BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7488
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1113 Sala Segunda. Sentencia 169/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo 3118-2018. Promovido por doña Fátima Janati Idrissi respecto de las 
resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad 
de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a 
la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización 
resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 
19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:169
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3118-2018, promovido por doña Fátima Janati Idrissi, 
representada por la procuradora de los tribunales doña María Teresa Castro Rodríguez y 
asistida por el abogado don Antonio Segura Melgarejo, contra la providencia de 13 de 
abril de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 
Primera), que resuelve inadmitir el recurso de casación contra la sentencia de 18 de 
septiembre de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la 
Audiencia Nacional, por la que se desestima el recurso núm. 464-2016 en procedimiento 
ordinario frente a la resolución de 7 de marzo de 2016 del Ministerio de Justicia que 
desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de 
la administración de justicia, por prisión preventiva. Han comparecido el Abogado del 
Estado y el ministerio fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 1 de junio de 2018, la procuradora 
de los tribunales doña María Teresa Castro Rodríguez, en nombre y representación de 
doña Fátima Janati Idrissi y bajo la dirección del Abogado don Antonio Segura Melgarejo, 
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
2.  Los  hechos  de  los  que  trae  causa  el  presente  proceso  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes: es
a)  En fecha 19 de mayo de 2015, la ahora demandante de amparo presentó ante el  w.
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demandante de amparo situación de prisión provisional desde el 29 de junio de 2012 
hasta el 29 de mayo de 2014, dictándose finalmente sentencia absolutoria, de 2 de junio 
de 2014, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
b)  En  la  tramitación  de  dicha  reclamación  indemnizatoria  dictaminó 
desfavorablemente  el  Consejo  de  Estado,  dictándose  por  el  Ministerio  de  Justicia 
resolución de 7 de marzo de 2016, desestimatoria de la petición formulada con base en la 
doctrina de las SSTS de 23 de noviembre de 2010, recaídas en los recursos de casación 
núm.  1908-2006  y  4288-2006,  que  consideraron  que  el  art.  294  LOPJ  amparaba 
exclusivamente los supuestos de inexistencia objetiva del hecho imputado, lo que no sería 
el caso al resultar que el motivo de la absolución no fue la constatación de la inexistencia 
del hecho delictivo del que fue acusada la recurrente, sino la falta de prueba de cargo para 
condenarla.
c)  Interpuesto  recurso  contencioso-administrativo  contra  la  resolución  de  7  de 
marzo de 2016, el día 18 de septiembre de 2017 la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimando la 
pretensión formulada con base en la misma doctrina jurisprudencial antes citada (STS 
de 23 de noviembre de 2010).
d)  Contra la anterior sentencia, la representación procesal de la recurrente en 
amparo preparó e interpuso recurso de casación (núm. 6494-2017) ante la Sección 
Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo,  siendo 
inadmitido por providencia de 13 de abril de 2018 con base en lo dispuesto en el art. 90.4 
b) en relación con los arts. 89.2 f), 90.4 d) y 87 bis.1 de la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.
3.  En la demanda se consignan, como motivos de amparo, las violaciones de los 
derechos consagrados en los arts. 24 y 17 CE.
A  su  juicio,  concurren  todos  los  requisitos  precisos  para  la  declaración  de 
responsabilidad patrimonial, habiéndose producido perjuicios morales y económicos por 
la  situación  de  privación  de  libertad,  incurriendo  la  resolución  administrativa  y  la 
sentencia que la confirmó en una vulneración del art. 294 LOPJ, toda vez que no fue 
apreciada la concurrencia de aquellos elementos que determinarían la comisión de un 
hecho delictivo.
4.  Mediante providencia de 26 de noviembre de 2018, la Sección Cuarta de la Sala 
Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo 
presentada,  apreciando  que  concurre  en  el  recurso  una  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) como 
consecuencia  de  que  plantea  un  problema  o  afecta  a  una  faceta  de  un  derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y a 
tenor de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera 
provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c].
De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC se acordó, asimismo, dirigir 
atenta comunicación al Ministerio de Justicia a fin de que, en plazo que no excediera de 
diez  días,  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al expediente de reclamación patrimonial núm. 312/2015; a la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en lo 
referente al procedimiento ordinario núm. 2503-2016, y a la Sección Primera de la Sala 
de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  de  las  correspondientes  al 
recurso de casación núm. 6494-2017, señalando al primer órgano judicial citado que  e
debía proceder al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso, excepto  bo
la parte recurrente, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este  w
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este Tribunal, de fecha 16 de enero de 2019, se acordó tener por personado y parte al
Abogado del Estado y, con arreglo al art. 52.1 LOTC, conceder al ministerio fiscal y a las
partes personadas plazo común de veinte días para que, con vista de las actuaciones, 
formulasen alegaciones.
6.  Con fecha 1 de febrero de 2019 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de 
alegaciones del ministerio fiscal, interesándose la inadmisión del recurso de amparo con 
base en el art. 44.1 a) LOTC, por agotamiento defectuoso de la vía casacional, o, en su 
defecto, de entenderse alternativamente que la demanda se articula por el cauce del 
art. 43 LOTC, por extemporaneidad del recurso. De no apreciarse los óbices procesales, 
solicita en su escrito la suspensión del plazo para dictar sentencia a la espera de la 
resolución por el Pleno del Tribunal de la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 
4314-2018, al estimar que el presente asunto se encontraría directamente concernido 
por lo que en ella se estableciera.
7.  En fecha 15 de febrero de 2019 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de 
alegaciones del Abogado del Estado. Resalta la improcedencia de la invocación directa 
de preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (arts. 5 y 6.2) para la 
eventual estimación del recurso de amparo, y afirma, seguidamente, que la valoración 
jurídica efectuada por el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo fue adecuada a 
la vista de la normativa aplicable, al encontrarse dentro del margen de apreciación o 
arbitrio judicial que la doctrina constitucional admite corno legítimo fundamento para 
desestimar, en cuanto al fondo, una pretensión de indemnización sobre la base legal del 
art. 294 LOPJ. En efecto, subraya que la sentencia de la Audiencia Nacional objeto de 
recurso de amparo considera que la pretensión de obtener la reparación por el cauce del 
art. 294 LOPJ carecía de base jurídica –de legalidad ordinaria– para ello, puesto que, de 
acuerdo con la línea marcada por la jurisprudencia actual dentro de una interpretación 
armónica del ordenamiento jurídico, la interesada debió haber accedido o tratado de 
obtener su pretensión indemnizatoria por la vía señalada en el art. 293 de la misma ley, 
conclusión que, a su parecer, no vulnera los derechos fundamentales alegados, en tanto 
que está fundada en la inadecuación en el plano sustantivo del cauce o procedimiento 
utilizado para la petición que se sustanciaba.
8.  Con  fecha  19  de  febrero  de  2019,  la  demandante  presentó  su  escrito  de 
alegaciones, insistiendo en las ya formuladas en su demanda de amparo constitucional.
9.  Por providencia de 12 de diciembre de 2019, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único. Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El presente recurso de amparo se dirige contra la providencia de 13 de abril de 2018 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Primera), que 
resuelve inadmitir el recurso de casación contra la sentencia de 18 de septiembre 
de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia 
Nacional, por la que se desestimó el recurso núm. 464-2016 en procedimiento ordinario, 
y frente a la resolución de 7 de marzo de 2016 del Ministerio de Justicia de la que las 
resoluciones judiciales traían su origen, que resultó desestimatoria de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la administración de justicia, 
por prisión preventiva. e
Procede  descartar,  en  primer  lugar,  que  la  demanda  haya  incurrido  en  bo
extemporaneidad. Hasta el dictado de la STC 85/2019, de 19 de junio, no estaba  w
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constitucional como los planteamientos introducidos por las partes en el debate son,
desde el punto de vista sustantivo y dimensión constitucional, y más allá de la estricta 
coincidencia en la invocación de los concretos derechos fundamentales concernidos, 
sustancialmente coincidentes con los abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional 
en la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de amparo núm. 4035-2012), a 
cuyos fundamentos jurídicos debemos remitirnos.
En  el  fundamento  jurídico  4  de  la  STC  125/2019,  ya  en  cuanto  al  fondo,  se 
determinaron  los  efectos  sobre  el  recurso  de  amparo  de  la  declaración  de 
inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta 
misma causa» del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la STC 85/2019, 
de 19 de julio, para concluir que procede otorgar el amparo en tanto «las resoluciones 
ahora impugnadas de aplicación de dicha normativa –a la que atendieron los órganos 
administrativos  y  judiciales  por  estar  272  entonces  vigente–  materializan  la  misma 
vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la presunción de inocencia (arts. 
14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho de la recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se 
adopte,  en  cuanto  a  sus  criterios  rectores,  de  acuerdo  con  las  exigencias 
constitucionales señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019, concretamente conforme a 
las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE en los términos indicados, respectivamente, en 
sus fundamentos jurídicos 13 y 5.
Por ello, la retroacción debe remontarse al momento anterior a dictarse la resolución 
de 7 de marzo de 2016 del Ministerio de Justicia de la que las resoluciones judiciales 
traían su origen, que denegó la indemnización, para que la administración resuelva de 
nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de la doctrina constitucional 
reseñada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  doña  Fátima  Janati  Idrissi  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerla en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 13 de abril de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
(Sección Primera), de la sentencia de 18 de septiembre de 2017 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  (Sección  Tercera)  de  la  Audiencia  Nacional,  y  de  la 
resolución  de  7  de  marzo  de  2016  del  Ministerio  de  Justicia  que  desestimó  la 
reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  por  funcionamiento  anormal  de  la 
administración de justicia, por prisión preventiva.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma  s
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia. e.
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