BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70841
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9790 Pleno. Auto 83/2020, de 21 de julio de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 
1021-2019. Deniega la aclaración de la sentencia 78/2020, de 1 de julio, 
dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 1021-2019, planteada por la 
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional respecto del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de 
septiembre,  por  el  que  se  introducen  medidas  tributarias  dirigidas  a  la 
reducción del déficit público, que añadió una nueva disposición adicional 
decimocuarta a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre 
sociedades.
ECLI:ES:TC:2020:83A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1021-2019, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1021-2019, promovida por la Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, respecto 
del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se 
introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que añadió una 
nueva disposición adicional decimocuarta («Modificaciones en el régimen legal de los 
pagos  fraccionados»)  a  la  Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  impuesto  sobre 
sociedades, se ha dictado la STC 78/2020, de 1 de julio de 2020.
2.  Mediante escrito presentado en el registro de este tribunal el 8 de julio de 2020 el 
abogado del Estado, al amparo de lo dispuesto en el art. 93.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, presentó un escrito por el que solicita la aclaración de la referida 
sentencia. A su juicio, la afirmación que en ella se contiene en la que se establece que 
no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en 
esta sentencia las «consolidadas en vía administrativa por no haber sido impugnadas en 
tiempo y forma» puede interpretarse de dos maneras: (i) entender que se está refiriendo 
a  las  situaciones  creadas  por  acuerdos  firmes  desestimatorios  de  solicitudes  de 
rectificación de autoliquidaciones o (ii) considerar que también son situaciones jurídicas 
consolidadas en vía administrativa todas aquellas en las que los contribuyentes no han 
presentado  solicitudes  de  devolución  de  ingresos  indebidos  con  anterioridad  a  la 
sentencia. s
Por ello, el abogado del Estado considera necesario que el tribunal aclare la frase  oe.
«consolidadas en vía administrativa por no haber sido impugnadas en tiempo y forma» y,  w.
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Ley general tributaria es un procedimiento especial de revisión [art. 216 d)]».
II. Fundamentos jurídicos
1.  El art. 93.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que contra 
las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de 
dos días a contar desde su notificación las partes podrán solicitar de este tribunal la 
aclaración de sus sentencias. Como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de 
este tribunal, el objeto de la solicitud de aclaración está limitado a la corrección de 
errores materiales manifiestos o errores aritméticos, a la aclaración de algún concepto 
oscuro, a suplir cualquier omisión o a la rectificación de alguna contradicción manifiesta 
que se evidencie del propio texto de la sentencia, sin necesidad de nuevas deducciones 
o interpretaciones (ATC 235/2014, de 7 de octubre, entre otros muchos).
2.  La aclaración solicitada excede del objeto de este trámite procesal. Con la 
denominación de solicitud de aclaración lo que en realidad se solicita al tribunal es que 
precise  si  las  autoliquidaciones  cuya  rectificación  no  se  haya  instado  antes  de  la 
presente sentencia han de considerarse situaciones consolidadas por no haber sido 
recurridas en tiempo y forma. El tribunal, sin embargo, no puede efectuar la precisión 
solicitada, pues si así lo hiciera estaría resolviendo una cuestión de legalidad ordinaria 
que,  como  tal,  excede  de  sus  competencias  al  no  corresponder  a  la  jurisdicción 
constitucional determinar las concretas situaciones que tienen esta condición.
Tampoco procede aclarar la frase «consolidadas en vía administrativa por no haber 
sido  impugnadas  en  tiempo  y  forma»  porque  no  adolece  de  oscuridad.  Esta  frase 
enuncia con claridad que las situaciones a las que se refiere son «las consolidadas» y 
precisa, además, que esta situación se produce «por no haber sido impugnadas en 
tiempo  y  forma».  El  concepto  aplicado  en  la  sentencia  corresponde  a  los  que 
habitualmente emplea el tribunal cuando, por razones de seguridad jurídica, considera 
necesario  limitar  los  efectos  temporales  de  las  sentencias  que  declaran  la 
inconstitucionalidad de una ley [SSTC 73/2017, de 8 de junio, FJ 6; 151/2017, de 21 de 
diciembre, FJ 8; 61/2018, de 7 de junio, FJ 11; 76/2018, de 5 de julio, FJ 9, y 126/2019, 
de 31 de octubre, FJ 5 a)].
En consecuencia, no procede acceder a la aclaración interesada, pues en este caso 
no existe ningún concepto oscuro, omisión, error material o aritmético que aclarar.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Declarar que no ha lugar a la aclaración solicitada.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  veintiuno  de  julio  de  dos  mil  veinte.–Juan  José  González  Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado 
y rubricado.