BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Miércoles 11 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 99984
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13771 Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil V de Madrid a inscribir determinados acuerdos sociales 
de una sociedad.
En  el  recurso  interpuesto  por  doña  C.  P.  M.  contra  la  negativa  del  registrador 
Mercantil V de Madrid, don Mariano Rajoy Brey, a inscribir determinados acuerdos 
sociales de la sociedad «Jarceley, S.L.».
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 24 de febrero de 2020 por el notario de Madrid, 
don Antonio de la Esperanza Rodríguez, con el número 818 de protocolo, se elevaron a 
público los acuerdos de la junta general de la sociedad «Jarceley, S.L.» por los que se 
cesaba a la administradora única (doña C. P. M.) y se nombraba un administrador único 
de dicha sociedad.
II
Presentada el día 12 de abril de 2021 copia autorizada de la referida escritura en el 
Registro Mercantil de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Mariano  Rajoy  Brey,  Registrador  Mercantil  de  Madrid,  previo  el  consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 3120/1216.
F. presentación: 12/04/2021.
Entrada: 1/2021/54931,0.
Sociedad: Jarceley SL.
Hoja: M-319393.
Autorizante: Esperanza Rodríguez Antonio de la.
Protocolo: 2020/818 de 24/02/2020.
Fundamentos de Derecho (defectos).
– Defectos subsanables:
- La Sociedad figura dada de baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio 
de  Hacienda,  comunicada  a  este  Registro  a  los  efectos  de  lo  previsto  en  los  s
Artículos 137 de la Ley 431995 de 27 de Noviembre del Impuesto de Sociedades y  oe.
ARrRt M9--  6 LLp Raao  rRs hfMoaoclj.taiae  dddaeed l l dafie gspuoórcasi iectodo andd ee  lls aCes I Fecnu rceeunvetoancstar adano cu seaerlregasúd nca o mdrraeen scdpoaonmnfodierienmntoitde adsde.  rceovno ceal caiórtníc ruelmo i3ti7d8o   2021-13771n https://www.
a este Registro por la Agencia Tributaria (apartado cuarto de la Disposición Adicional).
En relación con la presente calificación: (…)
Madrid, a catorce de abril de dos mil veintiuno. El registrador, Mariano Rajoy Brey.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña C. P. M. interpuso recurso el día 28 de 
mayo de 2021 mediante escrito en el que manifestaba lo siguiente:
«Hechos.
Primero.  En fecha 17/02/2020 se celebró Junta Universal de socios de la entidad 
Jarceley SL en donde se acordó, tras haber sido incluido dentro del orden del día, entre 
otros, lo siguiente:
"Tercero.  Cese  de  la  Administradora  único  y  Nombramiento  de  un  Nuevo 
Administrador.
Los socios D.ª C. P. y D.ª J. Z. muestran su disconformidad con el nombramiento del 
nuevo administrador, pues manifiestan que:
D. S. M. es socio y Administrador Único de la sociedad Sephora Advisory SL, la cual 
tiene idéntico objeto social que Jarceley SL y tiene su domicilio en la vivienda propiedad 
de lo sociedad en la calle (…)
Asimismo, D. S. M. es socio y administrador único de la sociedad Bailbar MP SL, la 
cual tiene idéntico objeto social que Jarceley SL. Esta sociedad es quien tiene arrendado 
el inmueble de lo calle (…) y lo deudora del préstamo con la entidad del Banco Popular 
garantizado con el referido inmueble.
D. S. M. manifiesta que son Sociedades que se dedican, de hecho, a actividades 
diferentes, y que no hay causo alguno de incompatibilidad ni conflicto de intereses, y 
que, si surgiese, lo pondría inmediatamente en conocimiento de la Junta antes de 
adoptar cualquier decisión.
Se acuerda, con el voto o favor de D. S. M. y con el voto en contra de D.ª C. P. y D.ª 
J. Z., procede al cese de la Administradora única de la compañía D.ª C. P. M., presente 
en este acto, cargo que ostentaba en virtud del nombramiento de cargo, según costo en 
la  Escrituro  de  Constitución  de  la  Sociedad  de  fecha  27  de  Noviembre  de  2002, 
autorizada  ante  el  Notario  de  Madrid,  D.  Antonio  de  la  Esperanza  Rodríguez, 
número  5.333  de  su  protocolo,  e  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  de  Madrid,  al 
Tomo 18.407, folio 12, Hoja M-319393, inscripción 1.ª
D.ª C. P. M. como Administradora saliente, se da por notificada de su cese.
Tras el cese de la Administradora Única, se acuerdo se acuerda, con el voto a favor 
de D. S. M. y con el voto en contra de D.ª C. P. y D.ª J. Z. nombrar como Administrador 
Único, por plazo indefinido, a D. S. L. F. M., mayor de edad, de nacionalidad francesa, 
provisto de Pasaporte Francés (…), con NIE X(…), y domicilio en la Calle (…), quien 
estando  presente,  acepta  expresamente  el  cargo  para  el  que  ha  sido  designado, 
manifestando  no  estar  incurso  en  incompatibilidades  legales  o  estatutarios  paro 
ejercerlo."
Asimismo, es preciso recalcar que D.ª C. P. presentó ante la Junta de Socios las 
Cuenta Anuales formuladas por ella –de los Ejercicios– 2015, 2016, 2017 y 2018, las 
cuales no fueron aprobadas por el voto en contra de S. M. (…) s
Segundo.  Mediante escritura otorgada el pasado 24/02/2020 ante el Notario de  o
cMSloo.sa nM dsr.aei,d cce,uu nDee rnsoducnoa  csA [a nsliitacdod]an:odiop d tdaeed A olasd  mEpisnopisre trraaland zoaJr  uÚRnnotaidc roíg Uduneei vzlae,  rbssaoajclo ie ecdle anldeú bmJraaerdrcoae  l8e1ey8 l S dL1e,7  e/s1lue2 v/p2ór0 oa2to 0pc úobylol i,c eoDns.    2021-13771n https://www.
1.º  Cesaba a la Administradora Única Doña C. P. M. BOE-A-cable e
2.º  Se nombraba Administrador único a Don S. M. (…)
Tercero.  El 12/04/2021, C. P. presentó ante el Registro Mercantil de Madrid solicitud 
de inscripción parcial de su cese como Administradora Única de la sociedad Jarceley SL.
Cuarto.  El 14/04/2021, el Registro Mercantil resolvió no practicar la inscripción 
solicitada por existir varios defectos subsanables:
a.  La Sociedad figura dada de baja provisionalmente en el Índice de Entidades del 
Ministerio de Hacienda.
b.  La hoja de la sociedad se encuentra cerrada por falta de depósito de las cuentas 
anuales.
c.  La sociedad figura con el CIF revocado según mandamiento emitido por la 
Agencia Tributaria (…)
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho
I.  De procedimiento.  El presente recurso se formula al amparo del art. 324 de la 
Ley Hipotecaria.
El recurso cumple con los requisitos del art. 326 de la Ley Hipotecaria.
El recurso se interpone dentro del plazo de un mes desde la notificación de la 
calificación del Registro Mercantil.
II.  De fondo.
A.  Respecto  a  las  consecuencias  que  se  derivan  del  incumplimiento  de  la 
obligación de depositar las cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el 
art. 282 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el RD-Leg 1/2010, de 2 de 
julio, así como en el artículo 378 y en la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento 
del Registro Mercantil, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde al [sic] 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el 
depósito  de  las  cuentas  anuales  debidamente  aprobadas,  no  puede  inscribirse 
documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de 
administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho 
cargo.
B.  La Dirección General de los Registros y del Notariado ha mantenido que la falta 
de  depósito  no  puede  constituir  obstáculo  alguno  a  la  inscripción  del  cese  de 
administrador como el ahora debatido, accediéndose así a una pretensión que tiene su 
fundamento en dicha norma legal y que, en cumplimiento del principio de rogación, debe 
ser formulada por quien tiene interés legítimo en concordar el contenido de los asientos 
registrales con la realidad respecto de la publicación de una titularidad –la de su cargo 
de administrador– que ya se ha extinguido. En este sentido, cabe recordar que, según la 
doctrina  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  (Resoluciones 
de 21/03/2000, 11/04/201, 27/04/2002, 26/07/2005, 25/02/2006, 04/10/2007, 19/06/2009, 
01/03/2010, 26/07/2011, 30/06/2009, 11/01/2014, entre otras), salvo que otra cosa se 
precise expresamente en el propio acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese 
de los administradores, acordado por la junta general de al [sic] sociedad, a la validez, 
eficacia e inscripción del nombramiento del nuevo administrador, toda vez que dicho  s
cese es un acto previo, autónomo y jurídicamente independiente de las actuaciones  oe.
sociales subsiguientes. Tampoco la necesidad de evitar que la sociedad quede acéfala  w.
puede constituir obstáculo alguno a al iscripción [sic] del cese del administrador ahora  771ww
aduenbqautidea d, ictohdoa n voemzb qraume ieenn teol  npore ssee nptuee cdaas ios nhcar ibsiird o[s iyca]  pnoorm ebsrtaadr oc enruraedvao  laad hmoijnai srteragdisotr ay,l 
C–aó dsiaglov od elo sC oemfeecrtociso  fyre 9n ted eal  Rteercgelarmose nqtuoe  dseigl uReeng ieslt rroé gMimerecna nptrile–v issutort ierán  elofesc ator tsd.e 2sd0e d eell   BOE-A-cable e
momento de su aceptación, que consta en la escritura calificada –artículo 214.3 de la 
Ley de Sociedades de Capital.
C.  Dado que los otros defectos, consistentes en que la sociedad figura de baja 
provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda y que el CIF ha sido 
revocado por la Agencia Tributaria, son inherentes a la falta de depósito de las cuentas 
anuales, se entiende que los argumentos expuestos en el apartado anterior deben servir 
para superar los mismos.
El incumplimiento de las obligaciones fiscales que haya podido cometer C. P. se 
entiende conocido por parte de nuevo Administrador Único de la sociedad y por los 
terceros, por lo que la desvinculación deberá poder realizarse ahora o, al menos en el 
plazo de cuatro años desde su cese, por cuanto es en ese momento cuando se extingue 
la responsabilidad de la Administradora Única por sus actuaciones durante el ejercicio de 
su cargo.
Por lo expuesto,
Solicito,  que  tenga  por  presentado  este  escrito,  con  los  documentos  que  le 
acompañan, y tras los trámites preceptivos estime el presente recurso, acordando la 
inscripción parcial del cese de la administradora única.»
IV
Mediante escrito, de fecha 14 de junio de 2021, el registrador Mercantil emitió 
informe y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 279 y 282 de la Ley de 
Sociedades de Capital; la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, 
General Tributaria; los artículos 131.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre 
Sociedades;  119.2  y  la  disposición  final  duodécima  de  la  Ley  27/2014,  de  27  de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; los artículos 6, 96, 365, 367, 368 y 378 y la 
disposición transitoria quinta del Reglamento del Registro Mercantil; las Resoluciones de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de febrero de 1979, 26 de 
mayo y 4 de junio de 1998, 23 de diciembre de 1999, 21 de marzo de 2000, 11 de abril 
de 2001, 14 de enero, 21 de marzo y 27 de abril de 2002, 18 de febrero de 2004, 10 de 
marzo, 26 de julio, 16 de septiembre y 3 de octubre de 2005, 25 de febrero y 20 de mayo 
de 2006, 12 de julio de y 4 de octubre de 2007, 19 de junio y 30 de julio de 2009, 8 de 
febrero y 1 de marzo de 2010, 21 de febrero, 25 de marzo, 26 de julio, 21 de septiembre 
y 21 de noviembre de 2011, 17 de enero y 27 de febrero de 2012, 7 de junio, 8 de 
octubre y 14 de noviembre de 2013, 11 de enero y 4 de noviembre de 2014, 23 de enero, 
20 de marzo, 20 de mayo, 19 de septiembre, 22 de octubre y 22 y 23 de diciembre 
de 2015, 25 de enero, 20 de abril, 18 de mayo, 22 de julio y 19 de septiembre de 2016, 2 
y 18 de enero y 7 de febrero de 2017, 19 de febrero, 11 y 20 de junio y 20 y 21 de 
diciembre de 2018, 17 de enero, 20 de febrero, 22 y 23 de julio y 28 de noviembre 
de 2019 y 7 y 15 de enero de 2020, así como la de 15 de septiembre de 2015, ésta del 
sistema registral en contestación a consulta, y las Resoluciones de la Dirección General  s
de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 6 y 7 de febrero, 20 de marzo y 28 de julio  e.
de 2020. w.
acue1r.d oEs nd el ala  ejusnctrait ugrean ecruayl ad ec laal ifsicoaccieiódna de «sJ aimrcpeulegyn, aSd.aL .»s ep ore lleovsa qroune  sae  cpeúsbalibcao  al olas 
asodcmieindiastdr.adora única (doña C. P. M.) y se nombraba un administrador único de dicha
El registrador fundamenta la suspensión la de la inscripción solicitada en los tres 
defectos siguientes:
a)  «La Sociedad figura dada de baja provisional en el Índice de Entidades del 
Ministerio de Hacienda, comunicada a este Registro a los efectos de lo previsto en los 
artículos 137 de la Ley 43/1995 de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades y Art. 
96 RRM».
b)  «La hoja de la sociedad se encuentra cerrada de conformidad con el artículo 378 
RRM por falta del depósito de las cuentas anuales correspondientes».
c)  «La sociedad figura con el CIF revocado según mandamiento de revocación 
remitido a este Registro por la Agencia Tributaria (apartado cuarto de la Disposición 
Adicional)».
Mediante el presente recurso se pretende únicamente que se haga constar en el 
Registro Mercantil el cese de la ahora recurrente como administradora única de dicha 
sociedad. Alega ésta que puede practicarse dicha inscripción por tratarse de una de las 
excepciones expresamente incluidas en el referido 378.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil.
2.  Es cierto que si el cierre registral estuviera motivado sólo por el incumplimiento 
de la obligación de depositar las cuentas anuales, de lo establecido en el artículo 282 de 
la Ley de Sociedades de Capital así como en el artículo 378.1 y en la disposición 
transitoria quinta del Reglamento del Registro Mercantil, resultaría que procedería la 
inscripción del cese de la administradora, como afirma la recurrente.
Pero ello no es posible por haberse producido también el cierre registral como 
consecuencia de la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuestión sobre la que este Centro Directivo 
se ha pronunciado en reiteradas ocasiones (vid. las Resoluciones citadas en el apartado 
«Vistos» de la presente), con referencia a los efectos de cierre provocados por la nota 
marginal de baja provisional en el Índice de Sociedades.
La doctrina de esta Dirección General al respecto se elaboró sobre la redacción del 
artículo 131.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (y en el artículo 137 de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, refundido por aquel), 
que  establecía  que  en  caso  de  baja  provisional  de  una  sociedad  en  el  Índice  de 
Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se imponía un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en 
dicho Índice.
La regulación actual se contiene en el artículo 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades que tiene el siguiente contenido: «El acuerdo 
de  baja  provisional  será  notificado  al  registro  público  correspondiente,  que  deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que 
se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a 
aquélla concierna sin presentación de certificación de alta en el índice de entidades».
El contenido del precepto es idéntico al de su precedente, por lo que la doctrina 
entonces  aplicable  lo  sigue  siendo  hoy,  a  pesar  del  cambio  de  ley  aplicable.  La 
disposición final duodécima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, estableció el día 1 
de enero de 2015 como fecha de su entrada en vigor.
Dicha regulación se completa con la del artículo 96 del Reglamento del Registro 
Mercantil que establece lo siguiente: «Practicado en la hoja registral el cierre a que se  e
refieren los artículos 276 y 277 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo podrán  bo
extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de  771ww
ccoomntoe nloesr  rloesla taivcotoss a lq dueep sóesaiton  dpere lasus pcuueesnttoa sn eacneusaaleriso» .para la reapertura de la hoja, así
marEgiln acol ndtee ncidieor red ep oers tbaas jan oprrmovaiss ioensa cl oennc leuly eÍnndteic ep adrae  eEln triedgaidstersa,d onro:  vpiogdernát ep rlaa cntiocatar 
ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.
Y producido tal cierre ni siquiera puede inscribirse –como pretende la recurrente– el cese 
de la administradora.
Por ello, el recurso no puede prosperar respecto del primero de los defectos que se 
expresan en la calificación impugnada, pues entre las excepciones a la norma de cierre 
que los preceptos transcritos contemplan no se encuentra el cese de administradores 
que,  en  consecuencia,  no  podrá  acceder  a  los  libros  registrales  mientras  el  cierre 
subsista.
Esta  Dirección  General  ha  insistido  (vid.,  por  todas,  la  Resolución  de  14  de 
noviembre de 2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre 
registral provocado en el ámbito de las obligaciones de naturaleza fiscal con las del 
cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales (artículo 282 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el artículo 378 y la disposición 
transitoria quinta del Reglamento del Registro Mercantil), respecto del cual se admite 
expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, 
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo 
demás, la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta 
de depósito de cuentas y por baja en el Índice de en relación con el cese y renuncia de 
administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce 
por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por 
certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, 
por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros.
3.  Debe también confirmarse la negativa del registrador fundada en el tercero de 
los obstáculos que expresa en la calificación (el hecho de resultar del contenido del 
registro  la  revocación  del  número  de  identificación  fiscal  de  la  sociedad),  pues  la 
disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, en la 
redacción vigente en el momento de la calificación registral impugnada, disponía lo 
siguiente en su cuarto apartado: «Cuando la revocación se refiera a una entidad, la 
publicación anterior también determinará que el registro público en que esté inscrita, en 
función del tipo de entidad de que se trate, proceda a extender en la hoja abierta a la 
entidad a la que afecte la revocación una nota marginal en la que se hará constar que, 
en lo sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a esta, salvo que se 
rehabilite dicho número o se asigne un nuevo número de identificación fiscal» (párrafo 
que ha sido modificado por el artículo 13.25 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, en los 
siguientes términos, en vigor desde el 11 de julio de 2021: «Cuando la revocación se 
refiera al número de identificación fiscal de una entidad, su publicación en el «Boletín 
Oficial  del  Estado»  implicará  la  abstención  del  notario  para  autorizar  cualquier 
instrumento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen 
prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así 
como la prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter 
administrativo, salvo que se rehabilite el número de identificación fiscal. El registro 
público en el que esté inscrita la entidad a la que afecte la revocación, en función del tipo 
de entidad de que se trate, procederá a extender en la hoja abierta a dicha entidad una 
nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse 
inscripción  alguna  que  afecte  a  aquella,  salvo  que  se  rehabilite  el  número  de 
identificación fiscal»).
El referido apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 
diciembre, General Tributaria, fue añadido por el artículo 5.17 de la Ley 36/2006, de 29 
de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y reformado por el  s
artículo único.61 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre de modificación parcial de la  oe.
Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  así  como  por  el  citado  w.
artículo 13.25 de la Ley 11/2021, y tiene importantes consecuencias en el ámbito del  771ww
Rdee g1i5st rdoe  Mseeprctiaenmtibl preu edse,  2c0o1m5o  ap ulas oc odnes ureltlaie vdee  llaa  cSounbtedsirteacccióiónn d Ge eensetara Dl diree cVceiórinfi cGaecnióenr ayl 
CAdomntirnoils tTraricbióunta rTiori bduetal riDa edpea r3ta dmee jnutloio  ddee  2G0e1s5t,ió sne  Trerisbuuetalvreian  deen  llaa  pArágcetniccaia d eE sutnaata nl odtae   BOE-A-cable e
marginal distinta a la que provoca la baja provisional en el Índice de Sociedades (algo 
que ha sido confirmado por la modificación de la norma por el citado artículo 13.25 de la 
Ley 11/2021).
Como se puso entonces de relieve, la revocación del número de identificación fiscal 
obedece a una razón de ser y es objeto de un procedimiento distinto del que provoca la 
nota  marginal  de  cierre  previsto  en  el  artículo  119.2  de  la  Ley  del  Impuesto  de 
Sociedades.
La  regulación  del  número  de  identificación  fiscal  se  comprende  en  Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. El procedimiento 
de concesión se contempla en su artículo 23 y el de revocación y rehabilitación, que se 
enmarcan  dentro  de  los  procedimientos  de  comprobación  e  investigación,  en  su 
artículo 147 (reformado en cuanto a la rehabilitación por virtud del artículo 1.29 del Real 
Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre), de cuya regulación resultan las consecuencias 
y  efectos  derivados  de  ambas  situaciones.  Específicamente  el  procedimiento  de 
revocación, que obedece al incumplimiento de las obligaciones fiscales que el propio 
precepto determina, se sujeta al procedimiento en el mismo regulado y culmina con la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En conclusión, el efecto de cierre total de la hoja social es el mismo tanto en el 
supuesto de baja provisional en el Índice de Entidades como en el de revocación del 
número de identificación fiscal, sin perjuicio de que la práctica de cada una de estas 
notas marginales así como su cancelación se practique en virtud de títulos igualmente 
distintos.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 29 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.