BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 158915
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
21179 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Oliva, por la que se suspende la inscripción 
de la segregación de una finca.
En el recurso interpuesto por don Víctor Manuel Noguera Marí, notario de Tavernes 
de la Valldigna, contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Oliva, 
don Bernardo Felipe Ariño, por la que se suspende la inscripción de la segregación de 
una finca.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 23 de julio de 2019 ante el notario de Tavernes de 
la Valldigna, don Víctor Manuel Noguera Marí, con el número 726 de protocolo, se 
solicitaba la inscripción de una segregación, compraventa y agrupación de una finca 
registral del distrito hipotecario de Oliva, solicitándose la actualización de linderos y la 
rectificación de la superficie con incorporación de la representación gráfica aportada.
II
Previa subsanación de un defecto, se presentó dicha escritura en el Registro de la 
Propiedad de Oliva. Una vez tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199 de la 
Ley Hipotecaria, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada: 4540/2021 de fecha 10/08/2021.
Asiento: 1749 del Diario 60.
Documento: Copia de la escritura de segregación, compra y agrupación, otorgada en 
Tavernes de la Valldigna, el día 23 de julio de 2.020 [sic], ante su Notario D. Víctor M. 
Noguera Marí.
Presentante: Víctor Noguera Marí.
Protocolo: 726/2019.
Calificación negativa de suspensión.
Previo  examen  y  calificación  del  título  anteriormente  referenciado,  con  sus 
documentos complementarios,
Suspendo la inscripción solicitada, por los siguientes defectos:
Primero.
– Hechos:  Se  suspende  la  inscripción  de  las  operaciones  de  segregación  y 
agrupación,  y  la  compraventa  intermedia,  con  la  actualización  de  linderos  y 
representación  gráfica  de  ambas  fincas  resultantes  ya  que  en  la  tramitación  del  s
expediente regulado en el art. 199 L.H., se ha presentado escrito de alegaciones por  e.
parte del titular de la parcela colindante en su lado Sur y Este, en el que se informa de su  w.
ddpeirse cmsoeonndftoaifri mcparidcuiaeódbn a ahsli  pafoelethegacacari ersinaut, e ttsiitt uudllaaerr iiddsuaa ddd  qseourebecr enh oou ,sn seae  vp eeorsríctaiim órnea s dpqeeu telaa d laeasd;  iafaic lteaagcl aieócfneio cqntuoee,s   setii seb nioeebnnj e ntloao    2021-2117n https://w
ceonntifdliacdto y q fuuen dsaamlee an tola  sluufzic nieon tsee p vaeraa  rreecshuaezltaor,  lean i nssuc rcipacsioó,n e dne  lobsa steri bgurnáafilceas,  deen  tJaunsttoic eial   BOE-A-cable e
(instancia ante la cual procederá sustanciar los incidentes de prueba, que no ante el 
Registro).
– Fundamentos  de  derecho:  artículos  18,  20,  9.b  y  199  Ley  Hipotecaria,  y 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 14 de 
noviembre de 2.016.
Segundo.
– Hechos: No quedando suficientemente garantizado el respeto a la unidad mínima 
de  cultivo,  y  no  concurriendo  ninguno  de  los  supuestos  de  excepción  legalmente 
tipificados (como lo sería la existencia de licencia urbanística para la edificación de 
construcciones permanentes de carácter no agrario), se precisa autorización previa de la 
Administración  Agraria  competente  (Conselleria  de  Agricultura  de  la  Generalidad 
Valenciana).
– Fundamentos  de  Derecho:  Artículo  Único.1  del  Decreto  217/1.999,  de  9  de 
noviembre  del  Gobierno  Valenciano,  en  relación  con  los  artículos  24  y  25.b  de  la 
Ley  19/1.995,  de  4  de  julio,  de  Modernización  de  las  Explotaciones  Agrarias  y  el 
artículo 230.2 de la Ley 5/2.014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunidad Valenciana, (y en relación con las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 22 de marzo de 2.004 y 24 de mayo 
de 2.005).
Observaciones
Los defectos señalados se consideran subsanables, por lo que podrá solicitarse 
anotación preventiva de suspensión, así como subsanar los mismos durante el plazo de 
vigencia del asiento de presentación, que queda prorrogado por sesenta días desde la 
fecha en que se reciba la notificación de la presente Calificación.
Contra la presente Calificación podrá (…)
Oliva, a fecha de sello electrónico. El Registrador Fdo. Bernardo Felipe Ariño Este 
documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Bernardo Felipe Ariño 
registrador/a de Registro Propiedad de Oliva a día doce de agosto del año dos mil 
veintiuno».
III
El notario autorizante, don Víctor Manuel Noguera Marí, interpuso recurso el día 2 de 
septiembre de 2021 contra la anterior calificación mediante escrito en el que consideraba 
que los defectos debían ser revocados, efectuando las siguientes alegaciones:
Respecto al primero de los defectos, relativo a la oposición del colindante: «Falta de 
motivación  o  justificación  en  la  calificación  registral  entrada  1822/2021  de 
fecha 14/04/2021, en la que solo consta la disconformidad del colindante. Y Falta de 
entidad y fundamento a la calificación tras las alegaciones sin pruebas fehacientes ni no 
fehacientes, ni tan siquiera escritas reclamadas por un posible colindante que pretende 
una cuota de propiedad».
Tras alegar una serie de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado y de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que fundan la  s
negativa registral por oposición de colindante, concluyó que «la fe pública registral,  oe.
quedaría  gravemente  dañada  si  el  titular  registral,  según  determina  la  nota  simple  w.
iddneec roesrucph oporla,e dnnaai   petarnon pl aies eidqsaucdire,i trpuaor arp , loaqrsu  eeadsleacgr ialtiomc ioityan deqosu  deee n p usrneu t eddnueddreeoc shoco oc nodvleien rddtiiars nputoens,  icqpiuóroenc  neyo dt irjmaunsietsinfmitcoias  iódsneu    2021-2117n https://w
coordinación catastral en una tercería de dominio. Máxime cuando no ha ejercitado
acción judicial ni reclamación alguna en plazo más que suficiente para haber prescrito su  Bc
derecho.  Como  explica  el  propio  registrador  en  su  propio  informe,  suspende  la 
inscripción, “sin que competa a este Registrador tomar decisión al respecto” pero sí que 
toma la decisión de suspender dicha inscripción hasta que se resuelva el conflicto por 
acuerdo o en su defecto en la vía judicial. El alegante ha extraviado su documento 
privado  o  título  escrito,  según  declara  en  sus  alegaciones  y  no  consta  que  haya 
ejercitado acción judicial ni reclamación alguna a los anteriores propietarios, ni consta 
anotación preventiva de demanda en el registro de la Propiedad».
Respecto al defecto segundo, relativo al respeto a la unidad mínima de cultivo, 
alegaba  lo  siguiente:  «Que  en  la  misma  nota  informativa  registral  de  la  finca 
registral 1973, incorporada a la escritura consta literalmente: “el desván, cochera o local 
que se haya adosado a la casa-vivienda”, luego el uso de este desván o cochera, que es 
objeto de segregación y agrupación a la vivienda, de la que forma parte, no como anejo 
sino integrante de la misma, es de uso de vivienda y no agrario».
Alegaba  que  «según  reiterada  doctrina  de  esta  Dirección  General  (vide  las 
Resoluciones de 22 de marzo de 2004, 24 de mayo de 2005 y 27 de mayo de 2006), en 
los  casos  en  que  sea  aplicable  el  artículo  25.b)  de  la  Ley  de  Modernización  de 
Explotaciones Agrarias, de 4 de julio de 1995 –que exceptúa de la prohibición de división 
el supuesto de segregación de terrenos destinados a cualquier tipo de edificación o 
construcción permanente con fines de carácter no agrario–, han de aplicarse las normas 
urbanísticas y, si se tiene en cuenta que la Ley de Ordenación Urbanística» aplicable, 
«debe  concluirse  que,  obtenida  tal  licencia,  el  documento  de  segregación  es 
perfectamente  inscribible,  sin  perjuicio  de  que,  si  la  licencia  es  nula,  pueda  ser 
impugnada por el procedimiento y con los efectos legalmente establecidos, sin que baste 
una simple declaración de nulidad», pues es al Ayuntamiento a quien compete «controlar 
la legalidad del acto, independientemente de la calificación catastral de la finca» y «“(…) 
al autorizar e inscribir la escritura, el Notario y el Registrador, respectivamente, deben 
comprobar si la normativa legal aplicable sujeta o no el acto de que se trate a licencia 
administrativa y, de ser así, como ocurre en este caso, entra en juego la mencionada 
norma del artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, sin que la exigencia que ésta impone 
pueda obviarse por el mero hecho de que las fincas resultantes de la segregación tengan 
determinada  calificación  catastral,  toda  vez  que  esa  exigencia  de  aportación  de  la 
licencia  o  declaración  de  innecesaridad  se  encuadra  en  un  específico  régimen 
administrativo de fiscalización municipal previa a la autorización e inscripción de la 
escritura correspondiente, como resulta de la normativa urbanística aplicable. Por lo 
demás, el control que en este ámbito se encomienda a Notarios y Registradores encaja 
en el cometido que, en pro de la seguridad jurídica preventiva, deben desempeñar.” (…) 
Luego  la  segregación  de  42  metros  cuadrados  de  la  finca  matriz  no  afecta  a  su 
extensión, y la colindante es la casa a la que se agrupa, no habiendo otro colindante 
salvo carretera asfaltada de dominio público».
Entiende el notario recurrente que, en el presente caso, la segregación de los 42 
metros cuadrados para su posterior agrupación a otra finca colindante, en la que existe 
una construcción, no da lugar a parcela de extensión inferior a la unidad mínima de 
cultivo, que puede encajarse como supuesto de hecho de la excepción de la letra a) del 
artículo 25 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias, pues no afecta a la extensión de la zona de cultivo, y la finca a la que se 
agrega cuenta con una construcción, por lo que, incide en el supuesto de excepción de 
la letra b) del artículo 25 de la Ley 19/1995, que dispone: «b) Si la porción segregada se 
destina de modo efectivo, dentro del año siguiente, a cualquier tipo de edificación o  s
construcción permanente, a fines industriales o a otros de carácter no agrario, siempre  oe.
que se haya obtenido la licencia prevista en la legislación urbanística y posteriormente se  w.
lalaac  rpcerodoriprteeies dlpaao dfni»nd.aielinztaec ilóicne ndcei ala.  ce)d Sifii ceasc icóonn os eccounesntrcuiac cdióenl  eejenr ceilc piola dzeol  qdueere sceh oe sdtea balecczecaso e na   2021-2117n https://w
certiCficoanccilóuny ecnadtoa steral l nqoutea ritoie nree cuunrrae nstuep: er«fiEcnie  gersátefi cas edneti d4o2  yma2  ys eq udee sepsr eunndae  padrec ellaa   BOE-A-cable e
construida sin división horizontal, con año de construcción 1950» y que «la finalidad de la 
unidad mínima de cultivo es la no existencia de fincas no productivas, la agrupación a la 
colindante, requisito exigido por el ayuntamiento para segregar, implica la no creación de 
fincas pequeñas inviables económicamente. Por todo lo expuesto, solicita, que se estime 
el  recurso  interpuesto  y  se  revoque  la  nota  de  calificación  por  ser  procedente  en 
derecho».
IV
El registrador de la Propiedad de Oliva emitió informe ratificando la calificación en 
todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 10, 198 y 199 de la Ley Hipotecaria; 24 y 25 de la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias; el Decreto 217/1999, de 9 
de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se determina la extensión de las 
Unidades Mínimas de Cultivo: los artículos 230.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; 78 a 80 del 
Real  Decreto  1093/1997,  de  4  de  julio,  por  el  que  se  aprueban  las  normas 
complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística; las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de marzo 
de 2004, 1 de junio de 2017, 17 de enero, 6 de febrero, 20 de julio, 27 de noviembre y 20 
de diciembre de 2018 y 18 de febrero, 20 de marzo y 18 de septiembre de 2019, y las 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 y 17 de 
febrero, 11 de marzo, 19 de junio, 16 de julio, 16 y 21 de septiembre, 19 de octubre, 20 
y 26 de noviembre y 23 de diciembre de 2020 y 20 de enero, 1 y 18 de febrero, 20 de 
mayo, 7 de junio, 14, 21 y 22 de julio y 5 de octubre de 2021.
1.  Es objeto de este expediente decidir si es inscribible la segregación de parte de 
finca registral para su posterior venta y agrupación a otra colindante.
Tramitado el expediente regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria para la 
rectificación  de  la  descripción,  se  califica  negativamente  por  la  oposición  de  un 
colindante notificado, sin aportar prueba de su derecho sobre la porción segregada.
También se califica negativamente por la infracción de la normativa agraria que 
prohíbe que cualquier acto de fraccionamiento de fincas rústicas pueda dar lugar a 
parcelas de extensión inferior a las de la unidad mínima de cultivo.
2.  En cuanto al primero de los defectos, el artículo 199.1, párrafo cuarto, en su 
último inciso dispone:
«En los demás casos, y la vista de las alegaciones efectuadas, el registrador decidirá 
motivadamente según su prudente criterio, sin que la mera oposición de quien no haya 
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes 
determine necesariamente la denegación de la inscripción».
El colindante notificado se opone a la inscripción, por considerar que la finca que se 
segrega es de su propiedad, afirmando: «Quiero justificar que la parte de la casa me 
pertenece por se propietario de la parcela 707. Se documentó tanto la propiedad como el  s
uso exclusivo de esta parte de la casa mediante documento privado, que me entregó  e.
junto con las llaves el que fue administrador de la finca rústica y de la casa. No puedo  w.
aoppoornEtean r e eel ll t ipeturselcasrrei tcona tqetau cseat rjsauols ,ct ioeficlli natid tluoal naetrxe rp enugoeitssifttirocaa, ld pcooo.rlqinudea lnot ete nnogtoif iecxatdraov niaod os.e F o. pBo. nVe.», .pero sí se  2021-2117n https://w
La alegación que formula el colindante catastral es excesivamente genérica pues 
manifiesta que lo adquirió en virtud de un documento privado extraviado y que la entrega 
de llaves se realizó por el administrador de la casa.
Ciertamente, como declaró la Resolución de 19 de julio de 2016 (reiterada en otras 
posteriores),  el  objeto  de  la  intervención  de  los  colindantes  en  el  expediente  del 
artículo  199  es  evitar  que  puedan  lesionarse  sus  derechos  y  que  se  produzcan 
situaciones de indefensión, o que puedan acceder al Registro situaciones litigiosas, 
como también han declarado las Resoluciones de este Centro Directivo de 17 de febrero 
y 19 de junio de 2020.
Pero no es razonable entender que la mera oposición que no esté debidamente 
fundamentada, aportando prueba escrita del derecho de quien formula oposición, pueda 
hacer derivar el procedimiento a la jurisdicción contenciosa, pues se desvirtuaría la 
propia esencia del expediente, según se ha concebido en el marco de la reforma de la 
jurisdicción voluntaria.
Por  su  parte,  la  Resolución  de  16  de  julio  de  2020  declaró  que  no  puede  el 
registrador limitarse a objetar que ha existido oposición de colindante, reproduciendo su 
escrito.
La Resolución de 23 de diciembre de 2020 declaró que no es motivo suficiente para 
rechazar la inscripción de la representación gráfica georreferenciada el hecho de que el 
colindante se limite a alegar una eventual invasión de su finca, sin aportar documento 
alguno que fundamente tal alegación.
3.  No siendo, por tanto, la oposición del colindante catastral notificado suficiente, 
por sí sola, para impedir la práctica del asiento, procede resolver ahora si el registrador 
ha fundado adecuadamente sus dudas sobre la identidad de la finca.
Como  ha  declarado  reiteradamente  esta  Dirección  General,  el  registrador  debe 
calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, que pueden 
referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra 
base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes 
inmatriculadas  o  a  que  se  encubriese  un  negocio  traslativo  u  operaciones  de 
modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria).
A  tal  efecto  el  registrador  podrá  utilizar,  con  carácter  meramente  auxiliar,  las 
representaciones  gráficas  disponibles,  que  le  permitan  averiguar  las  características 
topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, para lo que podrá acudirse a 
la aplicación informática prevista en dicha norma y homologada en la Resolución de esta 
Dirección General de 2 de agosto de 2016, así como acceder a la cartografía catastral, 
actual  e  histórica,  disponible  en  la  Sede  Electrónica  del  Catastro,  para  decidir 
motivadamente según su prudente criterio, sin que la sola formulación de oposición por 
alguno de los interesados no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe 
hasta su conclusión, sin que ello impida que las alegaciones recibidas sean tenidas en 
cuenta para formar el juicio del registrador, motivado y fundado en criterios objetivos y 
razonados, sin que basten expresiones genéricas o remitirse a la mera oposición no 
documentada de un colindante.
En  el  presente  caso,  el  registrador  se  limita  a  expresar  que  el  motivo  de  la 
suspensión es la oposición del colindante catastral notificado, no obstante reconocer que 
no justifica su derecho, y estima que «las alegaciones tienen la entidad y fundamento 
suficiente para rechazar la inscripción de base gráfica, en tanto el conflicto que sale a la 
luz no se vea resuelto, en su caso, en los tribunales de Justicia».
Sin embargo, no fundamenta el motivo por el que las alegaciones tienen la entidad  s
suficiente para llevarle a dudar de la identidad de la finca, máxime cuando se alega un  oe.
título no inscrito en el Registro, que no puede proteger, salvo el caso del dominio público,  w.
aal  qfuuPineodnra  enr lolso iu,n sev ol ddcuaed fsaeusc  tpoer,n oe tnlea c lcomisóe ntré.ar moipnoossi ceiónn q, udee h laa  sqiduoe  rdeedraivcata deol ,r engoi spturaeddoer  muann cteonneflricsteo,   2021-2117n https://w
lfaintecan.te, cuando ni siquiera se ha justificado la adquisición de derecho alguno sobre la  BOE-A-cable e
4.  En cuando al segundo de los defectos alegados, referente a que «no quedando 
suficientemente garantizado el respeto a la unidad mínima de cultivo, y no concurriendo 
ninguno  de  los  supuestos  de  excepción  legalmente  tipificados  (como  lo  sería  la 
existencia de licencia urbanística para la edificación de construcciones permanentes de 
carácter  no  agrario),  se  precisa  autorización  previa  de  la  Administración  Agraria 
competente (Conselleria de Agricultura de la Generalidad Valenciana)».
Alega  el  registrador  como  fundamento  de  Derecho  el  artículo  Único.1  del 
Decreto 217/1999 del Gobierno Valenciano, por el que se determina la extensión de la 
unidad mínima de cultivo, en cuyo artículo único numeral 3.a) dispone: «Las fincas 
rústicas podrán dividirse o segregarse aún dando lugar a superficies no cultivables 
inferiores a las señaladas en el anterior ordinal primero: a) En todos los supuestos 
contemplados en el artículo 25 de la Ley Estatal 19/1995, de 4 de julio».
Esta norma regula los supuestos de excepción a la regla general de nulidad de los 
actos de división o segregación de fincas rústicas que den lugar a parcelas inferiores a la 
unidad mínima de cultivo.
Entre ellos: «a) Si se trata de cualquier clase de disposición en favor de propietarios 
de fincas colindantes, siempre que, como consecuencia de la división o segregación, 
tanto la finca que se divide o segrega como la colindante, no resulte de extensión inferior 
a la unidad mínima de cultivo. b) Si la porción segregada se destina de modo efectivo, 
dentro del año siguiente a cualquier tipo de edificación o construcción permanente, a 
fines industriales o a otros de carácter no agrario, siempre que se haya obtenido la 
licencia prevista en la legislación urbanística y posteriormente se acredite la finalización 
de la edificación o construcción, en el plazo que se establezca en la correspondiente 
licencia, de conformidad con dicha legislación».
Resultando de la división documentada, parcelas inferiores a la unidad mínima de 
cultivo en la zona, debe iniciarse el procedimiento previsto en el artículo 80 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio: «Cuando se trate de actos de división o segregación 
de fincas inferiores a la unidad mínima de cultivo, los Registradores de la Propiedad 
remitirán copia de los documentos presentados a la Administración agraria competente, 
en los términos previstos en el apartado 5 del artículo anterior. Si dicha Administración 
adoptase  el  acuerdo  pertinente  sobre  nulidad  del  acto  o  sobre  apreciación  de  las 
excepciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, remitirá al Registrador certificación del contenido de la resolución recaída. En el 
caso que transcurran cuatro meses desde la remisión o de que la Administración agraria 
apreciase  la  existencia  de  alguna  excepción,  el  Registrador  practicará  los  asientos 
solicitados. En el supuesto de que la resolución citada declarase la nulidad de la división 
o segregación, el Registrador denegará la inscripción. Si dicha resolución fuese objeto 
de recurso contencioso-administrativo, el titular de la finca de que se trate podrá solicitar 
la anotación preventiva de su interposición sobre la finca objeto de fraccionamiento».
Por lo que, corresponde a la Administración agraria apreciar la posible concurrencia 
de las excepciones reguladas en el actual artículo 25 de la Ley 19/1995, sin perjuicio de 
los recursos que el interesado pueda oponer contra la resolución administrativa que se 
dicte, y que permitirán, en caso de recurso contencioso-administrativo, la anotación 
preventiva en el Registro de la Propiedad.
Dicho control por parte de la Administración agraria autonómica debe entenderse sin 
perjuicio del control de legalidad urbanística por parte de la Administración municipal y 
autonómica, tanto en el cumplimiento de los requisitos de parcela mínima determinada 
en planeamiento, como en el impedimento de parcelaciones urbanísticas en suelo rústico  s
–cfr. artículo 230.4.b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio–. oe.
Pues en el suelo rústico, es decir, en la legislación aplicable, suelo no urbanizable o  w.
uldare bduaunnciiidzrasaebd l eem sníi nnoi mpcraaos giodraneme sca u adltpeivr ooa,b catcdooosm , olpa ossl apte rropioharirbecisec,il oadncieeóbsn e qnud eec  oletni pasoifde ecurtraabnras, netí asnctiutcomo l,au  lqaduteive va uspl nu–eecrdaferr.    2021-2117n https://w
(Resoluciones de 19 de febrero y 7 y 9 de mayo de 2018 y 13 de febrero de 2019;
también las Sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 25 de 
enero de 2002 y 28 de junio de 2012).
Así  lo  ha  dicho  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 27 de junio de 2018, al afirmar: «(…) el supuesto de hecho objeto del 
presente expediente no es el de una parcelación urbanística, por lo que la licencia de 
segregación no es suficiente para comprender las parcelaciones en suelo rústico, pues 
éstas se rigen por la legislación agraria y concretamente por la normativa de unidades 
mínimas de cultivo. Como ya ha señalado este Centro Directivo (vid. Resoluciones de 10 
de  junio  de  2009  y  2  de  noviembre  de  2012),  si  bien  la  licencia  municipal,  o  la 
certificación de su innecesariedad, puede ser suficiente para cumplir con los requisitos 
urbanísticos impuestos a la segregación, cuando el asunto a dilucidar no es urbanístico 
sino agrario, carece la Administración local de competencia. Como antes vimos, el 
artículo 16.2 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana estatal 
prohíbe las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, “sin que, puedan 
efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo 
dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza”, y, a su vez, en el 
ámbito de la legislación urbanística valenciana, el artículo 230 de la Ley de Ordenación 
del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la  Comunitat  Valenciana,  establece  en  su 
apartado 2 que “en ningún caso podrán autorizarse actos de división o segregación de 
fincas o terrenos rústicos en contra de lo dispuesto en la normativa agraria o forestal, o 
de similar naturaleza, que le sea de aplicación (…)”; de modo que conecta los actos de 
segregación y división en suelo rústico con la observancia de la normativa sectorial que 
en  cada  caso  sea  aplicable,  por  lo  que  no  es  suficiente  que  en  suelo  rústico  la 
segregación o división del terreno esté autorizada mediante una licencia urbanística 
municipal, pues siendo condición necesaria, en los términos previstos en cada caso por 
la ley, no es suficiente, pues ni el objeto de dicha licencia responde a la necesidad de 
verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación agraria, ni los 
Ayuntamientos que expiden tales licencias tienen competencias en esta materia» (hoy 
artículo 249 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio).
Por lo que resulta de los antecedentes de este expediente, el registrador no ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, 
por lo que este defecto debe ser revocado en los términos en los que ha sido redactado.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar los defectos de la 
nota  de  calificación  del  registrador  en  los  términos  que  resultan  de  los  anteriores 
fundamentos de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 1 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2021-2117n https://w