BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Martes 7 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 28413
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD
4321 Orden  SND/325/2020,  de  6  de  abril,  por  la  que  se  establecen  criterios 
interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y 
mantenimientos  preventivos  establecidos  en  la  regulación  de  seguridad 
industrial y metrológica.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece 
una  serie  de  medidas  que  afectan  a  los  sectores  industriales,  que  se  consideran 
necesarias para combatir esta pandemia en España.
El artículo 4, apartado 3, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece que 
los  Ministros  designados  como  autoridades  competentes  delegadas,  entre  ellas  el 
Ministro  de  Sanidad,  quedan  habilitados  para  dictar  las  órdenes,  resoluciones, 
disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, 
sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios.
De acuerdo con lo anterior y con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los 
sectores industriales, se establece en los artículos 1 y 2 de esta orden la prórroga 
automática, hasta los treinta días naturales posteriores a la finalización del estado de 
alarma y sus prórrogas, de los certificados expedidos con base en las verificaciones o 
mantenimientos periódicos en el ámbito de la seguridad industrial y de los certificados 
expedidos  por  los  organismos  designados  para  efectuar  el  control  metrológico  del 
Estado, cuyo periodo de vigencia finalice durante el estado de alarma y sus sucesivas 
prórrogas.
Por otro lado, sin perjuicio de los preceptos anteriores, en el artículo 3 de la orden se 
aclara que, respecto a estos sectores de actividad, de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto-ley  10/2020,  de  29  de  marzo,  será  de  aplicación  el  permiso  retribuido 
recuperable, salvo cuando se trate de servicios considerados esenciales según el anexo 
del referido real decreto-ley.
En su virtud, resuelvo:
Primero.  Prórroga  de  la  validez  de  los  certificados  expedidos  en  el  ámbito  de  la 
seguridad industrial.
Los  certificados  expedidos  con  base  en  las  verificaciones  o  mantenimientos 
periódicos de la reglamentación de seguridad industrial, cuyo periodo de vigencia finalice 
durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente 
prorrogados hasta los treinta días naturales posteriores a la finalización del estado de 
alarma y sus prórrogas.
Segundo.  Prórroga de la validez de los certificados expedidos en el ámbito de la 
metrología.
Los certificados expedidos por los organismos designados para efectuar el control 
metrológico del Estado, cuyo periodo de vigencia finalice durante el estado de alarma y  e
sus sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente prorrogados hasta los treinta días  bo
naturales posteriores a la finalización del estado de alarma y sus prórrogas. 21ww
Tercero.  Aplicación del permiso retribuido recuperable.
Sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores, en aplicación de lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso  Bc
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 
la lucha contra el COVID-19, y mientras dure su vigencia, será de aplicación a las 
actividades de verificación y mantenimiento de seguridad industrial y metrológica el 
permiso retribuido recuperable previsto en su artículo 2, salvo para aquellas actividades 
que se consideren esenciales de acuerdo con el anexo del referido real decreto-ley.
Cuarto.  Efectos.
Esta orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Quinto.  Régimen de recursos.
Contra la presente orden, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
Madrid, 6 de abril de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.