BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 103063
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
14644 Sala Primera. Sentencia 147/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo 4717-2019. Promovido por don Carlos José Mattos Barrero respecto 
de lo dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizando su 
extradición a la República de Colombia. Vulneración de los derechos a la 
tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, en conexión 
con  los  derechos  a  la  libertad  personal  y  a  la  libertad  de  residencia  y 
circulación: resoluciones judiciales que aceptan como soporte de la demanda 
de extradición un escrito de acusación de la fiscalía colombiana carente de 
refrendo judicial.
ECLI:ES:TC:2020:147
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4717-2019, promovido por don Carlos José Mattos 
Barrero, representado por el procurador de los tribunales don Pablo Hornedo Muguiro y 
defendido por los letrados doña Cruz Sánchez de Lara Sorzano y don Antonio Agúndez 
López, contra el auto de 1 de julio de 2019 del Pleno de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional que desestimó el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 3 
de mayo de 2019 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
que autorizó en vía judicial su extradición a la República de Colombia. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el presidente don Juan José González Rivas.
I. Antecedentes
1.  Don  Carlos  José  Mattos  Barrero,  representado  por  el  procurador  de  los 
tribunales  don  Pablo  Hornedo  Muguiro,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones  que  se  mencionan  en  el  encabezamiento  de  esta  sentencia  mediante 
escrito registrado en este tribunal el 24 de julio de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad 
de Bogotá celebró los días 3 y 4 de octubre de 2018 una audiencia preliminar en la que  s
la fiscalía formuló imputación contra el recurrente en amparo por los delitos de utilización  e.
ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado,  w.
daño informático agravado, y cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo con  644ww
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cinocnotmumpaarceiac eanscíi ac oym doe sstruu cscuiójenc idóen  par umebeadsid.a cautelar privativa de libertad por riesgo de  BOE-A-cable e
El juzgado de garantías accedió a estas pretensiones acordando el 4 de octubre 
de 2018 imponer al imputado la medida de aseguramiento privativa de libertad de 
«detención preventiva en establecimiento de reclusión» (prisión provisional) prevista en 
el artículo 307, A, 1 del Código de procedimiento penal de Colombia (Ley 906 de 2004), 
y librando la orden de captura núm. 60, de 4 de octubre de 2018 para asegurar el 
cumplimiento de dicha medida, que fue registrada en Interpol como orden internacional 
de detención núm. 2018-48243, de 8 de octubre de 2018.
b)  El Juzgado Central de Instrucción núm. 4 de la Audiencia Nacional incoó el 
expediente de extradición núm. 55-2018 y celebró el día 10 de octubre de 2018 con el 
demandante,  que  compareció  voluntariamente,  la  vista  de  medidas  cautelares 
personales del artículo 505 de la Ley de enjuiciamiento criminal, dictando el mismo día 
auto en el que acordó su libertad provisional con obligación apud acta de comparecer 
una vez al mes en dicho juzgado, o en el del partido judicial correspondiente al lugar de 
su residencia, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional sin 
previa autorización del juzgado.
c)  La embajada de Colombia en España formalizó la solicitud de extradición del 
demandante mediante nota verbal de 15 de octubre de 2018 (S-EESMD-18-482) en los 
términos del Convenio bilateral de extradición suscrito entre España y Colombia el 23 de 
julio de 1892 y su protocolo modificativo de 16 de marzo de 1999. La documentación 
adjunta incluía oficio de la Fiscalía 11 adscrita a la Vicefiscalía General de la Nación de 5 
de octubre de 2018 en el que se concretaban los hechos que motivaban la reclamación 
en estos términos:
«En la ciudad de Bogotá, Colombia, desde el mes de octubre de 2015, el señor 
Carlos José Mattos Barrero, habría iniciado el ofrecimiento de sobornos a múltiples 
funcionarios del área de sistemas de la Dirección Ejecutiva Seccional de administración 
judicial de Bogotá, para direccionar el reparto de una demanda incoada por la empresa 
colombiana Hyundai Colombia Automotriz, S.A., (de la cual era el mayor accionista) en 
contra de la compañía coreana Hyundai Motor Company.
Estos sobornos, fueron pagados a los diversos involucrados en este plan criminal.
Es así como se logró la manipulación del sistema de reparto, con la finalidad de que 
esta demanda fuera conocida específicamente por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de 
Bogotá, cuyo titular era el señor Reinaldo Huertas. Paralelamente, el señor Carlos José 
Mattos Barrero, habría prometido y pagado dineros a este juez y a su oficial mayor 
Dagoberto Rodríguez Niño, para que se decretara, tal como finalmente lo hizo el 06 de 
abril del 2016, una medida cautelar favorable a sus intereses económicos.»
En  posteriores  comunicaciones  diplomáticas  se  transmitió  información 
complementaria ilustrativa de que en el año 2015 la empresa coreana Hyundai Motor 
Company decidió unilateralmente retirar a Hyundai Colombia Automotriz el derecho de 
distribución exclusiva de vehículos, que ello llevó a Hyundai Colombia Automotriz a 
interponer demanda contra la compañía coreana el 29 de febrero de 2016, advirtiéndose 
ese mismo día en el sistema de reparto de los juzgados una serie de irregularidades que 
fueron  denunciadas  ante  la  Fiscalía  General  de  la  Nación.  Incoada  por  esta  una 
indagación preliminar se descubrió que, en efecto, el sistema de reparto habría sido 
manipulado  mediante  una  intromisión  indebida  en  la  base  de  datos  «Sistema  de 
administración  de  reparto  judicial»  (en  la  que  ingresan  los  datos)  y  en  «Bitácora» 
(memoria del sistema) y que esta manipulación se venía preparando desde el año 2015 
en una trama con múltiples implicados que incluía funcionarios de la administración de  e
justicia y personas con conocimientos especializados en informática y sistemas. También  bo
se averiguó indiciariamente que el demandante habría ofrecido grandes cantidades de  644ww
daidnoeprota sael  ujuneaz  mye adli doaf iccaiaul tedlealr  Jquuzeg iamdpoi dSieerxat oa  lCai vciol rdeealn aC iHrcyuuitnod adie m Baotegroiatáliz paar rlaa  pqéured idsea 
dpeo re exlc jluuzsgivaiddaod c fiavivl oerla 6b led ea  aHbyriul nddea 2i C01o8lo, mcobnia ,p droehciibsiicóinó nq ueex perfeescati vaa mla eenmtep rfueesa a ccoorrdeaadnaa 
de distribuir sus vehículos a otras personas naturales y/o jurídicas distintas de Hyundai 
Colombia Automotriz.
d)  El Consejo de Ministros acordó el 16 de noviembre de 2018 la continuación del 
procedimiento de extradición en vía judicial.
e)  En la comparecencia del art. 12 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición 
pasiva, celebrada en el juzgado central de instrucción el día 26 de noviembre de 2018 el 
reclamado manifestó que se oponía a su entrega y que no renunciaba al principio de 
especialidad.
f)  Recibidas las actuaciones en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, se formó el rollo de sala núm. 81-2018, y se dio traslado a la fiscal, 
que emitió el 8 de enero de 2019 dictamen favorable a la extradición, y a la defensa, que 
presentó escrito el día 22 de enero de 2019 en el que se opuso a la extradición alegando 
como motivos: i) su condición de nacional español, adquirida por acuerdo del Ministerio 
de Justicia de 23 de febrero de 1999 por razón de residencia, ii) motivación política o 
«parapolítica» de la solicitud de extradición, por motivos de enemistad personal de quien 
fue fiscal general de la Nación por impago de unos honorarios profesionales generados 
cuando el fiscal fue abogado de los intereses del reclamado, y iii) infracción del principio 
de doble incriminación.
En la vista del artículo 14 de la Ley de extradición pasiva celebrada el día 25 de 
febrero de 2019, la defensa del reclamado alegó que la orden judicial de detención había 
quedado sin efecto, aportando copia de la resolución dictada el 31 de enero de 2019 por 
el Juzgado 47 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá que declaraba 
la nulidad de la resolución de 4 de octubre de 2018 del Juzgado 27 de control de 
garantías, ordenaba cancelar la orden de captura y emitida como consecuencia de la 
decisión anulada, y acordaba la devolución de la actuación al juzgado de control de 
garantías para que dictara una nueva resolución «revisando los elementos materiales 
probatorios y haciendo un juicio de valor respecto de los mismos». Esta resolución se 
declaraba firme y no susceptible de recurso.
g)  La embajada de Colombia en España transmitió mediante nota verbal de 5 de 
marzo de 2019 (S-EESMD-19-121) información complementaria consistente en copia del 
escrito de acusación evacuado el 19 de diciembre de 2018 por el fiscal 11 delegado ante 
el Tribunal Superior del Distrito, adscrito a la Vicefiscalía General de la Nación, así como 
escrito de la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia de Colombia 
en el que informaba que el escrito de acusación fue repartido al Juzgado 30 Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá al tiempo que alegaba que dicho 
escrito constituía una decisión equivalente al auto de proceder previsto en el artículo 8.2 
del Convenio bilateral. Mediante nota verbal de 29 de marzo de 2019 (S-EESMD-19-148) 
la embajada de Colombia en España efectuaba nuevas manifestaciones en el mismo 
sentido.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, actuando en funciones de punto de contacto de 
la Red iberoamericana de cooperación jurídica internacional (Iber-red), remitió el 16 de 
abril de 2019 a la sección un escrito de la Directora de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Justicia de Colombia en el que informaba que el día 12 de abril de 2019 se 
había celebrado la «Audiencia de formulación oral de acusación» en la que el fiscal 11 
adscrito a la Vicefiscalía General de la Nación procedió a formular de manera oral 
acusación  contra  el  reclamado  ante  el  juez  30  Penal  del  Circuito  con  función  de 
Conocimiento de Bogotá, quien, según el escrito, «avaló la misma en audiencia pública». 
Se acompañaba copia del DVD que recogía la grabación videográfica de la audiencia. s
En la grabación se constata que el fiscal procedió a la lectura íntegra del escrito de  oe.
acusación, y que el juez de conocimiento, a instancia de la letrada de la defensa, que  w.
alegó en el acto no haber tenido acceso a determinados materiales de la investigación,  644ww
porrodceendai maiel nftios cpael naqlu (eL epy ro9c0e6d dae,  2e0n0 4c),u malp dliemsiceunbtori mdieenl toa ritnícteuglora l 3d4e4  lodse el leCmóednigtoos  ddee 
ceollon vuicnc ipólna zsoo bdree  ltoress q udeía ssu hsátebnilteas e, le f aicnttuemre sdaen sduo  essec rleitova dneta aracu usna caiócnta o teoxrpgráensdivoale d pea rlaa   BOE-A-cable e
entrega  de  dichos  elementos  de  cara  a  la  futura  audiencia  preliminar  (tramo 
temporal 02:25:00 a 02:27:30 de la grabación). El juez ordena igualmente a la letrada de 
la  defensa  la  presentación  de  ciertos  elementos  correspondientes  a  su  prueba  de 
descargo en el mismo plazo (02:27:30 a 02:28:17), tras lo cual manifiesta que «da por 
presentada la acusación» y cierra la sesión convocando a las partes el día 4 de julio 
de 2019, a las 08:00 horas, para la celebración de la audiencia preliminar.
También se acompañaba un escrito de la Dirección de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Justicia de Colombia en la que nuevamente se insiste en que el escrito de 
acusación  cumple  las  exigencias  del  artículo  8.2  del  Convenio  bilateral  por  ser 
equivalente al auto de proceder y que fue presentado en plazo.
Mediante nota verbal de 23 de abril de 2019 la embajada de Colombia en España 
transmitió documentos del Ministerio de Justicia de Colombia y de la Fiscalía General de 
la Nación relativos a la audiencia de formulación oral de la acusación de 12 de abril 
de 2019.
El día 30 de abril de 2019 la sección reanudó la vista del artículo 14 de la Ley de 
extradición pasiva, en la que fiscal y defensa ratificaron en esencia las posiciones fijadas 
en  sus  respectivos  escritos  de  alegaciones.  El  letrado  del  reclamado  incidió  en  la 
cuestión de la inexistencia de resolución judicial de captura argumentando que el escrito 
de acusación del fiscal remitido por las autoridades colombianas no era suficiente para 
suplir la ausencia de aquella.
h)  La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó el auto 
núm. 24/2019, de 3 de mayo, por el que autorizó en fase jurisdiccional la extradición del 
recurrente en amparo.
La  Sección  considera  que  el  escrito  de  acusación  del  fiscal,  avalado  por  una 
autoridad judicial, donde se describen los hechos imputados, su calificación jurídica y la 
participación en ellos del reclamado, cumple las exigencias del artículo 8 del Convenio 
bilateral por cuanto es un documento equivalente al auto de proceder.
En relación con el principio de doble incriminación, analiza las equivalencias entre los 
preceptos del Código penal colombiano y el Código penal español y concluye que la 
doble incriminación se cumple respecto del delito de cohecho del art. 407 del Código 
penal colombiano, coincidente con el artículo 424 del Código penal español, y el delito de 
daños informáticos del artículo 269 D del Código penal colombiano, coincidente con el 
artículo 264.1 del Código penal español. Descarta, sin embargo, las figuras delictivas 
colombianas de posesión o uso ilícito de equipos terminales de redes de comunicaciones 
o medios electrónicos y de acceso abusivo a un sistema informático.
En relación con la cláusula potestativa de denegación de la extradición de nacionales 
del  Estado  reclamado  del  artículo  2  del  Convenio  bilateral,  desestima  su  ejercicio 
afirmando la conveniencia de acceder a la extradición en virtud del lugar de comisión de 
los  hechos  y  de  ubicación  de  la  prueba,  el  enjuiciamiento  en  Colombia  de  varias 
personas relacionadas con los mismos hechos, la pendencia del enjuiciamiento en el 
mismo  país  de  algún  individuo  más  –aparte  del  reclamado–  con  el  riesgo  de 
pronunciamientos contradictorios, considerando finalmente que la nacionalidad española 
del reclamado le permitiría, en su caso, solicitar el cumplimiento de la condena en 
España de conformidad con el Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el 
Reino de España y la República de Colombia de 28 de abril de 1993, lo que facilitaría la 
aproximación a sus familiares.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluye que la 
petición  extradicional  reúne  todos  los  presupuestos  exigibles:  delito  común,  no  se  s
aprecian fines espurios en la reclamación, los hechos no han prescrito, no concurren  oe.
circunstancias  que  abonen  la  extinción  de  responsabilidad  y  no  cabe  discutir  la  w.
jurisdicción de las autoridades colombianas al haberse cometido los hechos en aquel  644ww
paísL.os motivos políticos de la reclamación son igualmente descartados por la Sección,
qCuoelo cmobnisai,d eqruae  qsuuep luae ssotalam erenltaec ióhna bdreíal  rseicdloa maabdoog acdoon  eslu fyisoc aaln gteernioerrmale dnete ,l an No acpieórnm ditee   BOE-A-cable e
atribuir carácter político a la persecución penal emprendida. La concurrencia o no de 
causas de abstención en las autoridades judiciales o fiscales colombianas deberá ser 
resuelta por los mecanismos procesales establecidos al efecto, pero no deben impedir el 
enjuiciamiento en Colombia de unos hechos que, en principio, revisten carácter delictivo 
y que, de haberse producido, constituirían un delito común.
i)  El demandante interpuso recurso de súplica en el que, entre otras alegaciones, 
insistía en que el escrito de acusación del fiscal como acto procesal de parte no equivalía 
a un auto de proceder y por lo tanto no satisfacía las exigencias del artículo 8.2 del 
Convenio  bilateral.  Aduce  igualmente  que  la  Sección  no  había  reconocido 
suficientemente su nacionalidad española y su arraigo en España ni había razonado 
debidamente su decisión pues el enjuiciamiento en España no presentaría grandes 
dificultades. Alega que los hechos por los que se solicita la extradición no tendrían 
encaje en el delito de daños informáticos del artículo 264.1 del Código penal español y 
que en relación con el delito de cohecho no sería aplicable la agravante consistente en la 
posición distinguida del penado en la sociedad, prevista en el artículo 58.9 del Código 
penal colombiano, pero sin equivalente en el Código penal español; también sostiene 
que los hechos no serían constitutivos de cohecho propio, sino impropio, de menor 
penalidad que aquel, porque no se acredita que el juzgado de lo civil hubiese dictado una 
resolución contraria a derecho. Insiste asimismo en los móviles espurios y actuación 
sospechosa de quien fuera fiscal general de la Nación que permiten inferir que en la 
reclamación extradicional hay motivos extrajurídicos que la convierten en arbitraria e 
improcedente, incursa en abuso o fraude, y que da lugar a temores fundados de que el 
reclamado no obtendrá un juicio justo en su país de origen. Termina alegando que las 
deficientes condiciones de las cárceles de Colombia y la edad y estado de salud precario 
del reclamado le abocarían a sufrir un trato inhumano y desproporcionado en caso de ser 
extraditado.
j)  El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por auto núm. 56/2019, 
de 1 de julio, recaído en el rollo núm. 52-2019, desestimó el recurso de súplica.
Rechaza la alegación de que no se han cumplido las exigencias documentales del 
artículo 8.2 del Convenio bilateral por el hecho de que la orden de detención de 4 de 
octubre de 2018 del juzgado 27 de garantías fuera dejada sin efecto por resolución de 31 
de enero de 2019 del juzgado 47 de conocimiento; entiende, por el contrario, que el 
escrito de acusación de 19 de diciembre de 2018 del fiscal 11 delegado ante el Tribunal 
Superior del Distrito, formulado contra el señor Mattos Barredo, satisface las exigencias 
del artículo 8.2 del Convenio bilateral de extradición.
Desestima  asimismo  que  haya  existido  un  error  en  el  ejercicio  de  la  cláusula 
facultativa de denegación de entrega de nacionales del artículo 2 del Convenio bilateral 
por deficiente reconocimiento de la nacionalidad española del recurrente y de su arraigo 
en nuestro país.
Rechaza la vulneración del principio de tipicidad o doble incriminación por entender 
que  los  hechos  objeto  de  reclamación  serían  subsumibles  en  el  delito  de  daños 
informáticos del art. 264.1 del Código penal español e incluso les sería de aplicación el 
subtipo  agravado  del  artículo  264.2.3  del  mismo  texto  legal  al  haber  perjudicado 
gravemente el funcionamiento de un servicio público esencial como es la administración 
de justicia.
En cuanto al delito de cohecho el pleno declara que la cuestión de si ha de ser 
calificado como impropio que plantea la defensa es excesivamente detallada y ajena al 
principio de doble incriminación, que no exige equivalencia de tratamiento jurídico ni  s
identidad de tipos penales, ni soluciones concursales idénticas o que se refieran al  oe.
mismo bien jurídico protegido. El principio atañe al hecho nuclear imputado, no a las  w.
circunstancias de agravación, siendo exigible conforme a la doctrina constitucional que  644ww
lloesg ishlaeccihoonse s sdeea anm  dbeolsic Etivsotasd oys  (ecsittaé nla  cSaTsCtig 1a0d2o/s1 9c9o7n,  deu n2a0  dmeí nmimayao )p.enalidad  en  las
virtuEdn d ree lalacsió nso csopne clah oesxaisst eancctiuaa dceio nmeósv idlees  qeusipeunr iofuse eran  lfais creacl lagmenaecriaóln  deex trlaa dNicaiocnióanl,  edne   BOE-A-cable e
Colombia, que harían que la reclamación extradicional fuese arbitraria y contraria a la 
buena fe, artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el pleno ratifica el criterio de 
la Sección en el sentido de que las relaciones profesionales que el reclamado mantuvo 
con quien luego sería fiscal general de la Nación y los motivos de enemistad que este 
pudiera albergar no convertirían los delitos comunes por los que es reclamado en delitos 
políticos en el sentido del artículo 5 del Convenio bilateral en orden a operar como 
cláusula imperativa de denegación de la extradición, y que por lo demás la concurrencia 
o no de causas de abstención o recusación en las autoridades fiscales y judiciales 
colombianas deberán ser resueltas por los mecanismos establecidos en la legislación de 
dicho país, pero no deben impedir el enjuiciamiento en Colombia por unos hechos que 
en principio revisten carácter delictivo. Añade que de la documentación remitida no se 
desprende intervención alguna del fiscal general de la Nación en la presente causa, sin 
perjuicio de la subordinación jerárquica de los fiscales actuantes respecto de aquel, lo 
que por sí solo no acredita que la demanda de extradición haya sido urdida con fines 
ajenos a la materialización de la justicia ni permite atribuir a aquella un carácter político. 
Señala que el escrito de acusación está avalado por el órgano judicial ante el que se 
presentó y que en su caso el enjuiciamiento se llevará a cabo ante un juez o tribunal 
ajeno e independiente de la fiscalía, lo que garantiza todos los derechos del reclamado.
La Sala de lo Penal en relación con la situación de las cárceles colombianas y las 
razones humanitarias de edad y estado de salud del reclamado, declara que se trata de 
una cuestión planteada ex novo ante la misma y que también merece ser rechazada, 
porque  las  cuestiones  de  edad  y  salud  del  reclamado  son  ajenas  al  convenio  de 
extradición aplicable y no aparecen tampoco mencionadas en la Ley de extradición 
pasiva, por lo que no constituyen causa de denegación de la extradición ni imperativa ni 
facultativa. Reitera el argumento de la Sección de que se trata de consideraciones que al 
estar  estrechamente  relacionadas  no  con  las  causas  de  entrega,  sino  con  las 
condiciones en las que se puede llevar a cabo aquella, a fin de suspenderla o aplazarla, 
corresponden a la fase de ejecución de la extradición.
3.  El recurrente reprocha en su demanda de amparo a los dos autos de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional, en su articulación de Sección Tercera y Pleno, que 
autorizaron en vía jurisdiccional su extradición a Colombia, diversas vulneraciones de 
derechos fundamentales que se articulan en cinco motivos:
a)  Por inexistencia de mandamiento judicial de prisión en la solicitud extradicional e 
insuficiencia como cobertura legal del escrito de acusación de la Fiscalía General de la 
Nación a efectos del artículo 8 del Convenio bilateral para fundamentar la privación de 
libertad y la entrega extradicional de un nacional español; considera vulnerados por tal 
motivo los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías del 
artículo 24 CE, en conexión con el principio de legalidad del artículo 25.1 CE y el 
derecho a la libertad del artículo 17.1 CE.
Argumenta  que  la  cobertura  legal  que  inicialmente  otorgaba  a  la  solicitud  de 
extradición la orden de detención expedida el 4 de octubre de 2018 por el Juzgado 27 en 
función de control de garantías de la ciudad de Bogotá desaparece con la resolución 
de 31 de enero de 2019 del Juzgado 30 del Circuito de Conocimiento que declara su 
nulidad; a partir de ese momento las autoridades colombianas remiten únicamente el 
escrito de acusación del fiscal de 19 de diciembre de 2018 del que afirman que fue 
avalado oralmente por un juez, sin aportar la resolución correspondiente.
Sostiene que la Audiencia Nacional no cumple en sus resoluciones judiciales el  e
canon  reforzado  de  motivación  exigible  cuando  se  ven  afectados  derechos  bo
fundamentales sustantivos como son el derecho a la libertad de residencia, a la entrada  644ww
ey xsigaeli dqau ed ela E asrpgauñmae, nota icnióclnu sjuod eicli adl ecroencehcot ea  cloan v liodsa  doe rae clah oisn tefugnrdidaamd efnístaicleas,  cimanpolicna qduoes 
by ilactoenr allo, sla  ftirnaessn odceh alad ai nmsetitnuccióiónn .e nD esust aacrtaíc uello  c8a.r2á cat eurn  p«raeuctoon sdteit upcrioocneadl edr»e lq ucoen yvae nnioo 
existe en el ordenamiento procesal penal colombiano, y las nuevas exigencias derivadas
de la Constitución española de 1978 siendo actualmente potestad y garantía del juez o 
tribunal la adopción de medidas restrictivas de la libertad individual como son una orden 
internacional de detención y la posterior extradición del reclamado. Niega que el escrito 
de  acusación  del  fiscal  sea  un  documento  que  tenga  la  misma  fuerza  que  un 
mandamiento de prisión pues tanto en Colombia como en España se trata de un escrito 
de parte y en ningún caso de una resolución jurisdiccional. Alega que la reforma del 
convenio bilateral verificada mediante el protocolo de 16 de marzo de 1999, vigente ya la 
Constitución española de 1978, hizo explícita en el artículo 3 la naturaleza judicial de la 
autoridad de la parte requirente que promueve la extradición. Concluye que el convenio 
bilateral debe ser integrado con las garantías resultantes de la Constitución española 
de 1978.
b)  Por no haber excluido una circunstancia de mayor punibilidad consistente en «la 
posición  distinguida  que  el  sentenciado  ocupe  en  la  sociedad»  prevista  en  el 
artículo 58.9 del Código penal colombiano pero inexistente en el Código penal español, 
deriva la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas 
las garantías del artículo 24 CE, del derecho a la igualdad del artículo 14 CE, y de los 
principios  de  legalidad  y  proporcionalidad  de  la  reacción  penal,  que  sitúa  en  los 
artículos 17.1 y 25 CE en conexión con el principio de tipicidad y doble incriminación. 
Argumenta que la aplicación de esta agravante afecta de forma relevante a la libertad 
personal del reclamado pues conlleva un incremento de la pena desproporcionado que a 
su vez redundaría en la falta de proporcionalidad de la decisión de extraditarle, lo que 
califica de «vulneración indirecta» de los derechos fundamentales del reclamado porque 
a su entrega seguiría la aplicación de dicha agravante por los tribunales de Colombia.
c)  Sobre el rechazo por la autoridad judicial como causa de denegación de la 
extradición de la alegación de «consideraciones de tipo humanitario» ante la crítica 
situación  de  hacinamiento  e  inseguridad  penitenciaria  en  Colombia,  y  la  especial 
vulnerabilidad del reclamado por su edad y deficiente estado de salud, aduce que un 
rechazo  fundado  en  que  no  está  prevista  dicha  causa  en  el  convenio  bilateral  de 
extradición como motivo de denegación de la entrega, supone la vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías del artículo 24 CE, 
por vulneración indirecta de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física 
y moral, con proscripción de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes 
establecidos en el artículo 15 CE, 19.2 de la Carta de derechos fundamentales de la 
Unión Europea, y 2 y 3 del Convenio europeo de derechos humanos. Tras exponer las 
diversas patologías que sufre el demandante de amparo, alegación que sustenta en 
varios  dictámenes  médicos  que  aporta,  aduce  el  estado  deficitario  del  sistema 
penitenciario colombiano en el que entiende no podría recibir el tratamiento adecuado a 
sus dolencias, relacionando seguidamente la situación de hacinamiento y vulneración 
sistemática de derechos humanos en las cárceles de Colombia que se desprende de 
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional de aquel país, de las estadísticas del 
organismo encargado de la ejecución de las condenas, y de informes de universidades y 
organismos internacionales. Cita doctrina del Tribunal Constitucional que exige a los 
tribunales  españoles  prevenir  el  riesgo  de  tratos  inhumanos  y  degradantes  de  los 
reclamados por terceros países.
d)  En  relación  con  la  nacionalidad  española  del  reclamado  y  la  interpretación 
errónea que la Audiencia Nacional ha hecho de la cláusula facultativa de denegación de 
entrega de nacionales del artículo 2 del Convenio bilateral representa la vulneración de 
los derechos a una tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías del  s
artículo 24 CE, del derecho a la igualdad del artículo 14 CE, y del principio de legalidad  oe.
del artículo 25 CE en conexión con el artículo 3 de la Ley de extradición pasiva. Aduce  w.
que  al  tratarse  de  una  cláusula  facultativa  y  no  imperativa  no  supone  cesión  de  644ww
esospbaeñraonleías  qyu ep osre  leos tatabnletoc ed eenb ee l aaprtliíccaurlose 3  ldae  plaro Lheibyic dióen  exdtera deinctióreng ap asdiev a nya ctaiomnbailéens 
censura la arbitrariedad de la decisión porque en otros casos semejantes e incluso de
mayor complejidad la Audiencia Nacional hizo uso de dicha cláusula facultativa para 
denegar la entrega de españoles considerando que podían ser enjuiciados en España.
e)  La  existencia  de  una  motivación  espuria  y  arbitrariedad  de  la  reclamación 
extradicional por la intervención de quien fue fiscal general de la Nación, que tenía 
conflicto de intereses con el reclamado por haber sido su letrado y no haber recibido la 
totalidad de sus honorarios, supone la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
y a un proceso con todas las garantías del artículo 24.1 CE, y del derecho a un juicio 
justo del artículo 6 del Convenio europeo de derechos humanos en relación con el 
artículo  5  del  Convenio  bilateral  de  extradición  que  prohíbe  la  entrega  por  delitos 
políticos.
Este punto lo desarrolla argumentando que don Néstor Humberto Martínez Neira fue 
elegido fiscal general de la República de Colombia por la Corte Suprema de Justicia el 11 
de julio de 2016, que tomó posesión del cargo el 1 de agosto de 2016, y que no fue 
hasta el 28 de mayo de 2018 que declaró su impedimento ante la Corte Suprema de 
Justicia para el conocimiento de este caso, momento a partir del cual se dispuso que 
pasara a conocimiento de la vicefiscal general, propuesta por don Néstor Humberto 
Martínez Neira. Destaca que este no se inhibió del proceso contra el demandante de 
amparo en un periodo que abarca desde su toma de posesión el 1 de agosto de 2016 
hasta el 21 de junio de 2018, fecha en que la Corte Suprema aceptó su impedimento y 
dispuso que el asunto pasara a conocimiento de la vicefiscal. Afirma que durante ese 
tiempo determinó el criterio y la posición de la fiscalía, estableció las líneas centrales de 
la  investigación,  realizó  imputaciones  y  solicitó  órdenes  de  captura  y  califica  esta 
situación de riesgo grave de negación de justicia que quedaría consumada de forma 
irreparable si se entregase al reclamado.
4.  Por providencia de 28 de octubre de 2019 la Sección Primera del Tribunal 
Constitucional acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que 
concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  porque  el  recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a) de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)]. Acordaba, por ello, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo 
Penal  de  la  Audiencia  Nacional  a  fin  de  que  en  el  plazo  de  diez  días  remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de 
súplica núm. 52-2019, y a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional para que en el mismo plazo remitiera certificación o fotocopia adverada del rollo 
de sala núm. 81-2018, debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez 
días pudieran comparecer si lo deseaban, en el recurso de amparo a quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
La providencia acordaba, a solicitud de la representación procesal del recurrente en 
amparo, la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas al apreciar la 
urgencia  excepcional  a  que  se  refiere  el  artículo  56.6  LOTC,  toda  vez  que  dicha 
ejecución produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder 
su finalidad al recurso de amparo.
5.  Una  vez  recibidos  los  testimonios  solicitados  y  cumplimentados  los 
emplazamientos requeridos, mediante diligencia de ordenación de 2 de enero de 2020 
del Secretario de Justicia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, se acordó dar 
vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por un plazo común de 
veinte días para que formularan las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme  e
determina el artículo 52 LOTC. bo
lmose df6uia.n ndtLeaa me esrcnertpiotrose  srdeeegn iltsoatscr aiócdinno c eponr om ecoesttsieva olt rsid bdeueln  aadlm eempl adarínoad,  a5an ñdtaeed  fieeevbnardecoru oóe  nd etrr áe2mla0c2itie0ó  ned nce o enla  qlleaug eaa lcreeigoitanederaas    2020-14644n https://ww
exigencia de judicialidad del título legitimador de la solicitud de extradición la cita y
reseña de cuatro pronunciamientos dictados por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en el año 2019 en contestación a cuestiones prejudiciales que le interrogaban 
sobre las condiciones de objetividad e imparcialidad que han de reunir las autoridades 
designadas para expedir la orden europea de detención y entrega. Añade asimismo 
documentación complementaria relacionada con la situación del demandante procedente 
de organismos internacionales –Naciones Unidas, Interpol– medios de comunicación, así 
como informes médicos.
7.  El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 5 de 
febrero de 2020 en el que desarrollaba las razones por las que consideraba procedente 
interesar la íntegra desestimación de la demanda de amparo.
El fiscal encuadra el primer motivo de amparo en la esfera del derecho al proceso 
con  todas  las  garantías,  con  cita  de  las  SSTC  141/1998,  de  29  de  junio,  FJ  4, 
y 292/2005, de 10 de noviembre, FJ 3, y sostiene que el escrito de acusación de 19 de 
diciembre de 2018 sustituyó satisfactoriamente, como título legitimador y causa petendi 
de la solicitud de extradición, a la orden judicial de detención de 4 de octubre de 2018, 
por un doble motivo: i) El escrito de acusación es un mandamiento judicial, toda vez que 
el art. 116 de la Constitución política de Colombia incluye a la Fiscalía General de la 
Nación, sus delegados y funcionarios, entre los organismos que administran justicia en 
dicho país y que forman parte de la rama judicial, lo que haría defendible que es una de 
las «autoridades judiciales» a las que se refiere el art. 3 del Convenio de extradición, y ii) 
el escrito de acusación tiene virtualidad suficiente para delimitar los hechos incriminados 
y su calificación jurídica, incluso de una forma más perfecta y acabada que el «auto de 
proceder»  al  que  se  refiere  el  artículo  8.2  del  Convenio,  que  es  una  resolución 
provisional  de  mero  carácter  procesal  cuya  función  es  dirigir  formalmente  el 
procedimiento contra una persona determinada, al suponer aquel el ejercicio de una 
acción  penal  concreta  contra  una  persona  concreta  previa  valoración  del  material 
probatorio  recogido  en  la  fase  indagatoria.  Añade  que  conforme  al  Código  de 
procedimiento penal de Colombia (Ley 906, de 31 de agosto de 2004) presidido por el 
principio acusatorio, la fase de investigación la dirige el fiscal y concluye con el escrito de 
acusación, por lo que exigir en tal fase una resolución judicial como requisito para 
solicitar  la  extradición  implicaría  reducir  la  posibilidad  de  formular  demandas 
extradicionales a los casos en que se hubiese dictado mandamiento de prisión. Concluye 
que el escrito de acusación tiene la misma fuerza que el «auto de proceder» y que por tal 
razón no ha existido infracción del principio nulla traditio sine lege.
En  relación  con  el  segundo  motivo  de  amparo,  el  fiscal  recuerda  que  la 
STC 191/2009, de 28 de septiembre, FJ 3, remite a la STC 30/2006, de 30 de enero, en 
el proceso extradicional y no se decide sobre la hipotética culpabilidad o inocencia del 
sujeto reclamado, ni se realiza un pronunciamiento condenatorio, sino simplemente se 
verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para 
acordar la entrega del sujeto reclamado, de modo que se trata de un proceso sobre otro 
proceso penal previamente iniciado e incluso concluido a falta de ejecución. Conforme al 
ATC 112/2016, de 24 de mayo, FJ 2, y doctrina citada en el mismo, la exigencia de doble 
incriminación  no  significa  tanto  identidad  de  las  normas  penales  de  los  Estados 
concernidos como que el hecho sea delictivo y con una determinada penalidad mínima 
en las legislaciones penales del Estado requirente y del Estado requerido, de lo que 
concluye que una vez comprobado el cumplimiento de la doble exigencia de tipicidad y 
pena (superior a un año de prisión) establecida en el artículo 3 del Convenio bilateral y 
artículos 1 y 2 de la Ley de extradición pasiva, no se puede pretender que se atienda 
además a la concurrencia de una circunstancia agravante, no exigida en el convenio,  e.
circunstancia que tampoco se encuentra tan alejada de nuestro ordenamiento penal, que  w.b
también prevé circunstancias de índole personal para intensificar el reproche penal (cita  644ww
eal  taítbuulos od ed eej eremlapcloio lnae csi rpceurnssotannacleias  menix etal  ddeel iptoa rdeen teesstcaofa e ld aerl tíacrutílcou 2lo3  2d5e0l .C1.ó6d idgeol  pCeóndaigl oy 
pdeenl aarl)t..  2C4o.n1s CidEe rpao pr onro  ehllaob qeur ee xncolu sideo h daic vhual nceirrcaudnos teal ndceiare dceh oa gar alav atucitóenla. judicial efectiva
El  fiscal  impugna  igualmente  el  tercer  motivo  de  amparo  por  entender  que  las 
circunstancias  personales  de  edad  avanzada  y  mala  salud  del  recurrente  y  las 
condiciones  deficientes  de  las  cárceles  del  país  reclamante  en  términos  de 
hacinamiento, inseguridad y falta de asistencia médica, alegadas en la demanda, no 
anudarían una vulneración indirecta de su derecho a la vida y a la integridad física y 
moral  (art.  15  CE)  a  la  decisión  judicial  de  extraditarle,  por  no  prevenir  su  futura 
vulneración en el país reclamante, en la medida en que se trata de manifestaciones que 
el fiscal considera carentes de la debida acreditación en relación con un riesgo que en 
último término solo sería efectivo en el caso de que fuera condenado.
Sobre el cuarto motivo de amparo el fiscal se pronuncia en su informe en el sentido 
de  que  el  Pleno  de  la  Sala  de  lo  Penal  de  la  Audiencia  Nacional  satisfizo  en  su 
resolución las exigencias de motivación reforzada derivadas de la nacionalidad española 
del reclamado porque en el artículo 2 del Convenio bilateral la nacionalidad del país 
requerido es una causa facultativa de denegación de la extradición, siendo este precepto 
de aplicación preferente al artículo 3.1 de la Ley de extradición pasiva, que prohíbe la 
extradición de los nacionales españoles, y porque se justifica en la naturaleza y efectos 
de los delitos por los que se solicita la entrega, en cuanto han afectado a derechos 
fundamentales de terceros y al buen funcionamiento de la administración de justicia de la 
República de Colombia.
En relación con el quinto motivo de amparo en el que se aduce denegación de 
justicia por la falta de imparcialidad del que fue fiscal general de la Nación, su enemistad 
contra el reclamado por cuestiones personales, y su impulso del proceso penal por 
motivos espurios, el fiscal asume la argumentación desplegada por la sala en el sentido 
de que de la documentación extradicional remitida no se desprendía intervención alguna 
del  fiscal  general  de  la  Nación  en  la  causa  penal,  sin  perjuicio  de  la  relación  de 
dependencia jerárquica de los fiscales actuantes respecto de aquel, situación que se da 
igualmente  en  España,  y  que  ello,  por  sí  solo,  no  acreditaba  que  la  demanda  de 
extradición hubiera sido motivada o urdida con fines ajenos a la materialización de la 
acción de la justicia, ni permitía atribuir a aquella un carácter político.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional añade a lo argumentado por la Sala que del 
escrito de acusación resulta evidente la participación del reclamado en una compleja 
trama dirigida a conseguir que la demanda interpuesta por su empresa fuera turnada a 
un determinado órgano judicial con el único fin de mantener un estatus económicamente 
rentable durante el mayor tiempo posible, sin que quepa imaginar que tan compleja 
trama hubiera sido elaborada por personas ajenas a esos intereses.
8.  Por providencia de 15 de octubre de 2020 se acordó señalar para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso.
La demanda de amparo se dirige contra el auto de 1 de julio de 2019 del Pleno de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirma en súplica el auto de 3 de mayo 
de 2019 de la Sección Tercera de la misma Sala que autorizó en fase jurisdiccional la 
extradición de don Carlos José Mattos Barrero a la República de Colombia para su 
enjuiciamiento por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de daños informáticos 
y cohecho. es
En síntesis, el objeto de la imputación consiste en que don Carlos José Mattos  bo
Barrero desde el mes de octubre de 2015 ofreció y pagó sobornos a varios funcionarios  644ww
ddlaaeel   lqJ uuáunzreeag a ead rddaeoe m a Sasceincsixdtoetanom i isCnatcasivo  imdal edda aeyla lo p rCaoitdirar mcrliauoi ni,te oiscm todrpnaertc erBiasó oanlag  cj oucotdoáloim,c miaapb la ciadñuneíyaa o B csHoo jgyrueuoeantzánd ,ata ipt iu HaClrayaour l nodydmi roaebfici icaMci iaooAln tuomatror a Cmeyoolo rmrt erhippzaa,a bnrdtíyeoa,     OE-A-2020-14able en https://
igualmente  sobornado  para  que  se  acordase  una  medida  cautelar  favorable  a  sus 
intereses económicos.
En el año 2015 la empresa coreana Hyundai Motor Company presentó ante Hyundai 
Colombia Automotriz la decisión unilateral de retirar a esta el derecho de distribución 
exclusiva  de  vehículos,  lo  que  llevó  a  Hyundai  Colombia  Automotriz  a  interponer 
demanda contra la compañía coreana el 29 de febrero de 2016, que en virtud de la trama 
incriminada correspondió al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, que el 6 de abril 
de 2016 dictó la medida cautelar pretendida, que implicaba la prohibición expresa a la 
empresa coreana de distribuir sus vehículos a través de personas naturales y/o jurídicas 
distintas de Hyundai Colombia Automotriz.
Las irregularidades del sistema de reparto de esa demanda fueron detectadas y 
denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, comprobándose en la indagación 
preliminar subsiguiente que, en efecto, el sistema de reparto habría sido manipulado 
mediante una intromisión indebida en la base de datos y en la memoria del mismo. 
Dichas pesquisas constataban indiciariamente que el demandante ofreció importantes 
cantidades de dinero a los funcionarios implicados en la trama con el fin de que se 
produjera esa asignación y el pronunciamiento y mantenimiento de la medida cautelar 
durante al menos un año.
La demanda de amparo sostiene  que las dos  resoluciones judiciales objeto de 
impugnación han incurrido en vulneración de los derechos fundamentales a la tutela 
judicial efectiva y a un proceso justo (artículo 24.1 y 2 CE), a la libertad personal 
(art. 17.1 CE) y de residencia y circulación (art. 19 CE), a la legalidad penal (art. 25.1 
CE), a la igualdad (art. 14 CE), y a la integridad física y moral y a no sufrir penas o tratos 
inhumanos o degradantes (art. 15 CE) en cinco motivos que, en síntesis, vienen a decir 
que en dichas resoluciones:
(i)  Se concede la extradición en base exclusivamente a un título jurídico, el escrito 
de acusación presentado por la fiscalía colombiana en la causa penal, insuficiente y 
carente de legitimidad en términos constitucionales para justificar la privación de libertad 
del reclamado y la restricción de los restantes derechos fundamentales invocados en la 
demanda.
(ii)  No se hace exclusión de una circunstancia agravante de naturaleza personal, 
«la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad», inexistente en el 
ordenamiento  penal  español,  y  por  lo  demás  discriminatoria  en  su  fundamento  y 
desproporcionada en sus consecuencias penales.
(iii)  No se valoran en absoluto las consideraciones de índole humanitaria alegadas 
en el procedimiento de extradición pasiva relativas a la avanzada edad y deficiente 
estado  de  salud  del  demandante,  así  como  a  las  inaceptables  condiciones  de  las 
cárceles colombianas desde los estándares del debido respeto a los derechos humanos.
(iv)  No se valora debidamente la nacionalidad española del reclamado y su arraigo 
en nuestro país, que en virtud del artículo 3 de la Ley de extradición pasiva hubiera 
debido conducir a la denegación de su entrega y a su enjuiciamiento en España.
(v)  No se aprecia que la demanda de extradición es arbitraria y fraudulenta por ser 
producto de una persecución contra el reclamado por motivos de enemistad personal por 
quien fue fiscal general de la Nación de Colombia.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional, tal y como ha quedado expuesto en el 
correspondiente antecedente, solicita que se deniegue el amparo porque la fiscalía 
colombiana puede ser considerada una de las autoridades judiciales a las que se refiere  e
el artículo 3 del Convenio bilateral, y su escrito de acusación un documento de valor  bo
equivalente al «auto de proceder» al que se refiere el artículo 8.2 de la misma norma  644ww
ccounmvpelindcoio enla pl,r inpcoirp iolo  dqeu deo bnloe  insecr imhain aincfiróinng, iqduoe  lan o leegxaiglied aidde netxidtraadd idceio ntiaplo; sq pueen aslee s hnai 
dleeg iscliarccuiónns tadnec aiams bmoso dpiaficísaetisv ays ,s es isnuop mereer aumn ednettee rqmuien aldoos  uhmecbhroasl  dsee apne ndaelildicatidv;o qs ueen l alas 
circunstancias de salud y condiciones carcelarias son manifestaciones de parte que no
aparecen suficientemente acreditadas y que, en cualquier caso, constituirían un riesgo 
que solo sería efectivo en el caso de ser condenado; que se han motivado y justificado 
debidamente  las  razones  por  las  que  no  se  ha  aplicado  la  cláusula  facultativa  de 
denegación de la extradición por razón de la nacionalidad española del reclamado; y 
finalmente que de la documentación no se desprende intervención alguna en el proceso 
del fiscal general de la Nación al que se atribuyen móviles espurios, no siendo suficiente 
para su apreciación la relación de dependencia jerárquica de los fiscales actuantes 
respecto del mismo.
2.  Especial trascendencia constitucional.
La demanda de amparo cuestiona que una solicitud de extradición no respaldada en 
una  orden  judicial  de  detención  o  prisión  pueda  ser  acogida  sin  incurrir  en  las 
vulneraciones constitucionales que denuncia, situación que entiende se ha producido en 
este caso en el que tras la declaración de nulidad del auto de prisión dictado por el 
juzgado de garantías, que fue el documento inicialmente trasmitido en respaldo de la 
reclamación extradicional, esta se ha mantenido por las autoridades de la República de 
Colombia mediante la remisión del escrito de acusación evacuado por el fiscal en el 
procedimiento penal de referencia.
El problema que suscita en el ámbito del procedimiento de extradición pasiva la 
anulación sobrevenida de la orden judicial de detención o prisión adoptada por los 
tribunales del Estado reclamante se planteó en la STC 222/1997, de 4 de diciembre, 
FJ 3, que consideró válida a efectos de fundar la prisión provisional del extraditurus en 
España la segunda orden de detención dictada por el mismo juzgado tras haber sido 
anulada la primera. En el mismo sentido se pronunció la STC 16/2005, de 1 de febrero, 
FJ 3, que consideró que la anulación de una primera orden de prisión por defectos 
formales subsanables y su sustitución por otra orden de prisión del mismo órgano judicial 
del país requirente, no privaba de cobertura judicial a la prisión provisional del reclamado 
en España.
La presente demanda de amparo no se refiere a la prisión provisional del extraditurus 
en España, y el problema subyacente no es la validez de la sustitución en el país 
reclamante de un mandato judicial por otro, sino la posibilidad de prescindir por completo 
del mismo al entrar a examinar el fondo de la propia reclamación extradicional.
La demanda obliga a pronunciarse sobre un problema nuevo, el que suscita concretar 
las condiciones que ha de reunir el título jurídico transmitido por las autoridades del país 
reclamante junto con su demanda extradicional para que pueda ser considerado legítimo y 
suficiente en orden a justificar una decisión de entrega. Se trata de un problema o una 
faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del 
Tribunal Constitucional [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)] lo que declaramos a los 
efectos de la sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 20 de enero de 2015, asunto Arribas Antón contra España, § 37, para explicitar la 
aplicación al caso de la especial trascendencia constitucional «con el fin de garantizar una 
buena  administración  de  justicia»  y  hacer  «recognoscibles  los  criterios  de  aplicación 
empleados al respecto» (STC 9/2015, de 2 de febrero, FJ 3).
3.  Encuadramiento constitucional del problema planteado.
La demanda de amparo invoca explícitamente la vulneración, junto a los derechos de 
naturaleza procesal del artículo 24 CE, del derecho a la legalidad penal del artículo 25.1 CE, 
del derecho a la libertad del artículo 17.1 CE, y, asimismo, en el desarrollo argumental del  e.
motivo, del derecho a la libertad de residencia y circulación del artículo 19 CE, enfatizando  w.
que el demandante además de la nacionalidad colombiana de origen, tiene la nacionalidad  644ww
espaEñl oflias cdaels edne  hsaucse a mleugcahcoios naeñso sc iyr clau nesjecrrcibee d ee l mparonbelream eafe cctoivnas.titucional a la esfera del
djuenrieoc, hFoJ  a4l,  pyr o2c9e2s/2o0 c0o5n,  dtoed 1a0s  dlaes n goavrieamntbíares,,  FcoJ n3 ,c iptaa rdae d elassc aSrStaTr Ca  c1o4n1t/i1n9u9a8c,i ódne q 2u9e  dsee   BOE-A-cable e
haya producido una vulneración efectiva del mismo al señalar que la fiscalía general de 
la Nación de Colombia puede ser considerada autoridad judicial a estos efectos, toda vez 
que  forma  parte  del  poder  judicial  según  previsión  constitucional,  y  que  en  un 
procedimiento penal como el vigente actualmente en Colombia (Código de procedimiento 
penal aprobado por la Ley 906, de 31 de agosto de 2004) presidido por el principio 
acusatorio, corresponde al fiscal dirigir la investigación preliminar y emitir a su conclusión 
el escrito de acusación.
Hemos  de  analizar,  en  primer  lugar,  si  puede  entenderse  vulnerado  por  las 
decisiones  judiciales  objeto  del  recurso  de  amparo  el  derecho  del  recurrente  a  la 
legalidad penal y en este punto es preciso recordar que la infracción del principio de 
legalidad  extradicional  consagrado  en  el  art.  13.3  CE  no  hallaría  acomodo  en  el 
artículo 25.1 CE.
Este  precepto  se  refiere  a  las  normas  penales  o  sancionadoras  administrativas 
sustantivas, no a las procesales, y el procedimiento de extradición pasiva no es un 
procedimiento sancionador, sino, como dijimos en la STC 141/1998, FJ 3, con abundante 
cita de precedentes, «un proceso sobre otro proceso penal previamente iniciado e 
incluso concluido sólo que a falta de la ejecución en otro Estado» que en su vigente 
configuración legal «constituye un procedimiento mixto, administrativo-judicial, en el que 
se decide acerca de la procedencia o no de la entrega solicitada» en cuya fase judicial 
«no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado ni se 
realiza un pronunciamiento condenatorio, sino simplemente se verifica el cumplimiento 
de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto 
afectado».
En aplicación de esta doctrina, en coherencia con lo manifestado por el Ministerio 
Fiscal, ha de quedar excluida del análisis la perspectiva ofrecida en la demanda de 
amparo de la supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal garantizado en el 
artículo 25.1 CE, pues el supuesto no plantea una entrega autorizada fuera de los casos 
establecidos en el convenio bilateral, sino de deficiencias en la formalización de la 
demanda extradicional que se corresponden con las garantías debidas del proceso y la 
libertad del extraditurus en su doble manifestación de derecho a la libertad personal o 
deambulatoria del art. 17.1 CE y derecho a la libertad de residencia y circulación del 
artículo 19 CE.
Como este tribunal ha dicho, en varias ocasiones, ambos derechos fundamentales se 
ven concernidos, afectados o restringidos por una decisión de extradición o expulsión 
que  imponga  la  salida  de  nuestro  país  de  una  persona  que  haya  manifestado 
previamente  su  oposición  a  la  medida  (SSTC  147/1999,  de  4  de  agosto,  FJ  3, 
y 242/1994, de 20 de julio, FJ 4). La incidencia de la entrega extradicional sobre estos 
derechos fundamentales obliga a examinar la motivación de las resoluciones judiciales y 
su  adecuación  al  contenido  constitucionalmente  reconocido  a  tales  derechos 
fundamentales, que son un elemento modulador de la potestad del Estado de extraditar 
a quien se encuentra perseguido penalmente en otro país (ATC 114/1991, de 11 de abril, 
FJ 2).
4.  La garantía de la libertad en el procedimiento de extradición pasiva.
Procede examinar las resoluciones judiciales para contrastar su contenido con el 
ámbito irrenunciable de los derechos fundamentales afectados.
El auto de 3 de mayo de 2019 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional parte de la consideración de que el acta de acusación expedida el 19  e
de diciembre de 2018 por el delegado del fiscal general de la Nación de Colombia  bo
(fiscal 11 delegado ante el Tribunal Superior de Distrito), en tanto en cuanto describe  644ww
uunno dso hcuemcheonst,o  scuo nc alalif ifcuaecrizóan  djuer íudnic aau yto l ad ep aprrtoiccipeadceiró yn  ceunm epllloes p doer le slluoj elatos  erexciglaemncaidaos,  deesl 
laor tPíceunloa l8 a.2fi rdmeal  Cquoen vneon ieos b óilbaitceera ql.u Ee l eal uatou tod ed e1  pdreis jiuólnio d dee 4 2 d0e1 9o cdteulb Prele dneo  2d0e1 l8a,  Sdaiclata ddeo 
por el correspondiente juzgado de garantías, que sirvió de soporte inicial a la demanda 
de extradición, hubiera sido anulado en virtud de un recurso interno.
Ambas  resoluciones  señalan  que  es  posible  la  homologación  del  escrito  de 
acusación del fiscal con el auto de prisión o de proceder, dados los términos en que está 
redactada la cláusula de extensión analógica que conforma el inciso final del artículo 8.2 
del Convenio bilateral de extradición: «o de cualquier otro documento que tenga la 
misma fuerza que dicho auto [de proceder] y precise igualmente los hechos denunciados 
y la disposición que les sea aplicable». El pleno concluye su razonamiento diciendo que 
«[e]videntemente se trata de resoluciones de naturaleza distinta [el escrito de acusación 
del fiscal y el auto de proceder], pero ambas colman las exigencias documentales» del 
citado precepto convencional.
La verificación de esta equivalencia permite a las resoluciones judiciales juzgar la 
existencia de cobertura legal suficiente para autorizar la entrega del reclamado, pese a 
tener constancia de que el auto de prisión dictado el 4 de octubre de 2018 por un juez de 
garantías (Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad 
de Bogotá) había quedado sin efecto en virtud de la decisión adoptada el 31 de enero 
de  2019  por  un  órgano  judicial  superior  (Juzgado  47  del  Circuito  con  función  de 
conocimiento de Bogotá) y no tener constancia de que dicha resolución hubiera sido 
sustituida por otra posterior. Sobre este punto el auto del pleno de la Sala señala que 
aunque se había anunciado por las autoridades colombianas que se iba a producir un 
nuevo pronunciamiento del mismo juzgado de garantías, no constaba en las actuaciones 
ninguna resolución y antes la Sección de lo Penal había afirmado que el escrito de 
acusación del fiscal está «avalado por una autoridad judicial», asimilando el criterio 
manifestado por las autoridades colombianas (nota verbal de 22 de abril de 2019) de que 
tal aval lo proporcionaba la presentación del escrito en la audiencia de formulación de la 
acusación  celebrada  el  día  12  de  abril  de  2019  ante  un  juez  de  conocimiento 
(Juzgado 30 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Bogotá).
El  fiscal  ante  este  tribunal  en  su  escrito  de  alegaciones  al  recurso  de  amparo 
sostiene  que  la  decisión  de  entrega  no  contraviene  las  exigencias  del  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24.1 CE porque la 
Fiscalía General de la Nación de Colombia, así como sus delegados y funcionarios, 
forman parte de la administración de justicia de dicho país conforme al artículo 116 de su 
Constitución Política, lo que a su juicio representaría una garantía suficiente de los 
derechos e intereses involucrados, pero la Audiencia Nacional a través de su Sala de lo 
Penal, ni por la Sección, ni por el Pleno hacen consideración alguna sobre el estatuto 
orgánico y funcional de la Fiscalía General de la Nación de Colombia ni su posible 
trascendencia en la decisión final del procedimiento de extradición.
La idea de que un escrito de acusación del fiscal emitido en el Estado reclamante es 
funcionalmente equivalente a un auto de proceder por razón de su contenido, porque 
relata unos hechos y concreta las disposiciones penales aplicables a los mismos, y que 
por tal motivo es título suficiente para que el tribunal español receptor de la demanda 
extradicional puede estimarla, previa adopción en la pieza correspondiente de medidas 
cautelares  personales  que  afectan  de  manera  relevante  a  la  esfera  jurídica  del 
extraditurus, como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio 
nacional,  es  inconciliable  con  la  tutela  que  dicho  tribunal  tiene  la  obligación  de 
dispensarle y plantea el examen de la adecuación de esta interpretación al sistema de 
garantías y valores implantado por nuestra Carta Magna con eficacia informadora de la 
totalidad del ordenamiento jurídico y ello implica su examen legal y jurisprudencial. A la  s
cobertura  legal  nos  hemos  de  referir  en  el  siguiente  fundamento  jurídico  de  esta  oe.
resolución y después hemos de centrarnos en la perspectiva jurisprudencial. w.
5.  Cobertura legal de la extradición.
por Llaa  Aduedmieanncdiaa  Ndea caiomnpaal rqou ien satuat olar izdaenc leanra fcaiósne  djued incuialild laad e dxter aladsic iróens odleulc idoenmesa nddicatnatdea as 
las autoridades de Colombia basándose en su supuesta falta de cobertura legal y
considera que las resoluciones judiciales hacen una lectura inadmisible del artículo 8.2 
del Convenio de extradición entre España y Colombia, firmado en Bogotá el día 23 de 
julio de 1892, que regula las exigencias documentales de la solicitud de extradición.
La demanda afirma que el escrito de acusación evacuado por el delegado de la 
Fiscalía General de la Nación en la causa penal seguida en dicho país y transmitido por 
las autoridades requirentes tras la declaración de nulidad del auto de prisión que había 
dictado en un primer momento el juez de garantías, no es un mandamiento judicial de 
prisión ni un documento de valor equiparable en los términos exigidos por el artículo 8.2 
del Convenio bilateral que literalmente señala:
«La demanda de extradición será presentada por la vía diplomática y apoyada en los 
documentos siguientes:
1.  Si se trata de un criminal condenado y evadido, se presentará copia autorizada 
de la sentencia.
2.  Cuando se refiera a un individuo acusado o perseguido, se requerirá copia 
autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder expedido contra él, o de 
cualquier otro documento que tenga la misma fuerza que dicho auto y precise igualmente 
los hechos denunciados y la disposición que les sea aplicable.
3.  Las señas personales del reo o encausado, hasta donde sea posible, para 
facilitar su busca y arresto.»
La  demanda,  sostiene  que  la  denunciada  falta  de  cobertura  legal  redunda  en 
vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 
garantías reconocidas en el artículo 24.1 y 2 CE, lo que conecta a su vez con el derecho 
a la libertad del artículo 17.1 CE.
Hemos de entender, en consecuencia, que el núcleo del problema suscitado no se 
limita al acierto o desacierto de la concreta interpretación que las resoluciones judiciales 
impugnadas han hecho de la cláusula de extensión analógica del artículo 8.2 de la 
norma convencional, que regula el soporte documental de la demanda extradicional 
«cualquier otro documento que tenga la misma fuerza que dicho auto» y que les lleva a 
considerar que un escrito de acusación del fiscal es el equivalente funcional de un auto 
de prisión o de proceder, al menos a efectos extradicionales en el contexto de este 
tratado, sino un problema de garantías, en cuanto se trata de una decisión que incide de 
manera relevante en determinados derechos fundamentales de naturaleza sustantiva 
que al ser invocados en la demanda exigen un esfuerzo preliminar de encuadramiento, 
máxime al concurrir las siguientes circunstancias:
a)  La inicial orden de prisión acordada judicialmente en fase de indagación, origen 
de la petición extradicional fue dejada sin efecto y sin convalidación por los órganos 
judiciales.
b)  La petición extradicional se funda en un acta de acusación del Ministerio Fiscal 
no equiparable al control judicial de privación de libertad.
6.  Jurisprudencia constitucional.
En la medida en que parece suscitarse un problema de interpretación y aplicación de 
las fuentes de la extradición pasiva a las que se refiere el art. 13.3 CE –«[l]a extradición 
sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de 
reciprocidad»– conviene hacer un somero recordatorio de la doctrina de este tribunal  es
sobre esta materia. o
La  STC  141/1998,  de  29  de  junio,  FJ  4,  se  refiere  al  art.  13.3  CE,  precepto  644ww
scyauo  smsnucsá etesipts utfficeubirnolaedn saad mlde e epq nrsuoteaetrel   ctducaetiueó nlnlaaq dspuo uegse a sarq a eutnrle atpídvaraéisn s c did«peeeilo lx p trnrerauocmlculaeru ssrtooroa  sede xixttidtorraea so dirnitdlooeinsr il aoer gdieoees  rdi meqecpu haleiomc salpa  a «ferquonun»tedr e nalgaoma  pee rvnsimectanaelgperaaas     OE-A-2020-14able en https://
autorizada por alguna de las disposiciones que menciona el art. 13.3 CE […] Sucede
aquí como en otros pasajes de la Constitución que, si bien prevén concretas garantías 
procedimentales, no son susceptibles de ser invocados autónomamente en un recurso 
de amparo, pero sí en conexión con alguno de los derechos fundamentales y libertades 
comprendidos entre los arts. 14 a 30 de la Norma fundamental; tal ocurre, por ejemplo, 
en los arts. 71, 102, 117.3 y 118 CE».
Esta  garantía  obedece  a  distintas  finalidades:  «Por  una  parte,  pretende  que  la 
extradición quede sometida básicamente a reglas jurídicas y no exclusivamente a la 
voluntad  de  los  Estados,  que  no  pueden  extraditar  arbitrariamente  a  quienes  se 
encuentran en su territorio, según se deriva del art. 9 de la Declaración Universal de 
Derechos  Humanos,  del  art.  5.1  f)  del  Convenio  Europeo  para  la  Protección  de 
los Derechos Humanos y del art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Por otra parte, el principio nulla traditio sine lege supone subordinar a normas 
adoptadas por los legítimos representantes la actuación de los órganos judiciales que 
contribuyen a la decisión favorable o desfavorable respecto a la entrega. Y, finalmente, 
permite  ofrecer  a  los  destinatarios  una  mayor  seguridad  jurídica,  en  atención  a  la 
necesaria previsibilidad de las consecuencias de los propios actos, en relación con una 
medida como la extradición que determina efectos perjudiciales en la esfera del afectado 
y, en sentido amplio, en su derecho a la libertad».
Se trata, en definitiva, de una cuestión de límites derivados de la Constitución a la 
potestad de las autoridades españolas de extraditar a quien se encuentra perseguido 
penalmente en otro Estado, «uno de los más fundamentales de tales límites consiste en 
la necesidad de contar con una previa y expresa cobertura de Ley como traslucen los 
arts. 17.1 y 25.1 CE» (ATC 114/1991, de 11 de abril, FJ 2).
En la STC 87/2000, de 27 de marzo, FJ 5, dijimos en relación con el control de la 
legalidad extradicional aplicada por los tribunales españoles que «sin perjuicio de que la 
selección e interpretación de las normas aplicables corresponde, en principio, a los 
jueces y tribunales ordinarios en el ejercicio de la función jurisdiccional que, con carácter 
exclusivo, les atribuye el art. 117.3 de la Constitución, y que ello es igualmente aplicable 
aun cuando se trate de la interpretación de lo dispuesto en los tratados internacionales o 
de la posible contradicción entre estos y las leyes u otras disposiciones normativas 
posteriores (SSTC 49/1988, de 22 de marzo, FJ 14; 180/1993, de 31 de mayo, FJ 3), no 
puede  desconocerse  que  la  cuestión,  como  en  otros  contextos  ha  declarado  este 
Tribunal, puede tener relevancia constitucional en el marco del derecho a la tutela judicial 
efectiva en la medida en que la selección judicial o la interpretación de la norma aplicable 
incurra en arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta (SSTC 23/1987, de 23 de febrero, 
FJ 3; 90/1990, de 23 de mayo, FJ 4) o sea fruto de un error patente (SSTC 180/1993, 
de 31 de mayo, FJ 4; 45/1996, de 25 de marzo, FJ 6)».
En la STC 292/2005, de 10 de noviembre, FJ 3, reconocimos la misma relevancia 
constitucional «cuando estén en juego otros derechos o libertades de la persona cuya 
extradición  se  decide,  en  la  medida  en  que  quepa  constatar  que  la  selección  e 
interpretación  judiciales  no  han  tomado  en  consideración  entre  sus  parámetros  su 
incidencia en dichos derechos o libertades» y mediante cita del ATC 412/2004, de 2 de 
noviembre, FJ 5, reiteramos que en una decisión de extradición, al relacionarse «la 
motivación con derechos fundamentales sustantivos tales como el derecho a la libertad 
de residencia y a la entrada y salida en España, o el derecho a la vida y a la integridad 
física (arts. 15 y 19 CE)», debe exigirse «un plus de motivación que hace referencia a 
criterios de orden cualitativo y no cuantitativo (por todas STC 196/2002, de 28 de 
octubre), al ser perfectamente posible que existan resoluciones judiciales que satisfagan  s
las exigencias del meritado art. 24.1 CE, pues expresen las razones de hecho y de  oe.
derecho que fundamenten la medida acordada, pero que, desde la perspectiva del libre  w.
ejercicio  de  los  derechos  fundamentales,  no  exterioricen  o  manifiesten  de  modo  644ww
consAtsitíu creiosnualtlam deen tees ated eacnuáalidsois  lajusr irsadzicocnieosn ajul sqtuifiec aetniv aesl  ádme blaitso  ddeec ilsai oenxetrsa daidcoiópnta pdaassi»v.a el
dsaenreccióhno  pae lnaa lli boe ratla cdu nmop sliómloie netsotá d ceo umnpar opmeneati ddoe p roerc lluos qióune  erens eple Ectsat aad ola  rceoqnudireennate a,  suinnoa   BOE-A-cable e
asimismo por lo que se refiere a impedir la permanencia en territorio español de un 
extranjero  mediante  su  traslado  forzoso  a  la  frontera  y  entrega  a  las  autoridades 
reclamantes (STC 141/1998, FJ 6), y atendiendo al canon de motivación reforzado, dicho 
derecho fundamental «se conecta con otros derechos fundamentales: con el derecho a 
la libertad (art. 17 CE) y con el derecho a la libertad de residencia y de entrada y salida 
del territorio del Estado (art. 19 CE), puesto que la declaración de procedencia de la 
extradición tendría efectos en el derecho del recurrente a permanecer en España y, 
como  eventual  consecuencia,  el  cumplimiento  de  una  pena  privativa  de  libertad 
(SSTC 242/1994, de 20 de julio, FJ 4; 203/1997, de 25 de noviembre, FJ 3 y 5; 
147/1999, de 4 de agosto, FJ 3)» [STC 87/2000, de 27 de marzo, FJ 5].
El cumplimiento de este canon de motivación reforzada obliga a un escrutinio previo 
de la solicitud de extradición y de su justificación documental para comprobar si se 
sustenta en decisiones o actos que hayan sido adoptados de una forma respetuosa con 
las  garantías  procesales  y  tras  una  ponderación  adecuada  de  su  necesidad  y 
proporcionalidad  para  realizar  los  fines  de  la  extradición  y  en  un  caso  como  este 
asegurar la presencia del extraditurus en el juicio, pues solo a partir de ese análisis será 
posible que los tribunales de nuestro país puedan exteriorizar de un modo adecuado las 
razones justificativas de sus propias decisiones desde la perspectiva de la incidencia 
limitadora que los derechos fundamentales tienen sobre el ejercicio de la potestad de 
extraditar (SSTC 292/2005, de 10 de noviembre, FJ 2, y 140/2007, de 4 de junio, FJ 3, y 
ATC 412/2004, de 2 de noviembre, FJ 5).
El análisis ha de extenderse necesariamente a las condiciones de objetividad e 
imparcialidad de la autoridad cuya decisión se halla en el origen del procedimiento de 
auxilio judicial internacional, procedimiento que al tener por objeto el desplazamiento 
internacional del reclamado, debe garantizarle como mínimo una valoración imparcial de 
las pruebas disponibles, tanto de cargo como de descargo, y una ponderación de la 
necesidad de su entrega para la realización de los fines procesales esgrimidos pues 
conforme a reiterada jurisprudencia constitucional (por todas SSTC 227/2001, de 26 de 
noviembre, FJ 4, y 156/2002, de 23 de julio, FJ 3) este tribunal no es el juez de la 
extradición, sino el órgano de control del juez de la extradición en materia de garantías 
constitucionales comprobando si en el procedimiento previo a la decisión que la autoriza 
se ha lesionado algún derecho fundamental constitucionalmente protegido.
7.  Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La  idea  de  que  la  verificación  de  la  calidad  y  consistencia  del  juicio  de 
proporcionalidad  y  necesidad  de  la  entrega  efectuado  en  origen  es  parámetro 
indisociable de la tutela judicial efectiva constituye el hilo conductor de las sentencias 
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado al dar contestación a las 
solicitudes de interpretación prejudicial del artículo 6.1 (autoridad emisora) y de otros 
aspectos de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, 
relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados 
miembros, modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero 
de 2009.
No es óbice para la toma en consideración de esta doctrina europea la diferencia que 
existe entre un sistema simplificado de entrega de personas condenadas o sospechosas 
basado en la libre circulación de decisiones judiciales en materia penal en el espacio 
común de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea (considerando 5 de la 
Decisión  marco  2002/584),  y  el  sistema  clásico  de  extradición,  materia  tratada  e
extensamente en el fundamento jurídico cuarto de la reciente STC 132/2020, de 23 de  bo
septiembre, pues la vigencia y el valor objetivo de unos mismos derechos fundamentales  644ww
fcuonncfiiognuaramni enuton  dpea rcáamdae trsoi stecmoma.p aErtnid oe stad es enintetenrcpirae,t aecli óPnl endoe  delo se stere qTuriisbiutonsa l  hdae 
rinatteifriceasdao,  heal  dceristetaricoa ddeo  elal  vaanloterr ihoer rmSTeCné 2u6tic/2o0 d1e4 , lodse  c1ri3te drieo sf esbernetraod,o ys,  ppoorr  elol  Tqriubeu naahlo drae 
Justicia de la Unión Europea sobre el contenido del derecho a un proceso equitativo
recogido en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (fundamento 
jurídico 4 de ambas SSTC). Ese mismo valor ha de reconocerse a la interpretación 
efectuada  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  respecto  del  derecho 
fundamental a la libertad personal proclamado por el art. 6 de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea.
Nos referimos a las sentencias de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 27 de mayo de 2019, asuntos OG y PI (Fiscalías de Lübeck y Zwickau) 
(C-508/18 y C-82/19 PPU, EU:C:2019:456) y PF (Fiscal general de Lituania) (C-509/18, 
EU:C:2019:457), y las sentencias de su Sala Primera de 12 de diciembre de 2019, 
asuntos JR e YC (Fiscal de Francia) (C-566/19 PPU y C-626/19 PPU, EU:C:2019:1077); 
XD (Ministerio Fiscal de Suecia) (C-625/19 PPU, EU:C:2019:1078), y ZB (Fiscal de 
Bruselas) (C-627/19 PPU, EU:C:2019:1079), algunas de las cuales se invocan en la 
demanda de amparo.
Estas resoluciones analizan las exigencias de tutela que genera «una medida que, 
como la emisión de una orden de detención europea, puede afectar al derecho a la 
libertad de la persona en cuestión, consagrado en el artículo 6 de la Carta de los 
Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea»  (JR  e  YC,  Fiscal  de  Francia, 
apartado 68), establecida en una Decisión marco que «forma parte de un sistema global 
de garantías inherentes a la tutela judicial efectiva establecidas por otras normas de la 
Unión,  adoptadas  en  el  ámbito  de  la  cooperación  judicial  en  materia  penal  y  que 
contribuyen a facilitar el ejercicio de sus derechos a la persona buscada sobre la base de 
una  orden  de  detención  europea,  incluso  antes  de  su  entrega  al  Estado  miembro 
emisor» (XD, Ministerio Fiscal de Suecia, apartado 54).
El  tribunal  exige  que  «se  adopte  una  resolución  conforme  con  las  exigencias 
inherentes a la tutela judicial efectiva, cuando menos en uno de los dos niveles de dicha 
protección». En el primer nivel, la tutela judicial se basa en un procedimiento nacional 
sujeto a control judicial en el que la persona objeto de la orden ha disfrutado de todas las 
garantías propias de la adopción de este tipo de resoluciones, en particular de las 
derivadas de los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales a los 
que hace referencia el artículo 1, apartado 3 de la Decisión marco 2002/584.
En  el  segundo  nivel  la  tutela  la  confiere  la  autoridad  emisora  de  la  orden  de 
detención europea, al controlar los requisitos necesarios para dicha emisión y valorar si, 
teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, dicha emisión tiene carácter 
proporcionado. Para satisfacer este segundo nivel de garantía la autoridad emisora debe 
estar en condiciones de ejercer esa función con objetividad, teniendo en cuenta todas las 
pruebas de cargo y de descargo, y sin estar expuesta al riesgo de que su potestad 
decisoria  sea  objeto  de  órdenes  o  instrucciones  externas,  en  particular  del  poder 
ejecutivo. En el caso de que esa autoridad, en virtud del derecho del Estado emisor, no 
sea un juez o tribunal, la decisión de emitir dicha orden de detención y en particular la 
proporcionalidad de esa decisión, debe poder ser objeto de un recurso judicial en el 
Estado miembro que satisfaga las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera por ello que la autoridad 
designada  por  el  derecho  interno  para  expedir  la  orden  europea  de  detención  no 
necesariamente ha de ser un juez o tribunal, admitiendo otro tipo de autoridad siempre 
que reúna las siguientes condiciones: (i) que se trate de una autoridad que participe en la 
administración de la justicia penal, lo que excluye ministerios y servicios de policía que 
forman parte del poder ejecutivo, pero permite incluir a un fiscal que tenga competencia 
en el marco del procedimiento penal para ejercer la acción penal contra una persona  s
sospechosa de haber cometido un delito a fin de que sea llevada ante un tribunal; (ii) que  oe.
se  trate  de  una  autoridad  independiente,  no  sometida  a  órdenes  o  instrucciones  w.
externas, en particular del poder ejecutivo, y que esté en condiciones de ejercer su  644ww
fduensccióanrg oc;o ny  (oiibi)j,e ptiovird úaldti,m eos,t op eeros,  ntoe nmieenndoos  eimn pcouretanntate ,t oqduaes  slua sd epcruiseióbna se sdteé  csaormgeot iyd ad ae 
dcoen struo lp jruodpicoiracli oenna cliudaandt o(O aGl c yu mPpI,l imFiisecnatolí adse  dloes L rüebqeuciski toy sZ dweic skua ue,m aispiaórnta yd, oe n7 5p)a, rctiocnutlaror,l   BOE-A-cable e
que  puede  ser  previo,  simultáneo  o  posterior  (XD,  Ministerio  Fiscal  de  Suecia, 
apartado 52) y que solo se relativiza cuando la orden de detención europea tiene por 
objeto la ejecución de una pena, porque en tal caso «su proporcionalidad resulta de la 
condena impuesta» (ZB, Fiscal de Bruselas, apartado 38).
8.  Criterio hermenéutico de aplicación en los derechos fundamentales concernidos.
Estos pronunciamientos tiene innegable trascendencia como criterio hermenéutico 
para discernir el contenido y alcance de los derechos fundamentales que aparecen 
comprometidos en la presente demanda de amparo pues, como recordamos en la 
STC 118/2019, de 16 de octubre, FJ 3, «si bien el Derecho de la Unión Europea no 
integra  el  canon  de  constitucionalidad,  nuestra  jurisprudencia  ha  reconocido  valor 
hermenéutico, con fundamento en el art. 10.2 CE, no solo a los tratados constitutivos y a 
sus  sucesivas  reformas,  sino  también  a  su  Derecho  derivado  (entre  otras, 
SSTC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 3; 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 2; 
13/2017, de 30 de enero, FJ 6, y 76/2019, de 22 de mayo, FJ 3); así como a la 
interpretación que de tales normas realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(SSTC 61/2013, de 14 de marzo, FJ 5; 66/2015, de 13 de abril, FJ 3; 140/2016, de 21 de 
julio, FJ 5; 3/2018, de 22 de enero, FJ 4; 138/2018, de 17 de diciembre, FJ 2, y 32/2019, 
de 28 de febrero, FJ 6, por todas)».
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece con meridiana claridad que no 
hay garantía efectiva del derecho a la libertad reconocido en el artículo 6 de la Carta de 
los derechos fundamentales de la Unión Europea sin una mediación judicial que controle 
la necesidad y proporcionalidad de la medida que la afecte, y que la posible intervención 
de cualquier otra autoridad pública a la que el derecho interno del Estado miembro 
atribuya una participación significativa en la administración de la justicia penal del país, 
como  puede  ser  el  caso  de  determinadas  fiscalías  en  función  de  las  atribuciones 
procesales que les confiera el derecho nacional, demandará en todo caso la inexcusable 
concurrencia  de  una  autoridad  judicial  incluso  en  aquellos  casos  en  que  sea 
incuestionable su independencia estructural del poder ejecutivo (PF, Fiscal General de 
Lituania, apartado 56).
Este criterio no se aleja del canon que ha configurado este Tribunal en defensa del 
derecho a la libertad de las personas (artículo 17.1 CE) en conexión con el derecho a la 
tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y así señala:
«A pesar de que la Constitución no impone expresamente que esta medida deba ser 
adoptada judicialmente, nuestra doctrina ha establecido que ''[la] prisión provisional es 
una medida cautelar que sólo puede ser acordada por los órganos judiciales […] desde 
la perspectiva de que toda medida restrictiva de derechos fundamentales requiere una 
decisión  judicial  motivada''  [por  todas,  STC  147/2000,  de  29  de  mayo,  FJ  4  b)  y 
referencias jurisprudenciales allí contenidas]. En este sentido la exigencia es coherente 
con lo previsto en el art. 5 del Convenio europeo de Derechos Humanos (CEDH), 
precepto que contempla un trámite de control judicial inmediato de la privación cautelar 
de libertad verificada en el seno de un proceso penal, y que es interpretado en el sentido 
siguiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ''[e]l control judicial constituye 
un elemento esencial de la garantía que ofrece el art. 5.3, que tiene como finalidad 
reducir  en  la  medida  de  lo  posible  el  riesgo  de  arbitrariedad  y  de  asegurar  la 
preeminencia  del  Derecho,  uno  de  los  'principios  fundamentales'  de  una  'sociedad 
democrática''' (por todas, STEDH de 5 de julio de 2016, Ali Osman Ózmen c. Turquía)»  s
[STC 29/2019, de 28 de febrero, FJ 3, a), (ii)]. oe.
Este canon es común a las medidas cautelares de naturaleza personal adoptadas en  644ww
deel lp rsoucjeestoo  ppeansaivlo q udee l impprolicqeuseon  odtirfearse nmteosd adlidea dlae sp driesi óinnj epreronvciisai oenna ll ap luibeesr ta«dla  pelibrseortnaadl 
ipmropvliicsaio nuanl,a  croens troic csiiónn  fiadnez ala,  elinb ecrtuaadn tpoe rmsoendaidl,a  dceabuete lsaer r dceo nntaratusrtaaldeaz ac opne rseol ncarl itqeurieo   BOE-A-cable e
general que deriva del derecho fundamental a la libertad (SSTC 56/1997, de 17 de 
marzo, FJ 9; 14/2000, de 17 de enero, FJ 7, y ATC 312/2003, de 29 de septiembre, 
FJ 4)» [STC 65/2008, de 29 de mayo, FJ 4, a)].
Este  canon  impone  a  los  jueces  y  tribunales  una  motivación  «que  ha  de  ser 
''suficiente y razonable'', entendiendo por tal no la que colma meramente las exigencias 
del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  sino  aquella  que  respeta  el  contenido 
constitucionalmente  garantizado  del  derecho  a  la  libertad  afectado,  ponderando 
adecuadamente  los  intereses  en  juego,  de  un  lado  la  libertad  de  la  persona  cuya 
inocencia se presume, y de otro la realización de la administración de la justicia penal, en 
atención a los fines que hemos reseñado a partir de toda la información disponible en el 
momento de adoptar la decisión y del entendimiento de la prisión provisional como una 
medida excepcional, subsidiaria y provisional» de modo que «[l]a falta de motivación, en 
los términos anteriormente expuestos, de la resolución judicial afecta primordialmente, 
por la vía de uno de sus requisitos formales esenciales, a la propia existencia del 
presupuesto habilitante para la privación de la libertad y, por lo tanto, al derecho a la 
misma consagrado en el art. 17 CE (SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4; 47/2000, de 17 
de febrero, FJ 3; 29/2001, de 29 de enero, FJ 2, y 138/2002, de 3 de junio, FJ 3)» 
[STC 65/2008, FJ 4, c) y d)].
9.  Aplicación del canon de motivación reforzada.
En el marco normativo vigente en la República de Colombia, la Fiscalía General de la 
Nación es un órgano constitucional que participa de la administración de justicia y tiene 
reconocida autonomía administrativa y presupuestaria –artículos 116 y 249 y siguientes 
de la Constitución Política de dicho país– con funciones muy relevantes en el desarrollo 
del procedimiento penal, inspirado en el sistema acusatorio, como son las de dirigir la 
indagación e investigación de los hechos que revistan caracteres de delito que lleguen a 
su conocimiento por diversas vías y ejercitar la acción penal, pero cuya potestad de 
injerencia en el ámbito de los derechos fundamentales de los ciudadanos está sujeta a 
un control inmediato del juez de garantías.
El valor de su escrito de acusación es de mero impulso del procedimiento mediante 
su presentación en una «audiencia de formulación de la acusación» ante un juez de 
conocimiento que se limita a dar traslado a las partes y dirigir un debate básico sobre el 
cumplimiento de sus requisitos formales, sin refrendar ni validar el fundamento de la 
acusación –artículos 338 y siguientes del Código de procedimiento penal de Colombia 
aprobado por Ley 906 de 2004– y constituye un acto de parte, enderezado al impulso del 
procedimiento,  al  que  la  legislación  procesal  colombiana  no  atribuye  un  significado 
institucional de valoración objetiva e imparcial de las pruebas y tampoco se puede 
afirmar que quede judicialmente homologado por su presentación y lectura en una 
«audiencia de formulación de la acusación» con funciones de trámite y depuración 
formal.
Estas razones son suficientes para considerar que no es posible su equiparación a 
un auto de prisión sin provocar una sustancial distorsión del sistema de garantías de la 
libertad tal y como comúnmente se concibe en el artículo 17.1 CE, el artículo 6 de la 
Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y el artículo 5 del Convenio 
europeo de derechos humanos, en el que la homologación judicial constituye pieza 
clave.
Las resoluciones judiciales impugnadas en el presente recurso de amparo al aceptar 
de las autoridades colombianas como soporte de la demanda extradicional, tras la  e
nulidad sobrevenida del auto de prisión dictado inicialmente por un juez de garantías, un  bo
escrito de acusación del fiscal carente de genuino refrendo judicial, han incurrido en un  644ww
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dos mil diecinueve señala que «se dictó providencia de 12 de abril de 2019 interesando
la remisión de copia de la decisión adoptada por el juez 27 Penal Municipal de control de 
garantías acerca de la medida de aseguramiento (folio 241RS). No existe constancia 
alguna  de  dicho  pronunciamiento  en  las  actuaciones  […]»  (fundamento  jurídico  4), 
extremos que justifican el alcance de nuestra decisión.
10.  Conclusión.
Las resoluciones judiciales impugnadas incurren por tal razón en vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva por incumplimiento del canon de motivación reforzada 
(art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) en 
conexión con los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la 
libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) del reclamado internacionalmente.
La vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al proceso con todas las 
garantías conduce, en este caso, a la anulación de los autos de la Audiencia Nacional 
dado que la misma se origina en una falta de ponderación de la incidencia que la 
decisión de extraditar tiene en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la libertad del extraditurus y en la inexistencia de un juicio de necesidad judicialmente 
homologado en el país reclamante.
Este pronunciamiento anulatorio hace innecesario entrar en el examen del resto de 
los motivos de amparo que cuestionan dichas decisiones desde otros ángulos como la 
infracción  del  principio  de  doble  incriminación,  la  prohibición  de  la  extradición  del 
nacional,  la  existencia  de  motivos  políticos  o  fraudulentos  o  el  riesgo  de  tratos 
inhumanos o degradantes.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Carlos José Mattos Barrero.
2.º  Anular los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 3 de mayo 
de 2019, dictado por la Sección Tercera y el de 1 de julio de 2019, dictado por el Pleno 
de la Sala.
3.º  Restablecer  los  derechos  vulnerados  y,  en  consecuencia,  reconocer  sus 
derechos a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y a un proceso con todas las 
garantías  (artículo  24.2  CE)  en  conexión  con  sus  derechos  a  la  libertad  personal 
(artículo 17.1 CE) y a la libertad de residencia y circulación (artículo 19 CE) invocados 
por el recurrente.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid a diecinueve de octubre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.