BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. TC.   Pág. 22137
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2924 Pleno.  Auto  17/2022,  de  25  de  enero  de  2022.  Recurso  de  amparo 
1621-2020. Desestima las solicitudes de aclaración y los recursos de súplica 
planteados en relación con el ATC 107/2021, de 15 de diciembre, por el que 
se acordó la inadmisión de las recusaciones formuladas en distintos procesos 
de amparo promovidos en causas penales.
ECLI:ES:TC:2022:17A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 
don  Santiago  Martínez-Vares  García,  don  Antonio  Narváez  Rodríguez,  don  Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique 
Arnaldo  Alcubilla,  y  las  magistradas  doña  Concepción  Espejel  Jorquera  y  doña 
Inmaculada Montalbán Huertas, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1. La representación procesal de don Oriol Junqueras Vies y de don Raül Romeva 
Rueda, mediante escrito registrado en este tribunal el 1 de diciembre de 2021, en el 
recurso de amparo núm. 1621-2020; las representaciones de doña Dolors Bassa i Coll, 
doña Clara Ponsatí i Obiols, don Carles Puigdemont i Casamajó, don Antoni Comín i 
Oliveres, don Lluís Puig i Gordi, a través de seis escritos registrados el 2 de diciembre 
de  2021,  en  los  recursos  de  amparo  núms.  1599-2020,  2835-2021,  2017-2021, 
1212-2021, 972-2021 y 5513-2020; y, finalmente las representaciones de don Joaquim 
Forn i Chiariello y de don Joaquim Torra i Pla, mediante cinco escritos registrados el 3 de 
diciembre de 2021 en los recursos de amparo núms. 1638-2020 –el primero– y en los 
recursos  de  amparo  núms,  3476-2020,  4586-2020,  5840-2020  y  6056-2021  –el 
segundo–, plantearon treinta y tres solicitudes de recusación del presidente del tribunal y 
de los magistrados don Enrique Arnaldo Alcubilla y doña Concepción Espejel Jorquera 
en términos similares, y en muchos casos con idéntica redacción, al considerar que 
concurrían las causas de recusación previstas en los apartados noveno, décimo, décimo 
tercero, décimo cuarto y décimo sexto del art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ).
2. Por  ATC  107/2021,  de  15  de  diciembre,  el  Pleno  del  Tribunal  acordó  la 
inadmisión a trámite de las recusaciones promovidas frente al presidente de este tribunal 
por  no  concurrir  la  causa  de  recusación  invocada  [FJ  4  a)].  Asimismo,  consideró 
extemporáneas  las  recusaciones  planteadas  en  los  recursos  de  amparo  núms. 
1638-2020, 3476-2020, 4586-2020 y 5840-2020, por don Joaquim Forn i Chiariello y don 
Joaquim  Torra  i  Pla  [FJ  4  b)].  Finalmente,  rechazó  el  resto  de  las  recusaciones  es
promovidas contra los magistrados don Enrique Arnaldo Alcubilla y doña Concepción  bo
Espejel Jorquera al sustentarse en «meras afirmaciones de imposible encaje en un  24ww
qm«fuueonentdi  valasome  md eenne tarroaer r csainuunvsf ioacpciceaaiónrcantieó  y»nd   ha(dFurelFée Jr ufJasn una5sa  yctse a 6ndu)tes.o a»to  lde[oFg aJs lu 4csa tercen)n]t ote oe ,dn e ph oecrcu ha«olcqsau rcieeocrn evcrír nemctouaslon» i fcoieo psnto alrom ase phnoetyeca hrdosees    OE-A-2022-29able en https://
3. Frente al mencionado auto se han interpuesto diversos recursos de aclaración y 
súplica.
a) El día 22 de diciembre de 2021, por la representación de don Joaquim Forn i 
Chiariello se registró un escrito en el recurso de amparo núm. 1638-2020, por el que 
solicitaba  la  aclaración  del  ATC  107/2021  y  subsidiariamente  interponía  recurso  de 
súplica  contra  el  mismo,  al  considerar  que  conforme  al  art.  135.5  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil (LEC) en relación con el art. 4 LEC, podía presentar el escrito de 
recusación el día 3 de diciembre de 2021 antes de las 15:00 horas, por lo que la 
recusación no era extemporánea.
b) Ese mismo día, por las correspondientes representaciones de los recurrentes de 
amparo,  se  presentaron  en  los  recursos  de  amparo  tramitados  con  los 
números  2835-2021,  1212-2021,  972-2021,  2017-2021,  5513-2020,  3476-2020, 
4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021, nueve escritos idénticos, en los que solicitaban la 
aclaración del ATC 107/2021 en relación con el cómputo del número de magistrados que 
componían el Pleno que había acordado la decisión de inadmisión de las recusaciones. 
Añadían que se había omitido dar respuesta tanto a la causa de recusación prevista en 
el apartado décimo del art. 219 LOPJ, en relación al presidente de este tribunal por su 
amistad con el magistrado don Enrique Arnaldo, y a esa misma causa, y a la prevista en 
el apartado décimo cuarto del art. 219 LOPJ, invocadas con motivo de la relación de 
amistad del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla con el presidente y un magistrado 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o con el que fuera fiscal general del Estado, 
ya  fallecido,  y  con  uno  de  los  letrados  de  la  Junta  Electoral  Central.  Finalmente 
solicitaban corregir el error en el que habría incurrido la resolución cuando asevera que 
el manifiesto firmado por el magistrado recusado fue firmado antes de que se iniciara el 
procedimiento penal contra cualquiera de los recusantes.
c) Al día siguiente, esas mismas representaciones procesales presentaron nueve 
recursos de súplica contra el ATC 107/2021 en los indicados recursos de amparo, a 
través  de  otros  tantos  escritos  de  idéntica  redacción,  si  bien  en  los  recursos  de 
amparo 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021, se añadía un razonamiento 
específico cuestionando la inadmisión por extemporaneidad, por considerar que cuando 
se registraron los escritos de recusación el plazo no se había iniciado. Afirmación que 
argumentaban en que el nombramiento en el «BOE» no es una resolución notificada y el 
momento de la incorporación de los magistrados es la toma de posesión que tampoco se 
notificó.  Añaden  que  no  se  argumenta  por  qué  conocía  o  podía  conocer  las 
publicaciones o la amistad del magistrado recusado o las resoluciones de la magistrada 
recusada.
En tales recursos de súplica se alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva que resultaría del carácter genérico del auto recurrido, de la inadmisión a limine 
de  las  recusaciones,  –que  solo  sería  posible  por  incumplimiento  de  los  requisitos 
formales para su tramitación–, y de la omisión de pronunciarse sobre las invocadas 
causas de recusación previstas en el apartado décimo del art. 219 LOPJ, respecto del 
presidente del Tribunal Constitucional y del magistrado don Enrique Arnaldo, y en el 
apartado décimo cuarto del art. 219 LOPJ respecto de este último. Asimismo, invocan la 
vulneración del derecho a un tribunal independiente e imparcial, por la participación en la 
decisión sobre la recusación de los magistrados abstenidos y de los recusados, sin que 
se  diera  ninguna  explicación  a  la  decisión  de  participación  de  la  magistrada  doña 
Concepción Espejel en su propia recusación, afectando en este caso al derecho a una  e.e
resolución motivada y fundada. w.b
Para los recurrentes, el art. 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)  24ww
apdumesit e« cootnrafosr minete rap rleat ajucrioisnpersu dmenácsi ac odmelp aTtriibbluensa cl oEnu reolp deeor edceh oD ear eucnh otrsib Hunuaml aimnopsa, rcuinaal, 
nfuonrdmaam deen tDale»r eyc, heon  inetsetren oc aesno ,m eold soa acrlgifuicnioo  dpeule mdee njucsiotifnicaadro l ad evruelncheora c«inóin o dbee duenc dee are uchnoa 
justificación  objetiva  y  razonable,  ni  es  proporcionado,  pues  pretende  sacrificar  el
derecho  al  juez  imparcial  con  base  en  una  interpretación  rígida  e  irrazonable  del 
artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional». Indica en tal sentido que el 
hecho de que los magistrados no recusados no hayan participado en la decisión a partir 
de un determinado momento, significa que su participación no era necesaria para cumplir 
con el art. 14 LOTC.
Añaden que se hubiera evitado la paralización del Tribunal tramitando ante la Sala 
los recursos de amparo, sin que sea aplicable la doctrina expuesta en el ATC 443/2007, 
de 27 de noviembre, al haberse dictado en un recurso de inconstitucionalidad.
Insisten  en  la  ausencia  de  pronunciamiento  en  relación  con  los  motivos  de 
recusación  previstos  en  los  apartados  décimo  y  décimo  cuarto  del  art.  219  LOPJ. 
Añaden, en relación con el magistrado don Enrique Arnaldo, que la inadmisión de la 
causa de recusación prevista en el apartado noveno del art. 219 LOPJ, en relación con el 
que fuera fiscal general del Estado, ya fallecido, se ha apartado de lo resuelto en los 
AATC 99/2018, de 24 de septiembre, y 7/2019, de 5 de febrero, e insisten en la quiebra 
de  imparcialidad  que  resulta  de  las  manifestaciones  efectuadas  por  el  referido 
magistrado y en que, cuando este firmó el manifiesto, ya se había admitido a trámite la 
querella contra los cuatro recusantes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Discrepan de la inadmisión de la causa de recusación invocada en relación con la 
magistrada doña Concepción Espejel Jorquera por su anterior destino en la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional, en la que fijó «posición sobre la culpabilidad de los 
recurrentes en la causa especial núm. 20907-2017».
Por último, entienden que debió apreciarse la estrecha amistad del presidente del 
tribunal con el magistrado recusado, que resultaría de las manifestaciones contenidas en 
el libro publicado por don Enrique Arnaldo, para apartarle de la resolución del incidente 
de recusación planteado contra este magistrado, abundando en que la causa invocada 
no era la prevista en el apartado noveno, sino en el décimo del art. 219 LOPJ.
4. Por diligencias de ordenación dictadas el 27 de diciembre de 2021, en cada uno 
de los recursos de amparo, se dio traslado de los recursos de súplica y solicitudes de 
aclaración al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para que, en el plazo de 
tres días, puedan exponer lo que estimen procedente en relación con dichos escritos.
5. Mediante escritos fechados el 3 de enero de 2022, el abogado-jefe del Estado en 
los  recursos  de  amparo  972-2021,  1212-2021,  2835-2021  y  1638-2020,  solicitó  la 
inadmisión de los recursos de aclaración, al ser improcedentes, y encubrir en realidad un 
recurso de súplica, así como la desestimación de estos al ser conformes a derecho. 
Específicamente, en relación con la aclaración interesada en el recurso de amparo núm. 
1638-2020, sustentó su inadmisión en su carácter extemporáneo por haber transcurrido 
el plazo de dos días contados desde la notificación del auto producida el 20 de diciembre 
de 2021.
6. La representación del partido político Vox, mediante escritos presentados en los 
recursos  de  amparo  972-2021,  1212-2021,  2835-2021,  1638-2020,  3476-2020 
y 4586-2020, solicitó que se desestimara la aclaración interesada, con fundamento en 
los  propios  argumentos  de  la  resolución  impugnada,  sosteniendo  que  el  auto  «se 
expresa con claridad y no es precisa su aclaración».
Del mismo modo, dicha representación interesó la desestimación de los recursos de 
súplica interpuestos en los mencionados recursos de amparo. A tal fin, argumenta en su  s
escrito que la interpretación del apartado noveno del art. 219 LOPJ y la extemporaneidad  oe.
apreciada en el auto recurrido son acordes a la doctrina del Tribunal Constitucional.  w.
daRéregccuihmmaaez nayt  oldsaé  acadimuusacei dntoecsriac  eprodare   ldomesl o rateivrctau. cr2rióe1nn9 t eLdsOe n PolaJ . p orFedisníaoanllum cteeiónnntee r, r eerncecufiarerjriede a eq nuy el a esnn octi aecunosdnaecs u nqrrouevene  nllaoass,    2022-2924n https://ww
causas de recusación invocadas.
7. En  los  recursos  de  amparo  2017-2021  y  3476-2020  el  letrado  de  la  Junta 
Electoral Central, mediante escrito registrado el 30 de diciembre de 2021, se opuso a la 
solicitud de aclaración del ATC 107/2021, al no ser subsumible en lo dispuesto en el 
art. 93.1 LOTC, por no existir ningún error aritmético ni concurrir la omisión denunciada.
8. Por medio de escritos de fecha 18 de enero 2022 el Ministerio Fiscal presentó en 
los  recursos  de  amparo  1638-2020,  2835-2021,  1212-2021,  972-2021,  2017-2021, 
5513-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021, sus alegaciones conjuntas 
en relación con las solicitudes de aclaración e interposición de recurso de súplica, 
atendida  la  íntima  vinculación  de  las  pretensiones  deducidas,  solicitando  su 
desestimación.
En  primer  lugar,  refiriéndose  a  cada  una  de  las  solicitudes  de  aclaración  las 
considera injustificadas e innecesarias, entendiendo que son inocuas, pues ninguna de 
ellas  podría  ayudar  realmente  a  entender  y  aceptar  la  verdadera  razón  de  ser,  la 
verdadera ratio decidendi, de la decisión adoptada en el auto de 15 de diciembre, relativa 
a la naturaleza y función del Tribunal Constitucional.
Examina  a  continuación,  ahondando  en  esta  última  idea,  el  recurso  de  súplica 
interpuesto, e indica que es la base constitucional/institucional de la decisión adoptada 
por el Tribunal, que se expresa y desarrolla en los fundamentos jurídicos segundo y 
tercero del auto impugnado, y no el diverso y atomizado arsenal de argumentos o 
contraargumentos a los que la parte actora pretende reconducir y reducir el debate, lo 
que justifica y exige rechazar de plano las pretensiones de su recurso, pues estas no 
atienden a la verdadera lógica jurídica e institucional del auto recurrido.
Entiende que las recusaciones formuladas adolecen de una insuficiencia fáctica y 
jurídica, pero la cuestión jurídica relevante es que el planteamiento de las recusaciones 
formuladas aboca al bloqueo de la jurisdicción del Tribunal. Los planteamientos del 
recurrente, ignoran o soslayan el problema principal, esto es, que la regla de exclusión 
de los magistrados recusados, sea para conocer de la propia recusación, o sea –con 
mayor motivo– para, apreciada esta, abordar el enjuiciamiento de fondo, produce el 
efecto objetivo de dejar al Pleno del tribunal por debajo del quorum previsto en el 
artículo 14 LOTC. Dicho quorum resulta de una exigencia que aparece vinculada a la 
esencia y la naturaleza del Tribunal, cuyos magistrados han sido seleccionados a través 
de una fuente de legitimación específica, predeterminada y delimitada con estudiada 
precisión en busca de un exacto equilibrio. Han sido elegidos porque piensan y, además, 
por lo que piensan, y es la propia Constitución –y su desarrollo por ley orgánica– la que 
aporta los engranajes para que la combinación dialéctica y ordenada de esa diversidad 
de  legitimidades  y  pensamientos  sirva  al  objetivo  esencial  de  la  pluralidad  en  el 
entendimiento, interpretación y aplicación de las normas básicas de convivencia.
Por  ello,  objetar  la  imparcialidad  de  los  magistrados  del  Tribunal  Constitucional 
porque sus ideas o sus manifestaciones se perciben como síntomas de animadversión 
no frente a las personas (lo que exigiría la acabada acreditación de una causa de 
recusación  subjetiva),  sino  respecto  de  sus  actuaciones  políticas  o  frente  a  sus 
posiciones ideológicas, implica un desenfoque patente de la naturaleza y la misión del 
Tribunal. Por eso las «soluciones» sugeridas por la parte recurrente, basadas en cálculos 
aritméticos que pasan por instruir al Tribunal acerca del orden en que podría despachar 
los  asuntos  para  sortear  pragmáticamente  las  dificultades  o  la  invitación  a 
interpretaciones forzadas del texto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sobre 
la composición del Pleno del Tribunal, no alcanzan –o no quieren alcanzar– a percibir lo  e.e
verdaderamente  crucial.  En  definitiva,  no  es  un  problema  de  números,  sino  de  w.b
identidades; de legitimaciones equilibradas y cruzadas que enraízan en el valor superior  24ww
c(aormt. o1 a CtinEa) dqaumee pnoter  sduebfirnaiycaió ne l eanuctoa rrneac ularr iddoe,m goucarardcaia u: neal  pelsutrraelcishma oc oprorelístipcoon. dVeanlocria q cuoen, 
la plEulrlaol iddaedt edrem pinears puenc tiveansfo jquuríed ic«anso q ugee cnoénrficluoy»e,n  ceonm eol  Trdibicuenna l.los  recurrentes,  sino
conceptual, de las causas de recusación objetivas como especialmente necesitadas de
un  entendimiento  restrictivo.  Añade  que  el  análisis  desde  la  perspectiva  del 
artículo 419.9 LOPJ de algunas de las alegaciones que la parte recurrente pretende 
reconducir al artículo 419.10 o incluso al 419.14 LOPJ, responde a que frente a las 
causas de recusación de base subjetiva, cuya inconcurrencia se pone de manifiesto en 
la inanidad fáctica de la mayoría de las alegaciones formuladas por los recusantes, y en 
la palmaria insuficiencia de otras, lo que en realidad se rechaza es el artificio subyacente 
a la alegación de una causa de recusación objetiva por persona interpuesta.
En cuanto a la decisión de integrar a los magistrados recusados en la deliberación y 
decisión del incidente, tiene como precedente el ATC 443/2007, de 27 de noviembre, 
FJ 3, cuya fundamentación se recoge en la lógica que preside la motivación del auto, la 
necesidad de defender la jurisdicción del Tribunal, y no solo desde un plano formal-
orgánico de la configuración del Tribunal, sino, como se ha expuesto, también y sobre 
todo a su naturaleza, a su sistema de legitimación.
No se trata de contraponer imparcialidad y reglas de funcionamiento; se trata de 
resolver el dilema trascendental que supone el tener que elegir entre aplicar con rigor 
formal absoluto las reglas más exigentes dirigidas a preservar en términos igualmente 
absolutos el estándar de la apariencia de imparcialidad, renunciando así el Tribunal al 
ejercicio de su propia jurisdicción, y dejando por tanto sin solución el problema de fondo, 
o flexibilizar la aplicación de esas reglas para que el Tribunal pueda decidir, sin perjuicio 
de aplicar con todo el rigor que se desee el canon de la imparcialidad a cada una de las 
concretas decisiones que vaya adoptando y a la resolución de fondo que finalmente 
dicte, sujeta al escrutinio de la razonabilidad objetiva y la motivación fundada que el 
propio Tribunal ha ido delimitando al interpretar el artículo 24.1 CE.
Por  último,  concluye  con  la  idea  rectora  que  ha  fundamentado  la  solicitud  de 
desestimación del recurso, al indicar que lo expuesto conduce a considerar irrelevante el 
análisis  pormenorizado  de  cada  una  de  las  quejas  detalladas  en  los  escritos  de 
recusación que se reproducen en el recurso de súplica. Y ello sin perjuicio de considerar 
acertados y suscribir los argumentos que, a fortiori, el propio Tribunal expresa en el 
fundamento jurídico 4 del auto, al examinar las alegaciones puntuales en las que se 
apoya la pretensión de recusación formulada.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto de la presente resolución.
El  objeto  de  la  presente  resolución  es  dar  respuesta  a  las  diez  solicitudes  de 
aclaración y recursos de súplica planteados contra el ATC 107/2021, de 15 de diciembre 
por el que se inadmitieron las treinta y tres solicitudes de recusación del presidente del 
tribunal y de los magistrados don Enrique Arnaldo Alcubilla y doña Concepción Espejel 
Jorquera, que habían sido formuladas por los demandantes de amparo en términos 
similares  –muchas  de  ellas  con  idéntica  redacción–,  en  los  recursos  de 
amparo  1638-2020,  2835-2021,  1212-2021,  972-2021,  2017-2021,  5513-2020, 
3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021.
Como  se  ha  expuesto  en  los  antecedentes,  el  Ministerio  Fiscal  y  las  partes 
personadas se han opuesto a las solicitudes de aclaración y a los recursos de súplica, 
interesando su desestimación.
2. Sobre las solicitudes de aclaración.
El  art.  93.1  LOTC  establece  que,  en  el  plazo  de  dos  días,  a  contar  desde  la  o
notificación, las partes podrán solicitar la aclaración de sus sentencias, precepto que se  24www.
hFjpuaaJd  rieac1x i)adt.el i cnAdtdaheirdob or(eaA ra áAlb  TrileeCimns t,1io ta2 cdr0ose/me2 r,0o e1 sd9hoe,el  udmacecioo us2ne 1erd dsde oqec ul acoeorc anetdu sobtleo re  eT,en rsiF btaJau nbn1tlaee, lrc yiCoi dr1ooe5n s9s et/ino2tu c0ca2eis0lo i,noa andrtlee .t s i1e,2 4n6e e7sd  tceaLo  OmdaiPcpciJeteu,tm eaancb icróeliaan,     OE-A-2022-29able en https://
corrección de errores materiales manifiestos o errores aritméticos, a la aclaración de
algún  concepto  oscuro,  a  suplir  cualquier  omisión  o  a  la  rectificación  de  alguna 
contradicción manifiesta que se evidencie del propio texto de la sentencia, sin necesidad 
de nuevas deducciones o interpretaciones (entre otros muchos, AATC 94/2013, de 7 de 
mayo, FJ 1; 48/2014, de 24 de febrero, FJ único; 128/2017, de 22 de septiembre, FJ 
único, y 159/2020, de 14 de diciembre, FJ 1). O, dicho de otra manera, la solicitud de 
aclaración «no constituye un medio de impugnación para la sustitución o revisión de la 
decisión  adoptada,  pues  contra  las  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  no  cabe 
recurso alguno» (ATC 102/2020, de 21 de septiembre, FJ único).
Las aclaraciones solicitadas, que plantean las mismas cuestiones que las contenidas 
en los recursos de súplica interpuestos, exceden del objeto de este trámite procesal, por 
lo que no ha lugar a su admisión.
En efecto, la petición de aclaración planteada por la representación de don Joaquim 
Forn  i  Chiariello  se  limita  a  expresar  su  discrepancia  sobre  la  extemporaneidad 
apreciada en relación con la inaplicación del art. 135.5 LEC.
Lo mismo ocurre en los restantes casos, pues utilizan la solicitud de aclaración para 
disentir sobre el tratamiento de algunos de los motivos de recusación (apartados décimo 
y décimo cuarto del art. 219 LOPJ); o sobre el momento temporal en que el magistrado 
recusado firmó, junto con otros cuatrocientos profesores y catedráticos, determinado 
manifiesto; o para manifestar un supuesto desconocimiento acerca de la composición del 
Tribunal y la participación en el auto de los distintos magistrados que lo integran, que 
seguidamente queda desmentido con la mera lectura del contenido de los recursos de 
súplica, de la que se deduce la correcta comprensión de estos extremos.
De  lo  anterior  resulta  que  no  procede  efectuar  modificación  alguna  del 
encabezamiento, de la fundamentación o de la parte dispositiva del ATC 107/2021, de 15 
de diciembre, al no concurrir ninguno de los supuestos contemplados en el art. 93.1 
LOTC, en relación con el art. 267 LOPJ.
3. Extemporaneidad  de  las  recusaciones  promovidas  en  los  recursos  de 
amparo 1638-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021.
a)  Razonamiento de los recurrentes.
Como se ha indicado en los antecedentes, en el recurso de amparo 1638-2020, la 
representación procesal de don Joaquim Forn i Chiariello interpone subsidiariamente 
recurso de súplica contra el ATC 107/2021, de 15 de diciembre, al entender que la 
recusación planteada no es extemporánea pues, conforme al art. 135.5 LEC –en relación 
con el art. 4 LEC–, se podía presentar el escrito de recusación el día 3 de diciembre 
de 2021, antes de las 15:00 horas.
Por su parte, la representación de don Joaquim Torra i Pla recurre el indicado auto 
cuestionando la inadmisión por extemporaneidad en los recursos de amparo 3476-2020, 
4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021, al considerar que el cómputo del plazo no se había 
iniciado cuando se registraron los escritos de recusación, ya que la publicación en el 
«BOE» del nombramiento de los magistrados no es una resolución notificada, del mismo 
modo  que  tampoco  se  notificó  su  toma  de  posesión,  que  es  el  momento  de  su 
incorporación al Tribunal. Añaden que el auto no argumenta por qué el recurrente 
conocía  o  podía  conocer  con  suficiente  antelación  los  hechos  en  que  fundaba  la 
recusación, es decir, las publicaciones o las amistades del magistrado don Enrique 
Arnaldo Alcubilla o las resoluciones de la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera.
b)  Desestimación del motivo. oe.
Con carácter previo conviene advertir que la recusación formulada en el recurso de  24ww
FamJ p4a br)o] , nyú qmu.e 6 l0a5 e6x-t2e0m2p1o, rnaon efuidea idn addem laitsid rae cau straácmioitnee sp oarp erexcteiamdpao eránn leoas  d[AeTmCá s1 0re7c/2u0rs2o1s, 
dae l aasm cpaaursoa, sn idneg urencau rsealecvióann cpilaa nhtae atednaisd ob ipeanr ap olor ss reerc luarsr emnitsems aasl  hqaubee rlasse  pdraodmo orveisdpause psotar 
los otros recusantes –en el caso de don Joaquim Forn i Chiariello–, bien por ser además
idénticas a las promovidas en el recurso de amparo 6056-2021 –en el caso de don 
Joaquim Torra i Pla–.
Al margen de lo anterior, procede recordar que, tal y como establece el primer 
párrafo del art. 223.1 LOPJ, «[l]a recusación deberá proponerse tan pronto como se 
tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a 
trámite». Esta es la regla general, que luego se concreta en los dos supuestos recogidos 
en  los  números  1  y  2  de  ese  precepto.  Esa  concreción,  sin  embargo,  no  debe 
desconocer el fundamento de esta norma, expresado en el primer párrafo, que presenta 
un inequívoco significado constitucional.
La exigencia de una actitud proactiva de la parte que propone la recusación está 
íntimamente vinculada con la necesidad de evitar la posibilidad de utilizar el instrumento 
de la recusación como un mecanismo intimidatorio que sobrevuele la intervención de un 
magistrado en la tramitación de un procedimiento, a modo de condicionante de su 
actuación. Como recordamos en nuestro ATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 2 f), la 
regla general plasmada en el primer párrafo del art. 223.1 LOPJ «está inspirada en evitar 
que la posibilidad de recusación de cualquier juez llegue a convertirse en una suerte de 
amenaza o presión para el juzgador, erigiéndose en un instrumento que la parte pudiera 
interesar  a  su  conveniencia,  sine  die,  amparado  en  la  indeterminación  –o  difícil 
probanza– del momento de la citada toma de conocimiento».
Por  otro  lado,  la  doctrina  de  este  tribunal  sobre  el  derecho  al  juez  imparcial 
reconocido en el art. 24.2 CE parte de la base de que la imparcialidad se presume [por 
todas, STC 91/2021, de 22 de abril, FJ 5.1.1, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
Derechos Humanos allí citada]. Este principio se configura como una garantía para el 
juez o magistrado frente a recusaciones objetivamente infundadas, pero también para 
todas las partes implicadas en el proceso. Ninguno de los intervinientes debe verse 
sometido  a  una  permanente  incertidumbre  en  sus  legítimas  expectativas  sobre  la 
apariencia  de  imparcialidad  de  quien  ha  de  resolver  su  causa.  El  derecho  al  juez 
imparcial debe hacerse valer a través del instrumento de la recusación, pero el resto de 
las partes debe tener la garantía de que cualquier duda sobre esa imparcialidad ha de 
ser despejada tan pronto como sea posible, precisamente en garantía de ese derecho, y 
no en función de una mera estrategia procesal de otra de las partes.
En el presente caso, el fundamento del art. 223.1 LOPJ ha presidido la interpretación 
y aplicación de la causa de inadmisión de las peticiones de recusación planteadas en los 
recursos de amparo 1638-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020. Una interpretación 
en la que, como es obvio, se ha tenido en cuenta la naturaleza y composición de este 
tribunal, así como las circunstancias concurrentes en esos procedimientos.
En efecto, nos encontramos ante unos recursos que han sido avocados al Pleno de 
este tribunal, cuya composición es pública, notoria e invariable desde el momento en que 
se produce el nombramiento de los magistrados recusados, publicado en el «BOE» núm. 
276, de 18 de noviembre de 2021, fecha que coincidió con su toma de posesión, como 
también fue público y notorio. La singular naturaleza de este tribunal, ya expuesta en el 
propio  auto  ahora  impugnado,  determina  que,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  la 
jurisdicción ordinaria, la composición del Pleno no pueda estar sujeta a normas de 
reparto o de atribución de competencia territorial o funcional. Por lo tanto, el inicio del 
cómputo del plazo previsto en el art. 223.1.1 LOPJ debe realizarse en este caso desde la 
fecha de publicación del nombramiento de los magistrados recusados (ATC 202/2014, 
de 22 de julio), al coincidir con la toma de posesión, sin necesidad de que se notifique 
resolución alguna a tal efecto, porque esa notificación no va a alterar lo que ya se  es
conoce, que es la composición del Pleno del Tribunal. o
erppeluolcoesu,tdD erdesereoi  oibnsere f sead trc eeilora  snm seffúeio r–pcmdyhloi,aca ,dar  sdae–eet  eh  qlpneauudc eebhid xloiaetc,e l a nmlacci ip oósnoninqaro autdcunieiemrelar iaindlee oasnzmdetao   bai ndrpdateerem en lcoitleoaisans  dj tumoahs ,oet dictfceiiovch omaloosrsps   e udmentean a ld argaqesis u cdrtueereas csadsudecosei saó s lcnrauie o scfanetudeecsunshact aandid nioe o esnsf.nu  ,q  Pelunooreoasr      OE-A-2022-2924able en https://www.
se conoció la composición del tribunal, es decir, desde el 18 de noviembre de 2021, a los
efectos de lo dispuesto en el art. 223.1.1 LOPJ, sin que haya sido omitida la aplicación 
del art. 135.5 LEC, finalizando de este modo el plazo para la presentación de las 
recusaciones a las 15:00 horas del día 2 de diciembre de 2021, y, debiendo considerarse 
extemporáneos las recusaciones presentadas el día 3 de diciembre de 2021.
Por tales razones procede desestimar los recursos de súplica interpuestos frente a la 
inadmisión por extemporáneas  de las recusaciones  promovidas en los recursos de 
amparo 1638-2020, 3476-2020, 4586-2020, 5840-2020.
4. Recursos de súplica interpuestos por doña Clara Ponsatí i Obiols, don Carles 
Puigdemont i Casamajó, don Antoni Comín i Oliveres y don Lluís Puig i Gordi en los 
recursos de amparo 2835-2021, 1212-2021, 972-2021, 2017-2021 y 5513-2020.
A) Consideraciones  previas  sobre  el  modo  en  que  se  han  promovido  las 
recusaciones e interpuesto los recursos:
a) Con  carácter  previo  debemos  indicar  que  la  forma  de  presentación  de  las 
solicitudes de recusación mediante escritos de idéntica o muy parecida redacción, en los 
que se citan numerosos procesos constitucionales de objeto diverso, si bien no está 
prohibida (ATC 194/2003, de 12 de junio, FJ 4) no diluye, como contrariamente parece 
desprenderse de la argumentación contenida en los recursos de súplica, la exigencia de 
cumplimiento por los recusantes de la carga de justificar que la recusación de un 
magistrado se refiere siempre a un «pleito o causa» individualizado y concreto.
La apreciación de una pérdida de la imparcialidad objetiva, mediante la invocación de 
las causas previstas en los apartados décimo y décimo cuarto del art. 219 LOPJ, no se 
puede llevar a cabo en abstracto (SSTC 11/2000, de 17 de enero, FJ 4 in fine, o 52/2001, 
de 26 de febrero, FJ 4), sino que es exigible que por los recusantes se especifique, 
razone y acredite en qué aspecto concreto los magistrados recusados tienen algún 
interés,  directo  o  indirecto,  «en  el  proceso  constitucional»  respecto  al  cual  se  ha 
formulado la recusación (ATC 224/2001, de 18 de julio, FJ 1).
Dicha carga procesal, como ya se advirtió en el auto recurrido, no ha sido cumplida 
en el presente caso por los recusantes (ahora recurrentes). Estos se limitan a relacionar 
una lista de recursos de amparo, de objetos dispares –y en los que, incluso, en alguno ni 
tan siquiera son parte– desconociendo que la recusación se refiere a un concreto «pleito 
o causa». Al propio tiempo proceden a sustentar buena parte de las recusaciones sobre 
un entendimiento del concepto jurídico «amistad íntima» (art. 219.9 LOPJ), que aparece 
desconectado del objeto del proceso, y del que pretenden servirse, a su vez, para 
fundamentar la genérica invocación de varios motivos de recusación (art. 219, apartados 
décimo y décimo cuarto, LOPJ).
Esta confusa técnica procesal se proyecta sobre los nueve recursos de súplica cuya 
redacción es idéntica, con la salvedad de que en los recursos de amparo 3476-2020, 
4586-2020,  5840-2020  y  6056-2021,  se  añade  un  razonamiento  que  cuestiona  la 
extemporaneidad apreciada en las recusaciones promovidas por la representación de 
don Joaquim Torra i Pla, pretensión ya desestimada en el fundamento anterior.
b) Una precisión adicional es necesaria. A través de su recurso de súplica los 
recurrentes insisten de nuevo en proponer un tratamiento individualizado de cada uno de 
los motivos de recusación planteados en relación con dos magistrados y una magistrada.
Tal  propuesta  orilla  voluntaria  o  involuntariamente  el  núcleo  fundamental  del 
razonamiento que ha llevado al Pleno de este Tribunal a adoptar la triple decisión que 
cuestionan, según la cual: es
(i) Las diversas pretensiones de recusación planteadas han de ser analizadas de  w.
pforrems(eaii)n  ctoePns,jau hrnaat aysa eu ns ai dunoná alai scrieessp, otealuld caPió lpenrn eúovn iiadcmeab.een teq useud aabr sintetengciróand oo  hcoanya tno dsoidso  sreucsu msaadgoisst;r ay,d eons   2022-2924n https://ww
fin, como expresamos en el fundamento jurídico 3, in fine, de la resolución recurrida.
(iii) La salvaguarda del ejercicio de la jurisdicción constitucional reclama, y justifica 
al mismo tiempo que, para pronunciarse sobre las múltiples y sucesivas peticiones de 
abstención y/o recusación formuladas no solo no deba excluirse de la conformación del 
Pleno a ninguno de sus magistrados presentes, sino que «las recusaciones deban 
inadmitirse de plano por comportar un uso abusivo del ejercicio de esa facultad por parte 
de los recurrentes, tendente a impedir el normal ejercicio de su jurisdicción por este 
tribunal».
Tal triple conclusión, como in extenso se expresa en los fundamentos jurídicos 2 y 3 
de la resolución recurrida, atiende a razones que tienen que ver con la naturaleza de 
órgano  constitucional  único  en  su  orden  de  este  tribunal  (art.  1.2  LOTC),  cuyos 
magistrados –designados por el Congreso y el Senado, por el Gobierno y el Consejo 
General del Poder Judicial–, no pueden, en ningún caso, ser sustituidos en el ejercicio de 
sus funciones en caso de ser recusados. No pueden serlo para tramitar dicha pretensión, 
ni tampoco para resolver los procesos constitucionales en los que se plantea, en el caso 
de ser estimada la recusación.
En atención al número de magistrados cuya exclusión se pretende, tal imposibilidad 
de sustitución impone en determinadas situaciones –como la presente– modulación de la 
previsión establecida en el art. 227 LOPJ, de forma que quienes hayan sido recusados o 
cuya abstención haya sido aceptada puedan formar parte del órgano que haya de decidir 
sobre tales propuestas de recusación. Solo así, dijimos entonces, puede alcanzarse el 
quorum exigido por el art. 14 LOTC para que este tribunal pueda ejercer su jurisdicción. 
Dicha solución, adoptada ya en el incidente que dio lugar al ATC 443/2007, de 27 de 
noviembre, constituye una exigencia que deriva del art. 4.1 LOTC pues, para preservar el 
ámbito de su jurisdicción –en cualquiera de sus manifestaciones, también en la de 
amparo– es preciso evitar su paralización cuando se propone impedir la formación del 
mínimo legal exigido para adoptar acuerdos.
Esta auténtica regla de necesidad se hace patente cuando, como en este caso, a 
través de sucesivas pretensiones de recusación, quien acude en demanda de amparo al 
Tribunal Constitucional propone al mismo tiempo que del colegio de magistrados sean 
apartados todos ellos, o un número tal de sus integrantes, lo que aboca al bloqueo de 
esta institución e impediría la resolución de las pretensiones que ante él se ejercitan.
Dicho de otra manera, como el fiscal ante el Tribunal Constitucional expresa con 
precisión  en  sus  alegaciones,  que  fundamentan  sólidamente  su  pretensión 
desestimatoria, el problema capital que plantearon las recusaciones formuladas en este 
y en el resto de procedimientos que se reseñan en el auto impugnado es que, si la regla 
de exclusión de los magistrados recusados produce el efecto objetivo de dejar al Pleno 
del Tribunal por debajo del quorum previsto en el artículo 14 LOTC, sea para conocer de 
la  propia  recusación,  o  sea  –con  mayor  motivo–  para,  apreciada  esta,  abordar  el 
enjuiciamiento de fondo de los recursos de amparo en los que se ha presentado, el 
ejercicio de su jurisdicción deviene imposible, y la consecuencia no es que resulte 
inviable  el  enjuiciamiento  por  un  tribunal  imparcial;  es  que  resulta  impracticable  el 
enjuiciamiento.
Evitar dicho indeseable efecto justificó el análisis conjunto de las treinta y tres 
recusaciones planteadas por el total de los magistrados presentes que integran este 
tribunal, lo que, a su vez, llevó a apreciar que las mismas comportaban un uso abusivo 
del ejercicio de esa facultad por parte de los recurrentes, tendente a impedir el normal 
ejercicio de su jurisdicción por este tribunal, por lo que, en defensa de la jurisdicción del  s
Tribunal, debían ser inadmitidas a limine y no tramitadas. e.
No  obstante  esta  decisión,  que  justifica  por  sí  sola  la  decisión  de  inadmisión  w.
cuestionada,  apreciamos  entonces  que,  de  forma  independiente  y  concurrente,  se  24ww
ellexgaamreían  ad ela f omnidsom dae c loansc cluosniócrne tdaes  icnaaudsmaiss iaólne gaa dliamsi,n ee l dceu alal, sa dre acubsuancdiaonnteiasm m, esdei arenateli zeal 
en eSl ifeunnddoa meesnteto  ejul rísdeicnoti d4o d ey l alau tjou sreticfiucarrcidióon y ad es inla l ad peacritsicióipna cdieó ni ndaed lmosis rieócnu saaddoopsta.da,  BOE-A-cable e
abordaremos a continuación las diversas alegaciones a través de las que los recurrentes
afirman que el ATC 107/2021 no es una resolución fundada en Derecho, les ha privado 
indebidamente de su derecho al procedimiento de recusación y ha sido dictada por un 
tribunal que, por su composición, no puede considerarse independiente e imparcial.
B) Sobre la omisión de respuesta a las recusaciones del presidente del Tribunal 
Constitucional y del magistrado don Enrique Arnaldo.
La  deficitaria  técnica  procesal  expuesta,  ha  supuesto  que  las  recusaciones  se 
presenten de modo genérico, sin precisar, argumentar o justificar, en primer lugar, en qué 
aspecto concreto la amistad invocada trasluce algún interés del presidente del Tribunal 
en el «pleito o causa» (art. 219.10 LOPJ). Ni se alega, ni se vislumbra qué posible 
beneficio podría obtener o de qué posible carga o gravamen podría verse liberado en 
función del resultado de la recusación del magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla o del 
recurso  de  amparo.  Más  bien,  lo  que  parece  desprenderse  de  las  pretensiones 
formuladas es que cualquier relación personal o profesional, incluso muy estrecha, entre 
los magistrados del Tribunal impide a cualquiera de ellos ejercer su labor conforme a 
Derecho, asumiendo acríticamente las posturas de sus colegas sobre la base de una 
distorsionada concepción de una amistad mal entendida. Como señalamos en nuestra 
STC 91/2021, de 22 de abril, FJ 5.5.3 a), la tesis de los recurrentes «supondría, en 
definitiva, una presunción de falta de profesionalidad basada en percepciones subjetivas 
o  impresiones  personales  incompatibles  con  el  rigor  y  objetividad  exigibles  en  el 
planteamiento de una recusación».
En segundo lugar, en relación con el magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla, el 
auto  impugnado  rechaza  expresamente  las  causas  de  recusación  previstas  en  el 
apartado noveno [FJ 4 a) y c)] y en el apartado décimo [FJ 4 d)], y de su lectura puede 
inferirse razonablemente la inadmisión de la causa de recusación prevista en art. 219.14 
LOPJ –que afectaría, en su caso, exclusivamente a dos de los nueve recursos de 
amparo–. El ATC 107/2021 señala expresamente que «los motivos de recusación han de 
subsumirse necesariamente en algunos de aquellos supuestos que la ley define como 
tales», a lo que añade que no resultan amparadas las recusaciones «que se sustentan 
en meras afirmaciones de imposible encaje en un motivo de recusación y huérfanas de 
todo sustento en hechos concretos […] [o] que se apoyan en la mera invocación de una 
causa legal carente de cualquier vínculo con los hechos que se narran para darle 
sustento» [ATC 107/2021, FJ 4 c)].
El motivo debe ser desestimado.
C)  Composición del Tribunal Constitucional para decidir las recusaciones y la 
posibilidad de su inadmisión a limine.
Cuestionan  los  recurrentes  la  participación  de  los  magistrados  recusados  y 
abstenidos  en  la  decisión  sobre  las  recusaciones  planteadas,  incluso  proponen  la 
posibilidad de interpretaciones distintas del art. 14 LOTC, considerando contraria a la 
tutela judicial efectiva la inadmisión a limine de las recusaciones.
a) Para dar respuesta a esta impugnación hemos de partir, indefectiblemente, de lo 
que afirmamos en el ATC 107/2021, de 15 de diciembre y, de modo más concreto, de lo 
argumentado en el FJ 2, que sirve ahora de fundamento para responder a las diferentes 
objeciones que, sobre la composición del tribunal, han planteado los recurrentes.
En el fundamento jurídico 2 se dice que «[l]a especial naturaleza de este tribunal 
viene  determinada  por  su  singular  configuración  dentro  del  entramado  institucional  e.
definido  por  la  propia  Constitución  Española  y  por  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  w.b
Constitucional (LOTC). Se trata de un órgano ‘único en su orden’ (art. 1.2 LOTC), a quien  24ww
pseu eadtreib eujyeer ceenr  euxnc lucsoinvtaro ul nr eáaml byit oe ffuenctcivioon aslo qburee  llea  caoclotucaac eiónn u ndae sppolesgicaiódna  dpeosrd elo lsa  tqruees 
pjuosdtiefirceas  qdueel ,E esnta dlóog»i.c aD ec otahle mreannceiara,  squuse  m«[iee]ml ebvreons tuoaslt eenjetercni cliao  dnee ceesstaarsi ap oletegsittiamdideas d[… de], 
origen que, en este caso, está vinculada a la intervención de esos tres poderes».
Igualmente en el citado fundamento jurídico 2 se afirma que «[e]ste rasgo distintivo 
del tribunal se proyecta sobre los magistrados que lo integran. La naturaleza de las 
competencias  atribuidas  a  este  órgano  determina  la  diversidad  de  planteamientos 
jurídicos sobre la interpretación de los preceptos constitucionales que, en su caso, 
puedan  acontecer.  Como  señala  el  ATC  180/2013,  de  17  de  septiembre,  FJ  3,  la 
‘inevitable incidencia en la interpretación jurídica de las particulares concepciones del 
Derecho y visiones del mundo de cada magistrado se refleja en la necesaria pluralidad 
de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del tribunal 
como órgano colegiado por excelencia’. Esa heterogeneidad de posiciones guarda una 
estrecha  correspondencia  con  el  pluralismo  político  que,  como  valor  superior  del 
ordenamiento  jurídico  (art.  1.1  CE),  permite  diversas  formas  de  organización  de  la 
comunidad.  Una  diversidad  que  se  plasma  en  disposiciones  normativas  de  distinto 
rango, susceptibles de distintas interpretaciones jurídicas en las que inevitablemente 
influyen elementos conceptualmente ideológicos, todos ellos dentro del amplio espacio 
diseñado por el texto constitucional».
Esta  pluralidad  de  perspectivas  que  integran  la  magistratura  constitucional, 
seguíamos declarando, «se convierte, así, en una seña de su propia identidad, por lo 
que no puede suponer, sin más, la incompatibilidad para el ejercicio de sus funciones, 
mediante una genérica causa de recusación que ponga en tela de juicio su imparcialidad. 
Por ello, ‘[l]as diversas circunstancias que definen la personalidad de cada uno de los 
magistrados  y  conforman  su  trayectoria  personal  no  pueden  considerarse  sin  más 
condicionamientos negativos que afecten a su imparcialidad, pues la imparcialidad que 
exige el art. 22 LOTC no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia 
de aislamiento social y político casi imposible de cumplir en cualesquiera profesionales, 
también en los juristas de reconocida competencia’ (ATC 180/2013, de 17 de septiembre, 
FJ 3)» (FJ 2).
Y, concluíamos aquel planteamiento inicial destacando que «[d]e hecho, el perfil 
ideológico y jurídicamente heterogéneo es lo que contribuye a conformar el tribunal, y 
determina la designación de sus miembros. Va en la propia naturaleza de las cosas que 
un magistrado del Tribunal Constitucional haya sido designado precisamente por sus 
ideas  y  opiniones  expresadas  a  través  de  los  instrumentos  habituales  de  difusión 
jurídica, que conforman su trayectoria profesional y que, por lo tanto, delimitan los 
principios de mérito y capacidad que le habilitan para el ejercicio de sus funciones» 
(FJ 2).
De lo hasta ahora dicho, es posible deducir dos consecuencias: de una parte, que el 
planteamiento de una recusación y su eventual estimación afecta a la composición 
funcional (quorum) del Tribunal, dado el carácter de insustituibles de los magistrados que 
lo  conforman;  pero,  de  otro  lado,  también  incide  sobre  la  propia  configuración 
constitucional del mismo, en la medida en que la estimación de eventuales causas de 
recusación  puede  alterar  «el  perfil  ideológico  y  jurídicamente  heterogéneo»  de  sus 
miembros,  lo  que,  de  alguna  manera,  puede  llegar  a  desvirtuar  el  propio  diseño 
constitucional  de  este  órgano.  De  ahí  que,  a  la  hora  de  enjuiciar  las  causas  de 
recusación  alegadas  por  las  partes  del  proceso,  deban  tenerse  en  cuenta  ambos 
aspectos,  correspondiendo  a  este  tribunal  realizar  una  contenida  valoración  de  los 
presupuestos de hecho alegados y de las causas invocadas, para llegar a una decisión 
sobre su concurrencia, que, necesariamente, debe guiarse por criterios restrictivos.
b) A  partir  de  las  anteriores  consideraciones,  debemos  ahora  analizar  las 
cuestiones  suscitadas  en  los  diferentes  recursos  de  súplica  interpuestos  sobre  la  es
inadmisión a limine de las recusaciones acordada por el auto impugnado, que guardan  o
SrmeTalaSgc iis4ót5nra9 d/c2oo0sn1  a9nl,a td eerpi or1er4ms ederenv atoecc itaóubnbs rtede,en y id sloaus s c eionnmc liodpseo nsriceciciaóusnr,s  aodsseí  ldc eoT mraibomu dpneaa rllo o ysfo  arlhamo arilnaizc raleudcsouióss nac dodonestr .al olas   2022-2924n https://www.
Para ello, debemos remitirnos a las razones esgrimidas por el auto impugnado, que 
han  sido  resumidas  en  el  apartado  anterior  y  que,  puestas  en  relación  con  los 
argumentos de los recursos interpuestos, nos llevan a la siguiente conclusión:
(i) Debe  insistirse,  frente  a  lo  afirmado  en  los  recursos,  que  la  decisión  de 
inadmisión a limine de las recusaciones se encuentra asentada en la doctrina de este 
tribunal,  desde  luego  cuando  incurran  en  defectuoso  planteamiento  procesal 
(ATC 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 2, y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2), pero 
también en atención a las circunstancias que las circundan, de su planteamiento y de las 
argumentaciones de los recusantes, de acuerdo con el art. 11.2 LOPJ (AATC 394/2006, 
de 7 de noviembre, FJ 2; 454/2006, de 12 de diciembre, FJ 3, y 177/2007, de 7 de 
marzo, FJ 1. También, en el ATC 107/2021, FJ 5).
(ii) Debemos añadir a lo anterior que, como señalan los AATC 84/2020 y 85/2020, 
de 21 de julio, FJ 2, y 86/2021, de 16 de septiembre, FJ 3, es acorde con el art. 6 del 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, que «las mociones de parcialidad no deben ser capaces de paralizar el 
sistema  jurídico  del  Estado  demandado.  Este  aspecto  reviste  especial  importancia 
cuando se trata de tribunales de última instancia» (STEDH de 9 de julio de 2015, asunto 
A.K. c. Liechtenstein, § 82).
Dicha premisa se intensifica en nuestro caso, en el que, como hemos declarado 
supra, la singular naturaleza del Tribunal Constitucional, en los términos antedichos, 
debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar los presupuestos de hecho invocados por 
las partes para fundamentar sus alegadas causas de recusación y llegar a una decisión 
sobre estas.
(iii) Las  recusaciones  formuladas  «se  sustentan  en  meras  afirmaciones  de 
imposible encaje en un motivo de recusación y huérfanas de todo sustento en hechos 
concretos»  [FJ  4  c)];  conclusión  a  la  que  se  llega  en  una  argumentación  que  se 
desarrolla en los FFJJ 3 y 4 del ATC 107/2021 y a la que ahora nos remitimos.
Por  tanto,  si  los  motivos  de  recusación  invocados  se  apoyan  en  «meras 
afirmaciones» que, como se destaca en el auto impugnado, están «huérfanas de todo 
sustento en hechos concretos», y no se aporta un principio de prueba del que se pueda 
derivar una duda objetiva y razonable sobre las causas de recusación invocadas, la 
decisión de inadmisión a limine puede ser adoptada por todos los componentes del 
Tribunal, sin incurrir en vicio de parcialidad, porque se trata de un rechazo basado en 
alguno de los supuestos previstos en el art. 11.2 LOPJ.
c) En lo que respecta al argumento de que, para la válida constitución del Pleno del 
Tribunal,  no  era  precisa  la  concurrencia  de  los  magistrados  abstenidos  y  de  los 
recusados o que, al menos, no se requería que estos últimos pasaran a formar parte del 
Tribunal que tuviera que decidir sobre su recusación, resultan igualmente aplicables las 
argumentaciones expuestas sobre la especial naturaleza de este Tribunal y sobre el tipo 
de decisión adoptada, de rechazar a limine las causas de recusación. Se trata de una 
decisión con la que se preserva la integridad de la jurisdicción constitucional, a la que 
están llamados naturalmente todos los componentes de este Tribunal, y que se adopta 
con  carácter  previo  a  la  valoración,  en  su  caso,  sobre  las  cuestiones  de  fondo 
planteadas.
d) Finalmente, debemos dar respuesta a la cuestión suscitada en los recursos 
sobre la interpretación de lo dispuesto en el art. 14 LOTC, en relación con el quorum 
necesario para adoptar acuerdos, y la exigencia de que estén presentes, «al menos, dos  e.e
tercios de los miembros que en cada momento lo compongan». w.b
Frente a lo que alegan los recurrentes, la literalidad del art. 14 LOTC es clara. La  24ww
ctaommbpioésni caicótnu adlmel ePntleen–o e sd edle  Tprúibbulincaol  ceonn oecl immioemnteon (tRo edaele sto Dmeacrr elato sd e4c2i1si/ó2n0 1r3e,c 4u2rr3id/2a0 1–3y 
yy  246234//22001173,,  ddee  1102 d ed em jaurnzioo;,  1508393/2/2001241, , d1e0 384 /d2e0 2j1u,l io1;0 3256/02/022011 7y,  1206316//22001271,,  2d6e2 1/270 1d7e 
noviembre), por lo que el quorum de presencia que resulta del art. 14 LOTC es de ocho
magistrados, toda vez que el colegio de magistrados, al tiempo de dictar la resolución, 
era de doce.
Conviene recordar que la abstención de dos de sus magistrados aceptada por el 
Pleno [ATC 107/2021, FJ 3 A) a)], unida a la decisión de recusar al presidente del 
Tribunal Constitucional para intervenir en nueve de las doce recusaciones promovidas 
[ATC 107/2021, FJ 3 A) b)] y de recusar al magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla y la 
magistrada  doña  Concepción  Espejel  Jorquera,  determinaba  que  la  recusación 
planteada afectara a una relación de magistrados de los que componen el Tribunal, que 
reducía «el número de los no recusados ni abstenidos hasta el extremo de imposibilitar 
la  constitución  del  Pleno  con  el  quorum  exigido  por  la  ley  para  decidir  sobre  las 
recusaciones planteadas (art. 14 LOTC)» [ATC 107/2021, FJ 3 B)].
Dicha situación, unida al planteamiento conjunto de todas las recusaciones, a la 
coincidencia  de  los  motivos  de  recusación  alegados,  imposibilitaba  la  adopción  de 
decisiones  fraccionadas,  dado  el  carácter  inescindible  de  la  decisión  que  pudiera 
adoptarse. Por ello, la inexistencia de quorum hizo imprescindible «para asegurar la 
propia funcionalidad del órgano constitucional» [ATC 107/2021, FJ 3 B)] y mantener la 
integridad de la jurisdicción constitucional, la conformación del Pleno del Tribunal con los 
magistrados recusados y abstenidos, sin lesión con ello del derecho fundamental al juez 
imparcial, (ATC 443/2007, de 27 de noviembre, FJ 3), cuya doctrina no justifica matices 
–ni estos se aportan por los recurrentes– en función de la distinta naturaleza del proceso 
constitucional en la que se aplique.
Como ya anticipamos, el análisis conjunto de todas las recusaciones presentadas ha 
de  tomar  en  consideración  también  la  previa  abstención  de  los  señores  Narváez 
Rodríguez y Conde-Pumpido Tourón, ya aceptada en los AATC 17/2021, de 16 de 
febrero, y 48/2021, de 21 de abril. Esta circunstancia era plenamente conocida por los 
recurrentes, lo que permite apreciar que las recusaciones constituían un uso abusivo del 
ejercicio de esta facultad, pues bajo el anunciado propósito de garantizar la imparcialidad 
de  este  tribunal  se  dirigían  a  paralizar  e  impedir  de  facto  que  pudiera  ejercer 
normalmente su jurisdicción apartando a cinco de sus componentes, lo que impediría la 
resolución de los recursos de amparo pendientes de resolución en los que la recusación 
se ha planteado.
Dicha  actuación  procesal  ha  de  ser  consideraba  objetivamente  abusiva,  en  los 
términos en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia en la decisión 
de inadmisión de 21 de septiembre de 2021, adoptada en el asunto Zambrano c. Francia 
(pár. 33 a 38) pues, como allí, no se dirige a ver resuelta la pretensión de amparo 
formulada en cada caso en relación con los procesos judiciales previos a los que afecta, 
sino más directamente, a la paralización del funcionamiento del Tribunal Constitucional, 
objetivo este que justifica la inadmisión a limine que se combate.
D) De la inadmisión de las causas de recusación promovidas en relación con los 
magistrados don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera y el 
presidente del Tribunal.
Finalmente debe indicarse que los recurrentes utilizan el recurso para insistir en las 
causas de recusación invocadas, que fueron inadmitidas por el ATC 107/2021, a cuyos 
razonamientos y a lo expuesto en el presente auto [FJ 4 b)] debemos remitirnos, al no 
quedar desvirtuados por los argumentos contenidos en los recursos de súplica.
A tales razonamientos procede ahora añadir dos consideraciones:
a) En primer lugar, en el encabezamiento de todos los idénticos incidentes de  bo
recusación  promovidos  por  doña  Clara  Ponsatí  i  Obiols,  don  Carles  Puigdemont  i  24ww
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seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo» o «contra distintos acuerdos de la
Junta Electoral Central, igualmente relacionados de forma directa con las consecuencias 
de la causa especial núm. 20907-2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo». E, incluso, en todos los incidentes de recusación promovidos se indica de 
modo concreto que mediante el referido «manifiesto» se «llegó a pedir» «que cayera 
‘todo el peso de la ley’ sobre los recusantes como consecuencia de los hechos que 
dieron lugar a la […] causa especial núm. 20907-2017 seguida ante la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo».
Pues bien, basta una mera lectura de los antecedentes primero a tercero de la 
STS 459/2019, de 14 de octubre, dictada en la referida causa especial núm. 20907-2017, 
para advertir que la querella formulada por el fiscal general del Estado que dio origen a la 
misma fue registrada en el Tribunal Supremo el 30 de octubre de 2017 y admitida por 
auto  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo  de  31  de  octubre  de  2017.  Tales 
extremos, por razones obvias, no pueden ser desconocidos por los recusantes y, desde 
luego, evidencian que el aludido manifiesto, firmado el 17 de septiembre de 2017, fue 
realizado con anterioridad al inicio de la causa especial en el que se dictaron «las 
resoluciones judiciales» o que llevaron como consecuencia, en los términos utilizados en 
las seis recusaciones y en los nueve recursos de súplica, «distintos acuerdos de la Junta 
Electoral Central, igualmente relacionados de forma directa» con ella.
b) Por otra parte, en relación con los recursos de súplica interpuestos por don 
Joaquim Torra i Pla debe indicarse que las diligencias previas núm. 2-2019, que dieron 
lugar a la sentencia dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
núm. 149/2019, de 19 de diciembre, fueron iniciadas a instancia de querella del fiscal 
superior de justicia de Cataluña, no del fiscal general del Estado, y fueron admitidas por 
auto del mismo tribunal de 1 de abril de 2019.
Es  por  ello  que  no  podemos  compartir  los  reproches  de  «ligereza»,  o 
«desconocimiento» con los que los recurrentes se dirigen a este tribunal, tanto en los 
escritos de aclaración como en los recursos súplica. Y es por ello también que el 
argumento contenido en el FJ 4 d) del ATC 107/2021, cuando indica que «debe añadirse 
que las opiniones vertidas en un periódico o la firma del manifiesto aludido se produjeron 
aproximadamente cinco años antes de adquirir la condición de magistrado, sin que tan 
siquiera se hubiera iniciado proceso penal alguno contra cualesquiera de los recusantes 
ante  la  jurisdicción  ordinaria,  y,  lo  que  se  reclamaba  era  el  cumplimiento  de  los 
pronunciamientos  del  Tribunal  Constitucional,  de  la  Constitución  y  del  Estatuto  de 
Autonomía», debe ser mantenido en sus propios términos.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Desestimar las solicitudes de aclaración y los recursos de súplica promovidos por 
doña Clara Ponsatí i Obiols, don Carles Puigdemont i Casamajó, don Antoni Comín i 
Oliveres, don Lluís Puig i Gordi, don Joaquim Torra i Pla y don Joaquim Forn i Chiariello 
frente  al  ATC  107/2021,  de  15  de  diciembre,  en  los  recursos  de  amparo  núms. 
1638-2020,  2835-2021,  1212-2021,  972-2021,  2017-2021,  5513-2020,  3476-2020, 
4586-2020, 5840-2020 y 6056-2021.
Déjese el original de la presente resolución en el primero de ellos y llévese testimonio 
a los demás.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano  b
Sánchez.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Santiago Martínez-Vares García.–Antonio Narváez  24ww
RBaoldargíguueer z.C–Ralilceajórdno.– REanmríqóune zS áSeazn chVoa.l–cCárácnedl.i–dEo nCriqouned e-APrunmalpdiod o ATlcouubróillna..––MCaorníace pLcuiiósna 
Espejel Jorquera.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.