BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 127062
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16932 Resolución  de  20  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Torrejón de Ardoz n.º 3 a inscribir un 
testimonio  de  un  auto  judicial  por  el  que  se  homologa  un  convenio  de 
transacción  judicial  respecto  de  la  extinción  de  una  comunidad  sobre 
determinados bienes.
En el recurso interpuesto por doña M. R. B., abogada, en nombre y representación 
de doña M. A. R. D., contra la negativa del registrador de la Propiedad de Torrejón de 
Ardoz número 3, don Jesús María Martínez Rojo, a inscribir un testimonio de un auto 
judicial por el que se homologa un convenio de transacción judicial respecto de la 
extinción de una comunidad sobre determinados bienes.
Hechos
I
Mediante auto dictado el día 21 de abril de 2021 por la magistrada-juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 Torrejón de Ardoz, doña María Luz Losada Vime, en el 
procedimiento ordinario número 754/2018, seguido a instancia de doña M. A. R. D. frente 
a don J. L. V. R., ejercitando la pretensión de extinción de condominio sobre siete fincas 
urbanas, se homologó el acuerdo transaccional presentado por las partes por el que se 
disolvía dicha comunidad adjudicándose una vivienda unifamiliar al demandado y las 
restantes a la demandante.
Dichas fincan estaban inscritas a favor de doña M. A. R. D. y don J. L. V. R., por título 
de compra, en estado de separados judicialmente, por mitades indivisas, con carácter 
privativo, sin que dichas personas hubieran estado casadas entre sí.
II
Presentado testimonio del citado auto en el Registro de la Propiedad de Torrejón de 
Ardoz número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos:
El día 23.04.21 fue presentada copia expedida por doña M. E. S. H., Letrado de la 
Administración  de  Justicia  del  Juzgado  referido,  autos  indicados,  del  auto  dictado 
el 21.04.21 por la Ilma. Sra. Dña. María Luz Losada Vime, Magistrado Juez del citado 
Juzgado, lo que motivó el asiento arriba indicado, relativo a las fincas 56964, 56702 
y 56680, únicas radicantes en este distrito hipotecario.
Dichas fincan [sic] están inscritas a favor de don J. L. V. R. y de doña M. A. R. D., por 
título de compra, en estado de separados judicialmente, por mitades partes indivisas, 
con carácter privativo. s
Dicho auto homologa el escrito de transacción judicial presentado por las partes en el  oe.
indicado procedimiento, en el que se ejercita la pretensión de extinción de condominio. w.
Calificado el precedente documento, previo cotejo del mismo en la correspondiente  932ww
lsee dneo teifliecactnr óenl/icloas,  psoigru lioe nqtuee/s r edseufeltcat od/es  éplo yr  deel/ llooss  qauseie nsteo ss udsepl eRnedgeis/dtreon pieogra l as up redseesnptaec hsoe 
(artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria).
Fundamentos de Derecho:
1.  El auto que homologa la transacción judicial no constituye título inscribible en el 
Registro  de  la  Propiedad,  por  lo  que  resulta  necesaria  la  presentación  del  título 
extrajudicial,  escritura  pública,  del  que  resulte  la  formalización  de  la  disolución  del 
condominio, o la documentación de la que resulte la ejecución por la vía de apremio del 
acuerdo transaccional (artículos 3 de la Ley Hipotecaria; 400, 1280.1.º del Código Civil; 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25.02.14, 
03.03.15, 02.10.15, 04.05.16, 30.11.16, 27.02.17, 05.04.17, 27.09.17, 08.11.17, 30.05.18, 
06.06.18, 20.07.18, entre otras).
2.  No consta la firmeza del auto, que advierte de la posibilidad de ser recurrido en 
apelación (artículos 245.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 207 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; 165, 174, 207 del Reglamento Hipotecario; Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 02.03.06, 09.04.07, 20.11.07, 
17.03.09, 15.07.10, 27.09.10, entre otras).
3.  No consta el estado civil de doña M. A. R. D. (artículos 9.e de la Ley Hipotecaria; 
51.9.ª del Reglamento Hipotecario; Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 08.09.17, entre otras)
Esta calificación podrá (…)
El registrador de la Propiedad Este documento ha sido firmado con firma electrónica 
cualificada  por  Jesús  María  Martínez  Rojo  registrador/a  de  Registro  Propiedad  de 
Torrejón de Ardoz 3 a día catorce de Mayo del año dos mil veintiuno.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  doña  M.  R.  B.,  abogada,  en  nombre  y 
representación de doña M. A. R. D., interpuso recurso el día 23 de junio de 2021 
mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Que por medio del presente escrito y en la representación que ostento vengo a 
formular recurso contra la calificación del registrador de la Propiedad n.º 3 de Torrejón de 
Ardoz por la que se suspende la inscripción del 100% del peno [sic] dominio a favor de la 
Sra. R. de las fincas n.º 56.964, 56.702 y 56.680, con base en los artículos 245. l b) 
y 281 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 145, 206 415.2.º y 517.1.3.º de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil así como artículos 1206 y 1.816 del Código Civil.
Se apoya el presente en los siguientes,
Hechos
Primero.–Con fecha 21 de abril de 2021, el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de 
Torrejón  de  Ardoz  expidió  testimonio  del  Auto  homologando  la  transacción  judicial 
acordada entre las partes –que no contrajeron matrimonio entre sí– respecto de la acción 
de división de comunidad ordinaria indivisa n.º 754/2018 tramitada en este Juzgado.
Con fecha 21 de abril de 2021, el Letrado de la Administración de Justicia del referido 
Juzgado expidió testimonio literal de la referida resolución judicial que fue presentada por 
la Sra. R. el día 23 de abril de 2021 ante el Registrador Encargado del Registro de la 
Propiedad n.º 3 de Torrejón de Ardoz en solicitud de adjudicación a la Sra. R. del 100% 
del pleno dominio de las fincas n.º 56.964, 56.702 y 56.680. s
El indicado Sr. Registrador calificó el citado Testimonio, denegando la solicitada  o
itPnnítersuicncloerci sipipancirsoiióco nr dip bepai boralrTe  ie tseununlta e icennilsdó cRenrr ei pgAqciuusióettérn o«n  letadicl e aca o luarct rooPe nsqrofpuopoerinm ehddeoiae mdna»otle  loa apgl rranto. o tlao 3r ce torudalnienzi ars laclaoicó scnL iró eeonyq   lujauHi sddiiiptcoooicastue l emcnxaoeirg nicaidtoa,o ncsssió iteeintnnu dd yeeeol     2021-16932n https://www.
la que resulte la ejecución por la vía de apremio del acuerdo transaccional. Asimismo, se
aportó posteriormente la firmeza del Auto decretada por Diligencia de Ordenación de 
fecha 4 de mayo de 2021 así como el estado civil de la Sra. R.
Segundo.–Entendiendo  esta  parte,  dicho  sea  con  el  debido  respeto,  que  la 
mencionada calificación es improcedente, se formula el presente recurso, por los motivos 
que seguidamente se exponen:
El artículo 3 LH no exige protocolización notarial, bastando "documento auténtico 
expedido por la Autoridad Judicial".
De conformidad con los artículos 245.1b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 206 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los autos son resoluciones judiciales.
De conformidad con lo establecido por los artículos 281 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1216 del Código Civil, el Testimonio 
Literal del Auto presentado para la inscripción denegada, es un documento público 
expedido por la Letrado de la Administración de Justicia a quién corresponde dar fe con 
plenitud de efectos de las actuaciones realizadas ante la misma o ante dicho órgano 
judicial.
Nos  encontramos,  además,  ante  una  resolución  judicial  definitiva  con  carácter 
ejecutivo y de «cosa juzgada», conforme se deriva del propio texto del Testimonio Literal 
presentado a inscripción y de los artículos 415.2 y 517.1.3.º de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y 1816 del Código Civil. Queda, por tanto, sobradamente satisfecha la exigencia del 
art. 3 de la Ley Hipotecaria.
Queda por tanto excluida la posibilidad de hablar de «error, dolo, violencia o falsedad 
de documentos» a que se refiere el art. 1817 del Código Civil, de cara a su posible 
impugnabilidad tal y como señala la RDGRN de 21 de diciembre de 2016.
No sobra indicar que el Registro de la Propiedad sirve con objetividad a los intereses 
generales y con pleno sometimiento a la Ley, según exige el artículo 103.1 de la 
Constitución (SSTS 27 de febrero y 23 de abril de 1990 y 13 de junio 1997), que no debe 
perjudicar los derechos de los interesados con interpretaciones sesgadas y restrictivas 
de dicha legalidad y que, en el caso que nos ocupa, serían de gran entidad y gravedad 
para la suscribiente por lo complicada y larga que ha sido la tramitación judicial de 
División de la comunidad ordinaria hasta que se ha alcanzado un acuerdo en el seno del 
procedimiento.
Citar la Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado que acordó revocar la nota de calificación del registrador y proceder a la 
inscripción de la resolución judicial de división de un patrimonio, relativo a una vivienda 
adquirida en pro indiviso por ambos cónyuges, en régimen de separación de bienes, 
objeto de aprobación u homologación judicial.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de Derecho
Artículos 2, 3, 18 y 326 de la Ley Hipotecaria; 19, 71, 72, 73, 415, 437 y 787 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; 90 y 1816 del Código Civil; 100 del Reglamento Hipotecario, 
y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de julio 
de 2017.»
IV
El registrador de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente esta Dirección  e.
General mediante escrito de 9 de julio de 2021. w.b
Fundamentos de Derecho
la LVeyis tHoisp olotse caarrtiíac;u l1o9s,  17,1 2, , 732, , 97, 31,8 1, 4159,,  21097 b, is2,0 291, ,3 3187,,  4301,9 7, 64,1 852,  4y 3372,2 5 y1 7s,i g5u2ie4n, t7e0s5 d ey 
siguientes, 769 y siguientes, 787 y 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
281 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; 90, 91, 103, 1261, 1280, 
1344, 1397, 1404, 1809, 1816 y 1817 del Código Civil; 33, 34, 51 y 100 del Reglamento 
Hipotecario; la Real Orden de 13 de diciembre de 1867; las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 16 de enero de 1864, 25 de julio de 1880, 14 
de junio de 1897, 12 de febrero de 1916, 31 de julio de 1917, 1 de julio de 1943, 5 de 
mayo de 2003, 21 de abril y 25 de octubre de 2005, 21 de enero, 2 de marzo y 30 y 31 
de mayo de 2006, 9 de abril de 2007, 29 de octubre de 2008, 16 de junio, 15 de julio y 9 
de diciembre de 2010, 22 de febrero, 11 de abril y 5 de diciembre de 2012, 11 de mayo, 9 
de julio, 5 de agosto y 18 de diciembre de 2013, 25 de febrero, 27 de marzo, 30 de 
octubre y 12 de noviembre de 2014, 3 de marzo y 2 de octubre de 2015, 4 y 5 de mayo, 
2 de junio, 19 y 26 de julio, 6 de septiembre, 13, 17 y 24 de octubre y 30 de noviembre 
de 2016, 11 de enero, 16 de febrero, 1 de marzo, 5 y 6 de abril, 17, 18, 19 y 30 de mayo, 
19 y 20 de junio, 26 de julio, 7, 18 y 27 de septiembre, 11 y 31 de octubre y 2 y 8 de 
noviembre de 2017, 20 de febrero, 29 y 30 de mayo, 6 de junio, 20 de julio, 21 de 
septiembre, 22 y 24 de octubre y 12 de diciembre de 2018 y 14 de noviembre de 2019, y 
las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 19 de 
febrero, 27 de abril y 18 de mayo de 2021.
1.  Se debate en este expediente la posibilidad inscribir un testimonio de un auto de 
homologación de una transacción judicial, en cuya virtud las partes acuerdan disolver el 
condominio que entre ambas ostentaban sobre determinadas fincas urbanas.
2.  Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 25 de 
octubre de 2005 y 16 de junio de 2010, entre otras muchas) uno de los principios básicos 
de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad que, por la especial 
trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan «erga 
omnes»  de  la  presunción  de  exactitud  y  validez  y  se  hallan  bajo  la  salvaguardia 
jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa 
selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del registrador, y así el 
artículo  3  de  la  Ley  Hipotecaria  establece,  entre  otros  requisitos,  la  exigencia  de 
documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros 
registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así como de su 
Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al caso ahora debatido.
Ciertamente,  según  los  artículos  1216  del  Código  Civil  y  317.1.°  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, son documentos públicos los testimonios que de las resoluciones y 
diligencias  de  actuaciones  judiciales  de  toda  especie  expidan  los  letrados  de  la 
Administración de Justicia (a quienes corresponde dar fe, con plenitud de efectos, de las 
actuaciones procesales que se realicen en el Tribunal o ante él –artículos 281 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil–); y conforme al 
artículo 319.1 de dicha ley procesal tales testimonios harán prueba plena del hecho o 
acto que documentan y de la fecha en que se produce esa documentación (cfr., también, 
artículo 1218 del Código Civil). Pero es también cierto, según la reiterada doctrina de 
esta Dirección General, que al exigir el artículo 3 de la Ley Hipotecaria para inscribir en 
el  Registro  los  títulos  relativos  a  bienes  inmuebles  o  derechos  reales  que  estén 
consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, no quiere ello decir 
que puedan constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino 
en aquellos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse; 
de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no reputan indiferente la especie de 
documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza 
del acto inscribible (cfr. Real Orden de 13 de diciembre de 1867 y Resoluciones de 16 de  e.
enero de 1864, 25 de julio de 1880, 14 de junio de 1897, 12 de febrero de 1916, 31 de  w.b
julio de 1917 y 1 de julio de 1943, entre otras). 932ww
supo3n. e Tuanl  ayc cuoemrdoo  ypao rh ae l qquueed aladso p raersteuse,l tod aennd op,r opnroumnceiatiemniednot oos r eptreenviieonsd, ola  atlrgaunnsaa cccoiósan 
aedviqtaunir ielan dpor opvaorcaa lcaisó np adrete su nc aprálecitteor  od ep coonsean  jutézrgmaidnao  (aalr tíqcuuelo sh u1b8i0e9se yn  1y8a1 6c odmele Cnzóaddigoo, 
Civil); mientras que su homologación o aprobación judicial, según lo previsto en el
artículo  19  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  implica  una  revisión  del  organismo 
jurisdiccional respecto del poder de disposición de las partes en relación con el objeto del 
pleito, pero no implica un verdadero análisis y comprobación del fondo del acuerdo que 
supone la transacción.
En la Resolución de 6 de septiembre de 2016 se afirmó lo siguiente: ««(...) la 
transacción, aun homologada judicialmente no es una sentencia y por ello carece de su 
contenido y efectos por cuanto, al carecer de un pronunciamiento judicial sobre el fondo 
del asunto, nada impide su impugnación judicial en los términos previstos en la Ley 
(artículo 1817 del Código Civil). El auto de homologación tampoco es una sentencia pues 
el  Juez  se  limita  a  comprobar  la  capacidad  de  los  otorgantes  para  transigir  y  la 
inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley (artículo 19 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), pero sin que lleve a cabo ni una valoración de las pruebas ni un 
pronunciamiento  sobre  las  pretensiones  de  las  partes  (artículo  209  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento  Civil)  (...)  Esta  Dirección  General  ha  tenido  ocasión  de  manifestar 
recientemente (cfr. Resolución de 9 de julio de 2013) que "la homologación judicial no 
altera el carácter privado del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho 
acuerdo. Las partes no podrán en ningún caso negar, en el plano obligacional, el pacto 
transaccional alcanzado y están obligados, por tanto, a darle cumplimiento". Si bien es 
cierto que en virtud del principio de libertad contractual es posible alcanzar dicho acuerdo 
tanto dentro como fuera del procedimiento judicial, no es menos cierto que para que 
dicho acuerdo sea inscribible en el Registro de la Propiedad deberán cumplirse los 
requisitos exigidos por la legislación hipotecaria (...)». También ha tenido ocasión de 
señalar esta Dirección General que en los procesos judiciales de división de herencia 
que culminan de manera no contenciosa se precisa escritura pública, por aplicación del 
artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. Resolución de 9 de diciembre 
de 2010). La protocolización notarial de la partición judicial, siempre y cuando haya 
concluido sin oposición, viene impuesta como regla general por el artículo 787.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Este criterio, además, es compartido unánimemente por la 
doctrina, para quienes la referencia a la sentencia firme contenida en el artículo 14 de la 
Ley Hipotecaria se limita a las particiones judiciales concluidas con oposición. En efecto, 
el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que la aprobación de las 
operaciones divisorias se realiza mediante decreto del secretario judicial, hoy letrado de 
la Administración de Justicia, pero en cualquier caso ordenando protocolizarlas».
Ciertamente, el auto judicial por el que se lleva a cabo la homologación del contrato 
de transacción no es un documento privado. Pero la homologación judicial no altera el 
objeto, contenido y forma del acuerdo entre las partes; no tiene otro alcance que poner 
fin al procedimiento judicial existente y precisamente por ello, porque el juez ve finalizada 
su labor y no entra a valorar las pruebas ni a conocer de las pretensiones de las partes, 
no contiene una declaración judicial sobre las mismas ni una resolución por la que se 
declare, modifique, constituya o extinga una relación jurídica determinada. Son las partes 
las que, mediante la prestación de su consentimiento y el cumplimiento del resto de 
requisitos exigidos por el ordenamiento, declaran, constituyen, modifican o extinguen una 
relación jurídica preexistente que hace innecesaria la existencia del proceso que queda 
así  sin  objeto.  Consecuentemente,  y  de  acuerdo  con  los  principios  de  nuestro 
ordenamiento, la alteración del contenido del Registro de la Propiedad requiere que el 
acuerdo alcanzado entre las partes se documente adecuadamente (artículo 3 de la Ley 
Hipotecaria), a fin de poder provocar el efecto acordado entre las partes (artículos 40, 76 
y 82 de la Ley Hipotecaria). s
No  obstante,  es  reiterada  doctrina  de  este  Centro  Directivo  que  el  convenio  oe.
matrimonial puede ser título inscribible en aquellos negocios que puedan tener carácter  w.
familiar, como pudiera ser la liquidación del patrimonio ganancial, así como -en los  932ww
osutrpouse bsiteonse dse al crcéegsimoreions d ae  eslelap,a draecsitóinna ddeo sb aie nlae cso- nlav iavdejnucdiiac ayc uiósno  doerd lian avrivioie dned ala h faabmitiuliaa,l  yy 
eenn trgee nloesra cl ópnayrau glae sli qdueidriavcaidóans d edle c loan jvuindtao  edne  rceolamcúionn. ePse proa treims otanmiableiés nq udeo cpturiendaa nd ee xeissttair   BOE-A-cable e
Dirección General que cuando no se trate de un convenio regulador aprobado en un 
proceso de separación, nulidad y divorcio (cfr. artículos 769 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento  Civil)  sino  ante  un  procedimiento  para  la  liquidación  del  régimen 
económico-matrimonial (cfr. artículos 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
el acuerdo transaccional homologado por el juez no es inscribible si no consta en 
escritura pública. Así resulta de las Resoluciones de 30 de noviembre de 2016, y 16 de 
febrero, 1 de marzo, 5 de abril y 18 y 19 de mayo de 2017, entre otras. Según esta 
última, «(...) la falta de conexión entre la acción entablada que conlleva a la liquidación 
de  la  sociedad  conyugal  con  una  situación  de  crisis  matrimonial  despojan  a  este 
documento de su excepcional habilitación para el acceso al Registro del mismo, al no 
poder ser considerado como parte del convenio inicialmente propuesto pero no realizado 
(...)». Otra cosa es que se trate tanto de supuestos de convenio regulador como de 
acuerdo transaccional con contenido equiparable a un convenio regulador siempre que 
esté en íntima conexión con una situación de crisis matrimonial, de modo que del título 
presentado a inscripción resulte que la liquidación del régimen económico-matrimonial 
provenga de un proceso de nulidad, separación o divorcio (cfr. Resoluciones de 26 de 
julio, 18 de septiembre y 11 de octubre de 2017).
4.  El documento cuya calificación ha dado lugar a este expediente consiste en un 
testimonio de un auto judicial que homologa el acuerdo transaccional que han alcanzado 
los  dos  condueños  de  siete  fincas  urbanas  (adquiridas  por  mitades  indivisas  por 
compraventa por ellos, separados judicialmente de sus respectivos cónyuges) respecto a 
la disolución del condominio en un procedimiento judicial de extinción de comunidad.
En supuestos como el presente, por tanto, se debe tener en cuenta lo establecido en 
el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de la división judicial de 
patrimonios (cfr. artículo 406 del Código Civil).
Esta Dirección General también ha tenido ocasión de afirmar que en los procesos 
judiciales de división de herencia que culminan de manera no contenciosa se precisa 
escritura pública, por aplicación del artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. 
Resolución  de  9  de  diciembre  de  2010).  La  protocolización  notarial  de  la  partición 
judicial, siempre y cuando haya concluido sin oposición, viene impuesta como regla 
general por el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este criterio, además, es 
compartido unánimemente por la doctrina, para quienes la referencia a la sentencia firme 
contenida en el artículo 14 de la Ley Hipotecaria se limita a las particiones judiciales 
concluidas con oposición. En efecto, el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
determina que la aprobación de las operaciones divisorias se realiza mediante decreto 
del  letrado  de  la  Administración  de  Justicia,  pero  en  cualquier  caso  ordenando 
protocolizarlas.
A la vista de la doctrina de este Centro Directivo, expuesta en los precedentes 
apartados, procede confirmar la calificación recurrida.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  oe.
Pública, Sofía Puente Santiago. 932www.