BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Miércoles 15 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 153638
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
20640 Decreto-ley 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el 
régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 
en Aragón, para la suspensión de fiestas, verbenas y otros eventos populares 
durante el mes de octubre de 2021.
I
Durante la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, sin 
perjuicio de la declaración del estado de alarma o su prórroga, resultó indispensable, a 
juicio del Gobierno de Aragón y en uso de sus competencias estatutarias y legales, 
establecer un régimen jurídico claro, operativo y seguro que permitiera a la autoridad 
sanitaria actuar de manera eficaz, con la inmediatez que la adopción de las medidas de 
contención requiere, y para ello se aprobó la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que 
se  establece  el  régimen  jurídico  de  alerta  sanitaria  para  el  control  de  la 
pandemia COVID-19.
La Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de 
alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, configura, en su 
Título I, tres niveles de alerta sanitaria, el tercero de los cuales tiene modalidad ordinaria 
y  agravado.  Dichos  regímenes  se  enmarcan  en  lo  establecido  por  la  Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la 
normativa básica del Estado.
En este momento, la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentra en nivel de 
alerta sanitaria 2 declarado mediante Decreto-ley 4/2021, de 8 de julio. Sin embargo, la 
situación epidemiológica que se describe seguidamente exige la modificación de la 
Ley 3/2020, de 3 de diciembre, en concreto el apartado vigésimo tercero de su anexo III, 
para mantener durante el mes de octubre la suspensión de las fiestas, verbenas y otros 
eventos populares, medida debatida y consensuada en el seno del Consejo Local de 
Aragón, en reunión del pasado 2 de septiembre.
II
Mediante este Decreto-ley, atendida la evolución de la situación epidemiológica, se 
prolonga la suspensión de las fiestas, verbenas y otros eventos populares, como medida 
idónea de prevención y control de la transmisión de contagios por coronavirus, con el fin 
de no comprometer el control de la sexta onda pandémica en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
La situación epidemiológica de la enfermedad COVID-19 en Aragón ha pasado por 
diferentes etapas. Tras alcanzar el pico de la sexta onda epidémica el 23 de julio con una 
incidencia acumulada a 7 días de 449 casos por 100.000 habitantes, se ha observado un 
descenso progresivo pasando el 12 de septiembre a 59 casos por 100.000 habitantes. e.
En el momento actual se advierte un descenso sostenido de la incidencia acumulada  w.
en las tres provincias de la Comunidad Autónoma (en Huesca de 617 a 66 casos, en  640ww
tToedruoes l lodse  g3r8u8p oas 5 d2e c eadsoasd ,y s eienn dZoa rlaagso iznac iddeen 4c2ia6s a m 5á7s  caalstaoss  epno rl o1s0 g0r.0u0p0o sh eaxbtirtaenmteoss)  dye e lna 
rveidsap,e lcotsiv mamayeonrtees. de 90 y los de 5 a 9 años con 109 y 101 casos por 100.000 habitantes  BOE-A-cable e
El número de brotes notificados, en todos los ámbitos, también ha experimentado un 
descenso llamativo, destacando la disminución de brotes declarados en el ámbito social 
de 238 el 23 de julio a 8 el 12 de septiembre. A su vez, el número reproductivo 
instantáneo (Rt), que señala el número de contagios originados por un caso activo, se 
encuentra por debajo de 1 desde el 26 de julio, lo que implica una disminución en la 
transmisión de la infección.
De acuerdo con la situación epidemiológica descrita, se detecta una clara mejoría en 
los indicadores de la pandemia tanto en la incidencia, positividad de pruebas, impacto en 
el  sistema  sanitario  y  mortalidad.  Estas  cifras  se  acompañan  por  otro  elemento 
claramente  positivo  para  la  gestión  de  la  transmisión,  como  es  la  cobertura  de 
vacunación, que ya ha superado el 75% de la población.
Por otro lado, todavía quedan algunos elementos de incertidumbre. Los indicadores 
de impacto del sistema sanitario descienden lentamente, un 17% de las camas UCI aún 
siguen ocupadas por enfermos Covid, con un reseñable efecto aún sobre mortalidad y 
gravedad y, al mismo tiempo, de merma de recursos asistenciales para la atención a 
otras enfermedades. Se mantiene la cifra de 20-25 fallecidos por semana y la alta 
cobertura de vacunación presenta algunos elementos susceptibles de mejora, ya que 
una de cada tres personas entre veinte y treinta años aún no se ha vacunado y uno de 
cada cuatro entre treinta y cuarenta y cinco.
La última ola de julio y agosto, a la que hacen alusión los datos epidemiológicos, nos 
ha mostrado que una bolsa de susceptibles en situación de fuerte interacción social 
puede actuar como detonante de nuevos brotes implicando incluso a otros grupos de 
edad y generando brotes de dimensión e impacto variable.
En este contexto durante el verano se ha adoptado la prohibición de celebración de 
las fiestas populares en los municipios de Aragón, situación que se propone prolongar 
hasta  el  31  de  octubre.  Esta  medida  se  propone  tras  el  acuerdo  adoptado  por 
unanimidad en el Consejo Local de Aragón donde fue objeto de debate.
Al mismo tiempo se mantiene la prohibición de la actividad de las peñas, ya reflejada 
en anteriores normas. Por un lado, tal medida es coherente ya que la actividad de estas 
entidades  es  consustancial  a  las  celebraciones  festivas  patronales.  Además, 
especialmente en estas fechas, generan espacios de fuerte interacción social entre 
personas y núcleos de convivencia muy diversos, con consumos de comida y bebida en 
espacios donde esta actividad es de control muy complejo, por no decir imposible. La 
bibliografía publicada al respecto identifica dificultad de mantener las medidas higiénicas 
básicas de distancia, mascarilla, etc. en situaciones festivas y con consumo de alcohol. 
Además, una parte importante de sus integrantes coinciden con las franjas etarias donde 
la población vacunada tiene peores datos y, por tanto, es más fácil que alberguen bolsas 
de susceptibles.
En resumen, la situación epidemiológica tras el sexto pico epidémico en Aragón, si 
bien evoluciona favorablemente, mantiene grados de incertidumbre que reclaman una 
actuación prudente en relación con actividades que implican una alta interacción social y 
un notable riesgo de aparición de contagios o propagación de la infección. Las medidas 
de prevención y control tomadas, incluida la vacunación, favorecen el control de la 
enfermedad, pero siguen siendo necesarias las medidas que impiden o dificultan la 
transmisión, y entre ellas parece necesario restringir al máximo las fiestas populares, por 
su papel claro en favorecer la transmisión de la enfermedad, manteniendo la suspensión 
de su celebración durante el mes de octubre.
III o
La  adopción  de  medidas  mediante  Decreto-ley  ha  sido  avalada  por  el  Tribunal  640ww
nCeocnesstiitduacdio n–aeln tesniedmiepnrdeo  qpuoer  tacol nqcuuer rala  cuonyau nmtuortaiv adcei ócnr iseisx pslaícnititaa riya  eraxizgoen audnaa  rdáep idlaa 
respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario podría generar algún perjuicio–.
El Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin 
que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de 
enero, FJ. 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ. 3 y 189/2005, de 7 de julio, FJ. 3), subvenir a 
una  situación  concreta,  dentro  de  los  objetivos  gubernamentales,  que  por  razones 
difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno.
La situación generada por la emergencia sanitaria de alcance internacional ocasiona 
la concurrencia de motivos de salud pública que justifican la extraordinaria y urgente 
necesidad de adoptar medidas. En el actual escenario de contención y prevención 
del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para 
proteger la salud pública. Es responsabilidad del Gobierno de Aragón y de la autoridad 
sanitaria aragonesa ejercer cuantas competencias contribuyan a hacer frente a la crisis 
sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, incluso el ejercicio de la potestad de 
aprobar disposiciones normativas con rango de ley, concurriendo a juicio del Gobierno 
las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que lo justifican. Está en juego 
el derecho constitucional a la vida establecido en el artículo 15 de la Constitución, que 
hace suyo el artículo 6 de nuestro Estatuto de Autonomía, sin duda el más relevante de 
los  derechos  fundamentales,  que  impone  como  consecuencia  ineludible  que  el 
artículo 43.1 de la Constitución reconozca el derecho a la protección de la salud e 
imponga a los poderes públicos, en el artículo 43.2, la obligación de organizar y tutelar la 
salud  pública  a  través  de  medidas  preventivas  y  de  las  prestaciones  y  servicios 
necesarios, previendo que la «la ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto».
Consecuentemente, cuando la autoridad sanitaria aragonesa actúa está ejerciendo 
un mandato constitucional directamente vinculado a la protección de la salud y de la vida 
y  cohonestando  las  condiciones  de  ejercicio  de  los  derechos  con  ese  mandato 
constitucional, que puede conllevar, en su caso, la restricción o modulación de derechos. 
Cuando el legislador autonómico, como es el caso, en el ejercicio de sus competencias y 
de la habilitación establecida en la legislación básica estatal en materia de sanidad y 
salud pública y, muy especialmente, en la Ley Orgánica 3/1986, concreta el ámbito en el 
que ha de desenvolverse la actuación administrativa, está ejerciendo sus competencias 
en conexión con la obligación constitucional, que le incumbe, de proteger la salud y el 
derecho a la vida. En ese preciso contexto, y atendiendo a los criterios legalmente 
establecidos, el legislador y la administración autonómica no es que puedan, es que 
deben actuar. El artículo 71.55.ª del Estatuto de Autonomía les atribuye competencia 
exclusiva  en  materia  de  «sanidad  y  salud  pública,  en  especial,  la  organización,  el 
funcionamiento,  la  evaluación,  la  inspección  y  el  control  de  centros,  servicios  y 
establecimientos sanitarios. La Comunidad Autónoma participará, de acuerdo con el 
Estado, en la planificación y la coordinación estatal en lo relativo a sanidad y salud 
pública». Si así es en circunstancias ordinarias, cuanto más ha de serlo en una situación 
como la actual, con una pandemia mundial contra la cual están comprometidos todos los 
Estados y Gobiernos.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se  s
inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno  oe.
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta  w.
decisión,  sin  duda,  supone  una  ordenación  de  prioridades  políticas  de  actuación  640ww
(juSrTídCic a1 4y/2 0la2 0s, adlued 2 8p údbeli cean. eLroo,s  FmJ.o t4iv),o sc ednetr aodpaos rteunn ideal dc uqmupeli maiceanbtoa nd ed ela  esxepgounreidrasde 
daebmusuiveos troa na rbqiutrea,r ioe nd en iensgtúen  incsatrsuom, eensttoe  cDoencsrtietutoc-iloenya lc (oSnSstTitCuy 6e1 /u2n0 1s8u, pduee s7to d ed ej unuisoo,   BOE-A-cable e
FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 
de  febrero,  FJ  5).  Al  contrario,  todas  las  razones  expuestas  justifican  amplia  y 
razonadamente la adopción de la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, 
de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3). A juicio del Gobierno de 
Aragón, y en el contexto constitucional que se acaba de exponer, si la competencia es 
siempre  irrenunciable,  hoy  no  ejercerla,  en  las  actuales  circunstancias,  sería 
imperdonable.
Debe señalarse también que este Decreto-ley no afecta al ámbito de aplicación 
delimitado por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, según el cual «no 
pueden ser objeto de Decreto-ley el desarrollo de los derechos, deberes y libertades de 
los aragoneses y de las instituciones reguladas en el título II, el régimen electoral, los 
tributos  y  el  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma»,  habida  cuenta  que  no  se 
acomete aquí ninguna regulación completa delimitadora de derechos, sino afecciones 
estrictamente limitadas y temporales, estrictamente vinculadas a la concreta evolución 
epidemiológica y al mantenimiento de la crisis pandémica, en algunos aspectos de 
menor  alcance  en  comparación  con  los  derechos  que  se  trata  de  proteger,  cuya 
protección y garantía justifican estas medidas excepcionales. Además, responde a los 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 
eficiencia, tal y como exigen la normativa básica estatal y aragonesa de procedimiento 
administrativo y régimen jurídico. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento 
de los principios de necesidad, eficacia y eficiencia dado el interés general en el que se 
fundamentan las medidas que se establecen, siendo el Decreto-ley el instrumento más 
adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de 
proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los 
objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad 
jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Por último, en cuanto al 
principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, 
audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación de 
normas de urgencia.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en los artículos 71.34.ª, 
39.ª, 50.ª, 51.ª, 52.ª, 54.ª, 55.ª y 57.ª; 73; y 77.15.ª del Estatuto de Autonomía, a 
propuesta de la Consejera de Sanidad, de acuerdo con el informe de la Dirección 
General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su 
reunión del día 15 de septiembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación de la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se 
establece  el  régimen  jurídico  de  alerta  sanitaria  para  el  control  de  la 
pandemia COVID-19 en Aragón.
El apartado vigésimo tercero del Anexo III queda redactado del siguiente modo:
«23.  Fiestas, verbenas, otros eventos populares y atracciones de feria.
La  celebración  de  fiestas,  verbenas  y  otros  eventos  populares  queda 
suspendida hasta las 24:00 horas del día 31 de octubre de 2021. A partir de dicha 
fecha,  salvo  que  se  acuerde  expresamente  la  posibilidad  de  celebrarlas  con  es
carácter  general,  podrán  autorizarse  por  la  autoridad  sanitaria,  en  su  caso,  o
siempre que la evolución de la situación epidemiológica así lo permita. 640ww
svuejrebLteaan  aaas c itygiv uoidatralo dsli m deeivtaseacnirtóroonsl  lapqdouape u ellaanr  eepsse.t»ñaabsle oc idloac aelne se dl ep árerruanfoió na natseirmioirla dpoasra  qfuieesdtaarsá,   OE-A-2021-20able en https://
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 15 de septiembre de 2021.–El Presidente del Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán Montañés.–La Consejera de Sanidad, Sira Repollés Lasheras.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» extraordinario número 34, de 16 de septiembre de 2021)