BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Viernes 17 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 52480
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
8010 Decreto-ley  7/2020,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  medidas 
urgentes en el ámbito de la educación, para hacer frente a los efectos de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
I
La emergencia sanitaria que ha generado la propagación del COVID-19 en todo el 
mundo ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas de todo tipo para luchar contra la 
oleada de contagios y mitigar los efectos económicos y sociales que este fenómeno está 
produciendo. Por eso, el pasado 14 de marzo se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, 
de 17 de marzo.
La  declaración  del  estado  de  alarma  establece  en  todo  el  territorio  del  Estado 
medidas temporales de limitación de la libre circulación de las personas y de contención 
en el ámbito educativo, entre otras, con el fin de proteger la salud de la ciudadanía y 
reforzar el Sistema Nacional de Salud. Unas medidas necesarias para proteger la salud 
de la ciudadanía frenando la propagación de la enfermedad que tienen, sin embargo, 
consecuencias inevitables en el funcionamiento de los servicios públicos y en la actividad 
de los diferentes sectores económicos y sociales. Las medidas de contención y las 
limitaciones a la movilidad han provocado alteraciones importantes en la normalidad de 
la prestación de servicios públicos como, por ejemplo, los educativos.
En las Illes Balears, el Consejo de Gobierno, en sesión de día 13 de marzo, adoptó el 
Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para Limitar la 
Propagación y el Contagio del COVID-19 (BOIB núm. 33, de 13 de marzo), y, en sesión 
de día 16 de marzo de 2020, las medidas concretas de carácter organizativo y de 
prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su 
sector público instrumental (BOIB núm. 35, de 16 de marzo), en el marco del Real 
Decreto 463/2020 y del Acuerdo de 13 de marzo de 2020 mencionados.
Desde entonces, el Gobierno de las Illes Balears ha aprobado el Decreto Ley 4/2020, 
el Decreto Ley 5/2020 y el Decreto Ley 6/2020, referidos a medidas extraordinarias en 
varios  ámbitos  sectoriales  y  administrativos  de  la  competencia  de  la  Comunidad 
Autónoma, así como ha dictado otras disposiciones y resoluciones para hacer frente a la 
crisis  social,  sanitaria,  económica  y  educativa  en  el  marco  de  la  contención  de  la 
pandemia.
II
En el ámbito educativo, la suspensión de la actividad educativa presencial adoptada 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en todos los centros y etapas, ciclos, 
grados,  cursos  y  niveles  de  enseñanza  contemplados  en  el  artículo  3  de  la  Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha supuesto para las administraciones 
educativas, para el personal docente y para el alumnado un reto sin precedentes. e.
De acuerdo con el artículo 9.2 del Decreto Ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se  w.b
establecen  medidas  urgentes  en  materia  de  contratación,  convenios,  conciertos  10ww
eaddumcinaitsivtroast ivoys  syu bpvreesnucpiouneessto, s spearvraic iohsa cesro cfriaelnetse,  aml iemdpioa ctaom ebcieonntóem, icpor oyc esdoimciiaeln tdoesl 
COVID-19, los consejeros pueden decidir motivadamente la continuación o, incluso, el
inicio de los procedimientos administrativos que sean indispensables para la protección 
del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Los esfuerzos iniciales se han centrado en garantizar el derecho fundamental a la 
educación  constitucionalmente  reconocido,  mediante  una  modalidad  educativa  a 
distancia, que ha requerido en un reducido espacio de tiempo la adopción de varias 
medidas  para  garantizar  la  continuidad  de  los  servicios  educativos,  las  cuales  han 
supuesto  un  gran  esfuerzo  de  adaptación  de  los  equipos  directivos,  del  personal 
docente, de las familias y del alumnado.
En  estos  momentos  también  resulta  ineludible  afrontar  el  reto  de  modificar  los 
procesos  para  la  preparación  y  la  puesta  en  marcha  del  próximo  curso 
escolar  2020-2021,  cuyo  inicio  y  funcionamiento  debe  ser  garantizado  por  la 
Administración educativa en condiciones de absoluta normalidad. Estos procesos son, 
concretamente, los procedimientos de adscripción y admisión a través de los que se 
obtiene una plaza escolar, y adaptarlos a las circunstancias actuales, en que, por un 
lado, se hagan efectivas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar 
situaciones de aglomeraciones o saturación de gente en los centros escolares, y, por 
otro, se sea consciente del diferente nivel de acceso a las tecnologías de la información 
de las personas que participan en los procesos.
Así mismo, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
regula la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración en cuanto a 
determinados colectivos y procedimientos, en especial aquellos que resulta esencial 
desarrollar de manera ágil para garantizar un inicio normalizado del curso escolar, como 
son los procedimientos de selección de personal docente no universitario y los sistemas 
y procedimientos de provisión de plazas para este personal.
Del mismo modo, se regula la obligación de los empleados públicos docentes no 
universitarios al servicio de esta Comunidad Autónoma de relacionarse electrónicamente 
con la Administración, en especial en aquellos procedimientos relacionados con su vida 
administrativa que inciden en la organización de los centros educativos, como son los 
relativos  a  permisos  y  licencias,  situaciones  administrativas,  tramitación  de 
comunicaciones de incapacidad temporal, jubilaciones, etc.
Ciertamente, se puede afirmar que tanto los empleados públicos docentes como los 
aspirantes  a  serlo  disponen  de  las  capacidades  suficientes  y  de  los  accesos  y 
disponibilidad de medios electrónicos para cumplir esta obligación, sin perjuicio de las 
medidas de asistencia que la Administración ponga a su alcance.
Ante esta situación excepcional es una obligación de los poderes públicos garantizar 
el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía, especialmente 
aquellos que derivan de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.
De  este  modo,  este  Decreto  Ley  establece  su  ámbito  material  y  temporal  de 
aplicación (capítulo I; artículos 1 y 2) y tiene por objeto establecer determinadas medidas 
de  rango  legal  en  materia  de  adscripción  y  admisión  del  alumnado  para  el  curso 
escolar 2020-2021 (capítulo II; artículos 3 a 5) y en materia de procedimientos de 
selección y provisión de plazas de personal y de relaciones electrónicas de este personal 
con la Administración (capítulo III; artículos 6 y 7).
Entre las medidas del capítulo II se incluyen las disposiciones normativas necesarias 
para simplificar el procedimiento de adscripción y admisión y se prevé la tramitación 
electrónica preferentemente, como consecuencia de la crisis sanitaria, para participar en 
ellos (art. 1.2) De este modo se permite simplificar y avanzar el procedimiento y evitar la  s
realización de trámites presenciales que, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad  oe.
sanitaria,  permitan  la  no  proliferación  de  aglomeraciones  y  concentraciones  de  los  w.
participantes en los procesos en los centros escolares o la asistencia masiva a los  10ww
smeervnicciioonsa pdúobs lipcroosc eod ipmriiveandtooss,  pcaorma or,e paolizr aerj eamctpivloid, alad ecso nreslualctaio dnea dlaissta os  pprroevviissitoansa elens ,l olas 
obtención de documentación acreditativa de los criterios de admisión u otros.
En el momento de realizar la solicitud telemática, se deberá firmar una declaración 
responsable sobre el visto bueno del trámite por parte del otro progenitor o tutor del menor, 
para asegurar la corrección del procedimiento (art. 4.1 y 4.3). También se regula el régimen 
sancionador, en relación con las declaraciones responsables, ante el incumplimiento por 
parte  de  los  participantes  en  los  procesos  y  la  remisión  al  régimen  general  de 
responsabilidad que ya prevé el Decreto 64/2019, de 2 de agosto, por el que se establece el 
régimen de admisión de alumnos en los centros sostenidos totalmente o parcialmente con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (art. 5).
Entre  las  medidas  del  capítulo  III  se  incluye  la  obligación  de  relacionarse 
electrónicamente  con  la  Consejería  de  Educación,  Universidad  e  Investigación  en 
relación  con  los  procedimientos  de  selección  y  los  sistemas  y  procedimientos  de 
provisión de plazas de personal docente no universitario al servicio de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears (art. 6), así como la obligación de este personal de 
relacionarse  electrónicamente  con  la  Consejería  de  Educación,  Universidad  e 
Investigación (art. 7).
El Decreto Ley se completa con dos disposiciones finales, por las que se dispone, 
por un lado, la facultad de desarrollo del Decreto Ley por el consejero y, finalmente, la 
entrada en vigor.
III
El decreto ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears a imagen de lo que prevé el artículo 86 del texto constitucional, constituye un 
instrumento  en  manos  del  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  para  afrontar 
situaciones de necesidad extraordinaria y urgente como la que antes se ha descrito, 
aunque con el límite de no poder afectar a determinadas materias. Como disposición 
legislativa de carácter provisional, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento 
jurídico está condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente.
En el contexto de alarma sanitaria que están afrontando todas las comunidades 
autónomas, el Gobierno de las Illes Balears considera plenamente adecuado el uso del 
decreto  ley  para  dar  cobertura  a  un  conjunto  de  medidas  directamente  dirigidas  a 
combatir  los  efectos  derivados  del  COVID-19  y  garantizar  el  inicio  del  curso 
escolar 2020-2021.
Desde el punto de vista de la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 
materia de decretos ley, las medidas que ahora se adoptan responden a la exigencia de 
que  haya  una  conexión  de  sentido  o  relación  de  adecuación  entre  la  situación 
excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, que deben ser idóneas, concretas 
y de eficacia inmediata.
En todo caso, el propio Tribunal Constitucional, en las sentencias 29/1986, de 20 de 
febrero, y 237/2012, de 13 de diciembre, ha dejado claro que no se debe confundir la 
eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea y, por lo tanto, se 
debe permitir que las medidas adoptadas con carácter de urgencia prevean un posterior 
despliegue normativo o actuaciones administrativas de ejecución de las medidas legales.
Conviene añadir que el presente Decreto Ley encuentra también anclaje, desde el 
punto de vista del marco competencial, en el punto 1 del artículo 30 y en el artículo 36 
del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía, a propuesta del 
consejero  de  Educación,  Universidad  e  Investigación,  y  habiéndolo  considerado  el  e.e
Consejo de Gobierno, en la sesión de día 8 de mayo de 2020, se aprueba el siguiente 
Decreto Ley:
CAPÍTULO I
Ámbito material y temporal de aplicación
Artículo 1.  Objeto del Decreto Ley.
1.  El presente Decreto Ley tiene por objeto establecer, a la vista de la situación 
generada  por  el  COVID-19,  reglas  de  carácter  extraordinario  para  determinados 
procesos:
a)  Los procesos de adscripción y admisión del próximo curso escolar 2020-21.
b)  Los procedimientos de selección y los sistemas y procedimientos de provisión de 
plazas  de  personal  docente  no  universitario  al  servicio  de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Además,  se  establece  la  obligación  de  este  personal  de  relacionarse 
electrónicamente con la Consejería de Educación, Universidad e Investigación.
2.  En  las  enseñanzas  de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación 
secundaria obligatoria, bachillerato y educación especial, la tramitación electrónica de los 
procedimientos de adscripción y admisión no supone la modificación de la regulación 
prevista en el Decreto 64/2019, de 2 de agosto, por el que se establece el régimen de 
admisión de alumnos en los centros sostenidos totalmente o parcialmente con fondos 
públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  relativa  al  régimen  de 
solicitudes, excepto en aquello que constituye el objeto del presente Decreto Ley.
Artículo 2.  Vigencia.
Las disposiciones del presente Decreto Ley tendrán vigencia para la preparación, el 
inicio y el desarrollo del próximo curso escolar 2020-2021, y se extenderá hasta la 
finalización de los procedimientos administrativos a los que hace referencia.
CAPÍTULO II
Medidas específicas de los procedimientos de adscripción y admisión del 
alumnado
Artículo 3.  Características generales.
1.  Tanto el proceso de adscripción como el de admisión del alumnado en las 
enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y educación especial para el curso escolar 2020-2021 se tramitarán de 
manera telemática preferentemente de acuerdo con el calendario que se fijará por 
resolución  del  consejero  de  Educación,  Universidad  e  Investigación.  Se  dará  la 
correspondiente difusión de las novedades que afecten a la tramitación electrónica de los 
procedimientos a través de la página web de la Dirección General de Planificación, 
Ordenación y Centros. De manera análoga, la Dirección General de Primera Infancia, 
Innovación y Comunidad Educativa publicará el calendario en lo referente al primer ciclo  es
de educación infantil. o
2.  Asimismo,  el  proceso  de  admisión  en  los  ciclos  formativos  de  formación  w.
spperroo tcfreeassmiooisnta arslá,e  t dafeinja tmorá ae nnpe orrréa gl aitmesl eecnmo ráprtreiecssape opnnrcdeiaifeel,nr eaten dste isrmteasenoncltuieac., i oEcnol emcsao.l e eTnandm alarb ioimé nod desa eclia dddaaadr  áud nudoaif lu dtseai móenbs itdéoens    2020-8010n https://ww
estas novedades y de las indicaciones oportunas para la correspondiente tramitación
electrónica  de  cada  procedimiento  en  la  página  web  de  la  Dirección  General  de 
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores.
3.  La solicitud telemática se llevará a cabo por medio de la plataforma informática 
de la administración digital del Gobierno de las Illes Balears, a través de la aplicación de 
gestión  académica  y  administrativa  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidad  e 
Investigación, el GESTIB.
4.  Para poder iniciar la solicitud, se requerirá la autenticación previa de la identidad 
del solicitante mediante uno de los siguientes sistemas:
– El sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve.
– El código de usuario del GESTIB o el usuario CAIB.
– La combinación del DNI, NIE o pasaporte con el número de móvil de contacto del 
usuario.
5.  La Consejería de Educación, Universidad e Investigación, por medio de los 
centros  educativos  y  de  las  oficinas  de  escolarización,  y  en  colaboración  con  los 
ayuntamientos, garantizará la ayuda y el apoyo a los usuarios que no disponen de 
medios adecuados para llevar a cabo el trámite telemático a la hora de implementar 
tanto el trámite de adscripción como el de admisión. Esta ayuda se concretará en una 
resolución posterior o, si es el caso, en unas instrucciones del director general de 
Planificación, Ordenación y Centros. La cooperación o asistencia en la realización de 
trámites  telemáticos  por  los  órganos  colaboradores  no  altera  el  régimen  de 
responsabilidad de las solicitudes, que se entienden imputables a los participantes en el 
proceso.
Artículo 4.  Tramitación telemática del procedimiento.
1.  La solicitud telemática contendrá la declaración responsable sobre el visto bueno 
del trámite por parte del otro progenitor o tutor del menor, excepto cuando este visto 
bueno no resulte exigible, de acuerdo con el apartado I.b) del anexo 6 de la Resolución 
del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 5 de marzo de 2020 por la 
que se despliegan determinados aspectos para el curso escolar 2020-2021 respecto a 
los  procesos  de  adscripción,  admisión  y  matriculación  de  alumnos  en  los  centros 
sostenidos totalmente o parcialmente con fondos públicos en los niveles de segundo 
ciclo  de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación  secundaria  obligatoria, 
bachillerato y educación especial en las Illes Balears. En el caso de primer ciclo de 
educación infantil, se hará de acuerdo con la Resolución de la directora general de 
Primera infancia, Innovación y Comunidad Educativa de 3 de marzo de 2020 por la que 
se despliegan determinados aspectos para el curso escolar 2020-2021 de los procesos 
de  admisión  y  matriculación  de  alumnos  en  los  centros  sostenidos  totalmente  o 
parcialmente con fondos públicos y en los centros de la red complementaria en los 
niveles de primer ciclo de educación infantil.
2.  Una vez se ha hecho el trámite, este se enviará al centro correspondiente de 
forma automática. Dado que el trámite se puede hacer más de una vez, en el supuesto 
de que un mismo centro reciba más de una solicitud de la misma persona, se tomará 
como válida la última que se haya recibido. En el supuesto de que se envíe una segunda 
solicitud a un centro diferente, el solicitante tendrá que comunicar por correo electrónico 
la anulación del trámite telemático anterior al centro descartado dentro de plazo. En este 
último caso, los centros escolares deben confirmar al solicitante, por la misma vía, la  s
recepción y el contenido del correo electrónico de comunicación. oe.
3.  La presentación por parte de un solicitante de dos o más trámites electrónicos en  w.
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solicitante haya comunicado en el centro descartado la anulación del trámite anterior
dentro de plazo, en los términos previstos en el artículo 4.2. Bc
4.  Una vez se haya formulado la solicitud, únicamente en el caso de que esta 
documentación no pueda consultarse telemáticamente por parte de la Administración, se 
deberá presentar en el centro de origen (adscripción) o en el centro elegido en primer 
lugar (admisión) la documentación acreditativa de las circunstancias declaradas.
5.  Las  funciones  propias  de  las  comisiones  de  escolarización  relativas  a  la 
supervisión del proceso de escolarización del curso 2020-2021 se asignan, de manera 
excepcional, al Departamento de Inspección Educativa de la Consejería de Educación, 
Universidad e Investigación. En el caso de las enseñanzas de formación profesional 
estas funciones se mantienen en la Comisión de Garantías, dadas las peculiaridades de 
la composición de la misma y puesto que entre sus miembros ya figura el Departamento 
de Inspección Educativa.
6.  Los resultados en los procesos de adscripción y de admisión en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos se comunicarán:
– A través de la web del Servicio de Escolarización de la Dirección General de 
Planificación,  Ordenación  y  Centros,  para  las  enseñanzas  de  segundo  ciclo  de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y 
educación especial.
– A  través  de  la  web  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y 
Enseñanzas  Artísticas  Superiores,  para  las  enseñanzas  de  formación  profesional, 
personas adultas y enseñanzas artísticas superiores.
7.  La formulación de reclamaciones a las listas de puntuación provisional, tanto del 
proceso de adscripción como el de admisión, se realizará preferentemente por medios 
electrónicos.
Artículo 5.  No adquisición de los derechos de prioridad.
1.  En las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial, la realización de 
las siguientes actuaciones implicará la no adquisición de los derechos de prioridad que 
puedan corresponder al solicitante y, en consecuencia, se adjudicará una plaza de oficio, 
en función de las vacantes disponibles:
– Presentar una solicitud de escolarización o de declaración responsable con datos 
falsos o contrarias a la legalidad.
– La realización injustificada y abusiva de los trámites telemáticos de solicitud de 
admisión o adscripción excepto en el caso regulado en el artículo 4.2 del presente 
Decreto Ley.
2.  Las actuaciones referidas en el apartado anterior también implicarán:
a)  En el caso de los centros de primer ciclo de educación infantil, el solicitante 
podrá quedar sin plaza asignada.
b)  En el caso de los ciclos de formación profesional, el solicitante quedará excluido 
del proceso de admisión.
CAPÍTULO III
Medidas específicas en materia de personal docente no universitario al servicio de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Artículo  6.  Obligación  de  relacionarse  electrónicamente  con  la  Consejería  de 
Educación,  Universidad  e  Investigación  en  relación  con  los  procedimientos  de 
selección  y  los  sistemas  y  procedimientos  de  provisión  de  plazas  de  personal 
docente no universitario.
1.  Las  personas  interesadas  que  participen  en  los  procesos  de  selección  de 
personal funcionario de carrera docente, de personal funcionario interino docente o de 
personal laboral docente están obligadas a participar en los procedimientos convocados 
o que se convoquen mediante los canales de acceso, los sistemas y las aplicaciones que 
en cada caso se determinen.
2.  El personal docente no universitario que participe en los procesos de provisión 
de  plazas  está  obligado  a  participar  en  los  procedimientos  convocados  o  que  se 
convoquen mediante los canales de acceso, los sistemas y las aplicaciones que en cada 
caso se determinen.
Artículo  7.  Obligación  del  personal  docente  no  universitario  de  relacionarse 
obligatoriamente con la Consejería de Educación, Universidad e Investigación.
1.  El personal docente no universitario al servicio de la Comunidad Autónoma está 
obligado a relacionarse electrónicamente en todas aquellas actuaciones y trámites que 
tengan que cumplimentar en relación con su vida administrativa.
2.  La Consejería de Educación, Universidad e Investigación facilitará los medios 
electrónicos  para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  las  personas 
mencionadas en este capítulo de relacionarse obligatoriamente con la Administración 
educativa.
Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo.
Se faculta al consejero de Educación, Universidad e Investigación para adoptar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto Ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este Decreto Ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de las Illes Balears».
Palma, 8 de mayo de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–El 
Consejero de Educación, Universidad e Investigación, Martí X. March i Cerdà.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 77, de 9 de mayo de 2020. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 97, 
de 30 de mayo de 2020, con corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
número 103, de 6 de junio de 2020)