BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Viernes 25 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 81206
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO FISCAL
11243 Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, 
sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los 
delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.
1.  Consideraciones preliminares.
2.  La  delimitación  entre  el  delito  de  allanamiento  de  morada  y  el  delito  de 
usurpación de bienes inmuebles. Breve análisis del concepto de morada.
3.  Medidas cautelares en procedimientos penales por delitos de allanamiento de 
morada y usurpación.
3.1  Planteamiento de la cuestión.
3.2  Notitia criminis.
3.3  Solicitud de la medida cautelar. Fumus boni iuris, periculum in mora y juicio de 
proporcionalidad.
3.4  Trámite. Posible audiencia del/de la investigado/a. Medida cautelar inaudita 
parte.
4.  Conclusiones.
1. Consideraciones preliminares
La realidad social evidencia que la ocupación de bienes inmuebles constituye un 
fenómeno que, desde su misma aparición, ha generado y genera preocupación social y una 
innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía. A los perjuicios que estas acciones 
ocasionan a los titulares de los inmuebles ocupados, se unen los problemas de convivencia 
a que pueden dar lugar en el entorno social en el que las mismas se producen.
Tampoco es nueva la preocupación del Ministerio Fiscal frente a estos ilícitos. Así, por 
ejemplo, en el capítulo referido a las Propuestas de Reformas Legislativas de la Memoria de 
la Fiscalía General del Estado de 2017, se sugería la modificación del art. 13 LECrim a los 
efectos de incluir como medida cautelar específica la restitución de los bienes sustraídos o 
usurpados a sus legítimos titulares, sin perjuicio de que el citado precepto ya habilita al juez 
para  acordar  el  acceso  urgente  a  la  vivienda  de  aquella  persona  que  se  haya  visto 
desposeída de la misma como consecuencia de hechos presuntamente delictivos, cuestión 
que es objeto de especial tratamiento en esta instrucción.
Se trata, por lo demás, de una problemática que no presenta la misma incidencia en 
todos los lugares. En tal sentido, la Fiscalía ha facilitado algunas respuestas particulares 
a  nivel  territorial,  como  en  el  caso  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Illes  Balears  -
Instrucción del Fiscal Superior de 10 de junio de 2018- y, más recientemente, en la 
Fiscalía Provincial de Valencia, con el dictado del Decreto de 20 de agosto de 2020.
Estas últimas iniciativas son consecuencia principalmente de la detección de un 
cambio cualitativo en la incidencia de este tipo de delitos. Según apuntan los indicadores 
de que se dispone(1), en un porcentaje no despreciable de los casos, las ocupaciones de 
inmuebles  se  llevan  a  cabo  en  el  ámbito  de  lo  que  denominamos  delincuencia  e
organizada,  es  decir,  por  parte  de  grupos  u  organizaciones  criminales  de  carácter  bo
nacional o transnacional, capaces de intensificar la gravedad del ataque a los bienes  3w
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(1)  Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior e Instituto Nacional de Estadística, entre otros.
Como recuerda el preámbulo de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de 
viviendas, «Como consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconómica, se ha 
producido en los últimos años un considerable número de desahucios de personas y 
familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial. 
[…] De forma casi simultánea, y en la mayor parte de los casos sin que exista relación 
alguna con situaciones de extrema necesidad, han aparecido también fenómenos de 
ocupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy 
reprobable  la  situación  de  necesidad  de  personas  y  familias  vulnerables,  se  han 
amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones 
ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad. 
Incluso, se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en 
situación económica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos, y para 
abandonarlas se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o 
se ha extorsionado al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una 
compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o 
que legítimamente venía poseyendo».
El  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  en  su  sentencia  de  fecha  13  de 
diciembre de 2018 -asunto Casa di Cura Valle Fiorita SRL contra Italia-, recuerda que la 
demora prolongada de las autoridades públicas en la ejecución del desalojo de los 
ocupantes ilegales de un inmueble -aun en aquellos casos en los que obedezca a la 
necesidad de planificar y garantizar la asistencia social a las personas en situación de 
vulnerabilidad-, vulnera el derecho del poseedor legítimo a un proceso equitativo del 
art. 6.1 CEDH, así como, en su caso, el derecho de propiedad proclamado en el art. 1 
del Protocolo núm. 1 CEDH.
Frente  a  una  realidad  de  alcance  transnacional  y  perfiles  muy  diversos,  son 
numerosos los países de nuestro entorno que disponen de vías legales preferentemente 
orientadas a la recuperación de la posesión del inmueble ilícitamente ocupado en plazos 
muy breves. A título de ejemplo pueden citarse los casos de Holanda, donde es posible 
recuperar la posesión del bien inmueble si el ocupante no dispone de título y la denuncia 
policial se acompaña de aquel que acredite la propiedad; Alemania y Francia, cuyas 
policías están facultadas para desalojar en determinados casos en tan solo 24 y 48 
horas, respectivamente; o Italia, donde es el juzgado el que da orden inmediata a la 
policía para recuperar la posesión, una vez acreditadas la propiedad del bien y la 
inexistencia de título por parte del ocupante.
Nuestro  ordenamiento  jurídico  ofrece  respuestas  desde  ámbitos  sustantivos  y 
jurisdicciones a su vez diferentes. También en el contexto específico del procedimiento 
penal,  resultando  en  este  caso  particularmente  relevante  una  minuciosa  toma  en 
consideración de las circunstancias concretas de cada caso.
Dos son los tipos penales que describen y sancionan las conductas a que hace 
prioritaria referencia esta instrucción: el allanamiento de morada del art. 202.1 CP(2), para 
el que se prevé una pena menos grave [art 3.3.a) CP] y cuyo conocimiento corresponde 
al Tribunal del Jurado [art 1.1.d) LOTJ], y la usurpación pacífica de bienes inmuebles, 
delito previsto y penado en el art. 245.2 CP(3), configurado como delito leve [art 3.4.g) CP] 
y castigado con pena de multa.
(2)  Art. 202.1 CP «El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la 
misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años». es
Ubicación. Capítulo II «Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos  oe.
abiertos al público» del título X «Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad  w.
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socioUebcoicnaócmióinc.o »C.apítulo  V  «De  la  usurpación»,  Título  XIII  «delitos  contra  el  patrimonio  y  el  orden
La  tipificación  de  estas  acciones  sanciona  dos  modalidades  de  ocupación  no 
consentida de un inmueble, dotando así a los bienes jurídicos tutelados en cada caso de 
una protección reforzada: la intimidad de la persona referida al ámbito de la morada, en 
el allanamiento; y el patrimonio inmobiliario, entendido como el disfrute pacífico de los 
bienes inmuebles, la ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión, el dominio 
o cualquier otro derecho real o personal sobre los mismos, en la usurpación; de modo 
que el titular dispone de un instrumento de defensa penal que refuerza la protección 
administrativa y la tutela civil posesoria.
A  las  anteriores  infracciones  se  añade  últimamente  la  apuntada  detección  de 
colectivos organizados que inciden en estas conductas, convertidos en ilícitas y muy 
lucrativas empresas inmobiliarias de lo ajeno. El Código Penal sanciona con dureza 
estos comportamientos a través de los tipos penales de organización y grupo criminal 
(arts. 570 bis a 570 ter(4) CP), susceptibles de concurrir con los delitos mencionados en 
primer término. Las anteriores infracciones son, pues, merecedoras de una minuciosa 
investigación tanto policial como judicial, así como del rigor y la prontitud a la hora de 
solicitar las medidas cautelares pertinentes por parte del Ministerio Fiscal.
(4)  Artículo 570 bis «A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación 
formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y 
coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos».
Artículo 570 ter «A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos 
personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el 
artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos».
Ubicación. Capítulo VI, «De las organizaciones y grupos criminales». Título XXII, «Delitos contra el orden 
público».
Así las cosas, la presente instrucción pretende ofrecer a las/los Sras./Sres. Fiscales 
la recopilación y el análisis sistematizado de las herramientas legales que expresamente 
prevé la legislación penal vigente, facilitando el ejercicio de nuestra función en defensa 
de  la  legalidad  y  los  derechos  y  legítimos  intereses  de  las  víctimas  y  los/las 
perjudicados/as por estas infracciones con arreglo a criterios uniformes, también en esta 
específica materia.
2. La delimitación entre el delito de allanamiento de morada y el delito de usurpación de 
bienes inmuebles. Breve análisis del concepto de morada
Según dispone la STS n.º 800/2014, de 12 de noviembre -y en similares términos, el 
ATS n.º 1114/2017, de 6 de julio, y la STS n.º 143/2011, de 2 de marzo-, «La modalidad 
delictiva específica de ocupación pacífica de inmuebles, introducida en el Código Penal 
de 1995 en el número 2.º del artículo 245, requiere para su comisión los siguientes 
elementos: a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o 
edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con 
cierta vocación de permanencia. b) Que esta perturbación posesoria puede ser calificada 
penalmente como ocupación, ya que la interpretación de la acción típica debe realizarse 
desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad que 
informa el sistema penal (art. 49.3.º de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea). c) Que el realizador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa 
posesión, pues en el caso de que hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, 
aunque fuese temporalmente o en calidad de precarista, la acción no debe reputarse 
como delictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes  e
para recuperar su posesión. d) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación  bo
por  parte  del  titular  del  inmueble,  bien  antes  de  producirse,  bien  después,  lo  que  3w
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perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada».
Doctrina y jurisprudencia coinciden en afirmar que, además de los bienes jurídicos 
protegidos,  la  principal  diferencia  entre  el  delito  de  usurpación  pacífica  de  bienes 
inmuebles del art. 245.2 CP y el de allanamiento de morada del art. 202.1 CP radica en 
el distinto objeto material sobre el que recae la acción típica. Mientras en el tipo descrito 
por el art. 245.2 CP el supuesto de hecho contemplado por la norma tiene por objeto los 
inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyan morada, en el delito de 
allanamiento de morada el objeto del delito se identifica -valga la redundancia- con la 
noción de morada.
Tradicionalmente, el término morada se ha venido definiendo como aquel espacio en 
el que el individuo vive sin hallarse necesariamente sujeto a los usos y convenciones 
sociales, ejerciendo su libertad más íntima. De este modo, las ideas de vida privada e 
intimidad  se  erigen  en  los  conceptos  rectores  que  guían  dicha  definición.  De  ahí, 
precisamente, que la aptitud para que en un espacio se desarrolle la vida privada -unido 
a su efectivo desarrollo- sea lo que determine que ese espacio pueda ser considerado 
morada -vid.  SSTC n.º 209/2007, de 24 de septiembre; 94/1999, de 31 de mayo; 
283/2000, de 27 de noviembre; 69/1999, de 26 de abril; 50/1995, de 23 de febrero; 
22/1984, de 17 de febrero-.
Como expresa la STS n.º 1231/2009, de 25 de noviembre -y en similar sentido las 
SSTS  n.º  731/2013,  de  7  de  octubre,  y  520/2017,  de  6  de  julio-,  «el  delito  de 
allanamiento  de  morada  tutela  derechos  personalísimos  como  la  inviolabilidad  del 
domicilio, que constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido 
para garantizar el ámbito de privacidad de ésta dentro del espacio limitado que la propia 
persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a 
las invasiones o agresiones exteriores de otras personas o de la autoridad pública […]. 
El derecho a la intimidad es la clave con la que debe ser interpretado el art. 202, de 
suerte que el elemento objetivo del tipo en esta norma debe entenderse que concurre 
siempre que resulte lesionada o gravemente amenazada».
Habrá de recordarse, además, que el elemento objetivo descrito por el art. 202 CP 
concurrirá «siempre que la privacidad resulte lesionada o gravemente amenazada, lo 
que  inevitablemente  ocurrirá  cuando  alguien  entre  en  la  vivienda  de  una  persona, 
cualquiera que sea el móvil que a ello le induzca, sin su consentimiento expreso o tácito. 
No exigiendo el tipo diseñado por el legislador un elemento subjetivo específico: es 
suficiente con que se «ponga» el tipo objetivo con conciencia de que se entra en un 
domicilio ajeno sin consentimiento de quienes pueden otorgarlo y sin motivo justificante 
que pueda subsanar la falta de autorización» (ATS n.º 464/2020, de 25 de junio, y STS 
n.º 520/2017, de 6 de julio).
Esta lesión antijurídica se aprecia igualmente en el caso de las segundas residencias 
-incluso durante el período en que las mismas no se encuentren habitadas, siempre y 
cuando conserven aquella condición-, tal y como refiere la STS n.º 852/2014, de 11 de 
diciembre -vid.  asimismo STS n.º 731/2013, de 7 octubre, y ATS n.º 959/2009, de 16 de 
abril-: «En atención a los hechos probados, puede afirmarse, pues, que se trataba de 
una  vivienda,  y  de  la  fundamentación  jurídica  no  resulta  que  careciese  de  las 
características propias de la misma, constando que el denunciante acudía allí a pasar 
algunos ratos. En esas circunstancias no es relevante que el lugar constituyera su 
primera o segunda vivienda, sino si, cuando se encontraba en el lugar, aunque fuera 
ocasionalmente, utilizaba la vivienda con arreglo a su naturaleza, es decir, como un 
espacio en el que desarrollaba aspectos de su privacidad».
Por su parte, la STC n.º 10/2002, de 17 de enero, -en similares términos, también la  s
STC n.º 189/2004, de 2 de noviembre-, establece que «tampoco la falta de habitualidad  oe.
en el uso o disfrute impide en todo caso la calificación del espacio como domicilio […].  w.
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mismo. En segundo lugar, si bien el efectivo desarrollo de vida privada es el factor 
determinante de la aptitud concreta para que el espacio en el que se desarrolla se 
considere domicilio, de aquí no se deriva necesariamente que dicha aptitud no pueda 
inferirse de algunas de estas notas, o de otras, en la medida en que representen 
características objetivas conforme a las cuales sea posible delimitar los espacios que, en 
general, pueden y suelen ser utilizados para desarrollar la vida privada».
Así pues, a la hora de valorar la calificación jurídico-penal de los hechos, además de 
las primeras residencias, se consideran morada las denominadas segundas residencias 
o residencias de temporada, siempre que en las mismas se desarrolle, aun de modo 
eventual, la vida privada de sus legítimos poseedores.
3. Medidas cautelares en procedimientos penales por delitos de allanamiento 
de morada y usurpación
3.1  Planteamiento de la cuestión.
Como  es  sabido,  la  investigación  del  delito  de  allanamiento  de  morada  debe 
acomodarse a los trámites del procedimiento ante el Tribunal del Jurado [art. 1.2.d) de la 
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado], o, excepcionalmente, al 
de las diligencias previas o el sumario, de conformidad con las previsiones del Acuerdo 
del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017, sobre la 
Incidencia en la competencia del Tribunal del Jurado de las reglas de conexidad tras la 
modificación del art. 264 LOPJ.
Por su parte, y dado que la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sin llegar a 
afectar la redacción del artículo 245.2 del Código Penal, transmutó su condición de delito 
menos grave a leve, las denuncias por ocupación pacífica de inmuebles cursan conforme 
al procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves (arts. 962 y siguientes LECrim). 
En este ámbito, si bien es cierto que el art. 964 LECrim posibilita a los jueces para que 
sobresean las actuaciones por delito leve a instancia del Ministerio Fiscal por razones de 
oportunidad, la Circular 1/2015 de la FGE, sobre pautas para el ejercicio de la acción 
penal en relación con los delitos leves tras la reforma operada por la LO 1/2015, 
establece  respecto  del  delito  del  artículo  245.2  CP  que  «se  interesará  siempre  la 
prosecución de la causa y la celebración de juicio cuando se trate de un delito de 
ocupación de inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o de 
mantenerse en los mismos sin autorización, por tratarse igualmente de hechos que se 
configuraban como delito menos grave hasta la reforma penal».
La STC n.º 328/1994, de 12 de diciembre, en referencia a las extintas faltas y con 
apoyo en la STC n.º 150/1989, de 25 de septiembre, ya puso de relieve que la ausencia 
de prescripción alguna en la LECrim que consagre la existencia de una fase instructora, 
no impedía que el juez efectuase con la mayor urgencia las actuaciones preliminares o 
preparatorias dirigidas a preparar el juicio oral mediante la realización de los actos de 
investigación imprescindibles para la determinación del hecho y de su presunto autor.
En esta misma dirección, el Auto de la AP de Barcelona, Sección 2.ª, de 27 de 
noviembre de 2019 establece que «si bien el Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que es donde se encuentra la regulación del proceso por delito leve, no hay 
previsión expresa de que se practiquen diligencias de investigación, no significa que no 
puedan realizarse más actuaciones que las que allí aparecen. La falta de previsión 
expresa no comporta que en el proceso por delito leve no puedan y deban practicarse  e.e
diligencias  necesarias  para  la  celebración  del  juicio,  con  independencia  de  la  b
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vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyos preceptos se adaptarán a la presente
reforma en todo aquello que sea necesario. Las menciones contenidas en las leyes 
procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves. En cualquier caso, es 
habitual la práctica de dichas diligencias (…) y es de lógica que sea así, pues lo contrario 
podría llevar a una incomprensible impunidad en algunos casos y a la vulneración del 
derecho de la víctima y del Ministerio Fiscal a la tutela judicial efectiva».
En similar sentido se pronuncian los Autos de la AP de Barcelona, Sección 9.ª, de 23 
de diciembre de 2019 y de la AP de Valencia, Sección 5.ª, de 5 de julio y 13 de 
septiembre de 2019.
Las consideraciones efectuadas hasta este momento evidencian la extraordinaria 
utilidad de contar -desde la fase embrionaria de cada procedimiento-, con la información 
más  completa  posible  respecto  de  las  circunstancias  concurrentes  en  cada  caso, 
posibilitando la determinación de cuál sea el título de imputación susceptible de ser 
invocado  y  la  pertinencia  de  formular  con  prontitud  la  correspondiente  solicitud  de 
medidas cautelares por parte del Ministerio Fiscal.
Así pues, si la denuncia se formula en sede policial -supuesto más frecuente en la 
práctica- se habrá de procurar que el atestado incluya los documentos, declaraciones y 
cualesquiera otras fuentes de prueba que sirvan al efecto de determinar no solo el título 
acreditativo de la lesión del derecho invocado por el/la denunciante, sino también las 
circunstancias  espacio-temporales  en  las  que  se  haya  producido  la  ocupación  del 
inmueble, la identidad y número de los/as posibles autores/as, su eventual estructura 
organizativa, la finalidad perseguida con la ocupación y cualesquiera otras variables 
relevantes a los fines de determinar la índole delictiva de los hechos, sus posibles 
responsables  y  la  calificación  jurídica  inicial.  Asimismo,  deberá  dejarse  constancia 
expresa de la voluntad del/de la denunciante víctima o perjudicado/a, favorable a solicitar 
la medida cautelar de desalojo de los/as ocupantes del inmueble, en su caso.
Sin perjuicio de poder recurrir a cualquier medio probatorio, para la acreditación de la 
titularidad del inmueble o de cualquier otro derecho real sobre el mismo que justifique la 
solicitud  de  recuperación  del  bien  resultará  útil  solicitar  del  titular  del  derecho  la 
aportación  temprana  de  la  correspondiente  certificación  registral  firmada 
electrónicamente por el registrador y con el pertinente código seguro de verificación 
(CSV) que facilita la comprobación de su autenticidad. Dicho documento es susceptible 
de obtención online en tan solo siete horas hábiles, aproximadamente(5).
(5)  Informe de 9 de septiembre de 2020, remitido a la FGE por la Sra. Decana del Colegio de 
Registradores de España.
Igualmente, y a fin de garantizar la máxima celeridad en el trámite, se recordará a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con las previsiones de los arts. 284.1 
y 295.1 LECrim, la necesidad de remitir al Ministerio Fiscal copia de todos los atestados, 
no solo de aquellos que tengan entrada en el juzgado de guardia.
Asimismo, se cuidará que por parte de la fuerza actuante se cumplimente la oportuna 
citación ante la autoridad judicial de los/as ilícitos/as ocupantes del inmueble, debiendo 
proceder de este modo en la primera actuación que se desarrolle, exhortando a los 
presuntos/as autores/as del delito a comparecer ante el juzgado con la máxima celeridad 
y con expresa indicación de que aporten el título que, en su caso, entiendan pueda 
legitimarles a poseer el inmueble en cuestión.
A  los  anteriores  fines,  en  la  primera  reunión  de  la  Comisión  Provincial  de 
Coordinación de la Policía Judicial(6) a celebrar tras la publicación de esta instrucción, 
las/los Sras./Sres. Fiscales Jefes de las diferentes fiscalías territoriales trasladarán el  e.
detalle  de  las  anteriores  pautas  de  actuación  a  las  Unidades  de  Policía  Judicial  w.b
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(6)  Art. 34, RD 769/1987 de 19 de junio sobre regulación de la Policía Judicial.
El seguimiento de los resultados y necesidades detectadas como consecuencia de la 
anterior actividad se efectuará por las/los Sras./Sres. Fiscales Jefes en ulteriores reuniones 
de la Comisión y/o en otros encuentros institucionales, en la forma que consideren más 
eficaz.
Las anteriores prescripciones tienen por objeto posibilitar que las/los Sras./Sres. Fiscales 
refuercen  su  intervención  en  defensa  de  los  derechos  de  las  víctimas  y  los/las 
perjudicados/as por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas 
legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo 
derecho del/de la denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en 
tanto se tramita el correspondiente procedimiento, ello sin perjuicio de cerciorarse de que se 
ofrezca la asistencia personal y familiar necesaria en los supuestos en los que los/as 
ocupantes sean personas en situación de desamparo, riesgo de exclusión residencial o con 
hijos/as menores o personas dependientes a su cargo.
3.2  Notitia criminis.
En  la  práctica,  el  Ministerio  Fiscal  puede  llegar  a  conocimiento  de  hechos 
eventualmente constitutivos de los delitos de allanamiento de morada, usurpación y/o 
delitos de organización y grupo criminal vinculados a los anteriores, en los siguientes 
momentos procesales:
– A través del atestado policial con entrada en el juzgado de guardia. De contar con 
la información suficiente, el/la fiscal deberá solicitar la medida cautelar de desalojo ya en 
este momento, siempre y cuando concurran las exigencias a que se hace referencia en 
el apartado 3.3 de esta instrucción. En otro caso, interesará la práctica de las diligencias 
que entienda imprescindibles para determinar la entidad de la conducta y la pertinencia 
de formular ulteriormente la solicitud de la referida medida.
– Durante la tramitación de cualquier procedimiento judicial por delito de allanamiento de 
morada, usurpación y/o grupo u organización criminal asociados a los anteriores, en cuyo 
supuesto el/la fiscal solicitará la medida cautelar de desalojo si concurren las circunstancias 
analizadas en el apartado 3.3. En caso de precisarlo, interesará la práctica de las diligencias 
que considere pertinentes para el mejor esclarecimiento de los hechos.
– Durante la celebración de juicio oral por delito leve de usurpación, en cuyo caso, 
siempre  que  promueva  la  condena  del  denunciado,  el/la  fiscal  solicitará  la  medida 
cautelar de desalojo hasta tanto se dicte sentencia y esta devenga firme.
– Como consecuencia de la denuncia interpuesta en sede de Fiscalía que haya 
motivado la incoación de las correspondientes diligencias de investigación, las cuales 
serán judicializadas una vez se determine la entidad delictiva de los hechos. En el propio 
acto de remisión al juzgado, el/la fiscal interesará del juez la adopción de la medida 
cautelar de desalojo siempre que concurran las circunstancias ya aludidas y a las que se 
hace referencia en el siguiente apartado de esta instrucción.
3.3  Solicitud de la medida cautelar. Fumus boni iuris, periculum in mora y juicio de 
proporcionalidad.
El art. 13 LECrim(7) considera como primeras diligencias del procedimiento penal las 
encaminadas a proteger a los ofendidos o perjudicados por el delito. Existe consenso en 
que dicho precepto habilita a la autoridad judicial a adoptar, además de aquellas medidas 
necesarias para tutelar la vida o la integridad física y moral de la víctima, todas aquellas 
que resulten necesarias para preservar y tutelar los bienes jurídicos ofendidos por la  e.e
comisión del delito presuntamente ejecutado. b
que (p7)u edAartníc udleos a1p3a LreEcCerri,m l.a  Sdee  croencsoidgeerra yn  cpoomneor  pernim ceurassto ddiialig ecunacinatso  lcao dned uczocnas iag nsaur  lcaosm ppruroebbaacsi ódne ly d ae litloa   2020-1124n https://w
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a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el  Bc
artículo 544 ter de esta ley.
Asimismo, tras la reforma del Código Penal operada por Ley 1/2015, de 30 de marzo, 
las resoluciones judiciales de lo que se ha dado en denominar jurisprudencia menor, 
admiten de forma mayoritaria la posibilidad de adoptar, ex. art. 13 LECrim -también en el 
delito de usurpación inmobiliaria del art. 245.2 CP, aun tratándose de un delito leve-, la 
medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble objeto del delito a su legítimo 
poseedor; véanse, a título de ejemplo, los siguientes Autos: Sección Séptima de la AP de 
Melilla núm. 190/2017, de 31 de octubre; Sección Primera de la AP de Burgos núm. 
287/2020, de 18 de mayo; Sección Vigésimo novena de la AP de Madrid núm. 55/2020, 
de 30 de enero; Sección Segunda de la AP de Cáceres núm. 501/2018, de 6 de julio; 
Sección Cuarta de la AP de Madrid núm. 924/2017, de 8 de noviembre; Sección Primera 
de la AP de Logroño núm. 77/2017, de 16 de marzo; Sección Primera de la AP de 
Madrid núm. 902/2012, de 19 de diciembre; Sección Quinta de la AP de Barcelona núm. 
208/2012, de 15 de marzo; Sección Primera de la AP de Bilbao núm. 654/2010, de 16 de 
septiembre; Sección Primera de la AP de Ávila núm. 122/2010, de 5 de junio; Sección 
Segunda de la AP de Barcelona núm. 98/2020, de 12 de febrero; Sección Sexta de la AP 
de Barcelona núm. 39/2020 de 13 de enero; Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Ciudad Real núm. 21/2019, de 24 de enero; Sección Segunda de la AP de Pamplona 
núm. 24/2019, de 21 de enero; Sección Segunda de la AP de Santa Cruz de Tenerife 
núm. 704/2016, de 9 de noviembre; Sección Tercera de la AP de Santander núm. 
239/2016, de 5 de mayo.
Así pues, en primer término y con carácter general, se estimará pertinente solicitar la 
medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en los que 
se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación, -
fumus boni iuris-, y se verifique además la existencia de efectos perjudiciales para el 
legítimo  poseedor  que  razonablemente  justifiquen  la  necesidad  de  poner  fin  a  la 
situación antijurídica antes de la terminación del procedimiento, restaurando así el orden 
jurídico vulnerado a la mayor brevedad -periculum in mora-.
Se tratará, en último término, de impedir que los ilícitos efectos derivados de la 
acción se prolonguen en el tiempo como consecuencia de la naturaleza permanente de 
los delitos de allanamiento y usurpación, con los consiguientes perjuicios para la víctima 
derivados del vaciamiento del contenido de su derecho, la necesidad de seguir haciendo 
frente a ciertas cargas derivadas de la titularidad del bien y el progresivo deterioro del 
mismo consecuencia del uso que los/as ilícitos/as ocupantes realizan.
Así, en el delito de allanamiento de morada, se solicitará la medida cautelar cuando 
se aprecien indicios relevantes de la comisión del delito, con excepción de aquellos 
casos  en  los  que  se  constate  que  la  ilícita  posesión  del  inmueble  se  ha  venido 
desarrollando  con  la  tolerancia  del  legítimo  morador,  extremo  este  que  revelará  la 
inexistencia del periculum in mora.
Tratándose del delito leve de usurpación pacífica de bienes inmuebles del art. 245.2 
CP, la adopción de la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble resultará 
adecuada cuando el sujeto pasivo sea una persona física, una persona jurídica de 
naturaleza pública o una entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública, siempre que se 
constate que la concreta usurpación, además de lesionar el ius possidendi de la víctima 
(derecho  a  poseer  que  se  ostenta  sobre  un  bien  que,  no  obstante,  es  poseído 
materialmente  por  otro),  pudiera  producir  una  grave  quiebra  del  ius  possessionis 
(tenencia  material  y  concreta  sobre  el  bien).  En  aquellos  supuestos  en  los  que  el 
inmueble no parezca gozar de un uso o una expectativa de uso actuales, singularmente 
en el caso de viviendas deshabitadas y que, a modo de ejemplo, no se encuentren en  s
proceso de comercialización o reforma a fin de permitir su futuro uso, deberá atenderse a  oe.
la concurrencia de otras circunstancias que aconsejen la adopción de la medida cautelar.  w.
deEens  t1ere1 cl ardicteeió rjnuio n aiho el,a rdm oeec mnuépouadtciifciiócona e cislieó agnda del emd eláa s vL icveoiyem n1pd/2aa0tsib0, l0pe,o  cdro elna 7  lq adusee d  eiesnlp eloersogi,ic sdiloaend eEosnr  jdrueeics lioaal mvLióeie ynl im5to/i2 tCa0ri1v 8eil,,l    2020-1124n https://w
ámbito  de  aplicación  subjetiva  del  procedimiento  de  tutela  sumaria  posesoria  de
viviendas ocupadas ilegalmente, regulado por el art. 250.1.4, a los sujetos anteriormente 
mencionados.
Asimismo, podrá instarse la adopción de la medida cautelar cuando la víctima de la 
usurpación resulte ser una persona jurídica de naturaleza privada, siempre y cuando, 
atendidas las concretas circunstancias concurrentes, se constate la existencia de un 
efectivo riesgo de quebranto relevante para los bienes jurídicos de la misma, extremo 
que habrá de valorarse en los anteriores términos en aquellos casos en los que el 
inmueble no parezca gozar de un uso o una expectativa de uso actuales.
Todo ello sin perjuicio de recordar que en caso de producirse los hechos en el ámbito 
de la delincuencia organizada serán de aplicación los arts. 570 bis a 570 quater CP.
Comprobada  la  concurrencia  de  los  que  podríamos  denominar  presupuestos 
materiales de las medidas cautelares penales, la necesidad de recurrir a ellas vendrá 
dada además por la aplicación del principio de proporcionalidad.
La STC n.º 28/2020, de 24 de febrero, enuncia los tres requisitos o condiciones que 
conforman ese juicio de proporcionalidad exigido por la doctrina del propio Tribunal a la 
hora de determinar la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos: (i) 
que la medida sea «susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad)»; 
(ii) que, además, sea «necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más 
moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad)»; 
y, (iii) finalmente, que la misma sea «ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más 
beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores 
en conflicto» (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).
En el mismo sentido, SSTC n.º 14/2003, de 28 de enero; 170/2013, de 7 de octubre; 
43/2014, de 27 de marzo; y 39/2016 de 3 de marzo, entre otras.
Así entendida, la proporcionalidad conlleva una ponderación entre dos intereses 
contrapuestos. De un lado, las exigencias vinculadas al correcto desarrollo del proceso, 
la adecuada prevención delictiva y/o la eficaz protección de la víctima y, de otro, el 
respeto a los derechos fundamentales del encausado.
En todos los supuestos aludidos, al tiempo de valorar la solicitud de la medida 
cautelar, se tendrá en consideración no solo a las víctimas o perjudicados por el delito, 
sino también a los vecinos y/o colindantes a los que el delito pueda suponer un perjuicio 
directo en el pleno disfrute de sus derechos.
En caso de considerar proporcionada la medida cautelar de desalojo del inmueble, 
aun cuando se observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que lo 
ocupan (situaciones de claro desamparo, menores, personas con discapacidad, etc.), de 
forma simultánea a formular su solicitud ante el juez, se interesará que los hechos se 
pongan en conocimiento de los Servicios Sociales, a fin de que se adopten -con carácter 
necesariamente  previo  al  desalojo-  las  medidas  oportunas  para  su  protección, 
proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan.
3.4  Trámite. Posible audiencia del/de la investigado/a. Medida cautelar inaudita 
parte.
Dada la indudable transcendencia que reviste la medida cautelar de desalojo, su 
adopción precisará, como se ha visto, de la serena ponderación de los diversos intereses 
en conflicto. De ahí que, a pesar de que el art. 13 LECrim permita la adopción de las 
medidas cautelares objeto de análisis inaudita parte, la prudencia y el escrupuloso 
respeto por las garantías del investigado que deben orientar la actuación del Ministerio 
Fiscal aconsejan que aquel disponga de la posibilidad de aportar el título que considere  e
pueda justificar su posesión del inmueble, así como de ofrecer su versión de los hechos. bo
No obstante, en aquellos casos en los que los/as investigados/as desoyeran la  3w
cjuitdaicciióanl,  ssein  daelebgearár  jiunstetare csaaur slaa  qaudeo pdcéió nra dzóen m deed isdua sin ccaoumteplaarreecse nincaiau daitnat ep alart ea,u tsoi ribdiaedn   2020-1124n https://w
vseulpaunedsot op doer  qdueelit os ele cvoen dfiee ruas utrrapsalcaidóon  ddee  blaie pneetsic iinómn uael balbeos gdaedl oa rdt.e 2fe4n5s.2o rC -Pta-m cboinéfno remne  eal 
lo dispuesto por el art. 967.1 párrafo 2.º LECrim y a fin de que pueda efectuar las 
alegaciones que estime oportunas en defensa del investigado(8).
(8)  La LO 13/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LECrim modificó el artículo 967.1 en el sentido de 
establecer que, para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo 
sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y representación, por lo que a partir 
de este momento resulta preceptiva y exigible la postulación procesal.
Debe tenerse en consideración que no existe razón alguna que impida la adopción 
de la medida cautelar inaudita parte -singularmente tras serle concedida al investigado la 
posibilidad de ejercer su defensa en toda la extensión permitida por el ordenamiento 
jurídico-, pues además de que el art. 13 LECrim no exige lo contrario, resultaría ilógico 
que se pueda celebrar el juicio en ausencia del investigado y no así la adopción de una 
medida cautelar. Por otra parte, en caso de no admitirse dicha posibilidad, ello podría ser 
utilizado como estrategia procesal para dilatar indebidamente la adopción del desalojo.
Similares razones deben conducir a interesar la medida cautelar inaudita parte en 
aquellos casos en los que la citación del investigado, o incluso su identificación, no 
puedan llevarse a efecto a causa de la deliberada actuación de éste. Si bien resulta 
inviable el dictado de una condena respecto a los/as ignorados/as ocupantes de la 
vivienda ilícitamente allanada o usurpada, no existe obstáculo alguno que impida, en 
esas mismas condiciones, la adopción de una medida cautelar dirigida a preservar los 
bienes jurídicos de que sean titulares los legítimos poseedores del inmueble.
En aquellos supuestos en los que la autoridad judicial desestime la petición de 
medidas  cautelares  instada  por  el  Ministerio  Fiscal,  deberá  interponerse  el 
correspondiente recurso contra aquella decisión en todos aquellos casos en los que las 
razones  ofrecidas  por  el  juez  a  quo  no  desvirtúen  los  criterios  y  argumentos 
anteriormente ofrecidos.
Cuando el/la fiscal estuviera promoviendo la condena del/de la investigado/a y la 
medida cautelar no hubiera sido acordada con anterioridad -o bien hubiera resultado 
revocada- se deberá instar su adopción durante la celebración del juicio oral, evitando 
así  que,  en  caso  de  dictarse  sentencia  condenatoria,  la  situación  antijurídica  se 
prolongue en el tiempo hasta tanto la resolución devenga firme.
Las anteriores consideraciones resultarán de aplicación a las modalidades violentas 
de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, cuya mayor gravedad así 
lo justifica, sin necesidad de ulterior argumentación.
4. Conclusiones
Primera.
Las/los Sras./Sres. Sres. Fiscales Jefes de las diferentes fiscalías territoriales, en la 
primera reunión de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial a 
celebrar tras la publicación de esta instrucción, trasladarán el detalle de las siguientes 
pautas de actuación a las Unidades de Policía Judicial desplegadas en cada zona, una 
vez  analizadas  en  profundidad  las  particularidades  que  la  ocupación  de  bienes 
inmuebles pueda presentar en cada respectivo ámbito territorial:
– Cuando  la  denuncia  inicial  se  formule  en  sede  policial,  se  procurará  que  el 
atestado incluya los documentos, declaraciones y cualesquiera otras fuentes de prueba 
que sirvan al efecto de determinar no solo el título acreditativo de la lesión del derecho  e.
invocado por el/la denunciante, sino también las circunstancias espacio-temporales en  w.
oplacosus piqbaulecesi ó snae u yht oacryueaas /leapssroq, dusuiuec rieadv ooe tlnarat usoa clvu aeprsaiatcrbuiólcentsu  drraee ll oeinrvgamanunteeizsba letaiv,  alloa,s  l iadfi enfnientsaid ldiadeda  ddy e pnteeúrrmmseeingroau ridd laea   lcíonosdn/ol alleas    2020-1124n https://w
delictiva de los hechos, sus posibles responsables y la calificación jurídica inicial.
Asimismo, deberá dejarse constancia expresa de la voluntad del/de la denunciante 
víctima o perjudicado/a, favorable a solicitar la medida cautelar de desalojo de los/as 
ocupantes del inmueble, en su caso.
– Sin  perjuicio  de  poder  recurrir  a  cualquier  otro  medio  probatorio,  para  la 
acreditación de la titularidad del inmueble o de cualquier otro derecho real sobre el 
mismo que justifique la solicitud de recuperación del bien, resultará útil interesar del 
titular,  para  su  unión  al  atestado,  la  correspondiente  certificación  registral  firmada 
electrónicamente por el registrador y con el pertinente código seguro de verificación 
(CSV) que facilita la comprobación de su autenticidad. Dicho documento es susceptible 
de obtención online en tan solo siete horas hábiles, aproximadamente.
– Se recordará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con las 
previsiones de los arts. 284.1 y 295.1 LECrim, la necesidad de remitir al Ministerio Fiscal 
copia de los atestados, no solo de aquellos que tengan entrada a través del juzgado de 
guardia.
– Se instará a la fuerza actuante para que cumplimente la oportuna citación ante la 
autoridad judicial de los/as ilícitos/as ocupantes del inmueble, debiendo proceder de este 
modo en la primera actuación que se desarrolle, exhortando a los/as presuntos/as 
autores/as del delito a comparecer ante el juzgado de guardia con la máxima celeridad y 
expresa indicación de que aporten el título que, en su caso, entiendan pueda legitimarles 
a poseer el inmueble en cuestión.
Del  resultado  de  la  actividad  anterior,  las/los  Sras./Sres.  Fiscales  Jefes  de  las 
diferentes  fiscalías  territoriales  efectuarán  el  oportuno  seguimiento  en  ulteriores 
reuniones  de  la  Comisión  y/o  en  otros  encuentros  institucionales,  en  la  forma  que 
consideren más eficaz.
Segunda.
Las/los Sras./Sres. Fiscales instarán del juez la adopción de la medida cautelar de 
desalojo de los ilícitos ocupantes y la restitución del inmueble a sus poseedores en los 
delitos  de  allanamiento  de  morada  y  usurpación  cuando  concurran  las  exigencias 
derivadas de los principios fumus boni iuris y periculum in mora, siempre que la medida 
cautelar se revele justificada tras  efectuar el  correspondiente juicio de ponderación 
conforme a los criterios expresados en el cuerpo de la presente instrucción.
Tercera.
En el delito de allanamiento de morada, se solicitará la medida cautelar siempre que 
existan indicios sólidos de su comisión, con excepción de aquellos casos en los que se 
constate que la ilícita posesión del inmueble se ha venido desarrollando con la tolerancia 
del legítimo morador, extremo que revelará la inexistencia del periculum in mora.
Cuarta.
En el delito leve de usurpación pacífica de bienes inmuebles del art. 245.2 CP las/los 
Sras./Sres. Fiscales solicitarán la referida medida cautelar cuando el sujeto pasivo de la 
infracción sea una persona física, una persona jurídica de naturaleza pública o una 
entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública, siempre que se constate que la concreta 
usurpación, además de lesionar el ius possidendi de la víctima (derecho a poseer que se  e
ostenta sobre un bien que, no obstante, es poseído materialmente por otro), pudiera  bo
producir una grave quiebra del ius possessionis (tenencia material y concreta sobre el  3w
aebp xieemprnmeo)c.dit tioEar  tndsiv euaa  q efduujeeteum lulroopss loo u s,sa unocpo,t uu dsaeeelseb tesoe,nsr á cse uinnaeg tneluotnlrsaed rnqem ureseenen   etpeal r  oielnacnm e cesuoloe nc bdcalueesr  orcne oodnm ecp eiavarri cvediizaeecln iazoda tagrcsaoió szdn aec rosi rdh creaue bnfuoistnratma dunaasc soiaa   ysof i  nqqu uudneeea,     OE-A-2020-1124able en https://w
aconsejen la adopción de la medida cautelar.
Asimismo, instarán la adopción de la referenciada medida cautelar cuando la víctima 
resulte ser una persona jurídica de naturaleza privada, siempre que, atendidas las 
concretas circunstancias concurrentes, se constate la existencia de un efectivo riesgo de 
quebranto  relevante  para  los  bienes  jurídicos  de  la  misma,  extremo  que  habrá  de 
valorarse en los anteriores términos en aquellos casos en los que el inmueble no 
parezca gozar de un uso o de una expectativa de uso actuales.
En todos los supuestos aludidos, al tiempo de valorar la solicitud de la medida 
cautelar, se tendrá en consideración no solo a las víctimas o perjudicados por el delito, 
sino también a los/las vecinos/as y/o colindantes a los/las que el delito pueda suponer un 
perjuicio directo en el pleno disfrute de sus derechos.
Quinta.
Cuando las/los Sras./Sres. Fiscales soliciten el desalojo y se observe una situación 
de  especial  vulnerabilidad  en  las  personas  que  ocupen  el  inmueble  (personas  en 
situación de claro desamparo, menores, personas con discapacidad, etc.), tendrán en 
cuenta esta circunstancia e interesarán simultáneamente que los hechos se pongan en 
conocimiento  de  los  Servicios  Sociales,  a  fin  de  que  adopten  -con  carácter 
necesariamente  previo  al  desalojo-  las  medidas  oportunas  para  su  protección, 
proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan.
Sexta.
Las/los  Sras./Sres.  Fiscales  solicitarán  la  medida  cautelar  de  desalojo  en  los 
siguientes momentos procesales:
– Tras conocer el contenido del atestado policial con entrada en el juzgado de 
guardia, si el mismo facilita la información suficiente a los fines de valorar la concurrencia 
de los requisitos a que se refiere el apartado 3.3 de esta instrucción. En otro caso, 
interesarán  a  la  mayor  brevedad  la  práctica  de  las  diligencias  que  consideren 
imprescindibles para determinar la entidad de la conducta y la pertinencia de formular 
ulteriormente la referida solicitud.
– Durante  la  tramitación  de  cualquier  procedimiento  judicial  por  delito  de 
allanamiento de morada o usurpación, si concurren las circunstancias a que se refiere el 
apartado 3.3 de esta instrucción. En caso de precisarlo, se interesará la práctica de 
diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos.
– Durante la celebración del juicio oral por delito leve de usurpación, siempre que 
promueva la condena del denunciado y con efectos hasta tanto se dicte sentencia y esta 
devenga firme.
– Al tiempo de judicializar las diligencias de investigación incoadas en Fiscalía una 
vez se determine la entidad delictiva de los hechos denunciados en dicha sede y siempre 
que concurran las exigencias a que se ha hecho repetida referencia.
Séptima.
La prudencia y el escrupuloso respeto por las garantías del/de la investigado/a que 
deben orientar la actuación del Ministerio Fiscal aconsejan se procure su audiencia a fin 
de determinar la eventual existencia de título que justifique su posesión del inmueble, 
además de ofrecer su versión de los hechos.
Octava. w.b
abSlireeagnsSa .v/orSe ljolruae srestáan.n   Fc apaiqsouucrs aeqallelu oqsesu   seisne udt epcéruo erenassfaziteóroárnsan   d etrlenaa   sslaluoad sdion oqpc uocdeimeó  npela al/ dlrpaeee c tienimcnvieóecdnisai td iagaala nsadt beoco a/laagu  atadedueloatso rdoerieysdef aeridnan s ajluouadrd  ici-cttiaiataa mlcp-,ibaó liranétse n-/, ls eoisnnsi     OE-A-2020-1124able en https://w
el supuesto de delito leve de usurpación de bienes inmuebles, conforme a lo dispuesto
en el art. 967.1 párrafo 2.º LECrim-, quien podrá efectuar así las alegaciones que estime 
oportunas en defensa del investigado.
Novena.
Similares razones a las expresadas en la conclusión anterior deben conducir a 
interesar la adopción de la medida cautelar inaudita parte en aquellos casos en los que 
la citación del/de la investigado/a, o incluso su identificación, no se puedan producir a 
causa de su actuación deliberada.
Décima.
En aquellos supuestos en los que la medida cautelar no hubiera sido acordada con 
anterioridad -o bien hubiera resultado revocada- las/los Sras./Sres. Fiscales instarán 
nuevamente  su  adopción  durante  la  celebración  del  juicio  oral,  siempre  y  cuando 
promuevan la condena.
Undécima.
Cuando la autoridad judicial desestime la petición de medidas cautelares instada por 
el Ministerio Fiscal en los aludidos términos, se interpondrá el correspondiente recurso 
contra aquella decisión en todos aquellos casos en los que las razones ofrecidas por el 
juez a quo no desvirtúen los criterios y argumentos anteriormente ofrecidos.
Duodécima.
Las presentes conclusiones resultarán de aplicación a las modalidades violentas de 
allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, cuya mayor gravedad así lo 
justifica sin necesidad de ulterior argumentación.
En razón de todo lo expuesto, las/los Sras./Sres. Fiscales se atendrán en lo sucesivo 
a las prescripciones de la presente instrucción, quedando sin efecto cualesquiera otras 
que, en relación con esta específica materia, no resulten acordes con lo aquí expresado.
Madrid, 15 de septiembre de 2020.–La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado 
García.
2020-1124n https://w