BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Miércoles 10 de junio de 2020 Sec. TC.   Pág. 39106
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5970 Sala Segunda. Sentencia 45/2020, de 9 de marzo de 2020. Recurso de 
amparo 857-2019. Promovido por don Félix Tuñón Fente respecto de las 
resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  del 
Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio); inadmisión parcial del recurso, 
respecto del motivo relativo a la supuesta vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva.
ECLI:ES:TC:2020:45
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 857-2019, promovido por don Félix Tuñón Fente, 
representado  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  del  Carmen  Olmos 
Gilsanz,  bajo  la  dirección  del  letrado  don  Enrique  Arce  Mainzhausen,  contra  la 
providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2018, por la que se inadmite a trámite el 
recurso de casación núm. 5917-2018, promovido contra la sentencia de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 5 de 
junio de 2018, pronunciada en el procedimiento ordinario núm. 974-2016, por la que se 
desestima  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  contra  la  resolución  del 
secretario de estado de Justicia de 3 de octubre de 2016, dictada en el expediente núm. 
406-2015, que desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial derivada del 
tiempo que permaneció en prisión provisional en una causa penal en la que resultó 
absuelto. Ha sido parte el abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  La procuradora de los tribunales doña María del Carmen Olmos Gilsanz, en 
nombre y representación de don Félix Tuñón Fente, y bajo la dirección del letrado don  e
Enrique  Arce  Mainzhausen,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  bo
judiciales y administrativa que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia,  70ww
mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de febrero de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El 3 de julio de 2015, el demandante de amparo presentó un escrito en el 
Ministerio de Justicia solicitando una indemnización por los perjuicios sufridos como 
consecuencia de su estancia en prisión provisional desde el 23 de septiembre de 2013 
hasta el 4 de julio de 2014 en el seno de las diligencias previas núm. 550-2013 del 
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Ponferrada, convertidas luego en el procedimiento 
abreviado núm. 106-2014, en las que fue absuelto por sentencia del Juzgado de lo Penal 
núm. 1 de Ponferrada de 7 de julio de 2014. La reclamación dio lugar al expediente de 
responsabilidad patrimonial núm. 406-2015.
b)  La reclamación fue desestimada por resolución de la Secretaría de Estado de 
Justicia de 3 de octubre de 2016 argumentando que «estamos, pues, ante una sentencia 
absolutoria en la que no se declara la inexistencia del hecho imputado, por lo que […] no 
concurre el supuesto de indemnización previsto en el artículo 294.1 de la LOPJ».
c)  El demandante interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue tramitado 
con el núm. 974-2016 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, siendo desestimado por sentencia de 5 de junio de 2018, 
argumentando que no se trata de un supuesto de inexistencia objetiva reconducible al 
art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
d)  El demandante interpuso recurso de casación, tramitado con el núm. 5917-2018, 
que fue inadmitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Supremo  de  20  de  diciembre  de  2018  por  falta  de 
fundamentación suficiente de la concurrencia de los supuestos del art. 88.2 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) que permiten apreciar el 
interés casacional objetivo. Esta providencia fue notificada el mismo día 20 de diciembre 
de 2018.
3.  El  demandante  solicita  que  se  otorgue  el  amparo  por  vulneración  de  los 
derechos a la igualdad (art. 14), la libertad personal (art. 17.1 CE) y la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE), declarándose la nulidad de las resoluciones impugnadas, con 
fundamento en el desigual trato a que se somete la indemnizabilidad de la prisión 
preventiva dependiendo de la causa de la absolución y en que la denegación deja sin 
indemnizar un daño efectivo en el derecho a la libertad. Igualmente, alega que la 
providencia de inadmisión ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), ya que es una decisión arbitraria al fundamentarse en una causa legalmente 
inexistente.
El demandante justifica la especial transcendencia constitucional del recurso en que 
da la oportunidad al Tribunal Constitucional de aclarar o cambiar su jurisprudencia sobre 
el  derecho  a  ser  indemnizado  por  la  situación  de  prisión  preventiva  sufrida  en  un 
procedimiento en que posteriormente se es absuelto.
4.  La  Sección  Tercera  de  este  Tribunal,  por  providencia  de  25  de  noviembre 
de 2019, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para 
aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]; dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para que 
remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento para que 
puedan  comparecen  en  el  recurso  de  amparo  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  s
procedimiento. oe.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de  70ww
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ccoonmfúonrm didea dv ecionnte e ld aíarts.  5p2a rLaO TprCe.sentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de  BOE-A-cable e
6.  El abogado del Estado, mediante escrito registrado el 7 de febrero de 2020, 
solicita, en primer lugar, la inadmisión del amparo por extemporáneo y, subsidiariamente, 
la estimación del recurso «con retroacción del expediente a la instancia oportuna a fin de 
que, de acuerdo con lo que dispone el art. 294 LOPJ, y siguiendo siempre el cauce 
procedimental adecuado, se acrediten los daños y perjuicios que en su caso se hubieran 
podido  llegar  a  producir».  Destaca  el  abogado  del  Estado  que,  aunque  resulta  de 
aplicación la STC 85/2019, de 19 de junio, y, por ello, ha de declararse la vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia al haberse aplicado un inciso del art. 294.1 LOPJ 
declarado inconstitucional por su contradicción con el art. 24.2 CE, el fallo de la citada 
resolución «deja incólume la expresión ‘siempre que se hayan arrogado perjuicios’», lo 
que implica que el resarcimiento no es automático y que la administración debe ahora 
pronunciarse sobre la procedencia del resarcimiento determinando la realidad de los 
daños,  sin  atender  ya,  una  vez  depurado  el  art.  294.1  LOPJ  de  sus  incisos 
inconstitucionales, a la concurrencia de un supuesto de absolución por «inexistencia del 
hecho».
7.  El  Ministerio  Fiscal,  por  escrito  registrado  en  este  Tribunal  el  23  de  enero 
de 2020, interesa que se inadmita por falta de agotamiento de la vía judicial previa la 
invocación del art. 24.1 CE en relación con la providencia de inadmisión del recurso de 
casación y se estime parcialmente en relación con las invocaciones de los derechos a la 
igualdad y a la presunción de inocencia por aplicación de la doctrina dimanante de la 
STC 85/2019, de 20 de junio, en la que los incisos «por inexistencia objetiva del hecho 
imputado»  y  «por  esta  misma  causa»  del  art.  294.1  LOPJ  son  declarados 
inconstitucionales  y  nulos  por  vulneración  de  los  arts.  14  y  24.2  CE.  Al  haberse 
denegado la indemnización por no tratarse de un supuesto de inexistencia objetiva del 
hecho se incurre, a juicio del fiscal, en la vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia que es inherente a la fijación normativa, por parte del legislador, de ese 
supuesto indemnizatorio, que exige diferenciar entre distintos tipos de absueltos. El 
Ministerio  Fiscal  solicita,  subsidiariamente,  que  se  inadmita  el  recurso  por 
extemporaneidad.
8.  El demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 11 de 
febrero de 2020 ratificándose en las formuladas en su demanda de amparo.
9.  Por providencia de 5 de marzo de 2020 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 9 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El objeto del presente recurso de amparo es determinar si (i) la decisión de denegar 
la indemnización solicitada por el recurrente del tiempo que estuvo sometido a prisión 
preventiva  en  un  procedimiento  en  que  finalmente  fue  absuelto  ha  vulnerado  sus 
derechos a la igualdad (art. 14 CE), a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la presunción 
de inocencia (art. 24.2 CE); y (ii) la decisión de inadmitir el recurso de casación vulneró 
el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Hay  que  descartar,  en  primer  lugar,  que  la  demanda  haya  incurrido  en 
extemporaneidad. Hasta la STC 125/2019, de 31 de octubre, resolviendo las dudas  s
existentes, no se dejó establecida una doctrina constitucional según la cual en casos  oe.
similares  al  aquí  enjuiciado  la  vulneración  denunciada  trae  causa  exclusiva  de  la  w.
resolución administrativa. Dado que esta doctrina no podía ser conocida por el recurrente  70ww
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el artículo 43.2. En atención a la fecha de la notificación de la última resolución dictada –
20 de diciembre de 2018–, el plazo finalizaba a las 15:00 horas del día 8 de febrero 
de 2019, y el recurso había sido registrado telemáticamente con antelación el 8 de 
febrero de 2019 a las 14:51 horas.
No obstante, sí debe declararse la inadmisión del recurso exclusivamente en lo que 
se refiere a la invocación del art. 24.1 CE respecto de la providencia del recurso de 
casación por concurrir la causa de la falta de agotamiento de la vía judicial previa 
[art. 44.1 a) LOTC], ya que, conforme a lo exigido en la jurisprudencia constitucional (así, 
STC 171/2019, de 16 de diciembre, FJ 1), hubiera sido necesaria para esa concreta 
invocación la previa interposición de un incidente de nulidad de actuaciones.
El objeto de este recurso y los motivos invocados son sustancialmente coincidentes 
con los que ya han sido abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en los 
fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de octubre, que determinaron los 
efectos que, sobre el recurso de amparo, debía producir la STC 85/2019, de 19 de junio, 
por la que se declaró la inconstitucionalidad de los incisos «inexistencia del hecho 
imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ, y se concretó el alcance que 
la estimación del amparo debía producir. Por ello, a tales fundamentos jurídicos debemos 
remitirnos. En dicha sentencia se concluía que procede otorgar el amparo en tanto «las 
resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha normativa –a la que atendieron 
los  órganos  administrativos  y  judiciales  por  estar  entonces  vigente–  materializan  la 
misma vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la presunción de inocencia 
(arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art. 14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, deben 
retrotraerse el procedimiento al momento anterior a dictarse la resolución del secretario 
de estado de justicia de 3 de octubre de 2016, que denegó de manera definitiva la 
indemnización y que originó la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la 
presunción de inocencia, para que la administración resuelva de nuevo la cuestión 
planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE en los términos indicados 
en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Félix Tuñón Fente y, 
en su virtud:
1.º  Inadmitir la queja de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE).
2.º  Declarar que han sido vulnerados sus derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
3.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia  e.
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo  w.
de 20 de diciembre de 2018, pronunciada en el recurso de casación núm. 5917-2018; la  70ww
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4.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  a  pronunciarse  la  última 
resolución citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
prisión provisional de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y 
a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a nueve de marzo de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.