BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Viernes 6 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 96835
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13542 Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador  de  la  propiedad  de  Escalona  a  inscribir  una  escritura  de 
compraventa.
En el recurso interpuesto por don Ricardo Cabanas Trejo, notario de Fuenlabrada, 
contra la negativa del registrador de la Propiedad de Escalona, don Rafael Burgos 
Velasco, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
En escritura autorizada el día 4 de diciembre de 2020 por don Ricardo Cabanas 
Trejo, notario de Fuenlabrada, con el número 1.024 de protocolo, se formalizaba un 
contrato  de  compraventa  y  se  pactaba  que  parte  del  precio  se  pagaría  mediante 
transferencias bancarias que se deberían efectuar el mismo día del otorgamiento (desde 
la  cuenta  cuyo  número  se  indicaba  a  las  cuentas  cuyos  números  también  se 
especificaban).  En  la  misma  escritura  se  añadía  lo  siguiente:  «Hacen  constar  los 
contratantes que una vez efectuadas la transferencias mencionadas se enviarán por fax, 
correo electrónico o se entregarán en mano al notario autorizante por cualquiera de los 
comparecientes o por la entidad acreedora los correspondientes documentos bancarios 
a los fines de que se incorporen a la matriz por diligencia que acredite el pago de dichas 
cantidades, otorgando la parte vendedora desde este momento carta de pago por la 
misma a favor de la parte compradora una vez se haya realizado debidamente la 
mencionada transferencia. No obstante, la copia de la presente podrá expedirse sin 
dicha diligencia caso de no recibir esa comunicación, o no haberlo sido a tiempo para la 
expedición».
II
Presentada el día 29 de abril de 2021 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Escalona, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificación negativa asiento 815 Diario 115.
Hechos:
La presentación para su calificación a inscripción si procede de la documentación 
siguiente: documento de fecha 04/12/2020 del Notario de Fuenlabrada Ricardo Cabanas 
Trejo, protocolo/expediente 1024/2020, presentado por M. G, A. al día 29/04/2020 a 
las 09:44, con el número de entrada 4191, asiento 815 del diario 115, en la que se 
incorpora justificante de presentación en el Ayuntamiento para el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana. e.
Fundamentos de Derecho: 542ww
artícEuslo sp r2e4c idseo  laa cLreeyd idtaerl  Nloost armiaeddoio ys  2d5e4  dpea glao  Leeym Hpliepaodteocsa, ridae e nc olan froerdmaicdcaidó n cqoune  lleoss 
ha dado la ley 36/2006 de 29 de noviembre de medidas para la prevención del fraude
fiscal (BOE 30 de noviembre de 2006) y el art. 177 del Reglamento Notarial en la 
redacción que le ha dado el Real Decreto 1/2010, de 8 de enero.
En concreto, los números 3 y 4 de la Ley Hipotecaria señalan:
3.  No se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos 
relativos a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre 
bienes inmuebles, cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o 
signo que lo represente, si el fedatario público hubiere hecho constar en la Escritura la 
negativa de los comparecientes a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos 
relativos a los medios de pago empleados.
4.  Las escrituras a las que se refieren los números 2 y 3 anteriores se entenderán 
aquejadas de un defecto subsanable. La falta sólo se entenderá subsanada cuando se 
presente ante el Registro de la Propiedad una escritura en la que consten todos los 
números de identificación fiscal y en la que se identifiquen todos los medios de pago 
empleados.
En el presente caso, los resguardos de las solicitudes de las transferencias que 
quedan  unidos  en  la  precedente  escritura  como  Documentos  Unidos,  no  resultan 
legibles.
Resolución: En vista de los precedentes supuestos de hecho y antecedentes de 
Derecho, este registrador, en su condición de autoridad pública legalmente competente 
para ello ha resuelto adoptar el acuerdo formal (Resolución de 13 de octubre de 2014 de 
la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado,  BOE  7  de  noviembre)  de 
suspender la inscripción en tanto no se subsanen los defectos señalados.
Prórroga del asiento de presentación. Artículo 323 de la Ley Hipotecaria, el asiento 
de  presentación  queda  prorrogado  automáticamente  por  un  plazo  de  sesenta  días 
contados desde la fecha de la última notificación a que se refiere el artículo anterior.
Conforme al artículo 19 bis párrafo cuarto de la Ley Hipotecaria (…)
Escalona,  dieciocho  de  mayo  del  año  dos  mil  veintiuno.  El  registrador  de  la 
Propiedad (firma ilegible) Fdo. Rafael Burgos Velasco.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  Ricardo  Cabanas  Trejo,  notario  de 
Fuenlabrada, interpuso recurso el día 28 de mayo de 2021 mediante escrito en el que 
alegaba lo siguiente:
«Fundamentos de Derecho:
El defecto, tal y como ha sido formulado. es decir, la falta de acreditación de los 
medios de pago, solo puede referirse a los apartados A y B de la estipulación segunda, 
ya que los apartados C y D aluden a sendos pagos en metálico. Respecto de aquellos 
apartados A y B, se trata de dos transferencias posteriores al hecho del otorgamiento, 
aunque se deban efectuar el mismo día, con indicación de la [sic] cuentas bancarias de 
origen y de destino, e incorporación de testimonio de los correspondientes resguardos de 
solicitud de las transferencia [sic]. Los comparecientes declaran que, en su momento, 
harán llegar a la notaria los resguardos que acrediten la ejecución de la transferencia, 
pero, caso de no hacerlo, solicitan que la copia se expida sin esa diligencia. En este  e
caso, dichos documentos posteriores no se entregaron a tiempo, así que la copia se  bo
expidió en las condiciones indicadas. 542ww
postPeoriro ricdoands igaul ieontoterg, aaml ietnratota, rsrees udltea  upnlean atmraennstfee reanpcliicaa bqleu e lad edboícat rineaje cdueta rlsae  Rceosn. 
mdee d1io0s/0 7d/e2 01p2a,g os eegmúnp lelaa dcousa l:e x"liagsid ams antaifnetsot apcioorn eloss  y acrtoícnusltoasn c2ia1  dyo c2u5m4e ndtael  ldae  Lloesy 
Hipotecaria, como por los artículos 24 de la Ley del Notariado y 177 de su Reglamento
aparecen  referidas,  en  todo  caso,  a  los  pagos  realizados  en  el  momento  del 
otorgamiento de la correspondiente escritura pública o con anterioridad al mismo, pero 
no se refieren en ningún caso a los pagos que para satisfacer la parte de la prestación 
dineraria pactada que haya sido aplazada se hayan de realizar en un momento ya 
posterior a aquél otorgamiento, con independencia de que en la inscripción se haga 
constar, conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria, la forma en que las partes 
contratantes hayan convenido los pagos futuros correspondientes a la parte del precio 
aplazado".»
IV
El registrador de la Propiedad informó y elevó el expediente a esta Dirección General 
mediante escrito de fecha 9 de junio de 2021.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1156 y 1170 del Código Civil; 1, 10, 18, 21, 22, 254, 326 y 327 de 
la Ley Hipotecaria; 1, 17, 17 bis, 23, 24 y 47 de la Ley del Notariado; sexto y séptimo de 
la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal; 
143,  145,  y  177  del  Reglamento  Notarial;  51.7.ª  del  Reglamento  Hipotecario;  las 
Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  de  27  de 
noviembre de 1986, 2 de noviembre de 1992, 12 de junio de 1993, 5 de octubre de 1994, 
27 de septiembre de 1999, 12 de septiembre y 2 de diciembre de 2000, 27 de mayo 
de 2003, 23 y 26 de septiembre de 2005, 14, 20 y 28 de febrero y 18 de mayo de 2007, 
26 de mayo de 2008, 2 de junio, 6, 7, 8 y 9 de julio, 5 de septiembre y 12 de noviembre 
de 2009, 5 de marzo, 5 de abril y 2 de junio de 2010, 5 de mayo y 2 y 6 de julio de 2011, 
10 de julio y 17 de octubre de 2012, 11 de marzo de 2013, 16 de octubre y 9 de 
diciembre de 2014, 23 de febrero de 2015, 22 de julio, 2 de septiembre y 8 de noviembre 
de 2016, 4 de septiembre y 2 de octubre de 2017, 12 de abril de 2018, 25 de julio 
de 2019 y 17 de enero de 2020, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública de 20 de marzo de 2020.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  objeto  del  presente  recurso  se 
formaliza  un  contrato  de  compraventa  y  se  pacta  que  parte  del  precio  se  pagará 
mediante  transferencias  bancarias  que  se  deberán  efectuar  el  mismo  día  del 
otorgamiento (desde la cuenta cuyo número se indica a las cuentas cuyos números 
también se especifican). En la misma escritura se añade lo siguiente: «Hacen constar los 
contratantes que una vez efectuadas la transferencias mencionadas se enviarán por fax, 
correo electrónico o se entregarán en mano al notario autorizante por cualquiera de los 
comparecientes o por la entidad acreedora los correspondientes documentos bancarios 
a los fines de que se incorporen a la matriz por diligencia que acredite el pago de dichas 
cantidades, otorgando la parte vendedora desde este momento carta de pago por la 
misma a favor de la parte compradora una vez se haya realizado debidamente la 
mencionada transferencia. No obstante, la copia de la presente podrá expedirse sin 
dicha diligencia caso de no recibir esa comunicación, o no haberlo sido a tiempo para la 
expedición».
El registrador suspende la inscripción porque, a su juicio, es necesario acreditar los 
medios de pago empleados, de conformidad con los artículos 24 de la Ley del Notariado, 
254 de la Ley Hipotecaria y 177 del Reglamento Notarial. Y añade que los resguardos de  e.e
las solicitudes de las transferencias que quedan unidos en la escritura calificada no  b
resultan legibles. 542ww
tranEsfle nreontacriaio  qauuet odreizbaían tee jedceu tlaar sees ccroitnu rpao astleegriao riedna ds ua l roetcourgrsaom qieuneto, ,a nl otr astoanr saep ldicea bulneas 
ltaa leess cnrioturmraa os , cqoune a snete rreiofireidreand  aa ll omsi spmagoo, sp erreoa lnizoa ad oloss e pna eglo ms oqmuee nsteo  hdaeyl aonto drgea rmeaielinzator  deen 
un momento posterior a aquel otorgamiento.
2.  La  Ley  36/2006,  de  29  de  noviembre,  introdujo  reformas  en  la  legislación 
hipotecaria y notarial con el objetivo fundamental de que la respectiva actuación de los 
notarios y registradores contribuya activamente en la prevención del fraude fiscal. Como 
pone de manifiesto la Exposición de Motivos de dicha ley, que constituye un elemento 
relevante para conocer cuál ha sido la voluntad del legislador, el fraude fiscal es un 
fenómeno del que derivan graves consecuencias para la sociedad en su conjunto, por lo 
que frente a los comportamientos defraudatorios, la actuación de los poderes públicos 
debe  encaminarse  no  sólo  a  la  detección  y  regularización  de  los  incumplimientos 
tributarios, sino también a evitar que esos comportamientos se produzcan. En este 
sentido la citada Exposición de Motivos destaca que el «fortalecimiento del control y la 
prevención del fraude fiscal es un compromiso del Gobierno» y que, atendiendo a las 
líneas estratégicas de la lucha contra el fraude se incluyen «un conjunto de medidas 
tendentes  a  potenciar  las  facultades  de  actuación  de  los  órganos  de  control,  con 
remoción de los obstáculos procedimentales que pudieran perjudicar la eficacia de la 
respuesta al fenómeno del fraude». En este contexto general, una de las finalidades de 
la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, según su exposición de motivos, es la prevención 
del fraude fiscal en el sector inmobiliario, en el que las novedades que introduce aquélla 
«se dirigen a la obtención de información que permita un mejor seguimiento de las 
transmisiones y el empleo efectivo que se haga de los bienes inmuebles. Para ello se 
establece la obligatoriedad de la consignación del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) 
y de los medios de pago empleados en las escrituras notariales relativas a actos y 
contratos  sobre  bienes  inmuebles.  La  efectividad  de  estas  prescripciones  queda 
garantizada al fijarse como requisito necesario para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de tales escrituras. Esta figura del cierre registral ante incumplimientos de 
obligaciones de origen fiscal no constituye en ningún caso una novedad en nuestro 
ordenamiento. Debemos recordar, en efecto, que la normativa vigente ya prevé la figura 
del cierre registral en relación, por ejemplo, con las declaraciones del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones».
3.  Para conseguir tales objetivos la Ley 36/2006 modificó, entre otros y en relación 
con la materia específica que es objeto del presente recurso, el artículo 24 de la Ley del 
Notariado, así como los artículos 21 y 254 de la Ley Hipotecaria.
Así,  el  párrafo  cuarto  del  artículo  24  de  la  Ley  del  Notariado,  en  la  redacción 
resultante de la citada ley modificativa, establece que en «las escrituras relativas a actos 
o contratos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título 
oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles se identificarán, 
cuando la contraprestación consistiere en todo o en parte en dinero o signo que lo 
represente, los medios de pago empleados por las partes». Y el mismo precepto delimita 
el contenido y extensión con que ha de realizarse esa identificación de los medios de 
pago,  en  los  siguientes  términos:  «(…)  sin  perjuicio  de  su  ulterior  desarrollo 
reglamentario,  deberá  identificarse  si  el  precio  se  recibió  con  anterioridad  o  en  el 
momento  del  otorgamiento  de  la  escritura,  su  cuantía,  así  como  si  se  efectuó  en 
metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al portador, otro instrumento 
de giro o bien mediante transferencia bancaria».
En lo relativo a la calificación de los registradores de la Propiedad respecto de los 
extremos objeto de debate en este recurso, la reforma se centra en dos aspectos:
a)  La  obligación  de  comprobar  si  las  escrituras  públicas  a  que  se  refiere  el 
artículo  24  de  la  Ley  del  Notariado  expresan  no  sólo  «las  circunstancias  que 
necesariamente debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los  e.
otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos» (disposición que se mantiene en su  w.b
redacción anterior), sino, además, «la identificación de los medios de pago empleados  542ww
pdoer m laasy op adrete 1s8, 6e2n» l o(asr ttíécrumloin 2o1s  dpere lavi sLteoys  Heinp oetle acratírciau)l.o 24 de la Ley del Notariado, de 28
consbi)s tieEnld oc ieerlr ep redceiol  Rene gtiosdtroo  or eesnp epcatort ed, ee ne sdainse roe soc ristuigranso  qpuúeb lilcoa sr eperne selanst e,q u«ee,l 
fedatario público hubiere hecho constar en la escritura la negativa de los comparecientes
a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago 
empleados»  –apartado  tercero  del  mismo  artículo  254–.  En  tales  casos,  esto  es, 
negativa total o parcial a identificar el medio de pago, se entenderá que tales escrituras 
están aquejadas de un defecto subsanable, pudiéndose subsanar éste a través de otra 
escritura «en la que consten todos los números de identificación fiscal y en la que se 
identifiquen todos los medios de pago empleados» (artículo 254.4 de la Ley Hipotecaria).
4.  En  desarrollo  del  artículo  24  de  la  Ley  del  Notariado,  el  artículo  177  del 
Reglamento Notarial, con el precedente de la Instrucción de este Centro Directivo de 28 
de  noviembre  de  2006,  fue  objeto  de  diversas  modificaciones  por  los  Reales 
Decretos 45/2007 de 19 de enero, 1804/2008, de 3 de noviembre y, finalmente, 1/2010, 
de 8 de enero, éste último vigente en el momento de la autorización de la escritura 
pública cuya calificación es objeto del presente recurso.
La finalidad de este último Real Decreto viene expresada en su exposición de 
motivos  cuando  manifiesta  que  «el  artículo  primero  modifica  el  Reglamento  de  la 
Organización y Régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, a 
los efectos de concretar, en relación con determinados medios de pago, qué datos 
concretos deberán quedar incorporados en el documento público, ya sea a través de 
acreditación  documental,  ya  sea  vía  manifestación  ante  el  Notario,  constancia  que 
implicará  que  dicho  medio  de  pago  se  deba  entender  suficientemente  identificado, 
permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad del instrumento público. Por otra parte, 
y  en  conexión  con  lo  anterior,  se  establece  una  especificación  en  lo  relativo  a  la 
obligación  de  comunicación  por  parte  del  Consejo  General  del  Notariado  hacia  la 
Administración tributaria de los supuestos en los que no exista identificación de las 
cuentas  de  cargo  y  abono  cuando  el  medio  de  pago  sea  la  transferencia  o  la 
domiciliación bancarias».
En el párrafo segundo de dicho precepto reglamentario se impone al notario una 
obligación de identificación de los medios de pago cuando concurran tres requisitos: a) 
que  impliquen  declaración,  constitución,  transmisión,  modificación  o  extinción  de 
derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles;  b)  que  sean  a  título  oneroso,  y  c)  que, 
concurriendo estos tres requisitos, el régimen de la obligación de identificación de los 
medios de pago se puede sistematizar en los siguientes términos:
1.º)  Se  han  de  expresar  por  los  comparecientes  los  importes  satisfechos  en 
metálico, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
2.º)  Pagos  realizados  por  medio  de  cheques  u  otros  instrumentos  cambiarios: 
Además de la obligación del notario de incorporar testimonio de los cheques y demás 
instrumentos de giro que se entreguen en el momento del otorgamiento, se establece 
que, en caso de pago anterior a dicho momento, los comparecientes deberán manifestar 
los datos a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los 
cheques y demás instrumentos de giro que hubieran sido entregados antes de ese 
momento. Pero a los datos del artículo 24 de la Ley del Notariado se añaden otros 
nuevos: la numeración y el código de la cuenta de cargo de los instrumentos de giro 
empleados.
Por otra parte, cuando se trate de cheques bancarios o títulos librados por una 
entidad  de  crédito,  ya  sean  entregados  con  anterioridad  o  en  el  momento  del 
otorgamiento de la escritura, el compareciente que efectúe el pago deberá manifestar el 
código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en 
su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metálico. e
De todas estas manifestaciones quedará constancia en la escritura. bo
3.º)  En caso de pago por transferencia o domiciliación, el régimen es indistinto para  542ww
eels ccriatusroa sd: el oqs uceo mlopsa rpeacgieonst esse adne bearnátne rimoraensi feos tasirm luolstá ndeaotoss  acl ororteosrpgoanmdiieennttoe sd ea  lloass 
mcóadnigifoess tdaeci olanse sc.uentas de cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas
4.º)  Si los comparecientes se negasen a aportar alguno de los datos o documentos 
citados  anteriormente,  el  notario  hará  constar  en  la  escritura  esta  circunstancia,  y 
advertirá verbalmente a aquéllos del cierre registral dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 254 de la Ley Hipotecaria, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia.
En  este  régimen  se  especifican  determinadas  obligaciones  que  tiene  el  notario 
respecto de la identificación de los medios de pago, cuyo incumplimiento determinará las 
responsabilidades correspondientes.
Sin embargo, en relación con la calificación registral y el cierre del Registro de la 
Propiedad, en los términos expresados en el artículo 254.3 de la Ley Hipotecaria, el 
artículo 177, párrafo quinto, del Reglamento Notarial, según redacción dada por el Real 
Decreto 1/2010, determina que «(…) se entenderán identificados los medios de pago si 
constan  en  la  escritura,  por  soporte  documental  o  manifestación,  los  elementos 
esenciales de los mismos. A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será 
suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es nominativo, fecha e importe; si 
se tratara de transferencia se entenderá suficientemente identificada, aunque no se 
aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el ordenante, 
beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria».
5.  De cuanto antecede resulta que, según la normativa vigente, respecto de la 
identificación de los medios de pago empleados, el registrador en su calificación deberá 
comprobar que en la escritura se hayan hecho constar los extremos a que se refiere el 
artículo 24 de Ley del Notariado –a la que remite el propio artículo 21.2 de la Ley 
Hipotecaria–, según las reglas especificadas en el artículo 177 del Reglamento Notarial, 
y que no consta negativa alguna a aportar, en todo o en parte, los datos o documentos 
relativos a los medios de pago empleados. Como ya expresó este Centro Directivo en la 
Resolución de 18 de mayo de 2007, «obviamente, sí que debe examinar el registrador, 
por el contenido de la misma escritura, que es su canon de control, si existen omisiones 
en esa identificación. Por ejemplo, si se dice que el precio es una cantidad determinada, 
pero de la suma de los importes identificados por el notario resulta que hay una parte no 
identificada; o, en el mismo sentido, si no existe mención alguna en la escritura pública 
acerca de cuáles son los medios de pago o, por supuesto, si los otorgantes se negaron 
total o parcialmente a identificarlos».
6.  En el presente caso es indudable que la calificación no puede ser confirmada.
En primer lugar, porque según la Resolución de este Centro Directivo de 10 de julio 
de 2012 (para un caso análogo al presente en el que se había pactado que la totalidad 
del precio de la compraventa se debía pagar mediante transferencia bancaria el mismo 
día, después del otorgamiento), «las manifestaciones y constancia documental de los 
medios  de  pago  empleados  exigidas  tanto  por  los  artículos  21  y  254  de  la  Ley 
Hipotecaria, como por los artículos 24 de la Ley del Notariado y 177 de su Reglamento 
aparecen  referidas,  en  todo  caso,  a  los  pagos  realizados  en  el  momento  del 
otorgamiento de la correspondiente escritura pública o con anterioridad al mismo, pero 
no se refieren en ningún caso a los pagos que para satisfacer la parte de la prestación 
dineraria pactada que haya sido aplazada se hayan de realizar en un momento ya 
posterior a aquél otorgamiento, con independencia de que en la inscripción se haga 
constar, conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria, la forma en que las partes 
contratantes hayan convenido los pagos futuros correspondientes a la parte del precio 
aplazado».
En segundo lugar, porque según el artículo 177 del Reglamento Notarial, regla 3.ª, en 
caso de pago mediante transferencia «los comparecientes deberán manifestar los datos  e.
correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia  w.b
en la escritura de dichas manifestaciones»; y es indudable que tal requisito ha quedado  542ww
cumPpolidr ot.odo  ello,  para  decidir  si  la  escritura  calificada  es  o  no  inscribible,  resulta
irrelevante que los justificantes de las referidas transferencias sean o no legibles.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.