BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28612
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3796 Sala Segunda. Sentencia 9/2022, de 7 de febrero de 2022. Recurso de 
amparo 743-2018. Promovido por don Félix González Guerrero y doña Josefa 
Ramos Puertas en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera  instancia  de  Almería  en  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (motivación):  STC 
31/2019  (ausencia  de  control  judicial  de  las  cláusulas  abusivas  que 
desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia).
ECLI:ES:TC:2022:9
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo 
Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  743-2018,  interpuesto  por  el  procurador  de  los 
tribunales don Felipe de Iracheta Martín, en nombre y representación de don Félix 
González Guerrero y doña Josefa Ramos Puertas, asistido por el abogado don Alejandro 
Sánchez Arredondo, contra la providencia de 18 de diciembre de 2017 del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de Almería, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 
273-2012. Ha comparecido la entidad Caixabank, S.A., representada por la procuradora 
doña Elena Medina Cuadros y asistida por el abogado don Rafael Miguel Sánchez; 
asimismo, la entidad Buildingcenter, S.A.U., representada por el procurador don Mauricio 
Gordillo Alcalá y asistida por el abogado don Rafael Miguel Sánchez; así como la entidad 
Coral  Homes,  S.L.,  representada  por  el  procurador  don  Javier  Segura  Zariquiey  y 
asistida  por  el  abogado  don  Pablo  Rodríguez  Palmero  Seuma.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 8 de febrero 
de 2018, don Félix González Guerrero y doña Josefa Ramos Puertas, representados por 
el procurador de los tribunales don Felipe de Iracheta Martín, interpusieron recurso de 
amparo contra la resolución judicial mencionada en el encabezamiento de la presente 
sentencia.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los  bo
que seguidamente se relacionan. 96ww
Primae) ra EInns teal npcriao cneúdmim. ie3n dtoe  dAelm eejerícau, csióeng uhidipoo tferecnatreia  an lúoms . d2e7m3a-2n0d1a2n tedse ld Jeu azgmapdaor od ae 
instancias de la entidad financiera Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa),
actualmente Caixabank, S.A., se dictó auto de fecha 4 de abril de 2012 despachando 
ejecución y requiriendo de pago a los ejecutados, que no se opusieron a la ejecución.
Seguidos  los  trámites  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  hasta  el 
señalamiento para subasta el día 26 de noviembre de 2014, los ejecutados solicitaron 
asistencia jurídica gratuita, que les fue reconocida con fecha 24 de noviembre de 2014. 
Por este motivo, mediante diligencia de ordenación de 26 de noviembre de 2014, se 
acordó aplazar la celebración de la subasta para el 14 de enero de 2015.
b) Un día antes, por escrito de 13 de enero de 2015, los ejecutados solicitaron la 
nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, alegando, con cita de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11, 
que el juzgado venía obligado a revisar de oficio y ab initio si existen cláusulas abusivas 
en el título ejecutivo presentado por la entidad bancaria ejecutante; por ello concluían 
que, al no haber tenido lugar ese control judicial, debía declararse la nulidad de todas las 
actuaciones  y  retrotraer  las  mismas  al  momento  de  admisión  de  la  demanda  de 
ejecución, con el fin de controlar las cláusulas abusivas. Subsidiariamente instaban la 
suspensión del procedimiento hasta que no se llevase a cabo la modificación legislativa 
de la ejecución hipotecaria que acomodara esta a las exigencias expresadas en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dicha solicitud fue inadmitida por providencia de 14 de enero de 2015, por haber sido 
presentada «una vez transcurrido el plazo en exceso para la oposición».
c) Celebrada la subasta en la misma fecha sin haber comparecido ningún licitador, 
se adjudicó el inmueble gravado por el 70 por 100 del valor de tasación a la entidad 
financiera  ejecutante,  que  cedió  el  remate  a  la  sociedad  Buildingcenter,  S.A.U., 
aprobándose por auto de 11 de febrero de 2015.
d) Con fecha 7 de febrero de 2017 se presentó por los ahora recurrentes en 
amparo un nuevo escrito interesando la nulidad de todo lo actuado y el archivo del 
procedimiento, instando igualmente «de forma subsidiaria» el control judicial de oficio de 
diversas cláusulas del título ejecutivo, por si alguna fuese abusiva, en concreto: la de 
vencimiento  anticipado,  la  de  utilización  del  índice  de  referencia  de  préstamos 
hipotecarios (IRPH) para fijar los intereses, la que impone los gastos del contrato al 
prestatario, la de intereses de demora y la de comisiones.
Mediante providencia de 18 de diciembre de 2017 el juzgado inadmitió la referida 
solicitud «al haber precluido el trámite para ello, una vez dejado pasar el plazo para 
formular oposición, habiéndose producido, incluso, la subasta del inmueble hipotecado». 
La providencia indica, con cita del art. 228 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), que 
contra la misma no cabe recurso alguno.
3. La demanda de amparo se interpone contra la providencia de 18 de diciembre 
de  2017  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  3  de  Almería  (procedimiento  de 
ejecución hipotecaria núm. 273-2012), alegándose la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). La vulneración, con invocación de la 
doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diversas sentencias 
que cita la demanda, se concreta en la ausencia de control judicial sobre el carácter 
abusivo de diversas cláusulas del título ejecutivo, sin que pueda aducirse, como hace el 
juzgado, la preclusión, ya que ese control puede producirse en cualquier momento. 
Solicitan por ello los recurrentes que se declare nula la providencia impugnada y se 
retrotraigan las actuaciones al momento anterior a su dictado, para que se dicte nueva 
resolución respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Mediante  e.e
otrosí solicitaron la suspensión cautelar del procedimiento de ejecución hipotecaria. w.b
(atrLcaOosrTc4de.Có n) d]aP,e docnmroc miiptairro o c avco iodntrnesástnmietcuciiatcuei oe dennelac  ilra 1e[ 5cad uredtr. se qo5 u j0ued.n1 eei  olda  eómd repgl aaa2 rn0oLo2,e  0yjau ,p dOrliaecr gciaSiáal nenpicdcucaodió  ieqdnrue aTel  e hTcrarcoibbeneurcarnu  airdnrl eecC  uuerornsnidatseo t ie tteusrincpbi euoucnnniaaaalll     OE-A-2022-37able en https://
negativa  manifiesta  del  deber  de  acatamiento  de  la  doctrina  de  este  tribunal
[STC 155/2009, FJ 2 f)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, y 
habiéndose  ya  recibido  con  anterioridad  las  actuaciones  correspondientes  al 
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  273-2012,  se  ordena  dirigir  atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almería, a fin de que, en plazo 
de diez días, proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en dicho procedimiento, 
excepto a los recurrentes en amparo, para que puedan comparecer, si lo desean, en el 
presente proceso constitucional.
En la misma fecha, la Sección Tercera de este tribunal dictó providencia acordando 
formar pieza para la tramitación del incidente relativo a la suspensión interesada y 
conceder, conforme a lo dispuesto en el art. 56 LOTC, un plazo común de tres días a los 
recurrentes y al Ministerio Fiscal, para que aleguen lo que consideren procedente. 
Evacuado  el  trámite  de  alegaciones,  por  ATC  117/2020,  de  6  de  octubre,  la  Sala 
Segunda  acordó  denegar  la  suspensión  cautelar  del  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria y ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de 
la propiedad.
5. La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 12 de noviembre de 2020, acordó tener por personada y parte en el 
presente proceso constitucional a la procuradora de los tribunales doña Elena Medina 
Cuadros en nombre y representación de la entidad Caixabank, S.A. Acordó asimismo dar 
vista de las actuaciones recibidas de los órganos judiciales a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6. El  Ministerio  Fiscal  presentó  su  escrito  de  alegaciones  el  17  de  diciembre 
de 2020.
Tras  resumir  los  antecedentes  procesales  relevantes  para  caso,  aduce  que  la 
demanda de amparo incurriría en el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial 
[art. 44.1 a) LOTC], por no haberse promovido incidente de nulidad de actuaciones frente 
a la providencia de 18 de diciembre de 2017, y en el óbice de falta de invocación formal 
del derecho fundamental en el procedimiento judicial [art. 44.1 c) LOTC]. Sostiene el 
fiscal que en el escrito presentado el 7 de febrero de 2017 por los recurrentes en amparo 
no se menciona el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por lo que no cabe 
entender que se cumpla el requisito de la invocación del derecho fundamental que en la 
demanda  de  amparo  se  dice  vulnerado.  Los  recurrentes  tenían  la  posibilidad  de 
denunciar esa vulneración, antes de acudir al recurso de amparo, promoviendo incidente 
de nulidad [arts. 228 LEC y 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)] contra la 
providencia de 18 de diciembre de 2017, que inadmite su escrito de 7 de febrero 
de  2017,  pero  no  lo  hicieron.  En  consecuencia,  el  recurso  de  amparo  debe  ser 
inadmitido.
No obstante, para el supuesto de que se rechace el óbice de admisibilidad alegado, 
el fiscal entra a examinar el fondo del asunto y señala que el objeto del presente recurso 
de amparo consiste en dilucidar si el juez ha vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) por haber desconocido la primacía del Derecho de la Unión 
Europea (Directiva 93/13), interpretado por la doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión  Europea  en  materia  de  revisión  de  las  cláusulas  abusivas  de  los  contratos 
hipotecarios (STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A. c. Jesús 
Gutiérrez García), así como la doctrina constitucional al respecto (STC 31/2019, de 28 
de febrero). e.e
Partiendo de esta premisa, el Ministerio Fiscal concluye que la aplicación de esa  w.b
doctrina al presente caso conduce al otorgamiento del amparo solicitado. El Juzgado de  96ww
ePnriemroe rdae I n2s0ta1n7c eiar an úampl.i c3a bdlee  Aallm seurpíau edsetboi ós oemxaemtidinoa ar  ssi ula c dooncstidrienraa dcieó nla,  SloT qJuUeE  imdep l2ic6a bdae 
lsleogbarer  eal  lcaa rcáocntcelru saibóuns idveo  qduee l adse cbliáóu psurolacse ddeerl  acol nctoranttoro ld eq uper éssotalicmitoa bhaipno ltoesc arreioc,u prroernqtuees 
ese control judicial es susceptible de efectuarse mientras el proceso esté en curso, que
es lo que ocurría en el presente caso. Y ello por cuanto que, conforme a la jurisprudencia 
citada, es obligado llevar a cabo el control judicial, incluso de oficio, mientras el proceso 
de ejecución no haya concluido.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que, de no inadmitirse el recurso de 
amparo, deberá ser estimado reconociendo que se ha vulnerado el derecho de los 
recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y acordando la 
nulidad de la providencia impugnada en amparo y que se retrotraigan las actuaciones al 
momento  inmediatamente  anterior  al  dictado  de  dicha  providencia,  a  fin  de  que  el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almería dicte una nueva resolución respetuosa 
con el derecho fundamental vulnerado.
7. La representación procesal de los demandantes de amparo presentó su escrito 
de alegaciones el 18 de diciembre de 2020, en el que se reiteran los argumentos 
expuestos en la demanda.
8. El 18 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el registro de este tribunal el escrito 
de alegaciones presentado por la representación procesal de la entidad Caixabank, S.A., 
que solicita la desestimación de la demanda de amparo.
Sostiene  que  no  ha  sido  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión de los demandantes de amparo, puesto que fue su propia conducta procesal 
la que ha determinado que el juzgado declarase precluida su extemporánea oposición a 
la ejecución. Consta que fueron requeridos de pago el 21 de mayo de 2013, cuando ya 
se encontraba en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios reestructuración de deuda y alquiler social, que 
introdujo la causa de oposición a la ejecución por existencia de cláusulas abusivas, sin 
que formularan oposición a la ejecución en aquel momento. La pasividad manifiesta de 
los demandantes de amparo no puede enmascararse como indefensión y menos aún 
para pretender extemporáneamente una nueva oposición a la ejecución, que ha sido 
rechazada por el juzgado mediante una respuesta expresa y suficientemente motivada. 
Por otra parte, el procedimiento hipotecario, en el que se ha seguido escrupulosamente 
la normativa procesal civil aplicable, finalizó con la adjudicación del inmueble gravado, 
por lo que no procedería ya en modo alguno el control de oficio de las cláusulas 
abusivas.
Añade  a  lo  anterior  que  el  recurso  de  amparo  debió  interponerse  contra  la 
providencia de 14 de enero de 2015, por la que el juzgado inadmitió la solicitud de 
nulidad  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  formulada  por  los  recurrentes, 
quedando así agotada la vía judicial a los efectos del art. 44.1 a) LOTC. Lo que no 
procede es tratar de reabrir la vía del recurso de amparo mediante la interposición, tres 
años más tarde, de un nuevo incidente de nulidad, de similar contenido al ya inadmitido, 
que no podía sino ser rechazado por el juzgado.
Mediante  otrosí  solicita  que  se  emplace  en  el  presente  recurso  de  amparo  a 
Buildingcenter, S.A.U., a los efectos previstos en el art. 52.1 LOTC, por haber sido 
adjudicado el inmueble objeto de ejecución a dicha sociedad mercantil.
9. Por diligencia de ordenación de 28 de abril de 2021, la secretaría de justicia de la 
Sala Segunda de este tribunal, al constatar que no constan los emplazamientos a la 
entidad adjudicataria Buildingcenter, S.A.U., y a la entidad Coral Homes, S.L., a la que se 
ha trasmitido el inmueble, acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia núm. 3 de Almería, a fin de que, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51  es
LOTC, proceda a emplazar a dichas entidades, para que en el plazo de diez días puedan  bo
comparecer, si lo desean, en el presente proceso constitucional. 96ww
la S1a0la.  SePgour nddilaig deen ceias tdee t roibrudneanla, caiócno rddeó  1te4n deer  pjuonr ipoe dreso 2n0a2d1o,s l ay  speacrrtee taarl ípar odceu jruasdtiocri ad odne 
Mauricio Gordillo Alcalá, en nombre y representación de Buildingcenter, S.A.U., y al
procurador don Javier Segura Zariquiey, en nombre y representación de Coral Homes,  Bc
S.L. Acordó asimismo dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
11. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 15 de julio de 2021. 
Reitera las alegaciones contenidas en el escrito presentado el 17 de diciembre de 2020 y 
solicita la inadmisión y subsidiariamente la estimación del recurso de amparo, por las 
mismas razones.
12. La representación procesal de los demandantes de amparo presentó su escrito 
de  alegaciones  el  16  de  julio  de  2021,  en  el  que  se  reproducen  los  argumentos 
expuestos en el escrito presentado el 18 de diciembre de 2020.
13. El 19 de julio de 2021 tuvo entrada en el registro de este tribunal un escrito de 
la  representación  procesal  de  la  entidad  Caixabank,  S.A.,  en  el  que  interesa  la 
suspensión de las actuaciones del presente proceso constitucional por plazo de sesenta 
días (art. 19.4 LEC), debido a que las partes se encuentran en vías de alcanzar un 
acuerdo amistoso que ponga fin al proceso.
La misma solicitud de suspensión (así como del plazo para formular alegaciones) fue 
formulada por la representación procesal de la entidad Buildingcenter, S.A.U., mediante 
escrito registrado en este tribunal en la misma fecha.
14. Por providencia de 22 de julio de 2021, la Sala Segunda de este tribunal acordó 
no haber lugar a la suspensión de actuaciones interesada, por no ser de aplicación 
supletoria (art. 80 LOTC) lo dispuesto en el art. 19.4 LEC, y ello sin perjuicio de resolver, 
en su caso, sobre la eventual solicitud de desistimiento que pudiera plantearse en el 
futuro.
15. El 27 de julio de 2021 tuvieron entrada en el registro de este tribunal sendos 
escritos  de  las  representaciones  procesales  de  las  entidades  Caixabank,  S.A.,  y 
Buildingcenter, S.A.U., en los que solicitan que se declare la pérdida sobrevenida de 
objeto del presente recurso de amparo, por cuanto dichas entidades han accedido 
voluntariamente  a  la  pretensión  deducida  por  los  recurrentes  de  amparo,  habiendo 
interesado ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almería el sobreseimiento de 
la ejecución hipotecaria instada y la reinscripción de la titularidad del inmueble y de la 
hipoteca a favor de los recurrentes.
16. Por providencia de 18 de octubre de 2021, la Sala Segunda de este tribunal 
acordó  dar  traslado  por  diez  días  a  los  demandantes  de  amparo  de  los  escritos 
presentados con fecha 27 de julio de 2021 por las representaciones procesales de las 
entidades Caixabank, S.A., y Buildingcenter, S.A.U., para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga en relación con lo interesado por dichas entidades y si, en su caso, 
desisten del recurso de amparo.
17. Mediante escrito registrado en este tribunal con fecha 29 de octubre de 2021, la 
representación procesal de los demandantes de amparo manifestó que, «aun apreciando 
la buena fe de la parte contraria solicita la continuación del presente procedimiento». Ello 
por entender que la declaración de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) por sentencia del Tribunal Constitucional es el único medio idóneo para 
obligar al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almería a que realice el control de  es
oficio de las cláusulas abusivas que se solicitó en su día y cuya negativa a realizar ese  o
control fue la causa de la presentación del recurso de amparo. w.
vota1c8ió. n dPeo rla p prroevsideenntec isae ndtee n3c iad ee l fdeíbar e7r od edl me is2m02o2 m, eses  ys eaññaol.ó para la deliberación y
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo y cuestiones previas.
Los  recurrentes  sostienen  que  la  resolución  judicial  impugnada  en  amparo  ha 
vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 
CE), por cuanto el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almería, en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 273-2012, se ha negado a controlar la abusividad de las 
cláusulas del contrato de préstamo con garantía hipotecaria que constituye el título 
ejecutivo de dicho procedimiento.
El Ministerio Fiscal solicita la inadmisión del recurso de amparo y subsidiariamente 
su estimación, por las razones que han quedado resumidas en el relato de antecedentes. 
Por su parte, las representaciones procesales de las entidades Caixabank, S.A., y 
Buildingcenter, S.A.U., han interesado que se declare la pérdida sobrevenida de objeto 
del presente recurso de amparo, pretensión a la que se han opuesto los recurrentes.
Procede,  en  consecuencia,  resolver  en  primer  lugar  acerca  de  los  óbices  de 
admisibilidad alegados por el Ministerio Fiscal, así como sobre la eventual pérdida de 
objeto sobrevenida del recurso de amparo, por las razones aducidas por las sociedades 
mercantiles comparecientes.
Por lo que se refiere a los motivos de inadmisión en que incurriría la demanda de 
amparo, según el Ministerio Fiscal, esto es, la falta de agotamiento de la vía judicial 
[art. 44.1 a) LOTC], por no haberse promovido incidente de nulidad de actuaciones 
contra la providencia de 18 de diciembre de 2017, y la ausencia de invocación formal del 
derecho fundamental en el procedimiento judicial [art. 44.1 c) LOTC], cabe concluir que 
el examen de las actuaciones conduce a descartar estos óbices.
Por lo que atañe al requisito de la invocación previa en la vía judicial del derecho que 
se alega en amparo, es doctrina reiterada de este tribunal que dicho requisito ha de ser 
interpretado de manera flexible y con criterio finalista, atendiendo, más que al puro 
formalismo  de  la  expresada  invocación  del  precepto  constitucional  que  se  estime 
infringido, a la exposición de un marco de alegaciones que permita al órgano judicial 
cumplir con su función de tutelar los derechos fundamentales y libertades públicas y, en 
su caso, remediar la vulneración constitucional causada por él mismo o por un órgano 
inferior, al objeto de preservar el carácter subsidiario que ostenta el recurso de amparo 
constitucional.  Dicho  de  otro  modo,  no  se  requiere  una  especie  de  editio  actionis 
(STC 69/1997, de 8 de abril, FJ 3, por todas), bastando para considerar cumplido el 
requisito con que de las alegaciones del recurrente pueda inferirse la lesión del derecho 
fundamental que luego se intente invocar en el recurso de amparo, siempre que la queja 
haya quedado acotada en términos que permitan a los órganos judiciales pronunciarse 
sobre la misma (SSTC 75/1988, de 25 de abril, FJ 5; 142/2000, de 29 de mayo, FJ 2, 
y 14/2001, de 29 de enero, FJ 11, entre otras muchas). Pues bien, es cierto que en el 
escrito presentado ante el juzgado el 7 de febrero de 2017 por los recurrentes en amparo 
solicitando la nulidad de actuaciones (arts. 225 y 227 LEC) y subsidiariamente el control 
judicial de oficio sobre el carácter abusivo de diversas cláusulas del título ejecutivo, no se 
menciona expresamente el derecho a la tutela judicial efectiva; pero sí se invoca la 
doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la 
Directiva 93/13/CEE, respecto de la obligación que pesa sobre el órgano judicial de 
controlar, incluso de oficio, el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales. 
Esta es una cuestión que presenta dimensión constitucional desde la perspectiva del 
derecho a la tutela judicial efectiva, como este tribunal viene declarando desde su  e.e
STC 31/2019, de 28 de febrero. De ello se deduce que la lesión que se alega en amparo  w.b
de  este  derecho  fundamental,  fundada  precisamente  en  la  negativa  del  juzgado  a  96ww
qreuaeli zhaar  seild oco pnltarnotl esaodbar ee nla  laa bvuíasi vjuiddaicdi adl,e q luaesd calnáduosu alassí  gdaerla tníttuizloa deaje lcau stiuvob,s iedsia urinead aqdu deejal 
rceitcau ersxop rdees aa dmepl aarrot.,  2p4o.r1  loC Eq.ue no puede inadmitirse con fundamento en la ausencia de
Tampoco cabe apreciar que se haya incumplido el requisito del agotamiento de la vía 
judicial  [art.  44.1  a)  LOTC]  por  no  haber  promovido  los  recurrentes  el  incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones previsto en el art. 228 LEC y el art. 241 LOPJ 
frente a la providencia de 18 de diciembre de 2017, que inadmitió su escrito de 7 de 
febrero de 2017, a fin de denunciar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) antes de acudir al recurso de amparo. Si bien es cierto que los recurrentes 
solicitaron en su escrito de 7 de febrero de 2017 la nulidad de actuaciones al amparo de 
lo previsto en los arts. 225 y 227 LEC, no lo es menos que el juzgado tramitó y resolvió el 
escrito como si se tratara del incidente de nulidad regulado en los arts. 228 LEC y 241 
LOPJ; prueba de ello es que lo inadmitió en la providencia de 18 de diciembre de 2017 
con la expresa indicación de que «contra esta resolución no cabe recurso (art. 228 
LEC)». Pues bien, como ha recordado la citada STC 31/2019, FJ 3, para una cuestión 
similar, es doctrina constitucional reiterada que «a efectos del agotamiento de la vía 
judicial  solo  son  exigibles  los  cauces  procesales  cuya  viabilidad  no  ofrezca  dudas 
interpretativas» (STC 106/2005, de 9 de mayo, FJ 2) y que «el art. 44.1 a) LOTC 
únicamente impone la utilización de los recursos o instrumentos de impugnación cuya 
procedencia se desprenda de modo claro, terminante e inequívoco del tenor de las 
previsiones legales, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de 
alguna dificultad» (SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 5, y 248/2006, de 24 de julio, FJ 2, 
entre otras), máxime cuando, además, «el recurrente obra en la creencia de que hace lo 
correcto» (STC 241/2006, de 20 de julio, FJ 3), absteniéndose de emplear un recurso o 
remedio procesal «cuya procedencia podría ser razonablemente dudosa, como ocurre en 
el presente caso, dada su peculiaridad y la jurisprudencia dictada hasta el momento», a 
lo que se añade la confianza que merece la resolución judicial en cuanto a la indicación 
de recursos.
Excluida la existencia de óbices de admisibilidad, debemos descartar igualmente que 
el presente recurso de amparo haya perdido sobrevenidamente su objeto. Las entidades 
comparecientes aducen que han interesado ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 
de Almería el sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 273-2012, 
así como la reinscripción de la titularidad del inmueble y de la hipoteca a favor de los 
recurrentes, de forma que se restablezca la situación jurídica preexistente antes de la 
ejecución hipotecaria. Los recurrentes han solicitado la continuación del recurso de 
amparo.
Pues bien, la pretensión de pérdida de objeto del recurso de amparo debe ser 
rechazada, pues lo que se discute en este proceso constitucional es si la resolución 
judicial impugnada ha incurrido en la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que 
denuncian los recurrentes, por la negativa del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de 
Almería  a  revisar,  incluso  de  oficio,  el  carácter  abusivo  de  las  cláusulas  del  título 
ejecutivo. Esa alegada lesión constitucional no quedaría reparada por la solicitud al 
juzgado  de  las  entidades  comparecientes  de  sobreseimiento  del  procedimiento  de 
ejecución hipotecaria y de reinscripción de la titularidad del inmueble y de la hipoteca a 
favor de los recurrentes, por lo que no cabe entender que el recurso de amparo haya 
perdido su objeto.
Procede, en consecuencia, entrar a examinar el fondo del asunto.
2. Doctrina constitucional aplicable (STC 31/2019, de 28 de febrero).
Este tribunal en ningún caso puede dirimir si las cláusulas contractuales denunciadas 
por los demandantes de amparo (vencimiento anticipado, utilización del índice IRPH para  e.e
fijar los intereses, imposición de los gastos del contrato al prestatario, intereses de  w.b
demora y pago de comisiones) tienen o no carácter abusivo, pues esa cuestión se  96ww
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que había precluido el trámite para formular oposición a la ejecución, vulnera el derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de los recurrentes.
Para  dar  respuesta  a  esta  cuestión  habremos  de  tener  en  cuenta  la  doctrina 
constitucional sentada por el Pleno en la citada STC 31/2019, reiterada en ulteriores 
pronunciamientos de este tribunal. La STC 31/2019 resolvió un asunto en el que, con 
base en el Derecho de la Unión Europea (Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de 
abril,  sobre  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con  consumidores,  y 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017, asunto 
Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García, C-421/14), se instaba el control del 
carácter abusivo del clausulado de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria (en 
concreto, de la cláusula de «vencimiento anticipado»).
La STC 31/2019 recuerda que una selección irrazonable y arbitraria de la norma 
aplicable al proceso vulnera el derecho fundamental del demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Con cita de doctrina precedente, advierte que el 
desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido 
interpretada  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  puede  suponer  una 
selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso, lo cual puede dar 
lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 31/2019, FJ 4).
En lo que interesa específicamente al presente recurso, la STC 31/2019, FJ 6, 
subraya que, de la Directiva 93/13/CEE, conforme a la interpretación realizada por parte 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 26 de enero de 2017, asunto 
Banco Primus, S.A.), se desprende que el juez nacional viene obligado «a apreciar el 
eventual carácter abusivo de una cláusula, incluso tras el dictado de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello, siempre que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada 
previamente. Y, por supuesto, permite que el consumidor pueda formular un incidente de 
oposición cumpliendo con lo que disponga la norma, lo que no exime de la obligación de 
control de oficio por el órgano judicial […]».
Así pues, sobre el órgano judicial recae la obligación de llevar a cabo un efectivo 
control del posible abuso de las cláusulas contractuales de los contratos celebrados con 
los consumidores, en los términos establecidos en la doctrina constitucional referida.
3. Resolución del asunto.
La  aplicación  de  esta  doctrina  constitucional  al  presente  caso  conduce  al 
otorgamiento del amparo solicitado.
Como  ha  quedado  expuesto,  para  rechazar  la  revisión  sobre  la  abusividad  de 
determinadas cláusulas del título ejecutivo el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de 
Almería se limita a proclamar el carácter extemporáneo de la solicitud de revisión, 
indicando  que  los  recurrentes  no  hicieron  uso  oportunamente  de  las  posibilidades 
procesales para denunciar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales; se afirma 
así en la providencia impugnada que ha precluido el trámite para formular oposición, al 
haber dejado pasar el plazo para ello, habiéndose producido incluso la subasta del 
inmueble hipotecado.
Esta respuesta judicial no satisface las exigencias de motivación que dimanan de la 
doctrina constitucional referida, pues desconoce las exigencias del principio de primacía 
del Derecho de la Unión Europea y la obligación de control de oficio por los órganos 
judiciales del eventual carácter abusivo de las cláusulas de los contratos de préstamo 
hipotecario, que únicamente se exceptúa en el caso de que esa posible abusividad del  e.e
clausulado hubiera sido examinada en un anterior control judicial, lo que no sucedía en el  w.b
presente caso. En suma, el juzgado rehusó revisar el posible carácter abusivo del  96ww
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evenPtoura l ccoanráscigteurie anbteu,s ivlao  drees loalsu ccilóánu sujuladsic ciaol ntirmapctuuganleasd.a  en  amparo  ha  vulnerado  el
derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), pues
la decisión de no pronunciarse sobre el eventual carácter abusivo de las cláusulas del 
título ejecutivo infringe el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, al 
prescindir el juzgado «de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente 
para  hacerlo  con  carácter  vinculante»,  incurriendo,  por  ello,  «en  una  interpretación 
irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso» (STC 31/2019, FJ 9). Procede 
por ello el otorgamiento del amparo, con declaración de la nulidad de la providencia 
impugnada y retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno, a fin de que 
el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almería, con plenitud de jurisdicción, dicte 
una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Félix González Guerrero y doña 
Josefa Ramos Puertas y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerles en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 18 de diciembre de 2017 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almería, en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 273-2012.
3.º Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la providencia de 18 de diciembre de 2017, para que el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de Almería dicte una nueva resolución que sea respetuosa con 
el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Xiol Ríos.–
Antonio Narváez Rodríguez.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Ramón Sáez Valcárcel.–
Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.