BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Martes 22 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 21490
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
2832 Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el 
Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, han suscrito un Convenio 
de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente resolución.
Madrid, 17 de febrero de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
26 de enero de 2022.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada 
General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue 
nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE número 158, quien actúa en 
virtud de la delegación conferida a su favor por el Ministro de Justicia en el artículo 7.d) 
de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias.
De  otra  parte,  el  Sr.  don  Gerardo  Landaluce  Calleja,  actuando  en  nombre  y 
representación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, con domicilio social en 
avenida de la Hispanidad, 2, 11207 Algeciras, y NIF Q1167006D, en su condición de 
Presidente, cargo para el que fue nombrado por Decreto 382/2019, de 19 de febrero de 
la Junta de Andalucía, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo 
de 2019, en virtud de la Orden FOM/262/2019 de 25 de febrero.
MANIFIESTAN e
Primero. 32ww
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al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente  Bc
que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la 
oportuna formalización de un convenio.
Segundo.
Que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, cuyas competencias figuran 
definidas en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (TRLPEMM), tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 
privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las 
Administraciones Públicas.
Tercero.
Que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (en adelante, la Autoridad 
Portuaria), en virtud de lo recogido en los artículos 16.4 y 24.7 del citado Real Decreto 
Legislativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de 
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, 
tiene actualmente suscrito un convenio de asistencia jurídica, de fecha 4 de abril de 2018 
con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a la Autoridad Portuaria, ambas partes consideran conveniente la designación por el 
Abogado General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen 
como coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
convenio, de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en 
la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a la Autoridad Portuaria por 
medio  de  los  Abogados  del  Estado  integrados  en  aquél.  La  asistencia  Jurídica 
comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante  es
cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos  bo
para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado. 32ww
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entre la Autoridad Portuaria y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Segunda. Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la Autoridad Portuaria se reserva la 
facultad  de  ser  asesorada,  representada  y  defendida  por  Abogado  y,  en  su  caso, 
Procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera. Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados en 
éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de la Autoridad 
Portuaria, y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, la Autoridad Portuaria 
será  asesorada,  representada  y  defendida  por  Abogado  y,  en  su  caso,  Procurador, 
especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre la Autoridad Portuaria y otra entidad 
convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir 
en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados 
del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía 
General del Estado.
Cuarta. Designación de Abogado del Estado coordinador.
La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la asistencia jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
El Abogado del Estado designado coordinador de la Autoridad Portuaria podrá ser 
nombrado vocal o secretario de su Consejo de Administración. En estos casos percibirá 
por esos cargos, en concepto de indemnización por razón del servicio, idéntica cantidad 
a la fijada para el resto de los miembros del Consejo de Administración. Dicha cantidad 
se abonará por la Autoridad Portuaria con cargo a su presupuesto.
Quinta. Duración.
El presente convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado  como  máximo  por  dos  más  mediante  acuerdo  expreso  de  las  partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. El acuerdo de prórroga 
se formalizará mediante adenda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima  s
de dicha ley. e.
Asimismo, serán publicados en el plazo de diez días hábiles desde su formalización  w.
en el «Boletín Oficial del Estado». 32ww
Sexta. Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el
convenio, la Autoridad Portuaria satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de ochenta mil trescientos diecisiete euros 
(80.317,00 €) más IVA, que se abonará por terceras partes correspondiendo a los 
períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el Modelo 069 como documento de ingreso que se 
enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. La Autoridad Portuaria deberá 
efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de 
la factura y del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, 
una vez efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General 
del Estado, copia del mismo.
Séptima. Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.º Cuando la condenada en costas sea la Autoridad Portuaria, corresponderá a 
esta el abono de las causadas a la parte contraria.
2.º Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
la Autoridad Portuaria.
Octava. Modificación.
El presente convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
convenio.
Novena. Control y vigilancia de la ejecución del convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima. Causas de resolución.
Son causas de resolución del convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.
b) El mutuo acuerdo.
c) El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este convenio. es
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla  o
en el plazo de treinta días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será  32www.
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podrá entender resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá
conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que 
se determinen por la comisión de seguimiento.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Undécima. Naturaleza del convenio y jurisdicción.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones  litigiosas  que  pudieran  suscitarse  entre  las  partes,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima. Finalización de vigencia del convenio anterior.
Una vez el presente convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior convenio suscrito 
entre las partes en fecha 4 de abril de 2018 sin necesidad de realizar liquidación 
adicional alguna. En consecuencia, el presente convenio sustituirá en su totalidad al 
extinto convenio firmado por las partes en fecha 4 de abril de 2018.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en 
la fecha que el convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, 
Gerardo Landaluce Calleja.
ANEXO
En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  Novena  del  convenio,  la  comisión  de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
– Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
• La Subdirectora General y la Subdirectora Adjunta de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
– Por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras:
• El Secretario General, don Eduardo Villalba Gil.
• El Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos, don Antonino Iglesias Gallego.