BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Sábado 30 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 11329
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1355 Ley  Foral  21/2020,  de  29  de  diciembre,  de  modificación  de  diversos 
impuestos y otras medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias y de 
modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo
PREÁMBULO
Constituye el objeto de la presente Ley Foral la modificación de las siguientes 
normas: el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, la Ley Foral General Tributaria, la 
Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las actividades de 
patrocinio, la Ley Foral reguladora del Régimen Fiscal de las Cooperativas de Navarra, la 
Ley  Foral  por  la  que  se  aprueban  las  tarifas  y  la  instrucción  del  Impuesto  sobre 
Actividades económicas o licencia fiscal, la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra 
y el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
El primer objetivo que debe inspirar toda modificación tributaria debe ser el de 
mejorar  la  justicia  en  dicho  ámbito  y  luchar  contra  el  fraude  fiscal.  Para  ello,  se 
introducen medidas dirigidas tanto a facilitar las actuaciones de control tributario como a 
prevenir el fraude fiscal, especialmente en fase recaudatoria. En segundo lugar, con el 
objetivo  de  cumplir  las  disposiciones  de  la  normativa  europea,  se  completa  la 
transposición  al  ordenamiento  tributario  de  la  Comunidad  Foral  de  la  Directiva 
(UE)2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado 
interior  (Directiva  antielusión fiscal o  ATAD).  De  acuerdo con lo establecido en los 
considerandos de la Directiva, es necesario garantizar el pago del impuesto allí donde se 
generen  los  beneficios  y  el  valor,  reforzar  el  nivel  medio  de  protección  contra  la 
planificación  fiscal  abusiva  y  establecer  normas  contra  la  erosión  de  las  bases 
imponibles  en  el  mercado  interior  y  el  traslado  de  beneficios  fuera  del  mismo.  En 
cumplimiento de dichos objetivos se incorporan las disposiciones relativas al Tax Exit 
(Impuesto de salida) y a la transparencia fiscal internacional. Finalmente, en el contexto 
actual, no se puede olvidar la situación de crisis económica en la que nos encontramos, 
derivada de la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), por lo que se introducen 
también medidas destinadas a paliar los efectos de la misma en determinados sectores, 
o en relación con determinadas personas, que se están viendo especialmente afectadas.
En la elaboración del proyecto se han seguido los principios de buena regulación 
establecidos  en  el  artículo  129  de  la  Ley  Foral  11/2019  de  11  de  marzo,  de  la  e.e
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional  b
Foral. Así, esta Ley Foral cumple por los motivos expuestos anteriormente con los  55ww
mproindcifipiciao sd divee nrseacse snidoarmd ays e ftircibauctiaa:r ieasst;á s jeu sbtiaficsaad ean p ourn raa zidoennetsif idcea ciniótenr écsla grae ndeera llo, sy af iqnuees 
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tributario establecida en el artículo 11 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria.
Esta Ley Foral modifica determinados artículos de otras leyes forales, con la mayor 
precisión  posible,  de  manera  que  el  principio  de  proporcionalidad  también  se  ve 
observado. Por el mismo motivo se cumple con el principio de seguridad jurídica. En 
efecto,  la  coherencia  con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico,  la  estabilidad,  la 
predecibilidad y la certidumbre para personas y empresas han sido minuciosamente 
ponderadas para conseguir el correcto equilibrio entre la voluntad del legislador y el resto 
de la realidad jurídica existente, incluida la jurisprudencia más reciente. El principio de 
simplicidad y eficiencia que persigue evitar las cargas administrativas innecesarias o 
accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos ha sido, asimismo, tenido 
muy en cuenta para la consecución de determinados objetivos pretendidos con esta Ley 
Foral.
Las publicaciones en el Boletín del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de 
Navarra y en la página web de navarra.es, tanto de la propia Ley Foral, como del 
procedimiento de su elaboración y de sus efectos en el resto de normas, velan por el 
respeto a los principios de transparencia y de accesibilidad.
Para concluir, se ha tenido presente el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
y se han realizado modificaciones con el objeto de utilizar en las normas un lenguaje 
inclusivo y no sexista.
La norma legal se estructura en siete artículos, cinco disposiciones adicionales, una 
disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se introducen 
diversas modificaciones.
Se declara la exención de las prestaciones percibidas de entidades de previsión 
social  voluntaria  por  las  personas  socias  trabajadoras  de  las  cooperativas,  cuando 
dichas prestaciones se perciban en las mismas circunstancias que las percibidas de la 
Seguridad Social por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. De este modo, 
se equipara el tratamiento fiscal de estas prestaciones al de las prestaciones de la 
Seguridad  Social  o  al  de  las  percibidas  de  mutualidades  de  previsión  social  por 
profesionales  no  integrados  en  el  régimen  especial  de  la  Seguridad  Social  de 
trabajadores autónomos.
También se declara exento el Ingreso Mínimo Vital, establecido en el Real Decreto 
Ley 20/2020, de 29 de mayo, en coherencia con la exención vigente de la Renta 
Garantizada.
Finalmente, con el objetivo de no penalizar a las personas desempleadas que asisten 
a  acciones  formativas,  se  declaran  exentas  las  becas,  ayudas  de  transporte, 
manutención y alojamiento, así como las ayudas a la conciliación previstas en el Capítulo 
IV de la Orden TMS/368/2019,  de 28  de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el  ámbito  laboral,  en  relación  con  la  oferta  formativa  de  las  administraciones 
competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
En el ámbito de los rendimientos de trabajo se modifica la estructura del artículo 
relativo a las retribuciones no dinerarias o en especie. En el apartado 1 se establece el 
concepto y una lista abierta de retribuciones en especie. En el apartado 2 se incluyen 
conceptos retributivos que no encajan en el concepto de retribución en especie del  s
apartado 1, porque faltaría el requisito de destino a fines particulares, pero respecto de  oe.
los cuales se quiere dejar claro que nunca serán considerados como retribución en  w.
especie. Finalmente, en el apartado 3 se recogen las retribuciones en especie exentas,  55ww
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diferentes  conceptos  retributivos  el  cambio  realizado  atiende  a  dos  razones:  una 
conceptual, ya que es más correcto técnicamente establecer que ciertas retribuciones en 
especie están exentas que «no considerarlas retribución en especie», cuando sí lo son; y 
otra de control tributario, ya que existe obligación de informar sobre las retribuciones de 
trabajo exentas (dinerarias o en especie) y dicha obligación no resulta tan clara si se 
trata de retribuciones que «no tienen la consideración de retribuciones en especie». De 
este modo se consigue información sobre todas las rentas de trabajo, dinerarias o en 
especie, sujetas o exentas, y se coordina mejor el intercambio de información con otras 
administraciones tributarias.
La permanente intención de acrecentar la equidad constituye un objetivo básico de 
cualquier sistema tributario, por lo que la capacidad económica ha de ser la verdadera 
medida para distribuir las obligaciones tributarias. En ese sentido se ha considerado 
oportuno suprimir el régimen de estimación objetiva de determinación del rendimiento 
neto de las actividades empresariales y profesionales, con la finalidad de acercar la 
tributación de los empresarios personas físicas al rendimiento real de su actividad. Este 
régimen de estimación objetiva se sustituye, desde el 1 de enero de 2021, por un 
régimen de estimación directa especial, en el que se parte de los ingresos generados por 
la actividad económica, pero en el que, atendiendo al volumen de operaciones de los 
sujetos pasivos y a las características de las actividades, se establecen determinados 
gastos que no son fiscalmente deducibles y, en su lugar, el sujeto pasivo aplicará un 
porcentaje de deducción de su rendimiento neto positivo.
Por lo que respecta a los límites máximos de reducción de la parte general de la 
base imponible por aportaciones y contribuciones empresariales a sistemas de previsión 
social se reduce a 2.000 euros el límite general y a 5.000 euros el límite de aportación 
para mayores de 50 años; por otro lado, se eleva a 5.000 euros el límite propio e 
independiente  establecido  para  las  contribuciones  empresariales  que  hayan  sido 
imputadas a los partícipes.
En el ámbito de las deducciones de la cuota diferencial, se suprime la deducción de 
las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas. Esta modificación 
viene motivada porque los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea 
inferior a 1.000.000 euros estarán exentos desde el 1 de enero de 2021 de pagar el 
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Con  la  finalidad  de  facilitar  el  acceso  al  alquiler  de  las  personas  jóvenes,  se 
establece  que  el  abono  de  la  deducción  por  arrendamiento  para  emancipación 
(Emanzipa) se realizará con periodicidad mensual en lugar de trimestral.
Asimismo,  se  flexibilizan,  exclusivamente  durante  2021,  los  requisitos  de  la 
deducción  por  arrendamiento  para  emancipación  con  el  objeto  de  que  puedan 
beneficiarse  de  la  misma  las  personas  en  Expediente  de  Regulación  Temporal  de 
Empleo (ERTE) o en situación de desempleo; así como los de las deducciones por 
arrendamiento  para  acceso  a  vivienda,  para  que  puedan  acceder  a  ellas  familias 
inscritas en el censo de solicitantes de vivienda protegida con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2020 en la modalidad de arrendamiento o arrendamiento con opción de 
compra,  o  arrendatarias  de  una  vivienda  protegida  con  contrato  visado 
administrativamente antes de dicha fecha, aunque no cumplan el requisito de 1 año de 
antigüedad.
Se establecen reglas especiales de imputación temporal en relación con las ayudas 
públicas  para  la  primera  instalación  de  jóvenes  agricultores  previstas  en  el  Marco 
Nacional de Desarrollo Rural de España. Estas ayudas ya no se vinculan a inversiones y  s
gastos de instalación, sino que están condicionadas directamente al desarrollo de un  oe.
plan  empresarial.  Esto  implica  que  han  pasado  de  tener  la  consideración  de  w.
subvenciones de capital a ser consideradas subvenciones corrientes o de explotación,  55ww
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se fracciona en dos años, se establece, igual que en la normativa estatal, que las ayudas 
se podrán imputar por cuartas partes, en el periodo impositivo de la percepción y en los 
tres siguientes.
Estas ayudas serán calificadas como rendimiento de actividades económicas cuando 
quien  las  percibe  desarrolle  su  actividad  agrícola  como  persona  física,  y  como 
incremento de patrimonio cuando se destinen a la adquisición de una participación en el 
capital de empresas agrícolas societarias. En cualquiera de los dos casos se podrán 
imputar por cuartas partes.
Por otra parte, en relación con los seguros de vida en los que el tomador asuma el 
riesgo  de  la  inversión,  se  adaptan  los  requisitos  exigibles  para  que  no  resulte  de 
aplicación  la  regla  especial  de  imputación  temporal  para  este  tipo  de  seguros,  en 
concordancia  con  las  últimas  modificaciones  normativas  aplicables  a  las  entidades 
aseguradoras. Dado que la actual normativa aseguradora no regula límites expresos de 
diversificación  y  dispersión,  y  que  las  normas  sobre  inversiones  de  entidades 
aseguradoras se regulan el artículo 89 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 
de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, 
resulta procedente sustituir los requisitos hasta ahora en vigor, por los regulados en 
dicho precepto.
Con el objetivo de reforzar el control tributario, se introducen nuevas obligaciones de 
información.
Por un lado, se obliga a las cooperativas a informar sobre las rentas derivadas de la 
transmisión o el reembolso de las aportaciones sociales de las mismas.
Por otro, se establecen dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia 
y operativa con monedas virtuales.
Así, se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que 
mantienen las personas titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen 
servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que 
posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores de 
servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio 
de tenencia.
Igualmente, para estas mismas personas o entidades, se establece la obligación de 
suministrar información acerca de las operaciones sobre monedas virtuales (adquisición, 
transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan. Esta misma 
obligación se extiende a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales y 
a quienes proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso 
legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la 
realización de dichas operaciones.
Finalmente, se prorroga para las cotizaciones a la Seguridad Social satisfechas en el 
año  2021  la  deducción  del  100  por  100  de  las  mencionadas  cotizaciones 
correspondientes  a  contratos  formalizados  con  personas  que  trabajan  en  el  hogar 
familiar en el cuidado de descendientes, ascendientes y personas con discapacidad.
En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se introducen dos limitaciones en 
relación con la exención de dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores 
representativos en los fondos propios de entidades residentes y no residentes. Por un 
lado, ya no resulta de aplicación la exención en ningún caso cuando el porcentaje de 
participación sea inferior al 5 por 100, es decir, aunque el valor de la participación sea 
superior a 20 millones de euros se va a exigir también que represente una participación 
de al menos el 5 por 100. Por otro lado, el importe exento de los dividendos y de la renta  s
positiva obtenida en la transmisión de las participaciones significativas se reducirá en  oe.
un 5 por 100 en concepto de gastos de gestión de las mencionadas participaciones. Esta  w.
reducción no se aplicará, de forma temporal y solo respecto a los dividendos, cuando la  55ww
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pcoonr s1t0it0u.ida a partir del 1 de enero de 2021 y en la que la perceptora participe al 100  BOE-A-cable e
Estas limitaciones afectan también a la deducción por doble imposición económica 
internacional, de modo que para poder aplicarla la participación debe ser siempre al 
menos del 5 por 100 y para determinar el importe de la cuota que correspondería pagar 
en España hay que reducir el importe de los dividendos en un 5 por 100 en concepto de 
gastos de gestión.
Finalmente se regula un régimen transitorio para las participaciones con valor de 
adquisición superior a 20 millones de euros adquiridas antes de 1 de enero de 2021, que 
podrán seguir aplicando el régimen fiscal establecido en los artículos 35 o 57 de la Ley 
Foral del Impuesto sobre Sociedades hasta el periodo impositivo 2025 incluido.
Otras modificaciones relevantes en el Impuesto sobre Sociedades tienen que ver con 
la trasposición de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo de 12 de julio de 2016, por la 
que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente 
en el funcionamiento del mercado interior (Directiva ATAD), que se enmarca dentro del 
paquete de medidas de la Comisión Europea para lograr una tributación más justa, 
sencilla y eficaz en la Unión Europea (UE). En particular, se procede a la trasposición de 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva ATAD, relativa a la imposición de salida, y de 
las normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (artículos 7 y 8 de la 
Directiva).
El impuesto de salida garantiza que, cuando un contribuyente traslade activos o su 
residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal de un Estado, dicho Estado grave el valor 
económico de cualquier plusvalía creada en su territorio aun cuando dicha plusvalía no 
haya sido realizada.
Por su parte, las normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (régimen 
de transparencia fiscal internacional en la terminología de la Ley Foral del Impuesto 
sobre  Sociedades),  permiten  reasignar  la  renta  de  una  filial  controlada  o  de  un 
establecimiento permanente sujetos a un bajo nivel de imposición, a su sociedad matriz.
Se trata de dos normas que ya existen en la normativa foral pero que han de 
modificarse para adaptar su contenido al previsto en la Directiva ATAD.
Por lo que respecta al tax exit o impuesto de salida, en el supuesto de que el cambio 
de residencia se efectúe a otro Estado miembro o un tercer país que sea parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se establecía el aplazamiento del pago 
del impuesto de salida, a solicitud del contribuyente, hasta la fecha de la transmisión a 
terceros  de  los  elementos  patrimoniales  afectados.  Sin  embargo,  lo  que  prevé  la 
Directiva en estos supuestos es un derecho del contribuyente a fraccionar el pago del 
impuesto de salida a lo largo de cinco años, estableciendo, asimismo, determinadas 
normas complementarias para el caso de que se solicite ese fraccionamiento; es este 
fraccionamiento  el  que  se  ha  incorporado  a  la  normativa  foral  en  sustitución  del 
aplazamiento.
Además, con el objeto de evitar la doble imposición que se produciría en caso de que 
la plusvalía que ha originado el pago del impuesto de salida vuelva a gravarse en un 
momento posterior dentro de la Unión Europea, la Directiva ATAD regula que el Estado 
miembro al que se han trasladado los activos, la residencia o la actividad, ha de aceptar 
el valor determinado por el Estado miembro de salida como valor a efectos fiscales, 
salvo que dicho valor no refleje el valor de mercado basado en el principio de plena 
competencia; regulación que se incorpora también a la normativa foral.
Por lo que respecta a la transparencia fiscal internacional, se modifica el mencionado 
régimen para incluir como susceptibles de transparencia fiscal internacional las rentas 
obtenidas  por  establecimientos  permanentes  en  el  extranjero,  así  como  las  rentas  s
derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o de actividades de seguros,  oe.
bancarias y otras actividades financieras. Estas modificaciones se realizan también en la  w.
regulación de la transparencia fiscal internacional en el Impuesto sobre la Renta de las  55ww
PersEonn aesl  áFmísbicitaos .de deducciones de la cuota se modifican la deducción por inversiones
eemn pplreood.ucciones cinematográficas y series audiovisuales y la deducción por creación de  BOE-A-cable e
Con  el  objetivo  de  dotar  de  una  mayor  seguridad  jurídica  a  la  deducción  por 
inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales, se establece que 
la base de deducción se determinará mediante resolución de la Dirección General de 
Cultura teniendo en cuenta la inversión realizada por la productora y el importe de los 
gastos realizados en Navarra. Se habilita asimismo a la persona titular del departamento 
competente en materia tributaria para determinar los gastos que forman parte de la 
inversión de la productora, así como los criterios en virtud de los cuales los gastos se 
entienden realizados en Navarra.
Además, se establecen dos procedimientos, que se desarrollarán mediante orden 
foral de la persona titular del departamento competente en materia tributaria, uno de 
validación previa de los requisitos para poder aplicar la deducción y otro de justificación 
posterior de los costes incurridos a efectos de determinar la base de la deducción. Si la 
deducción aplicada es superior a la que hubiera correspondido de acuerdo con la base 
de  deducción  reconocida  en  la  resolución  de  la  Dirección  General  de  Cultura,  el 
contribuyente deberá regularizar la deducción en la autoliquidación correspondiente al 
periodo impositivo en que haya recibido la notificación de la mencionada resolución.
Finalmente se establece un pequeño incentivo adicional (5 puntos porcentuales más 
respecto del primer millón de base de deducción) para determinadas producciones: 
obras cuya única versión original sea en euskera, obras realizadas exclusivamente por 
directoras,  documentales,  producciones  de  animación  y  producciones  de  directores 
nóveles.
Con el objetivo de simplificar la deducción por creación de empleo se elimina el 
requisito de mantenimiento de las plantillas para consolidar la deducción. La introducción 
de los límites sobre el salario, así como los diferentes importes de deducción en función 
de si la creación de empleo afecta a la plantilla de hombres, de mujeres o de personas 
con discapacidad, ha complicado enormemente el cálculo de la deducción y sobre todo 
su posterior regularización en caso de incumplimiento de mantenimiento de alguna de 
las plantillas. Todo ello genera errores en la aplicación de la deducción y complica su 
revisión  y  regularización.  Además,  el  requisito  de  mantenimiento  de  las  plantillas 
ocasiona incertidumbre en las empresas, que deben estar pendientes de la evolución del 
empleo a dos años vista para poder consolidar la deducción generada. Por otra parte, en 
contextos de crisis como la actual por la COVID-19, u otras circunstancias, se considera 
necesario flexibilizar los requisitos para no ocasionar perjuicios a las empresas que se 
deben adaptar a la nueva coyuntura.
Para incentivar de un modo especial la innovación en los procesos de producción de 
la industria de la automoción, en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021, 
se incrementa para las pequeñas y medianas empresas, el porcentaje de deducción por 
la realización de actividades de innovación tecnológica si el resultado es un avance 
tecnológico en la obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de valor de 
la industria de la automoción o mejoras sustanciales en los procesos ya existentes. Así, 
el porcentaje de deducción en 2020 y en 2021 será 25 por 100, en lugar del 15 por 100, 
cuando se trate de PYMES de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías  de  ayudas  compatibles  con  el  mercado  interior  en  aplicación  de  los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Asimismo, se 
establece un límite para ese incremento de deducción de 7,5 millones de euros por 
proyecto.
Por otro lado, se prorroga, para los gastos e inversiones realizados en 2021 la  s
deducción del 30 por 100 para la transformación digital de las empresas regulada en el  oe.
Decreto Ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para  w.
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 55ww
motiAvlo i,g usael  qeuliem ienna  ella I mdpeudeusctcoi ósno bdree  lala Rs ecnutao tdaes  lassa tPiseferscohnaas s pFoírs iceal s,I my ppuoers etol  msiosbmroe 
Actividades Económicas.
Finalmente, se completa la regulación del régimen especial aplicable a las entidades 
parcialmente exentas, para aclarar que las inversiones que realicen estas entidades solo 
darán derecho a deducción de la cuota en la medida en que estén vinculadas con 
actividades sujetas y no exentas.
La misma precisión se introduce en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora 
del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, a efectos de 
determinar la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades de las fundaciones.
También en la Ley Foral reguladora del régimen tributario de las fundaciones, se 
realiza  una  modificación  que  viene  motivada  por  la  exención  del  Impuesto  sobre 
Actividades Económicas de los sujetos pasivos que tengan un importe neto de cifra de 
negocios inferior a 1.000.000 euros. En virtud de dicha modificación, desde el 1 de enero 
de 2021 las fundaciones cuyo importe neto cifra de negocios sea inferior a 1.000.000 
euros  estarán  exentas  del  IAE  sin  necesidad  de  solicitarlo  a  los  ayuntamientos 
competentes y con independencia de que estén acogidas o no al régimen fiscal regulado 
en la Ley Foral 10/1996. Por tanto, únicamente las fundaciones que tengan una cifra de 
negocios igual o superior a 1.000.000 euros deberán solicitar la exención y acreditar que 
la actividad económica que realizan constituye su objeto o finalidad específica y que 
están acogidas al régimen fiscal de la Ley Foral 10/1996 de fundaciones.
La misma justificación, supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas para 
sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios se inferior a 1.000.000 de 
euros, tienen las modificaciones introducidas en la Ley Foral reguladora del régimen 
fiscal  de  las  cooperativas.  Se  mantienen,  por  tanto,  las  bonificaciones  existentes 
únicamente para las cooperativas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o 
superior a 1.000.000 de euros.
El  deber  de  contribuir  al  sostenimiento  de  los  gastos  públicos  que  enuncia  el 
artículo 31.1 de la Constitución española, implica de acuerdo con la doctrina del Tribunal 
Constitucional, una exigencia directa al legislador, obligado a buscar la riqueza allá 
donde se encuentre, así como la prohibición en la concesión de privilegios tributarios 
discriminatorios,  al  constituir  una  quiebra  del  deber  genérico  de  contribuir  al 
sostenimiento  de  los  gastos  del  Estado.  El  Tribunal  Constitucional  ya  declaró 
inconstitucional en su sentencia 73/2017, de 8 de junio, la declaración tributaria especial 
establecida por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, por afectar 
a la esencia del deber de contribuir del mencionado artículo 31.1 de la Constitución. 
Conforme con lo anterior, se incluye en la Ley Foral General Tributaria la prohibición del 
establecimiento  de  cualquier  mecanismo  extraordinario  de  regularización  fiscal  que 
implique  una  disminución  de  la  cuantía  de  la  deuda  tributaria  y,  por  tanto,  una 
vulneración de los principios capacidad económica, igualdad y progresividad que deben 
presidir la ordenación del sistema tributario.
Como medida de control tributario, se establece la obligación de que los sistemas 
informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial 
se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, 
legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, requisitos cuya especificación 
técnica puede ser objeto de desarrollo reglamentario, incluyendo en este la posibilidad 
de  someterlos  a  certificación.  Asimismo,  en  concordancia  con  dicha  regulación,  se 
establece un régimen sancionador específico, derivado de la mera producción de estos 
sistemas o programas, o de la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación.
En otro orden de cosas, se elimina la obligación de que los representantes de sujetos 
pasivos domiciliados fiscalmente fuera de Navarra deban tener su domicilio fiscal en  s
Navarra, para adecuar la regulación al Derecho de la Unión Europea. oe.
En el ámbito de las infracciones y sanciones se incluye como sujeto infractor a la  w.
entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del IVA, con la finalidad  55ww
cdoen sdoalrid uanci ótnra tfaismcaiel ndtoe l hImompuoegsétnoe os oab relo sS oscuiejedtaodse sin fcraocmtoor eesn  tealn troé geimn eenl  eréspgeimcieanl  ddeel 
grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En relación con los procedimientos tributarios se realizan varias modificaciones. Se 
incluyen los periodos de interrupción justificada como tiempo a excluir del cómputo del 
plazo de resolución de los procedimientos y se da cobertura legal expresa a la regulación 
por norma de rango inferior a la ley de las dilaciones, interrupciones y suspensiones en 
el procedimiento; se especifica que el cómputo de los plazos en los procedimientos 
iniciados de oficio se debe hacer desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación; 
y se incluye en la Ley Foral General Tributaria la posibilidad de aprobar modelos de 
utilización obligatoria, así como de obligar a la presentación de documentos por medios 
telemáticos. Con ello se persigue impulsar la utilización de estas herramientas, los 
modelos normalizados y la presentación telemática, que tan eficientes han demostrado 
ser en la gestión masiva y automatizada de instancias de diversa índole, siempre que se 
establecen con carácter obligatorio.
Por lo que respecta a las medidas que inciden especialmente en la recaudación, a 
efectos de evitar el uso inadecuado de la presentación de reiteradas solicitudes de 
aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión, o pago en especie cuyo 
periodo de tramitación suspende cautelarmente el inicio del periodo ejecutivo, se dispone 
que la reiteración de solicitudes, cuando otras previas hayan sido denegadas y no se 
haya efectuado el ingreso correspondiente, no impide el inicio del periodo ejecutivo; 
además, para evitar que los procedimientos de suspensión con otras garantías, o con 
dispensa de ellas, sean utilizados de forma fraudulenta, se incorpora la posibilidad de 
adoptar medidas cautelares durante la tramitación de los mismos; finalmente se otorga 
cobertura legal a la posibilidad de inadmitir las solicitudes de suspensión con dispensa 
total o parcial de garantías por los órganos competentes para resolver sobre la solicitud, 
cuando de la documentación incorporada al expediente se deduzca que no cumplen los 
requisitos establecidos para la concesión de la solicitud. También con la finalidad de 
evitar  prácticas  fraudulentas  consistentes  en  el  aprovechamiento  de  la  dificultad 
existente para la tramitación de ciertas solicitudes de suspensión, se otorga rango legal a 
la posibilidad de la Administración de continuar con su actuación en aquellos supuestos 
en  que  la  deuda  se  encuentre  en  período  ejecutivo.  También  en  el  ámbito  de  la 
recaudación,  se  modifica  el  cálculo  de  los  recargos  del  periodo  ejecutivo  para 
simplificarlo y asemejarlo a la normativa de nuestro entorno.
En el ámbito del delito fiscal se especifica que resultará de aplicación el régimen 
general de responsabilidad y de sucesión a la deuda tributaria derivada de delito fiscal, 
precisión que se incluye también en la Ley Foral de Hacienda Pública de Navarra en 
relación con el cobro de los derechos de naturaleza pública no tributaria. Se pretende 
con ello, en línea con la más reciente jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, eliminar las dudas que se hubieran podido generar respecto de la aplicación en 
esos casos de los supuestos de responsabilidad recogidos en la Ley Foral General 
Tributaria.
Por lo que se refiere a la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en 
el  extranjero,  resulta  necesario  ajustar  su  contenido  a  las  nuevas  circunstancias 
existentes en el mundo económico. A tal fin, se introduce la obligación de informar sobre 
las monedas virtuales situadas en el extranjero. Estos cambios están en consonancia 
con la modificación de la Directiva (UE) 2015/849, que ha incluido los citados activos en 
el ámbito objetivo de la misma.
Finalmente, se continúa para el año 2021 con las medidas específicas aplicables a 
las solicitudes de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria 
que estuvieron en vigor en los años 2017, 2018, 2019 y 2020; pero, además, el número  s
de aplazamientos existentes pendientes de cancelación como causa de denegación  oe.
automática prevista en la disposición específica 4.ª se eleva de 3, a 4 o más. w.
En el Impuesto sobre Actividades Económicas, se crean nuevos epígrafes o grupos  55ww
econm laesr cTiaalriizfaasc idóenl  dIme plouse sstuom, cinoisnt reols f idne d cea crláacstiefirc agre ndeer faol r(melae cetsripceidcaífdic ya  glaass )a,c qtiuveid ahdaestsa d lae 
fecha carecen de dicha clasificación.
Con la posibilidad de elegir en las nuevas rúbricas entre los tres tipos de cuotas 
(municipal,  provincial  o  nacional),  se  reducen  las  cargas  administrativas  para  las 
empresas  comercializadoras  de  energía  eléctrica  y  gas  que  operan  a  lo  largo  del 
territorio nacional que estaban obligadas a satisfacer cuotas municipales en todos y cada 
uno de los municipios, se les equipara a los restantes operadores, es decir, a los 
productores, transportistas y distribuidores, y se evitan los litigios que estaba provocando 
la  actual  inexistencia  de  epígrafes  previstos  en  las  Tarifas  para  dicha  actividad  de 
comercialización de energía eléctrica y gas.
En relación con el Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales, dada 
la situación generada por la crisis del coronavirus y la previsión de que en los próximos 
meses siga afectando de modo especial a la hostelería, se establece que, a efectos de 
determinar la base imponible del impuesto en 2021, se excluirá del cómputo, además de 
la superficie ocupada por locales de ocio y espectáculos, la superficie ocupada por 
locales  de  hostelería.  Por  otro  lado,  se  realiza  una  aclaración  en  relación  a  la 
determinación de la base imponible. Dado que se habían planteado consultas sobre la 
aplicación del coeficiente reductor de 0,9, por entenderse que la superficie resultante 
debía reducirse un 90 por 100 y en ningún caso debía ser esa la interpretación, se 
modifica  la  redacción  de  forma  que  no  quepa  ninguna  duda  de  que  la  superficie 
resultante hay que multiplicarla por 0,9 (lo que, en definitiva, supone una reducción 
del 10 por 100).
La Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan  medidas  específicas  de  prevención,  de  carácter  extraordinario,  para  la 
Comunidad  Foral  de  Navarra,  como  consecuencia  de  la  evolución  de  la  situación 
epidemiológica derivada del COVID-19, ha decretado el cierre durante dos semanas de 
los establecimientos de hostelería y restauración, así como de los locales y salones de 
juego.  Dada  la  situación  de  incertidumbre  en  la  que  nos  encontramos  y  ante  la 
posibilidad de que dichas medidas se prolonguen en el tiempo, se considera necesario 
establecer una reducción en la cuota de los Tributos sobre el Juego por la explotación de 
máquinas  recreativas.  En  consecuencia,  se  reduce  el  importe  de  la  cuota 
correspondiente  al  cuarto  trimestre  en  proporción  al  tiempo  en  que,  durante  el 
mencionado trimestre, permanezcan cerrados los establecimientos en los que estén 
instaladas las máquinas recreativas, como consecuencia de las medidas extraordinarias 
y  específicas  de  prevención  que  se  adopten  por  la  evolución  de  la  situación 
epidemiológica derivada del COVID-19.
Las disposiciones adicionales tercera y cuarta recogen sendas medidas en materia 
de vivienda y la disposición final segunda se ocupa de modificar el Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
La disposición adicional quinta recoge la exención en el Impuesto sobre la Renta de 
la  Personas  Físicas  y  en  el  Impuesto  sobre  Sociedades  de  determinadas  ayudas 
extraordinarias concedidas como consecuencia del covid-19.
La disposición derogatoria deroga determinados apartados de la Ley foral 29/2019, 
de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
Se deroga también la disposición adicional novena de la Ley Foral 21/1997 de 
Presupuestos  Generales  de  Navarra  para  el  ejercicio  de  1998,  que  recogía  unas 
bonificaciones  en  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  en  los  tres 
primeros ejercicios de la actividad. Dichas bonificaciones, cuyo objeto eran incentivar el 
emprendimiento, dejan de tener sentido a partir del 1 de enero de 2021 puesto que se  s
exime de pagar cuotas de IAE a los sujetos pasivos que tengan un importe neto de cifra  oe.
de negocios inferior a 1.000.000 de euros. w.
Las disposiciones finales tercera y cuarta establecen respectivamente la habilitación  55ww
al Gobierno de Navarra para el desarrollo de esta Ley Foral y su entrada en vigor.
Artículo  1.  Texto  Refundido  de  la  Ley  Foral  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas.
Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, 
que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.  Artículo 7, segundo párrafo y tercer párrafo de la letra a), cuarto párrafo de la 
letra k) y adición de una letra y). Con efectos desde el 1 de enero de 2021.
«Asimismo,  estarán  exentas  las  siguientes  prestaciones  siempre  que  se 
perciban en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social:
1.º  Las reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las 
mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al mencionado 
régimen especial de la Seguridad Social.
2.º  Las  percibidas  de  entidades  de  previsión  social  voluntaria  por  las 
personas socias trabajadoras de cooperativas.
La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que 
reconozca  la  Seguridad  Social  por  el  concepto  que  corresponda.  El  exceso 
tributará  como  rendimiento  del  trabajo,  entendiéndose  producido,  en  caso  de 
concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades o de 
las entidades de previsión social voluntaria antes citadas, en las prestaciones de 
estas últimas.»
«También estarán exentas las prestaciones económicas establecidas en el 
Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se regulan las prestaciones y 
ayudas individuales y familiares en materia de Servicios Sociales, así como la 
renta garantizada establecida en la ley foral por la que se regulan los derechos a 
la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, y el ingreso mínimo vital regulado en 
el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo. Asimismo, estarán exentas las 
demás prestaciones públicas por nacimiento, adopción, hijos a cargo, acogimiento 
de  menores,  orfandad,  parto  o  adopción  múltiple,  cuidado  de  hijos  menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como las ayudas concedidas 
mediante las correspondientes convocatorias en materia de familia como medidas 
complementarias para fomentar la natalidad y conciliar la vida laboral y familiar de 
las personas trabajadoras.»
«y)  Las becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento, y ayudas a 
la conciliación previstas en el Capítulo IV de la Orden TMS/368/2019, de 28 de 
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que 
se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema 
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la 
oferta  formativa  de  las  administraciones  competentes  y  su  financiación,  y  se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación.»
Dos.  Artículo  14.2.a)  1.ª,  segundo  párrafo.  Con  efectos  desde  el  1  de  enero 
de 2021.
«No  obstante  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  las  prestaciones  por  o
incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor percibidas por quienes  55ww
erejenrdziamnie natoc tdiveid ealdlaess.»  empresariales  o  profesionales  se  computarán  como
Tres.  Artículo 14.2.a) 3.ª Con efectos desde el 1 de enero de 2021.
«3.ª  Las  prestaciones  percibidas  por  los  beneficiarios  de  planes  de 
pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 
(UE)  2016/2341  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  14  de  diciembre 
de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de 
empleo.
Asimismo, las cantidades percibidas en los supuestos contemplados en el 
artículo 8.8 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos 
de  Pensiones,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2002,  de  29  de 
noviembre, tendrán el mismo tratamiento fiscal que las prestaciones de los planes 
de pensiones.»
Cuatro.  Artículo 15, con efectos desde el 1 de enero de 2021.
«Artículo 15.  Retribuciones no dinerarias o en especie.
1.  A efectos de esta Ley Foral tendrán la consideración de retribuciones no 
dinerarias o en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, 
de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de 
mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.
Cuando  el  pagador  de  las  rentas  entregue  al  sujeto  pasivo  importes  en 
metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la 
consideración de dineraria.
Entre otras, se considerarán retribuciones no dinerarias o en especie del 
trabajo las siguientes:
a)  La utilización de vivienda.
b)  La utilización o entrega de vehículos automóviles.
c)  Los préstamos con tipo de interés inferiores al legal del dinero.
d)  Las  prestaciones  en  concepto  de  manutención,  hospedaje,  viajes  de 
turismo y similares.
e)  Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de 
seguro u otro similar.
f)  Las  contribuciones  o  aportaciones  satisfechas  por  los  promotores  de 
Planes de Pensiones, así como las cantidades satisfechas por empresarios para 
hacer frente a los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los 
términos previstos en la disposición adicional primera del Texto Refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en su normativa de 
desarrollo, incluidos los planes de previsión social empresarial.
Se  incluirán  también  en  esta  letra  las  contribuciones  satisfechas  por  las 
empresas promotoras reguladas en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la 
supervisión  de  fondos  de  pensiones  de  empleo.  Igualmente,  las  cantidades 
satisfechas por los empresarios en virtud de contratos de seguro de dependencia.
g)  Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y manutención 
del sujeto pasivo o de otras personas ligadas al mismo por vínculo de parentesco 
hasta el cuarto grado inclusive.
2.  En ningún caso tendrán la consideración de retribuciones de trabajo en 
especie:
a)  Las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del  b
personal empleado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o  55ww
las cba) racLtaesrí sptricimasa sd eo  locus optuaes sstoasti sdfee cthraabsa pjoo.r la empresa en virtud de contrato de
seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador.
3.  Estarán exentas las siguientes retribuciones de trabajo en especie:
a)  Las  entregas  de  productos  a  precios  rebajados  que  se  realicen  en 
cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social. Tendrán la 
consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en 
comedores de empresa las fórmulas indirectas de prestación del servicio cuya 
cuantía no supere la cantidad que reglamentariamente se determine.
b)  La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales 
del personal empleado. Tendrán esta consideración, entre otros, los espacios y 
locales  debidamente  homologados  por  la  Administración  pública  competente, 
destinados por las empresas o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de 
educación infantil de los hijos de sus trabajadores, así como la contratación de 
este servicio con terceros debidamente autorizados.
c)  Las  cantidades  satisfechas  a  las  entidades  encargadas  de  prestar  el 
servicio público de transporte colectivo de viajeros para el desplazamiento de los 
empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, con el límite 
de 1.500 euros anuales para cada trabajador. También tendrán la consideración de 
cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el citado servicio 
público, las fórmulas indirectas de pago que cumplan las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.
d)  Las  primas  o  cuotas  satisfechas  a  entidades  aseguradoras  para  la 
cobertura de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1.º  Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo 
también alcanzar a su cónyuge y descendientes.
2.º  Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales 
por cada una de las personas señaladas en el ordinal 1.º, o de 1.500 euros por 
cada una de ellas con discapacidad. El exceso sobre dicha cuantía constituirá 
retribución en especie.
e)  La entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado que, de sus 
propias acciones o participaciones o de las de cualquiera de las sociedades 
integrantes  del  grupo  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio, 
efectúen las sociedades a sus trabajadores en activo, en la parte en que la 
retribución en especie no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada 
trabajador,  de  12.000  euros  anuales,  siempre  que  se  cumplan  los  siguientes 
requisitos:
1.º  Que  la  oferta  se  realice  en  idénticas  condiciones  para  todos  los 
trabajadores de la empresa.
2.º  Que estos trabajadores, sus cónyuges o familiares hasta el segundo 
grado, no tengan una participación conjunta en la empresa superior al 5 por 100. 
En el supuesto de que dicho porcentaje se supere como consecuencia de la 
adquisición  de  estas  participaciones  la  exención  sólo  alcanzará  a  las 
participaciones entregadas hasta completar el 5 por 100.
3.º  Que los valores se mantengan, al menos, durante tres años.
El  incumplimiento  del  plazo  a  que  se  refiere  el  requisito  3.º  supondrá  la 
obligación de regularizar la situación tributaria conforme a lo establecido en el 
artículo 83.4.
Para  la  determinación  de  los  incrementos  y  disminuciones  patrimoniales 
derivados de la transmisión de las acciones o participaciones se tendrá en cuenta  e.
para el cálculo del valor de adquisición el importe exento de la retribución en  w.
especie. 55ww
estaLbole dciisdpou eens tloa  elent reas ft)a. letra no resultará de aplicación cuando proceda aplicar lo
f)  La entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado que, de sus
propias acciones o participaciones o de las de cualquiera de las sociedades
integrantes  del  grupo  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio, 
efectúen las sociedades a su personal en activo, cuando la persona trabajadora y 
las acciones o participaciones adquiridas cumplan los requisitos establecidos para 
practicar  la  deducción  recogida  en  el  artículo  62.11,  en  la  parte  en  que  la 
retribución en especie no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada 
trabajador, de 20.000 euros anuales.
El  incumplimiento  de  cualquier  requisito  establecido  en  el  artículo  62.11 
supondrá que el sujeto pasivo deberá regularizar la situación tributaria conforme a 
lo establecido en el artículo 83.4.
Para  la  determinación  de  los  incrementos  y  disminuciones  patrimoniales 
derivados de la transmisión de las acciones o participaciones se tendrá en cuenta 
para el cálculo del valor de adquisición el importe exento de la retribución en 
especie.»
Cinco.  Artículo 34.1, con efectos a partir del 1 de enero de 2021.
«1.  El rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales se 
determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las 
reglas especiales contenidas en esta sección, y se llevará a cabo a través del 
régimen de estimación directa que admitirá tres modalidades:
a)  La normal
b)  La simplificada
c)  La especial».
Seis.  Artículo 35. Modificación del segundo párrafo de la regla 1.ª, y supresión de la 
regla 6.ª Con efectos desde el 1 de enero de 2021.
«No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades 
abonadas en concepto de primas o cotizaciones por virtud de contratos de seguro 
concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no integrados 
en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 
propia  o  autónomos,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  disposiciones 
adicionales decimoctava y decimonovena del Texto Refundido de la Ley General 
de  la  Seguridad  Social,  en  la  parte  que  tenga  por  objeto  la  cobertura  de 
contingencias atendidas por la Seguridad Social, con el límite anual de 4.500 
euros.»
Siete.  Artículo 35, adición de un apartado 2, el actual contenido del artículo pasará 
a ser el apartado 1. Con efectos desde el 1 de enero de 2021.
«2.  Incompatibilidad de los regímenes de determinación del rendimiento.
a)  Los sujetos pasivos que determinen el rendimiento de alguna actividad 
empresarial o profesional por las modalidades normal o simplificada, determinarán 
el rendimiento neto de todas sus actividades empresariales o profesionales, en la 
modalidad correspondiente.
b)  Los sujetos pasivos que determinen el rendimiento de alguna de sus 
actividades empresariales o profesionales por la modalidad normal, determinarán 
el rendimiento neto de todas sus actividades por esta modalidad.
c)  En el supuesto en que el sujeto pasivo iniciara una nueva actividad, se  e.
aplicarán las siguientes reglas: w.b
naunetev1ra.ioº  aricdStaivid id esal edr .ednedteimrmieinntao  pdoer  llaa sm aocdtaivliiddaadde nso rqmuea l, sees tvae nsíearná  ddees aaprrloicllaacniódno  ac olna   OE-A-2021-13able en https://
2.º  Si el rendimiento de las actividades que se venían desarrollando con 
anterioridad se determina por la modalidad simplificada, no será de aplicación para 
ese año la incompatibilidad a que se refiere la letra b).
3.º  Si el rendimiento de las actividades que se venían desarrollando con 
anterioridad se determina por la modalidad especial y se iniciara durante el año 
alguna actividad empresarial o profesional no incluida en la misma o por la que se 
renuncie a dicha modalidad, la incompatibilidad a que se refiere la letra a) no 
surtirá efectos para ese año respecto a las actividades que se venían realizando 
con anterioridad».
Ocho.  Artículo 36, con efectos a partir del 1 de enero de 2021.
«Artículo  36.  Determinación  del  rendimiento  neto  en  estimación  directa 
simplificada y en estimación directa especial.
A)  Estimación directa simplificada.
1.  Aplicarán esta modalidad, salvo que renuncien a la misma en los términos 
establecidos  reglamentariamente,  los  sujetos  pasivos  que  ejerzan  actividades 
empresariales  o  profesionales  cuyo  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  no 
supere 600.000 euros en el año inmediatamente anterior y no determinen el 
rendimiento neto en la modalidad especial.
2.  El rendimiento neto se determinará según las normas contenidas en los 
artículos 34 y 35, con las especialidades siguientes:
a)  Las  amortizaciones  del  inmovilizado  material  y  de  las  inversiones 
inmobiliarias se practicarán únicamente por el método de tablas, establecido en el 
artículo 26 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas 
aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo.
b)  No serán deducibles las provisiones ni las pérdidas por deterioro.
3.  Del rendimiento neto positivo calculado de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado A).2 se deducirá el 5 por 100 del mismo.
B)  Estimación directa especial.
1.  Aplicarán esta modalidad, salvo que renuncien a la misma:
a)  Los  sujetos  pasivos  que  ejerzan  actividades  agrícolas,  ganaderas, 
forestales o pesqueras siempre que el importe neto de su cifra de negocios no 
haya superado 300.000 euros en el año inmediatamente anterior.
b)  Los  sujetos  pasivos  que  ejerzan  actividades  empresariales  a  las  que 
resulte de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia o el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que el importe 
neto  de  su  cifra  de  negocios  no  haya  superado  150.000  euros  en  el  año 
inmediatamente anterior.
c)  No  podrán  aplicar  esta  modalidad  los  sujetos  pasivos  que  queden 
excluidos  o  renuncien  al  régimen  simplificado  o  al  régimen  especial  de  la 
agricultura, ganadería y pesca, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2.  A los efectos del cómputo del importe neto de la cifra de negocios deberán  es
tenerse en cuenta no solo las operaciones correspondientes a las actividades  bo
empresariales  desarrolladas  por  el  sujeto  pasivo  sino  también  las  55ww
apecosal crrrtseeicunsijpdepeitoeonnn  dtcpeiueasan,s ltiqepvuosoi  re arelaa n sl ad seleo  nsldot iesdts aéaadrnmrertoesinlr lioaeosdnr ea srseé, s gaptaisombír el ecneoc lim ddcooeós  np ayoterurin bgl auesec,  iló elonnas tri dtdídecaeu dsrleoecs ne t2nvai8dns i ceeudnnletae  dlsala assy    qcLlouoenesy     OE-A-2021-13able en https://
Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en las que 
concurran las siguientes circunstancias:
a)  Que  las  actividades  empresariales  desarrolladas  sean  idénticas  o 
similares.  A  estos  efectos,  se  entenderán  que  son  idénticas  o  similares  las 
clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
b)  Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose 
medios personales o materiales.
3.  El rendimiento neto se determinará según las normas contenidas en los 
artículos 34 y 35, con las especialidades siguientes:
a)  No serán deducibles las provisiones, las pérdidas por deterioro ni las 
amortizaciones,
b)  No  serán  deducibles  las  cantidades  en  concepto  de  gastos  de 
arrendamiento o de cesión de elementos de transporte o de maquinaria agrícola
4.  Del rendimiento neto positivo calculado de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado B).3 se deducirá:
a)  Con carácter general, el 10 por 100 del mismo.
b)  Tratándose de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, 
el 35 por 100 del mismo.
c)  Tratándose de actividades de transporte de mercancías por carretera, 
el 45 por 100 del mismo. A estos efectos se entenderán por actividades de 
transporte de mercancías por carretera las incluidas en el epígrafe 722 de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas mediante la Ley 
Foral 7/1996, de 28 de mayo.
5.  La renuncia a la estimación directa especial, así como su revocación, se 
realizarán en la forma establecida reglamentariamente para la estimación directa 
simplificada, teniendo los efectos para ella señalados.
6.  Los  sujetos  pasivos  que  desarrollen  actividades  empresariales  cuyo 
rendimiento  se  determine  en  esta  modalidad  especial  de  estimación  directa 
estarán obligados a llevar los libros registro establecidos en las letras a) y b) del 
artículo 61.3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado  por  Decreto  Foral  174/1999,  de  24  de  mayo,  salvo  que  lleven 
contabilidad de acuerdo a lo previsto en el código de comercio.
7.  Entidades en régimen de atribución de rentas.
a)  La modalidad especial del régimen de estimación directa será aplicable 
para  la  determinación  del  rendimiento  neto  de  las  actividades  empresariales 
desarrolladas  por  las  entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  11,  siempre  que 
cumplan los requisitos establecidos en esta letra B) y todos sus socios, herederos, 
comuneros o partícipes sean personas físicas sujetos pasivos de este Impuesto.
b)  La renuncia a esta modalidad, que deberá efectuarse de acuerdo a lo 
establecido en el apartado 5 de esta letra B), se formulará por todos los socios, 
herederos, comuneros o partícipes.
c)  La aplicación de esta modalidad se efectuará con independencia de las 
circunstancias  que  concurran  individualmente  en  los  socios,  herederos,  s
comuneros o partícipes. oe.
No obstante, a los efectos de la determinación de la magnitud del volumen de  w.
ingresos, deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondientes a  55ww
alatsri baucctiióvind,a sdienso  etammpbreiésna rliaasle cso drreessaproronldlaiednatse sp oar  llaas  pdreospaiarr oelnlatiddaasd  peonr  rséugsi mseonci odse, 
ahsecreednedrieons,t esc doem uensteorso;s  asoí  copmaort ípciopre ost;r asp oern tidloasd esc óenny uréggeism, end edsec eantrdibieunctióens  dey   BOE-A-cable e
rentas en las que participe cualquiera de las personas anteriores o por entidades 
vinculadas con dichas personas en los términos establecidos en el artículo 28 de 
la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades, siempre que concurran en 
ellas las siguientes circunstancias:
1.ª  Que  las  actividades  empresariales  desarrolladas  sean  idénticas  o 
similares.  A  estos  efectos,  se  entenderá  que  son  idénticas  o  similares  las 
clasificadas  en  el  mismo  grupo  a  efectos  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas.
2.ª  Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose 
medios personales o materiales.
C)  El  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  vendrá  determinado  por  los 
importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros 
ingresos correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo, incluida 
en su caso la compensación del régimen especial de la agricultura ganadería y 
pesca, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así 
como el Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto en el caso de sujetos pasivos 
acogidos al régimen de recargo equivalencia, y otros impuestos directamente 
relacionados con la mencionada cifra de negocios. Igualmente se computarán las 
subvenciones corrientes y de capital, así como las indemnizaciones percibidas 
para compensar pérdidas de ingresos de la actividad. Tratándose de comisionistas 
se tendrá en cuenta el importe íntegro de las comisiones.
Cuando  en  el  año  inmediato  anterior  se  hubiese  iniciado  la  actividad,  el 
importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.»
Nueve.  Artículo 39.4, primer párrafo de la letra c), letra c) b'), primer párrafo de la 
letra e) y letra e) b'). Con efectos desde el 1 de enero de 2020.
«c)  Con ocasión de las transmisiones lucrativas "inter vivos" de una empresa 
o de la totalidad o parte de las participaciones en entidades a las que sea de 
aplicación la exención regulada en el artículo 5.º8.Dos de la Ley Foral 13/1992, 
de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, cuando concurran los 
siguientes requisitos:»
«b’)  Que el transmitente haya ejercido la actividad empresarial o profesional 
al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de transmisión o, tratándose 
de participaciones en entidades de las señaladas en esta letra, que el transmitente 
las hubiera adquirido con cinco años de antelación a la transmisión y que el 
adquirente o adquirentes continúen en el ejercicio de la misma actividad del 
transmitente o mantengan esas participaciones durante un plazo mínimo de cinco 
años, salvo que durante ese plazo fallezcan o les sea reconocida una situación de 
invalidez absoluta o gran invalidez. Asimismo, el adquirente o adquirentes no 
podrán realizar actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o 
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la 
adquisición.»
«e)  Con ocasión de las transmisiones de una empresa o de la totalidad o 
parte de las participaciones en entidades a las que sea de aplicación la exención 
regulada en el artículo 5.º8. Dos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, a personas trabajadoras de la empresa, cuando 
concurran los siguientes requisitos:» e.
«b’)  Que la persona transmitente haya ejercido la actividad empresarial o  w.
profesional al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de transmisión o,  55ww
ttrraantásnmdiotesnet ed ela ps ahruticbiipearac ioandeqsu ireidno e cnotind acdinecso d aeñ loass  dsee ñaanltaedlaacsi óenn  ae slata t rlaentrsam, iqsuióen  lay 
aqcuteiv ildaa pde drseo nlaa  traadnqsumirietenntete  oo  amdqaunitreenngteasn  ceosnatsin púaernt iceipna ecli oenjeesrc dicuiora dnete  lau nm pislamzoa   BOE-A-cable e
mínimo de cinco años, salvo que durante ese plazo fallezcan o les sea reconocida 
una situación de invalidez absoluta o gran invalidez. Asimismo, la persona o 
personas  adquirentes  no  podrán  realizar  actos  de  disposición  ni  operaciones 
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración 
sustancial del valor de la adquisición.»
Diez.  Artículo 43.1.a). Con efectos desde el 1 de enero de 2021.
«a)  De  valores  representativos  de  la  participación  en  fondos  propios  de 
sociedades  o  entidades  admitidos  a  negociación  en  alguno  de  los  mercados 
regulados de valores definidos en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, el incremento o disminución se determinará por la diferencia entre su 
valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su cotización en 
dichos mercados en la fecha en que se produzca dicha transmisión o por el precio 
pactado, cuando sea superior a la cotización.»
Once.  Artículo 43.1.n). Con efectos desde el 1 de enero de 2021.
«n)  En las operaciones realizadas en los mercados de futuros, opciones y 
otros instrumentos financieros derivados regulados en el Texto Refundido de la 
Ley  del  Mercado  de  Valores  y  su  normativa  de  desarrollo,  se  considerará 
incremento o disminución de patrimonio el importe obtenido cuando la operación 
no suponga la cobertura de otra principal concertada en el desarrollo de las 
actividades empresariales realizadas por el sujeto pasivo, en cuyo caso tributarán 
de acuerdo con lo previsto en la sección 3.ª de este capítulo.»
Doce.  Artículo 51. Con efectos desde el 1 de enero de 2021.
«Artículo  51.  Imputación  de  rentas  en  el  régimen  de  transparencia  fiscal 
internacional.
1.  Los  sujetos  pasivos  imputarán  las  rentas  positivas  obtenidas  por  una 
entidad no residente en territorio español o por un establecimiento permanente a 
que  se  refieren  los  apartados  2  o  3  cuando  se  cumplan  las  circunstancias 
siguientes:
a)  Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas, en el sentido 
del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades, u otros 
sujetos pasivos unidos por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en línea 
directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive, 
tengan una participación igual o superior al 50 por 100 en el capital, los fondos 
propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en 
territorio español en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la 
participación en los resultados y, en su defecto, a la participación en el capital, los 
fondos propios o los derechos de voto de la entidad.
Esta imputación será obligatoria tanto en el supuesto de participación directa 
en la entidad no residente como en el de participación indirecta a través de otra u 
otras entidades no residentes. En este último caso el importe de la renta positiva a  s
imputar será el correspondiente a la participación indirecta. e.
b)  Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español  w.
por  razón  de  gravamen  de  naturaleza  idéntica  o  análoga  al  Impuesto  sobre  55ww
Sapoacrietaddaodse s2,  oim 3p,u tsaebale i nafe riaolrg uanl a7 5d ep orla s1 00c ladseel sq udee  hruebnitearse  cporerrveisstpaosn deidno  ldoes 
acuerdo con las normas del citado impuesto.
2.  Los  sujetos  pasivos  imputarán  la  renta  positiva  total  obtenida  por  la 
entidad no residente en territorio español o por el establecimiento permanente 
cuando  estos  no  dispongan  de  la  correspondiente  organización  de  medios 
materiales y personales para su realización, incluso si las operaciones tienen 
carácter recurrente.
Este apartado no resultará de aplicación cuando el sujeto pasivo acredite que 
las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales 
existentes  en  una  entidad  no  residente  en  territorio  español  perteneciente  al 
mismo  grupo,  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas,  o  bien  que  su  constitución  y  operativa  responde  a  motivos 
económicos válidos.
A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de sociedades a 
que  se  refiere  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio  incluye  las  entidades 
multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá 
sobre lo previsto en el apartado siguiente.
3.  En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se 
imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes 
fuentes:
a)  Titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos o de derechos reales 
que recaigan sobre ellos, salvo que estén afectos a una actividad económica o 
cedidos en uso a entidades no residentes pertenecientes al mismo grupo de 
sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica.
b)  Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a 
terceros  de  capitales  propios,  que  tengan  tal  consideración  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en los artículos 28 y 29. No se entenderá incluida la renta positiva que 
proceda de los siguientes activos financieros:
1.º  Los  tenidos  para  dar  cumplimiento  a  obligaciones  legales  y 
reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.
2.º  Los  que  incorporen  derechos  de  crédito  nacidos  de  relaciones 
contractuales  establecidas  como  consecuencia  del  desarrollo  de  actividades 
económicas.
3.º  Los  tenidos  como  consecuencia  del  ejercicio  de  actividades  de 
intermediación en mercados oficiales de valores.
4.º  Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia 
del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se 
entenderá que procede de la realización de actividades crediticias y financieras a 
que se refiere la letra i), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo 
de  sociedades  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, 
del ejercicio de actividades económicas. s
c)  Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la  oe.
propia entidad. w.
deenr leodcs)h  toéPsr mrdoiepn ioeimsd aeadsgt eanibn ldeyu casidtrrroieasnl  edena  meilni eatenrtlteíocc utoulo as 3lu, 0b.aa3sr.risetnednacmiai etnétcon dicea ,n ebgieonceioss  mo umeibnlaess,,   2021-1355n https://ww
No obstante, no será objeto de imputación la renta procedente de derechos de
imagen que deba imputarse conforme a lo dispuesto en el artículo 52.bis.
e)  Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) 
anteriores, que generen rentas.
f)  Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un 
riesgo  específicamente  identificado  derivado  de  la  realización  de  actividades 
económicas.
g)  Actividades  de  seguros,  crediticias,  operaciones  de  arrendamiento 
financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de rentas obtenidas en 
el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
h)  Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades 
vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, en las que la 
entidad no residente o establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.
i)  Actividades  crediticias,  financieras,  aseguradoras  y  de  prestación  de 
servicios  realizadas,  directa  o  indirectamente,  con  personas  o  entidades 
residentes en territorio español y vinculadas en el sentido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre Sociedades, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles 
en dichas personas residentes.
No se incluirá la renta positiva cuando al menos dos tercios de los ingresos 
derivados de las actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación 
de  servicios  realizadas  por  la  entidad  no  residente  procedan  de  operaciones 
efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el sentido del artículo 28 
de la Ley Foral 26/2016.
4.  No se imputarán las rentas a que se refiere el apartado 3 cuando la suma 
de sus importes sea inferior al 15 por 100 de la renta total obtenida por la entidad 
no residente o el establecimiento permanente.
No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere el 
apartado 3.i) sin perjuicio de que, asimismo, sean tomadas en consideración a 
efectos de determinar la suma a la que se refiere el párrafo anterior.
5.  El importe de la renta a imputar se calculará de acuerdo con los principios 
y criterios establecidos para la determinación de la base imponible en la Ley Foral 
del  Impuesto  sobre  Sociedades  y  en  sus  disposiciones  de  desarrollo, 
entendiéndose por renta total el importe de la base imponible que resulte de 
aplicar estos principios y criterios.
No se imputará en la base imponible del sujeto pasivo el impuesto o impuestos 
de  naturaleza  idéntica  o  similar  al  Impuesto  sobre  Sociedades  efectivamente 
satisfecho por la sociedad no residente o por el establecimiento permanente, por 
la parte de renta a incluir.
Para determinar el importe de la renta a imputar se utilizará el tipo de cambio 
vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no residente en territorio español.
Las rentas positivas a que se refiere este artículo se imputarán en la parte 
general de la base imponible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad 
no residente.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una 
sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.
6.  La imputación se realizará en el periodo impositivo que comprenda el día 
en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su ejercicio 
social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce 
meses. e.
Tratándose de establecimientos permanentes, la imputación se realizará en el  w.b
período impositivo en el que se obtengan las rentas. 55ww
bene7f.i cioNso e sne  lain pteagrrtea rqáune e cno lrare bsapsoen dima pao lnai brelen tloas p doisviitdivean dqouse  oh apyaar tsicidipoa icmiopnuetsa dean. 
El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en 
el acuerdo social y, en su defecto, se entenderán aplicadas las últimas cantidades 
abonadas a dichas reservas.
8.  Será deducible de la cuota líquida el impuesto o gravamen efectivamente 
satisfecho  en  el  extranjero  por  razón  de  la  distribución  de  los  dividendos  o 
participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble 
imposición o de acuerdo con la legislación interna del país o territorio de que se 
trate, en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad en 
la base imponible.
Esta deducción se practicará en el periodo impositivo en que se reciban los 
dividendos  o  participaciones  en  beneficios,  aun  cuando  los  impuestos 
correspondan a periodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la 
imputación.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios 
calificados como jurisdicciones no cooperativas.
Esta deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería 
pagar en España por la renta positiva imputada en la base imponible.
9.  Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa 
o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los beneficios 
sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que hubiesen 
sido imputadas a los socios como rentas de sus acciones o participaciones en el 
periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión.
Tratándose de socios que adquieran la participación con posterioridad a la 
obtención de los beneficios sociales, el valor de adquisición se disminuirá por el 
importe de los dividendos o participaciones en beneficios que se correspondan 
con rentas que hubiesen sido previamente imputadas.
En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial en 
los términos establecidos en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, el valor 
de transmisión a computar será, como mínimo, el valor del patrimonio neto que 
corresponda a los valores transmitidos resultante del último balance cerrado una 
vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que tendrían a efectos 
del Impuesto sobre el Patrimonio, o por su valor de mercado si éste fuese inferior.
10.  Cuando la entidad participada resida o el establecimiento permanente se 
sitúe en un país o territorio calificado jurisdicción no cooperativa se presumirá que:
a)  Se cumple la circunstancia prevista en el apartado 1.b).
b)  Las  rentas  de  la  entidad  participada  reúnen  las  características  del 
apartado 3.
c)  La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de 
adquisición de la participación.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en 
contrario.
11.  Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no 
residente o el establecimiento permanente sea residente o se sitúe en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que realiza 
actividades  económicas,  o  se  trate  de  una  institución  de  inversión  colectiva, 
regulada por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  13  de  julio  de  2009,  por  la  que  se  coordinan  las  disposiciones  legales,  e
reglamentarias  y  administrativas  sobre  determinados  organismos  de  inversión  bo
colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 52.4,  55ww
cons1t2it.u idLao ys  dsoumjeictoilisa dpaa esniv aolsg úan  Eqsutiaednoe sm iseemab rdoe d ea plali cUanciióónn  Eluor oppreeav.isto  en  el
presente  artículo  deberán  presentar  conjuntamente  con  la  declaración  por  el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los siguientes datos relativos a la 
entidad no residente en territorio español:
a)  Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b)  Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.
c)  Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.
d)  Importe de las rentas positiva que deba ser imputada.
e)  Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que 
deba ser imputada.
En el caso de establecimientos permanentes, el contribuyente deberá aportar 
conjuntamente con la declaración por este Impuesto los datos a los que se refieren 
las letras d) y e), así como registros contables de las operaciones que realicen y 
de los activos y pasivos afectos a los mismos.»
Trece.  Artículo 55.1.7.º, letras a) b’) y b) b’), con efectos desde el 1 de enero 
de 2021.
«b’)  2.000 euros anuales.
En el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta años la cuantía 
anterior será de 5.000 euros anuales.»
«b’) 5.000 euros anuales para las contribuciones empresariales a sistemas de 
previsión  social  que  hayan  sido  imputadas  a  los  partícipes,  asegurados  o 
mutualistas.  Las  contribuciones  imputadas  que  excedan  de  ese  importe,  se 
tendrán en cuenta a efectos de aplicar el límite máximo conjunto previsto en la 
letra a) anterior.»
Catorce.  Artículo 62.3, segundo párrafo, derogación con efectos desde el 1 de 
enero de 2021.
Quince.  Artículo 66.f) derogación. Con efectos desde el 1 de enero de 2021.
Dieciséis.  Artículo 68 quinquies, apartados A.2 y D.5. Con efectos desde el 1 de 
enero de 2021.
«2.  El importe de esta deducción se abonará de forma anticipada, previa 
justificación, ante el departamento competente en materia de vivienda, de la renta 
satisfecha cada mes.»
«5.  El  abono  de  la  deducción  por  arrendamiento  para  emancipación  se 
realizará mensualmente. Se perderá el derecho a la deducción y a su abono de 
forma anticipada de aquellos meses respecto de los que no se justifique el pago 
del alquiler antes del día 1 del mes siguiente.»
Diecisiete.  Artículo 78, adición de un párrafo al apartado 2 y adición de un párrafo al 
apartado 3. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.
«No obstante, las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes 
agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España podrán 
imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en 
los tres siguientes.»
«No obstante, las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes 
agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España que se 
destinen a la adquisición de una participación en el capital de empresas agrícolas  e.
societarias podrán imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que  w.b
se obtengan y en los tres siguientes.» 55ww
Dieciocho.  Artículo 78.9, con efectos desde el 1 de enero de 2021:
«9.  Se imputará como rendimiento del capital mobiliario, a que se refiere el
artículo 30.1, de cada periodo impositivo la diferencia entre el valor liquidativo de  Bc
los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del periodo impositivo en los 
contratos de seguro de vida en que el tomador asuma el riesgo de la inversión.
El importe de las rentas imputadas minorará el rendimiento derivado de la 
percepción de cantidades de los contratos.
No resultará de aplicación esta regla especial de imputación temporal en 
aquellos contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
A.  No se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a 
la póliza.
B.  Las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en:
a)  Acciones  o  participaciones  de  instituciones  de  inversión  colectiva, 
predeterminadas en los contratos, siempre que:
a')  Se  trate  de  instituciones  de  inversión  colectiva  adaptadas  a  la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
b')  Se  trate  de  instituciones  de  inversión  colectiva  amparadas  por  la 
Directiva  2009/65/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  13  de  julio 
de 2009.
b)  Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la 
entidad aseguradora, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a') La determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos 
conjuntos de activos separados deberá corresponder, en todo momento, a la 
entidad aseguradora, la cual, a estos efectos, gozará de plena libertad para elegir 
los  activos,  con  sujeción,  únicamente,  a  criterios  generales  predeterminados 
relativos  al  perfil  de  riesgo  del  conjunto  de  activos  o  a  otras  circunstancias 
objetivas.
b')  La  inversión  de  las  provisiones  de  cada  conjunto  de  activos  deberá 
efectuarse en activos que cumplan las normas establecidas en el artículo 89 del 
Real  Decreto  1060/2015,  de  20  de  noviembre,  de  ordenación,  supervisión  y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En ningún caso podrá 
tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios.
No obstante, se entenderá que cumplen tales requisitos aquellos conjuntos de 
activos  que  traten  de  desarrollar  una  política  de  inversión  caracterizada  por 
reproducir un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de algunos 
de los mercados secundarios oficiales de valores de la Unión Europea.
c') El tomador únicamente tendrá la facultad de elegir, entre los distintos 
conjuntos separados de activos, en cuáles debe invertir la entidad aseguradora la 
provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la 
determinación  de  los  activos  concretos  en  los  que,  dentro  de  cada  conjunto 
separado, se inviertan tales provisiones.
En estos contratos el tomador o el asegurado podrán elegir, de conformidad 
con las especificaciones de la póliza, entre las distintas instituciones de inversión 
colectiva o conjuntos separados de activos, expresamente designados en los 
contratos,  sin  que  puedan  producirse  especificaciones  singulares  para  cada 
tomador o asegurado.
Las condiciones a que se refiere este apartado deberán cumplirse durante 
toda la vigencia del contrato.» e.e
Diecinueve.  Artículo 87, adición de una letra f). Con efectos desde el 1 de enero  55ww
de 2021. «f)  Para  las  cooperativas,  en  relación  con  las  rentas  derivadas  de  la
thraabnislimtai saió nla  op eerls oreneam tbituollasor  ddeel  Dlaesp aarptoarmtaecnioton ecso msopceitaelenste  ae nla  mcaotoepriear atrtiivbau.t aSriea   BOE-A-cable e
para que determine la información a suministrar y la forma y plazos para cumplir 
con dicha obligación de información.»
Veinte.  Disposición adicional cuarta, adición de los apartados 8 y 9, con efectos 
desde el 1 de enero de 2021.
«8.  Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos 
permanentes  en  territorio  español  de  personas  o  entidades  residentes  en  el 
extranjero,  que  proporcionen  servicios  para  salvaguardar  claves  criptográficas 
privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas 
virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra 
actividad,  vendrán  obligadas  a  suministrar  a  la  Administración  tributaria 
información  sobre  la  totalidad  de  las  monedas  virtuales  que  mantengan 
custodiadas.  Este  suministro  comprenderá  información  sobre  saldos  en  cada 
moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la 
identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.
Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en 
materia  tributaria  se  establecerá  el  modelo,  plazo,  forma  de  presentación  y 
contenido de la declaración a que se refiere este apartado.
9.  Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos 
permanentes  en  territorio  español  de  personas  o  entidades  residentes  en  el 
extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero 
de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier 
forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para 
salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, 
almacenar y transferir monedas virtuales, vendrán obligadas a comunicar a la 
Administración tributaria las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y 
transferencia,  relativas  a  monedas  virtuales,  así  como  los  cobros  y  pagos 
realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando 
relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número 
de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y 
fecha de la operación.
La misma obligación anterior tendrán las personas y entidades residentes en 
España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o 
entidades residentes en el extranjero, que realicen ofertas iniciales de nuevas 
monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras 
monedas virtuales o de dinero de curso legal.
Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en 
materia  tributaria  se  establecerá  el  modelo,  plazo,  forma  de  presentación  y 
contenido de la declaración a que se refiere este apartado.»
Veintiuno.  Disposición adicional novena.
«Disposición  adicional  novena.  Requisitos  en  2021  de  las  deducciones  para 
facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler.
1.  Durante el año 2021, podrán optar a la deducción por arrendamiento para 
emancipación prevista en el artículo 68 quinquies.A, las personas empadronadas 
en Navarra que, cumpliendo el resto de requisitos exigidos para ser beneficiarias 
de la misma, excepto el relativo a la edad, se encuentren en alguna de las  e.
siguientes situaciones: w.b
demaa)n dCanotnesst edne  einmspclreitoa se n as itu1a cdióen  ednee droe sedme pl2e0o2.1,  o  fecha  posterior,  como
situabc) iónC doen setxepne dai e1n ted ed ee rneegruol adcieó n2 t0e2m1p, oora lf edceh eam ppolesote (rEioRr,T cEo).mo inscritas en
La concesión de la deducción se realizará hasta el 31 de diciembre de 2021.
2.  Durante el año 2021, no será exigible el requisito de antigüedad mínima de 
un año de inscripción en el censo de solicitantes de vivienda protegida y en el 
contrato  de  arrendamiento  visado  para  ser  beneficiario  de  la  deducción  por 
arrendamiento para acceso a vivienda prevista en el artículo 68 quinquies.B.1.a), 
siendo suficiente la inscripción en el censo de solicitantes de vivienda protegida 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 en la modalidad de arrendamiento o 
arrendamiento con opción de compra, o ser persona arrendataria de una vivienda 
protegida con contrato visado administrativamente antes de dicha fecha.»
Veintidós.  Disposición adicional  cuadragésima  séptima, derogación, con efectos 
desde el 1 de enero de 2021.
Veintitrés.  Adición de una disposición adicional sexagésima, con efectos desde el 1 
de enero de 2021.
«Disposición  adicional  sexagésima.  Porcentaje  de  reducción  del  rendimiento 
neto de la actividad de transporte de mercancías por carretera en 2021.
Para el año 2021 el porcentaje de reducción del rendimiento neto aplicable en 
estimación  directa  especial  a  la  actividad  de  transporte  de  mercancías  por 
carretera será el 50 por 100, en lugar del establecido en el artículo 36.B.4.c).»
Veinticuatro.  Adición de una disposición adicional sexagésima primera, con efectos 
desde el 1 de enero de 2021
«Disposición  adicional  sexagésima  primera.  Porcentaje  de  reducción  del 
rendimiento neto de las actividades de hostelería y restauración en 2021.
Para el año 2021 el porcentaje de reducción del rendimiento neto aplicable en 
estimación directa especial a las siguientes actividades será el 20 por 100, en 
lugar del establecido en el artículo 36.B.4.a):
I.A.E. Actividad económica
671.4 Restaurantes de dos tenedores.
671.5 Restaurantes de un tenedor.
672.1, 2 y 3 Cafeterías.
673 Servicios en cafés y bares.
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales 
675 análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire 
libre en la vía pública o jardines.
676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías».
Veinticinco.  Adición de una disposición adicional sexagésima segunda, con efectos 
desde el 1 de enero de 2021.
«Disposición adicional sexagésima segunda.  Retenciones y pagos fraccionados 
en estimación directa especial.
1.  Cuando  el  rendimiento  neto  se  determine  con  arreglo  al  régimen  de  o
estimación directa especial, se aplicará un tipo de retención del 1 por 100 sobre  w.
los  ingresos  íntegros  satisfechos  como  contraprestación  a  las  siguientes 
actividades:
I.A.E. Actividad económica
722 Transporte de mercancías por carretera.
757 Servicio de mudanzas».
2.  Los sujetos pasivos no estarán obligados a realizar pagos a cuenta por las 
actividades a que se refiere el apartado 1, cuando por aplicación del mismo sus 
ingresos estén sujetos a retención.
3.  Lo  establecido  en  esta  disposición  adicional  podrá  modificarse 
reglamentariamente.»
Veintiséis.  Adición de una disposición adicional sexagésima tercera. Con efectos 
en 2021.
«Disposición  adicional  sexagésima  tercera.  Deducción  en  2021  de  cuotas 
satisfechas a la Seguridad Social por cuidado de descendientes, ascendientes, 
otros parientes y personas discapacitadas.
Será  deducible  de  la  cuota  íntegra  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas el 100 por 100 de las cantidades satisfechas en 2021 por el 
sujeto  pasivo  por  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  corno  consecuencia  de 
contratos  formalizados  con  personas  que  trabajen  en  el  hogar  familiar  en  el 
cuidado de las personas a que se refiere el artículo 62.9.c).
Durante el ejercicio 2021 no será de aplicación la deducción prevista en el 
artículo 62.9.c).»
Veintisiete.  Adición de una disposición transitoria vigesimoséptima.
«Disposición  transitoria  vigesimoséptima.  Renuncia  al  régimen  de  estimación 
directa especial para el año 2021.
Los  sujetos  pasivos  que  desarrollan  actividades  empresariales  y  quieran 
renunciar para 2021 a la aplicación del régimen de estimación directa especial, 
podrán presentar la renuncia hasta el 31 de marzo de 2021. La mencionada 
renuncia tendrá los efectos señalados en el artículo 36.B).5.»
Veintiocho.  Adición de una disposición transitoria vigesimoctava, con efectos desde 
el 1 de enero de 2021.
«Disposición  transitoria  vigesimoctava.  Efectos  de  las  renuncias  anteriores 
a 2021, al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura 
ganadería y Pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las renuncias al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura 
ganadería  y  pesca  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  presentadas  en  el  e
año 2020 y anteriores, mantendrán los efectos establecidos de acuerdo con la  bo
normativa vigente a 31 de diciembre de 2020. 55ww
el 31L ad er emvaorczaoc idóen  2q0u2e1 .d»eba tener efectos para 2021 se podrá presentar hasta
Artículo 2.  Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.
Los preceptos de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.  Artículo 24.1, tercer párrafo. Con efectos para periodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2021.
«El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio determinado de acuerdo con el 
Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, eliminando la 
amortización del inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras, el deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, y 
adicionando  los  ingresos  financieros  de  participaciones  en  instrumentos  de 
patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o participaciones en 
beneficios  de  entidades  en  las  que  el  porcentaje  de  participación,  directo  o 
indirecto, sea al menos el 5 por 100, excepto que dichas participaciones hayan 
sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por 
aplicación del artículo 23.1.g)».
Dos.  Artículo 26.1.a) y b), con efectos para periodos impositivos que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2020.
«a)  Tratándose  de  elementos  patrimoniales  amortizables  integrantes  del 
inmovilizado o de las inversiones inmobiliarias, en los periodos impositivos que 
resten de vida útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización 
utilizado respecto de los referidos elementos, salvo que éstos se transmitan con 
anterioridad a la finalización de su vida útil, en cuyo caso la diferencia pendiente 
se integrará en el periodo impositivo en que tal transmisión se efectúe.
b)  Tratándose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del 
inmovilizado o de las inversiones inmobiliarias, en el periodo impositivo en que se 
transmitan.»
Tres.  Artículo 27.2, con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir 
del 1 de enero de 2020, siempre que no hayan concluido a la entrada en vigor de la 
presente ley foral.
«2.  Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado 
y el valor fiscal de los elementos patrimoniales que sean propiedad de una entidad 
residente en territorio español que traslada su residencia fuera de éste, excepto 
cuando dichos elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento 
permanente de la mencionada entidad situado en territorio español. En este caso 
será de aplicación a dichos elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 120.
En el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un 
acuerdo con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia 
de cobro de créditos tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua prevista 
en  la  Directiva  2010/24/UE  del  Consejo,  de  16  de  marzo  de  2010  sobre  la 
asistencia  mutua  en  materia  de  cobro  de  los  créditos  correspondientes  a 
determinados impuestos, derechos y otras medidas, el contribuyente podrá optar  s
por fraccionar el pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo  oe.
dispuesto en el párrafo anterior por quintas partes anuales iguales. w.
El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración  55ww
cdaeml bimiop udees troe scidoerrnecsiap,o nddeibeinétned oasl ep eefreíocdtuoa ri mepl opsaitgivoo  dceo lnac lpuriidmoe rcao nfr aocccaiósnió ne nd eell 
plazo voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo.
El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales 
restantes, junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, 
se producirá de forma sucesiva transcurrido un año desde la finalización del plazo 
voluntario de declaración correspondiente al último período impositivo.
Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento 
le será de aplicación lo dispuesto en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses 
de demora y a la constitución de garantías. No obstante, únicamente será exigible 
la  constitución  de  garantías  cuando  se  justifique  la  existencia  de  indicios 
racionales de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente 
dificultado.
En el caso de que dichos indicios racionales sean apreciados por el órgano de 
recaudación en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización del plazo 
voluntario  de  pago  de  la  primera  fracción,  se  pondrá  en  conocimiento  del 
contribuyente  mediante  el  oportuno  requerimiento  para  que  aporte  garantías 
suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación 
del mismo. Si el requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se entiende aportada 
garantía suficiente o debidamente justificada lo innecesario de la misma, se exigirá 
la totalidad de la deuda pendiente en los plazos establecidos en la Ley Foral 
General Tributaria y en el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de 
Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. De no producirse el 
ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el 
procedimiento de apremio en los términos previstos en la Ley Foral General 
Tributaria.
El fraccionamiento perderá su vigencia en los siguientes supuestos:
a)  Cuando los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión 
a terceros.
b)  Cuando  los  elementos  patrimoniales  afectados  se  trasladen  con 
posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo 
de este apartado.
c)  Cuando el contribuyente traslade con posterioridad su residencia fiscal a 
un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo de este apartado.
d)  Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un 
procedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento 
equivalente.
e)  Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el 
fraccionamiento.
En los casos de transmisión o traslado a los que se refieren las letras a) y b), 
cuando  se  trate  de  una  transmisión  o  traslado  parcial  de  los  elementos 
patrimoniales, el fraccionamiento perderá su vigencia únicamente respecto de la 
parte proporcional de la deuda tributaria correspondiente a la diferencia positiva 
entre  el  valor  de  mercado  y  el  valor  fiscal  de  dichos  elementos,  cuando  el 
contribuyente pruebe que dicha transmisión o traslado afecta solo a alguno o 
algunos de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c), 
las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento deberán 
ser ingresadas en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la  e
pérdida de vigencia del fraccionamiento. La falta de ingreso en el referido plazo de  bo
un mes determinará que se proceda, exclusivamente respecto de las cantidades  55ww
pparorace dliamsi enctuoa ldees  aphrae mpioe,r ddied oa cuseur dovi gceonnc lioa  esetla bflreaccicdioo neanm laie nLteoy,  Fao railn Giceianre reall 
Tfrraibccuitoanriaam. Eieln itmo.p Dorete n qou per osdeu icnirgsree seel  isnegrráe saop ldicea dlaos  ac alonsti dúaltdimeso se xvigeindcaims ieenn tdoisc hdoesl 
plazos,  se  considerará  vencida,  en  su  caso,  el  resto  de  deuda  fraccionada, 
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de la misma.
La  pérdida  de  vigencia  del  fraccionamiento  a  que  se  refiere  la  letra  d) 
determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda pendiente en 
el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la misma. La falta de 
ingreso en el referido plazo determinará el inicio del periodo ejecutivo debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en la Ley Foral 
General Tributaria.
Si concurre el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se 
refiere  la  letra  e),  se  procederá  a  iniciar  el  procedimiento  de  apremio 
exclusivamente respecto de dicha fracción incumplida. Se exigirá el importe de 
dicha fracción, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del 
vencimiento  del  plazo  de  ingreso  en  período  voluntario  hasta  la  fecha  del 
vencimiento del plazo concedido, y el recargo del período ejecutivo sobre la suma 
de ambos conceptos.
De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo 
anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán 
los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago 
de la fracción incumplida.
En el caso de cambio de residencia, transferencia a España de elementos 
patrimoniales o actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente 
en el funcionamiento del mercado interior, haya sido objeto de una imposición de 
salida en un Estado Miembro de la Unión Europea, el valor determinado por el 
Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en España, salvo 
que no refleje el valor de mercado.
No será de aplicación lo dispuesto en el presente apartado y, por tanto, no se 
integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor 
fiscal de los elementos patrimoniales transferidos, que estén relacionados con la 
financiación o entrega de garantías o para cumplir requisitos prudenciales de 
capital o a efectos de gestión de liquidez, siempre que se prevea que deben volver 
a  territorio  español  para  afectarse  en  el  plazo  máximo  de  un  año  a  un 
establecimiento permanente situado en España.»
Cuatro.  Artículo  35,  modificación  del  primer  párrafo  del  apartado  1.a),  del 
apartado 6.a) y adición de los apartados 11 y 12. Con efectos para periodos impositivos 
que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.
«a)  Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en 
los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5 por 100».
«a)  que  se  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el  apartado  4.  No 
obstante, el requisito relativo al porcentaje de participación se entenderá cumplido 
cuando el mismo se haya alcanzado en algún momento durante el año anterior al 
día en que se produzca la transmisión».
«11.  El  importe  de  los  dividendos  o  participaciones  en  beneficios  de  s
entidades  y  el  importe  de  la  renta  positiva  obtenida  en  la  transmisión  de  la  oe.
participación en una entidad y en el resto de supuestos a que se refiere el  w.
careopdnaucrtceaiprdátoo,   4da,e  a eg flaeoscstt ooqssu  edd ere eg seluasl tteiaó pndl eirc eaafpecilróiicdnao csdi óaen  d dliacic hehaxase  npecaxiróetnnic cippióraencv,i iosentane  seu.nn e s5t ep aorrt íc1u0l0o , esen   2021-1355n https://ww
12.  La reducción aplicable a dividendos o participaciones en beneficios de 
entidades a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación cuando 
concurran las siguientes circunstancias:
a)  La entidad perceptora de los dividendos:
1.º  El importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo 
inmediato anterior sea inferior a 40 millones de euros.
A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios será de 
aplicación lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 12.1.a).
2.º  No debe tener la consideración de entidad patrimonial en los términos 
establecidos el artículo 8.2.
3.º  No debe formar parte con carácter previo a la constitución de la entidad a 
que se refiere la letra b), de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 
del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de 
formular cuentas anuales consolidadas.
4.º  No debe tener, con carácter previo a la constitución de la entidad a que se 
refiere la letra b), un porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o 
en los fondos propios de otra entidad igual o superior al 5 por 100.
b)  Los dividendos o participaciones en beneficios procedan de una entidad 
constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021 en la que se ostente, de forma 
directa y desde su constitución, la totalidad del capital o los fondos propios.
c)  Los dividendos o participaciones en beneficios se perciban en los períodos 
impositivos  que  concluyan  en  los  3  años  inmediatos  y  sucesivos  al  año  de 
constitución de la entidad que los distribuya».
Cinco.  Artículo 37.2, segundo párrafo con efectos para periodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2020.
«Se entenderá, a efectos de esta ley foral, que un elemento es nuevo si 
previamente no ha sido utilizado por otra persona o entidad. Se entenderá que el 
elemento ha sido utilizado cuando haya sido incorporado a su inmovilizado o a sus 
inversiones  inmobiliarias,  o  debiera  haberlo  sido  de  conformidad  con  el  Plan 
General de Contabilidad, pese a que no hubiese entrado en funcionamiento.»
Seis.  Artículo 53.2.2.º y 3.ºc), con efectos para periodos impositivos que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2020.
«2.º  Sobre el importe obtenido se aplicarán los siguientes porcentajes:
a)  Contribuyentes  que  tributen  al  tipo  de  gravamen  establecido  en  el 
artículo 51.1.a), el 18 por 100.
b)  Contribuyentes que tributen al tipo de gravamen establecido en el primer 
párrafo del artículo 51.1.b) o del artículo 51.2, el 16 por 100.
c)  Contribuyentes que tributen al tipo de gravamen establecido en el segundo 
párrafo del artículo 51.1.b), el 13 por 100.»
«c)  El 50 por 100 de las deducciones por la realización de actividades de 
investigación,  desarrollo  e  innovación  tecnológica  o  por  participación  en  las  s
mismas, reguladas en los artículos 61 y 62. Tratándose de contribuyentes que  oe.
tributen a los tipos de gravamen establecidos en el artículo 51.1.b) o 51.2 dicho  w.
porcentaje será del 100 por 100.» 2021-1355n https://ww
Siete.  Artículo 57, apartado 1.a) y primer párrafo del apartado 4. Con efectos para 
periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.
«a)  Que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no 
residente sea, al menos, del 5 por 100».
«4.  Esta  deducción,  conjuntamente  con  la  establecida  en  el  artículo  56 
respecto de los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá exceder 
de la cuota íntegra que correspondería pagar en España por estas rentas si se 
hubieran obtenido en territorio español. Para calcular  dicha cuota íntegra los 
dividendos o participaciones en los beneficios se reducirán en un 5 por 100 en 
concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones. Dicha reducción 
no se practicará en el caso de los dividendos o participaciones en los beneficios 
en los que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 35.12».
Ocho.  Artículo  65,  apartado  1,  sexto  párrafo  del  apartado  2,  y  letra  c)  del 
apartado 6, con efectos para las producciones que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2021.
«1.a)  Las  inversiones  en  producciones  españolas  de  largometrajes 
cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, 
que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial 
seriada darán derecho a la productora a practicar una deducción de la cuota 
líquida del 35 por 100.
La base de la deducción, que se determinará mediante resolución del órgano 
del Gobierno de Navarra competente en materia de cultura, estará constituida por 
la inversión de la productora si los gastos realizados en territorio navarro alcanzan 
el 40 por 100 de la inversión. En otro caso, la base de deducción será el resultado 
de dividir entre 0,4 los gastos realizados en territorio navarro.
Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en 
materia tributaria se determinarán los gastos que pueden formar parte de la base 
de  deducción,  así  como  los  criterios  en  virtud  de  los  cuales  los  gastos  se 
entienden realizados en territorio navarro.
El porcentaje de deducción establecido en el primer párrafo de esta letra a) 
será el 40 por 100 respecto del primer millón de base de deducción cuando se 
trate de:
1.º  Producciones cuya única versión original sea en euskera.
2.º  Producciones realizadas exclusivamente por directoras.
3.º  Producciones documentales.
4.º  Producciones de animación.
5.º  Producciones dirigidas por una persona que no haya dirigido o codirigido 
ningún largometraje cinematográfico o serie audiovisual de ficción, animación o 
documental.
El importe de la deducción regulada en este apartado no podrá ser superior a 
cinco millones de euros.
En el supuesto de una coproducción, los importes señalados en este apartado 
se determinarán, para cada coproductor, en función de su respectivo porcentaje de 
participación en aquella.
b)  La deducción se entenderá generada en el período impositivo en el que  o
finalice la producción de la obra. No obstante, cuando la producción tenga un  55ww
aepp nlaalatgzid oofase d scy,uh  papee osertrain ol  arqp  uocaeud l arosánse t o ídaipno tidcaceiere    pemlaoset rom saseip,ss lmc icooaan .ra   Eafleapnc l idteceeas dtcaeui ó cmsncu áidpóseun le d asreé t omgu inelma d epdidneea rddí ouqedcu odce ei óidsmneu p csoecesfi eóeitcninvt túoveei ngdndee enl ortlaáes     OE-A-2021-13able en https://
generada en los periodos en que se efectúen los pagos.
c)  Los contribuyentes que pretendan acogerse a esta deducción deberán 
presentar una memoria explicativa del proyecto ante la Dirección General del 
Gobierno de Navarra competente en materia de cultura, la cual emitirá un informe 
sobre si dicho proyecto cumple con los requisitos y condiciones de la deducción.
El  contenido  y  el  procedimiento  para  la  solicitud  de  este  informe  se 
determinará  por  la  persona  titular  del  departamento  competente  en  materia 
tributaria.
Una  vez  solicitado  el  informe  el  contribuyente  podrá  consignar  en  su 
declaración-liquidación la deducción generada.
d)  Para la aplicación de esta deducción será necesario que la producción 
obtenga el correspondiente certificado de nacionalidad y el certificado que acredite 
el carácter cultural en relación con su contenido, su vinculación con la realidad 
cultural o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras 
cinematográficas  que  se  exhiben  en  España,  emitidos  por  el  Instituto  de 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
e)  En el plazo de 6 meses desde la solicitud del certificado de nacionalidad, 
el contribuyente deberá presentar ante la Dirección General del Gobierno de 
Navarra competente en materia de cultura la justificación de la inversión de la 
productora, así como del cumplimiento de los restantes requisitos establecidos 
para acreditar la deducción, en las condiciones que se determinen por la persona 
titular del departamento competente en materia tributaria.
El incumplimiento del plazo señalado en el párrafo anterior determinará la 
pérdida de la deducción aplicada y su regularización de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 76.3.
La Dirección General competente en materia de cultura, en el plazo de 6 
meses desde la presentación de la documentación que justifica la deducción, 
dictará y notificará resolución en la que se determinará la base de la deducción, 
teniendo  en  cuenta  la  inversión  de  la  productora  y  los  gastos  realizados  en 
territorio navarro.
Si la base de deducción reconocida en la mencionada resolución resulta ser 
inferior a la base de deducción declarada, el contribuyente deberá ingresar, junto 
con la cuota del periodo impositivo en que se ha notificado la resolución, la cuota 
íntegra correspondiente a la deducción indebidamente aplicada más los intereses 
de demora.
El importe de esta deducción no podrá ser superior a cinco millones de euros.»
«c)  En el caso de producciones o coproducciones nacionales, la productora 
deberá hacer entrega de una copia de la producción a la Filmoteca de Navarra, en 
el plazo de tres meses desde la finalización de la obra.»
Nueve.  Artículo 66.6, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2020.
«6.  Las  deducciones  contempladas  en  los  apartados  anteriores  serán 
incompatibles entre sí.»
Diez.  Artículo 69.2, derogación. Con efectos para los periodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2021.
Once.  Artículo 82.1, 2 y 3, con efectos para los periodos impositivos que se inicien 
a partir del 1 de enero de 2020, siempre que no hayan concluido a la entrada en vigor de  e.
la presente ley foral. w.
al co«n1t.r ibEuyl eréngteim deen  ldaes  trreanntsapsa preonscitiiav afiss cparle ivnistetarnsa ecnio neal la crotíncsuilsot e8 3e,n  olab tiemnpiduatasc pióonr 
una entidad no residente en territorio español, así como por un establecimiento 
permanente, cuando se cumplan las siguientes circunstancias:
a)  Que  el  contribuyente  por  sí  solo  o  conjuntamente  con  personas  o 
entidades vinculadas, en el sentido del artículo 28, tenga una participación igual o 
superior al 50 por 100 en el capital, los fondos propios, los resultados o los 
derechos de voto de la entidad no residente en territorio español en la fecha del 
cierre del ejercicio social de esta última.
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la 
participación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la participación en 
el capital, los fondos propios o los derechos de voto.
Esta imputación será obligatoria tanto en el supuesto de participación directa 
en la entidad no residente como en el de participación indirecta a través de otra u 
otras entidades no residentes. En este último caso el importe de la renta positiva a 
imputar será el correspondiente a la participación indirecta.
b)  Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español 
por  razón  de  gravamen  de  naturaleza  idéntica  o  análoga  a  este  Impuesto, 
imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el artículo 83.1 y 2, sea 
inferior al 75 por 100 del que hubiere correspondido de acuerdo con las normas 
del mismo.
Esta imputación también procederá cuando dichas rentas sean obtenidas a 
través de un establecimiento permanente si se da la circunstancia prevista en la 
letra b) anterior sin que, en este caso, resulte de aplicación la exención prevista en 
el artículo 36.
2.  Lo previsto en este capítulo no será de aplicación cuando la entidad no 
residente o el establecimiento permanente sea residente o se sitúe en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que realiza 
actividades  económicas  o  se  trate  de  una  institución  de  inversión  colectiva 
regulada en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios, distinta de las previstas en el artículo 97 de esta ley foral, constituida y 
domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea.
3.  Cuando la entidad participada resida o el establecimiento permanente se 
sitúe  en  un  país  o  territorio  calificado  como  jurisdicción  no  cooperativa  se 
presumirá que:
a)  Se cumple la circunstancia prevista en el apartado 1.b).
b)  Las rentas de la entidad participada o del establecimiento permanente 
reúnen las características del artículo 83.2.
c)  La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de 
adquisición de la participación.
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en 
contrario.»
Doce.  Artículo 83, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir 
del 1 de enero de 2020, siempre que no hayan concluido a la entrada en vigor de la 
presente ley foral. e.e
«Artículo 83.  Rentas imputables. 55ww
neost or1se. s nidoLe ondstie scp oeonnnt rgitbaeunrry itdeoenr tioela s e icsmopprarueñtsoaplr áoonn  dplaioe rnr eteenl t aoe rspgtoaasnbiiltzeivacacim itóoineta ndlt ooe b pmteeenrmdidiaoans p emonrta elta,e  reciaunlateidnsad doy    OE-A-2021-13able en https://
personales  para  su  obtención,  incluso  si  las  operaciones  tienen  carácter 
recurrente.
Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite que 
las referidas operaciones se realizan con los medios materiales y personales 
existentes  en  una  entidad  no  residente  en  territorio  español  perteneciente  al 
mismo  grupo  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas,  o  bien  que  su  constitución  y  operativa  responde  a  motivos 
económicos válidos.
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá 
sobre lo previsto en el apartado siguiente.
2.  En  el  supuesto  de  no  aplicarse  lo  establecido  en  el  apartado  1,  se 
imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes 
fuentes:
a)  Titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos o de derechos reales 
que recaigan sobre ellos, salvo que estén afectos a una actividad económica o 
cedidos en uso a entidades no residentes pertenecientes al mismo grupo de 
sociedades de la titular en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica.
b)  Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a 
terceros  de  capitales  propios,  que  tengan  tal  consideración  con  arreglo  a  lo 
dispuesto  en  los  artículos  28  y  29  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Foral  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No se entenderá incluida la 
renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros:
1.º  Los  tenidos  para  dar  cumplimiento  a  obligaciones  legales  y 
reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas.
2.º  Los  que  incorporen  derechos  de  crédito  nacidos  de  relaciones 
contractuales  establecidas  como  consecuencia  del  desarrollo  de  actividades 
económicas.
3.º  Los  tenidos  como  consecuencia  del  ejercicio  de  actividades  de 
intermediación en mercados oficiales de valores.
4.º  Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia 
del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se 
entenderá que procede de la realización de actividades crediticias y financieras, a 
que se refiere la letra i), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo 
de  sociedades  en  el  sentido  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con 
independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, 
del ejercicio de actividades económicas.
c)  Operaciones de capitalización y seguro que tengan como beneficiaria a la 
propia entidad.
d)  Propiedad  industrial  e  intelectual,  asistencia  técnica,  bienes  muebles, 
derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de negocios o minas, 
que tengan tal consideración con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.3 del  s
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas  oe.
Físicas. w.
que feg)) e nInTesrraetrn ursemmnetiasnsitóo.ns  dfien alonsc iebrieonse dse yri vdaedroesc,h oesx creepfetori dlooss  deens liagsn aledtorass p aa)r,a b c),u bc)r iry  udn)   2021-1355n https://ww
riesgo  específicamente  identificado  derivado  de  la  realización  de  actividades
económicas.
g)  Actividades  de  seguros,  crediticias,  operaciones  de  arrendamiento 
financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de rentas obtenidas en 
el ejercicio de actividades económicas, sin perjuicio de lo establecido en la letra i).
h)  Operaciones sobre bienes y servicios realizados con personas o entidades 
vinculadas en el sentido del artículo 28, en las que la entidad no residente o 
establecimiento añade un valor económico escaso o nulo.
i)  Actividades  crediticias,  financieras,  aseguradoras  y  de  prestación  de 
servicios,  realizadas,  directa  o  indirectamente,  con  personas  o  entidades 
residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 28, en 
cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas entidades residentes.
No se incluirá la renta positiva a que se refiere esta letra cuando al menos dos 
tercios  de  los  ingresos  derivados  de  las  actividades  crediticias,  financieras, 
aseguradoras o de prestación de servicios, procedan de operaciones efectuadas 
con personas o entidades no vinculadas en el sentido del artículo 28.
3.  No se imputarán las rentas previstas en el apartado 2 en los siguientes 
supuestos:
a)  Cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por 100 de la renta total 
obtenida por la entidad no residente o el establecimiento permanente.
No obstante, se imputarán en todo caso las rentas a las que se refiere el 
apartado 2.i) sin perjuicio de que, asimismo, sean tomadas en consideración a 
efectos de determinar la suma a la que se refiere el párrafo anterior.
b)  Cuando  se  correspondan  con  gastos  fiscalmente  no  deducibles  de 
entidades residentes en territorio español.
4.  El  importe  de  las  rentas  a  imputar  se  calculará  de  acuerdo  con  los 
principios y criterios establecidos en esta ley foral y en las restantes disposiciones 
relativas  a  este  Impuesto  para  la  determinación  de  la  base  imponible, 
entendiéndose por renta total el importe de la base imponible positiva que resulte 
de aplicar estos principios y criterios.
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio 
social de la entidad no residente en territorio español.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad 
no residente o a la obtenida a través del establecimiento permanente.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de inclusión, por una 
sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se manifieste.
5.  La imputación se realizará en el periodo impositivo que comprenda el día 
en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su ejercicio 
social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce 
meses.
Tratándose de establecimientos permanentes, la imputación se realizará en el 
período impositivo en el que se obtengan las rentas.
6.  No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en 
beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido incluida 
en  la  base  imponible.  A  estos  efectos,  el  importe  de  los  dividendos  o 
participaciones en beneficios se reducirá en un 5 por 100 en concepto de gastos 
de  gestión  referidos  a  dichas  participaciones,  salvo  que  concurran  las 
circunstancias establecidas en el artículo 35.12. El mismo tratamiento se aplicará  s
a los dividendos a cuenta. oe.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en  w.
ealb aocnuaedradso a s doiccihaal sy,  reens esruv adse.»fecto, se entenderán aplicadas las últimas cantidades  2021-1355n https://ww
Trece.  Artículo 84.2, segundo párrafo, con efectos para los periodos impositivos 
que se inicien a partir del 1 de enero de 2020, siempre que no hayan concluido a la 
entrada en vigor de la presente ley foral.
«En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios 
calificados como jurisdicciones no cooperativas.»
Catorce.  Artículo 85, primer párrafo. Con efectos para periodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2021.
«Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o 
indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los beneficios 
sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que hubiesen 
sido imputadas a los socios como rentas de sus acciones o participaciones en el 
periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión. A estos 
efectos, el importe de los beneficios sociales a que se refiere este párrafo se 
reducirá en un 5 por ciento en concepto de gastos de gestión referidos a dichas 
participaciones».
Quince.  Artículo 86, adición de un último párrafo, con efectos para los periodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020, siempre que no hayan 
concluido a la entrada en vigor de la presente ley foral.
«En el caso de establecimientos permanentes, el contribuyente deberá aportar 
conjuntamente con la declaración por este Impuesto los datos a los que se refieren 
las letras d) y e) anteriores, así como registros contables de las operaciones que 
realicen y de los activos y pasivos afectos a los mismos.»
Dieciséis.  Artículo  104.2,  adición  de  un  párrafo.  Con  efectos  para  periodos 
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.
«No serán objeto de eliminación los importes que deban integrarse en las 
bases  imponibles  individuales  por  aplicación  de  lo  establecido  en  el 
artículo 35.11».
Diecisiete.  Artículo 111.1, primer párrafo, con efectos para los periodos impositivos 
que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.
«1.  La  cuota  íntegra  del  grupo  fiscal  se  minorará  en  el  importe  de  las 
bonificaciones y deducciones previstas en los capítulos II, III y IV del título VI, así 
como cualquier otra deducción que pudiera resultar de aplicación.»
Dieciocho.  Adición de un artículo 132.bis en la sección primera del capítulo IX del 
título VIII, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2021.
«Artículo 132.  bis. Deducciones de la cuota.
Las deducciones de la cuota se determinarán aplicando las normas previstas 
en el título VI. No obstante, no darán derecho a deducción los gastos e inversiones 
imputables exclusivamente a las actividades exentas. Los gastos e inversiones 
parcialmente imputables a las actividades no exentas darán derecho a deducción  e.
en  el  porcentaje  que  representen  los  ingresos  obtenidos  en  el  ejercicio  de  w.b
actividades económicas y del resto de actividades cuyas rentas no gocen de  55ww
exención, respecto de los ingresos totales de la entidad.»
Diecinueve.  Adición de una disposición adicional vigésima.
«Disposición adicional vigésima.  Deducción por creación de empleo generada 
en 2019.
La deducción por creación de empleo regulada en el artículo 66 que se haya 
generado en el periodo impositivo 2019 no estará condicionada al requisito de 
mantenimiento de los promedios de plantillas que dieron derecho a la deducción, 
durante el segundo periodo de doce meses siguientes a la conclusión del periodo 
impositivo en el que se generó la deducción, siempre que el incumplimiento del 
mantenimiento de dichos promedios de plantillas se deba a la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.»
Veinte.  Adición de una disposición adicional vigesimoprimera, con efectos para los 
periodos impositivos que se inicien en 2020 y en 2021.
«Disposición  adicional  vigesimoprimera.  Deducción  por  actividades  de 
innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la 
industria de la automoción.
1.  Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de los 
años 2020 y 2021, el porcentaje de deducción al que se refiere el artículo 61.3 se 
incrementará  en  10  puntos  porcentuales  para  los  gastos  efectuados  en  la 
realización de actividades de innovación tecnológica cuyo resultado sea un avance 
tecnológico en la obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de 
valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales en los procesos ya 
existentes.
2.  Podrán aplicar este incremento aquellos contribuyentes que tengan la 
consideración de pequeñas y medianas empresas de acuerdo con lo dispuesto en 
el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
3.  El importe de la deducción que se corresponda con el incremento previsto 
en este artículo no podrá ser superior a 7,5 millones de euros por cada proyecto 
desarrollado  por  el  contribuyente.  Adicionalmente  el  importe  de  la  citada 
deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, 
no podrá superar el 50 por 100 del coste del proyecto que haya sido objeto de 
subvención.
4.  Para la aplicación del incremento previsto en este artículo, el informe 
exigido de acuerdo con el artículo. 61.6 deberá especificar que la actividad de 
innovación  tecnológica  tiene  como  resultado  un  avance  tecnológico  en  la 
obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de valor de la industria 
de la automoción o mejoras sustanciales de los ya existentes.»
Veintiuno.  Adición de una disposición adicional vigesimosegunda.
«Disposición  adicional  vigesimosegunda.  Deducción  para  la  transformación 
digital de las empresas.
1.  Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la  e
Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento permanente, que  bo
tengan la consideración de pequeña empresa de acuerdo con lo dispuesto en el  55ww
aSPnreoettícrocsiue odldnoeaa  ds1se u2Fs  í,asd ciaects iavílsia d c qaoLudmee ye oe n jF eloeorszsra atislmn u 2aaje6cct/itoó2ivsn0i d 1pda6aid,r seedicsvet oae s,c2  op8dno eóddl mreáI mincd paipcusrie eaysmc tdtobiec ratesero,r  mbudrnieenal e  ldnIame  edRplu uerceencsntiatdóo in md sedioe ebnl artlaoes     OE-A-2021-13able en https://
cuota íntegra del 30 por 100 de los gastos e inversiones efectuados en 2020 y
en 2021, destinados a la transformación digital de la empresa y la implantación del 
comercio electrónico.
2.  Los gastos e inversiones objeto de deducción son los siguientes:
a)  Adquisición,  suscripción,  actualización  o  renovación  del  software  que 
posibilite la digitalización de los procesos administrativos de ventas, facturación o 
contabilidad, así como accesos a servicios en la nube, o creación de páginas web, 
incluyendo los gastos de su instalación e implantación.
b)  Adquisición,  suscripción,  actualización  o  renovación  del  software,  que 
posibilite  la  comercialización  y  venta  electrónica  y  los  sistemas  de  pago  por 
internet, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.
3.  La base de la deducción estará formada por el importe de los gastos e 
inversiones realizados con el límite de 5.000 euros, límite que se aplicará al 
conjunto de periodos impositivos que, en su caso, abarque la inversión.
4.  La deducción establecida en esta disposición se aplicará de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, sin que le 
resulte de aplicación el límite del 25 por 100 de la cuota líquida regulado en el 
artículo 67.4.»
Veintidós.  Adición de una disposición transitoria vigesimonovena. Con efectos para 
periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.
«Disposición  transitoria  vigesimonovena.  Régimen  de  tributación  de  las 
participaciones con un valor de adquisición superior a 20 millones de euros.
Las  participaciones  adquiridas  en  los  períodos  impositivos  iniciados  con 
anterioridad al 1 de enero de 2021, que tuvieran un valor de adquisición superior 
a 20 millones de euros sin alcanzar el porcentaje establecido en el primer párrafo 
del artículo 35.1.a) o en el artículo 57.1.a), aplicarán el régimen fiscal establecido 
en los artículos 35 o 57, según proceda, siempre que cumplan el resto de los 
requisitos previstos en ellos durante los períodos impositivos que se inicien dentro 
de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025».
Artículo 3.  Ley Foral General Tributaria.
Los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.  Artículo 3.1.
«1.  La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica 
de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, 
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y 
no confiscatoriedad.
A  estos  efectos,  se  prohíbe  el  establecimiento  de  cualquier  instrumento 
extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la 
deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente.»
Dos.  Artículo 27.5, adición de una letra i), con efectos a partir de los 3 meses desde 
la entrada en vigor de esta ley foral. e.e
«i)  La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios,  55ww
piadnrcevot iicovqeliuadsebao idsllieod ssac  dose nidcsteotae nblmoólesmas sr,ic  eaygd sisep t rrgooafgsarr,ac asntmuitnircaa eiscnn itói ennrlfap o oromlian áctedtioigecnro iedsgs a,eod so , tmeiócleinosc inotrsndóeeenrs vic aooqc suiaó ielqntenu, reeats rc asioozdnapeebossiralti edrdrnaeo d llll eaoness     OE-A-2021-13able en https://
que no quede la debida anotación en los sistemas. Reglamentariamente se podrán
establecer  especificaciones  técnicas  que  deban  reunir  dichos  sistemas  y 
programas,  así  como  la  obligación  de  que  los  mismos  estén  debidamente 
certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.»
Tres.  Artículo 38.
«En supuestos excepcionales y debidamente justificados en cada caso, la 
Administración  tributaria  podrá  exigir  a  los  sujetos  pasivos,  domiciliados 
fiscalmente fuera de Navarra, la designación de un representante, a efectos de 
sus relaciones con aquélla.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
en la legislación de régimen común para los no residentes en territorio español.»
Cuatro.  Artículo 66.3, adición de una letra f).
«f)  La entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades del 
IVA.»
Cinco.  Artículo 68, adición de letras g) y h), con efectos a partir de los 3 meses 
desde la entrada en vigor de esta ley foral.
«g)  La fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas 
informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o 
de gestión por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades 
económicas, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
a')  Permitan llevar contabilidades distintas referidas a una misma actividad y 
ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del 
obligado tributario.
b')  Permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones 
realizadas.
c')  Permitan registrar transacciones ficticias.
d')  Permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa 
aplicable.
e')  No  cumplan  con  las  especificaciones  técnicas  que  garanticen  la 
integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros, así como su 
legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración tributaria, en 
los términos del artículo 27.5.i).
f')  No se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, 
los sistemas fabricados, producidos o comercializados.
h)  La tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que 
no se ajusten a lo establecido en el artículo 27.5.i), cuando los mismos no estén 
debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o 
cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.
La misma persona o entidad que haya sido sancionada por la letra g) no podrá 
ser sancionada por lo dispuesto en esta letra.»
Seis.  Artículo 77, adición de un apartado 5, con efectos a partir de los 3 meses 
desde la entrada en vigor de esta ley foral.
«5.a)  La infracción señalada en el artículo 68.g) se sancionará con multa  e
pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada ejercicio económico en el que se hayan  bo
producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o  55ww
aseirlsetítccebtumr)ól oan  iL6oca8 op . griqon).ugffr’era)a  csmsceeia óas nc a oonmsbceijeoeñrntacoali aardádlizenaa   cdleaoon n  ei nmenfl r uealalct aqrct uiíópcenue .slc oeu N np6oiar8 or.oidhabu) ,szf itcjasaaen  d tleaes,  a f1anla0ltcs0aio 0 dni neeaflurr acároec scrct iioopfinnco ear msdc oaud.dlteaal    OE-A-2021-13able en https://
pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción
por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén 
debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se 
hayan alterado o modificado los dispositivos certificados».
Siete.  Artículo 87.2 primer párrafo.
«2.  Las  dilaciones  en  el  procedimiento  por  causa  no  imputable  a  la 
Administración tributaria, los períodos de interrupción justificada y los períodos de 
suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta ley foral y 
sus normas de desarrollo, no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.»
Ocho.  Artículo 87.8.a).
«a)  En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación 
del acuerdo de iniciación.»
Nueve.  Artículo 95.
«Artículo 95.  Iniciación del procedimiento de gestión tributaria.
1.  El procedimiento de gestión tributaria podrá iniciarse de oficio o a instancia 
del  obligado  tributario,  mediante  autoliquidación,  declaración,  comunicación, 
solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
2.  Los  documentos  de  iniciación  del  procedimiento  de  gestión  tributaria 
deberán incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de 
identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo 
represente.
3.  La  Administración  tributaria  podrá  aprobar  modelos  y  sistemas 
normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o 
cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria de uso obligatorio para los 
casos  en  que  se  produzca  la  tramitación  masiva  de  las  actuaciones  y 
procedimientos tributarios.
4.  Mediante orden foral de la persona titular del departamento competente en 
materia tributaria, se podrán determinar los supuestos y condiciones en los que los 
obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, 
autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con 
trascendencia tributaria.»
Diez.  Artículo 116.4.
«4.  La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o 
compensación  en  período  voluntario  impedirá  el  inicio  del  período  ejecutivo 
durante la tramitación de dichos expedientes.
No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior 
así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio 
del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la 
misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, 
compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose 
abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo. e.e
La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una  b
sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en  55ww
vía aLdam diencislatrraatcivióan y  dhea ycao nficnuarlsizoa dnoo  eslu pslpaeznod pearráa  eel l pinlagzroe svoo vluonlutanrtiaor idoe d peal pgaog doe. las
ddeeu ldaa sL eqyu eC toenncguarnsa lal  acparloifibcaadcoió np odre  eclo Rnceuarls aDle dcere atoc uLeerdgois lcaotinv oe l 1T/e2x0t2o0 R, edfeu n5d iddeo 
mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo 
dispuesto en dicho Texto Refundido»
Once.  Artículo 117.1, tercer párrafo, y apartados 2, 3 y 4, con efectos para las 
deudas que se satisfagan a partir del 1 de marzo de 2021.
«Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario.
2.  El recargo ejecutivo será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de 
la providencia de apremio.
3.  El recargo reducido de apremio será del 10 por 100 y se aplicará cuando 
se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio 
recargo antes de la finalización del plazo reglamentariamente establecido para el 
pago de las deudas para las que se haya iniciado el procedimiento de apremio.
4.  El recargo ordinario de apremio será del 20 por 100 y será aplicable 
cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 
de este artículo».
Doce.  Artículo  118,  modificación  del  apartado  5  y  adición  de  un  apartado  8, 
pasando el actual contenido de los apartados 5, 6 y 7 a los apartados 6, 7 y 8, 
respectivamente.
«5.  Cuando  en  la  tramitación  de  una  solicitud  de  suspensión  con  otras 
garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con 
dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, 
material o de hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de 
las  deudas  cuya  ejecutividad  pretende  suspenderse  pueda  verse  frustrado  o 
gravemente dificultado, se podrán adoptar medidas cautelares que aseguren el 
cobro de las mismas.
Dichas medidas serán levantadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
siguiente, o cuando así lo acuerde el órgano competente para la resolución de la 
solicitud de suspensión.»
Trece.  Artículo  143,  modificación  de  los  apartados  6  y  7,  y  adición  de  los 
apartados 16 y 17, pasando el actual contenido de los apartados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 y 15 a los apartados 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16 y 17 respectivamente.
«6.  El órgano competente decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud 
de suspensión en los supuestos a los que se refieren los apartados 5 y 9 de este 
artículo, y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación aportada 
en  la  solicitud  de  suspensión  o  existente  en  el  expediente  administrativo,  la 
existencia  de  indicios  de  los  perjuicios  de  difícil  o  imposible  reparación  o  la 
existencia de error aritmético, material o de hecho.
7.  Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la presentación de la 
solicitud  de  suspensión  con  otras  garantías  distintas  de  las  necesarias  para 
obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o 
basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, no impedirá la 
continuación de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que proceda 
la anulación de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si la  es
suspensión fuese concedida finalmente.» o
Catorce.  Artículo 168.2. 55ww
«2.  En  relación  con  las  liquidaciones  a  que  se  refiere  el  artículo  160.2,
traemgubliaédno sle, s rreesspueltcatirváa mdee natpel,i caecni ónla se l Sréegcicmioenne sd e 2r.eª spyo n3s.ªa bdileidl adC ayp díteu los ucIIeI sidóenl 
Título III.»
Quince.  Disposición adicional decimoctava, apartado 1, adición de una letra d) y 
modificación del último párrafo:
«d)  Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las 
que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o 
autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas 
por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves 
criptográficas  privadas  en  nombre  de  terceros,  para  mantener,  almacenar  y 
transferir monedas virtuales.
Las obligaciones previstas en este apartado se extenderán a quienes tengan la 
consideración de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.»
Dieciséis.  Disposición adicional decimoctava, apartado 2, adición de una letra d):
«d)  En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las monedas 
virtuales situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 
euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente 
considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran 
sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada 
moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 
euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento 
previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de 
la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando 
exista obligación de hacerlo por dichos medios.»
Diecisiete.  Adición de una disposición adicional trigésima quinta.
«Disposición  adicional  trigésima  quinta.  Medidas  específicas  aplicables  a  las 
solicitudes de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda 
tributaria que sean realizadas durante 2021.
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de 
deuda  tributaria  que  sean  realizadas  durante  el  año  2021  y  cuya  gestión 
recaudatoria  tenga  encomendada  el  departamento  competente  en  materia 
tributaria se les aplicarán las siguientes disposiciones específicas:
1.ª  No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe 
total de la deuda sea inferior al establecido en el artículo 51.1.b) del Reglamento 
de  Recaudación  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  aprobado  por  Decreto 
Foral 177 /2001, de 2 de julio, siempre que el impuesto o el concepto al que 
corresponda  la  deuda  a  aplazar  no  esté  incluido  dentro  de  las  excepciones 
señaladas en el artículo 48.3 del citado Reglamento, que el aplazamiento tenga 
periodicidad mensual, que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese 
con anterioridad a su tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento 
solicite.
2.ª  En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento 
realizadas tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, siempre que el  es
importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 6.000 euros, con un periodo de  o
ehasenap cylaeua3zxen.aiªgn  msitrriáideCenonnu   tgacodana erdonauo cndf ertaaeílaascns dctr paineorsi ne ,tl avaajmiusma nmipedtoonee.ctnucootdo e ande s ela e  ipnhal lga apraszaeptagasldoao ad z adsoan ecr otele o  3rm fi0rofare rapc saccoec irssoi ou n1yn a0t arpd0area  mirsenii ondtaed iccnvicaií óiadddn oai.dc dhee a nma  eplvanír aesa munyait oel,q  runisoeoer     OE-A-2021-1355able en https://www.
disposición 1.ª, se exigirá el pago del importe íntegro de los recargos e intereses
del periodo ejecutivo correspondientes a las deudas que se consideraron en el 
aplazamiento o fraccionamiento incumplido y cuya exigibilidad, de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  117.3,  se  pospuso  con  la  concesión  del 
aplazamiento.
Estos  importes  se  exigirán  igualmente  en  aquellos  aplazamientos  o 
fraccionamientos para los que sea exigible la constitución de garantía, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 50 del citado Reglamento de Recaudación.
Para  el  resto  de  deudas  incluidas  en  la  solicitud  de  aplazamiento  o 
fraccionamiento, si las hubiere, se aplicará lo establecido en las disposiciones 1.ª 
y 2.ª anteriores.
4.ª  En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación 
automática de la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de 
cuatro o más aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos 
económicos de la Hacienda Pública de Navarra pendientes de cancelación total, 
salvo  que  las  deudas  cuyo  aplazamiento  se  solicita  se  garanticen  o  estén 
garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en 
los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado Reglamento de Recaudación».
Artículo 4.  Ley Foral reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las 
actividades de patrocinio.
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2021, los preceptos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen 
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, que a continuación se 
relacionan quedarán redactados del siguiente modo:
Uno.  Artículo 25.1.
«1.  Se entenderá por cuota líquida la resultante de minorar la cuota íntegra 
en el importe de las deducciones y bonificaciones establecidas en el Impuesto 
sobre Sociedades. No obstante, no darán derecho a deducción los gastos e 
inversiones imputables a las actividades exentas.»
Dos.  Artículo 31.
«Artículo 31.  Impuesto sobre Actividades Económicas.
Las fundaciones cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior 
a 1.000.000 de euros, estarán exentas por las actividades que constituyan su 
objeto  social  o  finalidad  específica,  en  los  términos  que  se  determinen 
reglamentariamente.
El  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  se  determinará  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 150.1.g) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra.»
Artículo 5.  Ley Foral reguladora del Régimen Fiscal de las Cooperativas de Navarra.
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2021, los preceptos de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régimen 
Fiscal de las Cooperativas de Navarra que a continuación se relacionan, quedarán 
redactados del siguiente modo: e
Uno.  Artículo 27.3.a). w.
corr«easp) onImdiepnutees toa   cosoopberera tivaAsc tivpirdoatedgeisd as Eccuoynoó mimicpaosr te on etoL icdeen claia  cifrFais cdael 
negocios sea igual o superior a 1.000.000 de euros.
El  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  se  determinará  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 150.1.g) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra.»
Dos.  Artículo 30.c).
«c)  Tributos Locales.
Bonificación  del  95  por  100  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas  o  Licencia  Fiscal  correspondiente  a  Uniones,  Federaciones  y 
Confederaciones de cooperativas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea 
igual o superior a 1.000.000 de euros.
El  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  se  determinará  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 150.1.g) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra.»
Tres.  Disposición adicional segunda, segundo párrafo de la letra b).
«Bonificación  del  95  por  100  de  la  cuota  correspondiente  a  Sociedades 
Agrarias de Transformación cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o 
superior a 1.000.000 de euros.
El  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  se  determinará  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 150.1.g) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra.»
Artículo 6.  Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto 
sobre Actividades económicas o licencia fiscal.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en 
vigor de esta ley foral, se introducen las siguientes modificaciones en la agrupación 15 
de la sección primera de las Tarifas aprobadas por la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, 
por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades 
económicas o licencia fiscal:
Uno.  Se modifica el título de la agrupación 15:
«Agrupación 15. Producción, transporte, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.»
Dos.  Se modifica el título del grupo 151:
«Grupo 151. Producción, transporte, distribución y comercialización de energía 
eléctrica.»
Tres.  Se crea un nuevo epígrafe dentro del grupo 151:
«Epígrafe 151.6. Comercialización de energía eléctrica.
Cuota mínima municipal:
Por cada 1.000 abonados o fracción: 62,20 euros.
Cuota provincial:
Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros. e.
Cuota nacional: 55ww
Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.»
Cuatro.  Se modifica el grupo 152:
«Grupo 152. Fabricación, distribución y comercialización de gas.
Epígrafe 152.1. Fabricación y Distribución de Gas.
Cuota de:
Por cada Kw: 15,86 euros.
Epígrafe 152.2. Comercialización de Gas.
Cuota mínima municipal:
Por cada 1.000 abonados o fracción: 62,20 euros.
Cuota provincial:
Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.
Cuota nacional:
Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.
Nota: Este grupo comprende la instalación de redes de distribución del gas.»
Artículo 7.  Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.
El último párrafo del apartado siete. b) del artículo undécimo de la Ley Foral 30/2018, 
de 27 de diciembre, quedará redactado del siguiente modo:
«Este concepto se computará reducido en la proporción que resulte de la 
relación  entre  2.000  metros  y  la  superficie  útil  para  venta  y  exposición  de 
productos. Por último, se multiplicará por 0,9».
Disposición  adicional  primera.  Impuesto  sobre  los  Grandes  Establecimientos 
Comerciales.
Durante el periodo impositivo 2021, a efectos del cómputo de la superficie útil para 
venta y exposición de productos a que se refiere la letra a) del apartado Siete del artículo 
undécimo de la Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, no se computará la superficie 
ocupada por empresas de ocio, hostelería y espectáculos.
Disposición adicional segunda.  Tributos sobre el juego.
En los supuestos de explotación de máquinas «tipo B» o recreativas con premio a 
que se refiere el artículo 9.2 de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se 
regulan  los  Tributos  sobre  el  Juego  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  la  cuota 
correspondiente  al  cuarto  trimestre  de  2020  se  reducirá  en  el  porcentaje  que 
proporcionalmente corresponda al periodo de tiempo en que durante el mencionado 
trimestre hayan estado cerrados los establecimientos en los que estén instaladas, como 
consecuencia de las medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, 
adoptadas por la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.
Disposición adicional tercera.  Precio máximo de venta de las viviendas protegidas  s
durante 2021. oe.
1.  Para la determinación del precio máximo de venta de las viviendas protegidas y  55ww
adnee lajo sL epya Frao r2a0l 2110 /n2o0 1r0e,s duelta 1r0á  ddee  mapalyicoa, cdióenl d leor edcishpou ae slato v eivnie enld aar teícnu Nloa v1a0r.r1a.a.) y 10.1.d)
vivie2n. daE el nm Nóadvualror ap poanrdae eral daoñ oa 2p0li2c1a bqluee daa  lfaijsa daoc etuna 1ci.o2n6e6s,0 6p reouterogsib/mle²s  úetiln. materia de
3.  El módulo sin ponderar aplicable a las actuaciones protegibles en materia de 
vivienda en Navarra para el año 2021 queda fijado en 1.215,42 euros/m² útil.
Disposición adicional cuarta.  Precio máximo de renta de las viviendas de protección 
oficial de régimen general durante 2021.
Durante 2021, la renta anual máxima para las viviendas de protección oficial de 
régimen  general  calificadas  definitivamente  en  régimen  de  arrendamiento  cuya 
calificación provisional se solicitó con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, será el equivalente 
al 6 por 100 del precio máximo de venta vigente en la fecha de celebración del contrato 
de arrendamiento para las segundas transmisiones de vivienda y anejos vinculados.
Disposición adicional quinta.  Exención en el Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas  e  Impuesto  sobre  Sociedades  de  determinadas  ayudas  extraordinarias 
concedidas como consecuencia del covid-19.
Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre Sociedades las siguientes ayudas extraordinarias concedidas como consecuencia 
del covid-19:
a)  Las ayudas para trabajadoras y trabajadores autónomos reguladas en el título 
primero del Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19).
b)  Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Orden Foral 6/2020, 
de 2 de junio, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que se aprueba la 
convocatoria  de  la  subvención  "Ayudas  a  navarros  y  navarras  emigrantes  y  sus 
familiares destinadas al retorno definitivo motivado por dificultades económicas o por la 
pérdida  de  empleo  con  motivo  de  la  crisis  sanitaria  provocada  por  el  COVID-19» 
en 2020.
c)  Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Resolución 625/2020, 
de 21 de julio, del Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de una ayuda al ganado de lidia, acogida al 
marco nacional temporal de medidas de ayudas estatales destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y aprobar la convocatoria de 
ayudas para el año 2020.
d)  Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Orden Foral 358/2020, 
de 22 de octubre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas extraordinarias para las 
personas trabajadoras afectadas por expedientes temporales de regulación temporal de 
empleo derivados del COVID-19.
e)  Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Resolución 70/2020, 
de 24 de noviembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas a los sectores del turismo y la hostelería para 
compensar las afecciones económicas provocadas por la COVID-19.
Disposición derogatoria.  Derogación normativa.
1.  Se derogan, con efectos desde el 1 de enero de 2020, el apartado seis del  e.
artículo primero, el apartado uno del artículo quinto y el artículo noveno de la Ley  w.b
Foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras  55ww
med2id. asS teri bduetarorigaas,. con efectos desde el 1 de enero de 2021, la disposición adicional
nNoavveanrraa  dpea rala  eLl eeyje rFcoicriaol  d2e1 /11999987., de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Disposición final primera.  Modificación de la Ley Foral de la Hacienda Pública de 
Navarra.
Se introduce un párrafo segundo en el artículo 11 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra:
«En particular, a las obligaciones de pago dimanantes de derechos de naturaleza 
pública  les  resultará  de  aplicación  el  régimen  de  responsabilidad  y  de  sucesión 
regulados, respectivamente, en las Secciones 2.ª y 3.ª del Capítulo III del Título III de la 
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.»
Disposición final segunda.  Modificación del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.
Uno.  Artículo 231.2:
«2.  Los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo podrán ser 
objeto de transmisión en los términos siguientes:
a)  Mediante enajenación por concurso o subasta. La enajenación se realizará 
ordinariamente  por  los  procedimientos  de  concurso  o  subasta.  No  obstante, 
cuando el destino de los bienes sea el de usos comerciales o residenciales de 
vivienda  libre  la  enajenación  se  realizará  por  subasta  pública.  Asimismo,  se 
aplicará preferentemente el procedimiento de subasta pública cuando los bienes 
se destinen a usos industriales.
En la enajenación mediante subasta pública, el tipo de licitación será como 
mínimo el valor urbanístico, al que se incorporarán los costes proporcionales por 
planeamiento,  urbanización,  gestión  y  cuantos  se  deriven  de  las  actuaciones 
administrativas  y  materiales  necesarias  para  su  adecuación,  minorado  en  la 
depreciación  que  corresponda  según  los  años  transcurridos  desde  su 
construcción, pudiendo realizarse mediante la valoración de un técnico experto.
En el caso de que no se produjera adjudicación en la subasta o se declarara 
desierto el concurso, podrá acordarse excepcionalmente la enajenación directa, 
siempre que se celebre en las mismas condiciones y por precio no inferior al que 
haya sido objeto de licitación.
b)  Mediante enajenación directa a precio no inferior al valor de los terrenos a 
entidades  de  carácter  asistencial,  social  o  sindical  sin  ánimo  de  lucro,  que 
promuevan la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública y acrediten su experiencia y medios para garantizar la viabilidad de la 
promoción.
c)  Mediante  cesión,  incluso  a  título  gratuito,  a  otras  Administraciones 
Públicas, organismos públicos, entes instrumentales o sociedades públicas, con 
fines  de  promoción  de  viviendas  protegidas,  construcción  de  equipamiento 
comunitario u otras instalaciones de uso público o interés social.»
Dos.  Artículo 237:
«1.  Los bienes integrantes del Banco Foral de Suelo Público podrán:
a)  Ser  objeto  de  adscripción  a  los  organismos  o  entes  instrumentales  e.e
dependientes  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  o  a  w.b
sociedades públicas, a los fines de su gestión en orden al cumplimiento de su  55ww
destbin) o.Ser objeto de enajenación por concurso o subasta o enajenación directa
de acuerdo con lo establecido en el artículo 231.
c)  Ser  objeto  de  cesión  a  otras  Administraciones  Públicas,  Organismos 
Públicos, entes instrumentales o sociedades públicas, conforme lo dispuesto en el 
artículo 231.
d)  Gestionarse  bajo  la  fórmula  del  derecho  de  superficie  prevista  en  el 
artículo 239.»
Tres.  Artículo 239.1:
«1.  La  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  las  entidades 
locales,  los  organismos  públicos,  los  entes  instrumentales  y  las  sociedades 
públicas podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad o 
integrantes del patrimonio público del suelo con destino a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés 
social, cuyo derecho corresponderá al superficiario».
Disposición final tercera.  Habilitación normativa.
El  Gobierno  de  Navarra  dictará  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el 
desarrollo y aplicación de esta ley foral.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella previstos.
Yo,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  de  la  Ley  Orgánica  de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de 
S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las 
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Pamplona, 29 de diciembre de 2020.–La Presidenta de la Comunidad Foral de 
Navarra, María Chivite Navascués.
(Publicada en el» Boletín Oficial de Navarra» número 304, de 31 de diciembre de 2020)