BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62312
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8953 Sala  Primera.  Sentencia  72/2020,  de  29  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 1171-2019. Promovido por las mercantiles Seditex Global, S.L., y 
Seditex Valladolid, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de lo social de León en proceso por despido. Vulneración del derecho a la 
tutela  judicial  sin  indefensión:  inadecuada  utilización  de  la  dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento de las entidades demandadas (STC 47/2019).
ECLI:ES:TC:2020:72
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1171-2019, promovido por las entidades Seditex 
Global, S.L., y Seditex Valladolid, S.L., que actúan representadas por la procuradora de 
los tribunales doña Esperanza Azpeitia Calvin y bajo la dirección del letrado don Carlos 
González-Cascos Jiménez, contra el auto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de lo 
Social núm. 2 de León, por el que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones 
promovido por las demandantes en el procedimiento de despido objetivo individual núm. 
872-2017.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el  magistrado  don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  En  fecha  25  de  febrero  de  2019,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña 
Esperanza Azpeitia Calvin, en nombre y representación de las entidades Seditex Global, 
S.L., y Seditex Valladolid, S.L., interpuso demanda de amparo contra la resolución 
mencionada en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Son antecedentes procesales relevantes para resolver la pretensión planteada 
los siguientes:
a)  Por carta fechada el 2 de octubre de 2017, la recurrente Seditex Global, S.L., 
comunicó a una de sus trabajadoras la extinción de la relación laboral que mantenían, 
aduciendo causas organizativas, económicas y productivas. El 26 de octubre siguiente,  s
la trabajadora interpuso demanda judicial ante el Juzgado de lo Social núm. 2 de León,  e.
dando lugar a la incoación de los autos núm. 872-2017. Interesaba en ella que se  w.
declarase la improcedencia del despido y la obligación de la empresa de abonar los  53ww
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concurrían en realidad por tratarse de empresas solventes. En la demanda se hizo
constar como domicilio de la demandada el siguiente: «Valladolid, calle Peñarroya 4, 
Residencial Pilar del Jalón».
b)  La demanda fue admitida a trámite por decreto de la letrada de la administración 
de justicia de fecha 17 de noviembre de 2017, en el que acordó citar a las partes para 
que el día 14 de febrero de 2018 compareciesen al acto de conciliación y en su caso al 
juicio subsiguiente. Se emitió una cédula de citación para convocar a las demandadas a 
ambos actos, en la que se hizo constar el nombre de la empresa, pero no el domicilio 
aportado por la trabajadora demandante. La cédula se remitió a las demandadas por 
medios telemáticos, a su dirección electrónica habilitada. Las comunicaciones fueron 
recibidas el 20 de noviembre de 2017. No consta, en cambio, que fueran retiradas por 
las destinatarias, dado que se produjo su rechazo automático el día 5 de enero de 2018, 
tras haber transcurrido el plazo establecido desde su puesta a disposición sin haber 
accedido a su contenido.
El  1  de  febrero  de  2018  la  letrada  de  la  administración  de  justicia  emitió  una 
diligencia de constancia en la que se señalaba que se habían llevado a efecto las 
citaciones acordadas con resultado positivo. Figura también en las actuaciones un acta 
de fecha 14 de febrero de 2018 en la que se recoge que se intentó sin efecto el acto de 
conciliación previa ante la letrada de la administración de justicia, al cual compareció la 
demandante; no así las empresas demandadas.
c)  El 23 de febrero de 2018 dictó sentencia el juzgado de lo social. En ella estimó 
íntegramente la pretensión actora. El antecedente de hecho segundo de la resolución 
judicial declara que se señaló el anterior día 14 de febrero para la celebración de los 
actos de conciliación y juicio, no habiendo comparecido las empresas demandadas a 
pesar de haber sido citadas en legal forma en sede electrónica. Se indicó como fecha de 
apertura de la comunicación aquella en la que se produjo su rechazo automático por 
haber  transcurrido  el  plazo  establecido  desde  su  puesta  a  disposición  sin  haberse 
accedido  a  su  contenido.  El  fallo  declaró  improcedente  el  despido,  condenó  a  las 
empresas demandadas a que en un plazo de cinco días desde la notificación de la 
resolución optasen por readmitir a la trabajadora con abono de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o, en su defecto, 
al abono de la indemnización por la extinción contractual (14 026,33 €, de la que habría 
de deducirse lo ya percibido).
La sentencia se comunicó por medios electrónicos a Seditex Global, S.L., constando 
en las actuaciones que la notificación fue enviada y recibida en la dirección electrónica el 
día 6 de marzo de 2018, sin que figure que fuera retirada, por lo que su rechazo 
automático se produjo el 21 de abril de 2018.
Por diligencia de ordenación de 3 de mayo de 2018 se hizo constar en la causa lo 
siguiente:  «[H]abiéndose  notificado  la  anterior  resolución,  visto  el  estado  de  las 
presentes  actuaciones,  siendo  firme  la  sentencia  y  no  restando  ninguna  actuación 
pendiente de trámite se procede al archivo de las mismas».
d)  Mediante  escrito  de  fecha  7  de  noviembre  de  2018,  una  vez  conocido  el 
embargo de sus bienes acordado en ejecución de la sentencia dictada, Seditex Global, 
S.L., y Seditex Valladolid, S.L., se personaron en dicho procedimiento de ejecución 
interesando la suspensión de los embargos acordados en su contra y la devolución de 
una determinada cantidad, por exceso de lo embargado sobre lo debido. Asimismo, las 
recurrentes en amparo, actuando con representación procesal única, presentaron escrito 
de fecha 16 de noviembre de 2018 en el que, tras afirmar haber tenido conocimiento del 
embargo trabado en su contra derivado del procedimiento de ejecución de la referida  s
sentencia,  solicitaron  su  personación  en  la  causa  y  la  nulidad  de  las  actuaciones  oe.
practicadas como consecuencia de la indefensión padecida (art. 24.1 CE), señalando  w.
que «[…] resulta palmaria por cuanto no se ha desplegado una actividad razonable para  53ww
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procedimientos instados por la AEAT, o por el particular o empresa frente a la AEAT, sin 
que por el juzgado al que me dirijo se puedan realizar notificaciones en este buzón 
electrónico, pues en ningún momento por esta parte se ha designado correo electrónico 
o  buzón  de  la  AEAT  para  la  recepción  de  notificaciones  de  este  juzgado».  En 
consecuencia, al tiempo que instaron la suspensión del proceso de ejecución, solicitaron 
también la nulidad de las actuaciones procesales practicadas en el proceso declarativo 
por despido y en el de ejecución de lo resuelto, a fin de ser debidamente emplazadas y 
poder intervenir y defenderse en la causa.
e)  Oídas las partes personadas, la solicitud de nulidad fue inadmitida mediante auto 
de 14 de enero de 2019. Consideró el juzgador que, en su lugar, procedía haber 
interpuesto recurso de suplicación contra la sentencia ejecutada; que los motivos de 
nulidad carecían de cualquier acreditación; y que, en virtud de lo dispuesto en el art. 162 
de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), las notificaciones electrónicas realizadas en este 
caso eran válidas y eficaces.
3.  En fecha 25 de febrero de 2019, las recurrentes interpusieron demanda de 
amparo contra el mencionado auto de 14 de enero de 2019. Interesan que se declare la 
vulneración del art. 24.1 CE, solicitando la retroacción de las actuaciones al momento 
inmediatamente  anterior  a  la  admisión  a  trámite  de  la  demanda  principal  del 
procedimiento de despido, para que puedan intervenir y defenderse frente a la acción 
presentada por la trabajadora.
Reiterando los argumentos enunciados en el incidente de nulidad planteado en la vía 
judicial previa, la demanda subraya que no era procedente acudir en suplicación una vez 
conocida extraprocesalmente la existencia de los procesos declarativo y de ejecución de 
título judicial, dado que la sentencia dictada había sido declarada firme; rechaza que sus 
representadas  llegaran  a  conocer  las  comunicaciones  electrónicas  que  le  fueron 
remitidas  a  su  dirección  electrónica  y,  por  último,  cuestiona  la  validez  de  dichas 
comunicaciones. Entiende que el órgano judicial ha infringido en sus actuaciones de 
citación y emplazamiento inicial la doctrina de este Tribunal sobre la necesidad de que se 
agoten las posibilidades mínimas exigibles para garantizar la efectiva notificación al 
demandado de la existencia y citación al procedimiento, de modo que pueda seguirse 
este  con  posibilidad  de  efectuar  alegaciones  y  ejercitar  cuantas  actuaciones  sean 
precisas para la defensa de sus derechos. No habiendo actuado el órgano judicial de ese 
modo en el presente caso, suplica al Tribunal el otorgamiento del amparo en los términos 
antes indicados.
4.  La Sección Primera de la Sala Primera de este tribunal, en providencia de 
fecha 16 de septiembre de 2019, acordó admitir a trámite el recurso, tras apreciar que 
presenta especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)], y que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o 
cambiar  su  doctrina  como  consecuencia  de  cambios  normativos  relevantes  para  la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]. Asimismo, 
constando remitidas las actuaciones judiciales previas, en aplicación de lo dispuesto en 
el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó emplazar a 
través del Juzgado de lo Social núm. 2 de León a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento  de  despido  objetivo  individual  núm.  872-2017,  excepto  a  la  parte 
recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este 
proceso constitucional. e
5.  Mediante diligencia de ordenación de 17 de septiembre de 2019 se acordó dar  w.
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6.  Por escrito de fecha 14 de noviembre de 2019, Seditex Global, S.L., y Seditex 
Valladolid, S.L., presentaron sus alegaciones a través de su representación procesal. En 
ellas reiteraron las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas en la demanda, cuyo 
suplico reprodujeron como solicitud de amparo
7.  El 14 de noviembre de 2019 presentó también sus alegaciones el Ministerio 
Fiscal. Después de resumir los antecedentes fácticos y procesales más relevantes de los 
que trae causa el presente recurso de amparo, así como los aspectos esenciales que 
fundamentan  la  demanda,  considera  que  para  su  análisis  y  resolución  resulta  de 
aplicación la doctrina sentada por las SSTC 122/2013, de 20 de mayo; 47/2019, de 8 de 
abril, y 102/2019, de 16 de septiembre. A su juicio, no cabe compartir las razones 
aducidas en el auto de 14 de enero de 2019 por el que el órgano judicial inadmitió por 
inadecuada e infundada la solicitud de nulidad de actuaciones. Considera el Ministerio 
Fiscal que no resulta fundado considerar que las empresas demandantes hubieran 
debido acudir al recurso de suplicación en vez de solicitar la nulidad de actuaciones, por 
cuanto no consta que ninguna de las dos entidades llegase a acceder a la comunicación 
electrónica a través de la cual el órgano judicial intentó su emplazamiento. Tampoco 
cabe darlas por notificadas y con conocimiento del emplazamiento inicial pues no es 
posible deducir dicha conclusión de lo que consta documentado en las actuaciones.
Señala que la dicción del art. 162 LEC no es criterio suficiente para abordar y 
resolver la queja planteada, pues es exigible un mayor nivel de diligencia judicial en la 
comprobación de que la comunicación ha sido efectiva. En aplicación de la doctrina 
jurisprudencial reseñada, considera que la decisión judicial cuestionada no atiende a la 
regulación que contienen los arts. 56.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social 
(LJS) y 155 LEC en cuanto a que la primera comunicación que se realice a las partes no 
personadas debe efectuarse por remisión al domicilio por correo certificado. Junto a ello, 
añade, conforme a la doctrina emanada de la STC 47/2019, la fundamentación del auto 
impugnado  contendría  un  error,  pues  considera  que  la  realización  de  los  actos  de 
comunicación a través de medios electrónicos, telemáticos o de otra clase semejante, es 
el único modo de comunicación del juzgado con las personas jurídicas, o al menos que 
es preferente a la utilización del correo certificado con acuse de recibo en el domicilio 
señalado en la demanda, resultando que, en verdad, no es de ese modo cuando se trata 
de la citación o emplazamiento del demandado aún no personado en el procedimiento 
(art.  155  LEC).  Por  lo  demás  y  en  todo  caso,  prosigue,  tratándose  de  la  primera 
comunicación, al constatarse que la realizada en sede electrónica no había sido retirada, 
tuvo el juzgado la posibilidad consecutiva de evitar la indefensión procediendo a hacerla 
por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio señalado en la demanda 
(art. 55 LJS) o a través de comunicación personal (art. 158 LEC), lo que no efectuó ni 
inicialmente ni en ese momento posterior al intento de comunicación electrónica.
Por consiguiente, no habiendo quedado acreditado el conocimiento extraprocesal por 
las recurrentes de la causa principal o de la ejecución de la sentencia, ni tampoco la 
negligencia  de  estas,  se  concluye  que  el  auto  recurrido  es  contrario  a  la  doctrina 
constitucional y no resulta fundado en Derecho. Interesa por ello la estimación del 
recurso de amparo por vulneración del art. 24.1 CE, en su vertiente de acceso al 
proceso, y que la nulidad alcance no solo al auto de 14 de enero de 2019 expresamente 
impugnado, sino también a la sentencia sobre el despido y a las demás resoluciones del 
procedimiento  principal  y  del  de  ejecución  de  la  sentencia,  con  retroacción  de 
actuaciones hasta el momento de citación a juicio para que se proceda a señalar una 
nueva fecha para el acto de conciliación y en su caso celebración del juicio, citando  e.
correctamente  a  las  demandadas  para  que  puedan  comparecer  en  dichos  actos  w.b
articulando los medios de defensa que estimen oportunos. 53ww
8.  Por providencia de fecha 25 de junio de 2020, se señaló para votación y fallo del
presente recurso el día 29 de julio del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación del auto del Juzgado 
de lo Social núm. 2 de León, de fecha 14 de enero de 2019, por el que fue inadmitido el 
incidente de nulidad de actuaciones promovido por las demandantes en amparo en 
procedimiento de despido objetivo individual núm. 872-2017. Las recurrentes consideran 
que  ha  resultado  vulnerado  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión 
(art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso, pues, según se afirma 
en la demanda, no fueron emplazadas en la forma prescrita en la normativa procesal 
aplicable para el primer emplazamiento o citación a juicio, razón por la cual sufrieron una 
situación de indefensión lesiva de aquel derecho fundamental; vulneración que el órgano 
judicial consolidó con la inadmisión de la solicitud de nulidad de actuaciones.
El Ministerio Fiscal, solicita la estimación de la demanda de amparo con base, en 
esencia, en la doctrina sentada en la STC 47/2019, de 8 de abril.
2.  Doctrina constitucional y aplicación al supuesto enjuiciado.
En la STC 47/2019, de 8 de abril, FFJJ 3 y 4, este Tribunal ha analizado el marco 
normativo establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción social en relación con los 
actos de comunicación procesal. Al hacerlo, hemos constatado que dicha Ley (art. 56 
LJS) se remite, en cuanto a la utilización de medios electrónicos, a lo previsto con 
carácter general en la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Al analizar esta última hemos 
considerado, en línea con lo expresado en la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 3, que, si 
bien  dicha  ley  procesal  impone  a  las  personas  jurídicas  la  obligación  general  de 
comunicarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos [art. 273.3 
a) LEC], el régimen jurídico específicamente aplicable al primer emplazamiento es el del 
art. 155.1, 2 y 3 LEC y del art. 273.4, párrafo 2 LEC, que exigen la «remisión al domicilio 
de los litigantes» (art. 155.1 LEC), estableciendo de forma específica tanto la obligación 
de hacer constar en la demanda o en la petición o solicitud con la que se inicie el 
proceso «el domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de 
este» (art. 155.2 LEC), como la de presentar en papel «los escritos y documentos que se 
presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o 
requerimiento del demandado» (art. 273.4, segundo párrafo LEC).
A la vista de esta regulación, este Tribunal ha concluido en la citada STC 47/2019 —
y así lo ha reiterado en otras también referidas a procedimientos de despido, como las 
SSTC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2; 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 3, 
y 7/2020, de 27 de enero, FJ 2, pero también en las SSTC 122/2019, de 28 de octubre, 
FJ 3, en un proceso monitorio, o 129/2019, de 11 de noviembre, FJ 4, en un incidente 
concursal— que no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al 
demandado aún no personado en el procedimiento, en cuanto a los actos de citación o 
emplazamiento inicial, sino conforme a lo previsto en el art. 155.1 LEC, los cuales se 
harán por remisión al domicilio de los litigantes. Tal es la regla que opera en el proceso 
laboral (art. 53.1 LJS).
En suma, el hecho de que, por imperativo legal los sujetos mencionados en el 
art. 273.3 LEC tengan que actuar en el proceso sirviéndose de esas vías tecnológicas y 
que, de acuerdo a lo previsto en el art. 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de 
comunicación  también  se  deban  practicar  por  medios  electrónicos,  no  autoriza  a 
entender, con fundamento en ese deber de relacionarse con la administración de justicia  e.
por  medios  electrónicos  o  telemáticos,  que  esas  personas  y  entidades  queden  w.
constreñidas, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a  53ww
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Juzgado de lo Social núm. 2 de León debería haber efectuado la primera citación o 
emplazamiento de las empresas demandadas, aún no personadas en el procedimiento 
de despido núm. 872-2017, por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio 
designado por la demandante, en lugar de realizarla por medios telemáticos a través de 
la dirección electrónica habilitada.
3.  Conclusión.
La doctrina de la STC 47/2019, de 8 de abril, debe aplicarse al presente recurso de 
amparo  y,  en  consecuencia,  debe  declararse  la  vulneración  del  derecho  de  las 
demandantes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y estimar la 
pretensión de amparo formulada. Por ello, de conformidad con lo establecido en el 
art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad del auto del Juzgado de lo Social núm. 2 de 
León, de fecha 14 de enero de 2019, por el que se inadmitió la solicitud de nulidad de 
actuaciones promovida en el procedimiento de despido objetivo individual ya reseñado, y 
la de la sentencia núm. 76/2018, de 23 de febrero, de ese juzgado de lo social, dictada 
en  dicho  proceso,  que  estimó  íntegramente  la  pretensión  actora,  acordando  la 
retroacción de las actuaciones hasta el momento procesal oportuno, a fin de que se 
proceda  de  nuevo  a  la  citación  de  las  empresas  recurrentes  para  los  actos  de 
conciliación y juicio, actuándose de manera respetuosa con el derecho fundamental cuya 
vulneración se declara.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por las entidades Seditex Global, S.L., y 
Seditex Valladolid, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de las demandantes de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerles en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto 
del Juzgado de lo Social núm. 2 de León, de fecha 14 de enero de 2019, por el que se 
inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por las demandantes en el 
procedimiento de despido objetivo individual núm. 872-2017, así como la nulidad de las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de las entidades recurrentes a través 
de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer las actuaciones del procedimiento por despido núm. 872-2017 hasta 
el  momento  inmediatamente  anterior  a  su  emplazamiento  inicial  para  los  actos  de 
conciliación y eventual juicio, a fin de que la nueva citación para estos se lleve a cabo de 
manera respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  e.
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado. w.b