BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Viernes 21 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 6489
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
953 Ley  2/2021,  de  29  de  diciembre,  de  medidas  fiscales,  financieras, 
administrativas y del sector público.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los  artículos  65  y  67  del  Estatuto  prevén  que  las  leyes  de  Cataluña  son 
promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad. De 
acuerdo con lo anterior, promulgo la siguiente Ley:
PREÁMBULO
La  presente  ley  tiene  por  objeto  establecer  las  medidas  fiscales,  financieras, 
administrativas y del sector público necesarias para completar el régimen jurídico de los 
presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio de 2022.
Como  en  otras  ocasiones,  la  ley  se  enmarca  en  un  contexto  de  prórroga 
presupuestaria. En este caso, de los presupuestos de 2020, lo que incide directamente, 
tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, en el número y alcance de las 
medidas que la configuran, tal y como se especifica en este preámbulo.
Como es sabido, las medidas de carácter normativo que deben aprobarse como 
complemento necesario de la Ley de presupuestos no deben integrarse en esta, sino 
que,  según  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional,  deben  incorporarse  a  otra  ley 
específica con rango de ley ordinaria, que es la denominada Ley de medidas o Ley de 
acompañamiento de los presupuestos. Así pues, los trámites parlamentarios no quedan 
sujetos a las limitaciones propias de la tramitación especial de la norma presupuestaria.
En la presente ley se modifican diversas disposiciones legales, entre ellas, decretos 
leyes, decretos legislativos y, mayoritariamente, leyes, así como algunos decretos.
La parte dispositiva de la ley se organiza en cinco partes, en función del ámbito 
material: la parte primera, relativa a las medidas fiscales; la parte segunda, relativa a las 
medidas financieras; la parte tercera, relativa a las medidas en el ámbito del sector 
público; la parte cuarta, relativa a las medidas administrativas, y la parte final, que 
contiene las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
El contenido principal de la ley lo constituyen las medidas de naturaleza tributaria, si 
bien se incorporan también otras de carácter administrativo.
I. Medidas fiscales
La primera parte, relativa a las medidas fiscales, se ordena en dos títulos relativos a 
las  modificaciones  en  el  ámbito  de  los  tributos  propios  y  de  los  tributos  cedidos, 
respectivamente.
El primer título está formado por seis capítulos. El capítulo I contiene modificaciones 
en la regulación del canon del agua, un tributo propio que gestiona la Agencia Catalana 
del Agua. Entre otras medidas, y con el fin de reducir la carga administrativa de las 
entidades suministradoras, que tienen la condición de sustituto del contribuyente, se  e.
simplifica el régimen de presentación de declaraciones y autoliquidaciones del canon del  w.b
agua y se consolida el procedimiento de declaración de recibos impagados que resultan  3w
yin c2o0b2ra0b. leTsa,m yb iéqnu es see  shimabpílaifi ceas taebl lepcroidcoe dcimonie ncator ápctaerra  teamplpicoarra l lae nt alroifsa  esjeorcciaicli opsa r2a0 1e9l 
coleEctl ivcoa pdíetu ploe rIsI oinntarso dyu ucnei dmaoddeisfi cfaamciiolinaeress t éecnn sicitausa ceiónn e dl eim vpuulneesrtaob isliodbarde  elocos naócmtivicoas. no
productivos de las personas jurídicas. Por un lado, concreta las condiciones ya vigentes
que deben concurrir para considerar que un activo es no productivo; y, por otra, incorpora 
a tributación a las sociedades inactivas que no se hallen en situación de disolución y 
liquidación.
El capítulo III se dedica al impuesto sobre las viviendas vacías. El capítulo IV se 
dedica al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de 
tracción mecánica.
En el ámbito de las tasas, el capítulo V recoge las modificaciones efectuadas en el 
texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio. Las modificaciones consisten 
en la actualización de cuotas para ajustar los importes al coste del servicio que se 
presta, en la adición de nuevos hechos imponibles en tasas ya existentes y en la 
creación de nuevas tasas. El capítulo VI recoge las modificaciones en el ámbito de las 
tasas en materia de transporte en aguas marítimas y continentales, reguladas por la 
Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y 
continentales.
El título II recoge las medidas relacionadas con los tributos cedidos y está formado 
por tres capítulos. En el capítulo I, que hace referencia al impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, se establece, con carácter excepcional, la ampliación de hasta dos años del 
plazo de pago establecido por el artículo 73.1 de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de 
regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, para los supuestos en los que 
el inventario de la herencia no comprende suficiente dinero efectivo o bienes fácilmente 
realizables para pagar el tributo. Por otra parte, se realiza una modificación para regular 
qué relación se atribuye, a efectos del impuesto, a las personas que están o han sido 
acogidas respecto a las personas acogedoras.
El capítulo II, y en el ámbito de tributación sobre el juego, establece una obligación 
formal de suministro de información por parte de los operadores de máquinas recreativas 
y de azar.
En  el  capítulo  III  se  realizan,  con  efectos  desde  el  1  de  enero  de  2022, 
modificaciones  relativas  a  la  deducción  por  alquiler  de  la  vivienda  habitual,  a  las 
deducciones por nacimiento o adopción de un hijo y, finalmente, a la escala autonómica.
II. Medidas financieras
La parte segunda de la ley, que agrupa las medidas financieras, incluye tres títulos, 
que siguen una ordenación sucesiva a lo largo del texto normativo: el título III, sobre 
medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas, el título IV, relativo a 
modificaciones legislativas en materia de patrimonio, y el título V, sobre medidas en 
materia de contratación pública.
El título III, que establece el conjunto de medidas relativas al régimen jurídico de las 
finanzas públicas, establece una serie de adiciones y modificaciones del texto refundido 
de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002.
Se introduce un nuevo precepto que regula unas obligaciones de transparencia para 
la Administración pública a fin de que los ciudadanos puedan acceder a información 
concreta y accesible sobre cuál es el destino de los recursos obtenidos de los tributos 
propios que se integran en fondos específicos, como el impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos, que se destina al Fondo para el Fomento del Turismo, o el 
impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria 
cuyos recursos nutren el Fondo para la Protección del Ambiente Atmosférico, y más  s
recientemente, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos  e.
de tracción mecánica, cuyos ingresos se integran en el Fondo de Patrimonio Natural. w.
Destaca también la medida que tiene por objeto la introducción del requerimiento de  3w
edloacbuomraern tayc iópnu bplriceasru, pupeosrt aripaa rated icidoenla l Dae plaa rqtaume esneto  redqeu ierEec oancotumaílam eny te Hsaecgieúnnd ae,l 
Dpreecsrueptou esletagriisolsa,t iveol  in3fo/2rm00e2 d. e Doirciehnat acdioocnuems epnretascuipóune sctaorniassta, reál  indfeo rmtree sp redsoucpuumeestnatroios   BOE-A-cable e
previo  a  elecciones,  y  el  informe  de  perspectivas  presupuestarias  a  largo  plazo; 
asimismo se introduce un informe sobre la perspectiva de género de los presupuestos 
públicos, para contribuir y dar visibilidad a la incorporación de la transversalidad de la 
perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos.
Por  otra  parte,  se  eliminan  el  trámite  de  ordenación  de  pagos  y  la  figura  del 
ordenador de pagos en la ejecución del presupuesto de gastos de la Administración de la 
Generalidad y de las entidades que gestionan un presupuesto administrativo, dado que 
los avances tecnológicos permiten establecer, con seguridad, unos automatismos en la 
gestión de los pagos propuestos que permitirán un mejoramiento en la gestión de la 
tesorería,  un  mejor  cumplimiento  en  las  obligaciones  en  términos  de  sostenibilidad 
financiera de la Generalidad y un mejor servicio al ciudadano. Asimismo, se habilita la 
creación del registro contable de justificantes de otras obligaciones económicas de la 
Generalidad que no reúnen los requisitos de las facturas, de forma homóloga al registro 
de facturas.
En cuanto a subvenciones, se sujetan las universidades públicas a la normativa 
catalana en materia de ayudas y subvenciones, en la medida en que las universidades 
llevan a cabo actividad en este ámbito que deriva de potestades administrativas y 
suprime  la  necesidad  de  autorización  previa  del  Gobierno,  cuando  se  trate  de 
subvenciones  directas  con  cargo  a  partidas  nominativas  por  cuantías  superiores 
a 300.000 euros a entidades participadas de forma minoritaria por la Generalidad.
La adición de un nuevo capítulo XI al texto refundido de la Ley de finanzas públicas 
tiene por finalidad crear, dentro del sector público de la Generalidad, un sistema de 
información fiscal corporativa, que requiere la aportación de información por parte de las 
entidades, y que debe permitir identificar y evaluar de forma periódica los riesgos fiscales 
potenciales y la adopción de medidas para reducirlos o minimizar sus impactos.
El título IV de la ley, que establece el conjunto de modificaciones legislativas en 
materia de patrimonio, dispone una serie de modificaciones del texto refundido de la Ley 
de patrimonio de la Generalidad, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2002. Destacan, 
especialmente,  las  modificaciones  relativas  a  que  la  Generalidad  de  Cataluña 
condicionará  la  aceptación  de  las  mutaciones  demaniales  a  la  transferencia  de  la 
titularidad de los bienes y derechos a su favor con efectos únicamente de cara al futuro, 
y al reconocimiento de la empresa pública Infraestructures.cat como medio propio para 
llevar  a  cabo  la  gestión  del  servicio  de  gestión  y  de  apoyo  de  los  inmuebles  e 
infraestructuras ocupados mediante cualquier título jurídico por la Generalidad y por los 
entes y organismos de su sector público y para llevar a cabo las actuaciones para la 
implantación, el mantenimiento y la operación de infraestructuras e instalaciones de 
energía  limpia  y  de  proximidad,  promovida  por  la  Generalidad,  directamente  o  en 
colaboración  con  terceros,  y,  en  general,  actuaciones  vinculadas  a  inmuebles  e 
infraestructuras para adaptarlos al cambio climático y minimizarlo.
El título V, relativo a medidas en materia de contratación, desarrolla en el ámbito de 
la Administración de la Generalidad, su sector público y el de las universidades públicas 
catalanas y las entidades que dependen de estas, las regulaciones de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  contratos  del  sector  público,  en  cuanto  a  la  necesidad  de 
publicidad y transparencia de los contratos públicos tramitados por emergencia, así 
como la derogación, en la disposición derogatoria de la Ley de medidas, de diversas 
disposiciones que han sido superadas por la citada ley.
III. Medidas en el ámbito del sector público es
La tercera parte reúne las medidas en el ámbito del sector público, y se estructura en  w.
tres títulos: el título VI, relativo a las medidas en materia de personal de la Administración  3w
yd e rlaac Gioennaelizraalcidióand  yd esul  sseeccttoorr  ppúúbblilcicoo; ,e l yt ítuello  tVítIuI,lo r elVaItIiIv,o  rae lmateivdoid aas  dlaes  remeosdtriuficctaucriaocnióens 
legislativas en materia de órganos reguladores.
El título VI, que establece las medidas en materia de personal de la Administración 
de la Generalidad y su sector público, se articula en dos capítulos: el capítulo I, relativo a 
las modificaciones de las normas generales en esta materia, y el capítulo II, relativo a las 
modificaciones de las normas sectoriales.
El capítulo I contiene una serie de modificaciones normativas, como la Ley 5/2012, 
de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del 
impuesto  sobre  las  estancias  en  establecimientos  turísticos,  sobre  los  efectos 
económicos  de  los  nuevos  niveles  de  carrera  profesional  asignados  al  personal 
estatutario del Instituto Catalán de la Salud. También la del Decreto ley 5/2021, de 2 de 
febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y gestión de 
los  fondos  procedentes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  y  del  fondo 
REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público, 
con el fin de eliminar la posibilidad de atribuciones temporales de funciones a personal 
interino o laboral temporal para la gestión de los programas para gestionar y ejecutar las 
operaciones financiadas con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y del fondo REACT-EU.
Dicho capítulo contiene también la modificación de la refundición en un texto único 
de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de 
función pública, aprobado por el Decreto legislativo 1/1997. Destacan especialmente la 
modificación  relativa  a  dotar  de  habilitación  legal  a  las  administraciones  públicas 
catalanas para que puedan determinar la valoración concreta de la puntuación de la fase 
de concurso, en los procesos selectivos de concurso oposición, con un tope de hasta un 
cuarenta por ciento de la puntuación total del conjunto del proceso selectivo de concurso 
oposición, a fin de promover la estabilización del personal temporal; que la situación 
administrativa de excedencia voluntaria por incompatibilidades no opere en el supuesto 
de funcionarios de carrera que pasan a prestar servicios con carácter temporal, ya sea 
como funcionarios interinos o como personal laboral temporal, en las administraciones u 
organismos o entidades del sector público, y finalmente, la previsión para el personal 
interino que pueda ser declarado en la situación de servicios especiales y que pueda 
disfrutar de las licencias para realizar estudios relacionados con el puesto de trabajo y 
las licencias para asuntos propios, y de este modo suprimir la diferenciación que hace la 
normativa actual entre el personal funcionario de carrera y el personal interino.
Dicho capítulo también recoge modificaciones de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El capítulo II establece una serie de modificaciones legislativas sectoriales en materia 
de personal y afecta a la Ley 5/1994, de regulación de los servicios de prevención y 
extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña (establece los mecanismos y los 
recursos para hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón 
de sexo en el ámbito del acceso a las diferentes categorías del Cuerpo de Bomberos de 
la Generalidad de Cataluña); la Ley 16/1984, del Estatuto de la función interventora 
(armoniza y sistematiza la normativa que regula la función interventora); la Ley 16/1991, 
de las policías locales (cambia la estructura policial para facilitar su mantenimiento en 
municipios  pequeños);  la  Ley  10/1994,  de  la  Policía  de  la  Generalidad-Mossos 
d’Esquadra (sistema de concurso oposición y equiparación con el resto de funcionarios 
públicos de la duración máxima de tramitación de los expedientes disciplinarios), y la 
Ley 17/2003, del Cuerpo de Agentes Rurales (con el objetivo de sustituir el centro de 
formación de los mandos por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña).
El título VII, que contiene las medidas de reestructuración y racionalización del sector  s
público, se ordena en ocho capítulos: el capítulo I, relativo a la comisión de coordinación  oe.
para la cooperación al desarrollo; el capítulo II, relativo al Instituto Catalán de Finanzas;  w.
el capítulo III, relativo a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña; el capítulo IV, relativo  3w
paal rIan sltait uCtoo mCpaetatiltáivnid daed  ldae A lac oEgmidpar eys dae;  elal  cAadpoítpucloió Vn;I , erle claatpivíotu lao  laV , Aregleanticvioa  aC alata Alagnean dceial 
pCúobnlsicuom, oy ;e el lc acpaíptuítluol oV IVIII,I ,r erelalativtiovo a la I nlas tistuutpoe Crvaistaiólánn c doen tlian uMau jdeere lsa.s entidades del sector  BOE-A-cable e
Destaca el capítulo VII, relativo a la supervisión continua de las entidades del sector 
público,  que  da  un  mandato  al  Gobierno  para  que  apruebe  un  nuevo  plan  de 
reordenación y simplificación del sector público institucional de la Administración de la 
Generalidad con el fin de optimizar los recursos públicos, la eficacia y la eficiencia 
organizativa y la calidad en la prestación y producción de bienes, servicios y actividades.
El título VIII, que contiene las modificaciones legislativas de los órganos reguladores, 
modifica la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña. 
Atribuye a la dirección de la Oficina potestad reglamentaria ad intra para que, dentro de 
los  límites  establecidos  presupuestariamente,  pueda  adaptar  su  estructura  a  las 
necesidades normativas actuales, específicamente las que implica el desarrollo de las 
nuevas funciones que se podrían asumir ex novo en un futuro muy cercano y, en este 
momento, muy especialmente a partir de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019. Por último, regula la actividad 
subvencional de la Oficina.
IV. Medidas administrativas
La cuarta parte de la ley, que agrupa las medidas administrativas, se ordena en ocho 
títulos: el título IX, relativo a medidas administrativas en materia de cultura; el título X, 
relativo a la empresa pública catalana; el título XI, dedicado a medidas administrativas en 
materia de política social e igualdad; el título XII, relativo a medidas administrativas en 
materia de medio ambiente y sostenibilidad, de infraestructuras y movilidad, urbanismo y 
de ordenación de aguas; el título XIII, relativo a medidas administrativas en materia de 
política  sanitaria;  el  título  XIV,  relativo  a  medidas  administrativas  en  fundaciones 
especiales; el título XV, relativo a medidas administrativas en materia de turismo y 
consumo,  y  el  título  XVI,  que  contiene  otras  medidas  administrativas  de  carácter 
sectorial.
El título IX, relativo a medidas administrativas en materia de cultura, modifica la 
Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de museos, con el objeto de impulsar la creación de las 
redes territoriales de museos, para proveer una gama más amplia de servicios de apoyo 
a los museos. También modifica la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio 
cultural catalán, para establecer un procedimiento más ágil para la reserva de las obras 
públicas exentas de la retención del 1,5% cultural.
El título X modifica el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto 
de  la  empresa  pública  catalana,  con  el  objetivo  de  actualizar  el  contenido  de  la 
información que las empresas públicas de la Generalidad deben aportar y aprobar en el 
marco de la elaboración de los presupuestos de la Generalidad y alinearlos con las 
disposiciones de la Ley de finanzas.
En el título XI, relativo a medidas administrativas en materia de política social e 
igualdad, destaca la modificación de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones 
sociales de carácter económico, que amplía la fecha a partir de la cual las personas 
extuteladas pueden presentar la solicitud de la prestación para jóvenes extutelados, e 
incorpora como causa de suspensión de la prestación para jóvenes extutelados el hecho 
de percibir de forma temporal unos ingresos superiores al límite legalmente establecido. 
También se añade una disposición adicional a la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de 
servicios  sociales,  para  habilitar  la  comunicación  de  datos  entre  los  servicios 
asistenciales y los servicios sociales y garantizar una atención integrada y centrada en 
las personas, capaz de dar respuesta a sus necesidades desde el sistema sanitario y el  s
sistema de servicios sociales, aumentando su coordinación, mejorando la eficiencia de  e.
los sistemas y ofreciendo un servicio de mejor calidad a la ciudadanía. w.
El título XII establece medidas administrativas ordenadas en cuatro capítulos: el  3w
csaopstíetunloib ilIi,d aredl;a teivl oc aap ílatusl om IoI,d irfeiclaatcivioon eas  lalesg ismlaotdivifaicsa ceino nmesa telergiais ldaeti vmase deion  ammabteierinat ed ey 
infraestructuras y movilidad; el capítulo III, relativo a las modificaciones legislativas en
materia de urbanismo, y el capítulo IV, relativo a las modificaciones legislativas en 
materia de ordenación de aguas.
El capítulo I reúne las modificaciones legislativas en materia de medio ambiente y 
sostenibilidad, que afectan a la Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de 
transporte en aguas marítimas y continentales, así como la Ley 8/2020, de 30 de julio, de 
protección  y  ordenación  del  litoral,  la  Ley  6/2001,  de  31  de  mayo,  de  ordenación 
ambiental del alumbramiento para la protección del medio nocturno, la Ley 9/1995, de 27 
de julio, de regulación del acceso motorizado al medio natural, la Ley 22/1983, de 21 de 
noviembre, de protección del ambiente atmosférico de Cataluña, la Ley 20/2009, de 4 de 
diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, y la Ley 16/2017, de 1 
de agosto, del cambio climático.
El capítulo II, relativo a las modificaciones legislativas en materia de infraestructuras 
y  movilidad,  articula  una  serie  de  modificaciones  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
carreteras, de la Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, y de la Ley 14/2009, de 22 de 
julio, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias.
El capítulo III, relativo a las modificaciones legislativas en materia de urbanismo, 
introduce modificaciones en el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
Finalmente, el capítulo IV de este título articula una serie de modificaciones del texto 
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2003.
El título XIII de la ley, relativo a las medidas en materia de política sanitaria, introduce 
una disposición para optimizar los procedimientos de actuación del Instituto Catalán de 
Evaluaciones  Médicas  con  el  objetivo  de  evitar  perjuicios  a  los  ciudadanos  en  su 
tramitación de los procedimientos que tengan abiertos habilitando el acceso a los datos 
de  la  historia  clínica  que  sean  necesarios  para  cada  caso  concreto,  por  parte  del 
personal de enfermería en las tareas de apoyo al personal médico evaluador en los 
casos en que dicho personal médico esté habilitado para acceder a estos.
El título XIV de la ley, relativo a medidas administrativas en fundaciones especiales, 
modifica el texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Cataluña, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2008, de 11 de marzo, para cambiar su régimen en lo que respecta 
a la aplicación de los fondos especiales aportados en su transformación. Por ello, 
suprime la limitación temporal de tres años posteriores a su transformación para poder 
seguir disponiendo de estos, así como amplía su destino, para poder aplicarlos a gasto 
de inversión.
El título XV de la ley se dedica a las medidas administrativas en materia de turismo y 
consumo y modifica la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, con el objeto 
de incorporar la definición de hogar compartido en la Ley de turismo, dado que la 
disposición adicional décima menciona esta modalidad de alojamiento turístico, junto con 
la de vivienda de uso turístico, en relación con el régimen especial del municipio de 
Barcelona. Además, se incluye una referencia al deber de obtener la correspondiente 
habilitación. También se derogan varios artículos de la citada ley, al no tener ningún 
desarrollo  ni  aplicación  efectiva.  En  coherencia  con  todo  ello,  se  modifica  el 
Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña. Se introduce un artículo que 
mantiene  el  carácter  y  rango  reglamentario  de  las  modificaciones  operadas  en  el 
Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña. De esta forma, se señala la 
aplicación inmediata y la eficacia jurídica de las modificaciones realizadas en la norma 
reglamentaria. Dichas modificaciones tienen una incidencia importante en aspectos que  s
afectan a la calidad de la oferta turística y la ordenación del sector. oe.
En materia de consumo, se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de  w.
consumo de Cataluña, para reforzar el despliegue de la competencia estatutaria recogida  3w
ceonn esul marotí cyu lalos  1a2c3tiv iddeald Eess tsautubtsoi,g ueine ncteusa.nto a la formación y educación en materia de
sectEolr icaol nyt esneid oo rddeeln atí tuelno  XdVocI ed ec alap ílteuylo rse:ú enle  coatpraítsu lmo eId, idrealsa taivdom ain ilsat raptriovtaesc cdieó nc adreá cltoesr   BOE-A-cable e
animales;  el  capítulo  II,  relativo  a  medidas  para  facilitar  la  actividad  económica;  el 
capítulo III, relativo a la prevención de riesgos laborales; el capítulo IV, relativo al destino 
de los ingresos derivados de la actividad de transporte de energía eléctrica; el capítulo V, 
relativo a las universidades; el capítulo VI, relativo al régimen local; el capítulo VII, 
relativo a los equipamientos comerciales; el capítulo VIII, relativo a la vitivinicultura; el 
capítulo IX, relativo a las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de 
Cataluña; el capítulo X, relativo al Código tributario de Cataluña; el capítulo XI, relativo a 
la vivienda de protección oficial, y el capítulo XII, relativo al programa de gestión de 
residuos de la construcción.
El capítulo I adecua el importe máximo de las sanciones establecido por el Decreto 
legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
protección de los animales.
El capítulo II articula una serie de modificaciones de la Ley 18/2020, de 28 de 
diciembre, de facilitación de la actividad económica, con el objetivo de aclarar algunos 
puntos que han suscitado dudas a los operadores jurídicos desde que la ley entró en 
vigor en enero de 2021.
El  capítulo  III  modifica  la  Ley  7/2004,  de  16  de  julio,  de  medidas  fiscales  y 
administrativas, para hacer efectiva la afectación del 10% de las sanciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, de forma que se incremente el presupuesto del Instituto 
Catalán de Seguridad y Salud Laboral, y revertir así parte del dinero recaudado por 
sanciones en actuaciones que mejoren las condiciones de trabajo, puesto que en el texto 
actual no se ha hecho efectivo el carácter finalista de los ingresos que se pretendía.
El capítulo IV, sobre el destino de los ingresos derivados de la actividad de transporte 
de  energía  eléctrica,  modifica  la  Ley  5/2020,  de  29  de  abril,  de  medidas  fiscales, 
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente, con el fin de concretar el destino de una 
parte de los ingresos del impuesto. Se establece que la afectación de un 20% de los 
ingresos de actividades de transporte de energía eléctrica se integren en el Fondo 
Climático y que el 20% de los relacionados con la producción de energía eléctrica 
nuclear  se  destinen  a  un  nuevo  fondo  para  financiar  actuaciones  de  desarrollo 
socioeconómico y de transición energética justa de las zonas afectadas por el impacto 
de la producción de esta energía.
El capítulo V, sobre universidades, prorroga la vigencia del Plan Serra Húnter hasta 
el 31 de diciembre de 2023, con efectos desde el 1 de enero de 2022. Las universidades 
deben adherirse a la prórroga del Plan mediante la formalización de un convenio. Una 
vez evaluado, el Gobierno deberá revisar sus características con el objetivo de reforzarlo 
y adaptarlo a las necesidades de las universidades y determinar un nuevo período de 
vigencia. Este capítulo también modifica la Ley 7/2001, de 31 de mayo, de creación de la 
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación.
El capítulo VI contiene una serie de medidas relativas al texto refundido de la Ley 
municipal y de régimen local, tales como la resolución de los expedientes de alteración 
de  los  términos  municipales  por  parte  del  Gobierno,  y  prevé  la  suspensión  de  la 
efectividad de la delimitación derivada de un expediente de delimitación de términos 
municipales, cuando la línea de término aprobada no se adapte a la realidad geográfica 
o  administrativa  existente,  y  el  Departamento  de  la  Presidencia  haya  iniciado,  a 
propuesta de alguno de los ayuntamientos afectados, un expediente de alteración de 
términos municipales para modificar la línea de término. Dicha suspensión permanecerá 
vigente  hasta  la  resolución  del  expediente  de  alteración  de  términos  por  parte  del  s
Gobierno. También se regula la inscripción en el Registro del sector público local de  oe.
Cataluña de los municipios de régimen especial. w.
El capítulo VII, relativo a equipamientos comerciales, modifica el Decreto ley 1/2009,  3w
idnes t2a2la rdsee  duinc iceemnbtrroe ,c odme eorrcdieanl eanci óenl  sdueb sloesc toerq 2u,ip saemctioern tUoPs 4c,o dmeel mrcuianleicsip, ipoa drae  Cqueerv eplulóe.da
El capítulo VIII modifica la Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura.
El capítulo IX, relativo a cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de 
Cataluña, modifica la Ley 14/2002, de 27 de junio, con el fin de introducir un instrumento 
regulador flexible, de tramitación rápida por parte del órgano tutelar de las cámaras, que 
permita adaptar su calendario electoral a la apertura del proceso electoral, realizada por 
el ministerio competente, así como la previsión de alternativas de voto distintas del voto 
por correo, como el voto electrónico.
En el capítulo X, con la modificación del Código tributario, se introduce una medida 
organizativa que debe aportar seguridad jurídica al suministro de información tributaria a 
los órganos y entes que integran la Administración tributaria de Cataluña y a la entidad 
de la Administración de la Generalidad encargada de la evaluación de políticas públicas, 
para que puedan realizar las tareas de estudio y evaluación que les encomienda la 
legislación vigente, respetando el carácter reservado de los datos.
El capítulo XI, dedicado a la vivienda de protección oficial, modifica la Ley 18/2007, 
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
Por  último,  el  capítulo  XII,  sobre  el  programa  de  gestión  de  residuos  de  la 
construcción, modifica el Decreto 89/2010, de 29 de junio.
V. Parte final
La  parte  final  de  la  ley  contiene  dieciocho  disposiciones  adicionales,  tres 
disposiciones transitorias, tres disposiciones derogatorias y tres disposiciones finales.
En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera facilita las relaciones entre el 
Departamento de Salud y el Instituto Catalán de la Salud, para lograr mayor eficiencia y 
eficacia  en  las  prestaciones  sanitarias  que  deben  efectuarse  y  para  potenciar  las 
relaciones directas entre ambas partes mediante convenios. La segunda tiene por objeto 
dar cumplimiento a la Moción 159/XII del Parlamento, y se establece una moratoria para 
el  Plan  de  cierre  y  desmantelamiento  de  las  incineradoras  existentes.  La  tercera 
determina  las  fórmulas  no  contractuales  mediante  las  cuales  podrán  gestionarse 
programas y estrategias de atención a los alumnos con necesidades de apoyo educativo 
complementario, para el posterior desarrollo reglamentario del Gobierno.
La cuarta fija la prórroga de lo establecido por el artículo 20 del Decreto ley 25/2020, 
de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y 
administrativo, en relación con el tratamiento de importes de canon del agua incluidos en 
recibos que han resultado incobrables.
La sexta encarga al Gobierno un informe de valoración del régimen de autonomía de 
gestión  aplicable  a  entidades  del  sector  público  que  actúan  en  el  ámbito  de  las 
tecnologías de la información y la comunicación y en el ámbito de la movilidad.
Completan  este  bloque  el  resto  de  las  disposiciones  adicionales,  hasta  la 
decimoctava, con disposiciones que afectan al servicio 061 Salut Respon, el Consorcio 
del Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou, los operadores de la inspección 
técnica de vehículos, la regulación del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, 
el asesoramiento de la Agencia Catalana del Agua, el impuesto sobre los alimentos 
ultraprocesados, el complemento de productividad para el personal de las empresas de 
limpieza  de  los  centros  sanitarios  del  Siscat,  las  fundaciones  participadas  de 
universidades privadas, la evaluación del modelo de gestión del 112, la modificación de 
la Ley 18/2018, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico, la 
financiación  de  las  escuelas  maternales  y  guarderías  municipales,  y  la  entidad 
beneficiaria  de  las  expropiaciones  por  la  ampliación  de  la  Fira  Internacional  de  s
Barcelona. e.
La disposición transitoria primera regula un régimen transitorio de la tasa por la  w.
utilización o el aprovechamiento del dominio público viario. La segunda, el plazo para  3w
eensttareb lelac eRr emd edcea nSisemrvoisc iodse  Stroacziaableilsid adde  dAete nlacsió cno nPsúublltiacsa  eyn  lolas  csoemrvuicnioicsa csiaónni tdaeri odsa dtoesl 
seisscteamlaas  dpeú blali cGoe. nLear atleidrcaedr.a regula un régimen transitorio en relación con los cuerpos y  BOE-A-cable e
Seguidamente, la ley incluye tres disposiciones derogatorias. Cabe apuntar que la ley 
contiene asimismo algunos preceptos derogatorios en varias partes del articulado, en la 
medida  en  que,  en  leyes  omnímodas,  como  las  de  acompañamiento  de  los 
presupuestos,  se  da  preferencia  a  la  integración  normativa  de  las  distintas 
modificaciones legislativas en función de la norma modificada, por encima del criterio 
vigente y habitual en leyes ordinarias, que determina el emplazamiento en la parte final 
de los preceptos categorizados como adicionales, transitorios, derogatorios o finales.
En cuanto a las tres disposiciones finales de la ley, la primera, en el contexto actual 
fijado por el Gobierno de despliegue de infraestructuras digitales en toda Cataluña, 
pretende favorecer y facilitar el despliegue de las redes de comunicaciones en todo el 
territorio. La segunda da un mandamiento al Gobierno para que presente un proyecto de 
ley sobre el servicio de la inspección técnica de vehículos. Por último, la disposición final 
tercera regula la entrada en vigor de la ley, con la advertencia de que determinados 
preceptos  del  articulado  fijan  fechas  específicas  de  entrada  en  vigor  de  las 
modificaciones legislativas que contienen.
PARTE PRIMERA
Medidas fiscales
TÍTULO I
Modificaciones en el ámbito de los tributos propios
CAPÍTULO I
Canon del agua
Artículo 1.  Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, en relación con los tributos que 
recaen sobre el ciclo del agua.
1.  Se modifican las letras a, b, c y d del apartado 16 del artículo 2 del texto 
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, que quedan redactadas del siguiente modo:
«a)  Usos  domésticos  del  agua:  los  usos  residenciales,  particulares  o 
comunitarios, efectuados por personas físicas o jurídicas, que se corresponden 
con el uso del agua para sanitarios, para duchas, para cocina y comedor, para 
lavados de ropa y vajillas, riegos de jardines y huertos destinados a consumo 
doméstico  privado,  piscinas  y  otras  zonas  comunitarias,  refrigeración  y 
acondicionamientos  domiciliarios,  y  con  otros  usos  del  agua  que  puedan 
considerarse consumos inherentes o propios de la actividad humana en viviendas.
b)  Usos agrícolas y asimilables del agua: los correspondientes a actividades 
económicas incluidas en los grupos 011, 012, 013, 015, 0161, 0163, 0164 y la 
división 02 de la sección A de la Clasificación catalana de actividades económicas 
(CCAE-2009), aprobada por el Decreto 137/2008, de 8 de julio, realizados por una 
explotación agraria.
c)  Usos  ganaderos  y  asimilables:  los  correspondientes  a  las  actividades  s
incluidas en los grupos 014, 0162 y 017 de la sección A de la CCAE-2009. oe.
d)  Usos  industriales  y  asimilables  del  agua:  los  correspondientes  a  w.
yac ocJtrir5ve8ids1pa oddneeds  ileiann ctCleuCsid AaaEsl - 2er0en0s lt9ao.s   Ssdeeec  ccaoiocntnisveiidsde aBrda, enCs   uyes Docos y n aóesmnim ilcoialsas b,g lreussipe oams p loArse0  3inq2du, ueEs 3tnr6ioa0 l,e eEss 3tl8éo3ns    2022-953n https://w
incluidos en las letras a, b o c de este apartado, así como los correspondientes a
riego de huertos no considerados en los apartados a o b.» Bc
2.  Se modifica el apartado 14 del artículo 2 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«14.  Uso del agua: cualquier actividad relacionada con las diferentes fases 
indisociables y secuenciales que comprende el ciclo integral del agua, que se 
inicia con los procesos necesarios para obtener agua como recurso hasta que 
finaliza con el retorno al medio.
Incluye:
a)  La extracción y captación del medio o de una infraestructura de la Agencia 
Catalana del Agua o de otro operador; la distribución y el consumo de aguas 
superficiales  o  subterráneas,  y  la  producción  mediante  instalaciones  de 
tratamiento de agua marina.
b)  La emisión de contaminantes en las aguas y las actividades de recogida y 
de tratamiento de aguas que den lugar posteriormente a vertidos en el medio 
receptor.
c)  Cualquier otra aplicación, incluso no consuntiva, de las aguas superficiales 
o subterráneas que pueda repercutir de modo significativo en el estado de las 
aguas, como la generación de energía eléctrica y la refrigeración.»
3.  Se modifica el apartado 3 del artículo 62 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«62.3  La aplicación del canon del agua afecta al uso del agua en todas sus 
fases de conformidad con el artículo 2.14, tanto si se trata de agua facilitada por 
las  entidades  suministradoras  como  si  procede  de  captaciones  de  aguas 
superficiales  o  subterráneas,  incluyendo  la  procedente  de  instalaciones  de 
recogida  de  aguas  pluviales  que  efectúen  directamente  las  propias  personas 
usuarias.»
4.  Se añade una letra, la d, al apartado 2 del artículo 64 del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«d)  Los usos de agua para el riego de huertos de titularidad pública, siempre 
que el agua empleada para estos usos tenga la calidad de agua no potable o 
proceda de fuentes alternativas de producción, no haya sido distribuida mediante 
de las redes de suministro de agua potable y no se produzca contaminación en 
naturaleza o cantidad por abonos, pesticidas o materia orgánica. En las mismas 
condiciones, también quedan exentos estos usos de agua cuando los efectúe un 
ente  privado  en  el  marco  de  una  actividad  con  finalidad  social,  educativa  o 
ambiental.»
5.  Se deroga la letra f del apartado 2 del artículo 64 del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña.
6.  Se modifica la letra h del apartado 2 del artículo 64 del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«h)  Los  destinados  a  la  distribución  de  agua  en  alta,  efectuados  por 
comunidades de regantes legalmente constituidas.»
7.  Se modifica el apartado 3 del artículo 66 del texto refundido de la legislación en  e
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo: bo
auls uca«ur6mio6 p.d3lie m aiLeganustoa ,  seuenmntid inalaids etrfsoa rdmas uapm oyirn  eilsoststraa sdp olearnaztsoid sa sdeoesnst a, bysl,ue cscotidimtuootsa , sta dleeds e,l la essc toáonnbt lroiigbbaulicgyieaondntaeess,    2022-953n https://w
materiales y formales que les impone la presente ley. No obstante, deben exigir de
los contribuyentes el importe de las obligaciones tributarias satisfechas por ellas,  Bc
mediante la repercusión del canon del agua en las facturas que emitan por el 
servicio de suministro de agua, en las condiciones establecidas por la presente ley 
y por el reglamento que la desarrolla.
Quedan exentas de responsabilidad en cuanto a los importes repercutidos 
sobre sus abonados y que resulten incobrables. A tales efectos, se considera 
incobrable el importe repercutido por factura, cuando el abonado haya entrado en 
situación de concurso de acreedores o cuando concurran los siguientes requisitos:
a)  Que haya transcurrido más de un año desde la acreditación del impuesto 
repercutido  sin  obtener  el  cobro  del  mismo,  y  que  esta  circunstancia  esté 
debidamente recogida en la contabilidad de la entidad.
b)  Que el importe incobrado, correspondiente al canon del agua, sea superior 
a 150 euros.
c)  Que la entidad suministradora acredite haber instado el cobro de la deuda 
mediante  reclamación  judicial  o  requerimiento  notarial  o,  cuando  resulten  de 
aplicación, otras vías de reclamación de la deuda, como la vía de apremio.
d)  Que el importe se haya convertido en incobrable como consecuencia de 
una situación de vulnerabilidad económica o exclusión social, reconocida mediante 
informe de los servicios sociales. En este caso, no es necesaria la concurrencia de 
lo establecido en los apartados b y c.
El procedimiento que deben seguir las entidades suministradoras para poder 
deducirse los importes de canon del agua que se han convertido en incobrables es 
el siguiente:
– En la primera autoliquidación de cada año natural deben declarar todos los 
recibos  considerados  incobrables,  relacionando  el  saldo  del  canon  del  agua 
impagado a 31 de diciembre del año anterior, de acuerdo con el modelo que se 
apruebe por resolución de la dirección de la Agencia Catalana del Agua, de modo 
que  cada  año  se  disponga  de  la  relación  del  total  de  recibos  impagados 
acumulados para poder constatar anualmente las diferencias.
– El importe a ingresar en esta primera autoliquidación se corresponde con las 
cantidades  repercutidas  del  canon  del  agua  durante  el  período  en  que  se 
autoliquida,  una  vez  aplicadas  las  diferencias  entre  el  saldo  de  impagados 
justificado  el  año  anterior  y  el  saldo  de  impagados  incorporado  en  la 
autoliquidación.
Los importes correspondientes a recibos de antigüedad superior a cuatro años 
a contar desde el año de la fecha de emisión de la factura que hayan devenido 
incobrables,  después  de  que  se  hayan  hecho  las  gestiones  necesarias  para 
cobrarlos, no deben incluirse en la relación de recibos impagados declarados. La 
Agencia debe dar de baja estos importes de su contabilidad cuando hayan sido 
incorporados  a  la  declaración  del  saldo  de  recibos  impagados  del  ejercicio 
anterior.»
8.  Se modifica el último guion de la letra b del apartado 5 del artículo 67 del texto 
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del 
siguiente modo:
«– En el caso de usos de agua para el abastecimiento a terceros, según la 
siguiente fórmula:
Volumen total utilizado = volumen de agua correspondiente a la facturación neta 
sin incluir los mínimos de facturación/0,7»
9.  Se modifica la letra g y el último párrafo del apartado 8 del artículo 69 del texto 
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que quedan redactados del 
siguiente modo:
«g)  Destinatarios  de  los  fondos  de  la  prestación  económica  de  la  renta 
garantizada de ciudadanía.
Para  la  aplicación  de  la  tarifa  social  a  la  que  se  refieren  los  apartados 
anteriores, son de aplicación las siguientes reglas:
Los  beneficiarios  potenciales  de  esta  tarifa  deben  acreditar  los  requisitos 
expuestos en los apartados anteriores y solicitar la aplicación de la tarifa por los 
medios que se fijen por resolución de la dirección de la Agencia Catalana del 
Agua.
Las entidades suministradoras deben aplicar la tarifa social a los beneficiarios 
potenciales incluidos en el apartado h a partir del momento en que los servicios 
sociales  acrediten  la  situación  de  vulnerabilidad  de  los  mismos  mediante  la 
emisión del correspondiente informe y lo trasladen a la entidad afectada. En este 
caso, las entidades deben comunicar a la Agencia Catalana del Agua, de acuerdo 
con  las  prescripciones  técnicas  que  se  aprueben  al  efecto,  los  datos  de  los 
abonados a los que se ha aplicado la tarifa social.
Al efecto de la aplicación de la tarifa social del canon del agua, las entidades 
suministradoras  y  las  entidades  sociales  que  intervienen  en  el  proceso  de 
reconocimiento de la situación del abonado tienen autorización para ceder los 
datos de carácter personal necesarios a la Agencia Catalana del Agua.»
10.  Se modifica el apartado 10 del artículo 71 del texto refundido de la legislación 
en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«71.10  En los usos de agua destinada al abastecimiento a terceros, el tipo se 
afecta a los siguientes coeficientes:
a)  En función de los volúmenes de agua utilizada para este uso a los que se 
aplican:
C1: 0,20 sobre los metros cúbicos usados y no entregados a terceros.
C2: 0,07 sobre los volúmenes de agua captados directamente del medio, de 
una infraestructura de la Agencia Catalana del Agua o de una comunidad de 
regantes legalmente constituida, o sobre los producidos por una instalación de 
tratamiento de agua marina.
C3:  0  sobre  los  volúmenes  provenientes  de  una  infraestructura  de  otro  e.e
operador, siempre y cuando hayan sido medidos por contador u otros dispositivos  b
de control. w
svionl uibnm)c elunCi rd oleoe sfai cmgieuínnati emc oodrser,e  vqsopuloeun msdeeie nhn aetecn etar e cgloaan dfsaotac t(ruC erLan)c ,li aóesnn   dnfeuecntalca iródanec  idoloens e lasú  lrtdiemela ofcasicó dtnuo resan catiróñeno  esa,l    OE-A-2022-95able en https://
las que se refieren los artículos 75 y 76, y el volumen de agua utilizado para ese 
uso en los mismos años.
De acuerdo con ello, el canon del agua resultante de la aplicación de los 
coeficientes recogidos en los apartados a y b responde a la siguiente expresión:
(CL)  x (Vcaptado x C2 + Vcomprado x C3) x Tipo de gravamen general + (1-CL) 
x (Vcomprado + Vcaptado) x C1 x Tipo de gravamen general»
11.  Se modifica el apartado 4 del artículo 72 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
72.4  Se aplica un coeficiente 0 sobre el tipo establecido con carácter general 
para usos industriales o asimilables en los siguientes supuestos:
a)  En los casos de usos de agua potable destinada a la prestación gratuita, 
por parte de las administraciones titulares, de los servicios de alimentación de 
fuentes  públicas  y  monumentales,  limpiezas  de  calles  y  riegos  de  parques, 
jardines y campos deportivos públicos y de otros servicios que se establezcan por 
reglamento.»
b)  En los casos de usos de agua potable o agua distribuida por las redes de 
suministro  de  agua  potable  destinados  al  riego  de  huertos  no  considerados 
domésticos  de  acuerdo  con  el  artículo  2.16.a,  siempre  que  no  exista 
contaminación  de  carácter  especial  en  naturaleza  o  cantidad  por  abonos, 
pesticidas o materia orgánica, comprobado por los servicios de inspección de la 
administración competente.»
12.  Se modifica el apartado 2 del artículo 75 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«75.2  La repercusión se hace en la misma factura del agua que emite la 
entidad suministradora, reproduciendo la estructura y los valores económicos del 
canon del agua que establecen los artículos 69 a 72, y, por aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 62, debe integrarse como un coste más de 
la distribución, sin que pueda cobrarse de forma separada.»
13.  Se modifica el apartado 2 del artículo 76 bis del texto refundido de la legislación 
en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Los usuarios de agua sujetos al procedimiento ordinario deben presentar, 
en los plazos que se indican, las siguientes declaraciones:
a)  Declaración trimestral de las lecturas de los aparatos de medida del agua 
utilizada. Esta declaración puede ser mensual en el caso de entidades que utilicen 
un millón de metros cúbicos anuales o más.
b)  Autoliquidación  trimestral  del  importe  de  canon  correspondiente  al 
volumen de agua utilizado, que debe ser desglosado en función de la procedencia 
del recurso, de acuerdo con la fórmula prevista en el apartado 10 del artículo 71.
c)  Tanto la declaración trimestral como la correspondiente autoliquidación 
deben presentarse, como muy tarde, el día 20 del mes siguiente al trimestre 
natural al que se refieren.
d)  Relación  detallada  de  lo  facturado  por  el  agua  a  otras  entidades  e.
suministradoras, a más tardar el 30 de enero de cada año. Esta relación debe  w.
presentarse de forma ajustada a las prescripciones técnicas que dicte la Agencia  3w
Cnoartmalaatnivaa d qeul eA rgeugau,l ay  lcaosn o blali geaxcpiroenseiósn d ed efa lcat utoratacliiódna.d» de los datos exigidos por la
14.  Se modifica el apartado 2 del artículo 82 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  El  impago  de  las  deudas  derivadas  de  la  aplicación  de  los  tributos 
comporta su exigibilidad en vía de apremio y puede dar lugar a la suspensión o 
pérdida  del  derecho  a  la  utilización  o  aprovechamiento  del  dominio  público 
hidráulico  adquirido  por  disposición  legal  o  concesión  o  autorización 
administrativa, o por cualquier otro título establecido por la normativa.»
15.  Se  añade  una  disposición  adicional,  la  trigésima,  al  texto  refundido  de  la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional trigésima.  Régimen jurídico específico para la aplicación 
del canon del agua a empresas de vertido y sus empresas usuarias.
1.  Las empresas de vertido definidas en el artículo 2.18 son sujetos pasivos 
del canon del agua en concepto de contribuyente, como usuarias industriales de 
agua.
2.  Forman  parte  de  la  base  imponible  del  canon  del  agua  tanto  las 
captaciones o suministros de agua que puedan tener como las aguas residuales 
de terceros que tratan.
3.  El tipo de gravamen general aplicable a estas empresas es el establecido 
en el artículo 71 y se aplica sobre los volúmenes de agua correspondientes a 
captaciones y suministros propios. Sobre este tipo de gravamen general se aplica 
un coeficiente 0 a las aguas residuales procedentes de las empresas usuarias de 
los servicios de tratamiento de aguas.
4.  El tipo de gravamen específico se determina según el régimen especial al 
que se refiere el artículo 72 bis.2, apartado b, en función de la carga contaminante 
tratada y vertida, teniendo en cuenta lo siguiente:
– Solo se considera como carga contaminante de las aguas de entrada, a 
efectos de determinar el tipo de gravamen específico, la correspondiente a las 
propias  captaciones  o  suministros  y  la  de  las  aguas  residuales  conectadas 
indirectamente, mediante una red de alcantarillado pública.
– En el caso de usuarios industriales de agua conectados directamente a una 
empresa  de  vertido,  se  aplica  sobre  el  tipo  de  gravamen  específico 
correspondiente a las aguas residuales que tienen conectadas un coeficiente de 
vertido a sistema (Ka) de 0. Si a estos usuarios les corresponde la aplicación del 
tipo específico del canon según el sistema ordinario, pueden optar por acogerse al 
régimen especial con el Ka = 0.
5.  Los usuarios industriales conectados indirectamente satisfacen el canon 
del  agua  como  cualquier  otro  usuario  conectado  al  sistema  de  saneamiento 
público.
6.  Los  usuarios  que  tienen  aguas  residuales  conectadas,  directa  o 
indirectamente, a empresas de vertido deben incluirlas en las declaraciones del 
canon del agua que les corresponde presentar.
7.  Los  usuarios  domésticos,  conectados  directa  o  indirectamente,  a  una 
empresa de vertido satisfacen el canon correspondiente a los usos domésticos de 
agua de acuerdo con el régimen jurídico propio de estos usos. e.e
8.  Las empresas de vertido deben cumplir todas las obligaciones tributarias  b
establecidas por la normativa y, además, las específicas siguientes: w
dsuem laains) i sctoDronissep cdotaend eaqrsu d eien  ddliiosrespc oetnalegmmae,e ndnteeto,  slaa ssdí  eca ogmmueaods id dreae  ssdiude uvl aevlroetilsdu omc.oenne dctea dlaass  cdairpetcatcaiomneenst ey,   OE-A-2022-95able en https://
b)  Llevar un registro actualizado de los usuarios que tienen conectadas en 
ellas sus aguas residuales.»
16.  Se añade una disposición transitoria, la duodécima quáter, al texto refundido de 
la legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria duodécima quáter.  Aplicación durante los años 2020, 
2021 y 2022 de lo establecido por la disposición adicional vigésima tercera del 
texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña.
Durante los años 2020, 2021 y 2022 es de aplicación a los entes locales lo 
establecido por la disposición adicional vigésima tercera del texto refundido de la 
legislación  en  materia  de  aguas  de  Cataluña,  aprobado  por  el  Decreto 
legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, en cuanto a la no exigibilidad de las deudas 
tributarias por el concepto de canon del agua y sanciones tributarias asociadas 
pendientes  de  pago  por  parte  de  las  entidades  prestadoras  del  servicio  de 
suministro domiciliario de agua, si por razones de interés público, proceden, a más 
tardar el mes de diciembre del año 2022, al rescate o la intervención de este 
servicio o concesión o a la recepción de la red de abastecimiento de agua potable 
de la urbanización o desarrollo urbanístico, cuyo suministro ha generado la deuda. 
Todo ello con independencia de la obligación de cumplimiento de las medidas 
cautelares que se dicten en el procedimiento ejecutivo que se siga en relación con 
la entidad deudora principal.»
CAPÍTULO II
Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas
Artículo 2.  Modificación de la Ley 6/2017, del impuesto sobre los activos no productivos 
de las personas jurídicas.
1.  Se modifican, con efectos del 1 de enero de 2022, los apartados 1 y 2 del 
artículo 4 de la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos 
de las personas jurídicas, que quedan redactados del siguiente modo:
«1.  Se entiende que los activos a los que se refiere el artículo 3.1 no son 
productivos,  a  efectos  de  este  impuesto,  en  cualquiera  de  los  siguientes 
supuestos:
a)  Si se cede su uso de forma gratuita a los propietarios, socios y partícipes 
del sujeto pasivo o a personas vinculadas a estos, directamente o mediante 
entidades  participadas  por  cualquiera  de  ellos,  y  que  los  destinan  total  o 
parcialmente al uso propio o al aprovechamiento privado, salvo que utilizarlos 
constituya rendimiento en especie, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y haya tributado efectivamente 
por  este  concepto.  Se  entiende  que  existe  tributación  efectiva  cuando  el 
contribuyente ha presentado la declaración correspondiente a la retribución en 
especie  correspondiente  antes  de  que  se  haya  iniciado  un  procedimiento  de 
verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección.
En caso de que el bien se utilice parcialmente para fines particulares, se  es
considera activo no productivo solamente la parte o proporción que se destina a  bo
estos fines. w
epdnaetrl icdbsiaa)u ldmjeeStesoin   stppeeaa  rcstaeiivcld oipe ua ossd oua a su  psprpooeo,pr rsmi ooe cnduaoiasa l nqavtueli in epcraurapel arcoddiovea,e s ac eh allaol omses s,ipe tronoyst po,i  qedutpaierrre iivoclasotad,s mo s,oe dcnesitosaetsl ivn oyoe   npm aqerutotdeítci aaiplnl oetoess     OE-A-2022-95able en https://
propietarios, socios, partícipes o personas vinculadas satisfagan por la cesión del 
bien el precio de mercado y acrediten capacidad económica.
Se  consideran  activos  productivos  los  que  son  arrendados  a  precio  de 
mercado a los propietarios, socios y partícipes o a personas vinculadas a estos, o 
a entidades participadas por cualquiera de ellos, y que se destinan al ejercicio de 
una actividad económica.
Para acreditar el precio de mercado, pueden aportarse, entre otros medios de 
prueba, valoraciones emitidas por profesionales competentes de acuerdo con la 
naturaleza del bien.
En caso de que el bien se utilice parcialmente para fines particulares, se 
considera activo no productivo solamente la parte o proporción que se destina a 
estos fines.
c)  Si no están afectos a ninguna actividad económica o de servicio público. 
Son activos afectos a una actividad económica los que, como factor o medio de 
producción, se utilicen en la explotación de la actividad económica del sujeto 
pasivo.
2.  A efectos de lo establecido por la letra c del apartado 1:
a)  No se considera activo no productivo el que, siendo susceptible de ser 
productivo  y  quedar  afecto  a  la  actividad  del  sujeto  pasivo,  permanece 
temporalmente no afecto. Se considera que este activo es no productivo y que, por 
tanto, queda sujeto al impuesto si pasados dos años desde su adquisición o 
desafectación,  no  ha  estado  efectivamente  afectado  a  la  actividad  del  sujeto 
pasivo, salvo prueba en contra o prueba de causa de fuerza mayor. En el caso de 
los bienes inmuebles, el plazo es de cinco años.
b)  Cuando  el  sujeto  pasivo  realice  la  actividad  de  arrendamiento  de 
inmuebles sin ser la actividad principal, esta se considera actividad económica a 
pesar de que no se cumpla el requisito de persona contratada siempre que se 
acredite la ineficiencia económica del cumplimiento de este requisito.»
2.  Se añade, con efectos del 1 de enero de 2022, un párrafo al artículo 6 de la 
Ley 6/2017, con el siguiente texto:
«También son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas y entidades 
a las que se refiere el párrafo anterior cuando permanezcan en situación de 
inactividad, salvo que se encuentren en proceso de liquidación y disolución.»
CAPÍTULO III
Impuesto sobre las viviendas vacías
Artículo 3.  Modificación de la Ley 14/2015, en relación con el impuesto sobre las 
viviendas vacías.
Se añade, con efectos del 1 de enero de 2022, un apartado 4 al artículo 9 de la 
Ley 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación 
de normas tributarias y de la Ley 3/2012, con el siguiente texto:
«4.  Son sujetos pasivos del impuesto, a título de contribuyentes, en los  s
mismos términos del apartado 1, las personas físicas que tienen la condición de  oe.
grandes tenedores. w.
ctiutualalAqr u ediefeer c uotnotr sod  eddreee recehsctohe o dim ere ppaurloe qpsuiteoed,  oastdeo, r cgdouene su ilsdaue ffrarauc cugtlrotaa,n dd  tede enu ened xdoperl orleatac pcheioór nsd oeen csaou nfpíósemircfaiicc iaqe u doee  d eleas    2022-953n https://w
vivienda, de más de quince viviendas.»
CAPÍTULO IV
Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción 
mecánica
Artículo 4.  Modificación de la Ley 16/2017, del cambio climático.
Se modifica, con efectos del 1 de enero de 2021, el apartado 2 del artículo 41 de la 
Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, que queda redactado del siguiente 
modo:
«2.  A efectos de este impuesto, se consideran aptos para circular por las vías 
públicas los vehículos a los que se refiere el apartado 1 matriculados en el 
Registro  de  vehículos  establecido  por  el  Reglamento  general  de  vehículos, 
aprobado por el Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, mientras no hayan 
sido dados de baja del registro de forma definitiva o temporal y los vehículos 
provistos de permisos temporales.»
CAPÍTULO V
Modificación del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos 
de la Generalidad de Cataluña
Sección 1.ª Modificación del título IV, capítulo III, del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2008, de 25 de junio
Artículo 5.  Tasa por la prestación de servicios facultativos veterinarios.
1.  Se modifica el apartado 4 del artículo 4.3-5 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«4.  Por la tramitación de la solicitud de inscripción en el Registro de núcleos 
zoológicos: 55,45 euros.»
2.  Se modifica el punto 3 del apartado 5 del artículo 4.3-5 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«5.3  Por la modificación de datos del documento de identificación equina 
(DIE o pasaporte) para cualquier tipo de équido: 2,60 euros.
Se exceptúan las modificaciones que impliquen únicamente la actualización de 
la base de datos oficial y la validación de enmiendas o actuaciones realizadas por 
el personal veterinario en el mismo pasaporte.
Si la modificación consiste en el cambio de titularidad de los équidos para una 
explotación equina de operadores comerciales o de producción/reproducción, la 
tasa es de 2,60 euros por el primer animal y de 0,20 euros para el resto.»
3.  Se añade un punto, el 4, al apartado 5 del artículo 4.3-5 de la Ley de tasas y 
precios públicos, con el siguiente texto:
«5.4  Por el suministro del material necesario para la identificación de los  es
équidos de crianza y renta a los veterinarios habilitados que realizan esta tarea en  bo
Cataluña (transpondedor electrónico): por cada microchip, 3 euros.» w
4.  Se modifica el apartado 10 del artículo 4.3-5 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«10.  Por la expedición de certificados para la comercialización de productos 
destinados a la alimentación animal.
10.1  Certificado de registro del establecimiento: 10,50 euros.
10.2  Certificado de libre venta sin informaciones adicionales: 21 euros.
10.3  Certificado de libre venta con informaciones adicionales: 24,20 euros.
10.4  Certificado para la exportación (previo a exportación o por el registro del 
producto o empresa en un país tercero): 21 euros.
10.5  Otros certificados: 10,50 euros.
10.6  Sellado de documentación: 2,10 euros/página.
10.7  Copia adicional o duplicado de certificado: lo mismo que corresponda 
según el tipo de certificado.»
Sección 2.ª Modificación del título IV, capítulo IV, del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 6.  Tasas por los servicios de laboratorios de sanidad agraria que dependen del 
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.
1.  Se modifica el punto 4 del apartado 6 del artículo 4.4-5 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«6.4  Otros análisis no previstos en el programa de autocontrol del Registro 
oficial de proveedores de material vegetal:
1.  Análisis clínico de una muestra. Primera observación para valorar y decidir 
las técnicas analíticas que pueden aplicarse: 10,00 euros/muestra.
2.  Identificación morfológica directa en la muestra por observación visual o 
lupa o microscopio: 5,00 euros/muestra.
3.  Identificación morfológica indirecta, mediante el aislamiento o extracción 
de hongos y/o bacterias y/o de nematodos y/o de artrópodos de una muestra: 
30,00 euros/muestra por la primera determinación, más 20,00 euros por cada 
determinación adicional.
4.  Determinación  serológica  ELISA:  10,00  euros/muestra  por  la  primera 
determinación, más 8,00 euros por cada determinación adicional.
5.  Determinación  molecular  PCR:  15,00  euros/muestra  por  la  primera 
determinación, más 10,00 euros por cada determinación adicional.
6.  Determinación bacteriana mediante ácidos grasos por cromatografía MIS: 
15,00 euros/muestra por la primera muestra, más 10,00 euros por cada muestra 
adicional.»
2.  Se añade un punto, el 7, al apartado 6 del artículo 4.4-5 de la Ley de tasas y 
precios públicos, con el siguiente texto:
«6.7  Análisis de muestras de material de certificación en viveros de vid: 
12,00 euros/muestra.»
Sección 3.ª Modificación del título IV, capítulo XV, del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 7.  Tasa por la inscripción en registros oficiales en materia de explotaciones 
ganaderas, de establecimientos de alimentación animal, subproductos animales y 
productos derivados no destinados al consumo humano y de transportistas y medios 
de transporte de animales vivos.
Se modifica la letra b del apartado 3 del artículo 4.15-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactada del siguiente modo:
«b)  Medios de transporte por carretera:
– 10  euros  por  la  tramitación  de  la  solicitud  de  inscripción  inicial,  por  la 
modificación de los datos registrales de los medios de transporte que realizan 
trayectos con carácter comercial o lucrativo y por la emisión de duplicados de los 
certificados de aprobación de los medios de transporte.
– 10 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción de renovación de los 
medios de transporte que realizan trayectos con carácter comercial o lucrativo.»
Sección 4.ª Modificación del título IV, por adición del capítulo XVII, del texto refundido 
de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo  8.  Tasa  por  la  autorización  de  los  centros  de  distribución  y  centros  de 
dispensación de medicamentos de uso veterinario.
Se añade un capítulo, el XVII, al título IV de la Ley de tasas y precios públicos, con el 
siguiente texto:
«CAPÍTULO XVII
Tasa por la autorización de los centros de distribución y centros 
de dispensación de medicamentos de uso veterinario
Artículo 4.17-1.  Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  prestación  de  los  servicios 
administrativos relativos a la autorización de los centros distribuidores y centros 
dispensadores de medicamentos veterinarios.
Artículo 4.17-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que 
resulten receptoras de la prestación del servicio.
Artículo 4.17-3.  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento en que se inicia la prestación del servicio. 
La obligación del pago surge una vez que el sujeto pasivo ha presentado la 
solicitud de autorización. e.
Artículo 4.17-4.  Cuota.
La cuota de la tasa es la siguiente:
1.  Por  la  autorización  de  almacenes  de  distribución  de  medicamentos 
veterinarios: 50 euros.
2.  Por  la  autorización  de  comerciales  minoristas  de  medicamentos 
veterinarios: 50 euros.»
Sección 5.ª Modificación del título IV, por adición del capítulo XVIII, del texto refundido 
de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 9.  Tasa por la autorización de los centros de limpieza y desinfección de los 
vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la 
alimentación de animales de producción y subproductos.
Se añade un capítulo, el XVIII, al título IV de la Ley de tasas y precios públicos, con 
el siguiente texto:
«CAPÍTULO XVIII
 Tasa por la autorización de los centros de limpieza y desinfección 
de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, 
productos para la alimentación de animales de producción y subproductos 
de origen animal no destinados al consumo humano
Artículo 4.18-1.  Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  prestación  de  los  servicios 
administrativos relativos a la autorización de los centros de limpieza y desinfección 
de  los  vehículos  dedicados  al  transporte  por  carretera  de  animales  vivos, 
productos para la alimentación de animales de producción y subproductos de 
origen animal no destinados al consumo humano.
Artículo 4.18-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria que 
sean receptoras de la prestación de los servicios.
Artículo 4.18-3.  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento de realización del hecho imponible y es 
exigible con la presentación de la solicitud.
Artículo 4.18-4. Cuota.
El importe de la cuota es de 89,05 euros.».
Sección 6.ª Modificación del título V, capítulo I, del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 10.  Tasas de la Agencia Catalana del Agua.
1.  Se modifica la letra c del artículo 5.1-3 de la Ley de tasas y precios públicos, que 
queda redactada del siguiente modo:
«c)  Quedan exentos de las tasas que gravan la prestación de los servicios a 
los que se refieren las letras o y t del artículo 5.1-5 los particulares que soliciten 
autorización para trabajos forestales o actividades extractivas en zona de dominio 
público hidráulico, siempre que la solicitud del servicio que es grabado se presente 
en relación con actuaciones que, a criterio de la Agencia Catalana del Agua, 
permitan recuperar la capacidad hidráulica de este ámbito fluvial, sin que ello 
comporte el deterioro de la correspondiente masa de agua.»
2.  Se modifican las letras o y v del apartado 1 del artículo 5.1-5 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que quedan redactadas del siguiente modo:
«o)  Autorizaciones  y  concesiones  de  obras,  instalaciones  o  actividades 
extractivas  relativas  al  dominio  público  hidráulico,  excluidas  las  talas  con 
aprovechamiento económico:
La  cuantía  de  la  tasa  (t,  en  euros)  es  la  raíz  cúbica  del  cuadrado  del 
presupuesto (p, en euros) de ejecución material del proyecto, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:
t = p 2/3
La cuantía de la tasa no puede ser inferior a 400 euros ni superior a 6.000 
euros.»
«v)  Autorizaciones para la derivación temporal de caudales: 784,95 euros».
3.  Se derogan las letras u, x y z del apartado 1 del artículo 5.1-5 de la Ley de tasas 
y precios públicos.
4.  Se añade una letra, la I, al apartado 1 del artículo 5.1-5 de la Ley de tasas y 
precios públicos, con el siguiente texto:
«z quinquies)  Autorización de usos de agua para la refrigeración en circuitos 
cerrados: 204,17 euros.»
5.  Se deroga la letra b del apartado 2 del artículo 5.15 de la Ley de tasas y precios 
públicos.
Sección 7.ª Modificación del título V, capítulo II, del texto refundido de la Ley de tasas y 
precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 11.  Tasa por el acceso a las infraestructuras de saneamiento en alta.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 5.2-1 del texto refundido de la Ley de tasas  s
y precios públicos, que queda redactado del siguiente modo: oe.
«1.  Constituye el hecho imponible de la tasa el acceso a las infraestructuras  3w
de  saneamiento  en  alta  existentes  o  a  las  previstas  en  el  instrumento  de
planificación  hidrológica  vigente,  en  relación  con  las  siguientes  actuaciones 
urbanísticas:
a)  De nueva urbanización.
b)  De reforma o renovación de la urbanización en suelo urbanizable o suelo 
urbano no consolidado, cuando comporten un incremento de generación de aguas 
residuales  conectadas  a  un  sistema  de  saneamiento  público,  ya  sea  como 
consecuencia de una mayor edificabilidad o densidad del uso urbanístico o como 
consecuencia de un cambio del uso urbanístico.
c)  De cambios en el suelo no urbanizable que impliquen un incremento de 
aguas residuales.»
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 5.2-1 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Quedan exentos del pago de la tasa los supuestos de acceso a las 
infraestructuras  de  saneamiento  existentes  o  previstas  en  la  planificación 
hidrológica, derivados de actuaciones urbanísticas en sectores o urbanizaciones 
ya existentes en fecha de 19 de julio de 2006, pero pendientes de regularización 
desde el punto de vista urbanístico. La exención no se aplica a los incrementos de 
caudales generados a partir de esa fecha.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 5.2-3 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«1.  La tasa se acredita en el momento de emisión del informe favorable de la 
Agencia Catalana del Agua sobre la solución de saneamiento colectiva propuesta 
en el proyecto de urbanización de la actuación urbanística correspondiente, o en el 
instrumento urbanístico o en el proyecto de actuación en suelo no urbanizable en 
caso de que la ejecución material no precise proyecto de urbanización.
La Agencia, junto con su informe, notifica la liquidación de la tasa, que debe 
hacerse efectiva en el plazo de un año a contar desde el día siguiente a la 
notificación.»
4.  Se modifica el apartado 1 del artículo 5.2-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«1.  La cuota se calcula a partir de la siguiente fórmula:
Q = 335 * HE
Siendo (HE) los habitantes equivalentes de los nuevos desarrollos, según las 
expresiones  siguientes,  calculados  a  partir  del  número  de  viviendas  que  se 
construirán (en el caso de desarrollos residenciales) o del número de hectáreas 
netas (en el caso de planeamiento industrial y terciario) y el punto de conexión a 
sistema de saneamiento en alta:
Residencial: 2,6 habitantes equivalentes por vivienda.
Industrial: 60 habitantes equivalentes por hectárea neta.
Terciario: 50 habitantes equivalentes por hectárea neta.»
5.  Se modifica la letra c del apartado 2 del artículo 5.2-4 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que queda redactada del siguiente modo: e.
«c)  En los desarrollos industriales o terciarios, la cuota se calcula según la  w
pdrootamcoiótonr ,e nco hna beilt avnistetos  ebquueinvoa lednetle sa ypurnetvaismtaie netno ,e lj uasptiafirqtaudeo  té5c.2n-i4ca.1m, esnatlevo q quuee  seul 
ccoanuvdiaelr tdee e cno nhsaubmitaon rteesa le eqsu diviastleinntote. sE.»n este caso, el caudal justificado es el que se
6.  Se modifica el apartado 4 del artículo 5.2-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«4.  En el caso de sectores pendientes de regularizarse urbanísticamente y 
que ya están conectados a un sistema de saneamiento público, deben computarse 
en la fórmula de cálculo de la cuota los incrementos de carga o caudal que se 
deriven del incremento de edificabilidad respecto a la situación anterior.»
Sección 8.ª Modificación del título VII bis, capítulo II, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo  12.  Tasa  por  la  prestación  de  servicios  y  la  realización  de  actividades 
administrativas de inspección de consumo en las empresas prestadoras de servicios 
básicos.
1.  Se modifica el apartado 2 del artículo 7 bis.2-1 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  La actividad inspectora consiste en la verificación, control y supervisión 
de la actividad llevada a cabo por la empresa prestadora de servicios básicos en la 
gestión  de  las  reclamaciones  formuladas  por  las  personas  consumidoras  en 
relación con la observancia de las obligaciones de atención que establece la 
normativa  vigente  en  materia  de  consumo.  Cuando  la  Agencia  Catalana  del 
Consumo  haya  recibido  al  menos  cincuenta  reclamaciones  de  una  misma 
empresa de servicios, debe someterla a una inspección.»
2.  Se modifica el artículo 7 bis.2-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 7 bis.2-4.  Cuota.
La  cuota  de  la  tasa  por  la  prestación  de  servicios  y  la  realización  de 
actividades  administrativas  de  inspección  de  consumo  en  las  empresas 
prestadoras de servicios básicos es de 57 euros por cada reclamación que haya 
dado lugar a la inspección.»
Sección 9.ª Modificación del título XII, capítulo II, del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 13.  Tasas por los permisos de caza mayor y menor en las zonas de caza 
controlada.
Se modifica el primer párrafo del apartado 1.1 del artículo 12.2-4 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«1.1  En  el  caso  de  cazador  o  cazadora  local  de  las  zonas  de  caza 
controlada, considerados como tales:
a)  Las personas que tienen la vecindad administrativa en alguno de los 
términos  municipales  en  los  que  se  incluye  la  zona  de  caza  controlada 
correspondiente. es
b)  Las personas propietarias de un mínimo de cinco hectáreas de terreno  o
rústico dentro de la zona citada de caza controlada. w.
cazacd ))c  onLLtaoross l apsdeoarcs icooosnr ardese sn plaaocsni ddsaieosnc ieteend. aadlgeusn od ed ec alozsa dmourensic ilpoicoasl eins cqluuideo hsa eyna nla  tezonnidao  dlea   2022-953n https://w
consideración  de  cazadores  locales  en  la  zona  de  caza  controlada
correspondiente durante un mínimo de cinco años.»
Sección 10.ª Modificación del título XII, capítu..lo III, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 14.  Tasa por los permisos de caza mayor y menor dentro de las reservas 
nacionales de caza y reservas de caza.
1.  Se modifica el punto 1.2 del apartado 1 del artículo 12.3-4 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«1.2  Aves cinegéticas de la familia Anatidae:
Aves cinegéticas de la familia Anatidae: 218,95 euros.»
2.  Se añade un supuesto al segundo grupo relativo a la caza selectiva de machos 
de más de un año del punto 2.4 del artículo 12.3-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«Por pieza herida y no cobrada: 92,14 euros.»
Sección 11.ª Modificación del título XII, capítulo XIII, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 15.  Tasa por los servicios de autorización ambiental de actividades.
Se modifica el apartado 2 del artículo 12.13-3 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Se establece una bonificación del 75% sobre las cuotas establecidas por 
el artículo 12.13-5 para los establecimientos que dispongan del certificado de 
registro en el sistema de gestión y auditoría medioambiental de la Unión Europea 
(EMAS) y del 50% para los establecimientos que formen parte del Programa de 
acuerdos  voluntarios  para  la  reducción  de  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero de la Generalidad, siempre que los gestores de este programa hayan 
validado el inventario de emisiones realizado por el establecimiento y las medidas 
de reducción asociadas. Estas bonificaciones no tienen carácter acumulativo.»
Sección 12.ª Modificación del título XII, capítulo XIV, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo  16.  Tasa  por  los  servicios  de  habilitación  de  entidades  colaboradoras  en 
materia de medio ambiente.
Se añade un artículo, el 12.14-5, a la Ley de tasas y precios públicos, con el 
siguiente texto:
«Artículo 12.14-5  Exenciones.
Están exentas de la tasa establecida por el apartado 1.1.a del artículo 12.14-4 
las entidades que han presentado la solicitud a la que se refiere el artículo 5.1.b 
del Decreto 60/2015 por el mismo ámbito sectorial, tipo de entidad y campos de 
actuación, en los doce meses anteriores a la nueva solicitud, y han abonado la  e.e
correspondiente  tasa  y  renunciado  a  la  tramitación  antes  de  la  emisión  del  b
correspondiente informe técnico.» w
Sección 13.ª Modificación del título XII, capítulo XV, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 17.  Tasa por la tramitación de las solicitudes de autorización de emisión de 
gases de efecto invernadero.
Se modifica el apartado 3 del artículo 12.15-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«3.  Se  establece  una  bonificación  del  50%  sobre  las  cuotas  para  los 
establecimientos que dispongan del certificado de registro en el sistema de gestión 
y  auditoría  medioambiental  de  la  Unión  Europea  (EMAS)  y  para  los 
establecimientos que formen parte del Programa de acuerdos voluntarios para la 
reducción  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  de  la  Generalidad, 
siempre  que  los  gestores  de  este  programa  hayan  validado  el  inventario  de 
emisiones realizado por el establecimiento y las medidas de reducción asociadas. 
Estas bonificaciones no tienen carácter acumulativo.»
Sección 14.ª Modificación del título XII, capítulo XXI, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo  18.  Tasa  por  el  servicio  de  inspección  ambiental  de  los  establecimientos 
incluidos en el Plan de inspección ambiental de Cataluña.
Se modifica el artículo 12.21-5 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.21-5  Bonificaciones.
Se establece una bonificación del 75% sobre las cuotas establecidas por el 
artículo 12.21-4 para los establecimientos que dispongan del certificado de registro 
en el sistema de gestión y auditoría medioambiental de la Unión Europea (EMAS) 
y del 50% para los establecimientos que formen parte del Programa de acuerdos 
voluntarios para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Generalidad,  siempre  que  los  gestores  de  este  programa  hayan  validado  el 
inventario  de  emisiones  realizado  por  el  establecimiento  y  las  medidas  de 
reducción asociadas. Estas bonificaciones no tienen carácter acumulativo.»
Sección 15.ª Modificación del título XII, por adición del capítulo XXVII, del texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 19.  Tasa por el servicio de inscripción en el Registro de instalaciones de 
combustión medianas.
Se añade un capítulo, el XXVII, al título XII de la Ley de tasas y precios públicos, con 
el siguiente texto:
«CAPÍTULO XXVII
Tasa por el servicio de inscripción en el Registro de instalaciones  e.e
de combustión medianas b
RAretgícCisuotlrono s1 t2itd.u2ey7 e- 1ine sl tHahleeaccchhiooon  iemismp podonenib iblelce.o mdeb ulsat iótna sam  eeld isaenravsic, iop rdeev isintos creipnc ióenl  eRn eaell   OE-A-2022-95able en https://
decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
Artículo 12.27-2  Sujeto pasivo.
Son  sujetos  pasivos  de  esta  tasa  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las 
entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria que 
soliciten la inscripción en el Registro de instalaciones de combustión medianas.
Artículo 12.27-3  Acreditación.
La tasa se acredita con la prestación del servicio y es exigible por anticipado 
desde el momento en que se formula la solicitud, que no puede tramitarse si no se 
ha hecho efectivo el ingreso de la tasa.
Artículo 12.27-4  Cuota.
La cuota por cada solicitud de inscripción en el registro es de 60,10 euros.
Artículo 12.27-5  Exención.
La Administración de la Generalidad queda exenta de la tasa por el servicio de 
la inscripción en el registro.
Artículo 12.27-6  Afectación.
Los ingresos derivados de la tasa por el servicio de inscripción en el Registro 
de instalaciones de combustión medianas quedan afectados a dotar el Fondo para 
la Protección del Ambiente Atmosférico, creado por la Ley 22/1983, de 21 de 
noviembre, de protección del ambiente atmosférico.»
Sección 16.ª Modificación del título XII, por adición del capítulo XXVIII, del texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 20.  Tasa por el servicio de resolución sobre la exención de medición de focos 
con bajo potencial de impacto atmosférico.
Se añade un capítulo, el XXVIII, al título XII de la Ley de tasas y precios públicos, con 
el siguiente texto:
«CAPÍTULO XXVIII
Tasa por el servicio de resolución sobre la exención de medición de focos 
con bajo potencial de impacto atmosférico
Artículo 12.28-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el servicio de resolución de las 
solicitudes de exención de medición de los focos con un potencial contaminador 
bajo  sobre  la  atmósfera  a  que  se  refiere  el  apartado  2  del  artículo  27  del 
Decreto 139/2018.
Artículo 12.28-2  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas titulares de  bo
establecimientos  clasificados  en  el  grupo  A  y  B  del  Catálogo  de  actividades  w
pqeouxeteen nsceciói arnelm fdieeern emt eee ldc aoicpnióatanrmt.aidnoa n2t edse ld aer tlíac ualtom 2ó7s fdeeral  Dqeucer edtisop 1o3n9g/a2n0 1d8e  yfo qcuoes  seomliicsioterne ss ua   OE-A-2022-95able en https://
Artículo 12.28-3  Acreditación.
La tasa se acredita con la prestación del servicio y es exigible por anticipado 
desde el momento en que se formula la solicitud, que no puede tramitarse si no se 
ha hecho efectivo el ingreso de la tasa.
Artículo 12.28-4  Cuota.
La cuota por cada solicitud de exención de medición es de 128,16 euros/foco.
Artículo 12.28-5  Exención.
La Administración de la Generalidad queda exenta de la tasa por el servicio de 
resolución de la exención de emisiones.
Artículo 12.28-6  Afectación.
Los ingresos derivados de la tasa por el servicio de resolución de la exención 
de medición de focos con bajo impacto quedan afectados a dotar el Fondo para la 
Protección  del  Ambiente  Atmosférico,  creado  por  la  Ley  22/1983,  de  21  de 
noviembre, de protección del ambiente atmosférico.»
Sección 17.ª Modificación del título XII, por adición del capítulo XXIX, del texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo  21.  Tasa  por  la  tramitación  de  los  expedientes  de  segregaciones  y 
ampliaciones de fincas situadas en áreas privadas y locales de caza, y de los 
expedientes de creación de áreas privadas y locales de caza.
Se añade un capítulo, el XXIX, al título XII de la Ley de tasas y precios públicos, con 
el siguiente texto:
«CAPÍTULO XXIX
Tasa por la tramitación de los expedientes de segregaciones y ampliaciones 
de fincas situadas en áreas privadas y locales de caza, y de los expedientes 
de creación de áreas privadas y locales de caza
Artículo 12.29-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y 
actuaciones inherentes a la autorización de segregaciones y ampliaciones de 
fincas situadas en áreas privadas y locales de caza, y la autorización de creación 
de áreas privadas y locales de caza.
Artículo 12.29-2  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que solicitan 
una segregación o una ampliación o una creación a las que se refiere esta tasa.
Artículo 12.29-3  Acreditación. e.e
La tasa se acredita en el momento de la prestación del servicio, pero puede  w
exigirse en el momento de la presentación de la solicitud.
Artículo 12.29-4  Cuota.
1.  Por  la  prestación  de  los  servicios  y  actuaciones  inherentes  a  la 
autorización  de  segregaciones  y  ampliaciones  de  fincas  situadas  en  áreas 
privadas y locales de caza: 60 euros.
2.  Por  la  prestación  de  los  servicios  y  actuaciones  inherentes  a  la 
autorización de creación de áreas privadas y locales de caza: 80 euros.»
Sección 18.ª Modificación del título XIV, capítulo I, del texto refundido de la Ley de 
tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo  22.  Tasa  por  la  prestación  de  servicios  en  materia  de  metrología, 
autorizaciones  de  instalaciones,  inscripciones  registrales,  control  de  aparatos  y 
vehículos, ordenación minera y certificaciones técnicas e informes.
1.  Se modifica el epígrafe 5.2.1 del artículo 14.1-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«5.2.1  Inscripción en las pruebas de competencia profesional en materia de 
seguridad industrial: 50,30 euros.»
2.  Se modifica el epígrafe 5.2 bis.2 del artículo 14.1-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«5.2 bis.2  Certificado de conformidad ATP para vehículos y contenedores de 
importación:
– Para solicitudes de certificados para vehículos o contenedores de hasta dos 
metros cúbicos: la cuota es de 139,00 euros.
– Para solicitudes de series de contenedores con número de serie correlativo 
de menos de dos metros cúbicos, a certificar conjuntamente: la cuota es de 184,00 
euros.»
3.  Se derogan los apartados 2, 5 y 6 del artículo 14.1-6 de la Ley de tasas y precios 
públicos.
Sección 19.ª Modificación del título XIV, capítulo IV, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 23.  Tasa por el control y la supervisión de los organismos de control, empresas 
de distribución y empresas instaladoras.
Se modifica el capítulo IV del título XIV de la Ley de tasas y precios públicos, que 
queda redactado del siguiente modo:
«CAPÍTULO IV
Tasa por el control y la supervisión de los organismos de control, empresas 
de distribución y empresas instaladoras
Artículo 14.4-1  Hecho imponible. e.
El hecho imponible de esta tasa es la actividad administrativa que genera el  w
ccoonnttrrooll,  ye lma psruepsearsv isdieó n ddiset rilbaus caiócntu adceio ngeass edse  cinosmpbeucsctióibnle ds e ploors  ocargnaanliizsamcoiósn  doe 
eAmdmpriensisatrsa ciinósnt adlaed lao rGase nqeurael idaacdtú caonm peent eCntaet aelunñ ma,a teproiar  dpea rsteeg udreidl aódr ginadnuos trdiael .la
Artículo 14.4-2  Sujetos pasivos.
Los sujetos pasivos de esta tasa son los organismos de control, las empresas 
de  distribución  de  gases  combustibles  por  canalización  o  las  empresas 
instaladoras  que  actúan  en  Cataluña.  El  importe  de  esta  tasa  no  puede 
repercutirse sobre los usuarios finales.
Artículo 14.4-3  Acreditación.
La tasa se acredita mediante la expedición de un acta o un certificado del 
resultado  del  control  que  lleve  a  cabo  el  órgano  de  la  Administración  de  la 
Generalidad competente en materia de seguridad industrial. Se exige el importe de 
la tasa mensualmente, en el momento en que el sujeto pasivo remita al órgano de 
la  Generalidad  competente  en  materia  de  seguridad  industrial  la  relación  de 
actuaciones que dé origen a la actividad de control y supervisión.
Artículo 14.4-4  Cuota.
La cuota de esta tasa, que debe liquidarse por cada una de las actuaciones de 
inspección  que  hayan  efectuado  los  organismos  de  control,  empresas  de 
distribución de gases combustibles por canalización o empresas instaladoras que 
actúan en Cataluña, que deben ser objeto de control y supervisión por parte del 
órgano  de  la  Administración  de  la  Generalidad  competente  en  materia  de 
seguridad industrial, es la siguiente:
Actuaciones de inspección:
Inspecciones nivel A: 11,05 euros por inspección.
Inspecciones nivel M: 6,65 euros por inspección.
Inspecciones nivel B: 2,80 euros por inspección.
Los niveles de inspección que corresponden a cada tipo de instalación de cada 
ámbito reglamentario son los siguientes:
Tipo de inspección/
Tipo de instalación/ Nivel de 
Ámbito reglamentario Agente que puede 
producto inspección
realizar la inspección
AR-01/Reglamento de aparatos  Periódica/Organismo 
   
de elevación y su manutención. de control.
Periódica/Organismo 
AR-01/Ascensores.   M
de control.
Periódica/Organismo 
AR-01/Grúas torre.   A
de control.
Periódica/Organismo 
AR-01/Grúas autopropulsadas.   A
de control.
AR-02/Reglamentos 
electromagnéticos de baja y alta  Periódica.    
tensión.
Periódica/Organismo  Con memoria  e.
AR-02/Baja tensión. M o
de control. técnica. w.b
AR-02/Baja tensión. Pdee rcióodnitcrao/l.Organismo  C(Kpwoon)t.e pnrcoiyae =c t5o0   M 2022-953n https://w
Tipo de inspección/
Tipo de instalación/ Nivel de 
Ámbito reglamentario Agente que puede 
producto inspección
realizar la inspección
Con proyecto 
Periódica/Organismo 
AR-02/Baja tensión. (potencia > 50  A
de control.
Kw).
Periódica/Organismo 
AR-02/Alta tensión.   A
de control.
AR-03/Reglamento de equipos 
Tipo de inspección.    
a presión.
Periódica/Empresa  Con memoria 
AR-03/Instalaciones de equipos  instaladora. técnica 
M
a presión. Organismo de  (Inspección tipo 
control. A).
Periódica/Empresa  Con memoria 
AR-03/Instalaciones de equipos  instaladora. técnica 
A
a presión. Organismo de  (Inspección tipo 
control. A).
Con memoria 
AR-03/Instalaciones de equipos  Periódica/Organismo  técnica 
M
a presión. de control. (Inspección tipo B 
o C).
Con memoria 
AR-03/Instalaciones de equipos  Periódica/Organismo  técnica 
A
a presión. de control. (Inspección tipo B 
o C).
AR-04/Reglamento de 
Periódica/Organismo 
instalaciones de almacenaje de  Clase segunda. A
de control.
productos químicos.
AR-04/Reglamento de  Clase tercera 
Periódica/Organismo 
instalaciones de almacenaje de  (volumen = 500  M
de control.
productos químicos. m3).
AR-04/Reglamento de  Clase tercera 
Periódica/Organismo 
instalaciones de almacenaje de  (volumen > 500  A
de control.
productos químicos. m3).
AR-05/Reglamento para plantas  Periódica/Organismo 
  M
e instalaciones frigoríficas. de control.
Instalación 
Periódica/
AR-06/Reglamento de gases  individual 
Distribuidora. B
combustibles. (Potencia < 70 
Instaladora.
kW).
Instalación 
Periódica/
AR-06/Reglamento de gases  individual 
Distribuidora. M
combustibles. (Potencia > 70 
Instaladora.
kW).
Instalación  e.
Periódica/ bo
AR-06/Reglamento de gases  comunitaria  w.
Distribuidora. M w
combustibles. Instaladora. (kPWo)t.encia < 2.000  2022-953n https://w
Tipo de inspección/
Tipo de instalación/ Nivel de 
Ámbito reglamentario Agente que puede 
producto inspección
realizar la inspección
Instalación 
Periódica/
AR-06/Reglamento de gases  comunitaria 
Distribuidora. A
combustibles. (Potencia > 2.000 
Instaladora.
kW).
AR-07/Reglamento de  Periódica/Organismo 
  A
instalaciones petrolíferas. de control.
AR-08/Reglamento de 
Periódica/Organismo 
instalaciones térmicas en  Clase 1.1. B
de control.
edificios.
AR-08/Reglamento de 
Periódica/Organismo 
instalaciones térmicas en  Clase 1.2. M
de control.
edificios.
AR-08/Reglamento de 
Periódica/Organismo 
instalaciones térmicas en  Clase 2. A
de control.
edificios.
AR-09/Reglamento de bancos 
solares en establecimientos que  Periódica/Organismo 
  B
prestan el servicio de  de control.
bronceado artificial.
AR-10/Reglamento de 
establecimientos afectados por  Periódica/Organismo 
Nivel inferior. M
la normativa de accidentes  de control.
graves.
AR-10/Reglamento de 
establecimientos afectados por  Periódica/Organismo 
Nivel superior. A
la normativa de accidentes  de control.
graves.
AR-11/Reglamento de 
seguridad contra incendios en  Periódica/Organismo 
  A
los establecimientos  de control.
industriales.
AR-12/Reglamento de 
Periódica/Organismo 
instalaciones de protección    M
de control.
contra incendios.
AR-13/ATP (Acuerdo sobre 
Organismo de 
transportes internacionales de    M
control.
mercancías perecederas).
AR-14/ADR (Acuerdo 
Organismo de 
internacional de mercancías    A»
control.
peligrosas).
Sección 20.ª Modificación del título XIV, capítulo XIV, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 24.  Tasa por la verificación de la documentación presentada por los titulares de 
los establecimientos afectados por la normativa vigente en materia de accidentes 
graves.
Se modifica el capítulo XIV del título XIV de la Ley de tasas y precios públicos, que 
queda redactado del siguiente modo:
«CAPÍTULO XIV
Tasa por la verificación de la documentación presentada por los titulares 
de los establecimientos afectados por la normativa vigente en materia 
de accidentes graves
Artículo 14.14-1  Hecho imponible.
El hecho imponible de esta tasa es la actividad administrativa que genera la 
verificación  de  la  documentación  preceptiva  en  materia  de  accidentes  graves 
presentada  por  el  titular,  incluida  la  evaluación  por  un  organismo  de  control 
acreditado.
Artículo 14.14-2  Sujeto pasivo.
Los sujetos pasivos de esta tasa son los titulares de los establecimientos 
afectados por la normativa de accidentes graves.
Artículo 14.14-3  Acreditación.
La tasa se acredita mediante la presentación de la documentación preceptiva 
en materia de accidentes graves, incluida la evaluación por un organismo de 
control acreditado.
Artículo 14.14-4  Cuota.
La cuota de esta tasa, que debe liquidarse en el momento en que se presente 
una  documentación  preceptiva  en  materia  de  accidentes  graves  incluida  la 
evaluación por un organismo de control acreditado, es la siguiente:
a)  Para establecimientos de nivel inferior: 150 euros.
b)  Para establecimientos de nivel superior: 250 euros.»
Sección 21.ª Modificación del título XIV, por adición del capítulo XVI, del texto refundido 
de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 25.  Tasa para las entidades docentes que imparten formación en materia de 
seguridad industrial.
Se añade un capítulo, el XVI, al título XIV de la Ley de tasas y precios públicos, con 
el siguiente texto:
«CAPÍTULO XVI
Tasa para las entidades docentes que imparten formación en materia 
de seguridad industrial
Artículo 14.16-1  Hecho imponible.
El hecho imponible de esta tasa es la actividad administrativa que genera la 
autorización  y  el  control  de  las  actuaciones  de  las  entidades  docentes  para 
impartir la formación en materia de seguridad industrial, por parte del órgano de la 
Administración de la Generalidad competente en materia de seguridad industrial.
Artículo 14.16-2  Sujeto pasivo.
Los sujetos pasivos de esta tasa son las entidades docentes que imparten 
cursos en materia de seguridad industrial y han sido previamente autorizadas.
Artículo 14.16-3  Acreditación.
La tasa se acredita mediante la inscripción en el Registro de agentes de la 
seguridad industrial de Cataluña (RASIC).
Artículo 14.16-4  Cuota.
La cuota de esta tasa, que debe liquidarse por cada uno de los expedientes de 
autorización o de modificación de autorización, es la siguiente:
– Autorización de alta en el RASIC de entidades docentes: 50,30 euros.
– Modificación de la autorización de entidades docentes, incorporando nuevos 
centros de formación: 50,30 euros.»
Sección 22.ª Modificación del título XVI, capítulo I, del texto refundido de la Ley de 
tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 26.  Tasa por el servicio de guarda de vehículos del Patronato de la Montaña de 
Montserrat.
1.  Se modifica el artículo 16.1-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 16.1-4  Cuota.
El importe de la cuota es: bo
D1.e  dTíaie m(dpeo l ams á6x ihm ao  l(a1s/ 22 2h )h:): 2022-953n https://w
Coches: 0 euros.
Motos: 0 euros.
Furgonetas: 0 euros.
Autocares: 40 euros.
2.  Tiempo máximo (todo el día):
Coches: 6,5 euros.
Motos: 3,5 euros.
Furgonetas: 20 euros.
Autocares: 80 euros.
3.  Tiempo máximo (3 días):
Coches: 10,5 euros.
Motos: 7,5 euros.
Furgonetas: 25 euros.
Autocares: 85 euros.
4.  Tiempo máximo (7 días):
Coches: 11,5 euros.
Motos: 9,5 euros.
Furgonetas: 30 euros.
Autocares: 90 euros.
5.  Tiempo máximo (15 días):
Coches: 13 euros.
Motos: 11,5 euros.
Furgonetas: 35 euros.
Autocares: 95 euros.
6.  Tiempo máximo (30 días):
Coches: 18 euros.
Motos: 15 euros.
Furgonetas: 40 euros.
Autocares: 98 euros.
7.  Tiempo máximo (60 días):
Coches: 21 euros.
Motos: 18 euros.
Furgonetas: 45 euros.
Autocares: 100 euros.»
2.  Se modifica la letra c del apartado 3 del artículo 16.1-5 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que queda redactada del siguiente modo:
«c)  Los autocares y las furgonetas que usan los servicios de visitas culturales 
y  hotelería  dentro  del  recinto  del  monasterio  de  Montserrat  gozan  de  una 
bonificación de 40 euros por autocar y servicio, con una bonificación máxima 
de 50 euros por autocar y de 13,5 euros por furgoneta. Esta bonificación no es  s
acumulable a otras.» e.
3.  Se modifica el apartado 4 del artículo 16.1-5 de la Ley de tasas y precios  3ww
públicoess,t aq«cu4ieo.  nqauQdeoudsea d araecndr eadceittaxaeddnoot sod sec lo sndig etu aierjpneatteag  omd eo ldoaosp: arvceahmícieunlotos  in(dciovcidhueasl  oy d ef utrragnosnpeotartse)   OE-A-2022-95able en https://
colectivo para personas con movilidad reducida y los que acrediten la condición de 
familia numerosa o monoparental.»
Sección 23.ª Modificación del título XVII, capítulo I, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 27.  Tasa por pesca marítima.
Se modifican los apartados a.2, a.3 y b.2 del artículo 17.1-3 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que quedan redactados del siguiente modo:
«a.2)  Personas que participan en cursos de carácter social establecidos así 
en el Plan de formación anual de la Escuela de Capacitación Náutico-pesquera de 
Cataluña que aprueba el director o directora general de Política Marítima y Pesca 
Sostenible.»
«a.3)  Personas  que  acceden  a  los  cursos  de  marinero/a  pescador/a 
organizados  por  la  Escuela  de  Capacitación  Náutico-pesquera  de  Cataluña 
conjuntamente con las cofradías de pescadores de Cataluña.»
«b.2)  Personas  que  deben  expedir  o  renovar  la  titulación  de  marinero/a 
pescador/a de cursos realizados en la Escuela de Capacitación Náutico-pesquera 
de Cataluña, y las personas que estando en posesión de otras titulaciones quieren 
obtener, por convalidación, la titulación de marinero/a pescador/a para ejercer la 
actividad profesional en Cataluña.»
Sección 24.ª Modificación del título XVIII, capítulo I, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 28.  Tasa por los derechos de inscripción en las pruebas para la obtención de 
los certificados de conocimientos de catalán que convoca la Secretaría de Política 
Lingüística.
Se modifica el apartado 2 del artículo 18.1-3 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Se establece una bonificación del 30% sobre la cuota para los sujetos 
pasivos que son miembros de familias monoparentales y numerosas de categoría 
general y una bonificación del 50% sobre la cuota para los sujetos pasivos que 
son miembros de familias monoparentales y numerosas de categoría especial. 
Asimismo, se establece una bonificación del 50% sobre la cuota para los sujetos 
pasivos con una discapacidad acreditada igual o superior al 33%.»
Sección 25.ª Modificación del título XXII, capítulo VI, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 29.  Tasas por las actuaciones y los servicios del Servicio Catalán de Tráfico.
Se modifican las letras i y j del apartado 3 del artículo 22.6-4 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que quedan redactadas del siguiente modo:
«i)  Inscripción y participación en los cursos para obtener el certificado de  e.e
aptitud  de  formador  vial  o  formadora  vial  de  los  cursos  de  sensibilización  y  w.b
reeducación vial: 447 euros. 3ww
aptitju) d Indsec rippcsiiócnó loyg op arftoicrimpaacdioórn  eon  plossic ócluorgsao s fopramraa doobrate ndeer  ello sc erctiufircsaodso  ddee 
sensibilización y reeducación vial: 112 euros.»
Sección 26.ª Modificación del título XXV, capítulo XV, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo  30.  Tasa  por  la  prestación  de  servicios  y  la  realización  de  actuaciones 
facultativas en materia de dominio público ferroviario.
Se modifica el artículo 25.15 del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«CAPÍTULO XV
Tasa por la prestación de servicios y la realización de actuaciones 
facultativas en materia de dominio público ferroviario y de protección 
de las líneas ferroviarias
Artículo 25.15-1  Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  prestación  de  servicios  y  la 
realización  de  actuaciones  facultativas  inherentes  a  la  tramitación  de  las 
autorizaciones de obras o instalaciones en las zonas de dominio público ferroviario 
y de protección de las líneas ferroviarias hasta su finalización.
Artículo 25.15-2  Sujeto pasivo.
Es sujeto pasivo de la tasa cualquier persona física o jurídica que solicita la 
prestación del servicio o la realización de la actividad.
Artículo 25.15-3  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento en el que se presta el servicio o la 
actividad, sin perjuicio de que pueda exigirse la justificación del ingreso en el 
momento de la presentación de la solicitud de autorización.
Artículo 25.15-4  Cuota.
1.  Por la tramitación administrativa de la solicitud de autorización:
a)  Por la instalación de una grúa en la vía pública: 580,60 euros.
b)  Por la construcción de un edificio de hasta tres plantas y ningún sótano o 
la reforma de un edificio existente: 580,60 euros.
c)  Por la construcción de un edificio de más de tres plantas con o sin sótano: 
1.345,60 euros.
d)  Por la construcción de un proyecto de urbanización: 1.345,60 euros.
e)  Por  la  construcción  de  un  proyecto  de  cualquier  otra  infraestructura: 
1.345,60 euros.
2.  Por  el  seguimiento  de  las  obras  o  actuaciones  autorizadas:  5.088,75 
euros.
3.  Por los informes técnicos de verificación de las condiciones fijadas en la 
autorización una vez finalizada la obra o actuación autorizada: 144,45 euros.
Artículo 25.15-5  Exención. b
de laQ Gueednaenra elixdeandt oys l adse el nptaidgaod edse  dlae  staus sae lcotso rd peúpbalirctaom.»entos de la Administración
Sección 27.ª Modificación del título XXV, capítulo XXIV, del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 31.  Tasa por la utilización o el aprovechamiento del dominio público viario.
1.  Se modifica el artículo 25.24-1 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 25.24-1  Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  utilización  privativa  o  el 
aprovechamiento del dominio público viario, cuyos terrenos sean de titularidad de la 
Generalidad de Cataluña, destinados a la realización de las siguientes actividades:
1.  Cruce  subterráneo  o  aéreo  para  la  ejecución  o  instalación  de 
conducciones  de  líquidos  o  gases,  líneas  eléctricas  o  redes  de 
telecomunicaciones.
2.  Paralelismo subterráneo para la ejecución o instalación de conducciones 
de líquidos o gases, líneas eléctricas o redes de telecomunicaciones.
3.  Cruce o paralelismo en puentes, túneles u obras de fábrica.
4.  Acceso de 1.ª categoría a carretera.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 25.24-2 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  Está exenta de la tasa la utilización del dominio público por causa de:
– Las acometidas particulares, entendidas como el tramo de la instalación de 
derivación de la red de distribución de la empresa suministradora en la instalación 
particular o en los dispositivos de medida de energía de la persona abonada o del 
conjunto de personas abonadas, de una misma parcela catastral.
– Las canalizaciones para la instalación de redes de telecomunicaciones que sean 
cedidas a la Administración de la Generalidad de Cataluña o a su sector público.»
3.  Se modifica el apartado 1 y se derogan los apartados 2, 3 y 4 del artículo 25.24-4 
de la Ley de tasas y precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 25.24-4  Acreditación.
La  tasa  se  acredita  mediante  el  otorgamiento  de  la  autorización 
correspondiente. En cualquier caso, la ejecución de las actuaciones autorizadas 
queda  condicionada  a  la  liquidación  del  importe  de  la  tasa.  La  tasa  por  la 
utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público viario derivada de la 
ejecución de obras previstas en un proyecto de carreteras se acredita con la 
recepción de estas obras.»
4.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 25.24-5 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que quedan redactados del siguiente modo:
«1.  La tasa consiste en el pago de una cuota única, cuya base imponible se 
determina según los siguientes criterios de valoración: s
1.1  Cualquier cruce subterráneo: w.b
AVTiuípatoo p pdriees ftceaar.rernettee.ra 1P06o..60r 79c39a,,d20a50 c  eeruuucrrooess OE-A-2022-95able en https://
Tipo de carretera Por cada cruce
Convencional. 3.049,50 euros
Travesía. 4.574,25 euros
1.2  Cruce aéreo:
a)  Por líneas eléctricas de un circuito con una tensión superior a 66 kV:
Tipo de carretera Por cada cruce
Autopista. 19.212,64 euros
Vía preferente. 10.978,65 euros
Convencional. 5.489,32 euros
Travesía. 8.233,99 euros
b)  Por líneas eléctricas de un circuito con una tensión comprendida entre 1 
kV y 66 kV:
Tipo de carretera Por cada cruce
Autopista. 14.943,17 euros
Vía preferente. 8.538,95 euros
Convencional. 4.269,47 euros
Travesía. 6.404,22 euros
c)  Por redes de telecomunicaciones y líneas eléctricas de dos o más circuitos 
con una tensión inferior o igual a 1 kV:
Tipo de carretera Por cada cruce
Autopista 11.741,06 euros
Vía preferente 6.709,18 euros
Convencional 3.354,58 euros
Travesía 5.031,88 euros
1.3  Cualquier paralelismo subterráneo:
Tipo de carretera Euros por metro lineal
Autopista. 102,50 euros
Vía preferente. 58,59 euros
Convencional. 29,29 euros
Travesía. 43,94 euros e.e
1.4  Cualquier cruce o paralelismo en puentes, túneles u obras de fábrica: 3w
Tipo de carretera Por cada cruce o paralelismo
Autopista. 26.683,13 euros
Tipo de carretera Por cada cruce o paralelismo
Vía preferente. 15.247,50 euros
Convencional. 7.623,75 euros
Travesía. 11.435,63 euros
1.5  Cualquier acceso de primera categoría:
Tipo de carretera Euros por metro lineal
Todas. 100,00 euros
2.  El tipo de gravamen es del 100%, aplicando los siguientes factores de 
corrección:
a)  En caso de cruce subterráneo superior a 1 m de ancho: 1,5.
b)  En caso de cruce aéreo de líneas eléctricas de dos o más circuitos para 
tensiones superiores a 1 kV: 1,5.»
Sección 28.ª Modificación del título XXV, capítulo XXV, del texto refundido de la Ley de 
tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 32.  Tasa por la tramitación de expedientes de declaración de abandono de 
embarcaciones,  vehículos  y  objetos  abandonados  en  los  puertos,  dársenas  e 
instalaciones marítimas menores de la Generalidad.
1.  Se modifica el título del capítulo XXV de la Ley de tasas y precios públicos, que 
queda redactado del siguiente modo:
«CAPÍTULO XXV
Tasa por la tramitación de expedientes de declaración de abandono 
de embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en los puertos, dársenas 
e instalaciones marítimas menores de la Generalidad»
2.  Se modifica el artículo 25.25-1 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 25.25-1  Hecho imponible.
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  realización,  por  parte  del 
departamento competente en materia portuaria, de los trámites instados por las 
concesionarias  en  los  expedientes  de  declaración  de  abandono  de 
embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en los puertos, dársenas e 
instalaciones marítimas menores de la Generalidad.»
3.  Se modifica el artículo 25.25-2 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 25.25-2  Sujeto pasivo. e.e
Es  sujeto  pasivo  de  la  tasa  la  persona  jurídica  concesionaria  del  puerto,  w
ddeácrslaernaac ioó nin dseta alabcaiónnd omnoa.r»ítima menor que solicita la tramitación del expediente de
Sección 29.ª Modificación del título XXVI, por adición del capítulo VIII, del texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 33.  Tasa por la tramitación de las solicitudes de aprobación de los planes 
de trabajo con riesgo de amianto.
Se añade un capítulo, el VIII, al título XXVI de la Ley de tasas y precios públicos, con 
el siguiente texto:
«CAPÍTULO VIII
Tasa por la tramitación de las solicitudes de aprobación de los planes de 
trabajo con riesgo de amianto
Artículo 26.8-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de las solicitudes de 
aprobación de los planes de trabajo con riesgo de amianto.
Artículo 26.8-2  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que solicitan la 
aprobación de los planes de trabajo con riesgo de amianto.
Artículo 26.8-3  Acreditación.
La tasa se acredita cuando se presenta la solicitud que inicia la actuación, que 
no se puede tramitar si no se ha efectuado el ingreso de la tasa.
Artículo 26.8-4  Cuota.
El importe de la cuota es de 100,00 euros.»
Sección 30.ª Modificación del título XXVI del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2008
Artículo 34.  Supresión de la tasa de expedición de certificados de profesionalidad, 
acreditaciones parciales acreditadas y expedición de duplicados.
Se deroga el capítulo I del título XXVI del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos,  que  regula  la  tasa  de  expedición  de  certificados  de  profesionalidad, 
acreditaciones parciales y expedición de duplicados.
CAPÍTULO VI
Modificación de tasas en materia de transporte en aguas marítimas y continentales
Artículo 35.  Modificación de la Ley 10/2019, de puertos y de transporte en aguas 
marítimas y continentales.
1.  Se modifica la sección cuarta del capítulo III del título V del Libro segundo de la 
Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y 
continentales, que queda redactada del siguiente modo:
«Sección 4.ª Tasa por la estancia de buques en la zona de varadero (T04)
Artículo 145.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa por la estancia de buques en la zona de 
varadero consiste en la utilización privativa del dominio público portuario con 
ocasión de la estancia de los buques o embarcaciones en los espacios terrestres 
de la zona de servicio destinados a varadero.
2.  Si la utilización privativa tiene lugar en infraestructuras portuarias y otros 
bienes de dominio público portuario en régimen de autorización, concesión o 
contrato administrativo, la tasa solo es exigible en caso de que los buques o las 
embarcaciones utilicen de cualquier forma bienes de dominio público gestionados 
directamente por la Administración portuaria.
Artículo 146.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa por la estancia de 
buques en la zona de varadero, en concepto de contribuyente, las personas físicas 
o jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general 
tributaria a favor de las cuales se otorgue la autorización para utilizar el dominio 
público  portuario  con  el  buque  o  embarcación  o,  en  su  defecto,  las  que  se 
beneficien de la utilización si se ha procedido sin la autorización pertinente.
2.  Tienen la condición de sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de 
sustituto del contribuyente:
a)  En los buques pesqueros, si están consignados, el consignatario. De lo 
contrario, y de forma solidaria, las personas físicas o jurídicas que llevan a cabo la 
actividad de reparación o mantenimiento del buque en la zona del varadero, el 
propietario y el armador del buque si, en este segundo caso, se trata de personas 
físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica distintas.
b)  En  los  buques  que  no  son  de  pesca,  si  están  consignados,  el 
consignatario. De lo contrario, y de forma solidaria, las personas físicas o jurídicas 
que lleven a cabo la actividad de reparación o mantenimiento del buque en la zona 
de varadero, el propietario, el naviero y el capitán o patrón del buque.
Artículo 147.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa por la estancia de buques en la zona de varadero se acredita 
cuando se inicia la utilización privativa del dominio público portuario, momento  es
que, a tales efectos, se entiende que coincide con el del otorgamiento de la  o
autorización pertinente. ww.
pmoormt32ue..a  nritoESo  li  dspiesna e gin soioc hdliuioecb i dtliaaeer s d deaei cuuhptdoaraor  uidztrtuaiilbicczuiiadótaconri ,ói anlla a.d  eaubcteirlie zedafiectacióctunióa nrps rediv epa otlirav  aatd aedslaea ln ttiadedonome. inluiog arp úebnl iceol   OE-A-2022-95able en https://
4.  Si  por  causa  no  imputable  al  sujeto  pasivo  no  se  llega  a  consumir 
íntegramente el período de utilización autorizado, puede solicitarse la devolución 
de la parte de la cuota correspondiente a los días que quedan para completar 
dicho período.
Artículo 148.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa por la estancia de buques en la 
zona de varadero son:
a)  La superficie de dominio público portuario utilizada.
b)  El tiempo de utilización del dominio público portuario.
c)  La clase de buque o embarcación.
2.  La superficie de dominio público portuario utilizada se computa en metros 
cuadrados y se calcula multiplicando la eslora máxima del buque o embarcación 
por la manga máxima.
3.  El tiempo de utilización del dominio público portuario se computa por días 
completos. Como regla general, los plazos inicial y final del período de utilización 
coinciden con las fechas de otorgamiento y extinción de la autorización pertinente. 
No obstante, cuando la utilización del dominio público portuario se haya efectuado 
sin solicitar la autorización, dichos plazos se corresponden con los días de inicio y 
finalización de la ocupación.
4.  El primer día de ocupación siempre se considera completo. El último día, 
sin embargo, solamente se considera completo si la ocupación cesa después de 
las doce del mediodía.
5.  Los buques o embarcaciones se clasifican en pesqueros y el resto.
Artículo 149.  Cuota tributaria.
1.  La cuota íntegra de la tasa por la estancia de buques en la zona de 
varadero se determina multiplicando las cuantías fijas de la tarifa incluidas en el 
siguiente cuadro por la superficie de dominio público portuario ocupada y por el 
tiempo de ocupación utilizado.
2.  Para determinar la cuota íntegra de la tasa, la tarifa debe aplicarse de 
modo escalonado.
3.  Si  el  buque  o  la  embarcación  que  utiliza  la  zona  de  varadero  está 
destinado  a  la  prestación  de  un  servicio  portuario,  las  personas  obligadas 
tributariamente pueden solicitar la aplicación de una bonificación del 20% de la 
cuota íntegra de la tasa.
Período Buques pesqueros Resto de buques
Día 1. 0,1900 euros 0,5661 euros
Día 2 a 7. 0,1226 euros 0,3652 euros
Día 8 a 30. 0,0791 euros 0,2356 euros
Día 31 en adelante. 0,0510 euros 0,1520 euros»
2.  Se modifica la sección primera del capítulo IV del título V del Libro segundo de la 
Ley 10/2019, de 23 de diciembre, que queda redactada del siguiente modo:
«Sección 1.ª Tasa de entrada y estancia de buques (TA1)
Artículo 150.  Hecho imponible.
1.  El hecho imponible de la tasa de entrada y estancia de buques consiste en 
la utilización de cualquier bien de dominio público portuario, efectuada por el 
buque, con ocasión de las operaciones portuarias de entrada y estancia, incluidas 
las aguas del puerto, los canales de acceso y las zonas de fondeo o anclaje.
2.  Si  las  operaciones  portuarias  de  entrada  y  estancia  tienen  lugar  en 
infraestructuras portuarias y otros bienes de dominio público portuario en régimen 
de autorización, concesión o contrato administrativo, la tasa solamente es exigible 
si el buque utiliza de cualquier forma bienes de dominio público gestionados 
directamente por la Administración portuaria.
Artículo 151.  Supuestos de no sujeción.
No están sujetos a la tasa por la estancia de buques los buques sujetos y no 
exentos de las tasas de la pesca fresca y de las embarcaciones de recreo.
Artículo 152.  Sujeto pasivo.
1.  Tienen la condición de sujetos pasivos de la tasa por la estancia de 
buques,  en  concepto  de  contribuyente  y,  además,  de  forma  solidaria,  el 
propietario, el naviero y el capitán o el patrón del buque.
2.  Tiene la condición de sujeto pasivo de esta tasa, en concepto de sustituto 
del  contribuyente,  el  consignatario  del  buque  cuando  este  se  encuentra 
consignado.
Artículo 153.  Exenciones.
Están exentos de la tasa por la estancia de buques:
a)  Los buques cuya titularidad corresponde a la Administración general del 
Estado, de las comunidades autónomas o de los municipios que estén destinados 
exclusivamente a la prestación de servicios oficiales de su competencia bajo el 
régimen de gestión directa.
b)  Los buques en servicio oficial de la Unión Europea o de uno de los 
estados miembros de la Unión Europea que estén destinados exclusivamente a la 
prestación de servicios de su competencia bajo el régimen de gestión directa.
c)  La Cruz Roja, respecto a las actividades propias que tiene encomendadas 
esta institución en materia de salvamento marítimo, y otras organizaciones no 
gubernamentales en casos de ocupación temporal vinculada a acciones concretas 
de rescate de personas u otras tareas humanitarias.
Artículo 154.  Acreditación y exigibilidad.
1.  La tasa por la estancia de buques se acredita cuando el buque entra en  es
las aguas de la zona de servicio del puerto, momento que, a tales efectos, se  o
entiende que coincide con el del otorgamiento de la correspondiente autorización. w.
pmoormt2ue.a nritoSo  i dsiesn e in siochliuiocb idtiaeers  deai cuhptoaror uidztuailiccziiadóconi ,ó nllaa.  auctirliezdaictaiócnió np rdivea tliav at adsae l tideonme inluiog arp úebnl iceol   2022-953n https://w
3.  El pago de la deuda tributaria se efectúa por adelantado. No obstante, 
cuando  resulta  aplicable  la  reducción  por  estancia  prolongada,  las  personas 
obligadas tributariamente deben pagar la deuda con periodicidad mensual.
4.  Si el período de estancia autorizado tiene que ampliarse, las personas 
obligadas  tributariamente  deben  formular  una  nueva  solicitud  y  abonar 
nuevamente por adelantado el correspondiente importe.
5.  Si,  por  causa  no  imputable  al  sujeto  pasivo,  no  se  llega  a  consumir 
íntegramente el período de estancia autorizado, las partes tributarias obligadas 
pueden solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a las horas 
que faltan para completar dicho período.
Artículo 155.  Elementos de cuantificación de la tasa.
1.  Los elementos de cuantificación de la tasa por la estancia de buques son:
a)  El arqueo bruto del buque.
b)  El tiempo de utilización del dominio público portuario.
2.  El tiempo de utilización del dominio público portuario se computa en horas 
y minutos. El tiempo de utilización efectiva se calcula a partir del momento de la 
puesta a disposición o reserva del puesto de atraque o anclaje hasta que el buque 
abandona la zona de servicio. El tiempo de utilización se computa al 50% si la 
entrada y la estancia del buque tienen lugar en días festivos y fines de semana 
mientras se espera el inicio del conjunto de operaciones comerciales en día 
laborable.
Artículo 156.  Cuota tributaria.
1.  La  cuota  íntegra  de  la  tasa  por  la  estancia  de  buques  se  determina 
multiplicando la cuantía fija de 0,50 euros por cada 100 toneladas de registro bruto 
(o por cada 100 unidades de arqueo) o fracción y por el tiempo de utilización del 
dominio público portuario.
La cantidad así obtenida se modula mediante la aplicación de los siguientes 
coeficientes:
a)  Para buques de 0 a 10 GT: 0,80.
b)  Para buques de más de 10 GT a 100 GT: 0,85.
c)  Para buques de más de 100 GT a 400 GT: 0,90.
d)  Para buques de más de 400 GT a 4.000 GT: 0,95.
e)  Para buques de más de 4.000 GT a 6.000 GT: 1,05.
f)  Para buques de más de 6.000 GT: 1,15.»
TÍTULO II
Modificación en el ámbito de los tributos cedidos
CAPÍTULO I
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Artículo 36.  Aplazamiento excepcional del impuesto sobre sucesiones y donaciones  o
concedido por los órganos de gestión. w.
impo1n. iblCeos n deefveecntogsa ddoes sdhea sltaa  eenl tr3a1d a dee n dvicigieomr bdree   ldae  p2re0s2e2n, tee l leayp lay zapmariae nhtoe cqhuoes 
concedan los órganos de gestión de la Administración tributaria en virtud del artículo 73.1
de la Ley 19/2010, de 17 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, puede ser de hasta dos años.
2.  Se aplica el mismo plazo a las solicitudes de aplazamiento que se presenten en 
relación con hechos imponibles devengados antes de la entrada en vigor de la presente 
ley y que se encuentren en período voluntario de presentación y pago, y en su caso, 
prórroga, de la correspondiente autoliquidación.
3.  En caso de que, en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, esté en 
tramitación una solicitud de aplazamiento por un año, esta debe resolverse de acuerdo 
con la solicitud presentada, si bien la persona interesada puede solicitar, antes de su 
vencimiento, la ampliación del plazo por un año más.
4.  En caso de que, en la fecha de entrada en vigor de esta ley, ya se haya 
concedido  el  aplazamiento  por  un  año,  y  este  aún  no  haya  vencido,  la  persona 
interesada puede solicitar, antes de su vencimiento, la ampliación del plazo por un año 
más, a contar desde el último día del aplazamiento previamente concedido.
Artículo 37.  Acogimiento.
Se añade un artículo, el 60 bis, a la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, con el siguiente texto:
«Artículo 60 bis.  Acogimiento.
1.  A efectos de este impuesto y dentro del ámbito de competencias asumidas 
por la Generalidad en el marco de la Ley del Estado 22/2009, de 18 de diciembre, 
las relaciones entre una persona que esté o haya estado en acogimiento y la 
persona o personas acogedoras, quedan asimiladas a las relaciones entre hijos y 
ascendientes.
2.  Para  poder  disfrutar  de  los  beneficios  que  comporta  la  asimilación 
establecida  por  el  apartado  1,  el  acogimiento  debe  haberse  acordado  de 
conformidad con lo establecido en la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos 
y oportunidades en la infancia y la adolescencia.»
CAPÍTULO II
Tributación sobre el juego
Artículo 38.  Obligación de suministro de datos relativos a las máquinas recreativas y de 
azar.
1.  A  efectos  del  diseño  de  la  política  fiscal  en  materia  de  juego,  durante  los 
ejercicios 2022 y 2023 los operadores de máquinas recreativas y de azar deben remitir a 
la Dirección General de Tributos y Juego de la Generalidad con periodicidad semestral la 
siguiente información relativa a cada una de las máquinas de las que sean titulares o 
hayan sido titulares:
a)  Datos de identificación de la máquina: número de permiso de explotación.
b)  Datos relativos a la actividad del juego: número de partidas jugadas, importe de 
las cantidades jugadas e importe de los premios concedidos. Estos datos deben ser los 
que  figuren  en  el  contador  de  la  máquina  referidos  al  semestre  natural  objeto  de 
información. e.e
2.  El operador debe remitir la información entre los días 1 y 20 de los meses de julio  w
ydsg eiesemnpneoeernsarotelr ,re ds qeenu  adeTti rcuidhbreaaubl t ioenins fmoc yorem ndJtaieuacnetiaóegmnro ,,le  oadnsset íeb dc eaao tnmodtseeo rt seeioerl rmñc. aaiMnlnaaeadrdlso piesaa  nreetaeln    smreueol  spdaorepelulasocre itóonan tdaf oocd rie1óml n ac.dtooirr ereecsntop reo lno dq diueierne tedctseo braeal    OE-A-2022-95able en https://
3.  La  información  obtenida  por  la  aplicación  de  este  artículo  se  afecta 
exclusivamente al cumplimiento de la finalidad mencionada en el apartado 1 y queda 
sometida, en cuanto a su tratamiento, confidencialidad y medidas de seguridad, a la 
legislación vigente en materia de protección de datos.
CAPÍTULO III
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Artículo 39.  Modificación de las deducciones por nacimiento o adopción de un hijo.
Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2022, el apartado 3 del artículo 1 de la 
Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda 
redactado del siguiente modo:
«1.  Deducciones en la cuota por el nacimiento o adopción de un hijo. En la 
parte correspondiente a la comunidad autónoma de la cuota íntegra del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas puede aplicarse, junto con la reducción 
porcentual que corresponda sobre el importe total de las deducciones de la cuota 
establecidas por la Ley del Estado reguladora del impuesto, una deducción por 
nacimiento o adopción de un hijo en los siguientes términos:
a)  En  la  declaración  conjunta  de  los  progenitores,  la  deducción  es  de 
trescientos euros.
b)  En la declaración individual, la deducción de cada uno de los progenitores 
es de ciento cincuenta euros.
c)  En  la  declaración  del  progenitor  o  progenitora  de  una  familia 
monoparental, la deducción es de trescientos euros.»
Artículo 40.  Modificación de la deducción por alquiler de la vivienda habitual.
Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2022, el apartado 1.2 del artículo 1 de la 
Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda 
redactado del siguiente modo:
«1.2  Los  contribuyentes  pueden  deducir  el  10%,  hasta  un  máximo  de 
seiscientos euros anuales, de las cantidades satisfechas en el período impositivo 
en concepto de alquiler de la vivienda habitual, siempre que en la fecha de 
devengo pertenezcan a una familia numerosa o monoparental y cumplan los 
requisitos establecidos por las letras b y c del apartado 1.1.»
Artículo 41.  Escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Se modifica, con efectos del 1 de enero de 2022, el artículo único de la Ley 24/2010, 
de 22 de julio, de aprobación de la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo único.  Escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas.
Se aprueba la siguiente escala autonómica del impuesto sobre la renta de las  e.e
personas físicas: w.b
BHaasset ali q(euuidraobsl)e Cuo(etau rínotse)gra RestHoa bsatas e(e luiqruoisd)able PToiproce anptlaicjea b(%le)
0,00 0,00 12.450,00 10,50
12.450,00 1.307,25 5.257,20 12,00
Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta (euros) (euros) Hasta (euros) Porcentaje (%)
17.707,20 1.938,11 3.292,80 14,00
21.000,00 2.399,10 12.007,20 15,00
33.007,20 4.200,18 20.400,00 18,80
53.407,20 8.035,38 36.592,80 21,50
90.000,00 15.902,83 30.000,00 23,50
120.000,00 22.952,83 55.000,00 24,50
175.000,00 36.427,83 en adelante 25,50»
PARTE SEGUNDA
Medidas financieras
TÍTULO III
Medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas
Artículo  42.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  finanzas  públicas  de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002.
1.  Se añade un artículo, el 8 bis, al texto refundido de la Ley de finanzas públicas 
de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, con el 
siguiente texto:
«Artículo 8 bis.  Transparencia en el destino de los ingresos procedentes de 
tributos propios finalistas.
Los órganos de la Administración de la Generalidad y las entidades de su 
sector público que, de acuerdo con la normativa aplicable, gestionan los fondos 
que se nutren de ingresos procedentes de la recaudación de tributos propios con 
carácter finalista, y las administraciones locales o entidades de su sector público 
que son receptoras de dichos fondos, deben difundir, en la forma y por los canales 
que establece la normativa en materia de transparencia, las actuaciones concretas 
que se financien total o parcialmente mediante los recursos económicos que se 
obtengan a través de estos instrumentos tributarios.
En  todo  caso,  los  órganos  de  la  Administración  de  la  Generalidad,  las 
administraciones locales y sus respectivas entidades del sector público deben 
difundir, si es posible, en los ámbitos comunicativos físicos correspondientes, las 
inversiones, los programas y las actuaciones financiadas con los mencionados 
ingresos.»
2.  Se modifica el apartado 4 del artículo 23 del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  El  departamento  competente  en  materia  de  finanzas  públicas  puede  es
dictar las normas correspondientes para hacer posible el registro de entrada y el  o
registro contable de facturas y de justificantes de obligaciones económicas de la  ww.
Gdeetneermrainlidea.»d  que  no  reúnen  los  requisitos  de  las  facturas,  en  el  ámbito  que  2022-953n https://w
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 31 del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  Los departamentos deben enviar al departamento competente en materia 
de finanzas públicas, con tiempo suficiente, los estados de gastos conjuntamente 
con los anteproyectos de presupuestos de sus entidades adscritas para que este 
pueda formular el anteproyecto de los presupuestos de la Generalidad.»
4.  Se añade un párrafo al apartado 3 bis del artículo 31 del texto refundido de la 
Ley de finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Este mismo departamento debe elaborar, publicar y presentar a la comisión 
competente en materia de finanzas del Parlamento, antes del 30 de junio de cada 
año, un informe de orientaciones presupuestarias, en el que se informe del estado 
de ejecución y prospectiva de liquidación del presupuesto vigente, y del marco 
macroeconómico,  social  y  fiscal  que  enmarcan  la  elaboración  del  próximo 
presupuesto,  así  como  de  su  escenario  presupuestario  a  medio  plazo  y  sus 
prioridades y líneas estratégicas preliminares.»
5.  Se modifica el apartado 4 del artículo 31 del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  Debe  adjuntarse  al  proyecto  de  ley  de  presupuestos  la  siguiente 
documentación:
a)  Las memorias de programa con la descripción de objetivos e indicadores.
b)  Una memoria explicativa.
c)  Un informe económico y financiero.
d)  Un informe sobre la perspectiva de género.
e)  Un anexo con las dotaciones de personal incluidas en el proyecto de 
presupuesto clasificadas por secciones y programas.
f)  Un anexo de ayudas y subvenciones.
g)  Un anexo con los proyectos de inversiones reales incluidos en el proyecto.
h)  Los estados financieros de las sociedades y otras entidades del sector 
público y de las demás entidades que hayan sido clasificadas como entidades del 
sector de Administración pública de la Generalidad de acuerdo con los criterios del 
sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC) en los términos que 
establezca la orden anual de elaboración de los presupuestos.
i)  Una memoria de beneficios fiscales.
j)  Una memoria de arrendamiento y compra de inmuebles incluidos en el 
proyecto.
k)  La liquidación del presupuesto del año anterior y un estado de ejecución 
del vigente.
l)  El cálculo de la balanza fiscal de Cataluña con la Administración central a 
que se refiere el apartado 3 bis.
m)  Cualquier  otra  documentación  que  se  considere  relevante  para 
complementar el proyecto de ley de presupuestos.»
6.  Se añade un artículo, el 31 bis, al texto refundido de la Ley de finanzas públicas 
de Cataluña, con el siguiente texto: s
«Artículo 31 bis. w.
y  pEulb dliceapra, rtacomne nuton ac omfrepceuteenntcei ae nn mo atseuripae drieo re cao nocmincíao  y afiñnoasn,z ausn d eibnefo ermlaeb ordaer 
pinefersrpioer cati vqausi ncpere esjueprcuiecsiotasr ifaustu rao sl.a Ergsote  pinlafozrom, eq dueeb ec ocmopnrteennedra  lausn p rheovriiszioonntees  ndoe 
ingresos y gastos de acuerdo con las políticas actuales, el análisis del impacto de
los cambios demográficos y económicos y el análisis de sostenibilidad de las 
finanzas.»
7.  Se modifica el artículo 32 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 32.
1.  Una vez aprobado por el Gobierno, el proyecto de ley de presupuestos de 
la Generalidad, integrado por el texto articulado y por los estados de ingresos y 
gastos con el grado de vinculación que se establezca, y por la documentación 
complementaria establecida por el apartado 4 del artículo 31, debe remitirse al 
Parlamento de Cataluña con suficiente antelación para que, teniendo en cuenta el 
procedimiento establecido por el Reglamento del Parlamento, pueda entrar en 
vigor el 1 de enero del ejercicio correspondiente.
2.  El  proyecto  de  ley  de  presupuestos  y  toda  la  documentación 
complementaria debe publicarse en la web de la Generalidad con el fin de facilitar 
su acceso y análisis y reforzar la transparencia de la actividad pública.»
8.  Se modifica el apartado 4 del artículo 46 del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  Se entiende por pago propuesto la operación por la que se expide, en 
relación con una obligación concreta, el mandamiento del pago contra la tesorería 
de la Generalidad.»
9.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 47 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, que quedan redactados del siguiente modo:
«1.  Corresponde  a  los  órganos  superiores  de  la  Generalidad  y  a  los 
consejeros  y  consejeras  de  los  departamentos,  dentro  de  los  límites  del 
artículo 35, autorizar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo en los 
casos  reservados  por  la  ley  a  la  competencia  del  Gobierno,  y  efectuar  la 
disposición y la liquidación del crédito exigible proponiendo a la tesorería los 
pagos correspondientes.
2.  Con la misma reserva legal, corresponden a los presidentes y presidentas, 
y  a  los  directores  y  directoras  de  las  entidades  autónomas,  la  autorización, 
disposición  y  liquidación  de  los  pagos  relativos  a  las  citadas  entidades  y 
empresas.»
10.  Se modifica el artículo 48 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 48.
1.  La dirección general competente en materia de tesorería debe ejecutar 
todas las operaciones destinadas a la materialización de los pagos derivados de 
cualquier tipo de obligación reconocida.
2.  Para realizar el pago de las obligaciones pendientes, la tesorería debe 
aplicar los criterios objetivos aprobados en un plan de pagos que debe tener como 
requisitos preferentes la fecha de recepción o vencimiento de la obligación, el  e.e
importe, la naturaleza del gasto y la forma de pago, entre otros, y, en cualquier  b
caso, debe incluir entre sus objetivos, el cumplimiento del período medio de pago  w
de a3c.u eErdl op claonn  ldae n opramgoasti vdae v ilgae nteteso.rería debe ser aprobado por el consejero o
ccoonn sceojemrpae cteonmcpiaeste ennte m eant emriaa tdeeri ate dseo rfeinríaan.zas a propuesta de la dirección general
4.  La dirección general con competencias en materia de tesorería puede 
establecer criterios específicos para la realización material de los pagos de las 
obligaciones, así como procedimientos específicos para el pago de determinadas 
obligaciones reguladas por la normativa o para casos o situaciones específicas 
que necesiten una tramitación especial por razones objetivas.
5.  El  procedimiento  de  pago  puede  efectuarse  mediante  la  firma  de  un 
mandamiento individual o de un resumen elaborado por medios informáticos y 
comprensivo de varios mandamientos, teniendo como límite los fondos disponibles 
para financiarlos.
6.  La  planificación  de  los  pagos  debe  realizarse  en  función  de  un 
presupuesto de la tesorería que se confecciona por la previsión de cobros y pagos 
y que debe actualizarse periódicamente.»
11.  Se modifica el artículo 50 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 50.
1.  Los mandamientos de pago deben ir acompañados de los documentos 
que acrediten la realización de la prestación o el derecho del acreedor, conforme a 
la respectiva autorización del gasto.
2.  Los  mandamientos  de  pago  que  cuando  se  expidan  no  puedan  ir 
acompañados de los documentos justificativos tienen el carácter de mandamientos 
a  justificar,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  que  sea  necesaria  a  los  créditos 
presupuestarios correspondientes.
3.  Los mandamientos de pago que deben justificarse comportan entrega de 
fondos que pueden tener el carácter de renovables o esporádicos y requieren su 
justificación  posterior.  El  régimen  de  funcionamiento,  la  justificación  y  los 
conceptos presupuestarios que pueden utilizarse deben ser fijados por orden del 
departamento competente en materia de finanzas.
4.  En el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del presupuesto 
los departamentos deben efectuar la autorización de gastos por el importe de la 
anualidad del ejercicio de los compromisos plurienales de gasto y por el importe 
de los contratos o convenios de alcance anual relativos al funcionamiento de los 
servicios. El departamento competente en materia de finanzas, previo informe del 
interventor delegado o interventora delegada correspondiente, puede efectuar una 
reserva  de  crédito  de  las  cantidades  anteriores  hasta  que  se  materialice  la 
autorización de gasto correspondiente.»
12.  Se modifican el título de la sección cuarta y el artículo 52 del texto refundido de 
la Ley de finanzas públicas de Cataluña, que quedan redactados del siguiente modo:
«Sección 4.ª Normas complementarias referidas a las entidades reguladas por el 
Estatuto de la empresa pública catalana y las demás entidades del sector público 
de la Generalidad»
«Artículo 52.
La gestión presupuestaria de las entidades del sector público diferentes de las 
entidades autónomas administrativas y el Servicio Catalán de la Salud debe ser  es
llevada  a  cabo  por  los  órganos  competentes  para  ello  de  acuerdo  con  los  o
respectivos  estatutos,  normas  de  funcionamiento  o  bases  de  ejecución  ww.
epdcasreetrpaásasucr tpteeaunrm etigsedetnaantdroeiea rcs,a o.l»e mnspo eebtlre emn tdaeer ecteonr  mmdiean taeladr ioaas ud ateos nfpinoeamcntíozasa  sdd epe ú gblealis ctgaióesns p tiuqóeunde e pl redesisc uteapsru  neposrrtomapraiiaas.   ddEeel    OE-A-2022-953able en https://w
13.  Se modifica el artículo 64 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 64.
La  Intervención  de  la  Generalidad,  con  plena  autonomía  respecto  de  los 
órganos y entidades sujetos a fiscalización, tiene las siguientes facultades:
a)  Ser el centro de control interno de acuerdo con las modalidades de control 
establecidas por el artículo 68.
b)  Ser el centro directivo de la contabilidad pública atribuida a la Generalidad 
de Cataluña.»
14.  Se modifica el artículo 66 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 66.
Si  la  objeción  del  artículo  65  afecta  a  la  disposición  de  gastos,  el 
reconocimiento  de  obligaciones  o  la  propuesta  de  pagos,  la  Intervención 
suspende, mientras no se resuelva, la tramitación del expediente en los siguientes 
casos:
a)  Si existe insuficiencia o inadecuación del crédito. 
b)  Si  existen  irregularidades  no  inmediatamente  subsanables  en  la 
documentación justificativa de las propuestas de pago o cuando el derecho del 
perceptor no quede suficientemente justificado. 
c)  Si carecen de requisitos esenciales en el expediente o cuando estime la 
posibilidad de graves pérdidas económicas si el expediente sigue gestionándose. 
d)  Si la objeción deriva de comprobaciones materiales de obras, suministros, 
adquisiciones o servicios.»
15.  Se modifica el apartado 1 del artículo 67 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
1.  Si el órgano afectado por la objeción a la que se refiere el artículo 66 no 
está de acuerdo, se procede del siguiente modo:
a)  Si  la  discrepancia  corresponde  a  una  intervención  delegada,  la 
Intervención General resuelve. 
b)  Si se mantiene la discrepancia o esta corresponde a la propia Intervención 
General, la resolución corresponde al Gobierno.»
16.  Se modifica el artículo 68 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 68.
1.  La Intervención General puede utilizar, para el ejercicio de sus funciones, 
las siguientes modalidades de control:
a)  La  función  interventora  o  fiscalización  previa  plena,  que  puede  ser  s
sustituida, en los supuestos que se determinen, por una fiscalización previa por  e.
muestreo. w.
b)  El control posterior. 3w
permc)a neEnl tec. ontrol  financiero,  que  puede  realizarse  de  forma  periódica  o
d)  El control de gestión en el ámbito económico-financiero.
2.  La  función  interventora  o  fiscalización  previa  plena  tiene  por  objeto 
controlar  todos  los  actos,  documentos  y  expedientes  de  la  Generalidad  que 
determinen  el  reconocimiento  de  derechos  y  obligaciones  de  contenido 
económico, así como los ingresos y pagos que se deriven y la recaudación y 
aplicación de los caudales.
3.  El  ejercicio  de  la  función  interventora  o  fiscalización  previa  plena 
comprende:
a)  La  intervención  previa  o  crítica  de  todos  los  actos,  documentos  y 
expedientes  susceptibles  de  producir  derechos  u  obligaciones  de  contenido 
económico o movimiento de fondos y valores. 
b)  La intervención formal y material de los pagos. 
c)  La intervención de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, 
suministros,  adquisiciones  y  servicios,  que  incluye  también  su  examen 
documental.
d)  La  interposición  de  recursos  y  de  reclamaciones  en  los  supuestos 
previstos por las leyes.
e)  El pedido al órgano o a los órganos competentes, cuando la naturaleza del 
acto, documento o expediente a intervenir lo requiera, de los asesoramientos 
adecuados  al  caso,  así  como  de  los  antecedentes  necesarios  para  el  mejor 
ejercicio de la función interventora. 
4.  El control posterior tiene por objeto comprobar que los actos, expedientes 
y  documentos  de  los  que  deriven  derechos  y  obligaciones  de  naturaleza 
económica o financiera se han ajustado a las normas jurídicas y procedimentales 
establecidas para cada materia. Como objeto complementario del control posterior, 
puede establecerse la evaluación de la gestión realizada y la organización de 
recursos disponibles en relación con los principios generales de buena gestión 
financiera.
5.  El control financiero tiene por objeto comprobar que el funcionamiento 
económico y financiero de la entidad u órgano o procedimiento controlado se 
ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de la buena gestión 
financiera. 
6.  El control de gestión en el ámbito económico-financiero tiene por objeto el 
análisis global o específico de los procedimientos, riesgos, sistemas, resultados, 
organización  y  programas  de  las  diferentes  unidades  y  entidades,  a  fin  de 
comprobar si la gestión de los recursos se ha efectuado de acuerdo con los 
principios de economía, eficiencia y eficacia. 
7.  El  personal  del  Cuerpo  de  Intervención  de  la  Generalidad  ejerce  las 
competencias atribuidas a la Intervención en el ámbito territorial de la Generalidad 
de Cataluña.» 
17.  Se añade una letra, la h, al artículo 76 del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«h)  Centralizar, cuando lo determine, la información contable de todas las 
entidades clasificadas como Administración pública de la Generalidad según el 
sistema europeo de cuentas, estableciendo, para facilitar el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como las 
obligaciones de información establecidas en la normativa vigente y con fines de  e.
control, la remisión de los datos contables y de gestión económica y financiera a  w.
dichas entidades, de acuerdo con la composición, el formato y la periodicidad que  3w
se determine.»
18.  Se modifica el apartado 4 del artículo 76 bis del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  Las  entidades  clasificadas  como  Administración  pública  de  la 
Generalidad  según  el  sistema  europeo  de  cuentas  que  prevean  formalizar 
contratos que impliquen la creación y explotación de infraestructuras mediante 
asociaciones público-privadas, de acuerdo con el sistema europeo de cuentas, u 
otros negocios jurídicos que difieran el impacto presupuestario de la ejecución de 
las inversiones, deben remitir la propuesta de actuación a la Intervención General, 
para analizar el impacto potencial en la capacidad o necesidad de financiación 
según el tratamiento establecido por la contabilidad nacional y para evaluar su 
sostenibilidad financiera, previamente al inicio de la licitación. El Gobierno de la 
Generalidad, a propuesta de la Intervención General, debe aprobar la modalidad 
de control a la que deben someterse estas operaciones. En operaciones de esta 
naturaleza superiores a los diez millones de euros, la Intervención General debe 
dar cuenta a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, con una 
periodicidad semestral, del resultado del control ejercido.»
19.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 81 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, que quedan redactados del siguiente modo:
«3.  En todos los casos, las entidades del sector público de la Generalidad, 
las entidades adscritas a la Generalidad, las universidades públicas financiadas 
por  la  Generalidad,  las  fundaciones  y  los  consorcios  en  que  la  Generalidad 
participa  mayoritaria  o  minoritariamente  deben  remitir  las  cuentas  anuales 
debidamente aprobadas a la Intervención General y a la Sindicatura de Cuentas 
antes  del  30  de  junio  del  año  posterior,  de  acuerdo  con  los  requisitos  que 
establezca  la  Intervención  General.  También  deben  remitir  la  misma 
documentación referida a las empresas y otras entidades en las que participan.
4.  La Intervención General formula la Cuenta general de la Generalidad, que 
debe presentar a la Sindicatura de Cuentas antes del 31 de julio. Las cuentas 
anuales consolidadas del sector público que deben incorporarse a la Cuenta 
general  deben  ser  elaboradas  y  enviadas  por  la  Intervención  General  a  la 
Sindicatura de Cuentas antes del 31 de octubre.»
20.  Se modifica el apartado 4 del artículo 83 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  Cuando los superiores jerárquicos de los presuntos responsables tengan 
noticia de un abastecimiento, malversación, daño o perjuicio a la hacienda de la 
Generalidad, o haya transcurrido el período que se señale reglamentariamente sin 
haberse justificado los mandamientos de pagos a los que se refiere, deben instruir 
las diligencias previas oportunas y adoptar con el mismo carácter las medidas 
necesarias para asegurar los derechos de la hacienda de la Generalidad.»
21.  Se modifica la letra c del artículo 84 del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«c)  Autorizar gastos sin créditos o con crédito insuficiente o infringiendo de 
algún otro modo las disposiciones vigentes sobre la materia.» s
22.  Se añade una letra, la c, al apartado 1 del artículo 88 del texto refundido de la  w.b
Ley de finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto: 3w
«c)  Las universidades públicas catalanas.»
23.  Se modifican las letras b, c y d del apartado 2 del artículo 94 del texto refundido 
de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, que quedan redactadas del siguiente modo:
«b)  Debe haber una propuesta motivada de la imposibilidad de promover la 
concurrencia del secretario o secretaria general o del órgano competente del 
departamento o del órgano asimilado en la estructura de las entidades autónomas 
y otras entidades del sector público.
c)  La  competencia  para  resolver  es  del  consejero  o  consejera 
correspondiente,  y  no  puede  ser  objeto  de  delegación.  En  el  caso  de  las 
entidades, la competencia para resolver es del órgano competente, de acuerdo 
con lo establecido por las letras b y c del artículo 93.
d)  Si el importe a conceder es superior a 300.000 euros o el que determine la 
Ley de presupuestos, será necesaria la autorización previa del Gobierno, salvo 
que se trate de una subvención con cargo a partidas nominativas a favor de una 
entidad participada por la Generalidad o de las universidades públicas catalanas.»
24.  Se añade un apartado, el 2 bis, al artículo 96 bis del texto refundido de la Ley 
de finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«2 bis.  El Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña debe incluir la 
información  de  todas  las  disposiciones  de  fondos  públicos  hechas  sin 
contraprestación a favor de personas físicas o jurídicas por razón de su estado, 
situación o hecho en que se encuentren o que soporten con la finalidad de cubrir 
sus necesidades y derechos básicos, u otras razones de interés general, de 
acuerdo con la normativa sectorial aplicable, así como las medidas de fomento 
económico,  otorgadas  por  los  sujetos  incluidos  en  el  apartado  2, 
independientemente del régimen jurídico de aplicación y de su denominación.»
25.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 98 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«4.  En caso de que los beneficiarios sean entes locales o entidades de su 
sector público, es requisito necesario para el pago de las subvenciones con cargo 
a los presupuestos de la Generalidad el cumplimiento de sus obligaciones de 
envío de documentación económico-financiera de acuerdo con lo establecido por 
la Ley municipal y de régimen local. La tesorería debe retener los pagos hasta que 
el departamento competente en materia de Administración local comunique su 
cumplimiento o hasta que el pago prescriba.»
26.  Se añade un capítulo, el XI, al texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, con el siguiente texto:
«CAPÍTULO XI
Política fiscal corporativa
Artículo 116.  Concepto de política fiscal corporativa.
1.  La política fiscal corporativa constituye un mecanismo de coordinación, 
seguimiento y supervisión que tiene por objeto establecer un marco de actuación 
homogéneo e integral de la Administración de la Generalidad y de las entidades  e.
que integran su sector público en materia tributaria, con la finalidad de mejorar la  w.
eficiencia de la gestión de los recursos públicos. 3w
infor2m. acLióan  afpisliccaalc yió nfi ndaen cliae rap odlíetilc sae cfitsocra pl úcbolircpoo rya tliav ag eresqtióunie raed meli naisntáralitsivisa  deen  leal 
ámbito tributario para anticipar y mitigar el posible riesgo fiscal del conjunto del
sector público de la Administración de la Generalidad y mejorar la seguridad 
jurídica en el cumplimiento de la normativa tributaria.
Artículo 117.  Sistema de información fiscal corporativa.
1.  El órgano competente en materia de la política fiscal corporativa impulsa, 
elabora  y  actualiza  el  sistema  de  información  fiscal  corporativa  de  la 
Administración de la Generalidad y de su sector público que tiene por objeto el 
análisis de la información fiscal de los departamentos y de las entidades que 
integran el sector público de la Administración de la Generalidad, el seguimiento 
de los indicadores de cumplimiento tributario que se establezcan para detectar los 
eventuales riesgos fiscales y la adopción de mecanismos de gestión y control 
homogéneos.
2.  La  información  que  debe  constar  en  el  sistema  de  información  fiscal 
corporativa debe ser de carácter fiscal, financiero o administrativo, y necesaria 
para el cumplimiento de las finalidades a las que se refiere el apartado 1.
3.  Los departamentos de la Administración de la Generalidad y las entidades 
que integran su sector público están obligados a facilitar al órgano competente en 
materia de política fiscal corporativa la información que se les requiera en el marco 
del sistema de información fiscal corporativa.
4.  A efectos de lo establecido en este capítulo, tienen la consideración de 
entidades del sector público de la Administración de la Generalidad, las entidades 
de su sector público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, participadas 
mayoritariamente, directa o indirectamente. Se entiende que la participación es 
mayoritaria  cuando  la  Administración  de  la  Generalidad  participa,  directa  o 
indirectamente, en más de un 50% de su capital o dispone de la mayoría de 
derechos de voto; o cuando tiene capacidad de nombrar o destituir a la mayoría de 
los miembros de los órganos de gobierno. Asimismo, se consideran entidades del 
sector  público  las  fundaciones  y  los  consorcios  que,  a  pesar  de  no  estar 
participados  mayoritariamente  por  la  Administración  de  la  Generalidad,  están 
adscritos a la misma.
5.  El  órgano  competente  en  materia  de  política  fiscal  corporativa  debe 
elaborar las instrucciones para determinar la información a suministrar, los canales 
y la periodicidad, de conformidad con las normativas de transparencia y protección 
de datos.
Artículo 118.  Responsabilidad y coordinación en el suministro de la información.
1.  Los altos cargos de los departamentos y el personal directivo de las 
entidades de su sector público que tengan atribuida la dirección y coordinación de 
la función de gestión económica y financiera tienen la consideración de sujetos 
responsables del suministro de información al sistema de información fiscal.
2.  Los departamentos de la Administración de la Generalidad deben designar 
la unidad o el órgano que debe desarrollar las tareas de unidad de información en 
el ámbito del sistema de información fiscal corporativa. En concreto, las tareas que 
deben  desarrollar  las  unidades  de  información  que  tienen  por  objeto  la 
coordinación, comunicación, apoyo y asesoramiento a los órganos y unidades que 
dependen de las mismas y a sus entidades adscritas, en el ámbito del sistema de 
información fiscal corporativa.» es
TÍTULO IV
Modificaciones legislativas en materia de patrimonio
Artículo 43.  Modificación del texto refundido de la Ley de patrimonio, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2002.
1.  Se  modifica  el  apartado  4  del  artículo  9  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, 
de 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente modo:
4.  Los bienes y derechos demaniales de la Generalidad pueden afectarse al 
dominio público de otras administraciones públicas para ser destinados a un uso o 
servicio público de su competencia. Esta afectación no altera la titularidad de los 
bienes o derechos ni su carácter demanial e implica el ejercicio de las facultades 
correspondientes a la gestión, defensa, mantenimiento y mejora de los bienes y 
derechos afectados.
La  Generalidad  solo  puede  aceptar  mutaciones  demaniales  de  bienes  y 
derechos efectuadas a su favor por otras  administraciones públicas para ser 
destinados a un uso o servicio público si se han adoptado con transmisión de la 
titularidad de los bienes o derechos. Corresponde al Gobierno de la Generalidad la 
aceptación de la mutación demanial mediante acuerdo.
Si el destino se ha mantenido durante todo el plazo acordado, no se produce la 
reversión  de  los  bienes  o  derechos  a  la  administración  transmitente  y  estos 
quedan integrados en el patrimonio de la administración adquirente.
En el caso de reversión de los bienes o derechos transmitidos por otras 
administraciones públicas, mediante mutación demanial, la Generalidad puede 
resarcirse del importe de las actuaciones que se han llevado a cabo y que sean 
consecuencia de las condiciones impuestas por la administración transmitente.»
2.  Se modifica la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de 
patrimonio de la Generalidad de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional segunda.
1.  Los departamentos de la Generalidad y los organismos y entidades de su 
sector público a los que sea aplicable el artículo 26 bis deben encargar a la 
empresa pública Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña, SAU, de acuerdo 
con las disposiciones de desarrollo que debe dictar el Gobierno para que este 
encargo sea efectivo y progresivo, la gestión del servicio de gestión de inmuebles 
y servicios de apoyo –FM– (mantenimiento, servicios vinculados a los inmuebles e 
infraestructuras y actuaciones en materia de eficiencia energética y sostenibilidad 
para alcanzar el objetivo de que todos los inmuebles e infraestructuras de la 
Administración de la Generalidad se provean de energía limpia y de proximidad, 
con fomento del autoconsumo) de los inmuebles y las infraestructuras ocupados 
mediante cualquier título jurídico por la Generalidad y por los entes y organismos 
de su sector público, salvo que se justifique que, por necesidad de reserva, por 
razones  técnicas  o  por  razón  de  complejidad,  sea  conveniente  que  sea  el 
departamento u organismo o entidad del sector público de la Generalidad que lo 
ocupa el que lleve a cabo este servicio de gestión de inmuebles y servicios de  e
apoyo (FM). bo
Como concreción de lo dispuesto en el párrafo anterior, las actuaciones cuyo  w
Cenactaalrugñoa, , eSnAtrUe , octoromsp, rednedbeen  reexaplirzeasrasem ean tIen flraase sctorurrcetsupraosn ddieen tleas  Gae inmepralalindtaadc iódne, 
mdea nptreonxiimmiiednatdo  pyr oompeorvaidcaiósn  pdoer  ilnaf rGaeensterruacltiduarads  ye l oinss otarlgaacnioisnmeso sd ey  eennetidrgaídae lsim dpeia s uy 
sector público, directamente o en colaboración con terceros, en sus inmuebles y
para abastecimiento de estos y, en general, las actuaciones para mitigación y 
adaptación  al  cambio  climático  vinculadas  a  los  inmuebles  e  infraestructuras 
ocupados mediante cualquier título jurídico por la Generalidad y por los entes y 
organismos de su sector público.
Estos  encargos  deben  seguir  las  directrices  de  desarrollo  y  estrategia 
energética  y  ambiental  de  la  Generalidad  establecidas  por  sus  órganos 
competentes. En el caso de los encargos en materia de eficiencia energética o 
autogeneración renovable, estos encargos deben incorporar los criterios y las 
especificaciones incluidos en el plan de ahorro y eficiencia energética en los 
edificios  y  equipamientos  de  la  Generalidad  a  los  que  hace  referencia  la 
disposición  adicional  quinta  de  la  Ley  16/2017,  de  1  de  agosto,  del  cambio 
climático.
Estos encargos también deben incluir las actuaciones e inversiones necesarias 
para dar cumplimiento a los objetivos departamentales en cuanto a la eficiencia 
energética  y  autogeneración  renovable  especificados  en  el  plan  de  ahorro  y 
eficiencia  energética  en  los  edificios  y  equipamientos  de  la  Generalidad.  El 
Instituto Catalán de Energía debe emitir un informe sobre estos encargos con 
carácter previo y puede proponer medidas de mejora o de modificación de algunas 
actuaciones. Estas medidas son vinculantes en cuanto a los objetivos de ahorro 
energético e implantación de energías renovables previstos en el plan de ahorro y 
eficiencia  energética  en  los  edificios  y  equipamientos  de  la  Generalidad  que 
aprueba el Gobierno.
Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña, SAU asume las tareas de 
prospección,  contratación,  ejecución,  operación,  supervisión  y  coordinación 
ejecutiva de estas actuaciones según las directrices mencionadas.
2.  Para garantizar la viabilidad de los encargos de gestión de inmuebles y 
servicios de apoyo (FM) a Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña, SAU, es 
preciso  indispensablemente  la  cesión  a  su  favor  de  los  puestos  de  trabajo 
relacionados con la materia objeto del encargo dotados presupuestariamente por 
el departamento o por el organismo o entidad del sector público que realice el 
encargo.
3.  En la medida en que la gestión del servicio de gestión de inmuebles y 
servicios de apoyo (FM) de los inmuebles e infraestructuras ocupados por un 
departamento o por un organismo o entidad del sector público de la Generalidad 
se vayan traspasando a Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña, SAU, los 
encargos posteriores de gestión de la promoción de nuevas actuaciones que se 
efectúen a esta sociedad deben recoger la gestión integral de la actuación, es 
decir, el encargo de la gestión del proyecto, de la ejecución de la obra y del futuro 
servicio  de  gestión  de  inmuebles  y  servicios  de  apoyo  (FM)  del  inmueble  o 
infraestructura.»
TÍTULO V
Medidas en materia de contratación pública
Artículo 44.  Transparencia y publicidad de los contratos tramitados por emergencia por 
la  Administración  de  la  Generalidad  y  su  sector  público,  así  como  por  las 
universidades públicas y las entidades que dependen de ellas.
1.  La adjudicación y, en su caso, formalización de los contratos tramitados por  b
emergencia por la Administración de la Generalidad y su sector público, así como por las  w
luan icvoemrsuidnaicdaecsi ópnú belifceacstu ya dsuas  ael nGtidoabdieersn od,e pdeenbdeine npteusb, lijcuanrtsoe c oenn  lae lm peemrfoil ridae jlu sótrifgicaantoiv ad ey 
ceonn etrl aptlaaczioó nd ea ltorejaindtoa  ednía lsa  nPaltautraafloersm aa  cdoen tsaer rdveicsiodse  ldae a cdojundtricaataccióiónn o p dúeb lliac afo drme aCliaztaacluióñna.,
2.  Los datos relativos a estos contratos deben comunicarse al Registro público de 
contratos de la Generalidad.
PARTE TERCERA
Medidas en el ámbito del sector público
TÍTULO VI
Medidas administrativas en materia de personal de la Administración 
de la Generalidad y su sector público
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo  45.  Modificación  de  la  Ley  5/2012,  de  medidas  fiscales,  financieras  y 
administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos 
turísticos, en relación con  los efectos económicos  de la carrera profesional del 
personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud.
Se modifica la disposición adicional undécima de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de 
medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las 
estancias en establecimientos turísticos, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional undécima.  Efectos económicos de los nuevos niveles de 
carrera profesional asignados al personal estatutario del Instituto Catalán de la 
Salud.
Las convocatorias para alcanzar nuevos niveles de carrera profesional deben 
resolverse durante el año siguiente a la finalización del período de presentación de 
solicitudes y producen efectos económicos desde el día 1 de enero del año de la 
resolución de asignación.»
Artículo 46.  Modificación del Decreto ley 5/2021, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la 
Generalidad de Cataluña y su sector público.
Se modifica el apartado 6 del artículo 31 del Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, por 
el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para 
la  Administración  de  la  Generalidad  de  Cataluña  y  su  sector  público,  que  queda 
redactado del siguiente modo:
«31.6  La  atribución  temporal  de  funciones  de  personal  con  vinculación 
preexistente en otros departamentos o entidades públicas requiere la autorización 
de la persona titular de la secretaría general del departamento o responsable de 
personal  de  la  entidad  de  adscripción  a  efectos  de  no  afectar  a  la  normal 
prestación del servicio. es
La atribución temporal de funciones a personal funcionario interino y personal  bo
laboral temporal solamente puede tener lugar en los programas adscritos a los  w
ddpieúspbpaluicretoas,mt oae penrontob sea ld ooa  rpteíocnrut iledola  Rd7e3es ad l eddloe tncerdxeetto o p lrereegfsuistnaladnti divsooe  d5rve/2ilc 0iEo1ss5,t, a dtyue t eo3n 0b  ádlosesi c oocté tdurmeblri ene.om»s pdleea dloo   OE-A-2022-95able en https://
Artículo 47.  Modificación de la refundición en un texto único de los preceptos de 
determinados textos legales en Cataluña en materia de función pública, aprobada por 
el Decreto legislativo 1/1997.
1.  Se añade un apartado, el 3, al artículo 49 de la refundición en un texto único de 
los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función 
pública, aprobada por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, con el siguiente 
texto:
«3.  La valoración de la fase de concurso no puede significar más de un 
cuarenta por ciento de la puntuación total del conjunto del proceso selectivo de 
concurso oposición.»
2.  Se modifica la letra c del apartado 2 del artículo 86 de la refundición en un texto 
único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia 
de función pública, que queda redactada del siguiente modo:
«c)  Por  incompatibilidades.  Se  concede  si  los  funcionarios  públicos  se 
encuentran  en  situación  de  servicio  activo  en  otro  cuerpo  u  otra  escala  de 
cualquiera  de  las  administraciones  públicas  o  pasan  a  prestar  servicios  en 
organismos  o  entidades  del  sector  público,  siempre  que  no  les  corresponda 
quedar  en  otra  situación  y  salvo  que  hayan  obtenido  la  correspondiente 
autorización  de  compatibilidad,  de  acuerdo  con  la  legislación  de 
incompatibilidades. El órgano competente puede conceder automáticamente y de 
oficio este tipo de excedencia.
El  nombramiento  como  personal  interino  o  la  contratación  como  personal 
laboral temporal no habilita para pasar a esta situación administrativa.»
3.  Se añade un apartado, el 5, al artículo 88 de la refundición en un texto único de 
los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función 
pública, con el siguiente texto:
«5.  El personal interino puede ser declarado en la situación de servicios 
especiales  cuando  concurra  alguno  de  los  supuestos  establecidos  por  el 
apartado 1 y puede permanecer en esta situación siempre que se mantenga la 
causa que dio lugar a su nombramiento como personal interino.»
4.  Se modifica la letra b del artículo 122 de la refundición en un texto único de los 
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función 
pública, que queda redactada del siguiente modo:
«b)  Específicamente, al personal funcionario interino le es de aplicación el 
régimen general del personal funcionario de carrera cuando sea adecuado a la 
naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su 
nombramiento, salvo los derechos inherentes a la condición de funcionario de 
carrera.»
5.  Se modifica la disposición adicional vigésima sexta de la refundición en un texto 
único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia 
de función pública, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición  adicional  vigésima  sexta.  Reasignaciones  funcionales  de  e.e
empleados públicos. w.b
dgpeaúprbaalCincrottaaincsm e lc aea nltfaatino laasn elidafyiacs a,de c endintaei d e acld domeenlass r ecsdgoeeu rdliv re iscu ceinooc  ntmovqree ujnoepir úo bsas lpidecre oo  vcpevorcielnahscbatuaoml raaideacan ióston lo  ydsin e tl eaclrosiau sdd umranediicnvaueisnrrstosroasids,t ai vqdaluoe oess     OE-A-2022-95able en https://
de programas para el desarrollo de proyectos de interés común, identificados y
previo  informe  del  departamento  competente  en  materia  de  función  pública, 
pueden  llevar  a  cabo  reasignaciones  funcionales  de  empleados  públicos,  de 
acuerdo con la normativa laboral y de función pública aplicable.»
6.  Se añade una disposición transitoria, la decimocuarta, a la refundición en un 
texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en 
materia de función pública, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria decimocuarta.
Los funcionarios de carrera que se encuentren en la situación administrativa 
de excedencia voluntaria por incompatibilidades porque están prestando servicios 
como personal interino o personal laboral temporal en cualquier administración 
pública o en organismos o entidades del sector público pueden permanecer en 
esta  situación  administrativa  mientras  se  mantenga  el  nombramiento  como 
personal interino o el contrato laboral temporal que estén vigentes el 1 de enero 
de 2022.»
Artículo 48.  Modificación de la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.
1.  Se añade una letra, la n, al artículo 9.1 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el siguiente texto:
«n)  Las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas a los altos cargos 
de la Administración de la Generalidad y al personal directivo de su sector público, 
en los términos del artículo 90 bis.»
2.  Se añade un artículo, el 90 bis, a la Ley 19/2014, con el siguiente texto:
«Artículo 90 bis.  Publicidad de las infracciones y sanciones.
1.  Las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas a los altos cargos de 
la Administración de la Generalidad y al personal directivo de su sector público son 
públicas.
2.  A efectos de lo establecido por el apartado 1, la Administración de la 
Generalidad y las entidades de su sector público deben publicar en el Portal de la 
Transparencia la parte dispositiva de las resoluciones firmes que ponen fin a los 
expedientes sancionadores incoados contra altos cargos de la Administración de 
la  Generalidad  y  personal  directivo  de  su  sector  público  con  motivo  de  las 
infracciones cometidas reguladas por este capítulo.»
Artículo  49.  Efectos  del  silencio  administrativo  en  determinados  procedimientos  en 
materia de personal y de función pública.
A efectos de lo establecido por el artículo 24.1 de la Ley del Estado 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las 
personas  interesadas  pueden  entender  desestimadas  sus  solicitudes,  una  vez 
transcurrido el plazo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, 
en los siguientes procedimientos iniciados a instancia de las personas interesadas en 
materia de personal: e.
a)  Reingreso  al  servicio  activo  del  personal  procedente  de  situaciones  w
admbin) istArauttiovarisz aqcuióen n doe c poemrpmourttae nd ere psueervsato dse d pel atrzaab ya jdoe.stino, o de puesto de trabajo.
cd))   RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  glar acdoom ppeartsiboinlidaal dy  ddee  suenrav isceiogsu pnrdeas taacdtiovsid.ad pública o privada.
e)  Autorización  del  disfrute  del  período  de  vacaciones  fuera  de  los  períodos 
ordinarios.
f)  Concesión del permiso por asuntos personales.
g)  Concesión  de  licencias  para  realizar  estudios  sobre  materias  directamente 
relacionadas con el puesto de trabajo, para asuntos propios sin ninguna retribución y 
para realizar cursos de formación.
h)  Declaración  de  las  situaciones  administrativas  de  servicios  en  otras 
administraciones  y  de  servicios  especiales  en  el  caso  del  personal  funcionario,  y 
concesión de excedencia forzosa en el caso del personal laboral.
i)  Concesión de excedencias voluntarias, salvo las motivadas por conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral.
j)  Modificaciones  de  jornada  y  horario,  incluidas  las  solicitudes  relativas  a  la 
modalidad  de  teletrabajo,  salvo  las  motivadas  por  conciliación  de  la  vida  personal, 
familiar y laboral.
k)  Jubilación voluntaria.
l)  Prolongación de la permanencia en el servicio activo.
m)  Otorgamiento de dietas, asistencias e indemnizaciones por razón del servicio, 
incluidos los anticipos, así como cualquier otro procedimiento cuya resolución implique 
efectos económicos, o que puedan afectar la correcta prestación de los servicios.
CAPÍTULO II
Normas sectoriales
Artículo 50.  Modificación de la Ley 5/1994, de regulación de los servicios de prevención 
y extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña.
1.  Se añade una disposición adicional, la décima, a la Ley 5/1994, de 4 de mayo, 
de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos 
de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional décima.
1.  Las convocatorias para acceder a las diferentes categorías de las escalas 
básica, técnica, ejecutiva y superior del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad de 
Cataluña aprobadas a partir del 1 de enero de 2022 pueden determinar el número 
de  plazas  reservadas  para  mujeres  para  cumplir  el  objetivo  de  equilibrar  la 
presencia de mujeres y hombres en las diferentes categorías.
El número de plazas reservadas para mujeres debe ser proporcional a los 
objetivos perseguidos y no puede ser inferior al 25% ni superior al 40% de las 
plazas convocadas.
2.  En caso de que se haga uso de la reserva de plazas regulada por la 
presente disposición, los procedimientos selectivos de acceso y de promoción 
interna correspondientes deben articularse en dos turnos diferenciados de plazas 
reservadas y no reservadas a mujeres. En caso de que el proceso selectivo 
incluya limitaciones del número máximo de personas aspirantes que pueden ser 
convocadas en la prueba siguiente, debe establecerse qué parte de este máximo 
corresponde a cada turno, de acuerdo con el porcentaje de plazas reservadas a 
mujeres establecido en la convocatoria. es
Una  vez  finalizadas  las  fases  de  oposición  y  concurso,  en  su  caso,  la  o
convocatoria a la fase de formación debe realizarse siguiendo una lista final de las  ww.
papoepebrlrtiesscoonannindaadasso    ya lqsodupseei r  acanrhcittaueeyesrair ocdnsoo  n sdcvueoop nceda reedaslad esnom ú amp elaale t refpoa r seomesc táedaxsebiom lef,o ocrio mddrodaesec  inpólaelnadg zpaaauslsm e edrseneest geteeú.r nnvNe ardil naaug snu p ndpuaionfe rt urdetaeunc rcnilóaioans,l     OE-A-2022-953able en https://w
negativo de puntuación de más del 20% respecto a las personas del otro turno que
se encuentren dentro del número máximo de personas a convocar a la fase de 
formación sumando ambos turnos, de acuerdo con lo que establezcan las bases 
de cada convocatoria.
Las  plazas  reservadas  para  cada  turno  que  queden  vacantes  pasarán  a 
incrementar las fijadas para el otro turno hasta alcanzar el número máximo de 
plazas convocadas.
3.  La reserva de plazas regulada por la presente disposición no es aplicable 
si  en  la  categoría  objeto  de  la  convocatoria  hay  una  presencia  de  mujeres 
funcionarias igual o superior al 40%.»
2.  Se modifica el artículo 15 de la Ley 5/1994, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 15.
El  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  Generalidad  se  estructura  en  una  línea 
jerárquica, según las siguientes escalas y categorías:
a)  Escala superior, que comprende la categoría de inspector.
b)  Escala ejecutiva, que comprende la categoría de subinspector.
c)  Escala técnica, que comprende las categorías de oficial, de sargento, de 
cabo y de bombero de primera.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 5/1994, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  Las  funciones  que  corresponden  preferentemente  a  las  diferentes 
escalas del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad son las siguientes:
a)  En la escala superior, las de dirección, coordinación y orientación de 
unidades técnicas y las operativas de nivel superior, y las demás específicas de 
prevención y extinción de incendios y de salvamentos que sean determinadas por 
vía  reglamentaria,  así  como  la  dirección  y  mando  de  las  unidades 
correspondientes en las situaciones en que le sea encomendado ejercer como jefe 
de guardia.
b)  En la escala ejecutiva, las de coordinación y mando de unidades técnicas 
y las operativas de nivel intermedio, y las demás específicas de prevención y 
extinción  de  incendios  y  de  salvamentos  que  sean  determinadas  por  vía 
reglamentaria,  así  como  el  mando  de  las  unidades  correspondientes  en  las 
situaciones en que le sea encomendado ejercer como jefe de guardia.
c)  En la escala técnica, las operativas en tareas de prevención y extinción de 
incendios  y  de  salvamentos  y  de  apoyo  sanitario  en  emergencias,  y  las  de 
inspección y las de mando de unidades operativas y logísticas determinadas por 
vía reglamentaria.»
4.  Se modifica el apartado 2 del artículo 17 de la Ley 5/1994, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  Para ingresar en las diferentes escalas del Cuerpo de Bomberos de la 
Generalidad, es necesario poseer las titulaciones exigidas o cumplir los requisitos 
establecidos por el artículo 18 bis, de acuerdo con la siguiente gradación: e.e
a)  Escala superior, titulación del grupo A. w
bc))   EEssccaallaa  teéjecncuictaiv,a t,it utitlauclaiócnió nd edl egl rgurpuop oC 1B..»
5.  Se modifica el artículo 18 de la Ley 5/1994, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 18.
1.  El acceso a la categoría de bombero de primera se realiza por oposición o 
por concurso-oposición, en convocatoria libre. Es necesario superar, además, un 
curso selectivo en la Escuela de Bomberos y Protección Civil de Cataluña.
2.  La Administración de la Generalidad puede determinar el acceso a la 
categoría de bombero de primera de la Generalidad de los miembros del cuerpo 
de bomberos de las entidades locales, dentro de la misma categoría, por el 
sistema de concurso y después de haber superado un curso selectivo en la 
Escuela de Bomberos y Protección Civil de Cataluña.
3.  Asimismo, la Administración de la Generalidad puede determinar, en las 
convocatorias de acceso a la categoría de bombero de primera, la valoración en la 
fase  de  concurso  del  tiempo  prestado  como  bombero  voluntario  de  la 
Generalidad.»
6.  Se modifica el artículo 58 de la Ley 5/1994, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo  58.  Plan  de  carrera  profesional  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  la 
Generalidad.
1.  La carrera horizontal de los miembros del Cuerpo de Bomberos de la 
Generalidad supone el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional de 
acuerdo  con  un  modelo  de  competencias  y  habilitaciones  operativas  y  la 
consecución de diferentes niveles de pericia y experiencia, validados mediante la 
evaluación del rendimiento y de las competencias profesionales.
2.  Reglamentariamente,  mediante  orden  del  consejero  competente  en 
materia de seguridad pública y en el plazo de un mes, debe establecerse un 
sistema de itinerarios profesionales estructurados en niveles de pericia profesional 
en el mismo puesto de trabajo y en la provisión de los puestos de trabajo de las 
diferentes especialidades que se creen, así como las condiciones de acceso, 
períodos mínimos de permanencia y salida de cada una de las especialidades y 
del  desarrollo  profesional.  Los  niveles  de  especialidad,  una  vez  reconocidos, 
deben  ser  objeto  de  consolidación  de  acuerdo  con  las  reglas  generales  de 
consolidación y reconocimiento del grado personal, salvo en los supuestos en los 
que no se acrediten las aptitudes y capacidades requeridas, y sin perjuicio de lo 
dispuesto por la regulación del régimen disciplinario para la sanción de demérito.
3.  La Escuela de Bomberos y Protección Civil de Cataluña, en colaboración y 
coordinación con la dirección general competente en materia de prevención y 
extinción de incendios y de salvamentos, de acuerdo con la legislación vigente 
para la expedición y homologación de títulos y formación especializada, debe 
elaborar el plan formativo del Plan de carrera profesional del Cuerpo de Bomberos 
de la Generalidad.»
7.  Se añade una disposición transitoria, la decimotercera, a la Ley 5/1994, con el 
siguiente texto:
«Disposición transitoria decimotercera.  Extinción de la categoría de bombero de  w.b
la escala básica y las plazas que la componen. 3w
bdáesl iECcalu p emerprasono tnedaneld  frBuáon tmcoiodbnoeasro rsisou  qsq uudeee  rpceeocrnht eofnsee cczhocama  1oa   fdluaen c ceaiontenegaroorir oída de de e2 c 0ba2or4rme rpbaee.r rLtoeo ndsee mz lcaiae enms bcara ollaas    OE-A-2022-95able en https://
categoría de bombero de la escala básica podrán, a partir de esta fecha, acceder
a la categoría de bombero de primera de la escala técnica en una convocatoria 
específica de promoción interna en la que el requisito de poseer dos años de 
antigüedad en la categoría de bombero de la escala básica establecido por el 
artículo 18 bis no será de aplicación.»
Artículo 51.  Modificación de la Ley 16/1984, del estatuto de la función interventora.
1.  Se modifica el artículo 2 de la Ley 16/1984, de 20 de marzo, del estatuto de la 
función interventora, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2.
1.  El  ejercicio  de  la  función  interventora  corresponde  a  la  Intervención 
General de la Generalidad, que debe actuar con plena autonomía respecto a los 
órganos y entidades sujetos a fiscalización y que tiene las siguientes facultades:
a)  Ser el centro de control interno de la Administración de la Generalidad y su 
sector público, sin perjuicio del control que ejercen el Tribunal de Cuentas y la 
Sindicatura de Cuentas.
b)  Ser el centro directivo de la contabilidad pública correspondiente a la 
Administración de la Generalidad y su sector público.
2.  El ejercicio de las funciones de control y contabilidad de acuerdo con la 
Ley de finanzas públicas de Cataluña corresponde al personal del Cuerpo de 
Intervención de la Generalidad de Cataluña.»
2.  Se modifica la letra b del apartado 1.A del artículo 3 de la Ley 16/1984, que 
queda redactada del siguiente modo:
«b)  Intervenir y comprobar materialmente el gasto realizado con los caudales 
públicos, requiriendo, en su caso, la ayuda de funcionarios especializados para la 
emisión de informes razonados sobre la comprobación material de las obras, 
suministros, adquisiciones y servicios.
Esta comprobación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones anuales 
que apruebe la Intervención General a estos efectos, que deben fundamentarse 
en un análisis de riesgos del ámbito u operaciones a controlar o en una obligación 
legal, así como en los medios disponibles y el tiempo necesario para realizarla.»
3.  Se modifica el artículo 6 de la Ley 16/1984, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 6.
1.  El personal del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña 
depende jerárquica y funcionalmente del interventor o interventora general de la 
Generalidad, el cual asigna los destinos.
2.  El personal del Cuerpo de Intervención de la Generalidad debe ejercer sus 
funciones con plena autonomía respecto de las autoridades, entidades, unidades y 
órganos  de  la  Generalidad  de  su  ámbito  de  actuación,  de  acuerdo  con  la 
normativa correspondiente y las instrucciones de la Intervención General.
3.  El interventor o interventora general, con el fin de cumplir las funciones  e.e
atribuidas, puede asignar los destinos del personal de la Intervención General.» b
4.  Se modifica el artículo 7 de la Ley 16/1984, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 7.
1.  El interventor o interventora general de la Generalidad se nombra por 
decreto  del  Gobierno,  a  propuesta  de  la  persona  titular  del  departamento 
competente en materia de finanzas públicas, y debe pertenecer al Cuerpo de 
Intervención de la Generalidad de Cataluña que establece esta ley.
2.  El  Gobierno  debe  determinar  mediante  decreto  la  estructura,  las 
competencias y las funciones de la Intervención General de la Generalidad.
3.  El  interventor  o  interventora  general  puede  emitir  las  instrucciones 
necesarias para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas la Intervención 
General.»
5.  Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado, el 4, al artículo 11 de la 
Ley 16/1984, que quedan redactados del siguiente modo:
«2.  La mitad, como mínimo, de las plazas que se convoquen para acceder a 
la Escala Superior de Intervención deben ser para el turno de promoción interna y 
deben reservarse al personal que acredite una antigüedad mínima de cuatro años 
como funcionario de carrera de la Escala Técnica de Control y Contabilidad. Los 
procesos  selectivos  de  acceso  por  el  turno  de  promoción  interna  pueden 
establecer  exenciones  en  relación  a  determinadas  pruebas  o  ejercicios  o  en 
relación  con  la  evaluación  de  las  partes  del  temario  que  se  consideren 
superadas.»
«4.  Pueden articularse mecanismos de promoción interna horizontal para 
acceder a la Escala Técnica de Control y Contabilidad del Cuerpo de Intervención 
de la Generalidad de Cataluña por parte del personal funcionario de carrera del 
Cuerpo Superior de Administración de la Generalidad de Cataluña que acredite 
haber prestado servicios durante dos años, como mínimo, en puestos de trabajo 
de este cuerpo.»
6.  Se modifica el nombre de la disposición transitoria de la versión inicial de la 
Ley 16/1984, que pasa a denominarse «disposición transitoria primera».
7.  Se modifica el nombre de la disposición transitoria de la Ley 16/1984, añadida 
por  el  artículo  107.4  de  la  Ley  5/2020,  de  29  de  abril,  que  pasa  a  denominarse 
disposición transitoria segunda, y se añade un apartado, el 5, con el siguiente texto:
«5.  Los puestos vacantes de la escala técnica de control y contabilidad del 
Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Catalunya pueden ser ocupados 
transitoriamente, por un período de cinco años, por personal de la escala superior 
de  administración  general  del  Cuerpo  Superior  de  Administración,  y 
excepcionalmente, por otros cuerpos.»
Artículo 52.  Modificación de la Ley 16/1991, de las policías locales.
Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las 
policías locales, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Es jefe del cuerpo el miembro de la plantilla de mayor graduación; en  e.
caso de igualdad, corresponde al alcalde realizar el nombramiento, de acuerdo  w.
con  los  principios  de  objetividad,  de  mérito,  de  capacidad  y  de  igualdad  de  3w
oportunidades.»
Artículo 53.  Modificación de la Ley 10/1994, de la Policía de la Generalidad - Mossos 
d’Esquadra.
1.  Se añade un apartado, el 3, al artículo 21 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la 
Policía de la Generalidad - Mossos d’Esquadra, con el siguiente texto:
«3.  Las  convocatorias  de  promoción  interna  a  las  categorías  de  cabo, 
sargento, subinspector o subinspectora, inspector o inspectora e intendente o 
intendenta pueden prever mecanismos para optar a las plazas según los criterios 
territoriales y de especialidad que se determinen por acuerdo del Gobierno.»
2.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 22 de la Ley 10/1994, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«1.  El acceso a la categoría de mozo o moza se realiza por el sistema de 
concurso oposición.»
«3.  El acceso requiere, además de la superación de las pruebas selectivas 
que establece la convocatoria, la superación de un curso selectivo, que debe 
organizar la Escuela de Policía de Cataluña, y de un período de prácticas cuya 
evaluación debe restringirse a los méritos y capacidades profesionales. Están 
exentos del curso selectivo las personas aspirantes que aporten un certificado de 
haber superado el curso correspondiente en la Escuela de Policía de Cataluña.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 74 de la Ley 10/1994, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  No pueden imponerse sanciones por faltas graves o muy graves si no es 
en virtud de un expediente instruido al efecto; la tramitación del expediente debe 
regirse por los principios de sumariedad y de celeridad, pero en ningún caso 
puede existir indefensión. La sanción por faltas leves puede imponerse sin ningún 
otro trámite que el de audiencia a la persona interesada. La duración máxima del 
expediente no puede ser superior a ocho meses, salvo que la Administración 
justifique una prórroga expresa o exista una conducta dilatoria de la persona 
inculpada.»
4.  Se modifica el apartado 3 del artículo 74 de la Ley 10/1994, que queda redactado 
del siguiente modo:
«3.  La imposición de las sanciones fijadas por esta ley corresponde a la 
persona titular del departamento competente en materia de seguridad pública, 
competencia que puede ser desconcentrada en otros órganos del departamento, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley del Estado 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público.»
5.  Se modifica el apartado 1 del artículo 76 de la Ley 10/1994, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  La suspensión provisional puede acordarse por un plazo de un mes, 
finalizado el cual puede prorrogarse por otro mes, y así sucesivamente hasta un 
plazo máximo de ocho meses, salvo que se interrumpa el procedimiento por causa 
imputable al expedientado o que se encuentre abierto un procedimiento penal por  s
delito. En el primer caso, se interrumpe el cómputo del plazo mientras dure la  oe.
paralización, y en el segundo la suspensión provisional puede prolongarse hasta  w.
que finalice el expediente disciplinario.» 2022-953n https://w
6.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 78 de la Ley 10/1994, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«2.  Las faltas muy graves prescriben a los tres años; las graves, a los dos 
años, y las leves, a los seis meses.
3.  Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años; 
las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al 
año.»
7.  Se suprime la disposición transitoria séptima de la Ley 19/1994.
8.  Se  añade  una  disposición  adicional,  la  séptima,  a  la  Ley  10/1994,  con  el 
siguiente texto:
«Disposición adicional séptima.
1.  Las convocatorias para acceder a las diferentes categorías de las escalas 
básica,  intermedia,  ejecutiva  y  superior  del  Cuerpo  de  Mossos  d'Esquadra 
aprobadas a partir del 1 de enero de 2022 pueden determinar el número de plazas 
reservadas para mujeres para cumplir el objetivo de equilibrar la presencia de 
mujeres y hombres en las diferentes categorías.
El número de plazas reservadas para mujeres debe ser proporcional a los 
objetivos perseguidos y no puede ser inferior al 25% ni superior al 40% de las 
plazas convocadas.
2.  En caso de que se haga uso de la reserva de plazas regulada por la 
presente disposición, los procedimientos selectivos de acceso y de promoción 
interna correspondientes deben articularse en dos turnos diferenciados de plazas 
reservadas y no reservadas a mujeres. En caso de que el proceso selectivo 
incluya limitaciones del número máximo de personas aspirantes que pueden ser 
convocadas en la prueba siguiente, debe establecerse qué parte de este máximo 
corresponde a cada turno, de acuerdo con el porcentaje de plazas reservadas a 
mujeres establecido en la convocatoria.
Una  vez  finalizadas  las  fases  de  oposición  y  concurso,  en  su  caso,  la 
convocatoria a la fase de formación debe realizarse siguiendo una lista final de las 
personas  que  hayan  superado  el  proceso,  ordenadas  según  la  puntuación 
obtenida y de acuerdo con el número máximo de plazas reservadas por turno, 
aplicando los criterios de desempate establecidos legalmente. Ninguna de las 
personas aspirantes convocadas a la fase de formación puede tener un diferencial 
negativo de puntuación de más del 20% respecto a las personas del otro turno que 
se encuentren dentro del número máximo de personas a convocar a la fase de 
formación sumando ambos turnos, de acuerdo con lo que establezcan las bases 
de cada convocatoria.
Las  plazas  reservadas  para  cada  turno  que  queden  vacantes  pasarán  a 
incrementar las fijadas para el otro turno hasta alcanzar el número máximo de 
plazas convocadas.
3.  La reserva de plazas regulada por la presente disposición no es aplicable 
si  en  la  categoría  objeto  de  la  convocatoria  hay  una  presencia  de  mujeres 
funcionarias igual o superior al 40%.»
Artículo 54.  Modificación de la Ley 17/2003, del Cuerpo de Agentes Rurales. s
1.  Se modifica el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 17/2003, de 4 de julio, del  w.b
Cuerpo de Agentes Rurales, que queda redactado del siguiente modo: 3w
«2.  El acceso a la categoría de agente se realiza por el sistema de concurso
odpeo Sseicgióunri dya rde qPuúiebrliec ala d seu Cpeartaacluióñna  dye d uen u cnu rpseor ísoedloe cdteiv op roárcgtaicnaizsa ddeo  speoisr  eml eInssetsit udtoe 
duración.  Los  períodos  de  prácticas  se  realizan  en  los  servicios  y  las
demarcaciones territoriales que, en función de su actividad, sean más adecuados 
para la formación integral de las personas aspirantes y el particular conocimiento 
de la estructura y el funcionamiento de las tareas asignadas al Cuerpo de Agentes 
Rurales, además de garantizar el conocimiento del territorio y de las tareas propias 
del ámbito rural.»
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 17/2003, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  Dentro de los límites fijados por la normativa reguladora de la función 
pública de la Generalidad, cada convocatoria debe reservar el número de plazas a 
las  que  pueden  acceder  por  promoción  interna  los  miembros  del  Cuerpo  de 
Agentes Rurales que acrediten un mínimo de dos años de servicio activo en la 
escala inmediatamente inferior y no hayan sido sancionados por falta grave o muy 
grave, salvo que hayan obtenido la cancelación de la sanción impuesta, siempre 
que cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria y que superen un curso 
selectivo organizado por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Pueden 
participar los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales que, sin tener la titulación 
exigida  para  ingresar  en  las  escalas  superiores,  tengan  la  titulación 
inmediatamente inferior y cumplan el resto de requisitos establecidos.»
3.  Se modifica el artículo 16 de la Ley 17/2003, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 16.  Acceso a la categoría de agente mayor y oficial u oficiala.
El acceso a la categoría de agente mayor y oficial u oficiala se hace por 
promoción interna, mediante el sistema de concurso oposición entre los miembros 
del Cuerpo de Agentes Rurales que tengan una antigüedad de dos años de 
servicio  activo  en  la  categoría  inmediatamente  inferior  y  que  superen  el 
correspondiente  curso  selectivo  de  formación,  organizado  por  la  Escuela  de 
Administración Pública de Cataluña.»
4.  Se modifica la disposición adicional primera de la Ley 17/2003, que queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional primera.  Equilibrio en la presencia de mujeres y hombres 
en las distintas categorías.
1.  Las convocatorias para acceder a las diferentes categorías de las escalas 
básica, ejecutiva y superior del Cuerpo de Agentes Rurales aprobadas a partir 
del 1 de enero de 2022 pueden determinar el número de plazas reservadas para 
mujeres para cumplir el objetivo de equilibrar la presencia de mujeres y hombres 
en las diferentes categorías.
El número de plazas reservadas para mujeres debe ser proporcional a los 
objetivos perseguidos y no puede ser inferior al 25% ni superior al 40% de las 
plazas convocadas.
2.  En caso de que se haga uso de la reserva de plazas regulada por la 
presente disposición, los procedimientos selectivos de acceso y de promoción 
interna correspondientes deben articularse en dos turnos diferenciados de plazas  s
reservadas y no reservadas a mujeres. En caso de que el proceso selectivo  o
incluya limitaciones del número máximo de personas aspirantes que pueden ser  w.
mccoournjreveorsecpsao denasdstea  baal e lcaca idpdorau  eetnub ralna o sc,i ogdnuevie oancctaeut,eo drrdieaob. ec oens tealb pleocrecresnet aqjeu éd ep aprltaez adse  reessteer vmaádxaism ao   2022-953n https://w
Una  vez  finalizadas  las  fases  de  oposición  y  concurso,  en  su  caso,  la
convocatoria a la fase de formación debe realizarse siguiendo una lista final de las
personas  que  hayan  superado  el  proceso,  ordenadas  según  la  puntuación 
obtenida y de acuerdo con el número máximo de plazas reservadas por turno, 
aplicando los criterios de desempate establecidos legalmente. Ninguna de las 
personas aspirantes convocadas a la fase de formación puede tener un diferencial 
negativo de puntuación de más del 20% respecto a las personas del otro turno que 
se encuentren dentro del número máximo de personas a convocar a la fase de 
formación sumando ambos turnos, de acuerdo con lo que establezcan las bases 
de cada convocatoria.
Las  plazas  reservadas  para  cada  turno  que  queden  vacantes  pasarán  a 
incrementar las fijadas para el otro turno hasta alcanzar el número máximo de 
plazas convocadas.
3.  La reserva de plazas regulada por la presente disposición no es aplicable 
si  en  la  categoría  objeto  de  la  convocatoria  hay  una  presencia  de  mujeres 
funcionarias igual o superior al 40%.»
TÍTULO VII
Medidas de reestructuración y racionalización del sector público
CAPÍTULO I
Comisión de coordinación para la cooperación al desarrollo
Artículo 55.  Modificación de la Ley 26/2001, de cooperación al desarrollo.
Se modifica el apartado 5 del artículo 23 de la Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de 
cooperación al desarrollo, que queda redactado del siguiente modo:
«5.  La Comisión de Coordinación con los Entes Locales está formada por 
representantes de los departamentos y entidades que conforman el sector público 
de la Generalidad, de los entes territoriales y locales designados por sus entidades 
representativas,  y  del  Fondo  Catalán  de  Cooperación  al  Desarrollo,  y  en  su 
composición debe velarse por la paridad entre mujeres y hombres. La Comisión 
está presidida por el consejero o consejera competente en materia de actuaciones 
exteriores, que puede delegar en el director o directora general que corresponda.»
CAPÍTULO II
Instituto Catalán de Finanzas
Artículo 56.  Modificación del texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, 
aprobado por el Decreto legislativo 4/2002.
1.  Se modifica el apartado 3 del artículo 4 del texto refundido de la Ley del Instituto 
Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre, 
que queda redactado del siguiente modo:
«3.  El Instituto Catalán de Finanzas, de acuerdo con el artículo 1.3 y sin 
autorización administrativa previa, puede disponer libremente de los bienes, tanto 
inmuebles como muebles.» e
2.  Se modifica la letra h del artículo 31.1 del texto refundido de la Ley del Instituto  w.
Catalán de« hF)in aLnozsa s, qdueep óqsuiteodsa  reqduaec tacdoan dsetilt usyigauni enotetr amso doin:stituciones  públicas  y,  2022-953n https://w
eventualmente, instituciones privadas.»
3.  Se modifica la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley del 
Instituto Catalán de Finanzas, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición  adicional  tercera.  Ejecución  de  los  instrumentos  financieros  del 
programa Feder.
1.  El Instituto Catalán de Finanzas, directamente o bien mediante cualquiera 
de sus filiales, puede asumir mediante encargo de gestión las tareas de ejecución 
de los instrumentos financieros de los distintos programas operativos de la Unión 
Europea, por acuerdo del Gobierno de la Generalidad. En todo caso, el citado 
acuerdo debe habilitar al Instituto para que pueda adoptar las medidas oportunas 
para asegurar la buena gestión de los instrumentos financieros del programa en 
cuestión.
2.  Se confieren al Instituto Catalán de Finanzas, directamente o mediante 
cualquiera de sus filiales, las tareas de ejecución de los instrumentos financieros 
del Programa operativo de Cataluña Feder 2014-2020 (Decisión CE 2015-894) en 
los términos del artículo 38.4.c del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se le habilita para que adopte las medidas oportunas 
para  asegurar  la  buena  gestión  de  los  instrumentos  financieros  de  dicho 
programa.»
4.  Se modifica la disposición final del texto refundido de la Ley del Instituto Catalán 
de Finanzas añadida por el artículo 123.6 de la Ley 5/2020, de 29 de abril, que queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición final.  Habilitación para la elaboración de un nuevo texto refundido.
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor de la presente disposición final, elabore un nuevo texto refundido de la 
Ley del Instituto Catalán de Finanzas, en sustitución del texto refundido aprobado 
por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre. La autorización para la 
refundición  incluye  también  la  facultad  de  regularizar,  aclarar  y  armonizar  su 
contenido.»
5.  Se deroga la disposición final de la versión inicial del texto refundido de la Ley 
del Instituto Catalán de Finanzas, que tiene el siguiente texto:
«Disposición final.
El Gobierno debe aprobar el Reglamento del Instituto Catalán de Finanzas a 
propuesta de la Junta de Gobierno.»
CAPÍTULO III
Agencia de Ciberseguridad de Cataluña
Artículo  57.  Modificación  de  la  Ley  15/2017,  de  la  Agencia  de  Ciberseguridad  de 
Cataluña.
1.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 1 de la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la  s
Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, con el siguiente texto: e.
«4.  Las  funciones  que  la  presente  ley  atribuye  a  la  Agencia  de  3ww
Cpaibrae rgseagraunritdizaadr  edle c Corarteaclutoñ afu ntiecinoenna mlai ecnotnos didee lraa cAiódnm dineis etrsaecniócnia dlees  lay  Gsoenn ebráasliidcaads 
y su sector público.»
2.  Se modifica el artículo 4 de la Ley 15/2017, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 4.  El Consejo de Administración.
1.  El  Consejo  de  Administración  de  la  Agencia  de  Ciberseguridad  de 
Cataluña,  que  debe  tener  composición  paritaria,  está  integrado  por  los  diez 
miembros siguientes:
a)  El  presidente  o  presidenta,  cargo  que  corresponde  al  consejero  o 
consejera del departamento competente en materia de ciberseguridad y sociedad 
digital.
b)  Dos  vicepresidentes,  uno  de  los  cuales  es  el  secretario  o  secretaria 
general del departamento competente en materia de ciberseguridad y sociedad 
digital, y el otro, el secretario o secretaria general del departamento competente en 
materia de seguridad pública.
c)  El secretario o secretaria del Gobierno.
d)  El secretario o secretaria sectorial competente en materia de políticas 
digitales.
e)  Un  vocal  o  una  vocal  del  departamento  competente  en  materia  de 
administraciones locales.
f)  Un  vocal  o  una  vocal  del  departamento  competente  en  materia  de 
seguridad pública.
g)  Un  vocal  o  una  vocal  del  departamento  competente  en  materia  de 
tecnologías de la información y la comunicación.
h)  Un  vocal  o  una  vocal  del  departamento  competente  en  materia  de 
administración digital.
i)  El director o directora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
2.  Los vocales a que se refieren las letras e, f, g y h deben tener el rango 
orgánico  mínimo  de  director  o  directora  general,  y  son  nombrados  por  el 
Gobierno.»
CAPÍTULO IV
Instituto Catalán de la Acogimiento y de la Adopción
Artículo 58.  Modificación de la Ley 13/1997, de creación del Instituto Catalán de la 
Acogimiento y de la Adopción.
Se modifica la letra k del artículo 9.2 de la Ley 13/1997, de 19 de noviembre, de 
creación del Instituto Catalán del Acogimiento y de la Adopción, que queda redactada del 
siguiente modo:
«k)  Formalizar los acogimientos familiares en familia ajena y preadoptiva 
constituidos previamente por el órgano competente en materia de protección de la 
infancia y la adolescencia.»
CAPÍTULO V
Agencia para la Competitividad de la Empresa
Artículo 59.  Modificación de la Ley 11/2011, de reestructuración del sector público para 
agilizar la actividad administrativa.
Se modifica el apartado 2 del artículo 162 de la Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de 
reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa, que queda 
redactado del siguiente modo:
«2.  El Consejo de Administración de la Agencia para la Competitividad de la 
Empresa  está  integrado  por  un  mínimo  de  ocho  miembros  y  un  máximo  de 
catorce.»
CAPÍTULO VI
Agencia Catalana del Consumo
Artículo 60.  Modificación de la Ley 9/2004, de creación de la Agencia Catalana del 
Consumo.
1.  Se modifica el artículo 7 de la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la 
Agencia Catalana del Consumo, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 7.  El Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección está formado por los siguientes miembros:
a)  El presidente o presidenta.
b)  El vicepresidente o vicepresidenta.
c)  El director o directora.
d)  Vocales:
1.º  Los titulares de los departamentos de la Generalidad con competencias 
en  las  materias  de  economía,  producción  agroalimentaria,  salud  pública, 
transportes, vivienda, comercio, turismo, energía, seguridad industrial y política 
lingüística pueden proponer a un representante con rango orgánico mínimo de 
director o directora general en estas materias.
2.º  El Consejo de las Personas Consumidoras de Cataluña puede proponer 
hasta dos vocales en representación de las organizaciones de consumidores y 
usuarios más representativas.
3.º  Las organizaciones representativas de la Administración local pueden 
proponer hasta un vocal cada una.
4.º  Las organizaciones empresariales más representativas pueden proponer 
hasta un vocal cada una, con un máximo de dos.
5.º  El presidente o presidenta de la Agencia Catalana del Consum puede 
proponer un vocal de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de la 
defensa de los consumidores y usuarios.
6.º  Las organizaciones profesionales agrarias más representativas a nivel de 
Cataluña pueden proponer, de común acuerdo, un vocal. e.
e)  El secretario o secretaria, que actúa con voz y sin voto. w
reso2lu. cióEnl  ndoeml cboranmseiejenrtoo  od ec olonss emjeieram bdreol sd deepla Crtaomnseenjoto d ceo Dmipreectecinótne  seen  emfeactetúraia  pdoer 
consumo.
3.  El presidente o presidenta, a petición del director o directora de la Agencia 
Catalana del Consumo, puede disponer que la asistencia al Consejo de Dirección, 
con voz y sin voto, de personas que no sean miembros del mismo, en calidad de 
expertos o técnicos.»
2.  Se añade una disposición adicional, la tercera, a la Ley 9/2004, con el siguiente 
texto:
«Disposición adicional tercera.  Modificación del número y la composición de los 
vocales del Consejo de Dirección.
El consejero o consejera competente en materia de consumo, mediante orden, 
puede modificar el número y la composición de los vocales que componen el 
Consejo de Dirección.»
CAPÍTULO VII
Supervisión continua de las entidades del sector público
Artículo 61.  Plan de simplificación y reordenación del sector público.
1.  Sin  perjuicio  de  la  función  de  supervisión  continua  a  la  que  se  refieren  el 
artículo 173 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público, y el artículo 71.6 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada 
en vigor de la presente ley, el Gobierno, a propuesta del titular del departamento de 
adscripción  de  la  Comisión  del  Sector  Público  Institucional  y  del  Departamento  de 
Economía y Hacienda, debe aprobar un plan de simplificación y reordenación del sector 
público institucional de la Administración de la Generalidad orientado a la optimización 
de recursos públicos, la eficacia, la eficiencia organizativa y la sostenibilidad financiera 
para garantizar la calidad de los servicios y actividades que se prestan.
Corresponde a la Comisión del Sector Público Institucional diseñar las medidas del 
plan, así como el impulso, la coordinación, el seguimiento, la supervisión y la evaluación 
correspondientes.
2.  Las entidades comprendidas en el ámbito del plan son las participadas, directa o 
indirectamente, de forma mayoritaria por la Administración de la Generalidad, las adscritas a 
esta  en  los  términos  que  establece  la  normativa  básica  de  régimen  jurídico  de  las 
administraciones públicas, y las entidades no mayoritarias clasificadas como AP-SEC GC.
El plan debe establecer los objetivos estratégicos y operativos, las medidas para 
hacerlos  efectivos,  el  calendario  máximo  de  consecución  de  los  objetivos  y  la 
gobernanza.
3.  Los principales indicadores a tener en cuenta para determinar los objetivos y 
medidas del plan son, entre otros, los siguientes: el nivel de actividad; la coincidencia o 
compatibilidad de las funciones; el tamaño de las entidades en términos de presupuesto, 
plantilla de personal y actividad; la sostenibilidad financiera, y el nivel de dependencia 
económico-financiera de la Generalidad.
4.  Los criterios básicos para establecer las medidas del plan son los siguientes:
a)  Priorizar  la  concentración  de  estructuras  y  servicios  que  permitan  generar 
economías  de  escala,  mediante  la  fusión  de  entidades  o  de  otras  modificaciones  e.e
estructurales aptas para alcanzar los objetivos fijados. w.b
b)  Eliminar entidades inactivas y microentidades. 3ww
procce)d eE, elimn ilnaa mr aftilriiazl.es  sin  una  justificación  jurídico-mercantil  clara  e  integrarlas,  si
se jdu)s tifDiceas vpionrc urlaazr,o nsueps ridmei r ion tedriséosl vpeúr belinctoid; aldaes s ecnutiydaa dpeesr meann elansc iaq uoe  plaarsti cfiipnaacliidóand neos 
perseguidas  pueden  llevarse  a  cabo  mediante  mecanismos  distintos  al  de  la
personificación  jurídica;  o  las  entidades  que  estén  suficientemente  cubiertas  por  la 
iniciativa privada y no tengan la consideración de interés general.
e)  Implantar medidas organizativas para la gestión compartida o centralizada de 
servicios internos comunes, y otras medidas destinadas a la reducción y racionalización 
del gasto.
f)  Transformar  la  naturaleza  jurídica  de  las  entidades  en  otras  formas  que  el 
ordenamiento  jurídico  prevé  para  la  naturaleza  de  las  funciones  y  actividades  que 
desarrollan, o en razón del número de administraciones partícipes.
5.  En los procesos de simplificación, reestructuración y reordenación, es necesario 
adoptar medidas de reducción del número de vocalías y cargos en los órganos de 
gobierno de las entidades, con el objetivo de procurar que, como regla general, los 
máximos órganos de gobierno no superen los quince miembros.
6.  Se habilita al Gobierno para transformar, suprimir, disolver, fusionar o desvincular 
a la Administración de la Generalidad de las entidades afectadas por el plan mediante 
decreto. En todo lo que no esté previsto en el ámbito de la Generalidad, el procedimiento 
y  régimen  jurídico  aplicable  a  las  operaciones  de  disolución,  extinción,  fusión, 
desvinculación y transformación de las entidades afectadas por el plan es el establecido 
por la Ley del Estado 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
CAPÍTULO VIII
Instituto Catalán de las Mujeres
Artículo 62.  Modificación de la Ley 11/1989, de creación del Instituto Catalán de las 
Mujeres.
1.  Se modifica el título de la Ley 11/1989, de 10 de julio, de creación del Instituto 
Catalán de la Mujer, por el de Ley 11/1989, de 10 de julio, de creación del Instituto 
Catalán de las Mujeres.
2.  Se modifica el apartado 3 del artículo 1 de la Ley 11/1989, de 10 de julio, de 
creación de Instituto Catalán de las Mujeres, que queda redactado del siguiente modo:
«1.3  Para facilitar y reforzar el papel de garante del cumplimiento de la Ley 
para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres  y  de  la  aplicación  de  su 
transversalidad, el Instituto Catalán de las Mujeres queda adscrito al departamento 
competente en materia de igualdad y feminismos.»
Artículo  63.  Modificación  de  la  Ley  17/2015,  de  igualdad  efectiva  de  mujeres  y 
hombres.
Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 7 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, 
de igualdad efectiva de mujeres y hombres, que queda redactada del siguiente modo:
«a)  El Instituto Catalán de las Mujeres, que queda adscrito al departamento 
competente en materia de igualdad y feminismos.»
TÍTULO VIII
Modificaciones legislativas en materia de órganos reguladores
Artículo 64.  Modificación de la Ley 14/2008, de la Oficina Antifraude de Cataluña.
1.  Se añade un artículo, el 8 bis, a la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina 
Antifraude de Cataluña, con el siguiente texto:
«Artículo 8 bis.  Potestad reglamentaria de la dirección de la Oficina Antifraude de 
Cataluña en materia de autoorganización y de régimen interior.
1.  En  el  marco  de  las  disponibilidades  presupuestarias,  corresponde  al 
director  o  directora  de  la  Oficina  Antifraude  de  Cataluña  dictar  sus  normas 
organizativas y de régimen interior con el fin de adaptar la estructura de la Oficina 
a los requerimientos de la normativa de nueva aplicación.
2.  El director o directora de la Oficina Antifraude de Cataluña debe poner 
estas normas en conocimiento de la Comisión de Asuntos Institucionales del 
Parlamento de Cataluña y debe ordenar su publicación en el “Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya”.
3.  El procedimiento de elaboración de estas normas debe tramitarse en el 
marco de los principios que inspiran la actuación administrativa de acuerdo con las 
normas reguladoras del procedimiento administrativo.
4.  Mientras no se dicten las normas a que se refiere el presente artículo, son 
de  aplicación  las  Normas  de  actuación  y  de  régimen  interior  de  la  Oficina 
Antifraude de Cataluña relativas a la organización y el régimen interior.»
2.  Se añade un artículo, el 24 bis, a la Ley 14/2008, con el siguiente texto:
«Artículo 24 bis.  Actividad subvencional.
1.  La  Ley  de  presupuestos  de  la  Generalidad  de  cada  ejercicio  puede 
establecer una partida  específica para  que  la Oficina Antifraude de Cataluña 
otorgue subvenciones en las materias de su competencia.
2.  Corresponde al director o directora de la Oficina Antifraude aprobar un 
plan estratégico de subvenciones, el establecimiento de las bases reguladoras de 
la concesión, la iniciación de los procedimientos mediante convocatoria pública y 
la resolución de los procedimientos, en el marco de los principios que inspiran la 
actuación  administrativa  de  acuerdo  con  la  legislación  en  materia  de 
subvenciones.»
PARTE CUARTA
Medidas administrativas
TÍTULO IX
Medidas administrativas en materia de cultura
Artículo 65.  Modificación de la Ley 17/1990, de museos. s
1.  Se añade un artículo, el 34 bis, a la Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de museos,  w.
con el siguiente texto: 3w
«Artículo 34 bis.  Redes territoriales de museos.
1.  Con el objeto de facilitar que el conjunto de los museos puedan cumplir
sus funciones, el Departamento de Cultura debe impulsar la creación de redes
territoriales de museos y darles apoyo financiero, sin perjuicio de la financiación de 
otras administraciones supralocales.
2.  Cada  red  territorial  extiende  su  actuación  sobre  un  ámbito  territorial 
determinado. La red debe contar con unos órganos de gobierno y con un órgano 
técnico de apoyo y prestación de servicios que esté vinculado a una entidad 
pública o privada sin ánimo de lucro integrada en la red y que esté relacionada con 
la gestión patrimonial o museística.
3.  Las redes territoriales se crean mediante convenios u otros acuerdos entre 
la Administración de la Generalidad, las entidades titulares de los museos, la 
entidad de la que dependa el órgano técnico de apoyo y prestación de servicios de 
la red y las demás instituciones del ámbito territorial que quieran formar parte de la 
misma.»
2.  Se añade un artículo, el 34 ter, a la Ley 17/1990, con el texto siguiente:
«Artículo 34 ter.  Museos de apoyo territorial.
1.  Los museos de apoyo territorial tienen la función de prestar servicios en 
los equipamientos patrimoniales y colecciones abiertas al público que no cumplen 
las condiciones para ser museo de acuerdo con la legislación museística.
2.  Se determina mediante convenio u otros acuerdos entre la Administración 
de la Generalidad y las entidades titulares del museo correspondiente la atribución 
de la condición de museo de apoyo territorial, las funciones que debe ejercer, la 
carta  de  servicios,  el  ámbito  territorial  de  actuación,  los  equipamientos 
patrimoniales o colecciones beneficiarios y por qué período de tiempo. También 
pueden ser parte del convenio o acuerdo otras instituciones del correspondiente 
ámbito territorial que estén interesadas.»
Artículo 66.  Modificación de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán.
Se modifican los apartados 3 y 7, y se añaden los apartados 7 bis y 7 ter, al 
artículo 57 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, con el 
siguiente texto:
«3.  Se  exceptúan  de  las  medidas  fijadas  por  los  apartados  1  y  2  las 
siguientes obras públicas:
a)  Aquellas en las que la aportación de la Generalidad o del concesionario es 
inferior a 600.000 euros.
b)  Las que se hacen para cumplir específicamente los objetivos de esta ley.
c)  Las que se financian totalmente con cargo a transferencias de fondos 
finalistas o con fondos que ya tienen otra afectación por norma legal.»
«7.  La manera de efectuar la reserva establecida por el apartado 1 cuando 
se trate de inversiones realizadas por la Generalidad o alguna de las entidades de 
su sector público es mediante un importe agregado que tome como base de 
cálculo el importe del conjunto de las inversiones efectivamente ejecutadas en el 
ejercicio cerrado previo al anterior del presupuesto en elaboración que cumplan 
los requisitos establecidos en este artículo y las normas que lo desarrollen. La 
dotación en el presupuesto de esta cuantía se efectúa de forma diferenciada en un  s
servicio específico a disposición del Departamento de Cultura.» o
«7 bis.  Cuando en un ejercicio no se aprueben los presupuestos y se esté en  w.
csoiturraecsipóonn dideen te parló 1r,r5o g%a  cupltruersaul peune eslt aprrióax imdoe bpere surpeugeuslatori zqaures es e alap ruaepboer.»tación  2022-953n https://w
«7 ter.
a)  En  las  obras  ejecutadas  por  particulares  en  virtud  de  una  concesión 
administrativa  de  la  Generalidad  o  de  cualquier  entidad  o  ente  público  que 
dependa de la misma, la reserva debe hacerse del siguiente modo:
1.º  Con carácter general, la persona concesionaria debe acreditar, en el 
momento de la formalización del contrato de obra pública, el ingreso de la reserva 
en la cuenta del tesoro.
2.º  Excepcionalmente, previo informe favorable del Departamento de Cultura, 
la persona concesionaria puede efectuar la aplicación del 1,5% de manera directa, 
cumpliendo siempre la finalidad establecida por el apartado 1 y bajo el control y 
supervisión del Departamento. En el momento de finalización de la obra pública, la 
persona concesionaria debe acreditar la ejecución de los trabajos derivados de la 
aplicación del 1,5% cultural.
b)  Los contratos de concesión de obra pública deben hacer constar cuál es la 
fórmula escogida para hacer efectiva la reserva del 1,5% cultural. En el caso de 
aplicación  directa  por  parte  de  la  persona  concesionaria,  los  contratos  de 
concesión deben incluir una cláusula según la cual la persona concesionaria, a 
efectos informativos y de conocimiento público, haga constar que los trabajos 
derivados de la aplicación del 1,5% cultural han sido financiados al amparo de la 
normativa del 1,5% gestionado por la Generalidad.
c)  Si un contrato de concesión no indica cuál es la fórmula escogida, se 
entiende que se aplica la norma general.
d)  Los departamentos de la Generalidad y las entidades de su sector público 
deben comunicar al Departamento de Cultura las concesiones administrativas, y 
sus  eventuales  modificaciones,  de  las  que  se  derive  la  realización  de  obras 
públicas por el concesionario, a fin de que el Departamento de Cultura pueda 
realizar el seguimiento de la aplicación de los compromisos que derivan de la 
presente ley.»
TÍTULO X
Empresa pública catalana
Artículo  67.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  4/1985,  del  estatuto  de  la 
empresa pública catalana.
1.  Se modifica el artículo 13 del texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, 
del Estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, 
de 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 13.
1.  Las  entidades  a  las  que  se  refiere  este  capítulo  deben  elaborar 
anualmente  los  estados  presupuestarios,  la  información  financiera  y  toda  la 
documentación que establezcan el texto refundido de la Ley de finanzas públicas 
de  Cataluña  y  la  orden  anual  de  elaboración  de  los  presupuestos.  En  la 
elaboración deben tomar como referencia el límite de gasto no financiero que haya  es
aprobado  el  Gobierno  y  los  escenarios  presupuestarios  plurianuales.  Estos  bo
estados deben incorporar, como mínimo, la siguiente información en los términos  w
que ae)s taLbolesz icnag rlae scoitsa dqau en oprrmevaetiavan: obtener en el ejercicio de referencia, tanto los
procedentes  de  transferencias  y  aportaciones  de  la  Generalidad  y  de  sus
entidades, como de terceros, así como los ingresos propios de su actividad y 
demás ingresos previstos de acuerdo con sus estatutos y la normativa vigente.
b)  La previsión de los gastos de todo tipo del ejercicio, tanto los relativos a la 
explotación como inversiones, subvenciones y transferencias, así como los gastos 
financieros de acuerdo con la naturaleza limitativa o estimativa que les otorgue la 
legislación de finanzas públicas y la Ley de presupuestos.
c)  El detalle de los proyectos de las inversiones previstas.
d)  La plantilla presupuestaria de personal.
e)  Una memoria de los programas presupuestarios en los que interviene la 
entidad.
2.  El  régimen  contable  aplicable  a  estas  entidades  es  el  que 
reglamentariamente se establezca.»
2.  Se modifica el artículo 14 del texto refundido de la Ley 4/1985, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 14.
El ejercicio presupuestario debe coincidir con el año natural.»
3.  Se modifica el artículo 15 del texto refundido de la Ley 4/1985, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 15.
Los presupuestos de las entidades a que hace referencia este capítulo deben 
ser  elevados  por  su  consejo  de  administración,  con  el  conjunto  de  la 
documentación a que se refiere el artículo 13, al departamento de adscripción de 
acuerdo con el calendario que establezca la orden anual de elaboración de los 
presupuestos. Una vez validados por el departamento de adscripción, este los 
traslada al departamento competente en materia de finanzas públicas para la 
elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos que debe ser sometido a la 
aprobación del Gobierno.»
4.  Se modifica el artículo 28 del texto refundido de la Ley 4/1985, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 28.
Se aplican a estas entidades lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15.»
5.  Se modifica el artículo 40 del texto refundido de la Ley 4/1985, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 40.
1.  Se aplica a estas entidades lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15.
2.  En el caso de las sociedades vinculadas en los términos del artículo 1.c, 
deben enviar al departamento competente en materia de finanzas públicas su 
presupuesto  y  el  programa  de  inversiones  y  financiación  que  aprueben  los  es
respectivos consejos de administración en el plazo de quince días a contar desde  o
su aprobación.» w.
6.  Se derogan los artículos 29, 30, 31 y 32 del texto refundido de la Ley 4/1985.
7.  Se añaden cinco párrafos al apartado 6 de la disposición adicional segunda del 
texto refundido de la Ley 4/1985, con el siguiente texto:
«En el caso de los encargos relativos a la implantación, mantenimiento y 
operación de infraestructuras e instalaciones de energía renovable promovidas 
directamente o en colaboración con terceros por parte de la Generalitat y los 
organismos y entidades de su sector público en sus inmuebles e infraestructuras y 
para abastecimiento de estos y, en general, a las actuaciones para la mitigación y 
adaptación  al  cambio  climático  vinculadas  a  los  inmuebles  e  infraestructuras 
ocupados mediante cualquier título jurídico por la Generalidad y por los entes y 
organismos  de  su  sector  público,  deben  efectuarse  en  Infraestructuras  de  la 
Generalidad de Cataluña, SAU los que correspondan a obras que tengan un 
presupuesto de licitación superior a 40.000 euros, IVA excluido, y la redacción de 
los estudios y proyectos que tengan un presupuesto de licitación superior a 15.000 
euros, IVA excluido, salvo que se justifique que, por la especialidad técnica o la 
complejidad de la ejecución, sea aconsejable o conveniente que los lleve a cabo el 
departamento o el organismo o entidad del sector público de la Generalidad 
actuante,  entendiendo  que  estos  límites  no  afectan  a  las  actuaciones  de 
mantenimiento, reposición y conservación de estas infraestructuras e instalaciones 
ni a su operación y explotación.
Se considera que existe una causa de especialidad técnica o de complejidad 
de ejecución cuando se trata de contratos calificados como servicio de eficiencia 
energética en la modalidad de contrato de rendimiento energético con ahorros 
garantizados.
En estos casos, es el departamento, el organismo o la entidad del sector 
público de la Generalidad que ocupe el inmueble por cualquier título quien debe 
llevar a cabo la licitación y la adjudicación posterior de aquel servicio. El Instituto 
Catalán de Energía debe apoyar al órgano de contratación en la redacción de los 
pliegos, y este debe incorporar en los pliegos las propuestas formuladas por el 
Instituto Catalán de Energía que afecten a la aplicación de los criterios de política 
energética. El Instituto Catalán de Energía también debe participar en la valoración 
de  las  ofertas  y  el  seguimiento  del  contrato,  siempre  de  conformidad  con  lo 
establecido en la normativa de contratos aplicable al sector público.
Los  encargos  relativos  a  la  implantación,  mantenimiento  y  operación  de 
infraestructuras e instalaciones de energía renovable deben ser objeto de informe 
previo del Instituto Catalán de Energía, que puede proponer medidas de mejora o 
de modificación de algunas actuaciones. Estas medidas son vinculantes en cuanto 
a  los  objetivos  de  ahorro  energético  e  implantación  de  energías  renovables 
previstos  en  el  Plan  de  ahorro  y  eficiencia  energéticos  en  los  edificios  y 
equipamientos de la Generalidad que aprueba el Gobierno.
A fin de facilitar el seguimiento de los objetivos del Plan de ahorro y eficiencia 
energéticos en los inmuebles de la Generalidad, Infraestructuras de la Generalidad 
de  Cataluña,  SAU  debe  remitir  anualmente  al  organismo  responsable  del 
seguimiento  de  los  planes  los  resultados  desglosados  por  los  distintos 
departamentos  en  términos  de  inversión,  ahorro  económico  y  energético  y 
autogeneración renovable conseguida.»
8.  Se modifica la disposición final cuarta del texto refundido de la Ley 4/1985, que 
queda redactada del siguiente modo: e
«Disposición final cuarta.  Habilitación para la elaboración de un nuevo texto  w
rSeefu anudtiodroiz.a al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor de la presente disposición final, elabore un nuevo texto refundido de la
Ley del estatuto de la empresa pública catalana, en sustitución del texto refundido  Bc
aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre. La autorización 
para la refundición incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar 
su contenido.»
TÍTULO XI
Medidas administrativas en materia de política social e igualdad
Artículo 68.  Modificación de la Ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación.
Se añade un apartado, el 4, al artículo 42 de la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de 
igualdad de trato y no discriminación, con el siguiente texto:
«4.  En la comunicación a la que se refiere el apartado 3, la Administración 
debe solicitar a la autoridad judicial y, en su caso, al Ministerio Fiscal, que le 
comunique la resolución o acuerdo que se haya adoptado en relación con los 
asuntos tramitados y que, de no haberse estimado la existencia de ilícito penal, 
traslade  el  expediente  al  órgano  administrativo  competente  para  valorar  la 
continuidad o el inicio del procedimiento administrativo sancionador. En cualquier 
caso,  el  órgano  administrativo  queda  vinculado  por  los  hechos  declarados 
probados  en  vía  judicial.  Las  medidas  cautelares  adoptadas  por  la  autoridad 
judicial se mantienen vigentes mientras no se resuelva otra cosa.»
Artículo 69.  Modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista.
1.  Se modifica el apartado 6 del artículo 31 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, que queda redactado del 
siguiente modo:
«6.  Cuando una mujer acuda a una comisaría para presentar una denuncia 
como  consecuencia  de  haber  vivido  cualquiera  de  las  manifestaciones  de  la 
violencia  machista,  los  agentes  de  la  Policía  de  la  Generalidad-Mossos 
d’Esquadra o de las policías locales de Cataluña deben requerir al colegio de 
abogados la presencia de un letrado para garantizar la asistencia letrada desde el 
momento inicial de la denuncia.»
2.  Se añade un artículo, el 52 bis, a la Ley 5/2008, con el siguiente texto:
«Artículo 52 bis. Gastos de sepelio, traslado o repatriación.
El  departamento  competente  en  materia  de  igualdad  y  feminismos  debe 
garantizar, poniendo los medios adecuados, que las familias perjudicadas por la 
muerte de una mujer en una situación de violencia machista puedan hacer frente a 
los gastos de sepelio, traslado o repatriación del cuerpo de la mujer a su país de 
origen.»
Artículo  70.  Modificación  de  la  Ley  13/2006,  de  prestaciones  sociales  de  carácter 
económico.
1.  Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 16 de la Ley 13/2006, de 27 de julio,  e.e
de prestaciones sociales de carácter económico, que quedan redactados del siguiente  w.b
modo: 3ww
cdreerae«cc4ihó.o n  sLeuasbstj aesbtiolveloizc ciptauu deeodster and  epc eoladssiar s,p erl eaes ntc acocunioacnleqesusiói ensro  mcdieoa mlelesa n dtpoer. e cSsataarlácvcioót enqr u eeec clooann nóóommrimiccaoa,   ddseei    OE-A-2022-95able en https://
procede, tiene efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la
fecha de la solicitud, excepto las prestaciones de los artículos 20, 21 y 23, que 
tienen efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la fecha de 
la resolución de reconocimiento del derecho a la prestación.
5.  En el caso de las prestaciones de los artículos 20, 21 y 23, si una vez 
transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud no se ha 
notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, el derecho de 
acceso a la prestación económica, en caso de que fuese reconocida, se genera 
desde el primer día del mes siguiente al del cumplimiento del plazo indicado.»
2.  Se añade un apartado, el 4 bis, al artículo 16 de la Ley 13/2006, con el siguiente 
texto:
«4 bis.  La solicitud de la prestación para jóvenes extutelados del artículo 19 
puede presentarse seis meses antes de alcanzar la mayoría de edad, pero los 
efectos económicos se producen desde el mes en que se alcanza la mayoría de 
edad.»
3.  Se modifica el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 13/2006, que queda redactado 
del siguiente modo:
«3.  Tienen derecho a ser beneficiarios de la prestación regulada por este 
artículo los jóvenes que cumplen, de forma acumulativa, los siguientes requisitos:
a)  Encontrarse  bajo  tutela  del  organismo  competente  en  materia  de 
protección a la infancia.
b)  Haber estado bajo la tutela a la que se refiere la letra a durante un año 
como mínimo.
c)  Seguir el programa de inserción establecido por el órgano competente y 
vinculado a unos objetivos específicos.
d)  No disponer de unos ingresos iguales o superiores a una vez y media el 
indicador de renta de suficiencia.»
4.  Se modifica el apartado 9 del artículo 19 de la Ley 13/2006, que queda redactado 
del siguiente modo:
«9.  Son  causas  de  extinción  de  la  prestación  para  jóvenes  extutelados, 
además de las establecidas con carácter general, las siguientes:
a)  Llevar a cabo una actividad laboral remunerada con una retribución igual o 
superior a una vez y media el indicador de renta de suficiencia, salvo que esta 
actividad laboral se lleve a cabo de modo temporal.
b)  Abandonar el programa de inserción o no seguir sus pautas.
c)  Cumplir veintitrés años.
5.  Se añade un apartado, el 10, al artículo 19 de la Ley 13/2006, con el siguiente 
texto:
«10.  Es  causa  de  suspensión  automática  de  la  prestación  para  jóvenes 
extutelados, además de las establecidas con carácter general, llevar a cabo una 
actividad laboral remunerada temporal con una retribución igual o superior a una 
vez y media el indicador de renta de suficiencia. La prestación se reactivará una  s
vez  finalice  dicha  actividad  laboral.  La  causa  de  suspensión  automática  oe.
establecida  por  el  artículo  9.2.a,  relativa  a  dejar  de  residir  o  de  vivir  o  de  w.
epnocr omnotrtaivrosse  deen  mCoavtailliudñaad,  ancoa deésm aipclaic.»able a la prestación para jóvenes extutelados  2022-953n https://w
6.  Se añade un apartado, el 8, al artículo 22 de la Ley 13/2006, con el siguiente 
texto:
«8.  Es causa de suspensión automática de la prestación, además de las 
establecidas con carácter general, el hecho de que la persona menor de edad deje 
de convivir en el núcleo acogedor de forma temporal, por un período mínimo de un 
mes, cuando la medida de acogimiento en familia extensa sigue vigente.»
7.  Se añade un apartado, el 7, al artículo 22 bis de la Ley 13/2006, con el siguiente 
texto:
«7.  Es causa de suspensión automática de la prestación, además de las 
establecidas con carácter general, el hecho de que la persona menor de edad deje 
de convivir con la persona o personas que tienen la guarda de forma temporal, por 
un  período  mínimo  de  un  mes,  cuando  el  compromiso  socioeducativo  sigue 
vigente.»
8.  Se añade un artículo, el 23 bis, a la Ley 13/2006, con el siguiente texto:
«Artículo 23 bis.  Prestación única para atender necesidades extraordinarias por 
una  intervención  quirúrgica  u  otros  tipos  de  intervenciones  médicas  para 
recuperarse de lesiones causadas por una agresión.
1.  Se crea una prestación de derecho subjetivo para atender los gastos 
derivados de las necesidades extraordinarias por una reparación física fruto de 
una agresión por presunto delito de odio. El informe de la unidad receptora de la 
denuncia o del organismo público que presta la atención por el que se certifique la 
naturaleza de la agresión es suficiente para hacer efectiva la prestación, sin 
necesidad de sentencia firme ni de que se haya identificado a la persona agresora. 
El  objeto,  los  requisitos  y  el  procedimiento  de  otorgamiento  de  la  prestación 
pueden determinarse por reglamento.
2.  El objeto de la prestación es cubrir la intervención quirúrgica u otros tipos 
de intervenciones médicas de cualquier persona que no está incluida en los 
servicios básicos de la cartera de salud, en el momento posterior inmediato a la 
agresión y sin vinculación a la resolución judicial.»
Artículo 71.  Modificación de la Ley 12/2007, de servicios sociales.
Se añade una disposición adicional, la decimoquinta, a la Ley 12/2007, de 11 de 
octubre, de servicios sociales, con el siguiente texto:
«Disposición  adicional  decimoquinta.  Comunicación  de  datos  entre  servicios 
sanitarios del sistema público.
1.  A fin de garantizar la atención integral efectiva de las personas atendidas 
por la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y los servicios sanitarios del 
sistema público, se habilita la comunicación de datos entre dichos servicios, sin el 
consentimiento de las personas interesadas, en los términos previstos en los 
siguientes apartados:
a)  Se habilita a los servicios sociales para comunicar a los servicios de salud  e.e
los  datos  relacionados  con  las  personas  atendidas  por  ambos  sistemas,  de  b
carácter identificativo, de contacto, así como las relacionadas con los servicios  w
spoacraia lgeasr arnetcizibaidr ousn  qpuroec epsuoe ddaen  atteennecrió rne pinetrecgursailó en  iennte glara sdaal.u dP uye dseena na cnceecdeesra ari olas 
dinefo larm paecrisóonn lao sin pterroefesasidoan,a dleesb isdaanmiteanritoes a icmrepdlicitaaddooss .en el diagnóstico o tratamiento
b)  Se habilita a los servicios de salud para comunicar a los servicios sociales 
los  datos  relacionados  con  las  personas  atendidas  por  ambos  sistemas,  de 
carácter identificativo, de contacto, así como los datos de su historia clínica que 
puedan  tener  afectación  en  la  autonomía  personal  –ya  sea  por  situación  de 
dependencia o de discapacidad–, para detectar e intervenir en situaciones de 
riesgo social que puedan requerir la activación de prestaciones sociales y que 
necesiten  información  sanitaria  para  hacerse  efectivas,  y  para  garantizar  un 
proceso de atención integral e integrada. Pueden acceder a la información los 
profesionales de los servicios sociales implicados en el seguimiento y evaluación 
del ciudadano, debidamente acreditados.
2.  Las  entidades  responsables  de  las  comunicaciones  deben  aplicar  las 
medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  al  carácter  sensible  de  la 
información, a fin de garantizar y verificar periódicamente la confidencialidad, la 
integridad, la trazabilidad, la disponibilidad y la autenticidad de la información, así 
como el ejercicio de derechos y del deber de informar a las personas interesadas.
La  trazabilidad  debe  permitir  el  control  de  los  accesos  al  sistema  de 
información por los perfiles de usuarios autorizados, de la identidad y categoría 
profesional del usuario, la fecha y hora en que tuvo lugar el acceso, la acción 
realizada, los datos afectados y el motivo del acceso.
Las  entidades  responsables  deben  facilitar  a  las  personas  afectadas  la 
consulta de la información sobre la trazabilidad de sus datos.
3.  Los profesionales de los servicios sociales y sanitarios deben mantener el 
deber de secreto sobre la información a la que tengan acceso, incluso una vez 
finalizada su vinculación con la entidad para la que prestan servicios.»
TÍTULO XII
Medidas administrativas en materia de medio ambiente y sostenibilidad, 
de infraestructuras y movilidad, de urbanismo y de ordenación de aguas
CAPÍTULO I
Modificaciones legislativas en materia de medio ambiente y sostenibilidad
Artículo 72.  Modificación de la Ley 10/2019, de puertos y de transporte en aguas 
marítimas y continentales.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 10/2019, de 23 de diciembre, 
de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales, que queda redactado del 
siguiente modo:
«1.  Las  obras  vinculadas  a  los  usos  portuarios  básicos  que  realicen  la 
Administración  portuaria  y  los  particulares  en  la  zona  de  servicio  no  están 
sometidas a licencia o a cualquier otro acto de control preventivo municipal y solo 
pueden ser suspendidas por los tribunales competentes. Las obras ordinarias y las 
actividades vinculadas a los usos portuarios complementarios están sometidas a 
control municipal.»
2.  Se modifica la letra m del apartado 6 del artículo 21 de la Ley 10/2019, que  e.e
queda redactada del siguiente modo: b
apro«bma)c iónF odreml upllaarn  yd iprerocptoorn uerrb aaln óísrtgicaon op ocrotumaprieot.e»nte, previo informe municipal, la
3.  Se modifica el artículo 35 de la Ley 10/2019, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 35.  Técnicas de garantía de la integridad del dominio público portuario.
1.  La Administración portuaria puede recuperar por sí misma y en cualquier 
momento  la  posesión  de  los  bienes  de  dominio  público  portuario.  En  el 
procedimiento de recuperación debe requerir el informe del municipio donde se 
ubiquen los bienes.
2.  La  Administración  portuaria  puede  recuperar  en  vía  administrativa  la 
posesión  de  los  bienes  de  dominio  público  portuario,  cuando  decaigan  o 
desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban la 
ocupación por parte de terceras personas.»
4.  Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 56 de la Ley 10/2019, que queda 
redactada del siguiente modo:
«c)  Las  obras  e  instalaciones  fijas  o  no  desmontables  inicialmente 
autorizadas, en los términos que se determinen por reglamento.»
5.  Se modifica el apartado 2 del artículo 64 de la Ley 10/2019, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  La solicitud debe resolverse en el plazo de tres meses. El vencimiento del 
plazo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa 
determina la estimación de la solicitud y el otorgamiento de la licencia, sin perjuicio 
de que debe entenderse desestimada en los casos en que se transfieran al 
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, 
o impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.»
6.  Se deroga el artículo 73 de la Ley 10/2019.
7.  Se modifica el apartado 1 del artículo 74 de la Ley 10/2019, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  Los derechos y obligaciones derivados del contrato pueden cederse a 
terceras personas en la forma y los términos establecidos legalmente.»
8.  Se modifica el apartado 2 del artículo 88 de la Ley 10/2019, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  La autoridad de protección portuaria debe constituir, para cada uno de los 
puertos que gestiona, un comité consultivo de protección del puerto con el objetivo 
de prestar asesoramiento en el desarrollo de los procedimientos o las directrices 
tendentes a la mejora de la implantación de las medidas de protección del puerto, 
de conformidad con las normas organizativas que apruebe la Generalidad. La 
Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra, atendiendo a sus competencias en 
materia de seguridad pública y dadas sus funciones de policía integral, incluidas la 
protección y la custodia que ejerce en las infraestructuras del sistema portuario, 
debe formar parte del comité consultivo de protección del puerto, con carácter 
permanente, por invitación de la autoridad de protección portuaria, así como la 
policía local del municipio donde se está ubicado el puerto, de acuerdo con las  es
competencias que le reconoce la legislación reguladora de las policías locales.» bo
reda9c.t adSoe d eml osdigifuiciean teel  maopdaort:ado  4  del  artículo  105  de  la  Ley  10/2019,  que  queda  2022-953n https://w
los s«e4r.v icLioas A pdúmbilniciostsr,a ceinó nf upnocritóuna rdiae  dlae bzeo nfiaja rd olonsd iem epsotréte ssi tmuaádxoim eol sp euxeirgtoib,l edse  dlea 
temporada, del período de estancia y del tipo de embarcación. Las tarifas deben 
hacerse públicas y deben estar a disposición de los usuarios.»
10.  Se modifica la letra a del apartado 4 del artículo 230 de la Ley 10/2019, que 
queda redactada del siguiente modo:
«a)  Los buques y embarcaciones que permanezcan en el mismo lugar de la 
zona de servicio portuaria durante más de seis meses consecutivos sin actividad 
exterior,  si  no  se  han  abonado  las  tasas  y  tarifas  correspondientes  a  estos 
períodos.»
11.  Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 10/2019, 
que queda redactado del siguiente modo:
«1.  La  Policía  de  la  Generalidad-Mossos  d’Esquadra  ejerce  en  las 
infraestructuras del sistema portuario sus funciones de policía integral, incluidas la 
protección y la custodia de las mismas, en colaboración y coordinación con las 
policías  locales,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  presente  ley  y  en  la 
legislación en materia de policía local.»
12.  Se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 10/2019, que queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición  transitoria  sexta.  Régimen  transitorio  de  las  concesiones  y 
autorizaciones otorgadas al amparo de la normativa anterior a esta ley.
1.  Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre 
portuario otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley mantienen el 
plazo y las condiciones establecidas en el título de otorgamiento y pueden ser 
prorrogadas, en virtud de la disposición transitoria quinta de la Ley 2/2013, de 29 
de  mayo,  de  protección  y  uso  sostenible  del  litoral  y  de  modificación  de  la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, a petición de su titular, siempre que no 
haya sido sancionado por infracción grave y no se supere en total el plazo de 
vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio 
público portuario en los puertos de interés general.
2.  El concesionario puede solicitar la prórroga de la concesión desde la 
entrada en vigor de la presente ley y, en cualquier caso, antes de que se extinga el 
plazo para el que fue concedida.
3.  La duración de esta prórroga no puede ser superior en ningún caso a la 
mitad del plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para 
concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.
4.  En función de los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga 
puede fijar un plazo de duración inferior y prever, a su vez, prórrogas sucesivas 
dentro de ese límite temporal.
5.  La posibilidad de prórroga del plazo concesional contemplada en esta 
disposición es independiente de la facultad otorgada al concesionario para solicitar 
una  nueva  concesión  en  los  términos  de  la  normativa  autonómica  portuaria 
vigente.
6.  En  cuanto  al  régimen  tributario  de  aplicación,  los  titulares  de  las 
autorizaciones y concesiones vigentes en el momento de la entrada en vigor de la  es
presente ley deben manifestar de forma expresa a la Administración portuaria, en  o
el plazo de seis meses, si optan por mantener el régimen jurídico que les es  ww.
aplicable o por adaptarlo a lo dispuesto en la presente ley.» 2022-953n https://w
Artículo 73.  Modificación de la Ley 8/2020, de protección y ordenación del litoral.
1.  Se modifican las letras a y b del artículo 11 de la Ley 8/2020, de 30 de julio, de 
protección y ordenación del litoral, que quedan redactadas del siguiente modo:
«a)  Ordenar los servicios de temporada de las playas y de las actividades 
que el Plan prevé que puedan ser objeto de autorización en el dominio público 
marítimo-terrestre y, en su caso, en los terrenos de titularidad pública que incluya 
situados en su zona de servidumbre de protección, atendiendo a la clasificación de 
las playas, los umbrales de capacidad de carga y los límites máximos de las 
ocupaciones fijadas por el Plan de protección y ordenación de litoral.
b)  Ordenar  el  uso  de  las  playas,  establecer  los  servicios  mínimos  de 
vigilancia  y  salvamento,  la  seguridad  humana  en  los  lugares  de  baño,  la 
accesibilidad y otras condiciones generales sobre el uso de las playas y sus 
instalaciones. En las playas donde se determine peligro de desprendimiento de los 
taludes adyacentes, deben delimitarse las zonas de seguridad donde han de 
adoptarse las correspondientes medidas preventivas e informativas del peligro.»
2.  Se modifica el apartado 7 del artículo 13 de la Ley 8/2020, que queda redactado 
del siguiente modo:
«7.  Simultáneamente a la aprobación del plan de uso del litoral y de las 
playas debe otorgarse al ayuntamiento correspondiente la autorización para la 
explotación de los servicios de temporada de las playas para el plazo previsto por 
el plan, que no puede exceder de cuatro años.»
3.  Se modifica el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 8/2020, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  Los planes de uso del litoral y de las playas tienen una vigencia de cinco 
años prorrogables por períodos de como máximo cinco años, si antes de agotarse 
el plazo el departamento competente en materia de ordenación del litoral autoriza 
la prórroga, a solicitud municipal debidamente justificada.»
4.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 19 de la Ley 8/2020, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«1.  Los  tramos  de  playas  se  clasifican  en  urbanos  y  naturales,  en  los 
términos  establecidos  por  la  Ley  de  costas.  Dentro  de  estas  dos  categorías 
pueden  establecerse,  en  función  de  sus  características,  los  tramos  de  playa 
seminaturales y de protección especial, respectivamente.»
«3.  El límite máximo de las ocupaciones de los tramos de playas es fijado por 
el Plan de protección y ordenación del litoral atendiendo a su capacidad de carga y 
a los criterios definidos por el propio Plan y, en cualquier caso, a las limitaciones 
establecidas por la normativa estatal de costas.»
5.  Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 20 de la Ley 8/2020, que queda 
redactada del siguiente modo:
«a)  La explotación, en su caso, de los servicios de temporada de las playas, 
por gestión directa o indirecta.» s
6.  Se modifica el apartado 1 del artículo 23 de la Ley 8/2020, que queda redactado  w.
del siguiente modo: 3w
«1.  Las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización de las
ccoonns turuncac icoonnecse seixóins tevnigteesn tee ny  eql udeo mreinsiuol tepnú bclicoon trmaraiarísti maol -tPelrarne stdree  qpuroet eccuceiónnte ny 
ordenación del litoral aplicable que no comporten incremento de la superficie
ocupada o de la volumetría existente están sujetas al régimen de declaración 
responsable ante el órgano competente en materia de ordenación del litoral de la 
Administración de la Generalidad.
Las  obras  de  reparación,  mejora,  consolidación  y  modernización  de  las 
construcciones existentes en el dominio público marítimo-terrestre que cuenten 
con una concesión vigente y que resulten contrarias a la legislación en materia de 
costas están sujetas al régimen transitorio establecido por la legislación estatal de 
costas,  que  les  es  plenamente  aplicable,  siendo  el  órgano  competente  el 
correspondiente de la Administración de la Generalidad.»
7.  Se modifica el apartado 4 del artículo 25 de la Ley 8/2020, que queda redactado 
del siguiente modo:
«4.  La  Administración  de  la  Generalidad,  las  entidades  locales  y  las 
entidades de derecho público dependientes están exentas del pago del canon de 
explotación  de  actividades  en  las  concesiones  que  se  les  otorguen  para  el 
ejercicio de sus competencias, siempre que las actividades no sean objeto de 
explotación lucrativa, directamente o por terceros.»
8.  Se modifican las letras g y q del artículo 29 de la Ley 8/2020, que quedan 
redactadas del siguiente modo:
«g)  La tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de 
servidumbre  respecto  a:  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  sin  acuerdo  de  la 
Administración de la Generalidad o del ayuntamiento o sin haber realizado la 
correspondiente  declaración  responsable,  sin  perjuicio  de  la  competencia 
sancionadora del Estado respecto de ocupaciones demaniales sin título.»
«q)  La cooperación transfronteriza en el ámbito propio de las competencias 
de la Generalidad para garantizar la correcta aplicación de la estrategia de gestión 
integrada de la costa catalana en el marco del Protocolo relativo a la gestión 
integrada  de  las  zonas  costeras  del  Mediterráneo  y  de  la  legislación 
internacional.»
9.  Se modifican las letras c y h del artículo 30 de la Ley 8/2020, que quedan 
redactadas del siguiente modo:
«c)  La explotación, en su caso, de los servicios de temporada de las playas 
por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta establecidas por la 
legislación de régimen local.»
«h)  La vigilancia del cumplimiento de las condiciones según las cuales hayan 
adjudicado la explotación de los servicios de temporada de las playas o hayan 
otorgado las autorizaciones de su competencia derivadas de los planes de uso del 
litoral  y  de  las  playas  y  de  la  observancia  de  los  requisitos  exigidos  por  la 
legislación  en  materia  de  costas  para  las  actuaciones  sujetas  a  declaración 
responsable  ante  el  ayuntamiento,  así  como  la  adopción,  en  caso  de 
incumplimiento,  de  medidas  para  la  protección  de  la  legalidad  relativas  a  la 
restauración  de  la  realidad  física  alterada  y  del  orden  jurídico  vulnerado,  la 
imposición  y  recaudación  de  sanciones  y  la  determinación  de  los  daños  y 
perjuicios causados.»
10.  Se modifica el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 8/2020, que queda redactado  oe.
del siguiente modo: w.
infra«c1c.i onEens  teipl ifsicuapduaess tpoo rd lea  lqeugeis llaac iópno teesnt amda tsearinac idoen acdoosrtaas  esne ar eelajecricóind ac poonr  lloass 
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la legislación en materia de costas.»
Artículo 74.  Modificación de la Ley 6/2001, de ordenación ambiental del alumbrado 
para la protección del medio nocturno.
1.  Se modifica el artículo 16 de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación 
ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 16.  Tipificación de las infracciones.
1.  Son infracciones leves las siguientes acciones u omisiones:
a)  Vulnerar el régimen horario de uso del alumbrado.
b)  Exceder en 1,5 veces el flujo de hemisferio superior instalado establecido 
por la normativa.
c)  Instalar  una  tipología  de  lámpara  diferente  a  la  establecida  en  la 
normativa.
d)  Infringir  por  acción  o  por  omisión  cualquier  otra  determinación  de  la 
presente ley o de la reglamentación que la desarrolle, salvo que se incurra en una 
infracción grave o muy grave.
2.  Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
a)  Exceder el 50% de flujo de hemisferio superior instalado fuera de zonas de 
máxima protección (E1), puntos de referencia y sus áreas de influencia, o en áreas 
declaradas espacios con un cielo nocturno de calidad.
b)  Incumplir  en  más  del  100%  los  valores  límite  de  otros  parámetros 
luminotécnicos establecidos por la presente ley o por la reglamentación que la 
desarrolle.
c)  Cometer dentro de una zona de máxima protección (E1), en puntos de 
referencia y sus áreas de influencia, o en áreas declaradas espacios con un cielo 
nocturno de calidad, una infracción tipificada como leve en caso de que la suma 
de  las  luces  que  incumplen  algún  parámetro  luminotécnico  supere  un  flujo 
luminoso de 30 klm.
d)  Cometer fuera de zonas de máxima protección (E1), puntos de referencia 
y sus áreas de influencia, o en áreas declaradas espacios con un cielo nocturno 
de calidad, una infracción tipificada como leve, cuando la suma de las luces que 
incumplen algún parámetro luminotécnico supere un flujo luminoso de 100 klm.
e)  Cometer  una  infracción  tipificada  como  leve,  si  causa  un  impacto 
importante al medio o a edificios habitados.
f)  Obstruir la actividad de control o de inspección de la Administración.
3.  Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:
a)  Exceder el 50% de flujo de hemisferio superior instalado en zonas de 
máxima protección (E1), puntos de referencia y sus áreas de influencia, o en áreas 
declaradas espacios con un cielo nocturno de calidad.
b)  Cometer  una  infracción  tipificada  como  grave,  si  causa  un  impacto 
importante sobre el medio o sobre edificios habitados.»
2.  Se modifica el artículo 19 de la Ley 6/2001, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 19.  Cuantía de las sanciones.
Las sanciones que corresponden a cada tipo de infracción son las siguientes:
a)  Las infracciones leves se sancionan con multas de 250 euros a 1.000 
euros.
b)  Las infracciones graves se sancionan con multas de 1.001 euros a 5.000 
euros.
c)  Las infracciones muy graves son sancionadas con multas de 5.001 euros 
a 50.000 euros.»
3.  Se modifica la letra d del artículo 20 de la Ley 6/2001, que queda redactada del 
siguiente modo:
«d)  El grado de afectación al medio en función de la vulnerabilidad de la 
zona, la distancia de las zonas más vulnerables, el alcance territorial del impacto, 
la cantidad de flujo luminoso, la radiancia emitida por la luz, el grado o porcentaje 
de superación del valor límite que ha sido superado, así como las horas que la luz 
debe permanecer encendida.»
4.  Se modifica el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 6/2001, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  Pueden imponerse multas coercitivas, de una cuantía máxima de 10.000 
euros, y un máximo de tres multas consecutivas, para apremiar al cumplimiento de 
las  obligaciones  derivadas  de  las  medidas  cautelares  o  de  las  resoluciones 
sancionadoras que se hayan dictado.»
Artículo 75.  Modificación de la Ley 9/1995, de regulación del acceso motorizado al 
medio natural.
1.  Se modifica el artículo 7 de la Ley 9/1995, de 27 de julio, de regulación del 
acceso motorizado al medio natural, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo  7.  Prohibición  de  circular  y  estacionar  campo  a  través  y  fuera  de 
caminos y pistas.
Los vehículos motorizados únicamente pueden circular por caminos o pistas 
aptas para la circulación, de acuerdo con lo establecido por la presente ley y la 
normativa específica que le sea de aplicación. En consecuencia, se prohíbe la 
circulación y el estacionamiento de vehículos motorizados campo a través o fuera 
de las pistas o de los caminos delimitados al efecto y por los cortafuegos, las vías 
forestales de extracción de madera y los caminos ganaderos y por el lecho seco y 
por la lámina de agua de los ríos, torrentes y todo tipo de corrientes de agua.»
2.  Se modifica el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 9/1995, que queda redactado 
del siguiente modo:
«3.  Los acuerdos de los entes locales a los que se refiere el apartado 2  e.
deben notificarse al departamento competente en materia de acceso al medio  w.
natural.» 3w
3.  Se modifican las letras b y c del apartado 4 del artículo 27 de la Ley 9/1995, que 
quedan redactadas del siguiente modo:
«b)  Circular o estacionar, sin causa justificada, por viales no aptos para la 
circulación  motorizada,  o  por  las  pistas  y  caminos  delimitados  en  redes  e 
itinerarios sin disponer de autorización específica.
c)  Circular o estacionar campo a través o fuera de caminos o pistas aptas 
para la circulación.»
4.  Se añade un artículo, el 29 bis, a la Ley 9/1995, con el siguiente texto:
«Artículo 29 bis.  Responsabilidad.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones establecidas por la 
presente  ley  recae  directamente  en  el  autor  del  hecho  en  que  consista  la 
infracción. No obstante:
a)  Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona 
menor de dieciocho años, deben responder solidariamente de la multa impuesta 
los progenitores, tutores o acogedores y guardadores legales o de hecho, por este 
orden, en relación con el incumplimiento de la obligación impuesta a estos que 
comporta un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los 
menores.
b)  En los casos en que no tenga lugar la detención del vehículo y este tenga 
designado un conductor habitual, la responsabilidad recae en este, salvo en el 
caso de que acredite que el conductor era otro o que el vehículo había sido 
sustraído.
c)  En los casos en que no tenga lugar la detención del vehículo y este no 
tenga designado un conductor habitual, es responsable el conductor identificado 
por el titular o el arrendatario a largo plazo.
d)  En  las  empresas  de  arrendamiento  de  vehículos  a  corto  plazo  es  el 
responsable el arrendatario del vehículo. En caso de que este manifieste que no 
es el conductor o sea una persona jurídica, es necesario que este facilite la 
identificación  de  la  persona  que  conducía  en  el  momento  de  cometerse  la 
infracción.»
5.  Se  modifica  la  disposición  adicional  cuarta  de  la  Ley  9/1995,  que  queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional cuarta.
Las  personas  que  tengan  la  movilidad  reducida  pueden  disponer  de 
autorizaciones específicas para facilitarles el acceso motorizado al medio natural 
por necesidades puntuales y previa justificación. Estas autorizaciones pueden 
comportar la exención de determinadas limitaciones de las establecidas en los 
artículos  6  y  7,  para  estas  personas  y  para  los  acompañantes  que  sean 
necesarios.  Las  personas  incluidas  en  los  programas  de  tecnificación  y  alto 
rendimiento  deportivo  de  Cataluña,  acreditadas  por  la  dirección  del  Consejo 
Catalán del Deporte, disponen de autorizaciones específicas para el libre acceso 
al medio natural no objeto de protección especial, con la única finalidad de que  s
puedan practicar sus actividades deportivas.» o
Artículo 76.  Modificación de la Ley 22/1983, de protección del ambiente atmosférico de 
Cataluña.
Se añade un párrafo al apartado 2 del artículo 15 de la Ley 22/1983, de 21 de 
noviembre, de protección del ambiente atmosférico de Cataluña, con el siguiente texto:
«Pueden destinarse recursos económicos del Fondo a la dotación de los 
medios técnicos y humanos necesarios para su gestión.»
Artículo 77.  Modificación de la Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de las 
actividades.
Se modifica el apartado 3 del anexo VI de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de 
prevención y control ambiental de las actividades, que queda redactado del siguiente 
modo:
«3.  Se  someten  a  un  informe  del  órgano  ambiental  del  departamento 
competente en materia de protección del ambiente atmosférico las actividades 
incluidas en el anexo II que estén clasificadas en el grupo A o B del Catálogo de 
actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera (CAPCA) establecido 
por  la  Ley  del  Estado  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y 
protección de la atmósfera, así como las actividades incluidas en el anexo II que 
estén  clasificadas  en  el  grupo  C  del  CAPCA  que,  debido  a  su  consumo  de 
disolventes, estén afectadas por el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre 
limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles causadas por el uso de 
disolventes en determinadas actividades.»
Artículo 78.  Modificación de la Ley 16/2017, del cambio climático.
Se añade un apartado, el 6, al artículo 51 de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del 
cambio climático, con el siguiente texto:
«6.  El Fondo Climático se crea dentro del presupuesto del departamento 
competente en materia de medio ambiente.»
Artículo 79.  Modificación del Decreto ley 24/2021, de aceleración del despliegue de las 
energías renovables distribuidas y participadas.
1.  Se  modifica  el  artículo  2.4  del  Decreto  ley  24/2021,  de  26  de  octubre,  de 
aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas, que 
queda redactado del siguiente modo:
«2.4  Se modifican las letras a y c y se añade una letra, la d, al apartado 1 del 
artículo 8 del Decreto ley 16/2019, del 26 de noviembre, que quedan redactadas 
del siguiente modo:
a)  Reducir la afectación a los terrenos de valor natural elevado, evitando la 
pérdida  de  la  base  de  su  valor.  Minimizar  la  afectación  a  los  conectores 
ecológicos,  la  afectación  sobre  las  especies  amenazadas  o  especialmente 
vulnerables en los parques eólicos y en los puntos estratégicos para el paso 
migratorio de las aves y evitar las áreas críticas de las rapaces amenazadas. Para  es
identificar y valorar la afectación a los conectores ecológicos, es preciso consultar  o
la documentación sobre conectividad ecológica existente en los planes territoriales  ww.
ppaarrqcd«iua)ce l)e ssR e.T»eóeslnipceeorts ae.rn u cnuae dnitsat aenl ciima pmaícntiom aac duem 5u0la0t imvoe tdreorsi veandtore d loes l aa ecroongceennetrraadcioórne sd ey   OE-A-2022-95able en https://
el límite de los núcleos de población.»
2.  Se modifica el artículo 2.7 del Decreto ley 24/2021, que queda redactado del 
siguiente modo:
«2.7  Se añade un apartado, el 3, al artículo 9 del Decreto ley 16/2019, de 26 
de noviembre, con el siguiente texto:
“9.3  A efectos del presente Decreto ley, tienen la consideración de suelos de 
alto valor agrológico y de elevado interés agrario los suelos de las clases I, II, III y 
IV establecidas en el sistema de evaluación de suelos de clases de capacidades 
agrológicas que consta en la información cartográfica oficial de Cataluña. En estas 
clases de suelo, la implantación de plantas solares fotovoltaicas debe tener en 
cuenta los siguientes criterios:
a)  En suelos de Clase de Capacidad Agrológica III y IV, se limita la ocupación 
de la totalidad de los proyectos aprobados a un máximo del 10% de la superficie 
agrícola de secano del término comarcal, y a un máximo del 5% de la superficie 
agrícola de regadío del término comarcal.
b)  En suelos de Clase de Capacidad Agrológica I y II, no se admite, salvo en 
los siguientes supuestos:
1.º  Cuando  se  trate  de  plantas  destinadas  al  autoconsumo  que  sean 
adyacentes al punto de suministro.
2.º  Cuando  se  trate  de  plantas  incluidas  en  proyectos  de  investigación 
participados  por  centros  de  investigación  o  universidades  con  fines 
experimentales, siempre que su ocupación no sea superior a 10 ha.
3.º  Cuando se trate de instalaciones solares ubicadas sobre cultivos que 
cumplan los siguientes requisitos:
En el caso de cultivos leñosos, que las plantas fotovoltaicas dispongan de una 
estructura que sitúe las placas por encima de las plantas, de modo que no impidan 
las prácticas normales del cultivo ni su mecanización y siempre que tengan en 
cuenta la influencia de la sombra que proyectan las placas.
En el caso de cultivos herbáceos y hortícolas, cuando la distancia entre las 
placas sea la necesaria para la mecanización o gestión del cultivo, y siempre que 
tengan en cuenta la influencia de la sombra que proyectan las placas.”»
3.  Se modifica el artículo 2.8 del Decreto ley 24/2021, que queda redactado del 
siguiente modo:
«2.8  Se  añade  un  artículo,  el  9  bis,  al  Decreto  ley  16/2019,  de  26  de 
noviembre, con el siguiente texto:
“Artículo 9 bis.  Medidas de mejora de la aceptación social de los proyectos de 
energías renovables.
9 bis 1.  En los proyectos de parques eólicos de potencia superior a 10 MW y 
plantas solares fotovoltaicas de potencia superior a 5 MW, situados en tierra y en 
suelo no urbanizable, el promotor debe acreditar, con anterioridad al trámite de 
información pública, que ha presentado una oferta de participación local y la 
disponibilidad o el compromiso de disponibilidad de más del 50% de los terrenos 
agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación solar o sobre los que se  e.e
proyecta  la  cimentación  de  los  aerogeneradores,  incluidas  las  subestaciones  w.b
eléctricas, y excluidos los accesos y las líneas de evacuación. 3ww
part9ic ibpiasr ,2 a. l mLean oofse retan  duen  2p0a%rtic dipea lcaió pnr olopcieadl acdo ndseisl tper oeyne cotfore oc edre l as up ofisniabnilcidiaacdi ódne, 
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pretende situar la instalación, o en los municipios limítrofes a este municipio o los 
que pertenezcan a la misma comarca.
9 bis 3.  En el caso de las personas físicas, deben estar empadronadas en 
dichos municipios con una antigüedad mínima de 2 años. En el caso de las 
personas jurídicas, deben cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a)  Tener  el  domicilio  social  en  los  municipios  mencionados  con  una 
antigüedad mínima de 2 años.
b)  Tener la consideración de comunidades ciudadanas de energía según la 
normativa europea y las disposiciones que la desarrollen, siempre que un mínimo 
de 50 de sus socios cumplan los requisitos previstos en el apartado 3 de este 
artículo. Tienen esta consideración las cooperativas de consumidores y usuarios 
de  energías  renovables  que  cumplan  los  requisitos  previstos  en  la  citada 
normativa.
9 bis 4.  En caso de que el proyecto se vehicule a través de una sociedad 
mercantil, el 20% de la propiedad del proyecto debe entenderse como el 20% de 
la  sociedad  vehicular.  En  el  supuesto  de  que  un  mismo  proyecto  estuviera 
vehiculado en varias sociedades, la apertura a la participación local no podrá ser 
inferior  al  20%  del  total  del  valor  nominal  del  conjunto  de  las  acciones  o 
participaciones de las sociedades vehiculares que integran el proyecto.
9 bis 5.  Las personas físicas o jurídicas a las que se ofrezca participar en 
el 20% de la propiedad o financiación del proyecto de acuerdo con este artículo no 
podrán tener una participación mayor al 10%.
9 bis 6.  La oferta de participación debe comunicarse a los ayuntamientos de 
los municipios a los que se refiere el apartado 2 indicando el lugar y la fecha de 
presentación pública de la oferta de participación local; debe publicarse en dos 
medios  de  comunicación  locales  y  permanecer  abierta  hasta  la  fecha  de 
otorgamiento de la autorización administrativa previa o hasta que se consiga 
el 20% de la participación.
9 bis 7.  Quedan exentas de presentar la oferta de participación local:
a)  Las entidades consideradas comunidades de energía renovable según la 
normativa europea y las disposiciones que la desarrollen.
b)  Las entidades consideradas comunidades ciudadanas de energía según la 
normativa europea y las disposiciones que la desarrollen, siempre que un mínimo 
de 50 de sus socios cumplan los requisitos previstos en el apartado 3 de este 
artículo. Tienen esta consideración las cooperativas de consumidores y usuarios 
de  energías  renovables  que  cumplan  los  requisitos  previstos  en  la  citada 
normativa.
c)  Los  proyectos  de  potencia  igual  o  inferior  a  10  MW  promovidos  por 
entidades con domicilio en el municipio donde se desarrolla la instalación con una 
antigüedad mínima de 2 años.
d)  Los proyectos asociados a un contrato de adquisición del 100% de la 
energía producida a un mínimo de 7 años desde la puesta en servicio entre el 
promotor y un consumidor. No se aplicará esta exención cuando se trate de 
contratos  bilaterales  intragrupo  de  aquellos  grupos  energéticos  integrados 
verticalmente  que  tengan  la  consideración  de  operadores  dominantes  en  los 
sectores energéticos en, como mínimo, una de sus actividades.”» s
4.  Se modifica el artículo 2.10 del Decreto ley 24/2021, que queda redactado del 
siguiente modo:
«2.10  Se modifica el artículo 14 del Decreto ley 16/2019, de 26 de diciembre, 
que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 14.  Solicitud de autorización administrativa para la implantación de un 
parque eólico o planta solar fotovoltaica.
14.1  La persona promotora del parque eólico o de la planta solar fotovoltaica 
debe presentar la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción 
en la Oficina de Gestión Empresarial. Debe aportar asimismo la documentación 
exigida por las distintas normativas sectoriales detalladas en los anexos de este 
Decreto ley. El órgano competente en materia de energía debe dar traslado de la 
solicitud  al  ayuntamiento,  ayuntamientos  o  consejos  comarcales  donde  se 
proyecta la actividad.
14.2  Sin  perjuicio  de  la  previsión  contenida  en  el  artículo  18.2,  la 
documentación acreditativa del acceso y la conexión a la red puede aportarse en 
cualquier momento del procedimiento administrativo posterior a la presentación de 
la solicitud.
14.3  Para  poder  solicitar  la  declaración  de  utilidad  pública  junto  con  la 
autorización  energética  y  la  declaración  de  impacto  ambiental,  la  persona 
promotora  debe  acreditar  que  dispone,  como  mínimo,  del  acuerdo  con  los 
propietarios  del  85%  de  la  superficie  privada  ocupada.  En  caso  contrario,  la 
declaración de utilidad pública deberá solicitarse una vez obtenida la autorización 
energética.”»
5.  Se modifica el artículo 6 del Decreto ley 24/2021, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 6.  Composición y funcionamiento de la Mesa de Diálogo Social de las 
Energías Renovables.
El funcionamiento y la composición de la Mesa de Diálogo Social de las 
Energías Renovables se aprueba por orden de la persona titular del departamento 
competente en materia de energía. La Mesa debe contar con representantes 
municipales y del mundo asociativo local. También deben estar representadas las 
asociaciones de energías renovables (eólica y solar), los pequeños productores de 
energías renovables, las cooperativas energéticas ciudadanas, las organizaciones 
profesionales  agrarias,  las  cooperativas  agroalimentarias,  las  entidades 
ecologistas y los agentes sociales y económicos, entre otros.»
6.  Se modifica la disposición transitoria segunda del Decreto ley 24/2021, que 
queda redactada del siguiente modo:
«Disposición transitoria segunda.  Procedimientos en trámite.
1.  Las personas que hayan presentado una solicitud de consulta previa al 
amparo del artículo 11 del Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, y no hayan 
obtenido un pronunciamiento de la Ponencia pueden presentar su solicitud de  s
acuerdo con el artículo 14. oe.
2.  Los procedimientos de autorización administrativa para la implantación de  w.
ivuningic opiara drdoqe u eeen es tóleali  cDofee occh rdeaet o du enle ays  pucl auenyntoatr  astrdoáalma rie tfeno  todvveigo olitnra fioscream  iarnicgicieóiannd  oppsoú rba lnsictueass   adpúerne l vani seoion sntreea sdh,a a seyinan    2022-953n https://w
perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera.»
CAPÍTULO II
Medidas administrativas en materia de infraestructuras y movilidad
Artículo 80.  Modificaciones del texto refundido de la Ley de carreteras, aprobado por el 
Decreto legislativo 2/2009.
1.  Se modifica la letra d del artículo 3 del texto refundido de la Ley de carreteras, 
aprobado por el Decreto legislativo 2/2009, de 25 de agosto, que queda redactada del 
siguiente modo:
«d)  Elemento funcional de la carretera: cualquier elemento o equipamiento, 
permanente  o  provisional,  vinculado  a  la  conservación,  el  mantenimiento,  la 
explotación y la movilidad de la red viaria de transporte terrestre o al uso del 
servicio público viario, como los destinados a la señalización, a los parques de 
conservación, centros de control de carreteras, áreas de servicio y descanso, 
zonas de estacionamiento, servicios de control del tráfico, instalaciones para la 
explotación  de  la  vía,  auxilio  y  atención  médica  de  urgencia,  canalizaciones 
públicas para la instalación de redes de telecomunicaciones, áreas de peajes, 
estaciones de autobuses, paradas de autobuses y otras finalidades auxiliares de la 
vía.»
2.  Se añade una letra, la f, al artículo 29 del texto refundido de la Ley de carreteras, 
con el siguiente texto:
«f)  Mediante la contraprestación establecida a favor de la Administración en 
los contratos de gestión y explotación de áreas de servicio en vías de titularidad de 
la Generalidad. Estos ingresos tienen carácter finalista y generan crédito dentro 
del estado de gastos del presupuesto del departamento competente en materia de 
carreteras, tanto si proceden de contratos adjudicados por el propio departamento 
como por las empresas o entidades que estén adscritas a la Administración de la 
Generalidad, en este caso, mediante las correspondientes transferencias a dicho 
departamento que deben realizar como contrapartida y para el retorno de los 
ingresos netos generados por aquellos contratos.»
Artículo 81.  Modificación de la Ley 4/2006, ferroviaria.
1.  Se modifica el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 4/2006, de 31 de marzo, 
ferroviaria, que queda redactado del siguiente modo:
«3.  La determinación de la zona de dominio público de los túneles y, en 
general, de cualquier infraestructura ferroviaria enterrada debe extenderse al área 
de terreno necesaria para asegurar tanto la prestación del servicio ferroviario 
como  la  integridad  estructural,  la  conservación  y  el  mantenimiento  de  la 
infraestructura,  de  acuerdo  con  las  características  geotécnicas  del  terreno,  el 
recubrimiento existente sobre la infraestructura y la disposición de sus elementos, 
sus instalaciones auxiliares y sus accesos.»
2.  Se modifica el artículo 15 de la Ley 4/2006, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo  15.  Normas  de  aplicación  en  las  zonas  de  dominio  público  y  de  b
protección. w
ipnrforav1eis.s iotrnLuaacl teuesrja,e  dcefue crciróaonmv ibaeirnoia s  laedsne   ezclo udnaealssqt uindieoer   ddteiop emos itndaioes   opo úbdbrealli sct oip ooy   dindese ta acplatrivcoiitdoeancdecesió,s n q fiujdaees   slaeo    OE-A-2022-95able en https://
puede  cumplir  en  las  mismas  o  la  plantación  o  tala  de  árboles  requiere  la
autorización previa del titular de las infraestructuras ferroviarias o, en su caso, del 
ente que tenga atribuida su administración.
2.  Con carácter general, solamente pueden autorizarse obras o instalaciones 
en la zona de dominio público si son compatibles con la seguridad del tráfico 
ferroviario y son necesarias para prestar el servicio ferroviario, o bien si lo requiere 
la prestación de un servicio de interés general, de acuerdo con el procedimiento y 
las  condiciones  que  reglamentariamente  se  establezcan.  Las  instalaciones 
requeridas para la prestación de un servicio de interés general comprenden la 
instalación de sistemas de aprovechamiento energético pasivos.
3.  En la zona de protección de las líneas ferroviarias solamente pueden 
autorizarse  obras  o  instalaciones  compatibles  con  la  seguridad  tanto  de  la 
infraestructura como del tráfico ferroviario.
4.  Puede  autorizarse,  excepcionalmente  y  por  causas  debidamente 
justificadas, el cruce, tanto aéreo como subterráneo, de obras e instalaciones de 
interés privado en la zona de dominio público.
5.  La autorización a la que se refiere este artículo es preceptiva para el 
otorgamiento  de  la  correspondiente  licencia  municipal.  No  obstante,  el 
departamento competente en materia de infraestructuras y servicios de transporte 
puede prohibir o condicionar el ejercicio de las obras o actividades que se quieran 
realizar,  aunque  exista  conformidad  del  administrador  de  la  infraestructura,  si 
pueden perturbar la adecuada prestación del servicio o son contrarias al interés 
público.
6.  El otorgamiento de la autorización a la que se refiere este artículo no 
exime del otorgamiento de las autorizaciones o licencias preceptivas de otras 
administraciones o de otros departamentos de la Administración de la Generalidad 
y  se  realiza  sin  perjuicio  de  terceras  personas  y  preservando  los  derechos 
preexistentes sobre los terrenos y bienes. No comporta en ningún caso la cesión 
del dominio público ni derecho a servidumbre, ni la asunción, por parte del titular 
de las infraestructuras ferroviarias o, en su caso, de su administrador, de ninguna 
responsabilidad respecto de la persona titular de la autorización o de terceros.
7.  El plazo para otorgar y notificar la resolución es de cuatro meses a contar 
desde la fecha en la que la solicitud ha entrado en el registro de la Administración 
o ente competente de conformidad con el apartado 1. Transcurrido este plazo sin 
que se haya adoptado y notificado la resolución de la solicitud de autorización, 
ésta se entenderá desestimada.
8.  La autorización debe establecer las condiciones que, en cada caso, se 
consideren oportunas para la correcta ejecución de la obra o instalación y para 
asegurar tanto la prestación del servicio ferroviario como la integridad estructural, 
la conservación y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
9.  Las obras e instalaciones autorizadas deben ejecutarse de acuerdo con la 
documentación  presentada  y  con  las  condiciones  que  se  incorporen  a  la 
correspondiente autorización.
10.  La autorización puede establecer la constitución de una garantía para la 
correcta ejecución de la obra que consiste en la prestación de una fianza cuyo 
importe debe ser debidamente ponderado y justificado en el momento de emitir la 
autorización.
11.  La autorización produce efectos mientras se mantenga el objeto que la 
motivó y es transmisible siempre que se notifique el cambio de titularidad al  s
órgano que emitió la resolución de autorización. oe.
No obstante, el titular de las infraestructuras ferroviarias o el ente que tenga 
atribuida su administración puede, en cualquier momento, revocar la autorización 
otorgada por alguna de las siguientes causas:
a)  El  incumplimiento  de  alguna  de  las  condiciones  establecidas  en  la 
autorización.
b)  Que la obra o instalación autorizada sea incompatible con alguna norma 
de seguridad aprobada con posterioridad al otorgamiento de la autorización.
c)  Que la ejecución de la obra o instalación produzca daños en el dominio 
público ferroviario o en la zona de protección de las líneas ferroviarias.
d)  Que sea necesario para la ampliación, la mejora o el desarrollo de las 
infraestructuras ferroviarias.
La revocación de la autorización no da derecho a indemnización en ningún 
caso.
12.  Pueden ocuparse superficies en la zona de protección por necesidad del 
servicio ferroviario. Esta ocupación y el importe de los daños y perjuicios que 
efectivamente se hayan producido deben ser objeto de indemnización.
13.  Pueden  hacerse  cultivos  agrícolas  en  la  zona  de  protección,  sin 
necesidad de autorización previa, si se garantiza la correcta evacuación del agua 
de riego y no se causan perjuicios a la explanación. Queda prohibida la quema de 
rastrojos, de acuerdo con lo que establezca la normativa aplicable en esta materia.
14.  La  producción  de  daños  en  una  infraestructura  ferroviaria  origina  la 
incoación y la tramitación del correspondiente expediente administrativo contra el 
presunto responsable, en los términos que reglamentariamente se establezcan, 
para determinar la indemnización por los daños y perjuicios causados, que es 
exigible por vía de apremio. Si la reparación de un daño es urgente para el servicio 
ferroviario, el departamento competente en materia de infraestructuras y servicios 
de transporte debe realizarla de inmediato, con cargo a la persona causante.»
3.  Se añade un párrafo al artículo 17.2 de la Ley 4/2006, con el siguiente texto:
«Asimismo, el ente Infraestructuras Ferroviarias de Catalunya puede asumir la 
función  de  suministro  de  energía  eléctrica  en  las  infraestructuras  ferroviarias 
cuando así le sea encargado por el Gobierno. En este supuesto, Infraestructuras 
Ferroviarias de Cataluña puede suscribir los contratos de acceso a la red de 
transporte y distribución eléctrica, directamente con las distribuidoras o mediante 
empresas comercializadoras, y los contratos de suministro de energía con las 
empresas comercializadoras en todos los puntos de suministro y llevar a cabo 
cualquier  otra  actuación  necesaria  para  cumplir  con  la  función  mencionada, 
incluida,  en  su  caso,  la  ejecución  de  las  obras  de  infraestructura  eléctrica 
requeridas para prestar dicho suministro.»
4.  Se añade un apartado, el 4, a la disposición adicional novena de la Ley 4/2006, 
con el siguiente texto:
«4.  Mientras  no  se  desarrolle  reglamentariamente  la  presente  ley,  la 
modificación del Plan de infraestructuras de transporte de Cataluña corresponde al 
departamento competente en materia de infraestructuras de movilidad, que debe 
justificar la necesidad, la oportunidad y la conveniencia de la iniciativa. es
La tramitación de la modificación debe sujetarse al siguiente procedimiento: o
El departamento competente en materia de infraestructuras de movilidad debe  3w
eploarb ourna rp eerl íopdrooy emcítnoi mdeo  mdeo duifnic amceiósn,  mqueed idaenbtee  eslo maneutenrcsioe  cao irnrefosrpmoancdiióenn tpeú ebnlic ae,l 
“Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
Simultáneamente,  este  proyecto  debe  someterse  a  informe  de  las 
administraciones  públicas  afectadas  y  de  los  organismos  y  entidades 
representativas en el ámbito de la movilidad. Este informe debe emitirse en el 
plazo de treinta días hábiles. Transcurrido este plazo sin que se haya emitido, 
pueden proseguirse las actuaciones.
Corresponde  al  consejero  o  consejera  competente  en  materia  de 
infraestructuras  de  movilidad  aprobar  el  proyecto  de  modificación,  con  las 
aportaciones que se estimen pertinentes como resultado de la información pública 
y de los informes emitidos.»
5.  Se añade un apartado, el 4, a la disposición transitoria primera de la Ley 4/2006, 
con el siguiente texto:
«4.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  apartados  1,  2  y  3,  el  ente 
Infraestructuras  Ferroviarias  de  Cataluña  puede  asumir  las  funciones  de 
suministro de energía eléctrica de las infraestructuras ferroviarias que le sean 
encomendadas por el Gobierno, según lo dispuesto por el artículo 17.2, previo 
acuerdo de las administraciones competentes cuando sea pertinente.»
Artículo  82.  Modificación  de  la  Ley  14/2009,  de  aeropuertos,  helipuertos  y  otras 
infraestructuras aeroportuarias.
Se  modifica  el  artículo  42  de  la  Ley  14/2009,  de  22  de  julio,  de  aeropuertos, 
helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo  42.  Aeródromos  eventuales,  incluidos  helipuertos  y  campos  de 
aviación.
1.  El  establecimiento  de  un  aeródromo,  helipuerto  o  campo  de  aviación 
eventuales, a excepción de los incluidos en el apartado 3, debe comunicarse al 
departamento competente en materia aeroportuaria mediante la presentación de 
una declaración responsable del operador y del propietario del terreno.
2.  La declaración responsable formulada por el operador y por el propietario 
del  terreno  acredita  el  deber  de  estos  de  disponer  de  las  autorizaciones 
pertinentes de conformidad con la normativa de aplicación y debe indicar el plazo 
en el que el aeródromo estará operativo.»
3.  Los aeródromos eventuales, incluidos helipuertos y campos de aviación 
eventuales, que se proyecten dentro de una zona aérea controlada, restringida o 
peligrosa, o dentro de la zona de afección de otra infraestructura aeroportuaria 
permanente  deben  ser  autorizados  por  el  órgano  correspondiente  del 
departamento  competente  en  materia  aeroportuaria  previa  obtención  de  los 
informes preceptivos. La autorización debe fijar el plazo de validez.»
CAPÍTULO III
Medidas administrativas en materia de urbanismo
Artículo 83.  Modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2010. e.e
1.  Se añade un apartado, el 2 bis, al artículo 9 bis del texto refundido de la Ley de  w
urbanismo«, 2c obni se. l sAigsuiimenistme ote, xeton: actuaciones de rehabilitación edificatoria en el medio
udrebraivnaod oa  qpuuee dsee  reafuietoreri zlaa rd isjupsotisfiiccaiódna amdeicnitoen apl rqeuviinstioan, eesl  pldaen ecaumeirepnotos  uerbdaifincíasdtiocos   BOE-A-cable e
adosados a las edificaciones existentes, con el objetivo de reducir la demanda 
energética anual destinada a la calefacción o refrigeración del edificio o mejoras 
de la habitabilidad. Estas construcciones pueden comportar la autorización para 
ocupar, mientras subsista la edificación, suelos reservados a sistemas urbanísticos 
o terrenos privados inedificables que sean indispensables.»
2.  Se añade un párrafo al apartado 3 del artículo 9 bis del texto refundido de la Ley 
de urbanismo, con el siguiente texto:
«Asimismo, en los casos a los que se refiere el apartado 2 bis, los espacios 
ocupados por dichos elementos no computan a efectos de considerar un eventual 
incremento de techo ni de ocupación de la parcela, ni es necesario reponer la 
superficie de suelo de sistema que pueda quedar afectada por esta medida.»
3.  Se modifica el apartado 1 y se añaden dos apartados, el 3 y el 4, al artículo 17 
del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«1.  La  Comisión  de  Territorio  de  Cataluña  es  un  órgano  administrativo 
colegiado  de  la  Generalidad  de  Cataluña.  Se  adscribe  al  departamento 
competente en materia de política territorial y urbanismo y tiene el carácter de 
órgano consultivo e interpretativo superior en estas materias y, en cuanto a la 
tramitación y aprobación de los planes urbanísticos, de órgano resolutorio superior 
de dicho departamento.»
«3.  La Comisión de Territorio de Cataluña debe publicar periódicamente en el 
Registro  de  planeamiento  urbanístico  de  Cataluña  los  criterios  interpretativos 
sobre la normativa y el planeamiento urbanísticos que deben aplicar los órganos 
urbanísticos de la Generalidad en la aprobación de los planes urbanísticos.
4.  Las funciones interpretativas de la Comisión de Territorio de Cataluña 
pueden  ser  ejercidas  a  través  de  una  sección,  con  la  composición  que  se 
establezca  por  reglamento,  en  la  que  debe  haber  representación  de  las 
administraciones locales. La sección debe elevar las propuestas a la Comisión 
para que las considere.»
4.  Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 23 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«b)  Al Instituto Catalán del Suelo, si lo determina el planeamiento urbanístico 
o  la  declaración  de  sector  de  urbanización  prioritaria  de  acuerdo  con  el 
artículo  142.3,  y  si  se  acuerda  entre  el  Instituto  Catalán  del  Suelo  y  el 
ayuntamiento afectado.»
5.  Se añade un apartado, el 9, al artículo 34 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, con el siguiente texto:
«9.  Las  infraestructuras  relativas  a  los  sistemas  urbanísticos  deben 
implantarse en los terrenos que el planeamiento urbanístico reserve con este 
destino. Sin embargo, estas infraestructuras pueden implantarse sin que el plan 
establezca la reserva previa en los siguientes casos:
a)  En  caso  de  que  la  legislación  sectorial  correspondiente  regule 
instrumentos  específicos  para  la  ejecución  de  la  infraestructura  que  sean  e
vinculantes para el planeamiento urbanístico. bo
b)  Las infraestructuras de equipamiento comunitario en caso de que, de  w
cdaoecmu secoor) ld aoort.L rcooossn  uc eseoln sptr loadsne e daaepmsroiteivnneatcodh ouasrm baaie npnírtseotsi cptoari,rv  sasede orav diecmnio isttea r drteae nnitonost e eqrlé uuses  potiú edbneleilc noe  qlaou  icpsooancmdiaiiecl nióetnno    OE-A-2022-95able en https://
caso  de  que,  de  acuerdo  con  el  planeamiento,  se  admitan  tanto  el  uso  del
equipamiento  como  otros  usos,  de  aprovechamiento  privado,  en  las 
construcciones  a  las  que  se  refiere  el  artículo  47.3  o,  de  no  estar  admitido 
expresamente, si concurren las circunstancias del artículo 47.3 ter.
d)  Los servicios técnicos en suelo no urbanizable en los supuestos a los que 
se refiere el artículo 48 bis y los que comporten exclusivamente la ejecución de 
obras de conexión simple de una actuación legalmente implantada en la red 
pública  del  servicio  correspondiente,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente.»
6.  Se modifican el inciso inicial del apartado 3, el apartado 3 bis y se añaden dos 
apartados, el 3 ter y el 3 quáter, al artículo 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
con el siguiente texto:
«3.  Está permitido, en suelo no urbanizable, con los requisitos fijados por los 
artículos 50, 50 bis y 51:»
«3 bis.  Las construcciones a las que se refiere el apartado 3 deben haber 
sido incluidas por el planeamiento urbanístico en el catálogo establecido en el 
artículo  50.2.  De  acuerdo  con  el  correspondiente  plan  urbanístico,  estas 
construcciones pueden reutilizarse para destinarlas a los siguientes usos:
a)  De vivienda, cuando se trate de masías o casas rurales.
b)  De vivienda con actividad económica de uso turístico en masías o casas 
rurales.
c)  Hotelero, con exclusión de la modalidad de hotel apartamento.
d)  De turismo rural.
e)  Educación en el ocio.
f)  De creación artística o de producción artesanal.
g)  De ejercicio de profesiones liberales.
h)  De restauración.
i)  De equipamientos
j)  De servicios comunitarios o corporativos.»
«3  ter.  No  obstante  lo  establecido  en  el  apartado  3,  las  construcciones 
mencionadas pueden reutilizarse para destinarlas a otros usos distintos siempre 
que fomenten su preservación y conservación o, en su caso, permitan corregir su 
impacto ambiental o paisajístico negativo.
3 quáter.  En cualquier caso, los usos a los que se refieren los apartados 3 bis 
y 3 ter deben ser compatibles con las actividades agrarias implantadas en el 
respectivo entorno inmediato.»
7.  Se modifican las letras f y g del apartado 6 del artículo 47 del texto refundido de 
la Ley de urbanismo, que quedan redactadas del siguiente modo:
«f)  Las construcciones destinadas a usos auxiliares a los autorizados en las 
construcciones a las que se refieren las letras a y b del apartado 3.
g)  Las construcciones destinadas a la ampliación de los usos de turismo rural 
u hoteleros autorizados en las construcciones a las que se refieren las letras a y b 
del apartado 3, que exigen la tramitación previa de un plan especial urbanístico.»
8.  Se añade un apartado, el 6 bis, al artículo 47 del texto refundido de la Ley de  s
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo: oe.
«6 bis.  En los municipios rurales sin núcleo de población o con una población  3w
irnefuetriiloizra caió nd odse  mlaisl  ehxaibsitteanntteess , pasrea  pdreesstuinmaerl asq uael  ulasso  dneu evviavise ncdoan sfatrmucilciaior neesst áno 
ddeire lcatsa  oyb jruasst isfiecaad uanm deenstec eansdoiceinatdea dse a  lau npae resxopnloat atictuiólanr  rdúes tuicnaa c euxapnldoota ceiló pnr orúmsotitcoar 
familiar situada en el municipio y trabaje en la explotación u obtenga rendimientos
de la misma. Esta asociación solamente se presume para la implantación de una 
única vivienda.»
9.  Se modifican las letras b y e del apartado 1 del artículo 49 del texto refundido de 
la Ley de urbanismo, que quedan redactadas del siguiente modo:
«b)  Los  proyectos  de  nuevas  construcciones  a  los  que  se  refiere  el 
artículo 47.6.b, o la reutilización de las construcciones existentes, para destinarlas 
a vivienda familiar o a alojamiento de trabajadores temporeros y los proyectos a 
los que se refiere el apartado 2 en todos los casos en los que incorporen estos 
usos.  En  cualquier  caso,  estos  usos  deben  estar  directa  y  justificadamente 
asociados a la explotación rústica de que se trate o, en el caso de trabajadores 
temporeros, a un conjunto de estas explotaciones, y las construcciones deben 
constituir un conjunto integrado adecuado al medio rural. Sin embargo, no son de 
aplicación  las  determinaciones  del  artículo  48  cuando  se  trate  de  reutilizar 
construcciones existentes con dicha destinación en los supuestos del artículo 47.3. 
En el caso de las letras b y c del artículo 47.3 es preceptivo el informe de la 
comisión  territorial  de  urbanismo  que  corresponda  en  el  procedimiento  de 
otorgamiento de la licencia urbanística y su sentido desfavorable es vinculante.»
«e)  Las construcciones destinadas a usos auxiliares a los autorizados en las 
construcciones a las que se refieren las letras a y b del apartado 3 del artículo 47.»
10.  Se modifica el apartado 2 del artículo 49 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Los  proyectos  de  nuevas  construcciones  propias  de  una  actividad 
agrícola, ganadera o, en general, rústica, si superan una ocupación en planta 
de 5.000 m2 o la altura de 12 m, a excepción del supuesto del inciso final del 
apartado 3, deben someterse al informe de la comisión territorial de urbanismo 
que corresponda, que debe emitirlo en el plazo de dos meses a partir de que 
disponga del expediente. Este informe debe referirse a los aspectos de legalidad 
del  proyecto  y  al  estudio  de  impacto  e  integración  paisajística  de  la  nueva 
construcción que el promotor del proyecto debe presentar. La licencia solamente 
puede otorgarse si dicho informe es favorable y, en su caso, debe fijar las medidas 
correctoras  y  las  condiciones  de  carácter  urbanístico  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 48.2.»
11.  Se modifica el apartado 3 del artículo 50 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3.  Es preceptivo el informe de la comisión territorial de urbanismo que 
corresponda en el procedimiento de otorgamiento de la licencia urbanística y su 
sentido desfavorable es vinculante en los siguientes supuestos:
a)  En  relación  con  los  usos  a  los  que  se  refiere  el  apartado  3  ter  del 
artículo  47,  si  no  están  expresamente  admitidos  en  el  correspondiente  plan 
urbanístico.
b)  En relación con las obras a las que se refiere el apartado 1 del artículo 50 
bis, de sustitución parcial o de aumento de volumen sin dar lugar a un cuerpo 
separado, si no están suficientemente detalladas para el otorgamiento reglado de  s
la licencia en el correspondiente plan urbanístico.» oe.
12.  Se añade un artículo, el 50 bis, al texto refundido de la Ley de urbanismo, con 
el siguiente texto:
«Artículo 50 bis.  Obras y división horizontal admitidas en la reconstrucción y 
rehabilitación de determinadas construcciones en suelo no urbanizable.
1.  Son admisibles las obras de intervención sobre las construcciones a las 
que se refiere el artículo 47.3 que sean necesarias para destinarlas a un uso 
admitido.  Estas  obras  deben  respetar  el  volumen  edificado  preexistente  y  la 
composición  volumétrica  original  previamente  determinados.  Sin  embargo,  en 
cuanto a las construcciones a las que se refieren las letras a y b del citado artículo, 
pueden ser objeto de obras de sustitución parcial o de aumento de volumen 
edificado de acuerdo con las siguientes condiciones:
a)  Deben ser necesarias para destinar la edificación a un uso admitido.
b)  Deben  contribuir  significativamente  a  mejorar  las  condiciones  de 
preservación y conservación de la edificación.
c)  Deben guardar las debidas proporciones con el volumen original que se 
conserve  de  la  edificación  para  que  este  volumen  mantenga  el  carácter  de 
principal.
2.  Las obras de sustitución parcial o de aumento de volumen a las que se 
refiere el apartado 1 pueden dar lugar a un volumen edificado separado del 
original. En este caso, el volumen edificado separado solamente podrá destinarse 
a usos auxiliares al que se destine la edificación principal, salvo que este uso sea 
el de turismo rural u hotelero.
3.  En  el  supuesto  de  la  letra  c  del  artículo  47.3,  la  rehabilitación  de  la 
construcción afectada puede comportar la reducción del volumen preexistente si 
ello es necesario para corregir su impacto ambiental o paisajístico negativo.
4.  De acuerdo con el correspondiente plan urbanístico, puede admitirse la 
división horizontal de las construcciones a las que se refieren las letras a y b del 
artículo 47.3 si no se alteran sus características originales y de acuerdo con la 
normativa reguladora de las condiciones objetivas de habitabilidad. En ningún 
caso es admisible la división horizontal o cualquier otro régimen de condominio en 
las partes de las edificaciones destinadas al uso hotelero.»
13.  Se modifica el apartado 6 del artículo 53 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«6.  Los terrenos de titularidad pública destinados a sistemas urbanísticos 
pueden ocuparse temporalmente para otros usos públicos o privados mediante 
instalaciones desmontables o móviles para el desarrollo de actividades de interés 
social o para hacer factible la ejecución de obras o la prestación servicios públicos. 
En  el  caso  de  sistemas  en  servicio,  cuando  la  ocupación  temporal  deba 
prolongarse  en  el  tiempo  por  razón  de  la  prestación  de  servicios  públicos, 
solamente puede admitirse por un período máximo de cuatro años, prorrogable 
justificadamente por cuatro años más como máximo, y siempre que se mantenga 
esencialmente la funcionalidad del conjunto del sistema.»
14.  Se deroga la letra c del apartado 9 del artículo 58 del texto refundido de la Ley  es
de urbanismo. o
15.  Se añade un apartado, el 5, al artículo 72 del texto refundido de la Ley de  ww.
urbanismo«, 5c.o n Ceul saingduoie nsete  pterextteon:da la ejecución de las obras por fases, el proyecto de  2022-953n https://w
eunrbtiaennidzaec pióonr  fdaesbee l ap rpeavreter  jdueslt ifpicoalídgaomnoe ndtee  aecsttuaa ccoiónnti nugrbeannciías.t icEan  qeuset,e  dseesnptuidéos,  dsee   BOE-A-cable e
que  sean  ejecutadas  las  obras  que  comprende,  pueden  entrar  en  servicio 
inmediatamente porque no dependen funcionalmente de las obras pendientes de 
ejecución en el resto del polígono y permiten alcanzar la condición de solar en las 
parcelas resultantes.»
16.  Se modifica el título del artículo 75 del texto refundido de la Ley de urbanismo y 
se añade un apartado, el 4, con el siguiente texto:
«Artículo 75.  Consulta previa al desarrollo del suelo urbanizable».
«4.  En caso de que el planeamiento urbanístico general municipal no esté 
adaptado  a  los  objetivos  de  equilibrio  del  planeamiento  territorial  parcial,  es 
obligatoria la consulta previa del avance del plan al que se refiere este artículo en 
relación con los planes parciales urbanísticos que desarrollen el suelo urbanizable 
delimitado  o  no  delimitado.  A  tal  fin,  el  avance  del  plan  debe  evaluar  la 
transformación urbanística del suelo de conformidad con la legislación urbanística 
y si esta transformación se adecua a los objetivos de equilibrio mencionados 
atendiendo tanto a los suelos ya transformados como a los suelos pendientes de 
transformación.»
17.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 83 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, con el siguiente texto:
«4.  Las personas físicas o jurídicas privadas pueden presentar propuestas 
para la formulación de los planes directores urbanísticos a los que se refiere el 
artículo  56.1.g.  A  tal  efecto,  la  propuesta  debe  incorporar  los  siguientes 
documentos:
a)  La memoria justificativa del interés territorial de la actuación y de su 
viabilidad técnica y económica atendiendo a los usos existentes o previstos en el 
entorno.
b)  Los planos de emplazamiento y delimitación del ámbito de la actuación.
c)  El esbozo de los planos de ordenación de la actuación.
En el plazo de tres meses a contar desde la presentación de la propuesta, la 
Comisión de Territorio de Cataluña debe decidir justificadamente si asume o no la 
iniciativa  en  la  formulación  del  plan;  si  la  asume,  debe  determinar  a  quien 
corresponde su elaboración. Previamente a la decisión, es preceptivo solicitar a 
los ayuntamientos afectados, y al Área Metropolitana de Barcelona si el alcance 
del plan afecta a algún municipio de este ámbito, que informen en el plazo de un 
mes sobre los efectos que podría tener la propuesta de plan en relación con los 
intereses públicos urbanísticos del municipio.
Transcurrido el plazo de tres meses, si el departamento competente en materia 
de urbanismo no ha notificado la resolución adoptada al respecto, se entiende que 
no asume la iniciativa. Si la Comisión asume la iniciativa en la formulación del 
plan, debe solicitarse de nuevo el informe de los municipios afectados antes de su 
aprobación inicial.»
18.  Se modifica el apartado 4 del artículo 100 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo: s
«4.  Cuando la modificación del planeamiento tiene por objeto una actuación  w.b
de dotación deben incrementarse las reservas para zonas verdes, espacios libres  3ww
yd eebqeaun)i p cauSmmi ieplanli trosmeso  dldaeisf i acrecausceeiórrnvd aosc c omomnínp liaomsrta ass ig teruasietnansbtfeolesrcm irdeaagcsliaó esnn:  deel  alpoasr taudsoos 3 .preexistentes,  OE-A-2022-95able en https://
b)  Si la modificación comporta únicamente un incremento de techo edificable 
o de la densidad, se incrementarán las reservas de acuerdo con lo establecido en 
los apartados 1 y 2 respectivamente.
c)  Las  mayores  reservas  exigidas  con  arreglo  a  las  letras  a  y  b  deben 
situarse en la parcela o parcelas a las que la modificación de planeamiento asigne 
el mayor aprovechamiento urbanístico. Si ello no es posible, las nuevas reservas 
se pueden:
1.º  Situar en un ámbito de actuación discontinuo o, fuera del ámbito de 
actuación, adscribirlas para obtener los terrenos afectados en una clase distinta de 
suelo, siempre que sean accesibles a una distancia no superior a quinientos 
metros  desde  de  las  parcelas  donde  se  sitúe  el  mayor  aprovechamiento 
urbanístico.
2.º  Sustituir por el equivalente en techo edificado o edificable en las parcelas 
a las que se asigne el mayor aprovechamiento con destino al sistema urbanístico 
de equipamiento comunitario de titularidad pública, o por su valor en metálico con 
destino a conservar, administrar o ampliar el patrimonio público de suelo y de 
vivienda.»
19.  Se modifican los apartados 4 y 5, y se añaden dos apartados, el 4 bis y el 4 ter, 
al artículo 108 del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«4.  Las construcciones e instalaciones que tengan un volumen de edificación 
disconforme  con  los  parámetros  imperativos  de  un  nuevo  planeamiento 
urbanístico, pero que no queden fuera de ordenación, se sujetan al siguiente 
régimen, siempre que no estén situadas en espacios naturales protegidos, en los 
que no pueden autorizarse estas actuaciones:
a)  Deben  autorizarse  obras  de  consolidación  y  obras  de  rehabilitación, 
incluidas las de gran rehabilitación, siempre que el planeamiento urbanístico no las 
limite de acuerdo con lo establecido en la letra c.
b)  Deben autorizarse los usos y actividades que sean conformes con el 
nuevo planeamiento.
c)  En todos los casos, los planes urbanísticos regulan en qué supuestos el 
grado  de  disconformidad  con  los  parámetros  de  ocupación  y  profundidad 
edificable, altura máxima o edificabilidad máxima comporta vulneración de las 
condiciones básicas de la nueva ordenación, pudiendo limitar, en estos supuestos, 
las obras de rehabilitación autorizables. También pueden sujetar la autorización de 
las obras de gran rehabilitación a la adecuación del edificio a la totalidad o algunas 
de las determinaciones del planeamiento.
c bis)  Deben autorizarse las obras de incremento del volumen o del techo 
construido de acuerdo con los nuevos parámetros reguladores del planeamiento 
urbanístico, siempre que no comporten un mayor grado de disconformidad.
d)  Se autorizarán los incrementos de viviendas o establecimientos siempre 
de acuerdo con las determinaciones del planeamiento urbanístico sobre densidad 
o número máximo de viviendas o de establecimientos aplicables a los edificios 
disconformes.
4 bis.  En las construcciones e instalaciones que están fuera de ordenación o 
que  tienen  un  volumen  disconforme  también  deben  autorizarse  las  obras  e.e
necesarias para retirar elementos peligrosos para la salud pública y sustituirlos por  b
otros de condiciones funcionales similares. En relación con las construcciones e  w
ainusmtaelanctoio ndeesl  vafuloerr an i deen  eol rcdaesnoa cdieó ne,x plarosp ioabcrióans  nqi ueen  esle c aasuot odreic erenp anroc eclaocmiópno.rtan
parc4ia ltmere. nteS i ploar  uconnas ntruuecvcaió na liensetaác iófune rdae  dveia lo srduejentaoc aió nc epsoiórnq uger aetusittáa , apfeercota ndoa 
está incluida en ningún sector de planeamiento derivado ni en ningún polígono de 
actuación urbanística, se le aplica el régimen establecido por el apartado 4.
5.  Los  usos  preexistentes  a  un  nuevo  planeamiento  urbanístico  pueden 
mantenerse siempre que no estén situados en espacios naturales protegidos y 
mientras no sean incompatibles con este, y siempre que se adapten a los límites 
de molestia, nocividad, insalubridad y peligro que establezca para cada zona la 
nueva reglamentación.
Los usos preexistentes a un nuevo planeamiento urbanístico que no sean 
conformes con el régimen de usos que este establece se consideran en situación 
de fuera de ordenación cuando el nuevo planeamiento los declare incompatibles y 
los sujete a cese de forma expresa. Los usos en situación de fuera de ordenación 
no pueden ser objeto de cambios de titularidad ni de renovación de las licencias 
de uso u otras autorizaciones sometidas a plazo, y debe acordarse, en estos 
supuestos, su cese inmediato.
Cuando la autorización de estos usos no está sometida a plazo, pueden 
revocarse  las  autorizaciones  correspondientes,  sin  perjuicio  de  las 
indemnizaciones que correspondan de acuerdo con la legislación aplicable.
En  el  resto  de  casos  de  disconformidad,  salvo  las  construcciones  e 
instalaciones situadas en espacios naturales protegidos, los usos preexistentes 
pueden mantenerse y pueden ser objeto de cambios de titularidad.»
20.  Se modifica la letra a del apartado 3 del artículo 122 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«a)  Exigir a las personas propietarias afectadas pagos por adelantado de las 
cuotas que les correspondan de los gastos de urbanización. Si la actuación se 
ejecuta  por  fases,  pueden  exigirse  pagos  por  adelantado  específicos  a  los 
propietarios afectados por la fase que se ejecute. En el caso de actuación por 
reparcelación  en  supuestos  de  compensación,  es  necesario  que  la  entidad 
urbanística colaboradora esté definitivamente constituida.»
21.  Se modifica la letra a del apartado 2 del artículo 124 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactada del siguiente modo:
«a)  Las parcelas con aprovechamiento privado resultantes:
1.º  A las personas propietarias en proporción a sus respectivos derechos.
2.º  A la administración actuante, las que le correspondan por razón de la 
cesión obligatoria y gratuita de suelo para la participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la actuación.
3.º  A la administración actuante o a la entidad urbanística colaboradora, 
según si la modalidad de la reparcelación es o no por cooperación, las que el 
proyecto de reparcelación reserve para pagar los gastos de urbanización, para 
destinar el producto obtenido por la venta a terceros de las parcelas adjudicadas, 
o a la empresa que ejecute las obras de urbanización en concepto de pago en 
especie, total o parcial.»
22.  Se modifica el apartado 2, y se añade un apartado, el 3, al artículo 125 del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«2.  A partir del inicio del expediente de reparcelación, y mientras no se  oe.
inicien los trámites para la aprobación del proyecto de reparcelación, los terrenos  w.
afectados se sujetan al régimen de usos y obras provisionales. En cuanto a las  3w
eindteifircvaecnicoinóens r eelaxtiisvtaesn tae sla  dimemploalnictaiódna sd e leegdaifilcmioesn tqeu, e andoe emsátésn  dpero telagsid oosb praosr  sdues 
valores o características específicas, se pueden ejecutar las siguientes obras de 
intervención:
a)  Si  la  actuación  urbanística  no  requiere  su  derribo,  las  obras  de 
intervención  necesarias  para  conservar  las  edificaciones  en  las  condiciones 
exigidas por las leyes para que sirvan de apoyo al uso al que se destinan o para 
condicionarlas con el fin de destinarlas a un uso provisional admitido.
b)  Si la actuación urbanística requiere o puede requerir su derribo, las obras 
de intervención amparadas en el régimen de usos y obras provisionales y de fuera 
de ordenación.
3.  El inicio de los trámites para la aprobación del proyecto de reparcelación 
comporta  la  suspensión  automática  del  otorgamiento  de  cualquier  licencia 
urbanística en el ámbito del polígono de actuación urbanística hasta la firmeza de 
la aprobación definitiva del citado proyecto.»
23.  Se modifica el apartado 3 del artículo 157 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«3.  La  condición  de  administración  actuante  de  las  áreas  residenciales 
estratégicas corresponde, en primer término, a un consorcio urbanístico del que 
deben formar parte, en todo caso, el Instituto Catalán del Suelo y el ayuntamiento 
correspondiente. La participación del ayuntamiento en el consorcio puede ser 
asumida, si así lo determina el consistorio, por una entidad pública empresarial 
local o un organismo autónomo local, siempre que reúnan las condiciones de 
entidad urbanística especial de acuerdo con lo establecido por el artículo 22. El 
consorcio urbanístico debe constituirse en el plazo de tres meses desde la entrada 
en vigor del Plan director o en el plazo proporcionado que este establezca; en 
caso contrario, la administración actuante, si así lo determina la persona titular del 
departamento competente en materia de urbanismo, es el Instituto Catalán del 
Suelo o el ayuntamiento correspondiente.»
24.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 157 bis del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, con el siguiente texto:
«4.  Para la formulación del plan, la entidad u organismo determinado por la 
Comisión de Territorio de Cataluña debe convocar a los departamentos de la 
Administración de la Generalidad y las corporaciones locales afectados, y al Área 
Metropolitana  de  Barcelona  cuando  el  plan  tenga  afectación  a  un  municipio 
metropolitano,  para  ponderar  durante  la  redacción  y  tramitación  del  plan  los 
intereses  públicos  respectivos  que  concurran  y  facilitar  el  impulso  del 
procedimiento de aprobación. Con esta misma finalidad, puede convocar también 
a los órganos de otras administraciones afectadas.»
25.  Se modifica el apartado 2 del artículo 188 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  La competencia y el procedimiento para otorgar y denegar las licencias 
urbanísticas se ajustan a lo establecido por la legislación de régimen local. Una 
vez transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado el otorgamiento de la 
licencia solicitada, las personas interesadas están legitimadas para entenderla  e.
otorgada por silencio administrativo, salvo que se trate de los siguientes actos: w.b
suurbealabon)) i  nzoaLL buoalerssb.  maonboirzvaaimsb ildeeen o to,c soe nnds ectr uutiaeclcrqriuaói ney,r   lecaldsa isfeiecxa pdcleaió nsnau ceeiol oinn,e ssstia  sdlaoecn li oóosnb  rtdeaersr  ednneuo eesvd aeif nicp salaucneiótlaon   deneno    OE-A-2022-95able en https://
nueva  planta  que,  de  acuerdo  con  la  legislación  sobre  ordenación  de  la 
edificación, requieren la elaboración de un proyecto técnico.
c)  La  instalación  provisional  o  permanente  de  casas  prefabricadas  o 
instalaciones similares en suelo no urbanizable.
d)  La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que se derive de la 
legislación de protección del dominio público.
e)  Los que contravengan la legalidad urbanística.»
26.  Se modifican los apartados 3 y 4 de la disposición adicional segunda del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, que quedan redactados del siguiente modo:
«3.  Son actuaciones de transformación urbanística de dotación las previstas 
en  modificaciones  del  planeamiento  sobre  terrenos  que,  en  origen,  tienen  la 
condición de suelo urbano consolidado y que, sin comportar una reordenación 
general de un ámbito, conllevan la transformación de los usos preexistentes o el 
aumento de la edificabilidad o de la densidad de determinadas parcelas y la 
correlativa exigencia de mayores reservas para sistemas urbanísticos de espacios 
libres y de equipamientos comunitarios de acuerdo con el artículo 100.4.
4.  En  las  actuaciones  de  dotación  a  que  se  refiere  el  apartado  3,  los 
propietarios deben ceder el suelo con aprovechamiento urbanístico y el suelo 
destinado  a  mayores  reservas  de  sistemas  urbanísticos  de  acuerdo  con  los 
artículos 43.1.b y 100.4. El cumplimiento de estos deberes debe hacerse efectivo 
mediante el sistema y la modalidad de actuación que se establezcan para la 
ejecución del polígono de actuación urbanística que a tal efecto debe delimitarse, 
el cual puede referirse a una única finca.
Sin  embargo,  si  la  modificación  de  planeamiento  determina  que  el 
cumplimiento de los deberes de cesión de suelo se sustituye por su equivalente en 
metálico de acuerdo con los artículos 46.2.b y 100.4.c.2.º, debe incluir el cálculo 
del valor total de las cargas imputables a la actuación de dotación. En este caso, 
los propietarios pueden cumplir el deber sustitutorio de pago en metálico, sin 
necesidad de delimitar ningún polígono ni aplicar ningún sistema de actuación 
urbanística, en el momento de otorgamiento de la licencia de obra nueva o de 
rehabilitación  que  habilite  una  edificabilidad  o  densidad  superior  o  el 
establecimiento del nuevo uso atribuido por la ordenación y como condición previa 
a la concesión de la licencia.»
27.  Se añade un tercer párrafo a la disposición adicional decimosexta del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«El otorgamiento de licencias urbanísticas de usos y obras provisionales por 
parte del Ayuntamiento de Barcelona no requiere solicitar a otra administración 
urbanística informe previo sobre los aspectos de legalidad de los usos y obras 
objeto de solicitud.»
28.  Se añade una disposición adicional, la vigésima tercera, al texto refundido de la 
Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«Disposición  adicional  vigésima  tercera.  Formulación  y  tramitación  del 
planeamiento director urbanístico de interés metropolitano.
El  Plan  director  urbanístico  metropolitano  regulado  por  los  artículos  21  y  o
siguientes  de  la  Ley  31/2010,  de  3  de  agosto,  del  Área  Metropolitana  de  ww.
iBBpnlaataerrnccreéeeaslloo mnnmiaaee ,n ttpproouuspee odddleeiitr a eencfsoototr,a rmebsuslien lacu errq rbu yaleo n sías sptseircuaoop bsuna eerps cateoirnassia c áeriaimnal   blolyiats o  spmq ruoooe vd aiisfeciiclot uanÁacariceólmiaon ne Mendsteee lt  rcooplopnrosoc plriteinaotuna easP v lddaoeens     OE-A-2022-953able en https://w
director  urbanístico  metropolitano.  Este  planeamiento  director  urbanístico  se
tramita según el procedimiento de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 25 de la 
Ley 31/2010, de 3 de agosto.»
29.  Se añade una disposición adicional, la vigésima cuarta, al texto refundido de la 
Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«Disposición adicional vigésima cuarta.  Participación del Área Metropolitana de 
Barcelona en la formulación de los planes directores urbanísticos para atender 
a intereses suprametropolitanos que afecten al ámbito metropolitano.
Para la formulación de los planes directores urbanísticos del artículo 56.1.g y 
de los del resto de apartados que contengan ordenación urbanística directamente 
ejecutable, cuando tengan por objeto atender a intereses suprametropolitanos en 
el ámbito metropolitano de Barcelona, la entidad o el organismo determinado por 
la Comisión de Territorio de Cataluña debe convocar al Área Metropolitana de 
Barcelona para ponderar durante la redacción y tramitación del plan los intereses 
públicos respectivos que concurran y facilitar el impulso del procedimiento de 
aprobación previamente a la aprobación inicial, en virtud del deber de colaboración 
entre las administraciones públicas establecido por el artículo 141 de la Ley del 
Estado 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público; y de la 
participación  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona  en  los  procedimientos  de 
aprobación  de  instrumentos  del  planeamiento  urbanístico  establecida  por  el 
artículo  33  de  la  Ley  31/2010,  de  3  de  agosto,  del  Área  Metropolitana  de 
Barcelona.
A estos efectos, la Generalidad debe constituir una comisión mixta con el Área 
Metropolitana de Barcelona para participar en la redacción de los documentos 
técnicos correspondientes desde el inicio de su formulación.
El Área Metropolitana de Barcelona debe informar con carácter preceptivo la 
documentación que integre estos planes previamente a la aprobación inicial, en el 
marco  del  trámite  de  consulta  previa  establecido  por  el  artículo  33  de  la 
Ley 31/2010.»
30.  Se añade una disposición transitoria, la cuarta, al texto refundido de la Ley de 
urbanismo, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria cuarta.  Tramitación del planeamiento director urbanístico 
de la Generalidad en el ámbito metropolitano de Barcelona.
Los instrumentos de planeamiento director urbanístico cuya formulación haya 
sido iniciada por el órgano competente de la Generalidad antes de la entrada en 
vigor de esta ley ajustan su tramitación a lo establecido por la disposición adicional 
vigésima tercera a partir de los trámites posteriores al estado de tramitación en 
que se encuentren, sin que sea exigible retrotraer su formulación y tramitación al 
momento inicial.»
31.  Se añade una disposición final, la novena, al texto refundido de la Ley de 
urbanismo, con el siguiente texto:
«Disposición final novena.  Sustitución de los umbrales.
Desde la entrada en vigor de esta disposición final debe entenderse que los  oe.
umbrales a los que se refieren el Reglamento sobre protección de la legalidad  w.
uaterrrbtíracituonlríosia ti4lc 9ay., 2 a,u prabrlo aebnfaeísdctotico o pd oevr  igeeexl inDgtieer cser el qtinouf eo6dr4am/n2e 0 1sdu4es,  ltadit euc ido1om3s i dsiepó onmr  taelyororsi,t  oyqr iuaeell   dpeelas untarebbalaemnciiees mnteool    2022-953n https://w
que  corresponda  y  del  órgano  competente  de  la  Generalidad  en  materia  de
paisaje,  en  cuanto  a  las  construcciones  propias  de  una  actividad  agrícola, 
ganadera o, en general, rústica.»
CAPÍTULO IV
Modificaciones legislativas en materia de ordenación de aguas
Artículo 84.  Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003.
1.  Se añade un apartado, el 18, al artículo 2 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de 
noviembre, con el siguiente texto:
«18.  Empresa de vertido: la persona física o jurídica de cualquier naturaleza 
que recoge, conduce, trata y vierte aguas residuales de terceros. Los usuarios del 
agua pueden estar conectados por:
– Conexión directa: cualquier conexión que no forme parte de una red de 
saneamiento pública, como redes internas de polígonos industriales, redes de 
alcantarillado privadas, colectores particulares, cisternas móviles, u otros.
– Conexión indirecta: mediante la red de saneamiento pública.
Los entes gestores de los sistemas públicos de saneamiento no se consideran 
empresas de vertido.»
2.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 29 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«29.4  Los convenios de colaboración para la ejecución de actuaciones a los 
que se refiere este artículo tienen los siguientes plazos máximos de vigencia:
a)  Los  convenios  de  colaboración  para  la  ejecución  de  actuaciones  de 
saneamiento  de  aguas  residuales,  reutilización  de  aguas  residuales, 
postratamiento de lodos, gestión del riesgo de inundaciones y protección del 
dominio público hidráulico tienen una vigencia de hasta veinticinco años, como 
máximo.
b)  Los  convenios  de  colaboración  para  la  ejecución  de  actuaciones  de 
abastecimiento de agua potable y de regulación tienen una vigencia de hasta 
cuarenta años, como máximo.»
3.  Se añade un apartado, el 5, al artículo 31 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«31.5  La  Agencia  Catalana  del  Agua  puede  suscribir  convenios  de 
colaboración con el Instituto Catalán de Finanzas para la creación de instrumentos 
financieros para el otorgamiento de préstamos directos a los entes locales y a las 
agrupaciones  de  entes  locales  de  Cataluña,  con  la  finalidad  de  financiar 
actuaciones en materia de abastecimiento de agua en alta.
Asimismo, la Agencia Catalana del Agua, mediante convenios de colaboración, 
puede  otorgar  al  Ente  de  Abastecimiento  de  Agua  Ter-Llobregat  préstamos  es
directos para financiar actuaciones en materia de abastecimiento de agua en alta. o
Estos convenios tienen una vigencia de hasta cuarenta años, como máximo.» ww.
legis4l.a ciSóne  emno mdiafitceari ala d ele atrgau ac sd deel  Capaatartlaudñoa , 2q udee ql uaertdícau rleod 5a5ct addeal  dteexl tsoi grueifeunntdei dmoo ddoe: la
»c)  90.000 euros por año, únicamente en caso de que el destinatario sea un
ente gestor de carácter supramunicipal.»
5.  Se modifican el título y el apartado 1 del artículo 55 ter del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, que quedan redactados del siguiente 
modo:
«Artículo  55  ter.  Convenios  para  la  financiación  de  actuaciones  en  alta 
ejecutadas entre 2010 y 2020.
1.  La  Agencia  Catalana  del  Agua  puede  formalizar  convenios  con  las 
entidades  competentes  en  materia  de  saneamiento  para  atribuirles  recursos 
provenientes del canon del agua con el fin de atender los gastos de inversión que 
hayan efectuado entre 2010 y 2020 para ejecutar actuaciones o infraestructuras 
de saneamiento en alta previstas en la planificación hidrológica, siempre que se 
cumplan tanto las condiciones de vertido fijadas como las condiciones del informe 
técnico preceptivo de incorporación al saneamiento público en alta emitido por la 
Agencia Catalana del Agua, atribución de recursos que se hará efectiva, sin 
intereses, en la fecha indicada por el correspondiente convenio, de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestarias de la Agencia Catalana del Agua.»
6.  Se modifica la disposición adicional vigésima primera del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición  adicional  vigésima  primera.  Transporte  de  purgas  de  sistemas 
públicos de saneamiento.
El  transporte  de  los  volúmenes  líquidos  generados  en  las  purgas  de  las 
instalaciones  correspondientes  a  un  sistema  público  de  saneamiento  para  su 
tratamiento y gestión en las instalaciones correspondientes a otro sistema público 
de  saneamiento  se  considera,  a  todos  los  efectos,  una  continuación  de  los 
procesos  de  tratamiento  de  las  aguas  residuales  de  las  instalaciones  de 
procedencia.  Corresponde  al  ente  gestor  del  sistema  público  de  procedencia 
comprobar que el transporte se realiza en las condiciones adecuadas; y al ente 
gestor del sistema de destino, validar que la incorporación de las purgas se realiza 
de acuerdo con las condiciones adecuadas de funcionamiento del sistema de 
saneamiento de recepción.»
Este transporte debe efectuarse en el destino más cercano posible, en todo 
caso respetando la sostenibilidad de los sistemas. En caso de que la depuradora 
más cercana sea financiada con cargo al canon del agua, su ente gestor debe 
aceptar las aportaciones de volúmenes líquidos provenientes de purgas, así como 
de lodos y aguas residuales, que la Agencia Catalana del Agua determine, aunque 
sean ajenas a los sistemas que gestionan, salvo que, mediante informe técnico, se 
justifique objetivamente la incapacidad de la estación depuradora para realizar su 
tratamiento.»
7.  Se modifica la disposición adicional vigésima quinta del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional vigésima quinta.  Financiación de estudios y actuaciones 
para  reducir  la  aportación  de  aguas  blancas  a  los  sistemas  públicos  de 
saneamiento de aguas residuales urbanas.
La Agencia Catalana del Agua, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el  bo
funcionamiento de los sistemas públicos de saneamiento de aguas residuales  w
uopmr úupbbnaaliirncccaoiipassal  meledxeseins  dtteseiran ilgnateie drsaeo mods a ipaecr ncertievóodin su tedocnesir    eetlaisne t maulapdp oipoorl staa sndceieifcói coena,f  cidciaeóies nnía  chgciiuadoa rmdoseo lób  lgalaliascns arc e,a adpsceu taseu  daddeceici  ofhainnolceasasn n sctiqiasautrreie ltlma odtsaaeosl     OE-A-2022-95able en https://
desprendan de estos estudios, mediante la firma de convenios con los entes 
locales o las agrupaciones de entes locales.»
8.  Se  añade  una  disposición  adicional,  la  trigésima,  al  texto  refundido  de  la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional trigésima.  Plazo de duración de los convenios.
1.  Los convenios que se suscriban en el marco de este texto refundido 
pueden  tener  una  duración  superior  a  la  de  cuatro  años  establecida  en  el 
artículo 49.h.1.º de la Ley del Estado 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público, por el plazo que requieran las necesidades y el alcance del 
objeto convencional.
Respecto a los convenios que tengan por objeto la financiación, ejecución y 
explotación de obras hidráulicas relacionadas con el objeto de este texto refundido 
que  estén  vinculados  con  actuaciones  concesionadas  o  contratos  con  una 
duración superior a cuatro años, estos convenios pueden vincular su duración al 
plazo de la actuación concesionada o contrato al que estén vinculados.
2.  Antes de la finalización del plazo del convenio las partes pueden, de 
común acuerdo, prorrogarlo por un período de hasta cuatro años adicionales o 
acordar su extinción.»
TÍTULO XIII
Medidas administrativas en materia de política sanitaria
Artículo 85.  Habilitación de enfermeras y enfermeros adscritos al Instituto Catalán de 
Evaluaciones Médicas para acceder a las historias clínicas.
1.  En las actuaciones y funciones atribuidas al Instituto Catalán de Evaluaciones 
Médicas, se habilita a las enfermeras y enfermeros adscritos a este instituto para que en 
la realización de las funciones de apoyo al personal médico evaluador puedan acceder a 
los datos que sean necesarios de las historias clínicas de las personas que tengan en 
trámite un procedimiento, mediante los mismos sistemas electrónicos o en papel a los 
que accede el personal médico evaluador.
Los tratamientos de datos personales mencionados deben incluirse en los registros 
que el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas habilite para la finalidad de ejercer las 
competencias en las que deben intervenir las enfermeras y los enfermeros, de los que es 
titular el Departamento de Salud.
2.  El personal del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas al que se refiere el 
apartado 1 debe mantener el deber de secreto y confidencialidad sobre la información a 
la que tenga acceso.
TÍTULO XIV
Medidas administrativas en fundaciones especiales
Artículo  86.  Modificaciones  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  cajas  de  ahorros  de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008.
Se modifica el apartado 4 del artículo 61 del texto refundido de la Ley de cajas de  bo
ahorros de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, de 11 de marzo, que  w
queda reda«c4t.a dCo odne l asuigtourieiznatcei ómno ddoe:l órgano de control, pueden aportarse como fondo
especial, afecto al mantenimiento de los gastos ordinarios de la obra social de la
caja de ahorros, dinero o bienes que cubran el importe de estos hasta los tres
años posteriores a la transformación en fundación especial. Una vez transcurrido 
el plazo de tres años, las fundaciones especiales que no hayan agotado su fondo 
especial, en primer lugar, deben destinarlo a compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores y, en el caso de que todavía quede algún remanente después de esta 
compensación o la fundación especial no tenga pérdidas de ejercicios anteriores a 
compensar, se pueden destinar a financiar tanto gasto ordinario como gasto de 
inversión, previa aprobación del patronato y el informe positivo del departamento 
competente en materia de cajas de ahorros.»
TÍTULO XV
Medidas administrativas en materia de turismo y consumo
Artículo 87.  Modificación de la Ley 13/2002, de turismo de Cataluña.
1.  Se añade una sección, la tercera, al capítulo III del título III de la Ley 13/2002, 
de 21 de junio, de turismo de Cataluña, con el siguiente texto:
«Sección 3.ª Hogares compartidos
Artículo 50 quáter.  Concepto.
1.  A efectos de lo establecido por la presente ley, se entiende por hogar 
compartido el alojamiento turístico que es la vivienda principal y residencia efectiva 
de la persona titular y que se comparte como servicio de alojamiento con terceras 
personas  a  cambio  de  contraprestación  económica  y  para  una  estancia  de 
temporada. La persona titular debe residir en la vivienda mientras dura la estancia.
2.  Los hogares compartidos requieren el correspondiente título habilitante 
exigido por la normativa vigente para iniciar la actividad.»
2.  Se deroga el apartado 4 del artículo 73 de la Ley 13/2002.
3.  Se añade una letra, la r, al artículo 88 de la Ley 13/2002, con el siguiente texto:
«r)  Incumplir las obligaciones establecidas por el artículo 31.c.»
4.  Se deroga el capítulo III del título II de la Ley 13/2002, que comprende los 
artículos 18, 19, 20, 21 y 22.
5.  Se  modifica  la  disposición  adicional  décima  de  la  Ley  13/2002,  que  queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional décima.  Regulación municipal de las viviendas de uso 
turístico y los hogares compartidos.
Los ayuntamientos pueden establecer requisitos particulares y fijar limitaciones 
temporales  y  períodos  máximos  de  vigencia  para  ejercer  las  actividades  de 
alojamiento turístico en viviendas de uso turístico y en hogares compartidos, si 
existen razones imperiosas de interés general que lo justifiquen, en los términos 
de la Ley del Estado 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, y el resto de la normativa aplicable.»
6.  Se añade una disposición adicional, la undécima, a la Ley 13/2002, con el 
siguiente texto:
«Disposición  adicional  undécima.  Competencias  turísticas  en  Les  Terres  de 
l’Ebre.
Un ente o una entidad pública intercomarcal de Les Terres de l’Ebre puede 
asumir dentro de su ámbito territorial las competencias referidas a las letras a, b, c 
y d del apartado 1 del artículo 71 en cuanto a la promoción interior del turismo.
En este caso, la Diputación de Tarragona y el ente o la entidad pública deben 
articular una colaboración y cooperación para que el ente o entidad las pueda 
desarrollar de forma efectiva.»
Artículo 88.  Modificación de la Ley 22/2010, del Código de consumo de Cataluña.
1.  Se  modifica  el  párrafo  inicial  del  apartado  2  del  artículo  126-17  de  la 
Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  El  Gobierno  debe  garantizar  el  acceso  de  los  consumidores  a  la 
educación en consumo de forma continuada, mediante un centro permanente de 
educación en consumo, y debe adoptar las medidas adecuadas para alcanzar los 
siguientes objetivos:»
2.  Se modifica el párrafo inicial del artículo 126-18 de la Ley 22/2010, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 126-18.  Formación en consumo.
El  Gobierno  debe  garantizar  la  formación  continua  y  permanente  de  los 
consumidores, mediante el centro permanente de educación en consumo, con el 
impulso y fomento de los siguientes tipos de formación:»
3.  Se añade un artículo, el 126-19, a la Ley 22/2010, con el siguiente texto:
«Artículo 126-19.  Innovación e investigación en consumo.
El Gobierno debe garantizar la innovación y la investigación en consumo 
mediante el centro permanente de educación en consumo, con los siguientes 
objetivos:
a)  Impulsar la innovación, la investigación y los estudios sobre actitudes y 
tendencias de consumo y el desarrollo de proyectos de investigación estratégicos.
b)  Promover  la  transferencia  del  conocimiento  en  consumo  con  otros 
organismos públicos y privados.
c)  Fomentar espacios de reflexión y de pensamiento dirigidos a empresas, 
fabricantes,  distribuidores,  organizaciones  de  protección  de  los  derechos  e 
intereses de los consumidores, expertos, grupos de interés y administraciones 
públicas, con el objetivo de anticipar líneas de actuación de futuro en el ámbito del 
consumo.»
4.  Se añade un artículo, el 333-12, a la Ley 22/2010, con el siguiente texto: o
«Art1íc. uloL a3s3 3r-e1s2o.l ucMioendeisd assa snucsiotintuatdivoarsa sd ec olamso s acnocniosenceuse.ncia de las infracciones  2022-953n https://w
esuns mtitautteivraias  ddee  ldae sreacnhcoiósn  liencgoünísótmiciocsa .de los consumidores pueden prever medidas  BOE-A-cable e
2.  Las medidas sustitutivas deben consistir en la realización de programas 
educativos, actividades o servicios relacionados con los derechos lingüísticos, 
vinculados al sector de actividad y las circunstancias en las que se ha cometido la 
infracción.
3.  La medida sustitutiva debe solicitarla la persona o personas responsables 
de la infracción, antes de que la resolución sancionadora adquiera firmeza en vía 
administrativa.
4.  La medida sustitutiva debe solicitarla, de forma voluntaria, la persona o 
personas físicas responsables de la infracción, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 334.1. En caso de que la responsabilidad sea de una persona jurídica, 
debe solicitarla quien acredite su representación, y deben ejecutarla las personas 
vinculadas laboral o contractualmente con la persona jurídica responsable.
5.  El procedimiento para solicitar la medida sustitutiva debe regularse por 
decreto del Gobierno. La forma, duración y contenido de las medidas sustitutivas 
según las circunstancias de la infracción deben regularse mediante una orden del 
departamento competente en materia de política lingüística.»
Artículo 89.  Modificación del Decreto 75/2020, de turismo de Cataluña.
1.  Se  modifica  la  letra  a  de  la  sección  primera  del  artículo  131-2  del 
Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña, que queda redactada del 
siguiente modo:
«a)  Alojamientos turísticos.
Los datos de los alojamientos turísticos que constan en el Registro son los 
siguientes:
I.  Titular.
II.  Dirección del alojamiento.
III.  Teléfono  del  alojamiento.  En  el  caso  de  viviendas  de  uso  turístico  y 
hogares compartidos, el teléfono para atender y resolver de forma inmediata 
consultas e incidencias relativas a la actividad.
IV.  Correo electrónico del alojamiento.
V.  Modalidad de alojamiento
VI.  Grupo, categoría y distintivo, en su caso.
VII.  Número de unidades de alojamiento.
VIII.  Número de plazas.
IX.  Fechas de la habilitación y de su comunicación al Registro de turismo de 
Cataluña.
X.  Nombre del alojamiento, en su caso.»
2.  Se  deroga  la  letra  a  de  la  sección  segunda  del  artículo  131-2  del 
Decreto 75/2020.
3.  Se modifica el artículo 241-2 del Decreto 75/2020, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 241-2.  Titular de la actividad.
1.  La persona titular de la actividad es la propietaria o la persona que esta  s
autorice  expresamente,  siempre  que  cumpla  las  mismas  condiciones  de  o
empadronamiento y residencia efectiva exigidas a las personas propietarias. w.
el trá32m..  itEEe nld d eeo lhc cauabmsileoitn adtcoeió  drnee vp aoaucraato rer illza ia nacicuióitoon r didzeea  lcalai ó apnce,t irlvasio dpnaeadr .spornoap ieptraorpiaie dtaerbiae  daepboer taprosnee erlno   2022-953n https://w
en conocimiento de la Administración municipal.»
4.  Se añade un apartado, el 5, al artículo 241-3 del Decreto 75/2020, con el 
siguiente texto:
«5.  La persona titular del hogar compartido debe facilitar a las personas 
usuarias  un  número  de  teléfono  para  atender  y  resolver  de  forma  inmediata 
consultas e incidencias relativas a la actividad. Este número también debe estar a 
disposición de la comunidad de propietarios, vecinos y administraciones turísticas 
a fin de poder comunicar incidencias que se puedan producir y les afecten.»
5.  Se añade una disposición final, la tercera, al Decreto 75/2020, con el siguiente 
texto:
«Disposición final tercera.  Habilitación para la modificación de los anexos.
Mediante  una  orden  del  departamento  competente  en  materia  de  turismo 
pueden  modificarse  los  anexos  del  Decreto,  que  establecen  los  requisitos 
turísticos mínimos de los alojamientos turísticos y de las oficinas de turismo de la 
Red de Oficinas de Turismo de Cataluña, y los baremos de calidad hoteleros.»
Artículo 90.  Mantenimiento del rango reglamentario del Decreto 75/2020, de turismo de 
Cataluña.
Las modificaciones del Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña, 
realizadas por la presente ley mantienen el rango reglamentario de decreto a efectos de 
su desarrollo, modificación y derogación.
TÍTULO XVI
Otras medidas administrativas de carácter sectorial
CAPÍTULO I
Protección de los animales
Artículo 91.  Modificación del texto refundido de la Ley de protección de los animales, 
aprobado por el Decreto legislativo 2/2008.
Se modifica el apartado 1 del artículo 45 del texto refundido de la Ley de protección 
de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, que queda 
redactado del siguiente modo:
«45.1  Las infracciones cometidas contra lo dispuesto por la presente ley son 
sancionadas con multas de hasta 45.000 euros.»
CAPÍTULO II
Medidas de facilitación de la actividad económica
Artículo 92.  Modificación de la Ley 18/2020, de facilitación de la actividad económica.
1.  Se modifica el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 18/2020, de 28 de diciembre,  e
de facilitación de la actividad económica, que queda redactado del siguiente modo: bo
rpeusepd«ee3cn.t i veaLxsai gsci ro amladp meoitbnetinsetcnriacaicsói ondn ede esin  utpenúravb elilnciccaeisón ncd iade e o C laaa utaatcolutriñivzaiad,c aidóe nne,  ceool n dóeemj eiorcctarioc, i osmo ledademi oe sndutees    2022-953n https://w
intervención con control previo, si existen razones imperiosas de interés general
que lo justifiquen, en los términos del artículo 17 de la Ley del Estado 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.»
2.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 42 de la Ley 18/2020, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«3.  El órgano competente, si los defectos detectados no son de carácter 
esencial, puede incoar el procedimiento sancionador que corresponda una vez 
transcurrido el plazo concedido sin que se hayan subsanado.
4.  El órgano competente, si una vez transcurrido el plazo de enmienda la 
comunicación presenta alguno de los defectos de carácter esencial que describe 
el apartado 5, debe dictar una resolución que deje sin efecto la comunicación, 
ordene el cese de la actividad y, en su caso, restituya la situación jurídica al 
momento  previo  al  inicio  de  la  actividad  correspondiente,  sin  perjuicio  de  la 
incoación del procedimiento sancionador pertinente.»
3.  Se  modifica  la  disposición  adicional  cuarta  de  la  Ley  18/2020,  que  queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional cuarta.  Vinculación de la búsqueda guiada.
Los procedimientos administrativos deben incorporarse progresivamente, de 
modo que todos los relativos al inicio de la actividad estén incorporados en un 
plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, momento 
en el que debe ser efectiva la vinculación de la herramienta de búsqueda guiada a 
la que se refiere el artículo 7.2.a.»
4.  Se  modifica  la  disposición  transitoria  quinta  de  la  Ley  18/2020,  que  queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición  transitoria  quinta.  Pérdida  de  eficacia  de  los  efectos  de  la 
comunicación durante la pandemia del SARS-CoV-2.
Mientras  sea  aplicable  alguna  resolución  emitida  por  el  departamento 
competente  en  materia  de  salud  que  establezca  medidas  restrictivas  para  la 
contención  del  brote  epidémico  de  la  pandemia  en  el  territorio  de  Cataluña 
producida  por  la  pandemia  del  SARS-CoV-2,  los  plazos  que  establece  el 
artículo 36.1 para la pérdida de eficacia de los efectos de la comunicación no son 
aplicables.»
5.  Se modifica el apartado 2 de la disposición final séptima de la Ley 18/2020, que 
queda redactado del siguiente modo:
«2.  La obligación de las administraciones públicas catalanas de adaptarse al 
modelo  de  relación  con  las  empresas,  a  la  incorporación  de  los  diferentes 
procedimientos administrativos relativos al inicio de la actividad en la búsqueda 
guiada y a la incorporación de las diferentes colecciones de datos estandarizados 
en el Directorio de empresas, establecimientos y registros, entra en vigor a los dos 
años desde la entrada en vigor de la presente ley.»
CAPÍTULO III
Prevención de riesgos laborales
Artículo 93.  Modificación de la Ley 7/2004, de medidas fiscales y administrativas.
Se modifica el artículo 58 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y 
administrativas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo  58.  Afectación  de  las  cuantías  recaudadas  por  la  sanción  de 
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
El diez por ciento del importe de las sanciones económicas por infracciones en 
materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  recaudadas  por  el  departamento 
competente en materia de relaciones laborales debe destinarse a incrementar el 
presupuesto  inicial  del  Instituto  Catalán  de  Seguridad  y  Salud  Laboral  para 
desarrollar  las  actuaciones  preventivas  específicas  que  programa  dicho 
departamento, competente en la ejecución de políticas de prevención de riesgos 
laborales.»
CAPÍTULO IV
Destino de los ingresos derivados de la actividad de transporte de energía 
eléctrica
Artículo  94.  Modificación  de  la  Ley  5/2020,  de  medidas  fiscales,  financieras, 
administrativas  y  del  sector  público  y  de  creación  del  impuesto  sobre  las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente.
Se modifica el apartado 4 del artículo 8 de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas 
fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto 
sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, que queda redactado del 
siguiente modo:
«4.  Se  afectan  parcialmente  los  ingresos  derivados  del  impuesto  en  los 
siguientes términos:
a)  El 20% de los ingresos relacionados con las actividades de transporte de 
energía  eléctrica  efectuada  por  los  elementos  fijos  del  suministro  de  energía 
eléctrica se integran en el Fondo Climático con el fin de financiar medidas y 
programas de carácter medioambiental, de transición energética y de desarrollo y 
mejora de las zonas afectadas por el impacto medioambiental de la producción de 
energía eléctrica.
b)  El 20% de los ingresos relacionados con la actividad de transporte de 
telefonía efectuada por los elementos fijos, y el 20% de los derivados de la 
actividad de alojamiento y gestión de elementos radiantes para el transporte de las 
comunicaciones electrónicas efectuadas por los elementos fijos que configuran las 
diferentes  redes  deben  financiar  programas  de  desarrollo  de  redes  de 
comunicaciones electrónicas en zonas rurales y programas sectoriales de impulso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en estas zonas. s
Corresponde al departamento competente en materia de telecomunicaciones y  oe.
políticas digitales la gestión de estos ingresos. En la selección de los proyectos a  w.
los que se destinan los recursos debe participar el departamento responsable de  3w
las pco) lítiEcal s2 0d%e  ddees alrorso llion grurerasol.s relacionados con las actividades de producción,
adlemsatinceanrsaem iean ton uy trtirra nsufno rmfoancdióon  dpea rean erfginíaan ecilaérc tricaac tudaec ioornigeesn  nduec ledaers daerrboellno   BOE-A-cable e
socioeconómico y de transición energética justa de las zonas afectadas por el 
impacto ambiental de la producción de energía eléctrica nuclear.
Este fondo está adscrito al departamento competente en materia de empresa y 
trabajo. El régimen de gestión de este fondo se regula por un reglamento que 
debe prever la participación en la determinación de las prioridades de actuación 
del fondo, de los consejos comarcales, de otras entidades locales de carácter 
supramunicipal de las zonas afectadas y de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas.»
CAPÍTULO V
Universidades
Artículo 95.  Modificación de la Ley 3/2016, de prórroga del Plan Serra Húnter.
Se modifica el artículo único de la Ley 3/2016, de 15 de diciembre, de prórroga del 
Plan Serra Húnter, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo único.  Prórroga del Plan Serra Húnter.
1.  El Plan Serra Húnter, aprobado por el Gobierno el 1 de agosto de 2003 de 
acuerdo con el apartado 3 de la disposición final segunda de la Ley 1/2003, de 19 
de febrero, de universidades de Cataluña, y con las adaptaciones introducidas en 
el apartado 2 de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 5/2012, de 20 
de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del 
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, prorrogado por la 
Ley  3/2016,  de  15  de  diciembre,  y  que  por  Acuerdo  del  Gobierno  de  9  de 
diciembre de 2020 extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, se 
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023, con efectos desde el 1 de enero 
de 2022.» Las universidades públicas que deseen acogerse a la prórroga deben 
formalizar  un  convenio  de  colaboración  con  el  departamento  competente  en 
materia de universidades para su desarrollo de acuerdo con las características del 
Plan 2016-2020 que se prorroga.
2.  El  Gobierno,  antes  de  que  finalice  la  vigencia  del  Plan,  y  una  vez 
evaluado, debe revisar sus características, a propuesta de la persona titular del 
departamento  competente  en  materia  de  universidades,  con  el  objetivo  de 
reforzarlo  y  adaptarlo  a  las  necesidades  de  las  universidades  para  seguir 
avanzando en la sociedad del conocimiento, y también debe determinar su nuevo 
período de vigencia.
3.  Las leyes de presupuestos de la Generalidad de los ejercicios económicos 
respectivos deben incluir las dotaciones económicas que permitan dar continuidad 
al Plan.»
Artículo 96.  Modificación de la Ley 7/2001, de creación de la Agencia de Gestión de 
Ayudas Universitarias y de Investigación.
Se añade una disposición adicional a la Ley 7/2001, de 31 de mayo, de creación de 
la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, con el siguiente texto:
«Disposición  adicional.  Comisiones  ejecutivas  para  la  gestión  de  becas  y  e.
ayudas. w.
comEisl ioCneosn seejjeoc udteiv aDs irqeuccei ósne apnu endeec ecsoanrisatsit upira, rac ong esctaioráncatre rl osp eprmroagnreanmtea,s  ldaes 
fboemcaesn toy  caoymudpaeste, ndciea  pdreéls tdaempoasrt,a mdee nstou bavle nqcuioen eess táy  addes corittraa sl aa cAtgiveidnacdiae.s  Ldaes 
comisiones ejecutivas deben constituirse en los términos previstos en los estatutos 
de la Agencia.»
CAPÍTULO VI
Régimen local
Artículo 97.  Modificación del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003.
1.  Se modifica el artículo 18 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen 
local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 18.  Resolución.
18.1  Corresponde al Gobierno la resolución de expedientes de alteración de 
los términos municipales, a propuesta de la persona titular del departamento 
competente en materia de Administración local.
18.2  El Gobierno debe aprobar la propuesta de la alteración de los términos 
municipales promovida a iniciativa del municipio o de los vecinos si se produce el 
acuerdo favorable de los municipios  interesados  y no formulan objeciones la 
Comisión de Delimitación Territorial ni la Comisión Jurídica Asesora.»
2.  Se modifica el artículo 19 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen 
local de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 19.  Contenido del decreto.
19.1  El decreto debe determinar la delimitación de los términos municipales, 
el reparto del patrimonio, la asignación del personal, la forma en que deben 
liquidarse las deudas o los créditos contraídos por los municipios y la fijación de la 
capitalidad,  si  procede.  Estas  determinaciones  deben  ajustarse  a  los  pactos 
intermunicipales que pueden establecerse entre los municipios interesados.
19.2  La aprobación de la alteración de los términos municipales no comporta 
los efectos económicos establecidos en el apartado 1 cuando el departamento 
competente en materia de Administración local haya iniciado el expediente de 
alteración  para  adaptar  la  línea  de  término  establecida  en  un  expediente  de 
delimitación a la realidad geográfica o administrativa existente.»
3.  Se modifica el artículo 25 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen 
local de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 25.  Delimitación de los términos municipales.
25.1  Los ayuntamientos tienen la facultad de promover la delimitación de sus 
términos  municipales,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  por 
reglamento.
25.2  Los conflictos que pueden plantearse entre municipios en relación con 
la  delimitación  de  sus  términos  deben  ser  resueltos  por  el  departamento  s
competente en materia de Administración local, previo informe de la Comisión de  e.
Delimitación Territorial y previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. w.
25.3  En caso de que la línea de término aprobada no se adapte a la realidad  3w
gAedomgirnáisfitcraa coió and mlocinaisl,t raat ivparo epxuiestsetan ted,e e la dlgeupnaort admee nlotos  caoymunpteatmenieten teons  mafaetcetraiad odse, 
puede iniciar un expediente de alteración de términos municipales para modificar
la línea de término y suspender la efectividad de la delimitación aprobada hasta la 
resolución del expediente por parte del Gobierno.»
4.  Se modifica el apartado 5 del artículo 72 del texto refundido de la Ley municipal y 
de régimen local de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«72.5  Corresponde  al  departamento  competente  en  materia  de 
Administración local anotar en el registro en el que se inscriben los entes locales 
de Cataluña la condición de los municipios de régimen especial, de acuerdo con el 
procedimiento que se determine por reglamento.»
5.  Se añade un artículo, el 145 bis, al texto refundido de la Ley municipal y de 
régimen local de Cataluña, con el siguiente texto:
«145 bis.  Envío de documentación económico-financiera.
145 bis 1.  Los entes locales deben cumplir adecuadamente sus obligaciones 
de envío de la documentación económico-financiera en la forma y plazo que 
determine la normativa sectorial.
145 bis 2.  El departamento competente en materia de cooperación con la 
Administración local gestiona el inventario público de control del cumplimiento de 
envío de documentación económico-financiera de los entes locales mediante la 
información  suministrada  por  cada  organismo  responsable  de  recibir  la 
documentación. Este inventario determina el estado de cada ente local respecto al 
envío de los presupuestos y la liquidación de los presupuestos en el mismo 
departamento,  del  estado  de  la  deuda  a  final  de  ejercicio  al  departamento 
competente en materia de economía y finanzas y de la cuenta general en la 
Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
145 bis 3.  A los entes locales que hayan incumplido este deber de remisión 
se les aplican las medidas destinadas a suspender la entrega de subvenciones o 
transferencias a las que tienen derecho con cargo a los presupuestos de la 
Generalidad, siempre que no provengan de otras administraciones, sin perjuicio de 
que  otras  normas  específicas  en  materia  de  subvenciones  o  transferencias 
regulen otras medidas como la pérdida del derecho o la pérdida de la condición de 
beneficiario como consecuencia del incumplimiento. En el caso de subvenciones 
de fondos europeos se aplica al importe correspondiente a la Generalidad.
145 bis 4.  El departamento competente en materia de cooperación con la 
Administración local debe acordar la suspensión de la entrega, según lo que 
determine la normativa reglamentaria, que debe mantenerse hasta que el ente 
infractor envíe la documentación pendiente al organismo correspondiente o hasta 
la prescripción del pago.»
6.  Se añade una disposición transitoria, la tercera, al texto refundido de la Ley 
municipal y de régimen local de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio.
La modificación de los artículos 19.2 y 25.3 se aplica a los expedientes que se 
encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de la disposición 
que los modifica.» s
7.  Se añade una disposición transitoria, la cuarta, al texto refundido de la Ley  w.b
municipal y de régimen local de Cataluña, con el siguiente texto: 3ww
Tbáéscin«ci1oc. a d, eHEl asescmtaalpa ql eudaeed  osA edp mdúibicnltiiecso trl,aa c slieeóy n c drEeesal p eelamc ipacllle,a osa e pe útféebcclinctooics a ed nde e dqle usgear urlrpooosll  oeB nd, teesl suE blseotscacatualetlaos    OE-A-2022-95able en https://
puedan determinar los cuerpos, escalas, plazas y categorías funcionariales, junto
con los grupos de titulación actualmente establecidos por la normativa básica del 
Estado y de desarrollo de la Generalidad de Cataluña.
2.  Para acceder a los cuerpos, escalas, plazas y categorías del grupo B se 
exige poseer el título de técnico o técnica superior de formación profesional que 
corresponda.
3.  Los puestos de trabajo que se clasifiquen, para su provisión, por el grupo 
B tienen atribuidas las funciones técnicas para cuyo desarrollo se requiere una 
titulación de técnico superior.»
CAPÍTULO VII
Equipamientos comerciales
Artículo 98.  Modificación del Decreto ley 1/2009, de ordenación de los equipamientos 
comerciales.
Se añade una letra, la j, a la disposición adicional novena del Decreto ley 1/2009, 
de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales, con el siguiente 
texto:
«j)  En Cervelló, en el ámbito de planeamiento del subsector 2, sector UP4, 
en el km 1.241,5 de la carreta N-340, hasta un máximo de 10.000 m2 de superficie 
de venta en un establecimiento comercial colectivo que puede incluir dos grandes 
establecimientos territoriales comerciales, uno de los cuales un establecimiento 
individual dedicado a la comercialización de productos alimenticios y de consumo 
cotidiano  en  régimen  de  autoservicio  de  una  superficie  máxima  de  venta 
de 5.000 m2.»
CAPÍTULO VIII
Vitivinicultura
Artículo 99.  Modificación de la Ley 2/2020, de la vitivinicultura.
Se modifica el apartado 1 del artículo 20 de la Ley 2/2020, del 5 de marzo, de la 
vitivinicultura, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  A los efectos de la presente ley, se entiende por denominación de origen 
protegida o indicación geográfica protegida el nivel de protección de los productos 
originarios de un ámbito territorial que no exceda del territorio de Cataluña. La 
calidad y las características de los productos vitivinícolas amparados se consiguen 
por  el  vínculo  existente  entre  la  zona  geográfica  delimitada  y  reconocida 
administrativamente, las variedades de uva de vinificación y los factores humanos 
y naturales que se aplican a su producción, elaboración y envejecimiento, de 
acuerdo con el contenido del pliego de condiciones. Los productos vitivinícolas 
amparados por una denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida son los que recogen los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15 y 16 de la parte 
II del anexo VII del Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo.»
CAPÍTULO IX
Cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña
Artículo 100.  Modificación de la Ley 14/2002, de las cámaras oficiales de comercio, 
industria y navegación de Cataluña y del Consejo General de las Cámaras.
Se  modifican  el  apartado  1  y  la  letra  c  del  apartado  3  del  artículo  19  de  la 
Ley  14/2002,  de  27  de  junio,  de  las  cámaras  oficiales  de  comercio,  industria  y 
navegación de Cataluña y del Consejo General de las Cámaras, que quedan redactados 
del siguiente modo:
«1.  Una vez declarada la apertura del proceso electoral, las cámaras deben 
exponer al público los respectivos censos electorales durante un período de treinta 
días naturales. El inicio de este período y la forma de exposición de los censos 
electorales son determinados por el órgano tutelar. Las reclamaciones que se 
presenten contra los censos electorales deben ser aceptadas o rechazadas por el 
comité ejecutivo de la cámara respectiva.»
«c)  Los plazos para el ejercicio del voto.»
Artículo 101.  Modificación del Decreto 175/2018, sobre el régimen electoral de las 
cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Cataluña.
Se deroga el artículo 2 del Decreto 175/2018, de 31 de julio, sobre el régimen 
electoral de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de 
Cataluña.
CAPÍTULO X
Código tributario de Cataluña
Artículo 102.  Modificación del libro primero del Código tributario de Cataluña, aprobado 
por la Ley 17/2017.
Se añade una disposición adicional al libro primero del Código tributario de Cataluña, 
aprobado por la Ley 17/2017, de 1 de agosto, con el siguiente texto:
«Disposición adicional.  Suministro de información y datos entre los órganos y 
entidades que integran la Administración tributaria de Cataluña.
1.  La Agencia Tributaria de Cataluña y los órganos de los departamentos de 
la Administración de la Generalidad y las entidades de su sector público que de 
acuerdo con la legislación aplicable ejercen funciones de gestión, liquidación y 
recaudación de tributos deben suministrar datos o información relevante a los 
órganos y entidades que integran la Administración tributaria siguientes con las 
finalidades que se especifican:
a)  Al órgano competente en materia de tributos con el fin de analizar y 
diseñar la política tributaria, elaborar la normativa tributaria general y de las figuras 
tributarias propias y de los tributos cedidos, en el marco de las competencias de la  es
Generalidad. bo
b)  Al Instituto de Investigación Fiscal y Estudios Tributarios de Cataluña con  w
ldae rfiencahliod atrdib dueta reiola by ogreasr teiósntu ddeio lso sd sei sintevmesatsig faisccióanle se ne nm mataetreiari ad efis hcaacl iye ntrdibau ptaúrbiali.ca,
2.  Los órganos y entidades a los que se refiere el apartado 1 también deben
suministrar datos o información a la entidad de la Administración de la Generalidad  Bc
que tenga atribuida la evaluación de políticas públicas cuando, con la finalidad de 
elaborar estudios de evaluación de impacto de los impuestos propios y cedidos, 
actúe por encargo del órgano competente en materia de hacienda.
3.  La información y los datos a suministrar deben ser los proporcionales, 
necesarios  e  imprescindibles  para  el  cumplimiento  de  las  finalidades 
mencionadas.
4.  La comunicación de la información debe realizarse de forma anonimizada, 
siempre que sea posible o, si la finalidad perseguida lo requiere, pseudonimizada, 
de forma que no permita la identificación de las personas afectadas por terceras 
personas distintas a la entidad cedente.
5.  Deben aplicarse mecanismos de encriptación de la información durante la 
comunicación y, siempre que sea posible, en el resto de las operaciones del 
tratamiento. Una vez finalizado el estudio, elaboración de la normativa o análisis y 
diseño de la política tributaria, debe destruirse la información personal, salvo que 
se anonimice.»
CAPÍTULO XI
Vivienda de protección oficial
Artículo 103.  Modificación de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda.
1.  Se modifica el apartado 10 del artículo 78 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda, que queda redactado del siguiente modo:
«10.  No  pueden  realizarse  actos  translativos  del  dominio  o  del  uso  de 
viviendas  de  protección  oficial,  ni  de  sus  anexos,  construidos  sobre  suelo 
destinado a esta finalidad sin que se haya obtenido su calificación definitiva. Los 
actos que infrinjan esta prohibición son nulos.»
2.  Se añaden tres apartados, el 13, el 14 y el 15, al artículo 78 de la Ley 18/2007, 
con el siguiente texto:
«13.  La  propiedad  de  vivienda  protegida  podrá  alquilar  o  vender 
separadamente cualquiera de los anexos a las viviendas a un precio no superior al 
fijado en cada momento por la Generalidad según la calificación vigente de la 
vivienda, y previa presentación del contrato ante el departamento competente en 
materia de vivienda.
14.  El arrendamiento o venta de los anexos a la vivienda no implica la 
devolución de las subvenciones percibidas, y no exige el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de acceso a vivienda protegida por parte del arrendatario o 
adquirente.
15.  Por  el  arrendamiento  de  los  anexos  de  vivienda  protegida  no  es 
preceptiva la previa división horizontal de los anexos de las viviendas.»
CAPÍTULO XII
Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña
Artículo 104.  Modificación del Decreto 89/2010, por el que se aprueba el Programa de  e.e
gestión  de  residuos  de  la  construcción  de  Cataluña  (PROGROC),  se  regula  la  b
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon  w
el PsSrooebg mrreao mldaai fd icdeaep  oegsl eiacsrióttíinócu ncl ood ne1t1 ror edlasedild aDu deoecs r ledoteso   r8lea9s /ic2do0un1os0st ,rd udece cl ai2ó 9cn o ddnees t jurCuncaiocta,ió lpunoñ.ra e (l PqRuOe GseR aOpCru),e bsae   OE-A-2022-95able en https://
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon
sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción, que queda redactado 
del siguiente modo:
«Artículo  11.  Obligaciones  de  la  persona  productora  de  residuos  de  la 
construcción y demolición.
Son obligaciones de la persona productora de residuos de la construcción y 
demolición:
a)  Cumplir  las  determinaciones  establecidas  por  el  artículo  23  del  texto 
refundido  de  la  Ley  reguladora  de  los  residuos,  aprobado  por  el  Decreto 
legislativo  1/2009,  de  21  de  julio,  así  como  las  disposiciones  específicas  o 
complementarias que regulan los residuos de la construcción y demolición.
b)  Incluir en el proyecto de ejecución de la obra, en su caso, un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 4 del Real decreto 105/2008 en la forma y con el contenido establecido 
en el modelo normalizado que apruebe la Agencia de Residuos de Cataluña, y que 
está disponible en su sede electrónica.
c)  Presentar ante el ayuntamiento, junto con la solicitud de la licencia de 
obras, un documento de aceptación firmado por un gestor de residuos autorizado 
para garantizar el correcto destino de los residuos separados por tipos. En este 
documento debe constar el código de gestor, el domicilio de la obra y el importe 
recibido en concepto de depósito para su posterior gestión.
El importe del depósito se fija, para todos los residuos de la construcción y 
demolición, en 11 euros por tonelada de residuos previstos en el estudio de 
gestión, con un mínimo de 150 euros.
El depósito tiene por objeto garantizar que la gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición que sean generados en una obra concreta por la 
persona productora se efectúa de acuerdo con la normativa vigente.
d)  En caso de que el promotor sea un ente público y no sea necesaria la 
licencia de obras, es necesario igualmente acreditar la correcta gestión mediante 
el certificado de gestión de residuos de la construcción correspondiente emitido 
por un gestor autorizado.
En este sentido, no puede certificarse la partida correspondiente de gestión de 
residuos sin el citado certificado.»
Artículo 105.  Mantenimiento del rango reglamentario del Decreto 89/2010.
Las modificaciones del Decreto 89/2010, del 29 de junio, por el que se aprueba el 
Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula 
la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la 
deposición controlada de los residuos de la construcción, realizadas por la presente ley 
mantienen el rango reglamentario de decreto a los efectos de su desarrollo, modificación 
y derogación.
PARTE FINAL
Disposición adicional primera.  Convenios del Instituto Catalán de la Salud con del 
Departamento de Salud. s
Se autoriza al Instituto Catalán de la Salud a intercambiar prestaciones vinculadas al  w.
ámbito sanitario mediante el establecimiento de convenios con el Departamento de  3w
jSualiolu,d d eeln I nesl timtuatorc Co adtael álons d eo blaje Stivaolusd f.ijados en el artículo 3 de la Ley 8/2007, de 30 de
Disposición adicional segunda.  Plan de cierre y desmantelamiento de las incineradoras 
existentes.
1.  El Gobierno, en el plazo de dos años a contar desde la aprobación de la 
presente ley, debe aprobar un plan de cierre y desmantelamiento de las incineradoras 
existentes vinculado a la nueva ley de prevención de residuos y uso eficiente de los 
recursos, previa evaluación de su adecuación a los objetivos derivados de la Directiva 
(UE) 2018/851, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, y previa valoración de las 
alternativas más adecuadas de gestión de los residuos que son objeto de tratamiento en 
dichas instalaciones. Este plan debe contener un procedimiento de concertación con las 
empresas y los representantes de los trabajadores afectados, y aplicar el concepto de 
transición justa para reducir el impacto en los puestos de trabajo.
2.  No se admiten a trámite solicitudes cuyo objeto sea la nueva construcción o la 
ampliación  de  infraestructuras  de  incineración  de  residuos  por  cualquiera  de  las 
tecnologías que tiene en consideración la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos.
3.  Quedan  suspendidas  hasta  la  aprobación  del  plan  las  tramitaciones  de  los 
expedientes de nueva construcción o de ampliación de infraestructuras de incineración.
Disposición  adicional  tercera.  Programas  y  estrategias  de  atención  educativa 
complementaria.
1.  La administración educativa puede diseñar programas y estrategias de atención 
educativa complementaria dirigidos a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo,  con  riesgo  de  abandono  escolar  prematuro  o  con  situaciones 
socioeconómicas y socioculturales especialmente desfavorecidas.
2.  De acuerdo con lo que se establezca por decreto del Gobierno, los programas y 
estrategias  de  atención  educativa  complementaria  son  acciones  educativas 
extraordinarias que, en colaboración con los centros educativos, pueden impartirse y 
gestionarse por medio de las fórmulas no contractuales consistentes en acción educativa 
concertada,  en  gestión  delegada  o  en  convenios  con  instituciones,  asociaciones  y 
entidades privadas sin ánimo de lucro.
Disposición adicional cuarta.  Prórroga de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 
ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de 
carácter fiscal y administrativo, en relación con el tratamiento de importes de canon 
del agua incluidos en recibos convertidos en incobrables.
Se  prorroga  para  los  ejercicios  de  2022  a  2024,  incluido,  lo  dispuesto  en  el 
artículo 20 del Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en 
materia social y de carácter fiscal y administrativo, en relación con la posibilidad de que 
las entidades suministradoras justifiquen y se deduzcan los importes de canon del agua 
repercutidos por factura sobre sus abonados convertidos en incobrables, siempre que las 
facturas hayan sido emitidas a partir del 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre 
de 2020.
Disposición  adicional  quinta.  Trienios  del  personal  funcionario  de  los  cuerpos 
especiales al servicio de la sanidad local. s
1.  Los funcionarios de los cuerpos especiales al servicio de la sanidad local que  w.b
prestan asistencia sanitaria a los beneficiarios del sistema público de salud perciben los  3w
atrligeunnioas  eqnu ec oancrceedpittoe nd peo ra nstuig cüoenddaidc iópno rd ela p perresostnaacli ófunn cdieo nlaar ioa,s iys tennoc piae rscaibneitna rciaa nati dlaods 
bene2f.i ciaLroioss f udnecl isoinsaterimosa  dpeú blolisc oc udeer psaolsu de.speciales al servicio de la sanidad local que por
la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 pasen a percibir unas retribuciones brutas
en cómputo anual inferiores a las que percibían, percibirán un complemento personal 
transitorio absorbible consistente en la diferencia entre la totalidad de las anteriores 
retribuciones y la totalidad de las nuevas retribuciones.
Disposición  adicional  sexta.  Régimen  de  autonomía  de  gestión  de  entidades  que 
actúan en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación y en el 
ámbito de la movilidad.
El departamento competente en materia de finanzas debe elaborar en el año 2022, 
previa consulta  al  departamento competente  en  materia de organización del sector 
público, un informe de valoración del régimen de autonomía de gestión aplicable a las 
entidades del sector público que actúan en el ámbito de las tecnologías de la información 
y la comunicación y a determinadas entidades del sector público que actúan en el ámbito 
de la movilidad.
Disposición adicional séptima.  Atención sanitaria no presencial.
El Departamento de Salud, en el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor 
de  la  presente  disposición,  debe  poner  en  marcha  una  oficina  con  todos  los 
departamentos implicados en el servicio 061 Salut Respon, con el fin de identificar y 
definir los principios, las funciones y la estructura que deben configurar el servicio. El 
Departamento de Salud debe establecer una metodología de evaluación del impacto de 
la asunción de la gestión directa de dicho servicio por la Generalidad y debe fijar un plan, 
las medidas y un calendario para hacerlo posible.
Disposición adicional octava.  Consorcio del Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca i 
Salou.
Durante el ejercicio presupuestario de 2022 no se realizará ningún tipo de operación 
que pueda comportar un coste para la Generalidad en relación con el Consorcio del 
Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca i Salou.
Disposición  adicional  novena.  Habilitación  excepcional  y  transitoria  a  los  actuales 
operadores  autorizados  de  la  inspección  técnica  de  vehículos  para  que  sigan 
prestando el servicio.
1.  Se habilita, con carácter excepcional y transitorio, a los operadores que prestan 
actualmente el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV), autorizados de acuerdo 
con el Decreto 30/2010, de 2 de marzo, para que sigan prestando el servicio en las 
mismas condiciones actuales, y con el abono de las tasas que establece la normativa 
actual para su actividad inspectora, durante todo el período de tiempo imprescindible y 
necesario para concluir los procedimientos regulados en el apartado 3 de la presente 
disposición y hasta que, además, entre en vigor el nuevo sistema de habilitación de las 
estaciones de ITV que resulte de la aprobación por el Parlamento de la ley que regule 
con carácter general el servicio de inspección técnica de vehículos, y de acuerdo con el 
siguiente cuadro, que incluye todas las estaciones de inspección técnica de vehículos en 
Cataluña:
Estaciones de inspección técnica de vehículos que prestan servicios de ITV en Cataluña
Operador Provincia Comarca SSTT Estación Líneas w.
AAPPPPLLUUSS.. BB BBaarixc eLlloonbères.gat. BBaarrcceelloonnaa.. BBD--e00s25v  eBSraandn.at lJounsat . 42 OE-A-2022-95able en https://
Operador Provincia Comarca SSTT Estación Líneas
B-07 Sant Joan 
APPLUS. B Baix Llobregat. Barcelona. 2
Despí/Viladecans.
APPLUS. B Maresme. Barcelona. B-08 Argentona. 3
APPLUS. B Alt Penedès. Barcelona. B-09 Olèrdola. 2
APPLUS. B Barcelonès. Barcelona. B-10 Puigmadrona. 2
APPLUS. B Baix Llobregat. Barcelona. B-11 Cornellà. 3
APPLUS. B Anoia. Barcelona. B-12 Igualada. 2
APPLUS. B Barcelonès. Barcelona. B-14 Diputació. 2
APPLUS. B Barcelonès. Barcelona. B-15 Motors. 4
B-17 Vilanova i la 
APPLUS. B Garraf. Barcelona. 2
Geltrú.
APPLUS. B Vallès Oriental. Barcelona. B-18 Granollers. 3
B-21 Sant Andreu de 
APPLUS. B Baix Llobregat. Barcelona. 2
la Barca.
Vallès 
APPLUS. B Barcelona. B-24 Sabadell. 3
Occidental.
TUV SUD. B Vallès Oriental. Barcelona. B-26 Sant Celoni. 2
Vallès 
TR CERTIO. B Barcelona. B-03 Viladecavalls. 4
Occidental.
TR CERTIO. B Bages. Barcelona. B-06 Manresa. 2
TR CERTIO. B Berguedà. Barcelona. B-13 Berga. 2
TR CERTIO. B Barcelonès. Barcelona. B-16 Còrsega. 3
TR CERTIO. B Barcelonès. Barcelona. B-19 Àvila. 3
TR CERTIO. B CIM Vallès. Barcelona. B-20 CIM Vallès. 2
Vallès 
TR CERTIO. B Barcelona. B-22 Sant Cugat. 3
Occidental.
TR CERTIO. B Barcelonès. Barcelona. B-23 Caracas. 2
TR CERTIO. L Solsonès. Barcelona. L-06 Solsona. 1
ITEVELESA. B Bages. Barcelona. B-25 Sant Fruitós. 2
PREVENCONTROL. B Osona. Barcelona. B-04 Vic. 3
PREVENCONTROL. GI Gironès. Girona. GI-02 Celrà. 3
PREVENCONTROL. GI Empordà. Girona. GI-03 Vilamalla. 3
PREVENCONTROL. GI Garrotxa. Girona. GI-04 Olot. 2
PREVENCONTROL. GI Baix Empordà. Girona. GI-06 Palamós. 2
PREVENCONTROL. GI Selva. Girona. GI-07 Blanes. 3
PREVENCONTROL. GI Ripollès. Girona. GI-08 Ripoll. 1 o
PREVENCONTROL. GI Gironès. Girona. GI-09 Girona. 3 3ww
APPLUS. GI Cerdanya. Lleida. GI-05 Puigcerdà. 1
AAPPPPLLUUSS.. LL SPeagllariràs. Jussà. LLlleeiiddaa.. LL--0023  LTlreeimdap.. 41 BOE-A-cable e
Operador Provincia Comarca SSTT Estación Líneas
APPLUS. L Segarra. Lleida. L-05 Granyanella. 2
APPLUS. L Noguera. Lleida. L-07 Artesa de Segre. 1
APPLUS. L Vall d’Aran. Lleida. L-08 Vielha. 1
APPLUS. L Pallars Sobirà. Lleida. L-09 Sort. 1
L-11 les Borges 
TUV SUD. L Garrigues. Lleida. 2
Blanques.
CERTIO. L Alt Urgell. Lleida. L-04 Montferrer. 1
ITEVELESA. L Alta Ribagorça. Lleida. L-10 Pont de Suert. 1
APPLUS. T Baix Camp. Tarragona. T-02 Reus. 4
Conca de 
APPLUS. T Tarragona. T-05 Montblanc. 1
Barberà.
APPLUS. T Tarragonès. Tarragona. T-06 Tarragona. 3
ITEVELESA. T Baix Penedès. Tarragona. T-07 Bellvei. 2
Terres de 
APPLUS. T Baix Ebre. T-03 Tortosa. 2
l’Ebre.
Terres de 
APPLUS. T Ribera d’Ebre. T-04 Móra la Nova. 2
l’Ebre.
Terres de 
TUV SUD. T Montsià. T-08 Amposta. 1
l’Ebre.
APPLUS.       M-01.  
APPLUS.       M-08.  
APPLUS.       M-05.  
APPLUS.       M-07.  
TUV SUD.       M-12.  
TUV SUD.       M-13.  
CERTIO.       M-03.  
ITEVELESA.       M-11.  
PREVENCONTROL.       M-09.  
PREVENCONTROL.       M-10.  
2.  Los operadores autorizados para la prestación del servicio de inspección técnica 
de vehículos que sean antiguos concesionarios deben abonar, además de lo dispuesto 
en el apartado 1, de acuerdo con el artículo 80.2 del Decreto 30/2010, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de 
seguridad industrial, una cuantía como contraprestación económica por el uso de los 
bienes y los derechos de las antiguas concesiones consistente en el 2% de los ingresos 
provenientes de las inspecciones realizadas mensualmente por cada estación de ITV. La  s
cuantía debe abonarse al órgano competente en materia de seguridad industrial de la  oe.
Generalidad durante los veinte primeros días del mes siguiente a la realización de las  w.
icnasbpo3e .cl acsiEo anl cedtsue,ap dcaeiro taancmeusee onrpdtooo r cctuoonmna plsae spt eainnrastet rc uoecnncc iolmuniare tese lr qipaur eod ceeel  dósimerggiaeunnriotdo ae ddse tai nrbedlevuezscrtsraiia.óln  ddeeb leo sl lebvieanre as   2022-953n https://w
procedentes  de  las  antiguas  concesiones  administrativas  del  servicio  de  inspección
técnica de vehículos, o en el caso de bienes inmuebles que no sean propiedad y, en
consecuencia, de los que no es posible la transmisión patrimonial, determinar que estos 
deberán pagar a la Generalidad una contraprestación económica equivalente al valor de 
mercado, en los términos y plazos que establezcan las correspondientes resoluciones 
administrativas,  sin  perjuicio  que  los  operadores  deben  continuar  la  prestación  del 
servicio en la estación que corresponda, hasta que el Parlamento apruebe la ley que 
regule el régimen jurídico del servicio de interés general de la inspección técnica de 
vehículos y se otorgue el nuevo sistema de títulos habilitantes a los operadores que se 
establezca.
4.  Se  suspende  el  otorgamiento  de  nuevas  autorizaciones  de  titulares  de 
estaciones de inspección técnica de vehículos que prevén los artículos 26.1 y 37 de la 
Ley 12/2008 hasta la entrada en vigor de una ley que regule el nuevo marco jurídico del 
servicio de interés general de la inspección técnica de vehículos.
Disposición adicional décima.  Normativa en materia de contratación.
1.  Modificación del Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula el 
Tribunal  Catalán  de  Contratos  del  Sector  Público  y  se  aprueba  su  organización  y 
funcionamiento.
a)  Se  modifica  el  apartado  3  del  artículo  5  del  Decreto  221/2013,  de  3  de 
septiembre, por el que se regula el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y se 
aprueba su organización y funcionamiento, que queda redactado como sigue:
«3.  El presidente/a es nombrado, mediante convocatoria pública y por el 
procedimiento  de  libre  designación,  entre  candidatos  funcionarios  de  la 
Administración de la Generalidad o de la Administración local de Cataluña que 
reúnan el resto de requisitos establecidos por el artículo 6.1.»
b)  Se añade un apartado, el 3 bis, al artículo 5 del Decreto 221/2013, con el 
siguiente texto:
«3 bis.  Una de las personas vocales es nombrada mediante convocatoria 
pública y por el procedimiento de libre designación, entre candidatos funcionarios 
de  la  Administración  de  la  Generalidad  de  Cataluña  que  reúnan  el  resto  de 
requisitos establecidos por el artículo 6.1.»
2.  En los procedimientos de contratación pública llevados a cabo por los órganos 
de  contratación  de  Cataluña,  el  plazo  para  instruir  y  resolver  los  expedientes  de 
resolución contractual es de ocho meses como máximo.
3.  Las modificaciones del Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, realizadas por la 
presente ley mantienen el rango reglamentario del decreto a los efectos de su desarrollo, 
modificación y derogación.
Disposición adicional undécima.  Asesoramiento por parte de la Agencia Catalana del 
Agua.
La Agencia Catalana del Agua debe dotarse de los medios personales, materiales y 
organizativos necesarios para prestar asesoramiento técnico a los municipios en el 
diseño de la gestión municipal del agua, y en especial en la gestión directa del servicio 
de abastecimiento de agua.
Disposición adicional duodécima.  Impuesto sobre los alimentos ultraprocesados. w.
ley dEel lG imobpiueernsoto  dseobber ea ploros baalrim deunratonste u 2ltr0a2p2r olace msaedmoos,r iau npar evliemzi nsaer  hdaeyl aann taenparoliyzeacdtoo  ldaes 
feisxcpaelr iceonmcioa sd ein eteferncaticviiodnaadl esso byr ee lla é sxaitlou dd.e D dicichhoo i mimppuueestsoto d etabnet os edre fsindael isetla p yu lnotso  idneg revissotas 
que  se  obtengan  de  él  deben  nutrir  un  fondo  destinado  a  financiar  explotaciones 
sostenibles del sector primario.
Disposición  adicional  decimotercera.  Complemento  de  productividad  extraordinario 
único para el personal de empresas de servicios de limpieza.
1.  Durante el ejercicio presupuestario de 2022, el Gobierno debe impulsar las 
medidas destinadas a satisfacer un complemento de productividad extraordinario único 
para el personal integrado en las empresas de servicios de limpieza que hayan realizado 
esta actividad en los centros sanitarios del sistema sanitario integral de utilización pública 
de Cataluña (Siscat) y que acrediten haber prestado sus servicios en dichos centros 
durante el período comprendido entre el 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor 
del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y el 31 de 
mayo de 2020.
2.  A efectos del pago de la retribución, debe establecerse el procedimiento por el 
que los trabajadores reciben la gratificación, que debe ser íntegra si prestaron los 
servicios durante todo dicho período, o proporcional al tiempo de prestación efectiva.
Disposición adicional decimocuarta.  Fundaciones participadas por la Administración de 
la Generalidad titulares de universidades privadas.
1.  Las aportaciones de la Generalidad destinadas a la financiación global de las 
universidades  privadas  que  son  de  titularidad  de  fundaciones  con  participación 
minoritaria  de  la  Generalidad  pueden  articularse  mediante  convenios  programa  de 
alcance plurianual.
2.  Las universidades privadas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro del 
sector público deben rendir cuentas del uso de sus medios, de la gestión transparente y 
de la calidad de sus actividades con sujeción a los mecanismos de inspección y control 
establecidos en los convenios programa suscritos con el departamento de la Generalidad 
competente en materia de universidades.
Disposición adicional decimoquinta.  Evaluación del modelo de gestión del 112 para la 
internalización del sistema.
El Departamento de Interior debe iniciar, en el plazo de sesenta días a contar desde 
la entrada en vigor de la presente disposición, una evaluación sistemática del modelo de 
gestión del 112 que debe finalizar sus conclusiones antes de que acabe el 2022. Si las 
conclusiones  de  la  evaluación  determinan  que  la  internalización  es  viable 
económicamente e implica una mejora tanto de la calidad del servicio como de las 
condiciones laborales de sus trabajadores, el Gobierno debe hacerla efectiva al finalizar 
el contrato vigente en aquel momento.
Disposición  adicional  decimosexta.  Modificación  de  la  Ley  18/2008,  de  garantía  y 
calidad del suministro eléctrico.
Se añade una disposición adicional, la tercera, a la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
de garantía y calidad del suministro eléctrico, con el siguiente texto:
«Disposición  adicional  tercera.  Obligaciones  de  las  comercializadoras  de  e.e
referencia. b
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beneficiarios del bono social eléctrico a fecha 31 de diciembre del año anterior.
2.  El listado a que se refiere el apartado 1, en formato digital, operable 
informáticamente  y  con  los  campos  a  determinar  por  el  órgano  competente 
responsable de la gestión y el pago del bono social térmico, debe incluir la 
siguiente información:
a)  Nombre y DNI del beneficiario.
b)  Domicilio completo, con indicación de vía, número, código postal y código 
INE del municipio, y descripción del municipio.
c)  Si tiene la consideración de consumidor vulnerable severo o en riesgo de 
exclusión social.
d)  Datos de la cuenta bancaria.
e)  Teléfono fijo, teléfono móvil y correo electrónico.»
Disposición  adicional  decimoséptima.  Financiación  de  las  escuelas  maternales  y 
guarderías municipales para cubrir la parte del coste del servicio de escolarización 
que satisfacen las familias.
1.  La financiación a cargo del departamento competente en materia de educación 
de la parte del coste del servicio de escolarización que satisfacen las familias por plaza 
escolar correspondiente al tercer curso del primer ciclo de educación infantil, I2 (antes 
P2), en las escuelas maternales y guarderías municipales se establece en un módulo fijo 
de 1.600 euros por plaza y año y para los cursos escolares 2022-2023, 2023-2024, 
2024-2025 y 2025-2026, de acuerdo con el siguiente calendario:
– En  el  ejercicio  presupuestario  2022  se  hará  efectiva  la  financiación 
correspondiente al primer cuatrimestre del curso 2022-2023.
– En  el  ejercicio  presupuestario  2023  se  hará  efectiva  la  financiación 
correspondiente  a  dos  cuatrimestres  del  curso  2022-2023  y  un  cuatrimestre  del 
curso 2023-2024.
– En  el  ejercicio  presupuestario  2024  se  hará  efectiva  la  financiación 
correspondiente  a  dos  cuatrimestres  del  curso  2023-2024  y  un  cuatrimestre  del 
curso 2024-2025.
– En  el  ejercicio  presupuestario  2025  se  hará  efectiva  la  financiación 
correspondiente  a  dos  cuatrimestres  del  curso  2024-2025  y  un  cuatrimestre  del 
curso 2025-2026.
– En  el  ejercicio  presupuestario  2026  se  hará  efectiva  la  financiación 
correspondiente a dos cuatrimestres del curso 2025-2026.
2.  La  financiación  a  que  se  refiere  el  apartado  1  se  reconoce  a  todos  los 
ayuntamientos  de  Cataluña  titulares  de  escuelas  maternales  y  guarderías  y  es 
incompatible con la exigencia del precio público del servicio de escolarización por parte 
del ayuntamiento.
3.  El número de plazas de escuela maternal por ayuntamiento es el que resulte de 
los datos que anualmente sean comunicados al departamento competente en materia de 
educación.
Disposición  adicional  decimoctava.  Entidad  beneficiaria  de  expropiaciones  en  la 
ampliación del recinto ferial de la Fira Internacional de Barcelona.
Se declara Fira 2000, SA beneficiaria de las expropiaciones de bienes y derechos  e
que sean necesarias para ampliar el recinto ferial de la Fira Internacional de Barcelona. bo
Disppoúsbicliicóon  vtiraarnios.itoria primera.  Tasa por la utilización o el aprovechamiento del dominio
En relación con las autorizaciones otorgadas antes del 1 de enero de 2022, y en lo
que respecta a las anualidades de vigencia de la autorización que queden pendientes en  Bc
la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el órgano gestor de la tasa debe emitir 
una liquidación por el importe correspondiente a la diferencia entre la cuota de la tasa 
que se haya satisfecho y la cuota resultante de la regulación de la tasa en la redacción 
dada por la presente ley.
Disposición transitoria segunda.  Plazo para establecer mecanismos de trazabilidad de 
las consultas en la comunicación de datos entre la Red de Servicios Sociales de 
Atención Pública y los servicios sanitarios del sistema público.
Las entidades responsables, en el ámbito sanitario y de los servicios sociales, de las 
comunicaciones a que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 12/2007, 
de 11 de octubre, de servicios sociales, deben establecer, en el plazo de dos años, 
mecanismos que permitan a las personas afectadas consultar la trazabilidad de las 
consultas y acciones realizadas.
Disposición  transitoria  tercera.  Creación  de  escalas  de  la  Administración  de  la 
Generalidad.
1.  Mientras no entre en vigor la ley de empleo público catalana que debe establecer 
una  nueva  ordenación  de  los  cuerpos  y  las  escalas  de  la  Administración  de  la 
Generalidad se mantienen en vigor las siguientes disposiciones:
a)  Se añade la especialidad de ambientólogos a las actuales especialidades del 
cuerpo de titulación superior.
b)  Se crean las escalas correspondientes a las especialidades de los cuerpos de 
titulación superior, diplomatura, técnico de especialistas y auxiliar técnico con los mismos 
requisitos de titulación y funciones asignadas hasta el momento de la entrada en vigor de 
la  presente  disposición,  incluida  la  escala  que  se  refiere  a  la  especialidad  de 
ambientólogos.
c)  La escala de ambientólogos dentro del cuerpo de titulación superior del grupo A, 
subgrupo A1, tiene las siguientes funciones:
– Elaborar,  analizar,  aplicar  y  realizar  el  seguimiento  de  políticas,  estrategias, 
programas,  planes  y  proyectos  para  la  gestión  del  medio  ambiente  y  el  desarrollo 
sostenible.
– Elaborar  directrices,  propuestas  de  resolución,  informes,  estudios  técnicos  y 
peritaciones  ambientales  de  carácter  oficial  en  el  ámbito  de  las  competencias 
correspondientes a la Administración pública de la Generalidad.
– Impulsar, asistir y gestionar procesos administrativos relacionados con el medio 
ambiente.
– Emitir informes en el marco de procesos administrativos relativos a la gestión del 
medio ambiente, las actividades, el territorio, el paisaje y el desarrollo sostenible.
– Analizar y aplicar la normativa propia del ámbito y definir la base técnica de la 
normativa catalana.
– Promover,  aplicar  y  coordinar  actuaciones  de  asesoramiento,  divulgación, 
sensibilización, formación, educación, innovación y participación relativas a este ámbito.
– Asesorar en la integración de la sostenibilidad en las políticas sectoriales del 
propio Gobierno y de los entes locales.
– Evaluar el estado y las dinámicas del medio ambiente, y los planes, programas y 
proyectos que tienen incidencia en ellos. e.
– Inspeccionar, analizar y realizar el seguimiento de las actuaciones y actividades  w.b
con incidencia sobre el medio ambiente. 3w
inve–rs iPolnaensif idceasr,t ingaedsatiso naa ar cytu arecaiolinzeasr  perlo pseiagsu dimeli eánmtob itdoe. las ayudas económicas y las
– Coordinarse con la política ambiental europea e internacional.
d)  Deben establecerse por decreto los requisitos de titulación para el acceso a las 
nuevas escalas creadas por la presente disposición. Como requisito de titulación para el 
acceso a la escala de ambientólogos se establece el grado y la licenciatura en ciencias 
ambientales,  sin  perjuicio  de  que  por  decreto  se  establezcan  otros  requisitos  de 
titulación.
e)  Una vez finalizados los procesos de estabilización en curso, se adscribirán a la 
escala de ambientólogos las plazas que dispongan de la titulación mencionada en la 
letra d y que desarrollen las funciones a que se refiere la letra c.
2.  La  adscripción  de  los  puestos  de  trabajo  dentro  de  las  nuevas  escalas  se 
producirá mediante la relación de puestos de trabajo una vez concluyan los procesos de 
estabilización de empleo temporal convocados o que se convoquen de acuerdo con la 
normativa sobre medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.
Disposición derogatoria primera.  Normas de rango legal.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a)  El apartado 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 16/1991, de 10 de 
julio, de las policías locales.
b)  El  artículo  25  bis  de  la  Ley  10/1994,  de  11  de  julio,  de  la  Policía  de  la 
Generalidad-Mossos d’Esquadra.
c)  La disposición adicional quinta y la disposición transitoria de la Ley 9/1995, de 27 
de julio, de regulación del acceso motorizado al medio natural.
d)  La  disposición  adicional  octava  y  la  disposición  transitoria  tercera  de  la 
Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.
e)  El artículo 7 ter del Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de 
Cataluña.
f)  La  disposición  adicional  cuarta  del  libro  segundo  del  Código  tributario  de 
Cataluña, aprobado por la Ley 17/2017, de 1 de agosto.
g)  La letra o del artículo 52 de la Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de ordenación 
sostenible de la pesca en aguas continentales.
h)  Los artículos 4 y 8 del Decreto ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes 
en materia de contratación pública.
i)  El artículo 1 del Decreto ley 48/2020, de 1 de diciembre, de medidas de carácter 
organizativo en el ámbito sanitario, social y de salud pública para hacer frente a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 30/2020, de 4 de 
agosto, y del Decreto ley 41/2020, de 10 de noviembre.
Disposición  derogatoria  segunda.  Leyes  de  medidas  fiscales,  administrativas  y 
financieras.
Quedan derogados los siguientes artículos y disposiciones:
a)  El artículo 35 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas.
b)  El artículo 46 de la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y 
financieras. e
c)  El apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 26/2009, de 23 de  bo
diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas. w
admdin) istEral tiavratsíc, ulfoin a1n5c9ie.1r.a3s  dye  dlae l Lseeyc t5o/r2 0p1ú7b,l icdoe  y2 8d ed ec rmeaacrzióon,  dye  rmegeudlaidcaiósn f isdcea leloss, 
iemsptaubelestcoims ienstoobsr et urígsrtiacnodse, ss oberset aeblleemcimenietonsto sra dicootómxeicrocsia, lesso, bres obbereb idaess taaznucciaasr adeans 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
Disposición derogatoria tercera.  Normas de rango reglamentario.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a)  Los artículos 2, 3, 4.1 y 4.5 y las disposiciones adicionales primera y segunda del 
Decreto 175/1994, de 28 de junio, sobre el uno por ciento cultural.
b)  El apartado 1 del artículo 51, la letra d del apartado 8 del artículo 68 y la letra e 
del apartado 2 del artículo 93 del Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto 305/2006, de 18 de julio.
Disposición final primera.  Tasa por la utilización o el aprovechamiento del dominio 
público viario.
Mientras no haya culminado el despliegue de las redes de telecomunicaciones en 
todo el territorio de Cataluña y, en cualquier caso, por un período mínimo de cuatro años, 
quedan en suspenso la exigibilidad de la tasa establecida en el capítulo XXIV del título 
XXV del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de Cataluña y la entrada 
en vigor de la disposición transitoria de dicha ley en lo que se refiere a las redes de 
telecomunicaciones.
Disposición  final  segunda.  Presentación  de  un  proyecto  de  ley  de  regulación  del 
servicio de interés general de la inspección técnica de vehículos.
El Gobierno, en el plazo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de la 
presente ley, debe presentar al Parlamento un proyecto de ley que regule el servicio de 
interés general de la inspección técnica de vehículos.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya», sin perjuicio de las fechas específicas de entrada en 
vigor  que  fijan  determinados  preceptos  del  articulado  en  relación  con  algunas 
modificaciones legislativas que contiene.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 29 de diciembre de 2021.–El Presidente de la Generalidad 
de Cataluña, Pere Aragonès i Garcia.–El Consejero de Economía y Hacienda, Jaume 
Giró i Ribas.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8775, de 31 de diciembre de 2021)