BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Miércoles 16 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 73590
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
10083 Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Alcobendas, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo del 
Ayuntamiento de Alcobendas.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Alcobendas, en fecha 4 de junio de 2021, Convenio para la constitución de la Junta 
Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Alcobendas, que figura como anexo a esta 
resolución, procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad 
con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Madrid, 10 de junio de 2021.–La Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcobendas, para la constitución de la Junta Arbitral de 
Consumo del Ayuntamiento de Alcobendas
En Madrid, a 4 de junio de 2021.
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
De  otra  parte,  don  Rodrigo  Tilve  Seoane,  Viceconsejero  de  Economía  y 
Competitividad, de acuerdo con el nombramiento efectuado por Decreto 68/2020, de 26 
de agosto, del Consejo de Gobierno, por delegación de firma de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, efectuada mediante Decreto 35/2021, de 5 de mayo, en relación 
con lo previsto en el artículo 3.1 del Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
Y de otra, don Rafael Sánchez Acera, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcobendas, nombrado por el Pleno Municipal el 15 de junio de 2019, en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, y el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 1 de marzo, de 
Administración  Local  de  la  Comunidad  de  Madrid,  por  el  que  se  atribuye  a  los 
Presidentes de las Entidades Locales la competencia para formalizar los Convenios de 
colaboración, y siendo aprobada la suscripción del presente Convenio por Decreto n.º  es
6872, de 18 de mayo de 2021. o
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo,  083ww
de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcobendas.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II del título V del Libro 
Primero del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b) del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los Departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 13 de abril de 1994, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo del Ayuntamiento de Alcobendas (en adelante, la Junta Arbitral), realizando 
desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su 
ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Consejería  de  Economía,  Empleo  y 
Competitividad  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  el  Ayuntamiento  de  Alcobendas, 
conscientes  de  la  necesidad  de  facilitar  a  los  consumidores  un  medio  eficaz  de 
resolución  de  conflictos  y  teniendo  en  cuenta  la  experiencia  positiva  desde  su 
constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los Convenios contenida en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del 
Ayuntamiento de Alcobendas, con sede en Alcobendas, cuyo ámbito territorial viene 
determinado  por  el  propio  del  municipio  de  Alcobendas,  conocerá,  con  carácter  e.
prioritario, de las reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con  w.b
sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y  083ww
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Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  El Ayuntamiento de Alcobendas impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y 
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un 
año desde la fecha de eficacia del presente Convenio, su acreditación como entidad de 
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 7/2017, de 2 de noviembre.
2.   El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con el Ayuntamiento de 
Alcobendas,  un  sistema  de  información  recíproco  para  el  buen  funcionamiento  del 
Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad.
3.  El Ayuntamiento de Alcobendas facilitará información sobre la designación de 
Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 
facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema 
Arbitral de Consumo en el ámbito territorial del municipio de Alcobendas.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años  es
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio. bo
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su  083ww
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Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su  objeto  o  por  incurrir  en  causa  de  resolución.  Son  causas  de  resolución  del 
Convenio las recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes 
está incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio, se lo 
notificará mediante comunicación fehaciente e indicará las causas que originan 
dicho  incumplimiento.  Este  requerimiento  será  comunicado  igualmente  a  los 
representantes  de  la  Comisión  de  Seguimiento.  La  otra  parte  podrá  subsanar 
dicha situación en un plazo no superior a un mes, a contar desde la fecha de 
envío de la notificación. En todo caso, la Comisión de Seguimiento podrá decidir 
sobre la adopción inmediata de las medidas correctoras oportunas para garantizar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento  e
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a  bo
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  083ww
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Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P. D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.–La Presidenta de la Comunidad de Madrid, P. D. (Decreto 35/2021, de 5 de 
mayo),  el  Viceconsejero  de  Economía  y  Competitividad,  Rodrigo  Tilve  Seoane.–El 
Alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera.