BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 173 Miércoles 21 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 87204
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12215 Resolución de 13 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la 
Comunidad de Madrid y la Universidad San Pablo-CEU, para la realización 
de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.
Con fecha 8 de julio de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General del 
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y la Universidad San 
Pablo-CEU para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 13 de julio de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad de Madrid y la Universidad San Pablo-CEU para la realización de 
prácticas externas en Juzgados y Tribunales
En Madrid, se firma electrónicamente.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, don 
Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de 9 de diciembre de 2013, mediante Real Decreto 979/2013, de 10 
de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El  Ministro  de  Justicia,  don  Juan  Carlos  Campo  Moreno,  de  acuerdo  con  el 
Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden 
en virtud del artículo 61, apartado k), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
El Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, don Enrique 
López López, nombrado por Decreto 55/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la 
Comunidad  de  Madrid,  actuando  por  delegación  de  firma  de  la  Presidenta 
(Decreto 25/2020, de 17 de agosto), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 del 
Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad, por el que 
se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
La  Rectora  Magnífica  de  la  Universidad  San  Pablo-CEU,  doña  Rosa  M.ª  Visiedo 
Claverol, nombrada mediante Acuerdo del Patronato, de 13 julio de 2019, y actuando en 
nombre y representación de la Universidad, con domicilio en Madrid, calle de Isaac Peral, 
n.º 58, con CIF G-28423275, en uso de las facultades conferidas por el artículo 37.1.c) del  es
Decreto 31/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las  o
normas de organización y funcionamiento de la Universidad San Pablo CEU. 215ww
Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de administración de justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que 
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección 
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de 
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio 
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la 
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, establece 
en  su  anexo  apartado  B).1.b)  que  la  adquisición  y  gestión  de  patrimonio  mobiliario, 
inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad de Madrid, 
corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C).1 del citado anexo establece 
que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio 
de las funciones que asume la Comunidad de Madrid.
Quinto.
A  su  vez  el  Reglamento  1/2000,  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  Tribunales, 
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en 
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble 
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto.
El artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que,  s
en relación con la Administración de Justicia, corresponde a la Comunidad Autónoma  oe.
eAlGaju eotrbCocinoeeomrrn muolaín asdid. e aAf aldsac i umNdltieaas cdmMieóosna,   dcyqro uidcneu,   aaylranr e taagLsll eo yDc a oelOm cDrrpegeetácotrne einc2toca7i  a15ds/22 e/l02el 10 Pa91ot,9r di,b deduerey   eJ12 u92ed  ld idcteíieta ua ll gooro ceIstVcutoo bdn,r eeod ,ze dc dilcaaeh  lPo or  CeEaosstinrtdiasbeteuunjytotoaa    dddaeeel     2021-12215n https://www.
Gobierno, corresponde a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas la dirección, gestión e
inspección en materia de provisión de medios materiales, económicos y personales para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia.
Séptimo.
Uno  de  los  fines  de  la  Universidad  San  Pablo-CEU  es  el  de  la  preparación 
académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para 
dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas 
que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de  interés  común,  siendo  uno  de  ellos  el  de  la  formación  integral  de  alumnado 
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El  Real  Decreto  592/2014,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como los 
objetivos  de  las  prácticas,  las  entidades  colaboradoras  y  los  destinatarios,  requisitos, 
tutorías y contenidos de los Convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación 
ha  de  promover  la  incorporación  de  estudiantes  en  prácticas  en  el  ámbito  de  las 
administraciones  públicas,  impulsando  la  empleabilidad  de  los  futuros  profesionales, 
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta 
al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.
Décimo.
El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Practicum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
Juzgados  y  Tribunales  en  la  forma  que  se  detalla  en  la  parte  dispositiva  de  este 
Convenio, por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la 
formación de profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la 
Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha  colaboración  se  concreta  en  que  el  alumnado  que  cursa  estudios  en  la 
Universidad San Pablo-CEU pueda realizar prácticas externas en Juzgados y Tribunales 
de la Comunidad de Madrid de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye  el  objeto  del  presente  Convenio  la  realización  de  prácticas  externas 
curriculares  y  extracurriculares  (en  adelante,  prácticas  externas)  por  el  alumnado 
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o  s
máster  que  imparte  la  Universidad  San  Pablo-CEU  y  siempre  de  titulaciones  oe.
rTreeraliablicuPzinoaoarcn liaueódnsna   dldsaee d  ocllaao,  snCla  op Cpmrárooucnfnteiscidseaiajosed nre íedaxse td e Merdn eaJa udslsr aiotd icb.Aijaed,t omIn idnteeisrl itoprarr ecysi óVenní ctetdim eC aoJsnu vsseetin cciiooa,m,  apesrnío  cmoloemste o  Jaau  pzfagecarmidlitoiatsirr   elayl    2021-12215n https://www.
acceso del alumnado a las sedes de los Juzgados y Tribunales.
Por otro lado, la Universidad San Pablo-CEU se compromete a que la persona o 
personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de 
los siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad San Pablo-
CEU que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad San Pablo-CEU que certifique su actividad como tutor/a de 
estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así 
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar  del  acceso  a  bibliotecas,  instalaciones  deportivas  o  actividades 
culturales, entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia  y  la  Comunidad  de  Madrid  estará  siempre  supeditada  a  las  necesidades  y 
disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, por lo que 
surgida  tal  necesidad  o  falta  de  disponibilidad,  en  su  caso,  el  Convenio  quedará 
suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su caso extinguido sin que sea 
preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación alguna por parte de la 
Universidad San Pablo-CEU o concesión de indemnización o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar 
su colaboración al Ministerio de Justicia mediante la cesión de aulas, con ocasión de la 
celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o 
acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Las  partes  determinarán,  de  común  acuerdo,  el  número  de  estudiantes  que 
realizarán las prácticas en los Juzgados y Tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se 
adjunta como anexo I al presente Convenio
2.  Se  establecen  dos  modalidades  de  prácticas  externas  que  pueden  ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: Son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas  extracurriculares:  Son  aquellas  que  los  estudiantes  realizan  con 
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos 
fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior 
en el Suplemento Europeo al Título.
3.  El  alumnado  será  propuesto  por  la  persona  que  ejerza  la  dirección  de  las 
prácticas externas de la Universidad San Pablo-CEU.
4.  Las prácticas externas del alumnado se ajustarán a las necesidades organizativas 
establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se realicen las  e.e
mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus funciones. b
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que  215ww
lsoa lpveargmuaitard alad os ietul adceióbne rd deel  prerosceervdaim oie snitgoi,lo s yu  pdreecslearrvaacdióan,  eon n too ddoe  csaescor,e ltao  iyd eqnutieddaadn ddoe 
las pLearss opnráacst iicmapsl iecaxtdearsn aos p taerntedsrá.n la duración que determine la Universidad San Pablo-
CEU, realizándose en horario de mañana en los Juzgados o Tribunales, en ambos casos
a  establecer  por  la  persona  responsable  de  los  mismos  en  función  del  mejor 
funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En  los  supuestos  de  faltas  reiteradas  de  puntualidad,  asistencia,  incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid o los juzgados y tribunales afectados, 
podrán  suspender  de  forma  inmediata  y  cautelar  dichas  prácticas,  poniéndolo  en 
conocimiento de la Universidad, para que adopte las medidas que considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
de Madrid quedan exentos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, 
cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún caso, se 
entenderá  que  entre  las  partes  se  establecen  relaciones  contractuales  de  clase 
mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación 
laboral  propia  de  puestos  de  trabajo  cubriendo  así  necesidades  ordinarias  de  la 
Administración de Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería 
ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de 
recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que 
exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio  de  Justicia  y  la  Comunidad  de  Madrid  no  están  obligados  a  realizar 
contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente, por la Universidad San Pablo-CEU, en aquellos casos no cubiertos por 
el seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los 
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas 
externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los 
casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde 
se realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o  de  aquellas  actuaciones  judiciales  o  administrativas  de  las  que  pudieran  tener  s
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el  oe.
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual  w.
dlae bpefe)r rás oEsnunas c carqisbuoier   dedel e asqneuemex ope esdñteéel   eplsraet astbueltneotcreíi daCo od enenv telrane igoUa.nr ilvae rmsiedmado,r iaa  fifnina l deen  peol dpelarz os uppreervaisr tola as   2021-12215n https://ww
prácticas externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas
externas extracurriculares. Bc
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El Juzgado o Tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un 
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o 
personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La Universidad San Pablo-CEU emitirá un documento acreditativo a la persona o 
personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el 
programa de prácticas externas.
Quinta.  Protección de datos.
Todos  los  afectados  por  el  presente  Convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  y  demás  disposiciones 
vigentes sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
El cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social que, en su caso, se 
deriven con arreglo a la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo, corresponderán a la Universidad San Pablo-CEU.
Séptima.  Difusión. oe.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de  215ww
Upunbivliecridsiadda dy  Straann sPpaabrelon-cCiaE Ue ns ere lcaocmiópnr ocmoent ela a  sudsecsrtiapccaiór ne nd esl up rMeseemnoteri aC aonnuveanl ioy , elan 
cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este Convenio, la
colaboración  prestada  por  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de 
Justicia, la Comunidad de Madrid y los Tribunales y Juzgados afectados.
Octava.  Comisión de Seguimiento y Control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y 
un/a representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid que forma 
parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La Comisión 
se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la Comisión de Seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del Convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del Convenio.
2.  La  comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  El presente Convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito 
en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector 
Público Estatal; será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual 
periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del Convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los  Convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En  este  caso,  cualquiera  de  las  partes  podrá  notificar  a  la  parte  incumplidora  un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos 
que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de 
seguimiento y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se  e.
entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar  w.b
la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 215ww
de))   PPoorr  dcueacilsqiuóine rj uodtricai acla duescal adriasttoinrtiaa  ddee  llaas n aunlidteardio dreesl  Cproenvvisetnai oe.n las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones  que  representan,  suscriben  electrónicamente  el  presente  Convenio.–El 
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes 
Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.–El Consejero de Justicia, 
Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, en funciones (P. D. F., Decreto 25/2020, 
de 17 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid), Enrique López López.–La 
Rectora de la Universidad San Pablo CEU, Rosa M.ª Visiedo Claverol.
ANEXO
En ........................, a ........ de ................ de ..........
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:       DNI:       
Titulación que cursa:        Centro:       
Domicilio:        Municipio:       Provincia:        Cód. Postal:       
Teléfono móvil:        Teléfono fijo:        e-mail:       
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación:       
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:       
Municipio:        Provincia:       
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:       Modalidad de la práctica:   Centro gestor:       
Fecha inicio:       Fecha final:       Total horas:       Total meses:   
Horario:       
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación 
desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :        e-mail:        Teléfono:       
Tutor de la Universidad:        e-mail:        Teléfono:       
Proyecto formativo (tareas a desarrollar):  
DECLARA: 
 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su conformidad 
para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el compromiso  del deber de secreto y confidencialidad en materia de 
datos de las personas, procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el secreto 
durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer que en caso de incumplimiento incurriría en 
las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Por parte del Juzgado o Tribunal donde se 
Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
realiza la práctica, 
Fdo.       Fdo.       Fdo.       w.
  215ww