BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Miércoles 27 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 130354
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
17464 Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión 
directa  de  subvenciones  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones  en  el  ámbito  de  la  inclusión  social,  por  un  importe  de 
109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
El  impacto  de  la  pandemia  COVID-19,  ha  expuesto  y  amplificado,  de  manera 
dramática,  la  presencia  de  desigualdades  e  inequidades,  una  característica  ya 
prominente en el panorama social, limitando la capacidad de actuación de los agentes 
integrantes  de  la  política  social  al  tiempo  que  ha  multiplicado  las  necesidades  de 
aquellos a los que dicha política va dirigida. Por ello se considera urgente la necesidad 
de reforzar los distintos niveles y actores que configuran el modelo asistencial español 
para mantener un nivel óptimo de protección e incluir a aquellas poblaciones más 
vulnerables social y económicamente.
El desarrollo de una economía de los cuidados pasa por reforzar las políticas de 
inclusión y mantener la sostenibilidad social del modelo. Las comunidades autónomas, 
entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social beneficiarias de las 
subvenciones del presente real decreto son aquellas que han impulsado mecanismos 
para articular herramientas innovadoras en el desarrollo de una política social activa.
El  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones  estima  que  concurren 
circunstancias excepcionales que acreditan las razones de interés público para su aprobación 
como subvenciones de concesión directa, previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 noviembre. Efectivamente, se considera necesario garantizar un procedimiento ágil 
para dar respuesta a las necesidades y el acuerdo de consecución de hitos concretos para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión 
Europea el 16 de junio de 2021, atendiendo, además, a la importancia capital de estas 
actividades para la aplicación de la política de inclusión del departamento, y en definitiva, para 
coadyuvar en la consecución de los fines de la inclusión social.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, establece que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, 
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) 
deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del Ministro competente. No será 
necesario el informe previo del Ministerio de Hacienda y Función Pública de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. s
El artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española reconoce al Estado la competencia  e.
exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los  w.
españoles  en  el  ejercicio  de  los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes  464ww
cEosntasdtiotu ceino nmalaetse.r iAas dimei sbmasoe, se l ya rctoícourldoi n1a4c9ió.1n. 1d3e.ª  lare cpolannoicfieca lcai ócno mgepneeternacl idae e xlac luascitvivaid daedl 
Deceocnreótmo ic2a/.2 0A2l0 ,a mdep ar1o2  ddee  deincehroos,   pproerc eepl toqsu, e y sec onrefoersmtreu ctaulr aanr tílcousl od e2p2a rtdaeml eRnteoasl   BOE-A-cable e
ministeriales, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el órgano 
encargado de la propuesta y ejecución de la política de inclusión del Gobierno.
Concretamente y siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, en relación con el artículo 21 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, le 
corresponde a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, 
desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: el diseño, impulso y evaluación de políticas 
que tienen por finalidad ayudar a la incorporación y la participación en la sociedad, en 
igualdad de oportunidades, de los colectivos más desfavorecidos; así como el impulso, 
elaboración, coordinación y seguimiento de las políticas, estrategias, planes y programas de 
actuación en materia de inclusión.
El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital crea y regula la prestación no contributiva de la Seguridad Social del ingreso 
mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social 
de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se 
encuentren  en  situación  de  vulnerabilidad  por  carecer  de  recursos  económicos 
suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Sin  embargo,  más  allá  de  la  prestación  monetaria,  la  atención  integral  de  las 
personas  más  vulnerables  requiere  de  un  conjunto  de  políticas  que  garanticen  su 
derecho a la plena inclusión social y laboral. Las políticas de inclusión tienen un carácter 
horizontal que debe desarrollarse a través de intervenciones coordinadas en diferentes 
ámbitos, entre los que se encuentran principalmente: los servicios sociales, el empleo, la 
sanidad, la educación, la vivienda, el suministro energético y las competencias digitales.
Por otro lado, al objeto de paliar el impacto económico y social provocado por la 
irrupción del COVID-19 y apoyar la recuperación económica, el Consejo Europeo del 21 
de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo 
sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la 
resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de 
gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la 
puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»). 
Este Instrumento Europeo de Recuperación, implicará para España unos 140.000 millones de 
euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2023. La instrumentación 
de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a 
través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Los proyectos que constituyen 
dicho Plan permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante 
cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo 
para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por el COVID 19 y además 
una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa 
enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro. Estos recursos adicionales 
deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los hitos intermedios y metas 
pertinentes, en los plazos que se establezcan.
Por  tanto,  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa de forma relevante 
en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo», encuadrado en el área política VII «Nueva economía de los  s
cuidados y políticas de empleo». oe.
Entre las reformas e inversiones propuestas en este Componente 23 se incluye la  w.
inversión 7 «Fomento del Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las políticas  464ww
dneu eivnoc lumsioódne sloo cdioel aibnocrlauls iaóln I nag repsaort iMr ídneiml oin Vgriteasl»o,  mquínei mproo mviutaelv e(I MlaV im), pqlaunet arceiódnu zdcea  ulna 
pdleasnigteuaadldoa, de ndtree  loat roresn, teal  yd elsaasr rotallsoa sd ed per opyoebcrteozsa p. ilPotaor ap alorag rlaar  peusetest ao bejne timvoa,r cshea  hdae   BOE-A-cable e
itinerarios de inclusión social con las comunidades y ciudades autónomas, entidades 
locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como con los distintos 
agentes sociales.
El presente real decreto contribuye al cumplimiento del hito número 350 para el primer 
trimestre de 2022 «Mejorar la tasa de acceso del Ingreso Mínimo Vital, e incrementar la 
efectividad del IMV a través de políticas de inclusión, que, de acuerdo con su descripción, se 
traducirá en apoyar la inclusión socioeconómica de los beneficiarios de la IMV a través de 
itinerarios:  ocho  convenios  de  colaboración  firmados  con  administraciones  públicas 
subnacionales, interlocutores sociales y entidades de acción social del tercer sector para 
realizar los itinerarios. Estos acuerdos de asociación tienen como objetivos: i) mejorar la tasa 
de acceso del IMV; ii) incrementar la efectividad de la IMV a través de políticas de inclusión». 
Asimismo, contribuirá al cumplimiento del indicador de seguimiento número 351.1 en el 
primer trimestre de 2024 «al menos 10 convenios de colaboración adicionales firmados con 
administraciones públicas subnacionales, interlocutores sociales y entidades de acción social 
del  tercer  sector  para  llevar  a  cabo  los  proyectos  piloto  de  apoyo  a  la  inclusión 
socioeconómica de los beneficiarios de la IMV a través de itinerarios», vinculado a la Decisión 
de Ejecución del Consejo.
La dotación presupuestaria procedente del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia para el desarrollo de la inversión 7 del Componente 23, asciende a un total 
de 297,95 millones de euros que deberán ejecutarse a lo largo del periodo 2021-2023. En 
concreto,  las  subvenciones  cuyo  otorgamiento  se  regula  en  el  presente  real  decreto 
persiguen cubrir las necesidades más inmediatas y se corresponden con la anualidad 
prevista  en  el  Presupuesto  General  del  Estado  de  2021,  cuyo  importe  asciende 
a 109.787.404 euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este sentido, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública para la 
ejecución del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, reconoce la 
necesidad de un adecuado modelo de gobernanza que permita asegurar la mayor 
eficiencia en el gasto público y el papel especial de la Administración General del Estado 
para garantizar el éxito de la ejecución y el control y la salvaguarda necesarios para 
justificar fehacientemente la solicitud de reembolsos y la absorción de los citados fondos. 
Y en relación con éstos últimos se reclaman los principios de planificación estratégica y 
de gestión por objetivos.
Por  tanto,  para  la  ejecución  de  los  proyectos  piloto,  el  Ministerio  de  Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones firmará convenios con las Administraciones Públicas 
autonómicas y locales interesadas, así como con entidades del Tercer Sector de Acción 
Social y con los interlocutores sociales. Estos convenios tendrán como objetivos mejorar 
la tasa de acceso al IMV e incrementar la efectividad del IMV a través de itinerarios de 
integración y su evaluación.
El interés público y económico, así como el carácter eminentemente social de las 
distintas actividades en materia de políticas de inclusión que son financiadas mediante 
ayudas  otorgadas  y  gestionadas  por  el  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones,  procedentes  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia, 
justifica la adjudicación directa de estas subvenciones, mediante su aprobación a través 
de este real decreto. Asimismo, no cabe aplicar los mecanismos de la concurrencia en el 
otorgamiento  porque  se  trata  de  subvenciones  que  tratan  de  financiar  actuaciones 
concretas que se desarrollan por las entidades beneficiarias en cumplimiento de los hitos 
previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. s
Por ello, concurren en el caso de este real decreto evidentes razones de interés  oe.
público, económico y social que justifican la concesión directa de las ayudas. En primer  w.
lugar, con las líneas subvencionales contenidas en el presente real decreto se consigue  464ww
uenxcal umsieójno rsao ceifael cqtiuvea  ndoe ll oa ecscteásno  paelr cinibgierensdoo  my íenl iminocr evmitael ndtoe  dlaes l ap eefrescotnivaidsa edn d erile isnggore dsoe 
mmíonnimetoa rviait,a lla a a ttreanvcéisó nd ein ltae gproalílt idcea  ldaes  ipneclrussoinóans,  pmuáess tvou qlnueer ambáless m reáqsu aielláre d dee l au np rceosntajucnióton   BOE-A-cable e
de políticas que permitan su plena inclusión social y laboral. Por este motivo, el ingreso 
mínimo vital se configura como un conjunto de políticas articuladas en torno a esta 
prestación.
Las ayudas irán destinadas a mitigar los daños sociales y a apoyar un crecimiento 
inclusivo de nuestro país a través de la política de inclusión que definirá los itinerarios 
más adecuados para los beneficiarios del ingreso mínimo vital. La dimensión de inclusión 
abarca el empleo, la recuperación de la autoestima, la salud física y mental, la conexión 
social, las habilidades educativas, etc. En este sentido, los beneficiarios del IMV están 
más expuestos al desempleo, la volatilidad de los salarios, la estacionalidad en la 
jornada laboral y a condiciones laborales más precarias. Además, en muchos casos la 
falta de habilidades básicas representa un obstáculo abrumador que finalmente empuja a 
los adultos en edad laboral a la inactividad. De hecho, la activación laboral es la piedra 
angular de la inclusión y se correlaciona positivamente con importantes mejoras en todas 
las dimensiones.
Por todo ello, y con objeto de agilizar y dotar de mayor efectividad a la ejecución de 
los proyectos piloto de itinerarios de inclusión social, se ha considerado imprescindible la 
necesidad de un procedimiento ágil para dar respuesta a las necesidades y el acuerdo 
de  consecución  de  hitos  concretos  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021, 
que aseguren los correspondientes ingresos financieros desde la Unión Europea.
Ante la concurrencia de las situaciones anteriormente descritas, tal y como se ha 
expresado al comienzo, el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece 
la posibilidad, en determinados supuestos, de conceder una subvención de forma directa 
a uno o a un conjunto de beneficiarios.
Este real decreto se dicta en el ejercicio de las competencias constitucionalmente 
reservadas al Estado, al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que 
establece la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones 
básicas  que  garanticen  la  igualdad  de  todos  los  españoles  en  el  ejercicio  de  los 
derechos; así como del artículo 149.1. 13.ª que reconoce la competencia exclusiva del 
Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica.
El presente real decreto se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para 
poder desarrollar las competencias en materia de inclusión que, por razones de interés 
público, resulta necesario asegurar. Constituye una medida proporcional y necesaria.
Asimismo, en aplicación del principio de transparencia, se han definido claramente el 
alcance y objetivo, no solo de esta norma sino de las propias dotaciones presupuestarias 
y atiende al principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y 
contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
Finalmente, las subvenciones propuestas en este real decreto no implican ayudas de 
estado, puesto que, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa al concepto 
de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las normas sobre ayudas estatales solo se aplican 
cuando el beneficiario de la ayuda ejerce una actividad económica.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del 
Estado en el Departamento. s
En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y  oe.
previa  deliberación  del  Consejo  de  Ministros  en  su  reunión  del  día  26  de  octubre  w.
de 2021, 464ww
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
1.  El  presente  real  decreto  tiene  por  objeto  regular  la  concesión  directa  de 
subvenciones a las entidades detalladas en el artículo 4 para la realización de proyectos 
piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación, 
con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha 
contra  la  pobreza  en  sus  distintas  formas  mejorando  la  tasa  de  acceso  al  IMV  e 
incrementando la efectividad del IMV a través de las políticas de inclusión.
2.  Las  ayudas  reguladas  en  este  real  decreto  se  otorgarán  en  régimen  de 
concesión directa, con carácter excepcional y por concurrir razones de interés público, 
social  y  económico,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  22.2.c)  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el 
artículo 28.2 y 3 de la misma Ley, y el artículo 67 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, atendiendo al 
carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias que afectan a las 
personas  en  situación  o  riesgo  de  pobreza  o  exclusión  social,  agravada  en  las 
actuales circunstancias derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19, y dado 
que concurren razones de interés público, económico y social que determinan la 
improcedencia de su convocatoria pública.
3.  La  finalidad  de  las  ayudas  es  financiar  proyectos  piloto  innovadores 
consistentes en itinerarios de inclusión social y su evaluación, cuyos resultados 
serán publicados, con objeto de contribuir a la generación de conocimiento de la 
política de inclusión, a la orientación de la política de gasto de las administraciones 
públicas y a la creación de mayor impacto orientando su diseño a resultados y a la 
consecución de objetivos.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en el 
presente real decreto y en las correspondientes resoluciones de concesión acompañada 
de un convenio, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones  y  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  mediante  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y 
concurrencia, por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las 
subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley, y demás normas 
que resulten de aplicación.
2.  Estas  ayudas  estarán  sometidas  al  Reglamento  (UE)  número  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la normativa interna aplicable a la 
gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación  es
y Resiliencia, cuya aplicación será de obligado cumplimiento. bo
Artíc1u. lo S3e.   aPurtoocreizdaim  liae nctoo ndcee scioónnc edsiiróenc.ta  de  las  subvenciones  de  este  real  decreto
ahtaenn ddieen rdeoa laizl acrasreá cltaesr  sainctgivuildaar dqeuse  ssueb dveernivcaio dnea dlaass  eyx cdeapdcoio nqaulee sc coinrccuunrrsetann rcaiazso neens q udee   BOE-A-cable e
interés público y social, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en el artículo 28.2 y 3 de dicha ley, y 
en el artículo 67 del Reglamento de la citada ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.
2.  La concesión de las subvenciones se realizará mediante resolución acompañada 
de un convenio de la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones  como  órgano  competente  para  su  concesión,  sin  perjuicio  de  las 
delegaciones de competencias existentes en la materia, previa solicitud por parte de las 
entidades  beneficiarias.  Los  convenios  a  través  de  los  cuales  se  canalicen  estas 
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.
4.  La solicitud, de acuerdo con el formulario del anexo I, por parte de todas las 
entidades beneficiarias deberá presentarse en el plazo de cinco días naturales desde la 
publicación del presente real decreto con la identificación de la entidad, la descripción del 
proyecto objeto de la subvención, el importe del proyecto acompañado de una memoria 
justificativa de gastos y un presupuesto detallado de cada actuación.
La documentación que acompañe la presentación de la solicitud deberá incluir una 
declaración  responsable  del  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  un  perjuicio 
significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
5.  Adicionalmente, para las subvenciones destinadas a las entidades del Tercer 
Sector, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las 
circunstancias previstas en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
según se desarrollan en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la citada ley, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo 
caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento.
Además, deberán presentar junto a la solicitud:
a)  Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
b)  Cuando  proceda,  poder  bastante  en  derecho  para  actuar  en  nombre  y 
representación de la entidad.
c)  Convenio entre la Confederación o Federación con las entidades federadas que 
puedan efectuar la totalidad o parte de las actividades en que consista el proyecto en 
nombre y por cuenta de la federación o confederación. El convenio contendrá, al menos, 
los siguientes extremos: identificación de las entidades, objeto del acuerdo, asignación 
definitiva a cada entidad, compromisos para la justificación y el carácter solidario en el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas al ser beneficiarias de la subvención.
6.  Una vez aprobado, este Real Decreto se publicará en la Base de Datos Nacional 
de  Subvenciones,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  18  y  20  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el 
que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas. e
Artículo 4.  Entidades beneficiarias. 464ww
Terc1e.r  SLeacst oern tdidea dAecsc ibóenn eSfoicciiaarli asso nd el alass  dseutbavlleandcaiso nae sc odnetsintiunaacdiaósn .a  Claasd ae nstiudbavdeensc idóenl 
comprende a la entidad beneficiaria principal y, en su caso, a las entidades beneficiarias
asociadas a aquella, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre:
a)  Fundación Secretariado Gitano.
b)  Cáritas España.
c)  Hogar Sí.
d)  Confederación Plena Inclusión España.
e)  Fundación Save the Children.
2.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a Comunidades y 
Ciudades Autónomas son las detalladas a continuación:
a)  Comunidad Autónoma del País Vasco.
b)  Comunidad Autónoma de Galicia.
c)  Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
d)  Comunidad Autónoma de la Comunitat Valenciana.
e)  Comunidad Autónoma de Aragón.
f)  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
g)  Comunidad Foral de Navarra.
h)  Comunidad Autónoma de Extremadura.
i)  Ciudad Autónoma de Ceuta.
3.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a Entidades Locales 
son las detalladas a continuación:
a)  Municipio de Madrid.
b)  Municipio de Barcelona.
4.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones podrán concertar con terceros la 
ejecución  total  o  parcial  de  los  proyectos  piloto  de  inclusión  social  mediante  los 
procedimientos de licitación correspondientes, subvenciones o proceder a su ejecución 
total o parcial a través de encargos a medios propios, de acuerdo con los límites 
previstos en el artículo 17 del presente Real Decreto.
No podrá concertarse la ejecución de actividades a entidades incursas en alguna de 
las prohibiciones del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 72.5 de la citada ley.
Artículo 5.  Actuaciones a financiar.
1.  Las subvenciones irán destinadas al desarrollo de itinerarios de inclusión social 
con personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, y su evaluación, en el marco de la 
inversión C23.I7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España: 
«Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión 
social al Ingreso Mínimo Vital», con la finalidad de mejorar la tasa de acceso al IMV e 
incrementar la efectividad del IMV a través de políticas de inclusión.
Cuando el número de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en el territorio de la 
comunidad o ciudad autónoma no sea suficiente para el desarrollo de la intervención, o 
cuando por motivos de la evaluación sea necesario incluir otros colectivos, podrán ser 
beneficiarias de los itinerarios otras personas en situación o riesgo de exclusión social sean o 
no beneficiarias del IMV o de las rentas mínimas autonómicas. s
Serán colectivos en situación o riesgo de exclusión social prioritarios la infancia y la  e.
juventud; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas migrantes;  w.
las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos y  464ww
peexprslootnaacsió pnr osecexudaeln; tleass  dpee rmsoinnoarsía vsí cétitmniacas sd; ela dsi spcerirmsoinnaacsi ótnra; nlass;  lpaes rspoenrsaosn saisn  rheocgluasra; sla ys 
eriexrsegcolu dsea se;x claluss ipóenr ssooncaiasl .con problemas de adicción; y otras personas en situación o  BOE-A-cable e
2.  En el caso de proyectos de carácter integral, los itinerarios de inclusión social 
objeto de la subvención podrán incluir actuaciones con el entorno de las personas 
destinatarias de la intervención, siempre y cuando se consideren necesarias para la 
inclusión social de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
3.  El diseño y ejecución de los itinerarios de inclusión social deberá prever la 
realización  de  una  evaluación  de  impacto  con  metodología  de  ensayo  controlado 
aleatorizado (RCT).
4.  Serán financiables con esta subvención:
a)  Las actuaciones que formen parte del itinerario de inclusión social. Los itinerarios 
se desarrollarán en uno o varios de los ámbitos relevantes para la inclusión social de las 
personas en situación o riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran los 
siguientes:
1.º  Ámbito laboral.
2.º  Ámbito educativo.
3.º  Servicios sociales.
4.º  Salud y cuidados.
5.º  Vivienda.
6.º  Competencias digitales.
7.º  Suministro energético.
8.º  Cualquier otro ámbito de intervención que incida en la inclusión social de las 
personas en situación o riesgo de exclusión social.
b)  Las actuaciones necesarias para evaluar los itinerarios de inclusión social objeto 
de esta subvención.
c)  Actividades  de  sensibilización  social,  publicidad  y  de  difusión;  edición  y 
distribución de publicaciones específicas de la entidad y material divulgativo, siempre 
que la edición corresponda a la entidad beneficiaria y lleve incorporado el modelo de 
logotipo que identifique el origen de la subvención.
5.  Los convenios que se suscriban con las entidades beneficiarias detallarán las 
actuaciones a desarrollar que serán objeto de subvención.
Artículo 6.  Gastos subvencionables.
1.  La  ayuda  se  destinará  a  cubrir  los  costes  relacionados  con  el  desarrollo  y 
ejecución  de  las  actuaciones  definidas  en  el  marco  del  convenio,  en  los  términos 
previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La  financiación  podrá  aplicarse  a  los  siguientes  conceptos  de  gasto  de 
operaciones corrientes:
I.  los costes directos de ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, incluyendo, 
entre otros, a los siguientes conceptos de gasto:
a)  Coste de personal. Gastos de personal vinculados al objeto de la intervención, 
que comprenda los gastos de carácter salarial, incluidos los de seguridad social y la 
indemnización por fin de contrato temporal, que deberá estar dedicado en exclusiva al 
proyecto para asegurar su ejecución.
En el caso de organismos y entidades del sector público, será susceptible de ayuda  s
los gastos de contratación de nuevo personal, conforme a la normativa que resulte de  e.
aplicación, y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una relación  w.
laboral entre la Administración General del Estado y el personal adscrito a la gestión de  464ww
lcousa plqruoiyeer cmtoosd, abliiedna ds elae gmael ddiea nintec ocropnotrraatcoiósn p odre o pberars oo nsaelr vdieci od udreatecirómni ndaedtoe rom ain atrdaav,é sa  dlae 
lqouse l ípmuidteiesr aqnu ea econg ceardsea  mlaso mcoemntuon piduaeddeasn  aeusttóanbolemcearss ey  eenn tildaas dceosr rleoscpaolensd,i eanjutesstá lnedyoesse d ae   BOE-A-cable e
Presupuestos Generales del Estado y demás normativa que regule el personal al servicio 
del sector público, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior 
incorporación a dicho organismo o entidad. En el caso de organismos y entidades del 
sector público se deberá respetar la normativa en materia retributiva que les sea de 
aplicación.
b)  Costes  de  movilidad.  Gastos  de  viaje,  locomoción,  dietas,  alojamiento  y 
manutención, seguros o visados, asociados al proyecto siempre que sean necesarios 
para asegurar su ejecución.
c)  Costes de asesoría técnica para el diseño del proyecto.
d)  Otros costes derivados de trabajos de asesoramiento, realización de estudios, 
difusión y publicidad.
e)  Costes  específicos  relacionados  con  el  grupo  de  destinatarios  del  itinerario 
objeto de la subvención, que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de dicho 
itinerario o su evaluación.
f)  Gastos de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles para la realización de 
las actividades del proyecto, siempre que exista una relación clara y directa entre dicho 
alquiler y los objetivos del proyecto, y se motive debidamente su necesidad. El inmueble 
deberá utilizarse exclusivamente para la ejecución del proyecto.
II.  Podrán imputarse a las actuaciones subvencionadas costes indirectos según lo 
establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el artículo 83.3 de 
su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y 
Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
III.  Otros  costes  no  contemplados  en  los  anteriores  apartados  que  de  forma 
indubitada  respondan  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,  resulten 
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad.
3.  Será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  respecto  a  la  elegibilidad  de  los  gastos 
correspondientes  al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (IVA)  de  cualesquiera  de  las 
actuaciones relacionadas en el apartado anterior. No obstante, en el caso de proyectos 
ejecutados por entidades beneficiarias de la subvención del Tercer Sector de Acción 
social del aparatado primero del artículo 1 del presente real decreto, el Impuesto sobre el 
Valor  Añadido  será  gasto  subvencionable,  siempre  y  cuando  no  sea  recuperable 
conforme a la legislación aplicable.
4.  Serán  financiables  las  actuaciones  vinculadas  al  objeto  del  correspondiente 
convenio que articule las subvenciones y que sean desarrolladas a partir del 1 de febrero 
de 2020 hasta el 30 de junio de 2023 para la ejecución del itinerario objeto de la 
subvención y hasta el 31 de marzo de 2024 para su evaluación, siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.
Artículo 7.  Cuantía de las subvenciones.
1.  La dotación financiera para las entidades del Tercer Sector de Acción Social será 
de 21.787.404 euros. El importe máximo de las subvenciones será el siguiente: s
a)  A Fundación Secretariado Gitano: 2.536.971 euros. w.b
b)  A Cáritas España: 6.170.912 euros. 464ww
cd))   AA  HCoognafer dSeír:a 2c.i8ó9n1 P.0le1n5a e Iunrcolus.sión España: 2.540.972 euros.
e)  A Fundación Save the Children: 7.647.534 euros.
2.  La dotación financiera para las Comunidades Autónomas será de 68 millones de 
euros. El importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
a)  A la Comunidad Autónoma del País Vasco: 6.590.610,57 euros.
b)  A la Comunidad Autónoma de Galicia: 10.602.625,83 euros.
c)  A la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: 7.341.491,29 euros.
d)  A la Comunidad Autónoma de la Comunitat Valenciana: 10.243.668,33 euros.
e)  A la Comunidad Autónoma de Aragón: 7.471.600,81 euros.
f)  A la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 8.999.085,14 euros.
g)  A la Comunidad Foral de Navarra: 5.820.682,11 euros.
h)  A la Comunidad Autónoma de Extremadura: 8.803.049,27 euros.
i)  A la Ciudad Autónoma de Ceuta: 2.127.186,65 euros.
3.  La dotación financiera para las Entidades Locales será de 20 millones de euros. 
El importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
a)  Al municipio de Madrid: 10.680.601,95 euros.
b)  Al municipio de Barcelona: 9.319.398,05 euros.
4.  La cuantía de estas subvenciones se abonará con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias  que  correspondan  al  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones en el presupuesto 2021.
Artículo 8.  Modificación de las subvenciones.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
Administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley General de Subvenciones, salvo 
cuando afecten a cualesquiera de las obligaciones recogidas en la normativa europea y 
nacional aplicable.
Cualquier modificación del convenio deberá formalizarse con una adenda firmada por 
ambas partes.
2.  Las  entidades  subvencionadas  podrán  solicitar,  con  carácter  excepcional, 
modificaciones del contenido de la resolución basadas en la aparición de circunstancias 
que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de 
ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, y podrán ser autorizadas siempre 
que no dañen derechos de tercero.
Las  solicitudes  de  modificación  deberán  fundamentar  suficientemente  dicha 
alteración o dificultad y presentarse, ante la Secretaría General de Objetivos y Políticas 
de Inclusión y Previsión Social, con anterioridad, en todo caso, al momento en que 
finalice  el  plazo  de  ejecución  del  proyecto,  determinado  en  el  propio  convenio  y 
resolución de concesión.
3.  Las entidades solicitantes serán informadas de la fecha en que la solicitud ha 
tenido entrada en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, a partir de la cual se inicia el cómputo del plazo de resolución, mediante 
comunicación que a tal efecto les dirigirá la Secretaría General de Objetivos y Políticas 
de Inclusión y Previsión Social, en los términos previstos por el artículo 21.4 de la  e.e
Ley 39/2015, de 1 de octubre. b
4.  La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular  464ww
ddeelle gMaicniiosnteersio  ded ec oInmcpluesteiónnc,i asS eegxuisritdeandte sS oecni alla  ym  aMteigrriaa,c ioyn eses,  nsoitnif icpaerárj ueicnio  eld ep lalazos 
meleácxtimróon icdoe.  trEesst am eresseosl,u ccoiónnta pdoons ddreás dfien  laa  fleac hvaía d aed smu inpirsetsraetnivtaac, iópnu deiénn edl ocsitea dinot ererpgoisntreor 
contra ella el recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el
plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo  en  la  forma  y  plazo  previstos  en  el  artículo  46  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la 
resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  24  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  teniendo  a  todos  los  efectos  la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
5.  Cuando  la  cuantía  de  la  subvención  haya  de  ser  objeto  de  reducción  por 
aplicación de lo previsto en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, se dictará la resolución que proceda por la persona titular del Ministerio de 
Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones,  sin  perjuicio  de  las  delegaciones  de 
competencias existentes en la materia, y se procederá al reintegro del exceso, junto con 
los intereses de demora, de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 9.  Pago de las subvenciones.
1.  El pago tendrá el carácter de pago anticipado y en un único pago, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No será preciso que 
la entidad beneficiaria presente garantía en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.2.a) y 
d) del Reglamento de la citada ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  En el supuesto de entidades beneficiarias de la subvención del Tercer Sector de 
Acción Social, la entidad beneficiaria directa se responsabilizará de la transferencia a 
cada entidad beneficiaria asociada de los importes que le correspondan en función del 
reparto establecido en el convenio suscrito entre todas ellas en los términos y plazos que 
se hayan establecido en el mismo.
3.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de  julio,  las  Administraciones  Públicas  quedan  exoneradas  de  la  constitución  de 
garantías.
Artículo 10.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir  los  requisitos  previstos  en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en este real decreto, en la resolución de concesión y 
en el correspondiente convenio.
2.  No podrán ser beneficiarias las entidades del Tercer Sector de Acción Social que 
incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de 
la Ley General de Subvenciones.
Con carácter previo al cobro de la subvención, el beneficiario deberá acreditar que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de no ser deudor por procedimiento de 
reintegro.
3.  Asimismo, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en el presente real decreto, en la resolución de concesión de la subvención y en los  s
correspondientes convenios. oe.
b)  Colaborar con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y  w.
npPerreecvveiissstaioórsnia   eSpnoa ceriala  pl erpellaosre,a nd teeel   radeciasule eñdroed codr eect ooln,a   elmno sel atom dreeosclooaglnuíiacsi móRnoC sdT e,d  eyc  oipnnrctoeeprscoiaórcmni obdnieoa  rl adl eas  uiinnbffvooerrnmmcaaióccniióó nny    2021-17464n https://ww
en los correspondientes convenios.
c)  Colaborar con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social para la ejecución de la evaluación de los proyectos piloto objeto de las 
subvenciones reguladas en el presente real decreto.
d)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y 
a la evaluación continua y final por parte de los órganos gestores de las respectivas 
subvenciones, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General 
de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
4.  El beneficiario deberá rendir justificación ante el órgano gestor del cumplimiento 
de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos de este real decreto.
El reporte de la justificación de cumplimiento deberá realizarse de acuerdo con los 
requisitos  y  el  contenido  concreto  diseñados  para  cada  una  de  las  categorías  de 
actuaciones a financiar por parte de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social como órgano competente. De esta manera la información 
incluida en la propia justificación de cumplimiento de las condiciones se adecuará al 
diseño general de la política de inclusión social.
5.  Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio  equivalente,  con  validez  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  eficacia 
administrativa.
6.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además,  con  las  siguientes 
obligaciones,  europeas  y  nacionales,  relativas  a  la  financiación  del  Mecanismo  de 
Recuperación  y  Resiliencia  de  la  Unión  Europea.  A  tal  efecto,  deberán  atenerse  a  lo 
siguiente:
a)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021.
b)  Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021.
c)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
d)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por 
terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la 
información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos 
y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea.
En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos 
justificativos  y  demás  documentación  concerniente  a  la  financiación,  en  formato 
electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación. Este período será 
de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
f)  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la  e
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la  bo
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. 464ww
Mecga)n isCmuosst oddiea ráRne cyu pceornasceiórnva ryá n Rleas ildieonccuima edneta ccióonn fodrem ildaa da cctiovind aed l fianratínccuilaod a1 3p2o r deell 
Rdee g2l0a1m8e, nstoob (rUe Ela,s E nuorramtoams )f i2n0a1n8c/ie1r0a4s6 a dpelilc aPbalrelasm ael pnrtoe sEuupruoepsetoo  gye dneelr aClo dnes elajo U, ndieó n1.8 de julio
h)  En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades 
beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», 
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España.
7.  A  efectos  de  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  artículo  22.2.d)  del 
Reglamento  2021/241  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia (RMRR), la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 
del RMRR podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades 
Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la 
Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También, 
será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos 
Europeos,  según  las  previsiones  contenidas  en  la  normativa  europea  y  nacional 
aplicable.
Artículo 11.  Cumplimiento de hitos y objetivos y otras obligaciones.
1.  Estas ayudas estarán incluidas en la inversión C23.I7 «Fomento del crecimiento 
inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo 
Vital» dentro del Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo 
dinámico, resiliente e inclusivo» correspondiente al Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. Las ayudas contribuirán al cumplimiento, ejecución y realización 
del objetivo y los hitos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se 
prevé que el objetivo a alcanzar para el período del Plan sea la suscripción de, al menos, 
18 convenios para la realización y evaluación de proyectos piloto de inclusión social.
Para ello, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social asume los siguientes compromisos en el marco de las ayudas incluidas en este 
real decreto: 
a)  Proporcionar a la entidad beneficiaria apoyo para el diseño de las actuaciones a 
realizar para la ejecución y seguimiento del objeto de la subvención, así como para el 
perfilado de los potenciales participantes del proyecto piloto. 
b)  Diseñar la metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT) del proyecto 
piloto objeto de las subvenciones reguladas en el presente real decreto, en coordinación 
con las entidades beneficiarias de la mismas.
c)  Evaluar el proyecto piloto objeto de las subvenciones reguladas en el presente 
real decreto, en coordinación con las entidades beneficiarias de las mismas. 
2.  La responsabilidad de la gestión, control y cumplimiento de los hitos y objetivos 
de  la  subvención  le  corresponde  al  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones, sin que pueda delegarse la misma en otras entidades.
Artículo 12.  Compatibilidad con otras subvenciones.
Estas subvenciones serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o  bo
recursos que, en su caso, pueda recibir la Comunidad o Ciudad Autónoma, Entidad local,  464ww
aednmtidinaids troa cidoensetsin aot aerniote sfi npaúl blpicaoras,  lnaa cmioinsamleas ,f idnea lildaa dU,n ipórno cEeudreonpteeas  od ed ec ouragleasnqisumieoras 
internacionales.
Artículo 13.  Publicidad y difusión.
1.  Las  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  deben  cumplir  con  las 
obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan 
relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, 
en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las 
inversiones  (carteles  informativos,  placas,  publicaciones  impresas  y  electrónicas, 
material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), 
se deberán incluir los siguientes logos:
a)  El emblema de la Unión Europea,
 
b)  junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU»;
c)  se recomienda emplear también el siguiente logo:
 
d)  Se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede 
consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm 
y  descargar  distintos  ejemplos  del  emblema  en:  https://europa.eu/european-union/
abouteu/symbols/flag_es#download.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y 
de acceso al público.
2.  A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
Artículo 14.  Mecanismo de intercambio de información.
1.  Las entidades beneficiarias de cada una de las ayudas deberán proporcionar a la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social los datos e 
indicadores disponibles en sus bases de datos necesarios para el diseño, seguimiento y 
evaluación de los itinerarios de inclusión social que son objeto de la subvención. En 
particular, se proveerán datos de la población de partida del proyecto para la inclusión 
social en el ámbito de sus competencias, con información sobre las características de 
cada uno de ellos, así como de sus unidades de convivencia. Las entidades beneficiarias 
deberán registrar y compartir con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
 
Inclusión y Previsión Social la información sobre los participantes en los itinerarios, así 
como  de  aquellos  seleccionados  para  el  grupo  de  control  para  la  evaluación.  Se 
registrará y proveerá información relativa a las actuaciones realizadas que permitan la 
evaluación de las mismas, el seguimiento de los indicadores necesarios para evaluar el 
impacto de los itinerarios y el enriquecimiento de la información con otra información 
adicional.
2.  Se definirá un método de intercambio seguro de información para que sea  e
posible enriquecer la información con información adicional que se solicite por parte de la  bo
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y que sea  464ww
rcpearsoreáp3rco.vt reacrdiL ooyon ssaa   dypad re aspsteooecrsrr  vteeatqrorcu sleeo. r soL ssdae.esar enpc ahorotbesjse d toes  ela dsce o pmecrepssrooiónmnae st yefí nsi tcraaa tsam ym ajiunertníedtnoice art ser naigd ulraárson s qaucmea ersánect etree rfe iesdrteae    OE-A-2021-17able en https://
la información estableciendo los procedimientos que garanticen el tratamiento lícito en
los términos previstos por el Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD), y en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública (LFE).
Artículo 15.  Justificación de los gastos.
1.  Las entidades beneficiarias, tras la finalización de la ejecución, justificarán ante 
el órgano gestor la aplicación de la subvención percibida, como máximo, en tres meses a 
partir del día siguiente al de la finalización del plazo de vigencia del correspondiente 
convenio y presentará una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas y una memoria económica, según se define en el artículo 72 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo 
en cuenta las singularidades establecidas en el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, que contendrá la siguiente documentación:
a)  Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
b)  Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En 
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las 
desviaciones acaecidas.
c)  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil  o  con  eficacia  administrativa  incorporados  en  la  relación  a  que  se  hace 
referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
d)  Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, deba haber solicitado el beneficiario.
2.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones podrán optar, a su elección, por 
realizar la justificación a través de la cuenta justificativa con aportación de informe de 
auditor  regulada  en  el  artículo  74  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones. En este caso, la entidad beneficiaria no está 
obligada a aportar justificantes de gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las 
actuaciones de comprobación y control que pueda realizar la Intervención General de la 
Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias.
3.  Asimismo, las entidades beneficiarias de la subvención deberán presentar:
a)  Certificado expedido por el Interventor, Secretario del Ayuntamiento u órgano 
económico-financiero interno de control, según corresponda, acreditativo de la aplicación 
a  su  finalidad  de  los  fondos  percibidos  y  el  detalle  de  los  pagos  efectuados 
correspondientes a las actuaciones subvencionadas objeto de la subvención, salvo en el 
caso de las entidades beneficiarias de esta subvención que no tengan la condición de 
administración pública.
b)  Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por el 
que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención,  así  como  del  informe  emitido  por  la  Intervención  u  órgano  de  control 
equivalente, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa  e.
de la subvención, según lo establecido en la disposición adicional novena del Real  w.b
Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones, salvo  464ww
deen  aedl mcainsois tdraec liaósn  epnútbidliacdae.s beneficiarias de esta subvención que no tengan la condición
c)  Documento acreditativo sobre las medidas de difusión adoptadas para general 
conocimiento de la financiación por el Estado en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de las actuaciones objeto de la subvención.
d)  Documentos de declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por 
las  autoridades  competentes  conforme  a  la  normativa  nacional  y  europea,  dando 
cumplimiento  a  las  obligaciones  exigibles  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en especial, atendiendo a las disposiciones normativas 
sobre el sistema de gestión y de información establecidas en la Orden HFP/1030/2021, 
de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  la  Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
4.  Las entidades beneficiarias deberán conservar toda la documentación original, 
justificativa y de aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las 
actividades de comprobación y control.
5.  Las entidades beneficiarias deberán presentar cualesquiera otros informes o 
documentos justificativos que de acuerdo con la normativa europea o nacional resulten 
exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como 
el suministro de información que sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado 
sistema de gestión y seguimiento del Plan, informando de lo que sea preciso para 
alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas que la normativa nacional o 
europea  prevea  para  la  gestión,  el  seguimiento  y  control  de  la  financiación  y  los 
objetivos.
6.  La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 
comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros 
documentos  o  datos  aclaratorios  que  estime  necesarios  para  poder  proceder  a  la 
correspondiente  liquidación  respecto  a  las  cantidades  transferidas  a  cuenta  y  a  la 
instrucción,  si  fuera  preciso,  del  correspondiente  procedimiento  de  reintegro  de  los 
importes no utilizados.
Artículo 16.  Plazo de ejecución.
1.  El plazo de ejecución de los proyectos piloto de itinerarios de inclusión social 
objeto de las subvenciones previstas en el presente texto no deberá exceder la fecha 
límite del 30 de junio de 2023, mientras que la evaluación de los mismos, objeto de la 
subvención, no se extenderá del plazo del 31 de marzo de 2024, con la finalidad de 
cumplir  con  los  hitos  marcados  por  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia en materia de política de inclusión.
2.  Los gastos efectuados por la entidad beneficiaria podrán realizarse durante todo 
el periodo de ejecución para el que se concede la ayuda.
3.  Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de 
ejecución  sea  efectivamente  pagado,  durante  el  mismo,  o  dentro  del  periodo  de 
justificación.
4.  Los gastos de la prestación de servicios específicos correspondientes a las 
actuaciones de control, verificación y justificación de la ayuda e inspección del proceso,  e
podrán realizarse durante todo el período de ejecución y justificación para el que se  bo
concede la ayuda. En todo caso, estos gastos deberán ser efectivamente pagados  464ww
dentro del período de ejecución y justificación.
Artículo 17.  Subcontratación.
1.  Las entidades beneficiarias podrán subcontratar hasta el ochenta por ciento de la 
actividad subvencionable cuando sean entidades del Tercer Sector de Acción Social, y 
hasta el cien por cien cuando tengan la condición de Administraciones Públicas, y se 
ajustarán a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La 
contratación y subcontratación por parte de los beneficiarios se sujetará a la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, cuando esta resulte de aplicación, así como a la normativa en 
materia de ayudas de Estado.
2.  En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la 
totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos 
para  asegurar  que  los  subcontratistas  cumplan  con  el  principio  de  «no  causar  un 
perjuicio significativo al medio ambiente».
Artículo 18.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas por incumplimiento de 
lo  previsto  en  el  artículo  7.séptima  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
2.  El incumplimiento de las obligaciones sobre aportación de la documentación 
exigida por la normativa nacional y europea en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y del Marco de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
será causa de reintegro.
3.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  las  entidades  beneficiarias  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
4.  Todas y cada una de las entidades beneficiarias de la subvención responderán 
de  forma  solidaria  de  los  reintegros  motivados  por  cualquiera  de  los  supuestos 
señalados en el apartado 1. A estos efectos, la responsabilidad solidaria únicamente 
alcanza, respecto de cada subvención, a la entidad beneficiaria principal de la misma a 
las entidades asociadas de aquella.
5.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
concedente de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 19.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias 
se  graduarán  y  sancionarán  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  título  IV  de  la  s
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y título IV de su Reglamento, aprobado por Real  oe.
Decreto 887/2006, de 21 de julio. w.
Disposición final primera.  Título competencial.
ConLsotistu cairótínc uElossp adñeo elas,t eq rueea l edsetacbreletoc es el ad icctoamn paelt eanmcpiaa roe xdcelul saivratí cudleol  1E4s9t.a1d.1o. ª edne  llaa 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así 
como del artículo 149.1.13.ª que reconoce la competencia exclusiva del Estado en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE
ANEXO I
Modelo de solicitud
Solicitud de subvenciones
1.  Datos de la subvención:
Centro directivo: Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.
Denominación de la subvención:
Fecha publicación «Boletín Oficial del Estado»:
2.  Datos de identificación de la entidad y del/de la representante legal:
Nombre o razón social:
NIF:
Domicilio:
Código Postal-Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Nombre del/de la representante legal:
DNI/NIE:
Cargo:
Para lo que acompaña los siguientes documentos que se requieren en virtud del 
apartado tercero y cuarto del artículo 3 del Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por 
el  que  se  regula  la  concesión  directa  de  subvenciones  del  Ministerio  de  Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe 
de  109.787.404  euros,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, de los que certifica su veracidad: ..……………………………………….........
Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones: …………………………....
Para  la  comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  los 
artículos 18 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, en el marco de las subvenciones de concesión directa por Real Decreto 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (marcar únicamente en el 
caso de que se desee que el órgano concedente de la subvención haga consultas 
telemáticas necesarias para comprobar el cumplimiento del requisito de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social si se trata de una entidad 
beneficiaria de carácter privado):
□ AUTORIZO  a  la  Secretaría  General  de  Objetivos  y  Políticas  de  Inclusión  y 
Previsión  Social  a  solicitar  de  la  Agencia  Estatal  Tributaria  los  datos  relativos  al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
□ AUTORIZO  a  la  Secretaría  General  de  Objetivos  y  Políticas  de  Inclusión  y 
Previsión Social a solicitar la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos 
al cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social.
El NO ejercicio de esta opción supone la obligación de aportar las certificaciones en 
los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento.
Don/doña ………………………………………………………………… representante legal  oe.
de la entidad solicitante, certifica la veracidad de los datos obrantes en el presente anexo. 464www.
Fecha y firma:
En  cumplimiento  de  lo  estipulado  por  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos 
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  los  datos  de  carácter  personal 
aportados serán tratados por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión 
y Previsión Social e incorporados a la actividad de tratamiento que le es propia, cuya 
finalidad, basada en el cumplimiento de obligación legal, es la tramitación de la solicitud 
de  esta  subvención.  Los  datos  de  carácter  personal  pueden  ser  comunicados  a 
entidades bancarias, a otros servicios competentes de las Administraciones Públicas en 
el ejercicio de sus competencias y, en particular, a la IGAE, a la AEAT y a la BDNS, de 
acuerdo con la legislación específica aplicable. Los datos se conservarán durante el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para 
determinar posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando procedan, ante el delegado de protección de datos del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (dpd@mitramiss.es). En su caso, también 
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.