BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 273  Jueves 15 de octubre de 2020  Sec. III.   Pág. 88356
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12329 Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia y la Universidad de Castilla-La Mancha, para la 
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de Castilla-La 
Mancha y de Extremadura.
Con fecha 29 de septiembre de 2020 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad de Castilla-La Mancha 
para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha y 
de Extremadura.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 6 de octubre de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la 
Universidad de Castilla-La Mancha para la realización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha y de Extremadura
En Madrid, a 6 de octubre de 2020.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61 letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
El Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Excmo. Sr. don Miguel Ángel 
Collado Yurrita, en nombre y representación de ésta, en virtud del Decreto 5/2016, de 26 
de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM n.º 39, de 26 de 
febrero de 2016), actuando en nombre y representación de esta institución en virtud de las 
facultades que le confiere el artículo 51 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, aprobados por el Claustro Universitario de fecha 15 de junio de 2015 y publicados 
en el DOCM n.º 230, de 24 de noviembre. es
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación  w.
legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin, 2020-12329n https://ww
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la 
Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a 
la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección de los 
servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, 
funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter 
nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia 
y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la 
Oficina Judicial.
Cuarto.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado 
por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en edificios 
judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de 
Gobierno, el de la Administración a quién corresponda la titularidad del inmueble y el de 
las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Quinto.
Uno de los fines de la Universidad de Castilla-La Mancha es el de la preparación 
académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para 
dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas 
que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Sexto.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado universitario, 
a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Séptimo.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como los 
objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos,  e.
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación  w.b
ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las  329ww
afodmmeinntiastnrdaoc isoun ecsa ppaúcbidliacda sd,e i mempuprlseannddimoi elan toe,m cpreleaatibviildidaadd e  dinen olovsa cfiuótnu ryo dsa pnrdoofe rseisopnuaelestsa, 
al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.
Octavo.
El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Noveno.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la 
Universidad de Castilla-La Mancha pueda realizar prácticas externas en juzgados y 
tribunales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura de conformidad con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye el objeto del presente convenio la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado 
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o 
máster que imparte la Universidad de Castilla-La Mancha y siempre de titulaciones 
relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
Por otro lado, la Universidad de Castilla-La Mancha se compromete a que la persona 
o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de 
los siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad de Castilla-La 
Mancha que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad de Castilla-La Mancha que certifique su actividad como tutor/a 
de estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como 
del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar del acceso a bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades culturales, 
entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o 
tribunal donde se realicen las prácticas externas, por lo que surgida tal necesidad o falta 
de disponibilidad, en su caso, el convenio quedará suspendido, en tanto persistan estas 
situaciones o, en su caso extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido 
y sin derecho a reclamación alguna por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha o  e.e
concesión de indemnización o compensación a su favor. b
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su  329ww
ccoellaebboraracicóiónn d ael  pMruineibsatesr ioco drree sJpuosntidciiae nmteesd iaa nlotes  lpar occeessióons  dseel eacutliavso,s  cpoanr ao ceal siniógnr edseo  loa 
acceLsaos  dpea rpteesrs doentaelr mfuinncaioránna,r idoe a cl osmerúvnic aioc udeer dlao A, edlm niúnmisteraroc idóen  edset uJduisatnictieas. que realizarán
las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se adjunta 
como Anexo I al presente convenio.
2.  Se establecen dos modalidades de prácticas externas que pueden ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas extracurriculares: son aquellas que los estudiantes realizan con carácter 
voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos fines, no están 
incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior en el Suplemento 
Europeo al Título.
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las prácticas 
externas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
4.  Las prácticas externas del alumnado se ajustarán a las necesidades organizativas 
establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se realicen las 
mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que lo 
permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de las 
personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Castilla-La 
Mancha, realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos 
a establecer por la persona responsable de los mismos en función del mejor funcionamiento 
del órgano jurisdiccional.
En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, o los juzgados y tribunales afectados, podrán suspender de forma 
inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo en conocimiento de la Universidad, para 
que adopte las medidas que considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia quedan exentos 
de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas prácticas externas son 
de carácter estrictamente académico. En ningún caso, se entenderá que entre las partes 
se establecen relaciones contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo 
cubriendo así necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de 
personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el 
desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, todo 
ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el 
Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia no están obligados a realizar 
contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de  es
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas. bo
TercLeara c. onCtionbgeerntucriaa  ddee r iaecscgiodse.ntes sufridos o que ocasione el alumnado durante la
reexaclliuzsaicviaómn ednet ela, sp oprr álac tUicnaisv eerxstiedranda ds ea C qauset ilslae- Lreaf iMeraen eclh par,e esne natqeu ceollonsv ecnaisoo sse nráo  acusubmieridtoas,   BOE-A-cable e
por el seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los daños 
de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas externas, 
así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los casos en 
los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde se 
realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el Anexo del presente convenio.
f)  En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a la 
persona que desempeñe la tutoría de la universidad, a fin de poder superar las prácticas 
externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas externas 
extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un  s
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la  oe.
npoea prtuseLorraasn loaUenszna aiqvs ued eqres u eiledaje aserd zja eadcrnezt i avlCai/d natau sldttaoiel lrastíua- Ltl lodearev íM aala daqsanu scme ha iasl om ce aasmbosio.ltii cryáit  euennl , n dpiovoecrul  lmaal eccnaotnloaz baaodcrroea dcsiietóagntúi vnpo r leaas  ltpaae dprase oresnnoa n eaol    2020-12329n https://www.
programa de prácticas externas.
Quinta.  Protección de Datos.
Todos los afectados por el presente convenio vendrán obligados por las disposiciones 
y exigencias establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía 
no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las partes se 
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían 
para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente convenio, la 
Universidad de Castilla-La Mancha se compromete a destacar en su Memoria anual y en 
cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la 
colaboración prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia 
y los tribunales y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido 
en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos 
miembros designados por cada una de las instituciones firmantes. La comisión se reunirá 
al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del convenio.
La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y 
vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del convenio.
El presente convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en  e.e
el registro Electrónico estatal de órganos e instrumentos de Cooperación del sector público  b
estatal y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que  329ww
debeArsáim foisrmmaol,i zcaurasleq ucioenra u nd em leass  dpea ratenste fliarmcióann tae sla p eoxdpráir apcrioócne ddeelr  cao nsvue dneion.uncia expresa
con Luans p plaazrtoe sm fíinrmimaon tdees  tpreosd rmáne smeosd aif ilcaa fre lcohsa t éernm qinuoes s dee pl preretesnednate s cuo enxvpeinraioc ieónn .cualquier
momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa 
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la 
voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el tercer párrafo de la cláusula primera del presente convenio.
Undécima.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que 
legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones 
que representan, suscriben el presente convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha 
señalados al principio.–El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo 
Moreno.–El Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado Yurrita.
cve: Verifi  MINISTERIO DE JUSTICIA. - CUARTILLAS PARA EL BOLETÍN OFICIAL .  - PAG. 10 
 
 
 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
 
Núm. 273  Jueves 15 de octubre de 2020  Sec. III.   Pág. 88363
 
 
 
ANEXO
ANEXO       
En ………………    a,     de        de 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:            DNI:            
Titulación que cursa:             Centro:       
Domicilio:             Municipio:            Provincia:           Cód. Postal:    
Teléfono móvil:             Teléfono fijo:             e-mail:            
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación:       
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:       
Municipio:        Provincia:       
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:          Modalidad de la práctica:   Centro gestor:            
Fecha inicio:       Fecha final:       Total horas:       Total meses:    
Horario:            
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de 
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :             email:             Teléfono:            
Tutor de la Universidad:             email:             Teléfono:            
proyecto formativo (tareas a desarrollar):  
DECLARA: 
 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en 
el convenio y da su conformidad para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el 
compromiso  del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de las personas, 
procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el 
secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer que 
en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Por parte del Juzgado o Tribunal  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
donde se realiza la práctica, 
Fdo.            Fdo.            Fdo.            w.
  329ww