BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 250  Sábado 19 de septiembre de 2020  Sec. I.   Pág. 79102
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
10923 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para 
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
El 14 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020, por 
el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en el que se incluyeron, entre otras medidas, limitaciones a 
la libertad de circulación de las personas, con los efectos que ello supone para ciudadanos, 
trabajadores y empresas. Específicamente, en el ámbito de la Administración de Justicia, 
se dispuso la suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones 
necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 
de la Constitución.
Para hacer frente a las posibles consecuencias de esas medidas, la Administración de 
Justicia tuvo que adaptarse, tanto desde el punto de vista de la adopción de los cambios 
normativos necesarios en las instituciones procesales como desde la perspectiva 
organizativa, y todo ello con el objetivo de alcanzar una progresiva reactivación del normal 
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.
En efecto, la Administración de Justicia sufrió una ralentización significativa como 
consecuencia de la crisis del COVID-19, por lo que se hizo necesario adoptar el Real 
Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que tuvo por finalidad, 
entre otras, procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos 
por la declaración del estado de alarma cuando se produjera el levantamiento de la 
suspensión.
Asimismo, se adoptaron medidas en previsión del aumento de litigiosidad como 
consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas y de la propia coyuntura 
económica derivada de la crisis sanitaria.
En un Estado social y democrático de Derecho como en el que vivimos, todos los 
ciudadanos y ciudadanas tienen que participar del proceso de recuperación de las 
consecuencias de la crisis. La actual situación sanitaria tiene un impacto global, y acarreará 
efectos negativos en un amplio conjunto de colectivos sociales, si bien las consecuencias  s
sociales y económicas afectarán más gravemente a los colectivos vulnerables. oe.
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salud tanto de esta como del conjunto del personal y profesionales del sector de la Justicia.
Junto a ello, y en relación con el aumento de litigiosidad previsto, la Administración de  Bc
Justicia debe prepararse no solo para dar respuesta a la misma, sino para erigirse en 
factor determinante en el proceso de recuperación económica.
Por ello, en un ejercicio conjunto de diálogo con todos los sectores implicados y 
búsqueda de amplios consensos parlamentarios, esta Ley introduce importantes mejoras 
respecto del Real Decreto-ley 16/2020, adaptando las medidas previstas en el mismo, 
ampliando en algunos casos los plazos para su aplicación e introduciendo nuevos 
aspectos en las mismas, como por ejemplo la puesta en marcha del Tablón Edictal 
Judicial Único para la publicación y consulta de resoluciones y comunicaciones cuando lo 
establezca la ley.
Asimismo, durante el tiempo que transcurra hasta rebasar esta nueva normalidad y 
contar con medidas efectivas contra la COVID-19, es imprescindible seguir adoptando 
medidas organizativas y tecnológicas necesarias para evitar situaciones de contagio. La 
Administración de Justicia, el personal que presta en ella sus servicios, los profesionales 
e incluso los ciudadanos, nos hemos adaptado con rapidez a los instrumentos tecnológicos 
existentes, habiéndose ampliado notablemente su dotación y optimizado su uso durante la 
pandemia. Esta crisis sanitaria nos ha hecho más conscientes de la necesidad de adaptar 
nuestra Justicia a la realidad digital, como medio de favorecer la proximidad, la agilidad y 
la sostenibilidad del servicio público, pero también como un medio para la protección de la 
salud.
Por ello en esta Ley se incluyen medidas de carácter organizativo para garantizar la 
distancia de seguridad en el desarrollo de las vistas y audiencias públicas, salvaguardando 
en determinados casos la presencialidad del investigado o acusado en el ámbito penal o 
las exploraciones médico forenses, y se fomentan medidas para incorporar las nuevas 
tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de los ciudadanos 
y ciudadanas con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida de lo posible, 
excesivas concentraciones en las sedes judiciales.
II
La presente Ley se estructura en tres capítulos, que contienen un total de veintitrés 
artículos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y trece disposiciones finales.
El Capítulo I regula las medidas de carácter procesal para establecer la tramitación 
preferente de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso-
administrativo directamente surgidos de la crisis sanitaria por la COVID-19, así como de 
aquellos que se han visto afectados por las consecuencias de la misma. Entre ellos cabe 
destacar la tramitación mediante la modalidad procesal de conflicto colectivo que reviste 
un carácter urgente y la tramitación preferente de la impugnación de expedientes de 
regulación temporal de empleo a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo.
En el Capítulo II se incluyen medidas en el ámbito concursal y societario. La crisis 
sanitaria del COVID-19 ha constituido un obstáculo adicional a la viabilidad de las 
empresas concursadas que puede determinar, bien la imposibilidad de suscribir o cumplir 
un convenio, abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de 
enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable. Es por ello que el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, extendió 
a estas empresas la posibilidad de acceder a un expediente de regulación temporal de  s
empleo en los términos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes  oe.
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estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un
convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación  Bc
homologado. Respecto de estos deudores, se aplaza el deber de solicitar la apertura de la
fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la 
imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con 
posterioridad a la aprobación de aquel; así mismo, se facilita la modificación del convenio 
o del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. 
Respecto de estos últimos se permite además la presentación de nueva solicitud sin 
necesidad de que transcurra un año desde la presentación de la anterior.
En segundo lugar, se trata de potenciar e incentivar la financiación de las empresas 
para atender sus necesidades transitorias de liquidez, calificando como créditos contra la 
masa, llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de 
financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas 
especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio 
o en la propuesta de modificación del ya aprobado por el juez. En este mismo sentido, con 
el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, se califican como ordinarios los 
créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que 
pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de 
alarma.
Por último, para evitar el previsible aumento de litigiosidad en relación con la 
tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera 
Instancia, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como 
la no necesidad de celebración de vistas, la confesión de la insolvencia, la tramitación 
preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los 
trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y 
derechos, así como la simplificación de determinados actos e incidentes (subastas, 
impugnación de inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación).
Finalmente, dentro de este Capítulo II se establecen dos normas que tratan de atenuar 
temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en la actual 
situación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y sobre 
declaración de concurso, de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para 
poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la 
recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas. 
De esta forma, se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso 
de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y se prevé que a los efectos de la causa 
legal de disolución por pérdidas no se computen las del presente ejercicio.
Al hilo de lo anterior, en la disposición derogatoria se deroga el artículo 43 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, que establecía la suspensión del 
deber de solicitar el concurso durante la vigencia del estado de alarma y preveía que los 
jueces no admitirían a trámite solicitudes de concurso necesario hasta transcurridos dos 
meses desde la finalización de dicho estado.
Se trata, en definitiva, de evitar declaraciones de concurso o apertura de la fase de 
liquidación respecto de empresas que pueden ser viables en condiciones generales de 
mercado (valor en funcionamiento superior al valor de liquidación), con la consiguiente 
destrucción de tejido productivo y de puestos de trabajo.
El Capítulo III regula medidas de carácter organizativo y tecnológico destinadas a seguir 
afrontando las consecuencias, ya expuestas, que ha tenido la crisis sobre la Administración 
de Justicia y ampliar la aplicación temporal de las mismas hasta el 20 de junio de 2021 
confiando en que entonces existan todas las garantías sanitarias contra la COVID-19.
Así, se establece la celebración de actos procesales preferentemente mediante la  es
presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las  o
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física del acusado resulta necesaria.
Igualmente, para atender a los mismos fines, se limita el acceso del público a todas las 
actuaciones orales atendiendo a las características de las salas de vistas. Se posibilita, 
así, el mantenimiento de las distancias de seguridad y se evitan las aglomeraciones y el 
trasiego de personas en las sedes judiciales cuando ello no resulte imprescindible.
Con la misma finalidad se establece un sistema de atención al público por 
videoconferencia, vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, de 
tal forma que se limita la atención presencial a los supuestos estrictamente necesarios y 
únicamente mediante cita previa.
La recuperación de la actividad ordinaria de las oficinas judiciales y fiscales requirió no 
dilatar el plazo de reincorporación tras el levantamiento de las principales restricciones y 
de esta forma establecer medidas que coadyuvaran a afrontar con el menor impacto 
posible el incremento de litigiosidad.
De este modo, se prevé la creación de unidades judiciales para el conocimiento de 
asuntos derivados del COVID-19 y se establece la posibilidad de que los letrados de la 
Administración de Justicia puedan, durante el periodo de prácticas, realizar funciones de 
sustitución o refuerzo, entre otras medidas. Con ello se pretende atender la urgente 
necesidad de regularizar la situación de juzgados y tribunales para hacer efectivo el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.
Además, tal objetivo ha de compatibilizarse con la adecuada protección de la salud del 
personal de la Administración de Justicia, del resto de profesionales y de los particulares que 
acuden a sus sedes. Por ello, se precisan medidas que supongan la distribución temporal de 
la prestación de servicios por el personal de las oficinas judiciales, de forma que puedan 
cumplir con su horario habitual de forma sucesiva. Con tal objeto, se establecen jornadas de 
trabajo de mañana o tarde, evitando con ello la coincidencia de todo el personal en las 
mismas horas. El cumplimiento de ese horario por distinto personal al servicio de la 
Administración de Justicia, aun sin ampliación de jornada, permite, además, la celebración 
de juicios y vistas no solo en horario de mañana, sino también durante las tardes.
En la disposición final cuarta se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, 
facilitando el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, 
fomentando así el teletrabajo, y se modifica el sistema de identificación y firma reconocidos, 
disociando uno de otro, en los mismos términos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, facilitar el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión 
procesal, así como el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios electrónicos en 
la Administración de Justicia, implicará que todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías 
se doten de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información 
necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente. Al mismo tiempo 
se realiza una unificación de la publicación de resoluciones y comunicaciones en el Tablón 
Edictal Judicial Único, que será publicado electrónicamente por la Agencia Estatal del Boletín 
Oficial del Estado, acabando con la dispersión en tablones de anuncios y distintos boletines 
oficiales, reforzando la simplicidad de este trámite y reforzando las garantías de las partes.
La disposición final quinta modifica y amplía la vacatio legis de la Ley 20/2011, de 21 de 
julio, del Registro Civil, hasta el 30 de abril de 2021. La actual coyuntura y la necesidad de 
concentrar los esfuerzos en la recuperación de la actividad en el Registro Civil impide 
abordar en estos momentos el cambio organizativo y de funcionamiento que requiere en tan 
corto periodo de tiempo por lo que resulta necesario ampliarlo para garantizar su adecuada 
y plena entrada en vigor. No obstante, se prevé su entrada en vigor para las oficinas  es
consulares del Registro Civil el día 1 de octubre de 2020, aplicándose de forma progresiva. o
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de planes de pensiones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los casos
en que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 por 
ciento en su facturación como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.
La modificación se realiza mediante ajustes puntuales en la redacción de la disposición 
adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para añadir al supuesto 
ya recogido de cese de actividad el nuevo de reducción de facturación en, al menos, un 75 
por ciento; la definición del supuesto de reducción de facturación se ajusta a la empleada 
en la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, al artículo 17 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en relación con la prestación extraordinaria 
por cese de actividad. También se modifica el artículo 23 del Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, para concretar la justificación acreditativa de esta situación ante la entidad 
gestora de fondos de pensiones.
Sobre esta última cuestión cabe señalar que para justificar la reducción de la 
facturación se hace una remisión a lo ya previsto para la acreditación de ese volumen de 
facturación en la solicitud de prestación pública extraordinaria por cese de actividad del 
autónomo que incluye el mismo supuesto de reducción del 75 por ciento de la facturación. 
Con ello, la misma documentación servirá al trabajador autónomo para acreditar su 
circunstancia de reducción de facturación tanto en el caso de la prestación pública como 
en el de la disponibilidad de sus planes de pensiones.
Se mantienen todos los demás aspectos de la disponibilidad de planes de pensiones 
regulados en ambos reales decretos-leyes, referentes a la cuantía, vinculada a la pérdida 
de ingresos netos estimados, y al periodo de estado de alarma y un mes adicional.
Asimismo, la disposición final octava, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y 
la afectación en los ingresos de muchos hogares, amplía los plazos establecidos en los 
artículos 4 y 8 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, para que el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de 
aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. También se modifican 
determinados aspectos del artículo 9 con objeto de dar mayor agilidad a la tramitación de 
la línea de ayudas transitorias de financiación, de forma que pueda estar operativa para 
los arrendatarios en situación de vulnerabilidad en el plazo más breve posible.
CAPÍTULO I
Medidas procesales
Artículo 1.  Tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo 
a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
1.  Se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo las 
demandas presentadas por los sujetos legitimados a los que se refiere el apartado 2 de 
este artículo, cuando versen sobre las suspensiones y reducciones de jornada adoptadas 
en aplicación de lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
y dichas medidas afecten a más de cinco trabajadores.
2.  Además de los sujetos legitimados conforme al artículo 154 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, estará igualmente legitimada para 
promover el citado procedimiento de conflicto colectivo la comisión representativa prevista 
en la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación 
con los expedientes de regulación temporal de empleo a que se refiere este artículo. e.
Artículo 2.  Tramitación preferente de determinados procedimientos. 923ww
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medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil.
b)  En  el  orden  jurisdiccional  civil,  los  procesos  derivados  de  la  falta  de 
reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de 
vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos 
derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por 
falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del 
contrato, así como los procedimientos concursales de deudores que sean personas 
naturales.
c)  En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los recursos que se 
interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones públicas por los que 
se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos 
económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
d)  En el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente y preferente los 
procesos por despido o extinción de contrato, los derivados del procedimiento para 
declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante 
el permiso retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que 
se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19; los procedimientos por 
aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; 
las denegaciones de prestaciones extraordinarias por cese de actividad previstas en el 
artículo 17 de dicho Real Decreto-ley 8/2020; los procedimientos para la impugnación 
individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por 
las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo; los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o 
la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 del mismo; las 
resoluciones denegatorias de solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia 
sanitaria, sin perjuicio del desarrollo reglamentario de la competencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa prevista por la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de 
Salud, y las reclamaciones sobre condiciones de trabajo de funcionarios y personal 
laboral de las Administraciones públicas.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del carácter preferente 
que tengan reconocido otros procedimientos de acuerdo con las leyes procesales.
No obstante, en el orden jurisdiccional social, los procedimientos para la impugnación 
individual o colectiva de los expedientes de regulación temporal de empleo por las 
causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; 
los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la 
adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 de este, las 
denegaciones extraordinarias por cese de actividad previstas en el artículo 17 de dicho 
Real Decreto-ley, las resoluciones denegatorias de solicitud del reconocimiento del 
derecho a la asistencia sanitaria, en los términos descritos en el apartado anterior, y los 
procedimientos para la aplicación del plan MECUIDA establecidos en el artículo 6 del 
mencionado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán carácter urgente a todos 
los efectos y serán preferentes respecto de todos los que se tramiten en el juzgado, 
salvo los que tengan por objeto la tutela de los derechos fundamentales y libertades 
públicas.
3.  En materia de registro civil, se tramitarán de manera preferente las inscripciones 
de nacimientos, matrimonios y defunciones; la expedición de certificaciones, incluidas las  es
de fe de vida y estado; los expedientes de matrimonio y celebración de bodas; y el trámite  o
de jura en los expedientes de nacionalidad. 923www.
CAPÍTULO II
Medidas concursales y societarias
Artículo 3.  Modificación del convenio concursal.
1.  Hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, el concursado podrá presentar propuesta 
de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. A la solicitud 
deberá acompañar una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de 
pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del 
convenio, no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos.
La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas 
establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita 
cualquiera que sea el número de acreedores. Las mayorías del pasivo exigibles para la 
aceptación de la propuesta de modificación serán las mismas que las exigidas para la 
aceptación de la propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la 
modificación. En ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o 
contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores 
privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido 
a él una vez aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la 
propuesta de modificación.
2.  El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del 
incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores hasta el 31 de octubre 
de 2020 inclusive, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar 
desde que finalice ese plazo. Durante esos tres meses el concursado podrá presentar 
propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de 
declaración de incumplimiento.
3.  Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.
Artículo 4.  Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación.
1.  Hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, el deudor no tendrá el deber de solicitar 
la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos 
comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del 
convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del 
convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo. La propuesta de modificación 
del convenio se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 3.1.
2.  Durante el plazo previsto en el apartado anterior, el juez no dictará auto abriendo 
la fase de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos 
que pueden fundamentar la declaración de concurso.
3.  En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos 
años a contar desde el 14 de marzo de 2020, tendrán la consideración de créditos contra 
la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, 
créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al concursado 
o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier 
persona, incluidas las que, según la ley, tengan la condición de personas especialmente 
relacionadas con él, siempre que en el convenio o en la modificación constase la identidad 
del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir.
Artículo 5.  Acuerdos de refinanciación. o
1.  Hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, el deudor que tuviera homologado un  923ww
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eenl t eexl ator tríceufulon d6i1d7o  ddeel  Rlae Lael yD Cecornectou rLseagl.islativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba  BOE-A-cable e
2.  Hasta el 31 de octubre de 2020 inclusive, el juez dará traslado al deudor de 
cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se 
presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes 
a contar de dicha fecha. Durante ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del 
juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar 
negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado 
o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior 
solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al 
juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en 
vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento 
presentadas por los acreedores.
Artículo 6.  Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores.
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor que se encuentre en estado 
de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no 
comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a 
una propuesta anticipada de convenio.
2.  Hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, los jueces no admitirán a trámite 
las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo 
de 2020. Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera presentado 
solicitud de concurso voluntario, se admitirá esta a trámite con preferencia, aunque 
fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
3.  Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera comunicado la 
apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, 
un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 
se estará al régimen general establecido por la ley. No obstante, en ese supuesto, el 
deudor no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta que transcurran seis meses desde 
la comunicación.
Artículo 7.  Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el 
deudor.
1.  En los concursos de acreedores que se declaren hasta el 14 de marzo de 2022 
inclusive, tendrán la consideración de créditos ordinarios, sin perjuicio de los privilegios 
que les pudieran corresponder, los derivados de ingresos de tesorería en concepto de 
préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del 
estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan 
la condición de personas especialmente relacionadas con él.
2.  En los concursos de acreedores que se declaren en el periodo indicado en el 
apartado anterior, tendrán la consideración de créditos ordinarios, sin perjuicio de los 
privilegios que les pudieran corresponder, aquellos en que se hubieran subrogado quienes 
según la ley tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor 
como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por 
cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado.
Artículo 8.  Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
1.  Hasta el 14 de marzo de 2022 inclusive, en los incidentes que se incoen para  o
rcceeoslneos2bliv.dr eaercr Lialóaarnsá  f  idaamelltlpa avun idsgatenma a,ci cesoinaontlnotveeo, ss sqt aadulceveiloó  ei nnql v ujauee en lsztaae  dr diteoreal  myct eoda nednc edlua aar  slcipsoroet arree  ddcsoeuur aeaellcqvsra ued ieoeedt rrdaoae r dreceeosc,s  hlanoo.os  p sdúeebrmálic anone.cdeasdaorsia s lae   2020-10923n https://www.
3.  Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar 
necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se 
presenten.
Artículo 9.  Tramitación preferente.
Hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, se tramitarán con carácter preferente:
a)  Los incidentes concursales en materia laboral.
b)  Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta 
en globo de los elementos del activo.
c)  Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de 
cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.
d)  Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
e)  La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de 
refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.
f)  La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio 
del juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y 
derechos.
g)  El concurso consecutivo de una persona natural en insolvencia actual, que carezca 
de masa activa y de la posibilidad de plantear un plan de pagos, instado por mediador, en 
el que conste lista de acreedores provisional, calificación fortuita y solicitud del beneficio 
de exoneración del pasivo insatisfecho, junto con declaración responsable por parte del 
deudor en la que manifieste que no dispone de ningún activo.
h)  El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
Artículo 10.  Enajenación de la masa activa.
1.  En los concursos de acreedores que se declaren hasta el 14 de marzo de 2021 
inclusive y en los que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley, la subasta de bienes y derechos de la masa activa podrá realizarse bien 
mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización 
autorizado por el juez de entre los previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Con carácter 
preferente y siempre que fuere posible, la subasta se realizará de manera telemática.
2.  Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autorizado la realización 
directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para 
pago de dichos bienes, se estará a los términos de la autorización.
Artículo 11.  Aprobación del plan de liquidación.
El letrado de la Administración de Justicia acordará de inmediato la puesta de 
manifiesto en la oficina del juzgado de los planes de liquidación ya presentados por la 
administración concursal a la entrada en vigor de la presente Ley. Una vez transcurrido el 
plazo legal para formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en 
conocimiento del juez del concurso quien deberá dictar auto de inmediato, en el que, 
según estime conveniente para el interés del concurso, aprobará el plan de liquidación con 
las modificaciones que estime necesarias u oportunas.
Artículo 12.  Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, concurso  e.
consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. w.
pagoHsa sstea  heal  1in4t ednet amdaor zpoo dr ee l2 d0e2u1d ionrc lsuisni véex,i tsoe,  csoi nsesi daecrraerdáit aqruae  qeul ea csuee rhdaon  epxrtoradjuucdiidcoia dl does 
fcaoltnacsu rdseo  accoenpsteaccuiótinv od, eclo mmeudniiacdáonrd ocolon acul jruszagl apdaora. ser designado, a los efectos de iniciar
Artículo 13.  Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.
1.  A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista 
en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración 
las pérdidas del ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas 
que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, 
deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el 
plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la 
citada Ley, la celebración de junta general para proceder a la disolución de la sociedad, a 
no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar 
la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
CAPÍTULO III
Medidas organizativas y tecnológicas
Artículo 14.  Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.
1.  Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, 
los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos 
procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los 
juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios 
para ello.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal 
será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.
También se requerirá la presencia física del investigado o acusado, a petición propia o 
de su defensa letrada, en la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal cuando cualquiera de las acusaciones interese su prisión provisional o en los 
juicios cuando alguna de las acusaciones solicite pena de prisión superior a los dos años, 
salvo que concurran causas justificadas o de fuerza mayor que lo impidan.
Cuando se disponga la presencia física del acusado o del investigado, será también 
necesaria la presencia física de su defensa letrada, a petición de esta o del propio acusado 
o investigado.
3.  Las deliberaciones de los tribunales tendrán lugar en régimen de presencia 
telemática cuando se cuente con los medios técnicos necesarios para ello.
4.  Lo dispuesto en el apartado primero será también aplicable a los actos que se 
practiquen en las fiscalías.
5.  Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos 
telemáticos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, 
deberá garantizarse en todo caso el derecho de defensa de los acusados e investigados 
en los procedimientos penales, en particular, el derecho a la asistencia letrada efectiva, a 
la interpretación y traducción y a la información y acceso a los expedientes judiciales.
6.  En los actos que se celebren mediante presencia telemática, el juez o letrado de 
la Administración de Justicia ante quien se celebren podrá decidir la asistencia presencial 
a la sede del juzgado o tribunal de los comparecientes que estime necesarios.
Artículo 15.  Acceso a las salas de vistas. e
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sistemas de difusión telemática de la imagen y el sonido.
Artículo 16.  Exploraciones médico-forenses y de los equipos psicosociales.
Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, los informes médico-forenses podrán realizarse 
basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, que podrá 
ser requerida a centros sanitarios o a las personas afectadas para que sea remitida por 
medios telemáticos, siempre que ello fuere posible.
Del mismo modo podrán actuar los equipos psicosociales de menores y familia y las 
unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer.
De oficio, o a requerimiento de cualquiera de las partes o del facultativo encargado, el 
juez podrá acordar que la exploración se realice de forma presencial.
Artículo 17.  Dispensa de la utilización de togas.
Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, las partes que asistan a actuaciones orales 
estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias públicas.
Artículo 18.  Atención al público.
1.  Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, la atención al público en cualquier sede judicial 
o de la fiscalía se realizará por videoconferencia, por vía telefónica o a través del correo 
electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación en la página web de la 
correspondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determinen las 
Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, y que en el ámbito de la 
jurisdicción militar se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Defensa en el 
enlace correspondiente. Todo ello siempre que sea posible en función de la naturaleza de la 
información requerida y, en todo caso, cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2.  Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de 
la fiscalía, será necesario para el público obtener previamente la correspondiente cita, de 
conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones 
competentes, que deberán prever las particularidades de las comparecencias ante los 
juzgados en funciones de guardia y los juzgados de violencia sobre la mujer.
Artículo 19.  Órganos judiciales asociados al COVID-19.
1.  De conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de 
Planta Judicial, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder 
Judicial y previa audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada, podrá 
transformar los órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en 
el momento de la entrada en vigor de la presente Ley en órganos judiciales que conozcan 
exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.
2.  Se habilita al Ministerio de Justicia para que, oído el Consejo General del Poder 
Judicial, pueda anticipar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales 
correspondientes a la programación de 2020, pudiendo dedicarse todos o algunos de ellos 
con carácter exclusivo al conocimiento de procedimientos asociados al COVID-19.
Artículo 20.  Asignación preferente de jueces de adscripción territorial.
Los jueces de adscripción territorial por designación del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales, con carácter preferente,  e.e
en órganos judiciales que conozcan de procedimientos asociados al COVID-19. b
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servicio de la Administración de Justicia destinados en cualquiera de las unidades
procesales de apoyo directo a órganos judiciales, la realización de cualquiera de las 
funciones que, siendo propias del cuerpo al que pertenecen, estén atribuidas a 
cualesquiera otras unidades.
2.  En los partidos judiciales en que no se encuentren aprobadas las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo, la asignación de funciones, en el mismo periodo 
establecido en el apartado anterior, podrá realizarse entre el personal destinado en 
cualquier órgano unipersonal o colegiado.
3.  En la asignación que regulan los dos apartados anteriores se dará preferencia a los 
letrados de Administración de Justicia y demás personal al servicio de la Administración de 
Justicia que accedan voluntariamente y en ningún caso implicará variación de retribuciones.
La decisión de asignación se adoptará, en todo caso, mediante resolución motivada 
que se fundamentará en que la medida resulta imprescindible para garantizar la correcta 
prestación del servicio.
Asimismo, dicha asignación solo podrá realizarse entre unidades u órganos que 
radiquen en el mismo municipio y que pertenezcan al mismo orden jurisdiccional en el que 
el letrado o funcionario venga realizando su actividad profesional.
Artículo 22.  Jornada laboral.
1.  Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, se podrán establecer, para los letrados de la 
Administración de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Administración de 
Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos 
jurisdiccionales, previa negociación colectiva con las organizaciones sindicales y respetando 
en todo caso las medidas de seguridad laboral y prevención de riesgos laborales.
2.  El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en 
materia de Justicia establecerán la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Artículo 23.  Sustitución y refuerzo de letrados de la Administración de Justicia en prácticas.
1.  Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive las enseñanzas prácticas de los cursos de 
formación inicial del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia a las que se refiere 
el artículo 24 del Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos, 
aprobado por Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, podrán realizarse desempeñando 
labores de sustitución y refuerzo cuando así lo determine la Dirección del Centro 
garantizando el pleno cumplimiento de los objetivos formativos, teniendo preferencia sobre 
los letrados sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de tales funciones.
En ningún caso se podrá remover a un letrado sustituto en funciones para nombrar en 
su lugar a un letrado en prácticas.
2.  Los letrados de la Administración de Justicia que realicen las labores de sustitución 
y refuerzo conforme al apartado anterior ejercerán sus funciones con idéntica amplitud a 
la de los titulares y quedarán a disposición de la secretaría de gobierno correspondiente.
La persona titular de la secretaría de gobierno deberá elaborar un informe sobre la 
dedicación y rendimiento en el desempeño de sus funciones, que deberá remitir al Centro 
de Estudios Jurídicos para su evaluación.
3.  En todo caso, el Centro de Estudios Jurídicos garantizará la adecuada tutoría de 
las prácticas, a cuyo efecto las secretarías de gobierno prestarán la debida colaboración.
4.  Los letrados de la Administración de Justicia en prácticas que realicen labores de 
sustitución y refuerzo percibirán la totalidad de las retribuciones correspondientes al puesto  e.e
de trabajo desempeñado, que serán abonadas por el Ministerio de Justicia. b
Disp1o. sicEiónn l oasd iecixopneadl ipernimtees rad.e  aAumtoprilziaacciióónn  dpea rpala czoonst reane re lm áamtrbimitoo ndieol  eRne gloisst rqou Ce ivhiul.biera
recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo hasta el 20 de
junio de 2021 inclusive para la celebración del matrimonio.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente a aquellos expedientes 
en los que no hubiera transcurrido el plazo de un año desde la publicación de edictos, de 
su dispensa o de las diligencias sustitutorias que prevé el artículo 248 del Reglamento de 
la Ley del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958.
Disposición adicional segunda.  Suspensión de la causa de disolución del artículo 96.1.e) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Lo previsto en los artículos 96.1.e) y 96.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, no será de aplicación para las cuentas anuales 
aprobadas durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
Disposición adicional tercera.  Adecuación de determinadas disposiciones a la jurisdicción 
militar.
1.  La referencia a los letrados de la Administración de Justicia recogida en el 
artículo 21 de la presente Ley deberá entenderse también referida a los secretarios 
relatores en el ámbito de la jurisdicción militar.
2.  Lo dispuesto en el artículo 14 no será de aplicación a los procesos penales militares.
Disposición adicional cuarta.  Actos de comunicación del Ministerio Fiscal.
Se suspende la aplicación de lo dispuesto en el artículo 151.2 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con los actos de comunicación del Ministerio 
Fiscal, hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive. Hasta dicha fecha, el plazo regulado en 
dicho artículo será de diez días naturales.
Disposición adicional quinta.  Creación de unidades judiciales.
El Gobierno, previa negociación con las Comunidades Autónomas en materia de Justicia, 
promoverá la creación de al menos cien nuevas unidades judiciales en un plazo de tres años, 
de las cuales al menos un tercio se crearán en el primer año, con la finalidad de adecuar la 
planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis provocada por la COVID-19 y de 
garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos. Para ello, el 
Gobierno dotará las partidas y transferencias presupuestarias necesarias y suficientes.
Disposición adicional sexta.  Indicaciones de las autoridades sanitarias.
Las medidas organizativas previstas en el Capítulo III se ejecutarán por el Ministerio 
de Justicia o las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en medios 
materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, siguiendo las 
indicaciones que en cada momento establezcan las autoridades sanitarias, previa consulta 
al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, oídos los colegios 
profesionales y, cuando proceda, con la participación de las organizaciones sindicales.
Disposición adicional séptima.  Cambio extraordinario de las circunstancias contractuales.
El Gobierno presentará a las Comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y 
del Senado, en un plazo no superior a tres meses, un análisis y estudio sobre las 
posibilidades y opciones legales, incluidas las existentes en derecho comparado, de 
incorporar en el régimen jurídico de obligaciones y contratos la regla rebus sic stantibus.  e
El estudio incluirá los datos disponibles más significativos sobre el impacto de la crisis  bo
derivada de la COVID-19 en los contratos privados. 923ww
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de las actuaciones procesales.
1.  Las normas de la presente Ley se aplicarán a todas las actuaciones procesales
que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación  Bc
del proceso en que aquellas se produzcan.
2.  No obstante, las actuaciones procesales iniciadas conforme a lo previsto en los 
artículos 3 a 5 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, 
se regirán conforme a dichos artículos hasta su conclusión.
Disposición transitoria segunda.  Previsiones en materia de medidas organizativas y 
tecnológicas.
Las medidas contenidas en el Capítulo III de esta Ley serán de aplicación en todo el 
territorio nacional hasta el 20 de junio de 2021 inclusive. No obstante, si a dicha fecha se 
mantuviera la situación de crisis sanitaria, las medidas contenidas en el citado Capítulo III 
serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera 
motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Disposición derogatoria única.
1.  Queda derogado el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 
de Justicia.
2.  Queda derogado el artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales.
Se añade una nueva disposición adicional sexta a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta.  Sesiones telemáticas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los órganos colegiados de 
las corporaciones colegiales se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo 
que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En todo 
caso, estas previsiones podrán ser desarrolladas por los correspondientes 
reglamentos de régimen interno o normas estatutarias.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 6 del artículo 8, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«6.  Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las  e.e
autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso  w.b
requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución  923ww
fmoerzdoidsaas d dee a pcrtootse cdcei ólan  addem mineinsotrraecsi óanc oprúdbaldicaas,  psoarlv loa  qEuneti dsaed t rPaúteb ldicea  lcao emjepceutecniótne  edne 
la mAasteimriais.mo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la
legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias 
para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales 
cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que 
afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera 
individualizada.
Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las 
autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios 
de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, 
cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, este 
se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.»
Dos.  Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 10.  Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia.
1.  Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a)  Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo.
b)  Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y 
de las Entidades locales.
c)  Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas 
legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas 
análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, 
administración y gestión patrimonial.
d)  Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-
Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-
administrativa.
e)  Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central 
en materia de tributos cedidos.
f)  Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de 
Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra 
acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y 
proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la 
legislación electoral.
g)  Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se 
ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
h)  La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la 
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
i)  Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General 
del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel 
orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, 
propiedades especiales y expropiación forzosa.
j)  Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas 
competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
k)  Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de  s
recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30  oe.
de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en  w.
eRle ácmlu) brsitooLs ca Cosmo rnpetesrotaelcuntccuiiaaollne deses.  ladsic Ctaodmasu npiodar dloess  TAruibtóunnoamleass A od dmei nlaisst rCaotirvpoosr aTceiorrniteosr ilaolceasl edse.  2020-10923n https://ww
m)  Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente
a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. Bc
2.  Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra 
sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de 
los correspondientes recursos de queja.
3.  También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el 
conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
4.  Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.
5.  Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina previsto 
en el artículo 99.
6.  Conocerán del recurso de casación en interés de la ley previsto en el 
artículo 101.
7.  Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, 
cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad 
Autónoma respectiva.
8.  Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas 
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto 
al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la 
limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no 
estén identificados individualmente.»
Tres.  Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«1.  La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional 
conocerá en única instancia:
a)  De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones 
generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y 
en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación 
de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocerá de los recursos contra 
los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a 
ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos.
b)  De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado 
cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los 
dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c)  De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones 
públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d)  De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el 
Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.e).
e)  De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de 
Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los 
plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de 
Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
f)  Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k).
g)  De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en  s
la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito  oe.
yla e Cmhio)p )m repsDDeateees  n llodacsei a  ars eueectnrouv rdriicsezoioafsesc n iindóstenae   ridonpe vur eelaarsts itufioióncsnia dp.caoidór  nlda e jCu mdoimecriiacsali óddnoe N. laacsi omnaeld didea lso sa Mdoeprctaaddoass  yc oden   2020-10923n https://www.
arreglo a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos  Bc
fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.»
Cuatro.  Se añade un nuevo artículo 122 quater, con el siguiente contenido:
«Artículo 122 quater.  Autorización o ratificación judicial de las medidas que las 
autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e 
impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales.
En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones a que se refieren los 
artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) de la presente Ley será parte el 
ministerio fiscal. Esta tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá 
resolverse en un plazo máximo de tres días naturales.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea.
Se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en los siguientes términos:
Uno.  Se añade un nuevo artículo 45 bis que queda redactado como sigue:
«Artículo 45 bis.  Infracciones en relación con la asistencia y compensación a los 
pasajeros.
1.  Constituye infracción grave el incumplimiento de las decisiones emitidas por 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en relación con las reclamaciones de los 
pasajeros formuladas al amparo del Reglamento (CE) 261/2004, del Parlamento y 
del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes 
sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.
2.  Constituye infracción leve el cumplimiento tardío o defectuoso de las 
decisiones emitidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en relación con las 
reclamaciones de los pasajeros formuladas al amparo del Reglamento (CE) 261/2004, 
del Parlamento y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen 
normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.
A estos efectos se considera que el cumplimiento es tardío o defectuoso cuando 
el mismo se efectúa una vez interpuesta demanda de ejecución por el pasajero ante 
el juzgado competente para conocer de la misma. A estos efectos, el juzgado 
competente notificará a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a la vez que al 
pasajero y a la compañía aérea, el auto por el que despacha ejecución.»
Dos.  Se añade una nueva letra i) al apartado 1 del artículo 52, que queda redactada 
como sigue:
«i)  En las infracciones en relación con la asistencia y compensación a los 
pasajeros, a las compañías aéreas.»
Tres.  Se añade un nuevo artículo 62 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 62 bis.  Especialidades de la iniciación de determinados procedimientos 
sancionadores.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a los efectos de dictar el acuerdo de  s
inicio de los procedimientos sancionadores que instruya por infracciones previstas  e.
en esta Ley, podrá tomar como hechos que motivan su incoación los que constituyan  w.
antecedentes de la decisión adoptada en el procedimiento previsto en la disposición  923ww
aodrdiceinoanmal iesnetgou njudraíd diceo  leas Lpeayñ o7l/ 2la0 1D7i,r edcet iv2a d 2e0 n1o3v/1ie1m/UbEre, ,d peol rP laa rqlaume esnet oin Ecourrpoopreao  ayl 
deenl  mCaotnesreiajo d, ed ec o2n1s duem mo.a Iygou adlem 2e0n1te3,,  sreel ainticvoar pao lraa rráenso elunc ieósne a mlteormnaetnivtao  dtoed laitsig liaoss   BOE-A-cable e
actuaciones realizadas para dictar dicha decisión, sin necesidad de ningún trámite
adicional. El procedimiento sancionador que se inicie de este modo no se 
suspenderá por la impugnación de la decisión por la compañía aérea.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia, en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica la letra f) del artículo 4.2, que queda redactada como sigue:
«f)  A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 
y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.»
Dos.  Se modifica la letra d) del artículo 6.2, que queda redactada como sigue:
«d)  A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los 
artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siempre que dicho sistema le identifique 
de forma unívoca como profesional para cualquier trámite electrónico con la 
Administración en los términos establecidos por las leyes procesales.
A tal efecto, el Consejo General o el superior correspondiente deberá poner a 
disposición de las oficinas judiciales los protocolos y sistemas de interconexión que 
permitan el acceso necesario por medios electrónicos al registro de profesionales 
colegiados ejercientes previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales, garantizando que en él consten sus datos 
profesionales, tales como número de colegiado, domicilio profesional, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico.»
Tres.  Se añade un segundo párrafo al artículo 8 con la siguiente redacción:
«Las Administraciones competentes proporcionarán los medios seguros para 
que estos sistemas sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que 
los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, 
oficinas o fiscalías.»
Cuatro.  Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 11, que queda redactada 
como sigue:
«f)  Un enlace al Tablón Edictal Judicial único, como medio de publicación y 
consulta de las resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban 
fijarse en el tablón de anuncios o edictos.»
Cinco.  Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue:
«Artículo 35.  Comunicación edictal electrónica.
La publicación de resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban 
fijarse en tablón de anuncios, así como la publicación de los actos de comunicación 
procesal que deban ser objeto de inserción en el «Boletín Oficial del Estado», en el de 
la Comunidad Autónoma o en el de la provincia respectiva, serán sustituidas en todos  s
los órdenes jurisdiccionales por su publicación en el Tablón Edictal Judicial único  e.
previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. w.
El Tablón Edictal Judicial Único será publicado electrónicamente por la Agencia  923ww
EA sttaal taelf eBcotole,t ílna  OAgficeinacl idae El Estsatatadl oB, oelne tlían  fOorfmicaia el nd eql uEes staed dois ppoonndgraá  rae gdlaismpoesnitcaiórianm deen ltoes. 
jguazrgaandtiozsa ryá  tlraib cuenlaelreidsa udn e snis ltae mpuab aliucatocmióant idzaed loo sd eed riecmtoiss,i ósnu  yc ogrersetciótan  yte flieeml iántsicearc qióune,   BOE-A-cable e
así como la identificación del órgano remitente.»
Seis.  Se modifica la disposición adicional quinta, que queda con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional quinta.  Dotación de medios e instrumentos electrónicos y 
sistemas de información.
Las Administraciones competentes en materia de Justicia dotarán a todos los 
órganos, oficinas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos electrónicos y de 
los sistemas de información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función 
eficientemente. Estos sistemas serán plenamente accesibles y operativos sin 
necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus 
respectivos órganos, oficinas o fiscalías, con respeto a las políticas internas que 
garanticen el derecho a la desconexión digital recogido en el artículo 14.j.bis y en el 
artículo 88 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Asimismo, formarán 
a los integrantes de los mismos en el uso y utilización de dichos medios e instrumentos.»
Siete.  Se añade una nueva disposición adicional decimotercera con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional decimotercera.  Publicaciones en el Tablón Edictal Judicial 
Único.
Las publicaciones que, en cumplimiento de lo previsto en las leyes procesales, 
deban hacerse en el Tablón Edictal Judicial Único serán gratuitas en todo caso, sin 
que proceda contraprestación económica por parte de quienes la hayan solicitado.
Igualmente serán gratuitas las consultas en el tablón, así como las suscripciones 
que los ciudadanos puedan realizar en su sistema de alertas.»
Ocho.  Se añade una nueva disposición transitoria tercera con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria tercera.  Tablón Edictal Judicial Único.
La publicación de los edictos mediante el Tablón Edictal Judicial Único resultará 
de aplicación a partir del 1 de junio de 2021 tanto a los procedimientos que se 
inicien con posterioridad, como a los ya iniciados.»
Disposición final quinta.  Modificación de la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 
21 de julio, del Registro Civil.
Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 
Civil, que pasará a tener la siguiente redacción:
«Disposición final décima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 30 de abril de 2021, excepto las disposiciones 
adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los 
artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en 
vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66 y 67.3,  s
y la disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley  e.
19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la  w.
Administración de Justicia y del Registro Civil. 923ww
CivilA esli mdíiasm 1o d, ee ostcatu Lberey  deen t2ra0r2á0 e, na pvliicgáonr dpoasrea  dlaes  foorfmician apsro cgornessuivlaa rdees  cdoenl fRoremgiidstarod 
cqoune  lsoe p dreicvtiesnto a el ne lfae cdtios.posición transitoria séptima y las disposiciones reglamentarias  BOE-A-cable e
Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las 
medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y 
funcionamiento de los Registros Civiles.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo.
La disposición adicional segunda de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo, queda redactada como sigue:
«Disposición adicional segunda.  Las entidades de resolución alternativa en el 
ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo.
1.  Para la resolución alternativa de litigios en que resulten de aplicación los 
Reglamentos de la Unión Europea en materia de protección de los usuarios del 
transporte aéreo, será acreditada y notificada a la Comisión Europea una única 
entidad, que conocerá, con arreglo a lo establecido en esta disposición, de aquellos 
conflictos que afecten a todos los pasajeros, aunque no tengan la condición de 
consumidores y ya esté la compañía establecida en la Unión Europea o fuera de ella.
Las entidades a las que se hace referencia en el artículo 6.2 que den cobertura 
a reclamaciones de consumo de todos los sectores económicos, podrán conocer 
igualmente de este tipo de litigios en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre 
que ambas partes se hayan sometido voluntariamente a tales procedimientos.
2.  Por orden de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, se regulará el procedimiento de resolución alternativa de los litigios 
mencionados en el párrafo primero del apartado anterior, que será de aceptación 
obligatoria y resultado vinculante para las compañías aéreas.
3.  La entidad acreditada pondrá fin al procedimiento anterior mediante decisión 
motivada. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 20 de esta Ley sin que se 
haya notificado la decisión, se entenderá que la decisión es desestimatoria de la 
reclamación formulada por el pasajero.
El pasajero podrá retirarse en cualquier momento del procedimiento si no está 
satisfecho con su funcionamiento o tramitación, debiendo ser informado por la 
entidad acreditada de este extremo al inicio del procedimiento.
La decisión adoptada por la entidad acreditada podrá ser impugnada por parte 
de la compañía aérea, ante el juzgado de lo mercantil competente, cuando considere 
que la misma no es conforme a Derecho. Puesto que la decisión de la entidad 
acreditada no será vinculante para el pasajero, en todo caso se entenderá sin 
perjuicio de las acciones civiles que el pasajero tenga frente a la compañía aérea.
La impugnación de la decisión, mediante la formulación de la correspondiente 
demanda por la compañía, habrá de efectuarse dentro de los dos meses siguientes 
a su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección o aclaración, desde 
la notificación de la respuesta a esta solicitud, o desde la expiración del plazo de 
diez días desde que esta se efectuó sin que se haya notificado respuesta expresa. 
La demanda se tramitará por los cauces del juicio verbal. s
El pasajero podrá no comparecer en el procedimiento judicial, entendiéndose  oe.
que se remite a la decisión de la entidad acreditada. En este procedimiento nunca  w.
seen tiimd4a.p do nSadcinrrá epnde itlraajusdi caci,oo ts rdtaaensl s daceul rpreraicdshoao j uednreo  m.lae cso dmepsadñeí aq uaeé rfeuae raa i mempuitgidnaa rla la d deeccisisióiónn p doed rláa   2020-10923n https://ww
solicitarse por el pasajero su ejecución ante el juzgado de lo mercantil competente.
A estos efectos, la decisión, debidamente certificada por la entidad acreditada,  Bc
tendrá la consideración de título ejecutivo extrajudicial, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 9.º del apartado 2 del artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.
En todo caso, la compañía aérea remitirá a la entidad acreditada justificante del 
cumplimiento de la decisión tan pronto como esta se produzca, indicando si ha 
impugnado la decisión ante el juzgado competente.
5.  Hasta que entre en vigor la orden mencionada en el apartado 2, la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea deberá acomodar su funcionamiento y procedimiento a 
lo previsto en esta Ley con el fin de poder ser acreditada como entidad de resolución 
alternativa de litigios en materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.
Se modifican las letras d) y f) del artículo 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, que quedan redactadas del siguiente modo:
«d)  La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los 
supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se 
presentará en dos sobres o archivos electrónicos.
La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se 
hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 
en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación 
establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la 
que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley.»
«f)  En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar 
efectuada con anterioridad a la apertura del sobre o archivo electrónico que 
contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas.
Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa 
procederá a:
1.º  Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los 
requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2.º  Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 
puntuación.
3.º  Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene 
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y 
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar.
4.º  Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que 
aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa  s
de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar  oe.
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo  w.
de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 923ww
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación
saert ícpurelos u1m49a,  qlau em eessa a, nreoarmlizaaldmaesn ltaes  baacjatu apcoiro ndeasr sree cloosg idsausp ueens tlooss  ppurenvtoisst o1s.º  eyn 2 e.ºl 
anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo
máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los cinco días 
hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, 
previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos 
previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un 
plazo no superior a cinco días se procederá a adjudicar el contrato a favor del 
licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el 
mismo, a su formalización.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de 
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que 
aportar en el plazo de siete días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.»
Disposición final octava.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, en los siguientes términos:
Uno.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo 
siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o 
entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o 
jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y 
trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, hasta el 30 de septiembre 
de 2020, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre 
que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera 
conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.»
Dos.  El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:
«1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que 
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el 
artículo 5, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna de 
las comprendidas en el artículo 4, en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley y en los términos recogidos en los apartados 2 a 4 
siguientes, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre 
que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera 
acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.»
Tres.  El artículo 9 queda redactado como sigue: e
«ArtEeíccsuotalnodó o9m .d iceaA l apc orfoimnbaoan cccioóianncs ideóecn u uaen naacr rilaeín ndedeaa  ltada erei oxaspv aaenlnes ssió itpnua adrcaei ól lCan  OdceoV bIvDeur-lt1nu9era.ra pboilird acude snotcai adle yl   2020-10923n https://www.
de v1iv.i enCdoan p oobr jpeatort ed ed ep rloosp ohrocgioanreasr  cqoubee sretu eran cfiuneanntcreienr ae np asritau ahcaicoenre fsr ednet ev ualn loesra gbailisdtaods   BOE-A-cable e
social y económica como consecuencia de la expansión del COVID 19, se autoriza al
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante convenio con 
el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, se desarrolle una línea 
de avales con total cobertura del Estado, para que las entidades de crédito puedan 
ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la 
referida situación de vulnerabilidad, en forma de préstamo con un plazo de devolución 
de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún 
caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.
2.  Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse 
al pago de la renta del arrendamiento de vivienda habitual y podrán cubrir un importe 
máximo de seis mensualidades de renta.
3.  A estas ayudas transitorias de financiación podrán acceder todos aquellos 
arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como 
consecuencia de la expansión del COVID-19, de acuerdo con los criterios y 
requisitos que se definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que incluirán en todo caso, y como mínimo, las 
situaciones definidas en el artículo 5 del presente Real Decreto-ley. Dicha Orden no 
precisará desarrollo normativo posterior para su aplicación y cumplirá en todo caso 
con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.
4.  La Orden del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 
establecida en el apartado anterior no estará sujeta a la autorización del Consejo de 
Ministros, prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
5.  A los efectos de la aplicación de las ayudas transitorias de financiación, se 
establece que en el mismo acto de concesión del préstamo por parte de la entidad de 
crédito de conformidad con la regulación establecida, se entenderá concedida la 
subvención de gastos e intereses que conlleve dicho préstamo, por lo que no requerirá 
resolución de concesión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Las ayudas en la modalidad de subvención de tipo de interés se financiarán por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con cargo a la aplicación 
presupuestaria 17.09.261N.481, “Bonificación de gastos e intereses por concesión de 
préstamos a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19”. Este 
crédito tendrá la consideración de ampliable. La verificación del cumplimiento de los 
requisitos de los beneficiarios de la subvención se realizará “ex post” por el Ministerio 
de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, conforme a la normativa de aplicación.
6.  El convenio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 
el Instituto de Crédito Oficial al que se refiere el apartado 1 y la Orden del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana referida en apartados anteriores, 
quedan exceptuados de la aplicación de lo dispuesto en los apartados Sexto y 
Séptimo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019, por el 
que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los 
Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2019. Adicionalmente, al 
convenio le resultará de aplicación el régimen especial previsto en el artículo 39 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.»
Cuatro.  La letra c) del apartado 1 de la disposición adicional vigésima queda redactada 
como sigue:
«c)  En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado  e.e
previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales, o en un  w.b
régimen de mutualismo alternativo a esta, y como consecuencia de la situación de crisis  923ww
shaanbietar rciae soacdaos eionn saud aa cptiovrid eald C, sOuV faIDct-u1r9a chióany aenn  ceel msaedso n eantu rsaul  aanctteivriiodra adl  oq uceu saen dsoo,li csitina 
lean d rieslpaocnióibni lcidoand e dl eplr opmlaend dioe  dpee nfasciotunreasc isóen  hdaeyl as ermedeusctrideo n, aatlu mrael naonste, reionr ,u snie 7m5p preo rq cuieen ntoo 
se encuentren en alguno de los dos supuestos recogidos en los párrafos siguientes.
En el caso de los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter 
estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrario, así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de 
productos específicos de carácter estacional incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio en los meses de campaña de 
producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en 
un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
En el caso de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en alguno 
de los siguientes códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 
y el 9004 ambos incluidos, siempre que, no cesando en su actividad, su facturación 
en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al 
menos un 75 por ciento en relación con la efectuada en los doce meses anteriores.»
Disposición final novena.  Modificación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Se modifica el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, en los siguientes términos:
Uno.  La letra c) del artículo 23.2 queda redactada como sigue:
«c)  En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado 
previamente integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un 
régimen de mutualismo alternativo a esta, y haya cesado en su actividad o cuya 
facturación se haya reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de 
alarma decretado por el Gobierno, se presentará, según corresponda:
1.º  El certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de 
la declaración de cese de actividad declarada por el interesado; o
2.º  La información contable que justifique la reducción de la facturación en los 
mismos términos que los establecidos en el artículo 17.10 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, para justificar la reducción de la facturación en la prestación 
extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia afectados por 
la declaración del estado de alarma. Los trabajadores por cuenta propia que no estén 
obligados a llevar los libros que acrediten el volumen de actividad, deberán acreditar la 
reducción de la facturación por cualquier medio de prueba admitido en derecho.»
Dos.  La letra c) del artículo 23.3.1.º queda redactada como sigue:
«c)  En el supuesto de trabajadores por cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen 
de mutualismo alternativo a esta, y hayan cesado en su actividad o cuya facturación se 
haya reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de alarma decretado 
por el Gobierno: los ingresos netos que se hayan dejado de percibir durante un periodo 
de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, 
estimados mediante la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto 
sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre.» e
Disposición final décima.  Título competencial. 923ww
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regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales;  Bc
Administración de Justicia; legislación mercantil; legislación procesal, sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del 
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la 
conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los Derechos 
civiles, forales o especiales, allí donde existan, en particular, en materia de ordenación de 
los registros e instrumentos públicos; bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica; y legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.
Disposición final decimoprimera.  Intervención telemática de notarios y registradores.
El Gobierno remitirá a las Cortes Generales en el plazo más breve posible, no superior 
a nueve meses, un proyecto de ley, oídos el Consejo General del Notariado y el Colegio 
de Registradores de España, para habilitar la intervención telemática notarial y registral 
con el objetivo de facilitar la prestación de los servicios notariales y registrales sin 
necesidad de presencia física.
Disposición final decimosegunda.  Actuaciones telemáticas.
En colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias 
en medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, el Consejo 
General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, el Gobierno remitirá a las 
Cortes Generales un proyecto de ley que regule las normas para la celebración de actos 
procesales telemáticos, preservando en todo momento las garantías procesales previstas 
en el ordenamiento jurídico y el derecho de defensa de las partes.
Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 18 de septiembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN