BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199  Miércoles 22 de julio de 2020  Sec. I.   Pág. 54960
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
8299 Real Decreto 692/2020, de 21 de julio, para la adaptación de la gestión del 
canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre 
regulado en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a las 
medidas excepcionales adoptadas por las autoridades sanitarias para hacer 
frente a la emergencia provocada por el COVID-19.
I
Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, 
de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, declaró, mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la 
crisis sanitaria, el cual ha sido prorrogado en seis ocasiones, hasta las 00:00 horas del 
día 21 de junio de 2020, en los términos expresados en dicha norma.
En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las 
medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas 
mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, el pasado 28 de abril 
de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución 
de la normalidad.
En este proceso, en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad; 
la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden 
SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 
fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, se ha procedido a regular 
paulatinamente el proceso de transición. Así, de un lado, se procede, bajo las condiciones 
establecidas, a permitir el acceso de la población a ciertos espacios para el paseo, el 
deporte, el ocio o la práctica de turismo activo, y, de otro lado, se procede a la paulatina 
reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración.
Asimismo, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en su artículo 13 hace referencia a las actividades de hostelería y 
restauración, y, a tales efectos, señalaba que las administraciones competentes deberán 
asegurar el cumplimiento por los titulares de bares, restaurantes y demás establecimientos 
de hostelería y restauración de las normas de aforo, desinfección, prevención y 
acondicionamiento que se determinen. e.
II 99ww
De acuerdo con la legislación vigente, los usos de las playas que conllevan especiales
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título de ocupación, que únicamente pueden otorgarse para actividades cuya naturaleza 
exija su ubicación en el dominio público marítimo-terrestre.
En las playas se ubican establecimientos del sector de hostelería, restauración y 
servicios de temporada, amparados por concesiones o autorizaciones. A fin de paliar el 
posible detrimento en el rendimiento económico de aquellos por causa de las restricciones 
sanitarias derivadas del COVID-19, este real decreto posibilita la modulación del pago del 
canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en ese tipo 
de establecimientos y servicios a la situación generada por las medidas consistentes en la 
prohibición de la actividad, las restricciones de aforo y el aumento de la distancia entre 
instalaciones, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria.
III
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece en su artículo 84 que toda 
ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre estatal en virtud de 
una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará 
el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, sin perjuicio de los que 
sean exigibles por aquélla. Dicho precepto ha sido desarrollado mediante Real 
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas. Así, el Capítulo II del Título IV de del mencionado Reglamento articula la regulación 
de su cobro, ciertos supuestos de reducción, su devengo y criterios de fijación.
El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos dispone que las 
tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en 
régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado 
tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para 
los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
La Orden de 30 de octubre de 1992 por la que se determina la cuantía del canon de 
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, establecido en el 
artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, prevé la devolución del importe del 
canon que corresponda cuando por causas no imputables al obligado al pago del canon 
no tenga lugar la ocupación o el aprovechamiento especial del dominio público.
Ahora, con este real decreto, en adición a lo contemplado tanto en el Reglamento General 
de Costas como en la Orden Ministerial del año 1992, se pretende regular la adaptación de la 
gestión del canon de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre de 
la que podrán beneficiarse todos aquellos titulares de autorizaciones y concesiones de 
servicios de temporada y establecimientos expendedores de comidas y bebidas que hayan 
sufrido merma en los beneficios debido a la imposición de medidas excepcionales de cese de 
actividad, reducción del aforo o aumento de las distancias entre los elementos de las 
instalaciones durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Esta normativa busca abordar de manera eficaz y equitativa los diferentes escenarios 
en los que se pueden encontrar los titulares de concesiones y autorizaciones.
Por todo ello, el objetivo principal de este real decreto es ofrecer un marco jurídico de 
vigencia temporal que atienda a las especiales circunstancias de ocupación y 
aprovechamiento del Dominio Público Marítimo Terrestre y, en consecuencia, establezca 
la exigencia del pago del canon en los justos términos en que su ocupación y 
aprovechamiento pueden hacerse.
De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de  s
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este  oe.
real decreto se dicta de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,  w.
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precisa una normativa que de satisfacción a las necesidades actuales. Este real decreto
resulta el único medio para la modificación inmediata y puntual del régimen actual. En  Bc
virtud del principio de proporcionalidad, el contenido del presente real decreto pretende dar
una respuesta ajustada y adecuada a los nuevos escenarios que se plantean por la crisis 
sanitaria y la existencia de diferentes fases del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. Esta norma contiene la regulación imprescindible para atender a las 
necesidades que se presentan y en la que se guardada la proporción entre las restricciones 
que afectan a los titulares de las concesión y autorizaciones y la modulación del canon que 
se experimenta. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la presente regulación 
reviste la forma de real decreto y se plantea vinculándola a la vigencia de las medidas 
excepcionales de cese de actividad, reducción del aforo o aumento de las distancias entre 
los elementos de las instalaciones como consecuencia de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19. En aplicación del principio de transparencia, la presente 
norma se ha sometido al trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, en aplicación del principio de 
eficiencia, este real decreto asegura la máxima eficacia en la consecución de sus objetivos 
con los menores costes posibles en su aplicación.
El real decreto se dicta en virtud de las competencias del Estado establecidas en el 
artículo 149.1 de la Constitución Española en su apartado 18.ª relativo a la legislación 
básica sobre concesiones administrativas y que actúa como título competencial prevalente. 
Asimismo, la regulación del presente real decreto se dicta al amparo del apartado 23.ª, 
relativo a la legislación básica sobre protección del medio ambiente, así como el 
apartado 14.ª relativo a la Hacienda general.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con el Consejo de Estado, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de julio de 2020,
DISPONGO:
Artículo único.  Medidas para la adaptación de la gestión del canon de ocupación y 
aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre regulado en el artículo 84 de la 
ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a las medidas excepcionales adoptadas por las 
autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia provocada por el COVID-19.
1.  A los titulares de autorizaciones y concesiones de servicios de temporada en 
playas y establecimientos expendedores de comidas y bebidas que hayan sufrido merma 
en los beneficios debido a la imposición de medidas excepcionales de cese de actividad, 
reducción del aforo o aumento de las distancias entre los elementos de las instalaciones 
durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, les serán de aplicación las 
siguientes medidas:
a)  No abonarán la parte del canon correspondiente a los períodos en los que se haya 
impuesto el cese total de la actividad.
b)  Tendrán derecho a una adaptación porcentual del canon equivalente al porcentaje 
de limitación del aforo o al número de elementos que se puedan instalar sobre la superficie 
de dominio público marítimo terrestre objeto de título administrativo en relación con los 
periodos en los que los usos a que se refiere este apartado sean posibles pero estén 
sujetos a restricciones consistentes en la reducción del aforo o en el aumento de las 
distancias entre sus elementos, previa solicitud al Servicio o Demarcación de Costas 
correspondiente.
2.  A solicitud de los interesados, se procederá a la devolución de las cantidades ya  e
abonadas en concepto de canon que resulten contrarias a lo establecido en este precepto,  bo
de acuerdo con lo previsto en la Orden de 30 de octubre de 1992 por la que se determina  99ww
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en vía administrativa.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias del Estado establecidas en el 
artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, relativo a la Hacienda general; el 18.ª, 
relativo a la legislación básica sobre concesiones administrativas; y el 23.ª, relativo a la 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor y vigencia.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Las medidas previstas en este precepto estarán vigentes mientras lo estén las medidas 
excepcionales de cese de actividad, reducción del aforo o aumento de las distancias entre 
los elementos de las instalaciones adoptadas por las autoridades sanitarias para hacer 
frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Dado en Madrid, el 21 de julio de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno 
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ