BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Miércoles 2 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 14791
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
1709 Resolución de 21 de enero de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se publica el Convenio 
con la Confederación Plena Inclusión España, para la realización de un 
proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y la 
Confederación  Plena  Inclusión  España  han  suscrito,  con  fecha  de  2  de  diciembre 
de 2021, un Convenio para la realización de un proyecto para la inclusión social en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Conforme al hito 350 
previsto  en  la  Decisión  de  Ejecución  del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, para el primer trimestre 
de 2022, establecido para el componente 23, inversión 7 «Fomento del crecimiento 
inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo 
Vital» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su mecanismo de 
verificación establecido en las Disposiciones Operativas acordadas por el Gobierno de 
España y la Comisión Europea, se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 21 de enero de 2022.–La Secretaria General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social, María Milagros Paniagua San Martín.
ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado, a través de la Secretaría 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y Confederación 
Plena Inclusión España para la realización de un proyecto para la inclusión social 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Madrid, 2 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, doña María Milagros Paniagua San Martín, Secretaria General de 
Objetivos  y  Políticas  de  Inclusión  y  Previsión  Social,  nombrada  por  Real 
Decreto 390/2020, de 18 de febrero, en virtud del artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de la delegación de competencias regulada en el 
artículo catorce de la Orden ISM/419/2021, de 26 de abril, por la que se fijan los límites 
para administrar los créditos de gastos y se delegan y aprueban las delegaciones del 
ejercicio de competencias en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. s
Y  de  otra,  D.  Enrique  María  Galván  Lamet,  mayor  de  edad,  en  nombre  y  oe.
representación y como Director de la Confederación Plena Inclusión España, con CIF n.º  w.
MGM2ua8rdc4riia5d 2, D6re.9 p6Mr eiygs uecenolt naÁ cndiógonem l qiCcuiuleioe r vesasosuc lditaael   dAeelnd  ealsasco rrAiotvu ereanl  idddíaea   pd2oe0dl- 1eG1r -ea2nu0et1or8ar ilz caPodnea reó aln n,n túe3m 2e,el  r1No. oª3,t a22r1i8o20  dd2ee0    2022-1709n https://ww
orden de su protocolo.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir y
EXPONEN
Primero.
Que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo de 2020, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital crea y regula la prestación no contributiva de Seguridad Social del 
ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión 
social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, 
cuando  se  encuentren  en  situación  de  vulnerabilidad  por  carecer  de  recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Sin  embargo,  más  allá  de  la  prestación  monetaria,  la  atención  integral  de  las 
personas  más  vulnerables  requiere  de  un  conjunto  de  políticas  que  garanticen  su 
derecho a la plena inclusión social y laboral.
Las políticas de inclusión tienen un carácter horizontal que debe desarrollarse a 
través de intervenciones coordinadas en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran 
principalmente: los servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el 
suministro energético y las competencias digitales.
Segundo.
Que corresponde a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social, de acuerdo con el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones,  la  elaboración  y  desarrollo  de  la  política  del  Gobierno  en  materia  de 
inclusión; el diseño, impulso y evaluación de políticas que tienen por finalidad ayudar a la 
incorporación y la participación en la sociedad, en igualdad de oportunidades, de los 
colectivos  más  desfavorecidos,  así  como  las  actuaciones  orientadas  a  propiciar  la 
eficacia de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social; y, el 
impulso, elaboración, coordinación y seguimiento de las políticas, estrategias, planes y 
programas de actuación en materia de inclusión; la definición de objetivos de inclusión y 
desarrollo  de  un  sistema  de  indicadores  con  los  que  llevar  a  cabo  la  medición, 
seguimiento y evaluación de los objetivos de inclusión.
Tercero.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Real decreto-ley 20/2020 de 29 
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones promoverá, en el ámbito de sus competencias, las 
estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital mediante 
la cooperación y colaboración con los departamentos ministeriales, las comunidades 
autónomas, las entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, así como con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Cuarto.
Que la misión de la Confederación Plena inclusión España es contribuir, desde su 
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad  e.
intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida  w.
y promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad más justa y  09ww
Esoslpidaañraia, .i nEssctrait am eisnió enl  eRsetgái sretrcoo Ngiadcaio enna ll odse  eAsstaotcuiatocsio dnee sla e Cn olan fseedcecriaócni ó2n.ª ,P nleúnmae irnoc l5u.sión
Quinto.
Que al objeto de paliar el impacto económico y social provocado por la irrupción del 
COVID-19 y apoyar la recuperación económica, el Consejo Europeo del 21 de julio 
de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin 
precedentes  y  de  un  planteamiento  innovador  que  impulsen  la  convergencia,  la 
resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de 
gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado 
y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation 
EU). Este Instrumento Europeo de Recuperación, implicará para España unos 140.000 
millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2023. La 
instrumentación  de  la  ejecución  de  los  recursos  financieros  del  Fondo  Europeo  de 
Recuperación  se  realizará  a  través  del  Plan  de  Recuperación  Transformación  y 
Resiliencia.  Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  permitirán  la  realización  de 
reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, 
por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la 
economía tras la pandemia causada por el COVID-19 y además una transformación 
hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con 
éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
Sexto.
Que, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
la  Secretaría  General  de  Objetivos  y  Políticas  de  Inclusión  y  Previsión  Social  del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa en el Componente 23 
«Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo».
Entre las reformas e inversiones propuestas en este Componente 23 se incluye la 
inversión  C23.I7  Fomento  del  Crecimiento  Inclusivo  mediante  la  vinculación  de  las 
políticas de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital, con una dotación de 297,95 
millones de euros, que promueve la implantación de un nuevo modelo de inclusión a 
partir del ingreso mínimo vital (IMV), que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas 
de pobreza extrema y moderada. Para lograr este objetivo, se ha planteado, entre otros, 
el desarrollo de proyectos piloto para la puesta en marcha de itinerarios de inclusión 
social con las comunidades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector 
de Acción Social.
Se prevé que el objetivo a alcanzar en el marco de la inversión C23.I7 sea la 
suscripción de, al menos, 18 convenios para la realización y evaluación de proyectos 
piloto de inclusión social (el hito 350 del CID prevé 8 convenios de colaboración, y el 
indicador de seguimiento 351.1 del Anexo II Disposiciones Operativas (OA por sus siglas 
en inglés) prevé, al menos, 10 convenios de colaboración adicionales a los anteriores).
Esta subvención contribuye al cumplimiento del hito número 350 de la Propuesta de 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España «mejorar la tasa de acceso del Ingreso Mínimo 
Vital, e incrementar la efectividad del IMV a través de políticas de inclusión, que, de 
acuerdo con su descripción, se traducirá en apoyar la inclusión socioeconómica de los 
beneficiarios de la IMV a través de itinerarios: ocho convenios de colaboración firmados 
con administraciones públicas subnacionales, agentes sociales y entidades del tercer 
sector de acción social para realizar los itinerarios. Estos acuerdos de asociación tienen  e
como objetivos: i) mejorar la tasa de acceso del IMV; ii) incrementar la efectividad de la  bo
IMV a través de políticas de inclusión». 09ww
Séptimo.
Mediante el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la
concesión  directa  de  subvenciones  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  Bc
Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio adquirió 
compromisos  financieros,  regulando  la  concesión  de  una  subvención  directa  del 
Ministerio a Confederación Plena Inclusión España, para el ejercicio 2021, por importe 
máximo de 2.540.972 euros.
Para  hacer  efectiva  esta  subvención,  se  hace  necesario  recurrir  al  mecanismo 
excepcional previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, que permite la concesión directa de subvenciones cuando 
«se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».
En virtud del artículo 3 del citado real decreto, la concesión de esta subvención se 
instrumentará mediante resolución de concesión acompañada de un convenio entre 
Confederación Plena Inclusión España y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en desarrollo de lo previsto en el artículo 67 del 
Reglamento de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Por  cuanto  antecede,  y  reconociéndose  capacidad  legal  suficiente,  las  partes 
suscriben el presente convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
1.  El presente convenio tiene como objeto instrumentar una subvención directa 
para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de 
inclusión social y su evaluación, con la finalidad de contribuir a la promoción de la 
igualdad,  la  inclusión  social  y  la  lucha  contra  la  pobreza  en  sus  distintas  formas, 
mejorando la tasa de acceso al IMV e incrementando la efectividad del IMV a través de 
las políticas de inclusión, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 938/2021, de 26 
de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un 
importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
2.  La finalidad de las ayudas es financiar proyectos piloto innovadores consistentes 
en itinerarios de inclusión social y su evaluación, cuyos resultados serán publicados, con 
objeto de contribuir a la generación de conocimiento de la política de inclusión, a la 
orientación de la política de gasto de las administraciones públicas y a la creación de 
mayor impacto orientando su diseño a resultados y a la consecución de objetivos.
Segunda.  Naturaleza y régimen jurídico aplicable.
1.  El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto 
en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito 
de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia;  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre, 
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba su Reglamento, en particular los artículos 22.2.c) y 28.1 de la Ley y el 67 del  es
Reglamento; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la  o
qeEqpusuouteerra o  e epLsln eeeq o ylua ;ty er aa e dsnsjeeíes clpc  uCaoocpmoniórneounsn ee  lbodjaoa eel n  2sl ao0tmasr1d be4seld/eun2icbda3ivadm/Uesoin Ee uecn riyntogo  n2ee e0nlj us1tRe r4síesd/e 2aip c4l cao/DeUr aleEee cbs,lr aprede atemnoñ  -2ooLc6dloe  enydlar tenr3sa i6 fzteo/aD2bsci0rr ieóe2qrnc0uot ,e i dvd daedees e  l2 b3a0da0 1Aen 4dl d s,em Po edmiannir cielcsaiteatemrmsarosecbe nirdó teoean,      OE-A-2022-1709able en https://www.
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que
regula la tramitación de los convenios que celebre la Administración General del Estado, 
sus organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes, 
para la ejecución de los proyectos con cargo a fondos europeos previstos en el Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  estableciendo  ciertas  especialidades 
respecto de lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2.  Estas  ayudas  estarán  sometidas  al  Reglamento  (UE)  número  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la normativa interna aplicable a la 
gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
Tercera.  Actuaciones a financiar.
1.  El proyecto financiado estará integrado por un piloto de itinerarios de inclusión 
social y su evaluación diseñados de común acuerdo entre la Administración General del 
Estado y Confederación Plena Inclusión España. La descripción del proyecto financiado 
con esta subvención se recoge en el Anexo I del presente convenio.
2.  La subvención irá destinada al desarrollo de itinerarios de inclusión social con 
personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, en el marco de la inversión C23.I7 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España:
«Fomento  del  crecimiento  inclusivo  mediante  la  vinculación  de  las  políticas  de 
inclusión social al Ingreso Mínimo Vital».
Cuando el número de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en el territorio 
de  la  comunidad  o  ciudad  autónoma  no  sea  suficiente  para  el  desarrollo  de  la 
intervención,  o  cuando  por  motivos  de  la  evaluación  sea  necesario  incluir  otros 
colectivos, podrán ser beneficiarias de los itinerarios otras personas en situación o riesgo 
de  exclusión  social  sean  o  no  beneficiarias  del  IMV  o  de  las  rentas  mínimas 
autonómicas.
Serán colectivos en situación o riesgo de exclusión social prioritarios la infancia y la 
juventud; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas migrantes; 
las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual; las personas víctimas de discriminación; las personas sin hogar; las 
personas procedentes de minorías étnicas; las personas trans; las personas reclusas y 
exreclusas; las personas con problemas de adicción; y otras personas en situación o 
riesgo de exclusión social.
3.  En el caso de proyectos de carácter integral, los itinerarios de inclusión social 
objeto de la subvención podrán incluir actuaciones con el entorno de las personas 
destinatarias de la intervención, siempre y cuando se consideren necesarias para la 
inclusión social de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
4.  El diseño y ejecución de los itinerarios de inclusión social deberá prever la 
realización  de  una  evaluación  de  impacto  con  metodología  de  ensayo  controlado 
aleatorizado (RCT).
Cuarta.  Gastos subvencionables. oe.
1.  La  ayuda  se  destinará  a  cubrir  los  costes  relacionados  con  el  desarrollo  y  09ww
perjeecvuisctioósn  edne e l laarst ícauclotu 3a1ci odnee lsa  Ldeeyf in3i8d/a2s0 0e3n,  deel  1m7 adrec on odvieelm  cbornev.enio,  en  los  términos
oper2a. cioLnae sf icnoarnriceinatceiós:n  podrá  aplicarse  a  los  siguientes  conceptos  de  gasto  de
I.  Los costes directos de ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, incluyendo, 
entre otros, a los siguientes conceptos de gasto:
a)  Coste de personal. Gastos de personal vinculados al objeto de la intervención, 
que comprenda los gastos de carácter salarial, incluidos los de seguridad social y la 
indemnización por fin de contrato temporal, que deberá estar dedicado en exclusiva al 
proyecto para asegurar su ejecución.
b)  Costes  de  movilidad:  gastos  de  viaje,  locomoción,  dietas,  alojamiento  y 
manutención, seguros o visados, asociados al proyecto siempre que sean necesarios 
para asegurar su ejecución.
c)  Costes de asesoría técnica para el diseño del proyecto.
d)  Otros costes derivados de trabajos de asesoramiento, realización de estudios, 
difusión y publicidad.
e)  Costes  específicos  relacionados  con  el  grupo  de  destinatarios  del  itinerario 
objeto de la subvención, que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de dicho 
itinerario o su evaluación.
f)  Gastos de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles para la realización de 
las actividades del proyecto, siempre que exista una relación clara y directa entre dicho 
alquiler y los objetivos del proyecto, y se motive debidamente su necesidad. El inmueble 
deberá utilizarse exclusivamente para la ejecución del proyecto.
II.  Podrán imputarse a las actuaciones subvencionadas costes indirectos según lo 
establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el artículo 83.3 de 
su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el 
Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
cualquier otra normativa que resulte aplicable en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
III.  Otros  costes  no  contemplados  en  los  anteriores  apartados  que  de  forma 
indubitada  respondan  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,  resulten 
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad.
3.  Será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  respecto  a  la  elegibilidad  de  los  gastos 
correspondientes  al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (IVA)  de  cualesquiera  de  las 
actuaciones relacionadas en el apartado anterior. No obstante, en el caso de proyectos 
ejecutados por entidades beneficiarias de la subvención del Tercer Sector de Acción 
social, el Impuesto sobre el Valor Añadido será gasto subvencionable, siempre y cuando 
no sea recuperable conforme a la legislación aplicable.
4.  Serán  financiables  las  actuaciones  vinculadas  al  objeto  del  correspondiente 
convenio que articule las subvenciones y que sean desarrolladas a partir del 1 de febrero 
de 2020 hasta el 30 de junio de 2023 para la ejecución del itinerario objeto de la 
subvención y hasta el 31 de marzo de 2024 para su evaluación, siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.
Quinta.  Cumplimiento de hitos y objetivos y otras obligaciones. s
1.  Estas ayudas estarán incluidas en la inversión C23.I7 «Fomento del crecimiento  w.b
inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo  09ww
dViintaálm» idceon, trroe sdileiel nCteo mep oinncelunsteiv o2»3  «cNorureesvpaos npdoielítnictea sa pl úMbilniciastse rpioa rad eu nI nmcleursciaódno,  Sdee gtruarbidaajod 
dSeolc ioabl jey tiMvoig yra cloiosn heisto. sL aesn  aeyl uPdlaasn  cdoen tRribeuciurápne raacl icóunm, Tprliamnisefnotrom, aecjeiócnu cyió Rn eys ilrieeanlciziaa.c iSóen 
prevé que el objetivo a alcanzar para el período del Plan sea la suscripción de, al menos, 
18 convenios para la realización y evaluación de proyectos piloto de inclusión social (el 
hito 350 del CID prevé 8 convenios de colaboración, y el indicador de seguimiento 351.1 
del Anexo II Disposiciones Operativas (OA por sus siglas en inglés) prevé, al menos, 10 
convenios de colaboración adicionales a los anteriores).
Para ello, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión 
Social asume los siguientes compromisos en el marco de estas ayudas:
a)  Proporcionar a Confederación Plena Inclusión España apoyo para el diseño de 
las actuaciones a realizar para la ejecución y seguimiento del objeto de la subvención, 
así como para el perfilado de los potenciales participantes del proyecto piloto.
b)  Diseñar la metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT) del proyecto 
piloto objeto de las subvenciones reguladas en el Real Decreto 938/2021, de 26 de 
octubre, en coordinación con Confederación Plena Inclusión España.
c)  Evaluar el proyecto piloto objeto de las subvenciones reguladas en el Real 
Decreto 938/2021, de 26 de octubre, en coordinación con Confederación Plena Inclusión 
España.
2.  La responsabilidad de la gestión, control y cumplimiento de los hitos y objetivos 
de  la  subvención  le  corresponde  al  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones, sin que pueda delegarse la misma en otras entidades.
Sexta.  Compromisos asumidos por Confederación Plena Inclusión España.
1.  En virtud del presente convenio, Confederación Plena Inclusión España deberá 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, la resolución de concesión y en el 
presente convenio.
b)  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
c)  Colaborar con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social para el diseño de la metodología RCT, y proporcionar la información 
necesaria para ello, de acuerdo con los mecanismos de intercambio de información 
previstos en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, en la resolución de concesión 
de la subvención y en el presente convenio.
d)  Colaborar con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social para la ejecución de la evaluación de los proyectos piloto objeto de las 
subvenciones reguladas en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre.
e)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y 
a la evaluación continua y final por parte de los órganos gestores de las respectivas 
subvenciones, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General 
de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
2.  Confederación Plena Inclusión España deberá rendir justificación ante el órgano  b
gestor  del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  y  de  la  consecución  de  los  09ww
objeEtilv oresp doert ela  dseu blvae jnucsitóifnic.ación de cumplimiento deberá realizarse de acuerdo con los
arecqtuuaiscitioons esy  ae lf incaonncteianri dpoo rc poanrctree tdoe  dlais eSñeacdroesta rpíaa rGa ecnaedraal  duen aO bdjee tilvaoss  cya tPeogloítricíaass  ddee 
Inclusión y Previsión Social como órgano competente. De esta manera la información
incluida en la propia justificación de cumplimiento de las condiciones se adecuará al 
diseño general de la política de inclusión social.
3.  Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio  equivalente,  con  validez  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  eficacia 
administrativa.
4.  Confederación Plena Inclusión España deberán proporcionar a la Secretaría 
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social los datos e indicadores 
disponibles en sus bases de datos necesarios para el diseño, seguimiento y evaluación 
de los itinerarios de inclusión social que son objeto de la subvención. En particular, se 
proveerán datos de la población de partida del proyecto para la inclusión social en el 
ámbito de sus competencias, con información sobre las características de cada uno de 
ellos, así como de sus unidades de convivencia. Confederación Plena Inclusión España 
deberá registrar y compartir con Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión 
y Previsión Social la información sobre los participantes en los itinerarios, así como de 
aquellos seleccionados para el grupo de control para la evaluación. Se registrará y 
proveerá información relativa a las actuaciones realizadas que permitan la evaluación de 
las mismas, el seguimiento de los indicadores necesarios para evaluar el impacto de los 
itinerarios y el enriquecimiento de la información con otra información adicional.
Se definirá un método de intercambio seguro de información para que sea posible 
enriquecer la información con información adicional relacionada con el objeto de la 
subvención, que se solicite por parte de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social y que sea proporcionada por terceros.
Los datos que sean objeto de cesión y tratamiento tendrán carácter de reservados y 
secretos. Las partes se comprometen a mantener rigurosamente este carácter y a 
preservar  los  derechos  de  las  personas  físicas  y  jurídicas  a  las  que  se  refiera  la 
información estableciendo los procedimientos que garanticen su disociación y anonimato 
en los términos previstos por el Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD) y en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública (LFE).
5.  Asimismo,  deberán  cumplir  con  las  siguientes  obligaciones,  europeas  y 
nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 
la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero.
b)  Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
d)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y  e.
Resiliencia. w.b
e)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones  09ww
dreoacluizmadeansta ceinó ne sl ompoarrtceo.  Edl es uemstian isstruob vdeen lcai óinnf oyr mlaa coióbnli gsaec rióena lidzaer ám eann tleonsi mtéiremnitnoo sd eq ulea 
neastcaiobnleazl cya d eel  lMa iUninsitóenri oE duero Hpeaac.ienda y Función Pública de conformidad con la normativa
En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos 
justificativos  y  demás  documentación  concerniente  a  la  financiación,  en  formato 
electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación. Este período será 
de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
f)  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g)  Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el 
Mecanismos de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión.
h)  En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, Confederación 
Plena Inclusión España garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio 
significativo», conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, 
en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España.
6.  A  efectos  de  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  artículo  22.2.d)  del 
Reglamento  2021/241  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia (RMRR), la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 
del RMRR podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades 
Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la 
Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También, 
será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos 
Europeos,  según  las  previsiones  contenidas  en  la  normativa  europea  y  nacional 
aplicable.
Séptima.  Financiación, cuantía y forma de pago.
1.  El proyecto está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 
la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de 
diciembre  de  2020,  y  regulado  según  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación queda legalmente 
vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
2.  La cuantía máxima destinada a financiar este proyecto es 2.540.972 euros. 
Dicho  importe  se  imputará  a  la  aplicación  presupuestaria  32.50.230A.482, 
correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Octava.  Plazo y forma de justificación.
1.  Confederación  Plena  Inclusión  España,  tras  la  finalización  de  la  ejecución, 
justificarán ante el órgano gestor la aplicación de la subvención percibida, como máximo,  s
en tres meses a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de vigencia del  oe.
correspondiente convenio, según se define en el artículo 74 del Reglamento de la  w.
bLreeennyd ei3cfi8icó/i2an0r id0ae3  d, lead  ecl au1 e7sn udtbaev,  ensnioncv iiópenem rjbnuroiec i,eo Gs dteáen  oelabrsali lg adacedtu aSa cuaib oavnepenoscr tidaoern  ejcusos.m tEifpincr aoenbstaetcesi ó cdnae sy o g,c aolasnt toer onelt inqd ualaed    2022-1709n https://ww
pueda realizar la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de
Cuentas en el ejercicio de sus competencias. Bc
2.  Asimismo, Confederación Plena Inclusión España deberá presentar:
a)  Certificado  expedido  por  el  órgano  económico-financiero  interno  de  control, 
según corresponda, acreditativo de la aplicación a su finalidad de los fondos percibidos y 
el detalle de los pagos efectuados correspondientes a las actuaciones subvencionadas 
objeto de la subvención.
b)  Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por el 
que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención,  así  como  del  informe  emitido  por  la  Intervención  u  órgano  de  control 
equivalente  cuando  proceda,  que  acredite  la  veracidad  y  la  regularidad  de  la 
documentación justificativa de la subvención.
c)  Documento acreditativo sobre las medidas de difusión adoptadas para general 
conocimiento de la financiación por el Estado en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de las actuaciones objeto de la subvención.
d)  Documentos de declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por 
las  autoridades  competentes  conforme  a  la  normativa  nacional  y  europea,  dando 
cumplimiento  a  las  obligaciones  exigibles  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en especial, atendiendo a las disposiciones normativas 
sobre el sistema de gestión y de información establecidas en la Orden HFP/1030/2021, 
de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  la  Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
3.  Se deberá conservar toda la documentación original, justificativa y de aplicación 
de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control.
4.  Asimismo, Confederación Plena Inclusión España deberá presentar cualesquiera 
otros informes o documentos justificativos que de acuerdo con la normativa europea o 
nacional resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  así  como  el  suministro  de  información  que  sea  solicitada  para  dar 
cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del Plan, informando de lo 
que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas que la 
normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la 
financiación y los objetivos.
5.  La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 
comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros 
documentos  o  datos  aclaratorios  que  estime  necesarios  para  poder  proceder  a  la 
correspondiente  liquidación  respecto  a  las  cantidades  transferidas  a  cuenta  y  a  la 
instrucción,  si  fuera  preciso,  del  correspondiente  procedimiento  de  reintegro  de  los 
importes no utilizados.
Novena.  Subcontratación.
1.  Confederación Plena Inclusión España podrá subcontratar hasta el ochenta por 
ciento de la actividad subvencionable y se ajustarán a lo previsto en el artículo 29 de la  s
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. oe.
2.  En caso de que Confederación Plena Inclusión España de la ayuda subcontrate  w.
mcpaaeurctseaa nroi su mnla op seto rtjpuaailcirdaioa  das isgdenegi fuilcraaa rtai vcqotu ivaeil d mlaodes d oisobu jabemctoob nidetrena tteies»sta.tas  csuumbvpelannci ócno, nh aebl rpár indcei ppior edvee r «lnoos   2022-1709n https://ww
Décima.  Utilización de la información.
1.  La información que en base a la cláusula sexta del presente convenio sea cedida 
por Confederación Plena Inclusión España tendrá como finalidad exclusiva su utilización 
por la SGOPIPS para los fines de la subvención objeto del presente convenio. El 
contenido de esta información se recoge en el Anexo II. La finalidad del tratamiento de 
datos que llevará a cabo la SGOPIPS incluye la selección de la muestra de participantes 
en el grupo de tratamiento y grupo de control a partir de la población de partida, así 
como el seguimiento de las intervenciones y actuaciones realizadas en el proyecto piloto, 
y la evaluación del impacto de estas intervenciones.
2.  La información que sea cedida por la SGOPIPS a Confederación Plena Inclusión 
España incluirá datos mínimos de carácter personal sobre los participantes a los simples 
efectos de contacto con éstos, en los casos de que sea necesario. La SGOPIPS se 
compromete a que este tratamiento de datos de carácter personal es legítimo y ha sido 
consentido por los titulares de los datos o bien se ampara dicho tratamiento en una de las 
bases del tratamiento establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos.
3.  Los datos cedidos deberán protegerse con los medios de seguridad que incluyan 
limitar  el  acceso  de  estos  a  personal  autorizado  por  las  partes,  SGOPIPS  y 
Confederación Plena Inclusión España en cada caso. El sistema de acceso deberá 
permitir la identificación del usuario y las actuaciones realizadas en relación con los 
datos  cedidos.  Se  adoptarán  las  medidas  técnicas,  administrativas  y  organizativas 
precisas  para  asegurar  que  ninguno  de  los  datos  facilitados  en  los  ficheros  sea 
distribuido sin autorización a terceras personas, instituciones u organizaciones.
4.  La  SGOPIPS  anonimizará  los  identificadores  personales  para  las  tareas  de 
diseño,  seguimiento  y  evaluación,  y  hará  uso  de  los  identificadores  personales 
exclusivamente para aquellas actuaciones que sean imprescindibles como son el cruce 
de bases de datos adicionales para el enriquecimiento de la información, así como la 
identificación de la muestra de participantes en el caso de que sea necesario.
5.  Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de 
Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales, Confederación Plena Inclusión España se asegurará de tener 
la competencia necesaria para poder recabar y ceder todos los datos requeridos a la 
SGOPIPS. Esta competencia estará amparada por la normativa correspondiente, o bien 
se  asegurará  recabando  el  consentimiento  expreso  de  los  potenciales  participantes 
antes de la entrada en el itinerario de inclusión financiado por la subvención objeto del 
presente convenio, cumpliendo los requisitos legales para ello. Se indica en el Anexo III 
la referencia al contenido del consentimiento.
Undécima.  Compatibilidad con otras subvenciones.
La presente subvención es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir Confederación Plena Inclusión España o el 
destinatario final para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones 
o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Duodécima.  Publicidad.
1.  Confederación  Plena  Inclusión  España  debe  cumplir  con  las  obligaciones  de 
información  y  publicidad  que  las  autoridades  competentes  establezcan  relativas  a  la  s
financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, en las medidas de  oe.
información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles  w.
iannfournmciaotsiv eo sin, spelarcciaosn,e psu ebnlic parceinosnae,s c iemrtpifriceasdaos sy,  eetlce.c)t,r sóen idcaesb,e mráant einrcialul iar ulodsio sviigsuuiaeln, tpeásg loingaoss :web,  2022-1709n https://ww
ab))   JEul netmo bcloenm ae l deem lab lUemniaó nd Ee ularo Upenaió.n, se incluirá el texto «Financiado por la Unión
Europea-Next Generation EU».
c)  Se recomienda emplear también el siguiente logo:
d)  Se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede 
consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm 
y  descargar  distintos  ejemplos  del  emblema  en:  https://europa.eu/european-union/
abouteu/symbols/flag_es#download.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y 
de acceso al público.
2.  A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los 
datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
Decimotercera.  Comisión de Seguimiento del convenio.
1.  Para la realización del seguimiento de la buena marcha del convenio se creará 
una Comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
Por parte de la Administración General del Estado, la integrarán 4 representantes de 
la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y un 
representante del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Por parte de Confederación Plena Inclusión España, formarán parte de la Comisión 
de Seguimiento 4 representantes de dicha entidad.
Adicionalmente, formarán parte de la Comisión de Seguimiento la persona titular de 
la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, que 
ostentará la Presidencia, y un/a secretario/a con voz, pero sin voto, designado/a por la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social de entre su 
personal funcionario.
2.  Esta Comisión mixta se constituirá en el plazo máximo de un mes a contar desde 
la fecha de la firma del convenio y se reunirá al menos dos veces al año.
3.  La convocatoria de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Presidencia, 
de común acuerdo con Confederación Plena Inclusión España.
4.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se ajustará a las previsiones 
contenidas en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  siendo  atendida  con  medios 
personales, técnicos, materiales y presupuestarios de las administraciones públicas que 
la integran.
Decimocuarta.  Vigencia del convenio y plazo de ejecución.
1.  El plazo de vigencia del presente convenio será desde la fecha de su firma y  s
hasta el 31 de marzo de 2024. oe.
2.  El plazo de ejecución de los proyectos piloto de itinerarios de inclusión social  w.
lsoímubbjietveteo n ddceeiló  3nla0, s n doseu  sbjuevn eienoxc tdieoenn de2es0r 2áp3 r,de evmils ieptanlastrz aeosn  d qeeull e p3 rl1ae  sdeeevn atmelu aaterczxióoton d  ndeoe   2ld0oe2sb 4me, riácso menox cslae,  dofiebnrja elltiado a fdedec  dhleaa    2022-1709n https://ww
cumplir  con  los  hitos  marcados  por  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y
Resiliencia en materia de política de inclusión. Bc
3.  Los  gastos  efectuados  por  Confederación  Plena  Inclusión  España  podrán 
realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se concede la ayuda.
4.  Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de 
ejecución  sea  efectivamente  pagado,  durante  el  mismo,  o  dentro  del  periodo  de 
justificación.
5.  Los gastos de la prestación de servicios específicos correspondientes a las 
actuaciones de control, verificación y justificación de la ayuda e inspección del proceso, 
podrán realizarse durante todo el período de ejecución y justificación para el que se 
concede la ayuda. En todo caso, estos gastos deberán ser efectivamente pagados 
dentro del período de ejecución y justificación.
Decimoquinta.  Modificación de la subvención.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
Administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley General de Subvenciones, salvo 
cuando afecten a cualesquiera de las obligaciones recogidas en la normativa europea y 
nacional aplicable.
Cualquier modificación del convenio deberá formalizarse con una adenda firmada por 
ambas partes.
2.  Confederación Plena Inclusión España podrá solicitar, con carácter excepcional, 
modificaciones del contenido de la resolución basadas en la aparición de circunstancias 
que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de 
ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, y podrán ser autorizadas siempre 
que no dañen derechos de tercero.
Podrá modificarse, con carácter excepcional, el contenido de la resolución basadas 
en la aparición de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, o 
que afecten a la forma y plazos de ejecución o de justificación de los gastos del proyecto, 
y podrán ser autorizadas siempre que no dañen derechos de tercero.
Las  solicitudes  de  modificación  deberán  fundamentar  suficientemente  dicha 
alteración o dificultad y presentarse, ante la Secretaría General de Objetivos y Políticas 
de Inclusión y Previsión Social, con anterioridad, en todo caso, al momento en que 
finalice  el  plazo  de  ejecución  del  proyecto,  determinado  en  el  propio  convenio  y 
resolución de concesión.
3.  Confederación Plena Inclusión España será informada de la fecha en que la 
solicitud  ha  tenido  entrada  en  el  registro  electrónico  del  Ministerio  de  Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, a partir de la cual se inicia el cómputo del plazo de 
resolución, mediante comunicación que a tal efecto les dirigirá la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, en los términos previstos por el 
artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular 
del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones,  sin  perjuicio  de  las 
delegaciones de competencias existentes en la materia, y se notificará en el plazo 
máximo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado registro 
electrónico. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 
contra ella el recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el  e.
plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional  w.b
contencioso-administrativo  en  la  forma  y  plazo  previstos  en  el  artículo  46  de  la  09ww
Ley T2r9a/n1s9c9u8r,r iddeo  1e3l  dpela jzuoli om. áximo establecido sin que se haya dictado y notificado la
arertsíocululoci ó2n4 e xdper elsaa , Lseey  e3n9te/2n0d1e5rá,  edset im1a ddae  souc stuoblicreit,u dte dneie ancduoe rad ot ocdoons l ol opsr eveifsetcot oesn  elal 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la 
obligación de dictar resolución expresa confirmatoria del mismo.
Decimosexta.  Resolución de controversias.
La  resolución  de  los  litigios  que  pudieran  plantearse  sobre  la  interpretación, 
cumplimiento, extinción y efectos del mismo corresponderá a los Juzgados y Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Decimoséptima.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas por incumplimiento de 
lo  previsto  en  el  artículo  7.  Séptima  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
2.  El incumplimiento de las obligaciones sobre aportación de la documentación 
exigida por la normativa nacional y europea en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y del Marco de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
será causa de reintegro.
3.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  Confederación  Plena  Inclusión  España  una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
4.  Confederación Plena Inclusión España responderá de forma solidaria de los 
reintegros motivados por cualquiera de los supuestos señalados en el apartado 1. A 
estos  efectos,  la  responsabilidad  solidaria  únicamente  alcanza,  respecto  de  cada 
subvención, a la entidad beneficiaria principal de la misma a las entidades asociadas de 
aquella.
5.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
concedente de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimoctava.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por Confederación Plena 
Inclusión España se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título 
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y título IV de su Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En prueba de conformidad de cuanto antecedente, los comparecientes firman por 
duplicado ejemplar y a solo efecto el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en  e.
el encabezamiento.–Por la Confederación Plena Inclusión España y por la Secretaría  w.b
General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.–La Secretaria General  09ww
Mdea rOtínb.je–tEivl oDsi rey cPtoorl ídtiec alas  Cdoen Ifnecdleursaiócnió ny  PPlerenvais Iinócnl uSsioócnia El,s Mpaañraía,  EMnirlaiqgureo sG Palavnáina gLuaam Seta.n
ANEXO I
Descripción del proyecto objeto de la subvención
Proyecto para la inclusión social: Pilotaje de empleo personalizado
Tras  analizar  las  regulaciones  europeas  y  nacionales,  se  puede  establecer 
claramente que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo son personas 
en riesgo de exclusión y que así son reconocidas por los diferentes reglamentos emitidos 
por  el  Parlamento  Europeo.  La  revisión  de  los  datos  disponibles  de  manera  más 
específica de la situación de empleo de las personas con discapacidad intelectual, 
recogidos por ODISMET, nos plantea la urgencia de poner en marcha acciones que 
aumenten las oportunidades laborales de estas personas:
La tasa de actividad de la población sin discapacidad era del 74,9%, pero la tasa de 
actividad para el colectivo de las personas con discapacidad intelectual fue de 31,1% 
en 2019, es decir más de 43 puntos menos. - La tasa de empleo para el colectivo de 
personas con discapacidad intelectual es la segunda más baja con un 20,2%.
La tasa de paro de las personas con discapacidad es del 25,2% y durante el 
confinamiento de 2020 el 70,9% de las personas trabajando no pudieron hacerlo.
Además,  se  notan  diferencias  entre  características  sociodemográficas  que 
condicionan el modo de participar en el mercado laboral, tales como ser mujer, tener 
entre 16 y 24 años, tener mayores necesidades de apoyo y no haber tenido acceso a la 
formación cualificada (debido a las barreras que ha encontrado en la formación). La tasa 
de paro es levemente mayor entre mujeres (sobre la tasa de paro de hombres con 
discapacidad), es de 56,4% entre jóvenes con discapacidad y de casi un 50% en 
personas con un grado de discapacidad mayor a 65%.
En  el  caso  de  las  personas  con  discapacidad  intelectual,  el  salario  medio  era 
de 11.563,00 euros en 2019. Las barreras con las que se encuentran para competir en el 
acceso al empleo son mayores si no se realizan las adaptaciones necesarias y se 
garantizan los ajustes razonables en el proceso de selección e incorporación.
Ámbito de intervención
El  itinerario  de  esta  actuación  se  desarrollará  en  uno  o  varios  de  los  ámbitos 
relevantes para la inclusión social de las personas en situación o riesgo de exclusión 
social, en concreto, se puede encuadrar en los siguientes ámbitos:
Ámbito laboral.
Servicios sociales.
Salud y cuidados.
Descripción de las actuaciones
El objetivo de esta experiencia es promover nuevas oportunidades de empleo para 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, Parálisis Cerebral, etc.), a 
través  de  la  metodología  de  empleo  personalizado,  por  parte  de  entidades  del 
movimiento asociativo Plena inclusión.
La metodología de empleo personalizado cuenta con evidencia en Estados Unidos, 
habiéndose aprobado legislación recientemente, para incorporar esta metodología dentro  es
de las políticas activas de empleo de ese país. bo
La metodología se pondrá en marcha con un número de 250 personas (descritas  09ww
tmimnaváemostbol uidaécodnrlae onlgsadeínao t  eptaa)la lm nembtnei eéalnna o  usicnn o c1niod dbefijac emietóinvnilo i al dard e e(i me inspttrtioeamrrbtvaaaecnjanicórci naióc  nodd neey,    1inao0vlt 0roam lsufea cnm2rao5irls0i a, a re eelnsla  )s.4e  0lEf a%sgmt rauidlsipae os p  leacprsoos nor ftnarlooaml s.i q liLuasaees     OE-A-2022-17able en https://
repartirán  en  13  CCAA  tal  y  como  se  recoge  en  los  convenios  adjuntos  a  esta 
convocatoria.
El empleo personalizado es una metodología que surge a principios del siglo XXI en 
Estados Unidos. Consiste en un proceso a través del cual la relación entre el empleador 
y el empleado es negociada y personalizada de modo que responde a las necesidades 
de ambos. Esta metodología consta de 4 fases e implica un trabajo exhaustivo de 
conocimiento de la persona y del entorno y contexto en el que vive:
Fase 1.  Descubrimiento de talentos de la persona.
Fase 2.  Planificación de la intervención.
Fase 3.  Negociación con agentes relevantes.
Fase 4.  Plan de Apoyo.
Personas beneficiarias de la experiencia piloto
Este proyecto está dirigido a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
(TEA  y  Parálisis  Cerebral,  etcétera).  Además  de  la  discapacidad  intelectual  o  del 
desarrollo,  hay  otros  factores  sociales  y  económicos  que  aumentan  el  grado  de 
vulnerabilidad de este colectivo a la hora desarrollar un empleo. Por tanto, se promoverá 
la participación de:
Población  reclusa  o  exrreclusa  con  discapacidad  intelectual,  TEA  y  Parálisis 
Cerebral.
Personas con discapacidad intelectual, TEA y Parálisis Cerebral de familias que 
perciben la prestación por hijo a cargo.
Personas con discapacidad intelectual, TEA y Parálisis Cerebral que perciban la 
prestación por invalidez no contributiva.
Personas  con  discapacidad  intelectual,  TEA  y  Parálisis  Cerebral  y  mayores 
necesidades de apoyo.
Se prestará especial atención a la población que provenga del ámbito rural y otras 
situaciones de interseccionalidad: migrantes, minorías étnicas, identidad sexual,…
El número de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con las que se 
trabajará en este piloto será de 500, de las cuáles 250 participarán en la condición de 
intervención y 250 participarán en el grupo control del ensayo aleatorizado. Además, las 
familias  en  el  caso  de  la  metodología  de  empleo  personalizado,  son  también 
fundamentales a la hora de poder implementar la metodología por lo que se trabajará 
con al menos 100 familiares.
Seguimiento y evaluación
La evaluación diseñada se realizará a través de un ensayo controlado aleatorizado 
(RCT por sus siglas en inglés, Randomized Controlled Trial).
Un aspecto clave para la evaluación del proceso es el reclutamiento de participantes 
(personas con discapacidad intelectual o del desarrollo) en el programa de empleo 
personalizado. Se trata de la condición experimental. Son en total 250 personas de 13 
Federaciones de Plena inclusión.
Para evaluar el efecto del programa se podrían realizar diferentes tipos de análisis:
Calidad de las escalas de medida. Estos análisis (p.ej., fiabilidad, factoriales) nos  e.e
permiten confirmar que las medidas son adecuadas. w.b
Análisis  descriptivos.  Estos  análisis  permiten  una  primera  aproximación  a  los  09ww
posiAbnleásl iseifse cdteo sv aprrioadnuzcai.d oLso sy  asnuá elivsoislu dceió vna ari alon zlaar gdoe  dmele tdieidmapso r.epetidas, 2 (experimental
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los  efectos  esperados,  cosa  que  se  espera  que  no  ocurra  (o  que  sea  de  menor 
intensidad) en el caso de la condición control.
Análisis del cambio. Estos análisis permiten explorar cómo es la dinámica del cambio 
en los efectos que se producen en la condición experimental. Puede ser una dinámica 
lineal, con cambios que se producen de manera progresiva a lo largo del tiempo, pero 
puede ser curvilínea (se produce un cambio que se mantiene después en el tiempo) o 
cúbica (con oscilaciones). También se explorará la posible dinámica de cambio en la 
condición control.
Para  poder  realizar  un  adecuado  seguimiento  del  proyecto,  se  constituirá  una 
comunidad  de  aprendizaje  con  reuniones  online  mensuales.  Esta  comunidad  de 
aprendizaje contará con un calendario compartido de implantación de la metodología. 
Además,  se  realizarán  visitas  de  seguimiento,  asesoramiento  y  evaluación  a  las 
entidades que estén implantando la metodología, por parte de la Confederación y las 
Federaciones  autonómicas.  Las  entidades  encargadas  de  la  implantación  de  la 
metodología deberán facilitar los datos que se requieran para el seguimiento, evaluación 
y justificación del proyecto. También contarán con el apoyo y asesoramiento de la 
Confederación  y  las  Federaciones  autonómicas,  así  como  de  asesores  externos  y 
expertos en la metodología de empleo personalizado.
Ámbito territorial
El proyecto se llevará a cabo en las comunidades autónomas de Galicia, La Rioja, 
Aragón, Castilla y León, Asturias, Andalucía, Madrid, Cataluña, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia y Canarias, y en la ciudad de Ceuta.
ANEXO II
Modelo de datos para el intercambio entre Confederación Plena Inclusión España 
y la SGOPIPS
La  información  compartida  incluirá  la  información  necesaria  para  el  diseño, 
seguimiento y evaluación de los itinerarios objeto del presente convenio, con información 
específica según el tipo de actuación.
Sobre la población de partida para el diseño, se incluirá la información necesaria en 
relación con el tipo de las actuaciones:
Información  de  hogares/unidades  de  convivencia:  composición,  características 
adicionales, de renta mínima, así como aquella información adicional de que disponga el 
cesionario que sea relevante para el diseño.
Información personal: características generales de edad, sexo, nacionalidad, cobro 
de prestaciones, relación con el empleo, con la vivienda, así como aquella información 
adicional de que disponga el cesionario que sea relevante para el diseño.
Sobre  los  participantes  para  el  diseño  y  evaluación,  se  incluirá  la  información 
necesaria en relación con el tipo de las actuaciones:
Información personal: información relevante de la participación en el/los itinerarios, 
variables de percepción, de seguimiento, opinión, así como aquella información adicional 
de que disponga el cesionario que sea relevante para el seguimiento y evaluación. es
Información  de  la  intervención:  itinerarios,  tipologías,  participantes,  así  como  la  bo
información adicional tanto de las características como de la ejecución que sea relevante  09ww
para el seguimiento y evaluación.
ANEXO III
Consentimiento de los potenciales participantes
En  caso  de  que  Confederación  Plena  Inclusión  España  no  tenga  competencia 
normativa para recabar y ceder los datos necesarios para el diseño, seguimiento y 
evaluación de los itinerarios de inclusión deberán recabar el consentimiento expreso de 
los potenciales participantes antes de la entrada en el itinerario de inclusión financiado 
con la subvención objeto del presente convenio, cumpliendo los requisitos legales para 
ello. En concreto, Confederación Plena Inclusión España informará a los participantes de 
la finalidad del tratamiento de sus datos personales, de las posibles cesiones a las AAPP 
y terceras entidades que convenien en la ejecución de las finalidades del presente 
convenio,  de  la  identidad  del  Delegado  de  Protección  de  Datos,  informando  de  la 
existencia de un mecanismo sencillo y gratuito para que los participantes beneficiarios, 
en cualquier momento, puedan ejercitar sus derechos ARCO-POL, y se recabará el 
consentimiento de forma expresa mediante la firma del participante.
Así mismo, se le informa de los plazos de custodia y que, en caso de entender que 
se  ha  vulnerado  alguno  de  sus  derechos,  tiene  la  posibilidad  de  establecer  la 
correspondiente denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.
Confederación  Plena  Inclusión  España  definirá  un  modelo  de  consentimiento 
detallado para los potenciales participantes.