BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47706
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6615 Pleno. Sentencia 69/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 
6238-2019. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los 
acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que dispusieron su 
suspensión como diputado. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio 
del  cargo  público  representativo  y  a  la  tutela  judicial:  resoluciones 
parlamentarias  que  aplican,  motivadamente  y  sin  afectar  al  grupo 
parlamentario,  la  previsión  legal  de  suspensión  automática  del  cargo 
parlamentario (STC 97/2020).
ECLI:ES:TC:2021:69
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez,  don  Alfredo  Montoya  Melgar,  don  Cándido  Conde-Pumpido  Tourón  y  la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6238-2019, promovido por don Jordi Sànchez i 
Picanyol representado por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y 
defendido por el letrado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, contra el acuerdo de la 
mesa del Congreso de los Diputados de 25 (sic) de julio de 2019, por el que se 
desestima  la  solicitud  de  reconsideración  presentada  contra  el  acuerdo  del  mismo 
órgano de gobierno de la Cámara de 5 de junio de 2019, complementario del acuerdo 
de 24 de mayo de 2019, en relación con la declaración de suspensión como diputado del 
recurrente. Ha comparecido y presentado alegaciones el Congreso de los Diputados, 
representado por la letrada de las Cortes Generales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  que  tuvo  entrada  en  el  registro  general  del  Tribunal 
Constitucional el 31 de octubre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz presentó recurso de amparo en representación de don Jordi Sànchez i 
Picanyol contra las resoluciones de la mesa del Congreso de los Diputados reseñadas 
en el encabezamiento de la presente sentencia.
A)  Los hechos expuestos en la demanda son, en síntesis, los siguientes: o
a)  El 21 de marzo de 2018, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal  15ww
Senutprere motora qsu pee irnssotnruaísa,  lae l cdaeumsaa nedsapnetceia, l e2n0t9o0n7ce-2s0 1d7ip udtiactdóo  aduetol  Pdea rplarmoceenstaom dieen Ctoa ctaolnutñraa,, 
qouctieunb,r ea cdues 2a0d1o7 i.n Eicli aplrmoceenstea mdeie nsetod ilcoi ófune,  speo rh uanlla pboas iebnle p driesliióton  dpero rveibseiolinóanl. desde el 16 de  BOE-A-cable e
b)  Por resolución de 12 de julio de 2018, la Primera Sala de lo Criminal del Tribunal 
Superior de Schleswig-Holstein (República Federal de Alemania) consideró inadmisible 
la  orden  europea  de  detención  y  entrega  respecto  del  anterior  presidente  de  la 
Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó, investigado en la mentada 
causa especial. La referida orden fue emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
con base en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, en relación con los 
delitos de rebelión, sedición o desórdenes públicos. Se observa en la demanda de 
amparo que el tribunal alemán, entre otros argumentos, apreció que, en el contexto de 
un Estado social y democrático de Derecho, el Derecho penal debe intervenir con 
mesura en las desavenencias políticas.
c)  Con fechas 25 y 26 de abril de 2019, el grupo de trabajo sobre la detención 
arbitraria de las Naciones Unidas concluyó en sus opiniones 6-2019, relativa a don Jordi 
Cuixart i Navarro, don Jordi Sànchez i Picanyol y don Oriol Junqueras i Vies, y 12-2019 
atinente a don Josep Rull i Andreu, don Raül Romeva i Rueda y doña Dolors Bassa i 
Coll,  que  la  encarcelación  de  las  citadas  personas  era  arbitraria  y  que  se  estaba 
persiguiendo políticamente a los responsables de la minoría social a la que el recurrente 
pertenece.
d)  El 28 de abril de 2019 se celebraron elecciones a Cortes Generales. La Junta 
Electoral Provincial de Barcelona proclamó al señor Sànchez i Picanyol que concurrió a 
los comicios en la candidatura electoral de Junts per Catalunya diputado al Congreso. 
El 21 de mayo, el recurrente concurrió a la sesión constitutiva del Congreso de los 
Diputados y participó en la votación para elegir a los miembros de la mesa de la Cámara.
e)  El  24  de  mayo,  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados  acordó  declarar 
automáticamente suspendidos en el cargo y, por tanto, en los derechos y deberes 
establecidos en el Reglamento de la cámara, con efectos desde el 21 de mayo de 2019, 
al demandante de amparo, además de a los señores don Oriol Junqueras i Vies, don 
Josep Rull i Andreu y don Jordi Turull i Negre, por concurrir las circunstancias necesarias 
para la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). Se 
acordó comunicarlo así a los afectados y al Tribunal Supremo y encomendar a la 
secretaría general de la cámara la adopción de las medidas cautelares oportunas.
f)  Contra el acuerdo anterior se presentó una solicitud de reconsideración, ampliada 
posteriormente, ante la mesa del Congreso de los Diputados, que la desestimó el 11 de 
junio de 2019. Contra los citados acuerdos de 24 de mayo y de 11 de junio de 2019 se 
interpuso  recurso  de  amparo  por  el  ahora  recurrente  (recurso  de  amparo  núm. 
5196-2019), que fue desestimado por STC 97/2020, de 21 de julio.
g)  Con fecha de 5 de junio de 2019, la mesa del Congreso de los Diputados adopta 
el siguiente acuerdo, complementario al anterior de 24 de mayo:
«1.  Que la suspensión en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y 
deberes establecidos en el Reglamento de la cámara, a los Excmos. señores don Oriol 
Junqueras i Vies, don Josep Rull i Andreu, don Jordi Sànchez i Picanyol y don Jordi 
Turull i Negre, acordada por la Mesa de la cámara en su reunión del día 24 de mayo 
de 2019, no puede afectar al cómputo legal del número de miembros de la cámara, ya 
que se les priva del ejercicio pero no de la titularidad del cargo.
Por ello, debe entenderse que los diputados suspendidos mantienen la condición de 
miembros  de  la  Cámara  y,  en  consecuencia,  deben  computar  a  efectos  de  su 
composición fijada en 350 desde el día de su constitución, no afectando así al número de 
votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta (176) ni al resto de las mayorías 
especiales que establezca la Constitución, las leyes orgánicas o el Reglamento del  e.
Congreso. w.b
2.  Que, del mismo modo, cuando el Reglamento de la cámara señala que la  15ww
ncoummpéorisciac idóen  dloes  ugnru dpeotse rpmairnlaamdoe nótragraionso,  slae  rheafegrae dneci am baanseera d per oepsoar cpiroonpaolr aci olan aimlidpaodrt adnecbiea 
pseure dlae nt optaelr tseenñeacleard aa  dnein 3g5u0n,a  sci obmieisni,ó ne,n  nlia  fmoremdaidr ap aernt eq udee  lootsr ocsi taódrgoasn doisp uctoamdoos  lnaos 
ponencias o subcomisiones, esta circunstancia habrá de ser tenida en cuenta en el
momento  de  determinar  el  número  de  miembros  que  en  los  distintos  órganos 
corresponderá designar al Grupo Parlamentario Mixto.
3.  Que, considerando que la suspensión afecta a todos los derechos del diputado, 
incluyendo también el de incorporarse a un grupo parlamentario concreto, puesto que 
según  la  jurisprudencia  constitucional  (STC  76/2017)  la  formación  de  grupo 
parlamentario es un derecho del diputado que pertenece al núcleo esencial de su ius in 
officium, procede la incorporación de los diputados suspendidos al Grupo Parlamentario 
Mixto.
4.  Que, no obstante lo anterior, la incorporación al Grupo Mixto lo debe ser tan solo 
a efectos de cumplir con el artículo 25.1 del reglamento, pero no puede servir ni a 
efectos de ponderar el voto en los casos en que sea precisa tal ponderación, como por 
ejemplo en la junta de portavoces, ni para la asignación del número de iniciativas 
correspondientes a dicho grupo cuya inclusión se establezca con referencia a un sistema 
de  cupo,  como  las  preguntas  con  respuesta  oral  en  Pleno,  las  interpelaciones, 
proposiciones  de  ley  y  proposiciones  no  de  ley  en  Pleno.  A  estos  efectos,  se 
descontarán los cuatro diputados suspendidos del número total de miembros del Grupo 
Parlamentario Mixto, una vez se formalice su incorporación al mismo.
5.  No autorizar el abono de las percepciones económicas propias de la condición 
de diputado, incluidas las que habrían correspondido a los citados diputados entre el 28 
de abril y el 21 de mayo de 2019 conforme el acuerdo adoptado por la mesa de la 
cámara el día 23 de mayo de 2019, en relación con el devengo de las retribuciones de 
los diputados de la XIII legislatura.
Todo  ello,  teniendo  en  cuenta  que,  al  haberse  declarado  automáticamente 
suspendidos sus derechos tan pronto como perfeccionaron su condición, y mientras esta 
suspensión se mantenga, aquellos no han llegado a desplegar sus efectos, así como el 
hecho de que los diputados tenían, asimismo, la condición de diputados del Parlament 
de Cataluña durante el periodo anterior a la constitución de la cámara.
6.  Detraer  la  parte  proporcional  de  la  subvención  correspondiente  al  Grupo 
Parlamentario Mixto, en lo relativo a la pertenencia al mismo de dichos diputados, una 
vez se formalice su incorporación a aquel.
7.  Proceder  a  dar  de  baja  a  los  mencionados  diputados  en  la  cobertura  de 
protección social prevista en el artículo 9 del Reglamento de la cámara, así como en la 
póliza de accidentes contratada por las Cortes Generales, mientras se mantenga la 
suspensión de sus derechos.»
h)  Contra el acuerdo anterior se presentó una solicitud de reconsideración ante la 
mesa del Congreso de los Diputados, que la desestimó el 25 (sic) de julio de 2019. 
Contra los citados acuerdos de 5 de junio y 25 (sic) de julio de 2019 se interpuso el 
presente recurso de amparo.
B)  La fundamentación en Derecho de la demanda de amparo puede ser resumida 
como sigue:
a)  Se estiman infringidos los derechos reconocidos en los artículos 23.2 y 24.2 CE, 
en conexión con los artículos 9.3, 16.1, 20.1 d) (sic), 23.1, 24.1, 25, 33.3, 70 y 71 de la 
misma norma fundamental. Se consideran también infringidos el artículo 10.3 del Tratado 
de la Unión Europea (TUE), en relación con sus artículos 5, 10.2 y 12 y con los 
Protocolos núm. 1 y 2 a dicho tratado, así como el artículo 3 del Protocolo adicional núm. 
1 al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades  s
fundamentales (CEDH), que, conforme al artículo 6.3 TUE, forma parte, como principio  oe.
general, del Derecho de la Unión Europea. Se invocan, asimismo, los artículos 17 y 48.1  w.
daaerrtt ííccluuall oos C 1a64r t.ay2   7dd eed l ellPo saa ncttdoee sr iencctiehtarodnsoa  cfCiuonEndaDalH md eyen  teadl leearser tcíchduoels o  lac1 i vdUileenlsi ó Pnyr  oEtpouocrloíotlipoce onasú  m((PC. IDD1FC UaP E)d,) i,c lhoeosl    2021-6615n https://ww
Convenio.
b)  Tras justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, la demanda 
comienza por referirse a los argumentos expuestos por la mesa del Congreso de los 
Diputados para rechazar, en el acuerdo de 25 (sic) de julio de 2019, la reconsideración 
de su resolución inicial, acuerdo de 5 de junio del mismo año, porque se considera que 
dichos acuerdos no tienen ninguna justificación jurídica que los avale.
c)  Los acuerdos impugnados en el presente recurso de amparo traen causa, según 
la demanda, de los acuerdos de la mesa del Congreso de 24 de mayo y 11 de junio 
de 2019, relativos a la suspensión del recurrente en el ejercicio del cargo de diputado. 
Por ello, la demanda da por reproducidos los argumentos esgrimidos en el recurso de 
amparo (núm. 5196-2019) planteado frente a los mismos, afirmando que la nulidad de 
dichos acuerdos traería como consecuencia la nulidad de los que ahora se recurren. A 
ello  añade  una  serie  de  consideraciones  adicionales.  Por  una  parte,  se  refiere  la 
demanda  a  que,  con  posterioridad  a  la  interposición  del  recurso  de  amparo  núm. 
5196-2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó sentencia en la causa 
especial 20907-2017, absolviendo al recurrente del delito de rebelión por el que había 
sido procesado por auto del magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo de 21 de marzo de 2018. Entiende la parte recurrente que «la absolución por 
este delito confirma los argumentos de esta parte en relación con el uso torticero del 
procesamiento por rebelión para privar al recurrente, como al resto de los cargos electos 
procesados en aquella causa, de sus derechos políticos, con base en una interpretación 
radicalmente antidemocrática, así como contraria a los derechos fundamentales, del 
artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal». Asimismo considera que «el 
procesamiento del recurrente por el delito de rebelión obedeció, como señaló el grupo de 
trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria en su opinión 6/2019, de 25 
de  abril  de  2019,  al  ejercicio,  por  el  recurrente,  de  sus  derechos  fundamentales, 
reconocidos en la Constitución, en el Convenio para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales y en el Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos, incluido su derecho de participación política».
Por otra parte, se afirma que «más relevante si cabe resulta, a los efectos de lo que 
aquí se discute, el auto del magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo de 14 de octubre de 2019, en que, sin modificar el procesamiento por rebelión 
de los señores Carles Puigdemont y Antoni Comín, acuerda que no procede, respecto de 
ellos, la suspensión a la que se refiere el artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento 
criminal».  Considera  el  recurrente  que  este  auto  desmiente  lo  afirmado  en  el 
ATC 13/2019, de 26 de septiembre, mediante el que denegó la suspensión cautelar 
solicitada. Además, añade, «viene a poner de manifiesto la absoluta arbitrariedad de la 
actuación  del  Pleno  del  Tribunal  Constitucional,  que,  con  grosera  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación de derecho a la tutela judicial 
cautelar,  así  como  a  los  derechos  de  participación  y  representación  políticas  del 
recurrente, y con pretextos que ahora han quedado desmentidos, denegó la suspensión 
cautelar  (en  relación  con  el  recurrente,  el  ATC  13/2019,  pero  también  en  los 
AATC 128/2018, 12/2019 y 16/2019 respecto de otros procesados en la misma causa), 
solicitada al amparo del artículo 56 LOTC, del auto del magistrado instructor de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, así como el auto de la Sala de lo 
Penal de 30 de julio de 2018, que pretendieron suspender al recurrente como diputado al 
Parlamento de Cataluña». A juicio del recurrente, el citado auto de 14 de octubre 
de  2019  ha  venido  a  confirmar  su  interpretación  y  ha  quedado  acreditado  que, 
contrariamente a lo que afirmó la mesa del Congreso de los Diputados en sus acuerdos  s
de 24 de mayo y 11 de junio de 2019 [en los que se pretenden fundamentar los cuerdos  oe.
de 5 de junio y 30 de julio de 2019 (sic) impugnados en este recurso de amparo], el  w.
artículo 384 bis LECrim no supone la automática suspensión de un procesado por delito  15ww
dtoed ore cbaeslioó nu qnuae a sceti veidnacdu ednetr ep oennd eprraiscióiónn  pdroev liossio ninatel, rseisneos  qeune  ctaoln sfluicstpoe qnuseió ne nr etqoudioe rcea esno 
ddee bem adnairf ielusgtoa r eal  uhneac hreos odleu ciqóune  juedl icaiault oe xdperel sma.a Cgiosntrsaiddoe rain qsutreu catosír  lod ep o1n4e  dcela raomctuebnrtee   BOE-A-cable e
de 2019, sin revisar el auto de procesamiento por delito de rebelión que afecta a los 
Excmos. señores don Carles Puigdemont y don Antoni Comín, haya acordado que tal 
precepto no resulta de aplicación a su situación personal.
El recurrente señala que «este Tribunal Constitucional, lejos de amparar el ejercicio 
de los derechos de participación y representación políticas por parte de unos diputados 
democráticamente elegidos por las ciudadanas y los ciudadanos de Cataluña, con su 
actuación [...] ha amparado y coadyuvado a una actuación ilegal e ilegítima que ha 
vulnerado, no solo los derechos del recurrente, sino también los de las ciudadanas y los 
ciudadanos que lo eligieron, primero, como diputado al Parlamento de Cataluña, y 
posteriormente, como diputado del Congreso de los Diputados». Sigue el recurrente 
afirmando que «el Tribunal Constitucional, al obrar de este modo, se ha situado por 
completo al margen del Derecho y ha dejado de actuar en el ejercicio de sus funciones 
constitucionales propias y ha puesto en riesgo máximo, para todos los ciudadanos y las 
ciudadanas de Cataluña, la efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para 
ellos  el  Convenio  europeo  para  la  protección  de  los  derechos  humanos  y  de  las 
libertades fundamentales (en particular el artículo 3 de su Protocolo núm. 1), así como el 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos (en particular su artículo 25). Pero no 
solo estos, sino también el derecho a un proceso equitativo, el derecho a la legalidad 
penal  (dado  el  carácter  claramente  sancionador  del  artículo  384  bis  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal), los derechos a las libertades de expresión, ideológica y de 
reunión, el derecho a un recurso efectivo, así como la prohibición de discriminación. Y en 
lo que respecta al recurrente, claramente, el derecho a la presunción de inocencia». A su 
juicio, «de esta actuación ilegal e ilegítima de las instituciones del Estado no son sino un 
elemento más los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados de 5 de junio y 30 
de  julio  de  2019,  impugnados  en  el  presente  recurso  de  amparo.  Las  decisiones 
previstas en dichos acuerdos, como la suspensión acordada por la mesa de la Cámara, 
ni estaba prevista en la ley, ni respondía a un objetivo legítimo, ni mucho menos era 
necesaria en una sociedad democrática, sino, antes bien, diametralmente contraria a las 
necesidades de una sociedad democrática».
Recuerda, a este respecto, la opinión de la Comisión de Venecia del Consejo de 
Europa  sobre  la  Ley  Orgánica  15/2015,  de  16  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en relación con el actual 
artículo 92.4 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en la que señala 
que la suspensión de parlamentarios con un mandato democrático resulta problemática, 
especialmente desde la perspectiva de su inmunidad. Entendiendo, además, que dicha 
conclusión «es perfectamente trasladable a la suspensión de diputados acordada por la 
mesa del Congreso de los Diputados en sus acuerdos de 5 de junio y 25 (sic) de julio 
de 2019».
d)  Los acuerdos son nulos de pleno derecho por vulnerar autónomamente los 
derechos reconocidos en los artículos 14 y 23 CE, así como el artículo 3 del Protocolo 
núm. 1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales.
(i)  La demanda alega, en primer lugar, que el acuerdo de 5 de junio de 2019 fue 
dictado  por  un  órgano  manifiestamente  incompetente,  y  que  se  ha  producido  la 
vulneración del derecho del diputado recurrente por su adopción sin audiencia de la junta 
de portavoces. El acuerdo de 5 de junio de 2019, en su apartado segundo, dispone 
expresamente que la suspensión de determinados diputados supone que los mismos 
«no pueden pertenecer a ninguna comisión, ni formar parte de otros órganos como las  e.
ponencias o subcomisiones». Señala, además, que «esta circunstancia habrá de ser  w.b
tenida en cuenta en el momento de determinar el número de miembros que en los  15ww
idnicsitsinot osse  ótrragtaan, oas  jcuoicriroe sdpeo nlad edreám daensdigan, adre  aul nGa rudpisop oPsaicrilóanm ednet acraiorá cMteixrt og»e.n Eersatel,  eúnlt imloos 
tqéurem, incoosm doe  tlaal , ScToCm 1p1le8t/a1 9e9l8 ,r edgel a2m0e ndteo  juenriiog.ié Sndeo tsrea tae nd ep «auunta  inrsetcrutomrae ndtoe  ourdlteenriaodreosr 
relaciones y situaciones jurídicas, cuya eficacia no se agota en una aplicación, sino que 
permanece».
La  competencia  para  la  adopción  de  las  disposiciones  de  carácter  general 
corresponde, según el artículo 32.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados 
(RCD) a la presidencia de la cámara, oída la junta de portavoces. Al adoptarse, pues, 
dicho inciso del acuerdo por un órgano al que no correspondía (la mesa, en lugar de la 
presidencia de la cámara), sin la preceptiva audiencia de la junta de portavoces (art. 32.2 
RCD) se ha producido, a juicio de la demanda, idéntica vulneración a la apreciada por el 
Tribunal Constitucional en las SSTC 107/2016, 108/2016 y 109/2016, todas ellas de 7 
junio, en las que se destacó el carácter esencial del trámite de audiencia a la junta de 
portavoces.  En  consecuencia,  la  adopción  por  la  mesa  del  segundo  apartado  del 
acuerdo de 5 de junio, incurrió en vicio de incompetencia y vulneró el ius in officium de 
las diputadas y de los diputados del Grupo Parlamentario Mixto, incluido el recurrente.
(ii)  Aduce asimismo la demanda que los acuerdos son nulos de pleno derecho por 
cuanto alteran las mayorías del Congreso de los Diputados, vulneran los derechos de los 
diputados del Grupo Mixto, con expresa vulneración del RCD y de los derechos del 
recurrente. Tras reproducir parcialmente los apartados 2, 4 y 6 del acuerdo de 5 de junio 
de 2019, se alega que la mesa ha decidido atribuir determinadas consecuencias a la 
suspensión  de  la  condición  de  diputado,  vulnerando  con  ello  la  interdicción  de  la 
arbitrariedad de los poderes públicos, así como el derecho a una resolución motivada.
A juicio de la demanda, los apartados segundo y cuarto del acuerdo de 5 de junio 
alteran las mayorías en las comisiones parlamentarias y otros órganos parlamentarios 
(excepto la mayoría absoluta en el Pleno del Congreso de los Diputados), y reducen la 
debida representación de los ciudadanos que optaron por la candidatura del diputado 
recurrente, que se quedan sin su parte proporcional de voto e iniciativas parlamentarias 
de conformidad con el reglamento. Parte proporcional que debería haberse calculado no 
respecto del número de diputados plenamente en ejercicio, sino proporcional a los 
diputados y escaños con los que cuentan, consecuencia lógica del reconocimiento de la 
propia mesa al asignarlos a un grupo parlamentario y considerar que sigue habiendo 350 
diputados en el Pleno. Si hay 350 diputados, el Grupo Mixto no puede tener diputados 
para unas cosas y no para otras. Considera la demanda arbitrario tanto determinar que 
la mayoría absoluta se debe calcular computando en ella a los diputados ilegalmente 
suspendidos, pero sostener lo contrario en relación con los derechos de los diputados 
del Grupo Mixto, entre los que se cuenta el recurrente; así como sostener que el 
diputado recurrente no puede pertenecer al grupo parlamentario de su elección, porque 
se encontraría privado de su derecho a pertenecer a un grupo parlamentario, y obligarle 
a pertenecer al Grupo Mixto.
Dichas consideraciones se extienden a lo dispuesto en el apartado sexto del acuerdo 
de 5 de junio, en lo relativo a la detracción de la parte proporcional de la subvención 
correspondiente Grupo Parlamentario Mixto, lo que, conforme a la STC 15/1992, de 10 
de febrero, FJ 5, vulneraría el artículo 23.2 CE. En definitiva, con dicho acuerdo se 
habrían vulnerado los derechos del recurrente reconocidos en el artículo 23.2 CE y el 
principio de igualdad (artículo 14 CE), en comparación con el resto de diputados del 
Congreso y del resto de grupos, que han visto incrementada su proporción en las 
comisiones,  las  subvenciones  y  las  iniciativas  parlamentarias,  así  como  se  habría 
vulnerado el artículo 23.1 CE.
(iii)  Los apartados quinto y séptimo del acuerdo de 5 de junio de 2019 son nulos de 
pleno derecho por privar al recurrente de la asignación económica y de otros derechos  s
de carácter económico. El acuerdo de 25 (sic) de julio de 2019 desestima la solicitud de  oe.
reconsideración en relación con este acuerdo sin fundamentación jurídica que pueda ser  w.
calificada de tal, vulnerando con ello, también, el derecho a una resolución motivada, en  15ww
Aredlaecmióáns , cloan d eeml daenrdeac hreoi tear ala q udee fednicshaa,  nauslíi dcaodm doe reivl ad deere lcah osu asp uenn spiórno cdees ola  ecqounitdaictiivóon. 
ddee  d2i0p1u9ta, deo  idneclu rrerec uerrne nlates  am lias mquaes  sveu lrneefirearceionn loess  aqcuuee rddicohso dse  a2c4u edred omsa yyo a ys í1 1c odme oju ndieol   BOE-A-cable e
principio de igualdad (artículo 14 CE). Además, dicha vulneración se produce, también, 
por razones autónomas. Se recuerda, lo dispuesto en el artículo 71.4 CE y en la 
STC 36/2014, de 27 de febrero, FJ 6 b).
Al respecto señala, por una parte, que, si bien le corresponde a la mesa de la 
Cámara determinar la cuantía de las subvenciones (artículo 8 RCD), no así el momento 
de su devengo, conforme al artículo 68.4 CE, que establece el mandato de los diputados, 
y al artículo 20.2 RCD que dispone que «los derechos y prerrogativas serán efectivos 
desde el momento mismo en que el diputado sea proclamado electo». Ahora bien, la 
mesa del Congreso, en su reunión de 23 de mayo de 2019, acordó fijar en el 28 de abril 
de 2019, fecha de las elecciones, el día inicial del devengo de retribuciones por parte de 
las diputadas y los diputados de la Cámara.
Además, aduce que no está en manos de la autonomía de las cámaras ni de la 
legislación  el  hecho  de  establecer  o  no  una  percepción  económica,  puesto  que  el 
artículo  71.4  CE  prevé  que  todos  los  diputados  tienen  derecho  a  una  asignación 
económica y, de conformidad con el artículo 8 RCD, la mesa tiene derecho a determinar 
la cuantía, pero no puede privar absolutamente de esa asignación a un diputado, aun en 
el caso de que se hallase legalmente suspendido de sus funciones.
Por lo tanto, la mesa del Congreso, al negar el abono de la asignación económica 
constitucionalmente prevista al recurrente, ha vulnerado sus derechos, entre los que se 
cuenta la asignación. A ello añade que dichos acuerdos han situado al recurrente en 
peor condición que el diputado kurdo señor Selahattin Demirtas, el cual, como recuerda 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 20 de noviembre de 2018, 
asunto Demirtas (apartado 240), por haber mantenido la condición de diputado de la 
Asamblea Nacional de Turquía, mantuvo la asignación económica correspondiente.
La demanda específicamente se refiere a la privación de la asignación económica 
correspondiente entre los días 28 de abril y 21 de mayo de 2019, en los términos que 
había acordado, para todos los miembros de la cámara, la mesa del Congreso de los 
Diputados el 23 de mayo de 2019, y de la correspondiente cobertura de protección social 
y de la póliza de accidentes. Se pone de relieve que el recurrente participó en varias 
votaciones del Congreso en la sesión constitutiva de la XIII legislatura, pero lo hizo sin 
asignación económica, sin cotización a la Seguridad Social, así como sin póliza de 
accidentes durante ese día. Es evidente, a su juicio, que, solo por ello, los apartados 
quinto y séptimo del acuerdo de 5 de junio de 2019, confirmados por el acuerdo de la 
mesa del Congreso de los Diputados de 25 (sic) de julio de 2019, vulneraron sus 
derechos. La privación de la cotización a la Seguridad Social y la privación de la póliza 
de accidentes respecto de una sesión de la cámara en que el diputado recurrente 
efectivamente participó, pone de manifiesto la absoluta arbitrariedad de los acuerdos 
adoptados.
Lo anterior resulta también aplicable al apartado séptimo del acuerdo de la mesa del 
Congreso de los Diputados de 5 de junio de 2019, por el cual se «procede a dar de baja 
a los mencionados diputados en la cobertura de protección social prevista en el artículo 9 
del Reglamento de la cámara», sin que exista previsión normativa alguna que ampare la 
baja en la cobertura de protección social. Dicha baja es contraria a las disposiciones 
normativas aplicables en materia de Seguridad Social (en particular, el artículo 11 de la 
orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el 
Sistema de la Seguridad Social). Idénticas consideraciones, se añade, son de aplicación 
a la póliza de accidentes suscrita por las Cortes Generales. La privación de todos estos 
derechos vulnera el artículo 23 CE, en relación con su artículo 33.3, así como los  s
derechos reconocidos en el artículo 17 de la Carta de los derechos fundamentales de la  oe.
Unión  Europea  y  el  artículo  1  del  Protocolo  núm.  1  al  Convenio  europeo  para  la  w.
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 15ww
caboD essinta cdaa rl aa duedmieanncdiaa  aqlu ere, caudrreemntáes,,  ilnac lpursivoa crieósnp edcet ot adlees  ddeerreecchhooss  s(ceo mhao  lleelv addeo  laa 
percepción de la asignación entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2019) que ya le
habían sido reconocidos por la mesa de la cámara en la reunión de 23 de mayo de 2019. 
Por ello, se vulneran también así los derechos reconocidos en el artículo 6 CEDH.
Finalmente, se pone de manifiesto que el Tribunal Constitucional, a la hora de 
resolver  sobre  estas  cuestiones,  ha  de  respetar  el  derecho  a  un  recurso  efectivo 
reconocido en el artículo 13 CEDH.
Con  cita  del  artículo  89.1  LOTC,  se  solicitó  práctica  de  prueba  documental, 
consistente  en  libramiento  de  oficio  al  registro  central  de  medidas  cautelares, 
requisitorias y sentencias no firmes para que se certificara si algún juez o tribunal ha 
decretado la medida prevista en el artículo 384 bis LECrim en relación con la condición 
de  diputado  del  señor  Sànchez  i  Picanyol,  así  como  de  la  documentación  que  se 
acompañaba a la demanda; también se solicita libramiento de atento oficio al Congreso 
de los Diputados, por medio de la presidenta de su diputación permanente, para que 
aporte copia del convenio especial vigente con la Seguridad Social aplicable a los 
diputados del Congreso, así como de la póliza de accidentes contratada por las Cortes 
Generales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 83 LOTC, se solicitó, además, la 
acumulación del presente recurso de amparo al recurso núm. 5196-2019, por ser los 
acuerdos de 5 de junio y de 25 (sic) de julio de 2019 complementarios, según asegura la 
propia mesa del Congreso de los Diputados, de los acuerdos de 24 de mayo y 11 de 
junio impugnados en aquel.
Con cita de los artículos 53 y 55 LOTC, se pretendió el otorgamiento del amparo y, 
en consecuencia, la declaración de nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados 
y el reconocimiento: (i) del derecho fundamental del diputado recurrente a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos, en su vertiente del derecho a ejercer su 
condición de diputado en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE); (ii) del derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 
CE); (iii) del derecho del recurrente a participar en la vida democrática de la Unión 
(art. 10.3 TUE), todo ello en relación con el artículo 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH y 
con el artículo 25 PIDCP, así como de los derechos conexos invocados, y (iv) del 
derecho del recurrente a la presunción de inocencia (arts. 24.2 CE y 48.1 CDFUE), así 
como derechos conexos invocados.
2.  Por  providencia  de  10  de  marzo  de  2020,  el  Pleno  acordó,  conforme  al 
artículo 10.1 n) LOTC, a propuesta de tres magistrados, recabar para sí el conocimiento 
del recurso de amparo, así como admitirlo a trámite, al apreciar que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
del tribunal [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)] y porque el asunto trasciende del 
caso  concreto,  porque  pudiera  tener  unas  consecuencias  políticas  generales 
[STC 155/2009, FJ 2 g)]. Se acordó asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 51 LOTC, que se dirigiera atenta comunicación a la presidenta del Congreso de 
los  Diputados,  a  fin  de  que,  en  plazo  que  no  excediera  de  diez  días,  remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los acuerdos de 
la mesa del Congreso de 5 de junio y de 25 de julio de 2019, debiendo previamente 
emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto al recurrente en 
amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el 
recurso de amparo.
3.  Por diligencia de ordenación de 12 de junio de 2020 se tuvo por personado y  e
parte en el procedimiento al Congreso de los Diputados, y a tenor de lo dispuesto en el  bo
artículo 52 de la Ley Orgánica de este tribunal, se dio vista de todas las actuaciones del  15ww
ppreersseonntaed aresc, uprsoor  duen  apmlapzaor oc, oemnú lna  sdeec rveetainrtíea  ddeíal sP, lepnaor,a  aql uMein disetenrtiroo  Fdisec adli cyh ola st épramrtineos 
pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convengan.
4.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del tribunal el 3 de julio 
de 2020 presentó, sus alegaciones el Ministerio Fiscal, en las que solicita se inadmita el 
recurso por falta de legitimación del recurrente en cuanto a los pronunciamientos de los 
acuerdos impugnados contenidos en los puntos 2, 4 y 6 que afectan a los derechos 
atribuidos  al  Grupo  Parlamentario  Mixto,  cuya  representación  legal  no  ostenta  el 
demandante, y se desestime el recurso en todo lo demás. Pueden resumirse en los 
términos siguientes:
A)  Se comienza exponiendo los antecedentes de hecho del presente recurso de 
amparo, en los que pone de manifiesto que, aunque el recurrente identifica el acuerdo 
por el que se desestima la solicitud de reconsideración con fecha de 25 de julio de 2019, 
la fecha de adopción de dicho acuerdo es de 16 de julio, siendo el 25 de julio la fecha de 
notificación del mismo. Aborda, a continuación, las siguientes cuestiones de carácter 
preliminar:
a)  En relación con la acumulación del presente recurso de amparo con el recurso 
de amparo núm. 5196-2019, entiende que se dan las condiciones de conexidad para la 
acumulación  dichos  recursos  teniendo  en  cuenta  que  su  objeto  lo  constituye  la 
impugnación de acuerdos de la mesa del Congreso directamente conectados, teniendo 
los  impugnados  en  el  presente  recurso  carácter  complementario  respecto  de  los 
anteriores, así como que en ambos recursos el demandante es el mismo y que la 
pretensión de amparo deducida en ambos presenta una relevante identidad. Procede por 
ello, aduce el Ministerio Fiscal, que el tribunal, apreciando esta conexidad, acuerde la 
acumulación  del  presente  recurso  al  5196-2019,  para  su  tramitación  y  decisión  de 
manera unitaria.
b)  Aunque el demandante ha perdido la condición de diputado por la disolución de 
las Cortes Generales (Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre) y, posteriormente, 
por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, estima que subsiste el objeto del recurso de amparo y la necesidad de 
pronunciamiento sobre la pretensión deducida, puesto que el recurso se interpone contra 
los acuerdos de la mesa del Congreso que, con carácter complementario a los acuerdos 
que declararon la suspensión en el ejercicio del cargo que en aquel momento ostentaba, 
establecen los efectos y el alcance de esa suspensión, ello con independencia del 
alcance que, en su caso, pudiera tener un pronunciamiento estimatorio. Estos acuerdos 
desplegaron su eficacia, en algún caso, desde el día 21 de mayo de 2019 —fecha de 
constitución de la cámara—, hasta su disolución el 24 de septiembre, momento en el que 
los acuerdos de la mesa dejaron de tener virtualidad.
c)  El Ministerio Fiscal cuestiona la legitimación del recurrente para impugnar la 
totalidad de los pronunciamientos que se recogen en los acuerdos de la mesa del 
Congreso de 5 de junio y 16 de julio de 2017, por la diversa naturaleza de los mismos. 
Diferencia de esta manera en sus alegaciones dos tipos de pronunciamientos:
(i)  Pronunciamientos del acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 5 
de junio de 2019 que inciden directamente en los derechos que integran el estatus 
parlamentario  del  recurrente:  «los  diputados  suspendidos  no  pueden  pertenecer  a 
ninguna comisión, ni formar parte de otros órganos como ponencias o subcomisiones» 
(punto 2); «incorporación de los diputados suspendidos al Grupo Parlamentario Mixto» 
(punto 3 del acuerdo); «no autorizar el abono de las percepciones económicas propias 
de la condición de diputado, incluidas las que habrían correspondido a los citados  s
diputados entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2019, conforme al acuerdo adoptado  oe.
por la mesa de la cámara el 23 de mayo de 2019, en relación con el devengo de las  w.
Rare eltorgisbla ummceieonnncteoios n ddaeed  loalos sc d ádimpipuautrataad,d oaosss íe  dnceo l amla co Xo ebIIneI  rlletaug rpiasó ldalizetua pr adro»et  e(apccuccniiódtone  ns5to)e;c syia  c«l oppnrreotrvcaietsadtdaea re  anp  oderal  lraa rd tC.e o 9br tdaeejasl    2021-6615n https://ww
Generales, mientras se mantenga la suspensión de sus derechos» (punto 7).
(ii)  Pronunciamientos  del  acuerdo  5  de  junio  de  2019  que  se  refieren  a  las 
consecuencias  que  tiene  la  suspensión  de  los  cuatro  diputados  electos  en  la 
composición y funcionamiento de los órganos de la cámara y pronunciamientos que 
afectan  a  los  derechos  del  Grupo  Parlamentario  Mixto:  número  de  miembros  que 
integran la cámara y el cómputo de los votos para alcanzar los acuerdos por mayoría 
absoluta o por otras mayorías especiales requeridas (punto 1); número de miembros que 
en los distintos órganos corresponde designar al Grupo Parlamentario Mixto (punto 2); 
modo de adopción de los acuerdos en los distintos órganos de la cámara en los casos en 
los que se contempla por el reglamento la ponderación del voto o la asignación por cupo 
de las iniciativas al Grupo Parlamentario Mixto (punto 4); regulación de la subvención del 
Grupo Parlamentario Mixto (punto 6).
El  Ministerio  Fiscal  parte  de  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  sobre  la 
legitimación  en  materia  de  recursos  de  amparo  parlamentarios,  reproduciendo  lo 
afirmado en la STC 24/2020, de 13 de febrero, FFJJ 3 y 4, y considera que el recurrente 
tiene legitimación para recurrir los pronunciamientos que se refieren a la composición y 
funcionamiento de los distintos órganos de la cámara y a la adopción de acuerdos y, en 
concreto, los que establecen el cómputo legal de miembros de la cámara y el número de 
votos requeridos para la mayoría absoluta y las diferentes mayorías especiales (punto 1) 
y la adopción de acuerdos en los que se contempla la ponderación de votos (punto 4). 
Con relación a estos pronunciamientos señala que, si bien no suponen directamente una 
restricción  de  los  derechos  y  facultades  que  el  Reglamento  del  Congreso  de  los 
Diputados atribuye a cada diputado, considera que forma parte de su ius in officium el 
que  el  funcionamiento  de  la  cámara  y  de  sus  órganos  se  produzca  conforme  al 
procedimiento establecido en el reglamento y que los acuerdos que se adopten por 
dichos órganos lo sean de conformidad con lo establecido en el mismo. La infracción del 
procedimiento establecido reglamentariamente para la adopción de los acuerdos incide 
en la correcta formación de la voluntad de la cámara o de sus órganos, pudiendo dar 
lugar a que se establezcan mayorías parlamentarias fraudulentas contrarias al derecho 
de representación política que ostenta cada diputado.
Sin embargo, entiende que el ahora recurrente en amparo carece de legitimación 
para impugnar el acuerdo de la mesa de 5 de junio respecto de los pronunciamientos 
que inciden en los derechos que el reglamento atribuye a los grupos parlamentarios y, en 
concreto, al Grupo Mixto, en cuanto que ha comparecido a título individual y sin ostentar 
representación legal del grupo parlamentario en el que resulta integrado. En dichos 
pronunciamientos incluye el Ministerio Fiscal el número de miembros que en los distintos 
órganos corresponde designar al Grupo Parlamentario Mixto (punto 2); el número de 
iniciativas que corresponden al Grupo Parlamentario Mixto con referencia a un sistema 
de cupo, en el que se descontará los cuatro diputados suspendidos del número total de 
diputados  de  dicho  grupo  (punto  4),  y  la  subvención  correspondiente  al  Grupo 
Parlamentario Mixto (punto 6).
El Ministerio Fiscal estima, en definitiva, que debe apreciarse que el recurrente está 
legitimado  para  impugnar  aquellos  pronunciamientos  del  acuerdo  de  la  mesa  del 
Congreso de 5 de junio que bien inciden directamente en los derechos individuales que 
integran su estatus parlamentario, o bien se refieren a los mecanismos o criterios para la 
adopción de acuerdos en los órganos parlamentarios, afectando al proceso para la 
formación de la voluntad parlamentaria, por lo que ha de considerarse que inciden en el 
derecho  al  ejercicio  del  cargo  de  representación  política  del  demandante  y, 
correlativamente en el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a  e.
través de sus legítimos  representantes. No concurre, sin embargo, legitimación del  w.b
demandante para impugnar en el presente recurso de amparo los pronunciamientos del  15ww
Raceugelardmoe ndteo  dlae l MCoensgar edseo  d5e  dloes  jDunipiou taddeo s2 a0t1ri9b uqyuee a l inGcriudpeon  Peanr lalomse ndtearreioc hMoisx toq, uael  neol 
haber comparecido ostentado su representación legal (STC 24/2020).
B)  Se analiza, a continuación, la alegación de la demanda relativa a la nulidad de 
los acuerdos de la mesa de 5 de junio y de 16 de julio, de acuerdo con la nulidad de los 
impugnados en el recurso de amparo núm. 5196-2019, en la medida en que los primeros 
traen causa y son complementarios de los segundos. Respecto de esta alegación, el 
Ministerio Fiscal, a su vez, da por reproducidas sus alegaciones en el recurso de 
amparo 5196-2019.
Además,  rechaza  las  alegaciones  adicionales  del  recurrente  en  las  que,  como 
refuerzo de lo argumentado en el recurso 5196-2019, aduce que debe tenerse en 
cuenta,  y  dado  que  se  dictaron  con  posterioridad  a  interponer  el  mismo,  tanto  la 
sentencia dictada el 14 de octubre de 2019, por la Sala Penal del Tribunal Supremo, 
como  el  auto  de  14  de  octubre  de  2019,  del  magistrado  instructor  de  la  causa 
especial 20907-2017. Entiende el Ministerio Fiscal que las alegaciones del recurrente 
son  una  apreciación  subjetiva  y  las  realizadas  sobre  la  sentencia  no  pueden  ser 
acogidas con respecto a un recurso de amparo parlamentario, en cuanto que su objeto 
debe  quedar  limitado  al  enjuiciamiento  sobre  la  constitucionalidad  de  los  actos  y 
decisiones de los órganos de los parlamentos que no tienen fuerza de ley, sin que sea 
posible  reclamar  por  la  vía  de  un  recurso  de  amparo  parlamentario  que  en  sus 
decisiones  o  acuerdos  estos  órganos  no  entraron  a  revisar  o  a  cuestionar  las 
resoluciones de los de la jurisdicción penal que fueron dictadas en los procesos de su 
competencia. Por lo que se refiere al auto de 14 de octubre de 2019, por el magistrado 
instructor de la causa especial 20907-2017, que invoca el recurrente, señala que dicho 
auto no puede ser acogido para hacer valer que la suspensión del ejercicio del cargo de 
los diputados procesados por rebelión, no es automática ni se produce directamente ex 
lege.
Dicho auto se pronuncia sobre la situación personal de los procesados don Carles 
Puigdemont i Casamajó y don Antonio Comín i Oliveres, tras la sentencia dictada el 14 
de octubre de 2019, por la Sala Penal del Tribunal Supremo. La situación procesal 
difiere,  notoriamente,  de  la  que  tuvieron  el  resto  de  los  procesados  en  la  causa 
especial  20907-2017  que  fueron  posteriormente  enjuiciados  y  condenados  en  la 
sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo. El ahora recurrente en amparo 
ha estado procesado en firme por delito de rebelión y en situación de prisión provisional 
durante la tramitación de la causa y hasta la sentencia de 14 de octubre de 2019 por lo 
que, cuando se dictan los acuerdos de la mesa del Congreso que se impugnan en el 
presente recurso de amparo y en el recurso de amparo núm. 5196-2019, concurrían 
plenamente en él las circunstancias que contempla el art. 384 bis LECrim, para declarar 
la suspensión automática en el ejercicio de los cargos públicos que se ostentasen. El 
auto de 14 de octubre de 2019 del magistrado instructor, cuando dispone comunicar a la 
mesa del Parlamento del Cataluña que a los procesados y miembros de ese parlamento, 
señores don Carles Puigdemont y don Antoní Comin, no les es aplicable la suspensión 
del art. 384 bis LECrim, lo hace teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo 
que condenó por delito de sedición, a quienes estaban acusados por hechos similares a 
aquellos por los que está procesado don Carles Puigdemont.
Del fundamento jurídico undécimo de dicho auto de 14 de octubre se desprende que 
el instructor está tomando en consideración la calificación jurídica de los hechos que 
resulta de la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, y su proyección en un 
eventual revisión del procesamiento, cuando se reabra la causa ahora suspendida para 
los procesados en rebeldía.
Por lo anterior, el Ministerio Fiscal entiende que debe rechazarse que el auto dictado  s
el 14 de octubre de 2019 por el magistrado instructor de la causa especial permita  oe.
considerar que la suspensión en el ejercicio del cargo público electivo que establece el  w.
art. 384 bis LECrim, no se produce automáticamente y ex lege, como declaran los  15ww
aamcupearrdoo sl ods ep rlae sumpeuseas todse l qCuoen gcorensteom ipmlap uegsnea dporse caelp tcoo n(cpurorrcire seanm ieeln tdoe mfiramned apnoter  ldoes 
delitos enunciados y situación de prisión preventiva).
C)  El Ministerio Fiscal rechaza, asimismo, que los acuerdos sean nulos por falta de 
competencia del órgano rector de la cámara para adoptarlos, y que vulneren el derecho 
fundamental al ejercicio del derecho parlamentario. Al respecto, pone de manifiesto que 
el razonamiento del acuerdo de la mesa de 16 de julio conforme al cual, siendo el 
acuerdo de 5 de junio de 2019 complementario de la declaración de suspensión en el 
ejercicio del cargo de cuatro diputados, la competencia para precisar los efectos y 
alcance  de  la  suspensión  debe  entenderse  también  competencia  del  órgano  rector 
colegiado que la declaró, no puede considerarse que infrinja la previsión del artículo 32.2 
RCD. Tampoco que la decisión adoptada colegiadamente por la mesa del Congreso y no 
a  título  individual  por  el  presidente  que  es  miembro  de  ella,  tenga  relevancia 
constitucional en relación con una posible vulneración del derecho al ejercicio del cargo 
parlamentario. Es precisamente la garantía de la intervención del órgano colegiado, 
además de la junta de portavoces, la que se contempla por el artículo 32.2 RCD, cuando 
el presidente vaya a adoptar alguna decisión que tenga alcance general. Por otra parte, 
debe rechazarse que se haya privado al recurrente del derecho a la intervención de la 
junta de portavoces, puesto que se contempla preceptivamente esa intervención a través 
de la solicitud de reconsideración que puede ser ejercitada contra el acuerdo adoptado y, 
en  este  caso,  la  junta  de  portavoces  fue  oída  en  la  sesión  de  fecha  16  de  julio, 
previamente a resolver la mesa del Congreso sobre la solicitud de reconsideración 
presentada contra el acuerdo de 5 de junio de 2019.
D)  El Ministerio Fiscal analiza las vulneraciones aducidas por el recurrente por los 
pronunciamientos que, a su juicio, inciden en el ius in officium del recurrente y, en 
concreto, por lo dispuesto en los puntos 2, 3, 5 y 7 del acuerdo de 5 de junio, partiendo 
de la consideración de que la suspensión en los derechos del cargo parlamentario de los 
diputados suspendidos fue ya declarada por el acuerdo de la mesa del Congreso de 24 
de mayo de 2019, ratificado por el de fecha 11 de junio, pues en él, la mesa del 
Congreso  declaró:  «automáticamente  suspendidos  en  el  ejercicio  del  cargo 
parlamentario  y,  consiguientemente,  en  los  derechos  y  deberes  establecidos  en  el 
Reglamento de la cámara» al demandante y a otros tres diputados.
Señala el Ministerio Fiscal que el acuerdo de 5 de junio de 2019 tiene, como en el 
mismo se expresa, un carácter complementario respecto de la suspensión del ejercicio 
del  cargo  y,  consiguientemente,  de  los  derechos  y  deberes  que  le  son  inherentes 
establecidos en el RCD, declarada en el acuerdo de la mesa de 24 de mayo. En este 
acuerdo de carácter complementario se trata de precisar, por un lado, los efectos y, el 
alcance  que  esa  suspensión  de  derechos  tiene  con  respecto  a  la  composición  y 
funcionamiento de la cámara y de sus órganos y, por otro, precisar el alcance de la 
suspensión en relación con los derechos económicos y de prestaciones sociales de los 
diputados suspensos.
Afirma, además, que en el presente recurso de amparo no se impugna con carácter 
general la privación de cada uno de los derechos que integran su estatuto parlamentario, 
puesto que los mismos ya fueron suspendidos por el acuerdo de la mesa de 24 de mayo, 
y constituye el objeto de impugnación del recurso de amparo 5196-2019. Ahora, el 
demandante cuestiona algunos de los específicos pronunciamientos del acuerdo de 5 de 
junio, que precisan el alcance o consecuencias que esa suspensión de derechos tiene 
en el funcionamiento de la cámara y de sus órganos, así como en los derechos de 
naturaleza económica y social de los diputados suspensos.
En este sentido, el Ministerio Fiscal señala que no se hace en el presente recurso de 
amparo ninguna alegación sobre algunas cuestiones que se recogen en el acuerdo de la  s
mesa de fecha 5 de junio, en relación con los derechos del diputado, como punto de  oe.
partida para poder precisar su incidencia en la composición y funcionamiento de los  w.
órganos de la cámara. El recurrente no impugna el punto 2 del acuerdo de la mesa, en la  15ww
pcoamrteis iqóune,  nei sftoarbmleacre p qaurtee  dloes  odtirpoust aódrgoas nsouss pcoemndoid poosn neon cpiause doe snu bpceortmeniseiocneer sa  (dneinrgeucnhao 
preucnotgoi d2o  deenl  eal cauretírcduolo  s6o.b2r eR CeDl )a, lcsainnoc eq uqeu see  ecsetnot rtaie enne  imenp urgenlaacri ólon  ecsotanb elel cnidúom eenr oe sdtee   BOE-A-cable e
miembros que corresponde designar al Grupo Parlamentario Mixto. Tampoco impugna 
que se declare su incorporación al Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con el 
art. 25.1 RCD (punto 3 del acuerdo), sino las consecuencias de carácter formal de esa 
incorporación, al señalar que los diputados suspensos no serán computados para la 
adopción de acuerdos en caso de voto ponderado o de asignación de iniciativas a los 
grupos parlamentarios por cupo (punto 4 del acuerdo).
En  relación  con  las  alegaciones  en  las  que  el  recurrente  trata  de  sustentar  la 
impugnación de la privación de las percepciones económicas que establece el acuerdo 
de 5 de junio (punto 5), señala que el reconocimiento del derecho a una asignación 
económica de los diputados y senadores que establece el artículo 71.4 CE, integra el 
estatus parlamentario, que aparece directamente vinculado con el efectivo ejercicio de la 
función del cargo parlamentario, por lo que ese derecho puede ser objeto de restricción 
cuando el diputado está suspendido en dicho ejercicio del cargo, al igual que ocurre con 
los otros derechos y deberes que le son inherentes. El artículo 8.1 RCD prevé dentro de 
los derechos económicos que integran este estatus, que los diputados percibirán una 
asignación  económica  que  les  permita  cumplir  eficaz  y  dignamente  su  función.  La 
suspensión en el ejercicio del cargo parlamentario supone, junto a la suspensión de 
todos los derechos y deberes de naturaleza política que son inherentes al mismo, la de 
las asignaciones económicas que garantizan el desempeño eficaz y digno de la función, 
en  cuanto  que  esta  no  es  materialmente  desempeñada  durante  el  periodo  de  la 
suspensión por quien mantiene la titularidad del cargo; tales derechos de naturaleza 
política y económica serán restituidos al levantarse la suspensión del ejercicio del cargo 
y reanudarse el ejercicio de la función parlamentaria.
Por  lo  que  se  refiere  a  la  privación  de  las  percepciones  económicas  que 
corresponderían al periodo comprendido entre el 28 de abril y 21 de mayo de 2019 el 
Ministerio Fiscal pone de relieve que la mesa del Congreso, por acuerdo de 23 de mayo 
de 2019 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 RCD, estableció el 28 de abril 
de 2019, como la fecha inicial de devengo de las retribuciones económicas de los 
diputados en la XIII legislatura, siempre que hubieran perfeccionado su condición de 
diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 RCD. En el presente caso, el 
recurrente adquirió la condición plena de diputado el 21 de mayo, pero la suspensión en 
el ejercicio del cargo parlamentario que declaró la mesa en el acuerdo de 24 de mayo, lo 
es con efectos del propio día 21 de mayo, pues como se señala en el informe de la 
Secretaría General del Congreso de 4 de junio, en el momento de adquirir la condición 
plena de diputado, es cuando la mesa podía hacer la declaración de la suspensión en el 
cargo adquirido. Dicha suspensión se producía ex lege en virtud del artículo 384 bis 
LECrim, el cual estaba vigente respecto del recurrente con anterioridad a las elecciones 
de 28 abril de 2019, desplegando sus efectos respecto del cargo de diputado del 
Congreso en el instante en que se produjo la adquisición plena de dicho cargo público 
representativo.
Por lo tanto, se considera que la decisión de la mesa sobre las retribuciones no es 
una decisión contraria a lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de los Diputados. 
Se debe tener en cuenta a este respecto que, con efectos del mismo día 21 de mayo en 
el que se constituyó la cámara, el recurrente fue declarado automáticamente suspendido 
en el ejercicio del cargo parlamentario, en virtud de lo establecido en el artículo 384 bis 
LECrim, que era de aplicación al recurrente con anterioridad a su elección el 28 de abril 
de 2019, si bien desplegaba sus efectos respecto del cargo de diputado del Congreso, 
tras  adquirir  el  recurrente  la  condición  plena  de  diputado  en  la  misma  sesión  de  s
constitución de la cámara, con el acatamiento de la Constitución. No cabe, por tanto,  oe.
estimar que el recurrente pudo devengar el derecho de asignación económica que la  w.
mesa fijó para el periodo comprendido entre las elecciones del 28 de abril y el día de  15ww
consEtli tMucinióisnt edreio l aF cisácmala traam. poco comparte la alegación de que la decisión carece de toda
mdisoctirvimacinióanc iyó ne sc oanrb rietrlaarciaió,n t oadl ac avseoz  dqeule d liap uútnaidcoa  Saerglauhmaettninta Dcieómn idrtea sla,  aiml qpuueg nsaec rióenfie eres  llaa   BOE-A-cable e
STDH de 20 de noviembre de 2018. El acuerdo de la mesa recoge una motivación que 
se corresponde con la justificación que se da en el informe de Secretaría General del 
Congreso de 4 de junio, y el acuerdo desestimatorio de la reconsideración pone de 
relieve que la suspensión en el ejercicio del cargo parlamentario conlleva la de todos los 
derechos que son inherentes a su desempeño y, por tanto, también los de naturaleza 
económica. En su acuerdo de 16 de julio, la mesa recoge expresamente que se ha 
seguido  el  precedente  parlamentario  del  diputado  señor  Alcalde  Linares  en  la  IV 
legislatura, por ser el único supuesto parlamentario que se corresponde con el de la 
suspensión del ejercicio del cargo que ahora se plantea, precedente en el que también 
se apoya en el citado informe de la secretaria general. Por lo tanto, no cabe estimar que 
el acuerdo de la mesa es arbitrario, porque no se ha dado respuesta motivada a la 
solicitud de reconsideración.
Entiende, además, que no puede acogerse el argumento de que la STEDH de 20 de 
noviembre de 2018 refleja que el señor Selahattim Demirtas percibía su asignación 
económica,  porque  esta  sentencia  no  puede  ser  invocada  para  sustentar  que  la 
suspensión  del  derecho  de  retribuciones  económicas  del  recurrente  vulnera  el 
artículo 23.2 CE, ya que en la misma no se enjuicia una suspensión en el ejercicio del 
cargo parlamentario y la consiguiente suspensión de derechos políticos y económicos 
que le son inherentes, prevista en el ordenamiento jurídico nacional para determinados 
supuestos; y porque no es una sentencia firme.
Respecto a la impugnación de la decisión de la mesa sobre las prestaciones de la 
seguridad social y la póliza de accidentes (punto 7 del acuerdo) que el recurrente 
entiende que vulnera su derecho fundamental al ejercicio del cargo del artículo 23.2 en 
relación con el artículo 33.3 CE, al privarle de un derecho que forma parte de su estatus 
parlamentario, el Ministerio Fiscal pone de relieve que si bien si bien el Reglamento del 
Congreso de los Diputados contempla entre los derechos que integran el estatuto de los 
diputados, los concernientes a las prestaciones sociales, cuya cobertura es asumida por 
el Congreso con cargo a sus presupuestos, de acuerdo con la propia doctrina del 
Tribunal Constitucional, no cabe estimar que cualquier infracción de las disposiciones 
reglamentarias sobre el estatus parlamentario o de las disposiciones legales que resultan 
de aplicación, pueda constituir una vulneración del núcleo esencial del ius in officium del 
cargo parlamentario representativo (con cita de la STC 110/2019, de 2 de octubre, FJ 2). 
La supuesta infracción de la normativa en materia de cobertura de las prestaciones 
sociales de los diputados que se denuncia por el demandante, no puede considerarse 
como constitutiva de una vulneración del núcleo esencial del ius in officium (artículo 23.2 
CE) y del correlativo derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a 
través de sus representantes (artículo 23.1 CE). La supuesta infracción de la normativa 
aplicable a los diputados en materia de prestaciones sociales por estimar el recurrente 
que, de acuerdo con la misma, no podía producirse la baja en la cobertura de las 
prestaciones sociales de los diputados suspendidos en el ejercicio del cargo al mantener 
estos su titularidad, es una cuestión de infracción de la legalidad ordinaria, cuyo examen 
es ajeno a la jurisdicción constitucional en un recurso de amparo parlamentario. En el 
mismo sentido, el pronunciamiento del punto 7 del acuerdo sobre la baja en la póliza de 
accidentes que las Cortes Generales tienen contratada en tanto dure la suspensión en el 
ejercicio del cargo, no puede estimarse tampoco constitutiva de una posible vulneración 
del  derecho  fundamental  al  ejercicio  del  cargo  público  del  artículo  23.2  CE.  Estos 
derechos,  además,  eran  expectativas  de  derechos  que  podían  ser  adquiridas,  si 
efectivamente hubieran llegado a desempeñar la función y el cargo parlamentario, lo que  s
no tuvo lugar al declararse suspendidos automáticamente en su ejercicio mismo en el  oe.
instante mismo en que adquirieron la condición plena de diputado y desplegó sus efectos  w.
el art. 384 bis LECrim que era ya aplicable con anterioridad, por lo que no se vulnera el  15ww
artícFuilnoa 3lm3.e3n CteE, .en  relación  con  la  impugnación  de  los  pronunciamientos  sobre  el
fFuisnccaiol ncaomnsieidnetora d qeu lea  lCo áqmuea real  yr elcau arrdeonptec ióanle gdae  aalc rueesrpdeocst op oers  squuse ó rregsaunlotas ,a erbl itMrainriios teqruioe   BOE-A-cable e
la mesa, en su acuerdo, determine que la mayoría absoluta se calcule computando el 
número total de miembros que tiene la cámara, incluyendo a los diputados suspendidos 
que mantienen la titularidad del cargo, pero no se compute a los mismos para establecer 
la proporcionalidad de los diputados que corresponden al Grupo Mixto en las comisiones, 
o  para  los  supuestos  de  ponderación  de  voto.  Al  respecto,  parte  de  la  doctrina 
constitucional que de acuerdo con la autonomía parlamentaria (artículo 72 CE) y la 
naturaleza del derecho del artículo 23.2 CE como derecho de configuración legal, pone 
de manifiesto la necesidad de que se otorgue a los órganos rectores de los parlamentos 
un margen de apreciación en el ejercicio de su función técnico-jurídica, al calificar y 
decidir sobre los escritos y documentos parlamentarios. Esta doctrina también pone de 
relieve que la posible limitación que las decisiones de los órganos rectores de los 
parlamentos pueden suponer para el ejercicio de la función parlamentaria (artículo 23.2 
CE) y para el derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus 
representantes  políticos  (artículo  23.l  CE),  exige  que  tales  decisiones  apliquen  la 
normativa  parlamentaria  y  estén  motivadas  formal  y  materialmente.  Pues  bien,  el 
acuerdo de la mesa del Congreso de 16 de julio de 2019 expresa los motivos por los que 
no deben ser computados los diputados declarados suspendidos en el ejercicio del 
cargo, en relación con la composición de los órganos de la cámara o para la adopción de 
acuerdos en determinados casos, por lo que, a su juicio, está debidamente motivado, sin 
que  su  razonamiento  infrinja  algún  precepto  del  Reglamento  del  Congreso  de  los 
Diputados o pueda ser considerado irracional o arbitrario. Pone de manifiesto que, si 
bien  estos  diputados  siguen  ostentando  la  titularidad  del  cargo  y,  en  cuanto  que 
mantienen su condición de diputados, computan como miembros de la cámara (350), la 
suspensión en el ejercicio del cargo supone que ninguna de las funciones que son 
inherentes al cargo pueden ser desempeñadas mientras dure la suspensión, lo que 
impacta  en  la  importancia  numérica  que  materialmente  debe  asignarse  al  grupo 
parlamentario en el que son incluidos, en los casos en los que reglamentariamente se 
dispone que dicha importancia numérica debe ser tenida en cuenta. En definitiva, dicho 
acuerdo debe ser como un acuerdo motivado y no arbitrario, que se sustenta en la 
exigencia de que la suspensión en el ejercicio del cargo, declarada en aplicación del 
art. 384 bis LECrim, sea efectiva. La declaración de suspensión ex lege carecería de 
efectividad si los diputados suspendidos son computados como si realmente, pudieran 
desempeñar las funciones inherentes al cargo suspendido. Considera el Ministerio Fiscal 
que se plantea en el presente caso y, en lo que concierne al sistema de ponderación de 
voto en caso de empate en las comisiones (art. 88.2 RCD) o en la junta de portavoces 
(art. 39.4 RCD), una cuestión similar a la que se planteó en el recurso de amparo núm. 
5887-2018, que se encuentra en tramitación.
Afirma el Ministerio Fiscal que los acuerdos impugnados no hacen una interpretación 
arbitraria o desproporcionada, cuando establecen que no se tendrá en cuenta a los 
diputados suspendidos ex lege en el ejercicio del cargo, en aquellos casos en que el 
Reglamento del Congreso de los Diputados establece que hay que atender de manera 
proporcional a la importancia numérica del grupo parlamentario al que están asignados, 
puesto que ello es consecuencia de que no puede computarse a quienes carecen de las 
funciones inherentes al desempeño del cargo, sin hacer con ello ineficaz la propia 
suspensión declarada. Existiría además una contradicción en los casos en los que el 
Reglamento del Congreso contempla la ponderación de voto, en cuanto que en el Pleno 
no se computaría el voto de los diputados suspensos, al no poder ejercitar el derecho, 
mientras que cobraría virtualidad, al incluirlo en el cómputo del voto ponderado en caso  s
de empate en las comisiones o en la votación en la junta de portavoces. oe.
Finalmente, se refiere a que determinados pronunciamientos de los acuerdos de la  w.
mesa impugnados supondrían una restricción de los derechos que en el Reglamento del  15ww
hCaobnigérnedsoos ed ep elrosso nDaidpou taedl orse csuorrne natetr ibau tidítouslo  ainl dGivriudpuoa l,P caarlraemcee ndtea riloe gMitimixtaoc ióy,n  ppoarr ae lslou, 
qimupeu gsnea caiótnri.b Suyee tnra taa  daeq dueerlelocsh osp rtoitpuolarcriidoanda ldmee lnotse  grau psous  piamrlpaomrteanntcairaio sn duem léar iccáam, aeran   BOE-A-cable e
consideración al eficaz desempeño de las funciones parlamentarias por los diputados 
que se integran en ellos. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, el 
derecho a la constitución de un grupo parlamentario es una manifestación relevante del 
ius  in  officium  y  constituyen  un  instrumento  imprescindible  y  principal  para  la 
organización y funcionamiento de la cámara y para el desempeño de las funciones 
parlamentarias propias del estatus parlamentario (STC 76/2017, de 19 de junio, FJ 4).
El recurrente y el resto de los diputados suspendidos han sido incorporados al Grupo 
Mixto en cuanto ostentan la condición de diputados y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el  art.  25.1  RCD,  pero  al  no  poder  ejercer  durante  su  suspensión  las  funciones 
parlamentarias, ni las facultades que integran el ius in officium, esa asignación no puede 
dar  lugar  a  que  materialmente,  aquellos  sean  computados  para  atribuir  al  grupo 
parlamentario los derechos previstos en función de las facultades que son inherentes al 
ejercicio del cargo. En cualquier caso y, con independencia de la falta de legitimación 
para impugnar la vulneración de los derechos que resultan de los grupos parlamentarios, 
la precisión del punto 2 del acuerdo de la mesa de 5 de junio, que dispone que la 
imposibilidad de formar parte de las comisiones y otros órganos de la cámara, deberá 
ser tenida en cuenta en el momento de determinar el número de miembros que en los 
distintos órganos corresponderá designar al Grupo Parlamentario Mixto, que el acuerdo 
de  la  mesa  de  16  de  julio,  pone  de  manifiesto  que  no  ha  sido  adoptada,  debe 
considerarse prematura.
5.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del Tribunal el 13 de 
julio de 2020, la letrada de las Cortes Generales presentó alegaciones en nombre y 
representación del Congreso de los Diputados, solicitando la inadmisión de la demanda 
por falta de agotamiento de la vía previa, mutación subjetiva del ejercicio de la acción y 
consiguiente falta de legitimación, considerando infringidos los artículos 31.2 RCD y 42 
y 46.1 a) LOTC y, subsidiariamente, la desestimación del recurso de amparo en su 
integridad. Sus alegaciones pueden resumirse como sigue:
A)  Expone los antecedentes de hecho del presente recurso de amparo, poniendo 
de manifiesto que no existe ningún acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados 
de 25 de julio de 2019 sino que esta es la fecha de notificación del acuerdo de 16 de julio 
del mismo año. A continuación, aborda las siguientes cuestiones de carácter jurídico 
procesal:
a)  Se aduce falta de agotamiento de la vía previa, mutación subjetiva del ejercicio 
de la acción y consiguiente falta de legitimación en la interposición de la demanda de 
amparo.
Se considera que el recurrente carece de legitimación para recurrir los acuerdos de 
la mesa de 5 de junio y 16 de julio de 2019 ya que no fue él quien interpuso la solicitud 
de reconsideración (artículo 31.2 RCD), preceptiva para considerar agotada la vía previa 
exigida por el artículo 42 LOTC, sino que lo hizo la portavoz del Grupo Mixto. Por tanto, 
no se puede considerar que se haya cumplido el requisito del artículo 42 LOTC puesto 
que el «directamente afectado» [como exige el art. 46.l a) LOTC] no es el que ha 
solicitado la reconsideración.
La discrepancia en la titularidad de la acción imposibilita encontrar la imprescindible 
continuidad procesal entre el escrito de reconsideración y la demanda de amparo, en un 
supuesto que puede tener algún parecido estructural con la llamada desviación procesal 
en el recurso contencioso-administrativo. El Congreso se sitúa en un plano de clara  s
indefensión, en cuanto que quien solicita la reconsideración es una persona y es otro  oe.
sujeto diferente quien interpone la demanda de amparo. Se trata de una mutación  w.
nasualebdgjaea tciqviouane e qsvu eeqr  usceeo  npp lualaensdt eaqa ur eaeal  lpCizuoaenrd galar e fsoporom rdtuaelva olroz s e dl Derilep cuGutrarurdeponost e Pd aeer nlfa omarmmeanp taasrrooio rp qrMueisiexinvto a n,n i posu iqetiues inelearans    2021-6615n https://ww
pertenece  «como  activo»  al  Grupo  Mixto,  al  estar  suspendido.  Discute  también  la
legitimación de la portavoz del Grupo Mixto en lo que se refiere a la parte de los
acuerdos que tratan sobre los efectos de la suspensión en el diputado afectado, en 
cuanto que ella no se puede considerar directa ni indirectamente afectada por dicha 
parte de los acuerdos, dado su carácter personalísimo. Tampoco puede actuar la referida 
portavoz en representación del recurrente en amparo al interponer la reconsideración 
porque  en  escrito  de  20  de  junio  de  2019,  complementario  de  su  escrito  de 
reconsideración, manifiesta que dicho escrito «fue registrado a iniciativa exclusiva de 
JxCAT-Junts». Ello plantea que, para ser congruentes, el recurso de amparo se tendría 
que haber presentado por todos los miembros de JxCAT- Junts del Grupo Mixto, o 
incluso  por  todos  los  miembros  dicho  grupo,  en  cuanto  se  estaban  invocando  los 
derechos de todos. Del mismo modo, desde la perspectiva del demandante de amparo, 
solo son sus derechos personales lo que resultan afectados, ya que su condición de 
miembro del Grupo Mixto lo es en calidad de suspenso, por lo que ningún tipo de 
vinculación puede encontrarse entre el acuerdo de suspensión de su condición y la 
personalidad  y  actividad  del  propio  Grupo  Parlamentario  Mixto.  Por  tanto,  las 
alegaciones que lleva a cabo sobre la posible afectación de los derechos del Grupo 
Mixto no pueden ser invocadas en una demanda de amparo planteada por un diputado 
suspendido aunque esté en el propio Grupo Mixto. Esta incongruencia procesal, incluso 
en el caso de suponer que la legitimación en la reconsideración sea correcta, acredita un 
defecto de orden público procesal que determina la inadmisión de la acción.
b)  En segundo lugar, la letrada de las Cortes Generales se opone a la acumulación 
de  este  recurso  de  amparo  con  el  recurso  de  amparo  núm.  5196-2019,  en  el 
entendimiento que no se cumplen los requisitos del artículo 83 LOTC. Cada uno de los 
acuerdos  debe  tener  plena  autonomía  a  los  efectos  de  su  impugnación,  pues  las 
cuestiones a analizar en cada uno son diferentes, y no se da la unidad de tramitación ni 
de decisión.
B)  En cuanto a los fundamentos jurídico-materiales, se expone lo que sigue:
a)  En relación con la remisión que realiza el recurrente a los argumentos del 
recurso de amparo núm. 5196-2019, se considera que es irrelevante pues el objeto del 
presente recurso no versa sobre la aplicación del artículo 384 bis LECrim y la supuesta 
inconstitucionalidad del acuerdo de declaración de suspensión en sí mismo considerado, 
sino  sobre  otra  cuestión  distinta,  por  mucho  que  derive  de  la  anterior,  que  es  la 
conformidad constitucional de los efectos derivados de esa suspensión, esto es, la 
privación al diputado suspendido de determinados derechos asociados a su condición, 
así como de otros efectos en relación al Grupo Mixto, ponderación del voto, atribución de 
iniciativas y composición de los órganos de la cámara. En este recurso, lo que se trata 
de dilucidar no es si es procedente o no la suspensión del diputado, lo que se decide en 
el anterior recurso, sino si, partiendo de la suspensión, son conforme a Derecho las 
medidas adoptadas por la mesa. Por ello, en su opinión, resultan ajenas al objeto de este 
recurso todas las alegaciones contenidas en la demanda de amparo que reiteran, se 
remiten o pretenden ampliar de algún modo los argumentos ya expuestos en el anterior 
recurso, en relación con la aplicación por la mesa de la Cámara del artículo 384 bis 
LECrim y la inconstitucionalidad de la suspensión declarada.
En este sentido, a la vista de las «consideraciones adicionales», se podría decir que 
el recurrente no está planteando un recurso para acumular al otro, sino una ampliación 
de su anterior demanda de amparo, completamente extemporánea y al margen de cauce 
procesal previsto, razón por la cual todas las alegaciones que pretenden reabrir el 
debate sobre la aplicación del artículo 384 bis LECrim, no pueden ser tenidas en cuenta  e
a los efectos del presente recurso de amparo. No obstante lo anterior, la letrada de las  bo
Cortes reproduce sus alegaciones en el recurso de amparo núm. 5196-2019 sobre la  15ww
asednutceen cqiuae d leo  1q4u ed es eo cctounbsried edrea  2re0l1e9v adnete l,a n So aelas  ddeic hloa  Pseenntaeln dceial , Tsriinbou nlaa l SSTuCp re11m/2o0. 2S0e, 
dlae c 2o8n ddiec ieónne droe,  dqipuuet aadvaolsa  dlae lc Poanrsltaitmuceinotn daelid Cada tdaelu nlay as udsep elonss iróenc uarurteonmteást icpao ry i mexp elergioe  ddeel 
artículo  384  bis  LECrim  que  acordó  el  magistrado  instructor  de  la  causa  especial
número 20907-2017, en la que se afirma que dicho precepto no deja margen alguno en 
su aplicación, más allá de la verificación de la concurrencia de los presupuestos a los 
que la norma liga tal medida: procesamiento firme y prisión provisional por razón de los 
delitos a los que se refiere el precepto (en el mismo sentido, cita las SSTC 37/2020 
y 38/2020, de 25 de febrero).
Los criterios reseñados por la doctrina del Tribunal Constitucional son semejantes a 
los que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre el art. 3 del Protocolo núm. 1 al CEDH, cuyos principios generales aparecen 
expuestos en la STEDH de 8 de abril de 2010, asunto Namat Aliyev c. Azerbaiyán, § 70- 
73. Con cita de diferentes SSTEDH, destaca que el art. 3 del Protocolo núm. 1 consagra 
un principio fundamental en un régimen político verdaderamente democrático y, por 
tanto, reviste en el sistema del convenio una importancia capital, sin embargo, los 
derechos reconocidos en el art. 3 del Protocolo núm. 1 no son absolutos sino que 
pueden estar sometidos a «limitaciones implícitas», disponiendo los Estados de un 
amplio margen de apreciación al respecto, correspondiendo al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos determinar en última instancia si los requisitos de este artículo se 
han cumplido. Para ello, «tiene que convencerse de que las condiciones no restringen 
los derechos en cuestión hasta el punto de menoscabar su propia esencia y privarlos de 
su eficacia; que se impongan en pos de un fin legítimo; y que los medios empleados no 
son  desproporcionados  o  arbitrarios  (SSTEDH  asunto  Mathieu-Mohin  y  Clerfayt  c. 
Bélgica, § 52, y asunto Gitanas y otros c. Grecia, § 39)» [SSTEDH de 6 de abril de 2000 
(asunto Labita c. Italia, § 201 ) y 21 de febrero de 2012 (asunto Abil c. Azerbayan, § 43)]. 
La  noción  de  «limitación  implícita»  significa  también  que,  al  enjuiciar  su  alegada 
vulneración,  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  no  aplica  los  criterios 
tradicionales de «necesidad» o de «necesidad social imperiosa». Cuando tiene que 
conocer  de  cuestiones  referidas  a  la  conformidad  de  una  restricción  al  art.  3  del 
Protocolo núm. 1, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se atiene esencialmente a 
dos criterios: por una parte, investiga si hubo arbitrariedad o falta de proporcionalidad y, 
por otra, si la restricción atentó contra la libre expresión de la opinión pública (asunto 
Zdanoka c. Letonia, de 16 de marzo de 2006, citada, § 115). Teniendo en cuenta esta 
doctrina,  no  parece  fundamentado,  en  su  opinión,  que  el  recurrente  invoque  como 
vulnerado el artículo 3 del Protocolo núm. 1 CEDH, puesto que la misma jurisprudencia 
europea admite sus límites. Afirmado este carácter limitado del derecho fundamental, el 
siguiente paso ha de venir constituido, como exige la jurisprudencia, por el juicio de 
proporcionalidad que se debe hacer de la medida limitadora del derecho fundamental.
De acuerdo con lo anterior, la letrada de las Cortes Generales analiza, siguiendo el 
orden de los motivos de la demanda de amparo, si las medidas adoptadas en el acuerdo 
de la mesa de 5 de junio de 2019 pueden considerarse una «injerencia proporcionada» 
desde la perspectiva del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE.
b)  En relación con la alegación de la demanda de que el acuerdo de 5 de junio 
de 2019 fue dictado por un órgano manifiestamente incompetente, lo que comporta la 
vulneración del derecho del diputado recurrente por su adopción sin audiencia de la junta 
de portavoces, considera que el recurrente incurre en este punto en cierta confusión 
respecto a la naturaleza de los acuerdos de la mesa y a las fuentes del Derecho 
parlamentario.
Afirma  que  los  acuerdos  de  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados  han  sido 
adoptados tanto al amparo de su competencia residual (artículo 31.1.7 RCD), como de la 
competencia en su condición de órgano rector y de gobierno de la cámara (artículo 30.1  s
RCD). Y también implícitamente de acuerdo con el artículo 31.1.1 RCD, en las que  oe.
encaja un acuerdo que tiene un contenido tanto relativo al régimen de los diputados  w.
como a diversas cuestiones de funcionamiento y organización de la cámara. 15ww
atribFuiynea llma efunntec,i ófunn ddea  claal icfiocamrp ye tdeenccidiair  dlae  tlraa mmietascaió enn d eel  taordtoícsu lloos 3 e1s.1c.r4it oys  5y  dRoCcDum qeunet oles 
cdieta ídnodso led opcaurmlaemnetonsta. riEan,  eenfteecntdoi,e nlad om peosra t,r acmuaitnadcioó ne nd asr ue l dcíuar sroe cciboinóf otremsetim ao lneiyo  ddee  lolas   BOE-A-cable e
resolución de 14 de mayo de 2019, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
en la causa especial 3720907- 2017, tomó conocimiento de la situación procesal en la 
que se encontraba el recurrente y procedió a la calificación de este escrito y a la 
adopción de la declaración de suspensión. El posterior acuerdo de 5 de junio, que ahora 
se recurre, complemento del anterior, es al igual que aquél, producto del ejercicio por la 
mesa de su competencia de calificación de escritos y de determinar la tramitación y los 
efectos de cada uno de ellos. A todo lo dicho, se puede añadir que la citada competencia 
de la mesa es la consecuencia de un efecto que se produce por ministerio de la ley, en 
concreto, la suspensión operada ex artículo 384 bis LECrim, pudiéndose sostener que 
dicho acuerdo de 5 de junio constituye un acto debido, ya que la previsión legal del 
artículo 384 bis y la declaración judicial sobre su aplicación, no pueden producir sus 
efectos directamente sobre el ordenamiento de las cámaras, sino que es necesario que 
la cámara los aplique sus efectos.
En relación con la división que realiza el recurrente entre acuerdos generales, que 
deben ser adoptados por la presidencia, y acuerdos concretos, que deben ser adoptados 
por la mesa, considera que la misma no es correcta ya que el Reglamento del Congreso 
de los Diputados no excluye que dichos acuerdos de la mesa tengan un alcance general, 
sino que es lo normal, teniendo en cuenta la competencia genérica de la mesa para 
adoptar medidas organizativas y de régimen interior que están pensadas precisamente 
para una aplicación general. Relaciona una amplia lista de ejemplos de acuerdos de 
carácter general. Por tanto, concluye que el Reglamento del Congreso ampara, y la 
práctica lo confirma, que la mesa puede adoptar disposiciones o acuerdos de este tipo. 
En todo caso, a su juicio, el acuerdo recurrido no tiene carácter general, ya que su objeto 
es determinar las consecuencias de una concreta suspensión, la de los cuatro diputados 
afectados, no la de otros posibles casos que se puedan dar en el futuro respecto a esos 
mismos diputados u otros, que plantearse, requerirían la adopción por la mesa del 
correspondiente acuerdo específico.
Considera que resulta descartable que el acuerdo de 5 de junio se hubiera tenido 
que adoptar por la presidencia de la cámara (artículo 32.2 RCD), como defiende el 
recurrente.  El  presidente  puede  dictar  normas  que  interpreten  el  reglamento,  las 
denominadas resoluciones interpretativas, o que suplan sus lagunas, las denominadas 
resoluciones supletorias, necesitando para la aprobación de estas últimas el parecer 
favorable de la mesa y junta de portavoces, si bien este caso no se incluye en ninguno 
de  estos  dos  supuestos,  pues  en  ningún  momento  se  planteó  un  problema  de 
interpretación del reglamento o una laguna del mismo.
En cuanto a la falta de audiencia de la junta de portavoces, insiste en que el objeto 
del recurso de amparo no es una resolución supletoria de la presidencia (artículo 32.2 
RCD), que se debe adoptar mediando el parecer favorable de la mesa y la junta de 
portavoces. Aun así, en este caso se produjo la audiencia de la junta de portavoces, no 
por aplicación del artículo 32.2 RCD, sino del artículo 31.2 RCD a efectos de la decisión 
sobre la reconsideración de su acuerdo de 5 de junio de 2019, tal y como consta en el 
acta de la junta de portavoces de 16 de julio de 2019. Finalmente, aduce en relación con 
esta  cuestión,  que  la  materia  referida  a  la  suspensión  de  los  diputados  no  es 
competencia de la junta de portavoces, tal y como se infiere del artículo 21 RCD y, del 
artículo 39 RCD, que no es una norma atributiva de competencia, que pueda servir de 
fundamento para justificar una exigencia de audiencia previa en este o en otros casos.
c)  Respecto a la alegación de que los acuerdos son nulos de pleno derecho porque 
alteran las mayorías del Congreso de los Diputados, vulneran los derechos de los  s
diputados del Grupo Mixto, con expresa infracción del Reglamento del Congreso y de los  oe.
derechos del recurrente, considera que el reproche que realiza el recurrente va dirigido  w.
exclusivamente a la arbitrariedad y falta de motivación o de razonamiento en el acuerdo  15ww
rdaez olan ammeiesan.t oS jiunr ídeimcob aarlggou,n oa  os ud eju fiocriom, an aor bsietr apruiae,d pea raafi rlom aqru eq umee nseci ohnaay ae l a«dinofpotramdeo  [sdien 
slau sSpeecnrseitóanrí ad Ge enloesr asl edñeol rCeso ngdripeustoa ddoes  loqsu De ipsueta deonsc]u seonbtrraen  ele anl casintucaec yió ne fedceto sp rdisei ólan   BOE-A-cable e
preventiva», de 4 de junio de 2019, sobre cuya base la mesa adoptó el acuerdo de 5 de 
junio, como se desprende del acta de la reunión de ese día. Por tanto, no puede 
afirmarse que el acuerdo esté desprovisto de motivación, pues fue precedido de un 
informe jurídico en el cual la mesa se basa, y adoptado previo intercambio de pareceres 
por los miembros de la mesa, que han quedado reflejados documentalmente. Es decir no 
se trata de un acuerdo despojado de razonamiento, o como incluso llega a decir el 
recurrente sin «ninguna justificación jurídica que los avale». Se podrá estar de acuerdo o 
no con la justificación, pero existe un claro razonamiento jurídico que sirve de apoyo al 
acuerdo adoptado.
La letrada de las Cortes Generales entra a analizar la justificación del acuerdo de la 
mesa respecto de cada una de las medidas adoptadas a las que se refiere el recurrente, 
comenzando con las recogidas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 6.
En relación con lo dispuesto en el apartado 1 del acuerdo de 5 de junio, pone de 
manifiesto que, como se justifica en el informe de la secretaría general, el diputado 
suspendido  no  pierde  su  condición.  Se  le  suspende  en  sus  derechos  y  deberes 
parlamentarios, pero le queda la condición misma de diputado, que solo se pierde por las 
causas previstas en el artículo 22 RCD. Consecuencia de ello, es que la mayoría 
absoluta y las demás mayorías especiales se siguen computando sobre 350, puesto que 
los diputados suspendidos siguen siendo miembros de la cámara. Este tipo de mayorías 
se computan sobre los «miembros de la cámara» (artículos 131, 146.2 y 147.2 RCD) o 
sobre los «miembros del Congreso» (artículos 164.2 y 204 RCD). La citada composición 
se establece con carácter general y siempre se remite al número de diputados de 
derecho, al margen de las situaciones diversas en que se puedan encontrar, entre ellas 
una suspensión de funciones y tan solo se altera con la pérdida del mandato por 
disolución de la cámara o por renuncia o pérdida de la condición. Al no ser un supuesto 
de pérdida de la condición, la suspensión no determina que deba reducirse el número de 
diputados de derecho a los efectos de calcular la válida constitución, o a los efectos que 
determinadas  normas  establecen  teniendo  en  cuenta  el  número  de  diputados  de 
derecho. La suspensión mantiene la condición de diputado y por tanto no altera el 
número de integrantes de la misma.
Respecto al apartado 2, en el que se contienen diferentes afirmaciones, la letrada de 
las Cortes Generales afirma que es consecuencia de la declaración de suspensión. El 
diputado suspendido, aunque mantiene tal condición, queda privado «de sus derechos y 
deberes  parlamentarios»,  entendiéndose  por  estos  todos  los  reconocidos  en  el 
reglamento, entre los que se encuentra formar parte de las comisiones (artículo 6.2 
RCD) y demás órganos parlamentarios. Dado que el diputado suspendido no puede 
formar parte de la comisión, ponencia o subcomisión, resulta lógico que, a la hora de 
atribuir miembros en esos órganos al Grupo Mixto, a este se le descuenten de su 
composición numérica total los diputados suspendidos.
El apartado 3, que determina que el diputado suspendido se incorpore al Grupo 
Parlamentario Mixto, según la letrada de las Cortes Generales, no es discutido por el 
recurrente.  Ello  no  obstante  aduce  que  dicha  incorporación  es  consecuencia  de  la 
suspensión.
En relación con el apartado 4, la representación del Congreso de los Diputados pone 
de manifiesto que el diputado  suspendido  por  efecto del artículo 25.2 RCD queda 
incorporado directamente al Grupo Mixto. Ahora bien, dado que en ese grupo no puede 
ejercer ningún derecho, al grupo se le debe descontar del total de sus miembros el 
número de diputados suspendidos en todas aquellas ocasiones en que se haya de tener  s
en cuenta el número de miembros del grupo para atribuirle un cupo de iniciativas. oe.
Finalmente,  en  cuanto  al  apartado  6,  que  detrae  la  parte  proporcional  de  la  w.
subvención del Grupo Parlamentario Mixto, en lo relativo a la pertenencia al mismo de  15ww
sloi sl ad ipfinuataliddoasd  sdues plae nsduidbovse,n lcai ólent reasd ae ld ea plaosy oC aolr tegsru Gpoe neenr aelel se jjuesrctiifcicioa  dlae  msiussm fau necni oqnuees, 
peaferclatimvaemnteanritaes ,p euse dlóegni croe aqliuzea rs otalole ss ef utenncgioan eesn  pcuoerqnutae  enlo n úsme eernoc duee nstruesn d sipuustpaednodsi dqouse.   BOE-A-cable e
Computar también a los diputados suspendidos a efectos de la subvención, supondría 
desvirtuar la finalidad de tales ayudas económicas, de acuerdo con el artículo 8 RCD. No 
considera aplicable la STC 15/1992, que invoca el recurrente, a este caso, ya que no se 
ha privado al Grupo Parlamentario Mixto de la subvención.
En resumen, a juicio la letrada de las Cortes Generales, no se puede decir que los 
referidos apartados del acuerdo de la mesa carezcan de una lógica de razonamiento y 
sean  fruto  de  la  arbitrariedad,  pues  todos  ellos  responden  a  un  principio  del 
funcionamiento parlamentario que es el de proporcionalidad en la composición de los 
órganos, conforme a la importancia numérica de cada grupo parlamentario en el total de 
la cámara. Si bien en este caso la mesa ha tenido que ajustar o modular la aplicación de 
dicha proporcionalidad, debido a la situación de suspensión de determinados diputados 
que, aun siendo miembros de un grupo, y contando en el cómputo total, no ejercen su 
función  parlamentaria,  y  de  acuerdo  con  el  principio  de  ejercicio  de  la  función 
parlamentaria, no han de ser tenidos en cuenta a efectos del reparto de miembros en los 
órganos, la atribución de cupos de iniciativas o la determinación de la cuantía de la 
subvención  a  los  grupos,  o  de  cualesquiera  otros  efectos  que  pudieran  derivarse. 
Considera que con ello no se ha vulnerado el principio de igualdad, como se alega por el 
recurrente.  La  justificación  del  acuerdo  de  la  mesa  es  el  «ejercicio  de  la  función 
parlamentaria», que es el fundamento de la atribución de derechos. De forma que 
cualquier acuerdo que tenga que ver con el reparto o atribución de derechos entre los 
grupos que se decida en virtud del número de miembros de cada grupo conforme al 
principio de proporcionalidad, habrá de atender solo al número de miembros del grupo 
que, de forma efectiva, estén ejerciendo sus funciones, quedando por tanto, excluidos, 
los diputados suspendidos.
El ejercicio de la función parlamentaria es, por tanto, el parámetro que marca la 
separación entre el diputado activo que la ejerce plenamente y el suspendido, y viene a 
justificar  el  diferente  tratamiento  que  ambos  deben  tener.  Entiende  que  la  propia 
STC 15/1992, que se cita en la demanda de amparo, sirve para justificar esta conclusión. 
La finalidad de cualquier reconocimiento de derechos a los diputados o a los grupos en 
que se integran, es para facilitar el ejercicio de sus funciones parlamentarias. De forma 
que es consecuente con este principio no reconocer tales derechos cuando no se da 
como presupuesto de hecho el ejercicio de tales funciones. Este caso pone de manifiesto 
que el estatuto de derechos del diputado suspendido es diferente al diputado activo. Tal 
distinción no infringe el principio de igualdad, puesto que se justifica en la imposibilidad 
del ejercicio de la función parlamentaria por el diputado ausente. Tampoco vulnera el 
artículo 23.2 CE, puesto se trata de un derecho limitado, de configuración legal. El 
artículo 21 RCD determina que los diputados suspendidos quedan privados de sus 
derechos y deberes parlamentarios. Además, destaca que en el marco de la disciplina 
parlamentaria, la suspensión puede extenderse a la parte proporcional de la subvención 
(artículo 99.2 RCD). Por tanto, y conforme exige la jurisprudencia, la injerencia en el 
derecho fundamental del artículo 23.2 CE en el caso que nos ocupa, a juicio de la letrada 
de las Cortes Generales, ha resultado proporcionada, deriva de la aplicación de normas 
legales, responde a un fin legítimo y se han justificado de una forma razonable y 
suficiente.
d)  Finalmente, la letrada analiza las alegaciones en relación con los apartados 5 y 7 
del acuerdo de la mesa de 5 de junio de 2019, a las cuales les resultan trasladables las 
conclusiones que antes se han realizado respecto a la no vulneración del artículo 23.2 
CE. Respecto al apartado 5, afirma que el no ejercicio de la función parlamentaria que  s
supone la condición de suspendido, justifica que los diputados suspendidos no perciban  oe.
las retribuciones económicas propias de los diputados (artículo 8.1 RCD). Reitera que  w.
todos los acuerdos de la mesa responden al no ejercicio de la función parlamentaria de  15ww
ljousn iod ipduet a2d0o1s9 ,s uqsupee nsdirivdioós d, ed ea paocyuoe rdaol  ccitoand oe l aincfuoerrmdeo  ddee  llaa  smecerseat.a rAíad egmenáesr, alla d lee t4ra ddae 
daed u2c4e  dqeu me aeylo r.ecurrente no aporta ninguna razón autónoma a la nulidad del acuerdo  BOE-A-cable e
Respecto a la afirmación de que se vulnera el derecho a un proceso equitativo, el 
derecho a la legalidad penal (dado el carácter claramente sancionador del artículo 384 
bis LECrim), los derechos a las libertades de expresión, ideológica y de reunión, el 
derecho a un recurso efectivo, así como la prohibición de discriminación, aduce que se 
trata de una afirmación ajena a este recurso que, tiene como objeto de impugnación los 
efectos de la suspensión, no la medida de prisión provisional ni tampoco la suspensión 
aparejada a la misma.
En todo caso, alega, la mesa es competente para determinar el inicio del devengo de 
las  percepciones  económicas,  de  acuerdo  con  sus  competencias  genéricas  sobre 
régimen interior y sus competencias subsidiarias. A su vez, en cuanto a la autonomía de 
la  cámara  para  la  regulación  de  las  percepciones  de  los  diputados,  afirma  que  la 
autonomía normativa que se reconoce a las cámaras (art. 72 RCD) y la autonomía 
presupuestaria, fundamentan que el artículo 8 RCD concrete el artículo 71.4 CE. El 
momento del devengo es correcto (art. 68.4 CE); sin embargo, aunque la suspensión se 
declara por la mesa con fecha 21 de mayo, ya que antes no era posible porque el 
diputado no había adquirido plenamente su condición, los efectos de la suspensión, al 
estar vinculados a la aplicación automática del artículo 384 bis LECrim, se producen 
desde antes de esa fecha, desde el acuerdo judicial de adopción de la medida de prisión 
provisional, la cual seguía manteniéndose a fecha de 28 de abril de 2019, día de las 
elecciones generales. Al encontrarse los diputados afectados en situación provisional ya 
desde el momento de las elecciones y con posterioridad, los efectos de la suspensión 
han de retrotraerse a esa fecha de las elecciones. Por esta razón, la mesa acuerda que 
no procede el abono de la retribución que les correspondería en ese periodo entre el 28 
de abril de 2019 y el 21 de mayo de 2019. La sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2018 no es aplicable al caso que nos ocupa 
y no actúa de forma directa sobre nuestro sistema de protección de los derechos 
fundamentales exigiendo una proyección automática como ejecución de esta (cita los 
AATC 131/2018, de 18 de diciembre, y 21/2019, de 26 de marzo).
Finalmente, respecto al apartado 7, aduce que las ayudas a las que se refiere tienen 
como justificación el ejercicio de las funciones parlamentarias, tal y como se establece 
en el artículo 9 RCD, como consecuencia de su dedicación parlamentaria. Y si bien el 
recurrente alega que ha acudido a la sesión constitutiva del Congreso el día 21 de mayo 
de 2019, pero que, por el acuerdo de la mesa, lo hizo sin asignación económica, sin 
cotización a la Seguridad Social y sin póliza de accidentes durante ese día, considerando 
que, aunque solo fuera por ese día, se han violado sus derechos, entiende que por 
aplicación del artículo 384 bis LECrim, este debe ser el efecto correcto. En el mismo 
momento en que perfeccionó su condición de diputado en la sesión constitutiva, quedó 
automáticamente  suspendido  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  estando  entonces 
justificado que no figure como beneficiario de las prestaciones que se relacionan en el 
apartado 9 del acuerdo de la mesa, al haber desaparecido la causa que las justifica, que 
es el efectivo ejercicio de la función parlamentaria. Asimismo aduce que la previsión 
normativa que ampara la baja en la cobertura de protección social es el artículo 9.1 RCD, 
que vincula la cobertura a «la dedicación parlamentaria».
Por  otra  parte,  la  cita  de  la  normativa  sobre  Seguridad  Social  que  contiene  la 
demanda no contradice en nada las consideraciones realizadas, pues es obvio que para 
cotizar a la Seguridad Social, es necesario ser trabajador por cuenta ajena o asimilado 
que realice alguna actividad, lo que no se da en el caso de los diputados suspendidos 
porque no están ejerciendo dicha actividad. De esta manera, no se puede considerar que  s
la privación de estos derechos vulnere el artículo 33.3 CE, puesto que no es una  oe.
privación ilegítima, ni tampoco los derechos reconocidos en el artículo 17 CDFUE y el  w.
artículo 1 del Protocolo núm. 1 al CEDH. 15ww
por Aesl imheiscmhoo , dhea  ndoe  hreacbhearszea rsdea dlao  aaluedgiaecnicóina  raels pdeipcutota dao l ac ufaaltnad od el au nm persoac easdoo pdteób isduos, 
ainctueernrdoos se. nE le Rl eágmlabmitoe ndtoe  dlae l cCáomnagrrae,s on,o  qcuoen etesm lap lan ourmnaa  fqausee  rdeeg ualau dloiesn pcirao cperdeivmiaie nat olas   BOE-A-cable e
adopción de los acuerdos de la mesa. La cita que se realiza del artículo 6 CEDH, por 
considerarlo vulnerado por esta razón, es inadecuada, puesto que este artículo solo se 
aplica respecto a las garantías de los procesos judiciales.
En conclusión, los acuerdos adoptados por la mesa el 5 de junio de 2019, son 
proporcionados y necesarios, y derivan directamente del primer acuerdo de declaración 
de  la  suspensión  y  de  sus  consecuencias  en  la  relación  jurídica  representativa, 
ordenadas básicamente por el Reglamento del Congreso de los Diputados. No cabe por 
tanto una discrecionalidad en su contenido, que deje al albur de lo que disponga un 
órgano de la cámara la efectividad de los derechos y obligaciones que deriva del 
Reglamento del Congreso. En cuanto a sus presupuestos de hecho y consecuencias, 
estos son completamente reglados. Están contemplados en la propia norma de forma 
completa y cerrada, sin que quepa modificarlos. La mesa de la cámara se encuentra no 
solo obligada a adoptar el acuerdo sino también a ceñirse al supuesto fundamental, la 
suspensión ex artículo 384 bis LECrim, y a deducir los efectos que permiten hablar de tal 
suspensión, conforme a las propias normas del Reglamento del Congreso.
6.  Por providencia de 16 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone contra los acuerdos de la mesa del 
Congreso de los Diputados, de 5 de junio y 16 de julio de 2019. En la primera de estas 
resoluciones, la mesa adoptó un acuerdo complementario de su acuerdo de 24 de mayo 
del mismo año por el que había declarado «automáticamente suspendidos en el ejercicio 
del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento de la 
Cámara» a cuatro diputados, entre ellos, al ahora recurrente en amparo. Instada por la 
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto la reconsideración de esta decisión con arreglo 
al artículo 31.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD), la mesa adoptó la 
segunda de las resoluciones impugnadas y confirmó en ella su acuerdo inicial.
El  recurrente  alega,  en  los  términos  que  se  han  expuesto  con  detalle  en  los 
antecedentes  de  esta  sentencia,  que  dichos  acuerdos  habrían  infringido  los 
artículos 23.2 y 24.2 CE, en conexión con los artículos 9.3, 16.1, 20.1 a), 23.1, 24.1, 25, 
33.3, 70 y 71 de la misma norma fundamental; determinadas reglas del Derecho de la 
Unión Europea y otras enunciadas en tratados internacionales de aquellos a los que 
remite el artículo 10.2 CE.
El Ministerio Fiscal por su parte, tal y como se ha dado cumplida cuenta en los 
antecedentes de esta sentencia, solicita que se inadmita parcialmente el recurso de 
amparo, y se desestime en todo lo demás. La representación del Congreso de los 
Diputados, a su vez, solicita la inadmisión del recurso de amparo y, subsidiariamente, la 
desestimación del recurso.
2.  Cuestiones previas.
Con carácter previo al examen de las cuestiones de fondo que plantea el presente 
recurso de amparo resulta necesario resolver una serie de cuestiones, tanto de orden 
procesal como de orden sustantivo, a los efectos de poder precisar el objeto del recurso 
de amparo y las pretensiones que en el mismo se formulan. e.
a)  En  la  demanda  se  impugna  el  acuerdo  de  la  mesa  del  Congreso  de  los  15ww
DFiispcuatal dcoosm doe  la2 5l edtera jduali od dee l a2s0 1C9o; rsteins  eGmebnaergraol,e sc,o melo a pcouneerdno d ed ere llaie vmee tsaan tpoo erl  eMl inqiusete rsioe 
sdieesnedsot imela 2 l5a  dseo lijcuiltiuod l ad efe rcehcao ndsei dlae rcaocmióunn fiucea caidóonp dtaed doi cchoon  afeccuheard doe p 1o6r  ldae p jruelisoi ddeen 2ta0 1d9e,l 
Congreso de los Diputados a la portavoz del grupo parlamentario. Por tanto, el presente
recurso debe entenderse dirigido contra el acuerdo de la mesa del Congreso de 16 de 
julio de 2019, resolución esta que desestimó la solicitud de reconsideración formulada 
por el grupo parlamentario contra el acuerdo inicial de 5 de junio de 2019.
b)  La letrada de las Cortes Generales solicita la inadmisión del presente recurso de 
amparo, por lo que ha de abordarse ahora la comprobación de los requisitos procesales 
(por todas, STC 36/2020, de 25 de febrero, FJ 2). La razón que alega es que el 
recurrente no interpuso la solicitud de reconsideración (artículo 31.2 RCD), requisito 
necesario para considerar agotada la vía previa para la interposición del recurso de 
amparo (artículo 42 LOTC). Dicha solicitud fue planteada por la portavoz del Grupo 
Parlamentario  Mixto.  Alega  que  no  hay  continuidad  procesal  entre  el  escrito  de 
reconsideración y la demanda de amparo, y que la parte a la que representa se sitúa en 
un plano de clara indefensión, en cuanto que quien solicita la reconsideración es una 
persona y quien interpone la demanda de amparo es otro sujeto diferente.
Como se ha expuesto pormenorizadamente en los antecedentes de esta sentencia, 
para sustentar su pretensión de inadmisión pone de manifiesto diferentes circunstancias 
que concurren: las alegaciones que pueda realizar la portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto  no  son  las  que  pueda  formular  el  recurrente  en  amparo,  quien  ni  siquiera 
pertenece  «como  activo»  al  Grupo  Mixto,  al  estar  suspendido;  es  discutible  la 
legitimación de la portavoz para solicitar la reconsideración de los aspectos del acuerdo 
que pueden calificarse de personalísimos; la portavoz interpuso la reconsideración en 
nombre de los diputados de JxCAT-Junts; y, en fin, las alegaciones que lleva a cabo 
sobre la posible afectación de los derechos del Grupo Mixto no pueden ser invocadas en 
una demanda de amparo planteada por un diputado suspendido aunque esté en dicho 
grupo parlamentario.
El artículo 42 LOTC permite la impugnación a través del recurso de amparo de las 
decisiones o actos sin valor de Ley del Congreso de los Diputados y de sus órganos una 
vez que, con arreglo a las normas internas de las cámaras, sean firmes. Este tribunal ha 
entendido  que  dicha  firmeza  exige  agotar  las  instancias  internas  parlamentarias 
previamente a la interposición del recurso de amparo (por todas, STC 27/2000, de 31 de 
enero,  FJ  2).  Hemos  considerado  el  incumplimiento  de  este  requisito  causa  de 
inadmisibilidad por «falta de agotamiento de la vía previa» (SSTC 20/2008, de 31 de 
enero, FJ 4; 119/2011, de 5 de julio, FJ 2, y 159/2019, de 12 de diciembre, FJ 2).
En  este  caso,  la  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Mixto  planteó  solicitud  de 
reconsideración contra el acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 5 de 
junio de 2019 que, tal y como ha quedado constancia en los antecedentes de esta 
sentencia, contiene pronunciamientos sobre los efectos de la suspensión en el ejercicio 
del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento de la Cámara de 
cuatro diputados, tanto en la composición y funcionamiento de la Cámara, como en el 
Grupo  Parlamentario  Mixto  y  sobre  determinadas  cuestiones  que  afectan  a  dichos 
diputados. A su vez, el ahora recurrente en amparo, que es uno de los cuatro diputados 
que quedó automáticamente suspendido en el ejercicio de su cargo, según los acuerdos 
de 24 de mayo y 11 de junio de 2019, interpuso el presente recurso de amparo.
No  pueden  acogerse,  en  este  punto,  las  diferentes  apreciaciones  realizadas  al 
respecto por la letrada de las Cortes Generales que, a su juicio, conducirían a la 
inadmisión de este recurso de amparo.
En primer lugar, porque, en este caso, no se puede negar que la portavoz del Grupo 
Parlamentario  Mixto  podía  solicitar  a  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados  la 
reconsideración del acuerdo de 5 de junio de 2019. El artículo 31.2 RCD establece que si  s
un diputado o un grupo parlamentario discreparen de la decisión de la esa, podrán  oe.
solicitar su consideración. w.
El tribunal ha venido entendiendo en el ámbito del recurso de amparo del artículo 42  15ww
oLsOteTnCt aqnu eu nlao sr egprruepsoesn tapcairólanm inesnttiaturicoiso,n aeln  dea plloicsa cmióine mdberlo sp riqnuceip iolo sd einl tefagvraonr  aqcuteio nleiss, 
odteo rlogsa  dcearpeacchidoas dfu pnrdoacmeseanl taanletse  dees tseu tsri bmuineaml bpraorsa  qdueefe tnednegra nla sre elavceiónntu acolens  evlu elnjeerrcaicciioo ndeesl   BOE-A-cable e
cargo representativo (STC 24/2020, de 13 de febrero, FJ 3). Este mismo entendimiento 
de la representación que ostenta el portavoz de un grupo parlamentario, podría hacerse 
extensivo a la solicitud de reconsideración (artículo 31.2 RCD), cuanto más la mesa del 
Congreso de los diputados, en el acuerdo de 16 de julio de 2019, que desestimó la 
reconsideración  solicitada,  no  cuestionó  la  legitimación  de  la  portavoz  del  Grupo 
Parlamentario Mixto para su planteamiento y dio contestación a todos los extremos 
planteados  en  la  misma,  incluidos  los  derechos  que  ahora  se  entiende  son 
personalísimos del recurrente. No es obstáculo para ello, tampoco, que la entonces 
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto especificase que la solicitud de reconsideración 
fue registrada a iniciativa exclusiva de JxCAT-Junts, ya que nada añade ni tampoco 
restringe  a  su  legitimación  como  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Mixto,  que  le 
correspondería precisamente por ostentar dicha condición de portavoz. En todo caso, el 
ahora recurrente en amparo fue elegido diputado del Congreso por la candidatura de 
Junts per Catalunya. Finalmente, el hecho de que el recurrente hubiese sido suspendido 
en su condición no tiene efectos tampoco en la legitimación de la portavoz para solicitar 
la reconsideración del acuerdo de 5 de junio de 2019, puesto que, según establece el 
propio acuerdo, el diputado recurrente forma parte del Grupo Mixto cuya portavoz solicitó 
dicha reconsideración.
De acuerdo con lo expuesto, no habría obstáculo para que la portavoz del Grupo 
Mixto  hubiese  planteado  la  solicitud  de  reconsideración  del  acuerdo  de  5  de  junio 
de 2019. En este caso, debemos entender, además, que, con la misma se ha agotado la 
vía previa para la interposición del presente recurso de amparo.
Ello se debe a que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la exigencia de haber 
agotado las instancias internas parlamentarias deriva del principio de subsidiariedad, así 
como del debido respeto a la autonomía parlamentaria, de tal modo que no cabe recabar 
el  amparo  de  este  tribunal  si  la  lesión  pudo  haber  sido  remediada  mediante 
procedimientos parlamentarios que sin embargo no se utilizaron [SSTC 96/2019, de 15 
de julio, FJ 4, y 97/2020, de 21 de julio, FJ 2 B) b)]. Pues bien, en este caso, se planteó 
solicitud de reconsideración por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en relación 
con el acuerdo de 5 de junio de 2019, en la que esgrimió consideraciones similares a las 
que se alegan en la demanda de amparo, en relación con los referidos acuerdos: la 
incompetencia de la mesa para su adopción y la falta de audiencia de la junta de 
portavoces;  la  afectación  de  dichos  acuerdos  al  Grupo  Parlamentario  Mixto  y  la 
vulneración  de  los  derechos  de  carácter  económico  y  social  de  los  diputados 
suspendidos.  En  consecuencia,  la  mesa  tuvo  ocasión  de  analizar,  al  plantearse  la 
solicitud de reconsideración, las vulneraciones que, de una manera u otra, se plantean 
en el presente recurso de amparo. Se respetaron, de esta manera, los principios de 
subsidiariedad, así como del debido respeto a la autonomía parlamentaria, que informan 
la exigencia de agotamiento de la vía previa en los recursos de amparo parlamentarios.
En consecuencia, afirmado que, en este caso, la portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, al plantear la solicitud de reconsideración actuó, también, en representación del 
diputado ahora recurrente en amparo, y que este planteó el presente recurso con el 
mismo fundamento que la misma, en la mayoría de sus extremos, y que, además, resulta 
afectado por los acuerdos que impugnan que, en su criterio, lesionan, entre otros, los 
derechos garantizados por el artículo 23.2 CE [STC 93/1998, de 4 de mayo, FJ 2 b)], 
debemos desestimar el óbice planteado por la letrada de las Cortes Generales.
Ello sin perjuicio de que las diferencias que pueda haber en alguno de sus extremos 
entre la solicitud de reconsideración y la demanda deban conducir a la delimitación del  s
objeto del presente recurso de amparo, como se expondrá a continuación. oe.
c)  El Ministerio Fiscal ha solicitado la inadmisión del recurso de amparo en relación  w.
con los pronunciamientos del acuerdo de 5 de junio de 2019, contenidos en los puntos 2,  15ww
e4n y  6c,u caonntofi rmdaicdhooss  poprr oenl uanccuiaemrdioe ndteo s1 6a dfeec tjaunlio , ap olro sfa ltdae dreec lheogsit imaatrcibióunid doesl  raelc uGrrreunptoe 
Padaurlcaem, edneta aricou Meridxoto ,c couny alo  reapfirrmesaednota ecnió nla l eSgTaCl n 2o4 o/2s0te2n0t,a  FeFl JdJe m3 ayn d4a, nqteu.e E lno sc omnicsrmetoos,   BOE-A-cable e
inciden en los derechos que el reglamento atribuye a los grupos parlamentarios y, en 
concreto, al Grupo Parlamentario Mixto, y el recurrente carece de legitimación para 
impugnar los mismos, en cuanto ha comparecido a título individual y sin ostentar la 
representación legal del grupo parlamentario en el que resulta integrado. Por su parte, y 
como se acaba de exponer, la letrada de las Cortes Generales afirma que la afectación 
de los derechos del Grupo Mixto no pueden ser invocada en una demanda de amparo 
planteada por un diputado suspendido de dicho grupo.
En la STC 24/2020, FJ 4, el tribunal recordó que los parlamentarios que comparecen 
en el recurso de amparo a título individual sin ostentar la representación del grupo 
parlamentario o de sus miembros, salvo que se personen todos sus componentes, 
carecen de legitimación para arrogarse la defensa de los derechos y facultades del grupo 
al  que  pertenecen.  Y,  entre  los  pronunciamientos  de  dichas  sentencias  se  refirió 
[STC 24/2020, FJ 4 b)], con cita de la STC 168/2012, de 1 de octubre, FJ 6 b), a que, «la 
sola condición de miembros de un grupo parlamentario no es suficiente para arrogarse la 
defensa de los derechos del grupo a que pertenecen, pues de lo contrario cada uno de 
los diputados de un grupo sería titular de una facultad impugnatoria que podría ejercitar 
individualmente, incluso en contra de la posible voluntad de los otros diputados del 
mismo grupo parlamentario».
Como ha quedado constancia en los antecedentes de esta sentencia, los puntos 2, 4 
y 6 del acuerdo de 5 de junio de 2019 contienen pronunciamientos que hacen referencia 
a:  (i)  que  la  circunstancia  de  que  diputados  suspendidos  no  pueden  pertenecer  a 
ninguna  comisión,  ni  formar  parte  de  otros  órganos  como  las  ponencias  o 
subcomisiones, habrá de ser tenida en cuenta en el momento de determinar el número 
de  miembros  que  en  los  distintos  órganos  corresponderá  designar  al  Grupo 
Parlamentario Mixto (punto 2); (ii) la ponderación de voto y el número de iniciativas que 
corresponden al Grupo Parlamentario Mixto con referencia a un sistema de cupo, en el 
que se descontará los cuatro diputados suspendidos del número total de diputados de 
dicho grupo (punto 4); (iii) la detracción de la parte proporcional de la subvención 
correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto, en lo relativo a la pertenencia al mismo 
de  dichos  diputados  (punto  6).  Contienen,  en  definitiva,  las  consecuencias  de  la 
suspensión de los cuatro diputados en el Grupo Parlamentario Mixto.
A la luz de la doctrina constitucional expuesta, y en tanto la sola condición de 
miembro de un grupo parlamentario no es suficiente para arrogarse la defensa de los 
derechos del grupo a que pertenecen, debemos convenir con el Ministerio Fiscal, que el 
diputado recurrente en amparo no estaba legitimado para impugnar los puntos 2, 4 y 6 
del  acuerdo  de  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados  de  5  de  junio  de  2019, 
confirmado por el acuerdo de 16 de julio del mismo año, en lo que hace referencia a los 
derechos del Grupo Mixto. Dichos pronunciamientos, en consecuencia, no serán objeto 
de nuestro enjuiciamiento en los extremos en los que la demanda entienda que los 
mismos vulneran los derechos del grupo parlamentario, pues el recurrente no ostenta 
legitimación para su impugnación.
d)  La impugnación por el recurrente no ha perdido objeto por el hecho de que 
cesara definitivamente en esa condición tras la disolución de la cámara y convocatoria 
de elecciones por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre (art. 68.4 CE) antes de 
que recayera, el 14 de octubre del mismo año, sentencia 459/2019, de 14 de octubre, de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, puesto que, como afirma el Ministerio Fiscal, 
los acuerdos frente a los que el recurrente ejerce su pretensión desplegaron sus efectos, 
al menos, y sin perjuicio de lo que posteriormente precisaremos, desde el día 21 de  s
mayo de 2019 hasta la fecha de la disolución de la cámara, el 24 de septiembre de ese  oe.
mismo año. w.
e)  En la demanda se ha solicitado, con cita del artículo 89.1 LOTC, la práctica de la  15ww
preruqeubisait ocroianss iys tseenntete ennci alisb rnaom fieirnmtoe sd pea roafi cqiou ea sl ere cgeisrttirfoic acrean t«rasil  adleg úmn ejudeidza so  ctraibuutenlaalr ehsa, 
ddeec dreiptaudtaod ola»  mdee dqiduaie np rreevcisutrare e, na seíl  caortmícou lloib 3ra8m4 iebnist oL EdeC raimte neton  orefilcaicoi óanl  Ccoonn glare csoon ddeic ilóons   BOE-A-cable e
Diputados, por medio de la presidenta de su diputación permanente, para que aporte 
copia del convenio especial vigente con la Seguridad Social aplicable a los diputados del 
Congreso, así como de la póliza de accidentes contratada por las Cortes Generales.
No procede, sin embargo, como también se afirma en la STC 97/2020, de 21 de julio, 
FJ 2 C), y por las mismas razones que dicha sentencia expresa, la práctica de prueba 
que se ha solicitado. No se trata solo de que, conforme al artículo 89.1 LOTC, el tribunal 
solo acordará la práctica de prueba «cuando lo estime necesario» y de que tal necesidad 
no sea de apreciar si los extremos sobre los que aquella hubiera de versar pudieran 
acreditarse en virtud de lo previsto en el artículo 88.1 LOTC, de conformidad con el cual, 
esta jurisdicción podrá recabar de los poderes públicos y de los órganos de cualquier 
administración la remisión del expediente y de los informes y documentos relativos a la 
disposición o acto origen del proceso constitucional (al respecto, STC 155/2017, de 21 
de diciembre, FJ 2). Se trata de que lo que así se interesa en la demanda, lo es para 
dilucidar o confirmar la naturaleza, cautelar o no, de la medida prevista en el repetido 
artículo 384 bis LECrim, así como de la concreta regulación del sistema de Seguridad 
Social y de la póliza de accidentes contratada por las Cortes Generales, aspectos sobre 
los que unas partes y otras han expuesto sus respectivos pareceres y que constituye, 
como es obvio, una quaestio iuris, no una quaestio facti, acerca de la que el tribunal no 
necesitaría, si el caso llegara, de ilustración específica.
3.  Delimitación del objeto y fundamento del recurso de amparo.
La mesa del Congreso de los Diputados, en sus resoluciones de 24 de mayo y 11 de 
junio de 2019, declaró «automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por 
tanto, y en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento de la Cámara» a 
cuatro diputados, entre ellos a quien hoy demanda amparo, con efectos desde el 21 de 
mayo del mismo año, fecha en la que unos y otros adquirieron tal condición, por concurrir 
las «circunstancias necesarias para la aplicación» del artículo 384 bis LECrim. Contra 
dichas resoluciones se interpuso recurso de amparo núm. 5196-2019, por quien ahora 
también recurre, que fue desestimado por STC 97/2020, de 21 de julio.
La citada sentencia, y los acuerdos sobre los que se pronuncia la misma, cobran 
relevancia en el presente proceso bajo los siguientes puntos de vista:
a)  Debe descartarse la nulidad de los acuerdos ahora recurridos por derivar de la 
nulidad de los acuerdos de 24 de mayo y 11 de junio de 2019 por remisión a lo alegado 
en el citado recurso de amparo núm. 5196-2019. Baste para ello, la remisión a lo 
afirmado en la STC 97/2020.
b)  El recurrente, además, formula alegaciones adicionales sobre la nulidad de los 
acuerdos de 24 de mayo y 11 de junio. Dichas alegaciones, de las que se ha dado 
cumplida cuenta en los antecedentes de esta sentencia, no serían imputables a los 
acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados de 5 de junio y 16 de julio de 2019, 
que  ahora  se  impugnan,  únicas  resoluciones  aquí  enjuiciables  (en  este  sentido, 
STC 97/2020, FJ 3) sino, en su caso, a los de 24 de mayo y 11 de junio de 2019. Estos y 
los que se impugnan en el presente recurso de amparo, como destaca la letrada de las 
Cortes Generales, son diferentes, aunque los segundos sean complementarios de los 
primeros. Y también lo es el objeto de la controversia, ya que si en el recurso de amparo 
núm. 5196-2019 se cuestionaba la suspensión de la condición del recurrente, ahora se 
discuten determinados efectos de la misma precisados por los acuerdos de 5 de junio y 
de 16 de julio de 2019. En consecuencia, las alegaciones adicionales sobre la nulidad de  s
los acuerdos de 24 de mayo y 11 de junio quedan fuera del presente recurso de amparo. oe.
c)  La  presente  sentencia  ha  de  partir  de  que  en  el  acuerdo  de  la  mesa  del  w.
«dCaeoubntegorrmeessá otei csdataemb el2en4ct eidd oseus  smepnae yneodl i ddRoees g 2ela0nm1 e9el, n etrojae tridcfieicc ailoda o dC epál omcra arergal o»d  yea,  lp 1do1er  mdtaean ntjodu,an neiotne,   lyoyas  a ds eeor terdoceshc oltarser ósy    2021-6615n https://ww
diputados.  La  STC  97/2020  descartó,  como  se  ha  señalado,  que  los  acuerdos
impugnados incurrieran en las vulneraciones que alegaba la demanda y que ahora se
reiteran  por  remisión  al  citado  recurso.  Por  lo  tanto,  debemos  limitarnos  ahora 
únicamente a las vulneraciones autónomas de este recurso de amparo.
d)  Rechazadas las vulneraciones alegadas en la demanda que se sustentan en la 
nulidad de los acuerdos de 24 de mayo y 11 de junio de 2019, deben ahora analizarse 
los motivos por los que, a juicio del recurrente, los acuerdos ahora recurridos vulnerarían 
los  artículos  14  y  23  CE,  así  como  el  artículo  3  del  Protocolo  núm.  1  al  CEDH. 
Precisando, en todo caso, respecto a la denuncia de la vulneración del artículo 14 CE 
que alega el demandante, que la eventual lesión de la igualdad ha de examinarse en el 
contexto del artículo 23.2 CE y no en el del artículo 14, a no ser que el tratamiento 
diferenciado controvertido se deba a alguno de los criterios expresamente mencionados 
en el artículo 14 CE (por todas, STC 4/2018, de 22 de enero, FJ 2), lo que no se aduce 
en el presente recurso de amparo. La suspensión de sus derechos económicos alegada 
por el recurrente, no se corresponde con un derecho fundamental susceptible de amparo 
constitucional  de  los  previstos  en  la  sección  primera,  capítulo  II,  título  I  de  la 
Constitución,  por  lo  que  su  análisis  habrá  de  limitarse  a  su  posible  afectación  al 
artículo 23 CE.
4.  Jurisprudencia constitucional sobre el artículo 23.2 CE.
La STC 97/2020, FJ 6 A) hizo un recordatorio general de las líneas capitales de la 
doctrina de este tribunal sobre el derecho fundamental enunciado en el artículo 23.2 CE, 
y a propósito de su conexión con el reconocido en el apartado primero del mismo 
artículo, con referencia a las SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 15; 159/2019, 
de 12 de diciembre, FJ 5; 3/2020, de 15 de enero, FJ 10; 4/2020, de 15 de enero, FJ 3, 
y 9/2020, de 28 de enero, FJ 4. Especial relevancia tiene en el presente recurso de 
amparo, asimismo, la doctrina constitucional sobre el contenido de este derecho [entre 
otras, además de las anteriores, STC 110/2019, de 2 de octubre, FJ 2 A)]. La doctrina 
contenida en dichas sentencias:
a)  Desde las SSTC 10/1983, de 21 de febrero, y 32/1985, de 6 de marzo, FFJJ 2 
y 3 de una y otra, tiene declarado este tribunal que el derecho a acceder a los cargos de 
naturaleza representativa implica también el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de 
acuerdo con la ley, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas.
b)  Cuando se trata de tales cargos representativos, el derecho enunciado en el 
artículo 23.2 CE ha de ponerse en conexión con el de todos los ciudadanos a participar 
en los asuntos públicos por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal (art. 23.1 CE), pues son los representantes quienes 
actualizan aquel derecho de los ciudadanos, al margen ahora la participación directa a la 
que el propio precepto se refiere.
c)  El derecho establecido en el artículo 23.2 CE, como se desprende del inciso final 
del precepto, es de configuración legal, correspondiendo a la ley, concepto en el que se 
incluyen  los  reglamentos  parlamentarios,  ordenar  los  derechos  y  facultades  que 
correspondan a los distintos cargos públicos y que pasan así a integrarse en el estatus 
propio de cada uno de ellos, con la consecuencia de que podrá su titular defender, al 
amparo de esta disposición constitucional, el ius in officium que estime ilegítimamente 
constreñido  o  ignorado  por  actos  de  los  poderes  públicos.  En  todo  caso,  en  el 
artículo 23.2 no ha asumido la Constitución un genérico derecho, con la condición de 
fundamental,  al  respeto  de  todas  y  cada  una  de  las  prescripciones  de  aquellos 
reglamentos,  con  la  consecuencia  de  que  el  derecho  de  los  representantes,  y  en  s
particular  su  ius  in  officium,  solo  podrá  considerarse  vulnerado  si  las  alegadas  oe.
contravenciones de las normas internas de las asambleas afectan al núcleo de los  w.
cdoenresdct)ih tuocEsi ol nylea glfmiascelaundlttoear dr eedlsies vpdaoenn teel o.dse  ruenp raemsepnlitoa nmteasr geon,  deen  liobterortsa dt épramrain oresg, uala rs eul  eejsetractiuctioo   2021-6615n https://ww
del derecho, si bien con límites, tanto generales, como el respeto al principio de igualdad
y a los demás derechos fundamentales, como referidos, cuando se trata de cargos 
representativos, a la necesaria salvaguarda de la naturaleza de la representación.
e)  El derecho fundamental de que se trata no es incondicionado o absoluto, sino 
que queda delimitado en su contenido tanto por su naturaleza como en atención a su 
función. Aunque el derecho se impone en su contenido esencial al legislador, puede este 
establecer limitaciones y restricciones a su ejercicio que, respetando ese contenido y los 
imperativos del principio de igualdad, se ordenen, desde la perspectiva constitucional, a 
un fin legítimo y en términos proporcionados a esa válida finalidad. Limitaciones y 
restricciones legales que habrán de aplicarse, en especial por los órganos judiciales, 
mediante resolución especialmente motivada y no incursa en desproporción en relación 
con aquella finalidad.
f)  Los criterios reseñados, son según se puntualiza con detalle en las mencionadas 
sentencias,  semejantes  a  los  que  se  desprenden  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 3 del Protocolo adicional número 1 al 
CEDH,  jurisprudencia  que  constituye  relevante  referencia  hermenéutica  para  la 
determinación del sentido y alcance de los derechos que la Constitución reconoce en su 
artículo 10.2.
5.  Sobre las vulneraciones alegadas del artículo 23 CE.
En el análisis de las vulneraciones del artículo 23 CE aducidas en la demanda hay 
que partir de que este tribunal ya consideró que la aplicación por los acuerdos de 24 de 
mayo y de 11 de junio de 2019 del artículo 384 bis LECrim no fue lesiva del derecho 
fundamental enunciado en el artículo 23.2 CE [STC 97/2020, FJ 6 B) e)]. En el acuerdo 
de 24 de mayo, confirmado por el acuerdo de 11 de junio, se declaró automáticamente 
suspendido al ahora recurrente en amparo, en el ejercicio del cargo y en los derechos y 
deberes  establecidos  en  el  Reglamento  del  Congreso.  Entre  esos  derechos  se 
encuentran los derechos y las facultades a las que se refieren los acuerdos ahora 
recurridos, que por ser complementarios de los anteriores, se limitan, como los propios 
acuerdos expresan, a establecer el alcance y los efectos de la suspensión. Partiendo de 
dicha premisa, deben ahora analizarse las diferentes quejas que aduce la demanda.
A)  La demanda alega, en primer lugar, que el acuerdo de 5 de junio de 2019, fue 
dictado por un órgano manifiestamente incompetente, la mesa, y que se ha producido la 
vulneración del derecho del diputado recurrente por su adopción, sin audiencia de la 
junta de portavoces. A su juicio, un inciso del apartado 2 del citado acuerdo, que 
establece que la suspensión de determinados diputados supone que los mismos no 
pueden pertenecer a ninguna comisión, ni formar parte de otros órganos como las 
ponencias  o  subcomisiones,  «habrá  de  ser  tenida  en  cuenta  en  el  momento  de 
determinar el número de miembros que en los distintos órganos corresponderá designar 
al  Grupo  Parlamentario  Mixto»,  es  una  disposición  de  carácter  general,  siendo 
competente para su adopción la presidencia de la Cámara, oída la junta de portavoces 
(artículo 32.2 RCD). La vulneración del artículo 23 CE se habría producido, a decir de la 
demanda, precisamente, por no haber oído a la junta de portavoces, ya que conforme a 
las SSTC 107/2016, 108/2016 y 109/2016, de 7 de junio, dicha falta de audiencia es la 
que comporta la vulneración.
No cabe acoger, sin embargo, esta queja.
El acuerdo de 5 de junio de 2019, confirmado por el de 16 de julio, es un acuerdo de 
carácter complementario del de 24 de mayo de 2019, confirmado por el de 11 de junio  s
de 2019, en el que se declaró la suspensión en el ejercicio del cargo y de los derechos y  oe.
deberes establecidos en el reglamento de la Cámara, entre otros, del ahora recurrente  w.
feeucnno cnaioómnmpaiacmorioes, n yt yod  eqd puere e lsadt aeccfiiáonmnee asrloa ss o yce iafdeleecs to sdsue s ld oesó  rdgdiapicnuhotaas d osysu,  ssepunes npsreeinólasnco isóe.nn   clao nc olomsp odseicreiócnh oys   2021-6615n https://ww
El acuerdo de 24 de mayo, del que este es complementario, fue adoptado por la
mesa de la Cámara. Al respecto la STC 97/2020, FJ 6 C) b) afirmó que no cabía «en
definitiva censura jurídico-constitucional alguna por el hecho de que la mesa de la 
Cámara asumiera la declaración de suspensión, acto debido para cuya adopción se 
acomodó bien la condición de un órgano de gobierno que tiene cometidos, en general, 
de carácter técnico-jurídico [STC 110/2019, FJ 3 A) b), por todas], y que cuenta, como 
han  recordado  quienes  se  oponen  al  recurso,  con  competencia  para  cualesquiera 
funciones ‘que no estén atribuidas a un órgano específico’ del Congreso (art. 31.1.7 
RCD)». Por lo tanto, si entendimos que la mesa era competente para la adopción de la 
declaración de suspensión, no hay razón alguna para entender que no lo es para definir 
los efectos de la misma, cuanto más en la medida en que la mesa, como alega la letrada 
de las Cortes Generales, es el órgano rector y de gobierno de la Cámara (artículo 30.l 
RCD),  al  que  le  corresponde  «adoptar  cuantas  decisiones  y  medidas  requieran  la 
organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara» (artículo 31.1.1 
RCD), la función de calificar y decidir la tramitación de todos los escritos y documentos 
de índole parlamentaria (artículos 31.1.4 y 5 RCD), así como «cualesquiera otras que le 
encomiende  el  presente  reglamento  y  las  que  no  estén  atribuidas  a  un  órgano 
específico» (artículo 3.1.7 RCD). A lo que ha de añadirse que, en todo caso, el inciso al 
que hace referencia la demanda y que determinaría el vicio de incompetencia que se 
alega, no podría considerarse, como también alega la letrada de las Cortes Generales, 
una resolución de carácter general cuya adopción encomienda el artículo 32.2 RCD a la 
presidencia de la Cámara, oída la mesa y la junta de portavoces, en la que se ejerza una 
función supletoria del reglamento.
En todo caso, en lo que funda la demanda la vulneración del artículo 23.2 CE es en 
la falta de audiencia de la junta de portavoces (SSTC 107/2016, 108/2016 y 109/2016). Y 
lo  cierto  es,  como  alegan  las  partes  que  se  oponen  al  recurso,  que  la  junta  fue 
efectivamente oída por el órgano de gobierno de la cámara antes de resolver sobre la 
solicitud de reconsideración, de acuerdo con el artículo 31.2 RCD. En consecuencia, y 
como afirma la STC 110/2019, FJ 2 B a) «oída así la junta sobre este extremo, es ya del 
todo intrascendente, a efectos jurídico-constitucionales, que el parecer recabado lo fuera 
con fundamento en uno u otro precepto reglamentario […] pues lo decisivo es que la 
audiencia —de ser relevante para el derecho fundamental invocado— tuvo lugar, sin que 
el recurso de amparo del artículo 42 LOTC sirva en modo alguno de cauce para discutir 
sobre infracciones puramente formales, reales o supuestas, de la legalidad parlamentaria 
y que nunca habrían deparado, por tanto, lesiones reales y efectivas de los derechos 
fundamentales (SSTC 129/2006, de 24 de abril, FJ 4, y 78/2016, de 24 de abril, FJ 6)».
B)  El recurrente alega que los apartados 2, 4 y 6 del acuerdo de 5 de junio vulneran 
los derechos del Grupo Parlamentario Mixto y del recurrente. Dichos apartados, como ha 
quedado constancia en los antecedentes, precisan las consecuencias de la suspensión 
de los diputados a los que se refiere el acuerdo de 24 de mayo de 2019, en las mayorías 
del Congreso y de sus órganos, y en los derechos del Grupo Parlamentario Mixto.
En concreto, el apartado 2 establece que, en el momento de determinar el número de 
miembros que, en los distintos órganos corresponderá designar al Grupo Parlamentario 
Mixto, ha de tenerse en cuenta que los diputados suspendidos no pueden pertenecer a 
ninguna  comisión,  ni  formar  parte  de  otros  órganos  como  las  ponencias  o 
subcomisiones. Por su parte, el apartado 4 establece que se descontarán los cuatro 
diputados  suspendidos  del  número  total  de  miembros  de  la  cámara  a  efectos  de 
ponderar el voto en los casos en que sea precisa tal ponderación y para la asignación 
del número de iniciativas correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto cuya inclusión 
se establezca con referencia a un sistema de cupo. A su vez, el apartado 6 establece  s
que se ha de detraer la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo  oe.
Parlamentario Mixto, en lo relativo a la pertenencia al mismo de dichos diputados, una  w.
vez se formalice su incorporación a aquél. 15ww
deteLram rinaazdóans d ec olan sveuclnueernacciiaósn  sqeureía ,s see gaútrnib suey einnf iear el ad es luos epxepnuseiósnto  deen  llaa  dceomnadnicdióan,  qduee 
daispíu ctaodmoo,  veull ndeerraenc heol  pari nucnipai or edseo ilnutceiórdni cmcioótniv daed ala.  aErnbtirtera rlaiesd aadle dgea cloiosn peos dqeurees  rpeúablizlicao es,l   BOE-A-cable e
recurrente, como se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, pone de 
manifiesto que se han alterado las mayorías de los órganos de la cámara y resulta 
arbitrario que los diputados suspendidos computen para la mayoría del pleno y no en 
relación  con  los  derechos  del  Grupo  Parlamentario  Mixto.  Dichas  alegaciones  se 
extienden al apartado 6 que, a su vez, vulneraría el artículo 23.2 CE, de acuerdo con la 
STC 15/1992, de 10 de febrero.
La queja, tal y como ha quedado expuesta, ha de entenderse limitada a la denuncia 
de falta de motivación y arbitrariedad de tales acuerdos vulneradora, a decir de la 
demanda de los derechos del recurrente. Debe recordarse, al respecto, que, en el 
fundamento jurídico 2 c) de esta sentencia hemos afirmado que los apartados 2, 4 y 6 
del acuerdo de 5 de junio de 2019 no van a ser objeto de nuestro enjuiciamiento en los 
extremos en los que la demanda entienda que los mismos vulneran los derechos del 
grupo parlamentario, pues el recurrente no ostenta legitimación para su impugnación 
[STC 24/2020, FJ 4 b)].
En todo caso, no cabe acoger las quejas que en la demanda se exponen, de falta de 
motivación de las resoluciones que dictó la mesa del Congreso.
Se  ha  de  tener  en  cuenta  que  la  autonomía  parlamentaria  garantizada 
constitucionalmente (art. 72 CE) implica otorgar a los órganos rectores de las cámaras 
«un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este 
tribunal  no  puede  desconocer»  [STC  34/2018,  FJ  3  c),  con  cita  a  su  vez  de  la 
STC 215/2016, de 15 de diciembre, FJ 5 b)]. Además, que el Tribunal Constitucional, 
ante la denuncia de falta de motivación de acuerdos de órganos de las diferentes 
cámaras ha entendido que la misma ha podido ser expresada tanto en el acuerdo inicial, 
como  en  la  contestación  a  la  solicitud  de  reconsideración  (en  este  sentido, 
STC 173/2020, de 19 de noviembre, FJ 3), y también en el acta de la reunión en la que 
se adoptó el correspondiente acuerdo (STC 110/2019, de 2 de octubre, FJ 4).
Pues bien, en este caso, y como destaca la letrada de las Cortes Generales, el 
acuerdo de 5 de junio de 2019 se adoptó teniendo en cuenta el «[i]nforme sobre el 
alcance y efectos de la suspensión de los señores diputados que se encuentran en 
prisión preventiva» de la Secretaría General del Congreso de los Diputados de 4 de junio 
de 2019, tal y como consta en el acta de la mesa del referido día. Asimismo, en el 
acuerdo de 16 de julio de 2016, por el que se desestimó la solicitud de reconsideración 
planteada por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto contra el acuerdo de 5 de junio, 
la mesa expuso los motivos por los que había adoptado las diferentes decisiones que 
ahora se discute.
En definitiva, han de entenderse satisfechas las exigencias de motivación y por lo 
tanto no cabría tildar de arbitraria la interpretación aun en la hipótesis de que no sea la 
única posible, que la mesa del Congreso de los Diputados realizó en dichos acuerdos.
C)  Finalmente, la demanda aduce que los apartados quinto y séptimo del acuerdo 
de 5 de junio de 2019 son nulos de pleno derecho por privar al recurrente de la 
asignación  económica  y  de  otros  derechos  de  carácter  económico.  Son  muy 
heterogéneas las razones por las que, a juicio del demandante, dichos apartados serían 
nulos.
a)  Debe descartarse, como ya hicimos en el fundamento jurídico 3 A) a) de esta 
sentencia, por remisión a la STC 97/2020, que estos acuerdos sean nulos por serlo los 
de 24 de mayo y 11 de junio de 2019.
b)  Tampoco  resulta atendible  la queja de  falta de motivación de los acuerdos 
impugnados  en  este  punto,  por  las  mismas  razones  expuestas  en  el  fundamento  e.
jurídico 6 B) de esta sentencia, habiendo razonado, además, la mesa, en su acuerdo  w.b
de 16 de julio de 2019, en el que desestima la solicitud de reconsideración, que la  15ww
seunscpoenntrsáinódno sdee  endtirceh odsic hdoesr deechreocsh oysa l osse p rerevsisotlovsió e ne lno s eal rtíaccuuloesrd 8o  y d9e R  C24D , dpeo r lmo aqyuoe, 
ndoe msaen dpau.ede  entender  que  carezcan  de  fundamentación  jurídica  como  aduce  la
c)  Se alega que el artículo 71.4 CE prevé que todos los diputados tienen derecho a 
una asignación económica (cita la STC 36/2014, de 27 de febrero, FJ 6 b). A juicio de la 
demanda y, de conformidad con el artículo 8 RCD, la mesa tiene derecho a determinar la 
cuantía, pero no puede privar absolutamente de esa asignación a un diputado, aun en el 
caso de que se hallase legalmente suspendido de sus funciones. Por lo tanto, la mesa 
del  Congreso,  al  negar  el  abono  de  la  asignación  económica  constitucionalmente 
prevista  al  recurrente,  habría  vulnerado  sus  derechos,  entre  los  que  se  cuenta  tal 
asignación, a lo que añade, como consta en los antecedentes de esta sentencia, que 
dichos acuerdos han situado al recurrente en peor condición que el diputado kurdo señor 
Selahattin  Demirtas.  Específicamente  se  refiere  la  demanda  a  la  privación  de  la 
asignación económica correspondiente entre los días 28 de abril y 21 de mayo de 2019, 
en los términos que había acordado, para todos los miembros de la Cámara, la mesa del 
Congreso de los Diputados el 23 de mayo de 2019, habiendo participado en la sesión 
constitutiva de la XIII legislatura, sin asignación económica, sin cotización a la Seguridad 
Social, así como sin póliza de accidentes durante ese día, por lo que son acuerdos 
arbitrarios.
Considera, además, que no hay previsión normativa alguna que ampare la baja en la 
cobertura de protección social, siendo contraria a las disposiciones normativas aplicables 
en materia de Seguridad Social. Idénticas consideraciones, se añade, son de aplicación 
a la póliza de accidentes suscrita por las Cortes Generales. La privación de todos estos 
derechos vulneraría, a su juicio, el artículo 23 CE, en relación con el artículo 33.3 CE, así 
como los derechos reconocidos en el artículo 17 CDFUE y el artículo 1 del Protocolo 
núm. 1 al CEDH. Además, alega que dicha privación de derechos se habría producido 
sin  dar  audiencia  al  recurrente  por  lo  que  se  habrían  vulnerado  los  derechos  del 
artículo 6 CEDH. Finalmente menciona el artículo 13 CEDH.
Las  vulneraciones  alegadas  se  habrían  producido,  según  la  demanda,  por  lo 
dispuesto en los apartados 5 y 7 del acuerdo de 5 de junio de 2019. Conforme al primero 
de los apartados, no se autoriza el abono de las percepciones económicas propias de la 
condición de diputado, incluidas las que habrían correspondido a los citados diputados 
entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2019 conforme el acuerdo adoptado por la mesa 
de la cámara el día 23 de mayo de 2019, en relación con el devengo de las retribuciones 
de los diputados de la XIII legislatura. En el segundo de los apartados se procede a dar 
de baja a los mencionados diputados en la cobertura de protección social prevista en el 
artículo 9 del Reglamento de la Cámara, así como en la póliza de accidentes contratada 
por las Cortes Generales, mientras se mantenga la suspensión de sus derechos.
El tribunal no puede compartir los argumentos expuestos en la demanda sobre los 
apartados 5 y 7 del acuerdo de 5 de junio de 2019, confirmado por el acuerdo de 16 de 
julio.
En  primer  lugar  porque,  como  ya  hemos  recordado  reiteradamente  el  tribunal 
consideró que la aplicación del artículo 384 bis LECrim por los acuerdos de 24 de mayo 
y de 11 de junio de 2019 no lesionó el derecho fundamental enunciado en el artículo 23.2 
CE [STC 97/2020, FJ 6 B) e)], y en el acuerdo de 24 de mayo, confirmado por el acuerdo 
de 11 de junio, se declaró automáticamente suspendido al ahora recurrente en amparo, 
en el ejercicio del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento del 
Congreso, con efectos desde el 21 de mayo del mismo año, fecha en la que unos y otros 
adquirieron tal condición, por concurrir, se puntualizó las «circunstancias necesarias para 
la aplicación» del artículo 384 bis LECrim. Entre esos derechos se encuentran los 
derechos, y otras previsiones, a los que se refieren los apartados 5 y 7 del acuerdo de 5  s
de junio de 2019. oe.
En concreto, el artículo 71.4 CE establece que «los diputados y senadores percibirán  w.
una asignación que será fijada por las respectivas cámaras» y el artículo 8.1 RCD  15ww
deifsicpaozn ye  dqiugen a«mloesn dteip suuta fduonsc ipóenr»c.ibirán una asignación económica que les permita cumplir
del pErle asrutípcuuelos to9  dReCl DC,o nqguree staom ebl iaébno anloe gdae  llaa sd ecomtiaznadcaio, ndeest ear mlai nSae gquureid «acdo Srroecráia la y c aa rlgaos   BOE-A-cable e
mutualidades  de  aquellos  diputados  que,  como  consecuencia  de  su  dedicación 
parlamentaria, dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación o pertenencia a 
aquellas» y que «el Congreso de los Diputados podrá realizar con las entidades gestoras 
de la Seguridad Social los conciertos precisos para cumplir lo dispuesto en el apartado 
anterior y para afiliar, en el régimen que proceda, a los diputados que así lo deseen y 
que con anterioridad no estuvieren dados de alta en la Seguridad Social».
A ello ha de añadirse que, como ya hemos recordado, la Constitución no ha asumido 
en el artículo 23.2 CE un genérico derecho fundamental al respeto de todos y cada uno 
de los derechos y facultades del estatuto del parlamentario, sino tan solo el de aquellos 
que pudiéramos considerar pertenecientes al núcleo de la función representativa, como 
son, principalmente, los que tienen relación directa con el ejercicio de las potestades 
legislativas y de control de la acción del gobierno [por todas, STC 159/2019, de 12 de 
diciembre, FJ 5 c)].
Así,  el  Tribunal  Constitucional  se  ha  pronunciado  en  algunas  ocasiones  en  el 
entendimiento de que los derechos de contenido económico no forman parte del núcleo 
del ius in officium de los diputados autonómicos (STC 159/2019, FJ 6, con remisión a lo 
afirmado en la STC 36/2014, de 27 de febrero, FJ 6), sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo  71.4  CE.  La  previsión  constitucional  de  que  los  diputados  percibirán  una 
asignación que será fijada por las respectivas cámaras, ha de ser entendida, como lo ha 
hecho el artículo 8 RCD, en el sentido de que dicha asignación será la necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. Al ser la asignación un instrumento para el ejercicio de las 
funciones, su privación comportará la vulneración del art. 23.2 CE solo cuando le impida 
el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. En este caso, sin embargo, es la 
suspensión de la condición de diputado y por ende de la posibilidad de ejercicio de sus 
funciones lo que ha determinado la suspensión de la asignación económica que ahora se 
denuncia.
En  definitiva,  como  ya  se  ha  recordado,  el  acuerdo  de  24  de  mayo  de  2019, 
confirmado por el de 11 de junio del mismo año, ya había declarado automáticamente 
suspendido en el ejercicio del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el 
Reglamento  del  Congreso,  entre  otros,  al  ahora  recurrente  en  amparo.  Entre  los 
derechos que han sido suspendidos se encuentran los previstos en el artículo 8 RCD, 
derechos de contenido económico que se establecen para el ejercicio de la función 
parlamentaria  que  quedó  suspendida  desde  el  momento  de  la  adquisición  de  la 
condición de diputado, esto es desde el 21 de mayo de 2019. A ello hemos de añadir 
que el Tribunal Constitucional consideró que la suspensión de los derechos de contenido 
económico (ATC 334/1993, de 10 de noviembre, FJ 2) no vulnera el artículo 23.2 CE 
precisamente porque se impone por la falta de ejercicio de las funciones parlamentarias.
Dichas consideraciones resultan también aplicables al apartado 7 del acuerdo, a lo 
que se ha de añadir que, si bien está prevista la posibilidad de la cotización a la 
seguridad social en el artículo 9 RCD, no puede entenderse que forme parte del núcleo 
del ius in officium, cuya afectación pueda provocar una vulneración del artículo 23.2 CE. 
Tampoco la contratación de una póliza de accidentes, que no se encuentra prevista en el 
reglamento de la cámara. Ambas prestaciones son accesorias del ejercicio de la función 
parlamentaria y su privación, en su caso, sería una cuestión de legalidad ordinaria, como 
aduce el Ministerio Fiscal.
El  recurrente  realiza  una  serie  de  consideraciones  adicionales  que  si  bien  no 
constituyen verdaderas alegaciones, conviene dar una breve respuesta. En primer lugar, 
respecto a la falta de audiencia, en este caso no puede ser entendida como una  s
exigencia constitucional al no tratarse de un procedimiento sancionador. En todo caso, el  oe.
recurrente tuvo la oportunidad de alegar a través de la solicitud de reconsideración y  w.
ninguna merma de sus derechos puede ser apreciada. 15ww
quejFai ndaelm veinotlea,c ieónn  cduealn taor taíc lual oc it2a4 d eCl Ea,r tídceubloe  1s3e CñEalDarHs,e q uqeu ee,q uaidveamldárísa  ad eu nsau  sufapltuae sdtea 
dpeosr amrreodllioo  daerg luam peonrttaavtiovoz ,d ceal rGecruep doe P caorlnatmeneindtoa,r iop uMesixttoo ,q huae  teeln irdeoc uorcreansitóen,  edne  seosltiec itcaar sloa   BOE-A-cable e
reconsideración  del  acuerdo  impugnado  y,  especialmente,  de  presentar  el  presente 
recurso de amparo, constituyendo esta sentencia la prueba evidente de que ha tenido 
ocasión de que un tribunal analice sus pretensiones de fondo de manera motivada y 
razonada, no debiendo confundirse el derecho al recurso efectivo del art. 13 CEDH con 
un hipotético derecho a que un tribunal falle en favor de las pretensiones planteadas.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Sànchez i Picanyol.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.