BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53657
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8137 Sala Primera. Sentencia 53/2020, de 15 de junio de 2020. Recursos de 
amparo  5783-2018  y  5784-2018  (acumulados).  Promovidos, 
respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. y Penrei 
Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera  instancia  e  instrucción  de  Lorca  en  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin  indefensión: 
inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación  del  primer  emplazamiento  de  la  entidad  demandada  (STC 
47/2019).
ECLI:ES:TC:2020:53
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de amparo acumulados núms. 5783-2018 y 5784-2018, promovidos, 
respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la 
procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado 
don  Marcelino  Gilabert  Costa,  y  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  representada  por  la 
procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección de la 
letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, contra los autos dictados por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 102-2018 en fechas 3 de julio, 27 de junio y 26 de septiembre de 2018 
por los que, respectivamente, se inadmiten por extemporáneas las oposiciones a la 
ejecución  hipotecaria  y  se  confirman  estas  últimas  decisiones  al  desestimarse  los 
recursos de reposición interpuestos frente a ellas. Ha sido parte Banco Sabadell, S.A., 
representado por la procuradora doña Blanca María Grande Pesquero y defendido por el 
letrado don Xavier Mezquita Cañameras, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el presidente don Juan José González Rivas.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 6 de noviembre de 2018, la 
entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora 
de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta  y  bajo  la  dirección  del  letrado  don  e
Marcelino Gilabert Costa, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas  bo
en el encabezamiento. La presentación de dicho escrito dio lugar al recurso de amparo  37ww
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entidad Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent
Rodríguez,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  referidas  en  el 
encabezamiento. La presentación de dicho escrito dio lugar al recurso de amparo núm. 
5784-2018, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Primera de este tribunal.
3.  Los  hechos  relevantes  para  la  resolución  de  los  recursos  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca se sigue 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 102-2018 promovido por la entidad Banco 
de Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
en calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral de un derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado.
b)  Por auto de 20 de abril de 2018 se acordó despachar ejecución frente las 
sociedades demandadas. El citado auto y el decreto de la misma fecha que le sigue 
fueron comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el 
día 26 de abril de 2018.
c)  La entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó escrito de 
oposición a la ejecución despachada con fecha 26 de junio de 2018. Por auto de 3 de 
julio de 2018 se acordó su inadmisión por presentación extemporánea, tomando como 
fecha de notificación el 26 de abril de 2018. Al pie de dicho auto figuraba la indicación de 
que podía impugnarse por medio de recuro de reposición.
d)  La entidad Penrei Inversiones, S.L., presentó escrito de oposición a la ejecución 
despachada con fecha 22 de junio de 2018. Por auto de 27 de junio de 2018 se acordó 
su inadmisión por presentación extemporánea tomando como fecha de notificación el 26 
de abril de 2018. Al pie de dicho auto figuraba la indicación de que podía impugnarse por 
medio de recuro de reposición.
e)  Las  sociedades  mercantiles  recurrentes  interpusieron  recurso  de  reposición 
contra los autos de inadmisión alegando, en síntesis, que las actuaciones de notificación 
y requerimiento no habían sido realizadas el día 26 de abril de 2018 sino el 11 de junio 
de 2018 y que la comunicación remitida a través de la dirección electrónica habilitada no 
puede entenderse más que un aviso de puesta a disposición o descarga de su contenido 
durante un plazo determinado (en el caso desde el 26 de abril al 11 de junio de 2018) y 
entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160, y 162 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC), vulnera el art. 24 CE.
f)  Tras  su  tramitación,  los  recursos  fueron  desestimados  por  auto  de  26  de 
septiembre  de  2018.  Según  esta  resolución,  las  recurrentes  tiene  la  condición  de 
persona jurídica y, por tanto, están obligada a relacionarse con la administración de 
Justicia  por  medios  electrónicos,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de enjuiciamiento civil, así como en los arts. 14.2 de la Ley 39/2015 y. 373.3 
LEC. Según el auto, si bien «es cierto que la notificación por medios electrónicos 
efectivamente se realiza cuando el destinatario accede a su contenido», la recurrente 
«hierra en el plazo en el que puede acceder a [dicho] contenido a efectos de la práctica 
de la notificación el cual es de diez días naturales desde la puesta a su disposición y ello 
por  imperativo  del  artículo  43.2  de  la  citada  Ley»  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
4.  Las  partes  recurrentes  aducen  en  sus  demandas  de  amparo  que  las 
resoluciones impugnadas vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso al proceso. En síntesis, argumentan que la  e
interpretación ofrecida en el auto objeto de impugnación, que se apoya en la Ley de  bo
Procedimiento Administrativo eludiendo las garantías exigibles para las notificaciones de  37ww
udne l pdroecreecshoo ju ad icfioarlm, cuelarcre noap oesli cdieórne cehno  au nla  pturotecleas jou ddicei ael ejefceucctiivóan  ahl ipproivteacr aar ilaa.  reAc utarrle nfitne, 
ealdeucctreónn iqcouse  sqiguuei erreocni blaie rloitne raplirdoacde ddeen tlea s dinesl trsuecrcvioicnioe s dceo nnteontiifdicaasc ieonn esse nedleocst rcóonrirceaoss, 
accediendo al contenido de la notificación dentro del plazo establecido en el mismo. Los 
citados correos tiene el siguiente contenido:
«Ha recibido una Notificación del órgano emisor Juzgados y Tribunales (SGAJ) en la 
Dirección Electrónica Habilitada del titular […]
La Notificación estará disponible en su Dirección Electrónica Habilitada única desde 
el 26-04-2018 hasta el 11-06-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se 
producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable.
Para que conste como leída, por favor acceda a
http://notificaciones060.es
Asunto: ‘JDO. 1 INST. E INSTR. N 3 DE LORCA EHJ/000000102/2018’»
Concluyen la entidades recurrentes afirmando que las resoluciones impugnadas no 
han «dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental,  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras  del  emplazamiento  debe 
hacerse  tratando  de  asegurar  que  el  acto  de  comunicación  cumple  su  finalidad 
constitucional, es decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la 
Constitución Española contiene un mandato no sólo dirigido al legislador, sino también al 
interprete,  obligándole  a  promover  la  defensa  mediante  la  correspondiente 
contradicción».
En las demandas se solicita por medio de otrosí la suspensión del procedimiento de 
ejecución hipotecaria alegando que la continuación de la ejecución «con la celebración 
de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al recurso de 
amparo su finalidad».
5.  Mediante providencias de 20 de mayo de 2019 la Sección Primera de este 
Tribunal acordó admitir a trámite los recursos de amparo apreciando que concurre en los 
mismos especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque plantean «un problema o afecta a una faceta de un 
derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 
a)]», y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de nuestra Ley Orgánica reguladora 
(LOTC), dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de 
Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución hipotecaria núm. 102-2018 
y emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el presente 
recurso de amparo. Por providencias de la misma fecha, la Sección acordó formar las 
oportunas  piezas  para  la  tramitación  del  incidente  de  suspensión  y,  conforme  a  lo 
dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte recurrente 
y  al  Ministerio  Fiscal  para  que  alegaran  lo  que  estimasen  pertinente  sobre  dicha 
suspensión. Por AATC 80 y 81/2019, de 15 de julio, se acordó denegar la suspensión 
cautelar solicitada y ordenar la anotación preventiva de las demandas de amparo en el 
registro de la propiedad.
6.  Por diligencias de ordenación del secretario de justicia de la Sección Primera de 
este Tribunal de fecha 12 de junio de 2019 se acordó tener por recibidos los testimonios 
de las actuaciones remitidos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de 
Lorca, y tener por personada y parte a Banco Sabadell, S.A., representado por la 
procuradora doña Blanca María Grande Pesquero y defendido por el letrado don Xavier  e.
Mezquita Cañameras. También se resolvió, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a las  w.
partes personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que, con  37ww
vista de las actuaciones, formulasen alegaciones.
este7 .T ribPuonr adl ildigee nfecciahsa  d2e1  odrdee jnuancioió nd ed e2l0 s1e9c rseet aaricoo drdeó j ursetqicuiear idr ea lla J Suzegcacidóon  dPeri mPerirmae drae 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca a fin de que remitiera certificación acreditativa de
la interposición o no de recurso de apelación contra alguna de las resoluciones dictadas 
en las actuaciones principales o en alguna pieza separada en el procedimiento núm. 
102-2018 y, en el caso de haber recaído resolución, se certificara sobre su contenido. 
El  12  de  julio  de  2019  se  recibió,  vía  fax,  certificación  del  juzgado  requerido  que 
literalmente expresa lo siguiente: «En el presente procedimiento no se ha interpuesto 
recurso de apelación por ninguna de las partes personadas en el mismo».
8.  En fecha 10 de julio de 2019 la procuradora de los tribunales doña Blanca María 
Grande  Pesquero,  en  nombre  y  representación  de  Banco  Sabadell,  S.A.,  presentó 
sendos escritos en los se opone al otorgamiento de los amparos. Tras invocar los 
artículos 43 de la Ley de procedimiento administrativo común y 162.2 de la Ley de 
enjuiciamiento civil, argumenta en los citados escritos que no se ha causado indefensión 
a las recurrentes, pues consta que el auto despachando ejecución se puso a disposición 
de las mismas en fecha 26 de abril de 2018, no accediendo a su contenido hasta el 11 de 
junio  de  ese  mismo  año,  presentando  los  escritos  de  oposición  a  la  ejecución  en 
fechas  26  de  junio  y  22  de  junio,  respectivamente,  «claramente  fuera  del  plazo 
legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de 
la notificación del auto despachando ejecución)».
9.  En  fecha  12  de  julio  de  2019  las  entidades  recurrentes,  por  medio  de  su 
representación procesal, presentaron escritos en los que se remiten a sus demandas y 
hacen mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, que trascriben en parte, a propósito del 
empleo  de  la  dirección  electrónica  habilitada  para  el  primer  emplazamiento  del 
demandando.
10.  En fecha 16 de julio de 2019, el Ministerio Fiscal presentó sus escritos de 
alegaciones  en  los  que  termina  solicitando  que  se  estime  el  recurso,  se  declare 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (at. 24.1 CE) de las 
demandantes, se declare la nulidad de todo lo actuado desde la notificación efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución, y se ordene retrotraer las actuaciones 
al momento inmediatamente anterior a dicha notificación «para que se le dé al recurrente 
posibilidad de contestar a la demanda».
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas por las 
partes  recurrentes,  argumenta  el  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional  que  las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  vulneran  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE) de las demandantes de amparo. Realiza un exhaustivo repaso por la 
doctrina  del  Tribunal  Constitucional  sobre  los  actos  de  comunicación  procesal  con 
expresa referencia a las SSTC 6/2019, de 17 de enero, 32/2019, de 28 de febrero, 
y 47/2019, de 8 de abril, de las que transcribe parte de su contenido. A continuación se 
refiere  los  preceptos  legales  aplicables  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  tras  las 
reformas operadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y Ley 42/2015, de 5 de 
octubre;  en  concreto  a  los  arts.  553,  135,  152.2,  155  y  273.  Finalmente,  copia  el 
contenido del fundamento jurídico 4 de la citada STC 47/2019 y concluye señalando que 
el juzgado «erró al desconocer la aplicabilidad de los arts. 155 y 273 al caso concreto, lo 
cual sería disculpable si al haber optado por esa inaplicación hubiera sido para elegir 
otras normas que hubieren garantizado con más vehemencia el derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión porque esas normas aseguraran a la parte llamada al 
procedimiento un mejor y más seguro conocimiento de la demanda que contra él se 
dirigía, es decir, si hubiere optado por el mecanismo de notificación que mejor asegurara  s
el resultado, pero es que justamente hace lo contrario, puesto que opta por dar validez a  oe.
la notificación en la dirección electrónica habilitada sin tener ninguna constatación de que  w.
cljauo dmimcuiainslim»c.aac ióhna ycao nl lelagsa dpoa rteas  seuje cduetastdinaast ayr inoo,  apcotru ól oc otna nlato  dinligoe nccoima perxoibgóib leu naal  óergfiacnaoz   2020-8137n https://ww
11.  Después de que los referidos recursos de amparo quedaron conclusos para 
sentencia, previa audiencia al Ministerio Fiscal y a las partes, por ATC 123/2019, de 28 
de octubre, se acordó su acumulación.
12.  Por providencia de 11 de junio de 2020 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto de los recursos de amparo acumulados y posiciones de las partes.
Los recursos de amparo se dirigen contra los autos dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 102-2018, en fechas 3 de julio y 27 de junio de 2018, que inadmitieron 
la oposición a la ejecución hipotecaria formulada por las entidades demandantes, dueña 
y  titular  registral  de  un  derecho  de  uso  y  disfrute  sobre  el  inmueble  hipotecado, 
respectivamente, al considerar que habían sido presentadas fuera del plazo legalmente 
establecido, y contra el auto de 26 de septiembre de 2018 que confirma aquellas 
decisiones al desestimarse los recursos de reposición interpuestos frente a ellas.
Como  con  más  detalle  se  ha  indicado  en  el  apartado  de  antecedentes,  las 
mercantiles demandantes sostienen que en el procedimiento de ejecución hipotecaria se 
ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) a 
consecuencia de una defectuosa notificación del auto que despachó la ejecución, ya que 
actuaron de acuerdo con las instrucciones contenidas en un correo electrónico que 
recibieron procedente del servicio de notificaciones electrónicas, accediendo al contenido 
de la notificación dentro del plazo establecido en tal correo y presentado los escritos de 
oposición dentro de los diez días siguientes a contar desde la apertura. En el trámite de 
alegaciones del art. 52 LOTC las dos entidades hicieron mención de la STC 47/2019, 
de 8 de abril, que trascriben en parte, a propósito del empleo de la dirección electrónica 
habilitada para el primer emplazamiento del demandando.
El Ministerio Fiscal, con sustento en los argumentos expuestos más arriba, propone 
la estimación del recurso de amparo al entender que ha sido vulnerado el derecho 
fundamental de las demandantes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 
CE),  mientras  que  la  entidad  Banco  Sabadell,  S.A.,  interesa  su  desestimación  por 
entender que no existe dicha vulneración.
2.  Doctrina constitucional y aplicación al supuesto enjuiciado.
La STC 47/2019, de 8 de abril, con remisión a lo declarado por el Pleno de este 
Tribunal en la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4, sobre la utilización de los medios 
electrónicos para la realización de los actos procesales de comunicación, estimó el 
recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE), al apreciar inadecuada la utilización de la dirección electrónica habilitada, 
de manera exclusiva, como único cauce de comunicación a fin de efectuar el primer 
emplazamiento de la persona jurídica demandada. De acuerdo a tales pronunciamientos, 
el régimen jurídico específicamente aplicable al primer emplazamiento se contiene en los 
arts. 155.1, 2 y 3 LEC y 273.4, párrafo segundo LEC, que exigen la «remisión al domicilio 
de los litigantes» (art. 155.1 LEC), lo que se estima incompatible con el empleo de 
medios electrónicos.
Muestra de la vinculación de los poderes públicos a la doctrina constitucional, de la  e.
que se ha hecho eco la STC 19/2020, de 10 de febrero, es que, tras la publicación de la  w.b
citada STC 47/2019, en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 2019, la  37ww
fSeecchrae t2a1rí ad eG menaeyroa ld ed e2 0l1a9 ,A ddimriginióis utrnaac iócno mduen icJaucsitóicni aa  dlaesl  sMeicnriesttaerríiaos  ddee  JGuosbtiiceiran,o  cdoenl 
cTorimbuunnaidl aSdeusp raeumtóon, omAuadsi,e cnitcaian doN alac iSoTnCal  4y7 /2t0ri1b9u,n eanle ssu  sfuunpdearimoreenst o djuer ídjuicsoti c4i,a p adrea  qluaes 
cuiden «que la doctrina interpretativa de las normas procesales reguladoras del primer
emplazamiento  de  personas  jurídicas  sentada  por  el  Tribunal  Constitucional,  cuyo 
obligado acatamiento impone la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea observada en 
todas las oficinas judiciales del territorio».
La doctrina establecida en las citadas SSTC 6/2019 y 47/2019, a cuyos fundamentos 
jurídicos nos remitimos, ha sido ya aplicada por este Tribunal para censurar el empleo de 
la  dirección  electrónica  habilitada  para  el  primer  emplazamiento  de  entidades 
demandadas  en  procesos  laborales  (SSTC  102/2019,  de  16  de  septiembre,  FJ  2; 
150/2019,  de  25  de  noviembre,  FJ  3,  y  7/2020,  de  27  de  enero,  FJ  2),  civiles 
(SSTC 122/2019, de 28 de octubre, FJ 3, y STC 19/2020, de 10 de febrero, FJ 2) y 
concursales (STC 129/2019, de 11 de noviembre, FJ 4). Finalmente, la STC 40/2020, 
de 27 de febrero, ha hecho aplicación de esta doctrina en el recurso de amparo que 
encabeza una serie de recursos de promovidos por las dos entidades demandantes 
respecto  de  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  dirigidos  contra  ellas  en  los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Lorca, serie a la que pertenecen los 
asuntos acumulados que nos ocupan.
La doctrina constitucional reseñada, aplicable al supuesto examinado, determina que 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca debió haber efectuado el 
primer  emplazamiento  de  las  entidades  demandadas,  aún  no  personadas  en  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria, mediante remisión al domicilio designado por la 
demandante, en lugar de realizarla por medios telemáticos a través de la dirección 
electrónica habilitada. Al no haberlo hecho así, con la consecuencia para las mercantiles 
demandantes de amparo expresadas, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE).
3.  Conclusión.
Los  recursos  de  amparo  han  ser  estimados  en  aplicación  de  la  doctrina  de  la 
STC 47/2019, de 8 de abril, y, en consecuencia, debe declararse la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de las entidades 
demandante. De conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la 
nulidad de los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca 
de 3 de julio, 27 de junio y 26 de septiembre de 2018, así como de todo lo actuado en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria desde el momento en que se proveyó a su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones hasta este momento a fin de que el juzgado proceda a efectuar dicho 
emplazamiento de manera respetuosa con el derecho fundamental de las demandantes 
de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar los recursos de amparo interpuestos por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y por Penrei Inversiones, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial  s
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). e.
2.º  Restablecerles en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 3 de  37ww
jIunlsiota, n2c7ia  dee  Injusntriou cyc ió2n6  ndúem s. e3p tdieem Lborerc ad ee n2 0e1l 8p, rodcicetdaidmoise nptoo r deel  eJjuezcguacdióon  dheip oPtreimcaerriaa 
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habilitada.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de efectuarse 
el emplazamiento de las demandadas para que se les comunique el despacho de 
ejecución en legal forma.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.