BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23473
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3345 Sala Primera. Sentencia 20/2020, de 10 de febrero de 2020. Cuestión de 
inconstitucionalidad 4268-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala 
de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Extremadura, en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 
15/2001,  de  14  de  diciembre,  de  suelo  y  ordenación  territorial  de 
Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y con 
la disposición adicional única de esta última ley. Competencias de protección 
ambiental  y  urbanismo:  extinción  parcial  de  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad en cuanto tiene por objeto un precepto legal anulado por 
la STC 134/2019, de 13 de noviembre; constitucionalidad del precepto legal 
relativo a la homologación de los instrumentos de planeamiento territorial y 
urbanístico vigentes al momento de entrada en vigor de la nueva ley.
ECLI:ES:TC:2020:20
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4268-2019, planteada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 
de diciembre, de suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por 
la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y con la disposición adicional única de esta última ley. 
Han comparecido y formulado alegaciones la Junta de Extremadura, la Asamblea de 
Extremadura y la asociación CODA-Ecologistas en Acción, y ha intervenido la fiscal 
general del Estado. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  El 9 de julio de 2019 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un oficio 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, al que se acompañaba, junto al testimonio del procedimiento 
ordinario núm. 1285-2011, el auto de 10 de junio de 2019, por el que se acuerda plantear 
cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la 
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la  e
redacción dada por el art. único de la Ley 9/2011, de 29 de marzo (en adelante,  bo
Ley 9/2011), y con la disposición adicional única de esta última ley. 45ww
2.  Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  Por sentencia núm. 196/2011, de 9 de marzo, recaída en el recurso núm. 561-2007 
interpuesto por la asociación Ecologistas en Acción-CODA, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró la nulidad del 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 55/2007, de 10 de abril, por el 
que se aprobaba definitivamente el proyecto de interés regional (PIR) «Complejo turístico, 
de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas» promovido por la mercantil 
Marina Isla de Valdecañas, S.A., por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Asimismo, se 
ordenó la reposición de los terrenos a la situación anterior a la aprobación de dicho 
proyecto. En la misma fecha la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó la sentencia 
núm. 195/2011 de idéntico contenido, en respuesta al recurso núm. 753-2007, interpuesto 
por otra asociación ecologista [Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos 
de Extremadura (ADENEX)] contra el mismo proyecto.
El objeto del proyecto de interés regional declarado nulo era la construcción de un 
complejo turístico en el término municipal de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una 
isla de 134,5 hectáreas de superficie existente en el pantano de Valdecañas, y cuyos 
terrenos están integrados en la zona especial de protección de aves (ZEPA) ES0000329, 
denominada «Embalse de Valdecañas», así como en una masa de agua declarada de 
lugar  de  importancia  comunitaria  (LIC)  ES43200329,  denominado  «Márgenes  de 
Valdecañas». La finalidad del proyecto de interés regional era la construcción en esa 
superficie de dos hoteles de 150 habitaciones, 250 bungalós, 310 viviendas unifamiliares 
y cinco viviendas en parcelas de 2.000 m2.  Además, se instalarían equipamientos 
deportivos y de ocio consistentes en: un campo de golf de 18 hoyos; pistas de tenis, 
squash, pádel, piscinas, circuito de bicicletas, embarcadero, marina seca, playa artificial, 
pesca,  campo  de  fútbol  y  atletismo  y  pistas  deportivas.  El  complejo  requería  una 
carretera de acceso de 1.800 metros, planta de abastecimiento y potabilización de 
aguas, saneamiento y sistema de tratamiento de aguas residuales, electrificación y 
subestación, instalación y suministro de gas centralizado y dique para formación de una 
playa artificial.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sobre la base de que los proyectos 
de  interés  regional  requieren  para  su  validez  la  concurrencia  de  un  objeto  de  los 
establecidos en la ley, una declaración de su necesidad de interés regional y una 
declaración de la utilidad pública o interés social de tal objeto, consideró que: i) el 
proyecto de interés regional no quedaba amparado en los concretos objetos que pueden 
legitimarlo, conforme al art. 60 de la Ley 15/2001; ii) existe la más absoluta falta de 
motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más 
decisivo a los efectos de la naturaleza del proyecto de interés regional aprobado, sobre 
la oportunidad de efectuar la reclasificación de unos terrenos de especial protección a 
suelo urbanizable; y iii) los terrenos afectados por el proyecto estaban integrados en la 
Red Natura 2000 y sometidos por ello a un régimen de especial protección por la 
legislación sectorial, que los califica como suelo no urbanizable de especial protección, 
añadiendo la sala que esa clasificación es de configuración legal e indisponible para el 
planificador.
Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura fueron confirmadas 
por las del Tribunal Supremo de fecha 29 de enero de 2014 (recursos de casación núm. 
2419-2011 y 2940-2011). En los recursos de casación se alegaba que la mera inclusión 
de unos terrenos en la Red Natura 2000 no implicaba necesariamente su condición de  e.
suelo no urbanizable de protección especial, ni lo hacía totalmente incompatible con la  w.b
transformación urbanística. 45ww
remSisiinó ne ma bparrognou, nlac iaSmailean dtoes  lop rCevoinotse, nrcaiozsoon-óA dqmuein islatr aintivcolu sdióenl  Tdrieb uunnaol sS uteprrreemnoos, , cdoen 
a(ZcEuPerAd)o o c eonn  elal  ánmobrmitoa tdivea  uenu lruogpaera ,d ee nin tuenréas  zcoonma udneit aerisop (eLcIiCal) , pyr ostue cacfieócnc idóen  ala sla  aRveeds 
Natura  2000,  sí  comportaba  la  sujeción  de  esos  terrenos  a  unos  regímenes  de
protección que, de conformidad con la normativa estatal sobre suelo, hace preceptiva su 
clasificación como suelo no urbanizable de especial protección, incompatible con la 
urbanización. Una vez firme la sentencia de instancia, se abrió el trámite de ejecución.
b)  Por Ley de la Asamblea de Extremadura 9/2011, de 29 de marzo, se modificó el 
art. 11 de la Ley 15/2001 para, en esencia, incorporar un nuevo párrafo segundo al 
apartado tercero.1 b) con el siguiente tenor: «La mera inclusión de unos terrenos en la 
red ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no 
urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la 
preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del 
área, y comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los 
terrenos  que  expresamente  se  autoricen  en  el  correspondiente  procedimiento  de 
evaluación ambiental».
La disposición adicional única de la Ley de 9/2011, por su parte, establecía un 
procedimiento de homologación para los instrumentos de ordenación del territorio y de 
ordenación  urbanística  vigentes  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  dicha  ley; 
procedimiento de homologación que se siguió en relación con el proyecto de interés 
regional promovido por Marina Isla de Valdecañas, S.A. La homologación se aprobó 
mediante resolución de 28 de julio de 2011, de la comisión de urbanismo y ordenación 
del territorio de Extremadura, que declaró el proyecto adecuado a la nueva redacción de 
la Ley 15/2001 introducida por la Ley 9/2011.
Las asociaciones Ecologistas en Acción-CODA y Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX), recurrentes en los procesos que 
desembocaron en la anulación del Decreto 55/2007, impugnaron igualmente la resolución 
de homologación. Se dio lugar así al procedimiento ordinario núm. 1285-2011 (Ecologistas 
en Acción-CODA), en el que se ha planteado la presente cuestión de inconstitucionalidad 
núm. 4268-2019, al procedimiento ordinario núm. 1375-2011 (ADENEX), dentro del cual 
se  plantea  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  2560-2019,  y  al  procedimiento 
ordinario núm. 1463-2011 (Ecologistas en Acción-CODA), en el que se ha planteado la 
cuestión de inconstitucionalidad núm. 2561-2019, iguales a esta.
c)  Por  providencia  de  14  de  febrero  de  2019,  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acordó oír a las partes y 
al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con el art. 11.3.1 b), segundo párrafo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de 
suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2001, 
de 29 de marzo, así como respecto de la disposición adicional única de esta última ley, 
por la posible vulneración de los arts. 24.1, 117, 118 y 149.1.1, 13, 18 y 23 CE.
Dicha  providencia  fue  impugnada  en  reposición  por  la  entidad  Marina  Isla  de 
Valdecañas, S.A., alegando que por auto de 25 de septiembre de 2015 se acordó 
suspender  el  procedimiento  hasta  que  hubiera  resolución  firme  en  el  incidente  de 
ejecución 17-2014, decisión que aún no se había producido. El recurso fue desestimado 
por auto de 10 de junio de 2019, en el que se argumentaba que la continuación de 
aquella  ejecutoria  conlleva  también  que  continúe  la  tramitación  del  procedimiento 
ordinario hasta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, que producirá el 
mismo efecto suspensivo sobre dicho procedimiento.
El  ministerio  fiscal  y  la  asociación  Ecologistas  en  Acción-CODA  mostraron  su 
conformidad con el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Por el contrario, 
las comunidades de propietarios de los complejos residenciales norte, centro y sur de la 
«Isla Valdecañas», la mercantil Marina Isla de Valdecañas, S.A., y el letrado de la Junta  s
de Extremadura interesaron que no se planteara la cuestión. oe.
d)  Por  auto  de  10  de  junio  de  2019,  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  w.
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acordó  45ww
spelagnutnedaor , cduee slatió Lne yd e1 5i/n2c0o0n1s, tidtuec i1o4n adlied addic ieenm brreela, cdióenl  sucoenlo  eyl  oardrte. n1a1c.i3ó.n1  tebr)r,i topráiarlr adfeo 
Ecoxntr elam addisuproas, iecnió nla  areddicaiocncaiól nú dnaicdaa  dpeo re eslt aa rút.l túimniac ol edye,  rlae gLuelay d9o/r2a0 1d1e, l dper o2c9e ddiem mieanrtzoo d, ey   BOE-A-cable e
homologación, por la posible vulneración de los arts. 24.1; 117; 118 y 149.1.1, 13, 18 
y 23 CE.
3.  El auto de 10 de junio de 2019 fundamenta el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad en los siguientes términos:
a)  Tras  exponer  los  antecedentes  de  hecho,  especialmente  en  cuanto  a  los 
pronunciamientos previos de la propia Sala, se refiere al preámbulo de la Ley 9/2011, 
de 29 de marzo, que modificó la Ley 15/2001. Sostiene que la vinculación entre las 
fechas de las sentencias (9 de marzo de 2011) y de la ley (29 del mismo mes) acreditan 
que la modificación del art. 11 de la Ley 15/2001 y el procedimiento de homologación 
previsto en la disposición adicional única de la Ley 9/2011 tienen por finalidad eludir el 
fallo de las sentencias y dar cobertura legal al proyecto de interés regional anulado.
Cita, a continuación, la normativa estatal sobre suelo aplicable ratione temporis, que 
no es otra que el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de suelo (en adelante, TRLS 2008). En particular, menciona 
los  arts.  12.2  y  13.4,  que  tienen  el  carácter  de  legislación  básica  conforme  a  la 
disposición final primera del texto refundido. El primero de los preceptos se refiere al 
suelo en situación de suelo rural, que incluye, entre otros, el que está preservado de 
transformación por la legislación de la naturaleza o los que deban quedar sujetos a tal 
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por sus valores ecológicos. 
Por su parte, el art. 13.4 menciona expresamente a los espacios incluidos en la Red 
Natura 2000, cuya delimitación solo podrá alterarse –se aclara– cuando lo justifiquen los 
cambios provocados por su evolución natural, científicamente demostrada, y a través del 
procedimiento establecido, que incluye un trámite de información pública y la aceptación 
de la propuesta de descatalogación por la Comisión Europea. Las prescripciones citadas 
–apunta la Sala– se mantienen sin cambios sustanciales en los arts. 13 y 21 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el vigente texto 
refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.
b)  El auto parte de que el objeto del procedimiento es la homologación del proyecto 
de interés regional «Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla 
de Valdecañas», aprobada por la Junta de Extremadura con base en la disposición 
adicional única de la Ley 9/2011 y en la nueva redacción del art. 11.3.1 b) de la 
Ley 15/2001. La Ley 9/2011 ha permitido la homologación del proyecto anulado por las 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y del Tribunal Supremo, 
posibilitando  con  ello  la  transformación  urbanística  de  un  suelo  no  urbanizable  de 
especial protección por formar parte de la Red Natura 2000. Considera, por tanto, que la 
vinculación entre el fallo y la norma legal cuestionada es evidente. La sala aclara que la 
cuestión no es abstracta, pues debe pronunciarse sobre la clasificación de un suelo 
sobre el que se realiza una transformación urbanística que juzga incompatible con la 
normativa estatal y con el propio art. 11 de la Ley 15/2001 hasta su modificación por la 
Ley 9/2011. Asimismo, puntualiza que la aprobación de la nueva Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre,  de  ordenación  territorial  y  urbanística  sostenible  de  Extremadura,  que 
sustituye a la Ley 15/2001, no afecta al enjuiciamiento que debe hacerse, ya que el acto 
de homologación se dictó estando vigente esta segunda ley, en la redacción dada por la 
Ley 9/2011.
c)  Concretando las dudas de constitucionalidad, sostiene la sala, en primer lugar, 
que  la  norma  cuestionada  establece  una  clasificación  del  suelo  que  desconoce  la 
legislación básica del Estado, porque permite que suelos que claramente tienen la  e
clasificación  de  suelo  no  urbanizable  de  protección  ambiental,  natural,  paisajística,  bo
cultural o de entorno, por razón de los valores, naturales o culturales, por formar parte de  45ww
llaa  RLeeyd  1N5a/2tu0r0a1 2 i0n0c0u,r rsee eann  coobnjetrtaod dicec itórann aslf oortmoragcaiór nla u mrbáaxniímstaic par. oEtel cpcrioópni oa la srtu. e1l1o. 1q ube)  dees 
dmoenrdeece ndoo rc daeb ela d mudisam qau peo sr era iznócna rddein asuns l ovsa loterrerse naomsb iinecnltuaildeoss,  neant ulara lRese do  Npaatisuarají s2ti0c0o0s,, 
para,  posteriormente,  impedir  esa  protección  al  permitir  un  desarrollo  urbanístico
claramente incompatible con ese tipo de suelo. Con independencia de tal contradicción, 
estima que se vulneran los arts. 12.2 a) y 13.4 TRLS 2008; preceptos que se han dictado 
al amparo de las competencias estatales reconocidas en el art. 149.1.1, 13, 18 y 23 CE, 
en virtud de las cuales el Estado tiene la competencia exclusiva para definir el contenido 
y los usos y facultades del suelo rural, sin que la Comunidad Autónoma de Extremadura 
pueda desconocerlos.
d)  En segundo lugar, el auto argumenta que la Ley 9/2011 tiene la finalidad de 
eludir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal 
Supremo.  La  referencia  expresa  que  hace  la  exposición  de  motivos  a  «recientes 
pronunciamientos jurisdiccionales», que no pueden ser otros que los de 9 de marzo 
de 2011, y la previsión de un procedimiento de homologación, lleva a concluir que el 
objetivo específico es ofrecer una vía de regularización del proyecto de interés regional 
que ha sido anulado. La disposición adicional única de la Ley 9/2011 está refiriéndose a 
proyectos declarados nulos o anulados, puesto que si un instrumento de ordenación 
fuera válido no tendría que ser validado u homologado. Lo anterior se confirma a la vista 
de la mención que se introduce en la Ley 15/2001 específicamente para los terrenos Red 
Natura 2000. El tribunal concluye que si se mencionan únicamente este tipo de terrenos, 
que deberían contar precisamente con el mayor grado de protección, es para englobar a 
los  afectados  por  el  proyecto  de  interés  regional  «Complejo  turístico,  de  salud, 
paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas».
Por lo expuesto, el auto concluye que la Ley 9/2011 vulnera el derecho a obtener la 
tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE)  y  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional  que 
corresponde exclusivamente al Poder Judicial (art. 117.1 CE). Al mismo tiempo, afirma 
que dicha ley no es una disposición general, sino una ley singular prevista para un caso 
específico, con la intención de eludir la ejecución de las sentencias recaídas en el 
proceso, ya que la modificación del art. 11 de la Ley del suelo y ordenación territorial de 
Extremadura y el procedimiento de homologación de la disposición adicional única tienen 
aplicación para los instrumentos de ordenación del territorio y urbanística que han sido 
declarados nulos.
4.  Mediante providencia de 29 de octubre de 2019, el Pleno de este Tribunal, a 
propuesta  de  la  Sección  Segunda,  acordó  admitir  a  trámite  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad planteada y, con arreglo al art. 10.1 c) de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), deferir a la Sala Primera el conocimiento de la presente 
cuestión. De conformidad con lo establecido en el art. 37.3 LOTC, acordó dar traslado de 
las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de 
sus presidentes, al Gobierno, por conducto de la ministra de Justicia, y a la fiscal general 
del Estado, así como a la Asamblea y a la Junta de Extremadura, por conducto de sus 
presidentes,  al  objeto  de  que,  en  el  improrrogable  plazo  de  quince  días,  pudieran 
personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimaran  convenientes. 
Asimismo, resolvió comunicar la presente resolución a la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a fin de 
que, de conformidad con el art. 35.3 LOTC, el proceso permaneciera suspendido hasta 
que este Tribunal resolviera definitivamente la presente cuestión. Por último, se acordó 
publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Extremadura» (lo que tuvo lugar en el «BOE» núm. 267, de 6 de noviembre 
de 2019, y en el «DOE» núm. 219, de 13 de noviembre de 2019).
5.  A través de escrito presentado el 7 de noviembre de 2019 se personó en el  e
procedimiento la procuradora de los tribunales doña Beatriz Pérez-Urruti Iribarren, en  bo
nombre y representación de la mercantil Marina Isla de Valdecañas, S.A. 45ww
Sen6a.d o Mcoemdiuannitceó  elas cpreitros orneagcisiótrna ddoe  leal  c1á3m adrea  enno veile pmrborcee ddime ie2n0to1 9y,  seul  opfrreecsiimdeiennteto  ddeel 
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
7.  El  20  de  noviembre  de  2019  tuvo  entrada  el  escrito  de  personación  del 
procurador  de  los  tribunales  don  Carlos  Plasencia  Baltés,  actuando  en  nombre  y 
representación de la asociación CODA-Ecologistas en Acción.
8.  Con fecha 22 de noviembre de 2019 se registró el escrito del abogado del 
Estado, por el que se persona en el procedimiento a los efectos de que en su día se le 
notifiquen  las  resoluciones  que  en  él  se  dicten,  anunciando  que  no  va  a  formular 
alegaciones.
9.  La presidenta del Congreso de los Diputados, en escrito que tuvo entrada en el 
registro general el 27 de noviembre de 2019, puso en conocimiento de este Tribunal la 
personación  de  dicha  cámara  y  su  ofrecimiento  de  colaboración  a  los  efectos  del 
art. 88.1 LOTC, con remisión a la Dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la 
asesoría jurídica de la Secretaría General.
10.  El 27 de noviembre de 2019 se presentó el escrito de alegaciones de la 
representación de la Junta de Extremadura, en el que interesó la desestimación de la 
cuestión de inconstitucionalidad. En síntesis, sus argumentaciones son las siguientes:
a)  Los letrados de la Junta de Extremadura aluden, en primer lugar, al contexto 
normativo y socioeconómico en el que se inserta la modificación legislativa cuestionada. 
Afirman que nace con la clara y única voluntad de clarificar el alcance del art. 11 de la 
Ley 15/2001 y el marco de legalidad de los instrumentos de planeamiento, tras las dudas 
interpretativas que se advierten en el momento de su promulgación. Niegan que se trate 
de  una  ley  singular  para  legalizar  el  proyecto  de  interés  regional  de  la  «Isla  de 
Valdecañas», pues responde a la necesidad de dar seguridad jurídica al marco normativo 
en el que ha de gestionarse el territorio extremeño incluido en la Red Natura 2000 (una 
tercera parte del territorio autonómico). Esto requiere cohonestar la protección del medio 
ambiente con el desarrollo de un territorio azotado por la despoblación. La respuesta que 
daba la redacción original al equilibrio entre intereses diversos no era satisfactoria y así 
se puso de manifiesto en los procesos judiciales en torno al proyecto de interés regional 
citado, que fue solo el instrumento que evidenció la necesidad de una clarificación 
normativa.
b)  En segundo lugar, y tras exponer las tachas de inconstitucionalidad que el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura  imputa  a  la  normativa  cuestionada, 
examinan los letrados el bloque de constitucionalidad aplicable para resolver la cuestión, 
excluyendo  del  canon  de  constitucionalidad  el  art.  13.4  TRLS  2008  –relativo  a  la 
utilización  del  suelo  rural–  al  entender  que  ha  sido  derogado  por  el  vigente  texto 
refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana. Es, por ello, que no tiene sentido 
declarar inconstitucional una norma exclusivamente en razón de un precepto que ya no 
está vigente. El debate debe quedar circunscrito al contraste con el art. 12.2 TRLS 2008.
c)  Por otra parte, señalan que han tenido conocimiento de la STC 134/2019, de 13 
de  noviembre,  dictada  en  cuestión  de  inconstitucionalidad  de  idéntico  objeto  a  la 
presente.  No  obstante,  insisten  en  los  argumentos  postulados  en  aquel  proceso, 
destacando que muchos de ellos han sido reconocidos en el voto particular a dicha 
sentencia, y que, como en este se advierte, el objeto de los procesos ordinarios no debe 
condicionar la valoración de la constitucionalidad de la norma legal. Insisten en que no 
hay precepto alguno que establezca la preceptiva clasificación de los terrenos incluidos 
en la Red Natura 2000 como suelo no urbanizable. El art. 12 TRLS 2008 remite a la 
legislación ambiental, que no prescribe la categorización como suelo no urbanizable  e.
especialmente protegido, sino que remite la ordenación de las zonas especiales de  w.
protección de aves a los planes de gestión. Asimismo, la legislación básica ambiental  45ww
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Ntearrteunrao s2 0h0a0n e sd me uys eerx teclnassaif i(cuand otesr cicoo dmeol  tesrurietolori on eox truermbaenñioz)a, byl ea fisrmupaor nqeu eu tno doesn oersmoes   BOE-A-cable e
condicionante no derivado directamente de la legislación básica, aspecto que no pasa 
desapercibido en el voto particular. Ello supondría cercenar el crecimiento de municipios 
cuyo entero término municipal está incluido en aquella red.
d)  Los letrados autonómicos sostienen que la Ley 9/2011 es compatible con el citado 
bloque de constitucionalidad, pues el carácter reglado del suelo no urbanizable no puede 
llevar al automatismo de excluir de transformación a todos los terrenos integrados en la Red 
Natura 2000. Para ello parten del art. 12.2 TRLS 2008 y analizan si la norma extremeña 
incurre en una contradicción insalvable con él. Argumentan, con apoyo en la doctrina de 
este Tribunal (SSTC 61/1997, 164/2001 y 28/2017), que la normativa básica estatal no 
pretende imponer una determinada clasificación del suelo. El tenor del citado art. 12.2 
TRLS 2008 no permite concluir que todos los terrenos en los que concurran valores 
ambientales deban ser clasificados como suelo no urbanizable especialmente protegido; ni 
siquiera exige que deban encontrarse, en todo caso, en situación de suelo rural.
La representación del gobierno autonómico equipara la modificación introducida por 
la Ley 9/2011 con la que hizo el art. 12 TRLS 2008 en relación con el art. 9.1 de la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, con la cual la 
inclusión  de  los  terrenos  en  la  condición  de  suelo  no  urbanizable  ya  no  se  hacía 
depender de la concurrencia de unos valores que determinan un régimen de protección 
incompatible con la transformación, sino de que la legislación sectorial aplicable la 
excluyera  expresamente.  Así  pues,  hay  que  atender  a  la  legislación  sectorial  para 
determinar si unos terrenos integrados en la Red Natura 2000 están por esta sola razón 
excluidos de urbanización.
Al respecto, citan la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992 
(art. 6) y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad 
(art. 46). A juicio de los letrados autonómicos, la legislación sectorial medioambiental 
lejos de excluir la posibilidad de trasformación urbanística para ese tipo de terrenos, la 
prevé, pero evidentemente solo cuando no cause perjuicio a la integridad del espacio en 
cuestión. Lo cual se ratifica en el art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto 
ambiental  de  proyectos,  que  era  la  norma  vigente  en  dicha  materia  al  tiempo  de 
aprobarse la cuestionada Ley 9/2011. En dicho precepto se contempla la posibilidad de 
que un proyecto público o privado afecte a la Red Natura 2000, para lo que se exige una 
previa declaración de impacto ambiental. De igual forma, la actual Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, incluye entre los proyectos sometidos a evaluación, 
los que se desarrollen en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y áreas 
protegidas por instrumentos internacionales, según la Ley 42/2007. En coherencia con 
dicha norma, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de Extremadura, 
también sujeta a dicha evaluación los proyectos en espacios integrados en la Red 
Natura 2000.
A lo anterior se añade que los espacios de la Red Natura 2000, según la Ley 8/1998, 
de  26  de  junio,  de  conservación  de  la  naturaleza  y  de  espacios  naturales  de 
Extremadura,  están  «zonificados»  en  función  de  las  medidas  de  conservación 
establecidas; es decir, no tienen un régimen de protección homogéneo.
e)  En cuanto a la tacha de que la Ley 9/2011 es singular y tiene por fin eludir los 
pronunciamientos judiciales recaídos en el proceso a quo, la representación procesal del 
gobierno de Extremadura excluye que se trate de una ley de destinatario único, puesto 
que regula la clasificación del suelo con carácter general. Tiene la misma generalidad 
que la Ley 15/2001, a la que modifica. s
Insisten en que un tercio del territorio extremeño está integrado en la red ecológica  oe.
en cuestión, afectando a sesenta y dos municipios, y que entre la aprobación de la  w.
Ley 15/2001 y la reforma de 2011, se habían tramitado modificaciones o revisiones de  45ww
tcroemcep leptolasn einsc lugiednoesr aelne s elo á mnobritmo adse  suunbas idzioanriaa se. spIneccliuasl od, e epxrisotteenc ciónnú cdleeo sa vuersb, aqnuoes 
hporemcoislaong adceió nu na lmcaanrczoa  ale gcuaal lqeuseq upieerram iintas tsruum oerndteonsa ddeo  ocrrdeecnimaiceiónnto .q uEel  pdreobcaend idmeicelnatroa rdsee   BOE-A-cable e
conformes con cualquier modificación de la Ley 15/2001, sea la introducida por la 
Ley 9/2011, o por cualquier otra.
Por tanto, se trata de establecer un marco homogéneo para cuantos proyectos 
afecten a espacios protegidos. En el preámbulo de la ley, si bien se hace alusión a los 
recientes pronunciamientos judiciales, se expresa que la finalidad de la norma es aclarar 
el art. 11 de la Ley 15/2001, haciendo una interpretación auténtica del mismo, sin innovar 
el ordenamiento. La única conexión con los pronunciamientos judiciales es que con ellos 
se advierte la falta de claridad del precepto, con el consiguiente temor a una inestabilidad 
de la apariencia de legalidad de los instrumentos de planeamiento aprobados.
Por último, no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, 
puesto  que  la  disposición  adicional  de  la  Ley  9/2011  no  prevé  una  legalización 
automática  que  no  permita  el  control  por  la  jurisdicción  contencioso-administrativa. 
Prueba de ello es el hecho de que la presente cuestión de inconstitucionalidad se suscita 
en el marco del proceso contencioso promovido frente a la citada homologación. El 
legislativo autonómico no usurpa o avoca, por tanto, competencias del gobierno regional 
en un supuesto recogido en las leyes ya existentes, sino que establece un régimen legal 
diferente,  especial,  para  supuestos  no  contemplados  en  las  normas,  otorgando  y 
ejerciendo  competencias  propias.  En  definitiva,  no  se  rompen  los  principios  de  la 
Ley 15/2001, sino que se especifican supuestos precedentes en los que es preciso 
avalar su ajuste a la norma urbanística a la luz de interpretaciones no acomodadas a la 
voluntad del legislador urbanístico de 2001.
11.  El 29 de noviembre de 2019 se registraron las alegaciones del letrado de la 
Asamblea de Extremadura, con el siguiente contenido:
a)  Con cita de la STC 61/1997, recuerda el letrado que el Estado no es competente 
para determinar las técnicas de clasificación y categorización del suelo, correspondiendo 
dicha atribución a las comunidades autónomas. Asimismo, la Ley 42/2007, de patrimonio 
natural y de la biodiversidad, permite actuaciones en los espacios de la Red Natura 2000 
por exigencias económicas, sociales y culturales, y cuando concurran particularidades 
regionales y locales, pudiendo las comunidades autónomas establecer las limitaciones 
que  se  estimen  pertinentes  siempre  que  lo  hagan  mediante  ley  o  instrumento  de 
planificación. El art. 45 de la Ley 42/2007 señala que los planes deberán tener en cuenta 
las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje 
de su territorio en estos lugares.
La  Ley  42/2007  es  desarrollo  a  su  vez  de  la  Directiva  92/43/CEE  y  la 
Directiva 2009/146/CEE, de las que también se desprende que serán las comunidades 
autónomas las que establecerán las limitaciones a los espacios de la Red Natura 2000. 
Por lo tanto, la ley objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad no es contraria 
la legislación estatal, ya que la comunidad autónoma de Extremadura es competente 
para  aprobarla  y  para  ello  ha  utilizado  los  mecanismos  que  le  permite  la  citada 
Ley 42/2007.
b)  En cuanto al argumento de que la ley atenta contra el art. 24 CE en su vertiente 
de derecho a que las sentencias firmes sean ejecutadas sin impedimentos, el letrado cita 
la STC 231/2015, de 5 de noviembre, que para un caso similar señala que el art. 24.1 CE 
no  impide  al  legislador  regular  ni  estabilizar  las  situaciones  jurídicas  surgidas  en 
aplicación de una norma.
Añade que la ley extremeña cuestionada no convalida directamente los actos, sino 
que da un mandato de reexamen individualizado de cada uno de los actos o normas que  e
se hubieran dictado con anterioridad. Por lo tanto, con base en la doctrina del propio  bo
Tribunal Constitucional, no se vulnera el art. 24.1 CE. 45ww
impicd)i enPdoor  elol  qauccee sseo  rae filear ej uarils adricgcuimóne nqtou ed eh uqbuieer as es huap upersotmo uelgl addioct audnoa  dleey  usnin gauclator 
saud mSiTnCis tr1a2ti9v/o2,0 e1l3 ,r edper e4s ednet ajunnteio d, es elañ aAlós aqmueb lelaas  elexytreesm seiñnag ualaleregsa  nqou es oens tpeo Tr reibsuten aml, eerno 
hecho inconstitucionales, sino que son instrumentos válidos para arbitrar una solución 
adecuada a una situación singular.
A la vista de lo expuesto, el letrado de la Asamblea de Extremadura concluye su 
escrito solicitando la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
12.  En igual fecha presentó sus alegaciones la fiscal general del Estado, en las que 
se expone lo siguiente:
a)  Tras recordar los antecedentes del asunto, y analizar el cumplimiento de los 
presupuestos procesales para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, 
sintetiza la fiscal general del Estado los planteamientos del órgano judicial promotor de la 
cuestión. A continuación, hace referencia a la STC 134/2019, de 13 de noviembre, que 
estimó parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2560-2019, en la que se 
planteó la duda de constitucionalidad de idénticos preceptos, por las mismas causas y 
vulneraciones  que  en  la  presente  cuestión  se  esgrimen,  declarando  la 
inconstitucionalidad y nulidad del art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, por la 
posible vulneración del art. 149.1.1 y 23 CE, desestimando en todo lo demás la cuestión.
b)  En relación con los planteamientos de la sala promotora de la cuestión, se pone 
de relieve su coincidencia objetiva y argumental con la cuestión ya resuelta por la 
STC 134/2019, tanto por lo que se debate en el proceso subyacente como por los 
preceptos  cuestionados.  Esa  identidad  conlleva  que  los  argumentos  de  dicho 
pronunciamiento determinen los términos en que debe ser resuelta esta cuestión de 
inconstitucionalidad.
c)  De  acuerdo  con  ello,  indica  que  el  art.  11.3.1  b),  párrafo  segundo,  de  la 
Ley 15/2001 de 14 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de 
marzo,  ha  sido  declarado  inconstitucional  y  nulo  por  la  STC  134/2019  –cuyos 
argumentos se dan por reproducidos– por idénticos motivos de inconstitucionalidad que 
los que aquí se exponen por la sala promotora de la cuestión. En consecuencia, dicho 
precepto no puede regir la resolución de ningún litigio, por lo que procede acordar la 
desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad en lo que hace al mismo, por 
pérdida sobrevenida de objeto.
d)  Sin  embargo,  el  motivo  de  inconstitucionalidad  suscitado  respecto  de  la 
disposición adicional única de la Ley 9/2011, de 29 de marzo, fue desechado por el Alto 
Tribunal  en  la  mencionada  STC  134/2019.  Por  consiguiente,  siendo  idéntica  la 
disposición impugnada y los motivos de impugnación, se han de trasladar aquí los 
argumentos de dicha sentencia, determinando que el motivo de inconstitucionalidad 
alegado respecto de la disposición adicional única deba ser inadmitido por notoriamente 
infundado.
Como conclusión, la fiscal general del Estado solicita que se declare extinguida la 
cuestión de inconstitucionalidad, por pérdida sobrevenida de objeto, en relación con el 
art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, de suelo y 
ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de 
marzo, desestimando la cuestión en todo lo demás.
13.  Por diligencia de ordenación de 2 de diciembre de 2019, la secretaría de justicia 
del Pleno tuvo por personadas y parte en la presente cuestión de inconstitucionalidad a 
las representaciones de Marina Isla de Valdecañas, S.A., y de CODA-Ecologistas en 
Acción y, conforme al art. 37.2 LOTC, les concedió un plazo de quince días para que  s
formularan las alegaciones que estimaran convenientes. oe.
14.  Con fecha 12 de diciembre de 2019 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de  45ww
adlee gianccioonnsetsit udceio CnaOliDdAad-E cao lolag isataqsu í enp laAnctceióand,a  enfu ee l qsuoem esetid ian diac a eqsutee  iTdréibnuticnaa l cueens tilóans 
lcause sSteionnteesn cdiaes i n1c3o4n/s2t0it1u9c,i odnea li1d3a dd en únmo.v i2e5m6b0r-e2,0 y1 91 5y 22/2506119-2, 0d1e9 ,2 r5e sduee lntaosv ieenm bvirretu. dC doen   BOE-A-cable e
reproducción de parte del fundamento jurídico 4 de la primera de ellas, concluye que, de 
acuerdo  con  reiterada  doctrina  constitucional,  la  presente  cuestión  de 
inconstitucionalidad habría quedado sin objeto, al haberse disipado la duda planteada 
por la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de 
la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de 
marzo, por la STC 134/2019, de 13 de noviembre. Y la expulsión del ordenamiento 
jurídico de esta previsión determina la extinción de la cuestión, por pérdida sobrevenida 
de objeto, de conformidad con la doctrina constitucional que se cita en el escrito.
15.  Por providencia de 6 de febrero de 2020, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso y pretensiones de las partes.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de  Justicia  de  Extremadura  plantea  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  sobre  el 
art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de suelo y 
ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley de la Asamblea de 
Extremadura 9/2011, de 29 de marzo, y sobre la disposición adicional única de esta ley.
El órgano judicial promotor de la cuestión considera, en primer lugar, que dichos 
preceptos podrían incurrir en inconstitucionalidad mediata o indirecta por ser contrarios a 
preceptos estatales dictados al amparo del art. 149.1.1, 13, 18 y 23 CE. Como segundo 
motivo  de  inconstitucionalidad  sostiene  que  han  sido  aprobados  para  eludir  el 
cumplimiento de las sentencias recaídas en el proceso de origen, por lo que infringen los 
arts. 24.1, 117 y 118 CE.
La  fiscal  general  del  Estado,  en  congruencia  con  los  pronunciamientos  de  las 
SSTC 134/2019, de 13 de noviembre, y 152/2019, de 25 de noviembre, solicita que se 
declare extinguida la cuestión de inconstitucionalidad, por pérdida de objeto, respecto del 
art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, en la redacción 
dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y que se desestime en todo lo demás. También 
interesa la extinción de la cuestión de inconstitucionalidad por pérdida de objeto la 
asociación CODA-Ecologistas en Acción. Por el contrario, tanto la representación de la 
Junta de Extremadura como la de la Asamblea de Extremadura solicitan que la cuestión 
se desestime, por las razones de fondo que han sido detalladas en los antecedentes.
2.  Contenido de las normas cuestionadas.
El art. 11 de la Ley 15/2001, que lleva por rúbrica «suelo no urbanizable», establece 
en su apartado primero qué tipo de terrenos deberán adscribirse a esa clase de suelo, 
entre los que incluye aquellos en los que concurran valores «de carácter ambiental, 
natural y paisajístico» [letra b)]. A su vez, el apartado segundo subdivide el suelo no 
urbanizable en las categorías de «común» y «protegido». Por último, el apartado tercero, 
en el que se inserta el controvertido párrafo, desarrolla la última categoría, para disponer 
que el «suelo no urbanizable protegido» puede ser: i) de protección ambiental, natural, 
paisajística, cultural o de entorno; ii) de protección estructural y iii) de protección de 
infraestructuras y equipamientos. Es en esta delimitación de la categoría «suelo no 
urbanizable de protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno» donde 
se inserta el párrafo cuestionado, con el siguiente tenor: e.
«La mera inclusión de unos terrenos en la red ecológica Natura 2000 no determinará,  45ww
tproarn ssfío rsmoalac,i ósnu  ucrlbaasnifíicsaticcaió nc ocmopmaoti bsleu ecloo nn ola  uprbreasneizrvaabcleió, np uddei elonsd ov asleorr eosb ajemtob ideen taulneas 
ndeec aelstearraiocsió pna rdae lg aersatandtizoa nr alatu irnatel gdreid alods  dteelr ráerneoas,  yq ucoem epxrpernedsiaemndeon túen sicea mauetnotreic leons  aecnt oesl 
correspondiente procedimiento de evaluación ambiental.»
El preámbulo de la Ley 9/2011 no llega a referirse por su nombre a la red ecológica 
Natura 2000, a cuyo tratamiento urbanístico afecta la modificación. Se extiende en 
destacar la importancia de que la normativa urbanística sea clara, razón por la que 
considera «urgente e imprescindible atajar inmediatamente las dudas que se planteen 
respecto  de  la  voluntad  real  del  legislador  en  materia  de  ordenación  territorial  y 
urbanística y medioambiental, aclarando sin dilación cuál es la regulación pretendida por 
las normas emanadas en la materia de la Asamblea de Extremadura». Tales dudas 
habrían sido puestas de manifiesto por «los recientes pronunciamientos judiciales» que, 
si  bien  no  identifica,  podrían  generar  «inestabilidades  no  deseadas,  de  enorme 
trascendencia para los diversos operadores y para los intereses de la región, apreciación 
que se suscita sin entrar a valorar los fallos contenidos en las sentencias, y desde el más 
estricto  respeto  a  la  independencia  judicial».  Tales  pronunciamientos  –prosigue– 
«sugieren y fundamentan que la aplicación del artículo 11 de la Ley 15/2001 impide a los 
diferentes instrumentos de planeamiento reclasificar suelo no urbanizable de especial 
protección a suelo urbanizable, a los efectos de lograr su transformación» cuando «la 
voluntad del legislador no pretendió seguir ese camino», para lo que se introduce en el 
apartado dedicado al suelo no urbanizable de protección ambiental el nuevo párrafo 
sobre la red ecológica Natura 2000 que se ha trascrito.
Por su parte, la también cuestionada disposición adicional única («homologación») 
de la Ley 9/2011 tiene la siguiente redacción:
«1.  Los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  y  de  ordenación  urbanística 
vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley podrán ser homologados a fin de que 
incorporen la declaración de su adecuación a preceptos de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura modificados tras su entrada 
en vigor por esta u otras reformas anteriores.
2.  La homologación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística podrá 
ser promovida en cualquier momento de acuerdo con las siguientes reglas:
a)  El procedimiento de homologación de los instrumentos de ordenación urbanística 
podrá ser iniciado a instancia de los ayuntamientos mediante solicitud presentada ante la 
dirección general competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
b)  El  procedimiento  de  homologación  de  los  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio  podrá  ser  iniciado  de  oficio  por  el  consejero  competente  en  materia  de 
ordenación territorial y urbanística. En el caso de los proyectos de interés regional de 
iniciativa particular será necesaria la previa solicitud por el promotor.
3.  Iniciado  el  procedimiento  de  homologación,  el  órgano  urbanístico  y  de 
ordenación del territorio competente acordará su sometimiento a información pública por 
plazo de quince días mediante la publicación de un anuncio de inicio del procedimiento 
de homologación en el “Diario Oficial de Extremadura”.
4.  A la luz de las alegaciones que, en su caso, fueran formuladas, la administración 
promotora  de  las  mismas  se  pronunciará  sobre  ellas  y  remitirá  el  expediente  a  la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, que aprobará o 
desestimará la homologación del instrumento correspondiente.
5.  El plazo máximo para notificar el acuerdo que ponga fin al procedimiento de 
homologación será de dos meses a contar desde su inicio o solicitud, transcurrido el cual 
sin  que  se  hubiese  notificado  resolución  expresa,  la  homologación  se  entenderá 
desestimada. s
6.  El instrumento de ordenación territorial o urbanística debidamente homologado  oe.
será depositado en el registro administrativo habilitado por la consejería competente en  w.
mateAr icao dneti nourdaecnióanc,i óenl  atecrurietordrioa l dye u rhboamnoísloticgaa.ción será publicado en el “Diario Oficial de  2020-3345n https://ww
Extremadura” con indicación expresa de haberse procedido al depósito.»
El sentido de esta norma, según el preámbulo de la ley, es «coordinar definitivamente 
los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor a la redacción actual de 
la Ley 15/2001» mediante «un sencillo y garantista procedimiento que permita a las 
diferentes administraciones competentes, si así lo desean y exclusivamente allí donde 
fuere necesario, homologar dichos instrumentos a la nueva redacción de la norma [en 
esencia,  el  nuevo  párrafo  introducido],  garantizando  a  partir  de  ese  momento  su 
adecuación a la legalidad vigente».
3.  Pérdida parcial de objeto de la cuestión planteada y desestimación por aplicación 
de doctrina.
a)  La presente cuestión de inconstitucionalidad se plantea, en primer lugar, en 
relación con el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, 
de 29 de marzo. Dado que este precepto ya ha sido declarado inconstitucional y nulo por 
la STC 134/2019 de 13 noviembre, se impone ahora apreciar, conforme a reiterada 
doctrina [por todas, SSTC 60/2018, de 4 de junio, FJ 3, y 75/2018, de 5 de julio, FJ 2 a)], 
que la expulsión del ordenamiento jurídico de esta previsión determina la extinción de la 
cuestión,  por  pérdida  sobrevenida  de  objeto,  al  haber  quedado  disipada  la  duda 
planteada, al igual que hicimos respecto de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 
2561-2019 en la STC 152/2019, de 25 de noviembre.
b)  Además, hay que señalar que tanto en la STC 134/2019, de 13 de noviembre, 
como en la STC 152/2019, de 25 de noviembre, se desestimó la impugnación de la 
disposición adicional única de la Ley 9/2011, de 29 de marzo, que la presente cuestión 
plantea en términos argumentales análogos. A la vista de la coincidencia objetiva entre 
las tres cuestiones de inconstitucionalidad, de acuerdo con la doctrina constitucional 
(STC  172/1998,  de  23  de  julio,  FJ  2)  y  siguiendo  la  pauta  aplicada  ya  en  las 
SSTC 111/2016, FJ 2 c); 168/2016, FJ 2 c); 180/2016, FJ 3 c); 44/2017, FJ 2 d); 45/2017, 
FJ 2 d); 54/2017, FJ 2 d); 93/2017, FJ 2 d), y 101/2017, FJ 2 c), procede desestimar por 
remisión al fundamento jurídico 5 de la STC 134/2019, esta impugnación, lo que nos 
exime de reproducirla, siquiera en extracto.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido:
1.º  Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida del objeto, la presente cuestión de 
inconstitucionalidad núm. 4268-2019 en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, 
de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de suelo y ordenación territorial de Extremadura, 
en la redacción dada por la Ley de dicha Asamblea 9/2011, de 29 de marzo.
2.º  Desestimar la cuestión en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de febrero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.– es
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. bo