BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62252
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8947 Sala Segunda. Sentencia 66/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de 
amparo  4167-2017.  Promovido  por  doña  Esperanza  Martínez  Calvo  en 
relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de lo 
social de esta capital en proceso por despido. Vulneración del derecho al 
ejercicio  de  las  funciones  representativas:  negativa  empresarial  a  la 
reincorporación a su puesto de trabajo de quien cesó en su condición de 
concejal con dedicación exclusiva (STC 125/2018).
ECLI:ES:TC:2020:66
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4167-2017, promovido por doña Esperanza Martínez 
Calvo, contra el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2017 
por el que se inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 
3200-2016 interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid núm. 587/2016, de 6 de junio de 2016, por la que se desestima el 
recurso de suplicación núm. 461-2016 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo 
Social núm. 38 de Madrid núm. 540/2015, de 11 de noviembre de 2015, pronunciada en 
el  procedimiento  sobre  despido  núm.  825-2015.  Ha  comparecido  la  entidad  Real 
Automóvil Club de España. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Doña  Esperanza  Martínez  Calvo,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña Olga Romojaro Casado y bajo la dirección del letrado don José Isaúl 
Alejos Sánchez, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se citan en 
el encabezamiento mediante escrito registrado en este tribunal el 18 de agosto de 2017.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 38 de Madrid núm. 540/2015, de 11  s
de noviembre de 2015, pronunciada en el procedimiento sobre despido núm. 825-2015,  e.
acordó  desestimar  el  recurso  interpuesto  por  la  demandante  de  amparo  contra  la  w.
decisión  empresarial  de  denegar  su  reincorporación  al  puesto  de  trabajo  tras  una  47ww
euxnc aeyduenntcaima ifeonrtzoo.sa motivada por el régimen de dedicación exclusiva como concejal de
recuLrare sneten tpernecsitaa bdae cslaursó s ceorvmicoi ohse pchroofse spiroonbaaledso sc onmo oc oandtmroivneisrttridaotisv,a  epnatrrea  olat reonst,i dqaude  R(i)e laal   BOE-A-cable e
Automóvil Club de España desde el 1 de julio de 1974; (ii) la recurrente había resultado 
elegida concejala del Ayuntamiento de Algete desde mayo de 1991 hasta el momento del 
dictado de la sentencia; (iii) en los respectivos plenos de dicho ayuntamiento de 30 de 
septiembre de 1999, 26 de junio de 2003, 22 de junio de 2007 y 11 de junio de 2011 se 
reconoció a la recurrente la situación de dedicación exclusiva en su función de concejala; 
(iv) en el pleno de 13 de junio de 2015 «no se reconoce a la actora la dedicación 
exclusiva, debido a que el partido político al que pertenece obtuvo una representación de 
dos concejales»; y (v) la recurrente desde 2005 no desempeñaba tareas en el gobierno 
municipal.
La sentencia, frente a la invocación del art. 23 CE para justificar la nulidad de la 
negativa empresarial a la reincorporación a su puesto de trabajo tras haber cesado la 
situación de dedicación exclusiva y, por tanto, la excedencia forzosa, argumenta que la 
reincorporación desde una situación de excedencia forzosa no depende solo de la 
voluntad del trabajador sino que permite al empresario «requerir cumplida prueba de un 
cambio de circunstancias determinante de que ha dejado de existir la incompatibilidad 
del  trabajo  con  la  función  del  cargo»,  destacando  que  «lo  determinante,  para  la 
desestimación de las pretensiones de la actora, es que, no se ha acreditado ningún 
cambio en sus funciones entre los diez años anteriores a la petición de la reincorporación 
a su trabajo, y el momento actual, más allá de un cambio en la retribución económica, 
debido  a  la  supresión  acordada  en  la  corporación  municipal,  de  un  complemento 
económico de exclusividad, que la propia trabajadora anudó, no a un cambio real de 
funciones de concejal, sino a un hecho numérico, cual es que las siglas del partido al que 
representa obtuvieron menos de cuatro concejales en el ayuntamiento de referencia» 
(fundamento jurídico tercero). Igualmente se incide en que «de la documental obrante en 
autos,  podemos  ver  cómo  los  concejales  sin  dedicación  exclusiva  asisten  a  pleno, 
comisiones informativas, juntas de gobierno, juntas de portavoces sin que se haya 
explicado en esta causa, ni un cambio en las funciones de la concejala, ni […] una real 
compatibilidad actual entre estas funciones y las propias del trabajo en la empresa 
demandada a la que pretende reincorporarse la actora» (FJ 3).
b)  La demandante de amparo interpuso recurso de suplicación, tramitado con el 
núm. 461-2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
alegando,  entre  otros  motivos,  la  vulneración  del  art.  23  CE  y  del  art.  75.1  de  la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), conforme al 
cual  los  miembros  de  las  corporaciones  locales  que  desempeñen  su  cargo  con 
dedicación  exclusiva  percibirán  retribuciones  que  serán  incompatibles  con  otras 
percepciones  en  los  términos  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
El recurso fue desestimado por sentencia núm. 587/2016, de 6 de junio de 2016, 
insistiendo en que, en atención a la cuestión planteada —la solicitud de reincorporación 
desde  una  situación  de  excedencia  forzosa—  las  exigencias  legales  que  han  de 
cumplirse son el cambio de circunstancias desde la situación anterior y que ese cambio 
de circunstancias no imposibilite la asistencia a su trabajo por el ejercicio del cargo. Se 
argumenta que, si bien ha quedado acreditado el cambio de circunstancias por haber 
cesado en la dedicación exclusiva, ello no supone que no tenga una dedicación ordinaria 
propia  de  una  concejala,  por  lo  que  habría  que  dilucidar  si  ese  cargo  público  le 
imposibilita el ejercicio de su trabajo como oficial administrativo. A esos efectos, el 
razonamiento que utiliza es que (i) la recurrente no desempeña tareas de gobierno 
desde el año 2005 y no pidió entonces su reincorporación al trabajo; (ii) eso implica que  s
su  labor  como  concejala,  aun  sin  ejercer  tareas  de  gobierno,  sí  le  impedía  oe.
compatibilizarlo con su trabajo. Además, analiza las labores de los concejales y concluye  w.
que «aunque no ejerza funciones de gobierno municipal, tiene que realizar trabajos y  47ww
aesmisptrire saa  pdleen olas , jcoornmaidsaio ndees , teratcb.a jqou»e,  dloe shtaaccea nidnoc omqupea ti«bslee  ceosnt ál ae no bslae rvsaitnucaicai óenn  dlae 
idnec oemxcpeadtiebnilcidiaa dfo przreovsias tpaa eran  eell  eajretr. c4ic6i.o1  ddee cl aersgtaot uptúob ldiceo l»o s(F tJra 2b)a.jadores para la situación  BOE-A-cable e
c)  La demandante de amparo interpuso recurso de casación para la unificación de 
doctrina, tramitado con el núm. 3200-2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
siendo inadmitido por auto de 21 de junio de 2017 por falta de contradicción.
3.  La demandante solicita que se estime el recurso de amparo por vulneración del 
derecho al cargo público representativo (art. 23 CE) declarándose la nulidad de las 
resoluciones impugnadas y la del despido. La invocación del art. 23 CE la fundamenta en 
que la argumentación utilizada por las sentencias impugnadas, que viene a exigir que si 
pretende reintegrarse en su puesto de trabajo previamente ha de dimitir como concejala, 
implica que ningún trabajador podría ejercer su derecho a ser elegido concejal de su 
ayuntamiento manteniendo, a la vez, su puesto de trabajo y su retribución. También, se 
pone de manifiesto que el art. 75 LBRL establece que los miembros de las corporaciones 
locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen 
con dedicación exclusiva, por lo que si no hay dedicación exclusiva no hay retribución. 
En relación con ello, se destaca que mientras la demandante tuvo dedicación exclusiva 
(entre 1999 y hasta 2015) no podía haber solicitado el reingreso en la empresa, pero una 
vez perdida la misma deja de percibir retribución del ayuntamiento, que es lo mismo que 
sucedió entre 1991 y 1999 en que la demandante compatibilizó el cargo de concejala 
con su trabajo. Por tanto, se concluye que en la vía judicial se han interpretado los arts. 
46.1, en relación con el art. 37.3 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), de 
forma contraria a la efectividad del derecho fundamental consagrado en el art. 23 CE, 
forzándola  a  elegir  entre  su  sustento  personal  (mediante  su  reincorporación  a  la 
empresa) o el desempeño de su puesto de concejala (sin retribución).
La demandante afirma que el recurso de amparo tiene especial transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que no 
existe jurisprudencia relativa al art. 23 CE en relación con el derecho a la reincorporación 
al  puesto  de  trabajo  desde  una  situación  de  excedencia  forzosa  de  concejales  o 
miembros de las corporaciones locales.
4.  La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 16 de julio de 2018, 
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre una 
especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]; y, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir atentamente de los órganos judiciales la 
remisión de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, a excepción de la recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo 
de diez días en el citado proceso de amparo.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 15 de octubre de 2018, acordó tener por personada a la entidad Real 
Automóvil  Club  de  España,  representada  por  el  procurador  de  los  tribunales  don 
Francisco  de  Sales  José  Abajo  Abril  y  bajo  la  dirección  del  letrado  don  Fernando 
Vizcaíno de Sas y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes 
personadas por un plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 13 de noviembre de 2018, formuló 
alegaciones  interesando  la  estimación  del  recurso  de  amparo  por  vulneración  del 
derecho al ejercicio de cargo público (art. 23.2 CE) con anulación de las resoluciones  e.
impugnadas y la declaración de nulidad del despido. w.
El Ministerio Fiscal afirma que la decisión judicial de confirmar la negativa a la  47ww
qreuinec «osrpuoproanceió lnis ad ey  lalla dneammaenndtea ndtees ac osnuo pceure setlo d deere tcrahboa djoe  hlaa  tvrualbnaejraaddoor ae la al rrte. in2g3r eCsEo,  eyan 
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destaca que se ha omitido valorar datos relevantes como son que la demandante había 
compatibilizado su labor pública con el desempeño de su trabajo durante largos años sin 
inconveniente alguno o que el pase de la recurrente a la situación de excedencia forzosa 
se produjo por el reconocimiento de una dedicación exclusiva en el ayuntamiento que le 
imposibilitaba legalmente la realización de su trabajo y no su mera condición de concejal 
ni el extremo de ejercitar o no labores de gobierno. También pone de manifiesto el 
Ministerio Fiscal que no se ha atendido en el razonamiento judicial a la realidad de los 
hechos, ya que la demandante no había perdido la condición de dedicación exclusiva por 
propia decisión sino tras un proceso electoral y un cambio legislativo que supuso que 
«ya no contaba con retribución ni con incompatibilidad para desempeñar su puesto de 
trabajo». Por tanto, se concluye que el proceso argumental conforme al cual el ejercicio 
del cargo político es el que determina la pérdida del puesto de trabajo o que para poder 
conservarlo debe renunciar a sus labores representativas «supone sancionar con la 
pérdida de su puesto de trabajo el ejercicio de un derecho fundamental, lo que carece de 
base legal».
7.  La  parte  comparecida,  por  escrito  registrado  el  14  de  noviembre  de  2018, 
formuló alegaciones solicitando la desestimación del recurso de amparo, argumentando 
que no se ha vulnerado el derecho de representación política de la recurrente ya que, tal 
como  ha  quedado  establecido  en  las  resoluciones  judiciales,  hubo  un  despido  al 
concurrir causas legalmente previstas para el mismo, habiéndose dado preferencia al 
ejercicio de su cargo público.
8.  La demandante de amparo, por escrito de 19 de noviembre de 2018, formuló 
alegaciones ratificándose en la argumentación expuesta en su demanda.
9.  Por providencia de 25 de junio 2020, se señaló para deliberación y votación de la 
presente sentencia el día 29 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso: El objeto de este recurso es determinar si las resoluciones 
judiciales  impugnadas  han  vulnerado  el  derecho  a  la  representación  política  de  la 
demandante de amparo (art. 23.2 CE) por haber confirmado la legalidad de la negativa 
empresarial a la reincorporación a su puesto de trabajo tras cesar la situación de 
excedencia forzosa en que se mantenía motivada por el reconocimiento del régimen de 
dedicación exclusiva en su condición de concejala de un ayuntamiento con el argumento 
de que la dedicación ordinaria propia de una concejala también supone una actividad 
incompatible con la observancia en la empresa de la jornada de trabajo.
El auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo es impugnado y, en su caso, 
podría ser objeto de anulación —a pesar de haberse limitado a inadmitir el recurso de 
casación para la unificación de doctrina por considerar que la recurrente no había 
aportado  un  término  de  comparación  válido—  como  acto  procesal,  posterior  y 
formalmente confirmatorio, de los que la demandante reputa incursos en causa de 
nulidad por vulneración de sus derechos fundamentales.
2.  La especial transcendencia constitucional de la demanda: La presente demanda 
de  amparo,  como  ya  se  indicó  en  la  providencia  de  admisión,  tiene  especial 
transcendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal  e.
[STC 155/2009, FJ 2 a)]. w.b
La circunstancia de que la STC 125/2018, de 26 de noviembre, haya resuelto un  47ww
raescuunrtsoo  edne e la qmupea rsoe  neoxa immipniadreo nla c uaepsretiocinaecsió sne mdee jalan tceasu as ala sd ep leasnpteeacdiaals  treann secl epnredseennctiae 
pcorenssetintutaccioiónna ld ae  lqau dee macaanbdaam eo isn cdlues ore afe lari randoms ipsioórn  sdeer  easqteu erellac usrseon tdeen caima ppaorsot.erior a la
3.  La jurisprudencia constitucional sobre el derecho de representación política de 
los concejales y su afectación por la extinción de las relaciones laborales: La citada 
STC 125/2018 aborda la cuestión de cómo puede quedar afectado el derecho a la 
representación política de los concejales por decisiones empresariales extintivas de sus 
relaciones laborales con ocasión de un supuesto de despido por absentismo en que se 
habían computado las horas invertidas en asistencia a plenos municipales y comisiones 
informativas.
En los fundamentos jurídicos 3 y 4 de la STC 125/2018 se resume la jurisprudencia 
sobre el particular, de la que cabe destacar las siguientes consideraciones:
(i)  El  art.  23.2  CE  consagra  la  dimensión  pasiva  del  derecho  de  participación 
política, que tiene un contenido explícito —el derecho de los ciudadanos a acceder en 
condiciones  de  igualdad  a  las  funciones  y  cargos  públicos,  con  los  requisitos  que 
señalen las leyes— y otro implícito compuesto por (a) el derecho a permanecer, en 
condiciones de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes, en los cargos o 
funciones públicas a los que se accedió; (b) el derecho al ejercicio o desempeño del 
cargo público representativo conforme a lo previsto en las leyes (el llamado ius in 
officium); y (c) la prohibición de remoción del cargo si no es por causas y de acuerdo con 
procedimientos legalmente establecidos.
(ii)  En lo que se refiere a la vertiente de derecho al ejercicio o desempeño del cargo 
público representativo conforme a lo previsto en las leyes, se ha establecido que no 
cualquier acto que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho 
fundamental, ya que solo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos 
o  facultades  atribuidos  al  representante  que  pertenezcan  al  núcleo  de  su  función 
representativa,  en  el  sentido  de  que  se  impida  o  coarte  la  práctica  de  la  función 
representativa o se adopten decisiones que contraríen la naturaleza de la representación 
o la igualdad de los representantes políticos.
(iii)  Pertenecen  al  núcleo  inherente  a  la  función  representativa  que 
constitucionalmente  corresponde  a  los  miembros  de  una  corporación  local  la 
participación en la actividad de control del gobierno local, en las deliberaciones del pleno 
de la corporación, la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, y el 
derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores actividades 
y participar en las comisiones informativas (así, SSTC 169/2009 de 9 de julio, FJ 3; 
9/2012, de 18 de enero, FJ 4, o 151/2017, de 21 de diciembre, FJ 3).
(iv)  A partir de las anteriores consideraciones, la STC 125/2018 concluye que 
«serán  contrarios  al  derecho  reconocido  en  el  artículo  23.2  CE  cualesquiera  actos 
tendentes, tanto a impedir la participación de un concejal electo en la deliberación del 
pleno de una corporación municipal, como la negativa del empresario a facilitar la 
asistencia  del  trabajador  a  tales  actos  o  la  calificación  de  dicha  ausencia  como 
injustificada, a efectos de adoptar medidas de carácter disciplinario contra aquel. En 
definitiva, lo serían todos aquellos actos obstativos realizados por el empleador en el 
ejercicio de sus poderes empresariales, que fueran utilizados para impedir u obstaculizar 
el ejercicio de este núcleo esencial del ius in officium del que es titular el trabajador por 
cuenta ajena y a su cargo, que tenga la condición de miembro de dicho consistorio 
municipal» (FJ 4).
4.  Aplicación  de  la  jurisprudencia  constitucional  al  supuesto  enjuiciado:  En  el 
presente caso, tal como ha quedado acreditado en las actuaciones y ha sido expuesto 
de manera más detallada en los antecedentes, se pone de manifiesto lo siguiente: e
(i)  Han quedado probados como hechos no controvertidos en la vía judicial previa,  w.
aecodnnmtrceien ojiastrtlaroa std,i veqalu  eAp ylaaur and tealmam aieennndttaiodn atdede  d ReA elagamel tpeAa ureotno  (mamó) avpyirl oe Cstdlauebb a 1 d9seu9 s1  Esyse prsvaeiñc iaop sroc pudrauonjfoed sosi oufn uareel eesele leccogcmiiódnoa    2020-8947n https://ww
consecutiva en las elecciones locales de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015; (b)
durante el periodo de mayo de 1991 hasta el 30 de septiembre de 1999 se mantuvo en el
ejercicio activo en el desempeño de su relación laboral compatibilizándolo con su labor 
de concejala; (c) desde el 30 de septiembre de 1999 y hasta el 13 de junio de 2015 el 
pleno del ayuntamiento le reconoció la situación de dedicación exclusiva en su función 
de concejala por lo que, al amparo del art. 46.1 LET, solicitó y le fue reconocida por su 
empleadora la situación de excedencia forzosa en su puesto de trabajo; (d) el 13 de junio 
de 2015 el pleno del ayuntamiento le retiró el reconocimiento de la dedicación exclusiva; 
y (e) en dicha fecha solicitó la reincorporación a su puesto de trabajo, lo que le fue 
denegado por la entidad empleadora.
(ii)  En vía judicial se confirmó la negativa empresarial a la reincorporación al puesto 
de trabajo de la demandante de amparo con el argumento exclusivo de que —si bien 
había quedado acreditado el cambio de circunstancias, ya que había cesado en la 
dedicación exclusiva reconocida por el pleno del ayuntamiento— se mantenía con la 
dedicación ordinaria propia de su condición de concejala, concluyendo que «aunque no 
ejerza funciones de gobierno municipal, tiene que realizar trabajos y asistir a plenos, 
comisiones, etc. que lo hace incompatible con la observancia en la empresa de la 
jornada de trabajo» (fundamento de derecho segundo). Se precisaba que desde el 
año 2005 no ejercía labores en el gobierno municipal, cosa que no había motivado su 
solicitud de reincorporación, lo que acreditaba la existencia de una incompatibilidad 
material entre sus funciones de representación política y las laborales.
En atención a lo expuesto, y tal como también interesa el Ministerio Fiscal, debe 
concluirse que se ha vulnerado el derecho a la representación política de la demandante 
de amparo (art. 23.2 CE). En vía judicial se ha confirmado la legalidad de la negativa a la 
reincorporación  al  puesto  de  trabajo  de  la  demandante  de  amparo  —tras  cesar  el 
reconocimiento de la dedicación exclusiva en su función de concejala por parte del pleno 
del  ayuntamiento  y,  por  tanto,  de  su  excedencia  forzosa  derivada  de  dicha 
incompatibilidad—  con  el  único  argumento  de  que  la  dedicación  ordinaria  de  la 
demandante del amparo —ejemplificada en la asistencia a los plenos o las comisiones— 
no resulta materialmente conciliable con la observancia de su jornada laboral. Esta 
argumentación resulta contraria a la efectividad del derecho a la representación política 
de la demandante de amparo, ya que, en los términos expuestos en la STC 125/2018, 
implica una consecuencia laboral desfavorable para la demandante de amparo con 
fundamento en el ejercicio del núcleo esencial de su ius in officium como miembro de un 
consistorio municipal.
A esos efectos, el argumento judicial de que la existencia de una incompatibilidad 
material  con  las  funciones  de  representación  política  municipal  quedaría  acreditada 
porque la demandante de amparo no desarrollaba labores de gobierno municipal desde 
el año 2005, cosa que no había motivado su solicitud de reincorporación hasta diez años 
después, no resulta relevante desde la perspectiva del art. 23.2 CE. Como señala el 
Ministerio Fiscal, también es un hecho no controvertido, por un lado, que la demandante 
de amparo compatibilizó su función de concejala con su prestación laboral desde 1991 
hasta 1999 y, por otro, que la situación de excedencia forzosa ha venido motivada desde 
su  solicitud  y  reconocimiento  en  1999  y  hasta  el  2015,  en  que  se  solicitó  la 
reincorporación ahora denegada, por la concesión del régimen de dedicación exclusiva 
por parte del pleno del ayuntamiento, con independencia de si ejercía labores o no de 
gobierno municipal que, a los efectos del ejercicio del ius in officium, no resulta relevante.
El restablecimiento de la vulneración del derecho a la representación política de la 
demandante  de  amparo  determina  que  deban  anularse  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas y la declaración de nulidad de la negativa a la reincorporación a su puesto  s
de trabajo. En el presente caso, resulta procedente la retroacción de actuaciones para  oe.
que el juez de lo social se pronuncie sobre los efectos legales inherentes a la vulneración  w.
del derecho fundamental y de la nulidad de la extinción laboral declarada en esta  47ww
sentencia, incluyendo una eventual pretensión indemnizatoria.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a doña Esperanza Martínez Calvo y, en su virtud:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  a  la  participación  en  asuntos 
públicos mediante el ejercicio de cargo representativo electo (art. 23.2 CE).
2.º  Restablecerla en el citado derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia 
del Juzgado de lo Social núm. 38 de Madrid núm. 540/2015, de 11 de noviembre 
de 2015, pronunciada en el procedimiento sobre despido núm. 825-2015; de la sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 587/2016, de 6 
de junio de 2016, pronunciada en el recurso de suplicación núm. 461-2016; y del auto de 
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2017, pronunciado en el 
recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 3200-2016
3.º  Declarar la nulidad de la extinción de su relación laboral.
4.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse la 
sentencia  del  Juzgado  de  lo  Social  núm.  38  de  Madrid  núm.  540/2015,  de  11  de 
noviembre de 2015, para que se pronuncie sobre los efectos legales inherentes a la 
citada declaración de nulidad de la extinción de la relación laboral, incluyendo una 
eventual pretensión indemnizatoria.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.