BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46  Martes 23 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 21256
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
2805 Resolución de 10 de diciembre de 2020, aprobada por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ejercicio 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 10 de diciembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca 
del Informe de fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ejercicio 2016, 
acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar al Gobierno a:
– Regular los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural con el fin de determinar su 
naturaleza, finalidad y contenido.
– Adoptar una adecuada planificación estratégica de las subvenciones.
– Adoptar las medidas necesarias para que en las convocatorias de subvenciones, se 
establezcan las actuaciones tendentes a la promoción de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, en el ámbito de la creación y promoción artística e intelectual previstas 
en el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.
3.  Instar al Instituto del Patrimonio Cultural de España a:
– Regular los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural al objeto de determinar su 
naturaleza, finalidad y contenido.
– Establecer, en el marco de los planes nacionales, una programación plurianual, con 
una metodología clara para la selección de los proyectos objeto de financiación, los 
procedimientos de conservación preventiva y de protección activa de los bienes culturales, 
los mecanismos adecuados de coordinación y control de las actuaciones, la promoción del 
conocimiento a través de la investigación, así como el fomento del acceso de los 
ciudadanos y su difusión.
– Promover mecanismos ágiles de comunicación y colaboración entre todos los 
agentes implicados para que los planes nacionales puedan desplegar todos sus efectos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2020.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
   
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 1.330 
 
 
 
 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA,  
EJERCICIO 2016 
 
 
 
   
 
 
EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora 
establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 
del Tribunal de Cuentas, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma 
disposición  y  concordantes  de  la  Ley  7/1988,  de  5  de  abril,  de  Funcionamiento  del 
Tribunal de Cuentas, ha aprobado en su sesión de 25 de julio de 2019, el “INFORME DE 
FISCALIZACIÓN  DEL  INSTITUTO  DEL  PATRIMONIO  CULTURAL  DE  ESPAÑA, 
EJERCICIO 2016”, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, así como al 
Gobierno  de  la  Nación,  según  lo  prevenido  en  el  artículo  28.4  de  la  Ley  de 
Funcionamiento.  
 
 
ÍNDICE 
I.  INTRODUCCIÓN. 
  I.1.    ANTECEDENTES DE LA FISCALIZACIÓN. 
  I.2.    ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN. 
  I.2.1.  Ámbito subjetivo. 
  I.2.2.  Ámbito objetivo. 
  I.2.3.  Ámbito temporal. 
  I.3.    TIPO, OBJETIVOS Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN. 
  I.3.1.  Tipo y objetivos. 
  I.3.2.  Limitaciones. 
  I.4.    RÉGIMEN JURÍDICO Y MAGNITUDES ECONÓMICAS. 
  I.5.    TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN. 
  II.1.    CONTROL INTERNO. 
  II.1.1.  Aspectos generales. 
  II.1.2.  Contratación administrativa. 
  II.1.3.  Encomiendas de gestión. 
II.2.  ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
II.3.  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE DETERMINADOS 
ASPECTOS DE LA GESTIÓN. 
II.3.1.  Gastos corrientes en bienes y servicios. 
  II.3.1.1.  ASPECTOS GENERALES. 
  II.3.1.2.  PAGOS EN FIRME. 
  II.3.1.3.  ANTICIPO DE CAJA FIJA. 
II.3.2.  Actividades formativas. 
II.3.3.  Inversiones reales. 
  II.3.3.1.  ASPECTOS GENERALES. 
  II.3.3.2.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO. 
  II.3.3.3.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NEGOCIADO. 
  II.3.3.4.  CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA. 
  II.3.3.5.  CONTRATACIÓN MENOR. 
  II.3.3.6.  ANÁLISIS DEL 1 % CULTURAL. 
  II.3.4.  Encomiendas de gestión. 
  II.3.4.1.  ASPECTOS GENERALES. 
  II.3.4.2.  ANÁLISIS DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. 
  II.3.5.    Ingresos. 
  II.3.5.1.  PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
  II.3.5.2.  TASA POR LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS. 
  II.3.6.    Subvenciones.  es
  II.3.6.1  ASPECTOS GENERALES.  bo
  II.3.6.2.  ANÁLISIS DE LAS SUBVENCIONES.  05ww
II.4.  PLANES NACIONALES DE PATRIMONIO CULTURAL.
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  II.4.3.  Ejecución de los Planes Nacionales.
 
ÍNDICE 
  II.4.4.  Financiación de los Planes Nacionales. 
  II.4.5.  Seguimiento de los Planes Nacionales. 
  II.4.6.  Fortalezas y debilidades de los Planes Nacionales. 
II.5.  PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN FINANCIERA. 
  II.5.1.  Aspectos generales. 
  II.5.2.  Memorias presupuestarias. 
  II.5.3.  Planificación estratégica plurianual. 
  II.5.3.1.  PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES. 
  II.5.3.2.  PLANES ESTRATÉGICOS PLURIANUALES. 
II.6.  ANÁLISIS DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 
  II.6.1.  Contratos. 
  II.6.2.  Subvenciones. 
II.7.  TRANSPARENCIA. 
II.8.  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS 
POR EL TRIBUNAL. 
III.  CONCLUSIONES. 
  III.1.   RESPECTO DEL CONTROL INTERNO. 
  III.2.    RESPECTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
  III.3.   RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE DETERMINADOS 
ASPECTOS DE LA GESTIÓN. 
  III.3.1.  Gastos corrientes en bienes y servicios. 
  III.3.2.  Acciones formativas. 
  III.3.3.  Inversiones reales. 
  III.3.4.  Encomiendas de gestión. 
  III.3.5.  Ingresos. 
  III.3.6.  Subvenciones. 
  III.4.    RESPECTO DEL ANÁLISIS DE LOS PLANES NACIONALES. 
  III.5.    RESPECTO DEL ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN 
FINANCIERA. 
  III.6.    RESPECTO DEL ANÁLISIS DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES. 
  III.7.    RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA. 
  III.8.   RESPECTO DEL ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS POR EL TRIBUNAL. 
IV.  RECOMENDACIONES. 
ANEXOS. 
 
   
 
RELACIÓN DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
ACF  Anticipos de Caja Fija 
AEAT  Agencia Estatal de Administración Tributaria 
AGE  Administración General del Estado 
ANABAD  Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas 
BDNS  Base de Datos Nacional de Subvenciones 
CCAA  Comunidades y Ciudades Autónomas 
CPHE  Consejo de PHE 
CTS  Comisión técnica de seguimiento 
DGBA  Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural y de Archivos y Bibliotecas 
EPHN  Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera en La Rioja 
IPCE  Instituto del Patrimonio Cultural de España 
IVA  Impuesto sobre el valor añadido 
LGS    Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
LOIEMH  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
LPHE  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
MECD  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
PHE  Patrimonio Histórico Español 
PNAD  Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 
PNAMC  Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos 
PNAT  Plan Nacional de Arquitectura Tradicional 
PNC  Plan Nacional de Catedrales 
PNCP  Plan Nacional de Conservación Preventiva 
PNCPCXX  Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del SXX 
PNE  Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural 
PNEP  Plan Nacional de Educación y Patrimonio 
PNICPC  Plan Nacional de Investigación en Conservación de Patrimonio Cultural 
PNPC  Plan Nacional de Paisaje Cultural 
PNPF  Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico 
PNPI  Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
PNPPAS  Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático 
PNSPCI  Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio del Cultural Inmaterial 
POA  Plan Operativo Anual 
PPNN  Planes Nacionales de Patrimonio Cultural 
RLGS  Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones 
SIGI  Sistema Integral de Gestión Interna 
TRAGSA  Empresa de Transformación Agraria Sociedad Anónima 
TRLCSP  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 
   
 
RELACIÓN DE CUADROS 
CUADRO Nº 1  ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 337B. 
CUADRO Nº 2  ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 144A GESTIONADO POR EL IPCE. 
CUADRO Nº 3  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 2 DE LOS PROGRAMAS 
337B Y 144A GESTIONADO POR EL IPCE. 
CUADRO Nº 4  EJECUCIÓN CAPÍTULO 2 DEL PROGRAMA 337B. 
CUADRO Nº 5  IMPORTE DEL COSTE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. 
CUADRO Nº 6  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 DEL PROGRAMA 337B. 
CUADRO Nº 7  OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL CAPÍTULO 6 DEL IPCE Y MUESTRA 
REALIZADA. 
CUADRO Nº 8  ACUERDO MARCO Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN FORMALIZADAS CON 
TRAGSA. 
CUADRO Nº 9  IMPORTES DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DEL IPCE. 
CUADRO Nº 10  SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL IPCE. 
CUADRO Nº 11  PLANES NACIONALES DE PATRIMONIO CULTURAL Y FECHA DE 
APROBACIÓN. 
CUADRO Nº 12  INVERSIONES REALIZADAS POR EL IPCE EN EL MARCO DE LOS PPNN. 
EJERCICIOS 2012-2018. 
CUADRO Nº 13  INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL IPCE EN EL ÁMBITO DE LOS 
PPNN. 
CUADRO Nº 14  PLAN FINANCIERO DE LOS PPNN. 
CUADRO Nº 15  COMPOSICIÓN DE LAS CTS DE LOS PPNN. 
RELACIÓN DE GRÁFICOS 
GRÁFICO Nº 1  ORGANIGRAMA IPCE. 
 
  INTRODUCCIÓN 
  ANTECEDENTES DE LA FISCALIZACIÓN 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, por acuerdo de 21 de diciembre de 2017, aprobó el “Programa 
de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018”. En este documento se encuadraba 
la presente fiscalización, dentro de las programadas a realizar a iniciativa del propio Tribunal de 
Cuentas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas. Esta fiscalización se enmarca en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 
2017-2021 dentro del objetivo estratégico 1 en los objetivos específicos 1.2.1, 1.3.2 y 1.4. 
 
Las directrices técnicas a que debía sujetarse la fiscalización fueron establecidas por acuerdo del 
Pleno de 25 de abril de 2018 con los objetivos y el alcance que se presentan en el subapartado I.2 
siguiente. 
 
  ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN 
  Ámbito subjetivo 
El ámbito subjetivo corresponde al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), que es una 
Subdirección  General  dependiente  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Cultura  del  Ministerio  de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD). 
  Ámbito objetivo 
El  ámbito  objetivo  de  la  fiscalización  se  refiere  a  la  actividad  económico-financiera  global 
desarrollada por la Subdirección General IPCE objeto de fiscalización. 
  Ámbito temporal 
La fiscalización se refiere al ejercicio 2016. No obstante, se ha extendido a aquellos hechos 
anteriores o posteriores que se han considerado relevantes para el adecuado cumplimiento de los 
objetivos previstos. 
 
  TIPO, OBJETIVOS Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN 
  Tipo y objetivos 
 
La fiscalización se ha planteado como una fiscalización integral, y para ello se ha procedido a: 
 
1.  Evaluar los procedimientos y sistemas de gestión económico-financiera y de control interno 
aplicados. 
 
2.  Comprobar el adecuado reflejo contable y presupuestario de los fondos públicos gestionados por 
el IPCE conforme a los principios y criterios contables que le son de aplicación.   s
  oe.
3.  Comprobar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  a  las  que  está  w.
4 .  Asonmaleiztaidra e lla g graedsoti ódne  deefi cloasc ifao,n edfoicsi epnúcbialic yo se caosnigonmaídao esn a el lI PeCmEp.l eo de sus recursos.  2021-2805n https://ww
 
 
5.  Verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, en todo aquello en que lo dispuesto en esta norma pudiera tener 
relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
 
6.  Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en el informe de 
fiscalización de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, ejercicio 2004; así 
como las recomendaciones formuladas en las correspondientes Resoluciones de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en todo aquello que pudiera tener relación 
con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
 
7.  Comprobar, asimismo, el cumplimiento de las prescripciones de transparencia y sostenibilidad 
ambiental establecidas por la normativa, en todo aquello en que pudiera tener relación con el 
objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
 
En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras se han aplicado las Normas de Fiscalización del 
Tribunal de Cuentas aprobadas por el Pleno el 23 de diciembre de 2013. 
  Limitaciones 
Tanto los responsables de la Subdirección fiscalizada como el personal del mismo han prestado la 
colaboración requerida para la correcta ejecución de los trabajos, sin que en el desarrollo de los 
mismos se hayan presentado limitaciones que hayan impedido el cumplimiento de los objetivos de 
la fiscalización. 
 
  RÉGIMEN JURÍDICO Y MAGNITUDES ECONÓMICAS 
El IPCE es una Subdirección General dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura del MECD, 
a través de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural y de Archivos y Bibliotecas 
(DGBA), conforme a lo previsto en el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del citado Ministerio (en adelante RD 257/2012), durante 
el ejercicio fiscalizado1. Se rige por la legislación general aplicable a la Administración General del 
Estado, y en especial por el Real Decreto señalado. 
 
Las funciones se encuentran reguladas en el artículo 10.2.c) del citado RD 257/2012, según el 
cual se confiere al IPCE, en el ejercicio fiscalizado, las siguientes: 
 
1.  La elaboración y ejecución de los planes para la conservación y restauración de los bienes 
inmuebles del patrimonio histórico, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, así como la cooperación con otras 
Administraciones públicas y entidades públicas o privadas para el desarrollo de dichos planes 
y su seguimiento. 
 
2.  La elaboración y ejecución de los planes para la conservación y restauración de los bienes 
muebles del patrimonio histórico, así como de los fondos que constituyen el patrimonio 
documental y bibliográfico y la cooperación con otras Administraciones públicas y entidades 
públicas o privadas para el desarrollo de dichos planes y su seguimiento. 
  e
3.  La promoción y fomento de los proyectos de investigación arqueológica española en el  bo
exterior.  05ww
                                                 
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Deporte.
 
4.  El archivo y sistematización de los trabajos realizados y de la documentación disponible sobre 
patrimonio histórico; la investigación y estudio sobre criterios, métodos y técnicas para su 
conservación  y  restauración,  así  como  la  formación  de  técnicos  y  especialistas  en 
conservación  y  restauración  de  los  bienes  inmuebles  y  muebles  integrantes  de  dicho 
patrimonio. 
 
El IPCE posee una estructura interna articulada en torno a cuatro áreas que son el Área de 
Intervenciones en Bienes Culturales, Área de Investigación y Formación, Área de Documentación 
y Difusión, y Área de Régimen Interior, que a su vez se desarrollan en torno a nueve Servicios. 
 
El desempeño de todas estas funciones se articula en torno a cuatro ejes fundamentales, como 
son la conservación y restauración de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de España, la 
investigación del Patrimonio Cultural, la conservación y gestión del fondo documental gestionado 
por el Instituto, así como la difusión de los proyectos de la Subdirección. 
 
En el ejercicio de dichas funciones, corresponde al IPCE la gestión de una parte del programa 
presupuestario 144A “Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior”, con un crédito 
definitivo asignado de 418.076 y la totalidad del programa presupuestario 337B “Conservación y 
restauración de bienes culturales”, con un importe de créditos definitivos de 19.131.693 euros. Las 
principales actuaciones en términos cuantitativos corresponden a la ejecución de obras para la 
conservación y restauración de los bienes de Patrimonio Histórico Español (en adelante, PHE). 
Asimismo, parte de dichas actuaciones se desarrollan en ejecución de los Planes Nacionales de 
Patrimonio Cultural, que son instrumentos de gestión del patrimonio, compartidos por las diversas 
administraciones y con participación de otras entidades públicas o privadas. El detalle de la 
ejecución presupuestaria se recoge en el subapartado II.2 de este informe. 
 
Los Planes Nacionales constituyen una base informativa para tomar decisiones, establecen una 
metodología  compartida  de  actuación  y  fijan  prioridades  en  función  de  las  necesidades  del 
patrimonio, con el objetivo último de proteger y conservar los bienes culturales.  
 
En el año 2010 se propuso al Consejo de Patrimonio la revisión y actualización de los Planes 
Nacionales existentes y la formulación de nuevos planes que con un carácter más transversal 
dieran respuesta a los nuevos campos patrimoniales y las nuevas facetas de la conservación de 
los bienes culturales. El resultado son los siguientes catorce Planes Nacionales: 
 
1.  Plan Nacional de Catedrales 
2.  Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 
3.  Plan Nacional de Paisaje Cultural 
4.  Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
5.  Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos 
6.  Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial 
7.  Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico 
8.  Plan Nacional de Conservación Preventiva 
9.  Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX 
10. Plan Nacional de investigación en Conservación de Patrimonio Cultural 
11. Plan Nacional de Educación y Patrimonio 
12. Plan Nacional de Arquitectura Tradicional 
13. Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural  s
14. Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático  e.
  w.
Por lo que se refiere a los ingresos recaudados por el IPCE proceden de la realización de  05ww
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En el gráfico 1 siguiente se recoge el organigrama del IPCE en el ejercicio fiscalizado. 
 
 
GRÁFICO Nº 1 
ORGANIGRAMA IPCE  
Ejercicio 2016 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, el anteproyecto de Informe se remitió para la formulación de alegaciones el 
17 de mayo de 2019 al Ministro de Cultura y Deporte y a su predecesor en el cargo durante el 
periodo fiscalizado.   e.e
En el plazo otorgado no se han recibido alegaciones; si bien, con posterioridad se ha recibido un  05ww
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  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
  CONTROL INTERNO 
  Aspectos Generales 
El IPCE no disponía de manuales específicos de procedimientos que definieran las funciones de 
la gestión interna para sus áreas de actividad.  
 
Por otra parte, el IPCE cuenta con un Sistema Integral de Gestión Interna (SIGI) creado “ad hoc” 
por la Subdirección General de Tecnologías de la Información del MECD que permite no solo 
generar y gestionar flujos de información, sino también solicitar actuaciones de un departamento a 
otro. La aplicación fue creada para dar cobertura a la totalidad de las unidades del IPCE, sin 
embargo, no cuenta con un grado de implantación homogéneo entre los distintos servicios. Así, 
dicha aplicación no se está empleando en los servicios de arquitectura, arqueología, económico y 
de programación, y seguimiento de inversiones en los que está pendiente de implantación. 
 
El rango de subdirección del IPCE supone que buena parte de sus actuaciones quede supeditada 
a las instrucciones que recibe de la DGBA, encontrándose vigentes en el ejercicio fiscalizado 
varias instrucciones de la citada Dirección General en materia de contratación y de gestión de 
subvenciones que han sido aplicadas en la gestión llevada a cabo por el Instituto. Asimismo, el 
IPCE ha informado que en ocasiones las instrucciones recibidas se realizan únicamente de 
manera verbal, siendo recomendable su formalización por escrito. 
 
La Base de Datos empleada por el Instituto para el seguimiento de las inversiones no permitía 
vincularlas de manera automática con los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural lo que ha 
dificultado el conocimiento y control de qué inversiones habían sido y estaban siendo ejecutadas 
en el marco de los citado Planes. 
 
Del análisis de las actuaciones a lo largo de la fiscalización se han obtenido una serie de 
resultados que pasan a detallarse a continuación. 
 
  Contratación administrativa 
El órgano de contratación de las adquisiciones de bienes o de servicios del IPCE es la Junta de 
Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura, si bien corresponde al propio Instituto, como 
órgano gestor, la participación en las fases de elaboración de la memoria justificativa de la 
necesidad a efectos de la apertura del correspondiente procedimiento o la valoración de las 
proposiciones presentadas por los licitadores al órgano de contratación. La fragmentación de las 
funciones en la actividad contractual no ha impedido la puesta a disposición de esta fiscalización 
de expedientes completos. 
 
En  relación  con  las  contrataciones  menores,  el  IPCE  cuenta  con  mayores  atribuciones 
correspondiéndole  la  elaboración  de  la  memoria  justificativa  de  la  propuesta  firmada  por  el 
Subdirector del IPCE y, en su caso, la remisión de las ofertas solicitadas por el propio Instituto a la 
Subdirección  General  de  Gestión  Económica  y  Financiera  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 
Instrucción de 31 de julio de 2012 de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte sobre  e.e
medidas de austeridad y racionalización de los gastos generales del Ministerio.  w.b
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fecha de entrega del servicio que permita comprobar el cumplimiento del plazo de ejecución de los 
contratos. Asimismo, el procedimiento de seguimiento de los proyectos durante el periodo de 
garantía  no  permiten  elaborar  los  informes  sobre  el  estado  de  las  obras  por  los  directores 
facultativos contratados con la antelación suficiente para poder cumplir los plazos de devolución 
de las fianzas y garantías aportadas por los empresarios.
 
  Encomiendas de gestión 
El importe de las encomiendas de gestión celebradas en relación con el Real Monasterio de Santa 
María de El Paular fueron imputadas al presupuesto de gastos del programa 337B gestionado por 
el IPCE; sin embargo, los encargados de la gestión y seguimiento de dichas encomiendas son el 
personal de la DGBA. De esta forma en todas las peticiones realizadas por esta fiscalización de 
documentación así como de información respecto de estas operaciones, el personal del IPCE ha 
realizado una mera labor de canalización entre la fiscalización y el personal de la unidad de apoyo 
de la Dirección General que son además quienes participan en la comisión de seguimiento de la 
encomienda de gestión del uso y la explotación del Monasterio y mantiene las relaciones con la 
Empresa de Transformación Agraria Sociedad Anónima (en adelante, TRAGSA). 
 
  ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
En el ejercicio 2016, el IPCE gestionaba créditos a través de los programas 337B “Conservación y 
restauración de bienes culturales” y 144A “Cooperación, promoción y difusión cultural en el 
exterior”. En relación con el programa presupuestario 337B le corresponde la gestión de este en 
su totalidad, no así respecto del programa 144A que se gestiona a través de diversos órganos de 
distintos ministerios. 
 
En el ejercicio 2016, el importe de los créditos definitivos del programa 337B ha ascendido a 
19.131.693 euros, reconociéndose obligaciones netas por importe de 14.763.113 euros, lo que 
representa un grado de ejecución de un 77 %. De las citadas obligaciones, más de la mitad, 
8.564.383 euros, correspondieron al capítulo 6 de “Inversiones reales”, con una ejecución del 
72%, principalmente con cargo al artículo 63 “Inversión de reposición asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios”, cuyas obligaciones reconocidas ascendieron a 7.390.438 euros. En 
segundo lugar, figuran los gastos de capítulo 1 “Gastos de personal” con una ejecución del 97 %, 
cuyas obligaciones reconocidas ascendieron a 4.392.978 euros. En relación con el capítulo 7 de 
“Transferencias de capital” se procedió a la ejecución del 100 % del crédito definitivo mediante la 
concesión de las subvenciones a los beneficiarios previstos nominativamente en el presupuesto. 
El estado de liquidación del presupuesto de gastos con el grado de ejecución correspondiente a 
cada capítulo se detalla en el cuadro siguiente: 
 
 
CUADRO Nº 1 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 337B 
Ejercicio 2016 
(euros) 
Obligaciones  Grado ejecución del 
Ejercicio 2016  Créditos iniciales  Créditos definitivos 
reconocidas netas  presupuesto 
Capítulo 1  4.668.410  4.516.934  4.392.978  97 % 
Capítulo 2  1.850.000  1.865.279  960.752  52 % 
Capítulo 4  31.000  31.000  30.000  97 % 
Capítulo 6  11.903.480  11.903.480  8.564.383  72 % 
Capítulo 7  815.000  815.000  815.000  100 % 
TOTAL 337B  19.267.890  19.131.693  14.763.113  77 % 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
En  relación  con  la  ejecución  del  programa  144A  cabe  señalar  que  los  créditos  definitivos, 
gestionados por el IPCE, ascendieron, en el capítulo 7 de “Transferencias de capital”, a 410.000 
euros, correspondientes a ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el 
exterior, así como a un importe de 5.356 euros en el capítulo 2 de “Gastos corrientes en bienes y 
servicios”; sin embargo, únicamente se reconocieron obligaciones en el capítulo 2 por importe de 
5.229 euros, lo que representa un grado de ejecución del programa gestionado por el IPCE de un 
1,3% . El estado de liquidación del presupuesto de gastos de este programa se detalla en el 
cuadro siguiente:  
 
CUADRO Nº 2 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 144A GESTIONADO POR EL IPCE 
Ejercicio 2016 
(euros) 
Obligaciones reconocidas 
Ejercicio 2016  Créditos iniciales  Créditos definitivos 
netas 
Capítulo 2  5.356  5.356  5.229 
Capítulo 7  480.000  410.000  0 
TOTAL 144A  485.356  415.356  5.229 
FUENTE: Elaboración propia 
 
El bajo grado de ejecución fue motivado por la ausencia de concesión de las subvenciones de capital 
que fueron convocadas mediante Resolución de 3 de mayo de 2016 (Boletín Oficial del Estado de 14 
de mayo de 2016) pero no llegaron a concederse por la imposibilidad de cumplir con los plazos de 
tramitación y los requerimientos de la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las 
operaciones  de  cierre  del  ejercicio  2016  relativas  al  presupuesto  de  gasto  y  operaciones  no 
presupuestarias, por lo que en el ejercicio 2016 no se reconocieron obligaciones en este capítulo.  
  s
En el programa 144A se realizó, en el capítulo 7 “Transferencias de capital”, una transferencia de  oe.
crédito de 80.000 euros para la dotación de dos nuevos artículos para la concesión de dichas  w.
s7eu0nb. 0ev0el 0na cerituoícrnuoelsos , a 8el .nate rctrícocenurclaor  e7dto3e,   d1lae0 l .L0pe0roy0g  4era8um/r2oa0s 1 0a50l, 0 aXdrte í“c Tu2rl9ao n d7se4fe  rdoeecnlt ucmibairssem ,i nodte epr nrPoagrser”as emunpa uv e1irs4tut4odAs   dyGe l eolons e drreiasslpetausne tdseteosl    2021-2805n https://ww
 
 
Estado para el año 20162. El objeto de esta modificación, prevista en el borrador de la Resolución 
de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se convocan ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes a 2016, cuya gestión 
correspondía a la DGBA, era adaptar las cuantías y aplicaciones del presupuesto a la distribución 
definitiva, en función del destinatario de la Resolución de concesión de las ayudas.  
 
En relación con el programa 337B, se tramitaron por un lado dos transferencias de crédito, una 
que supuso una disminución de 175.000 euros en el capítulo 1 “Gastos de personal”, ante el 
desajuste e insuficiencia de los gastos en diversos programas y servicios, y otra que incrementó el 
crédito del capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” por importe de 15.279 euros, para 
dar cobertura a insuficiencias en diversos servicios, derivadas del funcionamiento del sistema de 
caja fija. Asimismo, se realizó una generación de crédito por importe de 23.523 euros, por la 
participación del IPCE en el proyecto Nanorestart dentro del marco de “Horizon 2020” de la Unión 
Europea, que supuso un aumento en el crédito del artículo 16 “Cuotas, prestaciones y gastos 
sociales a cargo del empleador” de 5.634 euros, y en el subconcepto 131 “Laboral eventual” por 
17.890 euros.  
 
  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE DETERMINADOS ASPECTOS 
DE LA GESTIÓN 
  Gastos corrientes en bienes y servicios 
II.3.1.1.  ASPECTOS GENERALES 
El IPCE gestionó en 2016 los créditos del capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” a 
través  de  los  programas  337B  “Conservación  y  restauración  de  bienes  culturales”  y  144A 
“Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior”. Las obligaciones reconocidas en 
ambos programas se situaron en 960.752 euros y 5.229 euros, con un grado de ejecución del 52% 
y el 81 %, respectivamente, sobre el total de los créditos definitivos del capítulo 2. Este bajo nivel 
de ejecución del programa 337B fue consecuencia del Acuerdo de Consejo de Ministros de abril 
de 2016 en el que se declaró la no disponibilidad de 680.000 euros (36 % del total del capítulo). El 
detalle de su ejecución presupuestaria se recoge en el cuadro siguiente: 
 
CUADRO Nº 3  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 2 DE LOS PROGRAMAS 337B Y 144A 
GESTIONADO POR EL IPCE 
Ejercicio 2016 
(euros) 
Obligaciones  Remanente de 
Artículo  Descripción  Crédito Definitivo 
reconocidas  crédito 
20  Arrendamientos y cánones  24.000  12.867  11.133 
21  Reparaciones, mantenimiento y conservación  413.414  279.716  132.698 
22  Material, suministros y otros  1.275.865  561.688  714.177 
23  Indemnizaciones por razón del servicio   157.356  111.710  45.646 
      TOTAL  1.870.635  965.981  903.654  e.e
FUENTE: Elaboración propia  w.
  05ww
                                                 
2li bEral mcitiaednoto sa rqtíuceu lose 8 r.teearlciceeran,  eensttraeb ole cceo nq ucaer gcoon a v liogse nacrtiíac uelxocsl u4s0iv aa  4p3a rya  7e0l  aañ 7o3 2 d0e1 6la,  lcalsa strifaicnascfeiórne necciaosn ódme iccaré ddeitol g ya slotos 
deberán de efectuarse a través del programa presupuestario 000X «Transferencias internas».
 
En la gestión de los gastos de carácter periódico y repetitivo del capítulo 2 del presupuesto se 
aplicó el sistema de anticipo de caja fija (ACF), implantado por Orden del Subsecretario del MECD 
de 22 de enero de 2016, conforme a lo previsto en el artículo 2.1 del Real Decreto 725/1989, de 
16 de junio, sobre anticipos de caja fija. 
 
El importe de las obligaciones reconocidas en el capítulo 2 gestionados a través del sistema de 
ACF ascendió a 553.770 euros del programa 337B y 5.229 euros del programa 144A. Además, el 
importe total tramitado en firme en dicho capítulo en el programa 337B se situó en 406.982 euros. 
El detalle de los importes de las obligaciones reconocidas en el ejercicio y su distribución entre 
ambas figuras, por artículos, se detalla en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO Nº 4 
EJECUCIÓN CAPÍTULO 2 DEL PROGRAMA 337B y 144A3 
Ejercicio 2016 
(euros) 
Obligaciones  Pago en firme  Anticipo de caja fija 
Artículo  Denominación  Reconocidas  Obligaciones  Nº de  Obligaciones  Nº de 
2016  reconocidas  expedientes  reconocidas  expedientes 
20  Arrendamientos y cánones  12.867  12.226  1  641  1 
21  Reparaciones, mantenimiento y conservación  279.716  157.513  15  122.203  155 
22  Material, suministros y otros.  561.688  237.243  26  324.445  933 
23  Indemnizaciones por razón del servicio  111.710  0  0  111.710  951 
 TOTAL  965.981  406.982  42  558.999  2.032 
FUENTE: Elaboración propia 
 
En el análisis de los gastos corrientes en bienes y servicios de la entidad se ha seleccionado una 
muestra de obligaciones reconocidas de pagos en firme y ACF por importe de 247.973 euros, que 
representa el 26 % del importe total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio fiscalizado, 
cuyo detalle por procedimiento de tramitación se expone a continuación. 
II.3.1.2.  PAGOS EN FIRME 
Respecto a los gastos tramitados a través de pagos en firme, se han seleccionado un total de 15 
contratos que han generado en el ejercicio fiscalizado unas obligaciones reconocidas por 168.845 
euros, con una cobertura del 41 % sobre el total de las obligaciones reconocidas en el capítulo 2 
del presupuesto de gastos. De esos 15 contratos, 5 fueron adjudicados mediante el procedimiento 
negociado sin publicidad previsto en el artículo 174.e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante, TRLCSP) y los otros 10 se tramitaron como contratos menores de los 
previstos en el artículo 138 TRLCSP. El detalle de los contratos analizados se encuentra en el 
Anexo I. Las deficiencias e incumplimientos derivados de su análisis se recogen a continuación: 
 
1.  En los 3 expedientes (número 2, 3 y 4) de procedimiento negociado sin publicidad por razón 
de cuantía, la elección de este procedimiento no ha estado suficientemente motivada, ni 
fundamentada. La justificación de su empleo expuesta en las ordenes de inicio firmadas por la 
Junta  de  Contratación  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Cultura  del  MECD  (órgano  de  e.
contratación  como  se  ha  señalado  en  el  epígrafe  II.1.2  de  este  informe)  en  los  tres  w.b
expedientes4  aludía  a  motivos  de  celeridad  y  simplificación  administrativa,  argumentos  05ww
3    E  l  i m  p  o  r te    d  e    5 . 2  2 9    e  u r o  s   d  e    o b  li g  aciones reconocidas en el programa 144A se imputaron en su totalidad al artículo
24 3L,a ys  sóer dgeensetiso ndaer oinni cúinoi cdaem loesn teex ppoerd aienntitceisp od ed ec ocnatjara ftiajac,i óans caennadliizeanddoos e iln ndúicmaenr oe xdper eesxapmedeinetnet eqsu ea  “8c. o nsiderando que la
simplificación de los procedimientos administrativos, combinada con el escaso volumen de gasto contemplado en esta
 
 
insuficientes por sí solos para fundamentar dicho procedimiento y asegurar la eficiencia del 
gasto público en materia de contratación, sino se promueve la publicidad y la concurrencia. La 
excepcionalidad de este procedimiento5 requiere una justificación adecuada para su elección, 
debiendo concurrir otras circunstancias que hagan esencial la negociación, elemento distintivo 
de dicho procedimiento frente a los ordinarios, sin que pueda entenderse que la opción por la 
tramitación conforme a los supuestos previstos en el artículo 174.e) del TRLCSP pueda ser 
decidida de forma arbitraria por simples razones de simplificación administrativa. 
 
2.  En el expediente número 4 consta la solicitud de ofertas a 5 empresas de las que sólo se ha 
recibido contestación de una de ellas, la cual coincide con el empresario que hasta la fecha 
venía prestando el servicio, sin que se haya tenido evidencia de la solicitud de nuevas 
invitaciones ni de la acreditación de las razones de urgencia u otras que hubieran impedido su 
solicitud,  contraviniendo  lo  previsto  en  la  Instrucción  de  la  Junta  de  Contratación  de  la 
Secretaría de Estado de Cultura de 11 de octubre de 2013 relativa a las invitaciones que se 
realicen por los órganos gestores a las empresas para la adjudicación de contratos mediante 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  con  concurrencia,  la  cual  prevé  que  si  como 
consecuencia de renuncias expresas o falta de contestación de las empresas contactadas no 
hubiera al menos dos que hubieran presentado ofertas, y con las que se pueda iniciar el 
proceso de negociación, se cursarán nuevas invitaciones al efecto, salvo que la urgencia del 
procedimiento u otras circunstancias no lo hagan posible, dejando constancia de ello en el 
expediente.  
 
3.  Durante  varios  ejercicios  seguidos,  se  ha  tramitado  a  través  de  contratos  menores  de 
duración anual adjudicados a la misma empresa, el servicio de limpieza de la Escuela de 
Patrimonio Histórico de Nájera en La Rioja en la que se desarrolla parte de la actividad 
formativa del Instituto y la actividad de diseño de la gestión y desarrollo de las visitas guiadas 
al edificio sede del IPCE. Los contratos ejecutados durante el ejercicio 2016 han generado 
unas obligaciones reconocidas durante toda su ejecución (IVA incluido) de 28.282 euros 
(contratos 8 y 9) para la primera actividad y 19.844 euros (contratos 11 y 12) para la segunda. 
 
Los  contratos  señalados  en  el  párrafo  anterior  tienen  por  objeto  satisfacer  necesidades 
periódicas de carácter recurrente y de naturaleza previsible, determinada y cierta que no han 
de variar de manera sustancial de un ejercicio a otro dado el carácter repetitivo de la misma. 
Por tanto, la limitación anual establecida podría suponer un fraccionamiento del contrato, en 
tanto que en el momento de inicio de la tramitación de los expedientes de los servicios 
contratados el IPCE ya conocía o estaba en condiciones de conocer el carácter periódico de 
la necesidad señalada. 
 
4.  En 8 de los 10 contratos menores analizados no se han acreditado la remisión de las 
invitaciones por parte del IPCE a las empresas ofertantes excepto en los expedientes número 
6 y 10. Asimismo, en 7 de estos expedientes tampoco consta la fecha de remisión de las 
ofertas excepto en los contratos número 6, 9 y 10. En este sentido, debe recordarse la 
conveniencia de que quede fehacientemente acreditada la realidad del envío de la solicitud de 
las ofertas, los términos en los que se realiza y la fecha en la que se cursan. 
 
5.  En la memoria justificativa del expediente número 7 para la adquisición de material de 
conservación para las colecciones fotográficas del archivo del IPCE no se ha tenido evidencia 
documental  de  la  realización  de  la  consulta  y  examen  previo  del  Catálogo  de  Bienes  s
Homologados del Servicio Central de Suministros a efectos de verificar si se incluyen en este  e.
                                                                                                                                                                05ww
lqaicudiemta icncioóisnntr ,a ehtilavloca ess , ea caocsonensgesuejraágbnuldeiro íuastneil  izlaoalsr   meoli bspjmerotoicv eotdsie immdiepe one tocu ondn eoe maxdaíajcu,t doci cecaluecmrióidpnal idnm eiyeg noetcofiia cdadoce i asl ianq  upleeug bidlsicelaibdceaióndn   ppvoreirg sreiadnzitróe  nla edsn e a mccutauataencrtíiiaao ,n deyaes  
c5 oEnlt raTtRaLciCóSn Pd eel sEtastbaledcoe”.  como procedimientos ordinarios para efectuar la adjudicación los procedimientos abierto o
restringido.
 
bienes similares a los propuestos, en cuyo caso no habría necesidad de solicitar tres ofertas, 
tal y como prevé la Instrucción sobre aspectos procedimentales a tener en consideración en la 
tramitación de propuestas de contratos menores a formalizar en el ámbito de la Secretaría de 
Estado de Cultura. No obstante, cabe señalar que en la correspondiente memoria justificativa 
quedó reflejada la correspondencia entre los bienes adquiridos y el material específicamente 
diseñado para la conservación de archivos fotográficos. 
II.3.1.3.  ANTICIPO DE CAJA FIJA 
En los gastos de capítulo 2 tramitados mediante ACF se ha seleccionado una muestra por un 
importe de 79.128 euros, lo que supone el 14 % del total de las obligaciones reconocidas 
mediante este sistema de pago en 2016, sin haberse puesto de manifiesto aspectos significativos. 
Como aclaración, cabe señalar que los pagos de caja fija correspondientes a gastos del Instituto 
se realizaron a través de la caja pagadora de la Secretaría de Estado de Cultura.  
 
En el análisis efectuado se ha observado la existencia de gastos por importe de 9.443 euros que 
correspondían a facturas de ejercicios anteriores, incluyéndose en todos los casos certificado 
expedido por el Jefe de Servicio de Contabilidad como justificante de la imputación al ejercicio 
corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores, al amparo del artículo 34.3 de la Ley 
47/2003 General Presupuestaria.  
  Actividades formativas 
Entre las actuaciones realizadas por el IPCE en el ejercicio fiscalizado se encuentra el diseño, 
gestión y ejecución de las actividades formativas sobre diferentes temas relacionados con la 
conservación del Patrimonio Cultural. Dicha actividad formativa viene amparada en el artículo 
10.1.j) del RD 257/2012 y los precios aplicados para su realización están previstos en la Orden 
CUL/1077/2011, de 25 de abril, por la que se fijan los precios públicos de determinados servicios 
prestados por los órganos centrales del Ministerio de Cultura, cuyo análisis se detalla en el 
epígrafe II.3.5 relativo al análisis de ingresos de este informe.  
 
Para la ejecución de su actividad formativa, el IPCE ha dispuesto de la Escuela de Patrimonio 
Histórico de Nájera en La Rioja (en adelante, EPHN), creada por Orden CUL/626/2008, de 29 de 
febrero, que tiene como finalidad complementar los cometidos específicos del IPCE en materia de 
formación de técnicos y especialistas en conservación y restauración de bienes culturales. La 
EPHN está adscrita al MECD, a través del IPCE. 
 
Por otra parte, el MECD suscribió un convenio con la Federación Española de Asociaciones de 
Archiveros,  Bibliotecarios,  Arqueólogos,  Museólogos  y  Documentalistas  (ANABAD)  el  15  de 
febrero de 2013 por dos años prorrogable por otros dos años más, que ha estado vigente durante 
todo el ejercicio 2016, para la gestión, organización y coordinación de cursos. En virtud de dicho 
convenio, la ANABAD obtiene, por sus servicios al MECD, un 15 % del importe de las matrículas 
abonadas por los alumnos en una cuenta corriente titularidad de la propia ANABAD (como se 
señala en el epígrafe II.3.5 de ingresos de este informe) detrayendo dicho importe de los ingresos 
cobrados. Los gastos declarados por la ANABAD en 2016 relativos a estas acciones formativas 
ascendieron a 20.804 euros. 
 
En 2016 el IPCE desarrolló un total de 34 acciones formativas, de las que 13 se realizaron en la  e.
EPHN y 21 en la sede del IPCE o en otras instituciones con las que colaboró. Según los datos  w.b
obtenidos y analizados en la fiscalización, el coste de estas acciones ha ascendido a un total de  05ww
1e6l c1u.3a2d7ro e suirgousi,e nintcel usyee dnedsog elons ad ieclh cao csutea nptoíar  sloesd e2 0y. 8c0o4n ceeuprtooss  spereñsaulapduoess teanri oesl .p árrafo anterior. En
 
  
CUADRO Nº 5 
IMPORTE DEL COSTE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
Ejercicio 2016  
(euros) 
Escuela de 
Subconcepto presupuestario / concepto de gasto  Patrimonio Histórico  Madrid y otras   TOTAL 
de Nájera 
226.06 Gastos diversos. Reuniones, conferencias y cursos  52.889     65.319     118.208 
227.06 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 
        7.058                      0              7.058 
Estudios y trabajos técnicos 
233 Indemnizaciones por razón del servicio. Otras indemnizaciones          3.480        11.777       15.277 
Gastos ejecutados por ANABAD          7.011        13.401       20.804 
TOTAL GASTO        70.438        90.497     161.327 
Número de actividades formativas  13   21   34  
Gasto medio por actividad formativa          5.418           5.656         5.563 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, el gasto medio por acción formativa realizada en la EPHN ha guardado 
una gran similitud con el gasto medio de las actuaciones de formación realizadas en la sede del 
IPCE o fuera de ella. En el cálculo de este coste medio se ha tenido en cuenta la ejecución de 5 
actividades formativas que no supusieron coste para el IPCE, ninguna de las cuales se celebró en 
la EPHN.  
 
En relación con las actuaciones desarrolladas en la EPHN se ha observado que el Consejo 
Académico6, como órgano colegiado y asesor de las actividades de la Escuela, no se reunió con 
la periodicidad semestral establecida en el artículo 3 de la citada Orden CUL/626/2008, sino tan 
solo una vez al año. 
 
Por otra parte, en el desarrollo de la actividad formativa se ha comprobado la celebración de una 
actuación que no estaba prevista en el programa aprobado para 2016 y por el contrario, la falta de 
ejecución  de  tres  actividades  que  estaban  contempladas  en  aquel,  sin  que  se  haya  tenido 
constancia de la aprobación de la modificación del programa formativo por el Consejo Académico 
en dicho año. No obstante, en la memoria anual de actividades presentada ante el Consejo 
Económico  se  incluyeron  las  acciones  finalmente  ejecutadas.  El  IPCE  ha  informado  que  la 
Directora de la EPHN comunica mediante correo electrónico las modificaciones efectuadas a los 
miembros del Consejo Académico; sin embargo, en la fiscalización únicamente se ha aportado la 
comunicación de la cancelación de una de las acciones formativas suprimidas.  
 
El baremo retributivo de las actividades formativas de los ejercicios 2016 y 2017 aprobado por el 
Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte el 28 de diciembre de 2015 y por el Director 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el 19 de enero de 2016 solo ha contemplado 
los honorarios para las actividades realizadas bajo la modalidad presencial, no previéndose los 
importes aplicables para aquellas acciones formativas que puedan desarrollarse mediante la 
                                                  w.
6 Compuesto por el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales como Presidente, por el Subdirector General  05ww
Ardpinerertpotele rfgeeIsPrss aCieyonn EntetBa asclic e oiydnóm eenalos  c  peasaCndet uércilemrmteul iotrcaaPnorliai eooets ,rn h oa inyses atlíó tl oorácis cmo dombce iioeltn o scMd podiae oeñznr eo alavsls,sot tade cnderaiti olesel ocssis d p epdlci renuosaSapisaglue nnerstaes,a dlta ocociMssni o caunporníao aosdr  e aedrspláe  on Mcr o NEpncárC aojledDapra u ar ee:e unssCntttoraaeosu  m rpdpaueeocnr risi ódleoanalns  d ayD  ssipAr igedruuocetittóe oenrnrce otccGemióoseann n  oeedcdnreieatdi  dlo loaLd sdpae er  beBsRis eeitocnilglojaeainoss,      OE-A-2021-28able en https://
Comunidad Foral de Navarra, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Guipúzcoa y Diputación Foral de Vizcaya.
 
modalidad on-line. Dada la proliferación de dicha modalidad en la actividad formativa de las 
administraciones públicas sería conveniente que dicha opción quedara regulada. 
 
El IPCE elaboró unas instrucciones para la aplicación de dicho baremo cuyos criterios e importes 
eran consistentes con el baremo retributivo aprobado por el Subsecretario de Educación, Cultura y 
Deporte, estableciendo una tabla con tres posibles cuantías diferentes por hora lectiva a aplicar 
según el grado de complejidad de la actividad formativa7; sin embargo, se ha comprobado que el 
IPCE fijó importes iguales para todas las actividades de los cursos de formación, distinguiendo 
únicamente entre clases teóricas, remuneradas con el importe máximo de la tabla, y clases 
prácticas, donde las 3 primeras se abonaron por el importe mínimo contemplado y la cuarta y 
siguientes a 50 euros por hora lectiva, cuantía por debajo del importe mínimo de dicha tabla. No 
parece que la fijación de un importe único para cualquier actividad, distinguiendo únicamente entre 
clase teórica y práctica, se acomode en su totalidad a los criterios y finalidad establecidos en el 
baremo señalado, que más bien tiene por objeto clasificar los cursos de formación y su retribución 
en función de su aportación académica a los alumnos, de la excelencia o novedad de la materia a 
tratar o del nivel exigido a los ponentes.  
 
Del análisis de las memorias justificativas de las acciones formativas del IPCE en el ejercicio 2016 
y del importe de las retribuciones abonadas a los ponentes en las acciones formativas, se han 
obtenido los resultados que se relacionan a continuación:  
 
1.  Las memorias justificativas de las actividades formativas que autorizaban el gasto de cada 
actividad no siempre han sido completas, al fijar solo la cuantía máxima para cada una de las 
acciones sin incluir la totalidad de los gastos de la actividad realizados por el IPCE, como los 
derivados de la organización de los cursos, detallados en el punto 6 siguiente, o el importe de 
aquellos abonados directamente por ANABAD para la ejecución de las actividades. 
 
Así, por ejemplo, en la memoria justificativa del “III Congreso Internacional de Educación 
Patrimonial” coorganizado con la Comunidad de Madrid y las Universidades de Valladolid y 
País Vasco, el importe máximo previsto ascendió a 7.500 euros relativos a desplazamientos y 
alojamientos de los ponentes, sin incluir los 4.961 euros abonados por la ANABAD por cuenta 
del IPCE por gastos de ponencias o gastos de restauración. Asimismo, en la memoria del 
curso on-line “Conservación de cerámica” la cuantía máxima fijada ascendió a 7.200 euros en 
concepto de honorarios, pero según los datos obrantes relativos a los gastos ejecutados por 
la ANABAD, esta actividad también conllevó un gasto adicional de 2.899 euros por servicios. 
Además,  entre  estos últimos  gastos  figuran 1.484  euros  que  ANABAD  justificó  al  IPCE 
mediante un recibí, sin que en la memoria justificativa aprobada por el Subdirector del IPCE 
se hiciera ninguna referencia a dicha colaboración por lo que no ha quedado acreditada ni su 
objeto, ni su relación con la actividad formativa. 
 
2.  En los gastos que ANABAD declaró asumir en el “III Congreso Internacional de Educación 
Patrimonial”, se han incluido 841 euros por honorarios de ponencias, cuyo importe no se 
ajusta a las instrucciones de aplicación del baremo retributivo aprobado por el MECD. En la 
fiscalización se ha solicitado el convenio que regulaba la ejecución del citado congreso, 
habiéndose informado por el IPCE que el mismo no se formalizó. 
 
3.  En las memorias de las acciones formativas del IPCE no siempre ha quedado constancia 
clara e inequívoca de su clasificación como curso de formación, conferencia, congreso, mesa  s
                                                  05ww
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profesional de los alumnos”.
 
 
redonda, jornada o seminario, aspecto que resulta esencial dado que el baremo retributivo 
aprobado por el MECD prevé diferente retribución según la naturaleza de la acción realizada. 
 
4.  El curso “Con-Ciencia en Patrimonio” celebrado en el marco de los Cursos de Verano de la 
Universidad  Complutense  de  Madrid,  fue  coorganizado  por  el  IPCE  y  la  Universidad 
Complutense de Madrid, comprometiéndose el primero a contribuir en los honorarios de parte 
de los ponentes de acuerdo con el baremo retributivo del segundo; sin embargo, los importes 
abonados por el IPCE excedieron de los incluidos en el baremo aprobado por el MECD, en 
1872 euros8. En la fiscalización se ha solicitado el convenio que regula dicha colaboración, 
habiéndose informado por el IPCE que el mismo no se formalizó. 
 
5.  Según la memoria justificativa del encuentro denominado “La Salvaguarda de la Cultura del 
Esparto en España” celebrado en Murcia, al IPCE le correspondía el abono de los gastos de 
desplazamiento y alojamiento de los ponentes, así como los honorarios por la dirección y una 
conferencia, por un importe máximo de 3.399 euros, no asumiéndose gasto alguno por el 
resto de ponencias o gastos de coordinación, los cuales correspondían al Gobierno de la 
Región de Murcia. No obstante, se ha comprobado que el IPCE abonó a una empresa privada 
externa un importe de 7.058,33 euros en concepto, según la factura presentada, de trabajos 
de coordinación y de otros trabajos correspondientes a otras acciones formativas, por lo que 
el  importe  imputable  a  los  gastos  de  coordinación  de  esta  actividad  no  han  podido  se 
cuantificados. Se ha solicitado el convenio que regula dicha colaboración indicándose por el 
IPCE que el mismo no se formalizó. 
 
6.  El  baremo  retributivo  aprobado  para  el  MECD,  para  el  ejercicio  2016,  establecía  que 
correspondía al Subdirector General de Personal la determinación de las retribuciones por las 
tareas de organización, dirección, coordinación y tutoría, así como la designación de la 
persona encargada de la designación del curso, y que tales retribuciones se abonarían 
siempre que la naturaleza o complejidad de la actividad formativa lo requiriera, no pudiendo 
en ningún caso superar dichas tareas 320 euros por año y persona. Además, dicho baremo 
no  previó  la  posibilidad  de  externalizar  en  profesionales  o  empresas  especializadas  las 
labores  de  organización  y  coordinación  de  las  acciones  formativas  a  diferencia  de  su 
impartición, que sí podía serlo de forma excepcional y previa justificación. A pesar de lo 
anterior, se ha comprobado lo siguiente: 
 
a)  Una trabajadora del IPCE cobró en el año 2016 un importe de 600 euros por tareas de 
dirección en dos acciones formativas, superando el importe máximo anual de 320 euros. 
 
b)  El  IPCE  externalizó  las  funciones  de  organización  y  coordinación  en,  al  menos,  los 
siguientes supuestos: 
 
1.  En el curso “El Patrimonio Cultural Inmaterial: acciones de salvaguarda en España” 
celebrado en la Escuela de Patrimonio de Nájera, las labores de organización fueron 
asumidas  por  una  empresa  externa  a  través  de  un  contrato  menor  denominado 
“Desarrollo de acciones vinculadas al plan nacional de salvaguarda del patrimonio 
cultural inmaterial”9. El importe abonado por el IPCE por dichas labores, que ascendió a 
7.058 euros, fue muy superior al máximo de 320 euros por actividad permitido en el 
baremo y se alejó de lo abonado por la organización de actividades similares. En 
consecuencia, no se encuentra justificada su realización atendiendo a las labores  s
efectuadas, que consistieron en tareas de gestión de la participación de los ponentes,  e.
8c   o E n nf e  c r eo nn  cc i ra e st o  a   a  4s  3u 3m    ei ó u  rg o a ss   tc o as d   da e   u  Dn  ai r   e(cecl iiómnp 1o.r0te8 2p oeru croosn f(eerne necl iab asreegmúon  einss mtruácxcimioon edse  e3s2 0d ee u2r0o0s  epuorro sa ñyo  3y0 0p eerusoronsa )p ay r3a 
cinosntrfeurcecniocniaenst es ee fnija  eell  iemxptroarnteje mroá) xiym op aprotirc icpoancfieórne necnia nmtee psao r roetrdaosn idnate rav e2n1c7io neeusr oesn  8c0o ne u3ro sm).e sas redondas (en las
9 Contrato número 43 del anexo de contratos menores del capítulo 6.
 
la gestión de la inscripción, la selección de asistentes y la emisión de las actas de las 
jornadas.  
 
2.  En el encuentro “La Salvaguarda de la Cultura del Esparto en España” la misma 
empresa señalada en el inciso anterior (y a través del mismo contrato mencionado 
anteriormente, en otro pago), también facturó al IPCE labores de organización, si bien, 
su importe no ha podido ser cuantificado, al haberse abonado estos servicios dentro de 
un pago que incluye otros trabajos, sin que el IPCE haya podido individualizarlo.  
 
3.  La  ANABAD  obtuvo  en  el  ejercicio  2016  un  total  de  3.450  euros  por  la  gestión 
económico-administrativa,  las  tareas  de  gestión  de  inscripciones  y  el  cobro  de 
matrículas en virtud del convenio firmado con entre la DGBA y dicha entidad con fecha 
15 de febrero de 2013, citado anteriormente.  
 
En ninguno de los supuestos señalados anteriormente se ha cumplido además con la necesaria 
designación  del coordinador  por el  Subdirector  General  de  Personal,  prevista  en  el  baremo 
aprobado por el MECD. 
 
Paralelamente  a  esta  actividad  formativa  y  de  forma  complementaria,  el  IPCE  celebró  dos 
exposiciones en la EPHN durante el ejercicio 2016: la exposición “Photographica Ovidiana” y la 
exposición “Inmaterial. Patrimonio y memoria colectiva”. El coste directo por la organización y 
desarrollo de estas exposiciones ascendió a 7.340 y 11.843 euros, respectivamente. La memoria 
justificativa correspondiente a la segunda exposición previó un gasto máximo de 5.000 euros (el 
gasto final ejecutado ascendió a 4.785 euros) correspondiente al diseño gráfico, cartelería y 
servicio de recepción de visitantes, pero no incluyó en dicha cuantía el importe de los servicios 
prestados y facturados a través del contrato denominado “Desarrollo de acciones vinculadas al 
plan nacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial” por importe de 7.058 euros10. 
Tampoco se hizo mención en dichas memorias a la participación de la Fundación del Monasterio 
Santa María La Real de Nájera en la financiación de dichas actividades por la que asumió un total 
de  5.907  euros  (4.469  y  1.437  euros,  respectivamente)  sin  que  las  condiciones  de  dicha 
colaboración, con indicación de las obligaciones de las partes, hayan quedado instrumentadas en 
ningún negocio jurídico. 
 
  Inversiones reales 
II.3.3.1.  ASPECTOS GENERALES 
El  importe  total  de  las  obligaciones  reconocidas  en  el  capítulo  6  de  Inversiones  reales  del 
programa 337B en el ejercicio 2016 ha ascendido a 8.564.383 euros, lo que supone un grado de 
ejecución del 72 %. El mayor peso en la ejecución presupuestaria se ha producido en el artículo 
63 en las “Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios” que 
han alcanzado los 7.390.438 euros, esto es, un 86 % del total de las obligaciones reconocidas en 
el capítulo 6 en el ejercicio fiscalizado. 
 
                                                
10 Corresponde con el mismo contrato señalado en el punto 6.b) anterior, pero en otro pago distinto.
 
 
CUADRO Nº 6 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 6 DEL PROGRAMA 337B 
Ejercicio 2016 
(euros) 
Artículo  Créditos  Obligaciones  Remanente 
Descripción 
presupuestario  Definitivos  Reconocidas   Crédito 
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los 
62         200.000            216.307  -      16.307 
servicios 
Inversión.  de  reposición  asociada  al  funcionamiento 
63   10.481.480        7.390.438   3.091.042 
operativo de los servicios 
64  Gastos de inversiones de carácter inmaterial      1.222.000            957.638       264.362 
        TOTAL   11.903.480        8.564.383   3.339.097 
FUENTE: Elaboración propia  
 
 
En el periodo comprendido entre los ejercicios 2015 y 2017 ha habido un aumento paulatino y muy 
significativo del importe de las obligaciones reconocidas, pasando de 6.686.635 euros en 2015, a 
9.671.804 euros en 2017. El órgano de contratación de las adquisiciones de bienes o de servicios 
del IPCE es la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura, como se señala en el 
epígrafe II.1.2 de este informe. 
 
En el año 2016, se formalizaron 175 contratos y 3 encomiendas de gestión con cargo al capítulo 6 
del programa 337B gestionado por el IPCE. El  detalle del procedimiento de adjudicación de los 
contratos se recoge en el cuadro 7 siguiente. En la fiscalización se ha analizado una muestra de 
44 contratos que suponen un importe de obligaciones reconocidas de 1.443.883,60 euros (9 por 
procedimiento abierto; 4 por procedimiento negociado; 30 contratos menores, 1 de emergencia), 
así como un total de 6 encomiendas de gestión que ascienden a un importe de obligaciones 
reconocidas de 1.227.683 euros, lo que representa el 31 % del importe total del ejercicio. El 
detalle de la muestra se recoge en los Anexos II y III. 
 
CUADRO Nº 7 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL CAPÍTULO 6 DEL IPCE Y MUESTRA REALIZADA 
Ejercicio 2016 
(euros) 
Procedimiento de 
Importe obligaciones  Nº de expedientes 
adjudicación /  Peso (%)  Nº de expedientes   Importe muestra 
reconocidas   muestra 
encomienda 
Abierto     4.879.069  57 %  39        207.591  9 
Negociado        374.875  5 %  8        249.882     4 
Menor     1.284.904  15 %  127        188.558     30 
Emergencia        797.852     9 %  1        797.852     1 
Encomienda   1.227.683  14 %  3     1.227.683     6 
TOTAL      8.564.383  100 %  178     2.671.566     50 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la información aportada por el IPCE   s
  e.
Como puede observarse, la tramitación abierta en los procedimientos de adjudicación de contratos  w.
ha representado el 57% del total de las obligaciones reconocidas en el capítulo 6 en el ejercicio  05ww
f%is,c areliszpaedcot,i vsaemgueindtae . dLea lso so bcloignatrcaiotonse sm reengoisretrsa dya ds ep eomr eenrgceonmciiean, dcaosn  duen ogse sptoiórnce hnatanj easlc daenlz 1a5d oy  e9l 
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negociados han dado lugar al registro del 5 % restante de las obligaciones reconocidas en el año. 
En los siguientes epígrafes se ponen de manifiesto los principales resultados obtenidos del 
análisis de la muestra anterior, con excepción de las encomiendas de gestión, que son analizadas 
en el epígrafe II.1.3 de este informe por su singularidad con respecto al resto de negocios 
analizados.  
II.3.3.2.   PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO 
En relación con los 9 contratos analizados tramitados a través del procedimiento abierto, por 
importe total de 207.591 euros, se han detectado las deficiencias e irregularidades que se detallan 
a continuación: 
 
1.  En los contratos números 2, 4, 5, 8 y 9 se incumplió el plazo máximo de dos meses para la 
adjudicación (un mes para el contrato número 5 declarado de urgencia, conforme al artículo 
112.2.b) señalado en el artículo 161.2 del TRLCSP, superando el plazo previsto entre 1 mes y 
3 meses. Si bien este incumplimiento únicamente permitiría a los licitadores retirar sus ofertas 
conforme a lo previsto en el artículo 161.4 del TRLCSP, hecho que no sucedió; sin embargo, 
pone de manifiesto una insuficiente celeridad y eficacia temporal en la cumplimentación de los 
trámites que corresponde a las unidades participantes en el procedimiento de contratación del 
MECD. Ha de destacarse en este sentido el expediente número 5, declarado de tramitación 
urgente, para el que el plazo transcurrido desde la apertura de las proposiciones hasta la 
adjudicación por la junta de contratación alcanzó los tres meses.  
 
2.  No se han cumplido los plazos de tramitación del contrato número 5 declarado de urgencia 
previstos en el artículo 112 del TRLCSP. Efectivamente, la emisión de los informes no se 
realizó dentro de los 5 días siguientes a la fecha de apertura de los criterios no evaluables 
mediante fórmulas, según lo previsto en el subapartado 2.a) de dicho precepto, sin que se 
haya  justificado  documentalmente  la  imposibilidad  de  cumplirlo.  A  pesar  de  su  carácter 
urgente, no se ha observado una mayor celeridad en el cumplimiento de los trámites en 
comparación  con  el  resto  de  los  expedientes  de  contratación  analizados.  Así,  se  ha 
comprobado que desde la apertura de las proposiciones evaluables mediante fórmulas hasta 
la emisión del informe global de valoración de las proposiciones transcurrieron 2 meses, plazo 
exactamente igual al de los expedientes número 2 y 9 en los que también se presentaron 
ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
También se ha incumplido el plazo de inicio de ejecución previsto en el artículo 112.2 
apartado c) al no haberse emitido el acta de comprobación de replanteo para el inicio de las 
actuaciones hasta un mes después a la formalización del contrato, como si se tratara de un 
procedimiento ordinario y no urgente. Asimismo, al haber sido dicha acta negativa, hasta 
transcurridos otros 15 días no se obtuvo el carácter positivo para el inicio de las actuaciones. 
Por todo ello, y a la vista del desarrollo temporal de la contratación, no parece debidamente 
justificada la declaración de urgencia del mismo.  
 
3.  En los contratos números 2, 3 y 9 también se incumplió el plazo máximo de un mes para la 
recepción de las obras previsto en el artículo 222.2 TRLCSP, superando dicho plazo entre 10 
días y casi 3 meses. 
 
4.  En los expedientes números 2 y 9 se superó en 8 y 4 meses el plazo máximo de 3 meses  e
para  la  aprobación  de  la  certificación  final  por  el  órgano  de  contratación  de  las  obras  bo
ejecutadas  contados  desde  la  recepción,  contraviniendo  lo  previsto  en  el  artículo  235.1  05ww
5.  TEnoRn  L hdCao Ssq Pude.e d laodso c uaacrtreod ictaodnatr alato fse cdhea r eddea pcrceisóenn dtaec piórno ydeeclt op rdoey eocbtora, sp o(nr úlom qeuroes n 4o  yh a8 )s iadnoa plizoasdiboles   OE-A-2021-28able en https://
verificar el cumplimiento de su plazo de ejecución. En el caso del contrato número 8, el
 
 
informe de supervisión del proyecto, que se debe emitir conforme al artículo 125 del TRLCSP 
antes de la aprobación del proyecto y por tanto antes del fin del plazo de ejecución, fue 
evacuado superando en ocho meses el fin del plazo de ejecución, sin que hayan quedado 
debidamente justificadas en el expediente las razones que motivaron dicha dilación.  
 
6.  En los expedientes números 2, 3, 6 y 9 se ha constatado que el informe sobre el estado de las 
obras o prestaciones realizadas, que según el párrafo segundo del artículo 235.3 del TRLCSP 
debe efectuarse con carácter previo a la finalización del plazo de garantía por el director de la 
obra o contratista que presta el servicio, se efectuó con posterioridad a la fecha de finalización 
del  plazo  de  garantía.  Esto  ha  conllevado  retrasos  en  la  devolución  de  los  importes 
consignados como fianza por los contratistas que ejecutaron las obras con relación al plazo 
previsto en el artículo 102.2 TRLCSP.  
 
7.  En los dos expedientes analizados de redacción de proyecto de obras número 1 y 4 se ha 
verificado que se ha excedido en 2 y 14 meses el plazo de 2 meses para la devolución de la 
fianza regulado en el artículo 102.2 del TRLCSP. Dicho retraso, al igual que lo mencionado en 
el  párrafo  anterior,  supone  un  riesgo  financiero  para  el  MECD  por  las  eventuales 
reclamaciones  del  interés  legal  del  dinero  sobre  la  cantidad  adeudada  en  los  términos 
señalados en el citado precepto. 
II.3.3.3.   PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NEGOCIADO 
Se han analizado cuatro expedientes tramitados por el procedimiento negociado sin publicidad. 
Tres de ellos por razón de cuantía, en los supuestos previstos en los artículos 171.d) y 174.e) del 
TRLCSP (número de orden 10, 12 y 13), y uno de ellos al amparo del artículo 170.d) del TRLCSP 
(número  de  orden  11).  En  el  análisis  realizado  se  han  puesto  de  manifiesto  los  siguientes 
incumplimientos: 
 
1.  En los expedientes números 10, 12 y 13 no se ha motivado de forma suficiente y adecuada la 
elección  del  procedimiento  negociado  sin  publicidad  por  razón  de  cuantía.  El  TRLCSP 
establece como procedimientos ordinarios para efectuar la adjudicación los procedimientos 
abierto  o  restringido.  Por  tanto,  la  elección  del  procedimiento  negociado,  en  tanto  que 
excepcional,  debe  quedar  suficientemente  justificada  en  la  concurrencia  de  otras 
circunstancias que hagan esencial la negociación, elemento distintivo de dicho procedimiento 
frente a los ordinarios. Sin embargo, en las órdenes de inicio firmadas por la Junta de 
Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura del MECD de los tres expedientes11, la 
justificación de la utilización de dicho procedimiento se basó en la necesaria celeridad y 
simplificación administrativa, cuestiones insuficientes por sí solas para justificar la elección del 
procedimiento negociado y asegurar la asignación eficiente del gasto público en materia de 
contratación cuyo aseguramiento se consigue fundamentalmente promoviendo la publicidad y 
la concurrencia. Por consiguiente, la excepcionalidad del procedimiento negociado requiere 
una justificación suficiente y motivada para su elección, sin que pueda ser decidida de forma 
arbitraria por simples razones de simplificación administrativa. 
 
2.  En todos los procedimientos negociados analizados, los pliegos acotaron los términos de la 
negociación exclusivamente a la oferta económica. La acreditación de los términos de las 
negociaciones efectuadas en los expedientes puestos a disposición en la fiscalización se ha 
documentado únicamente en un correo electrónico remitido por el IPCE a las empresas  e
participantes indicándoles si deseaban modificar su oferta económica y la contestación de  bo
                                                  05ww
sl1i1cim iLtapaclsiifó icónar,d cheióannce esd  ead celoo isnn sipceirojoa cbdeleed  liuomtsiil eieznxatpor ese dla iepdnrmoteicnsei sddtirema itceivonontsotr, a dctaeoc maiódbnjiun adanidcaaal iczciaóodnno  nesel  igenosdccicaiaasdnoo  e vsxoipnlur empsueabnml icdeiend taegd a qsputooer   c“rcoaonznótesnmi ddeperla acdnuoda oen ntqí aue,e s ytlaaa  
qaudem incoisntr aetilvloa ss, e acsoengsuerágnudiroíasne  laols  moibsjmetoiv otsie mdep oe cuonn oemxaíac,t oc ecluemridpalidm iye netofi cadcei al aq uleeg idselabceiónn  pvreigseidnitre  laesn  amctautaecriiao ndees 
contratación del Estado”.
 
estas, que en la mayor parte de los casos, se ha reducido a una mera respuesta negativa. Si 
bien la normativa aplicable no excluye la posibilidad de usar como único elemento sobre el 
que versa la negociación el precio, no parece que los contactos mantenidos entre el Instituto y 
las empresa licitadoras responda a una verdadera “negociación”, que debe ser la finalidad 
esencial del procedimiento negociado para adaptar el contrato a las necesidades y objetivos 
del órgano contratante. 
 
3.  En el expediente número 12 no se considera promovida adecuadamente la concurrencia con 
las invitaciones remitidas para participar en el procedimiento por los siguientes motivos:  
 
a)  No se tramitó el número mínimo de invitaciones ni se procedió a la valoración del número 
de ofertas previsto en la Instrucción de la Junta de Contratación de la Secretaría de 
Estado de Cultura de 11 de octubre de 2013, al invitarse únicamente a tres empresas para 
la presentación de propuestas, de las cuales sólo una remitió oferta a valorar. Según la 
citada Instrucción, de cara a garantizar la adecuada concurrencia y posterior negociación, 
el número de empresas a invitar no debe ser inferior a cinco, salvo justificación motivada 
de la que se debe dejar constancia en el expediente, de forma que incluso en caso de 
que, como consecuencia de renuncias expresas o falta de respuesta invitadas, no hubiera 
al menos dos empresas que hayan presentado oferta con las que se pueda realizar el 
proceso de negociación, se cursarán nuevas invitaciones, salvo que la urgencia de la 
tramitación, u otras circunstancias, no lo haga posible, dejando constancia de ello en el 
expediente. 
 
b)  Tampoco se concedió un plazo adecuado para la presentación de ofertas resultando una 
única oferta recibida de las tres invitaciones realizadas. En primer lugar cabe señalar que 
la información trasladada por la subdirección del IPCE a la Junta de Contratación de la 
Secretaría de Estado de Cultura del MECD en su informe global de valoración de las 
ofertas presentadas no fue fiel a la información obrante en el expediente, al señalar que 
dos de las tres empresas invitadas habían rehusado realizar oferta alguna por “considerar 
que  no  dominaban  el  tema  lo  suficiente”,  cuando  el  motivo  aludido  por  estas  dos 
empresas fue la insuficiencia de plazo. En segundo lugar, para una de las tres empresas, 
que no realizó oferta, no se respetó ni siquiera el plazo de 10 días hábiles desde la 
recepción de la solicitud previsto en las invitaciones; así en el correo en el que el IPCE 
realizó la solicitud de invitación se señalaba que el plazo vencía el día 19 de diciembre sin 
tener en cuenta que el correo se recibió el día 12 de diciembre. 
 
El  artículo  143  del  TRLCSP  prevé  que  los  plazos  dados  a  los  licitadores  para  la 
presentación de sus proposiciones deben ser adecuados para su preparación, de acuerdo 
a la complejidad del contrato y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en la 
Ley,  y  si  bien  no  se  fijan  en  el  TRLCSP  plazos  mínimos  para  la  presentación  de 
proposiciones de las ofertas en este tipo de procedimientos, al menos hay que respetar los 
plazos fijados en las invitaciones remitidas, y se ha de valorar que dichos son adecuados 
para la preparación de las ofertas lo cual, a la vista del contenido de las respuestas 
recibidas, no parece que se cumpliera. 
 
4.  En el expediente número 12 el adjudicatario, que fue el único empresario que finalmente 
presentó una oferta, no cumplió con los requisitos de solvencia económica y técnica previstos 
en el pliego, lo que podría suponer la aplicabilidad de causa de nulidad de conformidad con lo  s
previsto en el artículo 32.a) del TRLCSP. En los pliegos del contrato se exigía expresamente la  oe.
acreditación de la solvencia económica mediante el modelo 390 de la Agencia Estatal de  w.
Aabpudoemrntiana idseotjre.a cEcuinóc nicó unTa rdnibetou c taaor nilaatr  a(stAooElsv AeeTnnc)  ilaoc sot nét rceunsnic  úavl toyiml upomrsoe fenej seciroocnnicacilor espt aocr oadn el a u anqc udtieve itdseearm dpeiinsda edq ouc eevr otniflouic mahdeaon s,s  ilddoeos    2021-2805n https://ww
  certificados aportados no han cumplido con los requerimientos previstos en el pliego.   BOE-A-cable e
 
 
5.  En los contratos números 11 y 12 no se han cumplido los plazos de ejecución fijados, 
habiendo previsto los pliegos, expresamente, la imposibilidad de conceder prórroga para su 
ejecución.  Asimismo,  dichos  pliegos  señalaban  la  posibilidad  de  que  la  administración 
impusiera las penalidades establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, sin que conste que la 
aquella haya hecho uso de dicha facultad.  
 
6.  En el contrato número 10 la emisión del primer acta de comprobación de replanteo se realizó 
superando  en  un  mes  el  plazo  máximo  previsto  en  el  artículo  229  TRLCSP  desde  la 
formalización  del  contrato.  Además,  como  consecuencia  de  este  retraso,  también  se 
sobrepasó el plazo de inició de la ejecución previsto en el contrato. 
 
7.  El plazo de devolución de la fianza al que hace referencia el artículo 102.2 del TRLCSP en el 
expediente número 13 sufrió un retraso de 3 meses. Como se ha indicado anteriormente, este 
retraso supone un riesgo financiero para el MECD por el abono que pudiera reclamarse del 
interés legal del dinero sobre la cantidad adeudada en los términos señalados en el citado 
precepto. 
II.3.3.4.   CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA 
En el ejercicio 2016 se tramitó el contrato de emergencia (número 14 del Anexo II) para la 
ejecución de las obras en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Melilla con motivo del 
terremoto acaecido el 23 de enero de 2016 con sucesivas réplicas. Sin embargo, el inicio de 
ejecución de las obras superó en casi un mes el plazo máximo de un mes previsto en el artículo 
113.1.e) del TRLCSP a contar desde el acuerdo de la declaración de obras de emergencia por el 
órgano de contratación el 2 de marzo de 2016, por lo que el mismo debió tramitarse mediante un 
procedimiento ordinario conforme al citado precepto. No consta en el expediente justificación de 
dicho retraso. 
II.3.3.5.   CONTRATACIÓN MENOR 
La Instrucción de 31 de julio de 2012 de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte sobre 
medidas de austeridad y racionalización de los gastos generales del Ministerio estableció la 
recomendación a todos los centros directivos del MECD de solicitar al menos tres ofertas para 
todos los contratos menores que tramitasen, debiendo motivarse oportunamente en la memoria 
justificativa en caso de que, conforme a la naturaleza de la contratación a realizar, el órgano 
gestor no considerase necesario solicitar esas ofertas. 
 
En veinte de los treinta contratos menores analizados se ha constatado la ausencia de, al menos, 
tres ofertas, conforme a lo previsto en la citada Instrucción (solo constan ofertas en los contratos 
número 35 a 44), y sin que conste motivación alguna en la memoria justificativa. En relación con 
dichas  ofertas  cabe  señalar  para  los  expedientes  número  35  a  42  que  no  se  ha  aportado 
acreditación  del  efectivo  envío  de  la  invitación  para  la  presentación  de  las  tres  ofertas 
incorporadas en los expedientes. Asimismo, se indica que las diferencias mínimas entre los 
precios de las ofertas que constan en el expediente, el formato similar de todas ellas, o la 
vinculación  entre  algunos  de  los  oferentes,  no  permite  asegurar  la  efectiva  realidad  de  la 
búsqueda de ofertas para promover la concurrencia. 
 
Por otra parte, el procedimiento de contratación menor no cabe en los contratos de dirección de  e.
obra (números 16 a 33 y 35 a 42) puesto que su plazo de ejecución es superior a un año, y en  w.
ocasiones necesariamente deben ser objeto de prórroga por modificación de la obra a la que  05ww
easrttíácnu lvoi n2c3u.3la ddeols T, RpoLrC loS Pq upea rnao  ecsutmosp cleonn terla rteoqs.u Eisnit oe sdtee  psleanzotid yo  acuasbeen sceiañ daela rp rqóurero: g a previsto en el

 
1.  Todos los contratos de dirección de obra han tenido una duración superior al año conforme a 
lo previsto en el artículo 303.4 del TRLCSP, según el cual los contratos de servicios que 
tengan por objeto la asistencia a la dirección de obra tendrán una duración igual a la del 
contrato de obras al que están vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación 
de las obras, teniendo en cuenta que en dicho plazo ha de entenderse incluido el período de 
garantía del mencionado contrato de obras, que para todos los casos analizados es de un año. 
Por tanto, se ha superado la duración en todos ellos del plazo de un año, límite para su 
consideración como contrato menor.  
 
2.  Además, los contratos números 20, 21, 29, 30, 34, 37, 38, 39, y 40 fueron objeto de prórroga 
como consecuencia de ampliación del plazo de ejecución o modificación del proyecto de las 
obras a las que estaban vinculados. 
 
3.  Finalmente, y en línea con lo anterior, en los contratos números 16 y 17 para la dirección de 
obras  de  restauración  del  Convento  de  San  José  de  las  Batuecas  en  La  Alberca  en 
Salamanca, se aprobó un proyecto reformado para la obra que supuso la tramitación de otros 
dos contratos menores (expedientes 18 y 19) para la dirección de dicha obra, que si bien 
individualmente  considerados  son  de  importe  inferior  a  los  contratos  menores, 
acumuladamente lo superan, por lo que tampoco cabría esta forma de tramitación. 
 
II.3.3.6.  ANÁLISIS DEL 1 % CULTURAL 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE) establece la obligación de 
destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1 % a trabajos de 
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Cultural Español o al fomento de la creatividad 
artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. El 1 % Cultural se genera 
reservando el 1 % de los fondos aportados por el Estado en presupuestos de cada obra pública 
financiada total o parcialmente por el Estado, o de los presupuestos de obras públicas construidas 
y explotadas por particulares en virtud de concesión administrativa y sin la participación financiera 
del Estado. 
 
Las obras cuyo presupuesto total no exceda de los 601.012,10 euros, o las obras que afecten a la 
seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de los servicios públicos no tienen esta 
obligación. 
 
El  Ministerio  de  Fomento  incrementó,  con  fecha  15  de  octubre  de  2013,  el  porcentaje  de 
aplicación a las obras públicas que promovía, pasando del 1 al 1,5 %. Por otra parte, En el 
ejercicio 1994 se inicia una cooperación entre el Ministerio de Fomento y el MECD que se recoge 
en el I Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura para la 
actuación conjunta en el PHE a través del 1 % Cultural de 3 de noviembre de 1994. En el ejercicio 
2016, esta colaboración se recoge en el VI Acuerdo formalizado el 15 de octubre de 2013. El 
órgano encargado de acordar, en sus diferentes reuniones anuales, la financiación de actuaciones 
en el PHE con cargo al 1,5 % Cultural es la “Comisión Mixta Ministerio de Fomento-MECD”.  
 
Entre los ejercicios 2015 a 2018 el IPCE no gestionó créditos presupuestarios en relación con el 1-
1,5  %  cultural,  al  no  haberse  producido  modificaciones  presupuestarias  en  los  programas 
gestionados por el IPCE en esta materia. En el ejercicio fiscalizado, la gestión realizada por el  e.e
IPCE en relación con el 1-1,5 % cultural consistió, únicamente, en la colaboración con el Ministerio  b
de Fomento en la valoración de dos de los siete criterios de la convocatoria por la que dicho  05ww
Mcoinnijsutnetraiom ecnotnec eend ela s ruebuvneiónnc iodnee las  cpiatardaa l aC ogmesistiióónn  Mdeixl ta1,, 5a  %la  qcuuelt uarcaul.d eEns,a p opru nptauratec idóenl  MseE CvaDlo, real 
DHiisretócrtiocro  Gy edneel rIaPlC dEe.  Bellas Artes y los Subdirectores Generales de Protección del Patrimonio
 
 
 En el análisis realizado se solicitaron las actas de la gestión La comisión interministerial para la 
coordinación del 1 % cultural, creada por Real Decreto 1893/2004, de 10 de septiembre. Dichas 
actas no fueron aportadas ya que la última reunión se celebró el 24 de enero de 2011, por lo que 
no existen actas posteriores a dicha fecha. Tampoco se emitieron, en los ejercicios 2015 y 2016, 
los informes anuales que el MECD debía realizar en relación con el 1 % cultural conforme a lo 
previsto en el artículo 60 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la 
LPHE. 
 
 
  Encomiendas de gestión 
II.3.4.1.  ASPECTOS GENERALES 
Entre las actuaciones de conservación y restauración ejecutadas por el IPCE en el ejercicio 
fiscalizado destacan, por  su singularidad,  las  realizadas  en  el  conjunto  patrimonial  del  Real 
Monasterio de Santa María de El Paular12, puesto que a diferencia del resto de intervenciones 
similares de obras de conservación y restauración, en las que el IPCE acudió, con carácter 
general, a la contratación externa; sin embargo, en este caso, optó, principalmente, por la figura 
de la encomienda de gestión a TRAGSA. 
 
En el periodo comprendido entre el ejercicio 2014 a 2018 el MECD formalizó un Acuerdo Marco y 
seis encomiendas de gestión con TRAGSA para diversas actuaciones a realizar en el conjunto 
monumental Santa María de El Paular, que dieron lugar al reconocimiento de obligaciones por un 
importe conjunto de 2.958.903 euros, con el detalle que se recoge en el cuadro 8 siguiente. 
Además, el MECD formalizó 1 contrato de obras (número 9 del Anexo II), 8 contratos para la 
dirección de las obras (números 35 a 42 del Anexo III), y 2 contratos de servicios13 (números 14 
del Anexo I) para distintas actuaciones en el Monasterio por una cuantía total de 590.000 euros, 
cuyo análisis se expone en los epígrafes II.3.1 y II.3.3 relativos a gastos corrientes e inversiones 
reales de este informe. 
 
                                                
C12u Bltiuerna ld. e dominio público sobre el que el Estado ostenta la propiedad, afectado al MECD y declarado Bien de Interés
13 Contrato 14 y 15 del Anexo I.
 
CUADRO Nº 8 
ACUERDO MARCO Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN FORMALIZADAS CON TRAGSA 
Ejercicios 2014 a 2018 
(euros) 
Obligaciones 
Obligaciones 
reconocidas 
Expediente   Denominación   Fecha acuerdo  reconocidas 2016 
desde inicio  
(IVA incluido) 
(IVA incluido) 
Gestión del uso y la explotación del Real Monasterio de Santa María de 
1  14/07/2014  0  0 
El Paular 
Acuerdo Marco de encomienda del MECD a la empresa pública 
2  14/09/2014  0  0 
TRAGSA 
Actualización del Plan Director del Conjunto Monumental del Real 
3  15/09/2014  0            60.500 
Monasterio de Santa María de El Paular 
Redacción de proyecto y ejecución de obras de restauración de la 
4  15/09/2014           21.345           256.076 
Galería de La Artesa en el Real Monasterio de Santa María de El Paular 
Redacción de proyecto y ejecución de obras de restauración y 
5  rehabilitación del Claustro de Legos para centro de recepción de  15/09/2014         619.130       1.382.783 
visitantes del Real Monasterio de Santa María de El Paular 
Redacción de proyecto y ejecución de las obras de adecuación 
6  paisajística de los acceso y remodelación del espacio de aparcamiento  15/09/2014                      0             49.603 
en el Real Monasterio de Santa María de El Paular 
Redacción de proyecto y ejecución de las obras de restauración y 
rehabilitación de la planta baja de la panda norte del Claustro Mayor 
7  27/05/2016         587.208       1.209.941 
para Centro de Espiritualidad del Real Monasterio de Santa María de El 
Paular 
TOTAL       1.227.683       2.958.903  
FUENTE: Elaboración propia  
 
La primera encomienda de gestión de las previstas en los artículos 4.1.n) y 24.6 del TRLCSP se 
suscribió el 14 de julio de 2014 entre la sociedad TRAGSA y la DGBA. Su objeto es la gestión del 
uso y la explotación del citado conjunto monumental (expediente 1), por un plazo inicial de 
veinticinco años a partir de la fecha de firma y posibilidad de prórroga, estando, por tanto vigente, 
en el año fiscalizado. Según se indica en el acuerdo, esta encomienda no conlleva compromiso de 
gasto alguno por parte del Estado. A su vez TRAGSA puede obtener ingresos del cobro a terceros 
de los importes, previamente aprobados por la Secretaría de Estado de Cultura, mediante la 
puesta en marcha y explotación de las unidades de negocio que considere oportunas en el 
conjunto, sin más limitaciones que el cumplimiento de los fines y objetivos relacionados en el 
Anexo 1 del acuerdo. 
 
Por otra parte, el 14 de septiembre de 2014 la DGBA del MECD firmó un Acuerdo Marco de 
encomienda a la empresa pública TRAGSA (expediente 2) con la finalidad de celebrar ocho 
encomiendas de gestión específicas a TRAGSA para la realización de diversas obras entre los 
ejercicios 2014 a 2017. En el Acuerdo Marco citado se incluyó la relación de dichas obras y el 
cronograma para su ejecución con un plazo de duración total de 39 meses; sin embargo, no se 
detalló  el  coste  estimado  para  las  intervenciones,  que  fue  posteriormente  detallado  en  los 
presupuestos de las encomiendas. Como consecuencia de lo anterior, la firma del acuerdo se 
realizó por el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, si 
bien  atendiendo  al  importe  de  los  costes  previstos  de  obras  en  los  presupuestos  de  las  e.
encomiendas, su firma hubiera correspondido al Secretario de Estado de Cultura en virtud de las  w.b
atribuciones de competencias previstas en la Orden ECD 465/2012, de 2 de marzo, de delegación  05ww
d e competencias del MECD. 
Acul adtírao  sdieg ulaiesn otec hdoe  elan cfoirmmiae nddeal sa ndtee rgioers tAiócnu eprrdeov isMtaasrc eon,  eell  McitEaCdoD  Apcrouceerddoió  cao nla T fRorAmGaSliAza: cuiónna  ddee 
 
 
ellas para la actualización del Plan Director del Real Monasterio de El Paular (expediente 3), y las 
otras tres para la realización de obras de restauración y rehabilitación en diversas zonas del 
Monasterio (expedientes 4 a 6). Posteriormente, con fecha 27 de mayo de 2016, se firma una 
quinta encomienda de gestión (expediente 7) para la realización de otras intervenciones de las 
previstas en el Acuerdo Marco de 14 de septiembre de 2014. Simultáneamente a la firma de 
dichas encomiendas, el IPCE acudió a la contratación externa, celebrando un contrato de obras 
para la consolidación, adecuación paisajística y puesta en valor de los restos arqueológicos del 
área este del Monasterio (expediente 9 del Anexo II analizado en el epígrafe II.3.3 de inversiones 
reales de este informe).  
 
Finalmente, es preciso indicar que si bien la financiación de las encomiendas se realiza a través 
de los presupuestos anuales del IPCE, la coordinación técnica y el seguimiento corresponde al 
personal de la DGBA, sin que el personal del IPCE participe en la comisión de seguimiento de la 
encomienda de gestión del uso y explotación del Monasterio, a la que se hará mención en los 
puntos siguientes. 
II.3.4.2.  ANÁLISIS DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 
En el análisis efectuado de los acuerdos de encomiendas de gestión mencionados anteriormente 
entre el MECD y TRAGSA para diversas obras y prestaciones de servicios se han obtenido los 
resultados que se relacionan a continuación:  
1.  Insuficiente justificación de la elección y procedencia de la figura de la encomienda de gestión 
 
No se han acreditado suficientemente los elementos que han servido al MECD para la elección de 
la figura de la encomienda de gestión frente a otras modalidades de gestión alternativas, por lo 
que no se ha podido valorar la eficacia y la eficiencia de la decisión adoptada. No obstante, dicha 
falta de motivación es distinta en el caso de la encomienda del uso y explotación, que en el resto 
de encomiendas de gestión de ejecución de obras derivadas del Acuerdo Marco. 
 
En la encomienda relativa a la gestión del uso y la explotación (expediente 1) el MECD ha 
aportado  un  cuadro  comparativo  con  diversas  alternativas  para  la  gestión  del  conjunto 
monumental en el que de forma somera se enuncian las ventajas e inconvenientes de cada una 
de ellas, en términos fundamentalmente de carácter procedimental; sin embargo, no ha quedado 
constancia de que hubieran sido tenidos en cuenta aspectos directamente vinculados con la 
eficiencia y eficacia de las alternativas analizadas, tales como estudios de coste o beneficios de 
cada una de las opciones, análisis de rendimientos o posibilidades de éxito a medio y largo plazo 
para  garantizar  la  sostenibilidad  económica,  social  y  medioambiental  del  conjunto  y  su 
compatibilidad con la preservación del patrimonio inmaterial, así como su incidencia probable en la 
difusión y uso cultural del Monasterio. 
 
Por lo que se refiere a la elección de la figura de la encomienda de gestión para el resto de las 
actuaciones de obras (expedientes 3 a 7) derivadas del Acuerdo Marco (expediente 2) se observa, 
de nuevo, que dicha elección no ha estado sustentada en la realización de estudios de costes o 
rendimientos entre las distintas alternativas que avalasen la mayor eficiencia y eficacia del método 
de aprovisionamiento seleccionado. De hecho, el IPCE llevó a cabo la contratación externa de 
diversas  actuaciones  en  el  Monasterio  simultáneamente  a  las  realizadas  a  través  de  la 
encomienda  a  TRAGSA  sin  que  se  haya  aportado  justificación  alguna  para  su  diferente  es
tratamiento.  o
 Aeimndpcelomamnátesan,c disóaenrg  úya n c ToerRlr eAAcGctuoSe Adrde osla a Mrrroaelralcoloi zd adeceli ó denen ncdooemm ilinaeasnd doca i,t“ aPedlla aMns  EdaCec DtGu aeccsoitoniónsnied sed reópl  aucrsoaon  vfyae vnlaoie reencxteep rloy t laaoc pipoórrnot undnteaol    2021-2805n https://www.
Monasterio”  (que  había  sido  igualmente  encomendado  a  TRAGSA),  al  estar  dicha  empresa
pública técnicamente capacitada; sin embargo, a la finalización de la fiscalización todavía no se
 
había presentado el referido Plan, para cuyo éxito se justificó la encomienda, a pesar de que aquel 
debía presentarse a más tardar al mes de la firma de la encomienda, esto es, en agosto de 2014. 
 
2.  Falta de idoneidad del marco funcional de TRAGSA al objeto de la encomienda de gestión del 
uso y explotación 
 
No consta que la selección efectuada por la DGBA de TRAGSA como medio propio haya estado 
soportada en un análisis previo de su idoneidad para la realización del objeto de la encomienda de 
gestión del uso y explotación del Monasterio de El Paular (expediente1). Dicho encargo ha tenido 
por objeto, no sólo la conservación o mantenimiento funcional y ordinario del Monasterio, sino la 
realización de todas las labores necesarias para garantizar su promoción y difusión, garantizando 
la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Se trata, por tanto, de un objeto inconcreto 
que ha conllevado la realización, por TRAGSA, de labores tan diversas como la gestión de las 
visitas guiadas al conjunto, la gestión de la tienda de recuerdos, la celebración de mercadillos, 
cursos, ferias y otras exposiciones, la licitación del espacio hotelero, o la elaboración de la página 
web de El Paular. 
 
La amplitud con la que se ha definido el objeto social de TRAGSA en los apartados 1, 4 y 5 de la 
Disposición Adicional vigésimo quinta del TRLCSP ha sido puesta de manifiesto en diversos 
informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas14 y en la Moción elevada a las Cortes Generales 
sobre la necesidad de desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de 
gestión por las administraciones públicas aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 22 de 
diciembre de 2016, alertando del riesgo que puede conllevar dicha falta de concreción. Esta  
amplitud sirve para amparar encargos de todo tipo de actividad a TRAGSA fuera de su área de 
especialización,  desvirtuándose  la  propia  definición  de  medio  propio  como  servicio  técnico 
especializado, de igual forma que no cabría la contratación de cualquier prestación de servicio u 
obra con cualquier operador privado que no contara con las mínimas garantías de solvencia 
técnica y profesional. Además, la especialización funcional de los medios propios es un elemento 
esencial para garantizar la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos.  
 
Por otra parte, no parece cumplirse en esta encomienda de gestión lo dispuesto en el artículo 24.6 
del TRLCSP en relación con lo señalado en el artículo 4.1.n) de esta norma, conforme al cual uno 
de los requisitos previstos para que una relación pueda ser calificada como encomienda de 
gestión,  consiste  en  que  el  medio  propio  actúe  conforme  a  las  instrucciones  fijadas 
unilateralmente por la entidad encomendante; sin embargo, en el caso concreto de la encomienda 
referida, las funciones atribuidas no ha sido concretadas, ni antes, ni después del acuerdo, siendo 
muchas las actuaciones esenciales que se han dejado a la voluntad unilateral del medio propio, 
sin más requisito que la comunicación a la comisión de seguimiento o al acuerdo entre las partes. 
Así, por ejemplo, se ha dejado al acuerdo mutuo entre las partes, la fijación de los días y horario 
de visitas al Monasterio; o se ha previsto la determinación unilateral por el medio propio de la 
propuesta de nuevas unidades de negocio, del establecimiento de precios de las visitas, de los 
productos de la tienda  y de cualquier otra actividad susceptible de generar recursos, así como su 
revisión anual. 
 
3.  Incumplimiento del régimen económico de TRAGSA  
 
El régimen económico de TRAGSA viene regulado en el artículo 3 del Real Decreto 1072/2010, de  s
20  de  agosto,  según  el  cual  dicha  empresa  pública  debe  percibir,  por  las  actuaciones  e.
encomendadas, el importe de los costes en los que hubiera incurrido, mediante la aplicación de un  w.
sistema de tarifas. Por tanto, la cobertura de los costes reales constituye el elemento definitorio de  05ww
l as retribuciones a abonar al medio propio.
                                                
14 Informes números 1003 y 1088.
 
 
Frente a lo señalado, el sistema de remuneración previsto en la encomienda analizada para la 
gestión del uso y la explotación del Monasterio (expediente1) firmada por el MECD no ha estado 
relacionada con los costes reales de realización, quebrándose la lógica económica señalada. Así, 
el sistema de remuneración establecido permite que TRAGSA pueda cobrar ingresos de terceros 
por las actividades realizadas sin que exista ningún compromiso de gasto por parte del Estado, 
con  la  posibilidad  de  obtener  tanto  beneficios  como  pérdidas.  Ambos  escenarios  son 
incompatibles con el régimen económico de la figura jurídica de las encomiendas de gestión. 
 
Han  sido  numerosos  los  pronunciamientos  del  Tribunal  de  Cuentas15  en  relación  con  la 
incoherencia que supondría la existencia de márgenes de beneficios (y también se entiende de 
pérdidas) con la propia definición de la relación jurídico-económica de la encomienda a medios 
propios en tanto que la encomendataria no es sino un servicio técnico del poder adjudicador, y 
dichos márgenes no harían sino trasladar sobrecostes en la ejecución de las actuaciones o 
menoscabar, en caso de márgenes negativos, la viabilidad del ente instrumental.  
 
En el anexo del acuerdo de esta encomienda se prevé que el MECD solicite a TRAGSA el balance 
contable de la actividad y se acepta expresamente la posibilidad de desfases entre costes reales e 
ingresos del medio propio al prever que cuando el balance económico de la explotación durante 
dos anualidades consecutivas distintas de las tres siguientes a la fecha de la firma del acuerdo, no 
permita la sostenibilidad de las mismas y sus actividades, la Administración pueda resolver la 
encomienda de mutuo acuerdo con TRAGSA. En realidad, esta ejecución “a riesgo y ventura” del 
medio propio no es compatible con la figura jurídica de la encomienda de gestión, debiéndose 
haber previsto una fase de liquidación o regularización periódica del proyecto, previa verificación 
de la realidad de los gastos e ingresos de la actividad de gestión para asegurar el equilibrio entre 
ambos y con ello el régimen económico previsto para TRAGSA de cobertura de costes reales. 
 
Por otra parte, tanto en esta como en el resto de las encomiendas analizadas encargadas a 
TRAGSA (expedientes 3 a 7), en las que la retribución ha sido fijada con relación a unas tarifas 
incluidas  en  los  presupuestos,  tampoco  se  ha  garantizado  la  eficiencia  del  sistema  de 
retribuciones fijado, puesto que el MECD no ha llevado a cabo estudios acerca de si los precios 
obtenidos  mediante  la  aplicación  de  las  tarifas  resultan  efectivamente  inferiores  al  valor  de 
mercado,  con  el  fin  de  verificar  que  el  recurso  a  la  encomienda  constituye  una  solución 
económicamente ventajosa con respecto a la licitación pública. 
 
En las pruebas realizadas solo ha sido posible comparar los costes estimados de las obras que 
figuran en el Plan Director del Monasterio, encomendado a TRAGSA (expediente 3), con los 
presupuestos de las encomiendas de las obras firmadas posteriormente con TRAGSA, pero no se 
ha podido acreditar la adecuación de los costes de los presupuestos de las encomiendas con los 
que se hubieran podido obtener en el mercado. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
 
a)  En tres de las cuatro encomiendas analizadas los importes coincidían, si bien, en la cuarta 
(expediente 7), el coste del presupuesto de la encomienda firmado con TRAGSA era muy 
superior (1.110.849 euros) al fijado en el Plan Director (736.147 euros). 
 
b)  El valor de adjudicación de la única obra licitada en el mercado (expediente 9 del Anexo II) fue 
muy inferior (383.642 euros) al coste estimado de dichas obras previsto en el citado Plan 
Director (734.416 euros).  
  s
En este sentido, debe tenerse en cuenta que si bien cubrir los costes reales de los medios propios  e.
a través de las retribuciones de las tarifas supone cumplir en sentido estricto con la literalidad de  w.
la  norma,  ello  no  basta  para  garantizar  la  eficiencia  de  la  ejecución  de  las  actividades  05ww
encomendadas siempre y cuando la entidad encomendante no asegure que las retribuciones
                                                
15 Informes números 1003, 1088 y Moción número 1098.
 
ingresadas son, al menos, iguales a los costes en los que hubiera incurrido en caso de acudir al 
mercado. 
 
Por último, debe indicarse que el sistema de retribución previsto para la encomienda de gestión 
del uso y la explotación del Monasterio y la aceptación de la existencia de pérdidas para el medio 
propio en su ejecución incorpora un alto riesgo de incentivo para que el medio propio pueda 
considerar    compensar  dichos  márgenes  negativos  con  otros  de  sentido  contrario  en  las 
encomiendas  de  ejecución  de  obras.  Esto  aumenta  el  riesgo  tanto  de  ineficiencias  en  el 
aprovisionamiento de las obras, como de incremento de los costes de ejecución de las obras por 
encima de los que se hubieran ofrecido por diversos licitadores en concurrencia en el mercado. 
 
4.  Incumplimiento del límite para la subcontratación de los trabajos en las encomiendas de 
gestión 
 
El artículo 5 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, que desarrolla el régimen jurídico de 
TRAGSA y de sus filiales, señala que TRAGSA y sus filiales podrán requerir en sus actuaciones 
obligatorias la colaboración de empresarios particulares sin que el importe de dicha colaboración 
pueda  ser  igual  o  superior  al  50  %  del  importe  total  del  proyecto,  suministro  o  servicio 
encomendado. 
 
Del análisis realizado se ha constatado la ausencia de acreditación de medidas de supervisión por 
parte del MECD tendentes a asegurar el cumplimiento de dicho límite, ni el establecimiento en 
ninguno  de  los  acuerdos  de  las  encomiendas  tramitadas  de  medidas  expresas  para  la 
comunicación previa o posterior de los porcentajes de subcontratación. Las actuaciones, en 
relación con este extremo, de la DGBA se han limitado a facilitar en la fiscalización un certificado 
emitido por TRAGSA en el que se señala que la subcontratación alcanzó el 41,19 %, para una de 
las encomiendas realizadas (expediente 5), sin que conste un certificado similar para el resto de 
actuaciones. 
 
De hecho, se ha podido constatar que en la encomienda para la actualización del Plan Director 
(expediente  3),  TRAGSA  ha  superado  el límite  previsto  legalmente  al subcontratar  con  una 
empresa privada la totalidad de la prestación a través de un contrato cuyo importe de adjudicación 
coincidió con el que figuraba en el presupuesto de la encomienda abonado por el MECD al medio 
propio. En este caso, por tanto, se ha realizado una subcontratación del 100 % que ha permitido 
eludir y relajar los requerimientos de contratación que hubieran sido aplicables en caso de licitarse 
en el mercado la prestación por el MECD. 
 
Por otra parte, las tarifas fijadas y abonadas por el MECD al medio propio, en relación con la 
redacción de los proyectos de los expedientes 5, 6 y 7, fueron un 25 % superiores a los importes 
adjudicados y abonados por el medio propio a las empresas subcontratadas (38.536 euros) para 
la realización de dicha redacción según se desprende de los datos recabados en el portal de 
transparencia (perfil del contratante) de dicha empresa pública.  
 
Dado  que  la  subcontratación  en  sí  misma  supone  la  alteración  del  régimen  económico  de 
TRAGSA ya aludido, la facturación a la entidad encomendante debería realizarse por el importe 
del coste real abonado por el medio propio al empresario contratado y no por el fijado en el 
presupuesto (siempre que no coincidieran) para garantizar de este modo la coincidencia entre las 
tarifas abonadas al medio propio y sus costes y por tanto asegurar la eficiencia en la gestión de  e
los fondos públicos por la entidad encomendante.   bo
    05ww
 
 
5.  Insuficiente  seguimiento  y  control  por  la  entidad  encomendante  de  la  ejecución  de  las 
actuaciones encomendadas 
 
La encomienda relativa a la gestión del uso y la explotación del conjunto monumental (expediente 
1) estableció mecanismos para el control y seguimiento del cumplimiento de su objeto. Por un 
lado, la designación de una comisión de seguimiento por el MECD, con reuniones semestrales, en 
la que participaran representantes de TRAGSA y a través de la cual el medio propio presentara 
informes anuales de actividades, balances contables, o la modificación de los precios de los 
servicios al público; y por otro lado, la designación por parte de TRAGSA de un coordinador 
técnico que sirviera de interlocutor entre ambas partes. De las comprobaciones efectuadas se ha 
observado que dichos mecanismos no se han aplicado con la extensión prevista para poder 
garantizar la efectividad de las labores de control y seguimiento efectuadas por el MECD. 
 
En relación con la comisión de seguimiento, de la revisión de las actas de las reuniones aportadas 
se ha constatado que la periodicidad de la celebración de las reuniones de esta comisión no ha 
sido la prevista en el acuerdo, de carácter semestral, sino que la primera fue celebrada un año 
después de la firma del acuerdo, el 29 de junio de 2015. Tampoco consta la presentación a la 
comisión de seguimiento de los informes anuales de actividad y los balances contables de 
TRAGSA. Asimismo, en la fiscalización no se han aportado los datos solicitados relativos a los 
visitantes del ejercicio 2016, habiéndose observado que en el acta de la reunión de febrero de 
2017 se ponen de manifiesto la existencia de divergencias entre los datos aportados por el medio 
propio, para el 2016, y los que les consta a la Comunidad Benedictina (cuyos miembros realizan 
las visitas guiadas). 
 
En relación con la figura del coordinador técnico, no se ha tenido constancia de su designación, 
extremo expresamente previsto en el acuerdo de encomienda, y recogido posteriormente en las 
actas de marzo de 2016 y febrero de 2017. 
 
Por otra parte, el MECD no pudo valorar en una primera instancia la propuesta de gestión de 
TRAGSA y controlar con posterioridad la actuación de la empresa, al no haber dispuesto del “Plan 
de Gestión del uso y explotación del Monasterio” que debía contener las líneas de actuación de la 
gestión  del  medio  propio.  Sobre  esta  cuestión,  cabe  destacar  que  la  inconcreción  de  las 
actividades a realizar por el medio propio en el acuerdo de la encomienda firmado, unido a la falta 
de instrucciones precisas del MECD en relación con las tareas a realizar, atribuyen a la figura del 
“Plan de Gestión” un papel imprescindible para la supervisión de los trabajos ejecutados por el 
medio propio y la valoración de su contribución en la gestión eficaz, eficiente y sostenible del 
conjunto monumental.   
 
En cualquier caso, precisamente por la inconcreción y amplitud de las actuaciones del objeto de la 
encomienda, de los objetivos y de los mecanismos para su consecución, hubiera sido necesario 
exigir, además de la efectiva presentación en tiempo del citado “Plan de Gestión”, la fijación de 
objetivos  concretos  y  cuantificables,  de  indicadores  que  permitieran  su  valoración,  y  de 
mecanismos correctores en caso de desviaciones a fin de que el MECD hubiera podido ejercer de 
forma efectiva su labor de seguimiento y control.   
 
6.  Omisiones de trámites necesarios e incorrecciones en el procedimiento 
 
En el examen de los expedientes examinados se han observado frecuentes omisiones de trámites  e
o documentación necesaria para su tramitación, así como retrasos en la ejecución del mismo,  bo
cuyo detalle se expone a continuación:   05ww
 a)  esEijn e cbnuieitnangd uaensna  n eid lue n a lctartása m editneec  odrmee cireeenpvdicsaiiósón n d ddeee l o eblasrsata sd oosb erda esp  lraedsve imló  iesuxmnp aepsdl iapezrneotve i dae4 a ,  glfaair rmfainnaatdílaiaz  adtcaeión ntlao ds  epo oebrs rtaees,l    OE-A-2021-28able en https://
representante  del  MECD,  representante  de  la  entidad  comendataria  y  de  la  dirección
 
facultativa, se indica que “desde la fecha del acta de recepción se cuenta el plazo de garantía 
cuya duración es de un año, a los fines previstos en los artículos 222 y 235 del TRLCSP”. La 
omisión  de  dicho  trámite  supone  un  menoscabo  en  las  labores  de  vigilancia  de  la 
administración sobre su patrimonio a efectos de verificar la correcta ejecución de las obras y la 
efectiva defensa de los intereses del Estado.  
 
b)  No constan los certificados de insuficiencia de medios en los expedientes de encomienda de 
gestión analizados, con la excepción del expediente 7.  
 
c)  No  ha  sido  posible  acreditar  fehacientemente  la  fecha  efectiva  de  presentación  de  la 
actualización del Plan Director o los proyectos de las obras encomendadas, por lo que no se 
ha podido verificar el cumplimiento de los plazos de ejecución previstos en los contratos.  
 
d)  En las encomiendas de obras no se fijó el plazo en el que debía realizarse la recepción de las 
prestaciones, si bien tomando como referencia el plazo máximo para la recepción de las obras 
al que se refiere el artículo 222.2 del TRLCSP, a efectos meramente comparativos, dicho 
plazo fue superado en los tres expedientes de encomienda de obras en los que se realizó 
dicha recepción (expedientes 4, 5 y 7).  
 
e)  Tampoco se determinó el plazo para la realización del acto de medición general de las obras 
realmente  ejecutadas,  excediendo  en  casi  dos  meses,  a  efectos  comparativos,  el  plazo 
previsto en el artículo 166.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los expedientes 5 y 7, y sin que conste su realización en el expediente 4.  
 
f)  No se señaló el plazo para la aprobación de la certificación final en las encomiendas de obras, 
si bien considerando como referencia el plazo máximo  previsto en el artículo 235.1 párrafo 2 
del TRLCSP, en los tres expedientes de encomienda de obras (expedientes 4, 5 y 7) dicho 
plazo fue superado.  
 
 
  Ingresos 
El IPCE obtiene ingresos por tasas correspondientes a la cesión de los espacios de su sede en 
virtud de lo establecido en la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se determinan las tarifas 
de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras 
instituciones culturales del MECD, así como otros recursos por precios públicos derivados de los 
servicios previstos en la Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril por la que se fijan los precios 
públicos de determinados servicios prestados por los órganos centrales del MECD. Los importes 
cobrados en los ejercicios 2016 y 2017 son los siguientes: 
 
 
 
CUADRO Nº 9 
IMPORTES DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DEL IPCE  
(euros) 
Descripción  2016  2017 
Precios públicos por prestación de servicios previstos en la Orden 
29.775  27.893 
CUL/1077/2011 
Precios públicos por acciones formativas     23.238        21.855    
Precios públicos por servicios de reproducción de archivos y bibliotecas        6.537           6.038    
Tasa por la utilización de espacios                   0        22.317    
TOTAL      29.775        50.210    
FUENTE: Elaboración propia 
 
II.3.5.1.  PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
La Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril por la que se fijan los precios públicos de determinados 
servicios prestados por los órganos centrales del MECD, establece el catálogo de los servicios 
prestados por el IPCE y fija en su Anexo II.2 los importes de los precios públicos exigibles 
resultantes.  En  base  a  dicha  Orden,  el  IPCE  exige  precios  públicos  por  la  realización  de 
actuaciones como servicios de reproducción de archivos y bibliotecas, cesión de imágenes, o 
acciones formativas. Los ingresos recaudados por prestación de tales servicios, en concepto de 
precios  públicos,  ascendieron,  en  2016  y  2017,  a  un  total  de  29.775  y  27.893  euros, 
respectivamente,  según  se  detalla  en  el  cuadro  9  anterior  desglosado  por  tipo  de  servicio 
prestado. 
 
En relación con la determinación del importe de este precio público, en la fiscalización se ha 
comprobado que el IPCE ha cumplido con el requisito formal exigido en el artículo 26.2 de la Ley 
8/1989,  de  13  de  abril,  de  Tasas  y  Precios  Públicos  de  elaborar una  memoria  económico-
financiera sobre la justificación de la cuantía de los precios públicos propuestos y el grado de 
cobertura financiera de los costes correspondientes. En dicha memoria se indica que la cuantía de 
los precios públicos se ha determinado a partir de los importes de la regulación anterior intentando 
equilibrar el derecho de acceso a determinados servicios con la cobertura de los costes originados 
en tal actividad. Sin embargo, no se han aportado datos que sustenten dichas valoraciones, por lo 
que no se ha podido determinar que los importes de los precios públicos cubran, como mínimo, 
los costes económicos originados por la realización de las actividades o la prestación de los 
servicios a un nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos, sin perjuicio de 
las razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que aconsejen la fijación de 
importes inferiores en virtud de lo previsto en el artículo 25 de la citada Ley 8/89. 
 
Se han analizado todos los expedientes de ingresos correspondientes a acciones formativas, que 
en el ejercicio fiscalizado, han ascendido a un importe de 23.238 euros. De dicho análisis se han 
obtenido las siguientes conclusiones: 
 
1.  Los importe fijados por el IPCE en concepto de matrícula de acciones formativas han sido muy 
inferiores a los establecidos en la Orden CUL/1077/2011 de 25 de abril por la que se fija los 
precios públicos de los servicios prestados por los órganos centrales del MECD. Así, el IPCE  e
ha establecido, con carácter general, un precio por matrícula de 20 euros, con excepciones en  bo
las que se cobraron entre 15 a 75 euros, mientras que los importes previstos en la citada  05ww
 2.  oeErnld treIePn C 6p0Ea  yrae 3 sl1toa0sb  elceuucrriosóso  sps uaeprraau nela sdsto ejos e rnndaterde a g1sr,6a s0tue iymd a3ind1a 0re ieonus  rlyoa ssta  elolenfr eefrustna. csi ópnu dbelic laadsa hso raa sc iomlepcatirvtiodsa sc yo mdeo   OE-A-2021-28able en https://
desempleados o personal de la DGBA que no estaban previstos en la Orden CUL/1077/2011.
 
3.  Además, el IPCE aplicó exenciones de pago para las matrículas a determinados colectivos sin 
que se hubiera incluido en la publicidad de las convocatorias de programas formativos, y sin 
que quedaran debidamente fundamentadas, lo que supone una quiebra en el principio de 
igualdad de acceso y transparencia que ha de regir la actividad formativa. 
 
 
Por otro lado, como se ha señalado en el epígrafe II.3.2 de acciones formativas de este informe, el 
MECD suscribió un convenio con la ANABAD el 15 de febrero de 2013 por dos años prorrogable 
por otros dos años más, que estuvo vigente durante todo el ejercicio 2016, para la gestión, 
organización y coordinación de cursos, habiéndose informado favorablemente por la Abogacía del 
Estado. A su finalización se firmó otro convenio en similares términos con fecha de 17 de junio de 
2017. 
 
En los programas de las actividades publicitados a través de la web del IPCE se indicaba que el 
abono de la matrícula debía realizarse en una cuenta corriente de titularidad de la ANABAD, 
quedando los fondos a disposición de esta federación, contraviniendo los artículos 26 y 31 del 
Real  Decreto  939/2005,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de 
Recaudación. La ANABAD realizaba gastos y pagos de servicios para la realización de las 
acciones formativas, cobrando por sus servicios un 15 % del importe de las matrículas abonadas 
por los alumnos y detrayendo dicho importe de los ingresos cobrados, que ha ascendido en el 
ejercicio 2016 a un importe de 3.486 euros. Los saldos al final de cada ejercicio (diferencia entre 
los ingresos de los alumnos y los gastos realizados incluida la correspondiente comisión de 
ANABAD) quedaban en la cuenta bancaria de la Federación de un ejercicio a otro. A final del 
ejercicio 2017 y según los datos aportados por el IPCE, el importe de dicho saldo a favor del 
Estado ascendía a 7.191 euros. Los gastos declarados como realizados por la ANABAD en estas 
acciones formativas en 2016 han ascendido a 20.804 euros. En relación con este procedimiento 
es preciso señalar lo siguiente: 
 
1.  La formalización de una relación jurídica cuyo objeto es la gestión de recursos de Derecho 
público por parte de una entidad de naturaleza privada supone el incumplimiento de lo previsto 
en el artículo 3.1 de la Ley 8/1989, según el cual los precios públicos correspondientes al 
Estado se ingresarán en las cajas del Tesoro Público o en cuentas bancarias autorizadas por 
el Ministerio de Economía y Hacienda, así como de lo establecido en el artículo 4.2 de la 
Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril, que establece que el pago del importe de los precios 
públicos se efectuará en efectivo o mediante ingreso en la cuenta corriente que cada unidad 
tenga autorizada al efecto por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.   
 
2.  Al ser la ANABAD, entidad no sujeta a la normativa presupuestaria y contractual del sector 
público, la que directamente acomete gastos para la realización de los cursos tales como 
contratación  de  servicios  de  autobuses,  servicios  de  azafatas,  gastos  de  publicidad  y 
maquetación de material, el sistema diseñado permite eludir respecto de dichos gastos la 
aplicación de la normativa contractual y la justificación de la necesidad y oportunidad de 
haberlos efectuado en el caso de que hubiera sido el IPCE quien los realizase. En cualquier 
caso, ha de señalarse la escasa relevancia cuantitativa de los mismos, que han alcanzado un 
total de 20.804 y 19.649 euros para los ejercicios 2016 y 2017, respectivamente. 
 
3.  No ha quedado acreditado que el IPCE verificara la corrección de los gastos e ingresos 
declarados por ANABAD en relación con las distintas acciones formativas en las que participó  s
en su gestión. La ANABAD remitió una relación de todos los gastos realizados (20.804 euros);  e.
sin embargo, únicamente remitió justificantes de gasto válidos por importe de 15.915 euros y  w.
justificantes de pago por una cuantía de 2.511 euros.  05ww

 
 
II.3.5.2.  TASA POR LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS  
El edificio en el que se sitúa la sede del IPCE fue declarado bien de interés cultural con categoría 
de  monumento  a  través  del  Real  Decreto  1261/2001,  de  16  de  noviembre.  Por  su  valor 
arquitectónico  dicho  inmueble  es  requerido  para  la  realización  de  actividades  de  rodajes  y 
sesiones  fotográficas.  La  utilización  de  los  espacios  del  edificio  del  IPCE  para  tales  fines 
constituye el hecho imponible de la tasa regulada en la mencionada Orden de 18 de enero de 
2000. 
 
En relación con la determinación del importe de esta tasa, se ha comprobado que el MECD ha 
cumplido con el requisito formal exigido en el artículo 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos de elaborar una memoria económica-financiera sobre la justificación de 
la cuantía de la tasa propuesta, si bien es necesario señalar que en dicha memoria no se ha 
realizado una evaluación de los costes del servicio prestado, por lo que aquella no ha estado 
soportada en un estudio riguroso que contuviese los elementos esenciales que acreditasen el 
cumplimiento del principio de equivalencia establecido en el artículo 7 de la citada Ley, en cuya 
virtud las tasas debe tender a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho 
imponible. En la memoria se señala que para la determinación de la cuantía de la tasa se atendió 
al anterior régimen de precios públicos y que, dada la heterogeneidad de la naturaleza de los 
centros sobre los que se aplicó, así como la inexistencia de una contabilidad independiente para 
ellos, se ha considerado inviable la aplicación de unos criterios contables a partir del análisis de 
los costes imputables a la gestión de la tasa. 
 
En el ejercicio 2016, según la documentación facilitada, la entidad no cedió ningún espacio del 
edificio, optándose por analizar la legalidad de dichas cesiones a través de los convenios firmados 
durante el ejercicio 2017. En dicho ejercicio el importe total de las cuotas devengadas ascendió a 
22.317 euros, correspondientes a 5 convenios. Del análisis de los mismos se comprueba que han 
incluido las condiciones de uso de los espacios y demás aspectos de su utilización, así como la 
cuantía exigible por la tasa, conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Orden de 18 de enero de 
2000. Los pagos se realizaron mediante ingreso en las entidades de depósito de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 
1998 mediante los modelos previstos y antes del devengo de la actividad.  
 
En el análisis de los expedientes se ha constatado que en una cesión se cobró en concepto de 
tasa una cuantía inferior, en 6.888 euros, a la que hubiera correspondido según la normativa, al 
aplicar un factor de ponderación de 0,7 puntos16 superior al máximo previsto en el artículo 4.1 de 
la Orden de 18 de enero de 2000, que era de 0,5 puntos. 
 
  Subvenciones 
II.3.6.1.  ASPECTOS GENERALES 
El IPCE tiene previsto en los PGE del ejercicio 2016 la concesión de subvenciones en el capítulo 7 
tanto en el programa 144A “Cooperación, promoción, y difusión cultural en el exterior”, como en el 
programa  337B  “Conservación  y  restauración  de  bienes  culturales”  por  un  importe  total  de 
480.000 y 815.000 euros respectivamente. 
  e
Las subvenciones del programa 144A destinadas a conceder ayudas y subvenciones para la  bo
financiación de excavaciones arqueológicas en el exterior en régimen de concurrencia competitiva  05ww
n  o      l le  g  a  r  o  n     a     c  o  n  c  e  d  e  r s  e     e  n  el  ejercicio  fiscalizado,  a  pesar  de  haber  sido  publicada  su
d16i cEhol  imexppoerdteie dnete  lase t acsaalc uelxóig liab leta scao rarepslipcoannddeor ísao barle i mlap otartreif ad uen l aim taproifrate  mduel t0ip,l3ic, alod aq upeo re (q1u-fivaaclteo ra d aep plicoanrd eurna cfaiócnto).r  Eden 
ponderación de 0,7 puntos.
 
convocatoria mediante resolución de 3 de mayo de 2016 de la Secretaría de Estado de Cultura, 
como figura en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, debido a que, según ha explicado el 
IPCE, la publicación sobrevenida de la Orden HAP/1169/2016, de 18 de julio, de cierre contable, 
hizo imposible alcanzar la fase de concesión de las Ayudas a Proyectos Arqueológicos en el 
Exterior conforme a los hitos establecidos en la misma. 
 
Por tanto, en el ejercicio 2016 las subvenciones concedidas fueron las previstas nominativamente 
en los Presupuestos Generales del Estado en el capítulo 7 del programa 337B según el detalle 
que se incluye en el siguiente cuadro.  
 
CUADRO Nº 10 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL IPCE 
Ejercicio 2016  
(euros) 
Aplicación  Crédito  Obligaciones 
Beneficiario  Finalidad 
presupuestaria  definitivo  reconocidas 
 
76  A entidades locales 
   
CONSORCIO  DE  LA  CIUDAD  ROMANA  DE   Aportación institucional para 
760.65  60.000  60.000 
POLLENTIA (ALCUDIA-MALLORCA)  excavaciones arqueológicas 
 
78  A familias e instituciones sin fines de lucro 
   
Cubiertas de la catedral de La 
784.11   OBISPADO DE TENERIFE  695.000  695.000 
Laguna 
FUNDACION SANTA MARIA LA REAL-CENTRO DE  Elaboración de una enciclopedia 
784.23  60.000  60.000 
ESTUDIOS DEL ROMÁNICO (AGUILAR DE CAMPO).   del románico 
TOTAL  815.000  815.000 
FUENTE: Elaboración propia 
II.3.6.2.  ANÁLISIS DE LAS SUBVENCIONES 
En la revisión de los expedientes de concesión de estas tres subvenciones nominativas se han 
puesto de manifiesto los siguientes resultados:  
 
1.  Las resoluciones de concesión de las tres subvenciones nominativas analizadas, que tienen el 
carácter de bases reguladoras, han contenido todos los extremos previstos en el artículo 65.3 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones (RLGS). 
 
2.  Con carácter general, el procedimiento empleado por el IPCE para la ejecución de las  
inversiones realizadas sobre las catedrales y demás bienes de titularidad de la Conferencia 
Episcopal, ha consistido en la contratación externa por parte del Instituto; si bien, en esta 
ocasión, de manera excepcional, las obras ejecutadas sobre las cubiertas de la catedral de La 
Laguna fueron contratadas por el propio Obispado para lo cual el IPCE le concedió una 
subvención nominativa. La principal implicación de este cambio de criterio consiste en que 
mientras que la contratación externa realizada por el IPCE debe sujetarse a la normativa 
contractual  del  sector  público,  la  canalización  de  los  gastos  a  través  de  subvenciones 
nominativas permite su contratación conforme a las normas de carácter privado con la única  e
limitación de solicitar tres ofertas a diferentes proveedores según exige el artículo 31.3 de la  bo
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).   05ww
Lparo  cinevdeimrsiieónnt oa caobmieerttiod ac doen fo6r mmeil loanl esT RdLeC eSuPro; ss ihnu beiemrbaa rregqou, esriud ot rlaam initastcriuómn emnteadciiaónnt ed eu nuan 
subvención nominativa ha permitido la solicitud de cuatro ofertas a empresas seleccionadas
por el Obispado, habiendo presentado solo dos de ellas oferta.   Bc
 
 
3.  La resolución de concesión de la subvención a la Fundación Santa María La Real definía de 
forma genérica su objeto, contraviniendo lo previsto en el artículo 65.3.a) del RLGS. Tampoco 
el convenio firmado el 11 de diciembre de 2014 en relación con la colaboración del MECD con 
la Fundación para los ejercicios 2015 a 2017 especificaba las actuaciones a realizar en cada 
ejercicio. Así, el objeto previsto en la resolución de concesión de la subvención para el 
ejercicio 2016 consistía en “la elaboración de la Enciclopedia del Románico”, y el convenio 
firmado entre el MECD y la Fundación señalaba la ejecución por parte de esta de los tomos 
correspondientes a las provincias de Tarragona, Orense, Huesca, Gerona, Lugo y Lérida a lo 
largo  de  los  ejercicios  2015  a  2017,  destacando  el  especial  interés  del  MECD  por  la 
divulgación de dichos trabajos a través de la plataforma www.romanicodigital.com propiedad 
de la Fundación.  
 
Los  gastos  financiados  en  la  anualidad  del  ejercicio  2016  según  se  desprende  de  la 
justificación, corresponden con los tomos de Huesca y Gerona. No obstante, a la fecha de 
finalización  de  los  trabajos  de  fiscalización  no  estaban  publicados  on  line  los  tomos 
correspondientes a Huesca, ni constaba la finalización, ni en papel, de los correspondientes a 
la provincia de Gerona. La delimitación del objeto de la subvención constituye un elemento 
esencial para poder evaluar el cumplimiento del proyecto así como la efectiva aportación de la 
subvención a los fines encomendados a la entidad concedente. 
 
4.  No  se  ha  obtenido  constancia  de  la  constitución  ni  del  funcionamiento  efectivo  de  las 
comisiones de seguimiento a las que se refieren las cláusulas cuartas de los respectivos 
convenios de colaboración celebrados entre el MECD y la Diócesis de San Cristóbal de La 
Laguna, Obispado de Tenerife y la Fundación Santa María La Real.  
 
5.  No ha quedado acreditado suficientemente que ninguno de los tres beneficiarios ingresaran en 
la AEAT los importes de las retenciones de IRPF derivados de las facturas de profesionales 
independientes cuyo gasto ha sido objeto de subvención. El importe del gasto subvencionado 
para el que no se ha acreditado el pago ha ascendido a 7.465 euros para la subvención a la 
Fundación Santa María La Real, 3.234 euros para el Consorcio de la Ciudad Romana de 
Pollentia y 35.236 euros para la subvención al Obispado de Tenerife.  
 
En relación con el cumplimiento de los requisitos de publicidad de las subvenciones previsto en el 
artículo 20 de la LGS y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, cabe señalar que el IPCE ha publicado en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS), tanto las subvenciones de concurrencia competitiva destinada 
a proyectos arqueológicos en el exterior como las subvenciones nominativas analizadas. No 
obstante, el registro de los datos correspondientes a las subvenciones nominativas al Obispado de 
Tenerife y al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia en la BDNS se realizó con un leve 
retraso de mes y medio. 
 
Finalmente,  se  ha  comprobado  que  el  texto  íntegro  de  la  convocatoria  de  las  ayudas  de 
concurrencia competitiva para el ejercicio 2016 no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, 
sino únicamente el extracto de la misma y una nota con sello del IPCE indicando la no posibilidad 
de conceder las ayudas por las limitaciones temporales establecidas en la ya referida Orden 
HAP/1169/2016, de 18 de julio. 
 
 
  PLANES NACIONALES DE PATRIMONIO CULTURAL  s
  oe.
  Aspectos generales y régimen jurídico  w.
  05ww
Lgoess tiPónla ndeesl  pNatarcimioonnailoe,s c odme pPaarttirdimoso npioor  Clausl tduirvael r(seans  aaddemlainnistetr,a PciPonNeNs)  ys coonn u pnaorsti ciinpsatcruiómne dneto ost rdaes 
eunntaid pardoegsr apmúabclicióans  coo porridviandaadsa  cduey oa cotibvjiedtaivdoe se se ne l fduenscaiórnro ldloe  dlaes c nrietecreiossid ay dmesé toddeol sp actorimmpoanritoid, oqsu ey 
 
incluye  actuaciones  de  protección,  conservación,  restauración,  investigación,  documentación, 
formación y difusión. 
 
Los PPNN constituyen el establecimiento de una base informativa para la toma de decisiones, 
establecen  una  metodología  compartida  de  actuación  y  fijan  prioridades  en  función  de  las 
necesidades del patrimonio, con el objetivo último de proteger y conservar los bienes culturales. 
 
El fundamento legal de la existencia de los PPNN de Patrimonio Cultural se encuentra en el 
artículo 2.2 de la LPHE según el cual, la Administración del Estado debe adoptar las medidas 
necesarias para facilitar la colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos entre sí, 
recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa, para garantizar la conservación del 
Patrimonio Histórico Español (PHE), así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar 
y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. 
 
La figura de los PPNN no está regulada en la normativa existente, por lo que no consta indicación 
alguna sobre su naturaleza, finalidad o contenido, a excepción del Plan Nacional de Salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial (PNSPCI), que fue regulado en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en la que se prevé expresamente su 
consideración como “instrumento de gestión”, señalando que debe “contener una relación de los 
programas  y  líneas  de  trabajo  imprescindibles  para  la  salvaguardia  del  patrimonio  cultural 
inmaterial” y “prever especiales actuaciones de fomento”.  
Como se indica en la propia redacción introductoria de los PPNN, dicha figura es el resultado de 
combinar dos instrumentos que sí se encuentran regulados, pero que no han sido desarrollados. 
Por un lado, los Planes de Conservación y Restauración de los bienes inmuebles y bienes 
muebles del Patrimonio Histórico Español (PHE) previstos en el RD 257/2012, cuyo artículo 
10.2.c)  atribuye  al  IPCE  su  elaboración  y  ejecución;  y  por  otro,  los  Planes  Nacionales  de 
Información sobre el PHE regulados en el artículo 35 de la LPHE, que atribuyen su elaboración 
periódica y aprobación al Consejo de PHE (CPHE). No obstante, tampoco la normativa que prevé 
estas figuras contiene indicación alguna respecto a su finalidad o contenido.  
 
Los PPNN comparten de facto, por un lado, con la figura de los Planes Nacionales de Información 
la competencia para su aprobación, que ha correspondido al CPHE, y por otro lado, con los 
denominados Planes de Conservación y Restauración del PHE del RD 257/2012 la competencia 
para su elaboración y ejecución que ha correspondido al IPCE.  
 
Los PPNN nacieron en la segunda mitad de la década de 1980, una vez que las competencias 
sobre patrimonio habían sido transferidas a las Comunidades y Ciudades Autónomas (CCAA) y 
existía una nueva LPHE. El primer Plan Nacional fue el de Catedrales, elaborado a partir de 1987 
y aprobado en 1990, al que siguieron los de Patrimonio Industrial, Arquitectura Defensiva, Paisaje 
Cultural, y Abadías, Monasterios y Conventos en la primera década del siglo XXI.  
 
En el año 2010 se propuso al CPHE la revisión y actualización de los PPNN existentes y la 
formulación de nuevos planes que con un carácter más transversal dieran respuesta a los nuevos 
campos  patrimoniales  y  las  nuevas  facetas  de  la  conservación  de  los  bienes  culturales.  El 
resultado son los 14 PPNN que se encuentran en vigor en la actualidad. Estos Planes con sus 
correspondientes fechas de aprobación y renovación se detallan en el cuadro 11 siguiente. 
 
 
 
CUADRO Nº 11 
PLANES NACIONALES DE PATRIMONIO CULTURAL Y FECHA DE APROBACIÓN 
 
Fecha  Fecha revisión 
Fecha 
aprobación  Órgano de  Periodo de  Plan 
 PLANES NACIONALES  aprobación 
Plan vigente  aprobación  vigencia  (5 años desde 
Plan inicial 
en 2016  aprobación) 
PN de Catedrales (PNC)  1990  2012  10  2017 
PN de Abadía, Monasterios y Conventos (PNAMC)  2004  2012  10  2017 
PN de Arquitectura Defensiva (PNAD)17   -  2012  10  2017 
PN de Patrimonio Industrial (PNPI)  2001  2011  10  2016 
PN de Paisaje Cultural (PNPC)  2002  2012  10  2017 
PN de Conservación del Patrimonio Cultural del SXX (PNCPCXX)  -  2014  10  2019 
PN de Arquitectura Tradicional (PNAT)  -  2014  CPHE  10  2019 
PN de Salvaguarda del Patrimonio del Cultural Inmaterial (PNSPCI)  -  2011  10  2016 
PN de Investigación en Conservación de Patrimonio Cultural (PNICPC)  -  2011  10  2015 
PN de Conservación Preventiva (PNCP)  -  2011  10  2016 
PN de Conservación del Patrimonio Fotográfico (PNPF)  -  2015  10  2020 
PN de Educación y Patrimonio (PNEP)  -  2012  10  2017 
PN de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural (PNE)  -  2015  10  2020 
Consejo de 
PN de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático (PNPPAS)  2007  No consta  No consta  No consta 
Ministros 
FUENTE: Elaboración propia 
A excepción del PNPPAS, que fue aprobado por el Consejo de Ministros y coordinado por la 
Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico del MECD, el resto de PPNN se 
aprobaron por el CPHE y son gestionados por el IPCE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
10.2.c) del RD 257/2012. No existe ninguna norma en la que se fundamente este cambio en la 
ejecución del citado Plan. 
 
Por otra parte, a la finalización de la fiscalización aún no se había aprobado un nuevo PNSPCI, a 
pesar de su expresa previsión en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural inmaterial, posterior a la aprobación del citado Plan por el CPHE en 2011, que 
dispone que sea el Gobierno, a propuesta del MECD, y previo acuerdo del CPHE, quien apruebe 
el futuro Plan en el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de dicha ley, esto es, el 
28 de mayo de 2018. 
 
  Finalidad y contenido de los Planes Nacionales 
La ausencia de desarrollo normativo ha permitido que los PPNN, a pesar de su denominación 
como “Planes” (que a priori podría entenderse que van a ser verdaderos instrumentos de gestión 
con una programación o planificación detallada de las actuaciones concretas a realizar), se hayan 
diseñado y enfocado como unos elementos metodológicos para el conocimiento de los bienes del 
patrimonio cultural y como unos mecanismos de coordinación, información y difusión científica y 
técnica entre distintos agentes en materia de conservación y restauración del PHE, pero no como 
unos  instrumentos  de  planificación  y  gestión  con  unos  objetivos  concretos,  definidos  y 
cuantificables y con unos indicadores asociados a los mismos. En el desarrollo de la fiscalización 
no se han aportado otros instrumentos análogos a los PPNN que estén supliendo esta finalidad 
como instrumentos de planificación y gestión.   e.e
  b
Esta finalidad, señalada en el párrafo anterior, se recoge en diversas actas de las reuniones de las  05ww
cPoNmPiFsi odnee s2 9té dcen icnaosv ideem sbereg udime i2e0n1to6  (eenn  laad eqluaen tsee,  CinTdSic)a d qeu loes “ Edilv Perlasno sn Po PeNsN u,n cao mbool slaa  rdeela dtiivnae raol 
1  7   E  n    2 0  0  6   s  e    a p  r u  e b  a    la    c  a r t a    d  e    Baños de la Encina que es un antecedente a este Plan pero que no tiene dicha
consideración.
 
para  financiar  proyectos  (…).  Los  Planes  Nacionales  nacieron  como  Planes  Nacionales  de 
Información (…) La finalidad esencial y prioritaria del Plan Nacional es impulsar la creación de una 
Red desde la que sea posible compartir recursos, experiencias y proyectos; así como proveer 
ayuda técnica a quien lo necesite.” 
 
En cuanto a la participación de los distintos agentes en la elaboración de los planes gestionados 
por el IPCE, las comisiones redactoras han estado constituidas por personal del IPCE, del MECD, 
de otros ministerios y de las CCAA, así como por expertos independientes. En el caso de las 
comisiones de los planes relacionados con patrimonio de carácter religioso (Plan Nacional de 
Catedrales y Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos) también ha participado en las 
mismas otro personal perteneciente a la Conferencia Episcopal. Por consiguiente, se puede 
considerar que desde el primer momento los planes se han configurado como instrumentos de 
colaboración y coordinación de los poderes públicos, de los que depende en gran medida el 
patrimonio nacional, si bien, como posteriormente se indica, en ninguno de los planes han estado 
representadas todas las CCAA. 
 
En relación a la estructura y contenido de los planes, todos ellos han recogido, con carácter 
general, su objeto, las líneas generales de actuación, una serie de elementos (inventarios, fichas 
de proyectos, cartas de riesgo, estudios de conservación o planes directores para los diversos 
elementos patrimoniales) para el desarrollo de esas líneas de actuación, las unidades destinadas 
a su coordinación y seguimiento, así como, en ocasiones, las fuentes de financiación. Se ha 
comprobado que el contenido de los PPNN y su estructura ha sido, en términos generales, 
homogéneo, si bien, se han observado diferencias en cuanto al nivel de concreción y detalle de 
estos elementos en cada uno de los mismos.  
 
La figura de los planes directores se determina, con carácter general, en la casi totalidad de los 
PPNN, como un instrumento esencial para el conocimiento y documentación exhaustiva de los 
bienes patrimoniales o manifestaciones culturales inmateriales. Otro elemento esencial entre los 
“instrumentos de gestión” son los inventarios, que deben recoger una relación nominal de todos 
los elementos que componen el Patrimonio Cultural actualizada e informatizada, incluyendo una 
serie de datos mínimos de identificación y catalogación que permita conocer la amplitud del 
campo de trabajo abarcado por el Plan.  
 
Por tanto, como consecuencia de todo lo señalado anteriormente, en ninguno de los planes se 
han establecido unos objetivos cuantificables para el periodo de vigencia del plan, ni se han 
definido  unos  indicadores  de  medición  de  resultados  que  sirvan  para  valorar  su  grado  de 
cumplimiento, conocer su grado de avance y proponer las rectificaciones o revisiones oportunas 
en los mismos.  
  Ejecución de los Planes Nacionales 
La ausencia de una planificación plurianual de las intervenciones y su financiación ha impedido 
determinar el grado de ejecución de los Planes. El importe de las actuaciones realizadas por el 
IPCE entre los ejercicios 2012 a 2018 en relación con los bienes del PHE en el marco de los 
PPNN ascendió a 61.614.952 euros, con el detalle que se recoge en el cuadro siguiente. En el 
Anexo IV se recoge el detalle, para este periodo, de cada una de las actuaciones realizadas con 
indicación del plan al que están vinculadas. 
  es
 
 
CUADRO Nº 12 
INVERSIONES REALIZADAS POR EL IPCE EN EL MARCO DE LOS PPNN 
Ejercicios 2012-2018 
(euros) 
PLANES NACIONALES  Número de intervenciones  Importe 
PNC  36  20.854.381 
PNAMC  29  12.242.300 
PNAD  56  19.756.324 
PNPI  15  3.664.601 
PNPC  5  130.913 
PNCPCXX  8  124.132 
PNAT  11  1.124.621 
PNSPCI  25  467.623 
PNICPC  22  2.241.906 
PNCP  20  271.243 
PNPF  14  486.593 
PNEP  8  113.704 
PNE  10  136.611 
TOTAL  259  61.614.952 
FUENTE: Elaboración propia. Datos facilitados por el IPCE 
Las intervenciones desarrolladas por el IPCE en el ejercicio 2016 en el marco de cada uno de los 
PPNN ascendieron a un total de 73 con un importe de 5.740.996 euros, con el detalle por Plan 
que se recoge en el cuadro 13 siguiente. Adicionalmente, en dicho ejercicio el IPCE llevó a cabo 
otras 93 actuaciones fuera del marco de los PPNN por 2.823.386 euros. 
 
CUADRO Nº13 
INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL IPCE EN EL ÁMBITO DE LOS PPNN 
Ejercicio 2016 
(euros) 
INTERVENCIONES 
PLANES NACIONALES 
Número  Importe 
PNC  9  1.650.322 
PNAMC  7  1.869.271 
PNAD  13  1.580.983 
PNPI  3  134.791 
PNPC  3  46.078 
PNCPCXX  1  10.739 
PNAT  9  117.621 
PNSPCI  7  76.958 
PNICPC  7  100.178 
PNCP  8  81.047 
PNEP  5  58.080 
PNE  1  14.928  es
TOTAL  73  5.740.996  bo
FUENTE: Elaboración propia  05ww
 Como se ha señalado anteriormente, las actuaciones anteriores no se han realizado en el marco
dinev eursniaó np alarngiufimcaecniótann doo  plorso gmraomtivaocsió dne  plalu sriealneucaciló enn d ela l oqsu per osyee cftuonsd oabmjeetnot edne  fliansa ndceiaccisióionn, epso rd leo 
 
que no ha quedado acreditada la existencia de una metodología clara en la selección de los 
mismos.  
 
Por otra parte, en relación con las líneas de actuación previstas, se ha comprobado que, en 
términos generales, estas han sido muy genéricas. En el Anexo V se recoge, para cada plan, el 
contenido relativo a dichas líneas. En el desarrollo de la fiscalización se ha analizado el grado de 
ejecución y cumplimiento de las líneas de actuación establecidas en los PPNN, habiéndose 
comprobado  que  las  cuestiones  tratadas  y  las  actuaciones  promovidas  por  las  CTS  se 
corresponden con las líneas previstas en los PPNN. Asimismo, las actuaciones realizadas por el 
IPCE en el marco de cada uno de los PPNN han estado vinculadas con dichas líneas de 
actuación; sin perjuicio de que, con carácter general, la ausencia de indicadores no ha permitido 
valorar  el  grado  de  ejecución  de  las  mismas,  ni  cuantificar  la  contribución  de  las  acciones 
financiadas por el IPCE en su consecución. Los resultados obtenidos se señalan a continuación 
para cada uno de los PPNN gestionados por el IPCE. 
 
 
Plan Nacional de Catedrales (PNC) 
 
El ámbito de aplicación del PNC lo constituyen las 93 catedrales existentes en todo el territorio 
español, que se detallan en el Anexo VI. Entre sus líneas de actuación se prevé un programa 
especial de revisión y actualización de los planes directores de las catedrales que comenzaron a 
redactarse desde 1990, para que sean conformes a la realidad actual; sin embargo, no se ha 
tenido constancia del inicio de su efectiva revisión y actualización. Adicionalmente, el IPCE sólo 
disponía de los planes directores de 54 de las 93 catedrales, sin que tenga constancia de la 
realización de planes directores en las 39 catedrales restantes. 
 
Por otra parte, la CTS en su reunión de 2018 recomendó que se comenzara a redactar planes de 
emergencia y gestión de riesgos para cada una de las catedrales. 
 
Por lo que se refiere a la revisión del PNC que debía realizarse en 2017, no se ha revisado ni 
actualizado el contenido del Plan, a pesar de los cambios y avances metodológicos, técnicos y 
científicos habidos desde su aprobación.  
 
Tampoco se ha dispuesto de información estructurada en la que se hayan determinado unos 
criterios claros y concretos para la priorización de las actuaciones e inversiones a llevar a cabo. El 
PNC ha previsto que un criterio de priorización para la selección de las actuaciones a realizar en 
las catedrales consista en hacerlo en aquellas que tengan un plan director revisado y actualizado; 
sin embargo, no ha quedado acreditado que las actuaciones ejecutadas por el IPCE hayan 
aplicado este criterio. 
 
El grado de ejecución de las inversiones previstas en los distintos planes directores de catedrales 
ha sido muy bajo como consecuencia de la insuficiente disponibilidad económica por parte de las 
Administraciones y cabildos. En la fiscalización no ha sido posible determinar a nivel global un 
porcentaje representativo de la ejecución conjunta de todos los planes directores. 
 
Como posteriormente se detalla, no ha sido hasta el ejercicio 2018 cuando la CTS se ha reunido 
por segunda vez desde su constitución en 2015 (el PNC se aprobó en 2012), lo que constata la 
ausencia del oportuno seguimiento y control de las actuaciones realizadas hasta entonces.  
  e
Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos (PNAMC)  bo
  05ww
dEdPielNr ecáAlcamMtroabCrdiet oosp  sryd e bevdi éeea n pldealosi ccc audocmenió veinenn nttediaerecénli óscP inacN  uqdAluteMue r Cqasuli ,re lvoc a uencyl  oodInP esdC tgeiEtusu gíyapleo rnoos  meel auxpsepo ver5a r5iC e7lCna c aAirbaAea d pdsaiílecao cstroi,óe  ncpm oaodgrnaeea   elseoltn ser  reeiposlr tsiomA  ynde eercox ospon l avpVnelIaeIn.ns toe Eassl     OE-A-2021-28able en https://
desarrollar. 
 
 
No se tiene constancia de que se haya elaborado un mapa o carta de riesgos con la valoración de 
los riesgos de deterioro de las abadías, monasterios y conventos, ni de que se haya priorizado la 
asignación de los recursos previstos para controlar dichos riesgos. 
 
El IPCE ha financiado dos planes directores en el marco del PNAMC en los ejercicios 2013 y 
2014, si bien, la ausencia de una planificación concreta de los planes directores a desarrollar en el 
ámbito del Plan no permite valorar el grado de cumplimiento de dicha línea de actuación, sino tan 
solo realizar una enumeración de las actuaciones financiadas por el IPCE. Cabe destacar el Plan 
Director del Monasterio de Santa María de El Paular, analizado en el epígrafe II.3.4 de este 
informe. El contenido del citado plan director es conforme con el mínimo definido para esta figura 
en el Anexo IV del PNAMC en el que se indican, además, los aspectos a desarrollar y la 
documentación que ha de contener un plan director. 
 
 
Plan Nacional de Arquitectura Defensiva (PNAD) 
 
El ámbito de aplicación del PNAD lo constituyen los bienes de interés cultural que forman parte de 
la arquitectura defensiva tales como murallas, torres, atalayas, puentes, castros o fortificaciones. 
 
En la revisión efectuada se ha comprobado la ausencia de una carta de riesgos que ayude a la 
CTS a fijar las prioridades de actuación en función de las necesidades existentes en el patrimonio 
defensivo a favor de su correcta conservación, tal y como había demandado dicha Comisión. 
 
Tampoco se tiene constancia de que se haya elaborado el denominado “Catálogo Nacional de 
Arquitectura Defensiva”, habiéndose observado la existencia de distintas bases de datos de 
bienes de arquitectura defensiva entre las que no existía homogeneidad ni en cuanto al número, ni 
en cuanto a la naturaleza de los bienes integrados. 
 
Se ha comprobado que, para estas actuaciones, el 14 de febrero de 2018 la DGBA firmó un 
convenio con el Instituto Geológico y Minero de España para la elaboración de un inventario 
general de arquitectura defensiva. A la finalización de la fiscalización, el Instituto Geológico y 
Minero de España había elaborado un Sistema de información geocientífica aplicado al patrimonio 
arquitectónico monumental (SIG/PAM) en el que se habían establecido unos criterios uniformes, 
habiendo sido probados en los bienes defensivos de Extremadura.  
 
 
Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI) 
 
El ámbito de aplicación del PNPI lo constituye el patrimonio industrial que consiste en el conjunto 
de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del 
trabajo  que  han  sido  generados  por  las  actividades  de  extracción,  de  transformación,  de 
transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la “revolución 
industrial”. 
 
Entre las líneas de actuación se prevé la elaboración de un inventario general, habiéndose 
comprobado que en 2012 se constituyó el denominado “Sistema de Información del Patrimonio 
Industrial Español”, si bien, dicha base de datos no había sido objeto de actualización desde el 
ejercicio 2015. 
  s
La falta de una planificación concreta de estudios a realizar o de planes directores a desarrollar en  oe.
el ámbito del Plan no permite valorar el grado de cumplimiento de dichas líneas de actuación, sino  w.
tan solo realizar una enumeración de las actuaciones financiadas por el IPCE. A tales efectos se  05ww
hbaie nceosm, p1r1o bpaladnoe qsu deir heactsotare ms adrez ob iednee 2s0 y1 97  scea tháalobgíaons  yre easlitzuaddioos 8 e ens gtuednieorsa pl. revios de determinados

 
Plan Nacional de Paisaje Cultural (PNPC) 
 
El PNPC define el paisaje cultural como aquella área de terreno, incluyendo las costas y el mar, 
donde la interacción de gentes y naturaleza a lo largo del tiempo ha producido un espacio de 
carácter distintivo con unos valores estéticos, ecológicos y culturales específicos, y a menudo con 
una rica diversidad biológica. 
 
El PNPC preveía la elaboración de un inventario o registro de los paisajes de interés cultural. Se 
ha  comprobado  la  implantación  de  un  registro  accesible  a  través  de  la  página  web 
www.100paisajes.es, en la que se recogen espacios naturales protegidos, lugares de interés 
cultural, parques nacionales y reservas de la biosfera. No obstante, de las pruebas realizadas se 
observa que dicha página no goza de suficiente publicidad ni es fácilmente accesible desde la 
página web del IPCE.  
 
 
Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del S. XX (PNCPCXX) 
 
El PNCPCXX se orienta hacia la preservación y conservación del patrimonio cultural moderno del 
s. XX en tres ámbitos disciplinares diferentes pero complementarios: la arquitectura, el urbanismo 
y la ingeniería civil; las artes plásticas; y los registros fotográficos, audiovisuales y sonoros. 
 
Las principales actuaciones llevadas a cabo se han centrado en el registro de los bienes de 
patrimonio cultural del s. XX en los que destaca el desarrollo del registro para la arquitectura del 
movimiento moderno en la península ibérica denominado “Registro DoCoMoMo”, que incluye los 
bienes entre 1925 a 1965 (actualmente se está trabajando para incluir los elementos entre 1965 
a 1975); la base de datos sobre las Salas de cine en España; y la base de datos del cine 
español conservado en las filmotecas, habiéndose inventariado hasta la fecha los largometrajes 
de ficción en soporte fotoquímico 1896-2000, y los cortometrajes de cine mudo español 1896-
1939. 
 
 
Plan Nacional de Arquitectura Tradicional (PNAT) 
 
El PNPI concibe la arquitectura tradicional como el conjunto de construcciones que surgen de la 
implantación de una comunidad en su territorio y que manifiestan en su diversidad y evolución su 
adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y recursos naturales, como a los procesos 
históricos y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar. Constituyen un 
destacado referente entre las señas de identidad culturales de la comunidad que la ha generado, y 
es el resultado de experiencias y conocimientos compartidos, transmitidos y enriquecidos de una 
generación a otra. 
 
Por lo que se refiere a la actuación tendente a la elaboración de un inventario de los elementos 
que integran la arquitectura tradicional, se ha comprobado que no existe a cierre de los trabajos 
de  fiscalización  un  inventario  de  dichos  elementos.  Únicamente,  se  había  avanzado  en  la 
elaboración de unas fichas de inventario tipo que sirvieran de base para la elaboración del mismo, 
habiéndose  experimentado  dichas  fichas,  para  comprobar  su  viabilidad,  en  dos  elementos 
concretos en 2015. A partir de 2017 se han realizado diversos estudios y documentación de 
diversos elementos de la arquitectura tradicional. 
  s
Se han desarrollado diversas actuaciones relacionadas con cada una de las líneas de actuación,  oe.
si bien únicamente se había realizado un “Plan Director del Paisaje Cultural de la Isla de Sálvora y  w.
su Arquitectura Tradicional” y un “Plan de gestión para el desarrollo de estrategias de actuación  05ww
ppailorato  ceonm lap aistilbai ldizea rF oerl mimenptaecrtao” , daeslí  tcuorimsmo ou nc oenst ulad ioa rdqeu ibteucetunraas  tprarádcictiicoansa.l  a través de un estudio

 
 
Finalmente, se ha constatado la ausencia de desarrollo de algunas acciones enumerados en el 
Plan, como por ejemplo la concesión de subvenciones, premios o acuerdos de colaboración con 
países latinoamericanos. 
 
  
Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio del Cultural Inmaterial (PNSPCI) 
 
El PNSPCI tiene por objeto salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial, entendiendo por este, 
los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos 
y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
 
En relación con la línea de actuación tendente a la elaboración de inventarios de los elementos 
que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial, se han desarrollado varios inventarios en el ámbito 
de las distintas CCAA, como Asturias, Canarias, Valencia, Castilla-La Mancha, Melilla, Menorca, 
Navarra y Andalucía. Además, el IPCE ha llevado a cabo diversas actuaciones en relación con las 
líneas de actuación establecidas. 
 
 
Plan Nacional de Investigación en Conservación de Patrimonio Cultural (PNICPC) 
 
Entre  las  actuaciones  a  desarrollar  en  el  marco  del  PNICPC  se  encuentra  la  creación  del 
Observatorio  de  Investigación  en  Conservación  del  Patrimonio  Cultural,  a  la  que  se  dio 
cumplimiento mediante su creación en junio de 2014. En virtud de lo establecido en el PNICPC 
dicho Observatorio debía ser el encargado de definir, implantar y evaluar los indicadores de 
cumplimiento del Plan, conforme a diversos aspectos; sin embargo, no ha quedado acreditado el 
establecimiento de dichos indicadores por el Observatorio. 
 
El IPCE ha realizado diversas intervenciones en materia de conservaciones y otras actuaciones 
en el marco de las distintas líneas de actuación del PNICPC. 
 
 
Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP) 
 
EL PNCP establece que la conservación preventiva se aborda como estrategia de identificación, 
detección y control de los factores de deterioro de los bienes culturales, con el fin de minimizar sus 
efectos en los mismos. Consiste en una actuación continuada en el entorno de los bienes para 
evitar, en la medida de lo posible, la intervención directa sobre los mismos. 
 
El PNCP es el documento de todos los PPNN que define con mayor concreción las actuaciones a 
realizar, determinando el coste de cada una de las intervenciones previstas y los plazos estimados 
para su ejecución, dentro de cada una de las líneas de actuación; sin embargo, ninguna de las 
actuaciones concretas previstas en el PNCP llegaron a ejecutarse. No obstante, el IPCE ha 
realizado diversas actuaciones en el marco de este Plan. 
 
La CTS ha señalado, en sus actas, la falta de utilidad del “plan financiero” que, a pesar de haber  e.e
sido aprobado por el CPHE, nunca entró en vigor. La administración central incumplió los niveles  b
de inversión previstos en los documentos de los PPNN y las administraciones autonómicas se  05ww
  negaron a comprometer o programar cualquier gasto vinculado a ellos. 
 
Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico (PNPF) 
 
El ámbito de aplicación del PNPF lo constituyen los fondos fotográficos. El PNPF señala diversas 
carencias en relación con el patrimonio fotográfico como: la falta de cuantificación del patrimonio 
fotográfico  nacional,  el  amplio  número  de  instituciones  públicas  y  privadas  que  albergan 
colecciones de fotografía como una parte más del patrimonio que custodian y sin contar con 
expertos en la materia, la falta de coordinación de los esfuerzos en materia de conservación de 
este patrimonio, la focalización de la conservación en la digitalización y no en la conservación del 
material original o los objetos fotográficos, la ausencia de criterios uniformes en los trabajos de 
digitalización,  
 
El PNPF prevé entre otras actuaciones la promoción de la elaboración y mantenimiento de un 
censo  o  mapa  nacional  de  centros,  tanto  públicos  como  privados,  que  custodian  fondos 
fotográficos; así como la creación de un Observatorio de Patrimonio Fotográfico que asesore en 
materia de gestión, conservación y difusión de fotografía y promueva la articulación de una red 
nacional de centros. No obstante, a la finalización de la fiscalización no se había creado dicho 
Observatorio, ni el censo o mapa de centros que custodian fondos fotográficos. 
 
 
Plan Nacional de Educación y Patrimonio (PNEP) 
 
Este Plan tiene como objetivos la definición de bases teóricas y criterios sobre la disciplina de la 
educación patrimonial en España, el fomento de la investigación en educación patrimonial, la 
incorporación de la educación patrimonial como línea de desarrollo prioritario en el marco de los 
planes estratégicos del MECD y de las CCAA, la implementación de la normativa educativa, la 
creación de instrumentos de coordinación entre educadores y gestores, entre otros. 
 
El IPCE ha desarrollado diversas actuaciones en el marco de cada una de las líneas de actuación 
del  PNEP,  vinculado  con  el  Observatorio  de  Educación  Patrimonial  en  España  y  La  Red 
Internacional de Educación Patrimonial. Hasta el momento y con una periodicidad bianual, se han 
realizado 4 Congresos Internacionales de Educación Patrimonial, en 2012, 2014, 2016 y 2018 
todos enmarcados en el ámbito y propuestas del PNEP. Asimismo, en 2018 se celebró la I 
Jornada Europea de Educación y Patrimonio.  
 
 
Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural (PNE) 
 
Entre las líneas de actuación del PNE se encuentra la creación de un mapa de riesgos de los 
elementos que integran el patrimonio cultural. A la fecha de finalización de los trabajos en marzo 
de 2019, no se había elaborado dicho mapa de riesgos al estar condicionado a la conclusión de la 
Base de Datos georreferenciada de los Bienes de Interés Cultural de España, en la que solo 9 de 
las 17 CCAA habían volcado la información pertinente.  
 
Por lo que se refiere a la línea relativa a la creación de unidades de gestión de emergencias en 
Patrimonio cultural en las CCAA coordinadas con Protección Civil, se han constituido en Murcia, 
Castilla y León, y Asturias; y se encuentra en tramitación de creación en Castilla–La Mancha, 
Aragón y Valencia. La Unidad del Estado se creó en noviembre de 2010. 
 
En relación con la creación de Planes de emergencia para bienes culturales, se han elaborado los  s
Planes de Salvaguarda del IPCE y del Museo Nacional de Antropología, y están en fase de  oe.
elaboración los relativos al Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina  w.
Sofía, Biblioteca Nacional de España y Archivo Histórico Nacional.  05ww
 
 
  Financiación de los Planes Nacionales 
Por lo que se refiere a la financiación de las actuaciones a realizar en el marco de los PPNN, cabe 
señalar que seis de los trece PPNN elaborados por el IPCE no han dispuesto de un plan 
financiero en el que se reflejase la financiación prevista por líneas de actuación durante su 
vigencia, siendo preciso indicar, asimismo, que únicamente en dos de ellos se ha determinado la 
financiación a realizar por cada uno de los agentes participantes, como se detalla en el cuadro 14 
siguiente. 
 
CUADRO Nº 14 
PLAN FINANCIERO EN LOS PPNN 
PARTICIPACIÓN  IMPORTES POR LÍNEAS 
   PLAN FINANCIERO 
AGENTES  DE ACTUACIÓN 
PNC  NO  NO  NO 
PNAMC  SÍ  NO  SÍ 
PNAD 18  SÍ  NO  SÍ 
PNPI  NO  NO  NO 
PNPC  NO  NO  NO 
PNSPCSXX  SÍ  NO  SÍ 
PNAT  NO  NO  NO 
PNSPCI  NO  NO  NO 
PNICPC  SÍ  SÍ  SÍ 
PNCP  SÍ  SÍ  SÍ 
PNPF  SÍ  NO  SÍ 
PNEP  SÍ  NO  SÍ 
PNE  SÍ  NO  SÍ 
PNPPAS  NO  NO  NO 
FUENTE: Elaboración propia 
 
No ha quedado acreditado que los importes de financiación reflejados en los distintos PPNN estén 
sustentados en estudios de costes tanto en relación con el importe a invertir en cada línea de 
actuación como en el importe a aportar por cada agente (en aquellos planes en los que se indica 
dicho dato). Además, ninguna de las comisiones técnicas ha realizado un seguimiento de la 
aportación  global  de  todos  los  agentes  en  el  marco  del  plan  nacional,  al  no  contar  con 
herramientas suficientes para requerir el grado de colaboración que resultaría necesario de todos 
los actores implicados.  
  Seguimiento de los Planes Nacionales 
Los PPNN prevén la existencia de una CTS por cada Plan integrada por miembros del IPCE, del 
resto de la AGE, CCAA, expertos independientes, así como por representantes de la Conferencia 
Episcopal en el PNC, y en el PNAMC. A las CTS se les atribuye la función de velar por el 
cumplimiento de las líneas de trabajo establecidas en los documentos rectores, el seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos y la propuesta en su caso al CPHE de su revisión. El detalle de la  e
composición de la CTS se recoge, por cada PN, en el cuadro 15. En el análisis efectuado sobre  bo
las actuaciones desarrolladas por las CTS se han obtenido los siguientes resultados:  05ww

1  8   E  n    2 0  0  6   s  e    a p  r u  e b  a    la    c  a r t a    d  e    Baños de la Encina que es un antecedente a este Plan pero que no tiene dicha
consideración.
 
1.  Los PPNN han atribuido a las CTS diversas funciones de imposible ejecución como, por 
ejemplo,  “el  análisis  y  evaluación  de  los  indicadores  de  seguimiento”,  al  no  haberse 
establecido en ellos ningún indicador; el “seguimiento y evaluación de los objetivos”, dado que 
estos no son cuantificables ni medibles; o “la proposición al CPHE de la revisión y modificación 
del Plan cuando el grado de cumplimiento del plan no entre dentro de los límites establecidos”, 
debido a que no se han determinado unos límites que permitan conocer si se han cumplido o 
no los objetivos genéricos de cada plan.  
 
2.  Ninguna de las CTS de los PPNN ha contado entre sus miembros con representantes de 
todas las CCAA19. El IPCE ha informado en la fiscalización que, aunque no estén designados 
representantes de todas las CCAA, la participación a las reuniones siempre está abierta a 
todas ellas, sean o no miembros. No obstante, no ha quedado acreditada la invitación a todas 
las CCAA en las distintas sesiones celebradas, lo que unido a la inexistencia de un calendario 
anual de reuniones, ha dificultado la asistencia de los representantes de las CCAA. Esta 
circunstancia es especialmente importante si tenemos en cuenta que los PPNN se configuran 
como instrumentos de colaboración y coordinación.  
 
CUADRO Nº 15 
COMPOSICIÓN DE LAS CTS DE LOS PPNN 
EXPERTOS  CONFERENCIA 
IPCE  RESTO AGE  CCAA  TOTAL  
INDEPENDIENTES  EPISCOPAL 
PNC  4  0  13  3  3  23 
PNAMC  6  0  11  3  3  23 
PNAD  3  4  12  9  0  28 
PNPI  4  2  12  8  0  26 
PNPC  4  3  13  8  0  28 
PNSPCSXX  6  0  10  10  0  26 
PNAT  3  3  12  12  0  30 
PNSPCI  3  4  15  6  0  28 
PNICPC  6  0  12  10  0  28 
PNCP  3  3  10  6  0  22 
PNPF  4  5  17  4  0  30 
PNEP  4  3  18  8  0  33 
PNE  4  6  8  3  0  21 
FUENTE: Elaboración propia 
 
3.  Las “Reglas de actuación de las CTS de los PPNN” prevén que estas se deben reunir dos 
veces al año en sesiones ordinarias. No obstante, no ha quedado acreditada su aprobación, 
sin perjuicio de que se ha constatado su reflejo en las actas de, al menos, tres PPNN (PNAD, 
PNSPCI y PNPF). 
 
Se ha comprobado que siete de los 13 PPNN gestionados por el IPCE se reunieron conforme 
a las citadas reglas. De los 6 restantes, 4 lo hicieron al menos una vez al año. Únicamente, las 
CTS de los PNC y PNAMC, aprobados en 2012, no se constituyeron hasta mayo de 2015, y  e.
no volvieron a reunirse hasta 2018. En el desarrollo de la fiscalización se solicitó aclaración  w.b
sobre los motivos de la ausencia de reunión de estas CTS, habiendo aclarado el IPCE que  05ww
dEipcihsacso psael  edne breielarocnió, np crionnc iaplaglumneonst ea,s pae lcat ofsa lptau ndteu acleosn sdeen lsao r eednatrcec ieóln  Edset aedsoto ys  PlaP CNoNn. f erencia
 1 9   E  n    la    C  T  S     d e  l   P  N  P  F    e s  t á n    r e  p r e  sentadas 12 CCAA con 17 miembros y en la del PNEP están representadas 11
CCAA con 18 miembros.
 
 
4.  Por lo que se refiere a la revisión intermedia de objetivos, que debe ser llevada a cabo por las 
CTS a los cinco años de aprobación de los planes, se ha comprobado que de los 9 Planes en 
los que procedía su realización a la fecha de finalización de la fiscalización, solo en 5 se ha 
tenido constancia de su elaboración, si bien, únicamente en 2 de ellos se ha acreditado su 
aprobación por el CPHE. 
 
5.  Solo en siete20 de los trece planes se ha previsto expresamente la elaboración de informes de 
evaluación de cumplimiento de los objetivos y de la metodología recogida en el Plan con el fin 
de informar al CPHE, y únicamente en uno de ellos (PNAD) se ha definido su periodicidad. En 
la  fiscalización  se  han  solicitado  los  informes  de  evaluación  elaborados  por  las  CTS  y 
remitidos al CPHE, habiéndose comprobado que si bien el IPCE ha informado anualmente al 
CP sobre la situación de los planes, el contenido de estos informes ha respondido más bien a 
una relación de las actividades realizadas anualmente que a una verdadera evaluación del 
logro de sus fines y objetivos. 
 
6.  No han existido unos criterios concretos y objetivos para la designación de los expertos 
independientes en las CTS. Tampoco se han fijado unas normas internas para la posible 
participación de estos expertos en los procedimientos de contratación llevados a cabo en el 
marco de los PPNN que garanticen los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 
publicidad y transparencia en estos procedimientos de contratación.. 
 
7.  Finalmente, teniendo en cuenta el importante peso relativo que la financiación destinada por el 
Ministerio de Fomento a proyectos de patrimonio histórico a través del 1,5 % cultural, debería 
valorarse la oportunidad de que este participara de forma activa en la gestión de los planes, a 
fin de que estos puedan constituirse en verdaderos elementos de gestión coordinada. 
  Fortalezas y debilidades de los Planes Nacionales 
En febrero de 2017, la DGBA plantea la conveniencia de efectuar un balance de la situación de los 
PPNN, por lo que el IPCE desarrolló un cuestionario dirigido a todas las Direcciones Generales 
vinculadas al patrimonio cultural de las CCAA y a todos los coordinadores de las CTS de los 
PPNN, a fin de analizar los puntos que se juzgan como debilidades y fortalezas. 
  
El resultado fue presentado al CPH en Santo Domingo de la Calzada y San Millán de la Cogolla 
(La Rioja) en octubre de 2017. No todas las CCAA y ciudades autónomas aportaron contestación 
a la consulta realizada y tampoco las que lo hicieron aportaron respuesta a todos y cada uno de 
los catorce Planes Nacionales. El resultado obtenido tras el análisis ha puesto de manifiesto una 
serie de debilidades y fortalezas en la ejecución de los PPNN. También se aportaron propuestas 
de mejora. 
 
1.  Debilidades de los PPNN: 
a) La ausencia de equilibrio en la representación de las CCAA en las CTS. 
b) La inexistencia de un calendario anual de reuniones que optimice la asistencia de los 
representantes de las CCAA a las convocatorias de las CTS. 
c) El déficit de comunicación entre CCAA en la materia objeto de los PPNN. 
d) La escasez de actividades dirigidas a la difusión de los PPNN. 
e) La ausencia de claridad en la metodología de selección de proyectos objeto de financiación  e.
de los PPNN.  w.
f)  La falta de cofinanciación autonómica de una parte de las iniciativas propuestas a ejecutar  05ww
2  .     F   o  r te a n l e  e z la   ms    ad  re c   ol o   ds   e P   lP o N s   NP   :P   N   N.  OE-A-2021-28able en https://
20 En concreto PNC, PNAMC, PNAD, PNPI, PNPC, PNSPCI y PNCPF.
 
a) Los PPNN se valoran como instrumentos necesarios y útiles de coordinación entre las 
administraciones públicas, los titulares y gestores de bienes culturales. 
b) El desarrollo teórico-metodológico de los PPNN ha enriquecido las líneas de actuación de 
las administraciones que se integran en su dinámica de programación. 
c) Los PPNN han supuesto, por el volumen y calidad de proyectos ejecutados, una clara 
mejora en la actividad conjunta y coordinada de conservación del Patrimonio Cultural. 
 
3.  Propuestas de mejora: 
a) Constitución abierta de las CTS de los PPNN. 
b) Diseño de un calendario anual de reunión de las CTS, con concentración de sesiones en 
virtud de la temática de los PPNN. 
c) Incremento de las acciones de difusión de los PPNN: alimentación regular de espacio web, 
creación de perfiles específicos en redes sociales, habilitación en los programas editoriales 
y académicos de una línea de actividad denominada “Planes Nacionales”. 
d) Diseño y mantenimiento evolutivo de espacios y repositorios digitales que permitan la 
comunicación continua de los miembros de las CTS. 
e) Informe regular al CPHE de las actuaciones en el marco de los PPNN. 
f)  Propuesta de incremento presupuestario para las partidas de los PPNN. 
  PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN FINANCIERA 
  Aspectos generales 
La programación y ejecución del gasto público desarrollado por las administraciones públicas ha 
de ajustarse a los principios de buena gestión financiera. Para ello, la definición de objetivos es un 
elemento esencial en la implantación y posterior valoración de modelos de gestión orientados a 
resultados; si bien dichos objetivos deben cumplir una serie de requisitos mínimos que garanticen 
su  validez,  como  concreción,  adecuación  a  los  fines  y  competencias  atribuidas,  integridad, 
posibilidad de medida y proporcionalidad. Asimismo, es imprescindible definir indicadores válidos 
para  evaluar  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  definidos,  que  contribuyan  a  la 
retroalimentación del sistema y la toma de decisiones.  
 
En todo este proceso la transparencia en cada una de estas fases y en concreto en los resultados 
finales es un elemento esencial de la actuación pública, a fin de que los ciudadanos puedan 
conocer la orientación de la política pública y en qué medida las administraciones alcanzan los 
objetivos y resultados que han de satisfacer el interés público. De esta forma, el control de 
eficacia, eficiencia y economía, que va a ser desarrollado en este epígrafe, tiene por objeto 
verificar el alcance de los objetivos de acuerdo con las funciones atribuidas al IPCE y el entorno 
en el que desarrolla su gestión. 
 
En  primer  lugar,  se  ha  constatado  en  el  desarrollo  de  la  fiscalización  que  las  actividades 
desarrolladas por el IPCE relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial no vienen entre las 
funciones previstas en el RD 257/2012. El mencionado Real Decreto enumera las funciones 
atribuidas al IPCE en base a la tradicional clasificación entre bienes muebles e inmuebles; sin 
embargo, dichas funciones quedan superadas por la realidad de la amplitud de los contenidos de  e
las actuaciones que, de facto, realiza el Instituto en materia de bienes del patrimonio cultural  bo
inmaterial, definidos en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio  05ww
ldCdaeeus pl tcasuourrtma alpm uIannetimrndimtaaodtoseen rmsiioa, i lnl occissuot elmgturroiuraa pl“elol”os.s s  nL yuoa es shno a span,o l grsienutepcnorroierospsr eoecnrsaa tsadoncosoi o rdlmnoicesah ssian,  sded ixcevpoi drmouerposgiesao,tnn erienezscca,ioc acnisóoo nenz nocytacr inemf u caineoqcnmuitoeoonls laap ymsa  ritateéesnc iigtnnonitc eaadgdsera a qsnl uotaeesl     OE-A-2021-28able en https://
 
 
IPCE,  si  bien  entre  los  PPNN  que  gestiona  dicha  subdirección  se  encuentra  el  Plan  de 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
Con carácter general y conforme a los resultados del trabajo que se exponen a continuación, cabe 
señalar la insuficiente implantación de un modelo de gestión orientado a resultados, señalándose 
una serie de debilidades que ponen de manifiesto la escasa operatividad del presupuesto y de 
otros instrumentos de gestión y evaluación como elementos de control de la acción pública y 
fuente de información de los objetivos y de la valoración de los resultados alcanzados, además de 
la insuficiencia a estos fines de los PPNN tal y como se ha detallado en el apartado anterior de 
este informe.  
  Memorias presupuestarias 
Como ya se ha señalado, corresponde al IPCE la gestión de la totalidad de los créditos del 
programa presupuestario 337B “Conservación y restauración de bienes culturales” y una cuantía 
reducida  de  créditos  del  programa  144A  “Cooperación,  promoción  y  difusión  cultural  en  el 
exterior”. Para que el procedimiento de seguimiento y valoración de la actividad desarrollada por el 
IPCE pueda realizarse a través de los programas presupuestarios de su competencia, es preciso 
que  las  memorias  de  dichos  programas  contengan  una  correcta  definición  de  los  objetivos 
pretendidos y los resultados o servicios obtenidos, así como de los medios empleados para ello. 
Del examen de las memorias presupuestarias se deduce que estas no contienen los referidos 
elementos esenciales para proceder a la mencionada valoración por las siguientes cuestiones:  
 
1.  Las memorias presupuestarias de los programas que gestiona el IPCE no contienen una 
descripción válida de la programación anual efectuada con referencia a las actuaciones que va 
a desarrollar la Subdirección. En concreto la memoria presupuestaria del programa 337B 
realiza su exposición en torno a las líneas de actuación genéricas desarrolladas por el IPCE 
que hace corresponder con cada uno de los distintos Planes Nacionales, de forma que la 
memoria presupuestaria se limita a recoger la definición genérica del objeto de cada uno de 
estos  planes  nacionales.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  tal  y  como  se  detalla  más 
extensamente en el subapartado II.4 de este informe, los planes nacionales están siendo 
aplicados como instrumentos de carácter esencialmente metodológico y no son el vehículo a 
través del cual el IPCE programa, prioriza y decide la ejecución de las actuaciones que se 
acometen a través del presupuesto.  
 
El contenido de la memoria del programa resulta vago, generalista e inconcreto; y constituye 
una mera réplica prácticamente literal de un ejercicio a otro. De esta forma la memoria 
presupuestaria se convierte en un elemento invariable meramente descriptivo sin ningún valor 
para permitir la evaluación de la programación anual y su contribución a la política en la que se 
fundamenta.  
 
2.  No consta en la memoria presupuestaria los objetivos y metas que se pretenden alcanzar a 
través  de  la  actividad  desarrollada  por  el  IPCE.  Tampoco  consta  una  valoración  de  los 
objetivos anuales. 
 
3.  No se realiza una definición de indicadores que resulten válidos para la valoración de los 
efectos  del  programa  presupuestario,  de  forma  que  no  se  prevén  mecanismos  para  la 
obtención de información suficiente y relevante sobre la gestión desarrollada y la efectividad  e
de  las  actuaciones  o  medidas  emprendidas  y  en  su  caso  la  sustitución  por  otras  más  bo
adecuadas. Así en el análisis de los indicadores reflejados en las memorias presupuestarias  05ww
as)e  iÚhn ancnilcu cayomam enpninrtoegb úsaned  iond delaifcsina sedinog ru inidedeni cteeasfdi codarecebisail  idepanad rtaeé srl:ma  imnoesd idcieó n“ ndúeml eimrop adcet oa cretuaal cdioen leass” ,a scitnu aqcuioen eses   OE-A-2021-28able en https://
realizadas por el IPCE en el desarrollo de sus competencias. En relación con el programa
 
144A y las subvenciones de concurrencia competitiva para la ejecución de proyectos de 
excavaciones  en  el  exterior  se  define  como  indicador  el  “número  de  subvenciones 
concedidas”; sin embargo, no se puede considerar que este valor sea relevante y suficiente 
en sí mismo para conocer el impacto o efectos de la citada actividad de fomento. 
 
b)  No existe una adecuada definición de la unidad de medida de dichos indicadores, al 
señalarse como tal el “número de actuaciones” sin identificar la naturaleza de estas. A 
modo  de  ejemplo,  en  los  indicadores  definidos  como:  “Plan  Nacional  de  Catedrales”, 
“Arquitectura militar” o “Conservación y restauración de bienes culturales de propiedad o 
gestión del Estado” la unidad de medida establecida exclusivamente ha sido “número de 
actuaciones”, lo que impide identificar si estas se refieren a la redacción de cartas de 
riesgo, planes directores, otros estudios, o a la realización de obras de conservación o 
restauración en sí, y si ambos tipos de acciones computan por igual. 
 
c)  No se define ningún indicador para valorar la eficiencia de la acción pública en el que se 
ponga en relación los efectos alcanzados con los recursos destinados o costes de las 
actividades.  
 
d)  No se define indicadores que permitan valorar el grado de economía de la acción pública, 
esto es, las variaciones en los resultados/impactos ante disminuciones o aumentos de los 
recursos destinados. 
 
e)  El sistema de indicadores, además de no ser adecuado para la medición de los objetivos, 
tampoco es integro al no abarcar la totalidad de las actividades previstas en las memorias 
presupuestarias o la totalidad de las funciones atribuidas al IPCE. Así, por ejemplo en el 
programa 337B no se definen indicadores para medir actividades relacionadas con el Plan 
Nacional  de  Conservación  Preventiva,  Plan  Nacional  de  Patrimonio  fotográfico,  Plan 
Nacional  de  Patrimonio  Inmaterial,  Plan  Nacional  de  Arquitectura  Tradicional  o  Plan 
Nacional de Emergencias de Patrimonio, ni tampoco en relación con la actividad formativa 
desarrollada  por  el  Instituto.  En  situación  similar  están  las  subvenciones  nominativas 
concedidas por el IPCE para las que no sólo no se definen indicadores, sino respecto de las 
cuales ni siquiera se realiza mención alguna en la propia memoria. 
 
4.  Las memorias presupuestarias no hacen mención a la realización del seguimiento sobre la 
efectividad de los proyectos y actividades desarrollados en los ejercicios anteriores, y la 
incidencia que dicho análisis hubiera supuesto en la asignación presupuestaria del ejercicio, 
en lo relativo a la definición y diseño de nuevas líneas de actuación que hubieran podido 
proponerse más eficaces y eficientes como consecuencia de ese proceso de evaluación. 
  Planificación estratégica plurianual 
Las memorias presupuestarias analizadas en el epígrafe anterior son instrumentos en los que se 
recogen las actividades y objetivos del ejercicio presupuestario, y que suponen plasmar en el 
ámbito anual la planificación estratégica plurianual que debe definir los objetivos a largo plazo, la 
definición de las líneas de actuación que van a ser desarrolladas, los proyectos concretos que van 
a ser ejecutados y los criterios para su selección futura, la descripción de los factores externos 
que  pudieran  afectar  significativamente  al  cumplimiento  de  dichos  objetivos,  así  como  los 
indicadores que permitan medir los impactos, efectos y resultados de las actuaciones que vayan  es
ejecutándose.   o
 Eadqenu  eclaull oltvsua rialno sroatr cuilmóonse  nyPto lasan ndeáesl i spNilsaa ncdifieoic nalaacl ieópsnl  aadn eilfa icrPgaaocti rópimnla ozenosi,ot rt aaCtnéutgolit cuaar a nlpi vl(euclr uigayenonu eaarln aásl,le ics oihsn a npe ol rspmolaleincn itoearsditzoraa dttéoog diosceos    2021-2805n https://www.
desarrolla en el apartado anterior de este informe), como en el ámbito de las subvenciones (plan
estratégico de subvenciones), obteniéndose los resultados que se exponen a continuación.  Bc
 
 
II.5.3.1.   PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES 
En el ejercicio 2016, el MECD no había elaborado un plan estratégico de subvenciones en los 
términos exigidos en el artículo 8.1 de la LGS, por lo que el IPCE no ha dispuesto de un 
instrumento de planificación en la gestión de las subvenciones, lo que ha impedido conocer los 
objetivos y los efectos pretendidos con las ayudas concedidas, así como su grado de eficacia. No 
obstante, el MECD aprobó por Orden de 21 de diciembre de 2017 un Plan Estratégico de 
Subvenciones para el periodo 2018-2020. 
II.5.3.2.   PLANES ESTRATÉGICOS PLURIANUALES 
El IPCE no disponía para el ejercicio fiscalizado de un plan estratégico plurianual que contuviese 
la programación de su actividad. La Secretaria de Estado de Cultura aprobó un plan estratégico 
para los ejercicios 2012 a 2015 y el siguiente a este fue aprobado en marzo de 2017 con una 
vigencia también cuatrienal de 2017 a 2020. Ninguno de los dos planes estratégicos abarca, por 
tanto, el ejercicio 2016. Se ha revisado, no obstante, el contenido del “Plan Estratégico de la 
Secretaria de Estado de Cultura 2017-2020” a fin de analizar la razonabilidad de los indicadores 
definidos, la metodología de seguimiento y sistema de retroalimentación de la información.  
 
El Plan Estratégico 2017-2020 está estructurado en torno a cinco objetivos generales para cuyo 
cumplimiento se prevé el desarrollo de una serie de estrategias y proyectos por el IPCE. El Plan 
Estratégico no es completo, al no comprender la totalidad de las actuaciones que se desarrollan 
por el Instituto. Así, en relación con las subvenciones que concede, se define únicamente una 
línea de actuación o estratégica relativa a la creación de nuevas convocatorias de ayudas, pero no 
se fijan objetivos en relación con las ya aprobadas anualmente, tanto las de concurrencia como 
las nominativas; esto unido a la ausencia del plan estratégico de subvenciones en el Ministerio 
excluyen de cualquier programación plurianual a la actividad de fomento desarrollada por el 
Instituto. 
 
En  relación  con  la  traslación  de  los  objetivos  plurianuales  a  metas  de  ejecución  anual,  la 
Subdirección ha dispuesto del correspondiente Plan Operativo Anual 2017 (POA) que recoge los 
resultados de los siete proyectos en los que ha participado el IPCE para la articulación de los 
cinco objetivos generales definidos por la Secretaria de Estado de Cultura en el Plan Estratégico, 
así como el grado de realización de los mismos y los valores de los indicadores que se han 
definido para medir los resultados alcanzados. 
 
Los indicadores definidos en el POA 2017 para la medición del grado de realización de los 
proyectos fijados para el IPCE no proporcionan información relevante sobre aspectos de eficiencia 
o economía, en tanto que sólo vienen a ofrecer información en relación con el número de 
actuaciones realizadas, pero no sobre la contribución de estas a los efectos pretendidos en 
materia de eficiencia. Así por ejemplo puede señalarse que al definir el Proyecto 3.6.1 como el 
“Fortalecimiento y difusión de los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural ya existentes. Objetivo 
específico del proyecto: Mejorar la gestión y la colaboración y dar a conocer los Planes Nacionales 
a la sociedad”, se establecen como indicadores el número de reuniones de las comisiones de 
seguimiento de los planes nacionales, el número de estudios realizados, número de cursos y 
conferencias, y número exposiciones, páginas web o publicaciones. Todos estos indicadores se 
estiman insuficientes para obtener una medición del efecto o impacto del proyecto al no tener en 
consideración cuestiones relevantes tales como el número de CCAA presentes en las reuniones  es
de seguimiento y la incorporación a ellas de las que no hubieran asistido en convocatorias  o
acevoannmrt iealirasciosiioo rnenceseo,ssm ,l a ielsa nii mo renepaell elsifmz luayejco ni óctdaonecn d itóriennib f poudrrceomi yópaenrcc oityódoenesc   ctolooa snsc  joeumrnne tuusonunsisi,co  amnreceeissódp nieca cieó tninsvt uordesse    áerlaeml  ssEbpaisettoticasstdfi avtoroca csysi ó  lálnaam  sdp beaCi rtlotCoicssAi  pAplaaa cberitoónicrn aia pleemansnb ,tl eoaosss     2021-2805n https://www.
sentidos.

 
En el ejercicio 2017, la Secretaria de Estado de Cultura emitió el informe anual de seguimiento y 
evaluación del POA 2017, que se ha articulado a partir de un doble sistema de seguimiento y 
evaluación para la medición cualitativa y cuantitativa de los objetivos y resultados observados. 
 
Por otra parte, se ha comprobado que los objetivos, fines y actividades incluidas en dichos 
instrumentos han resultado coherentes con los fines y objetivos previstos en la normativa del 
IPCE.  No  obstante,  en  línea  con  lo  expuesto  anteriormente,  no  ha  existido  una  adecuada 
vinculación entre las actividades definidas en las memorias presupuestarias y el Plan Estratégico 
Plurianual, como instrumento de planificación plurianual, por lo que no ha sido posible conectar los 
objetivos y actividades de alcance temporal anual recogidas en las primeras (y su correspondiente 
asignación presupuestaria), con las incluidas en la documentación relativa a los instrumentos de 
planificación y gestión de ámbito temporal superior. De esta manera, los indicadores de las 
memorias  presupuestarias,  además  de  por  las  deficiencias  antes  señaladas,  no  han  sido 
adecuados como elementos de control y valoración tanto de las actuaciones desarrolladas como 
de las desviaciones existentes con respecto a las previsiones establecidas en el Plan Estratégico 
Plurianual. 
  ANÁLISIS DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 
De conformidad con lo dispuesto en las directrices técnicas de la presente fiscalización, se ha 
realizado un análisis específico de las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
(LOIEMH). 
  Contratos 
En la muestra de contratos seleccionados recogida en los Anexos I, II y III de este informe se ha 
comprobado el cumplimiento de las previsiones recogidas en los artículo 33 y 34 de la LOIEMH, 
es decir, el establecimiento de condiciones especiales de ejecución en los contratos que se 
celebren y preferencia en la adjudicación por las empresas que cumplan dichas condiciones 
especiales,  así  como  los  artículos  60  y  118  TRLSCP,  esto  es,  prohibición  de  contratar  y 
condiciones especiales de ejecución, y se han obtenido los siguientes resultados: 
 
1.  No consta la aprobación del Acuerdo anual del Consejo de Ministros previsto en el artículo 
34.1 LOIEHM. 
 
2.  Seis de los nueve pliegos analizados de las contrataciones mediante procedimiento abierto 
prevén el criterio preferencial, en caso de igualdad de puntuación entre dos o más licitadores, 
de adjudicación a favor de aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia 
técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, previsto, con carácter potestativo, en el artículo 34.2 de la LOIEMH, mediante la 
presentación de aquella documentación que acredite la promoción de la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres. Los pliegos que no contienen dicha previsión datan 
del primer semestre de 2014. No se establece dicho criterio u otras medidas en este sentido 
en los pliegos de ninguno de los procedimientos negociados analizados.  
  Subvenciones  es
Se  analizaron  las  previsiones  en  materia  de  igualdad  en  las  subvenciones  de  concurrencia  w.
coeopsmtoarpbtuelentciatii evcarao  ngnveionsctgiaoutnnoaarid aad. seE  npla oscr o aenclc truIePatCoc iEonn,o e pssu eet eson bdssie enbrtvieeasn   qanu oel a el lepngr olaamrsoo nac yiaóu ndc aodsne c celoadn evigrosuceaa lddsaaí sds  eee nfre e2cat0ilv1iza6ó   dsleae    2021-2805n https://ww
mujeres y hombres en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual previstas en el
artículo 26.2 de la LOIEMH.  Bc
 
 
  TRANSPARENCIA 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las 
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como establecer 
las consecuencias derivadas de su incumplimiento. En el desarrollo de la fiscalización se ha 
comprobado la aplicación de las disposiciones en materia de publicidad y transparencia, teniendo 
en cuenta para ello todas las disposiciones que contenían obligaciones concretas de publicidad 
activa para ciertos negocios o informaciones vigentes durante el ejercicio 2016. En el análisis 
realizado se ha identificado algunos puntos o materias que pudieran ser objeto de mejora en la 
publicidad activa dada y se detallan a continuación.  
 
1.  En relación con la información institucional, organizativa y de planificación prevista en el 
artículo 6.2 de la Ley de Transparencia, cabe señalar que para el ejercicio fiscalizado no 
consta la publicidad de un plan o programa anual o plurianual que fije objetivos concretos, así 
como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, puesto que la Secretaria 
de Estado de Cultura aprobó un plan estratégico para los ejercicios 2012 a 2015 y el siguiente 
a este fue aprobado en marzo de 2017 con una vigencia también cuatrienal de 2017 a 2020. 
Estos  planes,  así  como  los  correspondientes  planes  anuales  operativos  e  informes  de 
seguimiento  de  los  ejercicios  2012  a  2015  y  2017  fueron  publicados  en  el  Portal  de 
transparencia. 
 
No obstante, los citados planes estratégicos plurianuales no abarcan la totalidad de las 
actividades que desarrolla el IPCE, sino solo aquellas que en el plan se identifican como 
claves para la obtención de los cinco objetivos sobre los que se estructura, por lo que 
tampoco la publicidad dada a estos planes estratégicos puede entender que satisfaga las 
necesidades de publicidad activa completa en cuanto a los objetivos, actividades y medios 
previstos para las funciones desarrolladas por el IPCE.  
 
Incidiendo en esta ausencia de una adecuada publicidad activa de esta información, la 
publicación de los planes nacionales no suple la carencia descrita, en tanto que como se ha 
señalado también en el apartado correspondiente del informe, los planes nacionales tienen un 
carácter esencialmente técnico como herramientas metodológicas y cuya principal virtud es la 
de haberse constituido en elementos facilitadores de un foro o marco de comunicación entre 
el Estado y las CCAA y de estas entre sí, y sin que hasta la fecha el IPCE haya hecho uso 
efectivo  de  las  herramientas  en  ellos  previstas  de  planificación,  tales  como  objetivos 
cuantificados,  indicadores,  seguimiento  de  las  aportaciones  financieras  de  las  partes 
implicadas previstas, revisiones y valoraciones de resultados, que permita garantizar que la 
publicación de los mismos surta los efectos previstos en el citado artículo 6 de la Ley de 
Transparencia. 
 
2.  En  relación  con  la  información  económica,  presupuestaria  y  estadística  a  la  que  hace 
referencia el artículo 8 de la Ley de Transparencia, se ha verificado la publicidad activa de la 
información requerida en dicho precepto en relación con aquella objeto de examen por esta 
fiscalización en las respectivas áreas concluyéndose el cumplimiento de la publicidad de 
dicha información salvo lo relativo a dos de las seis encomiendas analizadas en el epígrafe 
II.3.4 de este informe21, respecto de las cuales no se obtiene evidencia de su publicidad. Para 
las  publicadas  no  consta  la  información  requerida  en  el  artículo  8.1.b)  de  la  Ley  de 
Transparencia respecto de las subcontrataciones realizadas y la mención del adjudicatario,  e.
del procedimiento seguido para la adjudicación e importe de dichas subcontrataciones.   w.b
  05ww
                                                 
l2a1  Lpala netnac obmajiae nddea l ad ep agnedsati ónno prtaer ad elal  Creladuasctcroió nM daeyo pr ropyaerac tCo eyn etrjoe cduec iEóns pdireit ulaasli doabdra dse dl eR reeasl taMuornaacisótne ryio  rdeeh aSbailintatac iMóna rdíae 
de El Paular y la encomienda de gestión del uso y la explotación del Real Monasterio de Santa María de El Paular.
 
  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL 
TRIBUNAL 
 
En el Informe de Fiscalización de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
ejercicio 2004, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 27 de marzo de 2008, se 
formularon  diversas  recomendaciones22  para  que  la  DGBA  adoptaran  medidas  para  la 
subsanación de las deficiencias y debilidades puestas de manifiesto en el citado informe. A 
continuación  se  analiza  el  grado  de  cumplimiento  e  implantación  de  las  recomendaciones 
relacionadas con el ámbito objetivo de la presente fiscalización. 
 
1.  Recomendación primera 
“El Tribunal de Cuentas recomienda el reforzamiento de los controles internos y de los 
procedimientos de gestión económico-financiera de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales, al objeto de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto 
en este Informe en las áreas que el mismo comprende: contratación, adquisición de 
bienes de interés cultural, subvenciones, tesorería e ingresos.” 
 
En relación con las deficiencias puestas de manifiesto en el informe del ejercicio 2008 referidas a 
las áreas de actuación de competencia del IPCE objeto de análisis de esta fiscalización, cabe 
señalar en relación con la gestión económico-financiera con la contratación de las necesidades del 
IPCE,  que  es  la  Junta  de  Contratación  de  la  Secretaría  del  Estado  la  que  ostenta  las 
competencias como órgano de contratación, sin perjuicio de la participación de las diversas 
subdirecciones en la diversas fases y sin que dicha concurrencia haya entrañado dificultad para 
aportar  la  información  relativa  a  los  expedientes  de  contratación  requeridos,  habiéndose 
observado una adecuada gestión, en términos generales, en materia de contratación, sin perjuicio 
de las deficiencias concretas puestas de manifiesto a lo largo del informe y de las debilidades de 
control interno incluidas en el subapartado II.1.  
 
2.  Recomendación segunda 
“Se recomienda también mejorar sustancialmente los procedimientos de planificación 
e  información  sobre  la  gestión  estatal  del  Patrimonio  Histórico  Español,  a  fin de 
superar las carencias expuestas en este Informe. En particular, se recomienda la 
elaboración  de  planes  relativos  a  las  actividades  de  catalogación,  protección, 
conservación y restauración de los bienes del Patrimonio Histórico Español (…)”.  
 
Cabe señalar la ausencia de un instrumento transparente en el que vengan expuestos los planes 
que  contengan  las  actuaciones  y  acciones  que  se  ejecutan  anualmente  en  relación  con  la 
conservación, restauración, investigación y documentación del patrimonio, así como su encaje en 
la planificación efectuada en el largo plazo.  
 
En la actualidad se encuentran aprobados por el Consejo de Patrimonio trece planes nacionales 
cuya gestión corresponde al IPCE y que son el resultado de combinar la figura de los planes de 
conservación y restauración atribuidos cuya aprobación es competencia del Instituto tal y como 
prevén los sucesivos reales decretos de organización del Ministerio de Cultura, y por otro lado los 
Planes Nacionales de Información sobre el PHE del artículo 35 de la LPHE cuya aprobación se 
atribuye al Consejo de Patrimonio. No obstante, tal y como se señala en el subapartado II.4 de 
PPNN de este informe, su análisis no permite concluir que los mismos sirvan ni estén siendo 
utilizados como verdaderos instrumentos de planificación y gestión. De esta forma cabría plantear 
la pertinencia de mantener la recomendación del informe aprobado en el 2008 en tanto se estima  e.
necesaria la aprobación de instrumentos eficaces, ágiles, y transparentes que guíen la actividad  w.b
del Instituto en sus inversiones de conservación y restauración, dada la dificultad puesta de  05ww
mla aenfiicfiaecsitao,  eenfi ceiel snucbiaa yp aerctaodnoo mII.í5a  ddee  plar inaccicpióions  ddeel  Ibnusetintuat og ecsotnió lno sfi ninasntcruiemrae netsotse  qinufeo rsmee h daen  vpauleosrator 
 2a 2    dS  ies   fp o o rm s  iu c la ió n n  3    d r ee  c  oe  ms  et a n  d f ai s c ci oa n l ei z s a.    Scieó rne.p  roduce la primera y parte de la segunda recomendación, al no encontrarse la  BOE-A-cable e
otra parte de la segunda y la tercera dentro del ámbito objetivo de esta fiscalización.
 
 
  CONCLUSIONES 
  RESPECTO DEL CONTROL INTERNO 
1.  El control interno del Instituto presentó una serie de debilidades que han sido detalladas en el 
subapartado  II.1  del  presente  informe,  entre  las  que  destacan  las  que  se  señalan  a 
continuación: 
 
a) El IPCE no contaba con un manual en el que se definieran las funciones y procedimientos 
de gestión aplicables a sus diferentes áreas de actividad y se establecieran los grados de 
responsabilidad existentes en cada una de ellas, así como los registros y documentos a 
emplear en dicha gestión. 
 
b) El  IPCE  disponía  de  un  Sistema  Integral  de  Gestión  Interna  (SIGI)  cuyo  grado  de 
implantación  era  heterogéneo,  al  no  haberse  empleado  en  algunos  servicios  como 
arquitectura, arqueología, económico o de seguimiento de inversiones.  
 
c) El registro empleado por el Instituto para el seguimiento de las inversiones no permitía 
obtener  de  forma  sencilla  y  automática  listados  de  situación  de  las  inversiones  por 
anualidad y por CCAA, lo que dificulta la realización de un seguimiento y programación 
adecuado. 
  RESPECTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
2.  El IPCE ha gestionado en el ejercicio 2016 la totalidad de los créditos del programa 337B 
“Conservación  y  restauración  de  bienes  culturales”  y  una  parte  del  programa  144A 
“Cooperación,  promoción  y  difusión  cultural  en  el  exterior”,  habiéndose  registrado  unas 
obligaciones reconocidas por 14.763.113 y 5.229 euros, con unos grados de ejecución del 
77% y 1,3 %, respectivamente. Este bajo porcentaje de ejecución del programa 144A se ha 
debido a la falta de concesión de las ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior, 
por importe de 410.000 euros, convocadas mediante Resolución de 3 de mayo de 2016, ante 
la imposibilidad de cumplir con los plazos de tramitación y los requerimientos de la Orden 
HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
2016 relativas al presupuesto de gasto y operaciones no presupuestarias. (Subapartado II.2) 
  RESPECTO  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  Y  DE  DETERMINADOS 
ASPECTOS DE LA GESTIÓN 
  Gastos corrientes en bienes y servicios 
3.  En 3 contratos negociados sin publicidad por razón de la cuantía analizados se ha constatado 
la ausencia de motivación suficiente para este procedimiento de contratación, argumentando 
motivos de celeridad y simplificación administrativa; sin embargo, la excepcionalidad de este 
procedimiento requiere la concurrencia de circunstancias que hagan esencial la negociación, 
elemento  distintivo  de  dicho  procedimiento  frente  a  los  ordinarios,  sin  que  pueda 
fundamentarse en simples razones de simplificación administrativa. En otro contrato se ha 
incumplido la Instrucción de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura de  e
11 de octubre de 2013 al no haber solicitado nuevas invitaciones, ni haber acreditado las  bo
razones de urgencia u otras que lo impidieron. (epígrafe II.3.1)  05ww
4.  E adcel t IuPnaaCctEuior nahelaes zt raqa umperi etatvedinsoíi abdnleu ,rp adonert teoe brvmjaeritniooa ssd aeatj iesyrf caciciceeiorrts an  aeq cutreeas vnidéoas  dvdeaesr i caporeonrntiró addteoic sau smn  deeenje ocrrcaeirscá ioac tneaur a orlteerocsu  gdraraesdntoote ss  uyy    OE-A-2021-28able en https://
carácter repetitivo, superando en su conjunto el límite cuantitativo establecido en la LCAP para
 
 
la contratación menor. Esta limitación anual podría suponer un fraccionamiento del contrato, 
en tanto que en el momento de inicio de la tramitación de los expedientes de los servicios 
contratados el IPCE ya conocía o estaba en condiciones de conocer el carácter periódico de la 
necesidad. 
 
5.  En  11  de  los  14  contratos  menores  analizados  no  se  ha  acreditado  la  remisión  de  las 
solicitudes de ofertas o invitaciones enviadas por el IPCE a las empresas ofertantes. Tampoco 
se ha tenido evidencia documental de la realización de la consulta y examen previo del 
Catálogo de Bienes Homologados del Servicio Central de Suministros a efectos de verificar si 
se incluyen en este, bienes similares a los propuestos para la adquisición de material para las 
colecciones fotográficas de archivo. 
  Acciones formativas 
6.  El IPCE desarrolló en 2016 un total de 34 acciones formativas, de las que 13 se realizaron en 
la EPHN y 21 en la sede del IPCE o en otras instituciones con las que colaboró, por un importe 
conjunto de 161.327 euros y un coste medio por acción de 5.563 euros. Del análisis de dichas 
actividades se han obtenido las siguientes conclusiones (epígrafe II.3.2): 
 
a.  El Consejo Académico, como órgano colegiado y asesor de las actividades de la EPHN, no 
se reunió con la periodicidad establecida en su normativa reguladora. 
 
b.  Una de las actividades formativas llevadas a cabo no estaba prevista en el programa 
aprobado para 2016 y otras tres actividades que sí estaban contempladas en aquel no se 
ejecutaron, sin que se haya tenido constancia de la modificación del programa formativo por 
el Consejo Académico en dicho año. No obstante, en la memoria anual de actividades 
presentada se incluyeron las acciones finalmente ejecutadas. 
 
c.  El baremo retributivo de las actividades formativas de los ejercicios 2016 y 2017 aprobado 
por el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte el 28 de diciembre de 2015 y por el 
Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el 19 de enero de 2016 solo 
contempló los honorarios para las actividades realizadas bajo la modalidad presencial, no 
habiéndose  previsto  los  importes  aplicables  para  aquellas  acciones  formativas 
desarrolladas on-line. 
 
d.  Las instrucciones para la aplicación del mencionado baremo elaboradas por le IPCE fueron 
consistentes con los criterios e importes establecidos en el mismo, excepto en lo relativo a 
las cuantías establecidas a partir de las tres horas prácticas impartidas, que se abonaron 
por debajo del importe mínimo fijado en dichas instrucciones. Asimismo, los importes fijados 
fueron  iguales  para  todas  las  actividades  de  los  cursos  de  formación,  distinguiendo 
únicamente entre clases teóricas y prácticas, sin haberse establecido una clasificación de 
los cursos de formación y su retribución en función de la aportación académica a los 
alumnos, de la excelencia o novedad de la materia a tratar o del nivel exigido a los 
ponentes. 
 
e.  Las memorias justificativas de las acciones formativas pusieron de manifiesto deficiencias e 
incumplimientos como la ausencia de integridad al no contener todos los gastos realizados; 
la insuficiente concreción del tipo de acción formativa, la ausencia de convenios en los que  es
se regulase su ejecución, o la falta de designación del coordinador por el Subdirector  o
General de Personal del coordinador del curso.  05ww
 
  Inversiones reales 
7.  En la adjudicación de los contratos por el procedimiento abierto se han puesto de manifiesto 
incumplimientos en los plazos máximos previstos en la normativa de la contratación pública 
para la adjudicación, el inicio de la ejecución y recepción de las obras, así como para la 
aprobación de la certificación final, la realización del informe sobre el estado de las obras o 
prestaciones realizadas y para la devolución de la fianza. Tampoco se cumplieron los plazos 
de tramitación del único contrato declarado de urgencia. (Epígrafe II.3.3). 
 
8.  Respecto a los contratos tramitados por el procedimiento negociado sin publicidad: 
 
a.  Los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  acotaron  los  términos  de  la 
negociación exclusivamente a la oferta económica, y aunque la normativa aplicable no 
excluye  la  posibilidad  de  usar  el  precio  como  único  elemento  sobre  el  que  versa  la 
negociación, no parece que los contactos mantenidos entre el Instituto y las empresa 
licitadoras responda a una verdadera “negociación”, que debe ser la finalidad esencial del 
procedimiento negociado para adaptar el contrato a las necesidades y objetivos del órgano 
contratante. 
 
b.  En tres contratos negociados sin publicidad por razón de la cuantía no se motivó de forma 
suficiente y adecuada la elección del procedimiento de adjudicación, al fundamentarse su 
realización en la necesaria celeridad y simplificación administrativa, cuestiones insuficientes 
por sí solas para justificar la elección del procedimiento negociado y asegurar la asignación 
eficiente del gasto público en materia de contratación cuyo aseguramiento se consigue 
fundamentalmente promoviendo la publicidad y la concurrencia. 
 
c.  En un contrato no se efectuó el número mínimo de solicitudes previstas en la Instrucción de 
la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura de 11 de octubre de 2013, 
no se concedió un plazo adecuado para la presentación de ofertas, ni se respetó el plazo 
de 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud previsto en las invitaciones, resultando 
una única oferta recibida de las tres invitaciones realizadas. A su vez, la información 
trasladada por la Subdirección del IPCE a la Junta de Contratación del MECD en su informe 
global de valoración de las ofertas presentadas no fue fiel a la información obrante en el 
expediente, al señalar que dos de las tres empresas invitadas habían rehusado realizar 
oferta alguna por “considerar que no dominaban el tema lo suficiente”, cuando el motivo 
aludido por estas dos empresas fue la insuficiencia de plazo. Asimismo, en este contrato, el 
adjudicatario no cumplió con los requisitos de solvencia económica y técnica previstos en el 
pliego de prescripciones técnicas.  
 
d.  Se han superado los plazos fijados en la normativa para diversos hitos procedimentales, 
como:  el  plazo  de  ejecución  previsto,  el  plazo  para  la  emisión  del  primer  acta  de 
comprobación de replanteo, el plazo de devolución de la fianza, o el plazo de inicio de 
ejecución de las obras del único contrato de emergencia. 
 
8.  En  los  contratos  menores  se  han  puesto  de  manifiesto  incumplimientos  derivados  de  la 
obligación de solicitar, al menos, tres ofertas, conforme a lo previsto en la Instrucción de 31 de 
julio  de  2012  de  la  Subsecretaría  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  sobre  medidas  de 
austeridad y racionalización de los gastos generales del MECD, la falta de acreditación del  s
envío efectivo de las ofertas existentes, el empleo del procedimiento de contratación menor en  e.
los contratos de dirección de obra al ser su plazo de ejecución superior a un año, así como la  w.
concesión de prórroga contraviniendo lo previsto en el artículo 23.3 del TRLCSP.  05ww
 
 
  Encomiendas de gestión 
9.  En  el  periodo  comprendido  entre  el  ejercicio  2014  a  2018  el  MECD  formalizó  para  la 
realización de diversas actuaciones en el conjunto patrimonial del Real Monasterio de Santa 
María de El Paular un Acuerdo Marco y 6  encomiendas de gestión con TRAGSA, una para la 
gestión del uso y explotación del conjunto monumental y cinco para diversas actuaciones a 
realizar en el Monasterio derivadas del Acuerdo marco citado, por un importe conjunto de 
2.958.903 euros, todos ellos vigentes durante el periodo fiscalizado. La gestión del citado 
Acuerdo marco y de las encomiendas de gestión celebradas con cargo al programa 337B 
presentó los siguientes incumplimientos y deficiencias (epígrafe II.3.4): 
a.  Insuficiente justificación de la elección y procedencia de la figura de la encomienda de 
gestión, al no quedar constancia de que dicha elección se sustentase en la realización de 
estudios de costes o rendimientos entre las distintas alternativas que avalasen la mayor 
eficiencia y eficacia del método de aprovisionamiento seleccionado. Además, en virtud del 
Acuerdo Marco de encomienda el MECD consideraba oportuno y conveniente encomendar 
a TRAGSA la realización de las citadas actuaciones para favorecer la pronta implantación y 
correcto  desarrollo  del  denominado  “Plan  de  Gestión  del  uso  y  la  explotación  del 
Monasterio”,  que,  si  bien,  a  la  finalización  de  la  fiscalización  todavía  no  había  sido 
presentado, a pesar de que la fecha de presentación era en agosto de 2014. 
b.  Falta de acreditación de la selección del medio propio efectuada por el MECD y ausencia 
de un análisis previo de la idoneidad de su marco funcional para la realización del objeto de 
la encomienda de gestión del uso y explotación del Monasterio. 
c.  Ausencia de la necesaria concreción del objeto encomendado, habiéndose dejado a la 
voluntad unilateral del medio propio la realización de muchas actuaciones esenciales, sin 
más requisito que la comunicación a la comisión de seguimiento o al acuerdo entre las 
partes. 
d.  No realización de estudios para verificar que los precios obtenidos mediante la aplicación 
de las tarifas se encontraban por debajo de su valor de mercado y determinar por tanto si la 
encomienda era una solución económicamente ventajosa 
e.  Riesgo de ineficiencias y de incentivo a la compensación de los márgenes negativos 
obtenidos por el medio propio en el sistema de retribución previsto en la encomienda de 
gestión del uso y la explotación del Monasterio. 
f.  Incumplimiento en una de las encomiendas (relativa a la actualización del Plan Director) de 
los límites establecidos en la normativa específica del medio propio para la subcontratación 
de los trabajos en las encomiendas de gestión. 
g.  Insuficiente seguimiento y control por la entidad encomendante de la ejecución de las 
actuaciones al no aplicarse los mecanismos establecidos con la extensión prevista, tales 
como la falta de acreditación de la presentación a la comisión de seguimiento de los 
informes  anuales  de  actividad  y  los  balances  contables  de  TRAGSA;  la  ausencia  de 
constancia  de  la  designación  del  coordinador  técnico  previsto  en  el  acuerdo  de 
encomienda; así como la falta de presentación del “Plan de Gestión del uso y explotación 
del Monasterio” que debía contener las líneas de actuación de la gestión del medio propio  e.e
h.  Establecimiento y cobro de tarifas por TRAGSA al MECD en una encomienda (relativa a la  05ww
rlrdaeeesddl  aaceccomccniipóótrrnnae  tsasdaenesgt e lúo)sn sud  bsepec rdoo diynceehtrscaapt toeraesmd)na pdusren e  psd2oae5r  p  l%oTúsbR  lsAdicuaGapt.oSe srAi o rre(e3cs8a .ba5a 3ldo6os s ei muernpo oser)lt  eppsoa rrataad lj uldade irc etaraadlnoizssap cyai óraenbn ocdnieaa  d(dpoiceshr faail    OE-A-2021-28able en https://
 
i.  Deficiencias, omisiones de trámites, incorrecciones en el procedimiento como: la ausencia 
del trámite de revisión del estado de las obras previo a la finalización del plazo de garantía, 
la falta de los certificados de insuficiencia de medios, o la falta de acreditación de la fecha 
efectiva de presentación de la actualización del Plan Director o de los proyectos de las 
obras  encomendadas;  así  como  retrasos  en  la  ejecución  de  las  actuaciones 
encomendadas. 
  Ingresos 
10. La gestión de los ingresos realizada por el IPCE en el ejercicio fiscalizado presentó los 
siguientes incumplimientos (epígrafe II.3.5): 
 
a.  La memoria económico-financiera de la “tasa por utilización de espacios en museos y otras 
instituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura” gestionada por el Instituto  
determinó un coste del servicio prestado que no ha estado soportado en ningún estudio de 
costes que garantizara el cumplimiento del principio de equivalencia establecido en el 
artículo 7 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos. 
b.  Los precios públicos fijados por el IPCE tampoco han estado respaldados en unos estudios 
y análisis sobre los costes económicos de la realización de las actividades o prestación de 
servicios y su grado de cobertura financiera, según lo previsto en los artículos 25 y 26.2 de 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos. 
 
c.  En relación con las acciones formativas realizadas por el IPCE, se han efectuado cobros 
en concepto de matrícula inferiores a los establecidos en la Orden CUL/1077/2011 por la 
que se fijan los precios públicos, se han establecido supuestos de gratuidad en las ofertas 
publicadas a colectivos no previstos en la citada Orden, y se han aplicado exenciones de 
pago  en  determinados  supuestos  que  no  estaban  previstas  en  las  convocatorias 
publicadas de los programas formativos. 
 
d.  La  realización  del  ingreso  de  las  matrículas  en  los  programas  formativos  sujetos  al 
convenio suscrito en 2013 entre el MECD y la ANABAD, en una cuenta corriente de 
titularidad de la ANABAD, supone un incumplimiento del art. 3.1 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de tasas y precios públicos, que impide ingresar recursos de derecho público en 
entidades  de  naturaleza  privada.  Asimismo,  y  sin  perjuicio  de  su  escasa  relevancia 
cuantitativa, los servicios contratados por la ANABAD no han estado sujetos a la normativa 
presupuestaria y de contratación pública. Por otra parte, tampoco ha quedado acreditado 
que el IPCE haya verificado la corrección de los gastos e ingresos declarados por la 
ANABAD en relación con las distintas acciones formativas. 
 Subvenciones 
11. En el ejercicio 2016 el IPCE concedió 3 subvenciones nominativas por 815.000 euros, en 
cuyos procedimientos de concesión y justificación se han detectado deficiencias que han 
afectado, principalmente, a la definición genérica del objeto de una de ellas, a la ausencia de 
constitución ni del funcionamiento efectivo de las comisiones de seguimiento, o a la falta de  
de ingreso en la AEAT de los importes de las retenciones de IRPF derivados de las facturas o 
nóminas cuyo gasto había sido objeto de subvención. (Epígrafe II.3.6).  e.e
12. L oRs EPSPPNENC TsOu rDgEieLro AnN  dÁeLl ISreISsu DltaEd LoO  dSe P  cLoAmNbEinSa Nr AdCosIO  iNnAstLruEmSe ntos  que  a  pesar  de  estar  2021-2805n https://ww
rdeeg ulolas dboise,n neos  ifnumeruoenb dleess ayr rboilelandeoss m: luoes bdleesn odmeli nPaadtorism Polnainoe Hs isdteó rCicoon sEesrpvaañcoiól n( PyH REe),s tparuervaicsitóons   BOE-A-cable e
 
 
en el RD 257/2012, cuyo artículo 10.2.c) atribuye al IPCE su elaboración y ejecución; y los 
Planes Nacionales de Información sobre el PHE, regulados en el artículo 35 de la LPHE, que 
atribuyen su elaboración periódica y aprobación al Consejo de PHE (CPHE). La falta de 
desarrollo normativo ha permitido que los 14 PPNN vigentes en el ejercicio fiscalizado, a pesar 
de su denominación como “planes”, no se hayan diseñado y enfocado como unos auténticos 
instrumentos  de  planificación  y  gestión,  sino  como  unos  elementos  metodológicos  y  de 
coordinación entre los distintos agentes intervinientes en  la conservación y restauración del 
patrimonio cultural. 
 
13. La mencionada ausencia de una planificación plurianual de las intervenciones, actuaciones y 
financiación  de  los  planes  ha  impedido  conocer  su  grado  de  ejecución  y  sus  posibles 
desviaciones. De acuerdo con los datos facilitados por el IPCE en el periodo 2012-2018 el 
IPCE desarrolló un total de 259 intervenciones con una inversión de 61.614.952 euros, 73 de 
las cuales, por importe de 5.740.996 euros, se registraron en el ejercicio 2016. 
 
14. La  estructura  y  contenido  de  los  planes  ha  sido  homogénea,  si  bien  han  presentado 
diferencias en cuanto a su nivel de concreción y detalle. En su elaboración han participación y 
colaboración los distintos agentes públicos intervinientes, si bien en ninguno de los planes han 
estado representadas todas las CCAA. 
 
15. Dentro de los planes, destaca por su importancia el Plan Nacional de Catedrales. Este plan, 
que no ha contado con un presupuesto, ni unas actuaciones y medidas concretas, se ha 
desarrollado a través de los planes directores de cada catedral, así como mediante convenios 
específicos  de  ejecución  de  las  obras  de  restauración  y  conservación  suscritos  por  el 
Ministerio, las Comunidades Autónomas y los respectivos Obispados. En la fiscalización no se 
ha dispuesto de una información global que permita conocer el grado de consecución de las 
medidas de inversión y conservación de las catedrales previstos en dichos instrumentos, así 
como el grado de ejecución de los compromisos financieros asumidos y ejecutados por cada 
uno de los agentes financiadores. 
 
16. Por lo que se refiere al seguimiento de los PPNN, se han puesto de manifiesto carencias y 
debilidades entre las que destacan la ausencia de elaboración de informes periódicos de 
evaluación y cumplimiento de los planes, la inexistencia de unos criterios concretos y objetivos 
para la designación de expertos independientes, así como la atribución a las Comisiones 
Técnicas de Seguimiento de funciones en muchos casos de imposible cumplimientos debido a 
la ausencia, en muchos casos, de unos objetivos medibles y cuantificables. 
  RESPECTO DEL ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN FINANCIERA 
17. Con  carácter  general,  el  IPCE  no  ha  efectuado  un  uso  adecuado  de  los  instrumentos 
previstos tanto en la normativa reguladora de subvenciones, presupuestaria o contable, para 
realizar un adecuado seguimiento y control de la aplicación de los principios de buena 
gestión. Las principales deficiencias presentadas han sido las siguientes: la existencia de un 
contenido  generalista  e  inconcreto  en  las  memorias  presupuestarias,  sin  detalle  de  los 
objetivos  específicos  a  alcanzar;  la  ausencia  de  indicadores  para  medir  determinadas 
actividades o la presencia de indicadores que no han proporcionado información suficiente y 
relevante para la toma de decisiones; la falta de seguimiento de los resultados obtenidos y de 
las desviaciones producidas; la falta de vinculación entre el Plan Estratégico General de  es
carácter  plurianual  existente  y  la  planificación  anual  prevista  en  las  memorias  o
presupuestarias; así como la inexistencia de un Plan Estratégico de Subvenciones en el  05ww
ejercicio fiscalizado. (Subapartado II.5).
 
  RESPECTO DEL ANÁLISIS DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 
18. El IPCE ha mantenido en el ejercicio fiscalizado una política de igualdad de trato entre mujeres 
y  hombres  en  materia  de  contratación,  si  bien  en  3  de  los  9  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares analizados no se establecieron criterios preferenciales previstos en 
el artículo 34.2 de la LOIEMH. Además, en la regulación de las subvenciones convocadas 
tampoco  se  recogió  ninguna  actuación  tendente  a  la  promoción  de  la  igualdad  efectiva. 
(Subapartado II.6). 
  RESPECTO AL ANÁLISIS DE LAS PRESCRIPCIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA 
19. El IPCE ha cumplido, en 2016, las obligaciones impuestas por la normativa en materia de 
transparencia y acceso a la información relativa a la información económica, presupuestaria y 
estadística, a excepción de algunos aspectos como la ausencia de publicidad de dos de las 
seis encomiendas de gestión analizadas o la falta de publicidad del adjudicatario y de las 
subcontrataciones  realizadas  en  las  encomiendas  publicadas.  Asimismo,  no  se  ha  dado 
respuesta a las prescripciones de transparencia en materia de planificación al no haberse 
publicado un plan estratégico plurianual aplicable al ejercicio fiscalizado. (Aparatado II.7). 
  RESPECTO  DEL  ANÁLISIS  DEL  SEGUIMIENTO  DE  LAS  RECOMENDACIONES 
FORMULADAS POR EL TRIBUNAL 
20. A la finalización de la fiscalización persistían algunas de las deficiencias e irregularidades 
señaladas en el informe anterior relativo a la gestión de la DGBA, como la ausencia de un 
instrumento de planificación plurianual en el que se prevean las actuaciones y acciones que se 
ejecutan  anualmente  en  relación  con  la  conservación,  restauración,  investigación  y 
documentación del patrimonio. (Subapartado II.8).  
 
 
 RECOMENDACIONES 
1.  Sería conveniente que el IPCE elaborara unos manuales de procedimientos de sus distintas 
áreas de gestión, definiendo las funciones y responsabilidades de cada unidad. 
 
2.  El IPCE debería reforzar los mecanismos de control interno haciendo extensible la aplicación 
del Sistema Integral de gestión Interna a todas las áreas de gestión y estableciendo registros 
y  programas  para  el  control  de  las  inversiones  realizadas  en  el  marco  de  los  PPNN. 
Asimismo, la DGBA debería formular en todo momento las instrucciones dirigidas al IPCE por 
escrito.  
 
3.  Las deficiencias puestas de manifiesto en la gestión de las subvenciones concedidas, y 
contratos y encomiendas de gestión formalizados deben superarse mediante una evaluación 
exhaustiva de los procedimientos implantados por el Instituto. 
 
4.  Sería conveniente realizar un estudio de costes adecuado de la actividad gravada con la tasa 
gestionada  por  el  IPCE  que  garantice  el  cumplimiento  del  principio  de  equivalencia 
establecido en el artículo 7 de la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así 
como determinar correctamente los costes económicos de las actuaciones de formación que 
dan lugar al cobro de precios públicos, así como su grado de cobertura financiera. 
 
5.  Los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural deberían ser regulados al objeto de determinar su 
naturaleza, finalidad y contenido. En el marco de los PPNN sería conveniente establecer aspectos tales 
como la programación plurianual, una metodología clara para la selección de los proyectos objeto de 
financiación, los procedimientos de conservación preventiva y de protección activa de los bienes 
culturales, los mecanismos adecuados de coordinación y control de las actuaciones, la promoción del 
conocimiento a través de la investigación, así como el fomento del acceso de los ciudadanos y su 
difusión. La amplitud de los PPNN y el reparto competencial previsto en la Constitución Española en 
esta materia precisaría, para que los PPNN pudieran desplegar todos sus efectos, de mecanismos ágiles 
de comunicación y colaboración entre todos los agentes implicados. 
 
6.  El IPCE debería acomodar el contenido de las memorias presupuestarias a los instrumentos 
de planificación plurianual y redefinir los indicadores de gestión de forma que proporcionen 
información  válida  para  el seguimiento  de  los  objetivos  establecidos  y  para la  toma  de 
decisiones.  Asimismo,  sería  necesaria  la  realización  de  una  adecuada  planificación 
estratégica de subvenciones que permitiera mejorar la eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos de las subvenciones concedidas, así como la eficiencia y la economía en la gestión 
de estos recursos. 
 
Madrid, 25 de julio de 2019 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle  e
ANEXOS
RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO I  -  MUESTRA DE CONTRATOS FISCALIZADOS DE CAPÍTULO 2
ANEXO II  -  MUESTRA DE CONTRATOS MAYORES FISCALIZADOS DE CAPÍTULO 6
ANEXO III  -  MUESTRA DE CONTRATOS MENORES FISCALIZADOS DE CAPÍTULO 6
ANEXO IV  -  ACTUACIONES EFECTUADAS POR EL IPCE EN EL MARCO DE LOS PLANES
NACIONALES. Ejercicio 2016 
ANEXO V  -  LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LOS PLANES NACIONALES DE PATRIMONIO
CULTURAL 
ANEXO VI  -  NÚMERO DE CATEDRALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANEXO VII  -  NÚMERO  DE  ABADÍAS,  MONASTERIOS  Y  CONVENTOS  POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
ANEXO I
Obligaciones reconocidas 2016  26.655  19.523  7.363  11.293  5.647  3.461  17.061  4.943  8.143  18.876  1.936  9.075  7.058  17.133  10.678  168.845 
Importe djudicación (con IVA)  63.973  26.031  22.090  16.940  16.940  3.775  17.061  21.031  20.184  18.876  7.744  12.100  14.117  17.133  21.356  299.351 
a
nt
edimi(**)  -  PN  PN  PN  -  CM  CM  CM  CM  CM  CM  CM  CM  CM  CM 
c
Pr
n 
echa contrato cha aprobaciógasto (CM)  01/07/2016  23/02/2016  23/02/2016  30/07/2015  29/07/2016  27/11/2015  24/02/2016  20/04/2015  25/04/2016  26/10/2015  02/02/2015  11/11/2015  21/03/2016  28/04/2016  20/05/2016 
Fe
F
/
MUESTRA DE CONTRATOS FISCALIZADOS DE CAPÍTULO 2 (euros)  Objeto de contrato  Prórroga servicio de mantenimiento y conservación del edificio sede del IPCE  Servicio de mantenimiento, gestión y administración de las redes informáticas existentes en el  IPCE  Mantenimiento del jardín exterior y apoyo al mantenimiento del jardín interior de la Subdirección general del IPCE  Explotación del servicio de cafetería y comedor-autoservicio de la Subdirección general del IPCE  Prórroga explotación del servicio de cafetería y comedor-autoservicio de la Subdirección general del IPCE  Mantenimiento de los ascensores del IPCE  Adquisición de material de conservación para las colecciones fotográficas conservadas en el archivo del IPCE  Servicio de limpieza de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera  Servicio de limpieza de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera   Alimentación de contenidos de las bases de datos de subvenciones, envío de documentación de las mismas al archivo del Ministerio  Diseño gestión y desarrollo de visitas guiadas al edificio sede IPCE  Diseño, gestión y desarrollo de visitas guiadas al edificio sede del IPCE durante el año 2016  Desarrollo de acciones vinculadas al plan nacional de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial  Producción y montaje expositivo de la exposición sobre el proceso de recuperación del Monasterio de Santa María de El Paular en el antiguo Claustro de Legos  Implantación de protocoles de mantenimiento del Plan de conservación preventiva del Real Monasterio de Santa María de El Paular 
po de ntrato (*)  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SU  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE 
  TiConcepto Nº expediente Orden copresupuestario MECD  212 1 2016/00000531  216 2 2015/00000605  213 3 2016/00000155  227 4 2015/00000276  227 5 2016/00000582  213 6 2015/00000983  22199 7 2016/00000177  22700 8 2015/00000321  22700 9 2016/00000392  22799  10 2015/00000839  22706 11 2015/00000084  22706 12 2015/00000907  22706 13 2016/00000264  22706 14 2016/00000421  22706 15 2016/00000463  TOTAL  * SE: Contrato de servicios; SU: Contrato de suministros ** PN: Procedimiento negociado; CM: Contratación menor FUENTE: Elaboración propia   
ANEXO II
Obligaciones reconocidas 2016  958  23.811  111.078  510  16.808  0  0  0  54.426  72.376  95.590  29.886  52.030  797.852  1.255.325 
Importe djudicación  37.122  447.679  180,597  39.567  1.307.069  217.600  1.014.594  112.081  383.642  72.376  95.590  68.969  52.030  816.962  4.665.462   
a
nto   
edimi(**)  PA  PA  PA  PA  PA  PA  PA  PA  PA  PN  PN  PN  PN  TE 
oc  
Pr
6  6  5  4  6  6  6  5  4  5  6  5  5  6 
ha  201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201  
Fec 1/12/ 8/07/ 4/06/ 6/02/ 6/07/ 4/07/ 4/07/ 4/08/ 2/12/ 3/11/ 2/04/ 7/04/ 2/11/ 2/03/
0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
MUESTRA DE CONTRATOS MAYORES FISCALIZADOS DE CAPÍTULO 6 (euros)  Tipo de contrato Objeto de contrato (*)  Redacción proyecto básico y de ejecución, Estudio S.S., Coordinación S.S. y Dirección obras de consolidación y SE restauración diversas zonas del Monasterio de S. Juan de los Reyes, Toledo  Obras de consolidación y restauración de diversas zonas (escalera y sacristía, iglesia y claustro) del Monasterio de OB San Juan de los Reyes  en Toledo  Obras de actuación urgente por la acción de térmidos de la cubierta de la Capilla del Santo Cristo de la Catedral de OB Santa María de Tortosa (Tarragona)  Redacción proyecto básico y Dirección obras de consolidación y restauración de las cubiertas del Monasterio de Santa SE María del Parral en Segovia.  OB Obras de consolidación y restauración de las cubiertas del Monasterio de Santa María del Parral en Segovia  SE Restauración y montaje 4 tapices del salón de estufa y 2 cortinas del cuarto mirador del Museo Cerralbo  OB Obras de consolidación y restauración tramos de la muralla Albaicín Granada  Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud, y SE Dirección de obras de Monasterio San Pedro de Arlanza.  Obras de consolidación, adecuación paisajística y puesta en valor de los restos arqueológicos del área este del OB Monasterio de Santa María de El Paular en Rascafría, Madrid  OB Obras de conservación de la catedral de Murcia  Adquisición de un equipo de microfluorescencia de rayos x para el área de investigación y formación, sección de SU análisis de materiales del IPCE  SE Trabajos de investigación y documentación sobre la producción y transformación del esparto en España  Estudio del estado de conservación de varios monumentos declarados bienes de interés cultural de titularidad estatal,  SE afectos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  OB Obras de emergencia en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Melilla  servicios; SU: Contrato de suministros        miento negociado; PNS: Procedimiento negociado sin publicidad; TE: Tramitación de emergencia    
  Concepto Nº expediente Orden presupuestario MECD  63002 1 2014/00000264  63002 2 2016/00000036  63002 3 2015/00000026  63002 4 2014/00000122  63002 5 2016/00000204  63002 6 2016/00000138  63002 7 2016/00000035  63002 8 -  63002 9 2014/00000323  63002 10 2015/00000351  62005 11 2016/00000160  64008 12 2014/00000762  64008 13 2015/00000448  63002 14 2016/00000215  TOTAL  * OB: Contrato de obras; SE: Contrato de ** PA: Procedimiento abierto; PN: ProcediFUENTE: Elaboración propia    
ANEXO III
Obligaciones reconocidas 2016         (con IVA)  0  228  228  1.720  1.720  3.669  0  1.849  1.849  4.520  3.883  3.883  12.626  12.699  16.808  17.654  8.658 
e A)  60  70  70  20  20  76  76  89  89  74  41  41  26  99  09  33  58 
portn IV 19.3 20.8 20.8 1.7 1.7 18.7 18.7 2.6 2.6 6.5 12.5 12.5 12.6 12.6 21.1 18.0 8.6
mo
I(c
Importe  (sin IVA)  16.000  17.248  17.248  1.421  1.421  15.518  15.518  2.223  2.223  5.433  10.364  10.364  10.435  10.495  17.445  14.903  7.155 
AD  016  013  013  015  015  014  014  014  014  014  015  015  015  015  015  015  015 
ha  4/2 8/2 8/2 3/2 3/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2 4/2 0/2 0/2 7/2 7/2 0/2
c 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Fe 04/ 20/ 20/ 24/ 24/ 09/ 09/ 15/ 15/ 15/ 14/ 14/ 26/ 26/ 24/ 24/ 30/
6 
UESTRA DE CONTRATOS MENORES FISCALIZADOS DE CAPÍTULO (euros)  Objeto de contrato  Adquisición de un equipo para la limpieza y reducción electrolítica de material metálico de procedencia subacuática (PLECO)  Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de restauración del Convento de San José de las Batuecas en La Alberca (Salamanca)  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración del Convento de San José de las Batuecas en La Alberca (Salamanca)  Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de restauración del Convento de San José de las Batuecas en La Alberca (Salamanca)  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración del Convento de San José de las Batuecas en La Alberca (Salamanca)  Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración de la cortina sureste del Castillo de San Fernando en Figueras (Gerona)  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración de la cortina sureste del Castillo de San Fernando en Figueras (Gerona)  Arquitecto director y coordinación de seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración de las fachadas principal y de la torre de la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat en Madrid   Arquitecto director y coordinación de seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración de las fachadas principal y de la torre de la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat en Madrid  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración de las fachadas principal y de la torre de la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat en Madrid   Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de obras de consolidación y restauración de la sacristía y ábside de la Colegiata de Santa María La Mayor Calatayud (Zaragoza)  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de la seguridad y salud de obras de consolidación y restauración de la sacristía y ábside de la Colegiata de Santa María La Mayor Calatayud (Zaragoza)  Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración del Alcázar del Rey Don Pedro en Carmona, Sevilla     Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración del Alcázar del Rey Don Pedro en Carmona, Sevilla     Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración del templo del convento de Santa María de las Huertas en Lorca, Murcia  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración del templo del convento de Santa María de las Huertas en Lorca, Murcia  Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración de la zona de acceso y la zona oeste de la plaza de San Fernando del Castillo de Sagunto, Valencia  
M po de ntrato (*)  SU  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE  SE 
Tico
nte  319  880  880  880  880  977  977  918  918  918  269  269  589  589  616  616  777 
Nº expedieMECD  2016/00000 2013/00000 2013/00000 2013/00000 2013/00000 2014/00000 2014/00000 2014/00000 2014/00000 2014/00000 2015/00000 2015/00000 2015/00000 2015/00000 2015/00000 2015/00000 2015/00000 s
n  oe.
Orde 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  05www.b
Concepto presupuestario  62005  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002  63002    cve: BOE-A-2021-28Verificable en https://
Obligaciones reconocidas 2016         (con IVA)  8.658  18.810  7.433  0  0  2.183  2.183  10.701  10.701  10.817  10.769  7.058  7.252  188.559 
e A)  58  10  16  60  39  49  49  72  72  35  38  58  56  63 
portn IV 8.6 18.8 15.3 7.2 7.1 15.3 15.3 20.8 20.8 21.6 21.5 7.0 21.7 13.8
mo 4
I(c
Importe  (sin IVA)  7.155  15.545  12.658  6.000  5.900  12.685  12.685  17.250  17.250  17.880  17.800  5.993  17.980  342.195 
AD  015  015  014  014  014  014  014  014  014  016  016  016  016 
ha  0/2 0/2 8/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 7/2 7/2 5/2 5/2
c 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Fe 30/ 30/ 06/ 01/ 01/ 22/ 22/ 09/ 09/ 19/ 19/ 10/ 10/
Tipo de contrato Objeto de contrato (*)  Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación y restauración de la SE zona de acceso y la zona oeste de la plaza de San Fernando del Castillo de Sagunto, Valencia  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación y SE restauración de la zona de acceso y la zona oeste de la plaza de San Fernando del Castillo de Sagunto, Valencia  Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud, SE y dirección de obras de conservación en la Catedral de Murcia  SE Arquitecto director y coordinadoción de la seguridad y salud de obras en Galeria La Artesa  SE Arquitecto técnico para la dirección y coordinadoción de la seguridad y salud de obras en Galeria La Artesa  Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación, adecuación paisajística SE y puesta en valor de los restos arqueológicos del área este del Monasterio de Santa María de El Paular  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de la seguridad y salud de las obras de consolidación, SE adecuación paisajística y puesta en valor de los restos arqueológicos del área este del Monasterio de Santa María de El Paular  Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de restauración del claustro de Legos SE para centro de recepción de visitantes del Monasterio de Santa María de El Paular  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de la seguridad y salud de las obras de restauración del SE claustro de Legos para centro de recepción de visitantes del Monasterio de Santa María de El Paular Arquitecto director y coordinación de la seguridad y salud de las obras de restauración y rehabilitación de la SE planta baja de la panda norte del claustro mayor para centro de espiritualidad en el Monasterio de Santa María de El Paular  Arquitecto técnico para la dirección y coordinación de la seguridad y salud de las obras de restauración y SE rehabilitación de la planta baja de la panda norte del claustro mayor para centro de espiritualidad en el Monasterio de Santa María de El Paular   SE Desarrollo de acciones vinculadas al Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio cultural Inmaterial  Estudio de documentación, Investigación y trabajo de campo para elaborar inventario de patrimonio cultural SE inmaterial en Navarra  SU: Contrato de suministros      
Concepto Nº expediente Orden presupuestario MECD  63002 32 2015/00000778  63002 33 2015/00000777  63002 34 2014/00000591  63002 35 2014/00000935  63002 36 2014/00000935  63002 37 2014/00001024  63002 38 2014/00001024  63002 39 2014/00000932  63002 40 2014/00000932  63002 41 2016/00000694  63002 42 2016/00000694  64008 43 2016/00000263  64008 44 2016/00000395  TOTAL  * OB: Contrato de obras; SE: Contrato de servicios; FUENTE: Elaboración propia  
ANEXO IV
ACTUACIONES EFECTUADAS POR EL IPCE EN EL MARCO DE LOS PLANES NACIONALES 
Ejercicio 2016 
(euros) 
Subconcepto  Obligaciones 
PLAN NACIONAL  Descripción expediente 
presupuestario  Reconocidas 
63002  Restauración del campanario y claustro de la Catedral   107.607 
63008  Conservación y restauración del coro de la Catedral de Plasencia (Cáceres)  272.468 
Obras de actuación urgente por la acción de términos de la cubierta de la capilla del Santo 
63002  111.078 
Cristo de la Catedral de Santa María de Tortosa (Tarragona) 
Obras de restauración de la sala capitular y cubiertas de la naves laterales  de Santa María  
63002  190.491 
de Calahorra (La Rioja) 
Obras de consolidación y restauración de la cubiertas del cimborrio, ábside y piedad de la 
63002  512.940 
P. N. CATEDRALES  catedral de Santa Marai D’Urgel  (Lleida) 
63002  Obras de intervención en las cubiertas pabellón 2 de la Catedral de Jaén  125.961 
Conservación y restauración de la escultura policromada de Nuestra Señora de la Virgen 
63008  52.359 
Blanca 
63002  Obras de conservación de la Catedral de Murcia  79.809 
Conservación y restauración del Alfarje "Tanto Monta" del Palacio Episcopal viejo anejo a la 
63008  197.609 
Catedral de Huesca 
1.650.322 
   
Encomienda de gestión para la redacción del proyecto y la ejecución de obras de restauración 
63002  640.533 
y rehabilitación del claustro de Legos para el monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid) 
Encomienda de gestión para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de 
63002  restauración de la galería de la ARTESA en el Monasterio de Santa María de El Paular en  21.345 
Rascafría (Madrid) 
Obras de consolidación, adecuación paisajística y puesta en valor de los restos arqueológicos 
63002  58.792 
del área del monasterio de Santa María de El Paular en Rascafría (Madrid) 
P.N. ABADfAS, 
Encomienda de gestión a la empresa pública TRAGSA para la redacción proyecto y la 
MONASTERIOS Y 
63002  ejecución de obras de restauración y rehabilitación planta baja de la Panda Norte del claustro  608.794 
CONVENTOS 
mayor para el Monasterio de Santa María de El Paular en Rascafria (Madrid) 
63002  Obras de restauración de las cubiertas del Real Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe  497.720 
Obras de consolidación y restauración de diversas zonas, escalera y sacristía, iglesia y 
63002  24.769 
claustro del Monasterio de San Juan de los Reyes 
Obras de consolidación y restauración de las cubiertas del monasterio de Santa María del 
63002  17.318 
Parral en Segovia 
   1.869.271 
 
63002  Obras de consolidación y restauración de la cortina sureste del castillo de Figueras (Girona)  46.994 
P. N. 
ARQUITECTURA  63002  Obras de consolidación y restauración  del Alcazar del Rey don Pedro en Carmona (Sevilla)  372.150 
DEFENSIVA  Obras de restauración en la muralla de Jerez de los Caballeros (Badajoz) parte meridional, 
63002  86.850 
  calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucia 
63002  Obras de consolidación y restauración del Castillo de Ucero (Soria)  40.665 
 
Obras de consolidación y restauración de la ciudadela del castillo de San Pedro en Jaca 
63002  334.426 
(Huesca) 
  Redacción proyecto básico y de ejecución, estudio , coordinación y dirección de obras de 
63002  8.336 
restauración puerta de San Vicente y del Alcazar de las Murallas de Avila 
  Redacción proyectos básico y de ejecución y restauración de la Puerta del Cambrón de las 
63002  13.189 
Murallas de Toledo 
  Obras menores  de reparaciones puntuales y urgentes en el Castillo de Montearagón en 
63002  1.771 
Quincena (Huesca) 
  64008  Redacción del Plan Director de las Murallas de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)  36.886 
64008  Elaboración de un nuevo plan director del Castillo de Elda (Alicante)  29.040  es
  e.
Estudio del estado de conservación de varios monumentos declarados bienes de interés  b
64008  52.030  w.
  cultural de titularidad estatal, afectos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  05ww
   6633000022   OSDdeaibr nerlaa cF scPe idólraennz a cadno eddn oelsa  oseSl niaod nbea rlcF aCieósar ndns eyati  nlrcloedo sondt seado ueSlrli adaCcagaicuósinnótti nlodlo  ey( V  dlraeae  lszeStoananucgairuaa n)dc teioó  an(cV dcaeel eslano c zyioa ln)a a z doena a coceessteo  dye l ala z Ponlaaz ao edsete   52326..512206   OE-A-2021-28able en https://
     1.580.983   
 
 
Subconcepto  Obligaciones 
PLAN NACIONAL  Descripción expediente 
presupuestario  Reconocidas 
Restauración diversas edificaciones en el pozo de Santa Bárbara, el Valle del río Turón en 
63002  92.400 
Mieres (Asturias) 
P.N. PATRIMONIO 
64008  Servicio de catálogo de los Faros con interés patrimonial en España  21.216 
INDUSTRIAL 
Estudio del Paisaje de la Industria azucarera en la Vega de Granada  21.175 
 
   134.791 
 
Redacción del plan director del paisaje cultural en Isla de Sálvora y su arquitectura tradicional 
64008  10.603 
Pontevedra 
P. N. PAISAJE  64008  Servicio de realización de un inventario cartográfico digital de 100 paisajes culturales de  21.175 
CULTURAL  España 
64008  Elaboración de documentación para el estudio de la situación legal del paisaje en España  14.300 
   46.078 
 
Realización de un estudio de buenas prácticas en las intervenciones de arquitectura 
64008  20.630 
tradicional española en el marco del Plan Nacional 
Documentación e investigación para conocimiento de los sistemas tradicionales, así como de 
64008  16.705 
la extracción, utilización y puesta en obra de los materiales tradiciones en España 
Servicio realización de estudio de documentación en el Plan Nacional de Arquitectura 
64008  4.235 
Tradicional de viabilidad estudio piloto en los Pedroches (Córdoba) 
Realización de ficha de catalogación de la música y danza tradicional española en dos 
64008  16.063 
comarcas españolas 
Inventario de viviendas subterráneas según plan nacional de arquitectura tradicional en 
P. N.  64008  11.551 
Caravaca de la Cruz (Murcia) 
ARQUITECTURA 
Desarrollo de acciones vinculadas al Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
TRADICIONAL  64008  7.058,33 
Inmaterial 
Análisis de principios de ordenación e instrumentos urbanísticos para protección arquitectura 
64008  10.285 
tradicional en municipios rurales en España 
Estudio del Yeso tradicional en España, su estado de conservación y propuesta para su 
64008  20.812 
revalorización y difusión 
Plan de gestión desarrollo estrategias de compatibilizar el impacto de turismo con la 
64008  arquitectura tradicional estudio piloto en la Isla Formentera Plan Nacional Arquitectura  10.282 
Tradicional 
   117.621 
 
Trabajos de investigación y documentación sobre la producción y transformación del Esparto 
64008  29.886 
en España 
64008  Realización de inventario sobre patrimonio cultural inmaterial en la Comunidad Valenciana  13.493 
Inventario del Patrimonio Cultural inmaterial menorquín a través de documentación 
64008  0 
Etnográfica participativa 
P. N. DE 
Estudio de documentación, investigación y trabajo de campo para elaborar inventario de 
SALVAGUARDIA DEL  64008  7.252 
patrimonio cultural inmaterial en Navarra. Plan Nacional Salvaguarda del PCI 
PATRIMONIO 
CULTURAL  64008  Estudio y diagnóstico de los sistemas de trashumancia en áreas de montaña del sureste  7.058 
INMATERIAL  peninsular y Mediterráneo 
Directorio de órganos AGE con fondos fotográficos y audiovisuales interés patrimonio 
64008  9.650 
etnográfico e inmaterial 
Realización del Plan para la confección de inventario del PCI en reserva biosfera tierras Ebro 
64008  9.619 
extrapolable a otras áreas españolas 
   76.958 
 
Control y seguimiento del biodeterioro y de las condiciones ambientales del agua de filtración 
64008  y de las emisiones de gas radón de la cueva de Altamira establecidas en el Plan de  30.250 
conservación preventiva de la cueva de Altamira 
. N. DE  Validación de vitrinas con atmosferas de aire y anoxia para conservación de bienes culturales 
INVESTIGACiON en  64008  delicados y singulares  21.623  e.es
c oPnCAsUTeLRrvTIaMUcORioANnLI OD  E  666444000000888    SdEcSuueselrtrrt auvvudniirccaitoiieoloe    tesddél ee cea n naeñi clsopimot iu2e edd0dnei1rot a6ae c  cvpoiaoónllnu icv ardidoceiemó ocnao  eddnnaeted l noriisedcsoogspo di ope a l droeab  sllaae  rrinveatjeatro dvreeion  ladci eóC nian tdveeeds rrtaeigls adtaceui óGranrc aeinónan c deoann  sbeiervnaecsió n  11274...173925018    OE-A-2021-2805able en https://www.b
 
Subconcepto  Obligaciones 
PLAN NACIONAL  Descripción expediente 
presupuestario  Reconocidas 
TA-Aplicación de varias técnicas de tratamientos de limpieza de restos fósiles de vertebrados 
64008  9.196 
del yacimiento paleontológico de lo hueco. Fuetes (Cuenca) 
  TA-aplicación de técnicas electroquímicas para la caracterización y tratamiento de las 
64008  4.840 
Monedas de Plata 
   100.178 
 
Estudio de contaminantes en museos estatales de la Comunidad de Madrid y diseño de 
64008  7.220 
medidas conservación preventiva  
64008  Servicio de colaboración edición texto referencia conservación preventiva bienes inmuebles  10.648 
64008  Estudio de contaminantes que afectan a la conservación de bienes culturales en Vitrinas  1.794 
Acciones de seguimiento de condiciones ambientales de infiltración agua y emisiones de gas 
64008  21.538 
Radón en el PCP de la cueva de Altamira. 
P. N. DE 
Validación y difusión del proyecto implantación conservación preventiva en exposiciones 
CONSERVACIÓN  64008  5.384 
temporales de bienes culturales 
PREVENTIVA 
Implantación de protocolos de mantenimiento del Plan de conservación preventiva del Real 
64008  10.678 
Monasterio de Santa María de El Paular 
Estudio y optimización de la técnica de diagnóstico por imagen en fluorescencia ultravioleta 
64008  14.293 
sobre bienes culturales textiles 
64008  Servicio de cuantificación del riesgo de deterioro de los bienes muebles en espacios interiores  9.492 
   81.047 
 
P. N DE 
    0 
CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
    0 
FOTOGRAFICO 
Análisis de uso y propuestas de desarrollo de APPS, dispositivos móviles y mobile learning en 
64008  14.520 
la educación patrimonial 
Diseño, desarrollo y puesta en marcha de maleta educativa de apoyo a la arquitectura 
64008  14.117 
tradicional. 
Proyecto didáctico enseñanza arte rupestre del arco mediterráneo en etapas educativas en 
P. N. DE EDUCACION  64008  11.293 
las CCAA Aragón, Comunidad Valenciana y Región de Murcia 
Y PATRIMONIO 
Relación de estudio sobre estrategias de educación para reconocimiento del patrimonio 
64008  7.260 
cultural a través de la negociación social 
Servicio de realización de inventario, análisis y evaluación de programas educativos 
64008  10.890 
centrados en el patrimonio cultural inmaterial 
   58.080 
 
P. N. DE 
Evaluación de incidencia de riesgo catastrófico en sede del IPCE medidas preventivas de 
EMERGENCIAS Y  64008  14.928 
protección bienes culturales allí depositados en situaciones de emergencia 
GESTI0N DE riesgos 
EN PATRIMONIO 
   14.928 
CULTURAL   
P.N. PATRIMONIO S.  64008  Mapa del Patrimonio sonoro no musical de España. Proyecto Piloto  10.738,74 
XX 
   10.739 
 
TOTAL      5.740.996 
FUENTE: Elaboración propia 
ANEXO V
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LOS PLANES NACIONALES DE PATRIMONIO CULTURAL 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
-  Cuestionario a las CCAA sobre la situación de las Catedrales y diagnóstico de problemas. 
-  Identificación de bienes (inventarios). 
-  Elaboración y redacción de Planes directores. 
-  Revisión y actualización de los Planes Directores de cada Catedral. 
PNC 
-  Cartas de riesgo para establecer estrategias de protección y conservación preventiva. 
-  Actuaciones de Conservación y restauración. 
-  Programas específicos de documentación e investigación. 
-  Acciones de formación, accesibilidad y difusión. 
-  Identificación y clasificación de los bienes mediante la elaboración de inventarios y catálogos. 
-  Análisis y cualificación de los bienes mediante elaboración de Fichas Técnicas de bienes sobre su 
situación. 
-  Planes Directores para cada bien. 
PNAMC  -  Cartas de riesgo para establecer la conservación preventiva. 
-  Actuaciones de mantenimiento 
-  Actuaciones de Conservación y restauración. 
-  Programas específicos de documentación e investigación. 
-  Acciones de formación, accesibilidad y difusión. 
-  Estudio y diagnóstico, con la elaboración de un inventario, para un futuro Catálogo nacional de 
Arquitectura Defensiva. 
-  Investigación y estudios 
PNAD 
-  Cartas de riesgo, planes estratégicos, planes directores. 
-  Actuaciones de Conservación y mantenimiento. 
-  Acciones de formación, accesibilidad y difusión. 
-  Elaboración de una lista de los principales elementos de los sectores del patrimonio industrial 
enumerados en el PN anterior. Confeccionar un inventario general. 
-  Fomentar estudios sobre la cultura industrial. 
-  Redactar Planes directores. 
PNPI  -  Difundir ejemplos de buenas prácticas en la preservación y reutilización del patrimonio industrial. 
-  Localizar los paisajes industriales más importantes e iniciar con las CCAA planes de protección. 
-  Fomentar el turismo industrial y difundir ejemplos de regeneración de barrios y territorios. 
-  Plan de inversión en bienes de patrimonio industrial que cumplan con los criterios definidos en el 
PN. 
- Documentación e investigación: elaboración de un inventario/Registro de paisajes; elaboración de 
catálogos; estudios; proyectos de investigación. 
PNPC  - Formación y difusión. 
- Intervenciones: elaboración de planes directores de los paisajes más significativos; proyectos de 
intervención o fomento de turismo cultural. 
- Documentación: Inventario, y elaborar marco conceptual. 
- Investigación: fomento de estudios de investigación. 
- Protección: actuaciones y estudio de nuevas prácticas de protección. 
- Conservación e intervención: actuaciones, difundir buenas prácticas, desarrollo y mejora de 
PNCSXX 
proyectos. 
- Formación. 
- Fomento y difusión.  s
- Adquisición y recuperación.  e.
PNAT  --  dPPPirlrraooetggcarrtfoaaormmremaasa   dyd d eepe  lipa nArnvoreeqtessuc tiietcgesiaócpcnteui:óc rdniaao  lyTet arsdar,o  ddfciieccu himopanresoan tdlet.a ecc cciióóonnn: t jeeunsríitdduoidc iapo asor  daime e pilnauvblseoasrrat irgla au vcnai óilnonvr, aemcniatóannrui oya, l pecrsroe, tagecucicíóainós n,d .pe l aunneas   2021-2805n https://www.
--  PPrrooggrraammaa  ddee  idnitfeursvióenn,c tiróann ys mreisciuópne yra ccoióonp edrea cloiósn s. istemas tradicionales.  BOE-A-cable e
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
- Programa de investigación y documentación. 
- Programa de conservación de los soportes materiales del PCI. 
PNSPCI  - Programa de formación, transmisión, promoción y difusión del PCI (a través de internet y redes 
sociales entre otros). Creación de centros de interpretación del PCI en ámbitos locales. 
- Establecimiento de criterios y buenas prácticas en la explotación turística. 
- Programa de conservación y medio ambiente. 
- Programa de materiales y nuevas tecnologías de estudio y análisis. 
- Programa de estudio de la tecnología de los bienes culturales. 
- Programa de economía, valor social y sostenibilidad 
PNIC 
Programa de puesta a punto y mejora de metodología y protocolos de conservación y restauración 
Observatorio de investigación en conservación (que no se plantea como un programa de 
investigación como los anteriores, sino como un instrumento transversal de implementación del PN, 
liderado por la Comisión de Expertos) 
- Propuesta de estudios e investigación. 
- Propuesta de proyectos piloto de conservación. 
PNCP 
- Propuesta de formación de profesionales. 
- Propuesta de difusión. 
- Conservación de originales y preservación digital. 
- Descripción de fondos y colecciones. 
- Uso y difusión. 
- Formación. 
PNPF 
- Política de adquisiciones. 
- Propiedad intelectual. 
- Creación de un Observatorio sobre Patrimonio Fotográfico que "asesore en materia de gestión, 
conservación y difusión de fotografía, promueva la articulación de una red nacional de centros" 
- Programa de investigación en educación patrimonial e innovación en didáctica del patrimonio. 
- Programa de formación de educadores, gestores y otros agentes culturales e investigación en 
PNEP 
educación patrimonial. 
- Programa de difusión. 
- Creación de unidades de gestión de emergencias en patrimonio cultural en las CCAA coordinadas 
con Protección Civil. 
- Programa de investigación y documentación: mapa de riesgos 
PNE 
- Planes de emergencia de bienes culturales. 
- Programas de formación. 
- Programa de difusión 
- Protección de los yacimientos arqueológicos en las aguas jurisdiccionales españolas 
PNSUB 
- Protección de los pecios españoles en aguas internacionales o terceros países 
FUENTE: Elaboración propia 
 
ANEXO VI
NÚMERO DE CATEDRALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Nº  CATEDRAL - LOCALIDAD  COMUNIDAD AUTÓNOMA 
1  Almería  
2  Baeza (Jaén) 
3  Baza (Granada) 
4  Vieja de Cádiz 
5  Nueva de Cádiz 
6  Córdoba 
7  Granada  ANDALUCÍA 
8  Guadix (Granada) 
9  Huelva 
10  Jaén 
11  Jerez de la Frontera (Cádiz) 
12  Málaga 
13  Sevilla 
14  Barbastro (Huesca) 
15  Monzón (Huesca) 
16  Huesca 
17  Jaca (Huesca) 
18  Roda de Isábena (Huesca) 
ARAGÓN 
19  Tarazona (Huesca) 
20  Albarracín (Teruel) 
21  Teruel 
22  Zaragoza (La Seo) 
23  Zaragoza (El Pilar) 
24  Oviedo  ASTURIAS 
25  Mallorca 
26  Ciudadela (Menorca)  BALEARES 
27  Ibiza 
28  La Laguna (Tenerife) 
CANARIAS 
29  Las Palmas (Gran Canaria) 
30  Santander  CANTABRIA 
31  Albacete 
32  Ciudad Real 
33  Cuenca 
CASTILLA-LA MANCHA 
34  Sigüenza (Guadalajara) 
35  Guadalajara 
36  Toledo 
37  Astorga (León) 
38  Ávila 
39  Burgos 
40  Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
41  León 
42  Burgo de Osma (Soria)  s
43  Soria  CASTILLA Y LEÓN  oe.
44  Palencia  w.
45  Vieja de Salamanca  05ww
4467   NSeugeovvai ad e Salamanca
48  Valladolid
49  Zamora  Bc
  
 
 
Nº  CATEDRAL - LOCALIDAD  COMUNIDAD AUTÓNOMA 
50  Barcelona 
51  Girona 
52  Nueva de Lérida 
53  Vieja de Lérida 
54  Manresa (Barcelona) 
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 
55 
No es bien de interés cultural 
CATALUÑA 
56  Solsona (Lérida) 
57  Tarragona 
Terrassa (Barcelona) 
58 
No es bien de interés cultural 
59  Tortosa (Tarragona) 
60  Seo de Urgell (Lleida) 
61  Vic (Barcelona 
62  Ceuta   CEUTA 
63  Orihuela (Alicante) 
64  Alicante 
65  Segorbe (Castellón)  COMUNIDAD VALENCIANA 
66  Castellón 
67  Valencia 
68  Cáceres  
69  Coria (Cáceres) 
70  Badajoz  EXTREMADURA 
71  Mérida (Badajoz) 
72  Plasencia 
73  Lugo  
74  Mondoñedo (Lugo) 
75  Orense  GALICIA 
76  Santiago de Compostela 
77  Tuy (Pontevedra) 
78  Santo Domingo de la Calzada 
79  Calahorra  LA RIOJA 
80  Logroño 
81  Alcalá de Henares (Madrid) 
82  Getafe (Madrid) 
83  Madrid-La Almudena  MADRID 
84  Madrid-Fuerzas Armadas 
85  Madrid-San Isidro 
86  Tudela (Navarra) 
NAVARRA 
87  Pamplona 
88  Bilbao  
89  San Sebastián 
PAÍS VASCO 
90  Vieja de Vitoria (Álava)  s
91  Nueva de Vitoria (Álava)  e.
92  Cartagena (Murcia)  w.
  F  U9E3 NTE: ElMaubrociraa ción propia   REGIÓN DE MURCIA  OE-A-2021-2805able en https://ww
ANEXO VII
NÚMERO DE ABADÍAS, MONASTERIOS Y CONVENTOS  
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
TOTAL  TOTAL  
COMUNIDAD AUTÓNOMA  PROVINCIA 
Provincia  Comunidad Autónoma 
Almería  4 
Cádiz  5 
Córdoba  15 
Granada  10 
ANDALUCÍA  87 
Huelva  6 
Jaén  10 
Málaga  11 
Sevilla  26 
Huesca  11 
ARAGÓN  Teruel  4  29 
Zaragoza  14 
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)  Asturias  10  10 
BALEARS (ILLES)  Illes Balears  14  14 
Las Palmas  1 
CANARIAS  12 
Santa Cruz de Tenerife  11 
CANTABRIA  Cantabria  4  4 
Ávila  12 
Burgos  16 
León  14 
Palencia  11 
CASTILLA Y LEÓN  Salamanca  15  112 
Segovia  11 
Soria  6 
Valladolid  21 
Zamora  6 
Albacete  3 
Ciudad Real  8 
CASTILLA-LA MANCHA  Cuenca  12  68 
Guadalajara  14 
Toledo  31 
Barcelona  22 
Girona  19 
CATALUÑA  60 
Lleida  14 
Tarragona  5 
Alicante  3 
COMUNITAT VALENCIANA  Castellón  3  20 
Valencia  14 
Badajoz   10 
EXTREMADURA  23 
Cáceres  13 
A Coruña  11 
Lugo  11 
GALICIA  42 
Ourense  11 
Pontevedra  9 
MADRID (COMUNIDAD DE)  Madrid  29  29 
MURCIA (REGIÓN DE)  Murcia   14  14  s
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)  Navarra  10  10  oe.
Álava  1  w.
PAÍS VASCO  Guipúzcoa  12  13  05ww
RMIEOLJIALL (ALA )  L a Rioja  91   91 
TOTAL ABADÍAS, MONASTERIOS Y CONVENTOS DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL  557
FUENTE: Elaboración propia