BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 111 Lunes 10 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 55964
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
7692 Decreto-ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa 
de  subvenciones  dirigidas  al  mantenimiento  de  la  actividad  de  personas 
trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores 
más afectados por la crisis derivada de la COVID-19.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-
ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
dirigidas  al  mantenimiento  de  la  actividad  de  personas  trabajadoras  autónomas  y 
pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de 
la COVID-19, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan 
cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.
Para  hacer  frente  entonces  a  la  crisis  sanitaria  en  nuestro  país  y  en  nuestra 
comunidad autónoma, fue preciso adoptar medidas de carácter extraordinario y urgente 
por  motivos  de  salud  pública,  cuya  consecuencia  tuvo  un  impacto  en  la  actividad 
económica, que se materializó en el cierre o disminución de la actividad de producción 
de bienes y servicios, tanto de personas autónomas como de las empresas que revisten 
forma societaria. En ese sentido, se fueron dictando diferentes disposiciones normativas 
para  hacer  frente  a  la  situación  de  emergencia  sanitaria  y  proteger  la  salud  y  la 
seguridad de los ciudadanos.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, se entró 
en  una  etapa  de  nueva  normalidad,  durante  la  cual  los  poderes  públicos  y  las 
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y 
frenar los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, a través de un deber general de cautela y protección que 
afiance comportamientos de prevención en el conjunto de la población, y con la adopción 
de una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a 
garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud mientras perdure la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez expirada la vigencia del estado de alarma 
y de las medidas extraordinarias de contención, incluidas las limitativas de la libertad de 
circulación, establecidas al amparo de aquel.
En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de 
Canarias ha venido acordando el establecimiento medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del  e.
plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas  w.b
propias del estado de alarma. 92ww
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uenco cnoónmfinicaam dieen ltao  Ctootaml udnei dlaa dp oAbulatócnióonm.a, en aras de evitar medidas más drásticas como
La duración de la crisis económica y empresarial generada en Canarias por la 
pandemia de la COVID-19 está siendo mayor de lo inicialmente previsto. El impacto 
derivado de la reducción del nivel de ingresos y facturación de empresas y personas 
autónomas y la falta de liquidez que puede conducirlas a una situación de riesgo de 
solvencia a corto y medio plazo y poner en peligro los puestos de trabajo, nos obliga a 
diseñar y poner en marcha nuevas medidas de ayuda directa tanto para las personas 
trabajadoras autónomas como para las pequeñas y medianas empresas de nuestra 
comunidad autónoma.
El Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias –también conocido como 
Plan Reactiva Canarias– constituye el marco de referencia de las medidas que se 
establecen mediante el presente Decreto-ley. En dicho Plan se pone de manifiesto un 
hecho fundamental: y es que Canarias, en lo que se refiere al impacto económico 
causado por la crisis sanitaria de la COVID-19, ha sido la comunidad autónoma más 
afectada dentro de España, sobre todo por su dependencia extrema del turismo durante 
todo el año y por la gran participación de esta actividad productiva en el producto interior 
bruto (PIB) regional, del 35 %, y en el mantenimiento de los puestos de trabajo (el 40 % 
de los empleos).
La lucha frente al impacto económico de la crisis sanitaria derivada de la propagación 
de  la  COVID-19  requiere  la  adopción  de  una  serie  de  medidas  de  reactivación 
económica que, para ser efectiva, no puede perder de vista cuáles son los sectores y 
áreas clave en la economía canaria, tanto en la actualidad como de forma prospectiva, 
así como aquellas ramas de actividad que se han visto más afectadas por la crisis actual, 
tal y como establece el Plan Reactiva Canarias.
La Prioridad Estratégica 5 del Plan Reactiva Canarias, relativa al impulso de la 
actividad económica, recoge una serie de actuaciones que se articulan en dos grandes 
líneas o ejes: uno, en el que se incluyen actuaciones de naturaleza general, orientadas al 
conjunto de la economía; y otro, con medidas debidamente sectorizadas, entre las que 
cabe  destacar  las  destinadas  al  impulso  de  líneas  de  financiación  de  tesorería  y 
circulante para las pymes; así como las consistentes en ayudas a fondo perdido, es 
decir, a modo de subvenciones, para compensar a las empresas y personas trabajadoras 
autónomas los gastos que hayan tenido que seguir atendiendo pese a la nula o reducida 
actividad  de  sus  empresas  y  comercios,  de  manera  que,  asimismo,  se  fomente  el 
impulso de nuevos proyectos que contribuyan a reactivar la economía del archipiélago.
Así, se establecen diversas medidas, entre las que caben destacar el impulso de 
líneas de financiación de tesorería y circulante para las pymes; así como las consistentes 
en ayudas a fondo perdido, es decir, a modo de subvenciones, para ayudar a las 
empresas y personas trabajadoras autónomas a compensar los gastos en los que hayan 
tenido  que  incurrir  para  hacer  frente  a  la  crisis  y  que  vuelvan  a  impulsar  nuevos 
proyectos.
En este contexto el Gobierno de Canaria ha adoptado una serie de medidas durante 
los ejercicios 2020 y 2021 con el objetivo proteger y dar soporte al tejido productivo y 
social para minimizar el impacto y lograr, lo antes posible, una recuperación de la 
actividad.
El  Decreto-ley  4/2020,  de  2  de  abril,  de  medidas  extraordinarias  de  carácter 
económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el 
COVID-19, contempló una primera medida de apoyo a las personas trabajadoras por 
cuenta  propia  o  autónomas,  residentes  en  Canarias,  que  hubieran  cesado 
obligatoriamente en su actividad por motivo de la declaración de alarma sanitaria, dotada  s
inicialmente con 11.000.000 de euros. La modificación de la citada norma, operada por el  oe.
Decreto-ley 10/2020, de 11 de junio ya previó la puesta en marcha de dos programas de  w.
subvenciones en el ámbito del empleo, el primero dirigido a incentivar a las personas  92ww
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prestación de servicios de hogar familiar, con una dotación global inicial para ambas 
líneas de seiscientos mil euros.
Asimismo,  se  ha  reforzado  la  situación  financiera  de  la  Sociedad  de  Garantía 
Recíproca (SGR) Avalcanarias con el objeto de que por la misma se puedan ampliar las 
líneas de garantías a las pequeñas y medianas empresas de Canarias afectadas por la 
crisis.
Paralelamente en el ámbito tributario y durante la vigencia del estado de alarma, la 
Comunidad Autónoma de Canarias adoptó, de forma progresiva y en paralelo a la 
evolución de la pandemia de la COVID-19, diversas medidas que, atendiendo a su 
finalidad, podemos agrupar en tres bloques:
– Un primer bloque, en el que se encuentran las vinculadas con las ampliaciones de 
plazos para el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias, tal y como se 
recogió en las Órdenes del Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 
de 20 de marzo, 31 de marzo y 5 de mayo de 2020.
– Un segundo bloque, en el que se incorporan las destinadas a ajustar las cuotas 
devengadas de aquellos tributos cuya determinación no se establece conforme a los 
ingresos reales, tal y como se recoge en la ya citada Orden de 31 de marzo de 2020 y en 
el Decreto-ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
– Y un tercer bloque, en el que se encuentran, por un lado, la extensión del tipo cero 
del Impuesto General Indirecto Canario regulada en el Decreto-ley 8/2020, de 23 de 
abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable 
a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos 
del COVID-19, por otro lado, la autorización de venta por comercio electrónico otorgada 
a las tiendas libres de impuestos, y, por último, el ajuste de la devolución parcial del 
impuesto canario de combustibles.
Finalizado el estado de alarma el pasado 21 de junio de 2020, estas medidas 
tributarias  excepcionales  y  de  vigencia  temporal  inicialmente  limitada  se  vieron 
prorrogadas, en algunos casos, y completadas con nuevas medidas, en otros, conforme 
la evolución de los acontecimientos, presididos por una enorme incertidumbre, lo iba 
requiriendo, dictándose diferentes disposiciones orientadas a mitigar el impacto en el 
sector productivo; así fueron aprobadas las siguientes:
– La Orden de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias 
derivadas de la extinción del estado de alarma, en la que, por un lado, se mantienen 
para el segundo trimestre del año 2020, los ajustes en el cálculo de la cuota trimestral en 
el régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario y en la Tasa fiscal sobre 
los  juegos  de  suerte,  envite  o  azar  correspondiente  a  las  máquinas  o  aparatos 
automáticos, y por otro lado, se amplía el plazo para la autorización de venta por 
comercio electrónico a las tiendas libres de impuestos.
– El Decreto-ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del 
artículo único del Decreto-ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en 
el  Impuesto  General  Indirecto  Canario  aplicable  a  la  importación  o  entrega  de 
determinados  bienes  necesarios  para  combatir  los  efectos  del  COVID-19,  y  se 
establecen otras medidas tributarias, extendiendo la aplicación del tipo cero hasta el 30 
de abril de 2021 además de incluir otros productos susceptibles de aplicar este tipo de 
gravamen. s
En el presente ejercicio 2021, a la vista de la situación de incertidumbre generada  w.
por la evolución de la crisis sanitaria originada por la COVID-19 el Gobierno de Canarias  92ww
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soportará con su tesorería al diferir el cobro tributario que estaba previsto. Por otro lado, 
el Plan preveía ayudas directas por 165 millones de euros destinadas a reforzar las que 
ya se aplicaron el año pasado, por un importe total de 95,3 millones de euros, con el 
objetivo de contribuir a sufragar los costes fijos de las empresas turísticas y de ocio, 
principalmente los vinculados a impuestos y tasas municipales, y también apoyar a 
pymes y personas autónomas.
Así, fue aprobado por el Gobierno el Decreto-ley 1/2021, de 28 de enero, por el que 
se  adoptan  medidas  excepcionales  para  facilitar  el  pago  de  determinadas  deudas 
tributarias, que contiene las siguientes medidas:
En primer lugar, se permitió la posibilidad de solicitar el aplazamiento hasta el día 20 
de  octubre  de  2021,  del  ingreso  de  las  deudas  tributarias  derivadas  de  las 
autoliquidaciones  periódicas  correspondientes  al  primer  trimestre  del  año  2021  del 
Impuesto General Indirecto Canario y del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de 
Mercancías en las Islas Canarias.
En segundo lugar, se amplió en seis meses y previa petición, los vencimientos de 
pago de todas las deudas tributarias que estén fraccionadas o aplazadas a la fecha de 
su entrada en vigor, salvo las relativas a las importaciones de bienes bajo la modalidad 
de pago diferido, las de los tributos cedidos por el Estado y las superiores a 30.000 
euros.
En tercer lugar, se articuló la posibilidad, bajo una serie de requisitos, de solicitar el 
aplazamiento  de  deudas  tributarias  que  fueron  aplazadas  o  fraccionadas  con 
anterioridad, y que se encontraran en período ejecutivo.
En cuarto lugar, se amplió el plazo de presentación de la autoliquidación de la Tasa 
fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos 
automáticos, que se devengue el día 1 de enero de 2021, tal y como ya había dispuesto 
la Orden de 31 de marzo de 2020.
Por último, se contemplaron nuevamente aquellas actividades cuya tributación no se 
vincula con el volumen real de operaciones, y en cuyo cálculo no se ha tenido en cuenta 
la merma de ingresos ocasionada con estas limitaciones, en la misma línea establecida 
en la ya citada Orden de 28 de diciembre de 2020 para el régimen simplificado del 
Impuesto General Indirecto Canario.
En este contexto, no debe perderse la perspectiva de que no estamos ante una crisis 
económica convencional, ya que nos enfrentamos a una drástica y cambiante caída de la 
demanda, como consecuencia de la crisis sanitaria y sus implicaciones en el ámbito 
normativo y de salud pública, por lo que ha de seguirse ahondando en el desarrollo de 
medidas que coadyuven a paliar los devastadores efectos de la crisis, especialmente en 
un territorio, como el nuestro, con una economía altamente dependiente del sector 
turístico.
En efecto, la especialización productiva de Canarias en el sector más afectado por la 
crisis, como es el turismo, con un descenso en la entrada de turistas en el conjunto del 
año 2020 superior al 69 %, con sus importantes sinergias sobre el resto de la economía, 
está provocando que nuestro Archipiélago sea una de las Comunidades Autónomas más 
afectadas por la crisis sanitaria. Ello se refleja en el hecho de que Canarias muestre, en 
general, los resultados más negativos de los principales indicadores económicos del 
conjunto nacional. Esta situación hace necesario que junto las medidas reguladas en el 
presente Decreto-ley, se adoptaran otras medidas específicas destinadas a paliar en 
parte los efectos económicos adversos en el sector del turismo en nuestras islas. En  e
efecto, respecto a las ayudas directas por valor de 165 millones (y aparte de las dos  bo
líneas de subvenciones contenidas en este Decreto-ley) el Gobierno está trabajando en  92ww
ldae d eeufirnoicsi óand idceio naayuledsa. sE al  aecsctaebsloe caim toiednatso se satlaosja taivyousd atusr ídsitriecoctsa ps oqru uend atoráta lf adcei li8ta0d mo ilploonr eesl 
ealp lraezqaumisiieton,t oe xdieg idpoa gpoasr afi saccacleesd,e rq uae  lapse rsmuibtivráe nac iloanse esm ppúrbelsicaass ,y  daeu teósntoamr oasl  ccourmriepnlitre c doen 
sus obligaciones fiscales.
Así, Canarias es la Comunidad Autónoma donde más desciende a final del año la 
afiliación de trabajadores en la Seguridad Social y más se incrementa el paro registrado 
y la que cuenta con un mayor porcentaje de trabajadores en ERTE sobre el total de la 
afiliación. Así mismo, Canarias es la Comunidad donde más desciende el consumo a 
tenor del comportamiento del comercio al por menor y la matriculación de turismos. 
Además, en nuestras islas es donde más desciende el número de empresas inscritas en 
la Seguridad Social.
Las medidas de apoyo y fomento incorporadas en el presente Decreto-ley se van a 
financiar con los fondos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios 
de Europa (REACT-EU), que constituye una iniciativa que prosigue y amplía las medidas 
de  respuesta  a  la  crisis.  Estos  fondos  adicionales  procederán  en  2021-2022  del 
programa Next Generation EU.
Según se establece en el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución 
a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación 
verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE): Se debe seguir permitiendo a los 
Estados miembros utilizar los recursos REACT-UE principalmente para inversiones en 
productos y servicios para los servicios de salud, incluidos los servicios transfronterizos y 
la atención institucional o basada en la comunidad o la familia, para prestar apoyo en 
forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes, incluido apoyo 
mediante asesoramiento, en particular en los sectores más afectados por la pandemia de 
COVID-19 y que necesitan un revitalización rápida, como el turismo o la cultura, para 
inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y verde, para 
inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos no discriminatorios a los 
ciudadanos, y para medidas de ayuda económica para las regiones más dependientes 
de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19.
En Canarias los recursos del REACT-UE se distribuirán para su ejecución a través 
del Programa Operativo Canarias FEDER 2014-2020 (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional) y del Programa Operativo Canarias FSE 2014-2020 (Fondo Social Europeo).
II
El apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado 
mediante  la  Ley  Orgánica  1/2018,  de  5  de  noviembre,  dispone  que,  en  caso  de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, 
que recibirán el nombre de decretos-leyes.
Concurren de manera evidente en la presente situación las circunstancias necesarias 
que habilitan acudir a la medida legislativa aprobada por el Gobierno: la extraordinaria y 
urgente necesidad derivada de la extensión de la crisis sanitaria y que ha determinado la 
declaración de uno de los estados de emergencia previstos en el artículo 116 de la 
Constitución.
La extraordinaria y urgente necesidad que fundamenta el establecimiento de las 
medidas de ayuda establecidas en el presente Decreto-ley viene constituida por la 
situación  que  atraviesan  las  personas  trabajadoras  autónomas  y  las  pequeñas  y 
medianas empresas a las que se destinan dichas medidas; situación que, en bastantes 
casos es grave, debido a la prolongación de los efectos de la pandemia y que se  s
manifiesta en pérdida importante de ingresos, así como graves problemas de liquidez. e.
El menor volumen de ingresos produce, asimismo, un impacto en la recaudación  w.
tributaria. De acuerdo con la información estadística facilitada por la Agencia Tributaria  92ww
Cela nvaorluiam, esen  odbes errevcaa, uedna eciló enje rlícqicuiiod ap redseu plouse sttraibriuot o2s0 2q0u, eu npaa drtiiscmipiannu ceiónn  deel l B2l0o,q4u %e  deen 
Financiación Canario respecto del obtenido en 2019.
El Decreto-ley, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se constituye 
como  un  instrumento  estatutariamente  válido  y  lícito,  siempre  que,  tal  como 
reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, 
F 5; 11/2002, de 17 de enero, F 4, 137/2003, de 3 de julio, F 3, y 189/2005, de 7 julio, F 
3; 68/2007, de 28 de marzo, F 10; y 137/2011, de 14 de septiembre, F 7), el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Igualmente, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las medidas que se 
incluyen  este  Decreto-ley  se  inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que 
corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de 
septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades 
políticas de actuación (STC 14/2020, de 28 de enero), y que son medidas de naturaleza 
económica  que  persiguen  atenuar  los  efectos  de  la  crisis  y  habilitar  medios  para 
afrontarlos de la mejor manera posible, de manera que no existe un uso abusivo o 
arbitrario de este instrumento normativo (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, 
de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, 
FJ 5).
El Estatuto de Autonomía de Canarias impone a los poderes públicos canarios 
garantizar las medidas necesarias para, entre otros objetivos, hacer efectivo el desarrollo 
económico  (artículo  11.1),  exigiendo  a  las  administraciones  públicas  canarias  la 
promoción de dicho desarrollo (artículo 165.2). Igualmente el crecimiento estable y la 
búsqueda  del  pleno  empleo  constituyen  principios  rectores  de  la  actuación  política 
contenido en la norma institucional básica de Canarias. Por otra parte, la Comunidad 
Autónoma de Canarias ostenta competencias en materia de empleo y asistencia social. 
Concretamente el artículo 142.1.a) del Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce que 
la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  tiene  competencia  exclusiva  en  materia  de 
servicios sociales, lo que habilita para establecer líneas de ayudas económicas públicas 
a personas en situación de necesidad.
Los contenidos incorporados al Decreto-ley no afectan a materias que la Constitución 
y el Estatuto de Autonomía de Canarias impiden que sean objeto de la legislación de 
urgencia. En efecto, la regulación de las subvenciones referidas en la presente norma no 
afecta a los aspectos esenciales de los derechos y deberes de la ciudadanía, no se 
refiere a las instituciones autonómicas, ni tampoco incide en la ley de presupuestos, sin 
que sobrepasen, por lo tanto, los limites materiales vedados al Decreto-ley.
III
En cuanto al ámbito de aplicación, las medidas establecidas mediante el presente 
Decreto-ley  abarcan  a  las  actividades  encuadradas  en  los  grupos  o  epígrafes  del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) determinados en el anexo 3.
El régimen de subvenciones aplicable es el previsto en el Marco Nacional Temporal 
relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones 
directas,  anticipos  reembolsables,  ventajas  fiscales,  garantías  de  préstamos  y 
bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en 
el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión  s
Europea de 2 de abril (Decisión SA. 56851 (2020/N)) al amparo del Marco Temporal  e.
Europeo, modificado mediante Decisiones SA. 57019 (2020/N) de la CE de 24 de abril  w.
de 2020 (Marco II); SA. 58778 (2020/N) de la CE de 22 de octubre de 2020; SA. 59196  92ww
f(e2b0r2e0r/oN d) ed e2 0la2 1C, Ey  sdues 1 p1o dsete rdioicrieesm mbroed difiec a2c0io2n0e ys .SA. 59723 (2021/N) de la CE de 19 de
concDeed earc uaeyruddoa cso tne mlo peosrtaalbelse caid eom epnr eessates  ryé gpimeresno,n laass  atruatboarijdaaddoerass c oamutpóentoemntaess  qpuoed rásen   BOE-A-cable e
enfrentan a una falta de liquidez u a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote 
de COVID-19, y, en general, a cualquier empresa o persona trabajadora autónoma cuyos 
resultados económicos se vean afectados como consecuencia del estado de alarma 
decretado a raíz de la COVID-19.
Conforme a lo dispuesto al referido Marco Nacional Temporal, las ayudas podrán 
otorgarse  en  forma  de  subvenciones  directas,  anticipos  reembolsables  o  ventajas 
fiscales, en forma de garantías de préstamos o en forma de bonificación de los tipos de 
interés de préstamos, antes del 30 de junio de 2021. No obstante, dicho plazo queda 
sometido a condición suspensiva, de forma que, si a propuesta del Gobierno de España, 
la  Comisión  Europea  otorgase  una  ampliación  de  la  vigencia  del  Marco  Temporal 
Nacional de Ayudas de Estado, se entenderá automáticamente prorrogado el plazo de 
concesión, sin que sea necesario modificar el presente Decreto-ley, al constituir una 
ampliación de plazo ex lege.
En cuanto al procedimiento de tramitación de este programa de subvenciones, se ha 
optado  por  el  régimen  de  concesión  directa  y  sin  convocatoria,  dado  que  las 
subvenciones  se  otorgan  por  la  mera  concurrencia  en  las  empresas  y  personas 
trabajadoras autónomas de los requisitos establecidos en el articulado para obtener la 
condición de beneficiarias, hasta que se agoten los recursos destinados a este fin. La 
concurrencia no competitiva es un mecanismo que permite que las solicitudes puedan 
ser atendidas por su orden de entrada, desde el momento de su presentación, sin que se 
comparen con otras solicitudes, arbitrando, de esta forma un procedimiento ágil, que 
permita la tramitación de un elevado número de solicitudes con la mayor rapidez posible, 
lo que resulta coherente con las urgentes necesidades que las subvenciones están 
llamadas a paliar.
El establecimiento de un procedimiento de concesión de estas subvenciones en 
régimen de concesión directa sin convocatoria requiere de una norma de rango legal, de 
conformidad  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones [y en similares términos el artículo 21.1.c) del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias],  conforme  al  cual  podrán 
concederse  subvenciones  directas  «...cuyo  otorgamiento  venga  impuesto  a  la 
Administración por una norma de rango legal, que seguirá el procedimiento de concesión 
que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa».
La  presentación  de  las  solicitudes  de  subvención  se  realizará  conforme  a  los 
modelos normalizados de solicitud que se incorporan en los anexos 1 y 2 del presente 
Decreto-ley, habilitándose a los órganos concedentes para actualizar y modificar los 
mismos.
La aprobación de los modelos normalizados de solicitud de subvenciones que se 
realiza por el presente Decreto-ley facilitará que las empresas y personas trabajadoras 
autónomas  puedan  tener  un  conocimiento  completo  de  todos  los  términos  de  la 
subvenciones a las que puedan optar como beneficiarias.
La  presentación  de  solicitudes  deberá  realizarse  exclusivamente  por  medios 
electrónicos  al  amparo  del  artículo  14.3  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  siendo 
coherentes con la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica 
de datos en el ámbito de la Seguridad Social, y por la cual se obliga a la personas 
trabajadoras autónomas a gestionar por vía electrónica todos los trámites relacionados  s
con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas, incluyendo la recepción de las  oe.
notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social. w.
IV
dispEols icpiroenseesn ftien aDleesc yre 4to a-nleeyx osse.  estructura  en  tres  capítulos,  con  24  artículos  y  2  BOE-A-cable e
El capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, regula el objeto y finalidad del 
Decreto-ley, el régimen jurídico supletorio, las personas y empresas beneficiarias, así 
como  sus  obligaciones,  el  destino  y  cuantía  de  las  subvenciones,  su  financiación, 
además de las entidades colaboradoras.
El capítulo II regula el procedimiento de gestión de subvenciones a las personas 
trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas de los sectores de actividad 
económica afectados por la propagación de la COVID-19, estableciendo las normas 
fundamentales  relativas  al  procedimiento  de  concesión;  mientras  que  el  capítulo  III 
regula  las  condiciones  para  la  justificación  y,  en  su  caso,  el  reintegro  de  las 
subvenciones, los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas  con  motivo  de  la  concesión  de  las  subvenciones,  la  compatibilidad  e 
incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones, así como el régimen aplicable a la 
prescripción y a las infracciones y sanciones.
En las disposiciones finales se incorporan facultades de desarrollo y se establece la 
entrada en vigor del presente Decreto-ley.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias,  a  propuesta  del  Consejero  de  Hacienda,  Presupuestos  y 
Asuntos Europeos, y de las Consejeras de Economía, Conocimiento y Empleo y de 
Turismo,  Industria  y  Comercio,  previa  deliberación  del  Gobierno  en  su  reunión 
extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2021, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  El  presente  Decreto-ley  tiene  por  objeto  regular  la  concesión  directa  de 
subvenciones  dirigidas  al  mantenimiento  de  la  actividad  económica  de  personas 
trabajadoras  autónomas  y  pequeñas  y  medianas  empresas  en  los  sectores  más 
afectados por la crisis derivada de la expansión de la COVID-19.
2.  Se establecen dos líneas de subvenciones:
a)  Línea 1: Subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de personas 
trabajadoras autónomas sin asalariados.
b)  Línea 2: Subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de pequeñas 
y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas con asalariados.
3.  La  finalidad  de  estas  subvenciones  es  apoyar  los  negocios  y  actividades 
económicas de las personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas 
como medida de protección y soporte ante las negativas consecuencias económicas 
generadas por las medidas adoptadas para luchar contra la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, y conseguir, con prontitud, la reactivación de la economía regional y el 
aseguramiento del mayor nivel de empleo.
Artículo 2.  Régimen jurídico.
Las subvenciones previstas en el presente Decreto-ley se regirán, además de por lo 
dispuesto en el mismo, por lo establecido en las siguientes disposiciones normativas:
1.  En el ámbito de las ayudas de Estado: bo
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destinadas  a  respaldar  la  economía  en  el  contexto  del  actual  brote  de  COVID-19,
aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 2 de abril (Decisión SA. 56851 
(2020/N)) al amparo del Marco Temporal Europeo.
2.  En el ámbito de la legislación estatal:
– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo referente a sus 
preceptos básicos.
– Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo referente a sus preceptos 
básicos.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
– Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020.
–  Orden  HAC/114/2021,  de  5  de  febrero,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables  de  los  Programas  Operativos  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo 
Regional para el período 2014-2020.
– Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos 
subvencionables  por  el  Fondo  Social  Europeo  durante  el  período  de 
programación 2014-2020.
3.  En el ámbito de la normativa autonómica:
– Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
– Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
– Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
– Decreto 37/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de 
Información  de  Actuaciones  Administrativas  de  la  Administración  Pública  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
– Orden de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y 
autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
– Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación 
electrónica  mediante  comparecencia  en  sedes  electrónicas  en  el  ámbito  de  la 
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  sus  organismos 
dependientes.
4.  Por el carácter cofinanciado de la subvención con fondos estructurales:
– Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo. es
– Reglamento (UE) n.º 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de  o
diciembre  de  2013,  sobre  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  y  sobre  92ww
asdepis lpidc–oea scRcilicaeóirognanl andem esd  eleeontssetp orame r(ctUiínícfEaiuc)dla oansss.  ºr 1e c60laa57tt1e iyv/g 2a1o0s0r 1ía8a4l s d o dedbelej  eT lataria vyCtouao dddmaoesi. si ncióvonem,r spdiaóetn i1b e7len sd c ecr eojucnni mieoli  edmneteo r2 cy0a 1ed4mo,  ppinloetero r.eiol rq eune   OE-A-2021-76able en https://
–  Reglamento  de  Ejecución  (UE)  n.º  821/2014  de  la  Comisión,  de  28  de  julio 
de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) N.º 
1303/2013,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  en  lo  que  se  refiere  a  las 
modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la 
presentación  de  información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las  características 
técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema 
para el registro y el almacenamiento de datos.
– (UE) n.º 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural  y  al  Fondo  Europeo  Marítimo  y  de  la  Pesca,  y  por  el  que  se  establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
– Euratom 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, 
(UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) 
n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.
– N.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo  al  Fondo  Social  Europeo  y  por  el  que  se  deroga  el  Reglamento  (CE)  n.º 
1081/2006 del Consejo.
– N.º 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que 
respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19.
– N.º 2020/972 de la Comisión de 2 de julio de 2020 por el que se modifican el 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 en lo que respecta a su prórroga y los ajustes pertinentes.
– 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos 
adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la 
reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía 
(REACT UE).
Artículo 3.  Personas y empresas beneficiarias.
1.  Podrán  ser  beneficiarias  de  estas  subvenciones  las  personas  trabajadoras 
autónomas y las pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que  desarrollen  en  Canarias,  con  carácter  principal,  una  actividad  económica 
encuadrada y en situación de alta en alguno de los grupos o epígrafes del Impuesto 
sobre  Actividades  Económicas  (IAE)  que  figuran  en  el  anexo  3;  y,  tratándose  de 
pequeñas y medianas empresas, tener en Canarias un establecimiento permanente 
donde se desarrolle la actividad objeto de subvención.
A  estos  efectos,  se  entenderá  desarrollada  con  carácter  principal  una  actividad 
económica  cuando  así  sea  considerada  a  efectos  del  Impuesto  General  Indirecto 
Canario (IGIC). e.
2.  A los efectos de este Decreto-ley, se entienden por: w.b
qpreueaersli azo)asn noa lPsod e aeru dsftoeoónsrnaamorsmar o atlhrlsaaa nbbd aietjulapaade lon, ardapcieseti nvrstiadeouasnt.dóa  nlS oepym  oedra xisrce,cl cuultyeaaens n tua pn laeaspr s raoopcnpetiairvassi od nadfíadess inc ettarcrosao  bnsaódijmnea  dicaosasro,aa csliiane racdiaulaudtdiódoenassos  m qsluaainess     OE-A-2021-76able en https://
personalidad jurídica (sociedades civiles, particulares o profesionales, comunidades de
bienes), o de cooperativas o sociedades mercantiles, aunque no sean socias. También 
quedarán excluidas las personas autónomas societarias, entendiendo por éstas las que 
trabajan para una sociedad como personas autónomas y, al mismo tiempo, poseen parte 
del capital social de la misma, o que formen parte de órganos de administración de la 
misma.
b)  Pequeñas y medianas empresas (PYME), incluidas las personas trabajadoras 
autónomas con asalariados, todas aquellas entidades que, con independencia de su 
forma jurídica, ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición establecida 
en cada momento por la Unión Europea, estando actualmente vigente la establecida en 
el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por 
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, que considera como PYME a 
las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual 
no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 
millones de euros.
3.  A los efectos de este Decreto-ley también serán consideradas como beneficiarias 
de estas subvenciones las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o de entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una 
actividad económica y tengan ánimo de lucro, y se encuentren incluidas en alguna de las 
categorías determinadas en el apartado 2.b) en función de las personas que ocupen y el 
volumen de negocios anual o el balance general anual de que dispongan.
4.  Podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarias  las  personas  trabajadoras 
autónomas y las pequeñas y medianas empresas que estando en situación de alta 
durante 2019 y 2020 y continúen activas a la entrada en vigor del presente Decreto-ley, 
hayan sufrido en el segundo semestre de 2020 una reducción igual o superior al 30% en 
el volumen de facturación respecto al mismo semestre de 2019.
5.  No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarias  las  personas  trabajadoras 
autónomas y las pequeñas y medianas empresas en las que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:
a)  Tratarse de una sociedad mercantil pública u otra participada en su capital o en 
sus órganos de gobierno mayoritariamente por Administraciones Públicas o entidades 
dependientes de éstas.
b)  Haber  sido  sancionado  o  condenado  mediante  resolución  administrativa  o 
sentencia,  ambas  firmes,  por  ejercer  o  tolerar  prácticas  laborales  consideradas 
discriminatorias por razón de sexo o de género en los últimos dos (2) años.
c)  Que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019, a tenor de lo establecido 
en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE (Reglamento 
general de exención por categorías).
Artículo 4.  Régimen de subvenciones aplicable.
1.  El  régimen  de  subvenciones  aplicable  es  el  previsto  en  el  Marco  Nacional 
Temporal  relativo  a  las  medidas  de  ayuda  a  empresas  y  personas  autónomas 
consistentes  en  subvenciones  directas,  anticipos  reembolsables,  ventajas  fiscales, 
garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a  s
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante  oe.
Decisión de la Comisión Europea de 2 de abril (Decisión SA.56851 (2020/N)) al amparo  w.
ddCeeE l  2Md0ea2 r02c;4o S  TdAee.m  5ap9bo1rr9ila 6ld  (Ee2 u02r20o02p/0eN o)(, M dmeao rlcdaoi fC icIEIa) ;dd oSe A m1.1 e5 dd8iea7 n7dt8iec  i(eD2me0cb2ir0sei/oN dn)ee  ds2e 0S 2lAa0.   Cy5 E7S0 Ad1.e9 5  (9227202 2d30e (/ N2o0)c 2tdu1eb/ Nrlea)    2021-7692n https://ww
de la CE de 19 de febrero de 2021, y sus posteriores modificaciones.
2.  Las subvenciones concedidas no superarán el límite máximo global de 800.000 
euros por pyme o personas autónomas en activo. Este límite será de 120.000 euros, en 
caso de pymes o personas autónomas en activo en el sector de pesca y de 100.000 
euros en el de producción primaria de productos agrícolas.
Las subvenciones concedidas a las empresas y personas autónomas que operan en 
la transformación y comercialización de productos agrícolas estarán supeditadas a que 
no se repercutan total o parcialmente a los productores primarios y a que no se fijen en 
función del precio o la cantidad de los productos adquiridos a los productores primarios o 
comercializados por las empresas y personas autónomas interesadas.
Cuando una empresa o persona autónoma opera en varios sectores a los que se 
aplican distintos importes máximos, se garantizará mediante medidas adecuadas, tales 
como la separación de la contabilidad, que a cada una de las actividades se aplique el 
límite máximo correspondiente y que no se supere en total el importe más elevado 
posible.
3.  Se establecerá en la correspondiente resolución de concesión de subvención a 
las pymes y personas trabajadoras autónomas beneficiarias, el sometimiento al Marco 
Nacional Temporal.
Artículo 5.  Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias.
1.  Son obligaciones de las personas y empresas beneficiarias:
a)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención.
b)  Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condiciones y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.
c)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal 
de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios 
aportando  cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las  actuaciones 
anteriores.
d)  Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la 
obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  las 
actividades subvencionadas procedentes de entidades públicas o privadas.
Especialmente,  antes  de  la  concesión  de  una  ayuda,  la  empresa  o  persona 
autónoma solicitante ha de declarar por escrito ante la autoridad que concede la ayuda, 
cualesquiera otras «ayudas temporales» relativas a los mismos gastos subvencionables 
que en aplicación de este marco, o en aplicación del marco temporal comunitario, haya 
recibido durante el ejercicio fiscal en curso.
e)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o, 
en su caso, con la Mutualidad profesional, con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión.
f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable, a la persona o empresa beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados  e
contables  y  registros  específicos  sean  exigidos  por  las  bases  reguladoras  de  las  bo
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de  92ww
cicnoocmmlugppi)drr ooobbsCa alooccniisóós nnde  oryyvc  acucormo nnloettrsnroo tldol..os E ceul lmpelcaetzrnóoton dsic eoju scs,o tienfinsc eatratvivnaotcosi ó pdnue e dldaea  alnap  sldiecorac couibmójnee tndote ad celoi óslan fs oj unasdcttoiufisca acretioicvniabe issde odrsáe,    OE-A-2021-76able en https://
de diez (10) años, conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal.
h)  En concreto, la persona o empresa beneficiaria debe tener en cuenta que, de 
acuerdo  con  el  artículo  19.5  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones  (en  adelante  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre)  los  rendimientos 
financieros que se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementarán el 
importe  de  la  subvención  concedida  y  se  aplicarán  igualmente  a  la  actividad 
subvencionada.
i)  Destinar la subvención a cubrir las necesidades de la empresa para tratar de 
recuperar su nivel de actividad anterior a la crisis generada por la COVID-19, cubriendo 
con ella sus necesidades de capital circulante y posibilitar que puedan operar con 
normalidad y atender sus pagos.
j)  Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos, en los términos del 
artículo 18 de este Decreto-ley.
k)  Permanecer de alta en su actividad económica, al menos, 6 meses después de 
la publicación del presente Decreto-ley.
2.  En el caso de que las subvenciones tuvieren carácter cofinanciado y fueren 
concedidas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o al Fondo 
Social Europeo (FSE), la persona o empresa beneficiaria deberá cumplir, además de las 
establecidas en el apartado anterior, las siguientes obligaciones:
a)  Poner a disposición de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 
las Autoridades del Programa (de Gestión, Certificación y Auditoría), de la Comisión y del 
Tribunal de Cuentas Europeo la documentación e información relativa a las operaciones 
cofinanciadas.
b)  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado 
para  todas  las  transacciones  relacionadas  con  el  proyecto  [artículo  125.4.b)]  del 
Reglamento  (UE)  n.º  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  el  Consejo,  de  17  de 
diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Marítimo y de la Pesca y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006.
c)  Cumplir las obligaciones en materia de publicidad e información establecidas en 
el artículo 115 y anexo 12 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
Las referencias al FEDER o al FSE se completarán con la referencia «financiado 
como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19», cuando el apoyo 
financiero a las operaciones se preste con cargo a los recursos REACT-UE.
d)  Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, 
cumplir con la normativa en materia de contratación pública, así como evitar la doble 
financiación, las falsificaciones de documentos y otras prácticas que evidencien riesgos 
de fraude. Asimismo, tiene la obligación de suministrar información para la detección de 
posibles banderas rojas (nivel alcanzado en los indicadores que determinan el riesgo de 
fraude), entre las cuales destaca la contratación amañada, las licitaciones colusorias, el 
conflicto de intereses, la manipulación de ofertas y el fraccionamiento de gasto, entre 
otros.
e)  Adoptar medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
para evitar cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones,  discapacidad,  edad  u  orientación  sexual.  Asimismo,  se  respectará  el 
principio de desarrollo sostenible y fomento de la conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente conforme a los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) n.º  e
1303/2013. bo
Artíc1u. lo E6l.  imFpinoartnec imacáixóinm.o del crédito destinado a la financiación de las subvenciones
reguladas por el presente Decreto-ley asciende a ochenta y cuatro millones (84.000.000)
de euros del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Conocimiento y  Bc
Empleo y del Servicio Canario de Empleo para la anualidad 2021, según las líneas de 
subvenciones  directas  contempladas  en  el  correspondiente  plan  estratégico  de 
subvenciones en vigor, distribuidos en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Importe
Líneas de  Aplicación  Tipología de 
Objeto –
subvención presupuestaria beneficiarios
Euros
Autónomos sin 
50.71.241K.470.02
Línea 1 asalariados de  18.000.000
L.A. n.º 500G0024
sectores afectados.
Mantenimiento de la 
actividad
Pymes y autónomos 
15.71.433C.470.02
Línea 2 con asalariados de  66.000.000
L.A. n.º 154G1120
sectores afectados.
2.  Estas  subvenciones  podrán  ser  cofinanciadas  con  un  porcentaje  máximo 
del 100% con cargo a los fondos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los 
Territorios de Europa (REACT-EU). La ejecución del REACT-UE se realiza a través de 
los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo 
Social Europeo (FSE), por lo que la ejecución de estos recursos en Canarias se concreta 
de la siguiente manera:
1.º  El importe de los créditos correspondiente a la línea 1, podrá ser cofinanciado a 
través  del  Programa  Operativo  Canarias  FSE  2014-2020,  o  a  través  de  Fondos 
provenientes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
2.º  El importe de los créditos correspondientes a la línea 2, podrá ser cofinanciado 
a través del Programa Operativo Canarias FEDER 2014-2020.
Una vez finalizado el plazo de solicitud y dictadas las resoluciones de concesión, si 
existiera crédito sobrante en una de las líneas, podrá destinarse el mismo a la otra línea, 
realizando las modificaciones que procedan en el expediente de gasto, sin sujeción a las 
reglas que prevé el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(en adelante, Decreto 36/2009, de 31 de marzo), previo informe favorable de la Dirección 
General  de  Planificación  y  Presupuesto.  La  nueva  distribución  entre  líneas  deberá 
comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en la sede 
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y del 
Servicio Canario de Empleo.
3.  Se podrá incrementar, siempre que exista crédito, la cuantía total máxima o 
estimada de las subvenciones, sin sujeción a las reglas que prevé el artículo 14.4 del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo. El nuevo importe que resulte del incremento deberá 
ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse 
en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y del Servicio Canario de Empleo.
Artículo 7.  Destino de la subvención.
1.  La subvención estará dirigida a paliar las necesidades de la persona o empresa 
para  tratar  de  recuperar  su  nivel  de  actividad  anterior  a  la  crisis  generada  por  la 
COVID-19. e.e
Con ella se financiará las necesidades de capital circulante para que la persona o  b
empresa  pueda  operar  y  atender  sus  pagos  relativos  a  los  gastos  fijos  de  92ww
funcSioen aemntieenndtoe.rá por capital circulante o capital de explotación la diferencia entre el
naactcivioon aclo.rriente y el pasivo corriente de una empresa según la normativa contable
2.  Los gastos fijos de funcionamiento considerados son:
a)  Cantidades satisfechas en concepto de arrendamientos de bienes muebles e 
inmuebles asociados al local del negocio donde se desarrolla la actividad económica, y 
cánones por derecho al uso de las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual.
b)  Primas de seguros no sociales.
c)  Suministros corrientes: electricidad, agua y comunicaciones.
3.  La cuantía de los gastos fijos de funcionamiento se ha estimado en base a un 
método de cálculo de costes simplificados justo, equitativo y verificable en virtud del 
artículo 67 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, utilizando como fuente las bases estadísticas disponibles en el 
Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Artículo 8.  Cuantía de la subvención.
1.  La subvención consistirá en un único pago, de acuerdo con lo establecido en los 
apartados siguientes.
2.  La cuantía (C) de la subvención se obtendrá en función de tres factores:
1)  Sector económico al que pertenece la empresa (S).
2)  Número de personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo (T).
3)  Porcentaje de reducción de facturación sufrida entre los segundos semestre 
de 2020 y 2019, según intervalos (%R).
Y se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: C = S x T x %R, según 
lo descrito en los siguientes apartados.
La cuantía máxima de la subvención es de 25.000 euros.
3.  Sector económico (S): El estudio de costes simplificados ha estimado un valor 
unitario de costes fijos de funcionamiento durante un periodo temporal de 9 meses por 
persona trabajadora, y variable por grupos de sectores económicos (CNAE-2009) a los 
que va dirigida la subvención, que toma los siguientes valores:
Tabla 1.  Valor unitario de los gastos fijos de funcionamiento del sector por trabajador (S)
Valor unitario por 
trabajador (S)
CNAE 2009 Sector
–
Euros
10-33 Industria Manufacturera.
53 Actividades postales y de correos.
2.471
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas 
79
con los mismos.
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas.
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas.
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición  e.
59 3.435 o
musical. w.b
6903 AAccttiivviiddaaddeess  ddee pporrotgivraasm, arecciórena yti veamsi syi ódne  deen trraedteion yim teielnevtois.ión. 2021-7692n https://ww
Valor unitario por 
trabajador (S)
CNAE 2009 Sector
–
Euros
461 Intermediarios del comercio.
49 Transporte terrestre y por tubería.
73 Publicidad y estudios de mercado.
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.
78 Actividades relacionadas con el empleo.
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería. 1.518
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas.
85 Educación.
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos.
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico.
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte.
77 Actividades de alquiler. 4.665
92 Actividades de juegos de azar y apuestas.
56 Servicios de comidas y bebidas.
2.950
96 Otros servicios personales.
El  código  CNAE  de  esta  tabla  1  figura  relacionado  con  las  actividades 
subvencionables según el grupo o epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE) del anexo 3, según lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del presente Decreto-
ley.
4.  Número de personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo (T): A efectos 
del cómputo del número de personas  trabajadoras equivalentes a tiempo completo 
adscritas  a  la  actividad  económica  desarrollada,  se  tendrá  en  cuenta  la  jornada 
contratada en relación con la jornada completa, e incluirá las personas trabajadoras 
asalariadas. También incluirá a la persona autónoma solicitante y a las personas socias 
trabajadoras o comuneras que ejerzan su actividad en la empresa solicitante durante 
toda la jornada laboral. Este cómputo se referirá a la fecha de 31 de diciembre de 2020. 
Para el cálculo del número de personas trabajadoras asalariadas se tendrán en cuenta 
aquellas sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo.
El valor del multiplicador del número de personas empleadas (T), conforme se refleja 
en la tabla 2, tomará el valor exacto del número de personas trabajadoras equivalentes a 
tiempo completo, con una cifra decimal, con las siguientes excepciones:
– Para la línea 1 de personas autónomas sin asalariados tomará en valor 1.
– A partir de 10 personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo, tomará un 
valor constante de 10.
Tabla 2.  Valor del multiplicador del n.º de personas trabajadoras equivalente a tiempo 
completo (T)
N.º de personas trabajadoras equivalentes a 
Valor del multiplicador (T)
tiempo completo
Línea 1: Personas autónomas sin asalariados. 1.
N.º de personas trabajadoras equivalentes a 
De 1 a 9,9.
tiempo completo, con una cifra decimal.
10 o más personas. 10.
5.  Porcentaje de reducción de facturación entre los segundos semestre de 2020 
y 2019 (%R): En función de la intensidad de la pérdida sufrida, el factor multiplicador 
tomará los siguientes valores:
Tabla 3.  Valor del multiplicador del %reducción de la facturación (%R)
% Reducción de la facturación entre los segundos semestres de 
Valor del multiplicador (%R)
2020-2019
30 %-39 % 0,7
40 %-49 % 0,8
50 %-59 % 0,9
60 %-100 % 1
El volumen de facturación de los segundos semestres de 2019 y 2020 se acreditarán 
con la documentación alternativa citada a continuación y por el orden de preferencia 
siguiente:
1.º  Base  imponible  del  modelo  de  autoliquidaciones  trimestrales  del  Régimen 
General del IGIC (Modelo 420).
2.º  Declaraciones/Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el Juego: Modelo 042; 
Modelo 043; Modelo 044; y Modelo 047.
3.º  Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425), reducida un 50 %.
4.º  Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas.
5.º  Libros contables.
6.º  Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente 
la reducción del volumen de facturación entre los últimos semestres de 2020 y 2019, con 
valor probatorio admisible en Derecho.
En aquellas beneficiarias cuya alta en la actividad se haya producido a lo largo del 
segundo semestre de 2019 y, por tanto, no tenga facturación durante todo el semestre 
de 2019, la reducción del volumen de facturación entre los segundos semestres de 2019 
y 2020 se realizará sobre los mismos meses de cada año.
6.  Las  subvenciones  concedidas  no  superarán  el  límite  máximo  global  que 
asciende a 800.000 euros, conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal. e.
7.  El abono de la subvención se realizará previa justificación de los requisitos  w.b
exigidos. 92ww
bene8f.i ciaNroia  sneo  psoed hráa lrlee aalilz caor rreiel nptaeg eon d eel  lcau msupblivmeinecnióton  deen  stuasn toob llaig apceiorsnoensa  troib eumtapriraess ay 
pfroern tree sao llau cSióeng ufirrimdaed  dSeo cpiraol coe,d eenn csiua  cdaes ore, icnoteng lrao .M Luatu vaalidloarda cpióronf edseio ensatlo; so  esextar edmeuods osrea 
efectuará en los mismos términos que para obtener la condición de beneficiaria o entidad
colaboradora de acuerdo con la normativa básica y considerando que la beneficiaria o la 
entidad colaboradora se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro 
de ayudas o subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se 
hubiera acordado la suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente 
resolución de reintegro.
Artículo 9.  Entidades colaboradoras.
1.  Se  designan  a  las  Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y 
Navegación de Canarias como entidades colaboradoras de la Consejería de Economía, 
Conocimiento  y  Empleo  y  del  Servicio  Canario  de  Empleo  para  la  gestión  de  las 
subvenciones de las líneas 2 y 1, respectivamente, así como, en su caso, en la entrega y 
distribución de los fondos públicos a las personas y empresas beneficiarias, para cuya 
efectividad se suscribirán los oportunos convenios de colaboración.
A tales efectos queda exceptuado el informe del Consejo General de Empleo previsto 
en el artículo 8.1, letra d), de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de 
Empleo.
2.  Las entidades colaboradoras deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los de 
solvencia y eficacia establecidos en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la extinta 
Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos  de 
solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3.  En caso de que las subvenciones tuvieren carácter cofinanciado con Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, las entidades colaboradoras tendrán la obligación 
de suministrar, a solicitud de la Dirección General de Promoción Económica (línea 2 de 
subvención) o del Servicio Canario de Empleo (línea 1 de subvención), la valoración de 
los  indicadores  que  están  establecidos  en  el  Programa  Operativo  correspondiente 
conforme al artículo 27 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013, con el objeto de que la 
Autoridad  de  Gestión  del  programa  pueda  evaluar  la  ejecución  del  mismo  en  la 
consecución de sus objetivos:
a)  CV20-Valor  de  las  subvenciones  a  las  pymes  para  capital  circulante  en  la 
respuesta al COVID-19 (euros).
b)  CV22-Número de empresas que reciben subvenciones para capital circulante en 
la respuesta al COVID-19 (empresas).
c)  CO05 Personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia.
Para  ello,  las  entidades  colaboradoras  solicitarán  a  las  personas  o  empresas 
beneficiarias de la subvención la información necesaria para dar cumplimiento a esta 
obligación.
4.  La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo podrá revocar libremente, 
en cualquier momento, la designación efectuada a la entidad o entidades colaboradoras.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Artículo 10.  Procedimiento de concesión. s
1.  El procedimiento de concesión de estas subvenciones, en virtud de lo dispuesto  w.b
en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 21.1.c) del  92ww
Dcoencvreotcoa t3o6ri/a2.009, de 31 de marzo, se efectuará en régimen de concesión directa sin
anex2o. s S1e ( pinaicraia rpáe rmsoendaiasn ttera lbaa pjaredsoeransta aciuótnó ndoem uansa  ssino liacistuadla,r icaudyoos )m yo d2e l(op afirgau rPaY eMn EloSs, 
incluidas las personas trabajadoras autónomas con asalariados) del presente Decreto-
ley, acompañada de la documentación que se establece en el artículo 12.
3.  Cada persona o empresa interesada podrá presentar sólo una solicitud. En caso 
de que se presenten dos o más solicitudes solo se tendrá en cuenta la primera.
4.  La concesión de la subvención se realizará, hasta el agotamiento del crédito 
disponible, atendiendo a la fecha de presentación de las solicitudes de subvención que 
estén completas, o, si no estuviesen completas, a la fecha en que reúnan toda la 
documentación necesaria, una vez subsanadas, en su caso, las omisiones o defectos 
que, en la misma, se hubieran apreciado por el órgano instructor.
5.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (en  adelante 
Ley 39/2015, de 1 de octubre), en la tramitación de solicitudes se guardará el orden 
estricto de presentación de las mismas en la sede electrónica de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en el supuesto de la línea 2) y del 
Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1).
6.  Una vez agotado el crédito disponible, las solicitudes que no hayan podido ser 
atendidas por dicho motivo, serán desestimadas, sin entrar a valorar el cumplimiento o 
no de los requisitos para tener derecho a la subvención.
Artículo 11.  Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.
1.  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, iniciándose 
dicho plazo el 10 de marzo de 2021.
2.  La  presentación  de  las  solicitudes  de  subvención  se  realizará  de  forma 
electrónica, conforme a los modelos normalizados de solicitud que se incorporan en los 
anexos 1 y 2 del presente Decreto-ley, que estarán disponibles en la Sede electrónica de 
la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  (https://
sede.gobcan.es/sede/)  y  del  Servicio  Canario  de  Empleo  (https://
sede.gobcan.es/empleo/) y acompañadas, en su caso, de la documentación requerida.
En  supuestos  de  interrupción  no  planificada  en  el  funcionamiento  de  registro 
electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrá de las medidas para que el usuario 
resulte  informado  de  esta  circunstancia.  En  tales  supuestos,  si  se  produjera  la 
interrupción del servicio, se podrá declarar inhábil el último día de aquellos plazos de 
inminente vencimiento para la presentación de solicitudes por las personas o empresas 
interesadas,  cumplimentación  de  trámites  o  subsanación  de  requerimientos, 
exclusivamente  a  los  efectos  del  cómputo  plazos,  reanudándose  dicho  cómputo  el 
siguiente día hábil, mediante una Resolución del titular de la sede electrónica, que será 
objeto de publicación en dicha sede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Además, se comunicará dicha circunstancia a todas las 
personas registradas en las aplicaciones gestoras de los procedimientos afectados.
3.  La  presentación  de  solicitudes  presumirá  la  aceptación  expresa,  formal  e 
incondicional de lo dispuesto en el presente Decreto-ley, en especial la inclusión de la 
operación  y  sus  datos  en  la  lista  de  operaciones  prevista  en  el  artículo  115.2  del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sin perjuicio del derecho a desistir de su petición, que pudieran 
ejercitar antes de la resolución de concesión, o a renunciar a la ya concedida.
4.  Las personas o empresas interesadas, en el momento de la solicitud, deberán 
declarar bajo su responsabilidad:
a)  No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la  bo
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  según  lo  establecido  en  el  artículo  26  del  92ww
RDmeeisgcmbrlae)a mt ofei Ln8naa8tslo7i d /s2adu0deb0  vo6el,,a  ned cneLi o es2nuy1e   csd3a,e8 s a/oj2uy,0 luiu0odn3.aa,s  ,dd eienc gla1rer7as codisóe n o  enrxoepvcriueermssaob srde eo,  bnatoep nhroiadbboaesdr looa  ssm sooelildciciitaiatnadtdoeos . epl arRae alal   OE-A-2021-76able en https://
c)  Estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la 
Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
d)  Que los costes fijos subvencionables no están cubiertos con las ayudas recibidas 
cualquiera que sea su naturaleza para los mismos costes y período y que la ayuda que 
solicita no excede al 100% de los mencionados costes subvencionables.
e)  Las ayudas temporales relativas a los mismos gastos subvencionables que en 
aplicación del Marco Nacional Temporal, o en aplicación del Marco Temporal Europeo, 
haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso.
Artículo 12.  Documentación a acompañar a la solicitud.
1.  Las  personas  y  entidades  interesadas  deberán  acompañar  la  solicitud  de 
subvención con la declaración responsable que figura en los modelos normalizados de 
solicitud que se incorporan en los anexos 1 y 2 del presente Decreto-ley, en la que la 
persona o entidad solicitante manifieste los siguientes extremos:
a)  Las ayudas recibidas con arreglo al del Marco Nacional Temporal o en aplicación 
del Marco Temporal Europeo.
b)  Que no se halla incursa en las causas de prohibición para ser beneficiario, 
establecidas en el presente Decreto-ley.
c)  Que no ha sido sancionada o condenada mediante resolución administrativa o 
sentencia,  ambas  firmes,  por  ejercer  o  tolerar  prácticas  laborales  consideradas 
discriminatorias por razón de sexo o de género en los últimos dos (2) años.
d)  Que  no  es  deudora  por  resolución  firme  de  procedencia  de  reintegro  de 
subvenciones.
e)  Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 
Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria y frente a la Seguridad Social o, en su 
caso, con la Mutualidad profesional.
f)  Que ha procedido a la correcta justificación de las subvenciones concedidas con 
anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en 
los términos establecidos en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
g)  Que los datos que en ella figuran son ciertos y mantienen su vigencia en el 
momento de la presentación de la solicitud.
h)  Que  se  compromete  a  aportar  los  documentos  probatorios  o  los  datos 
adicionales que le sean requeridos, así como a comunicar de forma inmediata a la 
Administración cualquier variación que afecte a la documentación aportada.
i)  Que cumplen los requisitos para ser considerada como entidad que no está en 
situación de crisis a 31 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido en el artículo 2, 
apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
2.  Además de la declaración responsable a que se refiere el apartado anterior, las 
personas y empresas interesadas deberán acompañar la siguiente documentación:
A)  Línea 1 de subvenciones:
a)  Modelo  de  alta  en  el  Censo  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario 
(modelo 400), así como sus sucesivas modificaciones.
b)  En el caso de profesionales que por normativa tengan la obligación de estar  e.e
colegiados, Certificado del Colegio profesional indicando períodos de altas y bajas en el  b
mismo, concretando situación de ejerciente o no ejerciente, así como situación en el  92ww
pagoc) d eE cnu ostua sc.aso, certificado de alta en la Mutualidad profesional, indicando períodos
de adlt)a s Eyn b caajasso  edne  lqau me ilsam pae rys osnitau aoc eiómnp erens eal  spoaligcoita dnete c nuoo teasst.é dado de alta en la Base de
Datos de Terceros del Sistema Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC),
para recibir pagos por cualquier concepto de los órganos y organismos de la Administración 
Pública  de  la  Comunidad  Autónoma,  deberá  solicitar  la  misma  a  través  del  siguiente 
procedimiento y aportar el documento acreditativo junto con la solicitud de subvención:
– Personas físicas: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538.
e)  En relación con el volumen de facturación de los segundos semestres de 2019 
y 2020, la documentación alternativa citada a continuación y por el orden de preferencia 
siguiente:
1.º  Base  imponible  del  modelo  de  autoliquidaciones  trimestrales  del  Régimen 
General del IGIC (Modelo 420).
2.º  Declaraciones/Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el Juego: Modelo 042; 
Modelo 043; Modelo 044; y Modelo 047.
3.º  Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425).
4.º  Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas (Modelo 130 y 131).
5.º  Libros contables.
6.º  Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente 
la reducción del volumen de facturación entre los últimos semestres de 2020 y 2019, con 
valor probatorio admisible en Derecho.
B)  Línea 2 de subvenciones:
a)  Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores - Declaración 
censal de alta, modificación y baja y declaración censal simplificada AEAT (Modelo 036 
o 037).
b)  Modelo  de  alta  en  el  Censo  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario 
(modelo 400), así como sus sucesivas modificaciones.
c)  En caso de que la persona o empresa solicitante no esté dado de alta en la Base 
de  Datos  de  Terceros  del  Sistema  Económico-Financiero  y  Logístico  de  Canarias 
(SEFLogiC), para recibir pagos por cualquier concepto de los órganos y organismos de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, podrá solicitar la misma a través 
de  los  siguientes  procedimientos  y  aportar  el  documento  acreditativo  junto  con  la 
solicitud de subvención:
– Personas físicas: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538.
– Personas jurídicas: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/4909.
d)  En relación con el volumen de facturación de los segundos semestres de 2019 y 2020, 
la documentación alternativa citada a continuación y por el orden de preferencia siguiente:
1.º  Base  imponible  del  modelo  de  autoliquidaciones  trimestrales  del  Régimen 
General del IGIC (Modelo 420).
2.º  Declaraciones / Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el Juego: Modelo 042; 
Modelo 043; Modelo 044; y Modelo 047.
3.º  Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425).
4.º  Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas (Modelo 130 y 131).
5.º  Libros contables.
6.º  Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente  e.
la reducción del volumen de facturación entre los últimos semestres de 2020 y 2019, con  w.b
valor probatorio admisible en Derecho. 92ww
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empleo existente a dicha fecha.
3.  En caso de que las personas y empresas interesadas hayan manifestado de 
forma expresa su oposición a que la Dirección General de Promoción Económica (en el 
supuesto de la línea 2) o la Subdirección de Promoción de la Economía Social del 
Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1) recabe electrónicamente o 
consulte a los organismos competente los certificados y datos del interesado obrantes en 
dichas Administraciones que deban aportarse en el procedimiento, deberán de aportar 
junto a la solicitud la siguiente documentación:
i.  Certificados  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria y frente a la Seguridad 
Social.
ii.  Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social referido a 31 de diciembre de 2020, en el que consten 
relacionadas todas las cuentas de cotización, u otros documentos que acrediten el 
empleo existente a dicha fecha.
iii.  Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
y Certificado de Altas y Bajas en el IAE, emitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
Artículo 13.  Instrucción y resolución del procedimiento.
1.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las 
subvenciones reguladas mediante el presente Decreto-ley será la Dirección General de 
Promoción Económica (en el supuesto de la línea 2) o la Subdirección de Promoción de 
la Economía Social del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1), los 
cuales, a la vista del expediente, formularán propuesta de resolución y la elevarán al 
órgano  concedente,  quien  mediante  resolución  motivada  resolverá  la  concesión  o 
denegación de la subvención.
2.  Recibida la solicitud correspondiente, el órgano instructor o, en su caso, la 
entidad colaboradora, examinará si reúne los requisitos exigidos, y si se acompaña a la 
misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario a las personas y 
empresas interesadas para que, en el plazo de diez (10) días, que no será susceptible 
de  ampliación,  subsanen,  y/o  completen  los  documentos  y/o  datos  que  deben 
presentarse, advirtiéndose de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidas de su 
petición,  previa  resolución  que  deberá  ser  dictada  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 21, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1, todos ellos de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Los requerimientos que  se dirijan  a  las personas  o entidades interesadas para 
subsanar defectos en la documentación aportada con las solicitudes serán puestos a 
disposición  en  la  sede  electrónica  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias (en el supuesto de la línea 2) y del Servicio Canario de Empleo 
(en el supuesto de la línea 1), por un plazo de diez días. Si en dicho plazo la persona 
interesada  no  accede  al  documento  puesto  a  disposición,  el  mismo  se  entenderá 
notificado a todos los efectos el día del vencimiento del plazo surtiendo ésta todos los 
efectos de notificación practicada.
3.  La competencia para la concesión de estas subvenciones, así como para la 
aprobación  del  gasto,  corresponde  a  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de 
Promoción Económica (en el supuesto de la línea 2) y a la persona titular de la Dirección 
del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1). e
4.  Una vez agotado el crédito establecido para atender las subvenciones, serán  bo
denegadas  todas  las  solicitudes  que  no  hayan  podido  ser  atendidas  por  falta  de  92ww
bepsuenrepn sdueuoefpiccsuuitaoemr,si eoltaons ,t r oeds iseúno n llpiuacrcsooi c,ós encud ubdeyverae n anen clgoaiaot ifctniocoeramsiac,p  iódyrone b a esauescnt iaqpósurna e scd otesilcielc ac itrhuuáamd yeepanslni  mls aepi e rfnpoetorsomde rndaáte a q rdleuooaes l  iesrzeenaq  re upcsilsoatianztobjousl.en  pctEaeanm r aeee nnss etteeerl     OE-A-2021-76able en https://
apartado siguiente.
5.  Las resoluciones de concesión deberán ser dictadas y notificadas en el plazo de 
tres  meses  desde  la  fecha  de  presentación  de  las  solicitudes  de  subvención. 
Transcurrido dicho plazo sin resolverse expresamente, se entenderá desestimada la 
solicitud de subvención.
Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de 
la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(en el supuesto de la línea 2) y del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la 
línea 1), surtiendo esta todos los efectos de notificación practicada.
6.  Las resoluciones de concesión no pondrán fin a la vía administrativa y contra 
ellas podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de 
Economía e Internacionalización (en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la 
Presidencia  del  Servicio  Canario  de  Empleo  (en  el  supuesto  de  la  línea  1  de 
subvenciones), en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, 
según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7.  Las  subvenciones  concedidas  serán  objeto  de  publicidad  a  través  de  su 
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en el Portal de 
Transparencia del Gobierno de Canarias.
Artículo 14.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, así como y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales que contradiga lo dispuesto en el 
artículo 22 del presente Decreto-ley, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.
2.  La resolución de modificación de concesión de la subvención deberá dictarse por 
el órgano concedente en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de presentación de 
la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
resolución  expresa,  legitima  a  las  personas  y  empresas  interesadas  para  entender 
desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.
CAPÍTULO III
Justificación y control de las subvenciones
Artículo 15.  Justificación de la subvención.
1.  La verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
2.  Conforme a lo previsto en el artículo 22.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada 
situación en el perceptor no se requerirá otra justificación que la acreditación, conforme a 
los medios que establezca la normativa reguladora, de la situación o concurrencia que 
determina su concesión.
Por ello, con la presentación de la solicitud y aportación de la documentación exigida 
en el artículo 12, y previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el presente Decreto-ley, se entenderá cumplida la obligación de justificación de la  s
subvención, sin perjuicio de la acreditación de la obligación del mantenimiento de la  e.
actividad y de las actuaciones de comprobación y control de subvenciones a que se  w.
refieren los artículos 16 y 17, respectivamente. 92ww
Artículo 16.  Acreditación de la obligación del mantenimiento de la actividad.
En relación con la obligación de mantenimiento de la actividad, las personas y
empresas  beneficiarias  quedan  obligadas  a  mantener  la  actividad  que  motiva  la
concesión de la subvención hasta, al menos, la fecha de finalización de seis meses, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente Decreto-ley en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Las personas y empresas beneficiarias están obligadas a aportar, por el mismo 
medio que la presentación de solicitudes, en el plazo de siete meses, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente Decreto-ley en el «Boletín Oficial de 
Canarias», el formulario incluido como anexo 4, junto con la documentación siguiente, 
salvo que hubieran otorgado autorización a la Administración para su consulta:
a)  Línea 1: Informe de Vida Laboral actualizado.
b)  Líneas 1 y 2 de subvenciones: Certificado emitido por la Agencia Estatal de la 
Administración  Tributaria  sobre  la  información  correspondiente  a  los  epígrafes  del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en los que está dado de alta.
Artículo 17.  Comprobación y control de las subvenciones.
La persona beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones que garanticen 
la  correcta  realización  de  las  actuaciones  objeto  de  subvención.  Asimismo,  estará 
sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 
como al control financiero de la Intervención General de la Consejería de Hacienda, 
Presupuestos  y  Asuntos  Europeos,  o  de  cualquier  órgano,  nacional  o  de  la  Unión 
Europea. A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las comprobaciones e 
inspecciones que entienda pertinentes, pudiendo solicitar a la entidad beneficiaria de la 
subvención  cuantas  aclaraciones  y  documentación  considere  oportunas.  El 
incumplimiento de lo requerido por la Administración podrá considerarse causa suficiente 
para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.
El órgano instructor correspondiente verificará que las beneficiarias han cumplido con 
la conducta subvencionada y la veracidad de los aspectos declarados en su solicitud. 
Para ello, se hará una muestra del 10% de la población subvencionada y se podrá 
contratar a auditores de cuentas especialistas en control de subvenciones públicas. El 
porcentaje de la muestra podrá incrementarse en función de los resultados obtenidos.
Artículo 18.  Reintegro de las subvenciones.
1.  Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en 
el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, darán lugar a la obligación de 
reintegrar totalmente las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de 
demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia 
del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. Asimismo, será de aplicación el resto del capítulo I del título II de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 152 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
2.  También será causa de reintegro la imposición de sanciones declaradas firmes a 
las  personas  y  empresas  beneficiarias  por  el  incumplimiento  de  las  medidas  de 
contención de la propagación de la COVID-19.
3.  El presente procedimiento de reintegro se rige por lo dispuesto en los títulos II y 
III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 40 y 41 del Decreto 36/2009, 
de 31 de marzo, en relación con lo dispuesto en los artículos 58 y 82 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. s
4.  No se estimarán alegaciones justificativas del incumplimiento basadas en la falta  oe.
de viabilidad económica sobrevenida o en pérdidas de la actividad. w.
Artículo 19.  Criterios de graduación de los incumplimientos.
perc1ib. ir Llao sp ecrrsitoenriao so  deem gprraedsuaa bceiónne fpicaiarari ad eot,e ermn insua rc laas coa, netli dimadp oqrutee  afi nraelimnteengtrea r,h apyoar  ldoes 
incumplimientos de las obligaciones y condiciones establecidas en este Decreto-ley y
demás normas aplicables responderán al principio de proporcionalidad en función de los 
costes justificados y las actuaciones acreditadas.
2.  En el supuesto de incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará 
lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro del 100 por ciento 
de la subvención concedida.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de 
incumplimiento total o parcial los siguientes supuestos:
i.  Incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la subvención, a tal 
efecto:
i.1  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que lo hubieren impedido.
i.2  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos públicos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las acciones subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes 
públicos o privados, nacionales. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad 
de la cantidad percibida.
i.3  A  tal  efecto,  tendrán  esa  consideración  el  falseamiento  de  los  datos 
suministrados  por  la  misma,  que  impidan  la  total  certificación  del  buen  fin  de  la 
subvención concedida.
i.4  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las 
personas beneficiarias, así como de los compromisos asumidos por estas con motivo de 
la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo o plazo en que 
se ha de adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En 
este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
i.5  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las 
personas beneficiarias así como de los compromisos por estas asumidos con motivo de 
la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado  a  los  fondos  percibidos.  En  este  caso 
corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
ii.  Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la misma. A tal efecto 
tendrán esa consideración:
ii.1  El  incumplimiento  de  los  requerimientos  de  aportar  la  información  y 
documentación que se estime necesaria para el seguimiento y control de las personas 
participantes de la actividad para la que se ha obtenido la subvención. El importe de la 
reducción se practicará proporcionalmente, en función de los incumplimientos realizados, 
sobre la cantidad menor entre la justificada y la subvención concedida.
iii.  En  caso  de  incumplimientos  de  obligaciones  formales  que  no  pudieran 
calcularse en términos porcentuales, cuando el cumplimiento por parte de las personas 
beneficiarias  del  objeto  de  la  subvención  se  aproxime  de  modo  significativo  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  la  entidad  beneficiaria  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro  e.e
de un 3% del importe de la subvención, sin perjuicio de la imposición de la sanción que  b
en su caso corresponda. 92ww
Artículo 20.  Infracciones y sanciones.
Es de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en el título IV de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en  lo  relativo  a  infracciones  y  sanciones 
administrativas en materia de subvenciones.
Artículo 21.  Prescripción.
Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y 69.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
disponen que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o 
liquidar el reintegro, establecen el cómputo de dicho plazo y su interrupción. Asimismo, el 
artículo 16.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, 
establece que la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública se interrumpirá 
conforme a lo establecido en las normas tributarias y se aplicará de oficio.
Artículo 22.  Compatibilidad de las subvenciones.
1.  Las subvenciones reguladas mediante el presente Decreto-ley serán compatibles 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma o distinta finalidad, 
procedentes  de  cualesquiera  otras  administraciones  o  entes  públicos  o  privados, 
estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se 
rebase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto 
pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
2.  El importe de las subvenciones reguladas en el presente Decreto-ley en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o 
ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, supere 
el coste de la actividad subvencionada.
3.  Conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal, con carácter general 
todas las ayudas contempladas en dicho marco consolidado podrán acumularse entre sí, 
siempre y cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad 
máxima establecidos para cada tipo de ayuda.
Las  medidas  de  ayuda  temporal  previstas  en  dicho  marco  consolidado  pueden 
acumularse con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de 
mínimis  (Reglamentos  (UE)  n.º  360/2012,  1407/2013,  1408/2013  y  717/2014  de  la 
Comisión), siempre que las reglas de acumulación previstas en estos Reglamentos de 
mínimis sean respetadas.
Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado también 
pueden  acumularse  con  las  ayudas  exentas  en  virtud  del  Reglamento  General  de 
Exención por Categorías, siempre que las reglas de acumulación previstas en el mismo 
sean respetadas.
Estas ayudas pueden acumular con otras modalidades de ayuda siempre que no 
financien los mismos costes, por lo que debe garantizarse la identificación y control de 
los costes cubiertos.
Artículo 23.  Protección de datos.
Las  beneficiarias  quedan  sujetas  al  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, y en el vigente Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento  e.
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas  w.b
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de  92ww
persototesc cdióanto ds ey d aptoors )e.l que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
Artículo 24.  Información y publicidad.
1.  Las personas y empresas beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones 
establecidas por la normativa de aplicación en materia de información y publicidad, 
derivadas de la subvención concedida.
2.  El incumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores supondrá el inicio del 
procedimiento de reintegro regulado en el Título II de la Ley General de Subvenciones, 
en su Reglamento de desarrollo, así como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
Disposición final primera.  Facultades de desarrollo.
1.  Se  faculta  a  las  personas  titulares  de  la  Dirección  General  de  Promoción 
Económica (en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la Dirección del Servicio 
Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones) para:
a)  Dictar  cuantos  actos,  resoluciones  e  instrucciones  sean  necesarias  para  el 
desarrollo, interpretación y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto-ley.
b)  Actualizar y modificar los anexos 1, 2 y 4 recogidos en este Decreto-ley.
2.  Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo para:
a)  Ampliar el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 11.1 del 
presente Decreto-ley, que en ningún caso podrá superar la mitad del plazo concedido 
inicialmente.
b)  Incrementar el importe máximo del crédito destinado a la financiación de las 
subvenciones  establecidas  en  el  artículo  6.1  del  presente  Decreto-ley  y  las 
modificaciones de crédito entre ambas líneas de subvención.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, a 1 de marzo de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor 
Torres Pérez.–El Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, Román Rodríguez Rodríguez.–La Consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo, Elena Máñez Rodríguez.–La Consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza 
Castilla Herrera.
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
Actividades subvencionables según el grupo o epígrafe del Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE)
ANEXO 4
Solicitud de subvención destinada a financiar el mantenimiento de la actividad de 
personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los 
sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19