BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 204 Jueves 26 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 103482
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14223 Resolución de 15 de junio de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2017.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 15 de junio de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2017, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar a la Comunidad Autónoma de Cantabria a poner en marcha lo antes 
posible las siguientes medidas:
– Efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo 
de rendición de las cuentas a 31 de julio, o incluso 30 de junio, del ejercicio siguiente a 
que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por 
este  Tribunal.  En  este  sentido,  cabe  recordar  la  Resolución  de  24  de  septiembre 
de 2013, reiterada por la Resolución de 8 de abril de 2014, aprobadas por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
– Implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada, 
conforme a los criterios fijados en el Documento 8 por la Comisión de Principios y 
Normas Contables Públicas.
– Considerar los saldos de las cuentas restringidas de recaudación como integrantes 
del saldo final de tesorería y proceder a su contabilización y conciliación.
– Aportar en las memorias toda la información necesaria para conocer la situación 
financiera de la administración autonómica.
– Dotar de medios suficientes al Servicio Cántabro de Salud, al Servicio Cántabro de 
Empleo, al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Instituto Cántabro 
de Servicios Sociales, dentro de los disponibles por la administración autonómica, con el 
fin de hacer posible que entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren, por 
separado, la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del 
presupuesto, máxime la transcendencia que estos presentan. En este mismo sentido, se 
pronuncian las Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, de fechas 8 de mayo de 2012, 14 de septiembre de 2013 y 27 de mayo 
de 2014.
– Analizar la posibilidad y, en su caso, conveniencia de la aplicación del artículo 44 de 
la  Ley  14/2006,  de  24  de  octubre,  de  Finanzas  de  Cantabria,  en  relación  con  las 
transferencias  realizadas  a  la  Universidad  de  Cantabria,  según  el  cual  la  Consejería 
competente  en  materia  de  Hacienda  podrá  declarar  no  disponibles  las  transferencias 
corrientes o de capital destinadas a las entidades integrantes del sector público autonómico 
cuando,  como  consecuencia  de  la  existencia  de  suficientes  disponibilidades  líquidas, 
pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de la actividad presupuestada o, incluso, 
solicitar el ingreso en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de la totalidad o de parte de  e.e
dichas disponibilidades y, adicionalmente, dictar las normas y procedimientos oportunos a  b
fin de que, por un lado, se incorporase el presupuesto de la Universidad en la Ley de  223ww
Penre eslu aprutíecsutloos 8 d2e d lea  lCa oLmeyu nOidrgaádn Aicuat ó6n/2o0m0a1 ,y d, ep o2r1 o dtreo d, isceie rmecboreg,i edsee Un nloivse ersxitdreamdeoss. previstos
Pres–u pAureticsutolasr  ylo Ps omlíeticcaa nFisinmaonsc ineerac edsea riloas  Cpoanrase qjeureía l ad eD irEeccocnióonm Gíae nye Hraal cdieen Tdeas oprueerídaa, 
ejercitar el control de las cuentas restringidas de ingresos, integrantes de la Tesorería de
la Comunidad Autónoma, cuya competencia está asignada a la Agencia Cántabra de 
Administración  Tributaria  hasta  el  momento  en  que  los  fondos  de  las  mismas  son 
traspasados a la cuenta general de ingresos.
– Tomar las medidas oportunas para articular el presupuesto monetario al que se 
refiere el artículo 82 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, al 
objeto de conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos y una correcta 
estimación de la necesidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma.
– Valorar la presentación de una Cuenta General única consolidada, mediante la que 
se pueda reflejar la situación presupuestaria y patrimonial del conjunto del sector público 
cántabro, al amparo de la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban 
las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector 
público.
– Valorar el dictado de una norma similar a la contenida en la Orden HAP/801/2014, 
de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en 
los  casos  de  modificaciones  estructurales  entre  entidades  del  sector  público  que 
supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación.
– Depurar y regularizar los derechos reconocidos pendientes de cobro que, estando 
prescritos, figuran aún registrados en contabilidad.
– Completar  la  conexión  del  sistema  contable  auxiliar  de  Modernización  y 
Organización Unificada de Recursos Operativos con el Sistema de Información Contable 
con el fin de realizar de forma telemática la transmisión de la información contable.
– Proceder a la implantación de manuales de procedimientos para la contratación 
del personal para el caso de las empresas y fundaciones públicas que aún carecen de 
los  mismos,  basándose  en  los  principios  de  publicidad  de  las  convocatorias, 
transparencia e imparcialidad en la selección.
– Realizar las actuaciones necesarias para que las empresas y fundaciones públicas 
que aún carecen de manuales de procedimientos para la contratación del personal, 
procedan  a  su  implantación,  basándose  en  los  principios  de  publicidad  de  las 
convocatorias, transparencia e imparcialidad en la selección.
– Potenciar el papel coordinador de la Consejería de Educación en los planes de 
acción a elaborar por los centros educativos, a la vista de los resultados obtenidos en las 
distintas pruebas de evaluación, así como, reforzar la revisión y el control económico de 
los centros docentes, públicos y concertados, tanto por la citada Consejería como por la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma.
– Promover el desarrollo reglamentario de los aspectos pendientes de la Ley 6/2008, 
de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria.
– Proceder al desarrollo y/o utilización de los diferentes instrumentos previstos en la 
legislación  medioambiental  para  promover  una  mayor  efectividad  en  el  control  y 
coordinación de estas actividades.
– Acometer  la  tarea  de  preparación  de  la  Comunidad  Autónoma  para  la 
implementación, el control y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS
 
 
 
 
 
 
N.º 1.349 
 
INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD 
 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2017 
 
 
 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 
19 de diciembre de 2019 el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 
2017, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales y al Parlamento de Cantabria, así como 
al Gobierno de la citada Comunidad Autónoma, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de 
Funcionamiento. 
   
ÍNDICE 
  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
I.2.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
I.3.  MARCO NORMATIVO 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE 
I.5.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
II.1.  ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
II.2.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
II.2.1.   Consideraciones generales 
II.2.2.  Cuentas del sector público administrativo 
II.2.3.  Cuentas del sector público empresarial 
II.2.4.  Cuentas del sector público fundacional 
II.3.  CONTROL INTERNO 
II.3.1.  Atribuido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
II.3.2.  En la presupuestación y en la gestión de gastos y pagos 
II.3.3.  En la gestión de ingresos y cobros 
II.3.4.  Política de seguridad en la utilización de medios electrónicos 
II.3.5.  Otros aspectos relativos al control interno 
II.3.6.   Aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) 
II.4.  CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
II.5.  CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
II.5.1.  Visión general 
II.5.2.  Contabilidad presupuestaria Administración General 
II.5.3.  Situación patrimonial. Balance Administración General 
II.5.4.  Resultado económico-patrimonial Administración General 
II.5.5.  Memoria de la Administración General 
II.5.6.  Cuentas de los Organismos Autónomos 
II.5.7.  Cuentas de los Entes públicos 
II.5.8.  Cuentas de los Consorcios 
II.6.  CUENTAS DE LOS SECTORES PÚBLICOS EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL 
II.6.1.  Cuentas del sector público empresarial 
II.6.2.  Cuentas del sector público fundacional 
II.7.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
II.7.1.  Marco normativo  oe.
II.7.2.  Cumplimiento de los objetivos  223ww
  II.7.3.  Planes Económico Financieros
II.8.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
II.8.1.  Operaciones de crédito y avales 
II.8.2.  Personal 
II.8.3.  Transparencia y buen gobierno 
II.8.4.  Medidas contra la morosidad en el sector público 
II.8.5.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
II.8.6.  Transferencias y subvenciones 
II.8.7.  Gasto sanitario 
II.8.8.  Gestión medioambiental 
II.8.9.  El sistema educativo en la CA 
II.8.10. El Protectorado de Fundaciones de la CA 
II.9.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
II.9.1.  Dotaciones de los Fondos 
II.9.2.   Recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial 
II.9.3.  Proyectos de inversión 
II.9.4.  Financiación de los Fondos 
II.10.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
II.10.1. Informe de fiscalización 2015 
II.10.2. Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
  CONCLUSIONES 
  RECOMENDACIONES 
 
ANEXOS 
 
   
RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
ACAT  Agencia Cántabra de Administración Tributaria. 
AEAT  Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
AG  Administración General. 
AGE  Administración General del Estado. 
AIREF  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
CA/CCAA  Comunidad Autónoma/Comunidades Autónomas. 
CANTUR  Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. 
CDGAE  Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
CEARC  Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria. 
CIMA  Centro de Investigación del Medio Ambiente. 
CITRASA  Ciudad de Transportes de Santander, S.A. 
CPFF  Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
DA  Disposición adicional. 
DF  Disposición final. 
DG  Dirección General. 
EA  Estatuto de Autonomía. 
ENI  Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
ENS  Esquema Nacional de Seguridad. 
FC  Fondo de Compensación. 
FCI  Fondo/s de Compensación Interterritorial. 
FCSBS  Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. 
FCV  Federación Cántabra de Vela. 
FEV  Real Federación Española de Vela. 
FIS  Festival Internacional de Santander. 
FLA  Fondo de Liquidez Autonómico. 
FMV  Fundación Marqués de Valdecilla. 
GESVICAN  Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L. 
ICAF  Instituto de Finanzas de Cantabria. 
ICANE  Instituto Cántabro de Estadística. 
ICASS  Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 
ICE  Inversiones Cántabras Empresariales, S.L. 
ICSST  Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
IDIVAL  Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla. 
IGAC  Intervención General de la Administración de Cantabria. 
IRPF  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
LCA  Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, por la que se regula el control 
ambiental integrado. 
LF  Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria. 
LFCI   Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación 
Interterritorial. 
LM  Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
LO  Ley Orgánica.  e.
LOE  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  w.
LOEPSF  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  223ww
LOMCE  SLeoys tOenrgibáilnidicaad  8F/2in0a1n3c,i edrea .9  de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
LP  Ley/es de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
LPGE  Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
LRJGAC   Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
LSC  Ley de Subvenciones de Cantabria. 
MARE  Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. 
MINHAFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
MINHAP  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
MOURO  Sistema de Información de Modernización y Organización Unificada de Recursos 
Operativos. 
NPB  Nueva Papelera del Besaya, S.L. 
OA/OOAA  Organismo autónomo/Organismos autónomos. 
ODECA  Oficina de Calidad Alimentaria. 
PCTCAN  Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, S.L. 
PEF  Plan/es Económico Financiero/s. 
PGC  Plan General de Contabilidad. 
PGCP  Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria. 
PGE  Presupuestos Generales del Estado. 
PIB  Producto Interior Bruto. 
PMP  Periodo Medio de Pago. 
RCF  Registro Contable de Facturas. 
RD  Real Decreto. 
RD-L  Real Decreto-Ley. 
RD-Leg.  Real Decreto Legislativo. 
RGS  Reglamento General de Subvenciones. 
RLCA  Reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, por la que se 
regula el control ambiental integrado. 
SAICC  Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas, S.L. 
SCE  Servicio Cántabro de Empleo. 
SCS  Servicio Cántabro de Salud. 
SIAA  Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales. 
SIC  Sistema de Información Contable. 
SICAN  Suelo Industrial de Cantabria, S.L. 
SODERCAN  Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. 
SOGIESE  Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L. 
SRECD  Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. 
UC  Universidad de Cantabria. 
 
 
 
 
 
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro Nº 1.   ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
Cuadro Nº 2.   GASTO AGREGADO 
Cuadro Nº 3.   EXPEDIENTES ARTÍCULO 148 LF 
Cuadro Nº 4.   ACTUACIONES PLAN ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 
Cuadro Nº 5.   EVOLUCIÓN GASTOS NO FINANCIEROS 
Cuadro Nº 6.   MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
Cuadro Nº 7.   FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
Cuadro Nº 8.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS 
Cuadro Nº 9.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 
Cuadro Nº 10. RECURSOS FINANCIACIÓN CA 
Cuadro Nº 11. TESORERÍA 
Cuadro Nº 12. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 
PRESUPUESTO 
Cuadro Nº 13. SOCIEDADES EN CAUSA DE DISOLUCIÓN 
Cuadro Nº 14. INFORMES DE AUDITORÍA EMPRESAS 
Cuadro Nº 15. INFORMES DE AUDITORÍA FUNDACIONES 
Cuadro Nº 16. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT 2013-2018 
Cuadro Nº 17. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA 2013-2018 
Cuadro Nº 18. RIESGO VIVO EN ENTIDADES AVALADAS 
Cuadro Nº 19. EVOLUCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
Cuadro Nº 20. EVOLUCIÓN EFECTIVOS CA SEGÚN DATOS DE CUENTA GENERAL 
Cuadro Nº 21. EFECTIVOS AG y OOAA INTEGRADOS 
Cuadro Nº 22. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
Cuadro Nº 23. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 
Cuadro Nº 24. RECLAMACIONES RESUELTAS POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO 
Cuadro Nº 25. COMPARATIVA PMP CANTABRIA-CONJUNTO DE CCAA 
Cuadro Nº 26. EMPRESAS CON PMP MÁS ELEVADO 
Cuadro Nº 27. PMP SECTOR FUNDACIONAL 
Cuadro Nº 28. DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR SEXOS 
Cuadro Nº 29. DISTRIBUCIÓN ALTOS CARGOS Y PARLAMENTO AUTONÓMICO 
Cuadro Nº 30. SUBVENCIONES PAGADAS POR LA CA 
Cuadro Nº 31. EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS SCS 
Cuadro Nº 32. CENTROS DE GASTO DEL SCS 
Cuadro Nº 33. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO SCS. AÑO 2017  es
Cuadro Nº 34. PROCESOS SELECTIVOS ABIERTOS DE PERSONAL SANITARIO EN  b
CANTABRIA  223ww
CCCuuuaaadddrrrooo   NNNººº   333567...   GEGVAAOSSTLTUOOCS PI ÓCRNAEPS DÍTTEAULC LGIOÓA N2S  TFSOACR SEM NA FCAÉRUMTAICCAIA A HMOBSUPLIATTAOLRARIAI A  OE-A-2021-14able en https://
Cuadro Nº 38. EVOLUCIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO 
Cuadro Nº 39. LISTAS DE ESPERA 
Cuadro Nº 40. DERIVACIONES A LA SANIDAD PRIVADA 
Cuadro Nº 41. OPINIÓN DEL USUARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Cuadro Nº 42. GASTO FARMACÉUTICO Y SANITARIO DEVENGADO 2017 
Cuadro Nº 43. INDICADORES SCS (2017) 
Cuadro Nº 44. CENTROS Y ALUMNOS 
Cuadro Nº 45. RECURSOS EDUCACIÓN BÁSICA 
Cuadro Nº 46. CUENTAS Y PLANES NO PRESENTADOS 
Cuadro Nº 47. PROYECTOS INICIALES DOTACIÓN 2017 
Cuadro Nº 48. RECURSOS DE LOS FCI OBTENIDOS 
 
 
 
  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, 
corresponde al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de las Comunidades 
Autónomas (CCAA). 
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con el 4, y de forma 
específica en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica (LO) 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, se procede, en el ejercicio de las competencias de este Tribunal, a emitir el presente 
Informe sobre los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por 
la Comunidad Autónoma (CA) de Cantabria durante el ejercicio 2017. 
La presente fiscalización se incluye en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas 
para el año 2019, aprobado por su Pleno el 20 de diciembre de 2018, dentro del apartado de las 
fiscalizaciones derivadas de un mandato legal.  
La presente fiscalización se enmarca dentro de los objetivos específicos 1.1 “Realizar actuaciones 
que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional 
y eficiente”, 1.2 “Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las Entidades 
Públicas”, 1.3 “Identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las 
prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción”, 1.4 “Incrementar las fiscalizaciones 
operativas”, 1.5 “Agilizar la tramitación de los procedimientos fiscalizadores” y 2.3 “Contribuir al 
fortalecimiento del control interno”, recogidos en el Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 
2018-2021, aprobado por su Pleno en sesión de 25 de abril de 2018. 
I.2.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
El ámbito subjetivo de la fiscalización está compuesto por las entidades que forman el sector 
público autonómico, conforme a la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (LF), 
(según  se  detalla  en  el  apartado  II.1  y  con  excepción  de  la  Universidad1  y  sus  entidades 
dependientes). El ámbito objetivo de la fiscalización está formado por las cuentas rendidas por el 
conjunto de entidades anteriores, incluyendo, además, las operaciones, actos o hechos que 
conforman la actividad económico-presupuestaria de la CA. No obstante, cabe señalar que, en el 
Programa de Fiscalizaciones para 2019, también se incluía la realización de la “fiscalización de la 
contratación de las CCAA y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 
2016 y 2017”, por lo que dicha materia no es objeto de tratamiento específico en el presente 
Informe. 
El ámbito temporal se refiere al ejercicio 2017, sin perjuicio de las operaciones o hechos de 
ejercicios anteriores o posteriores que se analicen por su relación con el ejercicio fiscalizado. 
I.3.  MARCO NORMATIVO 
a)  Legislación autonómica 
La normativa emanada de la Comunidad aplicable a su actividad económico-financiera durante el  e.e
ejercicio fiscalizado está constituida, fundamentalmente, por las siguientes disposiciones:  bo
                                                 
g1 eNnoe raolbesst adnetle s, eecnto re lp úpbrelisceon ateu toInnfóomrmiceo .s e hacen referencias puntuales a esa Entidad, en esencia, al analizar datos
  Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de 
Cantabria.  
  Orden de 29 de noviembre de 2000, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública para Cantabria (PGCP). 
  Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de 
la CA de Cantabria (LRJGAC)2. 
  Ley 3/2006, de 18 de abril, del Patrimonio de la CA de Cantabria. 
  Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
  Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria. 
  Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado. 
  Ley 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales de la CA de Cantabria para el año 
2017. 
b)  Legislación estatal 
  LO 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las CCAA. 
  Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial 
(LFCI). 
  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
  Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
CCAA  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  (EA)  y  se  modifican 
determinadas normas tributarias. 
  Ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la CA de 
Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
  LO  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
(LOEPSF). 
  Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 
I.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE 
La presente fiscalización se realiza de conformidad con las Directrices Técnicas aprobadas por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de noviembre de 2018 e, igualmente, de acuerdo con las 
Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por el Pleno el 23 de diciembre de 
2013. 
La fiscalización se ha realizado en el marco de los objetivos determinados en las Directrices  oe.
Técnicas ya citadas, de conformidad con el artículo 9 de la LO del Tribunal de Cuentas. Dichos  w.
objetivos se concretan en los siguientes:  223ww
                                                
2la D Aedrmoginaidsatr apcoióstne ryi odreml eSnetcet opro Pr úlab lLiceoy  Idnes tCituacniotanbarli ad e5 /l2a0 C1A8,  ddee  C2a2n dtaeb nrioav. iembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de
  Verificar si la Cuenta General y las demás cuentas anuales individuales de las entidades 
públicas de la CA se han rendido respetando las normas que les son de aplicación respecto a 
plazo, estructura y contenido. 
  Determinar si las cuentas anuales rendidas se presentan de acuerdo con los principios y 
normas definidos en los planes de contabilidad y en la normativa económico-financiera que rige la 
gestión de los presupuestos, poniendo de manifiesto las observaciones y salvedades que se 
estimen significativas. 
  Analizar los sistemas de control interno establecidos, en especial, en la Administración 
General (AG). 
  Comprobar si se han seguido los procedimientos establecidos para la determinación y 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  que  regula  esta  materia,  así  como  verificar  la 
implantación de las medidas correctoras propuestas en los Planes Económico Financieros (PEF) y 
Planes de Reequilibrio presentados, en su caso. 
  Evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los 
recursos públicos, principalmente en la AG, mediante el análisis, entre otras, de las áreas de 
sanidad, medioambiente, educación, personal, morosidad de la deuda comercial, endeudamiento 
y subvenciones. 
  Analizar la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de 
Compensación Interterritorial (FCI) [Fondo de Compensación (FC) y Fondo Complementario]. 
  Realizar  el  seguimiento  de  las  recomendaciones  formuladas  en  informes  de  ejercicios 
anteriores elaborados por el Tribunal, así como las señaladas en las resoluciones de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
Además, se ha verificado el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como de las prescripciones de transparencia en todo aquello en que lo dispuesto en 
dicha normativa pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
De  la  exposición  de  los  objetivos  anteriores  se  deduce  el  carácter  integral  de  la  presente 
fiscalización (de regularidad y operativa). 
No se han presentado limitaciones al alcance que hayan impedido la consecución de los objetivos 
previstos en la fiscalización. 
I.5.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
Los resultados de las actuaciones practicadas se pusieron de manifiesto al Presidente de la 
Comunidad, para que se formulasen las alegaciones y se presentasen cuantos documentos y 
justificantes se estimasen pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 
de 5 de abril de 1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
Dentro  del  plazo  de  prórroga  concedido  se  recibieron  las  alegaciones  que,  en  virtud  de  lo 
dispuesto en el mencionado artículo 44, se incorporan a este Informe.  s
Se han analizado las alegaciones formuladas, habiéndose incorporado los cambios que se han  w.
considerado oportunos, ya sea para aceptar su contenido o para razonar el motivo por el que no  223ww
sgee saticóenp tdaens,a prerorolla ndoa  hoa nse s irdeofi eorbejne tao  dhee cchoonst eqsutaec nióon g lausa rqdueen  ceosntrsictittau yreenla mcióenra cso enx ploli cinadciicoandeos  edne  leal 
Ipnrfeosremnete.  IEnnfo rcmuea.l quier caso, el resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en el
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Todos los anexos a este Informe se han elaborado con los datos tal y como vienen reflejados en la 
contabilidad o confeccionados por el Tribunal con los datos contables aportados por aquella, de 
los que son trascripción. Los cuadros que se incluyen junto al texto del Informe son el resultado 
del análisis de la fiscalización y se basan en datos aportados por la Comunidad y, de forma 
residual, publicados por otras entidades públicas. 
Los anexos I.1-1, I.1-2 y I.1-3 recogen las cifras agregadas correspondientes a la liquidación de 
los presupuestos de gastos e ingresos y saldos presupuestarios de las Administraciones Públicas. 
Asimismo, los anexos I.1-4 y I.1-5 reflejan la situación económico-financiera y los resultados 
económico-patrimoniales de las Administraciones públicas. 
II.1.   ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
En el siguiente cuadro se ofrece información agregada sobre el número de entes integrantes del 
sector público de la CA (a 31 de diciembre de 2017), en función de la delimitación realizada por el 
artículo 3 de la LF: 
CUADRO Nº 1.   ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO3 
Entidad  Número 
AG  1 
Organismos autónomos (OOAA) (*)  8 
Otros entes públicos administrativos  1 
Empresas públicas y entes empresariales   20 
Fundaciones  9 
Consorcios (**)   1 
Universidad  1 
(*)  Cuatro de los ocho OOAA existentes integraron sus cuentas en las de la AG, como secciones presupuestarias de 
la misma. 
(**)  En la cifra anterior no está incluido el Consorcio Interautonómico Parque Nacional de los Picos de Europa, 
creado en virtud de un Convenio de Colaboración suscrito por las CCAA de Cantabria, Castilla y León y el Principado de 
Asturias, a través de sus Presidentes, para la gestión coordinada de dicho Parque Nacional. En sus estatutos no figura 
una única Administración de adscripción, indicando el Inventario de Entes del Sector Público que la CA de Asturias 
posee un porcentaje de voto superior al resto (33,34 %). A 21 de marzo de 2019, no se habían aprobado aún las 
cuentas anuales del ejercicio 2017. 
De acuerdo con las cuentas rendidas en la fiscalización, en el siguiente cuadro se refleja el gasto 
agregado de las entidades anteriores, siendo necesario señalar que el mismo no se presenta 
consolidado  (al  no  estar  obligada  a  ello  la  Comunidad  según  su  normativa  contable  y 
presupuestaria), de modo que el sumatorio del gasto no responde al efectivamente realizado, en 
la medida que no se han eliminado las transferencias internas por las aportaciones efectuadas por 
la AG o por otros entes públicos: 
 3  E  n    e l   a  n e  x o    I .0    s e    o f r e  c e    u n  a   r e  l a c   ión nominativa de estas entidades.
CUADRO Nº 2.   GASTO AGREGADO 
(miles de euros) 
Gasto contabilizado 
Entidad  Importe 
AG (*)  2.516.540 
OOAA  4.798 
Otros entes públicos administrativos  7.728 
Empresas públicas y entes empresariales  173.724 
Universidad  105.660 
Fundaciones  41.927 
Consorcios  4 
(*)  El importe de las transferencias realizadas por la AG al resto de entes públicos autonómicos ascendió a 151.311 
miles de euros, de los que 72.081 correspondían a la Universidad.  
En relación con las cifras anteriores, es destacable que las referentes a los dos principales OOAA 
de la CA, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS), aparecen en la línea correspondiente a la AG, al figurar presupuestariamente como 
secciones de la misma, tal y como se analiza con detalle posteriormente. Por otro lado, los datos 
de las entidades que no cuentan con presupuesto limitativo se obtuvieron de las diferentes 
cuentas de resultados. 
En los anexos I.1-1 y I.1-2 a este Informe se recoge un resumen de la liquidación de los 
presupuestos de gastos y de ingresos del ejercicio 2017 de la AG de la CA, de los OOAA, otros 
entes públicos y de los consorcios sujetos al régimen de contabilidad pública. El anexo I.1-3 
recoge el resultado y el saldo presupuestario de todas estas entidades correspondiente al ejercicio 
2017, y en los anexos I.1-4 y I.1-5 se refleja un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2017 
(balance y cuenta del resultado económico-patrimonial). 
En los anexos I.2-1 y I.2-2 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 
2017 (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) de las empresas públicas autonómicas. 
En los anexos I.3-1 y I.3-2 se recoge un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2017 
(balance y cuenta de resultados) de las fundaciones públicas autonómicas. 
II.2.   RENDICIÓN DE CUENTAS   
II.2.1.  Consideraciones generales 
A)   PLAZO 
El artículo 124.1 de la LF establece que la Cuenta General de la CA de cada año se forma por la 
Intervención General de la Administración de Cantabria (IGAC) antes del día 31 de agosto y se 
remitirá al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre, en ambos casos, del año siguiente al 
que se refiera. La Cuenta General del ejercicio 2017 fue rendida el 24 de octubre de 2018, dentro 
del plazo establecido. 
Por otra parte, respecto de las cuentas anuales individuales, el artículo 131 de la LF establece que  oe.
los cuentadantes debían remitir sus cuentas aprobadas a la IGAC dentro de los siete meses  w.
siguientes a la terminación del ejercicio económico y que esta las enviará al Tribunal de Cuentas  223ww
antes del 31 de octubre del año siguiente a la finalización del ejercicio económico. 
Las cuentas anuales individuales de la AG y de las entidades integrantes del sector público 
autonómico de Cantabria incluidas en la Cuenta General se rinden dentro del plazo fijado por el 
artículo 131.2 de la LF vigente en ese ejercicio.  
La Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe Anual de la CA de Cantabria, ejercicios 
2008-2009, instaba a todas las CCAA a “efectuar las modificaciones normativas oportunas a 
efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio del ejercicio siguiente a que 
se refieran”, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de 
Cuentas y los Órganos de Control Externo Autonómicos. Posteriormente, la Resolución de 8 de 
abril de 2014, en relación con el Informe Anual de la CA de La Rioja, ejercicios 2010 y 2011, 
proponía adelantar este plazo aún más, hasta el 30 de junio. En el caso de la comunidad 
fiscalizada, no se han apreciado avances en este aspecto. 
B)  CONTENIDO Y ESTRUCTURA  
El artículo 123 de la LF determina el contenido de la Cuenta General de la CA, la cual se forma 
con los siguientes documentos: 
a)   Cuenta General del sector público administrativo, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que integran dicho sector. 
b)   Cuenta General del sector público empresarial, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos en el Plan General de Contabilidad (PGC) de la empresa española, así como en sus 
adaptaciones y disposiciones que lo desarrollen. 
c)   Cuenta General del sector público fundacional, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos. 
d)   Memoria que completará, ampliará y comentará la información contenida en los anteriores 
documentos. 
A pesar de la previsión anterior, la Cuenta General no se presenta según la estructura señalada. 
En su lugar, la Cuenta General da cabida a las cuentas anuales individuales de las entidades de 
los sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional, sin realizarse las operaciones de 
agregación o consolidación descritas en el artículo 123. No obstante, para el caso del sector 
público administrativo, dado que los principales OOAA de la CA, es decir, el SCS, el Servicio 
Cántabro de Empleo (SCE), el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICSST) y el 
ICASS,  integran  sus  cuentas  en  las  de  la  AG,  constituyendo  diversas  secciones  de  su 
presupuesto de gastos, la Cuenta de dicha AG se aproxima al contenido que debería tener la 
Cuenta General del sector administrativo prevista en la LF, si bien no agregaría información sobre 
los OOAA de menor relevancia económica, la Universidad y los consorcios y otros entes que, con 
arreglo a la Ley, forman parte del citado sector. 
En este sentido, cabe señalar que la Intervención General de la Administración del Estado elaboró 
las Normas sobre Consolidación de Cuentas en el Sector Público, que se aprobaron por la Orden 
HAP/1489/2013, de 18 de julio, constitutivas del marco contable para todas las Administraciones 
Públicas y de aplicación obligatoria en el sector público estatal a partir del 1 de enero de 2014.  es
Así, la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta  oe.
GcLoaersnr eecsruapelo nndtdeailse  Enastenta uadalo lae, ñseo si n2tad0bi1vle4idc. uea ulens  nduee vloa  eAsGta dyo  ddee  lcause netnat iúdnaidceas  cionntesgorliadnatdeas,  daepll icsaebclteo rd epsúdbeli clao   2021-14223n https://www.
autonómico de Cantabria incluidas en la Cuenta General, se rinden, con carácter general, con la
estructura y contenido previsto en los planes de contabilidad, sin perjuicio de las observaciones 
realizadas en los epígrafes siguientes. 
Mediante la Orden HAC/553/2019, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, 
de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado, se establece 
que en la memoria de la Cuenta General del Estado se ha de incluir información relativa al 
resultado obtenido en términos de contabilidad nacional. A 1 de mayo de 2019, la regulación de la 
Cuenta General de la CA no preveía tal información, que se considera relevante. 
Finalmente, la normativa autonómica no contiene previsión similar a la de la Orden HAP/801/2014, 
de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos 
de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que supongan la extinción de 
entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación conforme al artículo 138.6 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, donde se indica que “es fundamental que 
los organismos o entidades que se extinguen sin que exista un proceso de liquidación, elaboren y 
rindan información correspondiente a la gestión realizada, al objeto de que se pueda realizar el 
control sobre la utilización de los recursos públicos, así como medir el grado de realización de las 
actuaciones previstas”. 
II.2.2.  Cuentas del sector público administrativo 
Los OOAA y entes integrados que formaban parte del sector público administrativo de Cantabria, 
debían aplicar las normas establecidas en el PGCP. Sus cuentas fueron rendidas de conformidad 
con el mismo e incluidas en la Cuenta General, si bien, como en ejercicios precedentes, los OOAA 
SCS, SCE, ICSST e ICASS integran sus cuentas en las de la AG, constituyendo, respectivamente, 
las  secciones  11,  13,  15  y  16  de  su  presupuesto  de  gastos,  conforme  establecen  sus 
correspondientes Leyes de creación4, pese a la necesidad de elaborar cuentas propias señalada 
por  este  Tribunal  en  Informes  de  ejercicios  precedentes  y  por  la  Comisión  Mixta  para  las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en diversas resoluciones (entre otras, de 27 de febrero de 
2019 y de 24 de septiembre de 2013). 
Por otra parte, cabe señalar que la Orden de 29 de noviembre de 2000, por la que se aprobó el 
PGCP, toma como base de este el PGC Pública estatal, aprobado por la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, realizándose las adaptaciones precisas para su 
aplicación en Cantabria. El citado Plan de 1994 fue derogado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 
de abril, que aprueba el PGC Pública, configurado como el marco contable para todas las 
Administraciones públicas, sin que hasta el momento se haya producido la adaptación al mismo 
por Cantabria.   
La Orden PRA/360/2017, de 21 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de 2 de marzo de 2017, sobre 
condiciones adicionales a cumplir por las CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA, 
compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 2017, establece que las CCAA que no 
hubieren adaptado su PGC Pública al Plan General aprobado, con el carácter de marco para 
todas las Administraciones Públicas, por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, deberán 
adoptar un acuerdo en el que se comprometan a llevar a cabo la referida adaptación en el plazo 
máximo de seis meses a contar desde el 2 de marzo de 2017. Este acuerdo fue adoptado, como 
un compromiso genérico de cumplir con todas las condiciones establecidas para la utilización del 
FLA, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2017, si bien a 1 de junio de 
2019 no se había aprobado un nuevo plan contable, en contra de lo efectuado por otras CCAA,  e.
que sí han llevado a cabo la aprobación y adaptación correspondiente.  w.b
 4   E  n   d  i c h  a s    D  i s p  o  s i c i o n  e  s   s  e   i n  d i c a    que el Gobierno de Cantabria determinará el momento en que estos Organismos
enejecrecsearárino sla. s competencias en materia presupuestaria, contable, de tesorería y patrimonial, al contar con los servicios
II.2.3.  Cuentas del sector público empresarial 
Balneario y Agua de Solares, S.A., en liquidación, no viene rindiendo las cuentas desde que la 
Disposición adicional (DA) sexta de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos para 
1997, ordenó la disolución y liquidación de la empresa, que no presenta actividad, por lo que está 
incursa, además, en la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.a) del Real Decreto 
Legislativo (RD-Leg.) 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. Al amparo del artículo 366 de la norma anterior y de los artículos 125 y 
siguientes de la Ley 15/2015 de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, el 11 de abril de 2017 se 
presentó, ante el Juzgado de lo Mercantil de Santander, solicitud de disolución judicial de esta 
sociedad, sin que, a 1 de junio de 2019, la CA haya informado de la conclusión del procedimiento 
judicial en tramitación. 
Santander Centro Abierto, S.A., en liquidación presentó el acta de la junta general universal de 
accionistas con la aprobación por unanimidad del balance final de liquidación de la sociedad de 
fecha 24 de junio de 2017, así como la correspondiente escritura pública de extinción de la 
sociedad, otorgada con fecha 17 de julio de 2017 e inscrita el 29 de agosto del mismo año.  
Las cuentas anuales de 2017 de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas, S.L. 
(SAICC) se han rendido sin acompañar el certificado de su aprobación por la Junta General5. 
En  las  cuentas  anuales  de  2017  rendidas  por  la  Sociedad  para  el  Desarrollo  Regional  de 
Cantabria, S.A. (SODERCAN), no están incluidas las páginas correspondientes a los estados de 
ingresos y gastos reconocidos, total de cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo (que sí 
aparecen citados en el índice de dichas cuentas); asimismo, se ha omitido la primera página de la 
memoria6. 
II.2.4.  Cuentas del sector público fundacional 
Las cuentas de las fundaciones públicas se rindieron completas y en el plazo fijado, incluyéndose 
en la Cuenta General. No obstante, la aprobación de las cuentas anuales de la Fundación 
Comillas del Español y la Cultura Hispánica por su Patronato se aportó durante el transcurso de la 
fiscalización, sin que las cuentas rendidas contuvieran la firma del secretario ni el visto bueno del 
presidente, incumpliendo el requisito formal dispuesto en el artículo 28.3 del Real Decreto (RD) 
1337/2005. 
II.3.  CONTROL INTERNO 
II.3.1.  Atribuido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
Según la LF, la IGAC ejerce, en los términos previstos en dicha norma, el control interno de la 
gestión económica y financiera del sector público autonómico, con plena autonomía respecto de 
las autoridades y demás entidades cuya gestión controle. El control se debe realizar mediante el 
ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. 
A)  FUNCIÓN INTERVENTORA 
Tal como prevé el artículo 147 de la Ley citada, si la Intervención, al realizar la fiscalización o 
intervención, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el  e.e
procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos por escrito. Cuando el  bo
                                                  223ww
56na  poEErvsunitee amebsla b p treráeálg  mdtieneixat et2so  0 dhr1eae8 nfu,a  snpleidodgiroda t ocae inndotvenoi ea lfasdu  aeLssreea ye   adndpe eeol  lSrp ttlraoaá czmcioeei dtrpetair fdediceveais sad tdlooee  ge dCaneca  eipaolip ntaarerolst.bí .c aucloió n1 6d4e d leals R mDi-sLmega.s 1 p/2o0r 1l0a,  Jduen 2ta d Ge ejunleior,a pl oerl  edlí aq u8e  dsee   OE-A-2021-14able en https://
reparo  hubiera  sido  planteado  por  la  IGAC,  o  este  centro  hubiera  confirmado  el  de  una 
Intervención delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponde al Consejo de Gobierno, previo 
informe de la Dirección General (DG) del Servicio Jurídico, adoptar la resolución definitiva. La 
IGAC  ha  comunicado  cuatro  actuaciones  del  Consejo  de  Gobierno  dirigidas  a  resolver 
discrepancias  surgidas  en  el  ejercicio  de  la  función  interventora,  todas  ellas  en  contra  del 
posicionamiento de la IGAC y que se refieren, mayoritariamente, a la Consejería de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación.  
Por su parte, el artículo 148 indica que en los supuestos en los que la función interventora fuera 
preceptiva y se hubiese omitido, corresponde al titular de la Consejería a la que pertenezca el 
órgano responsable de la tramitación del expediente acordar, en su caso, el sometimiento del 
asunto al Consejo de Gobierno, previo informe de la Intervención General antes de la adopción de 
resolución alguna por parte de este Órgano. El acuerdo favorable del Consejo de Gobierno no 
exime de la exigencia de las responsabilidades a que hubiera lugar. 
Los expedientes sometidos al citado Consejo en 2017, fueron los siguientes: 
CUADRO Nº 3.   EXPEDIENTES ARTÍCULO 148 LF 
(miles de euros) 
Consejería / Organismo  Importe  Número 
Presidencia y Justicia  140,3  4 
Obras Públicas y Vivienda  43,7  2 
Medio Rural, Pesca y Alimentación  0  1 
Total  184  7 
Los expedientes elevados a la autorización del Consejo de Gobierno por parte de la Consejería de 
Presidencia y Justicia derivan de servicios prestados por diversas empresas contratistas tras la 
finalización de los plazos correspondientes y hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos. El 
relativo a la Consejería de Medio Rural se corresponde con un reajuste de anualidades no 
sometido a fiscalización previa. 
Se ha apreciado una importante reducción de los expedientes elevados a dicha autorización, en 
comparación con el ejercicio precedente (19 expedientes por 582 miles de euros). 
Finalmente, cabe señalar que en los informes de la Intervención General no se hace mención 
expresa a los extremos previstos en el artículo 148 de la LF, optándose, solo en algunos casos, 
por recoger la ratificación al informe previo emitido por la intervención delegada actuante. 
B)  CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍA PÚBLICA 
El artículo 153 de la LF posibilita a la IGAC formular informes de actuación, derivados de las 
recomendaciones y de las propuestas de actuación para los órganos gestores contenidas en los 
informes anuales de control financiero permanente, cuando se hayan apreciado deficiencias y los  s
titulares de la gestión controlada no indiquen las medidas necesarias y el plazo previsto para su  e.
solución, cuando manifiesten discrepancias con las conclusiones y recomendaciones y no sean  w.
aceptadas por el órgano de control o bien cuando, habiendo manifestado su conformidad, no  223ww
aapdloicpatebnle l aas l oms eindfiodrams epsa drae  saouludcitioorníaa rp lúabsl idcae,f icsieegnúcnia sse.  Lreoc eosgtea belne ceidl aor etíncu elos t1e5 a8r.t3íc duelo l ae sL Fa.s  imismo
En relación con el informe de actuación sobre estancias concertadas, de noviembre de 2016, 
donde la IGAC señalaba que debía seguirse la regulación general de la legislación de contratos 
públicos, la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, elevó 
discrepancia al Consejo de Gobierno, al no compartir lo dispuesto en dicho informe, sin que, al 
cierre de 2018, esta se hubiera llegado a resolver. 
Durante fiscalizaciones precedentes se realizó el análisis detallado de los siguientes informes de 
actuación: 
  De 28 de junio de 2016, tras el informe de control financiero sobre la aportación dineraria a 
la sociedad 112 Cantabria, S.A. para gastos de 2014 y seguimiento del informe de auditoría de 
cuentas  del  ejercicio  2011  y  donde  se  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  iniciar  dos 
procedimientos de reintegro por importe de 69 miles de euros. Tras dar traslado a los órganos 
competentes y con posterioridad al transcurso del plazo previsto en la Disposición decimocuarta 
de la Circular 1/2007, de 21 de febrero, que obligaba a que la resolución de la disconformidad se 
hubiera producido en 2016, no habiéndose resuelto tampoco en 2017, el Consejo de Gobierno de 
la CA, con fecha 25 de octubre de 2018, resolvió la disconformidad planteada por la Consejería de 
Economía,  Hacienda  y  Empleo,  ante  el  pronunciamiento  realizado  por  la  Consejería  de 
Presidencia y Justicia en relación con este informe de actuación de la IGAC, acordando declarar 
que se entienden debidamente justificados los gastos asumidos por 112 Cantabria en su día y 
cuestionados en el referido informe. 
  De 12 de julio de 2017, donde, tras el informe de control financiero sobre recursos humanos 
de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR), en los ejercicios 
2014-2015, se propone iniciar los expedientes de reintegro de los 13 miles de euros pagados 
indebidamente en concepto de “plus” retributivo, no autorizados por órgano competente, así como 
los  relativos  a  12  miles  de  euros  abonados  indebidamente  en  concepto  de  comida  de  los 
trabajadores  adscritos  a  sus  oficinas  centrales,  no  amparados  en  el  convenio  colectivo. 
Análogamente,  debe  reintegrarse  la  cantidad  equivalente  al  coste  de  las  comidas  de  los 
trabajadores en las instalaciones de hostelería, que se les facilitó gratuitamente. Con fecha 21 de 
febrero de 2019, la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio notifica a la IGAC 
que CANTUR ha procedido a los oportunos reintegros de los dos primeros casos. No obstante, 
CANTUR no realizó acción alguna para recuperar el importe reintegrado de quienes lo percibieron 
indebidamente, señalando que ello se debió a que no fue expresamente indicado en los informes 
de control7. 
En relación con el tercer supuesto, el informe de control indicaba la imposibilidad de delimitar el 
importe que habría de ser reintegrado8. 
Por otra parte, en relación con el seguimiento del grado de cumplimiento de conclusiones y 
recomendaciones procedentes de los informes emitidos, la LF no contiene una previsión similar a 
                                                 
7 Aunque en las alegaciones se señala que “Así, y sentado que en ningún momento tanto en el informe definitivo de 
auditoría, como en el informe de actuación, se indicaba que CANTUR S.A. debía proceder a reclamar a los trabajadores 
las cantidades indebidamente abonadas, en todo caso la acción para reclamar las mismas estaría ya prescrita a la fecha 
de notificación del informe definitivo y del de actuación, esto es, a 26 de julio de 2017, puesto que las cantidades se 
habrían abonado en los ejercicios 2014 y 2015”, cabe hacer referencia, por ejemplo, a la Sentencia número 674/2018 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la cual, ante el cobro indebido recibido por los trabajadores de una 
empresa que, conforme al artículo 1895 del Código Civil, los sitúa en situación de devolverlo, confirmó la sentencia de 
instancia que reconocía el derecho de dicha empresa a reintegrarse la totalidad de la deuda aun habiendo transcurrido 
más de un año desde que se inició el desfase (esta última referencia en alusión a la prescripción prevista en el artículo  e.e
59 del Estatuto de los Trabajadores).  bo
8 En las alegaciones se adjunta un escrito de la Secretaría General de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y  223ww
qaCulo eom baejesrcctoiioe d,n edd eep  lofoedsce hgra ai ns2ti4coi sad rde e eo l mcctauonbrrureetse pdnoecn i2ód0nie1 dn8et,e  le oensx  eptrlea qdbuiaeejna stdeeo  rdreeesq  rueeinien rlteae sga ri noCs”A.t aTNlaaTcmUiobRni éepnsa  rsdaee   qhauodesju tlenelt ea“cr íouamn e uenns licoqrsuit eoa  ñedole si m C2p0Ao1Nr4tTe yU  t2oR0t,a 1dl 5ae,  
freecshoalu c1i2ó nd ed en oevsiteem pbrorec eddeim 2i0e1n8to, .d onde presenta alegaciones al requerimiento recibido, sin que se haya comunicado la
la de los artículos 161 y 166 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, donde, por un lado, se 
obliga a los órganos gestores a elaborar un plan de acción con las medidas concretas a adoptar 
tras los informes de control financiero, plan que debe ser remitido a la Intervención General de la 
Administración del Estado, para la valoración de su adecuación para solventar las deficiencias 
señaladas y, por otro, se recoge que en el informe anual resumen de las auditorías de cuentas 
anuales realizadas, se dará información sobre las medidas adoptadas por los órganos gestores 
para solventar las salvedades puestas de manifiesto en ejercicios anteriores.  
En el Plan Anual de Control Financiero, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control para el 
ejercicio 2018, aprobado por Resolución de 22 de diciembre de 2017, aparece la ejecución del 
informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del 
ejercicio del control financiero, previsto en la Ley 10/2006, de Subvenciones de Cantabria. La 
IGAC ha señalado la ausencia de supuestos susceptibles de seguimiento, por lo que no fue 
necesario elaborar este informe. 
La IGAC elaboró el plan de auditoría anual, tal como dispone la LF, donde se incluyeron las 
actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio.  
El grado de realización (a 1 de junio de 2019) de las actuaciones previstas en el plan del ejercicio 
2018, a desarrollar principalmente sobre cuentas y estados referidos a 2017, se refleja en el 
cuadro siguiente: 
CUADRO Nº 4.   ACTUACIONES PLAN ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 
(número de informes) 
Tipo actuaciones  Programadas  Finalizadas 
Control financiero permanente  4  1 
Plan de auditorías      
-  De cuentas anuales  9  8 
-  De cumplimiento y operativa  3  0 
-  Específica (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla)   1  0 
-  De sistemas [Registro Contable de Facturas (RCF)]  1  0 
Control medidas correctoras propuestas a entidades auditadas  1  0 
Control subvenciones nacionales y ayudas públicas  15  4 
Total  34  13 
Mediante Resolución de la IGAC de 6 de febrero de 2018, el plan anual de dicho año fue 
modificado,  añadiendo  el  control  y  evaluación  que  preceptúa  el  artículo  7  de  la  Ley  de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, de los resultados derivados 
de  la  aplicación  de  los  planes  estratégicos,  si  bien  no  se  cuantificaron  las  actuaciones  a 
desarrollar. Durante la fiscalización, se han facilitado los informes de seguimiento y evaluación de 
los planes estratégicos de subvenciones realizados por las Consejerías de Sanidad y la de 
Innovación, Industria, Turismo y Cultura, así como el de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo respecto de los OOAA dependientes de la misma, adjuntando la documentación remitida 
por el SCE.  e.
A las actuaciones anteriores habría que añadir las intervenciones y controles realizados sobre los  223ww
faolgnudnoas sc odme uenliltaasri odse rbeiecinbdidoo sre paolirz alar sCeA a r erleaqtiuvearsi mali ePnrtoog rdaem laa  OIGpeArEat ivyo,  pdoer C taannttaob, rinao 2 f0ij1a4d-a2s0 2d0e, 
aMnatreímtimaon oy,  Pfiegsucraa.n do  como  iniciadas  solo  las  correspondientes  al  FSE  y  al  Fondo  Europeo
Finalmente, a 1 de julio de 2019 no se había comunicado la realización del informe resumen anual 
del Plan de Control Financiero, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control para el ejercicio 
2018, previsto en los artículos 151.4 y 158.5 de la LF. 
II.3.2.  En la presupuestación y en la gestión de gastos y pagos 
A)  PRESUPUESTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES 
Pese a que el apartado 2.2.2 de la Orden HAC/27/2016, de 27 de julio, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la CA de Cantabria para 2017, 
prevé que la asignación de recursos debe efectuarse dentro de una estructura de programas de 
gasto que permita a los centros gestores tanto agrupar los créditos presupuestarios atendiendo a 
los  objetivos  a  conseguir,  como  diferenciar  los  programas  de  carácter  finalista (aquellos  de 
objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables) del resto y que el artículo 69 de 
la LF determina que los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los distintos 
programas presupuestarios formularán un balance de resultados y un informe de gestión sobre el 
cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio en el programa plurianual correspondiente, 
documentos que, según el artículo 121.7 de la LF, se incluirán en las cuentas anuales de las 
entidades que deben aplicar los principios contables públicos, el presupuesto de gastos aprobado 
no se ajustó a estas previsiones, al no presentar objetivos ni indicadores que permitiesen realizar 
un seguimiento de su grado de consecución, por lo que no se han formulado ni el balance de 
resultados ni el informe de gestión antes mencionado.  
Las deficiencias señaladas pretenden corregirse con el dictado de la Orden HAC/33/2018, de 6 de 
julio, para la elaboración de los Presupuestos Generales de Cantabria de 2019, donde la norma 
2.2.2 de dicha Orden introduce, como novedad, la obligación para los órganos gestores de detallar 
“indicadores de valoración del grado de realización de los objetivos definidos en los programas 
presupuestarios, para, con posterioridad, poder formular un balance de resultados e informe de 
gestión del cumplimiento de los objetivos fijados”. 
Por otro lado, la Comunidad no elabora los escenarios presupuestarios plurianuales en los que 
debieron  enmarcarse  sus  presupuestos  de  2017,  así  como  los  correspondientes  programas 
plurianuales de cada Consejería, con los objetivos a conseguir y las acciones necesarias para 
alcanzarlos según lo establecido en los artículos 28 y 29 de la LF. Los escenarios presupuestarios 
plurianuales han de ajustarse al objetivo de estabilidad presupuestaria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 15 de la LOEPSF. 
Finalmente, conforme al artículo 62.4 de la LF, todas las entidades del sector público autonómico 
empresarial o fundacional deben presentar, junto con los presupuestos de explotación y capital, 
una memoria explicativa de su contenido, de la ejecución del ejercicio anterior y de la previsión de 
la  ejecución  del  ejercicio  corriente.  Nueve  sociedades  mercantiles  y  una  fundación  no  han 
acreditado contar con estas memorias, cuyo contenido aparece en el apartado 2.3.2 de la citada 
Orden HAC/27/2016. 
B)  PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 
Según  el  artículo  63.1  de  la  LF,  las  entidades  obligadas  a  elaborar  los  presupuestos  de 
explotación y capital (las pertenecientes al sector público empresarial o fundacional) han de 
formular anualmente un programa de actuación plurianual, debiendo establecer su estructura 
básica la Consejería competente en materia de Hacienda, con un desarrollo posterior por cada  e.
entidad con arreglo a sus necesidades, el cual no se ha establecido, ni se han formulado dichos  w.b
programas. No obstante, la Orden HAC/33/2018, de 6 de julio, de normas para la elaboración de  223ww
leojse rcPicreios u2p0u1e9s,t opsa rGa ednaerr acleusm pdleim liae nCtoA  ap alor ae setla balñeoc id2o0 1e9n,  reel caorgtíec uqlou e6 3“c odme ola  nLoFv,e deasdto sp aernat eesl 
dinefobremráanc iófonr mcoumlapr leumne nPtraorgiara am lao s dees taAdcotusa fcinióann cPielruorsia”n. ual que consistirá en añadir la siguiente
C)  FONDOS LÍQUIDOS 
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo aprobó, a propuesta de la DG de Tesorería, 
Presupuestos y Política Financiera, un presupuesto monetario para el ejercicio 2017, en virtud de 
la habilitación recogida en el artículo 82 de la LF, al que, conforme este artículo, habría de 
acomodarse la expedición de las órdenes de pago y que debía contener una previsión sobre los 
ingresos  de  la  CA.  Durante  el  ejercicio  fiscalizado,  dicho  presupuesto  ha  experimentado 
modificaciones  mensuales  muy  significativas  en  función  de  los  datos  sobre  su  ejecución  o 
cambios en las previsiones de ingresos o de pagos, careciendo del detalle necesario para analizar 
y, en su caso, corregir adecuadamente las desviaciones producidas. 
Por otro lado, y pese a atribuirse la gestión de las cuentas bancarias a la DG citada, esta no podía 
ejercer facultades de control de las cuentas restringidas de ingresos, cuya competencia estaba 
asignada a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT), hasta el momento en que 
los fondos de las mismas no eran traspasados a la cuenta general de ingresos.  
Asimismo, el artículo 85.3 de la LF indica que la Consejería competente en materia de Hacienda 
puede suscribir convenios con las entidades de crédito, tendentes a determinar el régimen de 
funcionamiento de las cuentas en que se encuentren situados los fondos de la AG de la CA o de 
sus OOAA. Solo en relación con las cuentas dirigidas a la recaudación de ingresos se contaba con 
contratos administrativos especiales para la prestación a la CA del servicio de caja y otros 
servicios financieros complementarios. 
Finalmente, hay que señalar que la citada Consejería no ha dictado instrucciones para fijar los 
medios de pago de la AG de la CA de Cantabria y sus OOAA, tal como recoge el artículo 86 de la 
LF, si bien, en la práctica, casi la totalidad de pagos se efectúa a través de transferencia bancaria.  
D)  OFICINA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL GASTO 
La citada Oficina fue creada por el Decreto 80/2012, de 27 de diciembre, con el fin de la 
realización del estudio, análisis, evaluación y propuestas de mejora de la actividad del Sector 
público autonómico susceptible de generar gasto. Durante el ejercicio 2013 no tuvo actividad, 
aprobándose su estructura orgánica en el ejercicio 2014, mediante Decreto de 28 de marzo, y las 
funciones asignadas a la misma se desarrollaron por Orden de 23 de mayo del mismo año. 
Del modelo normativo anterior se desprende la existencia de dos procedimientos. El primero, de 
“cuestionamiento previo”, que limitaba la adopción de las decisiones que pudieran generar gasto, 
a través de dos órganos administrativos, la Unidad de Supervisión del Gasto y la Comisión de 
Cuestionamiento del Gasto. El segundo, de “remisión de información”, encomendado a la Unidad 
de Seguimiento y Soporte, con la función general de implantar el sistema informático de gestión 
integral del gasto y realizar el estudio, análisis, evaluación y propuesta de medidas en relación con 
el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, eficacia y eficiencia. 
Por Decretos 1/2017, de 10 de febrero, y 2/2017, de 9 de febrero, se produce la modificación de 
las  normas  reguladoras  de  esta  oficina.  Como  resultado  de  tal  modificación,  cambia  su 
denominación a “Oficina de Seguimiento e Información del Gasto” y se suprime el procedimiento 
de “cuestionamiento previo”, pasando todas las actuaciones generadoras de gasto a utilizar 
únicamente el procedimiento de “remisión de información”. Las razones esgrimidas en el Decreto 
de 2017 para llevar a cabo la supresión del citado procedimiento de control se referían a la 
necesidad de “un importante número de recursos humanos especializados concurrentes para  es
poder analizar, sin dilaciones perjudiciales, los miles de expedientes anuales remitidos por las  o
ddFeiivnreaivrlasmadeson sát erde,e a esslu  d Diem egpcelrasenttiotóa nc1”i,ó0 ns/2i ny0  1fhu8an,c ceidor enr eaf1me6rie enndtceoi a.  f eab lroesr oe,f epcrtoosc,e edne  téar mlain ossu pdree seifóicna cdiae  yl ae ficOiefincicniaa,,   2021-14223n https://www.
adscribiendo la unidad existente de “remisión de información”, con todos sus puestos de trabajo, a
la DG de Organización y Tecnología, a la que se asignan todas las funciones y competencias de 
la  Oficina  suprimida  que,  entre  otras  funciones,  estaba  dando  adecuado  soporte  al  Órgano 
Directivo responsable del Portal de Transparencia, en materia de actos de gestión administrativa 
con repercusión económica del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, a través de su Sistema Informático de Gestión 
Integral del Gasto.  
E)  REGISTRO DE FACTURAS Y PUNTO DE ENTRADA 
Por Orden HAC/06/2013, de 20 de febrero, se creó el módulo de Gestión de Facturas en el 
Sistema de Información Contable (SIC) de la CA. La Orden dispone la grabación de la factura en 
este módulo, una vez registrada administrativamente, como requisito necesario para la tramitación 
del reconocimiento de la obligación derivada de las prestaciones realizadas a favor del sector 
público administrativo autonómico. 
Tras el dictado de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación  del  RCF  en  el  Sector  Público  y  de  la  Orden  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas (MINHAP) 492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los 
requisitos funcionales y técnicos del RCF de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 
25/2013, la CA procedió al dictado de la Orden HAC/50/2014, de 17 de noviembre de 2014, por la 
que se regula el RCF de la Administración de Cantabria. Según indica dicha Orden, parte de los 
objetivos perseguidos por la Ley 25/2013 se alcanzaron con la Orden HAC/06/2013, a través del 
control informatizado y sistematizado de las facturas recibidas. 
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 25/2013, las CCAA deben disponer de un Punto general de 
entrada de facturas electrónicas, a través del cual se reciban todas aquellas que correspondan a 
entidades, entes y organismos vinculados o dependientes. Con fecha 7 de agosto de 2014, el 
Consejo de Gobierno aprobó la adhesión de la Administración de Cantabria al Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (AGE) (FACe). En 
relación con lo recogido en el artículo 10.2 de la Ley 25/2013, donde se establecía la obligación de 
elaborar un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a las cuales hubieran 
transcurrido  más  de  tres  meses  desde  que  fueron  anotadas  y  no  se  hubiera  efectuado  el 
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, se ha facilitado la información 
correspondiente al ejercicio 2017. Asimismo, se ha elaborado por la IGAC el informe anual de 
evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad correspondiente a 2017 (de 
fecha 4 de febrero de 2019) a que se refieren los artículos 12.2 de la Ley 25/2013 y 10.2 de la 
Orden 50/2014, donde la IGAC pone de manifiesto el incumplimiento del periodo máximo de pago 
a proveedores de 30 días legalmente previsto, señalando que en ningún caso se superó en más 
de 30 días el límite de tres meses antes mencionado, por lo que no resultaron de aplicación las 
medidas establecidas el artículo 18.4 de la LOEPSF. 
En dicho informe sobre morosidad, la IGAC indica que se han observado anomalías en el 
funcionamiento del RCF que han contribuido a sobrevalorar el periodo medio de pago (PMP) de la 
AG durante el ejercicio 2017, motivadas principalmente por la ausencia de conexión automática 
entre el módulo de habilitados y el RCF, lo que había dado lugar a la existencia de varios miles de 
facturas que aparecían en el RCF como facturas pendientes de pago que, sin embargo, habían 
sido  ya  pagadas  por  los  habilitados.  Igualmente,  la  falta  de  conexión  automática  de  los 
documentos contables de reconocimiento de obligación con las facturas de las que proceden, 
implica la existencia permanente de cientos de facturas que han sido pagadas, por haber sido 
realizado el pago en base al documento contable, pero que aparecen en el RCF como pendientes  e
de pago, con el efecto negativo que ello produce sobre el PMP.  bo
Lrceoaan lticzaiatbarled sau  ndLaee  yaf au2cd5tuit/o2rar0ís1a 3 c udtmea mpslbeisinét encm oranes c loaagsne uc oalanl  dopicbailoriagn aecvsie órdnife,i c apfuarn rcaqi uolena asm loIinse tnectroov errpnercseipvooinsnetadssi e Gnetenen sde ircraehlegasi s,L tredoyes.    2021-14223n https://ww
Aunque el Plan de auditorías para 2018 preveía este análisis respecto del ejercicio 2017, este
control no llegó a realizarse, como ya sucedió en el ejercicio anterior. El Plan para 2019, aprobado 
por Resolución de la IGAC de 20 de diciembre de 2018, ha incluido la auditoría de sistemas de los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018, lo que representa un considerable retraso sobre la previsión legal. 
F)  ANTICIPOS DE CAJA FIJA 
El Decreto 3/1998, de 8 de enero, y la Orden de 23 de abril de 1998, establecen la regulación 
sobre anticipos de caja fija en la CA. 
El artículo 7 de la Orden de 23 de abril de 1998 solo indica que, una vez aprobadas las cuentas, 
se han de remitir a la Intervención respectiva, sin establecer ningún plazo para ello. En este 
sentido, se observa que el plazo transcurrido entre la aprobación de las cuentas justificativas por 
la autoridad competente hasta la emisión del informe por la Intervención delegada supera los cien 
días en siete de las diez habilitaciones analizadas, incluso el año en algunas (principalmente en 
las tres habilitaciones de la Consejería de Presidencia y Justicia, en la que este intervalo para tres 
cuentas rebasa los 400 días).  
También cabe destacar que se han advertido dos cuentas justificativas (números 13 y 18 por 
importe de 9 y 5 miles de euros respectivamente) de las 36 rendidas por el habilitado de la 
Consejería de Medio Rural por 586 miles de euros, para las que la Intervención no presta su 
conformidad, sin que figure la subsanación de las anomalías detectadas. 
II.3.3.  En la gestión de ingresos y cobros 
La Resolución de 29 de diciembre de 2000, por la que se aprueba la Instrucción Provisional para 
la Administración Financiera de la CA, indica que la gestión contable se realiza por una única 
Oficina de Contabilidad de la IGAC, teniendo el Sistema de Información de Modernización y 
Organización  Unificada  de  Recursos  Operativos  (MOURO),  en  relación  con  los  ingresos 
presupuestarios, la naturaleza de contabilidad auxiliar. Las principales debilidades encontradas en 
el procedimiento de registro de los ingresos son las siguientes: 
  Los ingresos presupuestarios de la CA registrados en el Sistema de Información MOURO se 
volcaron al SIC mediante la remisión de los documentos denominados “resúmenes contables”, 
elaborados en papel y trasladados físicamente a la Oficina de Contabilidad para su introducción 
manual. El Servicio de Pagos y Valores de la DG de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera 
remitía diariamente a la Oficina de Contabilidad los documentos denominados “arqueos”, con los 
movimientos producidos en la cuenta general de ingresos, para, también de forma manual, 
conciliarlos con los provenientes de los “resúmenes contables”, aplicando cada derecho al cobro 
correspondiente. Si bien por regla general estas operaciones se realizaron de forma satisfactoria, 
en 2017 persistían saldos en el concepto extrapresupuestario 321.009 “Ingresos pendientes de 
distribución”, registrados en ejercicios anteriores por importe de 71 miles de euros, que no habían 
sido conciliados.  
  En  las  fiscalizaciones  precedentes  se  pusieron  de  manifiesto  deficiencias  del  sistema 
MOURO como contabilidad auxiliar que continuaban en el ejercicio 2017, dado que, si bien este 
sistema disponía de información para cada uno de los ingresos liquidados por los diferentes 
órganos de gestión, el proceso de traslación de la misma al SIC, establecido por la citada 
Instrucción, se hacía de tal manera que no quedaba disponible ni el desglose entre la recaudación 
realizada en período voluntario y la relativa a la vía ejecutiva, ni el importe de los derechos 
anulados en cada ejercicio por aplazamientos o fraccionamientos, por lo que estos se trasladan a  e.
la Cuenta General como “anulaciones”.  w.b
tr ibutaLrioas  sreegcaúrng oesl  adretíl cpuelorí o5d8o  deeje lcau tLiveoy  y5 8lo/2s 0in0t3e,r edsee s1 7d ed ed edmicoieram, bqruee,  Gfoermnearna lp Tarritbeu dtaer ilaa,  dneou dsea 
rdeeg iesntrearboa nd ee n2 0e1l 6s,i ssteem inai cMióO uUnR dOe, spaorrro lollo q iunefo trammáptioccoo  pteanraía lna  rceoflnetjaob eilniz acocinótna bdileid alods.  Creocna rfgeocsh ad e4 
apremio, no culminado durante el ejercicio fiscalizado. También se preveía corregir de esta 
manera la deficiencia señalada en el párrafo anterior sobre los aplazamientos y fraccionamientos. 
Respecto de la obligación que asumen los órganos de recaudación tributaria de establecer 
procedimientos encaminados a la vigilancia de la posible solvencia sobrevenida de los obligados 
al pago declarados fallidos, según dispone el artículo 63 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se destaca que la ACAT, en relación con 
los ingresos tributarios de su competencia, no tenía formalizados ni procedimientos ni actuaciones 
particulares, salvo el embargo automatizado de las devoluciones tributarias a realizar por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Tampoco se tiene constancia de que otros 
órganos de recaudación de la CA dispusieran de dichos procedimientos respecto de los ingresos 
(tributarios o no) de su competencia. 
Hay que señalar que la Instrucción conjunta de la Intervención General, la DG de Tesorería y 
Presupuestos y la DG de la ACAT, de 10 de febrero de 2014, establece un procedimiento que 
permite  la  compensación  de  oficio  de  deudas  en  período  ejecutivo  con  obligaciones  o 
devoluciones de ingresos reconocidos a favor del deudor, con ciertas excepciones. El SIC verifica 
de  forma  automatizada  la  posible  existencia  de  posiciones  deudoras  en  período  ejecutivo 
(incluidas insolvencias) de los beneficiarios de obligaciones reconocidas, paralizándose en tal 
caso el pago e iniciando el procedimiento de extinción de deudas por compensación de oficio por 
el órgano competente. 
Por último, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por RD 939/2005, de 29 de julio, y la base tercera.1.b) del convenio suscrito con fecha 15 de 
septiembre de 2006, entre la ACAT y la AEAT, para la recaudación en vía ejecutiva de los 
ingresos de derecho público de la CA, la providencia de apremio debe ser dictada por el órgano 
competente de la CA. Sin embargo, este no venía notificando la providencia de apremio, pese a 
ser este hecho el que inicia el procedimiento de apremio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
167.1 de la Ley General Tributaria. El convenio fue modificado en septiembre de 2017, aunque a 
lo largo del ejercicio fiscalizado no llegó a actuarse conforme a la modificación introducida. Según 
la CA, no ha sido hasta octubre de 2018 cuando se ha comenzado a remitir a la AEAT las 
providencias de apremio en los términos establecidos en el convenio modificado. 
II.3.4.  Política de seguridad en la utilización de medios electrónicos  
El artículo 156 de la LRJSP, indica que el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) tiene por objeto 
establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la 
presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen 
adecuadamente la seguridad de la información tratada. El RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el ENS en el ámbito de la Administración Electrónica tiene por objeto determinar la política 
de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos.  
En el Informe de fiscalización del ejercicio 2016 se realizó un análisis del estado de aplicación del 
ENS en la CA. En relación con lo dicho y por lo que se refiere al ejercicio fiscalizado, cabe señalar 
que: 
  De acuerdo con el artículo 11 del RD, todos los órganos superiores de las Administraciones 
públicas  deberán  disponer  formalmente  de  su  política  de  seguridad  que  articule  la  gestión 
continuada de la seguridad, que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente. 
En el caso de Cantabria, fue el Consejo de Gobierno, por Decreto 31/2015, de 14 de mayo, el que  e.
aprobó la política de seguridad de la información de la Administración de la CA, comprendiendo el  w.b
ámbito del Decreto tanto a la AG como a los organismos públicos y entidades de derecho público  223ww
vaidnmcuinlaisdtarast ivoa s dye puetnilidcieenn tessis tedme asla  dem isinmfoar m(aecxicólnu idgoe steiol naSdCoSs) , pocru aenl doó rgeajneorz adnir ecfutinvcoi ocnoens 
cpoamrtipceutlaernizcaiadso  epna ram caatedraia u ninof odrme álotisc aó. rgPaonro st asnutop erliao reasp rdoeb alcai óCnA ,d ee nteesntdai dpoos líetisctao sn coo mseo  lhoas 
responsables directos de la ejecución de la acción del gobierno autonómico en un sector de 
actividad específico, de acuerdo con lo establecido en el EA y normas de desarrollo9, y ello pese a 
los riesgos específicos que los diferentes sistemas utilizados pueden plantear10. 
  El artículo 21 prevé que por orden del consejero competente en materia informática pueden 
crearse otras comisiones o comités para el estudio, informe y propuesta sobre seguridad de la 
información en materias sectoriales concretas, al igual que responsables de seguridad de la 
Información  sectoriales  en  aquellos  organismos  públicos  o  entidades  de  derecho  público 
vinculadas o dependientes de la Administración de la CA, así como en aquellos sectores de la 
Administración que necesiten un tratamiento particularizado, previsiones que solo se han llevado a 
efecto mediante las Órdenes PRE/49/2016 y PRE/50/2016, ambas de 22 de julio, por la que 
regula la estructura de gestión de seguridad de la información y de la continuidad de los servicios 
del Organismo Pagador y del SCE, respectivamente, sin que haya alcanzado a otros sistemas 
tales como el referido a la gestión de los ingresos (MOURO). 
   El Decreto 31/2015 señala que corresponde a la Comisión General de Seguridad de la 
Información  la  función  de  elaborar  y  revisar  regularmente  la  Política  de  Seguridad  de  la 
Información para ser aprobada por el Consejo de Gobierno, sin que desde su aprobación en 2016 
haya sido objeto de revisión. Tampoco ha emitido informes sobre el grado de cumplimiento de las 
normas de seguridad de carácter general, ni ha aprobado formalmente los análisis de riesgos ni 
procedido a su posterior revisión. Esta Comisión, que debía reunirse con carácter ordinario una 
vez al año, no lo hizo durante el ejercicio 2017. 
  El Comité Técnico de Ciberseguridad, previsto en el artículo 8 del Decreto y competente 
para desarrollar los aspectos técnicos y procedimentales de la seguridad de la información, no 
había sido constituido al cierre de 2017. 
  En el ejercicio fiscalizado, los sistemas SIC y MOURO11 no contaban con la declaración de 
aplicabilidad prevista en el artículo 27 del RD 3/2010, la cual fue realizada en el año 2018. 
Igualmente,  no  fue  hasta  este  último  ejercicio  cuando  estos  sistemas  fueron  objeto  de  la 
categorización a la que se refiere el artículo 43 del RD. 
  A 31 de diciembre de 2017, no se había llevado a cabo la auditoría de la seguridad sobre los 
sistemas  de  información  a  la  que  se  refiere  el  artículo  34  del  RD,  donde  se  verifique  el 
cumplimiento de los requerimientos del ENS por parte de los citados sistemas, salvo en el SCE.  
Por otro lado, cabe señalar que, a 5 de julio de 2019, el sitio web donde está ubicada la sede 
electrónica de la CA no ofrecía una conexión privada de acceso al mismo, por lo que no estaba 
catalogado  como  seguro.  Del  mismo  modo,  el  portal  estatal  VALIDA-E  no  suministraba  un 
resultado  positivo  a  la  verificación  de  la  validez  del  certificado  contenido  en  dicha  sede 
electrónica12.  
                                                 
9 Según el artículo 33 de la LRJGAC, corresponde a los titulares de las Consejerías: 
- Ejecutar, en el ámbito de su Consejería, la política establecida por el Gobierno. 
- Ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios de la Consejería respectiva, así como de las 
entidades vinculadas o dependientes de la misma. 
10 La CA alega que la seguridad es un proceso integral, lo que no se opone a lo dicho en el texto de este Informe, pues, 
como también señala esta en sus alegaciones, “las necesidades específicas que afecten a departamentos concretos,  s
sistemas de seguridad específicos o tratamientos de datos personales en particular, se deben tratar con instrumentos  e.
específicos también definidos en el ENS, introducidos por cada organización en su propia Política de Seguridad”.  w.b
11 En el informe de 2017 de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Hacienda y Función Pública  223ww
(1M2 LINa HCAAF sPe) ñsael ain, deinc as uqsu ea lleag AaCciAonTe tsie, nqeu ep eenl d9i ednet eo catcuobmree dteer  2u0n1 p9la sne  ghloab vaul edleto  sae gpuornidear do pinefroartmiváat ilcaa c oo npelaxnió dni rseecgtourr.a  vía
HleTctTuPraS d ae l saun tseepdroey eelcetcot rdóen iIcnafo, rqmuee ,d efr ufitsoc adleiz aaclgióúnn.  error, se había deshabilitado, sin ser conscientes de ello hasta la
II.3.5.  Otros aspectos relativos al control interno 
A)  PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD E INVENTARIOS 
Además de por los preceptos de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
aplicables a las CCAA, el Patrimonio de la CA se encuentra regulado en la Ley autonómica 3/2006 
de 18 de abril y en el Reglamento 72/1987 de la derogada Ley 7/1986, aplicable en tanto que no 
se apruebe el correspondiente a la nueva Ley, en todo aquello que no la contradiga. Durante el 
ejercicio fiscalizado seguía sin aprobarse un nuevo Reglamento. 
Procede destacar que el artículo 11.9 de la Ley 3/2006 señala que la gestión de los bienes y 
derechos incluidos en el Inventario General debe ser objeto de seguimiento a través de una 
contabilidad patrimonial con dependencia funcional de la Intervención General y orgánica del 
Servicio de AG de Patrimonio, el cual ha de aportar a la primera la información necesaria para 
efectuar las anotaciones de carácter patrimonial de la contabilidad pública, sin que en el ejercicio 
fiscalizado existiera un sistema automatizado de vinculación entre una y otra.  
En 2013 tuvo lugar la adjudicación de un contrato de diseño, desarrollo e integración de una base 
de  datos  de  gestión  del  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  de  la  Administración  de 
Cantabria, previéndose el enlace con la contabilidad patrimonial en el ejercicio 2015. Pese a ello, 
el proceso acumula un considerable retraso, pues, si bien en diciembre de 2013, se produjo la 
entrega de la primera fase, cuyo objeto consistía en la entrega del soporte técnico de la base de 
datos en la que debía volcarse la información sobre bienes inmuebles y derechos procedente de 
la antigua, se detectaron errores en su funcionamiento, cuya resolución fue asumida por la DG de 
Organización y Tecnología de la Consejería de Presidencia y Justicia, sin que al cierre de 2018 la 
aplicación haya conseguido un funcionamiento correcto13. La segunda fase también fue asumida 
por la citada DG, estando igualmente pendiente el desarrollo del mismo a dicha fecha. 
El inventario facilitado por la CA correspondiente al ejercicio fiscalizado, al igual que en los 
ejercicios precedentes, presentaba deficiencias tales como no incluir todas las menciones que 
exige el artículo 10 y siguientes del Reglamento en relación con los bienes y derechos o valorarse 
los bienes de forma incompleta o sin la frecuencia exigida por la normativa aplicable. Además, no 
es posible obtener una relación de los bienes entregados y recibidos en cesión o adscripción 
existentes al cierre de 2017.  
Procede señalar al respecto que el Servicio de AG de Patrimonio, que forma y custodia el 
inventario de los bienes que están bajo su competencia directa, tal y como exige la normativa 
aplicable, desarrolla esta labor con limitaciones derivadas del hecho de que el mismo cuenta en su 
organigrama con siete puestos de trabajo, de los cuales hay cinco vacantes, estando otros dos 
ocupados temporalmente en comisión de servicio. Uno de los puestos no cubiertos corresponde a 
un arquitecto técnico valorador, por lo que las tasaciones de los bienes y derechos que conforman 
el patrimonio de la CA deben realizarse por personal externo a través de contratos de asistencia 
técnica. 
Por otra parte, la colaboración y coordinación de las unidades implicadas en la gestión del 
Patrimonio de la Comunidad, como son las Consejerías y demás órganos descentralizados que 
gestionan  el  inventario  de  los  bienes  y  derechos  que  la  normativa  les  tiene  asignados,  es 
insuficiente, pues se limitan cada año a remitir al Servicio de Patrimonio una relación de sus 
bienes y derechos que se integran en las correspondientes leyes de presupuestos, como anexo 
de Patrimonio, que ni son completas ni están correctamente valoradas.  es
 1 3   E  n   l a   f a  s e    d e    a l e  g a  c i o  n e  s   s  e   s  e ñ  a  la, al igual que en el ejercicio precedente, que el no haber conseguido un desarrollo
cdoersraercrtool loe sd ed elabsid soig au ieqnutee se lf aSseersv,i crieos odlev ePr alatrsim inocnidioe ndceibaes  ya úens tiar bdleecfienri epnodsoib llaess  mfuenjcoioransa.l idades de la aplicación para el
Los hechos descritos condicionan la representatividad de este documento al mostrar la realidad 
patrimonial de la CA. 
Por último, en lo referente a la prescripción establecida por el artículo 238 de la Ley 2/2001, de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, relativa al 
mantenimiento y gestión por la CA de su propio patrimonio de suelo14, la CA recoge la relación de 
bienes integrantes del patrimonio regional del suelo en el apartado 8 del Tomo VII de la Memoria 
de la Cuenta General rendida, si bien la información se ve afectada por las principales deficiencias 
señaladas en los informes correspondientes a los dos ejercicios anteriores. Así, en 2015 existían 
16 fincas de titularidad regional no inscritas en el Registro de la Propiedad, iniciándose las 
acciones oportunas en 2016 sobre dos de ellas, que culminaron en 2017 solo para una de ellas. 
Asimismo, en 2015 se puso de manifiesto que se desconocían las fincas inscritas en ciertas 
referencias catastrales, permaneciendo abierto en 2017 el proceso de regularización de varias 
fincas (en la localidad de Villaescusa), sin que se hayan concretado sus resultados. 
B)  CONTROLES DE EFICACIA A CARGO DE LAS CONSEJERÍAS 
El artículo 85 de la LRJGAC exige que las Consejerías a las que se encuentran adscritos los 
OOAA de la CA ejerzan los controles de eficacia, con la finalidad de comprobar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados, sin que ninguna 
de las Consejerías con OOAA adscritos a las mismas haya informado de la realización de dichos 
controles. Este artículo no sido desarrollado reglamentariamente con el procedimiento para llevar 
a cabo estos controles. 
Respecto de la ACAT, el artículo 30.2 de la Ley de Cantabria 4/2008, de 24 de noviembre, por la 
que se crea este ente autonómico de Derecho Público, dispuso que la Agencia se sometiera a un 
control de eficacia, que sería ejercido, a través del seguimiento del contrato de gestión, por la 
Consejería competente en materia de hacienda, con la finalidad de comprobar el grado de 
cumplimiento de los objetivos fijados y la adecuada utilización de los recursos asignados. El 
contrato  de  gestión,  a  aprobar  por  acuerdo  del  Gobierno,  ha  de  definir  los  objetivos  y  los 
resultados que se deban conseguir, los medios y planes para lograrlos, así como, en general, la 
actuación que se deba desempeñar durante el periodo de su vigencia. El contrato vigente durante 
el ejercicio fiscalizado fue aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de diciembre de 
2016, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2019.  
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a la que está adscrita la ACAT, menciona 
diversas actuaciones de control llevadas a cabo durante el ejercicio 2017 relacionadas con el 
funcionamiento presupuestario del ente y sus cuentas anuales (en cuya memoria se describen 
parcialmente), sin que haya aportado un informe o documento donde figure el seguimiento y 
control del cumplimiento de los objetivos y planes de acción que se establecen en el contrato de 
gestión. 
1  4   A  q u  e l   i n t e  g r a  d  o   p  o r   l o s    t e r r e  n o  s   d   e titularidad pública adquiridos con fines de encauzar y desarrollar la ordenación del
lteegrraitlomrieon, teo batseignnear draess ear vloass  pdaetr imsuoenlioo sp maruan icaicptaulaecsi odneel ss udeelo . interés autonómico y apoyar las acciones urbanísticas
C)  COMISIÓN DE AUDITORÍA DE LAS EMPRESAS REGIONALES 
En relación con lo señalado en el artículo 162 de la Ley 3/2006 del Patrimonio de Cantabria, 
donde  se  indica  que  las  sociedades  públicas  regionales  que,  de  acuerdo  con  la  normativa 
aplicable, estén obligadas a someter sus cuentas a auditoría, han de constituir una comisión de 
auditoría  y  control,  dependiente  del  consejo  de  administración,  han  informado  de  dicha 
constitución Gran Casino del Sardinero, S.A., Hospital Virtual Valdecilla, S.L., SODERCAN y 
Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, S.A. (PCTCAN), con fechas 
respectivas de 20 de diciembre de 2012, 6 de marzo de 2015, 14 de mayo de 2015 y 17 de 
noviembre  de  2017.  Gran  Casino  del  Sardinero  no  ha informado  de  las  reuniones  de  esta 
Comisión durante el ejercicio 2017. Asimismo, se han aportado los acuerdos adoptados en 2018 
por los Consejos de Administración de Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN), CANTUR y 
Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA) para la constitución de las comisiones de 
auditoría y control. 
D)   SISTEMA DE SUPERVISIÓN CONTINUA 
La CA no realizó actuaciones, ni durante el ejercicio fiscalizado ni con posterioridad, que dieran 
cumplimiento al artículo 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, según el cual, todas las Administraciones Públicas deben establecer un sistema de 
supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia 
de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la 
formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. 
II.3.6.  Aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) 
El RD 4/2010, de 8 de enero, regula el ENI en el ámbito de la Administración Electrónica, cuya 
finalidad es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de 
interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por 
las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes 
a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la 
eficacia y la eficiencia. 
De las comprobaciones realizadas sobre su grado de aplicación en la CA, cabe deducir las 
cuestiones que se exponen a continuación. 
La CA cuenta con el inventario de procedimientos y servicios de información administrativa, 
previsto en el artículo 9 (denominado IPSC) y que, durante el ejercicio fiscalizado, se integraba 
con el Sistema de Información Administrativa mediante cargas mensuales, por lo que podía existir 
desfase en la actualización, cuestión superada en 2018 mediante la automatización del proceso. 
Durante 2017, no consta la existencia de un procedimiento para mantener actualizada la relación 
de los órganos administrativos, oficinas de registro y atención al ciudadano y las relaciones entre 
ellos.  Con  posterioridad  al  ejercicio  fiscalizado,  por  Resolución  del  Director  General  de 
Organización y Tecnología de 21 de septiembre de 2018, se dispone la publicación del protocolo 
de  actuación  para  la  actualización  del  Inventario  Automatizado  de  Procedimientos  de  la 
Administración de la CA. 
Al cierre del ejercicio fiscalizado se encontraba pendiente la identificación y publicación de los 
modelos de datos relativos a materias sujetas a intercambio de información con otras entidades.  e.e
No ha quedado acreditado que se produjera el enlace de las infraestructuras y servicios de la CA  223ww
acloi rcclaoulsinz sacccoriiórbrneía sp,p oporrn ácdcoiteincnsateemjsee rnípatre o,p paao rrlaac,i  oaunptailliidczaoacsni dópono  dlra e l aare pglAiciGsatErcoi.ó  enEl encc otrreórle nsiecpjoeo,rn cpdicaieirona t el2o 0 dq1eu7 e,l a le aAs CtGaA E c,h uapebesirltmiitóóint iu r nseael    OE-A-2021-14able en https://
correspondiente  envío  electrónico  de  documentos  a  otras  administraciones.  Esta  solución 
presentaba un carácter marcadamente temporal. 
Aunque el artículo 16 prevé la puesta a disposición de los ciudadanos y otras entidades de 
aquellas aplicaciones y objetos de información cuya titularidad recaiga en la entidad con el fin de 
perseguir su reutilización y aprovechamiento, al cierre del ejercicio fiscalizado no se estaban 
llevando a cabo tales actuaciones. Tampoco se habían licenciado las aplicaciones susceptibles de 
ser reutilizadas por otras entidades, en los términos del citado artículo, ni, por tanto, se había 
publicado el código de las aplicaciones licenciadas para su libre reutilización15.  
No ha sido hasta el mes de junio del ejercicio fiscalizado cuando la CA ha aprobado y publicado la 
política de gestión de documentos administrativos electrónicos, expedientes electrónicos y archivo 
electrónico (de la AG y su sector público), mediante el Decreto 43/2017, de 22 de junio, dando así 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del RD. 
En relación con los calendarios de conservación de los documentos y expedientes electrónicos 
necesarios, son los órganos directivos del Gobierno de Cantabria competentes en materia de 
archivo quienes deben definir los calendarios de conservación de documentos y expedientes 
electrónicos, sin que esta actuación se hubiera llevado a cabo al cierre de 2017. 
Por otro lado, si bien existían los procedimientos previstos en el artículo 23 para el copiado 
auténtico y conversión cuando exista riesgo de obsolescencia tecnológica del formato original, 
estos no se estaban aún llevando a la práctica. 
No  se  ha  acreditado  el  establecimiento  formal  de  mecanismos  de  control  para  verificar  el 
cumplimiento del ENI, en virtud de la previsión del artículo 27, si bien se ha informado de la 
realización  de  actuaciones  prácticas  en  este  sentido  (seguimiento  periódico  del  grado  de 
adecuación, a través de un cuestionario proporcionado por la AGE y la contratación de un servicio 
externo de auditoría de cumplimiento).  
Finalmente,  cabe  destacar  que,  al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado,  no  se  había  publicado  la 
declaración de conformidad con el ENI y los posibles distintivos de interoperabilidad en la sede 
electrónica de la CA. 
II.4.  CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
De acuerdo con el artículo 123 de la LF, la Cuenta General de la CA se formará con los siguientes 
documentos: 
a)   Cuenta General del sector público administrativo, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que integran dicho sector. 
b)   Cuenta General del sector público empresarial, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos en el PGC de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que 
lo desarrollen. 
 1 5   L a    C  A    i n  d i c  a ,   e  n    s u  s   a  l e g  a c  i o n  e s  , que la falta de publicación señalada se debe a que la aplicación del modelo de
leicsetundciioa.m  iento EUPL (proyecto “Publicación de software bajo licencia EUPL”) se encuentra aún en fase de análisis y
c)   Cuenta General del sector público fundacional, que se formará mediante la agregación o 
consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad 
recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos. 
Como  ya  se  señaló  en  el  epígrafe  II.2.1,  a  pesar  de  la  previsión  anterior,  ninguna  de  las 
subcuentas que conforman la Cuenta General se presenta de forma agregada o consolidada. En 
su lugar, la Cuenta General da cabida a las cuentas anuales individuales de las entidades de los 
sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional.  
En  los  siguientes  subapartados  se  analizan  las  cuentas  anuales  del  conjunto  de  entidades 
integradas en cada uno de los sectores mencionados. 
II.5.  CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
II.5.1.  Visión general 
Según la LF, el sector público administrativo está integrado por la AG de la CA, los OOAA y la 
Universidad de Cantabria (UC). Forman también parte del mismo otras entidades públicas y 
consorcios cuando cumplan los requisitos previstos en la citada Ley. 
En el siguiente cuadro se presenta la evolución de los gastos no financieros en el periodo 
2015-2017 para la AG de la CA (obligaciones reconocidas netas): 
CUADRO Nº 5.   EVOLUCIÓN GASTOS NO FINANCIEROS 
(millones de euros) 
Año  2015  2016  2017 
Gasto no financiero  2.078  2.103  2.161 
Variación respecto del ejercicio anterior (%)  1,9  1,2  2,8 
En los gastos de la AG de la CA se incluyen los de los OOAA que, tras su creación, se 
constituyeron como secciones presupuestarias específicas. Estos organismos son el SCS, el SCE, 
el ICSST y el ICASS, creados por las Leyes de Cantabria 10/2001, 1/2003, 5/2008 y 3/2008, 
respectivamente, e incorporados al presupuesto de la primera, como secciones presupuestarias 
diferenciadas, en los ejercicios 2002, 2004, 2010 y 2011. 
Por su parte, el artículo 73 de la LRJGAC dispone que la Administración Institucional de la CA 
está integrada por: 
  Los organismos públicos (OOAA y entidades públicas empresariales). 
  Aquellas otras entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la AG de la CA 
que se regularán por su normativa específica y, supletoriamente, por lo establecido con carácter 
general en la presente Ley para los organismos públicos. 
A estos OOAA y entes públicos (no integrados) se les concedieron transferencias de la AG de la  oe.
CA por importe total de 14.078 miles de euros en 2017 (13.241 de los cuales por transferencias  w.
cdPoeúrlb r2ileic1na t% eRs )(e,1 g3sio6un pmaelri lieodsre   adCle ae enjeutrarcobiscri)iao l  oa(sCn EtfeoArniRodroC s()1 , c3do.e0nl4c e44d 0mi d%ioles s( 7 ad6l e2C  eemnuitrlroeoss ))d.  eaE lEx Cpseteurndimtirooes n ddtaeer  olIann  vAuends mtiigninacircseitómranec ndióteonl    2021-14223n https://ww
Medio Ambiente (CIMA) y del 26 % al Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), mientras que los
destinados a la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) se redujeron un 6 % (50 miles de euros). 
Estas transferencias representan prácticamente el 100 % de los ingresos totales contabilizados 
por este tipo de organismos (salvo en el caso del CEARC). 
Por otro lado, mediante Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas se procedió a la modificación de los principios contables y cuentas anuales 
establecidos en la LF, lo que constituía el primer paso necesario para proceder a la adaptación del 
PGCP para Cantabria al plan contable marco aprobado para todas las Administraciones Públicas 
por  la  Orden  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  EHA/1037/2010,  de  13  de  abril.  La 
Disposición transitoria segunda de la citada Ley 5/2011, en vigor desde el 1 de enero de 2012, 
establece que “hasta la aprobación del desarrollo reglamentario de las normas de contabilidad del 
sector  público  autonómico,  siguen  vigentes  los  principios  de  registro,  precio  de  adquisición, 
correlación de ingresos y gastos y entidad contable, establecidos en el PGCP, aprobado por 
Orden de 29 de noviembre de 2000. Asimismo, hasta dicha fecha, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo se sustituirán por la información prevista en la 
memoria de dicho Plan y su normativa de desarrollo; y el balance de resultados y el informe de 
gestión formarán parte del estado de liquidación del presupuesto”. 
Por tanto, mientras no se apruebe un nuevo PGCP para Cantabria, no se producen cambios, 
desde un punto de vista formal, en los documentos contables que han de rendir los entes 
integrados en el sector público administrativo de la Comunidad. 
II.5.2.  Contabilidad presupuestaria Administración General 
Los créditos iniciales incluidos en la Ley de Presupuestos de la CA (LP) para 2017 ascendieron a 
2.601.358 miles de euros (anexos II.1.3 y II.1.4), a financiar con los derechos económicos a 
liquidar (2.168.185 miles de euros). El importe de las operaciones de endeudamiento aprobadas 
en su artículo 3 alcanzó los 433.173 miles de euros (anexo II.1.5). Los créditos iniciales aprobados 
fueron superiores en un 5 % respecto a los del ejercicio inmediatamente anterior. 
En el ejercicio fiscalizado, los créditos y las previsiones finales fueron coincidentes con los 
iniciales, al resultar nulo el importe de las modificaciones netas. 
A)  MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
Las variaciones del presupuesto no incrementaron los créditos iniciales de 2017, al igual que en 
ejercicio 2016. Este hecho es debido a que la totalidad de las modificaciones realizadas se han 
financiado con bajas en otras partidas. 
En particular, por lo que se refiere a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (sección 
integrante  del  presupuesto  de  la  AG),  el  crédito  disponible  se  incrementó,  a  través  de 
modificaciones, en un importe total de 26.956 miles de euros (6 % de los créditos iniciales). Los 
aumentos  tuvieron  como  causa  principal  la  insuficiente  dotación  de  créditos  en  gastos  de 
personal, de los cuales hay que destacar los 13.100 miles de euros que corresponden al pago de 
la nómina del personal docente del mes de diciembre.  
Por otro lado, como en el ejercicio anterior, la sección 14 Deuda Pública tiene una modificación 
negativa importante (20.104 miles de euros) por no haberse tenido en cuenta las reducciones de 
los tipos de interés ocasionadas por los nuevos mecanismos de financiación. 
El resumen de las modificaciones realizadas se recoge a continuación: 
CUADRO Nº 6.   MODIFICACIONES DE CRÉDITO 
(miles de euros) 
2017 
Tipo 
Número  Importe 
- Ampliaciones de crédito  27  17.846 
- Transferencias de crédito  181  ±97.019 
- Generaciones de Crédito  0  0 
- Otras modificaciones  0  (17.846) 
Total  233  0 
La rúbrica “Otras modificaciones” recoge las bajas por anulación de crédito que financiaron las 
ampliaciones de crédito (27 expedientes por importe de 17.846 miles de euros). Por tanto, la suma 
final del número de expedientes no incluye la de los expedientes de bajas por anulación, que ya 
aparecen incluidos en las modificaciones anteriores. 
El artículo 40 bis de la LF, introducido por la LP de 2014, establece la constitución de un Fondo de 
Contingencia de ejecución presupuestaria para hacer frente durante el ejercicio a necesidades 
inaplazables, de carácter no discrecional y debidamente justificadas para las que no se hiciera, en 
todo o en parte, la adecuada dotación de crédito. En 2017, el Fondo de Contingencia estaba 
dotado con un crédito de un millón de euros, no habiéndose utilizado durante el ejercicio.  
Por lo que se refiere a los distintos expedientes de modificaciones, cabe señalar que:  
  Mediante los expedientes número 2017-AC-0021 y 0027 se realizan sendas ampliaciones de 
crédito a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por importe de 2.221 y 2.642 miles de 
euros respectivamente, motivadas en la insuficiente previsión para afrontar el gasto de las cuotas 
sociales de la nómina de octubre y noviembre de 2017 del personal docente. 
  La  ampliación  de  crédito  número  2017-AC-0020,  viene  motivada  por  una  dotación 
presupuestaria insuficiente para abonar las prestaciones de carácter periódico de los meses de 
septiembre a diciembre de la “Renta Social Básica” gestionada por el ICASS, en un importe de 
3.300 miles euros financiado con otras partidas del capítulo 4 del propio ICASS, relativas a las 
estancias concertadas. 
  La  ampliación  de  crédito  número  2017-AC-0029,  corresponde  a  la  insuficiencia 
presupuestaria para el pago de la nómina del mes de diciembre del SCS por un importe de 2.640 
miles de euros. 
  La  ampliación  de  crédito  número  2017-AC-0023,  corresponde  al  SCE,  para  dotar  el  s
concepto “ayudas a la contratación indefinida” de la Consejería de Economía Hacienda y Empleo,  e.
con el fin de financiar las solicitudes presentadas, dentro de la línea de subvenciones destinadas a  w.
incentivar la estabilidad en el empleo y la contratación indefinida de personas desempleadas, por  223ww
un importe de 2.100 miles de euros.
  El expediente número 2017-G-0010 recoge una modificación para dotar crédito en el SCS 
para la adquisición de vacunas, por un importe de 2.711 miles de euros (si bien la DG de Salud 
Pública de la Consejería de Sanidad mantiene la responsabilidad sobre el Plan de Vacunación). 
  El  expediente  número  2017-G-0029,  por  un  importe  de  14.000  miles  de  euros,  está 
destinado a financiar el pago de la factura de farmacia del mes de julio y la previsión de gasto del 
mes de agosto al Colegio Oficial de Farmacéuticos. Dicha modificación fue solicitada por el SCS y 
la baja se produjo en la aplicación “Deuda Pública. Intereses y otros gastos de préstamos, créditos 
derivados”. 
Asimismo, con el expediente número 2017-HG-0064, se pretenden financiar gastos en productos 
farmacéuticos hospitalarios y otros gastos corrientes para disminuir el período medio de pago a 
proveedores, mediante el reajuste de los propios créditos del presupuesto de la Sección 11 del 
presupuesto, por un importe de 3.330 miles de euros. 
Pese a las insuficiencias anteriores, mediante el expediente número 2017-SCS-0009, se realiza 
una transferencia por insuficiencia de crédito para dotar el concepto “Encomienda de Gestión a la 
Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria”, con el fin de financiar la construcción 
del Centro de Salud de Bezana, por importe de 827 miles de euros, financiando dicho incremento 
con baja en el crédito de gastos de productos farmacéuticos16. 
  Mediante el expediente número 2017-G-0044, por un importe de 7.183 miles de euros, se 
transfieren dotaciones no utilizadas en las distintas secciones del presupuesto a los créditos del 
programa de imprevistos y funciones no clasificadas, para su posterior reasignación. 
  Con el expediente número 2017-G-0043, por un importe de 13.100 miles de euros, se 
pretende subsanar la insuficiencia presupuestaria para el pago de la nómina del personal docente 
del mes de diciembre. 
  El expediente número 2017-G-0047, por un importe de 2.900 miles de euros, se destina a 
financiar  el  tercer  plazo  de  devolución  de  la  deuda  de  CANTUR  derivada  del  contrato  de 
reconocimiento y asunción de deuda suscrito con CEP Cantabria, por el que le fue cedido un 
préstamo participativo. 
1  6   E  n     la  s    a  l e g  a  c i o n  e  s    s e     m  a  n i f ie  s  ta que, pese a la denominación que figura en el expediente de modificación
epjreecsuucpiuóens dtaer ilao,s  tGraebsatijóons  ddee  laV civitiaednad aesn ceo mIniefrnadeas tdruec gtuersatisó ne. n Cantabria, S.L. (GESVICAN) fue la encargada de la
El siguiente estado resume las fuentes de financiación de las modificaciones de crédito realizadas: 
CUADRO Nº 7.   FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES  
(miles de euros) 
Fuente  Ampliaciones crédito  Total 
Bajas por anulación  17.846  17.846 
Total  17.846  17.846 
B)  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
Como en ejercicios anteriores, la liquidación del presupuesto de gastos se presentó conforme al 
modelo y nivel de desagregación previsto en la cuarta parte del PGCP, si bien no se incluye la 
explicación del contenido de cada uno de los conceptos presupuestarios, que únicamente se 
identifican por el código correspondiente a su clasificación económica. 
Los anexos II.1-3 y II.1-4 reflejan la liquidación del presupuesto de gastos atendiendo a su 
clasificación económica y orgánica, por capítulos y secciones, respectivamente. 
La ejecución por capítulos ha sido la siguiente: 
CUADRO Nº 8.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS 
(miles de euros) 
Incremento 
Créditos  Obligaciones  obligaciones  Grado de  Grado de 
Desviación 
Capítulos  finales  reconocidas  ejercicio  ejecución  Pagos  cumplimiento 
(A)  (B)  anterior  (A – B)  (%)  (%) 
(%) 
1. Gastos de personal  896.183  887.065  1  9118  99  885.404  100 
2. Gastos  corrientes  422.631  408.944  5  13.687  97  339.588  83 
en  bienes  y 
servicios 
3. Gastos financieros  48.060  47.049  1  1.012  98  47.047  100 
4.Transferencias  636.760  622.434  4  14.326  98  547.908  88 
corrientes 
5. Fondo  de  0  0  N/A (*)  0  N/A (*)  0  N/A (*) 
contingencia  y 
otros imprevistos  
6. Inversiones reales  150.933  115.517  (1)  35.416  77  78.135  68 
7.Transferencias  de  88.832  78.708  21  9.124  90  46.017  58 
capital 
8. Activos financieros  31.755  29.634  13  2.121  93  27.103  91 
9. Pasivos financieros  326.204  326.190  28  14  100  326.190  100 
Total  2.601  2.516.540  6  84.818  97  2.297.392  91  s
(*)  N/A: No aplicable  b
Ldreaecsl o enojeobrclicgidicaaicosi o aennnet ese rlri oeercj,eo nrncooi ccoiiobd sastsae n emtnea  2en0lt i1pe7en seao up dmráeec cntiatcadaramo nce aneptneí t uuiglnou  6ae ln%.  Er e(n1la 3ec2li ó.e6nj0e c8roc minc iieolel  s2to 0dt1ae6l   eddueirc oohsbo)l i gareauscmpioeenncettoos    2021-14223n https://ww
fue  del  3 %,  causado  solo  por  los  capítulos  1,  4  y  9  (incrementos  del  4 %,  8 %  y  21 %,
respectivamente), mientras que en 2017 todos los capítulos, excepto el 6 “Inversiones reales”, han 
experimentado incrementos, siendo los más significativos los de los capítulos 7 “Transferencias de 
capital” y 9 “Pasivos financiero”, con una variación del 21 % y el 28 %, respectivamente. 
Por otra parte, se ha mantenido prácticamente constante, en relación con el ejercicio precedente, 
el grado de ejecución de todas las operaciones. Así, en el ejercicio fiscalizado, el grado de 
ejecución presupuestaria de las operaciones corrientes fue del 98 %, el de las operaciones de 
capital el 81 % y el de las financieras el 97 %. Se mantiene la tendencia descendente en la 
ejecución del capítulo 6, donde destaca el artículo 62 “Inversión nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios”, que presenta el menor grado de ejecución con un 66 %. Además, de 
las 64 aplicaciones presupuestarias con dotación en este artículo, 38 presentan un grado de 
ejecución inferior al 50 % y, de estos, en 19 es inferior al 7 % (en 12 no se ha reconocido ninguna 
obligación durante el ejercicio 2017).  
En 2017 siguen destacando el bajo grado de cumplimiento del capítulo 6, con un 68 % (75 % en 
2016), y el 7, con un 58 % (42 % en 2016). El cumplimiento de las transferencias del artículo 74 “A 
sociedades públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector 
público autonómico” asciende al 62 %, frente al 33 % de 2016, correspondiendo el menor grado 
de cumplimiento a los artículos 77 y 78, por las transferencias “A empresas privadas” y “A familias 
e instituciones sin fines de lucro”, con el 28 % y el 44 %, respectivamente (34 % y 25 % en 2016). 
No obstante, los programas más afectados corresponden a subvenciones que por su naturaleza y 
desarrollo  temporal  y  de  forma  recurrente  se  convocan  en  un  ejercicio  y  su  pago  termina 
realizándose en el ejercicio siguiente, como así queda reflejado en la liquidación presupuestaria 
correspondiente, lo que puede retrasar la consecución de los objetivos que se pretender lograr 
con dichas subvenciones. 
Por  secciones,  los  gastos  del  SCS  representaron,  como  en  2016,  el  33 %  del  total  de  las 
obligaciones reconocidas en el ejercicio, seguidos por los de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte con el 20 % (21 % en 2016), lo que supone, al igual que para el resto de las secciones, 
casi el mismo peso del presupuesto que en el ejercicio precedente. Las secciones que han 
experimentado una mayor variación han sido las Consejerías de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio y de Medio Rural, Pesca y Alimentación, con un incremento del 25 % y del 15 %, 
respectivamente (en 2016 habían descendido en un 23 % y un 19 %, respectivamente). En cuanto 
al grado de ejecución, se mantienen unos porcentajes similares a los de 2016, siendo el más bajo 
el 82 % de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (84 % en 2016). No obstante, el grado de 
cumplimiento en cuatro consejerías se sitúa por debajo del 72 % y es especialmente relevante en 
la 05 “Medio Rural, Pesca y Alimentación” y la 06 “Economía, Hacienda y Empleo”, con un 69 % y 
un 66 %, respectivamente.  
Del análisis de las obligaciones reconocidas en el ejercicio se observa: 
  Imputación temporal de las obligaciones 
El  artículo  46  de  la  LF  prevé  la  utilización  de  los  créditos  del  estado  de  gastos  de  cada 
presupuesto  para  contraer  obligaciones  derivadas  de  adquisiciones,  servicios  y  demás 
prestaciones o gastos que se realicen en el propio ejercicio presupuestario. Por su parte, según el 
artículo 33.4 de la LF, para poder imputar al presupuesto corriente obligaciones que procedan de 
ejercicios anteriores se requiere la autorización de una norma con rango de Ley, salvo que sean 
aplicables las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del mismo artículo.  
Gastos  del  ejercicio  2017,  por  un  importe  de  179.181  miles  de  euros,  no  se  llevaron  al  o
presupuesto  según  el  referido  principio  de  temporalidad,  incluyéndose  en  la  cuenta  413  223ww
(eeajjeecrrrcceiieccdiiooo sra eansnt etperioroiror  roedpse el sr1ae5c i imo%np.e usAta drdiocenivo enanal glpmardeeansuste)p,,u  geloas tsoqto,u seb  apssouárpn od1no5es9 e.2u 7snu2   iinmmciprleeusmta edcneiót one  ueernno  slar ecslo aencx ióconer ipgcceoionnn  eeensl  
referidas. La mayor parte de dichos importes corresponde al SCS, como viene sucediendo en 
ejercicios anteriores, destacando el gasto en farmacia.  
  Transferencias a la UC 
Las transferencias corrientes y de capital a la UC durante el ejercicio fiscalizado corresponden, 
fundamentalmente, al contrato-programa suscrito entre esta y el Gobierno de Cantabria. Las 
obligaciones reconocidas por este concepto por la CA ascendieron a 70.606 miles de euros. 
En el Informe de fiscalización de la UC, ejercicio 2015, se indica que “resulta conveniente, 
especialmente en momentos de dificultades financieras y de contención fiscal, que la universidad 
realice un análisis de sus necesidades reales de efectivo a lo largo del ejercicio económico a fin de 
propiciar la coordinación de la gestión de tesorería entre distintos entes y organismos del mismo 
sector  público  cuando,  como  consecuencia  de  la  existencia  de  suficientes  disponibilidades 
líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestaria, toda vez 
que la acumulación de fondos líquidos en una entidad que se financia fundamentalmente con 
fondos públicos no obedece a una utilización óptima de los mismos”. Por su parte, el Informe de 
fiscalización de la UC, ejercicios 2016-2017, señala que, dado el volumen de los saldos de 
tesorería y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la LF, ha de establecerse la “necesaria 
coordinación entre la CA y la universidad para armonizar las necesidades de tesorería de la UC 
con  las  disponibilidades  de  la  Comunidad  a  través  de,  como  mínimo,  comunicaciones 
permanentes entre ambas, consistentes en la remisión mensual por parte de la universidad de 
información sobre la cantidad total de sus fondos líquidos y las obligaciones de pago futuras con 
cargo a dichas disponibilidades”17. Al cierre del ejercicio 2017, la Universidad mantenía 24.675 
miles de euros en tesorería, cifra superior en un 8 % a la de 2016 (22.890 miles). 
C)  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
1.   Análisis global 
La liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio rendida por la CA se presenta conforme al 
modelo exigido por el PGCP, aunque no incluía la explicación del contenido de cada uno de los 
conceptos del presupuesto inicialmente aprobado ni de las partidas presupuestarias resultantes de 
posteriores modificaciones al mismo, que únicamente se identifican por el código correspondiente 
a su clasificación económica. 
El anexo II.1-5 recoge la liquidación del presupuesto de ingresos según su clasificación económica 
por capítulos. 
                                                 
17 La Universidad, en alegaciones integradas en las remitidas por la CA, señala su postura contraria a la aplicación del citado 
artículo 44 de la LF, “cuyo cumplimiento puede causar un importante daño patrimonial a la UC”, añadiendo que “las medidas 
adoptadas por la CA han consistido en el retraso de las fechas de pago del Contrato Programa”, de manera que “sólo gracias a 
la tesorería que tiene la UC por la existencia de gastos con financiación afectada se pueden afrontar las nóminas mensuales”. 
Frente a estos razonamientos hay que señalar la necesaria tutela de la CA respecto de su universidad que se desprende del  s
marco normativo aplicable. En este sentido, se produce la remisión mensual de información sobre la ejecución presupuestaria  e.e
en el ámbito de la LOEPSF; en materia de oferta de empleo público se exige, además del cumplimiento de las condiciones  bo
Agednmeirnaisletrsa ecisotnaebsle cPidúabslic paasr ad eto dlaass  qlause  addempiennisdtaranc”i;o fnineasl,m lae natuet,o rlaiz aLceiyó n4 d0e/2 l0a1s5 c, odrere s1p oocntduibernet,e sd ec oRnévogcimateonr iaJsu rpídoirc poa drteel  dSee c“ltaosr   223www.
Peunnúi bvlleaicr sodi dirceahcdao  eglnee y eq. suEtean  l madsae tufeinnriiiavtie,v raas,di dodapedt aetnosd dfooo, r medlealo nf o sprema ratde ec dsopeorlr edsniendcaetdo arla ,p  múnbeelcidceiods aiidnsas (dtqit uudecei o tenenajegl,ra csnei ere nnpd oocr u depena taratpe ll iacdsae cp ielóacn u CsliuAapr ildleaat odtrueiatse  lldoae  dls irosébpgruieme sestuon  
jCuAríd. ico de la UC y su autonomía) para armonizar las necesidades de tesorería de la universidad con las disponibilidades de la
La ejecución por capítulos ha sido la siguiente: 
CUADRO Nº 9.   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 
(miles de euros) 
 Variación 
Previsiones  Derechos  derechos  Grado de 
Desviación  Grado de 
Capítulos  finales  reconocidos  ejercicio  ejecución  Cobros 
(B) – (A)  cumplimiento 
(A)  (B)  anterior¶  (%) 
(%) 
1.  Impuestos 
537.670  572.140  14  (34.470)  106  566.000  99 
directos 
2.  Impuestos 
843.057  871.012  7  (27.955)  103  866.543  99 
indirectos 
3.  Tasas,  precios 
públicos  y  91.016  73.812  3  17.204  81  61.883  84 
otros ingresos 
4.  Transferencias 
580.075  541.131  2  38.944  93  541.131  100 
corrientes 
5.  Ingresos 
21.941  6.786  (44)  15.155  31  6.703  99 
patrimoniales 
6.  Enajenación de 
inversiones  12.377  1.163  576  11.214  9  1.163  100 
reales 
7.  Transferencias 
55.560  20.824  (17)  34.736  37  20.644  99 
de capital 
8.  Activos 
26.489  44  (14)  26.445  0  38  86 
financieros 
9.  Pasivos 
433.173  499.746  2  (66.573)  115  499.746  100 
financieros 
Total  2.601.358  2.586.658  6  (46.951)  102  2.563.851  99 
Los derechos reconocidos netos se elevaron a 2.586.685 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 6 %, respecto del ejercicio inmediatamente anterior. La mayor participación en los 
derechos reconocidos del ejercicio, al igual que en los ejercicios precedentes, correspondió a los 
capítulos 1 (impuestos directos), 2 (impuestos indirectos) y 4 (transferencias corrientes), con el 
22 %, 34 % y 21 % del total, respectivamente. Por su parte, se rompe la tendencia alcista, desde 
2014, del peso relativo de los derechos reconocidos por operaciones de endeudamiento (capítulo 
9), que en 2017 es del 19 %. 
Del análisis de las variaciones producidas en el ejercicio en relación con el anterior, cabe señalar 
lo siguiente:  
  Destaca el incremento del 14 % en los derechos reconocidos en el capítulo 1, de los que el 
89 % corresponde a la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF). El capítulo 2 ha incrementado el importe de sus derechos reconocidos en un 7 %, 
manteniéndose  el  peso  relativo  de  cada  uno  de  los  conceptos  prácticamente  invariable, 
correspondiendo la mayor importancia al Impuesto sobre Valor Añadido, que representa el 59 % 
del total de derechos reconocidos en este capítulo. Por su parte, el capítulo 4 ha experimentado 
un incremento del 2 %, frente al descenso del 6 % en el ejercicio anterior, motivado por el 
reconocimiento de derechos por un importe próximo a los 50 millones de euros correspondientes  e.e
al Fondo de Cooperación (en el ejercicio precedente no se reconoció derecho alguno por este  b
concepto). Finalmente, en el capítulo 9 se han incrementado los derechos reconocidos en un 2 %  223ww
sreo dburecc Eeióll  nree jesertnoc i cdloieos   acdanepterítreuioclohr so(e spn r re2es0ce1on6nt oaecnl i diunoncsr  ereemdneu ncetildo o cf uapepe ídtsuoelo l d6 e5 %n t“)ri.on  gdreels opsre spuaptruimesotnoi.a Eless ”s igenni fiucna ti4v4a  %la   OE-A-2021-14able en https://
respecto del ejercicio anterior. Por su parte, los derechos reconocidos en el capítulo 7 siguen la 
tendencia descendente de ejercicios anteriores, con una disminución del 17 % en 2017, que fue 
del 31 % en 2016. 
Finalmente, como viene sucediendo en ejercicios anteriores, debe destacarse el bajo grado de 
ejecución de los capítulos 6, 7 y 8 del 9 %, 37 % y 0 %, respectivamente (1 %, 38 % y 0 % en 
2016), lo que pone de manifiesto la necesidad de revisar la programación presupuestaria de estos 
capítulos. 
2.  Análisis de los derechos reconocidos 
El  marco  legal  que  fija  las  líneas  generales  del  sistema  de  financiación  autonómica  y  sus 
principios rectores se encuentra en los artículos 156 a 158 de la Constitución española y en su 
desarrollo mediante la LO 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las CCAA, completado 
con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
CCAA de régimen común y Ciudades con EA. 
El alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a Cantabria queda fijado en la Ley 
20/2010, de 16 de julio. Dentro de las competencias normativas de la CA en esta materia, el 
Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, aprueba el texto refundido de la Ley 11/2002 de 
Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado. 
Por otra parte, la autorización otorgada al Gobierno de Cantabria para la elaboración de un texto 
refundido de medidas fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado e impuestos propios de 
la CA, que había sido concedida por la DA primera de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se ha prorrogado sucesivamente hasta 2018 
mediante las leyes de medidas de cada año, lo que supone un importante retraso desde que la 
autorización fue aprobada inicialmente. 
El sistema de financiación se basa fundamentalmente en los tributos cedidos, total o parcialmente, 
por el Estado (que constituyen la denominada “capacidad tributaria“), el Fondo de Garantía de 
Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global, que actúa como mecanismo 
de cierre del sistema, cubriendo la diferencia entre las necesidades globales de financiación de 
cada Comunidad y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía. 
Por otra parte, para el cumplimiento de los objetivos de aproximar a las CCAA en términos de 
financiación por habitante y de favorecer la igualdad y el equilibrio económico territorial, la Ley 
22/2009 creó los fondos de convergencia autonómicos, dotados con recursos adicionales del 
Estado (Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación). 
Para la materialización de las transferencias de estos recursos por la Administración estatal a las 
Administraciones autonómicas, el sistema se basa en la instrumentación de entregas a cuenta 
para los recursos tributarios, de acuerdo con las cuantías estimadas, según los datos disponibles 
en el momento de elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estableciendo que, 
para cada ejercicio económico, se formalizará una liquidación anual definitiva en un solo acto por 
la totalidad de los recursos del sistema, una vez conocidos los datos anuales reales. 
La liquidación definitiva de los recursos del sistema del ejercicio 2017 fue publicada por el 
Ministerio de Hacienda en el mes de julio de 2019, ofreciendo un resultado positivo para Cantabria 
de 14.286 miles de euros.  es
Las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 (efectuadas en los ejercicios 2010 y  w.
2uLe0ny1 p 1a2)s,2 ia/v2mo0 be0ax9is.g  iEnbeslegta aq tuDiveias isprí oaps acicraaión lncae  pClárAned,v eonísoae  s lmea  erpedrgiáaicsntttireca areo lp npo rero ncp ecadortinmet aidebenil tiodla apsdr  eCfivnCisaAtnoAc pi edorera  ,la lpa Des sAde ec auv oaclroutanc siodtinetue liasr    2021-14223n https://ww
resultantes de las liquidaciones negativas de ambos ejercicios mediante retenciones practicadas
por el Estado sobre las entregas a cuenta o liquidaciones, por un importe tal que permitiese 
cancelar la deuda en un máximo de hasta 60 mensualidades, a partir del 1 de enero de 2011 y de 
2012,  respectivamente.  Hasta  el  ejercicio  2011  inclusive,  los  importes  derivados  de  estas 
retenciones se registraron en contabilidad como autoliquidaciones de contraído por recaudado. 
Tras la Instrucción de la IGAC de 28 de diciembre de 2011, se dispuso su tratamiento como 
devoluciones  de  ingresos,  lo  que  no  supuso  el  registro  en  la  contabilidad  financiera  del 
correspondiente pasivo por el importe de las liquidaciones negativas pendientes de compensar, 
situación que se ha mantenido en ejercicios posteriores. 
La DA trigésima sexta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año 2012 
estableció un mecanismo financiero extrapresupuestario con el objetivo de extender de cinco a 
diez años los plazos de devolución fijados, por lo que el saldo pendiente de devolución de ambas 
liquidaciones a 1 de enero de 2012 se devolvería en 120 mensualidades iguales a partir de esa 
fecha. Finalmente, en virtud de la Disposición final (DF) primera del Real Decreto-Ley (RD-L) 
12/2014, de 12 de septiembre, se extendió a 204 mensualidades iguales, a computar a partir de 1 
de enero de 2015, tanto para el saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones negativas como 
para el de los anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo. Esta última ampliación fue 
concedida a la CA mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local, del MINHAP, de fecha 10 de diciembre de 2014 y en la misma se contienen los calendarios 
de anticipos del mecanismo financiero y de cancelaciones a partir de 1 de enero de 2017. La 
deuda, que conforme al calendario aprobado debe cancelarse mediante mensualidades iguales de 
1.593 miles de euros, desde enero de 2017 hasta diciembre de 2031, ascendía, al cierre del 
ejercicio 2017, a 267.622 miles de euros. 
Los derechos reconocidos por cada uno de los recursos del sistema se agrupan en el siguiente 
estado: 
CUADRO Nº 10. RECURSOS FINANCIACIÓN CA 
(miles de euros) 
Importancia 
Tipo de recursos  Derechos reconocidos  relativa 
(%)  
     
A. Sistema de financiación Ley 22/2009, ejercicio 2017  1.937.192  75 
A.I  Recursos del Sistema  1.887.325  73 
1  Tarifa autonómica IRPF  510.195  20 
2  Impuesto Valor Añadido  516.095  20 
3  Impuestos Especiales   213.810  8 
4  Tributos Cedidos  202.094  8 
5  Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales  (12.776)  0 
6  Fondo de Suficiencia Global   457.907  18 
7  Compensación por supresión I. patrimonio D.T. 6ª Ley 22/2009  0  0 
A.II  Fondos de Convergencia  49.867  2 
8  Fondo de Cooperación   49.867  2 
9  Fondo de Competitividad   0  0 
10  Compensación D.A.3ª Ley 22/2009  0  0 
B. Otros recursos recibidos de la AGE  (19.116)  (1) 
11  Liquidación definitiva recursos del Sistema de Financiación y  (19.116)  (1) 
Fondos de Convergencia Autonómica 2010 
12  Otros recursos procedentes de la AGE  0  0 
C. FCI  4.373  0 
13  FCI  4.373  0 
D. Fondos Unión Europea  12.162  0 
14  Fondos Estructurales  5.631  0 
15  Fondo de Cohesión   0  0 
16  Política Agraria Común  0  0 
17  Otros recursos  6.531  0 
E. Subvenciones y Convenios  69.538  3 
Subvenciones  gestionadas  y  Convenios  suscritos  con 
18  69.538  3 
administraciones Publicas y privados 
F.  Tributos  y  otros  recursos  generados  por  la  Comunidad 
82.763  3 
Autónoma 
19  Tributos propios  37.112  1 
20  Prestación de servicios  22.469  1 
21  Patrimoniales  8.026  0 
22  Otros recursos  15.156  1 
G. Endeudamiento Financiero  499.746  19 
23  Recursos por operaciones de pasivos financieros  499.746  19 
   Total  2.586.658  100 
La Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada el 17 de enero de 2017, acordó la  w.b
creación de una comisión de expertos con objeto de realizar los análisis necesarios para la  223ww
fporrinmcuiplaiocsió dne  psoosltideariroidr adde,  suunfi cnieunecviao,  meqoudiedlaod ,d tera nfinspaanrceiancciióan,  caourrteosnpóomniscaab ifluidnadda mfisecnatal dyo g aerna nltoías 
dEel  1a0c cdees of edber eloros  cdieu d2a0d1a7n,o es l aC loosn sseejrov idceio sM pinúibsltircooss  aedno fputnóc ieóln a dceule crdoost ed ee fecoctnivsoti tudcei ólons  dmei sdmicohsa. 
comisión.  Las  conclusiones  y  propuestas  de  dicha  comisión  se  recogieron  en  un  informe 
distribuido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y elevado al Consejo de Ministros. 
D)  RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
El resultado presupuestario (capítulos 1 a 8) reflejó un déficit de 103.474 miles de euros, tal como 
se  recoge  en  el  anexo  II.1-6.  De  una  adecuada  imputación  temporal  de  las  obligaciones 
reconocidas, como se indica en el subepígrafe II.5.2.B, el resultado hubiera supuesto un mayor 
déficit  por  19.909  miles  de  euros.  Tras  las  operaciones  netas  de  endeudamiento  (pasivos 
financieros), el saldo presupuestario del ejercicio arrojó un importe de 70.082 miles de euros. 
II.5.3.  Situación patrimonial. Balance Administración General 
En el anexo II.2-0.1 se reflejan las magnitudes del balance, de acuerdo con los datos presentados 
por la CA en la Cuenta General. 
El activo ascendía a 4.339.731 miles de euros, frente a los 4.173.285 de 2016, los fondos propios 
totalizaban 999.549 miles de euros y el pasivo exigible 3.335.793 miles, de los cuales 488.393 
miles conformaban las deudas a corto plazo. 
A)  INMOVILIZADO 
Del análisis de los registros contables correspondientes al inmovilizado se deducen las siguientes 
observaciones: 
  Las limitaciones y deficiencias existentes en la contabilidad patrimonial, expuestas en el 
subepígrafe II.3.4.A, se ven trasladadas a la contabilidad pública. 
  Se registraron únicamente las operaciones que implicaban movimiento de fondos. 
  Las inversiones destinadas al uso general, registradas en el subgrupo 20 del PGCP, deben 
entregarse a dicho uso provocando su baja como activo inmovilizado, abonándose por el importe 
de las inversiones que hayan entrado en funcionamiento con cargo a la cuenta 109 “Patrimonio 
entregado al uso general”. Hasta el momento no se ha contabilizado ninguna entrega, por lo que 
esta última cuenta figura, como en ejercicios anteriores, con saldo cero. 
  Los estados contables no reflejan, a través de las cuentas del subgrupo 10 del PGCP, la 
información sobre los bienes recibidos y entregados en adscripción o cesión. 
  Como en ejercicios anteriores, no se procedió a ajustar contablemente la amortización de 
los elementos del inmovilizado inmaterial y material que se dieron de baja durante cada ejercicio. 
  No se ha acreditado la realización de las comprobaciones oportunas para, en su caso, 
reconocer las provisiones por depreciación de los bienes del inmovilizado, salvo en el caso del 
inmovilizado financiero cuando se trata de participaciones en sociedades en que el Gobierno 
cántabro participa en un porcentaje superior al 50 % y que se encuentran registradas en la cuenta 
250 “Inversiones financieras permanentes en capital”, sin que se incluyan en la misma el resto de 
las participaciones titularidad de la Comunidad. 
B)  DEUDORES   e.
En el anexo II.2-1 se refleja la evolución de los deudores presupuestarios, tanto del ejercicio  223ww
corriente como de ejercicios cerrados.
Los deudores presupuestarios totalizaron 73.462 miles de euros, de los que 50.690 miles de euros 
procedían de ejercicios anteriores. Los del ejercicio corriente (22.772 miles de euros) representan 
el 1 % de los derechos reconocidos en 2017. 
En 2017 se produjeron rectificaciones del saldo entrante, con un aumento neto de 151 miles de 
euros, de los que 39 miles correspondían a reintegros y 52 miles a recargos y multas.  
Asimismo, se contabilizaron anulaciones de derechos de ejercicios cerrados por un importe total 
de 19.099 miles de euros, de los que 10.503 miles correspondían al Canon de Saneamiento y 
6.274 miles al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Por lo que se refiere a las anulaciones de liquidaciones de los conceptos citados, los órganos 
gestores de las mismas registraron en el sistema MOURO anulaciones codificadas como “bajas 
liquidación de oficio”, por un importe de al menos 15.200 miles de euros, lo que impide concretar 
su causa, y ello pese a existir un exhaustivo listado de códigos de incidencias en la aplicación18. 
En  fiscalizaciones  anteriores  se  advirtió  que  el  motivo  de  estas  bajas  en  el  Impuesto  de 
Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales correspondía, en gran 
medida, a recursos o reclamaciones económico-administrativas resueltas a favor del obligado 
tributario. En el ejercicio 2017, con respecto al hecho imponible transmisiones mortis causa del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se registraron anulaciones por un total de 6.056 miles de 
euros, de los que al menos 2.251 miles de euros (el 100 % de la muestra analizada) lo fueron por 
los motivos citados (y, más concretamente, 1.475 miles como consecuencia de defectos en 
comprobaciones de valores). En cuanto a las anulaciones por el hecho imponible inter vivos, de 
los 190 miles de euros contabilizados, 78 miles (el 100 % de la muestra analizada) lo fueron como 
consecuencia de la estimación de una reclamación económico-administrativa por defectos en una 
comprobación de valor. De todo lo anterior deriva la necesidad de revisar el criterio de los órganos 
de  gestión  o  inspección  tributaria  en  relación  con  estos  impuestos.  Por  su  parte,  de  las 
anulaciones registradas en el concepto Canon de Saneamiento, que ascendían a 10.503 miles de 
euros, 10.472 miles correspondían a un acuerdo de fraccionamiento adoptado en 2017 y que no 
se  registró  en  las  cuentas  de  deudores  extrapresupuestarios  correspondientes,  deficiencia 
contable que se pone de manifiesto en el epígrafe II.3.3. 
La recaudación de derechos de ejercicios cerrados ascendió a 15.360 miles de euros, es decir, un 
22 % del saldo inicial una vez rectificado y contabilizadas las anulaciones, el cual, tras las 
operaciones señaladas, ascendía a 70.295 miles de euros. Por otra parte, durante 2017 se 
cancelaron derechos por importe de 4.245 miles de euros, de los que 3.081 miles se registraron 
como insolvencias, 1.163 miles como prescripciones y mil euros como otras causas. 
Al cierre del ejercicio 2017, el importe de los derechos con fecha de contraído superior a los cuatro 
años (plazo de prescripción) ascendía a 23.567 miles de euros. Se han detectado derechos por 
importe de 519 miles de euros, recogidos en las correspondientes cuentas de deudores, que 
podrían encontrarse prescritos, según lo dispuesto en el artículo 17 de la LF, al no haberse 
acreditado ninguna actuación sobre los mismos en los últimos años19. 
Analizados diversos deudores presupuestarios contraídos con anterioridad a 1 de enero de 2013 y 
que estaban pendientes de cobro a 1 de enero de 2017, cabe señalar que: 
                                                 
18 Entre otros: acuerdo de aplazamiento; de fraccionamiento; estimación de recursos; reclamaciones económico-
administrativas; tasaciones periciales contradictorias. Además incluye otros como fallido, incobrable o prescripción, que 
deberían reflejarse en cuentas como derechos cancelados.  e.e
19 En las alegaciones se manifiesta que un derecho por importe de 140 miles de euros se anuló en 2019 como  w.b
consecuencia de la estimación de un recurso de reposición, sin aportar documentación alguna al respecto. También se  223ww
apmloeergn iacmi oqpnuoaertd edo osds ee  sn8a 2led mlo Isinl efroser lamdteiev ,eo ussi r aob sise, ansn ecn ivooe nsnee sa  afpepocort raitndafo rdaso cpccouiorm nueensn  tpmalcauizóyon g  draaecv rpeersde isetacntr iivmpaca iótdener  iadq eud eec  ienpscretoov sae ñncocréisó,d niet odnse l  usrgieea serg ndocesu  lleoansbt orceruanal etersno,  
iegsutaaslm ceirnctuen ssitna ninccialusir.  Edonc aummbeonsta ccaiósno sju, satdifiecmatáivsa,  sdee  ienldloic. a que este importe fue declarado incobrable entre 2018 y 2019,
  El saldo deudor 0162980046113, por importe de 96 miles de euros, para cuya satisfacción la 
Resolución de 27 de mayo de 2015 de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo acordó la 
adjudicación a la CA  del bien inmueble aportado en garantía en la concesión en 2010 de un 
aplazamiento del crédito, permaneció en cuentas a cobrar al cierre de los ejercicios 2015 y 2016. 
En 2017, momento en que fue dado de baja el derecho como anulación, debió haberse registrado 
como cancelación por cobro en especie. 
  El saldo deudor 0162980048630, por importe de 137 miles de euros, que debió haberse 
declarado fallido y dado de baja en las cuentas de 2014, dada la terminación del procedimiento 
concursal  (auto  de  fecha  15  de  diciembre  de  2014)  en  el  que  se  encontraba  inmerso  por 
inexistencia de bienes y derechos, fue recaudado íntegramente en el ejercicio fiscalizado, por lo 
que, de haberse cancelado en su momento, hubiera procedido su rehabilitación en 2017 y el 
registro de su recaudación en período ejecutivo20. 
  El saldo deudor 0152000214762, por importe de 101 miles de euros, debió haberse anulado 
en el ejercicio 2011 y registrarse en cuentas no presupuestarias, al tratarse de un aplazamiento 
concedido hasta el ejercicio 201821. De forma análoga debió procederse con respecto al saldo 
deudor 0202000013705, por importe de 612 miles de euros, al tratarse de una deuda fraccionada 
por resoluciones de 2014 y 2017.  
  El  saldo  deudor  0152000275505,  por  importe  de  190  miles  de  euros,  que  había  sido 
reconocido en el ejercicio 2012, fue íntegramente recaudado en 2017. Sin embargo, el recargo de 
apremio correspondiente, recaudado en 2018, no figuraba en las cuentas al cierre del ejercicio 
fiscalizado, al no contabilizar estos conceptos la CA, como se pone de manifiesto en el epígrafe 
II.3.3. 
  El saldo deudor 0472003611762, por importe de 164 miles de euros, declarado fallido en 
2017, debió contabilizarse como insolvencia en lugar de baja como anulación. De forma análoga 
hubiera  correspondido  actuar  con  respecto  a  los  saldos  deudores  0472000742622  y 
0472000742630, por importe de 62 y 4 miles de euros, respectivamente, fallidos en 2010 y que 
fueron dados de baja como anulación en 2017. 
La provisión dotada al cierre del ejercicio 2017 (saldo a 31 de diciembre de la cuenta 490 
“provisión  para  insolvencias”)  equivale  al  20 %  del  total  de  los  saldos  de  los  deudores 
presupuestarios del ejercicio corriente y de presupuestos cerrados y asciende a 14.692 miles de 
euros. La CA efectúa todos los años la dotación a la provisión para insolvencias por créditos 
incobrables, cuantificada en el 20 % del saldo final de los deudores presupuestarios, anulándose a 
su vez la provisión de créditos incobrables correspondiente al ejercicio anterior. 
En relación con los deudores extrapresupuestarios, los movimientos y saldos se reflejan en el 
anexo II.2-2. 
C)  TESORERÍA 
La tesorería al cierre del ejercicio 2017 representa el 77 % del activo circulante, once puntos 
porcentuales más que en 2016 (66 %). En el ejercicio fiscalizado el capital circulante continúa 
siendo negativo por un importe de 213.847 miles de euros (232.381 miles de euros en 2016), por 
lo que la disponibilidad de la tesorería podría ser esporádica, estando condicionada por los 
pasivos corrientes o a corto plazo e imposibilitando la realización de operaciones de adquisición 
temporal de activos financieros a que se refiere el artículo 84 de la LF.  e.e
                                                  223ww
f2a0 lLlidao C aAl  esxeiñsatirla u enn a lvaasl isatlae gaal cqiounee pso, dsíian  dinecrliuviar rdsoec luam reesnptaocnisóanb ailicdraedd.i tativa suficiente, que el crédito no se dio de baja por
2210 L1a7 .C  A ha documentado, en sus alegaciones, que este saldo fue declarado incobrable y contabilizado el 5 de mayo de
De acuerdo con la información disponible, cabe deducir que la tesorería de la CA a 31 de 
diciembre de 2017 estaría formada por las siguientes cuentas: 
CUADRO Nº 11. TESORERÍA 
(miles de euros) 
2017 
Cuentas 
Número  Saldo bancario 
Operativas (incluyendo cuenta general de ingresos)  13  207.059 
Restringidas Pagos   38  3.608 
Restringidas Ingresos   57  4.407 
Total  108  215.074 
De las comprobaciones realizadas se deduce que, durante el ejercicio fiscalizado: 
  Junto a las cuentas anteriores existen seis de otra naturaleza, de las que no se ha informado 
sobre su saldo. 
  Dos cuentas de las recogidas en el cuadro anterior no figuraban en la relación de 2016 y sí 
en la de 2017, aunque se ha comunicado que se abrieron en 201622. 
  Cinco cuentas figuran canceladas por error al cierre del ejercicio 2017 procediéndose a su 
reactivación en enero de 201823. 
  No se ha facilitado certificado bancario del saldo al cierre del ejercicio de las cuentas de otra 
naturaleza,  de  las  asociadas  al  mecanismo  extraordinario  de  financiación  para  el  pago  a 
proveedores, de las cuentas que figuran canceladas por error al cierre del ejercicio 2017 y de 
otras seis cuentas24. 
  Debido  básicamente  a  la  configuración  del sistema  de  envío  de  información  entre  las 
diferentes aplicaciones informáticas soporte, las cifras recogidas en el Estado de Tesorería, en el 
Balance de Situación y en el Estado del Remanente de Tesorería, que se incluyen en la Cuenta 
General, no mostraban la coherencia interna necesaria. En concreto, el saldo final de Tesorería 
recogido en el Estado de Tesorería es superior en 12.262 miles de euros al que figura en el 
Balance de Situación, la misma diferencia que entre el Estado de Tesorería y la partida de 
“Fondos líquidos” del Estado de Remanente de Tesorería. 
  Ni el Estado de Tesorería ni el Balance incluían el saldo correspondiente a las cuentas 
restringidas de recaudación (que deberían quedar recogidas en la cuenta 573 del PGCP y en el 
Estado de la Tesorería). Los fondos de estas cuentas solo tuvieron reflejo contable en el momento 
en que por el procedimiento interno establecido pasaron a la cuenta general de ingresos. 
                                                  b
22   0049-6742-50-2616321583 y 0049-6742-56-2016321206.  223ww
0230 4090-4697-4524-0526--3220-1266312019260560.1 6, 0049-5402-33-2516244965, 0049-6742-53-2116283355, 0049-6742-54-2216292265 y
0240 4291-60704-122-5701--20621-062302012568135, 2310,6 02-0100107-1-1237-32-21984-0823020402595. 308,  2100-8983-58-0200001148,  3060-9362-21-2302361171,
D)  FONDOS PROPIOS 
Respecto a las cuentas que integran el subgrupo 10 “Patrimonio”, se mantienen las críticas 
señaladas en los Informes de fiscalización de ejercicios anteriores: 
  La ausencia de baja de las inversiones destinadas al uso general en el momento de su 
entrada en funcionamiento con cargo a la cuenta 109 “Patrimonio entregado al uso general”, por lo 
que la cuenta 100 “Patrimonio” se encuentra sobrevalorada. 
  La ausencia de conexión entre la gestión del Inventario y la contabilidad, que motiva que no 
tenga reflejo contable el valor de los bienes recibidos y entregados en cesión y adscripción, no 
utilizándose las correspondientes cuentas previstas por el PGCP, con el consiguiente efecto en el 
patrimonio. 
E)  ACREEDORES 
Los acreedores presupuestarios al cierre de 2017 ascendían a 264.034 miles de euros. El detalle 
por ejercicios del saldo de los acreedores incluidos en las cuentas 400 y 401, se recoge en el 
anexo II.2-4. A 31 de diciembre del ejercicio fiscalizado, 219.148 miles de euros correspondían a 
obligaciones reconocidas en dicho ejercicio y 44.866 miles a ejercicios anteriores. También se 
incluyen entre los citados acreedores presupuestarios 21 miles de la cuenta 408 “acreedores por 
devolución de ingresos”, mientras que la cuenta 409 “acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto” tiene saldo cero debido a la entrada en vigor en el ejercicio 2017 de la 
Orden HAC/46/2017, de 5 de octubre, por la que se modifica el PGC de Cantabria, según se 
analiza a continuación. 
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto-Acreedores por operaciones 
devengadas 
Mediante la Orden HAC/46/2017, de 5 de octubre (con entrada en vigor el 19 de octubre), se 
modifica el PGCP de Cantabria en orden a fusionar las cuentas 409 “acreedores por operaciones 
pendientes  de  aplicar  a  presupuesto”  (que  mantenía  la  consideración  de  acreedores 
presupuestarios) y 411 “acreedores por periodificación de gastos presupuestarios”, en la cuenta 
413, que se crea con la denominación "acreedores por operaciones devengadas", de naturaleza 
no presupuestaria. 
Si bien el resultado final de la modificación será la desaparición de las cuentas 409 y 411, la 
Orden HAC/46/2017 establece un régimen transitorio del que puede señalarse: 
  La aplicación informática que utiliza la Administración de la CA (SIC2) produce de manera 
automática movimientos contables en la cuenta 409. La CA está en fase de implantación del SIC3, 
que permitirá la eliminación. 
  La DA Única establecía que, por una sola vez, la cuenta 413 habría de abonarse con cargo 
a las cuentas 409 y 411(como paso previo a la supresión de esta cuenta), por el importe del saldo 
acreedor que presenten las mismas en el momento de la entrada en vigor de la Orden. Este 
procedimiento no se ha seguido respecto de la cuenta 411. 
  La DT Única señala que el apartado Dos.1 del Artículo Único de la Orden, que recoge la 
supresión de la cuenta 411, entra en vigor el 1 de enero de 2018.  es
E“2laa0l  cc1sru6eige.e unRditeoaenr se4tpes1e  3ccp uto“oaar  cddorreeople  eemdrjaoeucrreeciosiscnt ripeaoos,  fr ie sponcep anmeldirziaileaecndsiot oedn,s ees  sede  eudh reaaovnpse ,liin ncegcala lrur deiadas osup ”mrl:oe  essn um pdoueve islmotosie”  mndtoouvsrai msnitimeen illatoorses  sed jreee rclcaoi cgcioiudseo ns2t 0ay1 a44 e0 n9a    2021-14223n https://www.
CUADRO Nº 12. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 
PRESUPUESTO 
(miles de euros)  
  2014  2015  2016  2017 
Saldo inicial  48.344  59.560  90.333  161.029 
Gastos  de  otros  ejercicios  imputados  al  40.062  56.916  85.735  159.272 
presupuesto corriente    
Gastos  del  ejercicio  no  imputados  al  51.278  87.689  156.431  179.181 
presupuesto corriente    
Saldo final  59.560  90.333  161.029  180.938 
Del cuadro anterior se deduce el fuerte incremento en el periodo 2014-2017 del saldo a fin de 
ejercicio pendiente de imputar a presupuesto. 
Finalmente, cabe señalar que, pese a que la LO 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público establecía, en su DA tercera , que en las entidades de las 
Administraciones Públicas no sujetas a auditoría de cuentas se debían efectuar anualmente 
trabajos de verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y 
servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria, no se ha 
acreditado su realización al cierre de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 
Otros acreedores 
La deuda resultante de la liquidación definitiva relativa del sistema de financiación de la CA, 
correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, cuyo resultado se conoció, respectivamente, en julio 
de 2010 y julio de 2011, no se recogió en la contabilidad financiera de dichos ejercicios, como ya 
se ha señalado en los Informes de fiscalización anteriores. Según Instrucción de la IGAC de 28 de 
diciembre de 2011, las retenciones en las entregas a cuenta del Estado practicadas para cancelar 
dicha deuda pasaron a ser tratadas como devoluciones de ingresos, por lo que debería haberse 
utilizado la cuenta 408 “Acreedores por devolución de ingresos”, sin que hasta el ejercicio 2016 se 
hubieran registrado en esa cuenta los importes correspondientes. 
Como se ha recogido en el subepígrafe II.5.2.C de este Informe, la aplicación a la CA del 
mecanismo financiero previsto por la DA trigésima sexta de la LPGE para el año 2012, para el 
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, así 
como de los anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo, ha tenido como consecuencia 
que, a 31 de diciembre de 2016, ha quedado cancelada la deuda por la devolución de dichas 
liquidaciones, una vez transcurridas 60 mensualidades desde 1 de enero de 2012, mientras que 
se ha generado una deuda por los anticipos recibidos que, al cierre del ejercicio anterior, ascendió 
a 286.738 miles de euros. Esta deuda, que ha de amortizarse desde enero de 2017 hasta 
diciembre de 2031, continúa sin registrarse en la contabilidad financiera al cierre del ejercicio 
fiscalizado, ascendiendo a un importe de 267.622 miles de euros. 
En relación con los acreedores extrapresupuestarios, los movimientos y saldos se reflejan en el 
anexo II.2-5. 
El incremento del saldo del concepto 321.009 “Ingresos pendientes de distribución”, que ha  oe.
pasado de 443 miles de euros al comienzo del ejercicio a 2.453 miles al final del mismo, está  w.
mdmeeosdtdiviaean dutoen  ape ol errne utsindu amindeg nfrie ncsaoonn citniaedbrealeb,  iMpdooOr  dUueRn 2O f.a 0dl3leo2   1om7p ielderesa  tndivoeov  eiedumer oblsar e em dnie sl am2 0aliq1, u7ini.d gSareeci sóponr o qqcuueeidn icfóue ean  alcalo  tdnraetasvbpoialluizscaaióddnoa    2021-14223n https://ww
de dicho importe en enero de 2018. 
También destaca el concepto 321.020 “Partidas pendientes de regularización”, que presenta un 
saldo  negativo  por  importe  de  686  miles  de  euros,  contrario  a  su  naturaleza  acreedora, 
principalmente motivado por una compensación de deuda de 576 miles de euros contabilizada el 
30 de diciembre de 2017, mientras que el documento contable con el descuento correspondiente a 
la compensación se pagó con posterioridad, el 27 de agosto de 2018. 
Por otra parte, como se viene señalando en los últimos informes de fiscalización de Cantabria, la 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 13 de noviembre de 2001, por la que se 
dictan  instrucciones  respecto  del  procedimiento  a  seguir  en  la  tramitación  del  cobro  de 
determinados recursos locales, cuya cobranza tenga asumida o encomendada el Gobierno de 
Cantabria,  establece,  incorrectamente,  el  mismo  tratamiento  contable  para  las  operaciones 
encuadradas dentro del concepto “servicios de tesorería” que se pueden prestar a otras entidades 
y las que se pueden considerar como “gestión de recursos de otros entes”, sin dar uso al 
subgrupo 45 “deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes 
públicos”, tal como indica el documento número 2 de los Principios Contables Públicos en su 
párrafo 102. 
Adicionalmente, el artículo 5 de la citada Orden prevé la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación en las cuales se ha de canalizar el procedimiento recaudatorio. Por su parte, el último 
párrafo del artículo 7 establece que las operaciones de cobro y el correspondiente ingreso en la 
cuenta restringida no generarán apunte contable y que este se ha de realizar en el momento del 
traspaso de la recaudación a la “Cuenta General de Ingresos”, disposición que no es acorde con 
lo previsto en el PGCP, donde se establece la cuenta 573 “Bancos e instituciones de crédito. 
Cuentas restringidas de recaudación” para registrar operaciones de este tipo, de la que no hace 
uso la Comunidad. Cabe concluir que esta forma de proceder, si bien da cumplimiento al último 
párrafo del artículo 7 de la Orden, no conduce al objetivo de mostrar la imagen fiel, pues está 
obviando la existencia de ingresos en cuentas restringidas de recaudación y el nacimiento del 
correspondiente  acreedor  no  presupuestario,  que  debería  contabilizarse  dentro  del  concepto 
320.323 “Recaudación tributos municipales” en el momento del ingreso en la cuenta restringida y 
no en el del traspaso de la recaudación a la “Cuenta General de Ingresos”. 
Finalmente, cabe indicar que la situación de los préstamos a largo plazo a 31 de diciembre, se 
refleja en el anexo II.2-6. Procede señalar que, como en los ejercicios anteriores, la CA no 
procede a la reclasificación de la deuda que vence a corto plazo. 
II.5.4.  Resultado económico-patrimonial Administración General 
La cuenta rendida no utiliza el modelo previsto en el PGCP para entes administrativos, sino el de 
aquellos que realizan operaciones comerciales. 
El resultado registrado por la AG en el ejercicio fiscalizado fue negativo, por importe de 74.348 
miles de euros, lo que ha supuesto una disminución de las pérdidas generadas en relación con el 
ejercicio precedente (157.476 miles de euros) del 53 %. Su composición se refleja en el anexo 
II.2-0.2. Este saldo se vería afectado por no darse de baja la amortización acumulada de los 
elementos  enajenados,  que  repercutiría  en  los  beneficios  y  pérdidas  derivados  de  dichas 
operaciones, los cuales tampoco se recogen, al no utilizarse las correspondientes cuentas del 
PGCP (beneficios y pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial o material). 
II.5.5.  Memoria de la Administración General 
A)  ASPECTOS GENERALES 
En relación con la información de carácter financiero que debe formar parte del contenido de la 
memoria según el PGCP, la Cuenta General rendida no incluye el cuadro de financiación25 donde 
deben recogerse separadamente los recursos obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, 
así como la aplicación o empleo de los mismos en inmovilizado o en circulante, mostrando 
resumidamente los aumentos y disminuciones que se han producido en el ejercicio en dicho 
capital circulante.  
Del análisis de la memoria rendida, en relación con la “información sobre la ejecución del gasto 
público” exigida en el apartado 4 del modelo previsto en el PGCP, se deducen las siguientes 
deficiencias: 
  El estado del “Remanente de crédito”, correspondiente al apartado 4.2 del modelo de 
memoria del PGCP, no distinguía entre remanentes incorporables (no consta información sobre 
sus importes ni su vinculación presupuestaria) y no incorporables. Además, no se incluyó la 
información sobre la ejecución de proyectos de inversión a la que se refiere el apartado 4.4. 
  En cuanto a las transferencias y subvenciones concedidas, se omitía la información sobre 
las  cuantías  pendientes  de  liquidar  al  inicio  y  al  final  del  ejercicio  (solo  se  informaba, 
detalladamente, sobre el desarrollo de las obligaciones reconocidas y los pagos netos en el 
ejercicio) y las de los reintegros, exigidas en el apartado 4.6. 
  El listado de convenios suscritos no estaba acompañado por toda la información prevista en 
el  apartado  4.7  (entre  otra,  la  identificación  de  los  receptores  de  fondos  cuando, 
acumulativamente, superasen el 5 % del importe total). 
En relación con la información sobre la ejecución del ingreso público que se exige en el apartado 5 
de la memoria del PGCP, en la Cuenta General no se incluye la siguiente información: 
  Transferencias y subvenciones recibidas (5.3). 
  Tasas, precios públicos y precios privados (5.4). 
  Aplicación del Remanente de Tesorería (5.5). 
  Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad (5.7). 
  Desarrollo de los compromisos de ingreso (5.8). 
  Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (5.9). 
En  cuanto  a  la  información  sobre  los  derechos  presupuestarios  reconocidos  en  el  ejercicio 
corriente (5.1 y 5.2) y los derechos a cobrar de presupuestos cerrados (5.6), no se distinguen los 
de contraído previo por ingreso directo de los de ingreso por recibo. Asimismo, la CA no distingue 
los derechos anulados por aplazamiento o fraccionamiento de los motivados por otras causas 
(tanto del ejercicio corriente como de presupuestos cerrados), registrándose acumuladamente con 
los procedentes de la anulación de liquidaciones.  e
La memoria rendida no incluyó la información sobre gastos con financiación afectada, señalada en  223ww
e   l   a  p  a  r t a  d  o    6    d  e  l   m   o  d  e  l o    d  e    m   emoria del PGCP, información necesaria para conocer la parte del
y25  HEal cciueanddrao,  dsuer fginieanndcoia lcai ónne csees hidaa sdu dperi mofirdeoc eern i neflo PrmGaCc Pióúnb ali ctraa avépsro dbea dnou eevno 2s0 e1s0ta pdoors O. rden del Ministerio de Economía
remanente de tesorería que constituye un recurso para financiar la actividad de la CA con carácter 
general. En el epígrafe D.7.2 “Gastos con financiación afectada” de dicho estado solo se incluye, 
en relación con los fondos comunitarios, información global por cada fondo del gasto certificado en 
el ejercicio y de los correspondientes ingresos de la Unión Europea (UE). Además, por primera 
vez,  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2017,  incluye  en  este  epígrafe,  como  “ingresos 
presupuestarios afectados”, la descripción de diversos conceptos de los capítulos 4 y 7 y el 
importe de los ingresos realizados en el ejercicio.  
Tampoco se incluye el contenido exigido en los apartados 7 y 8 de la memoria del PGCP sobre el 
inmovilizado  no  financiero  y  las  inversiones  financieras,  respectivamente,  ya  que  solo  se 
presentan los saldos iniciales y finales, así como los aumentos y disminuciones de cada una de 
las agrupaciones de cuentas del balance de situación. 
Finalmente, en la memoria integrante de la Cuenta General de 2017 (al igual que en la de los años 
anteriores)  no  se  informa  ni  del  riesgo  económico  ni  de  los  potenciales  desembolsos 
presupuestarios  para  la  CA  derivados  de  diversos  acontecimientos,  que  se  describen  a 
continuación, pese a que el PGCP indica que en dicho estado debe añadirse la información 
necesaria para reflejar la imagen fiel del sujeto contable. En este mismo sentido, la Orden 
HAC/43/2017, de 26 de septiembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
2017 y la apertura del ejercicio 2018, estableció que, a los efectos de registrar la provisión para 
responsabilidades en los términos previstos en el PGCP, los órganos gestores debían remitir, en 
su caso, el anexo IV de la Orden debidamente cumplimentado con los importes estimados para 
hacer  frente  a  responsabilidades  probables  o  ciertas,  procedentes  de  litigios  en  curso, 
indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, como es el caso de avales 
u otras garantías similares, a cargo del Presupuesto General de la AG de la CA, describiéndose 
en la memoria la naturaleza de dichas responsabilidades. 
De la cumplimentación por diferentes órganos gestores del citado anexo IV de la Orden se 
desprende la contabilización de la provisión para responsabilidades (cuenta 142), con un saldo de 
4.349 miles de euros a 31 de diciembre de 2017, frente a los 188 miles de euros del año anterior 
que  se  correspondían,  exclusivamente,  con  reclamaciones  en  materia  de  responsabilidad 
patrimonial tramitadas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en dicho ejercicio y que no 
contaban con una resolución firme (245 miles de euros al cierre de 2017). La mayor parte del 
saldo de 2017 de la cuenta 142 corresponde a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio  (2.512  miles  de  euros),  fundamentalmente  por  reclamaciones  de  gastos  de  la 
celebración del concurso de asignación de potencia eólica (parques eólicos), y al SCS (1.493 
miles de euros), por intereses de demora pendientes de sentencia firme.  
Se  habían  producido,  al  menos,  los  siguientes  acontecimientos  determinantes  de  riesgo 
económico para la CA, donde concurren las circunstancias antes expuestas, de los que no se 
informa en la memoria: 
  Liquidación del contrato de concesión de obra pública para la construcción del puerto 
pesquero y deportivo de Laredo, así como para la explotación de las dársenas recreativas y 
deportivas  y  aparcamiento  de  vehículos.  Como  ya  se  viene  recogiendo  en  los  informes  de 
fiscalización  de  la  CA  anteriores,  mediante  Resolución  del  Consejero  de  Obras  Públicas  y 
Vivienda de 26 de octubre de 2016, se aprobó dicha liquidación, de acuerdo con el artículo 266.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con una cantidad a abonar a la 
concesionaria de 12.654 miles de euros. No obstante, en noviembre de 2016, los representantes 
de la concesionaria y de cada una de las dos sociedades integrantes de la UTE adjudicataria de  e
las obras interpusieron recurso de alzada frente a la citada resolución, estimando que el importe a  bo
pagar debería ser de 33.775 miles de euros más los intereses correspondientes. Tras los informes  223ww
eJlaum rciíotdidnicocoes,s  peiool n6r a ldraiea C  eao bninrsiale ddjemer íi2tai0r  d1loe7s   eOinl btCeraorpsnu sPeeúsjobto ldisce ap sGo ryo l baVisei vronietorna dasa cd ooyr sdl óos sod cpeireseedcsaetdipmetisav.ro   se l dree cluar sDoG d dee al lzSaedrvai cdioe   OE-A-2021-14able en https://
Las dos sociedades integrantes de la UTE adjudicataria de las obras interpusieron, con fecha 30 
de mayo de 2017, recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria (TSJC), contra el acuerdo del Consejo de Gobierno mencionado (y, consecuentemente, 
contra la Resolución de 26 de octubre de 2016 por la que se aprobó la liquidación del referido 
contrato de concesión).  
Dentro del procedimiento fijado por la Orden 43/2017, la Asesoría Jurídica de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda informó, con fecha 21 de febrero de 2018, que no podía establecerse 
una provisión por responsabilidades adicional a la establecida en vía administrativa, en relación 
con el hipotético incremento de la indemnización que pudiera resultar de la tramitación del recurso 
interpuesto  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  del  TSJC  (procedimiento  ordinario 
nº 142/2017) contra la liquidación del contrato de concesión del nuevo Puerto de Laredo (que se 
ha descrito anteriormente), pues no era posible determinar la existencia de cuantías probables o 
ciertas a abonar a las dos empresas recurrentes al no haberse realizado aún ningún trámite 
adicional por parte del Tribunal tendente a determinar la cuantía a abonar. No obstante, la 
posterior Sentencia de 25 de febrero de 201926 del citado TSJC, permite cuestionar la falta de 
dotación de cantidad alguna para la provisión por esta responsabilidad y, principalmente, pone de 
manifiesto la necesidad de informar en la memoria de la Cuenta General de la CA sobre todos los 
acontecimientos  determinantes  de  riesgo  económico  para  la  CA,  con  independencia  de  la 
dificultad para cuantificarlo, lo que no se ha producido en este caso.  
  Según se recoge en el informe del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales sobre sanciones al Reino de España por incumplimiento del derecho de la Unión 
Europea en el año 2016, emitido en aplicación de la DA tercera del RD 515/2013, de 5 de julio, por 
el  que  se  regulan  los  criterios  y  el  procedimiento  para  determinar  y  repercutir  las 
responsabilidades por incumplimiento de dicho derecho, con fecha 29 de agosto de 2016 se 
iniciaron diversos procedimientos de repercusión de responsabilidad a los Organismos pagadores 
de las CCAA. En el procedimiento de repercusión de corresponsabilidad financiera, destaca una 
corrección de 270.545 miles de euros recibidos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
por deficiencias en las superficies admisibles de pastos y por debilidades en la recuperación de 
pagos indebidos, de los cuales corresponden a Cantabria 6.418 miles de euros. 
De acuerdo con la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de julio de 2016, la deducción 
anterior se realizaría en tres plazos anuales iguales a partir del mes de agosto de 2016.  
Mediante la Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de 2 de marzo de 2017, 
se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 por el que se aprueba la 
terminación  del  procedimiento  de  repercusión  de  responsabilidades  por  incumplimiento  del 
Derecho de la Unión Europea iniciado a la CA de Cantabria el 29 de agosto de 2016. Dicho 
procedimiento ha dado lugar a la liquidación realizada sobre la deuda antes señalada de 6.418 
miles de euros. El 8 de noviembre de 2016, el expediente se puso de manifiesto al Organismo 
pagador de la CA, presentando alegaciones el 7 de diciembre de 2016, que fueron rechazadas por 
el FEGA. Con fecha 4 de mayo de 2017, la CA presentó recurso contencioso-administrativo contra 
el citado Acuerdo del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo. En relación con este 
recurso, el Gobierno de Cantabria solicitó la suspensión cautelar del mismo, toda vez que la 
corrección financiera al Reino de España por parte de la Comisión Europea, del que trae causa el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de repercusión de responsabilidad a la CA, no era firme, 
estando recurrida, a su vez, por el Reino de España. 
                                                  s
26 La sentencia estima parcialmente el recurso promovido, declara la invalidez de la resolución recurrida y establece, en  oe.
la liquidación del contrato de concesión de obra pública, una cantidad de 2.568 miles de euros a percibir por los  w.
demandantes, con los intereses legales de demora desde la fecha en que se pagó por la administración la liquidación  223ww
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Con fecha 18 de mayo de 2017, la CA ha tenido conocimiento del auto del Tribunal Supremo por 
el que se acuerda la medida cautelar de suspensión del citado acuerdo de repercusión, tal como 
solicitó el Gobierno de Cantabria. El 14 de marzo de 2018 tuvo lugar, ante el Tribunal General de 
la UE, la vista oral del procedimiento del Reino de España contra la Decisión de la Comisión 
Europea 2016/1059 que viene siendo analizada en este apartado.  
B)   ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 
El anexo II.2-7 recoge el Estado del remanente de tesorería según figura en la memoria rendida 
del ejercicio fiscalizado. El importe del remanente, según dicho estado al cierre del ejercicio 2017 
sigue siendo negativo por importe de 45.132 miles de euros, lo que supone que sigue la senda 
descendiente  de  los  últimos  ejercicio  con  una  reducción  del  53 %  respecto  al  del  ejercicio 
precedente (en 2016 la reducción había sido del 29 % y en 2015 de un 38 %). No obstante, la 
exactitud de estas cifras se vería afectada por las discrepancias detectadas en la información de 
la Cuenta General sobre los fondos líquidos, entre ellas, la no inclusión del saldo de las cuentas 
restringidas de recaudación27.  
Además, de una correcta imputación temporal de las obligaciones reconocidas, como se indicó en 
el subepígrafe II.5.2.B, el remanente hubiera sido aún inferior, en concreto en 19.909 miles de 
euros. 
Por otra parte, dicho remanente de tesorería no distingue el remanente afectado del no afectado, 
debido a la inexistencia de una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada. No 
obstante, dado que el remanente de tesorería es negativo, no puede utilizarse para financiar 
gastos generales, por lo que de las deficiencias anteriores no se deriva un especial riesgo. 
Como se indica en el subepígrafe II.5.3.C, debido básicamente a la configuración del sistema de 
envío de información entre las diferentes aplicaciones informáticas soporte, las cifras recogidas en 
el Estado de Tesorería, en el Balance de Situación y en el Estado del Remanente de Tesorería, 
que se incluyen en la Cuenta General, no mostraban la coherencia interna necesaria.  
II.5.6.  Cuentas de los Organismos Autónomos 
Según el artículo 79.1 de la LRJGAC, los OOAA son organismos públicos que se rigen por el 
Derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en 
ejecución de programas específicos de la actividad de la Consejería de adscripción, la realización 
de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. 
La LF establece, en el artículo 3.a), que los OOAA forman parte del sector público administrativo 
de la CA y, en el artículo 114.1, que las entidades que integran el mismo deberán aplicar los 
principios contables públicos previstos en el artículo siguiente, así como las normas establecidas 
en el PGCP y su normativa de desarrollo. 
Los anexos I.1-1, I.1-2, I.1-3, I.1-4 y I.1-5 recogen los datos relativos a las cuentas anuales del 
ejercicio 2017 rendidas por los OOAA que las forman separadas de las de la AG. En este sentido, 
las liquidaciones de los presupuestos del SCS, del SCE, del ICSST y del ICASS se rindieron 
integradas en la cuenta de la AG como una sección presupuestaria, al amparo de la Disposición 
transitoria segunda de las Leyes 10/2001 y 1/2003, de la Disposición transitoria Única de la Ley 
5/2008 y de la DA cuarta de la Ley 3/2009, por las que se crean, respectivamente, estos OOAA. 
Los OOAA no integrados recibieron transferencias de la AG de la CA por importe total de 5.058  b
miles de euros, de los que 4.585 correspondían a transferencias corrientes.  223ww
                                                
e27n C coune nfetac hlaas 2 c6u ednet aosc truebsrteri ndgei d2a0s1 d8e,  lian gIGreAsCo  pmaaran ifeel sctáól cquuleo,  dpeol rr epmrimaneeran tvee dze e tne slao rCeuríean dtae lG eejenrecricailo d. e 2018, se tendrán
II.5.7.  Cuentas de los Entes públicos 
En el presente epígrafe se incluyen las entidades de derecho público que forman parte del sector 
público administrativo de la CA conforme a lo establecido en el artículo 3.a) de la LF, cuyo 
régimen contable es el establecido en el PGCP y su normativa de desarrollo. 
En los anexos I.1-4 y I.1-5 se recoge un resumen de los balances y de las cuentas del resultado 
económico-patrimonial, rendidos por los entes públicos de la CA. 
La ACAT recibió transferencias de la AG de la CA por importe total de 9.021 miles de euros (al 
igual que en 2016), de los que 8.657 correspondían a transferencias corrientes. 
II.5.8.  Cuentas de los Consorcios 
A los efectos de lo dispuesto en la LF, el apartado 1.h) del artículo 2 considera que forman parte 
del Sector público de la CA los consorcios en que participen cualesquiera de las entidades que lo 
conforman cuando uno o varios de los sujetos enumerados en este artículo hayan participado en 
su financiación en un porcentaje igual o superior al 50 %, cuando se hayan comprometido, en el 
momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicha entidad o cuando sus actos estén 
sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano de la CA. 
Los datos relativos a las cuentas anuales del ejercicio fiscalizado rendidas por los consorcios se 
recogen en los anexos I.1-1 al I.1-5. 
La CA reconoció obligaciones por transferencias al Consorcio para los Museos de Prehistoria, 
Arqueología e Historia y Bellas Artes de Cantabria durante 2017, por importe de 2 miles de euros. 
Estas transferencias constituyen su única fuente de financiación. 
El informe de auditoría de cuentas de 2016 de este consorcio, emitió opinión desfavorable, al 
cuestionar el cumplimiento del principio de entidad en funcionamiento como consecuencia de su 
inactividad en el periodo 2014-2017, la falta de recursos económicos o la ausencia de personal. 
Con fecha 8 de junio de 2016, el Consejo de Gobierno del Consorcio acordó que los inmuebles 
otorgados a su favor mediante concesión demanial para el acondicionamiento y puesta en marcha 
del  espacio  del  Museo  de  Bellas  Artes  fueran  puestos  a  disposición  del  Ayuntamiento  de 
Santander, para el cumplimiento de esos fines. Al cierre del ejercicio 2017 únicamente disponía de 
obras de arte valoradas en 492 miles de euros y almacenadas. 
Por otro lado, el Consorcio Año Jubilar Lebaniego fue creado mediante convenio de colaboración 
en 2006, por la CA, el Estado y los Ayuntamientos de Camaleño y Potes. Según viene informando 
la CA, la administración del mismo se realizó por personal de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, que asumió además sus gastos de funcionamiento, ya que el primero no disponía ni ha 
dispuesto ni de recursos económicos ni de patrimonio propio, por lo que no ha elaborado cuentas 
durante sus años de actividad. La celebración del evento que dio origen al mismo finalizó el 30 de 
abril de 2007. 
En el mes de febrero de 2014, se iniciaron los trámites para su efectiva disolución y liquidación, 
mediante la propuesta de constitución de la comisión liquidadora prevista en el artículo 14 de sus 
estatutos, habiendo designado todos los miembros del Consorcio a su representante, excepto el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ante dicha ausencia, la CA reiteró la solicitud anterior 
con fecha 5 de abril de 2016, sin que se haya informado de la efectiva disolución a 1 de julio de  e.e
2019.   b
II.6.  CUENTAS DE LOS SECTORES PÚBLICOS EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL 
II.6.1.  Cuentas del sector público empresarial 
Según el artículo 3.b) de la LF, el sector público empresarial de la CA está integrado por las 
entidades  públicas  empresariales,  las  sociedades  mercantiles  autonómicas  y  las  entidades 
autonómicas de Derecho público y consorcios no incluidos en el sector público administrativo.  
El artículo 2.e) de la LF entiende por sociedades mercantiles autonómicas aquellas en las que la 
participación, directa o indirecta, en su capital social por parte de las entidades que integran el 
sector público de la Comunidad, sea igual o superior al 50 %. Para la determinación de este 
porcentaje, han de sumarse las participaciones correspondientes a las entidades integradas en el 
sector público autonómico, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. 
La redacción del mencionado párrafo e) ha sido modificada por la DF cuarta de Ley 5/2018, de 22 
de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la CA de Cantabria, que entró en vigor el 3 de enero de 2019, para hacerla 
compatible con el artículo 117 de dicha ley. A partir de la citada fecha, la redacción queda de la 
siguiente forma:  
“Son  sociedades  mercantiles  públicas  aquellas  sociedades  mercantiles  sobre  las  que 
recae un control de la CA. A estos efectos, se entiende que hay control en los siguientes 
supuestos: 
a)   Cuando la participación directa en el capital social por parte de la AG de la CA o de alguna 
de las entidades que integran su Sector Público Institucional, incluidas las sociedades mercantiles, 
sea  superior  al  cincuenta  por  ciento.  Este  porcentaje  vendrá  referido  a  la  suma  de  las 
participaciones de la AG de la CA y de las demás entidades del Sector Público Institucional.  
b)   Cuando  la  sociedad  mercantil  se  encuentre  en  los  casos  previstos  al  efecto  en  la 
legislación sobre el mercado de valores en relación a la AG de la CA o a cualquiera de las 
entidades que integran su Sector Público Institucional”. 
A)  CIFRAS AGREGADAS 
Los anexos I.2-1 y I.2-2 reflejan la agregación de los balances y de las cuentas de pérdidas y 
ganancias,  respectivamente,  correspondientes  a  las  cuentas  de  las  empresas  públicas  del 
ejercicio 2016 rendidas en la Cuenta General de la CA.  
El patrimonio neto de las sociedades mercantiles alcanzó los 197.968 miles de euros (181.244 
miles en 2016), mientras que el pasivo ascendió a 305.085 miles de euros (313.214 miles en 
2016), de los cuales 213.266 miles de euros tienen naturaleza no corriente (221.852 miles en 
2016).  
Por su parte, el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) presenta un patrimonio neto positivo de 
18.637 miles de euros, frente a los 6.134 miles del ejercicio precedente y 5.581 miles de euros 
negativos en 2015, lo que supone una variación positiva del saldo del 204 % (un 210 % en 2016). 
El incremento de patrimonio neto en 2017 se debe a una aportación de 12.274 miles de euros a su 
fondo patrimonial realizada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, manteniendo el 
nivel de solvencia adecuado a su actividad.   e.e
En  relación  con  el  resultado  agregado  de  las  sociedades  mercantiles  y  entidades  públicas  223ww
ed me p1r4e.L3saa8sr9 ia smloecislei,e srd edacedo egesiud rmoo ese,rn cl oae nlq tauilneees sx puorp eIo.s2ne-e2n ,tu asnreao  nod biessnme r2ivn0au1 cl7oió  usnin gdouesile  r3ne4tse u%: lt aredsopse dceto e ax p2l0o1ta6c. ióNno  noebgsatatinvtoes,   OE-A-2021-14able en https://
este importe se elevaría a 49.054 miles de euros negativos (33.701 miles negativos en 2016) si se 
descuentan las subvenciones imputadas a resultados del ejercicio, con lo que el incremento del 
importe negativo asciende al 46 %. De las 18 sociedades mercantiles reflejadas en el anexo (sin 
tener  en  cuenta  la  que  se  encuentra  en  liquidación),  12  ofrecían  resultados  de  explotación 
negativos. 
  Los resultados financieros de las sociedades mercantiles han sido de 11.290 miles de euros 
negativos, frente a los 824 miles positivos de 2016. Al igual que en ejercicios anteriores la mayoría 
de las sociedades mercantiles presentan resultados financieros negativos (11 sociedades sin 
tener en cuenta la incursa en liquidación), destacando SAICC con 1.878 miles de euros (1.952 
miles  también  negativos  en  2016),  que  corresponden  fundamentalmente  a  los  intereses 
devengados por un préstamo del ICAF cuyo importe formalizado ascendió a 41.900 miles de 
euros, con garantía hipotecaria sobre el edificio del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia 
de Comillas, propiedad de SAICC.  
  De  las  sociedades  con  mayores  diferencias  con  respecto  al  ejercicio  anterior  destaca 
SODERCAN, que ha pasado de resultados financieros positivos por importe de 4.995 miles de 
euros en 2016 a resultados negativos de 5.811 miles, a causa de que en el ejercicio anterior se 
había contabilizado la reversión de la totalidad de la provisión a largo plazo de 2.781 miles de 
euros que mantenía la sociedad en concepto de cobertura por responsabilidades derivadas de los 
litigios en curso por la liquidación de la sociedad participada GFB Cantabria (tras recibirse la 
sentencia), mientras que en el ejercicio fiscalizado SODERCAN ha decidido deteriorar en 4.400 
miles de euros su participación en Sidenor Forgings & Casting, S.L., hasta el valor teórico contable 
de la misma, como consecuencia de las pérdidas generadas en el ejercicio por esta sociedad, que 
han sido muy superiores a las previstas en el plan de negocio original. Procede señalar que 
SODERCAN adquirió, por un valor de 15.000 miles de euros, acciones representativas del 24,9 % 
del capital de dicha empresa, en virtud del contrato de compraventa de fecha 9 de noviembre de 
2017;  asimismo,  en  el  pacto  de  socios  suscrito,  la  sociedad  vendedora  adquirió  ciertos 
compromisos en relación al mantenimiento del nivel de empleo y la realización de inversiones, 
incluyéndose cláusulas de derecho de opciones de compra y de venta a favor de SODERCAN y 
de compra a favor de la vendedora.  
Interesa  señalar  que la  DA  decimocuarta  de  la  LP,  “Continuidad  de  la  actividad  del Grupo 
Sidenor”, estableció lo siguiente: “Se adoptarán las medidas y se articularán los mecanismos 
financieros necesarios para que SODERCAN pueda realizar las actuaciones que permitan la 
continuidad de la actividad del centro de trabajo del Grupo SIDENOR en Reinosa, bien mediante 
la toma de una participación accionarial o bien mediante cualquier otra herramienta de similares 
características, vinculada a que toda la inversión facilitada sea realizada en la planta de Reinosa 
conforme al Plan Industrial de Viabilidad de Negocio”. 
Por  otra  parte,  SODERCAN  también  ha  deteriorado  en 2017,  en  2.406  miles de  euros, su 
participación en otra empresa asociada28, que fue adquirida en 2013 por importe de 3.500 miles 
de euros, existiendo un pacto de socios que incluye opciones de compra (a favor de otro socio) y 
de venta (a favor de SODERCAN). 
El resultado global de las sociedades mercantiles, después de impuestos, fue de 25.930 miles de 
euros de pérdidas, lo que implica una incremento de las mismas en un 132 % respecto del 
ejercicio precedente.  
El ICAF presentó en 2017 unos resultados de explotación positivos de 70 miles de euros frente a  e
los negativos de 2016 por 50 miles y de 2015 por 2.102 miles. Esta evolución se debe a la  bo
disminución de la partida “Otros gastos de explotación”, que ha pasado de los 6.472 miles de  223ww
evaurrioasc ieónn  2p0o1r 5d eyt e3r.i9o6ro6s m diele csr éedni t2o0s1 a6 ,e am lporse s3a.5s9 y9  lam ivleasri aecnió 2n0 d1e7 .o Dtreanst rpor odveis liao nmeiss ma ac,o drteos yta lcaarg loa 
 2 8   T u  b  a c  e x    S  e r v  ic  e s  ,   S  .L  .                
plazo. En relación con los primeros, en los años 2014 y 2015, las operaciones con Ecomasa World 
Investments, S.L. (en concurso) originaron aumentos importantes en las provisiones por deterioro, 
lo que no sucede con posterioridad.  
En relación con las segundas, en el ejercicio fiscalizado se ha dotado una provisión de 201 miles 
de euros por los préstamos suscritos con el grupo empresarial SADISA, S.L. 
B)  SOCIEDADES INCURSAS EN CAUSA DE DISOLUCIÓN Y REDUCCIÓN OBLIGATORIA 
DE CAPITAL 
El RD-Leg. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, establece en su artículo 363 las diferentes causas de disolución de estas sociedades. 
Entre ellas se encuentran el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan su 
objeto social, entendiéndose en particular que se ha producido este cese tras un período de 
inactividad superior a un año, además de la generación de pérdidas que dejen reducido el 
patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que este se aumente 
o se reduzca en la medida suficiente.  
Por otra parte, en el artículo 327 se determina la reducción obligatoria de capital para la sociedad 
anónima cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras 
partes de la cifra de capital y hubiere transcurrido un ejercicio sin haberse recuperado. 
Estos artículos se vieron afectados por la DA única del RD-L 10/2008, de 12 de diciembre, al 
establecer que, a los solos efectos de la determinación de las pérdidas para los supuestos 
anteriores, no se computarían las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, 
derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias. Esta situación 
excepcional fue prorrogada para los ejercicios sociales que se cerrasen en el año 2014 por la DF 
séptima del RD-L 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. En el ejercicio fiscalizado no se ha vuelto 
a prorrogar este régimen especial, por lo que, desde el 1 de enero de 2015, la citada regulación ha 
dejado de surtir efectos. 
En el siguiente cuadro se muestran las sociedades incursas en supuestos de disolución en el 
ejercicio fiscalizado, así como la causa concreta de la misma y su situación posterior: 
CUADRO Nº 13. SOCIEDADES EN CAUSA DE DISOLUCIÓN 
Sociedad  Causa de disolución  Situación posterior al ejercicio fiscalizado 
 Inversiones  Cántabras  Inactividad/pérdidas  Sin actividad desde 2012. Pendiente de 
Empresariales, S.L. (ICE)   resolución judicial para su liquidación, 
en el ejercicio 2017 recibió aportaciones 
de capital por valor de 25 miles de euros 
por parte de su principal socio, el ICAF.  
 Nueva Papelera del Besaya,  Inactividad/pérdidas  Sin actividad desde 2012. Pendiente de 
S.L. (NPB)  resolución judicial para su liquidación. 
 Sociedad Año Jubilar 2017,  Pérdidas  Activo 
S.L. 
Ya al cierre del ejercicio 2012, Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD)  w.
se encontraba incursa en causa de disolución obligatoria. En 2014 y 2015, la empresa volvió a  223ww
Cinacnutraribr reian  (csauu ssao cdieo  dúinsioclou)c i6ó.n7 8o2b limgailteosr iad,e p eesuero as  qyu e6 .8e4n5 e smtoilse se, jerrecsicpieocst ivreacmibeión tdee. lE Gno 2b0ie1r6n,o  ldaes 
aportaciones recibidas fueron de 6.645 miles de euros, lo que no evitó que siguiese en esta
situación, dadas las pérdidas existentes. En el ejercicio 2017 la sociedad recibe aportaciones por 
importe total de 1.928 miles de euros, periodo en que se recupera la estabilidad financiera. 
El proceso de liquidación de la sociedad Santander Centro Abierto, S.A, iniciado en 2013, ha 
finalizado en el ejercicio 2017 (ver apartado II.2.3).  
Por  otro  lado,  al  cierre  del  ejercicio  2016,  la  Sociedad  Mercantil  CITRASA,  presentaba por 
segundo ejercicio consecutivo, un patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes del capital 
social, por lo que se encontraba incursa en la causa de reducción obligatoria de capital del artículo 
327 del TRLSC. En el ejercicio 2017 la sociedad revierte la situación financiera, realizando una 
reducción de capital social de 2.052 miles de euros, que pasa a ser de 1.188 miles de euros. 
C)  TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS DE LA CA 
En  el  ejercicio  2017,  la  Comunidad  ha  reconocido  obligaciones  a  favor  de  sus  sociedades 
mercantiles por importe de 21.023 miles de euros (18.473 miles en 2016) en el capítulo 4 y de 
22.234 miles de euros (19.364 miles en 2016) en el capítulo 7, lo que supone un aumento del 
14 % en el primero de los capítulos en relación con el ejercicio precedente y del 15 % en el 
segundo. La variación del capítulo 7 en el ejercicio 2017 se debe al incremento de transferencias a 
CANTUR y a PCTCAN, que supera a la disminución de las concedidas a SODERCAN. El ICAF, 
por su parte, solo recibió con cargo a estos capítulos 150 miles de euros (pendientes de cobro a 
31 de diciembre de 2017) en concepto de transferencia de capital con destino a la financiación de 
la  aportación  al  Fondo  de  Provisiones  Técnicas  y  para  la  Reserva  de  Compensación  de 
Resultados Negativos de la Sociedad de Garantía Recíproca de Santander (SOGARCA, S.G.R); 
en 2016 le fueron concedidos 299 miles de euros por el mismo concepto, que fueron pagados 
durante el ejercicio 2017, mientras que en el ejercicio 2015 no recibió recursos con cargo a los 
capítulos 4 y 7.  
Las empresas que más recursos han recibido con cargo a los citados capítulos en el ejercicio 
2017 han sido CANTUR, SRECD, 112 Cantabria y SODERCAN, con obligaciones reconocidas por 
importes de 13.004 miles de euros, 8.555 miles, 7.200 miles y 5.158 miles, respectivamente. 
Especialmente en el caso de SODERCAN cabe destacar que los pagos a su favor no llegaron a 
realizarse, situación similar a la de los ejercicios 2015 y 2016 (en 2015 se realizaron pagos solo 
del  5 %  del  importe  reconocido).  Así,  el  saldo  acumulado  pendiente  de  cobro  de  estas 
aportaciones al cierre del ejercicio fiscalizado para esta sociedad, ascendía a 38.669 miles de 
euros, con un incremento desde 2014 del 290 %, en que estas cantidades ascendían a 9.879 
miles, sin que en sus cuentas anuales se informe de las razones de ello. 
La forma de pago prevista para las transferencias a favor de SODERCAN y CANTUR29 no ha 
seguido la regla general dispuesta en la DA novena de la Ley 9/2013, de Presupuestos Generales 
de la CA para 2014 (pago trimestral de la aportación dineraria). 
Además de conceder subvenciones o realizar transferencias a sus empresas públicas, la CA ha 
acudido a las ampliaciones de capital de SODERCAN, CANTUR y SICAN, efectuadas en 2017, 
habiéndose reconocido y pagado por este motivo en el capítulo 8, 8.000 miles de euros, 5.799 
miles y 3.500 miles, respectivamente. Las mismas empresas ya habían recibido fondos en el 
periodo  2013-2016  por  diversas  ampliaciones  de  capital.  SICAN  materializa  en  2017  otra 
ampliación de capital por importe de 3.725 miles de euros que asume SODERCAN a través de la 
capitalización del préstamo participativo que tenía concedido a la sociedad. 
Por otra parte, con la finalidad de incrementar el fondo patrimonial del ICAF y mantener el nivel de  o
solvencia adecuado de su actividad, se consignó un importe de 12.274 miles de euros en los  223www.
2  9   E  n    e  l   t r á  m  i t e    d e     a l e  g a  c i o  n e  s    s e   adjunta un Acuerdo del Consejo de Gobierno autorizando, a propuesta de la
mCoilenss edjeer íeau rdoes  Ipnanroav ascuisó ng,a Isntodsu sdtreia f,u nTcuiroisnmamo iye nCtoo mene recli oe,j eqruceic uion 2a0 a1p7o, rstaec hióang ad ineefercatriivaa a e Cn AdNocTeU mRe pnosru iamlipdoardtee sd. e 1.920
Presupuesto  Generales  de  la  CA  para  el  ejercicio  2017  (quedaron  2.500  miles  de  euros 
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017), actuación realizada igualmente en los últimos 
años.  
D)  ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 
No se ha considerado como tal el derivado de deudas con empresas del grupo o asociadas, ni los 
préstamos provenientes de otras del sector público administrativo (ministerios, consejerías, etc.) 
que, en algunos casos, constituyen las deudas de mayor importe dentro de los correspondientes 
balances. 
De la información obtenida se desprende un saldo para el sector público empresarial de un 
importe total de 154.488 miles de euros (178.463 miles al cierre del ejercicio 2016), lo que ha 
supuesto un decremento interanual de un 13 %. De aquel saldo, tiene vencimiento a corto plazo el 
15 %. 
En 2017, la Entidad de Derecho Público ICAF acumulaba el 72 % del endeudamiento total del 
sector público empresarial (en 2016 el porcentaje ascendía al 69 %). Sus deudas a largo plazo se 
redujeron  hasta  los  100.197  miles  de  euros  (110.154  miles  en  2016),  mientras  que  el 
endeudamiento a corto plazo se redujo hasta los 11.538 miles de euros (13.022 miles en 2016), 
rompiéndose la tendencia ascendente de los últimos ejercicios.  
Al margen del ICAF, el endeudamiento conjunto de las sociedades mercantiles al cierre del 
ejercicio 2017 presentó un total de 42.753 miles de euros, acumulando el 74 % del total las 
sociedades SICAN, PCTCAN y GESVICAN. Dicha cifra supone una reducción del 23 % respecto a 
2016, con lo que continúa la senda descendente de los últimos ejercicios. 
E)  DEFICIENCIAS CONTABLES E INFORMES DE AUDITORÍA 
La realización de informes de auditoría sobre las cuentas anuales de las diversas sociedades, 
junto con la opinión manifestada en su caso, se refleja en el siguiente cuadro: 
CUADRO Nº 14. INFORMES DE AUDITORÍA EMPRESAS 
Cuentas  Número 
Auditadas  16 
  Con opinión favorable  13 
3 [Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de 
  Con opinión favorable con salvedades 
Cantabria, S.A. (MARE), SAICC y SRECD] 
No auditadas   4 (incluyendo la sociedad en liquidación) 
De las comprobaciones realizadas durante la fiscalización se realizan las observaciones sobre las 
cuentas que aparecen a continuación, las cuales no alteran la opinión manifestada en los citados 
informes de auditoría: 
  112 Cantabria: En el inmovilizado se recogen tres parques de bomberos (Reinosa, Valdáliga  e.
y Villacarriedo) derivados de su adscripción, realizada mediante Resolución de la Consejería de  w.b
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria de 26 de marzo de 2014, sin que se  223ww
hdaoynad ea scere ddeittaedrmo insau  einl cuosrop odreal cviaólno rc roanzfoonrmabele a p alara n eosrtme ati pdoe d ree ogpisetrroa cyio nveaslo. rPaociró ont r1o8 laª ddoe, ls PigGueCn, 
pAednicdioiennatlemse dnete ,r elgoiss trgoa sctoonst arbelael izdaednotsro  ddueral nintem oevl ileizjeardcoic itoa nctoo nl am soetdiveo  sdoec ialal sc oombroa se ly  atlrmaabcaéjons. 
efectuados por la sociedad sobre los bienes recibidos en cesión, se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, sin que se haya aportado información suficiente en la memoria que permita 
determinar si correspondería la activación de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la norma 
de registro y valoración 3ª, letra h) del PGC. La partida de “reparaciones y conservación” ha 
aumentado en 215 miles de euros durante 2017, ascendiendo a 445 miles.  
  Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L.30: en su balance constan 
inversiones inmobiliarias por un importe de 5.192 miles de euros, lo que representa el 58 % del 
activo no corriente. Según la memoria, este saldo corresponde al edificio del Palacio del Mueble, 
que  se  mantiene  para  la  obtención  de  rentas  a  largo  plazo,  sin  incorporar  la  misma  una 
descripción de las citadas inversiones y, al ser su importe significativo, facilitarse la pertinente 
información adicional, tal como prevé el PGC31.  
  GESVICAN: la sede social de la empresa es un inmueble puesto a disposición de la misma 
para el desarrollo de su actividad mediante la formalización de una concesión demanial, sin que 
en la memoria integrante de las cuentas anuales se incluya la preceptiva información sobre esta 
concesión. 
  Hospital Virtual Valdecilla: su actividad se desarrolla en el complejo del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, dentro de las instalaciones del edificio destinado al Centro de Innovación y 
Entrenamiento  de  Alto  Rendimiento,  sin  que  la  sociedad  tenga  registrado  el  uso  de  estas 
instalaciones  de  forma  alguna.  En  la  nota  seis  de  la  memoria  se  describe  la  situación  de 
adscripción  de  la  sede  y  se  indica  que  se solicitará  al  SCS  el  inicio  del  procedimiento de 
adscripción32. No obstante lo anterior, los bienes deben reconocerse contablemente de acuerdo 
con el fondo económico de las operaciones, con independencia de la forma jurídica que estas 
presenten o puedan presentar.  
  SRECD: al igual que en las cuentas de los últimos ejercicios, no ha acreditado que las de 
2017 recogieran adecuadamente todos los bienes inmuebles de los que dispuso durante dicho 
año para el ejercicio de sus actividades. Esta cuestión deriva tanto de los inmuebles afectados por 
el convenio de colaboración suscrito el 18 de febrero de 2008 entre el Gobierno de Cantabria y 
esta sociedad (y sus adendas posteriores) como de los incorporados tras la fusión por absorción, 
en 2012, de la Sociedad Regional para la Gestión y Promoción de Actividades Culturales del 
Palacio de Festivales de Cantabria, S.L. y de la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego. 
Además, el saldo de la cuenta 221 “construcciones”, por 151 miles de euros, se corresponde con 
las obras de adecuación del inmueble arrendado donde se ubicaron las oficinas de la sede de la 
Sociedad hasta 31 de julio de 2013, por lo que, este elemento debería haberse amortizado según 
la norma de registro y valoración 3.h) del PGC y dado de baja de acuerdo a lo señalado en la 
norma 2.3) del PGC. 
                                                 
30 Mediante Decreto 51/2016 de 25 de agosto, la sociedad CEP Cantabria, cambió de denominación y objeto social 
pasando a ser Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. 
31 En las alegaciones se envía diversa documentación sobre el origen de la citada inversión y sus principales 
características, la cual debe incorporarse, en lo que sea procedente, en la memoria de las cuentas anuales de esta  e.e
sociedad.  bo
32 Solicitada información sobre el negocio jurídico por el que las instalaciones se han puesto a disposición de esta  223ww
sGeodecifniieceidroaa,l d cd,o een l  le1al9  oC dboejen tsaivebojrei ldr ídeae  r de2eg0 u1El7ac roliazn aoSrm elacía rue, ttiHalizraíaacc ieGiónendn ade eryal  elE ddmiefi pclalieo oC p,o opnr aslarea jse orreícaci eaddbeaa dSr ,a lsani nidi naqfdou resm esa edc hiióraingy ióare,  claao tmsivuua nv aiec zal,ad a ot  iletaul  lSdareeidsceraendtl aadrcíeael  
dtiteu leasritdea dp rdoecle isnom. uEenb llea ss igauleeg asiceionndeos i,n dlae tCerAm sineañdaala.  que, en octubre de 2019, y tras diversas vicisitudes acaecidas, la
II.6.2.  Cuentas del sector público fundacional 
La LF entiende por sector autonómico fundacional, según su artículo 2.1.f), el integrado por 
aquellas fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1º.  Que se constituyan con una aportación mayoritaria de entidades pertenecientes al sector 
público autonómico. 
2º.  Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado por bienes o 
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades en un porcentaje igual o superior al 
cincuenta por ciento. 
La redacción anterior ha sido modificada por la DF cuarta de Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la CA de 
Cantabria, que entró en vigor el 3 de enero de 2019, para hacerla compatible con el artículo 124.1 
de dicha ley. A partir de la citada fecha, la redacción queda de la siguiente forma:  
“Son fundaciones del Sector Público Institucional de la CA aquellas que reúnan alguno de los 
siguientes requisitos: 
a)   Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la AG de la CA o 
de alguna de las entidades integrantes del Sector Público Institucional autonómico o reciban dicha 
aportación  con  posterioridad  a  su  constitución,  siempre  que  dicha  aportación,  originaria  o 
sobrevenida, se mantenga, con carácter mayoritario. 
b)   Que su patrimonio esté integrado con carácter permanente en más de un cincuenta por 
ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por la AG de la CA o por entidades integrantes 
del Sector Público Institucional autonómico”. 
La principal novedad introducida respecto a la redacción anterior de la LF se centra en la 
pertenencia de una fundación al sector público de la CA siempre que las aportaciones recibidas 
del mismo, al constituirse la fundación o con posterioridad, mantengan su carácter mayoritario.  
El régimen contable aplicable a las fundaciones del sector público autonómico de Cantabria viene 
determinado por la DA única de la Orden de 29 de noviembre de 2000, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, de donde se deduce que las fundaciones de competencia o titularidad de la 
CA formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con el RD 1491/2011, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el 
modelo  de  plan  de  actuación  de  las  entidades  sin  fines  lucrativos,  con  las  modificaciones 
introducidas por el artículo cuarto del RD 602/2016, de 2 de diciembre.  
Los  anexos  I.3-1  y  I.3-2  recogen  la  situación  económico-financiera  y  los  resultados  de  las 
Fundaciones de la Comunidad. 
A)  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD 
El Gobierno de Cantabria reconoció obligaciones a favor de las fundaciones del sector público 
autonómico en concepto de transferencias y subvenciones por un importe total de 21.742 miles de 
euros (el 76 % de carácter corriente), sin que se produzca variación significativa con respecto al 
ejercicio anterior. Del total reconocido, quedaron pendientes de pago obligaciones por importe de  es
12.882 miles de euros, es decir, un 59 %. Destacan las obligaciones a favor de la Fundación  o
Mi53m..a33pr66oq05rut  emmé sidill eeedss e1  ( y.d0V el4aa 8 llodF mseu cnqilidelulaase )c ,n(i óFloanM  s FCVeu )ehn npadto arrorce  iaTó6ln.eiz4 caC2nd3ooo mlóm nigliillniaecgsosú   denden epl   aLEegosuogpr)oías.s ñt ioc(ala y uI nnlatqe uCgeru alstl uodrleao   HCseias npetáafenbcircitaau,,a  prpooonrr   iipmmappgooorrsttee p  ddoeer    2021-14223n https://www.
Estas aportaciones representan el 54 % de los ingresos por la actividad propia y por la actividad 
mercantil registrados en las cuentas de resultados de las fundaciones. 
B)  ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  
Únicamente la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica y la Fundación Festival 
Internacional de Santander (FIS) mantenían deudas con entidades financieras, pasando de 3.105 
miles en 2016, a 2.654 en 2017 lo que supuso una reducción del 14 % con respecto al ejercicio 
anterior.  
Por lo que se refiere a la primera, destacan las deudas que esta Fundación mantenía con el ICAF, 
incluidas por primera entre su endeudamiento financiero, cuyo principal ascendía a 2.417 miles de 
euros y vencimiento inicial previsto para finales de 2017, renovado por otro año más. En 2017 
continuaba vivo un aval del ICAF en garantía de la solicitud de devolución de subvenciones del 
Ministerio de Cultura por importe de 1.665 miles de euros. 
Por su parte, la Fundación FIS tiene un préstamo por un importe de 336 miles de euros, así como 
una línea de crédito, ambos avalados por el ICAF. 
La Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria mantenía deudas con SODERCAN, 
por importe de 1.921 miles de euros, por un préstamo de 4.000 miles sin intereses concedido en 
2009. Además, esta fundación formalizó en años anteriores diversos préstamos con el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, lo que supone una deuda de 3.194 miles de euros al cierre de 2017. 
C)  INFORMES DE AUDITORÍA Y DEFICIENCIAS CONTABLES 
La realización de informes de auditoría sobre las cuentas anuales de las diversas fundaciones, 
junto con la opinión manifestada en su caso, se refleja en el siguiente cuadro: 
CUADRO Nº 15. INFORMES DE AUDITORÍA FUNDACIONES 
Cuentas  Número 
Auditadas  7  
  Con opinión favorable  2 
4 [Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social 
  Con opinión favorable con salvedades  (FCSBS), Fundación Instituto de Investigación Marqués de 
Valdecilla (IDIVAL), Fundación FIS, FMV] 
  Con opinión desfavorable  1 (Fundación Comillas) 
No auditadas   2  
De acuerdo con el artículo 160 b) de la LF, la IGAC debe realizar la auditoría de cuentas anuales 
de  las  fundaciones  del  sector  público  autonómico  obligadas  a  auditarse  por  su  normativa 
específica. Seis de las nueve fundaciones del sector público autonómico de Cantabria (incluyendo 
a la FMV pese a su situación irregular) tenían obligación de auditarse de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 25.5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
El Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control  s
correspondientes al ejercicio 2018, aprobado por Resolución de 22 de diciembre de 2017, preveía  e.
la realización de auditorías sobre las cuentas de seis fundaciones, cinco de las seis obligadas y la  w.
Fundación FIS, pese a que no estaba obligada según lo determinado en el citado artículo 25.5.   223ww
El Plan también incluyó, como auditoría de otros entes del sector público, la de las cuentas
ay n2u0a1le7s,  sdeeñ FalManVd (oo bqluigea, daa l aa  faeucdhiato dríea ,e claobmoora sceió hna d see eñsatlea dPol aann,t elar ioFrumnednatceió),n e cjeornctiicniousa b2a0 1s5in,  2e0st1a6r 
inscrita en el Registro de Fundaciones, por lo que antes de iniciar los trabajos de auditoría se 
debería obtener de la DG del Servicio Jurídico dictamen sobre su naturaleza jurídica, a efectos de 
la aplicación de los artículos 159 y 160 de la LF. Dicho dictamen se solicitó por la Intervención 
General el 13 de febrero de 2017, sin que hubiera sido emitido a fecha de la citada Resolución de 
22 de diciembre de 2017. 
No  obstante,  durante  la  fiscalización,  se  ha  facilitado  el  Informe  definitivo  de  la  IGAC 
correspondiente a la citada auditoría de FMV (favorable con salvedades), que se ha realizado de 
acuerdo con las conclusiones del dictamen de la DG del Servicio Jurídico de fecha 31 de enero de 
2018. Según el dictamen, la FMV es una entidad de derecho privado atípica perteneciente al 
sector público fundacional en virtud de lo dispuesto en la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de 
diciembre. Asimismo, se indica que la Ley 1/2015 incorporó una habilitación legal que autoriza al 
Consejo de Gobierno para constituir una nueva fundación conforme a la ley 50/2002, que adoptará 
idéntica denominación y se subrogará sin solución de continuidad en las relaciones jurídicas de la 
fundación extinguida, lo que exige su regulación por vía exclusivamente estatutaria, así como su 
inscripción como tal en el Registro de Fundaciones, lo que no se ha realizado hasta la fecha33.  
Del informe de auditoría realizado sobre las cuentas anuales de FMV de los ejercicios 2015, 2016 
y 2017, procede destacar que la fundación utiliza como sede de sus distintas unidades de gestión 
instalaciones diversas cedidas a su favor de forma gratuita. La documentación soporte de dichas 
cesiones se ha formalizado principalmente a través de protocolos reguladores de la cesión de 
espacios en acción cooperativa entre dos entes públicos. La FMV no ha procedido a reflejar el 
derecho de uso en las cuentas anuales. 
Por otra parte, el patrimonio neto de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica era 
negativo por importe de 813 miles de euros, con unos resultados del ejercicio y anteriores también 
negativos. Estos hechos, unidos a su importante nivel de endeudamiento y su dependencia 
financiera del Gobierno de Cantabria, condujeron a la opinión desfavorable emitida por la IGAC en 
el  informe  de  auditoría  de  cuentas  del  ejercicio  2017,  donde  se  indica  que  “existen  dudas 
razonables acerca del cumplimiento del principio de empresa en funcionamiento”34. 
De las comprobaciones realizadas durante la fiscalización se deduce que la Fundación FIS no 
refleja  en  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  2017  el  uso  gratuito  de  las  instalaciones 
correspondientes  a  sus  oficinas,  sitas  en  el  Palacio  de  Festivales35.  Por  otro  lado,  como 
consecuencia de la aplicación del plan de saneamiento aprobado por el Patronato en 2010, las 
cuentas anuales vienen recogiendo como gasto del ejercicio en concepto de “amortización por 
déficit” un importe equivalente al excedente del mismo antes de su imputación, de forma que el 
resultado  del  ejercicio  correspondiente  resulta  ser  cero,  sin  que  dicho  concepto  cumpla  la 
definición de gasto contenida en el Marco Conceptual del PGC para las entidades sin fines 
lucrativos y desvirtuando la imagen fiel de los resultados de la entidad. Dicha práctica dejará de 
ser aplicada en el ejercicio 2018, al haber finalizado el plan de saneamiento.  
                                                 
33 Con fecha 17 de abril de 2019 tuvo lugar la inscripción de la FMV en el Registro de Fundaciones de la CA.  s
34 En lugar de “empresa en funcionamiento” debería indicarse “entidad en funcionamiento”, según lo dispuesto en el RD  bo
1lu4c9ra1t/i2v0o1s1 y,  edle m 2o4d edloe  doec tpulbarne ,d ep oarc teula qciuóen  sdee  laapsr ueenbtiadna dleass  snino rfminaess  lduec raatdivaopsta. ción del PGC a las entidades sin fines  223www.
h35a E finrm laasd aol eugna ccoionnveesn isoe e inndtriec ae,s stai  bfuiennd saicnió anp oy rStaRr ElaC dDo,c eunm veinrttuadc iódne l accuraeld sitea triveag,u qlau ela c coens ifóench dae 1 e7s pdaec jiuonsi oa  dfaev 2o0r 1d9e  slae 
plarsim ceurean tya ss ea ndueatelerms.i na su valoración económica, lo cual conllevará que en el ejercicio 2019 ya aparezca su reflejo en
II.7.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
II.7.1.  Marco normativo 
En  el  ejercicio  fiscalizado,  el  marco  normativo  aplicable  a  la  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera estaba configurado por la LOEPSF. Esta LO fue modificada en 2013, 
ampliando la definición del principio de sostenibilidad financiera al extenderlo al control de la 
deuda comercial. Se establece así la obligación de hacer público el PMP a proveedores, para lo 
cual, en 2014, se aprobó el RD 635/201436, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología 
de cálculo del PMP a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento  de  retención  de  recursos  de  los  regímenes  de  financiación,  previstos  en  la 
LOEPSF. 
Posteriormente, la LO 6/2015, de 12 de junio, modificó la DA primera de la LOEPSF para 
adaptarla a la nueva configuración de los mecanismos adicionales de financiación de las CCAA, 
establecida por el RD-L 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las CCAA y entidades locales. 
En 2016, la LO 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la LOEPSF, introduce una nueva DA (la 
séptima) en la citada LOEPSF, dedicada a las reglas para el establecimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas por 
un Gobierno en funciones. 
En cumplimiento de lo previsto por la DF segunda de la LOEPSF, se dictó la Orden HAP 
2105/2012,  de  1  de  octubre  (modificada  con  posterioridad),  que  regula  las  obligaciones  de 
suministro de información previstas por la mencionada LO, que incluye en el ámbito subjetivo de 
aplicación a las CCAA y entidades dependientes.  
Por su parte, la LF expone que “la programación presupuestaria se regirá por los principios de 
estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización 
de los recursos públicos” y que los “escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al 
objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes que se hubiera 
establecido para las CCAA, en el marco de los acuerdos adoptados por el CPFF”. 
En  línea  con  el  reiterado  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  la  citada  LF  establece  la 
obligación de la IGAC de realizar el seguimiento del cumplimiento del equilibrio financiero de las 
entidades integrantes del sector público autonómico a las que resulte de aplicación, así como de 
los planes de saneamiento derivados de su incumplimiento, teniendo en cuenta el deber de 
suministrar al Estado la información necesaria para la medición del grado de realización del 
objetivo de estabilidad presupuestaria. 
II.7.2.  Cumplimiento de los objetivos 
A)  ÁMBITO SUBJETIVO 
 
El Acuerdo del CPFF de 10 de abril de 2003, en relación con el suministro de información de las 
CCAA al Ministerio de Hacienda y al propio Consejo, exige la debida información a efectos de 
clasificar las entidades autonómicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas 
y la existencia de un inventario de entidades integrantes de cada una de las CCAA.  s
    w.
                                                
3d6e E 1l  RdeD a 1b0r4il 0d/e2 021071,8 d. e 22 de diciembre, modifica el artículo 5 del RD 635/2014, referido al cálculo del PMP, con efectos
El citado Ministerio, a través de la IGAE, tenía pendiente de clasificar, a estos efectos, una serie 
de entidades en los que participa la CA de alguna forma: Consorcio para la presencia y promoción 
del alberguismo juvenil; Fundación Fragata Extremadura; y Grupo 9 de Universidades.   
B)  OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO FISCALIZADO 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2016 se fijaron los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de 
cada uno de sus subsectores para el período 2017-2019 y el techo de gasto del Estado para 2017, 
aprobándose el 23 de diciembre del mismo año los citados objetivos individualizados para cada 
una de las CCAA. Los objetivos para Cantabria fueron un déficit del 0,6 % del Producto Interior 
Bruto (PIB), y un endeudamiento del 23,2 %, una vez incorporada la deuda no computable por 
tratarse de excepciones permitidas por los Acuerdos de Ministros. 
En lo referente a la variación del gasto computable, el artículo 12 de la LOEPSF (regla de gasto) 
determina que la primera no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio 
plazo de la economía española. En el citado Acuerdo se determina que esta tasa sería del 2,1 % 
en 2017. 
C)   CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
La LOEPSF contempla, en su artículo 17, los informes sobre el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto que el MINHAP debe elevar al 
Gobierno, antes del 15 de abril y del 15 de octubre de cada año.  
En el informe de octubre, la necesidad de financiación de Cantabria se cuantificó en 56 millones 
de euros (0,43 % del PIB regional), lo que supuso el cumplimiento del objetivo, fijado en el 0,6 % 
del PIB regional. 
La evolución del déficit de la CA en los últimos años ha sido la siguiente: 
CUADRO Nº 16. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT 2013-2018 
(en porcentaje) 
Objetivo  Déficit alcanzado 
Año 
(% del PIB)  (% del PIB) 
2013  1,13  1,19 
2014  1  1,65 
2015  0,7  1,61 
2016  0,7  1,49 
2017  0,6  0,43 
2018  0,4  0,05 (*) 
 (*)   Dato de déficit correspondiente al informe de avance de abril de 2019. 
Según datos del Banco de España, el importe de la deuda pública de Cantabria en 2017 ascendió 
a 3.033 millones de euros (23,1 % del PIB), por tanto dentro del objetivo (una vez incluidas las 
excepciones). La CA se situaba con un endeudamiento porcentual respecto del PIB inferior al 
medio del conjunto de las CCAA (24,7 %). De acuerdo con los datos de la citada Institución, la 
deuda viva de la CA ha evolucionado de la siguiente forma: 
CUADRO Nº 17. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA 2013-2018  
(millones de euros) 
Año  Total Deuda Viva 
2013  2.178 
2014  2.428 
2015  2.677 
2016  2.890 (*) 
2017  3.033 
2018  3.171 (**) 
(*)   Esta cifra incluye 79 millones de factoring sin recurso en instituciones financieras y 94 millones relativos al 
contrato de colaboración público-privada para la realización de la actualización global e integrada en el Hospital 
Universitario Marqués de Vadecilla, que son calificadas, a estos efectos, como mayor deuda financiera. 
(**)   Dato provisional de abril de 2019. 
Adicionalmente, según prevé el artículo 4 de la LOEPSF, para encontrarse en una situación de 
sostenibilidad financiera, el PMP a los proveedores no ha de superar el plazo máximo previsto en 
la  normativa  sobre  morosidad.  Según  dispone  el  artículo  13.6  de  la  citada  LO,  las 
Administraciones Públicas deben publicar su PMP a proveedores y disponer de un plan de 
tesorería. El análisis del PMP y de la morosidad se realiza en el epígrafe II.8.4 siguiente. 
Por último, el nivel de gasto computable del ejercicio 2017 ascendió a 2.127 millones de euros, 
frente a los 2.120 millones de 2016. Esto supuso un aumento del 0,3 %, cumpliendo la regla de 
gasto fijada. 
II.7.3.  Planes Económico Financieros 
PEF 2016-2017 
Como consecuencia del incumplimiento del objetivo de déficit del ejercicio 2015 se elaboró el 
correspondiente PEF, enviado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en 
cumplimiento del artículo 23 de la LOEPS. Dicha Autoridad indicó que consideraba factible que se 
alcanzasen las previsiones de déficit en él contenidas para 2016 y probablemente las de 2017. El 
citado PEF no llegó a declararse idóneo por no haberse reunido el CPFF.  
PEF 2017-2018 
Con fecha 29 de mayo de 2017, la Secretaria de Estado de Hacienda del MINHAFP notificaba a la 
CA el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2016. A la vista de 
ello, la CA elaboró un nuevo PEF, enviado a la AIREF para la elaboración de su informe  e.e
preceptivo el día 28 de junio de 2017. En el citado informe, la AIREF consideraba improbable que  bo
Cantabria  alcanzase  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  para  el  2017,  a  pesar  de  la  223ww
derineeject eor2cnr0ipcc1oiioo5rna .d eceLsió a cnd o Aedm IeRcp rlEeoétFsde  intdrocea icatpoososm r n deoleanr m dlacaau btlaiiavqn autasíida  ta Crqcibaiuóunenttaa,  rdbeiaernisaf i n cyeiat ixbvdpeaaln o demreafio rc lmioolosess  nr fetimsocc,uá arrplsgeeoesrsnm,  eaditsdea el  emcsxuisiásbtstere imdrn etalea  lssad   eaed pnfeinl siccavauniacaccinióaiotnocn i dóeaensl     OE-A-2021-14able en https://
apreciadas  en  ejecución.  No  obstante,  por  Acuerdo  4/2017,  de  27  de  julio,  del  CPFF,  se 
declararon idóneas las medidas contenidas en el PEF mencionado. Finalmente, la CA logró el 
cumplimiento de los objetivos establecidos para el ejercicio 2017, por lo que decae la obligación 
de seguir las medidas establecidas en los PEF. No obstante, no se logró el objetivo de situar el 
PMP por debajo de los 30 días, como se expone en el epígrafe II.8.4. 
II.8.  ANÁLISIS  DE  LA  GESTIÓN  ECONÓMICO-FINANCIERA  DE  LA  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
Se analizan en este apartado diversas cuestiones de la actividad económico-financiera, tanto de la 
AG como de los demás entes dependientes de la Comunidad. 
II.8.1.  Operaciones de crédito y avales 
A)  OPERACIONES DE CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO 
Las  operaciones  de  crédito  (concertaciones  o  disposiciones)  efectuadas  por  la  CA  deben 
adecuarse al marco normativo de la LF y las correspondientes LP, así como a la LOFCA y a la 
legislación  vigente  en  materia  de  sostenibilidad  financiera.  Además,  hay  que  considerar  los 
Acuerdos del CPFF que, durante el periodo fiscalizado, pudieran afectar al endeudamiento de la 
Comunidad.  
El apartado 3 del artículo 14 de la LOFCA indica que las operaciones de crédito precisan 
autorización  del  Estado  cuando  se  constate  el  incumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria. 
En relación con los mecanismos adicionales de financiación instrumentados por el Estado en favor 
de las CCAA y Entidades Locales, la LOEPSF prevé que las operaciones de endeudamiento que 
realice el Estado con el fin de desarrollar dichos mecanismos se computen en las CCAA en la 
cuantía equivalente a las cantidades percibidas. 
Por otro lado, la LO 6/2015 modifica (entre otras) a la LOFCA, introduciendo el principio de 
prudencia financiera, lo que supone que las operaciones financieras de las CCAA se formalicen 
cumpliendo unas condiciones razonables de coste y riesgo. 
El artículo 14 de LP para el año 2017, en su apartado 1, facultó al titular de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo para autorizar la formalización de operaciones de endeudamiento 
a largo plazo, con destino a la financiación general de los gastos y con la limitación de que el 
saldo vivo de esta deuda, a 31 de diciembre de 2017, no superase en más de 114.117 miles de 
euros el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2016, límite que podía revisarse por acuerdo 
del Consejo de Gobierno, por las desviaciones entre las previsiones de ingresos y la evolución 
real de los mismos, por el endeudamiento legalmente autorizado para 2016 que no hubiera sido 
utilizado a 31 de diciembre de ese año, por el importe de las operaciones con el Fondo de 
Financiación a CCAA que no computasen a efectos del objetivo de deuda pública establecido en 
la LOEPSF y, finalmente, en caso de modificarse por el CPFF el objetivo de deuda pública fijado. 
Con  independencia  de  los  límites  señalados  en  el  artículo  anterior,  se  podrían  formalizar 
préstamos no considerados endeudamiento en aplicación del Protocolo de Déficit Excesivo, por 
concertarse con administraciones o entidades públicas clasificadas como Administración Pública a  s
efectos del Sistema Europeo de Cuentas.  oe.
Mediante  Acuerdos  de  fechas  2  de  marzo  y  8  de  junio  de  2017,  la  CDGAE  estableció  la  223ww
dFiasctriliibduacdió Fni npaanrcai elroas  yt rFeLsA p drieml eFroonsd otr idmee Fstirneasn cdiea c2ió0n1 7a  CdeC AlaA ,f indaentecrimacinióann ddoe  laloss c coonmdipcaiorntiemse pnatoras 
lLaa c oCnAc,e rctaucmiópnli edned loa sc coonr relossp ornedqiueinstietoss o peexrigaicdioosn eps odre  lpar éLsetaym, oso yli coittróa su cno npdréicsiotanmeso  aadcicoigoindaol esa.l 
compartimento FLA, por importe global de 330.440 miles de euros. Esta operación se formalizó 
entre la CA y el Instituto de Crédito Oficial el 26 de junio de 2017. 
Posteriormente, la CDGAE adoptó diversos acuerdos (entre septiembre y noviembre de 2017) 
para distribuir los recursos del FLA correspondientes al cuarto trimestre del año (97.440 miles de 
euros  para  la  CA)  y  para  asignar  recursos  adicionales  destinados  a  cubrir  necesidades  de 
financiación derivadas de la desviación del objetivo de déficit de 2016 pendiente de financiar 
(99.970 miles de euros). Como consecuencia de los anteriores, se formalizaron las adendas 
oportunas al contrato de préstamo suscrito el 26 de junio de 2017, por lo que el importe global de 
dicho préstamo alcanzó los 527.850 miles de euros37. 
En el ejercicio fiscalizado, la CA realizó disposiciones por importe de 497.457 miles de euros 
(452.977  miles  del  indicado  préstamo  correspondiente  al  FLA  de  2017  y  44.480  miles  del 
préstamo correspondiente al FLA de 2016), mientras las amortizaciones fueron de 319.041 miles, 
lo que determinan un incremento de 178.416 miles de euros en el saldo vivo de la deuda.  
Procede señalar que, en el balance de situación de la Cuenta General de la CA del ejercicio 2017, 
la deuda a largo plazo con entidades de crédito figura con un importe inferior en 73 miles de euros 
al que presenta el Estado de la Deuda incluido en el mismo documento, como deuda dispuesta 
pendiente de amortizar a 31 de diciembre. 
Por otra parte, en dicho estado, no se incluye la información sobre los intereses de la deuda a 
largo plazo devengados y no vencidos a 31 de diciembre de 2017, cuyo importe de 12.234 miles 
de euros sí aparece contabilizado en el saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
devengadas”. 
Por lo que respecta a las operaciones de endeudamiento a corto plazo, el apartado tres del 
artículo 14 de la LP para el año 2017 facultaba al titular de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo para autorizar estas operaciones, si bien el importe dispuesto a 31 de diciembre de 2017 
no podría superar los 100.000 miles de euros.  
Tanto en 2016 como en 2017 se concertaron pólizas de préstamo, con un plazo de un año. A 31 
de diciembre de cada año, el saldo dispuesto era cero.  
El porcentaje que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, 
representa sobre los ingresos corrientes del ejercicio 2017 fue del 18 %, inferior al límite del 25 % 
establecido en los artículos 14.2.b) de la LOFCA y 93.1.c) de la LF. 
En relación al endeudamiento de las entidades de derecho público y de derecho privado que 
consolidan sus cuentas con las de la AG (a efectos del cálculo de la capacidad o necesidad de 
financiación), los artículos 17 y 18 de la LP, en aplicación de los artículos 108 y 109 de la LF, 
autorizan, previo informe preceptivo y vinculante de la DG de Finanzas, la formalización en 2017 
de nuevas operaciones a largo plazo. La LP autoriza la formalización de operaciones de crédito al 
ICAF, por 50.000 miles de euros, y a GESVICAN, por 10.000 miles. No obstante, estas entidades 
no han hecho uso de dicha autorización, disminuyendo su endeudamiento en el ejercicio. 
B)  AVALES 
La prestación de avales por parte de la CA se regula, con carácter general, en los artículos 102 a 
107 de la LF, donde se prevé que la AG de la CA puede afianzar las obligaciones derivadas de  s
operaciones de crédito que no corresponda afianzar al ICAF, de acuerdo con su Ley de creación.  oe.
                                                
d37e Evol liumcpióonrt ed eg llaosb alilq sueid daecisognloessa n eeng attrievsa str daeml ossis: t3e3m0a.1 d8e0  fminailensc iapcairóan v ye n1c7i8m.5ie5n0t omsi ldees  dpeaurad ad éefnic i2t.0 17, 19.120 miles para
El otorgamiento de avales por la AG de la CA debe autorizarse por el Consejo de Gobierno, previo 
informe de la IGAC y de la dirección competente en materia de tesorería, sin que esta llevara a 
cabo  operación  alguna  en  el  ejercicio  fiscalizado.  Finalmente,  según  el  artículo  107,  las 
sociedades mercantiles autonómicas no pueden conceder avales salvo autorización expresa por 
Decreto del Consejo de Gobierno, dentro del límite fijado por la LP para cada ejercicio y sociedad, 
sin que la LP de 2017 contuviera ninguna disposición en este sentido. En definitiva, es el ICAF el 
que desarrolla en la CA la actividad analizada.  
Como consecuencia del incumplimiento por la CA del objetivo de estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto (del ejercicio 2015) y en cumplimiento del artículo 20 de la LOEPSF, la CA solicitó 
autorización del Estado para que el ICAF pudiera conceder avales durante el ejercicio 2017 por 
importe de 40.250 miles de euros, destinados a garantizar el cumplimiento  de obligaciones 
financieras de entes públicos y privados, que fue concedida por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de febrero de 2017. 
Partiendo de la información recogida en la Cuenta General se elabora el anexo I.4, que recoge la 
evolución en el ejercicio 2017 de los avales otorgados por la CA.  
El riesgo vivo a fin del ejercicio 2017 de los avales otorgados por la CA ascendía a 42.641 miles 
de euros, según se refleja en el estado siguiente: 
CUADRO Nº 18. RIESGO VIVO EN ENTIDADES AVALADAS 
(miles de euros) 
Situación riesgo 
Avalados  Saldo final  Riesgo vivo  Plazos  Plazos no 
vencidos  vencidos 
Por SODERCAN  718  516  0  516 
Por el ICAF  56.375  42.125  0  42.125 
A entidades del sector público  36.874  29.263  0  29.263 
A entidades del sector privado  19.501  12.862  0  12.862 
Total  57.093  42.641  0  42.641 
Respecto a las actuaciones encaminadas a obtener el reintegro de las cantidades pagadas en 
ejercicios  anteriores  por  la  CA  como  consecuencia  de  la  declaración  de  fallido  de  avales 
prestados, no se ha recuperado mayor cantidad durante el ejercicio 2017 (con la excepción 
comentada más adelante por las operaciones del ICAF en relación con el Grupo ECOMASA). 
El ICAF, constituido como principal financiador y garante de operaciones de personas físicas y 
jurídicas tanto del sector público como del sector privado, presenta funciones concurrentes con 
SODERCAN, la cual puede realizar actividades de carácter financiero consistentes en concertar 
créditos de todo tipo.  
ICAF 
Casi la totalidad del riesgo asumido por la CA corresponde a los avales concedidos por el ICAF,  s
principalmente al sector público autonómico. Así, el artículo 11 de la Ley 2/2008, que regula las  e.
funciones de financiación, aseguramiento y garantía del ICAF, establece que este puede conceder  w.
avales  u  otro  tipo  de  garantías  a  entidades  pertenecientes  al  sector  público  empresarial  y  223ww
fGuonbdiaecrnioon.a El axcuetopncóiomniaclom deenntetr,o p dreev lioas  alíumtoitreizsa qcuióen s ees dpeetceírfimcain edne l mCeodniasenjtoe  adceu Gerodboi edrenlo C poanrsae jcoa ddae 
ojupreídriaccaisó n,p eerlt eInCeAcFie npteuse dea l csoenccteodr epr riavvaadloe s suie motprore  tiqpuoe  des ug adroamntiícailsio  as opceiraslo, neasst anbaletucrimaleiesn too 
permanente o centro de dirección se sitúen, o vayan a situarse, en Cantabria, por lo que estas 
ayudas no se estarían otorgando mediante un régimen de convocatoria o promoción pública. 
En el ejercicio fiscalizado, el ICAF no contaba aún con un procedimiento debidamente aprobado 
sobre la política de riesgos de las operaciones de financiación, aseguramiento y garantía, donde 
se establecieran los criterios a analizar para la admisión o no de dichas operaciones. 
El  desembolso  de  fondos  del  ICAF  por  ejecución  de  avales  ha  ascendido,  en  el  periodo 
2014-2017, a un total de 8.192 miles de euros. Este importe deriva de las operaciones con E.W.I., 
S.L. (1.952 miles de euros), E.E, S.L. (5.000 miles) y N.C.E., S.L. (1.240 miles). 
Respecto de los avales fallidos de esta última sociedad, el ICAF ha presentado las respectivas 
demandas de ejecución dineraria de título no judicial, en reclamación de diversos conceptos. 
Mediante auto de fecha 5 de diciembre de 2018, el Juzgado Mercantil número 1 de Santander ha 
declarado  en  concurso  necesario  al  deudor  N.C.E.,  S.L.,  y  en  paradero  ignorado  a  su 
administrador. 
SODERCAN  
El riesgo de SODERCAN corresponde a tres avales, dos de los cuales, por un total de 679 miles 
de euros, se concedieron a una sociedad mercantil participada en un 20 % por SODERCAN, que 
también le había concedido otros apoyos financieros, los cuales se mantienen en las cuentas 
totalmente deteriorados al cierre de 2017. Por auto de fecha 27 de junio de 2016, el Juzgado 
Mercantil número 1 de Santander declaró en concurso a dicha sociedad.  
Operaciones del ICAF y SODERCAN en relación con ECOMASA 
Con fecha 10 de mayo de 2012, se firmó un convenio de colaboración entre el ICAF y E.I.H., S.L., 
empresa integrante del Grupo ECOMASA, el cual pretendía llevar a cabo un proyecto en torno a la 
implantación de una planta de transformación destinada a la producción de estufas e insertables 
de leña, gas y biomasa. La sociedad E.W.I., S.L., perteneciente al Grupo anterior, desarrollaría la 
planta de producción. 
En la información contenida en la memoria de las cuentas tanto del ICAF como de SODERCAN 
del ejercicio 2014, ya se indicaba la entrada de E.W.I. en situación pre-concursal al comienzo de 
2015, lo que llevó a ambas entidades al deterioro de los créditos concedidos e inversiones 
realizadas en dicha sociedad. Pese a ello, con fecha 7 de mayo de 2015, E.W.I. y SODERCAN 
formalizaron un nuevo contrato de préstamo para cubrir las necesidades de tesorería a corto plazo 
de la primera por un importe de 3.000 miles de euros, a devolver en un plazo de ocho años, sin 
incluir  garantía  alguna  por  parte  de  la  prestataria,  como  se  ha  señalado  en  informes  de 
fiscalización precedentes.  
Por auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander, de 4 de septiembre de 2015, se 
declara en concurso a E.W.I. e, igualmente, por auto de este Juzgado, de 5 de octubre, se 
acuerda la apertura de la fase de liquidación. En Sentencia de 9 de abril de 201938, el Juzgado 
declara culpable el concurso de E.W.I. por retraso en la solicitud del mismo y afectados con penas 
de  inhabilitación  tres  administradores  de  la  compañía,  siendo  condenado  uno  de  ellos  a 
indemnizar a la masa en 40 miles de euros y dos a la cobertura, solidariamente, del déficit 
concursal en aquella parte que no se ha satisfecho en la liquidación de la concursada hasta un 
máximo de 396 miles de euros.   es
Como ya se indicó en el Informe de fiscalización del ejercicio 2015, de los datos expuestos se  w.
daneasplizreanddoe,  eqnu efo lroms ad idfeer eanvateless c, opmrépsrtoammiosos sy y p aaprtoicritpaaccioiónne se nd ecl aIpCiAtaFl,  yp udeed SenO DdeEsReCmAbNoc aalr  perno yuencatos   2021-14223n https://ww
 3 8   E s  t a   s  e n  t e n  c  ia    n o    e s    f ir m   e   y   c  o n  t r  a la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
pérdidas para la CA que, con la información disponible, en especial de los informes derivados del 
concurso, se aproximarían a los 18.000 miles de euros. Las cantidades recuperadas o cuya 
recuperación está prevista, tienen un valor residual al lado de dicha cifra, pues, en 2016, tras la 
enajenación de unas participaciones tomadas en prenda por el ICAF, se recuperaron 10 miles de 
euros en efectivo, contándose asimismo con pagarés bancarios a favor de esta Entidad, con 
vencimiento entre 2017 y 2021, por importe de 210 miles. 
El Gobierno de Cantabria acordó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, considerando la existencia del desvío de fondos previstos para 
la actividad de ECOMASA hacia un entramado de empresas creado por los promotores del 
proyecto, lo que dio lugar a las diligencias de investigación penal 193/2015 de dicha Fiscalía. Por 
auto de fecha 14 de junio de 2017 se aprobó una prórroga del plazo de instrucción de la causa en 
dieciocho meses. 
II.8.2.  Personal 
En los siguientes cuadros se ofrece la evolución de los gastos de personal de todos los entes 
integrantes del sector público regional, así como del número de efectivos: 
CUADRO Nº 19. EVOLUCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
 (miles de euros) 
Gastos de personal 
 
2015  2016  2017 
 AG (*)  847.545  882.246  887.065 
 OOAA y entes (**)  6.462  6.497  6.519 
 Empresas públicas  39.042  39.282  38.221 
 Fundaciones  13.230  13.160  13.434 
 Universidad  67.107  69.362  68.069 
Total  973.386  1.010.547  1.013.308 
(*)  Incluye aquellos organismos que se integran, a efectos presupuestarios, en la misma. 
(**)  En 2017, del total del gasto, el 67 % corresponde a la ACAT. 
La Ley de Cantabria 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales de la CA (LP) para el 
año  2017,  establecía  que,  en  dicho  año,  las  retribuciones  del  personal  al  servicio  de  la 
Administración de la Comunidad no experimentarían incremento alguno respecto a las vigentes a 
31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Además, en el 
ejercicio fiscalizado, la masa salarial del personal laboral no se vería incrementada. No obstante, 
el artículo 18.Dos de la LPGE de 2017, de carácter básico, permitía un incremento de hasta el 1 % 
en dichas retribuciones. El incremento del gasto experimentado en 2017 es compatible con este  es
incremento y con la evolución de efectivos.   bo
CUADRO Nº 20. EVOLUCIÓN EFECTIVOS CA SEGÚN DATOS DE CUENTA GENERAL 
(en número) 
Efectivos 
 
2015  2016  2017 
Administración (*)  20.449  20.674  20.982 
OOAA y entes  160  151  160 
Empresas públicas  1.133  1.161  1.218 
Fundaciones  390  398  389 
Universidad (**)  1.834   1.823  1.800 
Total  23.966  2244.1.24037   24.54294 .549 
 
(*)  Incluye aquellos organismos que se integran, a efectos presupuestarios, en la misma. 
(**)  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 de la LO de Universidades, la Universidad cuenta con personal 
asociado a sus grupos de investigación, cuyo coste se imputa al capítulo 6 de sus presupuestos, que no figura en el 
cuadro anterior, al no tratarse de personal de estructura. En el ejercicio fiscalizado su número ascendía a 319 efectivos 
(324 en 2016). 
A)  ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 
Por lo que se refiere a los efectivos de la AG de la CA y los organismos integrados en la anterior a 
efectos presupuestarios, su número ha evolucionado de la forma expuesta en el siguiente cuadro 
(según datos que figuran en la Cuenta General rendida), de donde se deduce que el número de 
empleados ha experimentado un incremento del 1,5 % respecto de 2016: 
CUADRO Nº 21. EFECTIVOS AG Y OOAA INTEGRADOS 
Número empleados 
Entidad   (Efectivos reales al 31 de diciembre) 
2015  2016  2017 
1.  AG (*)  3.510  3.605  3.636 
2.  Cuerpos de Justicia  776  753  753 
3.  Personal docente no universitario  7.335  7.472  7.658 
4.  SCS  7.650  7.650  7.719 
5.  ICASS   1.178  1.194  1.216 
Total  20.449  20.674  20.982 
(*)  Incluye los OOAA que integran sus cuentas en la AG, salvo el SCS y el ICASS, para los que se dan cifras 
independientes.  
Los datos incluidos en la Cuenta General y referidos al SCS presentan diferencias con los 
remitidos por este organismo durante la fiscalización y que se analizan con detalle en el epígrafe 
II.8.7.  s
El artículo 36 de la LP para 2017 señalaba que el Gobierno de Cantabria, dentro de los límites  w.
establecidos con carácter básico en la LPGE, podía autorizar la convocatoria de plazas para el  223ww
ipnugdrieesnod od el lneugeavr oa pl e1rs0o0n %al , dceonnt ruon ad eta sloas d es erectpoorseisc iópnri odreit aerfieocst iveossta dbelel c5i0d o%s  ceonn  lcaa rnáocrtmera g ebnáesriacal, 
edest adtaicli.e Lmab Oref,e rctuay dae  DEAm pplreimo ePrúab plicreov peaíara q eule a, ñpoo 2r 0m17o tifvuoes a dpero braacdiao npaolirz aDceiócrne tyo  9e0fic/2a0c1ia7 , ddee  l2o1s 
procesos selectivos, las plazas convocadas se acumularían con las que se convocasen en el año 
2018, ejecutándose de forma conjunta. Por otra parte, el artículo 19.Uno.6 de la LPGE para 2017 
establecía la posibilidad, para determinados sectores, de disponer de una tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal que incluiría hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando 
dotadas  presupuestariamente,  hubieran  estado  ocupadas  de  forma  temporal  e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016. Como 
consecuencia de ello, por Decreto 83/2018, de 11 de octubre, se aprobó la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización para el año 2017. 
Adicionalmente, mediante el Decreto 91/2017, de 21 de diciembre, se aprueba la Oferta de 
Empleo Público de personal estatutario de las instituciones sanitarias de la CA para 2017. 
La tasa de cobertura temporal de los sectores recogidos en la LPGE para 2017, para los que se 
habilitaban las ofertas adicionales de estabilización de empleo, debe quedar por debajo del 8 % al 
final del periodo 2017-2019, sin que la CA haya informado de la evolución de la misma desde el 
ejercicio fiscalizado, señalando, en julio de 2019, que ello se debe a la falta de convocatoria de las 
plazas previstas en el citado Decreto. 
Por su parte, el artículo 37 de la LP para 2017 impedía la contratación de personal temporal y el 
nombramiento  de  personal  estatutario  temporal  o  de  funcionarios  interinos,  salvo  en  casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables de los sectores, funciones y 
categorías  profesionales  considerados  prioritarios  o  que  afectasen  al  funcionamiento  de  los 
servicios públicos esenciales, sin que tal declaración de priorización para determinados sectores, 
funciones y categorías se haya llevado a cabo por parte de la CA. Además, la LP no estableció 
una fórmula similar a la contenida en el artículo 19.Cuatro la LPGE de 2017, para el sector público 
estatal, requiriendo la previa autorización de estas contrataciones por parte de la consejería 
competente en materia de hacienda o función pública. No obstante, la DG de la Función Pública 
ha señalado al respecto que, para cada una de las contrataciones realizadas, debe remitirse un 
informe  justificativo  de  la  necesidad  de  cobertura  del  puesto  desde  cada  una  de  las 
correspondientes Secretarías Generales de las distintas Consejerías, sin que conste la norma 
donde ello se disponga.  
También cabe citar el Acuerdo de 4 de noviembre de 2015 de la Mesa Sectorial de Función 
Pública de la Administración de la CA de Cantabria, con plena vigencia en 2017, que dispone que 
no procede la cobertura de puestos de trabajo por funcionario interino de puestos singularizados 
de la Administración si previamente no se ha seguido el procedimiento de convocatoria para su 
cobertura por funcionarios de carrera por el sistema de comisión de servicios. 
Debe  señalarse  que  las  cantidades  abonadas  por  la  Comunidad,  en  relación  con  las 
reclamaciones laborales, han pasado de los 58 miles de euros de 2016 a los 95 miles de 2017. 
B)  EMPRESAS  
Los efectivos medios con que contaba el sector público empresarial y el coste, en miles de euros, 
que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de las correspondientes cuentas anuales para el 
periodo 2015-2017 son los siguientes: 
CUADRO Nº 22. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 
(miles de euros) 
Ejercicios  2015  2016  2017 
Número medio de empleados  1.133  1.161  1.218 
Gastos de personal  39.042  39.282  38.221 
En el ejercicio 2017 el número medio de efectivos se ha incrementado en un 5 %, mientras que el 
importe global de los gastos de personal se ha reducido un 3 %. En 2016 estas magnitudes se 
habían incrementado en un 2 % y un 1 %, respectivamente. 
Con posterioridad al ejercicio fiscalizado y tras el dictado de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, 
de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la CA 
de  Cantabria,  el  artículo  123.4  de  la  misma  establece  que  el  personal  de  las  sociedades 
mercantiles autonómicas, incluido el que tenga la condición de directivo, se regirá por el derecho 
laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en atención a su adscripción al sector 
público  autonómico,  en  particular  las  contenidas  en  la  legislación  de  empleo  público, 
presupuestaria y financiera. Asimismo se indica que el régimen específico aplicable a la selección 
del personal laboral de las sociedades mercantiles autonómicas, se llevará a cabo mediante 
convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos 
en el Estatuto Básico del Empleado Público.  
La DA decimoquinta de la LPGE para 2017 establece que las sociedades mercantiles públicas 
solo  podrían  llevar  a  cabo  contrataciones  temporales  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables, o cuando se llevasen a cabo en los términos del artículo 
24.6 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD-Leg. 3/2011 
de 14 de noviembre. 
En este sentido, la DA novena de la LP para 2015, estableció, con efectos desde el 1 de enero de 
2015 y vigencia indefinida, que, con carácter previo a la contratación de personal y dentro de los 
límites establecidos con carácter básico en la LPGE, sería necesario solicitar informe de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, la cual habría de dictar las instrucciones necesarias 
para determinar la documentación a remitir para la emisión de los informes anteriormente citados.  
Mediante instrucción conjunta de la IGAC y de la DG de Tesorería y Presupuestos se regula el 
procedimiento para determinar las circunstancias excepcionales que habilitarían la contratación 
temporal de personal en el sector público empresarial y fundacional de Cantabria para el ejercicio 
2016, en la línea de lo dispuesto por la normativa citada. Al no dictarse norma similar para 2017, la 
citada instrucción se siguió aplicando. En relación con estas contrataciones temporales, no fue 
hasta  el  ejercicio  fiscalizado  cuando  la  sociedad  Gran  Casino  del  Sardinero  se  ajustó  al  es
procedimiento referido.  o
Ainnedfoceermmsáieds a,a dll  adq eure esf aohclauilcciteiaó rn m indefeno crmliaó anIc GieóAln C a,sr toípcbourrelo  l ap1 e2qr2su.oe3n  asdlee,   edlasic ptLaeFnci ,f iicneassnttradubocl celicooísna e, asep nsatorrteba rdeoo tsreo l scc ooannsctpreeentcoidtsoo s q,d ueleal    2021-14223n https://ww
deben  ser  detallados.  A  diferencia  de  lo  sucedido  en  ejercicios  anteriores,  en  el  ejercicio
fiscalizado todas las empresas cumplimentaron de forma completa ese apartado, si bien en dos 
casos (112 Cantabria y El Soplao, S.L.) los datos consignados sobre altas y bajas de personal no 
son consistentes con la documentación aportada durante la fiscalización. 
La mayor parte de las empresas no han acreditado contar con manuales de procedimientos para 
la  contratación  del  personal,  basados  en  los  principios  de  publicidad  de  las  convocatorias, 
transparencia e imparcialidad en la selección, pues solo ocho habían informado de la existencia 
de los mismos en el transcurso de las fiscalizaciones anteriores, sin que se hayan comunicado 
avances al respecto.  
En el plan de auditoría de la IGAC para 2017 se habían previsto actuaciones en materia de 
recursos humanos en relación con las empresas Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de 
Cantabria, Sociedad Año Jubilar 2017 y MARE, no ultimadas a 1 de julio de 2019. 
C)  FUNDACIONES 
A continuación, para el periodo 2015-2017, se exponen los efectivos medios con que contaba el 
citado sector público fundacional y el coste, en miles de euros, que figura en la cuenta de pérdidas 
y ganancias de las correspondientes cuentas anuales: 
CUADRO Nº 23. EFECTIVOS SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 
(miles de euros) 
Ejercicios  2015  2016  2017 
Número medio de empleados  390  398  389 
Gastos de personal  13.230  13.160  13.434 
Con posterioridad al ejercicio fiscalizado, la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico 
del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la CA de Cantabria, 
establece, en su artículo 129.3, que el personal de las fundaciones públicas de la CA, incluido el 
que tenga la condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las normas que 
le sean de aplicación en atención a su adscripción al sector público autonómico, en particular las 
contenidas en la legislación de empleo público, presupuestaria y financiera. Asimismo, el régimen 
específico aplicable a la selección del personal laboral de estas fundaciones se realizará mediante 
convocatoria pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
Pese  a  que  el  artículo  14  de  la  Ley  2/2012,  de  30  de  mayo,  de  Medidas  Administrativas, 
Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos 
de  la  CA  de  Cantabria,  establece  que  el  Consejo  de  Gobierno  puede  acordar  aislada  y 
excepcionalmente que la retribución de algún trabajador incluido en el ámbito de aplicación de 
esta disposición pueda exceder de los topes retributivos fijados en la misma, el 21 de diciembre de 
2017 se autorizó que la retribución del personal (sin concreción alguna) de la Fundación Instituto 
de Hidráulica Ambiental de Cantabria superase los citados límites, mediante el otorgamiento de un 
complemento de resultado. 
Finalmente, de las comprobaciones efectuadas se deduce que al menos seis fundaciones no  es
contaban con manuales de procedimientos para la contratación del personal, basados en los  o
ppruibnlcicipidioasd  edxeig liad ocso rerel saprtoícnudlioe n4t6e  dceo nlav oLceayt o5r0ia/2).0 02, de Fundaciones (igualdad, mérito, capacidad y  2021-14223n https://www.
II.8.3.  Transparencia y buen gobierno 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula la transparencia, el acceso a la información pública y el 
buen gobierno. Según su DF novena, los órganos de las CCAA disponían de un plazo máximo de 
dos años para adaptarse a las obligaciones en ella contenidas (10 de diciembre de 2015). 
El artículo 5 de la Ley recoge la obligación de publicar, de forma periódica y actualizada, la 
información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de su actuación.  
Mediante el Decreto 156/2015, de 3 de diciembre, por el que se modifican parcialmente las 
competencias de la estructura básica de la Consejería de Presidencia y Justicia, se señala que, 
con  motivo  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  19/2013,  se  considera  adecuado  atribuir  las 
competencias en materia de transparencia y acceso a la información pública a la DG de Servicios 
y Atención a la Ciudadanía, por su carácter organizativo de tipo horizontal y de apoyo al resto de 
las Consejerías. Asimismo, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 
2015 se aprueba la instrucción relativa al fomento de la Transparencia y el Buen Gobierno en la 
Administración de Cantabria. 
Con anterioridad, mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2013, se 
aprobó el Código de Buen Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la CA. 
Este Código no contenía una tipología de infracciones y sanciones, previendo exclusivamente su 
artículo 20, de una manera excesivamente genérica, que, en el supuesto de incumplimientos, el 
Gobierno de Cantabria adoptaría las medidas que en función de las circunstancias estimase 
oportunas, precepto que no ha sido actualizado con posterioridad. 
El  artículo  21  del  Código  indica  que  la  Consejería  de  Presidencia  y  Justicia  debe  remitir 
anualmente informe al Consejo de Gobierno sobre su grado de cumplimiento, de las incidencias 
advertidas en su aplicación y de las medidas que se consideren oportunas para favorecer su 
implantación efectiva, sin que, a 1 de julio de 2019, aparezca en el portal de transparencia el 
correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2017 y junio de 201839. En el relativo al 
periodo inmediatamente anterior, no se pone de manifiesto incidencia alguna ni medida para su 
implantación efectiva, presentando un carácter excesivamente escueto (una página en total) y 
general. 
No consta la incoación de expedientes conforme al régimen de infracciones previsto en la Ley 
19/2013. 
El portal de transparencia de Cantabria contiene, con carácter general, la información actualizada 
a publicar objeto de desarrollo por los artículos 6 a 8 de la Ley 19/2013. No obstante, cabe realizar 
las siguientes precisiones: 
  El artículo 6.2 de la citada Ley obliga a la publicación de los planes y programas plurianuales 
en los que se fijen objetivos concretos. En el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria y 
en relación con la AG, esta información se basa en una relación de medidas identificadas como 
“Planes  de  Gobierno  por  Consejerías”  en  el  que  no  consta  el  desarrollo  exigido  referido  a 
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. En particular, el plan plurianual de la 
Consejería de Sanidad que aparece en el portal del SCS no detalla objetivos y actividades, ni se 
indica su grado de cumplimiento. 
  No eran accesibles los datos sobre trayectoria profesional de los altos cargos y personal  o
eventual del sector público autonómico.   223www.
                                                
m39 isLma oC eAl  8se dñea loac teunb rlea sd ea l2e0g1a9ci.o nes que este informe, que ya figura en su portal de transparencia, fue publicado en el
  En general, no figuraba la información relativa a las retribuciones percibidas anualmente por 
los consejeros y otros altos cargos ni las resoluciones de autorización o reconocimiento de 
compatibilidades. 
  Más del 50 % de las entidades que componían el sector público empresarial y fundacional 
no publicaban en sus sedes electrónicas o páginas web, de manera clara y estructurada como 
señala el artículo 5 de la citada Ley, la información a la que se refieren los artículos 6 a 8 de esta 
norma, si bien, a gran parte de estos datos se podía acceder a través del portal de transparencia 
del Gobierno de Cantabria, aunque dichos datos presentaban, con carácter general, un formato no 
reutilizable. 
Por lo que se refiere a la Ley de Cantabria de Transparencia de la Actividad Pública, cabe señalar 
que fue aprobada el 21 de marzo de 2018, con entrada en vigor a los seis meses de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. El artículo 27 de esta ley introduce requerimientos 
más exhaustivos en la información pública sobre altos cargos y asimilados. Dadas las carencias 
advertidas  en  el  portal  durante  la  fiscalización  precedente,  relativas  a  los  datos  sobre 
nombramientos, gastos de representación y dietas percibidas en el ámbito del SCS, el Director 
General de Servicios y Atención a la Ciudadanía (Consejería de Presidencia y Justicia), envió 
escrito de fecha 22 de octubre de 2018, requiriendo a la Secretaría General de Sanidad para 
solucionar las omisiones de información40. 
Finalmente, mediante convenio de 10 de febrero de 2016, entre el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno y la CA, se produce el traslado al primero del ejercicio de la competencia para la 
resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013. En el siguiente 
cuadro se muestran las reclamaciones resueltas por dicho consejo sobre asuntos relativos a la 
Administración autonómica: 
CUADRO Nº 24. RECLAMACIONES RESUELTAS POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO 
(en número) 
Resolución  2017  2018 
Desestimadas   1  0 
Estimadas   4  6 
Estimadas parcialmente   2  1 
Estimadas por motivos formales   1  1 
Inadmitidas a trámite  1  4 
Retrotraer actuaciones  0  1 
Suspendido plazo resolución  0  1 
Total  9  14 
II.8.4.  Medidas contra la morosidad en el sector público 
La reducción de la morosidad constituye un elemento fundamental a efectos del cumplimento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones  e.
públicas. De acuerdo con el artículo 4 de la LOEPSF, se entiende por sostenibilidad financiera la  w.b
S 4 0a   Ln a id   Ca  dA     yr e  c lo o s g  e d  a e tn o   ss  u s s o  ab  lr ee g   an  co im o n b er a s   mqiueen tloass,  ogmaisstioosn edse e xreisptreensteens taecni órenl ayc iódnie tcaosn  peel rpcliabnid palsu rpiaonru aallt odse  lcaa rCgoonss edjeelr íSa CdSe 
poubejedtoe nd ec oannsáidliseirsa rdseet aallcatduoa lmene nptreó xsimubassa fnisacdaalsiz,a icnicolunyeesn. d o diversos enlaces al portal de transparencia, los cuales serán
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, 
deuda pública y morosidad de deuda comercial. 
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el PMP a los proveedores no 
supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. 
A)  OBLIGACIONES RECOGIDAS EN LA LOEPSF 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.6 de la LOEPSF, todos los entes integrados a 
efectos de contabilidad nacional en el sector Administraciones públicas deben publicar su PMP a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluya, al menos, información relativa a la 
previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que 
fija la normativa sobre morosidad. Cuando el período medio de pago, de acuerdo con los datos 
publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración 
ha  de  incluir,  en  la  actualización  de  su  plan  de  tesorería  inmediatamente  posterior  a  la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan, medidas relacionadas con: 
  El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para 
poder reducir su PMP hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
  El compromiso de adoptar medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de 
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería 
necesaria para la reducción de su PMP a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad. 
En este sentido, el RD 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del PMP a 
proveedores de las Administraciones Públicas41 y las condiciones y el procedimiento de retención 
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la LOEPSF.  
El período medio de pago definido en esta norma mide el retraso en el pago de la deuda comercial 
en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido 
en la legislación de contratos y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El período medio de pago 
no puede superar los 30 días. 
                                                 
41 De acuerdo con la metodología de cálculo establecida en este RD, el período medio de pago mide el retraso en el 
pago de la deuda comercial en términos económicos, computado a partir de los 30 días posteriores a la fecha de 
entrada de la factura en el registro administrativo, según consta en el RCF o sistema equivalente, o desde la fecha de 
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, como indicador distinto respecto del periodo legal 
de pago establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales y en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por RD-Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, según el cual la Administración tiene la obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten 
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. Por tanto, esta medición  e.e
con criterios estrictamente económicos establecida en el citado RD puede tomar valor negativo si la Administración paga  bo
saengteúsn  dceo rqreusep hoanydaan.   transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra,  223www.
Eprsoteve RedDo rfeuse  (m30o ddiífaicsa)d, oe l pcoárl ceull oR dDe l1 P04M0P/2 s0e1 7e,m dpei e2z2a  dae c odmicipeumtabrr ea.  pSair tbiri edne  nlao  asper oabltaecraió ne ld pel alazso  fmacátuxirmaso  yd en op, acgoom ao 
hsiagsutiae netle sm ao mlae enntotr aedna  qduee l aesn tmrais emna sv iegno re tl aclo mrreosdpifoicnadciieónnt e( mreegsi sdtreo .a bril de 2018), que se producía desde los 30 días
En el cuadro siguiente se muestra el PMP mensual del conjunto de entidades pertenecientes al 
sector público de Cantabria, en términos del SEC 2010, y el medio de las CCAA (para su 
elaboración se ha tomado la información publicada por el Ministerio de Hacienda): 
CUADRO Nº 25. COMPARATIVA PMP CANTABRIA-CONJUNTO DE CCAA 
(en días) 
Año 2017  CANTABRIA  Total CCAA  Diferencia  
Enero   52,23  25,45  26,78 
Febrero  53,04  26,01  27,03 
Marzo  58,98  21,86  37,12 
Abril  50,78  24,09  26,69 
Mayo  35,35  23,71  11,64 
Junio  42,65  21,51  21,14 
Julio  33,28  23,16  10,12 
Agosto  31,61  28,25  3,36 
Septiembre  26,88  27,56  (0,68) 
Octubre  37,40  21,98  15,42 
Noviembre  40,68  19,73  20,95 
Diciembre  42,34  11,5  30,84 
La tendencia de empeoramiento del ratio en relación con la media de las CCAA, emprendida en el 
mes de octubre de 2016, se ha consolidado en el ejercicio fiscalizado, donde, salvo en el mes de 
septiembre, el PMP supera los 30 días. 
Ello implica que, de acuerdo con el artículo 4 de la LOEPSF, no se logró la sostenibilidad de la 
deuda comercial, dado que el PMP a los proveedores superó, durante prácticamente todo el 
ejercicio, el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, lo que también repercute en 
la consecución de la sostenibilidad financiera, según dicho artículo. 
Tampoco se ha acreditado la actuación conforme al artículo 13 de la LOEPSF, donde se indica 
que  la  superación  del  plazo  máximo  previsto  en  la  normativa  sobre  morosidad,  implica  la 
actualización del plan de tesorería de la Administración correspondiente, indicando, entre otros 
factores, los recursos a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su PMP 
hasta el plazo máximo que fija la normativa.  
Sector público empresarial 
La Resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria 
de las cuentas anuales en relación con el PMP a proveedores en operaciones comerciales indica, 
en su artículo 2, su aplicación obligatoria a todas las sociedades mercantiles españolas, salvo 
para las sociedades mercantiles encuadradas en el artículo 2.1 de la LOEPSF.  
Atendiendo a la información de sus cuentas anuales, en el siguiente cuadro se muestran las 
empresas con un período de pago a proveedores más elevado: 
CUADRO Nº 26. EMPRESAS CON PMP MÁS ELEVADO 
(en días) 
Denominación  PMP durante el ejercicio 
Sociedad Año Jubilar 2017  88,79 
SRECD  78 
Hospital Virtual Valdecilla  59,83 
Gran Casino del Sardinero  48,49 
Sector público fundacional 
Atendiendo a la información de sus cuentas anuales, en el siguiente cuadro se muestran aquellas 
con un período de pago a proveedores más elevado: 
CUADRO Nº 27. PMP SECTOR FUNDACIONAL 
(en días) 
Denominación  PMP durante el ejercicio 
FCSBS  82 
Fundación Relaciones Laborales de Cantabria  45 
B)  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ 
Mediante el RD-L 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
CCAA y entidades locales y otras de carácter económico, se crea el Fondo de Financiación a 
CCAA, estructurado en cuatro compartimentos con características y condiciones propias: Facilidad 
Financiera, FLA, Fondo Social y Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los 
Proveedores de CCAA. 
Durante el ejercicio 2017, el Fondo de Financiación se ha instrumentado mediante los Acuerdos 
de la CDGAE de 2 de marzo, 8 de junio, 28 de septiembre, 5 de octubre y 16 de noviembre todos 
ellos del citado año, como consecuencia de los cuales se modificó la distribución de los recursos 
iniciales del compartimento FLA 2017, asignando a Cantabria recursos adicionales hasta alcanzar 
los 527.850 miles de euros.  
La  adhesión  al  mecanismo  de  liquidez  conlleva  la  aceptación  de  todas  las  condiciones 
establecidas en la LOEPSF, el citado RD-L 17/2014, los acuerdos adoptados por la CDGAE  s
relacionados con este mecanismo y el programa para la aplicación del mecanismo de apoyo a la  e.
liquidez de las CCAA 2017.  w.
EFLl AR,D -inLd 1ic7a/2n0d1o4  lap renvoé  nlae coebsliigdaacdi ópna drea  lae l acporombpaacritóimn ednet ou nF palcainli ddaed  aFjuisntaen pciaerraa  eyl  csoimn peasrttaimbileencetor 
disposición alguna en el caso del Fondo Social. 
El Consejo de Gobierno adoptó, el 15 de junio de 2017 el acuerdo de manifestar el compromiso de 
cumplir con todas las condiciones establecidas en las diversas normas y acuerdos antes citados. 
Además de las establecidas anteriormente, el Acuerdo de la CDGAE de 2 de marzo de 2017 
(publicado por la Orden PRA/360/2017) fijó treinta condiciones adicionales. Del análisis efectuado, 
se observa que la CA no cumplía, al menos, las siguientes: 
  La condición 14, dado que, a 15 de noviembre de 2018, el uso del sistema Cl@ve para la 
identificación y firma electrónica de los ciudadanos sólo estaba implantado en algunos servicios de 
la CA; además no se habían creado oficinas para el registro de los ciudadanos en este sistema. 
  La condición 15, debido a que, al cierre del ejercicio 2018, se estaba comenzando a poner a 
disposición de los interesados las notificaciones y comunicaciones emitidas por la CA a través del 
Punto de Acceso General de la AGE, al no disponer Cantabria de un punto de acceso propio. 
  La condición 22, como ya se ha puesto de manifiesto en el epígrafe II.2.2 de este Informe, al 
no haber aprobado la CA, a 1 de junio de 2019, un nuevo plan contable adaptado al PGCP 
aprobado por la Orden EHA/1037/2010. 
En los planes de ajuste remitidos por la CA figuraba el compromiso de aplicar un plan de 
restructuración del sector público autonómico. Esta materia es objeto de análisis detallado en el 
Informe de fiscalización de los procesos de extinción de entidades de las CCAA sin órgano de 
control externo propio como consecuencia de la reestructuración de su sector público, aprobado 
por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 20 de diciembre de 2018.  
Finalmente, ha de señalarse que el artículo 10.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, exige 
la remisión antes del día 15 de cada mes de la realización de un informe de seguimiento del plan 
de ajuste por parte de la IGAC. Asimismo, dicho artículo requería la remisión de un “análisis de las 
desviaciones que se han producido en la ejecución del plan de ajuste”. No se ha acreditado la 
realización de este último informe, ni el análisis de las causas de las desviaciones durante el 
ejercicio fiscalizado, por lo que este seguimiento se circunscribe a la remisión de la información de 
los  modelos  de  cuestionarios  sobre  diferentes  aspectos  contemplados  en  el  plan  de  ajuste 
diseñados por el MINHAP, sin que exista ningún pronunciamiento formal sobre su grado de 
cumplimiento ni por parte de la Intervención, ni por parte del Ministerio. 
II.8.5.  Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
A)  MARCO GENERAL 
La legislación particular de la CA y los órganos encargados específicamente de la aplicación de 
las políticas de igualdad durante el ejercicio fiscalizado, se recogen a continuación: 
  Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres y la Protección a sus Víctimas. 
  DG de Igualdad y Mujer, integrada en la Consejería de Consejería de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social. En el ejercicio 2016, el programa de fomento de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres integrante de los Presupuestos de la CA,  s
generó unas obligaciones reconocidas de 1.197 miles de euros.  e.
  Comisión de Participación de las Mujeres, creada por la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de  223ww
mmauyjeor,e só rgcaonno  ecl oGleogbiaiedron od ed ec aCráacntetar bcroian syu ltdiveo ,p maretidciipoa dceió nin teenrl oeclu cdióensa drreo llloa s saoscoiacli,a claiobnoerasl ,d ey 
económico de la CA. 
En lo referente a esta última Comisión, cabe señalar que no ha llegado a aprobarse la norma 
reglamentaria que determinase su composición, organización y bases de funcionamiento, no 
habiéndose procedido a su constitución.  
Mediante la Ley 3/2018, de 28 de mayo, se recupera la figura del Consejo de la Mujer, suprimido 
por la Ley 2/2012, de 30 de mayo. Se opta por volver a habilitar a este Consejo como “órgano 
colegiado de participación, representación y consulta en todas aquellas materias y políticas que 
afecten a los derechos e intereses de las mujeres cántabras, tanto en las políticas de igualdad de 
género, como en las políticas públicas globales incluyendo la perspectiva de género, en el ámbito 
de la CA de Cantabria”, quedando derogada la disposición de la Ley 2/2012 que recogía la 
creación de la Comisión de Participación de las Mujeres anteriormente señalada. 
B)  CIFRAS SOBRE IGUALDAD 
Se recoge a continuación la distribución de los efectivos de la CA entre mujeres y hombres, según 
datos del Registro Central de Personal del MINHAFP al cierre del ejercicio fiscalizado: 
CUADRO Nº 28. DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS POR SEXOS 
(en porcentaje) 
Docencia no  Instituciones 
Consejerías y sus OOAA  Admón. Justicia  Total AG 
Universitaria  Sanitarias 
Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer 
41  59  27  73  20  80  23  77  27  73 
El siguiente estado refleja la distribución por sexo de los altos cargos de la CA y la composición 
del Parlamento autonómico: 
CUADRO Nº 29. DISTRIBUCIÓN ALTOS CARGOS Y PARLAMENTO AUTONÓMICO 
(en porcentaje) 
Administración y puesto  Mujeres  Hombres 
Administración Autonómica  Presidente/a y Consejeras/os  22  78 
  Direcciones, secretarías generales y otros  47  53 
altos cargos 
Parlamento Autonómico  Diputadas/os  40  60 
  Mesa de la Cámara  60  40 
De los datos expuestos en el cuadro anterior, se aprecia la composición equilibrada, conforme se 
define en la DA primera de la LO 3/2007 (las personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean 
menos del 40 % en el conjunto de que se trate) en las direcciones generales, secretarías y otros 
altos cargos, miembros del Parlamento y su Mesa. 
C)  ACTUACIONES 
En el ejercicio fiscalizado no consta la existencia de un plan vigente de igualdad de oportunidades  e.
entre mujeres y hombres a nivel de la CA. Por lo que se refiere a las empresas públicas, MARE  w.
aprobó su primer plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a mediados del  223ww
maqisumelola. sE el marptríceuslaos  4d5e  dme álas  LdOe  235/200 0tr7a beasjtaadbolerecse  ola  soi baligsaí cfiiógnu rad ee cno netla rc ocnovne ndiioc hcoo lpelcatniv op adrea 
aplicación, sin que, a 1 de julio de 2018, se hubiera aprobado en SODERCAN42. CANTUR, la otra 
empresa afectada, no aportó documentación alguna durante la fiscalización43. 
Con posterioridad al ejercicio fiscalizado, con fecha 23 de mayo de 2019, el Consejo de Gobierno 
de Cantabria aprobó el "Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres del SCS". 
La CA ha remitido un informe de evaluación de la efectividad del principio de igualdad, elaborado 
por la DG de Igualdad y Mujer en función de lo previsto en el apartado g) del artículo 51 de la LO 
3/2007. Del contenido de este informe, destacan las siguientes convocatorias de subvenciones 
tendentes al fomento de la igualdad: 
  Orden  UMA/29/2017,  de  5  de  junio,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria 
para  la  concesión  de  subvenciones  a  asociaciones,  federaciones  de  mujeres  y  otras 
organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de potenciar la participación de las mujeres, su 
empoderamiento, así como el tejido asociativo con el objetivo de la consecución de la igualdad 
real y efectiva de mujeres y hombres en Cantabria, en el año 2017. 
  Orden UMA/30/2017, de 5 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones a organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar 
proyectos que complementen las actuaciones de la DG de Igualdad y Mujer en materia de 
información, prevención, atención, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia 
de género en Cantabria, en el año 2017. 
   Orden  UMA/31/2017,  de  12  de  junio,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  para  la 
concesión de subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de 
Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres, en el año 2017. 
  Orden UMA/41/2017, de 17 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de una beca de formación y especialización en materia de igualdad de género. 
  Decreto  23/2015,  de  23  de  abril,  por  el  que  se  establece  y  regula  la  concesión  de 
subvenciones para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad por hijos nacidos 
o adoptados en Cantabria desde el 1 de enero de 2015, modificado por Decreto 26/2016, de 5 de 
mayo. 
El informe recoge las diversas actuaciones realizadas para la remoción de los obstáculos en la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público de la CA y en el 
desarrollo de la carrera profesional (ejecución de la Oferta de Empleo Público para el año 2017), 
para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción 
profesional, fomentando la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo 
largo de la carrera profesional, promocionando la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
los órganos de selección y valoración y estableciendo medidas efectivas de protección frente al 
acoso sexual y al acoso por razón de sexo y para eliminar cualquier discriminación retributiva, 
directa o indirecta.  
En relación con la Sociedad de la Información, la DG de Igualdad y Mujer ha impartido siete 
talleres para mujeres sobre el uso de Internet, redes sociales y dispositivos electrónicos (tablets y 
móviles) y  dos jornadas formativas en materia de fomento de la igualdad de género a  los 
alumnos/as de la escuela taller de Piélagos.  
                                                  o
p42e SríoOdDoE 2R0C17A-N2 0s1e9 ,v eel  o2b1l igdaed noo vai elam abprero dbea c2i0ó1n7 d. eEln d liacsh oa lpelgaanc idoensedse,  llaa  CeAnt rhaad ac oemnu vniigcoard doe lal  cfoirnmvae ndieol  cpolalenc dtiev oig puaarlad aedl   223www.
d43e D ouproarntuten iedla tdráems idtee  deest aa lesogcaiceidoande sp, asrea  heal  preermioitdidoo 2 c0e1r9ti-f2ic0a2d0o,  cdoen 1 f edceh fae b2r1e rdoe  dmea 2rz0o1 8d,e d 2o0n1d9e.  consta la aprobación del
Paulannq udee  nIog usael dhaad a pcoamrap easñtaad oe mdipcrheos ad opcourm peanrttoe.  de su consejo de administración en fecha 13 de diciembre de 2017,
II.8.6.  Transferencias y subvenciones 
A)  DATOS GENERALES 
La normativa básica por la que se rigen las ayudas y subvenciones públicas concedidas por 
Cantabria es la siguiente: 
  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo ámbito de aplicación 
subjetivo incluye a todas las Administraciones públicas, constituyendo los preceptos señalados en 
su DF primera legislación básica. 
  Ley de Subvenciones de Cantabria (LSC). 
  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.  
Las subvenciones (según la delimitación conceptual establecida en el apartado 1 del artículo 2 de 
la Ley 10/2006) pagadas por la CA en el ejercicio presupuestario 2017, clasificadas por los 
diferentes procedimientos de concesión establecidos en el artículo 22 de la Ley 10/2006, a partir 
de los datos existentes en la base de datos autonómica de subvenciones de Cantabria, se detallan 
en el cuadro siguiente: 
CUADRO Nº 30. SUBVENCIONES PAGADAS POR LA CA 
(miles de euros) 
Procedimiento de concesión  Importe 
Directas  36.681 
  Nominativamente en los presupuestos  16.136 
  Norma de rango legal  17.451 
  Carácter excepcional (interés público, etc.)  3.094 
Concurrencia competitiva  49.335 
Total  86.016 
Por lo que se refiere a la clasificación anterior, cabe señalar que dentro de las subvenciones 
concedidas por norma de rango legal se ha incluido parte de las concedidas mediante norma 
reglamentaria, que tienen cabida en el artículo 22.3.c) de la Ley autonómica 10/2006 y que, por 
tanto, deberían ubicarse dentro de las de “carácter excepcional” del cuadro 29. En relación con el 
ejercicio precedente, destaca el fuerte incremento de las subvenciones concedidas mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva, que ha pasado de 19.702 miles de euros a 49.335 
miles. Este incremento afecta fundamentalmente al SCE (20.446 miles de euros), si bien, según la 
información aportada por el propio SCE en el curso de la presente fiscalización, puede inferirse 
que los datos facilitados provenientes de la base de datos autonómica de subvenciones no son 
precisos, dadas las vicisitudes recogidas con detalle en el subepígrafe D) siguiente.  
B)  SUBVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE A LA REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA (FEV)  
La DG de Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, gestiona el Programa 336A 
“Fomento y apoyo a las actividades deportivas”. En el concepto 485 “Real Federación Española  e
de Vela. Centro de Alto Rendimiento de Vela Príncipe Felipe (CEAR). Programa de Tecnificación”,  bo
se  recoge  una  subvención  nominativa  a  la  FEV,  por  50  miles  de  euros,  reconociéndose  223ww
odebejel irlgcaai cccioioo.n nceesd pidoar  eeln i m2p0o1r6te ( 6to0t aml dilees l ad deo etaucrioósn).,  Eqnu e2 0h1a7b ísae  qpuroecdeaddeo  aple pnadgieon dtee  easl tcai esrureb vdeen cdióicnh oy   OE-A-2021-14able en https://
Del análisis de la documentación relativa a la concesión y justificación de la subvención de 2017 
se deducen las siguientes observaciones: 
  No se ha elaborado el correspondiente convenio para canalizar la subvención, aunque este 
es el instrumento habitual de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.1. de la LSC. Es por 
tanto la Resolución de concesión, de 5 de junio de 2017, del Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte, la que establece las condiciones y compromisos aplicables a la misma. 
  La resolución de concesión de la subvención analizada define el objeto de la misma de una 
forma muy general, en contra de lo que dispone el artículo 16.3 de la LSC, al indicar que la 
subvención  se  destinará  a  los  gastos  de  organización  y  funcionamiento  del  programa  de 
tecnificación para deportistas cántabros en el CEAR de Vela “Príncipe Felipe”. El programa 
señalado, según se desprende de la memoria, presentado por la FEV, se limita a indicar que el 
mismo va orientado a mejorar el nivel técnico de deportistas de categoría infantil y juvenil de 
Cantabria  preparándolos  para  las  competiciones  nacionales  e  internacionales,  fijando  las 
categorías afectadas y las áreas de trabajo de una forma muy sucinta. La propia resolución 
contribuye a generar más ambigüedad, por un lado, al indicar que “son gastos subvencionables 
los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada” y, por 
otro, al añadir otros estamentos como destinatarios de la formación (no solo deportistas, sino 
entrenadores, jueces y oficiales de regatas), aspecto este no recogido en el programa.  
  El modelo de memoria previsto en la resolución no recoge todo el contenido exigido en 
artículo 72 de RD 887/2006 de 21 de julio. 
  La resolución no contempla la posibilidad de subcontratar las actividades subvencionadas, 
por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LSC, el beneficiario únicamente 
podría  hacerlo  hasta  un  porcentaje  que  no  excediese  el  50 %  del  importe  de  la  actividad 
subvencionada. El órgano gestor no acredita haber realizado comprobaciones sobre ello, a pesar 
de que solo la Federación Cántabra de Vela (FCV) aglutina el 30 % de los 58 miles de euros 
presentados como gasto subvencionable (17 miles de euros).  
Además, el artículo 1 del RD 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas 
españolas, señala que “Las Federaciones deportivas españolas están integradas por federaciones 
deportivas de ámbito autonómico...”, por lo que, dada la relación entre la FEV y la FCV, se estaría 
en el supuesto de prohibición para concertar la ejecución total o parcial de las actividades 
subvencionadas  con  personas  o  entidades  vinculadas  con  la  beneficiaria,  establecida  en  el 
artículo 30.7 de la LSC, salvo que concurran dos circunstancias (contratación de acuerdo con las 
condiciones normales de mercado y obtención de la previa autorización del órgano concedente) 
no acreditadas por el órgano gestor.  
  Pese a que la norma establece la elegibilidad de los gastos que se realicen y paguen entre 
el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017, en la memoria justificativa presentada se 
recogen gastos sin fecha de pago y otros en los que no se indica la referencia de la factura 
pagada.  
  Debido a lo señalado en el párrafo inmediatamente anterior y por no ser subvencionables 
determinados gastos (al no tener relación directa con la actividad subvencionada o no serlo en la 
totalidad del importe señalado por la beneficiaria), se instruye expediente de revocación de la 
subvención, que finalizó el 12 de noviembre de 2018, resolviendo el Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte la revocación parcial de la subvención concedida a la FEV en la cuantía de 8  e.e
miles  de  euros,  más  los  intereses  de  demora  oportunos,  al  haber  incurrido  en  causa  de  b
incumplimiento, de acuerdo con lo previsto en el apartado octavo de la resolución de concesión y  223ww
en el artículo 38.1 de la LSC.
Por su parte, la IGAC ha emitido el informe de control financiero de “Subvenciones de Carácter 
Nominativo, Real Federación Española de Vela. Programa de Tecnificación, del Capítulo IV del 
Estado de Gastos. Ejercicio 2016 y 2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte”, 
actuación contenida en el Plan Anual de Control Financiero, Auditoria Pública y otras actuaciones 
de control para el ejercicio 2018. En el citado informe se recogen las siguientes deficiencias: 
  El beneficiario ha incumplido la obligación de comunicar la obtención de otras ayudas para 
el mismo fin a que se refiere el artículo 13.1 d de la LSC. 
  El órgano gestor no ha comprobado justificante de gasto alguno a través de técnicas de 
muestreo ni practicado requerimiento al beneficiario que permitiera tener evidencia razonable 
sobre la adecuada aplicación de la subvención de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.3 
del Reglamento General de Subvenciones (RGS). 
  De la contabilidad aportada por la FEV no puede deducirse el registro adecuado de los 
gastos subvencionables. 
  De la cuenta justificativa relativa a la subvención de 2016 se desprende que la FCV ha 
realizado más del 90 % de la actividad subvencionable en 2016, ello pese a que la resolución de 
concesión no recogía la posibilidad de subcontratación de la actividad subvencionada ni consta la 
toma en consideración de las limitaciones establecidas en el artículo 30.7 de la LSC sobre la 
ejecución de las actividades subvencionadas por parte de entidades vinculadas (antes expuestas). 
C)   REAL RACING CLUB DE SANTANDER, S.A.D.  
Mediante convenio, de 30 de enero de 2006, se determinaban los extremos de la subvención 
concedida por Decreto 161/2005, de 22 de diciembre, para la promoción del deporte base y 
promoción exterior de Cantabria a través de este Club. En el mismo se estableció que el Gobierno 
de Cantabria aportaría al Racing una subvención de dos millones de euros anuales durante los 
ejercicios 2006 al 2016, ambos incluidos. 
En  los  Informes  de  fiscalización  de  la  Comunidad  de  los  ejercicios  precedentes  se  viene 
señalando  que  las  obligaciones  de  los  ejercicios  2012  y  2013  derivadas  de  la  subvención 
concedida, permanecían reconocidas, aunque no pagadas, situación que se mantiene en el 
ejercicio fiscalizado. En 2014 no se llegó a reconocer la obligación, no habiéndose dotado ni 
siquiera la partida presupuestaria correspondiente en los presupuestos de 2015 y 2016.  
Con fecha 9 de enero de 2014, en la reunión del Consejo de Gobierno de la CA, se acuerda 
autorizar  la  incoación  del  expediente  de  resolución  del  convenio  expuesto,  dado  que  el 
beneficiario no presentó la documentación justificativa solicitada. 
El 14 de enero de 2014, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte acordó el inicio del 
procedimiento de revocación de la ayuda expuesta. Sin embargo, el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad, en la reunión de 17 de marzo de 2016, acordó declarar la caducidad del expediente, 
al haber transcurrido más de un año desde la fecha de inicio del procedimiento de revocación y 
reintegro sin que este finalizase, conforme prevé el artículo 45.4 de la LSC. 
En el acuerdo por el que se declara la caducidad se recoge la necesidad de incoar un nuevo 
expediente, ante la inviabilidad de la consecución de los objetivos del convenio firmado en 2006. 
A la vista de lo anterior, cabe señalar que la estipulación sexta del convenio rubricado en 2006  o
scRaeobañnocavninelaagnd ,ia qonsu o,ye  s,s  ieensl i   pqiernuoscedtu euem csfupitraelíia mrú aelit eilmd naetabob o aidndcooetu   daalae csl ialó a nesf sa sctleitapa nuh tdlaiadeyca aiord elneleaesvl sizap adedconei dóla ine ac ncadutbeeeos rl .doy  os s  esc eoprmríoapc recoadmueisrsíaoa s ad lea r serueinmstoeidlguorcsoi  ódpneo  rdl aeesll    2021-14223n https://www.
Cabe señalar que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admitió a trámite, con fecha 14 de 
enero de 2014, la querella presentada por CANTUR contra los exconsejeros de Economía y 
Hacienda y de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, el apoderado de la empresa 
pública CEP Cantabria y el administrador del propietario del Club antes de la firma de los 
acuerdos suscritos entre las partes citadas en 2011, principalmente dirigidos a la compraventa del 
Racing, denunciando un perjuicio económico de 5.967 miles de euros para las arcas públicas 
como consecuencia de esta operación que, a su juicio, constituyen un delito de malversación de 
caudales públicos, fraude a ente público y delito societario por administración fraudulenta o 
desleal. La Audiencia Provincial de Cantabria dictó el Auto número 15/2017, de 10 de enero de 
2017, contra el que no cabe recurso, en el que se acuerda el sobreseimiento de la causa, con la 
sola excepción de los hechos relativos a la aplicación de las subvenciones (concedidas al Racing 
por el Gobierno de Cantabria) a fines distintos a los objetivos de la subvención y el reconocimiento 
y pago de sucesivos ejercicios, lo que deberá investigarse, en procedimiento separado, en el 
juzgado de instrucción que corresponda. A 1 de junio de 2019, no se tiene conocimiento de la 
conclusión de estas actuaciones. 
D)  INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
De acuerdo con el artículo 7 de la LSC, los órganos o entes que propongan el establecimiento de 
subvenciones, con carácter previo, deben concretar en un plan estratégico de subvenciones los 
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. En relación con este asunto, el artículo 
11.1 del RGS (RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003) determina que cada consejería aprobará un plan estratégico que debe abarcar también a 
sus organismos o entes vinculados. Además, conforme al artículo 11.4 del RGS, los planes 
estratégicos contendrán previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por 
especial  naturaleza  del  sector  afectado,  sea  conveniente  establecer  un  plan  estratégico  de 
duración diferente. En este sentido: 
  Todas las Consejerías han presentado un plan estratégico, pero la mayoría no incluye la de 
los organismos o entes vinculados. 
   Solo tres Consejerías presentan planes estratégicos que contienen previsiones para un 
período  de  tres  años,  presentando  el  resto  planes  anuales  sin  que  se  acredite  la  especial 
naturaleza del sector afectado que lo justifique. 
Tres consejerías no han publicado su plan estratégico pese a lo establecido en el artículo 6.2 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno  (y  en  el  mismo  sentido  la  posterior  Ley  autonómica  1/2018,  de  21  de  marzo,  de 
transparencia de la actividad pública). 
Cinco consejerías han utilizado la posibilidad de reducción del plan estratégico prevista en el 
artículo 12.2 del RGS para los casos de subvenciones que se concedan de forma directa o de 
subvenciones que, de manera motivada, se determinen por parte del titular de la consejería 
correspondiente, en atención a su escasa relevancia económica o social como instrumento de 
intervención pública, si bien no se acredita suficientemente el acontecimiento de estas últimas 
circunstancias. 
Por su parte, el artículo 7 de la LSC, establece que el control y evaluación de resultados derivados 
de la aplicación de dichos planes ha de realizarse por la IGAC, sin perjuicio de las competencias 
que la Ley atribuye a las Consejerías, organismos y demás entes públicos.  e
La utilidad de los informes sobre la aplicación de los planes presentados por algunas Consejerías  223ww
e s redEunc idlaas,  dCaodnos qeujeer:í as de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad, aun contando con un
desarrollo de los objetivos estratégicos, no se fijan los indicadores a los que se refiere el artículo
12.1c) del RGS que permitan conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos en el 
cumplimiento de los mismos. 
  En el caso de la Consejería de Presidencia y Justicia, Consejería de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Consejería de medio Rural, Pesca y Alimentación, 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y, Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio, se cuenta con indicadores, si bien estos son exclusivamente de carácter presupuestario 
(crédito concedido, por ejemplo) y administrativo (número de solicitudes, número de concesiones, 
número  de  denegaciones  o  número  de  expedientes  de  reintegro),  sin  abordar  aspectos  de 
eficacia, efectividad o impacto de las actuaciones. 
Además, con la excepción de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ninguno 
de los planes estratégicos incluye los resultados de la evaluación de los planes precedentes, tal y 
como exige el artículo 12.1.d) del RGS44. 
Por otro lado, la LSC recoge en su artículo 19 el deber de información sobre la gestión de 
subvenciones otorgadas por sujetos pertenecientes al sector público de la CA, con el antecedente 
inmediato en el artículo 20 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, precepto que constituye 
legislación básica del Estado y que ha sido desarrollado por el RD 887/2006 que aprueba su 
Reglamento,  cuyos  artículos  36  y  37  establecen,  respectivamente,  el  ámbito  subjetivo  de 
obligados a suministrar información a la base de datos nacional de subvenciones y el contenido de 
dicha información, desarrollado por la Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo. Para adaptar el 
contenido  de  esta  Orden  a  la  Administración  de  la  CA,  sistematizando  la  información  y 
posibilitando  el  cumplimiento  del  deber  de  información  a  la  base  de  datos  nacional  de 
subvenciones, se aprobó la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda HAC/40/2007, de 21 
de diciembre. 
En  relación  con  el  grado  de  cumplimiento  por  la  Comunidad  de  la  normativa  señalada, 
principalmente respecto de la información que se debe suministrar y recoger en la base de datos 
autonómica de subvenciones de Cantabria e, igualmente, de la disponibilidad y aprovechamiento 
de dicha información para conseguir las finalidades legalmente previstas de mejorar la eficacia, 
controlar la acumulación y concurrencia de subvenciones y facilitar la planificación, seguimiento y 
actuaciones de control, destaca: 
  No  se  ha  implantado  la  intervención  prevista  de  la  DG  de  Servicios  y  Atención  a  la 
Ciudadanía en orden a verificar la introducción en la base de datos de la normativa reguladora de 
las subvenciones aparecida en el Boletín Oficial de Cantabria y publicar la misma en el portal web 
de la CA. 
  Sigue pendiente el registro de información de las resoluciones de los procedimientos de 
reintegro de subvenciones, de la recaudación de dichos reintegros, de las sanciones impuestas y 
otras prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.  
Finalmente,  cabe  señalar  que  en  el  Informe  de  la  Comisión  para  la  Reforma  de  las 
Administraciones Públicas, de 21 de junio de 2013, se preveía una modificación de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, pues, entre otras incidencias, se producen duplicidades entre 
el Estado y las CCAA con una insuficiente claridad en la delimitación de funciones, ocasionando 
numerosos  conflictos  de  competencias.  Así,  entre  diversas  medidas  a  incorporar  en  la 
modificación legislativa, dicho informe incluía la necesidad de una mejor utilización de las bases 
de  datos  de  subvenciones  de  las  distintas  administraciones,  asegurando  la  interconexión  e.e
automática de las diferentes bases autonómicas o locales con la Base de Datos Nacional de  b
Subvenciones, operando esta última como sistema de publicidad de las subvenciones concedidas  223ww
4  4   L a    C  A    h a    a  p o  r t a d  o   d  i v e  r s o  s   i n f o  r m  es del artículo 14.2 del RGS, mientras que la crítica que se realiza en este Informe
tsael  creofmieore i nad liac ain ecll uasrtiíócnu leon 1 l2o.s1 .pdr odpeilo csi tpaldaon eresg elasmtraetnétgoi.c os de los resultados de la evaluación de los planes precedentes,
por todas las AAPP, contribuyendo a una mayor transparencia y promoviendo una simplificación 
de procedimientos al ahorrar a los órganos concedentes el trámite de remisión al boletín oficial 
correspondiente.  
En este sentido, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras 
medidas de reforma administrativa, modifica la LGS, estableciendo que la citada base nacional, en 
aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, debe operar como sistema nacional de 
publicidad  de  las  subvenciones  e  integrar  una  base  de  datos  centralizada  sobre  ayudas  y 
financiación para la PYME. A tal efecto, a partir del 1 de enero de 2016, la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones debía incorporar, paulatinamente, información sobre las convocatorias 
de  ayudas  de  la  administración  autonómica  y  local,  favoreciendo  el  conocimiento  de  las 
subvenciones concedidas en todo el espectro territorial. 
Por lo que se refiere a Cantabria, el proceso de integración en la denominada “Base de Datos 
Nacional de Subvenciones 2016” se había completado en sus primeras fases en enero de 2017, 
incorporando progresivamente parte del sector público que hasta la fecha no enviaba datos a la 
base TESEO existente en la CA. No obstante, el antiguo TESEO siguió en uso durante el ejercicio 
fiscalizado, al objeto de intentar cumplir, mediante los listados y extractos obtenidos del mismo, 
con las necesidades del Portal de Transparencia. Durante el mencionado ejercicio se mantuvo la 
carga manual de los datos derivados de las fases de concesiones de las subvenciones y sus 
pagos, con los riesgos que para la fiabilidad de la información ello conlleva, procediéndose, 
además, a la duplicidad en la grabación de datos en el sistema TESEO antiguo y nuevo. 
II.8.7.  Gasto sanitario 
A)  ASPECTOS GENERALES 
El  EA  para  Cantabria  establece  dentro  de  sus  competencias,  según  su  artículo  25,  que 
corresponde a la CA, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la 
misma  establezca,  el  desarrollo  legislativo  y  la  ejecución  en  materia  de  sanidad  e  higiene, 
promoción,  prevención  y  restauración  de  la  salud,  así  como  la  coordinación  hospitalaria en 
general, incluida la de la Seguridad Social, y la ordenación farmacéutica.  
En el ámbito estatal se promulgó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, norma de 
carácter básico, que define el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de los Servicios de 
Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las CCAA. Según el artículo 
50 de la Ley General de Sanidad, en cada CA se constituirá un Servicio de Salud integrado por 
todos  los  centros,  servicios  y  establecimientos  de  la  propia  Comunidad,  Diputaciones  y 
Ayuntamientos que estará gestionado bajo la responsabilidad de la respectiva CA. 
La Ley General de Sanidad incorporó al ámbito del Sistema Nacional de Salud un modelo de 
organización de los centros y servicios caracterizado, fundamentalmente, por la gestión directa. 
Dicha norma reguló, asimismo, la vinculación de los hospitales generales de carácter privado 
mediante convenios singulares y los conciertos para la prestación del servicio sanitario con 
medios ajenos, dando prioridad a los establecimientos, centros y servicios sin carácter lucrativo. 
Posteriormente, la Ley 15/1997, de 25 de abril, de habilitación de nuevas formas de gestión en el 
Sistema Nacional de Salud, estableció que en este ámbito, garantizando y preservando en todo 
caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o socio-sanitaria 
podrían llevarse a cabo a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o  e.
titularidad pública admitidas en Derecho. Asimismo, la prestación y gestión de los servicios  w.b
sanitarios y socio-sanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante  223ww
acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas.
Por su parte, la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, establece la ordenación sanitaria de Cantabria.
B)  EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE CANTABRIA 
La Ley 10/2001, de 28 de diciembre, creó el SCS, organismo autónomo (OA) con personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar, dotado de tesorería y patrimonio propios, así como de 
autonomía de gestión, cuya función es ejercer las competencias de la CA en materia de gestión 
de la asistencia sanitaria. Sus fines generales se fijan en la provisión de servicios de asistencia 
sanitaria y la gestión de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la CA.  
Como se señala en el epígrafe II.2.2 de este Informe, el SCS, amparándose en la DT segunda de 
la Ley autonómica 10/2001, integra sus cuentas en las de la AG, constituyendo una sección 
presupuestaria de la misma, pese a la necesidad de elaborar cuentas propias señalada por este 
Tribunal en los informes de ejercicios precedentes y por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en sus Resoluciones de 24 de septiembre de 2013 y de 27 de mayo 
de 2014. 
Según se desprende del artículo 8 de la Ley 7/2002, el Sistema Sanitario Público de Cantabria 
está compuesto, fundamentalmente, por los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la 
AG de la CA, a través de la Consejería competente en materia de sanidad, y los del SCS. La red 
sanitaria de titularidad privada está formada por las entidades privadas que, sujetas a lo dispuesto 
en la Ley 14/1986 y mediante la formalización de conciertos u otras fórmulas colaboren en la 
prestación de servicios sanitarios con el sistema autonómico de salud.  
Las competencias de la Consejería competente en materia de sanidad se establecen en el artículo 
59 de esta Ley. En relación con ellas, cabe destacar la ausencia de un informe de control de 
eficacia del SCS, conforme lo exige el artículo 85 de la LRJGAC, según se ha señalado en el 
subepígrafe II.4.5.B) del presente Informe. 
El SCS elaboró una memoria anual sobre los principales aspectos de su estructura organizativa y 
actividad durante el ejercicio fiscalizado. A 1 de enero de 2017, el total de la población asistida 
mediante Tarjeta Sanitaria Individual era de 565.366 personas, frente a las 566.688 del año 
anterior.  
Por su parte, la Orden SAN/38/2015, de 7 de agosto, regulaba la inclusión en el Sistema Sanitario 
Público de Cantabria de las personas residentes en la CA que no tengan acceso a un sistema de 
protección sanitaria pública. Tras la declaración de nulidad radical de dicha disposición por 
Sentencia 234/2016, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, con condena en costas a la 
Administración regional, esta procedió a la impugnación de la sentencia ante el Tribunal Supremo.  
Pese a la declaración de nulidad de la Orden, tanto en 2016 como en 2017 el SCS siguió 
tramitando solicitudes con base en esta disposición. Así, a 31 de diciembre de 2016, la memoria 
del Organismo indica que se habían tramitado 820 solicitudes, ascendiendo a 1.104 al cierre de 
2017,  de  las  cuales  se  habían  aceptado  748,  quedando  pendientes  de  resolver  158,  se 
desestimaron 156 y se declaró la caducidad del procedimiento en 200 casos. Por Sentencia del 
Tribunal Supremo 245/2019, 26 de febrero, se desestima el recurso de casación interpuesto por la 
representación procesal del Gobierno de Cantabria, de nuevo con imposición de costas.  
Con fecha 15 de abril de 2016 se emite la Instrucción 1/2016, de la DG de Ordenación y 
Asistencia Sanitaria, que tiene por objeto desarrollar el procedimiento de tramitación de la Tarjeta 
Sanitaria “AA”, que facilita la accesibilidad a determinados servicios sanitarios de los pacientes 
diagnosticados de ciertas patologías. Esta tarjeta AA no otorga ningún derecho sanitario adicional  es
a los pacientes que la posean, siendo su fin lograr una atención más accesible y adaptada a las  o
ndEeenc  22e00s11id77a,, d speeas rh ada ene  lcr edieserustoeaslrtr ooc ol2lol5e 5cd tesiv osoluiscs.i t Ducdoeemssdp.e e  tlae nimciapsla, nlata Ccioónns deeje traíarj edtea sS aAnAid haads tsae  eel s3tr1u cdteu rdaibcaie menb rlea   2021-14223n https://www.
Secretaría General de Sanidad, la DG de Ordenación y Atención Sanitaria y la DG de Salud
Pública, con la adscripción de los OOAA ICASS y SCS. Asimismo, la Consejería ejerce el control y 
la tutela sobre la FMV, dedicada a la docencia e investigación en el campo de las ciencias de la 
salud y la promoción de la salud individual y colectiva de la CA en cualquiera de sus vertientes.  
Esta Fundación se rige por lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, y en sus estatutos. 
No obstante, según los artículos 8 y siguientes de la Ley 50/2002, de Fundaciones, la constitución 
de una fundación exige otorgamiento de escritura pública e inscripción en el correspondiente 
Registro de Fundaciones. Durante el ejercicio fiscalizado, esta fundación seguía sin inscribirse en 
el mencionado registro, habiéndose incumplido el artículo 13.2 de la Ley anterior, donde se señala 
que "transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin que 
los patronos hubiesen instado la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones, el 
Protectorado  procederá  a  cesar  a  los  patronos,  quienes  responderán  solidariamente  de  las 
obligaciones contraídas en nombre de la fundación y por los perjuicios que ocasione la falta de 
inscripción". Por tanto, según el artículo 4 de la citada Ley, la Fundación carecía de personalidad 
jurídica, encontrándose en situación irregular. En este sentido, la DA segunda de la Ley de 
Cantabria 1/2015, de 18 de marzo, autorizó al Gobierno de Cantabria a constituir, conforme a la 
Ley 50/2002, una fundación del sector público autonómico para la promoción y prestación de 
servicios sanitarios y sociosanitarios y la docencia e investigación en el ámbito de la salud que 
integre los medios personales y materiales y los servicios y funciones ejercidas por la actual FMV, 
fundación que debía adoptar idéntica denominación y subrogarse en las relaciones jurídicas de la 
fundación extinguida, no siendo hasta el 17 de abril de 2019 cuando se produjo su inscripción en 
el Registro de Fundaciones de la CA45. 
Por  otro  lado,  durante  el  ejercicio  2013  se  constituyó  la  Fundación  IDIVAL,  en  virtud  de 
autorización otorgada al Gobierno de Cantabria por la DA tercera de la Ley de Cantabria 5/2011, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, iniciando su actividad el 1 de febrero 
de 2014. Esta fundación integró los medios personales y materiales y los servicios y funciones 
ejercidas hasta entonces por el Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla, 
adscrito a la FMV, subrogándose en los convenios y contratos celebrados por esta última en 
relación con el Instituto. 
C)  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN EL ÁREA DE SALUD  
El artículo 61 de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, 
establece que el Plan de Salud es el instrumento de previsión, dirección, planificación estratégica 
y ordenación de las actividades, programas y recursos necesarios para alcanzar los fines de la 
presente Ley, constituyendo el marco básico de referencia del Sistema Autonómico de Salud, en 
los términos de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. En lo que se refiere al 
ejercicio fiscalizado, la CA contaba con el Plan de Salud 2014-2019, elaborado por la entonces 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado por el Consejo de Gobierno, tal como 
prevé el artículo 58 de la Ley 7/2002, el 3 de julio de 2014.  
En el Plan se indicaba que, tras valorar la situación de cada uno de los datos correspondientes a 
sus objetivos a enero de 2014, que pudiera usarse como documento de partida para la evaluación 
periódica, la DG de la Consejería de Sanidad y Servicio Sociales responsable de la planificación 
sanitaria debía emitir un informe sobre el cumplimiento de los objetivos en él previstos, sin que se 
hayan realizado ni el estudio inicial ni los posteriores informes de cumplimiento. 
 
La CA contaba también con el Plan de Atención a la Cronicidad de Cantabria 2015-2019, donde 
se indicaba que el cumplimiento de los objetivos y actuaciones propuestas sería evaluado de  e
forma periódica durante el tiempo de vigencia del Plan de Atención a la Cronicidad de Cantabria,  bo
mediante un informe anual de la situación de cada uno de los datos correspondientes a los  223ww
objetivos del Plan. En el relativo a 2017 solo se indica que la información sobre evaluación se
 4 5   E l   B  o  le  t ín    O  f i c i a l   d  e   l a   C  A    e  x t r a  o r d  inario número 23, del 30 de abril de 2019, publica sus nuevos estatutos.
encuentra en otros informes, de carácter específico para una serie ámbitos, sin que se anexen al 
mismo46. 
D)  EL GASTO SANITARIO EN LA CA 
De  la  Estadística  del  Gasto  Sanitario  Público  de  2017  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios 
Sociales e Igualdad, respecto del análisis de dicho gasto del sector CCAA, destacan los siguientes 
resultados: 
  Las CCAA incurrieron en un gasto sanitario público consolidado de 63.494 millones de 
euros, lo que supone el 5,5 % de su PIB y 1.370 euros de media por habitante. En Cantabria, el 
citado gasto asciende a 850 millones, lo que representa el 6,4 % del PIB regional y 1.462 euros 
por habitante, lo que la sitúa en el octavo puesto entre las CCAA por mayor gasto por habitante.  
  En el conjunto de las CCAA, la tasa de variación del gasto sanitario público respecto del 
ejercicio anterior fue del 3 %, mientras en Cantabria este porcentaje ascendió al 0,9.  
  Cantabria  destinó  el  48,8 %  del  total  del  gasto  sanitario  público  consolidado  de  la 
Comunidad a remuneración de su personal, mientras que la media del total de las CCAA fue del 
45,1 %.  
El crédito aprobado en los presupuestos de 2017 para la Consejería de Sanidad fue de 19.291 
miles de euros (18.599 miles en 2016 y 17.972 miles en 2015), sufriendo unas modificaciones 
negativas por 3.414 miles de euros (2.625 miles en 2016 y 610 miles en 2015). Se han reconocido 
obligaciones en el ejercicio por importe de 14.492 miles de euros (14.492 miles en 2016 y 16.102 
miles en 2015). 
El crédito dotado inicialmente en el mismo ejercicio para el SCS, como sección presupuestaria 
independiente, ascendió a 805.615 miles de euros (787.158 miles en 2016 y 778.850 miles en 
2015), viéndose incrementado, a través de modificaciones presupuestarias, en 25.517 miles de 
euros (11.476 miles en 2016 y 36.937 miles en 2015). Se han reconocido obligaciones por importe 
de 827.390 miles de euros, lo que supone un 5 % más que en el ejercicio precedente (786.724 
miles  de  euros),  si  bien,  han  de  considerarse  también  los  gastos  pendientes  de  aplicar  al 
presupuesto, cuya adición supone que los márgenes entre las cifras de gasto queden reducidos. 
En consecuencia, dado el peso relativo que tienen en el presupuesto de la CA ambas secciones, 
el análisis del gasto sanitario se centra en el SCS. 
1.  Estructura del SCS 
Junto a sus órganos directivos (Director Gerente y Subdirecciones de Asistencia Sanitaria, de 
Recursos Humanos y Coordinación Administrativa, de Gestión Económica e Infraestructuras y de 
Desarrollo y Calidad Asistencial), los órganos de gestión del SCS (dependientes de los anteriores) 
son las Gerencias de Atención Primaria, de Atención Especializada Área I Hospital Universitario 
Marqués  de  Valdecilla,  de  Atención  Especializada  Área  II  Hospital  Laredo  y  de  Atención 
Especializada Áreas III-IV Hospital Sierrallana. 
                                                
“4E6 sEtrna teelg tiraá mdeit eC rdoen iacliedgaadc, imonaercso s eev aaldujautnivtaon 2 t0r1e6s -2in0fo1r7m” ey s“ E(Ivnaflouramceió nd eru Ptar oPglruersipoa tdoeló lgai cEosst r2a0te1g7i”a).  de Cronicidad 2017”,
2.  Evolución del gasto 
La evolución de las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto del SCS por capítulos es 
la que se muestra en el siguiente cuadro: 
CUADRO Nº 31. EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS SCS  
(miles de euros) 
Obligaciones Reconocidas 
Capítulos 
2015  2016  2017 
C.1. Gastos de personal  388.062  397.382  399.094 
C.2. Gastos corrientes en bienes y servicios  274.647  244.975  261.718 
C.3. Gastos financieros  296  138  231 
C.4. Transferencias corrientes  124.759  130.951  146.751 
C.6. Inversiones reales  13.115  13.278  19.595 
C.8. Activos financieros  0  0  0 
Totales  800.880  786.724  827.389 
Variación de los gastos pendientes de 
38.489  53.479  24.885 
imputar a presupuesto 
El importe de la variación de los gastos pendientes de imputar a presupuesto, en el caso concreto 
de  2017,  corresponde  a  la  diferencia  entre  los  gastos  efectuados  en  dicho  ejercicio  cuya 
reconocimiento de la obligación quedó pendiente (150.482 miles de euros) y las obligaciones 
reconocidas en 2017 que correspondían a gastos realizados en ejercicios anteriores (125.597 
miles). De los mencionados 150.482 miles de euros, el 5 % corresponden al capítulo 1, el 62 % 
correspondía al capítulo 2 y el 33 % al capítulo 4. 
Las obligaciones reconocidas en el capítulo 2 están vinculadas, principalmente, con el gasto en 
farmacia hospitalaria, analizado en el subepígrafe II.8.7.E siguiente. 
En  todos  los  ejercicios,  el  capítulo  con  más  peso  relativo  sobre  el  total  de  obligaciones 
reconocidas, es el de gastos de personal (48 % en 2017), disminuyendo este en relación a 2016 
(51 %). A continuación se encuentra el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, que se 
mantiene en porcentaje similar respecto de 2016 (31 %). El capítulo 4 sufre un incremento 
continuado del 1 % en los tres últimos ejercicios, pasando del 16 % de 2015 al 18 % de 2017.  
Las obligaciones reconocidas en el capítulo 3 (231 miles de euros) vuelven a incrementarse, tras 
la reducción de 2016 hasta los 138 miles. 
En el siguiente cuadro se muestra la distribución por Centro de Gasto (por Servicio de la Sección 
11 del presupuesto): 
CUADRO Nº 32. CENTROS DE GASTO DEL SCS 
(miles de euros) 
Obligaciones Reconocidas 
Centro de Gasto (Servicio) 
2015  2016  2017 
Dirección y SSGG   152.993  161.723  187.339 
G.A. Primaria   126.344  130.111  131.156 
G.A.Especializada.  Área  1:  Hospital  Marqués  de  388.143  368.607  379.930 
Valdecilla  
G.A.Especializada. Área 3 y 4: Hospital Sierrallana   84.568  80.056  81.274 
G.A.Especializada. Área 2: Hospital Laredo   48.832  46.227  47.689 
Totales  800.880  786.724  827.388 
Como puede observarse, es el Hospital Marqués de Valdecilla, el servicio que concentra la mayor 
parte  del  gasto  presupuestario  del  SCS,  representando  en  torno  al  45 %  del  total  de  las 
obligaciones reconocidas en el periodo. 
E)  GESTIÓN DE PERSONAL DEL SCS 
Se entiende por personal del Sistema Sanitario Público de Cantabria el personal de los centros e 
instituciones sanitarias integrados en la Administración de la CA o en los organismos públicos o 
entidades de naturaleza pública vinculadas o dependientes de la misma.  
La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, dispone que la planificación de los recursos humanos en los servicios de salud se 
instrumenta, principalmente, a través de los Planes de Ordenación de los Recursos Humanos, 
regulados en su artículo 13. El vigente Plan de Ordenación se incorporó como anexo al Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de enero de 2007, por el que se aprobó el “Acuerdo integral 
para la mejora de la calidad en el empleo del personal de Instituciones Sanitarias del SCS”, siendo 
modificado el 15 de diciembre de 2011 en materia de prolongación en el servicio activo. La 
actualización del estudio de edades del personal facultativo a medio plazo, integrante del citado 
plan y correspondiente a 2017, no se había ultimado al cierre de 2018. 
Durante el periodo 2015-2018 no hubo ninguna reunión de la comisión de seguimiento del citado 
Acuerdo integral para la mejora de la calidad. 
Al cierre del ejercicio fiscalizado, la Consejería de la CA competente en materia de sanidad no 
había creado aún el Registro de Personal de Instituciones Sanitarias previsto en el artículo 11 de 
la Ley 9/2010, donde debe inscribirse al personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley.  s
Además, su artículo 15 mandataba al referido órgano a crear un Observatorio de Recursos  oe.
Humanos, lo que tampoco se ha llevado a la práctica.  w.
Pinosrt itsuuc ipoanretes,  ssaengiútanr ieals a dretí cCualon 1ta2b driea ,l ala L pelya n9t/i2lla0 1o0r,g dáen ic2a3  edse  edli ciniesmtrburmee, ndteo  pteércsnoicnoa ld ees toartduetanraioc iódne 
dpeule spteorss oan 3a1l  edset adtiuciteamriob.r eE ld en ú2m01e7ro,  edse d eef e8c.7ti4vo3s,  etsetóarnicdoos  odceu plaa dpolsa n8t.i1lla5,6  ipnucleusyteonsd. oD eto edsot at iúploti mdae   BOE-A-cable e
cifra, los puestos cubiertos por personal interino ascienden a 2.804, lo que representa el 34 % de 
los efectivos de plantilla (31 % el año anterior). La CA ha iniciado procesos para la estabilización 
del empleo temporal que, como se ve, afecta de forma relevante al SCS tanto en el ejercicio 
fiscalizado como en los anteriores y que ha crecido en 2017.  
Junto a los citados interinos, el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece otras dos clases de personal 
estatutario temporal: eventual y de sustitución. El SCS disponía, a 31 de diciembre de 2017, de 
764 eventuales y de 1.161 sustitutos. En el personal eventual se ha producido un incremento de 
efectivos respecto de 2016 (746 personas).    
El número de nombramientos eventuales en los que, a 31 de diciembre de 2017, se produce la 
situación descrita en el artículo 9.3 de la Ley 55/2003 y que hace necesario el estudio de la 
creación de una plaza estructural en la plantilla (más de dos nombramientos para la prestación de 
los mismos servicios por un período acumulado de 12 o más meses en un período de dos años), 
asciende al menos a 75.  
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-16/15, de 14 de 
septiembre de 2016, resuelve que la utilización de nombramientos de duración determinada 
sucesivos para atender necesidades permanentes en el sector de los servicios de salud es 
contraria al derecho de la Unión. En este sentido el SCS procedió, durante 2017, a la creación de 
31 plazas en la plantilla para recoger tareas que se veían prestando con continuidad mediante 
trabajadores eventuales y así consolidar dichas situaciones. 
En relación con los citados nombramientos temporales, el artículo 37.4 de la LP para 2017 
establecía que durante dicho año no se procedería a la contratación de personal temporal, así 
como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Pese a ello, no existe un 
procedimiento al efecto, donde la consejería de adscripción del OA o la de hacienda y función 
pública valide la concurrencia de estas circunstancias, pues el SCS considera, con carácter 
general, que todos los nombramientos estatutarios temporales reúnen estas características47. 
Por otra parte, a 31 de diciembre de 2017 un total de 184 efectivos (frente a los 169 del ejercicio 
inmediato anterior) se encontraba ocupando plaza en virtud de nombramiento bajo la modalidad 
de “promoción interna temporal”. Del personal en esta situación, el 18 % corresponde al grupo 
auxiliar de la función administrativa. 
Durante el tiempo en que se realicen las funciones en promoción interna temporal, el personal 
percibe  las  retribuciones  correspondientes  a  las  funciones  efectivamente  desempeñadas, 
manteniéndose en servicio activo en su categoría de origen. Se aprecia el riesgo de que los 
nombramientos  amparados  en  dicha  figura  supongan  una  consolidación  de  hecho  de  estas 
situaciones temporales del personal.  
El artículo 43 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones 
sanitarias de la CA, señala que, por necesidades del servicio, en los supuestos en que un puesto 
de trabajo o plaza se encuentre vacante o temporalmente desatendido, puede ser cubierto en 
comisión  de  servicios,  teniendo,  con  carácter  general,  un  plazo  de  un  año  prorrogable  por 
periodos de igual duración de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo o de persistir la 
necesidad. Al menos 224 trabajadores del SCS se encontraban en comisiones de servicio con 
duración superior a dos años al cierre del ejercicio fiscalizado (116 de ellas con duración superior  es
                                                
4c7a bCoo mtaol  csoenñtraolal” . la CA en sus alegaciones, la LP “no determina el procedimiento o el órgano competente para llevar a
a cinco años), lo que cuestiona el uso de esta figura con el carácter temporal anteriormente 
referido48. 
El artículo 51 de la misma Ley señala que determinados puestos de trabajo (no plazas básicas), 
serán  provistos  mediante  concurso  específico  de  méritos.  Los  adjudicatarios  obtendrían  un 
nombramiento temporal para el puesto de cuatro años de duración, al término de los cuales deben 
ser evaluados a efectos de su continuidad en el mismo. Dado que sigue sin dictarse la norma 
reguladora que establezca las bases que han de regir el anterior concurso de méritos, no se ha 
efectuado  ningún  concurso  (ni  realizado  la  valoración  anterior),  cubriéndose  estos  puestos 
singularizados mediante comisión de servicios. Durante el ejercicio fiscalizado no se ha acreditado 
que los puestos de jefatura de servicio y de sección de atención especializada hayan sido 
provistos mediante el procedimiento regulado en el artículo 52 de la Ley 9/2010.  
                                                  223ww
“E4c8l oloEr rneim ssppuoliscn ada elqenug eaa  cpliaoe nrdseuosrn,a aclali óc nCo nAd  peil naddziicach aea,n ss  eicnlo  SmaCpisSoior qtnauere sd  soqecu ueemdncaeu nvetiannctcriuaól nae dnaa cc roaem dlaiits airoteinvsaeo slud dceei ó esnlel odr,ve iq cciuooe ne v6no8 oc tacrtooosmr iSaisseio rdnveiec siop srdo edc ees seSorasvl iucddieo.  
mpeorvmiliitdieandd voo qluunet aerli atr apboar jdaidcohro cso Snetinrvúicei opsre dseta Snadlou ds.e rMviiceinotsra fsu eérsat odse ln SoC sSe” .p roducen se prorroga la comisión de servicios
Finalmente, en el siguiente cuadro muestra la situación en que se encuentran las ofertas de 
empleo no concluidas al cierre de 2017:  
CUADRO Nº 33. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO SCS. AÑO 2017 
Nº plazas 
Nº plazas 
Ofertas  pendientes  Nº plazas 
Fecha de  convocadas  Situación del 
públicas de  Fecha de  Nº de  de  adjudicadas 
publicación de  pendientes  proceso a 31 de 
empleo en  Norma  publicación  plazas  Subgr.  convocar a  a 31 de 
convocatorias  resolución a  diciembre de 
vigor en  en BOC  ofertadas  31  diciembre 
en BOC  31 diciembre  2017  
2017  diciembre  de 2017 
2017 
de 2017 
2 procesos 
selectivos en 
Decreto 
Personal  fase de 
70/2012, de 
OPE 2012  10/12/2012  17  Estatutario  0  04/08/2014  7  10  publicación de 
29 de 
Sanitario: A1. 17  aprobados y 
noviembre 
oferta de 
plazas 
Personal 
Estatutario 
Decreto  Sanitario: A1:2,  3 procesos 
85/2013, de  y, C1:6 Personal  selectivos en 
OPE 2013  31/12/2013  13  0  27/03/2015  9  4 
26 de  Estatutario de  fase de 
diciembre  Gestión y  concurso 
Servicios: A2:3, 
y, C1 :2 
Relación 
definitiva de 
Decreto  Personal  aprobados de 
82/2014, de  Estatutario  la fase de 
OPE 2014  31/12/2014  30  0  24/05/2016  30  0 
26 de  Sanitario: A1:18,  oposición en 
diciembre  y A2:12  los 3 procesos 
selectivos 
convocados 
Resultados 
provisionales 
Personal 
Decreto  de la fase de 
Estatutario 
OPE 2015  39/2015, de  04/06/2015  85  0  04/07/2016  85  0  oposición en 
Sanitario: A1:45, 
22 de mayo  los 2 procesos 
y A2:40 
selectivos 
convocados 
Personal 
Estatutario 
Sanitario:  Las 
Decreto 
A1:176, A2: 80  convocatorias 
81/2016, de 
OPE 2016  30/12/2016  280  Personal  280  10/01/2018  0  0  se publicaron 
22 de 
Estatutario de  el 10 de enero 
diciembre 
Gestión y  de 2018 
Servicios: AA 
PP: 24 
Personal 
Estatutario  A lo largo de 
Decreto  Sanitario: 1097  2018 se 
91/2017, de  plazas; Personal  04/06/2018;  publican las 
OPE 2017  21 de  29/12/2016  1339  Estatutario de  1339  05/06/2018;  0  0  convocatorias 
diciembre  Gestión y  03/08/2018  para 46 plazas 
Servicios: 242 
plazas 
Desde un punto de vista de una gestión eficaz de los recursos humanos, cabe cuestionar el hecho 
de tener aún pendiente de resolución, a 31 de diciembre de 2017, plazas correspondientes a las 
necesidades de estos recursos detectadas en los ejercicios 2012 y 2013 y que culminaron en las  e.
respectivas Ofertas de Empleo Público.  w.b
Llao sfa rseet rdaeso cso onbcsuersrvoa ddeo sl odse rpivroacne esons p, atartree ad eql utiee mnop os ee mdpelseaardrool lean d lea  mvaalonrearcai óinnf odrem laotsiz madéari tyo sq ueen 
tampoco cuenta con el soporte de aplicaciones curriculares que permitan la validación previa de
los méritos49. Los procesos abiertos en los últimos ejercicios y su situación a 1 de junio de 2019 se 
muestran en el cuadro siguiente: 
CUADRO Nº 34. PROCESOS SELECTIVOS ABIERTOS DE PERSONAL SANITARIO EN 
CANTABRIA 
(en número) 
Ejercicio  Convocatorias abiertas  Plazas afectadas 
2014  9  31 
2015  12  30 
2016  17  145 
2017  10  131 
2018  55  1.741 
La demora en la resolución de los procesos convocados tiene como consecuencia el incremento 
de los niveles de interinidad y temporalidad. 
F)  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  
Las obligaciones reconocidas en el capítulo 2 del SCS ascendieron a 261.716 miles de euros, con 
el  detalle  que  se  muestra  en  el  siguiente  cuadro.  El  programa  312A  (asistencia  sanitaria) 
concentra el gasto realizado por el SCS en el capítulo mencionado, con 261.095 miles de euros. 
CUADRO Nº 35. GASTOS CAPÍTULO 2 SCS  
(miles de euros) 
Artículo  Contenido  Importe 
20  Arrendamientos y cánones  1.035 
21  Reparaciones, mantenimiento y conservación  7.784 
22  Material, suministros y otros  222.493 
23  Indemnizaciones por razón servicio  845 
26  Asistencia sanitaria con medios ajenos  29.559 
Adicionalmente a la información mostrada en el cuadro anterior, cabe destacar, como ya se señaló 
anteriormente, que el 62 % del saldo a 31 de diciembre de 2017 de los gastos pendientes de 
imputar a presupuesto del SCS correspondía a este capítulo, concentrando el artículo 22 el 97 % 
de dicho saldo (95 % en 2016), en donde destacan, en particular, las cantidades pendientes de 
imputar en los suministros de productos farmacéuticos, implantes y otro material sanitario. 
 4 9   E  n   l a s    a l e  g a  c i o  n e  s ,   l a   C  A    d  o c  u m   e  nta la puesta en funcionamiento de una aplicación curricular vía web, la cual, según
sfeec hinafo dremsad,e f alac iqlituaerá e slatá p orepseernattaivcaió. n de méritos y su posterior valoración en la fase de concurso, aunque no se indica la
Se analizan a continuación diversos aspectos de los artículos que concentran el gasto (22 y 26). 
1.   Material, suministros y otros (artículo 22) 
Dentro de este artículo, destaca la farmacia hospitalaria. Así, el siguiente estado muestra cómo ha 
sido la evolución de este gasto en farmacia (intrahospitalario y ambulatoria) desde 2012 hasta 
2017: 
CUADRO Nº 36. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN FARMACIA HOSPITALARIA50 
(miles de euros) 
Gasto Total 
Periodo  Hospital Valdecilla  Hospital Sierrallana  Hospital Laredo 
Comunidad 
2012  69.435  52.431  13.545  3.458 
2013  73.442  55.415  13.748  4.279 
2014  77.308  58.220  14.344  4.744 
2015  104.194  77.010  18.133  9.051 
2016  86.239  63.176  17.323  5.740 
2017  92.234  69.149  17.099  5.985 
En 2015, el fuerte incremento experimentado (un 35 % respecto el ejercicio anterior) se debió 
fundamentalmente a la entrada en vigor, en abril de 2015, del Plan nacional de abordaje de la 
Hepatitis  C,  aprobado  por  el  Consejo  Interterritorial  del  Servicio  Nacional  de  Salud,  siendo 
Cantabria  la  CA  con  el  mayor  ratio  de  gasto  en  medicamentos  antivirales  de 
acción directa contra dicha enfermedad en relación con la población. Aunque en 2016 continuó 
aplicándose este Plan Nacional, la implementación en este ejercicio de los abonos por volumen de 
precio acordados por el Ministerio de Sanidad con los laboratorios farmacéuticos, generó una 
importante reducción de este gasto. En 2017 se vuelve a producir un incremento de este gasto 
(6,9 %), sin que la introducción de medicamentos biosimilares haya logrado su contención.  
Según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Hacienda, el gasto hospitalario de las CCAA en 
productos  farmacéuticos  y  sanitarios  se  vio  incrementado  en  un  3 %  durante  el  ejercicio 
fiscalizado, es decir, en un porcentaje inferior que en Cantabria. 
2.  Gasto derivado de atención sanitaria por medios ajenos (artículo 26) 
Las prestaciones financiadas por el Sistema Nacional de Salud en Cantabria pueden hacerse 
efectivas directamente por el SCS, indirectamente (a través de derivaciones a otros centros del 
Sistema  Nacional,  con  su  correspondiente  orden  de  asistencia  o  a  través  de  contratos  o 
conciertos)  y,  finalmente,  reintegrando  el  importe  económico  que  el  paciente  haya  podido 
adelantar. 
En cuanto a las prestaciones realizadas indirectamente, a través de derivaciones a otros centros 
del Sistema Nacional de Salud con su correspondiente orden de asistencia, o, a través de 
contratos o conciertos, hay que indicar que el Fondo de Cohesión Sanitaria, creado por la Ley 
21/2001 compensa la asistencia sanitaria prestada a aquellos pacientes residentes en España que  s
se deriven a una CA distinta de aquella en la que tienen su residencia habitual, siempre que la  e.
atención haya sido solicitada por la CA de residencia y cuando esta no disponga de los servicios o  w.
recursos adecuados. El proceso de derivación y prestación de la asistencia se registra y valida  223ww
mediante el sistema de información desarrollado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
5  0   In  c l u  y e    p r o  d  u c  t o s   s  a  n i t a r i o  s   n o    m  e  dicamentosos adquiridos por los servicios de farmacia de los hospitales.
colaboración con las CCAA, del que se desprende que, en 2016, se realizaron 1.018 derivaciones 
por Cantabria, frente a las 1.126 recibidas de otras autonomías. 
Por su parte, de los conciertos para la prestación sanitaria con centros privados vigentes en 2017, 
se reconocieron obligaciones por 12.829 miles de euros, lo que supone el 43 % del total de 
obligaciones  reconocidas  en  el  artículo  26  “asistencia  sanitaria  con  medios  ajenos”  del 
presupuesto de gastos del SCS. 
La Inspección de servicios sanitarios, dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, a través de la DG de Ordenación y Atención Sanitaria, es la unidad encargada de las 
competencias en materia de inspección y evaluación de servicios sanitarios en los términos 
previstos en los artículos 59.d y 73.f de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, sin que se haya 
acreditado la realización de actuaciones de esta índole en relación con los servicios concertados. 
Finalmente y por lo que se refiere al sistema de reintegro al paciente, el RD 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de 
Salud y el procedimiento para su actualización, incluye las prestaciones en las que, una vez 
realizada la prescripción por el facultativo correspondiente en cada caso, el paciente adquiere el 
producto y, posteriormente, el servicio de salud reintegra, total o parcialmente, el coste de dicho 
producto.  Estas  prestaciones,  en  el  ámbito  del  SCS,  son  las  ortoprotésicas  y  ciertos 
medicamentos y productos sanitarios en situaciones especiales. 
El  procedimiento  se  basa  en  la  existencia  de  un  catálogo  de  productos  y  unas  tarifas  de 
financiación establecidas para cada producto. En el ámbito del SCS, al igual que en algunas otras 
CCAA, se sigue utilizando el catálogo establecido por el INSALUD en junio de 2001. Durante 2017 
se reconocieron obligaciones por 2.231 miles de euros derivadas de reintegros de gastos. 
G)  GASTOS FINANCIEROS 
Los obligaciones reconocidas en el capítulo 3 del presupuesto de gastos del SCS ascendieron a 
231  miles  de  euros  en  2017.  Tras  alcanzar  los  15.170  miles  de  euros  en  2013  y  como 
consecuencia de la inclusión de las deudas comerciales del SCS en los mecanismos de liquidez 
de las CCAA y pago a proveedores, en 2014 se inició una importante reducción, que se ha 
consolidado posteriormente (296 miles en 2015, 138 miles en 2016 y 231 miles en el ejercicio 
fiscalizado). 
H)  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
El gasto por receta farmacéutica constituye el principal componente del gasto en el capítulo 4 del 
SCS.  En  2017  el  incremento  del  gasto  correspondiente  a  la  facturación  de  la  prestación 
farmacéutica ambulatoria por las oficinas de farmacia en el territorio de la CA ha sido del 2,63 %, 
en línea con el incremento medio producido en el total de las CCAA y Ciudades con EA (2,6 %), 
tal como se ve en el cuadro siguiente, según datos del Ministerio de Sanidad: 
CUADRO Nº 37. GASTO PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA 
(miles de euros) 
Nº recetas  Gasto  s
Entidad  e.e
Total 2017  ∆ (%)  Total 2017  ∆ (%)  o
Cantabria  11.087.617  0,64  140.662  2,63  223ww
TAouttaóln oCmoams unidades  y  Ciudades  908.519.320  0,77  10.170.786  2,6
Según  se  refleja  en  la  cuenta  409  “acreedores  por  operaciones  pendientes  de  aplicar  a 
presupuesto”, se imputaron 47.834 miles de euros al presupuesto de 2017 por el gasto de las 
recetas médicas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, mientras 
que en el saldo de la cuenta 413 “acreedores por operaciones devengadas” están incluidos gastos 
correspondiente a los mismos meses de 2017 por importe de 48.934 miles de euros, que se 
imputarán al presupuesto de 2018.  
Mediante concierto rubricado en 2008 entre el SCS y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Cantabria, se fijaron las condiciones para la prestación farmacéutica a través de las oficinas de 
farmacia. De acuerdo con el mismo, el SCS debe comprobar la facturación presentada por el 
Colegio y las diferencias por las causas de nulidad tipificadas, que surgieran como resultado de la 
comprobación, comunicarse al Colegio dentro de los cuatro meses siguientes a la ultimación de la 
entrega de recetas y de los soportes informáticos, procedimiento que, en 2017, supuso la solicitud 
de devolución al Colegio por un importe total de 43 miles de euros (31 miles en 2016).  
La evolución de los datos de prescripción de medicamentos por principio activo, tendencia que se 
mantiene como objetivo institucional, se muestra en el cuadro que figura a continuación.  
CUADRO Nº 38. EVOLUCIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO  
(número de envases) 
Envases vendidos  Envases prescritos por  (2)/(1) 
Periodo 
Comunidad (1)  principio activo (2)  (%) 
2012  12.290  7.182  58,4 
2013  11.645  6.671  57,2 
2014  11.903  6.649  55,8 
2015  12.251  6.530  53,3 
2016  12.531  6.419  51,2 
2017  12.664  6.347  50,1 
Pese  a  ser  la  prescripción  por  principio  activo  un  objetivo  del  sistema  de  salud,  se  viene 
produciendo una disminución sistemática en su importancia, tanto en número de envases como en 
el importe económico asociado.  
Por lo que se refiere a la interoperabilidad de la receta farmacéutica, cabe destacar que, con fecha 
25 de mayo de 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Cantabria y la 
entidad pública empresarial Red.es, suscribieron el Convenio Trilateral de Colaboración para el 
desarrollo del Programa de Salud y Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el 
ámbito del Sistema Nacional de Salud. Las actuaciones previstas se dirigían al impulso del 
despliegue de la receta electrónica interoperable, al desarrollo de servicios para ciudadanos y 
profesionales basados en la disponibilidad de la Historia Clínica Electrónica y, finalmente, al 
acceso en línea de los ciudadanos a su historia clínica digital. Las actuaciones, que debían 
llevarse a cabo hasta el cierre de 2016, no habían concluido a dicha fecha, lo que motivó la firma 
de una adenda donde se fijó un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2017, no siendo 
hasta el 28 de diciembre de este último año cuando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad certificó a Cantabria en la interoperabilidad de la receta electrónica (tanto en el perfil de 
emisor como de receptor), sin que se tenga constancia de haberse alcanzado los resultados 
previstos en relación con el resto de objetivos.  e.e
I)  CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS PRESTACIONES Y GASTO SANITARIO 
1.   Evolución de las listas de espera  
De acuerdo con la información del Ministerio de Sanidad, los datos más relevantes sobre las listas 
de espera a 31 de diciembre de 2017 en Cantabria son los siguientes: 
CUADRO Nº 39. LISTAS DE ESPERA  
Media Sistemas 
  Cantabria 
 Salud CCAA 
Tasa de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes  15,4 
(%)  14,1 
Tiempos medios de espera quirúrgica (días)  86 
93,2 
Porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera  11,1 
quirúrgica (%)  12,8 
Tasas de pacientes en espera para consultas por 1.000  83,4 (*) 
50,6 
habitantes (%) 
Tiempo medio de espera para consultas (días)  77 
63,8 
Porcentaje de pacientes con más de 60 días de espera para  73,3 
41,2 
consultas (%) 
(*)   La CA indica que este dato no es homogéneo con el resto de CCAA, al partir el suyo de la información disponible 
para todas las consultas, en lugar de las diez seleccionadas por el Ministerio para configurar este indicador.  
A dicha fecha, el número total de pacientes en espera estructural quirúrgica ascendía a 8.689. 
Destaca la mayor tasa de pacientes en espera para consultas por 1.000 habitantes sobre la media 
de los servicios de salud de todas las CCAA (más de 30 puntos porcentuales) y el porcentaje de 
pacientes con más de 60 días de espera para consultas, cercano al doble de la media nacional. 
En la fecha señalada, el número total de pacientes pendientes de una primera consulta era de 
47.145 y el tiempo medio de espera para acceder a ella era de 77 días, superior en 13 al de la 
media nacional.  
La evolución de las listas de espera a lo largo del año 2017 ha mostrado una disminución a nivel 
global, pasando de una cifra de 81.116 pacientes en espera al cierre de diciembre de 2016, a 
78.635 en la misma fecha de 2017, lo que supone un decremento del 3 %. 
En el ejercicio fiscalizado, el número de pruebas diagnósticas efectuadas ascendió a 584.77051, 
según datos aportados por el SCS durante la fiscalización, de las cuales 210.316 tenían la 
condición de diagnósticas incruentas o poco agresivas, que facilitan el diagnóstico ambulatorio y la 
falta de internamiento en los hospitales, que se incrementaron un 6,5 % respecto del año anterior. 
En relación con lo anterior, la lista de espera en pruebas técnicas disminuyó un 12 %.  
El número de cirugías programadas ha crecido en el periodo 2014-2017 en un 0,9 %, hasta 
situarse en 27.107. El número de días de estancia media derivado de los procesos quirúrgicos se  e
ha reducido de 5,01 a 4,91. Este leve incremento de las intervenciones no ha conseguido paliar la  bo
lista de pacientes en espera, que aumentó un 4 %, de lo que se deduce que, con las medidas  223ww
 5 1   E  n   l a   m   e m   o r i a    d e  l  S  C   S   c  o  r re  s  p o  n  diente a 2017, se indica que “el número de pruebas realizadas durante el año 2017
hcoan s eidl oa pdoer t1a.d1o7 6d.u3r7a1n”t,e  alad jfuisnctáanlizdaocsieó ns iyn  qeumeb faigrugroa  uenna e tla tbelxat oq dueel  tIontfaolrimzae .6 61.598 pruebas, dato que tampoco coincide
adoptadas hasta el momento, no es posible agilizar la actividad quirúrgica y, por ende, disminuir 
las listas de espera. 
El número de consultas externas, por su parte, ha crecido en un 4,9 % en el periodo 2014-2017, 
concentrándose el mayor incremento (75 % del total) en el ejercicio fiscalizado, hasta situarse en 
931.374, si bien ello no ha logrado reducir la lista de espera. 
El SCS, a diferencia de otras CCAA, no ha creado unidades “intermedias” o centros donde se 
realicen procesos asistenciales ambulatorios en los que quede establecido un diagnóstico junto 
con su correspondiente tratamiento y reflejados ambos en un informe clínico, tendentes a realizar 
estas actividades en una sola jornada, aunque está desarrollando en los centros de atención 
especializada consultas de alta resolución en diferentes especialidades y, en el campo de la 
cirugía menor, se han organizado agendas para atender procesos de complejidad intermedia por 
parte de los Médicos de Familia de Atención Primaria en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, aunque no se ha aportado valoración de la eficacia y eficiencia lograda con estas 
medidas. 
Como medida tendente a la racionalización de los recursos, a lo largo del período 2016-2017 se 
han  desarrollado  e  implantado  tres  de  las  denominadas  rutas  asistenciales  (protocolos  de 
actuación y criterios de derivación en determinadas situaciones). En ellos se especifican aquellos 
casos en que los pacientes con un determinado problema de salud han de ser remitidos desde 
atención primaria para recibir atención a nivel hospitalario, indicando además en qué condiciones 
han de ser derivados. No obstante, la aprobación de dos de ellas no se realiza hasta finales del 
ejercicio fiscalizado, sin que se haya remitido documentación acreditativa de los efectos derivados 
de su implantación. 
Por otra parte, la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en 
atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria establece en su 
artículo 5 un máximo de 180 días para procedimientos quirúrgicos y de 60 para primeras consultas 
de atención especializada. El tiempo medio de espera en estas últimas fue de 77 días, plazo que 
supera, a la vista de lo reflejado en el cuadro anterior, lo establecido en dicho artículo. Por su 
parte, 7.242 pacientes acumulaban, al cierre del ejercicio fiscalizado, un tiempo de espera para 
pruebas técnicas mayor que el indicado por la citada ley. 
Las derivaciones realizadas a la sanidad privada procedían exclusivamente de las peticiones 
realizadas por los pacientes, en virtud de la legislación de garantías citada (tras superarse el 
periodo máximo de espera previsto en la misma). En el siguiente cuadro se muestra su evolución 
en el periodo 2016-2018, destacando el incremento en el ejercicio fiscalizado de las pruebas 
diagnósticas realizadas en centros privados: 
CUADRO Nº 40. DERIVACIONES A LA SANIDAD PRIVADA 
(en número) 
Año 
 
2016  2017  2018 
Intervenciones quirúrgicas  242  204  285 
Consultas externas  109  157  74  s
Pruebas diagnósticas  266  618  500  bo
Edel  alirstítcausl od e1 4e psrpeevréa ,q au ep rlae sceonntsaer jearl íaP acrolammpeenteton ted ee nC manattaebrriaia d een s aenl ipdraimd eerl atbriomree sutrne  indfeo rcmaed aa nauñaol 
natural, sin que se haya acreditado la presentación de los relativos a los ejercicios 2016 y 2017.
Por su parte, la DA primera de la Ley habilitaba al Consejo de Gobierno a establecer plazos 
máximos de respuesta inferiores a los antes señalados, sin que ello se hubiera llevado a la 
práctica.  
Según datos del Sistema de información de atención primaria del MSSSI, el personal médico de 
atención primaria por 1.000 personas asignadas en 2017 ascendía, en la CA, a 0,83, frente a la 
media nacional de 0,77. Por su parte, la media de pacientes por día a atender por los médicos de 
familia de la atención primaria fue de 30,24 y de 25,21 por los pediatras. La CA señala que, 
durante 2017, se trabaja con los centros de salud en la creación de un plan de gestión de la 
demanda y creación de agendas de calidad, en más del 50 % de los centros con agendas con 
diez minutos por paciente, así como en un procedimiento para la atención de las urgencias y 
emergencias en los centros de salud, mejorando de esta manera la calidad del servicio, prestando 
una mejor atención a las patologías no demorables. No se ha acreditado la aprobación formal de 
estos planes o protocolos de gestión de la demanda, ni la evaluación de los logros conseguidos 
mediante ellos, si bien las cifras medias anteriores muestran que se estaría dentro del estándar de 
los diez minutos. 
Finalmente, cabe señalar que el artículo 28 de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación 
Sanitaria de Cantabria prevé que el ciudadano tiene derecho a la libre elección de médico, centro 
y  servicio  dentro  del Sistema  Sanitario  Público  de  Cantabria,  sin  otras  limitaciones  que  las 
derivadas  de  las  necesidades  de  la  organización  sanitaria,  la  calidad  de  la  prestación,  la 
continuidad de cuidados, el tratamiento por procesos y la disponibilidad efectiva en el momento 
que se necesite la prestación del servicio. Dado que la CA no realiza encuestas de calidad en 
relación con la atención recibida, no se estaría contemplando la valoración de los centros por 
parte de los usuarios. La falta de conocimiento por parte de la Administración de las preferencias 
de los usuarios podría afectar a una eficiente planificación de la asignación de recursos, al existir 
centros susceptibles de ser más demandados por los usuarios, los que les haría acreedores de 
más  recursos  para  una  adecuada  respuesta.  No  obstante,  las  limitaciones  derivadas  de  la 
organización de los recursos disponibles del SCS (centros y hospitales de adscripción), si bien 
restringen la libertad de elección, disminuyen el riesgo señalado. 
2.  Percepción de la calidad del servicio de atención primaria por los usuarios 
En el siguiente cuadro se muestra, de acuerdo con los datos ofrecidos en los estudios 8816 y 
8817 del Centro de Investigaciones Sociológicas (Barómetros Sanitarios 2016 y 2017), la opinión 
de los ciudadanos sobre la atención recibida en las consultas del médico de cabecera (o de 
familia) de la sanidad pública de Cantabria: 
CUADRO Nº 41. OPINIÓN DEL USUARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(en porcentaje) 
  2016  2017 
Buena / muy buena  93,9  92,2 
Regular / mala  6,1  7,8 
En el ejercicio fiscalizado se pierde el 1,7 % de las opiniones favorables obtenidas en 2016  e
respecto a este servicio.   bo
3E.n  el Raeñcol a2m0a1c7i,o snee sf oarlm SuClaSr on 69 reclamaciones con solicitud de indemnización por un importe
total de 6.815 miles de euros, por lo que prosigue el aumento en dicha cuantía respecto a los
ejercicio anteriores (6.070 miles en 2016). En el año 2017 se cerraron 74 expedientes, 55 por 
resolución administrativa devenida en firme y 18 por sentencia judicial y una por otra causa 
(responsabilidad dirigida a la Gerencia de Atención Primaria). Los pagos por indemnizaciones 
ascendieron a 274 miles de euros. 
A 31 de diciembre de 2017 permanecían abiertos 131 expedientes con un importe cuantificado de 
85.999 miles de euros. 
En el año 2017 se presentaron seis recursos contencioso-administrativos cuantificados en 154 
miles de euros. A 31 de diciembre de 2017 había dos recursos de esta naturaleza pendientes de 
sentencia, con un importe cuantificado de 276 miles de euros. 
El SCS tenía contratada una póliza de responsabilidad civil y patrimonial, cuya finalización se 
produjo el 30 de junio de 2017, sin que existiera cobertura entre esa fecha y el 30 de octubre 
siguiente, momento en que entró en vigor el siguiente contrato de seguro. 
4.  Seguridad del paciente 
Mediante Orden SAN/17/2011, de 19 de mayo, se crean y regulan los Comités de Seguridad del 
Paciente y Gestión de los Riesgos de la CA, con la función de situar “la seguridad de los pacientes 
en el centro de su política sanitaria e impulsar los proyectos y estrategias necesarias para la 
mejora de prácticas seguras en los centros sanitarios de su territorio”.  
Según la Orden, estos comités son: 
  El Comité Autonómico de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos. 
  Un Comité Funcional de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos en cada Gerencia del 
SCS.  
A 1 de junio de 2019 no se habían constituido tales comités. Con fecha 13 de abril de 2016 se 
constituyó el Comité Funcional de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos de Atención 
Primaria, el cual no venía expresamente establecido en la Orden señalada. 
5.  Eficiencia en el gasto sanitario 
Las actuaciones comunicadas dirigidas a mejorar la eficiencia del gasto sanitario en el ejercicio 
fiscalizado, conforme a lo previsto por el artículo 106.c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, se centran en dos aspectos durante el ejercicio fiscalizado, si bien la CA no ha 
enviado información sobre los resultados logrados con la implantación de estas medidas: 
  Desarrollo de nuevos indicadores de prescripción, con el objetivo de detectar pacientes con 
un posible consumo excesivo de medicamentos que podría no estar justificado. 
  Seguimiento de anulaciones extraordinarias en receta electrónica. 
6.  Sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario 
El título VII de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad regula la transparencia y 
sostenibilidad del gasto sanitario, estableciendo para las CCAA la obligación de remisión periódica  s
al  MINHAFP  de  la  información  correspondiente  al  gasto  farmacéutico  hospitalario,  gasto  en  oe.
productos farmacéuticos y sanitarios (con y sin recetas médicas u orden de dispensación) y el  w.
gasto en inversiones reales en el ámbito sanitario, así como las medidas (y grado de avance) para  223ww
mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.
AGdaesmtoá sF,a reml aacrtéícuutilcoo  1y1 3S daen itlaar icoi taddea  laLse yC cCreAaA ,u nd eIn astdrhuemseiónnto  vdoelu nAtpaoriyao.  aU nlaa  Svoeszt epnriobdiluidcaidda d elal   BOE-A-cable e
adhesión, la variación interanual, a ejercicio cerrado, del gasto farmacéutico, tanto hospitalario 
como en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación, y del 
gasto en productos sanitarios sin recetas médicas u orden de dispensación no puede ser superior 
a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española previsto 
en el artículo 12.3 de la LOEPSF. 
Posteriormente,  por  Acuerdo  de  la  CDGAE  de  31  de  marzo  de  2016,  sobre  condiciones 
adicionales a cumplir por las CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA, compartimento 
FLA 2016, se indica que aquellas que incumplieran el objetivo de déficit de 2015, situación en que 
se encontraba Cantabria, debían adherirse al citado instrumento de apoyo para poder disponer de 
los fondos asignados para el segundo trimestre del citado 2016. 
En relación con el FLA de 2017, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la CA de 15 de junio de 
2017 manifestó el compromiso de cumplir todas las condiciones establecidas para la utilización de 
este mecanismo, entre las que se encuentran las condiciones adicionales aprobadas por el 
Acuerdo de la CDGAE de 2 de marzo de 2017. Según este último, las CCAA que se encontraran 
adheridas al FLA de 2017 deberían cumplir (además de con el resto de condiciones establecidas 
hasta el momento), también con otras treinta que se detallan en el Acuerdo, figurando entre ellas 
la  adhesión  al  convenio  de  colaboración  suscrito  por  la  AGE  con  Farmaindustria  el  29  de 
diciembre de 2016, llevándose a cabo esta última por la Consejera de Sanidad, con fecha 22 de 
diciembre de 2017 y previa habilitación por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la CA de 28 de 
septiembre de 2017, asumiéndose las obligaciones y compromisos que se indican en el mismo. 
En el cuadro siguiente se recogen el gasto devengado neto y la tasa de variación interanual de la 
CA publicada por el Ministerio de Hacienda:  
CUADRO Nº 42. GASTO FARMACÉUTICO Y SANITARIO DEVENGADO 2017 
(miles de euros) 
Serie Gasto en 
productos 
Serie Total Gasto en 
Serie Gasto  farmacéuticos y 
productos 
  farmacéutico  sanitarios con 
farmacéuticos y 
hospitalario  recetas médicas u 
sanitarios 
orden de 
dispensación 
Gasto devengado neto  89.558  143.380  325.255 
Tasa variación interanual (%)  4,3  3,8  3,8 
Por  tanto,  el  gasto  sanitario  y  farmacéutico  de  Cantabria  creció  por  encima  de  la  tasa  de 
referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española para 2017, establecida 
en el 2,1 %52. 
                                                  e.
52 La CA indica en sus alegaciones que en este apartado del Informe hay un error, dado que “sí se cumplió con la regla  w.b
del gasto en el ejercicio objeto de fiscalización”, pese a que lo que aquí se trata son otras tasas de referencia, sobre las  223ww
qdAeud eic lilooasn  CagAlma rseetnoctsoe n, oqscueee   eddnice edb iecq huaceos  naetelle ngiemarcspieoo rntpeeos  rqq uudeee  b“aeapsjoa  creldacereo   lqeaunse   etsale s cahusaa bddrríeao n r 4es2fue prseeornabcdrieao   leqalus  egt aaspsatuosb  ldidceea v reeenfle graeMdnIocNi aHe  encn a pcdraoadd aua cñutono”os.  
fcaormmoa caésuí tsiceo hs ayc es acnointasrtiaors.  no es correcto, aunque este es el que aparece en la información publicada por el Ministerio,
7.  Eficacia en la gestión  
En el mes de febrero de 2016 (y por primera vez en los últimos años) se firman diversos 
compromisos de acuerdo entre la Dirección Gerencia del SCS y las diferentes Gerencias del SCS 
(de  atención  primaria  y  de  atención  especializada),  según  las  directrices  emanadas  de  la 
Consejería de Sanidad de Cantabria para ese año. A partir de las directrices señaladas, se 
definen unas líneas de actuación (accesibilidad y listas de espera, promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, estrategia de cronicidad, calidad y seguridad, eficiencia en la 
utilización de los recursos y, finalmente, sostenibilidad económica), recogiéndose los objetivos 
particulares y los indicadores para su medición, de cuyo análisis cabe deducir los datos reflejados 
en el siguiente cuadro: 
CUADRO Nº 43. INDICADORES SCS (2017) 
(en número) 
    Indicadores 
Situación por Área sanitaria  Laredo    Santander    Torrelavega - Reinosa 
GAP  Hospital    GAP  Hospital    GAP  Hospital 
Objetivo cumplido  10  23    7  12  7    10 
Objetivo no cumplido  29  28    26  34  28    30 
No hay datos para la valoración o  19  17    29  13  32    14 
están  pendientes  de 
obtención/remisión 
La valoración no es clara y concisa  28  44    23  54  20    57 
o bien no hay objetivos o resultados 
establecidos 
Total Indicadores  86  112    85  113  87    111 
Del anterior cuadro destaca el número de casos, superior siempre al 50 % donde no se ha podido 
realizar una valoración final del cumplimiento de los objetivos, por no contarse con información o 
no reunir esta los requisitos necesarios para ser utilizada. Asimismo destaca el hecho de que los 
objetivos cumplidos están en todos los casos tan solo en torno al 10 %, salvo en el Hospital de 
Laredo donde se alcanza el 20 %. 
8.  Gestión de inmuebles 
En el ejercicio 2015, consecuencia de la transferencia de las competencias sobre salud mental por 
parte de la Consejería de Sanidad al SCS, este organismo recibe unas instalaciones que son 
posteriormente clausuradas en 2016, sin que, desde entonces, se haya dado uso alguno a parte 
de dichos inmuebles. 
II.8.8.  Gestión medioambiental 
La  Agenda  2030  sobre  el  Desarrollo  Sostenible  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas 
contempla,  entre  las  metas  asociadas  a  su  objetivo  número  15  (ODS  15),  “velar  por  la 
conservación,  el  restablecimiento  y  el  uso  sostenible  de  los  ecosistemas  terrestres  y  los  e
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques,  bo
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas  223ww
eLan  vCirtounds deeje raícau edred oMs iendteiorn aRcuioranla, lePse”.s ca  y  Alimentación  es  el  órgano  de  la  Administración
autonómica de Cantabria encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Consejo de
Gobierno en materia de política forestal, la conservación de la naturaleza en su territorio, la lucha 
contra los incendios forestales, la protección del entorno natural, las infraestructuras agrarias, la 
adjudicación de los aprovechamientos comunales y de todas aquellas competencias que en esta 
materia se le atribuyan en el marco de la Constitución y del Estatuto. 
A)  GESTIÓN DE LOS MONTES 
De acuerdo con el artículo 25 del EA para Cantabria, en el marco de la legislación básica del 
Estado, corresponde a la CA el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de montes, 
aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos. 
La CA no cuenta con legislación propia, siendo plenamente aplicable la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (LM). 
Las competencias y atribuciones genéricas de la DG del Medio Natural, dentro de la Consejería de 
Medio  Rural,  Pesca  y  Alimentación,  son,  respecto  de  las  materias  que  tiene  atribuidas  y 
específicamente las relacionadas con las derivadas de la aplicación de la LM, las establecidas en 
la LRJGAC y el Decreto 3/2015, de 10 de julio, de reorganización de las Consejerías de la 
Administración de la CA de Cantabria, junto al resto de disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 
En el análisis realizado en el Informe de fiscalización de la CA, ejercicio 2016, se pusieron de 
manifiesto una serie de deficiencias y debilidades en la gestión relativa a los montes, en relación a 
las cuales, durante el ejercicio fiscalizado, se puede señalar lo siguiente: 
  Según el artículo 22 de la LM, la CA debería contar con un Registro de montes de titularidad 
privada, pero solo dispone de un registro para los declarados de utilidad pública (montes públicos 
demaniales), los cuales suponen en torno a la mitad de la superficie de la CA de Cantabria. 
Tampoco se dispone, a escala autonómica, de un registro de montes protectores y de montes 
singulares, pese a lo previsto en el artículo 24 de la LM. 
  Durante el ejercicio fiscalizado no se han realizado actuaciones para el fomento de la 
agrupación de montes, públicos o privados, con el objeto de facilitar una ordenación y gestión 
integrada mediante instrumentos de gestión forestal que asocien a propietarios de pequeños 
predios forestales, conforme al artículo 27 de la LM. 
  La CA no disponía del inventario forestal, mapa forestal o inventario de erosión de suelos, 
previstos todos ellos en el artículo 28 de la citada Ley, procediendo la única información disponible 
a este respecto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente. 
  A diferencia de otras CCAA, Cantabria no contaba con un registro regional de infractores, 
donde  inscribir  a  las  personas  físicas  y  jurídicas  sancionadas  en  virtud  de  resolución 
administrativa firme por determinadas infracciones de la legislación de montes. 
B)  CONTROL AMBIENTAL 
Corresponde al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de 
las facultades de las CCAA de establecer normas adicionales de protección, de acuerdo con el 
artículo 149.1.23 de la Constitución. Conforme al artículo 25.7 del EA de Cantabria, la Comunidad 
asume competencias para el desarrollo legislativo y ejecución de la protección del medio ambiente 
y de los ecosistemas, en el marco de la legislación básica del Estado. Así, mediante la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, por la que se regula el control ambiental integrado (LCA), 
se sistematizan, de manera conjunta, las técnicas para evaluar, estimar y considerar, con carácter 
previo  a  su  implantación,  las  actividades  e  instalaciones  con  incidencia  potencial  en  el 
medioambiente. La Ley fue desarrollada por el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento de la referida Ley (RLCA). 
Las técnicas de control ambiental que esta Ley contempla son la autorización ambiental integrada, 
la evaluación ambiental y la comprobación ambiental. 
Por lo que se refiere a las autorizaciones ambientales integradas, en el ejercicio fiscalizado se 
dictó el RD-Leg. 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, donde se establece la regulación de esta 
figura. 
En relación con las evaluaciones ambientales, la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental (LEA), señala en su DF undécima, a los efectos de su aplicación como 
legislación básica, que las CCAA que dispusieran de legislación propia en materia de evaluación 
ambiental deberían adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada 
en vigor, adaptación que no se ha llevado a cabo en el caso de Cantabria.  
El dictado de las normas estatales ha llevado a una aplicación limitada de lo dispuesto en la Ley 
17/2006 que, aunque permanece vigente, solo es aplicable en aquello en lo que no se oponga a 
las anteriores.  
Con fecha 25 de enero de 2018, la CA ha sustanciado una consulta pública sobre el anteproyecto 
de una nueva ley de control ambiental, remitiendo el proyecto de ley al Parlamento regional el 9 de 
noviembre de ese año. 
El Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales (SIAA), ubicado en la DG de Medio Ambiente 
de  la  Consejería  de  Universidades,  Investigación,  Medio  Ambiente  y  Política  Social,  es  el 
encargado de la evaluación ambiental en el ámbito de la CA, ejerciendo el papel de órgano 
medioambiental a los efectos previstos en la LEA. 
En el análisis realizado en el Informe de fiscalización de la CA, ejercicio 2016, se pusieron de 
manifiesto una serie de deficiencias y debilidades en la gestión, de cuya situación, al cierre del 
ejercicio fiscalizado, se destacan las siguientes cuestiones: 
  Se mantiene la estructura de la Consejería donde se integra el SIAA apreciándose que, en 
los casos en que el papel de órgano sustantivo o promotor de programas o proyectos sujetos a 
evaluación ambiental también le corresponde, las unidades administrativas competentes para 
ejercitar tales funciones se ubican dentro de la misma DG que el órgano medioambiental (SIAA), 
por lo que no se da una adecuada segregación de funciones.  
  La CA seguía sin constituir el registro ambiental al que se refiere el artículo 6 del RLCA,  o
icLenonesmtytrr epuy  rmlsoouebs n adrtceiosigó tlipnanr mteeov esiinn sinsttoopte, e prycva cipnriaóaie nranl as t eleoas  c.lql re ueveda itdraaecnbi óíaan n c yaa brcbooi tnprsaotrras nleac  liCoas A d mey  elcocuasa nAnistyamusno tsaa cmdteuie acncotiooosnrd eeisnn a daceipó lniicn atnecerivcóeenns daceriói onlas,    2021-14223n https://www.
  No se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 95 del RLCA, donde se indica que 
la Consejería competente en materia de medio ambiente ha de publicar trimestralmente en el 
Boletín Oficial de Cantabria una relación de las inspecciones llevadas a cabo dentro del ámbito de 
sus competencias, indicándose que, en la práctica, se publican determinados datos sobre el 
resultado de las inspecciones sobre proyectos sujetos a autorizaciones ambientales integradas a 
través de la página web. 
  No se ha aprobado por el Gobierno de Cantabria la ordenanza general de protección 
ambiental, de aplicación en todos los municipios que carezcan de una ordenanza específica, 
prevista  en  el  artículo  36  de  la  LCA.  Tampoco  se  ha  articulado  el  registro  de  entidades 
colaboradoras de la Administración Medio Ambiental, previsto en el artículo 88 del RLCA.  
  El SIAA seguía sin utilizar los mecanismos previstos en los artículos 102 y 103 del RLCA, 
donde  se  dispone  que,  junto  a  las  correspondientes sanciones,  se exigiría  a  los  autores o 
responsables  de  las  infracciones  previstas  en  la  Ley  la  reparación  del  daño  causado  y  la 
indemnización de los daños y perjuicios derivados del mismo. 
C)  SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
La Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 
la CA de Cantabria, crea el canon del agua residual como tributo propio, con naturaleza de 
impuesto de carácter extrafiscal, que grava la generación real o potencial de agua residual. Este 
canon debe destinarse a la financiación de los gastos de inversión, conservación, mantenimiento y 
explotación de los sistemas de saneamiento en la CA. 
El Decreto 36/2015, de 22 de mayo, aprueba el Reglamento de Régimen Económico-Financiero 
del abastecimiento y saneamiento de aguas. Esta norma fue aprobada fuera del plazo previsto en 
la DF primera de la Ley. 
No se ha acreditado la existencia de un sistema para el seguimiento de la afectación de esta 
financiación a los gastos de inversión, conservación, mantenimiento y explotación de los sistemas 
de saneamiento, tal como prevé la Ley. 
Según los datos provisionales sobre el ejercicio 2017, solo una de las 22 EDARES53 existentes en 
el territorio de la CA presenta la calificación de “no conforme” con los estándares de calidad 
exigibles para el tratamiento de las aguas residuales. 
Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  9  de  la  Ley  2/2014  antes  citada,  el  Plan  General  de 
Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria es el instrumento de planificación estratégica en 
materia de agua, en el que se fijan las prioridades y se establecen las directrices de la acción 
pública en este ámbito. Por Decreto 33/2015, de 14 de mayo, se aprueba el Plan General de 
Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, el cual, partiendo del citado ejercicio, no indica su 
periodo de vigencia.  
Según  el  plan,  en  2015  existían  20  aglomeraciones  urbanas  con  más  de  2.000  habitantes 
equivalentes. Al contar todas ellas con EDAR, se estaría cumpliendo la obligación impuesta por la 
Directiva 91/271/CEE, si bien la CA no ha informado de que se haya comprobado que los 
habitantes  equivalentes  de  las  aglomeraciones  urbanas  permanezcan  sin  cambios  con 
posterioridad. 
Las  actuaciones  previstas  en  el  mismo  alcanzan  las  746,  recogidas  de  forma  ordenada  y  o
plaar sliao a rfineztacehdraaio ,rd edese .r  etLaaall i zmCaAacn inóeonr  ahd aeq  uilnoefs o ntrroma bapadujoeo dsde ednle  ea fscistoacmdaoleiz tdeaercs ieóejn en.c uuecvióans  daeclt upalacnio nnie as  fhina sdteal  ehjaebrceirc icoo 2n0c1lu7id noi   2021-14223n https://www.
5  3   E s  t a c  i o n  e s    d e  p  u r a  d  o r a  s   d  e   a  g u  a  s   residuales.
D)  RESIDUOS 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece en su anexo V el 
contenido con el que deben contar los planes autonómicos de residuos. 
Mediante Decreto 14/2017, de 23 de marzo se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 
2017-2022  (PR).  Con  anterioridad,  la  CA  contaba  con  el  Plan  de  Residuos  de  Cantabria 
2006-2010 y los Planes Sectoriales de Residuos 2010-2014. Una vez transcurrido su periodo de 
vigencia y hasta la aprobación del PR, la CA había procedido a su prórroga a través del Decreto 
11/2016, de 17 de marzo, prórroga que se justifica en la necesidad de un mayor plazo para poder 
finalizar la labor de evaluación y revisión de los planes.  
El PR aúna en un solo texto la totalidad de los flujos de residuos generados en la CA, debiendo 
ser una herramienta para lograr una gestión sostenible de los recursos, disminuir su generación y 
optimizar los medios de gestión de los mismos. Para cada uno de los grupos de actuaciones 
(sobre residuos domésticos, envases, residuos industriales, etc.), se han definido una serie de 
objetivos  y  medidas,  así  como  indicadores  para  poder  valorar  periódicamente  el  grado  de 
cumplimiento de los objetivos. 
En relación con los resultados de evaluación de los planes anteriores al 2017-2022, la CA no ha 
remitido documentación alguna. En este sentido, el Decreto 14/2017 deroga el Decreto 146/2007, 
de 8 de noviembre, por el que se crea la Comisión de Seguimiento de los Planes de Residuos de 
Cantabria, una vez constatada la escasa actividad de dicha comisión en la evaluación de los 
planes. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Directiva Marco de Residuos y en el 
artículo 14.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el PR debe ser 
evaluado y revisado como máximo a los seis años de su entrada en vigor. En este sentido, la CA 
solo ha enviado un informe, de noviembre de 2018, donde se recoge la información relativa a la 
actualización de los Indicadores del Punto Focal de Residuos de Cantabria, el cual maneja datos 
hasta 2016, por lo que, dado el periodo al que se refieren dichos datos, su utilidad hubiera sido 
mayor para proceder a la evaluación final del plan precedente al PR 2017-2022 y así tener en 
cuenta estos resultados en la elaboración de este último. No se tiene constancia tampoco de que 
se hayan producido modificaciones en el PR derivadas de este estudio. 
A 1 de enero de 2017 existía un vertedero de residuos inertes (residuos de construcción y 
demolición) no autorizado y localizado en la localidad de Potes (comarca de Liébana), el cual fue 
clausurado y sellado en junio de 2018, siendo la empresa pública MARE la encargada de la 
ejecución de las obras, con un coste de 297 miles de euros (IVA no incluido). 
El vertedero señalado quedó incurso en el procedimiento de infracción 2015/2192, abierto por las 
autoridades competentes de la Unión Europea en mayo de 2017, si bien, a la vista de las 
actuaciones antes referidas realizadas por la CA en 2018, quedó finalmente fuera de dicho 
procedimiento. 
Por último, cabe señalar que la CA no se ha visto afectada por ninguna sentencia condenatoria del 
Tribunal de Justicia de la Unión por incumplimiento del Reino de España de la Directiva 2008/98 
en lo referente a residuos, durante el ejercicio fiscalizado. 
II.8.9.  El sistema educativo en la CA  e.e
A)  DATOS GENERALES  223ww
Eedjele  acaructícucieóurnldo o d2 ec8 o.l1an   deloen lds EeisñApau pneazsartao  e Cenna t noetdla aabr rtsiíacu,u  ealoxtr t2ieb7nu sydieeó  nala,   lnCai voCenAlse tsliat,u  gccrioóamnd,po sesi,tn em npcoeidrajau dliicdeioa d ddeeess a laryrs oe lfslaopc elueclgtiaaisdlildeaasti vdqoeu sey,    OE-A-2021-14able en https://
se atribuyen al Estado y a la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía. Asimismo, en virtud 
de la asunción de competencias educativas transferidas mediante el RD 2671/1998, de 11 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la CA de 
Cantabria en materia de enseñanza no universitaria, y el Decreto 7/1999, de 28 de enero, de 
asunción de funciones y servicios transferidos y su atribución a órganos de la Administración 
Autonómica  de  Cantabria,  el  Consejo  de  Gobierno  de  Cantabria  atribuye  las  competencias, 
funciones  y  servicios  asumidos  por  la  CA  en  materia  de  enseñanza  no  universitaria  a  la 
Consejería de Educación. 
Tras el dictado de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la CA procedió a aprobar la 
Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. 
Según el artículo 3 de la LOE, el sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y 
niveles de enseñanza. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la 
educación básica, obligatoria y gratuita para todas las personas. 
En relación con dicha educación básica, el número de centros públicos, privados concertados y 
privados de la CA y el de alumnos en cada uno de los tipos de centro anteriores, aparece en el 
cuadro siguiente: 
CUADRO Nº 44. CENTROS Y ALUMNOS 
(en número) 
2015/16  2016/17  2017/18 
Curso 
Educación 
Nº centros  Alumnos  Nº centros  Alumnos  Nº centros  Alumnos 
Pública  182  36.478  181  36.899  182  37.632 
Concertada  52  17.736  52  17.625  52  17.960 
Privada  0  0  1  9  1  30 
Por su parte, los recursos públicos destinados a la educación básica en la CA en los ejercicios 
2015 a 2017 se muestran en el cuadro siguiente: 
CUADRO Nº 45. RECURSOS EDUCACIÓN BÁSICA 
(miles de euros) 
Gasto presupuestario (obligaciones reconocidas) 
2015  2016  2017 
Pública  351.388  374.234  350.119 
Concertada  56.959  60.656  62.896 
El gasto del ejercicio fiscalizado en educación básica en centros públicos se sitúa al mismo nivel  w.
que en 2015, tras el aumento del 6,5 % en 2016. Por su parte, el gasto en centros concertados  223ww
apúubmliecnat”a e esn e ul rne l3a,t7iv %o  arle pseprescotnoa dl ed o2c0e1n6t.e E, sl upprienrcaipnadlo c eolm 7p5o %ne dnetel  mdieslm goa.s to de la línea “educación
B)  SISTEMAS DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 
1.  Normativa aplicable en la CA 
Junto con las principales normas estatales, desarrolladas para los centros docentes públicos no 
universitarios ubicados en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación y Cultura y 
que sigue utilizando la CA (RD 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla la 
autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos y Orden de 23 de septiembre 
de 1999, por el que se desarrolla el RD 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla la 
autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos), se habían dictado las 
siguientes órdenes: 
  Orden EDU/10/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen las normas que regulan los 
pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija. 
  Orden EDU/50/2009, de 11 de mayo, por la que se delegan en los directores de los centros 
docentes públicos competencias en materia de contratación, modificada por Orden ECD/48/2014, 
de 23 de abril. 
2.   Análisis de deficiencias detectadas en la fiscalización precedente 
Del análisis realizado en la fiscalización del ejercicio 2016 se dedujeron una serie de deficiencias y 
debilidades en la gestión, en relación con las cuales y por lo que se refiere al ejercicio fiscalizado, 
cabe destacar: 
  El  30 %  de  los  centros  aprobaron  sus  presupuestos  para  el  curso  2017/2018  con 
posterioridad a la fecha establecida en la normativa. 
  De conformidad con la Orden de 23 de septiembre de 1999, una vez informadas cada una 
de las dos cuentas de gestión anuales (agosto y diciembre) por el Consejo Escolar del centro, 
estas deben remitirse a la Administración en los treinta días siguientes a su vencimiento (30 de 
septiembre y 31 de enero). 53 centros remitieron la cuenta del curso 2017/2018 en fecha posterior 
al mes de septiembre (22,6 % del total) y quince remitieron la cuenta del ejercicio 2017 con 
posterioridad al mes de enero de 2018 (6,4 % del total).  
  A la recepción de las cuentas de gestión rendidas por los centros docentes, la Consejería de 
Educación debe formular la cuenta consolidada del curso académico y la cuenta consolidada del 
ejercicio económico (antes del día 1 de diciembre y 1 de abril respectivamente). Las fechas de 
formulación de las cuentas consolidadas quedan condicionadas por la remisión de las de los 
centros y las rectificaciones que procedan como consecuencia de las comprobaciones. Así, la 
cuenta consolidada del curso 2017/2018 se formuló el 23 de abril de 2019 y la del ejercicio 2017 el 
18 de junio de 2018 (ambas fuera de plazo). 
  La Consejería no contaba con un plan de control propio (al margen del control financiero de 
la  Intervención  General),  ni  con  un  manual  aprobado  para  sistematizar  sus  actuaciones 
verificadoras. Por su parte, el Servicio de Inspección de Educación, en cumplimiento de las 
actuaciones aprobadas en el Plan de Actuación previsto en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 155 de la Ley 6/2008, y dentro de las tareas relativas al seguimiento y evaluación del 
funcionamiento de los centros educativos, tiene encomendada la supervisión de los documentos 
de organización y gestión de los centros educativos.   e
  Tras la redacción otorgada a la LOE por la LO 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de  223ww
lrhgaeeu cnmCoeaagrlniaiddola,as  pd,e o naEr   dsltauuras ca vaAréttdisívcm aud ilen(oL i sO1lat2rM a2ecC,l iaodEbne)oe,  lrsaea  lce oiddórdiunreec ncadtateoicv ria sódusne   clpy ocr moueytnoielti zrceoatqo cup ióiadvnsea a ldeg eane  tssestue ióasrn   rlc,ae o clmaoup prqrseouotbeesa ,n chtteaiaó n npts oaidd remaol   alpeatren eartseipaunrlepodusbid eacosco,ti móoen ony,     OE-A-2021-14able en https://
de  la  cuenta  de  gestión,  debiendo  solo  el  Consejo  Escolar  realizar  una  “evaluación”  (no 
aprobación), en términos del artículo 127, sobre dichos documentos. Ello, en relación con la 
cuenta sobre la gestión, conlleva una rebaja sustancial de las funciones encomendadas a dicho 
órgano por el vigente artículo 119 de la citada LO, donde se indica que “las Administraciones 
educativas garantizarán la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los 
centros sostenidos con fondos públicos a través del Consejo Escolar”. 
  La Orden de 23 de septiembre de 1999 prevé que la Inspección General de Servicios 
correspondiente ha de establecer programas de control de la gestión de los centros educativos 
que evalúen la eficacia y la eficiencia de la misma, sin que la CA haya llevado a cabo estas 
actuaciones. 
  No  se  realizan  verificaciones  tendentes  a  comprobar  que  los  centros  mantienen  un 
inventario  de  bienes  y  derechos  completo,  valorado  y  actualizado,  ni  se  lleva  a  cabo  una 
integración anual de estos en el Inventario General de Bienes y Derechos de la CA. En relación 
con el equipamiento informático, sí se ha comunicado la existencia de un inventario centralizado, 
con identificación de todos los bienes, los cuales se incluyen en una base de datos específica.  
C)  LA GESTIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS 
De acuerdo con el artículo 117 de la LOE, la cuantía global de los fondos públicos destinados al 
sostenimiento  de  los  centros  privados  concertados,  para  hacer  efectiva  la  gratuidad  de  las 
enseñanzas objeto de concierto, ha de establecerse en los presupuestos de las Administraciones 
correspondientes. A efectos de distribución de la cuantía global, el importe del módulo económico 
por unidad escolar ha de fijarse anualmente en los PGE y, en su caso, en los de las CCAA, no 
pudiendo en estos ser inferior al que se establezca en los primeros. En este sentido, el artículo 9 
de la LP para 2017 señala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la LOE antes 
señalado, la regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros 
concertados realizada por la LP tendría que adaptarse, en su caso, a lo que dispusiera la LPGE 
para 2017. 
Pese a que el artículo 117 de la LOE señala que la cuantía global de los fondos públicos 
destinados al sostenimiento de los centros privados concertados, se basa en hacer efectiva la 
gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto, la CA no contaba con un estudio específico 
para la fijación de los módulos económicos. En la práctica, su configuración deriva de la 
negociación colectiva (módulo salarial) y de la aplicación de los términos establecidos en la LPGE 
para los correspondientes a los apartados de gastos variables y otros gastos. 
En relación con las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, el artículo 
117 de la LOE indica que deben posibilitar la equiparación gradual de su remuneración con la del 
profesorado  público  de  las  respectivas  etapas.  Según  los  acuerdos  con  las  organizaciones 
sindicales y patronales de la enseñanza concertada54, en el ejercicio 2013 debía alcanzarse el 
90 % en equiparación, aunque, a 1 de abril de 2018, el salario de un profesor de la enseñanza 
concertada en Cantabria, excluida antigüedad, estaba ligeramente por debajo de esa cifra (entre 
el 88,2 y el 89,5 %). 
En relación con el control interno de la gestión de los centros docentes concertados y las 
debilidades y deficiencias manifestadas en la fiscalización precedente, cabe señalar que: 
  Se mantenía la situación en que la CA no realizaba actuaciones de oficio dirigidas a  e
comprobar, directamente, si la enseñanza en estos centros se estaba realizando en condiciones  bo
de  gratuidad  para  los  estudiantes,  si  bien  no  se  habían  recibido  denuncias  sobre  el  pago  223ww
 5 4   L  a   R   e s  o l u  c i ó n    d  e    2 8    d  e    m  a  r z o    d  e 2008, de la DG de Trabajo, registra y publica el Acuerdo sobre revisión de las
dproivtaacdioan seoss tdeen idloass  tcoetnatl roo sp acrocniaclemretandteo sc oyn  sfoonbdreo so ptrúobsl icaossp.e ctos en la CA de Cantabria de empresas de enseñanza
obligatorio por servicios prestados por los centros, casos en que procedería la actuación del 
Servicio de Inspección de Educación. 
  En  relación  con  los  procesos  selectivos  de  contratación  del  personal  de  los  centros 
concertados, el artículo 60 de la LO 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 
indica que las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados han de 
anunciarse  públicamente  y  que  el  Consejo  Escolar  del  centro  establecerá  los  criterios  de 
selección, que deben atender básicamente a los principios de mérito y capacidad. El Servicio de 
Inspección tiene encomendada la comprobación de que los profesores propuestos cumplen los 
requisitos de titulación exigidos, debiendo los centros ofertar de manera pública (a través de la 
web educantabria.es), las plazas correspondientes a incrementos de las unidades concertadas, 
obligación que aparece también en el documento de formalización de los conciertos. Si bien la CA 
ha  enviado  documentación  soporte  de  las  ofertas  publicadas,  no  ha  acreditado  las 
comprobaciones, con carácter previo a la contratación de este personal, que se atribuyen al 
Servicio de Inspección (tampoco aparecen en la memoria de este servicio). 
Tal como señala el artículo 41 del RD anterior, los centros concertados están sujetos al control de 
carácter financiero de la IGAC, sin que conste actuación al respecto en el ejercicio fiscalizado.  
D)   LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO 
Los  artículos  140  y  siguientes  de  la  LOE  regulan  la  evaluación  del  sistema  educativo, 
encomendando  la  misma  al  Instituto  Nacional  de  Evaluación  Educativa  y  a  los  organismos 
correspondientes de las Administraciones educativas que estas determinen en el ámbito de sus 
competencias, que en el caso de la CA corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. 
El citado Instituto, en colaboración con las Administraciones educativas, elabora el Sistema Estatal 
de Indicadores de la Educación con los datos facilitados por las CCAA y coordina la participación 
del Estado español en las evaluaciones internacionales.  
La evaluación del sistema educativo se desarrolla en tres ámbitos: evaluaciones nacionales, 
evaluaciones internacionales e indicadores educativos, analizándose a continuación la nacional. 
Una de las principales modificaciones introducidas por la LOMCE fue las evaluaciones externas 
de fin de etapa. Una primera, al finalizar el tercer curso de Educación Primaria a partir del curso 
2014/15, para comprobar el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 
expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas; otra evaluación, al 
finalizar sexto curso de Educación Primaria a partir del curso 2015/16, respecto al grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología;  y  finalmente,  otra  evaluación  con  efectos 
académicos al finalizar cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y segundo curso 
de Bachillerato, siendo necesaria su superación para obtener los correspondientes títulos a partir 
del curso 2016/1755. 
El Decreto 27/2014, de 5 de junio, que establece el currículo de Educación Primaria en Cantabria 
(modificado en 2016), regula la evaluación y la promoción del alumnado en esta etapa educativa. 
Por su parte, la Orden ECD/110/2014, de 29 de octubre, que establece las condiciones para la 
evaluación y promoción en Educación Primaria en la CA (también modificada en 2016) dispone, 
en su artículo 4, que los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los  es
                                                  w.b
55 No obstante, a través del RDL 5/2016, de 9 de diciembre, fue modificado el calendario de implantación previsto en la  223ww
LEseOsrtMáandC oE cs oopncasiraiadl  eyer aspdtaoaslsí t iecmvoa uplueoasrtc rliaaol neeesds u,y c daetce iónfondr,rm álana   eqfviunaealu,li adhcaaidós nta dd ialeag  sneeónxsttrtoiac daca.u  resAnos  imdveigis oEmrd odu, eca slceai  ónenos Prtamrbimaletaicvriaióa   ryeq sulaue l tdalean  tfeien vdaael lldu eaP caliacó tnoE  SddOee  
bquaech qiluleierarato a ncoce fdueerr aa  neesctuedsiaorsia u pnaivrear slait aorbiotse.n ción del título de bachiller, realizándose exclusivamente para el alumnado
alumnos al finalizar el tercer curso de la etapa y el resultado de la evaluación se expresará de 
forma cualitativa, en los siguientes términos: "iniciado", "en desarrollo", "adquirido" y "adquirido 
ampliamente". 
Tal como se recogió en la fiscalización precedente, el Decreto 27/2014 prevé que si los resultados 
de la evaluación individualizada son desfavorables, conforme a los criterios establecidos por la 
Consejería competente en materia de educación, el equipo docente propondrá la adopción de las 
actuaciones ordinarias y extraordinarias más adecuadas (mediante planes de mejora individuales 
o colectivos), sin que la elaboración de planes de acción internos por algunos centros sea 
aprobada formalmente por la Consejería y sin que esta haya comunicado actuación alguna a la 
vista de los resultados ofrecidos por las pruebas.  
E)   LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
Por Resoluciones de la DG de Innovación y Centros Educativos, de 19 de octubre de 2016 y de 25 
de octubre de 2017, se aprueban, respectivamente, los Planes de Actuación del Servicio de 
Inspección de Educación para los cursos 2016/17 y 2017/18. 
Según indican las resoluciones, el plan de actuación es la vía por la que se articulan las diferentes 
intervenciones del Servicio de Inspección de Educación en los centros educativos y ante otras 
instancias de la Administración educativa. En este plan se recoge la organización interna del 
servicio  que  posibilita  dichas  intervenciones,  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  la  Orden 
ECD/111/2015, de 30 de septiembre. 
Los objetivos y actuaciones generales que aparecen en los mismos presentan, en determinadas 
ocasiones, un carácter excesivamente genérico, sin que se produzca su adecuada concreción y 
cuantificación posterior, lo que impide un seguimiento preciso. 
Las resoluciones mencionadas indican que el inspector jefe del servicio ha de elaborar una 
memoria final, a presentar al Director General de Innovación y Centros Educativos, en la que se 
dará cuenta de las actuaciones realizadas y se formularían las propuestas de mejora necesarias. 
Se  han  aportado  sendas  memorias,  que  no  aparecen  firmadas  (ni  fechada  la  del  ejercicio 
2016/17). 
En  la  memoria  relativa  al  curso  2016/17  se  indicaba  que  el  Servicio  de  Inspección  vio 
incrementado  el  número  de  efectivos  con  la  convocatoria  de  varias  plazas  de  inspectores 
accidentales, si bien no se informa de la ratio existente ni del objetivo deseado, señalándose 
posteriormente por la CA la convocatoria de Oferta de Empleo Público en el año 2018 para el 
Servicio de Inspección, dirigida a la consolidación de plazas, de lo que no se recoge información 
en la memoria del curso 2017/2018. 
F)   DESARROLLO DE LA LEY 6/2008 
A 1 de julio de 2019, los siguientes preceptos de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación 
de Cantabria, continuaban pendientes de desarrollo reglamentario: 
  No se ha creado el Consejo de enseñanzas de Régimen Especial, previsto en su artículo 61, 
como órgano consultivo y de participación en los aspectos relativo a las enseñanzas de régimen 
especial. 
  Dentro de la estructura y organización de la orientación educativa, la Consejería no ha  o
dpcoesimtceoormp peirndeaavdgeoóía g ieclalo sa  rqtuícceou nlopd ri9coi7fou.n n edsic ep saorab red edseaterrromllianra dolas  ainstpeervcetonsc iódne  loess ppercoicaelizsaods ae dduec atcivaorsá,c ttearl   2021-14223n https://www.
  La  Consejería  no  ha  promovido  ni  elaborado  planes  de  evaluación  de  la  Inspección 
educativa, para valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos y contribuir a la 
mejora de su funcionamiento, pese a lo previsto en el artículo 157. 
Finalmente, cabe señalar que la posibilidad prevista en el artículo 56 de la Ley, de aprobar cursos 
de especialización para complementar la competencia de los diferentes títulos, por parte de la 
Consejería, no se ha utilizado más que en dos ocasiones (ambos además a través de un RD 
estatal del ejercicio 2019).  
G)   INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
La CA no contaba con un plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas, el cual 
debería formar parte del plan general de infraestructuras de la CA.  
La única información disponible sobre estas infraestructuras deriva de los anexos de inversiones 
incluidos en los presupuestos generales, donde no se detalla la relación de proyectos a acometer, 
por lo que no puede realizarse el seguimiento de su evolución y culminación. Tampoco figura en 
los mismos el detalle de las actuaciones de reforma, ampliación y mejora de centros educativos. 
No se cuenta con un procedimiento formal para la priorización de los proyectos a acometer, 
remitiéndose en la práctica las propuestas a la Oficina técnica de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación para que manifieste su opinión. 
De la información remitida sobre estas últimas actuaciones se desprende que 54 de ellas, de 
importe previsto inferior a los 60 miles de euros (pequeña cuantía) o sin importe estimado, aunque 
formaban parte de los proyectos a acometer en los ejercicios 2015 y 2016, no se llevaron a efecto, 
apareciendo  de  nuevo  en  las  actuaciones  a  realizar  en  2017,  lo  que  pone  de  manifiesto 
deficiencias en la planificación. 
Finalmente, cabe señalar que los centros docentes de Cantabria que cuentan, durante el curso 
2018/2019, con sistemas modulares prefabricados son los siguientes: 
  El Colegio Peregrino Avendaño (Liendo) dispone de un aula de 60 metros cuadrados que 
comenzó a funcionar en el curso escolar 2012/2013, sin que esté prevista su retirada a corto 
plazo.  
  El IES Zapatón (Torrelavega) tiene dos talleres de electricidad y electrónica que suman 300 
metros cuadrados construidos que comenzaron a funcionar en el curso 2017/2018. Su retirada 
está prevista al finalizar el curso escolar 2019/2020. 
II.8.10. El Protectorado de Fundaciones de la CA 
Mediante el Decreto 71/2017, de 28 de septiembre, se establece la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Presidencia y Justicia y se modifican parcialmente las Relaciones de Puestos de 
Trabajo de la Presidencia del Gobierno y de la Consejería de Presidencia y Justicia. En el mismo, 
se atribuye la gestión del Protectorado y del Registro de Fundaciones a la correspondiente 
sección de la Secretaría General de Presidencia y Justicia. Igualmente, se atribuye a otra sección 
de esta Secretaría la gestión de las asociaciones y colegios profesionales. 
La CA no cuenta con legislación propia en materia de fundaciones por lo que le es de aplicación la 
normativa estatal. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 25.7 de la Ley 50/2002, de 
Fundaciones, las cuentas anuales una vez aprobadas por el patronato de cada fundación, deben 
ser presentadas al protectorado, el cual, tras su examen, procede a su depósito en el Registro de 
Fundaciones. En relación con las cuentas anuales y planes de actuación no presentados de las 
fundaciones dentro del ámbito de competencia de la CA (fundaciones tanto del sector público 
como del privado), son las siguientes (a 1 de mayo de 2019): 
CUADRO Nº 46. CUENTAS Y PLANES NO PRESENTADOS 
(en número) 
No presentados   
Año 
Cuentas Anuales   Planes de Actuación  
2010  25  22 
2011  26  23 
2012  27  23 
2013  30  24 
2014  29  27 
2015  33  30 
2016  37  34 
2017  47  34 
Total  254  217 
La CA había procedido al requerimiento de las fundaciones que no presentaron tanto los planes 
como las cuentas anuales, excepto en relación con las cuentas anuales de 2017.  
Además, en relación con las funciones que el artículo 35 del citado texto legal atribuye al 
Protectorado se observa que:  
  La Sección del Protectorado y del Registro de Fundaciones ha indicado que se revisan 
aspectos  formales  y  materiales  de  los  planes  de  actuación  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 
normativa, procediendo a requerir a las fundaciones en los casos en los que se observe algún 
defecto o irregularidad en los mismos. No obstante lo anterior, no se cuenta con procedimientos o 
normas internas aprobadas para comprobar el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, 
así como tampoco para verificar si los recursos económicos de las fundaciones han sido aplicados 
a  los  fines  fundacionales.  No  se  han  comunicado  las  fechas  de  las  últimas  verificaciones 
practicadas dentro de un procedimiento formal de actuación. 
  La carencia de procedimientos de control puede dificultar la detección de indicios racionales 
de falta de actividad de las fundaciones, actividades ajenas a los fines fundacionales o supuestos 
de  autocontratación.  La  realización  de  procedimientos  de  verificación,  que  no  han  sido 
acreditados,  serviría  para  la  emisión  de  requerimientos  a  las  entidades  que,  en  su  caso, 
presentaran irregularidades, con la aplicación posterior de las medidas previstas en la Ley. 
  En el caso de tratarse de fundaciones pertenecientes al sector público regional, no se ha 
establecido  un  procedimiento  formal  entre  la  IGCA  y  el  Protectorado  de  la  CA  para  la  e.
comunicación de las actuaciones realizadas por una u otro en relación, principalmente, con los  w.b
supuestos de reducción grave de los fondos propios o de falta de actividad.   223ww
  No ha llegado a firmarse un convenio (o articularse cualquier otro procedimiento) entre el
Pesrotatebcletocera ldao D yA l oqsu innotata drieo sla q Lueey  adsee gFuurned alocsio fnluejos.s   de información sobre las fundaciones, tal como
Finalmente, cabe señalar que los recursos de personal adscritos a las dos citadas secciones de la 
Secretaría  General  de  Presidencia  y  Justicia  se  circunscriben  a  ocho  empleados  públicos, 
existiendo dos vacantes no dotadas presupuestariamente. 
II.9.  FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
La gestión de los FCI se encuentra regulada en la LFCI, que permite destinar los recursos 
previstos en el artículo 158.2 de la Constitución española a dos fondos, el FCI y el Fondo 
Complementario, con el fin de que este último pueda financiar no solo gastos de inversión, sino 
también los gastos corrientes asociados a dicha inversión. 
II.9.1.  Dotaciones de los Fondos 
El importe total de las dotaciones del ejercicio 2017 para la CA en concepto de FCI, consignado 
en la sección 33 de los PGE, fue de 5.401 miles de euros, de los que 4.051 miles correspondían al 
FC y 1.350 miles al Fondo Complementario (el 33,33 % del primero, según establece el artículo 
6.1 de la LFCI). 
En relación con las obligaciones vinculadas a los proyectos financiados con recursos de los FCI, 
se ha detectado que no disponían de aplicaciones presupuestarias específicamente asignadas 
para su registro en la contabilidad de la Comunidad. 
Por tanto, la contabilidad del presupuesto de gastos de la CA no distinguía los remanentes de 
crédito correspondientes a la ejecución presupuestaria de los proyectos financiados con las 
dotaciones de los FCI (con independencia del conocimiento que de dichos remanentes pueda 
tener el órgano encargado de la gestión de los mismos), para su incorporación al presupuesto del 
ejercicio inmediato siguiente, a diferencia de lo previsto por el artículo 8.5 de la LFCI respecto de 
los PGE, lo que dificulta el adecuado seguimiento de los proyectos que establece el artículo 10.3 
de dicha Ley. 
A)   FONDO DE COMPENSACIÓN 
La dotación inicial se incrementó en 1.435 miles de euros, correspondientes a la incorporación de 
los remanentes de crédito del ejercicio 2016 de la sección 33 de los PGE, que coinciden con los 
fondos pendientes de solicitar a 31 de diciembre de 2016 de los proyectos “Mejora de trazado y 
ampliación de plataforma ctra. CA-354, de Golbardo a Novales” y “Adaptación de la EDAR de 
Quijano para la incorporación de las aguas residuales procedentes del saneamiento de la cuenca 
media del Pisueña y del saneamiento del Alto Pas”.  
Los recursos correspondientes a la dotación del ejercicio 2017 se asignaron a los proyectos 
siguientes: 
CUADRO Nº 47. PROYECTOS INICIALES DOTACIÓN 2017 
(miles de euros) 
Proyectos  Importes 
Mejora de saneamiento y abastecimiento  2.503 
Extendido nueva capa rodadura carretera CA-183 Reinosa-Brañavieja, tramo Nestares-Villar  1.238 
Reforma de infraestructuras sanitarias  310 
Total  4.051 
B)  FONDO COMPLEMENTARIO 
La dotación inicial se incrementó en 312 miles de euros, correspondientes a la incorporación de 
los remanentes de crédito de 2016 del proyecto “Ctra. Tramo Vega-Llerena. Mejora de trazado y 
ampliación de plataforma de la carretera CA-620, de Vega de Villafufre a Esles”.  
Los recursos del ejercicio 2017 (1.350 miles de euros) se asignaron al proyecto “Mejora capa de 
rodadura carreteras CA-743, CA-745, CA-746, CA-747, CA-751 y CA-752”. 
II.9.2.  Recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial 
Los anexos III.1 y III.2 reflejan la liquidación de las aplicaciones del presupuesto de ingresos que 
registraron  los  derechos  reconocidos  y  cobros  por  el  FC  y  el  Fondo  Complementario, 
respectivamente. 
A diferencia de lo que venía sucediendo en ejercicios anteriores, en 2017 la CA presupuestó los 
recursos  procedentes  de  los  FCI  (subconcepto  706.02  del  presupuesto  de  ingresos) 
separadamente del resto de la previsión de ingresos de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo  por  transferencias  de  capital  (subconcepto  706.01),  aunque  sin  distinguir  los  que 
corresponden al FC y al Fondo Complementario.  
En el estado de liquidación del presupuesto incluido en la Cuenta General, el subconcepto 70602, 
con unos derechos reconocidos y cobrados de 4.373 miles de euros, recogió tanto los ingresos 
financiadores de los proyectos vinculados al FC, que ascienden a 3.724 miles, como los ingresos 
para los proyectos vinculados al Fondo Complementario, por un total de 649 miles. 
II.9.3.  Proyectos de inversión 
A)  PROYECTOS FINANCIADOS 
La gestión de todos los proyectos financiados con las dotaciones de crédito de los FCI del 
ejercicio 2017, se realizó de forma directa por el Gobierno de Cantabria.  e.e
Por otra parte, el artículo 7.3 de la LFCI establece la posibilidad de que, cuando por motivos  223ww
2ipamd0upa1erp6det avau,ic nsaiató o pnspr ,rod impenuloe eE rsapDt uaAse oRddlie acd  iletaue  dQjCe ucdAuiej,at  asnforuosns edftii ntouaasilr ngspcúeoina r p dipomorr o ppoyooterrrto ceest ol.d   FCedC oe2,n  5r i0ebn savmpeseerilsec ietsóon n d d eeeds leet aq u ulraooeuss  ts o(ienrei izlec a2ifaec5lcim ó%tuneó ,n d eteeeln l  p iamercol poyeorejderctarteocd i odcdseieo,l     OE-A-2021-14able en https://
proyecto), fue sustituido en el ejercicio siguiente 2017 por el de “Mejora de trazado y ampliación 
de plataforma de la carretera CA-652 y CA-653”.  
La sustitución de proyectos inicialmente acordados en el Comité de Inversiones Públicas por 
otros, según lo preceptuado en el artículo 7.3 de la LFCI, requiere que concurra la imposibilidad de 
ejecución de los proyectos por motivos imprevistos, sin que la acreditación de estos motivos 
venga  exigiéndose  o  aportándose,  ni  en  el  ejercicio  fiscalizado  ni  en  los  precedentes. 
Concretamente, respecto de la sustitución del proyecto realizada en el ejercicio 2017, el Consejo 
de Gobierno la fundamentó (genéricamente) en el retraso en la ejecución de las obras por motivos 
imprevistos, sin concretar la naturaleza de tales motivos. 
B)  GRADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS PROYECTOS 
La CA no contabilizó separadamente la ejecución de cada proyecto de inversión financiado con 
cargo a los FCI según prescribe el artículo 10.3 de la LFCI, al no imputarse en exclusiva a una 
aplicación  presupuestaria  concreta.  Por  tanto,  la  información  presupuestaria  facilitada  no 
presentaba la ejecución diferenciada de los proyectos, por lo que no es posible obtener su grado 
de ejecución presupuestaria en el ejercicio fiscalizado ni el grado de avance o ejecución de cada 
proyecto  a  partir  de  dicha  contabilidad  presupuestaria.  No  obstante,  consta  la  información 
procedente del SIC respecto de las obligaciones reconocidas y pagadas en el ejercicio 2017 como 
consecuencia de la ejecución de los proyectos financiados con los FCI, así como un resumen de 
las obligaciones reconocidas en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 respecto de dichos 
proyectos, obteniendo el coste total actualizado de los mismos. Este resumen no hace referencia 
al proyecto de adaptación del EDAR de Quijano, vigente en 2016, sino al que le sustituyó en 2017. 
En relación con lo anterior, es preciso señalar la distinción entre el preceptivo registro contable de 
la ejecución de los proyectos y la información sobre la ejecución física de los mismos, cuyo 
seguimiento se realiza adecuadamente por el órgano encargado de la gestión de los FCI.  
II.9.4.  Financiación de los Fondos 
La diferencia entre el coste total de los proyectos vinculados a los FCI y los recursos obtenidos por 
esta fuente se financió con fondos propios de la Comunidad. 
Las peticiones de fondos realizados por la CA se han efectuado de conformidad con lo establecido 
en  el  artículo  8.2.a)  de  la  LFCI.  Globalmente,  las  solicitudes  de  fondos  por  FC  y  Fondo 
Complementario realizadas en 2017 supusieron 6.522 miles de euros, mientras que los derechos 
reconocidos y recaudados en el presupuestos de ingresos del ejercicio han sido 4.373 miles de 
euros. 
La CA ha registrado los derechos reconocidos, incorrectamente, en el ejercicio en que se produjo 
el cobro, contrariamente a lo establecido en el Documento 4, de los Principios Contables Públicos, 
según el cual la CA reconocerá el derecho en el momento en que se efectúe la petición de fondos 
al Estado y lo imputará al presupuesto de ingresos en vigor. Por tanto, los derechos reconocidos 
en  2017  deberían  estar  incrementados  en  2.149  miles  de  euros,  de  los  que  1.136  miles 
corresponden al FC y 1.013 miles al Fondo Complementario. 
El resumen de la financiación obtenida por la CA, durante el ejercicio fiscalizado, por recursos de 
los FCI procedentes de dotaciones de diferentes ejercicios, se refleja en el estado siguiente, 
detallando para cada dotación y tipo de fondo los importes solicitados y pendientes de solicitar al 
final de cada ejercicio: 
CUADRO Nº 48. RECURSOS DE LOS FCI OBTENIDOS 
(miles de euros) 
Ejercicio 2017 
Pendiente de 
FCI origen   Dotación 
solicitar a 01/01  Pendiente de solicitar 
Solicitado 
a 31/12 
2016  3.740  1.435  1.435  0 
2017  4.051  4.051  3.425  626 
Total FC  7.791  5.486  4.860  626 
2016  1.247  312  312  0 
2017  1.350  1.350  1.350  0 
Total Fondo Complementario  2.597  1.662  1.662  0 
II.10. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
II.10.1. Informe de fiscalización 2015 
La mayor parte de las recomendaciones incluidas en el citado Informe fueron reiteradas en el 
correspondiente al ejercicio 2016, aprobado este último por el Pleno del Tribunal de Cuentas con 
posterioridad  a  la  rendición  de  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2017.  En  relación  con  el 
seguimiento de las primeras, cabe señalar: 
1.  La Comunidad debería implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación 
afectada, conforme a los criterios fijados en el Documento 8 por la Comisión de Principios y 
Normas Contables Públicas. Del análisis de los estados financieros rendidos en 2017 no se 
deduce la implantación de medidas para dar cumplimiento a esta recomendación. No obstante, 
esta cuestión puede ser solventada con la próxima aprobación de un nuevo PGCP. 
2.   La Comunidad debe considerar los saldos de las cuentas restringidas de recaudación como 
integrantes del saldo final de tesorería y proceder a su contabilización y conciliación. No se han 
apreciado avances en este proceso. 
3.   Las memorias deberían aportar toda la información necesaria para conocer la situación 
financiera de la Administración autonómica. Las memorias siguen careciendo de información 
relevante  para  ofrecer  la  información  complementaria  a  la  expresada  en  los  otros  estados 
financieros.  s
4.   Se hace necesaria la dotación de medios al Servicio Cántabro de Salud, Servicio Cántabro  w.
de  Empleo,  Instituto  Cántabro  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  e  Instituto  Cántabro  de  223ww
Sdiefervreicniocisa dSa ocmiauleesst,r ecno, np oerl  sfienp adraed oh,a clae r impaogseibnle  fieqlu ed ee nstuid apdaetrsim  coonnio , pseirtsuoancaiólind afdin ajunrcíideircaa, 
rmeissumltoa dsoesn tyid eoj esceu cpiróonn udnecl iparne slausp uReesstool,u mciáoxniemse d lea  ltara Cnsocmeinsdióenn cMiaix tqau eC oensgtores spor eSseennatadno.  pEanr ae slates 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de fechas 8 de mayo de 2012, 14 de septiembre de 2013 
y 27 de mayo de 2014. No se ha iniciado el proceso al que hace referencia la recomendación. 
5.   En  relación  con  las  transferencias  realizadas  a  la  Universidad  de  Cantabria,  debería 
analizarse la posibilidad y, en su caso, conveniencia de la aplicación del artículo 44 de la Ley de 
Finanzas de Cantabria, según el cual la Consejería competente en materia de Hacienda podrá 
declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a las entidades 
integrantes  del  sector  público  autonómico  cuando,  como  consecuencia  de  la  existencia  de 
suficientes  disponibilidades  líquidas,  pudieran  no  resultar  necesarias  para  el  ejercicio  de  la 
actividad presupuestada, o incluso solicitar el ingreso en la Tesorería de la Comunidad de la 
totalidad o de parte de dichas disponibilidades. Adicionalmente, habrían de dictarse las normas y 
procedimientos oportunos a fin de que se incorporase el presupuesto de la Universidad en la Ley 
de  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma.  La  CA  no  ha  acreditado  la  realización  de 
comprobaciones sobre la conveniencia de aplicar el artículo 44 ni el dictado de procedimientos 
para dicha incorporación56. 
6.   Deberían  articularse  los  mecanismos  necesarios  para  que  la  Dirección  General  de 
Tesorería, Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda pueda 
ejercitar el control de las cuentas restringidas de ingresos, integrantes de la Tesorería de la 
Comunidad, cuya competencia está asignada a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria 
hasta el momento en que los fondos de las mismas son traspasados a la cuenta general de 
ingresos. Tampoco se han apreciado avances, perviviendo la situación señalada. 
7.   Las empresas y fundaciones públicas que aún carecen de manuales de procedimientos para 
la contratación del personal, deberían proceder a su implantación, basándose en los principios de 
publicidad de las convocatorias, transparencia e imparcialidad en la selección. Durante el ejercicio 
fiscalizado, no se ha tenido constancia de la aprobación de manuales por parte de nuevas 
empresas o fundaciones públicas regionales que no contaran anteriormente con ellos. 
8.   La Comunidad debería completar la conexión del sistema contable auxiliar de Modernización 
y Organización Unificada de Recursos Operativos con el Sistema de Información Contable con el 
fin de realizar de forma telemática la transmisión de la información contable. No ha habido 
avances a destacar en esta conexión. 
9.   Deberían tomarse las medidas oportunas para articular el presupuesto monetario al que se 
refiere el artículo 82 de la Ley de Finanzas de Cantabria, al objeto de conseguir una adecuada 
distribución temporal de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento 
de la Comunidad Autónoma. Si bien se presentó un presupuesto monetario, al igual que en los 
                                                 
56 La Universidad, dentro de las alegaciones remitidas por la CA, manifiesta que el artículo 2.2.h) de la Ley Orgánica de 
Universidades, dentro de la regulación de su autonomía universitaria, les atribuye “la elaboración, aprobación y gestión 
de sus presupuestos y la administración de sus bienes”, cuyas normas aprobadas por el Gobierno de la CA a través de 
los Estatutos de la UC ya existen, y establecen que “durante el mes de diciembre de cada año, el Consejo de Gobierno 
presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Social para su aprobación definitiva”. Como ya se ha señalado en 
anteriores fiscalizaciones  específicas sobre la  universidad,  esta vertiente de la autonomía  universitaria provoca 
antinomias respecto de otro bloque de normas, como son las que reconocen competencias exclusivas para la 
elaboración y aprobación de sus presupuestos a las CCAA sobre la base de lo dispuesto en los artículos 153.d y 133 de 
la Constitución, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y los distintos 
Estatutos de Autonomía y leyes de hacienda promulgadas, así como una amplia jurisprudencia constitucional. Esta 
problemática se ha agravado con el tiempo al adoptar nuestro ordenamiento presupuestario exigencias estrictas 
derivadas de la legislación sobre estabilidad presupuestaria (no recogidas expresamente en la normativa presupuestaria 
de las universidades) que culminó con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, el 27 de septiembre de  es
2011, en el que se consagra el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas.  oe.
También conviene recordar que la facultad reconocida expresamente en la Constitución a las Cortes Generales para  w.
aprobar autónomamente sus presupuestos, o en el caso de la competencia de los órganos constitucionales del Estado  223ww
yd1/e3o 4 sd.2ee c rcdeieole nlveaas n pcpriroaep sciauo pnCusetoistnutsactriioitaunsca iólq pnua,e r daho aennlda ebd oesr aienr t escugosrna srraesgsepr aeennc  tillvooosss  P pprrreiensscuuipppiuoueses stdtooess  ,Gu sneeind deaerdas laeyrs ro udlnleaivl  eeEnrss ttaoalddidooas,d  e.e nsL tovois r tmcuadiss mdoesol   aas utrrtcaícevudéleos  
arecseppetacrto l ad ael elgoas cpióanr laremsepnetcotos  daeu tloan aóumtoicnoosm yía  duenmiváesrs óitragraian eons  ecsotna  mauattoenroiam. ía presupuestaria, por lo que no se puede
ejercicios anteriores, sigue adoleciendo de determinados defectos que dificultan su utilidad como 
instrumento de gestión de la tesorería. 
10.   Tal como señala la Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, reiterada por la Resolución de 8 de abril de 
2014, se deberían efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el 
plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio (o incluso 30 de junio) del ejercicio siguiente a que 
se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por este Tribunal. 
No consta ninguna medida en este sentido. 
11.   Tras el dictado de la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las 
normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, debe 
valorarse la presentación de una Cuenta General única consolidada, mediante la que se pueda 
reflejar  la  situación  presupuestaria  y  patrimonial  del  conjunto  del  sector  público  cántabro. 
Igualmente,  debería  valorarse  el  dictado  de  una  norma  similar  a  la  contenida  en  la  Orden 
HAP/801/2014, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas 
anuales en los casos de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que 
supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación. No hay 
avances dirigidos a tener en cuenta estas recomendaciones. 
II.10.2. Resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas  
El 27 de febrero de 2018, se aprobó la Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con 
el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la CA de Cantabria, 
ejercicio 2015, instándose a la CA a asumir las conclusiones y seguir las recomendaciones del 
informe de fiscalización de este Tribunal. 
Con posterioridad y mediante la reciente Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización de la CA de Cantabria, ejercicio 2016, se insta a la CA a adoptar una serie de 
medidas, gran parte de ellas recogidas en el epígrafe anterior junto con alguna incluida por 
primera vez en el Informe de fiscalización del ejercicio 2016. 
   
 CONCLUSIONES 
De los resultados de la fiscalización, expuestos en los apartados anteriores, se deducen las 
siguientes conclusiones: 
III.1.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
1.  La estructura de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma (CA) no responde a lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (LF), 
al no presentarse las subcuentas que la debían conformar ni de forma agregada ni consolidada. 
No obstante, para el caso del sector público administrativo, la Cuenta de la Administración 
General  (AG)  se  aproxima  al  contenido  que  debería  tener  la  Cuenta  General  del  sector 
administrativo.  
En general, las cuentas anuales individuales de las entidades que integran el sector público 
autonómico se han rendido respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, 
estructura y contenido (subepígrafes II.2.1.A y B). 
2.  Los  organismos  autónomos  (OOAA)  del  Servicio  Cántabro  de  Salud  (SCS),  Servicio 
Cántabro de Empleo (SCE), Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICSST) e 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) siguen sin elaborar cuentas específicas, pese a 
lo señalado por este Tribunal en Informes de ejercicios precedentes y por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su Resolución de 24 de septiembre de 2013 
(epígrafe II.2.2). 
3.  Balneario y Agua de Solares, S.A., en liquidación, cuya disolución y liquidación ordenó la 
Ley 8/1996, de 27 de diciembre, sin actividad en los últimos ejercicios y para la que se solicitó la 
disolución judicial, no rinde cuentas, al igual que en ejercicios anteriores (epígrafe II.2.3).  
III.2.  CONTROL INTERNO 
Por lo que se refiere al adecuado funcionamiento de los mecanismos de control interno y sistemas 
de  planificación  de  gastos  e  ingresos  con  que  contaba  la  Comunidad  durante  el  ejercicio 
fiscalizado, cabe realizar las siguientes observaciones: 
4.  Se sometieron al Consejo de Gobierno 7 expedientes en los que, siendo preceptiva la 
función interventora, esta se había omitido, por un importe de 184 miles de euros (subepígrafe 
II.3.1.A). 
5.  Del  informe  de  actuación  emitido  por  la  Intervención  General  de  la  Administración  de 
Cantabria (IGAC) derivado de su actividad de control financiero, cabe señalar que la Sociedad 
Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) había procedido al reintegro derivado 
de dos de los tres hechos recogidos en el mismo, aunque no emprendió acciones para recuperar, 
de aquellos empleados que percibieron indebidamente las cantidades, el importe reintegrado. 
La LF no contiene una previsión similar a la de la Ley General Presupuestaria sobre los planes de 
acción a elaborar por los órganos gestores afectados por los controles de la Intervención General 
y su seguimiento (subepígrafe II.3.1.B). 
6.  El presupuesto de gastos no presentaba ni objetivos ni indicadores que permitiesen realizar  e.
un seguimiento de su grado de consecución, de lo que se deriva la ausencia de elaboración del  w.
informe de gestión previsto en la LF (subepígrafe II.3.2.A).  223ww
7.  No se ha establecido la estructura básica de los programas de actuación plurianual a
earlatíbcourloa r6 3p odre  lloas L Fen, tnei ss ed ehla ns efocrtmoru lpaúdbol icdoic heoms pprreosgarraiaml ays  (fsuunbdeapcíiognraafle  sIIe.3g.ú2n.B l)o.  prescrito por el
8.  El presupuesto monetario elaborado por la CA, al que se refiere el artículo 82 de la LF, 
carece del detalle necesario para conseguir los objetivos de una adecuada distribución temporal 
de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento de esta, así como para 
detectar, analizar y corregir las desviaciones que se han producido. 
Pese a atribuirse la gestión de las cuentas bancarias a la Dirección General (DG) de Tesorería, 
Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda, esta no podía 
ejercer facultades de control de las cuentas restringidas de ingresos hasta el momento en que los 
fondos de las mismas no eran traspasados a la cuenta general de ingresos (subepígrafe II.3.2.C). 
9.  En  relación  con  el  sistema  de  contabilidad  auxiliar  de  Modernización  y  Organización 
Unificada de Recursos Operativos (MOURO) y el Sistema de Información Contable (SIC), se han 
apreciado debilidades derivadas de la falta de conexión automatizada entre los sistemas y la 
ausencia de registro de determinada información en el segundo. Además, los recargos del periodo 
ejecutivo y los intereses de demora, que forman parte de la deuda tributaria, no se registraban en 
el sistema MOURO, por lo que tampoco tenían reflejo en contabilidad (epígrafe II.3.3). 
10.  La  CA  no  contaba  con  un  procedimiento  debidamente  aprobado  para  el  análisis  y 
tratamiento de los riesgos a los que están expuestos los sistemas de información, pese a lo 
dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto (RD) 3/2010, de 8 de enero. Además, el Comité 
Técnico  de  Ciberseguridad,  previsto  en  el  artículo  8  del  Decreto  31/2015,  competente  para 
desarrollar los aspectos técnicos y procedimentales de la seguridad de la información, no había 
sido constituido al cierre de 2017. A dicha fecha, tampoco se había llevado a cabo de forma 
generalizada la auditoría de la seguridad sobre el conjunto de los sistemas de información a la que 
se refiere el artículo 34 del RD (epígrafe II.3.4). 
11.  En  el  ejercicio  fiscalizado  no  existía  un  sistema  automatizado  de  vinculación  entre  la 
contabilidad y el sistema de gestión patrimonial, cuyo desarrollo e integración acumulaba un 
considerable retraso. Asimismo, las debilidades detectadas en el Inventario siguen afectando a 
este documento a la hora de ser reflejo de la realidad patrimonial de la CA (subepígrafe II.3.5.A). 
12.  Las Consejerías con OOAA adscritos no han acreditado la realización de los controles de 
eficacia a los que se refiere el artículo 85 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la CA de Cantabria (LRJGAC). Tampoco se ha 
constatado  la  existencia  de  este  control  para  la  ACAT,  previsto  en  su  Ley  de  creación 
(subepígrafe II.3.5.B).  
13.  La CA no realizó actuaciones, ni durante el ejercicio fiscalizado ni con posterioridad, que 
dieran cumplimiento al artículo 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, según el cual, todas las Administraciones Públicas deben establecer un sistema 
de supervisión continua de sus entidades dependientes (subepígrafe II.3.5.D). 
14.  No se ha acreditado el establecimiento formal de mecanismos de control para verificar el 
cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), tal como señala el artículo 27 del 
RD 4/2010, si bien se han comunicado actuaciones prácticas en este sentido (epígrafe II.3.6). 
III.3.  CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
15.  Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de la AG de la Comunidad y las de los 
entes administrativos se desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo con los  e.e
principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, además de desarrollarse la  b
gestión presupuestaria según las normas que la rigen, si bien han de realizarse las salvedades y  223ww
o1imb6ps. oerrtvSeae cd ieod ne1eja7sr9 oq.1nu8 ed1 se me  iimrleepsc uodtgaeer n ea ualr  ocpsor,en astipunlpuicuaáecnisódtnoo  s(dseeu a bl2a m0p1ais7rmt agoda o1s 5ItIo9.5s. 2).r7 e2a lmizialedso sp oer ng adsictohso  reeajelirzcaicdioo sp eonr   OE-A-2021-14able en https://
ejercicios anteriores, actuaciones que no respetan el principio de temporalidad recogido en el 
artículo 46 de la LF, si bien están amparadas en las salvedades establecidas a dicho principio en 
el artículo 33 de la citada Ley (subepígrafe II.5.2.B).  
17.  Al cierre del ejercicio 2017, la deuda acumulada por los anticipos del mecanismo financiero 
para la devolución de las liquidaciones definitivas de los recursos del sistema de financiación de 
los ejercicios 2008 y 2009 ascendía a 267.622 miles de euros, sin estar registrada en contabilidad 
financiera (subepígrafes II.5.2.C y II.5.3.E). 
18.  La  contabilización  de  las  operaciones  referentes  al  inmovilizado  se  ven  afectadas  por 
diversas deficiencias tales como realizar su registro según el criterio de caja, no dar el tratamiento 
previsto en el Plan General de Contabilidad (PGC) Pública a las inversiones destinadas al uso 
general en el momento de su entrega a dicho uso, no reflejarse la información sobre los bienes 
recibidos y entregados en adscripción o cesión y no ajustar la amortización de los elementos del 
inmovilizado inmaterial y material dados de baja (subepígrafe II.5.3.A). 
19.  Derechos por importe de 519 miles de euros, recogidos en las correspondientes cuentas de 
deudores,  podrían  encontrarse  prescritos,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  17  de  la  LF 
(subepígrafe II.5.3.B). 
20.  Debido  básicamente  a  la  configuración  del sistema  de  envío  de  información  entre  las 
diferentes aplicaciones informáticas soporte, las cifras recogidas en el Estado de Tesorería, el 
Balance de Situación y el Estado del Remanente de Tesorería no mostraban la coherencia interna 
necesaria. Además, ni el Estado de Tesorería ni el Balance incluían el saldo correspondiente a las 
cuentas restringidas de recaudación, pese a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad 
Pública para Cantabria (PGCP), a pesar de constituir fondos públicos integrantes de la Tesorería 
de la Comunidad (subepígrafe II.5.3.C). 
21.  La ausencia de baja de las inversiones destinadas al uso general en el momento de su 
entrada en funcionamiento, así como la falta de reflejo contable del valor de los bienes recibidos y 
entregados  en  cesión  y  adscripción,  afecta  a  la  representatividad  de  los  fondos  propios 
(subepígrafe II.5.3.D). 
22.  Al  cierre  del  ejercicio  2017  no  se  llevaron  a  cabo  las  verificaciones  sobre  posibles 
obligaciones no registradas en contabilidad a las que se refiere la Ley Orgánica (LO) 9/2013. Por 
otro lado, la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 13 de noviembre de 2001 
establece, incorrectamente, el mismo tratamiento para las operaciones encuadradas dentro del 
concepto “servicios de tesorería” a prestar a otras entidades y la “gestión de recursos de otros 
entes”.  Además,  como  en  ejercicios  anteriores,  no  se  realiza  reclasificación  de  la  deuda 
(subepígrafe II.5.3.E). 
23.  La cuenta del resultado económico-patrimonial no utiliza el modelo previsto en el PGCP para 
entes administrativos, sino el de aquellos que realizan operaciones comerciales. Su saldo se vería 
afectado, principalmente, por no contabilizarse el ajuste de la amortización de los elementos del 
inmovilizado dados de baja, ni los beneficios y pérdidas derivados de las enajenaciones del mismo 
(epígrafe II.5.4). 
24.  La memoria integrante de la Cuenta de la AG no contenía toda la información exigida en el 
PGCP. Tampoco se incluía la información sobre gastos con financiación afectada, necesaria para 
conocer la parte del remanente de tesorería que constituye un recurso para financiar la actividad  es
con carácter general ni se incluye información ni del riesgo económico ni de los potenciales  o
da2e 5los. e dmiLsbapo uelesxsoatsoc ,tp iteruendst rudepe uo etlrasa tsca irnfirooasr m dpeaals rra,e  emlan a ClanA eOn drtdeee rdinve aH dtAeosCso /dr4ee3r /íd2ae0 ts1ee7r m v(seinuraíbade apasífge orcaptafeedr aaIIc .5pio.o5nr.e Alsa) s.o   dhiescchreopsa, npceiases   2021-14223n https://www.
detectadas en la información de la Cuenta General sobre los fondos líquidos, la no inclusión del
saldo de las cuentas restringidas de recaudación y la incorrecta imputación temporal de las 
obligaciones  reconocidas.  Dicho  remanente  no  distingue  el  afectado  del  no  afectado 
(subepígrafe II.5.5.B). 
III.4.  CUENTAS DE LOS SECTORES EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL 
26.  Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de empresas, entes empresariales y 
fundaciones de la Comunidad se desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo 
con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, si bien han de 
realizarse las salvedades y observaciones que se recogen a continuación (subapartado II.6). 
27.  Nueva Papelera del Besaya, S.L. (NPB), Inversiones Cántabras Empresariales, S.L. (ICE) y 
Sociedad Año Jubilar 2017, S.L., se encontraban incursas en causa de disolución obligatoria al 
cierre del ejercicio 2017, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital (subepígrafe II.6.1.B). 
28.  La periodicidad en el pago de las aportaciones dinerarias a la Sociedad para el Desarrollo 
Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) y CANTUR no sigue la establecida en la Disposición 
adicional  (DA)  novena  de  la  Ley  9/2013  de  Presupuestos  Generales  para  2014.  Además, 
SODERCAN presenta un saldo acumulado pendiente de cobro de estas aportaciones de 38.669 
miles  de  euros,  sin  que  en  sus  cuentas  anuales  se  informe  de  las  razones  de  ello 
(subepígrafe II.6.1.C). 
29.  Se han detectado errores de registro y valoración en las cuentas anuales de 112 Cantabria, 
S.A., Hospital Virtual Valdecilla, S.L. y Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. 
(SRECD), al no aplicar lo dispuesto en el PGC. Además, el informe de auditoría sobre las cuentas 
anuales de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE), Sociedad de 
Activos Inmobiliarios Campus de Comillas, S.L. (SAICC) y SRECD reflejaba una opinión favorable 
si bien con salvedades (subepígrafe II.6.1.E). 
30.  La auditoría de la IGAC sobre la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica 
refleja una opinión desfavorable sobre sus cuentas anuales de 2017. Por su parte, la Fundación 
Festival Internacional de Santander (FIS) no reflejaba en las cuentas el uso gratuito de las 
instalaciones correspondientes a sus oficinas (subepígrafe II.6.2.C). 
III.5.  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
31.  De  la  comprobación  sobre  el  seguimiento  de  los  procedimientos  establecidos  para  la 
determinación y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla 
de gasto, cabe destacar que, según se determina en el informe elaborado por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública (MINHAFP), en octubre de 2018, Cantabria cumplió el objetivo de 
déficit y de regla de gasto del ejercicio 2017. Por otra parte, la deuda de la CA, al cierre de 2017, 
situada dentro del objetivo, ascendía a 3.033 millones de euros (subepígrafe II.7.2.C). 
III.6.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN   
Al evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía de la gestión de los 
recursos públicos, se han apreciado los siguientes incumplimientos y deficiencias: 
32.  Los diferentes compromisos y aportaciones del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y  bo
de SODERCAN al proyecto ECOMASA, en forma de avales, préstamos y participación en capital,  223ww
pereuuceruodpse,e nrp adure)e ssse,o mlaobl  ouccniaearr  reecn a dnuetnilda aesd jep rérceridsciiiddoau sfai slp cadarelai z dlaaidc Coh,oo sms eud nehisdaeabmdrí baqo urlese ocssue.p  aePproarord xooi mtr(aay  nps aae r ltoeess,  t1ad8raí.ad0 o0p 0re óml ximilmeasor d coae    OE-A-2021-14able en https://
normativo vigente, determinadas actividades del ICAF de financiación y afianzamiento al sector 
privado quedan al margen del principio de publicidad (subepígrafe II.8.1.B). 
33.  No  se  produjo  la  declaración  de  los  sectores  y  categorías  profesionales  considerados 
prioritarios a los efectos de la excepción de la prohibición de contratar personal temporal y 
nombrar funcionarios interinos, prevista en la Ley de Presupuestos de la CA (LP) para 2017. 
Además, la LP no estableció una fórmula similar a la contenida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado (LPGE), requiriendo la previa autorización de estas contrataciones por parte 
de la consejería competente en materia de hacienda o función pública (subepígrafe II.8.2.A). 
34.  La mayor parte de las empresas y fundaciones no han acreditado contar con manuales de 
procedimientos para la contratación del personal. Por otra parte, pese a que el artículo 14 de la 
Ley 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la 
ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la CA establece que el Consejo 
de Gobierno puede acordar, aislada y excepcionalmente, que la retribución de algún trabajador 
incluido en el ámbito de aplicación de esta disposición pueda exceder de los topes retributivos 
fijados en la misma, el 21 de diciembre de 2017 se autorizó que la retribución de cualquiera de los 
trabajadores de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria pudiese superar los 
citados límites (subepígrafes II.8.2.B y C). 
35.  La superación del periodo medio de pago (PMP) a proveedores de 30 días determinado 
conforme  al  RD  635/2014,  de  25  de  julio,  en  todos  los  meses  del  ejercicio  2017  (salvo 
septiembre), afecta negativamente al principio de sostenibilidad financiera, sin que, a la vista de 
ello, se produjera la actualización del plan de tesorería conforme a las previsiones del artículo 13 
de  la  LO  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
(LOEPSF). Además, el artículo 10.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, exige la 
remisión antes del día 15 de cada mes de la realización de un informe de seguimiento del plan de 
ajuste por parte de la IGAC y de un análisis de las desviaciones que se han producido en la 
ejecución de dicho plan, sin que se haya acreditado su realización (subepígrafe II.8.4.A). 
36.  No se ha llegado a constituir la Comisión de Participación de las Mujeres, creada por la Ley 
de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, como órgano colegiado consultivo de interlocución de las 
asociaciones de mujeres con el Gobierno regional, siendo finalmente suprimida en el ejercicio 
2018, momento en el que se recupera la figura del Consejo de la Mujer. Además, no se disponía 
de  un  plan  de  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  a  nivel  de  la  CA 
(subepígrafe II.8.5.A). 
37.  Las cuentas justificativas presentadas por la Real Federación Española de Vela (FEV) en 
relación con las subvenciones nominativas recibidas en los ejercicios 2016 y 2017, por importe 
conjunto de 110 miles de euros, ponen de manifiesto deficiencias relevantes en relación con los 
gastos subvencionables (subepígrafe II.8.6.B). 
38.  Las evaluaciones de resultados de los objetivos fijados en los Planes estratégicos de 
subvenciones realizados por algunas Consejerías presentan eficacia reducida por la ausencia de 
indicadores o por su naturaleza estrictamente presupuestaria y/o administrativa. Además, en 
relación con la información que debe suministrar y recoger la base de datos autonómica de 
subvenciones,  se  mantiene  la  ausencia  generalizada  de  registro  de  la  resolución  de  los 
procedimientos de reintegro de subvenciones y su recaudación, de las sanciones impuestas y 
otras prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora (subepígrafe 
II.8.6.D).  es
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número de nombramientos eventuales en los que, a 31 de diciembre de 2017, se hace necesario
el estudio de la creación de una plaza estructural en la plantilla asciende a 75. En relación con los 
nombramientos temporales, el SCS considera, con carácter general, que todos los nombramientos 
estatutarios temporales son prioritarios y afectan al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales, sin que exista un control por alguna consejería a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 37 de la LP para 2017. Al menos 224 trabajadores se encontraban en comisiones de 
servicio con duración superior a dos años, lo que cuestiona, en estos casos, el uso de esta figura 
con el carácter temporal previsto en la normativa. Por otro lado, no se ha llevado a cabo el 
procedimiento previsto en el artículo 51 de la Ley para la provisión y valoración de determinadas 
plazas no básicas. Además, la demora en la resolución de diversos procesos selectivos de 
personal, observada tanto al cierre del ejercicio fiscalizado como a 1 de junio de 2019, tiene como 
consecuencia el incremento de los niveles de interinidad y temporalidad (subepígrafe II.8.7.E). 
41.  La Inspección de servicios sanitarios, dependiente de la Consejería de Sanidad, unidad 
encargada de las competencias en materia de inspección y evaluación de servicios sanitarios en 
los términos previstos en los artículos 59.d y 73.f de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, no ha 
acreditado la realización de actuaciones de esta índole en relación con la servicios concertados 
(subepígrafe II.8.7.F). 
42.  Al  cierre  del  ejercicio  fiscalizado  destaca  la  mayor  tasa  de  pacientes  en  espera  para 
consultas especializadas por 1.000 habitantes sobre la media de los servicios de salud de todas 
las CCAA y el porcentaje de pacientes con más de 60 días de espera para dichas consultas, 
cercano al doble de la media nacional. En la fecha señalada, el tiempo medio de espera para 
acceder a la primera consulta especializada era de 77 días, superior en 13 al de la media 
nacional.  Además,  el  ligero  incremento  del  número  de  cirugías  programadas  en  el  periodo 
2014-2017 y la reducción del número de días de estancia media (de 5,01 a 4,91) en los procesos 
quirúrgicos,  no  ha conseguido  paliar  la lista de  pacientes  en  espera,  que  aumentó  un  4 % 
(punto II.8.7.I.1). 
43.  La CA no había constituido los comités de seguridad del paciente y gestión de riesgos 
previstos en la Orden SAN/17/2011, de 19 de mayo (punto II.8.7.I.4).  
44.  El gasto sanitario y farmacéutico de Cantabria creció por encima de la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española para 2017 
(punto II.8.7.I.6).  
45.  Los  objetivos  particulares  y  los  indicadores  establecidos  para  la  medición  de  los 
compromisos entre la Dirección Gerencia del SCS y las diferentes Gerencias del SCS presentan 
ciertas debilidades en su definición y se ven afectados por la ausencia de información, de tal 
manera  que  se  limita  la  adecuada  valoración  del  cumplimiento  de  las  acciones  previstas 
(punto II.8.7.I.7). 
46.  La CA no contaba con determinados registros previstos en la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (LM), ni tampoco había procedido al desarrollo de diversas acciones 
recogidas en la misma (subepígrafe II.8.8.A). 
47.  Seguían sin constituirse el registro ambiental al que se refiere el artículo 6 del Reglamento 
de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, por la que se regula el control ambiental 
integrado (RLCA), y sin utilizarse los mecanismos previstos en los artículos 102 y 103 del RLCA, 
para exigir a los autores o responsables de las infracciones previstas en la Ley la reparación del 
daño causado y la indemnización de los daños y perjuicios derivados del mismo, aparte de las  es
sanciones que procedan (subepígrafe II.8.8.B).  o
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pública MARE la encargada de la ejecución de las obras, con un coste de 297 miles de euros 
(subepígrafe II.8.8.D). 
49.  La Consejería de Educación no contaba con un plan de control propio (al margen del control 
financiero  de  la  Intervención  General),  ni  con  un  manual  aprobado  para  sistematizar  sus 
actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos (subepígrafe II.8.9.B). 
50.  La cuenta del curso 2017/2018 fue remitida en fecha posterior a la prevista en la Orden de 
23 de septiembre de 1999 por 53 centros y la cuenta del ejercicio 2017 por quince. Las cuentas 
consolidadas relativas al curso 2017/2018 y al ejercicio 2017, elaboradas por dicha Consejería, se 
formaron fuera de plazo (subepígrafe II.8.9.B). 
51.  No se llevaron a cabo controles específicos sobre los centros concertados en el ejercicio 
fiscalizado, ni por la propia Consejería ni por la IGAC (subepígrafe II.8.9.C). 
52.  La CA no había aprobado formalmente ningún plan de acción derivado de las distintas 
evaluaciones nacionales e internacionales al alumnado (subepígrafe II.8.9.D). 
53.  A 1 de julio de 2019, diversos preceptos de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación 
de Cantabria, continuaban pendientes de desarrollo reglamentario (subepígrafe II.8.9.F). 
54.  La CA no contaba con un plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas, el 
cual debería formar parte de su plan general de infraestructuras. Además, no se cuenta con un 
procedimiento formalmente aprobado para la priorización de los proyectos sobre infraestructuras 
educativas a acometer, remitiéndose en la práctica las propuestas existentes a la Oficina Técnica 
de la Secretaría General de la Consejería de Educación (subepígrafe II.8.9.G). 
55.  La  Sección  del  Protectorado  y  del  Registro  de  Fundaciones  de  la  CA  no  cuenta  con 
procedimientos  o  normas  internas  aprobadas  relativas  a  la  comprobación  del  efectivo 
cumplimiento de los fines de las fundaciones existentes en el ámbito regional, así como para la 
verificación de si los recursos económicos de estas han sido aplicados a los fines fundacionales, 
sin que se haya acreditado la realización de controles dentro de un procedimiento formal de 
actuación por parte de este órgano (epígrafe II.8.10). 
III.7.  FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
56.  Del análisis de la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos 
de  Compensación  Interterritorial  (FCI),  cabe  destacar  que  las  obligaciones  vinculadas  a  los 
proyectos financiados con recursos de los Fondos no disponían de aplicaciones en el presupuesto 
de  gastos  específicamente  asignadas  para  su  registro  en  la  contabilidad  y  esta  última  no 
distinguía  los  remanentes  de  crédito  correspondientes  a  la  ejecución  presupuestaria  de  los 
proyectos financiados con las dotaciones de los Fondos (con independencia del conocimiento de 
dichos remanentes que pueda tener el órgano encargado de su gestión), para su incorporación al 
presupuesto  del  ejercicio  inmediato  siguiente,  lo  que  dificulta  el  adecuado  seguimiento  que 
establece el artículo 10.3 de la Ley reguladora de los FCI. Además, la sustitución de proyectos no 
se realiza conforme al procedimiento previsto en el artículo 7 de la Ley (subapartado II.9). 
III.8.  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
57.  En  relación  con  las  medidas  tomadas  por  la  Comunidad  para  el  cumplimiento  de  las  oe.
recomendaciones formuladas en el Informe anual de fiscalización del ejercicio 2015, reiteradas en  w.
gran medida en el Informe del ejercicio 2016, se pone de manifiesto que, en general, no se han  223ww
aprperseecniatdeo I nafvoarmncee (se rpeígserañfaeb IlIe.1s0, .p1o).r  lo que, a la vista de su grado de implantación, se reiteran en el
58.  El 27 de febrero de 2018, se aprobó la Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la CA de 
Cantabria,  ejercicio  2015,  instándose  a  la  CA  a  asumir  las  conclusiones  y  seguir  las 
recomendaciones del informe de fiscalización de este Tribunal (epígrafe II.10.2). 
 RECOMENDACIONES 
1.  La Comunidad debería implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación 
afectada, conforme a los criterios fijados en el Documento 8 por la Comisión de Principios y 
Normas Contables Públicas.  
2.  La Comunidad debe considerar los saldos de las cuentas restringidas de recaudación como 
integrantes del saldo final de tesorería y proceder a su contabilización y conciliación.  
3.  Las memorias deberían aportar toda la información necesaria para conocer la situación 
financiera de la Administración autonómica.  
4.  Se  hace  necesaria  la  dotación  de  medios  al  Servicio  Cántabro  de  Salud,  al  Servicio 
Cántabro de Empleo, al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales, con el fin de hacer posible que entidades con personalidad 
jurídica diferenciada muestren, por separado, la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, 
resultados y ejecución del presupuesto, máxime la transcendencia que estos presentan. En este 
mismo sentido se pronuncian las Resoluciones de la Comisión Mixta Congreso Senado para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de fechas 8 de mayo de 2012, 14 de septiembre de 2013 
y 27 de mayo de 2014.  
5.  En  relación  con  las  transferencias  realizadas  a  la  Universidad  de  Cantabria,  debería 
analizarse la posibilidad y, en su caso, conveniencia de la aplicación del artículo 44 de la Ley de 
Finanzas de Cantabria, según el cual la Consejería competente en materia de Hacienda podrá 
declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a las entidades 
integrantes  del  sector  público  autonómico  cuando,  como  consecuencia  de  la  existencia  de 
suficientes  disponibilidades  líquidas,  pudieran  no  resultar  necesarias  para  el  ejercicio  de  la 
actividad presupuestada, o incluso solicitar el ingreso en la Tesorería de la Comunidad de la 
totalidad o de parte de dichas disponibilidades. Adicionalmente, habrían de dictarse las normas y 
procedimientos  oportunos  a  fin  de  que,  por  un  lado,  se  incorporase  el  presupuesto  de  la 
Universidad en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y, por otro, se recogiesen los 
extremos  previstos  en  el  artículo  82  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de 
Universidades. 
6.  Deberían  articularse  los  mecanismos  necesarios  para  que  la  Dirección  General  de 
Tesorería, Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda pueda 
ejercitar el control de las cuentas restringidas de ingresos, integrantes de la Tesorería de la 
Comunidad, cuya competencia está asignada a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria 
hasta el momento en que los fondos de las mismas son traspasados a la cuenta general de 
ingresos.  
7.  Las empresas y fundaciones públicas que aún carecen de manuales de procedimientos para 
la contratación del personal, deberían proceder a su implantación, basándose en los principios de 
publicidad de las convocatorias, transparencia e imparcialidad en la selección.  
8.  La Comunidad debería completar la conexión del sistema contable auxiliar de Modernización  b
y Organización Unificada de Recursos Operativos con el Sistema de Información Contable con el  223ww
f9ein.s t aden dSroee a pldirzeeasbrc erdriteíoa sfno,  rfmdigeaup rtuaernlae ram úyán t irrceeagg luiasl attrrraaizdnaosrsm  leoisnsi ó cndo endrteea cblahil ioidnsaf odrr.em  caocnioócni dcoosn tapbelned. i entes de cobro que,  OE-A-2021-14able en https://
10.  Deberían tomarse las medidas oportunas para articular el presupuesto monetario al que se 
refiere el artículo 82 de la Ley de Finanzas de Cantabria, al objeto de conseguir una adecuada 
distribución temporal de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento 
de la Comunidad Autónoma. 
11.  Tal como señala la Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, reiterada por la Resolución de 8 de abril de 
2014, se deberían efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el 
plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio (o incluso 30 de junio) del ejercicio siguiente a que 
se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por este Tribunal.  
12.  Tras el dictado de la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las 
normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, debe 
valorarse la presentación de una Cuenta General única consolidada, mediante la que se pueda 
reflejar  la  situación  presupuestaria  y  patrimonial  del  conjunto  del  sector  público  cántabro. 
Igualmente,  debería  valorarse  el  dictado  de  una  norma  similar  a  la  contenida  en  la  Orden 
HAP/801/2014, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas 
anuales en los casos de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que 
supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación. 
13.  Debería procederse al desarrollo y/o utilización de los diferentes instrumentos previstos en la 
legislación medioambiental para promover una mayor efectividad en el control y coordinación de 
estas actividades.  
14.  Debería promoverse el desarrollo reglamentario de los aspectos pendientes de la Ley 
6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. Además, debería potenciarse el papel 
coordinador de la Consejería de Educación en los planes de acción a elaborar por los centros 
educativos a la vista de los resultados obtenidos en las distintas pruebas de evaluación, así como 
reforzarse la revisión y el control económico de los centros docentes, públicos y concertados, 
tanto por la citada Consejería como por la Intervención General de la Comunidad. 
 
 
Madrid, 19 de diciembre de 2019 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
 
 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
I. CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
I.0 ENTIDADES INTEGRANTES SECTOR PÚBLICO CANTABRIA  
I.1-1 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS 
I.1-2 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 
INGRESOS 
I.1-3 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SALDOS PRESUPUESTARIOS  
I.1-4 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. BALANCES  
I.1-5 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-
PATRIMONIAL
I.2-1 EMPRESAS PÚBLICAS. BALANCES 
I.2-2 EMPRESAS PÚBLICAS. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
I.3-1 FUNDACIONES PÚBLICAS. BALANCES 
I.3-2 FUNDACIONES PÚBLICAS. CUENTAS DE RESULTADOS 
I.4 SITUACIÓN DE AVALES 
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL
II.1-1  MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
II.1-2  MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS. CLASIFICACIÓN
ORGÁNICA
II.1-3  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
II.1-4  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
II.1-5  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
II.1-6  RESULTADO Y SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
II.2-0.1  BALANCE
II.2-0.2  CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL
II.2-1  DEUDORES PRESUPUESTARIOS
II.2-2  DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
II.2-3  TESORERÍA
II.2-4  ACREEDORES NO FINANCIEROS. PRESUPUESTARIOS
II.2-5  ACREEDORES NO FINANCIEROS. EXTRAPRESUPUESTARIOS
II.2-6  PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS
II.2-7  REMANENTE DE TESORERÍA
III. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
III.1 LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN 
III.2 LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO  s
Anexo I.0 
ENTIDADES INTEGRANTES SECTOR PÚBLICO CANTABRIA 
Entidad  Denominación 
A.G. C.Autónoma  Comunidad Autónoma de Cantabria 
Organismo Autónomo  Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC) 
Organismo Autónomo  Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) 
Organismo Autónomo  Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) 
Organismo Autónomo  Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) 
Organismo Autónomo  Servicio Cántabro de Salud (SCS) 
Organismo Autónomo  Servicio Cántabro de Empleo (SCE) 
Organismo Autónomo  Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICSST) 
Organismo Autónomo  Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) 
Ente Público  Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) 
Sociedad Mercantil  112 Cantabria, S.A. 
Sociedad Mercantil  Balneario y Agua de Solares, S.A., en liquidación 
Sociedad Mercantil  Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA) 
Sociedad Mercantil  El Soplao, S.L.  
Sociedad Mercantil  Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L (GESVICAN)  
Sociedad Mercantil  Gran Casino del Sardinero, S.A. 
Sociedad Mercantil  Hospital Virtual Valdecilla, S.L. 
Sociedad Mercantil  Inversiones Cántabras Empresariales, S.L. (ICE) 
Sociedad Mercantil  Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE) 
Sociedad Mercantil  Nueva Papelera del Besaya, S.L. (NPB) 
Sociedad Mercantil  Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. 
Sociedad Mercantil  Sociedad Año Jubilar 2017, S.L. 
Sociedad Mercantil  Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas S.L. (SAICC) 
Sociedad Mercantil  Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) 
Sociedad Mercantil  Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L. (SOGIESE) 
Sociedad Mercantil  Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, S.L. (PCTCAN) 
Sociedad Mercantil  Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR)  
Sociedad Mercantil  Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) 
Sociedad Mercantil  Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN) 
Otra Entidad Pública  Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) 
Fundación  Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS) 
Fundación Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria 
Fundación  Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica 
Fundación  Fundación Fondo Cantabria Coopera 
Fundación  Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria 
Fundación  Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) 
Fundación  Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria 
Fundación  Fundación Festival Internacional de Santander (FIS) 
Fundación  Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) 
Consorcio  Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología e Historia y Bellas Artes de  es
Cantabria  oe.
Universidad  Universidad de Cantabria  w.
Anexo I.1-1 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Liquidación de los presupuestos de gastos 
(miles de euros) 
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones 
Subsectores 
iniciales   netas  finales  reconocidas 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, y OOAA SCS, SCE,  2.601.358 (0) 2.601.358  2.516.540
ICSST e ICASS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 
- CEARC 1.277  0 1.277 1.119
- CIMA 2.878  0  2.878  2.295 
- ICANE 926  0  926  582 
- ODECA 1.296  0  1.296  802 
ENTES PÚBLICOS:
- ACAT 9.522  0  9.522  7.728 
TOTAL  2.617.257  (0) 2.617.257 2.529.066 
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: 
- Consorcio  para  los  Museos  de  Prehistoria, 2 2 4 4
Arqueología e Historia y Bellas Artes de Cantabria 
Anexo I.1-2 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Liquidación de los presupuestos de ingresos 
(miles de euros) 
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Subsectores 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, y OOAA SCS, SCE,  2.601.358 0 2.601.358  2.586.658 
ICSST e ICASS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 
- CEARC 1.277 0 1.277 1.326
- CIMA 2.878  0  2.878  2.617 
- ICANE 926  0  926  888 
- ODECA 1.296  0  1.296  449 
ENTES PÚBLICOS: 
- ACAT 9.522  0  9.522  9.021 
TOTAL  2.617.257  0  2.617.257   2.600.959  
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: 
- Consorcio  para  los  Museos  de  Prehistoria, 2 0 2 4
Arqueología e Historia y Bellas Artes de Cantabria 
Anexo I.1-3 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  /  Saldos presupuestarios 
(miles de euros) 
Variación neta 
Resultado  Saldo 
Subsectores  pasivos 
presupuestario  presupuestario 
financieros 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, y OOAA SCS, SCE, ICSST e  (103.474) 173.556 70.082
ICASS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 
- CEARC 207  0  207 
- CIMA 323  0  323 
- ICANE 306  0  306 
- ODECA (353)  0  (353) 
ENTES PÚBLICOS: 
- ACAT 1.292  0  1.292 
TOTAL  (101.699)   173.556   71.857   
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: 
- Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología e 0 0 0
Historia y Bellas Artes de Cantabria 
Anexo I.1-4  s  corto plazo  488.393 268 148 11024 864 489.807  0
re A 
d
Acre azo  40 0 0 00 0 40   0
pl 4 4
vo  A largo  2.847. 2.847.
si
a
P es  9  0 0 00 0 9   0
n 4 4
o 3 3
si 4. 4.
vi
r
P
s s  9 7 0 82 3 9   8
oo 4 8 0 70 2 3 9
s  Fondpropi 999.5 1.5 4.4 1.63 10.1 017.6 4
ce 1.
n
a             
Bal e  5  5  5  2 2  1  0   6 
S  /   culant 274.54 90 1.00 1.702 8.63 286.81
A r
C s)  Ci
LI ro
B u
ONES PÚ miles de e Activo  Gastos a distribuir  687  0 0  0 0 0  687   0
CI (
RA do  99 50 43 8604 56 38   92
T a 4 9 5 3 3 7 4
NIS viliz 064. 3. 2. 071.
MI mo 4. 4.
D n
I
A
SST  a e
C gí
E, I olo
C ue
S q
S,  Ar
C a, 
Subsectores  ADMINISTRACIÓN GENERAL, y OOAA SICASS  ORGANISMOS AUTÓNOMOS:  - CEARC -CIMA - ICANE- ODECA ENTES PÚBLICOS: -ACAT TOTAL  OTRAS ENTIDADES PUBLICAS:  -Consorcio para los Museos de PrehistoriHistoria y Bellas Artes de Cantabria 
xo I.1-5  RRO ORRO)  74.348) 163   37   299   (338)   1.133   73.054)  0  
Ane AHOESAH ( (
D
(
rios 161  3   0  0  0  53   217  0 
a
n
di
r
a
r
xt
E
o-patrimonial  Ingresos  Transferencias y Subvenciones  561.955 1.317   2.617   887   415   9.020   576.211  0 
c
nómi rios  685 9  0  0  34  0  728  4   
eco dina 498. 498.
o  Or 1. 1.
d
a
t  
el resul os)  narios  20.271  3  0  1  0  17  20.292  0 
uentas d s de eur Extraordi
PÚBLICAS  /  C (mile Gastos  Transferencias y Subvenciones  698.437 83  265  82  10  202  699.079  0 
S 
E o  1 0  5  5  7  1  9  4 
CION e amient 416.44 1.08 2.31 50 77 7.72 428.83
A Dn 1. 1.
TR ncio
S u
NI F
MI ey
D A  da 
A Subsectores  ADMINISTRACIÓN GENERAL, y OOASCS, SCE, ICSST e ICASS  ORGANISMOS AUTÓNOMOS:  -CEARC -CIMA -ICANE -ODECA ENTES PÚBLICOS:  -ACAT TOTAL  OTRAS ENTIDADES PUBLICAS:  -Consorcio para los Museos Prehistoria, Arqueología e HistoriBellas Artes de Cantabria 
Anexo I.2-1 
EMPRESAS PÚBLICAS  /  Balances 
(miles de euros) 
Activo  Pasivo 
Patrimonio 
Denominación  No No
Corriente neto  Corriente
corriente  corriente 
SOCIEDADES  MERCANTILES  Y  ENTIDADES 
PÚBLICAS EMPRESARIALES 
- 112 Cantabria 6.612   2.251   7.656   81   1.126  
- Balneario y Agua de Solares, S.A., en liquidación N/D  N/D  N/D  N/D  N/D 
- CITRASA 711   447   858   246   54  
- El Soplao 944   720   1.572   0  92  
- GESVICAN 17.944   11.738   15.432   7.905   6.345  
- Gran Casino del Sardinero 5.408   654   5.563   12   487  
- Hospital Virtual Valdecilla 539   504   664   96   283  
- ICE 6   7   (8.840)   8.718   135  
- MARE 71.205   42.231   40.627   53.759   19.050  
- NPB 22   39   (9.145)   9.191   15  
- Oficina  de  Proyectos  Europeos  del  Gobierno  de 8.925   7.056   4.756  8.475   2.750  
Cantabria
- Sociedad Año Jubilar 2017 8   439   (1.054)   0  1.501  
- SAICC 43.364   5.365   9.070   35.718   3.941  
- SODERCAN 42.393   58.789   53.920   26.603   20.659  
- SOGIESE 60   3.486   1.885   1.200   461  
- PCTCAN 24.410   23.072   17.984   17.572   11.926  
- CANTUR 68.731   6.484   42.752   19.958   12.505  
- SRECD 1.984   5.002   529   3.187   3.270  
- SICAN 15.177   26.326   13.739   20.545   7.219  
TOTAL  308.443   194.610   197.968   213.266   91.819  
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
- ICAF 86.875   43.534   18.637   100.197   11.575  
N/D: (No disponible)  w.b
2-2 - 1/2  ado del cicio  (98)   N/D (327)   103   131   (296)   (3)   (21)   5.121   (37)   (71)  
nexo I. Resultejer
A
  Resultados operaciones nterrumpidas  0 N/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i
Resultados operaciones continuadas  (98) N/D (327) 103   131   (296) (3) (21) 5.121   (37) (71)
ncias  estos Bº  0 N/D 0 0 81   0 0 0 59 0 0
na mpus/ 
a
g I
érdidas y  esultados antes de mpuestos  (98) N/D (327) 103   212   (296) (3) (21) 5.180 (37) (71)
p R i
BLICAS  /  Cuentas de  (miles de euros)  xplotación Resultados Otras financieros rúbricas  (7.437)  0   N/D N/D  (327)0 103  0 (319)(84) (313)17 (42)(2) (1)(20) 1.061  (65) (37)0 (228)(209)
Ú e
S P s de  nes  339   N/D  0   0   615   0   41   0   184   0   366  
A o o 7. 4.
RES ultad venci
MP Res Sub
E S 
E
AD ón e 
D ci d
Y ENTI en liquida Gobierno 
Denominación  SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS EMPRESARIALES  112 Cantabria  Balneario y Agua de Solares, S.A.,  CITRASA  El Soplao   GESVICAN   Gran Casino del Sardinero  Hospital Virtual Valdecilla  ICE  MARE  NPB  Oficina de Proyectos Europeos del Cantabria  ) N/D: (No disponible 
o I.2-2 - 2/2  sultado del ejercicio  (374)   174   (15.449)   0   (455)   (7.123)   (5.781)   (1.424)   (25.930)  (3)
x e
e R
n
A ultados aciones umpidas  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Resopernterr
i
Resultados operaciones continuadas  (374) 174   (15.449) 0   (455) (7.123)   (5.781)   (1.424)   (25.930)  (3)
cias  estos Bº  0 331   (228) 0   (5) 13 0   0   251   75  
nan mpus/ 
a I
érdidas y g Resultados antes de impuestos  (374) 505   (15.677)   0   (460) (7.110) (5.781) (1.424) (25.679)  72  
CAS  /  Cuentas de p (miles de euros)  otación  Resultados Otras financieros úbricas  (323)(51) 2.383  (1.878)   (10.304)  (7.811)   0  0   (51)(434) (26.264)  (127) (5.896)  115   (1.059)  (741) (49.054) (11.290)  70  2  
ÚBLI de expl es r 0   0   438   0   25   281   0   376   665   0  
S P dos  cion 2. 19. 34.
A a n
ES sult bve
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nació AL  CAS 
Denomi Sociedad Año Jubilar 2017  SAICC  SODERCAN  SOGIESE  PCTCAN  CANTUR   SRECD  SICAN  TOT OTRAS ENTIDADES PÚBLI ICAF  
nexo I.3-1  Total  6.506  5.332  8.992  810  40.937  12.819  796  663  9.823 86.678      
A
e  8   2   6   2   1   6   6   3   7   1  
rrient 1.09 2.34 9.80 5.64 3.00 15 45 5.61 28.12
C
v
si
Pa e  0   2   0 0  5   4   4   8   0  3  
rrient 2.03 5.69 5.01 38 16 13.29
c
N
nio neto  5.408   958   (814) 808   29.601   4.799   256   42   4.206  45.264  
ces  atrim
n P
a
Bal e  81   51   02   09   08   26   88   50   14   29  
AS  /   os)  orrient 6 4.7 2.9 8 9.7 10.1 7 6 8.2 38.6
C ur o  C
PÚBLI s de e Activ nte  825   581   090   0  228   693   8   14   609   048  
ES  mile orrie 5. 6. 31. 2. 1. 48.
N ( c
O o 
N
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A
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bri
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C a
Denominación  UNDACIONES  FCSBS Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de  Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica Fundación Fondo Cantabria Coopera Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabri IDIVAL Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria Fundación FIS FMV TOTAL  OE-A-2021-14223able en https://www.boe.es
 F - - - - - - - - -
nexo I.3-2  Rdo Total, Variac. del PN en el ejercicio  (428)   (43)   204   49   737   (522)   (1)   22   (230)   (212)
A es y ones  0  (1) 0 0  19   0 0 0 46 64
Ajustariaci
v
Variac. de PN por ngresos y gastos mputados rectamente al PN  (165) (43) 0  49  489   (545) (1) 0  (184) (400)
i idi
Variac. de PN econocida en el excedente el ejercicio  (263) 1   204   0  229   23   0   22   (92) 124  
r d
os  os 
ad estBº  0 0  0  0  0  0  0  0  0 0 
ult pus/ 
s m
e I
ES PÚBLICAS   /  Cuentas de r (miles de euros)  Excedente del ejercicio  ctividad ExcedenteExcedente de las antes de operaciones Otras impuestos financieras úbricas  (1.628)  0 (263) (3.795)  0 1   (5.313)  157  204   0 0 0  (3.278)  (231)229 (4.031)  (2)23 (908)00 (1.204)  (17)22 (6.705)  13  (92) (26.862)  (80)124
N a a r
CIO de l es  65   96   60   0  38   56   08   43   00   66  
FUNDA Excedente  Subvencion 1.3 3.7 5.3 3.7 4.0 9 1.2 6.6 27.0
Denominación   FUNDACIONES:  -FCSBS -Fundación Centro Tecnológico en LogísticaIntegral de Cantabria -Fundación Comillas del Español y la CulturaHispánica  -Fundación Fondo Cantabria Coopera -Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental dCantabria -IDIVAL -Fundación para las Relaciones Laborales deCantabria -Fundación FIS -FMV TOTAL  
Anexo I.4 
SITUACIÓN DE AVALES 
(miles de euros) 
Existencias 
Existencias iniciales  Operaciones del ejercicio 
finales 
Avalado 
Avales  Avales 
Nº  Importe  Nº  Importe 
constituidos  cancelados 
1. Por SODERCAN 3   718  0   0  3   718 
- Investigación y Desarrollo de Energías Marinas, 2   679  0 0    2   679
S.L. (IDERMAR)
- Wedge Global, S.L. 1   39  0 0    1 39
2. Por el ICAF 84  62.576   16.323   22.524   85  56.375 
A. Entidades del sector público 74  42.808   1.452  7.386  74  36.874 
- CANTUR 2   3.000  0 0    2   3.000
- Fundación  Comillas  del  Español  y  la  Cultura 1 1.665 0  1.665  0   0  
Hispánica
- Fundación FIS 2   1.056  0 72    2   984
- MARE 2   12.090   0  0  2   12.090  
- SODERCAN 2   3.333  0 1.667    1   1.666
- PCTCAN 21  8.750  1.452  3.680  26   6.522  
- SRECD 2   3.000  0 0    2   3.000
- SICAN 42   9.914   0  302  39   9.612  
B. Entidades del sector privado 10  19.768   14.871   15.138   11  19.501  
- Industrial Blansol,S.A. 1  300  300 300    1  300
- Delicatessen la Ermita, S.L. 1  450  0  450  0   0  
- Manantial Fuentecaliente, S.A. 1  263  200 263    1  200
- Cisga, S.L. 1  523  0 0    1   523
- Erzia Tecnologies, S.L. 1  107  0 0    1   107
- Global Steel Wire, S.A.(GSW) 1  11.000  13.250  11.000  1   13.250  
- Grupo Empresarial SADISA,S.L. 1   4.000   0 0    1   4.000
- Santander Coated Solutions, S.L 3   3.125  0 3.125    0 0
- Sta Snail, S.L. 0  0  359 0    2  359
- Sereco Gestión, S.L. 0  0  350 0    1  350
- Fundinorte, S.L. 0  0  312 0    1  312
- Cancub Santander, S.L. 0   0   100 0    1   100
TOTAL  87  63.294   16.323  22.524  88   57.093  
exo II.1-1  otal  caciones  27.820      (5.893)     (19.751)    9.428      11.604     (1.000)  (1.000) (8.257)     (2.347)      (10.604)     0 0  0  0 
An Tdifi
m
mica  dificaciones  Negativas  27.820   (5.893)  (19.751)  9.428   9.299   0  0  5.869 2.678  8.547   0 0  0  17.846 
econó Otras mo ositivas  0  0 0 0  0  0  0 0 0  0  0 0  0  0 
n  P
ó
s  /  Clasificaci Incorporaciones remanentes de crédito  0  0 0 0  0  0  0  0 0  0  0 0  0  0 
puestari Créditos enerados por ngresos  0  0 0 0  0  0  0 0 0  0  0 0  0  0 
u g i
éditos pres euros)  s de crédito  Negativas  8.246   26.436  20.114 24.066   78.862   1.000  1.000  13.235  3.923   17.158   0 0  0  97.020 
ones de cr (miles de  Transferencia Positivas  29.372  21.709  21  31.077   82.179   0  0  10.847  4.034  14.881  0 0  0  97.060 
aci s  8   4  7  7   6   0  0  0  0   0   0 0  0  6 
dific cioneédito  8.27 44378.48 17.58 22 22 17.80
Mo pliae cr
L  /   Amd
A s s 
ÓN GENER Créditos extraordinarioy suplementode crédito  0  0 0 0  0  0  0 0 0  0  0 0  0  0 
ACI s os Y 
NISTR servicio TES mprevist ENCIA  AL RAS
ADMI Capítulos  Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y Gastos financierosTransferencias corrientes TAL OPERACIONES CORRIEN Fondo de contingencia y otros i TAL FONDO DE CONTINGROS IMPREVISTOS  Inversiones realesTransferencias de capital TAL OPERACIONES DE CAPIT Activos financierosPasivos financieros TAL OPERACIONES FINANCIE TOTAL  OE-A-2021-14223able en https://www.boe.es
1. 2.3.4. TO 5. TOOT 6.7. TO 8.9. TO
Anexo II.1-2  Total  dificaciones  0  (288)   (1.521)   (1.215)   (1.756) 1.288   26.956   (3.414)   25.517   (2.779)   (12.009)   (20.104)   (137)   (10.538) 0  
m
nica  ciones  gativas  0  359  323  1.502  1.030 352  2.643  0  2.870  2.094  3.124  0  0  3.549  17.846  
á a e
g c N
or difi
n  mo as 
ficació Otras  Positiv 0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0   
si
Cla nes de 
arios  /   orporaciomanentes crédito  0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
t ce
s nr
e I
u
up s os  s 
os pres s)  Créditogeneradpor ingreso0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
caciones de crédit (miles de euro Transferencias de crédito  ositivas Negativas  1.438  1.407   626  3.012   923  2.107   1.284  2.768   8.768  9.724   26.716  1.981   265  3.679   49.485 23.818   3.508  4.225   1.281  10.754   3 20.107   19  156   2.743  13.281   1.438  1.407   97.059  97.019  
fi P
di
o s 
RAL  /  M mpliacionede crédito  40  1.188  1.471  758  2.596  4.864  0  2.720  32  588  0  0  3.549  40  17.806  
E A
N
TRACIÓN GE Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S
ADMINI Secciones  01 Parlamento de Cantabria  02 Presidencia y Justicia  03 Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social  04 Obras Públicas y Vivienda  05 Medio Rural, Pesca y Alimentación  06 Economía, Hacienda y Empleo  09 Educación, Cultura y Deporte  10 Sanidad  11 SCS  12 Innovación, Industria, Turismo y Comercio  13 SCE  14 Deuda Pública  15 ICSST  16 ICASS  TOTAL  
Anexo II.1-3 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de gastos  /  Clasificación 
económica 
(miles de euros) 
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Capítulos 
iniciales   netas  finales  reconocidas  de crédito 
1. Gastos de personal 868.362   27.820   896.182   887.065   9.117  
2. Gastos  corrientes  en  bienes  y
428.524   (5.893)   422.631   408.944   13.687  
servicios
3. Gastos financieros 67.812   (19.751)   48.061   47.049   1.012  
4. Transferencias corrientes 627.332  9.428   636.760   622.434   14.326  
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  1.992.030   11.604   2.003.634   1.965.492   38.142  
5. Fondo  de  contingencia  y  otros 0 0 0
(1.000)  
imprevistos 1.000  
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y  1.000   (1.000)   0   0   0 
OTROS IMPREVISTOS 
6. Inversiones reales 159.190   (8.257)   150.933   115.517   35.416  
7. Transferencias de capital 91.179  (2.347)   88.832   79.708   9.124  
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  250.369   (10.604)   239.765  195.225   44.540  
8. Activos financieros 31.755  0   31.755   29.634   2.121  
9. Pasivos financieros 326.204   0   326.204   326.189   15  
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  357.959   0   357.959   355.823   2.136  
    TOTAL   2.601.358   (0) 2.601.358 2.516.540   84.818  
Anexo II.1-4 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de gastos  /  Clasificación orgánica 
(miles de euros) 
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Secciones 
iniciales  netas  finales  reconocidas  de crédito 
01  Parlamento de Cantabria  7.445  0    7.445  7.445    0   
02  Presidencia y Justicia  103.657   (288) 103.369 97.803    5.566   
03  Universidades e Investigación, Medio  190.334  (1.521)     188.813 179.274    9.539   
Ambiente y Política Social 
04  Obras Públicas y Vivienda  93.597   (1.215)     92.382 76.107    16.275   
05  Medio Rural, Pesca y Alimentación  82.515  (1.756)     80.759 71.423    9.336   
06  Economía, Hacienda y Empleo  51.432   1.287      52.719 50.249    2.470   
09  Educación, Cultura y Deporte  477.331  26.956     504.287 493.574    10.713   
10  Sanidad  19.291   (3.414)   15.877 14.360    1.517   
11  SCS  805.615  25.517     831.132 827.390    3.742   
12  Innovación,  Industria,  Turismo  y  76.260   (2.778)     73.482 64.857    8.625   
Comercio 
13  SCE  91.691   (12.009)    79.682 70.237    9.445   
14  Deuda Pública  386.230  (20.104)     366.126 365.149    977   
15  ICSST  2.179  (137) 2.042 1.771    271   
16  ICASS  213.781  (10.538)    203.243  196.901    6.342   
    TOTAL   2.601.358   0    2.601.358   2.516.540    84.818   
Anexo II.1-5 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Liquidación del presupuesto de ingresos 
(miles de euros) 
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Capítulos 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
1. Impuestos directos 537.670   0    537.670      572.140     
2. Impuestos indirectos 843.057   0    843.057      871.012     
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 91.016   0    91.016      73.812     
4. Transferencias corrientes 580.075   0    580.075      541.131     
5. Ingresos patrimoniales 21.941  0    21.941      6.786     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  2.073.759   0  2.073.759      2.064.881 
6. Enajenación de inversiones reales 12.377   0    12.377      1.163     
7. Transferencias de capital 55.560   0    55.560      20.824     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  67.937   0      67.937      21.987 
8. Activos financieros 26.489   0    26.489      44     
9. Pasivos financieros 433.173   0    433.173      499.746     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  459.662   0     459.662      499.790     
 TOTAL  2.601.358   0    2.601.358      2.586.658 
Anexo II.1-6  mportes  (73.884)    (29.590)    (103.474)    173.556    70.082    70.082    
I
Obligaciones reconocidas netas  2.160.717  29.634  2.190.351  326.190 
cicio  s os  833    44    877    746   
del ejer Derechoeconocidnetos  2.086. 2.086. 499.
o  r
ri
a
t
u
p
u
r a
p d
do  os)  ecta
sal eur n af
o y  de  ació
ad es  anci
L  /  Result (mil gastos con fin afectada
A n  n  5)
R e ó +
ADMINISTRACIÓN GENE Conceptos  (+) Operaciones no financieras (+) Operaciones con activos financieros ESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) ARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS ALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería (-)  Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio  (+)  Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiaci UPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4 2021-14223n https://www.boe.es
1. 2. I.R II.V III.S 3. 4. 5. IV.S cve: BOE-A-Verificable e
nexo II.2-0.1  Ejercicio anterior  1.048.637   1.206.113   0  0  (157.476)   188  2.674.557   0 2.674.557   0 449.903   0 0 449.903  0 0 4.173.285    
A
Ejercicio corriente  999.549   1.048.638   0  0  (49.089)   4.349  2.847.440   0 2.847.440   0 488.393   0 0 488.393  0 0 4.339.731    
A
S 
o O
RAL  /  Balance  os)  PASIVO  NDOS PROPIOS Patrimonio Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio OVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS REEDORES A LARGO PLAZO Emisiones de obligaciones y otros valoresnegociablesOtras deudas a largo plazoDesembolsos pendientes sobre acciones nexigidosREEDORES A CORTO PLAZOEmisiones de obligaciones y otros valoresnegociablesDeudas con entidades de créditoAcreedoresAjustes por periodificaciónOVISIONES PARA RIESGOS Y GASTRTO  PLAZO  TOTAL PASIVO 
N GENE s de eur A) FO I. II. III. IV. B) PR C) AC I. II. III. D) AC I. II.III.IV.E)PRCO
Ó e
NISTRACI (mil Ejercicio anterior  3.954.905   2.904.616   228.027   630.068   88   192.106   859   217.521   0  73.774   104   143.643   0  4.173.285  
MI
D o e  9   6   6   9   8   0   7   5   0  7   2   9   7  1  
A Ejercicicorrient 4.064.49 2.977.90 223.39 627.04 8 236.06 68 274.54 62.39 9 210.72 1.32 4.339.73
S
O
RI
as al uso general ateriales eriales das as permanentes UIR EN VA as temporales ación VO 
ACTIVO  INMOVILIZADO I.Inversiones destinad II.Inmovilizaciones inm III.Inmovilizaciones mat IV.Inversiones gestiona V.Inversiones financier GASTOS A DISTRIBEJERCICIOS ACTIVO CIRCULANTE I.Existencias II.Deudores III.Inversiones financier IV.Tesorería V.Ajustes por periodific  TOTAL ACTI OE-A-2021-14223able en https://www.boe.es
A) B) C)
exo II.2-0.2  ercicio nterior  971.675   31.269   369.953   554.796   15.657   0  0 123  15.534   157.476    
An Eja 1. 1.
o e  60   59   85   55   61   0  0 11  50   89  
Ejercicicorrient 2.086.0 25.2 1.498.6 561.9 1 1 49.0
o s
d o
os viliza ercici
do económico - patrimonial  HABER  RESOS Ventas y prestaciones de servicios Ingresos de gestión ordinaria Transferencias y subvenciones Ganancias e ingresos extraordinari a)Beneficios procedentes del inmo b)Beneficios por operaciones deendeudamiento c)Ingresos extraordinarios d)Ingresos y beneficios de otros ej DESAHORRO 
ulta ING 1. 2. 3. 4.
s ) 
re os B)
el  ur
d e
L  /  Cuenta  (miles de  Ejercicio anterior  2.129.151     1.364.615    672.468    92.068    0  0  12  92.056   
A
R
ENE cio nte  149   441   437   271   0  0  0  271  
ÓN G Ejercicorrie 2.135. 1.416. 698. 20. 20.
CI
A
R o
T nt
NIS s y mie
ADMI DEBE  A)GASTOS Gastos de funcionamiento de los servicio1.prestaciones sociales 2.Transferencias y subvenciones 3.Pérdidas y gastos extraordinarios a)Pérdidas procedentes del inmovilizado b)Pérdidas por operaciones de endeuda c)Gastos extraordinarios d)Gastos y pérdidas de otros ejercicios AHORRO  BOE-A-2021-14223cable en https://www.boe.es
Anexo II.2-1 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Deudores Presupuestarios 
(miles de euros) 
Modificaciones 
Años  Saldo inicial  Saldo neto  Cobros  Saldo final 
Aumentos   Disminuciones 
2016 y 
89.243   151  23.344   66.050   15.360   50.690 
anteriores 
2017 0  2.586.658 35  2.586.623   2.563.851   22.772 
TOTAL  89.243   2.586.809   23.379   2.652.673   2.579.211   73.462    
Anexo II.2-2 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Deudores Extrapresupuestarios 
(miles de euros) 
Saldo  Saldo 
Concepto  Modificaciones  Cargos  Total  Abonos 
inicial  final 
Otros depósitos constituidos  98  0  1  99  7  92 
Fianzas constituidas a corto plazo y a 
0 0 3 3 3  0
largo plazo 
Pagos duplicados o excesivos  0  0  1  1  0  1 
Seguridad Social deudora convenio  0  0  184.311  184.311  184.311  0 
Hacienda Pública deudora por IVA  1.661  0  1.118  2.779  566  2.213 
Deudores IVA repercutido  525  (3) 2.195 2.717  2.224  493 
Ant. Remuner. pers. Funcionar.  0  0  1  1  1  0 
Ant. fondos por recursos  0  0  14.355  14.355  14.355  0 
Fianzas para arrendamiento  7  0  2  9  8  1 
Seg. Social deudora IT (ICASS) 85  0 1.232  1.317  1.224  93
Seg. Social deudora IT (SCS)  0  0  10.025  10.025  10.025  0 
Seguridad Social deudora IT  162  0  3.720  3.882  3.683  199 
Efectos estancados (cartones de bingo)  8  0  75  83  53  30 
Hacienda Pública IVA soportado  (61) 0 1  (60) 1 (61)  
Pagos pendientes de aplicación ICO  0  0 2.160  2.160  2.131  29 
Pagos pendientes de aplicación FLA 0 0 196.968  196.968  196.968  0
TOTAL  2.485   (3) 416.168 418.650   415.560   3.090  
Anexo II.2-3 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Tesorería 
(miles de euros) 
Concepto  Importes 
1. COBROS 8.409.465  
Presupuesto corriente 2.563.851  
Presupuestos cerrados 15.360 
Operaciones no presupuestarias 5.830.254
2. PAGOS 8.330.117 
Presupuesto corriente 2.297.393  
Presupuestos cerrados 196.684 
Operaciones no presupuestarias 5.836.040
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2) 79.348  
3. Saldo inicial de tesorería 143.643  
II. Saldo final de tesorería (I+3) 222.991  
Anexo II.2-4 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Acreedores no financieros  /  Presupuestarios 
(miles de euros) 
Modificaciones 
Años  Saldo inicial  Saldo neto  Pagos  Saldo final 
Aumentos   Disminuciones 
2012  2.034       0  0  2.034     0  2.034 
2013  2.000       0  0  2.000     0  2.000    
2014  11.102      0  0  11.102     0  11.102    
2015  22.540  0  0  22.540     7.809     14.731    
2016  203.875  0  0  203.875     188.876     14.999    
2017  0  2.190.351   0  2.190.351     1.971.203     219.148    
TOTAL  241.551       2.190.351       0      2.431.902     2.167.888       264.014    
2 
1/
o II.2-5 -  o final  2.9510 4591 00094 6014.2847.4280 5531 0 6.87300 6.603 3.8850 7.1490 1.2110 
x d 1
ne al
A S
s  os  1560 9430 07 0 46 76 84947772 6099 81 527669 98 5500 5313 3605 
o g 37331 20294 41 2566303 12
ri ar 1. 5. 2.2.7. 8.5.2. 0.5.0. 6.
a C 2 7 4 466 1
t
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AD Conceptos  IRPF Retención trabajo personal Cuota derechos pasivos Cuota trabajador Seguridad SocialRetenciones judiciales MUFACEISFASMUGEJUHacienda Pública acreedor por IVA Acreedores por IVA soportado Fondos recibidos FORPPA (FEOGA) Fianzas recibidas arrendamiento vivienOtras cuotas sindicales Ret. s/arrend. Urban. (RD 113/98)IRPF ret. Activ. prof. y emp. Retenciones judiciales educación IRPF Retención trabajo personal educaCuota derechos pasivos educaciónMUFACE educación Caja de depósitos Recaudación tributos municipales Póliza de crédito IRPF Retención trabajo personal (SCS)Cuota derechos pasivos (SCS) Cuota Trabaj. Seguridad Social (SCS)Retenciones judiciales (SCS)  
o II.2-5 - 2/2  do final  0 0 01850 0 4820 1380 0 0 0 0 0 0 140 0 2.453  (686)     0  54.337 
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ADMINIS Conceptos  MUFACE (SCS) Otras cuotas sindicales (SCS) Seguridad Social acreedora convenio (SCS)Seguridad Social acreedora convenioMutualidad de Justicia Municipal Mutualidad Benéfica de Auxilio, Agentes y OficialIRPF Retención trabajo personal (ICASS)Cuota derechos pasivos (ICASS) Cuota Trabaj. Seguridad Social (ICASS)Retenciones judiciales (ICASS) MUFACE (ICASS) Otras cuotas sindicales (ICASS) Seguridad Social acreedora convenio (ICASS) Cuota Trabaj. Seguridad Social (becas) Seguridad Social acreedora convenio (becas) Sin salida material fondos Hacienda Pública IVA repercutido Cobros en entidades financieras ptes aplicaciónIngresos pendientes de distribución   Partidas pendientes de regularización  Rectificación aplicación de cobros  TOTAL  
Anexo II.2-6  Pendiente de mortización al 1 de diciembre  6.200       61.000      36.175      100.000       45.000      82.500      0     50.000      42.000      25.500      32.000      21.800      28.000      224.530       1.996.333       2.751.038      
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Anexo II.2-7 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  /  Remanente de Tesorería 
(miles de euros) 
Conceptos  Importes 
1. Derechos pendientes de cobro 60.094  
(+)  del Presupuesto corriente 22.772  
(+)  de Presupuestos cerrados  50.690  
(+)  de operaciones no presupuestarias  3.090  
(-)  de dudoso cobro  14.692  
(-)  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  1.766  
2. Obligaciones pendientes de pago 315.955  
(+)  del Presupuesto corriente 219.148  
(+)  de Presupuestos cerrados  44.866  
(+)  de operaciones no presupuestarias  52.571  
(-)  pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  630  
3. Fondos líquidos 210.729
I. Remanente de Tesorería afectado
II. Remanente de Tesorería no afectado (45.132)
III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II) (45.132)  
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