BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Jueves 12 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 24837
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3553 Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Vitoria n.º 5, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de partición de herencia.
En el recurso interpuesto por don Enrique Arana Ruiz-Cámara, notario de Vitoria, 
contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Vitoria número 5, doña María 
Carolina Martínez Fernández, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
partición de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Vitoria, don Enrique Arana Ruiz-
Cámara,  el  día  22  de  febrero  de  2019,  se  otorgaron  las  operaciones  particionales 
causadas por el óbito de doña M. C. L. G. G., de vecindad civil vasca, fallecida el día 16 
de enero de 2017, en estado de divorciada y de cuyo matrimonio dejó un solo hijo 
llamado don J. R. A. L. G. y dos nietos menores de edad, hijos de este, llamados don E. 
y don M. R. A. P.
En su último testamento, ante el notario de Vitoria, don Francisco Rodríguez-Poyo 
Segura,  de  fecha  22  de  octubre  de  2010,  interesan  las  siguientes  disposiciones: 
«Primera.–Lega a su hijo J. R. A. L. G., lo que por legítima estricta le corresponda. Esta 
disposición no la ordena por desmerecimiento alguno que la testadora tenga en cuanto a 
su citado hijo, sino que la única causa de la misma es la situación económica del hijo de 
la testadora en base a la cual esta considera innecesario que reciba, sin perjuicio del 
heredero que luego se nombra, bienes relictos que no precisará, y al propio tiempo 
también estimar la testadora que ello es lo más adecuado al conjunto del interés familiar. 
Por todo ello, la testadora ruega a su hijo legatario que no reclame estos derechos que le 
corresponden y renuncie a los mismos. Segunda.–Instituye heredero a su nieto E., y a 
los demás que pudiera tener a su fallecimiento por partes iguales. Para los casos de 
premoriencia (…)».
En la citada escritura de partición, comparecieron don J. R. A. L. G., en su propio 
nombre y derecho, y doña L. P. G., en ejercicio de la patria potestad como madre de los 
herederos menores don E. y don M. R. A. P. Se realizaron adjudicaciones a los tres por 
valor de una tercera parte de la herencia a cada uno de ellos, al hijo por su tercio de 
legítima y a los nietos en el resto como herederos.
II
Presentada  l  día  1  de  julio  de  2019  la  referida  escritura  en  el  Registro  de  la 
Propiedad de Vitoria número 5, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Hechos. o
Habiéndose otorgado el testamento en fecha 22 de octubre de 2010, en el que se  53ww
ldeigspítoimnae  qleu ec oernre ssup ocnláduas, uyla h parbimieenrdao u fna llleegciaddoo  laa  scua uhsiajon dteo ne lJ 1. 6R .d Ae . eLn. eGro.,  ddee  l2o0 q1u7e,  cpoonr 
lpao isntsecriroipricdióand  cao lnaf oLremy e5 /a2 0la1s5 s, idgeu ie2n5t edse junio, de Derecho Civil Vasco, debe suspenderse  BOE-A-cable e
Fundamentos de Derecho.
Habiendo fallecido la causante bajo la nueva Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho 
Civil Vasco, en la que se sustituye el concepto de legítima estricta por una global o 
colectiva, la nueva ley no contempla derecho ninguno en favor del descendiente que no 
haya sido llamado en cuantía cierta y determinada, siempre que sea heredero otro 
descendiente que absorba toda la legítima.
En el presente caso, existen dos herederos menores de edad, que, bajo la nueva ley, 
y al amparo del testamento, deberían absorber la citada legítima.
Por  tanto,  suponiendo  la  adjudicación  en  favor  del  padre,  una  renuncia  a  los 
derechos hereditarios de los menores de edad, es preciso la autorización judicial (18 LH, 
166 CC y RDGRN 6/10/18).–
Contra esta calificación se podrá: (…)
Vitoria a once de septiembre del año dos mil diecinueve La registradora.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Enrique Arana Ruiz-Cámara, notario de 
Vitoria, interpuso recurso el día 30 de septiembre de 2019 en el que, en síntesis, alegaba 
lo siguiente:
Primero.–Que produce inseguridad jurídica la situación en la que la misma escritura 
ha sido inscrita en varios registros y se señala un defecto en otro. La seguridad jurídica 
preventiva llevada por notarios y registradores no puede sostenerse con criterios tan 
dispares bajo un mismo hecho, que no solo afecta a cuestiones meramente teóricas sino 
también a cuestiones patrimoniales de los usuarios a los que no se pueden explicar esas 
diferencias. Y aunque es conocida la independencia de los registradores, resulta difícil 
trasladarlo a las personas que acuden al sistema de seguridad jurídica preventiva.
Segundo.–Centrados en el asunto de fondo, sostiene la registradora, lo que coincide 
con este notario que recurre, que, al producirse el fallecimiento posterior a 2015, por lo 
tanto, bajo la legislación civil vasca, aun cuando su testamento se había otorgado bajo la 
anterior legislación, debe abrirse la sucesión bajo Derecho civil vasco en cuanto se 
refiere  a  las  legítimas  (Resolución  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 12 de junio de 2017).
Tercero.–Que de la citada Resolución resulta que en el testamento en el que se hace 
una institución a favor del hijo, sin prever la existencia de más hijos, falleciendo el 
causante  tras  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  5/2015,  esa  preterición  equivale  al 
apartamiento. No ha sido la única ocasión en la que la Dirección General ha abordado la 
cuestión de la legítima en el País Vasco en el marco de la nueva regulación existiendo un 
testamento anterior. Así, entre otras, en la Resolución de la Dirección General de los 
Registros  y  del  Notariado  de  5  de  julio  de  2018,  en  la  que  la  testadora  que  hijo 
testamento  bajo  el  Código  civil,  dejó  a  sus  hijas  la  legítima  que  por  ley  les 
correspondiera, y después dejaba a otros dos hijos tres doceavas partes a cada uno de 
ellos y a dos nietos dos doceavas partes a cada uno. El fallecimiento ocurrió bajo la Ley 
vasca y el Centro Directivo entendió que las dos doceavas partes de que no había 
dispuesto expresamente la testadora, que se correspondían con la legítima que había de 
corresponder a las hijas a quienes se les había dejado la legítima, debía mantenerse. A 
distinta  solución  llegó  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  en  la  e.
Resolución de 6 de octubre de 2016, en la que un testamento hecho bajo el Código Civil,  w.b
una persona legaba a sus padres lo que por legítima les correspondiera, concluyendo el  53ww
Ccieenrttoro q Dueir esceti vjou sqtiufiec aa  elal  dviissptaa rd ec rliate Lrieoy d 5e/ 2la0 1D5,ir eecsctoió enq Guievanleíara al ld aep alorsta mReiegnistotr.o Bsi eyn  deesl 
dNioatmareiatrdaolm eenn tees toap mueastetori.a ,E enn  uqnu ec aesl os uspeu etsratota d ed eh eicnhteor perne tlaars  lcai taaddamsi sRióens oolu cnioon edse  elas 
existencia de una legítima que legalmente existe, la de los descendientes, aun cuando la
regulación de la misma difiere de la anteriormente existente; mientras que, en el segundo 
caso, se trata de resolver una cuestión sobre la base de la no existencia, en la nueva 
regulación, de legítima (de ascendientes), que por el contrario sí existía en la anterior 
regulación del Código Civil, lo que induce a pensar que no hay un criterio diferente en 
consideración a una misma casuística, si no, que lo que realmente sucede, es que dicha 
casuística es la que difiere, resultando congruente los criterios de una u otra Resolución. 
Estos supuestos que se han citado, tienen en común varios factores que también se dan 
en el presente: que en todos se hizo el testamento atendiendo a la regulación de la 
legítima de Derecho Civil común, y que el fallecimiento acaeció estando vigente la ley de 
Derecho civil vasco. Pero también tenían en común una circunstancia que no se da en el 
supuesto que nos ocupa, y es que en todos se había otorgado la escritura de herencia 
sin estar presentes aquellas personas cuyos derechos legitimarios se discutían en los 
respectivos recursos, y se argumenta acerca de si esos legitimarios del Código Civil, 
posibles apartados en la nueva regulación (o directamente no legitimarios), deberían o 
no estar presentes en el otorgamiento. En el presente supuesto se da un matiz diferente, 
tenemos un caso en el que todas las partes están presentes, tanto el hijo a quien se ha 
legado la legítima estricta como los nietos herederos, representados por su madre 
conforme el artículo 163.2 del Código civil para salvar el conflicto de intereses.
Cuarto.–Debemos tener en cuenta, que para determinar la cuota que corresponde a 
cada uno, tanto en el artículo 675 del Código Civil, como el artículo 46 de la Ley 5/2015, 
se determina que la voluntad del testador debe prevalecer en la interpretación del 
testamento. En el presente caso, la testadora no se limita a decir que al hijo le lega la 
legítima  estricta,  sino  que  hace  un  llamamiento  a  circunstancias  extrínsecas  al 
testamento, al justificar esta decisión en la situación económica del legatario: «(…) la 
única causa de la misma es la situación económica del hijo de la testadora en base a la 
cual esta considera innecesario que reciba, sin perjuicio del heredero que luego se 
nombra, bienes relictos que no precisará (…)». El infrascrito notario y es de suponer, la 
registradora, desconocen cuál es la situación económica que tenía el hijo en el año 2013, 
y cual tiene ahora, y es por esta circunstancia que ni notarios ni registradores somos los 
encargados de interpretar la voluntad del testador para determinar el alcance y sentido 
de las cláusulas del testamento. La propia Dirección General de los Registros y del 
Notariado en Resolución de 16 de mayo de 2018, recuerda como el Tribunal Supremo ha 
hecho  aplicación  en  numerosas  ocasiones  de  la  prueba  extrínseca  y  señala  la 
importancia del factor este caso parece evidente que debe tenerse en cuenta el factor 
extrínseco de la situación económica del hijo, ya que para la testadora parece que fue 
determinante a la hora de ordenar su sucesión. De hecho, la fallecida tuvo casi dos años 
para proceder a la modificación del testamento, por lo que, si su intención hubiera sido 
apartar totalmente a su hijo Javier, lo pudiera haber hecho al entrar en vigor la nueva ley 
vasca. En la misma Resolución de 16 de mayo de 2018, citando otra de 30 de abril 
de 2014, dice la Dirección General de los Registros y del Notariado que la interpretación 
del testamento corresponde a los herederos, o en su caso al albacea, o en su defecto a 
la autoridad judicial, lo cual parece lógico, porque son esas personas las que pueden 
llegar a tener un conocimiento pleno de las circunstancias para interpretar correctamente 
el testamento. Por tanto, en este caso, no tenemos un supuesto en el que, prescindiendo 
de algunas de las personas mencionadas en el testamento, se otorga una escritura de 
herencia, sino que estando debidamente representados todos los intereses en conflicto, 
interpretan las palabras y la voluntad de la testadora para llevar a cabo correctamente la 
partición. Y consideran que era voluntad de la testadora el dejar a su hijo la legítima  s
estricta, que coincide con el tercio que con la actual ley vasca corresponde al legitimario;  oe.
y que en el resto del caudal (dos tercios) quiso que heredaran los nietos. Y en base a  w.
esa interpretación se hizo la partición. 53ww
IV
Mediante escrito, de fecha 7 de octubre de 2019, la registradora de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 166, 675 y 773 del Código Civil; 46, 47, 48 y siguientes de la 
Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; 18 de la Ley Hipotecaria, y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 enero, 19 
marzo, 3, 21, 22, 23 y 24 mayo y 24 junio de 2013, 11 marzo y 30 de abril de 2014, 16 
febrero, 25 marzo, 10 junio y 15 julio de 2015, 12 abril, 12 mayo, 28 junio, 6 de octubre 
y 26 de noviembre de 2016, 7 de febrero y 12 de junio de 2017, 16 de mayo, 5 de julio 
y 6 de octubre de 2018 y 27 de febrero y 4 de julio de 2019.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
partición de herencia en la que son relevantes las circunstancias siguientes: la causante, 
de vecindad civil vasca, falleció el 16 de enero de 2017, en estado de divorciada y dejó 
un solo hijo y dos nietos menores de edad, hijos de este; en su testamento, de fecha 22 
de octubre de 2010, interesan las siguientes disposiciones: «Lega a su hijo J. R. A. L. G., 
lo  que  por  legítima  estricta  le  corresponda.  Esta  disposición  no  la  ordena  por 
desmerecimiento alguno que la testadora tenga en cuanto a su citado hijo, sino que la 
única causa de la misma es la situación económica del hijo de la testadora en base a la 
cual esta considera innecesario que reciba, sin perjuicio del heredero que luego se 
nombra, bienes relictos que no precisará, y al propio tiempo también estimar la testadora 
que ello es lo más adecuado al conjunto del interés familiar. Por todo ello, la testadora 
ruega a su hijo legatario que no reclame estos derechos que le corresponden y renuncie 
a los mismos (…) Instituye heredero a su nieto E., y a los demás que pudiera tener a su 
fallecimiento por partes iguales. Para los casos de premoriencia (…)»; en la escritura 
comparecen el hijo y su esposa, en ejercicio de la patria potestad como madre de los 
nietos menores que son herederos; se realizan adjudicaciones a los tres por valor de una 
tercera parte de la herencia a cada uno de ellos, al hijo por l tercio de legítima y a los 
nietos como herederos en el resto.
La registradora señala como defecto que, suponiendo la adjudicación en favor del 
padre, una renuncia a los derechos hereditarios de los menores de edad, es preciso la 
autorización judicial.
El notario recurrente alega lo siguiente: la inseguridad jurídica que produce el hecho 
de que se haya inscrito la escritura en otros Registros, lo que es difícil de explicar al que 
acude a la seguridad jurídica preventiva; que se trata de un supuesto de fallecimiento 
bajo  la  legislación  actual  vasca,  pero  con  testamento  otorgado  en  tiempo  de  la 
legislación anterior del Código Civil y de acuerdo con sus legítimas comunes, pero que, 
debido a la nueva normativa, en el marco del testamento anterior se aplica ahora la 
legítima de la nueva regulación vasca; que la Dirección General ha resuelto en otras 
ocasiones con criterios que se han adaptado a las circunstancias de cada supuesto en 
particular,  pero  en  todas,  se  cuestionaba  la  falta  de  uno  de  los  legitimarios  en  el 
otorgamiento de la escritura, siendo que ahora, intervienen todos; que la voluntad de la 
causante,  de  acuerdo  con  el  factor  extrínseco  de  la  situación  económica  del  hijo, 
determina la interpretación del testamento hecha por los herederos, de la que resulta que 
se entregue al legitimario la legítima estricta, que coincide con el tercio que con la actual  es
ley vasca. bo
sreidgois2 it.nr asdcCoriort,am  loaa l  ceuslleecsrvitatiuórr na a pe rnec vaoiabtr,oo  rse eRslp eegecijsteotrr coaisc ,liao c  oadmleego a hscauió  rnec idoteemr apindesotee egnsuctiraaid  Dacdira ejluicfirccíidaóidncoa Gr ape onrde ehra alb,l oeesrl    2020-3553n https://ww
documentos presentados a inscripción, no está vinculado, por aplicación del principio de
independencia  en  su  ejercicio,  por  las  calificaciones  llevadas  a  cabo  por  otros  Bc
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma 
documentación. Tampoco está vinculado por la calificación efectuada sobre el mismo 
título por otro registrador aunque este haya sido inscrito Y ello porque, caducado un 
asiento de presentación, cesan todos sus efectos y, de la misma forma que el registrador 
no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado 
para calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos 
inútiles, tampoco puede verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas 
aun cuando sean propias. En definitiva, la nueva presentación significa el inicio –«ex 
novo»– de todo el procedimiento registral. Así pues, el registrador no está vinculado por 
las calificaciones de sus predecesores, ni siquiera por las realizadas por él mismo 
respecto  de  documentos  similares,  ni  tampoco  está  vinculado  por  sus  propias 
calificaciones en las sucesivas presentaciones de un mismo documento (vid. «Vistos»). 
Por tanto, procede entrar en el fondo del expediente.
3.  Este  Centro  Directivo  ha  abordado  en  muchas  ocasiones  la  situación  del 
supuesto de este expediente, en el cual, hay un testamento redactado bajo la vigencia 
del Código Civil, y el fallecimiento se produce bajo la vigencia de la Ley 5/2015, de 25 de 
junio, de Derecho Civil Vasco, por lo que la sucesión debe interpretarse y aplicarse 
conforme a la nueva legislación. En este sentido se ha pronunciado la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, entre otras, en Resolución de 12 de junio de 2017 en la 
que se dice: «(…) la sucesión se rige por la vecindad civil del causante en el momento 
de su fallecimiento, que ha sido la vasca, si bien el testamento otorgado bajo la vigencia 
de la vecindad civil común es válido pero las legítimas se ajustan a la vecindad civil 
vasca que es la que rige la sucesión. De ahí que sea aplicable como se ha dicho antes el 
artículo 48 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, que en su número 2 dice: “El causante está 
obligado a transmitir la legítima a sus legitimarlos, pero puede elegir entre ellos a uno o 
varios y apartar a los demás, de forma expresa o tácita (…)”».
Por lo tanto, es doctrina de este Centro Directivo que la regla general en la cuestión 
de las legítimas en la Ley de Derecho Civil Vasco, es que, en un testamento en el cual se 
hace una institución a favor de un hijo, sin prever la existencia de otros, falleciendo el 
causante  tras  la  entrada  en  vigor  de  la  ley  5/2015,  esa  preterición  equivale  a 
apartamiento.
Ciertamente, como alega el recurrente, no es esta la única ocasión que ha tenido la 
Dirección General de abordar el tema de la legítima en el País Vasco en el marco de la 
nueva regulación existiendo un testamento anterior, pero en casa caso, ha sido preciso 
apreciar las circunstancias de cada supuesto en particular para determinar la voluntad 
del causante. Así, en la Resolución de fecha 5 de julio de 2018 –que menciona el 
recurrente–, en la que la causante, en testamento hecho bajo la aplicación del Código 
Civil, dejó a dos hijas lo que por legítima les correspondiera, y después a otros dos hijos 
tres doceavas partes a cada uno y a dos nietos dos doceavas partes a cada uno; el 
fallecimiento ocurrió bajo la repetida Ley Vasca, y el Centro Directivo entendió en este 
caso  que,  las  dos  doceavas  partes  de  que  no  había  dispuesto  expresamente  la 
testadora, se correspondían con la legítima de las hijas a quienes se les había legado «lo 
que por legitima les correspondiera», y por lo tanto debía mantenerse. En el supuesto de 
la Resolución de 6 de octubre de 2016, en testamento hecho bajo el Código Civil, una 
persona legó a sus padres lo que por legítima les correspondiera, y tuvo solución 
distinta, concluyendo el Centro Directivo que a la luz de la ley 5/2015, ello equivaldría al 
apartamiento, pero en este caso, la cuestión era otra, ya que no existe la legítima de 
ascendientes en la nueva legislación. e.
Así pues, la redacción dada a los testamentos otorgados anteriormente a la entrada  w.b
en vigor de la Ley 5/2015, en zonas en las que se aplicó desde antiguo el derecho  53ww
icnotemrúpnre tayc ióenl   csuisatenmdoa  latr adéipcoiocnaa l ded ef allleegcíitmimieanst o codmetuenrmesin, a prlao duacpeli caccoiólisni ondees  undae 
innuneovvaa d–olara  vleagsicsala–c iyó nq, uqeu ea dimmpitoen eu nla  aapdaqrutaismiciieónnt oa utátocmitoá tidcea  dlae  luengaít ivmeac inddea dn actiuvirla floerzaal 
colectiva, en la que no se había pensado cuando se otorgó el testamento. Y esto, aun
cuando las disposiciones transitorias regulan en cierta manera la aplicación de las leyes. 
Por lo tanto, hay uniformidad de criterio, pero hay soluciones distintas que responden a 
la distinta casuística que se produce.
Como  alega  el  recurrente,  los  supuestos  tienen  en  común  que  se  refieren  a 
testamentos otorgados bajo la legislación anterior de Derecho común, mientras que la 
apertura de la sucesión se produce con la vigencia de la nueva legislación vasca. Pero 
que, a diferencia de los supuestos resueltos por el Centro Directivo, en los que se 
discute la exigencia de intervención del legitimario apartado, en el caso concreto de 
ahora, intervienen todas las partes, tanto los herederos –representados por su madre en 
ejercicio de la patria potestad– como el legatario de legítima estricta.
4.  Por lo tanto, para la resolución del expediente se hace necesario analizar la 
voluntad de la testadora, en la que destaca la cláusula de legado de legítima estricta en 
la que justifica el llamamiento por causas extrínsecas al testamento basadas en la 
situación económica del legatario: «(…) lo que por legítima estricta le corresponda. Esta 
disposición no la ordena por desmerecimiento alguno que la testadora tenga en cuanto a 
su citado hijo, sino que la única causa de la misma es la situación económica del hijo de 
la testadora en base a la cual esta considera innecesario que reciba, sin perjuicio del 
heredero que luego se nombra, bienes relictos que no precisará, y al propio tiempo 
también estimar la testadora que ello es lo más adecuado al conjunto del interés familiar. 
Por todo ello, la testadora ruega a su hijo legatario que no reclame estos derechos que le 
corresponden y renuncie a los mismos (…)».
Este Centro Directivo ha reiterado su doctrina en la materia de la interpretación de 
las  disposiciones  testamentarias:  «El  precepto  fundamental  en  esta  materia  es  el 
artículo 675 del Código Civil, –en el mismo sentido el artículo 46 de la Ley 1/2015– del 
que resulta el entendimiento de las cláusulas conforme el sentido literal de las palabras a 
menos que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. Lo que confirman 
otras disposiciones del Código Civil, como el artículo 773 para el nombre y apellidos de 
los designados como herederos o legatarios. En cualquier caso, tanto la doctrina como la 
jurisprudencia han coincidido en que el centro de gravedad de la interpretación de las 
disposiciones de última voluntad radica esencialmente en la fijación de la voluntad real 
del testador, esto es, sentido espiritualista de las disposiciones. La Sentencia del Tribunal 
Supremo de 1 de Diciembre de 1985 establece que “a diferencia de lo que ocurre con los 
actos inter vivos, en los que el intérprete debe tratar de resolver el posible conflicto de 
intereses entre el declarante y el destinatario de la declaración, la interpretación de los 
actos testamentarios, aunque tiene su punto de partida en las declaraciones del testador, 
su principal finalidad es investigar la voluntad real, o al menos probable, del testador en 
sí misma, pues no cabe imaginar un conflicto entre los sujetos de la relación –causante y 
herederos– sin que pueda ser obstáculo la impropiedad o lo inadecuado de los términos 
empleados, siempre que aquella voluntad resulte de las circunstancias, incluso externas 
del testamento –como ya se dijo en sentencias de 8 de julio de 1940, 6 de marzo 
de 1944 y 3 de junio de 1947 y se reitera en las de 20 de abril y 5 de junio de 1965, en el 
sentido precisado por las de 12 de febrero de 1966 y 9 de junio de 1971– y de completar 
aquel tenor literal con el elemento lógico, el teleológico y el sistemático”. En definitiva, en 
el núcleo de la interpretación de los testamentos debe prevalecer un criterio distinto de la 
interpretación de los contratos. Con todo, el artículo 675 CC no excluye la posible 
aplicación de algunos de los preceptos relativos a la interpretación de los contratos 
contenidos en los artículos 1281 a 1289 CC. 3.–Ciertamente el primer elemento en la 
interpretación de los testamentos es el literal, pero merced a la utilización de otros  e.
elementos interpretativos se debe establecer cuál es el verdadero significado de las  w.b
cláusulas  testamentarias.  El  Tribunal  Supremo  ha  hecho  aplicación  en  numerosas  53ww
soicsatesmioánteicso  dceo nla o bpjreuteob dae  ellxetgríanrs eac uan, ay  insteeñrparlae talac ióimn paormrtaónnciciaa  ddeell  tfeascttaomr etnetleoo. lEógni ceos tey 
sveonlutnidtoa,d  ldae Sl teenstteandcoira,  pdaer a9  lad eq uneo vhiae mdeb rteo mdea rs1e9 6e6n:  c“aotnesniddeiernadcioó nfu tnoddaom ceunatnatlom ceonnted uaz claa 
a  interpretar  la  voluntad  verdadera,  captando  el  elemento  espiritual  sin  limitarse  al
sentido aparente o inmediato de las palabras y basándose para tal indagación en los 
elementos gramatical, lógico y sistemático, más sin establecer entre ellos prelación o 
categorías”.  En  consecuencia,  la  interpretación  debe  dirigirse  fundamentalmente  a 
interpretar la voluntad del testador con los límites de que el que puede aclararla en 
primera persona ya no vive, y el carácter formal del testamento, que exige partir de los 
términos en que la declaración aparece redactada o concebida. La jurisprudencia ha 
empleado como primera norma de interpretación la literalidad de las palabras empleadas 
en el testamento, si bien atemperada y matizada por los elementos lógicos, teleológicos 
y sistemáticos que conforman el sentido espiritual de la voluntad del testador, esto es su 
voluntad  real.  La  sentencia  de  5  de  octubre  de  1970  exige  para  la  interpretación 
matizada de la literalidad del testamento, que existan otros datos o elementos que 
claramente demuestren que fue otra la voluntad del testador, y que si bien debe partirse 
del elemento literal, debe serlo siempre que la intención no parezca la contraria. Así, en 
la Sentencia de 6 de febrero de 1958, tras afirmar que se ha de estar a los términos del 
testamento, indica que las palabras empleadas por el testador no han de entenderse 
siempre conforme el común sentir de la comunidad en el sector social “en el que se 
hallaba  rodeado  el  agente”  sino  “en  el  propio  y  peculiar  de  este  al  referirse 
concretamente a sus bienes y derechos”. En esta jurisprudencia se trataba de un huerto 
que consideraba la testadora cuando se refería a él, que incluía la edificación dentro del 
mismo. En parecido sentido la sentencia de 24 de marzo de 1983. “aunque el criterio 
prioritario deba ser el literal, hay que dar a aquellas palabras el significado que proceda 
en relación con las circunstancias personales y sociales concurrentes”. La sentencia 
de  26  de  junio  de  1951  se  fija  fundamentalmente  en  el  elemento  teleológico,  que 
establece que, en la duda, debe preferirse la interpretación del testamento que le permita 
surtir efecto. El elemento lógico se destaca en la de 18 de diciembre de 1965. La 
sentencia asevera que el tenor del testamento a que se refiere el artículo 675 CC alude 
al conjunto de disposiciones útiles para aclarar el sentimiento de una cláusula dudosa, 
atendidas las circunstancias que tuvo en cuenta el testador para ordenar su última 
voluntad. La combinación armónica de los elementos gramatical, lógico y sistemático 
luce en la sentencia de 9 de noviembre de 1966. Pero en la de 9 de junio de 1962 se 
había forjado la prevalencia de la interpretación espiritualista: se antepone la voluntad 
del testador a toda expresión errónea o incompleta. En la de 8 de mayo de 1979, no sólo 
se admite la prueba extrínseca, es decir, en hechos o circunstancias no recogidas en el 
testamento, sino que conductas posteriores pudieron constituir medios de prueba. Por 
último, la elocuente sentencia de 10 de febrero de 1986, que ante la existencia de 
ambigüedad y consiguiente duda entre la voluntad del testador, su intención y el sentido 
literal de las palabras, da paso a los elementos lógico, sistemático y finalista, que no se 
pueden aislar de los otros, ni ser escalonados como categorías o especies distintas de 
interpretación, por lo que el artículo 675 no pone un orden de prelación sin que se 
excluya acudir a los medios de prueba extrínsecos, o sea, a circunstancias exteriores al 
testamento mismo, de muy diversa índole, “con tal que sean claramente apreciables y 
tengan  una  expresión  cuando  menos  incompleta  en  el  testamento,  o  puedan 
reconocerse dentro del mismo de algún modo”. En este sentido la Sentencia de 6 de 
junio de 1992, que permite hacer uso “con las debidas precauciones de los llamados 
medios extrínsecos o circunstancias exteriores y finalistas a la disposición de última 
voluntad que se interpreta”. En el mismo sentido las de 31 de diciembre de 1992, 30 de 
enero y 24 de abril de 1997 y 19 de diciembre de 2006».
5.  En  cuanto  a  quien  puede  realizar  la  interpretación  de  las  disposiciones  e.
testamentarias, este Centro Directivo ha puesto de relieve (Resolución de 30 de abril  w.b
de 2014), que, «“en principio, la interpretación del testamento corresponde a los herederos,  53ww
coo enncl usyue nctaesso  qaule a rlebsaucletean o d eeln  tessut admeefencttoo,  dae lbae  Apurteovraidleacde rJ ulad iciniatel ryp reqtuaec ióan f alilttear adl ed ed astouss 
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testador para ello, corresponde, en particular, a los Tribunales de instancia. Corresponde a
los Tribunales de instancia interpretar el testamento y no al Tribunal Supremo, si bien, 
excepcionalmente, cabe que nuestro Alto Tribunal revise la interpretación realizada. La Sala 
Primera  del  Tribunal  Supremo  ha  seguido  siempre  el  criterio  de  no  examinar  las 
conclusiones interpretativas efectuadas por los Tribunales de instancia ya que a ellos está 
atribuida la facultad de interpretar el testamento. En cuanto a la interpretación hecha por los 
herederos, ha dicho este Centro Directivo en Resolución de 19 de mayo de 2005, que “En la 
interpretación  del  testamento  ha  de  estarse  a  su  literalidad,  y  a  las  palabras  ha  de 
otorgárselas el sentido que de ellas se desprende... Ante una posible duda, esta ha de 
decidirse a favor del que se halle obligado a ejecutar la disposición –los herederos en este 
caso–, dado que el obligado debe entenderse obligado a lo menos. Del mismo modo, y por 
razón del criterio antes expuesto, en caso de existir duda sobre lo legado, la interpretación 
ha de hacerse a favor del que debe cumplir dicho legado.... Son los herederos, cuando lo 
son ‘in locus et in ius’, quienes han de realizar en primer término esa labor interpretativa”». 
Esta doctrina cohonesta con que los herederos son quienes pueden llegar a tener un 
conocimiento  pleno  de  las  circunstancias  para  interpretar  veraz  y  correctamente  el 
testamento, que debe tenerse en cuenta el factor extrínseco de la situación económica del 
hijo, ya que para la testadora parece que fue determinante a la hora de ordenar su 
sucesión, y, que la fallecida tuvo casi dos años para proceder a la modificación del 
testamento, por lo que si su intención hubiera sido apartar totalmente a su hijo, lo podría 
haber hecho, al entrar en vigor la nueva ley vasca.
6.  Sentado que la interpretación de la disposición testamentario es pieza clave para 
determinar si hubo o no apartamiento, que esa interpretación puede ser hecha por los 
herederos, y que, los herederos lo han hecho en el sentido de considerar que no hubo tal 
apartamiento, la registradora señala como defecto que, «suponiendo la adjudicación en 
favor del padre, una renuncia a los derechos hereditarios de los menores de edad, es 
preciso la autorización judicial».
Pues  bien,  para  la  interpretación  por  los  herederos  de  las  disposiciones 
testamentarias, y para las adjudicaciones que se realizan, los herederos menores están 
representados por la persona legalmente adecuada, habida cuenta lo dispuesto en el 
artículo 163.2 del Código Civil: «Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los 
progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento 
representar  al  menor  o  completar  su  capacidad».  Así  pues,  están  debidamente 
representados todos los intereses en conflicto, y se interpretan las palabras y la voluntad 
de la testadora en el sentido de dejar a su hijo la legítima estricta, esto es, coincidiendo 
con el tercio que en la Ley Vasca corresponde al legitimario; y que, en el resto del 
caudal, dos tercios, quiso que heredaran sus nietos. Hecha esa interpretación, llevada a 
cabo por las personas facultadas para hacerla, se realizan la partición y adjudicaciones.
Por último, en cuanto a la motivación de la calificación, relativa a la suposición de 
una renuncia de derechos, hay que decir en primer lugar que la renuncia de derechos 
hereditarios debe ser expresa, lo que no se ha producido en este supuesto; en segundo 
lugar, que la decisión de no iniciar un incierto litigio para sostener un apartamiento 
también incierto, no supone una renuncia de derechos sino una actuación ponderada de 
la representante de los menores, para la cual está facultada.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  s
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  oe.
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  w.
nlao Lrmeya sH dipeol tjeucicairoia v.erbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  2020-3553n https://ww
NotaMriaaddroid, ,P e1d9r od Jeo sdéic Gieamrrbidreo  Cdhea m20o1rr9o..–El  Director  General  de  los  Registros  y  del  BOE-A-cable e