BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Lunes 30 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 106267
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
14289 Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Dirección 
General de Ordenación del Juego, en materia de adhesión al Sistema de 
Alertas sobre Apuestas Deportivas.
El Director General de Deportes, actuando por delegación del Presidente del Consejo 
Superior de Deportes y el Director General de Ordenación del Juego, actuando por 
delegación del Ministro de Consumo, han suscrito un Convenio en materia de adhesión 
al Sistema de Alertas sobre Apuestas Deportivas.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 25 de agosto de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEXO
Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Dirección General de 
Ordenación del Juego en materia de adhesión al Sistema de Alertas sobre 
Apuestas Deportivas
27 de julio de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Albert Soler Sicilia, Director General de Deportes, nombrado por 
Real Decreto 318/2021, de 5 de mayo, en nombre y representación del Consejo Superior 
de  Deportes  (en  adelante  «CSD»),  con  CIF  Q2828001D  y  domicilio  en  C/  Martín 
Fierro, 5, 28040 Madrid, en virtud de lo establecido en la letra c) del apartado primero de 
la Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se delegan competencias.
De otra parte, don Mikel Arana Echezarreta, Director General de Ordenación del 
Juego, nombrado mediante Real Decreto 513/2020, de 5 de mayo, actuando en nombre 
y representación de la Dirección General de Ordenación del Juego (en adelante, DGOJ), 
del Ministerio de Consumo, en virtud de las competencias delegadas en él por el artículo 
séptimo.1 letra c), de la Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites 
para la administración de créditos para gastos y de delegación de competencias.
En el ejercicio de sus respectivos cargos, intervienen reconociéndose la legitimidad y 
la capacidad necesaria para la firma del presente Convenio y a tales efectos, e.
EXPONEN 289ww
I
Que la DGOJ está integrada en la Secretaría General de Consumo y Juego del
Ministerio de Consumo del Gobierno de España, tal y como establece el artículo 2 del
Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 495/2020, de 28 
de  abril,  la  DGOJ  ejerce  las  funciones  de  regulación,  autorización,  supervisión, 
coordinación, control y, en su caso, sanción, de las actividades de juego de ámbito 
estatal. Entre estas funciones figuran:
– Las relaciones institucionales con otros órganos u organismos de la Administración 
General del Estado, Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, 
corporaciones locales, organismos internacionales y cualquier otra institución pública, 
española o extranjera, con funciones regulatorias en materia de juego.
– Las relaciones institucionales con cualesquiera entidades públicas o privadas en 
relación con la dimensión social o económica del juego.
Por  su  parte,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  1.3  del  Real 
Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte,  el  Consejo  Superior  de  Deportes  O.A.,  es  un 
organismo  autónomo  adscrito  al  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte,  que  ejerce  las 
competencias que le atribuyen la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Ley 
Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra 
el dopaje en la actividad deportiva, el Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se 
aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes, y las demás disposiciones del 
ordenamiento jurídico. La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 7, 
dispone que la actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte 
corresponde y será ejercida directamente por el Consejo Superior de Deportes, salvo los 
supuestos de delegación previstos en la propia Ley. Entre las funciones que esta Ley le 
atribuye, cabe destacar, las relativas a autorización y revocación de la constitución de las 
federaciones deportivas españolas y la aprobación de sus estatutos y reglamentos, así 
como las de coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas.
II
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, atribuye a la DGOJ el 
ejercicio de un conjunto de funciones que, tal y como lo expresa la exposición de motivos 
de la propia ley, se dirigen a velar y asegurar la integridad, seguridad, fiabilidad y 
transparencia de las operaciones de juego, así como, a garantizar el cumplimiento de la 
normativa vigente y de las condiciones establecidas para su explotación. Especialmente 
relevantes en este contexto resultan las funciones de vigilancia, control e inspección y, 
en  su  caso,  sanción  de  las  actividades  relacionadas  con  el  juego  (párrafo  7  del 
artículo 21); de garantía en el cumplimiento de la normativa de juego y de colaboración 
en el cumplimiento de la legislación de prevención de blanqueo de capitales y de 
financiación  del  terrorismo  (párrafos  9  y  14  del  artículo  21);  y,  singularmente,  las 
funciones  de  inspección  y  control  que  desarrolla  el  artículo  24,  y  que  entre  otras 
cuestiones se refiere a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, al seguimiento y control de los operadores y de las cuentas de usuario o al deber 
de  colaboración  de  los  operadores  habilitados,  sus  representantes  legales  y  su 
personal,; funciones todas ellas dirigidas a la protección de los intereses tanto de los  es
participantes en los juegos como de aquellos grupos vulnerables. bo
En el contexto competencial citado, uno de los fenómenos más preocupantes puesto  289ww
damde eep lnmaoo rastmnicviaafaibesn,asi ptnqou u llaaeoc  slaia óf iennDc tGetadrOenes  Jae lleas nns o d erecml  oesamjuel sprdc eeipctsiaicaoriro tridncoeielpl ossa  undsdtee e fslupa nosyc r atidiocventai evslsio d syea  sdo eepeslel   drrfaereadl aluoacdr ieocesno  aredrduneap  scel iacsósotne n  v aseipnel uccjuuetoelsargt,da oasy,     OE-A-2021-14able en https://
constituyen a su vez una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte,
pues atentan contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y 
seguidores.
Este  diagnóstico  es  compartido  a  nivel  internacional.  La  Comunicación  de  la 
Comisión Europea de 23 de octubre de 2012, titulada «Hacia un marco europeo global 
para los juegos de azar en línea», o la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
marzo de 2013, sobre el amaño de partidos y la corrupción en el deporte, ya ponían de 
manifiesto, en el marco de la Unión Europea, la gravedad de este problema. Junto a 
estas iniciativas se ha de citar también el Convenio del Consejo de Europa sobre la 
manipulación de las competiciones deportivas, aún no ratificado por España, que tiene 
por finalidad adoptar una respuesta global desde diversos ámbitos que haga frente a 
esta amenaza.
En este contexto, se ha considerado necesario establecer, a nivel nacional, un 
Sistema  de  Alertas  sobre  apuestas  deportivas  en  el  que  la  DGOJ,  el  resto  de 
Administraciones  Públicas  territoriales,  los  órganos  competentes  del  Ministerio  del 
Interior, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Consejo Superior 
de Deportes, así como las federaciones deportivas, ligas profesionales y operadores de 
juego, todos actores con un especial interés en erradicar este tipo de prácticas, puedan 
canalizar la información de que dispongan dirigida a la consecución de este fin.
III
Este Sistema de Alertas sobre apuestas deportivas se constituye así en una red de 
cooperación interactiva gestionada por la DGOJ y accesible por vía telemática para los 
participantes  que  hayan  suscrito  el  presente  convenio.  Su  finalidad  es  coadyuvar, 
mediante el oportuno intercambio de información, en la prevención y lucha contra el 
fraude en el mercado de apuestas deportivas, todo ello en aras de la protección tanto de 
los apostantes como de los operadores de juego de ámbito estatal.
El funcionamiento del Sistema de alertas se articula de modo que sus miembros 
transmiten  la  información  de  alertas  sobre  posibles  fraudes  relacionados  con  las 
apuestas deportivas que sean de su conocimiento, con la finalidad de que los miembros 
del Sistema que estén habilitados, según su nivel de acceso, tengan constancia de tal 
información y puedan utilizarla para comprobar las implicaciones del posible fraude 
cometido en su específico ámbito de actuación.
Ahora  bien,  y  como  se  ha  dicho  en  el  párrafo  anterior,  conscientes  de  las 
implicaciones en materia de protección de datos de carácter personal del presente 
convenio,  no  todos  los  receptores  de  las  alertas  remitidas  tienen  idéntico  nivel  de 
acceso. Así, tan sólo la DGOJ y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán 
acceso a aquellos datos relativos a la identidad de los implicados. La DGOJ, como 
gestor y responsable del Sistema de Alertas, será el órgano encargado de otorgar los 
distintos permisos de acceso a la información volcada al Sistema. Por su parte, el 
Consejo Superior de Deportes, en atención a sus competencias en materia deportiva, 
podrá acceder a la información que determine la DGOJ sobre todas las alertas, excluidas 
en todo caso de las mismas los datos de carácter personal y cualesquiera otros a partir 
de los cuales pudieran determinarse éstos. Finalmente, el resto de participantes en el 
Sistema únicamente tendrán acceso a las alertas y los datos de carácter personal que 
hubieran transmitido.
Por todo lo anterior y con el fin de garantizar una adecuado y eficaz nivel de 
colaboración entre los participantes en los sectores interesados en este ámbito, la DGOJ  e.e
y el Consejo Superior de Deportes estiman conveniente aunar esfuerzos, compartiendo  b
conocimientos y experiencia, para llevar a cabo la puesta en marcha de este Sistema de  289ww
Alertas y acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y finalidad del Convenio.
El presente convenio tiene por objeto la adhesión del Consejo Superior de Deportes 
al Sistema de Alertas sobre apuestas deportivas gestionado por la Dirección General de 
Ordenación del Juego, de tal forma que los participantes en el mismo puedan aportar la 
información  y  acceder  a  los  datos  que  determine  la  DGOJ,  sin  perjuicio  de  las 
restricciones que se especifican en cuanto al acceso a datos de carácter personal 
previstos en la cláusula cuarta de este convenio y en la normativa aplicable.
La finalidad del Sistema de Alertas está dirigida a la prevención y lucha contra el 
fraude en el mercado de las apuestas deportivas, mediante la detección, con base en la 
información suministrada, de prácticas que puedan alterar los resultados de un evento 
deportivo de manera fraudulenta.
Segunda.  Compromisos del Consejo Superior de Deportes.
Con carácter general corresponde al Consejo Superior de Deportes:
1.  La remisión de la información relativa a las apuestas previstas en el presente 
apartado, desde el mismo momento en que tuviera conocimiento de una práctica en un 
evento deportivo que fuera susceptible de tener naturaleza fraudulenta.
Las alertas sobre las que se remitirá información podrán ser de los siguientes tipos:
– Información  sobre  apuestas  deportivas  irregulares:  entendidas  como  aquellas 
apuestas deportivas que no se ajusten a las apuestas habituales o previsibles del 
mercado de que se trate o que guarden relación con una competición deportiva que se 
desarrolle conforme a pautas no habituales.
– Información  sobre  apuestas  deportivas  sospechosas:  entendidas  éstas  como 
aquellas apuestas que, atendiendo a pruebas fiables y no contradictorias, parezcan estar 
vinculadas a una manipulación de la competición respecto de la cual se realiza dicha 
apuesta.
2.  Informar de cualquier incidencia que se pudiera producir con posterioridad a la 
introducción de la alerta en el Sistema y, especialmente, de aquellas que a la luz de 
nuevos datos pudieran motivar la reconsideración de la alerta introducida como tal.
3.  Seguir las instrucciones que emita la Dirección General de Ordenación del Juego 
en relación con el funcionamiento del Sistema de Alertas.
4.  Acceder  a  las  alertas  del  Sistema  de  Alertas  que  guarden  relación  con  su 
actividad y con las restricciones que para los datos de carácter personal se prevén en la 
cláusula cuarta.
5.  Ostentar la condición de encargado del tratamiento en los términos previstos en 
el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, Reglamento general de protección de datos). 
En calidad de tal, El Consejo Superior de Deportes:
a)  tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas 
de la DGOJ; s
b)  garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan  o
ccRooemngfclpiad)r meonmetconeimattoiladi dgroaáe d na tedo redrae aln ssdap etelu aptrsaar rol emtezlaeac dc eciidósoantnas fdt iudente aednrcaicaetioa;ssali;driaads  doe  ecsoténnfo rsmuijdeatads  cao n uenla  aortbícliuglaoc i3ó2n  ddeel   2021-14289n https://www.
d)  respetará las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del artículo 28 del 
Reglamento  general  de  protección  de  datos  para  recurrir  a  otro  encargado  del 
tratamiento;
e)  asistirá a la DGOJ, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este 
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el 
ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III – Derechos del 
Interesado – del Reglamento general de protección de datos;
f)  ayudará  al  responsable  a  garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
establecidas en los artículos 32 a 36 del Reglamento general de protección de datos, 
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del 
encargado;
g)  suprimirá todos los datos de carácter personal una vez finalice el periodo de 
conservación previsto en la cláusula cuarta y suprimirá las copias existentes a menos 
que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la 
Unión o de los Estados miembros;
h)  pondrá a disposición de la DGOJ toda la información necesaria para demostrar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el citado artículo 28 del Reglamento 
general de protección de datos, así como para permitir y contribuir a la realización de 
auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado 
por dicho responsable.
En relación con lo dispuesto en la letra h), el encargado del tratamiento informará 
inmediatamente a la DGOJ si, en su opinión, una instrucción infringe el Reglamento 
general de protección de datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales u 
otras disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 
miembros.
Tercera.  Compromisos de la Dirección General de Ordenación del Juego.
Con carácter general, corresponde a la DGOJ:
1.  Asumir la dirección y gestión del Sistema de alertas, pudiendo emitir aquellas 
instrucciones que estime necesarias para su correcto funcionamiento.
2.  Garantizar el acceso de los participantes a las alertas que se generen en el 
Sistema, en los términos y con las limitaciones establecidas en el presente Convenio.
3.  Recabar  cuanta  información  estime  necesaria  en  relación  con  las  alertas 
introducidas en el Sistema.
4.  Informar a los participantes habilitados en el Sistema del estado de situación de 
las alertas introducidas. El alcance de la información que se incluya en los estados de 
situación se determinará por la DGOJ.
5.  Garantizar,  en  calidad  de  responsable,  que  el  tratamiento  de  los  datos  de 
carácter personal que se pudieran derivar de la información introducida en el Sistema es 
acorde con lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos, y de acuerdo 
con la normativa nacional que lo complemente.
Cuarta.  Acceso a las alertas y datos de carácter personal.
Las alertas y los datos de carácter personal que obren en el Sistema son accesibles  e.
para la DGOJ y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para el exclusivo  w.b
ejercicio de sus competencias en conexión con la finalidad del presente Acuerdo, de  289ww
tarcautaedrdoos  cpoanr laa  Lfeinye sO rgdáen icpar e7v/e2n0c2i1ó,n d, e d2e6t edcec imóna,y oi,n vdees ptirgoatecicócnió ny  dee ndjautiocsia mpeiersnoton aldees 
infraEclc ioCnoenss epjeon aSleusp eyr idoer  edjeec uDceiópno rdtees s, aennci oanteesn cpieónna lae ss.us  competencias  en  materia
deportiva, podrá acceder a la información que determine la DGOJ sobre todas las
alertas,  excluidos  en  todo  caso  de  las  mismas  los  datos  de  carácter  personal  y 
cualesquiera otros a partir de los cuales pudieran determinarse éstos.
El resto de los participantes en el Sistema únicamente tendrán acceso a las alertas y 
los datos de carácter personal que hubieran transmitido.
Los firmantes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e 
informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del 
objeto del presente convenio, debiendo ambos mantener dicha información en reserva y 
secreto y no revelarla de ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o 
jurídica que no sea parte del mismo, salvo en los casos y mediante la forma prevista en 
este Convenio.
A estos efectos, los datos de carácter personal que pueden incorporarse en el 
sistema son de las siguientes clases:
– Datos sobre la identidad de las personas - apostantes, deportistas o terceros- 
sobre las que existen indicios de haber incurrido en algún tipo de comportamiento o 
práctica fraudulenta relacionada con una apuesta irregular o sospechosa en uno o varios 
eventos  deportivos:  nombre  y  apellidos;  país  de  residencia;  domicilio;  NIF,  NIE  o 
documentos  equivalentes;  equipo  al  que  pertenece;  eventos  concretos  en  los  que 
participan;  IP,  número  de  teléfono,  correo  electrónico,  cuentas  en  redes  sociales, 
información sobre su actividad de juego.
– Datos sobre las personas participantes en el sistema: nombre, apellidos, correo 
electrónico, número de teléfono y NIF o documento identificativo equivalente.
El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  que  fuere  necesario  para  el 
cumplimiento de la finalidad del presente convenio se realizará de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento general de protección de datos y la normativa nacional que lo 
complemente.
El plazo de conservación de los datos de carácter personal que tuvieran acceso al 
Sistema como consecuencia de una alerta no podrá exceder del estrictamente necesario 
para garantizar el buen fin de la actividad de investigación y, en todo caso, no podrá 
exceder de un año desde la última información añadida a la alerta que haya motivado su 
introducción.  En  caso  de  que  como  consecuencia  de  la  alerta  se  incoara  un 
procedimiento de investigación por la policía judicial o un procedimiento sancionador por 
la DGOJ, los datos serán incorporados al procedimiento correspondiente y suprimidos 
del Sistema de Alertas por la DGOJ.
En los términos previstos en el artículo 9 del Reglamento general de protección de 
datos, y salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en su apartado 2), 
queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, 
las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y 
el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera 
unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual 
o a la orientación sexual de una persona.
Quinta.  Desarrollo del Convenio.
La colaboración recogida en este convenio se podrá concretar, en caso de ser 
necesario, por medio de adendas, que tendrán la misma consideración jurídica y los 
mismos  efectos  vinculantes  que  el  Convenio,  en  las  que  se  podrán  concretar  los 
mecanismos adecuados para la realización de actividades concretas. s
Estas  adendas  tendrán,  desde  el  momento  de  su  inscripción  en  el  Registro  oe.
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modelos de actuación, normas técnicas o protocolos que desarrollen algún aspecto del
Convenio, y que se incorporarán al mismo como anexo. Dichos anexos formarán parte  Bc
integrante del Convenio, por lo que su incorporación o modificación requerirá la firma, 
por las partes, de una adenda modificativa como se establece en la cláusula novena de 
este Convenio.
Sexta.  Comisión de Seguimiento.
1.  En el plazo de un mes desde la inscripción de este Convenio, se constituirá una 
Comisión de Seguimiento paritaria integrada por dos representantes de cada una de las 
partes  firmantes  de  este  convenio.  Asimismo,  a  las  reuniones  de  la  Comisión  de 
Seguimiento asistirá, con voz, pero sin voto, un o una funcionaria designada por la 
DGOJ, que ejercerá las funciones de Secretario/a. La presidencia de la Comisión de 
Seguimiento será ejercida por la DGOJ.
2.  Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a)  Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio.
b)  Impulsar  la  adopción  de  las  medidas  y  acciones  necesarias  para  el  mejor 
cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes.
c)  Proponer las modificaciones al Convenio que se consideren oportunas.
3.  La Comisión de Seguimiento se reunirá una vez al año con carácter ordinario, 
pudiéndose reunir, además, con carácter extraordinario a petición de cualquiera de las 
partes. Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto respecto de los órganos colegiados 
en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.  Financiación.
La firma de este convenio no comporta por sí misma ningún tipo de contraprestación 
económica, ni produce incremento del gasto público.
Octava.  Vigencia y prórroga del Convenio.
El presente convenio tendrá una duración de cuatro años naturales a partir del día de 
su  inscripción  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal, y se podrá prorrogar por la misma duración una 
sola  vez  mediante  adenda  expresa  con  una  antelación  mínima  de  un  mes  a  su 
vencimiento.
El convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes y 
resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles, en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Además, 
en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización, será publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Novena.  Modificación del Convenio.
Las  partes  firmantes  podrán  modificar  los  términos  del  presente  Convenio  en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de resolución.
El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas: e.
1.  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la  289ww
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incumplidora  un  requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
4.  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
5.  Por imposibilidad sobrevenida del objeto del Convenio.
En el supuesto de resolución del Convenio y en el caso de existir actuaciones en 
curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán 
acordar  la  continuación  y  finalización  de  las  mismas,  estableciendo  un  plazo 
improrrogable para su finalización.
Undécima.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de manera amistosa, en el seno de la Comisión prevista en la cláusula sexta. Una 
vez  agotada  esa  vía,  el  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el 
competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción.
Duodécima.  Transparencia.
Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública que asiste a 
todas las personas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b. de la Ley 19/2013 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, 
el presente Convenio será publicado en el Portal de la Transparencia del Gobierno de 
España.
De  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
instituciones que representan, suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en 
el  lugar  y  fecha  indicada  en  la  firma.–El  Ministro  de  Consumo,  P.D.  (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), el Director General de Ordenación del Juego, Mikel 
Arana Echezarreta.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, P.D. (Resolución 
de 17 de mayo de 2021), el Director General de Deportes, Albert Soler Sicilia.