BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2022 Sec. V-B.  Pág. 10779
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
6896 Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Subdelegación del
Gobierno en Teruel, de revocación de actos administrativos de
gravamen o desfavorables al interesado.
Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo
de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Esta Subdelegación del Gobierno dictó en su momento resolución
sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente resolución y
relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo
7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las
Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de
tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su
inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
SEGUNDO.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de
multa.
Y teniendo en cuenta los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone
que ‘’El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno’’.
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/
2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº
2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los
apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia
sentencia.
TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional establece que ‘’Las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no e.
permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa w.b
juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos w
iandcmoninsitsitturacitoivnoasle rse,f esarelvnote esn a e lu cna sporo dceed loimsi epnrotoce ssaonsc pioennaadleosr  oe nc oqnuteen, ccioosmoo-
coo dnes elac useanncciiaó nd eo  luan nau elixdcaldu sdióen la,  enxoernmcaió anp oli cliamdiata, crieósnu dltee  ulan rae rsepdouncscaióbnili ddaed l’a’. pena E-B-20ble en 
CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
‘’Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico’’.
QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación
corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de
procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves corresponde
a la Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, competencia
que fue delegada para los hechos ocurridos en la provincia en el Subdelegado del
Gobierno en Teruel, por resolución de 14 de julio de 2015, relativa a la delegación
de competencias en materia sancionadora sobre seguridad ciudadana (B.O.E. de
17 de julio de 2015), de conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica 4/
2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las
resoluciones sancionadoras emitidas.
SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, al apreciar razones de interés público.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de
UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.
ANEXO RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE/AÑO NIF/NIE
P.S. 408/2020 47482494Y
P.S. 453/2020 X6424142N
P.S. 499/2020 17460546G
P.S. 558/2020 X9999839Z s
P.S. 580/2020 X7139599P w.b
P.S. 636/2020 Y6825520P
P.S. 694/2020 29204991M 20n 
P.S. 789/2020 X5456802Y
P.S. 811/2020 X8559708M
P.S. 872/2020 73261845Z
P.S. 911/2020 X5760053W
P.S. 1022/2020 X6555830W
P.S. 1053/2020 38757996Y
P.S. 1066/2020 73150891N
P.S. 1112/2020 X1579312V
P.S. 1141/2020 50361118L
P.S. 1480/2020 X5492868P
P.S. 1704/2020 33514754M
Teruel, 22 de febrero de 2022.- El Subdelegado del Gobierno, José Ramón
Morro García.
ID: A220007483-1