BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7483
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1112 Sala Primera. Sentencia 168/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo 7289-2015. Promovido por don Erwan Michel Kermarrec respecto de 
la  sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la 
Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de 
inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la 
aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:168
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  7289-2015,  interpuesto  por  don  Erwan  Michel 
Kermarrec, representado por la procuradora de los tribunales doña Rosa Martínez Virgili 
y asistido por el abogado don Guillermo Aguillaume Gandasegui, contra la resolución del 
secretario  de  Estado  de  Justicia  de  28  de  marzo  de  2014  (expediente  317-2013), 
denegatoria de la indemnización solicitada por haber sufrido prisión provisional y ser 
absuelto posteriormente, y contra la sentencia de 5 de noviembre de 2015 de la Sección 
Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional, 
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo núm. 187-2014 interpuesto frente 
a la resolución citada. Han intervenido el abogado del Estado y el ministerio fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 22 de 
diciembre de 2015, la procuradora de los tribunales doña Rosa Martínez Virgili, en 
nombre  y  representación  de  don  Erwan  Michel  Kermarrec  y  bajo  la  dirección  del 
abogado don Guillermo Aguillaume Gandasegui, interpone recurso de amparo contra las 
resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes para resolver este recurso de amparo son los siguientes:
a)  El demandante de amparo estuvo privado de libertad por prisión preventiva entre  s
el 27 de febrero y el 29 de mayo de 2012 en el marco de las diligencias urgentes núm.  e.
21-2012 del Juzgado de Instrucción núm. 21 de Barcelona seguidas contra él como  w.
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de prisión por el primer delito y a la pena de un año de prisión por el segundo. No
obstante, interpuesto recurso de apelación es estimado por la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección Sexta, que dictó sentencia absolutoria el 29 de mayo de 2012.
b)  El demandante de amparo presenta el 28 de mayo de 2013 ante el Ministerio de 
Justicia reclamación indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del Estado por la vía 
del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ). La reclamación, 
por importe de 44.189,99 €, se funda en que ha sufrido 91 días de privación de libertad.
c)  Trascurrido el plazo máximo de terminación del procedimiento administrativo sin 
que el Ministerio de Justicia hubiera responda a la reclamación, el demandante de 
amparo interpone recurso contencioso-administrativo contra el silencio. Posteriormente, 
el secretario de Estado de Justicia, por delegación del ministro del ramo, resuelve 
expresamente la reclamación, desestimándola mediante resolución de 28 de marzo 
de 2014. Tras la ampliación del recurso a esta resolución, la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dicta sentencia desestimatoria 
de 5 de noviembre de 2015. Según razona, debe rechazarse que el recurrente tenga 
derecho a indemnización en aplicación del art. 294 LOPJ porque la sentencia penal deja 
clara la existencia del hecho delictivo, absolviendo al acusado por considerar que la 
prueba practicada (declaración de las víctimas y de los policías que practicaron la 
detención) era insuficiente para corroborar su participación. Se añade que cualquier error 
judicial que pretenda hacerse valer debe canalizarse en el marco del art. 293 LOPJ, sin 
que sea título bastante la mera sentencia absolutoria.
3.  El  demandante  de  amparo  denuncia  que  las  resoluciones  impugnadas  han 
vulnerado su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación con el 
principio  de  igualdad  en  la  aplicación  de  la  ley  (art.  14  CE).  Aduce  igualmente  la 
vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). La 
primera vulneración se habría producido porque la denegación de la indemnización 
aplica una jurisprudencia del Tribunal Supremo contraria a las razones literales de la 
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de julio de 2010 (asunto 
Tendam c. España). Incurre en una petición de principio y en un error de perspectiva al 
distinguir entre inexistencia objetiva e inexistencia subjetiva; opuesta a la equiparación 
entre ambos «tipos de inexistencia» que establece, en cuanto a su tratamiento legal, la 
STC  98/1992,  de  22  de  junio;  resulta  arbitraria,  al  producir  una  diferenciación  de 
tratamiento de las diferentes modalidades de error que no permite discriminar los más 
graves de los menos graves. La Audiencia Nacional habría incurrido en la segunda 
vulneración al exigir la presentación de una demanda declarativa del error judicial, pese 
a que en el presente caso el error consta ya en la sentencia absolutoria.
4.  Por providencia de 22 de mayo de 2017, la Sección Segunda de este Tribunal 
acuerda  admitir  el  presente  recurso  a  trámite  apreciando  que  concurre  especial 
transcendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 
LOTC) porque la posible vulneración denunciada pudiera traer causa de una reiterada 
interpretación jurisprudencial de la ley que pudiera lesionar derechos fundamentales 
[STC 155/2009, FJ 2 d)]. Acuerda también, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 
LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, a fin de que remita certificación o fotocopia 
adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al  procedimiento  ordinario  núm. 
187-2014. Asimismo, acuerda notificar la providencia al abogado del Estado, para que 
pueda comparecer en el presente proceso constitucional, con traslado a estos efectos de 
copia de la demanda de amparo. e
5.  El 2 de junio de 2017 el abogado del Estado se persona en el recurso de  w.
amp6a.r o.Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Primera de  2020-1112n https://w
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de la Audiencia Nacional. Asimismo, se acuerda, conforme al art. 52 LOTC, conceder al 
ministerio fiscal y a las partes personadas un plazo común de veinte días para que, con 
vista de las actuaciones, formulen alegaciones.
7.  La representación del recurrente presenta su escrito de alegaciones el 18 de 
septiembre de 2017, remitiéndose a lo razonado y solicitado en su demanda de amparo. 
Añade que, si el Tribunal precisara escuchar las grabaciones de las pruebas testifical y 
pericial practicadas, deberá requerirlas a la Audiencia Nacional, a la vista de que no 
constan en la documentación remitida. Se advierte también de un error en la impresión 
de un documento adjunto al recurso de amparo.
8.  El  11  de  septiembre  de  2017  tiene  entrada  en  este  Tribunal  el  escrito  de 
alegaciones del abogado del Estado, interesando la desestimación del recurso. Rechaza 
que exista un derecho fundamental a obtener una reparación económica por haber 
sufrido prisión provisional en la Constitución o en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (STEDH de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España § 36). Se trata de 
un derecho de configuración legal y de apreciación casuística, en el plano de legalidad, 
por los jueces y tribunales. El abogado del Estado trae asimismo a colación la doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la dimensión extraprocesal de la 
presunción de inocencia (SSTEDH de 12 de julio de 2013, asunto Allen c. Reino Unido, y 
de 13 de noviembre de 2013, asunto Lundkvist c. Suecia). Descarta a partir de ella que 
el demandante haya sufrido la lesión de su derecho a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE). La denegación de la pretensión indemnizatoria no se basa en razones que 
supongan extender la sospecha de culpabilidad sobre el absuelto. Se trata sencillamente 
de  la  aplicación  del  art.  294.1  LOPJ,  en  la  interpretación  sentada  por  el  Tribunal 
Supremo, que limita su ámbito a la «inexistencia objetiva» del hecho imputado, lo que 
conduce a desestimar la reclamación del demandante. Descarta asimismo que pueda 
apreciarse vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), pues el demandante no ha 
aportado ningún término de comparación, como exige la doctrina constitucional.
9.  El ministerio fiscal evacua el trámite de alegaciones mediante escrito registrado 
en este Tribunal el 7 de septiembre de 2017. Tras referirse a los antecedentes del caso, 
señala que el presente recurso de amparo guarda una sustancial similitud con otros 
anteriores, referidos también a denegación de indemnización por prisión provisional por 
falta de acreditación de la inexistencia objetiva del hecho delictivo, y resueltos por las 
SSTC 8/2017, de 19 de enero, y 10/2017, de 30 de enero. En ambas sentencias, este 
Tribunal apreció la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), 
porque  las  resoluciones  impugnadas  en  amparo  denegaron  la  indemnización  en 
consideración a que el principio in dubio pro reo, esto es, la insuficiencia de la prueba 
practicada para generar una convicción sobre la responsabilidad criminal más allá de 
toda duda razonable, fue determinante para la absolución decretada en el proceso penal. 
De este modo, las resoluciones administrativa y judicial impugnadas ponen en cuestión 
la  inocencia  del  demandante,  en  el  sentido  expresado  por  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos  Humanos.  De  acuerdo  con  esta  doctrina,  el  ministerio  fiscal  interesa  el 
otorgamiento del amparo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE) y la anulación de las resoluciones impugnadas con retroacción de las 
actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución administrativa.
10.  Mediante  providencia  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019  se  señala  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año. e.
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II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a lo resuelto en las SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, de 31 
de octubre.
El  recurso  de  amparo  tiene  por  objeto  la  resolución  de  28  de  marzo  de  2014 
(expediente  317-2013)  denegatoria  de  la  indemnización  solicitada  en  concepto  de 
responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional seguida de absolución. 
También la sentencia de 5 de noviembre de 2015 de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  desestimatoria  del  recurso 
contencioso-administrativo núm. 187-2014 interpuesto frente a la resolución citada.
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos 
sustantivos introducidos por las partes en el debate de este recurso son sustancialmente 
coincidentes  con  los  abordados  por  el  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  en  los 
fundamentos jurídicos 4 y 5 de la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de 
amparo núm. 4035-2012). Esta determinó los efectos que, sobre el recurso de amparo, 
debía  producir  la  STC  85/2019,  de  19  de  junio,  por  la  que  se  declaró  la 
inconstitucionalidad de los incisos «inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma 
causa» del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se concretó el alcance que 
la  estimación  del  amparo  debía  producir.  Por  tanto,  a  tales  fundamentos  jurídicos 
debemos remitirnos.
En consecuencia procede otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a 
que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios 
rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la retroacción debe remontarse al 
momento anterior a dictarse la resolución del secretario de Estado de Justicia de 28 de 
marzo de 2014, que denegó la indemnización y que origina la lesión de los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 
CE, en los términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Erwan Michel Kermarrec y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia 
de 5 de noviembre de 2015 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 187-2014, y de la resolución del secretario de Estado de Justicia de 28 de marzo 
de 2014, recaída en expediente 317-2013. e.e
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución  w
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Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada  en  Madrid,  a  dieciséis  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José 
González  Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
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