BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7649
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1125 Pleno.  Auto  182/2019,  de  18  de  diciembre  de  2019.  Impugnación  de 
disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de 
ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno 
de la Nación respecto de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, 
sobre las propuestas para la Cataluña real.
ECLI:ES:TC:2019:182A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados 
don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don 
Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, 
don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, 
en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, promovido el 7 de 
octubre de 2019 por el Gobierno de la Nación en relación con determinados incisos de los 
apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las 
propuestas para la Cataluña real», ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de julio de 2018, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, impugnó, al amparo de los 
arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), los 
apartados primero a quinto de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la 
normativa  del  Parlamento  anulada  y  suspendida  por  el  Tribunal  Constitucional», 
aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018.
La impugnación, tramitada bajo el núm. 4039-2018, fue estimada parcialmente por 
STC 136/2018, de 13 de diciembre, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados 
primero, segundo y tercero de la referida moción.
2.  Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2019, el abogado del 
Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 
LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, respecto 
de  determinados  incisos  de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la  resolución  534/XII  del 
Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», aprobada en la 
sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de 
Cataluña» núm. 400, de 1 de agosto de 2019.
2020-1125n https://w
De acuerdo con su única versión oficial, en catalán, los incisos de los apartados I.1 y 
I.2 de la resolución 534/XII que son objeto del incidente de ejecución tienen el siguiente 
contenido:
«Respostes de país a la situació política
l.1. Autogovern, drets humans i cerca de solucions dialogades
1
2.  […] el Parlament de Catalunya referma el seu compromís en la defensa dels 
drets humans, especialment dels que han estat recentment vulnerats a l’Estat espanyol: 
[…]
h)  El dret a l’autodeterminació dels pobles, que, tal com ha expressat en repetides 
votacions el Parlament, és un dret irrenunciable del poble de Catalunya.
2
1.  El  Parlament  de  Catalunya  es  ratifica  en  la  defensa  de  l’exercici  del  dret 
d’autodeterminació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de 
Catalunya.
I.2 Legitimitat democràtica, sobirania popular i acció política
6.
1.  El Parlament de Catalunya es referma, d’acord amb la Resolució 1/XI, del 2015, 
en  la  necessitat  de  legislar  com  a  parlament  plenament  sobirà,  d’acord  amb  els 
interessos i les necessitats de la societat catalana, per a donar resposta a la pobresa 
energetica, a l’emergencia en l’àmbit de l’habitatge i també a l’emergencia humanitària 
que viuen els refugiats, i per a garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de 
qualitat, una educació pública, les llibertats públiques, unes competències plenes per a 
les administracions locals, el dret a l’avortament i una gestió del deute que faci possible 
—i no impedeixi— un pla de xoc social.
[…]
3.  El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a exercir de manera 
concreta el dret a l’autodeterminació, d’acord amb la voluntat majoritària del poble de 
Catalunya, per mitjà d’un acord amb l’Estat espanyol o sense acord.»
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 4 de octubre de 2019, por el que se 
decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 92 
LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 
de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la 
Cataluña real», por incumplimiento de la STC 136/2018, para que se declare la nulidad 
de esos incisos; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se produzca la 
inmediata suspensión de los incisos controvertidos.
3.  El abogado del Estado solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico alguno  s
los incisos señalados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento  e.
de Cataluña, por contravenir la STC 136/2018. w.
prodSInuotceleicr eiltasa a in tamamseimbdiiéaisntma  oqs uuqseup ees,en  scitoóennnf godarem  lpoeos ra  r einlfoev orpicdraoedsvo isin tocei ls eoansr t .de el1  6ala1rt ..r2 e8 sC7o.lE1u, c LióloOn T q5Cu3,e4  /sXaeI  I.snuo titfeiqnuoer   2020-1125n https://w
cpoenrs sounsaplmenesnitóen  lad ep lroosv iadpeanrctaiad opso ri mlap uqgunea dseo sa, daml pitrae said teránmtei tdee el Pl ainrclaidmeennteto d dee  eCjeactaulcuiñóan,,   BOE-A-cable e
a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia de su 
obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la 
suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir.
Solicita por último que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el auto que 
resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamento de Cataluña, 
a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, de su obligación de 
abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los 
referidos incisos de la resolución 534/XII, así como de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o 
eludir la STC 136/2018 y la decisión que este Tribunal dicte en el presente incidente, 
apercibiéndoles  de  las  eventuales  responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que 
pudieran incurrir.
Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.
a)  Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamiento 
del presente incidente de ejecución.
La STC 259/2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de 
Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña 
como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» y su 
anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de un apartado primero en el que 
mencionaba «el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de 
septiembre  [...]  (y)  que  apuesta  por  la  apertura  de  un  proceso  constituyente  no 
subordinado». En su apartado segundo declaraba solemnemente el inicio de un proceso 
de decisión que implica la reforma de la Constitución, mediante un «proceso de creación 
del  Estado  catalán  independiente  en  forma  de  república».  En  el  apartado  tercero 
proclamaba «la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, 
integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana». En el 
sexto, el propio Parlamento autonómico se definía a sí mismo como «depositario de la 
soberanía y expresión del poder constituyente», y reiteraba «que esta cámara y el 
proceso  de  desconexión  democrática  no  se  supeditarán  a  las  decisiones  de  las 
instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional».
Tras la STC 259/2015 el Parlamento de Cataluña adoptó el 20 de enero de 2016 la 
resolución 5/XI, de creación de comisiones parlamentarias, en la que se creaba la 
denominada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, a la que se le asignaban 
unos  ámbitos  de  actuación  coincidentes  con  los  fines  que  perseguía  la  anulada 
resolución 1/XI. Por ATC 141/2016, de 19 de julio, fue estimado el incidente de ejecución 
promovido por el Gobierno contra la resolución 5/XI, en lo que se refiere a la creación y 
constitución de la referida comisión.
Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó, mediante la resolución 263/XI, 
de 27 de julio de 2016, el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del 
Proceso Constituyente. Por ATC 170/2016, de 6 de octubre, se estimó el incidente de 
ejecución promovido por el Gobierno, declarando la nulidad de la resolución 263/XI.
Finalmente,  por  ATC  24/2017,  de  14  de  febrero,  fue  estimado  el  incidente  de 
ejecución  promovido  por  el  Gobierno  respecto  de  determinados  apartados  de  la 
resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, «sobre la 
orientación política general del Gobierno», que fueron declarados nulos.
Y en la actual legislatura, la número XII, el Parlamento aprobó en su sesión de 5 de  e.
julio de 2018 la moción 5/XII «sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida  w.b
dpeocr lbae)rl a dTPorrisbo usinnigcauol enC setoilt nuascbtioiotungcaaildoeons a dyl» en,l  uEclosustya opdsoo r  arlaep faSirriTétaCndd o1os3s 6ep/ 2rai0m 1lae8 r,«o dn, eos r1me3ga udtinevd ado ip criyeo mcteebsrrcaeel. rqou efu seirroven   2020-1125n https://w
edfee cbtaos ee lp parriam lear f oprámrrualafoc iódne l daerlt .p r8e7s.e1n tLeO inTcCid ye nltoes  daep eajretacudcoisó np rdime eseron,t etenrcciae»ro,  cyit acnudaort oa,l 
primer párrafo, del art. 92 LOTC. Cita a continuación el ATC 141/2016, de 19 de julio,
FJ 2, y la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 3, donde se destaca que, conforme a 
reiterada doctrina constitucional, este tipo de incidentes tienen por finalidad garantizar la 
defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus 
sentencias  y  resoluciones,  protegiendo  su  ámbito  jurisdiccional  frente  a  cualquier 
intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla.
c)  Razona asimismo que la idoneidad de los actos del Parlamento de Cataluña del 
tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está fuera de duda, a 
la luz de la doctrina contenida en las SSTC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 2, y 259/2015, 
FJ 2, así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.
La resolución 534/XII ha sido acordada por el Pleno del Parlamento de Cataluña, órgano 
de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña), de acuerdo con los arts. 151 y 152 del Reglamento del Parlamento, 
en el contexto de la celebración del «Debate general sobre las propuestas para la Cataluña 
real». Previamente, las propuestas de las resoluciones fueron admitidas a trámite por la mesa 
y luego el presidente del Parlamento las sometió a votación del pleno.
En los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII, que 
antes quedaron reproducidos, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del 
ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía 
del conjunto del pueblo de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer de manera 
concreta  el  derecho  a  la  autodeterminación,  al  tiempo  que  vuelve  a  proclamarse, 
reiterando la resolución 1/XI, como «parlamento plenamente soberano».
Estas decisiones insisten en el contenido de la resolución 1/XI, anulada por la 
STC 259/2015, y de la moción 5/XII, parcialmente anulada por la STC 136/2018, y son 
capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues, aunque 
pudieran  entenderse  carentes  de  efectos  vinculantes  sobre  sus  destinatarios  (la 
ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la comunidad 
autónoma), que no es el caso, «lo jurídico no se agota en lo vinculante» (STC 42/2014, 
FJ  2,  por  todas).  Los  enunciados  controvertidos  de  la  resolución  534/XII  «pueden 
entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos órganos y sujetos a los que 
encomienda llevar a cabo esos procesos», especialmente el Parlamento y el Gobierno 
de la comunidad autónoma, «de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las 
que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que 
integran la Nación española» (STC 42/2014, FJ 2).
En efecto, los incisos impugnados de la resolución 534/XII tienen en común la 
afirmación del carácter soberano del pueblo de Cataluña y su Parlamento, así como del 
derecho  a  la  autodeterminación  del  pueblo  de  Cataluña,  y  reiteran  la  voluntad  de 
continuar con el proceso secesionista, según lo adoptado por el Parlamento de Cataluña, 
esencialmente en la resolución I/XI, que fue declarada nula por la STC 259/2015, y en la 
moción 5/XII, parcialmente anulada por la STC 136/2018. Por ello, a pesar de incluirse 
en diversos apartados de la resolución, los incisos impugnados guardan una indudable 
unidad de sentido, en cuanto afirman, con diversas expresiones, lo mismo: el derecho a 
la  autodeterminación  y  el  carácter  soberano  tanto  del  pueblo  de  Cataluña,  como, 
especialmente, del Parlamento.
En suma, con claro incumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucional, los 
incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII contienen la 
decisión  de  adoptar  medidas  para  ejercer  de  forma  concreta  el  derecho  a  la 
autodeterminación, con invocación expresa de la anulada resolución 1/XI. Se trata pues 
de directrices dirigidas al propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat, que se  s
dictan  en  desarrollo  de  la  resolución  1/XI,  declarada  nula  por  la  STC  259/2015,  y  oe.
precisamente para cumplir sus objetivos, como hizo también la moción 5/XII. w.
dinecsuadmt)i pelneRdnae znfo rolnonast  aralem qceuonentreitmi nliuoea nctroieóssn u ceoelntl ote anbeiondg oalsad  eoSn  TdloCesl   A2E5As9tTa/C2d0 o11 45q1 u/y2e 0 e1lon6s ,  l1ain7 c0Si/s2To0Cs1  6i1m y3p 62u/24g0/n21a08d1 o7sy.    2020-1125n https://w
CLeajtoaslu ñdae  incsuimstpel ire nc ocno nltoin uaacro crdoand eol  pproorc eesl oT sriebcuensaiol nCisotan sdtietucclaiorandaol,  ienlc oPnasrtliatumcieonntaol . dEel   BOE-A-cable e
contenido de los incisos impugnados incide, una vez más, en una materia reservada al 
procedimiento de reforma constitucional.
En efecto, los incisos impugnados de la resolución 534/XII insisten en la afirmación 
del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación, instando además expresamente al Gobierno de la Generalitat a que 
lo  haga  efectivo.  Coadyuvan  así  al  inconstitucional  propósito  de  la  anulada 
resolución 1/XI de dar continuidad al proceso de desconexión del Estado español, por lo 
que  resultan  manifiestamente  contrarios  a  lo  decidido  por  este  Tribunal  en  las 
SSTC 259/2015 y 136/2018 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.
A todo lo anterior se añade que la mesa del Parlamento de Cataluña tenía la 
obligación  de  inadmitir  a  trámite  las  propuestas  de  resolución  que  reproducían  el 
contenido  objeto  del  presente  incidente  de  ejecución,  puesto  que  esas  propuestas 
suponían un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. 
Cita aquí el abogado del Estado la doctrina constitucional conforme a la cual la facultad 
de las mesas de inadmitir a trámite las propuestas o proposiciones cuya contradicción 
con el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y evidentes» se torna en una 
obligación de inadmitir en el concreto supuesto en que la propuesta calificada constituya 
un  incumplimiento  manifiesto  de  lo  ordenado  por  el  Tribunal  Constitucional 
(SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 15 de julio, 
FJ 6).
En el presente caso concurren las circunstancias a las que se refiere la referida 
doctrina, ya que la STC 259/2015 declaró la nulidad de la resolución 1/XI, que ahora se 
trata explícitamente de revivir en la resolución objeto del presente incidente, que dispone 
que el Parlamento de Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/XI, de 2015, 
en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano» y se reafirma «en 
su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación, de 
acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, a través de un acuerdo con 
el Estado español o sin acuerdo». Ello supone asumir que, al tramitar la concreta 
propuesta de resolución, se estaba incumpliendo el deber de la mesa de acatar lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC).
Debe recordarse que el Tribunal Constitucional viene advirtiendo de forma expresa a 
los  poderes  públicos  implicados  y  a  sus  titulares,  especialmente  a  la  mesa  del 
Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, del deber de impedir o paralizar 
cualquier  iniciativa  que  suponga  alterar  unilateralmente  el  marco  constitucional  o 
incumplir las resoluciones de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 7, 
y 24/2017, FJ 9). Tal admonición no supone en modo alguno una restricción ilegítima de 
la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de 
los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE, pues es la consecuencia 
obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE).
Es patente, en suma, que los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la 
resolución 534/XII contravienen y desacatan de manera frontal lo decidido por el Tribunal 
Constitucional  en  la  STC  259/2015  y  en  la  STC  136/2018,  por  lo  que  deben  ser 
declarados nulos y sin efecto jurídico alguno.
e)  Expone seguidamente el abogado del Estado las razones por las que considera 
que  este  Tribunal,  además  de  declarar  la  nulidad  de  los  indicados  incisos  de  los 
apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, debe adoptar las 
medidas de ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar 
el respeto y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo por el Tribunal Constitucional  s
en la STC 259/2015 y en la STC 136/2018. oe.
Los incisos impugnados suponen un nuevo incumplimiento de lo resuelto por el  w.
eTsosritbbaeubrnlaeancl íiadC ood nepslo tpirtu ulecabi olCono aenls.s pVtiatuuñecolivló eennn   casou mc cooon nsnjtuoitnrumtiora .u  Lnjua rm írdeaiscnoaifl iuescsuitóponr e d5me3sa4p,/ rXceIucI yisooe  a hflu arn éadgdaimompeetnan dtojou  reeídsni  cllaoa    2020-1125n https://w
actual legislatura, tras conocer el Parlamento de Cataluña la STC 136/2018, que anuló
parcialmente  la  moción  5/XII  al  advertir  que  incurría  en  las  mismas  infracciones 
constitucionales que la resolución anulada por la STC 259/2015.
4.  Por providencia de 10 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por recibido el escrito presentado el 7 de octubre de 2019 por el abogado 
del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), en relación 
con  determinados  incisos  de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la  resolución  534/XII  del 
Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para la Cataluña 
real», por contravención de la STC 136/2018, de 2 de diciembre.
Asimismo acordó dar traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, por 
conducto de su presidente, de las peticiones formuladas en el incidente de ejecución, de 
conformidad con el art. 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez días pudieran 
formular las alegaciones que estimasen convenientes.
Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 CE, lo 
que,  a  su  tenor,  produce  la  suspensión  de  los  mencionados  incisos  de  la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019.
Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, y sin perjuicio de la obligación que 
dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este 
Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente del Parlamento 
de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al secretario general don Xavier Muro i Bas y a 
los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez 
y doña Adriana Delgado i Herrero, con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Asimismo acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás 
miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia de su 
obligación  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar 
cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 136/2018.
5.  El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 31 de octubre de 2019, 
en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del Estado, que 
la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, constituye objeto idóneo del incidente 
de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC.
Considera igualmente, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que el 
contenido  de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la  resolución  534/XII  contraviene  los 
pronunciamientos  de  la  STC  136/2018,  por  cuanto  se  produce  una  coincidencia 
conceptual e incluso semántica con la moción 5/XII así como con las resoluciones 
anteriores 1/XI y 306/XI. Los apartados e incisos cuestionados declaran un derecho de 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña, 
lo que supone afirmar la soberanía de este. A su vez el Parlamento de Cataluña se 
proclama, de acuerdo con la resolución 1/XI, como depositario de la soberanía del 
pueblo de Cataluña y, por ende, como Parlamento soberano sin sujeción a límite alguno, 
que legislará como tal sobre un conjunto de materias que señala. De este modo se 
reiteran la resolución 1/XI en la que el Parlamento de Cataluña se declaraba «como 
depositario de la soberanía y como expresión de un poder constituyente» (apartado 
sexto de la resolución 1/XI). e
Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma su voluntad de ejercer de  bo
manera  concreta  el  derecho  de  autodeterminación  del  pueblo  catalán,  se  está  w
irneaplrieondaubcileen ddoe  pCaarttea ludñea   laa   lrae soaluutcoidóent e3rm06in/XacI iósno»b re(c aepl ítu«ldoe r1e.c1h.1o,  impupnretos cr1ip, tidbele  lea   2020-1125n https://w
rceosno leulc Gióonb 3ie0r6n/oX Id),e lc uEysota edjoe reciscpioa ñsoel »p r(occalpaímtualo  in1c.1lu.1so,  p«uennt oa u5s, ednec ilaa  drees aocluuceiórdno  3p0o6lí/tXicI)o, 
que fue declarada nula por ATC 24/2017, y reitera el mandato que contenía el apartado
séptimo de la resolución 1/XI que proclamaba: «el Parlamento de Cataluña debe adoptar 
las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión del Estado español», lo 
que supone ignorar no solo la STC 259/2015 y los mencionados autos dictados en 
ejecución de la misma, sino también lo declarado por este Tribunal en la STC 114/2017, 
FJ 2, a cuyo tenor para ninguno de los «pueblos de España» existe un «derecho de 
autodeterminación»,  entendido  como  derecho  a  promover  y  consumar  su  secesión 
unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Implica asimismo 
desentenderse de los procedimientos de reforma de la Constitución (art. 168 CE) y 
reiterar la pretensión de desconexión del Estado español para la creación de un estado 
catalán  independiente,  en  los  términos  que  señalaba  el  apartado  séptimo  de  la 
resolución 1/XI. Supone además negar que la soberanía reside en el conjunto del pueblo 
español y la consiguiente unidad de la nación española (arts. 1.2 y 2 CE).
En suma, los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII 
del  Parlamento  de  Cataluña  reiteran  y  dan  cabida  de  nuevo  a  acuerdos  de  las 
resoluciones 1/XI y 306/XI y la moción 5/XII ya declarados inconstitucionales y nulos, de 
manera que vuelve a reproducir una voluntad del Parlamento de Cataluña de eludir los 
procedimientos de reforma constitucional para llevar a cabo su proyecto político de 
desconexión del Estado español y creación de un estado catalán independiente en forma 
de  república,  a  través  de  un  «proceso  constituyente»  cuyas  fases  describió  la 
resolución 263/XI, mediante el ejercicio del llamado «derecho de autodeterminación», no 
reconocido constitucionalmente. Incumple así el Parlamento de Cataluña lo resuelto por 
este Tribunal en la STC 136/2018, lo que ha de conducir a la estimación del incidente de 
ejecución, con declaración de nulidad de los incisos cuestionados.
Asimismo considera procedente el ministerio fiscal que se adopten las medidas que 
interesa el abogado del Estado. Se concretan en que se notifique personalmente el auto 
que  resuelva  el  incidente  al  presidente  del  Parlamento  de  Cataluña,  a  los  demás 
miembros  de  la  mesa  y  al  secretario  general  del  Parlamento  de  Cataluña,  con 
advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que 
directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 y el propio auto que 
resuelva el presente incidente, y apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
6.  El día 30 de octubre de 2019 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal 
el  escrito  de  alegaciones  del  letrado  del  Parlamento  de  Cataluña,  actuando  en 
representación y defensa de la cámara.
Sostiene  en  primer  lugar  que  el  incidente  de  ejecución  debería  ser  declarado 
inadmisible, y así lo solicita, por haber sido interpuesto extemporáneamente. Considera 
que el incidente, promovido una vez que han pasado dos meses desde la publicación de 
la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, encubre «con fraude procesal» una 
acción impugnatoria que debió plantearse en su caso por la vía del título V LOTC (arts. 
76 y 77), como ocurrió con la impugnación de los apartados primero a quinto de la 
moción 5/XII (STC 136/2018); el plazo para ello es de dos meses desde la publicación de 
la resolución (art. 76 LOTC). A lo anterior se añade que el Gobierno invoca el art. 161.2 
CE para que se produzca la suspensión inmediata de la resolución impugnada, pero este 
precepto no consiente interpretaciones extensivas: su invocación sería coherente en el 
marco procesal de la impugnación del título V LOTC, pero no en el trámite de ejecución 
de  sentencia  (art.  92  LOTC),  para  el  que  la  ley  no  prevé  ningún  mecanismo  de 
suspensión automática. Se trata de un «abuso procesal» en la forma de actuar del 
Gobierno, que ha elegido deliberadamente la vía del incidente de ejecución «a pesar de  e.
sus efectos especialmente restrictivos sobre la actuación de la cámara, o precisamente  w.b
dpea rnaSa cotousnrtaiseleengzeua ai rps eoimslíttioiscmsa  eoqf ueqecut eoc sala»re .rcees odleu ceifóenc t5o3s4 v/XinIcI udlaenl tPeasr,l apmore lnot oq udee  nCoa etasl uuñna a ecsto u idnó ancetoo   2020-1125n https://w
epjaerrac iseenrd oo bjuentoa  ded eu nl ains cifduennctieo ndees  ejpeocluítcicióans.  Sbeá stircaatas  dqeu uen  caocrtroe sdpicotnaddeon p oar  lac ucaálmquaierar 
parlamento  en  el  marco  de  un  sistema  político  parlamentario  y  su  ejercicio  está
directamente relacionado con la expresión del pluralismo político que es consustancial al 
carácter representativo del Parlamento. El letrado del Parlamento de Cataluña afirma ser 
consciente  de  que  este  Tribunal  viene  considerando  este  tipo  de  resoluciones 
parlamentarias como objeto idóneo del incidente de ejecución del art. 92 LOTC, por lo 
que  se  solicita  que  se  modifique  esa  doctrina  constitucional  o,  al  menos,  que  se 
atemperen sus efectos respecto del uso de incidentes de ejecución.
Aduce asimismo que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, en los incisos 
de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el 
Gobierno, no contravienen las SSTC 259/2015 y 136/2018. Los apartados e incisos de la 
resolución 534/XII que se atacan no constituyen desde una perspectiva formal ningún 
desarrollo o continuación de la resolución y moción anuladas por este Tribunal, sino que 
se han aprobado en el marco de una función parlamentaria, cual es la de impulso de la 
acción  política  y  de  gobierno,  de  carácter  totalmente  independiente  de  cualquier 
resolución parlamentaria anterior de la cámara. Para apreciar que existe incumplimiento 
de  una  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  se  requiere  algo  más  que  una  mera 
coincidencia o similitud de contenidos o conceptos entre resoluciones parlamentarias. Es 
necesario acreditar que se trata de un caso claro y evidente de que la nueva resolución 
se  ha  dictado  precisamente  para  eludir  los  efectos  de  una  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional, elemento subjetivo a que hace referencia la STC 136/2018, y que está 
ausente en el presente caso, según el letrado del Parlamento de Cataluña.
La resolución 534/XII no se presenta como una confirmación, ejecución o desarrollo 
de la anulada resolución 1/XI. Los incisos de sus apartados I.1 y I.2, los que se refiere el 
incidente de ejecución, deben ser interpretados en el contexto de una Constitución no 
militante. Una resolución parlamentaria de impulso de la acción política y de gobierno 
como la que nos ocupa puede incluir expresiones de voluntad política que no encajen 
necesariamente en el marco constitucional.
En cuanto al contenido propiamente dicho de los incisos de la resolución 534/XII 
atacados por el Gobierno, se llama la atención sobre el sentido anfibológico del «derecho 
de autodeterminación»: puede ser entendido en clave interna, como reivindicación de la 
capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del marco constitucional (lo que no 
plantearía problemas de constitucionalidad) y también en clave de autodeterminación 
externa, como reivindicación del derecho a acceder a un estatus de plena soberanía de 
acuerdo con el derecho internacional. Pero aunque se entendiera en este último sentido 
tampoco se derivaría de ello ninguna inconstitucionalidad, pues la resolución 534/XII se 
limita a afirmar este derecho sin decir en ningún momento que se pretenda hacer 
efectivo al margen de los procedimientos de reforma de la Constitución, a diferencia de 
lo que ocurría en el caso de la resolución 1/XI. Además, el Parlamento de Cataluña 
había  reivindicado  el  derecho  de  autodeterminación  mucho  antes  de  la  propia 
resolución  1/XI,  sin  que  esas  resoluciones  y  mociones  parlamentarias  fueran 
impugnadas por el Gobierno. Por lo demás, la resolución 534/XII no diseña un proceso 
de ejercicio de ese derecho, como hiciera la resolución 1/XI, sino que se limita a afirmar 
la «disposición» del Parlamento de Cataluña a ejercer el derecho de autodeterminación, 
que no es lo mismo que ejercerlo; y que se afirme que esto se haga a través de un 
acuerdo con el Estado español o sin acuerdo es irrelevante a estos efectos.
Por lo que se refiere al inciso de la resolución 534/XII en el que el Parlamento de 
Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/XI, en la necesidad de legislar como 
parlamento plenamente soberano», reconoce el letrado del Parlamento de Cataluña que 
existe aquí un elemento de conexión con la anulada resolución 1/XI y con la moción 5/XII,  s
pues la toma como referencia y lo hace además desde un planteamiento que reivindica la  oe.
plena soberanía de la cámara, pero sostiene que ello no es suficiente para considerar que la  w.
srleeegsriíosallu apctioivóronq  ue5en3  q4nu/oXe Ip Is receo sanepsnrtotiatbu aylaraos  nuc nua nrianacc ytue morítspratliicm raeises nodtloue c dliaóe n r.leasso SluSciTóCn  12/5X9I/ 2y0 p1o5r  yd 1ife3r6ir/ 2e0l1 c8o. nNteox tloo   2020-1125n https://w
ejecSuocisótnie nper ovpoocr aú eltifmecot oes l relesttrraicdtoiv odse ls oPbarrela eml ednetore cdheo  Cdaet ainluicñiaa tiqvau el eegli silnactiivdae ndtee  ldoes   BOE-A-cable e
diputados, que forma parte de su ius in officium, garantizado por el art. 23 CE. Entre 
esas iniciativas se encuentra la de impulso de la acción política y de gobierno. Los 
diputados tienen derecho a presentarlas y a que las mismas lleguen a ser aprobadas por 
la cámara sin restricciones injustificadas.
Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
inadmita o, en su caso, desestime el incidente de ejecución, porque la resolución 534/XII 
no contraviene la STC 136/2019, sin que en consecuencia resulten procedentes los 
requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la 
mesa  y  al  secretario  general  del  Parlamento  que  interesa  el  abogado  del  Estado. 
Mediante otrosí interesa que se deje sin efecto de forma inmediata la suspensión de la 
resolución 534/XII, por no tener cabida la aplicación del art. 161.2 CE en el marco de un 
incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.
7.  Por escrito registrado en este Tribunal el 16 de octubre de 2019, don Josep 
Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi  Campdepadrós  i  Pucurull,  vicepresidente  primero  y 
secretario  primero  de  la  mesa  del  Parlamento  de  Cataluña  respectivamente, 
representados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos 
por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el 
incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 10 de 
octubre de 2019, interesando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la 
resolución  534/XII,  planteada  como  incidente  de  ejecución  de  la  STC  136/2018; 
subsidiariamente, interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, 
quinto y sexto de la providencia.
Sostienen  en  su  recurso  de  súplica,  en  síntesis:  (i)  que  la  impugnación  de  la 
resolución 534/XII, aunque se plantee como incidente de ejecución, es inadmisible por 
haberse  interpuesto  extemporáneamente  (art.  161.2  CE,  en  relación  con  el  art.  76 
LOTC); (ii) si se entiende que el incidente de ejecución no queda sujeto al plazo de dos 
meses previsto para la impugnación de las disposiciones autonómicas (art. 76 LOTC), 
entonces no le puede ser de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto a la 
suspensión automática, por lo que la suspensión de la resolución 534/XII acordada en la 
providencia de 10 de octubre de 2019 carece de sustento normativo; (iii) la impugnación 
por  el  Gobierno  de  la  resolución  534/XII  es  inadmisible  por  no  haber  consultado 
previamente a la comisión permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley 
Orgánica  del  Consejo  de  Estado);  (iv)  la  resolución  534/XII  no  es  susceptible  de 
ejecución de ningún tipo por el propio Parlamento de Cataluña y los efectos de la 
STC 136/2018 se agotan en la propia declaración de inconstitucionalidad y nulidad que 
en la misma se contiene, por lo que el incidente de ejecución carece de objeto y en 
consecuencia es inadmisible; (v) el apartado quinto de la providencia de 10 de octubre 
de 2019 no se corresponde con ninguna solicitud efectuada por el Gobierno en su escrito 
promoviendo incidente de ejecución y carece de amparo legal; (vi) el apercibimiento de 
eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza la providencia, carece de 
cobertura legal y vulnera la inviolabilidad parlamentaria de los diputados miembros de la 
mesa  de  la  cámara;  (vii)  la  providencia  supone  una  vulneración  manifiesta  de  las 
libertades de expresión y de reunión y del derecho de participación política de los 
diputados  del  Parlamento  de  Cataluña,  así  como  la  vulneración  del  principio 
democrático; (viii) la providencia, en cuanto requiere a la presidencia, a la mesa y a la 
secretaría general del Parlamento de Cataluña para que impidan o paralicen cualquier 
iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, y que se abstengan de 
realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  incisos  e.
impugnados de la resolución 534/XII, debiendo impedir o paralizar cualquier iniciativa,  w.b
CSjuTarítCdai lc1ua3ñ 6a/)o2;  0(1imx8)a,  tlvaeu rlipnarelo, rvaiq dluaee na cuiatdo irnveoucmltnaíe ar aop  aerlil naddmeirereenccttaharomia e a(n aturetn.  a5s 8ru edpseooln lEugcasit óantiug tnmoo odrtaeivr  aAduoat o (neaolurmtd. íira2  4d.l1ea    2020-1125n https://w
CdeEr)e, cphaor taic lual aigrmuaelndtaed e enn s luas a applicaartcaidóons d ceu laar lteoy y. quinto, lesionando este último también el
8.  Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de octubre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, todos ellos del 
grupo  parlamentario  Junts  per  Catalunya,  representados  por  el  procurador  de  los 
tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alonso-
Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e interpusieron 
recurso de súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019, interesando que se 
deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 534/XII, planteada como 
incidente de ejecución de la STC 136/2018; subsidiariamente, interesaron que se dejen 
sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de la providencia.
Tras  razonar  que  se  encuentran  legitimados  para  intervenir  en  el  incidente  de 
ejecución porque este afecta a su ius in officium como diputados del Parlamento de 
Cataluña, exponen los razonamientos en que se funda su recurso de súplica contra la 
providencia de 10 de octubre de 2019, coincidentes por completo con los expresados en 
el recurso de súplica interpuesto por el vicepresidente primero y el secretario primero de 
la mesa del Parlamento de Cataluña, pertenecientes también al grupo parlamentario 
Junts per Catalunya y que actúan bajo la misma representación y defensa.
9.  Por auto de 12 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i 
Pucurull, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos 
a título particular, e inadmitir el recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 10 
de octubre de 2019, por ser extemporáneo. Acordó asimismo oír por plazo común de 
diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña y al ministerio fiscal para 
que  alegasen  sobre  la  procedencia  de  la  intervención  en  el  presente  incidente  de 
ejecución de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado mediante 
escrito presentado el 17 de octubre de 2019.
10.  El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus  alegaciones  mediante  escrito  registrado  en  este  Tribunal  el  28  de  noviembre 
de 2019, interesando que se acuerde inadmitir la intervención en el presente incidente de 
los diputados del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado.
Señala que legitimación corresponde a las partes del proceso constitucional principal, 
en este caso el Gobierno de la Nación y el Parlamento de Cataluña, sin perjuicio de la 
intervención de quienes que puedan ser requeridos por el Tribunal Constitucional, en cuanto 
individualmente  afectados  por  el  contenido  que  pueda  incorporar  expresamente  el 
requerimiento. No cabe, por tanto, hacer valer en el incidente de ejecución intereses 
distintos a la impugnación o defensa del acto respecto del que se promueve el incidente (la 
resolución 534/XII, en sus apartados impugnados), defensa que corresponde a la institución 
autora del acto, el Parlamento de Cataluña. En la defensa del acto, los diputados del 
Parlamento no tienen un interés propio, cualificado y diferente del propio de aquel. Es más, 
el  acto  respecto  del  que  se  promueve  el  incidente  expresa  la  voluntad  acabada  del 
Parlamento y, por ende, la voluntad institucional de la comunidad autónoma. La naturaleza 
de la resolución impugnada como acto de la comunidad autónoma se desvirtuaría si se 
admitiese su defensa en el incidente a través de la intervención individual de cada miembro 
del  órgano,  supuestamente  portador  de  un  interés  individual  propio.  En  suma,  la 
legitimación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene de la protección de un 
interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de la garantía del 
cumplimento efectivo de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Menos aún cabe alegar como título de intervención el ius in officium de los diputados,  e
pues, de conformidad con el art. 87 LOTC, no comprende un imposible derecho a la  bo
tramitación y aprobación de iniciativas parlamentarias que contravengan lo resuelto por  w
eqlu eT rpibruenteanl dCeonn isnttieturvceionnira le, nq ueel  inecsi,d eenn tere. aElind afidn,,  lloa  qtruaem ietasctáiónn  rdeeclla imncaidnednot elo nso d aipfeuctatad onsi   2020-1125n https://w
lian cildibee retand e ld dee reexcphroe sdieó nr epuuneiósn, , cpuuaensd noo  usnea p rcoáhmíbaera c oleng eisllloa triveau naiódno patlag uunnaa.  Traemsoplouccoió an 
conforme a las normas procedimentales de su reglamento, tal decisión constituye la
expresión de la voluntad de una institución del Estado y, como tal, no supone el ejercicio 
de una libertad o derecho fundamental, sino el de una competencia, atribución o función 
del órgano.
11.  La  representación  procesal  de  don  Josep  Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull presentó un escrito de alegaciones con fecha 29 de noviembre 
de 2019, en el que reiteran los argumentos contenidos en el recurso de súplica que 
interpusieron contra la providencia de 10 de octubre de 2019 y que fue inadmitido por 
auto de 12 de noviembre de 2019. Concluyen solicitando el levantamiento inmediato de 
la suspensión de la resolución 534/XII acordada en la providencia de 10 de octubre 
de 2019 y que se dicte auto por el que se inadmita, o subsidiariamente se desestime, el 
incidente de ejecución promovido por el Gobierno. Mediante otrosí, con invocación del 
art. 85.3 LOTC, en relación con los arts. 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos,  solicitan  que  se  acuerde  la  celebración  de  vista  oral  sobre  la  eventual 
imposición a los alegantes de nuevas obligaciones, e incluso de nuevos apercibimientos 
de eventuales responsabilidades penales, en la resolución del presente incidente de 
ejecución.
12.  El ministerio fiscal formuló sus alegaciones en el trámite abierto por el auto 
de 12 de noviembre de 2019 mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 3 de 
diciembre de 2019.
Advierte que el incidente de ejecución de sentencias es un proceso que tiene un 
marcado carácter objetivo, pues lo que en él se acciona no pretende una ventaja 
personal, sino procurar que se observe el deber de los poderes públicos de cumplir lo 
que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE), de manera que la legitimación se 
concreta a las partes del procedimiento, para promoverlo, y a la audiencia del ministerio 
fiscal y del órgano que dictó el acto (art. 92 LOTC), en este caso el Parlamento de 
Cataluña. En consecuencia, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte 
en el procedimiento que dio origen a la STC 136/2018, carecen de legitimación para 
intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia. Mediante el incidente de 
ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC se pretende defender un interés general, en 
concreto la posición institucional y el respeto y acatamiento a los pronunciamientos del 
Tribunal  Constitucional,  al  que  vienen  obligados  todos  los  poderes  públicos,  y  el 
restablecimiento  del  pronunciamiento  constitucional,  caso  de  que  hubiera  sido 
desconocido,  mediante  un  juicio  de  contraste  entre  el  acto  impugnado  y  los 
pronunciamientos de este Tribunal, por lo que ningún derecho subjetivo de los diputados 
se vería afectado. No puede afirmarse la existencia de un interés legítimo y directo de los 
diputados  que  solicitan  personarse  que  tenga  relación  directa  con  el  derecho  de 
participación política del que son titulares. Si acaso, cabría afirmar un interés indirecto en 
sostener la validez de la resolución 534/XII, en la medida que la votaron, cuestión esta 
sobre la que nada se argumenta en el escrito en el que solicitan su personación.
Lo decidido por este Tribunal en el ATC 5/2018, de 27 de enero, no modifica la 
anterior conclusión. Ese auto se dictó en un proceso de impugnación de disposiciones 
autonómicas  (título  V  LOTC)  cuyo  objeto  era  una  resolución  del  presidente  del 
Parlamento de Cataluña que proponía al diputado señor. Puigdemont como candidato a 
la investidura como presidente de la Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria 
para  proceder  a  esa  investidura.  El  Tribunal  Constitucional  entendió  que  no  cabía 
descartar que la decisión que se dictase al resolver la impugnación pudiera incidir en los 
derechos o intereses legítimos de los diputados de la cámara que solicitaron personarse  e
en esa impugnación, por lo que estimó oportuno reconocerles legitimación para que, a  bo
título particular y a los únicos efectos de defender sus derechos o intereses legítimos,  w
pudiEenra ne ls epr rpeasretnet ee n caaqsuoe l nporos cehsaoll acmonosst ituacnitoen aul.n  proceso  distinto,  de  ejecución  de  2020-1125n https://w
saertn. t9e2n cLiOasT Cde. lE Tl rAibTuCn a5l/ 2C0o1n8s ntiotu ccoionnsatilt,u cyuey porse cceaduecnetse  pidroócneedoi,m peunetsa lleoss  soeb jeretogsu ldaen  uenno  eyl 
otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parlamentarios
impugnados también: mientras que en el proceso de impugnación de disposiciones 
autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, lo controvertido era que se impedía a los 
diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, 
acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, en el presente caso lo que se 
cuestiona es la validez de un acto parlamentario ya debatido y votado por los miembros 
de la cámara autonómica, esto es, cuando estos ya han ejercitado con plenitud el 
derecho de participación política ius in officium que les asiste.
En consecuencia, no se alcanza a vislumbrar un interés propio y particular de los 
diputados en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, en el que se ventila, al margen 
del interés representado por el acatamiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional por 
todos los poderes públicos, un interés general de defensa del acto parlamentario, cuya 
defensa se encomienda al órgano que dictó la resolución impugnada, el Parlamento de 
Cataluña, dado que la controvertida resolución 534/XII aparece como expresión de la 
voluntad de la cámara y no de cada diputado considerado de manera individual. No existe 
un punto de conexión que legitime a los diputados para tenerlos por parte en el incidente de 
ejecución de la STC 136/2018, pues los derechos que les confiere el art. 23.2 CE han sido 
ejercidos en el debate y votación de la resolución impugnada. A ello se añade que los 
diputados que solicitan personarse ni han sido requeridos personalmente para cumplir una 
resolución del Tribunal Constitucional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito 
del abogado del Estado por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña.
Por todo ello, el ministerio fiscal interesa que se rechace la personación que solicita la 
representación procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento 
de Cataluña en el presente incidente de ejecución de la STC 136/2018, respecto de los 
incisos y apartados cuestionados de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña.
13.  El 4 de diciembre de 2019 presentó el letrado del Parlamento de Cataluña sus 
alegaciones en el trámite abierto por el auto de 12 de noviembre de 2019. Sostiene que 
tanto de la normativa procesal aplicable en materia de comparecencia en juicio (art. 13 
de la Ley de enjuiciamiento civil, supletoriamente aplicable en virtud del art. 80 LOTC), 
como de la interpretación sostenida por este Tribunal en ATC 5/2018, de 27 de enero, 
FJ 2 in fine, se desprende la procedencia de la intervención en el presente incidente de 
ejecución de sentencia de los diputados que han solicitado personarse, a título particular, 
y los efectos de la defensa de sus derechos e intereses legítimos, máxime cuando han 
alegado una eventual afectación del ejercicio de las facultades que forman parte del 
núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 CE.
En consecuencia, concluye el letrado del Parlamento de Cataluña que no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados para 
comparecer en el presente incidente de ejecución, a título particular, y a los efectos de 
que puedan defender sus derechos e intereses legítimos.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del 
Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un incidente 
de  ejecución  de  la  STC  136/2018,  de  2  de  diciembre,  dictada  en  el  proceso  de 
impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 4039-2018, que declaró 
inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII 
del Parlamento de Cataluña, «sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida  e.e
por el Tribunal Constitucional», aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018. El incidente  b
pdrereos opeluujeeccsióutancsi ó 5pn3a 4rsa/eX  laIdI  iCrdiagetela  lPucañoranla trrmeaa eldn»et.ote rdmei nCadaotasl uiñnac isdoes  2d5e  dloes  jualpioa rtdaed o2s0 1I.91,  y« sIo.2b rdee  lalas   2020-1125n https://ww
son Eolb újentioc od etel xintoc idoeficnitael ,d een e ljeencguucaió nc ahtaal aqnuae,d daed olo tsra innsccisroitso  deen  leal  raenstoelcuecdióenn t5e3 24 /dXeII  eqsutee 
auto, si bien el Gobierno ha incorporado una traducción del texto al castellano, que no ha
sido objeto de reparo alguno por parte de la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña. Es la que a continuación se detalla, a los exclusivos efectos de resolver el 
presente incidente de ejecución.
«I.  Respuestas de país a la situación política
I.1.  Autogobierno, derechos humanos y búsqueda de soluciones dialogadas
1
2.  [...] el Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con la defensa de los 
derechos humanos, especialmente de los que han sido recientemente vulnerados por el 
Estado español: […]
h)  El derecho a la autodeterminación de los pueblos, que, tal y como ha expresado 
en  repetidas  votaciones  el  Parlamento,  es  un  derecho  irrenunciable  del  pueblo  de 
Cataluña.
2
1.  El Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo 
de Cataluña.
I.2  Legitimidad democrática, soberanía popular y acción política
6
1.  El  Parlamento de Cataluña  se afianza,  de acuerdo  con la Resolución 1/XI, 
de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano, de acuerdo 
con los intereses y las necesidades de la sociedad catalana, para dar respuesta a la 
pobreza  energética,  a  la  emergencia  en  el  ámbito  de  la  vivienda  y  también  a  la 
emergencia humanitaria que viven los refugiados, y para garantizar el acceso universal a 
la atención sanitaria pública y de calidad, una educación pública, las libertades públicas, 
unas competencias plenas para las administraciones locales, el derecho al aborto y una 
gestión de la deuda que haga posible —y no impida— un plan de choque social.
[…]
3.  El Parlamento de Cataluña se reafirma en su disposición a ejercer de manera 
concreta el derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del 
pueblo de Cataluña, a través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo.»
El abogado del Estado aduce, en síntesis, que la resolución 534/XII constituye objeto 
idóneo  de  un  incidente  de  ejecución  de  los  arts.  87.1  y  92  LOTC.  Los  incisos 
impugnados de esa resolución reiteran el contenido de la resolución 1/XI e insisten en la 
afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho 
a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, por lo que resultan manifiestamente 
contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 136/2018. Por ello interesa que 
declaremos  la  nulidad  de  los  referidos  incisos  de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña.
Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal al  es
presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario  o
general, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a  ww.
oiidgn ancprlo aucrrsauaorml  izloapa  lriepm lecuinuedaanirllt ,qo leau an ieS  lrqoT uisCne ii  cn1pica3uits6divo/ie2asr0, a i1mjnu8 rp,iín udacgicpunaerar riodcr.i obmsié adnteed roliaale lr,s e qsduoeel u ldaciisór enec vt5ae3 n4ot/u XianIldIe,i srae srcíet ascmpoomennost aedb esi luiimdpaopdneegdsair,    OE-A-2020-1125able en https://w
El ministerio fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita por 
ello que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 de la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña. Interesa asimismo que adoptemos las 
medidas que solicita el abogado del Estado.
El letrado del Parlamento de Cataluña postula la inadmisión del incidente de ejecución, 
por entender, conforme a los razonamientos que han quedado reflejados en el relato de 
antecedentes, que el incidente ha sido promovido extemporáneamente, y que, sin perjuicio de 
ello, la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña es un acto de naturaleza política que 
carece de efectos vinculantes, por lo que no es un acto idóneo para ser objeto de un incidente 
de ejecución. De no acordarse por este Tribunal la inadmisión, interesa que el incidente sea 
desestimado, toda vez que la resolución 534/XII, en los incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los 
que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituiría desarrollo o 
continuación de la resolución 1/XI anulada por este Tribunal, sino que se ha aprobado en el 
marco de una función parlamentaria, la de impulso de la acción política y de gobierno, 
totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior. Por tanto, los incisos 
y apartados de la resolución 534/XII que se atacan no contravienen la STC 136/2018. En 
consecuencia, tampoco procedería acordar los requerimientos y advertencias al presidente 
del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que 
solicita el abogado del Estado.
2.  Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto debe tenerse en cuenta 
que contra la providencia de 10 de octubre de 2019, por la que se acuerda tener por 
formulado incidente de ejecución de la STC 136/2018 respecto de determinados incisos 
de  los  apartados  I.1  y  I.2  de  la  resolución  534/XII  del  Parlamento  de  Cataluña, 
interpusieron  recurso  de  súplica  don  Josep  Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la mesa de la 
cámara respectivamente. Este recurso fue inadmitido por extemporáneo por auto de 12 
de noviembre de 2019, que asimismo acordó tener por personados a ambos miembros 
de la mesa en el incidente de ejecución, a los solos efectos de que puedan defender sus 
derechos e intereses legítimos a título particular.
Contra la providencia de 10 de octubre de 2019 interpusieron también recurso de 
súplica doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, al 
tiempo que solicitaron que se les tuviera por personados y parte en el incidente de 
ejecución, a los efectos de poder defender sus derechos e intereses legítimos como 
diputados de la cámara. Mediante el referido auto de 12 de noviembre de 2019 se 
acordó oír por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de 
Cataluña y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de la intervención 
en el presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento de Cataluña que 
lo han solicitado mediante escrito presentado en este Tribunal el 23 de octubre de 2019.
Una  vez  evacuado  el  trámite  de  alegaciones  conferido  por  el  auto  de  12  de 
noviembre  de  2019,  con  el  resultado  que  consta  en  el  relato  de  antecedentes,  la 
personación  que  solicitan  doña  Elsa  Artadi  Vila  y  treinta  y  un  diputados  más  del 
Parlamento de Cataluña debe ser rechazada, conforme interesan el abogado del Estado 
y  el  ministerio  fiscal,  pues  carecen  de  legitimación  para  intervenir  en  el  presente 
incidente de ejecución.
El incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC es un proceso que tiene por 
objeto garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la 
efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente 
a cualquier intromisión de un poder público que pudiera menoscabarla. Por tanto, la  e.
legitimación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene de la protección de  w.b
uclaun ml eingptiletimirméesan cotioó e nel  fpeeajcertraicv ipocr iood med oelav usen rr  eedsle oirneluccicdhioeonn peterso  spdeieo ll,i  msTirintiabo u aqn ulaaels  C epsoatnráts etaistlu  dsceeiorl vnpiacroilo.c  Eedsneo  lc aco ongnsasertacitnuutecíaino cndiaae,ll    2020-1125n https://w
pimripnucigpnaal,d od eb(aiertn. do9 2d aLrsOeT Cau),d ieennc iae satel  mciansisot ereiol  fPisacralal mye anlt oó rgdaen oC aqtuaelu ñdaic, tóa  elq uaicetno 
corresponde la defensa de ese acto en el incidente de ejecución, sin que los diputados
tengan  un  interés  propio,  cualificado  y  diferente  del  propio  de  esa  cámara:  la 
resolución 534/XII aparece como expresión acabada de la voluntad del Parlamento de 
Cataluña y no de cada diputado considerado de manera individual.
Por otra parte, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en el 
proceso  de  impugnación  de  disposiciones  autonómicas  que  dio  origen  a  la 
STC 136/2018, carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el incidente de 
ejecución de esta sentencia que tenga relación directa con los derechos de participación 
política (art. 23.2 CE) de los que son titulares. Esos derechos han sido ejercidos sin duda 
por los diputados en el debate y votación de la resolución 534/XII, aprobada por el pleno 
del Parlamento de Cataluña en su sesión de 25 de julio de 2019.
Como señala el ministerio fiscal, lo decidido en el ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2 
in fine, no altera la conclusión de que los diputados carecen de interés legítimo y directo 
para intervenir en el presente incidente de ejecución. El ATC 5/2018 se dictó en un 
proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC), cuyo objeto era 
impugnar una resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía a un 
candidato huido de la justicia para su investidura como presidente de la Generalitat y la 
convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa investidura; al entender este 
Tribunal que no cabía descartar que la decisión que se dictase al resolver la impugnación 
pudiera incidir en los derechos o intereses legítimos de los diputados de la cámara que 
solicitaron personarse en esa impugnación, se estimó oportuno reconocerles legitimación 
para que, a título particular y a los únicos efectos de defender sus derechos o intereses 
legítimos, pudieran ser parte en aquel proceso constitucional.
En  el  presente  caso  nos  hallamos  ante  un  proceso  distinto,  de  ejecución  de 
sentencias del Tribunal Constitucional (art. 92 LOTC). El ATC 5/2018 no constituye 
precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son diferentes 
y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también: mientras que en el 
proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, 
lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el debate de investidura 
del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de 
aquellos,  lo  que  se  discute  en  el  presente  incidente  de  ejecución  es  si  los 
pronunciamientos de la STC 136/2018 han sido desconocidos o menoscabados por un 
acto parlamentario, la resolución 534/XII, ya debatida y votada por los diputados del 
Parlamento de Cataluña, esto es, se trata de un incidente de ejecución promovido 
respecto de acto parlamentario cuando los diputados ya han ejercitado en plenitud sus 
derechos de participación política.
A todo lo anterior se añade que los diputados que solicitan personarse no han sido 
requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal Constitucional ni son 
destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del Estado por el que se 
promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña.
En  conclusión,  procede  rechazar  la  personación  que  solicita  la  representación 
procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña en el presente incidente de ejecución.
3.  El objeto del presente incidente es determinar si lo resuelto en la STC 136/2018, 
que declaró inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la 
moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la normativa del Parlamento anulada y 
suspendida por el Tribunal Constitucional», aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018, 
ha  sido  desconocido  o  contradicho  por  el  Parlamento  de  Cataluña  al  aprobar  la  e.
resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, en los concretos apartados e incisos de esta a  w.b
ylo as pqOaurcetua rsdreoe s rq eiumfieep ruelog sen saatdepo aisnrt cadiddeoebsne tnee   sdienerc  idesejoecscl auimrcaiópdnuo,gs an nnautdeloosss r  (epaporrtro.  ed9su2tc.a1i d vLoíOsa. T iDnCce)i. dseenr taasl íy, alo hs ainnc sisidoos   2020-1125n https://w
adnicuielamdborse ,p oqru aeu tdoe dcela erós tain mcoisnmstaitu fceicohnaa lp oyr  ninucluam lap limreiseonltuoc dióen  la1 /SXTI Cd 2e5l 9P/2a0rl1a5m, ednet o2  ddee 
Cataluña, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015», y su anexo, aprobada el 9 de 
noviembre de 2015.
En consecuencia, el presente incidente de ejecución de la STC 136/2018 ha perdido 
sobrevenidamente  su  objeto.  Según  doctrina  constitucional  reiterada,  aunque  la 
desaparición sobrevenida del objeto no está contemplada en el artículo 86.1 LOTC como 
una  de  las  causas  de  terminación  extraordinaria  de  los  distintos  procesos 
constitucionales, es posible, no obstante, que tal cosa pueda suceder, provocando la 
conclusión del proceso constitucional (recientemente, ATC 114/2017, de 18 de julio, para 
recursos de inconstitucionalidad; STC 86/2018, de 19 de julio, para conflictos positivos 
de  competencia;  ATC  107/2018,  de  8  de  octubre,  para  recursos  de  amparo;  o 
ATC  28/2018,  de  20  de  marzo,  para  procesos  de  impugnación  de  disposiciones 
autonómicas).  Así  sucede,  en  particular,  en  aquellos  casos  en  que  resoluciones 
anteriores  del  Tribunal  han  declarado  ya  la  nulidad  de  los  actos  y  disposiciones 
recurridos  (AATC  120/2017,  de  12  de  septiembre,  o  171/2015,  de  20  de  octubre), 
doctrina que hemos aplicado también a los incidentes de procesos constitucionales como 
los de levantamiento o mantenimiento de la suspensión cuando el acto impugnado ha 
quedado sin efecto o no pueda ya ejecutarse (AATC 68/2018, de 20 de junio, y 54/2015, 
de 3 de marzo, ambos en procedimientos del título V LOTC).
En este caso, procede, por identidad de razón, declarar la desaparición sobrevenida 
del  objeto  del  presente  incidente  de  ejecución.  La  pretensión  principal  de  la  parte 
recurrente es la declaración de nulidad, al amparo del art. 92.1 LOTC, de los apartados 
de la resolución 534/XII que ya han sido declarados nulos en el auto de esta misma 
fecha dictado en el incidente de ejecución de la STC 259/2015. Y las pretensiones 
accesorias de notificación y requerimiento a determinadas autoridades para abstenerse 
de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a esa misma resolución han sido 
igualmente estimadas en ese mismo auto. Al mismo tiempo, la posición institucional del 
Tribunal Constitucional y la eficacia de la STC 136/2018, a cuya salvaguarda se dirige el 
incidente de ejecución, han quedado igualmente restablecidas con el mencionado auto. 
Por lo tanto, la resolución de este segundo incidente no satisface ya ningún interés, ni de 
parte ni de carácter general (pues este puede, en ocasiones, justificar el pronunciamiento 
del Tribunal: ATC 49/2018, de 26 de abril, FJ 1).
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
1.º  No admitir la intervención de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más 
del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.
2.º  Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de 
diciembre, promovido respecto de determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la 
Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña 
real», aprobada en la sesión de 25 de julio de 2019, por desaparición sobrevenida de su 
objeto.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve.–Juan  José  González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González- e.
Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  w.b
FEinrmríqaudeoz y  Sruabnrcichaod.–oC. ándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.– 2020-1125n https://w