BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21661
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2946 Pleno. Auto 11/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones 
autonómicas 5813-2018. Estima el incidente de ejecución de la STC 98/2019, 
de 17 de julio, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la 
admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta 
de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 
hechos del 1 de octubre de 2017; acuerda la notificación personal del auto y 
la deducción de testimonio de particulares.
ECLI:ES:TC:2020:11A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en el incidente de ejecución 
de la STC 98/2019, de 17 de julio, y de la providencia de 10 de octubre de 2019, 
promovido por el Gobierno de la Nación en relación con determinados acuerdos de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 7 de noviembre de 2018, el 
Gobierno de la Nación, representado por el abogado del Estado, al amparo de lo 
dispuesto en los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), impugnó las letras c) y d) del apartado decimoquinto del epígrafe II de la 
Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre la 
«priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia» (en adelante, la 
resolución  92/XII),  publicada  en  el  «Butlletí  Oficial  del  Parlament  de  Catalunya» 
(«BOPC») núm. 177, de 18 de octubre de 2018.
La  impugnación,  tramitada  bajo  el  núm.  5813-2018,  fue  estimada  por  la 
STC 98/2019, de 17 de julio («Boletín Oficial del Estado» núm. 192, de 12 de agosto 
de 2019), que declaró inconstitucionales y nulas las referidas letras c) y d) del apartado 
decimoquinto, epígrafe II, de la resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña.
2.  Por escrito registrado en este Tribunal el día 7 de octubre de 2019, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno de la Nación y, al amparo de los arts. 87 
y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, formuló incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, 
respecto de determinados incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la Resolución 534/XII 
del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», aprobada en 
la sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el «BOPC» núm. 400, de 1 de agosto  s
de 2019. Tales incisos reiteraban la reprobación del rey que realizó la resolución 92/XII y  oe.
que la citada STC 98/2019 había declarado inconstitucional y nula. w.
eSsTcCrPi too9r 8 p/p2rre0os1ve9idn; eta(nidic)o iad  padore rt  r1ea0ls  aldabedo ogo acatdlu oMb rdiene idls teEe sr2ito0a 1dF9oi,s  fceoalr lmP ylue lanalon  dPaoac roilnardcmióde:e n(ntio)t e t eddneee  Cre apjetoacrlu urcñeióacn ibd idede ol  aelasl    2020-2946n https://ww
peticiones formuladas en el mismo, al objeto de que en el plazo de diez días pudieran
formular  las  alegaciones  que  estimasen  convenientes;  (iii)  tener  por  invocado  el  Bc
art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados incisos de la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña; (iv) notificar la providencia al presidente 
del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general 
del Parlamento, con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir; y (v) requerir a las 
personas  indicadas,  con  advertencia  de  su  obligación  de  abstenerse  de  realizar 
cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la 
resolución 534/XII, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, 
jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 98/2019.
La providencia de 10 de octubre de 2019 se publicó en el «BOE» núm. 246, de 12 de 
octubre siguiente y se notificó personalmente a las personas indicadas, practicándose 
asimismo los requerimientos interesados.
El citado incidente fue estimado por ATC 184/2019, de 18 de diciembre, que declaró 
la nulidad de los incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña que reiteraban la reprobación del rey. Asimismo, acordó la 
notificación personal de su contenido al presidente del Parlamento de Cataluña, a los 
demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con la advertencia 
de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la 
resolución 534/XII, en los apartados e incisos anulados, así como de su deber de impedir 
o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera 
ignorar o eludir la nulidad de esos apartados e incisos, apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades  incluida  la  penal,  en  las  que  podrían  incurrir  en  caso  de 
incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal.
3.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 31 de octubre de 2019, el 
abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación y, con fundamento en 
los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, ha formulado un nuevo incidente de ejecución de la 
STC 98/2019, ahora en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 22 de octubre de 2019 («BOPC» núm. 446, de 22 de octubre de 2019), por el que se 
califica  y  admite  a  trámite,  para  su  sustanciación  ante  el  pleno,  la  «Propuesta  de 
resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de 
octubre», así como respecto del acuerdo de la misma mesa de la Cámara catalana de 29 
de octubre siguiente, que rechaza las solicitudes de reconsideración de aquel acuerdo 
presentadas por los grupos parlamentarios Socialistes i Units per Avançar (PSC-Units) y 
Ciutadans (C’s) y el subgrupo Partido Popular (PPC).
La  impugnación  del  abogado  del  Estado  se  ciñe  exclusivamente  al  inciso  del 
apartado undécimo de la propuesta de resolución, que afirma lo siguiente: «Per aixó, 
reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de 
la monarquia» que el escrito de demanda traduce así: «Por ello, reitera y reiterará tantas 
veces como lo deseen los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía».
El abogado del Estado solicita en su escrito que este Tribunal admita a trámite el 
incidente de ejecución y, estimándolo, declare que el inciso señalado contraviene lo 
ordenado en la STC 98/2019 y en la providencia de 10 de octubre de 2019 y, en 
consecuencia, lo declare nulo y sin efecto jurídico alguno.
Solicita, también, que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que a su tenor 
produce la inmediata suspensión de los acuerdos de la mesa de 22 de octubre y de 29 
de octubre, en cuanto a la admisión a trámite de la propuesta de resolución en el referido 
inciso. e.
Interesa, asimismo, que, conforme al art. 87.1 LOTC, se practique la notificación  w.b
personal de la providencia en que se decrete la suspensión de los acuerdos de la mesa  46ww
sael cprreetasirdioe ngtee ndeeral l Pdaerlla mPeanrltaom deen toC, actaolnu ñaa,d vae rltoesn cdiae mdáes  smu ieombbligroasc iódne  dlae  mimespae dyir  aol 
apbasrateliznaerr sceu adleq urieear liiznaicri actiuvaal eqsuqeu iesruap oancgtuaa icginoonreasr  toe nedluednitre sla  as udsapre ncsuimónp liamcioerndtaod aa,  ldoes 
acuerdos impugnados y de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 
directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 98/2019.
Solicita también que, conforme al art. 94.2 d) LOTC, en el auto que en su momento 
se dicte resolviendo el incidente se advierta, igualmente, a las personas citadas de su 
deber  de  impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa,  jurídica  o  material,  que  directa  o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la Sentencia 98/2019 y la decisión que este 
Tribunal dicte, en su caso, estimando la demanda incidental, apercibiéndoles de las 
eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
La demanda incluye dos peticiones adicionales formuladas por otrosí: (i) que, al 
amparo del art. 88.1 LOTC, se recabe del Parlamento de Cataluña el acta de la sesión 
de la mesa que dio lugar al acuerdo de 22 de octubre de 2019, en los particulares 
referidos a la deliberación y adopción del acuerdo impugnado, así como los informes y 
documentos correspondientes, y el acta de la mesa de 29 de octubre, informes –si 
existen–  y  la  resolución  sobre  las  solicitudes  de  reconsideración  formuladas, 
concediendo a las partes traslado de esta documentación para alegaciones; y (ii) que el 
Tribunal deduzca el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad 
penal  que  pudiera  corresponder  al  presidente  del  Parlamento  de  Cataluña  y  a  los 
miembros de la mesa que han votado a favor de la admisión a trámite de la propuesta de 
resolución controvertida, por incumplir el mandato del art. 87.1 LOTC según el cual 
«todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal 
Constitucional resuelva».
Al escrito de demanda incidental se acompaña la certificación del acuerdo aprobado 
por el Consejo de Ministros el mismo día 31 de octubre de 2019, que tiene por objeto 
plantear ante el Tribunal Constitucional el incidente de ejecución. También se adjunta el 
«BOPC» núm. 446, de 22 de octubre de 2019, donde se publicó la admisión a trámite de 
la propuesta.
El abogado del Estado fundamenta sus pretensiones en los siguientes argumentos:
a)  Tras resumir los antecedentes de hecho y reproducir la normativa procesal que 
sirve de base al planteamiento del incidente (arts. 87.1 y 92.1 LOTC), explica, en primer 
lugar, que las resoluciones del Tribunal Constitucional que han sido incumplidas por los 
acuerdos de 22 y 29 de octubre de 2019 son dos. A su entender, no sólo se vuelve a 
quebrantar lo decidido en la propia STC 98/2019. También se incumple directamente lo 
resuelto en la providencia de 10 de octubre de 2019 que, en el marco del primer 
incidente de ejecución de aquella sentencia (respecto de la resolución 534/XII), impuso 
claramente al presidente del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la mesa la 
obligación de abstenerse de realizar por sí mismos e impedir o paralizar cualquier 
actuación tendente a incumplir la suspensión acordada y la propia sentencia.
Explica, en este punto, que una providencia del Tribunal Constitucional puede ser 
objeto de un incidente de ejecución, en cuanto que es una resolución dictada en el 
ejercicio de su jurisdicción, en apoyo de lo cual reproduce el texto de los apartados 
primero, segundo y quinto del art. 92 LOTC.
b)  Como cuestión previa, el abogado del Estado recuerda que el incidente de 
ejecución puede utilizarse contra actos parlamentarios de trámite, aunque no pongan fin 
al procedimiento parlamentario ni desplieguen efectos ad extra.  Así lo reconoció el 
Tribunal en su ATC 124/2017, de 19 de septiembre, en el que puso de manifiesto que el 
incidente de ejecución tiene por objeto «verificar si los poderes públicos han respetado 
su deber de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 LOTC), estando el 
Tribunal  facultado  para  ‘declarar  la  nulidad  de  cualesquiera  resoluciones  que  e.
contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución  w.b
de éstas’ (art. 92.1 LOTC) […]». 46ww
en  Aunu npqruoec eedsitme ipernoton unlecgiaismlaiteivnoto  (daedlm Tirsibióunn aal  sterá rmefiteer íad ea  uunn aa cptoro ppaorslaicmióenn tadreio  leinys)e, rteol 
aa bcougaaldqou ideer l oEtrsata dreos oclouncsióidne rpaa qrluaem eeln rtaarzioan daem ietrnátmo itdee lq Tureib usnuaplo ensg aig uuanl minecnutem palpimlicieanbtleo 
directo de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, como es en este caso la admisión de
una propuesta de resolución. Por consiguiente, el acto de calificación y admisión a 
trámite  es,  en  su  opinión,  objeto  idóneo  del  incidente  siempre  que  incumpla 
manifiestamente lo ordenado por el Tribunal. Así ha ocurrido en este caso, según afirma, 
pues la decisión de la mesa incumple manifiestamente lo ordenado por el Tribunal en su 
providencia de 10 de octubre de 2019, entrando, asimismo, en «contradicción flagrante» 
con el propio pronunciamiento del Tribunal contenido en la STC 98/2019, sobre la 
imposibilidad jurídica de reprobar a la monarquía.
En esta misma línea, el abogado del Estado recuerda que, de acuerdo con la 
doctrina  constitucional,  la  facultad  de  las  mesas  de  las  cámaras  (estatales  y 
autonómicas) de inadmitir a trámite propuestas o resoluciones que sean manifiesta o 
palmariamente  inconstitucionales  se  torna  en  obligación  cuando  existe  un  mandato 
expreso  del  Tribunal  Constitucional  en  tal  sentido.  En  este  caso,  enfatiza  que  la 
providencia de 10 de octubre de 2019 advirtió de forma expresa «al presidente del 
Parlamento  de  Cataluña,  a  los  demás  miembros  de  la  mesa  del  Parlamento  y  al 
secretario  general  del  Parlamento  de  Cataluña  de  su  obligación  de  abstenerse  de 
realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  incisos 
impugnados de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, así como de su deber 
de  impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa,  jurídica  o  material,  que  directa  o 
indirectamente  suponga  ignorar  o  eludir  la  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 98/2019». Es más, la admisión a trámite de la propuesta de resolución no 
sólo resulta antijurídica por incumplir el mandato expreso del Tribunal incluido en la 
providencia de 10 de octubre de 2019, sino que «puede vulnerar el ius in officium de los 
demás diputados» en los términos expuestos por las SSTC 46/2018 y 47/2018, ambas 
de 26 de abril. Dichas resoluciones señalan que, al dar trámite a una iniciativa en 
flagrante incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional, la mesa del 
Parlamento pone a los diputados en la tesitura inaceptable de tener que optar entre 
participar en una manifiesta ilegalidad o renunciar a intervenir en el debate político, 
ignorando  el  mandato  representativo  recibido  de  sus  votantes,  que  sólo  puede 
expresarse en el debate parlamentario.
c)  Hechas  las  consideraciones  anteriores,  el  abogado  del  Estado  «coteja»  los 
acuerdos impugnados con la STC 98/2019 y la providencia de 10 de octubre. Este juicio 
de  contraste  le  lleva  a  sostener  que  se  ha  admitido  a  trámite  una  propuesta  de 
«reprobación de la monarquía» que «de modo frontal y sin necesidad de valoración, por 
un simple cotejo, […] vulnera doblemente las resoluciones del Tribunal: la providencia 
de 10 de octubre de 2019, dado que está adoptando una iniciativa que supone, por una 
parte, ignorar la suspensión que acordó el Tribunal Constitucional; y por otra parte 
ignorar o eludir la STC 98/2019».
El inciso controvertido utiliza, además, un verbo («reiterar») que pone de manifiesto 
que hay un «nexo íntimo» (ATC 124/2017, FJ 6) y deliberado entre la propuesta de 
resolución que se admite a trámite y las previas resoluciones 92/XII y 534/XII, que son 
las  que  resultan  «reiteradas»  y  que  fueron,  respectivamente,  anulada  por  la 
STC 98/2019 y suspendida por la providencia de 10 de octubre de 2019.
d)  Especialmente relevante es el hecho de que la iniciativa objeto del incidente 
traiga causa de una resolución anterior suspendida, pues, como señala la STC 46/2018, 
FJ 6, para que pueda considerarse que existe incumplimiento por la mesa de la cámara 
de su deber constitucional de acatar lo resuelto por este Tribunal «es preciso que la 
mesa tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que 
le impide darle curso». Así acontece en el presente caso, pues la resolución 534/XII,  s
suspendida en sus apartados I.1, I.2 y I.3 por la providencia del Tribunal Constitucional  oe.
de 10 de octubre de 2019, en dichos apartados reafirma: «su rechazo al posicionamiento  w.
del rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán y a su justificación de la  46ww
VviIo lpeonrc isau e pjeorsciicdiao npaomr ileons tocu ye rspuo si npteorlivceianlecisó ne l c1o nd er eolactcuióbnre »a;l  «csoun frliecptoro dbeamcióoncr ádteic Fo eqlipuee 
egsepnaeñrao l»la;  yn e«gsua cdióenre cdheo  dae erexcphreossa cr ivvailelosr ayc iopnoelísti cyo so peinni oCneasta pluoñlíati cpaosr  spoabrrtee  lad ealc tEusatcaiódno   BOE-A-cable e
y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores republicanos, tal 
y como expresaba en la resolución 92/XII, sobre la priorización de la agenda social y la 
recuperación de la convivencia».
Existe, pues, un nexo explícito entre la suspendida resolución 534/XII y la propuesta 
de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 
de octubre», admitida a trámite por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 22 de octubre de 2019, confirmado por el acuerdo de 29 de octubre, nexo que hacía 
palmaria y evidente la improcedencia de esa admisión. El ánimo de incumplir lo resuelto 
por  el  Tribunal  Constitucional,  ignorando  los  efectos  de  la  nulidad  y  suspensión 
acordadas,  queda  claramente  evidenciado,  sin  margen  de  duda  posible,  en  la 
declaración de la voluntad de «reiterar» la reprobación de la monarquía «tantas veces 
como lo deseen los diputados y las diputadas» del Parlamento de Cataluña.
En consecuencia, concurren en el presente caso las circunstancias excepcionales 
para apreciar que la mesa del Parlamento de Cataluña, al admitir a trámite esa iniciativa 
parlamentaria,  ha  incumplido  su  obligación  de  acatar  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC), vulnerando también con ello el ius in officium 
de  los  diputados  (art.  23.2  CE)  e  indirectamente  el  derecho  de  los  ciudadanos  a 
participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
e)  Por todo ello, el abogado del Estado concluye que estamos ante la reiteración de 
la censura del rey ya formulada en la resolución 92/XII y reiterada en la 534/XII. Insiste 
en que, a ese manifiesto incumplimiento de lo ya resuelto en la STC 98/2019 y en la 
providencia de 10 de octubre de 2019, se suma la vulneración del ius in officium de los 
diputados (art. 23.2 CE). Así pues, el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 22 de octubre de 2019, en cuanto admite a trámite el inciso controvertido del apartado 
undécimo de la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal 
Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», y el acuerdo de 29 de octubre que lo 
confirma, al rechazar las solicitudes de reconsideración, deben ser declarados nulos.
f)  La  demanda  del  abogado  del  Estado  termina  justificando  la  petición  de 
específicas  medidas  de  ejecución.  Estima  que  estamos  ante  un  «acto  de  frontal 
desacato y de manifiesto incumplimiento de lo dispuesto en la referida sentencia y 
providencia constitucional», por lo que resulta necesario, no sólo declarar la nulidad de 
los acuerdos, sino también suspenderlos (para lo que se invoca el art. 161.2 CE), realizar 
las notificaciones personales y requerimientos que ya se efectuaron en la providencia 
de 10 de octubre de 2019 y deducir el testimonio de particulares al que se refiere el 
art. 92.4 d) LOTC para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los 
miembros de la mesa que han votado a favor de la admisión a trámite.
4.  Por providencia de 5 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por recibido el escrito presentado por el abogado del Estado de formulación 
de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), por contravención de la STC 98/2019, 
de 17 de julio, en relación con los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 22 y 29 de octubre de 2019, en cuanto a la admisión a trámite de la propuesta de 
resolución cuyo apartado undécimo contiene el inciso en el que literalmente se señala 
«por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas la 
reprobación de la monarquía».
Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 CE, lo 
que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos en cuanto han 
calificado y admitido a trámite el inciso indicado del apartado undécimo de la referida 
propuesta de resolución. e.
Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho  w.b
precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este  46ww
Tderi bCuantaall,u añcao, rddoón i gRuoaglmere nTtoer rlean nt oi tRifiacmacióió,n a dl ese lacr pertaorviiod egnecniear aall  pdroens iXdaevniteer  dMeul rPoa ir lBamase ny toa 
Elouss mebiei mCabmropsd deep alad rmóse si aP udcounr uJlol, sdeopn  CDoasvtaid  iP Réoreszs eIbllóá,ñ edzo,n d Jooñaan L Gauarrac íVa íGlchoenzz áSleázn,c dhoenz 
y doña Adriana Delgado i Herreros; con advertencia de su deber de impedir o paralizar
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Asimismo acordó, al amparo del art. 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña 
para que, en el plazo de tres días, remitiera a este Tribunal el acta de la sesión de la 
mesa de 22 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción 
del acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo 
de la mesa; y el acta de la mesa de 29 de octubre, informes si existen y resolución sobre 
la solicitud de reconsideración formulada por los grupos parlamentarios de C’s, PSC-
Units y el subgrupo PPC. También acordó que, una vez recibidos los documentos 
solicitados, se diera traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña para que, 
en el plazo de diez días, a la vista de los mismos, formularan las alegaciones que 
estimaren procedentes.
Acordó, en fin, la publicación de la providencia en el «Boletín Oficial del Estado», lo 
que tuvo lugar en el núm. 267, de 5 de noviembre de 2019.
5.  En  este  antecedente  quedan  recogidas  todas  las  actuaciones  que  guardan 
relación con las solicitudes de personación y los recursos de súplica presentados por 
determinados miembros de la mesa y varios diputados del Parlamento catalán y la 
resolución de este Tribunal al respecto:
a)  Por medio de escrito que tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el 
día 11 de noviembre de 2019, los señores don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, respectivamente, vicepresidente primero y secretario primero 
de  la  mesa  del  Parlamento  de  Cataluña,  representados  por  el  procurador  de  los 
tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz y defendidos por el letrado don Jaume 
Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron que se les tuviera por personados y parte en el 
presente  incidente  de  ejecución,  a  los  efectos  de  poder  defender  sus  derechos  e 
intereses legítimos como miembros de la mesa y, al mismo tiempo, interpusieron recurso 
de súplica contra la providencia de 5 de noviembre de 2019, solicitando su revocación, 
por ser contraria a Derecho, y que fuera inadmitida la impugnación de los acuerdos de la 
mesa de 22 y 29 de octubre de 2019. Subsidiariamente, interesaron que se dejaran sin 
efecto los apartados segundo, tercero y cuarto de la providencia.
En su recurso de súplica sostienen, en síntesis, lo siguiente: (i) la impugnación es 
preventiva, pues la propuesta admitida a trámite puede ser objeto de enmienda antes de 
convertirse, en su caso, en resolución (citan, entre otros, el ATC 135/2004, de 5 de 
agosto); (ii) la impugnación planteada por el Gobierno es inadmisible por no haber 
consultado previamente a la Comisión Permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de 
la Ley Orgánica del Consejo de Estado); (iii) no resulta de aplicación lo previsto en el 
art. 161.2 CE, en cuanto a la suspensión automática prevista para la impugnación de las 
disposiciones autonómicas (título V LOTC), pues el incidente de ejecución no es una 
impugnación a estos efectos, por lo que la suspensión de los acuerdos parlamentarios 
acordada en la providencia de 5 de noviembre de 2019 carece de motivación y de 
sustento normativo; (iv) las propuestas de resolución no son susceptibles de ejecución 
de ningún tipo por el propio Parlamento de Cataluña y los efectos de la STC 98/2019 se 
agotan en la propia declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se 
contiene, por lo que el incidente de ejecución carece de objeto y, en consecuencia, es 
inadmisible; (v) el apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que 
realiza la providencia de 5 de noviembre de 2019 carece de cobertura legal y vulnera la 
inviolabilidad parlamentaria de los diputados miembros de la mesa de la cámara; (vi) la  e
providencia supone una vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de  bo
reunión y del derecho de participación política de los diputados del Parlamento de  46ww
C(vaii)ta leunñ ac, uaasní toc ormeoq udieerle p rain claip iop redseimdeonccráiat,ic oa  (lcait am leas Sa TyC  a4 0l/a2 0s0e3c, redtea r2ía7  dgee nfeerbarle rdoe);l 
iPganrolaramr eon toe luddei rC laat asluusñpae pnasiróan q auceo irmdapdidaa ny  oq upea rsaeli caebns cteunaglqauni edr ein riceiaaltiizvaar  qcuuea lseuspqouniegraa 
actuaciones tendentes a dar cumplimiento al inciso impugnado, debiendo impedir o
paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga 
ignorar o eludir la STC 98/2019, vulnera la autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña); y (viii) por último, en cuanto ordena en el apartado tercero 
su notificación al presidente del Parlamento de Cataluña, al resto de miembros de la 
mesa y al secretario general, con advertencia de su obligación de respetar la suspensión 
acordada y apercibimiento de responsabilidades, incluso penales, la providencia vulnera 
el derecho a una resolución motivada que reconoce el art. 24.1 CE, así como el derecho 
a la igualdad en la aplicación de la ley.
b)  El mismo día 11 de noviembre de 2019 se registró en este Tribunal otro escrito 
firmado por doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados y diputadas del Parlamento de 
Cataluña, también representados por el procurador de los tribunales don Carlos Ricardo 
Estévez Sanz y defendidos por el letrado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, que, del 
mismo modo, solicitaron personarse y que se les tuviera por parte en este incidente de 
ejecución. Al mismo tiempo, formalizaron recurso de súplica contra la citada providencia 
de  5  de  noviembre  de  2019,  solicitando  su  revocación  y  que  fuera  inadmitida  la 
impugnación  de  los  acuerdos  de  la  mesa  de  22  y  29  de  octubre  de  2019; 
subsidiariamente, interesaron que se dejaran sin efecto los apartados segundo, tercero y 
cuarto de la providencia.
Los razonamientos en que se funda su recurso de súplica coinciden por completo 
con los expresados en el recurso de súplica interpuesto por el vicepresidente primero y 
el secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, pertenecientes todos ellos 
al grupo parlamentario «Junts per Catalunya», que actúan bajo la misma representación 
y defensa.
c)  Por medio de ATC 166/2019, de 27 de noviembre, el Pleno de este Tribunal 
acordó tener por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i 
Pucurull, así como a doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados y diputadas del 
Parlamento de Cataluña, a los solos efectos de que pudieran defender sus derechos e 
intereses legítimos a título particular, sin perjuicio de la personación de dicha cámara 
legislativa a través de sus servicios jurídicos. Acordó, también, admitir a trámite los 
recursos de súplica interpuestos contra la providencia de 5 de noviembre de 2019 por los 
anteriores y dar traslado de los recursos por plazo común de tres días al Gobierno de la 
Nación, al Parlamento de Cataluña y al Ministerio Fiscal, así como a la representación 
procesal de los señores Costa i Rosselló y Campdepadrós i Pucurull, así como de la 
señora Artadi Vila y treinta y un diputados y diputadas más, para formular alegaciones.
d)  El día 4 de diciembre de 2019 quedó registrado en este Tribunal el escrito del 
abogado del Estado, por el que evacua el trámite de alegaciones conferido por el 
ATC 166/2019, solicitando la desestimación de ambos recursos de súplica, por los 
siguientes argumentos, comunes a ambos: (i) los recursos de súplica contra providencias 
de admisión a trámite solo pueden fundamentarse en la falta de requisitos procesales, no 
en argumentos de fondo, como es el caso (cita los AATC 292/2014, de 2 de diciembre, 
y 117/2017, de 16 de agosto), por lo que la valoración de los argumentos referidos al 
fondo de la pretensión que se suscita en el incidente está excluida en este momento 
procesal;  (ii)  conforme  a  la  doctrina  establecida  en  el  ATC  124/2017,  de  19  de 
septiembre, los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre 
de 2019 constituyen objeto idóneo del incidente de ejecución, que no tiene carácter 
preventivo, pues viene motivado por el incumplimiento de la propia mesa al admitir a 
trámite una propuesta contraria a la STC 98/2019 y a la providencia de 10 de octubre 
siguiente, incumplimiento que no queda sanado por la posterior enmienda, ni por el  s
posible rechazo de la iniciativa por el Pleno; (iii) el dictamen del Consejo de Estado no es  oe.
exigible conforme al art. 22.6 de su ley orgánica y menos aún puede considerarse un  w.
requisito de procedibilidad del incidente; (iv) en cuanto al carácter meramente declarativo  46ww
ddoec ltari nSaT cCo n9s8ti/t2u0c1io9n, aal psaergteú nd lea  sceura lu lno sa pleogdaetroe ss upsútbalnictiovso ,e shtaáyn  qvuinec utelandeors e, nta nctuoe nptoar  elal 
fSaTlloC,  1c5o8m/2o0 0p4o, rd ela 2 1fu nddea smeepntietamcibórne , jFuJrí d4i,c ae ndtree  olatrsa sr)e; s(ovl)u lcai oanleegsa ddae l inTarpibliucnaabli lid(caidta  delal   BOE-A-cable e
art. 161.2 CE también es un alegato sustantivo y, en todo caso, sería paradójico que la 
suspensión procediera en la impugnación de disposiciones autonómicas y no cuando el 
Gobierno acciona frente a un motivo de inconstitucionalidad especialmente cualificado, 
como es el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en la sentencia por la que 
resuelve  tal  impugnación;  (vi)  respecto  de  los  requerimientos  realizados  en  la 
providencia, no es cierto que no hayan sido solicitados por la abogacía del Estado, como 
se  afirma  en  los  recursos  de  súplica,  sin  perjuicio  de  que  tales  requerimientos  y 
advertencias no son más que mera concreción en el incidente del deber general del 
art. 87.1 LOTC; es decir, no constituyen, ni crean una obligación de alcance diferente al 
deber  de  cumplir  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional;  (vii)  en  cuanto  a  la 
afectación de la autonomía parlamentaria, el ius in officium y la libertad de expresión de 
los  parlamentarios,  alegatos  que  el  abogado  del  Estado  considera  nuevamente 
sustantivos, se remite al escrito de planteamiento del incidente y a la doctrina de las 
SSTC 46/2018, de 26 de abril, FJ 5, y 115/2019, de 16 de octubre, FFJJ 2 a 7, según la 
cual  la  potestad  de  las  mesas  de  las  Cámaras  legislativas  de  inadmitir  a  trámite 
propuestas o proposiciones cuya inconstitucionalidad sea evidente, se transforma en 
obligación  siempre  que  la  mesa  sea  destinataria  de  un  mandato  del  Tribunal 
Constitucional que impida la tramitación de una determinada iniciativa, como sucede en 
el presente caso; y (viii) por último, en cuanto a la falta de motivación de la providencia 
de 5 de noviembre de 2019, la alegación es genérica y no se ajusta a la realidad, pues la 
providencia motiva, por referencia al art. 161.2 CE y a los arts. 87 y ss. LOTC, todos y 
cada uno de sus apartados.
e)  Con  fecha  12  de  diciembre  de  2019  se  registró  el  escrito  del  letrado  del 
Parlamento de Cataluña en el que manifiesta que no se opone a los recursos de súplica, 
por sus propios fundamentos, y se remite a las alegaciones de fondo presentadas, en las 
que,  junto  a  las  cuestiones  sustantivas,  aborda  las  de  tipo  procesal  referidas  a 
admisibilidad del incidente.
f)  El trámite de audiencia al Ministerio Fiscal abierto por el ATC 166/2019 fue 
despachado mediante un escrito que tuvo entrada en el registro el día 20 de diciembre 
de 2019, en el que solicita la desestimación de los recursos de súplica, por las razones 
siguientes, comunes a ambos: (i) siendo cierto que la admisión de la propuesta de 
resolución es un acto de trámite, hay que tener en cuenta que nos hallamos ante un 
incidente de ejecución cuyo objeto es verificar si la facultad de calificación y admisión de 
la mesa se ha ejercido con respeto a lo resuelto por el Tribunal Constitucional (cita el 
ATC 123/2017, de 19 de septiembre, FJ 2), por lo que la impugnación no es preventiva; 
(ii) la consulta al Consejo de Estado es exigible en las impugnaciones de disposiciones 
autonómicas, pero no en los incidentes de ejecución de las mismas; (iii) si bien el 
acuerdo de admisión puede ser independiente de la resolución que definitivamente se 
apruebe, no lo es del contenido de la propuesta que se admite, sobre la cual la mesa 
debe hacer una calificación material de su contenido, máxime cuando ha sido advertida 
expresamente de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore o eluda 
la STC 98/2019 y la providencia de admisión del primer incidente de ejecución de la 
misma; (iv) debe descartarse igualmente el alegato referido a la inviabilidad del incidente 
de ejecución por el carácter declarativo de la STC 98/2019 y la carencia de efectos 
vinculantes de la propuesta de resolución admitida a trámite por la mesa del Parlamento 
de Cataluña. Lo que se discute es si este órgano ha cumplido con su deber de acatar lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional, deber que quedaría en entredicho si se produce la 
reiteración  por  la  cámara  de  actos  que  repiten  o  son  reproducción  de  iniciativas  s
declaradas  inconstitucionales;  (v)  el  Tribunal  Constitucional  tiene  competencia  para  oe.
realizar los apercibimientos que recoge la providencia recurrida, incluso de oficio (si bien  w.
en este caso el abogado del Estado la ha solicitado expresamente), sin que ello suponga  46ww
mdee npoasrctiacbipoa cailógnu npoo dlíeti claa,  libdeer tlaad  ldiber ee xfporremsaiócnió yn  reduen liaó nv doelu lnotsa dd ipduet aldao sc,á dmea srau  doe rdeec hlao 
daeubtoanteo my ívao tpaacriólanm seonbtraer iacu. eCstoionnfoersm qeu ea e lr eTirtiebruandaal  Cdooncstrtiintuac iocnoanls htiatu scuiosnpael,n dpideorm siutipr onuen   BOE-A-cable e
desconocer lo que dispone el art. 87.1 LOTC, quebrantando el ordenamiento jurídico; (vi) 
por último, la queja de falta de motivación de la providencia y de vulneración del principio 
de igualdad carece de soporte argumental, pues las medidas que se adoptan en esta 
resolución encuentran sustento en los arts. 87.1 y 92 LOTC, así como en el art. 161.2 CE 
en lo que se refiere a la suspensión automática.
6.  Mediante escrito registrado el 14 de noviembre de 2019 el letrado del Parlamento 
de Cataluña evacuó el traslado conferido por la providencia del 5 de noviembre anterior, 
personándose en el incidente de ejecución y aportando las actuaciones parlamentarias 
solicitadas en aquella. Entre los documentos remitidos se incluye la resolución motivada 
por la que se desestimaron las solicitudes de reconsideración del acuerdo de la mesa 
de 22 de octubre de 2019, así como las explicaciones que el vicepresidente segundo, el 
secretario  segundo  y  la  secretaria  tercera  dieron  de  su  voto  contrario  a  dicha 
desestimación.
a)  La resolución desestimatoria de las solicitudes de reconsideración argumenta 
que  el  derecho  de  iniciativa  parlamentaria  forma  parte  del  ius  in  officium  de  los 
diputados, con cita de distintas sentencias constitucionales, y que, para no vulnerarlo, la 
mesa se debe limitar a examinar los requisitos reglamentariamente establecidos. Cita la 
STC 46/2018, de 26 de abril y el art. 11.2 del Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) para concluir que la mesa 
no tiene prácticamente margen para inadmitir las iniciativas de los parlamentarios sin 
vulnerar sus derechos. Transcribe, asimismo, un párrafo de la STC 98/2019 según la 
cual  el  contenido  de  la  letra  d)  del  apartado  decimoquinto,  epígrafe  II  de  la 
resolución 92/XII, podría no ser inconstitucional si hubiera figurado en otra resolución o 
en otro contexto, lo que demuestra –según la resolución de la mesa– que el hecho de 
reiterar una expresión similar a otra ya declarada nula no significa necesariamente que 
se vuelva a incurrir en dicho vicio, pues depende del contexto.
b)  En  cuanto  al  alegado  incumplimiento  de  la  providencia  de  10  de  octubre 
de 2019, la resolución considera que la suspensión no implica la imposibilidad de admitir 
cualquier otra iniciativa que tenga relación con la misma materia. En este caso, la 
propuesta admitida no deriva ni trae causa de la resolución 534/XII, aunque versen sobre 
una materia similar. No comparte el argumento de que la propuesta admitida tienda a dar 
cumplimiento a la resolución suspendida.
En conexión con ese planteamiento, la resolución argumenta que, de acuerdo con el 
art. 92.4 LOTC, si el Tribunal considera que pudiera estarse incumpliendo una de sus 
resoluciones, estaría obligado a requerir de oficio un informe al respecto, lo que no se ha 
hecho.
Asimismo, se aduce que no se ha impugnado el apartado duodécimo de la propuesta 
de resolución, cuando su contenido es similar al del apartado undécimo cuestionado.
Termina  reiterando  que  no  puede  aceptarse  la  interpretación  propuesta  por  los 
grupos que solicitan la reconsideración en el sentido de que mientras una resolución esté 
suspendida no se puede tramitar ningún acto o norma sobre la misma materia, pues esto 
es  incompatible  con  los  derechos  de  los  parlamentarios.  En  consecuencia,  se 
desestiman las solicitudes de reconsideración planteadas contra el acuerdo de 22 de 
octubre.
c)  Tanto el vicepresidente segundo y la secretaria tercera, por un lado, como el 
secretario segundo, por otro, presentaron sendos escritos en los que argumentaron por 
qué, a su juicio, las solicitudes de reconsideración deberían haber sido estimadas, al  e
entender que la admisión a trámite de la propuesta de resolución por acuerdo de 22 de  bo
octubre de 2019 supone un incumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. 46ww
Tribu7n. alP  doer  d1i4lig ednec ian ovdiee mobrdree ndaec ió2n0 1d9e,  lsae  steucvroe taproíar  pdeer sjounsatidcioa  edne l ePl leinncoid ednet ee sdtee 
ejecución al letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que legalmente
ostenta, y por presentada la documentación que acompaña a su escrito de personación.
Se procedió también, conforme a lo acordado por la providencia de 5 de noviembre 
de 2019, a dar traslado de esos documentos a las partes y al Ministerio Fiscal para que, 
en el plazo de diez días, pudiesen formular alegaciones.
8.  El 29 de noviembre de 2019 se registró un escrito del abogado del Estado 
despachando  el  traslado  anterior,  mediante  el  cual  se  ratifica  en  los  hechos  y 
fundamentos de derecho del escrito de demanda incidental. En particular, respecto del 
acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, por el que se 
desestimaron  las  solicitudes  de  reconsideración  formuladas  por  diversos  grupos 
parlamentarios, con fundamento en la consideración debida al derecho de iniciativa de 
los diputados proponentes, añade que no cabe excusar el deber de acatar lo resuelto por 
el Tribunal en la protección de la libertad de expresión de tales diputados, pues una 
resolución parlamentaria es la manifestación de voluntad de una institución del Estado.
9.  Por medio de escrito registrado el 11 de diciembre de 2019, el letrado del 
Parlamento de Cataluña evacuó el traslado conferido mediante diligencia de ordenación 
de 14 de noviembre, interesando la inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación del 
incidente. Por otrosí solicita que se dejen sin efectos los requerimientos y advertencias 
realizados y que se rechace la solicitud de deducir el testimonio de particulares, todo ello 
con base en los siguientes razonamientos:
a)  El incidente es improcedente porque las medidas de ejecución solo caben para 
sentencias que no sean meramente declarativas y exigen, además, que exista una 
voluntad clara de incumplir. De otro modo, deben impugnarse directamente las nuevas 
resoluciones, sin que el Gobierno pueda elegir entre una y otra vía, por lo que el Tribunal 
Constitucional debería ser estricto y valorar si la vía del incidente es proporcionada, 
recordando al efecto las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre los poderes de 
ejecución de los tribunales constitucionales. Apela, asimismo, al conflicto institucional 
que desde hace años existe entre el Parlamento de Cataluña y el Tribunal Constitucional, 
que se manifiesta en actos como los que aquí se examinan.
b)  El  deber  de  cumplimiento  debe  modularse  en  función  del  sujeto  y  de  la 
naturaleza del acto, teniendo en cuenta que las resoluciones parlamentarias son actos 
políticos que expresan la voluntad de la cámara y que se dirigen a la ciudadanía o al 
Gobierno, como lo ratifica el sistema de control que ejercen los propios parlamentos 
mediante el correspondiente procedimiento (art. 162 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña: RPC), aunque admite que la doctrina constitucional no ha acogido esta tesis. 
La «juridificación» de un acto esencialmente político altera las reglas de juego que 
diferencian entre el espacio político y el de la jurisdicción constitucional, especialmente 
cuando el incidente de ejecución se lleva al extremo de impugnar de raíz el mismo 
derecho de iniciativa parlamentaria, como aquí sucede, punto al que nunca había llegado 
el Gobierno hasta ahora; por el contrario, los efectos del deber de cumplimiento deben 
atemperarse en función del poder presuntamente incumplidor, evitando que se utilice el 
incidente como elemento disuasivo y exorbitante para impedir manu militari que se 
tramite un acto, por lo que sería más apropiado situar el conflicto en el terreno de la 
«discrepancia institucional» y no en el incumplimiento del deber del art. 87 LOTC.
c)  El incidente y las medidas adoptadas por el Tribunal son incompatibles con el 
derecho de participación política, la libertad de expresión y el derecho de reunión. Se ha 
ido más allá de casos anteriores referidos a resoluciones parlamentarias, para impedir 
incluso  la  admisión  a  trámite  de  las  mismas,  lo  que  supone  un  «cerco  jurídico  al  s
funcionamiento del Parlamento» que califica como «verdaderamente excepcional». Si  oe.
continuamos teniendo una Constitución no militante –prosigue afirmando– no puede  w.
acaescurtucneatnol ma Krasayero adrcíeas o rpnaayírz l ayl mao ectrnroíttsaic rcaia.   a(Hsl uosnbisgrtereí mae)sa.t  oYc io nanvls ohtcitaauc cleaior lnSoa TslE evD igsHeit úndatee  ,a1 c 7lo adn efmo mremsaaey o da del elc  rP2ita0er1rlia6om,  deeenn  telaol    2020-2946n https://ww
ante una situación totalmente anómala y comprometida pues la convierte en «juez»
parlamentario, con el riesgo de «pecar por exceso o por defecto», vulnerando en el
primer  caso  los  derechos  de  los  grupos  o  arriesgándose  a  una  querella  por 
incumplimiento en el segundo; cita, a continuación, la doctrina recogida en la STEDH 
de 29 de mayo de 2019 que, si bien inadmitió la demanda presentada por la presidenta 
del Parlamento y otros setenta y cinco diputados de la XI legislatura contra la suspensión 
del  pleno  del  Parlamento  del  9  de  octubre  de  2017,  reconoció  que  los  diputados 
demandantes pueden ser considerados como un «grupo de particulares» y ser así 
víctimas de una violación de los derechos del Convenio. Lo anterior tiene gran impacto 
sobre la interpretación del art. 23 CE, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
hace una valoración de las circunstancias del caso concreto lo que implica que no se 
puede admitir cualquier tipo de suspensión de las libertades de expresión y reunión, sino 
que deben ser justificadas y proporcionadas, en contraste con el carácter genérico, 
automático e indiscriminado del presente incidente. Cita finalmente la STEDH de 24 de 
enero de 2006, en el asunto Murat Vural c. Turquía, según la cual el art. 10 CEDH 
protege no solo las ideas, sino también la forma o vehículo elegido para plasmarlas.
d)  Por  último,  aduce  que  el  incidente  carece  de  fundamento,  al  no  existir  un 
incumplimiento material de las resoluciones del Tribunal Constitucional, confundiendo el 
deber  de  cumplimiento  de  una  sentencia  con  el  derecho  de  crítica  política  de  la 
monarquía.  Invocar  dicho  deber  es  especialmente  grave  porque  implica  esgrimir  la 
STC 98/2019 para impedir el ejercicio de la libertad de expresión de los parlamentarios 
en un ámbito especialmente protegido como es el de la crítica política. Con cita de 
diversas sentencias constitucionales y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 
letrado del Parlamento alega que se debe velar por el respeto a la libertad de expresión 
de los diputados, sin que la crítica a la monarquía pueda ser una excepción. Apela a que 
el Tribunal Constitucional reconsidere su jurisprudencia que «blinda la institución de la 
monarquía frente a cualquier tipo de crítica» puesto que «casa mal» con la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (cita el asunto Stern Taulats c. España). La 
libertad de crítica política en una democracia no conoce de status personal o institucional 
y  en  un  Estado  democrático  nadie  está  al  margen  de  la  crítica  política,  pues,  de 
admitirse, sería un privilegio contrario al art. 10 CEDH. Conectando lo anterior con la 
STC 98/2019, considera evidente que manifestar el rechazo a la monarquía no cambia 
un ápice la posición institucional de la Corona, ni los efectos que se deducen de dicha 
posición. Termina aseverando que la reprobación podrá no gustar a la propia institución o 
a una parte de la sociedad, pero esto no significa que sea inconstitucional.
10.  En  escrito  registrado  el  17  de  diciembre,  el  Ministerio  Fiscal  despachó  el 
traslado conferido mediante diligencia de ordenación de 14 de noviembre, solicitando la 
estimación del incidente de ejecución, que se practiquen las notificaciones personales y 
advertencias  interesadas  y  que  se  deduzca  testimonio  para  depurar  posibles 
responsabilidades  penales  de  las  personas  señaladas  en  la  providencia  de  5  de 
noviembre de 2019, todo lo cual fundamenta en los siguientes argumentos:
a)  En cuanto a la idoneidad de los acuerdos de la mesa de un Parlamento para ser 
objeto del incidente de ejecución, cualquier duda se resuelve en el ATC 124/2017, FJ 2, 
con  independencia  de  que  el  caso  analizado  en  dicho  auto  fuera  la  calificación  y 
admisión a trámite de una proposición de ley y aquí se trate de una propuesta de 
resolución. La misma respuesta debe darse respecto de las providencias del Tribunal 
Constitucional, que pueden ser objeto del incidente de ejecución, pues el artículo 92 
LOTC se refiere a «resoluciones».
Sentado  lo  anterior,  invoca  la  STC  128/2019,  de  11  de  noviembre,  sobre  las  e
facultades  de  las  mesas  de  las  Cámaras  de  calificación  y  admisión  a  trámite  de  bo
iniciativas parlamentarias, en la que, reiterando doctrina anterior, afirma que está vedado  46ww
ian cluam  mpleas ae l addembietirr   dae  traácmaittaer  ulon a deincicidiaidtiov ap opra relal mTernibtaurniaa l qCuoen, sdtiteu cfioornmaal.   Pmeasneif ieas tala, 
asufirpmonaecinó nla  dpeu blali cmaecsióan  qduee  lan ieingicai aetfiivcaa cyi ala j uarpídeirctau raa  sduesl  tarácmueitred odse  eenn mlai emneddaisd a(a qrtu. e1 6s7o.l3o 
RPC), esto es incompleto e inexacto, ya que al permitir la tramitación de una propuesta
de  resolución,  que  fue  aprobada  posteriormente  por  el  Parlamento  de  Cataluña 
(resolución 649/XII, de 26 de noviembre de 2019), da soporte y posibilita el debate y 
aprobación de la propuesta de resolución que viene a reproducir el contenido de las 
resoluciones  92/XII  y  534/XII,  con  desconocimiento  de  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional en su STC 98/2019.
Sobre si, conforme al art. 92.4 LOTC, el Tribunal Constitucional debió solicitar a la 
mesa  un  informe  en  caso  de  considerar  que  se  estaba  incumpliendo  una  de  sus 
resoluciones, el fiscal alega que no es exigible, ya que la suspensión acordada por la 
providencia de 10 de octubre de 2019 actúa ope legis, según dispone el art. 161.2 CE.
Admite que el hecho de que una determinada iniciativa parlamentaria sea contraria a 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no determina la obligación de inadmitirla, a la 
vista la STC 46/2018, de 26 de abril, en la que se ampara la mesa, pero obvia que uno 
de  los  motivos  de  las  diferentes  solicitudes  de  reconsideración  que  se  hicieron  al 
acuerdo de 22 de octubre era la contravención de la providencia de 10 de octubre y de la 
STC 98/2019, resoluciones constitucionales que sí imponían a la mesa el deber de 
inadmitirla, según la doctrina constitucional.
El fiscal tampoco considera equiparables los precedentes del Parlamento catalán y 
vasco sobre resoluciones referidas al derecho de autodeterminación que se invocan de 
contrario. Aunque no toda reiteración del contenido de un acto o norma declarada 
inconstitucional debe considerarse un incumplimiento del deber de respetar lo resuelto 
por el Tribunal Constitucional, como ya admitió la STC 115/2019, de 16 de octubre, FJ 7, 
pues el carácter dinámico de la jurisdicción constitucional permite que el Tribunal pueda 
revisar su jurisprudencia, en el presente caso no se dan los presupuestos en que se 
hace  tal  afirmación  por  el  Tribunal  Constitucional,  pues  no  concurren  nuevas 
circunstancias  que  puedan  justificar  un  cambio  de  criterio  del  Alto  Tribunal,  ni  ha 
transcurrido un tiempo suficiente para considerar que, con la propuesta admitida, no se 
pretende eludir lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
b)  Entrando  en  el  fondo  del  asunto,  alega  que  la  mera  lectura  del  apartado 
undécimo  de  la  propuesta  de  resolución  permite  comprobar  que  reproduce  la 
resolución 92/XII, cuyas letras c) y d) del apartado decimoquinto, epígrafe II, fueron 
declaradas inconstitucionales y nulas por la STC 98/2019. Existe, a su entender, una 
conexión por razón de la materia entre ella y el mencionado apartado e inciso de la 
propuesta de resolución.
Frente a la afirmación de que se trata de cuestiones de interés público que interesan 
a la ciudadanía y a los diputados, el cotejo del apartado undécimo de la propuesta de 
resolución, en el inciso que se cuestiona, permite observar que la «reprobación de la 
monarquía» está presente en los mismos términos utilizados en la resolución 92/XII, 
declarada  nula  por  STC  98/2019,  en  la  que  se  rechazaba  y  condenaba  el 
posicionamiento del rey frente a unos acontecimientos y se apostaba por la abolición de 
la monarquía como una institución caduca y antidemocrática; y en la resolución 534/XII, 
donde  se  volvía  a  apostar  por  dicha  abolición,  reiterando  la  resolución  92/XII  y 
reafirmándose  en  la  reprobación  del  rey  Felipe  VI.  Las  expresiones  «reitera»  y 
«reiterará» no dejan lugar a dudas sobre el contenido de la propuesta, pues significan 
volver a decir algo que ya se había dicho, en especial para insistir sobre un asunto o 
dejar clara una opinión. Por ello, el inciso cuestionado del apartado undécimo de la 
propuesta de resolución no puede ser considerado como una mera declaración de 
propósitos o entenderse que solo exista una mera conexión por razón de la materia sin 
voluntad  de  dar  cumplimiento,  ejecución  o  reproducir  resoluciones  suspendidas  o  s
declaradas nulas por el Tribunal Constitucional. oe.
La admisión a trámite de la iniciativa parlamentaria cuestionada permite dar acceso  w.
al Pleno, para su debate y aprobación, de una propuesta de resolución que incurre en los  46ww
tmainstmo,o usn d iénfcicuimtsp dlime ieconntos tditeu cloio nreasliudealdto  qpuoer  esel  Trreibcuongaeln C eonn sltait uScTioCn a9l 8e/n2 0d1ic9h. aE sxeisntete, npcoiar 
y de la providencia de 10 de octubre de 2019. No obsta a lo anterior el que no se haya
impugnado el apartado 12 de la propuesta de resolución –como alega la mesa– pues en 
él no se emplea el término reprobación.
c)  Por otra parte, el incumplimiento de la mesa se hace a sabiendas de que 
expresamente se le había requerido de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  apartados  e  incisos  impugnados  de  la 
resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, así como de su deber de impedir o 
paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera 
ignorar o eludir la STC 98/2019. La mesa conocía la obligación de no dar curso a la 
iniciativa cuestionada ya que la providencia de 10 de octubre de 2019 fue notificada a 
sus miembros y, además, en la sesión de 22 de octubre de 2019, el secretario general ya 
alertó, previamente a la admisión de la propuesta, de la posibilidad de que su apartado 
undécimo  pudiera  entrar  en  contradicción  con  «las  interlocutorias»  del  Tribunal 
Constitucional dictadas con motivo de diferentes incidentes de ejecución. En el mismo 
sentido se pronunció el letrado mayor del Parlamento, al adherirse a lo manifestado por 
el secretario general.
Por todo lo expuesto, el fiscal concluye que la mesa del Parlamento de Cataluña, al 
adoptar los acuerdos de 22 y 29 de octubre de 2019 y admitir a trámite el inciso 
cuestionado del apartado undécimo de la propuesta de resolución, incumplió el deber 
específico de respetar lo decidido en la providencia de 10 de octubre de 2019 y el deber 
de  no  realizar  actuaciones  que  traigan  causa  de  resoluciones  declaradas 
inconstitucionales y nulas por el Tribunal Constitucional, lo que constituye un manifiesto 
incumplimiento de su deber de respetar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 
9.1  CE  y  87.l  LOTC)  y,  en  consecuencia,  incumplió  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional  en  su  STC  98/2019.  Además,  este  incumplimiento,  como  indicó  la 
STC  46/2018,  supone  la  vulneración  del  ius  in  officium  de  los  parlamentarios  que 
solicitaron  la  reconsideración  de  la  admisión,  impidiendo  que  ejercieran 
reglamentariamente sus funciones representativas, pues, en esas circunstancias, dicho 
ejercicio, participando en el debate de la propuesta, conllevaría no acatar lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional.
En cuanto a la alegación de que se vulnera la libertad de expresión de los diputados, 
recuerda que nos hallamos ante un acto de un órgano de la cámara y, como ha indicado 
el Tribunal, la libertad de expresión no puede predicarse de los poderes públicos.
d)  Por último, en orden a impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
incumplir las resoluciones de este Tribunal, el Ministerio Fiscal comparte la propuesta del 
abogado del Estado sobre la necesidad de adoptar las medidas que interesa y que se 
concretan en que en la notificación de la resolución que, en su momento, se dicte, 
resolviendo este incidente de ejecución, se requiera al presidente del Parlamento, al 
secretario general y a los miembros de la mesa de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o 
eludir la STC 98/2019 y la decisión que este Tribunal dicte, caso de estimarse la 
demanda  incidental  que  se  promueve,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir, de conformidad con los 
arts. 87 y 94.2 LOTC.
Igualmente, comparte la petición del abogado del Estado de que se deduzca el 
oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera 
corresponder a los miembros de la mesa que hubieran votado a favor de la admisión a 
trámite controvertida.
II. Fundamentos jurídicos o
1.  Delimitación del objeto y pretensiones de las partes. 46ww
a)  Según se ha expuesto detalladamente en los antecedentes, el abogado del
Edes teajdeoc,u ecinó nn odme blare S yT Cre 9p8re/2s0e1n9ta, cdióen 1 7d edl eG juolbioie, rdnioc taddea l ae nN ealc piórno,c epsroom duee ivmep uung niancciiódne ndtee 
disposiciones  autonómicas  (título  V  LOTC)  núm.  5813-2018,  que  declaró
inconstitucionales y nulas las letras c) y d) del apartado decimoquinto del epígrafe II de la 
Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre la 
«priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia».
El incidente de ejecución se dirige contra los acuerdos de la mesa del Parlamento de 
Cataluña de 22 de octubre de 2019 (publicado en el «BOPC» 446, de 22 de octubre 
de 2019), que calificó y admitió a trámite, para su sustanciación ante el pleno, la 
«propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 
hechos del 1 de octubre»; y de fecha 29 de octubre, que rechazó las solicitudes de 
reconsideración formuladas contra el acuerdo anterior por los grupos parlamentarios 
Socialistes i Units per Avançar (PSC-Units) y Ciutadans (C’s) y el subgrupo Partido 
Popular (PPC).
Se impugna exclusivamente el inciso del apartado undécimo de la propuesta de 
resolución que afirma: «Per aixó, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats 
i les diputades, la reprovació de la monarquia». El único texto oficial es el reproducido, si 
bien la demanda del abogado del Estado ha incorporado una traducción al castellano, 
que no ha sido objeto de reparo por parte de la representación procesal del Parlamento 
de Cataluña, que, a continuación, se detalla, a los exclusivos efectos de resolver el 
presente incidente de ejecución: «Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo 
deseen los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía […]».
El abogado del Estado entiende, en síntesis, que el inciso impugnado del apartado 
undécimo de la propuesta de resolución, que constituye objeto idóneo de un incidente de 
ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC, reitera el contenido de la resolución 92/XII, 
quebrantando con ello la STC 98/2019, así como la providencia de 10 de octubre 
de 2019, que, en el seno de un primer incidente de ejecución de dicha sentencia 
planteado  contra  la  resolución  534/XII,  suspendió  dicha  resolución  e  impuso  al 
presidente del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la mesa la obligación de 
abstenerse de realizar por sí mismos e impedir o paralizar cualquier actuación tendente a 
incumplir la suspensión acordada y la citada sentencia. Recuerda que, de acuerdo con la 
doctrina constitucional (cita las SSTC 46/2018 y 47/2018, ambas de 26 de abril, FFJJ 5 
y 6, y 96/2019, de 15 de julio, FJ 6), la facultad de las mesas de las cámaras de inadmitir 
a  trámite  iniciativas  parlamentarias  que  sean  manifiesta  o  palmariamente 
inconstitucionales se torna en obligación de no darles curso en el concreto supuesto de 
que la iniciativa en cuestión constituya un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por 
el Tribunal Constitucional, como ocurre en el presente caso. Por ello, interesa que este 
Tribunal declare la nulidad de los referidos acuerdos de la mesa del Parlamento de 
Cataluña.
Asimismo, solicita que este Tribunal imponga, mediante requerimiento personal, al 
presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a 
dar  cumplimiento  al  inciso  impugnado,  así  como  de  impedir  o  paralizar  cualquier 
iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la 
STC 98/2019 y el presente auto, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluso la penal, en que pudieran incurrir. Igualmente, interesa que el Tribunal deduzca 
testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder 
al presidente del Parlamento y a los miembros de la mesa que han votado a favor de la 
admisión a trámite de la «Propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del 
Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», en cuanto al inciso impugnado.
b)  El Ministerio Fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita,  s
por ello, que se declare la nulidad del referido inciso de los citados acuerdos de la mesa.  oe.
Suplica, asimismo, que se adopten las medidas de ejecución interesadas por el abogado  w.
del Estado. 46ww
incidce) nteP odre  seuj epcaurcteió, nlo ys,  dleetr madoodso  dseul bPsaidrilaarmioe, nstuo  ddees Cesattiamluañcaió np,o sptourlqaune l alo isn aadcmueisrdióons  ddeel 
lSaT mCe 9s8a/ 2d0e1l 9P, anril alam pernotvoi ddeen cCiaa tdaelu ñ1a0  ddee  o2c2t uyb 2re9  ddee  2o0c1tu9b, rceo ndfeo r2m0e1 9a  nloos  croanztoranvaimenieennt olas   BOE-A-cable e
que han quedado reflejados en el relato de antecedentes. En consecuencia, tampoco 
procedería acordar los requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los 
demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, ni que se deduzca 
testimonio de particulares, como solicita el abogado del Estado.
d)  En el incidente se han personado, bajo la misma representación y defensa, don 
Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y 
secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, respectivamente, así como 
doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados y diputadas más del Parlamento de 
Cataluña. Han interpuesto sendos recursos de súplica, de idéntico contenido, resumido 
en los antecedentes del presente auto. Interesan que se revoque la providencia de 5 de 
noviembre de 2019 y se inadmita la impugnación de los acuerdos de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019, planteada como incidente de 
ejecución de la STC 98/2019; subsidiariamente, que se anulen los apartados segundo, 
tercero y cuarto de la providencia citada, que tuvo por formulado el incidente.
2.  Análisis  de  las  excepciones  procesales  invocadas  por  los  letrados  del 
Parlamento y en los recursos de súplica contra la providencia de 5 de noviembre 
de 2019.
Con carácter previo a determinar si lo resuelto en la STC 98/2019 y en la providencia 
de 10 de octubre de 2019 ha sido desconocido por los acuerdos de la mesa indicados, 
deben examinarse los óbices opuestos por el letrado del Parlamento de Cataluña en sus 
alegaciones, así como por la representación de los dos miembros de la mesa y de los 
otros treinta y dos diputados y diputadas de esa cámara que se han personado en este 
incidente y han formulado sendos recursos de súplica, de idéntico contenido, contra la 
providencia de este Tribunal de 5 de noviembre de 2019, por la que se acuerda tener por 
formulado por el Gobierno el presente incidente de ejecución.
Respecto de estos recursos de súplica conviene precisar que, conforme resulta de la 
doctrina  constitucional,  sentada  en  recursos  de  inconstitucionalidad,  conflictos  de 
competencia y procedimientos del título V LOTC, pero aplicable por su identidad de 
razón al incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC, no está vedado un examen 
inicial de la concurrencia de las condiciones de procedibilidad del incidente a través del 
recurso de súplica contra la providencia de admisión. Pero ese trámite solo concluirá con 
una decisión de inadmisión si se verifica que la impugnación carece de los requisitos 
procesales indispensables a tal efecto; en ningún caso por motivos de fondo, cuya 
valoración está excluida en ese momento [por todos, AATC 292/2014, de 2 de diciembre, 
FJ 3 b), y 117/2017, de 16 de agosto FJ 2]. En suma, el recurso de súplica contra esta 
clase de providencias no puede fundarse en cualesquiera motivos, sino que estos deben 
guardar relación con los aspectos sobre los que ha versado el juicio de admisibilidad 
efectuado por el Tribunal en ese momento procesal.
Teniendo  en  cuenta  esta  premisa,  se  advierte  que  los  recursos  de  súplica 
interpuestos contra la providencia de 5 de noviembre de 2019 no se limitan a cuestionar 
la  concurrencia  de  las  necesarias  condiciones  de  procedibilidad  del  incidente  de 
ejecución promovido por el Gobierno sino que, entrando en un juicio de fondo, aducen 
razones sustantivas no susceptibles de ser valoradas en ese trámite. Examinaremos, 
pues, en este punto los óbices de admisibilidad alegados, sin perjuicio de que los 
argumentos de fondo para oponerse al incidente sean considerados más adelante de 
forma conjunta con los esgrimidos por el letrado del Parlamento de Cataluña.
a)  En  primer  lugar,  los  letrados  del  Parlamento  de  Cataluña  sostienen  que  el  oe.
presente incidente de ejecución debe ser declarado inadmisible porque el Gobierno  w.
ehLsaOpbTerCíca)i a,a lmectneu nalutdego ar ecr osdtnre ic «tlaaivb ovusísa oq  uipmer,po sucoegbsnraaelt» ol,ar i aaal  cdetueleal gctiíirtó ulnalo  d veVía  l aLd OCelTá iCmn,ca ipdraae,rn attiee c ndoeen l saee jpgeruceuirsc elioónsnta  (ceaifóertnc.  td9oe2s    2020-2946n https://ww
un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.
Esta objeción ha de ser rechazada. A este Tribunal no le corresponde pronunciarse 
acerca de las supuestas intenciones que habrían animado al Gobierno a decantarse por 
la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC, en vez de por la vía impugnatoria del 
título V LOTC (AATC 180/2019, FJ 3, y 181/2019, FJ 3). Lo único relevante, a los efectos 
que  aquí  interesan,  es  determinar  si  los  acuerdos  de  la  mesa  del  Parlamento  de 
Cataluña a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, 
pueden constituir objeto idóneo del incidente previsto en el art. 92 LOTC.
Que ello sea así lo niegan tanto el letrado del Parlamento de Cataluña como la 
representación de los miembros de la cámara personados, en sus recursos de súplica, al 
sostener que el presente incidente de ejecución debe ser declarado inadmisible porque 
se dirige contra actos de trámite, que desplegarían sus efectos únicamente en la esfera 
interna del procedimiento parlamentario en el que se insertan y solo cobrarían relevancia 
ad extra si ese procedimiento, en el que pueden sufrir enmiendas, concluyera con la 
aprobación de una resolución por el pleno de la cámara.
Se trata de una objeción que debe ser descartada, atendiendo a la doctrina que este 
Tribunal ha venido sentando en supuestos similares. Los acuerdos de la mesa del 
Parlamento de Cataluña que nos ocupan son, sin duda, actos de tramitación insertados 
en un procedimiento parlamentario, pero, aunque no ponen fin al mismo, pueden ser 
objeto idóneo de impugnación por la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC. Ello 
es así porque, como señalan la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, no estamos 
aquí en el supuesto al que se refiere el ATC 135/2004, de 20 de abril, que declaró no 
impugnables, por la vía del proceso previsto en el título V LOTC, los actos de trámite 
insertos en un procedimiento parlamentario, sino ante un incidente de ejecución, que 
tiene por objeto verificar si los poderes públicos han respetado su deber de acatar lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 LOTC).
En  este  procedimiento  está  el  Tribunal  facultado  para  «declarar  la  nulidad  de 
cualesquiera  resoluciones  que  contravengan  las  dictadas  en  el  ejercicio  de  su 
jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas» (art. 92.1 LOTC), sin perjuicio de la 
posibilidad  de  adoptar  cuantas  otras  medidas  de  ejecución  sean  necesarias 
(AATC 123/2017 y ATC 124/2017, de 19 de septiembre ambos, FJ 2 en los dos casos).
No obsta a la precedente conclusión el alegato según el cual la invocación por el 
Gobierno del art. 161.2 CE, para que se produzca la suspensión ope legis de los 
acuerdos parlamentarios de 22 y 29 de octubre de 2019, sería procedente en el marco 
procesal de la impugnación del título V LOTC, pero no en el incidente de ejecución del 
art. 92 LOTC. Baste aquí recordar que la idoneidad de la invocación por el Gobierno del 
art. 161.2 CE en los incidentes de ejecución de la STC 259/2015 ha sido admitida ya por 
este Tribunal en anteriores resoluciones [por todos AATC 180/2019, FJ 3; 181/2019, 
FJ 3, y 184/2019, FJ 3 A)]. No advertimos razones para modificar este criterio en el 
presente caso, lo que llevó a aplicarlo en la providencia de 5 de noviembre de 2019, 
como quedó indicado en el antecedente 4 de este auto.
b)  Debe, asimismo, descartarse que el incidente de ejecución sea inadmisible por 
no haber sido consultado previamente el Consejo de Estado. El art. 22.6 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, establece que la comisión 
permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada respecto a la impugnación de 
las  disposiciones  y  resoluciones  adoptadas  por  los  órganos  de  las  comunidades 
autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición del 
recurso. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de señalar reiteradamente, este 
Tribunal, a la hora de admitir o inadmitir los recursos constitucionales que se interpongan  s
ante el mismo, debe regirse únicamente por lo dispuesto en su propia Ley Orgánica [por  oe.
todas, SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 3; 148/2012, de 5 de julio, FJ 2 a); 62/2017,  w.
de 25 de mayo, FJ 2, y 16/2018, de 22 de febrero, FJ 3]. En definitiva, la consulta al  46ww
Cinotenrspeojsoi cdióen E dseta ldoos  pprroecveisstoas e cno nlas tLiteuyc ioOnragláensi cdae sddee e esle p óurngtoa ndoe  cvoisntsau dlteiv osu n aod amfeiscibtail iad alda 
procesal, por lo que debe desestimarse el óbice aducido por la representación de los dos
miembros del Parlamento de Cataluña personados en el incidente [en el mismo sentido, 
AATC 180/2019, FJ 3; 181/2019, FJ 3, y 184/2019, FJ 3 B)].
c)  Por último, la alegada falta de motivación de la providencia de 5 de noviembre 
de 2019, carece de fundamento alguno, pues la providencia motiva expresamente, por 
referencia al art. 161.2 CE y a los arts. 87, 88 y 92 LOTC, sus correspondientes 
pronunciamientos.
Procede, en consecuencia, descartar los óbices de admisibilidad opuestos por los 
letrados del Parlamento de Cataluña y por la representación de los dos miembros de la 
mesa y de los otros treinta y dos diputados personados en el incidente, en sus recursos 
de súplica, que quedan así desestimados.
3.  Análisis de fondo. Doctrina constitucional aplicable.
a)  Sobre los incidentes de ejecución.
Al igual que el ATC 184/2019, de 18 de diciembre, por el que este Tribunal resolvió 
un primer incidente de ejecución de la STC 98/2019, la controversia planteada habremos 
de  abordarla  aplicando  los  criterios  sentados  por  nuestra  doctrina  en  materia  de 
incidentes  de  ejecución,  conforme  a  la  cual  (por  todos,  STC  136/2018,  FJ  3,  y 
AATC 107/2009, de 24 de marzo, FJ 2; 177/2012, de 2 de octubre, FJ 2, y 141/2016, 
FJ 2) los arts. 87.1 y 92 LOTC tienen por finalidad garantizar la defensa de la posición 
institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, 
protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder 
público que pudiera menoscabarla.
Corresponde, pues, al Tribunal Constitucional garantizar el cumplimiento efectivo de 
sus sentencias y demás resoluciones y resolver las incidencias de ejecución de las 
mismas,  adoptando  cuantas  medidas  considere  necesarias  para  preservar  su 
jurisdicción, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos y resoluciones que la 
contravengan o menoscaben, como expresamente establece el art. 92.1 LOTC. Podrá 
aplicar  también,  en  su  caso,  otras  medidas  encaminadas  a  asegurar  el  debido 
cumplimiento de sus sentencias y resoluciones, al que están obligados todos los poderes 
públicos (art. 87.1 LOTC), incluidas por tanto las cámaras legislativas.
No carece de relevancia, a este efecto, recordar que nos enfrentamos una vez más a 
un supuesto en el que se reprocha la contravención, por parte del mismo poder público, 
de los pronunciamientos contenidos en la STC 98/2019, en relación con la resolución del 
Parlamento de Cataluña 92/XII. En esta sentencia, como en otros pronunciamientos 
anteriores  de  este  Tribunal,  referidos  a  otras  resoluciones  de  la  cámara  catalana 
(SSTC 259/2015, de 2 de diciembre, 136/2018, de 13 de diciembre, AATC 123/2017, 
FJ 8, y 124/2017, FJ 8, ambos de 19 de septiembre, por todos) se constató que «el 
Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas advertencias de este 
Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar 
unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de este Tribunal».
Así  pues,  siguiendo  la  doctrina  constitucional  antes  referida  (por  todos, 
AATC 107/2009, FJ 4, y 24/2017, FJ 4), lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el 
contenido de la STC 98/2019 y la providencia de 10 de octubre con el inciso de la 
propuesta de resolución admitida a trámite en virtud de los acuerdos de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019, a los que se refiere el presente 
incidente de ejecución, es, en definitiva, si esos actos parlamentarios, en el inciso 
controvertido, incurren en alguna de las dos situaciones proscritas por la jurisprudencia  s
constitucional. Tal ocurriría de contener un pronunciamiento contrario a lo decidido en  oe.
aquella sentencia o suponer un intento de menoscabar la eficacia –jurídica o material–  w.
t(doaedr tol.o s 8 q7lou.s1e   paLolOlíd TesCere )rs e spseoú lbevlxiiócti oepsno dra ele ,cs utteam nTptorlii bmauilen fnaatl;lol o ed nce oe lmlo b oqie uane   eleanl  tfTeurnnibdduiadnmoa eld nCet oaqncusieóti ntlua jc uvioriínndcaicul alar ecdsieóu nes ldvuaes    2020-2946n https://ww
sentencias y demás resoluciones (entre otras, SSTC 158/2004, de 21 de septiembre,
FJ 4. y 302/2005, de 21 de noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, FJ 4;
120/2010, de 4 de octubre, FJ 1; 141/2016, FJ 2; 170/2016, FJ 3. y 24/2017, FJ 4, por 
todos).
En caso de constatarse que los controvertidos acuerdos de la mesa del Parlamento 
de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019 contradicen los pronunciamientos de la 
STC 98/2019 (y de la providencia de 10 de octubre, en su caso), o que suponen un 
intento de menoscabar la eficacia de lo allí resuelto por este Tribunal, habrá de estimarse 
el incidente de ejecución y declararse la nulidad de aquellos actos parlamentarios, en 
cuanto  al  inciso  impugnado  de  la  propuesta  de  resolución  que  admiten  a  trámite. 
Habremos  también  de  examinar  entonces  si  procede  o  no  aplicar  las  medidas  de 
ejecución que solicitan el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, debiendo recordarse 
una vez más que «el contenido de las disposiciones, resoluciones o actos emanados de 
un poder público, cualquiera que sea, no menoscaba la integridad de las competencias 
que  la  Constitución  encomienda  a  este  Tribunal,  que  ejercerá  cuando  proceda 
(AATC 189/2015, FJ 3. y 141/2016, FJ 7)» (AATC 170/2016, FJ 8, y 24/2017, FJ 4).
b)  Sobre las facultades de las mesas de las asambleas legislativas.
En segundo lugar, para resolver si los acuerdos parlamentarios impugnados en el 
presente incidente de ejecución contravienen los pronunciamientos de la STC 98/2019 y 
de la providencia de 10 de octubre de 2019, o suponen un intento de menoscabar la 
eficacia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, resulta determinante atender, como 
señalan el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, a la doctrina constitucional que se 
refiere a las facultades de las mesas de las asambleas legislativas de calificación y 
admisión a trámite de iniciativas parlamentarias, en particular cuando estas constituyen 
un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional (por todas, 
SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas; 115/2019, de 16 de octubre, 128/2019, 
de 11 de noviembre, y 156/2019, de 28 de noviembre).
Conforme a esta consolidada doctrina, las mesas de las Cámaras están facultadas –
que  no  obligadas–  para  inadmitir  a  trámite  las  iniciativas  parlamentarias  cuya 
contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y evidentes». Ahora 
bien, el debido respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en definitiva, a la 
Constitución, que incumbe a todos los ciudadanos y cualificadamente a los poderes 
públicos, veda a las mesas de las cámaras que admitan a trámite una iniciativa que, de 
forma manifiesta, incumpla el deber de acatar lo decidido por este Tribunal. Dicho en 
otras  palabras,  «la  potestad  de  las  mesas  de  inadmitir  a  trámite  propuestas  o 
proposiciones  cuya  inconstitucionalidad  sea  evidente,  se  transforma  en  obligación 
siempre  que  la  mesa  sea  destinataria  de  un  mandato  del  Tribunal  Constitucional 
impidiendo  la  tramitación  de  determinada  iniciativa.  Entenderlo  de  otro  modo  sería 
asumir que el valor de cosa juzgada de las sentencias del Tribunal es relativo y no se 
aplica a la doctrina que se deriva de sus pronunciamientos, lo que resulta incompatible 
con la interpretación que nuestra jurisprudencia ha hecho de los arts. 164.1 CE y 40.2 
LOTC (por todas, STC 119/2012, de 4 de junio, FJ 5)» (STC 115/2019, FJ 7).
Para que pueda considerarse que existe ese incumplimiento es preciso que la mesa 
tramite la iniciativa parlamentaria a sabiendas de que existe una resolución del Tribunal 
Constitucional que le impide darle curso. Así sucede, entre otros supuestos, en los casos 
en los que la resolución del Tribunal contenga una expresa decisión de la que se derive 
esa consecuencia (por ejemplo, traiga causa de un acto o una norma cuya eficacia se 
encuentre suspendida al amparo del art. 161.2 CE o infrinja una medida cautelar o 
cualquier otro pronunciamiento que este Tribunal haya podido adoptar en el ejercicio de  e
su jurisdicción), o cuando esa iniciativa parlamentaria sea aplicación de un acto o norma  bo
anterior que haya sido declarado inconstitucional (por todas, STC 128/2019, de 11 de  46ww
ninoicviiaetmivbar ep,r eFsJe n2ta).d aE,n e nta cl ucaanstoo,  qeuxeis etel  cuonn trdoel bmear tdeeria lla d em leas ma isdme ain vaiednmeit ier xap retrsáammiteen tlae 
ey x1i1g5id/o2 0p1o9r,  uFnJ  6m)a.ndato jurisdiccional que impone esa obligación (SSTC 47/2018, FJ 5,
Por otra parte y con arreglo a esa misma doctrina, el incumplimiento del obligado 
respeto a lo resuelto por este Tribunal por parte de la mesa de la cámara tiene una 
incidencia directa en el ius in officium de los parlamentarios, pues si estos participan en 
la tramitación de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un pronunciamiento 
de este Tribunal, infringen también el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de 
cumplir lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, si cumplen su 
deber constitucional de respetar lo decidido por este Tribunal y no participan en ese 
procedimiento  parlamentario  están  desatendiendo  las  funciones  representativas 
inherentes  a  su  cargo.  Por  ello  hemos  concluido  que  la  tramitación  de  iniciativas 
parlamentarias que incumplan manifiestamente las decisiones del Tribunal Constitucional 
vulnera no solo el art. 9.1 CE y el art. 87.1 LOTC, sino también el art. 23 CE.
4.  Aplicación al caso concreto.
A)  Consideraciones preliminares.
La propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre 
los hechos del 1 de octubre», admitida a trámite por acuerdo de la mesa del Parlamento 
de Cataluña de 22 de octubre de 2019 (confirmado por el acuerdo de 29 de octubre), 
contiene un apartado undécimo en cuyo último inciso la cámara manifiesta literalmente 
que «reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas la 
reprobación de la monarquía».
La referida propuesta de resolución, en el apartado e inciso a los que se contrae el 
presente incidente de ejecución, es capaz de producir efectos jurídicos propios y no 
meramente políticos, al igual que las letras c) y d) del apartado decimoquinto del epígrafe 
II de la resolución 92/XII, que fueron enjuiciadas y anuladas por la STC 98/2019. Revela 
el  propósito  de  la  cámara  autonómica  de  reiterar  el  contenido  de  una  resolución 
parlamentaria que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico en tales extremos.
B)  La STC 98/2019, de 17 de julio y el inciso impugnado.
a)  La  STC  98/2019  analizó  las  mencionadas  letras  c)  y  d)  del  apartado 
decimoquinto, epígrafe II de aquella resolución 92/XII, que afirmaban textualmente que 
«[e]l Parlamento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades 
fundamentales: […] c) Rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI, su 
intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos 
policiales  el  1  de  octubre  de  2017.  d)  Reafirma  el  compromiso  con  los  valores 
republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática 
como la monarquía».
Dicha sentencia constataba que «las letras c) y d) impugnadas […] se dirigen contra 
determinada actuación del rey y contra la Monarquía de la que aquel es su titular» [FJ 4 
b)]. En relación con la letra c), seguía señalando que comenzaba esta «con el texto de 
dos verbos que incluyen un contenido extraordinariamente expresivo. La resolución 
destaca que el Parlamento de Cataluña ‘rechaza’ y ‘condena’ la intervención del rey. El 
primero de los términos, según el diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua y, en función del contexto en que se inserta, significa ‘contradecir lo que alguien 
expresa o no admitir lo que propone u ofrece’, así como ‘mostrar oposición o desprecio a 
una persona, grupo, comunidad, etc.’. Por su parte, el de ‘condena’, según el mismo 
diccionario, contiene una carga de valoración peyorativa aún más intensa que el anterior, 
al suponer, entre otros, el de ‘reprobar una doctrina, unos hechos, una conducta etc., que  e.e
se tienen por malos y perniciosos’» [FJ 4 c)]. b
Continuaba  esta  sentencia  destacando  que  «[l]a  utilización  de  ambos  términos  46ww
ecanstroa ñlaa , dpeul erse,y ,u na l dtoiebmlep jou icqiuoe d uen cao nretrpardoibcaccióiónn u d oep ousniocsió nh ehcahcoias  uyn dae p uenrsao ncao,n deunc etas teo 
ilnotse rmveisnmcioósn.  (Sdies cturarstao,  dpeul edsía,  d3e d eu noac tduebcrela rdaec i2ó0n1 7fo) rmquael  aeqnu elal  aqduoep teól  ePna rrlealmaceiónnto  cdoen 
Cataluña toma posición institucional emitiendo un juicio de valor que es contrario a la 
configuración constitucional de la Institución de la Corona» [FJ 4 c)].
Proseguía  la  STC  98/2019,  poniendo  de  manifiesto  que  la  persona  del  rey  es 
inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3 CE), por lo que aquella decisión 
de  la  cámara  catalana  de  rechazo  y  condena  de  la  actuación  del  rey  había  sido 
«adoptada fuera del ámbito propio de sus atribuciones, que son las que le confieren la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y su propio reglamento orgánico, 
que no le reconocen ninguna potestad de censura o reprobación de los actos regios» 
[FJ 4 c)]. Y además, destacaba que «cualquier decisión institucional de un órgano del 
Estado, en este caso del Parlamento de Cataluña, que pretenda emitir aquel doble juicio 
de contradicción u oposición, así como de reprobación, en los términos antedichos, hacia 
la persona del rey, resultará contrario al mencionado estatus constitucional del Monarca, 
pues la imputación de una responsabilidad política y la atribución de una sanción, 
igualmente política, en forma de ‘rechazo’ y de ‘condena’ a una persona a la que la 
Constitución  le  confiere  la  doble  condición  de  inviolabilidad  y  de  exención  de 
responsabilidad, contraviene directamente el art. 56.3 CE, porque supone desconocer 
este estatus que la Constitución le reconoce al rey, al atribuirle una responsabilidad que 
es incompatible con su función constitucional» [FJ 4 c)].
Por todo ello, la STC 98/2019 finalizaba declarando que la analizada letra c) del 
apartado  decimoquinto,  epígrafe  II  de  la  resolución  92/XII  era  «contraria  a  la 
configuración constitucional del rey, establecida en los arts. 1.3 y 56.1 CE, así como a la 
inviolabilidad y a la exención de responsabilidad de la persona del Monarca prevista en 
el art. 56.3 CE, por lo que debe ser declarada inconstitucional y nula» [FJ 4 c)].
b)  Por  otra  parte,  la  STC  98/2019,  en  relación  con  la  letra  d)  del  apartado 
decimoquinto, epígrafe II de la resolución 92/XII, reconoce la unidad de sentido del texto 
de esta letra con la anterior y señala que «[c]uando el Parlamento catalán se ‘reafirma’ 
en un modelo republicano de Estado y ‘apuesta’ por la abolición de la Monarquía, por 
reputarla como una ‘institución caduca y antidemocrática’, tal afirmación no puede ser 
extraída del contexto en que se ha incluido, para analizarla aisladamente y entender que 
es una mera declaración de voluntad política, individualizada y separada del resto de 
este  apartado  decimoquinto»  y  agrega  que  «se  dirige  frontalmente  contra  un 
determinado acto del rey, con motivo de la situación de ‘conflicto’ (así viene recogido este 
término en la letra c) que la institución catalana afirma que existe entre el Estado y 
Cataluña, al que censura con términos peyorativos respecto del ‘posicionamiento’ que 
aquel adopta ante aquel conflicto. Lo que hace la letra d) es ‘reafirmar su compromiso 
con los valores republicanos’, esto es reforzar, de una parte, su preferencia por el 
sistema  republicano,  pero,  al  propio  tiempo,  también  su  rechazo  y  condena  a  la 
institución monárquica, en cuanto que es ostentada por el titular de la Corona, que 
previamente ha sido objeto de aquel juicio de rechazo y condena.
No se trata, como dice la representación del Parlamento de Cataluña, de un mero 
desideratum o de una declaración de voluntad política que no va más allá de este deseo, 
precisamente porque el contexto en el que se enmarca excluye toda posibilidad de 
aceptar esta valoración. Si la letra c) expresa con la contundencia que lo hace su 
rechazo y condena al rey por su ‘posicionamiento’ en el conflicto catalán y por su 
‘intervención’ del día 3 de octubre de 2017, el corolario lógico a este planteamiento será 
también el rechazo de la institución monárquica que aquél representa y de la que es su 
titular. La ‘apuesta por la abolición’ de la Monarquía se tiene que interpretar también en 
ese contexto de rechazo y condena que se ha anticipado. La letra d) hace extensivo el  s
juicio  de  reprobación  dirigido  contra  el  rey,  también  a  la  Corona  y  al  sistema  oe.
constitucional de monarquía parlamentaria que aquel representa» [FJ 4 d)]. w.
La STC 98/2019 terminaba declarando la inconstitucionalidad y nulidad, también, de  46ww
la lectr)a  dP) udeesl  abpieanrt,a deol  idneccisimo odqeu ilnat op, reoppíugerasftea  IId dee r elas oreluscoilóunc ióand m92it/iXdaII .a trámite por los
aPcaurlearmdoesn tod e «lrae itmereas ay  dree it2e2ra yrá  29ta ndtea so cvteucberes  dceo m2o0 1l9o,  dpeosr eeeln q uloes  sdei pauftiarmdoas  qyu e laesl   BOE-A-cable e
diputadas la reprobación de la monarquía», tiene por fin insistir en el pronunciamiento 
institucional de las precedentes resoluciones 92/XII y 534/XII. Con él se reitera un juicio 
de contradicción y oposición a la actuación del rey. Al utilizar el término «reprobación», 
vuelve a poner de manifiesto aquella muestra de «oposición y desprecio» hacia el rey 
Felipe VI que señalaba la STC 98/2019.
Comparando, pues, los términos ahora analizados con la fundamentación y fallo de 
la STC 98/2019, se aprecia con claridad que la propuesta de resolución admitida a 
trámite incurre en una clara contradicción con ella, desconociendo la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad de las letras c) y d) del apartado decimoquinto, epígrafe II 
de la resolución 92/XII, que la precitada sentencia de este Tribunal había declarado 
inconstitucionales y nulos. Aunque no se haga expresa cita de las resoluciones 92/XII 
y 534/XII, es evidente que cuando afirma que el Parlamento «reitera […] la reprobación 
de la monarquía» se refiere a la reprobación contenida en dichas resoluciones, que han 
sido anuladas por la STC 98/2019 y el ATC 184/2019, respectivamente.
Se trata, pues, en esta propuesta de resolución, en el pasaje que ha sido impugnado, 
de volver a reproducir, con el mismo término de «reprobación», un pronunciamiento 
institucional del Parlamento de Cataluña que este Tribunal ha declarado inconstitucional 
y nulo. Por tanto, nuevamente la propuesta admitida a trámite se dirige a desatender lo 
decidido por este Tribunal en su STC 98/2019 así como en la providencia de 10 de 
octubre de 2019, que suspendió los incisos de la resolución 534/XII que reiteraban la 
reprobación del rey, y requirió al Presidente, a los miembros de la mesa y al secretario 
general,  con  advertencia  de  su  obligación  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera 
actuaciones tendentes a dar cumplimiento a tales incisos, así como de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 98/2019.
5.  Conclusión.
a)  El  análisis  comparativo  de  los  fundamentos  jurídicos  y  del  fallo  de  la 
STC 98/2019 con el inciso de la propuesta de resolución admitida a trámite por los 
acuerdos de la mesa de 22 y 29 de octubre de 2019 lleva a la conclusión de que el 
Parlamento  de  Cataluña  –en  este  caso  su  mesa–  ha  vuelto  a  vulnerar  el  orden 
constitucional. Este Tribunal aprecia que su contenido es objetivamente contrario a la 
Constitución, a la vista de los pronunciamientos contenidos en la citada STC 98/2019.
La admisión a trámite de la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del 
Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», en el inciso que es objeto del 
presente incidente de ejecución, desacata y contradice frontalmente lo decidido por este 
Tribunal.
b)  La mesa del Parlamento de Cataluña conocía que la admisión a trámite de la 
propuesta  de  resolución  implicaba  no  respetar  lo  resuelto  por  este  Tribunal  en  la 
STC 98/2019 y en la providencia de 10 de octubre de 2019. Así le fue advertido a la 
mesa en la reunión del 22 de octubre de 2019, tanto por el secretario general y el letrado 
mayor de la cámara, como por los miembros de la mesa pertenecientes a los grupos 
parlamentarios  C’s  (vicepresidente  segundo  y  secretaria  tercera)  y  PSC  (secretario 
segundo), pese a lo cual la mesa, con los votos a favor del presidente, del vicepresidente 
primero, del secretario primero y de la secretaria cuarta (y los votos en contra del 
vicepresidente segundo, del secretario segundo y de la secretaria tercera), acordó la 
admisión a trámite de la propuesta de resolución con el contenido de su apartado 
undécimo, conforme resulta de la documentación aportada al presente incidente de  e
ejecución. bo
Ese incumplimiento de la STC 98/2019 y de la providencia de 10 de octubre de 2019  46ww
dtaem 2b2ié nd el eo cfutueb raed vdeer t2id0o1 9a,  lpar emseesnata deans  lapso rs loolsic igturduepso sd pea rrelacmonesnitdaeriroasc ióPnS Cd eyl  aCc’su eyr deol 
ssoulbicgirtuudpeos  PdPeC .r eLcao nmsideesara cdióens esctoimn ól,o sp ovro taocsu edredlo  pdrees i2d9e ntdee  (ovocttuob rdee  dcea li2d0a1d9),,  dlaesl 
vicepresidente primero y del secretario primero (frente a los tres votos del vicepresidente
segundo, del secretario segundo y de la secretaria tercera). No consta que la secretaria 
cuarta participara en la deliberación y votación del acuerdo de 29 de octubre de 2019.
c)  En definitiva, la mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite la propuesta 
de resolución presentada por los grupos parlamentarios ERC y JxCat y el subgrupo 
CUP-CC, con el contenido expuesto, a sabiendas de que existían resoluciones previas 
del Tribunal Constitucional que impedían darle curso por tratarse de una reiteración de 
las resoluciones 92/XII, ya anulada por la STC 98/2019, y de la 534/XII, que estaba 
suspendida ope legis por aplicación del art. 161.2 CE, en virtud de la providencia del 
Tribunal Constitucional de 10 de octubre de 2019. En ella se advertía expresamente a los 
miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña de su deber de impedir o paralizar 
cualquier  iniciativa  que  suponga  ignorar  o  eludir  la  suspensión  acordada,  con 
apercibimiento de responsabilidades, incluida la penal, así como de su obligación de 
abstenerse de realizar cualquier actuación encaminada a dar cumplimiento a los incisos 
impugnados de la resolución 534/XII y de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica 
o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 98/2019.
Tales admoniciones en modo alguno vulneran la libertad de expresión y los derechos 
de reunión y de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, pues 
son  la  consecuencia  obligada  de  la  sujeción  de  todos  los  poderes  públicos  a  la 
Constitución (art. 9.1 CE) y del deber de acatar lo ordenado por el Tribunal Constitucional 
(art.  87.1  LOTC).  Por  otra  parte,  como  señala  el  Ministerio  Fiscal,  los  acuerdos 
parlamentarios  objeto  del  presente  incidente  de  ejecución,  adoptados  conforme  al 
procedimiento reglamentario por la mesa de la Cámara, no suponen el ejercicio de un 
derecho fundamental, sino de una competencia, atribución o función, la de calificar y, en 
su  caso,  admitir  a  trámite  las  iniciativas  parlamentarias,  como  recuerda  la  propia 
STC 98/2019, FJ 4.
En el ejercicio de esa competencia, la mesa del Parlamento de Cataluña venía 
obligada, conforme a nuestra reiterada doctrina antes citada, a inadmitir la propuesta de 
resolución en cuanto al inciso impugnado de su apartado undécimo, pues la admisión a 
trámite,  para  su  sustanciación  por  el  pleno  de  la  cámara,  implicaba  un  manifiesto 
incumplimiento del deber de la mesa de respetar lo acordado por este Tribunal (arts. 9.1 
CE y 87.1 LOTC) en la STC 98/2019 y en la providencia de 10 de octubre de 2019, 
además de vulnerar el ius in officium (art. 23 CE) de los diputados de esa cámara.
Este Tribunal viene advirtiendo de forma expresa a los poderes públicos implicados y 
a  sus  titulares,  especialmente  a  la  mesa  del  Parlamento  de  Cataluña,  bajo  su 
responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
alterar  unilateralmente  el  marco  constitucional  o  incumplir  las  resoluciones  de  este 
Tribunal  (AATC  141/2016,  FJ  7;  170/2016,  FJ  7;  24/2017,  FJ  9;  123/2017,  FJ  8; 
124/2017, FJ 8; 144/2017, FJ 8; 180/2019, FJ 9; 181/2019, FJ 9, y 184/2019, FJ 8). Así 
se reiteró en la providencia de 10 de octubre de 2019, en relación con el incidente de 
ejecución de la STC 98/2019 promovido respecto de la resolución del Parlamento de 
Cataluña 534/XII, que ha sido estimado por el citado ATC 184/2019.
Como este Tribunal ha venido recordando, el debate público en las asambleas 
legislativas goza, precisamente al amparo de la Constitución, de una irrestricta libertad, 
siempre que no se articule o defienda a través de una actividad que vulnere los principios 
democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales y 
que el intento de su consecución efectiva se realice en el marco constitucional. La 
autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede en 
modo  alguno  servir  de  pretexto  para  que  el  Parlamento  de  Cataluña  se  considere  s
legitimado para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015,  oe.
FJ 7), ni erigirse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del  w.
Tribunal Constitucional (AATC 170/2016, FJ 6; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 8; 124/2017,  46ww
FJ 8P; e1s8e0 /a2 0e1ll9o,,  FlaJ  9m; e1s8a1 /d2e0l1 P9,a FrlJa m9,e yn t1o8 d4e/2 0C1a9ta, lFuJñ a8 )h.a desatendido una vez más las
daed v2e0rt1e9n,c idaes  sdue  deesbtee rT drieb uimnaple, dreiri toe rapdaarasl izdaer  ncuueavlqou eienr  lian icpiraotivviad eqnuceia  sduep o1n0g ad ein occutmubprlier   BOE-A-cable e
las resoluciones de este Tribunal, al admitir a trámite la propuesta de resolución «de 
respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», en el 
inciso de su apartado undécimo a que se contrae el presente incidente de ejecución, 
conforme ha quedado razonado.
d)  Todo ello conduce a estimar el incidente de ejecución (arts. 87.1 y 92 LOTC) 
promovido contra el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre 
de 2019 (confirmado por acuerdo de 29 de octubre), en cuanto admite a trámite la 
referida propuesta de resolución, en el inciso de su apartado undécimo en el que 
manifiesta que «reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las 
diputadas la reprobación de la monarquía». Su apariencia de juridicidad –por provenir de 
un  poder  público  sin  duda  legítimo  en  origen–  debe  ser  cancelada  mediante  la 
declaración de nulidad que aquí se decide.
6.  Alcance.
La  garantía  del  orden  constitucional,  gravemente  conculcado  por  la  admisión  a 
trámite de la referida propuesta de resolución por la mesa del Parlamento de Cataluña, 
en el inciso del apartado undécimo de la misma al que se refiere el presente incidente de 
ejecución,  exige  que  este  Tribunal  ejerza  las  competencias  que  la  Constitución  le 
encomienda  para  preservar  su  jurisdicción  y  el  cumplimiento  de  sus  resoluciones 
(STC 259/2015, FJ 4; AATC 189/2015, FJ 3; 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 9; 24/2017, 
FJ 12; 123/2017, FJ 11; 124/2017, FJ 9; 180/2019, FJ 9; 181/2019, FJ 9, y 184/2019, 
FJ 8).
a)  Ello implica que la estimación del presente incidente de ejecución no se limite a 
declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 
de octubre de 2019, en cuanto admiten a trámite el inciso sobre la reprobación de la 
monarquía del apartado undécimo de la propuesta de resolución «de respuesta a la 
sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», sino que, asimismo, 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 87.1, párrafo segundo, y 92.4 LOTC, y 
conforme a lo interesado por el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, procede 
notificar personalmente el presente auto al presidente del Parlamento de Cataluña, a los 
demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, advirtiéndoles de su 
deber  de  impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa,  jurídica  o  material,  que  directa  o 
indirectamente  pretenda  o  suponga  ignorar  o  eludir  la  STC  98/2019  y  la  nulidad 
acordada en el presente auto. Todo ello con expreso apercibimiento de las eventuales 
responsabilidades en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado 
por este Tribunal.
Tales requerimientos y apercibimientos, al igual que los contenidos en la providencia 
de 5 de noviembre de 2019, en modo alguno atentan contra la autonomía parlamentaria 
y la inviolabilidad de los diputados del Parlamento de Cataluña. Como ya hemos tenido 
ocasión de declarar en ocasiones precedentes, la admonición a la mesa del Parlamento 
y a sus miembros del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
incumplir las resoluciones de este Tribunal «no supone en modo alguno una restricción 
ilegítima  de  la  autonomía  parlamentaria  ni  compromete  el  ejercicio  del  derecho  de 
participación  de  los  representantes  políticos  garantizado  por  el  art.  23  CE;  es  la 
consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos 
(art. 9.1 CE)» (AATC 24/2017, FJ 9, y 123/2017, FJ 8).
Resulta, por tanto, que las admoniciones que se contienen en la providencia de 5 de  s
noviembre de 2019 y en el presente auto no solo no carecen de respaldo legal, sino que  oe.
son la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes  w.
p«coúnnboll lisecoovnes .n c Pounontrar a eurlilsaous, r pataa llceais óa nua tddovene olramtesín aac tidraiebs ,ul acc iooCmnáeoms a edrxaep,  rlpoeoss ar ómlorge qanunteeo  snh coao  psmuepeñedatelea ndctooen ses, sidnteei  rqaTurresibe us qenuaaenl,    2020-2946n https://ww
contrarias al principio de separación de poderes ni tampoco que las mismas atenten a la
inviolabilidad  de  los  parlamentarios,  pues  a  través  de  ellas  sólo  se  garantiza  el
cumplimiento de las resoluciones de este Tribunal, que, como se ha indicado, han de ser 
cumplidas también por las Cámaras legislativas» (AATC 6/2018, de 30 de enero, FJ 6; 
180/2019 y 181/2019, ambos de 18 de diciembre, FFJJ 9 y 9, respectivamente).
b)  Por otra parte, resulta también, conforme antes quedó expuesto, que, eludiendo 
su obligación de cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 
LOTC) y desatendiendo las reiteradas advertencias de este Tribunal a los miembros de 
la mesa del Parlamento de Cataluña sobre su deber de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las 
resoluciones del Tribunal, el presidente del Parlamento de Cataluña, con su voto de 
calidad y otros dos miembros de la mesa (el vicepresidente primero y el secretario 
primero),  accedieron  a  someter  al  pleno  de  la  cámara  (al  rechazar  la  solicitud  de 
reconsideración formulada por los grupos parlamentarios PSC y C’s y el subgrupo PPC), 
la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 
hechos del 1 de octubre», presentada por los grupos parlamentarios ERC y JxS y el 
subgrupo CUP-CC, que contiene el inciso del apartado undécimo objeto del presente 
incidente de ejecución, calificando y dando curso a la misma para que fuera debatida en 
el Pleno de la cámara catalana.
La referida propuesta de resolución fue votada, junto a las enmiendas presentadas, 
por  el  pleno  de  la  cámara  el  26  de  noviembre  de  2019,  aprobándose  como 
resolución 649/XII, «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos 
del 1 de octubre», publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 
481, de 29 de noviembre de 2019. Incluye un apartado 12, del siguiente tenor:
«12.  El Parlamento de Cataluña:
a)  Denuncia la censura previa que el Tribunal Constitucional pretende imponer al 
Parlamento de Cataluña mediante, entre otras, las providencias de 5 de noviembre 
de 2019, que ordenan la suspensión parcial del punto undécimo de la propuesta original 
de esta resolución, que acababa con el texto siguiente: ‘Por ello, reitera y reiterará tantas 
veces como lo deseen los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía […]’.
b)  Rechaza  la  suspensión  parcial  mencionada,  acordada  por  el  Tribunal 
Constitucional, relativa al inciso que completaba el punto undécimo de la presente 
resolución con el texto reproducido en la letra a de este punto duodécimo, y considera 
que esta actuación del Tribunal Constitucional es contraria a los derechos fundamentales 
de libertad de expresión, libertad ideológica y participación política.»
No  es  competencia  de  este  Tribunal  resolver  si  la  conducta  del  presidente  del 
Parlamento de Cataluña y de los miembros de la mesa señalados (el vicepresidente 
primero y el secretario primero), es constitutiva de alguna infracción penal, pero sí 
constatar que las circunstancias referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente 
como para trasladarlas al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva 
el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
1.  Desestimar los recursos de súplica interpuestos por la representación procesal 
de don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, y de doña Elsa 
Artadi  Vila  y  treinta  y  un  diputados  más  del  Parlamento  de  Cataluña,  contra  la  e.
providencia de 5 de noviembre de  2019 sobre admisión del presente incidente de  w.b
ejecución. 46ww
2.  Estimar  el  incidente  de  ejecución  formulado  por  el  abogado  del  Estado  en
rCeaptraelsueñnat adceió 2n2  ddeel  Gocotbuiberren od er e2s0p1e9c,t op odre el l aqcuuee rsdeo  addem  iltae  ma etrsáam  ditee l laP aprrloapmueensttoa  ddee 
resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de
octubre», en cuanto al siguiente inciso de su apartado undécimo: «Por ello, reitera y 
reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas, la reprobación de la 
monarquía», así como del acuerdo de 29 de octubre de 2019, por el que se rechazan las 
solicitudes de reconsideración de aquella decisión y, en su virtud:
a)  Declarar la nulidad de los referidos acuerdos, en lo que se refiere a la admisión a 
trámite  del  inciso  impugnado  del  apartado  undécimo  de  la  referida  propuesta  de 
resolución.
b)  Notificar  personalmente  el  presente  auto  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con 
la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, 
que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 98/2019, así como lo 
acordado en el presente auto, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado 
por este Tribunal.
c)  Deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su 
caso,  a  exigir  la  responsabilidad  penal  que  pudiera  corresponder  al  presidente  del 
Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al vicepresidente primero de la 
mesa del Parlamento, don Josep Costa i Rosselló y al secretario primero de la mesa, 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, por incumplir el mandato del párrafo primero del 
art. 87.1 LOTC, en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  veinte.–Juan  José  González  Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo 
Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.