BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93466
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13024 Sala Segunda. Sentencia 140/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de 
amparo 5508-2018. Promovido por doña Saida Mónica Ruano Rijo y tres 
personas más en relación con las sentencias dictadas por las salas de lo 
social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso a la jurisdicción): resoluciones judiciales que impiden la fiscalización 
en procesos individuales de las causas justificativas del despido colectivo.
ECLI:ES:TC:2021:140
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo número 5508-2018, promovido por doña Saida Mónica 
Ruano Rijo, don Mario García Romero, don Héctor Nicolás Gómez y doña Belén de la 
Casa Núñez, quienes actúan representados por la procuradora de los tribunales doña 
Olga Martín Márquez y asistidos por la letrada doña Laura de Gregorio González, contra 
la sentencia número 699/2018, de 2 de julio, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo  al  resolver  el  recurso  de  casación  para  la  unificación  de  doctrina 
número 2250-2016, que fue interpuesto contra la sentencia número 263/2016, dictada 
por la Sección número 5 de Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en fecha 25 de abril del 2016, que desestimó el recurso de suplicación número 902-2015 
formulado  por  los  demandantes,  entre  otros  terceros,  contra  la  sentencia 
número 120/2015 del Juzgado de lo Social número 24 de Madrid, de fecha 31 de marzo 
de 2015, que fue dictada en el procedimiento número 1023-2013. Han comparecido doña 
Raquel Pastor Prada y don José Ignacio Peña Moreno, con la misma representación y 
asistencia que la de los demandantes. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  En fecha 24 de octubre de 2018, la procuradora de los tribunales doña Olga 
Martín Márquez, en nombre y representación de doña Saida Mónica Ruano Rijo, don 
Mario García Romero, don Héctor Nicolás Gómez y doña Belén de la Casa Núñez, 
interpuso  demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se  mencionan  en  el  e
encabezamiento de esta sentencia. b
a2).   EEln p rfeescehnat e2 9re cduer sjou ltiora ed ec a2u0s1a3 d, el oloss  dseigmuaienndteasn taenst edcee daemntpeasr:o, junto con otros  2021-13024n https://ww
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demandantes alegaron que la extinción de sus contratos por causas objetivas trajo causa 
de un expediente de regulación de empleo (ERE) que, si bien concluyó con acuerdo, las 
causas de tipo organizativo y productivo en que se fundó «son falsas y no concurren en 
modo  alguno».  Dicha  demanda  dio  lugar  al  procedimiento  número  1023-2013,  del 
Juzgado de lo Social número 24 de Madrid.
b)  Por sentencia de fecha 31 de marzo del 2015, el referido juzgado de lo social 
desestimó la acción de despido y estimó parcialmente la acción de reclamación de 
cantidad, condenando al Ayuntamiento de Ciempozuelos a abonar a doña Raquel Pastor 
Prada la suma de 15,33 €. En lo que interesa al presente recurso, en el hecho probado 
tercero se detalla que el 16 de mayo del 2013, los representantes de los trabajadores y 
la representación del ayuntamiento formalizaron un acta de finalización del periodo de 
consultas del procedimiento de despido colectivo con acuerdo.
Por su parte, en el hecho probado séptimo se recoge que, por escrito de fecha 17 de 
junio de 2013, a cada uno de los actores se les comunica la extinción de sus contratos 
con efectos de la misma fecha, «por causas productivas y organizativas que dieron lugar 
al proceso de despido colectivo que ha tenido lugar en este ayuntamiento», señalándose 
a su vez que «la extinción de su contrato responde a las condiciones del acuerdo 
alcanzado con la representación legal de los trabajadores el 16 de mayo de 2013 dentro 
del  marco  del  despido  colectivo  presentado  por  el  ayuntamiento  ante  la  Dirección 
General de Empleo el 17 de mayo del 2013» (rectius, 17 de abril de 2013).
En el fundamento jurídico segundo de la sentencia queda reflejado el siguiente 
argumento, en relación con la posibilidad de conocer, en este procedimiento, sobre 
concurrencia de las causas de tipo productivo y organizativo determinantes del despido 
colectivo:
«En primer lugar respecto de las causas de tipo productivo y organizativo que 
motivaron el despido colectivo, que son impugnadas por los actores en tanto manifiestan 
en su demanda que no concurrían las mismas, es de señalar que tal como establece el 
artículo 124 LRJS en su apartado 1 y 2, la impugnación por tal motivo queda reservada a 
los representantes de los trabajadores. En la medida en que el trabajador individual no 
puede impugnar el despido colectivo a través de la modalidad procesal del artículo 124 
de la Ley jurisdiccional, el mismo artículo 124.13 le habilita para plantear, dentro del 
proceso individual de impugnación de su concreto despido, todas aquellas causas de 
nulidad o ilicitud del despido colectivo, en cuanto la licitud del despido colectivo se 
convierte en una cuestión previa que predetermina la licitud del despido individual objeto 
del litigio. Y ello es así aunque la decisión final del periodo de consultas haya sido el 
resultado  de  un  acuerdo  alcanzado  en  el  mismo,  puesto  que  a  partir  del 
Real Decreto-ley 3/2012 y a diferencia de lo que sucedía en la regulación anterior, en el 
marco del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas no despliega presunción alguna 
sobre la concurrencia de la causa justificativa del despido colectivo. Se excepciona sin 
embargo el supuesto en el cual ya haya existido un previo litigio de impugnación del 
despido colectivo al amparo del artículo 124 de la Ley de la jurisdicción social que haya 
terminado con sentencia firme, puesto que en tal caso lo resuelto en dicha sentencia 
firme  vincula  con  eficacia  positiva  de  cosa  juzgada  material  (por  el  efecto  del 
artículo 222.4 de la Ley de enjuiciamiento civil) a las partes de los litigios individuales, a 
pesar de que los trabajadores individuales no hayan sido partes en el proceso colectivo y 
ni siquiera hayan podido serlo.»
Por otro lado, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia objeto de cita se  e
descartan los motivos de ilicitud alegados por los demandantes, pues no se estima  bo
acreditado que los representantes de los trabajadores firmantes del acuerdo fueran  024ww
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recurrentes  alegaron  que,  pese  a  reconocer  el  órgano  judicial  de  instancia  que  el
acuerdo alcanzado en el periodo de consultas no despliega presunción alguna sobre la 
concurrencia  de  las  causas  justificativas  del  despido  colectivo,  sin  embargo,  en  el 
fundamento jurídico tercero «únicamente se argumenta sobre la existencia de fraude o 
engaño en la negociación, pero no se llegan a analizar las causas del ERE y su 
concurrencia real, para poder así declarar los despidos como procedentes». Finalmente, 
afirman lo siguiente: «[l]a valoración conjunta de todas estas circunstancias lleva a 
concluir que no existían causas objetivas para el despido colectivo. Podían existir causas 
políticas  (sin  duda)  pero  no  jurídicas.  Y  en  modo  alguno  puede  entenderse  que 
concurren las mismas, conforme a lo establecido en el art. 51.1 E.T. […]. Por ello, sin 
concurrir causas justificativas de este ERE, los despidos deben ser calificados como 
improcedentes, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración».
El recurso de suplicación fue desestimado por sentencia de la Sección Quinta Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 25 de abril del 2016. 
Concretamente, al resolver sobre la queja anteriormente expuesta; esto es, en palabras 
del propio tribunal del suplicación, acerca de que «la sentencia impugnada no analiza la 
concurrencia de las causas del despido colectivo operado y que únicamente analiza la 
concurrencia o no de dolo, coacción o abuso de derecho; entiende ( en referencia a los 
recurrentes) que las causas alegadas en el ERE no han quedado acreditadas por lo que 
la calificación del despido debió ser de improcedente», el referido tribunal expuso el 
siguiente argumento, en el fundamento jurídico tercero:
«Disponiendo el artículo 51.4 ET que, alcanzado el periodo de consultas con acuerdo 
o notificada la decisión final del despido a los representantes de los trabajadores el 
empresario  puede  comenzar  a  comunicar  los  despidos  individualmente  a  los 
trabajadores "lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el art. 53.1 ET".
Si el ERE finalizó con acuerdo no se puede cuestionar su contenido paccional, pues 
ello sería tanto como cuestionar no solamente la actuación de la parte empresarial sino 
también  la  actuación  de  los  representantes  de  los  trabajadores,  contradiciendo  el 
principio general de repercusión de los actos de los representantes en la esfera jurídica 
de los representados. Si el ERE finaliza sin acuerdo, y si no hay impugnación colectiva, 
es cuando tiene sentido en la previsión normativa que el trabajador cuestione cada acto 
del procedimiento en el ámbito del art. 51.2 ET, lo que no es el caso. El motivo en 
consecuencia se desestima».
d)  Por los demandantes de amparo se  interpuso recurso de casación para la 
unificación de doctrina contra la sentencia referida en el apartado anterior, que fue 
registrado con el número 2250-2016. En lo que interesa al presente recurso cumple decir 
que, como primer motivo, se denunció la vulneración de los arts. 51 y disposición 
adicional decimosexta del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores 
(LET), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y la aplicación 
indebida de los arts. 124 y 122 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS). 
Como sentencia de contraste se aportó la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (Valladolid), de 23 de enero de 2013, (recurso 2399-2012), que admitió, 
en su fundamento jurídico séptimo, la viabilidad de cuestionar en procesos individuales la 
concurrencia de las causas del despido colectivo, aún en el caso de que existiera 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores:
«Para entrar en el análisis de tal cuestión ha de analizar esta Sala previamente si el 
trabajador individual puede cuestionar la concurrencia de la causa de despido colectivo  s
en el caso de que exista acuerdo con los representantes legales o sindicales de los  oe.
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la cual "cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren
las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la
jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho 
en su conclusión". Por consiguiente, en el caso del despido colectivo el trabajador puede, 
a través de su demanda individual de despido, cuestionar la concurrencia de las causas 
justificativas del despido estimadas suficientes por la empresa y los representantes de 
los  trabajadores  en  el  pacto  resultante  del  periodo  de  consultas.  Ello  explica, 
precisamente, que en la regulación de la impugnación de los despidos colectivos se haya 
introducido por la Ley 3/2012 en el artículo 124.13 a) de la Ley de la jurisdicción social la 
siguiente previsión procesal:
"Igualmente deberán ser demandados los representantes de los trabajadores cuando 
la medida cuente con la conformidad de aquellos, siempre que no se haya impugnado la 
decisión  extintiva,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  los  apartados  anteriores,  por  los 
representantes de los trabajadores no firmantes del acuerdo".
Por consiguiente, el trabajador individual tiene derecho a impugnar judicialmente el 
acuerdo  para  determinar  su  conformidad  a  las  causas  que  legalmente  justifican  el 
despido, de manera que dicho acuerdo puede ser sometido en su plenitud al control 
jurisdiccional, solución que parece más acorde con el derecho constitucional a la tutela 
judicial  efectiva  que  la  introducida  en  los  artículos  41  y  47  del  estatuto  de  los 
trabajadores […]»
e)  Por sentencia número 699/2018, de fecha 2 de julio de 2018, el Pleno de la Sala 
de lo Social desestimó el recurso interpuesto. En relación con el primer motivo, entendió 
que existía la necesaria contradicción entre la sentencia impugnada y la de contraste 
pues «[e]n ambos casos nos encontramos ante un despido colectivo que terminó con 
acuerdo que no ha sido impugnado por los sujetos colectivos legitimados a tal efecto, y 
cada una de las sentencias en comparación ha aplicado un criterio distinto a la hora de 
valorar la posible revisión de la concurrencia de las causas justificativas del despido en el 
proceso de impugnación individual del art. 214.13 LRJS».
En el fundamento jurídico tercero el órgano judicial lleva a cabo una recopilación de 
la normativa, tanto sustantiva como procesal que consideró de interés al caso, siendo 
especialmente destacable el análisis que de la misma efectúa en los apartados 2 a 4:
«2.  El apartado 13 del art. 124 es el que regula la impugnación individual por el 
trabajador que ha sido afectado en el despido colectivo, para lo que se remite con 
carácter general a los arts.120 a 123 referidos a los procesos derivados de la extinción 
del contrato de trabajo por causas objetivas.
El precepto distingue entre los casos en los que el despido colectivo no hubiere sido 
impugnado conforme al cauce colectivo, de aquellos otros en los que se haya producido 
tal impugnación.
Y para el supuesto en el que ahora nos encontramos, despido colectivo que no ha 
sido impugnado por los legitimados para ello, desgrana cuatro reglas específicas: 1.ª) 
que el plazo para el ejercicio de la acción no comienza a correr hasta que transcurra el 
de veinte días para el ejercicio de la acción colectiva; 2.ª) si el objeto del debate versa 
sobre  preferencias  atribuidas  a  otros  trabajadores,  estos  también  deberán  ser 
demandados; 3.ª) prevé la nulidad del despido si no se ha realizado el periodo de 
consultas  o  se  incumplen  los  requisitos  que  exige,  o  no  se  hubiere  obtenido  la 
autorización del juez del concurso cuando esté legalmente prevista; 4.ª) será también 
nulo  si  no  respeta  la  prioridad  de  permanencia  que  pudiere  corresponderle  al 
demandante por ley, convenio colectivo o por el propio acuerdo.
Aquí debe repararse en que esa regla tercera contempla y se remite al caso en que  e
sea necesaria la autorización del juez del concurso, sobre lo que luego volveremos. bo
No se establece sin embargo ninguna diferencia entre las situaciones en los que el  024ww
despEisdtoe  ceosle ucntiov od see lao sc opnu natcouse ordsoc uor opso rd dee lcai srieófno rumnaila, teenra cl udaen ltao  elam nporermsaa. sí que incluye
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documentación, pero nada dice sobre las consecuencias jurídicas que haya de desplegar
en ese mismo proceso la existencia de un acuerdo en el que los representantes legales 
de los trabajadores reconocen y admiten la concurrencias de las causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas invocadas por la empresa para justificar el despido 
colectivo.
3.  A diferencia del caso del despido colectivo, el legislador sí que ha previsto sin 
embargo una solución específica para esa cuestión en los supuestos de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo del art. 41 ET; suspensión del contrato y reducción 
de jornada del art. 47 ET; y en materia de descuelgue del art. 82 ET.
En estas tres situaciones, siendo iguales que en el despido colectivo las causas que 
ha de invocar el empresario, y muy similar el procedimiento que debe seguir durante el 
periodo de consultas, se incluye una expresa previsión para el caso de alcanzarse un 
acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, que pasa por presumir 
que el pacto supone la concurrencia de las causas que justifican cada una de esas 
medidas y limitar la posibilidad de impugnar el acuerdo ante la jurisdicción social a la 
existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión (arts. 41.4, in 
fine; 47.1, párrafo décimo; y 82.3, párrafo sexto, ET).
Y aquí es donde aparece la referencia legal más significativa a los efectos que 
estamos tratando, en tanto que en cada uno de esos tres supuestos se dispone una 
norma específica que impide discutir en los pleitos individuales la concurrencia de la 
causa cuando el periodo de consultas ha finalizado con acuerdo, y sin embargo no se 
establece una regla similar para el caso de los despidos colectivos del art. 51 ET.
La circunstancia de que no se contenga esa misma previsión en el art. 51 ET 
parecería llevar a entender que sería entonces posible que en lo pleitos individuales 
pudiere revisarse la concurrencia de las causas justificativas del despido, pese a la 
existencia  de  un  acuerdo  válidamente  firmado  por  la  representación  legal  de  los 
trabajadores.
Pero la ausencia de una norma legal con ese mismo contenido en materia de 
despido colectivo no puede valorarse como una razón definitiva para deducir de esa 
circunstancia que el legislador ha querido aplicar una solución diferente en este caso, 
negando al acuerdo colectivo la misma eficacia que sin embargo le reconoce en esas 
otras demás materia, en tanto que el análisis sistemático y finalista del conjunto de toda 
esta normativa avala la idea de que no hay razones para pensar que se haya querido 
otorgar un tratamiento distinto al despido colectivo frente a esas otras situaciones de 
crisis empresarial, en lo que se refiere a la validez y eficacia de lo pactado entre la 
empresa y la representación de los trabajadores.
4.  Paradójicamente  y  en  sentido  contrario  a  la  normativa  del  estatuto  de  los 
trabajadores, el art. 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, ofrece una diferente 
solución y establece un tratamiento unitario de todas estas situaciones colectivas en las 
que concurre la misma causa de justificación de las medidas a adoptar para afrontar 
situaciones de crisis empresarial, otorgando el mismo tratamiento a los "procedimientos 
de  modificación  sustancial  de  las  condiciones  de  trabajo  de  carácter  colectivo,  de 
traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 
jornada", para imponer al juez del concurso en su apartado 7 la obligación de aceptar el 
acuerdo  que  pudiere  haberse  alcanzado  con  la  representación  de  los  trabajadores 
durante el periodo de consultas, salvo que aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción 
o abuso de derecho.
Sin que esta redacción haya sido alterada en las sucesivas revisiones de la que ha 
sido objeto ese precepto, con el Real Decreto Legislativo 11/2013, de 2 de agosto;  s
Ley 1/2014, de 28 de febrero y Ley 9/2015, de 25 de 25 de mayo, todas ellas posteriores  oe.
a la reforma operada en el art. 51 ET por el Real Decreto Legislativo 3/2012, de 10 de  w.
febrero, en las que se ha optado por no acompasar en uno y otro ámbito el régimen legal  024ww
de eEssat am disimfeare snitteu arceigóunl ajucrióídnic dae. la ley concursal no hace sino complicar más si cabe la
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manifestación de la intención de blindar la concurrencia de las causas justificativas del 
despido colectivo cuando han sido aceptadas por la representación de los trabajadores, 
sustrayéndolas incluso al control del propio juez del concurso, y limitando además, en el 
apartado 8 el mismo precepto, la actuación de los trabajadores en el pleito individual a 
las cuestiones estrictamente referidas a la relación jurídico individual.
No es fácil encontrar razones que pudieren justificar esta diferente regulación de la 
ley concursal, y más cuando ya hemos visto que el art. 124.13, letra a) LRJS, al regular 
el  proceso  individual  de  despido  en  el  caso  en  que  no  haya  sido  impugnado 
colectivamente, se refiere y remite específicamente en su regla tercera a la autorización 
del  juez  del  concurso,  en  lo  que  viene  a  constituir  una  interrelación  que  pone  de 
manifiesto la voluntad del legislador de vincular ambos tipos de procedimientos y apunta 
sin duda a su unitario tratamiento jurídico.»
Por su parte, en los apartados 5 a 7 del indicado fundamento se pone de relieve la 
complejidad de la temática sometida a su decisión, así como se reflejan los aspectos 
esenciales del régimen jurídico que se considera de aplicación:
«5.  Queda por exponer una última circunstancia especialmente relevante en la 
resolución de tan compleja cuestión.
En aquellos supuestos en los que los representantes de los trabajadores han dejado 
transcurrir  el  plazo  para  impugnar  el  despido  colectivo  sin  instar  el  oportuno 
procedimiento, el art. 124.3 LRJS legitima al empresario para interponer demanda en 
ejercicio de la denominada "acción de jactancia", con la finalidad de obtener sentencia en 
la que se declare ajustada a derecho la decisión extintiva y que desplegará efectos de 
cosa juzgada sobre los procesos individuales, en la legítima pretensión de zanjar de esta 
forma la polémica sobre la efectiva concurrencia de las causas justificativas del despido 
colectivo frente a todos los trabajadores, de manera que los eventuales pleitos que 
pudieren  suscitar  individualmente  cada  uno  de  los  afectados  queden  estrictamente 
limitados al análisis de las cuestiones de carácter individual, evitando con ello la enorme 
inseguridad jurídica a la que pudiere conducir la existencia de multitud de litigios con 
resultado diverso.
Pero como esta Sala Cuarta ya ha resuelto en la sentencia 26 de diciembre de 2013, 
rec. 28-2013, no es admisible "la existencia de un proceso de impugnación colectiva del 
despido si no existe un sujeto colectivo que se oponga al despido y que esté en 
condiciones de hacerlo efectivamente en el proceso", tal y como así sucede si frente a la 
acción de la empresa solo se encuentran los mismos representantes de los trabajadores 
que suscribieron el acuerdo del despido colectivo, de manera que: "Si no hay sujeto 
colectivo en la posición de demandado y no es posible la entrada de los trabajadores 
individuales, hay que excluir el proceso del art. 124 LRJS, porque en estas condiciones, 
y, como ya se ha dicho, se puede producir un proceso sin contradicción real del que 
derive una eventual decisión sobre la procedencia de los despidos que tendrá efecto 
positivo de cosa juzgada en los procesos individuales. Los trabajadores quedan sin 
posibilidad efectiva de defensa, pues en el proceso individual la sentencia colectiva 
lograda sin oposición será vinculante (art. 124.3, in fine, y 13 b)".
Lo que, sin duda, complica aún más el cuadro legal a tener en cuenta en la cuestión 
a la que nos enfrentamos, por cuando en el caso del despido colectivo que finaliza con 
acuerdo no dispone el empresario de la posibilidad de plantear el proceso colectivo para 
resolver de manera uniforme y en un único procedimiento sobre la concurrencia de la 
causa justificativa de esa medida, con efectos de cosa juzgada sobre los eventuales  e
litigios individuales que pudieren plantearse. bo
6.  En este complejo entramado legal no resulta tan sencillo deducir cuáles son las  024ww
ccoonncsreectuoe enxctiraesm juor,í deisc adse  qauper edceiabre ne ndteres perle dnedseprsideo d ceo llae cdtiivfeor eyn ateq ureegllualsa coitórna sq usietu, aecni oensetes 
dpeo dcrráis sise re immppruegsnaaridaol,  apnatrea  lala jsu rqisudei csceió hna s opcreiavli sptoor  elas peexcisíftiecnacmiae ndtee  fqrauued eel,  adcouloe rcdooa c"scoiólon 
o abuso de derecho en su conclusión". Diferencias que ya hemos dicho que sin embargo
no concurren en el ámbito concursal, en el que se ha mantenido una misma regulación 
unitaria de todas estas materias.
La solución más fácil parecería la de considerar que la expresa exclusión de esa 
regla en el caso del despido colectivo, es por sí sola suficiente para entender que el 
legislador ha querido dejar abierta la posibilidad de que los trabajadores puedan combatir 
las causas justificativas del despido colectivo en los pleitos individuales, pese a la 
existencia del acuerdo con sus representantes legales.
Pero el análisis sistemático de todo el conjunto normativo en esta materia conduce a 
un resultado distinto, no solo porque no se nos alcanzan razones para comprender los 
motivos que pudieren justificar el distinto tratamiento aplicable en unos y otros supuestos 
–en orden a la impugnación individual de las causas justificativas cuando la negociación 
ha culminado con acuerdo–, sino también, porque la sistemática integración de las reglas 
sustantivas y procesales de aplicación llevan claramente a lo contrario.
7.  El estudio conjunto del sistema normativo permite afirmar que el legislador ha 
querido diseñar un régimen jurídico, en todas estas materias, que descansa en dos 
pilares fundamentales.
El primero de ellos en el ámbito del derecho sustantivo, con el que se quiere 
incentivar  y  fomentar  la  consecución  de  un  acuerdo  entre  la  empresa  y  los 
representantes de los trabajadores; y el segundo, desde el derecho procesal, derivando 
a los procesos colectivos la discusión sobre la concurrencia de las causas justificativas 
de la medida empresarial que inciden por igual en todos los trabajadores afectados, y 
reservando  los  pleitos  individuales  para  el  análisis  de  las  cuestiones  estrictamente 
particulares que pudieren incidir en cada uno de los trabajadores.
Desde la regulación material, tanto en el art. 41 y 47 ET, como en el art. 51 ET, se 
impone  la  obligación  de  que  durante  el  periodo  de  consultas  "las  partes  deberán 
negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo", y se insiste en que 
"versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de 
evitar o reducir sus efectos" (art. 41.4 ET); o bien, que "deberá versar, como mínimo, 
sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus 
consecuencias […]" (art. 51.2 ET).
El derecho de negociación colectiva aparece de esta forma como el elemento crucial, 
el  primer  pilar,  a  través  del  que  se  quiere  afrontar  este  tipo  de  situaciones  de 
conflictividad, en la búsqueda de un acuerdo que facilite y pacifique su resolución.
Y  como  segundo  pilar,  desde  el  derecho  procesal,  atribuyendo  eficacia  de 
litispendencia y cosa juzgada al proceso colectivo frente al individual, con carácter 
general en el art. 160.3 LRJS, y específicamente para el despido colectivo, en el art. 124 
LRJS, como ya hemos avanzado.
La defensa y protección del acuerdo entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores como la herramienta más adecuada para la resolución de estas situaciones 
de  crisis,  y  la  paralela  prevalencia  del  proceso  colectivo  sobre  el  individual  en  la 
resolución de las discrepancias sobre aquellos aspectos que inciden por igual en todos 
los trabajadores afectados llevan a considerar que todo el sistema descansa en la 
consideración de que en el proceso individual únicamente cabe abordar las cuestiones 
estrictamente  individuales  atinentes  singularmente  a  cada  uno  de  los  trabajadores 
demandantes.
Es por este motivo que el diseño del legislador en materia de despido colectivo pasa 
porque sean en el pleito colectivo donde se discuta sobre la concurrencia de las causas 
legales, tras la impugnación de la decisión unilateral de la empresa o del acuerdo por  s
parte de los sujetos colectivos a los que les atribuye legitimación a tal efecto el art. 124.1  oe.
y 2 LRJS, o bien a instancia del propio empleador cuando esa impugnación no hubiere  w.
llegado a materializarse a través de la acción de jactancia que le atribuye con esa  024ww
cfiuneaslidtioande es l easrtt.r ic1t2a4m.3e nLteR JpSa; rtriecsuelarrveasn doa  plaasra  qeul ep roecsepseoc ífiincdaimviednutael , súen icraemfieerneten,  llaoss 
apartados a) y b) del art. 124.13 LRJS.»
En cuanto al núcleo de la controversia, en el fundamento jurídico sexto se apunta 
que la posibilidad de discutir en cada uno de los procesos individuales sobre las causas 
justificativas  del  despido  colectivo,  difícilmente  se  concilia  con  el  régimen  jurídico 
analizado:
«1.  Solución que pasa por destacar –como ya hemos puesto de manifiesto–, que 
uno de los pilares sobre los que descansa el régimen jurídico de los despidos colectivos, 
es el de incentivar y dar especial relevancia a la consecución del acuerdo entre empresa 
y trabajadores durante el periodo de consultas, no solo para pacificar en la medida de lo 
posible las relaciones laborales, sino también para ofrecer una misma solución a la 
situación jurídica de todos los trabajadores afectados por el despido colectivo.
La mejor evidencia de ello es la atribución de eficacia de cosa juzgada sobre los 
pleitos individuales a la sentencia que se dicte en el procedimiento de impugnación 
colectiva del despido, y la amplia legitimación reconocida para plantear el procedimiento 
a la representación unitaria y sindical de los trabajadores, a la autoridad laboral, e incluso 
a la propia empresa.
Y en el mismo sentido, la reiterada insistencia en centrar el objeto del pleito individual 
en las preferencias de permanencia del trabajador, sin la menor mención en ningún caso 
a  la  posibilidad  de  discutir  la  concurrencia  de  las  causas  justificativas  del  despido 
colectivo invocadas por la empresa.
2.  Ideas  que  ya  traslucen  en  la  exposición  de  motivos  del 
Real Decreto Legislativo 3/2012, de 10 de febrero, que introduce el despido colectivo, en 
la que se dice que "Ello se acompaña de una asimilación de estos despidos colectivos 
con el resto de despidos a efectos de su impugnación y calificación judicial, con la 
particularidad  de  que  se  prevé  una  acción  para  la  que  están  legitimados  los 
representantes de los trabajadores y que permitirá dar una solución homogénea para 
todos los trabajadores afectados por el despido".
En esta misma dirección, el Real Decreto Legislativo 11/2013, de 2 de agosto, viene a 
reformar  de  manera  relevante  el  art.  124.13  LRJS,  para  introducir  importantes 
modificaciones en el proceso de impugnación individual del despido colectivo, y en su 
exposición de motivos explica que "se justifica en la necesidad de introducir mejoras 
técnicas  en  la  nueva  modalidad  procesal  de  despidos  colectivos  –introducida  por 
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral–, para 
evitar la litigiosidad y la saturación de los órganos jurisdiccionales del orden social, cumplir 
con el principio de celeridad consagrado legalmente y propiciar una mayor seguridad 
jurídica".
Lo que supone añadir un nuevo elemento a tener en consideración a estos efectos, 
cual es el de evitar la litigiosidad y saturación de los órganos judiciales y favorecer el 
principio de celeridad y de seguridad jurídica, contra la eventualidad de que pudieren 
suscitarse multitud de pleitos individuales en los que pudiere discutirse la concurrencia 
de la causa de despido, alcanzando resultados contradictorios con la desigualdad de 
trato e inseguridad jurídica que ello supone, y pese a la existencia de un acuerdo en 
sentido contrario con la representación de los trabajadores.
En la exposición de motivos de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, que sustituye al 
citado real decreto legislativo, se insiste en que las reformas de la modalidad procesal 
del despido colectivo se hacen "para que la impugnación colectiva asuma un mayor 
espacio", en lo que es reiteración de la finalidad que subyace en toda esta regulación.
3.  A lo que se añade que con esta última reforma se suprime el párrafo segundo de 
la letra a) del anterior art. 124.11 LRJS, en el que se decía que en el proceso de  e.
impugnación individual: "Igualmente deberán ser demandados los representantes de los  w.b
trabajadores cuando la medida cuente con la conformidad de aquellos, siempre que no  024ww
asen tehraioyrae sim, ppourg lnoasd roe plare sdeenctiasinótne se dxeti nlotisv atr, adbea jaadcuoererds on oc ofinrm loa npteresv disetlo a ceune lrodso "a.partados
firmaDnet eess tad ealn tearcioure rrdeod acqcuióen  dneol  phreacbeíap to s–ideon  cimuapnutgon oabdloig abjuad iac iatrlmaeern ate –ju, icipoa are cloías 
desprenderse  la  idea  de  que  se  estaba  habilitando  la  posibilidad  de  discutir  en  la
impugnación individual la concurrencia de la causa del despido colectivo que finaliza con 
acuerdo no impugnado colectivamente.
Esa regla fue considerada en algunas decisiones judiciales como la evidencia de que 
podía cuestionarse en la impugnación individual la concurrencia de la causa de aquellos 
despidos colectivos con acuerdo que no han sido impugnados a través del proceso 
colectivo del art. 124 LRJS, y en eso se sustenta justamente la propia sentencia de 
contraste del caso de autos, dictada bajo su imperio y antes de su derogación.
La norma fue eliminada definitivamente por el legislador en la reforma operada con la 
Ley 1/2014, en lo que viene a evidenciar que no cabía una interpretación extensiva de la 
misma de la que pudiere desprenderse la habilitación para cuestionar en la impugnación 
individual la concurrencia de las causas del despido colectivo con acuerdo.
4.  Todas  estas  consideraciones  son  claramente  reveladoras  de  la  finalidad 
perseguida con las modificaciones que introduce el art. 124 LRJS, y resultan difícilmente 
conciliables con la idea de que pueda discutirse la concurrencia de la causa del despido 
colectivo en cada uno de los múltiples procedimientos de impugnación individual que 
pueden eventualmente platearse ante los juzgados de lo social de todo el territorio 
nacional  por  los  trabajadores  afectados,  cuando  ha  finalizado  en  acuerdo  con  la 
representación de los trabajadores que no ha sido impugnado.»
Por su parte, en el fundamento jurídico séptimo ese exponen las razones por las que, 
finalmente, se desestima el motivo:
«Son varias las razones que conducen a ese resultado:
1.º  La declarada voluntad del legislador de reservar para el proceso individual las 
cuestiones relativas a la aplicación de las reglas de permanencia, que se manifiesta 
repetidamente con la expresa exclusión de esta cuestión del proceso colectivo en el 
último  párrafo  del  art.  124.2  LRJS,  y  reitera  insistentemente  en  la  regulación  del 
procedimiento de impugnación individual, tanto en las reglas 2 y 4 del supuesto de la 
letra a) del art. 124.3 LRJS, cuando el procedimiento individual se desarrolla sin que 
hubiere tenido lugar previamente el colectivo; como en la regla 3 de la letra b) cuando el 
individual está precedido del colectivo.
En lo que abunda la singular identificación de las cuestiones a que se refieren las 
reglas específicas del proceso individual contenidas en la letra a) del art. 124, esto es, el 
plazo para el ejercicio de la acción, las preferencias de permanencia, y la posible nulidad 
del despido individual por defectos formales en el desarrollo del periodo de consultas, o 
la vulneración de las reglas de preferencia.
Nada, absolutamente nada, se dice sobre la concurrencia o justificación de las 
causas invocadas por la empresa para sostener el despido colectivo, que han sido 
aceptadas en el acuerdo suscrito con la representación de los trabajadores.
2.º  Es verdad que el art. 124.13 LRJS se remite con carácter general al proceso 
individual de los arts. 120 a 123 LRJS, que efectivamente regulan los efectos derivados 
de la concurrencia y justificación de la causa legal del despido objetivo.
Pero lo cierto es que la dicción literal de estos preceptos data de la época en la que 
los  despidos  colectivos  ni  tan  siquiera  eran  competencia  del  orden  social  de  la 
jurisdicción, y están por lo tanto concebidos por este motivo desde la exclusiva óptica de 
la impugnación del despido objetivo individual del art. 52 LET, y sin tener en cuenta la 
posible afectación de los trabajadores por un despido colectivo, hasta el punto de que 
mantienen  la  misma  redacción  que  ya  tenían  con  anterioridad  al  s
Real Decreto Legislativo 3/2012, sin contemplar la más mínima referencia al despido  oe.
accoodllmeePccintteiiivvssooetr.s a taivtlr aac sad melalb  eioex pntetardanid eanra tede icnda el  vriqgeuogeru  lasdcueipó unes soda e  lane omnrmpuleeavo, a  qy ureterga ussllauacpdiraóim ns eud  eilma  lpoausug tndoaercisziópanicdi óoansl    2021-13024n https://www.
orden social de la jurisdicción con el establecimiento del novedoso procedimiento que
introduce el art. 124 LRJS, este último precepto, al regular en su contexto la impugnación
individual que trae causa del despido colectivo, omite cualquier referencia a una cuestión 
tan absolutamente esencial como es la de contemplar los aspectos jurídicos atinentes a 
la posibilidad de cuestionar en el proceso individual la concurrencia de las causas del 
despido colectivo que finaliza con acuerdo y las consecuencias jurídicas que de ello se 
derivan, mientras que por el contrario, ya hemos visto que se ha cuidado de regular con 
precisión otras distintas interacciones entre el despido colectivo y el individual.
La absoluta omisión de la más mínima referencia a tan trascendente cuestión, no 
puede tener otra justificación que no sea la de entender que obedece a la imposibilidad 
de discutir en la impugnación individual la concurrencia de la causa del despido colectivo 
que terminó con acuerdo, porque de lo contrario no es comprensible que el novedoso 
art. 124 eluda cualquier mención a un aspecto absolutamente determinante del nuevo 
orden legal que viene a instaurar en esta materia, tan opuesto y diferente al anterior.
3.º  Como venimos destacando, y pese a las enormes similitudes de fondo y forma 
entre unas y otras situaciones, el legislador ha optado por no incluir en el art. 51 LET en 
materia de despido colectivo, una disposición similar a la contenida en los arts. 41, 47 
y 82 ET, que limita la posibilidad de impugnar judicialmente el acuerdo alcanzado entre la 
empresa y la representación de los trabajadores a la existencia de fraude, dolo, coacción 
o abuso de derecho en su conclusión, presumiendo la concurrencia de las causas 
justificativas de la situación.
Pero este diferente tratamiento jurídico de tan idéntica cuestión es en el fondo más 
aparente que real, desde el momento en que el art. 124.2 letra c) LRJS admite que la 
impugnación colectiva del despido pueda sustentarse en la existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho, a la vez que el art. 51.6 LET y el art. 148 b) LRJS habilitan 
la actuación de la autoridad laboral a través del procedimiento de oficio para impugnar 
por esos mismos motivos la decisión extintiva de la empresa.
Con ello se evidencia que no estamos en realidad ante un régimen jurídico tan 
diferente que impida aplicar esas mismas reglas de los arts. 41,47 y 82 LET con igual 
extensión  en  el  despido  colectivo,  tratándose  de  actuaciones  empresariales  con  el 
mismo ámbito colectivo de afectación y que han de reunir idénticos requisitos de fondo y 
forma.
Como ya hemos reiterado, la mejor evidencia de ello la encontramos en el art. 64 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, que ofrece una respuesta común a todas estas 
situaciones colectivas de crisis empresarial, y llega hasta el punto de privar al propio juez 
del concurso –que no solo a los trabajadores individualmente considerados–, de la 
posibilidad de revisar la concurrencia de las causas justificativas del despido colectivo 
asumidas en el acuerdo, salvo que aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho. Otra rotunda manifestación de la intención del legislador de blindar la 
concurrencia de las causas legales del despido colectivo cuando han sido aceptadas por 
la  representación  de  los  trabajadores,  sustrayéndolas  incluso  al  control  judicial,  y 
limitando además, en el apartado 8 el mismo precepto, la actuación de los trabajadores 
en el pleito individual a las cuestiones estrictamente referidas a la relación jurídico 
individual.
Cualquiera que sea el alcance que deba atribuirse a la posibilidad de impugnar el 
despido colectivo por la concurrencia de tales vicios –sobre lo que no nos corresponde 
pronunciarnos en este momento porque no es el objeto del recurso– no cabe discutir que 
con la referida regulación legal se apuntala la imposibilidad de revisar en el pleito 
individual la concurrencia de las causas del despido colectivo aceptadas en el acuerdo 
firmado por la representación de los trabajadores. s
4.º  Cabe  sostener  que  con  esta  solución  se  elude  el  control  judicial  de  la  oe.
concurrencia de las causas del despido colectivo, lo que podría vulnerar el derecho a la  w.
tutela judicial efectiva de los trabajadores al quedar vinculados en ese punto por el  024ww
acueLrod op raimlcaenroz aqduoe e ndtereb elare emmopsr edseas yta scuasr  rae persetsoesn teafnetcetso sle, geasle sq.ue el legislador ya ha
ednis plau efosrtmo ala es nr eqgulaes h deem aotsr ibviusctoió enn d eel  laergti.t i1m2a4c LióRnJ aSc,t iyv ae sptaar eas l ala i mvípau lgengaacl iaódne dceula adcau peardrao   BOE-A-cable e
combatirlo. Y lo segundo, que no estamos ante el caso de decisiones unilaterales de la 
empresa que no hubieren sido impugnadas por los sujetos colectivos legitimados a tal 
efecto, sino ante situaciones en las que la medida ha sido acordada de mutuo acuerdo 
por los representantes de los trabajadores legitimados para ello y no ha sido combatida 
por quienes disponían igualmente de la acción colectiva para poder hacerlo.
Es decir, frente a un pacto que es fruto de la negociación colectiva y que por este 
motivo dispone de todas las prerrogativas y del especial nivel de protección que merecen 
todos los acuerdos resultantes del derecho a la negociación colectiva, con las limitadas 
posibilidades legales de las que disponen los trabajadores para poder impugnar a título 
individual un negocio jurídico de esa naturaleza.
Sin  tener  que  razonar  sobre  las  reglas  que  rigen  la  impugnación  del  convenio 
colectivo que es el prototipo de la negociación colectiva, la mejor prueba de ellos es 
precisamente lo que así ocurre en los supuestos de los arts. 41, 47 y 82 LET –que por su 
similitud  son  perfectamente  equiparables  a  los  acuerdos  en  materia  de  despido 
colectivo–, en todos los cuales se niega el derecho a impugnar individualmente la 
concurrencia de las causas justificativas de las medidas empresariales que son pactadas 
entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.
El  efecto  vinculante  de  todo  acuerdo  que  es  fruto  de  la  negociación  colectiva 
encuentra  su  límite  en  la  imposibilidad  de  afectar  a  derechos  indisponibles  de  los 
trabajadores y, obviamente, en la eventualidad de que se hubiere concertado con elusión 
de normas legales de derecho necesario que regulen la materia que dichos acuerdos 
abarcan.
En lo que al despido colectivo se refiere, ninguna duda cabe que la aceptación de la 
concurrencia de las causas legales que lo justifican en el acuerdo alcanzado en el 
periodo de consulta –que constituye justamente su finalidad–, entra dentro del marco que 
corresponde a la negociación colectiva y no supone invadir el ámbito de derechos 
individuales indisponibles del trabajador.
Frente  a  la  posibilidad  de  que  esos  acuerdos  pudieren  haberse  adoptado  en 
trasgresión  de  las  normas  legales  que  regulan  el  despido  colectivo,  y  encubran 
actuaciones fraudulentas en perjuicio de los trabajadores, queda abierta la posibilidad de 
su impugnación por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, en los mismos términos 
previstos para las demás situaciones de crisis empresarial conforme a lo que ya hemos 
apuntado.
Por el contrario, cuando no hay ninguna tacha formal del acuerdo, ni tan siquiera se 
alega su carácter fraudulento por la concurrencia de vicios que pudieren determinar su 
nulidad, se estaría negando la eficacia de lo pactado como resultado de la negociación 
colectiva y convirtiendo en papel mojado el acuerdo alcanzado entre la empresa y los 
representantes  de  los  trabajadores,  si  se  admite  que  en  cada  uno  de  los  pleitos 
individuales pudiere revisarse la concurrencia de las causas justificativas del despido que 
fueron aceptadas por la representación sindical, lo que es tanto como desincentivar la 
consecución  de  tales  acuerdos  que  constituye  el  objeto  esencial  del  periodo  de 
consultas, que "deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir 
los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas 
sociales  de  acompañamiento,  tales  como  medidas  de  recolocación  o  acciones  de 
formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad", convirtiendo de 
esta forma en inútiles los esfuerzos de una y otra parte por conseguir cumplir con su 
finalidad, que no es otra que la de "negociar de buena fe, con vistas a la consecución de 
un acuerdo" (art. 51.2 ET). s
5.º  A todos estos argumentos cabe añadir una consideración final que no puede en  oe.
modo alguno desdeñarse. Va contra el más elemental sentido común que se admita la  w.
posibilidad de cuestionar en pleitos individuales la concurrencia y justificación de las  024ww
tcraaubsaajasd odreels , dye sqpuideo n oc ohlaenct isviod oq luuee gfou ecruoens tiaocneapdtaasd acso lepcotirv alam ernetper ensi epnotar claió na udtoer idlaods 
lcaobleocratilv, on di epl aorrt . n1i2n4g úLnR JoStr.o  de  los  sujetos  legitimados  para  instar  el  procedimiento  BOE-A-cable e
Basta simplemente con imaginar la enorme inseguridad jurídica y la distorsión que 
podría generar la existencia de los innumerables procesos individuales, en los que se 
estuviere discutiendo la concurrencia de la causa de un mismo despido colectivo de una 
misma empresa, que, además, acabó con acuerdo.
No solo por lo que pudiere suponer en el incremento de la litigiosidad con el efecto 
de agravar la saturación de los órganos jurisdiccionales del orden social –que es uno de 
los objetivos a evitar con esta reforma legal conforme expresamente se dice en la 
exposición de motivos de la Ley 3/2012, de 6 de julio–, sino también en la ausencia de la 
respuesta homogénea perseguida por el legislador y en la vulneración de los principios 
de igualdad de trato y seguridad jurídica que pudiere generarse con el dictado de 
sentencias contradictorias de muy difícil unificación.
Idea de principios sobre la que esta Sala Cuarta ya ha tenido ocasión de razonar en 
supuestos en los que estaban en cuestión los límites sobre lo que puede o no ser objeto 
de un proceso individual o colectivo de despido, pues como recuerda la STS, Pleno, 25 
de  marzo  de  2015,  rec.  295-2014,  citando  la  de  23  de  septiembre  de  2014, 
rec.  231-2013:  "La  finalidad  que  el  legislador  persigue,  mediante  esta  compleja 
regulación procesal, es la de evitar las divergencias de resoluciones judiciales que 
podrían producirse de haberse establecido la posibilidad de proceder al enjuiciamiento 
directo, en las impugnaciones de los despidos individuales efectuados en el seno del 
despido colectivo, de todas las cuestiones jurídicas potencialmente implicadas en una 
decisión de despido colectivo", poniendo con ello de manifiesto la inseguridad jurídica a 
la que pueden conducir una multiplicidad de pronunciamientos en pleitos individuales 
sobre la misma cuestión jurídica que afecta por igual y de manera común a un mismo 
despido colectivo.
Hasta podemos decir que con la admisión de la posibilidad de discutir una y otra vez 
la misma cuestión en múltiples litigios individuales, cuando la empresa carece de la 
facultad de ejercitar la acción colectiva para unificar esa situación, se pudiere estar 
incurriendo en infracción del derecho a la tutela judicial efectiva de la empresa que se 
viere compelida a afrontar una multiplicidad de procesos con la misma causa, a litigar en 
todos y cada uno de ellos, y obligada a aportar una y otra vez la misma prueba para 
acreditar en cada ocasión la concurrencia de unas causas legales para justificar el 
despido colectivo pese a que ya fueron aceptadas y asumidas por la representación de 
los  trabajadores  a  la  firma  del  acuerdo,  debiendo  soportar  finalmente  decisiones 
judiciales sobre un mismo objeto que pueden ser absolutamente contradictorias y de 
muy difícil unificación.»
En el fundamento jurídico octavo, el tribunal expresa las razones por las que al 
resolver  recursos  de  casación  relativos  a  procesos  de  impugnación  individual,  en 
ocasiones anteriores se pronunció respecto de la concurrencia de las causas del despido 
colectivo acordado con la representación de los trabajadores:
«No podemos dejar de aludir al hecho de que esta misma Sala Cuarta ha dictado 
varias  sentencias  en  recursos  de  casación  unificadoras  relativos  a  procesos  de 
impugnación individual de despidos colectivos tramitados al amparo del art. 124.3 LRJS, 
en las que hemos entrado a analizar la concurrencia de las causas del despido colectivo 
acordado  con  la  representación  de  los  trabajadores  que  no  fue  impugnado 
colectivamente. Nos referimos a las SSTS 10 de mayo de 2016 (dos), rcuds. 3541-2014 
y  3540-2014;  19  de  mayo  de  2016,  rcud.  3971-2015,  y  1  de  junio  de  2016,
rcud. 3111-2014, recaídas todas ellas en relación con el mismo despido colectivo de la  e
empresa pública Agencia de Innovación, Financiación e internacionalización empresarial  bo
de Castilla-León, en las que hemos confirmado la doctrina que llevó a desestimar las  024ww
deemmparensdaa sy  dlae  rdeepsrepsideon taccoinó nb daese l oasl  tvraabloarj ardeoforerzsa. dEon  dneinl gaucnuae rddeo  taallceasn zsaednote necniatrse  slea 
pimlapnutgenaabcai ólna  incduiveisdtuióanl  lad ec onsci ulrorse nctriaab daeja ldaosr ecas uspaosd ídaenl  dceusepsidtioon caorl eecntiv oe lf inparloizcaedsoo  cdoen 
acuerdo,  y  esta  es  la  razón  por  la  que  no  hicimos  en  aquel  momento  ningún
pronunciamiento al respecto, toda vez que dicha pretensión resultaba ajena al debate 
suscitado en aquellos recursos de casación, a diferencia de lo que sucede en el presente 
asunto en el que esa problemática constituye precisamente el específico objeto del 
recurso.»
f)  En relación con el segundo motivo alegado, el tribunal estimó que no concurría el 
requisito de contradicción, conforme a lo razonado en el fundamento jurídico noveno.
g)  La indicada sentencia cuenta con un voto particular formulado conjuntamente por 
cinco  magistrados  disidentes.  La  discrepancia  se  circunscribe  al  alcance  que  debe 
atribuirse al pacto alcanzado entre la empresa y la representación de los trabajadores, 
en orden a la acreditación de la causa justificativa de la decisión empresarial del despido 
colectivo, cuyo periodo de consultas haya finalizado con acuerdo y, por las razones que 
fuere, no hubiera sido impugnado por los sujetos legitimados para ello conforme permite 
el art. 124.1 y 3 LRJS. En contra del parecer mayoritario, los magistrados que suscriben 
el voto estiman que procede examinar, en procedimientos individuales por despido, la 
existencia de las causas que sustenten la procedencia del despido colectivo, aunque 
este hubiera finalizado con acuerdo. Por ello, afirman que debería haberse estimado el 
recurso, casar la sentencia recurrida y devolver las actuaciones al Tribunal Superior de 
Justicia de procedencia, a fin de que este órgano dilucide sobre este aspecto, al resolver 
el recurso de suplicación.
3.  En  su  demanda  de  amparo,  los  recurrentes  alegan,  en  primer  lugar,  la 
vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24.1  CE). 
Señalan que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en unificación de doctrina 
vulnera el referido derecho, al establecer la imposibilidad de debatir en un procedimiento 
individual las causas que motivaron la adopción de los despidos en un expediente 
colectivo que finalizó por acuerdo no impugnado. Según señalan, la decisión judicial se 
asienta en una interpretación de la normativa laboral absolutamente restrictiva, pues 
establece limitaciones que no han sido previstas por el legislador.
Al regular los procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo 
(art. 41 LET), los relativos a la suspensión del contrato y reducción de jornada (art. 47 
LET), y los referidos al «descuelgue» (art. 82 LET), expresamente se prevé que en caso 
de alcanzarse un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, se 
debe presumir la concurrencia de las causas que justifican cada una de esas medidas; 
por ello, la posibilidad de impugnar el acuerdo ante la jurisdicción social queda limitada a 
los supuestos en que se alegue fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 
conclusión (arts. 41.4, in fine; 47.1, párrafo décimo; y 82.3, párrafo sexto, LET). Sin 
embargo,  para  los  despidos  colectivos,  el  art.  51  LET  no  contiene  una  previsión 
equivalente, que autorice entender que, en supuestos en que el expediente concluya con 
acuerdo, también se presumirá la existencia de las causas invocadas para justificar el 
despido colectivo.
Afirman que la normativa procesal (art. 124.13 LRJS) tampoco establece ninguna 
limitación respecto del objeto de las demandas individuales por despido, siempre que no 
se haya sustanciado previamente alguno de los procedimientos contemplados en los 
apartados 1 y 2 del art. 124 LRJS (impugnaciones colectivas); en el apartado 3 del 
referido precepto (la denominada acción de jactancia empresarial); o en el procedimiento 
de oficio regulado en el art. 148 b) LRJS. Así pues, las cuestiones de dimensión colectiva 
también pueden dilucidarse en los procesos individuales por despido, pues la regulación 
del art. 124.13 LRJS es correcta, precisa y resulta absolutamente respetuosa con el  e
derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores afectados. bo
Los demandantes no comparten la argumentación dada por el órgano casacional en  024ww
teel naidpoa rteand oc utreenst ad eql ufeu,n deanm lean tfoe cjhuarí dqicuoe  sseex top rdoed uljae rsoenn tleonsc idae rsepciduorrsid, ala,  prueedsa cncoió sne  dheal 
rseepgruensdeon tapnátrerasf od ed ello asr t.t ra1b2a4j.a1d3o rae)s ,L RcJuSa nedxoi gílaa  qdueec isfuióenr ane mtapmrebsiaérnia ld ecmueanntdea dcoosn  loesl 
acuerdo de aquellos. Por ello, cuestionan que se tenga en cuenta la redacción última del 
precepto citado, que suprimió ese último inciso.
En  un  segundo  apartado  denuncian  la  vulneración  de  la  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional, en cuya virtud el art. 35.1 CE garantiza el derecho a no ser despedido sin 
justa causa y el control judicial de las decisiones empresariales extintivas de la relación 
laboral (SSTC 22/1981, de 2 de julio; 192/2003, de 27 de octubre, y 8/2015 de 22 de 
enero). Para los demandantes, lo resuelto en la sentencia impugnada deja sin posibilidad 
de revisión judicial los «acuerdos que cierran un ERE», salvo los casos en que se 
hubiera seguido el procedimiento de impugnación colectiva, en los que la sentencia 
recaída tiene el efecto de cosa juzgada sobre los procesos individuales, cuyo objeto se 
limitaría a «aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la 
demanda formulada a través del proceso regulado en los apartados anteriores». La 
imposibilidad de impugnar judicialmente las causas del despido colectivo limita de forma 
muy severa el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores. Frente a los 
argumentos que ofrece la sentencia, concretamente que el acuerdo entre la empresa y 
los representantes de los trabajadores es la solución más adecuada para la resolución 
de la crisis y que es fruto de la negociación colectiva y, por ello, goza de todas las 
prerrogativas y de la especial protección de que disponen los acuerdos derivados del 
derecho de negociación colectiva, los demandantes hacen suyas las razones expuestas 
en el voto particular; esto es, que al acuerdo alcanzado entre las partes se le confiere 
una eficacia similar a la «cosa juzgada» propia de las sentencias y, en segundo término, 
que se ofrece un mayor blindaje al referido acuerdo en materia de despido colectivo que 
al propio convenio colectivo, que goza de eficacia normativa y general.
En tercer lugar, se alega la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de 
la ley (art. 14 CE). La queja concierne al razonamiento dado en el fundamento jurídico 
octavo, en el cual se justifica por qué en anteriores recursos de casación para la 
unificación de doctrina referidos a procesos de impugnación individual, se analizó la 
concurrencia de las causas invocadas en los despidos colectivos acordados con la 
representación de los trabajadores que analizó la concurrencia de las causas del despido 
acordado con los trabajadores; concretamente que «[e]n ninguna de tales sentencias se 
planteaba  la  cuestión  de  si  los  trabajadores  podrían  cuestionar  en  el  proceso  de 
impugnación individual la concurrencia de las causas del despido colectivo finalizado con 
acuerdo,  y  esta  es  la  razón  por  la  que  no  hicimos  en  aquel  momento  ningún 
pronunciamiento al respecto».
Para los recurrentes, de facto se está «tratando de forma desigual casos diferentes 
(sic) ya que, en el caso que nos ocupa, los trabajadores no han podido obtener una 
sentencia que analice las causas del despido. Sentencia que el propio Tribunal Supremo 
sí ha emitido en ocasiones similares». Por tanto, que en el presente caso se les haya 
negado  esa  posibilidad  desde  la  primera  sentencia,  les  sitúa  en  una  desigualdad 
absoluta respecto de otros casos, con vulneración del art. 24 en relación con el art. 14, 
ambos de la Constitución.
También aprecian vulneración de los referidos derechos, cuando en el fundamento 
jurídico séptimo se afirma que si permitiera cuestionar en múltiples litigios individuales las 
causas del despido, ello podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de la 
empresa, al verse abocada a afrontar una multiplicidad de procesos y tener que probar, 
en todos ellos, que tales causas concurren. En este apartado, los demandantes hacen 
suyas las consideraciones contenidas en el voto particular, que por una parte, sostiene 
que la defensa de la tutela judicial efectiva del empleador no puede suponer la negación  s
de ese derecho a quien ha estado trabajando bajo su dependencia; y, por otro lado,  oe.
refiere que existen soluciones alternativas para conjurar ese peligro. w.
tribu4n.a l Pacoor rpdróo vlaid aednmciias idóen  afe ctrháam 3it0e  ddeel  sperepstieenmteb rree cduer s2o0,1 a9l,  alap rSeceicacri óqnu eT ecrocnecruar rdee  eens teel 
pmlaisnmteoa  uunna  perosbpleecmiaal  otr aasfceecntad ean ucniaa  cfaocnesttaitu dceio nuanl  d(earret.c h5o0 .1fu nLdOaTmCe)n, tayal  sqoubere  eel l rqeuceu rnsoo 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica reguladora (LOTC), 
acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a fin de 
que, en un plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al  recurso  de  casación 
número 2250-2016. En los mismos términos y con igual finalidad, se acordó recabar de 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid certificación o fotocopia 
adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al  recurso  de  suplicación 
número 902-2015. Por último, se dispuso remitir atenta comunicación al Juzgado de lo 
Social número 24 de Madrid, para que, en el plazo ya indicado, remita certificación o 
fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al  procedimiento 
número  1023-2013,  previo  emplazamiento  de  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento, para que en el plazo de diez días puedan comparecer en el presente 
recurso, si lo desean, excepto la parte demandante de amparo.
5.  Por escrito de fecha 28 de octubre de 2019, la procuradora de tribunales doña 
Olga Martín Márquez, en nombre y representación de doña Raquel Pastor Prada y don 
José Ignacio Peña Moreno y asistidos de la letrada doña Laura De Gregorio González, 
solicitó que se les tuviera como personados y partes.
6.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  la  Sala  Segunda  de  este 
tribunal, de fecha 11 de diciembre de 2019, se acordó tener por personada en el 
presente procedimiento a la procuradora de tribunales doña Olga Martín Márquez, en 
nombre  y  representación  de  doña  Raquel  Pastor  Prada  y  don  José  Ignacio  Peña 
Moreno, todo ello condicionado a que la indicada procuradora acreditara, en plazo de 
diez días, la representación que dice ostentar.
7.  Por comparecencias celebradas ante el secretario de justicia de la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, los días 3 y 7 de enero del 2020, respectivamente, los 
personados a que se ha hecho mención otorgaron apoderamiento apud acta a favor de 
la procuradora de tribunales doña Olga Martín Márquez, para que ostentara su plena 
representación.
8.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  la  Sala  Segunda  de  este 
tribunal, de fecha 10 de febrero de 2020, se acordó, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones del presente recurso de amparo, por plazo 
común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que, dentro de 
dicho término, puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga.
9.  Por  escrito  de  fecha  26  de  febrero  del  2020,  el  fiscal  interesó  que,  con 
suspensión del trámite de alegaciones, se recabará de los demandantes la aportación a 
actuaciones de la totalidad del escrito de demanda.
10.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de la Sala Segunda de este 
tribunal, de fecha 26 de febrero de 2020, se confirió a los recurrentes el plazo de diez 
días para que presentaran el escrito de demanda completo. En fecha 4 de marzo 
del 2020, los demandantes de amparo cumplimentaron el anterior requerimiento.
11.  Mediante diligencia de ordenación de la secretaría de la Sala Segunda de este 
tribunal, de 6 de marzo de 2020, se acordó nuevamente dar vista de las actuaciones del 
presente recurso de amparo, por plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las  s
partes personadas para que, dentro de dicho término, puedan presentar las alegaciones  oe.
que estimen pertinentes, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC. w.
fech1a2 .1 1 Ldoes  mpearrszoon daed o2s0 2e0n,  eenl  plarse sceunatele sr esceu rasod hiprireersoenn tíanrtoeng rasmuse ntael eagla ceisocnreitso  deen 
demanda.
13.  El día 14 de mayo de 2020 presentó sus alegaciones el fiscal. En dicho escrito 
destaca los acontecimientos procesales más relevantes de la tramitación seguida en las 
sucesivas  instancias  judiciales,  al  igual  que  compendia  los  razonamientos  de  la 
sentencia recaída en el recurso de casación para la unificación de doctrina de la que 
dimana  el  presente  recurso.  También  sintetiza  los  principales  argumentos  del  voto 
particular discrepante de la sentencia antes aludida y resume las quejas de lesión 
alegadas en el escrito de demanda.
En otro apartado, el fiscal refleja la normativa de legalidad ordinaria que consideró 
relevante  para  el  presente  caso;  a  saber,  el  art.  124  LRJS  (especialmente,  su 
apartado  13)  y  el  art.  51  LET,  (especialmente,  el  apartado  6),  cuya  interpretación 
constituye el centro del objeto del debate. También considera significativos los arts. 120 
a 123 LRJS (a los que se remite el art. 124.3 LRJS), los arts. 41.4, 47.1 y 82.3 LET, así 
como el art. 64 de la ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. Y en menor medida, los arts. 3 
y 83 LET, 160.3 y 163 y concordantes LRJS. Luego, identifica la vertiente del derecho a 
la tutela judicial efectiva que considera concernido. A ese respecto señala que, si bien no 
se ha impedido a los demandantes la posibilidad de obtener una resolución de fondo por 
otros motivos relacionados con su despido, sin embargo «se produce una decisión de no 
pronunciamiento (o de inadmisión) respecto de una parte trascendental de la demanda, 
se podría decir que su pretensión principal». Por ello, el fiscal entiende que el aspecto 
concreto del derecho a la tutela judicial efectiva que atañe a este recurso de amparo es 
el derecho de acceso a la jurisdicción. Apoya ese aserto en la argumentación dada en el 
fundamento jurídico quinto de la STC 23/2011, de 14 de marzo, que consideró vulnerada 
esa vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva, en un supuesto en el que el órgano 
judicial dejó de dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas en el proceso, sin 
que existiese una causa legal que fundamentara su decisión de no pronunciarse.
A continuación expone la doctrina constitucional relativa a la faceta del derecho de 
acceso a la jurisdicción, en la que, a diferencia de otras variantes, rige el principio pro 
actione como canon de constitucionalidad. En relación con este principio trae a colación 
las resoluciones de este tribunal que se pronuncian al respecto (STC 43/1985, de 22 de 
marzo, FJ 2, y las SSTC 327/2006, de 20 de noviembre, FJ 3; 236/2006, de 17 de julio, 
FJ 2; 12/2017, de 30 de enero, FJ 3, y 121/2019, de 28 de octubre, FJ 3). Singularmente 
referida  a  supuestos  de  limitación  del  contenido  de  la  pretensión,  el  fiscal  invoca 
nuevamente la STC 23/2011, en cuyo fundamento jurídico cinco asienta una doctrina 
constitucional que ulteriormente fue confirmada por al STC 133/2016, de 18 de julio, 
FJ 4, que estima aplicable al presente caso. De esa fundamentación concluye que «no 
solo la inadmisión completa de una demanda, sino también la inadmisión de parte de la 
misma, en particular la decisión de no pronunciamiento sobre motivos de fondo por los 
que se demanda, afecta a la variante de la tutela judicial efectiva, conocida como 
derecho de acceso a la jurisdicción, en la que se aplica el principio pro actione al que se 
ha  hecho  referencia  en  los  párrafos  anteriores,  y  por  tanto  el  análisis  de 
constitucionalidad deberá seguir este canon».
Respecto del presente supuesto, en primer lugar señala que la sentencia impugnada 
lleva a cabo una interpretación razonada y razonable de la legislación aplicable, que no 
peca de arbitrariedad ni incurre en error evidente. Ahora bien, como en el presente 
supuesto rige el principio pro actione, para dilucidar sobre la vulneración denunciada, en 
primer lugar se deberá determinar si existe norma legal que establezca el óbice requisito 
para acceder al proceso; esto es, si el óbice está fundado en un «precepto expreso de la 
ley» (SSTC 12/2017, de 30 de enero, FJ 3). Para el fiscal, este primer requisito no se  s
cumple, en tanto que «la causa de no pronunciamiento es una creación jurisprudencial al  oe.
interpretar un conjunto de normas que en realidad no se refieren al supuesto concreto  w.
objeto de impugnación». Y ello, porque, a diferencia de lo previsto para el supuesto de  024ww
mcoondtrifaictoa cyió nre dsuucsctaiónnc iadle  djoer nlaasd ac o(anrdt.ic 4io7n eLsE Td)e  yt reanb amjoa t(earrita.  d4e1  «LdEeTs)c, useulgsupee»n s(iaórnt . d8e2l 
LcoElTe)c,t iveol ,a ertn.  l5o1s  cLaEsTo sn oe ne qsutaeb lseec ee jeqruceit en ola  saec cpióune dinedni vdidisucaul tdire l adse scpaiduosa rse gduelal ddae sepni deol   BOE-A-cable e
art. 124.13 LRJS. No obstante, sostiene que cabría apreciar una causa de inadmisión 
que, pese a no estar prevista legalmente, no fuera contraria al derecho reconocido en el 
art. 24.1 CE. Pero ello solo sería posible si tal causa «resultase de forma indudable del 
conjunto normativo, es decir, no hubiera otra interpretación razonable del mismo, más 
acorde con el principio pro actione o dicho de otro modo, si la única interpretación lógica 
fuera que aun no haciéndolo expresamente el legislador ha incluido (no solo ha querido 
hacerlo)  la  causa  de  inadmisión  de  forma  tácita».  Sin  embargo,  descarta  que  esa 
circunstancia concurra en el presente caso, toda vez que la interpretación que recoge el 
voto particular es, al menos, tan lógica y razonable, sino más, que la efectuada en la 
sentencia, y «desde luego más favorable al derecho de acceso a la jurisdicción». Así 
pues, el fiscal descarta que concurra el primer requisito, toda vez que no hay una 
previsión normativa expresa que impida la impugnación de las causas del despido 
pretendida por los demandantes ni, tampoco, que esa prohibición se establezca de modo 
tácito pero indudable.
Tras reiterar que la interpretación llevada a cabo en la sentencia no es la única 
razonable que cabe alcanzar, sin embargo destaca que la misma parte de una premisa 
un tanto endeble: concretamente, que el legislador se ha olvidado de establecer esa 
limitación, aun queriendo hacerlo. Tal olvido no ha existido, pues ni se produjo cuando se 
estableció la nueva regulación del despido colectivo en el año 2012, ni cuando se 
acometieron ulteriores modificaciones en los años 2013 y 2014; y ello, porque habría 
bastado, por ser más lógico y sencillo, establecer el art. 51 LET la misma cláusula 
limitativa de impugnación que las que se establecen en los arts. 41, 47 y 82 LET. Al no 
obrar así el legislador, parece lógico precisar, como razona el voto particular, que se 
quiso establecer un sistema de impugnación diferente para los despidos colectivos, 
precisamente porque estaba en juego la extinción de las relaciones laborales. Y en 
cualquier caso, lo importante no es lo que quiso hacer el legislador, sino de que en 
definitiva hizo. En suma, la sentencia crea una causa de inadmisión no prevista por el 
legislador; y en tanto que cabe alumbrar otra interpretación contraria tan razonable, al 
menos, concluye que hubo vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción.
Seguidamente, el fiscal analiza la queja relativa a la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el principio de igualdad (art. 14.1 
CE), que subdivide en dos apartados: la desigualdad de trato que supone que el Tribunal 
Supremo se haya pronunciado sobre las causas de despido colectivo en otros supuestos 
similares; y que el citado órgano judicial prime la tutela judicial efectiva del empresario en 
detrimento del trabajador. Respecto del primer aspecto enunciado, tras reproducir las 
razones  dadas  por  el  órgano  de  casación  en  el  fundamento  jurídico  octavo  de  la 
sentencia  impugnada  en  esta  sede,  el  fiscal  concluye  que  «[l]os  términos  de 
comparación no son iguales, el recurso de casación sobre el que tiene que resolver el 
Tribunal Supremo no está planteado igual, los motivos son radicalmente diferentes, los 
primeros por razones de fondo y en esta última sentencia es una cuestión procesal. A 
mayor  abundamiento,  la  propia  sentencia  contiene  una  justificación  razonada  y 
razonable de la diferencia de trato». En lo atinente al segundo aspecto, tras resumir la 
argumentación dada por el órgano judicial, concluye que «no ataca al principio de 
igualdad ante la ley, porque se podría decir que está justificando la decisión en no 
desequilibrar el acceso a la jurisdicción entre las dos partes de la relación laboral y 
desde el punto de vista del principio de igualdad no es arbitrario, irracional o ilógico».
En virtud de lo expuesto, el fiscal interesa el otorgamiento del amparo, por vulnerar el 
derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con declaración  s
de nulidad de la sentencia dictada en la instancia, la pronunciada al resolver el recurso  oe.
de suplicación y la que puso fin al recurso de casación para la unificación de doctrina. w.
14.  Los demandantes de amparo no formularon alegaciones.
pres1e5n.t e Preocru prsroov eidl edníac i1a2 d dee fle mchisam 8o  dmee jsu lyio a dñeo .2021 se señaló para votación y fallo del
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso se interpone contra la sentencia número 699/2018, de 2 de 
julio, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al resolver el recurso de 
casación  para  la  unificación  de  doctrina  número  2250-2016,  interpuesto  contra  la 
sentencia número 263/2016 dictada por la Sección Quinta de Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 25 de abril de 2016, que desestimó el 
recurso de suplicación formulado por los demandantes, entre otros, contra la sentencia 
número 120/2015 del Juzgado de lo Social número 24 de Madrid, de fecha 31 de marzo 
de 2015, recaída en el procedimiento número 1023-2013.
En síntesis, los recurrentes alegaron la vulneración de su derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en tanto que en vía judicial se les ha denegado la 
posibilidad de revisar las causas de despido colectivo de las que deriva la extinción de la 
relación  laboral  con  motivo  del  acuerdo  alcanzado  entre  la  empleadora  y  los 
representantes de los trabajadores durante el período de consultas. También alegaron la 
vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE) en relación con el art. 24. CE.
Los personados en el presente recurso se adhirieron íntegramente a lo interesado en 
el escrito de demanda. El fiscal, con sustento en los argumentos compendiados en los 
antecedentes de esta resolución, interesa el otorgamiento del amparo por la vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
2.  Antes de proceder al análisis de las cuestiones de fondo que se suscitan en el 
presente recurso, procede identificar las resoluciones contra la que se dirige el presente 
recurso, a fin de precisar el alcance de nuestra decisión. En el escrito de demanda, las 
vulneraciones de derechos fundamentales se atribuyen exclusivamente a la sentencia 
que puso fin al recurso de casación para unificación de doctrina, que es contra la que 
formalmente se dirige el recurso de amparo y cuya nulidad expresamente se interesa. 
Ahora bien, la referida resolución trae causa de la previamente dictada al resolver el 
recurso de suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid que, como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución, sostuvo 
que si el ERE finaliza con acuerdo no se puede cuestionar su contenido pactado en 
procesos individuales. Solamente, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 
número 24 de Madrid admitió la posibilidad de enjuiciar, en el seno del litigio del que 
conoció, la concurrencia de las causas de tipo productivo y organizativo que motivaron el 
despido colectivo, pese a que esta resolución finalmente desestimara las pretensiones 
de los ahora demandantes de amparo.
De acuerdo a lo expuesto, y pese a los términos de la demanda de amparo, el 
recurso debe entenderse también dirigido contra la sentencia dictada por el tribunal de 
suplicación, en lo que atañe al motivo a que se ha hecho mención en el párrafo anterior, 
toda vez que, conforme a una consolidada doctrina de este tribunal, «cuando se impugna 
en  amparo  una  resolución  judicial  confirmatoria  de  otras,  que  ha  sido  lógica  y 
cronológicamente presupuesto de aquella, ha de entenderse también recurridas las 
precedentes resoluciones confirmadas» (SSTC 97/1999, de 31 de mayo, FJ 2; 14/2000, 
de 17 de enero, FJ 2, y 95/2018, de 17 de septiembre, FJ 1, entre otras). Ahora bien, aun 
cuando la sentencia que pone fin al recurso de casación para la unificación de doctrina 
confirma la decisión adoptada por la sentencia que puso fin al recurso de suplicación, 
advertimos  que  el  contenido  argumental  de  aquella  es  notoriamente  más  prolijo  y 
cualitativamente distinto. Por ello, al resolver el presente recurso de amparo solamente 
se tendrán en cuenta los razonamientos y consideraciones formulados por el órgano  e
casacional, pues no solo sustentan la resolución que pone fin a la vía judicial sino que,  bo
dada la naturaleza del recurso de casación para la unificación de doctrina, también han  024ww
serv3id. o pLaorsa  daeqmuialantadra nlat edso cdteri naam lepgaarlo s oablereg aens ala t evmuálntiecraa.ción del derecho de igualdad
reconocido en el art. 14 CE, con base en dos motivos diferenciados. Uno de ellos se
anuda a un apartado de la argumentación que figura en el fundamento jurídico séptimo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, del que los 
recurrentes deducen que se hace prevalecer el derecho en la tutela judicial efectiva de la 
empresa frente a los trabajadores, por el hecho de afirmar que aquel se podría ver 
compelido «a afrontar una multiplicidad de procesos con la misma causa, a litigar en 
todos y cada uno de ellos, y obligada a aportar una y otra vez la misma prueba para 
acreditar en cada ocasión la concurrencia de unas causas legales para justificar el 
despido colectivo». Pese a que en la demanda se formula una queja autónoma, lo cierto 
es que el motivo carece de sustantividad propia. El argumento traído a colación es uno 
más de los que el órgano casacional emplea para justificar la desestimación del recurso, 
pero de su contenido no cabe deducir que reconozca a la empresa un derecho a la tutela 
judicial efectiva cuantitativamente o cualitativamente superior al del trabajador. Por ello, 
ha de entenderse que la denuncia a que se ha hecho mención debe quedar subsumida 
en la censura referida a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE).
Sin embargo, la queja referida a la lesión al derecho a la igualdad (art.14 CE) 
presenta un perfil diferente, puesto que los recurrentes alegan que, al resolver otros 
recursos atinentes a procedimientos individuales, el órgano de casación sí se pronunció 
sobre la concurrencia de las causas justificativas del despido colectivo. Sin embargo, 
este motivo no es acreedor de una respuesta sobre el fondo por parte de este tribunal 
dada la falta de agotamiento de la vía judicial precedente. La denuncia se vincula 
exclusivamente al razonamiento expresado en el fundamento jurídico octavo, en el que 
la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Supremo  explicita  las  razones  por  las  que,  con 
anterioridad, dictó varias sentencias referidas a procesos de impugnación individual de 
despidos colectivos tramitados al amparo del art. 124.3 LRJS, en los que sí dilucidó 
sobre  la  concurrencia  de  las  causas  del  despido  colectivo  acordado  con  la 
representación  de  los  trabajadores,  sin  que  previamente  se  hubiera  formulado 
impugnación al respecto por los sujetos colectivos legitimados.
En los términos que se plantea la reprobación, esta carece de vinculación con lo 
resuelto por el tribunal de suplicación y la temática que suscitó la interposición del 
recurso de casación para la unificación de doctrina. El razonamiento anteriormente 
expuesto presenta, pues, un perfil autónomo y diferenciado de la controversia principal, 
por lo que, para el correcto agotamiento de la vía judicial precedente los recurrentes 
deberían haber interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones, a fin de brindar el 
órgano casacional la oportunidad de reparar la indicada lesión. Y al no hacerlo, debemos 
reiterar que la vía judicial no se culminó en debida forma.
4.  Despejadas las anteriores cuestiones, procede abordar la principal queja de 
fondo del recurso. Previamente, debemos delimitar cuál es la faceta o vertiente del 
derecho a la tutela judicial efectiva concernida; y a tal efecto, resulta oportuno memorar 
la argumentación que figura en el fundamento jurídico segundo de la sentencia dictada 
por el órgano unipersonal, la cual, en relación con la queja relativa a la inexistencia de 
las de las causas organizativas y productivas del despido colectivo sostiene que, al 
carecer  los  demandantes  de  legitimación  para  accionar  a  través  del  proceso  de 
impugnación colectiva, el art. 124.13 LRJS les habilita para plantear en el seno del 
proceso individual la controversia «en cuanto la licitud del despido colectivo se convierte 
en una cuestión previa que predetermina la licitud del despido individual objeto de 
litigio».
No obstante, la posibilidad de impugnación a que se ha hecho referencia ha sido 
negada, tanto por el tribunal de suplicación como por la Sala de lo Social del Tribunal  e.
Supremo. De ahí que el único motivo de impugnación que ha sido evaluado, tanto en la  w.b
primera instancia judicial como al resolver el recurso de suplicación, es el atinente a los  024ww
dsoebferect olas  fleogrmalaidleasd  ddee  lalas  mcaerdtaidsa d ee xdtienstipviad oh. aP oqru eedllaod, ou niam pcrueejustziógna dcaa,p tiotadl ap avreaz  dqiluuec idloasr 
stroibburen allae sc ocnocleugrriaednocsia  edseti mlaasr ocna uqsuaes  ejuns etilf icsaetnivoa ds ed uenl  dpersopciedsoo  cionldeicvtidivuoa, l qnuoe  chaabyea nd irsimidior 
apreciadas por la empleadora y la representación de los trabajadores que suscribieron el 
acuerdo alcanzado en el periodo de consultas.
Esa decisión ha supuesto que, desde la perspectiva subjetiva, a los actores en sede 
judicial les haya sido negada la legitimación para impugnar las causas justificativas 
indicadas; y desde el enfoque procedimental, que el juicio por despido quedara sujeto a 
una cognición restringida que ha impedido conocer sobre temática expuesta. Por ello, la 
queja de lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) debe 
ser enjuiciada desde el prisma del acceso a la jurisdicción, habida cuenta de que lo 
definitivamente resuelto en sede judicial establece un ámbito limitado de enjuiciamiento 
en el proceso individual, que determina que el acuerdo alcanzado respecto de las causas 
organizativas  y  productivas  que  motivaron  el  despido  colectivo  quede  inmune  a  la 
impugnación en ese proceso; siendo inconcuso, por otra parte, que los hoy recurrentes 
carecen de legitimación para accionar en los procesos de naturaleza colectiva regulados 
en el art. 124 LRJS.
Aclarada la cuestión, resulta preciso reflejar el canon de enjuiciamiento que nos 
impone la vertiente del derecho fundamental concernido. En la ya lejana STC 99/1985, 
de 30 de septiembre, FJ 4, este tribunal expuso los principales aspectos del derecho de 
acceso a la jurisdicción a que se ha hecho referencia:
«[E]l derecho fundamental a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una 
resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna 
causa legal para ello y así lo acuerde el juez o tribunal en aplicación razonada de la 
misma. El contenido normal de este derecho es, según hemos señalado, el de obtener 
una resolución de fondo, salvo cuando exista alguna causa impeditiva prevista por la ley 
que no vaya en contra del contenido esencial del derecho, que ha de respetar el 
legislador  (arts.  81  y  53  de  la  Constitución)  (sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 68/1983, de 26 de julio, fundamento jurídico sexto, Sala Primera). De 
modo casi idéntico, esta misma Sala ha insistido en el carácter legal de la causa 
impeditiva de que el tribunal a quo entre a dar una resolución de fondo, al señalar que el 
contenido del derecho a la tutela judicial efectiva "queda satisfecho con la obtención de 
una resolución judicial fundada en Derecho, y que tal resolución podrá ser de inadmisión 
siempre que concurra una causa legal para declararla y así lo acuerde el juez o tribunal 
en aplicación razonada de la misma" (sentencia del Tribunal Constitucional 104/1984, 
de 4 de noviembre).»
En relación con esta temática, la STC 67/2010, de 18 de octubre, FJ 3, recoge la 
siguiente argumentación, que atañe al control constitucional que debe efectuarse sobre 
las decisiones de inadmisión de los órganos judiciales:
«De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de este tribunal, el derecho a la tutela 
judicial efectiva, que se reconoce en el art. 24.1 CE, comprende, primordialmente, el 
derecho  de  acceso  a  la  jurisdicción,  es  decir,  el  derecho  a  provocar  la  actividad 
jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial, por lo que el derecho a obtener 
de los jueces y tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo 
de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso se erige en 
un  elemento  esencial  del  contenido  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(STC 115/1999, de 14 de junio, FJ 2). Ahora bien, ese derecho queda igualmente 
satisfecho si el órgano judicial dicta una resolución de inadmisión, por concurrir una 
causa legal apreciada razonadamente. En este sentido venimos afirmando que el control  s
constitucional de las decisiones de inadmisión se realiza de forma especialmente intensa  oe.
dpdcuareoadtecnoerd msoqai nulaeaeqsd u aeesenl lsa itnsaet bsedltreeopctsreie drtmocaascin sioaolennsge  lasae l ml yim epanpriptonelsci ciibpapiiclaoiidr oaanp der oesd l  eda aecoc tbicoltoeenssne oe m ro aiusp nmealraoa  sp  rjsuiemoslibtemircreiaina  e,rl enois smp upu pieordesbiestsanut adpjcuouud eliiscqctieuaonels,     2021-13024n https://www.
injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho
sobre  la  pretensión  a  él  sometida  (entre  otras,  SSTC  122/1999,  de  28  de  junio, 
FJ 2; 133/2005, de 23 de mayo, FJ 2, y 327/2006, de 20 de noviembre, FJ 3).»
Más específicamente, el párrafo siguiente de la referida resolución y fundamento 
viene referido a la legitimación activa:
«[S]e ha de recordar que la apreciación de cuándo concurre legitimación activa para 
recurrir, es, en principio, cuestión de legalidad ordinaria que compete a los órganos 
judiciales  ex  art.  117.3  CE  (por  todas,  SSTC  252/2000,  de  30  de  octubre,  FJ  2, 
y 358/2006, de 18 de diciembre, FJ 3), si bien estos últimos quedan compelidos a 
interpretar  las  normas  procesales  que  la  regulan  no  solo  de  manera  razonable  y 
razonada sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro 
actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por 
su formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la 
efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la 
apreciación del equilibrio entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia 
de cierre del proceso (por todas, SSTC 220/2001, de 31 de octubre, FJ 4; 3/2004, de 14 
de enero, FJ 3; 73/2004, de 22 de abril, FJ 3, y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4). No 
obstante, es también doctrina reiterada de este tribunal que lo anterior no implica, en 
modo  alguno,  una  relativización  o  devaluación  de  los  presupuestos  y  requisitos 
procesales establecidos por las leyes (STC 93/1990, de 23 de mayo, FJ 2), y que el 
principio pro actione no debe entenderse como la forzosa selección de la interpretación 
más favorable a la resolución del problema de fondo de entre todas las posibles que la 
regulan (por todas, SSTC 3/2001, de 15 de enero, FJ 5, y 78/2002, de 8 de abril, FJ 2). 
En caso contrario, como señalamos en la STC 45/2004, de 23 de marzo, FJ 5, esta 
exigencia  llevaría  al  Tribunal  Constitucional  a  conocer  de  cuestiones  de  legalidad 
procesal que corresponden a los tribunales ordinarios, siendo posibles interpretaciones 
judiciales de la legalidad ordinaria distintas de otras que acaso hubieran respondido más 
plenamente a los valores incorporados a los derechos fundamentales u otros preceptos 
constitucionales, pues una cosa es la garantía de los derechos fundamentales, tal y 
como nos está encomendada, y otra, muy distinta, la de la máxima irradiación de los 
contenidos constitucionales en todos y cada uno de los supuestos de la interpretación de 
la legalidad.»
Como ha quedado reflejado, las resoluciones parcialmente transcritas ponen de 
relieve que las decisiones de inadmisión, fundadas en la concurrencia de una causa 
legal apreciada razonablemente, no son contrarias a la vertiente del derecho de acceso a 
la jurisdicción. Ello supone, como expresamente refiere la STC 99/1985, FJ 4, que la 
adecuación constitucional de la exégesis judicial requiere, previamente, de la existencia 
de una norma legal que expresamente impida resolver la cuestión de fondo:
«Es evidente que esta aplicación judicial razonada de la causa legal no puede 
consistir en una función repetitiva de la literalidad de la norma, pues, como dijimos en la 
antes citada sentencia del Tribunal Constitucional 89/1983, el juez (y menos el Tribunal 
Supremo)  no  puede  quedar  reducido  "a  ejecutor  autómata  de  la  Ley".  Pero  esa 
interpretación implica una norma legal a interpretar cuando se trate de una resolución 
judicial que niegue la resolución sobre el fondo. Y así ha de ser, porque siendo el 
derecho a la tutela judicial efectiva no un derecho de libertad, ejercitable sin más y 
directamente a partir de la Constitución, sino un derecho de prestación, solo puede 
ejercerse por los cauces que el legislador establece o, dicho de otro modo, es un  e.
derecho de configuración legal; pero ni el legislador podría poner cualquier obstáculo a  w.
tal derecho fundamental, pues ha de respetar siempre su contenido esencial (art. 53.1  024ww
CdeEr)e, chnoi  naa lad ietu tqeulae j undoic isael,a c ueylo  leegjeisrclaicdioo r" spouloe dpeo r clereya" rp uimedpee dreimgeunlatrosse  o(a rlti.m 5it3a.c1i oCnEe)s.» al
La exigencia que contempla la prístina sentencia parcialmente transcrita ha sido 
también recogida por resoluciones ulteriores de este tribunal. Concretamente, en la 
STC 236/2006, de 17 de julio, FJ 2, se señala:
«[D]ebe recordarse que cuando se trata de acceder a la justicia dicho principio opera 
con toda intensidad, de modo que este tribunal ha de comprobar, en primer término, si 
existe  la  causa  impeditiva  del  conocimiento  del  asunto  y,  en  segundo  lugar,  si  la 
interpretación que se haya hecho de la misma en el caso concreto contraviene el 
derecho fundamental, pues el rechazo de la acción con base en una interpretación 
restrictiva  de  las  condiciones  previstas  para  su  ejercicio  implica  la  vulneración  del 
derecho que garantiza el art. 24.1 CE (por todas, STC 42/1997, de 10 de marzo, FJ 2).»
Por último, cabe señalar que en las SSTC 83/2016, de 28 de abril, FJ 5, y 12/2017, 
de 30 de enero, FJ 3, que cita el fiscal en su informe, este tribunal precisó que los óbices 
de admisión debían fundarse en «un precepto expreso de la ley» para que resulte acorde 
con el derecho de acceso a la jurisdicción, amén de recoger la especial incidencia e 
intensidad con que se proyecta el principio pro actione:
«[E]l primer contenido del derecho a obtener la tutela judicial efectiva que reconoce el 
art. 24.1 CE es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en 
el proceso para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una 
decisión judicial sobre las pretensiones deducidas. No se trata, sin embargo, de un 
derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, ni 
tampoco de un derecho absoluto e incondicionado a la prestación jurisdiccional, sino de 
un derecho a obtenerla por los cauces procesales existentes y con sujeción a una 
concreta ordenación legal que puede establecer límites al pleno acceso a la jurisdicción, 
siempre que obedezcan a razonables finalidades de protección de bienes e intereses 
constitucionalmente protegidos. Esto es, al ser un derecho prestacional de configuración 
legal,  su  ejercicio  y  dispensación  están  supeditados  a  la  concurrencia  de  los 
presupuestos  y  requisitos  que  haya  establecido  el  legislador  para  cada  sector  del 
ordenamiento  procesal.  De  ahí  que  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  quede 
satisfecho  cuando  los  órganos  judiciales  pronuncian  una  decisión  de  inadmisión  o 
meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice 
fundado en un precepto expreso de la ley, si este es, a su vez, respetuoso con el 
contenido  esencial  del  derecho  fundamental.  Por  tanto,  una  decisión  judicial  de 
inadmisión no vulnera este derecho, aunque impida entrar en el fondo de la cuestión 
planteada, si encuentra fundamento en la existencia de una causa legal que resulte 
aplicada razonablemente.
No obstante, al tratarse en este caso del derecho de acceso a la jurisdicción y operar, 
en consecuencia, en toda su intensidad el principio pro actione, no solo conculcan este 
derecho las resoluciones de inadmisión o desestimación que incurran en arbitrariedad, 
irrazonabilidad o error patente, sino también aquellas que se encuentren basadas en 
criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelan una 
clara desproporción entre los fines que la causa legal preserva y los intereses que se 
sacrifican.  En  este  sentido,  y  aunque  la  verificación  de  la  concurrencia  de  los 
presupuestos y requisitos materiales y procesales a que el acceso a la jurisdicción está 
sujeto constituye en principio una cuestión de mera legalidad ordinaria que corresponde 
resolver a los jueces y tribunales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les 
atribuye el art. 117.3 CE, hemos señalado también que el control constitucional de las  s
decisiones de inadmisión ha de verificarse de forma especialmente intensa, dada la  oe.
edvloisegstre aejnubccelheicoace  iadse o nqys u e terslie tbuogunsan  lóacmralgeesasno,nt seoq   dujpueeadl  iripmcari apinali dcccieopc eniqodou ezpecrr  oaina  otale  crrptpeiorrsoenucteeae,lc svpioaor  nienoencbs ipD syiteoa ar cedpucelliih ccooaeb cnsli ioogibnanredjeusa s l adtoi febpic srlaoeedstreav nramesnqeicóuninaitse  aip t ooeésrll     2021-13024n https://www.
sometida.
Todas estas afirmaciones resultan acordes con el mayor alcance que el tribunal 
otorga al principio pro actione en los supuestos de acceso a la jurisdicción, que obliga a 
los órganos judiciales a aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos 
procesales teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al establecerlos, 
evitando  cualquier  exceso  formalista  que  los  convierta  en  obstáculos  procesales 
impeditivos del acceso a la jurisdicción que garantiza el art. 24 CE, aunque ello no 
implica necesariamente la selección forzosa de la solución más favorable a la admisión 
de la demanda de entre todas las posibles, ni puede conducir a que se prescinda de los 
requisitos establecidos por las leyes que ordenan el proceso en garantía de los derechos 
de todas las partes.»
5.  Una  vez  expuesta  la  doctrina  constitucional  de  aplicación  al  caso,  resulta 
oportuno  compendiar  el  contenido  de  la  fundamentación  jurídica  transcrita  en  los 
antecedentes de esta resolución, a fin de esclarecer cuál es, a la postre, la razón 
principal de la desestimación del recurso entablado en sede judicial.
a)  Conforme al esquema indicado, a continuación se sintetizan los aspectos más 
relevantes de la fundamentación jurídica aludida:
(i)  Una de las finalidades que persigue la regulación sobre despidos colectivos es la 
potenciación y favorecimiento del logro de acuerdos durante el periodo de consultas, 
como medio de pacificación de las relaciones laborales y como instrumento de garantía 
de soluciones uniformes para las situaciones jurídicas de los trabajadores afectados.
(ii)  La consecución de esos acuerdos evita el incremento de la litigiosidad y la 
consiguiente saturación de los órganos jurisdiccionales, amén de favorecer el principio 
de celeridad.
(iii)  Resulta significativo que la reforma operada por la Ley 1/2014, suprimiera el 
segundo párrafo del art. 124.11 LRJS (rectius 124.13), que disponía que «[i]gualmente 
deberán ser demandados los representantes de los trabajadores cuando la medida 
cuente con la conformidad de aquellos, siempre que no se haya impugnado la decisión 
extintiva de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, por los representantes 
de los trabajadores no firmantes del acuerdo». Así pues, ya no cabe invocar este 
precepto  como  una  habilitación  para  poder  cuestionar  en  procesos  individuales  la 
concurrencia de las causas de despido colectivo.
(iv)  La voluntad del legislador de reservar para el proceso individual determinados 
aspectos, entre las que no se incluyen las causas del despido objetivo. Esa afirmación se 
formula pese a reconocer que en la regulación establecida en los arts. 120 a 123 LET se 
mencionan las causas del despido como materia susceptible de ser impugnada. No 
obstante, el órgano de casación considera que la redacción de esos preceptos data de 
una época en la que, tan siquiera, los despidos colectivos eran competencia del orden 
jurisdiccional social y, por tanto, están pensados para las impugnaciones de despidos 
individuales. Así pues, como en el art. 124 LRJS nada se dice sobre la posibilidad de 
impugnar en litigios individuales las causas del despido colectivo, ello implica que tal 
eventualidad no es posible.
(v)  Aun cuando el art. 51 LET no establece para el despido una disposición similar 
a  la  prevista  en  los  arts.  41,  47  y  82  LET,  que  limita  la  posibilidad  de  impugnar 
judicialmente el acuerdo alcanzado a los supuestos de concurrencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho, dejando fuera la impugnación por inexistencia de las 
causas justificativas de las medidas adoptadas, ese dato no implica que deba darse un  s
tratamiento jurídico diferente a los supuestos de despido colectivo. oe.
lecaoxsin scc(tveuainru)s csaiaalE,s  dl p jeurréi svfgrtaiaif,miu cindeacentil,v u jadussoorí l,dod ai,ec lclo  óod raeegcssactpaniióbdonlo ej,u  ccodiod iacloeib acuelt sindvo oee   dlls aeoa  pbdrtore.e sr6 eilb4aci hslidd oqea. u dPlea od  mreL o eertyedr ovia2 isl 2aaa/d2cro u0l,ae0 e r3cdl, o oand,p ceasu ar9rtlra veddoneo cp  i8joau r dl dioleae,l     2021-13024n https://www.
precepto  limita  las  posibilidades  de  impugnación  de  los  litigios  individuales  a  las
cuestiones estrictamente referidas a la relación jurídica individual.
(vii)  No se produce una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por el 
hecho de que sea inatacable, en procesos individuales, el acuerdo alcanzado entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores. Dicho acuerdo se inserta en el marco 
propio de la negociación colectiva y, por ello, no invade lo que constituye un límite 
infranqueable  para  esa  negociación;  a  saber,  el  ámbito  de  derechos  individuales 
indisponibles  para  el  trabajador,  quedando  a  salvo  la  posibilidad  de  impugnar  por 
coacción,  dolo,  fraude  o  abuso  de  derecho.  A  lo  dicho,  se  añade  el  efecto 
desincentivador que para la negociación colectiva supondría que las causas del despido 
sobre las que media acuerdo pudieran ser impugnadas en múltiples procedimientos 
individuales.
(viii)  Finalmente, se pone de relieve la situación de inseguridad jurídica a que se 
abocaría a las empresas de prosperar la tesis de los recurrentes. Estas podrían verse 
impelidas a concurrir en múltiples procesos individuales, en los que deberían demostrar 
la concurrencia, una y otra vez, de las causas motivadoras del despido colectivo. Ello 
podría redundar, incluso, en una afectación del derecho a la tutela judicial efectiva de la 
empresa, por verse arrastrada a afrontar una multiplicidad de procesos con la misma 
causa.
b)  Una vez resumidos los motivos en que se asienta la desestimación del recurso 
de casación para la unificación de doctrina, procede identificar cuál es la razón esencial 
en que se sustenta la decisión desestimatoria. A juicio de este tribunal, dicho motivo es 
el que figura en el ordinal segundo del fundamento jurídico séptimo; a saber, que el 
art.  124  LRJS  omite  cualquier  referencia  a  «los  aspectos  jurídicos  atinentes  a  la 
posibilidad de cuestionar en el proceso individual la concurrencia de las causas del 
despido colectivo que finaliza con acuerdo y las consecuencias jurídicas que de ello se 
derivan». Este aserto se asocia principalmente con la idea, que también se recoge en el 
referido apartado, de que el legislador ha reservado para el proceso individual cuestiones 
tales como la aplicación de las reglas de permanencia, aspecto expresamente excluido 
de la impugnación colectiva, y la nulidad del despido individual por la existencia de 
defectos  formales.  También  se  argumenta,  a  fin  de  neutralizar  las  consecuencias 
derivadas de la remisión que el art. 124.13 prevé respecto de lo establecido en los 
arts. 120 a 123 LRJS para los despidos individuales, que ese mandato remisorio no 
resulta decisivo, pues data de la época en que, tan siquiera, los despidos colectivos 
estaban  atribuidos  al  orden  jurisdiccional  social,  dado  que  los  preceptos  citado 
mantienen  la  redacción  que  tenían  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del 
Real Decreto-ley 3/2012, sin que contengan referencia alguna al despido colectivo.
El  carácter  principal  de  ese  argumento  no  solo  se  infiere  del  conjunto  de  la 
motivación que contiene la resolución impugnada, pues es el propio órgano judicial quien 
deja constancia de ello, al afirmar sin ambages que «[l]a absoluta omisión de la más 
mínima referencia a tan trascendente cuestión, no puede tener otra justificación que no 
sea  la  de  entender  que  obedece  a  la  imposibilidad  de  discutir  en  la  impugnación 
individual la concurrencia de la causa del despido colectivo que terminó con acuerdo, 
porque de lo contrario no es comprensible que el novedoso art. 124 eluda cualquier 
mención a un aspecto absolutamente determinante del nuevo orden legal que viene a 
instaurar en esta materia, tan opuesto y diferente al anterior». En suma, para el órgano 
judicial,  la  circunstancia  impeditiva  de  que  se  resuelva  en  el  seno  de  un  proceso 
individual sobre la concurrencia de las causas justificativas del despido colectivo, una 
vez se ha alcanzado un acuerdo en el periodo de consultas, es la falta de regulación 
expresa de esa posibilidad por parte del legislador, por lo que esa omisión equivale a una  e.
implícita causa legal obstativa. w.b
En estrecha asociación con el anterior argumento se razona que, aun cuando el  024ww
a(rret.f e5ri1d oL aE Tla  mnoo dcifoicnaticeinóen  suunsat apnrceiavli sdióen l assi mcoilnadr icaio nlae se sdtea btrlaebciadjao ),e 4n7  lLoEs Ta (rrtes.la t4iv1o  LaE lTa 
csounspdeicniosnióens  ddee l tracboanjtora ptor evoi straesd uecnc eiól nc odnev enjoiorn caodlae)c tiyv o 8o2  poLrE cTo n(cinuarrpelinccaicai ódne  cdaeu slaass 
económicas, técnicas, organizativas o de producción), para los casos en que se alcance
un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, sería igualmente 
aplicable al despido colectivo la presunción de que concurren las causas justificativas de 
las medidas colectivas concordadas, de manera que solo cabría la impugnación por la 
eventual existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. También se invoca el 
régimen jurídico previsto por la Ley concursal para las medidas colectivas de naturaleza 
laboral, que no contempla que el auto aprobatorio del acuerdo alcanzado, sobre las 
causas  que  motivan  esas  medidas,  pueda  ser  impugnado  individualmente  por  los 
trabajadores.
6.  Seguidamente, antes de dar respuesta al aspecto medular del presente recurso 
procede realizar una somera exposición de la normativa que concierne al presente 
supuesto, a fin de reflejar el régimen regulatorio en que se inserta el ejercicio de 
acciones individuales que traen causa del despido colectivo.
a)  Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS).
El  artículo  124  estatuye  el  régimen  procesal  a  la  que  se  sujetan  los  despidos 
colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas de producción o derivadas de 
fuerza mayor.
(i)  La  primera  modalidad  procesal  aparece  mencionada  en  el  art.  124, 
concretamente la impugnación de la decisión empresarial del despido colectivo por parte 
de los representantes de los trabajadores, tanto unitarios como los sindicales que tengan 
suficiente implantación en el ámbito del despido colectivo. Entre los motivos en que 
puede fundarse la demanda se halla el hecho de que no concurra la causa legal indicada 
en la comunicación escrita por la empresa [art. 124.2 a)]. Del procedimiento que se 
establece en los apartados 2 a 12 del citado art. 124, deben destacarse los siguientes 
extremos:
– Si  el  periodo  de  consultas  entre  la  empresa  y  los  representantes  de  los 
trabajadores hubiera finalizado con acuerdo, también deberá demandarse a los firmantes 
del mismo (art. 124.4).
– La sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial tendrán eficacia de cosa 
juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedará 
limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la 
demanda  formulada  a  través  del  proceso  regulado  en  los  apartados  anteriores 
[art. 124.13 b)].
(ii)  Cuando la decisión extintiva no haya sido impugnada por los sujetos colectivos a 
que  se  refiere  el  apartado  a),  esto  es,  por  los  representantes  de  los  trabajadores 
unitarios o sindicales, o bien por la autoridad laboral, «una vez transcurrido el plazo de 
caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los 
trabajadores, el empresario, en el plazo de veinte días desde la finalización del plazo 
anterior, podrá interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho 
su decisión extintiva. Estarán legitimados pasivamente los representantes legales de los 
trabajadores,  y  la  sentencia  que  se  dicte  tendrá  naturaleza  declarativa  y  producirá 
efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales en los términos del apartado 5 
del artículo 160 de esta ley (art. 124.3)».
(iii)  El  trabajador  individualmente  afectado  por  el  despido  también  puede 
impugnarlo, conforme a lo previsto en el art. 124.13. Dicho precepto se remite a las  es
reglas establecidas en los arts. 120 a 123, previstas para los despidos individuales, con  o
las especialidades que en el precepto se señalan en los ordinales primero a cuarto. En  024ww
rloesla acriótsn.  1co2n0  eal  1c2a3s os,o lna sla cso snisgeucieunetnecsi:as más importantes de la remisión a lo dispuesto en
cum–p liLdao  cdoenc isloiósn r eeqxutiinsittiovas  fsoerm daeleclsa reaxriág ibplreosc,e adcernetdeit e« clau acnodnoc uerrl eenmciap rleesgaarli od,e h laab cieanudsoa   BOE-A-cable e
de despido indicada en la comunicación escrita. Si no la acreditase, se calificará de 
improcedente (art. 122.1).
– La decisión extintiva se declarará nula cuando concurra alguno de los supuestos 
previstos en las letras a) hasta e) del art. 122.2.
– Además del supuesto enunciado en el art. 122.1, la decisión extintiva también se 
declarará improcedente «cuando no se hubieren cumplido los requisitos establecidos en 
el  apartado  1  del  artículo  53  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  estatuto  de  los 
trabajadores» (art. 122.3).
(iv)  Los aspectos reflejados en el apartado anterior configuran el régimen jurídico 
que cabría definir como «común». A continuación, se detallan las dos modalidades 
diferenciadas de la impugnación individual que se regulan en el art. 124.13, en función 
de  que  el  despido  colectivo  haya  sido  o  no  impugnado  a  través  de  los  procesos 
colectivos anteriormente indicados. Si no hubiera sido impugnado el despido colectivo, el 
procedimiento  individual  se  sujetará,  además  de  las  anteriormente  indicadas,  a  las 
siguientes  reglas  específicas  que  se  detallan  en  la  letra  a)  del  art.  124.13, 
concretamente:
– El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el 
plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de 
los trabajadores.
– Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados 
trabajadores, estos también deberán ser demandados.
– El despido será nulo, además de por los motivos recogidos en el artículo 122.2 de 
esta ley, únicamente cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o 
entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del estatuto de los trabajadores 
o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto 
legal, o cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en 
los supuestos en que esté legalmente prevista.
– También  será  nula  la  extinción  del  contrato  acordada  por  el  empresario  sin 
respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, 
los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta 
nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan 
respetado las prioridades de permanencia.
Si el despido hubiere sido impugnado a través de los procedimientos colectivos a que 
se ha hecho mención, la principal especificidad que cabe reseñar es que la sentencia o 
el acuerdo de conciliación judicial alcanzado tendrán la eficacia de cosa juzgada a la que 
anteriormente  se  ha  hecho  referencia,  respecto  de  los  procesos  de  impugnación 
individual del despido.
b)  Texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (LET).
En lo atinente a las diferentes acciones colectivas que afectan a la relación laboral, 
procede destacar el diferenciado régimen jurídico que el texto refundido del Estatuto de 
los trabajadores establece para las modificaciones y suspensiones colectivas, por un 
lado,  respecto  de  que  se  prevé  para  los  despidos  colectivos.  Concretamente,  las 
principales diferencias son:
(i)  El  párrafo  final  del  art.  41.4  dispone,  en  relación  con  las  modificaciones  o
sustanciales colectivas de los contratos de trabajo, que «cuando el periodo de consultas  024ww
afdfirnpeaaaruelrditccaehed,o  oc d odo1nel o  ya,  lcoscusooe laortdc raocpib oósadnejr a ápod r oseeraserbu sumi msaiorpfá eu dcgqetnua aeddd oecosor  enaaccnh utoeerr  jeeleanrnc   jilutaasrsuris   cdlcaaicou cnsoicaóplsnuc  isjósuiónosn cti.ifpa icrlEe aplvtliooivs rat asslai  na e e npqx euiseretjlue  aincplcuiáoidar re ad dfeeoell     OE-A-2021-13able en https://
segundo del apartado 3».
(ii)  En términos coincidentes se regula la eficacia del acuerdo alcanzado respecto 
de las suspensiones colectivas de los contratos de trabajo. El art. 47.1, décimo párrafo, 
también prevé que «cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá 
que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo primero y solo podrá ser 
impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso 
de derecho en su conclusión».
(iii)  El  art  82.3,  segundo  párrafo,  estatuye  que  «cuando  concurran  causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo 
conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un 
periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las 
condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o 
de  empresa,  que  afecten  a  las  siguientes  materias  [...]».  Y  cuando  el  periodo  de 
consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas de 
las medidas adoptadas, de modo que solo podrán ser impugnadas ante la jurisdicción 
social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.
(iv)  Sin embargo, en relación con el despido colectivo, el art. 51 no contempla, para 
el caso de que se hubiera alcanzado acuerdo alcanzado tras el período de consultas, 
ninguna consecuencia equiparable a las que anteriormente se han reflejado para los 
otros  supuestos  de  adopción  de  medidas  colectivas.  El  apartado  dos  prevé  que 
«[t]ranscurrido el periodo de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el 
resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del 
mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la 
autoridad  laboral  la  decisión  final  de  despido  colectivo  que  haya  adoptado  y  las 
condiciones del mismo.»
Por su parte, el apartado cuatro dispone que «[a]lcanzado el acuerdo o comunicada 
la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario podrá notificar los 
despidos individualmente a los trabajadores afectados, lo que deberá realizar conforme a 
lo establecido en el artículo 53.1. En todo caso, deberán haber transcurrido como mínimo 
treinta días entre la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la 
autoridad laboral y la fecha de efectos del despido».
Finalmente, el apartado seis, primer párrafo del indicado art. 51 se limita a disponer 
que «[l]a decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas para 
este despido. La interposición de la demanda por los representantes de los trabajadores 
paralizará la tramitación de las acciones individuales indicadas hasta la resolución de 
aquella». Y en el segundo párrafo se estatuye que [l]a autoridad laboral podrá impugnar 
los  acuerdos  alcanzados  en  el  período  de  consultas,  cuando  estime  que  se  han 
alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, a efectos de su posible 
declaración de nulidad […].
7.  Una vez establecido el marco normativo de referencia, procede ya dar respuesta 
a la cuestión cardinal del presente recurso. Hemos de convenir que la exhaustiva y 
detallada argumentación que obra en la sentencia dictada por el órgano casacional no 
puede ser tildada de arbitraria, manifiestamente irrazonable o incursa en error patente. 
Sin embargo, el hecho de que una resolución judicial no merezca tacha por esas razones 
no colma las exigencias propias de la vertiente de acceso al proceso del mencionado 
derecho a la tutela judicial efectiva pues, como ha quedado reflejado al exponer la 
doctrina de este tribunal, resulta preciso que la denegación de una resolución sobre el  e
fondo traiga causa de un «motivo fundado en un precepto expreso de la ley». Para el  bo
órgano judicial, la razón cardinal que impide resolver sobre la realidad de las causas  024ww
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raesfpeericdtoos,  perqoucievdailme iean tuonsa. efectiva prohibición de conocer sobre esa temática en los
Frente a este aserto, procede oponer dos principales objeciones: (i) que para otros 
supuestos de crisis empresarial el legislador sí ha circunscrito el ámbito de cognición del 
proceso individual, dejando claro que, en caso de haberse alcanzado un acuerdo con los 
representantes de los trabajadores, las causas justificativas de las medidas a que se 
refieren los arts. 41, 47 y 82 LET se presumen existentes y no podrán ser cuestionadas 
en procedimientos individuales; (ii) que el art. 124.13 LRJS se remite a lo establecido en 
los arts. 120 a 123 LRJS, siendo destacable que el art. 122.1 LRJS dispone que el 
despido se calificará de improcedente, si no se acreditase la causa legal dada para 
justificar la decisión extintiva. Este marco normativo evidencia, por una parte, que no 
existe base legal que excluya del objeto del proceso individual a los motivos dados para 
justificar el despido colectivo; y, por otro lado, que la apreciación o no de la concurrencia 
de tales motivos resulta necesaria para calibrar sobre la improcedencia del despido, 
pues la decisión extintiva individual se anuda a la efectiva concurrencia de las causas 
organizativas o productivas alegadas para justificar la medida colectiva.
El tribunal de casación ha articulado una respuesta en la que prevalece, como 
imperativo sistemático, la idea de mantener un régimen jurídico unitario para todos los 
supuestos de regulación colectiva del empleo, incluido los casos de extinción de la 
relación laboral. Según se razona, que la normativa aplicable a los supuestos de despido 
colectivo sea distinta de la establecida para las restantes medidas contempladas en los 
arts. 41, 47 y 82 LET no autoriza a entender que en el marco del procedimiento individual 
por despido, el órgano judicial pueda resolver sobre la realidad de las causas invocadas 
para justificar la extinción colectiva de las relaciones laborales, una vez la empresa ha 
alcanzado acuerdo con la representación de los trabajadores. La sentencia impugnada 
también  enfatiza  sobre  la  importancia  que  el  legislador  confiere  a  la  negociación 
colectiva en supuestos de crisis empresariales y también refleja la merma de efectividad 
que supondría para los acuerdos alcanzados, si la empresa se viera abocada a tener 
que  justificar,  en  múltiples  procesos  individuales,  la  real  existencia  de  los  motivos 
tomados  en  consideración  para  acordar  el  despido  colectivo,  con  la  consiguiente 
afectación de los principios de seguridad jurídica y celeridad. Por todo ello, en dicha 
resolución se colige que la voluntad del legislador es contraria a lo pretendido por los 
demandantes,  de  manera  que  la  falta  de  expresa  regulación  de  la  posibilidad  de 
impugnar la concurrencia de las causas que motivaron el despido colectivo debe ser 
entendida como una circunstancia impeditiva de tal eventualidad.
Como antes hemos indicado, este tribunal no cuestiona la razonabilidad del discurso 
del órgano judicial ni tampoco pone en tela de juicio la advertida importancia de la 
negociación colectiva como fórmula de solución de conflictos. Pero el hecho de que no 
se objeten esas apreciaciones no significa que la pretensión de los recurrentes deba 
decaer, dado que el enfoque que este tribunal debe adoptar para resolver la controversia 
es diferente; a saber, si la interpretación del órgano judicial restringe indebidamente que 
la pretensión pueda ser sometida al conocimiento de los órganos judiciales, teniendo en 
cuenta el canon ya reflejado y el carácter de fundamental del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), del que forma parte la faceta del acceso al proceso. Y a este 
respecto, cabe ya anticipar que la decisión adoptada por dicho órgano no se acomoda a 
los postulados asentados en nuestra doctrina, en tanto que conduce a cercenar las 
posibilidades de ejercicio del derecho fundamental enunciado sin causa legal expresa 
que lo autorice.
Concurren razones adicionales que corroboran esta conclusión. El art. 122.1 LRJS, 
al  que  expresamente  se  remite  el  art.  124.13  LRJS,  dispone  que  se  declarará  s
improcedente el despido si no se acreditase la concurrencia de la causa legal indicada  oe.
en la comunicación escrita. En la sentencia impugnada se minimiza el valor de este  w.
mandato, al afirmar que la redacción de los arts. 120 a 123 LRJS datan de una época en  024ww
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norma que, precisamente, atribuyó el conocimiento de esa materia a los órganos del 
orden jurisdiccional social; y, en cualquier caso, debe advertirse que la vigencia de los 
referidos preceptos no permite prescindir de su aplicación, aun cuando se considere, 
como así lo hace el órgano casacional, que no se acomodan al régimen procesal que 
debiera regir.
También debe tenerse en cuenta que el primer párrafo del art. 51.6 LET no impide 
que  las  causas  del  despido  colectivo  puedan  ser  cuestionadas  en  procedimientos 
individuales, ni tampoco prevé que el hecho de haber alcanzado un acuerdo con los 
representantes de los trabajadores comporte la presunción de existencia de las referidas 
causas, como así se establece respecto de otras medidas colectivas.
En suma, debemos concluir que, cuando el despido colectivo no ha sido impugnado 
por los representantes legales de los trabajadores, a través del procedimiento colectivo 
previsto en el art. 124 LRJS, la regulación legal no impide que en procesos individuales, 
el órgano judicial pueda dilucidar respecto de la realidad de las causas invocadas para 
justificar la referida medida colectiva, aunque se hubiera alcanzado un acuerdo con la 
representación de los trabajadores. El legislador no ha establecido, debemos insistir en 
ello,  un  régimen  jurídico  homogéneo  para  el  ejercicio  de  las  diferentes  acciones 
individuales derivadas de la aplicación de medidas de naturaleza colectiva cuando se 
logra  un  acuerdo  con  la  representación  de  los  trabajadores,  pues  la  regulación 
establecida para los despidos es diferente de la prevista respecto de otras decisiones 
empresariales. Por ello, de conformidad con el derecho contemplado en el art. 24.1 CE, 
proclamamos que la viabilidad de la impugnación planteada por los demandantes debe 
ser reconocida y, en consecuencia, afirmamos que lo resuelto por el órgano casacional 
resulta contrario a la efectividad del referido derecho.
8.  Por todo lo expuesto, procede estimar el presente recurso de amparo, toda vez 
que las resoluciones impugnadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE) de los demandantes. De conformidad con lo establecido en el 
art.  55  LOTC  y  visto  el  alcance  que  conferimos  a  nuestro  pronunciamiento  en  el 
fundamento  jurídico  dos  de  esta  resolución,  procede  declarar  la  nulidad  de  las 
sentencias número 699/2018, de 2 de julio, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, y de la número 263/2016, dictada por la Sección Quinta de Sala de lo Social 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  en  el  recurso  de  suplicación 
número  902-2015,  en  fecha  25  de  abril  de  2016.  También  procede  retrotraer  las 
actuaciones  al  momento  anterior  a  dictar  la  sentencia  que  puso  fin  al  recurso  de 
suplicación, para que el órgano judicial proceda de manera respetuosa con el derecho 
fundamental vulnerado y, en consecuencia, resuelva sobre el fondo del motivo atinente a 
la  falta  de  acreditación  de  la  concurrencia  de  las  causas  justificativas  del  despido 
colectivo, que fue planteado por los recurrentes en el referido recurso.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Saida Mónica Ruano Rijo, don 
Mario García Romero, don Héctor Nicolás Gómez y doña Belén de la Casa Núñez y, en  e.e
su virtud: b
amp1a.rºo  aD leac tluatrealra q juudei chiaa l seidfeoc tvivualn seirna dinod eefle dnesrieócnh (oa rftu. n2d4a.1m CenEt)a.l de los demandantes de  2021-13024n https://ww
sent2e.nº ciaRse nstúambleercoe 6rl9e9s /2e0n1 8s,u  ddee 2re dcheo j uyli,o ,e nd icctoandsae pcoure nlac iSa,a ldae dcela rloa rS loac inaul ldideal dT rdibeu nlaasl   BOE-A-cable e
Supremo, y de la número 263/2016, dictada por la Sección Quinta de Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 25 de abril de 2016.
3.º  Retrotraer las actuaciones del recurso de suplicación número 902-2015 hasta el 
momento anterior a dictar sentencia, a fin de que el órgano judicial proceda de manera 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, en los términos expuestos en el 
fundamento jurídico ocho de esta resolución.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.