BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 59960
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8342 Sala Primera. Sentencia 76/2021, de 15 de abril de 2021. Recurso de amparo 
electoral 2117-2021. Promovido por el Partido Popular, don Antonio Cantó 
García del Moral y don Agustín Conde Bajén, en relación con la sentencia de 
un  juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  de  Madrid  que  declaró  la 
inelegibilidad de estos últimos. Supuesta vulneración del derecho de acceso 
a los cargos públicos en condiciones de igualdad: exclusión de las listas 
electorales  de  quienes  no  ostentaban  la  condición  de  electores.  Votos 
particulares.
ECLI:ES:TC:2021:76
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2117-2021, promovido por el Partido Popular, don 
Antonio Cantó García del Moral y don Agustín Conde Bajén, representados por el 
procurador de los tribunales don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y bajo la 
dirección  del  letrado  don  Alberto  Durán  Ruiz-Huidobro,  contra  la  sentencia  núm. 
127/2021, de 11 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de 
Madrid, recaída en el recurso contencioso-electoral núm. 180-2021. Han sido parte el 
Partido  Socialista  Obrero  Español  (PSOE)  y  doña  Encarnación  Moya  Nieto, 
representados  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Virginia  Aragón  Segura  y 
asistidos de los letrados don Alberto Cachinero Capitán y don Bernabé Gallego Díaz. Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 12 de abril 
de  2021,  el  procurador  de  los  tribunales  don  Manuel  Sánchez-Puelles  González-
Carvajal, actuando en nombre y representación del Partido Popular, de don Antonio 
Cantó García del Moral y de don Agustín Conde Bajén, interpuso recurso de amparo 
contra la resolución mencionada en el encabezamiento.
2.  La demanda de amparo tiene su origen en los siguientes antecedentes: es
a)  Por Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la presidenta de la Comunidad de  w.
Madrid [publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» («BOCM») núm.  42ww
5co9n, vdoec a1t1o rdiae  dmea rezloe cdceio n2e0s2 1a],  lsae  macisomrdaó.  Llaa sd iseoleluccciióonn edse  slae  Acesalembrbaleráan d eel  M4a dderi dm, ya yloa 
de 2021.
b)  Don José Antonio Martínez Páramo, como representante del Partido Popular 
presentó el 30 de marzo de 2021 la lista de integrantes de la candidatura de este partido 
a las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021, figurando en la misma los señores don 
Toni (sic) Cantó García del Moral, que aparece como independiente en el número 5, y 
don Agustín Conde Bajén, que se sitúa en el número 23 de la lista como integrante del 
Partido Popular. La Junta Electoral Provincial de Madrid, actuando como junta electoral 
autonómica, publicó las candidaturas proclamadas provisionalmente, en el «BOCM» 
núm. 78, de 2 de abril de 2021. Con el número 11 aparece la candidatura del Partido 
Popular en los términos expuestos.
c)  Mediante sendos escritos, presentados el 2 y el 3 de abril por doña Encarnación 
Moya Nieto, como representante general del Partido Socialista Obrero Español de la 
Comunidad de Madrid (PSOE-M), esta formación impugnó la candidatura del Partido 
Popular, de acuerdo con lo previsto en el art. 47.2 de la Ley Orgánica del régimen 
electoral general (LOREG), contestando la inclusión en la misma tanto de don Antonio 
Cantó como de don Agustín Conde. En los escritos se argumenta que ambos resultan 
inelegibles por no figurar inscritos en el censo electoral vigente el 1 de enero de 2021, 
fecha  en  la  que  este  quedó  cerrado  para  dichas  elecciones.  En  los  escritos  de 
alegaciones presentados por el Partido Popular, este informa que el candidato don 
Antonio Cantó García del Moral, diputado autonómico de las Cortes Valencianas y 
portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos hasta su dimisión el 17 de marzo 
de 2021, trasladó su residencia a Madrid, empadronándose en esta ciudad el 22 de 
marzo de 2021 (de lo que aporta la oportuna certificación), mientras que el señor Conde 
Bajén se empadronó en la ciudad de Madrid, causando alta por cambio de residencia, el 
día 26 de marzo de 2021.
La  Junta  Electoral  Provincial  rechazó  la  impugnación  del  PSOE  mediante  sus 
acuerdos núms. 16 y 17, de 5 y 6 de abril de 2021, en los que se remitió al acuerdo de 
subsanación de defectos de la candidatura del Partido Popular, de 3 de abril de 2021. 
Este último consideró subsanado el vicio de falta de certificación del domicilio en la 
Comunidad  de  Madrid  de  ambos  integrantes  de  la  lista  del  Partido  Popular,  la 
presentación  de  sus  respectivos  documentos  nacionales  de  identidad,  en  los  que 
constaba como dirección de su domicilio una en la ciudad de Madrid.
Mediante acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid de 7 de abril de 2021, 
publicado en el «BOCM» núm. 83, de 8 de abril de 2021, se proclamó definitivamente, 
entre otras, la candidatura del Partido Popular, en la que se incluían con los números 5 
y 23, respectivamente, los candidatos señores Cantó García del Moral y Conde Bajén.
d)  La representación del PSOE interpuso el 9 de abril de 2021 recurso contencioso-
electoral contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid de 7 de abril, 
publicado el 8 de abril de 2021. La impugnación se centraba en la inclusión en la 
candidatura del Partido Popular de los candidatos don Antonio Cantó García del Moral y 
don Agustín Conde Bajén, solicitando el partido recurrente la anulación del acuerdo 
impugnado y la exclusión de la lista electoral del Partido Popular de los dos candidatos. 
El conocimiento del recurso correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 5 de Madrid (procedimiento electoral 180-2021). Dado traslado de la demanda al 
Partido Popular y al Ministerio Fiscal, el primero solicitó la desestimación del recurso y el 
segundo su estimación, señalando que de la normativa aplicable se extrae la conclusión 
inequívoca de que, convocadas las elecciones en fecha 10 de marzo de 2021, el cierre 
del censo electoral vigente para esta convocatoria tuvo lugar el 1 de enero de 2021, con 
lo que todo aquel que a esa fecha no estuviese inscrito en el censo electoral de una  s
circunscripción concreta, o en condiciones de serlo, no puede ser candidato en dicha  oe.
circunscripción. w.
e)  Por  sentencia  de  11  de  abril  de  2021,  el  Juzgado  de  lo  Contencioso- 42ww
lAad Jmuinntiast rEalteivcoto nraúlm P. r5o vdinec Miaal ddreid M easdtirmidó d eel  r7e cduer saob,r ial nduel a2n0d2o1 ,p aprocri aelml qeunete s eel  parcoucelardmoa dbea 
ddeef imniatiyvoa mdee n2t0e2 l1a,  cya ancdoidradtaunrdao d qeul eP alortsid coa nPdoipdualtaors  pdaorna  Alanst oenleioc cCioannetós  Gauatrocníaó mdeicl aMs odreall  4y   BOE-A-cable e
don Agustín Conde Bajén habían de ser excluidos de la misma, por ser inelegibles, con 
las consecuencias que se deriven, que habrán de ser acordadas por la Junta Electoral 
Provincial.
Tras exponer los antecedentes del caso, las posiciones de cada una de las partes, y 
resolver la cuestión relativa a la solicitud de práctica de determinada prueba por la parte 
demandante, el órgano judicial, invocando la STC 135/2004, de 5 de agosto, sitúa como 
premisa de su posterior razonamiento la doctrina según la cual el derecho de sufragio 
pasivo, reconocido por el art. 23 CE, es un derecho fundamental de configuración legal. 
En el supuesto de autos, la sentencia de instancia determina que será la Ley 11/1986, 
de 16 de diciembre, electoral de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 11/1986), la 
disposición  que  regule  el  ejercicio  del  derecho  de  sufragio  en  las  elecciones  a  la 
Asamblea de Madrid, aplicándose supletoriamente a esta, cuando sea preciso, la Ley 
Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  régimen  electoral  general  (según  dispone  la 
disposición adicional segunda de la Ley 11/1986). Y, concretando aún más la regulación 
aplicable al caso, la sentencia identifica el art. 2.1 de la Ley 11/1986, que establece que 
tendrán derecho de sufragio todos los españoles mayores de edad que no hayan sido 
objeto de una condena penal a la pena principal o accesoria de privación del derecho de 
sufragio (arts. 1 y 2 LOREG) y que ostenten la «condición política de ciudadanos de 
Madrid», lo que sucede cuando se tenga la vecindad administrativa de cualquiera de los 
municipios de la Comunidad de Madrid [según el art. 7.2 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid (EAM), aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero]. 
Siguiendo  el  razonamiento,  el  juez  constata  que  la  vecindad  administrativa,  o  la 
condición de vecino se adquiere en el mismo momento de la inscripción en el padrón 
[art. 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), 
y arts. 54 y 55 del reglamento de población y demarcación territorial de las entidades 
locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio], y acto seguido confirma 
que los señores Cantó y Conde ostentan, al momento de dictarse la sentencia, la 
condición de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, ya que están empadronados en 
uno de sus municipios, tal y como se desprende de sus documentos nacionales de 
identidad,  renovados  los  días  26  y  29  de  marzo  de  2021  y  de  sus  volantes  de 
empadronamiento en la ciudad de Madrid de 22 y 26 de marzo de 2021.
Ahora  bien,  la  sentencia  observa,  acto  seguido,  que  la  condición  de  vecindad 
administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no les confiere, per se, el 
derecho a ser elegibles en las elecciones a su Asamblea Legislativa del próximo 4 de 
mayo de 2021, porque para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable «la 
inscripción en el censo electoral vigente» (art. 2 de la Ley 11/1986), siendo elegibles los 
ciudadanos que posean la condición de elector, que son quienes figuran en el censo 
electoral vigente (arts. 3 de la Ley 11/1986).
Y, en su artículo 3 previene que serán elegibles los ciudadanos que posean la 
condición de elector (que no son otros que los que figuran en el censo electoral vigente) 
y no estén incursos en causa de inelegibilidad (de las previstas en el artículo 3.2 de 
dicha Ley 11/1986 o en la LOREG). Es decir, para poder ser candidato ha de reunirse la 
condición de elector, esto es, se ha de estar inscrito en el censo electoral vigente.
Por lo que hace a la aplicación del art. 4.2 de la Ley 11/1986, que dispone que 
quienes «aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del 
censo electoral vigente, referido al territorio de la Comunidad de Madrid podrán serlo, 
siempre  que  con  la  solicitud  acrediten,  de  modo  fehaciente,  que  reúnen  todas  las 
condiciones exigidas para ello», la sentencia sostiene que «(e)sta previsión legal no es  s
propiamente  una  excepción  o  un  régimen  especial,  como  se  postula  por  la  Junta  oe.
Electoral Provincial y el Partido Popular, sino que permite a quien tenía derecho a estar  w.
inscrito en el censo electoral (por residir habitualmente en la Comunidad de Madrid en la  42ww
rfeaczhóan  ndoe  fcigieurrrae  idnescl rciteon esno  deilcehcoto craeln asop lieclaebclteo raa l,l alas  peolescibciiloidnaeds )d, ep earcore, dqiutaer  psuo rd ceureaclqhuoie ar 
hdaebreecrh ofig; upreardoo,  siin nsoc rsiteo  teenn íaé ld, emreecdhiaon ate e sctuaar leinscqluuiideora e nm eeld cioesn sdoe  ap lrau efebcah aa ddme istiud ocsie rerne   BOE-A-cable e
(1 de enero de 2021), no se podrá concurrir a las elecciones (puesto que en ningún 
momento podrían haber sido electores)».
Para concluir su argumentación, el órgano judicial analiza qué ha de entenderse por 
«censo electoral vigente», y si ha de considerarse coincidente la expresión o no con la 
de «censo electoral», puesto que el artículo 2 de la Ley 11/1986 exige estar inscrito en el 
censo electoral «vigente» y no simplemente en el censo electoral, tanto para ser elector 
como elegible (salvo la excepción del artículo 4.2 de dicha Ley). Tras examinar el 
contenido del art. 39 LOREG, la sentencia concluye que la noción de censo electoral 
vigente remite a la previsión del art. 39.1 LOREG que establece que «[p]ara cada 
elección el censo electoral vigente será el cerrado el día primero del segundo mes 
anterior a la convocatoria (en el caso de autos a 1 de enero de 2021)». Por tanto, vistos 
los volantes de empadronamiento aportados por el Partido Popular, se reputa acreditado 
que el empadronamiento en la Comunidad de Madrid de los candidatos señores Cantó y 
Conde fue efectuado en fecha posterior al cierre del censo electoral vigente (1 de enero 
de 2021) y anterior a la presentación de la candidatura por el Partido Popular, en que se 
han integrado, por lo que ninguno de los dos ostentaría la condición de elector, que es un 
requisito insoslayable para poder concurrir a las elecciones como candidato. Finalmente, 
la sentencia descarta la interpretación que hiciera la Junta Electoral del art. 7.1 LOREG, 
afirmando que «dicho precepto se refiere a que los candidatos no deben estar incursos 
en  las  causas  taxativas  que  se  enumeran  en  el  artículo  6  LOREG  y  concordante 
artículo 3.2 de la Ley 11/1986 de la Comunidad de Madrid; es decir, bastará con que 
alguna de las personas que están en las condiciones expuestas (por ejemplo, formar 
parte del Gobierno de España, Defensor del Pueblo, jueces en activo, etc.) hayan 
cesado a sus funciones con anterioridad a la presentación de las candidaturas».
3.  El recurso de amparo se fundamenta en la vulneración del derecho de sufragio 
activo  (art.  23.1  CE),  en  la  vulneración  del  derecho  de  acceso  en  condiciones  de 
igualdad  a  los  cargos  públicos  electivos  (art.  23.2  CE)  y  en  la  lesión  del  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de los señores 
Cantó y Conde.
Con carácter previo a la exposición de las quejas, la demanda concreta cuál es la 
ratio decidendi de la sentencia impugnada, avanzando que se trata de una interpretación 
insostenible  jurídicamente,  y  restrictiva  del  derecho  fundamental  del  art.  23.1  CE. 
Destaca, en este sentido dos aspectos del pronunciamiento de instancia que considera 
relevantes: (i) la confusión en que incurre a la hora de interpretar el ordenamiento 
jurídico aplicable, que lleva al órgano judicial a considerar que existen dudas donde, en 
realidad, una adecuada interpretación del ese ordenamiento revela que no las hay 
respecto de los requisitos para la titularidad del derecho al sufragio (ex arts. 2.1 de la 
Ley 1/1986 y 2.1 LOREG) y la condición de la inscripción censal; respecto de los 
requisitos para la inscripción en el censo vigente con los requisitos para ser candidato; y 
respecto del requisito temporal del censo con el requisito de acreditación de la vecindad 
administrativa;  y  (ii)  la  opción  por  interpretar  de  la  forma  menos  favorable  el 
ordenamiento jurídico, de cara al reconocimiento del derecho fundamental concernido, 
desde  la  consideración,  admitida  en  la  sentencia,  de  que  existe  un  espacio 
indeterminado en la Ley que ofrece dudas interpretativas.
Una vez expuesto lo anterior, y justificada la especial trascendencia constitucional del 
recurso de amparo vinculándola a los apartados a), g) y f) del fundamento jurídico 2 de la 
STC 155/2009, de 25 de junio, se desarrollan dos quejas en la demanda (más una 
tercera que no incluye argumentación): e.
A)  Se denuncia la vulneración del derecho fundamental al sufragio pasivo (art. 23.1  42ww
CnoE )a, mmpeadriaadnote p loar  imlap loesyi cyió nco pnotrra lraio s ae nltae ndcoiac,t ridnea  udne  rleaq uinisteitrop rreetsatcriicótniv om dáes  sfauv oerjearbcliec ioa,l 
yd ecreocnhteon fiudnod daeml ednetarel.c Throa sf uinnvdoacmaer nlata jlu rpisropcruladmenacdioa  ceonn setli taurcti.o n2a3l. 1re ClaEtiv a(S aS lTaC n a5t1u/r1a9le8z4a, 
de 25 de abril, y 185/1999, de 11 de octubre), se afirma que la controversia jurídica
suscitada se sitúa en resolver si existe o no un requisito adicional y restrictivo del 
derecho al sufragio pasivo en las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid, 
consistente  en  la  necesidad  de  que  el  candidato  ostente  la  «condición  política  de 
ciudadano de la Comunidad de Madrid» (art. 2.1 de la Ley 1/1986) en el momento de 
cierre del censo electoral ex art. 39.1 LOREG («el día primero del segundo mes anterior 
a la convocatoria electoral») y no en el momento de presentación de la candidatura. Los 
recurrentes niegan la existencia de ese requisito adicional apoyándose en los siguientes 
argumentos:
a)  La interpretación contenida en la sentencia impugnada no encuentra amparo 
alguno  en  la  legislación  aplicable,  imponiéndose  jurisdiccionalmente  un  requisito 
restrictivo del derecho fundamental al sufragio pasivo que excede de su configuración 
legal. Aunque no se discute que, tratándose de un derecho de configuración legal, la ley 
pueda imponer requisitos adicionales para la titularidad del derecho de sufragio, como ha 
reconocido el Tribunal Constitucional, lo que sí se discute es que exista en efecto tal 
exigencia en el ordenamiento jurídico aplicable. El argumento de la sentencia es que los 
señores Cantó y Conde no pueden ser elegibles al no poder ser electores, por no haber 
demostrado que, a la fecha de cierre del censo electoral (1 de enero de 2021), se 
encontraban  empadronados  en  la  Comunidad  de  Madrid,  lo  que  deriva  de  una 
interpretación del art. 4.2 de la Ley 1/1986 restrictiva del derecho al sufragio pasivo, que 
rompe  con  la  aplicación  que  ordinariamente  se  ha  efectuado  de  dicho  precepto, 
confundiendo los conceptos jurídicos respecto de los siguientes elementos:
(i)  La sentencia confunde los requisitos para la titularidad del derecho al sufragio 
con lo que es una mera condición técnica general, pero no absoluta, para su ejercicio: la 
inscripción censal. Pero dicho requisito no se recoge en el respectivo apartado primero 
de los arts. 2 de la Ley 1/1986 y 2 LOREG, sino en el segundo, siendo así que los de 
aquel constituyen auténticos requisitos para la titularidad del derecho al sufragio activo y 
pasivo, mientras que el apartado 2 se refiere a una mera condición técnica para al 
ejercicio del derecho. La titularidad del derecho de sufragio pasivo se reconoce a todos 
los españoles mayores de edad sin excepción, con la particularidad de que, en relación 
con las elecciones autonómicas, a las anteriores nociones se añadirá la residencia 
administrativa en la comunidad autónoma en cuestión. Así, conforme a los arts. 2.1 y 6.1 
LOREG gozará de la cualidad de elector (y, por tanto, de elegible) todo aquel que sea 
español,  mayor  de  edad  y  no  se  encuentre  incurso  en  ninguna  de  las  causas  de 
inelegibilidad. Esto también se desprende del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
de Madrid cuando dispone en su art. 10.8 que «[s]erán electores y elegibles todos los 
madrileños  mayores  de  dieciocho  años  de  edad  que  estén  en  pleno  goce  de  sus 
derechos políticos». Ello explica la existencia de excepciones a la inscripción censal 
inicial como condición de ejercicio del derecho, entre las que destaca el art. 4.2 de la 
Ley 1/1986, que claramente la excepciona cuando concurran los requisitos para ser 
candidato.
(ii)  Como consecuencia de lo anterior se confunden, extrapolándose, lo que son 
requisitos para la inscripción en el censo vigente con los requisitos para ser candidato, 
pues se exige que se reúnan los requisitos a la fecha de cierre del censo.
(iii)  Por último, se pretende extrapolar el requisito temporal del «censo vigente» a 
todos los requisitos de titularidad del derecho al sufragio, terminando por concluir que, de 
conformidad con el art. 39.1 LOREG, es exigible que los candidato reúnan todas las 
condiciones para ello a la fecha del cierre censal. e
Partiendo de las anteriores confusiones que se imputan a la sentencia, se argumenta  w.
pqerul oemc llaaism minaotde orpp cereormtmaicotei ót anal  pls ri ecaadcnircedadidditaaa t ode enlq  sauuret . s 4on.loi2c  idthuead  ,la sd ieLd eofoy  ri1mn/s1ac9 rf8ieto6h  areceinseu nletteal ,  icqneusnoess rotee únvnibiegl eeto,n dtpeao,s rq sluaeesr    2021-8342n https://ww
condiciones exigidas para ello. Atendiendo a una interpretación sistemática del precepto,
de haber pretendido configurarse los arts. 4.2 de la Ley 1/1986 y 7.2 LOREG como un
mero mecanismo de corrección técnica del censo en relación con el sufragio pasivo, lo 
lógico habría sido su inclusión en la sección tercera del capítulo cuarto de la LOREG, 
siendo  coherente  con  esta  posición  lo  dispuesto  por  el  art.  7.1  LOREG.  Una 
interpretación teleológica del precepto permite entender que este pretende que pueda 
proclamarse candidato a quien, independientemente de la inscripción o no en el censo, 
demuestre reunir los requisitos para ser elegible (con cita de la STC 86/2003, de 8 de 
mayo, y de los acuerdos de la Junta Electoral Central de 4 de abril de 1991, 29 de abril 
de 1991 y 20 de enero de 2000).
En definitiva, los recurrentes consideran que la legislación vigente (en particular, el 
art. 4.2 de la Ley 1/1986) no configura el requisito predicado por la sentencia para excluir 
a los candidatos, sino que, antes al contrario, exige que los requisitos para ello concurran 
en el momento de presentación de la candidatura y no en el momento de inscripción en 
el censo electoral. Por ello la sentencia impugnada construye un requisito restrictivo del 
derecho fundamental sin anclaje en el ordenamiento jurídico, con lo que infringe con toda 
claridad el derecho fundamental al sufragio pasivo ex art. 23.1 CE.
b)  El  segundo  argumento  de  la  demanda,  en  relación  con  la  vulneración  del 
art. 23.1 CE, sostiene que, aunque existieran dudas sobre la exigencia o no del requisito 
de la inscripción censal en el «censo vigente», debió prevalecer la doctrina constitucional 
relativa al principio de interpretación más favorable al ejercicio del derecho fundamental 
de sufragio pasivo (con cita de las SSTC 148/1999, de 4 de agosto, y 86/2003, de 8 de 
mayo).  Argumenta  esta  parte  que,  si  la  sentencia  consideraba  que  existían  dudas 
interpretativas  sobre  la  exigencia  o  no  del  requisito,  debió  inclinarse  por  aplicar  la 
solución más favorable a la virtualidad del derecho fundamental al sufragio pasivo, y, en 
lugar  de  ello,  aplicó  la  opción  más  restrictiva  y  desfavorable  para  el  derecho 
fundamental, contraviniendo la doctrina jurisprudencial ya mencionada.
B)  La  segunda  queja  denuncia  la  vulneración  del  derecho  de  acceso  en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos (art. 23.2 CE), al exigirse a los 
candidatos  excluidos  requisitos  para  apreciar  la  elegibilidad  que  no  habrían  sido 
previamente requeridos para ningún candidato propuesto.
Se señala que la administración electoral no ha exigido jamás la inscripción censal 
de los candidatos propuestos como un requisito inexcusable para la validez de las 
candidaturas,  sin  que  se  haya  planteado  la  cuestión  en  ningún  proceso  electoral 
autonómico anterior y sin que los extremos discutidos hayan tenido antes la menor 
relevancia,  teniendo  claro  los  operadores  electorales  que  el  requisito  de  vecindad 
administrativa  en  el  ámbito  electoral  autonómico  se  circunscribe  al  momento  de 
presentación de las candidaturas, sosteniéndolo de este modo tanto la Junta Electoral 
Central como la Junta Electoral Provincial. Así se recoge en el acuerdo núm. 17, de 6 de 
abril de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que a su vez recoge lo 
dictaminado por la Junta Electoral Central en sus acuerdos 167/1995, de 7 de abril, 
130/1999, de 27 de abril, y 700/1995, de 24 de mayo, resultando congruente con lo 
dispuesto en la STC 86/2003.
Se destaca asimismo en la demanda, que la mención que el acuerdo núm. 17 de la 
Junta Electoral Provincial de Madrid hace en relación con la posibilidad de interponer 
recurso contencioso-administrativo, no se refiere a la resolución sobre el fondo del 
asunto, sino a la posibilidad de recurrir defectos relativos a la inscripción en el censo 
aplicable que, en este caso, sí podrían provocar que los candidatos no pudieran ser 
elegibles.
Y, de acuerdo con lo expuesto, esta parte entiende que la sentencia impugnada  e.
vulnera el derecho fundamental de participación política en relación con el acceso en  w.b
condiciones de igualdad a cargo público electivo, porque, si bien no se niega que el  42ww
lteegrriistolardioo, rp raeuvtioennódmo ilcao  npeuceesdied aeds dtaeb dleiscpeor nleimr idtaec ivoenceinsd aedn  ardemlacinióisntr actoivna  plaa rvai nccounlacucirórinr  eanl 
qlause edlae cecxiotrnaemsu crooms od ee lneugeibsletr o(c oitrádnednoasme ilean StoT jCu r6íd0i/c1o9 8q7u,e d dei c2h0a d leim mitaacyioó)n,  spíu seed aaf iprmarati rq udee 
una interpretación restrictiva de derechos fundamentales por parte del poder judicial ya
que, en tal caso, sí que se produciría la vulneración del principio de igualdad en relación 
con el ejercicio del derecho a la participación política consagrado en el art. 23 CE.
C)  Por último, se quejan de la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de los señores Cantó y Conde, al no 
haberles sido trasladado ni el recurso interpuesto, ni la sentencia de instancia.
4.  A través de escrito presentado el 13 de abril de 2021, la procuradora de los 
tribunales  doña  Virginia  Aragón  Segura,  en  nombre  y  representación  de  doña 
Encarnación Moya Nieto y del Partido Socialista Obrero Español, se personó en el 
recurso de amparo.
5.  Por providencia de 13 de abril de 2021, la Sala Primera de este tribunal acordó 
admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] «porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de 
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2 a)] y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener 
unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]». Asimismo, se acordó 
recabar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Madrid el envío de las 
actuaciones correspondientes, incluidas las seguidas ante la Junta Electoral, conforme a 
lo dispuesto en el art. 49 LOREG y el acuerdo de 20 de enero de 2000 del Tribunal 
Constitucional, previo emplazamiento a las partes, excepto la recurrente en amparo, para 
que en el plazo de un día puedan personarse ante este tribunal.
Igualmente,  se  dio  traslado  al  Ministerio  Fiscal  de  la  demanda  y  documentos 
presentados para que formulara alegaciones en el plazo de un día, y se tuvo por 
personada a la procuradora doña Virginia Aragón Segura, en nombre y representación 
de doña Encarnación Moya Nieto y del Partido Socialista Obrero Español, con traslado 
también de la demanda y documentos presentados, concediéndole el plazo de un día 
para formular las alegaciones que estimara convenientes.
6.  Con fecha 14 de abril de 2021 tuvo entrada el informe con las alegaciones de la 
Junta Electoral Provincial de Madrid, que comienza señalando que se ha comprobado 
respecto de todas las candidaturas la vecindad administrativa en la Comunidad de 
Madrid  de  los  candidatos,  a  través  del  DNI,  certificado  de  empadronamiento  o 
certificación censal, dando trámite de subsanación cuando se carecía de este dato. En 
todo caso, lo que plantea el recurso es algo de pura legalidad, y que se ha actuado 
conforme al trámite general y con pleno respeto del principio de igualdad. Se refiere el 
informe a la previsión del art. 2 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, electoral de la 
Comunidad de Madrid (aunque por error cita el art. 1), que conecta con el art. 7.2 EAM, 
así como al art. 3.1 en cuanto a los elegibles, y al art. 4.2, que incluye una norma 
especial particularmente establecida para el sufragio pasivo. Interpreta la Junta Electoral 
que el precepto, de manera evidente, no se refiere a la acreditación de que se reunían 
las condiciones para figurar en el censo al momento en que se cerró, sino que las 
reúnen,  incluida  la  vecindad,  en  el  momento  de  la  solicitud  de  admisión  de  la 
candidatura, de acuerdo con la regulación vigente para la conformación del censo, que 
es  lo  que  significa  la  referencia  «censo  vigente».  Esta  última  no  permite  forzar  la 
interpretación  del  art.  4.2  para  imponer  como  única  posible  que  se  reunían  las 
condiciones  antes  del  cierre  de  aquel  censo,  lo  que  conduce  a  un  resultado  muy 
restrictivo. En suma, el art. 4.2 permite al candidato demostrar que se reúnen las  s
condiciones en el momento de solicitar la candidatura electoral. El legislador ordinario,  oe.
en  desarrollo  del  derecho  fundamental  del  art.  23  CE,  ha  configurado  esas  dos  w.
op oasciSbreeildi dhitaaad cdeióesn  pa dateerna qd sueeerr  m seeal ectgeuirmbialeplm:le oen n llatae s ina cc ollaun sdcioiócnniod enicnei óse nal  lcd peern eessloee gncietbarlrer a,la dy oc n aaon  1da i ddlaae t iuenrncael.ursoi ódne  f2o0rm21a,l   2021-8342n https://ww
en  el  censo,  debiendo  tenerse  en  cuenta  que  la  regulación  de  este  está  sujeta  a
reformas, lo que podría condicionar el derecho a ser elegible, a pesar de reunir los
requisitos materiales para ello, situación que se palia con el art. 4.2 de la Ley electoral de 
la Comunidad de Madrid, que tiene la consideración de norma especial respecto al 
derecho de sufragio pasivo. La interpretación que de la misma se ha realizado ha optado 
por un entendimiento amplio y flexible, lo más favorable a la adecuada extensión del 
derecho fundamental de participación en los asuntos públicos. Es fundamental entender 
que las normas de las comunidades autónomas que se remiten al censo electoral 
vigente para fijar la condición de elegibles, ligan el derecho de sufragio pasivo a un 
concepto que no está regulado ni en la ley electoral autonómica ni en la LOREG, lo que 
lo expone a una cambiante normación menor, que condicionaría el alcance de ese 
derecho  fundamental,  razón  por  la  que  algunas  normas  electorales  autonómicas 
emplean términos propios, como el deber de residir determinado tiempo en el territorio.
Por lo demás, no puede pretenderse aplicar la disposición adicional segunda de la 
Ley electoral de la Comunidad de Madrid para hacer una llamada al derecho supletorio 
recogido en el art. 30 LOREG, regulador del censo en período electoral, ya que la Ley 
autonómica  no  contiene  una  laguna  respecto  del  efecto  material  de  reunir  las 
condiciones para  ser candidato  en un  determinado momento del proceso electoral. 
Aparte  de  que  el  resultado  de  esa  integración  normativa  sería  bastante  limitado  y 
restrictivo.
Además,  el  requisito  de  la  vecindad  administrativa  se  adquiere  simplemente 
cumpliendo lo previsto en la legislación estatal, concretamente en el art. 15 de la Ley de 
bases  del  régimen  local  y  en  los  arts.  54  y  55  del  Reglamento  de  población  y 
demarcación territorial de las entidades locales, preceptos de los que se deduce que la 
condición de vecino se adquiere en el momento de la inscripción en el padrón municipal, 
situación sobre la que luego se aplica, en el proceso electoral, la previsión del art. 4.2 de 
la Ley electoral de la Comunidad de Madrid.
7.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó el escrito de alegaciones el 14 
de abril de 2021, en el que interesó de este tribunal la íntegra desestimación del recurso 
de amparo.
Tras la exposición de los antecedentes del caso y de las quejas que se articulan en 
la demanda, efectúa el fiscal dos consideraciones previas. Por una parte, señala que el 
tercer  motivo  de  amparo  (vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión de los señores Cantó y Bajén) no ha de ser considerado, puesto que carece 
de desarrollo argumental, sin que corresponda al Tribunal Constitucional reconstruir de 
oficio las demandas. Por otra, se indica que, aunque en el primer motivo de amparo la 
parte recurrente invoca la lesión del derecho fundamental reconocido en el art. 23.1 CE, 
y en el segundo la del art. 23.2 CE, en realidad se está invocando en ambos la lesión del 
segundo de dichos derechos fundamentales, debiendo estarse a esa perspectiva.
Para abordar el análisis del argumento central esgrimido por la parte recurrente, 
recoge el Ministerio Fiscal las líneas esenciales de la doctrina constitucional sobre el 
derecho fundamental enunciado en el art. 23.2 CE y sobre su conexión con el reconocido 
en el apartado 1 del mismo artículo. A partir de dicha doctrina se refiere a lo que 
establece el art. 3.1 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, electoral de la Comunidad de 
Madrid, conforme al cual son elegibles los ciudadanos que, poseyendo la condición de 
elector, de conformidad con el art. 2 de la misma Ley, no se encuentren incursos en 
alguna de las causas de inelegibilidad consignadas en el art. 3.2. Por consiguiente para 
poder  ser  candidato  según  la  normativa  electoral  autonómica  han  de  concurrir  la 
condición positiva de poseer la condición de elector y la condición negativa de no estar 
incurso en causa de inelegibilidad, lo que conduce a los requisitos que la Ley electoral de  e.
la Comunidad de Madrid establece para ser elector. De acuerdo con su art. 2.1 en  w.b
conexión con el art. 7.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y con los  42ww
adretrse. c2h oy  3d eL OsuRfEraGg,io c oancctilvuoy,e  leol  foisscteanl tqaune ,e nd elsad eC eolm puunnidtoa dd ed vei sMtaa dderi dla  lotistu leasripdaañdo dleesl 
pmrainycoipreasl  doe  aecdcaeds oqruiae  dneo  hpariyvaanci ósnid od eclo nddeerencahdoo sd peo rs usferangteion cdiau rjuadnitcei ael lf irtmieem pao l ad pee nsau 
cumplimiento y que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad 
administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid.
Ahora bien, conforme al art. 2.2 de la Ley electoral autonómica, para al ejercicio de 
ese derecho de sufragio activo es «indispensable» la inscripción en el «censo electoral 
vigente», en los mismos términos que establece el art. 2.2 LOREG, lo cual plantea el 
problema de determinar cuál es ese censo electoral vigente. Nada dice al respecto la Ley 
electoral de la Comunidad de Madrid, por lo que ha de acudirse al art. 39.1 LOREG, 
aplicable con arreglo a lo establecido en la disposición final segunda de la Ley electoral 
autonómica, y de la conjunción de ambos preceptos resulta, según entiende el fiscal, que 
para  el  ejercicio  del  derecho  de  sufragio  activo  en  la  Comunidad  de  Madrid  es 
indispensable la inscripción en el censo electoral vigente, que será el cerrado el día 
primero del segundo mes anterior a la convocatoria. En este punto, vuelve el ministerio 
público  al  inicio  de  la  argumentación,  concluyendo  que  es  preciso  determinar  qué 
personas poseen la condición de elector, y es aquí donde surge el verdadero problema 
planteado en el recurso de amparo: precisar si para ser elector conforme al art. 2 de la 
Ley electoral autonómica basta con reunir los requisitos fijados en su apartado 1 o es 
preciso además el requisito del apartado 2, lo cual tiene importancia trascendental para 
determinar si ha existido o no vulneración del derecho fundamental de los recurrentes, ya 
que  si  solo  fueran  exigibles  los  requisitos  del  art.  2.1  podría  existir  la  vulneración 
denunciada, mientras que, si fuera exigible también el del art. 2.2, no existiría lesión.
Para resolver esta incógnita, acude el fiscal al art. 4.2 de la Ley electoral de la 
Comunidad  de  Madrid,  del  que  deduce  que,  en  principio,  los  aspirantes  a  ser 
proclamados candidatos han de figurar incluidos en las listas del censo electoral vigente 
y que, en el caso de no figurar en las mismas, podrían llegar a ser candidatos si con la 
solicitud acreditaran, de modo fehaciente, que reúnen todas las condiciones exigidas 
para figurar incluidas en las listas del censo electoral vigente. Así pues, para tener la 
condición de elegibles según la normativa autonómica madrileña, los aspirantes han de 
reunir los requisitos de los apartados 1 y 2 del art. 2 de la Ley electoral autonómica, 
circunstancia que, indudablemente, no concurre en los candidatos don Antonio Cantó 
García del Moral y don Agustín Conde Bajén.
8.  Mediante escrito de 14 de abril de 2021 formuló alegaciones la representación de 
doña Encarnación Moya Nieto y el Partido Socialista Obrero Español. En relación con el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda de amparo, el escrito de 
alegaciones plantea dos cuestiones relacionadas con el fondo de las pretensiones de 
amparo. En primer término, sostiene que la legitimación activa para interponer el recurso 
de amparo corresponde al Partido Popular, así como al representante de su candidatura 
en las elecciones a la Comunidad de Madrid, representante que lo es también de los 
candidatos incluidos en la misma (ex art. 43.3 LOREG), por lo que resulta incoherente la 
denuncia de la infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  5  de  Madrid.  En  segundo  lugar,  y 
respecto de la especial trascendencia constitucional, se manifiesta de acuerdo con la 
apreciación  del  Tribunal  Constitucional  en  relación  con  los  motivos  a)  y  g)  del 
fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, negando que concurra el supuesto f) de 
dicho fundamento jurídico y sentencia, puesto que no existiendo doctrina previa sobre el 
problema planteado, no es posible entender que existe negativa manifiesta del juzgado 
de instancia del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional.
Antes de entrar a responder a los motivos de amparo planteados en la demanda, 
esta parte formula las siguientes consideraciones generales: e.
(i)  Las pretensiones de la demanda vulneran la doctrina constitucional en relación  42ww
qcoune  edle r elaq uSisTitCo  d8e6 /l2a0 i0n3sc, rdipec i8ó nd cee nmsaayl,o c, osme op rueeqdueis ietox trdaee er:l eqguibei,l idsaiedn. dEon teiel nddeere lcah poa rdtee 
scuofmraog iroe qpuaissiitvoo  ddee le laergt.i b2il3id.2a dC dEe  ulons  dcearnedcihdoa tdoes  lcao ninfsigcurirpacciióónn  cleegnasla, l;l aq uleey  npou evudlen eerxai geirl 
derecho a la igualdad de todos los españoles ante la ley el hecho de impedir que un
ciudadano pueda presentarse en uno u otro lugar del territorio español, porque las 
comunidades autónomas pueden añadir requisitos adicionales en sus legislaciones; y 
que es obligatoria la inscripción en el censo electoral para todas las personas que 
concurran a las elecciones como candidatos para las elecciones autonómicas. Además, 
continúan las alegaciones, del fundamento jurídico 7 de esta sentencia se deduce, a 
sensu contrario, que, si no existe funcionamiento anormal de la administración electoral, 
porque el candidato no desarrolló una conducta activa y consciente para empadronarse y 
ser elector en dicha circunscripción, porque de manera consciente y deliberada era 
elector de otra comunidad autónoma, no hay vulneración del derecho de sufragio pasivo. 
También se invocan las SSTC 73/1987, de 23 de mayo, FJ 3, y 154/1988, de 21 de julio, 
FJ 3, en relación con la obligatoriedad de la inscripción censal para ejercer el derecho de 
sufragio pasivo. En un sentido similar se cita, entre otras, la STC 60/1987, de 20 de 
mayo, cuyo fundamento jurídico 2 refiere que la condición de la inscripción censal en la 
comunidad autónoma para las elecciones a las asambleas parlamentarias autonómicas, 
procura «una cierta homogeneidad de intereses en el ámbito de la comunidad autónoma 
entre el cuerpo electoral y aquellos que ante él se proponen como candidatos».
Asimismo, se evocan las SSTC 144/1999, de 22 de julio, y 86/2003, de 8 de mayo, 
para referirse a la interpretación del art. 7.2 LOREG, en relación con el art. 23.2 CE, para 
constatar que la jurisprudencia constitucional formula una interpretación reforzada del 
derecho de sufragio pasivo cuando se trata de subsanar posibles defectos formales que 
puedan concurrir al presentarse las candidaturas, pero siempre que se cumpliesen 
previamente los requisitos requeridos.
(ii)  Las pretensiones de la demanda son contrarias a las normas previstas en la 
Ley  11/1986,  de  16  de  diciembre,  electoral  de  la  Comunidad  de  Madrid,  sobre  la 
condición de elector y elegible para las elecciones a la Asamblea, porque de los arts. 2 
y 3 de esta norma legal se deduce que debe concurrir la condición de elector para ser 
elegible en los comicios autonómicos de la Comunidad de Madrid, ligándose el ejercicio 
del derecho de sufragio pasivo al derecho de sufragio activo y a la inscripción en el 
censo correspondiente y vigente (arts. 2 y 6 LOREG).
(iii)  Las  pretensiones  de  la  demanda  vulneran  los  arts.  7  y  10.8  de  la  Ley 
Orgánica  3/1983,  de  25  de  febrero,  que  aprueba  el  Estatuto  de  Autonomía  de  la 
Comunidad de Madrid, en relación con lo dispuesto en los arts. 15 LBRL y 54 y 55 del 
Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, aprobado 
por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. Este conjunto normativo permite deducir que 
el carácter de elector en la Comunidad de Madrid es condición necesaria para ser 
elegible, y que esa condición de elector va ligada a la vecindad administrativa en 
cualquiera  de  sus  municipios,  de  acuerdo  con  las  leyes  generales  del  Estado  que 
determinan a su vez que la vecindad civil se asocia a la inscripción en el padrón (art. 15 
LBRL).
(iv)  Las pretensiones de la demanda vulneran el art. 39 LOREG, que establece, con 
carácter  supletorio  respecto  de  la  normativa  autonómica  (según  lo  dispuesto  en  la 
disposición adicional segunda de la Ley 11/1986), que «para cada elección el censo 
electoral  vigente  será  el  cerrado  el  día  primero  del  segundo  mes  anterior  a  la 
convocatoria». Según esta disposición, el censo electoral vigente para la convocatoria 
electoral del 4 de mayo, es el que se cerró el día 1 de enero de 2021, con lo que solo las 
personas  incluidas  en  el  censo  en  ese  momento  tenían  la  condición  de  electores. 
Quienes no lo estuvieran, porque su empadronamiento se produjo con posterioridad, no 
pueden ser elegibles pues no pueden ser incluidos en el censo de electores vigente para  s
la convocatoria electoral. oe.
(v)  Ni el art. 4.2 de la Ley 11/1986, ni el art. 7.2 LOREG pueden interpretarse en el  w.
sentido de permitir concurrir como elegibles a quienes no fueran electores, limitándose a  42ww
pviegremnitteir,  lay  cqounec, uprroern ucina  ecrormoro  dcea nedsitdea, tonso  aa ploasr eecleecnt oerens e ql ume isdmeboi,e rpound fieignudroa r aecnr eedl ictaern ssou 
dceenrescahl oq uae  lsae i nesxcigriep cai ólons,  aeulencqtouree sn.o A hsaí,y laan in steergpuriedtoa clioósn  parmocpeliad imdeiel natrot.s 2 d3e.2  rpeecrtimficitaec sióenr   BOE-A-cable e
elegible al que no podría ser elector por no aparecer en el censo electoral, pero siempre 
que hubiera tenido derecho a estar en el mismo, es decir, siempre que reuniera la 
condición de elector. Por tanto, si un candidato no acredita fehacientemente que se 
reunían los requisitos para ser elector a fecha de 1 de enero de 2021, no estando 
incluido  en  el  censo  electoral,  aunque  dicha  circunstancia  pueda  concurrir  en  un 
momento posterior, aquel candidato ha de ser considerado inelegible.
(vi)  Las pretensiones de la demanda vulneran los acuerdos de la Junta Electoral 
Central sobre el cierre censal y los cambios de domicilio posteriores. Los Acuerdos de la 
Junta Electoral Central 167/1995, 7 de abril, 130/1999, de 27 de abril, y 700/1995, de 24 
de mayo, admiten la posibilidad de considerar los cambios de residencia y la adquisición 
de la condición de elector en una nueva circunscripción, si estos se producen antes de la 
fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones, pero nunca después de eso. 
No obstante, la parte recuerda que, a consecuencia de esta doctrina, se modificó el 
art. 39 LOREG por Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.
(vii)  Todo  lo  anterior  conduce  a  considerar  la  condición  de  inelegibles  de  don 
Antonio Cantó del Moral y don Agustín Conde Bajén, ya que ambos candidatos se 
empadronaron en la Comunidad de Madrid en una fecha posterior al 1 de enero de 2021, 
no constando en el censo electoral vigente en esa fecha y no pudiendo ser electores en 
la Comunidad de Madrid, razón por la que carecen de la condición de elegibles en 
relación con las elecciones que se celebrarán el 4 de mayo de 2021.
(viii)  Y, por lo mismo, se ha de considerar nulo el acuerdo de la Junta Electoral 
Provincial respecto de la proclamación de la candidatura del Partido Popular en cuanto a 
la inclusión de los candidatos citados, por vulnerar dicho acuerdo la normativa electoral, 
así como los arts. 23, 14 y 9.1 y 3 CE.
Por lo que hace a los concretos motivos de amparo, las alegaciones frente a los 
mismos parten de dos consideraciones previas: (a) La interpretación del juzgador de 
instancia ni se confunde en la interpretación de la ley, ni crea requisitos ex novo. 
Siendo  el  art.  23.2  CE  un  derecho  de  configuración  legal,  es  el  marco  normativo 
previamente expuesto en el escrito de alegaciones el que da cobertura a la exigencia de 
inscripción censal, no tratándose de una cuestión inventada por el juez. (b) No existe un 
derecho de aplicación del principio in dubio pro libertate de forma absoluta, ya que este 
principio no es de aplicación cuando hay un cuerpo normativo como el descrito que 
recoge de forma expresa las condiciones de ejercicio del derecho que se pretende 
vulnerado. Además, pese a la alegación en ese sentido de la demanda, esta parte niega 
que el órgano judicial plantease en la sentencia la existencia de dudas interpretativas 
respecto del marco normativo, limitándose a manifestar, en el pronunciamiento sobre las 
costas, que la planteada era una «cuestión jurídica compleja».
A partir de estos argumentos, la parte:
a)  Niega la vulneración del art. 23.1 CE, denunciada en la demanda, al cuestionar 
el carácter absoluto del derecho de sufragio activo que defienden los recurrentes, desde 
la consideración de que el desarrollo normativo de este derecho asegura su ejercicio en 
condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Volviendo a la dicción literal de los 
arts. 2, 3 y 7 de la Ley 11/1986, del art. 6 LOREG, de los arts. 7 y 10.8 EACM, y de los 
arts. 15 LBRL y 54 y 55 del reglamento de población y demarcación territorial de las 
entidades locales, defiende que los requisitos legales para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo son claros y previos (poseer la condición de elector, ostentar la condición 
política de ciudadano de la Comunidad de Madrid y estar inscrito en el censo electoral),  e
garantizando ello la igualdad de todos los ciudadanos, y ofreciendo seguridad jurídica. bo
En el escrito de alegaciones se contesta la interpretación de los recurrentes de que  42ww
ldoes  lrae qcuainsidtoidsa tleugraa,l mpeonrqteu ee sntoa bsleec ipduoesd dee bdeend uccoirn ctaulr rciro sean  deel lm aormt. e7n.t1o  LdOe RpEreGs,e nqtuaec iósne 
ereleficetroer .a E lans r eclaaucsióans  cdoen i neeslteag icbuileidsatidó,n y,  sneo  vau leal vceo nac uinrvreonccaira e dl ea rlat.  c3o9n LdOicRióEn Gp reenvi are dlaec sióenr 
con el cierre censal, que se vincula directamente a la constatación de esa condición de
elector. En este punto concreto, esta parte cuestiona la diferencia introducida por los 
argumentos de la demanda respecto de las diferencias entre el elector que es candidato 
y el que no lo es, siendo que este último estaría sometido al requisito de inscripción 
censal, viendo limitado su derecho de sufragio activo, mientras que el elector candidato 
podría, sin limitación alguna derivada de un cambio de domicilio, ejercer su derecho a 
ser elegido en un proceso electoral, aunque no aparezca en el censo. Esta diferencia, a 
juicio de esta parte, es la que no posee sustento legal alguno. Insiste el escrito de 
alegaciones en que la protección del censo electoral y la condición de estar incluido en él 
para ejercer el derecho de sufragio tiene sentido para proteger los procesos electorales 
de fraudes masivos que podrían darse ante censos libres. No se trata, pues, de un 
requisito  técnico,  sino  de  un  requisito  previo  para  evitar  procesos  electorales 
fraudulentos, evitar movimientos masivos de personas de una circunscripción a otra y 
controlar un arma de corrupción política que pondría en peligro efectivo la democracia.
Glosando de nuevo la STC 86/2003, de 8 de mayo, reconoce que la misma no da 
respuesta completa al problema que se plantea en el presente recurso de amparo, pero 
insiste en el contenido de la misma para poner de relieve que el tribunal valora en su 
pronunciamiento la actitud del candidato a la hora de reunir el requisito de ser elector, 
deduciendo, a sensu contrario, que en este caso, no hubo error censal inadvertido, sino 
incumplimiento de los requisitos de inscripción censal. Se advierte que cuando los 
recurrentes alegan que lo importante no es la inscripción censal (rectificada o no) sino el 
cumplimiento de las condiciones para ser candidato, en realidad pretenden alterar la 
realidad jurídica de los candidatos, subsanando una realidad jurídica que no tuvo lugar 
en el momento en que debió concurrir. Asimismo, se niega la distinción establecida por 
los recurrentes entre requisitos para la titularidad del derecho de sufragio y para su 
ejercicio.
Por último, se afirma que la reclamada interpretación más favorable del ejercicio del 
derecho fundamental por parte de los recurrentes no es posible si no se cumplen los 
requisitos normativos impuestos al ejercicio del derecho fundamental. Primero, han de 
cumplirse esos requisitos y, después, en atención a su cumplimiento, se podrá o no 
interpretar. Acudiendo a la STC 74/1995, de 12 de mayo, se afirma que se debe realizar 
una interpretación del art. 23 CE en el sentido más favorable a su ejercicio siempre que 
esa interpretación sea respetuosa con la legislación electoral.
b)  Respecto de la invocación del derecho a acceder en condiciones de igualdad a 
los  cargos  públicos  (art.  23.2  CE),  esta  parte  niega  la  desigualdad  denunciada, 
recordando  cómo  el  propio  PSOE  ha  visto  rechazadas  candidaturas  propias  por 
problemas de inscripción censal (con cita de la STC 73/1987, de 23 de mayo). Siendo las 
normas electorales previas y comunes a todos los participantes en el proceso electoral, 
de modo que todos los electores concurren en una situación de igualdad material, no 
puede afirmarse que se produce una desigualdad en perjuicio de aquel sobre el que se 
aplica la ley (con cita, en este sentido, de la STC 135/2004, de 18 de agosto). Frente a lo 
argumentado en la demanda, esta parte entiende que de estimarse esos argumentos 
sería esa interpretación la que resultaría contraria al principio de igualdad, creando una 
diferenciación artificiosa entre el elector solo votante y el elector candidato.
c)  Y, en relación con la denunciada vulneración del art. 24.1 CE, se argumenta que 
la falta de motivación de esta invocación debiera llevar a su desestimación. En este caso 
no hay indefensión lesiva del art. 24 CE porque los señores Cantó y Conde concurren en 
amparo con la misma representación procesal y defensa técnica que el Partido Popular, 
lo mismo que sucedió en la instancia, por lo que, emplazado este último a través del  s
representante  de  la  candidatura,  que  también  lo  es  de  los  candidatos,  pudieron  oe.
personarse y presentar alegaciones sin dificultad. Si no lo hicieron fue porque no lo  w.
desearon y decidieron seguir representados por el representante de su candidatura.  42ww
Sdeiesncdoon ocaidmeiemnátos  dpeúl bmliicsom oy q uneo lteosri op ueedl a dheasbaerrr oplrloo dudceid oe sinted efpernoscióend.imiento,  no  hay
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
Los actores dirigen su recurso de amparo electoral contra la sentencia dictada por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  5  de  Madrid,  de  fecha  11  de  abril 
de 2021, que estimó el recurso contencioso-electoral promovido por el Partido Socialista 
Obrero Español, y anuló parcialmente el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de 
Madrid de 7 de abril de 2021, por el que se proclamaba definitivamente la candidatura 
del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021, acordando 
que los candidatos don Antonio Cantó García del Moral y don Agustín Conde Bajén han 
de ser excluidos de la misma, por ser inelegibles, con las consecuencias que se deriven, 
que  habrán  de  ser  acordadas  por  la  Junta  Electoral  Provincial.  En  síntesis,  los 
demandantes se quejan de la vulneración de su derecho de sufragio pasivo porque la 
resolución recurrida ha impuesto ex novo un requisito no previsto legalmente para poder 
ser candidato a las elecciones a la Asamblea de Madrid, y por haber realizado una 
interpretación  restrictiva  y  no  favorable  a  la  efectividad  del  derecho  fundamental. 
Asimismo, denuncian la vulneración del derecho de acceso en condiciones de igualdad a 
cargos públicos electivos, por exigir a los candidatos recurrentes requisitos para apreciar 
su elegibilidad que nunca se han impuesto a un candidato. Finalmente, aducen que se 
habría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los señores Cantó García del 
Moral y Conde Bajén porque no se les dio traslado del recurso interpuesto ni de la 
sentencia, habiéndoseles causado indefensión.
Por su parte, el fiscal, con apoyo en los argumentos que han quedado expuestos de 
manera detallada en los antecedentes, solicita la íntegra desestimación del recurso de 
amparo, por entender que la interpretación realizada por la sentencia impugnada es 
acorde con la Ley electoral de la Comunidad de Madrid y con el derecho de sufragio 
pasivo del art. 23.2 CE. La misma pretensión ha formulado la representación del doña 
Encarnación Moya Nieto y del Partido Socialista Obrero Español, que ha negado la 
existencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados en la demanda.
2.  Desestimación de la queja relativa al derecho a la tutela judicial efectiva.
El análisis de las quejas que se formulan debe comenzar por la última de ellas, que 
el fiscal ha solicitado que no sea objeto de consideración, por su carencia de desarrollo 
argumental. En ella, los actores, sin mayor justificación, afirman que se ha vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de los señores Cantó García del Moral 
y Conde Bajén por su falta de emplazamiento en el procedimiento contencioso-electoral, 
y porque no se les ha notificado la sentencia recaída en el mismo.
Como bien señala el fiscal, la queja carece de desarrollo argumental, lo que excusa 
su examen por parte de este tribunal. Hemos señalado reiteradamente que no nos 
corresponde reconstruir de oficio las demandas supliendo las razones que las partes no 
hayan  expuesto,  por  ser  carga  procesal  de  quien  pide  amparo  constitucional,  no 
solamente la de abrir la vía para que se pronuncie, sino también la de proporcionar la 
fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente es de esperar y que se integra en 
el deber de colaborar con la justicia del Tribunal Constitucional, por lo que debe ser 
desestimada (STC 57/2010, de 4 de octubre).
En todo caso, la queja no es pertinente pues, aunque ninguno de los dos candidatos 
fue parte en el procedimiento contencioso-electoral, lo cierto es que sus derechos fueron 
objeto de defensa. En efecto, el art. 43.1 LOREG obliga a los partidos, federaciones,  e.
coaliciones  y  agrupaciones  que  pretendan  concurrir  a  una  elección  a  nombrar  sus  w.
representantes ante la administración electoral, y, de acuerdo con el apartado 3 del  42ww
imncislumidoo sp reecne pteol,l a«s[»l],o s rerempirtieésnednotsaen teas  dseu  ladso cmaincidliiod atluarsa s nloot ifsicoanc idoen elso,s  ecascnrditiodsa toys 
edme pelsatzoasm, pieonr tloas s doilraig aidcoesp tpaocrió lna  daed mlai nciastnrdaicdióantu erale, cutno raapl oad leorsa cmainednitdoa gtoesn,e yra ql upea r«ar eaccitbueanr   BOE-A-cable e
en procedimientos judiciales en materia electoral». Es decir, que, en este caso, los 
candidatos recurrentes, en cuanto aceptaron la candidatura, apoderaron al representante 
del Partido Popular para actuar en el procedimiento de impugnación de su proclamación, 
y dicho partido se personó en el recurso contencioso-electoral, en el que defendió los 
derechos de los dos candidatos, siendo de significar que el escrito de alegaciones de la 
representación del Partido Popular ante el juzgado no hizo ninguna referencia a la 
necesidad de emplazar a los dos candidatos. No puede aducirse, por consiguiente, 
indefensión alguna, en la medida en que los derechos de los dos candidatos fueron 
defendidos en los términos previstos por el art. 49 LOREG para el recurso contra la 
proclamación de candidaturas y candidatos.
3.  Denuncia  de  la  vulneración  del  derecho  de  sufragio  pasivo.  Doctrina 
constitucional sobre el art. 23.2 CE.
Como con más detalle ha quedado expuesto en los antecedentes, los demandantes 
de amparo denuncian, en primer lugar, la vulneración de su derecho de sufragio pasivo, 
consagrado en el art. 23.2 CE (aunque la demanda lo residencie en el art. 23.1 CE), 
porque se les ha impuesto ex novo, en la resolución recurrida, un requisito restrictivo, 
que no encuentra amparo en la legislación electoral y que es contrario a la doctrina de la 
interpretación  más  favorable  al  derecho  fundamental.  Sitúan  el  punto  central  de  la 
cuestión en la existencia o no del requisito –que consideran adicional– consistente en la 
necesidad de que el candidato no solo ostente la «condición política de ciudadano de la 
Comunidad de Madrid» (art. 2.1 de la Ley 11/1986) en el momento de presentación de la 
candidatura sino que deba ostentarla en el momento de cierre del censo electoral ex 
art. 39.1 LOREG («el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria electoral»).
Para dar respuesta a este planteamiento básico, que la demanda refuerza con 
argumentos adicionales sobre aspectos tales como la consideración que merece la 
inscripción censal en relación con el derecho fundamental que se invoca, es preciso 
recoger la reiterada doctrina de este tribunal sobre el art. 23.2 CE, que, a los efectos que 
aquí interesan, y obviando el derecho de acceso a las funciones públicas, reconoce el 
derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos con los 
requisitos  que  señalen  las  leyes.  Derecho  que  se  refiere,  como  hemos  declarado 
reiteradamente, a los cargos de representación política y sobre cuyo alcance material ya 
ha  tenido  ocasión  de  pronunciarse  reiteradamente  este  tribunal  a  los  efectos  de 
determinar lo protegido por el mencionado derecho fundamental, pues solo lo en él 
garantizado puede ser objeto de examen en esta sede jurisdiccional. Por lo que atañe al 
caso suscitado en este proceso, debe, desde luego, considerarse que incluye el derecho 
de presentar candidaturas y de presentarse como candidato en las elecciones a la 
asamblea  de  una  comunidad  autónoma  si  se  cumplen  los  requisitos  legalmente 
establecidos al efecto (STC 163/2011, de 2 de noviembre, FJ 3).
a)  Lo primero que se ha de señalar en relación con este derecho es que el precepto 
constitucional mencionado, en el que se recoge el referido derecho fundamental, confiere 
un amplio margen de libertad al legislador para regular el ejercicio del derecho, esto es, 
para configurar el sistema mediante el que se produce en la práctica el acceso a tales 
cargos públicos, pues resulta, en efecto, del art. 23.2 CE que el derecho a ser elegido se 
adquiere  «con  los  requisitos  que  señalen  las  Leyes»,  «de  manera  que  no  puede 
afirmarse  que  del  precepto,  en  sí  solo  considerado,  derive  la  exigencia  de  un 
determinado sistema electoral o, dentro de lo que el sistema electoral abarca, de un  s
determinado  mecanismo  para  la  atribución  de  los  cargos  representativos  objeto  de  oe.
elección, en función de los votos que en la misma se emiten» (STC 75/1985, FJ 4). El  w.
lbpeirgeininsc liaspudio o lridb epe uritegadudea t ldieeasndtea  ybli lmelocistea rdc ieloibrnereecshm oqesun etfeu  nslodanas, m cdeoenn tduainlceaios  npqeausre te ql,ua le aC seo sgntesimtniteeur camilóeánss   gqaaudreae ncimutizapado anys,e ,  deseli    2021-8342n https://ww
otra, cuando se trata de cargos públicos de carácter representativo, la necesidad de
salvaguardar su naturaleza (SSTC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2, y 24/1990, de 15 de 
febrero, FJ 2).
b)  Junto  a  esta  amplia  libertad  de  configuración  normativa  que  reconoce  al 
legislador el art. 23.2 CE también señala a este de modo expreso la necesidad de que el 
derecho que proclama sea ejercido en condiciones de igualdad, exigencia en la que no 
cabe ver sino una concreción del principio que, con carácter general, se reconoce en el 
art. 14 CE (STC 75/1985, de 21 de junio, FJ 4). Se trata de una igualdad en la Ley, o, 
como el mismo art. 23.2 establece, de una igualdad referida a las condiciones legales en 
que el conjunto de un proceso electoral se desarrolla, por lo que la igualdad, por tanto, 
ha de verificarse dentro del sistema electoral que libremente sea determinado por el 
legislador, impidiendo las diferencias discriminatorias, pero a partir de las reglas del 
sistema y no por referencia a otro (STC 225/1998, de 25 de noviembre, FJ 4). Lo 
significativo, en todo caso, desde la perspectiva del art. 23.2 CE, puesto en relación con 
el art. 14 CE, es que aquellas condiciones legales se apliquen a todos los ciudadanos 
por igual, sin obstáculos para que todos ellos concurran en unas mismas elecciones y en 
unos mismos distritos o circunscripciones en idénticas condiciones legales, y sin que 
existan diferencias injustificadas o irrazonables en aplicación de las condiciones legales. 
Así pues, el derecho de acceso a los cargos públicos que se recoge en el art. 23.2 CE 
es, inequívocamente, un derecho de igualdad, como taxativamente se afirma en el propio 
precepto constitucional, de modo que el derecho mismo resultaría violado si se produjera 
cualquier género de discriminación o preterición infundada en el proceso de acceso al 
cargo público representativo [SSTC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4 b), y 153/2003, 
de 17 de julio, FJ 6 b)].
c)  El principio de igualdad es ciertamente un elemento esencial del derecho a 
acceder a los cargos de representación política, pero este no agota ahí su contenido. 
Estando condicionado su ejercicio a los requisitos que señalen las Leyes se trata de un 
derecho de configuración legal, en el que este tribunal ha declarado, en STC 71/89, 
de 20 de abril, FJ 3, que es obligado integrar, desde la perspectiva del derecho de 
sufragio pasivo, «la exigencia de que las normas electorales sean cumplidas en cuanto 
constituyen garantía del correcto desarrollo de la elección de modo que culmine con la 
proclamación de los candidatos que hayan sido preferidos por el cuerpo electoral». Tal 
afirmación, sin embargo, no debe llevar a la identificación del contenido del derecho 
reconocido en el art. 23.2 CE con toda la legalidad electoral sin más, ni puede aislarse, 
descontextualizándolo de las consideraciones que en aquella sentencia se hacían sobre 
el contenido esencial del derecho de sufragio pasivo, que no es otro que asegurar que 
accedan al cargo público aquellos candidatos que los electores hayan elegido como sus 
representantes, satisfaciéndose, por tanto, dicho derecho siempre que se mantenga la 
debida  correlación  entre  la  voluntad  del  cuerpo  electoral  y  la  proclamación  de  los 
candidatos, así como sobre la necesidad de que las irregularidades o anomalías del 
procedimiento electoral denunciadas afecten al resultado final de la elección para poder 
apreciar la existencia de una lesión real y efectiva del derecho de sufragio pasivo 
[SSTC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4 c), y 135/2004, de 5 de agosto, FJ 4 c)].
En esta línea argumental, este tribunal tiene declarado que, tanto las normas que 
establecen los requisitos para el acceso a los cargos públicos representativos, como los 
actos de aplicación de esas normas, pueden ser impugnados en esta sede jurisdiccional, 
no solo por quiebra de la igualdad, sino también por otro género de inadecuación, por no 
ser congruentes con su naturaleza de cargos representativos. Por lo que, al conocer de 
un recurso de amparo en el que se impugna una decisión judicial recaída en un proceso  e.
contencioso-electoral, su función de fiscalización no ha de circunscribirse a examinar la  w.b
cuestión  exclusivamente  desde  el  ángulo  de  la  igualdad,  sino  que  también  ha  de  42ww
creoqmupisrietonsd ecru lyao  pceurmsppelicmtiivean tmo áess  anmecpeliasa qriuoe p eaxriag ea cqcueed etarn atol c ealr lgeog,i scloamdoor ,e al la epslitcaabdleocr edre l olas 
qnuoerm eas,t áanl  eanp lliaca bralas,e a dsee glousr eónr gaaln mosá xreimproe slae netafeticvtoivsid.ad de los derechos fundamentales
De modo que, en su condición de intérprete supremo de la Constitución, este tribunal 
debe revisar, si a ello es instado en la vía de amparo, «si la interpretación de la legalidad 
configuradora  de  los  derechos  fundamentales  se  ha  llevado  a  cabo  secundum 
Constitutionem y, en particular, si dados los hechos apreciados por el órgano judicial, la 
aplicación de la legalidad ha podido afectar a la integridad del derecho constitucional 
aquí comprometido» (STC 71/1989, de 4 de mayo, FJ 2).
En definitiva, además de un derecho de igualdad, el art. 23.2 CE incorpora también 
un contenido sustantivo propio si se pone, como es preciso, en relación con el párrafo 
primero  del  mismo  precepto,  que  preserva  el  derecho  de  todos  los  ciudadanos  a 
participar  en  los  asuntos  públicos,  en  lo  que  ahora  interesa,  por  medio  de 
representantes, pues el concepto constitucional de representación incorpora, sin duda, 
una referencia a un modo de constitución democrática de determinadas instituciones 
públicas que debe ser respetado como contenido necesario de ambos derechos. De 
manera que, aunque la igualdad hubiera sido respetada, también hemos de examinar, en 
procesos como el que nos ocupa, si determinada norma o el acto de aplicación de esta 
se atempera o resulta conciliable con lo que cabe reconocer como concepto o imagen 
constitucionalmente garantizado de la representación política [SSTC 185/1999, de 11 de 
octubre, FJ 4 c), y 163/2011, de 2 de noviembre, FJ 3 c)].
4.  Análisis de la vulneración del art. 23.2 CE denunciada: desestimación.
El problema que se nos suscita estriba en que la resolución judicial impugnada ha 
interpretado la legislación electoral aplicable a las elecciones que han de desarrollarse 
en la Comunidad de Madrid, en cuanto a la condición de elector y elegible, entendiendo 
que, a pesar de que los dos candidatos recurrentes ostentan la vecindad administrativa y 
la condición de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, por haberse empadronado en la 
ciudad de Madrid el 22 y el 26 de marzo de 2021, respectivamente, sin embargo, no 
pueden ser candidatos, al no tener la condición de electores inscritos en el censo 
electoral vigente (art. 39.1 LOREG), según exige el art. 2 de la Ley de la Asamblea de 
Madrid 11/1986, de 16 de diciembre, electoral de la Comunidad de Madrid.
Y no cabe subsanar esa carencia por vía del art. 4.2 de dicha Ley porque únicamente 
serviría si se acreditara el cumplimiento de los requisitos para haber estado inscrito en 
dicho censo electoral, lo que no ocurre en el supuesto de los candidatos, que cambiaron 
sus domicilios a Madrid, desde otras circunscripciones electorales, con posterioridad a la 
fecha de cierre del censo electoral que habría de regir en las elecciones convocadas. 
Los demandantes de amparo discrepan de ese razonamiento considerando que carece 
de respaldo legal, confunde los requisitos para ostentar la titularidad del derecho de 
sufragio con lo que es una simple condición técnica para su ejercicio, y no es la 
interpretación más garantista para el pleno ejercicio del derecho fundamental al sufragio 
pasivo.
a)  Para dilucidar si la interpretación judicial ha sido o no conforme con el derecho 
fundamental  de  sufragio  pasivo,  hemos  de  determinar,  en  tanto  que  derecho  de 
configuración legal, las condiciones que la legislación a la que quedan sometidas las 
elecciones a la Asamblea de Madrid establece para poder ser elegible. El punto de 
partida lo hallamos en el art. 10.8 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid, conforme al cual, «[s]erán electores y elegibles todos los madrileños mayores de 
dieciocho años de edad que estén en pleno goce de sus derechos políticos».
La previsión estatutaria ha de ser puesta en relación con el art. 3.1 de la Ley 11/1986  s
que, de forma coincidente con el art. 6.1 LOREG (como no podía ser de otra forma, pues  oe.
las  legislaciones  electorales  de  las  comunidades  autónomas  deben  observar  los  w.
dreeilseqpcuotiossriitacolis ó gneq anudeeir capilo aneraanl   speurl isms uecfraraap,gí taiuopl oasar tcaptidrvioom  e2yr,  oLp Oya sRsivEeoGg u)c,n odenost iteadnbeelle  ctlíaetu  lqroeu geI,u  «lda[ecs i]óoannc  uedeleerdlg oirb élcegosimn l eolnas    2021-8342n https://ww
ciudadanos  que  poseyendo  la  condición  de  elector,  de  conformidad  con  el  artículo
anterior, no se encuentren incursos en alguna de las siguientes causas de inelegibilidad 
[…]», enumeradas en el apartado 2 del propio precepto.
Interesa destacar que es necesario ostentar la condición de elector, lo que nos remite 
al art. 2, a cuyo tenor, «[e]l derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de 
edad, que gocen del mismo según el régimen electoral general y que, además, ostenten 
la condición política de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, conforme el artículo 7 de 
su Estatuto de Autonomía» (apartado 1). Este último reconoce la condición política de 
ciudadanos de la comunidad a «los españoles que, de acuerdo con las leyes generales 
del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios», previsión 
que nos conduce al régimen establecido en los arts. 15 y 16 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local (complementados por las reglas del título 
segundo del Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, 
aprobado  por  Real  Decreto  1690/1986,  de  11  de  julio),  que  contienen  las  normas 
relativas al padrón de habitantes, determinando la inscripción en el mismo la adquisición 
de la condición de vecino.
Esto es, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1986 y en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid, para ser elegible es preciso tener la condición 
de elector, lo que implica ser mayor de edad y ciudadano de la Comunidad de Madrid, 
condición que se adquiere a través de la vecindad en cualquiera de sus municipios, tras 
el correspondiente empadronamiento. Este presupuesto ha sido reconocido en nuestra 
doctrina, afirmándose en la STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 6, que «[la] capacidad 
jurídica para ser elegible, la elegibilidad, es un derecho de quienes gozan ya de la 
capacidad jurídica para ser electores».
b)  A estos requisitos, el art. 2.2 de la Ley 11/1986 (en los mismos términos que el 
art. 2.2 LOREG) añade una condición más respecto del derecho de sufragio activo: 
«Para su ejercicio es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente». Como 
ya  se  ha  señalado  anteriormente,  el  propio  art.  23.2  CE  condiciona  el  derecho 
fundamental que garantiza a «los requisitos que señalen las Leyes», lo que ha dado 
lugar a la reiterada calificación del mismo por la doctrina de este tribunal de derecho de 
configuración legal (por todas, STC 287/1994, de 27 de octubre, FJ 3). En virtud de ello, 
solamente si el legislador impone requisitos que vulneren el contenido esencial de dicho 
derecho, resultarían estos inconstitucionales ex art. 53.1 CE, lo que no parece que 
ocurra precisamente con la exigencia de la inscripción en el censo, que este tribunal ha 
considerado esencial, entre otras, en la STC 73/1987, de 23 de mayo, FJ 3, en la que 
afirmamos que tal requisito es sin duda inexcusable para el ejercicio eficaz del derecho 
de sufragio pasivo, y conforme con lo que la propia Constitución prescribe, por lo cual 
«[a]l limitarse la Junta Electoral a cumplir los mandatos legales que así ordenan el 
ejercicio del derecho, no contravino, evidentemente, el derecho mismo». Y, en relación 
con las comunidades autónomas, cuyas legislaciones electorales deben observar, en 
virtud de la disposición adicional primera, apartado 2, LOREG, los requisitos que para el 
sufragio activo y pasivo contiene la regulación del régimen electoral general en los 
capítulos primero y segundo del título I LOREG, hemos afirmado que «nada obsta para 
que, en principio, y en tanto no suponga vulneración del contenido esencial del derecho 
a ser elegido tal y como antes se señalaba, añada la legislación autonómica otros 
requisitos para el ejercicio de dichos derechos. En principio, según decimos, entre ellos 
podría encontrarse el de la inscripción censal para concurrir a las consultas electorales» 
(STC 86/2003, de 8 de mayo, FJ 4).
El requisito de la inscripción en el censo que establece el art. 2.2 de la Ley 11/1986  s
es una condición del ejercicio del derecho a ser elector o elegible, pero no es constitutiva  oe.
de  esa  capacidad  electoral,  como  prueba  el  hecho  de  que  puedan  emplearse  las  w.
oportunas certificaciones censales para votar o ser candidato. La inscripción censal es,  42ww
speuñeasl,a dmoe r«a‘lma ecnotnee xdieócnl ainraetsivcain d(SibTleC e x1i4s4te/1n9te9 9e,n tdree  e2l2 d edree cjhuolio f,u nFdJa m7)e. nEtaslt ed et rsibuufrnaagl ioh ay 
elale ingsibclreips,c iólons  cceinusdaald, apnuoess , qduaed of iqguuere sno lion stecrnitdorsá ne lna  ceol ncdeicnisóon  d[…e ]e, lelac toinrecslu, syió pno derná ne sseter   BOE-A-cable e
constituye un requisito indispensable para el ejercicio del derecho de sufragio. Es cierto 
que  se  trata  de  dos  derechos  de  naturaleza  distinta  –la  inscripción  censal  es  de 
naturaleza declarativa de la titularidad del derecho de voto y no constitutiva de la 
misma–, pero no existe un derecho a tal inscripción separado del de sufragio, y este 
comprende el de ser inscrito en el censo’ (STC 154/1988, de 21 de julio, FJ 3). Pero, 
siendo ello así, compete indudablemente al legislador electoral la determinación, en 
expresión de este mismo órgano de garantías constitucionales, de ‘quiénes pueden 
elegir’ (STC 72/1984, de 14 de junio, FJ 4)» (STC 153/2014, de 25 de septiembre, FJ 3). 
Por otro lado, no puede perderse de vista el carácter crucial que este tribunal otorga al 
censo electoral, en cuanto instrumento esencial para el ejercicio del derecho de sufragio 
activo  de  acuerdo  con  el  objeto  que  le  asigna  el  art.  31.1  LOREG.  «De  ahí  la 
indispensabilidad  que  el  art.  2.2  LOREG,  y  sus  equivalentes  en  las  legislaciones 
electorales autonómicas […], establecen de la inscripción en el censo para el ejercicio de 
dicho derecho de sufragio activo» (STC 86/2003, de 8 de mayo, FJ 6).
c)  Por otra parte, como nos recuerda la STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 6, la 
capacidad jurídica para ser elegible, la elegibilidad, es un derecho de quienes gozan ya 
de la capacidad jurídica para ser electores, que viene configurado negativamente por las 
leyes que fijan las causas de inelegibilidad, de manera que no puede negarse esa 
capacidad para ser elegible a quien, estando en pleno uso de sus derechos políticos, no 
está incurso en ninguna causa de inelegibilidad, so pena de infringir el art. 23.2 CE 
(STC 45/1983). Ahora bien, la consecuencia lógica de esta aseveración es la de que solo 
puede reclamar el amparo del art. 23.2 CE quien goza del derecho de sufragio activo. En 
realidad, más que ante un supuesto de inelegibilidad, estaríamos ante un caso de falta 
de capacidad jurídica para ser elegible.
Así lo entendió la STC 144/1999, en su fundamento jurídico 4, al señalar que «es de 
suma importancia recordar que la falta de capacidad jurídica para ser elegible no debe 
confundirse con el instituto jurídico de la inelegibilidad; aunque tan solo sea por la 
circunstancia de que el propio art. 6.1 LOREG distingue ambas categorías cuando 
dispone que para ser elegible, además de poseer la cualidad de elector, no ha de estar 
incurso en una de las causas de inelegibilidad que enumera a continuación el precepto. 
Sea dicho esto, sin negar la evidencia de que quien no posee capacidad jurídica para ser 
elector no puede ser elegido por los electores, incurriendo por consiguiente en una causa 
genérica de inelegibilidad radical con efectos similares a las que la LOREG califica 
expresamente como tales. Por ello, las causas que pueden provocar la inelegibilidad de 
un candidato electoral no son solo las que el art. 6 LOREG dispone, pues deben 
sumársele aquellas otras que derivan de normas de rango legal […] que condicionan la 
posibilidad de ser titular del derecho a ser elegible, encuadrable en el art. 23.2 CE […]. 
En puridad, de concurrir alguna de estas causas que condicionan la cualidad de elector, 
no se está ante una causa de inelegibilidad de las que puedan hacerse valer como 
incompatibilidades una vez proclamados los candidatos electos (arts. 155, 178, 203 
y 211 LOREG), sino ante la ausencia, lisa y llana, de capacidad jurídica para ser elegible 
y, en tal medida, destinatario de la voluntad del cuerpo electoral en el ejercicio de su 
función electiva. Razón por la que, en estos casos, el sujeto incurso en alguna de estas 
causas solo vería lesionado su derecho fundamental a acceder a los cargos públicos 
representativos si se le aplican infringiendo el principio de igualdad o en contra de lo 
dispuesto en el precepto legal pertinente».
Sobre esta cuestión resulta relevante lo que se indica en la STC 25/1992, de 24 de 
febrero, FJ único, en relación con la legislación electoral catalana, «que consiste en una  s
remisión a las disposiciones estatutarias y a la normativa general estatal, "con las  oe.
modificaciones y adaptaciones derivadas del carácter y ámbito de la consulta electoral".  w.
Es evidente que entre esas "modificaciones y adaptaciones" se encuentra, en primer  42ww
loubgvaiar,m lae nretefe, resnetreá na l ceíxrccululosi vdaem ceiundtea dalonso si nqsuceri tgoosz aenn  deell  dceerencshoo  cdoer rseusfpraognidoi eanctteiv oa q uloes, 
dmeurneicchipoi odse d seu flarasg pior oavcinticvioa se nc autnaalasn aesle. cAcdiomneitisd oa,u stoinn ónminigcuansa c adtifaiclaunltaasd ,q quuieen seosl og otecnednr ádne   BOE-A-cable e
la condición política de catalanes (art. 6.1 Estatuto de Autonomía), es evidente, en 
aplicación del art. 6.4 de la LOREG, que establece como condición para gozar del 
derecho de sufragio pasivo el poseer el sufragio activo, que solo quienes puedan votar 
en las elecciones catalanas pueden ser presentados como candidatos».
d)  La cuestión principal que nos ocupa es que los dos candidatos excluidos de la 
lista electoral del Partido Popular, pese a encontrarse empadronados en Madrid antes de 
la presentación de la candidatura, no reúnen los requisitos legales necesarios para tener 
capacidad jurídica como electores en las elecciones a celebrar el 4 de mayo de 2021 en 
la Comunidad de Madrid. En concreto, no cumplen lo dispuesto en el art. 2.2 de la 
Ley 11/1986, que, como antes se ha indicado, exige de manera indispensable, para el 
ejercicio del derecho de sufragio activo, la inscripción en el censo electoral vigente, 
expresión esta última que ha de ser puesta en conexión con lo que determina el art. 39.1 
LOREG  (de  aplicación  por  remisión  de  la  disposición  adicional  segunda  de  la 
Ley 11/1986 al título primero de la LOREG, para todo lo no previsto en ella), conforme al 
cual, para cada elección, «el censo electoral vigente será el cerrado el día primero del 
segundo mes anterior a la convocatoria», sin que quepan ulteriores incorporaciones con 
posterioridad a esa fecha, ya que el art. 39.3 LOREG, al regular la reclamación en 
relación con los datos censales, dispone de manera terminante que «[n]o serán tenidas 
en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una 
circunscripción a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para 
cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio 
anterior».
Esa carencia que presentan los candidatos recurrentes implica, según la legislación 
electoral aplicable y la doctrina constitucional expuesta, que no pueden ser elegibles, 
porque para ello sería necesario que tuvieran la condición de elector, lo que conlleva no 
solo ostentar la titularidad del derecho de sufragio activo, sino, además, la capacidad 
jurídica para ejercerlo. Así, como se afirma en la STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 6, la 
capacidad jurídica para ser elegible, la elegibilidad, es un derecho de quienes gozan ya 
de  la  capacidad  jurídica  para  ser  electores,  siendo  consecuencia  lógica  de  esta 
aseveración la de que solo puede reclamar el amparo del art. 23.2 CE quien goza del 
derecho de sufragio activo.
Sin embargo, en este caso, ello no es posible, porque falta el presupuesto, que este 
tribunal ha considerado esencial, de la oportuna inscripción de los candidatos en el 
censo  electoral.  Esto  determina,  en  suma,  que  no  pueden  incorporarse  al  cuerpo 
electoral con el conjunto de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, sino que, en el 
momento de presentación de su candidatura, se encuentran incluidos en otro cuerpo 
electoral, correspondiente a distinta circunscripción.
Esta carencia priva de virtualidad a su representatividad, porque difícilmente pueden 
identificarse y representar los objetivos de un grupo electoral al que no pertenecen, cuyo 
derecho de sufragio activo se ha de proteger.
Como previene la STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 4, el «derecho constitucional a 
participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos no lo 
es para elegir candidatos declarados inelegibles, pues de otra manera, si se pudiese 
ejercer el derecho de sufragio para elegir como representante a quien no puede serlo por 
incurrir en una causa que impide su elección por faltarle la capacidad para ser elegible, 
prevista por la ley electoral, no solo se estaría soslayando el hecho de que es la ley la 
que  fija  los  requisitos  y  los  términos  en  los  que  debe  producirse  la  elección  de 
representantes de los ciudadanos (art. 23.2 CE), y en esa medida el objeto y contenido  s
de los derechos de participación política del art. 23 CE (SSTC 78/1987, 24/1990), sino  oe.
que, además, se estaría alterando gravemente la voluntad del cuerpo electoral». w.
Ahora bien, teniendo en cuenta la reforma de la LOREG por la Ley Orgánica 2/2011,  42ww
drees i2d8e ndceia  edneesrpou, éqsu dee p lrao hfeíbceh al ad einl ccoierprroer adceiól nce cnosmo od ee lceacdtoar eesle cdcei óqnu, iehnae dse  ceanmtebniedne rdsee 
qseu er edterostdraee l aa e lnotsr addoas  emne vsigeos ra dnete ersiotare lse ya,  elal  cceonnsvoo cya stour irae ceolencotcoirmali.e Entlo a drte.  3e5s tadre  ceesntsaa ldeoy   BOE-A-cable e
dice que «[p]ara la actualización mensual del censo los ayuntamientos enviarán a las 
delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral, hasta el penúltimo día hábil 
de cada mes, y en la forma prevista por las instrucciones de dicho organismo, todas las 
modificaciones del padrón producidas en dicho mes». Con ello, se da cumplimiento a la 
exigencia  de  reforzar  las  garantías  para  impedir  que  los  denominados 
empadronamientos fraudulentos o de conveniencia con fines electorales consigan su 
objetivo. Por eso, la exposición de motivos de la ley consideró que «parece conveniente 
anticipar un mes la definición de censo cerrado para cada elección, así como excluir la 
posibilidad  de  solicitar  la  rectificación  del  censo  por  cambio  de  residencia  de  una 
circunscripción a otra producido en los meses anteriores a la convocatoria electoral, 
plazo que será de un año para los españoles que residen en el exterior. Además, a fin de 
evitar  que  las  posibles  irregularidades  por  empadronamientos  fraudulentos  o  de 
conveniencia tengan efectos electorales, se incorpora un recurso específico unificando 
en la jurisdicción contencioso-administrativa la revisión de los actos censales».
Los recurrentes tratan de soslayar el anterior obstáculo alegando que la inscripción 
en el censo electoral no es un requisito necesario, pues su falta puede ser suplida en los 
términos del art. 4.2 de la Ley 11/1986, que, con expresión coincidente con el art. 7.2 
LOREG, permite a los que aspiren a ser proclamados candidatos «y no figuren incluidos 
en  las  listas  del  censo  electoral  vigente,  referido  al  territorio  de  la  Comunidad  de 
Madrid», que puedan serlo, siempre que con la solicitud acrediten, de modo fehaciente, 
que reúnen todas las condiciones exigidas para ello. Entienden los actores que dicha 
norma permite eludir la necesidad de la inscripción censal, y que basta con acreditar que 
se cumplen los requisitos para ser elegible como candidato, siendo suficiente, a tal 
efecto, la justificación de la vecindad a través de la correspondiente certificación de 
empadronamiento.  Apoyan  tal  entendimiento  de  la  norma  de  la  ley  electoral  en  la 
STC 86/2003, de 8 de mayo, que, a su entender, dispensa de la necesidad de inscripción 
censal.
Tal  interpretación  no  puede  admitirse.  En  primer  lugar,  porque  convierte  en 
meramente potestativa la regla del art. 2.2 de la Ley 11/1986, según la cual resulta 
indispensable para el ejercicio del derecho de sufragio activo la inscripción en el censo 
electoral vigente, previsión que, a su vez, se conecta con la del art. 3.1 de la misma Ley 
respecto del derecho de sufragio pasivo, siendo así que este tribunal ha destacado la 
importancia de la inscripción censal, en cuanto «requisito imprescindible para el ejercicio 
del derecho de sufragio y definido este en términos idénticos para todo tipo de consultas 
electorales (arts. 2 y 3 de la LOREG)» (STC 154/1988, de 21 de julio, FJ 5).
Cuando  el  legislador  ha  establecido,  legítimamente,  según  hemos  señalado 
anteriormente, el requisito de la inscripción censal, su previsión está llamada a ser 
respetada y a exigirse en los procesos electorales, pues ello resulta acorde con «la 
exigencia de que las normas electorales sean cumplidas en cuanto constituyen garantía 
del correcto desarrollo de la elección de modo que culmine con la proclamación de los 
candidatos que hayan sido preferidos por el cuerpo electoral» (STC 71/1989, de 20 de 
abril, FJ 3).
En segundo lugar, la doctrina establecida en la STC 86/2003 no permite entender 
que  el  requisito  de  la  inscripción  censal  pueda  ser  sustituido  en  todo  caso  por  la 
acreditación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  para  ser  candidato.  Dicho 
pronunciamiento se refiere a un supuesto muy concreto, distinto del caso de los actores, 
en el que un candidato fue excluido de la candidatura a las elecciones autonómicas en 
Castilla y León por la Junta Electoral, por no aportar el correspondiente certificado  s
censal, al no encontrarse inscrito en el censo electoral debido a un error, pese a ser  oe.
residente en Burgos desde agosto de 1953 y haber participado en anteriores comicios,  w.
como acreditó documentalmente. 42ww
trámLitae  cduee stsióunb saalnlí arceiósune lptao re rlaa  dJifuenrtean teE leac ltao rqaul, e eal qrueíc suerr esnutsec itean,  paumesp,a rcoo nacpeodridtóo  leal 
dcuoaculidmaedn dtaec ieólne catocrr eyd ditaet ievlae gdibel eq yu efi grueruanr íain slocrsi tore eqnu iesilt ocse nnseoc, eys, asriino se mpabraar goos, tneon tsaer  llea   BOE-A-cable e
admitió esa opción, impidiéndole la alternativa de subsanar la carencia de acreditación 
de la inscripción en el censo.
El recurso por parte del tribunal al art. 7.2 LOREG (de similar formulación al art. 4.2 
de  la  Ley  11/1986)  en  aquel  supuesto  obedeció  a  que,  como  se  señalaba  en  el 
fundamento jurídico 8, «frente a la previsión legal en la Ley Orgánica del régimen 
electoral  general  desde  su  adición  por  Ley  Orgánica  3/1995,  de  23  de  marzo,  de 
certificaciones  censales  específicas  para  acreditar  con  carácter  excepcional  su 
inscripción en el censo electoral quien desee ejercer su derecho al sufragio activo 
(art. 85.5), no aparece una posibilidad equivalente para quien quiera hacer lo propio con 
el  derecho  de  sufragio  pasivo,  de  modo  que  no  se  vislumbra  otra  alternativa  de 
subsanación de los fallos de inscripción en el censo que no sea la presentación de 
documentos que acrediten la posesión de los requisitos de elegibilidad como, en efecto, 
posibilita  el  art.  7.2  LOREG».  Y  añadimos  que  la  inexistencia  de  previsión  de  la 
posibilidad de aportar una certificación censal específica en el caso de la vertiente pasiva 
del derecho de sufragio, «parece abocar a interpretar como necesariamente equivalente 
a tal posibilidad la previsión del art. 7.2 de dicho cuerpo legal y sus correlativos en 
prácticamente  todas  las  legislaciones  electorales  autonómicas,  so  pena,  en  caso 
contrario, de tener que concluir que el derecho de sufragio pasivo no admite modo de 
subsanación en el supuesto de error censal inadvertido por su titular, conclusión que 
aparece de todo punto inadmisible respecto de un derecho en el que se fundamenta el 
sistema democrático» (FJ 7). Es decir, esta opción se vinculó exclusivamente a los 
supuestos de errores censales, en los que el candidato carece de otro mecanismo para 
poder justificar el cumplimiento de los requisitos precisos para ser elegible, entre ellos, 
por supuesto, como se señala en la resolución recurrida, el haber estado en condiciones 
de figurar incorporado al censo electoral vigente que ha de servir al proceso electoral de 
que se trata. Y este es el entendimiento que ha de efectuarse respecto del art. 4.2 de la 
Ley  11/1986:  permitir  su  presentación  como  candidatos  a  aquellos  electores  que, 
debiendo figurar en el censo vigente, no constan en el mismo debido a un error en los 
listados, dándoles la oportunidad de acreditar su derecho a la inscripción, al margen de 
los procedimientos de rectificación censal previstos en la LOREG.
No es este, sin embargo, el caso de los dos candidatos recurrentes, que, al momento 
que determina el art. 39.1 LOREG, ni estaban en situación de obtener la vecindad de la 
Comunidad de Madrid ni, por supuesto, de quedar inscritos en dicho censo en tal 
condición de ciudadanos de la comunidad autónoma, pues, como ya quedó reseñado 
anteriormente, se inscribieron en el padrón de habitantes de la ciudad de Madrid con 
posterioridad a la convocatoria de las elecciones a la asamblea autonómica, en concreto, 
en fechas 22 y 26 de marzo de 2021, respectivamente.
No puede dejar de destacarse, además, que en la STC 86/2003 también se refirió 
este  tribunal  a  la  diligencia  que  deben  mostrar  quienes  pretenden  participar  en  el 
proceso  electoral,  afirmando  en  su  FJ  6  que  «"los  procesos  electorales,  dada  su 
naturaleza, su regulación y la función que cumplen, exigen la mayor colaboración y 
diligencia posible por parte de todas las personas y actores políticos que en ellos 
participan" (STC 67/1987, de 21 de mayo, FJ 2), diligencia especialmente requerida a 
quienes más interesados en el proceso electoral se presume, y que por ello mismo más 
vigilantes deben estar [STC 80/2002, de 8 de abril, FJ 3 a)]», para referirse al final del 
fundamento jurídico 7 a «la incidencia de la concreta actitud de quien pretende ser 
elegido ante la inexistencia de su inscripción censal, esto es, su diligencia o la falta de 
ella para acreditar lo que persigue la exigencia de la misma, que es demostrar que se  s
reúnen los requisitos para poder ser elegible». oe.
e)  Tampoco permite cambiar la conclusión alcanzada el principio de interpretación  w.
más favorable a la efectividad del derecho fundamental invocado insistentemente en la  42ww
ddeermeachnod ar.e cEosn coiceirdtoo  eqnu ee,l  saertg. ú2n3 .u2n aC Ed o«cetrnin cau acnotnos tsaen tper oyy erecittae rsaodbar ed ee l eesjteer ctircibiou ndael ,l oesl 
mdearneicfiheossta  deen  las uofbraliggaioc ió[.n.. ][ ...a] ddqeu qieuree  taunntao  lae sapdemciinails trdaecniósnid aedle cctoornasl tcitoumcioo nloasl  jquueece ss ey   BOE-A-cable e
tribunales  al  revisar  los  actos  y  resoluciones  dictados  por  aquella,  opten  por  la 
interpretación  de  la  legalidad  más  favorable  a  la  eficacia  de  tales  derechos» 
(STC 87/1999, de 25 de mayo FJ 3). Ahora bien, también hemos de tener en cuenta que 
los derechos de participación reconocidos en el art. 23 CE han de ejercerse en el marco 
establecido por la Ley Orgánica del régimen electoral general, que los desarrolla y 
concreta, de modo que los límites establecidos en ella no pueden enervarse ni alterarse 
por la vía de la interpretación más favorable al derecho fundamental pues, si así fuera, 
quedaría en manos del intérprete, y no en las del legislador (a quien la Constitución, en 
sus arts. 53.1, 23.2 y 81.1, atribuye tal potestad) la fijación de los contornos del derecho 
(SSTC 74/1995, de 12 de mayo, FJ único, y 26/2004, de 26 de febrero, FJ 6). Y, en el 
supuesto que nos ocupa, como ya se ha expuesto, existe una normativa electoral muy 
precisa, de la que se deriva claramente en qué términos han de ejercerse los derechos 
de sufragio activo y pasivo, por lo que no ha lugar a desvirtuar o dejar sin ningún efecto 
las reglas establecidas por el legislador so pretexto de la invocación del principio de 
interpretación más favorable.
Además, hay una circunstancia añadida en este caso, que debe tenerse presente a 
la  hora  de  aplicar  ese  principio:  aquí  no  se  encuentra  comprometido  solamente  el 
derecho de sufragio pasivo de los recurrentes, sino que concurre con el mismo, al 
unísono, otro derecho estrechamente entrelazado con él, el proclamado en el art. 23.1 
CE a favor de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos directamente o 
mediante representantes libremente elegidos. Conjuntamente, encarnan la participación 
política de los ciudadanos en el sistema democrático, en conexión con los principios de 
soberanía del pueblo y de pluralismo político consagrados en el art. 1 de la Constitución 
(STC 71/1989, de 20 de noviembre, FJ 3). Esa conexión íntima entre ambos no puede 
desconocerse  a  la  hora  de  interpretarlos,  pues  los  dos  derechos  «son  aspectos 
indisociables de una misma institución, nervio y sustento de la democracia: el sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto» (STC 24/1990, de 15 de febrero, FJ 2). Se trata 
de dos modalidades o vertientes del mismo principio de representación política, que 
presentan una estrecha relación con el principio democrático, manifestación, a su vez, de 
la soberanía popular (STC 167/2001, de 16 de julio, FJ 5), lo que no significa, a pesar de 
su interdependencia, que no sean susceptibles de tratamiento autónomo, tal y como 
permite  el  reconocimiento  diferenciado  que  de  los  mismos  efectúa  el  art.  23  CE 
(STC 71/1989, de 20 de noviembre, FJ 3).
Pero es importante destacar el sentido democrático que en nuestra Constitución 
(art. 1.2) reviste el principio del origen popular del poder, que obliga a entender que la 
titularidad de los cargos y oficios públicos solo es legítima cuando puede ser referida, de 
manera mediata o inmediata, a un acto concreto de expresión de la voluntad popular. Es 
obvio, sin embargo, que pese a esta identidad de legitimación de todos los titulares de 
cargos  y  funciones  públicas,  «solo  se  denominan  representantes  aquellos  cuya 
designación  resulta  directamente  de  la  elección  popular,  esto  es,  aquellos  cuya 
legitimación resulta inmediatamente de la elección de los ciudadanos» (STC 10/1983, 
de 21 de febrero, FJ 2). La última palabra la tiene, pues, el cuerpo electoral, a partir de 
cuya voluntad, expresada en la elección, nace la representación. Así lo reconocimos en 
la STC 10/1983, FJ 4, precisando que «las listas de candidatos son simples propuestas y 
la representación, en el sentido jurídico-político del término, surge solo con la elección y 
es siempre representación del cuerpo electoral y nunca del autor de la propuesta [...]. 
Una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes los votaron, sino de todo el 
cuerpo electoral». Se atisba, de esta manera, una mayor subordinación del derecho al  s
sufragio pasivo respecto del derecho que consagra el art. 23.1 CE, que lo va a hacer  oe.
depender,  en  último  término,  del  conjunto  del  cuerpo  electoral  y  de  su  voluntad  w.
expresada en el proceso electoral. 42ww
es  Paubesso lbuiteanm, eennt ee stceo chaesroe,n ltae  inyte rprreestpaectióuno sqau e croena lizlaa  lag raersaonlutícai ónin jsutditiucciaiol nimalp ugdnea dlaa 
arecpureersdeon ctaocnió lno sp porliínticciap iroess ucoltannsttietu dceiol naarlte. s2, 3y aC qEu, ey  eqsu lea  eqlu ele gpiesrlmaditoer  choah ocnoensfitgaur rlaodso d does   BOE-A-cable e
apartados del mismo al tiempo que deja incólume el derecho de sufragio activo de los 
ciudadanos integrantes del cuerpo electoral, que, como se ha expuesto más arriba, ha 
de ser objeto de protección, junto con la voluntad de dicho cuerpo electoral, que no debe 
verse alterada (STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 4). En cambio, la interpretación que 
preconiza la parte actora daría lugar a la postergación del otro derecho, que se vería 
sacrificado en beneficio del derecho de sufragio pasivo que invocan los candidatos sin el 
debido amparo en la legislación electoral que rige el proceso abierto en la Comunidad de 
Madrid, todo lo cual, por extensión, implicaría una clara distorsión de la representación 
política, que no respondería en este caso a los presupuestos y fines que le son propios.
f)  Finalmente, ha de descartarse que sirva para variar el criterio sentado por este 
tribunal  la  invocación  por  los  demandantes  de  determinados  acuerdos  de  la  Junta 
Electoral Central que, según sostienen, serían coincidentes con la posición que ellos 
mantienen. Este tribunal ya ha reconocido las peculiaridades y la relevancia que tienen 
las Juntas Electorales en el desarrollo de los distintos procesos electorales, en la medida 
en que constituyen una específica administración de garantía instituida por el legislador 
para garantizar «la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de 
igualdad –art. 8.1 de la LOREG–» (STC 197/1988, de 24 de octubre, FFJJ 2 y 4). Son 
especialmente importantes las funciones que se asignan a la Junta Electoral Central en 
el art. 19.1 LOREG, de entre las que destacan las de cursar instrucciones de obligado 
cumplimiento  a  las  Juntas  Electorales  Provinciales  y,  en  su  caso,  de  comunidad 
autónoma, en cualquier materia electoral; resolver con carácter vinculante las consultas 
que le eleven las Juntas Provinciales y, en su caso, las de comunidad autónoma; revocar 
de oficio en cualquier tiempo o, a instancia de parte interesada las decisiones de las 
Juntas Electorales Provinciales y, en su caso, de comunidad autónoma, cuando se 
opongan a la interpretación de la normativa electoral realizada por la Junta Electoral 
Central; y unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales, Provinciales y, en 
su caso, de comunidad autónoma en la aplicación de la normativa electoral [párrafos c), 
d), e) y f)].
En cualquier caso, los acuerdos invocados o contienen menciones que se refieren a 
las elecciones locales (Instrucción 1/1991, de 4 de abril), o a las elecciones generales 
(Instrucción 1/2000, de 20 de enero), o, incluso, establecen criterios que van en contra 
de  lo  sostenido  por  los  demandantes  de  amparo,  como  es  el  supuesto  del 
acuerdo 700/1995, de 24 de mayo, que determina que quien no realizó la oportuna 
reclamación contra la omisión de la inscripción en las listas del censo tendría que ejercer 
el derecho de sufragio en el anterior domicilio, o el del acuerdo 130/1999, de 27 de abril, 
sobre la aceptación de reclamaciones por cambio de domicilio a municipios distintos del 
que figura en el censo vigente para las elecciones, «siempre que el cambio de domicilio 
fuese anterior a la fecha de publicación del Decreto de convocatoria», siguiendo este 
mismo criterio el acuerdo 167/1995, de 7 de abril. Lo cierto es que esos acuerdos e 
instrucciones no ponen de relieve un criterio claro en cuanto al modo de actuar en 
relación con las elecciones a las asambleas autonómicas.
Debe destacarse muy especialmente lo que se señala en la STC 86/2003, de 8 de 
mayo, FJ 4, sobre la instrucción de la Junta Electoral Central de 15 de marzo de 1999 
(sobre elecciones locales y al Parlamento Europeo), reiterada en la instrucción de 20 de 
enero de 2000 para las elecciones generales, que contemplaba en la norma primera, 
apartado 2, que la inscripción en el censo o en el padrón municipal de habitantes, de los 
ciudadanos españoles, no era condición necesaria para ser candidato, sobre lo cual 
precisó este tribunal que la norma «se refiere a los candidatos españoles a los comicios  s
municipales y al Parlamento Europeo, mientras que a los no españoles se les exige  oe.
taxativamente tal inscripción en el censo (norma segunda 3). Y, sobre todo, en lo que  w.
aquí interesa, la norma tercera y última de dicha instrucción establece que "[e]n relación  42ww
cjuonnt alsa se leelcetcocriaolnees s cao mlapse teansatemsb lseea sa tleegnidsrláantiv, aesn  decu alanst oc oam ulan ideaxdigeesn caiau tódneo mqause,  llaoss 
ccaonrrdeisdpaotonsd iennote  ceasrtégno  esleucjetitvoos,  aa  lop epnreavsi stqou ea l rleess peincthoa beilnit elna  npoarrmaa  eplr imaecrcae sdoe  laal   BOE-A-cable e
presente instrucción, sin perjuicio de lo que en cada elección a asamblea legislativa 
resulte exigible", inciso este último del que acaso cabe inferir la posibilidad de exigencia 
de inscripción en el censo electoral a quienes pretendan formar parte de dichos cuerpos 
legislativos». En definitiva, lo que vinimos a concluir es que habrá que estar, en cada 
caso, a lo que determine la normativa aplicable a las elecciones autonómicas.
Por todas las razones hasta aquí expuestas debemos concluir que la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Madrid no ha vulnerado el derecho 
de sufragio pasivo de los demandantes de amparo, en la medida en que realizó una 
interpretación  de  la  legalidad  aplicable  a  las  elecciones  a  la  Asamblea  de  Madrid 
absolutamente acorde con las exigencias del art. 23 CE.
5.  Acceso  en  condiciones  de  igualdad  a  los  cargos  públicos  electivos: 
desestimación de la queja.
La última queja cuyo análisis nos queda por abordar (segunda de las planteadas en 
la demanda), denuncia la vulneración del derecho de acceso en condiciones de igualdad 
a  los  cargos  públicos  electivos,  al  exigirse  a  los  candidatos  requisitos  que,  según 
afirman, no se han requerido en ningún proceso electoral anterior. Este planteamiento, 
en  realidad,  puede  entenderse  subsumido  en  la  primera  queja,  de  la  que  es  una 
consecuencia, y que, por ello, debe seguir su misma suerte. Frente al mismo ha de 
objetarse que el art. 23.2 CE consagra y protege el derecho de acceso en condiciones 
de igualdad a los cargos públicos, pero no el acceso indiscriminado, sino que, como se 
ha dicho, ha de ser «con los requisitos que señalen las leyes» (STC 72/1987, de 23 de 
mayo, FJ único), y lo que los demandantes pretenden es que se prescinda de esos 
requisitos,  con  el  argumento  de  que  no  han  sido  exigidos  en  anteriores  procesos 
electorales, lo cual no sería otra cosa que santificar una práctica contraria a la exigencia 
antes expuesta de que las normas electorales sean cumplidas, lo que daría lugar a que 
fueran entendidas como meros ritos, establecidos a capricho del legislador, de los que se 
puede prescindir sin inconveniente alguno, interpretación que, desde la perspectiva del 
art. 23 CE, no puede aceptarse.
La  cuestión  que  proponen  los  actores  revela  el  ofrecimiento  de  un  término  de 
comparación genérico, sin concreción, en relación con otros casos de candidatos que, en 
la misma situación, hayan recibido en el proceso electoral un trato diferente por parte del 
mismo órgano electoral, que permitiera realizar el juicio de igualdad, sin que baste a tal 
efecto referirse, sin mayor especificación, a los precedentes procesos electorales, ya 
que, en último término, lo que debe prevalecer, como se ha dicho y se reitera, es la 
correcta aplicación de la normativa electoral, acorde con las exigencias del art. 23 CE, 
sin que la práctica previa no ajustada a la misma pueda servir como fundamento de la 
pretensión  de  amparo.  Es  de  añadir  que,  de  acuerdo  con  una  reiterada  doctrina 
jurisprudencial,  el  derecho  a  la  igualdad,  dado  su  carácter  relacional,  solo  puede 
entenderse como igualdad en la legalidad, ámbito dentro del cual siempre ha de operar 
(SSTC 37/1982, de 16 de junio, FJ 3; 29/1987, de 6 de marzo, FJ 7; 127/1988, de 24 de 
junio, FJ 4, y 131/1988, de 4 de julio, FJ 4, por todas). Y, junto a ello, se ha de significar 
que el art. 23.2 CE señala al legislador de modo expreso la necesidad de que el derecho 
que proclama sea ejercido «en condiciones de igualdad», exigencia en la que no cabe 
ver sino una concreción del principio que, con carácter general, se reconoce en el art. 14 
CE (STC 75/1985, FJ 4). Se trata de una igualdad en la Ley, o, como el mismo art. 23.2 
CE establece, de una igualdad referida a las condiciones legales en que el conjunto de 
un proceso electoral se desarrolla, por lo que la igualdad, por tanto, ha de verificarse  e
dentro del sistema electoral que libremente sea determinado por el legislador, impidiendo  bo
las diferencias discriminatorias, pero a partir de las reglas del sistema y no por referencia  42ww
sao cnu aiglquuaileers  optarora ( StoTdCo s2 2lo5s/1 c9a9n8d, iddaet o2s5,  dael  mnoavrigeemnb dree,  hFiJp o4t)é.t iYc,a esn a epslictea cciaosnoe,s l adse snvoiramdaass 
duen ala v ulelngeisrlaacciióónn  deele lcat oigraula qlduaed  hqauyea np rpeocdoindioza r eeal laizrat.r 2se3,. 2q uCeE .no pueden servir para aducir
En definitiva, esta queja también debe ser desestimada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por el Partido Popular, don Antonio 
Cantó García del Moral y don Agustín Conde Bajén.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de abril de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Andrés Ollero Tassara, en relación con la 
sentencia dictada por la Sala Primera en el recurso de amparo electoral núm. 2117-2021
Con el máximo respeto a la posición de la mitad de la Sala, enriquecida por el voto 
de calidad de su presidente, y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 90.2 
LOTC, formulo voto particular respecto de la sentencia, aún sin número, relativa al 
recurso citado en el encabezamiento.
1.  La unánime admisión a trámite del recurso de amparo electoral presentado por 
dos  posibles  candidatos  a  la  convocatoria  electoral  a  la  Asamblea  de  Madrid, 
inicialmente incluidos en una de las listas electorales, con el respaldo de la Junta 
Electoral Provincial, y luego excluidos de la misma por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Madrid, parecía presagiar –dados los usos del tribunal– una 
similar  actitud  estimatoria  por  parte  de  la  Sala.  En  efecto,  de  entenderse 
mayoritariamente  que  no  se  había  producido  vulneración  alguna  de  un  derecho 
fundamental,  lo  lógico  hubiera  sido  que  ello  se  hubiera  resuelto  con  una  sencilla 
providencia  de  inadmisión,  dada  la  urgencia  exigida  por  el  inminente  cierre  de  las 
candidaturas.
Por el contrario, se optó unánimemente por la admisión a trámite, reconociendo la 
especial  transcendencia  constitucional  del  caso,  fundamentada  en  la  ausencia  de 
doctrina  del  Tribunal  al  respecto.  No  obstante,  en  neto  desafío  al  principio  de  no 
contradicción, la sentencia se dispone a «recoger la reiterada doctrina de este tribunal 
sobre el artículo 23.2 CE».
En todo caso, tal especial transcendencia constitucional obliga, por coherencia, a 
renunciar a un mero planteamiento formalista y legalista de la cuestión.
2.  Desde un punto de vista formal, llaman la atención dos pasajes de la sentencia. 
Es habitual que el Tribunal en sus respuestas a contenciosos electorales –nada prolijas, 
por cierto– aborde de inmediato las cuestiones relativas a los derechos fundamentales 
en juego. En este caso, sin embargo, arranca con una discrepancia procesal entre el 
abogado de los recurrentes y el fiscal sobre la exigencia o no de su emplazamiento. La 
perentoriedad de los plazos del proceso electoral (STC 71/1995, de 11 de mayo, FJ 2) 
imponía  postergar  el  examen  de  esta  controversia,  para  analizar  directamente  la 
vulneración del derecho de sufragio pasivo (art. 23.2 CE). es
Más llamativo aún es que en el fundamento cuarto, que anuncia ya la desestimación  bo
del amparo, se minusvalore la ineludible necesidad de apuntar a la interpretación más  42ww
dfF1ae4Fvr6Joe/Jr1c ah92bo9 le 9yd ,  pe6da ;es r a2u2 6f7lra/a 1d g9eei9of ej0 uc(,lSt ioidvS,ie dTF aCJ1d  96 7 d,6 dey/e 1 1l 9o5f8se3 7b/d,2r ee0drr0eeo3c , 2,h F5doF esdJ  1efJu7  nm4 dd aeayy m jou9e,l; i noF8t,Ja 7F l/e2J1s; 9 7 29e, 49ne/, n1 judt9ree9eg 0 o2o, t5,rd a eedsn )e1 . e5ms tdaeey  cofae, sbForJe d r3oe;,l    OE-A-2021-83able en https://
Queda relegada al furgón de cola argumental, aunque –eso sí– reconociendo con 
aire de obiter dictum que «"[…] adquiere una especial densidad constitucional que se 
manifiesta en la obligación [...] de que tanto la administración electoral como los jueces y 
tribunales  al  revisar  los  actos  y  resoluciones  dictados  por  aquella,  opten  por  la 
interpretación  de  la  legalidad  más  favorable  a  la  eficacia  de  tales  derechos" 
(STC 87/1999, de 25 de mayo FJ 3)». El resultado será para la mayoría de la Sala que 
«tal interpretación no puede admitirse. En primer lugar, porque convierte en inane y 
meramente potestativa la regla del art. 2.2» de la Ley electoral de la Comunidad de 
Madrid.
3.  No vendrá mal recordar que a lo que se reconoció especial transcendencia 
constitucional,  justificando  la  admisión  a  trámite  del  recurso,  es  a  dilucidar  si  los 
recurrentes son o no elegibles en la inmediata cita electoral, ya que este es el exclusivo 
objeto de su demanda de amparo, sin que surja pretensión alguna de ser electores. De 
ahí lo llamativo del mantra de la sentencia, que repite hasta la saciedad que «para ser 
elegible es preciso tener la condición de elector».
Para intentar encontrar fundamento a tan curioso matrimonio, se apoya la sentencia 
en una muy peculiar resolución anterior, citada hasta la saciedad, que no deja de 
reconocer –sintomáticamente– que no se ocupa de un proceso «de los denominados 
recursos de amparo electoral». Se trata de la STC 144/1999, de 22 de julio, que se 
ocupó del mediáticamente conocido como caso Hormaechea. Por su condena penal 
quedaba  «privado  temporalmente  del  ejercicio  de  su  derecho  de  sufragio  activo  y 
pasivo». De ahí derivaba la afirmación de que la «capacidad jurídica para ser elegible» 
es «un derecho de quienes gozan ya de la capacidad jurídica para ser electores» (FJ 6).
No hay noticia de que los recurrentes hayan soportado condena alguna y sí de que 
reúnen las condiciones que recuerda la actual doctrina: «ser mayor de edad y ciudadano 
de la Comunidad de Madrid, condición que se adquiere a través de la vecindad en 
cualquiera de sus municipios, tras el correspondiente empadronamiento», como es el 
caso. La sentencia no deja de constatar, aunque en adversativa, que «los dos candidatos 
recurrentes ostentan la vecindad administrativa y la condición de ciudadanos de la 
Comunidad de Madrid».
Por lo demás, la misma sentencia recuerda que el «requisito de la inscripción en el 
censo que establece el art. 2.2 de la Ley 11/1986 es una condición del ejercicio del 
derecho a ser elector o elegible, pero no es constitutiva de esa capacidad electoral, 
como prueba el hecho de que puedan emplearse las oportunas certificaciones censales 
para  votar  o  ser  candidato.  La  inscripción  censal  es,  pues,  meramente  declarativa 
(STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 7)».
La afirmación de «la evidencia de que quien no posee capacidad jurídica para ser 
elector no puede ser elegido por los electores» me lleva simplemente a evocar lo que mi 
paisano Antonio Machado esculpió en su Juan de Mairena: «cuando mi maestro decía es 
evidente, o no estaba seguro de lo que decía, o sospechaba que alguien pudiera estarlo 
de la tesis contraria a la que él proponía».
4.  Durante años de labor docente he tenido oportunidad de ilustrar a mis sufridos 
alumnos de primer curso de Derecho sobre la distinción clásica entre validez y vigencia 
jurídica; distinción nada irrelevante, dada la continua alusión de la sentencia al «censo 
vigente». A la primera se atribuye una dimensión, muy propia del principio de legalidad. 
Ocasión tuve en la deliberación de comenzar mi intervención resaltando que iba a 
realizarla  desde  una  perspectiva  estrictamente  constitucional,  dado  que  no  son  e
infrecuentes en ella los recitales legislativos. Desde ese encuadre la vigencia tiene un  bo
sentido  bien  distinto,  cobrando  una  dimensión  más  realista,  aunque  sin  obligado  42ww
qeumep alad proronpaomsiiecnióton  neosrcmanadtiivnaa vmou, edsetr an oe ne csacdaas ac aimsop.r Eonst ao bsvoiac isouló vgeiccain, dvaindc au llaad dai mael nvsigióonr 
pondEesr adteivsad ey  eospttaim pizearsdpoeract idveal  dcoensdtreo l lad eq cuoen eslt iitnutceinotnoa ldidea lda. interpretación más favorable
al derecho fundamental en juego nos lleva a tener en cuenta lo previsto en el artículo 4.2
de la citada ley electoral madrileña, que marca una excepción al matrimonio elector-
elegible y no puede ser tratada como una superflua posibilidad de corrección de errores: 
«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior, los que aspiren a 
ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral 
vigente, referido al territorio de la Comunidad de Madrid podrán serlo, siempre que con la 
solicitud acrediten, de modo fehaciente, que reúnen todas las condiciones exigidas para 
ello»; como es el caso de los recurrentes.
Circuló en la deliberación la idea, luego semimayoritaria y finalmente no incluida en la 
sentencia, de que la reforma de la Ley Orgánica del régimen electoral por medio de la 
Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, apuntaba a evitar casos como el que es objeto de 
esta resolución. En realidad, basta leer su exposición de motivos para entender que en 
los «empadronamientos fraudulentos o de conveniencia» a los que se refiere alude a los 
posibles trasvases de electores, para dislocar futuros posibles resultados electorales y 
no a los candidatos.
5.  Curiosas  en verdad resultan  las alusiones,  quizá de  sesgo populista, de la 
sentencia al «principio del origen popular del poder, que obliga a entender que la 
titularidad de los cargos y oficios públicos solo es legítima cuando puede ser referida, de 
manera mediata o inmediata, a un acto concreto de expresión de la voluntad popular». 
Reuniendo  ambos  recurrentes  la  característica  de  haber  logrado  por  su  trabajo 
profesional y experiencia parlamentaria un notable grado de conocimiento, habría que 
preguntarse si su posible incidencia mediática y arraigo social va en desdoro solo de una 
popularidad, quizá malentendida desde un elitismo fuera de lugar.
No menos enigmática resulta la afirmación de que «la inscripción en el censo o en el 
padrón  municipal  de  habitantes,  de  los  ciudadanos  españoles,  no  era  condición 
necesaria para ser candidato, sobre lo cual precisó este tribunal que la norma "se refiere 
a  los  candidatos  españoles  a  los  comicios  municipales  y  al  Parlamento  Europeo, 
mientras que a los no españoles se les exige taxativamente tal inscripción en el censo"»; 
dado que su condición de españoles no ha sido felizmente puesta en duda.
6.  En  resumen,  la  especial  transcendencia  constitucional  del  problema  no  es 
compatible con un intento de solución formalista. Por el contrario, la vigencia del censo 
quedaría vinculada a que los recurrentes reúnan o no los requisitos para poder sujetos 
pasivos  en  el  proceso  electoral;  interpretados  siempre  del  modo  más  favorable,  al 
tratarse del ejercicio de un relevante derecho fundamental.
Considero, en suma, que debió estimarse el recurso de amparo, por vulneración del 
derecho fundamental de los recurrentes al sufragio pasivo.
Y en este sentido formulo mi voto particular.
Madrid, a quince de abril de dos mil veintiuno.–Andrés Ollero Tassara.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Santiago Martínez-Vares García a la 
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2117-2021
En el ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, formulo el presente voto particular en virtud de los argumentos 
que expongo a continuación, manifestando mi disconformidad con el fallo de la sentencia 
y con la inaplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional que exige efectuar una  e.
interpretación de la legalidad del modo más favorable a la efectividad del ejercicio del  w.b
derecho fundamental al sufragio pasivo. 42ww
dereEcsh odso cdtrein cao rnefiigteurraadcaió dne l eegsatel  t(rpibour ntoadl qaus,e  SloTsC d e2r8e7c/h1o9s9 4q,u dee i n2te7g draen o eclt uabrtr.e 2, 3F CJ E3 )s, olno 
Oqurgeá snuicpao n3e/1, 9e8n3 ,e sdtee  2ca5s od,e  qfueeb rehraon,  ddee  eEjsetracteurtsoe  deen  Aeul tmonaormcoí ae sdtea bllae cCidoom puonri dlaad  Ldeey 
Madrid (en adelante EACM) y la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, electoral de la
Comunidad  de  Madrid,  que  los  desarrollan  y  concretan  para  las  elecciones  a  la 
Asamblea de Madrid, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en el título I de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, como establece la 
disposición adicional primera de la Ley 11/1986. Sus previsiones deben ser cumplidas en 
cuanto constituyen garantía del correcto desarrollo de la elección, de modo que culmine 
con la proclamación de los candidatos que hayan sido preferidos por el cuerpo electoral 
(SSTC 74/1995, de 12 de mayo, FJ único; 26/2004, de 26 de febrero, FJ 6, y 125/2011, 
de 14 de julio, FJ 3). En este sentido, el art. 10.4 EACM, establece que una ley de la 
Asamblea regulará las elecciones, y el apartado 1 de la disposición adicional primera de 
la LOREG dispone que lo dispuesto en la misma «se entiende sin perjuicio del ejercicio 
de las competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constitución y a la presente ley 
orgánica, a las comunidades autónomas por sus respectivos estatutos en relación con 
las elecciones a las respectivas asambleas legislativas».
Por otra parte, resulta obligado recordar la doctrina constitucional sobre los criterios o 
principios hermenéuticos que resultan de aplicación en los procesos electorales, como lo 
es en particular, a los efectos que ahora interesan, el principio de interpretación más 
favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, en este caso, a los derechos 
de sufragio. En efecto, el principio de interpretación de la legalidad en el sentido más 
favorable a los derechos fundamentales ha sido reconocido reiteradamente por este 
tribunal, tanto en términos generales, como a propósito de los derechos de sufragio 
activo y pasivo (SSTC 76/1987, de 25 de mayo, FJ 2; 24/1990, de 15 de febrero, FFJJ 2 
y 6; 26/1990, de 19 de febrero, FFJJ 4 y 9; 87/1999, de 25 de mayo, FJ 3; 146/1999, 
de 27 de julio, FJ 6, y 153/2003, de 17 de julio, FJ 7, entre otras). Respecto a estos 
derechos,  se  ha  insistido  en  señalar  que  atendida  la  naturaleza  y  función  que 
desempeñan  en  un  Estado  democrático,  art.1.1  CE,  su  tutela  y  protección  por  los 
órganos jurisdiccionales debe ser particularmente intensa.
De este modo hemos declarado que «"la Constitución ha introducido un principio de 
interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute 
de los derechos fundamentales que ha de ser tenido en cuenta por todos los poderes 
públicos  y  muy  especialmente  por  los  órganos  jurisdiccionales  en  su  función  de 
aplicación de las leyes. Esta consideración general es de especial relevancia en el 
proceso electoral, en donde se ejercen de manera efectiva los derechos de sufragio 
activo y pasivo que, por estar en la base de la legitimación democrática del ordenamiento 
político, han de recibir un trato especialmente respetuoso y favorable, sin perjuicio del 
necesario respeto a la legislación electoral y de la diligencia que los partícipes activos en 
las elecciones han de tener en su actuación para posibilitar un ordenado y fluido proceso 
electoral" (STC 76/1987, de 25 de mayo, FJ 2; doctrina que reitera la STC 24/1990, 
de 15 de febrero, FJ 2)» (STC 105/2012, de 11 de mayo, FJ 7).
Al Tribunal Constitucional le corresponde revisar, cuando a ello sea instado en vía de 
amparo, si la interpretación de la legalidad configuradora de los derechos fundamentales 
se ha llevado a cabo secundum Constitutionem y, en particular, si la aplicación de la 
legalidad  ha  podido  afectar  «a  la  integridad  del  derecho  fundamental  aquí 
comprometido», o a su naturaleza y función.
Conviene, por lo expuesto, examinar la argumentación seguida por el órgano judicial 
a fin de determinar si ha respetado el principio de interpretación más favorable al 
ejercicio y disfrute del derecho de sufragio pasivo habida cuenta de su naturaleza y 
funcionalidad en un sistema democrático.
La argumentación del órgano judicial se sustenta en un sencillo silogismo que por  s
ello es fácilmente aprehensible. El argumento parte de la afirmación de una primera  oe.
proposición por la que para ser candidato se han de reunir los mismos requisitos que  w.
para ser elector; le sigue una segunda proposición en virtud de la cual para ser elector se  42ww
deestbee c eosmtaor  einl csecrrirtaod eon e le dl ícae pnrsimo eerloe cdteolr asle vgiugnednote m, aerst .a 3n.t1e rdioer  ala  laL ecyo n1v1o/1ca9t8o6r,ia e, natret.n 3d9id.1o 
LeOlloR, EaGrt,.  o 4a.c2r eddeit arla d eL meyo d1o1 f/e1h9a8c6i,e natel , dqíuae  preriúmneerno  toddeal s slaesg ucnodnod icmionees s aenxtiegridioars  ap arlaa   BOE-A-cable e
convocatoria. De tales proposiciones se deduce la conclusión por la que no reuniendo 
los señores Cantó y Conde la condición de vecinos de Madrid el día primero del segundo 
mes anterior a la convocatoria de las elecciones autonómicas –esto es el 1 de enero 
de 2021–, no pueden ser electores, y por tanto, tampoco elegibles.
Dada la naturaleza del derecho de sufragio pasivo garantizado por el art. 23.2 CE 
como derecho de configuración legal, ningún obstáculo existe para que, en tanto no 
suponga vulneración del contenido esencial de ese derecho fundamental, añada la 
legislación autonómica a los requisitos señalados por los capítulos primero y segundo del 
título I de la LOREG, de obligada aplicación a las elecciones autonómicas, en virtud de la 
disposición adicional primera, apartado 2, de la LOREG, otros requisitos para el ejercicio 
de dicho derecho. En principio, según ha reconocido la doctrina constitucional, entre 
esos  requisitos  adicionales  podría  encontrarse  el  de  la  inscripción  censal  de  los 
candidatos para concurrir a las consultas electorales (STC 86/2003, de 8 de mayo, 
FFJJ 4 y 5). Por otra parte, la legislación autonómica puede establecer excepciones a 
ese requisito, así como permitir su subsanación o cumplimiento alternativo.
En el caso de las elecciones a la Asamblea de Madrid, el art. 3.1 de la Ley 11/1986 
establece que son elegibles aquellos ciudadanos que, poseyendo la condición de elector, 
no incurran en alguna de las causas de inelegibilidad señaladas en el art. 3.2 de la 
Ley 11/1986 y art. 6 LOREG. Para ser elector se requiere tener la condición política de 
ciudadano de la Comunidad de Madrid conforme al art. 7 EACM, esto es, tener vecindad 
administrativa en cualquiera de sus municipios, y estar inscrito en el censo electoral 
vigente, art. 2 de la Ley 11/1986.
Ahora bien, este requisito adicional de la inscripción censal de los candidatos para 
concurrir a las elecciones autonómicas resulta atemperado claramente por la propia 
legislación electoral madrileña, pues el art. 4.2 de la Ley 11/1986 determina que, no 
obstante lo dispuesto en el art. 3.1 de la misma, «los que aspiren a ser proclamados 
candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral vigente, referido al 
territorio de la Comunidad de Madrid podrán serlo, siempre que con la solicitud acrediten, 
de modo fehaciente, que reúnen todas las condiciones exigidas para ello».
No se discute en el presente caso que los señores Cantó y Conde ostentaban, en el 
momento de presentación de la candidatura, vecindad administrativa madrileña, aquel se 
empadronó en la ciudad de Madrid el 22 de marzo de 2021 y este en la misma ciudad el 
siguiente 26 de marzo. Tampoco se discute que ninguno de los dos se encuentra incurso 
en causa de inelegibilidad. Así las cosas, la interpretación más favorable a la efectividad 
del derecho fundamental de sufragio pasivo, conduce a entender, como lo hizo la Junta 
Electoral  Provincial  de  Madrid,  que  pueden  ser  candidatos  a  las  elecciones  de  la 
Asamblea de Madrid, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.2 de la Ley 11/1986, no solo las 
personas que a la fecha de presentación de la candidatura justifiquen hallarse inscritas 
en el censo electoral de la Comunidad de Madrid, sino también todas aquellas que a esa 
fecha reúnan las condiciones para poder estar inscritas en ese censo electoral, esto es, 
quienes  ostenten  la  condición  política  de  ciudadanos  de  la  Comunidad  de  Madrid, 
condición que ostentaban en ese momento los candidatos excluidos por la sentencia 
impugnada.
Al respecto cabe interpretar que, frente a lo afirmado por el órgano judicial, del tenor 
literal del art. 4.2 de la Ley 11/1986 puede inferirse que el mismo no tiene como única 
finalidad la posible corrección de errores materiales, como se sostiene en la sentencia 
impugnada, pues para corregir estos posibles errores no se necesita una habilitación 
legal específica. Dicha interpretación restrictiva de la finalidad de la norma vaciaría su  s
contenido, pues puede entenderse, sin forzamiento textual que lo impida, que el precepto  oe.
no solo posibilita la corrección de errores en la inscripción censal, sino también que  w.
puedan ser candidatos quienes no figuran en el censo electoral de la Comunidad de  42ww
eMleacdtroidra pl osreq cueer rhóa an  eafdeqcutoirsid doe l au nvaesc idnedtaedrm aidnmadinaiss teraleticvcai omnaeds.rileña una vez que el censo
pasiLvao  dinetbeerp lrleetvaacri,ó sni nm dáusd af,a av oernatbelned earl  qeujeer claic iloe gdiselal cdióenre eclheoc tofuranld mamadernilteañl aa pl esrumfritaeg liao   BOE-A-cable e
posibilidad de presentarse como candidato cuando, aun no estando inscrito en el censo 
electoral, se reúne la condición política de ciudadano de la Comunidad de Madrid a la 
fecha de presentación de la candidatura, que es lo que sucedía en el presente caso, 
como  ha  quedado  expuesto.  Esa  interpretación  resulta  de  la  propia  literalidad  del 
precepto que precisa el momento temporal al que debe atenderse para examinar el 
cumplimiento de los requisitos de los que aspiren a ser candidatos al momento mismo de 
la presentación de la candidatura. Solo así se puede entender que se utilice el tiempo 
presente «reúnen» y no el pasado «reunían», que es el que debería utilizarse si el 
cumplimiento de los requisitos se proyectase al momento de cierre del censo electoral, 
esto es, al pretérito primer día del segundo mes anterior.
Dicha  interpretación,  es  acorde  a  la  configuración  de  la  designación  para  ser 
candidato como una prerrogativa esencial de las formaciones políticas, de modo que 
cualquier limitación debe estar expresamente prevista en la Ley.
Es por ello que no puede compartirse la premisa de la que parte el órgano judicial, 
pues de la Ley electoral de la Comunidad de Madrid no resulta que deban concurrir los 
mismos requisitos para ser candidato que para ser elector.
Dicha ausencia de correspondencia entre los requisitos para ser elector y para ser 
candidato, contrariamente a lo afirmado por el órgano judicial, además de derivarse, 
como se ha indicado, de la finalidad y literalidad del art. 4.2 de la Ley 11/1986, que se 
refiere exclusivamente a los que aspiren a ser proclamados candidatos, pero no a los 
electores, es acorde también con el momento temporal al que debe atenderse para 
examinar si el candidato, además de reunir los requisitos parar ser titular del derecho de 
sufragio pasivo –entre los que se encuentra ostentar «la condición política de ciudadanos 
de la Comunidad de Madrid» (art. 3.1 de la Ley 11/1986)–, no está incurso en causa de 
inelegibilidad, arts. 3.1 y 4.1 de esta misma ley, esto es «el mismo día de la presentación 
de su candidatura», art. 4.1 de dicha Ley.
Por otra parte, debe indicarse que las condiciones que limitan el ejercicio del derecho 
de sufragio activo a la inscripción en el censo electoral vigente, no serían razonables si 
se proyectaran con carácter indispensable sobre quienes pretenden ser candidatos, pues 
supondrían un sacrificio innecesario y rigorista en el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo, por más que no menoscabara su contenido esencial. En tal sentido, este tribunal 
tuvo ocasión de explicitar la diferente funcionalidad que tiene la inscripción en el censo 
electoral en relación con el derecho de sufragio activo y pasivo al señalar que «resulta 
esencial para la ordenación del ejercicio del derecho de sufragio activo por parte de los 
miles o millones de electores en las consultas electorales o referenciadas, de modo que 
con su simple consulta por los órganos electorales pertinentes el día de la votación, se 
esté en condiciones de saber de inmediato si quien pretende ejercer su derecho al voto 
puede hacerlo porque reúne los requisitos para ser elector y no se halla privado en ese 
instante  del  mismo.  De  ahí  la  indispensabilidad  que  el  art.  2.2  LOREG,  y  sus 
equivalentes  en  las  legislaciones  electorales  autonómicas  […],  establecen  de  la 
inscripción  en  el  censo  para  el  ejercicio  de  dicho  derecho  de  sufragio  activo.  […] 
Tratándose, sin embargo, del sufragio pasivo, la cuestión aparece notoriamente distinta, 
pues es obvio que, por muchos que sean los candidatos que pretendan concurrir a las 
elecciones  por  los  distintos  partidos,  coaliciones  o  agrupaciones  de  electores,  las 
normativas electorales, tanto la del régimen electoral general como la de los regímenes 
autonómicos, prevén un entramado de órganos administrativo-electorales, entre otros 
motivos, con el fin de posibilitar un control ad casum de los requisitos que deben reunir 
aquellos para poder ser considerados elegibles» (STC 86/2003, FFJJ 6 y 7). s
En consecuencia, con fundamento en las precedentes consideraciones se debía  oe.
concluir que la sentencia impugnada, al anular parcialmente el acuerdo de la Junta  w.
Electoral  Provincial  de  Madrid,  de  7  de  abril  de  2021,  por  el  que  se  proclamaba  42ww
ddee fimniatiyvoa mdeen 2te0 2la1 ,c ya nedxicdlautiur raa  ldoesl  cPaanrdtididoa tPoosp duolanr  Apanrtoan laios  Cealenctcói oGnaersc íaau tdoenl óMmoicraals y d deol 4n 
Aargt.u 2st3ín.2  CCoEn, dael  eBfeacjétuna, r puonra s ienrt eirnpereletagcibiólens ,r evsutrlincetirvóa  sduesl  ddeererecchhoo fsu nddea msuefnratagl iop opr aesxivigoir,   BOE-A-cable e
que para ser candidato se ostente la condición política de ciudadano de la Comunidad de 
Madrid en el momento de cierre del censo electoral e impedir que pudieran acreditar que 
a la fecha de presentación de la candidatura reunían la condición política de ciudadanos 
de la Comunidad de Madrid, art. 4.2 de la Ley 11/1986.
Y de este modo la estimación del recurso de amparo promovido por el Partido 
Popular y por don Antonio Cantó García del Moral y don Agustín Conde Bajén, debía 
haber conllevado la declaración de nulidad de la sentencia impugnada, y también la 
confirmación del acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid, de 7 de abril 
de 2021, por el que se proclamaba la candidatura del Partido Popular para las elecciones 
autonómicas  del  4  de  mayo  de  2021  y  de  este  modo  no  se  hubiera  impedido 
injustificadamente que los candidatos citados se hubieran presentado a la elecciones.
En consonancia con los argumentos que defendí en la deliberación de la Sala y en 
este sentido formulo el presente voto particular discrepante.
Madrid, a quince de abril de dos mil veintiuno.–Santiago Martínez-Vares García.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Alfredo Montoya Melgar a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 2117-2021
Con el debido respeto a la opinión que ha conformado la precedente resolución, y en 
uso de la facultad que me confiere el art. 90.2 LOTC, expreso mi discrepancia tanto con 
el fallo como con la fundamentación jurídica de la sentencia que resuelve el recurso de 
amparo,  por  las  razones  ya  defendidas  durante  la  deliberación  y  que  reitero  a 
continuación.
Considero  que  el  recurso  de  amparo  tenía  que  haber  sido  estimado  y  en 
consecuencia se debía haber declarado vulnerado el derecho de sufragio pasivo de los 
recurrentes. Para restablecer a estos en su derecho, se debía haber declarado la nulidad 
de  la  sentencia  núm.  127/2021,  de  11  de  abril,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  núm.  5  de  Madrid,  recaída  en  el  recurso  contencioso-electoral  núm. 
180-2021, y se debía haber confirmado el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de 
Madrid, de 7 de abril de 2021, como junta electoral autonómica, publicado el 8 de abril 
de  2021  («BOCM»  núm.  83)  sobre  las  elecciones  autonómicas  convocadas  por 
Decreto 15/2021, de 10 de marzo, a celebrar el 4 de mayo de 2021.
La sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo anuló parcialmente el 
Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid, de 7 de abril de 2021, por el que se 
proclamaba  definitivamente  la  candidatura  del  Partido  Popular  para  las  elecciones 
autonómicas del 4 de mayo de 2021 y se acordaba que los candidatos don Antonio 
Cantó  García  del  Moral  y  don  Agustín  Conde  Bajén,  fueran  excluidos  de  dicha 
candidatura,  por  ser  inelegibles,  remitiendo  a  la  Junta  Electoral  Provincial  la 
determinación de las consecuencias que de dicha anulación se derivaran.
Se alegaba en el recurso la vulneración del art. 23.2 CE por la anulación de la 
candidatura de esos dos candidatos al no estar inscritos en el censo vigente como 
electores. Se consideraba que se había efectuado una interpretación restrictiva del 
art. 4.2 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, electoral de la Comunidad de Madrid, 
creándose ex novo un requisito no previsto legalmente para ser elegible. Se denunciaba 
también  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  por  la  falta  de 
comunicación de la existencia del procedimiento ni de la sentencia a los candidatos  es
afectados, aunque sí al partido al que pertenece la candidatura. bo
La doctrina de este tribunal ha destacado reiteradamente que los derechos que  42ww
egdpxaeroir s2atet5neg t iedpz eaae rdfal eo ab qrpruteo.e rr2,o  3ee, .lnF 2 aJ tra Ct6n.E  ta2o )3s ]n.o.2 onP   CosdurEe pt raoecnnoctghmoao,o  sd v daudedlenra ee ccrloaahn confi óiagdntueu rd raacecolle inóczfnoaig n ludteereganla ciddli óeo[npr ee olcserhe gtonoa cdld,ia aensl  is,dn uegSf úrTeanCsg e oio 3bd 8spe/tar2áes0cci2uvh0oloo,,     OE-A-2021-83able en https://
fundamental,  la  legislación  autonómica  añada,  a  los  requisitos  señalados  por  los
capítulos primero y segundo del título I de la LOREG (de obligada aplicación a las 
elecciones autonómicas, en virtud de la disposición adicional primera, apartado 2, de la 
LOREG), otros requisitos para el ejercicio de dicho derecho. En principio, entre esos 
requisitos adicionales podría encontrarse el de «la inscripción censal de los candidatos 
para concurrir a las consultas electorales» (STC 86/2003, de 8 de mayo, FFJJ 4 y 5). Por 
otra parte, la legislación autonómica puede establecer excepciones a ese requisito, así 
como permitir su subsanación o cumplimiento alternativo.
En el caso de las elecciones a la Asamblea de Madrid, el art. 3.1 de la Ley 11/1986 
establece  que  son  elegibles  aquellos  ciudadanos  que,  poseyendo  la  condición  de 
electores,  no  incurran  en  alguna  de  las  causas  de  inelegibilidad  (art.  3.2  de  la 
Ley 11/1986 y art. 6 LOREG). Para ser elector se requiere ser español, mayor de edad, 
gozar  del  derecho  de  sufragio  y  tener  la  condición  política  de  ciudadano  de  la 
Comunidad de Madrid conforme al art. 7 del Estatuto de Autonomía (esto es, tener 
vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios) y estar inscrito en el censo 
electoral vigente para la convocatoria electoral de que se trate (art. 2 de la Ley 11/1986).
El  objeto  fundamental  del  recurso  planteado  era  determinar  si  la  interpretación 
efectuada por el órgano judicial, que fundamentó la anulación parcial de la proclamación 
de la candidatura presentada por el Partido Popular para las elecciones autonómicas 
del 4 de mayo de 2021, había vulnerado el derecho de sufragio pasivo de los candidatos 
de esta formación política que fueron excluidos. En cuanto al fondo del asunto, conviene 
tener en cuenta que no se ha discutido en el proceso judicial la cuestión relativa a que 
los candidatos han de cumplir con los requisitos exigidos por la ley electoral madrileña. 
Lo que se controvertía en realidad era los términos en los que esos requisitos han de 
cumplirse y, concretamente, la interpretación adecuada del momento en el que tales 
requisitos para poder ser candidato han de hacerse efectivos.
Se  planteaba,  por  tanto,  un  problema  de  interpretación  legal  en  el  que  se  ve 
concernido un derecho fundamental, el de sufragio pasivo del art. 23.2 CE, lo que 
obligaba al tribunal a indagar si había quedado afectada la integridad del derecho 
fundamental,  haciéndose  ineludible  tener  presente  el  principio  de  interpretación  del 
ordenamiento jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos 
fundamentales.
Conforme a la doctrina constitucional consolidada (por todas, STC 114/2014, de 7 de 
julio, FJ 4), nuestra labor de enjuiciamiento no debía circunscribirse en este caso a la 
mera constatación de la razonabilidad de la interpretación de la legislación electoral 
madrileña efectuada por el órgano judicial. Por el contrario, el análisis de la resolución 
judicial recurrida en amparo, para apreciar si incurría en la denunciada vulneración del 
art. 23 CE, exigía valorar si se había aplicado la normativa legal en el sentido más 
favorable a la efectividad de aquellos derechos fundamentales. Cualquier exégesis en 
este ámbito debe estar presidida por el principio de interpretación del ordenamiento 
jurídico en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, 
principio  que  ha  de  ser  tenido  en  cuenta  por  todos  los  poderes  públicos  y  muy 
especialmente por los órganos jurisdiccionales en su función de aplicación de las leyes. 
Tal exigencia no se cumple con la mera constatación de que la resolución judicial 
impugnada hace una interpretación razonable entre otras posibles, sino que obliga a 
revisar si esa interpretación de la legalidad se ha hecho en el sentido más favorable al 
ejercicio del derecho fundamental.
Esta  exigencia  es  aún  más  relevante  si  se  tiene  en  cuenta  que  el  derecho 
fundamental que se entiende vulnerado es de configuración legal, pues ello no implica  s
que el margen del que dispone el legislador o su intérprete sea absoluto, toda vez que la  oe.
operación interpretativa ha de hacerse sin restricciones innecesarias para el ejercicio del  w.
derecho. Operación que ha de ser llevada a cabo por el tribunal cuando sea requerido  42ww
qpuaerad aerlílaon,  pdueegsra, ddaed onso  ahl apclaenrloo , d«el olsa  dleegraelcidhaods  ofurdnidnaamriae nyta pleosr  dees tac ovníafig euxraccluióidno sle dgeall 
ceovnetnrtoul ald leels iaómn pdaer olo sc odnesrteitcuhcoiosn dael,l  ainrst.t r2u3m.2e nCtoE  qcauues aredsau pltao r indoó naepoli cpaarsrea  lare nviosramr autinvaa   BOE-A-cable e
legal  en  el  sentido  más  favorable  a  la  efectividad  del  derecho  fundamental» 
(STC 192/2012, de 29 de octubre, FJ 6).
La sentencia adoptada en el presente caso se hace expreso eco de lo anterior en sus 
fundamentos jurídicos 3 c) y 4 e), pero la invocación que hace de esta doctrina y del 
principio que proclama es meramente rituaria, en la medida en que ningún papel juega 
en la resolución del presente recurso.
Según nuestro criterio, de acuerdo con dicho principio hermenéutico, la clave del 
presente recurso era, por tanto, determinar si la regla general de la Ley 11/1986, que 
vincula la condición de elector y la de elegible a través de la exigencia de inscripción en 
el  censo  electoral  vigente,  es  de  carácter  absoluto  o  conoce  excepciones;  o,  más 
concretamente, si es posible entender que el art. 4.2 de la Ley 11/1986, del que más 
adelante nos ocupamos, contiene una excepción a dicha regla, en la medida en que 
permitiría que ciudadanos no inscritos en el censo vigente a la fecha de convocatoria de 
las elecciones pudieran presentarse como candidatos electorales.
La presente sentencia viene a argumentar que solamente es posible interpretar la ley 
electoral madrileña y la LOREG (que coinciden en este punto, en la medida en que la 
primera ha de ajustarse a lo dispuesto por la segunda) en el sentido de entender que no 
se puede ser elegible (candidato) si no se puede ser elector (votante), de forma que para 
ser candidato en todo caso han de cumplirse (o ha de estarse en disposición de cumplir) 
los requisitos necesarios para poder votar en el concreto proceso electoral de que se 
trate, entre ellos y específicamente, la inscripción en el censo electoral a utilizar.
Ninguno  de  los  argumentos  a  través  de  los  cuales  se  pretende  llegar  a  dicha 
conclusión resulta convincente. Compartimos, como no puede ser de otro modo, su 
punto de partida, según el cual la LOREG y la legislación autonómica, sientan una regla 
general, la de que para ser elegible es preciso ser elector, para lo que se requiere estar 
inscrito en el censo electoral vigente, o lo que es lo mismo, el aplicable al concreto 
proceso electoral de que se trate (en el caso, el cerrado a 1 de enero de 2021). A partir 
de ahí, el razonamiento se despliega en varios planos.
Por un lado, se cita doctrina constitucional –SSTC 144/1999 y 25/1992– que no 
parece aplicable al caso ahora planteado. La STC 144/1999 se refiere a un supuesto en 
el que el entonces candidato se veía afectado por la ejecución de una previa condena 
penal en la que se le privaba del derecho de sufragio activo y pasivo. El caso no tiene 
nada que ver con lo aquí discutido, ya que en él la condena penal había determinado la 
privación de ambos derechos. Lo que se discute aquí, sin embargo, es si ser elector es, 
en todo caso, necesario para ser elegible o si es posible que haya excepciones a lo que 
debe ser la regla general, si así lo permite el legislador competente. La doctrina de esta 
STC 144/1999 abogaría por la conformidad constitucional de esa regla que vincula a 
electores y elegibles, pero nada dice sobre la posibilidad de excepciones en los términos 
previstos por el legislador, que es lo que aquí se plantea. Por su parte, la STC 25/1992 
analiza un caso en el que se concluye que no existe vulneración alguna ni del art. 14 ni 
del 23.2 CE en el hecho de que en unas determinadas elecciones de ámbito territorial 
restringido a una comunidad autónoma, solo tengan derecho de sufragio activo y pasivo 
los residentes en ella, esto es, los ciudadanos de la comunidad; condición que se 
cumplía en este proceso.
Por  otro  lado,  se  realizan  en  la  sentencia  de  la  que  disentimos  numerosas 
invocaciones a la necesidad de cohonestar el derecho de sufragio activo y pasivo, 
invocaciones que no cabe sino compartir, pero tales invocaciones no se emplean para 
alcanzar el resultado que efectivamente importa; esto es, si, conforme a la ley madrileña,  s
los interesados tenían derecho a ser candidatos o no. De tenerlo, es evidente que ello  oe.
supondría ese entrelazamiento entre electores y elegibles que tanto resalta la sentencia  w.
de la que disentimos. 42ww
propFuineastlma epnotre ,l olsa  resecunrterennctieas ,d ye sleoc hhaa ceta jsainnt eemnternatre e nla  eiln mteárpsr emtaínciiómno  qduiáel ohgaob cíao ns ildaos 
previsiones legales que eran aquí de ineludible aplicación.
Frente a lo que la sentencia afirma [FJ 4 e)], la Ley 11/1986 no es ni clara ni «muy 
precisa». Si lo fuera, no habría dado lugar a interpretaciones tan contrapuestas como las 
del órgano judicial y la previa de la Junta Electoral Provincial, y tampoco habría dado 
lugar a plantear el recurso de amparo ante este tribunal. En contraposición a lo que la 
sentencia parece dar a entender, de lo que se trataba en este recurso era de solucionar 
la falta de claridad de una regulación que es, cuando menos, ambigua y que por ello 
admite  varias  interpretaciones.  Por  ello,  se  imponía  la  opción  a  favor  de  una 
interpretación flexible y, desde luego, favorable a la efectividad del derecho fundamental 
concernido.
Esa interpretación era, a nuestro entender, perfectamente posible y razonable.
En efecto, del propio tenor literal de los arts. 3.1 y 4.2 puede inferirse que la ley no 
establece una vinculación idéntica entre el sufragio activo y la inscripción en el censo 
(elector) y el sufragio pasivo y dicha inscripción (elegible). Esta falta de identificación es 
comprensible, pues la inscripción en el censo es el instrumento elegido por el legislador 
para ordenar el ejercicio del derecho de sufragio activo (STC 86/2003, de 8 de mayo); de 
ahí la exigencia legal incluida al efecto, tanto en la ley madrileña como en la LOREG.
Sin embargo, en el caso del sufragio pasivo, la cuestión no está tan clara. Es tan 
evidente  que  la  Ley  11/1986  no  explicita  de  forma  terminante  la  posibilidad  de 
presentarse como candidato cuando no se está inscrito en el censo electoral vigente, 
como que tampoco lo prohíbe expresamente. De hecho, el tenor literal de la norma 
permite  entender  que  no  establece  tal  prohibición,  entendimiento  que  constituiría, 
evidentemente, una interpretación más favorable al ejercicio del derecho que la que 
sostenía el órgano judicial y que ha dado lugar al presente recurso de amparo.
En efecto, el art. 3.1 fija una regla general que vincula la condición de elector con la 
de elegible, pero el art. 4.2 puede ser entendido como una excepción a dicha regla en 
cuanto que, refiriéndose a aquellos que aspiren a ser proclamados candidatos y no a 
los electores, permite que sean proclamados candidatos determinadas personas que 
no están incluidas en el censo electoral vigente, siempre que, en el momento de la 
presentación de las candidaturas acreditaran que reúnen las condiciones exigidas para 
poder  serlo.  No  creemos  que  la  única  interpretación  posible  del  art.  4.2  de  la 
Ley 11/1986 sea la de que se refiere al supuesto de corrección de errores materiales, 
pues para ello no se precisaría de una habilitación legal específica. Por el contrario, el 
tenor literal del art. 4.2 («[n]o obstante lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 
anterior») comienza claramente formulando una excepción a lo prescrito en la regla del 
art. 3.1 (la identificación elector-elegible) que hace posible defender lo que venimos 
exponiendo, de suerte que, ya que la ley electoral madrileña lo permite, puedan ser 
candidatos, a tenor de lo dispuesto en el tantas veces citado art. 4.2, quienes no figuran 
en  el  censo  electoral  de  la  Comunidad  de  Madrid,  cerrado  a  efectos  de  unas 
determinadas elecciones, porque han adquirido la vecindad administrativa madrileña 
una vez que ese censo electoral se había cerrado, pero antes de la presentación de las 
candidaturas; no se discute que tal condición la ostentaban los candidatos excluidos 
por la sentencia impugnada.
La interpretación restrictiva de la finalidad de la norma que realiza el órgano judicial y 
hace suya la sentencia vacía en parte de contenido a dicha norma, pues excluye de su 
tenor literal algo que no es incompatible con el mismo; a saber, que el precepto no solo 
posibilita la corrección de errores en la inscripción censal sino que también permite, en 
los términos antes expuestos, excepcionar la antedicha regla general que identifica 
elector con elegible. s
La mera existencia de esta interpretación más favorable al ejercicio del derecho  oe.
fundamental de sufragio pasivo, que permite que el examen del cumplimiento de los  w.
requisitos de los que aspiren a ser candidatos se difiera al momento mismo de la  42ww
tprraedsiceinotnaacli ódne l dtreib ulan acl aynad mideantucrioan, ahduab aiel rcao mdieebnizdoo,  alle evsatrim, aern e la pprleicsaecnióten  redceu rlsao .doctrina
Tal interpretación no solamente es más favorable al ejercicio del derecho sino que 
también se adecúa mejor al tenor literal de los preceptos aplicables y a su interpretación 
sistemática en el seno de la Ley 11/1986.
Y en tal sentido emito mi voto particular.
Madrid, a quince de abril de dos mil veintiuno.–Alfredo Montoya Melgar.–Firmado y 
rubricado.