BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 109 Viernes 7 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 55223
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
7617 Orden HAC/440/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Convenio con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
La Ministra de Hacienda, en representación de la Administración General del Estado, la 
Secretaria  de  Estado  de  Hacienda,  en  representación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria y el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno 
de Aragón, en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de abril de 2021, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, han suscrito el Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Aragón, para permitir 
articular la necesaria colaboración entre ambas Administraciones públicas de cara a la 
ejecución de lo previsto en el título I del mencionado Real Decreto-ley.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo su 
publicación como anejo a la presente Orden.
Madrid, 5 de mayo de 2021.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.
ANEJO
Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación de lo establecido 
en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
En Madrid, a 5 de mayo de 2021.
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, doña María Jesús Montero Cuadrado, Ministra de Hacienda, en virtud 
del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, 
en representación del citado Departamento, y en ejercicio de las competencias que le 
confiere la Orden de 13 de abril de 2021, de avocación de competencias para la firma de 
los  convenios  a  los  que  se  refiere  el  apartado  4  del  artículo  4  del  Real  Decreto-
ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
De otra parte, doña Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en virtud de lo previsto en el artículo 103, apartado tres.2, de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,  es
nombrada por el Real Decreto 380/2018, de 8 de junio. o
Y de otra, don Carlos Pérez Anadón, Consejero de Hacienda y Administración Pública  17ww
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Reconociéndose  las  partes  que  intervienen  la  capacidad  legal  necesaria  para 
formalizar el presente Convenio.
EXPOSITIVO
I
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19 (en adelante, Real Decreto-ley 5/2021), la Ministra de 
Hacienda, en representación de la Administración General del Estado y la Secretaria de 
Estado  de  Hacienda,  en  representación  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria), suscriben el presente Convenio en ejercicio 
de las competencias que le atribuye la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencias propias para la gestión de 
sus  intereses  y  se  encuentra  facultada  para  la  suscripción  de  convenios  para  el 
desarrollo de actuaciones de intercambio de información con la Administración estatal.
II
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 y en el 
marco de la colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones 
Públicas,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  3.1.k),  140  y  141  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público), las partes firmantes consideran que sería muy 
beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines suscribir este Convenio.
En concreto, el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 prevé la suscripción del 
presente  Convenio  para  permitir  articular  la  necesaria  colaboración  entre  ambas 
Administraciones  públicas  de  cara  a  la  ejecución  de  lo  previsto  en  el  título  I  del 
mencionado  Real  Decreto-ley,  contemplando  cuestiones  como  el  intercambio  de 
información entre las Administraciones Tributarias; la mención en todas las actuaciones y 
soportes que se utilicen al origen de los fondos que financian estas ayudas, señalándose 
que  son  financiadas  por  el  Gobierno  de  España;  y  la  obligación  de  suministrar 
información detallada sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas.
III
Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir 
convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la 
titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los 
trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
En este sentido, razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a 
las partes signatarias justifican la suscripción de este Convenio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021.
CLÁUSULAS e.e
Primera.  Objeto del Convenio. 17ww
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título I del Real Decreto-ley 5/2021.
Segunda.  Obligaciones de las partes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, las 
partes firmantes se comprometen a:
A.  La Comunidad Autónoma:
1.  Incorporar en los formularios de solicitud de las ayudas directas a autónomos o 
empresas de la Línea Covid el contenido mínimo que se detalla a continuación, para 
facilitar el suministro por la Agencia Tributaria de la información de que disponga y para 
que la Comunidad Autónoma pueda obtener del solicitante o de otras Administraciones 
tributarias  la  restante  información  necesaria  para  gestionarlas  cuando  la  Agencia 
Tributaria no disponga de ella:
a)  NIF del solicitante de la ayuda.
b)  La autorización a que se refiere el artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria.
c)  Indicación de si se van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio 
fiscal.
d)  Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un 
grupo que aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio foral, la composición 
de dicho grupo en 2020 y si alguna entidad del mismo tributa en exclusiva ante una 
Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años.
e)  Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un 
grupo que aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio común, si alguna 
entidad del mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en 
dichos años.
f)  Si realiza exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a 
presentar autoliquidación periódica de IVA y determina el pago fraccionado de acuerdo 
con la modalidad prevista en el artículo 40.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.
2.  Suministrar la información que se detalla en las letras a) y c) del apartado 1 
anterior a la Agencia Tributaria.
3.  En  las  convocatorias  y  en  las  notificaciones  de  resolución,  recepción  o 
cualesquiera otras dirigidas a los beneficiarios de las ayudas directas que realice la 
Comunidad  Autónoma  deberá  constar  expresamente,  en  lugar  visible,  que  se  han 
financiado por el Gobierno de España.
Asimismo,  en  todas  las  actividades  de  difusión  que  pueda  llevar  a  cabo  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  distintas  acciones  relativas  a  las  ayudas  directas  en 
publicaciones,  medios  de  difusión  o  páginas  web  deberá  constar  la  referencia 
establecida en el párrafo anterior.
4.  Suministrar  información  detallada  sobre  las  convocatorias  realizadas  y  los 
resultados de las mismas, en los siguientes términos:
a)  La Comunidad Autónoma remitirá al Ministerio de Hacienda una relación de las 
resoluciones de las ayudas concedidas en aplicación del título I del Real Decreto-
ley 5/2021 y de las convocatorias de ayudas que se produzcan en desarrollo de dicha 
disposición. Asimismo, se remitirá información sobre los pagos o transferencias a los 
beneficiarios y los eventuales reintegros que se produzcan.
Estas  relaciones  incluirán,  al  menos,  información  sobre  la  convocatoria  que  da  es
soporte a cada ayuda, la identificación del beneficiario y su naturaleza, el código CNAE  o
acreditado según el artículo 3.5 del Real Decreto-ley 5/2021 o el código CNAE principal  17ww
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resolución de reintegro, su importe y las fechas e importes en los que los mismos se
hacen efectivos por parte del beneficiario, así como de las fechas e importes de los 
reintegros que se realicen a la Administración General del Estado.
b)  La información se remitirá por la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda 
que gestionará dicha información en especial colaboración con la Agencia Tributaria, en 
particular en cuanto a la gestión de los datos remitidos, los cuales podrán alojarse en sus 
servidores además de en los del propio Ministerio.
c)  El Ministerio de Hacienda podrá solicitar a la Comunidad Autónoma cuanta 
información adicional considere necesaria sobre la gestión de las convocatorias de las 
ayudas y los resultados de las mismas.
B.  La Agencia Tributaria:
Suministrar la siguiente información a la Comunidad Autónoma, en relación con el 
marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía 
de la ayuda, de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021 y la Orden 
HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de 
ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el título I del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19:
1.  Respecto de los solicitantes de la ayuda que sean empresarios o profesionales y 
entidades  adscritas  a  los  sectores  determinados  por  la  normativa  que  regula  la 
concesión de las ayudas:
a)  Delegación o Delegación Especial en la que se encuentre el domicilio fiscal.
b)  Epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos de la 
Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas  (CNAE  –09–)  que  se  consideren 
equivalentes en los que se clasifica la actividad desempeñada por el solicitante en 2019, 
2020 y 2021.
c)  Información sobre el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por 
la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, en el Impuesto 
General Indirecto Canario en 2019 y 2020, si dicho volumen de operaciones en 2020 ha 
caído más de un 30% con respecto al de 2019 y el porcentaje de caída.
En caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el 
régimen de tributación consolidada, la información a proporcionar será la suma de todos 
los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.
No obstante lo anterior:
Cuando el empresario o profesional solicitante de la ayuda realice una actividad de 
comercio minorista cuyo rendimiento de actividades económicas se determine mediante 
el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aplicando por dicha actividad el régimen especial del recargo de equivalencia en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, se proporcionará información 
sobre la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su 
actividad económica minorista incluidos en su declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas correspondiente a 2019, así como sobre la suma de los ingresos 
íntegros  fiscalmente  computables  incluidos  en  sus  autoliquidaciones  de  pagos 
fraccionados del ejercicio 2020.
Cuando el solicitante de la ayuda tenga su domicilio fiscal en las Ciudades de Ceuta 
o  Melilla  o  realice  exclusivamente  operaciones  que  no  obligan  a  presentar  e.e
autoliquidación  periódica  de  IVA  (artículos  20  y  26  de  la  Ley  37/1992,  de  28  de  b
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido) o de IGIC (artículo 57.2 del Reglamento  17ww
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por la Comunidad Autónoma de Canarias, y no aplique el régimen de estimación objetiva 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2019 o 2020:
1.º  Para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
información  sobre  la  totalidad  de  los  ingresos  íntegros  fiscalmente  computables 
procedentes  de  su  actividad  económica  incluidos  en  su  declaración  del  Impuesto 
en  2019,  así  como  la  suma  de  los  ingresos  íntegros  fiscalmente  computables 
procedentes de su actividad económica incluidos en sus autoliquidaciones de pagos 
fraccionados correspondientes a 2020.
2.º  Para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta 
de no Residentes con establecimiento permanente, información sobre la base imponible 
previa declarada en el último pago fraccionado de los años 2019 y 2020 respectivamente 
en el supuesto de que dichos pagos fraccionados se calculen según lo dispuesto en el 
artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
d)  Indicación de si el solicitante tiene más de 10 empleados.
e)  Si  el  solicitante  forma  parte  de  un  grupo,  información  disponible  sobre  su 
composición en 2019 y 2020.
2.  Respecto de los empresarios solicitantes que apliquen el régimen de estimación 
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores 
determinados por la normativa que regula la concesión de las ayudas, indicación de si 
los mismos han aplicado dicho régimen en el año 2019 o 2020.
3.  En relación con los solicitantes de la ayuda contemplados en el apartado 1 
anterior, indicación de si los mismos han consignado en la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 un resultado neto 
negativo por las actividades económicas en las que hubieran aplicado el método de 
estimación directa para su determinación o si ha resultado negativa en dicho ejercicio la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no 
Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de 
bases imponibles negativas.
4.  Información  sobre  si  el  solicitante  se  encuentra  de  alta  en  el  Censo  de 
empresarios, profesionales y retenedores, y para el supuesto de que se haya producido 
el alta o la baja en 2019 o 2020, información sobre las fechas de alta y de baja en dicho 
Censo, y causa de la baja.
5.  En relación con los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo 
volumen  de  operaciones  en  2020  haya  sido  superior  a  10  millones  de  euros  y  que 
desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una 
Ciudad Autónoma, información de la caída de la actividad en el territorio, atendiendo al peso 
de las retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con que cuenten en 
el mismo, en aplicación de lo dispuesto en la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.
6.  Información  disponible  sobre  el  reparto  de  dividendos  por  el  solicitante 
durante 2021 o 2022.
7.  Información sobre el mantenimiento de la actividad económica del solicitante 
hasta el 30 de junio de 2022, con indicación de los epígrafes del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE) y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE –09–) que se consideren equivalentes en los que se clasifique dicha 
actividad.
C.  El Ministerio de Hacienda: e.
1.  En relación con la remisión de la información sobre las convocatorias y los  17ww
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apoy2o.  dFela Mciliintaisrt eerli os odpeo Hrtea ctiéecnndicao. que permita el intercambio de información prevista en
el apartado A.4 de la presente cláusula.
Tercera.  Finalidad de la cesión de información.
La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria tendrá como finalidad 
exclusiva  la  colaboración  con  la  Comunidad  Autónoma  para  la  acreditación  de  las 
condiciones y requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de las 
ayudas directas a autónomos o empresas de la Línea Covid aprobadas por el Real 
Decreto-ley 5/2021:
a)  En relación con las condiciones de elegibilidad, al exigirse la aportación de una 
certificación expedida por la Agencia Tributaria o la presentación en original, copia o 
certificación  de  las  declaraciones  tributarias  de  los  interesados  o  de  cualquier  otra 
comunicación emitida por la Agencia Tributaria en el caso de los no obligados a declarar, 
la información se solicitará directamente de la Agencia Tributaria, siempre que resulte de 
interés  para  el  ejercicio  de  tales  funciones  y  se  refiera  a  un  número  elevado  de 
interesados  o  afectados,  permitiendo  la  acreditación  del  cumplimiento  de  dichas 
condiciones.
b)  En relación con los requisitos de elegibilidad y los criterios para la fijación de la 
cuantía  de  las  ayudas,  la  Agencia  Tributaria  suministrará  la  información  disponible 
prevista en la cláusula segunda.B para la comprobación por la Comunidad Autónoma de 
las circunstancias que permitan tanto la concesión de las ayudas a los solicitantes como 
la cuantificación de las mismas.
Respecto  a  la  información  prevista  en  la  cláusula  segunda.A.4,  la  información 
remitida por la Comunidad Autónoma se utilizará a efectos estadísticos y de difusión, sin 
perjuicio  de  su  uso  dentro  de  las  facultades  y  competencias  asignadas  a  la 
Administración General del Estado en el marco del Real Decreto-ley 5/2021, y no podrá 
ser  cedida  a  terceros  salvo  a  otros  departamentos  ministeriales  y  organismos  o 
entidades de derecho público dependientes a los efectos previstos en la cláusula Quinta.
Cuarta.  Autorización de los interesados en la información suministrada.
El artículo 95 de la Ley General Tributaria otorga, con carácter general, naturaleza 
reservada  a  los  datos  con  trascendencia  tributaria  obtenidos  por  la  Administración 
tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados 
a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, «la colaboración 
con  las  Administraciones  públicas  para  el  desarrollo  de  sus  funciones,  previa 
autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados» 
[artículo 95.1, letra k)]. De ello se deriva la exigencia de obtener la autorización previa de 
los obligados tributarios o interesados a que se refieran los datos a suministrar, en los 
supuestos excepcionales en que se autoriza su cesión subordinada a «la colaboración 
con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones».
Respecto  a  la  información  prevista  en  la  cláusula  segunda.A.4,  la  Comunidad 
Autónoma obtendrá el consentimiento previo de los beneficiarios para la remisión de los 
datos  al  Ministerio  de  Hacienda  en  el  marco  del  presente  Convenio,  obtenidos  en 
aplicación  del  Real  Decreto-ley  5/2021  y  en  las  convocatorias  de  ayudas  que  se 
produzcan en desarrollo de dicha disposición. El uso de estos datos por parte del 
Ministerio de Hacienda se circunscribirá exclusivamente a las finalidades descritas en la 
cláusula anterior.
Quinta.  Destinatarios de la información suministrada. e.
La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá ser utilizada por los órganos  17ww
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qtaumeb siéen  rseefireárne  deel sptirneasteanritoes  Cdoen lave innifoo.r mAascimióins moob,je ltoos d óerl gCaonnovse ndieo  feisnc alali zmaecidóind aa eunto nqóume, icpoosr 
aplicación de su propia normativa, participen en dichos procedimientos. En ningún caso
podrán ser destinatarios órganos, organismos o entes que realicen funciones distintas de las 
descritas en la cláusula segunda de este Convenio.
La cesión se realizará sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida 
por la Agencia Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicita. En 
cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la 
Agencia Tributaria.
La información prevista en la cláusula segunda.A.4 cedida por la Comunidad Autónoma 
podrá ser utilizada por el Ministerio de Hacienda, así como, previa autorización de dicho 
Ministerio, por el resto de departamentos ministeriales y de organismos o entidades de 
derecho público dependientes que ejerzan funciones vinculadas o relacionadas con el 
objeto del presente Convenio. En cualquier caso, el destinatario sólo podrá ceder a sujetos 
distintos de los anteriores los datos de carácter personal de conformidad con la normativa 
de aplicación sobre protección de datos de carácter personal.
Sexta.  Naturaleza de los datos suministrados.
Los  datos  suministrados  por  la  Agencia  Tributaria  son  los  declarados  por  los 
contribuyentes  y  demás  obligados  a  suministrar  información,  sin  que,  con  carácter 
general,  hayan  sido  sometidos  a  actividad  alguna  de  verificación  previa  a  su 
automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por la 
Agencia Tributaria, se facilitarán los datos comprobados.
Los datos suministrados por la Comunidad Autónoma serán, según los casos, los 
disponibles en sus correspondientes registros o sistemas de información, o bien los 
facilitados por los solicitantes de las ayudas. En este último caso se remitirán aun 
cuando no hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa, sin perjuicio 
de que una vez comprobados o actualizados por la Administración competente, se 
faciliten dichos datos comprobados o actualizados.
Tanto  la  Agencia  Tributaria  como  la  Comunidad  Autónoma  podrán  solicitar 
recíprocamente especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los 
datos objeto de suministro.
Respecto a la información remitida en aplicación de la cláusula segunda.A.4 la 
Comunidad  Autónoma  solventará  las  incidencias  observadas  en  el  suministro  de 
información y dará una adecuada respuesta a la petición de aclaraciones que sobre 
dicha información se puedan solicitar por parte del Ministerio de Hacienda.
Séptima.  Interlocutor único.
Tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Agencia Tributaria y en la Comunidad 
Autónoma existirá un interlocutor único al que las partes firmantes podrán dirigirse para 
resolver  cualquier  aspecto  o  incidencia  relacionado  con  la  aplicación  del  presente 
Convenio.
En  concreto,  en  la  Agencia  Tributaria,  para  las  cuestiones  de  intercambio  de 
información de naturaleza tributaria, dicho interlocutor será la Delegación Especial de la 
Comunidad, salvo cuando se susciten cuestiones generales que superen el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, en cuyo caso será la persona que a nivel central 
designe el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria; en el Ministerio de 
Hacienda, para el resto de cuestiones que versen sobre el presente Convenio, será 
quién designe la persona titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 
Local; mientras que, en la Comunidad Autónoma, dichas funciones serán ejercidas por el  es
titular de la Dirección General de Tributos. bo
Octa1v. a. IntPerrcoacmedbiimo ideen tinof opramraa ceiól nin etenrtcrea mlab Cioo mdeu ninidfoardm Aauctióónno.ma y la Agencia Tributaria.
ficheLrao  Ceno mfournmidaatod  cAsuvt óqnuoem cao nptreonpgoar cliao ninafroár mseamcióann aqlmuee nstee  dae tlaa llaA gmeánsc iaa dTerliabnuttea.r iaP aurna   BOE-A-cable e
ello, se habilitará un trámite en la sede de la Agencia Tributaria, a través del cual la 
Comunidad Autónoma formalizará, cada lunes, el envío de la solicitud de información, 
adjuntando  a  la  presentación  un  fichero  con  la  relación  de  solicitudes  de  ayudas 
recibidas durante la semana anterior.
No se solicitará información de solicitudes ya remitidas con anterioridad, salvo que se 
trate de la subsanación de algún error.
Cada solicitud que figure en el fichero de petición de información contendrá los 
siguientes datos:
– NIF del solicitante (obligatorio);
– Apellidos  y  Nombre  (para  Personas  Físicas)  o  Razón  Social  (para  personas 
Jurídicas) (Obligatorio);
– Indicador de si esos NIF van a solicitar ayudas en territorios distintos al del 
domicilio fiscal (obligatorio);
– Fecha de presentación de la solicitud (obligatorio);
– Código DIR3 de la Comunidad Autónoma donde se realice la solicitud (obligatorio);
– Código DIR3 de la Unidad de Tramitación (opcional).
La Agencia Tributaria pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma un archivo 
con la información disponible mencionada en el apartado B) de la cláusula segunda 
dentro del plazo de los 7 días siguientes a la recepción del fichero mencionado en el 
párrafo anterior.
2.  Intercambio de información entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de 
Hacienda.
La información a remitir en aplicación de la cláusula segunda.A.4 se proporcionará 
mensualmente en los cinco primeros días de cada mes con los datos actualizados hasta 
el  último  día  del  mes  precedente,  mediante  el  procedimiento  telemático  y  con  las 
especificaciones técnicas que el Ministerio de Hacienda determine al efecto.
En los envíos mensuales en los que así se establezca por el Ministerio de Hacienda, 
dichas relaciones irán acompañadas de un certificado firmado electrónicamente por el 
Interventor  General  de  la  Comunidad  Autónoma  o  unidad  equivalente  que  tenga 
competencias en materia de contabilidad, remitido por vía telemática conforme al modelo 
normalizado que establezca el Ministerio de Hacienda, en el que se certifiquen los datos 
remitidos.
Novena.  Control y seguridad de los datos suministrados.
El control y seguridad de los datos suministrados por la Agencia Tributaria se regirá 
por lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento en materia de seguridad de la 
información y, en particular, en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 
modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, y en la Política de Seguridad 
de la Información de la Agencia Tributaria y de la Comunidad Autónoma.
Se  establecen  los  siguientes  controles  sobre  la  custodia  y  la  utilización  de  la 
información tributaria suministrada al amparo de este Convenio:
a)  Control interno por parte del ente cesionario de la información.
La Comunidad Autónoma realizará controles sobre la constancia y validez de la 
autorización previa de los interesados y sobre la custodia y utilización que de los datos 
recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependientes de ella,  e.
informando  a  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y  Seguimiento  de  los  resultados  w.b
obtenidos en dicho seguimiento. 17ww
ser Euntil ipzaardtaic uplaarr,a s eo traodso pptraorpáóns mitoesd iyd aqsu qeu aes eevgiuterenn e le rli ecsugmop dliem qieunet ola d inef olarms accoinódni cpiuoendeas 
que bs)u stCeonntatrno cl apdoar  euln ean dtee  tliatusl acre dseio lnae isn.formación cedida.
La Comunidad Autónoma acepta someterse a las actuaciones de comprobación que 
pueda acordar la Agencia Tributaria.
La Agencia Tributaria aplicará los controles ordinarios derivados de su sistema de gestión 
de la seguridad de la información. En particular, las cesiones de información realizadas 
quedarán registradas en el sistema de control de accesos de la Agencia Tributaria. El Servicio 
de  Auditoría  Interna  de  la  Agencia  Tributaria  podrá  acordar  otras  actuaciones  de 
comprobación al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información 
cedida y las condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación.
Décima.  Tratamiento de datos personales.
En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, 
tanto  el  cedente  como  el  cesionario  tratarán  los  datos  de  acuerdo  al  Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de Protección de Datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los  datos  tratados  en  este  Convenio  tienen  la  categorización  de  información 
tributaria en lo referente a la cláusula segunda A.1 y B del presente Convenio.
Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad del cedente de 
la información, y los tratamientos posteriores son responsabilidad de la Comunidad 
Autónoma cesionaria de la información.
En el caso del Ministerio de Hacienda, el responsable del tratamiento a efectos del 
Reglamento General de Protección de Datos es la persona titular de la Secretaría 
General de Financiación Autonómica y Local.
En  el  caso  de  la  Agencia  Tributaria,  el  responsable  del  tratamiento  a  efectos  del 
Reglamento General de Protección de Datos es la persona titular de la Dirección General.
En  el  caso  de  la  Comunidad  Autónoma,  cada  órgano,  organismo  o  entidad 
autorizado a recibir suministros de información tendrá designado un responsable del 
tratamiento a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos.
Undécima.  Obligación de sigilo.
Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los 
datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más 
estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará 
incurrir  en  las  responsabilidades  penales,  administrativas  y  civiles  que  resulten 
procedentes.
El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole 
que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en 
ejecución  de  este  Convenio  deberá  ser  iniciado  y  concluido,  así  como  exigida  la 
responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, 
funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.
Duodécima.  Archivo de las actuaciones.
La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles efectuados 
sobre la custodia y utilización de los datos cedidos deberá conservarse por un periodo de  s
tiempo no inferior a tres años. En especial, la Comunidad Autónoma deberá conservar la  oe.
autorización expresa de los interesados. w.
Decimotercera.  Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Solución de conflictos.
ConCveonni oe, l afsiní  cdoem coo poardrain allre vlaasr  aa cctaivbidoa sdue ss unpeecrevsisaiórina,s  speagruaim laie netjoe cyu ccioónnt rdoel, l sper ecsreeanrteá 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por la persona que
designe el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria, como representante de 
esta; por la persona que designe el titular de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, como representante del Ministerio de Hacienda; y por otros dos 
miembros nombrados por la Comunidad Autónoma.
En calidad de asesores podrán incorporarse cualesquiera otras personas que se 
consideren necesarias, con derecho a voz.
Las decisiones se adoptarán por común acuerdo de las partes representadas.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes.
En todo caso la Comisión será competente, al menos, para:
a)  Coordinar las actividades necesarias para la ejecución del Convenio, así como 
para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control.
b)  Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento 
del Convenio.
c)  Concretar  cualquier  aspecto  relacionado  con  el  suministro  de  información 
establecido por este Convenio que precise de desarrollo.
Respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, la Comisión se 
regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico por lo dispuesto en la sección 3.ª 
del capítulo II del título Preliminar de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarta.  Plazo de vigencia.
El  presente  Convenio  tendrá  una  vigencia  de  cuatro  años  desde  la  fecha  de  su 
inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al 
que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en 
el  «Boletín  Oficial  del  Estado».  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  su  inscripción  en  el 
correspondiente registro autonómico y su publicación en el boletín oficial de la Comunidad 
Autónoma, si fuese necesario, de conformidad con la normativa aplicable. Si a la finalización 
del presente Convenio se mantuviera la necesidad de procurar intercambio de información 
adicional se formalizarán, en su caso, las oportunas prórrogas.
No obstante, las partes firmantes podrán determinar la suspensión unilateral o la 
limitación  del  suministro  de  información  cuando  se  adviertan  incumplimientos  de  la 
obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente 
cesionario, anomalías o irregularidades en el régimen de control o incumplimientos de los 
principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo 
previsto en este Convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o limitación del 
suministro  se  dará  cuenta  inmediatamente  a  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y 
Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la resolución o mantenimiento del Convenio.
Decimoquinta.  Financiación.
Del presente Convenio no se derivarán, para ninguna de las partes, obligaciones de 
naturaleza  ordinaria  o  extraordinaria  de  contenido  económico  específicas  para  el 
desarrollo del proyecto.
Decimosexta.  Extinción y resolución del Convenio.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que  e
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto  bo
en el artículo 51.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 17ww
resoDluec icóonn dfoerlm Ciodnavde cnoion,  llaos e ssitgaubielenctiedso: en el artículo 51.2 de dicha Ley, son causas de
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la
prórroga del mismo. Bc
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
Decimoséptima.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción. El incumplimiento de 
las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar 
lugar a la resolución del presente Convenio, así como respecto a lo dispuesto en el 
artículo 4.6 del Real Decreto-ley 5/2021, a las consecuencias que se deriven de la 
normativa de estabilidad presupuestaria.
Decimoctava.  Régimen de modificación.
Para  la  modificación  del  presente  Convenio  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo  49.g)  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  y  se  formalizará 
mediante adenda conforme a los trámites previstos legalmente en aquellos supuestos en 
los que fuera necesario y, en especial, en caso de que dicha necesidad derivara de la 
tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-ley 5/2021.
Decimonovena.  Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, además de por la normativa autonómica 
que, en su caso, resulte aplicable. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo 
que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente Convenio a los 
trámites previstos en dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites 
preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.
Por otro lado, las controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento, que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo, serán sometidas a 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En  prueba  de  conformidad,  se  firma  el  presente  Convenio.–La  Ministra  de 
Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.–El Consejero de Hacienda y Administración 
Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón.–La Presidenta de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, Inés María Bardón Rafael.