BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 189 Lunes 9 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 97269
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
13604 Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y 
el  Estatuto  de  Autonomía,  promulgo  y  ordeno  la  publicación  de  la  siguiente  Ley 
de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El artículo 27 de la Constitución española reconoce que todas las personas tienen 
derecho a la educación y establece los principios esenciales sobre los que se sustenta el 
ejercicio de este derecho fundamental.
Asimismo, el artículo 4.2.f) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, establece que a los padres, madres o tutores legales, como 
primeros responsables de la educación de sus hijos o hijas, les corresponde, entre otras 
obligaciones,  respetar  y  hacer  respetar  las  normas  establecidas  por  el  centro,  la 
autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.
Por su parte, el artículo 10.3.2.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza 
el acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les 
permita su realización personal y social, y el artículo 21 explicita los derechos concretos 
que  deben  respetarse  y  garantizarse  en  esta  materia;  el  artículo  52  establece  las 
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no 
universitaria.
Asimismo, el artículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece 
que  es  competencia  exclusiva  de  la  Comunidad  Autónoma  el  procedimiento 
administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad 
Autónoma,  la  estructura  y  regulación  de  los  órganos  administrativos  públicos  de 
Andalucía y de sus organismos autónomos.
II
La sociedad actual vive en constante cambio, no solo en términos materiales, de 
medios  y  metodológicos,  sino  que  con  ellos  también  han  cambiado  los  códigos  y 
principios que rigen nuestra convivencia en el ámbito social. Estos cambios se han 
trasladado  también  al  sistema  educativo,  lo  que  ha  provocado  que  el  papel  que 
tradicionalmente han jugado el profesorado, los padres y madres y el alumnado haya ido 
variando de forma paulatina.
No  obstante,  lo  que  no  ha  variado  con  el  paso  de  los  años  ha  sido  el  papel 
fundamental  que  el  profesorado  desempeña  en  la  formación  de  ciudadanos  y  e.e
ciudadanas responsables, prestando con ello un servicio esencial a toda la sociedad que  w.b
la Administración educativa debe poner en valor. 604ww
apreLnad asmocoise daa d caonndvaivliur zap aertsie npdoor  ddíaes  emstáas  dhieveterrsoidgaédn.e aR, elsou lqtau ep huaecse  funnedcaemsaerniota ql ueel 
claa rináscttietur cpiórenv eesnctiovloa ry  pdaer ad easvaarnrozallor  edne  ulan ac osnovcivieednacdia m qáuse  tdoelebrea nptoet,e qnuceia fro eml epnrotefe usno rmadeojo yr 
entendimiento y que apueste por el respeto de esta diversidad, fuente de riqueza social.
Como  garantía  del  derecho  fundamental  a  la  educación  es  importantísimo 
implementar medidas que incrementen y refuercen la valoración social de la función 
docente y la autoridad del profesorado, para que pueda desarrollar su labor con las 
máximas garantías. La necesidad de que se logre una conexión con el alumnado tal que 
permita una convivencia en un ambiente de respeto exige, junto con una atención más 
personalizada del alumnado y sus familias, dotar de autoridad al profesorado.
En este sentido, los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, establecen que corresponde a las Administraciones educativas velar por que 
el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia 
social de su tarea y prestar una atención prioritaria a la mejora de sus condiciones de 
trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la 
función docente y, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas 
oportunas  para  garantizar  la  debida  protección  y  asistencia  jurídica,  así  como  la 
cobertura de la responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven de su 
ejercicio profesional.
Asimismo, el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que 
los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados 
autoridad  pública.  En  los  procedimientos  de  adopción  de  medidas  correctoras,  los 
hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los 
centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad iuris 
tantum o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los 
respectivos  derechos  o  intereses,  puedan  señalar  o  aportar  los  propios  alumnos  y 
alumnas.
Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, regula 
en su artículo 23 diferentes medidas de apoyo al profesorado, disponiendo, entre otros 
aspectos, que la Administración educativa velará para que el profesorado reciba el trato, 
la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea, promoverá 
acciones que favorezcan su justa valoración y le proporcionará, en el caso del que preste 
servicio en los centros docentes públicos, la asistencia psicológica y jurídica gratuita por 
hechos que se deriven de su ejercicio profesional.
En el mismo sentido, el artículo 14.f) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del  Empleado  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30 
de octubre, establece como uno de los derechos de los empleados públicos la defensa 
jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan 
ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus 
funciones o cargos públicos.
Por lo que se refiere a la convivencia en los centros docentes, la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, establece en su artículo 127.1.e) la obligación de abordar en su proyecto 
educativo un plan de convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.
III
La presente Ley, solicitada reiteradamente por los principales representantes del 
profesorado, tiene como objeto reconocer la autoridad docente y destacar su figura como 
pilar fundamental del sistema educativo, con la finalidad de procurar un adecuado clima 
de convivencia en los centros docentes que contribuya a garantizar el pleno ejercicio del 
derecho a la educación de todo el alumnado. s
La  Ley  se  estructura  en  tres  capítulos,  dos  disposiciones  adicionales  y  dos  e.
disposiciones finales. En el capítulo I se definen el objeto y el ámbito de aplicación de la  w.
norma, los principios, derechos, deberes y objetivos generales, los derechos que asisten  604ww
aelj eprcroicfeios odrea dlao  fquunec ipórne sdtoac seenrtvei,c iaossí  ecno meol  Slais treemspao Ensdaubcialitdivaod  Pdúebl lriceos tod ed Ae nlad acluocmíau neind aedl 
medeudcioasti vfaís iecno sr ey latecciónno lócgoinc oesl. profesorado y el buen uso de las instalaciones docentes,  BOE-A-cable e
El  capítulo  II  reconoce  la  condición  de  autoridad  pública  del  profesorado,  la 
presunción de veracidad de los hechos constatados por este en los procedimientos de 
adopción de medidas correctoras y el derecho a la asistencia jurídica y psicológica por 
hechos que se deriven de su ejercicio profesional.
El capítulo III está dedicado a regular las medidas de apoyo al profesorado.
La Ley concluye con dos disposiciones adicionales, referidas al alcance de la norma 
en los centros privados no concertados y a la aplicación al personal de administración y 
servicios dependiente de la Consejería competente en materia de Educación de ciertas 
medidas contempladas en la presente Ley, y dos disposiciones finales que regulan la 
habilitación normativa y la entrada en vigor de la norma, respectivamente.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
La presente Ley tiene por objeto reconocer la autoridad pública del profesorado de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en los términos reconocidos en el artículo 124.3 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y consecuentemente fomentar la 
consideración y el respeto que le son debidos por el ejercicio de sus funciones y 
competencias,  con  el  fin  de  procurar  un  clima  de  convivencia  y  de  respeto  en  la 
comunidad educativa.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  La presente Ley será de aplicación en los centros docentes no universitarios, que 
impartan alguna de las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, con las siguientes excepciones:
a)  El artículo 5 será de aplicación exclusiva a los centros docentes de titularidad de 
la Junta de Andalucía.
b)  El  artículo  8.d)  solo  será  aplicable  al  profesorado  de  los  centros  docentes 
públicos.
c)  Los artículos 9.2 y 8.f) solo serán de aplicación al profesorado de los centros 
sostenidos con fondos públicos.
2.  El  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  se  entenderá  referido  al  conjunto  de 
actuaciones  incluidas  en  la  programación  general  de  la  enseñanza,  conforme  al 
artículo 2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, entre las 
que se incluyen las actuaciones que desarrollen los centros docentes para ofrecer 
nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo, de conformidad con 
lo establecido en el apartado 2 del citado artículo.
3.  Quedan comprendidos en el ámbito de la presente Ley, cualquiera que fuera el 
momento y el lugar en que se produjeren, los actos contrarios a la integridad física o 
moral  del  profesorado,  con  inclusión  del  ciberacoso  y  actos  de  naturaleza  similar, 
siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente.
4.  Igualmente comprenderán los actos que contra las direcciones de los centros, en 
el ejercicio de sus funciones, se lleven a cabo por parte de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. e.e
Artículo 3.  Principios, derechos, deberes y objetivos generales.
1.  La Ley, que se fundamenta en el respeto al derecho de todas las personas a la 
educación consagrado en el artículo 27.1 de la Constitución española y en el artículo 21 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se inspira en los siguientes principios:
a)  La consideración de la función docente, así como de la función directiva, como 
factores esenciales de la calidad de la educación, ostentando por ello la responsabilidad 
principal del proceso educativo y la autoridad que de las mismas se desprenden.
b)  La educación y la formación de calidad como herramientas esenciales para la 
igualdad de oportunidades, el progreso de las personas y el desarrollo de la sociedad.
c)  La  consideración  del  centro  docente  como  ámbito  de  aprendizaje  de  los 
principios de convivencia, respeto mutuo y colaboración y espacio para que el alumnado 
desarrolle al máximo sus capacidades, sus competencias y su personalidad.
d)  La autonomía de los centros como elemento determinante del funcionamiento y 
la gestión de los centros docentes, en particular en materia de convivencia escolar.
e)  La promoción de normas de convivencia adecuadas y la suficiencia de medios 
para velar por su cumplimiento.
f)  El  impulso,  por  parte  de  la  Administración  educativa,  de  los  mecanismos 
necesarios para facilitar la función del profesorado y su reconocimiento y prestigio social.
2.  Los  citados  principios  se  orientarán  fundamentalmente  al  reconocimiento, 
respeto, ejercicio correcto y efectiva garantía de los derechos y deberes de todas las 
personas  que  pertenecen  a  la  comunidad  educativa,  con  especial  consideración  al 
profesorado  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  docentes  y  directivas,  así  como  a  la 
protección  de  las  víctimas  de  violencia  escolar  y  al  alumnado  con  necesidades 
específicas de apoyo educativo.
3.  Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley, los representantes 
legales del alumnado deberán contribuir responsablemente a la educación de sus hijos e 
hijas en colaboración con el centro docente.
Asimismo,  los  representantes  legales  del  alumnado  y  las  instituciones  públicas 
competentes deberán colaborar en la obtención de la información que se precise para el 
ejercicio de la función educativa, así como en la aplicación de las normas que garanticen 
la convivencia en los centros docentes.
Artículo 4.  Derechos del profesorado en el ejercicio de la función docente.
Al  profesorado,  en  el  desempeño  de  su  función  docente,  se  le  reconocen  los 
siguientes derechos:
a)  A recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro 
como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, de las familias, del 
resto del profesorado y de otro personal que preste su servicio en el centro docente, 
conforme a la importancia social de la tarea que desempeña.
b)  A  desarrollar  su  labor  en  un  clima  de  orden  y  respeto  a  sus  derechos, 
especialmente a su integridad física y moral y a su dignidad, de conformidad con la 
normativa vigente.
c)  A tener la potestad y la autonomía, en el ámbito de sus competencias, para 
imponer medidas correctivas y tomar las decisiones necesarias, de manera inmediata, 
proporcionada y eficaz, de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la  e.e
normativa vigente, que le permitan mantener un clima adecuado de convivencia que  b
favorezca  el  estudio  y  aprendizaje  durante  las  clases  y  en  las  actividades  604ww
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parae )e l cAu mlap plimroiteenctcoi ódne  jluarsíd nicoarm ya ps sdiceo clóognivciav eandceiac.uada en el ejercicio de sus funciones
docentes, conforme al marco normativo aplicable.
f)  A ser apoyado por la Administración educativa, que velará por que el profesorado 
reciba el trato, consideración y respeto que le corresponde, para lo que se realizará la 
oferta de formación adecuada y programas y campañas que pongan en valor la función 
docente y contribuyan a mejorar su consideración y prestigio social, prestando especial 
atención a los aspectos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las redes sociales.
Artículo 5.  Buen uso de las instalaciones docentes, medios físicos y tecnológicos.
La dirección de los centros docentes y la Consejería competente en materia de 
Educación garantizarán el uso adecuado y conforme con el ordenamiento jurídico de las 
instalaciones docentes en su ámbito de competencia, así como de los tablones de 
anuncios o de cualquier otro medio físico o tecnológico, con el fin principal de evitar que 
sirvan de soporte a conductas injuriosas u ofensivas para el profesorado, el alumnado u 
otros miembros de la comunidad educativa.
A tal fin, la Consejería competente en materia de Educación velará por que los 
centros  docentes,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  determinen  en  sus  normas  de 
convivencia las medidas correctoras y las actuaciones preventivas adecuadas.
CAPÍTULO II
Protección jurídica y psicológica del personal docente
Artículo 6.  Reconocimiento de la condición de autoridad pública.
1.  El profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio de las 
funciones directivas, educativas, de orientación y disciplinarias que tenga atribuidas, 
tendrá la condición de autoridad pública.
2.  Conforme establece el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 
el profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía tendrán valor probatorio y 
disfrutarán de presunción de veracidad iuris tantum o salvo prueba en contrario, sin 
perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, 
puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas.
El contenido de la declaración ha de haber sido constatado directamente por el 
profesor o profesora y reflejará los hechos documentalmente, con claridad y precisión, 
exponiendo su versión de lo acontecido de la manera más objetiva posible.
Artículo 7.  Asistencia jurídica y psicológica.
Conforme a lo establecido en el artículo 105.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo,  de  Educación,  corresponde  a  la  Administración  educativa,  respecto  del 
profesorado y de las direcciones de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas 
para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la 
responsabilidad  civil,  en  relación  con  los  hechos  que  se  deriven  de  su  ejercicio 
profesional.
Por su parte, conforme establece el artículo 23.6 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  la  Administración  educativa  proporcionará 
asistencia  psicológica  y  jurídica  gratuita  al  personal  docente  de  todos  los  niveles 
educativos, a que se refiere la citada Ley, que preste servicios en los centros docentes  e.
públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional. La asistencia jurídica  w.
consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sean el órgano y el  604ww
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centros educativos, a través de las direcciones de los mismos, y las delegaciones 
territoriales de Educación, a través de sus servicios jurídicos y de inspección.
La  citada  asistencia  jurídica  será  de  aplicación  al  personal  docente  que  preste 
servicios en centros públicos, mientras que la citada asistencia psicológica será de 
aplicación al personal docente que preste servicios en centros sostenidos con fondos 
públicos.
CAPÍTULO III
Medidas de apoyo al profesorado
Artículo 8.  Protección y reconocimiento.
La  Consejería  competente  en  materia  de  Educación  adoptará  las  medidas  de 
protección y reconocimiento siguientes:
a)  Favorecer en todas las etapas educativas el reconocimiento de la labor del 
profesorado en el desarrollo de sus funciones docentes y directivas.
b)  Reconocer la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado, dando a conocer 
el desarrollo de buenas prácticas.
c)  Formar e informar al personal docente en relación a los principios, derechos y 
protección jurídica, relativos al contenido de esta Ley, en la que se reconoce la condición 
de autoridad del profesorado.
d)  Desarrollar  protocolos  de  actuación  que  permitan  articular  eficazmente  la 
protección, asistencia y apoyo al profesorado en el desarrollo de sus funciones docentes 
y directivas.
e)  Favorecer  el  funcionamiento  de  comisiones  de  convivencia  en  los  centros 
educativos como medida preventiva y de mejora de la convivencia escolar en la que 
participe la comunidad educativa.
f)  Reconocer la importante labor del personal docente con medidas que incidan en 
la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.
g)  Reconocer, de forma específica, la importante labor de los equipos directivos en 
los  centros  docentes,  con  medidas  que  incidan  en  la  mejora  de  sus  condiciones 
laborales y retributivas.
h)  Considerar la veracidad de la evaluación realizada por el profesorado y, en su 
caso, por el departamento o equipo docente de ciclo, ante reclamaciones que pudiesen 
realizar el alumnado o sus familiares ante la Inspección Educativa o la Delegación 
Territorial de Educación correspondiente.
Artículo 9.  Responsabilidad y reparación de daños.
1.  El alumno o alumna tiene la obligación de reparar los daños que cause individual 
o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los 
materiales del centro y a las pertenencias de todos los miembros de la comunidad 
educativa, haciéndose cargo, en su caso, del coste económico de su reparación, sin 
perjuicio de la aplicación de lo establecido en el artículo 1.903 del Código Civil, que 
recoge que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se 
encuentren bajo su guarda, así como en las normas que regulan la responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas. s
Asimismo, el alumno o alumna tendrá la obligación de restituir lo sustraído o reparar  e.
económicamente el valor de este, cuando no sea posible la restitución. w.
2.  En los casos de agresión física o moral al profesorado causada por el alumno o  604ww
lrae coanluomcimnaie, ntsoe e scpoonnstáidneeroa rádne  lac irincuconrsrteacncciióans  deq ulea  caotnednuúcatan,  alas í creosmpoo nlas arbeiplidaaradc ióenl 
espontánea del daño producido y la petición de excusas.
3.  Cuando  los  hechos  pudieran  ser  constitutivos  de  infracción  penal,  la 
Administración educativa los pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, oídas la 
dirección del centro y las personas afectadas, sin perjuicio de la adopción de medidas 
cautelares oportunas.
4.  La responsabilidad civil del profesorado y de las direcciones de los centros 
quedará cubierta por la Administración, según las normas que regulan la responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas.
Disposición adicional primera.  Centros docentes de titularidad privada.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio,  reguladora  del  Derecho  a  la  Educación,  los  centros  privados  no  concertados 
gozarán  de  autonomía  para  establecer  su  régimen  interno,  elaborar  el  proyecto 
educativo y establecer las normas de convivencia.
Disposición adicional segunda.  Aplicación al personal de administración y servicios 
dependiente de la Consejería competente en materia de Educación.
Las  medidas  contempladas  en  esta  Ley,  relativas  al  uso  de  espacios  públicos, 
medios físicos y tecnológicos, asistencia jurídica y psicológica, protección y reparación 
de daños, serán de aplicación al personal de administración y servicios dependiente de 
la  Consejería  competente  en  materia  de  Educación  por  hechos  producidos  en  el 
desarrollo de su labor profesional en los centros educativos del sistema público andaluz.
Disposición final primera.  Desarrollo de la Ley.
El  desarrollo  reglamentario  de  esta  Ley  se  llevará  a  efecto  por  el  Consejo  de 
Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de 
Autonomía y en el 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».
Sevilla, 26 de julio de 2021.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno Bonilla.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 146, de 30 de julio de 2021)