BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 37 Viernes 12 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 16428
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
2116 Resolución de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, por la que se publica el resumen de la Memoria de cumplimiento 
de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen 
Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2019.
El  artículo  38,  número  1,  letra  d),  de  la  Ley  19/2013  de  9  de  diciembre  de 
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen  Gobierno,  encomienda  el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de evaluar su grado 
de aplicación por los sujetos obligados. Para ello, elaborará anualmente una Memoria en 
la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que 
será presentada ante las Cortes Generales.
Por su parte el artículo 40 establece que el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno habrá de elevar anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el 
desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en esta Ley.
El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por Real 
Decreto 919/2014, de 31 de octubre, señala en el artículo 6 que, en el ejercicio de sus 
funciones, el Consejo deberá regirse por los principios de transparencia y participación 
ciudadana,  que  se  concretan,  entre  otras,  en  la  siguiente  disposición:  «b)  Tras  su 
aprobación, un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado". Se prestará especial atención a que resulte claramente identificable 
el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos, entidades y órganos obligados de las 
disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre».
Finalmente, en el artículo 12, letra c), señala el Estatuto que corresponde a la 
Comisión de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio, entre otras, de la siguiente 
función: «c) Aprobar la memoria anual en la que se analice el grado de aplicación de la 
Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  y  se  proporcione  información  detallada  sobre  el 
cumplimiento de las obligaciones en ella previstas».
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Aprobar y remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el resumen de la 
Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno y de actividades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante 
el ejercicio 2019 que fuera aprobada por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno 
del citado Consejo en su 40.ª reunión, celebrada en Madrid (on line) a las 12:00 horas 
del día 5 de noviembre de 2020, y que se adjunta como anexo único a la presente.
Madrid, 2 de febrero de 2021.–El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez.
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ANEXO ÚNICO
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO 
DURANTE EL EJERCICIO 2019
Resumen
Primera parte: Evaluación del cumplimiento de Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno durante el ejercicio 2019
CAPÍTULO I
Consideraciones preliminares
1.  Ámbito de la evaluación.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38.1 d) y 40 de la LTAIBG y 3 d) y 12 c) 
del  Estatuto  CTBG,  el  objeto  de  la  evaluación  del  cumplimiento  de  la  Ley  que 
corresponde realizar a este Consejo es el «grado de aplicación» de esta por los sujetos 
obligados.
a)  Acotaciones en el objeto de la evaluación.
De acuerdo con la vigente legislación en materia de buen gobierno, tanto la Oficina 
de  Conflictos  de  Intereses  (en  adelante  OCI)  del  Ministerio  de  Política  Territorial  y 
Función Pública (en adelante MPTFP) como los órganos competentes en la materia de 
las diferentes Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía (en 
adelante CCAA) y Entidades Locales (en adelante EELL) están obligados a remitir 
determinados informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno de 
los altos cargos y asimilados de los respectivos ámbitos territoriales.
El deseo de evitar duplicidades o incoherencias con estos informes ha aconsejado a 
este Consejo acotar su evaluación para 2019, como ya sucediera en las anteriores, al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la publicidad activa y el derecho de 
acceso a la información pública, sin entrar en la estimación de las correspondientes al 
buen gobierno.
b)  Acotaciones en los sujetos.
La evaluación aplicada a la Administración General del Estado (en adelante AGE) se 
ha limitado al análisis de los indicadores de publicidad activa suministrados por el Portal 
de la Transparencia de la misma (en adelante Portal AGE) y a una valoración de los 
procedimientos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública 
realizada de acuerdo con la técnica del «cliente misterioso». Y, en el caso de los órganos 
constitucionales,  los  órganos  de  relevancia  constitucional  y  las  Autoridades 
Administrativas Independientes de ámbito estatal (en adelante AAI), se ha constreñido a 
la revisión del cumplimiento de las recomendaciones y la consiguiente reevaluación del 
Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (en adelante ICIO) asignado en la 
evaluación de 2018 a la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD). s
En  cuanto  a  la  denominada  Administración  institucional  o  instrumental  –sector  oe.
público institucional–, la evaluación se ha centrado en la revisión del cumplimiento de las  w.
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c)  Nuevos sujetos obligados.
En la Memoria del ejercicio 2019 se ha acometido la evaluación de las Corporaciones 
de Derecho Público que se encuentran sujetas a la LTAIBG en sus actividades sujetas a 
Derecho Administrativo (artículo 2.1.e). Dentro del conjunto de corporaciones de derecho 
público,  se  ha  optado  por  evaluar  a  los  Consejos  Generales  de  los  Colegios 
Profesionales (49, en total).
Además, y a pesar de la limitación de los recursos disponibles, el CTBG ha decidido 
continuar avanzando en 2019 en la evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos mencionados en los dos apartados del art. 3 de la Ley. Así, para la 
actual memoria de actividades, se han evaluado los portales web de una muestra de aquellas 
entidades privadas que percibieron en 2019 subvenciones o ayudas públicas.
2.  Precisiones metodológicas.
La  metodología  de  evaluación  empleada  por  el  CTBG  es  la  denominada 
«Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad Pública», 
conocida abreviadamente por la denominación MESTA, elaborada por el organismo en 
colaboración con la extinta Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios (AEVAL). La información sobre MESTA aparece publicada en la 
página web del Consejo.
Como viene sucediendo desde 2018, para la evaluación de cumplimiento de la LTAIBG 
en 2019 se ha aplicado MESTA íntegramente aunque de manera manual, debido a una nueva 
demora en el desarrollo de las herramientas tecnológicas necesarias para su aplicación.
3.  Aspectos competenciales.
En 2019, y a diferencia de lo sucedido en los últimos años, el CTBG, de acuerdo con 
las seis Comunidades y dos Ciudades Autónomas con las que tiene suscrito un convenio 
de colaboración para la resolución de las reclamaciones en materia de derecho de 
acceso a la información pública, resolvió abordar una evaluación directa de los portales 
de transparencia de estas Comunidades y Ciudades Autónomas y de los portales de tres 
EELL propuestas por las propias CCAA.
En lo que se refiere a las entidades locales, el objetivo no ha llegado a completarse 
plenamente puesto que, a la fecha límite de inicio de la evaluación, las comunidades 
autónomas de La Rioja y de Madrid no llegaron a formular selección, y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias seleccionó solo dos municipios. Finalmente, los 
municipios seleccionados por su correspondiente Comunidad Autónoma han sido los 
siguientes (11 en total): Limpias, Polanco y Santander (Cantabria); Albacete, Ciudad Real 
y Toledo (Castilla-La Mancha); Acehúche, Badajoz y Montijo (Extremadura); Avilés y 
Oviedo (Principado de Asturias).
CAPÍTULO II
Resultados
1.  Órganos  constitucionales,  órganos  de  relevancia  constitucional,  AAI  y  otros 
órganos independientes.
La evaluación 2019 del cumplimiento de la Ley por este primer grupo de sujetos se 
ha  limitado  por  este  Consejo  al  seguimiento  del  grado  de  aplicación  de  las  e.
recomendaciones derivadas de la evaluación realizada en 2018 por parte de la AEPD, y  w.
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Obligatoria (ICIO) en 4,90 puntos porcentuales. El ICIO de la AEPD ha pasado de 
un 91,9% (equivalente a una puntuación de 9,19 puntos sobre 10) a un 87% (equivalente 
a 8,70), lo que puede considerarse un nivel de cumplimiento muy elevado.
Esta disminución en el ICIO se debe básicamente a que en la revisión efectuada se 
ha constatado que, probablemente por una omisión involuntaria producida en el proceso 
de  reconfiguración  del  Portal  –en  anteriores  versiones  del  mismo  sí  figuraba  la 
información–, no se publican los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 
presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos de 
licitación previstos.
En el ámbito de la transparencia voluntaria, hay que señalar que la AEPD publica en 
su portal de transparencia información adicional que resulta relevante desde el punto de 
vista  de  la  transparencia.  Cabe  destacar  la  información  obrante  en  las  secciones 
Agenda, Sesión Pública Anual y Empleo Público.
Como buenas prácticas incorporadas por la AEPD puede reseñarse la inclusión de 
textos explicativos de los contenidos incorporados a los diversos apartados del Portal de 
Transparencia.
2.  Administración General del Estado.
2.1  Indicadores de publicidad activa.
Según  datos  del  «Boletín  Estadístico  del  Portal  de  la  Transparencia»,  a  31  de 
diciembre de 2019 y desde la fecha de su puesta en funcionamiento, el Portal AGE 
acumulaba 5.227.133 visitas, con 16.901.460 páginas vistas. A lo largo de 2019, se 
produjeron en total 1.592.499 visitas que accedieron a 4.172.645 páginas.
El incremento del número de visitas respecto de 2018 es de 267.568 –un 43,8% 
más– y el de páginas visitadas de 364.573 –un 9,6% más–.
Ambos resultados parecen indicar que en 2019 continúa la tendencia creciente en la 
aceptación del Portal por los ciudadanos iniciada en 2017.
Dado que desde 2018 el Boletín Estadístico ha dejado de incluir el dato de registros 
de información incorporados al Portal no es posible conocer el grado de incorporación de 
nueva información a lo largo de este año. Como ya hizo en 2018, este CTBG sigue 
insistiendo en que se vuelva a publicar por parte de los responsables del Portal este 
dato, crucial para conocer hasta qué punto las AAPP mejoran la oferta de información 
pública puesta a disposición de los ciudadanos.
Por esta razón, este Consejo considera relevante que vuelva a incorporarse este 
indicador, agregando la información adicional que en las Memorias anteriores ha venido 
solicitándose:
– Cuantificar el volumen de registros que realmente representan un incremento 
cuantitativo  o  cualitativo  de  las  categorías  de  información  disponibles  para  los 
ciudadanos, distinguiéndolos de aquellos que únicamente suponen una actualización de 
la información ya existente.
– Cuantificar los registros según su fuente, distinguiendo entre los que proceden de 
fuentes descentralizadas y los que proceden de fuentes centralizadas.
2.2  Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Este CTBG ha decidido completar el análisis puramente descriptivo de los datos 
sobre ejercicio del derecho de acceso a la información pública (en adelante DAIP) en la  es
AGE, con un análisis más cualitativo centrado en la gestión que los distintos Ministerios  o
efectúan  de  las  solicitudes  de  acceso  que  hacen  los  ciudadanos,  cuestión  que  se  w
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De acuerdo con los datos del «Boletín Estadístico» del Portal AGE, el número de
solicitudes de acceso a la información pública (en adelante SAIP) formuladas a los
órganos de la AGE alcanzaba, a 31 de diciembre de 2019, la cifra de 24.726 solicitudes, 
acumuladas todas las efectuadas desde la fecha de entrada en funcionamiento del 
Portal.
Conforme a los datos consignados en el «Boletín» la cifra anualizada de SAIP 
en 2019 es de 7.455, cifra que supone un aumento respecto de 2018 de 1.460 SAIP, 
un 24,3%, continuando por lo tanto, la tendencia al alza que se viene observando desde 
el año 2015.
Respecto de los datos de tramitación, han disminuido ligeramente las solicitudes 
tramitadas –0,5 puntos porcentuales menos– y aumentado en la misma cantidad las 
solicitudes pendientes, mientras que las solicitudes finalizadas por silencio administrativo 
se mantienen en un 1,3% sobre el total de SAIP.
En cuanto al contenido de las solicitudes correspondientes a 2019, y al contrario de 
lo que ocurría en 2018 respecto de 2017, ha disminuido la proporción de SAIP resueltas 
favorablemente –un 65,1% frente a un 67,8%– mientras que las solicitudes finalizadas 
por desistimiento o archivo han aumentado del 6,7 al 9,3%.
Las SAIP inadmitidas o con resolución desfavorable se mantienen estables respecto 
de 2018.
Finalmente, se mantiene la tendencia de crecimiento de ejercicio del DAIP por vía 
electrónica −un 89,8% frente al 88% en 2018−.
2.2.2  Gestión de las SAIP por la AGE.
Para la realización del análisis de la manera en que se da efectividad al ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en la AGE se ha utilizado la técnica del 
«cliente misterioso», técnica de observación mediante la cual, la persona que esté 
efectuando la evaluación solicita anónimamente la prestación de un servicio y observa 
cuál es el desempeño de quien lo presta respecto de una serie de cuestiones definidas 
previamente.
Para su aplicación en este caso, se han efectuado a instancias de este CTBG una 
misma SAIP para cada una de las Unidades de Información de Transparencia (en 
adelante UIT) de los 17 Ministerios y de los Organismos de la Seguridad Social, que se 
han presentado a través de los distintos canales habilitados: Portal AGE, de manera 
presencial y a través del Registro Electrónico General (en adelante REG) de las AAPP.
La solicitud de información ha sido la misma, pero se han introducido en algunos 
casos incidencias para valorar la gestión que de ellas se efectuaba por parte de las UIT.
El análisis se ha efectuado distinguiendo las distintas fases procedimentales por las 
que transcurre una solicitud de información de acuerdo con lo establecido en los arts. 17 
y sgs. de la LTAIBG: presentación, tramitación y resolución, a las que se ha añadido un 
análisis adicional relativo a la forma en que se da acceso a la información.
A)  Presentación de las solicitudes.
Las  principales  dificultades  observadas  en  esta  fase  se  localizan  en  las  SAIP 
presentadas por medios distintos del Portal AGE.
En general las presentadas en el REG de las AAPP, tardan una media de tres días –
si se contabilizan días naturales– y dos –si se contabilizan días hábiles– en ser dadas de 
alta en el sistema GESAT, que es la aplicación de gestión de las solicitudes utilizado en 
la AGE, al que se deben derivar las solicitudes presentadas de manera presencial o a 
través del REG. Aunque en un caso la solicitud no fue derivada a GESAT.
En cuanto a las SAIP presentadas de manera presencial, la demora promedio para  e.
ser dadas de alta en GESAT, fue de 5,25 días naturales o 3,75 días hábiles. w.
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pública en los registros físicos.
B)  Tramitación de las solicitudes.
Salvo en el caso en el que toda la tramitación de la solicitud se realizó al margen del 
procedimiento establecido (GESAT), a las restantes solicitudes se les asigna un número 
de registro a las SAIP y también, se comunica al interesado el inicio de la tramitación.
La  demora  media  en  la  comunicación  del  inicio  de  la  tramitación  desde  su 
presentación es de 9,31 días hábiles, con un rango que oscila entre uno y diecinueve 
días.
Existe una gran variabilidad según el canal de presentación de la solicitud. El canal 
que menor demora presenta es el Portal AGE; con una media de 6,25 días. En segunda 
posición se sitúa el REG con diez días hábiles; y finalmente, el canal presencial registra 
once días hábiles de demora.
No se solicitó la subsanación de los errores advertidos de ninguna de las SAIP con 
incidencias. Tampoco se comunicó la necesidad de ampliar el plazo de tramitación para 
dar respuesta a la solicitud de información, aunque sí se produce una ampliación de 
facto de dicho plazo, ya que en cinco casos, todos ellos presentados a través del REG, 
en la comunicación de inicio de la tramitación se toma como fecha de solicitud la de 
entrada en el sistema. Una cuestión adicional es que no siempre se produce esta 
circunstancia,  ya  que  en  tres  solicitudes  presentadas  en  el  REG,  la  fecha  real  de 
presentación de la solicitud coincide con la reflejada en la comunicación de inicio de la 
tramitación.
C)  Resolución de las solicitudes.
Todas  las  solicitudes  de  acceso  han  obtenido  respuesta  si  bien  se  ha  dictado 
resolución expresa para 17 de las 18 solicitudes. En el caso de la SAIP tramitada al 
margen de GESAT únicamente se ha dado respuesta mediante un correo electrónico que 
carece además de identificación de quien lo remite, salvo una referencia genérica a la 
UIT tramitadora.
En cuanto a las diecisiete resoluciones, una excede el plazo de un mes desde la 
recepción de la solicitud por el órgano competente.
Quince resoluciones son firmadas por un cargo con rango igual o superior a Director 
General, y dos resoluciones no cumplen este requisito. En una de estas últimas tampoco 
se identifica el cargo de quien firma la resolución aunque se ha constatado por este 
Consejo que se trata del titular de una Subdirección General.
Las diecisiete resoluciones incluyen pie de recurso.
En dos casos la resolución se notifica por medio distinto al solicitado, pero en ambos 
está justificada. Y en todos los casos se da acceso a la información en el momento de 
notificación de la resolución.
D)  Forma en que se da acceso a la información.
Salvo en un caso, la información se ha proporcionado en el formato solicitado por los 
solicitantes. Curiosamente, en este caso se remite al interesado un fichero en formato 
pdf elaborado a partir de un fichero Excel que es como se había solicitado la información.
Ninguna de las resoluciones da acceso a toda la información solicitada. En general 
se argumenta por parte de los ministerios que la información a la que no se da acceso no 
está  disponible  en  el  ministerio  correspondiente.  Sin  embargo  un  ministerio  sí 
proporciona parte de esta información.
3.  Otras entidades de derecho público. o
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de los Consejos Generales de los Colegios Profesionales, un total de 49 entidades. 
Evaluación  para  la  que  se  ha  contado  con  la  colaboración  de  la  Fundación  «Hay 
Derecho», a la que este Consejo agradece su contribución.
En ambos casos se ha aplicado la Metodología MESTA.
3.1  Consejos Generales de Colegios Profesionales.
A)  Alcance de la evaluación.
Los Consejos Generales de los Colegios Profesionales están sujetos a las siguientes 
obligaciones de publicidad activa: están obligados a publicar todas las informaciones de 
los artículos 6 y 6 bis de la LTAIBG, salvo la relativa a planificación. No es de aplicación 
el artículo 7 y respecto de las obligaciones contempladas en el artículo 8 les son de 
aplicación, como mínimo, las siguientes: contratos, convenios y las subvenciones y 
ayudas públicas recibidas.
B)  Resultados.
B.a)  Localización y Estructuración de la información.
Un 45% de los Consejos analizados han creado un Portal de Transparencia.
En  general  la  información  que  se  ofrece  en  los  portales  de  transparencia  está 
organizada y resulta fácil su localización aunque no se ajuste estrictamente al patrón 
definido por la LTAIBG. En el caso de aquellas corporaciones que carecen de portal de 
transparencia  es  necesario  efectuar  un  recorrido  por  todos  los  accesos  y  enlaces 
dependientes para localizar la información.
B.b)  Información IOP y Registro de Actividades de Tratamiento.
En promedio se publica el 62% de las informaciones obligatorias correspondientes a 
este bloque, con un rango que oscila entre el 100 y el 21%.
El ICIO de este bloque de obligaciones se sitúa en valores medios, un 54,8% con un 
rango que oscila entre el 93 y el 20%. Además de la falta de publicación de contenidos 
obligatorios– como son el perfil y trayectoria profesional de las personas que forman 
parte de sus órganos de gobierno, su organigrama o el inventario de actividades de 
tratamiento–, el escaso uso de formatos reutilizables en la publicación de la información 
y la falta de datación y sobre todo de referencias a la fecha en que se revisó la 
información publicada explican el nivel de cumplimiento obtenido en este bloque de 
obligaciones.
B.c)  Información EPE.
La proporción de contenidos publicados correspondientes a este bloque es muy bajo: 
un 6,7%. Solo nueve Consejos indican en su web no haber adjudicado o haber sido 
adjudicatarios  de  contratos  sujetos  a  derecho  administrativo;  y  en  cuanto  a  los 
convenios,  tres  Consejos  indican  en  su  web  que  no  han  suscrito  convenios  de 
colaboración vinculados al ejercicio de las funciones públicas conferidas, de los cuarenta 
y seis restantes solo trece publican esta información. Respecto de las subvenciones y 
ayudas públicas, seis Consejos indican en su web que no han percibido subvenciones o 
ayudas y de los cuarenta y tres restantes solo cinco informan sobre las subvenciones 
concedidas por administraciones públicas. s
B.d)  Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO). w.
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aolbclaignaztaodrioa.s  siendo  este  el  principal  factor  que  explica  el  grado  de  cumplimiento
B.e)  Transparencia complementaria y buenas prácticas.
Parte de los Consejos Generales evaluados publican en sus webs institucionales, 
información adicional a la sujeta a obligaciones de publicidad activa que es relevante 
desde el punto de vista de la transparencia, aunque en ocasiones así lo establece la 
normativa  que  les  resulta  de  aplicación,  como  pueden  ser  los  Códigos  Éticos  o 
Deontológicos,  las  Memorias  anuales,  cuentas  anuales,  informes  de  auditoría  y 
retribuciones.
Como buenas prácticas cabe resaltar, por orden de frecuencia:
– Publicación de información general sobre Transparencia y sobre la aplicación de la 
LTAIBG a los Colegios Profesionales.
– Inclusión de textos explicativos en los diversos apartados que conforman sus 
portales de transparencia.
– Publicación  de  los  resultados  de  encuestas  de  opinión  y  la  incorporación  de 
buscadores para facilitar la localización de la información.
– Habilitación de un espacio para el ejercicio del derecho de acceso a información 
pública.
Por  último,  y  aun  cuando  no  haya  sido  objeto  de  la  evaluación  realizada,  es 
necesario  reparar  en  la  denominación  de  algunos  de  los  Consejos  Generales,  por 
referencia al profesional masculino y no a la profesión.
3.2  Revisión  del  cumplimiento  de  las  recomendaciones  efectuadas  en  2019  a 
organismos públicos del sector público institucional estatal.
Los resultados de esta revisión se han segmentado para los dos grupos definidos en 
la evaluación de 2018.
–  El  primer  grupo  integra  a  todos  los  organismos  públicos  a  quienes  son  de 
aplicación la totalidad de las obligaciones establecidas por la LTAIBG (art. 2.1 a) a d)). 
AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria; ANECA: Agencia Nacional De 
Evaluación de la Calidad y Acreditación; SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal; 
Autoridad Portuaria de Cartagena; FEGA: Fondo Español de Garantía Agraria; IEF: 
Instituto de Estudios Fiscales; UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia; 
Museo Nacional del Prado; UMIVALE: Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, y 
SOLIMAT: Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.
–  El segundo grupo integra a los sujetos contemplados en las letras g) y h) del 
artículo 2.1, dado que no tienen la obligación de publicar información relacionada con 
planificación,  información  de  relevancia  jurídica  y  bienes  patrimoniales:  CESCE, 
Compañía  Española  de  Seguros  de  Crédito  a  la  Exportación;  SEASUELO:  Suelo 
Empresarial del Atlántico, S.L.; FPC: Fundación Pluralismo y Convivencia; SENASA: 
Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S.A.; y 
ENISA: Empresa Nacional de Innovación, S.A.
A)  Aplicación de las recomendaciones efectuadas en 2018.
Como consecuencia de la evaluación efectuada en 2018 este CTBG realizó 178 
recomendaciones. De estas se han aplicado 91 lo que supone un 51,1% del total. El 
grado de aplicación de estas recomendaciones varía de un grupo a otro. En el Grupo 1 
se ha aplicado un 47,9% de las 121 recomendaciones realizadas a los organismos que  e.
integran el grupo, mientras que en el segundo grupo esta proporción es del 59,6%. w.b
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su vPisoibr iolidtraad p.arte, también ha mejorado la estructuración de la información.
B)  Revisión del Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).
Además del análisis de la aplicación de las recomendaciones de este CTBG, se ha 
efectuado una revisión de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Por grupos de obligaciones los resultados son los siguientes:
a)  Información IOP y Registro de Actividades de Tratamiento.
El grado de cumplimiento de este grupo de obligaciones es del 73,4%. No es posible 
comparar con los resultados obtenidos el año 2019 porque en la revisión se ha evaluado 
el grado de cumplimiento de la publicación del Registro de Actividades de Tratamiento, 
información obligatoria desde 2018 como consecuencia de la modificación introducida 
por la LOPDGDD.
El nivel de cumplimiento es muy similar en ambos grupos de entidades: un 75,2% en 
el caso del Grupo 1 y un 76,7% en el del grupo 2.
Por  bloques  de  obligaciones  el  cumplimiento  de  la  información  institucional  ha 
aumentado en casi 15 puntos porcentuales, la información organizativa en más de 18 
puntos porcentuales y la información sobre planificación en 8,6 puntos.
Mención  aparte  merece  la  información  relativa  al  inventario  de  actividades  de 
tratamiento de datos de carácter personal. Si bien todos o casi todos los organismos 
evaluados incluyen información sobre tratamiento de datos de carácter personal, a la que 
se accede en general mediante un enlace denominado Política de Privacidad o similar, 
no  todos  cumplen  con  los  requisitos  de  publicación  que  establece  el  Reglamento 
Europeo de Protección de Datos en su artículo 30.1, que es la referencia que utiliza la 
LOPDGDD.
Una cuestión adicional es la localización de esta información que, en general, no está 
incluida  en  el  portal  de  transparencia  de  los  organismos  dentro  del  bloque  de 
obligaciones al que está vinculada, sino que en la mayoría de los casos se localiza en 
enlaces situados en la parte inferior de la página home de los organismos.
b)  Información de relevancia jurídica.
Este bloque de obligaciones solo afecta a los organismos integrantes del Grupo 1 y 
con un alcance limitado: entre los datos e informaciones de publicación obligatoria 
enumerados en el art. 7 de la Ley, únicamente corresponde publicar a los organismos 
incluidos en este grupo, los requeridos en la letra a) del citado precepto.
Aunque  el  nivel  de  cumplimiento  de  este  bloque  de  obligaciones  fue  elevado 
en 2019, un 87%, en 2020 ha mejorado incrementándose en tres puntos porcentuales.
c)  Información EPE.
El bloque de información EPE es el que mejor evolución presenta. Es especialmente 
destacable  el  incremento  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  vinculadas  a  la 
publicación de información presupuestaria.
En  el  primer  grupo  el  índice  de  cumplimiento  de  la  información  obligatoria 
correspondiente  a  este  bloque  ha  pasado  de  un  53,0%  a  un  77,2%,  24  puntos 
porcentuales más y en el grupo segundo de un 48,6 a un 76,4%, casi 28 puntos 
porcentuales más.
A pesar de la mejoría observada en todos los grupos de obligaciones vinculadas a 
este bloque, los contratos y los presupuestos siguen presentando un amplio margen de  s
mejora. oe.
gpluonbtEdao)sls  t depIe onb rfclocouerqmmnutapeucl aiimdóleenise   opnmbatoáltir gsidma.eco ionenisatele.s  bsloolqou ee sh aap plicaasbaldeo  adl ep ruimn e3r 2g,1ru4p%o  ae nu ne l 6q6u,1e% e,l  cl aínsdi i3ce4   OE-A-2021-2116able en https://w
C)  Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).
El índice de cumplimiento de la información obligatoria se sitúa en valores elevados, 
en promedio alcanza un 75,3%. En el primer grupo ha pasado de 58,58 a un 75,1% –
casi 17 puntos porcentuales de incremento– en el segundo de un 55,16 a un 75,6% –
más de 20 puntos porcentuales–.
4.  Comunidades Autónomas
La evaluación del cumplimiento de la Ley por los sujetos de ámbito autonómico que 
ha efectuado este Consejo durante el pasado ejercicio ha operado en dos niveles 
diferentes: por un lado, referido a la actuación de los órganos garantes; y, por otro, a la 
de los gestores.
Los resultados de ambas evaluaciones se exponen separadamente.
4.1  Resultados órganos garantes.
Doce de las 19 CCAA existentes (57,89%) habían creado o designado a 31 de 
diciembre de 2019 su propio órgano específico de garantía y 8 habían atribuido al CTBG 
el ejercicio de la competencia para resolver las reclamaciones del art. 24 de la Ley 
mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración.
Respecto  de  los  resultados  de  la  actividad  revisora  de  los  distintos  órganos 
autonómicos garantes de la transparencia, el CTBG dispone de datos de 10 de los 11 
Consejos/Comisionados autonómicos constituidos en nuestro país.
Al  tenor  de  los  datos  aportados  en  los  cuestionarios  por  los  propios  órganos 
garantes, durante 2019 se han formulado 2.121 reclamaciones frente a solicitudes en el 
ámbito autonómico. El número de reclamaciones en 2019 es superior al registrado en el 
año 2018, en el que se presentaron 1.666 reclamaciones, lo que supone un aumento 
superior al 27%.
Este incremento de las reclamaciones es paralelo al experimentado en el ámbito 
estatal: en 2019 se han formulado 1.780 reclamaciones ante el CTBG frente a las 1.336 
que se formularon en 2018, con un incremento del 33,2 % interanual.
En ambos casos, a criterio de este Consejo, el motivo del alza de las reclamaciones 
está más vinculado al uso habitual en caso de conflicto de la vía de recurso del art. 24 de 
la  Ley  básica  estatal  por  parte  de  los  solicitantes  de  información  pública  más 
familiarizados o movilizados en el ámbito de la transparencia que con la mejora del grado 
de conocimiento de la legislación de transparencia entre los ciudadanos.
El número de resoluciones resueltas ha aumentado en 2019: 1.954 frente a 1.251, lo 
que supone un incremento del 56%, pero si se atiende a los datos de los Órganos 
Garantes que han suministrado datos en ambos años el crecimiento interanual se sitúa 
en el 32,4%.
Respecto del sentido de las resoluciones de los órganos garantes, cabe decir que la 
mayoría de las 1.954 reclamaciones resueltas lo han sido en sentido estimatorio.
En cuanto al tiempo medio de resolución de las solicitudes, este se sitúa en 124,31 
días, oscilando los datos entre los 246,3 y 44 días de resolución. Este dato disminuye 
respecto del año pasado.
Finalmente, por lo que se refiere a las materias o temas sobre los que versan las 
reclamaciones, los datos proporcionados arrojan los siguientes resultados:
– La información relativa a procesos selectivos para el acceso al empleo público,  es
información  objeto  de  reclamación  con  mayor  frecuencia  en  2018,  disminuye  o
notablemente su peso, pasando del 22,9 al 8,8%. w
aa uloms––e   pnLMrtaaeá nvsiind sdfotooe res mnu e ancnc at ielósarin  c1L ijo0eu  yrdpí deubi nácltaasois cse a rspe  doclaerlac lq emEunasetuct aicaodolneones  (.smo rsadeye ornrea ffcireeiórcenun ed ane cl ditaae treorissto  mdrieoo ,tn iuvaortbu daraenl iesrezmacol ad, miefemarcepinóletneo,    OE-A-2021-2116able en https://w
público, etc.).
– Casi un 30% de las reclamaciones versan sobre categorías de información de las 
recogidas en los arts. 6 a 8 de la LTAIBG, aumentando ligeramente respecto de 2018.
En 2019 vuelven a aumentar las reclamaciones clasificadas en la categoría «Otras», 
pasando del 20,6 al 23,9%.
4.2  Resultados órganos gestores.
A)  Planteamiento previo.
En  esta  ocasión  el  CTBG  ha  decidido  evaluar  en  profundidad  los  Portales  de 
Transparencia de las Comunidades y Ciudades Autónomas con las que este Consejo ha 
suscrito un convenio de colaboración para la resolución de las reclamaciones en materia 
de  derecho  de  acceso  a  la  información  pública:  Principado  de  Asturias,  Cantabria, 
Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Ceuta y Melilla. Este análisis se ha 
abordado contando con el acuerdo de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
La evaluación se ha realizado mediante la aplicación de la metodología MESTA y se 
ha limitado al cumplimiento de las obligaciones de información recogidas en la LTAIBG.
B)  Resultados de la evaluación.
B.a)  Localización y estructuración de la información.
Siete de las ocho Ciudades y Comunidades Autónomas, disponen de un acceso o 
banner visible al Portal de Transparencia en la página home de su web institucional. Solo 
en un caso la entrada al Portal de Transparencia se produce de manera indirecta, 
mediante  un  enlace  dependiente  de  uno  de  los  accesos  principales  de  la  web 
institucional.
En general la información se estructura conforme al patrón que definen las normas 
autonómicas, aunque una Comunidad y una Ciudad Autónoma organizan la información 
sin ajustarse a los bloques de información que definen la LTAIBG o su norma específica.
La información es fácilmente localizable, excepto en un caso como consecuencia de 
la organización de los enlaces a la información dentro de cada uno de los accesos a los 
distintos bloques de obligaciones.
B.b)  Información IOP y Registro de Actividades de Tratamiento.
La proporción media de publicación de las informaciones correspondiente a este 
bloque de obligaciones puede considerarse elevado ya que alcanza casi un 82%. La falta 
de publicación de información vinculada al grupo planificación y más concretamente, de 
los  resultados  de  los  planes  y  programas  es  el  factor  que  explica  el  déficit  de 
cumplimiento en este bloque de obligaciones.
Por  lo  que  respecta  a  la  calidad  de  la  información,  poco  más  del  50%  de  la 
información se publica en formatos reutilizables –en muchas ocasiones la información se 
publica sobre la propia web– o contiene referencias a la fecha de actualización. Una 
cuestión adicional es que más de la cuarta parte de la información se localiza fuera del 
Portal de Transparencia, lo que obliga a efectuar un recorrido por la web institucional de 
la Comunidad o Ciudad Autónoma correspondiente para localizarla.
Esta última circunstancia es más frecuente en cuanto a la publicación del Registro de 
Actividades de Tratamiento de datos de carácter personal, que varias Comunidades 
publican  mediante  enlaces  denominados  «Política  de  privacidad»  o  «Aviso  legal»  e
situados al final de su página home. bo
El nivel global de cumplimiento en este bloque de obligaciones es del 72,7%. w
B.c)  Información de Relevancia Jurídica. 2021-2116n https://w
un 7L5a,7 p%ro ipnoforrcmióanc idóen  pinúfobrlimcaa.ciones obligatorias publicadas es inferior en este bloque:  BOE-A-cable e
En  cuanto  a  la  calidad  de  la  información  publicada  mejoran  respecto  de  la 
información institucional el uso de formatos reutilizables y la datación de la información.
El nivel de cumplimiento global de este grupo de obligaciones es inferior al alcanzado 
en el primero: un 73%.
B.d)  Información EPE.
En este bloque de obligaciones vuelve a aumentar la proporción de informaciones 
publicadas:  un  82,5%.  Todas  las  Comunidades  y  Ciudades  Autónomas  publican 
información sobre contratos, subvenciones, presupuestos, cumplimiento de los objetivos 
de  estabilidad  presupuestaria  y  financiera,  informes  de  auditoría  externa  y  las 
compatibilidades autorizadas a sus empleados públicos para el ejercicio de actividades 
públicas o privadas.
Ninguna  Comunidad  o  Ciudad  Autónoma  publica  información  sobre  las 
autorizaciones para el ejercicio de actividades privadas al cese de Altos cargos.
Respecto de la calidad de la publicación, en este bloque de obligaciones los dos 
principales déficits se localizan en la forma de acceso a la información – más del 36% de 
las informaciones no se publican de manera directa en el Portal sino que los enlaces 
correspondientes redirigen a otras webs para localizarla – y como consecuencia de esto, 
una proporción similar de informaciones presentan dificultades de acceso.
El  nivel  de  cumplimiento  global  en  el  bloque  de  Información  Económica, 
Presupuestaria y Estadística alcanza un 74,8%.
B.e)  Información sobre bienes patrimoniales.
La  totalidad  de  las  CCAA  cumple  con  la  obligación  de  publicar  este  tipo  de 
información. No ocure lo mismo con las Ciudades Autónomas.
Todas las Comunidades presentan la información de forma directa en su Portal de 
Transparencia, que se encuentra bien estructurada, es accesible y comprensible y se 
publica  en  formatos  reutilizables.  Solo  el  44%  de  esta  información  cumple  con  el 
requisito de actualización, bien porque no está datada o porque se trata de información 
muy desactualizada.
B.f.)  Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).
El valor medio del ICIO resultante para las CCAA evaluadas es elevado, un 73,9%, 
aunque con una gran variabilidad ya que una Comunidad alcanza un 91,6% frente a 
Comunidades o Ciudades con índices de cumplimiento en torno al 54%.
A pesar de que el cumplimiento medio en cuanto a la publicación de contenidos 
supera ligeramente el 79%, algunos de los atributos de calidad de la información como 
su  publicación  de  forma  directa,  la  accesibilidad  a  la  misma,  el  uso  de  formatos 
reutilizables o la actualización de la información presentan índices de cumplimiento muy 
inferiores, entre el 66 y el 71%.
El recurso a fuentes de datos centralizadas para la publicación de muchas de las 
informaciones del bloque de Información EPE, la publicación mediante formatos de 
imagen o directamente sobre la propia web y la falta de referencias a la actualización de 
la información son factores que explican el nivel de cumplimiento respecto de los criterios 
de calidad.
Una  cuestión  adicional  es  el  notable  desfase  temporal  de  algunas  de  las 
informaciones  que,  en  algunos  casos,  este  Consejo  ha  considerado  como  un  es
incumplimiento de la obligación de publicar. o
CTo) daTsr alanss CpaCrAenAc ipau cbolimcapnle imnfeonrmtaaricaió yn b audeicniaosn aplr,á rcetliecavas.nte desde el punto de vista de  2021-2116n https://w
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estas informaciones responden a obligaciones fijadas por las normas autonómicas en
esta materia, mucho más exigentes en cuanto a obligaciones de publicidad activa que la 
ley básica estatal.
Entre  las  informaciones  que  un  mayor  número  de  Comunidades  y  Ciudades 
Autónomas publican, cabe destacar, de mayor a menor frecuencia: las Agendas de los 
miembros del Gobierno y Altos Cargos; las declaraciones de bienes y actividades de los 
miembros del Gobierno y Altos Cargos; la relación del personal eventual, con datos que 
permiten  su  identificación  y  conocer  sus  retribuciones,  y  los  gastos  de  viajes  de 
miembros del Gobierno y Altos Cargos.
Y como buenas prácticas identificadas cabe destacar:
– La aprobación de normas de transparencia
– La inclusión de un apartado específico informando sobre la última información 
publicada o sobre la actualización de la información contenida en el Portal.
– La descripción de los contenidos de los distintos accesos y enlaces del Portal de 
Transparencia junto a la publicación de ayudas en forma de explicaciones, preguntas 
frecuentes, buscadores, etc.
– La  indicación  para  algunas  obligaciones  de  la  inexistencia  de  determinada 
información.
– En el caso de la información relativa a los proyectos de normas, la descripción de 
las razones en las que se basa la decisión de regulación para cada uno de los proyectos 
normativos y de los objetivos que persigue la norma.
– La posibilidad que se brinda a la ciudadanía de valorar los contenidos de cada una 
de las páginas existentes en el Portal de Transparencia.
5.  Entidades Locales.
5.1  Planteamiento previo.
La evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de 
las entidades integrantes de la Administración Local que ha efectuado este Consejo, ha 
partido de la selección de tres municipios efectuada por aquellas CCAA que hayan 
atribuido al CTBG el ejercicio de la competencia para resolver las reclamaciones del 
art. 24 de la Ley mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración.
Por las razones apuntadas en las consideraciones preliminares de esta memoria no 
ha resultado posible evaluar 18 municipios, que han quedado reducidos a 11. Evaluación 
que se ha realizado mediante la aplicación de la metodología MESTA y centrada en el 
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la LTAIBG.
5.2  Resultados.
A)  Localización y estructuración de la información.
Los  once  municipios  evaluados  disponen  de  un  acceso  específico  para  la 
información  sujeta  obligaciones  de  publicidad  activa.  Sin  embargo,  uno  de  ellos 
posiciona al visitante en la página web de su correspondiente Diputación provincial. Esta 
dispersión no ha contribuido a facilitar la localización de la información que, además, se 
presentaba en su mayor parte desactualizada.
En  cuanto  a  la  estructuración  de  la  información  incluida  bajo  estos  accesos 
específicos de transparencia seis estructuran el acceso de transparencia de acuerdo con 
los indicadores establecidos por Transparencia Internacional España (TI); y los restantes  s
conforme al patrón que definen sus ordenanzas municipales o de modo organizado pero  oe.
sin ajustarse exactamente a los bloques de información que definen la LTAIBG o su  w.
ninoformrPmaoa ra cuioótotnrno só umljaeidctaao .,a  epnu blcicinidcaod  adcet ivloas a l omnacreg emn udneilc iapciocse soe veaslpueacdíofisc o sdee  thraa nslopcaareliznacdiao.   2021-2116n https://w
Yco cnu caatrroá cdteer  eglelonse mraal,n ntioe nhean s ipduob plicoasdibale i ntefonremr aecnió cnu ean qtau.e carece de actualización y que,  BOE-A-cable e
B)  Cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
B.a)   Información IOP y Registro de Actividades de Tratamiento.
La  proporción  de  informaciones  publicadas  correspondiente  a  este  bloque  de 
obligaciones alcanza casi un 64%. La falta de publicación de información vinculada al 
grupo planificación y en particular, la relativa al grado de cumplimiento y resultados de 
los  planes  y  programas,  así  como  la  ausencia  de  publicación  del  inventario  de 
actividades de tratamiento son los factores que explican el déficit de cumplimiento en 
este bloque de obligaciones.
Por  lo  que  respecta  a  la  calidad  de  la  información,  únicamente  un  39%  de  la 
información se publica en formatos reutilizables y un 40% no contiene referencias a la 
fecha de actualización.
El nivel global de cumplimiento en este bloque de obligaciones alcanza el 63,5%.
B.b)  Información de relevancia jurídica.
La  proporción  de  informaciones  obligatorias  publicadas  es  muy  inferior  en  este 
bloque:  un  16,2%.  Este  valor  promedio  se  explica  porque  en  cinco  de  los  once 
municipios no ha resultado posible localizar información respecto de este grupo de 
obligaciones.
En cuanto a la calidad de la información publicada, se observa cierto margen de 
mejora en cuanto a la utilización de formatos reutilizables y referencias que permitan 
conocer su grado de actualización.
El nivel de cumplimiento global de este grupo de obligaciones es muy bajo: un 16,3 %.
B.c)  Información EPE.
En este bloque de obligaciones vuelve a aumentar la proporción de informaciones 
publicadas,  pero  sin  llegar  a  alcanzar  el  porcentaje  del  bloque  de  información 
institucional,  organizativa  y  de  planificación:  un  50,9%.  Ninguno  de  los  municipios 
evaluados cumple con la totalidad de las obligaciones de este grupo.
Respecto de la calidad de la publicación de las informaciones obligatorias, en este 
bloque de obligaciones los dos principales déficits se localizan en la forma de acceso a la 
información – más del 57% de las informaciones no se publica de manera directa en el 
Portal sino que los enlaces dirigen a otras webs para localizarla (contratación, cuentas 
públicas e informes de auditoría y fiscalización, principalmente) y como consecuencia de 
esto, una proporción similar de informaciones presentan dificultades de acceso. Otro 
déficit  observado  es  que  parte  de  la  información  no  se  proporciona  en  formato 
reutilizables.
B.d)  Información sobre bienes patrimoniales.
Diez de los once municipios evaluados cumplen con la obligación de publicar este 
tipo de información, bien mediante una relación específica de bienes inmuebles (de 
naturaleza urbana y rústica), bien a través de la publicación del inventario municipal.
Los diez municipios que publican esta información la presentan de forma directa, es 
accesible y comprensible. Sin embargo, poco más del 45% cumple con el requisito de 
reutilización y solo la mitad con el de actualización.
B.e.)  Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO). e
El valor medio del ICIO de los municipios evaluados es bajo, se sitúa en el 49%,  w.
dacoeuncni qru,u nlea   ícmnodintiac deu  nddaee  g locrsau nma ypvualinmritaaiebmnilitiedona dtdoe syl  ap2 r8qe,us7ee%n u.t anEn lm  uIunCn InOiciv ipemilo ed daeil accnauonm zspael im usniie tú8na7to ,7 eig%nu  aefrll  eo3n 6tine,8f ea%r i,oo rter oas    2021-2116n https://w
esta proporción.
La falta de publicación de informaciones obligatorias explica fundamentalmente la 
puntuación alcanzada y en un segundo plano, la publicación mediante formatos de 
imagen o directamente sobre la propia web, el recurso a fuentes de datos centralizadas 
para la publicación de muchas de las informaciones del bloque Información EPE, y la 
falta de referencias a la actualización de la información.
C)  Transparencia complementaria y buenas prácticas.
Todos los municipios evaluados publican información adicional, relevante desde el 
punto de vista de la Transparencia, que va más allá de las informaciones obligatorias que 
recoge  la  LTAIBG,  si  bien  en  la  mayor  parte  de  los  casos  no  cabe  tratarla  como 
transparencia  voluntaria,  en  la  medida  en  que  estas  informaciones  responden  a 
obligaciones fijadas por las normas autonómicas o sus propias ordenanzas en esta 
materia, mucho más exigentes en cuanto a obligaciones de publicidad activa que la ley 
básica estatal. Y en ocasiones, esta información adicional deriva de las obligaciones 
impuestas por normas de aplicación al ámbito local como la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local (LBRL).
Entre las informaciones que un mayor número de municipios publican, cabe destacar, 
de mayor a menor frecuencia: Plenos municipales, planeamiento urbanístico, relación de 
puestos de trabajo, información sobre empleo y procesos selectivos, Agendas, órdenes 
del día y actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local Gastos de viajes y dietas 
Plazas e Identificación de personal eventual Flota de vehículos adscritos al Ayuntamiento 
Composición del Comité de empresa Gastos en campañas de publicidad, promoción y 
comunicación institucional e Información medioambiental urbana.
Como buenas prácticas identificadas cabe destacar las siguientes:
– Aprobación de una ordenanza de transparencia o una Carta de Servicios en 
materia de transparencia.
– Inclusión de textos introductorios o explicativos.
– Inclusión de la fecha de la actualización en los documentos incorporados a la web.
– Elaboración y publicación de una Memoria anual de Transparencia.
– Inclusión dentro del Portal de Transparencia de un bloque dedicado a la última 
información publicada.
– Inclusión  de  buscadores  con  varios  filtros  para  facilitar  la  localización  de  la 
información.
– Proporcionar la información en más de un formato reutilizable.
6.  Sujetos privados.
6.1  Planteamiento previo.
En 2019 se ha decidido ampliar el ámbito subjetivo de la evaluación a una muestra 
de un grupo de sujetos del artículo 3 de la LTAIBG: las entidades que durante el 
año 2019 recibieron subvenciones o ayudas públicas por una cuantía superior a 100.000 
euros.
6.2  Metodología.
Para  la  realización  de  la  evaluación  se  han  seleccionado  aleatoriamente  55 
entidades a partir de una muestra de 644 que en 2019 habían percibido subvenciones o 
ayudas públicas de la AGE –incluidos organismos dependientes– por un importe superior  e.
a 100.000 euros. w.b
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ADseopcoiratcivioans,e sc, utraetrso  SoFcuineddaacdieosn eCso oyp etrraetcivea sO, rvgeainntiizcainccioon Eesm pNreos aGs,u bcienrcnoa mFeednetarlaecsi on(eens 
adelante ONG).
De nuevo, la metodología empleada para la evaluación de la publicidad activa de las 
entidades seleccionadas ha consistido en el análisis directo de webs de éstas por parte 
del Consejo aplicando la metodología MESTA.
6.3  Resultados.
Una cuestión previa a reseñar es que solo ha sido posible evaluar a 32 de las 55 
entidades seleccionadas. En tres casos o bien la entidad carecía de página web o no ha 
sido  posible  localizarla.  En  otros  cuatro  la  información  contenida  relacionada  con 
obligaciones de publicidad activa era anecdótica y en el resto no se ha localizado ningún 
tipo de información evaluable. Probablemente, este déficit de información tenga como 
causa  el  desconocimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  a  las  que  las 
entidades subvencionadas se encuentran sujetas. Es por ello que este CTBG ha cursado 
una carta informativa a todas aquellas entidades seleccionadas con página web y sin 
información evaluable.
A)  Localización y estructuración de la información obligatoria.
Casi  una  cuarta  parte  de  las  entidades  evaluadas  carece  de  banner  o  enlace 
específico que permita a los ciudadanos localizar con facilidad la información relativa a 
transparencia de la entidad.
Por lo que respecta a la estructuración de la información, salvo dos entidades 
ninguna  se  ajusta  al  patrón  definido  por  la  LTAIBG  aunque  la  información  está 
organizada y es de fácil localización. En general, parte de la información sujeta a 
obligaciones de publicidad activa se encuentra fuera del portal de transparencia de las 
entidades.
B)  Información IOP.
El nivel de cumplimiento de este grupo de obligaciones alcanza el 60,8%. El conjunto 
de entidades evaluadas publica el 75,8% de las informaciones obligatorias. Por encima 
de este nivel se sitúan las Cooperativas y las Fundaciones, las Federaciones Deportivas 
y las Asociaciones. En cuanto a la calidad de la información, el escaso uso de formatos 
reutilizables – en general la información se publica directamente en la web– y la falta de 
referencias  a  la  datación  y  actualización  o  revisión  de  la  información  son  los 
componentes que explican en mayor medida el nivel de cumplimiento alcanzado.
C)  Información EPE.
El cumplimiento de este bloque de obligaciones por parte del conjunto de entidades 
evaluadas alcanza un 42,2%. Las Cooperativas y las Federaciones Deportivas presentan 
un mejor desempeño que las restantes entidades, mientras que en la posición contraria 
se sitúan las empresas.
La principal diferencia con el bloque de información IOP es la falta de publicación de 
informaciones obligatorias. Nuevamente las Cooperativas y las Federaciones Deportivas 
presentan el mejor desempeño.
Por tipo de información,  la información  relativa a  los contratos adjudicados por 
administraciones públicas es la que presenta un menor nivel de cumplimiento. Por el 
contrario la información relativa a las cuentas anuales e informes de auditoría externa es 
la que en mayor medida se publica.
D)  Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO). bo
LaTlcAaIEnBlz Gaín  iedmli cp6eo0 n%dee   alac  eupsmrtoepp ltiomiprcoiei óndnteo  d eegn lotcidboaandlt eednsei d poluases d ooebb licglioganatosciridiooensre apsr sudebe limc apedudobiosli-c,b ifdauajnodd,  auamnc tei4vn9at,a 9lq%mue.e n Ntlaeo    2021-2116n https://w
tal y como se ha indicado, por la falta de publicación de informaciones obligatorias en el
bloque de Información EPE. Bc
Con  la  excepción  de  las  Cooperativas,  las  Federaciones  Deportivas  y  las 
Asociaciones el cumplimiento de las entidades evaluadas puede considerarse bajo, entre 
el 37 y el 50%. Es especialmente relevante el escasísimo recurso a formatos reutilizables 
a  la  hora  de  publicar  la  información  obligatoria:  así  como  la  existencia  de  alguna 
referencia  que  permita  a  las  personas  interesadas  en  consultarlas  saber  si  están 
vigentes o no lo están.
Con estos resultados, a juicio de este Consejo queda un amplio margen de mejora 
en la observancia de las obligaciones legales que estas entidades tienen en materia de 
publicidad activa.
6.4  Transparencia complementaria y buenas prácticas.
Además  de  las  informaciones  obligatorias,  los  sujetos  obligados  por  la  LTAIBG 
suelen publicar información adicional no sujeta a obligaciones de transparencia. Así, 
veinticuatro entidades de las treinta y dos evaluadas publican este tipo de información 
cuyos contenidos varían según el tipo de entidad.
Como buenas prácticas destacan la descripción de las funciones que desarrollan las 
unidades  integrantes  de  sus  estructuras  organizativas.  También  cabe  destacar  la 
publicación de gran número de documentos en lenguaje accesible, la explicación de los 
contenidos  de  las  páginas  que  abren  los  enlaces  localizados  en  el  Portal  de 
Transparencia y finalmente, la estructuración de la información de transparencia y el 
hecho de señalar expresamente para aquellas obligaciones en las que no ha habido 
actividad.
CAPÍTULO III
Respuesta ciudadana
1.  Planteamiento.
Una cuestión que se viene observando desde la entrada en vigor de la LTAIBG es la 
baja participación de las mujeres en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. Esta constatación procede no solo de las reclamaciones que recibe y tramita 
este CTBG, sino también de los restantes Órganos Garantes así como de diversos 
gestores de transparencia en todo el Estado.
Por esta razón, el Consejo ha decidido abordar un estudio con la finalidad de 
identificar las causas que pueden motivar esta escasa participación de las mujeres en el 
ejercicio del derecho de acceso.
Los principales hallazgos de dicho estudio se presentan a continuación.
2.  Metodología.
Para abordar el estudio se ha partido de una muestra de 3.828 reclamaciones 
presentadas ante el CTBG y la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública 
(CVAIP) entre los años 2015 y 2019.
Por otra parte y dado que en España no se dispone de encuestas que permitan 
identificar específicamente para el derecho de acceso los factores que explicarían el 
grado de participación de las mujeres en este ámbito concreto, ha sido necesario recurrir 
a  algunos  estudios  internacionales  que  permiten  identificar  algunos  factores  que 
condicionan para las mujeres el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información. s
Finalmente, ante la carencia de datos específicos de acceso en España, se ha  o
recurrido a estudios que indagan estas cuestiones en otros ámbitos que pueden ser  w.
tehrqiapunóisptepasariraseb ndlecesia ,q  ucnoeon  edclre ejpataa mtdróeen ns tedere  l auc nopama phrtoeicrritrpaaammciiieeónnntt oap  oddleeítb icceaor ínadt reso ell ard sse ilmm piuloajder.er erA sla,  lf pinsa eryrti veaicnl idoco a dbdeoe , l ollaas    2021-2116n https://w
ciudadanos y la exigencia de información en consecuencia, una forma de participación
política.
3.  Principales resultados.
– A lo largo de los años de vigencia de la LTAIBG, se ha constatado una participación 
minoritaria de las mujeres en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Aunque  el  número  de  solicitudes  y  reclamaciones  presentadas  por  mujeres  ha 
aumentado en términos absolutos entre 2015 y 2018, que es el periodo de tiempo 
analizado, en términos relativos se sitúa de manera estable en torno al 25%.
Los resultados del análisis de la muestra de 3.828 reclamaciones dirigidas al CTBG y 
a  la  CVAIP  sitúa  la  proporción  de  mujeres  reclamantes  en  un  20%  en  promedio, 
aumentando, en el caso de las reclamaciones presentadas contra las resoluciones de las 
CCAA con las que tiene convenio este CTBG, hasta el 26,4%.
– Los resultados del análisis de la muestra de reclamaciones constatan la existencia 
de diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al tipo de información que solicitan y 
al sector de política pública o ámbito material en que esta información se encuadra.
Sin embargo no existe un patrón común y único para hombres y mujeres respecto de 
la información que solicitan. Esta información varía para los hombres y para las mujeres 
en función del territorio de procedencia y del rol con el que actúan al solicitar esta 
información: ciudadano, periodista, organización de la sociedad civil, etc.
En el caso de las personas físicas, los hombres demandan más de lo esperable 
información  sobre  actos  administrativos,  trámites,  procedimientos  o  actuaciones  de 
inspección  y  control,  denuncias  y  en  el  ámbito  del  empleo  público  sobre 
incompatibilidades  y  procedimientos  disciplinarios  mientras  que  en  el  caso  de  las 
mujeres se demanda en mayor medida de la esperable información sobre procesos 
selectivos y retribuciones de empleados públicos. Y por lo que respecta a la política 
pública o ámbito material en el que se inscribe la reclamación, los hombres que solicitan 
información actuando como ciudadanos a título personal, se inclinan en mayor medida 
de  la  esperable  por  solicitar  información  sobre  políticas  de  cultura-deportes-ocio-
juventud, puertos, seguridad ciudadana y política de transparencia e integridad mientras 
que las mujeres se interesan en mayor medida por informaciones relativas al empleo 
público, energía o infraestructuras en genera.
 Los estudios internacionales utilizados no aportan excesivas evidencias en cuanto a 
los factores que determinan una mayor o menor participación de las mujeres en el 
ejercicio del Derecho de Acceso.
A  partir  de  los  resultados  del  estudio  descriptivo  elaborado  por  la  Red  de 
Transparencia de América Latina y Caribe (RTA), se deduce que de los factores que 
normativamente se asocian a la existencia de una brecha de género en el acceso a la 
información pública (desarrollo de los sistemas de acceso, nivel educativo, brecha digital 
y características de la ocupación laboral) parece que a priori los más determinantes son 
el desarrollo de los sistemas de acceso y la mayor carga de trabajo total (productivo más 
reproductivo) de las mujeres. Por otra parte, el estudio ha confirmado las diferencias 
entre hombres y mujeres en cuanto a la información pública que solicitan, estando esta 
diferencia asociada a los roles de género.
Ambas cuestiones se confirman para España al efectuar un estudio descriptivo de las 
mismas variables:
– Por lo que respecta al desarrollo de los sistemas de acceso a la información 
pública, la LTAIBG tiene un recorrido de 5 años. Sin embargo este corto recorrido no  e.e
explicaría  totalmente  las  diferencias  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  b
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qlause m puojderríeasn e enx ppalicrtaicr uelal rm, deenlo ar cucseos op oar l ap ainrtfeo rdmea claió cni updúabdliacnaí ae ne En sgpeanñear.al y por parte de
– En cuanto al nivel educativo, alcanzado por las mujeres, tampoco tendría a priori 
en España suficiente capacidad explicativa en cuanto al uso de los sistema de acceso a 
la  información  pública.  Hasta  los  54  años  la  proporción  de  mujeres  con  estudios 
terciarios es muy superior a la de los hombres. A partir de los 55 años los hombres con 
formación universitaria superan en 2,6 puntos porcentuales a las mujeres con ese mismo 
nivel formativo.
El mismo patrón se repite cuando se analizan los datos de egresados según nivel 
formativo en el curso académico 2017-2018.
– Por lo que respecta a la brecha digital, en España tampoco existen grandes 
diferencias entre hombres y mujeres. En todo caso se observan una serie de cuestiones 
que podrían actuar como elementos causales del menor acceso de las mujeres a la 
información pública, relacionados con el dispositivo utilizado para acceder a Internet o el 
procedimiento de identificación para el acceso a servicios de internet.
– Finalmente, la relación de las mujeres con la actividad económica, también parece 
tener efectos limitados en un mayor acceso de éstas a la información pública. En España 
existe una mayor concentración de mujeres en el sector servicios. Sin embargo, la mayor 
presencia  femenina  en  los  empleos  de  menor  cualificación  se  compensa  por  una 
también mayor presencia femenina en las ocupaciones de mayor cualificación.
Lo que sí parece tener relevancia, aunque el estudio de la RTA señala que sería 
necesario profundizar en la cuestión, es el hecho de que el trabajo total de las mujeres, 
tanto reproductivo como productivo, es más elevado que el de los hombres, y eso si 
podría explicar en parte, la dificultad de acceso a la información.
No es posible contrastar esta hipótesis para España. Lo que sí es comprobable, es 
que también aquí el tiempo de trabajo total de las mujeres supera al de los hombres. En 
España, las mujeres dedican un 85% más de horas que los hombres al trabajo no 
remunerado, su tiempo de trabajo total es un 12% más elevado que el de los hombres. 
El tiempo de trabajo total de las mujeres que trabajan a tiempo parcial es un 37,7% más 
elevado que el de los hombres con la misma jornada. Para las mujeres con jornada 
completa esta proporción desciende al 14%.
Del «Estudio General de Transparencia» de Chile, puede concluirse que aunque las 
características personales, el conocimiento de los sistemas de acceso y su valoración 
inducen  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  las  mujeres  que  solicitan 
información y las que no lo hacen, la asociación entre estas variables y el hecho de 
solicitar información es muy débil, por lo que no se puede concluir que determinen de 
manera clara la disposición a solicitar información pública. Lo mismo ocurre cuando se 
compara a hombres y mujeres.
Así mismo, el estudio de Chile evidencia las diferencias entre hombres y mujeres en 
cuanto a la información que consideran de interés.
El estudio de México, presenta más limitaciones que el chileno en cuanto a las 
evidencias que aporta, básicamente porque no incluye muchas de las posibles variables 
explicativas identificadas por el estudio de la RTA y por el hecho de que el número de 
personas  encuestadas  que  declaran  haber  solicitado  información  pública  sujeta  a 
obligaciones de transparencia, es realmente pequeño, 598 sobre una muestra de 12.306 
personas.
– Los modelos resultantes de los análisis de regresión logística aplicados a los casos 
chileno y mejicano, tienen muy poca capacidad explicativa, lo que corrobora que estos 
estudios no incluyen variables relevantes para conocer qué factores determinan que las  e
mujeres ejerciten, o no, su derecho de acceso a la información pública. bo
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vista de estos tres estudios, es que cuando la normativa sujeta a obligaciones de
transparencia información relativa a servicios y prestaciones y más concretamente a los
requisitos de acceso, cuantías y trámites, información que es relevante para las mujeres, 
estas ejercitan en mayor medida el derecho de acceso.
– Ante la carencia de estudios específicos nacionales, se ha optado por analizar las 
actitudes de las mujeres españolas en otros ámbitos de participación, concretamente las 
actitudes de las mujeres frente a la participación política.
Para este análisis se ha aplicado el modelo de Barbagli y Macelli, que diferencia 
entre la participación política visible que contempla todas aquellas actividades orientadas 
a influir en la esfera pública como pueden ser el hecho de votar en unas elecciones o la 
afiliación a un partido político y la participación política invisible que se relaciona con la 
cultura  política  de  los  ciudadanos  definida  básicamente  por  las  actitudes  de  la 
ciudadanía  hacia  la  política  expresadas  a  través  del  interés  hacia  la  política  y  la 
percepción de la propia capacidad para entender o influir en la política. A su vez, en el 
análisis de la participación política invisible se ha aplicado el modelo de análisis de la 
desafección política propuesto por Torcal y Montero, modelo que contempla el interés por 
la  política,  la  apreciación  del  grado  de  respuesta  gubernamental  a  las  demandas 
ciudadanas y la percepción de la capacidad personal para entender la política.
En lo que respecta a la participación política invisible, las variables que inducen 
claramente diferencias significativas entre las mujeres y entre éstas y los hombres, son el 
interés por la política y la percepción de la capacidad personal para entenderla.
Ser mujer disminuye la probabilidad de considerar que se tiene una idea clara de los 
principales problemas del país en un 6,64%, incrementa en un 9,37% la probabilidad de 
considerar que los demás están mejor informados acerca de la política y el gobierno y 
disminuye la probabilidad de tener interés por la política en un 8%.
Si el análisis se centra en las mujeres exclusivamente, los resultados indican que las 
características personales parecen tener escasa influencia.
Las tres variables (interés por la política, percepción de la capacidad de influir sobre 
el  gobierno  y  percepción  de  la  aptitud  personal  para  entender  la  política),  están 
interrelacionadas,  pero  la  valoración  de  la  capacidad  personal  para  comprender  la 
política es determinante en el interés por esta entre las mujeres. Por cada punto que 
aumenta el índice de eficacia interna aumenta un 16% la probabilidad de que una mujer 
esté interesada por la política. Y el interés por la política es determinante respecto de la 
participación política visible.
Finalmente por lo que respecta a la participación política visible, el análisis de la 
distancia de género respecto de las tres formas de participación analizadas, arroja 
resultados positivos para las mujeres entre los 25 y 55 años si esta participación se 
concreta en firmar una petición o asistir a una manifestación.
Y  se  corrobora  analíticamente  respecto  de  la  primera  actividad:  las  mujeres 
presentan  una  probabilidad  un  14,4%  más  elevada  de  firmar  una  petición  que  los 
hombres.  Pero  en  la  participación  de  las  otras  dos  actividades  analizadas,  no  se 
observan probabilidades estadísticamente diferentes entre hombres y mujeres.
Como  se  ha  indicado,  la  variable  más  determinante  en  las  tres  formas  de 
participación política invisible analizadas es el interés por la política. También influye la 
percepción de la capacidad personal para participar en política. Por cada punto que 
aumenta el Índice de Eficacia Interna se incrementa un 3,12% la probabilidad de que una 
mujer firme una petición, un 4,49% de que asista a una manifestación y un 5,27% de que 
asista a un mitin.
Por lo que respecta a las características personales, el nivel formativo es la que  e
parece tener una mayor influencia, salvo para la probabilidad de asistencia a un mitin.  bo
Las variables proxies al trabajo reproductivo y total de las mujeres (tamaño del hogar,  w
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utilizada de preguntas que la midiesen de manera directa.
CAPÍTULO IV
Conclusiones y recomendaciones
1.  Conclusiones generales.
– Se constata el valor y la utilidad de la evaluación como herramienta de mejora en 
el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Como consecuencia de las evaluaciones realizadas el pasado año, el Índice de 
Cumplimiento de la Información Obligatoria  de  las organizaciones evaluadas se ha 
incrementado casi en un 25%, pasando de un 62 a un 77,3% en promedio.
Entre las 33 entidades evaluadas este año, que aplicaron las recomendaciones 
efectuadas  durante  el  periodo  de  observaciones  a  los  borradores  de  informes  de 
evaluación, el ICIO medio ha pasado del 38 al 65,6%, un incremento 27,6 puntos 
porcentuales.
– A pesar de que se observa una evolución positiva en los últimos años en cuanto al 
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa,  sigue  existiendo  un  amplio 
margen de mejora para todos los grupos de sujetos obligados evaluados.
– La  ampliación  tanto  cuantitativa  como  cualitativa  del  ámbito  subjetivo  de  la 
evaluación proporciona una visión más global de la situación de la transparencia activa 
en nuestro país. Se ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa 
de  139  entidades,  179  si  se  consideran  las  reevaluaciones  derivadas  de  las 
modificaciones  introducidas  por  las  entidades  que  aplicaron  recomendaciones  del 
Consejo durante el periodo de observaciones, lo que supone un importante incremento 
respecto de años anteriores. Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado, la evaluación 
sigue teniendo un alcance limitado como consecuencia de la carencia de recursos en el 
Consejo.
2.  Conclusiones por grupos.
2.1  Órganos constitucionales y AAI.
La AEPD ha realizado un esfuerzo para incorporar las recomendaciones efectuadas 
por este Consejo. De hecho de las ocho recomendaciones efectuadas se ha implantado 
un 37,5% del total.
Entre  las  recomendaciones  implantadas  cabe  destacar  la  organización  de  la 
información contenida en el Portal de Transparencia a la estructura definida por la 
LTAIBG, la inclusión de una referencia expresa a la carencia de bienes patrimoniales por 
parte de la entidad y muy especialmente la incorporación de referencias a la fecha de 
actualización de la información contenida en las distintas páginas que integran el Portal 
de Transparencia de la AEPD.
A pesar de este esfuerzo el ICIO de la AEPD ha disminuido, pasando de un 91,9 a 
un  87%,  como  consecuencia  de  la  falta  de  publicación  de  algunas  informaciones 
obligatorias, así como la utilización de formatos no reutilizables, especialmente en el 
bloque Información Institucional, Organizativa y de Planificación.
2.2  Administración General del Estado.
A)  Datos del Portal AGE en materia de publicidad activa.
En 2019 se mantiene la tendencia de crecimiento iniciada en 2017. El incremento del  e
número de visitas respecto de 2018 es de 267.568 –un 43,8% más– y el de páginas  bo
visitadas de 364.573 –un 9,6% más–. w
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B)  Gestión de las solicitudes de acceso a la información pública:
La  principal  conclusión  es  la  gran  variabilidad  existente  en  la  gestión  de  las 
solicitudes de acceso en todas las fases del procedimiento. Por otra parte tampoco se 
observa un patrón común de actuación en función del canal de presentación de las 
solicitudes.
Analizando desde ambas perspectivas se observan las siguientes cuestiones:
– En  la  fase  de  presentación  un  33,3%  de  las  UIT  que  tramitan  solicitudes 
presentadas por medios alternativos al Portal AGE dan de alta la solicitud en GESAT el 
mismo día en que esta se presenta, otro 33,3% tarda entre uno y tres días hábiles y el 
restante 33,3% demora el alta entre cuatro y nueve días. La misma variabilidad se 
produce cuando se analizan los datos según canal de presentación. Así el 50% de las 
solicitudes presentadas a través del canal presencial tardan entre 4 y 9 días en ser 
dadas de alta mientras esta proporción disminuye hasta el 25% para las solicitudes 
presentadas mediante Registro Electrónico.
– En la fase de tramitación, además de la constatación de que no se solicitó la 
subsanación de las incidencias que presentaban algunas de las solicitudes, existen 
cuestiones adicionales, que también presentan una gran variabilidad.
Por un lado, el tiempo que tarda en efectuarse la comunicación del inicio de la 
tramitación.  Un 12,5% de las UITs tardaron entre 1 y 3 días hábiles en comunicar el 
inicio de la tramitación, la mitad entre 4 y 9 días y el 37,7% restante entre 10 y 19 días.
Una  posible  explicación  de  estas  diferencias  puede  fundamentarse  en  que  la 
información solicitada requiera por su complejidad, un mayor tiempo para identificar 
claramente  los  contenidos  que  se  están  solicitando  o  el  órgano  competente  para 
proporcionarla. Pero en este caso esto no explicaría las diferencias ya que se ha 
solicitado la misma información y el órgano competente para proporcionarla también es 
el mismo.
Por otro lado, también existe variabilidad en cuanto a la fecha de presentación de la 
solicitud que aparece reflejada en la comunicación del inicio de la tramitación.  La mitad 
de las UITs reflejan la fecha real de la solicitud presentada, pero entre las presentadas 
mediante Registro Electrónico un 37,5% demora esta fecha entre uno y tres días hábiles, 
un 12,5% entre 4 y 9 días y la misma proporción entre 10 y 16 días. En el 100% de las 
solicitudes presentadas a través del Portal de Transparencia coinciden la fecha real y la 
fecha consignada en la comunicación de inicio de la tramitación.
Estos días de diferencia implican una ampliación de facto del tiempo de tramitación.
– Esta  misma  variabilidad  se  refleja  en  la  forma  de  abordar  otras  cuestiones 
relacionadas con la respuesta dada a las solicitudes:
– Una  UIT  actúa  al  margen  del  procedimiento  establecido  por  la  LTAIBG  sin 
ajustarse a la Guía Básica de tramitación de solicitudes de acceso a la información 
pública, elaborada por la Dirección General de Gobernanza Pública.
– En dos UITs, las resoluciones se firman por cargos con rango inferior a Director 
General, en una de ellas figura la persona que firma pero no el cargo.
– En dos UITs se resuelve con anterioridad a la fecha de comunicación del inicio de 
la tramitación.
– Una UIT concede e inadmite simultáneamente en función de la disponibilidad o no 
de la información solicitada.
– Cinco  UITs  proporcionan  explicaciones  sobre  las  razones  por  las  que  no  se  s
concede determinada información, las restantes no lo hacen. oe.
– 10 UITs explican la equivalencia entre los datos que se solicitaron y los que se  w.
upnroap –Uo rI1cT7i os nUí alIoTn s p( lranosop  orperrcsoitopanonartec.iso nnaon lo e hl amciesnm).o dato arguyendo su no disponibilidad mientras  2021-2116n https://w
2.3  Otras entidades de derecho público.
A)  Consejos Generales de Colegios Profesionales.
Menos de la mitad de los Consejos han creado en sus webs institucionales Portales 
de Transparencia que centralicen la información sujeta a obligaciones de publicidad 
activa. Esto implica que, en la mayoría de los casos, los ciudadanos interesados en 
conocer esta información se vean obligados a recorrer estas webs institucionales para 
localizarla.
A  pesar  de  que  en  ocasiones  la  información  publicada  en  los  Portales  de 
Transparencia de los Consejos en general no se ajusta exactamente a la estructura que 
establece la LTAIBG, la información que se ofrece está estructurada y es fácilmente 
localizable.
Por lo que respecta al nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa 
por parte de los Consejos Generales de los Colegios Profesionales, puede considerarse 
muy bajo, un 34,3%. Es importante destacar que este nivel de cumplimiento se ha 
alcanzado  tras  haber  aplicado  veinte  Consejos  todas  o  la  mayoría  de  las 
recomendaciones  efectuadas  por  este  CTBG  en  los  correspondientes  informes  de 
evaluación. La aplicación de estas recomendaciones ha sido aceptada dado que se 
realizaron durante el periodo concedido para efectuar observaciones a los borradores de 
informes de evaluación elaborados por el CTBG. Si no se hubiesen tenido en cuenta, el 
Índice  de  Cumplimiento  de  la  Información  Obligatoria  (ICIO)  se  habría  situado 
ligeramente por encima del 26%.
Este escaso cumplimiento deriva fundamentalmente de la falta de publicación de 
informaciones obligatorias, especialmente del bloque de Información Económica que 
pudiera atribuirse a cierto desconocimiento de la información que deben publicar y 
también a confusión en la interpretación de las obligaciones de la LTAIBG que les 
resultan de aplicación, cuestiones ambas que se han intentado aclarar tanto en los 
informes elaborados como en las contestaciones a las observaciones formuladas. A ello 
se añade la elevada proporción de informaciones publicadas directamente en la web o 
en formato de imagen – y por lo tanto no reutilizables– así como la inexistencia de 
información que permita a las personas que consultan los Portales de Transparencia 
conocer si la información está actualizada o no lo está.
Parte de los Consejos Generales evaluados publican en sus webs institucionales, 
bien en su Portal de Transparencia o en otros accesos y enlaces, información adicional a 
la sujeta a obligaciones de publicidad activa que es relevante desde el punto de vista de 
la transparencia, aunque en ocasiones esta información resulta de obligada publicación 
según  lo  establecido  en  otras  disposiciones  (Ley  2/1974,  de  13  de  febrero,  sobre 
Colegios Profesionales) o en su normativa interna).
Una cuestión que quiere destacar este Consejo y que merece una valoración muy 
positiva,  es  la  proactividad  de  más  de  un  tercio  de  los  Consejos  evaluados  en  la 
aplicación  total  o  parcial  de  las  recomendaciones  realizadas  incluso,  como  se  ha 
indicado, durante el periodo de observaciones a los informes de evaluación así como la 
predisposición a aplicarlas a corto plazo manifestada por otros muchos Consejos.
B)  Revisión  del  cumplimiento  de  las  recomendaciones  efectuadas  en  2019  a 
organismos públicos.
De las 178 recomendaciones efectuadas se han aplicado 91 lo que supone un 51,1% 
del total. e.
El grado de aplicación de estas recomendaciones varía de un grupo de entidades a  w.
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proporción es del 59,6%.
Esta  decisión  de  implantar  las  diferentes  recomendaciones  se  ha  reflejado  en 
términos generales, en una notable mejora en la observancia de las obligaciones de 
transparencia y en el índice de cumplimiento de la información obligatoria. En promedio 
el  ICIO  del  conjunto  de  entidades  ha  aumentado  en  casi  17  puntos  porcentuales, 
también con diferencias entre los dos grupos. En el Grupo 1 este incremento ha sido 
de 8,5 puntos porcentuales y en el Grupo 2 de casi 21 puntos porcentuales.
El nivel de cumplimiento total es de un 76,8% (frente al 60% del año 2018), en el 
grupo 1 se ha pasado de un 68 a un 76,5% mientras que en el grupo 2 el ICIO ha 
evolucionado de un 56,5 a un 77,4%.
No  obstante  siguen  subsistiendo  algunas  áreas  de  mejora,  ya  señaladas  en  la 
evaluación realizada en 2018:
– Todavía algunos organismos carecen de un enlace específico de transparencia y 
en algunos casos la información sigue sin estar organizada de manera que se facilite su 
localización.
– A pesar de la mejoría en cuanto a la publicación de las informaciones obligatorias 
el nivel de cumplimiento medio en este apartado se sitúa en el 84%, es decir sigue 
existiendo un nivel de incumplimiento del 16%.
– Los principales déficits en el cumplimiento de la obligación de publicar se localizan 
en la información relativa a Planificación –especialmente la publicación de los resultados 
del seguimiento y evaluaciones de Planes y Programas–, el Registro de Actividades de 
Tratamiento –básicamente porque no se cumplen los requisitos de publicación definidos 
en el Reglamento Europeo de Protección de Datos– y los datos estadísticos sobre los 
contratos realizados según procedimiento de licitación y la ejecución presupuestaria.
– Una cuestión adicional es que a una proporción importante de la información no se 
accede de manera directa desde la web de la entidad.
En cuanto a los requisitos de calidad de la información los aspectos más destacables 
son  la  falta  de  referencias  a  la  actualización  de  la  información  –que  en  muchas 
ocasiones tampoco está datada–, el uso de formatos no reutilizables –publicación directa 
en la web o uso de pdf de imagen– y finalmente los problemas de accesibilidad a la 
información cuando esta procede de fuentes centralizadas o se redirige desde la web del 
organismos al Portal AGE.
No  obstante,  este  CTBG  valora  muy  positivamente  el  esfuerzo  realizado  en  la 
aplicación de sus recomendaciones y en la mejora del nivel de cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa. Es especialmente destacable el esfuerzo realizado por 
las entidades UMIVALE, Suelo Empresarial del Atlántico, CESCE y SOLIMAT.
2.4  Comunidades Autónomas.
A)  Órganos garantes.
Durante  2019  se  han  formulado  2.121  reclamaciones  frente  a  solicitudes  de 
información  pública  resueltas  por  organismos  y  entidades  públicas  de  ámbito 
autonómico.  El  número  es  superior  al  registrado  en  el  año  2018,  en  el  que  se 
presentaron 1.666 reclamaciones, lo que supone un incremento del 27%. No obstante, 
debe matizarse que dichos datos procedían de nueve Consejos/Comisionados y no 
de  10  como  en  la  anualidad  a  la  que  se  refiere  esta  Memoria.  Si  se  comparan 
exclusivamente  los  datos  de  las  CCAA  que  han  suministrado  datos  de  ambas 
anualidades, se mantiene este incremento aunque en menor cuantía: un 9%. e.e
El número de reclamaciones resueltas ha sido de 1.954 quedando pendientes de  b
tnrreúasmmueeitarltoar  s6d 4ere4 sr epecexlpcatemod aidecenio ten2se0.s 1,A8 e sísll,oe e  esnis túp aaris níec nisp ii ous,n e e 5lt o6inm%ca.r enNm oloe sno tbods atdtaoenslt  end,ú emc oteomrdooo  sds eul ocrsee dsCíoaolu nccsoioennjo eses/l   2021-2116n https://ww
Cdeo mloiss iocnoaindcoidse qnutees h eann  a2p0o1r8ta yd o2 0in1f9o,r meal creiósnu letand 2o0 e1s9 . uSni  saeu mtoemnaton  dúen iclaasm reenctlea mloasc dioantoess 
resueltas en un 32,4%.
Respecto del contenido de las resoluciones de los órganos garantes, se observa que 
el  porcentaje  de  reclamaciones  resueltas  favorablemente,  un  63%,  es  superior  al 
de 2018, un 53,85%; por otro lado, se observa una disminución del porcentaje de 
solicitudes desestimadas, que pasa del 10,82% al 6,9%.
En cuanto al tiempo medio de resolución de las solicitudes, este se sitúa en 124,3 
días, oscilando los datos entre los 246,3 y 44 días de resolución. Este dato disminuye 
respecto del año pasado, en que el tiempo medio de resolución se situó en los 127,54 
días.  Si  se  toman  únicamente  los  datos  correspondientes  a  los  Consejos  o 
Comisionados autonómicos que han aportado información para ambas anualidades, la 
cifra pasa de 119 días a 110,5, con una minoración de 8,5 días.
Aunque  la  información  que  más  reclamaciones  ha  generado  es  la  relativa  a 
información jurídica, un 13%, casi un 30% de las reclamaciones versan sobre categorías 
de información de las recogidas en los arts. 6 a 8 de la LTAIBG, aumentando ligeramente 
respecto  de  2018.  Por  otra  parte,  en  2019  vuelven  a  aumentar  las  reclamaciones 
clasificadas en la categoría «Otras», pasando del 20,6 al 23,9%.
Para intentar mejorar la clasificación temática de la información que es reclamada, 
este año se ha solicitado a los órganos garantes que señalasen los tres contenidos 
informativos más frecuentes dentro de esta categoría «Otros». De las 269 reclamaciones 
para las que se ha suministrado información, un 48% corresponden a educación, un 16% 
a adjudicación y aprovechamiento de bienes de entidades locales, un 8,9% a estudios e 
informes, un 7,1% a servicios sociales y por último, al funcionamiento de los servicios 
públicos e información relacionada con obligaciones de publicidad activa, ambas con un 
peso del 4,1%. Las restantes categorías señaladas por los órganos garantes presentan 
frecuencias iguales o inferiores al 2%.
B)  Órganos gestores.
Todas las CCAA evaluadas poseen Portales de Transparencia en los que se ubican 
accesos y enlaces a los distintos bloques de informaciones obligatorias, si bien salvo en 
un caso, se localiza información sujeta a obligaciones de publicidad activa fuera del 
Portal de Transparencia.
En general la información está organizada ajustando su estructura a la normativa 
autonómica correspondiente y resulta fácilmente localizable.
El ICIO promedio de las Comunidades y Ciudades evaluadas es elevado, un 74%, 
aunque todavía queda un importante margen de mejora.
También es elevada la proporción de informaciones obligatorias que se publican, 
un 81%, siendo el bloque de información patrimonial en el que se observa un menor nivel 
de cumplimiento.
En general la información es comprensible y está estructurada pero no siempre se 
recurre a formatos reutilizables en su publicación y como viene siendo un denominador 
común en los resultados de las evaluaciones realizadas por este Consejo, no existen 
referencias que permitan a quienes visitan los Portales buscando información, saber si la 
información está actualizada o no lo está. Además, el recurso a fuentes de datos 
centralizadas, especialmente en el bloque de información Económica, Presupuestaria y 
Estadística, dificulta la accesibilidad a la información.
Todas  ellas  publican  información  relevante  desde  el  punto  de  vista  de  la 
transparencia que va más allá de las obligaciones establecidas por la LTAIBG. Esta 
información adicional deriva en la mayoría de los casos de las normas autonómicas, más 
exigentes que la norma básica estatal. e
Desde el punto de vista de este Consejo es especialmente destacable la publicación  bo
de las Agendas de Trabajo –objeto de una recomendación efectuada por el CTBG–, de  w
ldoes  pgearsstoonsa dl ee vveianjteusa l dinec llousy emndieom ebnro asl gduen oloss c gaosboise,r snuoss  rye tarilbtousc icoanregso sy,  tadme blaiésn r,e elanc aiolgnúens   2021-2116n https://w
caso, de los gastos en publicidad y comunicación institucional.
La principal buena práctica adoptada por todas las Comunidades y la Ciudad de 
Melilla es precisamente la aprobación de normas de transparencia que contemplan un 
volumen de obligaciones de publicidad activa más amplio que la LTAIBG.
Además, cabe resaltar –dado que es uno de los atributos de calidad de la publicación 
que menor nivel de cumplimiento tiene por de las entidades evaluadas por el Consejo– la 
publicación de datos que permiten conocer a los ciudadanos si la información está 
actualizada o no lo está, la descripción de contenidos y la publicación de ayudas para 
facilitar la localización y comprensión de la información o el establecimiento de sistemas 
de  medición  de  la  valoración  de  los  ciudadanos  de  los  contenidos  del  Portal  de 
Transparencia.
2.5  Entidades Locales.
La totalidad de los Ayuntamientos evaluados disponen de enlaces específicos a sus 
portales  de  transparencia,  uno  de  ellos  de  manera  indirecta  mediante  un  enlace 
dependiente de uno de los accesos principales de la web institucional.
El  principal  problema  que  presentan  los  portales  de  transparencia  es  la 
estructuración de la información. Más de la mitad (seis) de los Ayuntamientos organizan 
la información conforme a los Indicadores definidos por Transparencia Internacional para 
la construcción de su Índice de Transparencia de los Ayuntamientos. Solo dos municipios 
se ajustan a la estructura que proponen sus ordenanzas de transparencia. Una cuestión 
adicional  es  que  un  45%  de  los  ayuntamientos  publican  información  sujeta  a 
obligaciones de publicidad activa fuera de sus portales de transparencia.
La  información  correspondiente  al  bloque  de  Información  IOP  y  Registro  de 
Actividades  de  Tratamiento  es  la  que  alcanza  un  mayor  nivel  de  publicación  de 
contenidos, casi un 64%, con un máximo del 85 y un mínimo del 38%. La situación 
contraria se da respecto de la Información de Relevancia Jurídica: la proporción de 
informaciones  obligatorias  publicadas  es  de  un  16,2%  con  un  máximo  situado  en 
el 100% y un mínimo en el 0%. La proporción de informaciones publicadas dentro del 
bloque de Información EPE alcanza el 50,9% en promedio aunque también con la misma 
variabilidad que la observada en los bloques anteriores. Finalmente el 91% de los 
ayuntamientos publica información relativa a sus bienes patrimoniales.
El ICIO promedio es bajo y se sitúa en el 49%, aunque con una gran variabilidad ya 
que  un  municipio  alcanza  un  87,7%  frente  a  otro  con  un  índice  de  cumplimiento 
del 28,7%. El ICIO mediano se sitúa en el 36,8%, es decir, la mitad de los ayuntamientos 
presentan un nivel de cumplimiento igual o inferior a esta proporción.
La falta de publicación de informaciones obligatorias explica fundamentalmente la 
puntuación alcanzada y en un segundo plano, la publicación mediante formatos de 
imagen o directamente sobre la propia web, el recurso a fuentes de datos centralizadas 
para la publicación de muchas de las informaciones del bloque Información EPE y la falta 
de referencias a la actualización de la información.
Una  cuestión  adicional,  es  el  notable  desfase  temporal  de  algunas  de  las 
informaciones  que,  en  algunos  casos,  este  Consejo  ha  considerado  como  un 
incumplimiento de la obligación de publicar. La última información publicada por cuatro 
ayuntamientos viene referida al año 2017 o a años anteriores; incluso en uno de los 
municipios se ha constatado que la fecha de actualización que figura en la información 
publicada parece operar automáticamente al pasar de mes sin que se corresponda con 
la realidad.
Todos los municipios evaluados publican información adicional, relevante desde el  e
punto de vista de la Transparencia, que va más allá de las informaciones obligatorias que  bo
recoge  la  LTAIBG,  si  bien  en  la  mayor  parte  de  los  casos  no  cabe  tratarla  como  w
otrbalnigsapcairoennecsia  fijvaodlausn taproiar , laesn  nolar mmase daiduato neónm iqcause  oe sstauss  pinrofoprimasa coiordneensa nrezasps oennd eens taa   2021-2116n https://w
lma aLteeyri a7 /o1 9d8e5 ,l adse  o2b dligea acbiorinl,e rse gimulpaudeosrata ds ep loars  nboarsmeass d dee R aépgliimcaecnió Lno acal lá (mLBbiRtoL )lo.cal como
Dentro de este tipo de información destacan la información relativa a los Plenos 
Municipales, al planeamiento urbanístico, a empleo público o a las Agendas de los 
responsables municipales.
Como buenas prácticas cabe resaltar la aprobación de ordenanzas municipales de 
transparencia (cuatro ayuntamientos a los que se añade un quinto que ha publicado una 
Carta de Servicios en esta materia), la inclusión de textos introductorios a los contenidos 
de los portales, la incorporación de la fecha de actualización de la información o de una 
relación de la última información publicada, así como el recurso a buscadores, entre 
otras.
2.6  Sujetos privados.
De  las  55  entidades  seleccionadas  solo  ha  sido  posible  evaluar  32,  como 
consecuencia  de  la  imposibilidad  de  localizar  la  web  institucional  de  la  entidad 
seleccionada o del hecho de que la información publicada sujeta a obligaciones de 
transparencia o bien no estaba publicada o bien era anecdótica.
Casi  una  cuarta  parte  de  las  entidades  evaluadas  carece  de  banner  o  enlace 
específico que permita a los ciudadanos localizar con facilidad la información relativa a 
transparencia de la entidad. De las veinticinco entidades restantes, algo más de un tercio 
(siete entidades) cuenta con un banner o enlace específico en su página home.  Las 
restantes disponen de un enlace también específico pero dependiente de uno de los 
accesos ubicados en la home, generalmente vinculado a información general sobre la 
entidad.
El nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de las 
entidades  evaluadas,  tomadas  en  conjunto,  puede  considerarse  medio.  Solo  las 
Cooperativas, las Federaciones Deportivas y las Asociaciones presentan un nivel de 
cumplimiento medio-alto. Por encima de un nivel de cumplimiento superior al 70% se 
sitúan UNE (90%), la Federación Española de Kickboxing (85%), AN SCOOP (82%), 
CEPSA (79%), Ecologistas en Acción (79%) y la Federación Española de Tiro con Arco 
(73%).
El principal factor que explica el nivel de cumplimiento de las entidades perceptoras 
de subvenciones, es la falta de publicación de contenidos obligatorios especialmente del 
bloque  de  Información  EPE.  Esta  falta  de  publicación  puede  deberse  a  un 
desconocimiento por parte de las entidades subvencionadas de las obligaciones de 
publicidad activa que les impone la LTAIBG. Esta hipótesis es plausible teniendo en 
cuenta que muchas de ellas publican información no obligatoria pero que es relevante 
desde el punto de vista de la Transparencia y la Rendición de Cuentas. De hecho 24 de 
las 32 entidades evaluadas publican información adicional, no sujeta a obligaciones de 
transparencia,  pero  que  la  entidad  parece  considerar  relevante  para  hacer  más 
transparente su gestión. Esta información varía según el tipo de entidad. Además, se ha 
constatado por parte de las numerosas entidades que han contactado con el CTBG una 
predisposición a incorporar todas las recomendaciones en su web, lo que avala esta 
hipótesis del desconocimiento de sus obligaciones de publicidad activa.
Además del incumplimiento de la obligación de publicar, otros factores que explican 
el ICIO medio obtenido, es el muy escaso recurso a formatos reutilizables para publicar 
la información y muy especialmente, y esto es un denominador común a todas las 
organizaciones que ha evaluado este Consejo desde 2015, la falta de referencias a la 
actualización y revisión de la información.
Como buenas prácticas destacan entre otras, la descripción de las funciones que  e
desarrollan las unidades integrantes de sus estructuras organizativas, la explicación de  bo
los  contenidos  de  las  páginas  que  abren  los  enlaces  localizados  en  el  Portal  de  w
hTara hnasbpiadroe naccitaiv yid aedl .hecho de señalar expresamente aquellas obligaciones en las que no  2021-2116n https://w
estaFsi noarlgmaenniztaec eiosntee sC oan aspeljioc aqru liaesre r edceosmtaecanrd ancuieovnaems eenfetec tluaa ddiasps ocsoicmióon  cdoen sgeracnu epnacritae  ddee 
la  evaluación.  De  hecho  muchas  de  ellas  han  implantado  muchas  de  estas
recomendaciones durante el periodo de alegaciones a los borradores de informe de 
evaluación que les fueron remitidos.
3.  Respuesta ciudadana.
En 2019, se ha abordado un análisis efectuado con recursos propios del Consejo, 
cuyo  objetivo  ha  sido  identificar  los  posibles  factores  explicativos  de  la  menor 
participación de las mujeres en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública.
Las principales conclusiones derivadas de los resultados de este estudio son las 
siguientes:
– Es innegable la existencia de una brecha de género en el acceso a la información 
pública en España. Pocas mujeres solicitan información a las administraciones públicas y 
pocas  reclaman  cuando  se  les  deniega  este  acceso  o  cuando  consideran  que  la 
contestación recibida no es satisfactoria.
– En  comparación  con  otros  países  sobre  los  que  se  dispone  de  información, 
básicamente de América Latina, el ejercicio del derecho de acceso por las mujeres 
españolas es muy inferior. Si en España las mujeres suponen en torno a la cuarta parte 
de las solicitudes de información y en torno a una quinta parte de las reclamaciones, en 
estos países se sitúan aproximadamente en el 50%, superándose esta proporción en 
algunos países como Chile. Sí es un hecho común, la clara diferencia en la información 
que interesa a las mujeres cuando solicitan información pública respecto de la que 
interesa a los hombres.
– La falta de estudios específicos sobre esta cuestión en España, ha obligado a 
recurrir a estudios internacionales y también a analizar las actitudes de las mujeres 
respecto de la participación en otros ámbitos, como puede ser la participación política. 
Dado que la transparencia es un instrumento de control del poder y el ejercicio del 
derecho de acceso una forma de participación política, es posible presumir que los 
patrones de comportamiento de las mujeres respecto de la participación política podrían 
aportar evidencias extrapolables al ejercicio del derecho de acceso.
– Los estudios internacionales analizados aportan pocas evidencias de las razones 
por las que las mujeres solicitan información pública o deciden no hacerlo. Los modelos 
resultantes de los análisis realizados tienen una escasa capacidad explicativa lo que 
indica que no incluyen variables relevantes en el análisis de las diferencias de género en 
esta materia. Estas variables a su vez, no se contemplan en los cuestionarios que sirven 
de base a estos estudios.
– En el estudio de la RTA, se identifican cuatro variables que normativamente son 
consideradas como variables determinantes del acceso a la información pública por 
parte de las mujeres. Los datos agregados para España relativos a estas variables 
indican, desde un punto de vista meramente descriptivo, que ni el nivel formativo, ni la 
ocupación ni el uso de TICs explicarían este déficit de acceso. Lo mismo ocurre en los 
países americanos estudiados por la RTA. Lo que sí parece tener relevancia es el tiempo 
de trabajo total de las mujeres, tanto productivo como reproductivo, muy superior al de 
los hombres y también la consistencia y desarrollo de los sistemas de acceso.
Respecto de esta última cuestión, ciertamente en España la LTAIBG tiene aún un 
corto recorrido, pero en términos comparados y tanto para hombres como mujeres, no 
explicaría suficientemente el escaso ejercicio del derecho de acceso en nuestro país. 
En 2018 en España hubo 27 solicitudes por 100.000 habitantes, mientras que en Chile y  s
Méjico a los seis años de entrada en vigor de sus respectivas normas de Transparencia,  oe.
las tasas de acceso fueron de 461 por 100.000 y de 129 por 100.000, respectivamente. w.
geenn eLgroea nlqiezuraead l osí y – ppudoeer d eelna csei xmpmaliu cdjaeerrl e e9sn0  %Eens–p  dapeñala rtt,ei claéulf loamnr eone mons ó vepilal  precajieararlmc aicecinocte edd, eelar   aam cinectneeosrrno e,p ta eyrst ie clie phla eccuihósono    2021-2116n https://w
de que el segundo procedimiento de identificación menos utilizado para acceder a
servicios en la red sea el certificado digital. Las mujeres utilizan con una frecuencia
significativamente más elevada que los hombres el teléfono móvil para acceder a internet 
y con una frecuencia significativamente más baja el certificado digital cuando acceden a 
servicios en la red.
– Una  cuestión  adicional,  a  la  vista  de  las  diferencias  que  todos  los  estudios 
constatan en cuanto a la información que resulta importante para hombres y mujeres, es 
que esta puede ser una variable explicativa relevante para entender por qué las mujeres 
no solicitan información pública. Además, esta diferencia se vincula claramente a los 
roles de género. Las mujeres solicitan en mayor medida información relacionada con las 
políticas  más  vinculadas  a  la  función  de  cuidados  que  tradicionalmente  se  les  ha 
asignado: educación, salud, servicios sociales, prestaciones y subsidios sociales, etc. La 
hipótesis  de  partida  para  profundizar  en  este  tema  es  que  si  las  obligaciones  de 
transparencia  contemplan  información  relativa  a  servicios  y  prestaciones  y  más 
concretamente  a  los  requisitos  de  acceso,  cuantías  y  trámites,  información  que  es 
relevante para las mujeres, estas ejercitan en mayor medida el derecho de acceso.
Finalmente el análisis de la participación política de las mujeres en España, tampoco 
arroja muchas luces sobre las razones de fondo de la menor participación de las mujeres 
en el ejercicio del derecho de acceso. Sí se evidencia un interés significativamente 
inferior  por  la  política  y  una  percepción  más  negativa  de  la  propia  capacidad  de 
comprensión de la política. Ello influye de forma determinante en la participación política 
activa de las mujeres y podría contribuir a explicar el déficit de participación de estas en 
el acceso a la información pública.
4.  Recomendaciones.
1.º  En relación con los indicadores relativos a la publicidad activa que proporciona 
el Portal de Transparencia de la AGE.
Este Consejo reitera la necesidad de que vuelva a publicarse la información relativa a 
los registros incorporados al Portal. Esta información es crucial para conocer hasta qué 
punto las administraciones públicas mejoran la oferta de información pública puesta a 
disposición de los ciudadanos. En definitiva, permite una aproximación al grado de 
proactividad de las administraciones respecto de la transparencia activa.
Por esta razón este CTBG recomienda que se cuantifique el volumen de registros 
que impliquen un incremento cuantitativo y cualitativo de las categorías de información 
disponibles distinguiéndolos de los que suponen una actualización de los ya disponibles 
y por otra parte, que se cuantifiquen los registros distinguiendo entre los procedentes de 
fuentes descentralizadas y los procedentes de fuentes centralizadas.
2.º  En relación con la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública 
en la AGE.
A la vista de los resultados del análisis realizado, este Consejo recomienda una 
mayor unidad de criterio en la tramitación de las solicitudes de acceso. Las diferencias 
observadas se traducen en la práctica en inequidades en el ejercicio del derecho de 
acceso basadas en la diversidad existente en cuanto a la forma de proceder.
3.º  En relación con los resultados de las evaluaciones individualizadas relativas al 
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Dado que las distintas categorías de sujetos obligados evaluados comparten en gran  s
medida  los  déficits  observados  por  este  Consejo  en  el  cumplimiento  de  estas  oe.
obligaciones, se ha optado por efectuar recomendaciones comunes a todos ellos. w.
publaic) idaSdo abcreti vlaa .localización y estructuración de la información sujeta a obligaciones de  2021-2116n https://w
En relación con la localización de la información la principal recomendación de este
CTBG es la articulación de un espacio diferenciado en las webs institucionales que
permita a los ciudadanos acceder a las informaciones obligatorias establecidas por la 
LTAIBG, dando así cumplimiento a lo establecido en su artículo 5. Dicho espacio debería 
ubicarse en un lugar visible de la web institucional para facilitar la accesibilidad a la 
información.
En  cuanto  a  la  estructuración  de  la  información  relativa  a  las  obligaciones  de 
publicidad activa debería ajustarse al patrón definido por la LTAIBG o por las normas 
autonómicas y locales. Mantener la estructura que definen las normas de transparencia a 
la hora de presentar la información es importante porque facilita a los ciudadanos la 
localización de la información, al concentrarse en un mismo punto todos los enlaces a la 
información obligatoria. Además, permitiría identificar las obligaciones respecto de las 
que no se publica información por no haber actividad en ese ámbito, circunstancia que 
debería hacerse constar.
b)  Sobre la publicación de contenidos obligatorios.
La  recomendación  más  elemental  es  que  obviamente  debe  publicarse  toda  la 
información  obligatoria,  advirtiendo  expresamente,  como  se  ha  señalado  en  la 
recomendación  anterior,  si  se  diera  la  circunstancia  de  que  para  una  información 
concreta no ha habido actividad en la entidad.
La publicación de la información debe realizarse de manera individualizada, es decir 
no cabe remitir por ejemplo, a la memoria de actividades o documentos similares, para la 
localización de los presupuestos o a las cuentas anuales para la información sobre las 
subvenciones percibidas. Esta práctica que está relativamente generalizada, dificulta 
enormemente  la  localización  y  accesibilidad  a  la  información  y  sobre  todo  su 
comprensión. Es evidente que para la mayoría de los ciudadanos la lectura de las 
cuentas  anuales  o  de  un  informe  de  auditoría  no  resulta  especialmente  fácil  ni  la 
información comprensible.
c)  Sobre la forma de publicación y los requisitos de calidad.
La mayoría de las entidades omiten la obligación de incorporar información sobre la 
fecha en que se revisó o actualizó la información no solo la vinculada a obligaciones de 
transparencia sino también toda la información que publican en su web. La falta de 
referencias a la actualización impide a los ciudadanos que visiten estas webs en busca 
de información de cualquier tipo conocer si la información publicada es o no la más 
reciente.
Por otra parte, gran parte de la información se publica en formatos no reutilizables. 
Es cierto que la Ley 37/2007 de Reutilización de la Información del Sector Público, no es 
aplicable a las entidades privadas y corporaciones de derecho público respecto de las 
informaciones que habitualmente publican en su web, pero sí constituye un requisito 
establecido en el artículo 5.4 de la LTAIBG de obligado cumplimiento para la información 
sujeta a obligaciones de publicidad activa, requisito que es aplicable a todos los sujetos 
contemplados en el ámbito de aplicación de la Ley. Aunque este precepto señale que la 
información se ofrecerá preferentemente en formatos reutilizables, es precisamente por 
ello que resulta obligado primar y fomentar esta previsión.
Por lo tanto, estas informaciones deben publicarse en formato abierto y legible por 
máquina, es decir, que permita a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y 
extraer  con  facilidad  datos  específicos,  incluidas  las  declaraciones  fácticas  y  su 
estructura interna.
En el caso de los organismos y entidades públicas así como las Comunidades  e.
Autónomas y Entidades Locales, toda la información debe publicarse en la web. Redirigir  w.
spua raaPc daceeratse olra my i inlnofaocdarmolizsaa ctciipóióonns . qduee  opbrloigcaecdieo ndees  fau efunetenste cse cnetrnatlriazalizdaadsa, se sctoen Cstoitnusyeej ou nrae cboamrrieernad aa   2021-2116n https://w
isnufo prumbalicciaócni óqnu dei reescttaabmleecnete  lae nL lTaA wIBeGb  mo elad iannotrem cau aadurtoosn-óremsiucma eon  lcoocna l locso rcroenspteonniddoiesn dtee.   BOE-A-cable e
Esta misma forma de publicación debería utilizarse para otro tipo de información relativa 
a los organismos o entidades públicas estatales que se encuentra centralizada en el 
Portal AGE, como los bienes inmuebles o las autorizaciones de compatibilidad para los 
empleados.
4.º  En relación con la brecha de género observada en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública.
Este Consejo recomienda profundizar en esta cuestión mediante la realización de 
estudios  específicos  que  contemplen  todos  los  posibles  factores  explicativos, 
identificados normativa y empíricamente, del gap de género en el ejercicio del derecho 
de acceso. Lo más razonable, a la vista de la escasez de estudios realizados en España, 
sería  aplicar  en  esta  investigación  una  combinación  de  técnicas  cualitativas  y 
cuantitativas de investigación social.
Segunda Parte: Actividades del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
durante 2019
En  esta  segunda  parte  de  la  Memoria  del  Consejo  de  Transparencia  y  Buen 
Gobierno  para  2019  se  recogen  las  actividades  del  organismo  en  dicho  período, 
desglosadas  en  ocho  epígrafes,  correspondientes  a  los  ejes  temáticos  de  su  Plan 
Estratégico 2015-2020.
Los indicados epígrafes van continuados por un epígrafe adicional que recoge los 
principales indicadores de las actividades realizadas en el ejercicio por el organismo y un 
epígrafe de conclusiones.
1.  Eje ACTIVA.
Se exponen las principales actividades realizadas por el CTBG en 2019 en materia 
de organización y gestión interna.
1.1  Gobernanza y organización interna.
1.1.1  Presidencia del CTBG.
Durante 2019 ha continuado en la Presidencia del Consejo la situación de interinidad 
iniciada en noviembre de 2017 tras el fallecimiento en el ejercicio del cargo de Esther 
Arizmendi Gutiérrez, Presidenta del CTBG desde su creación.
Las funciones propias del cargo han sido desarrolladas por Francisco Javier Amorós 
Dorda, Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo, de acuerdo 
con el régimen de suplencias previsto en el art. 10.1 del Estatuto del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno.
Como  en  2018,  también  en  2019  la  situación  de  vacancia  e  interinidad  de  su 
Presidencia ha marcado decisivamente las actuaciones de esta Autoridad Administrativa 
Independiente pues ha limitado el proceso de trabajo al mantenimiento de la actividad 
del organismo y ha condicionado la representatividad institucional y su capacidad de 
interlocución.
1.1.2  Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
Al igual que lo sucedido con la Presidencia, también durante 2019 el segundo órgano  es
rector de esta Autoridad Independiente, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno  o
(en  adelante  Comisión  TBG),  ha  tenido  diversas  vacantes  y  ha  experimentado  w
Cadleoteln rDdsaíeucajrio oa8snn  etdedse e 2 e m0nT1 ars9ayu,no  cls a(opn maCúrpomeomn.s ci3isicai3ió ó.nªny)  ,.d Bfeuul eeCrnoo nnG sceoojboni vecorencloae dbdoróes   oláocmsh obP isrtoee ssiaidouentneotsne.ós mA y id cDoe,si rteaaccstaío rr celoasm  sdoee s illóoonss    OE-A-2021-2116able en https://w
Comisionados de Transparencia y los Directores de las Comisiones de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de las CCAA, miembros de la Red de Consejos y 
Comisionados de Transparencia de España.
Igualmente, al término de la sesión del 18 de diciembre, se celebró una reunión de la 
Comisión TBG con los responsables de diversas ONG y Asociaciones de la Sociedad 
Civil  seleccionadas  por  esta  Autoridad  entre  las  diversas  entidades  asociadas  a  la 
«Coalición  Pro  Acceso  a  la  Información»  de  España  y  activas  en  materia  de 
transparencia y el acceso a la información pública. Concretamente asistieron a la reunión 
los responsables de las Organizaciones «Access Info Europe», «Fundación Ciudadana 
CIVIO» y «¿Hay Derecho?» y el Presidente de la «Asociación para la Acreditación de la 
Transparencia (ACREDITRA)». También fue invitada la Organización «Transparencia 
Internacional España» aunque, finalmente, no pudo acudir a la reunión.
Los representantes de las organizaciones y asociaciones asistentes trasladaron a los 
miembros  de  la  Comisión  sus  opiniones  y  demandas  respecto  de  la  LTAIBG  y  la 
implantación en España de la política de transparencia.
Hay que señalar que las actas de las sesiones de la Comisión se publican en la web 
institucional del CTBG una vez han sido firmadas por todos los asistentes.
1.1.3  Gobernanza interna.
Durante 2019, se han mantenido 20 reuniones del Comité de Dirección, que han 
posibilitado que las decisiones más importantes se hayan adoptado de forma conjunta o, 
cuando menos, con el mayor grado de consenso posible.
Así mismo, se han mantenido varias reuniones de trabajo con responsables externos 
de tareas relacionadas con el funcionamiento y régimen interno del Consejo.
1.2  Recursos humanos.
1.2.1  Dotación de efectivos.
A  31  de  diciembre  de  2019  el  CTBG  contaba  con  22  efectivos,  todos  ellos 
funcionarios de carrera por expresa disposición estatutaria.
Esta plantilla es similar a la asignada al CTBG por la Comisión Interministerial de 
Retribuciones (CECIR) y que constituyó la dotación inicial de recursos del organismo.
1.2.2  Necesidades de personal.
A la vista de los datos consignados en el epígrafe anterior, fácilmente se comprende 
que la dotación de personal asignada al Consejo durante 2019 no puede considerarse 
suficiente para que este desempeñe sus funciones con eficacia.
En la Memoria de Actividades para 2018 de este CTBG se recogía un estudio 
completo de la carga de trabajo soportada por el organismo en relación con la plantilla, 
realizado a instancia del equipo auditor del Tribunal de Cuentas (en adelante TCU) en el 
contexto de la fiscalización de la actividad del Consejo. En dicho estudio se concluía que 
la dotación de efectivos del CTBG a 31 de diciembre de 2018 debía incrementarse en 33 
hasta alcanzar los 56 –los 22 existentes más los 33 necesarios más el Presidente o la 
Presidenta–.
Como se ha dicho, la dotación de efectivos del Consejo ha permanecido inalterada 
en 2019 respecto de la existente en 2018, por lo que persisten las mismas necesidades.
1.2.3  Gestión de RRHH.
En materia de recursos humanos el organismo ha realizado y tramitado durante 2019  bo
las actuaciones y procedimientos relacionados con la administración de su plantilla de  w
elrieqfesuocidtluiavcociiosó nn(en soy me  bipnraasgmtroui ecncdtieoo ns,eh tsao bcmeoarrerses dl,a eti evptaocss… ea)s  hióoanrsa íy r iocce,o samecosc; ió phnea sr moecisilaaolbs, o,e rltiaccd…eon ciya s ayp vroabcaacdioo nelass;   OE-A-2021-2116able en https://w
1.3  Presupuesto y gestión presupuestaria.
1.3.1  Presupuesto del CTBG para el ejercicio 2019.
El CTBG ha contado con un presupuesto inicial para 2019 de 2.276.860 euros. El 
crédito para este ejercicio es el mismo que en el ejercicio 2018, como consecuencia de 
la prórroga presupuestaria. Cabe recordar que el presupuesto de 2018 supuso una 
reducción del 22 % (642.160 euros) con respecto al presupuesto de 2017 del Consejo.
Esta significativa disminución de las disponibilidades presupuestarias del Consejo ha 
afectado esencialmente a los Capítulos II (gastos corrientes en bienes y servicios), IV 
(transferencias corrientes) y VI (inversiones reales)
En el presupuesto para 2019, 1,38 millones –el 60,55 por 100– aparecían destinados 
a  gastos  de  personal  (Capítulo  I);  0,77  millones  –el  34,25  por  100  del  total–  se 
destinaban a gastos corrientes (Capítulo II). Finalmente, los últimos 0,12 millones –el 
restante 5,18 por 100 del total– estaban dedicados al pago de cuotas de pertenencia a 
entidades internacionales (Capítulo IV) y a financiar posibles inversiones necesarias para 
el funcionamiento operativo de los servicios (Capítulo VI) y otras operaciones financieras 
(Capítulo VIII).
1.3.2  Gestión presupuestaria.
A)  Contratos.
En lo que se refiere a la actividad de contratación desarrollada en 2019 por el CTBG 
hay  que  destacar  la  adhesión  del  Consejo  al  contrato  centralizado  del  servicio  de 
limpieza  integral  de  edificios,  locales  y  dependencias  estatales  ubicados  en  la 
Comunidad de Madrid, Fase III, tramitado por la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación del MHAC.
Asimismo cabe que señalar que el 14 de febrero se firmó la prórroga del contrato de 
servicios de defensa y representación jurídica suscrito entre el organismo y la firma 
ESCÁRATE Asesores S.L.P. El objeto de este contrato es la representación y defensa en 
juicio del CTBG ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo para la defensa 
de las resoluciones dictadas al amparo del art. 24 de la LTAIBG, en aquellos casos en 
que el servicio no pueda ser prestado por la Abogacía del Estado por incurrir en conflicto 
de intereses.
B)  Gastos.
Entre los gastos directos realizados por el CTBG durante el año 2019 destacan por 
su importancia los gastos de las obras realizadas en la sede del Consejo y la compra de 
equipamiento audiovisual.
Cabe  destacar  igualmente  los  gastos  vinculados  a  los  servicios  de  letrados  y 
procuradores  particulares  encargados  por  el  organismo  antes  de  la  suscripción  del 
contrato de representación jurídica con la firma ESCÁRATE. Estos gastos corresponden 
a provisiones de fondos de los litigios iniciados en 2018 y a liquidaciones definitivas de 
encargos realizados con anterioridad a 1 de enero de 2019 y han alcanzado en el 
ejercicio un importe de 13.794 euros.
1.3.3  Ejecución del Presupuesto.
La ejecución del presupuesto en el ejercicio 2019 asciende a 1.785.499,80 euros  e
(79,42% en términos porcentuales), produciéndose un remanente de 491.360,23 euros  bo
(21,58%). w
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los Presupuestos de 2015, 2016, 2017 y 2018, constituya un documento específicamente
ajustado a las necesidades presupuestarias del CTBG ni haya sido en su totalidad 
formulado de acuerdo con las instrucciones de la Presidencia del mismo, lo que dificulta 
su ejecución.
1.4  Convenios.
Durante 2019, el CTBG ha realizado diversas actividades vinculadas al seguimiento 
de los convenios de colaboración suscritos con diversas CCAA para el traslado al 
Consejo del ejercicio de la competencia para resolver las reclamaciones promovidas al 
amparo del art. 24 de la LTAIBG y al de otros convenios suscritos por el organismo 
señaladamente el de asistencia jurídica con el Servicio Jurídico - Abogacía del Estado 
del MJUS y el de suministro de servicios electrónicos con la SGAD.
Fuera ya del seguimiento y coordinación de los Convenios suscritos con CCAA, el 
Presidente  e.f.  del  Consejo  ha  firmado  durante  2019  ocho  nuevos  convenios  de 
colaboración.
2.  Eje RESUELVE.
El CTBG dedica buena parte de su actividad a resolver cuestiones planteadas por las 
ciudadanas y los ciudadanos. En los siguientes epígrafes se detallan las actuaciones 
realizadas por el Consejo en el ámbito del Eje RESUELVE.
2.1  Iniciativas presentadas.
Durante 2019 se han planteado a este CTBG 3.747 iniciativas por parte de los 
ciudadanos y las ciudadanas.
Casi un 50% de ellas (1.780), han sido reclamaciones presentadas al amparo del 
art. 24 de la LTAIBG frente a respuestas dadas a las SAIP, tanto por los órganos de la 
AGE y los organismos y entidades del sector público estatal, como por los órganos y 
entidades de las CCAA que tienen suscrito convenio de colaboración con esta Autoridad 
y de las EELL de su territorio. El resto de las iniciativas tiene distinta naturaleza, siendo 
las más numerosas –casi tanto como las reclamaciones– las solicitudes de información 
sobre cuestiones relacionadas con la LTAIBG y otras, recibidas tanto por los canales 
presencial y electrónico como por el telefónico.
Prácticamente, las únicas reflexiones generales que pueden hacerse respecto de las 
cuestiones planteadas por las y los ciudadanos a esta Autoridad Independiente son: 1.ª 
Que,  en  conjunto  y  desde  que  el  CTBG  iniciara  sus  actividades  en  2015,  han 
experimentado anualmente un incremento cuantitativo; 2.ª Que las principales iniciativas 
de la ciudadanía ante el Consejo son las peticiones de información y las reclamaciones 
contra las resoluciones en materia de acceso a la información de los órganos y entidades 
de su ámbito competencial, 3.ª Que las otras iniciativas planteadas (denuncias, consultas 
y quejas o sugerencias) alcanzan cifras mucho menores y, salvo en lo referente a las 
denuncias –que se van incrementando cada año–, presentan una acusada tendencia a 
disminuir.
Para  encontrar  explicaciones  al  comportamiento  y  evolución  de  los  distintos 
parámetros, es necesario un estudio más profundo y continuado en el tiempo.
2.2  Reclamaciones.
En  2019  las  reclamaciones  formuladas  al  amparo  del  art.  24  de  la  LTAIBG 
constituyen casi el 50% de las iniciativas presentadas por la ciudadanía ante esta  e.
Autoridad de Transparencia. No obstante, por su mayor grado de complejidad técnico- w.b
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2.2.1  Reclamaciones tramitadas durante 2019.
Durante 2019 tuvieron entrada en el CTBG 1.780 reclamaciones formuladas por 
ciudadanos y ciudadanas al amparo del art. 24 de la LTAIBG, un 33,03% más que en el 
año 2018. Este crecimiento anual de las reclamaciones tramitadas ha sido una constante 
en los cuatro años de actividad del Consejo.
Si la comparación se hace entre 2015 y 2019, el porcentaje de incremento asciende 
a un 244,29% más.
Antes bien, en términos porcentuales, es discontinuo, con una tasa muy elevada 
en 2016 respecto de 2015 y un crecimiento mucho menor, aunque más compensado, 
en 2017, 2018 y 2019 sobre 2016, 2017 y 2018 respectivamente.
Esta discontinuidad indica que el crecimiento de las reclamaciones no se justifica 
solamente  en  un  crecimiento  «vegetativo»  de  las  reclamaciones  vinculado  al  uso 
creciente de las herramientas de la LTAIBG por las y los ciudadanos. Se justifica también 
en factores externos, como los cambios normativos.
Por otra parte, si se desglosan las reclamaciones entradas en el Consejo por su 
ámbito territorial, esto es, separando las presentadas contra resoluciones de la AGE y el 
sector público estatal y por otro las presentadas contra las resoluciones de las CCAA 
que  han  suscrito  convenio  con  aquel  y  las  EELL  de  su  territorio  –927  y  853 
respectivamente, en 2019–, se detecta todavía una mayor dispersión en los porcentajes 
anuales de crecimiento de las reclamaciones.
En este sentido, y ateniéndonos a la serie histórica, es difícil establecer conclusiones 
acerca de su evolución o de los motivos que justifican este comportamiento más allá de 
constatar una tendencia positiva al crecimiento anual de las reclamaciones. Es evidente 
que una de las causas del crecimiento de las reclamaciones es el crecimiento paralelo 
de las SAIP formuladas por la ciudadanía. Claro está que para aceptar esta conclusión 
habría que disponer de datos completos de las solicitudes de información recibidas en el 
ámbito de la AGE y el sector público institucional estatal, con independencia de su vía de 
presentación y no únicamente las realizadas a través del Portal AGE y completar el 
estudio con un análisis similar de las solicitudes formuladas a CCAA y EELL y las 
reclamaciones habidas en el ámbito territorial, que, de momento, no se ha abordado por 
falta de datos fiables.
La comparación entre las solicitudes de información pública formuladas a los órganos 
de la AGE y a los organismos y entidades del sector público estatal y las reclamaciones 
presentadas frente a las mismas permite obtener un indicador más, el porcentaje de 
reclamaciones que se da cada año sobre el total de solicitudes que se formulan en el 
mismo,  que  podemos  denominar  «tasa  de  conflictividad  del  derecho  de  acceso»  y 
expresa,  en  términos  cuantitativos  y  en  base  anual,  el  desacuerdo  de  las  y  los 
ciudadanos solicitantes de información con las respuestas que recibe.
En 2019, la tasa de conflictividad– teniendo en cuenta las salvedades indicadas 
respecto de la falta de datos que comprendan la totalidad de solicitudes de acceso de 
ámbito estatal– se ha situado en el 12,46%. Hay que tener en cuenta que el estudio, 
para utilizar magnitudes homogéneas, se ha centrado exclusivamente en las solicitudes 
y las reclamaciones de ámbito estatal. Para poder obtener conclusiones válidas sobre la 
tasa  de  conflictividad  sería  necesario  completarlo  con  un  examen  paralelo  de  las 
reclamaciones  y  solicitudes  de  ámbito  territorial,  que  no  se  ha  abordado  por  no 
disponerse de datos debidamente contrastados.
2.2.2  Reclamaciones de ámbito estatal. e
Como se ha dicho en el apartado anterior, durante 2019 han tenido entrada en el  w.
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quedando 196 para resolver en el primer trimestre de 2020. Ello no obstante, el CTBG ha
resuelto en 2019 un total de 900 reclamaciones de ámbito estatal pues a las 731
correspondientes a expedientes entrados en dicho ejercicio hay que añadir las 169 
correspondientes a expedientes entrados en el último trimestre de 2018, que quedaron 
pendientes de tramitación teniendo en cuenta que el plazo máximo para resolver una 
reclamación es de 3 meses de acuerdo con el art. 24 de la LTAIBG.
Los  resultados  de  la  tramitación  de  las  900  reclamaciones  resueltas  son  los 
siguientes:  A)  407  fueron  estimadas,  es  decir,  se  resolvieron  de  acuerdo,  total  o 
parcialmente, con las pretensiones del o la interesada; B) 301 fueron desestimadas, es 
decir, resultaron contrarias a las pretensiones del o la interesada; C) 124 resultaron 
inadmitidas, esto es, no pudieron ser tramitadas por no reunir los requisitos legales de 
procedibilidad; D) 64 fueron archivadas al desistir el interesado de la reclamación o no 
proceder a su subsanación, y E) 4, finalmente, quedaron con la tramitación suspendida 
por  afectar  a  cuestiones  similares  a  las  planteadas  en  resoluciones  del  Consejo 
impugnadas ante los Tribunales de Justicia y todavía pendientes de sentencia.
Respecto de los motivos y argumentos jurídicos planteados en las reclamaciones, la 
primera  cuestión  a  resaltar  tanto  en  las  reclamaciones  estimadas  como  en  las 
desestimadas, archivadas y suspendidas, es la abundancia de los casos en que el 
órgano administrativo encargado de resolver la solicitud no la resuelve expresamente en 
el plazo legalmente establecido y debe considerarse resuelta por silencio administrativo. 
Los  casos  de  silencio  ascienden  a  177  (el  43,49%  del  total)  en  el  caso  de  las 
reclamaciones estimadas y a 120 (el 32,52%) en el caso de las desestimadas. Es cierto 
que  en  buena  parte  de  los  casos,  una  vez  presentada  la  reclamación,  el  órgano 
administrativo, a invitación de este CTBG, fija su posición haciendo alegaciones pero ello 
no solventa el hecho de que, inicialmente, a la hora de formular su reclamación, el 
interesado o la interesada se encuentra en una situación desfavorable al tener que 
presentar una impugnación sin conocer los motivos que han conducido a la otra parte a 
denegar su solicitud de acceso.
La segunda cuestión a destacar es el considerable predominio de los motivos de 
índole formal frente a los de carácter sustancial en la denegación de las solicitudes de 
acceso por parte de los órganos administrativos involucrados. Este dato es un indicador 
de la calidad de la resolución dada por los órganos de la AGE y el sector público estatal 
a las solicitudes de información pública de la ciudadanía, en la que, al menos durante el 
año 2019, parece haber primado el análisis formal de lo planteado frente al estudio de su 
contenido material.
Después  del  silencio  administrativo  y  de  la  concesión  parcial  del  acceso  a  la 
información, en el caso de las reclamaciones estimadas, las causas más alegadas en las 
SAIP –posteriormente impugnadas por esta Autoridad– han sido, la calificación de la 
solicitud como abusiva o repetitiva junto con la protección de datos de carácter personal, 
la apreciación de que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración de la 
información disponible por el órgano y la consideración de que la información se refiere a 
documentación auxiliar o de apoyo.
Por lo que hace a las reclamaciones desestimadas, archivadas y suspendidas, el 
principal motivo alegado por la Administración y luego confirmado por esta Autoridad –
igualmente después del silencio administrativo y el acceso parcial– es la consideración 
de  que  el  acceso  a  la  información  solicitada  requiere  de  una  acción  previa  de 
reelaboración seguida por la de que la información solicitada no es información pública 
en los términos de la LTAIBG y la existencia de un régimen específico de acceso a la 
información.
El motivo sustantivo más alegado por los órganos de la AGE y los organismos del  s
sector público estatal para denegar la información solicitada es el de que el acceso a la  oe.
misma puede suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la  w.
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el Consejo en 2019 son, en orden descendente, el MIR–el 14,89 del total–; el MJUSP –
el 5,11% del total– y el MPTFP –el 5,00% del total–.
Entre los órganos del Estado, es Presidencia del Gobierno aquel frente al que se han 
presentado mayor número de impugnaciones –un 6,89% del total de las reclamaciones 
presentadas–, seguido por la AEAT, frente a la que se han suscitado –el 3,44% de las 
reclamaciones– y la Corporación RTVE –el 1,89% del total–.
Por ámbitos organizativos, es la AGE y sus Ministerios el que concentra mayor 
número de reclamaciones –594, un 66,00% del total–, seguido por el conjunto de los 
organismos  públicos  y  las  entidades  vinculadas  o  dependientes  de  la  AGE  –165, 
el 18,33% del total de reclamaciones y por Presidencia del Gobierno y los órganos 
constitucionales 71, con un 7,89 % del total–.
La temática de las reclamaciones ha sido muy heterogénea en 2019, continuando 
una  tendencia  presente  ya  en  los  ejercicios  anteriores.  En  cualquier  caso,  puede 
destacarse que la temática predominante en 2019 ha sido la relacionada con el empleo 
público, seguida de la información de naturaleza jurídica y la información estadística.
Finalmente,  en  lo  que  hace  a  las  personas  reclamantes,  pueden  ofrecerse  los 
siguientes datos de su distribución por edades y género. Respecto de la distribución por 
edades, hay que señalar que no se ha realizado sobre la totalidad de las reclamaciones 
resueltas (900) sino únicamente sobre aquellas (306, un 44% del total) en que los 
reclamantes consignaban datos sobre su edad.
Como puede observarse en el gráfico referido a la distribución por edades de las 
personas  reclamantes,  el  intervalo  de  edad  que  concentra  mayor  número  de 
reclamaciones es el de los más jóvenes (de 19 a 25 años de edad), que representan 
el 19,61% del total. El siguiente intervalo es 46 a 50 años de edad, un 14,38% del total. 
Se observa también que el número de solicitudes es progresivamente descendente a 
medida que avanza la edad de las personas autoras de las impugnaciones.
Respecto de la distribución por género, se observa, una acusada desigualdad entre 
el número de reclamaciones presentadas por hombres (el 77,44% del total) y el de 
reclamaciones presentadas por mujeres (el 22,56%).
2.2.3  Reclamaciones de ámbito autonómico y local.
Durante 2019, entraron en CTBG 853 reclamaciones respecto de órganos de la 
Administración  autonómica  y  la  Administración  Local  de  las  ocho  Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía con las que esta Autoridad ha 
firmado un convenio de colaboración para el traslado del ejercicio de la competencia de 
resolución de las reclamaciones presentadas al amparo del art. 24 de la LTAIBG. Por 
otra  parte,  a  1  de  enero  de  2019,  quedaban  pendientes  de  tramitación  204 
reclamaciones entradas en los últimos meses de 2018, que se han incorporado a la 
tramitación 2019 del CTBG, que ha alcanzado así la cifra de 1057 reclamaciones de 
ámbito territorial.
De estas 1057 reclamaciones, se han resuelto en el año un total de 866 –un 81,93% 
del total–, quedando 196 –un 18,07%– para resolver en el primer trimestre de 2020. De 
las 866 reclamaciones resueltas, 662 corresponden al grupo de 853 que han tenido 
entrada en dicho ejercicio –un 77,61% del total– y 204 al de las presentadas en los 
últimos meses de 2018, que se han resuelto al 100%.
En  comparación  con  las  reclamaciones  de  ámbito  estatal,  los  resultados  de 
tramitación de las reclamaciones de ámbito territorial revelan una casuística diferente 
pero  cifras  similares.  En  el  ámbito  territorial,  se  han  estimado  431  reclamaciones,  e
un 49,77% del total, y no se ha acogido la pretensión principal del o la reclamante–  bo
en 435, el 50,23% del total. w
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reclamación.
En comparación con las reclamaciones de ámbito estatal, se observa un mayor 
número de reclamaciones estimadas totalmente y, correlativamente, un menor número 
de reclamaciones estimadas parcialmente y un menor número de estimadas por motivos 
formales.
Estas diferencias relativas obedecen a que en el ámbito territorial se da con más frecuencia 
que en el estatal la ausencia de alegaciones del órgano responsable –especialmente cuando 
se trata de Ayuntamientos de pequeño tamaño, con una insuficiente dotación de recursos 
humanos en general y con un déficit específico de medios en los servicios de atención al 
ciudadano–, lo que suele traducirse en la práctica, cuando procede el reconocimiento del 
derecho, en la concesión de un acceso total ante la dificultad existente para apreciar matices 
específicos en el caso o argumentos legales basados en la normativa local.
Respecto de los motivos aducidos en las reclamaciones, y en paralelo con lo que se 
ha dicho en el apartado anterior respecto de las reclamaciones de ámbito estatal, se 
aprecia también en los motivos que llevan a estimar o desestimar las reclamaciones de 
ámbito territorial un predominio de los motivos jurídicos formales o procesales sobre los 
materiales, que constituye un trasunto de los aducidos por los órganos responsables en 
la resolución de las solicitudes de información pública que dan origen a aquéllas y 
constituyen la base argumentativa esencial de la impugnación.
Igualmente  se  detecta  una  cifra  considerable  de  impugnaciones  basadas  en  el 
silencio  administrativo  de  los  órganos  responsables,  que  supera  a  la  del  Estado, 
razonablemente como consecuencia del déficit de medios humanos de las EELL de 
menor  tamaño,  que  agrava  la  tendencia  ya  observada  en  el  ámbito  estatal  de  no 
responder expresamente en plazo a las solicitudes de información de la ciudadanía.
Referente a las reclamaciones no admitidas a trámite, destaca como causa principal 
la apreciación de que la información pedida en la solicitud reclamada no es propiamente 
información pública, especialmente por no estar relacionada con los propósitos propios 
de la transparencia y la rendición de cuentas. La segunda causa se refiere a que la 
información solicitada tiene su propio y específico cauce de acceso al margen de la 
LTAIBG, especialmente por haber sido solicitada por un Concejal o una Concejala o 
cualquier otro cargo electo.
El  número  más  alto  de  reclamaciones  (407,  un  47,00%  del  total)  se  dirige  a 
resoluciones de Ayuntamientos o Entidades Locales menores, que superan así a las 
Administraciones  autonómicas  (con  321  reclamaciones  y  un  37,07%  del  total)  en 
términos de conflictividad.
En cuanto al asunto o materia de las reclamaciones, la materia principal de las 
reclamaciones es la información municipal (el 38,34% del total), referida a diversos 
asuntos  pero  localizada  en  un  municipio  determinado.  La  segunda  materia  más 
reclamada  es  la  información  sobre  empleo  público  –esto  es,  procesos  selectivos, 
nombramientos de libre designación, retribuciones, etc…–, tanto autonómico como local 
(un 18,82% del total).
Finalmente, respecto de la clasificación de los y las reclamantes por género (en las 
reclamaciones de ámbito territorial no se dispone por el momento del dato de edad), la 
distribución es similar a la de las reclamaciones de ámbito estatal, apreciándose otra vez 
la existencia de una «brecha de género». De los 863 expedientes en que consta el dato, 
645  (el  74,48%  del  total)  han  sido  promovidas  por  hombres  y  únicamente  218 
(el 25,17%) han sido promovidos por mujeres.
2.2.4  Transparencia de las reclamaciones.
La totalidad de las resoluciones aprobadas por el CTBG en vía del art. 24 de la  bo
LTAIBG puede consultarse de forma «anonimizada» en la web del Consejo. w
ConDseejboe  lasse ñpaulabrlsicea  qaudee, mená su ne ne sfofurmeraztoo  proeru ftailiczialitbaler  lay  bqúuseq upeedrma idtee  llaa si nrceosropluocraiocnióens ,d eel   2021-2116n https://w
filtros de búsqueda ajustados.
3.  Eje COLABORA.
Durante 2019 el Consejo ha puesto en marcha 62 acciones de colaboración –
un 24,68% menos que las 77 realizadas en 2018–, distribuidas del siguiente modo por 
razón del tipo de partner o asociado: 13 acciones con sujetos de orden internacional; 13 
acciones  con  órganos  de  la  AGE  y  organismos  y  entidades  de  ámbito  estatal;  14 
acciones con órganos y entidades de ámbito autonómico y local, y 22 con Universidades, 
entidades privadas y organizaciones civiles.
3.1  Ámbito internacional.
Por  su  importancia  para  el  posicionamiento  internacional  del  Consejo  y  el 
conocimiento de las experiencias vividas en otros países, cabe destacar la participación 
del  Consejo  en  tres  encuentros  de  órganos  garantes:  la  ICIC  2019  –esto  es,  la 
International Conference of Information Commissioners o Conferencia Internacional de 
Comisionados de Información–, de ámbito mundial, celebrada en Sudáfrica en el mes de 
marzo,  y  dos  Encuentros  –los  núms.  XVII  y  XVII–  de  la  Red  latinoamericana  de 
Autoridades de Transparencia (RTA), de ámbito regional, celebrados, respectivamente, 
en mayo y noviembre, en Paraguay y México.
Fuera de los encuentros con órganos garantes, cabe destacar la participación del 
CTBG  en  el  taller  «Parlamento  Abierto:  Construcción  de  Caja  de  Herramientas  en 
Transparencia y Acceso a la Información», celebrado en Costa Rica en el mes de 
septiembre y propiciado por EUROsociAL, la RTA, ParlAmericas y la Alianza para el 
Gobierno Abierto (AGA) –Open Government Partnership (OGP)–.
3.2  Ámbito estatal.
Salvo en lo referente a la participación de esta Autoridad en el Plenario y la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Públicos del MCD, que 
tiene cariz institucional, la mayor parte de las acciones de colaboración del CTBG con 
órganos, organismos y entidades de la AGE y el Sector Público estatal durante 2019 (3 
en total) han tenido como objetivo informar a los correspondientes responsables de 
transparencia y acceso a la información pública de los criterios fijados por el CTBG tanto 
en materia de publicidad activa como de derecho de acceso y recibir el retorno de estos 
acerca de las particularidades de su función y la problemática específica de la gestión 
que tienen encomendada.
3.3  Ámbito territorial.
En lo que hace a las acciones de colaboración desarrolladas por el Consejo en el 
ámbito territorial durante 2019, las más destacadas son las relacionadas con la Red de 
Consejos y Comisionados de Transparencia de España, red informal de los 12 órganos 
garantes de la transparencia y el acceso a la información existentes en la actualidad (el 
CTBG  y  los  11  Comisionados  y  Consejos  de  Transparencia  autonómicos),  que  se 
constituyó por consenso unánime en 2018.
La Red de Comisionados y Consejos celebró tres reuniones en 2019: en mayo y 
septiembre, con sede en Madrid, y en noviembre en Santa Cruz de Tenerife, con el 
objetivo monográfico de elaborar una propuesta de modificación de la LTAIBG que 
pudiera someterse a la consideración de los grupos políticos. Adicionalmente –ver Eje 
COMUNICA–, realizó un panel abierto en octubre en el curso del IV CIT (Congreso  s
Internacional de Transparencia), celebrado en Málaga, y una declaración institucional  oe.
previa a la clausura del evento. w.
cáomnbvAietlo nm iotaesrr gdrieeton rt ridaaels  ladlade olR  deCedT ,Bl ahG ae,yj e lqcauusce i órdeneu sdnteiao clnaae rcs ot amdmepb eilétoensn,  ceCiano  pmeali rtmaé sar ercsdooe l vdSeere  llgaau sci mroeoiecplnaetmroa acdcióeion n ldeoess    2021-2116n https://w
del art. 24 de la LTAIBG, que el CTBG ha suscrito con diversas CCAA.
3.4  Otras entidades y organizaciones.
Durante 2019, el CTBG ha realizado actividades de colaboración con Universidades, 
entidades privadas, empresas consultoras o asociaciones civiles en 22 ocasiones –este 
es el ámbito colaborativo que más acciones del Consejo ha concertado en 2019–.
Hay  que  destacar  por  su  importancia,  la  organización  de  un  Seminario  de 
Investigación  en  colaboración  con  el  Instituto  Complutense  de  Ciencia  de  la 
Administración (ICCA) de la UCM para el estudio y diseño de un modelo ideal de política 
de transparencia y buen gobierno, basado en la experiencia de España y otros países de 
diversas  áreas  geográficas  y  socio-culturales.  El  Seminario,  con  una  periodicidad 
tentativamente mensual, ha contado con la participación del equipo directivo de este 
CTBG, los investigadores del ICCA, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UCM y ex-alumnos del máster de transparencia y buen Gobierno 
impartido  por  el  ICCA  en  colaboración  con  esta  AAI  –ver  epígrafe  relativo  al  Eje 
FORMA–.
Es de destacar también la participación de este Consejo en el Grupo de Trabajo 
(GESA) promovido por la Fundación Internacional FIBGAR y la Organización «Blue Print 
for Free Speech» para la redacción de una futura Ley de Protección de Alertadores 
española.
4.  Eje INTERPRETA.
El 38.2.a) de la LTAIBG atribuye a la Presidencia del CTBG la función de «adoptar 
criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley».
Adicionalmente  a  la  formulación  y  aprobación  de  los  criterios  de  interpretación 
uniforme de la LTAIBG, en el ámbito del Eje INTERPRETA, también se incardinan las 
actividades de emisión de informes sobre materias relacionadas con la transparencia y el 
acceso a la información y, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 38. c) de la LTAIBG de 
«informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen 
esta Ley o que estén relacionados con su objeto».
4.1  Criterios de interpretación.
Durante 2019, las actividades de esta Autoridad en este ámbito del Eje estratégico 
INTERPRETA  se  concretaron  en  la  elaboración  y  aprobación  de  tres  criterios  de 
interpretación uniforme, debidamente informados por la Comisión TBG.
Los criterios se relacionan a continuación, y se pueden consultar en la web del 
Consejo en el siguiente enlace:
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html.
– Criterio interpretativo 1/2019.
Fecha: 24 de septiembre de 2019.
Asunto: Aplicación del artículo 14, número 1, apartado h) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre: Perjuicio para los intereses económicos y comerciales.
– Criterio interpretativo 2/2019.
Fecha: 20 de diciembre de 2019.
Asunto: Publicidad activa (1). Concepto y naturaleza. s
– Criterio interpretativo 3/2019. w.
FAescuhnato: :2 P0u dbeli cdidicaiedm abcrteiv ad e(2 2).0 Á19m.bito subjetivo. 2021-2116n https://w
4.2  Otros informes.
Durante 2019, el CTBG emitió 2 informes sobre el Proyecto de Reglamento de 
desarrollo de la LTAIBG, en sus versiones de 6 de febrero de 2018 y 28 de febrero 
de 2019.
Así mismo emitió 4 informes sobre iniciativas parlamentarias en materia de «puertas 
giratorias»  y  otras,  y  3  sobre  disposiciones  autonómicas  relacionadas  con  la 
transparencia a petición de la Comisión de Seguimiento de normativa autonómica de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial.
5.  Eje SUPERVISA.
El  art.  9  de  la  LTAIBG  encomienda  al  CTBG  la  función  de  control  sobre  el 
cumplimiento por la AGE de las obligaciones de publicidad activa que le señala la Ley. 
Esta  función  se  concreta  en  la  posibilidad  de  «dictar  resoluciones  en  las  que  se 
establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el 
inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan», de acuerdo con el procedimiento 
que reglamentariamente se establezca.
Así mismo, el art. 38, aptdo. d), de la Ley le encomienda, entre otras, la tarea de 
«evaluar  el  grado  de  aplicación  de  esta  Ley.  Para  ello,  elaborará  anualmente  una 
memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones 
previstas y que será presentada ante las Cortes Generales».
Adicionalmente, en el Eje SUPERVISA, se enmarcan las actividades de seguimiento 
del grado de cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo frente a las 
reclamaciones formuladas al amparo del art. 24.
5.1  Evaluación.
Las acciones de evaluación realizadas por el Consejo en 2019 se exponen en la 
primera parte de esta Memoria de Actividades.
5.2  Tramitación de denuncias.
En el ejercicio 2019 el CTBG ha recibido 81 denuncias referidas a incumplimientos e 
infracciones de la LTAIBG, en particular, y en general, de la transparencia de la actividad 
pública, además de otras cuestiones de diversa índole ajenas al ámbito competencial del 
Consejo. El número de denuncias ha aumentado un 9,5% respecto de 2018.
Una constante que se repite respecto de años anteriores es que en numerosas 
ocasiones este Consejo no ha podido realizar una intervención efectiva en relación con 
el contenido de las denuncias, bien porque su objeto se refería a cuestiones ajenas a la 
LTAIBG o por no ser el órgano competente por razón de la Administración Pública o 
entidad denunciada.
Referente  al  sujeto  denunciado  las  más  numerosas,  han  sido  las  denuncias 
formuladas frente a entidades de la Administración Local: 35 denuncias, en total.
En cuanto a las personas denunciantes, 53 denuncias han sido formuladas por 
hombres y 24 por mujeres. Las 4 restantes se han presentado en representación de 
personas jurídicas.
5.3  Seguimiento del cumplimiento de las resoluciones del Consejo.
En el ámbito del Eje SUPERVISA, la última de las actuaciones realizadas en 2019  e
por este Consejo es el seguimiento del cumplimiento de las resoluciones estimatorias  bo
adoptadas  por  el  organismo  en  relación  con  las  reclamaciones  formuladas  por  los  w
cmciuuomdnDapitdaolimadrinozieao qncsuti óoaen l  de adelm eC sp oluaonsrsso  er adejcoest olod alseur  ctdT.i eor2a n4ene jsdespe,c a uslracue isónL TncaAi acrIe tBcuaaGalircz.eiaocdneoe dsse  p efoanrc  eulosltstae ds euásjme ctbooisteo rr cesisteipv ocaonsn spacarberlaeta sen xd ieegn irl  aelasl    OE-A-2021-2116able en https://w
decisiones objeto de reclamación y en el envío de los oportunos requerimientos en caso 
de incumplimiento o cumplimiento insatisfactorio de las resoluciones.
Las actuaciones de seguimiento comprenden también la publicación en el portal web 
del organismo de los resultados de esta labor de monitorización, destacando a los 
órganos  o  entidades  que  persisten  en  el  incumplimiento  después  de  haber  sido 
requeridos.
5.3.1  Ámbito estatal.
A 31 de diciembre de 2019, de las 285 resoluciones que requerían ejecución, 202 –
el 70,90% del total– había sido ejecutada por el órgano responsable; 7 –el 2,50%– se 
encontraban en trámite de resolución; 24 –el 8,40%– se hallaban suspendidas por haber 
sido objeto de recurso contencioso-administrativo por parte del órgano responsable y 
haberse dictado la cautelar de suspensión, y 52 –el 18,20%– estaban pendientes de 
ejecución, sin que hubiera constancia de su cumplimiento en los servicios de este CTBG.
Si se comparan estas cifras con las publicadas en el epígrafe de seguimiento de las 
resoluciones de la web institucional de este Consejo, se comprueba que el porcentaje de 
resoluciones en las que no consta cumplimiento (18,20%) es muy superior en 2019 a los 
señalados para años pasados (7,70% en 2018; 1,90% en 2017; 1,70% en 2016, y 5,00% 
en 2015). No obstante –y sin perjuicio de que efectivamente puede haberse producido un 
incremento–, hay que tener en cuenta que es también una consecuencia directa del 
cierre de los datos a 31 de diciembre de 2019 y del carácter de «foto fija» de la 
información.  En  la  práctica  observada  por  este  CTBG,  la  ejecución  de  algunas 
resoluciones tiende a demorarse en el tiempo. Por ello, el porcentaje de resoluciones en 
las  que  no  consta  cumplimiento  ha  de  tomarse  únicamente  como  un  indicador 
provisional, que deberá corroborarse en el futuro
5.3.2  Ámbito autonómico y local.
De las 234 resoluciones que requerían ejecución, a 31 de diciembre de 2019, se 
hallaban ejecutadas 176 –el 63,80% del total–; 26 –el 9, 40%– se encontraban en trámite 
de ejecución; 2 –el 0,70%– habían sido suspendidas por la interposición de un recurso 
contencioso-administrativo y la adopción de la oportuna medida cautelar, y en 72 casos –
el 26,10%– no existía en este Consejo constancia de su cumplimiento.
Como puede verse, el porcentaje de resoluciones cumplidas es menor en las de 
ámbito territorial que en las correspondientes a la AGE y al sector público estatal.
Sin perjuicio del «efecto desplazamiento» que se ha referido en el apartado anterior, 
el dato constituye un indicador de que la ejecución de las resoluciones del Consejo –
probablemente por el déficit de recursos humanos y materiales que se da con carácter 
general en las EELL de menor tamaño de España– tropieza con mayores dificultades en 
el ámbito autonómico y local que en el estatal.
En  segundo  lugar,  el  porcentaje  de  resoluciones  suspendidas  de  ámbito  local 
en 2019 es notablemente inferior al detectado en el estatal, lo que indica una tasa de 
litigiosidad considerablemente menor.
5.3.3  Recursos judiciales.
Durante el año 2019 se interpusieron 77 recursos contencioso-administrativos contra 
resoluciones del Consejo: 52 respecto de reclamaciones presentadas frente a órganos y 
entidades  de  la  AGE  y  el  sector  público  estatal  y  25  respecto  de  reclamaciones  es
presentadas frente a resoluciones de órganos y entidades de las CCAA y las EELL.  o
Los 77 recursos presentados durante 2019 sitúan a este ejercicio en la serie histórica  w
–aco6dm2m,Aoi nd uiaesnqtm ruaá8ets0ilv  ,eo5dns1e  % qluof resed  nmreetleá c suto rarste aoclsr–ue ,rp ssoreoelnsus  ceci2noo0tnna1tede9son  scs aieopd sooohrp -aóatnardg dmaainnisnto eissrppt,r ouaeretn isvteitodols a  ds1Cee5os  hn rausen eco jouirng rtsaeponrrspios ummceoosontvsoit de.ponúscb iloicpsooos-r   OE-A-2021-2116able en https://w
particulares,  empresas  o  Asociaciones  representativas  de  intereses  asociados  a  la 
transparencia –un 19,49% del total–.
6.  Eje FORMA.
El CTBG no es un centro docente, pero está mandatado por el art. 38, letra f), de la 
LTAIBG  para  «promover  actividades  de  formación  y  sensibilización  para  un  mejor 
conocimiento de las materias reguladas por esta Ley».
En esta labor de promoción, el Consejo ha participado durante 2019 en 51 sesiones 
formativas –26 más que en 2018–.
Entre las acciones más destacadas pueden señalarse las vinculadas al Máster en 
Transparencia y Buen Gobierno organizado por el Instituto Complutense de Ciencia de la 
Administración  (ICCA)  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  (UCM)  con  la 
colaboración  de  este  Consejo,  y  continuando  con  el  Máster  en  Derecho  de  las 
Telecomunicaciones  de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  (UC3M),  el  Máster  en 
Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM, el 
Máster Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información de 
la Universidad San Pablo CEU y la 4.ª edición del Título de Experto en Integridad 
Corporativa y Buen Gobierno, promovido por la organización Transparencia Internacional 
España (TI).
Así mismo, puede señalarse también la participación del Consejo, por segundo año 
consecutivo, en el curso de formación «Comunicación y Transparencia» organizado por 
el Consejo General del Poder Judicial para Jueces y Magistrados en activo y en curso 
también de formación «La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno» organizado por la Abogacía del Estado en el Centro de Estudios Jurídicos 
(CEJ) del Ministerio de Justicia.
7.  Eje COMUNICA.
En el ámbito del Eje COMUNICA, se dedica un espacio específico a las actividades 
propiamente de comunicación y otro a las actividades de difusión en general.
7.1  Difusión y sensibilización.
Durante  2019,  y  en  el  ejercicio  de  su  función  de  impulsar  la  cultura  de  la 
transparencia en España y de hacer presente su propia dimensión institucional, el CTBG 
ha realizado 36 actuaciones –un 10% menos que en 2018, en que se contabilizaron 40– 
de difusión y sensibilización.
Entre las actividades organizadas directamente por el CTBG, deben destacarse el VI 
y el VII Coloquio de Transparencia, celebrados en junio y en diciembre, y dedicados, 
respectivamente, a «Ejecución de las resoluciones de los órganos garantes» y a "La 
información sanitaria: un derecho de la ciudadanía». Se trata de acciones de debate 
público, con asistencia gratuita, sobre temas de actualidad que periódicamente organiza 
el Consejo con el objetivo de divulgar o informar de las novedades o cuestiones de 
mayor interés surgidas en el ámbito de la transparencia y conjugan una exposición a 
cargo de especialistas con un coloquio presencial que también es transmitido on line 
mediante streaming.
En este tipo de formato, es también de destacar la mesa redonda celebrada en 
septiembre, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber 
y  que,  en  esta  ocasión,  versó  sobre  «Big  Data  y  Tecnologías:  Oportunidades  y  es
Amenazas para la Rendición de Cuentas». o
Entre las actividades organizadas por ajenos al CTBG destaca por su importancia el  w
ApPIVacr otcrfeoCescsooiinno, ignocra eedlleseesob  l rada IedJn outlea ndr tnaeTa lr dca3eino0 sn Adpaneal d rseadenluepcc tiaiíeaT m,Ar albCanr RseDp EiaapDlru eI2tTan RdcceiiAóa  n,o y cP toourrotbgrvoraeisnn  ciezminaai lde laodm  ecb iprMuoodásra l addgl eada  e lay AM  esCálo olCcaaigoaliancc,iisóó ecnnjoo  nP  ddreeoel     OE-A-2021-2116able en https://w
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, y la colaboración financiera de este 
CTBG.
En el curso del Congreso, se celebró un panel abierto de la Red de Consejos y 
Comisionados de Transparencia de España –ver epígrafe referente al Eje COLABORA–, 
dedicado a «Los órganos de garantía de la transparencia y la integridad», y se formuló 
una declaración institucional –la llamada «Declaración de Málaga», que continúa a la 
«Declaración de Cádiz» de 2018– poniendo de manifiesto la necesidad de fomentar la 
transparencia y el uso de las herramientas que esta pone a disposición de la ciudadanía, 
así como la conveniencia de modificar la LTAIBG, y la urgencia en potenciar la labor de 
los órganos garantes y su importancia.
7.2  Acciones de comunicación.
7.2.1  Página web.
Durante el año 2019 no se han llevado ninguna mejora significativa a nivel técnico 
pero sí a nivel de contenidos, principalmente los relacionados con las resoluciones en 
materia de acceso a la información.
Se han adaptado los apartados de menú «Te ayudamos» –concretamente, «Cómo 
reclamar», «Qué debes saber para reclamar», «Dónde presentar una reclamación»– y 
los formularios, para que todas las reclamaciones dirigidas a la AGE se realicen a través 
de la sede electrónica.
A lo largo del año se han redactado para la hemeroteca de la web diecisiete noticias 
sobre temas de actualidad del Consejo; semanalmente se han publicado las agendas de 
los niveles 29 y 30 del Consejo; y, mensualmente, se han divulgado las estadísticas de 
nuestra actividad, las resoluciones a las reclamaciones que se reciben y los recursos 
judiciales contra resoluciones del Consejo.
El Portal de Transparencia ha sido un apartado en constante actualización.
La página ha sido objeto de 101.536 sesiones de consulta durante el año 2018, en el 
curso de las que se han realizado casi 450.616 visitas a sus distintos apartados, de las 
que 313.236 es el número de páginas vistas únicas. En la tabla siguiente se desglosan 
las estadísticas de uso de la página, el flujo mensual de las visitas y las páginas más 
visitadas:
7.2.2  Redes Sociales.
Durante el año 2019 las actividades en redes sociales se han focalizado en Twitter.
7.2.3  Medios de comunicación.
Durante 2019 se han difundido cuatro notas de prensa relativas a dos sentencias 
judiciales  favorables  al  CTBG  respecto  del  acceso  a  los  datos  de  los  contratos 
celebrados entre la Corporación RTVE y determinadas productoras de televisión para la 
compra de películas; la Declaración de la Ciudad de México, formulada en el ámbito del 
XVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información organizado por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) de México, y la Declaración de Málaga de la Red de Consejos y 
Comisionados de Transparencia del Estado español, formulada en el ámbito del IV 
Congreso Internacional de Transparencia.
También durante este año la prensa se ha hecho eco de diversas resoluciones del  s
CTBG y de otras cuestiones relacionadas con su actividad. oe.
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mediante resolución del día 17 de junio de la Presidencia del Consejo.
Por su parte, el 28 de febrero de 2019, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 
«Informe  de  Fiscalización  del  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  – 
Ejercicios 2016 y 2017», con el núm. 1.313.
9.  Indicadores de actividad.
9.1  Eje ACTIVA.
Asunto Tarea/actividad Indicador
Sesiones de la Comisión de Transparencia y Buen 
8
Gobierno.
Gobernanza y  Reuniones Comité de Dirección. 20
organización interna.
Reuniones de trabajo con responsables externos de 
tareas relacionadas con el funcionamiento y régimen  9
interno del Consejo.
Dotación de efectivos. 22
Recursos Humanos.
Necesidades de personal. 33
Presupuesto 2019  
Capítulo I: Gastos de Personal: 1,38 M. 60,55%
Capítulo II: Gastos corrientes: 0,78 M. 34,25%
Capítulos IV, VI y VIII: Transferencias.  
Inversiones y Otras operacs. financs.: 0,12 M. 05,18%,
Presupuesto y Gestión 
presupuestaria.
Total: 2,28 M.  
Ejecución presupuestaria
Ejecución: 1,75 M.
76,63%
Remanente: 0,53 M.
Total. 2,28 M.
Convenios. Nuevos convenios. 8
9.2  Eje RESUELVE.
Asunto Tarea/actividad Indicador
Reclamaciones: 1780.
Peticiones de información: 1777.
Consultas: 98.
Iniciativas ciudadanas. + 16,99% s/2018
Denuncias: 81.
Quejas y sugerencias: 11.
Total: 3747.
2021-2116n https://w
Asunto Tarea/actividad Indicador
Reclamaciones ámbito estatal. + 33,03% s/2018
Entradas 2019: 927. +46,31% s/2018
Pendientes 2018: 169. +33,03% s/2018
Total: 1096.  
Reclamaciones ámbito territorial.  
Reclamaciones a 
tramitar.
Entradas 2019: 853.  
Pendientes 2018: 204.  
Total:1057.
SAIP Portal AGE 7442. +40,78% s/2018
Tasa de conflictividad solicitudes. 12,46%
A tramitar en 2019: 1096 (/927+169).  
Resueltas: 900. 82,11%
Pendientes: 196. 17,88%
Estimadas: 407. 45,22%
Desestimadas: 301. 33,44%
Inadmitidas: 124. 13,78%
Archivadas: 64. 7,11%
Suspendidas por litispendencia: 4. 0,44%
Reclamaciones de 
Total: 900.
ámbito estatal.
AGE: 594. 66,00%
Organismos y entidades públicas: 165. 18,33%
Presidencia y órganos constitucionales: 71. 7,89%
Sociedades mercantiles: 41. 4,11%
Fundaciones públicas: 1. 0,11%
Corporaciones de Derecho Público: 22. 2,44%
Otros: 6. 1,11%
Total: 900.
2021-2116n https://w
Asunto Tarea/actividad Indicador
Principado de Asturias: 76. 8,78%
Extremadura: 83. 9,58%
Castilla–La Mancha: 135. 15,59%
La Rioja : 33. 3,81%
Cantabria: 77. 8,89%
Madrid: 411. 47,46%
Melilla: 37. 4,50%
Ceuta: 6. 0,69%
Sin convenio: 6. 0,69%
Total: 866.  
Universidades: 55. 6,35%
Ayuntamientos: 407. 47,00%
Organismos y Entidades públicas: 10. 1,15%
Sociedades Mercantiles: 9. 1,04%
Reclamaciones de 
Diputaciones Provinciales: 7. 0,81%
ámbito territorial.
Corporaciones de Derecho Público: 16. 1,15%
Comunidades Autónomas: 321. 37,07%
Ciudades Autónomas: 41. 4,73%
Total: 866.
A tramitar en 2019 1057 (853+204).
Resueltas: 866. 81,93%
Pendientes: 191. 18,07%
Estimadas: 431. 49,77%
Desestimadas: 147. 16,97%
Inadmitidas: 194. 22,40%
Archivadas: 84. 9,70%
Retroacción actuaciones: 8 0,92%
Revocadas: 2. 0,23%
Total: 662.
9.3  Eje COLABORA.
Asunto Tarea/actividad Indicador
Universidades, entidades y sociedad civil: 22. 35,48% es
CCAA, EELL y entidades vinculadas: 14. 22,58% w.b
Acoclcaiboonreasc dióen . AOGrgEa nyi zoargcsa.n yis emnotisd aedsteast ainletes:r n1a3c.s: 13. 2200,,9977%% 2021-2116n https://w
Total: 62.
9.4  Eje INTERPRETA.
Asunto Tarea / actividad. Indicador
Criterios de interpretación uniforme. 3
Informes proyecto Reglamento. 2
Criterios de 
interpretación e 
Informes iniciativas parlamentarias. 4
informes.
Informes Comisión Seguimiento disposiciones 
3
autonómicas.
9.5  Eje SUPERVISA
Asunto Tarea/actividad Indicador
No consta cumplimiento: 52. 18,20%
Suspendidas por recurso contencioso: 24. 8,40%
Ejecución resoluciones 
En plazo de ejecución: 7. 2,50%
ámbito estatal.
Cumplidas: 202. 70,90%
Total: 285.
No consta cumplimiento: 72. 26,10%
Suspendidas por recurso contencioso: 2. 0,70%
Ejecución resoluciones 
En plazo de ejecución: 26. 9,40%
ámbito territorial.
Cumplidas: 176. 63,80%
Total: 276.
9.6  Eje FORMA.
Asunto Tarea / actividad Indicador
Sociedad civil: 2. 3,92%
Universidades, Institutos y Fundaciones: 19. 37,25%
Órganos constitucionales: 2. 1,96%
Acciones formativas.
AGE y organismos y entidades estatales: 15. 29,41%
CCAA y EELL: 14. 27,45%
Total: 51.
9.7  Eje COMUNICA.
Asunto Tarea / actividad Indicador
Instituciones, entidades y sociedad civil: 14. 38,89%
Acciones de  CTBG: 7. 19,44% s
sensibilización y  e.
difusión. Presencia institucional: 15. 41,67% bo
Total: 36. 2021-2116n https://w