BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Viernes 16 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 89090
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
12439 Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en materia de cesión de información y para la 
cooperación de vigilancia aduanera.
El  Secretario  de  Estado  de  Justicia  y  la  Presidenta  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, han suscrito un Convenio en materia de cesión de información 
y para la cooperación de vigilancia aduanera.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 7 de octubre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en materia de cesión de información y para la cooperación de vigilancia 
aduanera
En Madrid, a 11 de agosto de 2020.
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, don Pablo Zapatero Miguel, Secretario de Estado de Justicia, en 
nombre y representación del Ministerio de Justicia, según nombramiento efectuado por 
Real Decreto 160/2020, de 29 de enero, publicado en el BOE el 30 de enero de 2020, y 
actuando conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y el Real Decreto 453/2020 de 10 de marzo, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica 
el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, y cuantas disposiciones le atribuyen competencia.
Y de otra, doña Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en nombre y representación de la misma, según nombramiento 
efectuado por Real Decreto 380/2018, de 8 de junio, actuando en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 103.tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.
En el ejercicio de sus respectivos cargos, intervienen reconociéndose la legitimidad y 
la capacidad necesaria para la firma del presente Convenio y a tales efectos,
EXPONEN w.
al  qEule M  icnoisrrteesripoo dned eJ,u sdtiecniatr oe s deel l deápmabrtitaom  edInet ol adse  lcao mAdpmetiennisctiraasc ióqnu eG elnee rcaol ndfeiel rEenst aldaos   OE-A-2020-12able en https://
disposiciones legales vigentes, entre otras, la política de organización y apoyo a la 
Administración de Justicia.
El artículo 2 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del 
Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio 
atribuye a la Secretaría de Estado de Justicia, bajo la superior autoridad del Ministro, la 
coordinación y colaboración con la administración de las comunidades autónomas al 
servicio  de  la  justicia;  la  ordenación,  planificación,  apoyo  y  cooperación  con  la 
Administración de Justicia y con la Fiscalía; la cooperación jurídica internacional y las 
relaciones con los organismos internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de las 
competencias del Ministerio de Justicia; la promoción de los Derechos Humanos en el 
ámbito  de  competencias  del  Ministerio,  las  relacionadas  con  la  localización, 
recuperación, administración y realización de efectos, bienes, instrumentos y ganancias 
procedentes de actividades delictivas y la dirección, impulso y gestión de las atribuciones 
ministeriales relativas a estado civil y nacionalidad, la fe pública notarial, los derechos 
registrales y el Registro Civil.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la entidad de Derecho Público 
encargada, según el artículo 103.Uno.2 de la Ley 31/1990, en nombre y por cuenta del 
Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de 
aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión 
Europea cuya gestión se le encomiende por la Ley o por Convenio.
II
El artículo 10 de la Directiva 2014/42/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del 
delito  en  la  Unión  Europea  insta  a  los  Estados  miembros  a  adoptar  las  medidas 
necesarias para la creación de oficinas nacionales centrales, «con objeto de garantizar la 
administración adecuada de los bienes embargados preventivamente con miras a su 
posible decomiso».
Esta previsión de la Directiva ha sido recogida en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal,  en  cuya  disposición  adicional  quinta,  tomando  como  base  la  Oficina  de 
Recuperación de Activos citada en el artículo 367 septies de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, le atribuye también funciones de administración y gestión de los mismos y 
habilita al Gobierno para aprobar  las disposiciones  reglamentarias precisas para la 
regulación de la estructura, organización, funcionamiento y actividad de dicha Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos. En igual sentido se configura por la disposición 
adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducida por el artículo único.18 
de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
En desarrollo de esa previsión, se aprueba el Real Decreto 948/2015, de 23 de 
octubre, modificado por el Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo, por el que se regula la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, cuyo artículo 1, bajo la rúbrica «objeto y 
naturaleza», establece que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se configura 
como un órgano de la Administración General del Estado y auxiliar de la Administración 
de  Justicia,  al  que  corresponden  las  competencias  de  localización,  recuperación, 
conservación,  administración  y  realización  de  los  efectos,  bienes,  instrumentos  y  s
ganancias  procedentes  de  actividades  delictivas  cometidas  en  el  marco  de  una  e.
organización  criminal  y  de  cualesquiera  otras  que  se  le  atribuyan,  en  los  términos  w.
previstos en la legislación penal y procesal. 439ww
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de los Departamentos Ministeriales, se entenderán realizadas a la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (en adelante, Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos u ORGA) actuará cuando se lo encomiende la 
autoridad judicial competente, de oficio o a instancia de la propia Oficina. Procederá, 
igualmente, a la localización de activos a instancia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de 
sus competencias en el ámbito de las diligencias de investigación, de la cooperación 
jurídica internacional, del procedimiento de decomiso autónomo o en cualesquiera otras 
actuaciones en los términos previstos en las leyes penales o procesales.
De  conformidad  con  la  disposición  adicional  sexta  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento 
Criminal «Cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones y realización de 
sus fines, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá recabar la colaboración 
de cualesquiera entidades públicas y privadas, que estarán obligadas a prestarla de 
conformidad con su normativa específica».
III
Los juzgados y tribunales precisan acceder a ciertos datos que están en poder de la 
Administración tributaria obtenidos a su vez de los obligados tributarios en virtud del 
cumplimiento por éstos de los deberes legales de naturaleza tributaria.
Con la finalidad de facilitar que los juzgados y tribunales dirijan todos sus esfuerzos a 
la investigación de los ilícitos penales, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 
asumirá, cuando así sea encomendado por la autoridad judicial o Fiscalía, la localización 
y gestión de los bienes de un investigado o condenado por delitos cometidos por 
organizaciones criminales o de aquellos delitos de los que puede derivarse un importante 
beneficio económico.
Así, el artículo 7 del citado Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo establece que 
«corresponde a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública: (…)
n)  La identificación y búsqueda de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias 
provenientes del delito, radicados dentro o fuera del territorio nacional, así como su 
puesta a disposición judicial, de conformidad con la normativa vigente. En el ejercicio de 
estas funciones y dentro del marco de la encomienda judicial o del Ministerio Fiscal, se 
coordinará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y podrá recabar la colaboración de 
otras entidades públicas o privadas.
ñ) El intercambio de información patrimonial con oficinas análogas en el ámbito 
internacional, conforme a la normativa vigente».
Para el desarrollo de esta función de auxilio a los órganos judiciales, la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos precisa contar con los instrumentos que le permitan 
el más eficaz acceso a los datos e informaciones que el Juzgado o la Fiscalía le haya 
requerido para que, una vez obtenidos, los ponga a su disposición para el uso exclusivo 
de ese procedimiento y con la finalidad de que pueda adoptar las medidas que aseguren 
la eficacia de un futuro decomiso. La complejidad de las tareas de análisis orientadas a 
la recuperación de bienes que se llevan a cabo en la Oficina de Recuperación y Gestión 
de  Activos,  en  consecuencia,  exige  una  actuación  integrada  de  los  organismos 
participantes o colaboradores.
Por otro lado, el artículo 118 de la Constitución Española establece el deber de 
colaboración con los jueces y tribunales en el curso del proceso y en ejecución de lo  es
resuelto. Este deber de colaboración ha sido incorporado en la Disposición adicional  bo
sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal anteriormente citada. 439ww
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aplicación  de  los  tributos  o  recursos  cuya  gestión  tenga  encomendada  y  para  la
imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a 
terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros, la colaboración con la Oficina 
de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los datos, informes o 
antecedentes necesarios para la localización de los bienes embargados o decomisados 
en un proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia.
Por lo que se refiere a la cesión de información contenida en el Registro Especial de 
Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad creado por 
el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas 
medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las 
embarcaciones utilizadas, la cesión de dicha información se realizará en base al deber 
de colaboración con jueces y tribunales, previa existencia de una resolución judicial o 
decreto de la Fiscalía que así lo encomiende, sin que sea de aplicación el artículo 95 de 
la Ley General Tributaria al no tratarse de información de carácter tributario.
En consecuencia, esta regulación hace necesaria la celebración de un Convenio 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos para el cumplimiento de las funciones de auxilio judicial que el 
tribunal o la Fiscalía le encomiende en el ejercicio de sus competencias.
IV
Por otro lado, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos puede prestar un 
apoyo considerable a las actuaciones de Vigilancia Aduanera en sus funciones de policía 
judicial, tanto en la localización de bienes e investigación patrimonial de organizaciones 
criminales, como en la gestión, depósito y destrucción de los bienes intervenidos.
Desde el punto de vista de la localización de activos, la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos puede, previa encomienda judicial, prestar colaboración para el buen 
fin de actuaciones de investigación patrimonial con la finalidad de identificar y localizar 
bienes, y proponer medidas cautelares sobre los mismos o, en su caso, su comiso. 
Desde el punto de vista de la gestión de activos, la cooperación de la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos resultaría de gran utilidad para la custodia o depósito, 
incluso la destrucción anticipada, de bienes intervenidos en actuaciones penales.
V
De otro lado, entre las funciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 
se encuentra la gestión de los bienes procedentes de una actividad delictiva hasta 
proceder  a  su  realización,  procurando  que  se  minimicen  los  costes  y  optimizar  el 
producto obtenido para destinarlo tanto a la lucha contra la delincuencia organizada 
como a determinados fines sociales, entre ellos, de apoyo a las víctimas. Para ello, es de 
gran importancia la información que las unidades que han intervenido en la incautación 
de los efectos judiciales pueden ofrecer a la oficina para una mejor gestión de los 
mismos. Asimismo, para proceder a la realización de los bienes cuya gestión haya sido 
encomendada  a  la  ORGA  por  los  órganos  judiciales,  se  precisa  frecuentemente 
asesoramiento sobre la existencia de obligaciones fiscales pendientes de satisfacer (e.g. 
relativos a la importación de los bienes, etc.), información del Registro Especial de 
Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y de los 
embargos de la administración tributaria sobre los bienes.
Por último, de acuerdo con la actual redacción del artículo 367 sexies de la Ley de 
Enjuiciamiento  Criminal,  el  juez  podrá  autorizar  la  utilización  provisional  por  la  e.
Administración de los bienes embargados, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o  w.b
de  la  Oficina  de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos,  correspondiendo  a  la  Oficina  439ww
sreesr oalvdeorp tsaodbarse.  lPa aarad juedl iccuamcipólnim dieenl tuos doe y e ssotab rfeu nlacisó nm lead OidRasG Ade p rceocnissae rlvaa ccoiólanb qouraec dióenb daen 
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necesidades de uso. Asimismo, el conocimiento por la ORGA de sus necesidades 
materiales  posibilitará  que  la  ORGA  pueda  formular  una  propuesta  de  actuación 
fundamentada al órgano judicial competente.
VI
La firma de este Convenio permitirá dar cumplimiento a todas las funciones de la 
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos respecto de los bienes susceptibles de ser 
incautados, embargados o decomisados, de modo que permita ofrecer un servicio ágil, 
eficaz y acorde a las necesidades de la Administración de Justicia, así como formalizar la 
colaboración entre dicha Oficina y Vigilancia Aduanera en los términos expuestos en los 
párrafos anteriores.
En consecuencia, al ser jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema 
estable de suministro de información tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y al haberse cumplido 
todos los trámites de carácter preceptivo, en particular, el informe previo del Servicio 
Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre el proyecto, ambas 
partes acuerdan celebrar el presente Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Es objeto del presente Convenio entre el Ministerio de Justicia y Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) establecer los medios de 
suministro  de  la  información  de  trascendencia  tributaria  prevista  en  la  letra  m)  del 
apartado 1 del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y de 
la información del Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y 
Semirrígidas de Alta Velocidad a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (en 
adelante ORGA) cuando actúe, por encomienda de los órganos judiciales o de las 
fiscalías, en la localización y recuperación de bienes susceptibles de ser incautados, 
embargados  o  decomisados,  así  como  establecer  líneas  de  colaboración  en  sus 
funciones de gestión de bienes cuando le haya sido encomendada judicialmente.
Asimismo,  es  objeto  del  Convenio  la  colaboración  entre  la  ORGA  y  Vigilancia 
Aduanera en las labores necesarias para la localización, conservación, administración y 
realización de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades 
delictivas.
Segunda.  Finalidad del Convenio.
1.  La  cesión  de  información  procedente  de  la  Agencia  Tributaria  tendrá  como 
finalidad exclusiva la colaboración con la ORGA en el desarrollo de las funciones de 
localización, recuperación y gestión de bienes que ésta tiene atribuidas y respecto de las 
cuales la ley permite la cesión de información de carácter tributario.
2.  La cesión de la información tributaria no requiere el consentimiento del afectado 
de conformidad con el artículo 95.1.m) de la Ley General Tributaria. La cesión de 
información  de  información  contenida  en  el  Registro  Especial  de  Operadores  de 
Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad (no tributaria) se realizará  s
en base al deber de colaboración con jueces y tribunales, previa existencia de una  oe.
aarepssío ocy3louo. mc sióoLon alei c jlcui tqoaduldiaceobi a popl urooae rcdd ieeaóscnntr  aepe trnúoetl strdietmea  rallasa e e OF neiR snlcaG labaAlo íg aryee q ssVut ideióge nial  asdinníe vcl oelioa ses tAni gbcdaioeucmnaióeninese n ryiadn  etrete.ercvnuedpnreáidr aoccsoi.móno  pfiantarilmidoandi ael,l   2020-12439n https://www.
Tercera.  Procedimiento de cesión.
1.  Toda cesión de información de naturaleza tributaria realizada al amparo del 
presente Convenio requiere de la previa existencia de una resolución judicial o decreto 
de la Fiscalía que la autorice.
Estas resoluciones serán las enumeradas en el artículo 206 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en el punto II de la Instrucción 1/2005, de 27 de 
enero, sobre la forma de los actos del Ministerio Fiscal derivada de la Ley 50/1981, de 30 
de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En  materia  de  informaciones  y  datos  protegidos,  será  necesario  contar  con  la 
expresa autorización de la autoridad judicial que lo solicite.
Procederá, igualmente, cuando conste un previo decreto del Fiscal que así lo solicite 
en el ejercicio de sus competencias, bien en el ámbito de las diligencias de investigación, 
de la cooperación jurídica internacional, del procedimiento de decomiso autónomo o en 
cualesquiera  otras  actuaciones  en  los  términos  previstos  en  las  leyes  penales  o 
procesales.
2.  El acceso a la información tributaria por parte de la ORGA se realizará haciendo 
uso de los servicios definidos por la Agencia Tributaria, con las características técnicas y 
de seguridad que se determinen.
3.  La  solicitudes  y  cesiones  de  información  previstas  en  este  Convenio,  se 
efectuarán por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, 
conforme a lo previsto en el artículo 58 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de  los  procedimientos  de  aplicación  de  los  tributos,  aprobado  por  Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
4.  El  suministro  de  la  información  con  transcendencia  tributaria  se  efectuará 
conforme a los principios y garantías establecidos en la Orden de 18 de noviembre 
de  1999,  por  la  que  se  regula  el  suministro  de  información  tributaria  a  las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos 
contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria (actual artículo 95).
5.  La información tributaria se complementará, en su caso, con la del Registro 
Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad 
en relación con el contenido de la petición que se realice por previa existencia de una 
resolución judicial o decreto de la Fiscalía que lo autorice, de acuerdo con lo previsto en 
la cláusula siguiente.
6.  La cesión se realizará con la estricta afectación de la información remitida por la 
Agencia Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicita. Por ello, la 
ORGA no podrá ceder a terceros la información recibida.
Cuarta.  Acceso  directo  al  Registro  Especial  de  Operadores  de  Embarcaciones 
Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad.
Debido a la frecuencia e intensidad con la que son necesarias las peticiones de 
información para el cumplimiento de las finalidades reguladas en la cláusula Segunda del 
Convenio  se  permitirá  –con  sujeción  a  las  reglas  que  se  detallan  en  el  presente 
Convenio– el acceso al Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas 
y Semirrígidas de Alta Velocidad. En ningún caso podrá autorizarse el acceso directo a 
las bases de datos para finalidades distintas de las anteriores.
El acceso al Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y  e
Semirrígidas  de  Alta  Velocidad  se  realizará  de  modo  que  quede  constancia  de  la  bo
identidad del usuario, de la información a que se accede y de la motivación de la  439ww
consulta.
Quinta.  Requisitos previos a la conexión.
1.  Con carácter previo a la conexión informática es imprescindible la adopción de 
los siguientes pasos:
a)  La ORGA deberá contar permanentemente con una Norma de Seguridad Interna 
que contenga como mínimo la regulación de los siguientes aspectos:
1)  La designación de un responsable de seguridad, como órgano encargado de 
controlar y coordinar las medidas definidas en el documento de seguridad.
2)  Relación de usuarios que tengan acceso autorizado u procedimientos para la 
identificación y autenticación de dichos accesos.
3)  Gestión de usuarios, altas, modificaciones y bajas.
4)  Forma de documentación de la gestión de los usuarios.
5)  Control periódico de accesos de los usuarios con motivación de los mismos.
6)  Procedimiento de notificación y gestión de incidencias, así como un registro de 
las mismas y de las medidas adoptadas.
b)  La  ORGA  elaborará  las  instrucciones  necesarias  que  en  desarrollo  de  las 
normas  anteriores  garanticen  la  aplicación  de  los  sistemas  de  control.  Dichas 
instrucciones serán difundidas con la suficiente amplitud para que puedan ser conocidas 
por todos los potenciales usuarios de la información a suministrar. Tales instrucciones 
serán, en esta materia, de aplicación unitaria y general a todos los ámbitos de sus 
respectivas competencias.
2.  La ORGA será responsable de la utilización que sus usuarios realicen de los 
ficheros, en especial de la proporcionalidad, adecuación y pertinencia de los datos a que 
se accedan.
3.  Atendidos los pasos anteriores se procederá a autorizar la conexión por el titular 
de la Dirección del Departamento de Informática Tributaria.
4.  Autorizada  la  conexión  se  procederá  por  los  órganos  técnicos  al  enlace 
telemático de los sistemas informáticos. La ORGA, tras el suministro de las claves de 
acceso por la Agencia Tributaria, asumirá directamente, respecto de sus usuarios, el alta, 
la  autorización  de  accesos  y  su  permanente  actualización  y  adecuación,  con 
independencia de la supervisión que por la Agencia Tributaria pueda efectuarse.
Sexta.  Naturaleza de los datos cedidos.
1.  Los datos suministrados por la Agencia Tributaria son los declarados por los 
contribuyentes  y  demás  obligados  a  suministrar  información,  sin  que,  con  carácter 
general,  hayan  sido  sometidos  a  actividad  alguna  de  verificación  previa  a  su 
automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por la 
Administración  Tributaria,  se  facilitarán  estos  en  la  medida  en  la  que  estén 
convenientemente estructurados en las bases de datos de la Agencia Tributaria.
2.  Tanto la Agencia Tributaria como la ORGA podrán solicitarse recíprocamente 
especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos objeto de 
suministro.
Séptima.  Control y seguridad de los datos suministrados.
1.  El control y seguridad de los datos suministrados y el posterior tratamiento por la  e.
ORGA se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se  w.
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica  439ww
y en2 l.o s Ldao cAudmmeinnitsotsra dceió sne cgeusriidoanda raiap rsoebraád roess ppoonr slaa bAleg ernecsipae Tctroib udtea rlaia  uyt illaiz aOcRióGnA q.ue sus
audsueacurioasc iórne ya lpiceernti nednec iala d ei nlofosr mdaatcoisó na  locse dqiudea ,s ee anc ceesdpae.cial  de  la  proporcionalidad,  BOE-A-cable e
3.  Se  establecen  los  siguientes  controles  sobre  los  accesos,  la  custodia  y  la 
utilización de la información suministrada al amparo de este Convenio:
a)  Control interno por parte del ente cesionario de la información.
Los órganos competentes para el tratamiento de la información del Ministerio de 
Justicia realizarán controles sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos 
realicen  las  autoridades,  funcionarios  o  resto  de  personal  dependiente  del  mismo, 
informando a la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los resultados obtenidos en 
dicho seguimiento.
Contarán con una política de seguridad de la información, un análisis y gestión de 
riesgos  y  una  asignación  explícita  de  responsabilidades  en  materia  de  seguridad 
adecuadas para su misión, objetivos y tamaño y deberá aplicar dichos mecanismos de 
seguridad a la información suministrada por la Agencia Tributaria.
Impedirán  el  acceso  a  la  información  suministrada  por  parte  de  personal  no 
autorizado, estableciendo la trazabilidad de los accesos a la información suministrada, y 
desarrollando auditorías del acceso a los datos con criterios aleatorios y de riesgo.
Adoptarán medidas específicas que eviten el riesgo de que la información pueda ser 
utilizada, incluso inadvertidamente, para otros propósitos, o por personal en el que 
concurra algún conflicto de intereses. Así como medidas que aseguren el cumplimiento 
de las condiciones que sustentan cada una de las cesiones.
b)  Control por el ente titular de la información cedida.
La Agencia Tributaria aplicará los controles ordinarios derivados de su sistema de 
gestión de la seguridad de la información. En particular, las cesiones de información 
realizadas quedarán registradas en el sistema de control de accesos de la Agencia 
Tributaria. El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria podrá acordar otras 
actuaciones de comprobación al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización 
de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que resultan 
de aplicación.
Octava.  Compromisos de las partes.
Las partes se comprometen a desarrollar coordinadamente, en el ámbito de sus 
respectivas  competencias,  las  actuaciones  y  medidas  necesarias  para  el  eficaz 
cumplimento  del  objeto  de  este  Convenio  y,  en  concreto,  asumen  los  siguientes 
compromisos:
1.  Agencia Tributaria:
− Ceder la información prevista en este Convenio a la ORGA cuando actúe por 
encomienda de los órganos judiciales o de las fiscalías en la localización y recuperación 
de bienes incautados, embargados o decomisados.
− Establecer el procedimiento y conexiones telemáticas por los que se materializará 
la cesión de información de la Agencia Tributaria a la ORGA. A tal efecto, la Agencia 
Tributaria  habilitará  en  su  Sede  electrónica  un  trámite  específico  para  que  los 
funcionarios de la ORGA presenten las solicitudes de información patrimonial y obtengan 
la información solicitada. La información estructurada será proveída en un plazo máximo 
de diez días hábiles. s
− Dejar constancia de la cesión de información de modo que permita realizar un  e.
adecuado seguimiento y control. w.
− Facilitar a la ORGA, si fuera preciso, información relativa a bienes cuya gestión le  439ww
Ahagyean csiiad oT reibnuctoamriae.ndada judicialmente y conste la existencia de un embargo previo de la
− Facilitar a la ORGA, si fuera preciso, información relativa a bienes cuya gestión le 
haya  sido  encomendada  judicialmente  y  en  cuya  intervención  hayan  participado 
unidades de Vigilancia Aduanera.
− Facilitar  a  la  ORGA,  si  fuera  precisa,  información  relativa  a  la  existencia  de 
obligaciones  fiscales  pendientes  de  satisfacer  y  que  afecten  a  procedimientos  de 
realización de bienes cuya venta le haya sido encomendada judicialmente.
− Canalizar a través de un punto de contacto único las solicitudes de Vigilancia 
Aduanera a efectos de la adjudicación de uso de los bienes intervenidos judicialmente 
según lo dispuesto en el artículo 367 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así 
como las relativas a la entrega de bienes en los casos y circunstancias previstos en los 
arts. 367 quáter y 367 quinques de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2.  Ministerio de Justicia:
− Impartir  las  instrucciones  necesarias  o  convenientes  a  los  funcionarios  de  la 
ORGA a quienes se encomiende la localización y gestión de activos procedentes del 
delito, para dar de este modo cumplimiento adecuado a lo establecido en materia de 
cesión de información de la Agencia Tributaria, promoviendo la actuación integrada de 
todos los responsables de las tareas de análisis.
− Fomentar que los funcionarios habilitados para trabajar con información cedida por 
la Agencia Tributaria puedan acceder a la formación necesaria a fin de lograr el mejor 
servicio.
− Velar por el correcto cumplimiento del deber de sigilo del personal al servicio de la 
ORGA que tenga acceso a la información tributaria cedida.
− Remitir  la  consulta  a  la  Agencia  Tributaria  adjuntando  la  autorización  de 
localización o gestión de bienes por el órgano judicial o, en su caso, de la Fiscalía, 
facilitando a la Agencia Tributaria el número del procedimiento penal o de las diligencias 
de investigación a las que corresponda la búsqueda concreta. La consulta se someterá a 
cuantas restricciones de carácter particular imponga el sistema en materia de datos 
protegidos,  remitiendo  la  autorización  judicial  expresa  para  la  consulta  que  así  lo 
requiera.
− Incorporar al expediente interno de la ORGA las consultas realizadas, remitiendo 
copia de la información obtenida, cualquiera que fuera el resultado de la búsqueda, al 
órgano judicial o a la Fiscalía del que provenga la encomienda de localización.
− Comunicar al órgano competente de la Agencia Tributaria en función de la materia 
cualquier incidencia que pueda producirse.
− Poner en conocimiento de la Agencia Tributaria la información de que pueda 
disponer la ORGA relativa a los bienes embargados por la administración tributaria, en el 
marco de su función de gestión de bienes intervenidos, embargados o decomisados 
judicialmente.
− Valorar las necesidades expresadas por Vigilancia Aduanera u otras unidades 
dependientes  de  la  Agencia  Tributaria,  en  la  propuesta  de  realización  de  efectos 
judiciales a través de la entrega a las Administraciones Públicas cuando concurran las 
circunstancias  previstas  en  el  apartado  2  del  artículo  367  quinquies  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal.
− Elaborar el correspondiente informe sobre la existencia de bienes intervenidos o 
embargados,  que,  por  su  naturaleza  y  características,  y  en  base  a  la  experiencia, 
pudieran ser susceptibles de utilización provisional por Vigilancia Aduanera, u otras 
unidades dependientes de la Agencia Tributaria, y formular una propuesta de actuación a  e
la autoridad judicial competente. bo
− Prestar, en el ejercicio de sus competencias, el apoyo solicitado por Vigilancia  439ww
Asud ucaanseor ala p adreas tlrau cloccióanliz, adceió ne,f eccotonss,e rbviaecnieósn,,  aindsmtruinmisetrnatcoisó ny  yg raenaalinzcaicaisó np, rioncceludyeenntedso  edne 
actividades delictivas, tanto a nivel nacional como internacional.
Novena.  Modificación del Convenio.
Las  partes  firmantes  podrán  modificar  los  términos  del  presente  Convenio  en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Comisión de Coordinación y Seguimiento.
1.  En el plazo de un mes desde la publicación de este Convenio en el «Boletín 
Oficial del Estado», previa inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, se constituirá una Comisión de 
Coordinación y Seguimiento integrada por dos representantes nombrados por el titular 
de la Dirección General de la Agencia Tributaria y otros dos nombrados por el titular de la 
Secretaría  de  Estado  de  Justicia.  Asimismo,  a  las  reuniones  de  la  Comisión  de 
Coordinación y Seguimiento asistirá, con voz, pero sin voto, un funcionario designado 
por la ORGA, que ejercerá las funciones de secretario.
La presidencia de la Comisión de Coordinación y Seguimiento será ejercida por el 
Ministerio de Justicia.
2.  Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento 
de este Convenio serán resueltas por la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
3.  Serán funciones de la Comisión de Coordinación y Seguimiento:
a)  Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio.
b)  Impulsar  permanentemente  la  adopción  de  las  medidas  y  acciones  más 
adecuadas para el mejor cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las 
partes.
c)  Proponer las modificaciones al Convenio que se consideren oportunas.
d)  Acordar los detalles relativos necesarios para la ejecución del contenido del 
Convenio, que en ningún caso afectarán al contenido mínimo y esencial de éste.
4.  La Comisión de Coordinación y Seguimiento se reunirá dos veces al año con 
carácter ordinario, pudiéndose reunir, además, con carácter extraordinario, a petición de 
cualquiera de las partes.
5.  La  Comisión  de  Coordinación  y  Seguimiento  se  regirá  en  cuanto  a  su 
funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la 
presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Financiación.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en 
el  presente  Convenio,  no  se  asumen  obligaciones  ni  compromisos  económicos  de 
naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes firmantes.
Duodécima.  Efectos del Convenio.
1.  El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años naturales a partir del 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», una vez inscrito en el Registro 
electrónico  Estatal  de  Órganos  e  instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público 
Estatal, en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. s
2.  Por otra parte, la Agencia Tributaria podrá acordar la suspensión unilateral o la  oe.
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información, de acuerdo con lo previsto en este Convenio, previa advertencia por escrito
al órgano cesionario con una antelación mínima de treinta días. Bc
3.  Asimismo, el Ministerio de Justicia podrá acordar la suspensión unilateral o la 
limitación  de  las  solicitudes  de  información  cuando  advierta  incumplimientos  de  la 
Entidad  cedente  en  la  aplicación  de  los  principios  y  reglas  que  deben  presidir  el 
suministro  de  información,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  este  Convenio  y  previa 
advertencia por escrito al órgano cedente de los datos con una antelación mínima de 
treinta días.
Decimotercera.  Causas de resolución.
1.  El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público,
2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son causas de resolución del Convenio, 
las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado 
expresamente su prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El  incumplimiento  grave  y  acreditado  de  las  obligaciones  y  compromisos 
asumidos por parte de alguno de los firmantes. Cualquiera de las partes podrá notificar a 
la  parte  incumplidora  un  requerimiento.  Este  requerimiento  será  comunicado  a  la 
Comisión  de  Coordinación  y  Seguimiento.  Si  trascurrido  el  plazo  indicado  en  el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte 
firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  La decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.
e)  Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
En el supuesto de resolución del Convenio y en el caso de existir actuaciones en 
curso  de  ejecución,  las  partes,  a  propuesta  de  la  Comisión  de  Coordinación  y 
Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las mismas, estableciendo 
un plazo improrrogable para su finalización.
Decimocuarta.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción, sin perjuicio de su 
responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos  asumidos  por  parte  de  alguno  de  los  firmantes  podrá  dar  lugar  a  la 
resolución del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula anterior.
Decimoquinta.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio 
deberán solventarse por mutuo acuerdo de las partes en la Comisión de Coordinación y  e
Seguimiento. Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas  bo
serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo,  439ww
djueri scdoinccfoiórmn.idad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
Decimosexta.  Protección de datos.
En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, 
tanto el cedente, la Agencia Tributaria, como el cesionario, la ORGA, tratarán los datos 
de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
Los  datos  tratados  en  este  Convenio  tienen  la  categorización  de  información 
tributaria.
En el caso del cedente de los datos, la Agencia Tributaria, el Responsable del 
Tratamiento a efectos del Reglamento General de Protección de Datos es la persona 
titular de la Dirección General.
En el caso del cesionario de los datos, la ORGA, el Responsable del Tratamiento a 
los efectos del Reglamento General de Protección de Datos es la persona titular de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar 
indicados en el encabezamiento.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.–La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Inés María 
Bardón Rafael.