BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25  Viernes 29 de enero de 2021  Sec. III.   Pág. 10368
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
1326 Resolución de 17 de noviembre de 2020, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo, ejercicios 2016 y 2017.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 17 de noviembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca 
del Informe de fiscalización de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario 
y Formación para el Empleo, ejercicios 2016 y 2017, acuerda:
1.  Instar al Gobierno a:
– Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.
– Participar de modo más activo en la labor de control sobre la actuación realizada en 
los servicios de los centros penitenciarios.
– Asignar el desarrollo de programas a miembros de la plantilla que, en calidad de 
responsables, realicen el seguimiento de los mismos, previendo las necesidades que 
puedan existir y supervisando el cumplimento efectivo de los objetivos establecidos en 
cada uno de los planes.
2.  Instar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a:
– Garantizar la publicación de las cuentas anuales de la entidad y los informes de 
auditoría, en aras de procurar una mayor transparencia del organismo.
– Garantizar la publicación de los convenios de colaboración en acciones formativas 
y las encomiendas de gestión, en aras de procurar una mayor transparencia del organismo.
– Implantar, con el fin de mejorar la gestión informática, una solución integral que 
reduzca el número de aplicaciones utilizadas y dedicar más personal de sistemas 
informáticos para el soporte a la gestión ordinariamente de los usuarios y la administración 
de dichas aplicaciones, así como la definición de las funcionalidades que requiera la 
actividad de la entidad.
– Unificar las distintas aplicaciones informáticas, dedicando un mayor número de 
recursos humanos y económicos a velar por el mantenimiento y buen funcionamiento del 
sistema informático empleado.
3.  Instar a la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo a:
– Actualizar las autorizaciones emitidas por la entidad sobre las cuentas bancarias de 
su titularidad, y crear un registro conjunto de apoderados por parte del organismo 
autónomo, de forma que el control sobre el acceso a dichas cuentas se lleve a cabo de 
forma centralizada a efectos de facilitar el seguimiento y control.
– Establecer el grado de necesidad e idoneidad de las actuaciones a desarrollar antes 
de proceder a la firma de un contrato por parte del organismo, realizando un seguimiento  s
de las mismas que garantice su cumplimiento. e.
– Mejorar el proceso de planificación de sus actividades, identificando las unidades y  w.
personas responsables de cada actuación, documentando el seguimiento efectuado y  26ww
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constituyen ese objeto.
– Realizar el debido inventario a final de año, al menos, de las existencias en 
economatos y cafeterías de los distintos centros penitenciarios.
– Mejorar la representatividad de las cuentas anuales a través de un mayor detalle en 
el registro de bienes recibidos en forma de cesión por parte de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, incluyendo el valor de los derechos de usos sobre los ya 
mencionados bienes en la cuenta de inmovilizado.
– Realizar el debido control del inmovilizado, así como su valoración, enumerando y 
describiendo los bienes cedidos de la Secretaria General, así como los bienes 
(ordenadores) cedidos a empleados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL DE DERECHO 
PÚBLICO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO, EJERCICIOS 2016 Y 2017 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 
28 de febrero de 2019, el Informe de Fiscalización de la Entidad Estatal de Derecho Público 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, ejercicios 2016 y 2017, y ha acordado su 
elevación a las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el 
artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
ÍNDICE 
I. INTRODUCCIÓN DEL INFORME. 
I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN. 
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN. 
I.3. OBJETIVOS Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN . 
I.4. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO . 
I.5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES . 
I.6. RENDICIÓN DE CUENTAS . 
I.7. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES. 
II .ANÁLISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES. 
II.1. OPINIÓN. 
II.2. INMOVILIZADO. 
II.3. DEUDORES Y ACREEDORES. 
II.4. OTRAS OBSERVACIONES SOBRE LAS CUENTAS. 
II.5. CONTENIDO DE LA MEMORIA. 
III .ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE LOS PROCEDIMIENTOS. 
III.1. INFORMACIÓN PÚBLICA. 
III.2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN . 
III.3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES. 
III.4. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA INTERNA. 
III.5. GESTIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS TALLERES PRODUCTIVOS Y DE LA
ACTIVIDAD FORMATIVA. 
III.6. GESTIÓN DE LA TESORERÍA.  es
III.7. GESTIÓN DEL TRABAJO PENITENCIARIO.  w.b
III.8. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA .  26ww
III.9. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TPFE . 
IIIIII..1101..  ARNEÁCLUIRSSISO DSE D LEA P GEERSSTOIÓNNA LIN DFEO LRAM EÁNTTICIDAA . D. 
III.12. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN. 
IV. CONCLUSIONES.
IV.1. ANÁLISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES.
IV.2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.
V .RECOMENDACIONES.
ANEXOS  
ALEGACIONES 
RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 
CIS  Centro de Inserción Social 
CP Centro Penitenciario
FSE  Fondo Social Europeo 
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado 
ISDEFE  Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, SA, SME, MP 
LGP  Ley General Presupuestaria 
LOGP  Ley Orgánica General Penitenciaria  
MUFACE  Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
Orden EHA  Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
Orden ESS  Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Orden INT  Orden del Ministerio del Interior 
Orden TAS  Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Orden TIN  Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
PCAP  Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
PPT  Pliego de Prescripciones Técnicas 
RP Reglamento Penitenciario
SEPE  Servicio Público de Empleo Estatal 
SGIP  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
SICAP  Sistema de Información Contable de la Administración Pública 
TPFE  Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 
TRLCSP  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  s
TPV  Terminal de Punto de Venta  b
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Precio de los contratos . 
I. INTRODUCCIÓN DEL INFORME
I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN
1.1. La fiscalización de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo referida a los ejercicios 2016 y 2017 se incluyó, a iniciativa del propio Tribunal de 
Cuentas, en el Programa Anual de Fiscalizaciones correspondiente al año 2018 aprobado por el 
Pleno el 21 de diciembre de 2017. 
1.2. Esta fiscalización se incluyó en el Programa de Fiscalizaciones del año 2018 debido a que 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) nunca había sido objeto de fiscalización 
por parte del Tribunal de Cuentas; a los retrasos en la rendición de las cuentas anuales al 
Tribunal; y al importante volumen de los ingresos por ventas y por prestaciones de servicios y el 
de los gastos por aprovisionamientos.  
1.3. El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el acuerdo de inicio de esta fiscalización el 25 de 
enero de 2018 y sus Directrices Técnicas el 31 de mayo de 2018. 
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN
I.2.1. Ámbito subjetivo
1.4. El ámbito subjetivo de la fiscalización es TPFE, entidad estatal de derecho público de las 
previstas en el artículo 2.2.i) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
(LGP), tras la modificación producida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
I.2.2. Ámbito objetivo
1.5. El objeto de la fiscalización ha estado constituido por la totalidad de la actividad económico-
financiera realizada por TPFE durante los ejercicios fiscalizados y los sistemas y procedimientos 
de  gestión  establecidos  por  la  entidad  para  la  promoción,  organización  y  control  del  trabajo 
productivo y la formación y orientación para el empleo de los reclusos en centros penitenciarios. 
I.2.3. Ámbito temporal
1.6. El  ámbito  temporal  de  la  fiscalización  se  refiere  a  los  ejercicios  2016  y  2017.  Algunas 
comprobaciones se han extendido a ejercicios anteriores o posteriores, cuando se ha considerado 
necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos de la fiscalización. 
I.3. OBJETIVOS Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN
1.7. Se ha realizado una fiscalización de regularidad que tiene los siguientes objetivos generales:  e.
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b) Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad económico financiera de la
entidad, especialmente en lo relativo a la organización del trabajo y la formación para el empleo de
los internos en los establecimientos penitenciarios.
1.8. También  se  ha  verificado  el  cumplimiento  por  TPFE  de  la  normativa  sobre  igualdad  de 
mujeres y hombres y de transparencia en todo aquello en que lo dispuesto, respectivamente, en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
1.9. Los trabajos se han realizado en el propio Tribunal de Cuentas, en la sede de la entidad 
ubicada en Madrid y en dos establecimientos penitenciarios, el centro penitenciario Madrid IV 
(Navalcarnero) y el centro de inserción social Josefina Aldecoa (Navalcarnero). 
1.10. En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que 
hayan  impedido  cumplir  los  objetivos  previstos.  Los  responsables  de  TPFE  que  realizan  las 
labores de gestión han prestado adecuadamente su colaboración en el curso de esta fiscalización. 
1.11. La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con las Normas de Fiscalización del 
Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno el 23 de diciembre de 2013. 
I.4. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
1.12. El  antecedente  de  la  entidad  TPFE  es  el  organismo  autónomo  Trabajo  Penitenciario  y 
Formación para el Empleo (anteriormente denominado Trabajo y Prestaciones Penitenciarias), 
que con la entrada en vigor de la disposición adicional octogésima séptima de la Ley 22/2013, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, se transformó, con efectos 1 
de enero de 2014, en entidad estatal de derecho público de las previstas en el artículo 2.2.i) de la 
LGP, con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como 
autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar. 
1.13. El Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, aprueba el Estatuto de TPFE que regula su 
organización y funciones. Su artículo 2 establece que esta entidad tiene por objeto la promoción, 
organización y control del trabajo productivo y la formación para el empleo de los reclusos de los 
centros  penitenciarios,  así  como  la  colaboración  permanente  con  la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias (SGIP) para la consecución de los fines encomendados por el artículo 
25.2 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria 
(LOGP). 
1.14. El artículo 25.2 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad estarán 
orientadas a la reeducación y reinserción social, así como que los condenados a penas de prisión 
tendrán derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la Seguridad 
Social. 
1.15. La relación laboral que se establece entre la entidad y los internos que desarrollan una  es
actividad laboral en los talleres productivos de los centros dependientes de la Administración  o
penitenciaria se rige por lo previsto en el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se  26ww
reeng utalall elare sre lpaecnióitne nlacbiaorrioasl  dye  lcaa prároctteerc ceióspne dciea l lad eS leogsu priednaadd Soso cqiaule  dree alloicse nso amcetivtiiddoasd eas  plaebnoarsa ldees 
trabajo en beneficio de la comunidad.
1.16. Como parte del sector público institucional del Estado, la entidad se rige por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estando la entidad 
pendiente de adaptarse al contenido de la misma, según lo previsto en su disposición adicional 
cuarta. 
1.17. El régimen patrimonial es el establecido para los organismos públicos en la Ley 33/2003, de 
3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  disposiciones 
complementarias. Su régimen de contratación, según lo previsto en el artículo 16 de su Estatuto, 
es el previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, como poder adjudicador de la 
Administración Pública1. Así mismo, la entidad tiene la condición de medio propio y servicio 
técnico de la Administración General del Estado y de las entidades vinculadas o dependientes de 
aquella. 
1.18. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de su Estatuto, la entidad se financia, 
fundamentalmente, mediante las transferencias de la SGIP y los ingresos procedentes de su 
actividad  productiva  (autofinanciación).  Además,  la  entidad  recibe  subvenciones  del  Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo Social Europeo (FSE) para cofinanciar los gastos 
de formación profesional ocupacional. 
1.19. Con respecto a su régimen presupuestario, la entidad elabora anualmente su anteproyecto 
de presupuesto y lo remite para su tramitación al Ministerio del Interior, de acuerdo con lo previsto 
en  la  LGP.  La  estructura  de  su  presupuesto  es  la  correspondiente  a  los  presupuestos  de 
explotación y capital de las entidades que forman parte del sector público administrativo. 
1.20. Desde un punto de vista contable, la entidad está sometida al Plan General de Contabilidad 
Pública aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, con las adaptaciones reguladas en la 
Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de 28 de julio de 
2011, para los entes públicos cuyo presupuesto de gasto tiene carácter estimativo. En lo que se 
refiere al control económico financiero, sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas 
al Tribunal de Cuentas, la entidad está sometida al control financiero permanente y auditoría 
pública ejercidos por la IGAE, en los términos previstos en la LGP. 
1.21. El  Real  Decreto  190/1996,  de  9  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Penitenciario (RP) y desarrolla la LOGP, establece en su artículo 325 que la gestión económica, 
administrativa y patrimonial desarrollada en los centros penitenciarios relativa a la entidad TPFE 
se regirá por su normativa propia y, en su defecto, por las disposiciones de este Reglamento y de 
sus normas de desarrollo que resulten directamente aplicables. Los gastos y pagos derivados de 
obligaciones de TPFE que deban realizarse en los centros penitenciarios serán efectuados por 
quienes tengan reconocida en cada centro la competencia para realizarlos. 
1.22. Así mismo, la entidad dispone de un manual de procedimientos constituido por fichas que 
desarrollan los trámites en cada una de las líneas de actuación de la entidad: trabajo penitenciario 
(talleres productivos), formación para el empleo y gestión económico-administrativa. 
I.5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES oe.
I.5.1. Organización
1.23. La Administración penitenciaria garantiza el cumplimiento de los fines del artículo 25.2 de la
1 La normativa actualmente vigente es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Constitución, los de la LOGP y su Reglamento de desarrollo. Esta Administración se organiza en 
unos  servicios  centrales  cuyas  actuaciones  se  llevan  a  cabo  por  la  SGIP,  dependiente  del 
Ministerio del Interior, que realiza la dirección, el impulso, la coordinación y la supervisión de las 
instituciones  penitenciarias;  así  como  en  unos  servicios  periféricos  constituidos  por  los 
establecimientos penitenciarios. A 31 de diciembre de 2016 y 2017 existían 83 establecimientos 
penitenciarios titularidad de la SGIP (70 centros penitenciarios y 13 centros de inserción social) 
repartidos por todas las comunidades autónomas españolas, a excepción de Cataluña, que tiene 
transferidas las competencias en materia penitenciaria mediante el Real Decreto 3482/1983, de 28 
de diciembre.  
1.24. TPFE se integra en la Administración penitenciaria estando adscrita a la SGIP, la cual ejerce 
la dirección estratégica, la evaluación y el control de resultados de su actividad, correspondiéndole 
también el control de eficacia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la IGAE en cuanto a 
la evaluación y control de los resultados de los organismos públicos integrantes del sector público 
estatal y de eficacia de la actividad de la entidad. 
1.25. Para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  TPFE  se  estructura  en  órganos  centrales  y 
periféricos. Sus servicios centrales, ubicados en Madrid, se organizan en las siguientes áreas de 
trabajo: producción, formación profesional e inserción laboral, coordinación para la prevención de 
riesgos laborales, coordinación territorial, de asuntos financieros y de administración e informática. 
Los servicios periféricos de la entidad se encuentran en las dependencias administrativas de cada 
establecimiento penitenciario, replicándose en los mismos las áreas de los servicios centrales. 
1.26. Según lo previsto en el artículo 10 de su Estatuto, cada centro penitenciario (CP) cuenta con 
el personal necesario para ejecutar los programas y políticas de la entidad en el centro, estando 
dimensionado según el volumen de actividad previsto. A 31 de diciembre de 2016 y 2017, TPFE 
tenía una plantilla total de 416 y 391 personas, respectivamente. Los empleados se distribuyen 
entre las oficinas centrales en Madrid, donde trabaja alrededor del 16% del personal, y en cada 
uno  de  los  establecimientos  penitenciarios,  donde  realizan  actividades  el  84%  de  sus 
trabajadores.  
1.27. Las funciones de los puestos de trabajo en los servicios periféricos se establecen en la 
orden de servicio 3/2015 de la entidad, disponiendo que en los establecimientos penitenciarios 
puede haber, entre otros, los siguientes puestos: coordinador de zona, coordinador de producción, 
gestor de producción, maestro de taller, gestor de formación e inserción laboral, gestor de asuntos 
económicos y administrativos, gestor de servicios, y técnicos y ayudantes de prevención. 
1.28. Además del personal específico de la entidad, en los establecimientos penitenciarios hay 
empleados de la SGIP que llevan a cabo actuaciones para TPFE, como el administrador y el 
director de los centros. En cada uno de los centros penitenciarios existe la figura de delegado de 
la entidad, que ostenta el titular de la dirección del centro penitenciario, siendo su función la de 
representar a TPFE, así como la de dirigir y supervisar sus actividades en el centro, de acuerdo 
con las instrucciones emitidas por los órganos directivos de la misma.  
I.5.2. Funciones e.
1.29. El artículo 3 de su Estatuto establece las siguientes funciones de TPFE:  26ww
a) La organización del trabajo productivo penitenciario y su oportuna retribución.
b) La gestión de los economatos y cafeterías existentes en los establecimientos penitenciarios y
centros de inserción social (CIS), conforme a lo previsto en los artículos 299 y siguientes del RP.
c) La instalación, ampliación, transformación, conservación y mejora de los talleres, explotaciones
agrícolas penitenciarias, o locales e instalaciones necesarias para los fines de la entidad, así
como los servicios, obras y adquisiciones que se refieren a su explotación, producción o actividad.
d) La  realización  de  actividades  industriales,  comerciales  o  análogas  y,  en  general,  cuantas
operaciones  se  relacionen  con  el  trabajo  penitenciario  o  se  le  encomienden  por  las
Administraciones Públicas, para el cumplimiento de los fines que le son propios.
e) La formación para el empleo de los internos en centros penitenciarios y centros de inserción
social.
f) La promoción de relaciones con instituciones y organizaciones que faciliten el cumplimiento de
los fines de la entidad.
g) El  impulso  y  la  coordinación  de  cuantas  líneas  de  actividad  se  desarrollen  desde  la
Administración  penitenciaria  en  materia  de  preparación  o  acompañamiento  para  la  inserción
sociolaboral.
h) La colaboración permanente con la SGIP u otras instituciones especializadas, para la gestión
de penas o medidas alternativas previstas en la legislación penal.
1.30. Para el ejercicio de sus funciones, la entidad tiene como máximos órganos de dirección: el 
presidente, que es el titular de la SGIP; el consejo de administración, que no puede tener más de 
doce miembros, estando formado por el presidente y los vocales; y el director-gerente, que es el 
órgano encargado de la ejecución de los acuerdos del consejo de administración. 
1.31. Respecto a las competencias en materia de gestión de gastos, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 3, apartado 2.3 de la Orden INT/3689/2009, el gerente aprueba los gastos y ordena los 
pagos en los servicios centrales, y los directores de los centros penitenciarios aprueban los gastos 
y ordenan los pagos por operaciones comerciales de dichos establecimientos (artículo 4, apartado 
3.2 de dicha Orden). 
I.5.3. Actividades
I.5.3.1. TRABAJO PENITENCIARIO
1.32. La normativa que regula el trabajo penitenciario se encuentra recogida en la LOGP (artículos 
veintiséis a treinta y cinco), en el RP (artículos 132 y 133) y en el RD 782/2001, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales 
en talleres penitenciarios y la protección de la Seguridad Social de los sometidos a penas de 
trabajo en beneficio de la comunidad. 
1.33. La  normativa  aplicable  al  trabajo  penitenciario  establece  los  siguientes  elementos 
definidores: 
a) El trabajo es considerado como un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento
fundamental del tratamiento penitenciario (artículo 26 de la LOGP). s
b) Todo  trabajo  directamente  productivo  que  realicen  los  internos  será  remunerado  y  se w.b
desarrollará en las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la legislación vigente 26ww
(artículo 27.Dos de la LOGP).
ca)c tEivnid alad erse lalacbióonra lleasb odrea l pdroed uccacriáócnt epr oer scpueecniatal,  asjeonna   treanb alojasd otarlelesr elso sp riondteurcntoivso sq udee  ldoess acerrnotlrleons
penitenciarios, siendo TPFE el empleador en todos los casos (artículo 2 del RD 782/2001).
d) Los internos trabajadores sujetos a la relación laboral especial penitenciaria quedan incluidos
en el Régimen General de la Seguridad Social y gozan de la prestación de asistencia sanitaria, así
como de la acción protectora del mismo en las situaciones legalmente previstas. Así mismo,
estarán protegidos por la contingencia de desempleo cuando sean liberados de prisión, en los
términos establecidos en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
e) A TPFE le corresponde la planificación, organización y control del trabajo desarrollado por los
internos  en  los  talleres  penitenciarios,  correspondiendo  la  dirección  y  control  de  la  actividad
concreta de los internos al director del establecimiento penitenciario y al personal encargado de
realizar las funciones de dirección y gestión de los talleres (artículo 11 del RD 782/2001).
1.34. El módulo retributivo aplicable se determina anualmente por el consejo de administración de 
TPFE y para su cálculo se toma como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en 
cada momento, de tal manera que el salario resultante se fija proporcionalmente al número de 
horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador (artículo 15 del RD 
782/2001). 
1.35. TPFE gestiona las actividades relacionadas con el trabajo penitenciario bajo la fórmula de 
talleres productivos ubicados en los establecimientos penitenciarios, que pueden adoptar alguna 
de las siguientes modalidades: 
a) Talleres  de  producción  propia,  que  incluyen  las  especialidades  de  confección  industrial,
carpintería metálica, carpintería de madera, artes gráficas, electricidad y electrónica, manipulados,
agropecuaria, inyección de plástico y artesanía.
b) Talleres  de  los  servicios  penitenciarios:  alimentación,  economato,  panadería,  servicios  de
mantenimiento  y  talleres  auxiliares  (lavandería,  reparto  de  comedor,  jardinería,  subalternos,
pintura de edificios, biblioteca, seguridad vial, gestión de residuos, limpieza, auxiliar de enfermería,
etc.).
c) Talleres en colaboración con empresas externas que incluyen cualquier especialidad laboral
que se acuerde entre los empresarios y la entidad.
1.36. Al cierre de los ejercicios 2016 y 2017, la entidad tenía contratados y dados de alta en la 
seguridad social 11.857 y 12.092 internos por la obtención de un puesto de trabajo remunerado en 
alguno de los 500 talleres activos en los establecimientos penitenciarios. 
I.5.3.2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
1.37. En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  de  su  Estatuto,  la  entidad  pone  a 
disposición de los establecimientos penitenciarios los recursos necesarios para incrementar la 
empleabilidad de la población penitenciaria así como su inserción en el mercado laboral. Los 
elementos más relevantes de la actividad formativa a los internos son los siguientes: 
a) La  actividad  que  realizan  los  internos  está  comprendida,  con  carácter  preferente,  en  la e.e
modalidad de formación profesional (artículo 26 de la LOGP) que tiene por objeto cubrir las w.b
carencias formativas de los internos y mejorar su cualificación profesional. Además, la entidad 26ww
rlaebaolizraal .también actuaciones en el ámbito de la formación y orientación laboral y de la integración
b) En lo que se refiere a la programación de las actividades, según señala el artículo 118 del RP,
viene determinada por el consejo de dirección del centro, teniendo en cuenta los planes de
actuación del centro directivo, a partir de los programas individualizados elaborados por las juntas 
de tratamiento. 
1.38. La entidad ejecuta anualmente actuaciones de formación profesional cofinanciadas por el 
FSE, y financiadas por el SEPE. Desde 1989, TPFE lleva ejecutando actividades formativas en 
colaboración con el SEPE, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. De acuerdo 
con dicha norma, los centros penitenciarios se inscriben y, en su caso, se acreditan como centros 
de formación en el SEPE. Esta entidad, al finalizar cada acción formativa, y una vez comprobado 
el grado de capacitación adquirido por los alumnos, expide los correspondientes certificados y 
diplomas según lo establecido en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 395/2007, y en la Instrucción de 25 de marzo de 2010, de la Subdirección General 
de Políticas Activas de Empleo para la gestión, seguimiento y control y para la evaluación de las 
acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. La formación puede 
desembocar en la obtención de un certificado de profesionalidad de acuerdo con lo establecido en 
la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 
18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los 
que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 
1.39. Así mismo, la entidad lleva a cabo actuaciones para la formación y orientación laboral 
dirigidas  a  internos  próximos  a  incorporarse  al  mercado  laboral,  mediante  la  impartición  de 
módulos en los que se informa a los internos de sus derechos y obligaciones, los entornos de 
trabajo y las posibles fuentes de empleo, cofinanciadas con el FSE en el marco del Programa 
Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), período 2014-2020. Así mismo, TPFE 
proporciona apoyo a los internos que inician su etapa de semilibertad facilitándoles su inserción 
laboral. Para ello se gestionan distintos tipos de programas que prestan apoyo individualizado, 
como  el  programa  Reincorpora,  que  ejecuta  itinerarios  de  integración  socio  laboral 
personalizados, y el programa de acompañamiento para la inserción laboral (programa SAL). 
I.6. RENDICIÓN DE CUENTAS
1.40. Como se expone en el punto 1.2 de este informe, entre los motivos para la realización de 
esta fiscalización se encontraban los retrasos en la rendición de las cuentas anuales. Así, las 
cuentas anuales de TPFE de los ejercicios 2014 y 2015 se aprobaron el 21 de septiembre de 2015 
y  el  20  de  octubre  de  2016,  respectivamente,  superándose  en  ambos  casos  los  plazos 
establecidos en el artículo 139 de la LGP. Dichas cuentas anuales, que iban acompañadas de los 
correspondientes informes de auditoría de la IGAE, fechados el 18 de septiembre de 2015 y el 7 
de octubre de 2016, se rindieron al Tribunal el 14 de octubre de 2015 y el 11 de noviembre de 
2016, dentro del plazo de un mes de que dispone la IGAE, según el artículo 139 de la LGP.  
1.41. Las cuentas de 2016 fueron formuladas el 22 de mayo de 2017 y remitidas al Tribunal de 
Cuentas por conducto de la IGAE el 9 de junio, incumpliéndose el plazo de tres meses que para la 
formulación de las cuentas establece la Regla 34.1 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, 
por  la  que  se  aprueba  la  instrucción  de  contabilidad  para  la  Administración  Institucional  del  es
Estado.  bo
210.4127.,  Lasus pceureánntdaoss ed ee 2l 0p1l6a zfou eprorenv aisptroo beand aesl  paorrtí ceul lPo re1s3i9d endtee  ldae  LlaG ePn. tiEdasdta se l c2u4e dneta so catunburael edse, 
aacl oTmribpuanñaald aesl  2d edl ein fnoorvmieem dber ea,u ddeitonrtríao  ddee ll ap lIaGzAoE d, efe ucnh amdoe se ld 5e  dqeu eo cdtuisbpreo ndee  l2a0 I1G7A, Ese,  sriengdúienr oenl 
artículo 139 de la LGP.
1.43. Dichas cuentas fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado el 23 de noviembre de 
2017, dentro del plazo establecido en el artículo 136 de la LGP y la regla 38 de la Orden 
EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la 
Administración Institucional del Estado. 
1.44. Por su parte, las cuentas de 2017 se formularon el 22 de mayo de 2018 y se remitieron al 
Tribunal el uno de junio de 2018, incumpliéndose el plazo de tres meses que para la formulación 
de las cuentas establece la Regla 34.1 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se 
aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado. 
1.45. El  Presidente  de  la  entidad  aprobó  las  cuentas  de  2017  el  25  de  octubre  de  2018 
superándose el plazo previsto en el artículo 139 de la LGP. Estas cuentas anuales se rindieron al 
Tribunal el 16 de noviembre de 2018, dentro del plazo de un mes de que dispone la IGAE según el 
artículo 139 de la LGP. 
1.46. Las cuentas anuales de 2017 fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado el 18 de 
diciembre de 2018, superándose el plazo establecido en el artículo 136 de la LGP y la regla 38 de 
la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para 
la Administración Institucional del Estado. 
1.47. El retraso en la rendición de las cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2017 ha tenido 
como consecuencia que las cuentas integradas en la Cuenta General del Estado de cada uno de 
esos años fueran las formuladas en lugar de las aprobadas, que, por otro lado, no presentaron 
diferencias significativas entre sí.  
I.7. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
1.48. De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  44  de  la  Ley  7/1988,  de  5  de  abril,  de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los resultados de las actuaciones fiscalizadoras fueron 
puestos  de  manifiesto,  para  la  formulación  de  alegaciones,  al  Presidente  de  TPFE,  en  su 
condición de representante legal de la entidad. Asimismo, el Anteproyecto fue remitido a quien 
ocupó  dicho  cargo  durante  el  periodo  fiscalizado,  sin  que  por  su  parte  haya  presentado 
alegaciones. El actual Presidente presentó, dentro de plazo, sus alegaciones, que se adjuntan al 
presente informe.  
II. ANÁLISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES
II.1. OPINIÓN
2.1.  Las cuentas anuales de TPFE correspondientes a los ejercicios 2016 y 20172 reflejan, en sus 
aspectos significativos, la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, de los resultados de 
sus operaciones y de la ejecución de su presupuesto durante los ejercicios, de acuerdo con los 
principios y normas contables y presupuestarios que le resultaban de aplicación, excepto por las 
salvedades que se indican en los puntos 2.2 a 2.4, desarrolladas a lo largo de los subapartados 
II.2 a II.4 de este Informe. Estos subapartados exponen, además, algunos incumplimientos de los es
principios y normas contables de menor relevancia que no afectan a la imagen fiel. bo
2se.2 o. bDseel ravanná lilsoiss  sdigeu liae nctoenst ainbciulizmapcliiómni edneto lsa sd eolp reérgaicmioenne cso dneta bTlPeF aEp lidcuarbalnet ea  leal  epnetriídoaddo:   fiscalizado
2 El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el  BOE-A-cable e
patrimonio neto para los ejercicios 2016 y 2017 aparecen recogidos en los Anexos I a IV.
a) El balance no recoge los bienes recibidos en cesión procedentes de la SGIP donde la entidad
realiza sus funciones, sin que las cuentas de inmovilizado tengan incorporado el valor razonable
de los derechos de uso o del activo correspondiente.
b) El balance no recoge el traspaso de equipos para procesos de información a empleados de la
SGIP, destinados en centros penitenciarios.
c) Los saldos de deudores no han sido depurados dado que incluyen partidas que tienen su origen
en errores manuales por el registro duplicado de operaciones. Además, la exigibilidad de algunas
partidas resulta prácticamente imposible por referirse a operaciones de las que no se dispone de
soporte documental o que tienen una antigüedad excesiva, incluyendo deudas cuyo origen se
remonta al año 2002 y siguientes.
d) La estimación global del riesgo de fallidos de los créditos con antigüedad igual o inferior a 2
años está fijado en el 5% del saldo de dichos créditos. Sin embargo, este porcentaje no se ha
determinado sobre la serie temporal histórica de dichos fallidos, como exige la resolución de 26 de
noviembre de 2003, de la IGAE, por la que se modifica la de 14 de diciembre de 1999, que regula
determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. El método de deterioro aplicado
incluye el importe de los créditos con una vigencia inferior al año, criterio que no está acreditado
según lo contemplado en la citada resolución.
e) Para la estimación de los deterioros de las existencias, la entidad aplica el criterio de prudencia,
cuantificándolos en el 10% del saldo al cierre de cada ejercicio, sin que se haya justificado la
utilización de dicho porcentaje.
f) Las memorias de las cuentas anuales de 2016 y 2017 describen de manera deficiente la gestión
de la entidad al no incluir información relevante sobre su situación económico-financiera.
2.3. En el análisis de las cuentas anuales de 2016, se ha observado que el saldo al cierre del 
ejercicio de la cuenta “49001. Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión” se 
encuentra  indebidamente  sobrevalorado  en  1.497  miles  de  euros,  debido  a  que  la  entidad 
deteriora los saldos de deudores que tienen una vigencia inferior al año. 
2.4. En  el  análisis  de  las  cuentas  anuales  de  2017,  se  han  observado  los  siguientes 
incumplimientos de la normativa contable: 
a) La  cuenta  “206.  Aplicaciones  informáticas”  tiene  indebidamente  contabilizado,  por  901  mil
euros, el módulo de una aplicación informática cuyo coste de producción fue inferior al citado
importe.
b) El  saldo  al  cierre  del  ejercicio  de  la  cuenta  “49001.  Deterioro  de  valor  de  créditos  por
operaciones de gestión” se encuentra sobrevalorado en 1.902 miles de euros, debido a que la
entidad deteriora los saldos de deudores que tienen una vigencia inferior al año.
II.2. INMOVILIZADO
2.5. El balance no recoge los bienes recibidos en cesión procedentes de la SGIP donde la entidad 
realiza sus funciones. La entidad alega que el importe de estos bienes no se activa en el balance  es
porque desconoce su valor razonable, sin embargo, los correspondientes bienes y derechos  bo
deberían incorporarse al inmovilizado por el mencionado valor razonable.  26ww
2.6. Para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  TPFE  utiliza  edificios,  instalaciones  y  espacios
uebniccuaednotsra ne na dlossc rictoesn taro las  SpGenIPite, nsicnia qruioes ,s eq udeis psounpgoan ed eu dnoac ucmeseiónnto  are gsuul afdaovor rd edsec rbipietinvoe sd eqlu ues os ey 
de las características de tales bienes. En dichos espacios, el personal de la entidad realiza la
gestión  de  la  actividad  económico-administrativa  y  operativa  de  los  talleres  productivos  y  la 
actividad formativa de los internos, utilizando las dependencias administrativas, las aulas y los 
espacios habilitados al efecto. Además, la entidad pone a disposición de empresas externas parte 
de esos espacios para la ejecución de actividades productivas, a cambio de una contraprestación.  
2.7. Por  otro  lado,  la  contabilidad  no  tiene  reflejada  la  cesión  de  equipos  para  procesos  de 
información (ordenadores, impresoras, etc.) a empleados de la SGIP para que lleven a cabo las 
labores relacionadas con funciones propias de TPFE en los centros penitenciarios, sin que las 
condiciones de dicha cesión estén formalizadas en título jurídico alguno. La normativa interna no 
prevé un procedimiento para tramitar y controlar las citadas entregas de bienes, no disponiendo la 
entidad de registros auxiliares que informen de los CP donde están ubicados, y dentro de estos, 
de las unidades administrativas donde se localizan (administración, economato, etc.). 
2.8. Respecto  a  los  inventarios,  el  consejo  de  administración  de  TPFE  aprobó  los 
correspondientes a 2016 y 2017, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 8.e) del Estatuto. La 
información que contienen los inventarios reflejan, entre otros aspectos, el código asignado a cada 
bien  y  los  centros  penitenciarios donde  se  encuentran  ubicados,  pero  no  detallan  la  unidad 
administrativa o taller productivo al que están asignados los mismos. La entidad no ha acreditado 
la realización periódica de comprobaciones de inventario.  
2.9. En diciembre de 2017, la entidad registró indebidamente por 901 mil euros en la cuenta “206. 
Aplicaciones  informáticas”,  la  recepción  de  conformidad  del  suministro  e  instalación  de  una 
aplicación informática. A pesar de que la entidad alega que en dicha contabilización siguió los 
principios del Plan contable, la activación debió realizarse por un importe inferior dado que dicha 
cuantía incluyó costes asociados a especificaciones funcionales o módulos que no entraron en 
funcionamiento. Con el fin de conocer la magnitud del sobrecoste contabilizado se debe destacar 
que  el  importe  registrado  corresponde  al  desarrollo  de  ocho  especificaciones  funcionales  o 
módulos, contratadas por un total de 956 mil euros mediante la tramitación de los expedientes 
299/2008 y 244/2011 cuyos contratos fueron formalizados en 2008 y 2011, respectivamente.  A 
pesar  de  que  se  ejecutaron  parcialmente  todas  las  especificaciones,  únicamente    entró  en 
funcionamiento  una  de  ellas  la  relativa  a  la  tramitación  administrativa  de  expedientes  de 
contratación, siendo el importe gastado en su desarrollo inferior al contabilizado, sin que su coste 
haya sido cuantificado por la entidad.  
2.10. 3
II.3. DEUDORES Y ACREEDORES
II.3.1. Deudores y acreedores por operaciones de la actividad
2.11. Los ingresos provienen, casi en un 90%, de la ejecución de la actividad llevada a cabo en los 
talleres  productivos  en  los  centros  penitenciarios  y,  en  menor  medida,  de  las  subvenciones 
recibidas para la impartición de cursos a los internos. El principal deudor de TPFE es la SGIP, a la 
que  la  entidad  factura  por  los  encargos  recibidos  en  su  condición  de  medio  propio  de  la 
Administración, para la realización, en los centros penitenciarios, del servicio de alimentación,  e
mantenimiento, actividades auxiliares, confección industrial, etc. Otro tipo de actividades que  b
genera ingresos es la gestión de talleres productivos en colaboración con empresas externas, a  26ww
lparso dquuceti vTaPs FlleEv aodfraesc ea  ceasbpoa cpioors  loesn  inlotesr ncoesn. tros penitenciarios para la ejecución de actividades
3 Punto suprimido en virtud de las alegaciones.
2.12. Los saldos al cierre de 2016 y 2017 de la cuenta “46000. Deudores por operaciones de la 
actividad”, 57.884 y 67.341 miles de euros, recogen los derechos pendientes de cobro por la 
actividad llevada a cabo en los talleres productivos. La cuenta “420. Acreedores por operaciones 
de la actividad” presentó unos saldos a finales de 2016 y 2017 de, 17.133 y 15.788 miles de 
euros, respectivamente. Las operaciones contabilizadas en dicha cuenta corresponden en su 
mayoría a los suministros necesarios para llevar a cabo las actividades de los talleres productivos.  
2.13. Del análisis de la contabilización de las operaciones derivadas de las actividades en los 
talleres productivos y en los cursos de formación, así como de la composición de los saldos de 
deudores y acreedores se obtuvieron las siguientes incidencias: 
a) El volumen total de ingresos y gastos de gestión ordinaria de la cuenta del resultado económico
patrimonial de los ejercicios fiscalizados está sobrevalorado en algo más de 210 mil euros. Esto es
debido  a  que  la  entidad  emite  facturas  a  su  propio  nombre  por  operaciones  entre  talleres
productivos de distintos establecimientos penitenciarios, como consecuencia del suministro de
bienes o prestaciones de servicios relacionados con la formación de los internos, sin que al cierre
del ejercicio se ajusten las cuentas correspondientes. El registro de estas operaciones, que no
suponen movimientos de fondos, afecta a las cuentas de deudores y acreedores por operaciones
de la actividad, con abono y cargo, respectivamente, a los ingresos y gastos correspondientes.
b) Como consecuencia de la práctica de auto-facturación citada en el apartado anterior, al cierre
de 2016 y 2017, la entidad era deudora de sí misma por 27 y 45 mil euros, respectivamente,
siendo además, en dichas fechas, acreedora de sí misma por importe de mil euros.
c) Los saldos de deudores no han sido depurados debido a que incluyen partidas que tienen su
origen en errores manuales en el registro por duplicado de operaciones. Además, la exigibilidad
de algunas partidas resulta prácticamente imposible por referirse a operaciones de las que no se
dispone de soporte documental o tienen una antigüedad excesiva, incluyendo deudas que tienen
su origen en el año 2002 y posteriores.
II.3.2. Deterioro de valor de los créditos por operaciones de gestión
2.14. Para el cálculo del deterioro de valor de los créditos derivados de su actividad, la entidad 
utiliza los siguientes criterios:  
a) Un seguimiento individualizado de los créditos que son objeto de litigio, deteriorándolos por su
importe total.
b) Para  el  resto  de  los  créditos  el  deterioro  se  calcula  mediante  una  estimación  global,
incluyéndose  en  la  base  de  cálculo,  desde  el  ejercicio  2005,  los  créditos  comerciales
correspondientes  a  administraciones  públicas  deudoras.  Como  excepción,  no  se  incluyen  en
ningún caso en la base de cálculo los créditos por subvenciones concedidas, como es el caso de
los créditos por ayudas del FSE. Tampoco se incluyen en la base de cálculo los créditos frente a
aquella entidad que realiza las aportaciones a la formación ocupacional de internos, en virtud del
convenio de colaboración con ella suscrito.
c) Se deterioran en un 5% de su importe los créditos que tengan una antigüedad igual o inferior a o
dos años, y en su totalidad los créditos de antigüedad superior. 26ww
2.15. Los saldos de los deterioros de los créditos por operaciones de gestión, al cierre de 2016 y
2“4091070, 1a. scDeentedrieiorroon , dree svpaelcotriv adme ecnrtéed, itao s2 .3p8o9r  yo p1e.8ra8c1io mneiles s ddee  geeusrotiós,n ”c.o nDtealb ializnaádliosiss  edne lla  mcuéetondtao 
utilizado para cuantificar el importe de dicho deterioro se observan las siguientes incidencias:
a) La estimación global del riesgo de fallidos de los créditos con antigüedad igual o inferior a 2
años está fijado en el 5% del saldo de dichos créditos, sin que este porcentaje se encuentre
determinado sobre la serie temporal histórica de dichos fallidos, como exige la resolución de 26 de
noviembre de 2003, de la IGAE, por la que se modifica la de 14 de diciembre de 1999, que regula
determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. A este respecto, la entidad no ha
realizado  un  análisis  temporal  de  los  fallidos  de  los  últimos  años,  debiendo  destacarse  que
durante los años 2016 y 2017 no se han producido bajas en contabilidad por insolvencias de
deudores.
b) El método aplicado en el cálculo del deterioro incluye el importe de los créditos con una
vigencia  inferior  al  año,  criterio  que  no  está  acreditado  según  lo  contemplado  en  la  citada
Resolución de la IGAE de 2003. A este respecto hay que destacar el caso de la SGIP que tenía
una deuda con TPFE, al cierre de 2016 y 2017, respectivamente, de 23.556 y 30.510 miles de
euros, originada en cada uno de dichos años. Dichos importes fueron deteriorados por la entidad
al 5% y abonados completamente durante el siguiente ejercicio.
c) La cuenta “49001. Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión” se encuentra
sobrevalorada en 1.497 y 1.902 miles de euros, al cierre de 2016 y 2017, respectivamente, debido
a que la entidad deteriora los saldos de deudores que tienen una vigencia inferior al año.
II.3.3. Reintegro por alcance declarado por el Tribunal de Cuentas
2.16. La entidad no contabilizó derechos de cobro por importe de 780 mil euros, por la existencia 
de un alcance en los fondos públicos del organismo declarado en una sentencia del Tribunal de 
Cuentas de 11 de septiembre de 2001 (procedimiento A 44/98). Esta sentencia fue objeto de 
recurso de apelación, que fue desestimado en 2002, y posterior recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo, desestimado por este Tribunal, en sentencia de 17 de abril de 2008. Como 
consecuencia de las actuaciones posteriormente llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en 
relación al citado procedimiento de reintegro por alcance, consistentes fundamentalmente en la 
anotación preventiva de embargos y actos de averiguación contra los bienes de los encausados, 
se ha recuperado un total de 28 mil euros, de los que 14 mil están pendientes de ser transferidos 
a la entidad; además, se han embargado dos bienes muebles y parte de la pensión de uno de los 
condenados. El importe de la deuda, en septiembre de 2018, asciende a un total de 1.300 miles 
de euros, al incluirse los intereses de demora correspondientes. 
2.17. La memoria de las cuentas anuales señala que la entidad optó por no contabilizar derecho 
de cobro ni ingreso alguno porque existían dudas más que razonables sobre el cobro de las 
cantidades derivadas del procedimiento citado, incorporándose en dicha memoria información 
adicional al respecto. Este criterio no afecta, al parecer de esta entidad, a la imagen fiel del 
patrimonio y del resultado que las cuentas deben ofrecer, ya que, aun en el caso de que se 
hubieran reconocido los derechos, debería al mismo tiempo dotarse la correspondiente provisión 
por el importe íntegro. No obstante, a pesar de lo alegado por la entidad, el proceso abierto en el 
Tribunal de Cuentas supone la existencia de un derecho de cobro que debe ser contabilizado y 
deteriorado, teniendo en cuenta la previsión de cobros futuros. 
II.3.4. Acreedores por gastos de personal bo
IPI.A3T.4R.1O. NSAELG)URIDAD  SOCIAL  DEL  PERSONAL  FUNCIONARIO  Y  LABORAL  (CUOTA
2.18. Respecto  a  las  retribuciones  del  personal  funcionario  y  laboral,  la  entidad  contabiliza
indebidamente el gasto mensual por la Seguridad Social de la cuota patronal en el mes siguiente
al de su devengo. Esta práctica contable tiene un efecto neto muy poco significativo en las 
cuentas del resultado económico patrimonial de 2016 y 2017; sin embargo, supone que, al cierre 
de cada uno de estos ejercicios, no se encuentren contabilizadas en el pasivo del balance las 
deudas con la Seguridad Social por la cuota patronal del mes de diciembre, que ascendían, 
respectivamente, a 38 y 35 mil euros. 
II.3.4.2. RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS INTERNOS
2.19. Las deudas surgidas por los gastos de personal de los internos se cancelan con el pago 
material al fondo o cuenta de peculio4 y a la Seguridad Social, durante el mes siguiente al de 
devengo de la nómina correspondiente. Para ello, los fondos se transfieren internamente desde la 
cuenta  de  habilitación  de  servicios  centrales  a  la  cuenta  correspondiente  de  cada  centro 
penitenciario, desde donde se realiza el pago. 
2.20. La práctica contable seguida por la entidad para el registro de las deudas por las nóminas y 
la Seguridad Social de los internos, de los meses de enero a noviembre de cada año, consiste en 
darlas de alta contablemente y cancelar su importe en formalización en el último día del mes de su 
devengo,  a  pesar  de  que  no  se  ha  realizado  el  pago  material  al  tercero  desde  el  centro 
penitenciario, hecho que se produce durante el mes siguiente. Como excepción, la deuda de 
diciembre se cancela contablemente en el momento en que se efectúa su pago, durante el mes de 
enero siguiente. 
2.21. La cancelación contable de las deudas derivadas de los gastos de personal de los internos, 
antes del pago material al tercero, podría disminuir su seguimiento y control, especialmente en lo 
que se refiere a las de la Seguridad Social. A este respecto, como consecuencia del método 
contable descrito en el punto anterior, al cierre del 2017, una deuda por la cuota patronal del mes 
de  noviembre  de  uno  de  los  centros  penitenciarios,  de  21  mil  euros,  no  estaba  reflejada 
contablemente en el pasivo, a pesar de que, indebidamente, el CP no había abonado la misma 
durante el siguiente mes de diciembre. El pago fuera de plazo de esta deuda supuso que la 
Seguridad Social impusiera en 2018 un recargo a la entidad, como se describe en el punto 3.16 de 
este informe.  
II.4. OTRAS OBSERVACIONES SOBRE LAS CUENTAS
2.22. El saldo global, al cierre de 2016 y 2017, de las cuentas del deterioro de las existencias 
(economatos, alimentación, productos terminados y otros talleres) asciende a 1.301 y 1.161 miles 
de  euros,  respectivamente.  Dicho  deterioro  se  calcula  por  la  entidad,  según  un  criterio  de 
prudencia valorativa, en el diez por ciento del saldo final de las existencias, sin que se haya 
justificado la aplicación del porcentaje. 
2.23. Para el caso de las existencias de economatos y alimentación, la cuantificación del deterioro 
durante los ejercicios fiscalizados excedió significativamente el importe de los deterioros que 
efectivamente se produjeron, ya que estos no superan el uno por ciento del saldo final de estas 
existencias. Concretamente, los saldos totales de las existencias en economatos y alimentación, 
al  cierre  de  2016  y  2017,  fue,  respectivamente,  de  9.222  y  9.275  miles  de  euros,  estando 
deteriorados  en  un  diez  por  ciento,  922  y  927  mil  euros.  Sin  embargo,  en  cada  uno  de 
dichos  ejercicios,  las  pérdidas  y  deterioros  efectivamente  producidos  en  este  tipo  de  e.e
existencias no superaron los 5 mil euros.    b
4ee ssEttaol bsfo lenfocdinomd iooe snc tuope upneetadn eidtnee n epcfieeaccruitouli oay r ,ep soctroá ln ac soc nqiesurtetito ursied colíimb peiotner  spla,o ssla tcesar inootrpidmoaredtnuetnsea  qsp uocer o clmousap lrqianustei erern noc ose ntlci eeenpsettona  bdeleen c psimruo icepenodtdoee nrp caeialn  iinlteeggnríectisimaarario .e .C nSo enul    OE-A-2021-13able en https://
regulación se encuentra en el artículo 17.4 de la LOGP, y en los artículos 319 y siguientes del RP, que determina que en  Bc
el momento de la excarcelación se entregará al liberado el saldo de su cuenta de peculio.
2.24. Al  cierre  del  ejercicio  2017,  las  deudas  por  las  retenciones  de  las  nóminas  de 
los  funcionarios  por  aportaciones  al  sistema  de  previsión  social  MUFACE,  26  mil  euros, 
y  las  contribuciones al régimen de clases pasivas, 58 mil euros, estaban contabilizadas en la 
subcuenta  “4299.  Otros  acreedores  no  presupuestarios”,  en  lugar  de  en  las  subcuentas 
específicas “4761. MUFACE” y “4759. Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos”.  
II.5. CONTENIDO DE LA MEMORIA
2.25. Las memorias de las cuentas de 2016 y 2017 describen de manera deficiente la gestión 
de la entidad al no incluir información relevante de los recursos, la situación y la actividad de 
TPFE. A continuación se señalan aspectos que no se mencionan en dichas memorias: 
a) La actividad relacionada con el trabajo penitenciario y la formación para el empleo de los
internos se lleva a cabo en edificios, instalaciones y espacios pertenecientes a la SGIP, que es la
titular de los centros penitenciarios donde se explotan por la entidad los talleres productivos.
b) TPFE tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración General del
Estado y de otras entidades del sector público estatal, y sus ingresos proceden, principalmente, de
los encargos recibidos mediante encomiendas de gestión formalizadas con la SGIP, que es su
principal deudor.
c) En lo que se refiere a la distribución de los gastos de personal (60.939 y 65.739 miles de euros,
en 2016 y 2017, respectivamente) el 70% del total corresponde a conceptos asociados con las
retribuciones a los internos en los centros penitenciarios, mientras que los del personal funcionario
y laboral no llegan al 25% y los del personal docente al 5%.
d) Respecto a los ingresos ordinarios (171.894 y 174.414 miles de euros, respectivamente), la
prestación del servicio de alimentación y de economato en los centros penitenciarios representa el
72% del total, repartiéndose dicho porcentaje por igual entre ambos tipos de actividades.
III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE LOS PROCEDIMIENTOS
3.1. En los subapartados siguientes se exponen los resultados del análisis del cumplimiento de la 
legalidad de TPFE y del seguimiento de la aplicación de los procedimientos establecidos por la 
entidad para el control de su actividad. 
III.1. INFORMACIÓN PÚBLICA
3.2. TPFE  recoge  en  su  sede  electrónica  información  sobre  su  actividad,  organización, 
planificación y normativa, estimándose que, excepto por lo que se señala en el punto siguiente, en 
relación a la publicidad activa se cumplen, con carácter general, los requisitos establecidos en la 
Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen 
gobierno (Ley de Transparencia).  
3.3. Las siguientes deficiencias menoscaban el cumplimiento de los requisitos de información  e.
económica establecidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia:   w.
acu)eLnat apsá.gina web no publica las cuentas anuales de la entidad ni los informes de auditoría de
b) Por problemas técnicos, durante el período en el que se llevaron a cabo los trabajos de
fiscalización tampoco recogía los convenios de colaboración para la ejecución de actividades
formativas, siendo los últimos publicados los que habían sido firmados en 2015. Finalizados los 
mencionados trabajos dicha información se encuentra actualizada. 
c) No informó de la firma de la encomienda con Ingeniería de Sistemas para la Defensa de
España, SA, SME, MP (ISDEFE), ni de la subcontratación realizada por este medio propio con
mención del adjudicatario. La entidad no dispone de documentación acreditativa del procedimiento
seguido por ISDEFE para la adjudicación de la subcontratación ni del importe de la misma, datos
que deberían haberse hecho públicos, según el artículo citado de la Ley de Transparencia.
d) El perfil del contratante se incluye en la página web de dos maneras: mediante una conexión
con la plataforma de contratación del estado, lo que dificulta el acceso inmediato a la información
contractual; y con una dirección de internet que en el transcurso de los trabajos de fiscalización no
mostraba adecuadamente dicha información, circunstancia que ha sido subsanada.
III.2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3.4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Estatuto de TPFE, el consejo de administración 
aprobó los módulos retributivos aplicables durante 2016 y 2017, en sus sesiones celebradas el 15 
de diciembre de 2015 y el 21 de diciembre de 2017, habiéndose verificado que fueron los que se 
aplicaron  para  la  confección  de  las  nóminas  de  los  internos.  Sin  embargo,  no  aprobó  el 
anteproyecto de presupuesto de la entidad de los años 2016 y 2017, incumpliéndose lo previsto 
en el artículo 8.b) del Estatuto. 
III.3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES
3.5. La entidad no dispone de un plan de igualdad propio, en los términos previstos en el artículo 
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
asumiendo  en  esta  materia  el  plan  de  igualdad  de  la  SGIP  aplicable  a  la  Administración 
Penitenciaria.  
3.6. Por otro lado, la entidad cuenta, desde 2010, con un código deontológico que es aplicable 
también a la SGIP. El artículo 3.f) establece que el comportamiento del personal penitenciario 
debe ajustarse, entre otros principios, al de equidad, evitando cualquier tipo de discriminación por 
razón  de  nacimiento,  origen  racial  o  étnico,  género,  sexo,  orientación  sexual,  religión  o 
convicciones, opiniones, discapacidad, edad o cualquier otra circunstancia personal o social. 
3.7. Del análisis de la distribución de la plantilla del personal funcionario y laboral de TPFE por 
género y por categoría profesional, por los siguientes motivos, se observa un desequilibrio por 
razón de género: 
a) En  ninguno  de  los  años  fiscalizados  el  número  de  mujeres  superó  el  25%  del  total  de
funcionarios o de laborales.
b) Los puestos directivos están ocupados por  hombres en un alto porcentaje. El número de
mujeres funcionarias de los subgrupos A1 y A2 en puestos directivos fue, respectivamente, de un
30 y un 20% de la plantilla, sin que dicha proporción variase durante el período fiscalizado. e.
c) En el ámbito del personal laboral, durante el período analizado, el 83% de los puestos de jefes 26ww
alodsm piuneisstrtoasti vdoes  oyf icdiea lteasll eard m(Ginruisptora ItIivI)o ess (tGuvruieproo nV )o ceusptuavdieorso np oorc huopmadbores sp, omr imenutjrearse sq.ue el 100% de
3.8. Se  ha  analizado  si  se  ha  incorporado  la  perspectiva  de  género  en  la  planificación  y  el
desarrollo de la actividad de TPFE, obteniéndose los siguientes resultados:
a) La planificación estratégica de la entidad no incorporó entre sus objetivos el fomento de la
igualdad de mujeres y hombres.
b) En los cursos impartidos en el ámbito penitenciario, el director del centro certifica que en el
proceso de selección de los participantes se ha tenido en cuenta la perspectiva de género para
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario, según lo previsto en el
artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo Europeo de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Social Europeo.
c) En el ámbito del trabajo penitenciario, la entidad desarrolla los distintos tipos de talleres sin
discriminar por razón de género.
III.4. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA INTERNA
3.9. La entidad dispone de un extenso manual de procedimientos que facilita la gestión, siendo de 
especial utilidad en el ámbito de los servicios periféricos. Describe, por líneas de actuación, los 
trámites de gestión a seguir por el personal de la entidad y de la SGIP. No obstante, del análisis 
de los procedimientos y de las actuaciones previstas se han observado las siguientes deficiencias: 
a) Algunos  de  los  procedimientos  no  están  actualizados,  como,  por  ejemplo,  el  relativo  a  la
realización de obras e instalaciones, fechado en enero de 2009, que incluye procesos que ya no
se realizan tras la constitución de la entidad estatal de derecho público, como la emisión de
documentos contables de autorización y de compromiso de gastos.
b) El procedimiento establecido para el pago de las retribuciones y la Seguridad Social de los
internos se refiere, únicamente, al pago de aquellos que se encuentran recluidos en un CP, que
supone transferir el dinero de forma agregada a una cuenta bancaria titularidad de la SGIP, que
constituye el fondo de peculio, desde donde dicha Secretaría paga al interno. Sin embargo, la
normativa interna no prevé el procedimiento de pago de las nóminas de los internos de los CIS,
consistente,  en  la  mayoría  de  los  casos,  en  transferencias  directas  de  TPFE  a  las  cuentas
bancarias titularidad de cada uno de ellos, en lugar de al fondo de peculio gestionado por la SGIP.
c) El  procedimiento  para  tramitar  los  cambios  de  los  apoderados  en  las  cuentas  bancarias
utilizadas en los establecimientos penitenciarios no prevé expresamente que, una vez producidas
las  altas  y  las  bajas  de  estos,  se  remita  al  área  de  asuntos  financieros  la  documentación
acreditativa  de  dichos  cambios.  Como  se  expone  en  el  punto  3.29  de  este  informe,  como
consecuencia de esta falta de comunicación, la entidad no dispuso durante el período fiscalizado
de una relación completa y actualizada de todas las personas con firma en las cuentas bancarias
de su titularidad.
d) No hay establecido un procedimiento para la gestión de los cobros en efectivo de los ingresos
por las ventas en los economatos ubicados en los CIS.
3.10. No hay un procedimiento específico dedicado a describir las actuaciones llevadas a cabo 
para  la  entidad  por  el  personal  de  la  SGIP  (director,  administrador,  gestor  económico-
administrativo,  cocineros,  etc.).  Estas  actuaciones,  que  afectan  a  la  gestión  económico-
administrativa y operativa de los talleres productivos gestionados por TPFE, están descritas de  es
manera genérica y dispersa en varios procedimientos de su normativa interna, lo que dificulta  o
conocer, en la práctica, las tareas y responsabilidades desempeñadas al respecto por dicho  26ww
personal.
I3n.t1e1r.io Lra y  doetrloe gpaecrisóonn adle d ceol mmpisemteon, caia csa regno sm daete TriPaF dEe,  sines rteitugcuiloan eens  lap eOnritdeennc iIaNriTa/s3 6d8e9l /2M0in0i9s,t rdoe  d2e9l 
de diciembre, sin que esta norma haya sido actualizada desde su entrada en vigor en enero de
2010.  Dicha  norma  incluye  la  delegación  de  competencias  en  el  vicepresidente  del  extinto 
organismo  autónomo,  cargo  que  no  existe  en  la  entidad  de  derecho  público,  habiéndose 
distribuido en la práctica las correspondientes funciones entre el presidente y el gerente de TPFE. 
Además, la Orden citada incluye trámites de gestión, como la aprobación y el compromiso de 
gastos  presupuestarios,  que  no  son  de  aplicación  a  la  entidad,  dado  que  tiene  presupuesto 
estimativo.  
III.5. GESTIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS TALLERES PRODUCTIVOS Y DE LA
ACTIVIDAD FORMATIVA
III.5.1. Procedimientos establecidos
3.12. En el mes de enero de cada ejercicio fiscalizado, el director gerente aprobó las siguientes 
órdenes  de  servicio  con  las  instrucciones  para  la  gestión  de  los  gastos  en  los  centros 
penitenciarios: 
a) Las órdenes de servicio 1/2016 y 2/2017 incluyen las normas sobre gastos y pagos a realizar
por  los  centros  penitenciarios  en  la  línea  de  trabajo  penitenciario  durante  los  ejercicios
fiscalizados, delimitando los gastos de funcionamiento que se pueden realizar con cargo a las
cuentas de pagos comerciales y servicios penitenciarios, determinando los procedimientos de
gestión financiera aplicables y los fondos asignados.
b) Las órdenes de servicio 2/2016 y 1/2017 establecen normas sobre gastos y pagos a realizar
dentro de la unidad de administración y cursos de formación, y para su imputación en la cuenta de
pagos administrativos de cada ejercicio fiscalizado.
3.13. Junto con dichas órdenes de servicio, para la gestión financiera en los CP y CIS de los 
distintos tipos de talleres (economato, cocina, actividades auxiliares, panadería, etc.), la entidad 
dispone de procedimientos que regulan la justificación de los gastos (nóminas de los internos, 
compras de suministros, ejecución de los cursos, etc.) y de los ingresos por ellos generados, las 
provisiones de fondos a los establecimientos penitenciarios, así como la contabilización de las 
facturas emitidas por la entidad o recibidas de los proveedores. Como se indica en el punto 3.10 
de este informe, no hay una norma interna que desarrolle, de manera integral, las tareas que lleva 
a cabo el personal de la SGIP para TPFE.  
III.5.2. Resultados obtenidos
3.14. Respecto  de  los  ingresos  obtenidos  de  la  elaboración  de  las  raciones  de  comida 
(racionados), de la gestión de los economatos y de las empresas colaboradoras, se ha verificado 
que se aplicaron las tarifas establecidas, las operaciones se contabilizaron adecuadamente, los 
importes se ingresaron en las cuentas bancarias y las cuentas justificativas se enviaron por los 
establecimientos penitenciarios con la documentación acreditativa prevista en los procedimientos. 
Así mismo, en relación al servicio de elaboración de racionados, se verificó que los ingresos 
obtenidos por las tarifas aplicadas son coherentes con los costes de realización del encargo.  s
3.15. En relación a la gestión económico financiera del gasto generado en los talleres productivos  26ww
ylo se nlí mla itaecst ivciudaandt iftoartmivoasti veas,t alobsl egcaidsotoss  esne  liamsp óurtdaeronne sc odrere scetarvmiceinot ep aerna  claosn tparboilvidisaiodn ye sse d ceu fmonpdlieorso na 
laodsm  cineisnttrraocsi ópne nyi tean cilaorsi osta lqleuree s acdteú aanl imcoemntoa cicóanja, se cpoangoamdoartaos ,y  coontr ods estatilnleor eas . laL ausn  icduaedn tdaes 
justificativas se envían en plazo  a los servicios centrales, con la documentación acreditativa
debidamente validada por el director y el gestor económico-administrativo, en el caso de los CP, y 
por el director y el gestor de servicios, en el de los CIS.  
3.16. No  obstante,  en  relación  a  la  tramitación  de  los  gastos  y  pagos  derivados  de  las 
retribuciones y de la Seguridad Social de los internos, se analizó una muestra de nóminas cuyo 
importe ascendió al 17% del gasto en cada uno de los años fiscalizados, observándose las 
siguientes incidencias: 
a) Las  órdenes  de  servicio  1/2016  y  2/2017  establecen  que  los  pagos  por  retribuciones  y
Seguridad  Social  de  los  internos  trabajadores  se  efectúan  exclusivamente  con  cargo  a
libramientos específicos recibidos mensualmente en la cuenta de pagos comerciales de cada
centro, y se justifican trimestralmente por estos en cuenta aparte, según el procedimiento previsto
para  la  provisión  de  fondos,  confección,  pago  de  nómina  de  internos  y  su  justificación.  No
obstante, dicho procedimiento no prevé que, previamente al libramiento mensual de los fondos, se
acredite a los servicios centrales la aprobación del gasto por el director del centro. Este trámite se
cumple a posteriori, con el envío trimestral de la cuenta justificativa a los servicios centrales.
b) El pago de las cuotas de la Seguridad Social de los internos se ingresó con retraso en tres de
los casos analizados, incumpliéndose el plazo establecido para ello en el artículo 56 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.
c) Dicho retraso fue de casi cuatro meses en uno de los casos observados, lo que provocó la
imposición de un recargo de 21 mil euros, importe que se sumó a la deuda inicial de 21 mil euros.
III.6. GESTIÓN DE LA TESORERÍA
III.6.1. Gestión de las cuentas bancarias
3.17. Durante el período fiscalizado, TPFE tuvo abiertas 337 cuentas bancarias, una de ellas en el 
Banco de España y las restantes en la misma entidad de crédito. El saldo total de tesorería, al 
cierre de 2016 y 2017, fue de 25.058 y 10.924 miles de euros, respectivamente. El descenso 
interanual de 14.134 miles de euros afectó, principalmente, a la cuenta operativa que la entidad 
tiene abierta en el Banco de España, cuyo saldo disminuyó en 7.907 miles de euros, y a las 
cuentas que tienen abiertas los establecimientos penitenciarios, cuyos saldos totales disminuyeron 
en 4.878 miles de euros. 
3.18. En lo que se refiere al número de cuentas bancarias, la entidad tiene establecido un sistema 
de gestión de tesorería que identifica cada tipo de gasto de las distintas líneas de producción con 
una cuenta bancaria. Esto supone que cada centro penitenciario tenga abiertas tres tipos de 
cuentas  de  pagos:  una  para  gastos  de  economatos  y  alimentación  (cuenta  de  servicios 
penitenciarios); una para el resto de talleres productivos (cuenta de pagos comerciales); y otra 
para el pago de gastos de material formativo y administrativos (cuenta de pagos administrativos). 
Además,  cada  centro  utiliza  una  cuenta  bancaria  restringida  de  ingresos  para  recaudar  los 
ingresos por las ventas derivadas de la actividad de los talleres productivos.  es
3.19. Por su parte, los servicios centrales utilizan cinco cuentas corrientes: la operativa para  26ww
iSneggreusriodsa dy  Sgoacsitaols d aeb fiuenrtcai oenna reiol sB, apnecroso dnea l Elasbpoarñaal ;y l am doen ithoarebsili tdaec iócunr spoasra f oerlm paatigvoo sd; ela n dóem pinaagso sy 
apdromyiencistotr aAtsivooms;b rlaa;  dye l ap raegsotrsin cgoidmae dreci ainlegsre psaorsa p laorsa  glaa sretocsa updoarc ilóan p groednuecracdióan  pdoer  llaoss  vaerntítcausl odse  dloesl 
artículos de los talleres ocupacionales de Asombra.
3.20. Como consecuencia de la función del control financiero permanente, la IGAE emitió durante 
los meses de abril de 2017 y de 2018 sendos informes sobre la gestión de la tesorería que 
pusieron de manifiesto las siguientes debilidades de control interno en la gestión de las cuentas 
corrientes: el amplio número de cuentas bancarias; la ausencia de formulación de los estados de 
situación de tesorería; y la ausencia de llevanza de libros de entidades de crédito. En los trabajos 
realizados  por  este  Tribunal  sobre  la  gestión  de  las  cuentas  bancarias  durante  el  período 
fiscalizado se obtuvieron los mismos resultados, sin perjuicio de que no se hayan observado 
incumplimientos de los procedimientos establecidos. En los puntos siguientes y en el epígrafe 
III.6.2 se ponen de manifiesto los aspectos más relevantes.
3.21. El sistema de gestión de tesorería descrito en el punto 3.18 es propio de una gestión de 
gastos que implica que, durante el período fiscalizado, la entidad tuviera abiertas cinco cuentas en 
los servicios centrales y 332 cuentas en los establecimientos penitenciarios, de las que 249 son de 
pagos y 83 de ingresos. De las comprobaciones realizadas se encontraron tres cuentas de pagos 
en los CP que tuvieron una actividad reducida o incluso nula. Por otra parte, en los servicios 
centrales, la cuenta de pagos comerciales no tuvo movimientos durante 2016, y los pagos que se 
realizaron con cargo a la misma durante 2017, no correspondieron a operaciones para las que 
estaba destinada. 
3.22. La entidad considera que, por motivos de eficacia y eficiencia en la gestión de los fondos 
permanentes de los centros, no procede reducir a una única cuenta de pagos las tres actualmente 
existentes  en  cada  uno  de  ellos;  no  obstante,  para  ajustarse  a  las  necesidades  reales  de 
tesorería, sí que redujo los saldos de las provisiones de fondos a los centros desde los 11.049 
miles de euros en 2016 (Orden de servicio 1/2016) hasta los 5.521 miles de euros en 2017 (Orden 
de servicio 2/2017). 
3.23. Durante el período fiscalizado, no se elaboraron estados de situación de tesorería debido a 
que desde el 1 de enero de 2014, con la transformación jurídica de organismo autónomo a entidad 
estatal de derecho público, la normativa interna no establece la obligación de formular dichos 
documentos. No obstante, este Tribunal considera que, dado el elevado número de cuentas 
corrientes, dichos estados facilitan el seguimiento y control de la tesorería permitiendo englobar 
información individual de las cuentas operativas, mostrando de forma resumida, para cada una de 
ellas, las existencias iniciales y finales de efectivo, así como los cobros y pagos realizados. 
3.24. Debido a las indicaciones de la IGAE, en 2018 la entidad estableció un nuevo procedimiento 
interno sobre estados de situación de tesorería. Además, aprobó las órdenes de servicio 1/2018 y 
4/2018, que, entre otros aspectos, regulan la necesidad de que cada centro penitenciario elabore 
estados de situación trimestrales de las cuentas de pagos administrativos y de la cuenta de pagos 
comerciales, sin que la normativa interna establezca esta misma obligación para la cuenta de 
servicios penitenciarios, que afecta a la gestión de economatos y alimentación. Se ha comprobado 
que los centros cumplieron, durante el primer semestre de 2018, con la obligación de rendir dichos 
estados de situación a los servicios centrales. 
3.25. La  entidad  no  dispone  de  libros  de  tesorería  que,  en  documentos  normalizados  e 
independientes, recojan los asientos o movimientos correlativos de las operaciones de cobros y  e.
pagos de las cuentas bancarias y de las cajas de efectivo de la entidad.   w.
III.6.2. Cobros en los economatos de los CIS
3.26. En lo que se refiere a los sistemas de pago en los economatos, según lo dispuesto en el
artículo 301 del RP, los internos deben realizar las compras en los establecimientos penitenciarios
mediante la utilización de tarjetas, sin que les esté permitido el uso de dinero de curso legal, salvo 
en  los  establecimientos  de  régimen  abierto  o  en  situaciones  excepcionales  debidamente 
autorizadas por el centro directivo. El centro directivo establecerá las normas reguladoras de cada 
uno de los sistemas de gestión previstos (artículo 302 del RP).  
3.27. La recaudación de las ventas en los economatos de los trece CIS se efectúa en metálico, a 
diferencia de lo que ocurre en los CP que se realiza mediante el uso de tarjetas. Sin embargo, la 
normativa interna no regula el procedimiento para la gestión, seguimiento y control de este tipo de 
cobros en efectivo. Se ha verificado que la gestión diaria utilizada para este tipo de ventas es la 
siguiente: el interno trabajador recauda en efectivo las ventas, que se registran en el sistema 
informático del Terminal de Punto de Venta (TPV); al finalizar la jornada, un funcionario de la SGIP 
retira la recaudación ingresándola en la caja fuerte y cotejándola con los informes de venta del 
TPV;  el  administrador  del  centro,  semanal  o  quincenalmente,  ordena  el  ingreso  del  efectivo 
recaudado  del  período  en  la  cuenta  restringida  de  ingresos.  El  procedimiento  descrito  e 
implantado en la práctica presenta las siguientes deficiencias: el interno trabajador que gestiona la 
caja  de  efectivo  no  queda  identificado  en  el  documento  de  entrega  de  la  recaudación  al 
funcionario correspondiente; no se elaboran libros de tesorería que muestren la operativa de los 
saldos de efectivo acumulados; y no se practican arqueos de caja. La entidad en alegaciones 
aporta  documentación  relativa  al  resultado  de  la  recaudación  en  una  unidad  distinta  a  los 
economatos, circunstancia que no contradice lo afirmado en este informe. 
III.6.3. Cambios de apoderados de las cuentas bancarias
3.28. Las personas con firmas autorizadas de forma mancomunada en las cuentas bancarias de 
los CP son el director, el administrador y el gestor de asuntos económicos y administrativos, y en 
los CIS el director, el administrador y el gestor de servicios. En ambos casos pueden nombrarse 
más autorizados para realizar suplencias. 
3.29. El procedimiento para tramitar los cambios de apoderados en las cuentas bancarias de los 
CP  y  de  los  CIS  prevé  que,  cada  establecimiento  penitenciario,  envíe  al  área  de  asuntos 
financieros de los servicios centrales un oficio proponiendo las altas y bajas de apoderados, 
firmado por el director del centro. Con los datos de la propuesta, el jefe del área de asuntos 
financieros  solicita  a  la  entidad  bancaria  que  proceda  a  llevar  a  cabo  las  modificaciones 
correspondientes. Para formalizar el proceso de alta, la oficina bancaria se pone en contacto con 
el establecimiento penitenciario para que las personas vayan físicamente a la sucursal. Por último, 
dicha oficina comunica al centro los cambios efectuados. Este procedimiento no prevé que el CP o 
la entidad bancaria comunique a los servicios centrales los datos de los cambios producidos, lo 
que ha dado lugar a que el área financiera desconozca la identidad de todas las personas con 
firma autorizada en las cuentas bancarias. A pesar de esta falta de previsión de la normativa 
interna, la entidad aportó en alegaciones diversas comunicaciones practicadas por los CP a los 
servicios centrales con información de los cambios producidos, habiéndose verificado que dicha 
comunicación no se realiza en todos los casos. 
3.30. Al cierre de 2016 y 2017, la entidad tenía, respectivamente, 311 y 324 apoderados. De las  bo
comprobaciones efectuadas en los expedientes de modificación de 16 de los apoderados en las  26ww
cuentas bancarias se desprenden las siguientes incidencias:
a) A  pesar  de  lo  señalado  en  alegaciones,  no  existe  un  archivo  centralizado  que  incluya  la
documentación acreditativa de todas las altas y las bajas de las personas que tienen, o han
tenido,  firma  autorizada  en  las  cuentas  bancarias  de  la  entidad,  estando  la  documentación
dispersa entre los establecimientos penitenciarios y los servicios centrales.
b) La documentación de las altas y las bajas de apoderados se archiva de manera deficiente en
los servicios centrales y en los establecimientos penitenciarios, habiendo casos en los que no
consta la propuesta de modificación ni la comunicación de la entidad bancaria, con los datos
definitivos de las modificaciones efectuadas.
c) El departamento del área financiera no dispone de una base de datos completa y actualizada
de las personas con firma en las cuentas bancarias de cada establecimiento penitenciario, lo que
dificulta la comprobación y seguimiento de las modificaciones producidas en los apoderados.
d) Los servicios centrales y los establecimientos penitenciarios desconocen las fechas efectivas
en que se produjeron los cambios.
e) La baja como apoderado de una persona que cesó en el puesto de trabajo en septiembre de
2012, se tramitó en septiembre de 2015.
f) Con el fin de justificar la necesidad de actualizar las firmas autorizadas, solo en uno de los
casos analizados, la propuesta enviada por el centro penitenciario a servicios centrales incluía la
resolución de la toma de posesión en el puesto de trabajo de la persona que se iba a dar de alta
como apoderado y la resolución de cese de la que se iba a dar de baja.
III.7. GESTIÓN DEL TRABAJO PENITENCIARIO
III.7.1. Organización y funcionamiento de los talleres productivos
III.7.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
3.31. La gestión de los talleres productivos de los establecimientos penitenciarios se realiza bien 
por la entidad, mediante talleres de producción propia o de servicios penitenciarios, o bien en 
colaboración con empresas y otras entidades privadas. Las actividades realizadas en los mismos 
son de muy diversa naturaleza: confección industrial, carpintería metálica y de madera, artes 
gráficas, electrónica, etc.  
3.32. Durante los ejercicios 2016 y 2017, la media anual de internos trabajadores fue de unos 
12.000, existiendo una elevada rotación de los mismos. Esta circunstancia provocó que durante 
2017 hubiera más de 18.000 altas en la Seguridad Social por la obtención de un puesto de trabajo 
remunerado en alguno de los talleres citados. En los dos subepígrafes siguientes se desarrollan 
los resultados obtenidos por este Tribunal en el análisis de la gestión de los talleres productivos, 
bien dicha gestión se haya realizado directamente por la propia entidad, o bien fuera llevada a 
cabo en colaboración con empresas externas. En particular se ha verificado que, en los talleres 
productivos, se han adoptado medidas que permiten la medición individual del trabajo realizado 
por los internos y de la producción obtenida en cada uno de ellos. 
III.7.1.2. TALLERES PRODUCTIVOS GESTIONADOS POR LA ENTIDAD bo
p3r.3o3ce. dEilm mieanntousa l edsep elcaí fiecnotsid apda rare gaulglau neols  futanlcleiorneas mcioemntoo  deel  dloes  etcaollneoremsa tpor,o dlau cctiovcoisn,a  eyx isltoiesn  ddeo 
aíncdtiovlied afidneasn caieurxail iayr eesc o(nlaóvmaincdae críoam, olim lap igeezsat,i ójanr ddien elarísa )c. oEmsptarass n, odrem laass  vseen rteafsie, rleans  rae tarisbpuecciotonse sd ea 
los internos, el cómputo de las horas trabajadas, los criterios de imputación de los gastos, la
manera de recepcionar las mercancías, etc. También citan aspectos operativos como el diseño de 
menús, los controles sanitarios, el control y seguimiento del trabajo productivo y el control de 
almacenes.  
3.34. Respecto a la determinación de las características de los talleres en funcionamiento, no 
existe un catálogo que recoja, de manera integrada, la información con las características y los 
requisitos que debe tener cada tipo de taller productivo, como la descripción de la actividad a 
realizar y las tareas necesarias para su ejecución, el tipo de superficie a utilizar, los planos de 
distribución,  el  número  medio  de  trabajadores,  las  instalaciones  necesarias  para  su 
funcionamiento  (eléctrica,  frigorífica,  almacenes,  protección  contra  incendios,  señalización  de 
emergencia, otras), los equipos de trabajo a utilizar e instalar, los productos químicos y materiales, 
los almacenes (dimensiones, forma de almacenamiento, etc.). Tampoco dispone de un catálogo 
de todos los puestos de trabajo que se desempeñan en los talleres, con la descripción del perfil 
profesional y las características del puesto de trabajo, las competencias y las tareas a realizar, los 
riesgos, la formación necesaria, etc. La entidad tiene los perfiles profesionales del operario de 
cocina, de panadería y mantenimiento, pero están pendientes de desarrollo los correspondientes a 
los puestos de los talleres de servicios auxiliares (lavandería, gestión de residuos, etc.), así como 
los de producción propia (carpintería, electricidad, etc.).  
3.35. Respecto de lo señalado en el punto anterior, en octubre de 2018, la entidad aprobó un 
procedimiento para mejorar el proceso de selección de internos para ocupar un puesto de trabajo 
en los talleres productivos, con el objeto de garantizar una selección adecuada a los puestos 
disponibles, reducir la siniestralidad laboral, incrementar la productividad y facilitar a las juntas de 
tratamiento  una  propuesta  de  potenciales  trabajadores.  Dicho  procedimiento  establece  la 
necesidad de un análisis de los talleres existentes en cada centro y de los puestos desarrollados 
en cada uno de ellos, así como la elaboración de perfiles profesionales, en los que se recojan las 
características psicofísicas recomendables para su desempeño y otros factores que se consideren 
necesarios. 
3.36. En lo que se refiere a la apertura de nuevos talleres, la normativa interna de TPFE prevé un 
procedimiento que establece los trámites a realizar con ocasión del alta, baja o reclasificación de 
los talleres de producción propia. El alta de un taller se realiza, en resumen, con las siguientes 
actuaciones:  elaboración  de  una  memoria  que  describe  las  características  de  la  actividad  a 
desarrollar (especialidad productiva, ubicación, condiciones del taller, internos a ocupar, recursos 
a emplear), recepción de la propuesta de apertura en el área de producción de servicios centrales, 
alta contable en la aplicación SICAP y acuerdo del gerente. 
3.37.  Durante 2016 y 2018, se inició la actividad en las panaderías de los centros penitenciarios 
de Burgos y Daroca, respectivamente, dándose de alta en contabilidad ambos talleres con la 
finalidad de abonar las nóminas de los internos. En ninguno de ellos consta el acuerdo de apertura 
y, en el caso del centro penitenciario de Burgos, no se elaboró la memoria que describiera las 
condiciones de su actividad.  
III.7.1.3. TALLERES PRODUCTIVOS GESTIONADOS EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS e.
EXTERNAS w.
p3r.3o8d.u Lctaiv aesn teidna dc,o laabdoermacáisó n dceo ng eesmtiopnreasra st aellexrteersn adsi reqcutea maepnlitcea, n pcureitdeeri osr eeamlizparre saacritaivleidsa, dneos 
perdiendo  TPFE,  en  ningún  caso,  su  condición  de  empleador  de  los  internos  (art.  11.2  RD
782/2001). 
3.39. El 25 de septiembre de 2013, el consejo de administración aprobó las actuales condiciones 
generales de colaboración con empresas y otras entidades privadas para fomentar la reinserción 
de los internos de los centros penitenciarios, preparándoles para su futura inserción sociolaboral a 
través de la oferta y desempeño de puestos de trabajo en talleres productivos, para el ejercicio de 
una actividad económica en la que se genera un intercambio de bienes fruto de la colaboración 
con empresas y entidades concretas (entregas de suministros para la fabricación de bienes, 
prestación de servicios, autorización de explotación de talleres, contraprestaciones económicas, 
etc.). 
3.40. Cualquier empresa o entidad privada puede colaborar con TPFE en la gestión de talleres 
productivos siempre que cumpla los requisitos establecidos en las citadas condiciones generales. 
Las  empresas  se  comprometen  a  aportar  la  maquinaria  y  los  productos  necesarios  para  la 
fabricación que se pretenda realizar, controlar la calidad de la producción por medio de su propio 
personal, y efectuar los pagos de las facturas emitidas por TPFE, en el plazo que se estipule. Por 
su parte, la entidad aporta los internos trabajadores en función de la demanda de mano de obra 
necesaria  en  el  proceso  productivo,  formándoles  específicamente  en  prevención  de  riesgos 
laborales,  pagando  sus  retribuciones,  las  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social,  así  como  las 
retenciones e ingresos correspondientes al IRPF. Excepcionalmente, la entidad puede aportar 
maquinaria, herramientas o utillaje de su propiedad, asumiendo la empresa externa las mismas 
obligaciones que con las de su propiedad. 
3.41. Las condiciones generales de colaboración establecen las obligaciones del empresario para 
iniciar la actividad, destacando la de presentar una memoria que describa la actividad, el personal 
propio que dirige la producción, la maquinaria y las herramientas, la oferta económica y la mano 
de obra necesaria. Además, debe acreditar sus datos identificativos aportando las escrituras de 
constitución,  así  como  la  no  concurrencia  de  las  prohibiciones  para  contratar  con  las 
administraciones  públicas  y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  tributaria  y  de 
Seguridad  Social.  La  entidad  dispone  de  un  procedimiento  que  regula  los  trámites  para  la 
autorización  administrativa  de  la  implantación  de  empresas  colaboradoras  en  los  espacios 
productivos de los centros.  
3.42. TPFE gestiona talleres productivos con un total de 126 empresas, de las que 20 operan en 
la zona de Madrid. Con el fin de comprobar los expedientes relativos al inicio de las actividades 
llevadas  a  cabo  en  colaboración  con  empresas  externas,  se  seleccionó  una  muestra  de  5 
empresas que realizan su actividad en establecimientos penitenciarios ubicados en la zona de 
Madrid. Del análisis de los expedientes se obtuvieron las siguientes incidencias: 
a) La documentación comprensiva del expediente se encuentra dispersa en diferentes unidades
administrativas, por lo que, pese a la adecuada colaboración de la entidad y en contra de lo
señalado por esta en alegaciones, la obtención de los expedientes ha resultado ardua, teniendo
que ser solicitada al área de producción de servicios centrales, al coordinador territorial y al centro
penitenciario.
b) Con respecto a los compromisos formalizados posteriormente a 2013, los expedientes están es
incompletos  al  no  haberse  aportado,  en  todos  los  casos  analizados,  la  memoria  descriptiva bo
elaborada por la empresa. 26ww
chim)apEbaínar tnuic nrieóacn i.dbeid ola lsa  afocrtmiviadcaiódne sp aarnaa llaiz apdreavse n(AcDióEn QdUe Ari eWsgSo sS lLa)b, onraol etos,d poos r lfoaslt ain dteer npoesrs tornaabla pjaadroar esus OE-A-2021-13able en https://
III.7.2. Encomiendas de gestión
III.7.2.1. MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO
3.43. Las  relaciones  de  TPFE  con  los  poderes  adjudicadores  de  los  que  es  medio  propio 
instrumental y servicio técnico tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a 
través de encomiendas de gestión de las previstas en el artículo 24.6 del TRLCSP, por lo que, a 
todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado, de obligado cumplimiento 
para  la  entidad,  según  las  condiciones  definidas  en  los  correspondientes  documentos  y  de 
acuerdo con las tarifas fijadas, en la mayoría de los casos por la SGIP, órgano directivo con el que 
se formalizan casi todos los encargos. 
3.44. La encomienda de mayor relevancia es la gestión parcial de los servicios de cocina de los 
centros penitenciarios, realizada por encargo de la SGIP. Los ingresos obtenidos por la entidad 
por la prestación de dichos servicios ascendieron, respectivamente, en 2016 y 2017, a 61.227 y 
61.036 miles de euros. Del análisis de esta encomienda se obtuvieron los resultados que se 
exponen en el subepígrafe siguiente. 
III.7.2.2. ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN PARCIAL DE LOS SERVICIOS DE COCINA DE
LOS CENTROS PENITENCIARIOS
3.45. En  el  marco  de  la  obligación  de  la  Administración  Penitenciaria  de  proporcionar  a  los 
internos una alimentación convenientemente preparada para garantizar el mantenimiento y mejora 
de la salud, establecida en el artículo 21.2 de la LOGP, desde 1997 la SGIP viene encomendando 
a TPFE la gestión parcial de los servicios de cocina de los centros penitenciarios mediante la 
fórmula de taller productivo.  
3.46. El objeto de la encomienda es la elaboración por TPFE de los racionados y el suministro de 
los alimentos necesarios para ello, para lo que la entidad contrata a los internos que trabajan en 
las cocinas, así como los aprovisionamientos correspondientes. La gestión es parcial dado que a 
la SGIP le corresponde el abono de los gastos de funcionamiento de las instalaciones de las 
cocinas, el mantenimiento, reparación y reposición de los equipos y utensilios, el vestuario de los 
internos trabajadores en las cocinas, y las retribuciones de los empleados públicos que, en su 
caso, trabajen en las mismas.  
3.47. Durante el período fiscalizado estuvieron en vigor dos encomiendas, la primera desde el 1 
de noviembre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2017, y la segunda desde el 1 de noviembre de 
2017 hasta el 30 de septiembre de 2020. Las cantidades a abonar a TPFE por la prestación del 
servicio, durante el período fiscalizado, se determinaron en las Resoluciones de la SGIP de 17 de 
junio  de  2014  y  de  7  de  abril  de  2017,  actualizándose  en  las  mismas  las  consignaciones 
económicas para la alimentación de los internos. De las comprobaciones efectuadas se obtuvieron 
las incidencias que se exponen en los puntos siguientes.  
3.48. La utilización recurrente de la encomienda para el encargo a la entidad del servicio de 
comidas a los CP, gestión que lleva realizando desde hace más de 20 años, podría entrar en  es
colisión con la previsión legal que reserva la utilización de esta figura jurídica a los supuestos  bo
específicos que se contemplaban en el artículo 15.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  26ww
hRoéyg ismee cno nJtuermídpiclaon d een l aesl  aArdtímcuinlois 1tr1a.c1i odnee lsa  PLeúyb l4ic0a/s2 0y1 d5e, ld eP r1o cdeed oimctiuebnrtoe , Addem Rinéigsitmraetinv oJ uCríodmicúon d, eyl 
Sdeetcetromr inPaúdbalisc on.e cLeas ideandcoems pieunndtau aelesst áa scoocniacdeabsid aa  lap areraa lidzaacr ióunn ad er aecstpivuiedsatdae se fdicea cza ryá ceteficr iteénctnei cao 
o material, como así señala la moción de este Tribunal a las Cortes Generales sobre la necesidad
de desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las 
Administraciones Públicas, de 22 de diciembre de 2016.  
3.49. La  cláusula  segunda  de  la  encomienda  atribuye  a  TPFE  un  poder  de  dirección  y 
organización  de  los  trabajos  que  se  desarrollan  en  los  talleres  productivos  de  las  cocinas, 
pudiendo dictar al efecto las instrucciones que considere necesarias para el buen desarrollo del 
servicio. A este respecto, la entidad ha dictado diversas instrucciones para la ejecución de dichos 
trabajos.  
3.50. La  entidad  tiene  una  capacidad  limitada  para  controlar,  directamente,  la  ejecución  del 
servicio prestado, así como la calidad de los racionados y de los alimentos adquiridos, dado que 
no  dispone  de  personal  en  su  plantilla  que,  diariamente,  lleve  a  cabo  la  recepción  de  los 
alimentos, su almacenamiento y la elaboración de las comidas. El control diario de la actividad 
encomendada se realiza por personal de la SGIP del centro penitenciario respectivo, como, por 
ejemplo, el personal de cocina o los responsables de almacenes, que no depende orgánicamente 
de la entidad. 
3.51. Por su parte, TPFE, con el fin de verificar la gestión del servicio de alimentación, efectúa 
visitas  de  supervisión  a  los  centros,  cuyo  resultado  se  recoge  en  oficios  que  incluyen 
recomendaciones para mejorar su gestión y corregir incumplimientos en materia de seguridad e 
higiene alimentaria. Dichas recomendaciones afectan, por ejemplo, a la manera inadecuada de 
manipular  los  alimentos  por  parte  de  los  internos  y  demás  trabajadores  de  las  cocinas,  la 
composición no equilibrada de los menús, el deficiente estado y la inadecuada distribución de las 
instalaciones, de los equipamientos y de los almacenes.  
3.52. Las visitas de supervisión de la entidad a los centros se lleva a cabo por personal del área 
de producción que, durante 2016 y 2017, realizaron, respectivamente, trece y cinco visitas de 
control,  lo  que,  a  pesar  de  que  desde  la  perspectiva  de  la  entidad  resultarían  suficientes, 
representa un número reducido de actuaciones. Esta circunstancia es especialmente relevante 
porque el cumplimiento efectivo de las instrucciones incluidas en los oficios, a los que se hace 
referencia  en  el  punto  anterior,  se  verifica  durante  la  siguiente  visita  al  centro  penitenciario. 
Además,  las  recomendaciones  de  la  entidad,  con  objeto  de  reponer  el  equipamiento  de  las 
cocinas, no siempre se realiza o se dilata en el tiempo, al depender su ejecución de la SGIP. 
III.7.3. El servicio de economato
3.53. La gestión de los economatos de los establecimientos penitenciarios se lleva a cabo por 
TPFE bajo la fórmula de taller productivo, ajustándose a lo previsto en la LOGP y en el RP. El 
beneficio obtenido en la venta de productos a los internos corresponde a la entidad, conforme a lo 
establecido  en  el  artículo  300.2  del  RP.  La entidad  asume  las  obligaciones  derivadas  de  la 
prestación  del  servicio  como  los  gastos  de  aprovisionamientos,  funcionamiento, 
acondicionamiento y reparación de la maquinaria e instalaciones y, en particular, las del pago de 
las retribuciones y costes sociales de los internos que trabajan en ellos.  
3.54. El control ordinario de las existencias y del almacén en los economatos se realiza por  bo
personal de la SGIP, que despacha directamente las incidencias observadas con el administrador  26ww
del centro, a pesar de que estos cometidos son responsabilidad de TPFE. 
3ca.5rá5c. tPear rae croengóumlairc oe l yfu nacdiomnianmistireanttivoo d eqlu eec osneo mreaftieor, elna  ean tliad adfo rdmisap odnee  dpere nseonrmtaar s lainst ecrnuaesn tdaes 
justificativas de las compras de aprovisionamientos, a la facturación de las ventas y a la calidad
del servicio, sin que estén estandarizadas las actuaciones de supervisión y control que el personal 
de servicios centrales realiza, puntualmente, al visitar los centros penitenciarios.  
3.56. Los oficios que recogen los resultados de las visitas de supervisión efectuadas entre junio de 
2017 y marzo de 2018, pusieron de manifiesto, entre otras, las siguientes deficiencias: la falta de 
control de las ventas al no estar en funcionamiento los TPV; la necesidad de actualizar el listado 
de  productos  y  precios;  el  control  inadecuado  de  los  almacenes;  la  necesidad  de  introducir 
medidas de control en la recaudación en efectivo de las ventas y de reducir la compra local de 
determinados productos. 
III.7.4. Prevención de riesgos laborales
3.57. La entidad está sometida a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y a su normativa de desarrollo. Para su aplicación, el consejo de administración aprobó 
un plan de prevención el 19 de octubre de 2017, con un plazo de vigencia de cinco años. Su 
objeto es establecer pautas para garantizar la seguridad y la salud de los internos contratados 
para trabajar en los talleres productivos ubicados en los establecimientos penitenciarios, así como 
de los empleados públicos y de los trabajadores de las empresas externas colaboradoras. El plan 
contempla catorce procedimientos de actuación preventiva entre los que se encuentran: el de 
adquisición de equipos de trabajo y productos químicos, el de gestión de actividades formativas en 
materia preventiva, el de apertura de nuevos talleres, el de actuación en caso de accidente de 
trabajo y el de control de las condiciones de trabajo. 
3.58. En lo que se refiere a la siniestralidad laboral, los informes de actividad de la entidad de 
2016 y 2017 señalan que durante el período fiscalizado la entidad presentó unos índices de 
incidencia de los accidentes de trabajo por debajo de la media nacional del sector industria. En 
2016 y 2017 hubo, respectivamente, 393 y 322 accidentes laborales, siendo calificados como 
graves dos de ellos, en el ejercicio 2016. Durante 2017, los talleres de alimentación y manipulados 
tuvieron, en promedio, el 15 y el 22% de la población trabajadora, respectivamente, y en ellos se 
produjeron el 45 y el 26 % de los accidentes laborales. 
3.59. De las comprobaciones realizadas a los procedimientos aplicados para la prevención de 
riesgos  laborales  en  los  talleres  productivos  de  los  establecimientos  penitenciarios  se  han 
obtenido las siguientes incidencias: 
a) En  los  servicios  centrales  está  vacante  uno  de  los  tres  puestos  dotados  de  ayudante  de
prevención y, a nivel periférico, no está cubierto uno de los cinco técnicos previstos para todo el
territorio  nacional,  estando  vacantes,  además,  tres  de  los  cuatro  puestos  de  ayudantes  de
prevención.
b) Entre los objetivos específicos de la programación para 2017 se encuentran: la vigilancia de la
salud de los internos en los talleres considerados de mayor riesgo de contraer enfermedades
profesionales  y  la  mejora  de  los  accidentes  laborales.  Para  su  cumplimiento  se  prevén
actuaciones en los centros para supervisar el correcto funcionamiento de los talleres, y proponer,
en su caso, las mejoras pertinentes. A pesar de que la entidad no realizó una programación e.
temporal de las comprobaciones a efectuar en aquellos centros donde existe un mayor riesgo w.
laboral para el trabajador, durante 2017 llevó a cabo la vigilancia de la salud de los internos 26ww
trabajadores de los talleres de carpintería metálica en tres CP.
cD)aEronc laa,  aepne 2rt0u1ra8 ,d neo l ocso ntasltlae rleas c doem suenrivciaccioiósn p ae nlaite anuctioarriidoasd d ela bpoarnaal ddeer ílaa  eanp eBruturgrao sd, eefinn i2ti0v1a6 d, ey  leons
nuevos  talleres,  a  través  de  los  modelos  oficiales  establecidos  en  la  Orden  Ministerial
TIN/1071/2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.  
La falta de comunicación a la autoridad laboral se debe, según la entidad, a que a las panaderías 
no se les aplica el procedimiento de prevención de riesgos laborales previsto para la actividad de 
los talleres abiertos en colaboración con empresas externas, dado que aquellas se clasifican 
dentro de los talleres de servicios penitenciarios. Sin embargo, en opinión de este Tribunal, dicha 
comunicación debe producirse con el inicio de todas las actividades de los talleres productivos 
gestionados por TPFE, con independencia de su clasificación en una tipología de taller. 
III.8. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
3.60. Como  resultado  de  la  actividad  formativa  realizada  por  TPFE  se  han  formado 
profesionalmente 11.419 internos durante 2016, y 12.012 durante 2017, a través de cursos de 
formación profesional impartidos en los diferentes centros penitenciarios. En el ámbito de la 
formación y orientación laboral, como paso previo a la búsqueda activa de trabajo, han asistido a 
módulos de orientación laboral 641 internos durante 2016, y 981 durante 2017. 
3.61. De los expedientes relativos a la ejecución de actividades de formación profesional se ha 
verificado que, excepto por lo señalado en el punto siguiente para la selección de los formadores, 
se cumplieron los trámites previstos en los procedimientos internos de la entidad. Concretamente, 
los cursos impartidos forman parte de la programación anual, los expedientes disponen de la 
documentación acreditativa de la admisión de los participantes, de los registros de asistencia, de 
la  evaluación  del  docente  y  de  los  internos,  así  como  de  la  finalización  del  curso  y  de  los 
certificados y diplomas de la actuación formativa. 
3.62. Respecto a los formadores de los cursos financiados por el SEPE, la selección corresponde 
a TPFE, que la realiza entre los demandantes de empleo que figuren inscritos en las Consejerías 
de Educación o en el fichero de expertos de la respectiva Comunidad Autónoma, que hayan sido 
preseleccionados por el SEPE. El 6 de febrero de 2014, la entidad aprobó la orden de servicio 
1/2014 con el procedimiento de contratación de expertos docentes para la impartición de cursos 
de formación profesional para el empleo. Según lo previsto en dicha orden, la selección se realiza 
por una comisión que valora los méritos de los candidatos atendiendo a los siguientes criterios: la 
formación  académica,  la  experiencia  profesional,  la  competencia  docente,  la  capacidad  para 
impartir los contenidos y la adecuación al puesto. Para llevar a cabo la valoración, la comisión 
tiene en cuenta la documentación acreditativa aportada por los candidatos y la realización de una 
entrevista personal, levantándose acta de cada sesión. El acta incluye una relación priorizada de 
los candidatos, proponiendo, en primer lugar, al que se considera más idóneo para la impartición 
del curso. Se ha verificado que el acta de la comisión de selección de los docentes no precisa 
cómo se han aplicado los criterios de valoración para conocer, con exactitud, cuál es el candidato 
más cualificado para impartir el curso.  
III.9. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TPFE
3.63. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 8.c) de su Estatuto, el 21 de diciembre de 2016,  es
el consejo de administración aprobó la planificación estratégica de la entidad para el período 2017  bo
a 2020. Sin embargo, para el 2016 no se produjo dicha aprobación, incumpliéndose el citado  26ww
artículo 8.c).
e3s.6tr4a.t éLgai cpolas nqifuicea sceió nd epsaarraro l2la0n1 6e ny  olbaj eqtuiveo sa ebsaprceac ífeicl opse yrí oedsoto s2 0a1 7su a v e2z0 2e0n  pelsatnaebsle cdeen t roabbjaejtoiv. oEsl 
documento de planificación estratégica 2017-2020 incluye, además, indicaciones genéricas sobre
la  elaboración  de  los  planes  de  trabajo  y  el  seguimiento  y  revisión  de  las  actuaciones.  Sin 
embargo, en ninguno de los casos se identifican los responsables de cada objetivo, las áreas o 
servicios encargadas de elaborar y cumplir los planes de trabajo ni la forma de documentar el 
resultado de la actividad de seguimiento.  
3.65. El documento de planificación estratégica 2017-2020 prevé medidas para controlar y evaluar 
el  correcto  desarrollo  de  los  planes  operativos  de  cada  objetivo  específico,  así  como  para 
garantizar el cumplimiento del plan estratégico en su integridad, debiendo para ello mantenerse 
reuniones, como mínimo trimestralmente, del gerente con los responsables de las distintas áreas 
o con el personal responsable de algún plan de trabajo. Además, mensualmente, el responsable
del área correspondiente debe revisar la ejecución de cada plan de trabajo. Sin embargo, no ha
quedado acreditado documentalmente el resultado de ninguna de las reuniones periódicas de
seguimiento de la ejecución de la actividad planificada.
3.66. En lo que se refiere al seguimiento y medición del grado de cumplimiento de las actuaciones, 
la entidad evaluó porcentualmente el grado de cumplimiento de los planes de trabajo ejecutados 
en 2017, a partir de la información que aportó cada jefe de área al gerente para la evaluación del 
plan estratégico. Sin embargo, no hay constancia documental de las reuniones mantenidas, ni de 
la información facilitada por cada área, ni se han aportado los criterios utilizados para cuantificar 
cada  porcentaje  de  ejecución.  Además,  el  documento  de  evaluación  incorpora  un  horizonte 
temporal  de  consecución  para  cada  plan  de  trabajo  que  no  venía  fijado  en  la  planificación 
estratégica aprobada inicialmente.  
3.67. La  entidad  no  disponía,  en  el  período  fiscalizado,  de  un  conjunto  de  indicadores  que 
permitieran evaluar el grado de cumplimiento de cada objetivo, estando en proceso de elaboración 
en la actualidad. Al respecto hay que señalar que uno de los objetivos específicos establecidos en 
la planificación 2017-2020 es conocer el impacto que tienen sobre los internos las acciones de 
formación para el empleo y la inserción laboral gestionadas por la entidad, para lo que se prevé 
como plan de trabajo el establecimiento de indicadores. Así mismo, con el fin de evaluar en los 
próximos años el grado de inserción laboral de los internos, en febrero de 2018 la entidad aprobó 
el procedimiento de indicadores de evaluación para contar con datos relativos a la vida laboral de 
los internos durante el cumplimiento de su condena y un año después de su excarcelación. 
III.10. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA
III.10.1. Apoyo técnico para la administración de los sistemas informáticos
3.68. Desde  2011  hasta  la  actualidad,  TPFE  viene  encargando  a  ISDEFE  la  realización  de 
trabajos  de  apoyo  técnico  informático  consistente  en  la  administración  de  sistemas  y 
comunicaciones, el soporte a usuarios y la gestión de la seguridad. La encomienda que se ejecutó 
durante el período fiscalizado entró en vigor el 10 de diciembre de 2015 con una duración anual, 
que fue prorrogada hasta el 9 de diciembre de 2017. El presupuesto previsto anualmente fue de 
316 mil euros, ascendiendo el gasto durante los dos años de ejecución de la encomienda a un 
total de 416 mil euros. La encomienda estableció la posibilidad de subcontratación a terceros de  es
determinadas actividades.  bo
3.69. Del análisis de la encomienda se observaron las siguientes deficiencias:
aq)ueL al aju msteifimcaocriiaó nj udseti fliac actievlae,b rdaec iófonr mdea  lma eernacmoemniteen ddae cslaer aretiavlaiz, óa dlued em aan lear ae sdceafisceiezn tdee,  dreecbuidrsoo as
personales y materiales, sin que se acrediten estas circunstancias mediante informes de cargas
de trabajo. Tampoco se valoran otras alternativas posibles desde el punto de vista de los costes ni 
se concretan las ventajas de la encomienda frente al contrato. 
b) Su objeto está relacionado con la gestión ordinaria de los sistemas de información de los
servicios  centrales  de  la  entidad  como,  por  ejemplo,  la  administración  de  los  sistemas
informáticos, el soporte a usuarios, el mantenimiento de equipos o la administración del correo
corporativo.  El  hecho  de  que  estas  necesidades  repetitivas  y  previsibles  no  se  cubran  con
personal de la entidad, pone de manifiesto un déficit estructural de plantilla, sin que la entidad
haya  recogido  esta  circunstancia  en  su  planificación  estratégica.  A  este  respecto,  hay  que
destacar que la moción del Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales sobre la necesidad de
desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las
Administraciones Públicas señala que, en los casos en los que se utilicen encomiendas como una
forma habitual de gestión, a pesar de su carácter excepcional, estas se tengan en cuenta en la
planificación estratégica de los recursos humanos de la entidad, “a fin de evitar que el empleo
recurrente de esta figura sin criterios estratégicos predeterminados conduzca a una progresiva
descapitalización de recursos humanos en los órganos administrativos titulares de la competencia,
al derivarse hacia los entes instrumentales los recursos que en buena lógica deberían estar
destinados en aquellos, y a una paralela dependencia funcional inexorable de los medios propios”.
III.10.2. Gestión informática
3.70. La entidad utiliza siete paquetes informáticos para la gestión de su actividad: la contable y 
financiera  (SICAP),  las  nóminas  de  monitores  e  internos  (Ginpix),  las  ventas  de  economato 
(Storeflow), los inventarios (Lawson), los expedientes de contratación (Rhea-Gotta), la gestión 
documental (Invesdoc) y las facturas emitidas (SAGE). Esta pluralidad de soluciones informáticas 
disminuye la eficiencia de los procesos de gestión al suponer una dispersión de las tecnologías 
empleadas y de las bases de datos del organismo. Además, obliga a realizar integraciones de 
datos, tanto manual como telemáticamente, a adquirir licencias y a mantener aplicaciones con 
suministradores  que  tienen  la  condición  de  único  proveedor,  con  el  correspondiente  coste 
económico y consumo de tiempo.  
3.71. Del análisis de la gestión realizada por la entidad de los proyectos informáticos citados en el 
punto anterior se observan las siguientes deficiencias: 
a) No hay establecida una metodología actualizada que incorpore el procedimiento de análisis,
diseño e implementación de las necesidades de gestión de los sistemas de información.
b) La documentación disponible de cada uno de los proyectos es deficiente y no está actualizada,
sin  que  haya  información  detallada  de  las  personalizaciones  realizadas  a  los  paquetes
comerciales utilizados. Esta circunstancia supone una dependencia significativa de las empresas
contratadas para realizar el mantenimiento y el soporte de estos sistemas.
3.72. La  gestión  de  la  información  económico  financiera  de  los  economatos  no  está 
completamente  integrada  ni  automatizada  debido  a  que  la  entidad  utiliza  dos  aplicaciones 
informáticas distintas para la gestión de las ventas (Storeflow) y de los inventarios (Lawson), 
siendo necesario la carga manual de datos en el inventario. Además, no hay una única base de  es
datos centralizada con la información de los inventarios, debido a que los terminales de puntos de  bo
venta (TPV) constituyen puntos independientes por cada centro, sin que estén conectados a  26ww
iinntdeivrnideut anl iy a al drqeustiroir  dlaes  rreedsepse,c tteivnaies nlidcoe nlaci aesn.t idad que mantener dichas bases de datos de forma
3.73. El servicio de informática está constituido por cuatro personas, una con nivel A1 y tres con
nivel C1, realizando labores de asistencia que afectan, entre otros aspectos, a la gestión completa
de la factura electrónica en los servicios centrales y en los periféricos, la gestión de expedientes 
de contratación y la gestión y control de economatos. De los trabajos realizados se aprecia que 
dicha  unidad  carece  del  personal  técnico  suficiente  para  la  gestión  óptima  de  los  sistemas 
informáticos, destacando, como se indica en el punto 3.69 de este informe, que ISDEFE lleva a 
cabo actividades recurrentes de la gestión ordinaria de los sistemas informáticos, circunstancia 
que, al no realizarse por personal propio, supone un déficit estructural de plantilla. El personal de 
la  entidad  tampoco  lleva  a  cabo  el  desarrollo  y  gestión  de  proyectos,  lo  que  supone  una 
dependencia significativa de los suministradores de estos servicios, como se indica en el punto 
3.71. 
III.11. RECURSOS DE PERSONAL DE LA ENTIDAD
3.74. A 30 de septiembre de 2018, el nivel de ocupación de la entidad era del 66% del total de la 
plantilla, estando ocupados 386 de los 582 puestos de trabajo de personal funcionario y laboral. 
Según la entidad, una de las dificultades que se plantean para la cobertura de los puestos es la 
rotación de personal, debido a que los funcionarios optan, en general, por puestos de la Secretaría 
General cuyas condiciones son consideradas más favorables, como el horario y los salarios. La 
rotación de personal supuso que, a pesar del concurso convocado en diciembre de 2015 y 
resuelto en mayo de 2016, para la provisión de 58 puestos de trabajo en la entidad, el número de 
funcionarios en TPFE disminuyera en diez efectivos entre finales de 2016 y 2015. Además, la 
mencionada rotación obliga a un proceso continuado de formación de las nuevas incorporaciones.  
3.75. El  reducido  nivel  de  ocupación,  unido  a  la  elevada  rotación  del  personal,  suponen 
limitaciones que inciden, como se indica a continuación, en la operativa ordinaria de la entidad. En 
lo que se refiere a los trabajos de gestión ordinaria del área de asuntos financieros, a pesar de los 
avances realizados en los sistemas de información y de comunicación, en los servicios centrales y 
en los periféricos se recibe y produce gran cantidad de documentación en papel, constatándose 
en  el  transcurso  de  la  fiscalización  una  insuficiencia  de  personal  para  su  comprobación  y 
tramitación. Además, el servicio de sistemas informáticos adolece de falta de personal para la 
gestión ordinaria de los sistemas informáticos, como se indica en el punto 3.73. 
III.12. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN
III.12.1. Análisis  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales  de  remisión  de
documentación al Tribunal de Cuentas
3.76. En cumplimiento de lo dispuesto en la instrucción general de contratación aprobada por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de noviembre de 2013, TPFE remitió al Tribunal, el 27 de 
febrero de 2017 y el 10 de abril de 2018, la relación certificada comprensiva de los contratos 
celebrados, respectivamente, durante los ejercicios 2016 y 2017, incumpliéndose en el caso del 
ejercicio 2017 el plazo de dos meses establecido en la instrucción.  
3.77. En las relaciones citadas en el punto anterior figuran 52 contratos formalizados en 2016, por 
un importe adjudicado total de 44.263 miles de euros, y 59 formalizados en 2017, por 63.191 miles  es
de euros. La entidad incumplió el plazo de tres meses, tras la formalización de los contratos, para  o
el envío al Tribunal de tres expedientes de 2016 y veintiuno de 2017.  26ww
3.78. Por último, TPFE no comunicó al Tribunal la resolución de los contratos correspondientes a
slae iisn floortmesa cdieó nv adreio lsa  eexnpceodmieinetnedsa d dee c goenstrtaiótanc aió nIS, DeEfeFcEtu apdaara e lla 2 p5r edset ajucliióon d aen 2u0a1l 7d.e T uanm pseorcvoic eion vdieó 
apoyo técnico a los servicios de la entidad, que se analiza en el epígrafe III.10.1.
III.12.2. Análisis de una muestra de contratos
3.79. La  entidad,  durante  el  periodo  fiscalizado,  dispone  de  unas  instrucciones  internas  de 
contratación aprobadas el 7 de octubre de 2013, aplicables a los contratos de suministro relativos 
a  actividades  directas  de  TPFE,  cuando  los  bienes  sean  adquiridos  con  el  propósito  de 
devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico patrimonial, de acuerdo con sus fines 
peculiares, debiéndose garantizar la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, adjudicándose el contrato a quien 
presente la oferta económica más ventajosa. En los subepígrafes siguientes se desarrollan los 
incumplimientos de la normativa de contratos detectados en el curso de la fiscalización. 
3.80. Se ha seleccionado para su fiscalización completa una muestra de 18 contratos (relacionada 
en el Anexo V de este Informe), siete de los cuales se formalizaron en 2016 y once en 2017, 
ascendiendo el importe global analizado a 7.687 y 6.163 miles de euros, respectivamente. La 
muestra de 2016 representa el 13% del total de contratos y el 17% del importe total contratado. 
Por su parte, la muestra del año 2017 representa el 19% de los contratos y el 10% del importe 
contratado.  
III.12.2.1. INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN
3.81. La entidad está sometida a lo prescrito en el artículo 22.1 TRLCSP, que exige la justificación 
de la necesidad a satisfacer con la contratación formalizada. Se requiere la determinación precisa 
de la naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir con el contrato de que se trate, así como 
la  idoneidad  de  su  objeto  y  contenido  para  satisfacerlas,  por  lo  que  TPFE  debe  elaborar  y 
redactar, para cada operación, una memoria o documento similar que acredite y justifique con 
solvencia aquella necesidad. Dicha memoria es un documento preparatorio anterior a los pliegos 
que rigen el contrato, de acuerdo a lo previsto en el artículo 109.1 del TRLCSP. 
3.82. Con  carácter  general,  salvo  en  los  expedientes  de  obras,  la  entidad  no  elabora  un 
documento propio, independiente y separado en el que se justifique el detalle de la naturaleza y 
extensión de las necesidades a satisfacer con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas. 
3.83. TPFE  redacta  un  denominado  “cuadro  de  características”  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP), conteniendo el modelo confeccionado de forma sistemática 
por  la  entidad  bajo  esa  denominación  diversas  menciones  generales  relativas  al  órgano  de 
contratación, así como un cuadro resumen en el que se alude, entre otras formalidades, al objeto 
del contrato, a la necesidad e idoneidad del contrato, a su valor estimado, al presupuesto base de 
la licitación, a la aplicación presupuestaria correspondiente, a la tramitación y procedimiento de 
adjudicación, al plazo de ejecución, a los requisitos de solvencia, a las garantías, a los criterios de 
adjudicación, al pago del precio, a las penalidades por prestación defectuosa y por demora, 
aludiendo a los artículos 212 a 214 TRLCSP, y a la recepción del objeto del contrato, con remisión 
a los artículos 222 y 305 TRLCSP. 
3.84. En los contratos examinados que tienen por objeto el aprovisionamiento de víveres o el  bo
suministro  de  alimentos  para  los  internos  (como  los  expedientes  2016/00017,  2016/00024,  26ww
2n0e1ce6s/0id0a1d6 0e  oid o2n0e1i6d/a0d0 0d1e8l )c osnet riantcoo, repno rlaa  uqnuae  sreef eerxepnocniae  gqeuneé urincaa  dceo mlaúsn a act itvoiddaodse es llcoosm seorbcriael elas 
daelim TePnFtiEci oess  oa tdeen dmear tae rliaa sa plimrimenatsa cnieócne dsaer ilaoss  pinaterarn eossa,  adleim meanntaecraió nq uees  luan a sdeqruviisciicoi ógne sdteio nparoddou bcatojos 
la fórmula de taller productivo, por encomienda de la SGIP.
3.85. También se incorpora una referencia generalista sobre la necesidad e idoneidad del contrato 
común a todos los contratos de servicios analizados cuyo objeto es la prestación de cursos de 
formación (expedientes 2015/00149, 2016/00121, 2017/00134 y 2017/00033) o de ejecución de 
programas orientados a la reinserción laboral y social (expedientes 2016/00012 y 2016/00080). En 
dichos expedientes se indica, respecto de cada uno de los objetos perseguidos, que entre las 
funciones de la entidad está la formación para el empleo y el impulso y coordinación de cuantas 
líneas  de  actuación  se  desarrollen  desde  la  Administración  penitenciaria  para  facilitar  la 
integración  socio-laboral  de  las  personas  privadas  de  libertad.  La  finalidad  de  este  tipo  de 
operaciones contractuales cofinanciadas por el FSE y TPFE es, respectivamente, la ampliación de 
conocimientos teóricos y prácticos de la formación profesional y la prestación de apoyo en el 
ámbito de la reinserción. 
3.86. Además de esa genérica referencia, en los contratos de servicios sobre cursos de formación 
no se especifica el tipo de formador que presta el curso, el criterio de selección de los internos que 
reciben esa formación, ni se determina en qué consiste la labor teórica y práctica de la formación. 
En idéntico sentido, en los servicios que afectan a programas de reinserción socio-laboral no se 
identifica ningún contenido de los programas que llevan aparejados y no se determina el criterio 
de  selección  de  los  internos,  el  tipo  de  apoyo  individualizado  que  estos  reciben,  ni  el  perfil 
profesional  de  quien  presta  dicho  apoyo,  remitiéndose  TPFE,  en  alegaciones,  a  los  amplios 
criterios que sobre estos aspectos se mencionan en la LOGP y en el RP. 
3.87. En las alusiones acerca de la necesidad e idoneidad del contrato, se ha comprobado que en 
los expedientes examinados que tienen por objeto la prestación de un servicio de transporte 
(expedientes  2016/00058,  2016/00033  y  2017/00040),  la  justificación  de  la  necesidad  de  la 
contratación se centra en describir el objeto del transporte, la distribución del producto objeto del 
transporte entre los diversos centros penitenciarios, así como la carencia de medios internos, 
personales y materiales que, según TPFE, exige la demanda de medios de transporte externos 
para  realizar  el  servicio  de  recogida  y  distribución  del  producto  con  garantías  de  eficacia  y 
seguridad. No se precisa, sin embargo, el tipo o medio de transporte seleccionado, los criterios 
que determinan la preferencia y selección de un tipo de transporte frente a otro, ni si se ha 
contratado algún tipo de seguro que garantice la adecuada cobertura de los posibles riesgos 
derivados de su ejecución, remitiéndose también la entidad a los genéricos criterios contenidos en 
la referida normativa penitenciaria. 
3.88. Sobre la carencia de medios, es práctica habitual que TPFE exprese de forma genérica la 
insuficiencia  de  medios  propios,  materiales  y  personales  para  la  ejecución  de  la  concreta 
operación  a  formalizar,  sin  que  se  aporte  una  fundamentación  documental  acerca  de  esa 
insuficiencia. Asimismo, no consta que se haya elaborado un informe objetivo y comparativo de 
costes en caso de que pudiera ejecutarse por el propio personal de la entidad, en particular en 
aquellas operaciones relacionadas con servicios prestados de forma habitual y continuada en el 
tiempo  por  estrictas  razones  de  eficiencia  y  economía.  Ejemplo  de  ello  son  los  expedientes 
examinados que tienen por objeto la prestación de cursos de formación, en los que, dada su 
periodicidad  en  el  tiempo,  podrían  ser  objeto  de  ejecución  con  medios  propios,  previa 
especialización de su propio personal. Lo mismo ocurre en el expediente 2017/00004, de servicios  e.
de asesoría técnica en los talleres de alimentación y panadería, en que se constata la prestación  w.
dpvdaereil m osloraeatsrecv,si ióc laniho  istgrée,i écarnneliiizicctaeaocr sadi ódeeno n lsotdr seee   nmce eeennnlc útutriseoe;mss y tapp esoe n,n d cieteoel  mnescaxoipta ieserifldo asiscee,cn gietóuenni m 2 ed0ilee1 nql7 tu/so0ee 0d r0sve4ielc 0 icoa,o  lrundedtelraeo t,lai  vldsiomein  ae clmn attrláaiadscna,ió sdapn  do loerat   eleca clas or eenmsnttiaucntidueaiar oidda eoys     OE-A-2021-1326able en https://ww
medios internos.
III.12.2.2. INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL PRECIO DEL CONTRATO
3.89. De acuerdo con el artículo 87.1 TRLCSP, en los contratos del sector público, la retribución 
del contratista consiste en un precio cierto, de manera que el órgano de contratación cuidará de 
que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta 
estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el 
presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores 
anormales o desproporcionados. 
3.90. Por su parte, el artículo 88.1 del mismo texto legal, dispone que el valor estimado de los 
contratos viene determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
incorporando las eventuales prórrogas del contrato. En el caso de que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 106, se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la 
posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el 
importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones 
previstas, de acuerdo con los precios habituales en el mercado. 
3.91. En el siguiente cuadro se identifican los expedientes en los que se ha comprobado una 
desproporción entre los importes que conforman el valor estimado del contrato, el presupuesto de 
licitación y la cuantía que finalmente constituye el precio de adjudicación, circunstancia que incide 
negativamente en el adecuado cumplimiento del principio de concurrencia.  
Cuadro 1: Precio de los contratos 
(miles de euros) 
Expediente  Valor estimado  Presupuesto de licitación  Precio de adjudicación 
2015/00149 253 84 49
2016/00012 2.127 1.064 668
2016/00017 2.127 1.914 1.277
2016/00024 6.886 6.886 5.045
2016/00033 1.017 508 447
2016/00080 1.050 525 294
2017/00033 134 45 24
2017/00040 327 198 148
3.92. En particular, en lo que se refiere a la celebración de cursos, en el 2016 se adjudicó un 
contrato (expediente 2015/00149) por un precio de 199 euros por curso en el lote 1 y de 208 euros 
por curso en el lote 2; sin embargo, durante 2017, la licitación del expediente 2017/00033, que 
tiene  un  objeto  análogo  a  aquel,  se  realizó  sobre  la  base  de  350  euros  por  curso,  precio 
notoriamente superior al de mercado.  es
III.12.2.3. INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN 26ww
3.93. El expediente 2015/00149 se licitó mediante procedimiento abierto utilizando la fórmula de
“locso nctoranttoras troesp esutitciveossiv”o as  speurd cieerleabnr asdeor sa ednju deijcearcdiociso sp opro sptreorcioerdeism, iaebnrtoie nndeog oacsiía ldao p, oasl ibaimlidpaadr od ed eq uleo 
previsto en el artículo 174.c) del TRLCSP. En estos casos, este precepto exige que la posibilidad
de hacer uso de este procedimiento esté indicada en al anuncio de licitación del contrato inicial. 
Sin embargo, dicho anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha 26 de diciembre 
de 2015, no contenía tal indicación. 
III.12.2.4. INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA SUBCONTRATACIÓN
3.94. Los  respectivos  PCAP  de  los  expedientes  2016/00121  y  2017/00134  establecían  la 
prohibición de subcontratar total o parcialmente los servicios objeto de contratación. No obstante, 
de los antecedentes obrantes en los correspondientes expedientes administrativos se desprende 
que la empresa adjudicataria de los dos contratos subcontrató con un tercero las prestaciones 
que, de acuerdo al pliego de prescripciones técnicas (PPT), correspondía realizar al coordinador 
de los cursos objeto de impartición. Efectivamente, la contratista se trataba en ambos casos de 
una sociedad unipersonal en donde se reunía en una misma persona la doble condición de socio y 
administrador único, careciendo de personal, según se desprende de las cuentas anuales de la 
misma, lo que unido a la circunstancia de que la persona que se designó como coordinador de 
todos los cursos no era el socio y administrador único de la sociedad sino que se trataba de un 
empresario individual autónomo, permite afirmar que dichos servicios de coordinación le fueron 
subcontratados por la adjudicataria, infringiendo con ello la prohibición contenida en los citados 
pliegos. 
III.12.2.5. INCIDENCIAS  RELACIONADAS  CON  LA  ACTUACIÓN  DE  LA  MESA  DE
CONTRATACIÓN
3.95. Durante la tramitación del expediente 2016/00080, la mesa de contratación acordó excluir a 
una de las licitadoras por no acreditar la solvencia económico financiera y técnica; no obstante, en 
el propio expediente consta la concesión de trámite de subsanación a otros licitadores para poder 
acreditar  el  volumen  de  negocio, aportar  las cuentas  anuales  y  presentar  la  relación  de  los 
servicios  realizados  en  los  últimos  cinco  años,  elementos  todos  ellos  que  se  refieren  a  la 
justificación de estar en posesión de la solvencia exigida por los pliegos. Las decisiones expuestas 
presentan indicios de una posible infracción del principio de igualdad de los licitadores, al no haber 
dado al licitador excluido la posibilidad, que se dio a otros licitadores, de haber podido subsanar 
las carencias apreciadas por el órgano de selección. 
3.96. En  el  expediente  2017/00096,  la  mesa  de  contratación,  en  aplicación  de  los  criterios 
recogidos en el PCAP, apreció que una de las ofertas presentadas incurría en valores anormales 
o desproporcionados, en virtud de lo que procedió a solicitar la justificación de la oferta. Aunque el
órgano de selección aceptó la ofrecida por el licitador afectado, este Tribunal aprecia, no obstante,
que las razones ofrecidas por aquel, consistentes en invocar conocimiento del proyecto, haber
visitado el lugar de ejecución del trabajo y la disponibilidad de medios propios para la realización
de los mismos, no acreditan suficientemente la viabilidad de la oferta en los términos establecidos
en el artículo 152.3 del TRLCSP, puesto que las razones expuestas por dicho licitador se refieren,
en su mayor parte, a la acreditación del cumplimiento de exigencias requeridas por los pliegos,
pero no a la posibilidad de cumplir el contrato a cambio del precio ofertado.
III.12.2.6. INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO o
c3o.9n7tr.a TtoP FsEe  nhoa  hreaa fliozramdaol izaa sduo  suant iasfcatocc dióen ,r eccoempcoi óenx iog ec oenl faorrtmíciudlaod  2q2u2e.2 p TreRcLisCeS qPu,e l imel itoábnjdeotos ed eal 
prelaaslimzaadro su,n ac ormúob riscoas, tiae nme oldao   endteid a“vdi steon  bauleegnaoc”,i oneens ,l assi nf aqcutuer aess taac rperdáictatitcivaa sd ed efa clotos   ppuaegdoas 
admitirse como sustitutiva de la formalidad demandada por dicho precepto. 
3.98. El PPT del expediente 2016/00017 exigía a los adjudicatarios de cada uno de los 21 lotes en 
que se dividía la licitación la realización, en laboratorios especializados, de, al menos, cuatro 
pruebas analíticas a los correspondientes alimentos. Por su parte, el PCAP incluía, dentro de los 
criterios de valoración, la posibilidad de que el licitador mejorara dicho mínimo de los pliegos, 
incrementando el número de pruebas hasta un total máximo de ocho, lo que podría llegar a 
suponer la atribución proporcional de hasta el 20% de los puntos totales de la valoración de cada 
oferta. Consta en el expediente que todos los respectivos adjudicatarios de los lotes en que se 
dividió la licitación ofrecieron la realización de las mencionadas ocho analíticas, lo que se reflejó 
en la valoración de cada una de las correspondientes ofertas. 
3.99. Por el equipo de fiscalización se ha llevado a cabo una comprobación del cumplimiento del 
citado compromiso de realización de las ocho pruebas mencionadas, para lo que, aleatoriamente, 
se  seleccionaron  los  correspondientes  suministros  realizados  a  los  centros  penitenciarios  de 
Mallorca, de Menorca y de Ibiza. En el primeramente citado consta haberse realizado tres pruebas 
analíticas, en el de Menorca cuatro y en el de Ibiza tres, sin que en ninguno de los centros conste 
haberse llevado a cabo el resto de las pruebas de ensayo de laboratorio comprometidas en la 
oferta de los respectivos adjudicatarios. La entidad manifiesta en sus alegaciones que el hecho de 
que el contratista se comprometiese a realizar un determinado número de analíticas no significa 
que tuviesen que realizarse necesariamente las mismas, al tener la entidad fiscalizada la potestad 
de hacer las que estimase necesarias. No obstante, lo cierto es que el número de aquellas 
comprometidas por el contratista constituía una exigencia de los pliegos, sin que en los mismos 
constase, por una parte, que la cantidad final de las mismas hubiera de ser determinada por la 
entidad, y sin que, por otra parte, conste en los respectivos expedientes de contratación resolución 
alguna que fijara cuál iba a ser finalmente el número de analíticas objeto de realización y la 
motivación que justificase el mismo.  
3.100. Análogamente al supuesto que acaba de exponerse, el PPT y el PCAP del expediente 
2016/00024 contenían las mismas prevenciones que el expediente 2016/00017 en lo concerniente 
a la realización de pruebas analíticas a los correspondientes alimentos, tanto en cuanto a la 
exigencia de un número mínimo de las mismas por cada lote, como en lo referente a la posibilidad 
de obtener mayor valor de oferta si se incrementaba hasta ocho el número de dichas pruebas.  
3.101. Para la comprobación del cumplimiento del citado compromiso de realización de las ocho 
pruebas mencionadas, se seleccionó, aleatoriamente, el lote 1 (aceites) del CP de Ávila, el lote 4 
(carnes frescas) del CP de Madrid IV, el lote 7 (embutidos) del CP de Segovia, y, finalmente, el 
lote 13 (leche) del CP de Madrid II. En ninguno de ellos consta haberse realizado ninguna de las 
pruebas analíticas de laboratorio comprometidas. 
3.102. En el expediente 2017/00088 se incumplió el plazo de ejecución de tres meses establecido 
en los pliegos, contados desde el levantamiento del acta de replanteo. Consta que esta tuvo lugar 
el 19 de diciembre de 2017 y la recepción de los trabajos el 6 de junio de 2018 sin que, por otra 
parte,  conste  que  la  entidad  haya  aplicado  penalizaciones  al  contratista  o  le  haya  exigido 
compensación  por  daños  y  perjuicios.  Si  bien  en  alegaciones  la  entidad  manifiesta  que  el 
contratista solicitó una ampliación de plazo, lo cierto es que no consta que tal solicitud fuera 
admitida y, en su virtud, que el plazo de ejecución fuera modificado.  es
3.103. El PPT del expediente 2016/00121 exigía para la ejecución del contrato la designación por  26ww
ppaerrtfeil  adceal dcéomnitcraot iys tpar odfee suionn caol odredteinramdionra dyo d een  cloinsc op liteugtoorse, slo q quuee d eexbigíaían  dperel sliceintatadro, r tload does seigllnoasc, ióunn 
nreoqmuiinsaitotivsa e xdigei dlooss.  Lmais emmopsr,e saas ía dcojumdioc altaa riaac dreedl iltoatcei ó1n  sed ec oqmuper oeml eetqióu iap ola  perjeocpuuceisótno  doeflr eccoínat ralotos 
asignando al mismo un coordinador y cinco tutores, todos aceptados por la entidad fiscalizada
previa verificación de contar los designados con las cualidades requeridas. Examinada por el 
equipo  de  fiscalización  la  documentación  acreditativa  de  la  ejecución  del  contrato,  se  ha 
constatado, a la vista de las actas levantadas al efecto para el lote 1, que las funciones de 
coordinación no parecen haber sido realizadas por la persona designada por la contratista (que 
respondía a las iniciales PNG), sino por otra persona (que respondía a las iniciales MAVB), quien, 
en documento emitido por la Entidad en fecha 27 de junio de 2017, figuraba rechazada al no 
cumplir las exigencias académicas y/o profesionales establecidas en el PPT. La entidad alega que 
la persona inicialmente propuesta como coordinador por el contratista tuvo que ser sustituida por 
haber renunciado la misma al cargo antes de la formalización del contrato, y que la persona 
nombrada para sustituirla había sido rechazada para las funciones de tutor, pero que reunía las 
exigencias del PPT para el cargo de coordinador. La alegación no puede ser aceptada puesto 
que, por una parte, no consta en el expediente de contratación documentación acreditativa ni de la 
mencionada renuncia ni del nombramiento de la persona sustituta, y, por otra parte, siendo las 
citadas exigencias de mayor contenido para el cargo de coordinador que para el de tutor, carece 
de sentido que fuera rechazada para ejercer las funciones de este y fuera, por el contrario, 
aceptada para el desempeño del cargo de coordinador. Por otra parte, en las actas levantadas 
con ocasión de la ejecución del citado lote 1, no figura la participación en los trabajos de ejecución 
de los correspondientes tutores propuestos por la empresa adjudicataria, a diferencia de las actas 
correspondientes a los lotes 2 y 3 en las que siempre figura la participación en los trabajos de 
ejecución de los correspondientes tutores. 
IV. CONCLUSIONES
IV.1. ANÁLISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES
IV.1.1. Opinión
4.1. Las  cuentas  anuales  de  Trabajo  Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo  (TPFE) 
correspondientes a los ejercicios 2016 y 20175 reflejan, en sus aspectos significativos, la imagen 
fiel de su situación financiera y patrimonial, de los resultados de sus operaciones y de la ejecución 
de su presupuesto durante los ejercicios, de acuerdo con los principios y normas contables y 
presupuestarios que le resultaban de aplicación, excepto por las salvedades indicadas en los 
puntos 2.2 a 2.4, desarrolladas a lo largo de los subapartados II.2 a II.4 de este Informe. Estos 
epígrafes exponen, además, algunos incumplimientos de los principios y normas contables de 
menor relevancia que no afectan a la imagen fiel (punto 2.1). 
4.2. Del análisis de la contabilización de las operaciones de TPFE durante el período fiscalizado 
se observan los siguientes incumplimientos del régimen contable aplicable a la entidad:  
a) El balance no recoge los bienes recibidos en cesión procedentes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (SGIP) donde la entidad realiza sus funciones, sin que las cuentas de
inmovilizado  tengan  incorporado  el  valor  razonable  de  los  derechos  de  uso  o  del  activo
correspondiente.
b) El balance no recoge el traspaso de equipos para procesos de información a empleados de la e
SGIP, destinados en centros penitenciarios. bo
ce)nL eorsro sraelsd omsa dneu adleeusd poorer se ln roe ghiasntr os iddou pdliecpaudroa ddoes o dpaedroa cqiounee isn.c Aludyeemn ápsa,r tliad aesx iqguibei litdieande nd es ua logruigneans 2021-1326n https://ww
5 El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el  BOE-A-cable e
patrimonio neto para los ejercicios 2016 y 2017 aparecen recogidos en los Anexos I a IV.
partidas resulta prácticamente imposible por referirse a operaciones de las que no se dispone de 
soporte documental o que tienen una antigüedad excesiva, incluyendo deudas cuyo origen se 
remonta al año 2002 y siguientes. 
d) La estimación global del riesgo de fallidos de los créditos con antigüedad igual o inferior a 2
años está fijado en el 5% del saldo de dichos créditos. Sin embargo, este porcentaje no se ha
determinado sobre la serie temporal histórica de dichos fallidos, como exige la resolución de 26 de
noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
modifica la de 14 de diciembre de 1999, que regula determinadas operaciones contables a realizar
a fin de ejercicio. El método de deterioro aplicado incluye el importe de los créditos con una
vigencia  inferior  al  año,  criterio  que  no  está  acreditado  según  lo  contemplado  en  la  citada
resolución.
e) Para la estimación de los deterioros de las existencias, la entidad aplica el criterio de prudencia,
cuantificándolos en el 10% del saldo al cierre de cada ejercicio, sin que se haya justificado la
utilización de dicho porcentaje.
f) Las memorias de las cuentas anuales de 2016 y 2017 describen de manera deficiente la gestión
de la entidad al no incluir información relevante sobre su situación económico-financiera (punto
2.2).
4.3. En el análisis de las cuentas anuales de 2016, se ha observado que el saldo al cierre del 
ejercicio de la cuenta “49001. Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión” se 
encuentra  indebidamente  sobrevalorado  en  1.497  miles  de  euros,  debido  a  que  la  entidad 
deteriora los saldos de deudores que tienen una vigencia inferior al año (punto 2.3). 
4.4. En  el  análisis  de  las  cuentas  anuales  de  2017,  se  han  observado  los  siguientes 
incumplimientos de la normativa contable: 
a) La  cuenta  “206.  Aplicaciones  informáticas”  tiene  indebidamente  contabilizado,  por  901  mil
euros, el módulo de una aplicación informática cuyo coste de producción fue inferior al citado
importe.
b) El  saldo  al  cierre  del  ejercicio  de  la  cuenta  “49001.  Deterioro  de  valor  de  créditos  por
operaciones de gestión” se encuentra sobrevalorado en 1.902 miles de euros, debido a que la
entidad deteriora los saldos de deudores que tienen una vigencia inferior al año (punto 2.4).
IV.2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE LOS PROCEDIMIENTOS
IV.2.1. Información pública
4.5. La  página  web  de  la  entidad  incumple,  por  los  siguientes  motivos,  los  requisitos  de 
información económica establecidos en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:  
a) La página web no publica las cuentas anuales de la entidad ni los informes de auditoría de
cuentas. es
b) Por problemas técnicos, durante el período en el que se llevaron a cabo los trabajos de w.
fiscalización tampoco recogía los convenios de colaboración para la ejecución de actividades 26ww
fdoicrmhoasti vtraasb, asjoiesn ddicoh alo isn fúolrtmimaocsió np usbel iecnacduoesn tloras  aqcutuea lhizaabdíaa.n sido firmados en 2015. Finalizados
c) No informó de la firma de la encomienda con Ingeniería de Sistemas para la Defensa de
España, SA, SME, MP (ISDEFE), ni de la subcontratación realizada por este medio propio con
mención del adjudicatario. La entidad no dispone de documentación acreditativa del procedimiento 
seguido por ISDEFE para la adjudicación de la subcontratación ni del importe de la misma, datos 
que deberían haberse hecho públicos, según el artículo citado de la Ley de Transparencia.  
d) El perfil del contratante se incluye en la página web de dos maneras: mediante una conexión
con la plataforma de contratación del estado, lo que dificulta el acceso inmediato a la información
contractual; y con una dirección de internet que, en el transcurso de los trabajos de fiscalización,
no mostraba adecuadamente esa información (punto 3.3).
IV.2.2. Consejo de administración
4.6. El consejo de administración no aprobó el anteproyecto de presupuesto de la entidad de los 
años 2016 y 2017, incumpliéndose lo previsto en el artículo 8.b) del Estatuto (punto 3.4). 
IV.2.3. Análisis del cumplimiento de la normativa sobre igualdad de mujeres y hombres
4.7. La entidad no dispone de un plan de igualdad propio, en los términos previstos en el artículo 
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
asumiendo  en  esta  materia  el  plan  de  igualdad  de  la  SGIP  aplicable  a  la  Administración 
Penitenciaria. (punto 3.5). 
4.8. La  distribución  de  la  plantilla  del  personal  funcionario  y  laboral  de  TPFE  presenta 
desequilibrios por razón de género al no superar el número de mujeres, en ninguno de los años 
fiscalizados, el 25% del total de la plantilla, y estar ocupados los puestos directivos por hombres, 
en un alto porcentaje, dado que durante el período fiscalizado, el número de mujeres funcionarias 
de los subgrupos A1 y A2 en puestos directivos fue, respectivamente, de un 30 y un 20% de la 
plantilla (punto 3.7). 
IV.2.4. Análisis de la normativa interna
4.9. La  entidad  dispone  de  un  extenso  manual  de  procedimientos  que  facilita  la  gestión, 
especialmente, en el ámbito de los servicios periféricos. Describe, por líneas de actuación, los 
trámites de gestión a seguir por el personal de la entidad y de la SGIP. No obstante, del análisis 
de los procedimientos y de las actuaciones previstas se han observado deficiencias al no estar 
actualizados algunos de sus trámites a la nueva condición de entidad estatal de derecho público, 
así como no estar estandarizadas actuaciones de su actividad, como el desarrollo específico de 
los trabajos y responsabilidades del personal de la SGIP que lleva a cabo tareas para TPFE. 
Además, la delegación de competencias en materia de instituciones penitenciarias del Ministro del 
Interior  regulada  en  la  Orden  INT/3689/2009,  de  29  de  diciembre,  no  está  actualizada 
incluyéndose delegaciones de competencias en el vicepresidente del extinto organismo autónomo, 
cargo que no existe en la actualidad (puntos 3.9 a 3.11). 
IV.2.5. Gestión  de  los  ingresos  y  gastos  de  los  talleres  productivos  y  de  la  actividad
formativa es
4.10. Respecto  de  los  ingresos  obtenidos  de  la  elaboración  de  las  raciones  de  comida  26ww
(vrearcifiiocnaaddoo sq),u dee  lsae  geasptilóicna rdoen  lolsa se cotanroifmasa toess, taasbíl eccoidmaos , dela lsa s oepmeprarecsioanse cso lasbeo racdoonrtaabs,il iszea rohna 
saed eecnuvaiadraomne pnoter ,l oloss e ismtapbolertceism sieen tionsg rpeesnairtoenn ceianr iloass  ccoune nlata dso bcaunmceanritaasc ióy nl aasc rceudeitnattaivsa j upsrteifvicisattaiv eans 
los procedimientos. Así mismo, en relación al servicio de elaboración de racionados, se verificó
que los ingresos obtenidos por las tarifas aplicadas son coherentes con los costes de realización 
del encargo (punto 3.14). 
4.11. Los  gastos  se  imputaron  correctamente  en  contabilidad  y  se  cumplieron  los  límites 
cuantitativos establecidos en las órdenes de servicio para las provisiones de fondos a los centros 
penitenciarios que actúan como cajas pagadoras, con destino a la unidad de administración y a 
los talleres de alimentación, economato y otros talleres. Las cuentas justificativas de los talleres 
productivos y de la actividad formativa se envían a los servicios centrales dentro de los plazos 
previstos, con la documentación acreditativa debidamente validada por el director y el gestor 
económico administrativo, en el caso de los Centros Penitenciarios (CP), y por el director y el 
gestor de servicios, en los Centros de Inserción Social (CIS) (punto 3.15). 
4.12. En relación a la tramitación de los gastos y pagos derivados de las retribuciones y de la 
seguridad social de los internos se analizó una muestra de nóminas cuyo importe ascendió al 17% 
del gasto contabilizado, observándose las siguientes incidencias:  
a) Los procedimientos internos no prevén que, previamente al libramiento mensual de los fondos,
se acredite a los servicios centrales la aprobación del gasto por el director del centro, trámite que
se cumple a posteriori, con el envío trimestral de la cuenta justificativa.
b) El pago de las cuotas de la Seguridad Social de los internos se ingresó con retraso en tres de
los casos analizados, incumpliéndose el plazo establecido para ello en el artículo 56 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.
c) Dicho retraso, en uno de los casos observados, fue de casi cuatro meses, lo que provocó la
imposición de un recargo de 21 mil euros, importe que se sumó a la deuda inicial de 21 mil euros
(punto 3.16).
IV.2.6. Gestión de la tesorería
IV.2.6.1. GESTIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS
4.13. Del  análisis  de  la  gestión  de  las  cuentas  bancarias  durante  el  período  fiscalizado  se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
a) El sistema de gestión de tesorería descrito en el punto 3.18 es propio de una gestión de gastos
que implica que la entidad tenga abiertas un total de 337 cuentas bancarias, de las que cinco lo
están en los servicios centrales y 332 en los establecimientos penitenciarios (249 son de pagos y
83 de ingresos). Cada establecimiento tiene tres cuentas de pagos debido a que cada tipo de
gasto se identifica con una cuenta bancaria. La entidad considera que, por motivos de eficacia y
eficiencia en la gestión de los fondos permanentes de los centros, no procede reducir a una única
cuenta de pagos las tres actualmente existentes en cada uno de ellos.
b) No se elaboraron estados de situación de tesorería. Sin embargo, dado el elevado número de
cuentas corrientes, dichos estados hubieran facilitado el seguimiento y control de la tesorería e.
permitiendo  englobar  información  individual  de  las  cuentas  operativas,  mostrando  de  forma w.b
resumida, para cada una de ellas, las existencias iniciales y finales de efectivo, así como los 26ww
cobros y pagos realizados.
cin)d Leap enedniteidnateds , nroe codjaisnp olonse  asdiee ntloibsr oos  mdoevi mtieesnotoresr ícao rrqeulaet,i voesn  ded olacsu mopeenrtoasc ionneosrm dael izcaodboross  ey
pagos de las cuentas bancarias y de las cajas de efectivo de la entidad (puntos 3.21 a 3.25).
IV.2.6.2. COBROS EN LOS ECONOMATOS DE LOS CIS
4.14. No hay un procedimiento que regule la gestión en los CIS de los cobros en efectivo de las 
ventas de los economatos. El procedimiento descrito en el punto 3.27, e implantado en la práctica, 
presenta las siguientes deficiencias: el interno trabajador que gestiona la caja de efectivo no 
queda identificado en el documento de entrega de la recaudación al funcionario correspondiente; 
no se elaboran libros de tesorería que muestren la operativa de los saldos de efectivo acumulados 
y no se practican arqueos de caja (puntos 3.26 y 3.27). 
IV.2.6.3. CAMBIOS DE APODERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS
4.15. El procedimiento para tramitar los cambios de apoderados en las cuentas bancarias de los 
CP y de los CIS no prevé que el centro penitenciario, o la entidad bancaria, comunique a los 
servicios centrales los datos de los cambios producidos. Esta deficiencia ha dado lugar a que el 
área  financiera  desconozca  la  identidad  de  todas  las  personas  autorizadas  en  las  cuentas 
bancarias (punto 3.29). 
4.16. De las comprobaciones efectuadas en los expedientes de modificación de apoderados de 
las cuentas bancarias se han obtenido, entre otras, las siguientes incidencias: 
a) La documentación de las altas y las bajas de apoderados se archiva de manera deficiente en
los servicios centrales y en los establecimientos penitenciarios, habiendo casos en los que no
consta la propuesta de modificación ni la comunicación de la entidad bancaria, con los datos
definitivos de las modificaciones efectuadas.
b) No existe un archivo centralizado que incluya la documentación acreditativa de las altas y las
bajas de las personas que tienen, o han tenido, firma autorizada en las cuentas bancarias de la
entidad.
c) El departamento del área financiera no dispone de una base de datos completa y actualizada
de las personas con firma en las cuentas bancarias de cada establecimiento penitenciario, lo que
dificulta la comprobación y seguimiento de las modificaciones producidas en los apoderados.
d) Los servicios centrales y los establecimientos penitenciarios desconocen las fechas efectivas
en las que se produjeron los cambios (punto 3.30).
IV.2.7. Gestión del trabajo penitenciario
IV.2.7.1. TALLERES  PRODUCTIVOS  GESTIONADOS  POR  LA  ENTIDAD  Y  EN
COLABORACIÓN CON EMPRESAS EXTERNAS
4.17. Respecto a la determinación de las características de los talleres y de los puestos de trabajo 
gestionados por la entidad, no existe un catálogo que recoja, de manera integrada, la información 
con los requisitos que debe tener cada tipo de taller productivo. Tampoco dispone de un catálogo 
de todos los puestos que se desempeñan en los talleres productivos, con la descripción de sus 
características,  del  perfil  profesional  necesario,  las  competencias  y  las  tareas  a  realizar,  los  es
riesgos, la formación necesaria, etc. (punto 3.34).  bo
d4e.1 8B.u Drguorsa nyt eD 2a0ro1c6a ,y  s2in0 1q8u,e s ceo innsicteió e lla a accuteivriddoa dd ee na plaesrt upraan. aEdne reíal sc adseo  ldoes  Bceunrgtrooss,  pneon sitee neclaiabroiorós 
la memoria que describiera las condiciones de su actividad (punto 3.37). 
4.19. La entidad, además de gestionar talleres directamente, realiza actividades productivas en
colaboración con empresas externas que aplican criterios empresariales, no perdiendo TPFE, en 
ningún  caso,  su  condición  de  empleador  de  los  internos  (art.  11.2  RD  782/2001).  De  las 
comprobaciones efectuadas a los expedientes relativos al inicio de las actividades llevadas a cabo 
en colaboración con empresas externas se obtuvieron, entre otras, las siguientes incidencias: 
a) La documentación comprensiva del expediente se encuentra dispersa en diferentes unidades
administrativas, por lo que su obtención ha resultado ardua.
b) Los expedientes están incompletos, no habiéndose aportado, en todos los casos, la memoria
descriptiva de la actividad elaborada por la empresa colaboradora (puntos 3.38 y 3.42).
IV.2.7.2. SERVICIO DE COMIDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
4.20. De  las  comprobaciones  efectuadas  a  la  gestión  del  servicio  de  comida  de  los 
establecimientos penitenciarios se obtuvieron las siguientes incidencias:  
a) La utilización recurrente de la encomienda para el encargo a la entidad del servicio de comidas
a los CP, gestión que lleva realizando desde hace más de 20 años, podría entrar en colisión con la
previsión legal que reserva la utilización de esta figura jurídica a los supuestos específicos que se
contemplaban en el artículo 15.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y hoy se contemplan en
el artículo 11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La
encomienda está concebida para dar una respuesta eficaz y eficiente a determinadas necesidades
puntuales asociadas a la realización de actividades de carácter técnico o material, como así
señala la moción de este Tribunal a las Cortes Generales sobre la necesidad de desarrollar un
adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las Administraciones
Públicas, de 22 de diciembre de 2016.
b) La entidad tiene una capacidad limitada para controlar, directamente, la ejecución del servicio
prestado, así como la calidad de los racionados y de los alimentos adquiridos, dado que no
dispone de personal en su plantilla que, diariamente, lleve a cabo la recepción de los alimentos, su
almacenamiento y la elaboración de las comidas. El control diario de la actividad encomendada se
realiza por personal de la SGIP del centro penitenciario respectivo, como, por ejemplo, el personal
de cocina o los responsables de almacenes, que no depende orgánicamente de la entidad.
c) Por su parte, TPFE, con el fin de verificar la gestión del servicio de alimentación, efectúa visitas
de supervisión a los centros, cuyo resultado se recoge en oficios que incluyen recomendaciones
para mejorar su gestión y corregir incumplimientos en materia de seguridad e higiene alimentaria.
Las visitas de supervisión efectuadas durante 2016 y 2017 representan un número reducido de
actuaciones en relación a los 83 establecimientos penitenciarios, existiendo centros en los que, en
los últimos diez años, no se ha llevado a cabo este tipo de controles (puntos 3.48 a 3.52).
IV.2.7.3. EL SERVICIO DE ECONOMATO
4.21. La gestión de los economatos de los establecimientos penitenciarios se lleva a cabo por la  s
entidad bajo la fórmula de taller productivo, ajustándose a lo previsto en la Ley Orgánica General  oe.
Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario. El control diario de las existencias y del almacén  w.
eonb sleorsv eacdoanso cmoant oesl  asdem reinailsiztraa dpoorr  dpeelr scoennatrlo d, ea l ap eSsGaIrP d, eq uqeu ed eessptoasc hcao mdiereticdtoasm seonnte r elassp oinncsiadbeinlicdiaads 
dqeu eT PelF pEe. rPsoonr aolt rdoe l asdeor,v incoio sse c eennctruaelenstr arena elisztaa,n pduanritzuaadlmase nlatse ,a aclt uvaisciitoanr elso sd ec esnutproesrv piseiónnit eyn ccoianrtiroosl 
(puntos 3.53 a 3.55).
IV.2.7.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
4.22. La entidad está sometida a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales y a su normativa de desarrollo. Para su aplicación, el consejo de administración aprobó 
un plan de prevención, el 19 de octubre de 2017, con un plazo de vigencia de cinco años. De las 
comprobaciones  realizadas  a  los  procedimientos  aplicados  para  la  prevención  de  riesgos 
laborales en los talleres productivos se verificó que en la apertura de los talleres de servicios 
penitenciarios de panadería en Burgos, en 2016, y en Daroca, en 2018, no consta la comunicación 
a la autoridad laboral de la apertura definitiva de los nuevos talleres, a través de los modelos 
oficiales establecidos en la Orden Ministerial TIN/1071/2010, sobre los requisitos y datos que 
deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros 
de trabajo (puntos 3.57 y 3.59). 
IV.2.8. Ejecución de la actividad formativa
4.23. De los expedientes relativos a la ejecución de actividades de formación profesional, se ha 
verificado que se cumplieron los trámites previstos en los procedimientos internos de la entidad. 
No obstante, en lo que se refiere a la selección de los docentes de las actividades formativas, el 
acta de la comisión de selección de los mismos no precisa cómo se han aplicado los criterios de 
valoración para conocer, con exactitud, quién es el candidato más cualificado para impartir el 
curso (puntos 3.61 y 3.62). 
IV.2.9. Planificación de las actividades de TPFE
4.24. La planificación efectuada por la entidad para la actividad del período fiscalizado presentó 
las siguientes incidencias: 
a) El consejo de administración no aprobó la planificación estratégica de la entidad para el 2016,
incumpliéndose lo previsto en el artículo 8.c) del Estatuto.
b) La planificación estratégica no identificó los responsables de cada objetivo, las áreas o servicios
encargadas de elaborar y cumplir los planes de trabajo, ni la forma de documentar el resultado de
las actuaciones de seguimiento.
c) La evaluación efectuada del grado de cumplimiento de los objetivos no se acreditó, al no
constar el resultado de las reuniones periódicas de seguimiento, no haberse documentado la
información facilitada por cada área ni tampoco establecido los criterios utilizados para cuantificar
cada porcentaje de ejecución.
d) La entidad no disponía de un conjunto de indicadores que permitieran evaluar el grado de
cumplimiento de cada objetivo (puntos 3.63 a 3.67).
IV.2.10. Análisis de la gestión informática
IV.2.10.1. APOYO TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS es
4.25. Desde  2011  hasta  la  actualidad,  TPFE  viene  encargando  a  ISDEFE  la  realización  de  26ww
tcroambaujnoisc acdieo neasp, oeyl os optéocrnteic ao  usinufaorrimosá tyic loa  gceosntisóinst ednet ela  seeng urlaid aadd. mDeinl isatnraáclisióisn  ded ela  esnisctoemmiaesn day 
se observaron las siguientes deficiencias:
a) La justificación para la celebración de la encomienda se realizó de manera deficiente, ya que la
memoria justificativa, de forma meramente declarativa, alude a la escasez de recursos personales 
y materiales, sin que se acrediten estas circunstancias mediante informes de cargas de trabajo. 
Tampoco se valoran otras alternativas posibles desde el punto de vista de los costes, ni se 
concretan las ventajas de la encomienda frente al contrato. 
b) El hecho de que estas necesidades repetitivas y previsibles no se cubran con personal de la
entidad pone de manifiesto un déficit estructural de plantilla, sin que la entidad haya recogido esta
circunstancia en su planificación estratégica. A este respecto hay que destacar que la moción del
Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales sobre la necesidad de desarrollar un adecuado marco
legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las Administraciones Públicas señala que,
en los casos en los que se utilicen encomiendas como una forma habitual de gestión, a pesar de
su carácter excepcional, estas se tengan en cuenta en la planificación estratégica de los recursos
humanos de la entidad, “a fin de evitar que el empleo recurrente de esta figura sin criterios
estratégicos predeterminados conduzca a una progresiva descapitalización de recursos humanos
en  los  órganos  administrativos  titulares  de  la  competencia,  al  derivarse  hacia  los  entes
instrumentales los recursos que en buena lógica deberían estar destinados en aquellos, y a una
paralela dependencia funcional inexorable de los medios propios” (puntos 3.68 y 3.69).
IV.2.10.2. GESTIÓN INFORMÁTICA
4.26. La entidad utiliza siete paquetes informáticos diferentes para la gestión de su actividad. Esta 
pluralidad de soluciones informáticas disminuye la eficiencia de los procesos de gestión al suponer 
una dispersión de las tecnologías empleadas y de las bases de datos del organismo. Además, 
obliga a realizar integraciones de datos, tanto manual como telemáticamente, a adquirir licencias y 
mantener aplicaciones con suministradores que tienen la condición de único proveedor, con el 
correspondiente coste económico y consumo de tiempo (punto 3.70).  
4.27. Del análisis de la gestión realizada por la entidad de los proyectos informáticos citados en el 
punto anterior, se observan las siguientes deficiencias: 
a) La entidad no tiene establecida una metodología actualizada que incorpore el procedimiento de
análisis, diseño e implementación de las necesidades de gestión de los sistemas de información.
b) Existe  una  dependencia  significativa  de  las  empresas  que  subcontratan  para  realizar  el
mantenimiento y el soporte de estos sistemas.
c) El servicio de informática carece del personal técnico suficiente para la gestión óptima de los
sistemas informáticos (puntos 3.70, 3.71 y 3.73).
IV.2.11. Recursos de personal de la entidad
4.28. El  reducido  nivel  de  ocupación,  unido  a  la  elevada  rotación  del  personal,  suponen 
limitaciones que inciden en la operativa ordinaria de la entidad. En lo que se refiere a los trabajos 
de gestión ordinaria del área de asuntos financieros, a pesar de los avances realizados en los 
sistemas de información y de comunicación, en los servicios centrales y en los periféricos se 
recibe y produce gran cantidad de documentación en papel, constatándose en el transcurso de los 
trabajos realizados una insuficiencia de personal para su comprobación y tramitación. Además, el  e.
servicio de sistemas informáticos adolece de falta de personal para la gestión ordinaria de los  w.
sistemas informáticos (puntos 3.73 y 3.75).  2021-1326n https://ww
IV.2.12. Análisis de la contratación
4.29. Del análisis del cumplimiento de las obligaciones de remisión de documentación al Tribunal,
establecidas en la instrucción general de contratación aprobada por el Tribunal de Cuentas el 28 
de noviembre de 2013, se observaron retrasos en el cumplimiento de los plazos establecidos para 
el envío de la relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante 2017 y en la de 
remisión de expedientes de 2016 y 2017. La entidad no comunicó la resolución de los contratos 
correspondientes a seis lotes de varios expedientes de contratación, efectuada el 25 de julio de 
2017. Tampoco envió la información de la encomienda de gestión a ISDEFE para la prestación 
anual de un servicio de apoyo técnico (puntos 3.76 a 3.78). 
4.30. De la fiscalización de una muestra de 18 contratos, relacionada en el Anexo V, se han 
encontrado, entre otras, las siguientes incidencias: 
a) Con carácter general, salvo en los expedientes de obras, la entidad no elabora un documento
propio, independiente y separado en el que se justifique el detalle de la naturaleza y extensión de
las necesidades a satisfacer con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas (punto 3.83).
b) En ocho expedientes se ha comprobado una desproporción entre los importes que conforman
el valor estimado del contrato, el presupuesto de licitación y la cuantía que finalmente constituye el
precio de adjudicación, circunstancia que incide negativamente en el adecuado cumplimiento del
principio de concurrencia (punto 3.92).
c) La  empresa  adjudicataria  de  dos  contratos  subcontrató  con  un  tercero  parte  de  las
prestaciones,  incumpliéndose  la  prohibición  de  subcontratar  establecida  en  los  pliegos  de
cláusulas administrativas (punto 3.95).
d) TPFE no ha formalizado un acto de recepción o conformidad que precise que el objeto del
contrato se ha realizado a su satisfacción, como exige el artículo 222.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, limitándose a plasmar una rúbrica, a modo de “visto bueno”,
en  las  facturas  acreditativas  de  los  pagos  realizados,  sin  que  esta  práctica  de  facto  pueda
admitirse como sustitutiva de la formalidad demandada por dicho precepto (punto 3.97).
e) En dos de los expedientes relativos al suministro de alimentos, no se cumplió íntegramente el
compromiso del contratista de llevar a cabo las pruebas analíticas ofertadas (puntos 3.98 a 3.101).
f) En uno de los expedientes se incumplió el plazo de ejecución de tres meses establecido en los
pliegos (punto 3.102).
V. RECOMENDACIONES
5.1. TPFE debería formalizar la cesión realizada por la SGIP de los bienes y espacios de los 
establecimientos penitenciarios que la entidad utiliza para el cumplimiento de sus funciones, con el 
fin de determinar las condiciones de uso e incorporar en las cuentas anuales el valor razonable del 
activo correspondiente.  
5.2. Se recomienda a TPFE que actualice el manual de procedimientos y desarrolle las tareas, 
trámites y documentos de aquellas actuaciones indicadas en este informe que no se encuentran 
estandarizadas.   e
5.3. Con el objeto de facilitar el seguimiento y control de las personas autorizadas en las cuentas  26ww
breacnocgaeri aess ttait uinlaforirdmada cdióen l.a  Peanrtaid aedllo,  seesrí an erececosamreion dqaubel ela q duoec TuPmFeEn taacctiuóanl iazacrread laita btiavsae d dee  ladsa toaslt aqsu ey 
bdaisjpaes rsdae  elonstr ea pdoisdteinratadso su nsied aednecsu eandtmrei ncisetnratrtaivlaizsa,d alo,  qduaedo   dqifiuceu ltean  slua  laocctaulaizliadcaiódn s ey  eandceuceunatdrao   BOE-A-cable e
control. 
5.4. Con el fin de tener información integrada de la actividad productiva de la entidad y de los 
puestos de trabajo disponibles para los internos, TPFE debería elaborar un catálogo de talleres 
productivos que recoja sus características y requisitos, así como los perfiles profesionales de los 
puestos desarrollados en cada uno de ellos. 
5.5. En la gestión del servicio de cocina y de economato de los centros penitenciarios, la entidad 
fiscalizada debería adoptar las medidas necesarias para tener una mayor capacidad de control 
directo de su ejecución diaria. Para ello sería necesario que la entidad y la SGIP analizaran 
alternativas con el fin de que TPFE participara más activamente en la gestión de ambos servicios, 
mediante la ejecución de trabajos que actualmente se llevan a cabo por personal de la SGIP, 
como  los  realizados  por  el  personal  de  cocina  y  por  el  que  controla  la  recepción  y  el 
almacenamiento de los suministros destinados a las cocinas y a los economatos.  
5.6. Se  recomienda  a  TPFE  que  mejore  el  proceso  de  planificación  de  sus  actividades, 
identificando  las  unidades  y  personas  responsables  de  cada  actuación,  documentando  el 
seguimiento  efectuado  y  diseñando  los  indicadores  que  permitan  evaluar  el  grado  de 
cumplimiento.  
5.7. Con el fin de mejorar la gestión informática, la entidad fiscalizada debería implantar una 
solución integral que redujera el número de aplicaciones utilizadas, y dedicar más personal al 
servicio de sistemas informáticos para el soporte a la gestión ordinaria de los usuarios y la 
administración de dichas aplicaciones, así como para la definición de las funcionalidades que 
requiera la actividad de la entidad.  
5.8. En lo que se refiere a la actividad contractual, la entidad fiscalizada debería elaborar un 
documento propio y separado para justificar y precisar la necesidad e idoneidad de los contratos, 
un documento de recepción o conformidad con el objeto del contrato, así como garantizar el 
adecuado cumplimiento de las prestaciones que constituyen ese objeto. 
Madrid, 28 de febrero de 2019 
LA PRESIDENTA 
María José de la Fuente y de la Calle 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO I.1 ACTIVO DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 . 
ANEXO I.2 PASIVO DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 . 
ANEXO II CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL. 
ANEXO III ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
ANEXO IV ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. 
ANEXO V.1 MUESTRA DE CONTRATOS 2016. 
ANEXO V.2 MUESTRA DE CONTRATOS 2017. 
ANEXO I.1 
TPFE 
2016 y 2017 
Activo del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(saldo en euros) 
ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016
A)) ACTIV NO CORRIENTE 16.979.156,14  17.603.138,55 
I.. In vilizado intangible 1.162.062,41  933.565,98 
3.. Aplica ones informáticass  1.162. 2,41 31.806,95 
5.. Otro inm ilizado intangible 0  901.759,03 
III.. I vilizado material 15.817.063,08  16.669.541,92 
1.. Terre s 5.186,92  5.186,92 
2.. C strucciones 11.177.979,12  11.492.473,61 
5.. Otro inm ilizado material 4.594.776,45  4.879.384,45 
6.. Inmoviliz o en curso y anticiposs  39.120 9 292.496,94 
V..  versiones financieras a largo plazo 30,65  30,65 
4.. Otras in rsiones financieras 30,65  30,65 
B)) ACTIV CORRIENTE 96.357.024,35  101.182.393,27 
III.. Existenc 10.447.4511,,0055  11.705.9
2.. Merca rías y productos terminados  7.152.7 6,26  8.119.186,10
3.. Aprovis namientos y otros 3.294.664,79  3.586.744,19 
IIIII.. Deudo y otras cuentas a cobbrraarr  74.983.91 64.416.505,56
1.. De ores por operaciones de gestión 65.460.558,26  55.499.160,63
2.. Otra cuentas a cobrar 8.800.404,98  8.288.045,51 es
3.. Administ ciones públiiccaass  7 3,31  629.299,42 b
V..  versiones financieras a corto plazo 1.347,00  2.400,00  26ww
2V2....II  IICT.. eEréfdeirersía oy  vya olotrreoss  raecptrievsoesn ltíaqtuiviodso dse e dqeuuivdaaleenntteess  1100.9214..330409997,,,,77705550    2255..0055277...4555070,,4020   OE-A-2021-13able en https://
TOTAL ACTIVO (A+B)  113.336.180,49  118.785.531,82
ANEXO I.2 
TPFE 
2016 y 2017  
Pasivo del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(saldo en euros) 
PASIVO 31/12/2017 31/12/2016
A)PATRIMONIO NETO 93.336.178,28  93.739.600,83 
I.Patrimonio aportado 11.872.205,42  11.872.205,42 
II.Patrimonio generado 81.451.543,53  81.853.550,08 
1.Resultados de ejercicios anteriores 81.853.550,08  82.822.866,79
2.Resultados de ejercicio (402.006,55)  (969.316,71) 
IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación
12.429,33 13.845,33
a resultados
B)PASIVO NO CORRIENTE 2.365.364,18  5.240.402,28 
I.Provisiones a largo plazo 868.528,67  1.509.326,99 
II.Deudas a largo plazo 1.496.835,51  3.731.075,29 
4.Otras deudas 1.496.835,51  3.731.075,29 
C)PASIVO CORRIENTE 17.634.638,03  19.805.528,71 
II.Deudas a corto plazo 38.242,63  1.703.036,73 
4.Otras deudas 38.242,63  1.703.036,73 
IV.Acreedores y otras cuentas a pagar 17.596.395,40  18.102.491,98 
1.Acreedores por operaciones de gestión 15.787.740,12  17.064.779,49
2.Otras cuentas a pagar 401.189,63  308.809,01 
3.Administraciones públicas 1.407.465,65  728.903,48
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  113.336.180,49  118.785.531,82 
ANEXO II 
TPFE 
2016 y 2017  
CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 
(saldo en euros) 
31/12/2017  31/12/2016 
2.Transferencias y subvenciones recibidas 19.216.264,53  18.425.609,76 
a)Del ejercicio 19.214.848,53  18.424.193,76 
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 6.885.008,53  6.094.353,76 
a.2) transferencias 12.329.840,00  12.329.840,00 
b)Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 1.416,00  1.416,00 
3.Ventas netas y prestaciones de servicios 155.900.337,37  152.681.661,74 
a)Ventas netas 130.371.455,33  129.737.007,85 
b)Prestación de servicios 25.528.882,04  22.944.653,89 
4.Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y
(772.188,75)  761.327,59 
deterioro de valor
5.Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 539,97 21.522,50
6.Otros ingresos de gestión ordinaria 0  3.535,44 
A)TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2+3+4+5+6) 174.344.953,12  171.893.657,03 
8.Gastos de personal (65.739.266,91)  (60.939.271,16) 
a)Sueldos, salarios y asimilados (55.203.846,20) (51.851.038,37) 
b)Cargas sociales (10.535.420,71)  (9.088.232,79) 
9.Transferencias y subvenciones concedidas (1.051.990,71)  (1.110.716,37) 
10.Aprovisionamientos (98.723.748,48)  (101.416.369,31) 
a)Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos (98.777.780,76)  (101.432.424,90) 
b)Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 54.032,28  16.055,59
11.Otros gastos de gestión ordinaria (7.812.275,77)  (7.689.780,51) 
a)Suministros y otros servicios exteriores (7.788.140,11)  (7.689.479,47) 
b)Tributos (24.135,66) (301,04)
12.Amortización del inmovilizado (1.936.592,19) (2.132.592,91) 
B)TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) (175.263.874,06)  (173.288.730,26) 
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)  (918.920,94)  (1.395.073,23) 
13.Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y
2.591,08 346,2
activos en estado de venta
b)Bajas y enajenaciones 2.591,08 346,2
14.Otras partidas no ordinarias 28.897,50 (155.486,05)
a)Ingresos 98.308,53 66.824,18
b)Gastos (69.411,03)  (222.310,23) 
II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)  (887.432,36)  (1.550.213,08) 
16.Gastos financieros (5.797,20)  (19.930,19) 
b)Otros (5.797,20)  (19.930,19) 
20.Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 491.223,01  528.889,27 
b)Otros 491.223,01  528.889,27 
III Resultado de las operaciones financieras (16+20)  485.425,81  508.959,08 
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)  (402.006,55)  (1.041.254,00) 
(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior   71.937,29
Resultado del ejercicio anterior ajustado  (969.316,71) 
ANEXO III 
TPFE 
2016 y 2017 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
(saldo en euros) 
31/12/2017  31/12/2016 
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A)Cobros: 181.234.040,12  206.235.697,57 
Transferencias y subvenciones recibidas 13.619.965,06  22.640.266,50
Ventas netas y prestaciones de servicios  167.579.217,38  182.768.163,92 
Otros Cobros  34.857,68  827.267,15 
B)Pagos 194.465.810,63  197.490.161,23 
Gastos de personal  65.458.324,57  61.632.993,80 
Transferencias y subvenciones concedidas 1.050.623,03  1.150.716,85
Aprovisionamientos 111.864.808,48 116.638.300,27
Otros gastos de gestión  8.235.768,35  9.370.676,99 
Intereses pagados  5.797,20  4.024,03 
Otros pagos  7.850.489,00  8.693.449,29 
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión  (13.231.770,51)  8.745.536,34 
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C)Cobros: 70.622,07  4.773.975,33 
Venta de inversiones reales  2.924,22  310,2 
Otros cobros de las actividades de inversión  67.697,85  4.773.665,13 
D)Pagos: 972.099,23  1.062.275,09 
Compra de inversiones reales  940.500,00  1.062.275,09 
Otros pagos de las actividades de inversión  31.599,23  0 
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión  (901.477,16)  3.711.700,24 
Cobros pendientes de aplicación  0  60.041,21 
Pagos pendientes de aplicación  0  128.451,90 
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación   0  (68.410,69) 
VI.INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS
(14.133.247,67)  12.388.825,89 
LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  25.057.557,42  12.668.731,53 
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio  10.924.309,75  25.057.557,42  es
ANEXO IV 
TPFE 
2016 y 2017 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
1.Estado total de cambios en el Patrimonio Neto
IV.Otros
I.Patrimonio II.Patrimonio
incrementos  TOTAL 
aportado generado
patrimoniales 
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 
11.872.205,42  83.757.804,81 15.261,33  95.645.271,56 
2015 
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS 
0,00  (934.938,02)  0,00  (934.938,02) 
CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL 
11.872.205,42  82.822.866,79 15.261,33  94.710.333,54 
EJERCICIO 2016 
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 
0,00  (1.041.254,00)  (1.416,00)  (1.042.670,00) 
EJERCICIO 2016 
1.Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00  (1.041.254,00)  (1.416,00)  (1.042.670,00) 
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 
11.872.205,42  81.781.612,79 13.845,33  93.667.663,54 
2016 
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS 
0,00 71.937,29 0,00  71.937,29 
CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL 
11.872.205,42  81.853.550,08 13.845,33  93.739.600,83 
EJERCICIO 2017 
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 
0,00  (402.006,55)  (1.416,00)  (403.422,55) 
EJERCICIO 2017 
1.Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00  (402.006,55)  (1.416,00)  (403.422,55) 
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 
11.872.205,42  81.451.543,53 12.429,33  93.336.178,28 
2017 
2.Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos
2017 2016
I.Resultado económico patrimonial (402.006,55)  (969.316,71) 
4.Otros incrementos patrimoniales (1.416,00)  (1.416,00)
Total   (1.416,00)  (1.416,00) 
IV.TOTAL ingresos y gastos reconocidos (403.422,55)  (970.732,71)
3.Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias
b)OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O
ENTIDADES PROPIETARIAS
2017 2016
1.INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS e
DIRECTAMENTE EN LA CUENTA DEL o
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL w.
1T.O1.T IAnLgresos  1122..333377..668833,,3399   1122..334433..118811,,3311   2021-1326n https://ww
1 
V.
O  N 
X Ó
NE CI 6  6  6  6  6  6  6 
A AA 01 01 01 01 01 01 01
HZ 2 2 2 2 2 2 2
CLI 4/ 8/ 0/ 1/ 1/ 2/ 2/
EA 0 0 1 1 1 1 1
FM 1/ 4/ 9/ 0/ 8/ 2/ 2/
R 1 0 1 1 2 2 2
O
F
N  7  0  0  4  0  1  7 
Ó 7 8 2 8 0 1 0
TEACI os)  143, 740, 646, 303, 968, 265, 304,
ORC ur 9. 9. 7. 8. 9. 7. 5.
IMPDJUDI (en e 4 14 44 66 4 1.27 5.04
A
MUESTRA DE CONTRATOS 2016  OBJETO  Cursos de formación de manipuladores de alimentos para personas privadas de libertad, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.  Transporte de pan entre centros penitenciarios.  Transporte de los racionados de los centros penitenciarios a los CIS.  Implantación de Programas de Acompañamiento para la Inserción Laboral cofinanciados por el Fondo Social Europeo y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en 4 provincias.  Cursos de formación de conductores de carretillas elevadoras y de manejo de apiladores y transpaletas, para personas privadas de libertad, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.  Suministro de materias primas, con destino a la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca.  Suministro de materias primas, con destino a la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Ávila, Segovia, Madrid I, Madrid II, Madrid IV y Madrid V. 
O 
T
N s  s  s  s  s  s  s 
E o o o o o o o
MI eri eri eri eri eri eri eri
DI crits  crits  crits  crits  crits  crits  crits 
ROCE bierto últiple bierto últiple bierto últiple bierto últiple bierto últiple bierto últiple bierto últiple
P Am Am Am Am Am Am Am
o  o 
O  os  os  os  os  os  str str
P ci ci ci ci ci ni ni
TI vi vi vi vi vi mi mi
Ser Ser Ser Ser Ser Su Su e.es
A  w.
TPFE  2016 y 2017  REFERENCI 2015/00149  2016/00058  2016/00033  2016/00012  2016/00121  2016/00017  2016/00024  cve: BOE-A-2021-1326Verificable en https://ww
2  ÓN 
V. CI 7  7  7  7  7  7  7  7 7  7  7 
EXO  A ECHALIZA 01/201 02/201 03/201 05/201 06/201 06/201 07/201 11/201 11/201 11/201 12/201
N FM 3/ 0/ 7/ 3/ 6/ 0/ 4/ 0/ 5/ 2/ 8/
A R 2 2 2 2 0 3 1 1 1 2 1
O
F
N  6  0  4  0  0  0  4  0  0  6  0 
IMPORTEDJUDICACIÓ (en euros)  3.707.276,1 293.898,0 302.736,6 99.500,0 23.577,6 148.345,0 1.146.812,1 223.951,0 89.904,0 77.269,0 49.968,0
A
MUESTRA DE CONTRATOS 2017  OBJETO  Suministro de materias primas, con destino a la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Tenerife, Las Palmas, Las Palmas 2 y Arrecife. Programas de Formación y Orientación Laboral para personas privadas de libertad, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) para el período 2014-2020.  Suministro de frutas, verduras y patatas, cebollas y ajos para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca.  Asesoría técnica en los talleres de alimentación y panadería  Ejecución de los cursos de formación de manipuladores de alimentos de mayor riesgo para personas privadas de libertad, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Transporte y distribución de lotes higiénicos del centro penitenciario de Ocaña I al resto de centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de IIPP, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 a 30 de junio de 2018.  Suministro de artículos para la elaboración de lotes higiénicos  Acondicionamiento y equipamiento de panadería en el centro penitenciario de Daroca. Adquisición de maquinaria y menaje para potenciar el equipamiento de la cocina de los centros penitenciarios que realizan catering a CIS.  Obra de acondicionamiento y equipamiento de un punto de cocción de pan precocido en el centro penitenciario de Bilbao.  Cursos de formación de conductores de carretillas elevadoras y de manejo de apiladores y transpaletas, para personas privadas de libertad, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo". 
O 
T
PROCEDIMIEN Abierto criterios múltiples  Abierto criterio precio  Procedimiento negociado sin publicidad Abierto criterios múltiples  Abierto criterio precio  Abierto criterio precio  Abierto criterios múltiples Abierto criterios múltiples Abierto criterios múltiples Procedimiento negociado sin publicidad Procedimiento negociado sin publicidad 
TPFE  2016 y 2017   REFERENCIATIPO  2016/00018 Suministro  2016/00080 Servicios  2016/00160 Suministro  2017/00004 Servicios  2017/00033 Servicios  2017/00040 Servicios  2017/00041 Suministro  2017/00096 Suministro  2017/00110 Suministro  2017/00088 Obras  2017/00134 Servicios