BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118495
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16810 Sala Primera. Sentencia 163/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1880-2018. Promovido por don Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez 
respecto de las resoluciones dictadas por la letrada de la administración 
justicia  de  la  Sección  Cuarta  de  la  Audiencia  Provincial  de  Valencia  en 
procedimiento abreviado. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso a la jurisdicción): resolución de la letrada de la administración de 
justicia que impide la revisión judicial al aplicar el precepto legal anulado por 
la STC 151/2020, de 22 de octubre.
ECLI:ES:TC:2020:163
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1880-2018, promovido por don Ricardo Sáenz de 
Ynestrillas Pérez, letrado que actúa en defensa de sus propios intereses, representado 
por el procurador de los tribunales don Isidro Orquín Cedenilla. El recurso fue interpuesto 
contra el decreto de 5 de abril de 2018 de la letrada de la administración de justicia de la 
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, por el que se desestimó el 
recurso de reposición impugnatorio de la diligencia de ordenación de la misma letrada, 
fechada el 26 de febrero de 2018, ambas resoluciones dictadas en el rollo de apelación 
núm. 1717-2017, dimanante del procedimiento abreviado núm. 154-2015 del Juzgado de 
lo Penal núm. 9 de Valencia. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  El día 9 de abril de 2018 tuvo entrada en el registro general de este tribunal 
escrito del procurador de los tribunales don Isidro Orquín Cedenilla, actuando en nombre 
y representación de don Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez, por el que se interponía 
recurso  de  amparo  contra  el  decreto  de  5  de  abril  de  2018  de  la  letrada  de  la 
administración de justicia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, 
desestimatorio del recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de la misma 
letrada fechada el 26 de febrero de 2018. Las dos resoluciones impugnadas fueron 
dictadas  en  el  rollo  de  apelación  núm.  1717-2017,  dimanante  del  procedimiento  e
abreviado núm. 154-2015 del Juzgado de lo Penal núm. 9 de Valencia. b
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calumnias de los arts. 205, 206 y 211 del Código penal (CP), con la atenuante de 
dilaciones indebidas, a la pena de multa de doce meses, con cuota diaria de quince 
euros, y con la responsabilidad personal subsidiaria, caso de impago, del art. 53 CP. Se 
le condenó también al pago de las costas procesales causadas, incluidas las de la 
acusación particular y, por vía de responsabilidad civil, a la obligación de indemnizar al 
querellante en la cantidad de 3000 €, siendo responsable solidaria de esta indemnización 
la editorial SEPHA Edición y Diseño, S.L., como editora del libro en que se contenían los 
pasajes calumniosos. En el relato de hechos probados se establece que, en el mes de 
noviembre de 2010, el Sr. Ricardo Sáenz de Ynestrillas, encargó la publicación del libro 
«La Reconquista del Estado» del que era autor a la editorial SEPHA Edición y Diseño, 
S.L., incluyéndose en las páginas 147, 169, 173 y 183 del texto varias referencias al Sr. 
José Luis Roberto Navarro. Esas referencias, relativas a diversas actividades del Sr. 
Roberto Navarro, son consideradas calumniosas por el juzgado, lo que conduce a la 
condena del Sr. Sáenz de Ynestrillas como autor de un delito de calumnias, y a su 
absolución por el delito de injurias, al quedar absorbido por el anterior.
Frente a la sentencia condenatoria se interpuso recurso de apelación por el Sr. 
Sáenz de Ynestrillas, alegándose quebrantamiento de normas y garantías procesales; 
error en la apreciación de la prueba con vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia; error en la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas; e infracción de 
precepto legal respecto de la cuantía de multa per diem.  El recurso de apelación núm. 
1717-2017 resultará desestimado por sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, 
núm. 79/2018, de 6 de febrero, indicándose en el fallo de esta última que, contra la 
misma «no cabe recurso alguno al haber sido la causa incoada con anterioridad al 6 de 
diciembre de 2015, fecha de entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre».
b)  Mediante diligencia de ordenación de 7 de febrero de 2018, la letrada de la 
administración de justicia remite al Juzgado de lo Penal núm. 9 de Valencia testimonio 
del pronunciamiento resolutorio del recurso de apelación, así como de las actuaciones 
originales, a fin de que se proceda a su ejecución. La sentencia se notifica a los 
procuradores, vía Lexnet el día 8 de febrero de 2018, señalándose la misma como fecha 
de acuse de recibo.
c)  El 26 de febrero de 2018 tuvo entrada en la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Valencia escrito firmado por el hoy recurrente de amparo, y presentado por 
su procuradora, solicitando a la audiencia la notificación personal de la sentencia núm. 
79/2018 en la persona del condenado, con especificación de los recursos posibles y 
expresión específica del plazo para interponerlos. Dicha solicitud fue denegada por 
diligencia de ordenación de la letrada de la administración de justicia, fechada el 26 de 
febrero de 2018. La diligencia contiene el siguiente argumento resolutorio: «Presentado 
el anterior escrito por la procuradora Sra. Biasoli Lopez, únase al rollo de su razón y no 
ha lugar a lo solicitado, por cuanto las sentencias de apelación se notificarán a las partes 
a través de sus representaciones, al no tratarse de juicio oral, que es lo que determina el 
art. 160 de la LECrim».
d)  Frente a la anterior diligencia de ordenación se interpuso recurso de revisión, 
sobre la base de lo previsto en el art. 238 ter de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim). En el escrito de interposición se alega que era de aplicación al caso el art. 160 
LECrim, referido a las sentencias definitivas que ponen fin al proceso y que deben ser, 
en todo caso, notificadas al condenado personalmente, puesto que la notificación a 
través del procurador impide la imprescindible fijación exacta del dies a quo a partir del 
cual empiezan a contar los plazos para hacer constar los recursos procedentes, recursos  s
que, continúa el escrito, se niegan en este caso. oe.
e)  Mediante diligencia de ordenación fechada el 28 de febrero de 2018, la letrada  w.
de la administración de justicia tiene por interpuesto recurso de reposición, que no de  810ww
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adhesión plena de la entidad SEPHA, Edición y Diseño S.L. responsable civil solidaria en 
el  procedimiento  penal  de  instancia,  al  recurso  presentado  por  el  Sr.  Sáenz  de 
Ynestrillas, se dicta el decreto de 5 de abril de 2018 por la letrada de la administración de 
justicia.
El  fundamento  único  del  decreto  sostiene:  «Del  conjunto  de  las  actuaciones 
practicadas, y a la vista de las alegaciones formuladas, procede desestimar el recurso de 
reposición formulado por los propios fundamentos expuestos en la resolución recurrida». 
Asimismo, en la parte dispositiva del decreto, y en lo relativo al modo de impugnación, se 
indica que «contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno». El decreto 
fue notificado al recurrente el 6 de abril de 2018.
3.  La demanda de amparo denuncia que las resoluciones dictadas por la letrada de 
la administración de justicia, tanto la diligencia de ordenación de 26 de febrero de 2018, 
como el decreto de 6 de abril del mismo año, ambas objeto del recurso de amparo, 
vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho 
de acceso al recurso, en conexión con lo dispuesto en los arts. 117.3 y 120.3 CE 
respecto del principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional y la obligación de 
motivación de las resoluciones judiciales.
Por un lado, la demanda denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) derivada de la falta de notificación personal de la sentencia 
desestimatoria del recurso de apelación. Aduce la parte demandante que, tras dictarse la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que desestimó el recurso de apelación, 
se omitió el trámite de notificación «personal» al condenado, circunstancia que impidió 
determinar correctamente el dies a quo que marca el inicio del plazo para interponer el 
recurso  de  casación  por  vulneración  de  preceptos  constitucionales  que,  pese  la 
indicación de pie de recurso de la sentencia resolutoria de la apelación, esta parte 
considera pertinente. En este sentido argumenta que no es suficiente con notificar la 
sentencia al procurador, sino que del art. 160 LECrim se desprende el derecho «a la 
doble notificación» al estar, en este caso, en presencia de una sentencia definitiva que 
pone fin al proceso. Apelando a la doctrina contenida en las SSTC 190/1994, de 20 de 
junio; 88/1997, de 5 de mayo; 91/2002, de 22 de abril, y 149/2002, de 15 de julio; y en 
los AATC 160/1982, de 5 de mayo, y 662/1985, de 2 de octubre, la demanda argumenta 
que la notificación debe ser doble, y por tanto personal, y que el cómputo del plazo para 
apelar debe realizarse desde la notificación de la sentencia hecha personalmente a las 
partes y no a sus procuradores (con cita en extenso de la STC 91/2002), si esta es la 
última  notificación  recibida.  En  consecuencia,  para  la  parte  recurrente  la  falta  de 
notificación personal implica la vulneración del art. 24 CE, en su vertiente de derecho de 
acceso al recurso, al ocasionar incertidumbre respecto del plazo para interponer el 
recurso pertinente.
Por otro lado, el recurrente cuestiona la imposibilidad de revisión jurisdiccional de las 
decisiones  de  la  letrada  de  la  administración  de  justicia,  al  entender  que  esta 
imposibilidad es contraria al art 117.3 CE, que recoge el principio de exclusividad de la 
potestad jurisdiccional. Esta queja que se conecta con la denuncia de la vulneración del 
art. 24 CE, en su vertiente de derecho a obtener una resolución judicial motivada. La 
parte  recurrente  entiende  que  estamos  ante  un  caso  similar  al  resuelto  en  la 
STC 58/2016, de 17 de marzo, que estimó la cuestión interna de inconstitucionalidad 
planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el art. 102 bis, 
apartado 2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa (LJCA), declarando la inconstitucionalidad de dicho precepto por excluir la  e.
revisión judicial del decreto del letrado de la administración de justicia resolutorio de la  w.b
reposición contra sus propias diligencias de ordenación. 810ww
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sentencias, debiendo entenderse aplicable también a la motivación de las resoluciones 
de los letrados de la administración de justicia.
Justificada la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo mediante 
la invocación de la STC 58/2016, de 17 de marzo, y la apelación al apartado b) del 
fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, se solicita la admisión a 
trámite del recurso de amparo y su estimación, con la declaración de que no se ajustan a 
derecho las resoluciones impugnadas de la letrada de la administración de justicia, 
retrotrayendo las actuaciones al momento procesal anterior a la violación del primero de 
los derechos fundamentales invocados.
4.  Por providencia de 25 de febrero de 2019, la Sección Segunda de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que la 
posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley 
o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]».
Además, en aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional  (LOTC),  acordó  dirigir  atenta  comunicación  a  los  siguientes  órganos 
jurisdiccionales,  a  fin  de  que,  en  plazo  que  no  excediera  de  diez  días  remitiesen 
certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  a  los 
procedimientos  tramitados  ante  cada  uno:  (i)  a  la  Sección  Cuarta  de  la  Audiencia 
Provincial de Valencia respecto de las actuaciones correspondientes a la apelación núm. 
1717-2017 y (ii) al Juzgado de lo Penal núm. 9 de Valencia, respecto del procedimiento 
abreviado  núm.  154-2015,  en  este  último  caso  debiendo  encargarse  además  de 
emplazar en el plazo de diez días a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, 
excepto la parte recurrente en amparo, para que puedan comparecer si lo desean en el 
presente proceso de amparo.
5.  Recibidos los testimonios de las actuaciones remitidas por el Juzgado de lo 
Penal núm. 9 de Valencia y la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, con 
fecha 9 de mayo de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este tribunal 
dictó  diligencia  de  ordenación  acordando  dar  vista  de  las  actuaciones  a  la  parte 
recurrente y al Ministerio Fiscal, únicos personados, por plazo común de veinte días, a 
fin de que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con 
lo previsto en el artículo 52.1 LOTC.
6.  El fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 21 de 
junio de 2019 interesando la elevación de cuestión interna de constitucionalidad respecto 
del art. 238 bis LECrim.
Por lo que hace a la eventual concurrencia de óbices procesales en el recurso de 
amparo, el escrito del Ministerio Fiscal aclara que no cabe imputar a la parte actora la 
falta  de  agotamiento  de  los  correspondientes  medios  de  impugnación  [art.  44.1  a) 
LOTC], ya que el art. 238 bis LECrim, establece que contra el decreto del letrado de la 
administración de justicia resolutorio del recurso de reposición no cabe recurso alguno y, 
además, el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial es inviable dado que el mismo exige ser resuelto por un órgano jurisdiccional.
En segundo término, la fiscalía ante el Tribunal Constitucional analiza si el proceder 
procesal  del  letrado  de  la  administración  de  justicia  se  ha  ajustado  a  las  pautas 
procedimentales  legalmente  previstas,  en  lo  que  se  refiere  a  la  notificación  de  la 
sentencia  de  apelación  y  a  la  indicación  del  régimen  de  recursos.  Sin  negar  la  s
trascendencia de los actos de notificación para el derecho que alega el recurrente y que  oe.
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notificación  como  acto  de  comunicación  es  una  cuestión  procesal,  en  los  términos
señalados  por  el  art.  206.2.1  LEC,  por  lo  que  la  diligencia  de  ordenación  es  el
mecanismo  adecuado  para  resolver  cuestiones  como  la  procedencia  o  no  de  la 
notificación  personal.  Además,  la  dicción  del  art.  160  LECrim  refuerza  la  solución 
alcanzada  por  la  letrada,  teniéndose  en  cuenta  adicionalmente  que  la  doctrina 
constitucional que cita el recurrente, para exigir la notificación personal, viene referida a 
las sentencias de condena dictadas en la instancia. El desacuerdo con esta solución ha 
podido  ser  manifestado  en  los  términos  establecidos  legalmente,  de  modo  que  la 
diligencia de ordenación y el decreto por el que le desestimó el recurso interpuesto frente 
a ella responde a la legalidad procesal, que observó la letrada de la administración de 
justicia teniendo legitimidad competencial para ello. Se afirma por último en relación con 
la  cuestión  de  fondo,  que  no  puede  entenderse  que  las  resoluciones  impugnadas 
adolezcan de falta de motivación, pues expresan de manera razonada, aunque sucinta, 
los fundamentos de la decisión relativa a la falta de notificación personal al recurrente.
Cuestión distinta, explica el fiscal, es si la ley, al impedir el control jurisdiccional de la 
actuación  procesal  de  la  letrada  de  la  administración  de  justicia  que  deniega  la 
notificación personal de la sentencia de apelación, afecta al derecho a la tutela judicial, 
protegido por el art. 24 CE, y al principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional, 
recogido en el art. 117.3 CE. La fiscalía reconoce que el art. 238 bis LECrim veda la 
posibilidad de que la cuestión planteada por el recurrente pueda ser revisada en vía 
jurisdiccional, e impide un pronunciamiento judicial sobre la pretensión deducida, lo que 
conllevaría que la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 
CE, que se esgrime en el recurso de amparo, pudiera hallarse en la propia ley.
Con  cita  de  las  SSTC  58/2016,  72/2018  y  34/2019  y  de  los  AATC  163/2013, 
y  20/2018  y  77/2018,  se  reconoce  que  la  exclusión  del  recurso  ante  el  órgano 
jurisdiccional frente a las resoluciones de los letrados de la administración de justicia, 
puede suponer la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE), al privar del acceso al control jurisdiccional de una decisión adoptada en 
el seno de un proceso judicial por un órgano no investido de función jurisdiccional, lo que 
crearía  un  espacio  de  inmunidad  jurisdiccional  incompatible  con  las  exigencias  del 
derecho a la tutela judicial efectiva. Esta regulación priva a las partes de instrumentos 
indispensables para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, como es su 
derecho a que la decisión procesal del letrado de la administración de justicia sea 
examinada y revisada por quien está investido de jurisdicción.
Por todo ello, el fiscal concluye que, en el caso que nos ocupa, excluido el recurso 
ante el órgano jurisdiccional por la expresa previsión legal, no es posible un control 
judicial de la actuación procesal de la letrada de la administración de justicia ni, por tanto, 
de la posible afectación del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, que el 
recurrente vincula a la fijación del dies a quo para interponer el recurso de casación 
frente a la sentencia de apelación, por lo que para resolver el presente recurso de 
amparo  resulta  necesario  elevar  previamente  al  Pleno  una  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad respecto del art. 238 bis LECrim.
7.  La  Sala  Primera  de  este  tribunal,  mediante  providencia  de  28  de  octubre 
de 2019, en ejercicio de la potestad prevista en el art. 55.2 LOTC y con suspensión del 
plazo para dictar sentencia, acordó oír a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para 
que en el plazo común e improrrogable de diez días pudieran alegar lo que tuvieran por 
conveniente sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad o sobre el 
fondo de ésta, respecto del último párrafo del art. 238 bis LECrim., en la redacción dada 
por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina judicial, en el que se establece que «contra el decreto  e.
del secretario judicial que resuelva el recurso de reposición no cabrá interponer recurso  w.b
alguno», por su eventual oposición al derecho a la tutela judicial (art. 24.1 CE) y al  810ww
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Formularon dentro de dicho trámite sus alegaciones, interesando el planteamiento de 
la cuestión de inconstitucionalidad, tanto el fiscal ante el Tribunal Constitucional, como el 
recurrente  en  amparo  (ambos  por  sendos  escritos  registrados  el  15  de  noviembre 
de 2019). El contenido de sus alegaciones se desarrolla en los antecedentes 8 y 9 del 
ATC 22/2020, de 24 de febrero, por el que la Sala Primera del Tribunal Constitucional 
acordó  elevar  al  Pleno  cuestión  interna  de  inconstitucionalidad  respecto  del  último 
párrafo del art. 238 bis LECrim, en la redacción dada por la ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina 
judicial, por su oposición al artículo 24.1 CE, en conexión con el art. 117.3 CE.
8.  El Pleno de este tribunal, mediante providencia de 10 de marzo de 2020, acordó 
admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad; así como dar traslado del auto de la 
Sala Primera, conforme establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus presidentes, al Gobierno, por conducto de la ministra de 
Justicia, y a la fiscal general del Estado, al objeto de que, en el plazo de quince días, 
pudieran  personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimasen 
convenientes; comunicar la resolución a la Sala Primera del Tribunal Constitucional a fin 
de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido 
el  proceso  hasta  que  este  tribunal  resuelva  definitivamente  la  presente  cuestión;  y 
publicar la incoación de la cuestión de inconstitucionalidad en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Formularon alegaciones en ese trámite tanto la fiscal general del Estado, quien 
interesó  por  escrito  presentado  el  10  de  junio  de  2020  que  se  declarara  la 
inconstitucionalidad  del  precepto  cuestionado;  como  el  abogado  del  Estado,  quien 
mediante las alegaciones registradas el 24 de junio de 2020, manifestó la coincidencia 
de la cuestión con la resuelta por la STC 58/2016, de 17 de marzo, solicitando al tribunal 
dictar sentencia «conforme a derecho».
9.  Con fecha de 22 de octubre de 2020, el Pleno de este tribunal dictó la Sentencia 
núm. 152/2020, en la que con base en la fundamentación jurídica a la que luego se hará 
referencia, resolvió: estimar la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada y, en su 
virtud, «declarar la inconstitucionalidad y nulidad del último párrafo del art. 238 bis 
LECrim, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, en el que se 
establece que «contra el decreto del secretario judicial que resuelva el recurso de 
reposición no cabrá interponer recurso alguno». La secretaría de justicia del Pleno de 
este tribunal, remitió ese mismo día a la secretaría de justicia de la Sala Primera una 
certificación de la mencionada sentencia.
10.  Mediante providencia de 12 de noviembre de 2020, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del presente recurso de amparo es el decreto de 5 de abril de 2018 de 
la letrada de la administración de justicia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de  Valencia,  por  el  que  se  desestimó  el  recurso  de  reposición  impugnatorio  de  la 
diligencia de ordenación de la misma letrada, fechada el 26 de febrero de 2018, así 
como esta resolución. s
La demanda de amparo, tal y como se ha expuesto con detalle en los antecedentes,  oe.
desarrolla una doble argumentación en sustento de la invocación del derecho a la tutela  w.
d(juaedr til.ca i a2lel4 te.r1afe dcCat iEvd)ae   aqlalu  aedd edmneeinnguisantrcr aialca i cóonnmo dtoiefi  cvjuausclntiiócenara  vdpuoel.nr sPeoronaran ul  endl  elda edlraoe ,c sehesont idmteean a cqciauc eers eloas soa l ruleotsosor rilaeu ccduioerns oelass    2020-16810n https://ww
apelación, derivando de esa falta de notificación personal una incerteza en el dies a quo
de la interposición de los sucesivos recursos, lesiva del art. 24.1 CE. Por otro lado,  Bc
considera que vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva la imposibilidad de 
que un órgano judicial, revise el decreto del letrado de la administración de justicia 
resolutorio del recurso de reposición planteado contra resoluciones previas del propio 
letrado. Y, teniendo en cuenta que esta imposibilidad deriva del art. 238 bis LECrim, el 
demandante de amparo estima necesario el planteamiento de una cuestión interna de 
constitucionalidad, que resuelva la duda sobre la compatibilidad de este precepto con el 
art. 24.1 CE, en conexión con el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional del 
art. 117.3 CE.
Por su parte, el Ministerio Fiscal descarta la vulneración del art. 24.1 CE vinculada al 
contenido  de  las  resoluciones  de  la  letrada  de  la  administración  de  justicia,  pero 
reconoce que de la imposibilidad de revisión jurisdiccional del decreto de la letrada, que 
resuelve el recurso de reposición, se deriva lesión del art. 24.1 CE, en conexión con el 
art. 117.3 CE. Aceptando, como el recurrente en amparo, que esta imposibilidad deriva 
directamente de la dicción literal del art. 238 bis LECrim, e invocando las SSTC 58/2016, 
72/2018  y  34/2019,  el  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional  solicitó  también  el 
planteamiento de la cuestión interna de constitucionalidad.
Elevada finalmente esta cuestión (ATC 22/2020, de 24 de febrero), conforme se ha 
dado cuenta en los antecedentes, el presente recurso se encontraba en suspenso hasta 
que el Pleno de este tribunal dictara sentencia. Una vez recaída la STC 151/2020, de 22 
de octubre, resolutoria de la cuestión interna de constitucionalidad, corresponde resolver 
la demanda de amparo fijando la repercusión sobre ella de lo resuelto por el Pleno.
2.  El motivo de amparo al que atenderemos en primer lugar se funda, como se ha 
expuesto en los antecedentes, en el hecho de que el decreto de 5 de abril de 2018 de la 
letrada de la administración de justicia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 
Valencia, evidencia la imposibilidad de obtener el control jurisdiccional de los decretos 
del letrado de la administración de justicia. La prohibición de recurso de revisión –o 
cualquier otro– contra los decretos en cuestión, deriva del art. 238 bis LECrim, en la 
redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, en el que se establece que 
«contra el decreto del secretario judicial que resuelva el recurso de reposición no cabrá 
interponer recurso alguno». Cuestionada la constitucionalidad de este precepto, procede 
referirse a lo decidido por el Pleno en la STC 151/2020, de 22 de octubre, estimatoria de 
la cuestión planteada.
En  los  fundamentos  jurídicos  3  y  4,  se  argumenta  la  decisión  de  declarar 
inconstitucional y nulo el art. 238 bis LECrim, en los términos siguientes:
«3.  El precepto objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad está, al igual 
que los casos ya examinados en las SSTC 58/2016, 72/2018 y 34/2019, en directa 
conexión con la articulación procesal del modelo de oficina judicial que diseñó la Ley 
Orgánica 19/2003 y desarrolló la Ley 13/2009, una de cuyas claves es, como ya se ha 
mencionado, potenciar la intervención de los letrados de la administración de justicia. A 
estos pronunciamientos hay que añadir la reciente STC 15/2020, de 28 de enero, que 
declarara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la 
Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 
medidas de agilización procesal.
La duda de constitucionalidad planteada por la Sala Primera se refiere precisamente 
al régimen de recursos legalmente establecido contra los decretos de los letrados de la 
administración de justicia que se dictan en el seno del proceso penal, en la medida en  e
que el último párrafo del art. 238 bis LECrim, establece que contra el decreto del letrado  bo
de la administración de justicia que resuelve el recurso de reposición no cabe interponer  810ww
preocru lrosso  jaulegcuenso ,y  imtripbiudnieanledso,  qpuoer  lloa sq udee,c iastieonnieésn dporoncoess aa leloss  drea zaoqnuaemlloiesn tsoesa nd erle avuistaod daes 
dpelarnetcehaom aie nlato t,u tdeelab ejumdoicsi adl eetfeercmtiivnaa rs isni  ienld epfreencseipótno  qcuuee sgtaiorannatdizoa  eesl  acrotmícuplaot ib2l4e. 1c oCnE  eyl 
con  el  principio  de  exclusividad  de  la  potestad  jurisdiccional  consagrado  por  el 
artículo 117.3 CE.
4.  De acuerdo con lo expuesto, resulta claro que el último párrafo del art. 238 bis 
LECrim, excluye todo control jurisdiccional del decreto del letrado de la administración de 
justicia que resuelve el recurso de reposición y cierra la posibilidad de una tutela de 
derechos  e  intereses  legítimos  que  la  Constitución  contempla  que  sea  siempre 
dispensada por los jueces y tribunales, creando un sector de inmunidad que no se 
compadece con el art. 24.1 CE, ni con lo previsto en el art. 117.3 CE.
Por tanto, la exclusión de recurso frente al decreto priva del acceso al control 
jurisdiccional de una decisión adoptada en el seno de un proceso penal por un órgano no 
investido de función jurisdiccional, cuando según reiterada doctrina de este tribunal "el 
derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución razonada y fundada en 
Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se 
erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocido en el art. 24.1 CE" (por todas, STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3).
En definitiva, el precepto cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), ya que crea un régimen de impugnación de las decisiones de los letrados 
de la administración de justicia generador de un espacio inmune al control jurisdiccional. 
En coherencia con ello, se debe declarar la inconstitucionalidad y nulidad del precepto 
cuestionado, precisando, al igual que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4; 
34/2019, FJ 7, y 15/2020, FJ 3, que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el 
recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia 
resolutivo de la reposición sea el directo de revisión.»
3.  Acordada la nulidad del precepto que ha sido aplicado por la última de las 
resoluciones impugnadas en este amparo, corresponde ahora deducir sus efectos sobre 
este recurso. Tal y como nuestra doctrina viene sosteniendo, y puede citarse por todas la 
STC  125/2019,  de  31  de  octubre  (FJ  4  y  doctrina  allí  invocada),  los  mismos 
razonamientos que determinan la nulidad de la norma en el marco de una cuestión 
interna de constitucionalidad, conducen a la estimación de los motivos coincidentes 
contenidos  en  la  demanda  de  amparo,  sin  que  obste  a  ello  que  se  trate  de  una 
declaración de inconstitucionalidad sobrevenida. Las razones son expuestas en el mismo 
fundamento jurídico 4 de la STC 125/2019: i) tanto en la cuestión interna como en el 
recurso de amparo en el que la misma ha surgido se encuentra afectado el mismo 
precepto  legal;  ii)  las  razones  constitucionales  que  fundamentan  la  declaración  de 
inconstitucionalidad, reconocen vulneraciones que coinciden sustancialmente con las 
que se denuncian en el recursos de amparo y iii) las resoluciones impugnadas de 
aplicación de la normativa impugnada materializan la misma vulneración del derecho que 
se aprecia en la norma en la que tienen su fuente.
Por tanto, siguiendo estas razones, se deduce que, de la aplicación a este recurso de 
amparo de la doctrina contenida en la STC 151/2020, de 22 de octubre, a la que se 
refiere  el  fundamento  jurídico  2,  se  deriva  la  estimación  del  motivo  relativo  a  la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), vinculado a la ausencia 
de recurso judicial frente al decreto del letrado de la administración de justicia en el 
proceso penal. Una vez constatado que el decreto de 5 de abril de 2018 de la letrada de 
la administración de justicia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, 
por el que se desestimó el recurso de reposición impugnatorio de la diligencia de 
ordenación de la misma letrada, aplicó el art. 238 bis LECrim, indicando la imposibilidad 
de recurso alguno, y que este precepto ha sido anulado por la STC 151/2020, la  e.
estimación  del  recurso  de  amparo  conlleva  el  reconocimiento  de  que  el  decreto  w.b
impugnado vulneró asimismo el art. 24.1 CE. 810ww
4.  Como efectos propios de la estimación de la demanda de amparo, declaramos la
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actuaciones  del  recurso  de  apelación  núm.  1717-2017  hasta  el  momento
inmediatamente anterior al de haberse dictado, para que la letrada de la administración 
de justicia dicte nuevo decreto conforme a derecho, habida cuenta de la declaración de 
inconstitucionalidad  y  nulidad  del  art.  238  bis  LECrim,  y  en  términos  que  resulten 
respetuosos con el derecho fundamental reconocido. Esto último supone la indicación 
del oportuno recurso jurisdiccional frente al decreto y la concesión del plazo pertinente 
para su interposición, de acuerdo con lo establecido en la STC 15/2020, FJ 3, «al igual 
que se hizo en las SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4, y 34/2019, FJ 7, que, en tanto el 
legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del 
letrado de la administración de justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de 
revisión al que se refiere el propio artículo 454 bis LEC».
5.  Teniendo  en  cuenta  el  alcance  de  las  quejas  planteadas,  y  habiendo  dado 
respuesta  en  primer  lugar,  a  la  denuncia  relativa  a  la  vulneración  del  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su faceta de derecho de acceso 
al recurso, por la imposibilidad de impugnación jurisdiccional del decreto de la letrada de 
la administración de justicia, la estimación de este motivo exime a la Sala de entrar al 
resto de quejas planteadas. Los efectos atribuidos a la estimación del amparo, y que 
acaban de ser expuestos, suponen una retroacción del proceso que permite la revisión 
jurisdiccional del contenido del decreto de la letrada de la administración de justicia. Por 
tanto, se da ocasión al órgano judicial competente, primer intérprete de la legalidad 
ordinaria, de valorar si la interpretación del art. 160 LECrim, formulada por la letrada de 
la administración de justicia respecto de la obligación de notificación personal, es o no 
ajustada a derecho y respetuosa con la doctrina de este tribunal en relación con la este 
mismo precepto, contenida, entre otras, en las SSTC 11/2003, de 27 de enero; 91/2002, 
de 22 de abril; 190/1994, de 20 de junio, y 88/1997, de 5 de mayo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la demanda de amparo interpuesta por don Ricardo Sáenz de Ynestrillas 
Pérez contra el decreto de 5 de abril de 2018 de la letrada de la administración de 
justicia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, y, en su virtud:
1.º  Declarar  que  se  ha  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del decreto 
de 5 de abril de 2018 de la letrada de la administración de justicia de la Sección Cuarta 
de  la  Audiencia  Provincial  de  Valencia,  dictado  en  el  recurso  de  apelación  núm. 
1717-2017.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de haberse 
dictado  la  citada  resolución,  para  que,  en  los  términos  que  se  especifican  en  el 
fundamento jurídico 4 de esta sentencia, el órgano judicial dicte una nueva que sea 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». bo
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