehaciente en los autos de esa citación, como señala el 
Ministerio Fiscal. Ello sin perjuicio de que el juzgado podía también haber intentado 
averiguar si se trataba del domicilio real a través de medios fácilmente accesibles como 
el punto neutro judicial, «red informática al servicio de la administración de justicia que 
permite a esta el acceso a los datos que se contienen en diversos registros y organismos 
públicos, que estos suministran al juez con sujeción a la normativa que les es propia» 
(STC 50/2017, de 8 de mayo, FJ 4).
Por otra parte, en el presente caso no puede deducirse de las actuaciones que los 
recurrentes en amparo hubieran tenido conocimiento extraprocesal del procedimiento de 
ejecución hipotecaria seguido en su contra más que en el momento inmediatamente 
anterior a su primera comparecencia con solicitud de nulidad de actuaciones. Según 
afirman, tuvieron por primera vez conocimiento del referido procedimiento al serles 
notificada la demanda del juicio de desahucio por precario, seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de San Cristóbal de La Laguna, en relación con su vivienda.
Ha de concluirse, en suma, que el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San 
Cristóbal de La Laguna vulneró el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE), pues al incumplir su obligación constitucional de velar por 
que los actos de comunicación procesal alcancen eficazmente su fin, aquellos se vieron 
privados de la posibilidad de defender sus pretensiones en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria seguido en su contra, lo que les deparó una indefensión real y efectiva.
La vulneración del derecho fundamental garantizado por el art. 24.1 CE se colige 
también sin dificultad de la respuesta ofrecida en el auto resolutorio del incidente de 
nulidad  promovido  por  los  recurrentes,  que  alegaron  en  apoyo  de  su  pretensión 
anulatoria la citada doctrina constitucional. Doctrina que el órgano judicial desatendió, al  s
reputar  correcto  el  emplazamiento  edictal,  por  el  previo  intento  fallido  de  citación  oe.
personal en el que constaba como domicilio en la escritura de préstamo hipotecario y en  w.
el re4g.i strPoo dr et olad op rloop eiexdpaude.sto, debe reconocerse la vulneración del derecho a la tutela  2021-1130n https://w
pjuodri citaaln etofe cetilv ap rseinse inntdee ferencsuiórsno (.a rPt.r o2c4e.1d eC Ee)n d ec olonss edceumenacnidaa, ndtees  dceo nafomrpmaidroa dy  ecsotnim alor 
establecido en el art. 55 LOTC, declarar la nulidad del auto de 26 de febrero de 2020 y
de todas las actuaciones posteriores al emplazamiento, así como la retroacción de las 
actuaciones para que se proceda por el juzgado a la notificación de la demanda de 
ejecución  hipotecaria  y  del  requerimiento  de  pago  a  los  recurrentes  en  términos 
respetuosos con su derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Domingo Antonio Yumar Afonso y 
doña María del Pilar Martín Goya y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerles  en su  derecho y,  a  tal fin, declarar  la nulidad del auto del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Cristóbal de La Laguna de 26 de febrero 
de 2020, dictado en procedimiento ejecución hipotecaria núm. 363-2012, así como de 
todo lo actuado a partir del requerimiento de pago, inclusive.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  a  dicha 
actuación para que, llevándose a cabo la notificación de forma que resulte respetuosa 
con  el  derecho  fundamental  reconocido,  se  dé  a  los  recurrentes  la  posibilidad  de 
comparecer en el procedimiento y actuar en defensa de sus intereses.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
2021-1130n https://w