BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 217 Viernes 10 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 109496
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14783 Resolución de 15 de junio de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2018.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 15 de junio de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2018, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar a la Comunidad Autónoma de Cantabria a poner en marcha lo antes 
posible las siguientes medidas:
– Efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo 
de rendición de las cuentas a 31 de julio, o incluso 30 de junio, del ejercicio siguiente a 
que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por 
este  Tribunal.  En  este  sentido,  cabe  recordar  la  Resolución  de  24  de  septiembre 
de 2013, reiterada por la Resolución de 8 de abril de 2014, aprobadas por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
– Implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada, 
conforme a los criterios fijados en el documento 8 por la Comisión de Principios y 
Normas Contables Públicas.
– Considerar los saldos de las cuentas restringidas de recaudación como integrantes 
del saldo final de tesorería y proceder a su contabilización y conciliación.
– Aportar en las memorias toda la información necesaria para conocer la situación 
financiera de la administración autonómica.
– Dotar de medios suficientes al Servicio Cántabro de Salud, al Servicio Cántabro de 
Empleo, al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Instituto Cántabro 
de Servicios Sociales, dentro de los disponibles por la administración autonómica, con el 
fin de hacer posible que entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren, por 
separado, la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del 
presupuesto, máxime la transcendencia que estos presentan. En este mismo sentido, se 
pronuncian las Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, de fechas 8 de mayo de 2012, 14 de septiembre de 2013 y 27 de mayo 
de 2014.
– Analizar la posibilidad y, en su caso, conveniencia de la aplicación del artículo 44 
de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en relación con las 
transferencias realizadas a la Universidad de Cantabria, según el cual la Consejería 
competente en materia de Hacienda podrá declarar no disponibles las transferencias 
corrientes  o  de  capital  destinadas  a  las  entidades  integrantes  del  sector  público 
autonómico cuando, como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades 
líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de la actividad presupuestada 
o, incluso, solicitar el ingreso en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de la totalidad  e.e
o de parte de dichas disponibilidades. b
– Articular los mecanismos necesarios para que la Dirección General de Tesorería,  783ww
Pejreerscuitpaur eesl tcoosn tyr oPl odleít ilcaas  cFuineanntacsie rreas tdrein glaid aCso dnes einjegrríae sdoes,  Eincteognroamnítae sy d eH alac iTeensdoar epríuae ddae 
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traspasados a la cuenta general de ingresos.
– Valorar la presentación de una Cuenta General única consolidada, mediante la que 
se pueda reflejar la situación presupuestaria y patrimonial del conjunto del sector público 
cántabro, al amparo de la Orden HAP/1489/ 2013, de 18 de julio, por la que se aprueban 
las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector 
público.
– Valorar el dictado de una norma similar a la contenida en la Orden HAP/801/2014, 
de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en 
los  casos  de  modificaciones  estructurales  entre  entidades  del  sector  público  que 
supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación.
– Depurar y regularizar los derechos reconocidos pendientes de cobro que, estando 
prescritos, figuran aún registrados en contabilidad.
– Completar  la  conexión  del  sistema  contable  auxiliar  de  Modernización  y 
Organización Unificada de Recursos Operativos con el Sistema de Información Contable 
con el fin de realizar de forma telemática la transmisión de la información contable.
– Proceder a la implantación de manuales de procedimientos para la contratación 
del personal para el caso de las empresas y fundaciones públicas que aún carecen de 
los  mismos,  basándose  en  los  principios  de  publicidad  de  las  convocatorias, 
transparencia e imparcialidad en la selección.
– Potenciar el papel coordinador de la Consejería de Educación en los planes de 
acción a elaborar por los centros educativos, a la vista de los resultados obtenidos en las 
distintas pruebas de evaluación, así como, reforzar la revisión y el control económico de 
los centros docentes, públicos y concertados, tanto por la citada Consejería como por la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma.
– Promover el desarrollo reglamentario de los aspectos pendientes de la Ley 6/2008, 
de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria.
– Proceder al desarrollo y/o utilización de los diferentes instrumentos previstos en la 
legislación  medioambiental  para  promover  una  mayor  efectividad  en  el  control  y 
coordinación de estas actividades.
– Acometer  la  tarea  de  preparación  de  la  Comunidad  Autónoma  para  la 
implementación, el control y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
 
 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 1.411 
 
 
INFORME ANUAL 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
EJERCICIO 2018 
 
 
 
 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 
22 de diciembre de 2020 el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 
2018, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales y al Parlamento de Cantabria, así como 
al Gobierno de la citada Comunidad Autónoma, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de 
Funcionamiento. 
 
 
ÍNDICE 
 
I.  INTRODUCCIÓN. 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR. 
I.2.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL. 
I.3.  MARCO NORMATIVO. 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE. 
I.5.  TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
II.1.  ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
II.2.  RENDICIÓN DE CUENTAS. 
II.2.1.   Consideraciones generales. 
II.2.2.  Cuentas del sector público administrativo. 
II.2.3.  Cuentas del sector público empresarial. 
II.2.4.  Cuentas del sector público fundacional. 
II.3.  CONTROL INTERNO. 
II.3.1.  Atribuido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma. 
II.3.2.  En la presupuestación y en la gestión de gastos y pagos. 
II.3.3.  En la gestión de ingresos y cobros. 
II.3.4.  Política de seguridad en la utilización de medios electrónicos. 
II.3.5.  Otros aspectos relativos al control interno. 
II.3.6.   Aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). 
II.4.  CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
II.5.  CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. 
II.5.1.  Visión general. 
II.5.2.  Contabilidad presupuestaria Administración General. 
II.5.3.  Situación patrimonial. Balance Administración General. 
II.5.4.  Resultado económico-patrimonial Administración General. 
II.5.5.  Memoria de la Administración General. 
II.5.6.  Cuentas de los Organismos Autónomos. 
II.5.7.  Cuentas de los Entes públicos. 
II.5.8.  Cuentas de los Consorcios. 
II.6.  CUENTAS DE LOS SECTORES PÚBLICOS EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL. 
II.6.1.  Cuentas del sector público empresarial. 
II.6.2.  Cuentas del sector público fundacional.  s
II.7.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.  bo
II.7.1.  Marco normativo.  783ww
IIII..77..32..   PCluamnepsli mEiceonntoó mdeic olo-sF ionbajnectiiveoross. .  OE-A-2021-14able en https://
 
II.8.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. 
II.8.1.  Gastos de personal. 
II.8.2.  Medidas contra la morosidad en el sector público. 
II.8.3.  Transferencias y subvenciones. 
II.8.4.  Endeudamiento y avales. 
II.8.5.  Gasto sanitario. 
II.8.6.  Gasto en educación no universitaria. 
II.8.7.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
II.8.8.  Transparencia y buen gobierno. 
II.8.9.  Gestión medioambiental. 
II.8.10. Preparación de la CA para la implementación, control y seguimiento de los ODS. 
II.9.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. 
II.9.1.  Dotaciones de los Fondos. 
II.9.2.   Recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial. 
II.9.3.  Proyectos de inversión. 
II.9.4.  Financiación de los Fondos. 
II.10. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES. 
II.10.1. Informe de fiscalización 2016. 
II.10.2. Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
III.  CONCLUSIONES. 
IV.  RECOMENDACIONES. 
ANEXOS 
   
 
RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
ACAT  Agencia Cántabra de Administración Tributaria. 
AEAT  Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
AG  Administración General. 
AGE  Administración General del Estado. 
AIREF  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
BDNS  Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
CA/CCAA  Comunidad Autónoma/Comunidades Autónomas. 
CANTUR  Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. 
CDGAE  Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
CEARC  Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria. 
CIMA  Centro de Investigación del Medio Ambiente. 
CITRASA  Ciudad de Transportes de Santander, S.A. 
CNMV  Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
CPFF  Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
DA  Disposición adicional. 
DF  Disposición final. 
DG  Dirección General. 
DT  Disposición transitoria. 
EA  Estatuto de Autonomía. 
ENI  Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
ENS  Esquema Nacional de Seguridad. 
FC  Fondo de Compensación. 
FCI  Fondo/s de Compensación Interterritorial. 
FCSBS  Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. 
FIS  Festival Internacional de Santander. 
FLA  Fondo de Liquidez Autonómico.  e
FMV  Fundación Marqués de Valdecilla.  783www.
FSE  Fondo Social Europeo.
GESVICAN  Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L.
 
ICAF  Instituto de Finanzas de Cantabria. 
ICANE  Instituto Cántabro de Estadística. 
ICASS  Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 
ICE  Inversiones Cántabras Empresariales, S.L. 
ICO  Instituto de Crédito Oficial. 
ICSST  Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
IDIVAL  Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla. 
IGAC  Intervención General de la Administración de Cantabria. 
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado. 
IRPF  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
LCA  Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, por la que se regula el control 
ambiental integrado. 
LF  Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria. 
LFCI   Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación 
Interterritorial. 
LGS  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
LM  Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
LO  Ley Orgánica. 
LOE  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
LOEPSF  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera. 
LOMCE  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
LP  Ley/es de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
LPGE  Ley de Presupuestos Generales del Estado 
LRJGAC   Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
LSC  Ley de Subvenciones de Cantabria. 
MARE  Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. 
MINHAFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
MINHAP  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  e.e
MNPOBU RO  SONiupseetevramat iaPv oadspe.e  Ilnefroar mdealc Bióens adyea M, So.dLe. rnización y Organización Unificada de Recursos  2021-14783n https://www.
OA/OOAA  Organismo autónomo/Organismos autónomos.
 
ODECA  Oficina de Calidad Alimentaria. 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
PCTCAN  Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, S.L. 
PEF  Plan/es Económico-Financiero/s. 
PGC  Plan General de Contabilidad. 
PGCP  Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria. 
PGE  Presupuestos Generales del Estado. 
PIB  Producto Interior Bruto. 
PMP  Periodo medio de pago. 
RCF  Registro Contable de Facturas. 
RD  Real Decreto. 
RD-L  Real Decreto-Ley. 
RD-Leg.  Real Decreto Legislativo 
RGS  Reglamento General de Subvenciones. 
RLCA  Reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, por la que se 
regula el control ambiental integrado. 
SAICC  Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas, S.L. 
SCE  Servicio Cántabro de Empleo. 
SCS  Servicio Cántabro de Salud. 
SIAA  Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales. 
SIC  Sistema de Información Contable. 
SICAN  Suelo Industrial de Cantabria, S.L. 
SODERCAN  Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. 
SOGIESE  Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L. 
SRECD  Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. 
TAC  Tomografías axiales computarizadas. 
TRLSC  Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
UC  Universidad de Cantabria. 
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    783ww
 
 
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro Nº 1.   ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. 
Cuadro Nº 2.   GASTO AGREGADO. 
Cuadro Nº 3.   EXPEDIENTES ARTÍCULO 148 LF. 
Cuadro Nº 4.   ACTUACIONES PLAN ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA. 
Cuadro Nº 5.   EVOLUCIÓN GASTOS NO FINANCIEROS. 
Cuadro Nº 6.   MODIFICACIONES DE CRÉDITO. 
Cuadro Nº 7.   FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES. 
Cuadro Nº 8.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. 
Cuadro Nº 9.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. 
Cuadro Nº 10. TESORERÍA. 
Cuadro Nº 11. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 
PRESUPUESTO. 
Cuadro Nº 12. SOCIEDADES EN CAUSA DE DISOLUCIÓN. 
Cuadro Nº 13. INFORMES DE AUDITORÍA EMPRESAS. 
Cuadro Nº 14. INFORMES DE AUDITORÍA FUNDACIONES. 
Cuadro Nº 15. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT 2013-2019. 
Cuadro Nº 16. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA 2013-2019. 
Cuadro Nº 17. EVOLUCIÓN GASTOS DE PERSONAL. 
Cuadro Nº 18. EVOLUCIÓN EFECTIVOS CA SEGÚN DATOS DE CUENTA GENERAL. 
Cuadro Nº 19. EFECTIVOS AG y OOAA INTEGRADOS. 
Cuadro Nº 20. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. 
Cuadro Nº 21. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL. 
Cuadro Nº 22. COMPARATIVA PMP CANTABRIA-CONJUNTO DE CCAA. 
Cuadro Nº 23. EMPRESAS CON PMP MÁS ELEVADO. 
Cuadro Nº 24. PMP SECTOR FUNDACIONAL. 
Cuadro Nº 25. SUBVENCIONES PAGADAS POR LA CA. 
Cuadro Nº 26. SUBVENCIONES CONSEJERÍA EDUCACIÓN. 
Cuadro Nº 27. RIESGO VIVO EN ENTIDADES AVALADAS. 
Cuadro Nº 28. VALORACIÓN ESTADO SALUD. 
Cuadro Nº 29. EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS SCS. 
Cuadro Nº 30. CENTROS DE GASTO DEL SCS. 
Cuadro Nº 31. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO SCS. AÑO 2018. 
Cuadro Nº 32. PROCESOS SELECTIVOS ABIERTOS DE PERSONAL SANITARIO EN 
CANTABRIA. 
Cuadro Nº 33. RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE SALUD 2018 (POR TIPO DE PERSONAL).  e.e
Cuadro Nº 34. GASTOS CAPÍTULO 2 SCS.  w.
CCuuaaddrroo  NNºº  3356..  EGVAOSLTUOC PIÓRENS DTEALC GIÓANS TFOAR EMNA FCAÉRUMTAICCAIA A HMOBSUPLIATTAOLARRIAIA. .  2021-14783n https://ww
Cuadro Nº 37. EVOLUCIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO.
 
Cuadro Nº 38. LISTAS DE ESPERA. 
Cuadro Nº 39. DERIVACIONES A LA SANIDAD PRIVADA. 
Cuadro Nº 40. OPINIÓN DEL USUARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
Cuadro Nº 41. GASTO FARMACÉUTICO Y SANITARIO DEVENGADO 2018. 
Cuadro Nº 42. INDICADORES SCS (2018). 
Cuadro Nº 43. EQUIPAMIENTO SANITARIO CANTABRIA 2018. 
Cuadro Nº 44. CENTROS Y ALUMNOS. 
Cuadro Nº 45. GASTO ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA. 
Cuadro Nº 46. RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN INFORME PISA. 
Cuadro Nº 47. PORCENTAJE DE CENTROS POR DEBAJO DE LA MEDIA EN COMPETENCIAS 
EVALUADAS. 
Cuadro Nº 48. DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR SEXOS. 
Cuadro Nº 49. DISTRIBUCIÓN ALTOS CARGOS Y PARLAMENTO AUTONÓMICO. 
Cuadro Nº 50. RECLAMACIONES RESUELTAS POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO. 
Cuadro Nº 51. DOTACIÓN PROYECTOS FC 2018. 
Cuadro Nº 52. DOTACIÓN PROYECTOS FONDO COMPLEMENTARIO 2018. 
Cuadro Nº 53. RECURSOS DE LOS FCI OBTENIDOS. 
 
 
 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, 
corresponde al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de las Comunidades 
Autónomas (CCAA). 
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con el 4, y de forma 
específica en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica (LO) 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, se procede, en el ejercicio de las competencias de este Tribunal, a emitir el presente 
Informe sobre los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por 
la Comunidad Autónoma (CA) de Cantabria durante el ejercicio 2018. 
La presente fiscalización se incluye en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas 
para el año 2020, aprobado por su Pleno el 19 de diciembre de 2019 y modificado en sus 
sesiones de 30 de enero, 30 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 30 de septiembre y 29 de octubre 
de 2020, dentro del apartado de las fiscalizaciones derivadas de un mandato legal.  
La  presente  fiscalización  se  enmarca  dentro  de  los  objetivos  específicos  1.1 
“Realizar  actuaciones  que  sirvan  a  las  Cortes  Generales  y  a  las  Asambleas  Legislativas 
de las CCAA para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público 
más racional y eficiente”, 1.2 “Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las 
Entidades Públicas”, 1.3 “Identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial 
hincapié en las prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción”, 1.4 “Incrementar las 
fiscalizaciones operativas”, 1.5 “Agilizar la tramitación de los procedimientos fiscalizadores” y 2.3 
“Contribuir al fortalecimiento del control interno”, recogidos en el Plan Estratégico del Tribunal de 
Cuentas 2018-2021, aprobado por su Pleno en sesión de 25 de abril de 2018. 
I.2.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
El ámbito subjetivo de la fiscalización está compuesto por las entidades que forman el sector 
público autonómico, conforme a la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (LF), 
(según  se  detalla  en  el  apartado  II.1  y  con  excepción  de  la  Universidad1  y  sus  entidades 
dependientes). El ámbito objetivo de la fiscalización está formado por las cuentas rendidas por el 
conjunto de entidades anteriores, incluyendo, además, las operaciones, actos o hechos que 
conforman la actividad económico-presupuestaria de la CA. No obstante, cabe señalar que, en el 
Programa de Fiscalizaciones para 2020, también se incluía la realización de la “fiscalización de la 
contratación de las CCAA y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 
2016 y 2017”, por lo que dicha materia no es objeto de tratamiento específico en el presente 
Informe. 
El ámbito temporal se refiere al ejercicio 2018, sin perjuicio de las operaciones o hechos de 
ejercicios anteriores o posteriores que se analicen por su relación con el ejercicio fiscalizado. 
 1   N  o    o  b s  t a n  t e ,   e  n    e  l   p r e  s e  n  te    I n  f o r  me se hacen referencias puntuales a esa Entidad, en esencia, al analizar datos
generales del sector público autonómico.
 
 
I.3.  MARCO NORMATIVO 
a)  Legislación autonómica 
La normativa emanada de la Comunidad aplicable a su actividad económico-financiera durante el 
ejercicio fiscalizado está constituida, fundamentalmente, por las siguientes disposiciones: 
  Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de 
Cantabria.  
  Orden de 29 de noviembre de 2000, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública para Cantabria (PGCP). 
  Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de 
la CA de Cantabria (LRJGAC)2. 
  Ley 3/2006, de 18 de abril, del Patrimonio de la CA de Cantabria. 
  Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
  Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (LF). 
  Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado. 
  Ley de Cantabria 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CA de 
Cantabria para el año 2018 
b)    Legislación estatal 
  LO 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las CCAA. 
  Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial 
(LFCI). 
  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
  Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
CCAA  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  (EA)  y  se  modifican 
determinadas normas tributarias. 
  Ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la CA de 
Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
  LO  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
(LOEPSF). 
  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
    es
 2   D  e r o  g  a d  a   p  o  s t e  r io  r m  e  n  te    p  o r   l a   L  e  y de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de
la Administración y del Sector Público Institucional de la CA de Cantabria.
 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE 
La presente fiscalización se realiza de conformidad con las Directrices Técnicas aprobadas por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de noviembre de 2019 e, igualmente, de acuerdo con las 
Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por el Pleno el 23 de diciembre de 
2013. 
La fiscalización se ha realizado en el marco de los objetivos determinados en las Directrices 
Técnicas ya citadas, de conformidad con el artículo 9 de la LO del Tribunal de Cuentas. Dichos 
objetivos se concretan en los siguientes: 
  Verificar si la Cuenta General y las demás cuentas anuales individuales de las entidades 
públicas de la CA se han rendido respetando las normas que les son de aplicación respecto a 
plazo, estructura y contenido. 
  Determinar si las cuentas anuales rendidas se presentan de acuerdo con los principios y 
normas definidos en los planes de contabilidad y en la normativa económico-financiera que rige la 
gestión de los presupuestos, poniendo de manifiesto las observaciones y salvedades que se 
estimen significativas. 
  Analizar los sistemas de control interno establecidos, en especial, en la Administración 
General (AG). 
  Comprobar si se han seguido los procedimientos establecidos para la determinación y 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  que  regula  esta  materia,  así  como  verificar  la 
implantación  de  las  medidas  correctoras  propuestas  en  los  diferentes  Planes 
Económico-Financieros (PEF) y Planes de Reequilibrio presentados, en su caso. 
  Evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los 
recursos públicos, principalmente en la AG, para la que se prevé el análisis, entre otras, de las 
áreas  de  sanidad,  medioambiente,  educación,  personal,  morosidad  de  la  deuda  comercial, 
endeudamiento y subvenciones. 
  Analizar la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de 
Compensación Interterritorial (FCI) [Fondo de Compensación (FC) y Fondo Complementario]. 
  Realizar  el  seguimiento  de  las  recomendaciones  formuladas  en  informes  de  ejercicios 
anteriores elaborados por el Tribunal, así como las señaladas en las resoluciones de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
Además, se ha verificado el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como de las prescripciones de transparencia en todo aquello en que lo dispuesto en 
dicha normativa pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
De  la  exposición  de  los  objetivos  anteriores  se  deduce  el  carácter  integral  de  la  presente 
fiscalización (de regularidad y operativa). 
No se han presentado limitaciones al alcance que hayan impedido la consecución de los objetivos 
previstos en la fiscalización.  es
I.5.  TRÁMITE DE ALEGACIONES  783ww
LCoosm urensidualtda,d opsa rdae q ulaes  saec tfuoarcmiounlaesse np rlaacst icaaledgaasc isoen epsu syi esreo np rdees emntaansiefiens ctou aanl toPsr edsoidceunmtee ndtoes  lay   OE-A-2021-14able en https://
 
 
justificantes se estimasen pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 
de 5 de abril de 1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
Dentro  del  plazo  de  prórroga  concedido  se  recibieron  las  alegaciones  que,  en  virtud  de  lo 
dispuesto en el mencionado artículo 44, se incorporan a este Informe. 
A la vista de las alegaciones, se han efectuado las oportunas modificaciones en el texto y, en los 
casos en que se ha visto necesario plantear algunas consideraciones respecto al contenido de las 
mismas, aquellas se reflejan mediante notas a pie de página. No se formulan observaciones 
respecto a las alegaciones que constituyen meras explicaciones en relación con los hechos 
recogidos en el Informe y que, por tanto, no implican oposición al contenido del mismo. En 
cualquier caso, el resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en el presente Informe. 
Se ha recibido documentación remitida fuera del plazo habilitado para realizar alegaciones, por lo 
que, con arreglo a lo dispuesto en las Normas Internas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas 
de 23 de diciembre de 2013, no se acompaña al Informe, aunque ha sido analizada a los efectos 
de darle el oportuno tratamiento. 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Todos los anexos a este Informe se han elaborado con los datos tal y como vienen reflejados en la 
contabilidad o confeccionados por el Tribunal con los datos contables aportados por aquella, de 
los que son transcripción. Los cuadros que se incluyen junto al texto del Informe son, salvo que se 
indique lo contrario, el resultado del análisis de la fiscalización, coincidente o no con los datos 
contables.  
Los anexos I.1-1, I.1-2 y I.1-3 recogen las cifras agregadas correspondientes a la liquidación de 
los presupuestos de gastos e ingresos y saldos presupuestarios de las Administraciones Públicas. 
Asimismo, los anexos I.1-4 y I.1-5 reflejan la situación económico-financiera y los resultados 
económico-patrimoniales de las Administraciones públicas. 
 
II.1.   ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
En el siguiente cuadro se ofrece información agregada sobre el número de entes integrantes del 
sector público de la CA (a 31 de diciembre de 2018), en función de la delimitación realizada por el 
artículo 3 de la LF. 
CUADRO Nº 1.   ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO3 
Entidad  Número 
AG  1 
Organismos autónomos (OOAA) (*)  8 
Otros entes públicos administrativos  1 
Empresas públicas y entes empresariales   20 
Fundaciones  9 
Consorcios (**)   1 
Universidad  1 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*)    Cuatro de los ocho OOAA existentes integraron sus cuentas en las de la AG, como secciones presupuestarias de 
la misma. 
No se incluye el Servicio de Emergencias de Cantabria, organismo autónomo (OA) creado por Ley de Cantabria 6/2018, 
de 22 de noviembre. Su constitución se produjo el día siguiente a la entrada en vigor de la Ley (11 de diciembre de 
2018), si bien según la Disposición transitoria (DT) segunda el inicio de su actividad se produciría tras la celebración de 
la sesión constitutiva de su Consejo Rector. Esta debía producirse en un plazo máximo de dos meses desde la citada 
fecha, previa liquidación de 112 Cantabria, S.A., cuya extinción se inscribió el 18 de febrero de 2019. 
(**)  En la cifra anterior no está incluido el Consorcio Interautonómico Parque Nacional de los Picos de Europa, creado 
en virtud de un Convenio de Colaboración suscrito por las CCAA de Cantabria, Castilla y León y el Principado de 
Asturias, a través de sus presidentes, para la gestión coordinada de dicho Parque Nacional. En sus estatutos no figura 
una única Administración de adscripción, indicando el Inventario de Entes del Sector Público que la CA del Principado 
de Asturias posee un porcentaje de voto superior al resto (33,34 %). Durante la fiscalización fueron remitidas las 
cuentas de 2017 y 2018, sin certificado en el que conste su aprobación y sin informe de auditoría. 
                                                
3 En el anexo I.0 se ofrece una relación nominativa de estas entidades.
 
 
De acuerdo con las cuentas rendidas en la fiscalización, en el siguiente cuadro se refleja el gasto 
agregado de las entidades anteriores, siendo necesario señalar que el mismo no se presenta 
consolidado  (al  no  estar  obligada  a  ello  la  Comunidad  según  su  normativa  contable  y 
presupuestaria), de modo que el sumatorio del gasto no responde al efectivamente realizado, en 
la medida que no se han eliminado las transferencias internas por las aportaciones efectuadas por 
la AG o por otros entes públicos. 
CUADRO Nº 2.   GASTO AGREGADO 
(miles de euros) 
Gasto contabilizado 
Entidad  Importe 
AG (*)  2.662.163 
OOAA  5.441 
Otros entes públicos administrativos  8.188 
Empresas públicas y entes empresariales  166.572 
Universidad  105.270 
Fundaciones  42.997 
Consorcios  0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*) El importe de  las transferencias realizadas por la  AG al resto  de  entes  públicos autonómicos ascendió a 
133.955 miles de euros, de los que 74.628 correspondían a la Universidad.  
En relación con las cifras anteriores, es destacable que las referentes a los dos principales OOAA 
de la CA, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS), aparecen en la línea correspondiente a la AG, al figurar presupuestariamente como 
secciones de la misma, tal y como se analiza con detalle posteriormente. Por otro lado, los datos 
de las entidades que no cuentan con presupuesto limitativo se obtuvieron de las diferentes 
cuentas de resultados. 
En los anexos I.1-1 y I.1-2 a este Informe se recoge un resumen de la liquidación de los 
presupuestos de gastos y de ingresos del ejercicio 2018 de la AG de la CA, de los OOAA, otros 
entes públicos y de los consorcios sujetos al régimen de contabilidad pública. El anexo I.1-3 
recoge el resultado y el saldo presupuestario de todas estas entidades correspondiente al ejercicio 
2018, y en los anexos I.1-4 y I.1-5 se refleja un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2018 
(balance y cuenta del resultado económico-patrimonial). 
En los anexos I.2-1 y I.2-2 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 
2018 (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) de las empresas públicas autonómicas. 
En los anexos I.3-1 y I.3-2 se recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2018 
(balance y cuenta de resultados) de las fundaciones públicas autonómicas.  e.
 
II.2.   RENDICIÓN DE CUENTAS 
II.2.1.  Consideraciones generales 
A)   PLAZO 
El artículo 124.1 de la LF establece que la Cuenta General de la CA de cada año se forma por la 
Intervención General de la Administración de Cantabria (IGAC) antes del día 31 de agosto y se 
remitirá al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre, en ambos casos, del año siguiente al 
que se refiera. La Cuenta General del ejercicio 2018 fue rendida el 30 de octubre de 2019, dentro 
del plazo establecido. 
Por otra parte, respecto de las cuentas anuales individuales, el artículo 131 de la LF establece que 
los cuentadantes debían remitir sus cuentas aprobadas a la IGAC dentro de los siete meses 
siguientes a la terminación del ejercicio económico y que esta las enviará al Tribunal de Cuentas 
antes del 31 de octubre del año siguiente a la finalización del ejercicio económico.  
Las cuentas anuales individuales de la AG y de las entidades integrantes del sector público 
autonómico de Cantabria incluidas en la Cuenta General se rinden dentro del plazo fijado por el 
artículo 131.2 de la LF vigente en ese ejercicio.  
La Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe Anual de la CA de Cantabria, ejercicios 
2008-2009, instaba a todas las CCAA a “efectuar las modificaciones normativas oportunas a 
efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio del ejercicio siguiente a que 
se refieran”, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de 
Cuentas y los Órganos de Control Externo Autonómicos. Posteriormente, la Resolución de 8 de 
abril de 2014, en relación con el Informe Anual de la CA de La Rioja, ejercicios 2010 y 2011, 
proponía adelantar este plazo aún más, hasta el 30 de junio. Finalmente, las Resoluciones de 27 
de febrero de 2019, en relación con los Informes de fiscalización de 2016 relativos a las CCAA de 
Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja instaban a dichas CCAA a adelantar la fecha a 30 de 
junio. En el caso de la comunidad fiscalizada, no se han apreciado avances en este aspecto. 
B)  CONTENIDO Y ESTRUCTURA  
El artículo 123 de la LF determina el contenido de la Cuenta General de la CA, la cual se forma 
con los siguientes documentos: 
a)   Cuenta General del sector público administrativo, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que integran dicho sector. 
b)   Cuenta General del sector público empresarial, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos en el Plan General de Contabilidad (PGC) de la empresa española, así como en sus 
adaptaciones y disposiciones que lo desarrollen. 
c)   Cuenta General del sector público fundacional, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos. 
d)   Memoria que completará, ampliará y comentará la información contenida en los anteriores  o
documentos.  783www.
AE np essua rlu dgea rl,a  lpar eCvuiseiónnta  adnate rcioarb,i dlaa  Cau elanst ac Gueenntearsa la nnou aslee sp riensdeivnidtau asleegsú nd ela l aess treuncttiduarad esse ñdaela dloas. 
 
 
sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional, sin realizarse las operaciones de 
agregación o consolidación descritas en el artículo 123. No obstante, para el caso del sector 
público administrativo, dado que los principales OOAA de la CA, es decir, el SCS, el Servicio 
Cántabro de Empleo (SCE), el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICSST) y el 
ICASS,  integran  sus  cuentas  en  las  de  la  AG,  constituyendo  diversas  secciones  de  su 
presupuesto de gastos, la Cuenta de dicha AG se aproxima al contenido que debería tener la 
Cuenta General del sector administrativo prevista en la LF, si bien no agregaría información sobre 
los OOAA de menor relevancia económica, la Universidad y los consorcios y otros entes que, con 
arreglo a la Ley, forman parte del citado sector. 
En este sentido, cabe señalar que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
elaboró las Normas sobre Consolidación de Cuentas en el Sector Público, que se aprobaron por la 
Orden  HAP/1489/2013,  de  18  de  julio,  constitutivas  del  marco  contable  para  todas  las 
Administraciones Públicas y de aplicación obligatoria en el sector público estatal a partir del 1 de 
enero de 2014. Así, la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración 
de la Cuenta General del Estado, establece un nuevo estado de cuenta única consolidada, 
aplicable desde la correspondiente al año 2014. 
Las cuentas anuales individuales de la AG y de las entidades integrantes del sector público 
autonómico de Cantabria incluidas en la Cuenta General, se rinden, con carácter general, con la 
estructura y contenido previsto en los planes de contabilidad, sin perjuicio de las observaciones 
realizadas en los epígrafes siguientes. 
Mediante la Orden HAC/553/2019, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, 
de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado, se establece 
que en la memoria de la Cuenta General del Estado se ha de incluir información relativa al 
resultado obtenido en términos de contabilidad nacional. A 31 de diciembre de 2019, la regulación 
de la Cuenta General de la CA no preveía tal información, que se considera relevante. 
Finalmente, la normativa autonómica no contiene previsión similar a la de la Orden HAP/801/2014, 
de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos 
de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que supongan la extinción de 
entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación conforme al artículo 138.6 de la Ley 
47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  Presupuestaria.  En  esta  Orden  se  indica  que  “es 
fundamental que los organismos o entidades que se extinguen sin que exista un proceso de 
liquidación, elaboren y rindan información correspondiente a la gestión realizada, al objeto de que 
se pueda realizar el control sobre la utilización de los recursos públicos, así como medir el grado 
de realización de las actuaciones previstas”. 
II.2.2.  Cuentas del sector público administrativo 
Los OOAA y entes integrados que formaban parte del sector público administrativo de Cantabria, 
debían aplicar las normas establecidas en el PGCP. Sus cuentas fueron rendidas de conformidad 
con el mismo e incluidas en la Cuenta General, si bien, como en ejercicios precedentes, los OOAA 
SCS, SCE, ICSST e ICASS integran sus cuentas en las de la AG, constituyendo, respectivamente, 
las  secciones  11,  13,  15  y  16  de  su  presupuesto  de  gastos,  conforme  establecen  sus 
correspondientes Leyes de creación4, pese a la necesidad de elaborar cuentas propias señalada 
por  este  Tribunal  en  Informes  de  ejercicios  precedentes  y  por  la  Comisión  Mixta  para  las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en diversas resoluciones (entre otras, de 27 de febrero de 
2019 y de 24 de septiembre de 2013).  e.e
 4e  j Ee r nc   ed  riá c nh   a lsa   s D   ci so p m o ps  ei ct ie o nn  ce i sa  s s   ee  n i n  m d i ac ta e   rqiau ep reels Gupoubeiesrtnaori ad, ec oCnatnatbaleb,r iad ed etetesormreinríaar áy  epla mtriommoenniatlo,  aeln c qouneta re sctoons  lOosrg saenrivsimciooss   2021-14783n https://ww
necesarios.
 
El Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología e Historia y Bellas Artes de Cantabria 
no rindió sus cuentas anuales de 2018 formando parte de la Cuenta General. Sus cuentas fueron 
remitidas el 4 de junio de 2020, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno del Consorcio en 
sesión  de  fecha  21  de  mayo  de  2020.  Esta  entidad  no  tuvo  actividad  durante  el  ejercicio 
fiscalizado. 
El plan contable aplicado en el ejercicio fiscalizado fue el previsto en la Orden de 29 de noviembre 
de 2000, por la que se aprobó el PGCP, y que tomaba como base el PGC Pública estatal, 
aprobado por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, con las 
adaptaciones precisas para su aplicación en Cantabria. El citado Plan de 1994 fue derogado por la 
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba el PGC Pública, configurado como el marco 
contable para todas las Administraciones públicas. 
La Orden PRA/360/2017, de 21 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de 2 de marzo de 2017, sobre 
condiciones adicionales a cumplir por las CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA, 
compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 2017, establece que las CCAA que no 
hubieren adaptado su normativa contable al Plan General aprobado, con el carácter de marco 
para todas las Administraciones Públicas, por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, deberían 
adoptar un acuerdo en el que se comprometieran a llevar a cabo la referida adaptación en el plazo 
máximo de seis meses a contar desde el 2 de marzo de 2017. Este acuerdo fue adoptado, como 
un compromiso genérico de cumplir con todas las condiciones establecidas para la utilización del 
FLA, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2017. Al compromiso de 
adaptación al nuevo plan contable se dio finalmente cumplimiento mediante Orden HAC/47/2019, 
de 26 de diciembre, por la que se aprueba el PGCP. 
Para el tránsito a este nuevo plan contable se hizo necesaria la implantación de una nueva versión 
del Sistema de Información Contable (SIC) existente en la CA. Consecuencia de ello, se dictó la 
Orden HAC/46/2019, de 19 de diciembre, por la que se acuerda la puesta en marcha de este 
sistema y se establece la distribución de las competencias en la ejecución de las tareas de 
contabilización de documentos y de grabación de los procesos de ordenación del pago integrados 
en dicho sistema. El artículo 1 disponía que la implantación de la nueva versión (SIC3)5 debía 
realizarse antes del día 1 de mayo de 2020, con efectos contables desde el 1 de enero de 2020.  
II.2.3.  Cuentas del sector público empresarial 
112 Cantabria, S.A., en liquidación, presentó, en lugar de los estados financieros de 2018, el acta 
de la junta general universal de accionistas con la aprobación por unanimidad del balance final de 
liquidación de la sociedad de fecha 1 de febrero de 2019, así como la correspondiente escritura 
pública de disolución y liquidación de la sociedad, otorgada con fecha 1 de febrero de 2019 e 
inscrita en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 2019. Según el balance de liquidación, el 
importe del patrimonio neto de la sociedad coincidía con el activo y ascendía a 7.312 miles de 
euros.  En  el  acuerdo  de  la  junta  general  y  en  la  escritura  de  disolución  se  establecía  la 
adjudicación del haber social al Gobierno de Cantabria, si bien, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la DT primera de la Ley de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por el que se crea el OA 
Servicio de Emergencias de Cantabria, los bienes, derechos y obligaciones se integrarían en este 
OA. 
Aunque Nueva Papelera del Besaya, S.L. (NPB), en liquidación, no rindió los estados financieros 
de 2018, presentó el acta de la junta general universal de accionistas con la aprobación por  e.e
unanimidad del balance final de liquidación de la sociedad de fecha 16 de julio de 2019, así como  b
la correspondiente escritura pública de disolución y liquidación de la sociedad, otorgada con fecha  783ww
 5   L a    p  u e  s  ta    a    d  is  p o  s i c  ió  n    d e  l   S  I C  3    por parte de la IGAE se instrumentó mediante convenio de 29 de enero de 2019
entre esta y la CA de Cantabria.
 
 
23 de julio de 2019 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de agosto del mismo año. El haber 
social ascendía a 13 miles de euros y fue adjudicado al socio único, Inversiones Cántabras 
Empresariales, S.L. (ICE). 
Las cuentas anuales de 2018 de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas, S.L. 
(SAICC) se han rendido sin acompañar el certificado de su aprobación por la Junta General. 
Las  cuentas  anuales  de  2018  de  la  sociedad  Ciudad  de  Transportes  de  Santander,  S.A. 
(CITRASA)  fueron  rendidas  sin  la  firma  de  los  administradores,  subsanándose  este  defecto 
posteriormente con la documentación remitida en el periodo de alegaciones6. 
Las cuentas anuales de ICE no venían acompañadas del informe relativo al cumplimiento de las 
obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas entidades como consecuencia 
de su pertenencia al sector público, previsto en el artículo 122.3 de la LF, si bien fue aportado 
durante la fiscalización. 
II.2.4.  Cuentas del sector público fundacional 
El artículo 122.2 de la LF dispone que las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los 
principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación al PGC a las entidades sin fines 
lucrativos, serán las previstas en dicha norma. Estos principios y normas son los establecidos por 
el Real Decreto (RD) 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos, y por las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el plan de contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 
fines lucrativos, que recoge asimismo los modelos de cuentas aplicables a microentidades. 
Las  cuentas  de  las  fundaciones  públicas  se  rindieron  completas,  ajustadas  a  las  normas 
anteriores y en el plazo fijado, incluyéndose en la Cuenta General, con las siguientes salvedades: 
  Las cuentas anuales de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica se 
rindieron en plazo, pero sin la aprobación del Patronato, ya que esta se produjo con fecha 21 de 
noviembre  de  2019,  según  acta  aportada  durante  la  fiscalización.  Ni  las  cuentas  rendidas 
inicialmente ni las remitidas durante la fiscalización contenían la firma del secretario ni el visto 
bueno del presidente, incumpliendo el requisito formal dispuesto en el artículo 28.3 del RD 
1337/2005.  
 6  J  u  n t o    c o  n   l a s    a l e  g a  c i o  n e  s  ,  s  e   h  a n     remitido unas nuevas cuentas anuales de CITRASA, reformuladas el 27 de junio de
2019.
 
  Las cuentas anuales de la Fundación Festival Internacional de Santander (FIS) se rindieron 
sin la aprobación del Patronato, dado que esta se produjo el 17 de octubre de 2019, según acta 
aportada durante la fiscalización. Las cuentas rendidas no contenían la firma del secretario ni el 
visto bueno del presidente, sino únicamente la de la directora ejecutiva, defecto que se subsanó 
durante la fiscalización. 
  Como en ejercicios anteriores, las cuentas de la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) 
fueron rendidas sin acompañar el informe de auditoría de cuentas, pese a estar incluida en el Plan 
Anual de Control Financiero, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control, para el ejercicio 
2019. 
II.3.  CONTROL INTERNO 
II.3.1.  Atribuido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
Según la LF, la IGAC ejerce, en los términos previstos en dicha norma, el control interno de la 
gestión económica y financiera del sector público autonómico, con plena autonomía respecto de 
las autoridades y demás entidades cuya gestión controle. El control se debe realizar mediante el 
ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. 
A)  FUNCIÓN INTERVENTORA 
Tal como prevé el artículo 147 de la Ley citada, si la Intervención, al realizar la fiscalización o 
intervención, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el 
procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos por escrito. Cuando el 
reparo  hubiera  sido  planteado  por  la  IGAC,  o  este  centro  hubiera  confirmado  el  de  una 
Intervención delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponde al Consejo de Gobierno, previo 
informe de la Dirección General (DG) del Servicio Jurídico, adoptar la resolución definitiva. La 
IGAC ha comunicado tres discrepancias confirmadas, de las cuales solo constan actuaciones del 
Consejo de Gobierno dirigidas a resolver una de ellas, en la que se confirma el criterio mantenido 
por el órgano de control. 
Por su parte, el artículo 148 indica que en los supuestos en los que la función interventora fuera 
preceptiva y se hubiese omitido, corresponde al titular de la consejería a la que pertenezca el 
órgano responsable de la tramitación del expediente acordar, en su caso, el sometimiento del 
asunto al Consejo de Gobierno, previo informe de la Intervención General antes de la adopción de 
resolución alguna por parte de este Órgano. El acuerdo favorable del Consejo de Gobierno no 
exime de la exigencia de las responsabilidades a que hubiera lugar. 
 
 
Los expedientes sometidos al citado Consejo, en 2018, fueron los siguientes. 
CUADRO Nº 3.   EXPEDIENTES ARTÍCULO 148 LF 
(miles de euros) 
Consejería / Organismo  Importe  Número 
Educación, Cultura y Deporte  Sin cuantificar  2 
Medio Rural, Pesca y Alimentación  182  3 
Obras Públicas y Vivienda  166  2 
Universidades e Investigación  158  1 
Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)  10  1 
SCE  100  1 
Total  616  10 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
En siete de los expedientes anteriores no se incluía el acuerdo del Consejo de Gobierno, si bien 
consta el informe favorable de la IGAC, y, en otros casos el citado acuerdo no está completo, al no 
indicar la fecha en que fue adoptado. Por otro lado, algunos informes de intervención achacan la 
deficiencia a un “error” del órgano gestor, al someter el acto con efectos económicos a la 
aprobación de la autoridad competente sin la previa cumplimentación del trámite preceptivo de 
fiscalización previa, de lo que se deduce una debilidad en el funcionamiento de los mecanismos 
de control interno implantados. 
Finalmente, cabe señalar que, en general, los informes de la Intervención General no hacen 
mención expresa a los extremos previstos en el artículo 148 de la LF, optándose por recoger la 
ratificación al informe previo emitido por la intervención delegada actuante. 
B)  CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍA PÚBLICA 
El artículo 153 de la LF7 posibilita a la IGAC a formular informes de actuación, derivados de las 
recomendaciones y de las propuestas de actuación para los órganos gestores contenidas en los 
informes anuales de control financiero permanente, cuando se hayan apreciado deficiencias y los 
titulares de la gestión controlada no indiquen las medidas necesarias y el plazo previsto para su 
solución, cuando manifiesten discrepancias con las conclusiones y recomendaciones y no sean 
aceptadas por el órgano de control o bien cuando, habiendo manifestado su conformidad, no 
adopten las medidas para solucionar las deficiencias. Lo establecido en este artículo es asimismo 
aplicable a los informes de auditoría pública, según se recoge en el artículo 158.3 de la LF. La 
IGAC no emitió informes de este tipo resultantes de la ejecución de los Planes Anuales de 2018 y 
2019. 
En relación con el informe de actuación sobre estancias concertadas, de noviembre de 2016, 
donde la IGAC señalaba que debía seguirse la regulación general de la legislación de contratos 
públicos, la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, elevó 
discrepancia al Consejo de Gobierno, que fue resuelta mediante Acuerdo de 31 de octubre de 
2018. Con base en el informe de 5 de marzo de 2018 emitido por la DG del Servicio Jurídico, el 
Consejo de Gobierno manifestó conformidad con la compatibilidad de la regulación normativa de  e.e
la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo de derechos y Servicios Sociales (artículos 54 a 62)  b
con las directivas europeas de aplicabilidad directa y sus principios rectores. Adicionalmente, con  783ww
l a     f in  a  l i d  a  d    d  e    d  a  r    c  u  m   p  li m   i e  n  to a la exigencia legal de que el régimen de conciertos garantizase
7 Modificado por el artículo 19.7 de la Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre.
 
una publicidad suficiente y se ajustase a los principios de transparencia y no discriminación, se 
modificó el artículo 62 de la citada Ley 2/2007.  
Durante fiscalizaciones precedentes se realizó el análisis detallado de los siguientes informes de 
actuación, cuya tramitación se extiende al ejercicio 2018: 
  De 28 de junio de 2016, tras el informe de control financiero sobre la aportación dineraria a 
la sociedad 112 Cantabria, S.A. para gastos de 2014 y seguimiento del informe de auditoría de 
cuentas  del  ejercicio  2011,  donde  se  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  iniciar  dos 
procedimientos de reintegro por importe de 69 miles de euros. Tras dar traslado a los órganos 
competentes y con posterioridad al transcurso del plazo previsto en la Disposición decimocuarta 
de la Circular 1/2007, de 21 de febrero, que obligaba a que la resolución de la disconformidad se 
hubiera producido en 2016 (tampoco se hizo en 2017), el Consejo de Gobierno de la CA, con 
fecha  25  de  octubre  de  2018,  resolvió  la  disconformidad  planteada  por  la  Consejería  de 
Economía, Hacienda y Empleo ante el pronunciamiento realizado por la Consejería de Presidencia 
y Justicia en relación con este informe, acordando declarar debidamente justificados los gastos 
asumidos por 112 Cantabria en su día y cuestionados en el referido informe. 
  De 12 de julio de 2017, tras el informe de control financiero sobre recursos humanos de la 
Sociedad  Regional  Cántabra  de  Promoción  Turística,  S.A.  (CANTUR),  en  los  ejercicios 
2014-2015, se propone iniciar los expedientes de reintegro de los 13 miles de euros pagados 
indebidamente en concepto de “plus” retributivo, no autorizados por órgano competente, así como 
de los relativos a 12 miles de euros abonados indebidamente en concepto de comida de los 
trabajadores  adscritos  a  sus  oficinas  centrales,  no  amparados  en  el  convenio  colectivo. 
Análogamente,  debe  reintegrarse  la  cantidad  equivalente  al  coste  de  las  comidas  de  los 
trabajadores en las instalaciones de hostelería, que se les facilitó gratuitamente. Sin que el 
procedimiento culminase en 2018, con fecha 21 de febrero de 2019, la Consejería de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio notifica a la IGAC que CANTUR ha procedido a los oportunos 
reintegros de los dos primeros casos.  
No obstante, CANTUR no realizó acción alguna para recuperar el importe reintegrado de quienes 
lo percibieron indebidamente, al considerar que, ni en el informe definitivo de auditoría ni el de 
actuación, se indicaba que se debía proceder a reclamar a los trabajadores las cantidades 
indebidamente abonadas, considerando adicionalmente que “en todo caso la acción para reclamar 
las mismas estaría ya prescrita a la fecha de notificación del informe definitivo y del de actuación, 
esto es, a 26 de julio de 2017, puesto que las cantidades se habrían abonado en los ejercicios 
2014 y 2015”. Sin embargo, cabe hacer referencia, por ejemplo, a la Sentencia número 674/2018 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la cual, ante el cobro indebido recibido por los 
trabajadores de una empresa que, conforme al artículo 1895 del Código Civil, los sitúa en 
situación de devolverlo, confirmó la sentencia de instancia que reconocía el derecho de dicha 
empresa a reintegrarse la totalidad de la deuda aun habiendo transcurrido más de un año desde 
que se inició el desfase (esta última referencia en alusión a la prescripción prevista en el artículo 
59 del Estatuto de los Trabajadores). 
En  relación  con  el  tercer  supuesto  del  informe  de  actuación,  la  Secretaría  General  de  la 
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, en fecha 24 de octubre de 2018, requirió 
a CANTUR para que le comunicase el importe total a que ascendían los gastos de manutención 
de los trabajadores en las instalaciones de hostelería en los años 2014 y 2015, al objeto de poder 
iniciar el correspondiente expediente de reintegro. El 12 de noviembre de 2018, la sociedad 
presenta alegaciones al requerimiento recibido, sin que se haya comunicado la resolución de este  es
procedimiento a 1 de julio de 20208.  o
 8   E  n   r e  la  c i ó  n   c  o n    e  s t o  s   h  e c  h o  s ,   l a   S   ección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió las Diligencias preliminares
B-15/20, dictando Diligencia de Ordenación, de fecha 5 de febrero de 2020.
 
 
Por otra parte, en relación con el seguimiento del grado de cumplimiento de conclusiones y 
recomendaciones procedentes de los informes emitidos, la Ley 5/2019, de 23 de diciembre ha 
introducido las modificaciones oportunas en la LF para que, con efectos 1 de enero de 2020, 
contenga una previsión similar a la de los artículos 161 y 166 de la Ley 47/2003, General 
Presupuestaria, donde, por un lado, se obligue a los órganos gestores a elaborar un plan de 
acción con las medidas concretas a adoptar tras los informes de control financiero, plan que debe 
ser remitido a la IGAE, para la valoración de su adecuación para solventar las deficiencias 
señaladas y, por otro, se recoja que en el informe anual resumen de las auditorías de cuentas 
anuales realizadas, se dará información sobre las medidas adoptadas por los órganos gestores 
para solventar las salvedades puestas de manifiesto en ejercicios anteriores, en la línea de lo que 
se venía sugiriendo en los informes de fiscalización. 
En cumplimiento de los artículos 151.3 y 157 de la LF, la IGAC elaboró el Plan Anual de Control 
Financiero, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control para el ejercicio 2019, aprobado por 
Resolución de 20 de diciembre de 2018, donde se incluyeron las actuaciones a realizar durante el 
ejercicio. 
Mediante Resolución de la  IGAC de 19 de junio de 2019, el plan anual de dicho año fue 
modificado, añadiendo una actuación de control financiero permanente sobre un instituto público 
(Instituto de Educación Secundaria Garcilaso de la Vega de Torrelavega, ejercicios 2016-2017 y 
2017-2018). En el plan para 2019 aparece la ejecución del informe sobre el seguimiento de los 
expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero, previsto en 
la Ley 10/2006, de Subvenciones de Cantabria, aunque la IGAC ha señalado la ausencia de 
supuestos  susceptibles  de  seguimiento,  por  lo  que  no  fue  necesario  elaborar  este  informe. 
Además, se ha comunicado la suspensión de la ejecución del informe sobre la factura electrónica, 
ejercicios 2016, 2017 y 2018, también incluido en el plan del ejercicio 2019. 
El grado de realización (a 1 de julio de 2020) de las actuaciones previstas en el plan del ejercicio 
2019, a desarrollar principalmente sobre cuentas y estados referidos a 2018, se refleja en el 
cuadro siguiente. 
CUADRO Nº 4.   ACTUACIONES PLAN ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 
(número de informes) 
Tipo actuaciones  Programadas  Finalizadas 
Control financiero permanente  8  1 
Plan de auditorías      
-  De cuentas anuales  11  10 
-  Complementario a cuentas anuales (según artículo 159.3 de la LF,  8  8 
de cumplimiento para fundaciones) 
-  De cumplimiento y operativa  2  0 
-  Específica (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla)   1  1 (*) 
-  De sistemas [Registro Contable de Facturas (RCF)]  1  0 
Control medidas correctoras propuestas a entidades auditadas  2  0 
Control subvenciones nacionales y ayudas públicas  11  9  e.
Total  44  29  783www.
F(*u) e Lnate I:G EAlaCb ohraa icniófonr mpraodpoia d ae  plaa rctoirn dcelu dsaiótno sd aep eosrttaa daousd iptoorrí ala, sp eenroti dnaod heas  rfeismcaitliidzoa dinafso.r me definitivo.
 
A las actuaciones anteriores habría que añadir las realizadas sobre los fondos comunitarios 
recibidos por la CA, relativas al Programa Operativo de Cantabria 2014-2020, algunas de ellas 
realizándose a requerimiento de la IGAE y, por tanto, no fijadas de antemano, figurando como 
iniciadas solo las correspondientes al Fondo Social Europeo (FSE) y al Fondo Europeo Marítimo y 
Pesca. 
Finalmente, a 1 de julio de 2020 se ha comunicado por la Subdirección de Control Financiero el 
envío al Interventor General del informe resumen anual del Plan de Control Financiero, Auditoría 
Pública y Otras Actuaciones de Control para el ejercicio 2019, previsto en los artículos 151.4 y 
158.5 de la LF, quedando pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno. 
II.3.2.  En la presupuestación y en la gestión de gastos y pagos 
A)  PRESUPUESTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES 
En fiscalizaciones precedentes se puso de manifiesto que, pese a que las diferentes órdenes por 
las que se dictaban las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la CA de 
Cantabria preveían que la asignación de recursos debe efectuarse dentro de una estructura de 
programas  de  gasto  que  permitiera  a  los  centros  gestores  tanto  agrupar  los  créditos 
presupuestarios  atendiendo  a  los  objetivos  a  conseguir,  como  diferenciar  los  programas  de 
carácter finalista (aquellos de objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables) del 
resto y que el artículo 69 de la LF determina que los titulares de los centros gestores del gasto 
responsables  de  los  distintos  programas  presupuestarios  han  de  formular  un  balance  de 
resultados y un informe de gestión sobre el cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio 
en el programa plurianual correspondiente, documentos que, según el artículo 121.7 de la LF, se 
incluyen en las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables 
públicos, los presupuestos de gastos aprobados no se ajustaban a estas previsiones. 
 
En relación con el ejercicio fiscalizado, el apartado 2.2.2 de la Orden HAC/37/2017, de 1 de 
agosto, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la 
CA de Cantabria para el año 2018, contenía previsión análoga a la de ejercicios anteriores, si bien 
el presupuesto de gastos aprobado no se ajustó a la misma. No obstante, durante el ejercicio, la 
DG de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera remitió a los centros gestores documentos 
cuya cumplimentación permitía homogeneizar la información a incluir en la Cuenta General para 
satisfacer estos requerimientos, estableciendo además la Orden HAC/09/2019, de 19 de febrero, 
por la que se regula la documentación para la formación de la Cuenta General de la CA de 
Cantabria para el ejercicio 2018, la obligación de envío de dicha información. Ello permitió que, 
por primera vez, la Cuenta General de 2018 presentase el balance de resultados y el informe de 
gestión antes mencionado, si bien no de forma plena, al alcanzar, únicamente al 40 % del total del 
presupuesto  de  la  AG,  para  un  total  de  336  indicadores  en  diez  de  las  quince  secciones 
presupuestarias, correspondientes a los objetivos marcados en 35 programas presupuestarios. El 
grado de consecución de los objetivos, en función de estos indicadores, alcanzaba el 100 % en el 
51 % de los casos. 
 
Las  deficiencias  señaladas  pretenden  seguir  corrigiéndose  con  el  dictado  de  la  Orden 
HAC/33/2018, de 6 de julio, para la elaboración de los Presupuestos Generales de Cantabria de 
2019, donde la norma 2.2.2 de dicha Orden introduce, como novedad, la obligación para los 
órganos gestores de detallar “indicadores de valoración del grado de realización de los objetivos 
definidos en los programas presupuestarios, para, con posterioridad, poder formular un balance de 
resultados e informe de gestión del cumplimiento de los objetivos fijados”.  e.
  w.b
Por otro lado, la Comunidad no elabora los escenarios presupuestarios plurianuales en los que  783ww
dpelubriieanrouna leesn mdea rccaardsae  csounss epjererísau, pcuoens toloss  doeb je2t0iv1o8s,  aa scío ncsoemgou irl oys  lacso rarecscpioonnedsie nnetecse sparroiagsra pmaaras 
alcanzarlos según lo establecido en los artículos 28 y 29 de la LF. Los escenarios presupuestarios
 
 
plurianuales habrían de ajustarse al objetivo de estabilidad presupuestaria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 15 de la LOEPSF. 
Finalmente, conforme al artículo 62.4 de la LF, todas las entidades del sector público autonómico 
empresarial o fundacional deben presentar, junto con los presupuestos de explotación y capital, 
una memoria explicativa de su contenido, de la ejecución del ejercicio anterior y de la previsión de 
la  ejecución  del  ejercicio  corriente.  Cuatro  sociedades  mercantiles  y  una  fundación  no  han 
acreditado contar con estas memorias, cuyo contenido aparece en el apartado 2.3.2 de la citada 
Orden HAC/37/2017. 
B)  PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 
Según  el  artículo  63.1  de  la  LF,  las  entidades  obligadas  a  elaborar  los  presupuestos  de 
explotación y capital (las pertenecientes al sector público empresarial o fundacional) han de 
formular anualmente un programa de actuación plurianual, debiendo establecer su estructura 
básica la consejería competente en materia de hacienda, con un desarrollo posterior por cada 
entidad con arreglo a sus necesidades, sin que se haya establecido tal desarrollo ni formulado los 
programas. No obstante, la Orden HAC/33/2018, de 6 de julio, de normas para la elaboración de 
los Presupuestos Generales de la CA para el año 2019, recoge como novedad para el ejercicio 
2019, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 63 de la LF, que estos entes deberán 
formular  un  Programa  de  Actuación  Plurianual  que  consistirá  en  añadir  la  información 
complementaria a los estados financieros que se concreta en la Orden. 
C)  FONDOS LÍQUIDOS 
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo aprobó, a propuesta de la DG de Tesorería, 
Presupuestos y Política Financiera, un presupuesto monetario para el ejercicio 2018, en virtud de 
la habilitación recogida en el artículo 82 de la LF, al que, conforme este artículo, habría de 
acomodarse la expedición de las órdenes de pago y que debía contener una previsión sobre los 
ingresos de la CA. Durante el ejercicio fiscalizado, dicho presupuesto no ha experimentado 
modificaciones en función de los datos sobre su ejecución o cambios en las previsiones de 
ingresos o de pagos, y, aunque se han apreciado ciertas mejoras, sigue careciendo del detalle 
necesario para analizar y, en su caso, corregir adecuadamente las desviaciones producidas. Cabe 
señalar, además, que la CA elabora otro documento (el plan de tesorería previsto en el artículo 
13.6 de la LOEPSF) con fines similares, poniéndose de manifiesto que ambos documentos 
contienen datos inconsistentes entre sí y, este último, además, presenta las carencias que se 
ponen de manifiesto en el epígrafe II.8.2. 
Por otro lado, y pese a atribuirse la gestión de las cuentas bancarias a la DG citada, esta no podía 
ejercer facultades de control de las cuentas restringidas de ingresos, cuya competencia estaba 
asignada a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT), hasta el momento en que 
los fondos de las mismas no eran traspasados a la cuenta general de ingresos. 
Asimismo, el artículo 85.3 de la LF indica que la consejería competente en materia de Hacienda 
puede suscribir convenios con las entidades de crédito, tendentes a determinar el régimen de 
funcionamiento de las cuentas en que se encuentren situados los fondos de la AG de la CA o de 
sus OOAA. Solo en relación con las cuentas de recaudación de ingresos se contaba con contratos 
administrativos especiales para la prestación a la CA del servicio de caja y otros servicios 
financieros complementarios. 
Por otra parte, hay que señalar que la citada consejería no ha dictado instrucciones para fijar los  oe.
medios de pago de la AG de la CA de Cantabria y sus OOAA, tal como recoge el artículo 86 de la  w.
LF, si bien, en la práctica, casi la totalidad de pagos se efectúa a través de transferencia bancaria.  783ww
Finalmente, cabe señalar que la CA no dispone de manuales internos formalmente aprobados que
establezcan los procedimientos de control sobre las cuentas de tesorería.  
 
D)  OFICINA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL GASTO 
La citada Oficina fue creada por el Decreto 80/2012, de 27 de diciembre, con el fin de la 
realización del estudio, análisis, evaluación y propuestas de mejora de la actividad del Sector 
público autonómico susceptible de generar gasto. Durante el ejercicio 2013 no tuvo actividad, 
aprobándose su estructura orgánica en el ejercicio 2014, mediante Decreto de 28 de marzo, y las 
funciones asignadas a la misma se desarrollaron por Orden de 23 de mayo del mismo año. 
Por Decretos 1/2017, de 10 de febrero, y 2/2017, de 9 de febrero, se produce la modificación de 
las  normas  reguladoras  de  esta  oficina.  Como  resultado  de  tal  modificación,  cambia  su 
denominación a “Oficina de Seguimiento e Información del Gasto” y se suprime el procedimiento 
de “cuestionamiento previo”, pasando todas las actuaciones generadoras de  gasto a utilizar 
únicamente el procedimiento de “remisión de información”. Las razones esgrimidas en el Decreto 
de 2017 para llevar a cabo la supresión del citado procedimiento de control se referían a la 
necesidad de “un importante número de recursos humanos especializados concurrentes para 
poder analizar, sin dilaciones perjudiciales, los miles de expedientes anuales remitidos por las 
diversas áreas de gestión”, sin hacer referencia a los efectos, en términos de eficacia y eficiencia, 
derivados de su implantación y funcionamiento. Por su parte, el Decreto 71/2017, de 28 de 
septiembre, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Presidencia y 
Justicia y se modifican parcialmente las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Presidencia del 
Gobierno y de la Consejería de Presidencia y Justicia, procedió a suprimir los cinco puestos de la 
unidad encargada del cuestionamiento previo. 
En el ejercicio fiscalizado, el Decreto 10/2018, de 16 de febrero, procede a la supresión de la 
Oficina, adscribiendo la unidad existente de “remisión de información”, con todos sus puestos de 
trabajo, a la DG de Organización y Tecnología, a la que se asignan todas las funciones y 
competencias de la Oficina suprimida que, entre otras funciones, estaba dando adecuado soporte 
al Órgano Directivo responsable del Portal de Transparencia, en materia de actos de gestión 
administrativa con repercusión económica del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  a  través  de  su  Sistema 
Informático de Gestión Integral del Gasto9. A diferencia de lo ocurrido con los puestos de trabajo 
de la unidad de cuestionamiento previo, los correspondientes a esta unidad se mantienen, si bien 
modificando su centro de adscripción.  
E)  REGISTRO DE FACTURAS Y PUNTO DE ENTRADA 
Por Orden HAC/06/2013, de 20 de febrero, se creó el módulo de Gestión de Facturas en el SIC de 
la  CA.  La  Orden  dispone  la  grabación  de  la  factura  en  este  módulo,  una  vez  registrada 
administrativamente,  como  requisito  necesario  para  la  tramitación  del  reconocimiento  de  la 
obligación  derivada  de  las  prestaciones  realizadas  a  favor  del  sector  público  administrativo 
autonómico. 
Tras el dictado de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación  del  RCF  en  el  Sector  Público  y  de  la  Orden  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
                                                 
9 Según el citado Decreto, la entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno de la Administración y del 
Sector Público Institucional de Cantabria (Ley 5/2018, de 22 de noviembre) contempla la supresión de la referencia 
específica a la estructura de la Presidencia y el Gabinete del Presidente recogida en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre 
(derogada por la primera), para posibilitar que pudieran existir "órganos directivos con las funciones y competencias que 
se determinen en la estructura orgánica de la Presidencia", por lo que la entrada en vigor de la Ley 5/2018 provocaría la  s
supresión de la Oficina de Seguimiento e Información del Gasto. No obstante, se reconoce que esta oficina estaba  e.
dando adecuado soporte al órgano directivo responsable del Portal de Transparencia, en materia de actos de gestión  w.b
aaspud olsams t eiipnnrufiisooetrrsrmmatotaeisvcn aitdóe ecn lo  aptnrsúa  rbcbeloapicrjeoraer, c sysup biso uibnóeidneni ne eg ncaotoedbnssieó carmrndibioaci,éap pn tadodcero iloll ooans rect íusac a udllla eos   elC8a  hosda neecs seleat jr enuLreceícatyue  rd1saea9s r/ 2iPpo0or me1r s3pai,dan dertetenen c 9edia red   leyala   d JuDiuncisiiredteimaccdicba ire óecnn,oc  dGnae relg antar eadfrinanas al dpldieade rae eOdlnl orcdg,i aeaju, n nraieztcoaac clceizioósannor     2021-14783n https://ww
y Tecnología.
 
 
Administraciones Públicas (MINHAP) 492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los 
requisitos funcionales y técnicos del RCF de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 
25/2013, la CA procedió al dictado de la Orden HAC/50/2014, de 17 de noviembre de 2014, por la 
que se regula el RCF de la Administración de Cantabria. Según indica dicha Orden, parte de los 
objetivos perseguidos por la Ley 25/2013 se alcanzaron ya con la Orden HAC/06/2013, a través 
del control informatizado y sistematizado de las facturas recibidas. 
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 25/2013, las CCAA deben disponer de un punto general de 
entrada de facturas electrónicas, a través del cual se reciban todas aquellas que correspondan a 
entidades, entes y organismos vinculados o dependientes. Con fecha 7 de agosto de 2014, el 
Consejo de Gobierno aprobó la adhesión de la Administración de Cantabria al Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (AGE) (FACe).  
En dicho Punto General y en lo que se refiere a la CA de Cantabria en 2018, se rechazaron un 
total de 767 facturas electrónicas (1.782 en 2016 y solo 11 en 2017), principalmente, por no 
adecuarse a lo previsto en la regla 6 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio. Los 
errores aritméticos o incoherencias que impiden el cálculo del importe bruto de la factura y las 
deficiencias que impiden determinar los importes parciales de la misma constituyen, al menos, el 
84 % de los errores detectados. Por su parte, el motivo de rechazo del 9 % del total de las facturas 
fue su envío duplicado (regla 3 de dicho anexo). 
En relación con lo recogido en el artículo 10.2 de la Ley 25/2013, donde se  establecía la 
obligación de elaborar un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a las 
cuales hubieran transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se hubiera 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, se ha facilitado la 
información correspondiente al ejercicio 2018. Asimismo, se ha elaborado por la IGAC el informe 
anual de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad correspondiente a 
2018 (de fecha 14 de noviembre de 2019) a que se refieren los artículos 12.2 de la Ley 25/2013 y 
10.2 de la Orden 50/2014, donde la IGAC pone de manifiesto el incumplimiento del periodo 
máximo de pago a proveedores de 30 días legalmente previsto, señalando que se superó en más 
de 30 días el límite antes mencionado entre los meses de septiembre y diciembre, por lo que 
resultaron de aplicación las medidas establecidas el artículo 18.4 de la LOEPSF, como se pone de 
manifiesto en el epígrafe II.8.4. 
En dicho informe sobre morosidad, la IGAC indica que, como en el ejercicio precedente, se han 
observado anomalías en el funcionamiento del RCF que han contribuido a sobrevalorar el periodo 
medio de pago (PMP) de la AG durante el ejercicio 2018, motivadas principalmente por la 
ausencia de conexión automática entre el módulo de habilitados y el RCF, lo que había dado lugar 
a la existencia de varios miles de facturas que aparecían en el RCF como facturas pendientes de 
pago que, sin embargo, habían sido ya pagadas por los habilitados. Igualmente, la falta de 
conexión  automática  de  los  documentos  contables  de  reconocimiento  de  obligación  con  las 
facturas de las que proceden implica la existencia permanente de facturas que han sido pagadas, 
por haber sido realizado el pago con base en el documento contable, pero que aparecen en el 
RCF como pendientes de pago, con el efecto negativo que ello produce sobre el PMP. 
Por lo que se refiere al resto del sector público administrativo, al sector público empresarial y al 
sector público fundacional, el informe concluye que la información refleja inconsistencias de datos, 
que solo podrían explicarse por un flujo muy errático de facturas, así como también una excesiva 
repetición de las ratios mensuales que pudieran ser debidas a errores en la aplicación de las 
fórmulas para el cálculo del PMP.  es
La citada Ley 25/2013 también recoge la obligación, para las Intervenciones Generales, de  w.
rcAeouannltiqazuaberle  esul  ndPael a nafa udcdetui taoraurísda i tcoudrmeía pssl episnat eracmo 2an0s 1 la9as np ucreoavnl edípiaca ieroasn teevs ea rdnifeáic liafsurisn  crqeiuosenp aemlcotisoe  ndcteool r repejreserpvcoiiscntiadosi e2 ne0tn1e 8sd,  iecrleh cgaoi snLttrerooys.l    2021-14783n https://ww
 
no llegó a realizarse, como ya sucedió en ejercicios anteriores. El Plan para 2020, aprobado por 
Resolución de la IGAC de 30 de diciembre de 2019, ha incluido una auditoría de sistemas que 
deberá incluir un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el RCF y del número 
y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable. 
F)  ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR 
Durante el ejercicio fiscalizado, el Decreto 3/1998, de 8 de enero, y la Orden de 23 de abril de 
1998, establecían la regulación sobre anticipos de caja fija en la CA, si bien el 7 de noviembre de 
2018 entró en vigor el Decreto 89/2018, de 25 de octubre, por el que se regulan los Anticipos de 
Caja Fija, que deroga todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en el mismo, en particular, el Decreto 3/1998. 
En cuanto a las medidas de control de estos fondos incluidas en dichas normas, el artículo 7 de la 
Orden de 23 de abril de 1998 solo indicaba que, una vez aprobadas las cuentas, se habían de 
remitir a la Intervención respectiva, sin establecer ningún plazo para ello, aspecto que tampoco fue 
solventado por el Decreto 89/2018. 
En la presente fiscalización no se ha podido obtener evidencia de los plazos que median entre la 
aprobación de las cuentas justificativas por la autoridad competente y su presentación a la 
Intervención delegada, ni de los relativos a la emisión del informe sobre la cuenta recibida por 
parte de esta, puesto que quince de las veintidós habilitaciones existentes no han facilitado 
información relativa a la actuación de la Intervención de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 
del Decreto 3/1998 y 8 de la Orden10. En el resto de los casos (es decir, cuando se aportó 
información por las habilitaciones), esta se considera poco fiable11, al haberse hecho constar en 
54  casos  una  fecha  de  emisión  del  informe  de  la  Intervención  que  es  anterior  a  la  de  la 
presentación de la cuenta justificativa12. 
En el análisis de una muestra de  cinco cuentas justificativas se observa que, con carácter 
general13: 
  Las fechas de  presentación  y de  aprobación no  coinciden  con  las  consignadas  en  la 
información aportada con carácter previo a la muestra. 
  En todas las cuentas se hace constar las firmas del secretario general y del consejero 
correspondiente, coincidiendo, en todos los casos, las fechas de formación de la cuenta por la 
habilitación con la de la firma por la autoridad que debe aprobarla.  
  De acuerdo con el PGCP, el reconocimiento de la obligación, y, por consiguiente, la emisión 
                                                 
10 Durante el transcurso de los  trabajos de fiscalización, no remitieron la  información solicitada  las siguientes 
habilitaciones:  de  la  Consejería  de  Presidencia  y  Justicia;  habilitaciones  de  la  Consejería  de  Universidades  e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social; la habilitación número 2 (ES000S3908012B) de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte; habilitaciones del SCS, del SCE (si bien hizo llegar la documentación junto con las 
alegaciones), del ICSST y del ICASS. 
11 En las alegaciones, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo se indica que, “en cuanto 
a que es poco fiable la aportación de la información por las habilitaciones, se ha comprobado que existe un error en las 
fechas referentes a la presentación de la cuenta y aprobación de la misma, siendo correcta la fecha de los informes de 
la Intervención”. 
12 Es el caso de 49 de las 73 cuentas justificativas presentadas por la habilitación de la Consejería de Obras Públicas y  es
Vivienda, 5 de las 23 cuentas justificativas presentadas por la Consejería de Sanidad; y 2 de las 5 presentadas por la  o
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.  w.
1ch3oa rEbrieslitstaapsco iónondb isenenúrtvmea ecariloo  nIC1e Asd SenS ola , a pCfeoocrn tansnoe  jeahr aílaabs ed rsesi geOu ribeernmatseit isPd oúc ubdeliecnnatatsrs oy  j udVseitvli fiiepcnlaadtziavo,a  sde enin  lacaln uqáiduliaseis s n;e ony   slaea   lmhaa un4e 0so0tbr2as0:e 3r41v0a80d32o10 02l0a10s8 03d01e70f5i0c0i7e 4dn3ec5i a1las,    2021-14783n https://ww
anteriormente descritas.
 
 
del correspondiente documento ADO, debe realizarse en la fecha del libramiento de los fondos, 
habiéndose observado la coincidencia de la fecha de presentación de la cuenta con la de dicho 
documento, salvo en una de las cuentas analizadas (Consejería de Presidencia y Justicia), en la 
que la fecha del documento no se corresponde con ninguna actuación que se deduzca del 
expediente. 
  Según  el  artículo  1  del  Decreto  3/1998,  los  gastos  incluidos  en  la  cuenta  deben  ser 
periódicos o repetitivos aplicables al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del 
presupuesto del ejercicio en que se efectúan, habiéndose constatado en dos casos gastos que 
deberían haberse imputado al capítulo 6 por tratarse de gastos que suponen un incremento de la 
vida útil, capacidad, rendimiento o eficiencia del bien al que se vinculan14. 
  El artículo 7.4 del Decreto y el 8.3 de la Orden establecen que, en el caso de que en el 
informe se hagan constar defectos o anomalías, el secretario general realizaría las alegaciones 
que estimase oportunas o, en su caso, los subsanaría en el plazo de quince días desde que 
recibió  el  informe  de  la  Intervención.  En  dos  de  los  casos  analizados  se  emitió  informe 
desfavorable, constando, en el primero, la subsanación de los dos defectos detectados en un 
plazo de 130 días15 y, en el segundo, la subsanación del defecto en un plazo de 117 días16. 
Por último, cabe señalar que, aunque el artículo 145 de la LF establece que reglamentariamente 
se determinarán los requisitos a verificar en la fiscalización previa de las órdenes de pagos a 
justificar, así como el procedimiento a seguir en la intervención de sus cuentas justificativas, dicho 
desarrollo normativo no se había efectuado. 
II.3.3.  En la gestión de ingresos y cobros 
La Resolución de 29 de diciembre de 2000, por la que se aprueba la Instrucción Provisional para 
la Administración Financiera de la CA17, indica que la gestión contable se realiza por una única 
Oficina de Contabilidad de la IGAC, teniendo el Sistema de Información de Modernización y 
Organización  Unificada  de  Recursos  Operativos  (MOURO),  en  relación  con  los  ingresos 
presupuestarios, la naturaleza de contabilidad auxiliar. Las principales debilidades encontradas en 
el procedimiento de registro de los ingresos son las siguientes: 
  Los ingresos presupuestarios de la CA registrados en el Sistema de Información MOURO se 
volcaron al SIC mediante la remisión de los documentos denominados “resúmenes contables”, 
elaborados en papel y trasladados físicamente a la Oficina de Contabilidad para su introducción 
manual. El Servicio de Pagos y Valores de la DG de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera 
remitía diariamente a la Oficina de Contabilidad los documentos denominados “arqueos”, con los 
movimientos producidos en la cuenta general de ingresos, para, también de forma manual, 
conciliarlos con los provenientes de los “resúmenes contables”, aplicando cada derecho al cobro 
correspondiente. Si bien por regla general estas operaciones se realizaron de forma satisfactoria, 
en 2018 persistían saldos en el concepto extrapresupuestario 321.009 “Ingresos pendientes de 
                                                 
14 En la Consejería de Presidencia y Justicia, gastos del concepto 213 “Reparaciones, mantenimiento y conservación. 
Maquinaria, instalaciones y utillaje”, para habilitar una línea de audio para prensa en una sala de vistas, y en el 22199 
“Suministros. Otros suministros”, diversos elementos para montaje de estanterías. En la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, gastos del concepto 213 “Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, instalaciones y utillaje” 
para la instalación de un finger en el pantalán de Colindres, y del 22199 “Suministros. Otros suministros” para la 
Instalación del SAI ON-LINE (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) en el puerto de San Vicente de la Barquera, y 
para la instalación de una baliza en el puerto de Comillas.  es
15 Cuenta 40020218310055761 de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.  bo
16 Cuenta 40020218310071689 de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.  783ww
1a7c uDeerrdoag alad ap uceosnta  peons tmeraiorcrihdaa dd eal l SeIjCe3rc, icyi os ef isecsatalibzlaedcoe  plao rd ilsat riOburdceiónn  HdAe Cla/4s 6c/o2m01p9e,t ednec i1a9s  edne  ldai ceijeemcubcreió,n p doer  llaas q tuaere saes 
de contabilización de documentos y de grabación de los procesos de ordenación del pago integrados en dicho sistema.
 
distribución”, registrados en ejercicios anteriores por importe de 211 miles de euros (frente a 71 
miles en 2017), que no habían sido conciliados.  
  En  las  fiscalizaciones  precedentes  se  pusieron  de  manifiesto  deficiencias  del  sistema 
MOURO como contabilidad auxiliar que continuaban en el ejercicio 2018, dado que, si bien este 
sistema disponía de información para cada uno de los ingresos liquidados por los diferentes 
órganos de gestión, el proceso de traslación de la misma al SIC, establecido por la citada 
Instrucción, se hacía de tal manera que no quedaba disponible ni el desglose entre la recaudación 
realizada en período voluntario y la relativa a la vía ejecutiva, ni el importe de los derechos 
anulados en cada ejercicio por aplazamientos o fraccionamientos, por lo que estos se trasladan a 
la Cuenta General como “anulaciones”. 
  En  fiscalizaciones  precedentes  se  ponía  de  manifiesto  que  los  recargos  del  período 
ejecutivo y los intereses de demora, que forman parte de la deuda tributaria según el artículo 58 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se registraban en el sistema 
MOURO,  por  lo  que  tampoco  tenían  reflejo  en  contabilidad.  Durante  la  fiscalización  se  ha 
acreditado  la  subsanación  de  esta  deficiencia,  tras  la  culminación  del  desarrollo  informático 
iniciado en 2016. 
Respecto de la obligación que asumen los  órganos de recaudación tributaria de establecer 
procedimientos encaminados a la vigilancia de la posible solvencia sobrevenida de los obligados 
al pago declarados fallidos, según dispone el artículo 63 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se destaca que la ACAT, en relación con 
los ingresos tributarios de su competencia, no tenía formalizados ni procedimientos ni actuaciones 
particulares, salvo el embargo automatizado de las devoluciones tributarias a  realizar por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Tampoco se tiene constancia de que otros 
órganos de recaudación de la CA dispusieran de dichos procedimientos respecto de los ingresos 
(tributarios o no) de su competencia. 
Hay que señalar que la Instrucción conjunta de la Intervención General, la DG de Tesorería y 
Presupuestos y la DG de la ACAT, de 10 de febrero de 2014, establece un procedimiento que 
permite  la  compensación  de  oficio  de  deudas  en  período  ejecutivo  con  obligaciones  o 
devoluciones de ingresos reconocidos a favor del deudor, con ciertas excepciones. El SIC verifica 
de  forma  automatizada  la  posible  existencia  de  posiciones  deudoras  en  período  ejecutivo 
(incluidas insolvencias) de los beneficiarios de obligaciones reconocidas, paralizándose en tal 
caso el pago e iniciando el procedimiento de extinción de deudas por compensación de oficio por 
el órgano competente. Durante 2018 se dictaron 849 resoluciones de compensación de oficio por 
un importe total de 1.596 miles de euros. 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por RD 939/2005, de 29 de julio, y la base tercera.1.b) del convenio suscrito con fecha 15 de 
septiembre de 2006, entre la ACAT y la AEAT, para la recaudación en vía ejecutiva de los 
ingresos de derecho público de la CA, la providencia de apremio debe ser dictada por el órgano 
competente de la CA. Sin embargo, este no venía notificando la providencia de apremio, pese a 
ser este hecho el que inicia el procedimiento de apremio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
167.1 de la Ley General Tributaria. El convenio fue modificado en septiembre de 2017, aunque a 
lo largo de dicho ejercicio no llegó a actuarse conforme a la modificación introducida. Según la CA, 
no ha sido hasta octubre de 2018 cuando se ha comenzado a remitir a la AEAT las providencias 
de apremio en los términos establecidos en el convenio modificado. 
II.3.4.  Política de seguridad en la utilización de medios electrónicos   w.b
Eesl taarbtílceucleor  1la5 6p odleít ilcaa L dReJ SsPeg, uinrdidicaad  qeune  lae l uEtisliqzuaecmióna  Ndea cmioendailo dse e Sleecgtruórnidicaods ( EeNn Se)l  táiemnbei tpoo dr eo bejesttoa 
norma,  y  está  constituido  por  los  principios  básicos  y  requisitos  mínimos  que  garanticen
 
 
adecuadamente la seguridad de la información tratada. El RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el ENS en el ámbito de la Administración Electrónica tiene por objeto determinar la política 
de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. 
En los informes de fiscalización precedentes se realizó un análisis del estado de aplicación del 
ENS en la CA. En relación con las deficiencias o debilidades detectadas y por lo que se refiere al 
ejercicio fiscalizado, cabe señalar que: 
  De acuerdo con el artículo 11 del RD, todos los órganos superiores de las Administraciones 
públicas  deberán  disponer  formalmente  de  su  política  de  seguridad  que  articule  la  gestión 
continuada de la seguridad, que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente. 
En el caso de Cantabria, fue el Consejo de Gobierno, por Decreto 31/2015, de 14 de mayo, el que 
aprobó la política de seguridad de la información de la Administración de la CA, comprendiendo el 
ámbito del Decreto tanto a la AG como a los organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculadas  o  dependientes  de  la  misma  (excluido  el  SCS),  cuando  ejerzan  funciones 
administrativas  y  utilicen  sistemas  de  información  gestionados  por  el  órgano  directivo  con 
competencias  en  materia  informática.  Por  tanto,  la  aprobación  de  esta  política  no  se  ha 
particularizado para cada uno de los órganos superiores de la CA, entendidos estos como los 
responsables directos de la ejecución de la acción del gobierno autonómico en un sector de 
actividad específico, de acuerdo con lo establecido en el EA y normas de desarrollo18, y ello pese 
a los riesgos específicos que los diferentes sistemas utilizados pueden plantear. 
  El  artículo  21  del  Decreto  prevé  que  por  orden  del  consejero  competente  en  materia 
informática pueden crearse otras comisiones o comités para el estudio, informe y propuesta sobre 
seguridad de la información en materias sectoriales concretas, al igual que responsables de 
seguridad de la Información sectoriales en aquellos organismos públicos o entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes de la Administración de la CA, así como en aquellos sectores 
de la Administración que necesiten un tratamiento particularizado, previsiones que solo se han 
llevado a efecto mediante las Órdenes PRE/49/2016 y PRE/50/2016, ambas de 22 de julio, por la 
que regula la estructura de gestión de seguridad de la información y de la continuidad de los 
servicios del Organismo Pagador y del SCE, respectivamente, sin que haya alcanzado a otros 
sistemas tales como el referido a la gestión de los ingresos MOURO. 
   El Decreto 31/2015 señala que corresponde a la Comisión General de Seguridad de la 
Información  la  función  de  elaborar  y  revisar  regularmente  la  Política  de  Seguridad  de  la 
Información para ser aprobada por el Consejo de Gobierno, sin que desde su aprobación en 2016 
haya sido objeto de revisión. Tampoco ha emitido informes sobre el grado de cumplimiento de las 
normas de seguridad de carácter general, ni ha aprobado formalmente los análisis de riesgos ni 
procedido a su posterior revisión. Esta Comisión, que debía reunirse con carácter ordinario una 
vez al año, no lo hizo durante el periodo 2017-2019. 
  El Comité Técnico de Ciberseguridad, previsto en el artículo 8 del Decreto y competente 
para desarrollar los aspectos técnicos y procedimentales de la seguridad de la información, no fue 
constituido hasta el año 2018. 
  No ha sido hasta el ejercicio fiscalizado cuando los sistemas SIC y MOURO han contado 
con la declaración de aplicabilidad prevista en el artículo 27 del RD 3/2010. Igualmente, ha sido en 
este ejercicio cuando estos sistemas fueron objeto de la categorización a la que se refiere el 
artículo 43 del RD. 
                                                  bo
18 Según el artículo 33 de la LRJGAC, corresponde a los titulares de las Consejerías:  783www.
--  EEjjeecrcuetar rl,a e inn iceila átimvab,i tdoi rdeec csiuó nC, ognessetijóenrí ae,  ilnas ppoelcítcicióan e dseta btoledcoisd alo pso sre erlv Gicioobsi edren ola.  Consejería respectiva, así como de las
entidades vinculadas o dependientes de la misma.
 
  En el informe de 2017 de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (MINHAFP) se indica que la ACAT tenía pendiente acometer un plan global de 
seguridad informática o plan director, el cual no se había culminado al cierre del ejercicio 2019. 
  A 31 de diciembre de 2018, no se había llevado a cabo la auditoría de la seguridad sobre los 
sistemas  de  información  a  la  que  se  refiere  el  artículo  34  del  RD,  donde  se  verifique  el 
cumplimiento de los requerimientos del ENS por parte de los citados sistemas, salvo en el SCE 
(realizada por última vez en 2019). No obstante lo anterior, en la medida en que la DG de 
Organización y Tecnología es la proveedora de servicios tecnológicos de la Administración de la 
CA (a excepción del SCS y el sector público empresarial y fundacional) y los servicios se 
proporcionan  con  las  mismas  infraestructuras  tecnológicas  y  los  mismos  procedimientos 
operativos, las conclusiones de las auditorías llevadas a cabo sobre el SCE pueden extenderse 
parcialmente al resto de los sistemas señalados. 
Por otro lado, cabe indicar que, a 5 de julio de 2019, el sitio web donde está ubicada la sede 
electrónica de la CA no ofrecía una conexión privada de acceso al mismo, por lo que no estaba 
catalogado  como  seguro.  Del  mismo  modo,  el  portal  estatal  VALIDA-E  no  suministraba  un 
resultado positivo a la verificación de la validez del certificado contenido en dicha sede electrónica. 
A la vista de los resultados de la fiscalización, la CA corrigió la deficiencia el 9 de octubre de 2019, 
poniendo operativa la conexión segura vía HTTPS a su sede electrónica. 
Finalmente, en el ejercicio fiscalizado se aprobó la Orden PRE/59/2018, de 2 de noviembre, por la 
que  se  regulan  las  condiciones  sobre  seguridad  de  la  información  y  protección  de  datos 
personales  a  incorporar  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas en la contratación pública de la Administración de la CA, en orden a su 
adecuación a la nueva normativa sobre protección de datos. 
II.3.5.  Otros aspectos relativos al control interno 
A)  PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD E INVENTARIOS 
Además de por los preceptos de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
aplicables a las CCAA, el Patrimonio de la CA se encuentra regulado en la Ley autonómica 3/2006 
de 18 de abril y en el Reglamento 72/1987 de la derogada Ley 7/1986, aplicable en tanto que no 
se apruebe el correspondiente a la nueva Ley, en todo aquello que no la contradiga. Durante el 
ejercicio fiscalizado seguía sin aprobarse un nuevo Reglamento. 
Procede destacar que el artículo 11.9 de la Ley 3/2006 señala que la gestión de los bienes y 
derechos incluidos en el Inventario General debe ser objeto de seguimiento a través de una 
contabilidad patrimonial con dependencia funcional de la Intervención General y orgánica del 
Servicio de AG de Patrimonio, el cual ha de aportar a la primera la información necesaria para 
efectuar las anotaciones de carácter patrimonial de la contabilidad pública, sin que en el ejercicio 
fiscalizado existiera un sistema automatizado de vinculación entre una y otra.  
En 2013 tuvo lugar la adjudicación de un contrato de diseño, desarrollo e integración de una base 
de  datos de  gestión  del Inventario General  de  Bienes y Derechos de  la Administración de 
Cantabria, previéndose el enlace con la contabilidad patrimonial en el ejercicio 2015. Pese a ello, 
el proceso acumula un considerable retraso, pues, si bien en diciembre de dicho año se produjo la 
entrega de la primera fase, cuyo objeto consistía en la entrega del soporte técnico de la base de 
datos en la que debía volcarse la información sobre bienes inmuebles y derechos procedente de  e.e
la antigua, se detectaron errores en su funcionamiento, cuya resolución fue asumida por la DG de  b
Organización y Tecnología de la Consejería de Presidencia y Justicia, sin que al cierre de 2019 la  783ww
appolri claa cciiótand haa DyGa ,c eosntsaengduoi digou aulnm efunnteci opneanmdiieenntteo  scuo drreescatorr.o Llloa  as edgicuhnad afe cfahsae.   también fue asumida
 
 
El inventario facilitado por la CA correspondiente al ejercicio fiscalizado, al igual que en los 
ejercicios precedentes, presentaba deficiencias tales como no incluir todas las menciones que 
exige el artículo 10 y siguientes del Reglamento en relación con los bienes y derechos o valorarse 
los bienes de forma incompleta o sin la frecuencia exigida por la normativa aplicable. 
El  artículo  11.4  de  la  Ley  3/2006  asigna  la  llevanza  de  determinados  bienes  y  derechos 
(infraestructuras de titularidad de la CA sobre las que ostenten competencias de administración y 
gestión, o bienes muebles, entre otros) a las secretarías generales de las consejerías y a los 
organismos públicos vinculados a la AG o dependientes de ella, siendo la información aportada 
por estas unidades heterogénea e incompleta, además de no incluir las menciones exigidas por la 
normativa19. Durante la fiscalización no se ha aportado esta información en relación con el SCS, el 
ICASS y el ICSST. 
Procede señalar al respecto que el Servicio de AG de Patrimonio, que forma y custodia el 
inventario de los bienes que están bajo su competencia directa, tal y como exige la normativa 
aplicable, desarrolla esta labor con limitaciones derivadas del hecho de que el mismo cuenta en su 
organigrama con siete puestos de trabajo, de los cuales hay cinco vacantes, estando otros dos 
ocupados temporalmente en comisión de servicio. Uno de los puestos no cubiertos corresponde a 
un arquitecto técnico valorador, por lo que las tasaciones de los bienes y derechos que conforman 
el patrimonio de la CA deben realizarse por personal externo a través de contratos de asistencia 
técnica. Esta situación persiste desde, al menos, el ejercicio 2015. Cabe señalar, además, que el 
Servicio de Patrimonio no contaba con manuales internos o instrucciones que desarrollaran la 
gestión y control de las operaciones que efectúa en el ejercicio de sus funciones, más allá de lo 
establecido en la normativa. 
Por otra parte, la colaboración y coordinación de las unidades implicadas en la gestión del 
Patrimonio de la Comunidad, como son las consejerías y demás órganos descentralizados que 
gestionan  el  inventario  de  los  bienes  y  derechos  que  la  normativa  les  tiene  asignados,  es 
insuficiente, pues se limitan cada año a remitir al Servicio de Patrimonio una relación de sus 
bienes y derechos que se integran en las correspondientes leyes de presupuestos, como anexo 
de Patrimonio, que ni son completas ni están correctamente valoradas. Cabe señalar que la CA no 
cuenta con procedimientos formalmente establecidos por los que se desarrolle la colaboración y 
coordinación de estas tareas entre las diferentes unidades implicadas. 
Los hechos descritos condicionan la representatividad de este documento para mostrar la realidad 
patrimonial de la CA. 
Por último, en lo referente a la prescripción establecida por el artículo 238 de la Ley 2/2001, de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, relativa al 
mantenimiento y gestión por la CA de su propio patrimonio de suelo20, la CA recoge la relación de 
                                                 
19 La heterogeneidad deriva de la falta de formato predefinido para el reporte por parte de los obligados a ello, a lo que 
contribuye la ausencia de instrucciones o manuales internos sobre la gestión patrimonial, así como la falta de 
culminación del proceso de implantación de la base de datos a la que se hace referencia en este subepígrafe. Por otro 
lado, la información remitida no ha sido completa, pues la Consejería de Presidencia y Justicia se circunscribió a sus 
equipos informáticos, la de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, así como la de Sanidad, 
exclusivamente a sus vehículos y bienes muebles y, la de Obras Públicas y Vivienda, a los bienes integrantes del 
Patrimonio Regional del Suelo. Adicionalmente, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo manifestó que los 
inventarios de su mobiliario y enseres estaban en proceso de elaboración. Finalmente, la información no contiene las 
menciones de la normativa aplicable. Así, al analizar las relaciones de vehículos aportadas, se comprobó que carecían 
de datos sobre el estado de conservación de los mismos y su valor actual y, en los casos de la Consejería de  e
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política y Social y de la Consejería de Sanidad, no figuraba el precio  o
de adquisición, pese a lo previsto en el artículo 15 del Decreto 72/1987, de 26 de octubre, por el que se aprueba el  w.
Reglamento sobre Patrimonio de la Diputación Regional de Cantabria.  783ww
2te0 rAriqtoureiol ,i notebgterandeor  preosr elorvsa tse rrdeen ossu deelo  titpualarari daacdt upaúcbiloicnae sa ddqeu iriindtoesré cso na ufintoensó dmei ceon cya uazpaor yya rd elsaasr raocllcairo lnae osr duernbaacniíósnti cdaesl 
legalmente asignadas a los patrimonios municipales del suelo.
 
bienes integrantes del patrimonio regional del suelo en el apartado 8 del Tomo VII de la Memoria 
de  la  Cuenta  General  rendida,  si  bien  la  información  mantiene  las  principales  deficiencias 
señaladas en los informes correspondientes a los ejercicios anteriores. Así, en 2015 existían 16 
fincas de titularidad regional no inscritas en el Registro de la Propiedad, iniciándose las acciones 
oportunas en 2016 sobre dos de ellas, que culminaron en 2017 solo para una de ellas, quedando 
pendiente la otra al cierre del ejercicio fiscalizado. Asimismo, en 2015 se puso de manifiesto que 
se desconocían las fincas inscritas en ciertas referencias catastrales, permaneciendo abierto en 
2018 el proceso de regularización de varias de ellas (en la localidad de Villaescusa), sin que se 
hayan concretado sus resultados. 
B)  CONTROLES DE EFICACIA A CARGO DE LAS CONSEJERÍAS 
El artículo 85 de la LRJGAC exige que las consejerías a las que se encuentran adscritos los 
OOAA  de  la  CA  ejerzan  controles  de  eficacia,  con  la  finalidad  de  comprobar  el  grado  de 
cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados, sin que dicho 
artículo haya sido desarrollado reglamentariamente con el procedimiento para llevar a cabo estos 
controles21. Ninguna de las consejerías con OOAA adscritos a las mismas ha informado de la 
realización de estos controles, salvo los de seguimiento del Plan Estratégico de Subvenciones 
efectuados por la Consejería de Economía y Hacienda en relación con ICASS e ICANE, que se 
ciñen exclusivamente a la actividad subvencional de estos OOAA y que, en el caso de alguna de 
las ayudas, no hacen referencia a los indicadores establecidos en el plan. 
Respecto de la ACAT, el artículo 30.2 de la Ley de Cantabria 4/2008, de 24 de noviembre, por la 
que se crea este ente autonómico de Derecho Público, dispuso que la Agencia se sometiera a un 
control de eficacia, que sería ejercido, a través del seguimiento del contrato de gestión, por la 
consejería  competente  en  materia  de  hacienda,  con  la  finalidad  de  comprobar  el  grado  de 
cumplimiento de los objetivos fijados y la adecuada utilización de los recursos asignados. El 
contrato  de  gestión,  a  aprobar  por  acuerdo  del  Gobierno,  ha  de  definir  los  objetivos  y  los 
resultados que se deban conseguir, los medios y planes para lograrlos, así como, en general, la 
actuación que se deba desempeñar durante el periodo de su vigencia. El contrato vigente durante 
el ejercicio fiscalizado fue aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de diciembre de 
2016, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2019.  
La  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo,  a  la  que  está  adscrita  la  ACAT,  como 
actuaciones de control de eficacia llevadas a cabo durante el ejercicio 2018, refiere el seguimiento 
de dos subvenciones nominativas otorgadas por el ente, controles que derivan de la ejecución del 
Plan Estratégico de Subvenciones, en el cual se definen los objetivos de forma excesivamente 
genérica, sin que se asocie a ellos indicador alguno que posibilite que el objetivo sea medible y 
que permita evaluar la eficacia de las acciones. No obstante lo anterior, estos controles se llevan a 
cabo sobre una actividad residual en relación con el objeto de la ACAT, como es la subvencional 
(una subvención nominativa a la Universidad de Cantabria (UC), destinada a conceder becas para 
un máster de tributación, por un total de 12 miles de euros, y otra subvención al Ilustre Colegio de 
Economistas de Cantabria para la formación práctica en materia tributaria de colegiados en paro, 
por importe de 190 miles de euros). 
C)  COMISIÓN DE AUDITORÍA DE LAS EMPRESAS REGIONALES 
El artículo 162 de la Ley 3/2006 del Patrimonio de Cantabria establece que las sociedades 
públicas regionales que, de acuerdo con la normativa aplicable, estén obligadas a someter sus 
cuentas a auditoría, han de constituir una comisión de auditoría y control, dependiente del consejo  s
                                                  b
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estratégicas sobre las que se desenvolverá la actividad de la entidad y que se revisarán cada dos años.
 
 
de administración. Todas las sociedades obligadas, con las excepciones de Medio Ambiente, 
Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE) y Sociedad Regional de Educación, Cultura 
y Deporte, S.L. (SRECD), tenían constituida dicha comisión en el ejercicio fiscalizado, habiendo 
informado sobre sus reuniones en el informe previsto en el artículo 122.3 de la LF. 
D)   SISTEMA DE SUPERVISIÓN CONTINUA 
La CA no realizó actuaciones durante el ejercicio fiscalizado que dieran cumplimiento al artículo 
81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual, 
todas las Administraciones Públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus 
entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron 
su  creación  y  su  sostenibilidad  financiera,  y  que  deberá  incluir  la  formulación  expresa  de 
propuestas de mantenimiento, transformación o extinción22. 
II.3.6.  Aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) 
El RD 4/2010, de 8 de enero, regula el ENI en el ámbito de la Administración Electrónica, cuya 
finalidad es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de 
interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por 
las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes 
a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la 
eficacia y la eficiencia. 
De las comprobaciones realizadas sobre su grado de aplicación en la CA, cabe deducir las 
cuestiones que se exponen a continuación. 
No ha sido hasta el ejercicio fiscalizado cuando el inventario de procedimientos y servicios de 
información  administrativa  de  la  CA  (denominado  IPSC),  previsto  en  el  artículo  9,  se  ha 
comenzado  a  integrar  mediante  un  proceso  automatizado  con  el  Sistema  de  Información 
Administrativa. 
Por Resolución del Director General de Organización y Tecnología de 21 de septiembre de 2018, 
se  dispone  la  publicación  del  protocolo  de  actuación  para  la  actualización  del  Inventario 
Automatizado de Procedimientos de la Administración de la CA, destinado a mantener actualizada 
la relación de los órganos administrativos, oficinas de registro y atención al ciudadano y las 
relaciones entre ellos.  
Al cierre del ejercicio fiscalizado se encontraba pendiente la identificación y publicación de los 
modelos de datos relativos a materias sujetas a intercambio de información con otras entidades. 
Aunque el artículo 16 prevé la puesta a disposición de los ciudadanos y otras entidades de 
aquellas aplicaciones y objetos de información cuya titularidad recaiga en la entidad con el fin de 
perseguir su reutilización y aprovechamiento, al cierre del ejercicio fiscalizado no se estaban 
llevando a cabo tales actuaciones. Tampoco se habían licenciado las aplicaciones susceptibles de 
ser reutilizadas por otras entidades, en los términos del citado artículo, ni, por tanto, se había 
publicado el código de las aplicaciones licenciadas para su libre reutilización, teniendo en estudio 
la aplicación del modelo de licenciamiento EUPL (proyecto “Publicación de software bajo licencia 
EUPL”).  
                                                  b
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tratamiento de la información económico-financiera necesaria.
 
En relación con los calendarios de conservación de los documentos y expedientes electrónicos 
necesarios, son los órganos directivos del Gobierno de Cantabria competentes en materia de 
archivo quienes deben definir los calendarios de conservación de documentos y expedientes 
electrónicos, sin que esta actuación se hubiera llevado a cabo al cierre de 2018. 
Por otro lado, si bien existían los procedimientos previstos en el artículo 23 para el copiado 
auténtico y conversión cuando exista riesgo de obsolescencia tecnológica del formato original, 
estos no se estaban aún llevando a la práctica en el ejercicio fiscalizado23. 
No  se  ha  acreditado  el  establecimiento  formal  de  mecanismos  de  control  para  verificar  el 
cumplimiento del ENI, en virtud de la previsión del artículo 27, si bien se ha informado de la 
realización  de  actuaciones  prácticas  en  este  sentido  (seguimiento  periódico  del  grado  de 
adecuación, a través de un cuestionario proporcionado por la AGE y la contratación de un servicio 
externo de auditoría de cumplimiento).  
Finalmente,  cabe  destacar  que,  al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado,  no  se  había  publicado  la 
declaración de conformidad con el ENI y los posibles distintivos de interoperabilidad en la sede 
electrónica de la CA. 
II.4.  CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
De acuerdo con el artículo 123 de la LF, la Cuenta General de la CA se formará con los siguientes 
documentos: 
a)   Cuenta General del sector público administrativo, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que integran dicho sector. 
b)   Cuenta General del sector público empresarial, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos en el PGC de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que 
lo desarrollen. 
c)   Cuenta General del sector público fundacional, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos. 
Como  ya  se  señaló  en  el  epígrafe  II.2.1,  a  pesar  de  la  previsión  anterior,  ninguna  de  las 
subcuentas que conforman la Cuenta General se presenta de forma agregada o consolidada. En 
su lugar, la Cuenta General da cabida a las cuentas anuales individuales de las entidades de los 
sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional.  
En  los  siguientes  subapartados  se  analizan  las  cuentas  anuales  del  conjunto  de  entidades 
integradas en cada uno de los sectores mencionados. 
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situación de riesgo de obsolescencia tecnológica.
 
 
II.5.  CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
II.5.1.  Visión general 
Según la LF, el sector público administrativo está integrado por la AG de la CA, los OOAA y la UC. 
Forman también parte del mismo otras entidades públicas y consorcios cuando cumplan los 
requisitos previstos en la citada Ley. 
En el siguiente cuadro se presenta la evolución de los gastos no financieros en el periodo 
2016-2018 para la AG de la CA (obligaciones reconocidas netas). 
CUADRO Nº 5.   EVOLUCIÓN GASTOS NO FINANCIEROS 
(millones de euros) 
Año  2016  2017  2018 
Gasto no financiero  2.103  2.161  2.247 
Variación respecto del ejercicio anterior (%)  1,2  2,8  4,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
En los gastos de la AG de la CA se incluyen los de los  OOAA que, tras su creación, se 
constituyeron como secciones presupuestarias específicas. Estos organismos son el SCS, el SCE, 
el ICSST y el ICASS, creados por las Leyes de Cantabria 10/2001, 1/2003, 5/2008 y 3/2008, 
respectivamente, e incorporados al presupuesto de la primera, como secciones presupuestarias 
diferenciadas, en los ejercicios 2002, 2004, 2010 y 2011. 
Por su parte, el artículo 73 de la LRJGAC24 dispone que la Administración Institucional de la CA 
está integrada por: 
  Los organismos públicos (OOAA y entidades públicas empresariales). 
  Aquellas otras entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la AG de la CA 
que se regularán por su normativa específica y, supletoriamente, por lo establecido con carácter 
general en esta ley para los organismos públicos. 
A estos OOAA y entes públicos (no integrados) se les concedieron transferencias de la AG de la 
CA por importe total de 14.101 miles de euros en 2018 (13.160 de los cuales por transferencias 
corrientes), ligeramente superior al ejercicio anterior (14.078 miles de euros). Experimentaron un 
incremento del 6 % (44 miles de euros) los fondos concedidos al Centro de Estudios de la 
Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC), del 4 % al ICANE (37 miles) y del 21 % a 
la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) (160 miles), mientras que los destinados al Centro de 
Investigación del Medio Ambiente (CIMA) se redujeron un 8 % (218 miles de euros). Estas 
transferencias  representan  el  100 %  de  los  ingresos  totales  contabilizados  por  este  tipo  de 
organismos, salvo en el caso del CEARC (59 %) y ODECA (71 %). Por su parte, las transferencias 
concedidas a la ACAT, que constituyen la totalidad de los ingresos del ente, se mantuvieron en el 
mismo importe que en el ejercicio anterior (9.021 miles de euros).  s
                                                  b
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de naturaleza privada, como las fundaciones y las sociedades mercantiles controladas por la CA.
 
Por otro lado, mediante Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas se procedió a la modificación de los principios contables y cuentas anuales 
establecidos en la LF, lo que constituía el primer paso necesario para proceder a la adaptación del 
PGCP para Cantabria al plan contable marco aprobado para todas las Administraciones Públicas 
por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/1037/2010, de 13 de abril. La DT 
segunda de la citada Ley 5/2011, en vigor desde el 1 de enero de 2012, establece que “hasta la 
aprobación  del  desarrollo  reglamentario  de  las  normas  de  contabilidad  del  sector  público 
autonómico,  siguen  vigentes los principios  de registro, precio de  adquisición,  correlación  de 
ingresos y gastos y entidad contable, establecidos en el PGCP, aprobado por Orden de 29 de 
noviembre de 2000. Asimismo, hasta dicha fecha, el estado de cambios en el patrimonio neto y el 
estado de flujos de efectivo se sustituirán por la información prevista en la memoria de dicho Plan 
y su normativa de desarrollo; y el balance de resultados y el informe de gestión formarán parte del 
estado de liquidación del presupuesto”. 
Por tanto, mientras no se produzca la entrada en vigor de la Orden HAC/47/2019, de 26 de 
diciembre, por la que se aprueba el PGCP para Cantabria25, no se producen cambios, desde un 
punto de vista formal, en los documentos contables que han de rendir los entes integrados en el 
sector público administrativo de la Comunidad. 
II.5.2.  Contabilidad presupuestaria Administración General 
Los créditos iniciales incluidos en la Ley de Presupuestos de la CA (LP) para 2018 ascendieron a 
2.729.124 miles de euros (anexos II.1.3 y II.1.4), a financiar con los derechos económicos a 
liquidar (2.278.839 miles de euros) y con el importe de las operaciones de endeudamiento, que en 
la liquidación del presupuesto presentaban unas previsiones iniciales de 450.285 miles de euros 
(anexo II.1.5). Los créditos iniciales aprobados fueron superiores en un 5 % respecto a los del 
ejercicio inmediatamente anterior.  
A)   MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
El importe neto de las modificaciones ascendió a 1.569 miles de euros, un 0,06 % sobre los 
créditos iniciales, tras dos ejercicios en los que dicho importe había sido nulo por financiarse la 
totalidad con bajas en otras partidas. Dicho importe se corresponde con el de la generación de 
crédito  2018-GC-0002,  tramitada  por  la  Consejería  de  Universidades  e  Investigación,  Medio 
Ambiente y Política Social, como consecuencia de un ingreso no previsto en el presupuesto inicial 
procedente del Estado para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por 
importe de 1.548 miles de euros, e ingresos superiores a los contemplados inicialmente, por 
importe de 21 miles de euros e igualmente procedentes del Estado, destinados a programas para 
la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. 
   
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para los que se prevé la fecha de 1 de enero de 2022.
 
 
El resumen de las modificaciones realizadas se recoge a continuación. 
CUADRO Nº 6.   MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
(miles de euros) 
2018 
Tipo 
Número  Importe 
- Ampliaciones de crédito  29  29.843 
- Transferencias de crédito  217  ±135.600 
- Generaciones de Crédito  1  1.569 
- Otras modificaciones  0  (29.843) 
Total  247  1.569 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
La rúbrica “Otras modificaciones” recoge las bajas por anulación de crédito que financiaron las 
ampliaciones de crédito (73 expedientes por importe de 29.843 miles de euros). Por tanto, la suma 
final del número de expedientes no incluye la de los expedientes de bajas por anulación, que ya 
aparecen incluidos en las modificaciones anteriores. 
El artículo 40 bis de la LF, introducido por la LP de 2014, establece la constitución de un Fondo de 
Contingencia de ejecución presupuestaria para hacer frente durante el ejercicio a necesidades 
inaplazables, de carácter no discrecional y debidamente justificadas para las que no se hiciera, en 
todo o en parte, la adecuada dotación de crédito. En 2018, el Fondo de Contingencia estaba 
dotado con un crédito de un millón de euros, que, a diferencia de ejercicios anteriores, fue 
utilizado en su totalidad.  
Por lo que se refiere a los distintos expedientes de modificaciones, cabe señalar que el SCS es la 
sección presupuestaria que, en términos absolutos, registra mayor importe en sus modificaciones, 
con un incremento en sus créditos iniciales de 41.304 miles de euros (un 5 %). Gran parte de las 
insuficiencias  presupuestarias  que  se  evidencian  en  la  tramitación  de  los  expedientes  de 
modificaciones  son  recurrentes  en  los  últimos  ejercicios,  o  bien  resultan  previsibles  por  su 
contenido, lo que revela una deficiente elaboración del presupuesto: 
  Las  ampliaciones  de  crédito  2018-AC-0016,  por  importe  de  500  miles  de  euros,  y 
2018-AC-0021, por 5.463 miles, se destinaron a financiar la insuficiencia presupuestaria en el 
capítulo 1 para atender las cotizaciones a la Seguridad Social del personal de los distintos centros 
del SCS. 
  La ampliación de crédito 2018-AC-0001, por importe de 1.200 miles de euros, se destinó a 
dotar  el  concepto  352  (intereses  de  demora)  para  satisfacer  los  compromisos  económicos 
derivados de quince sentencias judiciales (casi todas de noviembre y diciembre de 2017) por 
retrasos en el pago de facturas. 
  Las transferencias de crédito 2018-G-0050 (15.738 miles de euros), 2018-HG-0080 (1.105 
miles) y 2018-HG-0082 (4.024 miles) se destinaron a cubrir insuficiencias presupuestarias en el 
capítulo 1 para atender gastos de personal de los meses de noviembre y diciembre de 2018.  es
También se destinó a dicho capítulo la transferencia 2018-HG-0011, por importe de 1.301 miles de  o
euros, para atender conceptos de productividad en la Gerencia de Atención Primaria.  783www.
2 018-GM-e0d0ia4n0t,e p laosr  timrapnosrfeter ednec ia1s3 d.3e1 c9r émdiilteos 2 0d1e8 e-Gur-o0s0,3 8s,e p ionrc irmempoerntetó d ela  1d.4o5ta0c mióinle sd edle  ceounrcoesp, t oy 
 
“farmacia recetas médicas”, con el fin de financiar, respectivamente, las facturas de los meses de 
julio y agosto de 2018 del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, indicándose en el expediente 
que las necesidades presupuestarias surgen como consecuencia de la interoperabilidad de la 
receta electrónica, al haberse producido durante dicho mes de agosto la llegada de un amplio 
número de residentes en otras CCAA.  
  Las transferencias 2018-G-0052, de 2.655 miles de euros y 2018-G-0053, de 2.472 miles, 
también aumentaron los créditos del capítulo 2 para el pago de productos farmacéuticos, debido a 
necesidades  presupuestarias  surgidas  como  consecuencia  de  la  introducción  de  nuevos 
tratamientos farmacológicos y el desarrollo de nuevos productos sanitarios, así como por la 
necesidad de mejorar el período medio de pago a los proveedores. En relación con esta última 
finalidad, como se expone en el subepígrafe II.8.2.A, el PMP de la CA empeoró sistemáticamente 
desde junio a diciembre de 2018. 
  La transferencia 2018-HG-0008, por importe de 3.314 miles de euros, se destinó a cubrir los 
servicios concertados de transporte sanitario, financiándose en parte (1.226 miles de euros) con 
créditos destinados inicialmente a material sanitario. 
  Mediante transferencia de crédito 2018-HG-0088, por importe de 5.207 miles de euros, se 
incrementó el capítulo 2 con el fin de financiar diversos gastos farmacéuticos y suministros 
hospitalarios, con baja en créditos del programa de imprevistos y funciones no clasificadas. La 
solicitud viene motivada por el incremento en los últimos ejercicios del gasto en este capítulo 
como  consecuencia  de  diversos  factores  (nuevos  tratamientos  y  productos  farmacéuticos, 
aumento  del  envejecimiento  de  la  población,  adquisición  de  nuevos  productos  o  gastos  de 
mantenimiento y reparación de infraestructuras sanitarias). La transferencia 2018-HG-0089, por 
importe total de 3.926 miles de euros, también se destinó en parte (2.855 miles) a esta clase de 
gastos, aunque también se incrementaron los créditos destinados al capítulo 3 (intereses de 
demora por 921 miles) y al capítulo 4 (ayudas para vehículos para personas con discapacidad por 
150 miles). 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte (sección 9 del presupuesto de gastos) incrementó 
sus créditos iniciales a través de modificaciones presupuestarias por importe de 25.104 miles de 
euros (un 5 %), destacando las siguientes: 
  Las ampliaciones 2018-AC-0019, por importe de 3.507 miles de euros, y 2018-AC-0025, por 
9.552 miles, se destinaron al capítulo 4 para financiar insuficiencias presupuestarias en los 
conciertos con centros docentes privados sostenidos con fondos públicos. 
  La transferencia 2018-G-0051, por importe de 19.800 miles de euros, fue destinada al pago 
de  la nómina  del personal docente del mes  de  diciembre  de  2018,  insuficiencia  que viene 
observándose en los últimos ejercicios. 
  Mediante el expediente 2018-AC-0027, por importe de 2.915 miles de euros, se realizó una 
ampliación de crédito, motivada por la insuficiente previsión para afrontar el pago de las cuotas 
sociales de noviembre y diciembre de 2018 del personal docente. 
También cabe resaltar las siguientes transferencias de crédito: 
  Mediante  el  expediente  2018-G-0047,  por  importe  de  1.159  miles  de  euros,  se 
incrementaron los créditos de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y  e
Política Social, financiado con créditos del programa de imprevistos y funciones no clasificadas,  bo
con el fin de financiar un convenio con una empresa, denominado “Abastecimiento de Agua a  783ww
Cmteaannniettanebdnroiima,  ipeo1nrªt  otaF ndateso e, l”ua, n i pncosartr aálecaltc eiqró unime  epnrse evf uisgntiocrai.ó  nd edsed elo s2 0m1e3t rousn ac úfbaicctousra  dea naugaul ap osru mloinsi sctroasdtoess,  dneo   OE-A-2021-14able en https://
 
 
  Mediante el expediente número 2018-G-0049, por un importe de 14.508 miles de euros, se 
transfirieron dotaciones no utilizadas en las distintas secciones del presupuesto a los créditos del 
programa de imprevistos y funciones no clasificadas, para su posterior reasignación. 
  La  transferencia  2018-HG-0049,  por  importe  de  1.170  miles  de  euros,  incrementó  el 
capítulo 1 del ICASS, con el fin de financiar una modificación en su Relación de Puestos de 
Trabajo, sin que en el expediente se aporte mayor información sobre los motivos de la misma. 
  Como  en  ejercicios  precedentes,  la  sección  14,  Deuda  Pública,  sufre  una  reducción 
importante (17.192 miles de euros) por no haberse tenido en cuenta los menores tipos de interés 
aplicables al endeudamiento vivo y que derivan del acogimiento a los mecanismos de financiación 
estatales. 
El siguiente estado resume las fuentes de financiación de las modificaciones de crédito realizadas. 
CUADRO Nº 7.   FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES  
(miles de euros) 
   Ampliaciones crédito  Generaciones de Crédito  Total 
- Aportaciones públicas  0  1.569  1.569 
- Bajas por anulación  29.844  0  29.844 
Total  29.844  1.569  31.413 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
B)   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
Como en ejercicios anteriores, la liquidación del presupuesto de gastos se presentó conforme al 
modelo y nivel de desagregación previsto en la cuarta parte del PGCP, si bien no se incluye la 
explicación del contenido de cada uno de los conceptos presupuestarios, que únicamente se 
identifican por el código correspondiente a su clasificación económica. 
Los anexos II.1-3 y II.1-4 reflejan la liquidación del presupuesto de gastos atendiendo a su 
clasificación económica y orgánica, por capítulos y secciones, respectivamente. La ejecución por 
capítulos ha sido la siguiente. 
 
CUADRO Nº 8.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS 
(miles de euros) 
Incremento 
Créditos  Obligaciones  obligaciones  Grado de  Grado de 
Desviación 
Capítulos  finales  reconocidas  ejercicio  ejecución  Pagos  cumplimiento 
(A)  (B)  anterior  (A – B)  (%)  (%) 
(%) 
1. Gastos de personal  928.920  924.451  4  4.469  100  924.387  100 
2. Gastos  corrientes  447.188  433.207  6  13.981  97  357.084  82 
en  bienes  y 
servicios 
3. Gastos financieros  44.866  43.358  (8)  1.508  97  42.121  97 
4.Transferencias  656.334  644.195  3  12.139  98  570.223  89 
corrientes 
5. Fondo  de  0  0  N/A (*)  0  N/A (*)  0  N/A (*) 
contingencia  y 
otros imprevistos  
6. Inversiones reales  148.616  119.502  3  29.114  80  84.440  71 
7.Transferencias  de  89.379  82.171  3  7.208  92  38.490  47 
capital 
8. Activos financieros  41.285  41.194  39  91  100  34.061  83 
9. Pasivos financieros  374.105  374.085  15  20  100  374.085  100 
Total  2.730.693  2.662.163  6  68.530  97  2.424.891  91 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*)  N/A: No aplicable 
Las obligaciones reconocidas en 2018 se incrementaron en relación con el ejercicio anterior un 
6 % (145.623 miles de euros), idéntico incremento porcentual al producido en 2017 respecto 2016. 
El peso de cada capítulo en relación con el total de obligaciones reconocidas en el ejercicio se 
mantuvo prácticamente sin variación. Durante el ejercicio 2018, los capítulos que experimentaron 
las variaciones más significativas fueron el 3 “Gastos financieros”, con una disminución del 8 %, 
siendo  el  único  capítulo  con  variación  negativa  en  el  ejercicio  fiscalizado,  y  el  8  “Activos 
financieros”, con un aumento del 39 %; no obstante, estos capítulos no pertenecen al grupo de los 
más relevantes del presupuesto, pues solo alcanzan un 2 % del mismo cada uno de ellos. En el 
primero  de  los  capítulos  se  observa  que,  si  bien  los  intereses  de  la  deuda  pública 
(subconcepto 31001) se redujeron un 12 % respecto al ejercicio precedente, lo que equivale a 
unos 5.533 miles de euros, los “Intereses de demora” (concepto 352) se incrementaron un 330 %, 
pasando de 569 miles de euros en 2017 a 2.447 miles en el ejercicio fiscalizado. Este incremento, 
originado en el SCS, derivada de sentencias judiciales por retrasos en el pago de facturas y de 
resoluciones  de  reclamaciones  de  intereses  en  vía  administrativa  de  deudas  en  productos 
farmacéuticos hospitalarios y otros gastos corrientes, que aumentó su dotación inicial en 2.121 
miles de euros, a través de dos modificaciones presupuestarias (2018-AC-0001, 1.200 miles de 
euros y 2018-HG-0089, 921 miles de euros).  
Por su parte, el incremento del 39 % en las obligaciones reconocidas en el capítulo 8 “Activos 
financieros” se ha debido a la participación en diversas operaciones de ampliación de capital en 
empresas públicas como Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN),  s
CANTUR, Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN), Sociedad Gestora del Parque Científico y  e.
Tecnológico de Cantabria, S.L. (PCTCAN) y CITRASA (por 12.000, 7.000, 4.000 y 5.000 miles de  w.
euros, respectivamente), y la contribución al fondo patrimonial de la entidad de derecho público  783ww
Ipnrsimtiteurtaos d seo cFieindaandzeass  mdeen Cciaonntaadbarisa  t(aImCAbiFé)n e hna b1í1a.n0 0re0a mlizilaedso d oep eeruarcoiso.n Cesa bdee  dlae smtaiscmara  qínudeo llaes e tnr eesl 
ejercicio precedente.
 
 
El grado de ejecución del presupuesto en el ejercicio 2018 fue del 97 %, mismo porcentaje que en 
el ejercicio precedente, manteniéndose el de las operaciones corrientes en un 98 %, con una 
mejoría del 1 % en el de las de operaciones de capital que ha pasado a ser un 82 % En relación 
con estas últimas, dentro del capítulo 6 ”Inversiones reales”, sigue siendo el artículo 62 “Inversión 
nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios” el que presenta el menor grado de 
ejecución con un 75 %, lo que supone sin embargo una mejoría en relación con los dos ejercicios 
anteriores, donde se situaba en el entorno del 66 %. No obstante, este artículo representa solo el 
8 % del total de obligaciones reconocidas en el capítulo, donde es el 60 “Inversión nueva en 
infraestructura y bienes destinados al uso general” el que más peso tiene (39 %) y presenta un 
grado de ejecución del 78 %. Después del anterior, el capítulo 7 “Transferencias de capital” es el 
capítulo con menor grado de ejecución, un 92 %, lo que supone, sin embargo, la continuación de 
la mejoría de los últimos ejercicios (83 % en 2016, al 90 % en 2017), especialmente el del artículo 
71 “A OOAA” que ha pasado del 78 % en 2017 al 97 % en el ejercicio fiscalizado.  
En 2018, siguen destacando por su bajo grado de cumplimiento los capítulos 6 “Inversiones 
reales”, con un 71 % (68 % en 2017 y 75 % en 2016), y el 7 “Transferencias de capital” con un 
47 % (58 % en 2017 y 42 % en 2016), dentro del cual el artículo 74 “A sociedades públicas, 
entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público autonómico” 
pasó del 62 % en 2017 al 43 % en el ejercicio fiscalizado, lo que indica que, si bien se reconocen 
las obligaciones con cargo al presupuesto, no se llega a realizar un importe relevante de los 
pagos,  lo  que  cuestiona  la  necesidad  real  de  dichas  transferencias  en  los  organismos 
destinatarios. Por su parte, los artículos con un menor grado de cumplimiento siguen siendo el 77 
“A empresas privadas” y 78 “A familias e instituciones sin fines de lucro”, el primero con un 22 % 
(28 % en 2017) y el segundo con un 42 %. En relación con el primer artículo, de los trece 
programas afectados, nueve presentan un grado de cumplimiento inferior al 7 % siendo el 0 % en 
seis de ellos. En el segundo de los artículos, de los veinte programas afectados la mitad está por 
debajo del 11 %, siendo en nueve de ellos el 0 %. La demora en la entrega de los fondos a los 
beneficiarios de transferencias y subvenciones limita los efectos de estas ayudas, habiéndose 
observado, en particular, lo siguiente: 
  En el programa 422A de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, un 
total  de  1.274  euros  del  importe  imputado  al  concepto  771  correspondía  a  obligaciones 
reconocidas como consecuencia de cuentas justificativas aprobadas en los ejercicios 2016 y 2017. 
  En el programa 432A e imputadas al concepto 771, constan obligaciones por 490 miles de 
euros  (de  los  542  miles  totales)  que  se  reconocen  en  los  últimos  meses  del  año  y  que 
corresponden a cincuenta cuentas justificativas aprobadas en el primer semestre de 2018. 
Por secciones presupuestarias, los gastos del SCS representaron, al igual que en 2016 y 2017, el 
33 % del total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio, seguidos por los de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte con el 19 %, con una clara tendencia a la baja (20 % 2017, 21 % en 
2016 y 23 % en 2015), manteniéndose en niveles similares el peso relativo del resto de secciones 
dentro del presupuesto respecto al ejercicio precedente. Las secciones que experimentaron una 
mayor variación de sus obligaciones reconocidas en sentido ascendente fueron la Consejería de 
Innovación,  Industria,  Turismo  y  Comercio  (18  %)  y  el  SCE  (15  %),  en  este  último  caso 
habiéndose reducido en el ejercicio precedente un 8 %. En sentido descendente, destacan las 
obligaciones reconocidas en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (12 % inferiores al 
ejercicio anterior).  
El grado de ejecución por consejerías mantiene unos porcentajes similares a los de 2017, siendo  es
tres las que presentan un grado de ejecución por debajo del 90 % (ICASS con el 76 %, Consejería  o
dclaoesn  O Cubonrn a8ss7e  Pje%úrí)ba.l siPc aodsre   syEu V cpoivanireotenm,d íaea,l,   gcHoraandc ioee ln d8de3a  c %uy m Eyp mClimpolnieesone,t joec ropínare  duseenn  M5ta8e  ud%nio   p(R6ou6rcr ae%ln,  taPejnee s 2icn0afe1 yr7i o)A,r l iIamnln e7on2vt aa%ccii óóennn,,    2021-14783n https://www.
 
Industria Turismo y Comercio, con un 63 % (71 % en 2017) y Medio Rural, Pesca y Alimentación 
con un 71 % (69 % en 2017). 
Del análisis de las obligaciones reconocidas en el ejercicio se observa: 
  Imputación temporal de las obligaciones 
El  artículo  46  de  la  LF  prevé  la  utilización  de  los  créditos  del  estado  de  gastos  de  cada 
presupuesto  para  contraer  obligaciones  derivadas  de  adquisiciones,  servicios  y  demás 
prestaciones o gastos que se realicen en el propio ejercicio presupuestario. Por su parte, según el 
artículo 33.4 de la LF, para poder imputar al presupuesto corriente obligaciones que procedan de 
ejercicios anteriores se requiere la autorización de una norma con rango de Ley, salvo que sean 
aplicables las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del mismo artículo.  
Gastos  del  ejercicio  2018,  por  un  importe  de  198.915  miles  de  euros,  no  se  llevaron  al 
presupuesto  según  el  referido  principio  de  temporalidad,  incluyéndose  en  la  cuenta  413 
(acreedores por operaciones devengadas), lo que supone un incremento en relación con el 
ejercicio anterior del 11 %. Adicionalmente, gastos por 192.293 miles de euros con origen en 
ejercicios anteriores se imputaron al presupuesto, basándose su imputación en las excepciones 
referidas. La mayor parte de dichos importes corresponde al SCS, como viene sucediendo en 
ejercicios anteriores, destacando el gasto en farmacia.  
  Transferencias a la UC 
Las transferencias corrientes y de capital a la UC durante el ejercicio fiscalizado corresponden, 
fundamentalmente, al contrato-programa suscrito entre esta y el Gobierno de Cantabria. Las 
obligaciones reconocidas por este concepto por la CA ascendieron a 73.859 miles de euros. 
El Informe de fiscalización de la UC, ejercicios 2016-2017, señala que, dado el volumen de los 
saldos de tesorería y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la LF, ha de establecerse la 
“necesaria coordinación entre la CA y la universidad para armonizar las necesidades de tesorería 
de la UC con las disponibilidades de la Comunidad a través de, como mínimo, comunicaciones 
permanentes entre ambas, consistentes en la remisión mensual por parte de la universidad de 
información sobre la cantidad total de sus fondos líquidos y las obligaciones de pago futuras con 
cargo a dichas disponibilidades”. Al cierre del ejercicio 2018, la Universidad mantenía 25.229 miles 
de euros en tesorería, cifra superior en un 2 % a la de 2017 (24.675 miles), que, a su vez, superó 
en un 8 % a la de 2016. 
No se tiene constancia de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la LF o de la 
necesaria  tutela  en  esta  materia  que  ha  de  ejercer  la  CA  sobre  su  universidad,  se  hayan 
adoptado, de forma coordinada, medidas (que tengan en cuenta las peculiaridades del régimen 
jurídico de esta última y su autonomía) para armonizar las necesidades de tesorería de la 
universidad con las disponibilidades de la CA26. 
 2U“D 6 C  isS   pee on   n s l iaeb   ñir laie d llaa a  dc  eeió ns n     l íldaq e su    ild aa as le s  eg  dn a etc i  dioo a nr dg ee as sn    iq s inumteeo gser ala nuatterótsínc odumelolo  cs4i t4ay  donoto r asees sce tondrte idp aúadbpelliicsco ad caeióul ntso enacó tomlari  cpUoú Cbcl,oi cnpotee asnueidt oaan  eótnmit ueiclalo ra”s reytí  cedunilcoch o2on, t raearlr tscíceuu alloal,    2021-14783n https://ww
adicionalmente, señala su aplicación supletoria a la UC. 
 
 
C)  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
1.   Análisis global 
La liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio rendida por la CA se presenta conforme al 
modelo exigido por el PGCP, aunque no incluía la explicación del contenido de cada uno de los 
conceptos del presupuesto inicialmente aprobado ni de las partidas presupuestarias resultantes de 
posteriores modificaciones al mismo, que únicamente se identifican por el código correspondiente 
a su clasificación económica. 
El anexo II.1-5 recoge la liquidación del presupuesto de ingresos según su clasificación económica 
por capítulos. En relación con los importes consignados en el mismo, hay que señalar: 
  En el capítulo 7 (transferencias de capital) los derechos reconocidos netos ascienden a 
56.777 miles de euros, importe que coincide con el que revela el estado III.3. (liquidación del 
presupuesto de ingresos por capítulos), pero no con los datos que se desarrollan en la memoria 
(estados C.2 y D.5), en los que no se han incluido derechos por importe de 65 miles de euros 
(correspondientes  a  fondos  europeos),  resultando  que,  según  esos  estados,  los  derechos 
reconocidos netos ascenderían a 56.712 miles de euros. 
  En  el  capítulo  9  las  previsiones  iniciales  que  se  reflejan  en  el  estado  de  liquidación 
ascienden a 450.285 miles de euros, importe que no coincide con el previsto en el artículo 3 de la 
LP para 2018, que asciende a 450.290 miles de euros. 
 
La ejecución por capítulos ha sido la siguiente. 
CUADRO Nº 9.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 
(miles de euros) 
 Variación 
Previsiones  Derechos  derechos  Grado de 
Desviación  Grado de 
Capítulos  finales  reconocidos  ejercicio  ejecución  Cobros 
(B) – (A)  cumplimiento 
(A)  (B)  anterior  (%) 
(%) 
1. Impuestos directos  563.361  570.443  0  7.082  101  564.792  99 
2. Impuestos 
882.362  876.636  0  (5.726)  99  872.208  99 
indirectos 
3. Tasas,  precios 
públicos  y  otros  87.796  72.339  0  (15.457)  82  62.872  87 
ingresos 
4. Transferencias 
643.640  625.379  0  (18.261)  97  625.379  100 
corrientes 
5. Ingresos 
13.760  5.238  (23)  (8.522)  38  5.110  98 
patrimoniales 
6. Enajenación  de 
1.306  744  (36)  (562)  57  744  100 
inversiones reales 
7. Transferencias  de 
64.374  56.777  173  (7.597)  88  34.625  61 
capital 
8. Activos financieros  23.809  5.522  12.450  (18.827)  23  5.513  100 
9. Pasivos financieros  450.285  527.711  6  77.426  117  527.711  100 
Total  2.730.693  2.740.789  3  10.096  100  2.698.954  98 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Los derechos reconocidos netos se elevaron a 2.740.789 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 3 %, respecto del ejercicio inmediatamente anterior. La mayor participación en los 
derechos reconocidos del ejercicio, al igual que en los ejercicios precedentes, correspondió a los 
capítulos 1 (impuestos directos), 2 (impuestos indirectos) y 4 (transferencias corrientes), con el 
21 %, 32 % y 23 % del total, respectivamente. Por su parte, el peso relativo de los derechos 
reconocidos por operaciones de endeudamiento (capítulo 9) se mantiene en niveles similares a 
ejercicios anteriores, con un 19 %. 
Del análisis de las variaciones producidas en el ejercicio en relación con el anterior, cabe señalar 
lo siguiente:  
  Los capítulos con más peso dentro del presupuesto señalados más arriba no han sufrido 
variaciones significativas. Dentro del capítulo 1, el concepto con mayor peso corresponde a la 
tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con un 89 % del 
total de derechos reconocidos en este capítulo. El capítulo 2 ha incrementado el importe de sus 
derechos reconocidos en un 1 %, manteniéndose prácticamente sin variación el peso relativo de 
cada uno de los conceptos. Así, el Impuesto sobre Valor Añadido representa el 58 % del total de  s
derechos reconocidos en este capítulo. No obstante, el concepto que mayor variación porcentual  oe.
ha experimentado ha sido el Impuesto sobre transmisiones intervivos, con un incremento del  w.
21 %. Por su parte, el capítulo 4 ha experimentado un incremento del 16 %, frente al del 2 % en el  783ww
eejle rreciccoion oacnimteireionrt,o m doeti vdaedroe cehno gsr acno rpraerstpeo pnodri eenl tiensc raelm Feonntod op ródxei mGoa ara lnotsía 6 9d em iSlloenrveisc iodse  ePuúrbolsic eons 
 
 
Fundamentales. Finalmente, en el capítulo 9 se han incrementado los derechos reconocidos en un 
6 %  sobre  el  ejercicio  anterior  (2  %  de  incremento  en  2017),  como  consecuencia  de  las 
operaciones de endeudamiento derivadas de los mecanismos extraordinarios de financiación. 
  El resto de capítulos presentan un reducido peso dentro del presupuesto. Los capítulos 7 y 8 
han  experimentado  aumentos,  siendo  especialmente  significativo  el  del  capítulo  8,  con  un 
12.450 %, principalmente por el reconocimiento en el ejercicio 2018 de reintegros de ejercicios 
cerrados. Por su parte, el capítulo 7 ha experimentado un aumento del 173 %, rompiendo la 
tendencia  descendente  de  los  últimos  ejercicios.  Por  el  contrario,  han  experimentado 
disminuciones los capítulos 5 y 6, del 23 % y 36 %, respectivamente. 
Finalmente, el grado de ejecución de los capítulos 6 y 8 fue del 53 % y 23 %, respectivamente 
(9 % y 0 %, tanto en 2017 como en 2016). Por su parte, en el capítulo 7 se ha incrementado 
considerablemente este indicador, con un 88 %, frente al 37 % de 2017 y 2016. Ello pone de 
manifiesto una mejora en la programación presupuestaria de los capítulos 6 y 8, pese a que su 
grado de ejecución continúa en términos reducidos. 
2.  Análisis de los derechos reconocidos 
El  marco  legal  que  fija  las  líneas  generales  del  sistema  de  financiación  autonómica  y  sus 
principios rectores se encuentra en los artículos 156 a 158 de la Constitución Española y en su 
desarrollo mediante la LOFCA, completado con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con EA. 
El alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a Cantabria queda fijado en la Ley 
20/2010, de 16 de julio. Dentro de las competencias normativas de la CA en esta materia, el 
Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, aprueba el texto refundido de la Ley 11/2002 de 
Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado. 
Por otra parte, la autorización otorgada al Gobierno de Cantabria para la elaboración de un texto 
refundido de medidas fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado e impuestos propios de 
la CA, que había sido concedida por la Disposición adicional (DA) primera de la Ley de Cantabria 
10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas  Fiscales  y Administrativas,  se viene prorrogando 
sucesivamente mediante las leyes de medidas de cada año (la última, DF primera de la Ley de 
Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas), lo que supone un 
importante retraso desde que la autorización fue aprobada inicialmente. 
El sistema de financiación, que toma como año base el 2007, se basa fundamentalmente en los 
tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado (que constituyen la denominada “capacidad 
tributaria“), el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia 
Global,  actuando  este  último  como  mecanismo  de  cierre,  al  cubrir  la  diferencia  entre  las 
necesidades globales de financiación de cada Comunidad y la suma de su capacidad tributaria y 
la transferencia del Fondo de Garantía. 
Por otra parte, para aproximar a las CCAA en términos de financiación por habitante y de 
favorecer  la  igualdad  y  equilibrio  económico  territorial,  la  Ley  22/2009  creó  los  fondos  de 
convergencia  autonómicos,  dotados  con  recursos  adicionales  del  Estado  (Fondo  de 
Competitividad y Fondo de Cooperación). 
Para la materialización de las transferencias de estos recursos por la Administración estatal a las  s
Administraciones autonómicas, el sistema se basa en la instrumentación de entregas a cuenta27  oe.
 2ep 7nr  e Et rs neu  g pe au l s ee   saje t  arc c ru iicae  i,no   t ya s   i pgs  aue ri  ea en   set etl a   aab ñ ll  eo fic  s2 e c0 na 1  li9 dz  ea  dtdeeo rl,ma esinl  CaRCdDaA-sLA   1rde3eg/ 2lraé0sg1 i9mre, eldanet i vc1ao1sm  dúaen  o lyac  tduleibq rulaeids,  areecngiótuindla a ddlaee fsain cliottuicvaaall iezdsae,c  eiólnan  s epitxautrartaiccoiióprnda icndiaeór npia r dóderer o llgaaass    2021-14783n https://ww
entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.
 
de los recursos tributarios, de acuerdo con las cuantías estimadas, según los datos disponibles en 
el momento de elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estableciendo que, para 
cada ejercicio económico, se formalizará una liquidación anual definitiva en un solo acto por la 
totalidad de los recursos del sistema, una vez conocidos los datos anuales reales. 
Las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 (efectuadas en los ejercicios 2010 y 
2011), ambas negativas para la CA, no se registraron en contabilidad financiera, pese a constituir 
un pasivo exigible que iría cancelándose mediante el procedimiento previsto por la DA cuarta de la 
Ley 22/2009. Esta Disposición preveía la práctica por parte de las CCAA de las devoluciones 
resultantes de las liquidaciones negativas de ambos ejercicios mediante retenciones practicadas 
por el Estado sobre las entregas a cuenta o liquidaciones, por un importe tal que permitiese 
cancelar la deuda en un máximo de hasta sesenta mensualidades, a partir del 1 de enero de 2011 
y de 2012, respectivamente. Hasta el ejercicio 2011 inclusive, los importes derivados de estas 
retenciones se registraron en contabilidad como autoliquidaciones de contraído por recaudado. 
Tras la Instrucción de la IGAC de 28 de diciembre de 2011, se dispuso su tratamiento como 
devoluciones  de  ingresos,  lo  que  no  supuso  el  registro  en  la  contabilidad  financiera  del 
correspondiente pasivo por el importe de las liquidaciones negativas pendientes de compensar, 
situación que se ha mantenido en ejercicios posteriores. 
La DA trigésima sexta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año 2012 
estableció un mecanismo financiero extrapresupuestario con el objetivo de extender de cinco a 
diez años los plazos de devolución fijados, por lo que el saldo pendiente de devolución de ambas 
liquidaciones a 1 de enero de 2012 se devolvería en 120 mensualidades iguales a partir de esa 
fecha. Finalmente, en virtud de la DF primera del Real Decreto-Ley (RD-L) 12/2014, de 12 de 
septiembre, se extendió a 204 mensualidades iguales, a computar a partir de 1 de enero de 2015, 
tanto para el saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones negativas como para el de los 
anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo. Esta última ampliación fue concedida a la CA 
mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del MINHAP, 
de fecha 10 de diciembre de 2014 y en la misma se contienen los calendarios de anticipos del 
mecanismo financiero y de cancelaciones a partir de 1 de enero de 2017. La deuda, que conforme 
al calendario aprobado debe cancelarse mediante mensualidades iguales de 1.593 miles de 
euros, desde enero de 2017 hasta diciembre de 2031, ascendía, al cierre del ejercicio 2018, a 
248.506 miles de euros. 
La liquidación definitiva de los recursos del Sistema de Financiación y Fondos de Convergencia 
Autonómica del ejercicio 2018, no se había realizado a 1 de junio de 2020 por parte del Ministerio 
de Hacienda. 
D)  RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
El resultado presupuestario (capítulos 1 a 8) reflejó un déficit de 75.009 miles de euros, tal como 
se  recoge  en  el  anexo  II.1-6.  De  una  adecuada  imputación  temporal  de  las  obligaciones 
reconocidas, como se indica en el subepígrafe II.5.2.B, el resultado hubiera supuesto un mayor 
déficit  por  6.622  miles  de  euros.  Tras  las  operaciones  netas  de  endeudamiento  (pasivos 
financieros), el saldo presupuestario del ejercicio arrojó un importe de 78.617 miles de euros. 
II.5.3.  Situación patrimonial. Balance Administración General 
En el anexo II.2-0.1 se reflejan las magnitudes del balance, de acuerdo con los datos presentados 
por la CA en la Cuenta General.  e.e
El activo ascendía a 4.538.847 miles de euros, frente a los 4.339.731 de 2017, los fondos propios  783ww
tmoitlaelsiz ay beal np a9s8iv2o.7 e0x3i gmibillee s3 .d5e5 0e.7u6ro5s m, lialess ,p droev liossio cnueasl epsa r5a5 1ri.e2s3g3o ms ilye sg acsotnofso rma alabragno  lapsla dzeou 5d.a3s7 9a 
corto plazo.
 
 
A)   INMOVILIZADO 
Del análisis de los registros contables correspondientes al inmovilizado se deducen las siguientes 
observaciones: 
  Las limitaciones y deficiencias existentes en la contabilidad patrimonial, expuestas en el 
subepígrafe II.3.5.A, se ven trasladadas a la contabilidad pública. 
  Se registraron únicamente las operaciones que implicaban movimiento de fondos. 
  Las inversiones destinadas al uso general, registradas en el subgrupo 20 del PGCP, deben 
entregarse a dicho uso provocando su baja como activo inmovilizado, abonándose por el importe 
de las inversiones que hayan entrado en funcionamiento con cargo a la cuenta 109 “Patrimonio 
entregado al uso general”. Hasta el momento no se ha contabilizado ninguna entrega, por lo que 
esta última cuenta figura, como en ejercicios anteriores, con saldo cero. 
  Los estados contables no reflejan, a través de las cuentas del subgrupo 10 del PGCP, la 
información sobre los bienes recibidos y entregados en adscripción o cesión. 
  Como en ejercicios anteriores, no se procedió a ajustar contablemente la amortización de 
los elementos del inmovilizado inmaterial y material que se dieron de baja durante cada ejercicio. 
No se ha acreditado la realización de las comprobaciones oportunas para, en su caso, reconocer 
las provisiones por depreciación de los bienes del inmovilizado, salvo en el caso del inmovilizado 
financiero cuando se trata de participaciones en sociedades en que el Gobierno cántabro participa 
en un porcentaje superior al 50 % y que se encuentran registradas en la cuenta 250 “Inversiones 
financieras  permanentes  en  capital”,  sin  que  se  incluyan  en  la  misma  el  resto  de  las 
participaciones titularidad de la Comunidad. 
B)  DEUDORES  
En el anexo II.2-1 se refleja la evolución de los deudores presupuestarios, tanto del ejercicio 
corriente como de ejercicios cerrados. 
Los deudores presupuestarios totalizaron 86.192 miles de euros, de los que 44.366 miles de euros 
procedían de ejercicios anteriores. Los del ejercicio corriente (41.826 miles de euros) representan 
el 1,5 % de los derechos reconocidos en 2018. 
En 2018 se produjeron rectificaciones del saldo entrante, con un aumento neto de 544 miles de 
euros, de los que 142 miles correspondían al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 258 miles 
al Impuesto sobre Transmisiones Intervivos, 29 miles a reintegros y 88 miles a recargos y multas. 
Asimismo, se contabilizaron anulaciones de derechos de ejercicios cerrados por un importe total 
de 14.281 miles de euros, de los que 9.861 miles correspondían al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones y 2.092 miles al Impuesto sobre Transmisiones Intervivos. 
De las anteriores, los órganos gestores registraron en el sistema MOURO anulaciones codificadas 
como “bajas liquidación de oficio” por un importe de, al menos, 10.332 miles de euros (el 86 % del 
total en estos conceptos), lo que impide concretar su causa, y ello pese a existir un exhaustivo 
listado de códigos de incidencias en la aplicación28.  
 2a 8d   mE  in n t irs e t r a o t ti vr oa s s :;    ta a cs u a ec  rido  no   e sd   e p  e a r ip c lia a zl ea   sm cieonnttora; ddicet ofrriaasc.c iAodneammáiesn, toin;c leusyteim oatrcoiósn c odmeo  rfeaclluidrsoo, sin; croebcrlaabmlea coi opnreess creipcocinóónm, qicuoe-  2021-14783n https://ww
deberían reflejarse en cuentas como derechos cancelados.
 
En fiscalizaciones anteriores se advirtió que el motivo de estas bajas en ambos impuestos 
correspondía, en gran medida, a recursos o reclamaciones económico-administrativas resueltas a 
favor de los obligados tributarios. En particular, se ha verificado que, en el ejercicio 2018, con 
respecto  al  hecho  imponible  transmisiones  mortis  causa  del  Impuesto  de  Sucesiones  y 
Donaciones,  al  menos  1.323  miles  de  euros  lo  fueron  por  los  motivos  citados  (y,  más 
concretamente,  882  miles  como  consecuencia  de  defectos  en  comprobaciones  de  valores 
reconocidos  en  las  reclamaciones  económico-administrativas).  De  las  anulaciones 
correspondientes  al  Impuesto  sobre  Transmisiones  Intervivos  contabilizadas  (2.092  miles  de 
euros, como ya se señaló), al menos 463 miles lo fueron como consecuencia de estimaciones de 
recursos y reclamaciones económico-administrativas, en el caso de estas últimas por defectos en 
comprobaciones de valores. De todo lo anterior deriva la necesidad de revisar el criterio de los 
órganos de gestión o inspección tributaria en relación con la fijación de la base imponible en estos 
impuestos. 
La recaudación de derechos de ejercicios cerrados ascendió a 12.525 miles de euros, es decir, un 
21 % del saldo inicial una vez rectificado y contabilizadas las anulaciones, el cual, tras las 
operaciones señaladas, ascendía a 59.725 miles de euros. Por otra parte, durante 2018 se 
cancelaron derechos por importe de 2.834 miles de euros, de los que 1.498 miles se registraron 
como insolvencias, 1.333 miles como prescripciones y 3 miles de euros como otras causas. 
Al cierre del ejercicio 2018, el importe de los derechos con fecha de contraído superior a los cuatro 
años (plazo de prescripción) ascendía a 25.584 miles de euros. Se han detectado derechos por 
importe de 53229 miles de euros, recogidos en las correspondientes cuentas de deudores, que 
podrían encontrarse prescritos, según lo dispuesto en el artículo 17 de la LF, al no haberse 
acreditado ninguna actuación sobre los mismos en los últimos años. De este importe, 54 miles de 
euros corresponden a dos créditos frente a un mismo deudor en cuyos expedientes consta como 
última actuación un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, 
de 4 de octubre de 2007, que resultó inadmitido. Pese a lo señalado, en 2017 se produjo la 
recaudación de la mitad del importe inicialmente contraído en el año 2005 (108 miles de euros en 
total), sin que la CA haya aportado explicación ni documentación adicional de la procedencia de 
este cobro. 
Analizados diversos deudores presupuestarios contraídos con anterioridad a 1 de enero de 2014 y 
que estaban pendientes de cobro a 1 de enero de 2018, cabe señalar que: 
  El saldo deudor 0102000661971, por importe de 65 miles de euros, permanecía en cuentas 
al cierre de 2018, pese a haberse declarado su anulación por resolución de la oficina liquidadora 
de fecha 3 de julio de 2015, tras recurso de reposición presentado por el deudor contra el aumento 
de la base imponible. La resolución establecía que esta liquidación debía ser sustituida por otra 
cuya base  imponible estaría  constituida  por el nuevo  valor  comprobado por el perito de  la 
Administración. 
  El saldo deudor 0102418562, por importe de 159 miles de euros, corresponde a un deudor 
en concurso de acreedores. La apertura de la fase de liquidación se produjo en 2013, sin que la 
CA haya aportado información posterior sobre el estado en el que se encuentra el procedimiento. 
Del análisis de diversos saldos que fueron anulados durante el ejercicio fiscalizado se deduce lo 
siguiente: 
  El saldo deudor 0102000807021, por importe de 211 miles de euros, fue anulado como  es
consecuencia  de  una  estimación  de  un  recurso  de  reposición,  al  haberse  practicado  o
indebidamente una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones por una operación que estaba  783www.
 2 9   P  e s  e   a    q  u e    e n    a  le  g  a c  io  n  e s    s e    s e   ñala la interrupción de la prescripción en 2015 de uno de los saldos por importe de
41 miles de euros, ni se aporta documentación al respecto ni se incluyen referencias precisas para hallarla.
 
 
sujeta al cumplimiento de una condición suspensiva que no resultó cumplida, no realizándose por 
tanto el hecho imponible. 
  El saldo deudor 0152000361396, por importe de 1.075 miles de euros, fue anulado pese a 
que la única documentación aportada por la CA es una resolución desestimatoria de un recurso de 
reposición formulado por el obligado tributario30. 
  El saldo deudor 0152000375784, por importe de 441 miles de euros, fue anulado como 
consecuencia de una resolución estimatoria del Tribunal Económico-Administrativo Central, el cual 
consideró la liquidación practicada nula de pleno derecho, al carecer de soporte documental 
alguno. A su vez, esta liquidación se había practicado como consecuencia de la anulación, por el 
mismo Tribunal y por el mismo motivo, de otra liquidación practicada en enero de 2009. En 
consecuencia, por el tiempo transcurrido y por ser ambas liquidaciones nulas de pleno derecho, el 
Tribunal Económico-Administrativo Central concluye, en su segunda resolución, que el derecho de 
la Administración se encontraba prescrito, por lo que debió ser este el motivo de la baja en 
cuentas. 
La provisión dotada al cierre del ejercicio 2018 (saldo a 31 de diciembre de la cuenta 490 
“provisión  para  insolvencias”)  equivale  al  20 %  del  total  de  los  saldos  de  los  deudores 
presupuestarios del ejercicio corriente y de presupuestos cerrados y asciende a 17.238 miles de 
euros. La CA efectúa todos los años la dotación a la provisión para insolvencias por créditos 
incobrables, cuantificada en el 20 % del saldo final de los deudores presupuestarios, anulándose a 
su vez la provisión de créditos incobrables correspondiente al ejercicio anterior. 
El criterio aplicado, que no aparece recogido en la normativa contable propia de la CA, no 
establece una metodología similar a la de porcentajes mínimos según la antigüedad acumulada 
prevista para las entidades locales en el artículo 193.bis del RD-L 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que alcanza 
mayores grados de cobertura. 
En relación con los deudores extrapresupuestarios, los movimientos y saldos se reflejan en el 
anexo II.2-2. 
C)  TESORERÍA 
La tesorería al cierre del ejercicio 2018 representa el 73 % del activo circulante, cuatro puntos 
porcentuales menos que en 2017 (77 %), rompiendo la tendencia ascendente de los últimos 
ejercicios. En el ejercicio fiscalizado el capital circulante continúa siendo negativo por un importe 
de 157.148 miles de euros (213.847 miles de euros en 2017), por lo que la disponibilidad de la 
tesorería  está  condicionada  por  los  pasivos  corrientes  o  a  corto  plazo,  imposibilitando  la 
realización de operaciones de adquisición temporal de activos financieros a que se refiere el 
artículo 84 de la LF. 
De acuerdo con la información disponible, cabe deducir que la tesorería de la CA a 31 de 
diciembre de 2018 estaría formada por las siguientes cuentas. 
 3 0   A  u n  q  u e    la    l iq  u  id  a  c i ó n    s e    a  n u  l ó   e  n   2018, en alegaciones se manifiesta que ello se hizo en virtud de la resolución, de
fecha 28 de noviembre de 2019, de una reclamación económico-administrativa.
 
CUADRO Nº 10. TESORERÍA 
(miles de euros) 
2018 
Cuentas 
Número  Saldo bancario 
Operativas (incluyendo cuenta general de ingresos)  10  284.144 
Restringidas Pagos   38  4.025 
Restringidas Ingresos  50  6.964 
Otra naturaleza   10  45 
Total  108  295.178 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
De las comprobaciones realizadas se deduce que, durante el ejercicio fiscalizado: 
  Entre las cuentas que en el cuadro anterior se califican como de “otra naturaleza” se incluye 
una inactiva, pendiente de cancelación desde 2014.  
  La CA no ha aportado documentación alguna respecto de una de las cuentas calificadas 
como restringida de ingresos. 
  No se ha facilitado certificado bancario del saldo al cierre del ejercicio de la cuenta inactiva 
de otra naturaleza ante señalada31. 
  Si bien en fiscalizaciones precedentes se puso de manifiesto que, debido básicamente a la 
configuración del sistema de envío de información entre las diferentes aplicaciones informáticas 
soporte, las cifras recogidas en el estado de tesorería, en el balance de situación y en el estado 
del remanente de tesorería de la Cuenta General no mostraban la coherencia interna necesaria, 
en la Cuenta de 2018 se ha mitigado en gran medida este problema, gracias a la inclusión de los 
cargos y abonos de la cuenta 575 en el epígrafe “Cuentas restringidas de pagos” y de los cobros y 
pagos  incluidos  en  la  agrupación  “Movimientos  internos  de  tesorería”,  así  como  al  recoger 
aquellos ajustes en las cuentas 570.8 (“Caja. Provisión de fondos”) y 571 (“Bancos e instituciones 
de crédito. Cuentas operativas”) que están soportados mediante asientos directos. 
  Se  presenta  una  diferencia  por  importe  de  65  miles  de  euros  entre  los  cobros  del 
presupuesto corriente incluidos en el estado de tesorería y la recaudación neta reflejada en los 
estados C.2 y D.5 de la memoria de la Cuenta General, consecuencia de que en estos últimos no 
se incluye el subconcepto 79099 “Otros fondos”, como se ha indicado en el subepígrafe II.5.2.C. 
  Se  observa  una  diferencia  de  52  miles  de  euros  entre  el  importe  de  los  pagos  del 
presupuesto corriente incluidos en el estado de tesorería y el de los pagos realizados durante 
2018 según los estados de la memoria citados, como consecuencia de la contabilización de un 
asiento directo de conciliación contable de los saldos bancarios. 
  Ni el estado de tesorería ni el balance incluían el saldo correspondiente a las cuentas  s
restringidas de recaudación (que deberían quedar recogidas en la cuenta 573 del PGCP y en el  oe.
estado de la tesorería). Los fondos de estas cuentas solo tuvieron reflejo contable en el momento  w.
en que, por el procedimiento interno establecido, pasaron a la cuenta general de ingresos.  783ww
                                                
31 A las alegaciones se adjunta un correo electrónico que indica que esta cuenta se canceló en el año 2016.
 
 
  La cuenta 5580 (provisiones de fondos pendientes de justificar en anticipos de caja fija y 
pagos a justificar), que según el PGCP recoge las provisiones de fondos que se encuentren 
pendientes o bien de justificar o bien de aprobar la correspondiente cuenta justificativa al final de 
cada periodo de regularización y, en todo caso, a fin de ejercicio (opción seguida por la CA), 
presenta un  saldo  final de  31.733 miles  de  euros,  importe que no  coincide con  el que se 
desprende de la documentación aportada durante la fiscalización, según la cual ascendería a 
13.204 miles de euros, sin que la CA haya aclarado esta diferencia. 
  Por último, conforme al PGCP de Cantabria, los cargos en la cuenta 558.5 (libramientos 
para  provisiones  de  fondos  pendientes  de  pago)  deben  recoger  las  propuestas  de  pagos 
correspondiente a libramientos de fondos con el carácter de pagos a justificar o para reposiciones 
de anticipos de caja fija. Según información facilitada por los habilitados, en el ejercicio 2018 este 
importe ascendió a 113.350 miles de euros, mientras que los cargos registrados en la cuenta 
558.5 fueron de 113.997 miles de euros, sin que la diferencia de 647 miles de euros haya sido 
explicada. 
D)  FONDOS PROPIOS 
Respecto a las cuentas que integran el subgrupo 10 “Patrimonio”, se mantienen las críticas 
señaladas en los Informes de fiscalización de ejercicios anteriores: 
  La ausencia de baja de las inversiones destinadas al uso general en el momento de su 
entrada en funcionamiento con cargo a la cuenta 109 “Patrimonio entregado al uso general”, por lo 
que la cuenta 100 “Patrimonio” se encuentra sobrevalorada. 
  La ausencia de conexión entre la gestión del Inventario y la contabilidad, que motiva que no 
tenga reflejo contable el valor de los bienes recibidos y entregados en cesión y adscripción, no 
utilizándose las correspondientes cuentas previstas por el PGCP, con el consiguiente efecto en el 
patrimonio. 
E)  ACREEDORES 
Los acreedores presupuestarios al cierre de 2018 ascendían a 287.589 miles de euros. El detalle 
por ejercicios del saldo de los acreedores incluidos en las cuentas 400 (del ejercicio) y 401 
(ejercicios anteriores), se recoge en el anexo II.2-4. A 31 de diciembre del ejercicio fiscalizado, 
237.272 miles de euros correspondían a obligaciones reconocidas en dicho ejercicio y 50.317 
miles a ejercicios anteriores. También se incluyen entre los citados acreedores presupuestarios 94 
miles de la cuenta 408 “acreedores por devolución de ingresos”, mientras que la cuenta 409 
“acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” tiene saldo cero debido a la 
entrada en vigor en el ejercicio 2017 de la Orden HAC/46/2017, de 5 de octubre, por la que se 
modifica el PGC de Cantabria, según se analiza a continuación. 
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto-Acreedores por operaciones 
devengadas 
Mediante la Orden HAC/46/2017, de 5 de octubre (con entrada en vigor el 19 de octubre), se 
modificó el PGCP de Cantabria en orden a fusionar las cuentas 409 “acreedores por operaciones 
pendientes  de  aplicar  a  presupuesto”  (que  mantenía  la  consideración  de  acreedores 
presupuestarios) y 411 “acreedores por periodificación de gastos presupuestarios”, en la cuenta 
413, que se crea con la denominación "acreedores por operaciones devengadas", de naturaleza  es
no presupuestaria.  o
HSiA bCie/4n6 e/2l 0re1s7u flitjaadboa  fuinna rlé dgeim lae nm toradnifsiciatocriióon d feule q ulae d peuseadpea rsiceiñóanl adres ela: s cuentas 409 y 411, la Orden  2021-14783n https://ww
 
  La DA Única establecía que, por una sola vez, la cuenta 413 habría de abonarse con cargo 
a las cuentas 409 y 411 (como paso previo a la supresión de esta cuenta), por el importe del saldo 
acreedor que presentasen las mismas en el momento de la entrada en vigor de la Orden. 
  La DT Única señala que el apartado Dos.1 del Artículo Único de la Orden, que recoge la 
supresión de la cuenta 411, entra en vigor el 1 de enero de 2018, por lo que durante el ejercicio 
fiscalizado esta cuenta no debía presentar movimientos, como así se ha verificado. 
  Por el contrario, la cuenta 409 siguió registrando movimientos en 2018, concretamente los 
producidos de forma automática por la aplicación informática que utilizaba la Administración de la 
CA (SIC2) y que corresponden a los documentos contables registrados en enero de 2019 con 
fecha  de  gasto  de  ejercicios  anteriores.  Como  se  detalla  en  el  epígrafe  II.2.2,  la  Orden 
HAC/46/2019, de 19 de diciembre, dispone la implantación del SIC3 antes del día 1 de mayo de 
2020, con efectos contables desde el 1 de enero de 2020, lo que debe permitir la eliminación de 
estos movimientos. 
El siguiente cuadro muestra, en miles de euros, el saldo final de la cuenta 409 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” durante los ejercicios 2015 y 2016. Respecto de 
los ejercicios 2017 y 2018, se recogen los saldos finales de la cuenta 413 “acreedores por 
operaciones devengadas” excluyendo los gastos que corresponden a operaciones que, estando 
devengadas,  no  procede  aún  su  imputación  a  presupuesto  y  que,  con  anterioridad  a  la 
modificación del PGCP, se hubieran registrado en la cuenta 411” acreedores por periodificación 
de gastos presupuestarios”. 
CUADRO Nº 11. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 
PRESUPUESTO 
(miles de euros)  
Ejercicio 
 
2015  2016  2017  2018 
Saldo final  90.333  161.029  180.938  187.560 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Aunque la variación el periodo 2017-2018 ha sido del 3 %, en el periodo 2015-2018 se ha 
producido un fuerte incremento, pasando desde los 90.333 miles de euros hasta los 187.560 miles 
que se recogen en el cuadro anterior. 
Finalmente, cabe señalar que, pese a que la LO 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público establecía, en su DA tercera, que en las entidades de las 
Administraciones Públicas no sujetas a auditoría de cuentas se debían efectuar anualmente 
trabajos de verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y 
servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria, al cierre de 
2019 no había realizado ningún control con respecto a los ejercicios anteriores. 
Otros acreedores 
La deuda resultante de la liquidación definitiva relativa del sistema de financiación de la CA,  b
correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, cuyo resultado se conoció, respectivamente, en julio  783ww
dsdeeic  ih2ea0m 1sb0er eñy a djluaeld i2oo0  de1en1  ,2l ol0as1s 1i nr,ef onteromn sceeiso  nrdeeecs o feigsnicó al aeliszn a elcani ótcrneo gnaatnastbe airli iodcrauedes n.f tiSnaa edngecúli neE rIsant asdtderou d cpiccriahóconts idc eeaj delaarc sIi GcpiAaorsCa,   dcceoa mn2co8e  ldyaaer    OE-A-2021-14able en https://
 
 
dicha deuda pasaron a ser tratadas como devoluciones de ingresos, por lo que debería haberse 
utilizado la cuenta 408 “Acreedores por devolución de ingresos”, lo que no se ha producido ni en el 
ejercicio fiscalizado ni en los precedentes. 
Como se ha recogido en el subepígrafe II.5.2.C de este Informe, la aplicación a la CA del 
mecanismo financiero previsto por la DA trigésima sexta de la LPGE para el año 2012, para el 
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, así 
como de los anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo, ha tenido como consecuencia 
que,  a  31  de  diciembre  de  2016,  quedó  cancelada  la  deuda  por  la  devolución  de  dichas 
liquidaciones, una vez transcurridas 60 mensualidades desde 1 de enero de 2012, mientras que 
se ha generado una deuda por los anticipos recibidos que, al cierre del ejercicio anterior, ascendió 
a 286.738 miles de euros. Esta deuda, que ha de amortizarse desde enero de 2017 hasta 
diciembre de 2031, continúa sin registrarse en la contabilidad financiera al cierre del ejercicio 
fiscalizado, ascendiendo a un importe de 248.506 miles de euros. 
En relación con los acreedores extrapresupuestarios, los movimientos y saldos se reflejan en el 
anexo II.2-5. 
En  el  ejercicio  2017  se  produjo  un  incremento  del  saldo  del  concepto  321.009  “Ingresos 
pendientes de distribución” de 2.032 miles de euros, pasando de 443 miles de euros al comienzo 
de ese ejercicio a 2.453 miles al final del mismo. Este aumento estaba motivado por un ingreso 
indebido por dicho importe en la liquidación quincenal traspasada desde una entidad financiera, 
por un fallo operativo de la misma, ingreso que fue contabilizado mediante el resumen contable 
MOURO de 17 de noviembre de 2017. En enero de 2018 se procedió a su devolución, quedando 
el saldo final de este concepto a 31 de diciembre de 2018 en 211 miles de euros.  
En el ejercicio 2017, el concepto 321.020 “Partidas pendientes de regularización” presentaba un 
saldo  final  negativo  por  importe  de  686  miles  de  euros,  principalmente  motivado  por  una 
compensación de deuda de 576 miles de euros contabilizada el 30 de diciembre de 2017, 
mientras que el documento contable con el descuento correspondiente a la compensación se 
pagó con posterioridad, el 27 de agosto de 2018. Al cierre de 2018, este concepto, que tiene 
equivalencia en contabilidad financiera con la cuenta 554 (cobros pendientes de aplicación), sigue 
mostrando un saldo acreedor negativo por importe de 68 miles de euros, lo que resulta contrario a 
su naturaleza acreedora. 
Por otra parte, como se viene señalando en los últimos informes de fiscalización de Cantabria, la 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 13 de noviembre de 2001, por la que se 
dictan  instrucciones  respecto  del  procedimiento  a  seguir  en  la  tramitación  del  cobro  de 
determinados recursos locales, cuya cobranza tenga asumida o encomendada el Gobierno de 
Cantabria,  establece,  incorrectamente,  el  mismo  tratamiento  contable  para  las  operaciones 
encuadradas dentro del concepto “servicios de tesorería” que se pueden prestar a otras entidades 
y las que se pueden considerar como “gestión de recursos de otros entes”, sin dar uso al 
subgrupo 45 “deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes 
públicos”, tal como indica el documento número 2 de los Principios Contables Públicos en su 
párrafo 102. 
Adicionalmente, el artículo 5 de la citada Orden prevé la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación en las cuales se ha de canalizar el procedimiento recaudatorio. Por su parte, el último 
párrafo del artículo 7 establece que las operaciones de cobro y el correspondiente ingreso en la 
cuenta restringida no generarán apunte contable y que este se ha de realizar en el momento del  s
traspaso de la recaudación a la “Cuenta General de Ingresos”, disposición que no es acorde con  oe.
lo previsto en el PGCP, donde se establece la cuenta 573 “Bancos e instituciones de crédito.  w.
Cupsáuorer anlaftoa C sd oremel suatrnritniídcgauiddloa.  sC7  addbeee r  elcaco anOucrdlduaeicrn ióq, nun”eo  p ecasortana d rfueocgrmeis taar ald roe ob ppjeertorivcaoec idodenere , mss iod bseit ereansr  tdelaa t  iicpmuoam, gdpeelinm  lafiei eqnl,ut oep  uanelo sú  hlteiamsctoeá    2021-14783n https://ww
 
obviando la existencia de ingresos en cuentas restringidas de recaudación y el nacimiento del 
correspondiente  acreedor  no  presupuestario,  que  debería  contabilizarse  dentro  del  concepto 
320.323 “Recaudación tributos municipales” en el momento del ingreso en la cuenta restringida y 
no en el del traspaso de la recaudación a la “Cuenta General de Ingresos”. 
Finalmente, cabe indicar que la situación de los préstamos a largo plazo a 31 de diciembre, se 
refleja en el anexo II.2-6. Procede señalar que, como en los ejercicios anteriores, la CA no 
procede a la reclasificación de la deuda que vence a corto plazo. 
II.5.4.  Resultado económico-patrimonial Administración General 
La cuenta rendida no utiliza el modelo previsto en el PGCP para entes administrativos, sino el de 
aquellos que realizan operaciones comerciales. 
El resultado registrado por la AG en el ejercicio fiscalizado fue negativo, por importe de 16.846 
miles de euros, lo que ha supuesto una disminución de las pérdidas generadas en relación con el 
ejercicio precedente (49.089 miles de euros) del 66 %. Su composición se refleja en el anexo 
II.2-0.2. Este saldo se vería afectado por no darse de baja la amortización acumulada de los 
elementos  enajenados,  que  repercutiría  en  los  beneficios  y  pérdidas  derivados  de  dichas 
operaciones, los cuales tampoco se recogen, al no utilizarse las correspondientes cuentas del 
PGCP (beneficios y pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial o material). 
Tanto los gastos como los ingresos estarían sobrevalorados en 4.348 miles de euros, debido a 
que  se  contabilizó  indebidamente  como  exceso  de  provisión  de  riesgos  y  gastos  el  saldo 
registrado  en  la  cuenta  142  al  cierre  de  2017  de  los  litigios  que  subsistían  a  esta  fecha, 
volviéndose  a  dotar  en  2018  por  esta  cuantía,  más  la  derivada  de  la  estimación  de  otros 
potenciales riesgos surgidos durante este último ejercicio. 
II.5.5.  Memoria de la Administración General 
A)  ASPECTOS GENERALES 
En relación con la información de carácter financiero que debe formar parte del contenido de la 
memoria según el PGCP, la Cuenta General rendida no incluye el cuadro de financiación32 donde 
deben recogerse separadamente los recursos obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, 
así como la aplicación o empleo de los mismos en inmovilizado o en circulante, mostrando 
resumidamente los aumentos y disminuciones que se han producido en el ejercicio en dicho 
capital circulante.  
Del análisis de la memoria rendida, en relación con la “información sobre la ejecución del gasto 
público” exigida en el apartado 4 del modelo previsto en el PGCP, se deducen las siguientes 
deficiencias: 
            El estado del “Remanente de crédito”, correspondiente al apartado 4.2 del modelo de 
memoria del PGCP, no distinguía entre remanentes incorporables (no consta información sobre 
sus importes ni su vinculación presupuestaria) y no incorporables. Además, no se incluyó la 
información sobre la ejecución de proyectos de inversión a la que se refiere el apartado 4.4. 
  En cuanto a las transferencias y subvenciones concedidas, se omitía la información sobre  s
las  cuantías  pendientes  de  liquidar  al  inicio  y  al  final  del  ejercicio  (solo  se  informaba,  e.
detalladamente, sobre el desarrollo de las obligaciones reconocidas y los pagos netos en el  w.
ejercicio) y las de los reintegros, exigidas en el apartado 4.6.  783ww
 3 2   E  l  c u  a  d r o    d  e   f in  a  n c  i a c  ió  n   f u  e   s  u p  r  imido en el PGC Pública aprobado en 2010 por Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, surgiendo la necesidad de ofrecer información a través de nuevos estados.
 
 
  El listado de convenios suscritos no estaba acompañado por toda la información prevista en 
el  apartado  4.7  (entre  otra,  la  identificación  de  los  receptores  de  fondos  cuando, 
acumulativamente, superasen el 5 % del importe total). 
En relación con la información sobre la ejecución del ingreso público que se exige en el apartado 5 
de la memoria del PGCP, en la Cuenta General no se incluye la siguiente información: 
  Transferencias y subvenciones recibidas (5.3). 
  Tasas, precios públicos y precios privados (5.4). 
  Aplicación del Remanente de Tesorería (5.5). 
  Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad (5.7). 
  Desarrollo de los compromisos de ingreso (5.8). 
  Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (5.9). 
En  cuanto  a  la  información  sobre  los  derechos  presupuestarios  reconocidos  en  el  ejercicio 
corriente (5.1 y 5.2) y los derechos a cobrar de presupuestos cerrados (5.6), no se distinguen los 
de contraído previo por ingreso directo de los de ingreso por recibo. Asimismo, la CA no distingue 
los derechos anulados por aplazamiento o fraccionamiento de los motivados por otras causas 
(tanto del ejercicio corriente como de presupuestos cerrados), registrándose acumuladamente con 
los procedentes de la anulación de liquidaciones. 
La memoria rendida no incluyó la información sobre gastos con financiación afectada, señalada en 
el apartado 6 del modelo de memoria del PGCP, información necesaria para conocer la parte del 
remanente de tesorería que constituye un recurso para financiar la actividad de la CA con carácter 
general. En el epígrafe D.7.2 “Gastos con financiación afectada” de dicho estado solo se incluye, 
en relación con los fondos comunitarios, información global por cada fondo del gasto certificado en 
el ejercicio y de los correspondientes ingresos de la Unión Europea (UE). Además, incluye en este 
epígrafe, como “ingresos presupuestarios afectados”, la descripción de diversos conceptos de los 
capítulos 4 y 7 y el importe de los ingresos realizados en el ejercicio (lo hizo, por primera vez, la 
Cuenta General del ejercicio 2017). 
En relación con este mismo epígrafe de la memoria, cabe destacar que, de los tres tributos 
propios establecidos en Cantabria, la recaudación del Impuesto sobre el depósito de residuos en 
vertederos y la del Canon del agua residual están destinadas a fines específicos, tal y como 
establecen las leyes que los regulan. La Comunidad no tiene establecido un procedimiento para la 
gestión, seguimiento y control de los ingresos finalistas, de forma que en la relación de los 
conceptos de ingresos presupuestarios afectados (y su importe) que figura en el epígrafe de la 
memoria citado en el párrafo anterior no aparece ninguno de los tributos señalados. 
Tampoco se incluye el contenido exigido en los apartados 7 y 8 de la memoria del PGCP sobre el 
inmovilizado  no  financiero  y  las  inversiones  financieras,  respectivamente,  ya  que  solo  se 
presentan los saldos iniciales y finales, así como los aumentos y disminuciones de cada una de 
las agrupaciones de cuentas del balance de situación. 
Finalmente, si bien el balance recoge un importe de 5.379 miles de euros en la provisión para  es
riesgos y gastos a largo plazo (4.349 miles del año anterior), en la memoria integrante de la  o
Cadceuobenent teaacñ iGamdeiienrsneetroa lsal   dqineuf eo2 r0fmu1na8dc (aiaómln ie gnnuetaaclen qs duaierci ahe opn a imlarap d oreer tfelloe,s jap are ñlsaoe si ma a aqnguteeenr ie oflir eePls Gd) eCnlPo s  usinjeed tiionc afco orqmnuteaa  bedlnee  .d lo icsh hoe echstoasd oy   2021-14783n https://www.
 
En este mismo sentido, la Orden HAC/46/2018, de 28 de septiembre, por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio 2018 y la apertura del ejercicio 2019, estableció que, a los 
efectos de registrar la provisión para responsabilidades en los términos previstos en el PGCP, los 
órganos gestores debían remitir el anexo IV de la Orden debidamente cumplimentado con los 
importes estimados para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, procedentes de 
litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, como es el 
caso de avales u otras garantías similares, a cargo del Presupuesto General de la AG de la CA, 
describiéndose en la memoria la naturaleza de dichas responsabilidades. 
De la cumplimentación por los diferentes órganos gestores del citado anexo IV de la Orden se 
desprende que la mayor parte del saldo de la cuenta a dicha fecha corresponde a la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda (2.812 miles de euros), fundamentalmente por los hechos derivados del 
contrato de concesión de obra pública para la construcción del nuevo puerto pesquero recreativo 
deportivo en Laredo, así como para la explotación de las dársenas recreativas deportivas y 
aparcamiento de vehículos, que hasta ahora no venían recogiéndose.  
La Orden citada precisa que los órganos gestores deben enviar el anexo IV al que se ha hecho 
referencia, incluso aunque no exista ninguna operación que incluir (en cuyo caso tan solo se 
enviaría el formato PDF firmado, haciendo expresa mención de esta circunstancia, lo que no se ha 
llevado a efecto por ninguna de las consejerías que no realizó operaciones). 
B)   ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 
El anexo II.2-7 recoge el Estado del remanente de tesorería según figura en la memoria rendida 
del ejercicio fiscalizado. El importe del remanente, según dicho estado al cierre del ejercicio 2018 
asciende a 46.098 miles de euros, presentando signo positivo, tras haber sido negativo en los 
últimos ejercicios (llegando a situarse en los 153.859 miles en 2014). Gran parte de esta evolución 
en 2018 se debe al incremento de los fondos líquidos consignados, que pasan de 210.729 miles 
de euros en 2017 a 288.254 miles en 2018, como consecuencia de los cambios operados en la 
elaboración de este documento y que se analizan en el subepígrafe II.5.3.C. No obstante, la 
exactitud  de  estas  cifras  se  sigue  viendo  afectada  por  las  discrepancias  detectadas  en  la 
información de la Cuenta General sobre dichos fondos líquidos, entre ellas, la no inclusión del 
saldo de las cuentas restringidas de recaudación.  
La IGAC, como órgano encargado de la formación de la Cuenta General, manifestó que, por 
primera vez, en la relativa a 2018 se tuvieron en cuenta las cuentas restringidas de ingresos para 
el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio, corrigiendo la deficiencia señalada en las 
fiscalizaciones precedentes. 
Además, de una correcta imputación temporal de las obligaciones reconocidas, como se indicó en 
el subepígrafe II.5.2.B, el remanente hubiera sido aún inferior, en concreto en 6.622 miles de 
euros. 
Por otra parte, dicho remanente de tesorería no distingue el remanente afectado del no afectado, 
debido a la inexistencia de una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada. 
Hasta 2018, la existencia de remanentes no afectados negativos de ejercicios anteriores impedía 
su uso como fuente de financiación para las modificaciones de crédito del año en curso. 
 
 
II.5.6.  Cuentas de los Organismos Autónomos 
Según el artículo 79.1 de la LRJGAC33, los OOAA son organismos públicos que se rigen por el 
Derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en 
ejecución de programas específicos de la actividad de la consejería de adscripción, la realización 
de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. 
La LF establece, en el artículo 3.a), que los OOAA forman parte del sector público administrativo 
de la CA y, en el artículo 114.1, que las entidades que integran el mismo deberán aplicar los 
principios contables públicos previstos en el artículo siguiente, así como las normas establecidas 
en el PGCP y su normativa de desarrollo. 
Los anexos I.1-1, I.1-2, I.1-3, I.1-4 y I.1-5 recogen los datos relativos a las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 rendidas por los OOAA que las forman separadas de las de la AG. En este sentido, 
las liquidaciones de los presupuestos del SCS, del SCE, del ICSST y del ICASS se rindieron 
integradas en la cuenta de la AG como una sección presupuestaria, al amparo de la DT segunda 
de las Leyes 10/2001 y 1/2003, de la DT Única de la Ley 5/2008 y de la DA cuarta de la Ley 
3/2009, por las que se crean, respectivamente, estos OOAA. 
Los OOAA no integrados recibieron transferencias de la AG de la CA por importe total de 5.090 
miles de euros, de los que 4.503 correspondían a transferencias corrientes. El importe total 
representa el 84 % de los derechos reconocidos netos por estos OOAA. Pese a haber sido 
reconocidos  por  la  CA  en  su  presupuesto  de  gastos  un  total  de  812  miles  de  euros  por 
transferencias corrientes al CEARC, el OA solo reconoció en su liquidación del presupuesto de 
ingresos un total de 802 miles. En relación con ODECA, no se ha podido verificar el adecuado 
registro de las transferencias recibidas de la CA, al no presentar sus cuentas anuales un desglose 
suficientemente detallado. 
II.5.7.  Cuentas de los Entes públicos 
En el presente epígrafe se incluyen las entidades de derecho público que forman parte del sector 
público administrativo de la CA conforme a lo establecido en el artículo 3.a) de la LF, cuyo 
régimen contable es el establecido en el PGCP y su normativa de desarrollo. 
En los anexos I.1-4 y I.1-5 se recoge un resumen de los balances y de las cuentas del resultado 
económico-patrimonial, rendidos por los entes públicos de la CA. 
La ACAT recibió transferencias de la AG de la CA por importe total de 9.021 miles de euros (al 
igual que en 2016 y 2017), de los que 8.656 correspondían a transferencias corrientes. Estas 
transferencias representan la totalidad de los ingresos de la ACAT. 
En  ejecución  del  Plan  Anual  de  Control  Financiero  Permanente,  Auditoría  Pública  y  otras 
actuaciones de control para el ejercicio 2019, la IGAC elaboró un informe de auditoría sobre las 
cuentas de la ACAT del ejercicio 2018, con opinión favorable con salvedades, destacando lo 
siguiente: 
  Se manifiesta la imposibilidad de verificar si la activación de los gastos de mantenimiento de 
los sistemas de información cumplía los requisitos previstos para ello en el PGCP. El importe 
acumulado activado ascendía a 314 miles de euros. 
  El registro en balance de las oficinas de recaudación cedidas o adscritas a la ACAT se  bo
contabilizaban sin la debida separación del valor del terreno y la construcción.  783ww
 3 3   N  o r m   a    d e  r o g  a  d a    t r a s    l a   e  n t r a  d a    e  n vigor el 3 de enero de 2019 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la CA de Cantabria.
 
II.5.8.  Cuentas de los Consorcios 
A los efectos de lo dispuesto en la LF, el apartado 1.h) del artículo 234 considera que forman parte 
del Sector público de la CA los consorcios en que participen cualesquiera de las entidades que lo 
conforman cuando uno o varios de los sujetos enumerados en este artículo hayan participado en 
su financiación en un porcentaje igual o superior al 50 %, cuando se hayan comprometido, en el 
momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicha entidad o cuando sus actos estén 
sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano de la CA. 
La CA no reconoció obligaciones por transferencias a favor de ningún consorcio del Sector 
público.  En  2017  había  realizado  transferencias  únicamente  a  favor  del  Consorcio  para  los 
Museos de Prehistoria, Arqueología e Historia y Bellas Artes de Cantabria, por importe de 2 miles 
de euros, que constituían su única fuente de financiación. 
Los datos relativos a las cuentas anuales del ejercicio fiscalizado rendidas por los consorcios se 
recogen en los anexos I.1-1 al I.1-5. 
El informe de auditoría de cuentas de 2018 de este consorcio, previsto en el Plan Anual de Control 
Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control para el ejercicio 2019 a 
ejecutar por la IGAC, denegó opinión debido a la falta de envío de la documentación solicitada en 
la comunicación del inicio de actuaciones. El informe de auditoría de cuentas de 2017 también 
había denegado opinión, al considerar muy significativas las salvedades puestas de manifiesto 
sobre los elementos del inmovilizado en relación con su soporte en inventario, el deficiente 
registro de sus amortizaciones, la falta de reflejo contable del inmueble cedido gratuitamente por 
el Gobierno de Cantabria y la ausencia de respuesta en la circularización bancaria. 
Según las cuentas anuales de 2018, la entidad no tuvo actividad en dicho ejercicio, disponiendo al 
cierre del mismo de obras de arte valoradas en 492 miles de euros y que se encontraban 
almacenadas, otro inmovilizado por 112 miles de euros totalmente amortizado y tesorería en una 
cuenta bancaria por 6 miles de euros. 
Por otro lado, el Consorcio Año Jubilar Lebaniego fue creado mediante convenio de colaboración 
en 2006, por la CA, el Estado y los Ayuntamientos de Camaleño y Potes. Según viene informando 
la CA, la administración del mismo se realizó por personal de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, que asumió además sus gastos de funcionamiento, ya que el primero no disponía ni ha 
dispuesto ni de recursos económicos ni de patrimonio propio, por lo que no ha elaborado cuentas 
durante sus años de actividad. La celebración del evento que dio origen al mismo finalizó el 30 de 
abril de 2007. 
En el mes de febrero de 2014, se iniciaron los trámites para su efectiva disolución y liquidación, 
mediante la propuesta de constitución de la comisión liquidadora prevista en el artículo 14 de sus 
estatutos, habiendo designado todos los miembros del Consorcio a su representante, excepto el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ante dicha ausencia, la CA reiteró la solicitud anterior 
con fecha 5 de abril de 2016, sin que se haya informado de la efectiva disolución al cierre de 2019.   
                                                  b
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Fiscales y Administrativas, con entrada en vigor el 1 de enero de 2020.
 
 
II.6.  CUENTAS DE LOS SECTORES PÚBLICOS EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL 
II.6.1.  Cuentas del sector público empresarial 
Según el artículo 3.b) de la LF, el sector público empresarial de la CA está integrado por las 
entidades  públicas  empresariales,  las  sociedades  mercantiles  autonómicas  y  las  entidades 
autonómicas de Derecho público y consorcios no incluidos en el sector público administrativo.  
El artículo 2.e) de la LF entiende por sociedades mercantiles autonómicas aquellas en las que la 
participación, directa o indirecta, en su capital social por parte de las entidades que integran el 
sector público de la Comunidad, sea igual o superior al 50 %. Para la determinación de este 
porcentaje, han de sumarse las participaciones correspondientes a las entidades integradas en el 
sector público autonómico, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. 
La redacción del mencionado párrafo e) fue modificada, con efectos en ejercicios posteriores al 
fiscalizado, en dos ocasiones. La primera, por la DF cuarta de Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la CA de 
Cantabria, que entró en vigor el 3 de enero de 2019, para hacerla compatible con el artículo 117 
de dicha ley, y otra por la Ley 5/2019, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
con entrada en vigor el 1 de enero de 2020. A partir de la primera modificación citada, la redacción 
quedó de la siguiente forma:  
“Son  sociedades  mercantiles  públicas  aquellas  sociedades  mercantiles  sobre  las  que 
recae un control de la CA. A estos efectos, se entiende que hay control en los siguientes 
supuestos: 
a)   Cuando la participación directa en el capital social por parte de la AG de la CA o de alguna 
de las entidades que integran su Sector Público Institucional, incluidas las sociedades mercantiles, 
sea  superior  al  cincuenta  por  ciento.  Este  porcentaje  vendrá  referido  a  la  suma  de  las 
participaciones de la AG de la CA y de las demás entidades del Sector Público Institucional.  
b)   Cuando  la  sociedad  mercantil  se  encuentre  en  los  casos  previstos  al  efecto  en  la 
legislación sobre el mercado de valores en relación a la AG de la CA o a cualquiera de las 
entidades que integran su Sector Público Institucional”. 
La segunda de las modificaciones dio lugar a la siguiente redacción literal del primer supuesto: 
“aquellas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las entidades que 
integran el sector público de la CA de Cantabria, sea igual o superior al cincuenta por ciento. Para 
la  determinación  de  este  porcentaje,  se  sumarán  las  participaciones  correspondientes  a  las 
entidades integradas en el sector público autonómico, en el caso de que en el capital social 
participen varias de ellas”. 
A)  CIFRAS AGREGADAS 
Los anexos I.2-1 y I.2-2 reflejan la agregación de los balances y de las cuentas de pérdidas y 
ganancias,  respectivamente,  correspondientes  a  las  cuentas  de  las  empresas  públicas  del 
ejercicio 2018 rendidas en la Cuenta General de la CA.  
El patrimonio neto de las sociedades mercantiles alcanzó los 224.685 miles de euros (197.968 
miles en 2017), mientras que el pasivo ascendió a 267.286 miles de euros (305.085 miles en  es
2017), de los cuales 170.190 miles de euros tienen naturaleza no corriente (213.266 miles en  bo
2017).   783ww
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positiva del saldo del 53 %. El incremento de patrimonio neto en 2018 se debe a una aportación 
de 10.602 miles de euros a su fondo patrimonial realizada por la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, para mantener el nivel de solvencia adecuado a su actividad.  
En  relación  con  el  resultado  agregado  de  las  sociedades  mercantiles  y  entidades  públicas 
empresariales, recogido en el anexo I.2-2, se observa lo siguiente: 
  Las sociedades mercantiles presentaron en 2018 unos resultados de explotación negativos 
de 19.863 miles de euros, lo que supone un incremento del importe negativo del 38 % respecto a 
2017. No obstante, este importe se elevaría a 42.663 miles de euros negativos (49.054 miles 
negativos en 2017) si se descuentan las subvenciones imputadas a resultados del ejercicio. De las 
dieciséis sociedades mercantiles reflejadas en el anexo (sin tener en cuenta las tres sociedades 
que se encuentran en liquidación), diez ofrecían resultados de explotación negativos. 
  Los resultados financieros de las sociedades mercantiles han sido de 4.730 miles de euros 
negativos, frente a los 11.290 miles negativos de 2017. Al igual que en ejercicios anteriores la 
mayoría de las sociedades mercantiles presentan resultados financieros negativos (10 sociedades 
sin tener en cuenta las incursas en liquidación), destacando SAICC con 1.797 miles de euros, que 
derivan fundamentalmente de los intereses devengados de un préstamo del ICAF cuyo importe 
formalizado ascendió a 41.900 miles de euros.  
  CANTUR obtuvo en 2018 un resultado negativo de 1.494 miles de euros, frente a los 5.914 
miles positivos del ejercicio 2017. Esta diferencia se debe a que en el ejercicio 2017 el Gobierno 
de Cantabria concedió de forma extraordinaria una aportación dineraria a la sociedad por importe 
de 4.900 miles de euros para la cancelación de la deuda de las anualidades 2015 y 2016 que 
mantenía con la Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas de la 
CA de Cantabria, S.L., que fue totalmente imputada a los resultados de 2017. 
  Otra de las sociedades con mayores diferencias con respecto al ejercicio anterior fue 
CITRASA, que en 2018 obtuvo unos resultados del ejercicio negativos por importe de 2.205 miles 
de euros frente a los 327 miles de euros negativos en el ejercicio anterior, a causa del incremento 
de los gastos de explotación del ejercicio. Este incremento es debido a la deuda reclamada por la 
DG de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria en concepto de liquidación del 
canon de la parcela en la que se ubica CITRASA, por un importe total acumulado de 2.210 miles 
de euros, que fue imputada íntegramente al resultado del ejercicio. Esta cuestión se analiza con 
más detalle en el subepígrafe II.6.1.E. 
  La sociedad MARE pasó de un resultado positivo de 5.121 miles de euros en 2017 a un 
resultado de cero euros en 2018. Esta diferencia se debe en su mayor parte a que, por un lado, la 
empresa disminuyó sus ingresos por ventas en 3.336 miles de euros con respecto a 2017 y, por 
otro, a que los aprovisionamientos se incrementaron en 2.690 miles de euros. 
El resultado global de las sociedades mercantiles, después de impuestos, fue de 24.970 miles de 
euros de pérdidas, lo que implica una reducción de las mismas en un 4 % respecto del ejercicio 
precedente.  
El ICAF presentó en 2018 unos resultados de explotación positivos de 108 miles de euros frente a 
los 70 miles, también positivos, de 2017. Esta evolución se debe al incremento de la partida “Otros 
ingresos de explotación”, que ha pasado de los 150 miles de euros en 2017, a los 250 miles en 
2018, así como a la partida “Otros resultados”, que en 2018 fue de 122 miles de euros.  es
BDE)lE   RCeASaPOl ITDCAeIELcDr eAtoD ELSe gINisClaUtivRoS A(RSD E-LNe Cg.A) U1S/2A0 1D0E,  DdIeS O2 LdUeC IjÓulNio ,Y p RoEr DeUl CquCeIÓ sNe  OaBpLruIGebAaT OeRl ItAex to  2021-14783n https://www.
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), establece en su artículo 363 las diferentes
 
 
causas de disolución de estas sociedades. Entre ellas se encuentran el cese en el ejercicio de la 
actividad o actividades que constituyan su objeto social, entendiéndose en particular que se ha 
producido este cese tras un período de inactividad superior a un año, además de la generación de 
pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, 
a no ser que este se aumente o se reduzca en la medida suficiente.  
Por otra parte, en el artículo 327 se determina la reducción obligatoria de capital para la sociedad 
anónima cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras 
partes de la cifra de capital y hubiere transcurrido un ejercicio sin haberse recuperado. 
En el siguiente cuadro se muestran las sociedades incursas en supuestos de disolución en el 
ejercicio fiscalizado, así como la causa concreta de la misma y su situación posterior. 
CUADRO Nº 12. SOCIEDADES EN CAUSA DE DISOLUCIÓN 
Sociedad  Causa de disolución  Situación posterior al ejercicio fiscalizado 
 ICE   Inactividad/pérdidas  Sin actividad desde 2012. Pendiente de 
resolución judicial para su liquidación.  
 Sociedad Año Jubilar 2017, S.L.  Pérdidas  Activa 
 CITRASA  Pérdidas  Activa; concesión para el ejercicio 2019 
de una aportación del Gobierno de 
Cantabria para reestablecer el equilibrio 
patrimonial.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
La DA sexta de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos para 1997, ordenó la 
disolución y liquidación de Balneario y Agua de Solares, S.A. Esta sociedad, al no presentar 
actividad está incursa, además, en la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.a) del 
TRLSC. Tras el amplio periodo transcurrido desde el dictado de la norma que ordenaba su 
disolución y liquidación, la CA presentó ante el Juzgado de lo Mercantil de Santander, al amparo 
del artículo 366 de la norma anterior y de los artículos 125 y siguientes de la Ley 15/2015 de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, el 11 de abril de 2017, solicitud de disolución judicial de esta 
sociedad, sin que, al cierre de 2019, se haya informado de la conclusión del procedimiento judicial 
en tramitación. 
La Sociedad NPB, llevaba desde el ejercicio 2012 sin actividad, pendiente de resolución judicial 
para su liquidación. Finalmente presentó el balance de liquidación de la sociedad a fecha 16 de 
julio de 2019, siendo la escritura pública de extinción de la sociedad de fecha 2 de agosto de 2019 
e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de agosto del mismo año. 
Por otro lado, al cierre del ejercicio 2016, la sociedad mercantil CITRASA, por segundo ejercicio 
consecutivo presentaba un patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes del capital social, 
por lo tanto incursa en la causa de reducción obligatoria de capital del artículo 327 del TRLSC. En 
el ejercicio 2017, la sociedad revirtió la situación financiera mediante una reducción de capital 
social de 2.052 miles de euros, que pasó a ser de 1.188 miles de euros. No obstante, al cierre del 
ejercicio fiscalizado, como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por los hechos que se 
ponen de manifiesto en el subepígrafe II.6.1.E, la sociedad contaba con un patrimonio neto inferior  e.e
a la mitad de la cifra del capital social, y ello pese a haber realizado a finales de 2018 una  b
reducción de capital de 621 miles de euros y un aumento de 2.500 miles, lo que dejó la cifra de  783ww
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equilibrio patrimonial.
 
C)  TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS DE LA CA 
En  el  ejercicio  2018,  la  Comunidad  ha  reconocido  obligaciones  a  favor  de  sus  sociedades 
mercantiles por importe de 22.539 miles de euros (21.023 miles en 2017) en el capítulo 4 y de 
21.315 miles de euros (22.234 miles en 2017) en el capítulo 7, lo que supone un aumento del 7 % 
en el primero de los capítulos en relación con el ejercicio precedente y de una disminución del 4 % 
en el segundo. La variación del capítulo 7 en el ejercicio 2018 se debe a la disminución de 
transferencias a CANTUR, que supera el incremento de las concedidas a MARE y a PCTAN. El 
ICAF, por su parte, solo recibió con cargo a estos capítulos 250 miles de euros (pendientes de 
cobro a 31 de diciembre de 2018) en concepto de transferencia de capital con destino a la 
financiación  de  la  aportación  al  Fondo  de  Provisiones  Técnicas  y  para  la  Reserva  de 
Compensación de Resultados Negativos de la Sociedad de Garantía Recíproca de Santander 
(SOGARCA, S.G.R); en 2017 le fueron concedidos 150 miles de euros por el mismo concepto, 
que fueron pagados durante el ejercicio 2018.  
Las empresas que más recursos han recibido con cargo a los citados capítulos en el ejercicio 
2018 han sido CANTUR, SRECD, 112 Cantabria y SODERCAN, con obligaciones reconocidas por 
importes de 10.722, 8.255, 7.400 y 5.674 miles de euros, respectivamente. Especialmente en el 
caso de SODERCAN cabe destacar que los pagos a su favor no llegaron a realizarse, situación 
similar a la de los ejercicios 2016 y 2017. Así, el saldo acumulado pendiente de cobro de estas 
aportaciones para esta sociedad al cierre del ejercicio fiscalizado ascendía a 44.116 miles de 
euros, con un incremento desde 2014 del 347 %, en que estas cantidades ascendían a 9.879 
miles, pese a lo cual, ni en las cuentas anuales de la AG ni en las de la sociedad, se informa de 
las razones de ello. 
La forma de pago prevista para las transferencias a favor de SODERCAN y CANTUR no ha 
seguido la regla general dispuesta en la DA novena de la Ley 9/2013, de Presupuestos Generales 
de la CA para 2014 (pago trimestral de la aportación dineraria). No obstante lo anterior, esta DA 
fue posteriormente derogada por la Ley 4/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la CA para 2020. 
Además de conceder subvenciones o realizar transferencias a sus empresas públicas, la CA ha 
acudido a las ampliaciones de capital de SODERCAN, CANTUR, SICAN y CITRASA, efectuadas 
en 2018, y que ascendieron a 11.550, 6.999, 5.720 y 2.500 miles de euros, respectivamente. Las 
tres primeras ya habían recibido fondos en el periodo 2013-2017 por diversas ampliaciones de 
capital. 
Por otra parte, con la finalidad de incrementar el fondo patrimonial del ICAF y mantener el nivel de 
solvencia adecuado de su actividad, se consignó un importe de 10.602 miles de euros en los 
Presupuesto Generales de la CA para el ejercicio 2018, actuación realizada igualmente en los 
últimos años.  
D)  ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 
No se ha considerado como tal el derivado de deudas con empresas/entidades del grupo o 
asociadas, ni los préstamos provenientes de otras del sector público administrativo (ministerios, 
consejerías, etc.) que, en algunos casos, constituyen las deudas de mayor importe dentro de los 
correspondientes balances. 
De la información obtenida se desprende un saldo para el sector público empresarial de un  s
importe total de 163.530 miles de euros (191.404 miles al cierre del ejercicio 2017), lo que ha  oe.
supuesto un decremento interanual de un 15 %. De aquel saldo, tiene vencimiento a largo plazo el  w.
85 %.  783ww
En 2018, la Entidad de Derecho Público ICAF acumulaba el 59 % del endeudamiento total del
sector público empresarial (en 2017 el porcentaje ascendía al 72 %). Sus deudas a largo plazo se
 
 
redujeron  hasta  los  95.953  miles  de  euros  (100.197  miles  en  2017),  mientras  que  el 
endeudamiento a corto plazo se redujo hasta los 7.384 miles de euros (11.538 miles en 2017), 
continuando la tendencia descendente iniciada en el ejercicio 2017. 
Al margen del ICAF, el endeudamiento conjunto de las sociedades mercantiles al cierre del 
ejercicio 2018 presentó un total de 67.577 miles de euros, acumulando el 85 % del total las 
sociedades SAICC, SICAN, PCTCAN y Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L. 
(GESVICAN). 
E)  DEFICIENCIAS CONTABLES E INFORMES DE AUDITORÍA 
La realización de informes de auditoría sobre las cuentas anuales de las diversas sociedades, 
junto con la opinión manifestada en su caso, se refleja en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 13. INFORMES DE AUDITORÍA EMPRESAS 
Cuentas  Número 
Auditadas  15 
  Con opinión favorable  12 
  Con opinión favorable con salvedades  3 (MARE, SAICC y SRECD) 
No auditadas   5 (incluyendo las sociedades en liquidación) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
De las comprobaciones realizadas durante la fiscalización se realizan las observaciones sobre las 
cuentas que aparecen a continuación: 
  Como se ha señalado anteriormente, CITRASA obtuvo en 2018 unos resultados negativos 
por importe de 2.205 miles de euros, motivados fundamentalmente por la contabilización de la 
deuda requerida por la DG de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria por la 
liquidación del canon de la parcela en la que se ubica CITRASA por un importe total de 2.210 
miles  de  euros,  contingencia  que  debía  haberse  tenido  en  consideración  en  ejercicios 
precedentes, pese a que la sociedad tenía recurridas las correspondientes liquidaciones. Con 
motivo  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  citada  DG,  de  fecha  8  de  febrero  de  2019, 
desestimando los recursos, la sociedad procedió a contabilizar la totalidad de las tasas como 
deuda, imputándola al resultado del ejercicio e indicando, no obstante, su intención de recurrir en 
instancia  superior.  Con  fecha  26  de  junio  de  2019,  las  correspondientes  reclamaciones 
económico-administrativas  fueron  desestimadas,  interponiéndose  recurso 
contencioso-administrativo el 4 de marzo de 202035. Asimismo, las liquidaciones del ejercicio 2019 
fueron objeto de recursos de reposición, también desestimados, interponiéndose reclamación 
económico-administrativa  pendiente  de  resolución.  Las  pérdidas  ocasionadas  por  esta 
circunstancia llevaron a la sociedad a tener al cierre del ejercicio fiscalizado un patrimonio neto 
cuyo importe es inferior a la mitad de la cifra del capital social. 
Por otra parte, la sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento y ello pese a que en las cuentas anuales no se informa de la continuidad de la  es
concesión administrativa base de su actividad, la cual finalizaba en junio del 2019.   oe.
 3Cd 5e a   En 2 nt0 a  1bl a9 r si  ad   a eh l  eal ag  d  aJ ic cu itn oa tn da eo  Es   l ca s o  eSn   eói nmn  fto ei cr nmo c -a iAa   d d 2m e 0  i4nq/iu2set0r 2ala0ti v,S ada edlasee  dlsaet i Cmlooa nnCsdoeonj eteerlín arce dicoeus roEs coAo ddnmeo miCníIiasTt,Rr HaAtaiSvcoAie  dnceodlna Tt ryra iEb laum npRaleel soSo udlupece liraóio nCr  dAde e(l i n2Jt6ue srdpteicu iejaus ntdaioe,    2021-14783n https://ww
a su vez, contra las resoluciones de 8 de febrero de 2019).
 
Como  indica  la  NIA-SP-ES  1570-R,  cuando  se  aplica  el  principio  contable  de  empresa  en 
funcionamiento, los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad continuará 
sus operaciones en el futuro previsible. Al no exponerse información alguna sobre la continuidad 
de la concesión administrativa base de la actividad de CITRASA y próxima a expirar, las cuentas 
se ven afectadas por una incertidumbre material que no está adecuadamente revelada, por lo que 
el auditor, siguiendo la mencionada NIA, debe expresar una opinión bien con salvedades bien 
desfavorable.  
No obstante la deficiencia anterior de sus cuentas, en el transcurso de la fiscalización, CITRASA 
ha aportado acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander, de 30 
de  marzo  de  2019,  por  el  que  se  autoriza  la  modificación  no  sustancial  de  la  concesión 
administrativa por la que se otorgaría a la misma una prórroga de cinco años, sometida a 
condición  suspensiva  consistente  en  que  la  DG  de  Carreteras  del  Ministerio  de  Fomento 
permitiera la ejecución del proyecto “Construcción de acceso directo al Puerto de Santander 
desde la Autovía A-67”, de forma que los espacios concesionales afectados por este proyecto 
fueran sustituidos por otros colindantes con la concesión. Por resolución del Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Santander, de fecha 9 de mayo de 2019, se consideró efectivamente 
cumplida la citada condición suspensiva, por lo que el plazo concesional se ha ampliado hasta el 
30 de junio de 202436. 
  Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L: con fecha 21 de junio de 
2018, las juntas generales extraordinarias y universales de las sociedades OPE Cantabria y 
GESVICAN acordaron la escisión parcial de la rama de actividad de OPE Cantabria mediante la 
transmisión en bloque a GESVICAN, por sucesión universal, de parte de su patrimonio que forma 
una  unidad  económica  y  rama  de  actividad  (explotación  y  gestión  de  infraestructuras 
inmobiliarias).  Con  la  operación  acordada,  OPE  Cantabria  no  se  extingue  y  GESVICAN  se 
subroga en todos los derechos y obligaciones del patrimonio que recibe. La operación, que se 
ajustó a la modalidad de escisión parcial prevista en el artículo 70 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, tuvo efectos contables a partir 
del 1 de enero de 2018. La escritura pública del acuerdo se inscribió en el Registro Mercantil de 
Santander  con  fecha  23  de  agosto  de  2018.  En  las  cuentas  del  ejercicio  2018,  las  cifras 
comparativas del ejercicio anterior recogidas en los estados contables de OPE Cantabria no 
atienden a esta circunstancia y coinciden con las reflejadas al cierre de las cuentas de 2017, pese 
a lo dispuesto en la norma de elaboración de las cuentas anuales número 5 del PGC, según la 
cual se debe proceder a adaptar el ejercicio precedente. No obstante, sí se considera adecuada la 
información detallada sobre la operación que ofrece la memoria. 
  GESVICAN: la sede social de la empresa es un inmueble puesto a disposición de la misma 
para el desarrollo de su actividad mediante la formalización de una concesión demanial, sin que 
en la memoria integrante de las cuentas anuales se incluya la preceptiva información sobre esta 
concesión. Asimismo, en la operación de escisión con OPE Cantabria descrita en el párrafo 
anterior, GESVICAN recibió las inversiones inmobiliarias que tenía registradas OPE Cantabria por 
un importe de 5.192 miles de euros. Según la memoria, este saldo corresponde al edificio del 
Palacio del Mueble, que se mantiene para la obtención de rentas a largo plazo, sin incorporar la 
misma una descripción de las citadas inversiones y, al ser su importe significativo, facilitarse la 
pertinente información adicional, tal como prevé el PGC. 
  Hospital Virtual Valdecilla: su actividad se desarrolla en el complejo del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, dentro de las instalaciones del edificio destinado al Centro de Innovación y 
Entrenamiento  de  Alto  Rendimiento,  sin  que  la  sociedad  tenga  registrado  el  uso  de  estas  e
 3um 6n  e  J ncu c an iro tá on c  atc ed o ro n s e   l xya c  sq e  up a ecl e i oag  nca aa c lei, o c  nai ee  r lsao ,  n  vs  a ies    tpa e a n  rdvtieíra  dnloe  cl rumeecenostg aiddse o d,m eea nCytorITe d ReoA tr2Sa0As1,  9re.e nNfo olram osu bclsaotdanansstue lct,a olasn   r3be fadosereml  Buelnoa lceloitóísnn   adOcefo iccniutaeel cndimtealis e Indntesotbsite u attorer nibdeaer    2021-14783n https://ww
Contabilidad y Auditoría de Cuentas 86/2011 y 3 del 121/2020.
 
 
instalaciones  de  forma  alguna.  En  la  nota  seis  de  la  memoria  se  describe  la  situación  de 
adscripción de  la sede  y se indica  que se solicitará al SCS el inicio  del procedimiento de 
adscripción37. Tal como indica el PGC, los bienes deben reconocerse contablemente de acuerdo 
con el fondo económico de las operaciones, con independencia de la forma jurídica que estas 
presenten o puedan presentar38.  
  SRECD: al igual que en las cuentas de los últimos ejercicios, no ha acreditado que las 
relativas a 2018 recogieran adecuadamente todos los bienes inmuebles de los que dispuso 
durante dicho año para el ejercicio de sus actividades. Esta cuestión deriva tanto de los inmuebles 
afectados por el convenio de colaboración suscrito el 18 de febrero de 2008 entre el Gobierno de 
Cantabria y esta sociedad (y sus adendas posteriores) como de los incorporados tras la fusión por 
absorción,  en  2012,  de  la  Sociedad  Regional  para  la  Gestión  y  Promoción  de  Actividades 
Culturales del Palacio de Festivales de Cantabria, S.L. y de la Sociedad Gestora del Año Jubilar 
Lebaniego. Además, el saldo de la cuenta 221 “construcciones”, por 151 miles de euros, se 
corresponde con las obras de adecuación del inmueble arrendado donde se ubicaron las oficinas 
de la sede de la Sociedad hasta 31 de julio de 2013, por lo que, este elemento debería haberse 
amortizado según la norma de registro y valoración 3.h) del PGC y dado de baja de acuerdo a lo 
señalado en la norma 2.3) del PGC. 
  La sociedad MARE presenta, por primera vez en 2018, un resultado de cero euros, sin que 
en sus cuentas anuales se dé la suficiente información sobre su determinación y, en particular, 
sobre los criterios de correlación de ingresos y gastos incurridos que pudieran haber llevado a tal 
resultado. 
  CANTUR:  el  capital  social  se  incrementó  en  2018  en  6.333  miles  de  euros,  como 
consecuencia del acuerdo de ampliación de capital adoptado por la Junta general de la sociedad 
con fecha 6 de septiembre de 2018, elevado a público el 17 de enero de 2019 e inscrito en el 
Registro Mercantil el 5 de febrero de este último año, por lo que la contabilización en el ejercicio 
fiscalizado fue incorrecta, ya que, de acuerdo con la consulta 7 del Boletín Oficial del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas 37, de marzo de 1999, la ampliación debe considerarse a 
efectos contables como tal cuando de acuerdo con la legislación mercantil haya cumplido los 
requisitos necesarios para ello, circunstancia que, con carácter general, se produce cuando se 
realiza su inscripción en el Registro Mercantil (en este caso, 2019), por lo que hasta que se 
produzca este hecho, la empresa debe registrar contablemente los importes que pudiera haber 
recibido a cuenta de la futura ampliación como una deuda. 
II.6.2.  Cuentas del sector público fundacional 
La LF entiende por sector autonómico fundacional, según su artículo 2.1.f), el integrado por 
aquellas fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1º.  Que se constituyan con una aportación mayoritaria de entidades pertenecientes al sector 
público autonómico. 
                                                 
37 Posteriormente, por Resolución de fecha 24 de febrero de 2020 de la Consejería de Economía y Hacienda, dichos 
espacios han sido adscritos a la empresa. 
38 En las alegaciones se vuelve a hacer referencia a un hecho de carácter jurídico (el cual no prima sobre el fondo  e.
económico de la utilización que de los bienes se viniera haciendo, como señala el PGC y recoge el Informe), al  w.b
mtV2it0aua2llnda0ierf,ei cdqsialutladae,r d sdSaee.n lL dq.b,ou ie ehcn ao“ nTny  r saeuisdlnlo oae   rafveedegcszutcu lareairtfroie zsclaa tdubaaaol  drmleaosi ss u mdtlioeloisz   acptclroaáirórm inflaii ct deaCesco  ióllnoenssg e acmjeloeirnssía m l paode serT.t  ieEnLsecaono rctneeoorsníma,t a ílaobG siley idn eHaesdrpaa acdli ceedionl esdH  alvqa Vuc  oeSdn eeo glfc euaucrñpihdoaaa   d2e2 0l4 S2H o0doc esiin apfclei tluabsilror eábvr rioreet us dtlaaeel     2021-14783n https://ww
bien”.
 
2º.  Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado por bienes o 
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades en un porcentaje igual o superior al 
cincuenta por ciento. 
La redacción anterior fue modificada a finales del ejercicio fiscalizado por la DF cuarta de Ley 
5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector 
Público Institucional de la CA de Cantabria, que entró en vigor el 3 de enero de 2019, para hacerla 
compatible con el artículo 124.1 de dicha ley. A partir de la citada fecha, la redacción queda de la 
siguiente forma:  
“Son fundaciones del Sector Público Institucional de la CA aquellas que reúnan alguno de los 
siguientes requisitos: 
a)   Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la AG de la CA o 
de alguna de las entidades integrantes del Sector Público Institucional autonómico o reciban dicha 
aportación  con  posterioridad  a  su  constitución,  siempre  que  dicha  aportación,  originaria  o 
sobrevenida, se mantenga, con carácter mayoritario. 
b)   Que su patrimonio esté integrado con carácter permanente en más de un cincuenta por 
ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por la AG de la CA o por entidades integrantes 
del Sector Público Institucional autonómico”. 
La principal novedad introducida respecto a la redacción anterior de la LF se centra en la 
pertenencia de una fundación al sector público de la CA siempre que las aportaciones recibidas 
del mismo, al constituirse la fundación o con posterioridad, mantengan su carácter mayoritario.  
El artículo 114.3 de la LF determina el régimen contable aplicable a las fundaciones que integran 
el sector público fundacional de la CA de Cantabria, al señalar que deben aplicar los principios y 
normas recogidos en la adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones 
que lo desarrollan. Así pues, estas entidades deben formar y rendir sus cuentas de acuerdo con el 
RD 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las 
entidades  sin  fines  lucrativos  y  el  modelo  de  plan  de  actuación  de  las  entidades  sin  fines 
lucrativos, con las modificaciones introducidas en dicha norma por el artículo cuarto del RD 
602/2016, de 2 de diciembre. La DA única de la Orden de 29 de noviembre de 2000, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, se refiere a ello en el mismo sentido. 
Se ha apreciado la ausencia de inclusión en la memoria de las cuentas anuales de la información 
anual del grado de cumplimiento del código de conducta de las entidades sin fines lucrativos para 
la realización de las inversiones financieras temporales, aprobado mediante acuerdo del Consejo 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 20 de noviembre de 200339 en los 
siguientes casos: Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica, Fundación Instituto de 
Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL)y FMV40. En caso de tener página web, según se 
desprende de un nuevo acuerdo de este órgano regulador, de 5 de marzo de 2019, debe 
publicarse allí un informe sobre el grado de cumplimiento de dicho código como medida de 
transparencia, sin que ello haya sido cumplido en ningún caso al cierre de 2019. 
Los  anexos  I.3-1  y  I.3-2  recogen  la  situación  económico-financiera  y  los  resultados  de  las 
Fundaciones de la Comunidad. 
                                                 
39 Por su parte, el Banco de España, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003, dispuso  es
que el Código de Conducta aprobado por la CNMV sería de aplicación en los mismos términos a las inversiones  o
financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos  w.
financieros u otros análogos que llevaran aparejada la obligación de su restitución y que no estuvieran sujetas a las  783ww
4n0o Lrma aFsM dVe  soerñdaelnaa, ceiónn l ays d aislecgipalcinioan deesl,  mqueerc haad oin dcelu vidaolo erens l.a s cuentas anuales de 2019 la información anual del grado de
cumplimiento del código de conducta, además de haber publicado dicho código en su página web.
 
 
A)  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD 
El Gobierno de Cantabria reconoció obligaciones a favor de las fundaciones del sector público 
autonómico en concepto de transferencias y subvenciones por un importe total de 22.687 miles de 
euros (el 79 % de carácter corriente), un 4 % más que en el ejercicio anterior. Del total reconocido, 
quedaron pendientes de pago obligaciones por importe de 10.377 miles de euros, es decir, un 
46 %. Destacan las obligaciones a favor de la FMV, por 6.716 miles de euros, la Fundación 
Comillas del Español y la Cultura Hispánica, por importe de 6.175 miles, la Fundación Centro 
Tecnológico en Logística Integral de Cantabria, por importe de 3.425 miles (de los que no se ha 
realizado ningún pago) e IDIVAL, 2.229 miles. También destaca el incremento del 26 % de las 
recibidas por la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS) (1.733 miles de 
euros frente a 1.377 miles en 2017) y la disminución de las de la Fundación Instituto de Hidráulica 
Ambiental de Cantabria (790 miles de euros frente a 1.494 miles en 2017). 
Estas aportaciones representan el 55 % de los ingresos por la actividad propia y por la actividad 
mercantil registrados en las cuentas de resultados de las fundaciones. 
B)  ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  
La FCSBS mantenía una deuda con el ICAF por una póliza de crédito contratada el 12 de 
diciembre de 2018, por importe de 480 miles de euros, de los que al cierre del ejercicio se había 
dispuesto de 150 miles, en su totalidad con vencimiento en 2019. 
La Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica mantenía deudas con el ICAF por un 
importe  total  de  2.317  miles  de  euros  (201  miles  a  largo  plazo  y  2.116  miles  a  corto). 
Corresponden, por un lado, a un préstamo formalizado en 2015 por un nominal de 300 miles de 
euros que fue renegociado en 2018, estableciéndose tres vencimientos (diciembre de 2019, 2020 
y 2021, respectivamente), y, por otro, a una póliza de crédito formalizada con el ICAF en 2016, por 
un límite de 2.017 miles de euros, dispuesta en su totalidad, y renovada hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 
Por su parte, la Fundación FIS tenía un préstamo por un importe de 168 miles de euros, así como 
una línea de crédito, ambos avalados por el ICAF. 
La Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria mantenía deudas con SODERCAN, 
por importe de 1.677 miles de euros, por un préstamo de 4.000 miles sin intereses concedido en 
2009. Además, esta fundación formalizó en años anteriores diversos préstamos con el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, lo que supone una deuda de 2.713 miles de euros al cierre de 2018. 
 
C)  INFORMES DE AUDITORÍA Y DEFICIENCIAS CONTABLES 
La realización de informes de auditoría sobre las cuentas anuales de las diversas fundaciones, 
junto con la opinión manifestada en su caso, se refleja en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 14. INFORMES DE AUDITORÍA FUNDACIONES 
Cuentas  Número 
Auditadas  6 
  Con opinión favorable  4 
  Con opinión favorable con salvedades  1 (Fundación FIS) 
  Con opinión denegada  1 (Fundación Comillas) 
No auditadas   3 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
De acuerdo con el artículo 160 b) de la LF, la IGAC debe realizar la auditoría de cuentas anuales 
de  las  fundaciones  del  sector  público  autonómico  obligadas  a  auditarse  por  su  normativa 
específica. Seis de las nueve fundaciones del sector público autonómico de Cantabria tenían 
obligación de auditarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 50/2002, de 26 
de diciembre, de Fundaciones. 
El Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control 
correspondientes al ejercicio 2019, aprobado por Resolución de 20 de diciembre de 2018, preveía 
la realización de auditorías sobre las cuentas de siete fundaciones, todas las obligadas más la 
Fundación FIS, pese a que no lo estaba según lo determinado en el citado artículo 25.5.  
El artículo 120 de la LF establece que todas las entidades del sector público autonómico deberán 
formular sus cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio 
económico, poniéndolas a disposición de los auditores según lo previsto en los artículos 155 y 160 
de dicha Ley. Pese a ello, la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria, la 
Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica, la Fundación Instituto de Hidráulica 
Ambiental de Cantabria y la FMV incumplieron dicho plazo.  
Todas las cuentas de las  fundaciones incluidas en  el Plan  Anual  de  2019  fueron  rendidas 
acompañadas del informe de regularidad contable realizado por la IGAC, con la excepción de las 
cuentas de la FMV, cuya auditoría no había sido iniciada al cierre de 2019. 
El Plan también incluía la auditoría de cuentas del ejercicio 2018 de esta última fundación, pese a 
que, a la fecha de elaboración de este Plan, la Fundación continuaba sin estar inscrita en el 
Registro de Fundaciones. No obstante, en el Plan se citan las conclusiones del dictamen de la DG 
del Servicio Jurídico de fecha 31 de enero de 2018, según el cual, la FMV es una entidad de 
derecho privado atípica perteneciente al sector público fundacional en virtud de lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre. Asimismo, se indica que la Ley 1/2015 incorporó 
una habilitación legal que autoriza al Consejo de Gobierno para constituir una nueva fundación 
conforme a la ley 50/2002, que debía adoptar idéntica denominación y subrogarse sin solución de 
continuidad en las relaciones jurídicas de la fundación extinguida, lo que exige su regulación por 
vía exclusivamente estatutaria, así como su inscripción como tal en el Registro de Fundaciones, lo  e.e
que finalmente se realizó con fecha 17 de abril de 2019.  b
 
 
Según el informe complementario al de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2018, realizado 
por la IGAC sobre la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria, el 26 de 
mayo de 2014, esta Fundación y CANTUR suscribieron un acuerdo de colaboración para el 
“establecimiento de sinergias entre el fomento del transporte intermodal y la promoción turística de 
Cantabria”, que fue objeto de sucesivas adendas, siendo aplicable al ejercicio fiscalizado la cuarta, 
firmada con fecha 29 de diciembre de 2017 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, por 
la que la Fundación se comprometía a aportar a CANTUR un máximo de 2.929 miles de euros. 
Con fecha 20 de diciembre de 2018 se firmó un nuevo acuerdo de colaboración entre las partes, 
con denominación y clausulado prácticamente idéntico al de 26 de mayo de 2014, sin que se 
especifiquen acciones concretas a desarrollar y previéndose que “ambas partes deberán de 
informar de cada acción para la adscripción de estas al presente Acuerdo comprometiéndose a 
cofinanciarlas”. Además, en reunión celebrada con fecha 27 de diciembre de 2018 por la Comisión 
de Supervisión y Comprobación, se  acordaron las acciones concretas e importes objeto de 
cofinanciación hasta agotar el importe máximo establecido en el acuerdo de colaboración el cual 
se ha fijado en 3.750 miles de euros a razón de un 50 % por cada una de las partes. El informe 
señala que tales acuerdos no se han formalizado por medio del oportuno instrumento jurídico 
(adenda al acuerdo de colaboración), que debería ser firmado por los máximos responsables de 
cada una de las entidades con poder específico para firmar acuerdos de esta naturaleza41.  
Por otra parte, en el informe de auditoría sobre las cuentas anuales de la Fundación Comillas del 
Español y la Cultura Hispánica, la IGAC denegó opinión, debido a los siguientes hechos: 
  Las  cuentas  anuales  no  se  encontraban  formuladas  por  la  Comisión  Delegada, 
calificándolas expresamente como “no formuladas”. 
  La  memoria  recoge  las  negociaciones  en  curso  entre  la  Fundación  y  el  Gobierno  de 
Cantabria, dentro del Plan de Reestructuración de la Fundación, sin que se informe de los riesgos 
y coste económico que esta asumiría, ni de los plazos previstos en el plan. 
  Existen  incertidumbres  que  cuestionan  la  aplicación  del  principio  de  entidad  en 
funcionamiento, como son sus excedentes negativos de ejercicios anteriores (3.915 miles de 
euros al cierre de 2018) o su fondo de maniobra negativo a 31 de diciembre de 2018 (4.459 miles 
de euros). 
Por otro lado, del informe de auditoría realizado sobre las cuentas anuales de la FMV de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, procede destacar que la fundación utiliza como sede de sus distintas 
unidades de gestión instalaciones diversas cedidas a su favor de forma gratuita, sin que esta 
fundación haya procedido a reflejar el derecho de uso en las cuentas anuales del ejercicio 2018. 
                                                  s
41 Se señala en las alegaciones, sin acompañarse documentación soporte de ello, “que siguiendo las recomendaciones  e.
de la IGAC sobre el instrumento jurídico valido al efecto, en reunión celebrada por la Comisión de Supervisión y  w.b
Coainccostcmturioubpncrreeco sibod anecce oi2són 0ncm1 rde9aet racls saAe d cqcauuoseen re dccnlouo  ylcnaóot r cmilboapun uynseauesnlctt aeae s 3fpide/o2acr0td ir1v ead8pme rd eeemsn elotaend  tIiafGainclA atedCrs e.e  sdPla eoAr rrcco auelldoellao rd ,du oeen ll a ocf riodingme in cplaaorslmo  mfpúiranimsr otaoe dbsao,jse  lutaeom n ctidudreeao ll   leatAunsvc  doupi eaclurhrdtgaeoa s,rr  e dpcuoeannrriiaó vf naer dcedhafela erd jia3veró0    lledaaness     2021-14783n https://ww
la suscripción de la II Adenda al Acuerdo de colaboración en fecha 26 de diciembre de 2019”.
 
De las comprobaciones realizadas durante la fiscalización se deduce que la Fundación FIS no 
refleja  en  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  2018  el  uso  gratuito  de  las  instalaciones 
correspondientes a sus oficinas, sitas en el Palacio de Festivales42. Por otra parte, en 2018 la 
Fundación recibió aportaciones públicas por un importe total de 1.241 miles de euros (600 miles 
de la CA de Cantabria, 500 miles del Ayuntamiento de Santander, 103 miles del Ministerio de 
Cultura  y,  el  resto,  de  otros  ayuntamientos),  de  los  que  solo  1.101  miles  de  euros  fueron 
imputados al resultado del ejercicio, dando lugar a un resultado del ejercicio igual a cero, pese a 
que las normas de registro y valoración de la adaptación del PGC a entidades sin fines lucrativos 
establecen que las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin 
asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio 
en que se reconozcan y sin que en la memoria se ofrezca información sobre el criterio aplicado. 
Por último, cabe señalar que las cuentas anuales de la FCSBS presentaban un fondo de maniobra 
negativo de 156 miles de euros, si bien en 2018 se redujo su importe con respecto al de 2017 (417 
miles de euros).  
II.7.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
II.7.1.  Marco normativo 
En  el  ejercicio  fiscalizado,  el  marco  normativo  aplicable  a  la  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera estaba configurado por la LOEPSF. Esta LO fue modificada en 2013, 
ampliando la definición del principio de sostenibilidad financiera al extenderlo al control de la 
deuda comercial. Se establece así la obligación de hacer público el PMP a proveedores, para lo 
cual, en 2014, se aprobó el RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología 
de cálculo del PMP a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento  de  retención  de  recursos  de  los  regímenes  de  financiación,  previstos  en  la 
LOEPSF. El RD 1040/2017, de 22 de diciembre, modifica el artículo 5 del RD 635/2014, referido al 
cálculo del PMP, con efectos de 1 de abril de 2018. 
La LO 6/2015, de 12 de junio, modificó la DA primera de la LOEPSF para adaptarla a la 
configuración de los mecanismos adicionales de financiación de las CCAA establecida por el RD-L 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y entidades 
locales. 
En 2016, la LO 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la LOEPSF, introduce una nueva DA (la 
séptima) en la citada LOEPSF, dedicada a las reglas para el establecimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas por 
un Gobierno en funciones. 
En cumplimiento de lo previsto por la DF segunda de la LOEPSF, se dictó la Orden HAP 
2105/2012,  de  1  de  octubre  (modificada  con  posterioridad),  que  regula  las  obligaciones  de 
suministro de información previstas por la mencionada LO, que incluye en el ámbito subjetivo de 
aplicación a las CCAA y entidades dependientes.  
Por su parte, la LF expone que “la programación presupuestaria se regirá por los principios de 
estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización 
de los recursos públicos” y que los “escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al 
objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes que se hubiera  s
 4l2o 20  s E1  e9 n s.   ap E lae nc g  i oala cs s  i o yc  n su ee es  n d,  tel aa ts  e F r aum n n iu nd aaa l  ce si sóu   n d v  eam   lod a rin  caihfcioeió sneta jee cqrcouinceió,o mt,r aliacsa  el,a ns tfeiidr mhaada   pedrseotlci mceodani dvqoeu neai lo er elc goviansl toSrorR  acEnoCunDatal  bpdloeer   dleael   cclaeu saoilpó sener a ercsei gódunel a e1 nl5a 2e c l emesjielieórcsni  cddieeo    2021-14783n https://ww
euros”.
 
 
establecido para las CCAA, en el marco de los acuerdos adoptados por el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera (CPFF)”. 
En  línea  con  el  reiterado  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  la  citada  LF  establece  la 
obligación de la IGAC de realizar el seguimiento del cumplimiento del equilibrio financiero de las 
entidades integrantes del sector público autonómico a las que resulte de aplicación, así como de 
los planes de saneamiento derivados de su incumplimiento, teniendo en cuenta el deber de 
suministrar al Estado la información necesaria para la medición del grado de realización del 
objetivo de estabilidad presupuestaria. 
II.7.2.  Cumplimiento de los objetivos 
A)  ÁMBITO SUBJETIVO 
El Acuerdo del CPFF de 10 de abril de 2003, en relación con el suministro de información de las 
CCAA al Ministerio de Hacienda y al propio Consejo, exige la debida información a efectos de 
clasificar las entidades autonómicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas 
y la existencia de un inventario de entidades integrantes de cada una de las CCAA. 
El citado Ministerio, a través de la IGAE, tenía pendiente de clasificar, a estos efectos, una serie 
de  entidades  en  los  que  participa  la  CA  de  alguna  forma:  Consorcio  para  la  Presencia  y 
Promoción del Alberguismo Juvenil; Fundación Fragata Extremadura; y Grupo 9 de Universidades. 
Estas entidades llevan varios ejercicios en la mencionada situación. 
B)  OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO FISCALIZADO 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017 se fijaron los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de 
sus  subsectores  para  el  período  2018-2020  y  el  techo  de  gasto  del  Estado  para  2018, 
aprobándose el 28 de julio del mismo año los citados objetivos individualizados para cada una de 
las CCAA. Los objetivos para Cantabria fueron un déficit del 0,4 % del Producto Interior Bruto 
(PIB), y un endeudamiento del 23,2 %, una vez incorporada la deuda no computable por tratarse 
de excepciones permitidas por los Acuerdos del Consejo de Ministros. 
En lo referente a la variación del gasto computable, el artículo 12 de la LOEPSF (regla de gasto) 
determina que aquella no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio 
plazo de la economía española. En el citado Acuerdo se determina que esta tasa sería del 2,4 % 
en 2018. 
C)   CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
La LOEPSF contempla, en su artículo 17, los informes sobre el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto que el MINHAP debe elevar al 
Gobierno, antes del 15 de abril (provisional) y del 15 de octubre (definitivo) de cada año. En el 
informe de octubre, la necesidad de financiación de Cantabria se cuantificó en 37 millones de 
euros (0,27 % del PIB regional), lo que supuso el cumplimiento del objetivo, con un margen del 
0,13 % del PIB regional. 
 
La evolución del déficit de la CA en los últimos años ha sido la siguiente. 
CUADRO Nº 15. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT 2013-2019 
(en porcentaje) 
Objetivo  Déficit alcanzado 
Año 
(% del PIB)  (% del PIB) 
2013 
1,13  1,19 
2014  1  1,65 
2015  0,7  1,61 
2016  0,7  1,49 
2017  0,43 
0,6 
2018  0,4  0,27 
2019  0,9 (*) 
0,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*)  Dato de déficit correspondiente al informe de avance de abril de 2020. 
El nivel de gasto computable del ejercicio 2018 ascendió a 2.183 millones de euros, frente a los 
2.133 millones de 2017. Esto supuso un aumento del 2,3 %, cumpliendo la regla de gasto fijada. 
Según datos del Banco de España, el importe de la deuda pública de Cantabria en 2018 ascendió 
a 3.171 millones de euros (23 % del PIB), por tanto dentro del objetivo (una vez incluidas las 
excepciones). La CA se situaba con un endeudamiento porcentual respecto del PIB inferior al del 
conjunto de las CCAA (24,4 %). De acuerdo con los datos de la citada institución, la deuda viva de 
la CA ha evolucionado de la siguiente forma. 
CUADRO Nº 16. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA 2013-2019  
(millones de euros) 
Año  Total Deuda Viva 
2013  2.178 
2014  2.428 
2015  2.677 
2016  2.890  
2017  3.033 
2018  3.171 
2019  3.188 (*) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*)  Dato provisional correspondiente al informe de avance de abril de 2020.  s
Adicionalmente, según prevé el artículo 4 de la LOEPSF, para encontrarse en una situación de  b
sostenibilidad financiera, el PMP a los proveedores no ha de superar el plazo máximo previsto en  783ww
lAad mnionrismtraatcivioan esso bPrúeb limcaosr odseidbaedn.  pSuebgliúcna r dsuis pPoMneP  ae l parortvíecueldoo re1s3 .6y  ddisep olnae r cditea duan  LpOla,n  ldaes 
tesorería. El análisis del PMP y de la morosidad se realiza en el epígrafe II.8.2 siguiente.
 
 
II.7.3.  Planes Económico-Financieros  
PEF 2017-2018 
Con fecha 29 de mayo de 2017, la Secretaria de Estado de Hacienda del MINHAFP notificaba a la 
CA el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2016. A la vista de 
ello, la CA elaboró un nuevo PEF, enviado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIREF) para la elaboración de su informe preceptivo el día 28 de junio de 2017. En el 
citado  informe,  la  AIREF  consideraba  improbable  que  Cantabria  alcanzase  el  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria para el 2017, a pesar de la incorporación de los datos de la liquidación 
definitiva  de  los  recursos  del  sistema  de  financiación  de  2015.  La  AIREF  recomendaba  a 
Cantabria explorar los márgenes existentes en cuanto al ejercicio de competencias normativas 
tributarias y beneficios fiscales, además de la aplicación de retenciones de crédito por la cuantía 
que, en cada momento, permita cubrir las desviaciones apreciadas en ejecución. Por Acuerdo 
4/2017, de 27 de julio, del CPFF, se declararon idóneas las medidas contenidas en el PEF 
mencionado.  
Durante el ejercicio fiscalizado se acreditó que la CA logró el cumplimiento de los objetivos 
establecidos para el ejercicio 2017, por lo que decayó la obligación de seguir las medidas 
establecidas en los PEF. No obstante, no se logró el objetivo de situar el PMP por debajo de los 
30 días. 
II.8.  ANÁLISIS  DE  LA  GESTIÓN  ECONÓMICO-FINANCIERA  DE  LA  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
Se analizan en este apartado diversas cuestiones de la actividad económico-financiera, tanto de la 
AG como de los demás entes dependientes de la Comunidad. 
II.8.1.  Gastos de personal 
Según datos publicados en el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, el número de efectivos de la CA se incrementó en los últimos diez años (es decir, en el 
periodo que va desde el 1 de enero de 2009 al cierre del ejercicio fiscalizado) en un 2,44 %, frente 
al 0,47 % de incremento medio del sector autonómico (comunidades y ciudades autónomas). 
 
En los siguientes cuadros se ofrece la evolución de los gastos de personal de todos los entes 
integrantes del sector público regional, así como del número de efectivos. 
CUADRO Nº 17. EVOLUCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
 (miles de euros) 
Gastos de personal 
 
2016  2017  2018 
 AG (*)  882.246  887.065  924.451 
 OOAA y entes (**)  6.497  6.519  6.847 
 Empresas públicas  39.282  38.221  33.707 
 Fundaciones  13.160  13.434  13.937 
 Universidad  69.362  68.069  68.722 
Total  1.010.547  1.013.308  1.047.664 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*)  Incluye aquellos organismos que se integran, a efectos presupuestarios, en la misma. 
(**) En 2018, del total del gasto, el 67 % corresponde a la ACAT. 
La LP para el año 2018, establecía que, en dicho año, las retribuciones del personal al servicio de 
la Administración de la Comunidad no experimentarían incremento alguno respecto a las vigentes 
a  31  de  diciembre  de  2017,  en  términos  de  homogeneidad  para  los  dos  períodos  de  la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
Además, en el ejercicio fiscalizado, la masa salarial del personal laboral no se vería incrementada. 
No obstante, según la Ley, lo anterior debía entenderse sin perjuicio de la aplicabilidad de las 
normas estatales dictadas con carácter de básicas en materia retributiva para el año 2018. En 
concreto, el artículo 18.Dos de la LPGE para 2018 permitía un incremento hasta del 1,5 % en 
dichas retribuciones, más un 0,25 % adicional en función del incremento del PIB (aplicable desde 
el 1 de julio) y otro, que podría alcanzar hasta el 0,3 %, para la implantación de planes o proyectos 
de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre 
puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación 
a planes de pensiones. El incremento del gasto experimentado en 2018 viene marcado, por tanto, 
por la suma de los porcentajes anteriores y la evolución de efectivos.  
 
 
CUADRO Nº 18. EVOLUCIÓN EFECTIVOS CA SEGÚN DATOS DE CUENTA GENERAL 
(en número) 
Efectivos 
 
2016  2017  2018 
Administración (*)  20.674  20.982  21.354 
OOAA y entes  151  160  173 
Empresas públicas  1.161  1.218  1.045 
Fundaciones  398  389  406 
Universidad (**)  1.823  1.800  1.832 
Total  24.207  24.549  24.810 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*)   Incluye aquellos organismos que se integran, a efectos presupuestarios, en la misma. 
(**) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 de la LO de Universidades, la Universidad cuenta con personal asociado 
a sus grupos de investigación, cuyo coste se imputa al capítulo 6 de sus presupuestos, que no figura en el cuadro 
anterior, al no tratarse de personal de estructura.  
A)  ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 
Por lo que se refiere a los efectivos de la AG de la CA y los organismos integrados en la anterior a 
efectos presupuestarios, su número ha evolucionado de la forma expuesta en el siguiente cuadro 
(según datos que figuran en la Cuenta General rendida), de donde se deduce que el número de 
empleados ha experimentado un incremento del 1,8 % respecto de 2017. 
CUADRO Nº 19. EFECTIVOS AG Y OOAA INTEGRADOS 
Número empleados 
Entidad   (Efectivos reales al 31 de diciembre) 
2016  2017  2018 
1.  AG (*)  3.605  3.636  3.656 
2.  Cuerpos de Justicia  753  753  774 
3.  Personal docente no universitario  7.472  7.658  7.945 
4.  SCS  7.650  7.719  7.717 
5.  ICASS   1.194  1.216  1.262 
Total  20.674  20.982  21.354 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*) Incluye los OOAA que integran sus cuentas en la AG, salvo el SCS y el ICASS, para los que se dan cifras 
independientes.  
Los datos incluidos en la Cuenta  General y referidos al SCS presentan diferencias con los 
remitidos por este organismo durante la fiscalización y que se analizan con detalle en el epígrafe  es
II.8.5.  o
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Administraciones  Públicas  que  en  el  ejercicio  anterior  hubieran  cumplido  los  objetivos  de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto (situación en la que se encontraba 
la CA), tendrían una tasa de reposición del 100 %. Adicionalmente, podían disponer de una tasa 
del 8 % destinada a ámbitos o sectores que precisaran un refuerzo de efectivos, siempre dentro 
del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La Oferta de Empleo 
Público para el año 2018 fue aprobada por Decreto 98/2018, de 20 de diciembre, y consta de 91 
plazas en total para personal funcionario y 62 plazas para personal laboral. 
Por otra parte, el artículo 19.Uno.9 de la LPGE para 2018 establecía que, además de lo dictado en 
el artículo 19.Uno.6 de la LPGE para 201743, se autoriza una tasa adicional para la estabilización 
de empleo temporal que incluiría las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas 
presupuestariamente, hubieran estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en determinados sectores y 
colectivos.  Las  ofertas  de  empleo  que  articulasen  estos  procesos  de  estabilización  debían 
publicarse en el periodo 2018-2020. 
Como consecuencia de ello, por Decreto 99/2018, de 20 de diciembre, se aprobó la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización para el año 2018, en la que se incluyen 199 plazas de personal 
funcionario y de 98 plazas de personal laboral. Trece de las plazas ofertadas incumplían el 
requisito de permanencia establecido en el citado artículo de la LPGE para 2018, puesto que 
estaban ocupadas por personal cuyo nombramiento se había producido entre el 31 de diciembre 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2017. 
La tasa de cobertura temporal de los sectores recogidos en la LPGE para 2018, para los que se 
habilitaron las ofertas adicionales de estabilización de empleo, debe quedar por debajo del 8 % al 
final del periodo 2018-2020, sin que la CA haya informado de la evolución de esta desde el 
ejercicio fiscalizado, señalando, en junio de 2020, que ello se debe a la falta de convocatoria de 
las plazas de personal laboral previstas en el citado Decreto.  
Por otra parte, en ambos Decretos se ofertaron un total de 126 plazas de promoción interna (55 
plazas en el Decreto 98/2018 y 71 en el 99/2018), de las que diez (cuatro y seis, respectivamente) 
se convocaron conjuntamente con plazas de turno libre, disponiéndose que las de promoción 
interna que quedaran desiertas se incorporarían a las de turno libre. De producirse este escenario, 
y con el fin de no incumplir las reglas establecidas en el artículo 19.Uno.7 de la LPGE para 2018 
para el cálculo de la tasa de reposición, según las cuales las plazas de promoción interna no 
computaban a efectos del límite máximo derivado de la aplicación de la tasa, la DG de Función 
Pública imputaría esas plazas a las Ofertas Públicas de Empleo de 2015 y 2016, en las que 
resultaron desiertas siete plazas de turno libre, lo que no se considera apropiado, pues las 
correspondientes  convocatorias  habían  concluido,  viéndose  superadas  las  necesidades  de 
recursos humanos plasmadas en dichas ofertas por las sucesivas. 
Adicionalmente, mediante el Decreto 103/2018, de 27 de diciembre, se aprueba la Oferta de 
Empleo Público de personal estatutario de las instituciones sanitarias de la CA para 2018. 
En relación con la mencionada Oferta de Empleo Público de 2018 (también de 2017) y los 
procesos de estabilización de empleo temporal, cabe señalar que la habilitación temporal para su 
ejecución cuyo vencimiento se produzca en el ejercicio 2020, se prorroga durante el ejercicio 
2021, según dispone el artículo 11 del RDL 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Asimismo, se 
amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para aprobar y publicar en el diario oficial  s
 4eh 3su   tbLa i abe   ril aLi znP a  G ce i Eós tn  a d  dd eo e     2eo 0 mc 1 up 7p l  ea toad   ma t esb  m i dé pen o    rfa ao u lr  mtqo   uarie z taeinbmcalp,u oierrínaa l  hdeae stientarimn etieln r9ar0ud ma%sp  idAdead mmlaeisnn ipsteltar azacal isom nqeeunseo , yse  ssetenac ntldooosre  dstro,e tsua ndaaañ sot apssr eaas nuatepdruiicoeiorsentasar li aap ma3er1an  tdelea,    2021-14783n https://ww
diciembre de 2016.
 
 
correspondiente las ofertas de empleo público que articulen los procesos de estabilización de 
empleo temporal. 
Por su parte, el artículo 37.Cuatro de la LP para 2018 impedía la contratación  de personal 
temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables de los sectores, funciones 
y categorías profesionales considerados prioritarios o que afectasen al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales, sin que tal declaración de priorización para determinados sectores, 
funciones y categorías se haya llevado a cabo por parte de la CA. Además, la LP no estableció 
una fórmula similar a la contenida en el artículo 19.Cuatro de la LPGE de 2018, para el sector 
público estatal, mediante la cual se requiere la previa autorización de estas contrataciones por 
parte de la consejería competente en materia de hacienda o función pública. No obstante, la DG 
de la Función Pública ha señalado al respecto la existencia de un procedimiento informal por el 
que, para cada una de las contrataciones realizadas, debe remitirse un informe justificativo de la 
necesidad de cobertura del puesto desde las secretarías generales de las distintas consejerías. 
Durante el ejercicio fiscalizado se llevaron a cabo 375 nombramientos de funcionarios interinos y 
2.647 contrataciones laborales temporales. 
Por otro lado, el artículo 33 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, 
establece que las comisiones de servicio tienen siempre carácter temporal y no podrán tener 
duración superior a dos años. A 31 de diciembre del ejercicio fiscalizado, esta duración se había 
sobrepasado en 353 casos (de un total de 671 comisiones de servicio), teniendo algunas de ellas 
origen en el año 2000 o 2006. 
Por otra parte, la CA mantenía treinta y seis efectivos que se encontraban en situación de 
indefinidos no fijos, con altas producidas entre 2010 y 2016, todas ellas de personal laboral 
temporal y con origen en resoluciones judiciales. La provisión de estas plazas estaba prevista en 
la Oferta de Empleo Público de 2017. Así, catorce de ellas se habían convocado en junio de 2020, 
quedando el resto pendiente de convocar. Cabe destacar que la sentencia del Tribunal Supremo 
1426/2018, de 26 de septiembre de 2018, obligó a readmitir a un funcionario interino cesado 
debido  al  abuso  de  la  contratación  temporal,  y  que,  por  otra  parte,  la  Directiva  Europea 
1999/70/CE establece un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos 
contratos o relaciones laborales de duración determinada. Asimismo, la DA cuadragésima tercera 
de la LPGE para 2018 establece la obligación de los órganos competentes en materia de personal 
de velar por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar 
lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo, previendo la exigencia de 
responsabilidades por actuaciones irregulares en esta materia. 
El artículo 39 de la LP para 2018 permitía al Gobierno de Cantabria a formalizar durante ese año, 
con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter 
temporal para la realización de obras o servicios, con la concurrencia de determinados requisitos, 
habiendo informado la DG de Función Pública que durante el ejercicio fiscalizado no se efectuaron 
contrataciones de esta naturaleza. 
Finalmente, debe señalarse que las cantidades abonadas por la Comunidad, en relación con las 
reclamaciones laborales, han pasado de los 95 miles de euros de 2017 a los 106 miles de 2018. 
B)  EMPRESAS  
Los efectivos medios con que contaba el sector público empresarial y el coste, en miles de euros,  s
que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de las correspondientes cuentas anuales para el  oe.
periodo 2016-2018 son los siguientes.  w.
 
CUADRO Nº 20. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
(miles de euros) 
Ejercicios  2016  2017  2018 
Número medio de empleados  1.161  1.218  1.045 
Gastos de personal  39.282  38.221  33.707 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
En el ejercicio 2018 el número medio de efectivos ha disminuido en un 14 %, mientras que el 
importe global de los gastos de personal se ha reducido un 12 %. Esta disminución se debe en su 
mayor parte a la transformación de la Sociedad 112 Cantabria en un OA, sociedad que en el 
ejercicio 2017 contaba con 127 efectivos. 
La Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del 
Sector Público Institucional de la CA de Cantabria, con entrada en vigor el 3 de enero de 2019, 
establece en su artículo 123.4 que el personal de las sociedades mercantiles autonómicas, 
incluido el que tenga la condición de directivo, se rige por el derecho laboral, así como por las 
normas que le sean de aplicación en atención a su adscripción al sector público autonómico, en 
particular  las  contenidas  en  la  legislación  de  empleo  público,  presupuestaria  y  financiera. 
Asimismo, se indica que el régimen específico aplicable a la selección del personal laboral de las 
sociedades mercantiles autonómicas se llevará a cabo mediante convocatoria pública, de acuerdo 
con  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad  establecidos  en  el  Estatuto  Básico  del 
Empleado Público.  
Por otro lado, la DA vigésima novena de la LPGE para 2018 establece que las sociedades 
mercantiles públicas solo podrían llevar a cabo contrataciones temporales en casos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, o cuando se llevasen a cabo en los términos 
del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014.  En  relación  con  ello,  la  Disposición 
derogatoria única de la LP para 2018 derogó la DA novena de la LP para 2015, precepto que 
exigía, con carácter previo a la contratación de personal y dentro de los límites establecidos con 
carácter básico en la LPGE para empresas y fundaciones públicas, la solicitud de informe de la 
Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo.  Por  tanto,  en  el  ejercicio  fiscalizado  no  fue 
necesaria la solicitud de tales informes para la contratación de personal temporal, eliminándose el 
control previo que, hasta ese momento, ejercía la mencionada consejería sobre empresas y 
fundaciones. 
Mediante instrucción conjunta de la IGAC y de la DG de Tesorería y Presupuestos se desarrolla el 
procedimiento para determinar las circunstancias excepcionales que habilitarían la contratación de 
personal en el sector público empresarial y fundacional de Cantabria para el ejercicio 2016, en la 
línea de lo dispuesto por la normativa citada. Al no dictarse norma similar para 2017 ni para 2018, 
la citada instrucción se siguió aplicando44. De las verificaciones realizadas se desprende que la 
SRECD realizó tres contrataciones indefinidas a tiempo completo (y una a tiempo parcial) en 
2018, pese a no contar con informes favorables45. Por su parte, CANTUR no ha aportado la 
                                                 
44 Para el ejercicio 2019, se aprobó la Resolución de 12 de febrero de 2019 de la DG de Tesorería, Presupuestos y 
Política Financiera, por la que se establecen las instrucciones para la emisión del informe en la contratación de personal 
indefinido y de obras, suministros y servicios en el Sector Público Institucional Autonómico de acuerdo con la DA  e
Décimo Primera de la LP para 2019. Cabe resaltar que es solo aplicable al personal indefinido y no al temporal.  o
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que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo”. Bc
 
 
información sobre los contratos indefinidos suscritos, ni tampoco la Consejería los informes que, 
en su caso, hubieran correspondido. 
Por otra parte, la resolución de la IGAC, por la que se dictan instrucciones sobre el contenido del 
informe al que hace mención el artículo 122.3 de la LF, establecía, entre otros aspectos, la 
necesidad de facilitar información sobre personal, especificando los apartados concretos que 
deben ser detallados. Todas las empresas cumplimentaron de forma completa ese apartado, salvo 
ICE, la cual no remitió dicho informe (como se indica en el epígrafe II.2.3), si bien en el caso de El 
Soplao, S.L. los datos consignados sobre altas y bajas de personal no son consistentes con la 
documentación aportada durante la fiscalización. 
La mayor parte de las empresas no han acreditado contar con manuales de procedimientos para 
la  contratación  del  personal,  basados  en  los  principios  de  publicidad  de  las  convocatorias, 
transparencia e imparcialidad en la selección, pues solo ocho habían informado de la existencia 
de los mismos en el transcurso de las fiscalizaciones anteriores, sin que se hayan comunicado 
avances al respecto, pese al tiempo transcurrido desde que esta deficiencia se viene poniendo de 
manifiesto.  
La empresa MARE incluía en las nóminas de su personal el concepto retributivo “prima de 
seguro”, importe individualizado en función del puesto de trabajo y los días mensuales trabajados, 
que  no  está  contemplado  en  el  convenio  colectivo  vigente,  no  habiéndose  aportado  la 
documentación justificativa que lo respalda46.  
Por otra parte, la empresa Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria carecía de 
organigrama. Esta empresa organiza su actividad en dos centros de trabajo, la sede central en 
Santander y la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, disponiendo solo para esta última 
de una relación de puestos de trabajo con descripción de las funciones encomendadas. Además, 
en el informe de auditoría y de legalidad efectuado sobre esta empresa por la IGAC, en ejecución 
del Plan Anual de Auditorias, de Control Financiero Permanente y Otras Actuaciones de Control 
para el ejercicio 2018, se puso de manifiesto que, a los trabajadores del segundo de los centros, 
se les reconocía una retribución extrasalarial, sin que se conozca la forma de determinar la misma 
y sus revisiones. 
Por último, en ejecución del mismo plan anual, la IGAC elaboró un informe de auditoría “de 
cumplimiento y operativa” de la Sociedad Año Jubilar 2017, referido al ejercicio fiscalizado y al 
anterior, del que se destacan los siguientes resultados: 
  La entidad auditada no efectúa proceso selectivo alguno que garantice el cumplimento de 
los principios a los cuales se encuentra sujeta en materia de recursos humanos por pertenencia al 
sector público autonómico. 
  Se formalizaron dos contratos de alta dirección, no obstante lo cual, existe un único informe 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que tiene carácter preceptivo y vinculante 
conforme a lo previsto en el artículo 41 de la LP. 
                                                                                                                                                               
 
46 Pese a que en las alegaciones se indica que el III convenio colectivo de MARE recoge, en su artículo 42.2 que “Con  s
independencia de lo establecido en la legislación vigente, la empresa formalizará una póliza de seguro a favor del  e.
trabajador o de sus herederos...”, cabe recordar la preeminencia de las limitaciones contenidas en las leyes de  w.b
plaparcu eueLsedPureGpdnuoE esc  siptdtaaoerrssa  e isn2 olc0abr1sere8 mS  lyeea nnsct tooepm nredcovei ai shsria oed ntrreeeibls ituT edcrrieiabo dunconeo asnla lv  reSejunubripoaisrsspe armcnuododle oedc netlciov is2ao  1sep , dnope ramc cejuútnonlttsiiaop jy leed sase  c aou1uce9tar8ods2rioio,z snad,ed etsoa ,1sl   7dce oodnmne do den i pcoshrveeaie vsdém e lbeecrlly aeaer rsadt.í e cla Au1 lso9ní 8u,1 6lie8d, n.a dtOdree c d 2heo1o t  rlddaoeess     2021-14783n https://ww
noviembre de 1997, de 30 de junio de 1997 y de 9 de marzo de 2000.
 
  Los  importes  a  percibir  por  el  personal  laboral  temporal  en  concepto  de  kilometraje, 
alojamiento  y  manutención  que  se  devengan  con  motivo  del  desempeño  de  sus  funciones 
laborales se acuerdan mediante anexo contractual. No obstante, atendiendo a lo previsto en el 
artículo 2 del Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnización y compensación por razón de 
servicio, los importes a percibir serían los fijados en dicha norma. 
C)  FUNDACIONES 
A continuación, para el periodo 2016-2018, se exponen los efectivos medios con que contaba el 
citado sector público fundacional y el coste, en miles de euros, que figura en la cuenta de pérdidas 
y ganancias de las correspondientes cuentas anuales. 
CUADRO Nº 21. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 
(miles de euros) 
Ejercicios  2016  2017  2018 
Número medio de empleados  398  389  406 
Gastos de personal  13.160  13.434  13.937 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Al igual que se indicó para las empresas, la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico 
del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la CA de Cantabria, que 
establece, en su artículo 129.3, prevé que el personal de las fundaciones públicas de la CA, 
incluido el que tenga la condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las 
normas que le sean de aplicación en atención a su adscripción al sector público autonómico, en 
particular  las  contenidas  en  la  legislación  de  empleo  público,  presupuestaria  y  financiera. 
Asimismo, el régimen específico aplicable a la selección del personal laboral de estas fundaciones 
se realizará mediante convocatoria pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 
El artículo 159.3 de la LF establece que la auditoría de las cuentas anuales de las fundaciones del 
sector público autonómico, además de su finalidad de regularidad contable, debe verificar, entre 
otros aspectos, el cumplimiento de los principios a los que las fundaciones deben ajustar su 
actividad en materia de selección de personal, destacando, de los resultados de estos informes, lo 
siguiente: 
  El artículo 25.7 de los estatutos de la FCSBS prevé, entre las funciones del gerente, la de 
“proponer  los  nombramientos  y  remuneraciones  del  personal”.  Por  otra  parte,  la  Fundación 
dispone de un manual de contratación de personal aprobado por el Patronato con fecha 26 de 
marzo de 2015, cuyo texto fue actualizado en el ejercicio fiscalizado (quedando pendiente de 
aprobación al cierre del mismo), y en el que se traslada la competencia en materia de contratación 
temporal al gerente, lo que contradice lo dispuesto en el citado artículo 25.7. En su informe, la 
IGAC pone de manifiesto que, con carácter general, las contrataciones de personal en 2018 se 
realizaron  mediante  la  autorización  del  gerente,  excediendo,  por  tanto,  sus  competencias 
estatutariamente atribuidas. 
  En relación con la contratación de personal de IDIVAL se ponen de manifiesto deficiencias  b
tales como la falta de información en las convocatorias de las fases del proceso, de la forma y  783ww
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valorada como un mérito, pero no como un requisito necesario (y, por tanto, excluyente) para 
poder participar en el concurso. Asimismo, según el citado informe, en varias convocatorias se 
prevén méritos que resultan indeterminados, por lo que no se garantiza el cumplimiento del 
principio de objetividad. Además,  en  los  informes  de  evaluación  emitidos por el tribunal de 
selección  no  se  motivan  las  causas  de  exclusión  de  los  candidatos,  ni  se  recogen  las 
puntuaciones asignadas, ni motivación de las mismas. Por último, con carácter general, no se 
concede plazo para la subsanación de solicitudes defectuosas ni se prevé posibilidad de recurso 
respecto de la resolución final del proceso47. 
  La Fundación FIS realizó veinticinco contrataciones de personal temporal durante 2018, sin 
que se haya podido obtener evidencia de la celebración de proceso de selección alguno ni de la 
publicación de convocatoria, salvo en dos contrataciones para las que se acudió a la bolsa de 
trabajo  existente.  Además,  el  organigrama  aprobado  por  la  Fundación  no  contenía  las 
competencias  y  funciones  internas  vinculadas  a  los  puestos  de  trabajo  de  los  distintos 
departamentos48. 
Finalmente, de las comprobaciones efectuadas se deduce que al menos cuatro fundaciones 
(Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica, Fundación Fondo Cantabria Coopera, FIS 
y FMV) no contaban con manuales de procedimientos para la contratación del personal, basados 
en los principios exigidos el artículo 46 de la Ley 50/2002, de Fundaciones (igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria)49. 
II.8.2.  Medidas contra la morosidad en el sector público 
La reducción de la morosidad constituye un elemento fundamental a efectos del cumplimento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones 
públicas. De acuerdo con el artículo 4 de la LOEPSF, se entiende por sostenibilidad financiera la 
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, 
deuda pública y morosidad de deuda comercial. 
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el PMP a los proveedores no 
supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. 
A)  OBLIGACIONES RECOGIDAS EN LA LOEPSF 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.6 de la LOEPSF, todos los entes integrados a 
efectos de contabilidad nacional en el sector Administraciones públicas deben publicar su PMP a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluya, al menos, información relativa a la 
previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que 
fija la normativa sobre morosidad. 
El RD 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del PMP a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la LOEPSF. De acuerdo con la redacción vigente al inicio 
del ejercicio fiscalizado, el PMP medía el retraso en el pago de la deuda comercial en términos 
económicos, computado a partir de los 30 días posteriores a la fecha de entrada de la factura en 
                                                 
47 En las alegaciones, se indica que “en 2019 se redactó un nuevo Procedimiento de Selección, aprobado por el Director  s
de Gestión de IDIVAL el 21 de agosto de 2019. Este procedimiento se puso en marcha en enero de 2020”.  e.
48 Pese a que, en las alegaciones, la Fundación manifiesta cumplir la DA trigésima de la LPGE para 2018, el  w.
procedimiento de contratación ha de regirse por los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, circunstancia  783ww
4q9u Ee nn ola qsu aeldeag aacciroendeitsa, dlaa  sFeMgVú np eoln ien feonrm ceo ndoec liam IiGenAtoC  lcai taadporo ebna ceiól tne,x ptoo.r  parte de su Patronato, del Reglamento Interno
de Selección de Personal, con fecha 11 de marzo de 2020. 
 
el registro administrativo, según conste en el RCF o sistema equivalente, o desde la fecha de 
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda.  
Tras la modificación introducida en el artículo 5 del RD 635/2014 por el RD 1040/2017, de 22 de 
diciembre, con efectos de 1 de abril de 2018, el cálculo del PMP se empieza a calcular, de forma 
novedosa, como la diferencia entre: 
  La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 
entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. 
  La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el RCF o 
sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, en los 
supuestos  en  los  que  o  bien  no  resulte  de  aplicación  un  procedimiento  de  aceptación  o 
comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la 
aprobación de la conformidad.  
Cabe señalar que se mantiene el supuesto relativo a las certificaciones de obra ya incluido en la 
redacción original del artículo 5. 
El PMP definido en estos reales decretos mide el retraso en el pago de la deuda comercial en 
términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en la 
legislación de contratos y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El PMP, según la normativa 
aplicable, no debe superar los 30 días. 
 
 
En el cuadro siguiente se muestra el PMP mensual del conjunto de entidades pertenecientes al 
sector público de Cantabria, en términos del SEC 2010, y el medio de las CCAA (para su 
elaboración se ha tomado la información publicada por el Ministerio de Hacienda)50. 
CUADRO Nº 22. COMPARATIVA PMP CANTABRIA-CONJUNTO DE CCAA 
(en días) 
Año 2018  Cantabria  Sector CCAA  Diferencia  
Enero   53,35  16,40  36,95 
Febrero  57,84  15,70  42,14 
Marzo  18,34  14,13  4,21 
Abril  38,79  35,42  3,37 
Mayo  35,65  33,70  1,95 
Junio  36,56  33,45  3,11 
Julio  46,69  33,31  13,38 
Agosto  55,70  38,13  17,57 
Septiembre  64,75  39,47  25,28 
Octubre  68,80  35,66  33,14 
Noviembre  77,09  33,24  43,85 
Diciembre  80,34  30,54  49,80 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda. 
La tendencia de empeoramiento de la ratio en relación con la media de las CCAA, emprendida en 
el mes de octubre de 2016 y consolidada en 2017, ha continuado en el ejercicio fiscalizado, 
donde, salvo en el mes de marzo, el PMP supera los 30 días.  
Ello implica que, de acuerdo con el artículo 4 de la LOEPSF, no se logró la sostenibilidad de la 
deuda comercial, dado que el PMP a los proveedores superó, durante prácticamente todo el 
ejercicio, el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, lo que también repercute en 
la consecución de la sostenibilidad financiera, según dicho artículo51. 
Asimismo, no se procedió según lo dispuesto en el artículo 13.6 de la LOEPSF, que establece que 
cuando el PMP, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad, la Administración ha de incluir, en la actualización de su plan de 
tesorería  inmediatamente  posterior  a  la  mencionada  publicación,  como  parte  de  dicho  plan, 
medidas relacionadas con: 
  El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para 
poder reducir su PMP hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
  El compromiso de adoptar medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de 
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería 
                                                  es
50 De acuerdo con la DT Única del RD 1040/2017, la primera publicación mensual del PMP a proveedores realizada con  oe.
la metodología prevista en el mismo tendría lugar en el mes de junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de  w.
2018.  783ww
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ejercicio 2018.
 
necesaria para la reducción de su PMP a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad. 
Por otra parte, en relación con las medidas preventivas previstas en la LOEPSF, el artículo 18.4 
dispone que cuando el PMP a los proveedores de la CA supere en más de 30 días el plazo 
máximo  de  la  normativa  de  morosidad  durante  dos  meses  consecutivos  a  contar  desde  la 
actualización de su plan de tesorería de acuerdo con el artículo 13.6, el MINHAP ha de formular 
una comunicación de alerta (con el contenido previsto en el artículo 20.5 de la LOEPSF). Como se 
ha señalado, la CA no ha actualizado dicho plan ni se ha recibido comunicación ministerial al 
respecto y relativa a 2018. Posteriormente, y en relación con el PMP de septiembre de 2019, sí 
fue remitida a la CA tal comunicación.  
Sector público empresarial 
La Resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria 
de las cuentas anuales en relación con el PMP a proveedores en operaciones comerciales indica, 
en su artículo 2, su aplicación obligatoria a todas las sociedades mercantiles españolas, salvo 
para las sociedades mercantiles encuadradas en el artículo 2.1 de la LOEPSF.  
Tras el dictado del RD 602/2016, las entidades mercantiles que formulen sus cuentas anuales en 
formato abreviado o según el PGC de Pequeñas y Medianas Empresas, no están obligadas a 
incluir información sobre el PMP a proveedores en su memoria.  
Atendiendo a la información de las sociedades que han incluido la información en sus cuentas 
anuales, en el siguiente cuadro se aquellas con un período de pago a proveedores más elevado. 
CUADRO Nº 23. EMPRESAS CON PMP MÁS ELEVADO 
(en días) 
Denominación  PMP durante el ejercicio 
CANTUR  46 
SRECD  93 
Hospital Virtual Valdecilla  4152 
SICAN  47 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
                                                  b
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de 21,36 días en el intervalo abril-diciembre, sin que se adjunte documentación soporte de ello.
 
 
Sector público fundacional 
Atendiendo a la información de sus cuentas anuales, en el siguiente cuadro se muestran aquellas 
con un período de pago a proveedores más elevado. 
CUADRO Nº 24. PMP SECTOR FUNDACIONAL 
(en días) 
Denominación  PMP durante el ejercicio 
Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica 
33 
Fundación Relaciones Laborales de Cantabria  40 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Por su parte, las fundaciones Fondo Cantabria Coopera y FIS no incluían esta información en sus 
cuentas. 
B)  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ 
Mediante el RD-L 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
CCAA y entidades locales y otras de carácter económico, se crea el Fondo de Financiación a 
CCAA, estructurado en cuatro compartimentos con características y condiciones propias: Facilidad 
Financiera, FLA, Fondo Social y Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los 
Proveedores de CCAA. 
Durante el ejercicio 2018, el Fondo de Financiación se ha instrumentado mediante los Acuerdos 
de la CDGAE de 25 de enero, 16 de marzo, 28 de junio, 27 de septiembre y 25 de octubre todos 
ellos del citado año, como consecuencia de los cuales se modificó la distribución de los recursos 
iniciales del compartimento FLA 2018, asignando a Cantabria recursos adicionales hasta alcanzar 
los 450.366 miles de euros. 
La  adhesión  al  mecanismo  de  liquidez  conlleva  la  aceptación  de  todas  las  condiciones 
establecidas en la LOEPSF, el citado RD-L 17/2014, los acuerdos adoptados por la CDGAE 
relacionados con este mecanismo y el programa para la aplicación del mecanismo de apoyo a la 
liquidez de las CCAA 2018. 
El RD-L 17/2014 prevé la obligación de la aprobación de un plan de ajuste para el compartimiento 
FLA, indicando la no necesidad para el compartimento Facilidad Financiera y sin establecer 
disposición alguna en el caso del Fondo Social.  
El Consejo de Gobierno adoptó, el 15 de junio de 2017, el acuerdo de manifestar el compromiso 
de cumplir con todas las condiciones establecidas en las diversas normas y acuerdos antes 
citados. 
Además de las establecidas anteriormente, el Acuerdo de la CDGAE de 2 de marzo de 2017 
(publicado por la Orden PRA/360/2017) fijó treinta condiciones adicionales, sin que se incluyeran  e.
nuevos compromisos en el año 2018.   w.b
Npaor as ep reoscteadbeler cai esruo nc olomsp mroebdaicoisó np ya/roa  slae gaucimreideintatoc i(óan  trdaev élass d eco cnodmiciitoénse dse o s ebgieunim eiel nptroo,c gerduimpoiesn dtoe 
 
trabajo, etc.), existiendo únicamente por parte de las comunidades la asunción general de los 
compromisos, en algunos casos plasmadas en planes de ajuste.  
En relación con determinadas condiciones incumplidas por la CA y analizadas en la fiscalización 
del ejercicio anterior, se observa lo siguiente: 
  Si bien al cierre de 2019, el uso del sistema Cl@ve para la identificación y firma electrónica 
de los ciudadanos sí se encontraba implantado en el registro electrónico general, y algunos otros 
servicios de la CA, solo se habían creado algunas oficinas para el registro de los ciudadanos en 
este sistema, existiendo a esa fecha un plan de implantación en todas las oficinas de asistencia en 
materia de registro de la CA que no se había completado (condición 14). 
  Al cierre del ejercicio 2018, se estaba comenzando a poner a disposición de los interesados 
las notificaciones y comunicaciones emitidas por la CA a través del Punto de Acceso General de 
la AGE, al no disponer Cantabria de un punto de acceso propio. Según información remitida por la 
CA durante la fiscalización, la funcionalidad de envío de notificaciones por comparecencia en 
formato electrónico está disponible para todas las consejerías desde el 28 de diciembre del 
ejercicio fiscalizado (condición 15). 
   Al cierre de 2018, la CA no había dictado un nuevo plan contable adaptado al PGCP 
aprobado por la Orden EHA/1037/2010, si bien mediante Orden HAC/47/2019, de 26 de diciembre 
de 2019, se aprobó el PGCP. 
En los planes de ajuste remitidos por la CA figuraba el compromiso de aplicar un plan de 
restructuración del sector público autonómico. Esta materia es objeto de análisis detallado en el 
Informe de fiscalización de los procesos de extinción de entidades de las CCAA sin órgano de 
control externo propio como consecuencia de la reestructuración de su sector público, aprobado 
por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 20 de diciembre de 201853.  
Finalmente, ha de señalarse que el artículo 10.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, exige 
la remisión antes del día 15 de cada mes de la realización de un informe de seguimiento del plan 
de ajuste por parte de la IGAC. Asimismo, dicho artículo requería la remisión de un “análisis de las 
desviaciones que se han producido en la ejecución del plan de ajuste”. No se ha acreditado la 
realización  de  actuaciones  particularizadas  durante  el  ejercicio  fiscalizado,  por  lo  que  este 
seguimiento se circunscribe a la remisión de la información de los modelos de cuestionarios sobre 
diferentes aspectos contemplados en el plan de ajuste diseñados por el MINHAP, sin que exista 
ningún pronunciamiento formal sobre su grado de cumplimiento ni por parte de la Intervención, ni 
por la parte ministerial. 
                                                 
53  Entre las conclusiones relativas a Cantabria destacan, entre otras, las siguientes: 
-  La evolución del sector público instrumental autonómico como consecuencia de las altas y bajas producidas en el  s
periodo fiscalizado ha supuesto una reducción efectiva del número de entes, a 31 de diciembre de 2016, de un 36,7 %.  e.
-  Se  han  observado  particularidades  y  deficiencias  en  los  procedimientos  de  reestructuración  efectuados  por  w.
Cantabria relativos a la Entidad Pública Empresarial 112; las sociedades ICE; NPB y Sociedad Arrendadora de  783ww
C- omEinlla rse,l aSc.iLó;n d ceo lna  eemntpidraedseas E vl iSgeonptlaeso , dSe.sLt.a; claa  FlaM eVx iys tlean Fcuian ddaec cióonm Cpáentetanbciraas d eejle Drceidpaosrt es.i multáneamente por el ICAF y
SODERCAN.
 
 
II.8.3.  Transferencias y subvenciones 
A)  DATOS GENERALES 
La normativa básica por la que se rigen las ayudas y subvenciones públicas concedidas por 
Cantabria es la siguiente: 
  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  (LGS),  cuyo  ámbito  de 
aplicación subjetivo incluye a todas las Administraciones públicas, constituyendo los preceptos 
señalados en su DF primera legislación básica. 
  Ley de Subvenciones de Cantabria (LSC). 
  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.  
Las subvenciones (según la delimitación conceptual establecida en el apartado 1 del artículo 2 de 
la Ley 10/2006) pagadas por la CA en el ejercicio presupuestario 2018, clasificadas por los 
diferentes procedimientos de concesión establecidos en el artículo 22 de la Ley 10/2006, a partir 
de los datos existentes en la base de datos autonómica de subvenciones de Cantabria, se detallan 
en el cuadro siguiente. 
CUADRO Nº 25. SUBVENCIONES PAGADAS POR LA CA 
(miles de euros) 
Procedimiento de concesión  Importe 
Directas                                              25.356 
  Nominativamente en los presupuestos  12.340 
  Norma de rango legal  10.540 
  Carácter excepcional (interés público, etc.)   2.476 
Concurrencia competitiva  10.873 
Total  36.229 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Por lo que se refiere a la clasificación anterior, cabe señalar que dentro de las subvenciones 
concedidas por norma de rango legal se ha incluido parte de las concedidas mediante norma 
reglamentaria, que tienen cabida en el artículo 22.3.c) de la Ley autonómica 10/2006 y que, por 
tanto, deberían ubicarse dentro de las de “carácter excepcional” del cuadro 29.  
La  CA  ha  venido  presentando  una  tendencia  alcista  en  la  utilización  de  procedimientos  de 
concesión directa, cuando este procedimiento conforme el artículo 22 de la LSC no es el ordinario 
a emplear. En relación con el ejercicio precedente, se ha producido un descenso del 58 % en el 
importe total de las subvenciones pagadas, pasando de 86.016 miles de euros en 2017 a 36.229 
miles de euros en 2018. Las subvenciones directas han pasado a representar el 70 % en 2018,  s
siendo las nominativamente previstas en el presupuesto las más significativas.  oe.
No obstante, esta información proveniente de la base de datos autonómica de subvenciones  783ww
psuubeedpeí gvraefres eD )a sfeigcutaiednat e.p  or  imprecisiones  como  las  que  se  recogen  con  más  detalle  en  el
 
B)   INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
De acuerdo con el artículo 7 de la LSC, los órganos o entes que propongan el establecimiento de 
subvenciones, con carácter previo, deben concretar en un plan estratégico de subvenciones los 
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. En relación con este asunto, el artículo 
11.1 del Reglamento General de Subvenciones (RGS) (RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003) determina que cada consejería aprobará un plan 
estratégico que debe abarcar también a sus organismos o entes vinculados. Además, conforme al 
artículo 11.4 del RGS, los planes estratégicos contendrán previsiones para un periodo de vigencia 
de tres años, salvo que, por especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente establecer 
un plan estratégico de duración diferente. En este sentido: 
  Todas las consejerías han presentado un plan estratégico, pero solo la de Economía, 
Hacienda y Empleo incluye el de los organismos o entes vinculados. 
   Solo tres consejerías presentan planes estratégicos que contienen previsiones para un 
período  de  tres  años,  presentando  el  resto  planes  anuales  sin  que  se  acredite  la  especial 
naturaleza del sector afectado que lo justifique. Solo en relación con el plan estratégico de una de 
las  consejerías  con  plan  trienal  (la  de  Innovación,  Industria,  Turismo  y  Comercio)  se  tiene 
constancia de que se haya procedido a la actualización anual del mismo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 14.1 del RGS. 
A diferencia de lo que ocurría para el ejercicio 2017, en el que tres consejerías no habían 
publicado su plan estratégico de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (y en el 
mismo sentido la posterior Ley autonómica 1/2018, de 21 de marzo, de transparencia de la 
actividad pública), en el ejercicio fiscalizado lo han hecho todas. 
Cinco consejerías han utilizado la posibilidad de reducción del plan estratégico prevista en el 
artículo 12.2 del RGS para los casos de subvenciones que se concedan de forma directa o de 
subvenciones que, de manera motivada, se determinen por parte del titular de la consejería 
correspondiente, en atención a su escasa relevancia económica o social como instrumento de 
intervención pública, si bien no se acredita suficientemente el acontecimiento de estas últimas 
circunstancias. 
El artículo 7 de la LSC, establece que el control y evaluación de resultados derivados de la 
aplicación de dichos planes ha de realizarse por la IGAC, sin perjuicio de las competencias que la 
Ley atribuye a las consejerías, organismos y demás entes públicos. La Resolución de 20 de 
diciembre de 2018, por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero, Auditoría Pública y 
Otras Actuaciones de Control, para el ejercicio 2019, establece en su apartado VI, relativo al 
“control  de  subvenciones  y  ayudas”,  el  seguimiento  de  los  controles  que  sobre  los  planes 
estratégicos  de  subvenciones  se  hubieran  realizado  en  el  ejercicio  2018,  sin  que  estas 
actuaciones se hayan llevado a cabo finalmente. 
Por otra parte, conforme al artículo 14.2 del RGS, cada consejería debe emitir antes del 30 de 
abril de cada año un informe sobre el grado de avance de la aplicación del plan, sus efectos y las 
repercusiones  presupuestarias  y  financieras  que  se  deriven  de  su  aplicación.  Solo  se  han 
aportado los informes de cumplimiento de tres consejerías54 y de un servicio de una DG de otra 
consejería. Además, en uno de los informes no consta la fecha de su emisión y, del resto, solo 
uno fue emitido dentro del plazo indicado en el artículo 14.2 del RGS arriba señalado. No  es
obstante, la utilidad de estos informes es limitada dado que:  o
 5din 4e  f oP  lr ram e  sD e i d G ee   lnda c eb ia  o D r ya e  dpJ o uo   sr tpte ioc   ird a  e, l a  O l a b C  rC oa nos  s n Pe s úje e bjre  líirací aad sde ye   IVnEinvdoiuevcnaadccaiióó; nny,   ECIncuodltnuuosratmr iaíya,  ,D THeuaprcoisiremtenod.  aJy uy n CEtoom mcpoelenrco il,oa a sd reaellmaetgáivasoc d ioeanl  eS2s0e, 1rsv7ei,c  ihoe inzd oel  ulDlgeeagpra ord rteeell    2021-14783n https://ww
correspondiente al ejercicio fiscalizado.
 
 
  En las Consejerías de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad, aun contando con un 
desarrollo de los objetivos estratégicos, no se fijan los indicadores a los que se refiere el artículo 
12.1c) del RGS que permitan conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos en el 
cumplimiento de los mismos. 
  En el caso de la Consejería de Presidencia y Justicia, Consejería de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo55 y 
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, se cuenta con indicadores, si bien estos 
son exclusivamente de carácter presupuestario (crédito concedido, por ejemplo) y administrativo 
(número  de  solicitudes,  número  de  concesiones,  número  de  denegaciones  o  número  de 
expedientes  de  reintegro),  sin  abordar  aspectos  de  eficacia,  efectividad  o  impacto  de  las 
actuaciones. 
Además, con la excepción de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ninguno 
de los planes estratégicos incluye los resultados de la evaluación de los planes precedentes, tal y 
como exige el artículo 12.1.d) del RGS. 
Por otro lado, la LSC recoge en su artículo 19 el deber de información sobre la gestión de 
subvenciones otorgadas por sujetos pertenecientes al sector público de la CA, con el antecedente 
inmediato en el artículo 20 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, precepto que constituye 
legislación básica del Estado y que ha sido desarrollado por el RD 887/2006 que aprueba su 
Reglamento,  cuyos  artículos  36  y  37  establecen,  respectivamente,  el  ámbito  subjetivo  de 
obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y el 
contenido de dicha información, desarrollado por la Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo. Para 
adaptar el contenido de esta Orden a la Administración de la CA, sistematizando la información y 
posibilitando el cumplimiento del deber de información a la BDNS, se aprobó la Orden de la 
Consejería de Economía y Hacienda HAC/40/2007, de 21 de diciembre. 
En relación con el grado de cumplimiento por la CA de la normativa señalada, principalmente 
respecto de la información que se debe suministrar y recoger en la base de datos autonómica de 
subvenciones  de  Cantabria  e,  igualmente,  de  la  disponibilidad  y  aprovechamiento  de  dicha 
información para conseguir las finalidades legalmente previstas de mejorar la eficacia, controlar la 
acumulación y concurrencia de subvenciones y facilitar la planificación, seguimiento y actuaciones 
de control, destaca: 
  No  se  ha  implantado  la  intervención  prevista  de  la  DG  de  Servicios  y  Atención  a  la 
Ciudadanía en orden a verificar la introducción en la base de datos de la normativa reguladora de 
las subvenciones aparecida en el Boletín Oficial de Cantabria y publicar la misma en el portal web 
de la CA. 
  Sigue pendiente el registro de información de las resoluciones de los procedimientos de 
reintegro de subvenciones, de la recaudación de dichos reintegros, de las sanciones impuestas y 
otras prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.  
Finalmente,  cabe  señalar  que,  en  el  Informe  de  la  Comisión  para  la  Reforma  de  las 
Administraciones Públicas, de 21 de junio de 2013, se preveía una modificación de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, pues, entre otras incidencias, se producen duplicidades entre 
el Estado y las CCAA con una falta de claridad en la delimitación de funciones, ocasionando 
numerosos  conflictos  de  competencias.  Así,  entre  diversas  medidas  a  incorporar  en  la 
modificación, se hacía referencia a la necesidad de una mejor utilización de las bases de datos de  e
subvenciones de las distintas administraciones, asegurando la interconexión automática de las  bo
diferentes bases autonómicas o locales con la BDNS, operando esta última como sistema de  783ww
p  u  b  l i c  i d  a  d    d  e    l a  s    s  u  b  v  e  n  c  io  n  e  s concedidas por todas las AAPP, para así contribuir a una mayor
55 Salvo en el caso del ICSST, que sí incluye indicadores de otra naturaleza.
 
transparencia y simplificación de procedimientos al ahorrar a los órganos concedentes el trámite 
de remisión al boletín oficial correspondiente.  
En este sentido, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras 
medidas de reforma administrativa, modifica la LGS, estableciendo que la citada base nacional, en 
aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, debe operar como sistema nacional de 
publicidad  de  las  subvenciones  e  integrar  una  base  de  datos  centralizada  sobre  ayudas  y 
financiación para la PYME. A tal efecto, a partir del 1 de enero de 2016, la BDNS debía incorporar, 
paulatinamente, información sobre las convocatorias de ayudas de la administración autonómica y 
local, favoreciendo el conocimiento de las subvenciones concedidas en todo el espectro territorial. 
Por lo que se refiere a Cantabria, el proceso de integración en la denominada “BDNS 2016” se 
había completado en sus primeras fases en enero de 2017, incorporando progresivamente parte 
del sector público que hasta la fecha no suministraba datos a la base regional TESEO existente en 
la CA. No obstante, el antiguo TESEO siguió en uso durante el ejercicio fiscalizado, al objeto de 
intentar cumplir, mediante los listados y extractos obtenidos del mismo, con las necesidades del 
Portal de Transparencia. Se mantuvo, asimismo, la carga manual de los datos derivados de las 
fases de concesión de las subvenciones y su pago, lo que implica riesgos en relación con la 
fiabilidad de la información.  
TESEO debía dejar de funcionar a partir del 28 de septiembre de 2018, sin que desde dicha fecha 
se hayan acreditado mejoras en relación con la situación descrita anteriormente, por lo que 
permanecía sin registrarse la información sobre resoluciones de los procedimientos de reintegro 
de subvenciones y de su recaudación, sobre sanciones impuestas y otras prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario o entidad y el resto de datos exigidos por la normativa. No 
obstante, en el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y 31 de diciembre de 2018, por 
carecerse  del  mecanismo  informático  adecuado  para  el  volcado  de  datos  en  la  BDNS,  las 
subvenciones  gestionadas  hasta  el  cierre  del  ejercicio  se  siguieron  grabando  en  el  antiguo 
TESEO, situación que ha mantenido la duplicidad de grabación de datos en ambos sistemas. 
Por último, la CA no ha efectuado una auditoría de sistemas que permita verificar el grado de 
cumplimiento de la grabación de datos en la base (reintegros, sanciones, inhabilitaciones)56. 
C)  SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
En  este  subepígrafe  se  analizan  los  procedimientos  de  concesión  y  justificación  de  nueve 
subvenciones nominativas, cinco de las cuales fueron gestionadas por la DG de Innovación y 
Centros Educativos y cuatro por la DG de Deporte, ambas de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, las cuales aparecen detalladas en el siguiente cuadro. 
 5F 6i  s Ec  la  a le r st í  cy u  A lo d   m1  9i n. 3 is   td r ea  t il va a   Ls S  ( eC  n,    ev  ing   o re r  dd  aecscdieó ne ld 1a ddae  epnoer reol  daert í2c0u2lo0 )7, .e4s dtaeb lleac Lee qyu 5e/ 2la0 1IG9A, Cde e 2s3 e ld óer gdaicnioe mrebsrpeo, ndsea bMlee ddied alas   2021-14783n https://ww
administración y custodia del módulo autonómico que conecta con la BDNS.
 
 
CUADRO Nº 26. SUBVENCIONES CONSEJERÍA EDUCACIÓN 
(miles de euros) 
Beneficiario  Objeto  Importe 
DG de Innovación y Centros Educativos 
Centro de Educación Especial Doctor Fernando Arce  Gastos de comedor y transporte  66 
Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN)  Programa de Inclusión  50 
Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de  Orientación  académica  y  profesional.  45 
Cantabria  Fomento del espíritu emprendedor 
Alianza Francesa  Promoción  de  la  lengua  y  cultura  25 
francesas 
Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro (Talleres  Programa  de  atención  a  alumnos  con  60 
Juveniles Brumas)  necesidades educativas y socio-familiares 
DG de Deporte 
Federación Cántabra de Bolos  Gastos de organización y funcionamiento  150 
(fomento de la actividad deportiva y el 
deporte de competición) 
Federación Cántabra de Remo  Gastos de organización y funcionamiento  94 
(fomento de la actividad deportiva y el 
deporte de competición) 
Federación Cántabra de Bolos  Semana Bolística  16 
Federación Cántabra de Remo  Programa de Tecnificación  20 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Las  observaciones  que  se  exponen  a  continuación  afectan  a  la  generalidad  de  las  ayudas 
analizadas: 
  Pese a ser el instrumento habitual para canalizar las subvenciones nominativas de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 29.1 de la LSC, no se elaboraron los correspondientes convenios, 
siendo las resoluciones de concesión o, en su caso, los acuerdos del Consejo de Gobierno (si 
excedían de  60  miles  de  euros,  como dispone el artículo  9  de  la LSC),  los  que tienen  la 
consideración de bases reguladoras y en ellos se establecen las condiciones y compromisos 
aplicables. 
  En ninguno de los expedientes se incluye el informe preceptivo de los servicios jurídicos al 
que se refiere el artículo 16.1 de la LSC, relativo a las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones. 
  Salvo en el caso de la subvención al Centro de Educación Especial Doctor Fernando Arce, el  e
objeto de la ayuda se define de forma tan genérica que impide determinar claramente si la  bo
actividad realizada se corresponde con dicho objeto y, en consecuencia, discernir qué gastos  783ww
dqeubee rne scpoonnsdideenr adres em asunbevrae nincdiounbaitbaldeas ,a d leaf innaidtuorsa, leszeag údne  elal  aarcttíicvuidloa d3 2s.u1b vdeen lcai oLnSaCda, .c omo aquellos
 
  La  Consejería  no  realizó  actuaciones  de  comprobación  encaminadas  a  verificar  el 
cumplimiento  del  artículo  18.3  en  relación  con  la  posible  existencia  de  otras  subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que pudieran, junto a la concedida, superar el coste de la actividad 
subvencionada, limitándose a exigir al beneficiario la aportación de una declaración responsable57. 
  Pese a que la mayoría de las resoluciones de concesión contienen la previsión de los 
artículos 17.4 de la LSC y 31 del RGS sobre la publicidad o difusión de la subvención por parte del 
beneficiario, solo de forma excepcional consta declaración responsable o fotografías aportadas 
por este, sin que se produjeran comprobaciones adicionales encaminadas a verificar este aspecto 
por parte del órgano gestor. 
  No se ha dado cumplimiento a la obligación de publicidad en la BDNS conforme establece el 
artículo 20.2 de la LGS. 
Por lo que respecta a las subvenciones gestionadas por la DG de Deporte, con carácter general 
se observa lo siguiente: 
  En  todos  los  expedientes  analizados  el  órgano  concedente  pone  de  manifiesto  que, 
previamente  a  la  emisión  del  correspondiente  acto  de  concesión,  se  ha  acreditado  que  el 
beneficiario cumple los requisitos establecidos en el artículo 12 de la LSC mediante la aportación 
de declaración responsable en tal sentido, a la que se acompaña documentación acreditativa de 
encontrarse  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  sin  que 
aparezcan tales declaraciones en los dos expedientes de subvención concedida por acuerdo. 
  La DG de Deporte ha establecido un modelo de presentación de la cuenta justificativa que no 
recoge el contenido exigido en artículo 72 del RGS ni permite dar cumplimiento al mandato del 
artículo 31.2 de la LSC, en el que se establece que, a falta de previsión en las bases reguladoras, 
la cuenta deberá incluir las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su 
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Así, ni las memorias de actividades ni 
las cuentas justificativas recogen el desglose necesario que permita determinar las actividades 
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, además del oportuno desglose. 
  En todos los casos el beneficiario entrega, a su vez, fondos a distintos clubs, peñas o 
escuelas, sin que se desprenda de la documentación examinada que la Federación de Bolos y de 
Remo  hayan  realizado  alguna  actuación  de  comprobación  del  destino  final  de  los  fondos 
(actividades desarrolladas y gastos relacionados). Igualmente, no se tiene constancia de que el 
órgano gestor haya realizado actuación alguna al respecto, por lo que no queda suficientemente 
documentado  que  los  fondos  hayan  sido  empleados  en  la  realización  de  la  actividad 
subvencionada. 
  En aquellos casos en que la justificación presentada por los beneficiarios incluye gastos por 
pagos a personas no ligadas mediante una relación contractual con aquellos (en la mayoría de los 
casos pagos a árbitros), no se aporta acuerdo de incorporación de esas personas que, tal como 
prevé  el  artículo  12  de  la  Ley  45/2015,  de  14  de  octubre,  de  Voluntariado,  constituye  el 
instrumento principal de la definición y regulación de las relaciones entre los voluntarios y la 
entidad de voluntariado y donde se debe reflejar el régimen de gastos reembolsables que han de 
abonarse a los voluntarios, pues, si la razón del pago es la remuneración de algún tipo de servicio 
prestado (ocasional o no), se estaría ante una relación laboral (tal como indica la Sentencia del 
                                                  e.
57 Aunque se indica en las alegaciones que “la actividad de la Dirección General en este sentido no se limita a la  w.b
eddlexaesittg oeinesccn taaoc paisao o erdbtla erced oucornosraes et sednp e oedcnnilcad lhraieaa nac dticóeteni vce ilrxdaeparsaedpcd osiióenunnsb tavcebeo ldnneec ,f i uoyreneavan qodteucasea  b cdeiieóennn  dl  olyaos tsr oep ssirn ooatlceibcegiiedtraroimtn odtiseee sno  lta nop osao  ayrdtulaecdl aecanso”z ,n dancenou   trlararae pcnnaoscrnpieadac irecceo ióndmncopi cadeu,e tmid tbieeve namnt aesocfediic óocian otr naaiotlc rsqar,eu sbdteaiie tnsan it  liossveeas     2021-14783n https://ww
de ello en ningún expediente analizado ni esta se ha hecho llegar junto con las mencionadas alegaciones.
 
 
Tribunal  Supremo  de  2  de  abril  de  2009)  o  mercantil,  lo  que  en  ningún  caso  queda 
documentado58. 
  Ninguna de las ayudas se ha publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno de 
Cantabria, en contra de lo que establecen los artículos 8.1 c y 10 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
En relación con la cuenta justificativa de la subvención a la Federación Cántabra de Bolos por 
importe de 150 miles de euros, el beneficiario presenta una relación con los gastos financiados 
con la subvención, por un importe total de 163 miles de euros, de los que 85 miles de euros 
(52 %), se presentan bajo denominaciones genéricas en función de los destinatarios finales de los 
fondos (escuelas  de  bolos o  peñas) y por su participación en  el desarrollo  de la actividad 
subvencionada (organización de circuitos, participación en competiciones, etc.). Estos gastos, 
justificados con “recibís”, se recogen en la cuenta justificativa con una determinada fecha que no 
aparece en el documento de pago. 
En relación con la cuenta justificativa de la subvención a la Federación Cántabra de Bolos para la 
Semana Bolística, por importe de 16 miles de euros: 
  El 34 % del importe justificado corresponde a gastos en “vinilos” e “imprenta”, que incluyen 
revistas o programas para la promoción e información de la semana. La resolución señala que la 
ayuda recibida se destinará al pago de gastos de organización y funcionamiento de dicho evento, 
por lo que, dada su magnitud, es cuestionable la adecuación de este gasto a los principios de 
eficiencia y eficacia. 
En relación con la cuenta justificativa de la subvención a la Federación Cántabra de Remo, por 
importe de 94 miles de euros: 
  Se admiten en concepto de “gastos campeonato España” tres facturas de un hostal por un 
importe total de 2 miles de euros, sin que a los mismos se le haya acompañado el correspondiente 
certificado o memoria, firmado por el secretario de la Federación con el visto bueno del presidente, 
justificando  adecuadamente  el  motivo  del  gasto  y  la  relación  con  la  actividad  objeto  de  la 
subvención, tal y como recoge el acuerdo de concesión. 
  Se incluyen en concepto de “gastos de mantenimiento de clubes”, por un importe global de 
51 miles de euros, las cantidades que la Federación entrega a los diferentes clubes para su 
funcionamiento general, no siendo, por tanto, gastos de funcionamiento de la Federación, sin que 
figuren además los criterios establecidos para determinar la asignación a cada uno de ellos. 
  En el concepto “ayuda transporte competiciones” se recogen dietas de desplazamiento de 
jueces y árbitros a las diferentes competiciones, por importe conjunto de 13 miles de euros, 
habiéndose emitido el correspondiente certificado firmado por el secretario de la Federación con el 
visto bueno del presidente, tal y como recoge el acuerdo de concesión, en el que, sin embargo, no 
                                                 
58 En las alegaciones se indica que “el artículo 75 de la Ley 27200, de 3 de julio, del Deporte de Cantabria atribuye entre otros 
a los jueces y árbitros el ejercicio de la potestad disciplinaria y el artículo 55 del Decreto 7272002, de 20 de junio, de desarrollo 
general de la Ley 2/2000 configura los Comités de Árbitros como órganos de las Federaciones deportivas cántabras. Siendo 
estas  sujetos  ejercientes  de  funciones  públicas  delegadas  de  la  Administración  Autonómica,  entre  otras  la  potestad 
disciplinaria, cabría considerar que los árbitros mantienen con las federaciones una relación administrativa de naturaleza 
especial y en cualquier caso no laboral, como se desprende entre otras de la sentencia 729/2019 de 5 de julio de la Sala de lo 
Social del TSJ Madrid”. Con independencia de la naturaleza de las funciones que este colectivo ejerza, lo cierto es que los  e
términos económicos y el resto de condiciones de la relación que les una a sus pagadores deberían estar definidos y  o
especificados con antelación, especialmente si van a ser subvencionados con fondos públicos. En particular, la DG de Tributos,  w.
en consulta vinculante V1780-18 califica (a efectos del IRPF) como rendimientos del trabajo los percibidos por los árbitros de  783ww
ledalis na ecrrtoaícrrruiealossp  1oo7 ne ddnie ee nlsatpe esL cefieye d,3 eq5ru/a2ec0 io0dn6ee,r isvto eddnea,p sdo ilrrateisvc atcaso  nopt oriarn pderilre edscetatsacamirorenonelltose  ,do de ue stli ulitd rtaarbadabejasoj, o pc. euPrasoloqr nureaienl rdaoi  mqdueiee nl ast oersea l daseculi  ótdnrea nblaoabmjoo rinsaael c oei ónentsi etoan tdnueatantur,i rasa elyeg zúnano,  
tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.
 
se justifican adecuadamente las actividades que originaron tales desplazamientos. Asimismo, el 
acuerdo del Consejo de Gobierno no establece límites para este tipo de gastos ni realiza remisión 
a  normativa  que  pudiera  resultar  de  aplicación  (Decreto  36/2011,  de  5  de  mayo,  sobre 
indemnizaciones por razón del servicio). 
  En concepto “fiesta del remo” se subvencionan tres facturas correspondientes a restauración, 
trofeos y reportaje fotográfico, por importe de 3 miles de euros, sin que quede suficientemente 
acreditada la relación de estos gastos con la actividad subvencionada. 
  En concepto “gas-oil furgoneta y reparación furgoneta” se subvencionan varias facturas por 
importe de 4 miles de euros, que corresponden a gastos de desplazamiento de clubes para 
entrenamientos,  así  como  a  competiciones  regionales  y  nacionales  del  “Programa  de 
Tecnificación”. Se aporta certificado firmado por el secretario de la Federación con el visto bueno 
del presidente, sin que se justifique adecuadamente la relación del gasto con la actividad objeto de 
la subvención, tal y como recoge el acuerdo de concesión.  
  La Federación recibe para la financiación de este programa otra subvención de la CA, que se 
encuentra entre la muestra de expedientes analizados, sin que conste actuación por parte del 
órgano gestor en la que se compruebe la posible existencia de un exceso de financiación. 
  Se incluye un gasto en concepto de “secretaría/tesorería”, por importe de 3 miles de euros, 
que se justifica mediante tres recibís de una misma persona tras la recepción de cheque al 
portador, sin que se aporte la documentación acreditativa de la relación que vincula a esta 
persona con la Federación. 
Sobre la cuenta justificativa de la subvención nominativa recibida por la Federación Cántabra de 
Remo para el “Programa de Tecnificación”, por importe de 20 miles de euros, cabe resaltar que se 
aporta  una  relación  de  facturas  bajo  un  único  concepto  genérico,  “gastos  programa  clubes 
tecnificación”, que corresponden a ayudas que concede la Federación a los distintos clubes que 
participan en el desarrollo del programa de tecnificación subvencionado. Las aportaciones se 
justifican mediante recibís de los diferentes clubes a los que se acompaña el correspondiente 
documento de pago (cheques nominativos). No se han establecido criterios para las asignaciones 
a cada uno de los clubes, ni consta en el expediente documentación sobre la realización, por parte 
de la Federación, de actuaciones de comprobación del destino final de los fondos. 
Se exponen a continuación los resultados del análisis de las subvenciones gestionadas por la DG 
de Innovación y Centros Educativos.  
En relación con la subvención al Centro de Educación Especial Doctor Fernando Arce, por importe 
de 66 miles de euros: 
  El expediente no contenía la memoria sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, a la que se refiere el artículo 72 del RGS, previsión que tampoco contenía la resolución 
de concesión. 
  Se  incluyen  los  gastos  de  nómina  de  una  cocinera,  una  ayudante  de  cocina  y  una 
conductora,  sin  que  figuren  los  contratos  o  negocios  jurídicos  que  permitan  su  verificación. 
Tampoco estaban inicialmente previstos en la resolución de concesión. 
  En la resolución de concesión se prevé que en ningún caso se consideran subvencionables  bo
los gastos realizados durante los meses de julio y agosto, al ser períodos no lectivos, pese a lo  783ww
cduea ml sile e auproros.b aron gastos de julio de las tres trabajadoras citadas en el párrafo anterior por un total
 
 
  Se subvencionaron gastos de transporte por importe de 43 miles de euros, sobre un total 
justificado de 108 miles de euros, para un servicio prestado a 49 alumnos, resultando un coste por 
alumno y mes de 220 euros, sin que en el expediente figuren comprobaciones dirigidas a verificar 
que tales prestaciones se realizan a precios de mercado, ni tampoco los tres presupuestos que, 
en aplicación del artículo 31.3 de la LGS y como prevé el artículo 72.2 del RGS, debería haber 
solicitado el beneficiario. 
En relación con las subvenciones a Alianza Francesa, por importe de 25 miles de euros, a la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, por importe de 45 miles de 
euros, a la Federación de Personas Sordas de Cantabria, por importe de 50 miles de euros, y a la 
Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro (Talleres Juveniles Brumas), por importe de 60 miles 
de euros, cabe señalar: 
  Un elevado porcentaje del gasto justificado en los distintos expedientes (entre el 84 % y el 
100  %)  corresponde  a  nóminas  y  cotizaciones  sociales  del  personal  contratado  por  los 
beneficiarios, sin que figuren los contratos o negocios jurídicos que permitan comprobar su 
correspondencia con los conceptos retributivos subvencionados. 
  Los porcentajes de imputación de los gastos de personal (que en muchos casos alcanzan el 
100 %), no se basan en unos criterios previos fijados en las resoluciones de concesión y sin que 
se haya realizado verificaciones sobre los adoptados por los beneficiarios. La documentación 
aportada  no  permite  apreciar  la  relación  directa  de  las  retribuciones  subvencionadas  y  la 
realización de la actividad prevista. 
En relación con la subvención a Alianza Francesa: 
  La resolución de concesión fija unos objetivos específicos para los que no se definen 
indicadores que permitan medir la eficacia de la actividad. 
  Pese a que, según la resolución de concesión, la actividad subvencionada abarcaba los 
meses de enero a mayo y de octubre a diciembre de 2018, se admitieron como elegibles los 
gastos de personal (nómina y cotizaciones sociales) del mes de septiembre. 
  El expediente no incluye la declaración responsable del beneficiario de no estar incurso en 
ninguna  de  las  circunstancias  que,  conforme  al  artículo  12  de  la  LSC,  impiden  obtener  tal 
condición de beneficiario. 
En relación con la subvención a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Cantabria,  cabe  señalar  que  la  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos, que de acuerdo con el artículo 72.1 del RGS debe 
contener la cuenta justificativa, se refiere al curso 2017/18, por lo que no abarca gran parte del 
período en el que se desarrolla la actividad subvencionada, que es el año 2018. 
Por último, en relación con la subvención a la Federación de Personas Sordas de Cantabria: 
  La resolución de concesión no contiene la obligación de aportar, ni el beneficiario aporta, 
declaración responsable en la que se indique la percepción de otros ingresos o ayudas para 
financiar la actividad subvencionada. 
  Los gastos indirectos imputados alcanzan el 6 % de los gastos justificados, dentro del límite  bo
del 10 % que prevé la resolución de concesión, habiendo establecido el propio beneficiario los  783ww
porcentajes de imputación sin explicitar los criterios utilizados.
 
D)  SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
En el ejercicio fiscalizado, la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social concedió subvenciones previstas nominativamente en la LP por 415 miles de euros, 
siendo sus procedimientos de concesión y justificación objeto de control financiero por la IGAC, al 
estar  incluidas  en  el  Plan  de  Control  Financiero  Permanente,  Auditoría  Pública  y  Otras 
Actuaciones de Control para el ejercicio 2019. 
Las principales incidencias detectadas, que afectan a la mayoría de las subvenciones, son las 
siguientes: 
  Pese a ser el convenio el instrumento habitual para canalizar las subvenciones nominativas 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.1 de la LSC, se optó por la resolución de concesión 
o, en su caso, el acuerdo del Consejo de Gobierno (importes superiores a 60 miles de euros, 
como dispone el artículo 9 de la LSC) para establecer las condiciones y compromisos aplicables. 
  Con carácter general, las resoluciones de concesión (o acuerdos del Consejo de Gobierno, 
en su caso) expresan de manera genérica las actuaciones a realizar, sin detallar presupuestos 
estimados ni delimitar de forma precisa los gastos subvencionables e informes de seguimiento a 
realizar. 
  La Consejería no disponía de manual de procedimiento, ni para la concesión, ni para la 
justificación y control de las subvenciones. 
  En los expedientes no se incluye el informe preceptivo de los servicios jurídicos al que se 
refiere el artículo 16.1 de la LSC, relativo a las bases reguladoras (o norma que haga sus veces) 
de la concesión de subvenciones59. 
  En  varios expedientes no  figura el documento obtenido de  la aplicación  MOURO que 
permite a la DG de Política Social certificar que los beneficiarios están al corriente en sus 
obligaciones tributarias y de subvenciones con el Gobierno de Cantabria. 
  Con carácter general, el acuerdo o la resolución de concesión no preveía los criterios de 
reparto de los gastos indirectos, pese a lo establecido en el artículo 31.7.b de la LSC. Varias de 
las cuentas justificativas presentadas incluían este tipo de gastos, sin especificar los criterios de 
reparto. 
  En dos expedientes60 se incluyen como gastos subvencionables los de kilometraje por un 
importe superior al establecido en el Decreto 36/2011, de 5 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio, sin que se hayan establecido previamente en las bases sus importes o la 
normativa a aplicar. 
  En cinco expedientes61 no se incluyen los documentos relativos a si se disponen o se han 
solicitado otras subvenciones para el mismo fin o si se cuenta con otros recursos. 
                                                 
59 En el expediente de la Fundación de la UC para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero consta únicamente  s
una nota informativa emitida por la Asesoría Jurídica de la Consejería en la que se limita a señalar que pueden  e.
concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos.  b
60 Koopera y Fundación Matia.  783ww
6C1E FOuEn-dCaEciPóYn MdEe ,l aC áUmCa praa rOa fiecli aEl sdteu dCioo my elarc iIon,v eInsdtiugsatcriiaó ny  dNeal vSeegcatcoiró nF idnea nCcaienrtoa,b Friuan, dCaocmióinsi odnee sse Orvbicreiorsa se dmep Creasnatraiablreias 
y Unión General de Trabajadores.
 
 
  En algunos casos, las resoluciones de concesión no determinan la forma de acreditar la 
publicidad de la subvención por parte del beneficiario. En los casos en los que sí se determina, la 
justificación presentada no se considera suficiente, al limitarse a la inclusión en el material 
utilizado de un logotipo de la Consejería. 
E)  SUBVENCIONES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL 
Según datos extraídos de la BDNS, el importe de las subvenciones concedidas de forma directa 
con arreglo al artículo 22.3.c de la LSC, es decir, aquellas con carácter excepcional en que se 
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas  que  dificulten  su  convocatoria  pública,  se  incrementó  un  23  %  en  el  período 
2016-2018. 
Todas las subvenciones otorgadas de acuerdo con el citado artículo 22.3.c de la LSC fueron 
reguladas mediante decretos del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la consejería 
competente, tal y como preceptúa el artículo 29.2 de la LSC. Además, recogen el contenido 
mínimo  exigido  en  el  artículo  29.3  de  esta  ley,  así  como  también  el  propio  de  las  bases 
reguladoras (artículos 8 y 16.3 LSC), al tener este carácter conforme el artículo 67.2 del RGS. 
Estos decretos se han publicado en el BOC y en la BDNS, conforme los artículos 8.3 y 17.1 de la 
LGS. 
Con carácter general, no se ha apreciado en la concesión de estas ayudas una acreditación 
suficiente  de  las  razones  del  interés  público,  social,  económico  o  humanitario,  u  otras 
debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública, siendo en todos los casos de 
carácter genérico62. 
En las siguientes ayudas no se aprecia ni el carácter de excepcionalidad ni la dificultad de su 
convocatoria ordinaria requeridos, puesto que el fin subvencionable que motiva su otorgamiento 
no es imprevisto, sino que se prolonga en el tiempo, encontrándose las convocatorias abiertas de 
forma permanente en la mayoría de los casos: 
  Decreto 1/2015, de 15 de enero, por el que se regula el procedimiento de concesión directa 
de  subvenciones  a  centros  especiales  de  empleo,  cofinanciadas  por  el  FSE,  destinadas  al 
mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad (2.263 miles de euros). 
  Decreto 27/2008, 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa 
de  subvenciones  destinadas  a  facilitar  la  integración  laboral  de  discapacitados  en  centros 
especiales de empleo (318 miles de euros). 
                                                 
62 Este análisis no es aplicable a las ayudas reguladas en los siguientes decretos: 
- Decreto  39/2018,  de  concesión  directa  de  subvención  a  la  Asociación  Frisona  de  Cantabria  gestión  Centro 
Autonómico de Control Lechero (699 miles de euros), puesto que su otorgamiento por el procedimiento de concesión 
directa obedece a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 22.3 LSC (cuando las características especiales de la 
persona beneficiaria o de la actividad subvencionada excluyan la posibilidad de acceso a cualquier otro interesado, 
haciendo inexistente la concurrencia competitiva). 
- Decreto 59/2018, de 5 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades locales de la CA  e.
de Cantabria para la ejecución de proyectos seleccionados en el marco de “pima residuos 2017” (124 miles de euros),  w.b
prrceeaoagsr luoiecl,as esdt amioerr neaedd nyoi a e anelt tlese cun lrpdaéui deseinotsodlta oop   crcaoeo mslnautp epprmuoreebplsaalatccadiiróóoionn   e dtaneem m elpalp l úioaclrtboaimlnle cdo uye rp  rnláeaorn r scasoifeaolia c e dintneue lde c2 leh 2ssa.oa2slr itcLiaoiS t eaeClnl   at(eesgs uodtabteabv mleloeniscec inmrioetoinqe eundsiteso ilct  ocudrsyeé a edu scinttoo an obpcrlrdeeeecssniiudó pondus ey e e psjunrtaes ltraliaifo icnc,i oaóercnnmi ó ncaniut  iusyvoena     2021-14783n https://ww
prorrateo entre los solicitantes, se podrán tramitar por el procedimiento de concesión directa).
 
  Decreto 33/2008, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento de concesión directa 
de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad (40 miles de 
euros). 
  Decreto 73/2008, de 24 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión directa 
de  subvenciones  destinadas  al  fomento  del  desarrollo  local  mediante  la  prórroga  de  la 
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (838 miles de euros). 
  Decreto 76/2017, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión 
directa de subvenciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo, cofinanciadas por el FSE (6 miles de euros). 
Tampoco se aprecia el carácter de excepcionalidad en las siguientes ayudas, al ser convocadas 
de  forma  recurrente  y  tramitarse  hasta  el  ejercicio  2014  mediante  el  procedimiento  de 
concurrencia competitiva: 
  Decreto 29/2015, de 7 de mayo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa 
de subvenciones destinadas a incentivar la estabilidad en el empleo y la contratación indefinida de 
personas en situación de desempleo en la CA de Cantabria, cofinanciadas por el FSE (10 miles de 
euros). 
  Decreto 31/2017, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa 
de  subvenciones  destinadas  a  fomentar  la  contratación  indefinida  en  la  CA  de  Cantabria, 
cofinanciadas por el FSE (746 miles de euros). 
II.8.4.  Endeudamiento y avales 
A)  OPERACIONES DE CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO 
Las  operaciones  de  crédito  (concertaciones  o  disposiciones)  efectuadas  por  la  CA  deben 
adecuarse al marco normativo de la LF y las correspondientes LP, así como a la LOFCA y a la 
legislación  vigente  en  materia  de  sostenibilidad  financiera.  Además,  hay  que  considerar  los 
Acuerdos del CPFF que, durante el periodo fiscalizado, pudieran afectar al endeudamiento de la 
Comunidad.  
La totalidad de las operaciones de endeudamiento a largo plazo concertadas por la AG de la CA 
en el ejercicio fiscalizado se derivan de su adhesión al Fondo de Financiación de las CCAA 
(compartimento FLA), según se describe a continuación. 
Mediante acuerdos de fechas 25 de enero y de 16 de marzo de 2018, la CDGAE estableció la 
distribución para los dos primeros trimestres de 2018 de la financiación de los compartimentos 
Facilidad Financiera y FLA del Fondo de Financiación a CCAA, determinando las condiciones para 
la concertación de las correspondientes operaciones de préstamo y otras condiciones. La CA, 
cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley, solicitó un préstamo acogido al compartimento 
FLA, por importe global de 252.130 miles de euros. El importe global se desglosa en tres tramos: 
215.350  miles  de  euros  para  vencimientos  de  deuda  en  2018;  9.560  miles  de  euros  para 
devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación; y 27.220 miles de euros 
para déficit. Esta operación se formalizó entre la CA y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el 11 de 
abril de 2018.  s
Posteriormente,  mediante  acuerdo  de  fecha  28  de  junio  de  2018,  la  CDGAE  estableció  la  w.b
distribución  para  el  tercer  trimestre  de  2018  de  la  financiación  de  dichos  compartimentos,  783ww
dperétestramminoa ny doot ralass c ocnodnidciiocinoense. sL ap aCrAa , clau mcopnliecnedrtoa ccióonn  lodse  relaqsu isciotorrse sepxoigniddoiesn pteosr  lao pLeerya,c sioonliecsit ód lea 
formalización de una primera adenda de modificación del préstamo principal citado en el párrafo
 
 
anterior, ampliando el importe global en 103.150 miles de euros, con el siguiente desglose por 
tramos: 84.700 miles de euros para vencimientos de deuda en 2018; 4.780 miles de euros para 
devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación; y 13.670 miles de euros 
para déficit. Esta operación se formalizó entre la CA y el ICO el 20 de julio de 2018. 
Por último, la CDGAE adoptó el acuerdo de 27 de septiembre de 2018 para distribuir los recursos 
del FLA del cuarto trimestre, solicitando la CA, de forma análoga a la anterior, la formalización de 
una segunda adenda de modificación del préstamo principal, resultando ampliado el importe 
global en 95.130 miles de euros, en tres tramos: 76.530 miles de euros para vencimientos de 
deuda en 2018; 4.780 miles de euros para devolución de las liquidaciones negativas del sistema 
de financiación y 13.820 miles de euros para déficit. Esta operación se formalizó entre la CA y el 
ICO el 19 de octubre de 2018. Con esta segunda ampliación el importe global del préstamo ICO 
con cargo al FLA de 2018 asciende a 450.410 miles de euros. 
En el ejercicio fiscalizado, la CA realizó disposiciones por importe de 525.023 miles de euros 
(450.167  miles  del  indicado  préstamo  correspondiente  al  FLA  de  2018  y  74.856  miles  del 
préstamo correspondiente al FLA de 2017), mientras las amortizaciones fueron de 366.898 miles, 
lo que determina un incremento de 158.125 miles de euros en el saldo vivo de la deuda.  
A diferencia de lo observado en ejercicios anteriores, el balance de situación del ejercicio 2018 
muestra en la cuenta correcta según el PGCP (526 “Intereses a corto plazo de deudas con 
entidades de crédito”) el importe de los intereses de la deuda devengados y no vencidos a 31 de 
diciembre de 2018, cuyo importe ascendía a 12.827 miles de euros. 
Por lo que respecta a las operaciones de endeudamiento a corto plazo, el apartado tres del 
artículo 14 de la LP para el año 2018 facultaba al titular de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo para autorizar estas operaciones, si bien el importe dispuesto a 31 de diciembre de 2018 
no podría superar los 100.000 miles de euros. Tanto en 2017 como en 2018 se concertaron 
pólizas de préstamo, con un plazo de un año. A 31 de diciembre de cada año, el saldo dispuesto 
era cero.  
El porcentaje que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, 
representa sobre los ingresos corrientes del ejercicio 2018 fue del 19 %, inferior al límite del 25 % 
establecido en los artículos 14.2.b) de la LOFCA y 93.1.c) de la LF. 
En relación al endeudamiento de las entidades de derecho público y de derecho privado que 
consolidan sus cuentas con las de la AG (a efectos del cálculo de la capacidad o necesidad de 
financiación), los artículos 17 y 18 de la LP, en aplicación de los artículos 108 y 109 de la LF, 
autorizan, previo informe preceptivo y vinculante de la DG de Finanzas, la formalización en 2018 
de nuevas operaciones a largo plazo, al ICAF, por 50.000 miles de euros, y a GESVICAN, por 
10.000  miles.  No  obstante,  estas  entidades  no  han  hecho  uso  de  dicha  autorización, 
disminuyendo su endeudamiento en el ejercicio. 
B)  AVALES 
La prestación de avales por parte de la CA se regula, con carácter general, en los artículos 102 a 
107 de la LF, donde se prevé que la AG de la CA puede afianzar las obligaciones derivadas de 
operaciones de crédito que no corresponda afianzar al ICAF, de acuerdo con su Ley de creación. 
El otorgamiento de avales por la AG de la CA debe autorizarse por el Consejo de Gobierno, previo  s
informe de la IGAC y de la dirección competente en materia de tesorería, sin que esta llevara a  e.
cabo operación alguna en el ejercicio fiscalizado.   w.
Pesotra slo  qnuoe  psuee rdeefnie rec oan claesd esro caievdaaledse ss malveorc aanuttiloersiz aauctióonn ómexicparess, as epgoúrn  dDiespcroentoe  edl ecli taCdoon saertjíoc udloe, 
 
Gobierno, dentro del límite fijado por la LP para cada ejercicio y sociedad, sin que la LP de 2018 
contuviera ninguna disposición en este sentido.  
En definitiva, es el ICAF el que desarrolla en la CA la actividad analizada.  
Como consecuencia del incumplimiento por la CA del objetivo de estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto (del ejercicio 2016) y en cumplimiento del artículo 20 de la LOEPSF, la CA solicitó 
autorización del Estado para que el ICAF pudiera conceder avales durante el ejercicio 2018 por 
importe de 37.000 miles de euros (22.000 miles al sector público empresarial y fundacional y 
15.000  miles  al  sector  privado),  destinados  a  garantizar  el  cumplimiento  de  obligaciones 
financieras de entes públicos y privados, que fue concedida por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 2018. 
Partiendo de la información recogida en la Cuenta General se elabora el anexo I.4, que recoge la 
evolución en el ejercicio 2018 de los avales otorgados por la CA.  
El riesgo vivo a fin del ejercicio 2018 de los avales otorgados por la CA ascendía a 38.395 miles 
de euros, según se refleja en el estado siguiente. 
CUADRO Nº 27. RIESGO VIVO EN ENTIDADES AVALADAS 
(miles de euros) 
Situación riesgo 
Avalados  Saldo final  Riesgo vivo  Plazos  Plazos no 
vencidos  vencidos 
Por SODERCAN  718  509  0  509 
Por el ICAF  50.702  37.886  0  37.886 
A entidades del sector público  30.813  24.665  0  24.665 
A entidades del sector privado  19.889  13.221  0  13.221 
Total  51.420  38.395  0  38.395 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Respecto a las actuaciones encaminadas a obtener el reintegro de las cantidades pagadas en 
ejercicios  anteriores  por  la  CA  como  consecuencia  de  la  declaración  de  fallido  de  avales 
prestados, no se ha recuperado mayor cantidad durante el ejercicio 2018 (con la excepción 
comentada más adelante por las operaciones del ICAF en relación con el Grupo ECOMASA). 
El ICAF, constituido como principal financiador y garante de operaciones de personas físicas y 
jurídicas tanto del sector público como del sector privado, presenta funciones concurrentes con 
SODERCAN, la cual puede realizar actividades de carácter financiero consistentes en concertar 
créditos de todo tipo.  
ICAF 
Casi la totalidad del riesgo asumido por la CA corresponde a los avales concedidos por el ICAF, 
principalmente al sector público autonómico. Así, el artículo 11 de la Ley 2/2008, que regula las  s
funciones de financiación, aseguramiento y garantía del ICAF, establece que este puede conceder  oe.
avales  u  otro  tipo  de  garantías  a  entidades  pertenecientes  al  sector  público  empresarial  y  w.
fundacional autonómico dentro de los límites que se determinen mediante acuerdo del Consejo de  783ww
 
 
Gobierno. Excepcionalmente63, previa autorización específica del Consejo de Gobierno para cada 
operación, el ICAF puede conceder avales u otro tipo de garantías a personas naturales o 
jurídicas  pertenecientes  al  sector  privado  siempre  que  su  domicilio  social,  establecimiento 
permanente o centro de dirección se sitúen, o vayan a situarse, en Cantabria, por lo que estas 
ayudas no se estarían otorgando mediante un régimen de convocatoria o promoción pública. 
En el ejercicio fiscalizado, el ICAF no contaba aún con un procedimiento debidamente aprobado 
sobre la política de riesgos de las operaciones de financiación, aseguramiento y garantía, donde 
se establecieran los criterios a analizar para la admisión o no de dichas operaciones. 
En  el  ejercicio  fiscalizado  el  ICAF  no  realizó  desembolso  alguno  por  ejecución  de  avales, 
ascendiendo el total de desembolsos en el periodo 2014-2018 a 8.192 miles de euros. Este 
importe deriva de las operaciones con E.W.I., S.L. (1.952 miles de euros), E.E, S.L. (5.000 miles) y 
N.C.E., S.L. (1.240 miles). 
Respecto de los avales fallidos de esta última sociedad, el ICAF ha presentado las respectivas 
demandas de ejecución dineraria de título no judicial, en reclamación de diversos conceptos. 
Mediante auto de fecha 5 de diciembre de 2018, el Juzgado Mercantil número 1 de Santander ha 
declarado  en  concurso  necesario  al  deudor  N.C.E.,  S.L.,  y  en  paradero  ignorado  a  su 
administrador. 
SODERCAN  
Por su parte, SODERCAN, según se desprende de sus cuentas anuales, mantenía a 31 de 
diciembre de 2018 un riesgo por avales de 509 miles de euros, otorgados a empresas participadas 
por la sociedad. 
Operaciones del ICAF y SODERCAN en relación con ECOMASA 
Con fecha 10 de mayo de 2012, se firmó un convenio de colaboración entre el ICAF y E.I.H., S.L., 
empresa integrante del Grupo ECOMASA, el cual pretendía llevar a cabo un proyecto en torno a la 
implantación de una planta de transformación destinada a la producción de estufas e insertables 
de leña, gas y biomasa. La sociedad E.W.I., S.L., perteneciente al Grupo anterior, desarrollaría la 
planta de producción. 
Esta sociedad entró en situación pre-concursal al comienzo de 2015, por lo que tanto el ICAF 
como SODERCAN procedieron a registrar el deterioro de los créditos concedidos e inversiones 
realizadas en ella, ya desde el ejercicio 2014. Pese a ello, con fecha 7 de mayo de 2015, E.W.I. y 
SODERCAN formalizaron un nuevo contrato de préstamo para cubrir las necesidades de tesorería 
a corto plazo de la primera por un importe de 3.000 miles de euros, a devolver en un plazo de 
ocho años, sin incluir garantía alguna por parte de la prestataria, como se ha señalado en 
informes de fiscalización precedentes.  
Por auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander, de 4 de septiembre de 2015, se 
declaró en concurso a E.W.I. e, igualmente, por auto de este Juzgado, de 5 de octubre, se acordó 
la apertura de la fase de liquidación. En Sentencia de 9 de abril de 2019, el Juzgado declara 
culpable el concurso de E.W.I. por retraso en la solicitud del mismo y afectados con penas de 
inhabilitación tres administradores de la compañía, siendo condenado uno de ellos a indemnizar a 
la masa en 40 miles de euros y dos a la cobertura, solidariamente, del déficit concursal en aquella 
parte que no se ha satisfecho en la liquidación de la concursada hasta un máximo de 396 miles de  s
euros.   e.
 6e 3l  iLm  a i n  Ló e   ye   s5 t e/ 2   0c 1a  9r á,   cd t ee r   2  e3 x   dc ee  p  d c iic o ine  am  l  bd r  ee , ldaes  Mopeedriadcaiso nFeissc caolens  eyl  Asdemctoinri sptrraivtaivdaos,,  peenr ov igsoer  ma apnatrietirn ed elal  1l imdeit aecnieórno  cditea d2a0 2e0n,   2021-14783n https://ww
relación con el domicilio social, establecimiento permanente o centro de dirección de los avalados.
 
Como ya se indicó en el Informe de fiscalización del ejercicio 2015, de los datos expuestos se 
desprende que los diferentes compromisos y aportaciones del ICAF y de SODERCAN al proyecto 
analizado, en forma de avales, préstamos y participación en capital, pueden desembocar en unas 
pérdidas para la CA que, con la información disponible, en especial de los informes derivados del 
concurso, se aproximarían a los 18.000 miles de euros. Las cantidades recuperadas o cuya 
recuperación está prevista, tienen un valor residual al lado de dicha cifra, pues, en 2016, tras la 
enajenación de unas participaciones tomadas en prenda por el ICAF, se recuperaron 10 miles de 
euros en efectivo, contándose asimismo con pagarés bancarios a favor de esta Entidad, con 
vencimiento entre 2017 y 2021, por importe de 210 miles. 
En octubre de 2015, el Gobierno de Cantabria acordó la presentación de una denuncia ante la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, considerando la existencia del desvío de 
fondos previstos para la actividad de ECOMASA hacia un entramado de empresas creado por los 
promotores del proyecto, lo que dio lugar a las diligencias de investigación penal 193/2015 de 
dicha Fiscalía.  
El 2 de diciembre de 2019 el Ministerio Fiscal presentó escrito interesando la apertura de juicio 
oral ante el Juzgado de lo Penal respecto de dos administradores, al apreciar posible delito de 
administración desleal y un delito de falsedad contable. Además, en concepto de responsabilidad 
civil, los acusados, conjunta y solidariamente, deberían indemnizar a EWI por el perjuicio causado 
con las operaciones descritas, por un importe de 3.199 miles de euros que se integraría en la 
masa  del  concurso,  sin  que,  al  cierre  del  ejercicio  2019  y  como  consecuencia  de  estas 
actuaciones,  las  entidades  públicas  mencionadas  hayan  acreditado  la  recuperación  de  más 
fondos. 
II.8.5.  Gasto sanitario 
A)  ASPECTOS GENERALES 
El  EA  para  Cantabria  establece  dentro  de  sus  competencias,  según  su  artículo  25,  que 
corresponde a la CA, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la 
misma  establezca,  el desarrollo  legislativo  y  la  ejecución  en  materia  de  sanidad  e  higiene, 
promoción, prevención  y restauración  de  la salud,  así  como  la coordinación  hospitalaria en 
general, incluida la de la Seguridad Social, y la ordenación farmacéutica.  
En el ámbito estatal se promulgó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, norma de 
carácter básico, que define el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de los Servicios de 
Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las CCAA. Según el artículo 
50 de la Ley General de Sanidad, en cada CA se constituirá un Servicio de Salud integrado por 
todos  los  centros,  servicios  y  establecimientos  de  la  propia  Comunidad,  Diputaciones  y 
Ayuntamientos que estará gestionado bajo la responsabilidad de la respectiva CA. 
La Ley General de Sanidad incorporó al ámbito del Sistema Nacional de Salud un modelo de 
organización de los centros y servicios caracterizado, fundamentalmente, por la gestión directa. 
Dicha norma reguló, asimismo, la vinculación de los hospitales generales de carácter privado 
mediante convenios singulares y los conciertos para la prestación del servicio sanitario con 
medios ajenos, dando prioridad a los establecimientos, centros y servicios sin carácter lucrativo. 
Posteriormente, la Ley 15/1997, de 25 de abril, de habilitación de nuevas formas de gestión en el 
Sistema Nacional de Salud, estableció que en este ámbito, garantizando y preservando en todo 
caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y  e.e
establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o socio-sanitaria  b
podrían llevarse a cabo a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o  783ww
tsaitacunulaietraridrdioaosds,   cypo únsbovleiccinaoi -osasa donm itcaiotirdnioatrssa  tpoeosnd  crDoán el rlpeeevcrahsroos.ne a Asas  oimc aeisbnmoti,do a,a ddleaes m ppárúesb sldticaeac sicó oonn  p yrm ivgeaeddsiaotissó. n p rdoep ioloss,  mseerdviiacniotes   OE-A-2021-14able en https://
 
 
Por su parte, la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, establece la ordenación sanitaria de Cantabria. 
Finalmente, cabe señalar que, según datos ofrecidos por los indicadores clave del Sistema 
Nacional de Salud, para 2017 (último disponible), el porcentaje de hombres en la CA que valoran 
positivamente su estado de salud supera en casi cinco puntos al de mujeres, si bien, para este 
primer colectivo, los resultados son peores que los de la media nacional. 
CUADRO Nº 28. VALORACIÓN ESTADO SALUD 
(en porcentaje) 
España  Cantabria 
Año 2017 
Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres 
Población  con  valoración  positiva  de  su  77,7  70,4  76,6  71,8 
estado de salud 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 
B)  EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE CANTABRIA 
La Ley 10/2001, de 28 de diciembre, creó el SCS, OA con personalidad jurídica y plena capacidad 
de obrar, dotado de tesorería y patrimonio propios, así como de autonomía de gestión, cuya 
función es ejercer las competencias de la CA en materia de gestión de la asistencia sanitaria. Sus 
fines generales se fijan en la provisión de servicios de asistencia sanitaria y la gestión de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de la CA.  
Como se señala en el epígrafe II.2.2 de este Informe, el SCS, amparándose en la DT segunda de 
la Ley autonómica 10/2001, integra sus cuentas en las de la AG, constituyendo una sección 
presupuestaria de la misma, pese a la necesidad de elaborar cuentas propias señalada por este 
Tribunal en los informes de ejercicios precedentes y por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en sus Resoluciones de 24 de septiembre de 2013 y de 27 de mayo 
de 2014. 
Según se desprende del artículo 8 de la Ley 7/2002, el Sistema Sanitario Público de Cantabria 
está compuesto, fundamentalmente, por los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la 
AG de la CA, a través de la consejería competente en materia de sanidad, y los del SCS. La red 
sanitaria de titularidad privada está formada por las entidades privadas que, sujetas a lo dispuesto 
en la Ley 14/1986 y mediante la formalización de conciertos u otras fórmulas colaboren en la 
prestación de servicios sanitarios con el sistema autonómico de salud.  
Las competencias de la consejería competente en materia de sanidad se establecen en el artículo 
59 de esta Ley. En relación con ellas, cabe destacar la ausencia de un informe de control de 
eficacia del SCS, conforme lo exige el artículo 85 de la LRJGAC, según se ha señalado en el 
subepígrafe II.4.5.B) del presente Informe. 
Al cierre de 2019, el SCS no había elaborado la memoria anual sobre los principales aspectos de 
su estructura organizativa y actividad durante el ejercicio fiscalizado.   s
Por su parte, la Orden SAN/38/2015, de 7 de agosto, regulaba la inclusión en el Sistema Sanitario  w.
Público de Cantabria de las personas residentes en la CA que no tengan acceso a un sistema de  783ww
pSreontetecnccióian  2s3a4n/2ita0r1ia6 , pdúebl lTicraib. uTnraal sS ulap edrieocrl adrea cJiuósnt icdiea  dneu lCidaandt arbardiaic, acl odne c odnicdhean ad eisnp ocsoisctióans  ap olar 
Administración regional, esta procedió a la impugnación de la sentencia ante el Tribunal Supremo. 
 
Pese a la declaración de nulidad de la Orden, tanto en 2016 como en 2017 el SCS siguió 
tramitando solicitudes con base en esta disposición. Así, a 31 de diciembre de 2016, la memoria 
del Organismo indica que se habían tramitado 820 solicitudes, ascendiendo a 1.104 al cierre de 
2017,  de  las  cuales  se  habían  aceptado  748,  quedando  pendientes  de  resolver  158,  se 
desestimaron 156 y se declaró la caducidad del procedimiento en 200 casos.  
No obstante, la entrada en vigor en el ejercicio fiscalizado del RD-L 7/2018, de 27 de julio, sobre 
acceso universal al Sistema Nacional de Salud, convalidado por el Congreso de los Diputados el 6 
de  septiembre  posterior,  habilita  desde  ese  momento,  al  reconocimiento  del  derecho  a  la 
protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con 
nacionalidad española. Hasta el 31 de julio de 2018 se aceptaron otras 167 solicitudes. 
Por Sentencia del Tribunal Supremo 245/2019, 26 de febrero, se desestima el recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal del Gobierno de Cantabria, de nuevo con imposición de 
costas.  
Con fecha 15 de abril de 2016 se emite la Instrucción 1/2016, de la DG de Ordenación y 
Asistencia Sanitaria, que tiene por objeto desarrollar el procedimiento de tramitación de la Tarjeta 
Sanitaria “AA”, que facilita la accesibilidad a determinados servicios sanitarios de los pacientes 
diagnosticados de ciertas patologías. Esta tarjeta AA no otorga ningún derecho sanitario adicional 
a los pacientes que la posean, siendo su fin lograr una atención más accesible y adaptada a las 
necesidades de ciertos colectivos. Desde la implantación de tarjetas AA hasta el 31 de diciembre 
de 2018, se han resuelto 296 solicitudes.  
En 2018, para el desarrollo de sus competencias, la Consejería de Sanidad se estructuraba en la 
Secretaría General de Sanidad, la DG de Ordenación y Atención Sanitaria y la DG de Salud 
Pública, con la adscripción del OA SCS. Asimismo, la Consejería ejerce el control y la tutela sobre 
la FMV, dedicada a la docencia e investigación en el campo de las ciencias de la salud y la 
promoción de la salud individual y colectiva de la CA en cualquiera de sus vertientes. 
Esta Fundación se rige por lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, y en sus estatutos. 
No obstante, según los artículos 8 y siguientes de la Ley 50/2002, de Fundaciones, la constitución 
de una fundación exige otorgamiento de escritura pública e inscripción en el correspondiente 
Registro de Fundaciones. Durante el ejercicio fiscalizado, esta fundación seguía sin inscribirse en 
el mencionado registro, habiéndose incumplido el artículo 13.2 de la Ley anterior, donde se señala 
que "transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin que 
los patronos hubiesen instado la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones, el 
Protectorado  procederá  a  cesar  a  los  patronos,  quienes  responderán  solidariamente  de  las 
obligaciones contraídas en nombre de la fundación y por los perjuicios que ocasione la falta de 
inscripción". Por tanto, según el artículo 4 de la citada Ley, la Fundación carecía de personalidad 
jurídica, encontrándose en situación irregular64. En este sentido, la DA segunda de la Ley de 
Cantabria 1/2015, de 18 de marzo, autorizó al Gobierno de Cantabria a constituir, conforme a la 
Ley 50/2002, una fundación del sector público autonómico para la promoción y prestación de 
servicios sanitarios y sociosanitarios y la docencia e investigación en el ámbito de la salud que 
integre los medios personales y materiales y los servicios y funciones ejercidas por la actual FMV, 
fundación que debía adoptar idéntica denominación y subrogarse en las relaciones jurídicas de la 
fundación extinguida, no siendo hasta el 17 de abril de 2019 cuando se produjo su inscripción en 
el Registro de Fundaciones de la CA y  hasta el 30 de dicho mes cuando el Boletín Oficial de la 
CA extraordinario número 23 publicó sus nuevos estatutos. 
 6p1 4u7   Se  ds ee t  o s a  eqb ñ ur iae l  l da l ae  e l  e n2 s  0cl a1 r si9t  u. a  rS ale i  ngd   aee c  mc io ob n na es rs gti  to qu , uc  liea  ó, n se itenus a ladc ieóc no1 n0irs rdteietgu udcliiacórine d mdeebs rclear i tdaFe Me 2nV0 ,e1 nl8 Io ny f solaer  miinnesc cusremip prceliiófóien er eel n aa re tlíal cR ufuelong di1sa3tcr.o2ió  dnde ee  Fxlaius ntLedenaytce 5i oa0nl/ 2ein0si 0cd2ieo,    2021-14783n https://ww
del ejercicio 2018, no a la nueva constituida, como se puede deducir del texto.
 
 
Por  otro  lado,  durante  el  ejercicio  2013  se  constituyó  la  Fundación  IDIVAL,  en  virtud  de 
autorización otorgada al Gobierno de Cantabria por la DA tercera de la Ley de Cantabria 5/2011, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, iniciando su actividad el 1 de febrero 
de 2014. Esta fundación integró los medios personales y materiales y los servicios y funciones 
ejercidas hasta entonces por el Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla, 
adscrito a la FMV, subrogándose en los convenios y contratos celebrados por esta última en 
relación con el Instituto. 
C)  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN EL ÁREA DE SALUD  
El artículo 61 de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, 
establece que el Plan de Salud es el instrumento de previsión, dirección, planificación estratégica 
y ordenación de las actividades, programas y recursos necesarios para alcanzar los fines de la 
presente Ley, constituyendo el marco básico de referencia del Sistema Autonómico de Salud, en 
los términos de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. En lo que se refiere al 
ejercicio fiscalizado, la CA contaba con el Plan de Salud 2014-2019, elaborado por la entonces 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado por el Consejo de Gobierno, tal como 
prevé el artículo 58 de la Ley 7/2002, el 3 de julio de 2014.  
En el Plan se indicaba que, tras valorar la situación de cada uno de los datos correspondientes a 
sus objetivos a enero de 2014, que pudiera usarse como documento de partida para la evaluación 
periódica, la DG de la Consejería de Sanidad y Servicio Sociales responsable de la planificación 
sanitaria debía emitir un informe sobre el cumplimiento de los objetivos en él previstos, sin que se 
hayan realizado ni el estudio inicial ni los posteriores informes de cumplimiento. 
La CA contaba también con el Plan de Atención a la Cronicidad de Cantabria 2015-2019, donde 
se indicaba que el cumplimiento de los objetivos y actuaciones propuestas sería evaluado de 
forma periódica durante el tiempo de vigencia de dicho plan, mediante un informe anual de la 
situación de cada uno de los datos correspondientes a los objetivos del Plan. En el relativo a 2018 
solo se indica que la información sobre evaluación se encuentra en otros informes, de carácter 
específico para una serie ámbitos, sin que se anexen al mismo. 
D)  EL GASTO SANITARIO EN LA CA 
De la Estadística del Gasto Sanitario Público de 2018 del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, respecto del análisis de dicho gasto del sector CCAA, destacan los siguientes 
resultados: 
  Las CCAA incurrieron en un gasto sanitario público consolidado de 65.911 millones de 
euros, lo que supone el 5,5 % de su PIB y 1.416 euros de media por habitante. En Cantabria, el 
citado gasto asciende a 896 millones, lo que representa el 6,5 % del PIB regional y 1.543 euros 
por habitante, lo que la sitúa en el octavo puesto entre las CCAA por mayor gasto por habitante.  
  En el conjunto de las CCAA, la tasa de variación del gasto sanitario público respecto del 
ejercicio anterior fue del 3,7 %, mientras en Cantabria este porcentaje ascendió al 5,5.  
  Cantabria  destinó  el  48,1 %  del  total  del  gasto  sanitario  público  consolidado  de  la 
Comunidad a remuneración de su personal, mientras que la media del total de las CCAA fue del 
45,1 %.  
El crédito aprobado en los presupuestos de 2018 para la Consejería de Sanidad fue de 19.986  oe.
miles de euros (19.291 miles en 2017 y 18.599 miles en 2016), sufriendo unas modificaciones  w.
negativas por 4.791 miles de euros (3.414 miles en 2017 y 2.625 miles en 2016). Se han  783ww
r1e4c.o4n9o2c midiole so belnig 2a0ci1o6n)e. s en el ejercicio por importe de 14.161 miles de euros (14.360 en 2017 y
 
El crédito dotado inicialmente en el mismo ejercicio para el SCS, como sección presupuestaria 
independiente, ascendió a 834.617 miles de euros (805.615 miles en 2017 y 787.158 miles en 
2016), viéndose incrementado, a través de modificaciones presupuestarias, en 41.304 miles de 
euros (25.517 miles en 2017 y 11.476 miles en 2016). Se han reconocido obligaciones por importe 
de 872.423 miles de euros, lo que supone un 5,4 % más que en el ejercicio precedente (827.390 
miles  de  euros),  si  bien,  han  de  considerarse  también  los  gastos  pendientes  de  aplicar  al 
presupuesto, cuya adición supone que los márgenes entre las cifras de gasto queden reducidos. 
En consecuencia, dado el peso relativo que tienen en el presupuesto de la CA ambas secciones, 
el análisis del gasto sanitario se centra en el SCS. 
1.  Estructura del SCS 
Junto a sus órganos directivos (Director Gerente y Subdirecciones de Asistencia Sanitaria, de 
Recursos Humanos y Coordinación Administrativa, de Gestión Económica e Infraestructuras y de 
Desarrollo  y  Calidad  Asistencial65),  los  órganos  de  gestión  del  SCS  (dependientes  de  los 
anteriores) son las Gerencias de Atención Primaria, de Atención Especializada Área I Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, de Atención Especializada Área II Hospital Laredo y de 
Atención Especializada Áreas III-IV Hospital Sierrallana. 
 6óla 5r   g eE as ln  t Dro u sec  c tc ure er nat o t r  ba 2 ál 1es 5s ic  / da2 e 0  d 1 de 9i  r, le o d cs ec    ióó 1r ng4  ,a   cd n oeo n  s nt   eopnveiirdeifamé rhbicareos,st a,d  heean Estotsant rceuencstt uoernnac  eeBls áD seeincc arDe detoec rl1 eS3to2C /S230/ 2u10n11i,f 2idc,e ad ,2 ep1 o1 dr9 e ud jnue l lieaond, eoy,r,  opl.ao  Arr deoegtrmuol,aá lcsai, ó renel l adnteuiv ealov oas    2021-14783n https://ww
Decreto crea la nueva Subdirección de Cuidados, suprimiendo la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial.
 
 
2.  Evolución del gasto 
La evolución de las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto del SCS por capítulos es 
la que se muestra en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 29. EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS SCS  
(miles de euros) 
Obligaciones Reconocidas 
Capítulos 
2016  2017  2018 
C.1. Gastos de personal  397.382  399.094  415.937 
C.2. Gastos corrientes en bienes y servicios  244.975  261.718  279.491 
C.3. Gastos financieros  138  231  2.429 
C.4. Transferencias corrientes  130.951  146.751  152.055 
C.6. Inversiones reales  13.278  19.595  22.511 
Totales  786.724  827.389  872.423 
Variación de los gastos pendientes de 
53.479  24.885  30.430 
imputar a presupuesto 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
El importe de la variación de los gastos pendientes de imputar a presupuesto, en el caso concreto 
de  2018,  corresponde  a  la  diferencia  entre  los  gastos  efectuados  en  dicho  ejercicio  cuyo 
reconocimiento de la obligación quedó pendiente (180.912 miles de euros) y las obligaciones 
reconocidas en 2018 que correspondían a gastos realizados en ejercicios anteriores (150.482 
miles). De los mencionados 180.912 miles de euros, el 4 % corresponden al capítulo 1, el 68 % 
correspondía al capítulo 2 y el 28 % al capítulo 4. 
En  todos  los  ejercicios,  el  capítulo  con  más  peso  relativo  sobre  el  total  de  obligaciones 
reconocidas es el de gastos de personal (48 % en 2018), que se mantiene en porcentaje similar 
en relación con 2017. A continuación, se encuentra el capítulo de gastos corrientes en bienes y 
servicios, con un peso del 32 %, que se incrementa ligeramente respecto de 2017 (31 %). El 
capítulo 4 sufre un decremento del 1 % respecto al 2017, pasando del 18 % al 17 % del 2018, 
rompiendo con la tendencia alcista de los tres últimos ejercicios.  
Las obligaciones reconocidas en el capítulo 3 (231 miles de euros) se incrementan de manera 
muy significativa hasta los 2.429 miles de euros frente a los 231 de 2017. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la distribución por Centro de Gasto (por Servicio de la Sección 
11 del presupuesto). 
CUADRO Nº 30. CENTROS DE GASTO DEL SCS 
(miles de euros) 
Obligaciones Reconocidas 
Centro de Gasto (Servicio) 
2016  2017  2018 
Dirección y SSGG   161.723  187.339  189.961 
G.A. Primaria   130.111  131.156  141.521 
G.A.Especializada.  Área  1:  Hospital  Marqués  de  368.607  379.931  399.727 
Valdecilla  
G.A.Especializada. Área 3 y 4: Hospital Sierrallana   80.056  81.274  92.943 
G.A.Especializada. Área 2: Hospital Laredo   46.227  47.689  48.271 
Totales  786.724  827.389  872.423 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Como puede observarse, es el Hospital Marqués de Valdecilla, el servicio que concentra la mayor 
parte  del  gasto  presupuestario  del  SCS,  representando  en  torno  al  46 %  del  total  de  las 
obligaciones reconocidas en el periodo. 
E)  GESTIÓN DE PERSONAL DEL SCS 
Se entiende por personal del Sistema Sanitario Público de Cantabria el personal de los centros e 
instituciones sanitarias integrados en la Administración de la CA o en los organismos públicos o 
entidades de naturaleza pública vinculadas o dependientes de la misma.  
La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, dispone que la planificación de los recursos humanos en los servicios de salud se 
instrumenta, principalmente, a través de los Planes de Ordenación de los Recursos Humanos, 
regulados en su artículo 13. El vigente Plan de Ordenación se incorporó como anexo al Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de enero de 2007, por el que se aprobó el “Acuerdo integral 
para la mejora de la calidad en el empleo del personal de Instituciones Sanitarias del SCS”, siendo 
modificado el 15 de diciembre de 2011 en materia de prolongación en el servicio activo. La 
actualización del estudio de edades del personal facultativo a medio plazo, integrante del citado 
plan y correspondiente a 2017, no se había ultimado al cierre de 201866. 
Durante el periodo 2015-2018 no hubo ninguna reunión de la comisión de seguimiento del citado 
Acuerdo integral para la mejora de la calidad. 
Al cierre del ejercicio fiscalizado, la consejería de la CA competente en materia de sanidad no 
había creado aún el Registro de Personal de Instituciones Sanitarias previsto en el artículo 11 de 
la Ley 9/2010, donde debe inscribirse al personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley.  s
                                                  o
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Además, su artículo 15 mandataba al referido órgano a crear un Observatorio de Recursos 
Humanos, lo que tampoco se había llevado a la práctica. 
Por su parte, según el artículo 12 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de 
instituciones sanitarias de Cantabria, la plantilla orgánica es el instrumento técnico de ordenación 
del personal estatutario. El número de efectivos teóricos de la plantilla, incluyendo todo tipo de 
puestos a 31 de diciembre de 2018 es de 8.768, estando ocupados 8.152 puestos. De esta última 
cifra, los puestos cubiertos por personal interino ascienden a 2.994, lo que representa el 37 % de 
los efectivos de plantilla (34 % el año anterior). La CA ha iniciado procesos para la estabilización 
del empleo temporal que, como se ve, afecta de forma relevante al SCS tanto en el ejercicio 
fiscalizado como en los anteriores y que ha crecido tanto en 2017 como en 2018.  
Junto a los citados interinos, el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece otras dos clases de personal 
estatutario temporal: eventual y de sustitución. El SCS disponía, a 31 de diciembre de 2018, de 
934 eventuales y de 1.266 sustitutos. En 2017, se había producido un incremento en el personal 
eventual  de  746  efectivos  respecto  de  2016,  observándose  en  el  ejercicio  fiscalizado  una 
disminución de 491 respecto del año anterior.    
El número de nombramientos eventuales en los que, a 31 de diciembre de 2018, se produce la 
situación descrita en el artículo 9.3 de la Ley 55/2003 y que hace necesario el estudio de la 
creación de una plaza estructural en la plantilla (más de dos nombramientos para la prestación de 
los mismos servicios por un período acumulado de 12 o más meses en un período de dos años), 
asciende al menos a 103 (frente a los 75 del año anterior).  
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-16/15, de 14 de 
septiembre de 2016, resuelve que la utilización de nombramientos de duración determinada 
sucesivos para atender necesidades permanentes en el sector de los servicios de salud es 
contraria al derecho de la Unión. En este sentido el SCS procedió, durante 2018 a la creación de 
27 plazas en la plantilla para recoger tareas que se veían prestando con continuidad mediante 
trabajadores eventuales y así consolidar dichas situaciones. 
En relación con los citados nombramientos temporales, el artículo 37.4 de la LP para 2018 
establecía que durante dicho año no se procedería a la contratación de personal temporal, así 
como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Pese a ello, no existe un 
procedimiento al efecto, donde la consejería de adscripción del OA o la de hacienda y función 
pública valide la concurrencia de estas circunstancias, pues el SCS considera, con carácter 
general, que todos los nombramientos estatutarios temporales reúnen estas características, sin 
que ni en la LP ni en otra norma autonómica se haya determinado el órgano competente para 
llevar a cabo tales verificaciones. 
Por otra parte, a 31 de diciembre de 2018 un total de 183 efectivos (número similar al del ejercicio 
inmediato anterior) se encontraba ocupando plaza en virtud de nombramiento bajo la modalidad 
de “promoción interna temporal”. Del personal en esta situación, el 19 % corresponde al grupo 
auxiliar de la función administrativa. 
Durante el tiempo en que se realicen las funciones en promoción interna temporal, el personal 
percibe  las  retribuciones  correspondientes  a  las  funciones  efectivamente  desempeñadas, 
manteniéndose en servicio activo en su categoría de origen. Se aprecia el riesgo de que los  s
nombramientos  amparados  en  dicha  figura  supongan  una  consolidación  de  hecho  de  estas  oe.
situaciones temporales del personal67.   w.
 6d 7i  c Eh  na   sl a  ss i  t au la e c g ioa  nc ie o s n ,e  a s d  s v ee   ri tni d d oi c  ea  n  q  e u le   I,n   efonr m20e1 7d,e l“ cTornib ulan fainl adleid Cadu ednet atrsa [t…ar ]d see  eavñitaadr ióe l erli eascgtou adl ep ucnotnos o8l iddealc aiórntí cduelo h 5e4c hdoe  dlae 
Llae py r9e/s2e0n1te0 ,L qeuye p daircae :la R ceosmulitsaiórán  ddee  aspelrivciaccioiósn”.  a la promoción interna temporal el régimen previsto en el artículo 43.5 de
 
El artículo 43 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones 
sanitarias de la CA, señala que, por necesidades del servicio, en los supuestos en que un puesto 
de trabajo o plaza se encuentre vacante o temporalmente desatendido, puede ser cubierto en 
comisión  de  servicios,  teniendo,  con  carácter  general,  un  plazo  de  un  año  prorrogable  por 
periodos de igual duración de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo o de persistir la 
necesidad. Al menos 164 trabajadores del SCS se encontraban en comisiones de servicio con 
duración superior a dos años al cierre del ejercicio fiscalizado (83 de ellas con duración superior a 
cinco años), lo que cuestiona el uso de esta figura con el carácter temporal anteriormente referido, 
si bien se ha producido una mejora respecto del ejercicio precedente, al reducir estas cifras. 
El artículo 51 de la misma Ley señala que determinados puestos de trabajo (no plazas básicas), 
serán  provistos  mediante  concurso  específico  de  méritos.  Los  adjudicatarios  obtendrían  un 
nombramiento temporal para el puesto de cuatro años de duración, al término de los cuales deben 
ser evaluados a efectos de su continuidad en el mismo. Dado que sigue sin dictarse la norma 
reguladora que establezca las bases que han de regir el anterior concurso de méritos, no se ha 
efectuado  ningún  concurso  (ni  realizado  la  valoración  anterior),  cubriéndose  estos  puestos 
singularizados mediante comisión de servicios.  
                                                                                                                                                              
 
 
Finalmente, en el siguiente cuadro muestra la situación en que se encuentran las ofertas de 
empleo no concluidas al cierre de 2018.  
CUADRO Nº 31. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO SCS. AÑO 2018 
Nº plazas  Nº plazas 
Ofertas  pendientes  Fecha de  convocadas  Nº plazas 
públicas  Fecha de  Nº de  de  publicación  pendientes  adjudicadas  Situación del proceso 
de empleo  Norma  publicación  plazas  Subgrupo  convocar  de  resolución  a 31 de  a 31 de diciembre de 
en vigor  en BOC  ofertadas  a 31  convocatorias  a 31  diciembre  2018  
en 2018  diciembre  en BOC  diciembre  de 2018 
de 2018  2018 
Decreto 
Personal 
70/2012, de  Finalizados los procesos 
OPE 2012  10/12/2012  17  Estatutario  0  04/08/2014  0  17 
29 de  selectivos 
Sanitario: A1. 17 
noviembre 
Personal 
Estatutario 
Decreto  Sanitario: A1:2, y, 
85/2013, de  C1:6 Personal  Finalizados los procesos 
OPE 2013  31/12/2013  13  0  27/03/2015  0  13 
26 de  Estatutario de  selectivos 
diciembre  Gestión y 
Servicios: A2:3, y, 
C1 :2 
Decreto  Personal 
82/2014, de  Estatutario  Finalizados los procesos 
OPE 2014  31/12/2014  30  0  24/05/2016  0  30 
26 de  Sanitario: A1:18,  selectivos 
diciembre  y A2:12 
Finalizado el proceso 
selectivo del Subgrupo 
Personal  A1. Resultados 
Decreto 
Estatutario  44 (1 plaza  definitivos de la fase de 
OPE 2015  39/2015, de  04/06/2015  85  0  04/07/2016  40 
Sanitario: A1:45,  desierta)  concurso y relación 
22 de mayo 
y A2:40  definitiva de aprobados 
del proceso selectivo del 
Subgrupo A2 
Anuncio de la 
Personal 
celebración del único 
Estatutario 
ejercicio eliminatorio de 
Decreto  Sanitario: A1:176, 
la fase de oposición en 
81/2016, de  A2: 80 Personal 
OPE 2016  30/12/2016  280  0  10/01/2018  280  0  11 procesos selectivos. 
22 de  Estatutario de 
Relación definitiva de 
diciembre  Gestión y 
aspirantes admitidos y 
Servicios: AA PP: 
excluidos en 12 
24 
procesos selectivos. 
Publicación de las 
Órdenes de 
convocatoria de 21 
Personal 
procesos selectivos. 
Estatutario 
Anuncio de la 
Decreto  Sanitario: 1097 
04/06/2018;  celebración del único 
91/2017, de  plazas; Personal 
OPE 2017  29/12/2016  1339  0  05/06/2018;  1339  0  ejercicio eliminatorio de 
21 de  Estatutario de 
03/08/2018  la fase de oposición en 
diciembre  Gestión y 
2 procesos selectivos. 
Servicios: 242 
Relación provisional de 
plazas 
aspirantes admitidos y 
excluidos en 2 procesos 
selectivos 
Personal 
Estatutario 
Decreto  Sanitario: A2: 
103/2018,  143; Personal  No hay  3 categorías no 
OPE 2018  31/12/2018  243  243  0  0 
de 27 de  Estatutario de  convocatorias  convocadas 
diciembre  Gestión y 
Servicios: C2: 52, 
AA PP: 48 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas.  e.
Desde un punto de vista de una gestión eficaz de los recursos humanos, cabe cuestionar el hecho  783ww
dnee cteesniedra daeúsn  dpee nedsiteonst ere cduer sreosso dluecteiócnta, daa 3s1 e nd elo dsi ceijeemrcbicrieo sd e2 021051 y8 ,s piglauzieanst ecso ryr eqsupeo cnudlimeninteasro an  leans 
 
las respectivas Ofertas de Empleo Público, si bien se ha mejorado respecto a la situación al cierre 
de 2017, en la que permanecían abiertos procesos de 2012 y 2013. 
Los retrasos observados derivan en parte del tiempo empleado en la valoración de los méritos en 
la fase de concurso de los procesos, tarea que no se desarrolla de manera informatizada y que 
tampoco cuenta con el soporte de aplicaciones curriculares que permitan la validación previa de 
los méritos. La CA inició, con posterioridad al ejercicio fiscalizado, los trámites para la puesta en 
funcionamiento de una aplicación curricular vía web, la cual facilitaría la presentación de méritos y 
su posterior valoración en la fase de concurso, sin que se acreditara su funcionamiento efectivo 
antes del 1 de septiembre de 2019.   
En dicha fecha, los procesos abiertos en los últimos ejercicios y su situación se muestran en el 
cuadro siguiente. 
CUADRO Nº 32. PROCESOS SELECTIVOS ABIERTOS DE PERSONAL SANITARIO EN 
CANTABRIA 
(en número) 
Ejercicio  Convocatorias abiertas  Plazas afectadas 
2014  9  31 
2015  12  30 
2016  17  145 
2017  10  131 
2018  55  1.741 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
La demora en la resolución de los procesos convocados tiene como consecuencia el incremento 
de los niveles de interinidad y temporalidad. 
 
 
Finalmente, el siguiente cuadro muestra los recursos humanos disponibles en Cantabria en 2018, 
según datos de los indicadores del Sistema Nacional de Salud. 
CUADRO Nº 33. RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE SALUD 2018 (POR TIPO DE 
PERSONAL) 
(en número) 
Media del Sistema de Salud 
Recursos 2018 (tipo de personal)  Cantabria 
español 
Médico  en  atención  especializada  por  1.000  1,98  1,89 
habitantes (*)     
Enfermería  en  atención  especializada  por  1.000  3,45  3,62 
habitantes 
Médico  atención  primaria  por  1.000  personas  0,77  0,8 
asignadas 
Enfermería en atención primaria por 1.000 personas  0,66  0,77 
asignadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
(*)  Incluye centros del sector público y privado. 
Por tanto, salvo en personal médico de atención especializada,  las ratios de Cantabria son 
superiores a las de la media del sistema español (tanto en personal médico como de enfermería). 
F)  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  
Las obligaciones reconocidas en el capítulo 2 del SCS ascendieron a 279.491miles de euros, con 
el  detalle  que  se  muestra  en  el  siguiente  cuadro.  El  programa  312A  (asistencia  sanitaria) 
concentra el gasto realizado por el SCS en el capítulo mencionado, con 278.772 miles de euros. 
CUADRO Nº 34. GASTOS CAPÍTULO 2 SCS 
(miles de euros) 
Artículo  Contenido  Importe 
20  Arrendamientos y cánones  1.573 
21  Reparaciones, mantenimiento y conservación  7.679 
22  Material, suministros y otros  246.365 
23  Indemnizaciones por razón servicio  800 
26  Asistencia sanitaria con medios ajenos  23.074 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Adicionalmente a la información mostrada en el cuadro anterior, cabe destacar, como ya se señaló 
anteriormente, que el 68 % del saldo a 31 de diciembre de 2018 de los gastos pendientes de  es
imputar a presupuesto del SCS correspondía a este capítulo, concentrando el artículo 22 el 98 %  o
dpsaeen ndidtiaciehrinoot. es sa lddeo  (imnivpeult asrim einla rl oasl  dseulm eijneirsctircoios  2d0e1 p7r)o, deunc dtoosn dfaer dmeasctaécuatinco, se,n  ipmaprltaicnutleasr , yla ost rcoa nmtidaatedreiasl   2021-14783n https://www.
 
Se analizan a continuación diversos aspectos de los artículos que concentran el gasto (22 y 26). 
1.   Material, suministros y otros (artículo 22) 
Dentro de este artículo, destaca la farmacia hospitalaria. Así, el siguiente estado muestra cómo ha 
sido la evolución de este gasto en farmacia (intrahospitalario y ambulatoria) desde 2012 hasta 
2018. 
CUADRO Nº 35. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN FARMACIA HOSPITALARIA68 
(miles de euros) 
Gasto Total 
Periodo  Hospital Valdecilla  Hospital Sierrallana  Hospital Laredo 
Comunidad 
2012  69.435  52.431  13.545  3.458 
2013  73.442  55.415  13.748  4.279 
2014  77.308  58.220  14.344  4.744 
2015  104.194  77.010  18.133  9.051 
2016  86.239  63.176  17.323  5.740 
2017  92.234  69.149  17.099  5.985 
2018  105.914  80.496  19.242  6.175 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
En 2015, el fuerte incremento experimentado (un 35 % respecto del ejercicio anterior) se debió 
fundamentalmente a la entrada en vigor, en abril de 2015, del Plan nacional de abordaje de la 
Hepatitis  C,  aprobado  por  el  Consejo  Interterritorial  del  Servicio  Nacional  de  Salud,  siendo 
Cantabria la CA con la mayor ratio de gasto en medicamentos antivirales de acción directa contra 
dicha enfermedad en relación con la población. Aunque en 2016 continuó aplicándose este Plan 
Nacional, la implementación en este ejercicio de los abonos por volumen de precio acordados por 
el Ministerio de Sanidad con los laboratorios farmacéuticos, generó una importante reducción de 
este gasto. En 2018 se vuelve a producir un incremento de este gasto (14,8 %), sin que la 
introducción de medicamentos biosimilares haya logrado su contención.  
Según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Hacienda, el gasto hospitalario de las CCAA en 
productos  farmacéuticos  y  sanitarios  se  vio  incrementado  en  un  8 %  durante  el  ejercicio 
fiscalizado, es decir, en un porcentaje bastante inferior que en Cantabria. 
                                                
68 Incluye productos sanitarios no medicamentosos adquiridos por los servicios de farmacia de los hospitales.
 
 
2.  Gasto derivado de atención sanitaria por medios ajenos (artículo 26) 
Las prestaciones financiadas por el Sistema Nacional de Salud en Cantabria pueden hacerse 
efectivas directamente por el SCS, indirectamente (a través de derivaciones a otros centros del 
Sistema  Nacional,  con  su  correspondiente  orden  de  asistencia  o  a  través  de  contratos  o 
conciertos)  y,  finalmente,  reintegrando  el  importe  económico  que  el  paciente  haya  podido 
adelantar. 
En cuanto a las prestaciones realizadas indirectamente, a través de derivaciones a otros centros 
del Sistema Nacional de Salud con su correspondiente orden de asistencia, o, a través de 
contratos o conciertos, hay que indicar que el Fondo de Cohesión Sanitaria, creado por la Ley 
21/2001 compensa la asistencia sanitaria prestada a aquellos pacientes residentes en España que 
se deriven a una CA distinta de aquella en la que tienen su residencia habitual, siempre que la 
atención haya sido solicitada por la CA de residencia y cuando esta no disponga de los servicios o 
recursos adecuados. El proceso de derivación y prestación de la asistencia se registra y valida 
mediante  el  sistema  de  información  desarrollado  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  Consumo  y 
Bienestar Social en colaboración con las CCAA, del que se desprende que, en 2018, se realizaron 
1.056 derivaciones por Cantabria, frente a las 1.522 recibidas de otras autonomías. 
Por su parte, de los conciertos para la prestación sanitaria con centros privados vigentes en 2018, 
se reconocieron obligaciones por 12.168 miles de euros, lo que supone el 53 % del total de 
obligaciones  reconocidas  en  el  artículo  26  “asistencia  sanitaria  con  medios  ajenos”  del 
presupuesto de gastos del SCS. 
La Inspección de servicios sanitarios, dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, a través de la DG de Ordenación y Atención Sanitaria, es la unidad encargada de las 
competencias en materia de inspección y evaluación de servicios sanitarios en los términos 
previstos en los artículos 59.d y 73.f de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, sin que se haya 
acreditado la realización de actuaciones de esta índole en relación con los servicios concertados. 
Finalmente y por lo que se refiere al sistema de reintegro al paciente, el RD 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de 
Salud y el procedimiento para su actualización, incluye las prestaciones en las que, una vez 
realizada la prescripción por el facultativo correspondiente en cada caso, el paciente adquiere el 
producto y, posteriormente, el servicio de salud reintegra, total o parcialmente, el coste de dicho 
producto.  Estas  prestaciones,  en  el  ámbito  del  SCS,  son  las  ortoprotésicas  y  ciertos 
medicamentos y productos sanitarios en situaciones especiales. 
El  procedimiento  se  basa  en  la  existencia  de  un  catálogo  de  productos  y  unas  tarifas  de 
financiación establecidas para cada producto. En el ámbito del SCS, al igual que en algunas otras 
CCAA, se sigue utilizando el catálogo establecido por el INSALUD en junio de 2001. Durante 2018 
se reconocieron obligaciones por 2.476 miles de euros derivadas de reintegros de gastos. 
G)  GASTOS FINANCIEROS 
Las obligaciones reconocidas en el capítulo 3 del presupuesto de gastos del SCS ascendieron a 
2.429  miles  de  euros  en  2018.  Tras  alcanzar  los  15.170  miles  de  euros  en  2013  y  como 
consecuencia de la inclusión de las deudas comerciales del SCS en los mecanismos de liquidez 
de las CCAA y pago a proveedores, en 2014 se inició una importante reducción, que se consolidó 
posteriormente, hasta alcanzar un mínimo de 138 miles en 2016. En 2017 sufrió un ligero repunte  s
hasta  los  231  miles  en  2017.  En  2018,  se  produjo  un  incremento  muy  significativo  de  las  oe.
resoluciones de reclamaciones por vía administrativa y sentencias judiciales que reconocían el  w.
derecho del proveedor a percibir intereses de demora por el pago tardío de facturas.  783ww
 
H)  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
El gasto por receta farmacéutica constituye el principal componente del gasto en el capítulo 4 del 
SCS.  En  2018,  el  incremento  del  gasto  correspondiente  a  la  facturación  de  la  prestación 
farmacéutica ambulatoria por las oficinas de farmacia en el territorio de la CA ha sido del 3,93 %, 
superior al incremento medio producido en el total de las CCAA y Ciudades con EA (3 %), tal 
como se ve en el cuadro siguiente, según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. 
CUADRO Nº 36. GASTO PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA 
(miles de euros) 
Nº recetas    Gasto 
Entidad 
Aumento    Aumento 
Total 2018  Total 2018 
(%)  (%) 
Cantabria  11.421.001  3,01    146.188  3,93 
Total  Comunidades  y  Ciudades  923.955.666  1,70    10.481.930  3,00 
Autónomas 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
Según se refleja en la cuenta 413 “acreedores por operaciones devengadas”, se imputaron 48.934 
miles de euros al presupuesto de 2018 por el gasto de las recetas médicas de los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, quedando al cierre del ejercicio gastos de 
2018 pendientes de imputar por estos conceptos por importe de 50.842 miles de euros. 
Mediante concierto rubricado en 2008 entre el SCS y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cantabria, se fijaron las condiciones para la prestación farmacéutica a través de las oficinas de 
farmacia. De acuerdo con el mismo, el SCS debe comprobar la facturación presentada por el 
Colegio y las diferencias por las causas de nulidad tipificadas, que surgieran como resultado de la 
comprobación, comunicarse al Colegio dentro de los cuatro meses siguientes a la ultimación de la 
entrega de recetas y de los soportes informáticos, procedimiento que, en 2018, supuso la solicitud 
de devolución al Colegio por un importe total de 20 miles de euros (43 miles en 2017).  
   
 
 
La evolución de los datos de prescripción de medicamentos por principio activo, tendencia que se 
mantiene como objetivo institucional, se muestra en el cuadro que figura a continuación.  
CUADRO Nº 37. EVOLUCIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO  
(número de envases, en miles) 
Envases vendidos  Envases prescritos por  (2)/(1) 
Periodo 
Comunidad (1)  principio activo (2)  (%) 
2013  11.645  6.671  57,2 
2014  11.903  6.649  55,8 
2015  12.251  6.530  53,3 
2016  12.531  6.419  51,2 
2017  12.664  6.347  50,1 
2018  13.049  6.339  48,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Pese  a  ser  la  prescripción  por  principio  activo  un  objetivo  del  sistema  de  salud,  se  viene 
produciendo una disminución sistemática en su importancia, tanto en número de envases como en 
el importe económico asociado.  
Por lo que se refiere a la interoperabilidad de la receta farmacéutica, cabe destacar que, con fecha 
25 de mayo de 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Cantabria y la 
entidad pública empresarial Red.es, suscribieron el Convenio Trilateral de Colaboración para el 
desarrollo del Programa de Salud y Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el 
ámbito del Sistema Nacional de Salud. Las actuaciones previstas se dirigían al impulso del 
despliegue de la receta electrónica interoperable, al desarrollo de servicios para ciudadanos y 
profesionales basados en la disponibilidad de la Historia Clínica Electrónica y, finalmente, al 
acceso en línea de los ciudadanos a su historia clínica digital. Las actuaciones, que debían 
llevarse a cabo hasta el cierre de 2016, no habían concluido a dicha fecha, lo que motivó la firma 
de una adenda donde se fijó un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2017, no siendo 
hasta el 28 de diciembre de este último año cuando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad certificó a Cantabria en la interoperabilidad de la receta electrónica (tanto en el perfil de 
emisor como de receptor), sin que, al cierre del ejercicio fiscalizado, se haya acreditado la 
consecución de los resultados previstos en relación con el resto de objetivos. 
 
I)  CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS PRESTACIONES Y GASTO SANITARIO 
1.   Evolución de las listas de espera  
De acuerdo con la información del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, los datos 
más relevantes sobre las listas de espera a 31 de diciembre de 2018 en Cantabria son los 
siguientes. 
CUADRO Nº 38. LISTAS DE ESPERA  
Media Sistemas 
  Cantabria 
Salud CCAA 
Tasa de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes (%)  15,4  14,8 
Tiempos medios de espera quirúrgica (días)  87  129 
Porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera quirúrgica (%)  12  20 
Tasas de pacientes en espera para consultas por 1.000 habitantes (%)  75,1  62,5 
Tiempo medio de espera para consultas (días)  67  96 
Porcentaje de pacientes con más de 60 días de espera para consultas (%)  69  43,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
A dicha fecha, el número total de pacientes en espera estructural quirúrgica ascendía a 8.663. Se 
aprecia una mejora en relación con 2017 en la tasa de pacientes en espera para consultas por 
1.000 habitantes, si bien ello está condicionado por no haberse configurado correctamente el dato 
para 2017, al incluir la CA la información disponible para todas las consultas, en lugar de las diez 
seleccionadas por el Ministerio. Destaca, en todo caso, la mayor tasa de pacientes en espera para 
consultas por 1.000 habitantes sobre la media de los servicios de salud de todas las CCAA (más 
de 10 puntos porcentuales) y el porcentaje de pacientes con más de 60 días de espera para 
consultas. 
En la fecha señalada, el número total de pacientes pendientes de una primera consulta era de 
42.376 y el tiempo medio de espera para acceder a ella era de 67 días, inferior en 29 al de la 
media nacional.   
La evolución de las listas de espera a lo largo del año 2018 ha mostrado una disminución a nivel 
global, pasando de una cifra de 78.635 pacientes en espera al cierre de diciembre de 2017, a 
75.652 en la misma fecha de 2018, lo que supone un decremento del 4 %, que se une al del 3 % 
conseguido el año anterior. 
En el ejercicio fiscalizado, el número de pruebas diagnósticas efectuadas ascendió a 618.803, 
según datos aportados por el SCS durante la fiscalización, lo que supone un aumento del 5 % 
respecto de 2017. Persiste el elevado número de pacientes pendientes de cita en ecografías, 
resonancias  magnéticas  y  tomografías  axiales  computarizadas  (TAC).  Cabe  señalar  que  la 
realización de pruebas diagnósticas incruentas o poco agresivas facilita el diagnóstico ambulatorio 
y la falta de internamiento en los hospitales, liberando estos recursos para otros usos.   e.
El número de cirugías programadas ha crecido en el periodo 2017-2018 en un 0,5 %, hasta  783ww
saiutumaersneta edno  2d8e. 440,931.  Eal  6n,ú7m. eErsot ed ele vdeía isn cdree mesetnatnoc idae m laesd iian tdeervrievnacdioo ndees  lonso  phrao cceosnosse gquuiidrúor gpiacloiasr  hlaa 
lista de pacientes en espera, que se redujo en tan solo 26 personas (un 0,3 %) de lo que se
 
 
deduce que, con las medidas adoptadas hasta el momento, no es posible agilizar en proporción la 
actividad quirúrgica y, por ende, disminuir su lista de espera. 
El número de consultas externas, por su parte, ha crecido en un 10,2 % en el periodo 2014-2018, 
hasta situarse en 976.559, un 4,9 % más que el ejercicio anterior. 
El SCS, a diferencia de otras CCAA, no ha creado unidades “intermedias” o centros donde se 
realicen procesos asistenciales ambulatorios en los que quede establecido un diagnóstico junto 
con su correspondiente tratamiento y reflejados ambos en un informe clínico, tendentes a realizar 
estas actividades en una sola jornada, aunque está desarrollando en los centros de atención 
especializada consultas de alta resolución en diferentes especialidades y, en el campo de la 
cirugía menor, se han organizado agendas para atender procesos de complejidad intermedia por 
parte de los Médicos de Familia de Atención Primaria en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, aunque no se ha aportado valoración de la eficacia y eficiencia lograda con estas 
medidas. 
En el ejercicio fiscalizado, el proceso de transición de la historia clínica electrónica en atención 
primaria provocó dificultades en la explotación de estos datos, dado que, al cierre del mismo, 
algunos centros permanecían en el sistema original mientras otros habían ya migrado. 
Como medida tendente a la racionalización de los recursos, a lo largo del período 2016-2018 se 
han desarrollado e implantado varias rutas asistenciales (protocolos de actuación y criterios de 
derivación en determinadas situaciones). En ellos se especifican aquellos casos en que los 
pacientes con un determinado problema de salud han de ser remitidos desde atención primaria 
para recibir atención a nivel hospitalario, indicando además en qué condiciones han de ser 
derivados. No obstante, la aprobación de tres de ellas se realizó entre los años 2016 y 2017, sin 
que se haya remitido documentación demostrativa de los efectos derivados de su implantación. 
Adicionalmente, en el documento de compromisos de las gerencias (al que se hace alusión más 
adelante) aparece la necesidad de redefinición de la relativa a la EPOC (Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica), pese a lo cual, al priorizarse el trabajo en otras rutas, esta tarea no se llevó a 
cabo. 
Por otra parte, la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en 
atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria establece en su 
artículo 5 un máximo de 180 días para procedimientos quirúrgicos y de 60 para primeras consultas 
de atención especializada. El tiempo medio de espera en estas últimas fue de 67 días, plazo que 
supera, a la vista de lo reflejado en el cuadro anterior, lo establecido en dicho artículo, si bien 
mejora el dato del ejercicio anterior (77 días). 
 
Las derivaciones realizadas a la sanidad privada procedían exclusivamente de las peticiones 
realizadas por los pacientes, en virtud de la legislación de garantías citada (tras superarse el 
periodo máximo de espera previsto en la misma). En el siguiente cuadro se muestra su evolución 
en  el  periodo  2016-2018,  destacando  el  incremento  en  el  ejercicio  fiscalizado  de  las 
intervenciones quirúrgicas realizadas en centros privados, cercano al 40 %. 
CUADRO Nº 39. DERIVACIONES A LA SANIDAD PRIVADA 
(en número) 
Año 
 
2016  2017  2018 
Intervenciones quirúrgicas  242  204  285 
Consultas externas  109  157  74 
Pruebas diagnósticas  266  618  500 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
El artículo 14 prevé que la consejería competente en materia de sanidad elabore un informe anual 
de listas de espera, a presentar al Parlamento de Cantabria en el primer trimestre de cada año 
natural, sin que se haya acreditado la presentación de los relativos al periodo que muestra el 
cuadro anterior. 
Por su parte, la DA primera de la Ley habilitaba al Consejo de Gobierno a establecer plazos 
máximos de respuesta inferiores a los antes señalados, sin que ello se hubiera llevado a la 
práctica al cierre del ejercicio fiscalizado.  
Según datos del Sistema de información de atención primaria del MSSSI, el personal médico de 
atención primaria por 1.000 personas asignadas en 2018 ascendía, en la CA, a 0,77 (empeorando 
desde los 0,83 del ejercicio precedente), frente a la media nacional de 0,76 (que empeoró menos 
que en la CA, pues se situó en 2017 en los 0,77).  
El SCS venía trabajando con los centros de salud en la creación de un plan de gestión de la 
demanda y creación de agendas de calidad, en más del 50 % de los centros con agendas con 
diez minutos por paciente, así como en un procedimiento para la atención de las urgencias y 
emergencias en los centros de salud, mejorando de esta manera la calidad del servicio. Ello se ha 
plasmado con posterioridad al ejercicio fiscalizado, en particular mediante la aprobación por el 
Consejo de Gobierno, el 17 de abril de 2019, del Acuerdo de Organización de la Asistencia 
Sanitaria prestada por el SCS para la implantación de la nueva jornada de trabajo, por el cual se 
garantiza un mínimo de diez minutos por paciente (lo que supone un máximo de 28 pacientes 
diarios por profesional), pudiendo incrementarse en casos muy excepcionales a un máximo de 35 
pacientes por profesional. En 2018, la media de pacientes/día por médico de familia fue de 28,38, 
ligeramente por encima de la ratio anterior. 
Finalmente, cabe señalar que si bien el artículo 28 de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de Cantabria prevé que el ciudadano tiene derecho a la libre elección de 
médico, centro y servicio dentro del Sistema Sanitario Público de Cantabria, el propio artículo 
establece las limitaciones a este derecho, que son aquellas derivadas de las necesidades de la 
organización sanitaria, la calidad de la prestación, la continuidad de cuidados, el tratamiento por  e.
procesos y la disponibilidad efectiva en el momento que se necesite la prestación del servicio,  w.b
restringiendo en la práctica tal libertad de elección.   783ww
 
 
2.  Percepción de la calidad del servicio de atención primaria por los usuarios 
En el siguiente cuadro se muestra, de acuerdo con los datos ofrecidos en los estudios 8817 y 
8818 del Centro de Investigaciones Sociológicas (Barómetros Sanitarios 2017 y 2018), la opinión 
de los ciudadanos sobre la atención recibida en las consultas del médico de cabecera (o de 
familia) de la sanidad pública de Cantabria. 
CUADRO Nº 40. OPINIÓN DEL USUARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(en porcentaje) 
  2017  2018 
Buena / muy buena  92,2  90,7 
Regular / mala  7,8  9,3 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
En el ejercicio fiscalizado se pierde el 1,5 % de las opiniones favorables obtenidas en 2017 
respecto a este servicio. Ello se acumula a la pérdida del 1,7 % constatada en la fiscalización 
precedente para el periodo 2016-2017. 
3.  Reclamaciones al SCS 
En el año 2018, se formularon 58 reclamaciones con solicitud de indemnización por un importe 
total de 7.456 miles de euros, por lo que prosigue el aumento en dicha cuantía respecto a los 
ejercicios anteriores (6.815 miles de euros en 2017). En el año 2018 se cerraron 65 expedientes, 
47 por resolución administrativa devenida en firme y 17 por sentencia judicial y una por otra causa 
(acuerdo extrajudicial). Los pagos por indemnizaciones ascendieron a 684 miles de euros. 
A 31 de diciembre de 2018 permanecían abiertos 37 expedientes con un importe cuantificado de 
3.871 miles de euros. 
En el año 2018 se presentaron 15 recursos contencioso-administrativos cuantificados en 1.750 
miles de euros. A 31 de diciembre de 2018 había 11 recursos de esta naturaleza pendientes de 
sentencia, con un importe cuantificado de 1.325 miles de euros. 
El SCS tenía contratada una póliza de responsabilidad civil y patrimonial, cuya finalización se 
produjo el 31 de octubre de 2018, sin que existiera cobertura entre esa fecha y el 31 de diciembre 
del mismo año, momento en que entró en vigor el siguiente contrato de seguro. 
4.  Seguridad del paciente 
Mediante Orden SAN/17/2011, de 19 de mayo, se crean y regulan los Comités de Seguridad del 
Paciente y Gestión de los Riesgos de la CA, con la función de situar “la seguridad de los pacientes 
en el centro de su política sanitaria e impulsar los proyectos y estrategias necesarias para la 
mejora de prácticas seguras en los centros sanitarios de su territorio”.  
Según la Orden, estos comités, que no se habían constituido a 1 de septiembre de 2019, son:  s
  El Comité Autonómico de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos.  w.
S CS. U  n Comité Funcional de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos en cada Gerencia del
 
Con fecha 13 de abril de 2016 se constituyó el Comité Funcional de Seguridad del Paciente y 
Gestión de Riesgos de Atención Primaria, el cual no venía expresamente establecido en la Orden 
señalada. 
5.  Eficiencia en el gasto sanitario 
Las actuaciones comunicadas dirigidas a mejorar la eficiencia del gasto sanitario en el ejercicio 
fiscalizado, conforme a lo previsto por el artículo 106.c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, se centran en dos aspectos, si bien la CA no ha enviado información sobre los 
resultados logrados con la implantación de estas medidas: 
                Mejorar  la  eficiencia,  la  calidad  y  la  seguridad  en  la  utilización  de  los  recursos 
farmacoterapéuticos, dotar a los profesionales de información y herramientas para la mejora de la 
prescripción farmacéutica, completar en los hospitales la implantación del sistema corporativo 
PEA, incrementar el uso de Receta electrónica como garante de la calidad de la prescripción y de 
la  seguridad  de  los  pacientes,  implantación  del  Programa  de  Mejora  de  la  Prestación 
Farmacéutica en los centros sociales, fomentar la prescripción por principio activo y mejorar la 
atención al paciente polimedicado. 
                Potenciar la colaboración entre los médicos de atención primaria y atención hospitalaria y 
los equipos de Inspección médica, promover el uso racional de la IT, contribuir a la consecución 
del crédito vinculado al cumplimiento del convenio de y colaboración con el INSS en materia de 
control de la incapacidad temporal. 
6.  Sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario 
El título VII de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad regula la transparencia y 
sostenibilidad del gasto sanitario, estableciendo para las CCAA la obligación de remisión periódica 
al  MINHAFP  de  la  información  correspondiente  al  gasto  farmacéutico  hospitalario,  gasto  en 
productos farmacéuticos y sanitarios (con y sin recetas médicas u orden de dispensación) y el 
gasto en inversiones reales en el ámbito sanitario, así como las medidas (y grado de avance) para 
mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario. 
Además, el artículo 113 de la citada Ley crea un Instrumento de Apoyo a la Sostenibilidad del 
Gasto Farmacéutico y Sanitario de las CCAA, de adhesión voluntaria. Una vez producida la 
adhesión, la variación interanual, a ejercicio cerrado, del gasto farmacéutico, tanto hospitalario 
como en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación, y del 
gasto en productos sanitarios sin recetas médicas u orden de dispensación no puede ser superior 
a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española previsto 
en el artículo 12.3 de la LOEPSF. 
Posteriormente,  por  Acuerdo  de  la  CDGAE  de  31  de  marzo  de  2016,  sobre  condiciones 
adicionales a cumplir por las CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA, compartimento 
FLA 2016, se indica que aquellas que incumplieran el objetivo de déficit de 2015, situación en que 
se encontraba Cantabria, debían adherirse al citado instrumento de apoyo para poder disponer de 
los fondos asignados para el segundo trimestre del citado 2016. 
 
 
CUADRO Nº 41. GASTO FARMACÉUTICO Y SANITARIO DEVENGADO 2018 
(miles de euros) 
Serie Gasto en productos  Serie Total Gasto 
Serie Gasto farmacéutico  farmacéuticos y sanitarios  en productos 
 
hospitalario  con recetas médicas u  farmacéuticos y 
orden de dispensación  sanitarios 
Gasto devengado neto  108.567  147.009  338.320 
Tasa variación interanual (%)  16,2  3,9  7,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Por  tanto,  el  gasto  sanitario  y  farmacéutico  de  Cantabria  creció  por  encima  de  la  tasa  de 
referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española para 2018, establecida 
en el 2,3 %. 
7.  Eficacia en la gestión  
En el mes de febrero de 2016 (y por primera vez en los últimos años) se firman diversos 
compromisos de acuerdo entre la Dirección Gerencia del SCS y las diferentes Gerencias del SCS 
(de  atención  primaria  y  de  atención  especializada),  según  las  directrices  emanadas  de  la 
Consejería de Sanidad de Cantabria para ese año. A partir de las directrices señaladas, se 
definen unas líneas de actuación (accesibilidad y actividad asistencial, promoción de la salud y 
prevención  de  la  enfermedad,  estrategia  de  cronicidad,  calidad  y  seguridad  y,  finalmente, 
eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos),  recogiéndose  los  objetivos  particulares  y  142 
indicadores  para  su  medición,  ofreciéndose  los  resultados  para  cada  una  de  las  unidades 
responsables de su cumplimiento. De su análisis cabe deducir los datos reflejados en el siguiente 
cuadro. 
CUADRO Nº 42. INDICADORES SCS (2018) 
(en número) 
No hay datos para la  La valoración no es clara y 
Agrupaciones de actividades a  Objetivo  Objetivo no  valoración o están  concisa o bien no hay 
efectos de los compromisos  cumplido  cumplido  pendientes de  objetivos o resultados 
obtención/remisión  establecidos 
Accesibilidad  y  actividad  52  26  2  4 
asistencial 
Promoción  de  la  salud  y  4  13  8  0 
prevención de la enfermedad 
Estrategia de cronicidad  36  6  12  0 
Calidad y seguridad  94  10  46  7 
Eficiencia  en  la  utilización  de  26  39  8  16 
recursos 
Total  212  94  76  27 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Del anterior cuadro destaca el número de casos en que el indicador muestra el incumplimiento del  es
objetivo (23 %) o la imposibilidad de realizar una valoración final del cumplimiento de los objetivos  o
p(itni1pod8ori  c %n2ao )d.m o cTraeoaysnmo tra“b nrdisúéeemn   1ecc5roao nba  edñi enos fsoep rñacmaocailneac nrai ótlqe nums  eoet r nalonotsoas  d sruoeinssut aenh miodr seaeptsesi trtadmale  id nlomeas ce dirdóíeaincq” i,uód i“nesp  itoHdorebsc  Aelnon1estcac  jdeeeasn adt oeresilo   pspea encpr iiaoererdnalota e csseieó vdrna i aluucbtaoiléidnztoi acl”doo asys     2021-14783n https://www.
“lactancia materna exclusiva al mes de vida” presentan deficiencias que conducen a un registro
deficiente.                Bc
 
 
J)  INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO SANITARIO TECNOLÓGICO 
El artículo 4.4 del RD 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, 
se  refiere  específicamente  a  la  preservación  de  las  garantías  durante  la  instalación  de  los 
productos y durante el tiempo que permanecen en funcionamiento en los centros sanitarios, 
estableciendo  que  los  productos  deberán  estar  correctamente  instalados  y  ser  mantenidos 
adecuadamente de forma que se garantice que, durante su período de utilización, conservan la 
seguridad y prestaciones previstas por su fabricante.  
En relación con el equipamiento sanitario de alta tecnología, cabe indicar que el SCS no disponía 
de un plan de adquisición y renovación que fuera aplicable en el ejercicio fiscalizado. 
Si bien en España no existe legislación para la gestión del ciclo de vida de la tecnología sanitaria, 
a nivel internacional se cuenta con unos criterios generalmente aceptados (o golden rules). Así, 
estos establecen que hasta el 60 % del equipamiento habría de tener una antigüedad inferior a 5 
años, el 30 % situarse entre 5 y 10 años y es deseable que solo el 10 % supere esta vida en 
activo. Lógicamente, las estimaciones generales anteriores se verán afectadas por el grado 
particular de utilización de cada equipo. 
 
 
En  el  informe  sobre  el  perfil  tecnológico  hospitalario  y  propuestas  para  la  renovación  de 
tecnologías  sanitarias  2019,  llevado  a  cabo  por  la  Federación  Española  de  Empresas  de 
Tecnologías Sanitarias (FENIN) se ofrecen datos al cierre de 2018 sobre el grado de antigüedad 
y, en su caso, de obsolescencia del equipamiento sanitario de alta tecnología del sector público 
sanitario español, los cuales se utilizan para elaborar el cuadro siguiente junto a los remitidos por 
el SCS. Dicho informe no detalla los datos de Cantabria, que aparecen agrupados junto con los de 
La Rioja, Navarra e INGESA, al no tener ninguna de estas comunidades más de diez unidades 
instaladas de modalidades de imagen y/o más de seis centros sanitarios superiores a 150 camas. 
CUADRO Nº 43. EQUIPAMIENTO SANITARIO CANTABRIA 2018 
(en porcentaje) 
 
Sector público España    Cantabria  
Tipo de equipamiento 
<5 años  5-10 años  >10 años    <5 años  5-10 años  >10 años 
Tomografía Computarizada  34  29  37    50  10  40 
Resonancia Magnética  38  23  39    50  0  50 
Sala de Hemodinámica  35  30  35    0  100  0 
Angiografía (Vascular intervencionista)  35  30  35    0  12  88 
Acelerador Lineal de Partículas  36  42  22    75  0  25 
Tomografía por emisión de positrones  29  39  32    100  0  0 
Mamógrafo  30  27  39    50  33  17 
Ecógrafos  37  29  34    42  25  33 
Radiología Convencional  23  15  62    30  8  62 
Monitorización de pacientes críticos  20  24  56    41  17  42 
Soporte Vital (respiradores y sistemas de anestesia)  11  19  70    57  5  38 
Terapias de Calor (incubadoras y cunas térmicas)  10  13  77    7  51  42 
Sistemas Digitales de Inyección de Contraste  N/D (*)  N/D (*)  N/D (*)    60  0  40 
Endoscopia Flexible  53  26  21    52  20  28 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*)  N/D: No disponible 
De los datos que aparecen en el cuadro anterior se deduce que: 
  El SCS no respeta los criterios deseables de antigüedad antes descritos en ninguna de las 
categorías de equipamiento, salvo “tomografía por emisión de positrones” (se cuenta con un 
equipo). 
  El porcentaje de bienes en activo con más de diez años de utilización superan, en las 
categorías de “tomografía computarizada”, “resonancia magnética”, “angiografía” y “endoscopia 
flexible” a los del conjunto del sector público sanitario español. 
  Aunque los bienes integrantes de las categorías “sistemas de soporte vital” (respiradores y 
sistemas de anestesia) y “terapia de calor” (cunas térmicas e incubadoras) están menos ligados a 
los avances tecnológicos, por lo que podrían tener un tiempo de vida útil algo superior al resto de  s
las categorías, en torno al 40 % de los bienes pertenecientes a ambas categorías presenta  oe.
antigüedad superior a diez años, si bien estos porcentajes son considerablemente menores a los  w.
del conjunto del sector público, situados por encima del 70 %.  783ww
  OE-A-2021-14able en https://
 
II.8.6.  Gasto en educación no universitaria  
A)  DATOS GENERALES 
El artículo 28.1 del EA para Cantabria, atribuye a la CA la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, sin perjuicio de las facultades que 
se atribuyen al Estado y a la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía. Asimismo, en virtud 
de la asunción de competencias educativas transferidas mediante el RD 2671/1998, de 11 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la CA de 
Cantabria en materia de enseñanza no universitaria, y el Decreto 7/1999, de 28 de enero, de 
asunción de funciones y servicios transferidos y su atribución a órganos de la Administración 
Autonómica  de  Cantabria,  el  Consejo  de  Gobierno  de  Cantabria  atribuye  las  competencias, 
funciones  y  servicios  asumidos  por  la  CA  en  materia  de  enseñanza  no  universitaria  a  la 
Consejería de Educación69. 
Tras el dictado de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)70, la CA procedió a aprobar la 
Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 
Según el artículo 3 de la LOE, el sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y 
niveles de enseñanza. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la 
educación básica, obligatoria y gratuita para todas las personas. 
En relación con dicha educación básica, el número de centros públicos, privados concertados y 
privados de la CA y el de alumnos en cada uno de los tipos de centro anteriores, aparece en el 
cuadro siguiente. 
CUADRO Nº 44. CENTROS Y ALUMNOS 
(en número) 
2016/17    2017/18    2018/19 
Curso 
Educación  Nº  Alumnos    Nº  Alumnos    Nº  Alumnos 
centros  centros  centros 
Pública  181  36.899    182  37.632    179  37.843 
Concertada  52  17.625    52  17.960    52  17.997 
Privada  1  9    1  30    1  28 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
La CA cumplía en todos sus centros las ratios máximas de alumnos por aula establecidas en el 
artículo 157.1.a) de la LOE para la enseñanza obligatoria (25 para la educación primaria y 30 para 
la educación secundaria obligatoria). En el RD-L 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, se contemplaba la posibilidad de elevar 
las ratios establecidas en el citado artículo 157.1.a) de la LOE, en determinadas circunstancias, si 
bien los centros cumplían sin tener en cuenta dicha posibilidad (que posteriormente desapareció 
con la entrada en vigor de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el 
desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, aplicable 
desde el curso 2019/20, que derogaba los correspondientes artículos del RD-L). Por su parte, las  e.e
                                                  w.
69 En el ejercicio fiscalizado, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que pasa a denominarse Consejería de  783ww
Eredourgcaacniiózna,c ióFno rdme alacsió cno nPsreojfeersíaiosn dael  lya  ATdumrisinmisotr atcraiósn  dlae  lean CtrAad dae  Cena ntvaigborira . del  Decreto  7/2019,  de  8  de  julio,  de
70 La LOE fue modificada en el ejercicio fiscalizado por la DF décima de la LO 3/2018, de 5 de diciembre.
 
 
ratios  alumnos/profesor  en  la  educación  pública  y  en  la  educación  concertada  eran, 
respectivamente, de 9 y 11. 
Por su parte, los recursos públicos destinados a la educación básica en la CA en los ejercicios 
2017 y 2018 se muestran en el cuadro siguiente. 
CUADRO Nº 45. GASTO ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA 
(miles de euros) 
Obligaciones Reconocidas  2017  2018 
Infantil y Primaria  193.649  207.336 
Educación Secundaria y Formación Profesional   171.116  182.052 
Enseñanzas de Régimen Especial  39.431  34.228 
Educación Especial  4.863  5.308 
Educación de Adultos  19.809  18.085 
Servicios Complementarios (Comedor, Residencia y transporte escolar)  20.858  21.442 
Educación Compensatoria  179  182 
Actividades extraescolares y anexas  1.449  535 
Formación y perfeccionamiento del profesorado  375  326 
Investigación educativa  76  772 
Becas y ayudas  497  495 
Gastos de la AG   11.837  12.866 
Total  464.139  483.627 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
El gasto del ejercicio fiscalizado en educación básica en centros públicos se situó en un nivel 
similar al de 2016, tras la disminución del 8,3 % observada en 2017. Por su parte, el gasto en 
centros concertados aumentó en un 1,9 % respecto de 2017. El principal componente del gasto de 
educación en centros públicos es el relativo al personal docente, que se viene situando en el 
entorno del 75 % del mismo.  
 
B)  SISTEMAS DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 
1.  Normativa aplicable en la CA 
Junto con las principales normas estatales, desarrolladas para los centros docentes públicos no 
universitarios ubicados en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación y Cultura y 
que sigue utilizando la CA (RD 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla la 
autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos y Orden de 23 de septiembre 
de 1999, por el que se desarrolla el RD 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla la 
autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos), se habían dictado las 
siguientes órdenes: 
  Orden EDU/10/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen las normas que regulan los 
pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija. 
  Orden EDU/50/2009, de 11 de mayo, por la que se delegan en los directores de los centros 
docentes públicos competencias en materia de contratación, modificada por Orden ECD/48/2014, 
de 23 de abril. 
2.   Análisis de deficiencias detectadas en la fiscalización precedente 
Del análisis realizado en las fiscalizaciones de los ejercicios 2016 y 2017 se dedujeron una serie 
de deficiencias y debilidades en la gestión, en relación con las cuales, y por lo que se refiere al 
ejercicio fiscalizado, cabe destacar: 
  Al igual que en el curso precedente, el 30 % de los centros aprobaron sus presupuestos 
para el curso 2018/19 con posterioridad a la fecha establecida en la normativa. 
  De conformidad con la Orden de 23 de septiembre de 1999, una vez informadas cada una 
de las dos cuentas de gestión anuales (agosto y diciembre) por el Consejo Escolar del centro, 
estas deben remitirse a la Administración en los treinta días siguientes a su vencimiento (30 de 
septiembre y 31 de enero). Un total de 32 centros remitieron la cuenta del curso 2018/19 en fecha 
posterior al mes de septiembre (13,9 % del total) y 44 remitieron la cuenta del ejercicio 2018 con 
posterioridad al mes de enero de 2019 (19,2 % del total). Además, 67 centros tuvieron que 
rectificar la cuenta del año 2018 (29,3 %) y 116 (50,2 %) la del curso 2018/19. 
  A la recepción de las cuentas de gestión rendidas por los centros docentes, la Consejería de 
Educación debe formular la cuenta consolidada del curso académico y la cuenta consolidada del 
ejercicio económico (antes del día 1 de diciembre y 1 de abril, respectivamente). La cuenta 
consolidada del curso 2018/19 se formuló el 22 de enero de 2020 y la del ejercicio 2018 el 24 de 
junio de 2019, es decir, en ambos casos fuera del plazo previsto, si bien estas fechas quedan 
condicionadas por la remisión de las de los centros y, como en el ejercicio fiscalizado, por el 
elevado número de cuentas que debieron ser rectificadas. 
  La Consejería no contaba con un plan de control propio (al margen del control financiero de 
la  Intervención  General),  ni  con  un  manual  aprobado  para  sistematizar  sus  actuaciones 
verificadoras.  
  Tras la redacción otorgada a la LOE por la LO 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE), el director del centro pasa a ser competente para la aprobación,  es
recogida en su artículo 122, de la ordenación y utilización de sus recursos, tanto materiales como  o
hgdaueepmn roelabarnaa olcc,s iuóp,e noan)r,  t altaer asnd v Aeétéd srm gmdeienisn itsoilóatsrn a e,cd lieaodlbn eoeabrsriaet ícencidudóulonoc   ads1teo2iv l7oas, us   secpolo rbmoCryeooe  ncedstqioceu hjoidov eas E legdsnecotsocetlu iaóamrn  le,a rn elaotaop lsqirzo.u abeEra  lclhuoiaón,  naes  indd“ eoerl v epealarnleuctseaióuncnpidó uindce”oos ,nt (o ne lnaoy     2021-14783n https://www.
 
 
cuenta sobre la gestión, conlleva una rebaja sustancial de las funciones encomendadas a dicho 
órgano por el vigente artículo 119 de la citada LO, donde se indica que “las Administraciones 
educativas garantizarán la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los 
centros sostenidos con fondos públicos a través del Consejo Escolar”. 
  El Servicio de Inspección de Educación, en cumplimiento de las actuaciones aprobadas en 
el Plan de Actuación previsto en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 6/2008, y 
dentro de las tareas relativas al seguimiento y evaluación del funcionamiento de los centros 
educativos, tiene encomendada la supervisión de los documentos de organización y gestión de los 
centros  educativos.  En  este  sentido,  la  Orden  de  23  de  septiembre  de  1999  prevé  que  la 
Inspección General de Servicios ha de establecer programas de control de la gestión de los 
centros educativos que evalúen la eficacia y la eficiencia de esta, sin que en la CA se hayan 
llevado a cabo estas actuaciones. 
  No  se  realizan  verificaciones  tendentes  a  comprobar  que  los  centros  mantienen  un 
inventario  de  bienes  y  derechos  completo,  valorado  y  actualizado,  ni  se  lleva  a  cabo  una 
integración anual de estos en el Inventario General de Bienes y Derechos de la CA. En relación 
con el equipamiento informático, sí se ha comunicado la existencia de un inventario centralizado, 
con identificación de todos los bienes, los cuales se incluyen en una base de datos específica.  
C)  LA GESTIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS 
De acuerdo con el artículo 117 de la LOE, la cuantía global de los fondos públicos destinados al 
sostenimiento  de  los  centros  privados  concertados,  para  hacer  efectiva  la  gratuidad  de  las 
enseñanzas objeto de concierto, ha de establecerse en los presupuestos de las Administraciones 
correspondientes. A efectos de distribución de la cuantía global, el importe del módulo económico 
por unidad escolar ha de fijarse anualmente en los PGE y, en su caso, en los de las CCAA, no 
pudiendo en estos ser inferior al que se establezca en los primeros. En este sentido, el artículo 9 
de la LP para 2018 dispone que, de acuerdo con lo establecido en el artículo de la LOE antes 
señalado, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la 
cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados es el 
fijado en el Anexo I de la LP. Para la determinación de estos módulos no se han establecido 
procedimientos  ni  realizado  estudios  o  análisis,  pese  a  tener  una  cuantía  superior  a  la 
determinada en la LPGE. 
En relación con las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, el artículo 
117 de la LOE indica que deben posibilitar la equiparación gradual de su remuneración con la del 
profesorado  público  de  las  respectivas  etapas.  Según  los  acuerdos  con  las  organizaciones 
sindicales y patronales de la enseñanza concertada71, en el ejercicio 2013 debía alcanzarse el 
90 %  en  equiparación,  aunque,  durante  el  curso  2018/19,  el  salario  de  un  profesor  de  la 
enseñanza concertada en Cantabria, excluida antigüedad, estaba ligeramente por debajo de esa 
cifra (entre el 88,2 y el 89,5 %). 
En relación con el control interno de la gestión de los centros docentes concertados y las 
debilidades y deficiencias manifestadas en las fiscalizaciones precedentes, cabe señalar que: 
  Se mantenía la situación en que, al no recibir denuncias sobre el pago obligatorio por 
servicios  prestados  por  los  centros  (casos  en  que  procedería  la  actuación  del  Servicio  de 
Inspección de Educación de la CA), no se realizaban actuaciones de oficio dirigidas a comprobar 
si la enseñanza en estos centros se estaba realizando en condiciones de gratuidad para los  es
estudiantes.  o
 7d 1o   Lt aa c   iRo  ne  es so   l ud c e ió   lno   s d  e c  e 2 n 8 t r o d se     cm o  an r cz e o r  t ad  de o2s0 0y 8s, odber el ao tDroGs  daes pTercatboasj oe, nr elgai sCtrAa  yd ep uCbalinctaa berli aA cduee redmo psroebsares  rdeev iseiónnse dñea nlazas   2021-14783n https://ww
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
 
  En  relación  con  los  procesos  selectivos  de  contratación  del  personal  de  los  centros 
concertados, el artículo 60 de la LO 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 
indica que las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados han de 
anunciarse  públicamente  y  que  el  Consejo  Escolar  del  centro  establecerá  los  criterios  de 
selección, que deben atender básicamente a los principios de mérito y capacidad. El Servicio de 
Inspección tiene encomendada la comprobación de que los profesores propuestos cumplen los 
requisitos de titulación exigidos, debiendo los centros ofertar de manera pública (a través de la 
web educantabria.es), las plazas correspondientes a incrementos de las unidades concertadas, 
obligación que aparece también en el documento de formalización de los conciertos. Si bien la CA 
ha  enviado  documentación  soporte  de  las  ofertas  publicadas,  no  ha  acreditado  las 
comprobaciones, con carácter previo a la contratación de este personal, que se atribuyen al 
Servicio de Inspección y tampoco aparecen en su memoria. 
Tal como señala el artículo 41 del RD anterior, los centros concertados están sujetos al control de 
carácter financiero de la IGAC, sin que el Plan Anual de Control Financiero, Auditoría Pública y 
Otras Actuaciones de Control, para el ejercicio 2019, que suele contener actuaciones sobre el 
ejercicio 2018, haya previsto actuaciones al respecto.  
D)   LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO 
Los  artículos  140  y  siguientes  de  la  LOE  regulan  la  evaluación  del  sistema  educativo, 
encomendando  la  misma  al  Instituto  Nacional  de  Evaluación  Educativa  y  a  los  organismos 
correspondientes de las Administraciones educativas que estas determinen en el ámbito de sus 
competencias, que en el caso de la CA de Cantabria corresponde a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 
El citado Instituto, en colaboración con las Administraciones educativas, elabora el Sistema Estatal 
de Indicadores de la Educación con los datos facilitados por las CCAA y coordina la participación 
del Estado español en las evaluaciones internacionales.  
La evaluación del sistema educativo se desarrolla en tres ámbitos: evaluaciones nacionales, 
evaluaciones  internacionales  e  indicadores  educativos,  analizándose  a  continuación  la 
internacional y la nacional. 
Internacional 
Existen  evaluaciones  externas  coordinadas  por  instituciones  como  la  Organización  para  la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la Asociación Internacional para la Evaluación 
del  Rendimiento  Educativo  (IEA).  Entre  las  evaluaciones  internacionales  más  importantes 
destacan PISA72, PIRLS73 Y TIMMS74. 
                                                 
72  Programme for International Student Assessment (PISA) es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial 
que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. Su objetivo es proporcionar datos 
comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados. Se realiza cada tres años 
y el último se realizó en 2018.  s
73 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) es un estudio de la IEA que evalúa la comprensión lectora  oe.
de los alumnos en 4º de Primaria. Se realiza cada cinco años. El último se llevó a cabo en 2016.  w.
7md4e a Tt4erºme dnáedt isPc ariinsm  yaI nrcitaiee rnync a2iatºio sd npear lol amM EoaSvthOide omd peasotdirc elsa  e aIlE naAdñ  oqS u1ce9ie 9en5vc,ae laú uSan tlquaudsey c  eo(Tnm IpMneuSteeSsn)trc oiea sps a cuíson,g  enesisttitevua dasino eá nliin setiessr tsnaeas c rmieoaanltaiezlr aiad úsen  ditceea nmlodsee nnatcleuia mesn nteorens    2021-14783n https://ww
el alumnado de 4º de Educación Primaria. Se realiza cada cuatro años, el último en 2015.
 
 
Los resultados del informe PISA en las dos últimas ediciones (2015 y 2018) se muestran a 
continuación. 
CUADRO Nº 46. RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN INFORME PISA  
  Puntuación 2015    Puntuación 2018 
CA Cantabria  España  OCDE    CA Cantabria  España  OCDE 
Matemáticas  495  486  490    499  481  489 
Ciencias  496  493  493    495  483  489 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe PISA. 
En 2018, se supera el nivel de la OCDE en las dos materias. Cabe añadir que, desde 2009, los 
resultados en estas dos competencias se han situado por encima de la media nacional.   
Nacional 
Una de las principales modificaciones introducidas por la LOMCE fue las evaluaciones externas 
de fin de etapa. Una primera, al finalizar el tercer curso de Educación Primaria a partir del 
curso 2014/15, para comprobar el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades 
en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas; otra evaluación, al 
finalizar sexto curso de Educación Primaria a partir del curso 2015/16, respecto al grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología;  y  finalmente,  otra  evaluación  con  efectos 
académicos al finalizar cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y segundo curso 
de Bachillerato, siendo necesaria su superación para obtener los correspondientes títulos a partir 
del curso 2016/1775. 
El Decreto 27/2014, de 5 de junio, que establece el currículo de Educación Primaria en Cantabria 
(modificado en 2016), regula la evaluación y la promoción del alumnado en esta etapa educativa. 
Por su parte, la Orden ECD/110/2014, de 29 de octubre, que establece las condiciones para la 
evaluación y promoción en Educación Primaria en la CA (también modificada en 2016) dispone, 
en su artículo 4, que los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los 
alumnos al finalizar el tercer curso de la etapa y el resultado de la evaluación se expresará de 
forma cualitativa, en los siguientes términos: "iniciado", "en desarrollo", "adquirido" y "adquirido 
ampliamente". Por su parte, el artículo 16 del Decreto 27/2017 establece que la evaluación final de 
Educación Primaria (a realizar al finalizar el sexto curso) se expresará en niveles (estableciéndose 
del 1, el más bajo, al 6). 
Según  se  desprende  de  los  informes  emitidos  sobre  los  resultados  de  la  evaluación 
individualizada  correspondiente  a  tercero  de  primaria,  en  el  curso  2018/19,  tanto  en  la 
competencia  en  comunicación  lingüística  en  lengua  castellana  como  en  lengua  inglesa,  el 
porcentaje de adquisición (nivel adquirido más nivel completamente adquirido) disminuye respecto 
del logrado en el curso 2017/18. En el caso de la adquisición de la competencia matemática, el 
porcentaje en estos niveles ha aumentado globalmente más de 15 puntos.  
                                                 
75 No obstante, a través del RDL 5/2016, de 9 de diciembre, fue modificado el calendario de implantación previsto en la 
LOMCE para estas evaluaciones, de forma que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de  s
Estado social y político por la educación, la evaluación de sexto curso de Educación Primaria y la de final de la ESO  e.
serán  consideradas  muestrales  y  tendrán  finalidad  diagnóstica.  Asimismo,  se  estableció  que  la  evaluación  de  w.b
bq3pau1roce/2ch e0qil2dlue0eire, a ardta ole a a n 2sco9uc  pefdurdeeee srrsai óe annp e teiincesedmtusebadfirrinoeiaisd,   appu oadnrrei ave  ellla arsqs  uoietaebvr taeisolneusc a.a icóEdinoos np dedteaseln   dt dímeteu esfloitdna iaddcleaa d rsbe  qa ueucrtgheaei,pl lneactr oep,n srr  eeepvanoils iszettaáel snrá idoemornbisd lieotao sde   dxaaecrltl  íulceasuj ieevloradcsmui c2ceio1an  c(tfiesióse ncpx aatnolrioza d a ueednl o Eiav,d elueurmlsc iaRtnacaDridói-anoL,     2021-14783n https://ww
Primaria) y 29 (cuarto de ESO) de la LOE.
 
Por su parte, en la evaluación final de sexto de primaria, se observa un porcentaje menor en los 
niveles superiores (5 y 6) y mayor en los inferiores (1 y 2), respecto al curso anterior, en la 
competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y en las competencias básicas en 
ciencia y tecnología, siendo similares en el resto de las competencias.  
En cuanto a la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria, los resultados en la 
adquisición de las competencias son similares en los cursos 2017/18 y 2018/19, representando los 
niveles intermedios (3 y 4) alrededor del 50 %. 
En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de centros que obtuvieron puntuación por debajo 
de la media en cada una de las competencias evaluadas en el curso 2018/19. 
CUADRO Nº 47. PORCENTAJE DE CENTROS POR DEBAJO DE LA MEDIA EN 
COMPETENCIAS EVALUADAS 
(en porcentaje) 
  Competencia  Competencia  Competencia 
Competencia  Competencia social 
lingüística en  lingüística en  en ciencia y 
matemática  y cívica 
español  inglés  tecnología 
3º Primaria  49  52  43  N/A (*)  N/A (*) 
6º Primaria  55  45  45  55  N/A (*) 
4º ESO  50  50  50 (**)  N/A (*)  38 
      40 (***)       
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
(*)  N/A: No aplicable 
(**)  Matemáticas académicas 
(***) Matemáticas aplicadas 
Tal  como  se  recogió  en  la  fiscalización  precedente,  el  Decreto  27/2014  prevé  que,  si  los 
resultados de la evaluación individualizada son desfavorables conforme a los criterios establecidos 
por la consejería competente en materia de educación, el equipo docente propondrá la adopción 
de las actuaciones ordinarias y extraordinarias más adecuadas (mediante planes de mejora 
individuales  o  colectivos).  No  se  han  aportado  planes  de  mejora  de  la  consejería  ante  el 
empeoramiento de algunas de las ratios respecto al curso anterior, si bien se ha comunicado la 
existencia de actuaciones por parte de algunos centros educativos (planes o proyectos para la 
mejora de distintas competencias). 
E)   LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
Por Resoluciones de la DG de Innovación y Centros Educativos, de 25 de octubre de 2017 y de 21 
de septiembre de 2018, se aprueban, respectivamente, los Planes de Actuación del Servicio de 
Inspección de Educación para los cursos 2017/18 y 2018/19. 
Según indican las resoluciones, el plan de actuación es la vía por la que se articulan las diferentes 
intervenciones del Servicio de Inspección de Educación en los centros educativos y ante otras 
instancias de la Administración educativa. En estos planes se recoge la organización interna del  es
servicio  que  posibilita  dichas  intervenciones,  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  la  Orden  o
ECD/111/2015, de 30 de septiembre.  783www.
 
 
Los objetivos y actuaciones generales que aparecen en los mismos presentan, en determinadas 
ocasiones, un carácter excesivamente genérico, sin que se produzca su adecuada concreción y 
cuantificación posterior, lo que impide un seguimiento preciso. 
Las resoluciones mencionadas indican que el inspector jefe del servicio ha de elaborar una 
memoria final, a presentar al Director General de Innovación y Centros Educativos, en la que se 
dará cuenta de las actuaciones realizadas y se formularán las propuestas de mejora necesarias. 
Las memorias remitidas a este Tribunal no aparecen firmadas. 
En  la  memoria  relativa  al  curso  2016/17  se  indicaba  que  el  Servicio  de  Inspección  vio 
incrementado  el  número  de  efectivos  con  la  convocatoria  de  varias  plazas  de  inspectores 
accidentales, si bien no se informa de la ratio existente ni del objetivo deseado, señalándose 
posteriormente por la CA la convocatoria de Oferta de Empleo Público en el año 2018 para el 
Servicio de Inspección, dirigida a la consolidación de plazas, de lo que no se recoge información 
en las memorias de los cursos 2017/18 ni 2018/19. 
F)   DESARROLLO DE LA LEY 6/2008 
Al cierre de 2019, los siguientes preceptos de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de 
Cantabria, continuaban pendientes de desarrollo reglamentario: 
  No se ha creado el Consejo de enseñanzas de Régimen Especial, previsto en su artículo 61, 
como órgano consultivo y de participación en los aspectos relativos a las enseñanzas de régimen 
especial. 
  Dentro de la estructura y organización de la orientación educativa, la Consejería no ha 
determinado  las  condiciones  para  desarrollar  la  intervención  especializada  de  carácter 
psicopedagógico que profundice sobre determinados aspectos de los procesos educativos, tal 
como preveía el artículo 97.  
  La  Consejería  no  ha  promovido  ni  elaborado  planes  de  evaluación  de  la  Inspección 
educativa, para valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos y contribuir a la 
mejora de su funcionamiento, pese a lo previsto en el artículo 157. 
Finalmente, cabe señalar que la posibilidad prevista en el artículo 56 de la Ley, de aprobar cursos 
de especialización para complementar la competencia de los diferentes títulos, por parte de la 
Consejería, no se ha utilizado más que en dos ocasiones (ambos además a través de un RD 
estatal del ejercicio 2019).  
G)   INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
La CA no contaba con un plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas, el cual 
debería formar parte del plan general de infraestructuras de la CA.  
La única información disponible sobre la planificación de inversiones en estas infraestructuras 
deriva de los anexos de inversiones incluidos en los presupuestos generales, donde no se detalla 
la relación de proyectos a acometer, por lo que no puede realizarse el seguimiento de  su 
evolución y culminación. Tampoco figura en los mismos el detalle de las actuaciones de reforma, 
ampliación y mejora de centros educativos. 
No se cuenta con un procedimiento formal para la priorización de los proyectos a acometer. En la  oe.
práctica, las propuestas de proyectos se remiten a la Oficina técnica de la Secretaría General de  w.
la Consejería de Educación para que manifieste su opinión, asignando prioridades desde un punto  783ww
de vista técnico con carácter previo a su aprobación por los órganos directivos de esta consejería.
 
El  capítulo  6  del  programa  322A  “Gestión  de  centros”  de  la  DG  de  Innovación  y  Centros 
Educativos, estaba inicialmente dotado con 15.881 miles de euros, tramitándose modificaciones 
presupuestarias que los disminuyeron en 3.599 miles de euros. De los créditos definitivos se 
adquirieron compromisos de gasto por importe de 11.044 miles de euros, lo que representa algo 
menos del 70 % de los créditos iniciales. 
II.8.7.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
A)  MARCO GENERAL 
La legislación particular de la CA se recoge a continuación: 
  Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la 
Protección a sus Víctimas. 
  Ley 3/2018, de 28 de mayo, de creación del Consejo de la Mujer. 
  Con posterioridad al ejercicio fiscalizado se ha publicado la Ley 2/2019, de 7 de marzo, para 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
Mediante la Ley 3/2018, de 28 de mayo, se recupera la figura del Consejo de la Mujer, suprimido 
por la Ley 2/2012, de 30 de mayo. Se opta por volver a habilitar a este Consejo como “órgano 
colegiado de participación, representación y consulta en todas aquellas materias y políticas que 
afecten a los derechos e intereses de las mujeres cántabras, tanto en las políticas de igualdad de 
género, como en las políticas públicas globales incluyendo la perspectiva de género, en el ámbito 
de la CA de Cantabria”, quedando derogada la disposición de la Ley 2/2012 que recogía la 
creación de la Comisión de Participación de las Mujeres anteriormente señalada. El Decreto 
88/2018, de 25 de octubre de 2018, regula la composición, funciones y régimen de organización y 
funcionamiento de este órgano76.En el ejercicio 2018, el programa de fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres integrante de los Presupuestos de la CA, generó unas 
obligaciones reconocidas de 1.649 miles de euros, siendo el órgano gestor la DG de Igualdad y 
Mujer, integrada en la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social. 
 7cd 6oe   l Le p aga   ira Lt die co yi p   da d ece  i ó c C an r  aáe n cn tt  ae eb rl  r  cid ao e  ns 2s a/ u2r rl 0to i1 vl l2oo  ,,    sm do e ec   dia3iol0,   dladebe o inmrtaealr,y loyoc ,e uhccaoióbnníóa md ecic rloea asdd eao s loalac  CiaCAcoi,o msniie sbsiói endn e d nmeo u Pljleeargretóisc  iacpo acnco ienólsn tG itduoeibr sileaers nn oMi  daue jae Cpreraosnb tóaarrbgsreaia n laoy    2021-14783n https://ww
norma reglamentaria que determinase su composición, organización y bases de funcionamiento.
 
 
B)  CIFRAS SOBRE IGUALDAD 
Se recoge a continuación la distribución de los efectivos de la CA entre mujeres y hombres, según 
datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública al 
cierre del ejercicio fiscalizado. 
CUADRO Nº 48. DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR SEXOS 
(en porcentaje) 
Docencia no  Instituciones 
Consejerías y sus OOAA  Admón. Justicia  Total AG 
Universitaria  Sanitarias 
Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer 
41  59  27  73  20  80  23  77  27  73 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
El siguiente estado refleja la distribución por sexo de los altos cargos de la CA y la composición 
del Parlamento autonómico. 
CUADRO Nº 49. DISTRIBUCIÓN ALTOS CARGOS Y PARLAMENTO AUTONÓMICO 
(en porcentaje) 
Administración y puesto  Mujeres  Hombres 
Administración Autonómica  Presidente/a y Consejeras/os  25  75 
  Direcciones y Secretarías Generales  52  48 
Parlamento Autonómico  Diputadas/os  40  60 
  Mesa de la Cámara  60  40 
  Secretaría General  54  46 
Sociedades regionales  Miembros Consejo Administración  33  67 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad. 
De los datos expuestos en el cuadro anterior, se aprecia la composición equilibrada, conforme se 
define en la DA primera de la LO 3/2007 (las personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean 
menos del 40 % en el conjunto de que se trate) en las direcciones generales, secretarías y otros 
altos  cargos,  miembros  del  Parlamento  y  su  Mesa.  Los  órganos  de  administración  de  las 
sociedades de la CA no cumplían, en términos globales, esta proporción, que fue posteriormente 
introducida con carácter obligatorio por el artículo 21.5 de la mencionada Ley de Cantabria 2/2019. 
C)  ACTUACIONES 
En el ejercicio fiscalizado no se contaba con un plan vigente de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres a nivel de la CA, en el sentido del artículo 46 de la LO 3/2007, dirigido a  e
establecer  los  objetivos  a  alcanzar  en  materia  de  promoción  de  la  igualdad  de  trato  y  bo
oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su  783ww
cGCoAonb.s ieercnuoc idóen .C  Laan tapborsiate drieobr eL aepyr odbea r Cuna nptlaabnr ipaa r2a/ 2la0 1ig9u, adldea d7 d ed eg émnearroz oe,n  tlaam Abdiémni nipsrteravcéi óqnu dee  elal   OE-A-2021-14able en https://
 
Igualmente,  mediante  el  Decreto  40/2019,  de  21  de  marzo,  se  aprobó  la  II  Estrategia  de 
Transversalidad de Género del Gobierno de Cantabria que se configura como el instrumento a 
través del cual se definen los objetivos prioritarios para avanzar en la consecución de la igualdad 
en el ámbito administrativo y en el ámbito social, concretando medidas destinadas a alcanzar el 
objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación por razón de género 
bajo el criterio de la transversalidad. Este decreto dedica un capítulo a mostrar la situación de la 
igualdad en la administración pública regional y a reflejar las prácticas destinadas a fomentar la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
Según  recoge  el  citado  capítulo,  del  estudio  realizado  “se  deduce  que  existe  una  fuerte 
masculinización de los cargos políticos. En 6 de las 8 consejerías el máximo representante político 
es un hombre y en 6 de las 8 consejerías la dirección de gabinete la asume también un hombre. 
En consecuencia, de un total de 16 cargos políticos de responsabilidad, 12 son ocupados por 
hombres; es decir, el 75 %”. 
Por lo que se refiere a las empresas públicas, el artículo 45 de la LO 3/2007 establece la 
obligación de contar con dicho plan para aquellas empresas de más de 250 trabajadores o si así 
figura en el convenio colectivo de aplicación, sin que, al cierre del ejercicio fiscalizado se hubiera 
aprobado  en  SODERCAN,  si  bien  fue  aprobado  el  21  de  marzo  de  2019  para  el  periodo 
2019-2020. 
También con posterioridad al ejercicio fiscalizado, el Gobierno de Cantabria aprobó, con fecha 23 
de mayo de 2019, el “Plan para la igualdad entre mujeres y hombres del SCS". 
La CA ha remitido un informe de evaluación de la efectividad del principio de igualdad, elaborado 
por la DG de Igualdad y Mujer en función de lo previsto en el apartado g) del artículo 51 de la 
LO 3/2007.  El  informe  recoge  las  diversas  actuaciones  realizadas  para  la  remoción  de  los 
obstáculos en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público de la 
CA y en el desarrollo de la carrera profesional (ejecución de la Oferta de Empleo Público para el 
año 2018), para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 
promoción profesional, fomentando la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público 
como a lo largo de la carrera profesional, promocionando la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres  en  los  órganos  de  selección  y  valoración  y  estableciendo  medidas  efectivas  de 
protección frente  al acoso  sexual y al acoso por razón  de  sexo, actuaciones  para  eliminar 
cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, o las relacionadas con la Sociedad de la 
Información (proyecto “Mujer y talento”). 
En el mismo se mencionan diversas convocatorias de subvenciones tendentes al fomento de la 
igualdad.   
 
 
En relación con las previsiones que, con posterioridad al ejercicio fiscalizado, realiza la Ley 
2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cabe señalar que, a 1 
de julio de 2020: 
  El  Observatorio  de  Igualdad  de  Género,  previsto  en  su  artículo  11,  no  había  sido 
constituido77. 
  La consejería competente en materia de igualdad de género no había concluido el desarrollo 
reglamentario de los contenidos del informe de impacto de género que deben incorporar los 
proyectos de ley que apruebe el Gobierno de Cantabria, ni las directrices procedimentales para su 
realización, todo ello según dispone el artículo 22. 
  Tampoco se había concluido la relación de las disposiciones excluidas de la necesidad de 
realizar el trámite a que se refiere el artículo 22 anterior (informe de impacto de género) y que 
recoge la DT segunda. 
II.8.8.  Transparencia y buen gobierno 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula la transparencia, el acceso a la información pública y el 
buen gobierno. Según su DF novena, los órganos de las CCAA disponían de un plazo máximo de 
dos años para adaptarse a las obligaciones en ella contenidas (10 de diciembre de 2015). La CA 
no aprobó una norma propia hasta el dictado de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia 
de la Actividad Pública, con entrada en vigor el 29 de septiembre de dicho año. 
Al cierre de 2019 no se había dado cumplimiento a la DA primera de la Ley 1/2018, al no haberse 
aprobado el reglamento que regule el funcionamiento del Portal de Transparencia de Cantabria y 
el Portal de Participación Ciudadana. 
El artículo 5 de la Ley 19/2013 recoge la obligación de publicar, de forma periódica y actualizada, 
la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.  
Mediante el Decreto 156/2015, de 3 de diciembre, por el que se modifican parcialmente las 
competencias de la estructura básica de la Consejería de Presidencia y Justicia, se señala que, 
con  motivo  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  19/2013,  se  considera  adecuado  atribuir  las 
competencias en materia de transparencia y acceso a la información pública a la DG de Servicios 
y Atención a la Ciudadanía, por su carácter organizativo de tipo horizontal y de apoyo al resto de 
las consejerías. Asimismo, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 
2015 se aprueba la instrucción relativa al fomento de la Transparencia y el Buen Gobierno en la 
Administración de Cantabria. 
Con anterioridad, mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2013, se 
aprobó el Código de Buen Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la CA, 
en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de 
intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria78. 
Este Código preveía en su artículo 20, de una manera excesivamente genérica, que, en el 
supuesto de incumplimientos, el Gobierno de Cantabria adoptaría las medidas que en función de 
las circunstancias estimase oportunas, precepto que no ha sido actualizado con posterioridad. 
                                                  oe.
77 Se señala en las alegaciones que el Decreto 53/2020, de 13 de agosto, crea y regula el Observatorio de Igualdad de  w.
Género.  783ww
7a8d aMpotadrilfaic aad ala sp oor bllaig aLceioy ndees  Cdea nbtaubernia  g1o1b/i2e0rn1o8 , edseta b2l1e cdidea sd iceine mlab rLee, yd ed eM Cedaindtaasb rFiai s1ca/2le0s1 8y,  dAed m2i1n isdtera tmivaarsz, op, adrae 
Transparencia de la Actividad Pública. 
 
El  artículo  21  del  Código  indica  que  la  Consejería  de  Presidencia  y  Justicia  debe  remitir 
anualmente informe al Consejo de Gobierno sobre su grado de cumplimiento, de las incidencias 
advertidas en su aplicación y de las medidas que se consideren oportunas para favorecer su 
implantación  efectiva.  En  el  Portal  de  Transparencia  aparece  el  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018, siendo el inmediato siguiente el relativo al 
periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2019, por lo que el segundo semestre de 2018 no queda 
comprendido en ningún informe. Los tres informes analizados no ponen de manifiesto incidencia 
alguna, presentando un carácter excesivamente escueto y general. 
En  el  ejercicio  fiscalizado  no  consta  la  incoación  de  expedientes  conforme  al  régimen  de 
infracciones previsto en la Ley 19/2013 ni en la Ley autonómica 1/2018 desde su entrada en vigor 
el 29 de septiembre de dicho año. 
El Portal de Transparencia de Cantabria contiene, con carácter general, la información actualizada 
a publicar objeto de desarrollo por los artículos 6 a 8 de la Ley 19/2013. No obstante, cabe realizar 
las siguientes precisiones: 
  Aunque  se  ha  advertido  la  inclusión  de  información  que  no  figuraba  en  los  ejercicios 
precedentes (por ejemplo, la relativa a las retribuciones de los consejeros y otros altos cargos), 
esta no se ofrece en el formato de datos abiertos al que se refiere la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.  
  El artículo 6.2 de la citada Ley obliga a la publicación de los planes y programas plurianuales 
en los que se fijen objetivos concretos. En el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria y 
en relación con la AG, esta información se basa en una relación de medidas identificadas como 
“Planes  de  Gobierno  por  Consejerías”  en  el  que  no  consta  el  desarrollo  exigido  referido  a 
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. En particular, el plan plurianual de la 
Consejería de Sanidad que aparece en el portal del SCS no detalla objetivos y actividades, ni se 
indica su grado de cumplimiento. 
  La información contable y presupuestaria del portal no se ofrece al ciudadano en el formato 
de datos abiertos previsto en la Ley 37/2007 antes citada. Además, en relación con los informes 
de fiscalización de la CA, el portal realiza la remisión genérica al buscador del Tribunal de 
Cuentas. 
  En el apartado dedicado a los gastos, deuda e indicadores, el indicador de eficiencia y/o 
eficacia del gasto en la prestación de los servicios públicos remite a otro buscador en el que 
tampoco se puede obtener directamente el valor del citado indicador.  
  Durante el ejercicio fiscalizado no se informaba adecuadamente de los nombramientos, 
gastos de representación y dietas percibidas en el ámbito del SCS, habiéndose tenido constancia 
del escrito enviado por el Director General de Servicios y Atención a la Ciudadanía (de la 
Consejería de Presidencia y Justicia), de fecha 22 de octubre de 2018, requiriendo a la Secretaría 
General de Sanidad para solucionar las omisiones de información79. 
  En  2020  se  da  publicidad,  por  primera  vez,  a  un  informe  sobre  las  resoluciones  de 
autorización o reconocimiento de compatibilidades, referido a 2019, por lo que no se ha acreditado 
la elaboración del relativo al ejercicio fiscalizado. 
  Más del 50 % de las entidades que componían el sector público empresarial y fundacional  e
no publicaban en sus sedes electrónicas o páginas web, de manera clara y estructurada como  bo
señala el artículo 5 de la citada Ley, la información a la que se refieren los artículos 6 a 8 de esta  783ww
n  o  r  m   a  ,   s  i  b  i e  n  ,   a    g  r  a  n    p  a  r t e    d   e estos datos se podía acceder a través del Portal de Transparencia
79 El SCS acredita, en las alegaciones, que esta información ya figura en el mes de octubre de 2020.
 
 
del Gobierno de Cantabria, aunque dichos datos presentaban, con carácter general, un formato no 
reutilizable. 
  El  Portal  de  Transparencia  de  Cantabria  no  incluye  la  información  mínima  patrimonial 
exigida en el artículo 30.2 de la Ley 1/2018, al referirse exclusivamente a inmuebles urbanos sitos 
en las ciudades de Santander y Torrelavega, a derechos de alquiler sobre inmuebles urbanos y a 
viviendas propiedad de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Además, solo se ofrecen los 
datos  exigidos  en  el  citado  artículo  en  relación  con  los  primeros,  con  la  excepción  del  de 
superficie. Por otra parte, la información publicada se presenta sin fecha de actualización. Por su 
parte, el IGBD incorporado al Portal solo permite completar parcialmente la información anterior 
pues, además de ser el correspondiente al ejercicio 2013, adolece de los defectos y deficiencias 
señalados sobre el mismo de manera recurrente en los informes de fiscalización del Tribunal. 
Finalmente, mediante convenio de 10 de febrero de 2016, entre el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno y la CA, se produce el traslado al primero del ejercicio de la competencia para la 
resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013. En el siguiente 
cuadro se muestran las reclamaciones resueltas por dicho consejo sobre asuntos relativos a la 
Administración autonómica. 
CUADRO Nº 50. RECLAMACIONES RESUELTAS POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO 
(en número) 
Resolución  2017  2018 
Desestimadas   1  0 
Estimadas   4  6 
Estimadas parcialmente   2  1 
Estimadas por motivos formales   1  1 
Inadmitidas a trámite  1  4 
Retrotraer actuaciones  0  1 
Suspendido plazo resolución  0  1 
Total  9  14 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
Al cierre de 2019, la CA no había acreditado dar cumplimiento a las reclamaciones RT/0196/2018 
y RT/0538/2018, estimadas por el Consejo el 4 de diciembre de 2018 y el 11 de marzo de 2019, 
respectivamente.  Adicionalmente,  en  relación  con  la  reclamación  RT/0418/2018,  relativa  al 
informe de la IGAC sobre irregularidades en el SCS, en la que el Consejo resolvió retrotraer las 
actuaciones, una vez concluidas estas, por Resolución del Director Gerente del SCS, de 11 de enero 
de 2019, se desestimó la solicitud de acceso a información pública. Contra dicha resolución el 
interesado interpuso nuevamente reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
desestimada por resolución de fecha 8 de abril de 2019 (RT 0024/2019), al considerarse acreditado el 
perjuicio que puede derivarse del acceso a la información solicitada, que puede repercutir de forma 
negativa en el curso de las investigaciones judiciales que, sobre el asunto tratado en dicho informe, se 
estaban llevando a cabo.  s
II.8.9.  Gestión medioambiental  783www.
Lcoan tAemgepnlad,a e n2t0re3 0la ss ombereta se al sDoceisaadrarso llao  suS oosbtjeentiivbole n údme erlao  1O5 rg[Oabnjiezativcoió nd e dDee sNaarrcoilolon eSso sUtennidibales 
 
(ODS) 15], “velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres  y  los  ecosistemas  interiores  de  agua  dulce  y  los  servicios  que  proporcionan,  en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales”. 
La  Consejería  de  Medio  Rural,  Pesca  y  Alimentación  es  el  órgano  de  la  Administración 
autonómica de Cantabria encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Consejo de 
Gobierno en materia de política forestal, la conservación de la naturaleza en su territorio, la lucha 
contra los incendios forestales, la protección del entorno natural, las infraestructuras agrarias, la 
adjudicación de los aprovechamientos comunales y de todas aquellas competencias que en esta 
materia se le atribuyan en el marco de la Constitución y del Estatuto. 
A)  GESTIÓN DE LOS MONTES 
De acuerdo con el artículo 25 del EA para Cantabria, en el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponde a la CA el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de montes, 
aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos. 
La CA no cuenta con legislación propia, siendo plenamente aplicable la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (LM)80. 
Las competencias y atribuciones genéricas de la DG del Medio Natural, dentro de la Consejería de 
Medio  Rural,  Pesca  y  Alimentación,  son,  respecto  de  las  materias  que  tiene  atribuidas  y 
específicamente las relacionadas con las derivadas de la aplicación de la LM, las establecidas en 
la LRJGAC y el Decreto 3/2015, de 10 de julio, de reorganización de las consejerías de la 
Administración de la CA de Cantabria, junto al resto de disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 
En el análisis realizado en el Informe de fiscalización de la CA, ejercicio 2016, se pusieron de 
manifiesto una serie de deficiencias y debilidades en la gestión relativa a los montes, en relación 
con las cuales, durante el ejercicio fiscalizado, se puede señalar lo siguiente: 
  Según el artículo 22 de la LM, la CA debería contar con un registro de montes de titularidad 
privada que no se había constituido al cierre del ejercicio fiscalizado. Sí se dispone de un registro 
para los declarados de utilidad pública (montes públicos demaniales), los cuales suponen en torno 
a la mitad de la superficie de la CA de Cantabria. Tampoco se dispone, ni ha habido avances, en 
la formación de un registro de montes protectores y de montes singulares, pese a lo previsto en el 
artículo 24 de la LM. 
  Siguen sin realizarse actuaciones para el fomento de la agrupación de montes, públicos o 
privados, con el objeto de facilitar una ordenación y gestión integrada mediante instrumentos de 
gestión forestal que asocien a propietarios de pequeños predios forestales, conforme al artículo 27 
de la LM. 
  A diferencia de otras CCAA, Cantabria no contaba con un registro regional de infractores, 
donde  inscribir  a  las  personas  físicas  y  jurídicas  sancionadas  en  virtud  de  resolución 
administrativa firme por determinadas infracciones de la legislación de montes, sin que se hayan 
realizado actuaciones para su creación. 
 8dq 0iu  c eLi e a s m  eL b  e mry e  o,  9 dd /i2 ef i0 c e 1a v8  a l,a  l u d La e Mc  5i  ó    ndy    ea l a md   Li bc eii eey n m  1t ab/ 2l r   e0(a,0  c5lao,  ndq eue en9 t prdaoeds atme erainorz rmvoi,ge ponort ere  lsla ed  qíhaua e7c  esd eer elr femegrieuslnmac oiea lm) ,r éelags ,iLm meeyon d2 di1fei/c2la 0c 1ola5m ,L ederecyi  o22 01d /ed2 e0d 1eju3rl,ei ocd,he po 9os  rd dleae    2021-14783n https://ww
emisión de gases de efecto invernadero.
 
 
B)  CONTROL AMBIENTAL 
Corresponde al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de 
las facultades de las CCAA de establecer normas adicionales de protección, de acuerdo con el 
artículo 149.1.23 de la Constitución. Conforme al artículo 25.7 del EA de Cantabria, la Comunidad 
asume competencias para el desarrollo legislativo y ejecución de la protección del medio ambiente 
y de los ecosistemas, en el marco de la legislación básica del Estado. Así, mediante la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, por la que se regula el control ambiental integrado (LCA), 
se sistematizan, de manera conjunta, las técnicas para evaluar, estimar y considerar, con carácter 
previo  a  su  implantación,  las  actividades  e  instalaciones  con  incidencia  potencial  en  el 
medioambiente. La Ley fue desarrollada por el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento de la referida Ley (RLCA). 
Las técnicas de control ambiental que esta Ley contempla son la autorización ambiental integrada, 
la evaluación ambiental y la comprobación ambiental. 
Por lo que se refiere a las autorizaciones ambientales integradas, en el ejercicio fiscalizado se 
dictó el RD-Leg. 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, donde se establece la regulación de esta 
figura. 
En relación con las evaluaciones ambientales, la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental (LEA), señala en su DF undécima, a los efectos de su aplicación como 
legislación básica, que las CCAA que dispusieran de legislación propia en materia de evaluación 
ambiental deberían adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada 
en vigor, adaptación que no se ha llevado a cabo en el caso de Cantabria.  
El dictado de las normas estatales ha llevado a una aplicación limitada de lo dispuesto en la Ley 
LCA que, aunque permanece vigente, solo es aplicable en aquello en lo que no se oponga a las 
anteriores.  
Con fecha 25 de enero de 2018, la CA sustanció una consulta pública sobre el anteproyecto de 
una nueva ley de control ambiental, remitiendo el proyecto de ley al Parlamento regional el 9 de 
noviembre de ese año. Tras una ampliación de plazo para recibir propuestas hasta el 28 de enero 
de 2019, no se ha producido progreso en la tramitación de esta norma. 
El Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales (SIAA), ubicado en la DG de Medio Ambiente 
de  la  Consejería  de  Universidades,  Investigación,  Medio  Ambiente  y  Política  Social,  es  el 
encargado de la evaluación ambiental en el ámbito de la CA, ejerciendo el papel de órgano 
medioambiental a los efectos previstos en la LEA. 
En el análisis realizado en el Informe de fiscalización de la CA, ejercicio 2016, se pusieron de 
manifiesto una serie de deficiencias y debilidades en la gestión, de cuya situación, al cierre del 
ejercicio fiscalizado, se destacan las siguientes cuestiones: 
  Se mantiene la estructura de la Consejería donde se integra el SIAA apreciándose que, en 
los casos en que el papel de órgano sustantivo o promotor de programas o proyectos sujetos a 
evaluación ambiental también le corresponde, las unidades administrativas competentes para 
ejercitar tales funciones se ubican dentro de la misma DG que el órgano medioambiental SIAA, 
por lo que no se da una adecuada segregación de funciones.   s
  La CA seguía sin constituir el registro ambiental al que se refiere el artículo 6 del RLCA,  w.
instrumento previsto para la acreditación y constancia de cuantas actuaciones de intervención,  783ww
cLoemy py rsoub arceigólna me einnstop,e yc cpióanra  sleo  lqleuvea draenb íaa nc aabrboi tpraorrs lea  lCosA  my elocas nAisymunotsa mdeie cnotoosrd einna acpiólinc anceiócens daeri olas 
entre los distintos intervinientes. 
 
  No se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 95 del RLCA, donde se indica que 
la consejería competente en materia de medio ambiente ha de publicar trimestralmente en el 
Boletín Oficial de Cantabria una relación de las inspecciones llevadas a cabo dentro del ámbito de 
sus  competencias, indicándose  que, en  la práctica, se publican  a través de  la  página  web 
determinados  datos  sobre  el  resultado  de  las  inspecciones  sobre  proyectos  sujetos  a 
autorizaciones ambientales integradas. 
  No se ha aprobado por el Gobierno de Cantabria la ordenanza general de protección 
ambiental, de aplicación en todos los municipios que carezcan de una ordenanza específica, 
prevista  en  el  artículo  36  de  la  LCA.  Tampoco  se  ha  articulado  el  registro  de  entidades 
colaboradoras de la Administración Medio Ambiental, previsto en el artículo 88 del RLCA.  
  El SIAA seguía sin utilizar los mecanismos previstos en los artículos 102 y 103 del RLCA, 
donde  se dispone  que, junto a las  correspondientes sanciones, se exigiría  a  los autores o 
responsables  de  las  infracciones  previstas  en  la  Ley  la  reparación  del  daño  causado  y  la 
indemnización de los daños y perjuicios derivados del mismo. 
C)  SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
La Ley 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la CA de 
Cantabria, crea el canon del agua residual como tributo propio, con naturaleza de impuesto de 
carácter extrafiscal, que grava la generación real o potencial de agua residual. Este canon debe 
destinarse a la financiación de los gastos de inversión, conservación, mantenimiento y explotación 
de los sistemas de saneamiento en la CA. 
El Decreto 36/2015, de 22 de mayo, aprueba el Reglamento de Régimen Económico-Financiero 
del abastecimiento y saneamiento de aguas.  
No se ha acreditado la existencia de un sistema para el seguimiento de la afectación de esta 
financiación a los gastos de inversión, conservación, mantenimiento y explotación de los sistemas 
de saneamiento, tal como prevé la Ley. 
Según los datos provisionales sobre el ejercicio 2018, solo una de las 22 EDARES81 existentes en 
el territorio de la CA y gestionadas por la empresa pública MARE presenta la calificación de “no 
conforme” con los estándares de calidad exigibles para el tratamiento de las aguas residuales 
(Directiva 91/271/CEE). En 2019, de las 25 EDARES en territorio de la CA, solo la de Santoña 
presenta dicha calificación negativa. 
En el artículo 9 de la Ley 2/2014 antes citada, se indica que el Plan General de Abastecimiento y 
Saneamiento de Cantabria es el instrumento de planificación estratégica en materia de agua, en el 
que se fijan las prioridades y se establecen las directrices de la acción pública en este ámbito. Por 
Decreto 33/2015, de 14 de mayo, se aprueba el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento 
de Cantabria, el cual, partiendo del citado ejercicio, no indica su periodo de vigencia.  
Según  el  plan,  en  2015  existían  20  aglomeraciones  urbanas  con  más  de  2.000  habitantes 
equivalentes. Al contar todas ellas con EDAR, se estaría cumpliendo la obligación impuesta por la 
Directiva 91/271/CEE. 
Las diferentes actuaciones previstas en el citado plan alcanzan las 746, recogidas de forma 
ordenada y priorizada, de tal manera que no pueden acometerse nuevas actuaciones hasta haber  s
concluido las anteriores. La CA no ha informado del estado de ejecución ni al cierre del ejercicio  oe.
fiscalizado ni con posterioridad.  w.
                                                
81 Estaciones depuradoras de aguas residuales.
 
 
D)  RESIDUOS 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece en su anexo V el 
contenido con el que deben contar los planes autonómicos de residuos. 
Mediante  Decreto  14/2017,  de  23  de  marzo  se  aprobó  el  Plan  de  Residuos  de  Cantabria 
2017-2023 (PR). El Plan aúna en un solo texto la totalidad de los flujos de residuos generados en 
la CA, debiendo ser una herramienta para lograr una gestión sostenible de los recursos, disminuir 
su generación y optimizar los medios de gestión de los mismos. Para cada uno de los grupos de 
actuaciones (sobre residuos domésticos, envases, residuos industriales, etc.), se definieron una 
serie de objetivos y medidas, así como indicadores para poder valorar periódicamente el grado de 
cumplimiento de los objetivos. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Directiva Marco de Residuos y en el 
artículo 14.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el PR debe ser 
evaluado y revisado como máximo a los seis años de su entrada en vigor. En este sentido, la CA 
solo ha enviado un informe, de noviembre de 2018, donde se recoge la información relativa a la 
actualización de los Indicadores del Punto Focal de Residuos de Cantabria, el cual maneja datos 
hasta 2016, por lo que, dado el periodo al que se refieren dichos datos, su utilidad hubiera sido 
mayor para proceder a la evaluación final del plan precedente al PR 2017-2022 y así tener en 
cuenta estos resultados en la elaboración de este último. No se tiene constancia tampoco de que 
se hayan producido modificaciones en el PR derivadas de este estudio. 
En junio de 2018 se clausuró y selló un vertedero de residuos inertes (residuos de construcción y 
demolición) no autorizado y localizado en la localidad de Potes (comarca de Liébana), el cual 
había sido localizado con anterioridad a 2017, siendo la empresa pública MARE la encargada de 
la ejecución de las obras, con un coste de 297 miles de euros (IVA no incluido). 
El vertedero señalado quedó incurso en el procedimiento de infracción 2015/2192, abierto por las 
autoridades competentes de la Unión Europea en mayo de 2017, si bien, a la vista de las 
actuaciones antes referidas realizadas por la CA en 2018, quedó finalmente fuera de dicho 
procedimiento. 
E)  SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 
La DF segunda de la Ley 7/2013, de 25 de noviembre, por el que se regula el aprovechamiento 
eólico en la CA de Cantabria, difería su entrada en vigor hasta que comenzase la eficacia del Plan 
de Sostenibilidad Energética de Cantabria, plan que fue aprobado posteriormente, con un ámbito 
temporal de 2014 a 2020. 
Este plan concreta determinados programas de actuación que deben ser llevados a cabo por la 
Administración regional. 
El propio plan hace referencia al artículo 86 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, donde se prevé que, para el adecuado seguimiento y evaluación del cumplimiento de 
los objetivos de la Ley, además de los informes periódicos de seguimiento de los diferentes planes 
y programas, cada cuatro años ha de realizarse una evaluación de los distintos instrumentos de 
planificación incluidos en la misma, entre ellos, los planes y programas de ahorro y eficiencia 
energética. Al cierre del ejercicio fiscalizado habían transcurrido más de cuatro años desde la 
entrada en vigor del Plan 2014-2020, sin que se hayan suministrado las evaluaciones formalmente  s
realizadas en torno a los programas de actuación antes citados. No obstante, puede señalarse lo  e.
siguiente sobre la ejecución de las acciones previstas dentro de dichos programas, al cierre del  w.
ejercicio fiscalizado:  783ww
  En  el  programa  8.18,  “Incorporación  de  la  gestión  eficiente  de  la  energía  en  la
Administración”, no se había llevado a cabo la puesta en marcha de un centro de control y
 
monitorización  de  los  centros  de  consumo  de  las  Administraciones  ni  un  plan  de  ahorro  y 
eficiencia energética del conjunto de las Administraciones de la CA. Tampoco se habían llevado a 
cabo acciones de formación, información y asesoramiento destinadas a dar a conocer y a apoyar 
el trabajo que el personal de las diversas Administraciones pueda y deba hacer en aras de una 
mejor eficiencia energética. 
En  relación  con  las  acciones  de  mejora  del  mantenimiento  de  los  equipos  de  las  diversas 
Administraciones, si bien no se ha ejecutado una acción de forma global, se han llevado a cabo 
diferentes  acciones  puntuales  como  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  vehículos 
industriales de MARE, ejecutado en julio de 2018, o la contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las autobombas forestales de la DG de Medio Natural. 
Además, hasta diciembre de 2018, no se aprobó el Acuerdo Marco del suministro de energía 
eléctrica para la Administración regional. 
  En el programa 8.19, “Integración de las Energías Renovables en la Administración”, no se 
han  llevado  a  cabo  las  actuaciones  previstas  de  financiación  de  inversiones  de  las 
Administraciones en sistemas de generación de energías renovables que aumenten el nivel de 
aprovechamiento de los recursos energéticos autóctonos. Tampoco se ha fijado un sistema de 
trazabilidad de la generación de energía renovable realizada por parte de las instalaciones de las 
diversas  Administraciones,  así  como  de  la  procedencia  de  la  energía  suministrada  por  los 
operadores energéticos. 
  En el programa 8.20, “Movilidad Sostenible en la Administración”, cabe destacar que, si bien 
mediante Decreto 32/2018, de 12 de abril, se aprobó la Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático en Cantabria 2018-2030, la cual contiene medidas relativas a la movilidad sostenible, 
como la número 43, dedicada al fomento de la movilidad eléctrica en Cantabria, al cierre del 
ejercicio fiscalizado no se habían comenzado a implantar aún las medidas descritas en dicha 
Estrategia. Tampoco se ha acreditado la formalización de documento institucional alguno en el 
que se declare la asunción de los criterios de responsabilidad social corporativa por parte de la 
CA, donde se preste especial atención a la adquisición consciente de bienes de equipo de elevada 
eficiencia energética (prioritariamente en relación con los elementos de transporte), aunque se 
han comunicado diferentes prácticas implementadas en este sentido desde el año 2016, como son 
las  adquisiciones  de  diferentes  vehículos  eléctricos  para  las  instalaciones  del Parque  de  la 
Naturaleza de Cabárceno o la flota de las consejerías. 
  Al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado,  en  el  programa  8.21,  “Papel  dinamizador  de  la 
Administración en el nuevo desarrollo energético”, no se había llevado a cabo la implantación de 
la norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión Energética en Empresas, Corporaciones locales y 
Administración pública Reglamentaria-Financiero. 
Adicionalmente, el artículo 35 de la  Ley de economía Sostenible prevé que las sociedades 
mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la AGE debían adaptar 
sus planes estratégicos para: 
  Revisar sus procesos de producción de bienes y servicios aplicando criterios de gestión 
medioambiental orientados al cumplimiento de las normas del sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambiental. 
  Incluir en sus procesos de contratación, cuando la naturaleza de los contratos lo permita, y  es
siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación  o
yevc eofeernsclt etrpoa l itaeoinfgsevo,c e tcroanu daeaodnnse d erpoolo   csryo u lna dto ereab jtjmeeoct,ao unc cotlieoónn ndip micdeiieroemlnn eicttoaos  ,n odtyr ea m teeoesj.ejt oacArusas c imcidóoeinsn  mdlroeiocsfei, o vreneanenlo stler oesess s a ctmélr innete idvrdieiooirla sedm cedtba eeim emaneditnsajutilóeedn sicv  daiqnecuci eóug nlaap sddueaeess d  ldeoaensl     2021-14783n https://ww
 
 
mismo, se valorará el ahorro y el uso eficiente del agua y de la energía y de los materiales, el 
coste ambiental del ciclo de la vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la 
generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados y reutilizados o de materiales 
ecológicos. 
  Optimizar el consumo energético de sus sedes e instalaciones celebrando contratos de 
servicios energéticos que permitan reducir el consumo de energía, retribuyendo a la empresa 
contratista con ahorros obtenidos en la factura energética. 
  Identificar  líneas  de  actuación  asociadas  a  procesos  de  investigación,  desarrollo  e 
innovación  relacionadas  con  las  actividades  del  objeto  social  o  estatutario  de  la  entidad, 
orientadas a obtener tecnología no existente en el mercado susceptible de contribuir a mejorar sus 
procesos productivos. 
  Proponer y, en su caso, establecer, en el marco de la negociación colectiva, mecanismos 
que faciliten la movilidad de los trabajadores en el ámbito del sector público empresarial del 
Estado, así como establecer un sistema de formación orientado a la cualificación y adaptación de 
los trabajadores a las nuevas tecnologías y a la cultura de la sostenibilidad. 
En el ámbito de la CA no se ha dictado una norma similar, por lo que las empresas y entidades 
empresariales no han quedado obligadas a incluir estos principios en su planificación estratégica. 
II.8.10. Preparación de la CA para la implementación, control y seguimiento de los ODS 
La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Desarrollo Sostenible 
gira en torno a cinco ejes centrales: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas y está 
integrada  por  17  ODS  con  169  metas,  que  abordan  las  dimensiones  económica,  social  y 
medioambiental de los mismos.  
La Agenda fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015.  
Como se desprende de la Resolución 70/1 de Naciones Unidas, en la implementación de la A2030 
es necesaria la intervención de varios actores, tanto públicos como privados. En el caso español, 
los principales son el Gobierno de España, las Cortes Generales, las CCAA, las entidades locales 
y las entidades del Tercer Sector.  
En la Resolución de 14 de marzo de 2019 del Parlamento europeo, sobre el informe estratégico 
anual de implementación y cumplimiento de los ODS, se hace un llamamiento a una participación 
más intensa de las autoridades regionales y locales en todas las etapas de la implementación de 
dichos objetivos, esto es, planificación, programación, evaluación y control. 
Para un adecuado logro de los ODS, en la etapa inicial, las distintas administraciones deben 
mostrar su compromiso con el cumplimiento de los ODS cuando estos recaigan en materias objeto 
de su competencia. Pese a ello, el Gobierno regional no ha realizado un compromiso formal 
mediante el que se asuman los ODS ni se ha aprobado un plan de acción particular para el logro 
de los objetivos en su territorio y según sus competencias, por lo que se cuenta exclusivamente 
con el plan a nivel nacional como referencia. 
Además, no se ha designado una unidad administrativa para la dirección e información sobre los 
ODS, encargada de la coordinación de todas las unidades de las distintas consejerías implicadas  e.e
en la consecución de estos objetivos.   b
Taecnat moerble iéslo npg úrsobe l icddoees b,le os sipn r OoqmDueSo v ceaor n nslaitve enclo  mnrecegideiiondncaiasal c ai(ódanod pmetanind isdatisrc ahpcoaio rcanu elmas  pinlloifmcoariemlenastoc, i óteennr ctare etr e lrsace escrotoocsri )ei ndnvaio dls ueyc  roahtdarooyass    OE-A-2021-14able en https://
 
acreditado el establecimiento de un mecanismo de información al Parlamento regional para las 
acciones que, en su caso, se llevasen a cabo.  
Adicionalmente, debe establecerse un sistema que permita la asignación de recursos financieros a 
los ODS y que sirva de apoyo a un plan o estrategia para su logro, sin que las órdenes de 
elaboración del presupuesto de la CA para 2017 y 2018 tengan en cuenta la existencia de los 
objetivos  ni  se  identifiquen,  en  dichas  normas  o  en  los  propios  presupuestos,  los  recursos 
destinados al logro de los más relevantes en relación con las competencias de la CA. 
Por último, aunque debe contarse con un sistema de medición de resultados intermedios y finales, 
estableciendo indicadores relevantes con los hitos deseables en cada momento, en base a los 
cuales puedan, en su caso, reorientarse los esfuerzos y recursos para su logro, no se han 
comunicado actuaciones de la CA en este sentido. 
II.9.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
La gestión de los FCI se encuentra regulada en la LFCI, que permite destinar los recursos 
previstos en el artículo 158.2 de la Constitución española a dos fondos, el FCI y el Fondo 
Complementario, con el fin de que este último pueda financiar no solo gastos de inversión, sino 
también los gastos corrientes asociados a dicha inversión. 
II.9.1.  Dotaciones de los Fondos 
El importe total de las dotaciones del ejercicio 2018 para la CA en concepto de FCI, consignado 
en la sección 33 de los PGE, fue de 5.257 miles de euros, de los que 3.943 miles correspondían al 
FC y 1.314 miles al Fondo Complementario (el 33,33 % del primero, según establece el artículo 
6.1 de la LFCI). 
En relación con las obligaciones vinculadas a los proyectos financiados con recursos de los FCI se 
ha detectado que no disponían de aplicaciones presupuestarias específicamente asignadas para 
su registro en la contabilidad de la Comunidad. 
Por tanto, la contabilidad del presupuesto de gastos de la CA no distinguía los remanentes de 
crédito correspondientes a la ejecución presupuestaria de los proyectos financiados con las 
dotaciones de los FCI (con independencia del conocimiento que de dichos remanentes pueda 
tener el órgano encargado de la gestión de los mismos), para su incorporación al presupuesto del 
ejercicio inmediato siguiente, a diferencia de lo previsto por el artículo 8.5 de la LFCI respecto de 
los PGE, lo que dificulta el adecuado seguimiento de los proyectos que establece el artículo 10.3 
de dicha Ley. 
A)   FONDO DE COMPENSACIÓN 
La dotación inicial se incrementó en 626 miles de euros, correspondientes a la incorporación de 
los remanentes de crédito del ejercicio 2017 de la sección 33 de los PGE, que coinciden con los 
fondos pendientes de solicitar a 31 de diciembre de 2017 del proyecto “Mejora de saneamiento y 
abastecimiento” de aguas, gestionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.  
 
 
En el siguiente cuadro se muestran los proyectos a los que se asignaron inicialmente los recursos 
correspondientes  a  la  dotación  del  ejercicio  2018,  las  modificaciones  tramitadas  durante  el 
ejercicio y las dotaciones finales. 
CUADRO Nº 51. DOTACIÓN PROYECTOS FC 2018 
(miles de euros) 
Dotación  Dotación 
Proyectos  Modificaciones 
inicial  final 
Parque de emergencias de Reinosa  400  0  400 
Parque de emergencias Valdaliga  450  (450)  0 
Mejora capa rodadura carreteras CA 758, CA 759, CA 760,  1.362  (462)  900 
CA761, CA 762, CA 763 y CA 764 
Mejora de infraestructuras rurales (caminos rurales)  401  (401)  0 
Extendido nueva capa rodadura CA 145: Heras-Gajano  0  259  259 
Construcción  de  zunchos  de  hormigón  armado  anclados  0  398  398 
mediante  carriles  de  ferrocarril  al  terreno  y  reparación  de 
hundimientos varios 
Acondicionamiento de la carretera CA 445 de Ajo a Güemes  0  433  433 
Mejora saneamiento y abastecimiento (15 subproyectos)  1.210  0  1.210 
Reforma albergues juveniles  120  223  343 
Total  3.943  ± 1313  3.943 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
Posteriormente, con fecha 15 de abril de 2019, se aprobó una nueva modificación que afectó a los 
proyectos ”Reforma de albergues juveniles” y “Construcción de zunchos de hormigón armado 
anclados mediante carriles de ferrocarril al terreno y reparación de hundimientos varios”, cuya 
dotación se redujo en 343 miles de euros y 6 miles, respectivamente, dando lugar al proyecto 
“Obras de  ampliación del centro de  salud  “Cotolino”  en  Castro  Urdiales”,  no previsto hasta 
entonces, por importe de 349 miles de euros. 
 
B)  FONDO COMPLEMENTARIO 
En el siguiente cuadro se muestran los proyectos a los que se asignaron inicialmente los recursos 
correspondientes  a  la  dotación  del  ejercicio  2018,  las  modificaciones  tramitadas  durante  el 
ejercicio y las dotaciones finales. 
CUADRO Nº 52. DOTACIÓN PROYECTOS FONDO COMPLEMENTARIO 2018 
(miles de euros) 
Dotación  Dotación 
Proyectos  Modificaciones 
inicial  final 
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria-MUPAC  1.314  (1.314)  0 
Dragado en roca de la canal de San Vicente  0  742  742 
Acondicionamiento de la plataforma CA-431 de Pontones a  0  572  572 
Suesa 
Total  1.314  ± 1.314  1.314 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
II.9.2.  Recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial 
Los anexos III.1 y III.2 reflejan la liquidación de las aplicaciones del presupuesto de ingresos que 
registraron  los  derechos  reconocidos  y  cobros  por  el  FC  y  el  Fondo  Complementario, 
respectivamente. 
Al igual que en ejercicios precedentes, la CA presupuestó los recursos procedentes de los FCI en 
un mismo subconcepto del presupuesto de ingresos (70602), sin distinguir los que corresponden 
al FC y al Fondo Complementario.  
Como consecuencia de ello, en el estado de liquidación del presupuesto incluido en la Cuenta 
General, este subconcepto, con unos derechos reconocidos y cobrados de 6.332 miles de euros, 
recogió tanto los ingresos financiadores de los proyectos vinculados al FC, que ascienden a 4.334 
miles, como los ingresos para los proyectos vinculados al Fondo Complementario, por un total de 
1.998 miles82.  
II.9.3.  Proyectos de inversión 
A)  PROYECTOS FINANCIADOS 
La gestión de todos los proyectos financiados con las dotaciones de crédito de los FCI del 
ejercicio 2018, se realizó de forma directa por el Gobierno de Cantabria. 
Por otra parte, el artículo 7.3 de la LFCI establece la posibilidad de que, cuando por motivos 
imprevistos, no pueda ejecutarse algún proyecto de inversión de los inicialmente acordados, 
pueda, a propuesta de la CA, sustituirse por otros. Con base en esta autorización, se tramitaron 
durante el ejercicio dos expedientes por los cuales se solicitaba al Comité de Inversiones Públicas 
la sustitución de varios proyectos, que dieron lugar a las modificaciones que se han expuesto en  e
los cuadros 51 y 52.  bo
 8 2   P  o r   e  s  te    m  o  t i v o  ,   e n    l o s    a n  e  x o  s   I I  I.1 y III.2 antes citados el importe de las previsiones finales se corresponde con el
total previsto para ambos fondos.
 
 
La sustitución de proyectos inicialmente acordados en el Comité de Inversiones Públicas por 
otros, según lo preceptuado en el artículo 7.3 de la LFCI, requiere que concurra la imposibilidad de 
ejecución de los proyectos por motivos imprevistos, sin que la acreditación de estos motivos 
venga  exigiéndose  o  aportándose,  ni  en  el  ejercicio  fiscalizado  ni  en  los  precedentes. 
Concretamente, respecto de la sustitución del proyecto “Parque de emergencias Valdaliga”, el 
Consejo  de  Gobierno  la  fundamentó  en  motivos  imprevistos  que  habían  imposibilitado  su 
licitación, sin concretar la naturaleza de tales motivos. Por su parte, la baja del proyecto “Mejora 
capa rodadura carreteras CA 758, CA 759, CA 760, CA761, CA 762, CA 763 y CA 764” se 
fundamenta en que la adjudicación final de la anualidad de 2018 se hizo por un importe inferior al 
previsto en el presupuesto base de licitación; la del proyecto “Mejora de infraestructuras rurales 
(caminos rurales)”, en el retraso en la tramitación del expediente de contratación; y la del proyecto 
“Museo  de  Prehistoria  y  Arqueología  de  Cantabria-MUPAC”  en  diversas  circunstancias 
sobrevenidas que retrasaron el proyecto, sin que se llegasen a especificar. 
B)  GRADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS PROYECTOS 
La CA no contabilizó separadamente la ejecución de cada proyecto de inversión financiado con 
cargo a los FCI según prescribe el artículo 10.3 de la LFCI, al no imputarse en exclusiva a una 
aplicación  presupuestaria  concreta.  Por  tanto,  la  información  presupuestaria  facilitada  no 
presentaba la ejecución diferenciada de los proyectos, por lo que no es posible obtener su grado 
de ejecución presupuestaria en el ejercicio fiscalizado ni el grado de avance o ejecución de cada 
proyecto  a  partir  de  dicha  contabilidad  presupuestaria.  No  obstante,  consta  la  información 
procedente del SIC respecto de las obligaciones reconocidas y pagadas en el ejercicio 2018 como 
consecuencia de la ejecución de los proyectos financiados con los FCI. 
En relación con lo anterior, es preciso señalar la distinción entre el preceptivo registro contable de 
la ejecución de los proyectos y la información sobre la ejecución física de los mismos, cuyo 
seguimiento se realiza adecuadamente por el órgano encargado de la gestión de los FCI.  
II.9.4.  Financiación de los Fondos 
La diferencia entre el coste total de los proyectos vinculados a los FCI y los recursos obtenidos por 
esta fuente se financió con fondos propios de la Comunidad. 
Las peticiones de fondos realizados por la CA se han efectuado de conformidad con lo establecido 
en  el  artículo  8.2.a)  de  la  LFCI.  Globalmente,  las  solicitudes  de  fondos  por  FC  y  Fondo 
Complementario realizadas en 2018 supusieron 4.744 miles de euros, mientras que los derechos 
reconocidos y recaudados en el presupuesto de ingresos del ejercicio han sido 6.332 miles de 
euros. 
La CA ha registrado los derechos reconocidos, incorrectamente, en el ejercicio en que se produjo 
el cobro, contrariamente a lo establecido en el Documento 4 de los Principios Contables Públicos, 
según el cual la CA debía reconocer el derecho en el momento en que se efectuase la petición de 
fondos al Estado e  imputarlo  al presupuesto de  ingresos en  vigor.  Por  tanto, los derechos 
reconocidos en 2018 estarían sobrevalorados en 1.588 miles de euros, de los que 576 miles 
corresponden al FC y 1.012 miles al Fondo Complementario. 
El resumen de la financiación obtenida por la CA, durante el ejercicio fiscalizado, por recursos de 
los FCI procedentes de dotaciones de diferentes ejercicios, se refleja en el estado siguiente, 
detallando para cada dotación y tipo de fondo los importes solicitados y pendientes de solicitar al  e.e
final de cada ejercicio.  bo
 
CUADRO Nº 53. RECURSOS DE LOS FCI OBTENIDOS 
(miles de euros) 
Ejercicio 2018 
Pendiente de 
FCI origen   Dotación 
solicitar a 01/01  Pendiente de solicitar 
Solicitado 
a 31/12 
2017  4.051  626  626  0 
2018  3.943  3.943  3.132  811 
Total FC  7.994  4.569  3.758  811 
2017  1.350  0  0  0 
2018  1.314  1.314  986  328 
Total Fondo Complementario  2.664  1.314  986  328 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las entidades fiscalizadas. 
II.10. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
II.10.1. Informe de fiscalización 2016 
La mayor parte de las recomendaciones incluidas en el citado informe fueron reiteradas en el 
correspondiente al ejercicio 2017, aprobado este último por el Pleno del Tribunal de Cuentas con 
posterioridad  a  la  rendición  de  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2018.  En  relación  con  el 
seguimiento de las primeras, cabe señalar: 
1.  La Comunidad debería implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación 
afectada, conforme a los criterios fijados en el Documento 8 por la Comisión de Principios y 
Normas Contables Públicas. Del análisis de los estados financieros rendidos en 2018 no se 
deduce la implantación de medidas para dar cumplimiento a esta recomendación. Aunque la CA 
ha aprobado Orden HAC/47/2019, de 26 de diciembre, reguladora de un nuevo plan general de 
contabilidad pública, esta norma no ha introducido novedades significativas en relación con este 
aspecto. 
2.  La Comunidad debe considerar los saldos de las cuentas restringidas de recaudación como 
integrantes del saldo final de tesorería y proceder a su contabilización y conciliación. No se han 
apreciado avances en este proceso. 
3.  Las memorias deberían aportar toda la información necesaria para conocer la situación 
financiera de la Administración autonómica. Las memorias siguen careciendo de información 
relevante  para  ofrecer  la  información  complementaria  a  la  expresada  en  los  otros  estados 
financieros. No obstante, la aprobación del nuevo plan contable debería conducir a la mejora de 
esta información, al adaptarse al plan marco aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de 
abril,  e  introducir  requerimientos  de  información  complementaria,  tales  como  los  costes  por 
actividades y los indicadores presupuestarios, financieros y de gestión, que amplían los elementos 
de información para la mejora en la gestión pública. 
4.  Se  hace  necesaria  la  dotación  de  medios  al  Servicio  Cántabro  de  Salud,  al  Servicio 
Cántabro de Empleo, al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Instituto  es
Cántabro de Servicios Sociales, con el fin de hacer posible que entidades con personalidad  oe.
jrmRueerissílduamilcctoaiao d sndoeeisfnse t yricde oeonnj ce siceaeuld  cTpairró oimbnnu uudneneascllt  irpadernene  ,slC apuusop eruRn esetseastpsoo,al, u drmacedi áofoxen,ice mlhasea  id smle a8a  l gtadrea eCnn  msofcimeaelyi nsdodióe edn nse ucM 2i api0x a1tqat2ur i,emC 1 ooe4nns dgitooer,es  ss speoitrup eSatsieeceimnnóatnbad rnfoein.   dpaEeann rc 2aiee0 slr1aat3es,     2021-14783n https://www.
 
 
y 27 de mayo de 2014. La CA no ha iniciado el proceso al que hace referencia la recomendación, 
pese  a  venirse  incluyendo  esta  recomendación  en  los  informes  de  fiscalización  de  forma 
recurrente en los últimos años. 
5.  En  relación  con  las  transferencias  realizadas  a  la  Universidad  de  Cantabria,  debería 
analizarse la posibilidad y, en su caso, conveniencia de la aplicación del artículo 44 de la Ley de 
Finanzas de Cantabria, según el cual la Consejería competente en materia de Hacienda podrá 
declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a las entidades 
integrantes  del  sector  público  autonómico  cuando,  como  consecuencia  de  la  existencia  de 
suficientes  disponibilidades  líquidas,  pudieran  no  resultar  necesarias  para  el  ejercicio  de  la 
actividad presupuestada, o incluso solicitar el ingreso en la Tesorería de la Comunidad de la 
totalidad o de parte de dichas disponibilidades. Adicionalmente, habrían de dictarse las normas y 
procedimientos  oportunos  a  fin  de  que,  por  un  lado,  se  incorporase  el  presupuesto  de  la 
Universidad en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y, por otro, se recogiesen los 
extremos  previstos  en  el  artículo  82  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de 
Universidades. Si bien, durante el ejercicio fiscalizado no se habían dictado las oportunas normas 
para la coordinación entre ambas instituciones, tendentes al ejercicio de la tutela financiera que la 
CA tiene encomendada, en las alegaciones al presente Informe se ha puesto de manifiesto que, 
novedosamente, el artículo 3.4 de la Orden HAC/22/2020, de 10 de julio, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la CA de Cantabria para el año 
2021 determina la información que la UC debe enviar a la DG de Tesorería, Presupuestos y 
Política Financiera, entre la que destaca: un estado de ingresos y gastos provisional, una memoria 
general explicativa del contenido del proyecto, la plantilla orgánica, la información relativa al coste 
de personal docente y no docente, así como una relación de las principales inversiones previstas 
en el proyecto de presupuestos y el estado de ejecución si estas han empezado con anterioridad 
al  ejercicio  2021  y  las  fuentes  de  financiación  previstas.  Estas  actuaciones  desarrollan  lo 
dispuesto en el artículo 82 de la LO antes mencionada83.  
6.  Deberían  articularse  los  mecanismos  necesarios  para  que  la  Dirección  General  de 
Tesorería, Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda pueda 
ejercitar el control de las cuentas restringidas de ingresos, integrantes de la Tesorería de la 
Comunidad, cuya competencia está asignada a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria 
hasta el momento en que los fondos de las mismas son traspasados a la cuenta general de 
ingresos. Tampoco se han apreciado avances, perviviendo la situación señalada. 
7.  Las empresas y fundaciones públicas que aún carecen de manuales de procedimientos para 
la contratación del personal, deberían proceder a su implantación, basándose en los principios de 
publicidad de las convocatorias, transparencia e imparcialidad en la selección. Durante el ejercicio 
fiscalizado, no se ha tenido constancia de la aprobación de manuales por parte de nuevas 
                                                 
83 La Universidad, dentro de las alegaciones remitidas, manifiesta que el artículo 2.2.h) de la LO de Universidades, dentro de la 
regulación de su autonomía universitaria, les atribuye “la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la 
administración de sus bienes”, cuyas normas aprobadas por el Gobierno de la CA a través de los Estatutos de la UC ya 
existen, y establecen que “durante el mes de diciembre de cada año, el Consejo de Gobierno presentará el proyecto de 
presupuesto al Consejo Social para su aprobación definitiva”. Como ya se ha señalado en anteriores fiscalizaciones específicas 
sobre la universidad, esta vertiente de la autonomía universitaria provoca antinomias respecto de otro bloque de normas, como 
son las que reconocen competencias exclusivas para la elaboración y aprobación de sus presupuestos a las CCAA sobre la 
base de lo dispuesto en los artículos 153.d y 133 de la Constitución, el artículo 17 de la LO de Financiación de las CCAA y los 
distintos Estatutos de Autonomía y leyes de hacienda promulgadas, así como una amplia jurisprudencia constitucional. Esta 
problemática se ha agravado con el tiempo al adoptar nuestro ordenamiento presupuestario exigencias estrictas derivadas de 
la  legislación  sobre  estabilidad  presupuestaria  (no  recogidas  expresamente  en  la  normativa  presupuestaria  de  las 
universidades) que culminó con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, el 27 de septiembre de 2011, en el que  e
se consagra el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas. También conviene recordar  o
que la facultad reconocida expresamente en la Constitución a las Cortes Generales para aprobar autónomamente sus  w.
presupuestos, o en el caso de la competencia de los órganos constitucionales del Estado y/o de relevancia constitucional para  783ww
eiunlntaeibvgeorrrasarars leisd uaesdn .r  eloLssop  ePmcGtisivEmo, soe  pnsr uevcsierutdupedu  erdesestlop sae,rc tsítcoeu  ddloee  s1lao3rs4r o.2pll aadr leea nmla te opndrtooossp  iaea suCttooosnn ócsmatitsiucocosisó a ny ,t  rddaeovmnédsá esd  esó ersg ecaconcnoisosan gceorsan np  raeluostsuo pnpuoriemnscítaiap ripoiarses  sdqueup euu nehisadtnaa drdi aey,  
por lo que no se puede aceptar la alegación respecto de la autonomía universitaria en esta materia. 
 
empresas o fundaciones públicas regionales que no contaran anteriormente con ellos. Cabe 
destacar que no se aprecian avances al respecto en los últimos ejercicios. 
8.  La Comunidad debería completar la conexión del sistema contable auxiliar de Modernización 
y Organización Unificada de Recursos Operativos con el Sistema de Información Contable con el 
fin de realizar de forma telemática la transmisión de la información contable. No ha habido 
avances a destacar en esta conexión, si bien, la implantación de una nueva versión del SIC, 
regulada en la Orden HAC/46/2019, de 19 de diciembre y con entrada en vigor en 2020, podría 
conllevar cambios, que serán objeto de análisis en las fiscalizaciones siguientes. 
9.  Se deberían depurar y regularizar los derechos reconocidos pendientes de cobro que, 
estando prescritos, figuran aún registrados en contabilidad. Al cierre de 2018, seguían figurando 
en cuentas derechos prescritos por importe de 532 miles de euros. 
10.  Deberían tomarse las medidas oportunas para articular el presupuesto monetario al que se 
refiere el artículo 82 de la Ley de Finanzas de Cantabria, al objeto de conseguir una adecuada 
distribución temporal de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento 
de  la  Comunidad  Autónoma.  La  deficiencia  de  no  contar  con  tal  instrumento  ha  quedado 
subsanada, si bien dicho presupuesto sigue adoleciendo de determinados defectos que dificultan 
su utilidad como elemento de gestión de la tesorería. 
11.  Tal como señala la Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, reiterada por la Resolución de 8 de abril de 
2014, se deberían efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el 
plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio (o incluso 30 de junio) del ejercicio siguiente a que 
se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por este Tribunal. 
No se apreciaron avances normativos dirigidos a adelantar la rendición, que viene proponiéndose 
desde hace más de cinco años. 
12.  Tras el dictado de la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las 
normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, debe 
valorarse la presentación de una Cuenta General única consolidada, mediante la que se pueda 
reflejar  la  situación  presupuestaria  y  patrimonial  del  conjunto  del  sector  público  cántabro. 
Igualmente,  debería  valorarse  el  dictado  de  una  norma  similar  a  la  contenida  en  la  Orden 
HAP/801/2014, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas 
anuales en los casos de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que 
supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación. No ha 
habido avances en ello, pese al dictado de un nuevo plan contable. 
13.  Debería procederse al desarrollo y/o utilización de los diferentes instrumentos previstos en la 
legislación medioambiental para promover una mayor efectividad en el control y coordinación de 
estas actividades. No se han comunicado actuaciones dirigidas a solventar estas cuestiones. 
14.  Debería promoverse el desarrollo reglamentario de los aspectos pendientes de la Ley 
6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. Además, debería potenciarse el papel 
coordinador de la Consejería de Educación en los planes de acción a elaborar por los centros 
educativos a la vista de los resultados obtenidos en las distintas pruebas de evaluación, así como 
reforzarse la revisión y el control económico de los centros docentes, públicos y concertados, 
tanto por la citada Consejería como por la Intervención General de la Comunidad. No se ha 
acreditado la realización de mejoras en torno a las carencias expuestas.  s
II.10.2. Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas   783ww
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ejercicio 2015, instándose a la CA a asumir las conclusiones y seguir las recomendaciones del 
informe de fiscalización de este Tribunal. 
Con posterioridad, en la Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la 
CA de Cantabria, ejercicio 2016, se insta a la CA a adoptar medidas similares a las expuestas en 
el epígrafe anterior. 
III. CONCLUSIONES 
De los resultados de la fiscalización, expuestos en los apartados anteriores, se deducen las 
siguientes conclusiones: 
III.1.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
1.  La estructura de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma (CA) no responde a lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (LF), 
al no presentarse las subcuentas que la debían conformar ni de forma agregada ni consolidada. 
No obstante, para el caso del sector público administrativo, la Cuenta de la Administración 
General  (AG)  se  aproxima  al  contenido  que  debería  tener  la  Cuenta  General  del  sector 
administrativo.  
En general, las cuentas anuales individuales de las entidades que integran el sector público 
autonómico se han rendido respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, 
estructura y contenido, si bien se apreciaron algunos defectos y retrasos en la formalización de las 
correspondientes aprobaciones de las cuentas (subepígrafes II.2.1.A y B). 
2.  Los  organismos  autónomos  (OOAA)  del  Servicio  Cántabro  de  Salud  (SCS),  Servicio 
Cántabro de Empleo (SCE), Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICSST) e 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) siguen sin elaborar cuentas específicas, pese a 
lo señalado por este Tribunal en informes de ejercicios precedentes y por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su Resolución de 24 de septiembre de 2013 
(epígrafe II.2.2). 
III.2.  CONTROL INTERNO 
Por lo que se refiere al adecuado funcionamiento de los mecanismos de control interno y sistemas 
de  planificación  de  gastos  e  ingresos  con  que  contaba  la  Comunidad  durante  el  ejercicio 
fiscalizado, cabe realizar las siguientes observaciones: 
3.  Se sometieron al Consejo de Gobierno 10 expedientes en los que, siendo preceptiva la 
función  interventora,  esta  se  había  omitido,  por  un  importe  de  616  miles  de  euros 
(subepígrafe II.3.1.A). 
4.  Del  informe  de  actuación  emitido  por  la  Intervención  General  de  la  Administración  de 
Cantabria (IGAC) derivado de su actividad de control financiero, cabe señalar que la Sociedad 
Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) había procedido al reintegro derivado 
de dos de los tres hechos recogidos en el mismo, aunque no emprendió acciones para recuperar, 
de aquellos empleados que percibieron indebidamente las cantidades, el importe reintegrado. Por  e
otro lado, en línea con lo que venía señalándose en los informes de fiscalización precedentes, la  bo
Ley 5/2019, de 23 de diciembre, ha modificado la LF, incluyendo la necesidad de elaborar un plan  783ww
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La LF fue modificada, con efectos 1 de enero de 2020, para incluir previsiones similares a las de la 
Ley General Presupuestaria sobre los planes de acción a elaborar por los órganos gestores 
afectados por los controles de la Intervención General y su seguimiento, solventando la carencia 
existente hasta el momento (subepígrafe II.3.1.B). 
5.  Si bien el presupuesto de gastos para 2018 no presentaba ni objetivos ni indicadores que 
permitiesen realizar un seguimiento de su grado de consecución, durante el ejercicio se adoptaron 
las medidas precisas para incluir en la Cuenta General un primer balance de resultados e informe 
de gestión, ambos previstos en la LF (subepígrafe II.3.2.A). 
6.  No se ha establecido la estructura básica de los programas de actuación plurianual a 
elaborar por los entes del sector público empresarial y fundacional según lo prescrito por el 
artículo 63 de la LF, ni se han formulado dichos programas (subepígrafe II.3.2.B). 
7.  El presupuesto monetario elaborado por la CA, al que se refiere el artículo 82 de la LF, 
carece del detalle necesario para conseguir los objetivos de una adecuada distribución temporal 
de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento de esta, así como para 
detectar,  analizar  y  corregir  las  desviaciones  que  se  han  producido.  Además,  presenta 
discrepancias con el plan de tesorería previsto en el artículo 13.6 de la LO 2/2012, de 27 de abril, 
de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF),  pese  a  ser  este  un 
documento de carácter similar. 
Pese a atribuirse la gestión de las cuentas bancarias a la Dirección General (DG) de Tesorería, 
Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda, esta no podía 
ejercer facultades de control de las cuentas restringidas de ingresos hasta el momento en que los 
fondos de las mismas no eran traspasados a la cuenta general de ingresos (subepígrafe II.3.2.C). 
8.  Ni la Orden de 23 de abril de 1998 ni el Decreto 89/2018 incluían previsiones sobre el plazo 
de remisión de las cuentas justificativas de los fondos recibidos mediante el sistema de anticipo de 
caja fija a la Intervención. Además, no se ha podido obtener evidencia de los plazos que median 
entre la aprobación de las cuentas justificativas por la autoridad competente y  su presentación a 
la Intervención delegada, ni de los relativos a la emisión del informe por parte de la Intervención 
sobre la cuenta recibida, puesto que quince de las veintidós habilitaciones existentes no enviaron 
información durante el desarrollo de los trabajos de fiscalización y, en el caso de las que sí 
enviaron, la información se ve afectada por inconsistencias que llevan a cuestionar su fiabilidad 
(subepígrafe II.3.2.F). 
9.  En  relación  con  el  sistema  de  contabilidad  auxiliar  de  Modernización  y  Organización 
Unificada de Recursos Operativos (MOURO) y el Sistema de Información Contable (SIC), se han 
apreciado debilidades derivadas de la falta de conexión automatizada entre los sistemas y la 
ausencia  de  registro  de  determinada  información  en  el  segundo.  Además,  a  diferencia  de 
ejercicios anteriores, los recargos del periodo ejecutivo y los intereses de demora, que forman 
parte de la deuda tributaria, se han comenzado a registrar en el sistema MOURO, lo que habilita el 
reflejo en contabilidad, solventando la deficiencia advertida (epígrafe II.3.3). 
10.  El Decreto 31/2015 señala que corresponde a la Comisión General de Seguridad de la 
Información  la  función  de  elaborar  y  revisar  regularmente  la  Política  de  Seguridad  de  la 
Información para ser aprobada por el Consejo de Gobierno, sin que desde su aprobación en 2016 
haya sido objeto de revisión. Tampoco ha emitido informes sobre el grado de cumplimiento de las 
normas de seguridad de carácter general, ni ha aprobado formalmente los análisis de riesgos ni  s
procedido a su posterior revisión. Esta Comisión, que debía reunirse con carácter ordinario una  oe.
vez al año, no lo hizo durante el periodo 2017-2019. Además, el plan global de seguridad  w.
informática que la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) debía acometer no se  783ww
hfoarbmíaa  gcuelnmeirnaalidzoa daal  lcai earured idtoerlí ae jdeerc liac isoe 2g0u1ri9d.a Ad  sdoicbhrea  efel cchoan,j utanmtop doec olo ss es ihsatebmíaa sll edvea dinofo arm caacbioó nd ea 
 
 
la que se refiere el artículo 34 del Real Decreto (RD), si bien los aspectos comunes a todos ellos 
se verifican en las auditorías periódicas del SCE (epígrafe II.3.4). 
11.  En  el  ejercicio  fiscalizado  no  existía  un  sistema  automatizado  de  vinculación  entre  la 
contabilidad y el sistema de gestión patrimonial, cuyo desarrollo e integración acumulaba un 
considerable retraso. Asimismo, las debilidades detectadas en el Inventario siguen afectando a 
este documento a la hora de ser reflejo de la realidad patrimonial de la CA (subepígrafe II.3.5.A). 
12.  Las consejerías con OOAA adscritos no han acreditado la realización de los controles de 
eficacia a los que se refiere el artículo 85 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la CA de Cantabria (LRJGAC). Tampoco se ha 
constatado la realización de forma suficiente de este control para la ACAT, previsto en su Ley de 
creación (subepígrafe II.3.5.B).  
13.  La CA no realizó actuaciones, ni durante el ejercicio fiscalizado ni hasta el cierre de 2019, 
que dieran cumplimiento al artículo 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, según el cual, todas las Administraciones Públicas deben establecer un 
sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes (subepígrafe II.3.5.D). 
14.  No se ha acreditado el establecimiento formal de mecanismos de control para verificar el 
cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), tal como señala el artículo 27 del 
RD 4/2010, si bien se han comunicado actuaciones prácticas en este sentido (epígrafe II.3.6). 
III.3.  CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
15.  Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de la AG de la Comunidad y las de los 
entes administrativos se desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo con los 
principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, además de desarrollarse la 
gestión presupuestaria según las normas que la rigen, si bien han de realizarse las observaciones 
que se recogen a continuación (subapartado II.5). 
16.  En los expedientes de modificaciones de crédito tramitados en el ejercicio se evidencia que 
gran parte de las insuficiencias presupuestarias que los originan son recurrentes en los últimos 
ejercicios, o bien resultan previsibles por su contenido, lo que revela un margen de mejora en la 
elaboración del presupuesto inicial (subepígrafe II.5.2.A). 
17.  Se dejaron de imputar al presupuesto de 2018 gastos realizados en dicho ejercicio por 
importe de 198.915 miles de euros, aplicándose al mismo 192.293 miles por gastos realizados en 
ejercicios anteriores, actuaciones que no respetan el principio de temporalidad recogido en el 
artículo 46 de la LF, si bien están amparadas en las salvedades establecidas a dicho principio en 
el  artículo  33  de  la  citada  Ley.  Estas  cifras  se  han  duplicado  desde  el  ejercicio  2015 
(subepígrafes II.5.2.B y II.5.3.E).  
18.  Al cierre del ejercicio 2018, la deuda acumulada por los anticipos del mecanismo financiero 
para la devolución de las liquidaciones definitivas de los recursos del sistema de financiación de 
los ejercicios 2008 y 2009 ascendía a 248.506 miles de euros, sin estar registrada en contabilidad 
financiera (subepígrafes II.5.2.C y II.5.3.E). 
19.  La  contabilización  de  las  operaciones  referentes  al  inmovilizado  se  ven  afectadas  por 
diversas deficiencias tales como realizar su registro según el criterio de caja, no dar el tratamiento  e
previsto en el Plan General de Contabilidad (PGC) Pública a las inversiones destinadas al uso  bo
general en el momento de su entrega a dicho uso, no reflejarse la información sobre los bienes  783ww
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20.  Derechos por importe de 532 miles de euros, recogidos en las correspondientes cuentas de 
deudores,  podrían  encontrarse  prescritos,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  17  de  la  LF 
(subepígrafe II.5.3.B). 
21.  Ni el Estado de Tesorería ni el Balance incluían el saldo correspondiente a las cuentas 
restringidas de recaudación, pese a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública para 
Cantabria (PGCP) y constituir fondos públicos integrantes de la Tesorería de la Comunidad 
(subepígrafe II.5.3.C). 
22.  La ausencia de baja de las inversiones destinadas al uso general en el momento de su 
entrada en funcionamiento, así como la falta de reflejo contable del valor de los bienes recibidos y 
entregados  en  cesión  y  adscripción,  afecta  a  la  representatividad  de  los  fondos  propios 
(subepígrafe II.5.3.D). 
23.  Al cierre del ejercicio 2019, no se habían llevado a cabo aún las verificaciones sobre 
posibles obligaciones no registradas en contabilidad a las que se refiere la Ley Orgánica (LO) 
9/2013. Por otro lado, la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 13 de noviembre de 
2001 establece, incorrectamente, el mismo tratamiento para las operaciones encuadradas dentro 
del concepto “servicios de tesorería” a prestar a otras entidades y la “gestión de recursos de otros 
entes”. Además, como en ejercicios anteriores, no se realiza reclasificación de la deuda según su 
plazo de vencimiento (subepígrafe II.5.3.E). 
24.  La cuenta del resultado económico-patrimonial no utiliza el modelo previsto en el PGCP para 
entes administrativos, sino el de aquellos que realizan operaciones comerciales. Su saldo se vería 
afectado, principalmente, por no contabilizarse el ajuste de la amortización de los elementos del 
inmovilizado dados de baja, ni los beneficios y pérdidas derivados de las enajenaciones del mismo 
(epígrafe II.5.4). 
25.  La memoria integrante de la Cuenta de la AG no contenía toda la información exigida en el 
PGCP.  En  particular,  no  se  incluía  la  información  sobre  gastos  con  financiación  afectada, 
necesaria para conocer la parte del remanente de tesorería que constituye un recurso para 
financiar  la  actividad  con  carácter  general  ni  se  incluye  información  de  detalle  del  riesgo 
económico  y  de  los  potenciales  desembolsos  presupuestarios  para  la  CA  derivados  de 
determinadas operaciones o hechos, pese a lo dispuesto, entre otras normas, en la Orden 
HAC/46/2018 (subepígrafe II.5.5.A). 
26.  La exactitud de la cifra del remanente de tesorería se vería afectada por las discrepancias 
detectadas en la información de la Cuenta General sobre los fondos líquidos y la incorrecta 
imputación temporal de las obligaciones reconocidas. Dicho remanente no distingue el afectado 
del no afectado (subepígrafe II.5.5.B). 
III.4.  CUENTAS DE LOS SECTORES EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL 
27.  Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de empresas, entes empresariales y 
fundaciones de la Comunidad se desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo 
con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, si bien han de 
realizarse las observaciones que se recogen a continuación (subapartado II.6). 
28.  Inversiones Cántabras Empresariales, S.L. (ICE), Ciudad de Transportes de Santander, S.A. 
(CITRASA) y Sociedad Año Jubilar 2017, S.L., se encontraban incursas en causa de disolución  e.e
obligatoria al cierre del ejercicio 2018, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de  b
Sociedades de Capital (TRLSC) (subepígrafe II.6.1.B).  783ww
2R9e.g ioLnaa l pdeer ioCdaicnitdaabdri ae,n S e.Al .p a(SgOo DdEe RlaCsA aNp)o yrt aCcAioNnTeUs Rd inneor asrigiause  al al ae sStoacbileedcaidda  peanr al ae lD Disepsoasrircoióllno   OE-A-2021-14able en https://
 
 
adicional  (DA)  novena  de  la  Ley  9/2013  de  Presupuestos  Generales  para  2014.  Además, 
SODERCAN  presenta  un  saldo  acumulado  pendiente  de  cobro  de  estas  aportaciones  de 
44.116 miles de euros, sin que en sus cuentas anuales se informe de las razones de ello 
(subepígrafe II.6.1.C). 
30.  Se han detectado errores de registro y valoración en las cuentas anuales de CITRASA, 
Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L., Hospital Virtual Valdecilla, S.L., 
Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L. (GESVICAN), CANTUR y Sociedad 
Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD), al no aplicar lo dispuesto en el PGC. 
Además, los informes de auditoría sobre las cuentas anuales de Medio Ambiente, Agua, Residuos 
y Energía de Cantabria, S.A. (MARE), Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas, 
S.L. (SAICC) y SRECD reflejaban una opinión favorable con salvedades (subepígrafe II.6.1.E). 
31.  La  Fundación  Comillas  del  Español  y  la  Cultura  Hispánica,  la  Fundación  Instituto  de 
Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), y la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) no 
incluían en la memoria de las cuentas anuales la información anual del grado de cumplimiento del 
código de conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones 
financieras temporales, aprobado mediante acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) de 20 de noviembre de 2003 (epígrafe II.6.2).  
32.  La auditoría de la IGAC sobre la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica 
deniega la opinión y la relativa a la Fundación Festival Internacional de Santander (FIS) es 
favorable con salvedades sobre sus cuentas anuales de 2018. Por su parte, esta última fundación 
no reflejaba en las cuentas el uso gratuito de las instalaciones correspondientes a sus oficinas 
(subepígrafe II.6.2.C). 
III.5.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
33.  De  la  comprobación  sobre  el  seguimiento  de  los  procedimientos  establecidos  para  la 
determinación y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla 
de gasto, cabe destacar que, según se determina en el informe elaborado por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública (MINHAFP), en octubre de 2019, Cantabria cumplió el objetivo de 
déficit y de regla de gasto del ejercicio 2018. Por otra parte, la deuda de la CA, al cierre de 2018, 
situada dentro del objetivo, ascendía a 3.171 millones de euros (subepígrafe II.7.2.C). 
III.6.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN   
Al evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía de la gestión de los 
recursos públicos, se han apreciado los siguientes incumplimientos y deficiencias: 
34.  El incremento del 4,2 % del gasto de personal respecto de 2017 en la AG de la CA viene 
marcado por los porcentajes previstos en el artículo 18 de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado (LPGE) para 2018 y el aumento del número de efectivos (epígrafe II.8.1). 
35.  No  se  produjo  la  declaración  de  los  sectores  y  categorías  profesionales  considerados 
prioritarios a los efectos de la excepción de la prohibición de contratar personal temporal y 
nombrar funcionarios interinos, prevista en la Ley de Presupuestos de la CA (LP) para 2018. 
Además, la LP no estableció una fórmula similar a la contenida en la LPGE, requiriendo la previa 
autorización  de  estas  contrataciones  por  parte  de  la  consejería  competente  en  materia  de  s
hacienda o función pública.  e.
Por Decreto 99/2018, de 20 de diciembre, se aprobó la Oferta de Empleo Público de Estabilización  783ww
ppaarraa  seul  ainñcolu 2s0ió1n8 ,e inn ceusmtap olifeenrtdao e txretrcaeo rpdlianzaarsia .e l requisito de permanencia establecido en la LPGE
 
En relación con la tasa de cobertura temporal de los sectores recogidos en la LPGE para 2018, 
para los que se habilitaron las ofertas adicionales de estabilización de empleo, que debía quedar 
por debajo del 8 % al final del periodo 2018-2020 (2021 tras el Real Decreto-Ley (RD-L) 23/2020), 
en junio de 2020 no se había procedido a la convocatoria de plazas. 
Un total de 353 comisiones de servicio superaban el plazo previsto en el artículo 33 de la Ley de 
Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública (subepígrafe II.8.1.A). 
36.  La LP para 2018 derogó la DA novena de la LP para 2015, precepto que exigía, con carácter 
previo a la contratación de personal temporal por parte de empresas y fundaciones públicas 
regionales, la solicitud de informe a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, eliminándose 
así  el  control  previo  que,  hasta  ese  momento,  ejercía  la  mencionada  consejería  sobre  la 
incorporación de dicho personal.  
La mayor parte de las empresas y fundaciones no han acreditado contar con manuales de 
procedimientos  para  la  contratación  del  personal.  Además,  según  los  informes  de  control 
financiero, las contrataciones de personal realizadas mediante autorización del gerente de la 
Fundación  Cántabra  para  la  Salud  y  el  Bienestar  Social  (FCSBS)  en  2018  exceden  las 
competencias estatutariamente atribuidas, la contratación de personal de IDIVAL incurrió en 
diversas deficiencias vinculadas con las convocatorias realizadas y la Fundación FIS realizó 25 
contrataciones de personal temporal sin proceso de selección alguno (subepígrafes II.8.1.B y C). 
37.  La superación del periodo medio de pago (PMP) a proveedores de 30 días determinado 
conforme al RD 635/2014, de 25 de julio, en todos los meses del ejercicio 2018 (salvo marzo), 
implica la ausencia de sostenibilidad de la deuda comercial y afecta negativamente al principio de 
sostenibilidad financiera, sin que, a la vista de ello, se produjera la actualización del plan de 
tesorería conforme a las previsiones del artículo 13 de la LOEPSF. En 2019, la CA recibió una 
comunicación del Ministerio de Hacienda por este motivo. Además, pese a la adhesión a los 
mecanismos de liquidez, no se ha elaborado el informe al que se refiere el artículo 10.2 de la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre (subepígrafe II.8.2.A). 
38.  Las evaluaciones de resultados de los objetivos fijados en los Planes estratégicos de 
subvenciones realizados por algunas consejerías presentan eficacia reducida por la ausencia de 
indicadores o por su naturaleza estrictamente presupuestaria y/o administrativa. Además, en 
relación con la información que debe suministrar y recoger la base de datos autonómica de 
subvenciones,  se  mantiene  la  ausencia  generalizada  de  registro  de  la  resolución  de  los 
procedimientos de reintegro de subvenciones y su recaudación, de las sanciones impuestas y 
otras  prohibiciones  para  obtener  la  condición  de  beneficiario  o  entidad  colaboradora 
(subepígrafe II.8.3.B). 
39.  Del control financiero de la IGAC sobre las subvenciones previstas nominativamente en la 
LP a cargo de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social se 
deducen deficiencias tales como la expresión genérica de las actuaciones a subvencionar, la falta 
de detalle de presupuestos estimados y de los gastos subvencionables, no disponer de manual de 
procedimiento para la concesión, justificación y control de las subvenciones, además de no 
incluirse en los expedientes el informe preceptivo de los servicios jurídicos (subepígrafe II.8.3.C). 
40.  Al analizar la concesión y justificación de nueve subvenciones nominativas gestionadas por 
la DG de Innovación y Centros Educativos y la DG de Deporte, ambas de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, se han advertido importantes deficiencias relacionadas, entre otras, 
con la ausencia del informe preceptivo de los servicios jurídicos al que se refiere el artículo 16.1  es
de la LSC; aparecer el objeto de la ayuda definido de forma genérica, impidiendo determinar si la  o
apacayutritvdeiad sad deo   rilneaga rlCiezosanodssae;  jyse,er í faicn oaerlrmnecesapnmotenin,d adede afcesoc ntao  dsvi ceehnroi fe icol abcrju emltaop ; lpifmoasliteiabn ltdeoe   edaxeci sltaute aoncbcioliiagn aedcsei ó dnoe t drcaeos mp uspburolbicbvieadncaicdói onen npe oslar,    2021-14783n https://www.
 
 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) conforme establece el artículo 20.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) (subepígrafe II.8.3.D). 
41.  Los diferentes compromisos y aportaciones del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y 
de SODERCAN al proyecto ECOMASA, en forma de avales, préstamos y participación en capital, 
desembocarán en unas pérdidas para la Comunidad que se aproximan a los 18.000 miles de 
euros, pues, al cierre del ejercicio fiscalizado, se habría recuperado (y se estaría próximo a 
recuperar) solo una cantidad residual de dichos desembolsos (subepígrafe II.8.4.B). 
42.  No  se  ha  acreditado  haber  realizado  las  evaluaciones  previstas  en  el  Plan  de  Salud 
2014-2019 (subepígrafe II.8.5.C). 
43.  El personal interino del SCS representaba el 37 % de los puestos ocupados de plantilla 
frente al 34 % del ejercicio anterior, por lo que las ratios de temporalidad no están siendo 
reducidas. El número de nombramientos eventuales en los que, a 31 de diciembre de 2018, se 
hace necesario el estudio de la creación de una plaza estructural en la plantilla asciende a 103. En 
relación con los nombramientos temporales, el SCS considera, con carácter general, que todos los 
nombramientos  estatutarios  temporales  son  prioritarios  y  afectan  al  funcionamiento  de  los 
servicios públicos esenciales, sin que exista un control por alguna consejería a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 37 de la LP para 2018. Los efectivos que se encontraban en comisiones 
de servicio con duración superior a dos años se han reducido respecto del ejercicio anterior, 
pasando de 224 a 164. Por otro lado, no se ha llevado a cabo el procedimiento previsto en el 
artículo 51 de la Ley para la provisión y valoración de determinadas plazas no básicas. Además, la 
demora en la resolución de diversos procesos selectivos de personal tiene como consecuencia el 
incremento de los niveles de interinidad y temporalidad, si bien se ha apreciado una mejoría en los 
plazos de resolución de estos procesos respecto del ejercicio anterior (subepígrafe II.8.5.E). 
44.  La Inspección de servicios sanitarios, dependiente de la Consejería de Sanidad, unidad 
encargada de las competencias en materia de inspección y evaluación de servicios sanitarios en 
los términos previstos en los artículos 59.d y 73.f de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, no ha 
acreditado la realización de actuaciones de esta índole en relación con los servicios concertados 
(subepígrafe II.8.5.F). 
45.  En 2018, se produjo un incremento muy significativo de las resoluciones de reclamaciones 
por vía administrativa y sentencias judiciales que reconocían el derecho del proveedor a percibir 
intereses de demora por el pago tardío de facturas (subepígrafe II.8.5.G). 
46.  Al cierre del ejercicio fiscalizado destaca el mayor porcentaje de pacientes con más de 60 
días de espera para consultas especializadas que el de la media nacional (69 frente a 43). No 
obstante, la evolución de las listas de espera ha sido favorable en los dos últimos ejercicios. El 
número de pruebas diagnósticas efectuadas en 2018 se incrementó un 5 %, aunque persiste el 
elevado  número  de  pacientes  pendientes  de  cita  en  ecografías,  resonancias  magnéticas  y 
tomografías  axiales  computarizadas  (TAC).  Además,  el  incremento  del  número  de  cirugías 
programadas en el periodo 2017-2018 en un 0,5 % consiguió reducir la lista de pacientes en 
espera solo en un 0,3 % (29 personas). Ello ha venido acompañado de un aumento en el número 
de días de estancia media en los procesos quirúrgicos, superando los niveles de 2016 y 2017. 
El tiempo medio de espera para primeras consultas de atención especializada previsto en la Ley 
autonómica 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en atención 
sanitaria especializada, se vio superado en el ejercicio fiscalizado, si bien se mejora el dato del 
ejercicio anterior.  s
El personal médico de atención primaria por 1.000 personas asignadas empeoró en 2018 en  w.
relación con el año anterior, pasando de 0,83 a 0,77, aunque esta ratio siguió ligeramente por  783ww
encima de la media nacional (0,76).

 
La opinión de los ciudadanos sobre la atención recibida en las consultas del médico de familia de 
la sanidad pública de Cantabria ha empeorado en los dos últimos ejercicios, si bien aún el 90,7 % 
de los encuestados mantiene una opinión positiva (subepígrafe II.8.5.I). 
47.  La CA no había constituido los comités de seguridad del paciente y gestión de riesgos 
previstos en la Orden SAN/17/2011, de 19 de mayo (punto II.8.5.I.4).  
48.  El gasto sanitario y farmacéutico de Cantabria creció por encima de la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española para 2018 
(punto II.8.5.I.6).  
49.  Los  objetivos  particulares  y  los  indicadores  establecidos  para  la  medición  de  los 
compromisos entre la Dirección Gerencia del SCS y las diferentes Gerencias del SCS presentan 
debilidades en su definición y se ven afectados por la ausencia de información, de tal manera que 
se limita la adecuada valoración del cumplimiento de las acciones previstas (punto II.8.5.I.7). 
50.  La antigüedad del equipamiento tecnológico sanitario en uso del SCS, salvo en la categoría 
de “tomografía por emisión de positrones”, no se adecua a las reglas y estándares recomendados 
a nivel internacional. Además, el porcentaje de bienes en activo con más de diez años de 
utilización supera, en las categorías de “tomografía computarizada”, “resonancia magnética”, 
“angiografía”  y  “endoscopia  flexible”  al  del  conjunto  del  sector  público  sanitario  español 
(punto II.8.5.J.2). 
51.  La Consejería de Educación no contaba con un plan de control propio (al margen del control 
financiero  de  la  Intervención  General),  ni  con  un  manual  aprobado  para  sistematizar  sus 
actuaciones  verificadoras  sobre  los  centros  docentes  públicos.  Además,  la  cuenta  del 
curso 2018/19 fue remitida en fecha posterior a la prevista en la Orden de 23 de septiembre de 
1999 por 32 centros y la cuenta del ejercicio 2018 por 44, mientras las cuentas consolidadas 
relativas al curso 2018/19 y al ejercicio 2018, elaboradas por dicha consejería, se formaron fuera 
de plazo (punto II.8.6.B.2). 
52.  No se llevaron a cabo controles específicos sobre los centros concertados en el ejercicio 
fiscalizado, ni por la propia Consejería ni por la IGAC (subepígrafe II.8.6.C). 
53.  La CA no había aprobado formalmente ningún plan de acción derivado de las distintas 
evaluaciones nacionales e internacionales al alumnado (subepígrafe II.8.6.D). 
54.  A 31 de diciembre de 2019, diversos preceptos de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de 
Educación  de  Cantabria,  continuaban  pendientes  de  desarrollo  reglamentario 
(subepígrafe II.8.6.F). 
55.  La CA no contaba con un plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas, el 
cual debería formar parte de su plan general de infraestructuras. Además, no se cuenta con un 
procedimiento formalmente aprobado para la priorización de los proyectos sobre infraestructuras 
educativas a acometer (subepígrafe II.8.6.G). 
56.  No se ha llegado a constituir la Comisión de Participación de las Mujeres, creada por la Ley 
de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, como órgano colegiado consultivo de interlocución de las 
asociaciones de mujeres con el Gobierno regional, siendo finalmente suprimida en el ejercicio 
2018, momento en el que se recupera la figura del Consejo de la Mujer. Además, en 2018 no se 
disponía de un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a nivel de la CA, si 
bien, en 2019, se aprobó la II Estrategia de Transversalidad de Género del Gobierno de Cantabria,  e.e
instrumento a través del cual se definen los objetivos prioritarios para avanzar en la consecución  bo
de la igualdad en el ámbito administrativo y social. Según se indica en este documento, de un total  783ww
d(o7ep5 o1 r6t%u nc).ai drAagddoeess mp, áopsleí,ts iceSo Oas  DedseEt RarerC soApbNoling sanadobo i ldaidi saepdlluo se eonn,  e ehl laG esojteabr ice2irc0nio1o 9 fri,es cgdaieoli nzuaanld,  o1p 2(lsa sunob nev piogícgeurnaptefae d dIoIe.s8  .p7igo.uAr a hyldo Camd)b.  rdees   OE-A-2021-14able en https://
 
 
57.  Al cierre de 2019 no se había dado cumplimiento a la DA primera de la Ley 1/2018, al no 
haberse aprobado el reglamento que regule el funcionamiento del Portal de Transparencia de 
Cantabria y el Portal de Participación Ciudadana. Si bien el Portal de Transparencia de Cantabria 
contiene, con carácter general, la información a publicar según la Ley 19/2013, se presentan 
algunas carencias derivadas de la no disponibilidad de datos en el formato adecuado para su 
reutilización o la falta de publicación completa de los planes y programas plurianuales. Además, 
hasta 2019 no se da publicidad a los acuerdos sobre compatibilidades concedidas (epígrafe 
II.8.8). 
58.  La CA no contaba con determinados registros previstos en la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (LM), ni tampoco había procedido al desarrollo de diversas acciones 
recogidas en la misma (subepígrafe II.8.9.A). 
59.  Seguía sin constituirse el registro ambiental al que se refiere el artículo 6 del Reglamento de 
la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, por la que se regula el control ambiental 
integrado (RLCA), y sin utilizarse los mecanismos previstos en los artículos 102 y 103 del RLCA, 
para exigir a los autores o responsables de las infracciones previstas en la Ley la reparación del 
daño causado y la indemnización de los daños y perjuicios derivados del mismo, aparte de las 
sanciones que procedan (subepígrafe II.8.9.B). 
60.  Aunque la Ley 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 
la  CA  de  Cantabria,  creó  el  canon  del  agua  residual  como  tributo  propio,  destinado  a  la 
financiación  de  los  gastos  de  inversión,  conservación,  mantenimiento  y  explotación  del 
saneamiento en la CA, no se ha acreditado la existencia de un sistema de seguimiento de la 
afectación de esta financiación a dichos gastos (subepígrafe II.8.9.C). 
61.  En junio de 2018 fue clausurado y sellado un vertedero de residuos inertes (residuos de 
construcción y demolición) no autorizado y localizado con anterioridad a 2017 en la localidad de 
Potes (comarca de Liébana), siendo la empresa pública MARE la encargada de la ejecución de 
las obras, con un coste de 297 miles de euros (subepígrafe II.8.9.D). 
62.  Al cierre del ejercicio fiscalizado no se había realizado aún la evaluación del Plan de 
Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020, pese a lo señalado en el artículo 86 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Además, un gran número de acciones incluidas 
en los programas 8.18, 8.19 y 8.20, cuya ejecución se encomendaba a la CA, permanecían 
pendientes a dicha fecha (subepígrafe II.8.9.E). 
63.  En  relación  con  el  grado  de  preparación  de  la  CA  para  la  implementación,  control  y 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su territorio, no se ha realizado 
un  compromiso  formal  mediante  el  que  se  asuman  dichos  objetivos  en  función  de  las 
competencias autonómicas, ni se ha aprobado un plan de acción particular para su logro; tampoco 
se ha designado una unidad administrativa para la coordinación de las distintas consejerías 
implicadas en la consecución de los ODS ni se han identificado los recursos presupuestarios 
destinados al logro de los principales objetivos relacionados con las competencias de la CA. 
Finalmente, no se ha acreditado el establecimiento de un conjunto de indicadores para medir su 
grado de cumplimiento (epígrafe II.8.10).  
III.7.  FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
64.  Del análisis de la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos 
de  Compensación  Interterritorial  (FCI),  cabe  destacar  que  las  obligaciones  vinculadas  a  los  e.e
proyectos financiados con recursos de los Fondos no disponían de aplicaciones en el presupuesto  b
de  gastos  específicamente  asignadas  para  su  registro  en  la  contabilidad  y  esta  última  no  783ww
dpdiriscothyinoegscu troíeasm  flaionnsae nnrcetieamsda oqnsue ecn otpenus e laddsae  d teocntraéecdri ioetonl  eócsrog drarene oslo peson nFcdoainregdnaotedsso (  cdaoe n ls aiun  degejeepscetuinócdnióe),nn  pcapiarra ed sseuulp  cuinoecnsootracprimoiari aedcneitóo n l doaesl    OE-A-2021-14able en https://
 
presupuesto  del  ejercicio  inmediato  siguiente,  lo  que  dificulta  el  adecuado  seguimiento  que 
establece el artículo 10.3 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de 
Compensación Interterritorial (LFCI). Además, la sustitución de proyectos no se realiza conforme 
al procedimiento previsto en el artículo 7.3 de la Ley (subapartado II.9). 
III.8.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
65.  En  relación  con  las  medidas  tomadas  por  la  Comunidad  para  el  cumplimiento  de  las 
recomendaciones formuladas en el Informe anual de fiscalización del ejercicio 2016, reiteradas en 
gran medida en el relativo al ejercicio 2017, se pone de manifiesto que, en general, no se han 
apreciado avances reseñables, pese a que algunas vienen reiterándose desde hace varios años 
sin que la CA haya tomado ninguna acción dirigida a su cumplimiento (epígrafe II.10.1). 
66.  En la Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la CA de 
Cantabria, ejercicio 2016, se insta a la CA a adoptar medidas básicamente coincidentes con las 
expuestas en el párrafo anterior (epígrafe II.10.2). 
IV. RECOMENDACIONES 
1.  La Comunidad debería implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación 
afectada, conforme a los criterios fijados en el Documento 8 por la Comisión de Principios y 
Normas Contables Públicas.  
2.  La Comunidad debe considerar los saldos de las cuentas restringidas de recaudación como 
integrantes del saldo final de tesorería y proceder a su contabilización y conciliación.  
3.  Las memorias deberían aportar toda la información necesaria para conocer la situación 
financiera de la Administración autonómica.  
4.  En  relación  con  las  transferencias  realizadas  a  la  Universidad  de  Cantabria,  debería 
analizarse la posibilidad y, en su caso, conveniencia de la aplicación del artículo 44 de la 
Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, según el cual la consejería competente 
en materia de Hacienda podrá declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital 
destinadas a las entidades integrantes del sector público autonómico cuando, como consecuencia 
de la existencia de suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no resultar necesarias para el 
ejercicio  de  la  actividad  presupuestada,  o  incluso  solicitar  el  ingreso  en  la  Tesorería  de  la 
Comunidad de la totalidad o de parte de dichas disponibilidades.  
5.  Deberían  articularse  los  mecanismos  necesarios  para  que  la  Dirección  General  de 
Tesorería, Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda pueda 
ejercitar el control de las cuentas restringidas de ingresos, integrantes de la Tesorería de la 
Comunidad, cuya competencia está asignada a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria 
hasta el momento en que los fondos de las mismas son traspasados a la cuenta general de 
ingresos.  
6.  La Comunidad debería completar la conexión del sistema contable auxiliar de Modernización 
y Organización Unificada de Recursos Operativos con el Sistema de Información Contable con el 
fin de realizar de forma telemática la transmisión de la información contable.  
7.  Se deberían depurar y regularizar los derechos reconocidos pendientes de cobro que,  w.b
estando prescritos, figuran aún registrados en contabilidad.   783ww
8no. rmaTsr apsa real  lad ifcotramdou ladceió lna  dOe rcdueenn tHaAs Pa/n1u4a8l9e/s2 c0o1n3s, odlied a1d8a sd een j uelli oá,m pboitro  lad eql usee cstoer  appúrbuliecboa, nd elbaes   OE-A-2021-14able en https://
 
 
valorarse la presentación de una Cuenta General única consolidada, mediante la que se pueda 
reflejar la situación presupuestaria y patrimonial del conjunto del sector público cántabro. 
9.  Debería procederse al desarrollo y/o utilización de los diferentes instrumentos previstos en la 
legislación medioambiental para promover una mayor efectividad en el control y coordinación de 
estas actividades.  
10.  Debería promoverse el desarrollo reglamentario de los aspectos pendientes de la Ley 
6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. Además, debería potenciarse el papel 
coordinador de la Consejería de Educación en los planes de acción a elaborar por los centros 
educativos a la vista de los resultados obtenidos en las distintas pruebas de evaluación, así como 
reforzarse la revisión y el control económico de los centros docentes, públicos y concertados, 
tanto por la citada consejería como por la Intervención General de la Comunidad. 
11.  Debería  acometerse  la  tarea  de  preparación  de  la  Comunidad  Autónoma  para  la 
implementación, control y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 
Madrid, 22 de diciembre de 2020 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
 
 
 
 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
I.  CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
I.0  ENTIDADES INTEGRANTES SECTOR PÚBLICO CANTABRIA. 
I.1-1  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Liquidación de los presupuestos de gastos. 
I.1-2  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Liquidación de los presupuestos de ingresos. 
I.1-3  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Saldos presupuestarios. 
I.1-4  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Balances. 
I.1-5  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Cuentas del resultado económico-patrimonial. 
I.2-1  EMPRESAS PÚBLICAS. Balances. 
I.2-2  EMPRESAS PÚBLICAS. Cuentas de pérdidas y ganancias. 
I.3-1  FUNDACIONES PÚBLICAS. Balances. 
I.3-2  FUNDACIONES PÚBLICAS. Cuentas de resultados. 
I.4  Situación de avales. 
II.  ADMINISTRACIÓN GENERAL 
II.1-1  Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación económica. 
II.1-2  Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación orgánica. 
II.1-3  Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica. 
II.1-4  Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación orgánica. 
II.1-5  Liquidación del presupuesto de ingresos. 
II.1-6  Resultado y saldo presupuestario del ejercicio. 
II.2-0.1  Balance. 
II.2-0.2  Cuenta del resultado económico - patrimonial. 
II.2-1  Deudores Presupuestarios. 
II.2-2  Deudores extrapresupuestarios. 
II.2-3  Tesorería. 
II.2-4  Acreedores no financieros. Presupuestarios. 
II.2-5  Acreedores no financieros. Extrapresupuestarios. 
II.2-6  Pasivos financieros: Préstamos. 
II.2-7  Remanente de Tesorería. 
III.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
III.1  Liquidación de los recursos del Fondo de Compensación.  s
III.2  Liquidación de los recursos del Fondo Complementario.  o
  783ww
  
 
 
Anexo I.0 
 
ENTIDADES INTEGRANTES SECTOR PÚBLICO CANTABRIA 
Entidad  Denominación 
A.G. C.Autónoma  Comunidad Autónoma de Cantabria 
Organismo Autónomo  Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC) 
Organismo Autónomo  Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) 
Organismo Autónomo  Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) 
Organismo Autónomo  Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) 
Organismo Autónomo  Servicio Cántabro de Salud (SCS) 
Organismo Autónomo  Servicio Cántabro de Empleo (SCE) 
Organismo Autónomo  Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICSST) 
Organismo Autónomo  Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) 
Ente Público  Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) 
Sociedad Mercantil  112 Cantabria, S.A. 
Sociedad Mercantil  Balneario y Agua de Solares, S.A., en liquidación 
Sociedad Mercantil  Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA) 
Sociedad Mercantil  El Soplao, S.L.  
Sociedad Mercantil  Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L (GESVICAN)  
Sociedad Mercantil  Gran Casino del Sardinero, S.A. 
Sociedad Mercantil  Hospital Virtual Valdecilla, S.L. 
Sociedad Mercantil  Inversiones Cántabras Empresariales, S.L. (ICE) 
Sociedad Mercantil  Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE) 
Sociedad Mercantil  Nueva Papelera del Besaya, S.L. (NPB) 
Sociedad Mercantil  Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. 
Sociedad Mercantil  Sociedad Año Jubilar 2017, S.L. 
Sociedad Mercantil  Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas S.L. (SAICC) 
Sociedad Mercantil  Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) 
Sociedad Mercantil  Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L. (SOGIESE) 
Sociedad Mercantil  Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, S.L. (PCTCAN) 
Sociedad Mercantil  Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR)  
Sociedad Mercantil  Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) 
Sociedad Mercantil  Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN) 
Otra Entidad Pública  Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) 
Fundación  Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS) 
Fundación  Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria 
Fundación  Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica 
Fundación  Fundación Fondo Cantabria Coopera 
Fundación  Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria 
Fundación  Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) 
Fundación  Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria 
Fundación  Fundación Festival Internacional de Santander (FIS) 
Fundación  Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) 
Consorcio  Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología e Historia y Bellas Artes de 
Cantabria 
Universidad  Universidad de Cantabria (UC) 
 
 
Anexo I.1-1 
         
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Liquidación de los presupuestos de gastos 
(miles de euros) 
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones 
   Subsectores 
iniciales   netas  finales  reconocidas 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL, y OOAA SCS, SCE,  2.729.124       1.569       2.730.693       2.662.163      
ICSST e ICASS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS:         
-  CEARC  1.387       52  1.439       1.337      
-  CIMA  3.003       0  3.003       2.537      
-  ICANE  929       0  929       533      
-  ODECA  1.342       0  1.342       1.034      
ENTES PÚBLICOS:            
-  ACAT  9.721       0  9.721       8.188      
TOTAL  2.745.506       1.621            2.747.127       2.675.792      
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS:         
-  Consorcio  para  los  Museos  de  Prehistoria,  N/D  N/D  N/D  N/D 
Arqueología e Historia y Bellas Artes de Cantabria 
           
N/D: (No disponible)         
           
 
Anexo I.1-2 
         
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Liquidación de los presupuestos de ingresos 
           
(miles de euros) 
           
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
   Subsectores 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL, y OOAA SCS, SCE,  2.729.124     1.569  2.730.693     2.740.789    
ICSST e ICASS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS:         
-  CEARC  1.387     52  1.439     1.412    
-  CIMA  3.003     0  3.003     2.400    
-  ICANE  929     0  929     926    
-  ODECA  1.342     0  1.342     1.303    
ENTES PÚBLICOS:         
-  ACAT  9.721     0  9.721     9.021    
TOTAL  2.745.506     1.621     2.747.127     2.755.851    
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS:         
-  Consorcio  para  los  Museos  de  Prehistoria,  N/D  N/D  N/D  N/D 
Arqueología e Historia y Bellas Artes de Cantabria 
                 
           
N/D: (No disponible)         
           
 
 
Anexo I.1-3 
       
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Saldos presupuestarios 
 
(miles de euros) 
Variación neta 
Resultado  Saldo 
Subsectores  pasivos 
presupuestario  presupuestario 
financieros 
       
ADMINISTRACIÓN GENERAL, y OOAA SCS, SCE, ICSST e  (75.009)       153.626        78.617       
ICASS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS:       
-  CEARC  75        0  75       
-  CIMA  (137)       0  (137)      
-  ICANE  393        0  393       
-  ODECA  269        0  269      
ENTES PÚBLICOS:       
-  ACAT  833        0  833       
         
TOTAL  (73.576)       153.626        80.050       
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS:       
-  Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología e  N/D  N/D  N/D 
Historia y Bellas Artes de Cantabria 
N/D: (No disponible) 
     
Anexo I.1-4  dores  A corto plazo   551.233     296   360   27  205     698   552.819     0 
ee   
Acrgo o  32     0  0  0 0    0  32     0 
A larplaz 999.5 999.5
o  2. 2.   
  Pasiv visiones   5.379       0  0  0 0    0  5.379     0 
Pr
  
 
   
  os os  03   04   20   41  17     63   48   98  
Fondpropi 982.7 1.6 3.5 2.06 10.9 001.4 4
1.
            
  s                            
nce nte   084     994   286   011  472     421   268     6  
ala ula 94. 2. 9. 07.
B c 3 4
  S  /   Cir         
PÚBLICA e euros)  Activo  Gastos a distribuir  516   0  0  0 0    0  516   0 
  ONES  miles d do   247     906   594   57  350     240   394     492     
CI ( za 4. 3. 2. 1.
RA ovili 4.14 4.15
T m
  NIS In   
MI
D
A e 
T  e 
CSS gía 
E, I eolo
C u
S q
CS,  a, Ar
Subsectores  ENERAL, y OOAA S NOMOS:  TOTAL  PUBLICAS:  Museos de Prehistories de Cantabria 
      ADMINISTRACIÓN GICASS  ORGANISMOS AUTÓ - CEARC  - CIMA  - ICANE - ODECA  ENTES PÚBLICOS:  - ACAT  OTRAS ENTIDADES  - Consorcio para los Historia y Bellas Art    2021-14783n https://www.boe.es

       
o I.1-5  RO ORRO  6.846)         17       (346)       364       316         884       5.611)         0 
Anex HORSAH)  (1 (1
AE
(Darios   549          2     3     0  0    4     558          0   
n
di
or
a
xtr
 rimonial  gresos  erencias Eenciones   682.156        1.392      2.400      926      1.275        9.021      697.170        0   
co-pat In Transfy Subv  
 conómi narios   8.927        4      0  0  28        0  8.959        0 
o e Ordi 1.52 1.52
d
  el resulta os)       narios     15.654            0   1      0   0      0   15.655             0     
 CAS  /  Cuentas d (miles de eur stos  erencias Extraordienciones   719.250          88        410        75        16       202        720.041          0   
 CIONES PÚBLI Ga e Transfamiento y Subv  493.574          1.293        2.338        487        971          7.939        506.602          0   
A Don 1. 1.
R ci
T n
 S Fu
NI  
ADMI OAA  s de oria y 
    Subsectores   ADMINISTRACIÓN GENERAL, y OSCS, SCE, ICSST e ICASS  ORGANISMOS AUTÓNOMOS:  - CEARC  - CIMA  - ICANE  - ODECA  ENTES PÚBLICOS:  - ACAT  TOTAL  OTRAS ENTIDADES PUBLICAS:  - Consorcio para los MuseoPrehistoria, Arqueología e HistBellas Artes de Cantabria    2021-14783n https://www.boe.es
 
            Anexo I.2-1 
EMPRESAS PÚBLICAS  /  Balances 
(miles de euros) 
Activo  Pasivo 
Patrimonio 
Denominación  No  No 
Corriente  neto  Corriente 
corriente  corriente 
SOCIEDADES  MERCANTILES  Y  ENTIDADES 
PÚBLICAS EMPRESARIALES 
              
-  112 Cantabria  6.832     480     7.312     0  0 
-  Balneario y Agua de Solares, S.A., en liquidación  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D 
-  CITRASA  237     3.385     1.153     0  2.469    
-  El Soplao   910     524     1.408     0  26    
-  GESVICAN   25.969     8.915     17.418     13.060     4.406    
-  Gran Casino del Sardinero  5.094     629     5.252     12     459    
-  Hospital Virtual Valdecilla  494     529     671     65     287    
-  ICE  6     1     (7.972)     7.979     0 
-  MARE  67.574     36.891     39.149     51.133     14.183    
-  NPB  0  13     13     0  0 
-  Oficina  de  Proyectos  Europeos  del  Gobierno  de  26     4.755     3.368     1.155     258    
Cantabria 
-  Sociedad Año Jubilar 2017  7     217     (1.208)    0  1.432    
-  SAICC  41.627     4.877     9.683     33.494     3.327    
-  SODERCAN  38.475     65.336     52.043     13.495     38.273    
-  SOGIESE  34     3.192     1.828     900     498    
-  PCTCAN  23.860     25.846     26.301     14.568     8.837    
-  CANTUR   67.709     10.453     47.174     17.389     13.599    
-  SRECD  2.060     5.365     1.141     2.237     4.047    
-  SICAN  16.725     22.924     19.951     14.703     4.995    
             
TOTAL  297.639   194.332   224.685   170.190   97.096  
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS           
-  ICAF  73.443     51.184     28.498     88.569     7.560    
N/D: (No disponible) 
         
 
2-2 - 1/2  ado del cicio    N/D  N/D  (2.205)    (163)    320     (311)    97     674     0      N/D  (103)   
Anexo I.      Resultados Resultados Resultoperaciones operaciones ejercontinuadas interrumpidas     N/D N/D  N/D N/D  (2.205)   0      (163)   0      320    0      (311)   0      97    0      674    0      0     0      N/D N/D  (103)   0     
 ncias    estos Bº    N/D  N/D  0      0      0      0      32     0      33     N/D  0     
na pus/ 
a m
 érdidas y g   esultados Iantes de mpuestos    N/D  N/D  (2.205)    (163)    320     (311)    129     674     33     N/D  (103)   
   RESAS PÚBLICAS  /  Cuentas de p (miles de euros)     sultados de explotación RResultados Otras financieros bvenciones irúbricas      N/D N/D N/D  N/D N/D N/D  0     (2.205)   0      0     (163)   0      818    (175)   (323)    0     (327)   16     41    96    (8)    0     (2)   676     3.414    (3.412)   31     N/D N/D N/D  341    (441)   (3)   
P e u
M   R S
E S 
Y ENTIDADE en liquidación  Gobierno de 
     Denominación  SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS EMPRESARIALES  112 Cantabria  Balneario y Agua de Solares, S.A.,  CITRASA  El Soplao   GESVICAN   Gran Casino del Sardinero  Hospital Virtual Valdecilla  ICE  MARE  NPB  Oficina de Proyectos Europeos del Cantabria   N/D: (No disponible)   OE-A-2021-14783able en https://www.boe.es
Anexo I.2-2 - 2/2     ultados Resultado aciones del ejercicio umpidas  0     (154)    0     191     0     (12.348)     0     0      0     43     0     (1.494)    0     (7.643)    0     (1.874)    0    (24.970)     0     (40)      
Resopernterr
   cias     Resultados estos operaciones Bº continuadas i 0     (154)    312    191     (33)    (12.348)     0     0      (5)   43     38    (1.494)    0     (7.643)    0     (1.874)    377  (24.970)     92    (40)      
an pus/ 
n m
  didas y ga   sultados Intes de puestos  (154)    503     (12.381)     0      38     (1.456)    (7.643)    (1.874)    (24.593)     52      
    PÚBLICAS  /  Cuentas de pér (miles de euros)     s de explotación  ReResultados aOtras financieros ones imrúbricas  0     (113)   (41)    141    2.159    (1.797)    4.400    (14.245)    (2.536)    0     0     0      20    240    (222)    3.534    (14.964)   (26)    0     (7.594)   (49)    91    (1.517)   (448)    (42.6632.800  (4.730) )      0     108    (56)      
RESAS  Resultado Subvenci 1 2
P  
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Deno ubilar 201 T ADES PÚ e.es
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     Sociedad A SAICC  SODERCA SOGIESE  PCTCAN  CANTUR   SRECD  SICAN  OTRAS EN ICAF     OE-A-2021-14783able en https://ww
xo I.3-1  otal  029  279  233  815  983  725  781  458  686    989       
Ane T 6. 5. 12. 37. 13. 9. 86.
     
e  6        2        6        3        3        8        9        6        3          6       
  orrient 54 1.83 7.16 3.01 4.16 12 27 4.69 21.82
  Pasivo  e C   0          2        1     0  0        4        4        0        0    1         
  orrient 1.28 20 5.46 2.44 38 9.77
c
N
  o    3        5        6        2        0        3        8        2        3           2         
  nio net 5.48 2.16 4.86 81 29.51 7.11 26 18 4.99 55.39
s  m
ce atri
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  AS  /  Bala os)  orriente     390        4.759        2.707        815        8.481        6.450        774        443        8.200          33.019         
  PÚBLIC s de eur  Activo  nte C   639        520        526        0  502        275        7        15        486          970         
ES  mile orrie 5. 9. 29. 7. 1. 53.
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          Denominación   FUNDACIONES   - FCSBS   - Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de   - Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica   - Fundación Fondo Cantabria Coopera   - Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabri  - IDIVAL   - Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria   - Fundación FIS   - FMV     TOTAL     2021-14783n https://www.boe.es
nexo I.3-2  Rdo Total, Variac. del PN en el ejercicio     75      1      2.253      4      (91)     362      12      0      787      3.403    
A y es  0  0  0  0  0  56  13  0  75   44  
Ajustes ariacion 6 5 1.2
   ultados  Variac. de Variac. de PN por PN ingresos y reconocida gastos puestos ven el imputados s/ Bº excedente directamente del al PN ejercicio           0 264    (189)    0 1    0  0 2.253    0  0 0 4  0 47    (138)    0 (131)   (163)    0 0     (1)    0 0     0  0 296    (84)    0     2.730    (571)   
s m
    DACIONES PÚBLICAS   /  Cuentas de re (miles de euros)  Excedente del ejercicio  nte de la actividad Excedente Excedente de las Iantes de operaciones Otras impuestos ciones financieras rúbricas           1.711    (1.447)   0 264     3.237    (3.236)   0 1     6.175    (4.020)   98    2.253     0 0 0 0  2.687    (2.598)   (42)   47     3.801    (3.932)   0 (131)    927    (927)   0 0      1.101    (1.092)   (9)   0      6.769    (6.482)   9    296     26.408    (23.734)   56    2.730    
N de en
 FU Exce Subv
    Denominación   FUNDACIONES:  - FCSBS  - Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria  - Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica  - Fundación Fondo Cantabria Coopera  - Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental dCantabria  - IDIVAL  - Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria  - Fundación FIS  - FMV  TOTAL  2021-14783n https://www.boe.es

 
                  Anexo I.4 
SITUACIÓN DE AVALES 
(miles de euros) 
                   
Existencias 
Existencias iniciales     Operaciones del ejercicio    
finales 
Avalado 
Avales  Avales 
Nº  Importe        Nº  Importe 
constituidos  cancelados 
                             
1.  Por SODERCAN  3   718    0          0    3   718  
 -  Investigación y Desarrollo de Energías Marinas, 
2   679    0  0    2   679  
S.L. (IDERMAR) 
 -  Wedge Global, S.L.  1   39    0  0    1   39  
2.  Por el ICAF  85   56.375    1.075   6.748    72   50.702  
A.  Entidades del sector público  74   36.874    75   6.136    60   30.813  
 -  CANTUR  2   3.000    0  1.000    1   2.000  
 -  Fundación FIS  2   984    0  72    2   912  
 -  MARE  2   12.090    75  175    1   11.990  
 -  SODERCAN  1   1.666    0  0    1   1.666  
 -  PCTCAN  26   6.522    0  503    24   6.019  
 -  SRECD  2   3.000    0  0    2   3.000  
 -  SICAN  39   9.612    0  4.386    29   5.226  
B.  Entidades del sector privado  11   19.501    1.000   612    12   19.889  
 -  Industrial Blansol, S.A.  1   300    300  300    1   300  
 -  Manantial Fuentecaliente, S.A.  1   200    400  0    1   600  
 -  Cisga, S.L.  1   523    0  0    1   523  
 -  Erzia Tecnologies, S.L.  1   107    0  0    1   107  
 -  Global Steel Wire, S.A.(GSW)  1   13.250    0  0    1   13.250  
 -  Grupo Empresarial SADISA, S.L.  1   4.000    0  0    1   4.000  
-  Sta Snail, S.L.  2   359    0  0    2   359  
-  Sereco Gestión, S.L.  1   350    0  0    1   350  
-  Fundinorte, S.L.  1   312    0  312    1   0 
 -  Cancub Santander, S.L.  1   100    0  0    1   100  
 -  Puerta NC, S.A.  0  0    300  0    1   300  
TOTAL  88   57.093     1.075   6.748     75   51.420  
exo II.1-1  otal  caciones  37.872       11.853      (15.068)     11.600       46.257      (1.000)      (1.000)    22.236  4.664   (43.688)     0 0  0  1.569 
An Tdifi
m
s  s  87   56  0 00   43      0      0  0 0  00      0 0  0  43 
e a 6 6 6 9 9 8
mica    dificacion Negativ 1. 2. 26. 29.
nó mo as 
n eco    Otras  Positiv 0  0 0 0  0  0  0  0 0  0  0 0  0  0 
ó  
  arios  /  Clasificaci     s Incorporaciones os remanentes de crédito s  0 0  0 0 0 0 69 0  69 0  0 0  0 0  96    0 34    0  0 0  0 0 0 0  0 0  69 0 
 resupuest    Créditogeneradpor ingresos  56       68      95      51      1.5 70     1.5 00      00  67    28.936    4.4 30      0 0  0  00 1.5
  es de créditos p  miles de euros)   Transferencias de crédito  sitivas Negativa 47.456      20.3 51.019      39.9927      17.119.695      23.6 119.097     101.1 0     1.0 0 1.0 139    15.90     5 16.503     33.4 0 0  0  135.600 135.6
acion (  s  Po 9       8      0      7       4      0      0  0 0  9      0 0  0  3 
 dific  cioneédito  11.45 1.451.2015.58 29.70 13 29.84
Mo pliae cr
L  /     Amd
 ENERA  éditos ordinarios y ementos crédito  0  0 0 0  0  0  0  0 0  0  0 0  0  0 
ÓN G   Crextra suplde 
 CI  s  Y 
   ADMINISTRA      Capítulos  1. Gastos de personal  2. Gastos corrientes en bienes y servicio3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  Fondo de contingencia y otros 5. imprevistos  TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA OTROS IMPREVISTOS  6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  8. Activos financieros 9. Pasivos financieros  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL   OE-A-2021-14783able en https://www.boe.es
Anexo II.1-2  Total  dificaciones  0  (1.178)     (3.742)     (5.435)     (4.103)     (4.650)     25.108      (4.791)     41.304      (6.605)     (8.022)     (17.192)     (232)     (8.893)     1.569    
m
n orgánica     odificaciones  s Negativas  0  854  2.198  1.806  120  127  6.490  2  9.750  5.840  1.996  0  0  660  29.843     
sificació   Otras m Positiva 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
  Cla nes de 
  arios  /   orporaciomanentes crédito  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
uest   Incre
    caciones de créditos presup (miles de euros)     Créditos Transferencias de generados crédito por ositivas Negativas ingresos 0 0 0  1.795     2.343     0  3.392     6.946     1.569  3.729     7.515     0  1.112     5.124     0  18.038     22.561     0  22.227     8.607     0  80     4.871     0  77.313     33.429     0  1.154     3.345     0  4.292     12.074     0  0 17.192     0  3     235     0  2.465     11.358     0  135.600     135.600     1.569 
  odifi   s  P
RAL  /  M mpliacionede crédito  0  224   441   157   29   0  17.978   2  7.170   1.426   1.756   0  0  660   29.843  
  NE   A
E s s 
  TRACIÓN G Créditos extraordinarioy suplementode crédito 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  
    ADMINI          Secciones    01 Parlamento de Cantabria  02 Presidencia y Justicia  03 Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social  04 Obras Públicas y Vivienda  05 Medio Rural, Pesca y Alimentación Economía, Hacienda y 06 Empleo  09 Educación, Cultura y Deporte  10 Sanidad  11 SCS  12 Innovación, Industria, Turismo y Comercio  13 SCE  14 Deuda Pública  15 ICSST  16 ICASS  TOTAL    2021-14783n https://www.boe.es
 
Anexo II.1-3 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de gastos  /  Clasificación 
económica 
             
(miles de euros) 
             
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Capítulos 
iniciales   netas  finales  reconocidas  de crédito 
1.  Gastos de personal  891.048     37.872     928.920     924.451     4.469    
2.  Gastos  corrientes  en  bienes  y  435.335     11.853     447.188     433.207     13.981    
servicios 
3.  Gastos financieros  59.934     (15.068)    44.866     43.358     1.508    
4.  Transferencias corrientes  644.734     11.600     656.334     644.195     12.139    
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  2.031.051       46.257      2.077.308       2.045.211       32.097      
5.  Fondo  de  contingencia  y  otros  1.000     (1.000)    0  0  0 
imprevistos 
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y  1.000       (1.000)       0      0         0 
OTROS IMPREVISTOS 
6.  Inversiones reales  183.742     (35.126)    148.616     119.502     29.114    
7.  Transferencias de capital  97.941     (8.562)    89.379     82.171     7.208    
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  281.683       (43.688)      237.995       201.673       36.322      
8.  Activos financieros  41.285     0     41.285     41.194     91    
9.  Pasivos financieros  374.105     0     374.105     374.085     20    
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  415.390     0  415.390     415.279     111    
       TOTAL   2.729.124     1.569     2.730.693     2.662.163     68.530    
             
 
 
Anexo II.1-4 
A D MINISTRACIÓN GENERAL  /  Li quidación del presupue sto de gastos   /  Clasificació  n orgánica 
           
(miles de euros) 
           
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Secciones 
iniciales  netas  finales  reconocidas  de crédito 
01  Parlamento de Cantabria  7.543  0     7.543   7.543      0     
02  Presidencia y Justicia  107.481  (1.178)     106.303   102.726      3.577     
Universidades e Investigación, Medio 
03  198.345  (3.742)     194.603   188.077      6.526     
Ambiente y Política Social 
04  Obras Públicas y Vivienda  96.970  (5.435)     91.535   75.822      15.713     
05  Medio Rural, Pesca y Alimentación  85.462  (4.103)     81.359   70.947      10.412     
06  Economía, Hacienda y Empleo  49.738  (4.650)     45.088   44.046      1.042     
09  Educación, Cultura y Deporte  494.515  25.108      519.623   513.258      6.365     
10  Sanidad  19.986  (4.791)     15.195   14.161      1.034     
11  SCS  834.617  41.304      875.921   872.423      3.498     
Innovación, Industria, Turismo y 
12  88.014  (6.605)     81.409   76.586      4.823     
Comercio 
13  SCE  96.234  (8.022)     88.212   81.002      7.210     
14  Deuda Pública  426.140  (17.192)     408.948   407.469      1.479     
15  ICSST  2.592  (232)     2.360   1.783      577     
16  ICASS  221.487  (8.893)     212.594   206.320      6.274     
TOTAL   2.729.124  1.569   2.730.693   2.662.163   68.530  
 
 
 
Anexo II.1-5 
         
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de ingresos 
 
(miles de euros) 
           
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Capítulos 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
1.  Impuestos directos  563.361       0    563.361       570.443      
2.  Impuestos indirectos  882.362       0    882.362       876.636      
3.  Tasas, precios públicos y otros ingresos  87.796       0    87.796       72.339      
4.  Transferencias corrientes  642.071       1.569      643.640       625.379      
5.  Ingresos patrimoniales  13.760       0    13.760       5.238      
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  2.189.350       1.569       2.190.919       2.150.035      
6.  Enajenación de inversiones reales  1.306       0    1.306       744      
7.  Transferencias de capital  64.374       0    64.374       56.777      
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  65.680       0    65.680       57.521      
8.  Activos financieros  23.809       0    23.809       5.522      
9.  Pasivos financieros  450.285       0    450.285       527.711      
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  474.094       0    474.094       533.233      
        TOTAL   2.729.124       1.569     2.730.693       2.740.789      
 
Anexo II.1-6  mportes  (39.337)     (35.672)     (75.009)     153.626  78.617        78.617       
I
  Obligaciones reconocidas netas  2.246.883     41.194     2.288.077     374.085                   
os  6     2     8     1    
  ejercicio   Derechos nocidos net 2.207.54 5.52 2.213.06 527.71               
el  co
d e
o  r  
ri
a
st
u
p
u
  e 
r
p
esultado y saldo  (miles de euros)  nciación afectada 
R a
GENERAL  /   en gastos con fin ón afectada   +5) 
   ADMINISTRACIÓN   Conceptos  1. (+) Operaciones no financieras  2. (+) Operaciones con activos financieros  RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)  VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS  SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)  3.  (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería   4.  (-)  Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio  5.  (+)  Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiaci SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4      2021-14783n https://www.boe.es
         I.  II.  III.        IV.     
nexo II.2-0.1  Ejercicio anterior  999.549     1.048.638     0  0  (49.089)    4.349  2.847.440     0  2.847.440     0  488.393     0  0 488.393    0 0  4.339.731 
A
  Ejercicio corriente  982.703     999.549     0  0  (16.846)    5.379  2.999.532     0  2.999.532     0  551.233     0  12.828 538.405    0 0  4.538.847    
A 
o  S 
 RAL  /  Balance  os)  PASIVO  NDOS PROPIOS  Patrimonio  Reservas  Resultados de ejercicios anteriores  Resultados del ejercicio  OVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS  REEDORES A LARGO PLAZO  Emisiones de obligaciones y otros valores negociables Otras deudas a largo plazo Desembolsos pendientes sobre acciones nexigidos REEDORES A CORTO PLAZO Emisiones de obligaciones y otros valores negociables Deudas con entidades de crédito Acreedores Ajustes por periodificación OVISIONES PARA RIESGOS Y GASTORTO  PLAZO   TOTAL PASIVO 
  N GENE s de eur A) FO  I.   II.   III.   IV.  B) PR C) AC  I.   II.   III.  D) AC  I.   II.  III.  IV. E) PRCO
 NISTRACIÓ (mile Ejercicio   anterior  4.064.499       2.977.906      223.396      627.049      88      236.060      687      274.545     0   62.397     92      210.729     1.327           4.339.731      
DMI o e  7     3     4     2     8     0     6     4     0  0     3     4     7       7    
 A Ejercicicorrient 4.144.24 3.049.49 222.46 624.52 8 247.68 51 394.08 105.67 9 288.25 6 4.538.84
 
S 
O
as al uso general  ateriales  eriales  das  as permanentes  UIR EN VARI as temporales  ación  VO  
     ACTIVO  A) INMOVILIZADO   I. Inversiones destinad  II. Inmovilizaciones inm  III. Inmovilizaciones mat  IV. Inversiones gestiona  V. Inversiones financier B) GASTOS A DISTRIBEJERCICIOS  C) ACTIVO CIRCULANTE   I. Existencias   II. Deudores   III. Inversiones financier  IV. Tesorería   V. Ajustes por periodific            TOTAL ACTI 2021-14783n https://www.boe.es

nexo II.2-0.2    Ejercicio anterior  2.086.060     25.259     1.479.239     19.446     561.955     161     0  0  11  50     49.089    
A
  o e  32     46     45     36     56     49     0  0  09  40     46    
  Ejercicicorrient 2.211.6 22.3 1.484.8 21.7 682.1 5 1 4 16.8
do económico - patrimonial    HABER  RESOS  Ventas y prestaciones de servicios  Ingresos de gestión ordinaria  Otros ingresos de gestión ordinaria  Transferencias y subvenciones  Ganancias e ingresos extraordinario a) Beneficios procedentes del inmovilizado  b) Beneficios por operaciones de endeudamiento  c) Ingresos extraordinarios  d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios  DESAHORRO 
ulta   ING 1.  2.  3.  4.  5.         
     AL  /  Cuenta del res  (miles de euros)     Ejercicio   anterior  2.135.149      B)  1.416.441    698.437    20.271   0    0    0    20.271                      
   ÓN GENER Ejercicio corriente  2.228.478     1.493.574  719.250     15.654     0  0  1  15.653       
CI  
TRA os y  ento 
     ADMINIS     DEBE  A) GASTOS  Gastos de funcionamiento de los servici1. prestaciones sociales   2. Transferencias y subvenciones   3. Pérdidas y gastos extraordinarios   a) Pérdidas procedentes del inmovilizado    b) Pérdidas por operaciones de endeudami   c) Gastos extraordinarios    d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios          AHORRO  2021-14783n https://www.boe.es
 
Anexo II.2-1 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Deudores Presupuestarios 
             
(miles de euros) 
             
Modificaciones 
Años  Saldo inicial  Saldo neto  Cobros  Saldo final 
Aumentos   Disminuciones 
2017 y 
73.462   544   17.115      56.891      12.525      44.366     
anteriores 
2018  0  2.740.789   10  2.740.779      2.698.953      41.826     
             
TOTAL  73.462   2.741.333   17.125      2.797.670      2.711.478      86.192     
 
 
Anexo II.2-2 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Deudores Extrapresupuestarios 
             
(miles de euros) 
             
Saldo  Saldo 
Concepto  Modificaciones  Cargos  Total  Abonos 
inicial  final 
Otros depósitos constituidos  92  0  0  92  0  92 
Fianzas constituidas a corto plazo y a  0  0  0  0  0  0 
largo plazo 
Pagos duplicados o excesivos  1  0  0  1  1  0 
Seguridad Social deudora convenio  0  0  185.590  185.590  185.589  1 
Hacienda Pública deudora por IVA  2.213  0  1.792  4.005  1.761  2.244 
Deudores IVA repercutido  493  (1)     1.972  2.464  1.827  637 
Ant. Remuner. pers. Funcionar.  0  0  5  5  5  0 
Ant. fondos por recursos  0  0  14.902  14.902  14.902  0 
Fianzas para arrendamiento  1  0  0  1  0  1 
Seg. Social deudora IT (ICASS)  93  0  1.330  1.423  1.292  131 
Seg. Social deudora IT (SCS)  0  0  10.274  10.274  10.274  0 
Seguridad Social deudora IT  199  0  4.887  5.086  4.841  245 
Efectos estancados (cartones de bingo)  30  0  38  68  51  17 
Seguridad social deudora I.T (becas)  0  0  1  1  1  0 
Deudores pendientes de compensar  0  0  1.504  1.504  3  1.501 
Hacienda Pública IVA soportado  (32)     0  2.680     2.648     2.703     (55)    
Pagos pendientes de aplicación FLA  0  0  210.038  210.038  210.038  0 
             
TOTAL  3.090       (1)      435.013       438.102       433.288      4.814      
 
Anexo II.2-3 
       
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Tesorería 
 
(miles de euros) 
         
Concepto  Importes 
1.  COBROS     11.517.498    
+  Presupuesto corriente  2.698.954        
+  Presupuestos cerrados  12.526        
+  Operaciones no presupuestarias  8.692.354        
+  Cuentas restringidas de pagos  113.664        
2.  PAGOS    11.439.973   
+  Presupuesto corriente  2.424.839        
+  Presupuestos cerrados  213.695        
+  Operaciones no presupuestarias  8.688.193        
+  Cuentas restringidas de pagos  113.246        
-  Diferencias por redondeo en la conversión  Pta/Euro  0     
I.   Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)    77.525      
3.  Saldo inicial de tesorería      210.729    
II.  Saldo final de tesorería (I+3)        288.254 
 
 
Anexo II.2-4 
           
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Acreedores no financieros  /  Presupuestarios 
             
(miles de euros) 
             
Modificaciones 
Años  Saldo inicial  Saldo neto  Pagos  Saldo final 
Aumentos   Disminuciones 
2012  2.034       0  3  2.031       0  2.031 
2013  2.000       0  0  2.000       0  2.000 
2014  11.102       0  0  11.102       1.223  9.879 
2015  14.731       0  0  14.731       382  14.349 
2016  14.999       0  0  14.999       4.771  10.228 
2017  219.148       0  0  219.148       207.318  11.830 
2018  0  2.662.163   0  2.662.163       2.424.891  237.272 
TOTAL  264.014       2.662.163       3       2.926.174       2.638.585       287.589      
2
1/o II.2-5 -   aldo final  3.041 0 475 74 0 0 0 110 334 3.714 16.223 0 0 0 11 22 0 7.232 0 0 7.071 4.272 8.460 0 
x S
n
A
os  03 45 28 54 05 0 48 94 60 47 09 97 73 71 98 36 60 96 27 78 93 72 75 9 
g 97651 2 9723 22 146227
os  Car 21. 5. 2.74.1. 50.5.2.1.31.62.
ri
a
st
  esupu Total  24.944 745 6.103 628 105 0 248 204 3.294 78.461 17.432 397 73 71 309 258 60 57.428 5.427 2.678 8.364 35.544 71.235 9 
r
p
  ra
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E
s  /   nos  993 745 644 627 105 0 248 110 693 177 4 397 73 71 254 227 60 555 427 678 761 659 086 9 
ero Abo 21. 5. 2.74. 50.5.2.1.31.64.
ci
n
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no fin uros)  nes 
reedores  miles de e Modificacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  A
L  /  
RA cial  951 0 459 1 0 0 0 94 601 284 428 0 0 0 55 31 0 873 0 0 603 885 149 0 
E ni 2. 4.7. 6. 6.3.7.
EN do i 1
G al
N  S
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  CI
A
R
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    ADMINIS Conceptos  IRPF Retención trabajo personal Cuota derechos pasivos Cuota trabajador Seguridad Social Retenciones judiciales MUFACE ISFAS MUGEJU Hacienda Pública acreedor por IVA Acreedores por IVA soportado Fondos recibidos FORPPA (FEOGA) Fianzas recibidas arrendamiento viviendas Gastos compartidos Cesiones parcialesy/o múltiples Otras cuotas sindicales Ret. s/arrend. Urban. (RD 113/98) IRPF ret. Activ. prof. y emp. Retenciones judiciales educación IRPF Retención trabajo personal educación Cuota derechos pasivos educación MUFACE educación Caja de depósitos Recaudación tributos municipales IRPF Retención trabajo personal (SCS) Cuota derechos pasivos (SCS)  2021-14783n https://www.boe.es

2 
2/
o II.2-5 -  do final  1.268 0 0 0 0 7.038 0  0 498 0 145 0 0 0 0 0 0 0 148 0 211 (68)    0 0.279 
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s  4 2 5 7 0 0 0  0 3 4 1 8 2 6 4 5 2 4 5 4 0 0 0 4 
o 09 321 6 71 10 38756 3
g 81 12 7 7 6 2514 0
Car 16. 94.83. 3. 1. 9. 2.194.2. 672.
s  5. 5.
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a
st
supue Total  8.072 192 5 37 4.120 0.248 0  0 4.261 4 1.916 18 2 16 9.604 5 32 284 2.723 4.154 2.671 (68)    0 2.313 
e 1 99 9 3
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  ap 5. 5.
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os  /   bonos  16.861 192 5 37 94.120 90.063 0  0 3.779 4 1.778 18 2 16 9.604 5 32 284 2.583 94.154 218 618 0 77.976 
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  no  uro es 
  eedores  miles de e odificacion 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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L  /  
ENERA o inicial  1.211 0 0 0 0 185 0  0 482 0 138 0 0 0 0 0 0 0 140 0 2.453 (686)    0 54.337 
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N  Sal
Ó
CI
A
R
    ADMINIST Conceptos  Cuota Trabaj. Seguridad Social (SCS) Retenciones judiciales (SCS) MUFACE (SCS) Otras cuotas sindicales (SCS) Seguridad Social acreedora convenio (SCS) Seguridad Social acreedora convenio Mutualidad de Justicia Municipal Mutualidad Benéfica de Auxilio, Agentes y Oficiales IRPF Retención trabajo personal (ICASS) Cuota derechos pasivos (ICASS) Cuota Trabaj. Seguridad Social (ICASS) Retenciones judiciales (ICASS) MUFACE (ICASS) Otras cuotas sindicales (ICASS) Seguridad Social acreedora convenio (ICASS) Cuota Trabaj. Seguridad Social (becas) Seguridad Social acreedora convenio (becas) Sin salida material fondos Hacienda Pública IVA repercutido Cobros en entidades financieras ptes aplicación Ingresos pendientes de distribución  Partidas pendientes de regularización Rectificación aplicación de cobros TOTAL  2021-14783n https://www.boe.es
Anexo II.2-6  Pendiente de mortización al 1 de diciembre  2.000       39.000       18.087       50.000       22.500       55.000       46.667       42.000       25.500       24.000       13.900       21.000       183.706       2.365.803       2.909.163      
a3
    ones  4.200      2.000      8.088      0.000      2.500      7.500      3.333      0  0  8.000      7.900      7.000      0.824      5.553      6.898    
aci 2 1 5 2 2 4 15 36
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 os      ones A 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5.023   5.023      
am sici 52 52
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 Pr    Di
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os financieros s)  Pendiente de amortización al 1 de enero  6.200  61.000  36.175  100.000  45.000  82.500  50.000  42.000  25.500  32.000  21.800  28.000  224.530  1.996.333  2.751.038    
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 ENERAL  /  P (miles de   s formalizados  Total  27.200  100.00  144.700  200.000  90.000  110.000  50.000  42.000  25.500  80.000  35.700  35.000  326.616  2.521.640  3.688.356    
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CIÓN  Présta Nº  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  8  23    
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          Prestamista  BBVA (subrogado de Puertos de Ca  Banco Santander    Banco Santander    Banco Santander (AG)   Banco Santander (AG)   Banco Santander (agente)   Banco Europeo de Inversiones   Banco Europeo de Inversiones (Cofi  Banco Sabadell   Caja Cantabria (LIBERBANK)   Cajamadrid (BANKIA)   Deutsche PfanbriefBank   FFPP   FLA (ICO)   TOTAL  2021-14783n https://www.boe.es

 
Anexo II.2-7 
       
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Remanente de Tesorería 
         
(miles de euros) 
         
Conceptos  Importes 
1.  Derechos pendientes de cobro    73.573    
(+)    del Presupuesto corriente  41.826      
(+)    de Presupuestos cerrados  44.366      
(+)    de operaciones no presupuestarias  4.814      
(-)    de dudoso cobro  17.238      
(-)    cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  195      
2.  Obligaciones pendientes de pago    315.729    
(+)    del Presupuesto corriente  237.272      
(+)    de Presupuestos cerrados  50.317      
(+)    de operaciones no presupuestarias  60.136      
(-)    pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  31.996      
3.  Fondos líquidos    288.254    
I.    Remanente de Tesorería afectado     
II.    Remanente de Tesorería no afectado    (45.132)    
III.     Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II)     46.098    
1     
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AL / Liquidación  miles de euros)  Previsiones finales    5.257              5.257           
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Anex ntes 
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