BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Lunes 20 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 155782
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
20980 Resolución 420/38442/2021, de 13 de diciembre, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder 
Judicial, para facilitar a los órganos de la Jurisdicción Militar el acceso a 
medios y servicios y otras áreas de interés común.
Suscrito el 26 de noviembre de 2021 el Convenio entre el Consejo General del Poder 
Judicial y el Ministerio de Defensa para facilitar a los órganos de la Jurisdicción Militar el 
acceso a medios y servicios y otras áreas de interés común, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector  Público,  procede  la  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  dicho 
convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Madrid, 13 de diciembre de 2021.–El Secretario General Técnico, Emilio Fernández-
Piñeyro Hernández.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Defensa 
para facilitar a los órganos de la Jurisdicción Militar el acceso a medios y servicios 
y otras áreas de interés común
Madrid, 26 de noviembre de 2021.
REUNIDOS
El Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, don José Luis Benito y 
Benítez de Lugo, nombrado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial de 28 de marzo de 2019 (BOE de 30 de marzo de 2019), en representación del 
Consejo General del Poder Judicial, en uso de la delegación de firma efectuada por el 
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, mediante 
acuerdo de fecha de 20 de septiembre de 2021, reconociéndose la plena capacidad legal 
necesaria para suscribir el presente convenio.
La Subsecretaria de Defensa, Sra. doña María Amparo Valcarce García, según 
nombramiento efectuado por el Real Decreto 625/2020, de 30 de junio, en nombre y 
representación  del  Ministerio  de  Defensa,  en  virtud  de  las  atribuciones  que  tiene 
conferidas según Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de 
competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios de 
colaboración.
Se reconocen con capacidad y legitimación bastante en derecho para celebrar y 
firmar el presente convenio de colaboración, y en su virtud,
EXPONEN es
Primero. 980www.
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Jeund viciritauld,  qduee l oe jqeurcee  sseuñsa lcao eml paertteícnucloia s1 0e5n  dtoed doic ehla t eLreriyto Oriorg náancicioan, aels y l aq uperi msue rPa raeustidoerindtaed,   BOE-A-cable e
judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de 
gobierno del mismo.
Segundo.
Que al Ministerio de Defensa, en tanto que órgano de la Administración General del 
Estado, corresponde, a tenor del artículo 9.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional, la preparación, el desarrollo y la ejecución de la 
política de defensa determinada por el Gobierno y la obtención y gestión de los recursos 
materiales y humanos para ello, así como la gestión de la administración militar, y a la 
Ministra  titular  del  Departamento,  además  de  sus  atribuciones  como  miembro  del 
Gobierno, expresadas en el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, dirigir los sectores de actividad administrativa integrados en el Ministerio, en 
los términos previstos en el citado artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero.
Que la Jurisdicción Militar forma parte integrante del Poder Judicial del Estado y los 
Juzgados y Tribunales Militares basan su organización y funcionamiento en el principio 
de unidad jurisdiccional, administrando justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en 
su caso, en las materias que establezca la declaración de estado de sitio, como resulta 
de lo dispuesto en el artículo 117.5 de la Constitución y, en su desarrollo, de los 
artículos 3.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; 1 y 2 de la Ley 
Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción 
Militar; y 14 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
En  consecuencia,  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial  ostenta  competencias 
exclusivas en cuanto al nombramiento de los Auditores Presidentes, Vocales Militares y 
Jueces Togados Militares, la inspección de los órganos judiciales militares, la concesión 
de amparo a los miembros de éstos cuando sean objeto de perturbación y la revisión en 
vía administrativa de los acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, y 
ejerce la potestad disciplinaria judicial sobre cuantos desempeñen cargos judiciales 
militares, tal y como determinan los artículos 9, 37, 47, 54, 125, 138 y concordantes de la 
Ley Orgánica 4/1987, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, y 30 
y 31 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  Título  II  de  la  Ley  Orgánica  5/2005,  de  17  de 
noviembre, de la Defensa Nacional, incardina a la Jurisdicción Militar en la organización 
de la defensa militar, haciendo así efectiva la participación del Poder Judicial en la 
Defensa Nacional, junto a los demás Poderes e instituciones del Estado que aparecen 
en el Título I de dicha Ley Orgánica. Todo ello, unido a la condición militar de quienes 
ejercen los cargos judiciales y secretarías relatorías, en los términos previstos en los 
artículos  65,  75  y  concordantes  de  la  Ley  Orgánica  4/1987,  de  15  de  julio,  de  la 
Competencia  y  Organización  de  la  Jurisdicción  Militar,  determina  la  atribución  al 
Ministerio  de  Defensa  de  las  competencias  en  cuanto  a  la  provisión  de  recursos 
humanos y medios materiales para los Juzgados y Tribunales Militares, expresadas en 
diversos pasajes de dicha Ley Orgánica y que, por determinación del artículo 8.2.g) del 
Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Departamento, se ejercen a través de la Subsecretaría de Defensa.
Cuarto. o
Que para el adecuado desarrollo de su función jurisdiccional, los integrantes de los  980ww
Jduiczhgoa dfoins,  yn Terciebsuindaaldeess M  qiliutaer esse d epboenne nc odneta r mcaonni ftioedstaos,  lapso rh eerjreammpielon tays  cnoenc escaarriáacst ear 
eenstuandcíisatticivao ,e sepne ceílf icaac cpeasroa  alol sF oónrgdaon oDso cduem lae njutarli sCdiEccNióDnO mJ; ilietanr  lqau iem spelaan túatcili ótann dtoe  puanraa   BOE-A-cable e
dichos órganos como para el cumplimiento de las funciones que el Consejo General del 
Poder Judicial tiene encomendadas en relación con las mismas; y en la posibilidad de 
acceso los programas de formación continua del Consejo General del Poder Judicial, 
entre otras áreas de cooperación en las que el Consejo puede prestar su colaboración 
para el más eficaz desempeño de la función jurisdiccional en el ámbito militar.
Quinto.
Que el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Defensa, a fin de 
mejorar el desempeño de sus respectivas responsabilidades públicas encomendadas, y 
compartiendo  un  interés  común  por  establecer  un  amplio  marco  de  colaboración, 
suscribieron el 25 de julio de 2017 un convenio para facilitar a los órganos de la 
jurisdicción militar el acceso a medios y servicios y en otras áreas de interés común, que 
fue modificado y prorrogado por la correspondiente adenda de fecha 23 de julio de 2019.
Sexto.
Que permaneciendo la voluntad de continuar con la colaboración iniciada en 2017, el 
CGPJ  y  el  Ministerio  de  Defensa  mantienen  el  interés  común  en  que,  entre  otros 
objetivos, se integre la promoción del acceso a las bases de jurisprudencia del servicio 
central de jurisprudencia del CENDOJ, por parte de los miembros de los Juzgados y 
Tribunales Militares dependientes del Ministerio de Defensa; acceso al Punto Neutro 
Judicial;  elaboración  de  boletines  estadísticos  específicos  para  los  órganos  de  la 
jurisdicción militar, sin perjuicio de llevar a cabo las acciones necesarias para posibilitar 
en un futuro próximo el acceso a la estadística judicial; y la utilización compartida de los 
recursos de formación precisos para el desarrollo de la función jurisdiccional.
Séptimo.
De la misma manera, es también interés del Consejo General del Poder Judicial, 
desde la posición institucional y constitucional que ocupa, continuar expresando en el 
marco de este nuevo convenio su compromiso con la cultura de Seguridad Nacional y 
Defensa, previendo las vías para facilitar a los miembros de la Carrera Judicial la 
información necesaria para el acceso a las situaciones administrativas y licencias y 
permisos que correspondan para participar en actividades propias de la Defensa en los 
términos de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, y Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, especialmente el artículo 134 y concordantes.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por 
las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El objeto de este convenio es continuar desarrollando el marco de colaboración entre 
el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Defensa en diferentes áreas de 
interés común.
Tales áreas de colaboración se concretan en lo siguiente:
a)  Colaboración documental y jurisprudencial entre el Consejo General del Poder  o
Judicial y el Ministerio de Defensa para el intercambio de información documental y  980www.
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el  Consejo  General  del  Poder  Judicial  para  la  correcta  utilización  de  los  fondos
bibliográficos y documentales; facilitar a los Juzgados y Tribunales Militares los cauces 
técnicos  que  posibiliten  la  remisión  normalizada  al  CENDOJ,  de  las  resoluciones 
dictadas por el Tribunal Militar Central, Tribunales Militares Territoriales y Juzgados 
Togados  Militares  y  cuantas  otras  resoluciones  revistan  interés  jurisprudencial  o 
doctrinal, permitiendo de este modo su tratamiento y difusión previa disociación de datos 
personales y, en último término, a los fines de asegurar el adecuado cumplimiento de la 
labor jurisdiccional encomendada a sus miembros, en consonancia con el mandato 
contenido en el artículo 117 de la Constitución Española, y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial y la restante legislación concordante en la materia.
b)  Implementación de un boletín estadístico que se recoja en los órganos que 
integran la jurisdicción militar (Tribunal Militar Central, Tribunales Militares Territoriales y 
Juzgados Togados Militares) como formulario Web a través del Punto Neutro Judicial, así 
como las fichas estadísticas que en su caso se aprueben, sin perjuicio de promover las 
acciones necesarias para posibilitar en un futuro próximo el acceso a la estadística 
judicial.
c)  Desarrollo de actividades de formación entre el Consejo General del Poder 
Judicial  y  el  Ministerio  de  Defensa  en  el  ámbito  de  la  formación  continua  y 
perfeccionamiento de los miembros del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas en las 
materias profesionales comunes, de manera que posibiliten un mutuo enriquecimiento y 
desarrollo, mediante la realización de actividades conjuntas de formación, así como la 
participación de cada una de las partes en las actividades propias de la otra.
d)  Colaboración en materia de cooperación judicial internacional, facilitando a los 
Juzgados y Tribunales Militares el acceso a los medios del Consejo General del Poder 
Judicial en esta materia.
e)  Colaboración en materia de presencia o visibilidad institucional, permitiendo o 
estableciendo los enlaces adecuados para el acceso desde sus respetivas páginas web.
f)  Acceso al Punto Neutro Judicial en términos amplios por parte de los Juzgados y 
Tribunales Militares.
g)  Acceso a la extranet del Consejo General del Poder Judicial en términos amplios 
por parte del personal militar que desempeñe funciones judiciales.
h)  En materia de colaboración con la cultura de Seguridad Nacional y de Defensa, 
establecer el marco de información que permita a los miembros de la Carrera Judicial 
hacer efectivo el compromiso de implicarse en actividades de cooperación con las 
Fuerzas Armadas.
Segunda.  Compromisos de las partes.
Las partes firmantes se comprometen, cada una en el ejercicio de su respectiva 
competencia, y dentro del marco normativo vigente, a lo siguiente:
1.  Compromisos  de  las  partes  en  materia  de  información  documental  y 
jurisprudencial:
a)  El Consejo General del Poder Judicial, a través del CENDOJ, se compromete a 
dar acceso a los Juzgados y Tribunales Militares, al Fondo Documental CENDOJ, a 
través de un punto único (Intranet) por el que se canalizará el acceso de sus miembros a 
dicho Servicio, lo que garantiza su uso exclusivo.
b)  El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Defensa (Juzgados y 
Tribunales  Militares),  se  comprometen  a  poner  a  disposición  de  sus  miembros  los  s
respectivos  fondos  bibliográficos,  facilitando  el  acceso  a  través  del  CENDOJ  a  las  oe.
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términos  que  permitan  el  acceso  seguro  a  la  información  respectiva.  Para  ello,  se
facilitarán los cauces técnicos que posibiliten la remisión normalizada desde dichos  Bc
Tribunales. Para ello, se hará uso de los servicios CIS/TIC disponibles o proporcionados 
sin coste por la administración. Caso de ser necesario el desarrollo de un nuevo servicio, 
dicho servicio estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
2.  Compromisos de las partes en materia de estadística judicial:
Sin perjuicio de la competencia atribuida al Fiscal Togado en esta materia, por 
delegación de la Fiscal General del Estado, contemplada en el artículo 95.7 de la Ley 
Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción 
Militar,
a)  Corresponde al Consejo General del Poder Judicial:
1.º  Proporcionar los medios personales y materiales propios, y en concreto los de la 
Sección de Estadística Judicial, como órgano técnico del Consejo encargado de la 
recogida y captación de los datos y demás funciones propias de la elaboración de la 
Estadística Judicial, integrada en el Servicio de Inspección.
2.º  Elaborar la estadística de los órganos de la jurisdicción militar, entendiendo por 
tal el proceso que engloba el conjunto de actividades necesarias para la recogida, 
almacenamiento, tratamiento sistemático de datos, compilación, análisis y difusión de la 
información estadística. Esta elaboración se llevará a cabo de forma idéntica a la del 
resto de los órganos judiciales, siempre con respeto a los principios de uniformidad, 
fiabilidad, pertinencia, relación coste/eficacia, secreto estadístico y transparencia.
3.º  Los datos personales obtenidos a través de los sistemas de la Sección de 
Estadística  Judicial,  no  podrán  ser  incorporados  a  bases  de  datos  o  ficheros 
informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas 
físicas  o  jurídicas  ajenas  a  su  función,  aunque  se  exprese  la  procedencia  de  la 
información.
4.º  Llevar a cabo las acciones necesarias para, en un futuro, integrar la estadística 
de los órganos de la jurisdicción militar en la estadística judicial.
b)  Corresponde al Ministerio de Defensa:
1.º  Enviar al Consejo General del Poder Judicial la relación inicial de los Auditores 
Presidentes y Vocales Togados de los Tribunales Militares, así como los Jueces Togados 
de los órganos judiciales de la jurisdicción militar cuyos datos puedan aparecer en los 
formularios estadísticos que deban remitirse a la Sección de Estadística Judicial del 
Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Defensa responderá, en cualquier 
caso, de la veracidad de los datos de los usuarios que facilite, y de acuerdo con lo 
dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, recabará de los anteriores el necesario 
consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos personales, sin perjuicio de la 
obligación de la Administración cedente de la información, de informar a dichos usuarios 
de la incorporación de sus datos al correspondiente fichero, de la finalidad pretendida 
con ello, y de la posibilidad del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, con indicación de la dirección en la que hacerlo. El Consejo 
General del Poder Judicial asume el compromiso de utilizar estos datos exclusivamente 
a los fines del convenio y adoptará las medidas precisas para el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
2.º  Comunicar  al  Consejo  General  del  Poder  Judicial  cualquier  incidencia  que  es
pueda producirse, así como los posibles cambios en la relación de usuarios o Auditores  o
Presidentes y Vocales Togados de los Tribunales Militares. 980ww
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información. El secretario relator del Tribunal Militar Central velará por su cumplimiento 
contrastando la veracidad de los datos.
– Periodicidad.
Los datos a facilitar comprenderán la actividad desarrollada por el órgano judicial 
durante cada trimestre natural. Por tanto, la estadística judicial ha de cumplimentarse 
con periodicidad trimestral.
– Plazos.
El plazo para la elaboración de la estadística es de diez días naturales, contados a 
partir del vencimiento de cada trimestre natural. Dentro del plazo indicado la estadística 
judicial deberá remitirse, debidamente cumplimentada, a la Sección de Estadística del 
Consejo General del Poder Judicial.
3.  Compromisos de las partes en materia de formación:
a)  Por parte del Consejo General del Poder Judicial:
1.º  Proponer  temática  o  contenidos,  participar  en  el  diseño  de  contenidos  o 
programas formativos como respuesta a la petición del Ministerio de Defensa o del 
Tribunal Militar Central, sobre sus carencias o necesidades en formación detectadas en 
determinados  ámbitos  específicos  de  trabajo  y  que  se  consideren  puedan  ser 
complementados o reforzados con la experiencia de campo, la práctica adquirida o la 
perspectiva profesional de Jueces o Magistrados.
2.º  Fomentar  la  participación  de  Jueces  y  Magistrados  como  ponentes  y/o 
asistentes, en las actividades de formación organizadas por el Ministerio de Defensa.
3.º  Fomentar la participación de miembros de los Juzgados y Tribunales Militares y, 
en  su  caso,  de  otros  componentes  de  las  Fuerzas  Armadas,  como  ponentes  y/o 
asistentes, en las actividades de formación continuada, jornadas, cursos, seminarios, 
etc., organizados o auspiciados por el Consejo General del Poder Judicial, por sí mismo 
o en colaboración con otras instituciones, en materias de interés común para ambos 
colectivos profesionales.
4.º  Cualesquiera otras que tengan una incidencia formativa de interés común para 
ambos colectivos.
b)  Por parte del Ministerio de Defensa:
1.º  Proponer  temática  o  contenidos,  participar  en  el  diseño  de  contenidos  o 
programas formativos como respuesta a la petición del Consejo General del Poder 
Judicial, sobre sus carencias o necesidades en formación detectadas en determinados 
ámbitos específicos de trabajo y que se consideren puedan ser complementados o 
reforzados  con  la  experiencia  de  campo,  la  práctica  adquirida  o  la  perspectiva 
profesional de las Fuerzas Armadas.
2.º  La realización de aquellas actividades de formación para los alumnos de la 
Escuela Judicial, que los responsables de dicho centro consideren adecuadas.
3.º  Fomentar  la  participación  de  Jueces  y  Magistrados  como  ponentes  en  los 
programas formativos en los que los contenidos diseñados por el Ministerio de Defensa.
4.º  Fomentar  la  participación  de  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas,  como 
ponentes y/o asistentes, en las actividades de formación continua, jornadas, cursos,  e
seminarios, etc., organizados o auspiciados por el Consejo General del Poder Judicial,  bo
por sí mismo o en colaboración con otras instituciones, en materias de interés común  980ww
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Ambas partes se comprometen a realizar las actuaciones precisas para el desarrollo 
del presente convenio, lo que incluye específicamente la financiación, organización, 
dirección académica y gestión de los programas de formación y perfeccionamiento que 
se establezcan, a cuyo efecto pondrán a disposición de las mismas cuantos medios 
personales y materiales resulten necesarios.
La  selección  de  los  ponentes  (incluida  la  Dirección  Académica)  competerá  en 
exclusiva a la parte que lo organice, o de mutuo acuerdo de ser la actividad conjunta. La 
selección de los asistentes competerá a cada parte en cuanto a los miembros de su 
colectivo profesional conforme a sus normas internas.
Como principio general, cada parte financiará aquellas actividades que organice y, en 
todo caso, la asistencia de los miembros de su colectivo a las actividades objeto del 
presente convenio.
Ambas partes se comprometen a dar la máxima difusión a las convocatorias de 
actividades que se realicen.
4.  Compromisos de las partes en materia de cooperación judicial internacional:
El  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  a  través  de  su  Servicio  de  Relaciones 
Internacionales,  pondrá  a  disposición  de  la  jurisdicción  militar  su  estructura  de 
cooperación  judicial  internacional,  incluyendo  la  Red  Judicial  Española,  la  Red  de 
Expertos en Derecho de la Unión Europea, la Bolsa Internacional de Consultores, y la 
red  iberoamericana  IberRed.  De  la  misma  forma,  los  órganos  judiciales  ordinarios 
tendrán acceso a los medios de auxilio internacional con los que cuenta la jurisdicción 
militar.
5.  Compromisos  de  las  partes  en  materia  de  cooperación  para  promover  la 
presencia o visibilidad institucional:
Ambas partes se comprometen a incorporar a su página web oficial un enlace que 
permita a quienes consulten las respectivas páginas webs el acceso a la página web 
oficial de la otra parte.
6.  Compromisos de las partes en materia de acceso al Punto Neutro Judicial:
El Consejo General del Poder Judicial llevará a cabo las acciones necesarias para 
que los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción militar tengan acceso a todos los 
apartados del punto neutro que sea necesarios o útiles para el cumplimiento de sus 
funciones.
El Ministerio de Defensa se compromete, por su parte, a que el acceso al Punto 
Neutro  Judicial  se  produzca  en  los  términos  y  con  las  restricciones  que  en  cada 
momento establezca el Consejo General del Poder Judicial.
7.  Compromisos de las partes en materia de acceso a la extranet del Consejo 
General del Poder Judicial:
El Consejo General del Poder Judicial facilitará al personal militar que en cada 
momento desempeñe funciones judiciales el acceso general a su extranet.
El Ministerio de Defensa se compromete, por su parte, a que el acceso a la extranet 
del Consejo General del Poder Judicial por parte del personal militar que en cada 
momento  desempeñe  funciones  judiciales  tenga  lugar  en  los  términos  y  con  las 
restricciones que en cada momento establezca el Consejo General del Poder Judicial,  e.
sujetándose a las reglas de utilización de sus medios informáticos que establezca el  w.b
Consejo. 980ww
8.  Compromisos  de  las  partes  en  materia  de  colaboración  con  la  cultura  de 
Seguridad Nacional y Defensa:
El  Consejo  General  del  Poder  Judicial  se  compromete  a  colaborar  con  las 
actividades del Ministerio de Defensa para la promoción de la cultura de Seguridad 
Nacional y Defensa, haciendo difusión entre los miembros de la Carrera Judicial de las 
actividades que se lleven a cabo en este ámbito en cuanto se relacionen con las 
funciones propias del Poder Judicial.
De la misma manera, y respecto de los miembros de la Carrera Judicial que asuman 
el  compromiso  de  implicarse  directamente  en  la  Seguridad  Nacional  y  la  Defensa 
mediante su incorporación a la Reserva Voluntaria de las Fuerzas Armadas, el Consejo 
General  del  Poder  Judicial  se  compromete  a  informarles  sobre  las  situaciones 
administrativas,  licencias  y  permisos  que  correspondan  durante  los  períodos  de 
activación en los términos del artículo 134 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar, así como a facilitar el acceso a las mismas.
Tercera.  Financiación.
El presente convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las 
partes.
Las  actuaciones  derivadas  de  este  convenio  que  tengan  alguna  incidencia 
económica o presupuestaria para las partes se articularán en acuerdos de ejecución, y 
estarán  sujetos  a  los  preceptivos  informes  de  legalidad,  a  las  disponibilidades 
presupuestarias y a la previa fiscalización del gasto y de los compromisos económicos 
asumidos.
Cuarta.  Comisión Mixta de Seguimiento.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este convenio, 
así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión 
Mixta de Seguimiento compuesta por tres Letrados del CGPJ y tres representantes del 
Ministerio de Defensa, designados conforme a sus normas institucionales. La Comisión 
será presidida por el Presidente/a del Consejo General del Poder Judicial, o por el 
miembro del órgano constitucional en quien delegue, y por el Auditor Presidente del 
Tribunal Militar Central o persona en quien delegue.
Se constituirá una Secretaría compartida, cuyos miembros actuarán con voz, pero sin 
voto, de la que formará parte un Letrado que preste servicios en el CGPJ.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa 
convocatoria de sus Presidentes, y, al menos, dos veces al año, para examinar los 
resultados de la cooperación realizada.
La Comisión ejercerá las siguientes funciones:
a)  Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del 
objeto del presente convenio.
b)  Realizar el seguimiento de las actuaciones y los trabajos realizados en desarrollo 
de las actividades previstas en el presente convenio.
c)  Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos 
asumidos.
d)  Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la 
más adecuada consecución de los objetivos del convenio. e.
e)  Interpretar el convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución. w.b
de 1E dseta o Ccotumbirsei,ó nd,e d Reé agcimueernd oJ ucroídni cloo  edsetla Sbleecctiodro P eúnb elicl oa,r teícsu elol  i4n9s.t1ru.fm) deen tloa  aLceoyr d4a0d/2o0 p1o5r, 
laadsq upiarirdteoss  ppaorra l oesl  fsiremguainmteiesn yto e, jveirgcielarnác siau sy  fcuonnctiroonl edse dl ec oancvueenridoo  yc odne  lloo se sctoamblpercoimdois eons 
los artículos 51.c) y 52.3 de la mencionada Ley.
Quinta.  Protección de datos.
Los datos personales que se recogen en el presente convenio y los que se deriven 
de su ejecución serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente 
convenio. Las partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición y los demás previstos en la legislación 
aplicable en las direcciones:
CGPJ: Formulario accesible a través del enlace:
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Proteccion-de-Datos/Ejercicio-de-
derechos--formulario-/
Ministerio de Defensa: Formularios disponibles en:
https://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.html
Sexta.  Confidencialidad.
Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la 
información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente 
convenio. Las partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona 
o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la 
confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de 
este convenio.
El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de 
este convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción. Todo ello sin perjuicio de las 
obligaciones de publicidad que correspondan a las partes de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.
Séptima.  Vigencia.
El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», manteniendo su 
vigencia  por  un  periodo  de  cuatro  años,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción, mediante un acuerdo expreso de las partes 
a través de un documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.
Octava.  Modificación y extinción del convenio. w.
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de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución.
Se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  La denuncia del convenio, cuando se estime que se ha producido alteraciones 
sustanciales en las condiciones en que ha sido suscrito.
d)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un plazo de dos meses con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
e)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
f)  Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del convenio.
g)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas en las leyes.
La resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que 
estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un 
plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Naturaleza y régimen jurídico.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el capítulo VI del 
título preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos  o  resolución  del  contenido  del  presente  convenio  que  no  hayan  sido 
solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento 
prevista  en  la  cláusula  octava  de  este  convenio,  se  someterán  a  la  jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,  de  conformidad  con  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio en el lugar y la 
fecha indicados ut supra.–Por el Consejo General del Poder Judicial, José Luis Benito y 
Benítez de Lugo.–Por el Ministerio de Defensa, María Amparo Valcarce García.