BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 279 Lunes 22 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 143139
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19166 Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Avilés n.º 2, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por don Manuel Jesús Tuero Tuero, notario de Oviedo, 
contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Avilés número 2, don 
Francisco Javier Vallejo Amo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 20 de septiembre de 2020 por el notario de 
Oviedo, don Manuel Jesús Tuero Tuero, los cónyuges don F. A. C. y doña E. S. A. 
vendieron a doña C. M. B., casada bajo el régimen legal de gananciales con don J. A. M. 
E., una finca ubicada en Avilés. En la citada escritura no se hace constar el número de 
identificación fiscal del esposo de la compradora.
II
Presentada la indicada escritura en el Registro de la Propiedad de Avilés número 2, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Don Francisco Javier Vallejo Amo, registrador del Registro de la Propiedad número 
dos de Avilés. Principado de Asturias.
Protocolo número: 2.046 Fecha del documento: veintinueve de septiembre de dos mil 
veinte.
Notario autorizante: Don Manuel Jesús Tuero Tuero.
Presentado: 11:41 horas del día veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Asiento: 
2840 Diario: 50
Entrada: 9430/2021
Incidencias:  T  asiento  Provisional  29/06/2021;  T  asiento  De 
Presentación  29/06/2021;  Liquidado  29/06/2021;  T  resolución  Defectuosa  Desde 
Registro 05/07/2021;
En  el  procedimiento  registral  instado  para  la  inscripción  del  documento  arriba 
referenciado, previo examen de los antecedentes del Registro y teniendo en cuenta los 
siguientes,
Hechos:
1.  En la escritura de referencia comparece doña C. M. B., que manifiesta estar 
casada en régimen legal de gananciales con don J. A. M. E., adquiriendo para su  s
sociedad conyugal una vivienda sita en el municipio de Avilés. oe.
2.  No consta el NIF del esposo de doña C. w.
en  FVamuisntbodo:a sLm ocesan satoortssí c dueelno D s es2ur4e .c4rhe dode:a claci óLne y tdraesl  Nlao taLreiayd o3 6y/ 290, 0261,. 2d ye  25249  ddee l an Loevyie Hmibproet,e cya reial   OE-A-2021-19able en https://
artículo  51.9  del  Reglamento  hipotecario,  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  antes  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, de 15 de octubre de 2015, 4 de febrero y 18 de noviembre de 2018.
Primero.–La escritura presentada ya fue objeto de calificación negativa, contra la que 
no se interpuso recurso, y no se aportan datos ni consideraciones nuevas, por lo que 
procede emitir, de nuevo calificación negativa.
Segundo.–La identificación completa de las personas físicas que deban hacerse 
constar en los asientos registrales -como ya se señaló en la nota de calificación anterior-, 
es una exigencia del principio de determinación, que, para su correcto desenvolvimiento, 
exige  una  identificación  indubitada  de  las  personas.  Así  el  artículo  51.9  RH, 
desarrollando el artículo 9 de la LH determina que en la inscripción deberán hacerse 
constar “las (circunstancias) personales que identifiquen a la persona natural o jurídica a 
cuyo favor se haga la inscripción. Hoy, tras la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, la 
identificación debe hacerse por constancia del NIF y su falta determina el cierre registral 
en los términos del artículo 254.2 de la Ley Hipotecaria que señala que “no se practicará 
la inscripción de ningún título relativo al dominio o demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles o cualesquiera otros si tienen trascendencia tributaria cuando “no consten en 
aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, en su caso, 
de las personas o entidades en cuya representación actúen”. En igual sentido se modifcó 
[sic] el artículo 24 de la Ley del Notariado.
Estas reformas legislativas, como señala la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública en su resolución de 4 de febrero de 2018, tienen como objetivo fundamental 
que la respectiva actuación de los notarios y registradores contribuya activamente en la 
prevención del fraude fiscal. Como pone de manifiesto la Exposición de Motivos de dicha 
Ley, que constituye un elemento relevante para conocer cuál ha sido la voluntad del 
legislador, el fraude fiscal es un fenómeno del que derivan graves consecuencias para la 
sociedad en su conjunto, por lo que frente a los comportamientos defraudatorios, la 
actuación  de  los  poderes  públicos  debe  encaminarse  no  sólo  a  la  detección  y 
regularización  de  los  incumplimientos  tributarios,  sino  también  a  evitar  que  esos 
comportamientos se produzcan. En este sentido la citada Exposición de Motivos destaca 
que el “fortalecimiento del control y la prevención del fraude fiscal es un compromiso del 
Gobierno” y que, atendiendo a las líneas estratégicas de la lucha contra el fraude se 
incluyen “un conjunto de medidas tendentes a potenciar las facultades de actuación de 
los órganos de control, con remoción de los obstáculos procedimentales que pudieran 
perjudicar la eficacia de la respuesta al fenómeno del fraude”. En este contexto general, 
una de las finalidades de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, según su Exposición de 
Motivos, es la prevención del fraude fiscal en el sector inmobiliario, en el que las 
novedades que introduce aquélla “se dirigen a la obtención de información que permita 
un mejor seguimiento de las transmisiones y el empleo efectivo que se haga de los 
bienes  inmuebles.  Para  ello  se  establece  la  obligatoriedad  de  la  consignación  del 
Número  de  Identificación  Fiscal  (NIF)  y  de  los  medios  de  pago  empleados  en  las 
escrituras notariales relativas a actos y contratos sobre bienes inmuebles.
Tercero.–Teniendo en cuenta la finalidad de la reforma legislativa, parece claro que 
es la relación que, en orden a sus responsabilidades tributarias, exista entre el negocio 
jurídico instrumentado en el documento y las personas intervinientes o afectadas, la que 
determina la exigibilidad, o no, de la constancia de su identificación fiscal. Tratándose de 
actos realizados por persona casada en régimen de gananciales el NIF de ambos 
cónyuges,  comparezcan  o  no,  debe  hacerse  constar,  desde  luego,  cuando  las 
adquisiciones sean para la sociedad de gananciales, como en la calificada, con carácter  s
presuntivamente  gananacial  [sic]  o  por  confesión  de  privatividad  (cfra  resolución  oe.
DGSJyFP de 17 de noviembre de 2018). w.
Cuarto.–Por último debe señalarse que según el número 4 del artículo 254 de la Ley  166ww
Henipteontedcearráian  a“qLuaes jaedsacsr itduera usn  ad elfaesc toq useu bssea nraebfileer.e Lna  lfoaslt an úsómloe rsoes  e2n teyn d3e raán tseurbiosraensa dsae 
ctoudaonsd olo ss en úpmreesroesn tdee a idneten teifli cRaceigóins tfrios cdael… la”. Propiedad una escritura en la que consten  BOE-A-cable e
Qué  sea  el  número  de  identificación  fiscal  lo  señala  el  artículo  20  del  Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Según esta norma el NIF para las personas físicas que ostenten la nacionalidad 
española,  será  el  número  de  su  Documento  Nacional  de  Identidad,  seguido  del 
correspondiente código o carácter de verificación, constituido por la letra mayúscula que 
habrá de constar en el propio documento nacional de identidad, de acuerdo con sus 
disposiciones reguladoras.
Quinto.–En la calificada la adquisición que hace doña C. M. B. lo es para la sociedad 
de gananciales con su esposo don J. A. M. E., siendo ambos, por tanto, parte en la 
relación jurídica generada por el contrato.
Por ello suspendo la inscripción por no constar el NIF de don J. A. M. E.
La presente nota de calificación podrá (…)
Firmado con firma electrónica reconocida por don Francisco Javier Vallejo Amo, 
Registrador del Registro de la Propiedad número dos de Avilés. Avilés, a cinco de julio 
de dos mil veintiuno».
III
Contra la anterior nota de calificación, don Manuel Jesús Tuero Tuero, notario de 
Oviedo, interpuso recurso el día 26 de julio de 2021 alegando lo siguiente:
«- Fundamentos de Derecho: artículos 23 y 24 de la Ley del Notariado; arts. 9, 21.2 
y  254  de  la  Ley  Hipotecaria;  art.  51.9  del  Reglamento  Hipotecario;  Resolución  de 
fecha 29-VII-2011 (…) la persona de quien solicita el Registrador se haga constar el 
N.I.F. ni ha comparecido (no era necesario) ni ha estado representada (tampoco era 
necesario) en la escritura de compraventa».
IV
El registrador de la Propiedad de Avilés número 2 emitió informe ratificando su 
calificación en todos los extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 23 y 24 de la Ley del Notariado; 9, 21.2 y 254 de la Ley 
Hipotecaria; 3 del Código Civil; la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal; los artículos 51.9.ª y 93 del Reglamento Hipotecario; 18 y 27 
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos; la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2019, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de diciembre de 2007, 21 de 
abril y 13 de diciembre 2010, 29 de julio de 2011, 13 de marzo y 12 de noviembre 
de 2012, 28 de julio y 9 y 13 de diciembre de 2014, 15 de octubre de 2015, 17 de 
septiembre de 2018 y 24 de octubre de 2019.
1.  Es objeto de este expediente determinar si es necesaria la constancia del N.I.F. 
del cónyuge de la compradora en una escritura de compraventa en la que únicamente 
comparece la esposa manifestando que adquiere la finca para su sociedad conyugal.
El registrador suspende la inscripción, al entender que, a la luz de la nueva Ley de  e
prevención del fraude fiscal, no solo debe hacerse constar el N.I.F. de la compradora,  bo
sino también de su cónyuge, pues a él también le afecta la adquisición. 166ww
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contener la inscripción «la persona natural o jurídica» a cuyo favor se haga aquélla.
En desarrollo de este precepto, el artículo 51.9.ª de su Reglamento prescribe: «La 
persona a cuyo favor se practique la inscripción y aquélla de quien proceda el bien o 
derecho que se inscriba se determinarán conforme a las siguientes normas: a) Si se trata 
de personas físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de 
identidad; si es mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar 
emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de 
ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros 
de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre, apellidos y 
domicilio del otro cónyuge (…)».
Y, finalmente, el artículo 254.2 de la Ley Hipotecaria, añadido por la Ley 36/2006, 
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, introduce un cierre 
registral  para  los  «títulos  relativos  a  actos  o  contratos  por  los  que  se  adquieran, 
constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos 
reales  sobre  bienes  inmuebles,  o  a  cualesquiera  otros  de  trascendencia  tributaria, 
cuando  no  consten  en  aquéllos  todos  los  números  de  identificación  fiscal  de  los 
comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación 
actúen».
En  similares  términos  se  pronuncian  los  artículos  23  de  la  Ley  Orgánica  del 
Notariado, 156.5 del Reglamento Notarial y 28.2.c) del Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
3.  Como ha  reiterado  este  Centro  Directivo,  la exigencia de la constancia del 
número de identificación fiscal impuesta por estos preceptos trata de combatir uno de los 
tipos de fraude fiscal, consistente en la ocultación de la verdadera titularidad de los 
bienes inmuebles por su adquisición a través de personas interpuestas, y tiene por 
finalidad aflorar todas las rentas que se manifiestan a través de las transmisiones de 
inmuebles en las distintas fases del ciclo inmobiliario, desde la propiedad de terrenos 
que se van a recalificar, hasta las adjudicaciones en la ejecución urbanística. En efecto, 
la Exposición de Motivos de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, menciona entre sus 
finalidades,  la  prevención  del  fraude  fiscal  en  el  sector  inmobiliario,  en  el  que  las 
novedades que introduce aquélla «se dirigen a la obtención de información que permita 
un mejor seguimiento de las transmisiones y el empleo efectivo que se haga de los 
bienes inmuebles».
Los elementos determinantes de la subsunción en el supuesto de hecho de la norma 
que desencadena la exigencia impuesta en la misma son dos: o bien tratarse de un acto 
o contrato por el que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen 
o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o bien 
tratarse de un acto o contrato distinto pero con transcendencia tributaria. Y en cualquiera 
de tales casos la obligación de acreditación y constancia de los respectivos números de 
identificación fiscal se extiende a los comparecientes y a las personas o entidades en 
cuya representación actúen.
4.  En  el  supuesto  de  este  expediente,  está  claro  que  el  acto  en  sí  de  la 
compraventa está incluido en el supuesto de hecho de la norma, al ser un acto de 
adquisición de un inmueble y tener, además, indudable trascendencia tributaria.
Sin embargo, todas las normas legales que recogen la obligación de acreditar y 
hacer constar el número de identificación fiscal en la escritura, introducidas por la citada 
Ley 36/2006, se refieren únicamente a los comparecientes o a sus representantes, y en 
ningún caso mencionan al cónyuge del compareciente, aunque el acto pudiese afectar a  s
los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal (como sí hace expresamente  oe.
el  artículo  51.9.ª  del  Reglamento  Hipotecario,  que  exige  para  tales  supuestos  la  w.
constancia del nombre, apellidos y domicilio del otro cónyuge). Si el legislador hubiera  166ww
qhuuebrieidroa  himecphoon ears ít adla onbdloig aalc aiórntí,c uallo m 2e5n4o dse  elan  Leel yá Hmibpiotote cdaerl iaR uengais trreod adcec ilóan P driosptiinetdaa.d, lo
idenAtidficeamcáiósn,  dfisecbael  pteanrear qseu ee lno  cpuueendtaa ,h qauceer  aclo nnosttaarri oe ns ela  lees dcreitbuer aa.creditar el número de  BOE-A-cable e
A tal efecto, señala el artículo 18.2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio: «El 
número de identificación fiscal podrá acreditarse por su titular mediante la exhibición del 
documento expedido para su constancia por la Administración tributaria, del documento 
nacional de identidad o del documento oficial en que se asigne el número personal de 
identificación de extranjero», sin que sea suficiente la mera manifestación efectuada por 
el propio interesado, como señaló la Resolución de 9 de diciembre de 2014.
Por ello, no se exige la constancia del número de identificación fiscal de una persona 
que no ha comparecido ante el notario y que, por tanto, no se lo ha podido acreditar.
Finalmente, y como puso de relieve esta Dirección General (Resolución citada por el 
recurrente de 29 de julio de 2011) «no puede negarse trascendencia al hecho de haber 
sido otorgada la escritura únicamente por uno de los cónyuges, casado en régimen de 
gananciales y manifestando que adquiere el bien para su sociedad conyugal, de modo 
que se determina cuál de los cónyuges es el titular de una determinada finca -a cuyo 
nombre debe inscribirse ésta-, sin perjuicio de que el carácter ganancial o privativo se 
desenvuelva en un plano distinto al de la titularidad registral, si bien puede afectar a las 
facultades dispositivas del cónyuge titular (cfr. artículos 93 y siguientes del Reglamento 
Hipotecario)».
Con relación a ello, el Tribunal Supremo ha declarado recientemente (en Sentencia 
de 27 de mayo de 2019) que «la declaración del cónyuge que, al adquirir un bien en 
solitario,  manifiesta  hacerlo  para  su  sociedad  de  gananciales,  es  coherente  con  la 
presunción de ganancialidad (art. 1361 CC), pero por sí sola no atribuye al bien adquirido 
la condición de ganancial (…). Si se trata de un inmueble, la manifestación del cónyuge 
de que el bien se adquiere para la sociedad da lugar a que el bien se inscriba a nombre 
del cónyuge adquirente con esta indicación (art. 93.4 RH), sin que para ello se exija 
demostración de que los fondos invertidos son gananciales. (…). En consecuencia, 
parece razonable concluir que la condición de ganancial basada en la sola declaración 
del cónyuge adquirente es meramente presuntiva y el adquirente puede probar en un 
proceso judicial el carácter privativo de los fondos a efectos de que se declare que el 
bien adquirido es privativo».
Por  ello,  teniendo  en  cuenta  el  concreto  negocio  jurídico  documentado  y  las 
peculiaridades  de  la  adquisición  del  inmueble  -en  atención  al  régimen  económico-
matrimonial de gananciales- y a la vista del tenor literal del artículo 254 de la Ley 
Hipotecaria, procede revocar la calificación recurrida, pues carece de amparo legal la 
exigencia de constancia del número de identificación fiscal del cónyuge del adquirente 
del inmueble, toda vez que aquél no ha comparecido ni ha sido representado en la 
escritura calificada y la norma ciñe tal exigencia a comparecientes y representados, 
circunstancias en las que no se encuentra el cónyuge de la compradora.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la nota 
de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 25 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago. s