BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Lunes 9 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 98118
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13908 Sala Segunda. Sentencia 136/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo 5913-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las 
resoluciones  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación 
por  infracción  de  normativa  autonómica  en  procedimiento  abreviado  en 
materia de personal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin 
causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas 
autonómicas). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:136
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5913-2018, promovido por la Junta de Extremadura 
contra el auto de 10 de septiembre de 2018, dictado por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por el que se inadmite el 
recurso de casación por infracción de normativa autonómica núm. 2-2018, interpuesto 
contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida de 2 
de marzo de 2018 en el procedimiento abreviado núm. 157-2017, y la providencia de 11 
de octubre de 2018 dictada por la misma Sala por la que inadmite el incidente de nulidad 
de  actuaciones  formulado  contra  la  anterior  resolución.  Ha  sido  parte  don  Urbano 
Vázquez Fernández, representado por el procurador de los tribunales don Luis Mena 
Velasco, bajo la dirección del letrado don Diego Castillo Guijarro. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 12 de noviembre de 2018, la 
letrada  de  la  Junta  de  Extremadura,  en  la  representación  que  legalmente  ostenta, 
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos relevantes para la resolución del presente recurso son, sucintamente 
expuestos, los siguientes: es
a)  La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida,  w.
núm. 34/2018, de 2 de marzo de 2018, pronunciada en el procedimiento abreviado núm.  908ww
1fa5m7i-l2ia0,1 c7o, netrsati mlaó r eesl oreluccuiórsno p irnetesurpnutae sdteo  lpao Dr idreocnc Uiórnb aGneor eVnácziaq udeezl  SFeerrvniácniod eEzx,t rmemédeiñcoo  ddee 
Sena lluad r,e dcelasmesatcimióant odreia a dbeo nlao  dreecl lacommapcilóenm efonrtmo udlea dcao menu nfeidcahda  a3u0tó dneo mseap etisetmabblreec iddeo  2c0o1m6o,   BOE-A-cable e
retribución complementaria para el personal estatutario sanitario del grupo A1. Esta 
decisión fue anulada, reconociéndose al recurrente el derecho a la percepción de ese 
complemento salarial.
b)  Contra  dicha  sentencia,  la  demandada  Junta  de  Extremadura  presentó,  en 
nombre del Servicio Extremeño de Salud, escrito de preparación de recurso de casación 
por infracción autonómica, de acuerdo con el art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).
c)  Dicho recurso fue inadmitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por auto de 10 de septiembre de 2018, por 
considerar que concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 90.4 a) LJCA, «al 
no  ser  recurrible  en  casación  por  infracción  de  norma  emanada  de  la  Comunidad 
Autónoma  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  número  1  de 
Mérida».
La Sala argumenta que en el orden contencioso-administrativo, tras la aprobación de 
la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, «ni la LOPJ ni la LJCA contienen norma que 
atribuya competencia a las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia para enjuiciar recursos de casación por infracción de norma 
autonómica». A dicha conclusión llega tras referirse a lo dispuesto en los arts. 86.1 
LJCA, 10 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y a la derogación por la 
disposición final tercera de la citada Ley Orgánica de los arts. 99 y 101 LJCA. Señala 
además que:
«III.  El artículo 86.3 segundo párrafo LJCA se refiere al recurso de casación por 
infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma, pero este precepto, por un 
lado, no menciona como susceptibles de ser recurridas en casación las sentencias de los 
juzgados de lo contencioso-administrativo.
Por otro, el precepto ha sido redactado por la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, que no tiene rango de ley orgánica sino de ley ordinaria, según 
prevé la disposición final quinta de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.
La atribución competencial  de un  recurso de  casación por infracción de norma 
autonómica  debe  regularse  en  norma  con  rango  de  ley  orgánica  y  no  en  una  ley 
ordinaria, conforme al artículo 122.1 CE. La reserva de ley orgánica debe comprender, 
como mínimo, además de la institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales, la 
configuración definitiva de los tribunales de Justicia y la definición genérica de su ámbito 
de conocimiento litigioso.
IV.  Salvo la mención contenida en el artículo 86.3 LJCA, no existe otro precepto 
que se ocupe de la tramitación del recurso de casación por infracción autonómica. El 
trámite procedimental de la LJCA está previsto en su integridad para la tramitación del 
recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin que exista regulación 
alguna  de  la  tramitación  del  recurso  de  casación  por  las  salas  de  lo  contencioso-
administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.»
d)  Formulado incidente de nulidad de actuaciones contra el citado auto, se dictó 
providencia de 11 de octubre de 2018 por la que la misma sala de lo contencioso-
administrativo acordó su inadmisión. En dicha resolución, el órgano judicial argumenta:
«Lo alegado por la parte que presenta el incidente de nulidad de actuaciones no 
modifica la fundamentación jurídica del auto de inadmisión del recurso de casación por  e.
infracción de normativa autonómica. w.
Se trata de un recurso que no está previsto en la LJCA al no indicarse expresamente  908ww
qduee  relacsu rsseon tdeen cicaass adcei ólons  ajunzteg aldao sS adlea  lod ec olnot eCnocniotseon-caiodsmoi-nAisdtmraitnivisot rpautiveod adne sl eTr roibbujentaol 
Slausp deericoirs idoen eJsu sdtiec ialo sd eju Ezxgtaredmosa dpuuread, enno  sseer  inodbijceato q dueé  rreescoulruscoi odnee sc ays eanc ióqnu éy  snuop ueexsistotes   BOE-A-cable e
regulación procesal alguna para este tipo de recurso ante las salas de lo contencioso-
administrativo. Respetando las decisiones de otros Tribunales Superiores de Justicia, no 
es posible que un recurso de casación pueda admitirse, decidirse en que supuestos cabe 
y tramitarse cuando existe una absoluta falta de regulación en la LJCA. Lo mismo 
sucede, como se expone en el auto, en la LOPJ.
Por  ello,  no  procede  reabrir  el  debate  procesal  resuelto  en  la  fundamentación 
expuesta en el auto del que se solicita la nulidad de actuaciones, sin que exista la 
vulneración del derecho fundamental invocado.»
Tras la cita de los arts. 240.1 y 241.1 LOPJ, la providencia concluye que «por todo 
ello» procede inadmitir el incidente planteado.
3.  La demanda solicita que se estime el amparo por vulneración del derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  declarándose  la  nulidad  de  las  resoluciones 
dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura. En ella se denuncian, tras argumentar que no se está ante el mismo 
supuesto tratado por este tribunal en el ATC 41/2018, de 16 de abril, las siguientes 
vulneraciones:
En primer lugar, la demandante de amparo alega la vulneración de la tutela judicial 
efectiva sin indefensión en su vertiente de derecho de acceso al recurso (art. 24.1 CE), al 
denegarle el derecho a entablar un recurso de casación configurado legalmente, en 
contra de lo dispuesto en las SSTC 9/1992, de 16 de enero; 122/2013, de 20 de mayo, 
y 89/2015, de 11 de mayo.
También considera que se ha producido una lesión del art. 24.1 CE en relación con el 
art. 117.1 CE, dado que el art. 24 CE «no solo comporta para el justiciable la garantía de 
obtener una resolución fundada en Derecho, sino que, correlativamente, impone a los 
jueces, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, el sometimiento al imperio de la ley 
(SSTC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 8, y 66/2011, de 16 de mayo, FJ 5)». Pone de 
manifiesto que en este caso se ha inaplicado el art. 86.3 LJCA, «al entenderse que no es 
aplicable a esta Comunidad Autónoma, sin entrar a valorar si es adecuado o no nuestras 
alegaciones expuestas en el escrito de preparación del recurso».
En  tercer  lugar,  aduce  la  conculcación  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE) en relación con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), «habida 
cuenta que el requisito cuyo incumplimiento ha determinado la inadmisión del recurso no 
está  expresamente  contemplado  por  la  ley»  y  se  ha  llegado  al  mismo  con  «una 
interpretación contraria a la mayor efectividad del derecho fundamental al recurso, lo que 
ha conducido a un resultado desproporcionado». Cita al respecto las SSTC 43/2000, 
81/2000, 7/2003 y 7/2014, de 22 de enero; así como la STEDH de 28 de octubre 
de 2003, asunto Stone Court Shipping Company, S.A. c. España.
Por último, la demandante invoca el derecho a la igualdad en aplicación de la ley 
(art. 14 CE), en relación con el art. 24.1 CE, por la indefensión causada por la no 
admisión  del  recurso  «al  no  entrar  a  valorarlo  en  comparación  con  las  soluciones 
contempladas en otras comunidades autónomas, que han puesto soluciones a la falta de 
regulación normativa». Al respecto cita la STC 162/2001, de 5 de junio.
La recurrente dedica un apartado a la justificación de la especial trascendencia 
constitucional del recurso que basa, por un lado, en el hecho de que la vulneración del 
derecho constitucional que se denuncia proviene de la ley, pues a ello conduce la 
interpretación  que  postula  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura  s
[STC 155/2009, FJ 2 c)], y, por otro, porque transciende el caso concreto por plantear  oe.
eusTinnrni abol ua cn numaeeleg sSdatiuicódpinóae n jreu ionrcír od qdnicue ae c J adnureosá t crisceteeilae r t vdrgaaeent aEnte exd rtyera e lgl maed aniende aurlaadral m p rdiesoepisó eiunbrnc ild iudreesa icóduun nr d ssreoeo  ccraeuiapgrlslu ico[lSaa eTdcnioCó   nep1 na5e r5ltnai/c  2luee0llya0 .r9á, ,m cFobJnit co2r  egdt)oe],,l    2020-13908n https://www.
4.  La  Sección  Tercera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  15  de  noviembre 
de 2018, acordó incorporar las actuaciones tramitadas bajo el núm. 5931-2018 a las 
presentes, núm. 5913-2018, al interponerse ambos recursos «contra la misma resolución 
y tratarse del mismo solicitante, para su tramitación como un único recurso», y proceder 
a su archivo, previa notificación al Ministerio Fiscal y a la parte recurrente.
5.  Por providencia de 20 de mayo de 2019, la Sección Tercera de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado 
trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general 
repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]»; dirigir, en aplicación de lo 
dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  atenta  comunicación  a  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a fin de que, en el plazo 
de  diez  días,  remitiera  certificación  o  copia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes  al  recurso  de  casación  autonómico  núm.  2-2018,  e  igualmente 
respecto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida, para que 
remitiera  certificación  o  copia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
procedimiento abreviado núm. 157-2017, debiendo previamente emplazarse, para que 
pudieran  comparecer  en  el  recurso  de  amparo  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento,  excepto  la  parte  recurrente  en  amparo;  y  la  formación  de  la  pieza 
separada de suspensión, que fue denegada por ATC 84/2019 de 15 de julio.
6.  La secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 2 de octubre de 2019, acordó tener por personado a don Urbano Vázquez 
Fernández, representado por el procurador de los tribunales de su designación, y dar 
vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común 
de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad 
con el art. 52 LOTC.
7.  Por escrito presentado el 16 de octubre de 2019, el representante de la parte 
personada presentó escrito de alegaciones, solicitando la desestimación del amparo por 
no haberse vulnerado derecho fundamental alguno del Servicio Extremeño de Salud.
Aduce que aunque la demandante en amparo distingue el presente supuesto del 
resuelto  mediante  ATC  41/2018,  de  16  de  abril,  también  interpuesto  por  la  misma 
administración pública, «el contenido y argumentos de dicha resolución, que resolvió 
inadmitir el recurso, es trasladable, mutatis mutandis, al presente caso». Considera que, 
en el presente caso, han existido criterios interpretativos diferentes de ciertas normas 
reglamentarias, pero que han sido sostenidos por dos juzgados diferentes, por lo que no 
se ha incumplido la doctrina constitucional que prohíbe la desigualdad o la discriminación 
que se origina en la función jurisdiccional por la actuación de un mismo órgano judicial 
(art. 14 CE). En este sentido entiende que la razonabilidad es el único parámetro de 
constitucionalidad que podría proyectarse en la capacidad de cada juez de seleccionar, 
interpretar o aplicar las normas que consideran relevantes para resolver el asunto del 
que conocen.
Asimismo señala que el derecho a la tutela judicial efectiva es de configuración legal 
y que «[s]i un determinado recurso contra sentencias está meramente previsto en el 
ordenamiento jurídico pero carece de desarrollo legal, […] su efectividad queda aplazada 
mientras no se produzca la necesaria regulación legal», y, en este caso, «el denominado 
recurso de casación autonómico está solo previsto, en el artículo 86.3, contra sentencias  s
de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia». Considera que «[e]l segundo  oe.
scp(peoáunnrrettaeesfnn occs iieaod  seeo(l ns-aoatadrpmbmaleraitnctaiievdsa tor d aaetrieu vgtofoou nrldmaóe ma l laioce saxe  pTsorpr eiebescusainta aalqitdlaueales)d,    Shpquaeupyreoae  nrina oufsreenidcscto aa d  deaai  c Jtllauaassd  taficsusien andp)»taoe.mr n Ycelai na etsans catriieleóancnsud  reddr ieebq  luellaoes     2020-13908n https://www.
ello no se debe a un olvido del legislador sino a que «la posibilidad de recurso de las
sentencias de los órganos unipersonales que solo se basan en normativa autonómica y,
además,  reglamentaria,  debe  estar  mucho  más  restringida  que  la  de  los  órganos 
colegiados, que pueden sentar jurisprudencia».
En definitiva, estima que la sala acuerda la inadmisión de un recurso de casación 
«por no venir contemplada la posibilidad de entablar dicho recurso en la legislación 
procesal,  ni  ordinaria  ni  extraordinaria,  y  ello  sin  emplear  criterios  interpretativos 
restrictivos del cumplimiento de los requisitos de recurribilidad», por lo que no se ha 
vulnerado el derecho al recurso que se pretende.
8.  El Ministerio Fiscal presentó escrito de alegaciones el 18 de octubre de 2019, por 
el  que  interesó  que  se  dictara  sentencia  estimando  el  recurso  por  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso 
al recurso, la nulidad de las resoluciones impugnadas, y la retroacción de actuaciones, 
para que se pronuncie otra respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Tras  hacer  una  exposición  de  los  antecedentes  de  hecho,  comienza  su 
argumentación haciendo alusión al objeto del recurso y al orden de examen de las 
vulneraciones, que reconduce a dos: vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) desde la vertiente del acceso al recurso y del principio de igualdad en 
aplicación de la ley (art. 14.CE).
En su exposición hace referencia a la jurisprudencia constitucional en la materia, 
concretamente referida a la nueva configuración del recurso de casación por infracción 
de normativa autonómica (ATC 41/2018, de 16 de abril, y STC 128/2018, de 29 de 
noviembre), y a la doctrina sobre el recurso de casación de la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa tras su regulación por la Ley Orgánica 7/2015. A 
continuación, el fiscal finaliza su exposición respecto de la aducida vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) señalando que partiendo «de los 
antecedentes de la regulación del recurso de casación en cuestión, de las normas aún 
vigentes de la LOPJ, de la función unificadora y nomofiláctica del recurso de casación –
aplicable tanto al recurso por infracción de normativa estatal y europea, como respecto 
de la autonómica–, y teniendo en cuenta el paralelismo entre la regulación de uno y otro, 
resulta  posible  admitir  la  existencia  de  un  recurso  por  infracción  de  normativa 
autonómica, análogo al estatal, contra las sentencias dictadas en única instancia por los 
juzgados de lo contencioso-administrativo en los mismos supuestos a que el propio 
precepto se refiere para el Tribunal Supremo (art. 86.1 LJCA)». Por ello, considera que 
«[e]n consecuencia, la interpretación del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
excluyendo radicalmente la posibilidad de recurso de casación autonómico respecto del 
juzgado de lo contencioso-administrativo elimina la posibilidad de esta perspectiva de 
unificación de la aplicación de la normativa autonómica atribuida al Tribunal Superior de 
Justicia,  produciendo,  desde  esta  óptica,  un  vacío  respecto  de  esta  legislación, 
incoherente con el sistema establecido para la normativa estatal y europea atribuida al 
Tribunal Supremo –de cuyo acceso está excluida, en los términos ya vistos, la normativa 
autonómica–, sin que exista una explicación de esa exclusión ni una concreta cobertura 
legal, que responde a la culminación de la organización judicial tanto en el ámbito 
nacional –Tribunal Supremo– como en el ámbito autonómico –Tribunal Superior de 
Justicia–». Por todo ello concluye que las resoluciones impugnadas vulneran el derecho 
a la tutela judicial efectiva.
A continuación, se descarta la queja de vulneración del derecho de igualdad en 
aplicación de la ley (art. 14 CE). Para el fiscal no se han acreditado por la recurrente, 
como así exige la jurisprudencia constitucional, los requisitos necesarios para apreciarla. 
Expone que «lo que se alega es una diferente interpretación –que por inadmisión, no  e.
entra a valorar el recurso interpuesto– "en comparación con las soluciones contempladas  w.b
en otras comunidades autónomas, que han puesto soluciones a la falta de regulación  908ww
ncoomrmpaatrivaac"ió»n.  Aen  srue lajuciicóino , c«o[nn ]oe l emxiissmteo,  póorgr atnaon toju,d ilcai aal cdreeld iqtauceió sne  ddee ruivne  tuénrm cinaom bdioe 
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9.  Por escrito registrado el 31 de octubre de 2019, la letrada de la Junta de 
Extremadura presentó sus alegaciones, interesando el otorgamiento del amparo y la 
nulidad de las resoluciones impugnadas, reproduciendo al efecto el contenido de su 
demanda.
10.  Por providencia de 1 de octubre de 2020, se acordó señalar para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 6 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por la STC 99/2020, de 22 de julio.
Este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el problema jurídico que aquí 
se plantea al dictar la STC 99/2020, de 22 de julio, que resolvió el recurso de amparo 
(núm. 5905-2018) cabecera de la serie de los interpuestos por la Junta de Extremadura 
contra resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, por las que se han inadmitido otros recursos de casación 
promovidos por dicha entidad territorial contra sentencias dictadas en única instancia por 
juzgados de lo contencioso-administrativo radicados en aquella comunidad autónoma, 
con base en los mismos razonamientos que traen las resoluciones aquí impugnadas, los 
cuales han sido contestados a su vez con idénticos motivos de impugnación a los que 
trae la presente demanda. Procede por tanto aplicar, para la resolución de esta última, la 
doctrina  sentada  en  la  sentencia  citada,  en  la  que  se  ha  otorgado  el  amparo  por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con arreglo a los 
razonamientos que ahora se resumen.
En tal sentido, tras aclarar que el objeto planteado en esta controversia difiere del 
resuelto en el ATC 41/2018, de 16 de abril, que se refería a su vez a una inadmisión del 
recurso  de  casación  por  infracción  del  derecho  autonómico,  pero  respecto  de  una 
sentencia de la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia  indicado,  y  precisar  que  la  queja  realmente  deducida  en  la  demanda  es 
solamente la del derecho al recurso –vertiente del art. 24.1 CE–, la STC 99/2020 
determina cuál es la jurisprudencia constitucional aplicable para resolver la cuestión: de 
un lado, la que define y delimita justamente el derecho fundamental en liza, cuyo canon 
de control por este tribunal es el de aquellas resoluciones que inadmitan un recurso «con 
base en una causa legalmente inexistente o mediante un juicio arbitrario, irrazonable o 
fundado en error fáctico patente» [fundamento jurídico 2 A) c)], si bien con restricciones 
en ese control cuando se refiere al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, 
atendida  la  función  que  se  atribuye  a  este  último  órgano  y  la  propia  naturaleza 
extraordinaria de la casación [FJ 2 A) d)]. Y de otro lado, a la doctrina sentada por la 
STC 128/2018, de 29 de noviembre (seguida en las posteriores SSTC 18/2019, de 11 de 
febrero, y 26/2019, de 25 de febrero), que analiza la constitucionalidad del recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica introducido por la Ley Orgánica 7/2015, 
de 21 de julio, la cual se desglosa en sus aspectos principales [FJ 2 B)].
La aplicación de dicha jurisprudencia lleva entonces al tribunal ha afirmar, en su 
fundamento jurídico 3, que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el 
derecho al recurso (art. 24.1 CE) de la entidad recurrente, por las razones siguientes:
«En  primer  lugar,  es  preciso  descartar  como  razonamientos  constitucionalmente 
válidos las referencias que se hacen en la resolución impugnada, por un lado, a la falta  es
de carácter orgánico del art. 86.3 LJCA y, por otro, a la omisión de una regulación  o
específica  de  la  tramitación  del  recurso  de  casación  por  infracción  de  normativa  908ww
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ley orgánica ni tampoco el art. 122.1 CE, ya que (i) la composición de las secciones de
casación  debe  ser  conceptuada  como  referida  a  secciones  "funcionales"  y  "no 
orgánicas", de modo que "no constituyen órganos judiciales distintos a los efectos de 
nuestra doctrina constitucional sobre el alcance de la reserva de ley orgánica que deriva 
del artículo 122.1 CE" [FJ 4 b)]; y (ii) no se trata de una novedad en la normativa 
procesal, pues la composición de las secciones de casación del art. 86.3 LJCA sigue 
siendo la misma que la que el art. 16.4 LJCA, que continúa en vigor, preveía para los 
desaparecidos recursos de casación en interés de la ley y para la unificación de la 
doctrina [FJ 4 b)]. Del mismo modo, en la STC 128/2018 se ha declarado que (i) "la 
regulación contenida en los preceptos cuestionados […] [art. 86.3, párrafos segundo y 
tercero, LJCA] no impide una interpretación lógica y coherente que proporcione un 
sentido  útil  a  la  casación  autonómica",  cumpliendo  una  función  nomofiláctica  y 
unificadora del derecho autonómico [FJ 7 a)] y (ii) el recurso de casación por infracción 
de  normativa  autonómica  se  conforma  como  "un  recurso  de  casación  paralelo"  al 
establecido en el Tribunal Supremo respecto de la denunciada infracción del Derecho 
estatal o de la Unión Europea, además de afirmar que a su "regulación se remite 
implícitamente" [FJ 7 a)].
En segundo lugar, este tribunal constata que la decisión del órgano judicial, en sí 
misma  considerada,  no  es  irrazonable,  pues  no  incurre  en  quiebras  lógicas  en  su 
argumentación (STC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4); tampoco es arbitraria, al no 
ser una "simple expresión de voluntad" (STC 71/2003, de 23 de abril, FJ 5) –la sentencia 
expone las razones por las que considera que las resoluciones dictadas por los juzgados 
de lo contencioso no son recurribles en casación– ni tampoco contiene errores patentes. 
No obstante, el órgano judicial, al inadmitir el recurso de casación en virtud de una 
interpretación literal del art. 86.3 LJCA ha llegado a un resultado materialmente contrario 
al derecho de acceso al recurso que consagra el art. 24.1 CE.
En efecto, la decisión adoptada, al no tomar en consideración que el art. 86.3 LJCA, 
al  regular  el  recurso  de  casación  autonómico,  contiene  una  remisión  implícita  a  la 
regulación del recurso de casación por vulneración del Derecho estatal o de la Unión 
Europea (STC 128/2018, FFJJ 6 y 7) y excluir del recurso de casación autonómico a las 
resoluciones de los juzgados de lo contencioso-administrativo en los supuestos en los 
que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  art.  86.1,  apartado  segundo,  LJCA,  serían 
susceptibles de casación, está inadmitiendo este recurso sin que exista una causa legal 
en la que se prevea esta consecuencia, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de este 
tribunal, determina la vulneración del derecho que garantiza el art. 24.1 CE.»
Al  encontrarnos  con  resoluciones  judiciales  con  el  mismo  contenido  que  las 
enjuiciadas en nuestra STC 99/2020, ha de otorgarse también el amparo en el presente 
recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), de la 
entidad recurrente en su vertiente de acceso al recurso. En su consecuencia, acordamos 
la nulidad tanto del auto de inadmisión de su recurso de casación dictado por la sala a 
quo de 10 de septiembre de 2018, como la providencia de 11 de octubre de 2018 de la 
misma sala, así como la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a recaer la primera de ambas resoluciones, para que en su lugar se dicte otra 
que resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, e.e
Ha decidido 908ww
1.º  Estimar la demanda presentada por la Junta de Extremadura, por vulneración
CdeE )s,u c odne rreecchoon ofucnimdaiemnteon dtael  taa ll ad etureteclhao j.udicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1
2.º  Declarar la nulidad del auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 10 de septiembre de 2018 (recurso de 
casación autonómico 2-2018), y la nulidad de la providencia dictada por la misma sala, 
el 11 de octubre de 2018.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento  de  la  primera  de  las  resoluciones  anuladas,  para  que  dicha  sala 
pronuncie una nueva que resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a seis de octubre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 5913-2018
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de una parte de la fundamentación de la sentencia 
recaída en el recurso de amparo núm. 5913-2018, que ha conducido a la estimación de 
la demanda.
Las razones de mi discrepancia son idénticas a las expresadas en el voto particular 
que suscribí a la STC 99/2020, de 22 de julio, en la que se resolvió el recurso de amparo 
cabecera de esta misma serie, por lo que me remito a lo expuesto entonces.
Y en tal sentido emito mi voto particular al presente recurso.
Madrid, a seis de octubre de dos mil veinte.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.