BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Lunes 15 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 17634
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
2299 Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Fundación Centro para 
la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el 
Director de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, han 
suscrito un Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 9 de febrero de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del 
Terrorismo
22 de enero de 2021
REUNIDOS
De una parte, la Sra. Dña. Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada 
General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue 
nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE núm. 158; en virtud de Orden 
JUS/987/2020, de 20 de octubre, por la que se delegan competencias, actuando en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
De  otra  parte,  el  Sr.  D.  Florencio  Domínguez  Iribarren,  actuando  en  nombre  y 
representación de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, 
con domicilio en la c/ Lehendakari Aguirre, número 2, 01001, Vitoria-Gasteiz, y NIF 
G87348934, en su condición de Director, nombrado en virtud de acuerdo del Patronato 
de la Fundación de 27 de noviembre de 2015, elevado a público mediante escritura 
otorgada con fecha 20 de enero de 2016 ante la Ilustre Notario de Madrid Dña. Ana 
Fernández-Tresguerres García. s
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Primero.
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al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto 
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente 
que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la 
oportuna formalización de un Convenio.
Segundo.
Que  la  Fundación  Centro  para  la  Memoria  de  las  Víctimas  del  Terrorismo  (en 
adelante, la Fundación), es una fundación del sector público estatal de las previstas en el 
art. 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que teniendo entre sus fines los de preservar 
y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, 
construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población 
para la defensa de la libertad y de los derechos humanos contra el terrorismo, que está 
adscrita al Ministerio del Interior y tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad 
pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de 
las Administraciones Públicas.
Tercero.
Que la Fundación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de 
noviembre,  de  Asistencia  Jurídica  al  Estado  e  Instituciones  Públicas  y  en  el  Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de 
fecha 4 de marzo de 2019, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a la Fundación, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado 
General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como 
coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en 
la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real  s
Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio  oe.
Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a la Fundación por medio de  w.
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asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
La Fundación colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los 
intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre la Fundación y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la Fundación se reserva la 
facultad  de  ser  asesorada,  representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso, 
procurador  especialmente  designado  al  efecto  conforme  a  las  normas  procesales 
comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de la Fundación 
y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, la Fundación será asesorada, 
representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador,  especialmente 
designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando  exista  contraposición  de  intereses  entre  la  Fundación  y  otra  entidad 
convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir 
en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados 
del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía 
General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia.
Este Convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado 
en el Boletín Oficial del Estado.
Sexta.  Contraprestación. e.e
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el  99ww
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El pago se efectuará mediante el MODELO 069 como documento de ingreso que se 
enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. La Fundación deberá efectuar 
el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y 
del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez 
efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del 
Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sea la Fundación corresponderá a ésta el 
abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
la Fundación.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.
b)  El mutuo acuerdo.
c)  El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 
en el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la  s
entidad firmante. oe.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la  w.
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se determinen por la comisión de seguimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. Bc
e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del Convenio anterior.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio suscrito 
entre las partes en fecha 4 de marzo de 2019, por transcurso de su plazo de vigencia, 
sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el presente 
Convenio sustituirá en su totalidad al extinto Convenio firmado por las partes en fecha 4 
de marzo de 2019.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
Convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo  Castro  Rey.–El  Director  de  la  Fundación  Centro  para  la  Memoria  de  las 
Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez Iribarren.
ANEXO
En virtud de lo dispuesto en la cláusula Novena del Convenio, la comisión de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
Por la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo:
El Director. Don Florencio Domínguez Iribarren.
El Responsable del Área de Administración. Don Juan Pablo García de Vinuesa 
González.