BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 123 Lunes 24 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 63265
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
8640 Resolución  de  10  de  mayo  de  2021,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 15/2020, de 10 de 
septiembre,  de  medidas  urgentes  de  impulso  de  los  sectores  primario, 
energético, turístico y territorial de Canarias.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 10 de mayo de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Decreto-ley 15/2020, 
de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 
energético, turístico y territorial de Canarias
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias ha adoptado el siguiente Acuerdo:
I.  De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el grupo de trabajo 
constituido por virtud de Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 16 de junio de 2020, 
para  el  estudio  y  propuesta  de  solución  de  las  discrepancias  competenciales 
manifestadas en relación con los artículos 2 y 5, las disposiciones transitorias segunda y 
tercera y la disposición final novena del Decreto-Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de 
medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de 
Canarias, ambas partes consideran solventadas las mismas conforme a los siguientes 
compromisos:
a)  En relación con el artículo 2, ambas partes coinciden en considerar que los 
procedimientos  a  los  que  alude  el  mismo  son  exclusivamente  los  de  competencia 
autonómica.
En atención a ello, la Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a promover 
la  correspondiente  iniciativa  legislativa  para  instar  a  los  grupos  parlamentarios  del 
Parlamento de Canarias la presentación de la siguiente enmienda al artículo 2.1 del 
proyecto de Ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, 
turístico y territorial de Canarias (procedente del Decreto ley 15/2020), actualmente en 
tramitación en sede parlamentaria (10L/PL-0010): e.
«1.  Durante  un  periodo  de  dos  años  contados  desde  la  entrada  en  vigor  del  40ww
portoersgeanmteie dnetoc redtoe  lelays,  sea udtoercizlaarcai olan eusr gdeen cicao dmep elat etnracmiai tadceió nla d eC oloms upnriodcaedd imAuietnótnoosm dae, 
prerelavtiisvtoass  ae lna  eelj eRcuecgilóanm ye nptuoe sptoar  eenl  sqeurev icsieo  dreeg lualsa nin lsotsa lapcrioocneedsi meileéncttorisc aasd emni nCisatnraatriviaoss, 
aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el Reglamento que regula la
instalación  y  explotación  de  los  parques  eólicos  en  Canarias,  aprobado  por 
Decreto 6/2015, de 30 de enero, quedando en consecuencia reducidos a la mitad los 
plazos de dichos procedimientos».
b)  Respecto de las disposiciones transitorias segunda y tercera, ambas partes 
coinciden  en  considerar  que  los  procedimientos  a  los  que  se  refieren  ambas 
disposiciones son exclusivamente los de competencia autonómica.
En atención a ello, la Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a promover 
la  correspondiente  iniciativa  legislativa  para  instar  a  los  grupos  parlamentarios  del 
Parlamento de Canarias la presentación de la siguiente enmienda al proyecto de Ley de 
medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de 
Canarias:
– Apartado 1 de la disposición transitoria segunda:
«1.  Las instalaciones eléctricas de competencia autonómica incluidas en el ámbito 
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la 
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por 
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, que a la entrada en vigor de este Decreto ley 
estuvieran en explotación y que, por su antigüedad, destrucción de archivos por causas 
de fuerza mayor, traspasos de activos entre empresas o por otras causas no dispusieren 
del  acta  de  puesta  en  servicio  o  boletín  eléctrico  debidamente  diligenciado  por  la 
Administración competente, podrán ser regularizadas administrativamente siempre que 
su titular presente comunicación previa en el plazo de dos años contados desde la 
entrada en vigor del presente Decreto ley, de acuerdo con el régimen indicado en los 
apartados siguientes».
– Primer párrafo de la disposición transitoria tercera:
«Los procedimientos de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de sector eléctrico se sujetarán al siguiente régimen transitorio: (…)».
c)  En  cuanto  al  artículo  5,  ambas  partes  coinciden  en  considerar  que  las 
modificaciones  a  las  que  se  refiere  el  artículo  en  ningún  caso  comprenden  la 
modificación del tipo y naturaleza de la instalación.
Ello, a propuesta de la Administración autonómica, implicaría entender que «en 
ningún  caso  las  modificaciones  sustanciales  no  relevantes  de  las  instalaciones  de 
generación  eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables  podrán  suponer,  respecto  a  la 
instalación  original,  un  cambio  de  la  categoría,  grupo  o  subgrupo  en  los  términos 
definidos en la normativa básica reguladora de la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos».
En su virtud, la Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a promover la 
correspondiente  iniciativa  legislativa  para  instar  a  los  grupos  parlamentarios  del 
Parlamento de Canarias la presentación de la siguiente enmienda al artículo 5.1 del 
proyecto de Ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, 
turístico y territorial de Canarias:
«1.  A  los  efectos  del  Reglamento  por  el  que  se  regulan  los  procedimientos 
administrativos  relativos  a  la  ejecución  y  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones 
eléctricas  en  Canarias,  aprobado  por  Decreto  141/2009,  de  10  de  noviembre,  se  s
consideran modificaciones sustanciales no relevantes de las instalaciones de generación  oe.
eléctrica a partir de fuentes renovables que disponen de autorización administrativa  w.
previa, los cambios de tecnología introducidos durante la fase de ejecución del proyecto  40ww
seins tleoms aesle mdee ntaolsm qaucee ninatmegiernatno  laesl éucntridicaod, ess ideem pprreo duqcucei ónla es léacctrtiucaac yio lnae isn cnoorp osruapcoiónng adne 
ammepdliiaa coi óanlt ad ete lnas sióunp einrifciciaielm aefencteta aduat oyr/ioz amdoadsi.ficación de las infraestructuras eléctricas de  BOE-A-cable e
En ningún caso las modificaciones sustanciales no relevantes de las instalaciones de 
generación  eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables  podrán  suponer,  respecto  a  la 
instalación  original,  un  cambio  de  la  categoría,  grupo  o  subgrupo  en  los  términos 
definidos en la normativa básica reguladora de la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos».
d)  Respecto de la disposición final novena, apartado 22, la Comunidad Autónoma 
de Canarias se compromete a promover la correspondiente iniciativa legislativa para 
instar  a  los  grupos  parlamentarios  del  Parlamento  de  Canarias  la  presentación  de 
enmiendas al proyecto de Ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 
energético, turístico y territorial de Canarias y, concretamente, al texto de la nueva 
disposición adicional vigesimotercera introducida en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por el citado precepto, en los 
siguientes términos:
«Disposición  adicional  vigesimotercera.  Legalización  territorial  de  explotaciones 
ganaderas.
1.  El Gobierno de Canarias acordará la legalización territorial de las edificaciones e 
instalaciones ganaderas actualmente en explotación que hubiesen sido ejecutadas sin 
los correspondientes títulos administrativos con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para 
la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, incluyendo la legalización de sus 
ampliaciones posteriores, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
A.  Que supongan una mejora zootécnica o sean consecuencia de la adaptación a 
la normativa sectorial de aplicación.
B.  Que  la  superficie  ocupada  sea  destinada  a  los  usos  ordinarios  y 
complementarios propios de la actividad ganadera, según la presente Ley.
C.  Que por su dimensión no estén sujetas a evaluación de impacto ambiental.
D.  Que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a)  Se hayan erigido sobre suelo rústico de protección económica.
b)  Se hayan erigido sobre suelo rústico de asentamiento agrícola.
c)  Se hayan ejecutado sobre suelo rústico de asentamiento rural, siempre que se 
acredite  la  preexistencia  de  las  instalaciones  ganaderas  a  la  clasificación  y 
categorización del asentamiento rural.
d)  Se  hayan  ejecutado  sobre  suelo  rústico  común  o  suelo  rústico  al  que  el 
planeamiento no asigne una categoría concreta.
e)  Se hayan ejecutado sobre suelo rústico de protección ambiental, siempre que las 
normas o planes de los espacios naturales protegidos o los instrumentos de ordenación 
urbanística o, en su defecto, el respectivo plan insular de ordenación, permitan su 
compatibilidad.
En el caso de los Parques Rurales, se podrá acordar la legalización de la explotación 
siempre que su Plan Rector de Uso y Gestión no prohíba dicho uso.
2.  El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada, dirigida al 
departamento del Gobierno competente en materia de ganadería a través de la sede 
electrónica, y en la que se acreditará la inscripción de la explotación en el Registro de 
Explotaciones  Ganaderas  de  Canarias.  Asimismo,  la  solicitud  irá  acompañada  de  e.e
proyecto técnico suscrito por técnico competente, que comprenderá todos los aspectos  b
necesarios para su legalización. 40ww
seráA e ll oms eedfieoc ptoresf edree nlate  tara emfeitcatcoisó nd ed en oetisfitcea cpiroonceesd.imiento, la comunicación electrónica
a laE np ecrassoon ad ei nqtueere lsaa sdoal icpitaurda  nsou rbesúannaa ra lgduicnhoos  rdeeq uloissi troe qcuoisniftoorsm per eavi sltao sn, osrem raetqivuae ridráe 
procedimiento administrativo común, con advertencia de que se la tendrá por desistida,
si no cumplimenta dicho trámite, mediante resolución expresa de la Dirección General 
competente en materia de ganadería.
Dicho  órgano  dictará  resolución  de  inadmisión  de  las  solicitudes  relativas  a 
explotaciones que no se localicen en alguna de las categorías de suelo rústico previstas 
en el apartado 1.D) de esta disposición, y de las solicitudes relativas a explotaciones que 
estén sujetas a evaluación de impacto ambiental, previo trámite de audiencia de la 
persona interesada por plazo de diez días.
3.  Se instruirá el procedimiento conforme a los siguientes trámites:
a)  Información pública por plazo de un mes a partir de su publicación en el "Boletín 
Oficial de Canarias".
b)  Se  solicitarán  los  siguientes  informes,  adjuntando  el  proyecto  técnico  de 
legalización, a emitir en un plazo de un mes:
1.  Del Cabildo Insular correspondiente.
2.  Del Ayuntamiento del municipio donde se localice la explotación, respecto a la 
conformidad de la misma con el planeamiento municipal.
3.  Del Consejo Insular de Aguas, en caso de que la explotación se sitúe total o 
parcialmente en suelo rústico de protección hidrológica.
4.  Del departamento competente en materia de ordenación territorial. En caso que 
la explotación ganadera se sitúe dentro de un espacio natural protegido, dicho informe 
deberá ser emitido por el órgano gestor del espacio. El informe deberá pronunciarse 
sobre los siguientes extremos:
– Categoría  y  subcategoría  de  suelo  rústico  en  que  se  localiza  la  explotación 
ganadera.
– Adecuación  de  la  explotación  ganadera  a  la  legalidad  ambiental,  territorial  y 
urbanística.
– En caso de localizarse en suelo rústico de protección ambiental, compatibilidad de 
la explotación con las determinaciones del plan, norma o instrumento urbanístico de 
aplicación. En su defecto, la compatibilidad se determinará conforme al correspondiente 
plan insular de ordenación.
– En caso de localizarse en suelo rústico de asentamiento rural, existencia previa de 
la explotación ganadera a la clasificación y categorización del asentamiento rural.
– En caso de localizarse en un espacio natural protegido, compatibilidad de la 
actividad ganadera con las determinaciones del plan o norma correspondiente o, en su 
defecto, del plan insular de ordenación.
Transcurrido el plazo de un mes sin haberse recibido los informes a que se refieren 
los apartados 1) a 4) anteriores de esta letra b), se entenderán emitidos en sentido 
favorable, salvo que la explotación se localice en un espacio natural protegido o en una 
zona  de  la  Red  Natura  2000,  en  cuyo  caso  se  entenderán  emitidos  en  sentido 
desfavorable. No obstante, deberán ser tenidos en cuenta si su recepción se produce 
antes de dictarse la correspondiente resolución.
c)  La unidad administrativa competente en materia de ganadería emitirá informe en 
alguno de los siguientes sentidos:
1.º  Favorable,  en  caso  de  que  la  solicitud  de  legalización  y  el  proyecto  de 
legalización se ajusten a los presupuestos y requisitos establecidos en esta disposición.
2.º  Favorable condicionado, en caso de que en los informes emitidos se hayan  e.e
incluido condiciones sanitarias, ambientales, funcionales, estéticas y de bienestar animal  b
para la legalización de la explotación, incluidas las obras de mejora, actualización,  40ww
rpermesoednetaladcoió.n  o  ampliación  necesarias,  que  deban  ser  incorporadas  al  proyecto
lega3li.zºa ciDóens fnaovo rsaeb lea, juesnte cna sao  dloes  qpuree sluap suoelsictoitsu d yd er elqeugiasliitzoasc ióens tayb/ole ceild opsro yeenc toe sdtea 
disposición y las deficiencias observadas no puedan subsanarse.
d)  En caso de que el informe sea favorable condicionado, se requerirá a la persona 
interesada para la adecuación del proyecto a las condiciones del informe, y para la 
aportación del proyecto con visado de conformidad y calidad, en el plazo de seis meses 
contado a partir del día siguiente a la recepción del requerimiento, ampliable por el 
mismo plazo en función de la complejidad de la adecuación del proyecto, a solicitud del 
interesado; advirtiendo que, en su defecto, se declarará la caducidad del procedimiento 
conforme a la normativa de procedimiento administrativo común. Dicho requerimiento, 
así  como  la  ampliación  del  plazo  para  cumplimentarlo,  producirán  la  suspensión 
automática del plazo máximo de resolución del procedimiento.
4.  La Dirección General competente en materia de ganadería dictará Resolución en 
alguno de los siguientes sentidos:
a)  Desestimatoria de la solicitud de legalización de la explotación, en el supuesto 
previsto en el apartado 3.c).3.º) de esta disposición.
b)  Estimatoria  de  la  legalización  de  la  explotación,  cuya  eficacia  quedará 
condicionada, con las excepciones previstas en el apartado siguiente, a la aprobación 
superior de la misma por el Gobierno de Canarias.
El plazo máximo para dictar esta Resolución será de seis meses a partir de la 
presentación de la solicitud en el registro de la Dirección General competente en materia 
de ganadería. Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse la misma, la solicitud se 
entenderá desestimada por silencio administrativo.
5.  La Resolución estimatoria de la Dirección General competente en materia de 
ganadería habilitará de forma directa las obras de mejora, actualización, remodelación y 
ampliación  contenidas  en  la  misma,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 331.1.h) de esta Ley, que deberán ejecutarse en el plazo establecido en dicha 
resolución, como máximo de veinticuatro meses, a partir de su notificación.
Dicha Resolución constituirá, durante su período de eficacia, título suficiente para 
poder solicitar líneas de ayudas establecidas para la modernización y mejora de las 
explotaciones.
Una vez ejecutadas las obras, la persona interesada deberá presentar comunicación 
previa de finalización de las mismas ante la Dirección General competente en materia de 
ganadería, acompañada de certificado de finalización emitido por técnico competente. 
Dicha comunicación será objeto de verificación y comprobación por la Dirección General 
competente en materia de ganadería, emitiéndose el correspondiente informe.
6.  La Resolución de la Dirección General competente en materia de ganadería 
surtirá plenos efectos a partir de la aprobación superior por acuerdo del Gobierno de 
Canarias, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de 
ganadería, una vez emitido informe de verificación y comprobación en sentido favorable 
por la Dirección General competente en materia de ganadería.
El Acuerdo del Gobierno de Canarias tendrá el carácter de autorización especial 
equivalente  a  la  licencia  urbanística  municipal,  a  efectos  de  lo  previsto  en 
el artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o norma que lo sustituya, 
con relación al devengo y a la liquidación municipal de oficio o a la autoliquidación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
7.  La  acreditación  de  la  solicitud  de  legalización  territorial  de  explotaciones 
ganaderas, siempre que la explotación cumpla con los requisitos establecidos en el  s
apartado 1 de esta disposición, producirá la suspensión de cualquier procedimiento de  oe.
restablecimiento de la legalidad o sancionador que, incoado por falta de título habilitante  w.
pdcoaerr rlaae  seepl xoepnjelodrticaeiccniitoóe nsd, e rs eleas o ealnuccctiuivoeidnnaetdrse  o de epn a rcreaus rtlsaaob i mldeecpi lmainnisettanructoicó cnyió  dsnea,  nalacssiío  encdoeimsfi copa odcrie or nelaes soe ljoue cciniuoscntiaeólsna  cfdiiroemn leeasss    2021-8640n https://ww
en vía administrativa, hasta que se dicte el acuerdo del Gobierno de Canarias o se
produzca el silencio desestimatorio. Dicha solicitud producirá asimismo la suspensión de
los correspondientes plazos de caducidad y la interrupción de los correspondientes 
plazos de prescripción en materia sancionadora y de restablecimiento de la legalidad.
Dictado  el  acuerdo  de  ratificación  del  Gobierno  de  Canarias,  se  archivará  el 
procedimiento  de  restablecimiento  de  la  legalidad  o  de  ejecución  de  la  orden  de 
restablecimiento y se modificará la sanción en los términos previstos en el artículo 400 
de esta Ley.
Si se inadmite o desestima la solicitud de legalización o se declara la caducidad del 
procedimiento  por  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  ganadería,  se 
reanudarán  los  procedimientos  de  restablecimiento  de  la  legalidad  y  sancionador 
suspendidos o de ejecución de la orden de restablecimiento o sanción impuesta».
II.  En  razón  al  acuerdo  alcanzado,  ambas  partes  coinciden  en  considerar 
concluidas las controversias planteadas.
III.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de Canarias».