BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 329 Viernes 18 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 116435
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16476 Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Cartagena n.º 3 a inscribir una Resolución de 
la Dirección General de Patrimonio del Estado por la que se adjudica una 
finca, previa declaración del Estado como heredero abintestato.
En el recurso interpuesto por don J. A. P. P., Delegado Especial de Economía y 
Hacienda de Murcia, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Cartagena 
número 3, doña María del Carmen García-Villalba Guillamón, a inscribir una Resolución 
de la Dirección General de Patrimonio del Estado por la que se adjudica una finca, previa 
declaración del Estado como heredero abintestato.
Hechos
I
Por  la  Dirección  General  de  Patrimonio  del  Estado,  a  través  de  la  Delegación 
Especial  de  Economía  y  Hacienda  en  Murcia,  previa  la  tramitación  del  oportuno 
procedimiento, se procedió a declarar al Estado como heredero abintestato de don 
P.M.R., adjudicándose la finca registral 12008.
II
La citada Resolución, junto con el oportuno oficio suscrito por J. A. P. P., Delegado 
Especial de Economía y Hacienda en Murcia, se presentó en el Registro de la Propiedad 
de Cartagena número 3, siendo objeto de calificación en los siguientes términos: «I.–
Hechos: 1.º  Con fecha 16 de julio de 2020 se ha presentado bajo el asiento 425 del 
Diario 30 oficio remitido al Registro de la Propiedad de Cartagena n.º 3, suscrito por el 
Delegado Especial de Economía y Hacienda de Murcia, don J. A. P. P. el día 15 de julio 
de 2020, junto con resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado, de 
fecha 23 de noviembre de 2017, en la que la Administración General del Estado ha sido 
declarada  única  y  universal  heredera  a  beneficio  de  inventario,  de  don  P.M.R., 
adjudicándose los bienes y derechos descritos en el inventario de la herencia. Se solicita 
la inscripción de la finca 12008 de la Sección 1.ª a favor de la Administración General del 
Estado,  Delegación  de  Economía  y  Hacienda,  como  bien  patrimonial.  2.º  Se 
acompañan los siguientes documentos: a) Auto dictado el uno de marzo de dos mil 
dieciocho  por  la  magistrada  juez  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  Número  3  de 
Cartagena, que se encuentra incompleto, si bien se ha procedido a obtener por la que se 
suscribe un ejemplar completo del mismo a través del código seguro de verificación. b) 
Certificación suscrita el día 14 de julio de 2020 por el Delegado Especial de Economía y 
Hacienda de Murcia, don J. A. P. P. haciendo constar la firmeza en vía administrativa de 
la resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado de 23 de noviembre 
de 2017. c) Oficio suscrito por don J. A. P. P. haciendo constar su cese en la intervención  e.e
y administración del caudal hereditario, al haber sido declarado heredero el Estado. d)  b
Acta de toma de posesión de finca situada en (…) de Cartagena, suscrita por doña I. C.  476ww
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dcoen ldai csióenc ceiónn q u1e.ª  sduesl cRribeeg islatr oci tdaed al aa cPtaro. peie) dFaodto dceo pCiaa drtea gneontaa  sniúmmpeler od e3 ,l af oftinoccao p1ia2s.0 0d8e 
notas simples de fincas correspondientes a la demarcación de otro Registro y fotocopia
de diligencia de notificación, que, dado su carácter de meras fotocopias, no pueden ser 
tenidas en cuenta en la calificación registral, de acuerdo con el principio de legalidad. f) 
Oficio suscrito por don J. A. P. P. dirigido a don P.G.A.C. (abogado) en representación de 
don B.M.A., doña M.J.M.M., doña J.L.M.O., don G.M.O. y don P.M.M. g) Documento 
firmado electrónicamente por el abogado del Estado el día 15 de julio de 2020 en que 
presta su conformidad, por ser conforme a derecho, a la inscripción de la finca 12.008 a 
favor del Estado en el Registro número 3 de Cartagena, por herencia de don P.M.R. 3.º 
En el oficio, se contienen, entre otros, los siguientes extremos: –Que por resolución, hoy 
firme en vía administrativa, de la Dirección General del Patrimonio del Estado de 23 de 
noviembre de 2017 la Administración General del Estado fue declarada heredera única y 
universal, a beneficio de inventario de don P.M.R., adjudicándose al Estado los bienes y 
derechos descritos en el inventario de la herencia que constan en la resolución, entre 
ellos, la finca registral 12008 de Cartagena inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3. –Que mediante auto de 1 de marzo de 2018 del Juzgado de Primera Instancia 
n.º  3  de  Cartagena  se  acuerda  cesar  la  intervención  y  administración  del  caudal 
hereditario y autoriza al Estado a tomar posesión de los bienes y derechos del causante, 
habiendo tomado posesión el Estado de la finca mediante acta de toma de posesión de 
fecha 3 de diciembre de 2018. –Que el día 15 de enero de 2019 se presentó escrito 
solicitando la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad, siendo calificado 
negativamente el día 25 de abril de 2019, suspendiendo la inscripción solicitada al 
señalar que «tan sólo se afirma la renuncia de los herederos legítimos conocidos así 
como la falta de identificación de otros posibles herederos, sin que se contenga particular 
alguno relativo a la existencia o no de descendientes, ascendientes u otros posible 
parientes colaterales con derecho a heredar». Que «yendo más allá de lo que requiere 
nuestras obligaciones legales», realizamos una búsqueda aleatoria, usando la base de 
datos del Catastro, practicándose 29 notificaciones aleatorias, con resultado negativo, 
excepto  las  que  citan  a  continuación  que  «han  comparecido  como  supuestos 
herederos»:  don  B.M.A.,  sobre  el  cual  el  Registro  Civil  no  aportó  certificado  de 
nacimiento que acredite su parentesco, que manifiesta ser pariente en 4.º grado del 
causante, como primo hermano; doña J. y don P.M.M. y doña J.L. y don G.M.O., que 
manifiestan  ser  herederos  en  5.º  grado,  que  pretenden  heredar  por  delación  del 
artículo 1006 del código Civil, por la muerte de don J.A.M.A., por ser hijos de éste, que 
manifiestan  que  su  padre  era  primo  hermano  de  don  P.M.R.  y  que  falleció  con 
posterioridad a éste. –Que tales personas, presuntos herederos, solicitaron personarse 
en el procedimiento a través del abogado don P.G.A.C., expresándose en el oficio que 
aquéllos no han comparecido voluntariamente sino a requerimiento de la Delegación de 
Economía y Hacienda, teniendo todos su domicilio en Cartagena, por lo que se presume 
en el oficio que enterados de la muerte del causante y «que presumiblemente estaban 
esperando que el Estado resolviera el problema de las múltiples ocupaciones para 
después reclamar la herencia». –Que se notificó a los presuntos herederos ofrecimiento 
de acciones para que las ejercieran en la forma que preceptúa el artículo 20 bis, 
apartado 8 de la LPAP, ya que no es el Estado el que tiene que reconocer o no el 
presunto  título  de  los  presuntos  herederos,  sino  la  Jurisdicción  Civil.  –Que,  dicha 
notificación se hizo efectiva «tras una labor detectivesca», requiriéndose a los presuntos 
herederos para que, en el plazo de un mes, realicen lo siguiente: «1.–Interpongan 
demanda ante el Juzgado de 1.ª Instancia correspondiente solicitando que el mismo 
anule la Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado de fecha 23 de 
noviembre de 2017 y los declare herederos del señor M. 2.–O que, en el mismo plazo, si  s
no interponen la citada demanda, renuncien a sus presuntos derechos hereditarios ante  oe.
notario. Si en el citado plazo no hacen ni una cosa ni otra, esta Delegación entenderá  w.
que hacen dejación de sus presuntos derechos y reiniciará la gestión y liquidación del  476ww
daeb inEtecsotnaotom»í.a – yQ uHea, chieanbdiean, dcoo mtraon shceurerrdideora e ll epglaítzimo ac oyn cceodni dtoít udloe  ufirnm me,e sh,a l ar eDineilceigaadcoi ólna 
gdeesreticóhno sy  dliqeu tiedracceiórons  ddeel  abbuiennteas ftea toq.u eS eti eenxepnre psean qduieen tsee  dteie nfinea elizna cr uceonnttar aatodse mdeá sv e«nlotas   BOE-A-cable e
con el Estado y a los que esta situación les está perjudicando», afirmación que resulta 
incomprensible dado que la venta de bienes por parte del Estado requiere, entre otros 
extremos, la «previa» depuración jurídica de la finca, conforme al artículo 136.1 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, lo que en el presente caso no se ha producido. –Que el 
artículo  20  ter  4)  de  la  LPAP  establece  que  como  título  inscribible  favor  de  la 
Administración la declaración administrativa de heredero abintestato que contenga la 
adjudicación de los bienes hereditarios o, en su caso las resoluciones posteriores del 
Director General del Patrimonio del Estado o del Delegado de Economía y Hacienda 
acordando la incorporación de bienes y derechos al caudal relicto y su adjudicación. Se 
adjunta como «prueba» de ello «la inscripción a nombre del Esto de los inmuebles 
rústicos de esta misma herencia en otro Registro de la Propiedad de Cartagena». –Que 
se adjunta dictamen del abogado del Estado que informa que la solicitud de inscripción 
de la finca está ajustada a derecho. Tal documento se ha relacionado bajo el apartado i) 
del  Hecho  2.º  del  presente  acuerdo  de  calificación  negativa.  4.º  En  la  resolución 
administrativa dictada el día 23 de noviembre de 2017 se hacen constar, entre otros, los 
siguientes extremos: –el fallecimiento en estado de soltero del causante el día 11 de abril 
de 2015, acreditado en el expediente mediante certificado de defunción; –la falta de 
otorgamiento de testamento, acreditado en virtud del certificado del Registro General de 
Actos de Ultima Voluntad; –la autorización de escrituras de renuncia a la herencia 
causada,  otorgadas  por  doña  I.M.R.,  doña  C.M.R.–hermanas  del  causante–,  doña 
I.G.M.–sobrina del causante–, don P.J.H.M.–sobrino del causante– y sus dos hijos, don 
R.H.S.M. e I.H.S.M.; –la acreditación de que los herederos legítimos conocidos han 
renunciado válidamente a la herencia y que no ha comparecido ninguna persona que 
pretendiese ser heredera del causante ni se han identificado otros posibles herederos. 
La falta de aportación de documentos en los que se pudiera fundar una duda razonable 
respecto  a  la  existencia  de  otros  herederos  legítimos;  –la  consideración  de  que 
existiendo renuncia de los herederos y no habiendo comparecido ninguna persona que 
alegue tener derecho a la herencia ni localizado otros posibles herederos legales, se 
puede considerar que el causante carece de herederos. 5.º  En la resolución no consta 
suficientemente descrita la finca, si bien tal descripción aparece en el acta de toma de 
posesión. II.–Fundamentos de derecho: 1.º  La resolución administrativa sólo tiene en 
consideración hermanos e hijos de hermanos y nietos de hermano/a del causante, sin 
que conste la inexistencia o premoriencia de otros colaterales hasta el cuarto grado, 
extremo que habría de acreditarse para la procedencia de la declaración a favor del 
Estado,  resultando  en  cambio  del  oficio  presentado  la  existencia  de  parientes  que 
pudieran tener derecho a heredar. Para que proceda la declaración a favor del Estado, 
ha de estar acreditada la inexistencia o premoriencia de parientes con derecho a heredar 
abintestato (artículos 954 y 956 del Código Civil). En este sentido, la Dirección General 
de los Registros y del Notariado en resolución de 13 de febrero de 2019, se refiere a «la 
exigencia de la concurrencia, como presupuesto previo necesario para la declaración a 
favor del Estado, de la condición negativa de la inexistencia de otras personas con 
derecho a heredar abintestato, hecho que ha de quedar acreditado plenamente». En el 
presente caso, no sólo no se acredita la inexistencia de esas otras personas con derecho 
a heredar abintestato, sino que de la documentación acompañada y del contenido del 
oficio suscrito el día 15 de julio de 2020 resulta la existencia de posibles herederos, sin 
que  la  falta  de  atención  por  tales  parientes  al  requerimiento  efectuado  por  la 
Administración justifique la procedencia de la declaración a favor del Estado con el 
posible efecto, en su caso, de vulneración del orden de llamamientos establecido en el  s
Código Civil. La Delegación de Hacienda, teniendo conocimiento de la existencia de  oe.
personas que, en su caso, puedan tener derecho a la herencia, considerando por su  w.
inacción que han hecho dejación de sus derechos, mantiene la legalidad de la resolución  476ww
einna cqcuieó nh an os idsoe ad eecqluairpaadraa bhleer eedne rmao ldao A adlmguinnisot raa cuiónna  Greennuenrcaila d eeln E ssetandtiod,o a juunrí dciucaon yd oa utanl 
qcuuaen dtieon lea  pqruoep irae cAodnmoicneisr troa cnióon  epl opnree sduen tmo atnítiufielos tdoe e nlo se l porfeicsiuon qtouse  hneor eedse erol sE, sstaindoo  leal   BOE-A-cable e
Jurisdicción Civil. No resulta de la resolución la totalidad de los particulares necesarios 
para la práctica de la inscripción, incluyendo todos los que permitan alcanzar el corolario 
de la determinación individualizada de los llamamientos hereditarios operada por la ley, 
como  expresa  la  citada  resolución  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, ya que tan sólo se afirma la renuncia de los herederos legítimos conocidos así 
como la falta de identificación de otros posibles herederos, sin que se contenga particular 
alguno relativo a la existencia o no de descendientes, ascendientes u otros posible 
parientes  colaterales  con  derecho  a  heredar.  Por  otra  parte,  de  la  documentación 
acompañada y del contenido del oficio suscrito el día 15 de julio de 2020 resulta la 
existencia de parientes que pudieran tener derecho a heredar dentro del cuarto grado 
como determina el artículo 954 del Código Civil. Expresa el oficio que a tales parientes 
se les realiza una notificación para que efectúen determinadas actuaciones y habiendo 
transcurrido el plazo concedido por la Administración, estima ésta que han decaído sus 
derechos,  ignorándose  además  el  apoyo  legal  de  tal  actuación  por  parte  de  la 
Administración. En relación con el ámbito de las facultades del registrador para calificar 
la declaración de herederos abintestato a favor de la Administración General del Estado, 
hay  que  recodar  conforme  a  reiteradísima  doctrina  de  la  Dirección  General  de  los 
Registros y del Notariado, en la actualidad, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, que el registrador puede y debe calificar las posibles discordancias entre la 
declaración de herederos realizada en el acta notarial (y lo mismo ha de afirmarse en el 
caso de la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado por 
identidad de razón) y lo que resulte del correspondiente llamamiento legal, así como la 
no acreditación de los presupuestos legales para la apertura de la sucesión intestada. 
Cuando  el  ejercicio  de  las  potestades  administrativas  haya  de  traducirse  en  una 
modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, 
además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, 
que impone el filtro de la calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la 
Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento. En virtud de lo expuesto, acuerdo el día 4 de 
agosto de 2020 suspender la inscripción solicitada por el defecto señalado bajo el 
número 1.º de los Fundamentos de Derecho y sus correlativos Hechos. En Cartagena, a 
cuatro de agosto de dos mil veinte. La registradora: Firmado: María del Carmen García-
Villalba Guillamón».
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  J.  A.  P.  P.,  Delegado  Especial  de 
Economía  y  Hacienda  en  Murcia,  interpuso  recurso  ante  esta  Dirección  General 
atendiendo a los siguientes argumentos: «Hechos y fundamentos. En fecha 15 de julio 
de 2020 el recurrente presentó en el Registro de la Propiedad N.º 3 de Cartagena 
(Murcia) Certificación suscrita el 14 de julio de 2020 en la que se hacía constar la firmeza 
de la Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado, de fecha 23 de 
noviembre  de  2017  en  la  que  se  declara  a  la  Administración  General  del  Estado 
heredera única y universal, a beneficio de inventario, de don P.M.R. y se solicitaba la 
inscripción de las fincas de dicha herencia adjudicadas al Estado. Dicho documento 
administrativo  presentado  fue  objeto  de  calificación  negativa,  con  fundamento  en 
apreciaciones que se refieren a la no acreditación por el Estado de la existencia o 
premoriencia de colaterales hasta el cuarto grado del difunto que pudieran tener derecho 
a heredar. Continúa señalando el escrito de calificación negativa que, dado que el  s
registrador debe calificar las posibles discordancias entre la declaración de herederos  e.
realizada en acta notarial y lo que resulte del correspondiente llamamiento legal, así  w.
como la no acreditación de los presupuestos legales para la apertura de la sucesión  476ww
idnetel sEtasdtaad o« lop omr isidmeon thidaa dde d aef irrmazaórsne» .e nD ieclh caa saorg duem deenctalacriaócni óens  aedrmróinniesatr ayt ivdae sacboinntoecseta tlao 
pDreerseucnhcoió nA ddme inviasltirdaetziv oy,  eyje ceuxtpivriedsaadm deen tloes  raecctoonso aciddma ineisnt ralotisv oasr, títcraudloic io3n8a ly  en3 9n udees trlao   BOE-A-cable e
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas,  señalando  el  art.  39.1  que  «Los  actos  de  las 
Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y 
producirán efectos desde la fecha en que se dicten» añadiendo el artículo 39.4 de la 
misma norma que» Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones 
Públicas en el ejercicio de sus propias competencias deberán ser observadas por el 
resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o 
pertenezcan  a  otra  Administración».  Dicha  presunción  de  veracidad  y  ajuste  a  la 
legalidad únicamente puede ser privada de eficacia en un procedimiento judicial instado 
por quien demuestre interés en su revisión teniendo en cuenta,además, que en el 
presente caso el acto administrativo que declara al Estado heredero abintestato, la 
Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado, de fecha 23 de noviembre 
de 2017, es un acto administrativo firme, no pudiendo la señora registradora negar la 
ejecutividad derivada del mismo y, en consecuencia, no pudiendo denegar la inscripción 
del derecho de propiedad del Estado sobre las fincas adjudicadas, derivadas de dicho 
acto  administrativo  firme.  Específicamente,  respecto  a  la  declaración  de  herederos 
abintestato, dispone el artículo 20 bis 8. de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, «8. Los actos administrativos dictados en el 
procedimiento previsto en esta sección sólo podrán ser recurridos ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa  por  infracción  de  las  normas  sobre  competencia  y 
procedimiento,  previo  agotamiento  de  la  vía  administrativa.  Quienes  se  consideren 
perjudicados en cuanto a su mejor derecho a la herencia u otros de carácter civil por la 
declaración  de  heredero  abintestato  o  la  adjudicación  de  bienes  a  favor  de  la 
Administración podrán ejercitar las acciones pertinentes ante los órganos del orden 
jurisdiccional civil, previa reclamación en vía administrativa conforme a las normas del 
Título  VIII  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». En el presente 
caso ninguna acción se ha ejercitado por nadie que se crea con mejor derecho que el 
Estado sobre la herencia en cuestión, por lo que el acto administrativo de adjudicación a 
favor de la Administración General del Estado es un acto firme del que derivan derechos 
susceptibles  de  inscripción  registral,  que  no  pueden  ser  desconocidos  por  la  Sra. 
Registradora N.º 3 de Cartagena. La calificación negativa de la registradora es contraria, 
dicho sea en términos de documentos administrativos que el registrador ha de limitarse, 
al artículo 99 del Reglamento Hipotecario, sin entrar a valorar sobre el acierto intrínseco 
de la decisión administrativa que en aquellos se contiene, pues, ello supondría interferir 
en el procedimiento administrativo extemporáneamente y negar la presunción de validez 
y  ejecutividad  del  acto  administrativo  dictado  por  el  órgano  competente  para  ello 
conforme al procedimiento establecido siendo firme dicho acto y no existiendo contienda 
judicial alguna que discuta su legalidad. En consecuencia, el título inscribible es la 
Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado, de fecha 23 de noviembre 
de 2017, y como quiera que ésta ordena incondicionadamente la inscripción a favor del 
recurrente y se trata de una resolución que tiene aptitud legal para provocar tal asiento, 
el registrador ha de estar y pasar por tales declaraciones y practicar la inscripción 
solicitada,  pues  de  lo  contrario,  el  registrador  se  interferiría  en  el  procedimiento 
administrativo de declaración de herederos, de forma improcedente. Así sucede en este 
caso, donde las consideraciones por parte del registrador corresponden propiamente al 
fondo de la resolución administrativa, por lo que fundarse en tales argumentos a la hora 
de  proceder  a  su  calificación  registral  supone  una  extralimitación  de  su  función  s
calificadora  respecto  de  los  documentos  administrativos.  Por  tanto,  solicito  que  se  oe.
revoque la calificación, acordando la inscripción, puesto que la Resolución administrativa  w.
en el expediente de declaración de herederos ab intestato, en favor del Estado, es clara  476ww
eú niincdau yb ituandiave ersna el ld see ndtoidno P q.Mue.R d. eyc llaer aa daj ulad icAad ma ilnai smtraiscmióan  lGose nbeieranle ds eql uEes tcaodnos thaenr eedne real 
Linevye n3ta3r/2io0 0d3e,  dlae  hPearterinmcoian, ioe nd ea plalisc aAcdiómn indiset raloc iodnisepsu ePsútbol iceans  ey,l  eanrt . c2o0n sebcisu e6n cdiae,  llaa   BOE-A-cable e
Registradora debe atenerse al pronunciamiento administrativo firme, procediendo a su 
inscripción.».
IV
La registradora de Cartagena número 3, doña María del Carmen García-Villalba 
Guillamón, emitió informe en el que mantuvo íntegramente su calificación, formando el 
oportuno expediente que ha elevado a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 14, 16 y 38 de la Ley Hipotecaria; 193 y siguientes, 40 y 954 
a 958 del Código Civil; 20.6, 20 bis y 20 ter de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas; 17 de la Ley del Notariado; 74 y siguientes 
de  la  Ley  15/2015,  de  2  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Voluntaria;  4  a  16  del  Real 
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; 76 
y 99 del Reglamento Hipotecario; Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
de 11 de diciembre de 1964, 15 de abril y 16 de junio de 2011, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado (hoy Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública) de 7 de noviembre de 2001, 27 de febrero de 2002, 4 de junio 
de 2002, 14 de noviembre y 2 de diciembre de 2008, 7 de marzo de 2009, 13 de 
diciembre de 2010, 12 de noviembre de 2011, 12 de junio de 2012, 12 y 16 de noviembre 
de 2015, 20 de diciembre de 2017 y 2 de agosto y 17 de septiembre de 2018, 13 de 
febrero y 6 de agosto de 2019 y 15 y 23 de enero de 2020.
1.  El presente recurso tiene como objeto la Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio del Estado por la que se procede a declarar a este como heredero abintestato 
de una persona y se le adjudica la finca 12008.
La registradora suspende la inscripción por entender que falta el presupuesto previo 
imprescindible para que el Estado sea declarado heredero, en tanto no consta acreditada 
la inexistencia de parientes del causante con mejor derecho a sucederle en vía intestada.
El Estado considera que ha quedado acreditado que las únicas personas, que han 
alegado en el expediente su posible condición de herederas intestadas, han tenido 
oportunidad de impugnar esta resolución y, por tanto, han de considerarse renunciantes 
a dichos derechos. Por otro lado, en el recurso se alega la imposibilidad de que la 
registradora revise el fondo de la resolución administrativa a través de su calificación.
2.  Como cuestión preliminar ha de hacerse mención del hecho de que junto a la 
documentación objeto de calificación se acompañen notas simples de otros Registro de 
las que resulta que el título ha sido inscrito en ellos.
Al respecto es preciso recordar una vez más que el registrador al llevar a cabo el 
ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción 
no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las 
calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la 
anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros 
títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del 
principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, Resoluciones de 13 
de marzo y 8 de mayo de 2012, 11 de marzo y 10 de julio de 2014, 25 de marzo de 2015 
y 30 de noviembre de 2018). e.e
De  lo  anterior  no  resulta  un  perjuicio  para  la  seguridad  jurídica  ya  que  los  b
mecanismos previstos en el ordenamiento para la revisión de las decisiones de los  476ww
rdeegfeisntrsaad doere ssu,  cpoomsioci ólon  jeusr ídeisctae  eenx ptéerdmieinnotes  qduee r seuc udresore, cghaor aan ltaiz ianns cari plocisó nin steerae sreavdiossa dloa 
ya,c tueanc isóun .caso,  confirmado,  así  como  el  establecimiento  de  criterios  uniformes  de
3.  En segundo lugar, en relación con el ámbito de las facultades del registrador 
para  calificar  la  declaración  de  herederos  abintestato  a  favor  de  la  Administración 
General  del  Estado,  cuestionadas  por  el  recurrente,  hay  que  recodar  conforme  a 
reiteradísima doctrina de este Centro Directivo que el registrador puede y debe calificar 
las posibles discordancias entre la declaración de herederos realizada en el acta notarial 
(y lo mismo ha de afirmarse en el caso de la declaración administrativa de heredero 
abintestato  a  favor  del  Estado  por  identidad  de  razón)  y  lo  que  resulte  del 
correspondiente llamamiento legal, así como la no acreditación de los presupuestos 
legales para la apertura de la sucesión intestada.
Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964 «la 
declaración judicial de herederos abintestato no es más que algo individualizador de un 
llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma legal, carente de eficacia 
jurídico-material y meramente limitado a justificar formalmente una titularidad sucesoria 
preexistente ope legis». En el mismo sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 
de abril y 16 de junio de 2011 insisten en que el auto de declaración de herederos no 
tiene carácter constitutivo de la condición de heredero, que está determinada por el 
llamamiento legal. De esta forma, todo aquello que las separe de esta finalidad resultará 
incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser calificado por el registrador. 
Así  lo  entendieron  ya  la  Resolución  de  esta  Dirección  General  de  5  de  diciembre 
de 1945, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de Cataluña de 26 de julio 
de 1993 y la Resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 
Cataluña de 11 de julio de 2007.
También  lo  han  reiterado  las  Resoluciones  de  este  Centro  Directivo  de  12  de 
noviembre de 2011, 12 de junio de 2012, y las más recientes de 12 y 16 de noviembre 
de 2015 y 2 de agosto y 17 de septiembre de 2018 y 13 de febrero de 2019. Como 
aclaraba la primera de estas Resoluciones «(...) la declaración de herederos abintestato 
no produce excepción de cosa juzgada en juicio declarativo y que los herederos legales 
de doña F. A. A. no han sido citados en el procedimiento de jurisdicción voluntaria de 
declaración de herederos. En efecto, en el caso que nos ocupa, del relato fáctico de la 
resolución,  como  se  ha  indicado,  resulta  de  modo  inequívoco  que  corresponde  la 
condición de heredero de doña F. A. A. a su cónyuge y no a sus hermanos, por lo que la 
resolución es incongruente con el procedimiento en el que se ha dictado y la calificación 
del registrador debe ser confirmada. Además, tratándose de un llamamiento legal, y 
pudiendo el registrador conocer quiénes son los herederos abintestato del causante, a la 
incongruencia de la resolución se añaden los obstáculos que surgen del Registro, al 
otorgarse  la  escritura  de  partición  por  quienes  no  son  los  herederos  del  causante 
afectando a la validez del propio negocio jurídico particional (cfr. artículos 14 y 20 de la 
Ley Hipotecaria, y 80 del Reglamento Hipotecario). Sostener lo contrario supondría 
admitir el carácter constitutivo del auto dictado, al atribuir la condición de herederos a 
quienes no han sido llamados por la ley, prescindiendo de los verdaderos herederos y sin 
que los mismos hayan podido intervenir en el procedimiento en el que la resolución se ha 
dictado».
Obviamente, siendo ello así en relación con un auto judicial de declaración de 
herederos abintestato dictado en el procedimiento judicial correspondiente (supuesto al 
que se refería la Resolución transcrita), con no menor fundamento ha de aplicarse tal 
doctrina en relación con las actas notariales de declaración de herederos abintestato 
(vid.  Resoluciones  citadas  en  los  «Vistos»),  y  en  relación  con  las  declaraciones 
administrativas de heredero abintestato a favor del Estado por identidad de razón. s
Así lo confirman las recientes Resoluciones de 20 de diciembre de 2017 y 2 de  oe.
agosto de 2018, que en alusión a las Resoluciones de 12 y 16 de diciembre de 2015  w.
afirman que «en los supuestos de estas dos Resoluciones, la respectiva acta de cierre  476ww
ndeec elas adrieocsl apraacraió nla  dcea lihficearecdióenr oes  ianbscinrtipecsitóanto  replraetisveonst aad ala  inacpoerrptuorraa bdae  tload sousc elossió nd,a tlooss 
cpoamrtipceutlaernecsia d ed ella  nportuaeriboa,  fpercahcati cdaed an eanc imquieen tsoe  ya pdoey afa llale cdimecielanrtaoc iódne l dcea unsoatonrtiee,d alad ,l elay   BOE-A-cable e
reguladora de la sucesión, estado civil y cónyuge, número e identificación de los hijos, 
último domicilio del causante, con expresión de los parientes concretos que gozan de la 
preferencia  legal  de  órdenes  y  grados  de  sucesión  con  la  específica  y  nominativa 
declaración de herederos abintestato, siendo congruente el acta respecto del grupo de 
parientes declarados herederos por lo que este Centro Directivo concluyó que no podía 
exigirse  que  se  aportara,  además,  el  acta  previa  en  que  se  documentó  el  inicial 
requerimiento  al  notario  autorizante  (Resolución  de  12  de  noviembre  de  2015)...», 
confirmando así la línea doctrinal consolidada de este Centro Directivo conforme a la 
cual tanto en las antiguas resoluciones judiciales, como en las actas de declaración de 
herederos abintestato, y ahora también en las declaraciones administrativas de heredero 
abintestato  a  favor  del  Estado,  el  registrador  debe  contar  para  su  calificación  e 
inscripción con todos los particulares necesarios para ésta, «incluyendo todos los que 
permitan alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los llamamientos 
hereditarios operados por la ley».
Por lo demás, procede recordar que, conforme a la doctrina de este Centro Directivo 
(vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), la calificación registral de los documentos 
administrativos que pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se extiende en todo 
caso a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de 
expediente  o  procedimiento  seguido,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento 
presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de 
éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del 
Reglamento Hipotecario).
En efecto, cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 
en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de 
sujetar,  además  de  a  la  propia  legislación  administrativa  aplicable,  a  la  legislación 
hipotecaria, que impone el filtro de la calificación en los términos previstos por los 
artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos 
que la propia legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 
encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con los que sólo 
en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez del artículo 39.1 de la 
Ley 39/2015), sino también otros distintos y superiores, también con transcendencia erga 
omnes, como el de inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los 
artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 
de julio de 2014).
Y es que la ejecutividad consagrada en la Ley 39/2015 ampara el contenido natural e 
implícito  del  acto  administrativo,  que  es  aquel  cuya  existencia  es  necesaria  para 
individualizar el acto mismo, que se infiere necesariamente por la ley de un determinado 
acto, aunque no sea expreso. Pero el acceso al Registro de la Propiedad no forma parte 
de ese contenido, sino que ha de someterse a las normas propias del sistema registral.
En  efecto,  ya  antes  de  la  redacción  actual  del  artículo  99  del  Reglamento 
Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo 
había mantenido de forma reiterada la doctrina de que, dentro de los límites de su 
función,  goza  el  registrador  de  una  mayor  libertad  para  calificar  el  documento 
administrativo en relación con el judicial, y en particular si se trata del examen de los 
trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
garantías que están establecidas por las leyes y los reglamentos (cfr., entre otras, 
Resolución de 30 de septiembre de 1980).
Tras la citada reforma reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza  s
normativa, y por ello esta Dirección General ha venido considerando desde entonces  oe.
que,  no  obstante  la  ejecutividad  y  las  presunciones  de  validez  y  eficacia  de  que  w.
legalmente  están  investidos  los  actos  administrativos  (cfr.  artículos  56  y  57  de  la  476ww
Ly eyd e3l0 /P19ro9c2e, ddiem i2e6n tdoe  nAodvmieinmisbtrrea,t idvoe  RCéogmimúenn,  Jaucrtíudaiclom deen tlea s aArtdícmuilnoiss tra3c8i ony es3 9P údbelic alas 
Lcaelyif ic3a9r/,2 0r1e5s)p, ecetlo  ardtíec ulolo s9 9d odceul mReengtloasm eandtom inHiisptorateticvaorsi,o  efancturelt a oatrlo sre geisxttrraedmoor sp, arlaa   BOE-A-cable e
competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, 
los trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el título 
registral y a los obstáculos que surjan con el Registro (cfr., entre otras, las Resoluciones 
de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 
31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011, 1 de junio de 2012, 12 de febrero, 11 de 
julio de 2014, 30 de noviembre de 2016 y 18 de octubre de 2018).
Y ya se ha dicho que la declaración judicial de herederos abintestato tiene por objeto 
individualizar el llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma legal, por 
lo  que  carece  de  eficacia  jurídico-material  y  se  limita  a  justificar  formalmente  una 
titularidad sucesoria preexistente «ope legis» (vid. Sentencias del Tribunal Supremo 
de 11 de diciembre de 1964, 15 de abril y 16 de junio de 2011), por lo que todo aquello 
que las separe de esta finalidad resultará incongruente con esta clase de procedimientos 
y podrá ser calificado por el registrador.
Finalmente, no cabe duda de que un trámite esencial del expediente administrativo 
de declaración de heredero abintestato a favor del Estado es el relativo a la prueba de la 
ausencia de parientes con derecho a heredar abintestato (cfr. artículos 954 y 956 del 
Código civil), lo que implica la necesidad de acreditar la ausencia de cónyuge supérstite, 
hermanos, hijos de hermanos, y demás parientes del causante en línea colateral hasta el 
cuarto grado.
4.  En cuanto al fondo de la cuestión planteada en el presente recurso, versa 
precisamente sobre la acreditación de este último extremo, esto es, la ausencia de 
parientes con derecho a heredar abintestato al causante y titular registral.
Según el artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero (modificado por la 
disposición final duodécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, 
y por la disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación 
jurídica internacional en materia civil) «el título de la sucesión hereditaria, a los efectos 
del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la 
declaración  de  herederos  abintestato  y  la  declaración  administrativa  de  heredero 
abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al 
que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012» (según el texto de este 
mismo artículo anterior a la referida reforma, era también título sucesorio la declaración 
judicial de herederos abintestato).
Conforme al párrafo primero del artículo 76 del Reglamento Hipotecario, «en la 
inscripción de bienes adquiridos por herencia testada se harán constar las disposiciones 
testamentarias  pertinentes,  la  fecha  del  fallecimiento  del  causante,  tomada  de  la 
certificación respectiva, y el contenido del certificado del Registro General de Actos de 
Última Voluntad». Y el párrafo segundo del mismo precepto reglamentario añade que 
«en  la  inscripción  de  bienes  adquiridos  por  herencia  intestada  se  consignarán  los 
particulares  de  la  declaración  judicial  de  herederos»  (lo  mismo  debe  entenderse 
actualmente respecto del acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato y 
de la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado).
La posibilidad de declarar heredero abintestato al Estado mediante un procedimiento 
administrativo fue una novedad introducida por la disposición final duodécima de la 
citada Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Como pone de manifiesto 
su Preámbulo «las reformas del Código Civil y de la Ley del Notariado derivadas de las 
modificaciones que en materia de sucesiones y, en especial, lo que se refiere a títulos 
sucesorios,  han  llevado  también  a  modificar  la  Ley  de  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas. En este caso, para reconocer a la Administración Pública la  s
facultad de declaración de heredero abintestato, a favor de la Administración General del  oe.
Estado, de las Comunidades Autónomas u otros organismos, materia que también se  w.
desjudicializa, suprimiéndose el tradicional reparto en tres partes del haber hereditario y  476ww
aessitsatbelnecciiae nsdooc iqaul.e E ullnoa j udset ifeicllaa st asmerbái éinn glrae sreafdoar mean  edle tl easrotírcou ploú b1l4ic od ey  llaa sL oetyr aHsi pdootse cpaarriaa 
tpeasrtaa mreecnotnoo cye ra cl omcoon ttríatutolo  dseu clae ssourcioe,s ieóln  ahcetrae dditea rian,o ato rloiesd eafde cptoasr ad ella R  deegcislatrroa,c jiuónnt od ael   BOE-A-cable e
herederos abintestato, la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del 
Estado o de las Comunidades Autónomas y el certificado sucesorio europeo».
La  reforma  supuso,  por  tanto,  también  la  modificación  paralela  del  artículo  20, 
apartado  6,  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas, y la incorporación de los nuevos artículos 20 bis, 20 ter y 20 
quáter,  relativos  respectivamente  al  procedimiento  para  la  declaración  de  la 
Administración del Estado como heredero abintestato, a los efectos de dicha declaración 
y a la liquidación del caudal hereditario (preceptos que en lo menester se complementan 
por los artículos 4 a 15 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de la citada Ley 33/2003).
Como señaló la Resolución de este Centro Directivo de 27 de enero de 2015, «las 
formalidades necesarias para la inscripción de bienes a favor del Estado por título de 
herencia  intestada,  además  de  lo  previsto  con  carácter  general  en  la  legislación 
hipotecaria y en el Código Civil, resultaban del Decreto 2091/1971 de 13 de agosto, hoy 
derogado y sustituido por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, que regula esta 
materia en el Capítulo I del Título I, artículos 4 a 15, de acuerdo con la previsión 
contenida en el artículo 20.6 de la Ley 33/2003. La peculiaridad fundamental respecto de 
cualquier otro heredero único que resulta de esta regulación consiste en que el Estado 
precisa no sólo de la declaración de heredero a su favor y de la formalización de un 
inventario de los bienes y derechos (vid. artículos 14 y 16 Ley Hipotecaria), sino también 
de la entrega de los bienes relictos por parte de la autoridad judicial, entrega de la que se 
levantará acta». Peculiaridad que tras la reforma introducida por la Ley de la Jurisdicción 
Voluntaria queda matizada a la vista de la redacción actual del apartado 1 del artículo 20 
ter de la Ley 33/2003, conforme al cual «realizada la declaración administrativa de 
heredero  abintestato,  que  supondrá  la  aceptación  de  la  herencia  a  beneficio  de 
inventario, se podrá proceder a tomar posesión de los bienes y derechos del causante y, 
en su caso, a recabar de la autoridad judicial la entrega de los que se encuentre bajo su 
custodia».
Otra especialidad de estos casos, junto con las que derivan de la propia tramitación 
administrativa (informes de la Abogacía del Estado, publicaciones oficiales, régimen de 
recursos administrativos, etc.), es la que deriva de dotar a la correspondiente resolución 
administrativa de la aptitud de título inscribible y, en su caso, inmatriculador.
Dispone al respecto el mismo artículo 20 ter en su apartado 4 que «a los efectos 
previstos en los artículos 14 y 16 de la Ley Hipotecaria, la declaración administrativa de 
heredero abintestato en la que se contenga la adjudicación de los bienes hereditarios, o, 
en su caso, las resoluciones posteriores del Director General del Patrimonio del Estado o 
del Delegado de Economía y Hacienda acordando la incorporación de bienes y derechos 
al caudal relicto y su adjudicación, serán título suficiente para inscribir a favor de la 
Administración en el Registro de la Propiedad los inmuebles o derechos reales que 
figurasen en las mismas a nombre del causante. Si los inmuebles o derechos reales no 
estuviesen  previamente  inscritos,  dicho  título  será  bastante  para  proceder  a  su 
inmatriculación».
Ahora bien, en lo que no hay especialidad ni novedad alguna es en la exigencia de la 
concurrencia, como presupuesto previo necesario para la declaración a favor del Estado, 
de la condición negativa de la inexistencia de otras personas con derecho a heredar 
abintestato, hecho que ha de quedar acreditado plenamente.
Así resulta de la redacción del artículo 20.6 de la Ley 33/2003, dada por la Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria, al remitirse a las normas civiles aplicables (vid. artículos 954  s
y 956 del Código Civil): «La sucesión legítima de la Administración General del Estado y  oe.
de las Comunidades Autónomas se regirá por la presente Ley, el Código Civil y sus  w.
normas  complementarias  o  las  normas  de  Derecho  foral  o  especial  que  fueran  476ww
aplicTarabsle slo» .cual señala el mismo precepto que «cuando a falta de otros herederos
Gleegníteimraols d ecol nE satarrdeog loo  laasl  DCeormecuhnoid acdiveisl  cAoumtóúnno moa sfo, rcaol rrseesap ollnadmearád aa  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn   BOE-A-cable e
llamada a suceder en cada caso efectuar en vía administrativa la declaración de su 
condición de heredero abintestato, una vez justificado debidamente el fallecimiento de la 
persona  de  cuya  sucesión  se  trate,  la  procedencia  de  la  apertura  de  la  sucesión 
intestada y constatada la ausencia de otros herederos legítimos». Es decir, que en todo 
caso ha de queda acreditada («constatada» dice la norma) no sólo el fallecimiento del 
causante y la correlativa apertura de la sucesión intestada, sino también «la ausencia de 
otros herederos legítimos».
Como es sabido, la declaración de herederos a favor de una persona debe venir 
referida  al  momento  del  fallecimiento  del  causante,  en  cuanto  que  tal  declaración 
constituye la determinación o concreción de un llamamiento sucesorio referido a tal 
momento preciso (cfr. Resoluciones de 17 de julio de 2006 y 27 de febrero de 2013), 
razón por la cual estas Resoluciones declararon que es perfectamente posible declarar 
heredero a una persona fallecida, pues conforme a los artículos 657 y 661 del Código 
Civil los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su 
muerte, sucediendo los herederos al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus 
derechos y obligaciones. La declaración de herederos implica, pues, una declaración 
referida a un momento temporal determinado que es el momento de fallecimiento del 
causante, que no impide el reconocimiento como heredero de un fallecido sin perjuicio 
de que el derecho a aceptar la herencia tenga que ser ejercitado por los herederos de 
éste (artículo 1006 del Código Civil).
5.  A la vista de lo expuesto, en un caso como el que ahora es objeto de análisis en 
el  que  durante  la  tramitación  del  expediente  administrativo  se  han  personado 
determinadas  parientes  que  alegaron  tener  derecho  a  su  reconocimiento  como 
herederos intestados del causante, no puede accederse a la inscripción de la Resolución 
calificada que declara heredero al Estado y le adjudica los bienes integrantes del haber 
relicto, puesto que no ha quedado acreditado, sino más bien al contrario, el presupuesto 
fundamental de la inexistencia de parientes con derecho preferente a ser declarados 
herederos intestados del causante.
Tampoco puede admitirse el planteamiento que hace la Resolución de la Dirección 
General de Patrimonio respecto al hecho de que dichos parientes han renunciado a sus 
posibles derechos porque fueron requeridos al efecto de que: «1.–Interpongan demanda 
ante el Juzgado de 1.ª instancia correspondiente solicitando que el mismo anule la 
Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado de fecha 23 de noviembre 
de 2017 y los declare herederos del señor M. 2.–O que, en el mismo plazo, si no 
interponen la citada demanda, renuncien a sus presuntos derechos hereditarios ante 
notario. Si en el citado plazo no hacen ni una cosa ni otra, esta Delegación entenderá 
que hacen dejación de sus presuntos derechos y reiniciará la gestión y liquidación del 
abintestato. –Que, habiendo transcurrido el plazo concedido de un mes, la Delegación de 
Economía y Hacienda, como heredera legítima y con título firme, ha reiniciado la gestión 
y liquidación del abintestato.».
Como ya se señaló en anteriores apartados, el Tribunal Supremo (Sentencias de 11 
de diciembre de 1964, 15 de abril y 16 de junio de 2011) ha dejado claro que el 
procedimiento  de  declaración  de  herederos  abintestato  (ya  sea  judicial,  notarial  o 
administrativo) carece de eficacia constitutiva de la condición heredero, que se tiene o no 
por  el  llamamiento  que  hace  la  ley.  Por  tanto,  no  corresponde  a  la  autoridad 
administrativa  en  el  seno  de  este  expediente  declarar  si  esos  parientes  con  un 
llamamiento legal preferente hacen o no dejación de sus derechos. Si al Estado le consta 
la existencia de parientes a los que la ley atribuye la condición de llamados a la sucesión  s
abintestato, en tanto no acredite su renuncia, ha de abstenerse de dictar una resolución  oe.
reconociéndose la condición de heredero intestado. w.
Por otro lado, la actuación del Estado requiriendo a esos parientes llamados por ley a  476ww
leas  huenrae nfcigiau rian tqeuseta dsea  rceacroegcee  deen  eful nadratímcuelon ta1c0i0ó5n  dleegl aCl.ó Eding oe fCecivtoil:,  «laC iunatelqrupieelrla itniote irne siuardeo, 
qNuoeta aricor epdairtae  qsuue i nétestreé sc oemn uqnuieq ueel  ahle lrleadmearod oa qceupet eti eon ere upnu dpilea zlao  hdeer etrneciniata p doídarsá  naactuudrairl easl   BOE-A-cable e
para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El 
Notario  le  indicará,  además,  que  si  no  manifestare  su  voluntad  en  dicho  plazo  se 
entenderá aceptada la herencia pura y simplemente.».
Se trata de una norma de carácter procedimental al servicio de una regulación 
sustantiva.  Según  esto,  en  el  Derecho  común,  el  notario  es  el  único  funcionario 
competente para requerir o notificar, y para autorizar, el acta de interpelación.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 3 de diciembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.