BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21858
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2825 Sala  Primera.  Sentencia  6/2021,  de  25  de  enero  de  2021.  Recurso  de 
amparo 2578-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte 23/2015, de 1 de diciembre, por la que se 
convoca y establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas 
para  la  realización  de  estudios  universitarios  en  las  universidades  de  la 
Comunitat  Valenciana,  y  las  resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha 
orden. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la 
creación de centros docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que 
limitan  el  disfrute  de  becas  a  los  alumnos  matriculados  en  universidad 
públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 191/2020). 
Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:6
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo número 2578-2019 promovido por la Universidad Católica 
de Valencia San Vicente Mártir, representada por la procuradora de los tribunales doña 
Ana Lázaro Gogorza, y asistida por el letrado don Gonzalo Fernández de Arévalo 
Fernández de Arévalo, contra la Orden 23/2015, de 1 de diciembre, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Comunitat Valenciana por la que se 
convoca y establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la 
realización de estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana; 
contra la sentencia de 18 de octubre de 2017, de la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana  en  el  recurso  contencioso-administrativo  número  427-2016;  contra  las 
providencias de 21 de junio y 22 de octubre de 2018 de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 
1477-2018; así como contra el auto de la Sala de Casación Autonómica del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 13 de marzo de 2019 dictado en el 
recurso  de  casación  número  61-2019.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal  y  ha  e.e
comparecido la Generalitat Valenciana. Ha sido ponente el presidente don Juan José  b
González Rivas. 25ww
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado en este tribunal el día 23 de abril de 2019, la procuradora
de  los  tribunales  doña  Ana  Lázaro  Gogorza  en  nombre  y  representación  de  la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, interpuso recurso de amparo contra 
las resoluciones que se citan en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los 
siguientes:
a)  En  el  «Diario  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana»  número  7671,  de  3  de 
diciembre de 2015, se publicó la Orden 23/2015, de 1 de diciembre, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca y establecen las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  las  becas  para  la  realización  de  estudios 
universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana. Esta norma dispone en 
su artículo primero lo siguiente:
«Primero.
1.  Convocar becas para el curso académico 2015/2016 destinadas al alumnado 
que inicia los estudios universitarios de grado en las universidades públicas que integran 
el  Sistema  Universitario  Valenciano,  a  las  que  hace  referencia  el  artículo  2  de  la 
Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema universitario valenciano.
2.  Convocar becas para el alumnado al que le reste un máximo de dieciocho 
créditos  para  finalizar  sus  estudios  universitarios  en  el  curso  2015/2016  en  las 
universidades  públicas  que  integran  el  Sistema  Universitario  Valenciano,  y  esté 
matriculado en créditos que correspondan a la tercera y/o sucesivas matrículas.
La concesión de estas becas se regirá por las bases que se adjuntan como anexo I a 
esta orden».
Y en la base primera del mencionado anexo I dispone:
«Primera.  Beneficiarios.
1.  Podrá solicitar la beca quien haya iniciado estudios universitarios en alguna de 
las universidades públicas que conforman el sistema universitario valenciano, no haya 
realizado otros estudios universitarios y se haya matriculado por primera vez durante el 
curso académico 2015/2016 de primer curso de estudios de grado con una nota de 
acceso a la universidad obtenida en la prueba o enseñanza que permite el acceso a la 
universidad, que deberá ser igual o superior a 5 e inferior a 5,50 puntos.
2.  Podrá solicitar beca el alumnado al que le reste un máximo de dieciocho créditos 
para finalizar sus estudios universitarios en el curso 2015/2016 en las universidades 
públicas que integran el sistema universitario valenciano, y esté matriculado en créditos 
que correspondan a la tercera y/o sucesivas matrículas.
3.  No se incluyen en esta convocatoria exenciones ni ayudas para la realización de 
estudios de máster ni los correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de 
especialización  ni  estudios  conducentes  a  la  obtención  de  títulos  propios  de  las 
universidades».
b)  La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir interpuso recurso de 
reposición  que  fue  desestimado  por  Resolución  de  la  Consellería  de  Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de fecha 5 de abril de 2016.
c)  La  Universidad  Católica  de  Valencia  San  Vicente  Mártir  interpuso  recurso 
contencioso-administrativo contra la citada Orden 23/2015, alegando la vulneración de  e
los artículos 14, 16 y 27 CE, vulneración de la normativa básica estatal en materia de  bo
becas, vulneración del Derecho Comunitario y Nacional en materia de Competencia y  25ww
tniUnoondtariemdl raoadygti  vadabae ib libMdsáoaesldruicc taaas dmineoegs, nutnatleauta rli,ld  daefeadnll   tdampe ra doltaeec  eroidamrid modetieniev  naismtcouipó bunvlgee ngndaacedil omanle aepn sote,er x  chcoaelunbsstteriaaórbsvnlee e ncddciedició otan,la d sdov e upull nrnpeeivrsriaecnicrcnsiiódpidniieoa n ddddeoees     OE-A-2021-28able en https://
privadas del nuevo sistema de becas, vulneración del principio de confianza legítima y
vulneración del derecho de audiencia ante el Consejo Valenciano de Universidades y de 
Formación.
Por sentencia 963/2017, de 18 de octubre, de la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana se procedió a la desestimación de todos los motivos impugnación planteados 
en el recurso.
d)  Planteado recurso de casación, se tuvo por preparado mediante auto de la 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia de 26 de enero de 2018.
e)  Mediante providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2018 se inadmitió a trámite el 
recurso de casación. Planteado incidente de nulidad de actuaciones, fue inadmitido a 
trámite mediante nueva providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2018, tras razonar que «En el 
escrito  de  preparación  el  recurrente  invoca  varios  supuestos  de  interés  casacional 
objetivo, si bien no puede entenderse cumplido el requisito de fundamentación previsto 
en el citado artículo 89.2 f) LJCA, dado que en los tres casos se trata de alegaciones 
genéricas, que no profundizan en la argumentación y que no lo vinculan con el debate 
procesal concreto, indicando cuál sería la cuestión de interés casacional objetivo sobre la 
que este tribunal estaría llamado a pronunciarse. Todo ello no es desvirtuado, por otra 
parte, en el escrito planteando incidente de nulidad de actuaciones».
f)  Preparado por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir recurso de 
casación autonómico, por auto de la Sala de Casación Autonómica del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana de 13 de marzo de 2019 se procedió a su 
inadmisión,  por  no  cumplir  el  requisito  de  presentar  interés  para  la  formación  de 
jurisprudencia.
3.  Con fecha de 23 de abril de 2019, se presentó en el registro del Tribunal 
Constitucional recurso de amparo, en el que se alegó la vulneración por el artículo 1 y la 
base primera del anexo I de la Orden 23/2015, de 1 de diciembre, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, que contiene la 
convocatoria y las bases reguladoras de las becas para la realización de estudios 
universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana, de los artículos 14, 27 
y  16  CE.  Asimismo,  se  alega  la  vulneración  del  artículo  24  CE  por  las  diferentes 
resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento de la sentencia.
La demanda parte de que se han lesionado los derechos fundamentales de la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, a la que la administración da un 
trato discriminatorio por ser una universidad no pública. Además de la vulneración de los 
derechos de los alumnos de dicha universidad, a los que se impide la libre elección del 
centro educativo, se lesionan los derechos de la universidad, creada al amparo del 
artículo 27.6 CE y configurada por las leyes vigentes en régimen de igualdad con las 
universidades públicas, cuyos estudios han sido excluidos de la posibilidad de acceder a 
los mismos con dichas becas. Se aduce que, si se ha discriminado a la universidad 
recurrente por tener ideario propio, dicha discriminación está prohibida por la legislación 
nacional e internacional de derechos humanos; y si dicha discriminación se ha producido 
por ser una universidad privada, dicha discriminación es contraria al derecho de la Unión 
Europea.
En cuanto a la vulneración del artículo 14 CE, la demanda aduce que la citada orden  e
establece un trato desigual de la recurrente con las universidades públicas, introduciendo  bo
una diferencia arbitraria al excluir los estudios en las universidades privadas del régimen  25ww
ldeeg ibselaccaiós,n a v ipgeesnater .de estar configuradas las universidades en régimen de igualdad por la
manAe rap edsiaferr ednet el aesn  cfuonncdiiócnio ndeesl  tiipdoé ndteic acse ndtreo  reenn teal  qduee  loqsu ieersetnu dciuarnstaers ,s usse  elesstu dtriaotsa,  sdien 
que exista razón que justifique objetiva y razonadamente esa discriminación, ni finalidad
constitucionalmente legítima, ni congruencia entre el trato desigual, en relación con el 
supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue, ni proporcionalidad en 
la medida. No se ha justificado el cambio de criterio.
Se considera que el derecho a la beca puede depender de criterios objetivos como el 
rendimiento académico o la renta personal o familiar, pero no del tipo de centro o ideario 
del centro en que se cursa, dato frente al cual la administración debe mantenerse 
neutral. Una vez adoptada la decisión de puesta en marcha de un programa de becas, 
no se puede hacer distinción por la universidad en la que se estudia.
La orden hace una distinción donde la ley no lo hace. Ni la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de universidades (en adelante, LOU), ni la citada Ley 4/2007, de 9 
de febrero, diferencian entre universidades públicas y privadas a efectos de obtención de 
becas. En tal sentido, se procede a establecer en una disposición administrativa una 
diferencia restrictiva e injustificada entre las universidades públicas y las universidades 
privadas que la Ley Orgánica de universidades no contempla, por lo que la citada 
disposición administrativa carece de base legal alguna y es contraria al Derecho de la 
Unión Europea.
Se pone de manifiesto que la propia administración es plenamente consciente de que 
no existe justificación para ese trato desigual, como ha afirmado el consejo consultivo 
autonómico, más allá de razones puramente ideológicas, por lo que ni tan siquiera tiende 
a motivar el cambio del sistema de becas, lesionando también con ello el principio de 
confianza legítima.
La orden supone además un incumplimiento de un tratado internacional, como es el 
Acuerdo del Estado español con la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales 
de 3 de enero de 1979, que en su artículo 10.3, dispone que «los alumnos de estas 
universidades (de la Iglesia) gozarán de los mismos beneficios en materia de sanidad, 
seguridad escolar, ayudas al estudio y a la investigación y demás modalidades de 
protección al estudiante que se establezcan para los alumnos de las universidades del 
Estado».
En cuanto a la vulneración del artículo 27 CE, la demanda afirma que las becas son 
un elemento nuclear del sistema educativo que incide, por tanto, en el derecho a la 
educación, siendo el régimen de las becas desarrollo del artículo 27 CE. En este caso, 
se ha privado del derecho a obtener una beca a quiénes, reuniendo las condiciones 
objetivas para obtenerlas, cursan estudios en universidades privadas.
La  orden  recurrida  discrimina  a  las  universidades,  creadas  al  amparo  del 
artículo 27.6 CE, por tener ideario propio, e impide a los alumnos que elijan libremente a 
la Universidad Católica San Vicente Mártir, forzándoles a elegir una universidad pública 
para seguir sus estudios con una beca. Además, hay titulaciones que solo se imparten 
en universidades privadas de la Comunitat Valenciana.
Reitera que el derecho a la beca se puede hacer depender de criterios objetivos, 
pero no arbitrarios, como el tipo de centro en el que se estudie y su ideario, frente a los 
que  la  administración  debe  ser  neutral.  El  legislador  orgánico  no  excluye  a  las 
universidades privadas del sistema público de becas, como se deduce del artículo 45 
LOU.
Asimismo, se alega que la orden lesiona el principio de confianza legítima por el 
cambio repentino que introdujo, sin ninguna medida transitoria para paliar su impacto, y 
sin modificación previa de la legislación para darle cobertura.
Respecto a la vulneración del artículo 16 CE, la demanda pone de relieve que, 
conforme al artículo 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, hay dos universidades privadas:  s
San Pablo CEU y San Vicente Mártir, que coincide que son de inspiración católica. De  oe.
ahí se extrae que discriminar en el régimen de becas a las universidades privadas es  w.
hacerlo a las universidades de ideario católico. Se alega que también se lesiona la  25ww
luibnear tbaedc are pliagrioas haa cdeer loq,u iaesníe cso mquoi edree nq ueiésntuedsi ayra  eens teusdtiaa nu enniv eerllsai dya nde ccaetsóitliacna  lay  bneeccae spiataran 
cEosntatidnou aers. pSaeñ ovlu ceolvne l aa S aadnutaci rS qeudee , lyaa o cridtaedno c.ontraviene el artículo 10.3 del Acuerdo del  BOE-A-cable e
Finalmente,  en  cuanto  a  la  vulneración  del  artículo  24  CE,  la  demanda  hace 
referencia a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no entra en 
el fondo del análisis de la orden impugnada porque entiende que la recurrente solo está 
legitimado para recurrir por lesión de su derecho a la igualdad y no discriminación, para 
señalar, a continuación, que tampoco para recurrir dicha lesión por entender que la 
impugnación de la mencionada Orden solo podía ser llevada a los tribunales por un 
alumno, pero no por la universidad.
Respecto de la providencia de inadmisión del recurso de casación dictada por el 
Tribunal Supremo, se alega que misma incurre en una motivación ilógica e irrazonable 
por entender que sólo puede deberse a un error el que, ante dos cuestiones totalmente 
equivalentes, se den motivaciones contradictorias, denegándose a la parte su derecho a 
la doble instancia y al examen de su recurso, ocasionando, de esta manera, una nueva 
lesión de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
4.  Mediante providencia de 16 de septiembre de 2019, la Sección Primera de la 
Sala Primera del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso, apreciando 
que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [artículo 50.1 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la posible 
vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de 
otra disposición de carácter general [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 c)]. Además, 
recibidas las actuaciones solicitadas a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo y Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, acordó 
también dirigir atenta comunicación al citado órgano judicial para que, en plazo que no 
exceda  de  diez  días,  se  emplace  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  recurso 
contencioso-administrativo número 427-2016 con excepción de la parte recurrente en 
amparo, para que en dicho plazo puedan comparecer, si lo desean, en el presente 
recurso de amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de 2 de enero de 2020, el secretario de justicia de la 
Sección Primera de la Sala Primera de este tribunal, acordó tener por recibidos los 
testimonios  de  las  actuaciones  remitidos  por  la  Sala  Tercera  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y Sala de 
Casación Autonómica del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y 
escrito del abogado en nombre y representación del letrado de la Generalitat Valenciana. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 52 LOTC se dispuso dar vista de todas las 
actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que en un plazo común 
de veinte días pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convengan.
6.  Mediante escrito presentado el 9 de enero de 2020 tuvo entrada en este tribunal 
el escrito de alegaciones de la Generalitat Valenciana, en las que se opuso al recurso de 
amparo y solicitó se dictase sentencia acordando su desestimación. Tras referirse a los 
antecedentes de hecho que han dado lugar al presente recurso, formula las alegaciones 
que se resumen a continuación:
a)  En  primer  lugar,  descarta  la  alegación  de  la  recurrente  de  discriminación 
ideológica. En su opinión, no se infiere ni de la orden ni de los antecedentes de la 
misma. La universidad recurrente no es la única universidad privada de la comunidad 
autónoma, sino que hay otras universidades privadas, algunas con ideario católico y  e.
otras sin ese ideario, siendo el alumnado de todas ellas afectado del mismo modo por la  w.
orden. Por ello entiende inadmisible el planteamiento de la demanda de que la orden  25ww
discbri)m inEan a cl uaalunmton aad ola  dveu llan eurnaicvieórns iddaedl  arertcícuurrleon 2te4,  pCoEr,  sau  ildae voilsotgaí ad ceal tcóolincate.nido de las
lparso vmidisemncaias ss daetisl fTarcibeunn, aclo Snufoprrmeme oa  dlae  d2o1c dtrein aju ndieo  ldae S 2T0C1 81 1y2 d/2e0 2129 ,d dee o 3c tudber eo cdtueb 2re0,1 8e,l   BOE-A-cable e
derecho a la tutela judicial efectiva y no generan indefensión como consecuencia de un 
pronunciamiento de inadmisión que se deriva de la aplicación razonada de una causa 
legal que prevé tal consecuencia, sin que pueda apreciarse arbitrariedad, ni actuación 
manifiestamente irrazonable, ni error patente, ni resultado de una interpretación rigorista, 
excesivamente formalista o desproporcionada.
c)  El abogado de la Generalitat descarta que se haya vulnerado el artículo 14 CE, 
tal y como se resolvió en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana  al  afirmar  que  la  orden  «no  vulnera  el  derecho  a  la  igualdad  de  la 
demandante que no se ve afectada en modo alguno por la misma, reguladora de 
derechos de los alumnos». En su opinión, la universidad recurrente no es titular del 
derecho a la igualdad.
A  su  entender,  se  trata  de  una  actuación  que  no  se  sustenta  en  los  Reales 
Decretos 1721/2007, de 21 de diciembre, y 595/2015, de 3 de julio, ni en el posterior 
Real Decreto 293/2016, resaltando que el Estado establece un sistema general de becas 
que garantiza a nivel nacional unas condiciones mínimas de igualdad por exigencia del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por su 
parte, la Orden 23/2015, como explica su preámbulo, contempla la concesión de becas 
propias de la Generalitat Valenciana, como complemento de dicho sistema general de 
becas. Esto es, garantizadas esas condiciones de igualdad, la comunidad autónoma, con 
su presupuesto, y conforme a la normativa de ayudas, complementa el sistema de 
becas.
En todo caso, afirma, hay razones objetivas que justifican el trato diferenciado entre 
los alumnos de las universidades públicas y los alumnos de las universidades privadas, 
sin que ello suponga la infracción del principio de igualdad. Al respecto expone que «al 
alumno que ha superado la nota de corte establecida y ha accedido a la universidad 
pública, se le pueda dar un trato diferenciado, respecto a aquel que no ha alcanzado esa 
nota. Precisamente el principio de igualdad, acompañado por los principios de mérito y 
capacidad, justifica el trato diferenciado. Del mismo modo, si se ha optado libremente por 
la privada, porque así se ha preferido, por su ideario o por otro motivo, también existe 
una clara razón objetiva que justifica la diferencia de trato respecto a los alumnos de la 
pública».
A ello añade que la universidad pública es la única que garantiza el acceso a todo 
tipo de alumnado, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, conforme 
al  artículo  45.4  LOU.  Este  precepto  determina  que  el  Estado  y  las  comunidades 
autónomas deben instrumentar una política de becas, y que las universidades públicas 
deben establecer modalidades de exención del pago de precios públicos por servicios 
académicos. Estas obligaciones se exigen a los poderes públicos con una finalidad 
concreta,  que  nadie  quede  excluido  del  estudio  en  la  universidad  por  razones 
económicas. Esta finalidad queda garantizada y es controlable en las universidades 
públicas en la medida en que los precios públicos vienen marcados por la ley (artículo 81 
LOU) y no pueden ser superados, regulándose las ayudas de la administración de 
acuerdo con los mismos. Sin embargo, en las universidades privadas dichos precios son 
libres  y,  por  tanto,  las  becas  o  ayudas,  fijadas  en  relación  con  los  mismos  están 
desvinculadas del objeto y finalidad fijados en el citado artículo 45.4 LOU, lo que conlleva 
a que los términos de la comparación entre estudiantes no sean equivalentes y, por 
tanto, ante la limitación existente de recursos públicos, queda justificada, objetiva y 
razonablemente, la medida adoptada.
Por otra parte, el alumnado de la universidad recurrente tiene a su alcance becas y  s
ayudas que regula y concede la propia universidad que «según datos de la web de la  oe.
propia universidad, estaban dotadas con un total de 5,4 millones de euros; becas y  w.
ayudas que complementan las del Estado y que, obviamente, no están abiertas a los  25ww
alumLnao Gs ednee lraa luitnaitv eVrasliednacdia pnúab laicdau»c.e que hay un sistema general de becas que gestiona
ecol mEpsletamdeon, taqriuaes,  qguaer aenl tigzoab ielarn oi gduea lldaa cdo meunntirdea dt oaduotósn olmosa  duensivtienras iata lroioss a, luym nboesc daes   BOE-A-cable e
la universidad pública, y que la Universidad Católica de Valencia, con sus fondos, destina 
a su propio alumnado, como hacen también otras universidades privadas.
Atendiendo al coste de las universidades privadas afirma que quien opta por una 
universidad privada es que dispone de recursos económicos para ello y la incidencia de 
la beca sería en todo caso, menos decisivo para el alumno de la universidad privada que 
para el alumno de la universidad pública.
En conclusión, la regulación autonómica se ajusta a las exigencias del principio de 
igualdad  al  no  afectar  al  sistema  básico  de  becas  que  gestiona  el  Estado,  y  es 
respetuosa  con  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional,  plasmada  en  numerosas 
sentencias, entre ellas en las SSTC 63/2011, de 16 de mayo; 79/2011, de 6 de junio; 
117/2011, de 4 de julio, y 61/2013, de 14 de marzo.
d)  Respecto a la eventual vulneración del artículo 27 CE, si bien es indiscutible que 
conforme a la doctrina constitucional, el sistema de becas es un elemento nuclear del 
sistema educativo dirigido a dotar de máxima efectividad al derecho a la educación, sin 
embargo, de acuerdo con dicha doctrina, en el artículo 27 CE no se enuncia como tal un 
derecho fundamental a una prestación pública, a una beca (SSTC 86/1985, de 10 de 
julio; 188/2001, de 20 de septiembre; 212/2005, de 21 de julio; 25/2015, de 19 de 
febrero, y 95/2016, de 12 de mayo, entre otras). Se trata de un derecho de configuración 
legal. Consecuentemente, no es posible fundamentar en el texto constitucional una 
pretensión individual de obtención de una beca, ya que el derecho a la educación no 
implica ninguna obligación estatal de subvencionar a las familias para hacerlo efectivo; 
menos si quién plantea la pretensión es una universidad y no el alumno, o su familia. Por 
todo ello no cabe apreciar la lesión del artículo 27 CE que se denuncia.
e)  Finalmente, en relación con el artículo 16 CE, de ningún modo inciden o afectan 
a la libertad ideológica y religiosa dado que la orden prevé becas para el alumnado 
matriculado en universidades públicas valencianas sin hacer ninguna referencia a la 
Universidad San Vicente Mártir, ni a su alumnado, ni a su ideario católico.
7.  Con  fecha  de  5  de  febrero  de  2020,  la  universidad  recurrente  en  amparo 
presenta un escrito en el que se reafirma en sus alegaciones.
8.  El Ministerio Fiscal formuló alegaciones mediante escrito registrado el 5 de 
febrero  de  2020,  interesando  la  estimación  del  presente  recurso  de  amparo.  Tras 
exponer los antecedentes de hecho de los que trae causa el presente recurso, realiza 
una serie de consideraciones iniciales.
En primer lugar, determina las que, a su juicio, son las pretensiones que se quieren 
ejercitar  en  este  proceso  constitucional.  Las  vulneraciones  que  se  achacan  a  la 
Orden 21/2016 son la desigualdad de trato entre las universidades públicas y privadas, al 
amparo del artículo 14 CE, sobre la base de que la legislación básica no ampara dicha 
diferencia  de  trato;  y  al  amparo  de  los  artículos  16.1  y  27.1  CE,  por  haber  sido 
discriminada por su naturaleza de universidad privada de ideario católico. Por otra parte, 
las  vulneraciones  que  se  atribuyen  a  las  diferentes  resoluciones  judiciales  son  la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) en tanto en cuanto 
dichas resoluciones habrían privado a la ahora recurrente de su derecho a una sentencia 
de fondo y del artículo 24.2 CE porque le habrían impedido el acceso efectivo a una 
doble instancia judicial.
En segundo lugar, alega que, en la medida en que el recurso de amparo ha sido 
interpuesto en relación con los artículos 43 y 44 LOTC, conforme al criterio establecido 
en STC 56/2019, de 6 de mayo, y a las razones de especial trascendencia constitucional  e
apreciadas para la admisión del presente recurso de amparo, han de analizarse, en  bo
primer lugar, las vulneraciones de los artículos 14, 16 y 27 CE, que se imputan a la orden  25ww
sauh ovreaz ,r esceu arrcidhaa,c ay,  ap loasst edriifoerrmenetnetse ,r eesno lsuuc iocanseos,  julad ivcuialnleesr.ación del artículo 24 CE que, a
paraE np rtoemrcoevr elur gaerl , parfiermsean tqeu er elcau ursnoiv edrsei daadm preacrou,r repnutee st iepnoes eleeg ituimn aciniótenr éasd  cleaguístiammo 
[artículo 162.1 b) CE], habida cuenta que la imposibilidad de los estudiantes de una
universidad privada de acceder a las becas que están reconocidas a los estudiantes de 
las universidades públicas, además de perjudicar a los estudiantes de aquellas, puede 
constituir un elemento disuasorio para la matriculación de determinados estudiantes en 
universidades privadas, lo que para estas habría de significar, en definitiva, menor 
número  de  estudiantes,  con  el  consiguiente  perjuicio  en  el  ámbito  económico  y  la 
correlativa incertidumbre sobre su supervivencia futura, a cuya afectación habría que 
sumar la correlativa limitación de su libertad de enseñanza. A lo que habría que añadir 
que no es descartable que una universidad privada pudiera actuar por sus alumnos, a 
tenor de que estos, más allá de ser meros receptores de la educación que se imparte, se 
integran en los organismos universitarios (conforme a los artículos 15.2 y 16.3 LOU).
Finalmente, expone que tanto el artículo primero y la base primera del anexo I de la 
Orden 23/2015 puede ser objeto de recurso de amparo. En su opinión, no puede 
negarse que el trato desigual o la discriminación pudieran tener su origen directo e 
inmediato en esta norma. Es posible admitir en abstracto que, en determinados casos, la 
mera existencia de un precepto reglamentario que sea de aplicación directa puede violar 
un derecho fundamental (en este sentido, cita las SSTC 189/1987, de 24 de noviembre, 
FJ 3; 141/1985, de 22 de octubre, FJ 2; 192/1991, de 14 de octubre, FJ 2, y 57/2004, 
de 19 de abril, FJ 2).
En cuanto al fondo del asunto, tras exponer la doctrina constitucional sobre el 
principio de igualdad y el de no discriminación (cita la STC 91/2019, de 3 de julio) analiza 
la  denuncia  de  la  desigualdad  de  trato  entre  las  universidades  públicas  y  las 
universidades privadas en materia de becas para el alumnado que se imputa al artículo 
primero de la Orden 23/2015.
Su análisis se fundamenta en las siguientes consideraciones:
a)  Las universidades públicas y privadas son a efectos jurídicos iguales ya que a 
ambas les corresponde prestar el servicio público de la educación superior (artículo 1.1 
LOU y STC 176/2015, de 22 de julio, FJ 2). Además, están sujetas a los mismos 
requisitos para su creación o reconocimiento (Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de 
creación,  reconocimiento,  autorización  y  acreditación  de  universidades  y  centros 
universitarios); todas las universidades someten las titulaciones que tienen que impartir 
al mismo procedimiento de aprobación; y el acceso a las universidades, tanto públicas 
como privadas, tiene una base común (aprobación del bachillerato y de la prueba de 
acceso a la universidad). Además, el artículo 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, 
proclama tal igualdad al disponer que el sistema universitario valenciano está integrado, 
entre otras, por la universidad recurrente. Del artículo 6.1 de la citada ley infiere que, a 
efectos  jurídicos,  las  universidades  públicas  y  las  universidades  privadas  pueden 
considerarse  iguales  en  lo  sustancial,  y  con  carácter  particular,  que  la  universidad 
privada recurrente es, a esos efectos jurídicos, igual a las universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana.
b)  En segundo lugar, aborda la relevancia constitucional de las becas universitarias, 
de acuerdo con el artículo 27, apartados 1 y 5, CE, y con la jurisprudencia constitucional 
(STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 5).
c)  Finalmente, el Ministerio Fiscal entiende necesario referirse al marco jurídico 
estatal y autonómico sobre la materia, que es desarrollo del artículo 27, apartados 1 y 5, 
CE, preceptos que han de ser considerados a la hora de analizar la vulneración aducida 
del artículo 14 CE por estar necesariamente vinculados con él.
Tras referirse a los artículos 27, apartados 1 y 5, y 149.1.30 CE, pone de relieve que  e
el  Tribunal  Constitucional  ha  afirmado  que,  aunque  no  exista  en  este  precepto  bo
constitucional una referencia expresa a un sistema de prestaciones públicas en apoyo  25ww
dcoenl tdeenriedcoh por idmea troiod odse  lodse rceiuchdoa daa nlao sli bae lrata edd, uucnaac idóinm, eenssteió pnr epcreespttaoc iinocnoarl,p oerna ,c ujuynat ov iart usdu 
laorstí cuploo d1e4re9s.1 .3p0ú bCliEco se s heal bprráenc epdteo  qpureo caumrapr arala  lae cfeocmtivpiedtaedn ciad ed elt aEl stdaedroe cehno .e sEtal 
materia  (STC  188/2001,  de  20  de  septiembre).  Se  extrae  de  dicha  sentencia, 
fundamento jurídico 5, la garantía consagrada en el artículo 27.5 CE.
Alega que las leyes orgánicas existentes en este asunto tienen la consideración de 
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 CE, en cuanto tendentes a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, y son las 
encargadas de prever que sea el Gobierno el que regule, también con carácter básico, 
los parámetros precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y 
ayudas. Hace referencia, por tanto, a lo dispuesto en el artículo 45.1, párrafo segundo, 
LOU, en el artículo 83.3 de la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de educación, y en el 
Real Decreto 1721/2007 y sus modificaciones, que complementan el régimen jurídico de 
las becas que ha establecido el legislador orgánico que no distingue entre universidades 
públicas y privadas.
En relación con la normativa autonómica reitera que el artículo 2 de la Ley 4/2007 
establece la equiparación de las universidades públicas y privadas y expone también la 
evolución  normativa  en  la  Comunitat  Valenciana  en  esta  materia,  destacando  la 
incorporación  de  las  universidades  privadas  en  los  sucesivos  decretos  desde  el 
Decreto 40/2002, de 5 de marzo, de medidas de apoyo a los estudiantes universitarios 
en la Comunitat Valenciana, hasta el Decreto 180/2016, por el que se modifica el 
anterior.
Ahora bien, el Ministerio Fiscal niega que se pueda considerar que la comunidad 
autónoma ejerza su competencia sobre la base de considerar que las ayudas y becas 
financiadas con cargo al presupuesto de las comunidades autónomas no interfieren en 
las normas básicas sobre las becas que se referirían a las financiadas con cargo a los 
presupuestos generales del Estado. Alega, a este respecto, la doctrina del Tribunal 
Constitucional relativa a que el poder de gastar no es un título atributivo de competencias 
sino que el gasto solo se justifica al amparo del régimen de distribución de competencias 
(cita SSTC 39/1982, de 30 de junio FJ 5 in fine; 95/1986, de 10 de julio; 146/1986, de 25 
de noviembre, 201/1988, de 27 de octubre, y 14/1989, de 26 de enero).
Además, tras exponer el régimen de distribución de competencias en la materia pone 
de relieve que, si bien las normas básicas circunscriben su regulación tan solo a las 
ayudas  y  becas  financiadas  con  cargo  a  los  presupuestos  generales  del  Estado 
(artículo 45 LOU; artículo 83.2 de la Ley Orgánica de educación; artículo 2 del Real 
Decreto 1721/2007; y artículo 1 del Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, por el que se 
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y 
ayudas al estudio para el curso 2014-2015, y se modifica parcialmente el citado Real 
Decreto 1721/2007), dicha referencia no implica que la regulación establecida en dichas 
normas deje de ser básica para las comunidades autónomas y no deba ser respetada 
por ellas, tal y como se desprende de los citados preceptos de la Ley Orgánica de 
universidades  y  la  Ley  Orgánica  de  educación  y  de  la  STC  188/2001,  de  20  de 
septiembre, FJ 10 a). En definitiva, señala, la doctrina constitucional en esta materia «ha 
considerado el carácter básico de casi todos los elementos y requisitos que conforman la 
beca y ha dejado un escaso margen de desarrollo a la normativa autonómica, pero esta 
ordenación básica tan detallada se justifica por la finalidad que estas normas persiguen: 
que la regulación del sistema de becas se realice sin menoscabo de la garantía de la 
igualdad en la obtención de las ayudas en todo el territorio nacional. En consecuencia, 
es posible descartar que la normativa básica estatal, constituida tanto por las leyes 
orgánicas como por los reales decretos citados, constituya una garantía mínima que 
puede ser ampliada o completada por las comunidades autónomas con cargo a sus  s
propios fondos». oe.
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio Fiscal considera que todo programa de  w.
ayudas ha de garantizar a los ciudadanos con menos recursos económicos el acceso a  25ww
lnao remdautcivaac ióbná ssuicpae, rionro  meesdtiaabnlteec ep,r esetna cieoln essi setecmonaó mdieca sb eecna sfo, rmdaife dreen bcieacsa se yn trqeu el alas 
universidades públicas y privadas y es vinculante para las comunidades autónomas.
El Ministerio Fiscal matiza su valoración con los siguientes razonamientos:
(a)  Las  disposiciones  objeto  del  presente  recurso  de  amparo  considera  las 
universidades privadas como secundarias respecto de las universidades de titularidad 
pública ya que las becas que se convocan están destinadas al alumnado que inicia 
estudios universitarios que se integran en el sistema universitario valenciano a las que 
hace referencia el artículo 2 de la Ley 4/2007 y al alumnado al que le resta un máximo de 
dieciocho créditos para finalizar sus estudios en el curso 2015/2016 en las universidades 
públicas que se integran en el sistema universitario valenciano, pero no a quienes se 
hallen matriculados en una universidad privada. Ello implica necesariamente que, para 
poder disfrutar de esas becas de estudios, la opción prioritaria sería la universidad 
pública frente a la universidad privada. Por lo tanto, las universidades públicas y las 
privadas no se encuentran en la misma posición: su diferencia de origen y titularidad 
sirve para aceptar o rechazar la candidatura de un aspirante a este tipo de subvención. 
Entiende el Ministerio Fiscal que no hay una justificación razonable del trato desigual y 
que la administración no ha expuesto la justificación de la diferencia.
(b)  Las becas y ayudas en la educación superior son un elemento esencial del 
derecho a la educación que pretende garantizar a los ciudadanos con menos recursos 
económicos el acceso a esa educación superior, sin distinción entre centros docentes 
públicos y privados, lo que necesariamente habrá de constituir un límite para el ejercicio 
de la iniciativa legislativa o reglamentaria en esta materia.
(c)  Todas  las  universidades,  tanto  las  públicas  como  las  privadas,  en  cuanto 
prestan igualmente el servicio público de la educación superior y son iguales a efectos 
jurídicos, han de poder ofrecer a los estudiantes con menos recursos económicos el 
acceso a sus enseñanzas, sobre todo cuando algunas de estas solo son ofertadas en 
centros de carácter privado, sin alternativa por tanto en centros de carácter público.
(d)  La norma aquí impugnada (el artículo primero y la base primera del anexo I de 
la Orden 23/2015, de 1 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana) se opone frontalmente a la normativa 
básica del Estado, que no distingue entre universidades públicas y privadas, en los 
términos que anteriormente han sido detallados.
Además, con dicha regulación se ha desconocido por completo la existencia de un 
tratado internacional, vinculante para España, que obliga a dar el mismo trato, en cuanto 
a becas, a las universidades promovidas por la Iglesia católica que a las universidades 
públicas. En efecto, el artículo 10.3, del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede 
sobre enseñanza y asuntos culturales de 3 de enero de 1979 garantiza a los alumnos de 
universidades,  colegios  universitarios,  escuelas  universitarias  y  otros  centros 
universitarios que se establezcan por la Iglesia católica «los mismos beneficios en 
materia de [...] ayudas al estudio y a la investigación [...] que se establezcan para los 
alumnos de las universidades del Estado». Se trata de una norma integrada en el 
ordenamiento jurídico nacional (SSTC 66/1982, de 12 de noviembre, FJ 5, y 187/1991, 
de 3 de octubre, FJ 1), cuyo alcance se circunscribe a las universidades de la iglesia, y 
limita las legítimas facultades de diseño de la política universitaria en cuanto al reparto 
de fondos públicos de ayudas para estudiantes.
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio Fiscal concluye que el artículo primero y la 
base primera del anexo I de la Orden 23/2015 han lesionado el derecho fundamental a la 
igualdad ante la ley (artículo 14 CE) de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir. Y para el restablecimiento de su derecho se habrá de declarar la nulidad del  e
indicado precepto, así como de las resoluciones judiciales objeto del presente recurso de  bo
amparo. 25ww
de la9 .p rePsoern ptero sveidnetenncciaia d eel  d2í1a  d2e5  edneel rmoi sdme o2 0m2e1s,  ys ea ñsoe.ñaló para deliberación y votación
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo y posición de las partes
El presente recurso de amparo se interpone contra el artículo primero y la base 
primera del anexo I de la Orden 23/2015, de 1 de diciembre, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, («Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana» número 7671, de 3 de diciembre de 2015), que contiene 
las bases reguladoras de las becas para la realización de estudios universitarios en las 
universidades  de  la  Comunitat  Valenciana.  También  se  impugnan  las  siguientes 
resoluciones judiciales: la sentencia de 18 de octubre de 2017, de la Sección Quinta de 
la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad  Valenciana  dictada  en  el  recurso  contencioso-administrativo  número 
427-2016, desestimatoria del recurso interpuesto contra la citada Orden 23/2015, de 1 de 
diciembre; y las providencias de 21 de junio y 22 de octubre de 2018, de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictadas en el 
recurso de casación número 1477-2018, que inadmiten, a su vez, el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia anterior y el ulterior incidente de nulidad de actuaciones.
Según la demandante de amparo, en los términos que se han expuesto en los 
antecedentes, el artículo primero y la base primera del anexo I de la orden citada habría 
vulnerado los artículos 14, 16 y 27 CE, por excluir a las universidades privadas de la 
Comunitat Valenciana del sistema de becas previsto en ella. Las resoluciones judiciales 
sucesivas  no  habrían  subsanado  estas  vulneraciones,  incurriendo,  además,  en  la 
infracción  del  derecho  de  la  universidad  recurrente  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(artículo 24.1 CE).
El  representante  de  la  Generalitat  Valenciana  se  opone  al  recurso  de  amparo, 
solicitando su íntegra desestimación, en la medida en que, a su juicio y en los términos 
expuestos en los antecedentes de esta sentencia, la orden impugnada no ha producido 
las  vulneraciones  aducidas  en  la  demanda.  Además,  las  resoluciones  judiciales  se 
habrían ajustado a los parámetros de la doctrina constitucional relativa al derecho a la 
tutela judicial efectiva (STC 112/2019, de 3 de octubre).
El Ministerio Fiscal, por su parte, tal y como se ha dado cumplida cuenta en los 
antecedentes de esta sentencia, interesa la estimación de la demanda de amparo al 
entender que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la igualdad (artículo 14 CE).
2. Doctrina sentada por la STC 191/2020, de 17 de diciembre
La STC 191/2020, de 17 de diciembre, concluye que la Orden 21/2016, de 10 de 
junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Comunitat 
Valenciana por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
becas para la realización de estudios universitarios en las universidades de la Comunitat 
Valenciana ha vulnerado el artículo 14 CE en relación con el artículo 27 CE.
Tras recoger en su fundamento jurídico 4 la doctrina constitucional existente sobre 
sobre  el  derecho  a  la  igualdad  (artículo  14  CE),  en  relación  con  el  derecho  a  la 
educación (artículo 27 CE), en el fundamento jurídico 5 se afirma la existencia de un 
término de comparación válido, tanto porque el legislador orgánico al establecer el 
régimen  jurídico  de  las  universidades  no  distingue  entre  universidades  públicas  y 
privadas cuando dispone que la universidad realiza el servicio público de la educación 
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio y determina las funciones de  es
la universidad al servicio de la sociedad (artículo 1.1 LOU), pues unas y otras están  bo
sujetas a los mismos requisitos para su creación o reconocimiento y someten sus  25ww
FstdiiteJsu  tl5eat micbtui)oal,an  cureiondsmi avadeol  r mpspiotiúasrbqmriluoioce a v pe arllyo ea cnreltcaídicsaium nloodie ,e 2n d tdeotiett eud rlleaam  raLiidnpeaaryod  q4b u/ap2ecr0 iievó0asn7td ,e( adS ,ee Ts Ce9tán  d 1tfreo9e r1 fme/l2aba0srde2 or0q o,pu , doeder e  ls a1ces7o   oudernedni vicdneuiacrecsineiiódtmrnaab d dreeelas,l     OE-A-2021-28able en https://
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir [artículo 2.1 b) de la Ley], ahora
recurrente en amparo, haciendo referencia, al respecto a la doctrina contenida en las 
SSTC 176/2015, de 22 de julio, FJ 2, y 74/2019, de 22 de mayo, FJ 4.
Asimismo, se afirma que la legislación orgánica, a la hora de configurar las becas y 
ayudas al estudio (artículo 45 LOU) no ha establecido distinción entre los alumnos 
matriculados en las universidades públicas y privadas ni en relación con las enseñanzas 
que imparten las mismas, ni respecto de los criterios que rigen el mecanismo de fomento 
del  estudio  mediante  becas.  Tampoco  la  regulación  del  sistema  de  becas  en  la 
Comunitat  Valenciana  se  establece  esta  distinción  entre  universidades  públicas  y 
privadas, como así se desprende del preámbulo del Decreto 88/2006, de 16 de junio, por 
el  que  se  modifica  el  Decreto  40/2002,  de  medidas  de  apoyo  a  los  estudiantes 
universitarios en la Comunitat Valenciana.
En cuanto a la justificación del trato dispar, ni del tenor de la disposición objeto del 
recurso, ni de la exposición de motivos de la misma es posible encontrar una finalidad 
que  justifique  el  establecimiento  del  tratamiento  diferenciado  al  que  se  ha  hecho 
referencia entre las universidades públicas y las universidades privadas, y tampoco las 
alegaciones de la comunidad autónoma permiten justificar desde la perspectiva del 
artículo 14 CE, la diferencia de trato denunciada, añadiendo que aunque se pudiera 
considerar, tal y como alega el representante de la Generalitat, que las comunidades 
autónomas  puedan  establecer  otras  modalidades  de  ayudas  con  cargo  a  su 
presupuesto,  no  pueden  hacerlo  distinguiendo  sin  justificación  y  al  margen  de  la 
legislación  vigente,  que  no  diferencia  entre  universidades  públicas  y  privadas, 
haciéndose mención, al respecto, a la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 5, en la que se 
afirmaba que el poder de gastar no es un título atributivo de competencias, por lo que, 
como se afirma en la STC 188/2001, 20 de septiembre, el sistema de ayudas que 
establezca la comunidad autónoma no puede desconocer lo dispuesto por el legislador 
estatal, y en concreto el mandato de igualdad en las ayudas.
3. Aplicación de la doctrina jurisprudencial de la STC 191/2020 de 17 de diciembre
En el caso examinado el objeto de impugnación se concreta en la Orden 23/2015, 
de 1 de diciembre de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Valenciana y en los artículo 1 y anexo I «Bases», excluye a los alumnos 
matriculados en las universidades privadas y de las enseñanzas que se imparten en las 
mismas del régimen de becas de la Comunitat Valenciana, introduciendo una diferencia 
entre las universidades del sistema universitario valenciano que carece de la justificación 
objetiva y razonable que toda diferenciación normativa, por imperativo del artículo 14 CE, 
debe poseer para ser considerada legítima. Dicha exclusión, además, se proyecta sobre 
el artículo 27 CE, ya que afecta tanto al derecho de las universidades privadas a crear 
instituciones educativas (artículo 27.6 CE) como al derecho de los estudiantes a la 
educación (artículo 27.1 CE), por lo que nos remitimos a los criterios jurisprudenciales 
que se contienen en la STC 191/2020 de 17 de diciembre, cuya aplicación a este 
supuesto resultan de indudable aplicación.
4. Conclusión
Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del recurso de amparo y la 
consiguiente anulación del artículo primero y la base primera del anexo I de la orden 
recurrida, aunque solo en lo que afecta a la exclusión de las universidades privadas de la 
misma, que es el extremo que se entiende que vulnera los derechos de la recurrente tal  e.
y como se ha solicitado en la demanda. La exclusión no se produce por el artículo  w.b
primero y la base primera del anexo I, sino por el término «públicas» contenido en los  25ww
aOprdaertna d2o3s /210 y1 52,  ddee d i1c hdoe a rdtíiccuielom yb reen,  ldoes  alap aCrtoandsoesl l1e ryía 2  ddee  lEad muceanccióionn,a dInav ebsatsigea dceió nla, 
cCounltvuoraca yn  Dy eepsotartbel eyc epno rl acso nbeaxsieósn  rceognu leald oarpaasr tapdaora  cl)a  dceo nlac ebsaiósne  dceu alratas  bpeocr alas  pqaurea  slea 
realización de estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana, 
pues  vulneran  el  derecho  de  la  universidad  solicitante  de  amparo  recogido  en  el 
artículo 14 CE en relación con el artículo 27 CE, al establecer una diferencia de trato 
entre las universidades públicas y privadas en relación con la posibilidad de solicitar las 
becas reguladas en la misma para cursar estudios universitarios.
Por último, al apreciarse la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el 
artículo 14 en relación con el artículo 27 CE, no procede examinar la lesión denunciada 
del derecho a la libertad ideológica (artículo 16 CE) ni la referida al derecho a la tutela 
judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir y, en su virtud:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  la  igualdad 
(artículo 14 CE), en relación con su derecho fundamental a la creación de centros 
docentes (apartado 6 del artículo 27 CE).
2.º  Restablecerla en sus derechos y, en consecuencia, declarar la nulidad del 
término «públicas» de los apartados 1 y 2 del artículo primero, de los apartados 1 y 2 de 
la base primera y del apartado c) de la base cuarta del anexo I de la Orden 23/2015, de 1 
de diciembre, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Valenciana por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de las becas para la realización de estudios universitarios en las universidades de la 
Comunitat Valenciana.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón respecto 
de la sentencia dictada en el recurso de amparo número 2578-2019
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de mis compañeros, 
formulo el presente voto particular a la sentencia recaída en el recurso de amparo 
número 2578-2019. Las razones son las mismas que tuve ocasión de sostener en la sala 
en la que se deliberó el presente asunto, así como en el pleno en el que se decidió el 
recurso  de  amparo  número  5099-2018  y  que  desembocó  en  la  aprobación  de  la 
STC 191/2020 de 17 de diciembre.
Me remito, así, a las razones recogidas entonces en mi voto a la STC 191/2020 en el 
que concluía recordando algunas ideas fundamentales sólidamente ancladas en nuestra  e.
norma fundamental: la primera es que el principio enunciado en el artículo 14 CE implica  w.
una  prohibición  del  trato  desigual  ante  situaciones  análogas,  pero  no  proscribe  el  25ww
terdautacmacieiónnto r edcifoegriednoc ieand oe l daer tíscuuplou e2s7t oCsE d nifoe rceonmtepsr;e lnad es engi uunndaa  seuse rqteu ed ee dl edreercehcoh od ea l olas 
ecestnutdroiasn utensiv, enris tiatamripoos cpor ievla ddeorse cah os earb sfionlauntoc iaddeo usn m eesdtuiadniaten tela ds eb uenc acse nptúrob liucnaisv edrsei tasruios   BOE-A-cable e
privado a la obtención de una beca, porque los recursos públicos no han de acudir, 
incondicionadamente, allá donde vayan sus preferencias individuales.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de remitirnos a las razones que sustentaron 
aquel voto particular, debemos ahora ampliar los motivos de nuestra discrepancia, pues, 
tal y como sostuvimos en la deliberación en la sala, considero que la opinión de la 
mayoría reflejada en la sentencia en el presente asunto ha incurrido en una errónea 
aplicación de la doctrina constitucional en materia de igualdad.
Así, en efecto, lo propio del juicio de igualdad, como ha dicho este tribunal, es su 
carácter  relacional.  Por  ello  requiere  como  presupuesto  obligado  que,  como 
consecuencia  de  la  medida  normativa  cuestionada,  se  haya  introducido  directa  o 
indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas. Por otra 
parte, exige que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sean, 
efectivamente,  homogéneas  o  equiparables.  Solo  una  vez  verificado  uno  y  otro 
presupuesto resulta procedente entrar a determinar la licitud constitucional o no de la 
diferencia de trato que se discute (entre otras muchas, SSTC 148/1986, de 25 de 
noviembre, FJ 6; 29/1987, de 6 de marzo, FJ 5; 181/2000, de 29 de junio, FJ 10; 1/2001, 
de 15 de enero, FJ 3; 200/2001, de 4 de octubre, FJ 5; 125/2003, de 19 de junio, FJ 4, 
y 75/2011, FJ 6).
Es patente nuestra discrepancia con la afirmación de que las situaciones subjetivas 
que quieran traerse a la comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables, 
pues como ya señalamos en el voto particular a la STC 191/2020, el régimen de 
financiación o la misión que cumplen unas y otras universidades en relación con la 
promoción de la igualdad como exigencia del artículo 9.2 CE no lo son.
Ahora bien, nuestra nueva discrepancia tiene que ver, además, con el hecho de que 
una vez la opinión mayoritaria en el presente asunto ha considerado la existencia de una 
situación homogénea o equiparable, lo que hubiese resultado procedente hubiese sido 
entrar a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia de trato que se discute.
En efecto, en cumplimiento de la propia doctrina del tribunal, hubiese sido necesario 
examinar, como sí se hizo en la STC 191/2020 aun con un resultado no compartible, el 
tenor de la disposición objeto del recurso, su exposición de motivos, o las alegaciones de 
la representación de la Generalitat Valenciana, con la finalidad de determinar si es 
posible  encontrar  una  finalidad  que  justifique  el  establecimiento  del  tratamiento 
diferenciado entre las universidades públicas y las universidades privadas.
Sorprendentemente nada de esto se hace en el presente asunto, pues lo que se 
reproduce en la sentencia de la que ahora discrepamos es el juicio que se hizo en la 
STC 191/2020, es decir el juicio que se hizo a otra disposición, para finalizar afirmando 
que, en aplicación de la doctrina recogida en aquella, la diferencia de trato entre las 
universidades  del  sistema  universitario  valenciano  carece  de  justificación  objetiva  y 
razonable.
No se tiene, por tanto, en cuenta que las disposiciones objeto de examen en uno y 
otro  proceso  son  distintas,  pues  la  STC  191/2020  lo  que  examinó  fue  la 
constitucionalidad de la Orden 21/2016, de 10 de junio, de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de las becas para la realización de estudios 
universitarios  en  las  universidades  de  la  Comunitat  Valenciana;  cuyo  objeto  era  el 
establecimiento de las bases por las que han de regirse las convocatorias de becas para 
la realización de estudios universitarios en las universidades que integran el sistema 
universitario valenciano; es decir, tenía por objeto la regulación con carácter general del  s
régimen de ayudas a los estudiantes; mientras que en el presente proceso la disposición  oe.
que debía haber sido sometida a examen era la Orden 23/2015, de 1 de diciembre, de la  w.
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan  25ww
ableucmans apdaor a qeul ea luvmanyaad o aq uefi nianliicziaar  sussu se stuedsitousd iousn iveurnsiivtaerrisoista rdioes  graedno   ye l pacruar seol 
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curso académico 2015/2016 destinadas al alumnado que inicia los estudios universitarios 
de grado en las universidades públicas que integran el sistema universitario valenciano, 
y la convocatoria de becas para el alumnado al que le reste un máximo de dieciocho 
créditos  para  finalizar  sus  estudios  universitarios  en  el  curso  2015/2016  en  las 
universidades públicas que integran el sistema universitario.
En los supuestos en los que se trata de examinar la vulneración del principio de 
igualdad este tribunal debe examinar caso a caso si es posible encontrar una finalidad 
que justifique el establecimiento del tratamiento diferenciado, cosa que no ha realizado la 
opinión de la mayoría reflejada en la sentencia de la que discrepamos.
Esta ausencia de aplicación de nuestra propia doctrina sobre el juicio de igualdad, 
que no podemos sino señalar como muy preocupante, es la que no ha permitido a la 
sentencia de la que discrepamos abordar alguna de las justificaciones que habían sido 
puestas sobre la mesa por la representación de la Generalitat Valenciana y que han 
quedado, por tanto, sin contestación.
Así, en efecto, el abogado de la Generalitat en sus alegaciones descartaba que se 
hubiese vulnerado el artículo 14 CE con fundamento en dos razones que justificarían la 
diferencia de trato, como en efecto compartimos, y que, sin embargo, no han merecido la 
más mínima consideración por parte de la opinión mayoritaria.
La primera razón para considerar que no se está ante situaciones comparables es 
que la universidad pública sería la única que garantizaría el acceso a todo tipo de 
alumnado,  independientemente  de  sus  condiciones  socioeconómicas,  conforme  al 
artículo 45.4 LOU.
Este  precepto  determina  que  el  Estado  y  las  comunidades  autónomas  deben 
instrumentar una política de becas, y que las universidades públicas deben establecer 
modalidades de exención del pago de precios públicos por servicios académicos. Estas 
obligaciones se exigen a los poderes públicos con una finalidad concreta, que nadie 
quede excluido del estudio en la universidad por razones económicas. Esta finalidad 
queda garantizada y es controlable en las universidades públicas en la medida en que 
los precios públicos vienen marcados por la ley (artículo 81 LOU) y no pueden ser 
superados, regulándose las ayudas de la administración de acuerdo con los mismos. Sin 
embargo, en las universidades privadas dichos precios son libres y, por tanto, las becas 
o ayudas, fijadas en relación con los mismos están desvinculadas del objeto y finalidad 
fijados  en  el  citado  artículo  45.4  LOU,  lo  que  conlleva  a  que  los  términos  de  la 
comparación entre estudiantes no sean equivalentes y, por tanto, ante la limitación 
existente de recursos públicos, queda justificada, objetiva y razonablemente, la medida 
adoptada.
La segunda razón para admitir que las becas se dirijan específicamente a aquellos 
estudiantes que cursan sus estudios en universidades públicas es que el alumnado de la 
universidad privada recurrente tiene a su alcance becas y ayudas que regula y concede 
la propia universidad que, como señala el escrito del abogado de la Generalitat, «según 
datos de la web de la propia universidad, estaban dotadas con un total de 5,4 millones 
de euros; becas y ayudas que complementan las del Estado y que, obviamente, no están 
abiertas a los alumnos de la universidad pública».
Reiteramos que cuando se trata de realizar un juicio acerca de la vulneración de la 
igualdad se hace necesario examinar si las situaciones que se traen a comparación 
pueden considerarse homogéneas o equiparables y, en caso de que así sea, si la 
exclusión, en este caso de las universidades privadas del régimen de becas y ayudas 
previsto en la orden objeto del presente recurso de amparo, tiene una justificación  s
objetiva, razonable y proporcionada. oe.
La opinión de la mayoría reflejada en la sentencia de la que discrepamos no aborda  w.
en  el  caso  estos  elementos  nucleares  del  juicio  de  igualdad,  aunque  le  han  sido  25ww
alegSaedao sc.omo fuere, la opinión de la mayoría supone la confirmación de lo que ya
anticipamos en el voto particular a la STC 191/2020, un intento de reconocer una suerte
de  derecho  constitucional  de  los  centros  universitarios  privados  a  ser  financiados 
incondicionadamente mediante las becas públicas de sus estudiantes.
La  doctrina  de  la  mayoría  aboca  a  los  poderes  públicos,  para  poder  destinar 
determinadas  ayudas  únicamente  a  los  alumnos  que  cursan  sus  estudios  en  las 
universidades públicas, a tener que dotar económicamente a estas para que sea cada 
universidad pública la que convoque y conceda las ayudas a sus propios estudiantes.
Madrid,  a  veinticinco  de  enero  de  dos  mil  veintiuno.–Cándido  Conde-Pumpido 
Tourón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la 
sentencia dictada en el recurso de amparo número 2578-2019
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional manifiesto mi discrepancia con la argumentación y el fallo de la 
sentencia aprobada por la Sala. La argumentación de la resolución a la que se opone 
este voto es plenamente coincidente con la de la STC 191/2020, de 17 de diciembre, y 
habiendo manifestado mi discrepancia respecto de aquella, en el voto particular conjunto 
firmado con el magistrado don Juan Antonio Xiol, me remito ahora, en su totalidad, a 
dicho voto particular.
Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.