BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 267 Viernes 9 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 86883
III. OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
12101 Conflicto  de  Jurisdicción  n.º  2/2020  suscitado  entre  el  Juzgado  de  1ª 
Instancia  núm.  10  de  Murcia  y  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Totana 
(Murcia).
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 2/2020
Fecha Sentencia: 23/09/2020.
Tipo de procedimiento: Conflicto art.38 LOPJ.
Número del procedimiento: 2/2020.
Fallo/Acuerdo: Sentencia Resolviendo Conf. Jurisdicción.
Fecha de votación y fallo: 23/09/2020.
Ponente: Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara.
Procedencia: Jdo. Primera Instancia N. 10.
Secretaría de Gobierno.
Transcrito por: LMR.
Nota:
Resumen:
Conflicto Art. 38 LOPJ núm.: 2/2020.
Ponente: Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara.
Secretaría de Gobierno.
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 2/2020
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
Don Carlos Lesmes Serrano, presidente.
Don Francisco Javier Borrego Borrego.
Don Isaac Merino Jara.
Don Enrique Alonso García.
Doña María Victoria Camps Cervera.
Don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.
En Madrid, a 23 de septiembre de 2020.
Este Tribunal ha visto el conflicto de jurisdicción núm. A/38/2/2020, suscitado entre el  es
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 10 de Murcia y el Registro de la Propiedad de Totana  o
(sMeguuHrcidaiao s) ,ia de oinn ps etoaln nseceninateo d  edele  AEl dxeocxmlpfienoda. i SeMnr.at eDrt í.dn Iees azli abMce arMartceíniróiennzo  d yJe ao rtcraao.rsg.as registrales núm. 1394/2019,  2020-12101n https://www.
Antecedentes de hecho
Primero.
Doña Adolfina Martínez Martínez y otros instaron, el 1 de abril de 2019, ante la 
jurisdicción  civil,  expediente  de  jurisdicción  voluntaria  de  liberación  de  cargas  y 
gravámenes  respecto  de  diversas  fincas  registrales,  en  el  que  solicitaban  que  se 
ordenara la cancelación de las anotaciones preventivas de embargo que pesaban sobre 
las mismas, practicadas por mandamiento judicial del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1 de Murcia el 12 de noviembre de 1971 y prorrogadas el 23 de septiembre 
de 1975. El expediente fue repartido al Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Murcia.
Segundo.
Los mismos demandantes solicitaron, el 3 de junio de 2019, la cancelación de las 
mismas anotaciones preventivas ante el Registro de la Propiedad de Totana (Murcia), al 
amparo de lo dispuesto en el art. 210 de la Ley Hipotecaria (LH). El día 25 del mismo 
mes, el registrador de la propiedad calificó negativamente la solicitud al considerar que el 
expediente  de  liberación  de  cargas  y  gravámenes  no  era  el  adecuado  para  la 
cancelación de las anotaciones preventivas de embargo, ya que, al haberse prorrogado 
con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  (LEC) 
LEC 1/2000, seguían en vigor y, en consecuencia, solo podían ser canceladas por 
providencia firme del juez que hubiera ordenado la anotación, conforme a lo dispuesto en 
el art. 83 LH.
Tercero.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Murcia, dictó auto de fecha 10 de 
diciembre de 2019 por el que, apreciando de oficio su falta de jurisdicción, se abstuvo de 
conocer del expediente de jurisdicción voluntaria, por entender que el conocimiento de 
los expedientes de liberación de cargas y gravámenes correspondía al Registro de la 
Propiedad.  A  la  vista  de  la  anterior  resolución,  el  23  de  diciembre  de  2019,  los 
demandantes plantearon ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Murcia, para 
ante  este  Tribunal,  conflicto  negativo  de  jurisdicción.  Recibidas  las  actuaciones  y 
acordado  su  registro  y  tramitación,  se  confirió  traslado  al  Ministerio  Fiscal  y  a  la 
Administración, que evacuaron el trámite solicitando la inadmisión del conflicto.
Cuarto.
Recibidos en este Tribunal tanto el expediente de liberación de cargas registrales 
núm.  1394/2019,  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  10  de  Murcia,  como  la 
certificación de la nota de calificación firmada por el registrador de la propiedad de 
Totana (Murcia), se registró con el número A38/2/2020, se formó rollo de Sala y se 
acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Administración por plazo 
común de diez días, a los efectos previstos en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica de 
Conflictos Jurisdiccionales.
Quinto.
El Abogado del Estado presentó escrito el 21 de agosto de 2020 en el que solicita  o
que se dicte resolución declarando la inexistencia del conflicto negativo de jurisdicción  101ww
deen tMreu ercl iRa.egistro de la Propiedad de Totana y el Juzgado de Primera Instancia núm. 10
Sexto.
El Ministerio Fiscal presentó escrito en fecha 1 de septiembre de 2020 en el que, tras 
exponer las alegaciones que consideró pertinentes, mantiene, al igual que el Abogado 
del Estado, que debe rechazarse expresamente la existencia del conflicto de jurisdicción.
Séptimo.
Mediante providencia de fecha 1 de septiembre de 2020 se señaló para la decisión 
de  este  Conflicto  el  día  23  de  septiembre  de  2020,  fecha  en  que  tuvo  lugar  la 
deliberación y votación del mismo con el resultado que ahora se expresa.
Fundamentos de Derecho
Primero.  Las alegaciones formuladas por los órganos en conflicto y por el Ministerio 
Fiscal.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Murcia se declara incompetente al 
considerar que la competencia para conocer del expediente de liberación de cargas y 
gravámenes corresponde al Registro de la Propiedad tras la entrada en vigor de la Ley 
de Jurisdicción Voluntaria y la modificación llevada a cabo en el art. 210 LH por la 
Ley 13/2015, de reforma de la LH y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario.
La Abogacía del Estado considera que el conflicto de jurisdicción negativo que se 
plantea es inexistente, por las siguientes razones:
(i)  El órgano administrativo, el Registro de la Propiedad de Totana, no rechazó el 
conocimiento del asunto ni se consideró incompetente, sino que, reconociendo su propia 
competencia  y  conociendo  de  él  en  ejercicio  de  sus  funciones,  emitió  calificación 
negativa, desestimando la solicitud de cancelación de anotación preventiva de embargo 
articulada  por  entender  que  no  concurrían  los  concretos  requisitos  legales  que 
especificaba, consistentes, en síntesis, en que el expediente de liberación de cargas y 
gravámenes  promovido  al  amparo  del  art.  210  LH  no  era  el  adecuado  para  la 
cancelación  de  las  anotaciones  preventivas  de  embargo,  ya  que  éstas,  al  haberse 
prorrogado con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC 1/2000, seguían en vigor y, 
en consecuencia, solo podían ser canceladas por providencia firme del juez que hubiera 
ordenado la anotación, conforme a lo dispuesto en el art. 83 LH.
(ii)  Los recurrentes simultanearon sus peticiones ante el Registro de la Propiedad 
de Totana y el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Murcia, como resulta de la 
presentación del escrito de 1 de abril de 2019 por el que se promovía ante el mismo 
procedimiento de jurisdicción voluntaria y de la instancia de 20 de mayo de 2019 dirigida 
al Registro de la Propiedad. En consecuencia, no siguieron el mecanismo propio de los 
conflictos negativos de jurisdicción, consistente en solicitar sucesivamente del órgano 
administrativo y del órgano judicial el conocimiento del asunto.
(iii) Además, no concurre el necesario presupuesto de todo conflicto negativo de 
jurisdicción, consistente en la existencia de dos resoluciones firmes que declaren la falta 
de competencia, puesto que: de un lado, la calificación negativa del registrador -que no 
fue una decisión de incompetencia- era susceptible de recurso ante la Dirección General 
de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  (en  lo  sucesivo,  DGSJFP)  o  ante  el  órgano 
jurisdiccional civil correspondiente, además de poder solicitarse la calificación sustitutoria  s
(arts. 19 bis, 323 y 328 de la LH); y, de otro, el auto de 10 de diciembre de 2019 del  e.
Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  10  de  Murcia  era  susceptible  de  recurso  de  w.
apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. 101ww
Concluye,  pues,  la  Abogacía  del  Estado,  que  no  se  está  ante  un  conflicto  de
jdueribsed ircecsióonlv,e srsineo p aonr tleo su tnraá mdiitsecso cnofonrtmemidpalda dfroesn lteeg aa lmlae cnatelif.icación registral, cuyo recurso
También el Ministerio Fiscal interesa el rechazo del conflicto, sin pronunciamiento 
decisorio alguno, ya que no existe verdadero conflicto, por las siguientes razones:
(i)  Con  cita  de  las  sentencias  de  este  Tribunal  de  13  de  noviembre  de  2017 
(conflicto núm. 4/2017) y de 7 de noviembre de 2007 (conflicto núm. 12/2007) considera 
que no se está ante un verdadero conflicto de jurisdicción, dado que, en ningún caso, el 
registrador  de  la  propiedad  negó  su  competencia  para  conocer  del  expediente  de 
liberación  de  cargas  y  gravámenes,  sino  que  se  limitó  a  desestimar  la  pretensión 
ejercitada a través de dicho expediente.
(ii)  El demandante pudo hacer valer sus derechos, no a través del conflicto de 
jurisdicción promovido, sino mediante los recursos legamente previstos en la ley, es 
decir, bien tanto ante la DGSJFP como ante el órgano jurisdiccional civil, a tenor de lo 
dispuesto en los arts. 19 bis, 223, 328 de la LH, o bien planteando nuevamente su 
pretensión, ante la jurisdicción civil, a través del procedimiento declarativo pertinente.
Segundo.  Consideraciones jurídicas y decisión de este Tribunal.
En el caso que nos ocupa, los promotores del conflicto no realizaron requerimientos 
de competencia sucesivos a los órganos implicados, judicial y administrativo, sino que se 
siguieron  tramitaciones  simultáneas  ante  ellos  que  concluyeron  en  dos  decisiones 
contrarias a sus intereses: una, la del Registro de la Propiedad, que decidió sobre el 
fondo de la cuestión planteada ante él, calificando negativamente la solicitud; y otra, la 
del Juzgado de Primera Instancia, que rechazó su propia competencia para conocer del 
expediente de jurisdicción voluntaria promovido ante él.
No concurre, pues, el necesario presupuesto de todo conflicto de jurisdicción. La 
calificación negativa del registrador de la propiedad no rechazó su propia competencia, 
sino que, aceptándola, en el ejercicio de sus funciones, rechazó, en cuanto al fondo, la 
pretensión articulada ante él.
La función de este Tribunal se circunscribe, exclusivamente, a declarar a cuál de los 
órganos –administrativo o judicial– corresponde la jurisdicción controvertida (art. 17.1 
LOCJ). Sin embargo, en este caso no existe controversia al respecto, ya que tanto el 
Registro de la Propiedad de Totana como el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de 
Murcia consideran que el órgano competente para conocer del expediente de liberación 
de cargas promovido es el Registro de la Propiedad –al margen de si el expediente de 
liberación  de  cargas  y  gravámenes  es  o  no  el  cauce  adecuado  para  satisfacer  la 
pretensión de los solicitantes–.
Por consiguiente, procede declarar la inexistencia de conflicto de jurisdicción por su 
incorrecto planteamiento (art. 17.2 LOCJ en relación con el art. 13).
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, este Tribunal ha decidido:
Que no procede pronunciamiento decisorio alguno sobre este conflicto de jurisdicción 
cuya existencia se rechaza expresamente.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado».
Así se acuerda y firman.–Carlos Lesmes Serrano.–Fco. Javier Borrego Borrego.– oe.
IHseararce roM Reoridnroíg uJeazra d.–eE Mnirñiqóune.– FAirlomnasdoo .García.–María  Victoria  Camps  Cervera.–Miguel  2020-12101n https://www.