BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Jueves 25 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 23109
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2949 Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora  de  la  propiedad  de  Purchena  a  inscribir  una  escritura  de 
compraventa.
En el recurso interpuesto por don Jorge Díaz Cadórniga, notario de Vera, contra la 
negativa de la registradora de la propiedad de Purchena, doña María Desirée Martínez 
Martínez, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 13 de julio de 2020 por el notario de Vera don 
Jorge Díaz Cadórniga, con número 878 de su protocolo, se formalizó la compraventa de 
un inmueble; y en la parte relativa a la comparecencia se expresa que la sociedad 
vendedora, «Inver Ibérica, S.L.», tiene N.I.F. (…)4, si bien, en la nota registral informativa 
incorporada a la misma escritura dicha sociedad figura identificada con N.I.F. (…)4.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Purchena, fue objeto de 
la siguiente calificación por la registradora de la propiedad, doña María Desirée Martínez 
Martínez:
«El Registrador de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del 
documento precedente de conformidad con los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 y 
siguientes del Reglamento Hipotecario, ha resuelto no practicar lo solicitado, con arreglo 
a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos: I.–El día 14 de julio de 2020 se presenta bajo el número de entrada 1089, 
generando el asiento 796 del diario 132, escritura otorgada el 13 de julio de 2020, ante el 
Notario de Vera don Jorge Díaz Cadórniga, bajo el número 878 de su protocolo, por la 
que don J. L. R. B., actuando en nombre y representación como administrador solidario 
de la entidad mercantil INVER IBERICA 2003 SL vende a la entidad Mercantil JOSE 
ANTONIO LIZARTE, S.L. la finca registral 14293 de término municipal de Oria. II.–
Consulado  el  historial  de  la  finca,  la  misma  resulta  inscrita  a  favor  de  INVER 
IBERICA 2003 SL con CIF (…)4, siendo dicho número de identificación fiscal distinto al 
consignado en la presente escritura objeto de calificación. III.–No pudiendo establecerse 
la plena identidad entre el titular registral y la entidad aquí representada procede la 
suspensión de la inscripción solicitada en base a los siguientes FUNDAMENTOS DE 
DERECHO: I.–Conforme a los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento, 
el  Registrador  califica  bajo  su  responsabilidad  los  documentos  presentados,  s
extendiéndose la calificación –entre otros extremos– a "los obstáculos que surjan del  oe.
Registro", a "la legalidad de sus formas extrínsecas de los documentos de toda clase en  w.
cuya virtud se solicite la inscripción", a "las que afecten a la validez de los mismos, según  49ww
elaxsp rleesyieósn  sqiune c ldaeritdeardm sinuafinc ielan tefo, rdmea c udael qluoise rain dster ulamse cnitrocsu"n syt aan c"ialas  qnuoe ,e sxepgreúsnió lan , Loe y lay 
este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad".
Este principio legal de calificación por el Registrador se reconoce expresamente en 
cuanto  a  los  “documentos  públicos  autorizados  o  intervenidos  por  notario”  por  el 
artículo 143 del Reglamento Notarial, al establecer que los efectos que el ordenamiento 
jurídico les atribuye “podrán ser negados o desvirtuados por los Jueces y Tribunales y 
por las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias”. 
Impugnada esta nueva redacción según el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, ha 
sido confirmada expresamente por el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de octubre 
de  2008.  II.–En  este  caso  deben  tenerse  en  cuenta  los  principios  registrales  de 
legitimación  y  de  tracto  sucesivo  sancionados  en  los  artículos  1.  3.º,  38.  1.º  y  20 
respectivamente de la Ley Hipotecaria, a cuyo tenor los asientos registrales se presumen 
exactos y veraces, mientras no se acredite su inexactitud en los términos del artículo 40, 
considerando al titular reflejado en los mismos como legitimado para actuar en la forma 
que el asiento determine y, por tanto, siendo el facultado para poder disponer del 
inmueble.
Y  por  considerarlo  defecto  subsanable  se  procede  a  la  suspensión  del  asiento 
solicitado.
La anterior nota de calificación negativa podrá (…)
Purchena,  a  17  de  septiembre  de  2020.–La  Registradora.–Fdo.:  María  Desirée 
Martínez Martínez».
III
El 19 de octubre de 2020, el notario autorizante de la escritura, don Jorge Díaz 
Cadórniga, interpuso recurso contra la anterior calificación, en los siguientes términos:
«(…) D) Identificación de la entidad mercantil vendedora.
En la escritura de compraventa objeto de calificación, interviene en representación de 
la entidad mercantil vendedora INVER IBERICA 2003, S.L., su administrador solidario, 
constando además los siguientes datos de identificación de la sociedad:
Denominación social: INVER IBERICA 2003, S.L.
Escritura de constitución (que es la misma de la cual deriva la representación):
– Lugar de otorgamiento: Albox.
– Fecha de otorgamiento: el día 24 de diciembre de 2003.
– Notario autorizante: don Mariano Expedido Gil Gil Albaladejo.
– Número de protocolo: número 3968 de protocolo.
Datos de inscripción en el Registro Mercantil:
– Registro Mercantil provincial: Registro Mercantil de Almería.
– Hoja de inscripción: Hoja AL 22055.
– Tomo y folio: Tomo 897 Folio 91.
Los expresados datos de identificación de la entidad y del órgano de administración 
son totalmente coincidentes con constan inscritos en el Registro de la Propiedad en el 
asiento de inscripción de la finca objeto de la transmisión que ha motivado la presente 
calificación.
Asimismo, consta en la escritura objeto de calificación el NIF de la sociedad: (…) 4. e.e
Todos estos datos. b
No obstante, en la calificación registral la registradora indica que el NIF que figura  49ww
inscNritóot eesne e ql uRee úgnisictraom deen ltae  Pdrifoieprieed eand  uenso e dl e(… lo)s4 .dígitos el NIF de la sociedad que consta
econn lsat aers cernit usrua n oobtaje tdoe d cea lcifaicliaficciaócnió qnu e(q euse  eels q eule c foigrruercat oe)n y e el lR NeIgFi sqtruoe  dlae  rlae gPisrotrpaideodraad h.ace
Fundamentos de derecho.
Contra la nota de calificación cabe argumentar:
Primero.  Considero  que  está  suficientemente  acreditada  la  identificación  de  la 
entidad mercantil titular registral en la escritura de compraventa objeto de calificación, en 
base a todos los datos que para su identificación comprobé yo, el notario:
En primer lugar, la denominación social, que de forma imperativa ha de ser exclusiva 
(Art. 7 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
“Art. 7. Prohibición de identidad.
1.  Las sociedades de capital no podrán adoptar una denominación idéntica a la de 
cualquier otra sociedad preexistente.”
En análogos términos, el Art. 2 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, vigente cuanto se practicó la inscripción a favor de la entidad 
Inver Iberica 2003, S.L.
La citada denominación social es la misma que del titular registral consta en el 
Registro de la Propiedad.
En segundo lugar, los datos de la escritura de constitución de la sociedad, siendo 
dicha escritura de constitución, además, el mismo título del cual deriva la representación: 
Lugar de autorización, fecha, notario autorizante y número de protocolo.
Los citados 4 datos son los mismos del titular registral que constan en el título que 
motivó la inscripción a favor de la entidad mercantil transmitente y asimismo los mismos 
que constan en el Registro de la Propiedad (no indica la registradora en su nota de 
calificación nada en contrario).
En tercer lugar, los datos de inscripción en el Registro Mercantil (Registro Mercantil 
provincial, Tomo, folio y hoja de inscripción).
Los citados 4 datos son los mismos del titular registral que constan en el Registro de 
la Propiedad (no indica la registradora en su nota de calificación nada en contrario).
Todos los datos hasta aquí referidos son además los exigidos para la identificación 
de las personas jurídicas en el Art. 51 del Reglamento Hipotecario.
Asimismo, consta en la escritura objeto de calificación el NIF de la entidad mercantil, 
siendo dicho NIF el correcto que corresponde a dicha sociedad.
No obstante, según la nota de calificación, en el Registro de la Propiedad figura otro 
NIF, que es erróneo y que únicamente difiere en un dígito respecto del que corresponde 
a la entidad mercantil (que es el que consta correctamente en la escritura objeto de 
calificación que motiva el presente recurso):
NIF de la entidad mercantil que consta en la escritura objeto de calificación:
(…) 4 (correcto).
NIF erróneo que figura en el Registro de la Propiedad:
(…)4 (erróneo).
El citado NIF correcto ([…]4) me fue acreditado, como notario autorizante de la 
escritura objeto de calificación y por ello emití el juicio de identidad.
Es evidente que existe una errata en el Registro de la Propiedad en la transcripción 
de  uno  de  los  dígitos  del  NIF  de  la  mercantil,  pues  en  el  cuarto  dígito  figura  e
erróneamente un 8 en vez de un 6. bo
Por otra parte, puede comprobarse que no existe el NIF que figura en el Registro de  49ww
NwlraeIw sFuw el1tan.Pad ergooles pb.niuecsdiacatadrid,b ourt adrenia og.g ooobg.lesesó (/lwoo  lepnl/ BceUunaG lqCu-JielDar I oTt/rCon)w,e eej,bl   bsuinsocd aetda omr breiléafnl e jab aqAsutEeeA  nTpo o nhear hh atdtbpicishd:oo//   OE-A-2021-29able en https://
Frente  a  ello,  el  NIF  correcto,  que  es  el  que  consta  en  la  escritura  objeto  de 
calificación, puede comprobarse bastando para ello poner el citado NIF en el buscador 
de google (o cualquier otro)pues aparece la denominación social de la mercantil en 
varios enlaces oficiales (algunos de la propia AEAT) y también puede comprobarse en la 
web de la AEAT https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnej.
Segundo.  No puede compartirse por ello la afirmación de la señora registradora de 
que  no  pueda  establecerse  la  plena  identidad  entre  el  titular  registral  y  la  entidad 
transmitente, pues son totalmente coincidentes todos los datos de la entidad (hasta 9 
datos); y por otra parte, no se trata de un NIF totalmente distinto, sino que es el mismo 
pero con una errata en uno de los dígitos, siendo erróneo el que consta en el Registro de 
la Propiedad.
De mantenerse la calificación registral, el comprador de la finca transmitida por la 
referida mercantil se encontraría en una situación que no podría resolver por sí solo, 
pese a que en el título de su adquisición los datos de la entidad mercantil transmitente 
son totalmente correctos, no habiendo razón por ello para denegar la inscripción.
No puede oponerse a la inscripción la existencia de una leve discrepancia y que por 
tanto no tiene suficiente trascendencia, pues no se puede considerar que existan dudas 
razonables de falta de correspondencia entre el titular inscrito y el transmitente del acto 
que se pretende inscribir.
Tal como afirmó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (anterior 
DGRN) en su resolución de 12 de septiembre de 2.017: “el artículo 23 de la Ley del 
Notariado, como requisito esencial de validez del instrumento público, impone al notario 
autorizante la obligación de dar fe de que conoce a las partes o de haberse asegurado 
de su identidad por los medios supletorios establecidos en las leyes y reglamentos. Al 
«dar  fe  de  conocimiento»  o  «dar  fe  de  la  identidad»  de  los  otorgantes  (cfr., 
respectivamente, artículos 23 y 17 bis de la Ley del Notariado), el notario no realiza 
propiamente una afirmación absoluta de un hecho sino que emite un juicio de identidad, 
consistente en la individualización del otorgante bien por conocerlo el notario (es decir, 
por llegar a tener la convicción racional de que es la persona que dice ser y por tal es 
tenido en la vida ordinaria, de suerte que se trata de un juicio de notoriedad sobre su 
identidad), o bien por la identificación mediante documentos u otros medios supletorios 
legalmente  establecidos  («comparatio  personarum»;  así  resulta  especialmente  en 
algunos supuestos en que el notario se asegure de la identidad de las partes mediante la 
verificación  subjetiva  que  comporta  un  juicio  de  comparación  de  la  persona  del 
compareciente con los datos, fotografía y firma que figuran en el documento que sirve 
para su identificación –cfr. apartados «c» y «d» del artículo 23 de la Ley del Notariado–). 
Ahora bien, desde el punto de vista registral, dadas las importantes presunciones que la 
Ley atribuye en favor del titular registral, y al objeto de dar debido cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 38, principio de legitimación, y 20, tracto sucesivo, ambos de la 
Ley Hipotecaria, el registrador debe calificar, y sin perjuicio de que el notario también 
deba  comprobarlo,  que  la  persona  respecto  de  la  cual  el  notario  ha  dado  fe  de 
conocimiento, es el titular registral y no otra persona con igual nombre y apellidos”.
Cuestión distinta de la identidad de los sujetos de la relación jurídico inmobiliaria es 
la de que la eventual discrepancia entre los datos de identificación que constan en el 
instrumento y los que figuran en el asiento registral pueda ser calificada por el registrador 
como defecto que impida la inscripción, si alberga dudas de que el otorgante o causante 
del acto inscribible no es el titular registral, a la vista de los datos relacionados en el 
correspondiente asiento y los que resulten de los títulos presentados. Ahora bien, lo  e.
anterior no justifica que en cualquier caso de discordancia, por ligera que esta sea, deba  w.b
rechazarse la inscripción, toda vez que solo podrán oponerse a la inscripción del título  49ww
atrqausceellansd ednicsicar,e (pcafrn. cRiaess olquuceio, nreess dpee c1to8  ddee o clotusb raes ideen t2o0s1 0r eyg 1is7tr adlee sa,g otesntog adne  2s0u1f1ic)i,e pnoter 
ocafruescaenr ted uod tarasn srmazitoennateb ledse l adcet of aqlutae  sdee  prceotrernedspeo innsdcernibciira.  entre  el  titular  inscrito  y  el
Solicitud.
Solicito admitan este recurso y ordenen, si lo estiman oportuno, la inscripción del 
documento calificado en el Registro de la Propiedad, sin que sea preciso la aportación 
de ningún documento o la realización de ninguna actuación adicional con respecto a la 
situación  existente  en  el  momento  del  otorgamiento  de  la  escritura  objeto  de 
calificación».
IV
La  registradora  emitió  informe  en  escrito  de  19  de  noviembre  de  2020  y,  por 
mantener su calificación en todos sus extremos, elevó el expediente a este Centro 
Directivo. En dicho informe expresa que el día 6 de octubre de 2020, con posterioridad a 
la calificación recurrida, se presentó en forma telemática un testimonio notarial de la 
siguiente diligencia:
«Diligencia de subsanación.
Referida a la escritura 878/2020 de mi protocolo.
Vera a 6 de octubre de 2020. La extiendo yo, el Notario, para hacer constar que se 
padeció un error en la consignación del NIF, pues el correcto es (…)4 y no el que se 
transcribió por error, pues en lugar del 6 es 8. Así resulta de la escritura y del NIF de 
dicha sociedad, que tengo a la vista.
Así se subsana. De todo lo cual, doy fe. Signado. Jorge Díaz Cardóniga. Firmado y 
sellado».
Añade el registrador que en virtud de dicha diligencia no entendió subsanado el 
defecto advertido en la nota de calificación.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1218 del Código Civil; 1, 23 y 17 bis de la Ley del Notariado; 9.4.ª, 
18, 19, 19 bis, 20, 32, 34, 38, 40.d), 82, 322, 325 y 326 de la Ley Hipotecaria; 51.9.ª del 
Reglamento Hipotecario; y las Resoluciones de esta Dirección General de 5 de mayo 
de 1978, 6 de noviembre de 1980, 2 de octubre de 2003, 26 de marzo, 10 y 17 de 
septiembre y 15 y 19 de octubre de 2004, 20 de abril y 23 de mayo de 2005, 20 de 
enero, 17 y 19 de julio de 2006, 31 de enero, 5 y 26 de junio de 2007, 11 de febrero 
de 2008, 2 de marzo de 2009, 16 y 18 de octubre y 13 de diciembre de 2010, 24 de 
junio, 7 de julio, 17 de agosto y 9 de septiembre de 2011, 14 de octubre de 2013, 1 de 
octubre de 2015, 21 de marzo de 2016 y 12 de septiembre de 2017.
1.  El título objeto de la calificación impugnada es una escritura de compraventa en 
la cual se expresa (en la parte relativa a la comparecencia e intervención) que la 
sociedad vendedora –“Inver Ibérica 2003, S.L.”– tiene N.I.F. (…)4.
Interesa hacer constar que en la nota registral informativa incorporada a la misma 
escritura dicha sociedad vendedora figura identificada con N.I.F. (…)4.
La registradora de la propiedad suspende la inscripción solicitada porque la finca 
objeto de la venta «resulta inscrita a favor de Inver Ibérica 2003, SL con CIF (…)4, 
siendo  dicho  número  de  identificación  fiscal  distinto  al  consignado  en  la  presente 
escritura objeto de calificación. III.–No pudiendo establecerse la plena identidad entre el 
titular registral y la entidad aquí representada». e.e
El notario recurrente alega: Que está suficientemente acreditada la identificación de  w.b
la sociedad titular registral en la escritura de compraventa objeto de calificación, con  49ww
dbiacshea  eens tcordituorsa  lo(sd ednaotomsi nqauceió np arsao csiua l,i dednattiofisc acdieó nl ac oemspcrroitbuóra  y dceo ncsotanns triteusceióñna dodse  elan 
–sosecigeúdna da,s deavteorsa –d ee sin sccorrirpeccitóon  menie netl rRase gqisutero e Ml qeurcea fnigtiul;r ya  eeln N e.Il. FR. edgei sdtricoh dae s olac iPedroapdi,e dqaude 
es erróneo). Que, en contra de lo que afirma la registradora, sí que puede establecerse
la plena identidad entre el titular registral y la entidad transmitente, pues son totalmente 
coincidentes todos los datos de la entidad, salvo uno de los dígitos del N.I.F. en que 
existe una errata, siendo erróneo el que consta en el Registro de la Propiedad. Y que no 
puede oponerse a la inscripción la existencia de una leve discrepancia, que no tiene 
suficiente trascendencia, pues no existen dudas razonables de falta de correspondencia 
entre el titular inscrito y el transmitente del acto que se pretende inscribir.
2.  Como  ha  puesto  de  relieve  este  Centro  Directivo  (cfr.,  por  todas,  las 
Resoluciones de 2 de octubre de 2003, 26 de marzo de 2004, 5 de junio de 2007, 18 de 
octubre de 2010, 17 de agosto de 2011, 21 de marzo de 2016 y 12 de septiembre 
de  2017),  en  nuestra  legislación  la  identificación  de  los  comparecientes  en  los 
instrumentos públicos se encomienda al notario, que habrá de realizarla por los medios 
establecidos  en  las  leyes  y  reglamentos  (artículo  23  de  la  Ley  del  Notariado).  El 
registrador, por su parte, debe comprobar que la identidad del otorgante así determinada 
coincida con la del titular registral por lo que resulte de los asientos del Registro, dados 
los efectos de la inscripción, especialmente respecto de la legitimación y fe pública 
registral  (cfr.  artículos  9.4.ª  y  18  de  la  Ley  Hipotecaria,  y  51.9.ª  del  Reglamento 
Hipotecario).
Por el valor que la ley atribuye al instrumento público, es presupuesto básico para la 
eficacia de éste la fijación con absoluta certeza de la identidad de los sujetos que 
intervienen, de modo que la autoría de las declaraciones contenidas en el instrumento 
quede establecida de forma auténtica, mediante la individualización de los otorgantes. 
Por ello, el artículo 23 de la Ley del Notariado, como requisito esencial de validez del 
instrumento público, impone al notario autorizante la obligación de dar fe de que conoce 
a  las  partes  o  de  haberse  asegurado  de  su  identidad  por  los  medios  supletorios 
establecidos en las leyes y reglamentos.
Al «dar fe de conocimiento» o «dar fe de la identidad» de los otorgantes (cfr., 
respectivamente, artículos 23 y 17 bis de la Ley del Notariado), el notario no realiza 
propiamente una afirmación absoluta de un hecho sino que emite un juicio de identidad, 
consistente en la individualización del otorgante bien por conocerlo el notario (es decir, 
por llegar a tener la convicción racional de que es la persona que dice ser y por tal es 
tenido en la vida ordinaria, de suerte que se trata de un juicio de notoriedad sobre su 
identidad), o bien por la identificación mediante documentos u otros medios supletorios 
legalmente  establecidos  («comparatio  personarum»;  así  resulta  especialmente  en 
algunos supuestos en que el notario se asegure de la identidad de las partes mediante la 
verificación  subjetiva  que  comporta  un  juicio  de  comparación  de  la  persona  del 
compareciente con los datos, fotografía y firma que figuran en el documento que sirve 
para su identificación –cfr. apartados «c» y «d» del artículo 23 de la Ley del Notariado–).
En todo caso, la denominada fe de conocimiento o fe de identidad de los otorgantes 
que compete al notario, aunque se trata de un juicio por éste formulado es un juicio que, 
por su trascendencia, es tratado por la Ley como si fuera un hecho. Así resulta no sólo 
de los artículos 1218 del Código Civil y 1 de la Ley del Notariado, sino también del 
artículo 17 bis, apartado b), de esta última, introducido mediante la Ley 24/2001, según 
el cual, «Los documentos públicos autorizados por notario en soporte electrónico, al igual 
que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e 
íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes».
Cuestión distinta es que la eventual discrepancia entre los datos de identificación que 
constan en el instrumento y los que figuran en el asiento registral haya de ser calificada 
por  el  registrador  como  defecto  que  impida  la  inscripción,  habida  cuenta  de  los  e.
trascendentales efectos que la ley atribuye a la inscripción (cfr. artículos 20, 32, 34 y 38,  w.b
entre otros, de la Ley Hipotecaria), y la legitimación registral dispositiva atribuida sobre el  49ww
admerpeacrhaod oinss pcroitro l ae pnr efasuvonrc iódne  dseu  etxitauclatirt urde geils ctroanl,t ecnuidyoo sd ed alotoss  adsiee nitdoesn t(icfifcr.a cairótínc uelos t3á8n 
citado).
3.  El problema que se plantea en el presente expediente no es propiamente el de la 
identificación de la sociedad vendedora como sujeto de la relación jurídico inmobiliaria 
sino más bien el de la eventual discrepancia entre uno de los datos de su identificación 
que constan en la escritura calificada y el que figura en el asiento registral, algo que 
puede calificar el registrador. Pero lo anterior no justifica que en cualquier caso de 
discordancia, por ligera que ésta sea, deba rechazarse la inscripción, toda vez que solo 
podrán oponerse a la inscripción del título aquellas discrepancias que, respecto de los 
asientos registrales, tengan suficiente trascendencia por ofrecer dudas razonables de 
falta de correspondencia entre el titular inscrito y el causante o transmitente respecto del 
acto que se pretende inscribir.
En el caso al que se refiere la calificación impugnada, es evidente que de todo el 
contenido de la escritura calificada se desprenden los datos necesarios para salvar la 
discrepancia a la que se refiere al registrador.
En primer lugar, de los datos de identificación de la sociedad vendedora y de su 
administrador (que, por lo demás, bien podría haber consultado la registradora del 
Registro Mercantil) resulta su correspondencia con la sociedad titular registral. Y, a la 
vista del N.I.F., basta consultar el censo de entidades jurídicas de la Agencia Estatal de 
Administración  Tributaria  (conforme  a  la  web  oficial,  https://
www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnej) para comprobar que en el mismo 
figura uno solo de los N.I.F. referidos ([…]4) y que en el momento de la inscripción en el 
Registro de la Propiedad se produjo el error en el título previo, en el asiento registral 
practicado o en ambos, y que no cabe duda alguna sobre la identificación de la sociedad 
vendedora.
Por lo demás, es este error el que en el presente caso se ha intentado subsanar 
mediante la diligencia cuyo testimonio se ha presentado en el Registro, si bien, por ser 
un hecho posterior al momento de la calificación, no debe decidirse ahora sobre dicha 
subsanación al no constituir objeto del presente recurso (cfr. artículo 326 de la Ley 
Hipotecaria). No obstante, cabe recordar que, según la doctrina de este Centro Directivo, 
(vid. entre otras, las Resoluciones de 17 y 19 de julio de 2006, 26 de junio de 2007, 2 de 
marzo de 2009, 16 de octubre de 2010), el correcto ejercicio de la función calificadora del 
registrador  no  implica,  en  vía  de  principio,  que  deba  rechazarse  la  inscripción  del 
documento presentado ante toda inexactitud u omisión del mismo cuando, de su simple 
lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el 
dato erróneo u omitido y cuál el dato correcto. Y lo mismo debe entenderse cuando tal 
inexactitud es aclarada mediante documentos fehacientes, pues, es también doctrina de 
esta Dirección General (cfr., por todas, las Resoluciones de 5 de mayo de 1978, 6 de 
noviembre de 1980, 10 de septiembre de 2004, 24 de junio de 2011, 14 de octubre 
de 2013 y 1 de octubre de 2015) que cuando la rectificación de errores se refiere a 
hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes, 
independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es procedente la 
aplicación de los artículos 40.d) y 82 de la Ley Hipotecaria.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  e
la Ley Hipotecaria. bo
PúbMlicaad, rSido, fí1a0 P duee nfteeb Srearnot iadgeo 2.021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  2021-2949n https://ww