BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Lunes 3 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 63172
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9060 Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la suspensión de 
calificación por la registradora de la propiedad de Sevilla n.º 13 en una 
escritura de ampliación de capital y modificación de estatutos sociales.
En el recurso interpuesto por don Manuel López Pardiñas, notario de Bilbao, contra 
la suspensión de calificación por la registradora de la Propiedad de Sevilla número 13, 
doña Blanca Gimeno Quintana, en una escritura de ampliación de capital y modificación 
de estatutos sociales.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Bilbao don Manuel López Pardiñas, 
de fecha 9 de noviembre de 2018, se otorgó ampliación del capital y modificación de 
estatutos sociales de la sociedad Marazza Inversiones S.L., en la que, en el concepto de 
suscripción  del  capital  ampliado,  se  aportan  varias  fincas  urbanas  del  Registro 
número 13 de Sevilla y otras de otro Registro de la misma ciudad.
En la escritura, a los efectos del evitar el cierre registral en tanto se acredite el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  resulta  incorporado  un  justificante  de 
comunicación al Ayuntamiento de Sevilla, generado el 8 de julio de 2019, del que resulta 
que se ha puesto a su disposición copia electrónica de la citada escritura, y que el 
Ayuntamiento a través de su servidor (sistemas informáticos acreditativos autoritativos) 
ha remitido un justificante electrónico de recepción de fecha 8 de julio de 2019, a 
las 19:11, con el consiguiente código electrónico de comunicación que se reseña.
II
La referida escritura se presentó en el Registro de la Propiedad número 13 de Sevilla 
el día 20 de enero de 2020, y fue objeto de calificación negativa de 29 de enero, que a 
continuación se transcribe en lo pertinente:
«Suspendida la calificación y despacho del documento presentado porque sí se 
inserta justificante de comunicación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, de conformidad con el artículo 254 
párrafo 5 de la Ley Hipotecaria, pero no se acredita que el Ayuntamiento haya tenido 
conocimiento efectivo de dicha comunicación, ya que conforme a la Resolución de 15 de 
Enero de 2018 de la Dirección General del Registro y del Notariado “Debe ser la 
administración tributaria competente -en este caso el Ayuntamiento de Sevilla- la que  es
debe confirmar de alguna manera si efectivamente ha recibido la comunicación... Este  o
justificante  puede  ser  un  acuse  de  recibo  electrónico,  acuse  técnico,  justificante  60ww
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III
No se solicitó calificación sustitutoria.
IV
El  día  28  de  febrero  de  2020,  don  Manuel  López  Pardiñas,  notario  de  Bilbao, 
interpuso recurso contra la calificación, en el que en síntesis alega lo siguiente:
«1.  En primer lugar, y dado que según el reiteradísimo criterio de ese alto Centro 
Directivo, debe ceñirse a los concretos defectos alegados por la nota de calificación, y 
dado que ésta exige la acreditación del pago, entiende el recurrente que la nota debiera 
decaer, por cuanto que la norma legal, reiterada por la Ordenanza Municipal, y su 
correlato en la normativa hipotecaria (arts. 254 y 255 L.H.), se refiere más ampliamente a 
"...que se acredite previamente haber presentado autoliquidación o, en su caso, la 
declaración del Impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del 
artículo  110  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo". Conforme a dicho tenor, 
la nota de calificación resulta infundada, ya que la norma no contempla como único 
medio para levantar el cierre registral, la acreditación del pago, sino, también, y entre 
otros, la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto 
Refundido, que es lo que sucede en la escritura calificada, y que de hecho ha llevado a 
la persona titular del Registro 12 a practicar la inscripción.
2.  No obstante, por economía procesal, y con la venía de esa Dirección General, 
entraré en el análisis del que parece ser real objeción para la inscripción, según resulta 
de la fundamentación de la misma -pero no de su parte dispositiva, con evidente falta de 
rigor- esto es, la suficiencia o no del documento incorporado a la escritura a los efectos 
de tener por cumplida la notificación del art. 110, apartado 6, letra b) del Texto Refundido. 
La Registradora alega en su nota la R de 15 de enero de 2018. Sin embargo, el supuesto 
de hecho sobre el que se pronuncia la citada Resolución es claramente diferente. Basta 
pata ello la lectura del punto 2 de la misma: "Entrando en el fondo del recurso se plantea 
si la comunicación realizada por el notario a la Federación Española de Municipios y 
Provincias, al amparo del acuerdo entre dicha federación y el Consejo General del 
Notariado, relativo a la gestión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de  naturaleza  urbana,  es  suficiente  a  los  efectos  de  levantar  el  cierre  registral 
establecido en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria...". Y previamente en su apartado 1.º 
señala la Dirección General como la notificación "...se pretende acreditar mediante el 
justificante que a tal efecto se incorpora a la escritura, identificado con las respectivas 
imágenes corporativas del -sic- Federación Española de Municipios y Provincias y el 
Consejo General del Notariado..." y, por otra parte, según se infiere de la nota de 
calificación de la registradora, contemplada y confirmada por ésta Resolución, en dicho 
caso ". No se acredita la comunicación al Ayuntamiento porque el sistema lo que 
establece es una puesta a disposición del Ayuntamiento de la copia de la escritura, pero 
no  se  acredita  que  el  Ayuntamiento  haya  tenido  conocimiento  efectivo  de  dicha 
comunicación...".
3.  Pues bien, el supuesto de hecho que motiva este recurso es bien distinto: en 
este caso el documento no aparece emitido por la F.E.M.P, con su logo, sino por la 
Administración tributaria competente, el Ayuntamiento de Sevilla, con su logo como 
claramente puede apreciarse; en el documento incorporado no se dice simplemente que  es
la copia se haya puesto a disposición del Ayuntamiento, sino que el Ayuntamiento de  bo
Sevilla, a través de su servidor (sistemas informáticos acreditativos autoritativos) ha  60ww
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lugar, acredita no simplemente la puesta a disposición de la copia, sino el acuse de
recibo  de  la  misma.  Debe  subrayarse  que  no  es  este  el  criterio  sólo  del  Notario 
autorizante, sino también el seguido por la persona titular del Registro de la Propiedad 
n.º 12 de los de Sevilla, que ha procedido a la inscripción de la escritura, considerando 
así suficiente el documento unido a la misma.
Finalmente, cabe subrayar que si la Registradora alega que no se acredita que el 
Ayuntamiento haya tenido efectivo conocimiento, es decir, admite implícitamente que la 
notificación se ha reenviado, sería de aplicación, "mutatis mutandis", el criterio sostenido 
por la Dirección General en su Resolución de 6 de febrero de 2015 en la que señala que 
basta con acreditar la remisión de la notificación, sin que sea preciso aguardar a tener 
constancia de la recepción.»
V
Mediante escrito con fecha de 1 de abril, la registradora de la Propiedad emitió su 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo (con registro de entrada el mismo 
día).
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria; 118, 119, 120 128 y 129 de la 
Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria; 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; 
106 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; los artículos 54.1 Real 
Decreto  Legislativo  1/1993,  de  24  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y las Resoluciones de esta Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 18 de junio de 2010, 3 de junio, 28 de agosto, 15 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2013, 30 de enero, 11 de junio, 10 de octubre y 27 de noviembre de 2014, 6 
de febrero, 6 de mayo y 9 de diciembre de 2015, 11 de abril y 4 de julio de 2016 y 19 de 
abril, 20 de octubre y 27 de noviembre de 2017, 15 de enero y 11 de julio de 2018 y 13 
de marzo de 2019.
1.  Debe decidirse en este expediente si, a efectos de levantar el llamado cierre 
registral  previsto  en  el  artículo  254.5  de  la  Ley  Hipotecaria,  en  una  escritura  de 
ampliación del capital y modificación de estatutos sociales en la que se aportan varias 
fincas urbanas, es o no suficiente el envío de comunicación al Ayuntamiento de Sevilla, 
generado el 8 de julio de 2019, del que resulta que se ha puesto a su disposición copia 
electrónica de la citada escritura, y que el Ayuntamiento a través de su servidor -
sistemas informáticos acreditativos autoritativos- ha remitido un justificante electrónico de 
recepción de fecha 8 de julio de 2019, a las 19:11, con el consiguiente código electrónico 
de comunicación que se reseña en la escritura.
La  registradora  suspende  la  calificación  porque,  a  su  juicio,  aunque  se  inserta 
justificante de comunicación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, de conformidad con el artículo 254 párrafo 5 
de la Ley Hipotecaria, no se acredita que el Ayuntamiento haya tenido conocimiento 
efectivo de dicha comunicación.
El  notario  recurrente  alega  lo  siguiente:  que  dicho  documento  fue  objeto  de  e.e
inscripción en otro Registro de Sevilla; que la ley no exige, como único medio para  b
levantar  el  cierre  registral,  la  acreditación  del  pago,  sino,  también,  entre  otros,  la  60ww
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justificante electrónico; y que ha sido admitido por otro registrador.
2.  Previamente, en cuanto a la alegación de haber sido admitida la escritura en otro 
Registro, este Centro Directivo ha afirmado de forma reiterada, que el registrador, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados 
a inscripción, no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su 
ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación. En definitiva, cada 
nueva presentación significa el inicio –«ex novo»– de todo el procedimiento registral (cfr., 
por todas las Resoluciones de 18 de junio de 2010 o 19 de abril de 2017).
3.  El  cierre  registral  en  tanto  se  acredite  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana aparece regulado por el apartado 5 del artículo 254 de la Ley Hipotecaria desde 
la modificación llevada a cabo por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. De acuerdo con 
dicho precepto, como ya pusiera de relieve esta Dirección General (vid. Resolución 
de 28 de agosto de 2013 y posteriores citadas en los «Vistos»), para poder practicar en 
el Registro de la Propiedad la inscripción correspondiente de cualquier documento que 
contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberá acreditarse 
previamente  haber  presentado  la  autoliquidación  o,  en  su  caso,  la  declaración  del 
impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
De la regulación legal resulta que, en el ámbito de la autonomía local, las entidades 
locales pueden imponer o no este tributo con carácter voluntario de acuerdo con la ley 
estatal, así como reglamentar el tributo mediante la aprobación de la correspondiente 
ordenanza fiscal. En virtud de la habilitación legal que resulta del artículo 110.4 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Sevilla ha 
aprobado la correspondiente ordenanza fiscal disciplinando dicha regulación.
4.  En cuanto a las distintas formas de presentación de la declaración a efectos del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se ha 
considerado suficiente por este Centro Directivo (vid. Resoluciones de 3 de junio de 2013 
y 6 de febrero de 2015) acreditar la remisión del documento correspondiente a través de 
cualquiera de las oficinas que señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre ellas las 
oficinas de Correos a las que se encomienda la prestación del servicio postal universal, 
siempre que se cumplan las formalidades previstas en los en el artículo 31 del Real 
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre.
Justificado por cualquiera de tales medios la iniciación del procedimiento de gestión 
tributaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 
(artículo 118 de la Ley General Tributaria), el legislador ha considerado suficiente su 
acreditación para el levantamiento del cierre registral previsto en el apartado primero del 
artículo 254 de la Ley Hipotecaria por considerar que las vicisitudes posteriores del 
procedimiento tributario no deben afectar al procedimiento de inscripción en el Registro.
Sin embargo, como también ha recordado esta Dirección General (vid. la Resolución 
de 9 de diciembre de 2015), fuera del caso de comunicación, no basta acreditar la mera 
remisión de un documento de autoliquidación o de declaración, sino que es preciso, 
como resulta de del texto del propio artículo 254.5, que la acreditación comprenda el 
hecho de la recepción por la Administración Tributaria competente (vid. Resolución de 3 
de marzo de 2012, entre otras, en relación con los artículos 119 y 120 de la Ley General 
Tributaria). Y este último requisito se puede entender cumplido en el supuesto que  s
motiva este recurso. oe.
Debe tenerse en cuenta, por un lado, que el levantamiento del cierre registral por la  w.
mera comunicación es excepcional para el caso de transmisiones onerosas con el fin de  60ww
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csoem cuunmicpalec iócno ne sin ddiifcearre nlotes  ddealt oqsu ee sseen ecxiaiglees p daera l ala  edseccriltaurraac,i óenn  péusetas  mdeiebnet raacso emnp aaqñuaérsllae   BOE-A-cable e
copia simple y demás documentación en iguales términos que se piden para el caso de 
autoliquidación. Requisito que se ha cumplido en el presente recurso.
5.  En el concreto supuesto de este expediente, en la escritura calificada se inserta, 
como  justificante  de  la  presentación  de  la  comunicación  encomendada  al  notario 
autorizante, un documento, generado de forma electrónica encabezado con la imagen 
corporativa del Consejo General del Notariado, y el del Ayuntamiento de Sevilla, en el 
que se acredita la existencia de un justificante electrónico de recepción de fecha 8 de 
julio de 2019, a las 19:11 horas, con el correspondiente siguiente código electrónico de 
comunicación que se reseña, en base a lo cual, el notario da fe de la recepción por parte 
del Ayuntamiento de Sevilla..
En definitiva, acreditado ante el registrador la existencia de la declaración dirigida a 
la Administración competente y su presentación por medios electrónicos, no cabe sino 
afirmar que procede el levantamiento del cierre registral y el despacho ordinario del 
documento presentado (cfr., por todas, las Resoluciones de esta Dirección General de 6 
de febrero de 2015 y 13 de marzo de 2019).
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar 
la calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 16 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.