BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 80803
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11296 Sala Segunda. Sentencia 114/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 3820-2019. Promovido por don Abdelghani El Ghoufairi en relación 
con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo 
del  Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de junio).
ECLI:ES:TC:2021:114
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación  Roca  Trías,  presidenta;  don  Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José 
González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez 
Sancho, magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3820-2019,  promovido  por  don  Abdelghani  El 
Ghoufairi, contra los siguientes actos de los poderes públicos: (i) la resolución del 
Ministerio  de  Justicia,  de  1  de  septiembre  de  2017,  que  desestimó  la  solicitud  de 
indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración pública, por el tiempo 
pasado en prisión preventiva en causa judicial de la que resultó finalmente absuelto; (ii) 
la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de 15 de noviembre de 2018, que desestimó el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la resolución anterior; (iii) el auto de 4 de febrero 
de 2019 de la misma Sala y Sección de la Audiencia Nacional, que acordó no tener por 
preparado el recurso de casación presentado por la representante procesal del aquí 
recurrente, contra la sentencia referida; y (iv) el auto de la Sección Primera de la Sala de 
lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo,  de  13  de  mayo  de  2019,  que 
desestimó el recurso de queja promovido contra el anterior auto de la Audiencia. Ha 
actuado como parte el abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 19 de junio 
de  2019,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  del  Mar  Gómez  Rodríguez, 
actuando en nombre y representación de don Abdelghani El Ghoufairi, bajo la defensa  e
del letrado don Pedro Bermúdez Belmar, interpuso demanda de amparo contra las  b
resoluciones arriba mencionadas. 2021-11296n https://ww
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La sentencia del Juzgado de lo Penal de Teruel, de 6 de julio de 2016, absolvió 
al aquí recurrente de la comisión del delito de robo con fuerza en las cosas en casa 
habitada,  del  que  había  sido  acusado  por  el  Ministerio  Fiscal  (procedimiento 
abreviado 28-2016), al no haber quedado acreditado que «se encontrase presente en el 
lugar y día indicado ni que sea, por tanto, uno de los autores de la sustracción» (relato 
de hechos probados).
En el razonamiento jurídico primero la sentencia afirma que:
«La falta de prueba sobre los hechos de los que ha sido acusado Abdelghani El 
Ghoufairi  conducen  a  la  plena  absolución  de  los  mismos,  con  toda  clase  de 
pronunciamientos favorables.»
Analizada la declaración del acusado ahora recurrente (quien negó su participación 
en el delito) y la de los testigos que fueron interrogados en el plenario, el juzgado 
concluyó al final del mismo razonamiento jurídico primero, que: «bien sea en la fase de 
adquisición  fruto  de  los  nervios  del  momento,  bien  sea  en  la  fase  de  retención  y 
recuperación, el medio de prueba directo ofrecido por la acusación hace imposible 
determinar que la realidad de lo acontecido coincida con lo relatado, y por ello se han de 
acoger las tesis de la defensa y con ello el acervo probatorio presentado frente a la 
acusación formulada en su contra, ratificando con ello las conclusiones absolutorias 
inicialmente expuestas».
La sentencia no fue recurrida y devino así firme.
b)  Con fecha 26 de octubre de 2016, el aquí recurrente formalizó una pretensión 
indemnizatoria ante el Ministerio de Justicia, por responsabilidad patrimonial del Estado 
por prisión preventiva seguida de absolución, ex art. 294 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ), cuantificando en 64 225,26 € los daños por el tiempo pasado en prisión, 
desde el 7 de enero de 2015 hasta el 22 de abril de ese mismo año (106 días), más los 
intereses legales hasta su completo pago.
Luego de tramitarse el respectivo expediente (núm. 501-2016), la solicitud resultó 
desestimada por resolución de la Secretaria de Estado de Justicia de 1 de septiembre 
de 2017, con base en la argumentación contenida en el dictamen que se recabó del 
Consejo de Estado.
c)  Interpuesto recurso contencioso-administrativo en el que se alegó vulneración de 
su derecho a la presunción de inocencia con base en jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 15 de noviembre de 2018 (procedimiento 
ordinario núm. 642-2017), desestimando la pretensión al entender que el motivo de su 
absolución,  la  falta  de  prueba  de  cargo  suficiente,  quedaba  fuera  del  supuesto 
indemnizable previsto por el art. 294 LOPJ, que era a su vez la inexistencia del hecho 
delictivo (falta de tipicidad o falta de hechos delictivos). Todo ello conforme a doctrina 
interpretativa del Tribunal Supremo fijada en dos sentencias dictadas el 23 de noviembre 
de 2010, y sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de febrero 
de 2016, siendo así que la pretensión debió canalizarse en su caso por la vía del error 
judicial del art. 293 de la misma LOPJ.
d)  La  representación  procesal  del  aquí  recurrente  presentó  un  escrito  de 
preparación de recurso de casación contra la citada sentencia. La sección juzgadora de  s
la Audiencia Nacional dictó auto el 4 de febrero de 2019 no teniendo por preparado el  oe.
recurso, al no justificarse la relevancia de las infracciones imputadas a la sentencia, ni  6ww.
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó auto el 13 de mayo
de 2019 desestimándolo (recurso de queja núm. 66-2019), al considerar válidas las 
razones ofrecidas por la audiencia para tener por no preparado el recurso de casación.
f)  Notificada esta última resolución, se interpuso el presente recurso de amparo.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  varios  motivos.  El  primero  de  ellos  es  la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
acceso al recurso, que atribuye a los autos de la Sala competente de la Audiencia 
Nacional y del Tribunal Supremo que tuvieron por no preparado su recurso de casación 
contra la sentencia de instancia, en concreto por exigirle una argumentación en dicho 
escrito de preparación que la ley no contempla para esa primera fase del recurso, 
habiendo argumentado en él la existencia de un interés casacional objetivo.
El segundo motivo es la vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE), 
en relación con los derechos fundamentales a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y 
a la igualdad ante la ley (art. 14 CE). Atribuye su comisión a la resolución administrativa 
y  judicial  (sentencia)  dictadas  denegando  su  solicitud  de  indemnización  por  prisión 
seguida de absolución, al no haberse acordado esta por la declaración de inexistencia 
objetiva del hecho sino por la falta de prueba de cargo. Cita en su favor la STEDH de 16 
de febrero de 2016, en la que se consideró que el Estado español había vulnerado la 
presunción de inocencia del interesado, pues la aplicación del principio in dubio pro reo 
no puede establecer una diferencia cualitativa en cuanto al motivo de la absolución del 
acusado.
El suplico de la demanda pide que se otorgue el amparo solicitado, declarando que 
«las  resoluciones  impugnadas  han  vulnerado  los  derechos  fundamentales  de  mi 
representado  a  la  libertad  personal  en  relación  con  el  derecho  fundamental  a  la 
presunción de inocencia y al principio fundamental a la igualdad ante la ley; y a la tutela 
judicial efectiva en el ámbito del acceso a la jurisdicción y acceso a los recursos, 
reconocidos en los artículos 17.1, 24.2, 14 y 24.1 de la Constitución», con nulidad: (i) de 
la sentencia de la Audiencia Nacional, y que se acumule «la presente queja a la cuestión 
interna de constitucionalidad planteada mediante ATC 79/2018, de 17 de julio, para su 
resolución conjunta. O subsidiariamente se esté a la resolución de la citada cuestión 
interna de constitucionalidad para con su doctrina resolver la presente queja»; y (ii) de 
los autos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que negaron la preparación de 
su recurso de casación, teniendo este por interpuesto.
4.  La Sección Cuarta de este tribunal dictó providencia el 25 de enero de 2021 por 
la que acordó admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que la 
posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley 
o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]».
En la misma resolución se acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a fin de que en plazo 
no superior a diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del 
recurso de queja núm. 66-2019. Asimismo, dirigir atenta comunicación al Ministerio de 
Justicia para la remisión en el mismo plazo de certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes al expediente por responsabilidad patrimonial 501-2016; y 
a  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, para que en plazo también no superior a diez días, remitiera certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones del procedimiento ordinario 642-2017; debiendo 
previamente emplazar en el plazo de diez días a quienes hubieran sido partes en el  e
procedimiento,  excepto  a  la  parte  recurrente  en  amparo  —ya  personada—,  por  si  bo
querían comparecer en el presente proceso constitucional. 6w
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personado y parte en la representación que ostenta, debiendo entenderse con él los
posteriores trámites del procedimiento.
6.  Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda, 
Sección Cuarta, de este tribunal, de fecha 29 de marzo de 2021, se tuvo por personado y 
parte al abogado del Estado, acordando además dar vista de las actuaciones a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto 
en el art. 52.1 LOTC.
7.  La representante procesal del recurrente formalizó escrito en este trámite el 5 de 
mayo de 2021, interesando se dictase sentencia en los términos ya contenidos en el 
suplico de su demanda, de cuyo contenido hizo un amplio resumen.
8.  En la misma fecha, 5 de mayo de 2021, consignó su escrito de alegaciones el 
abogado del Estado por el que interesó se dictase «sentencia conforme a Derecho. Y 
caso de resultar la eventual sentencia a dictar, de carácter estimatorio del amparo 
formulado,  ordene  la  retroacción  del  expediente  a  la  instancia  oportuna:  la  vía 
administrativa,  habida  cuenta  del  carácter  revisor  de  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa, a fin de que, de acuerdo con lo que dispone el art. 294 LOPJ, y siguiendo 
siempre  el  cauce  procedimental  adecuado,  se  prueben,  acrediten  debidamente,  los 
posibles daños y perjuicios que en su caso hubiera podido sufrir el recurrente».
El escrito hace referencia al dictado de la STC 85/2019, de 19 de junio, que declaró 
la inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta 
misma  causa»  del  art.  294.1  LOPJ,  pero  no  extendió  en  cambio  dicha 
inconstitucionalidad al inciso «siempre que se le hayan irrogado perjuicios» contenido en 
el mismo precepto. De esta constatación, deduce el abogado del Estado que la sola 
acreditación del tiempo pasado en prisión preventiva —seguida de absolución— no es 
suficiente para tener derecho a ser resarcido, sino que el interesado ha de probar los 
supuestos daños acaecidos, como además precisa aquella sentencia, «de acuerdo con 
la aplicación de criterios propios del derecho general de daños» (FJ 13).
En aplicación de este criterio, entiende el abogado del Estado que el recurrente ha 
presentado una solicitud de indemnización que fija en la cantidad de 64 225,26 €, la cual 
este Tribunal Constitucional no puede entrar a valorar, «pues para ello habría de llevar a 
cabo  una  actividad  procesal  probatoria,  la  práctica  de  una  prueba  acerca  de  la 
acreditación o no de datos de hechos», que es «propia de un órgano de instancia». 
Añade que los daños han de haber sido efectivamente causados, ser ciertos, concretos y 
acreditados individualmente, que algunos de los conceptos en los que el recurrente 
desglosa aquella suma son abstractos, mientras que respecto de otros no justifican su 
cuantía.
Como resultado de lo expuesto, defiende el abogado del Estado que este tribunal 
dicte una sentencia «conforme a Derecho», la cual, de ser estimatoria de la demanda, no 
conceda el montante reclamado, sino que se remitan las actuaciones «ante la instancia 
oportuna (que entendemos habría de ser previamente la vía administrativa)». Y cita en 
apoyo de esta tesis las SSTC 166/2020, de 16 de noviembre; 177/2020, de 14 de 
diciembre, y 41/2021, de 3 de marzo.
9.  Por su parte, también el 5 de mayo de 2021, el teniente fiscal ante este tribunal 
presentó sus alegaciones por escrito, interesando que dictáramos sentencia otorgando el 
amparo al recurrente por vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE) y a la igualdad (art. 14 CE); con nulidad de las resoluciones impugnadas, 
auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal  s
Supremo,  auto  y  sentencia  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso- oe.
Administrativo de la Audiencia Nacional y resolución del Ministerio de Justicia –en ese  6ww.
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del demandante de amparo a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la igualdad
(art. 14 CE)».
Así, tras compendiar los antecedentes de hecho relevantes, y resumir la demanda 
interpuesta,  señala  el  teniente  fiscal  que  tanto  «el  objeto  del  presente  proceso 
constitucional como en buena parte los planteamientos sustantivos introducidos en el 
debate de este recurso vienen a resultar sustancialmente coincidentes con los que ya 
han  sido  abordados  por  el  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  en  los  fundamentos 
jurídicos 4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de amparo 4035-2012)», 
en la que se determinaron «los efectos que, sobre el recurso de amparo, debía producir 
la STC 85/2019, por la que se declaró la inconstitucionalidad de los incisos ‘inexistencia 
del hecho imputado’ y ‘por esta misma causa’ del art. 294.1 LOPJ, y se concretó el 
alcance que la estimación del amparo debía producir. Por tanto, a tales fundamentos 
jurídicos debemos remitirnos […] En cualquier caso, cabe añadir, debe tenerse muy en 
cuenta que el Tribunal Constitucional advierte y subraya que […] debe entenderse que 
los presupuestos y el alcance de la indemnización previstos en el art. 294.1 LOPJ habrán 
de acotarse a través de la eventual intervención legislativa y, en su ausencia, mediante 
las  interpretaciones  congruentes  con  su  finalidad  y  la  teoría  general  de  la 
responsabilidad civil que realicen la administración y, en último término, los órganos 
judiciales. De este modo, la doctrina de esta sentencia –concluye el tribunal– ‘no solo 
respeta los amplios márgenes de configuración legislativa o de interpretación judicial en 
lo que afecta al quantum indemnizatorio, sino que tampoco impide rechazar que exista 
en el caso concreto derecho a indemnización en virtud de la aplicación de criterios 
propios del Derecho general de daños (como pueden ser la compensatio lucri cum 
damno o la relevancia causal de la conducta de la propia víctima)’. Por consiguiente, 
también en el caso subyacente, cabría el juego de estos criterios de atemperación o 
incluso  rechazo  total  o  parcial  tomando  en  cuenta  las  particulares  circunstancias 
concurrentes  que  podrán  valorar  las  autoridades  administrativas  y,  en  su  caso, 
judiciales».
10.  Mediante  providencia  de  fecha  27  de  mayo  de  2021,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 31 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El recurso de amparo tiene por objeto la sentencia de la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 15 de noviembre de 2018, 
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo núm. 642-2017 interpuesto contra 
la resolución de la Secretaria de Estado de Justicia, de 1 de septiembre de 2017, que 
denegó al recurrente la solicitud de indemnización por el tiempo que estuvo privado de 
libertad en causa penal de la que resultó absuelto por falta de prueba de cargo, al 
sostener ambas resoluciones que el único supuesto de reparación contemplado en el 
art. 294.1 LOPJ es la absolución –o sobreseimiento– por inexistencia objetiva del hecho 
imputado, que aquí, añaden, no se ha producido. Se impugnan también las resoluciones 
judiciales (autos) de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que no accedieron a 
tener por preparado recurso de casación contra aquella sentencia.
Así  las  cosas,  procede  constatar  que  tanto  el  objeto  del  presente  proceso 
constitucional como los planteamientos introducidos por las partes en el debate, respecto 
de las lesiones atribuidas en origen a la resolución del Ministerio de Justicia y no 
reparadas después por la sentencia de instancia, son sustancialmente coincidentes con  es
los abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 125/2019, de 31 de  bo
octubre (recurso de amparo núm. 4035-2012), a cuyos fundamentos jurídicos debemos  6w
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el  amparo  en  tanto  «las  resoluciones  ahora  impugnadas  de  aplicación  de  dicha
normativa  –a  la  que  atendieron  los  órganos  administrativos  y  judiciales  por  estar 
entonces vigente– materializan la misma vulneración del derecho a la igualdad y del 
derecho a la presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma 
en la que tienen su fuente».
En consecuencia, se estima el presente recurso de amparo reconociendo el derecho 
del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto 
a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y 
del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, con nulidad de la 
resolución ministerial y de la sentencia de instancia impugnadas, y la nulidad también de 
los autos de la Audiencia Nacional y de la Sección Primera de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo que al denegar la preparación de un recurso de casación contra 
aquella sentencia, comportaron la firmeza de esta última, acordamos que la retroacción 
de las actuaciones debe remontarse al momento anterior a dictarse la resolución de la 
Secretaria  de  Estado  de  Justicia  de  1  de  septiembre  de  2017,  que  denegó  la 
indemnización y origina la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la 
presunción de inocencia, para que la administración resuelva de nuevo la cuestión 
planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE, en los términos indicados 
en las STC 85/2019, FJ 13, y STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, ha decidido y, en 
consecuencia:
1.º  Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Abdelghani El Ghoufairi, por 
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción 
de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Declarar la nulidad del auto dictado por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 13 de mayo de 2019 (recurso de 
queja núm. 66-2019); del auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  de  4  de  febrero  de  2019  (procedimiento 
ordinario núm. 642-2017); de la sentencia de este mismo órgano judicial, de 15 de 
noviembre de 2018 (procedimiento ordinario núm. 642-2017), y de la resolución de la 
Secretaria de Estado de Justicia de 1 de septiembre de 2017, recaída en el expediente 
núm. 501-2016.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
2021-1129n https://w