BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Viernes 4 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 68219
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
9286 Decreto-ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes 
para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con 
fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
I
La expansión de la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo ha provocado unas 
consecuencias asoladoras en la salud de las personas, pero, desgraciadamente, no solo 
en la salud, sino que sus efectos han afectado gravemente al tejido social y económico. 
Para  afrontar  la  crisis  sanitaria  se  han  adoptado  toda  una  serie  de  medidas 
excepcionales dirigidas a reducir suficientemente el impacto y controlar la expansión de 
la pandemia y, también, a paliar y revertir sus efectos negativos en el ámbito social y 
económico. En este sentido, la Unión Europea ha apostado por una recuperación firme y 
decidida de la economía y de la sociedad con la finalidad no solo de reparar los daños, 
sino también de salir reforzados de la crisis.
Esta apuesta de la Unión Europea se ha traducido en un paquete de medidas para 
impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación de la Unión Europea que 
parten de las primeras conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo en reunión 
extraordinaria celebrada entre los días 17 y 21 de julio de 2020; conclusiones estas que 
se complementaron posteriormente en la reunión de 11 de diciembre de 2020. Estas 
medidas, que han culminado con la aprobación a lo largo del mes de diciembre de 2020 
de la mayoría de los reglamentos correspondientes y también del presupuesto de la 
Unión  Europea,  se  articulan  fundamentalmente  mediante  dos  vías:  el  Instrumento 
Europeo de Recuperación, también llamado Next Generation EU, con una dotación 
de  750.000  millones  de  euros,  y  el  marco  financiero  plurianual  (MFP)  para  los 
ejercicios 2021-2027. El Instrumento Europeo de Recuperación se fundamenta a su vez 
en tres pilares:
1.º  El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR), destinado a apoyar los 
esfuerzos de los estados miembros para recuperarse, a reparar los daños y a salir 
reforzados de la crisis, con un ámbito de aplicación estructurado alrededor de seis 
grandes bloques de actuaciones: a) la transición ecológica; b) la transformación digital; c) 
el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluye la cohesión económica, la 
ocupación, la productividad, la competitividad, la búsqueda, el desarrollo y la innovación, 
y un mercado interior que funcione correctamente con pequeñas y medianas empresas 
sólidas; d) la cohesión social y territorial; e) la salud y la resiliencia económica, social e 
institucional, con el objeto, entre otros, de aumentar la preparación y la capacidad de 
reacción ante las crisis, y f) las políticas para la próxima generación, la infancia y la 
juventud, como por ejemplo la educación y el desarrollo de capacidades.
2.º  La Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-EU), que se canaliza mediante los fondos FEDER, FSE y FEAD, y que pretende 
una recuperación ecológica, digital y resiliente. e.e
3.º  El reforzamiento de proyectos clave de la Unión Europea para extraer las  w.b
enseñanzas de la crisis, fortalecer el mercado único y acelerar la doble transición digital  86ww
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al que se refiere el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y mediante el que 
deben canalizarse los fondos europeos.
Las  Illes  Balears  aprobaron,  así  mismo,  el  Plan  Autonómico  de  Reactivación  y 
Transformación Económica y Social de las Illes Balears, con diez ejes de futuro y 
diferentes planes, estrategias y pactos que deben permitir, en connivencia, discusión, 
consenso  y  construcción  conjunta  con  otras  administraciones  y  actores 
socioeconómicos, desplegar las acciones que son necesarias para hacer frente a la 
situación generada por la pandemia y salir fortalecidos.
II
El Real Decreto Ley 36/2020 mencionado aprueba un marco general básico dirigido 
a movilizar inversiones y proyectos y a facilitar, dentro del calendario temporal marcado 
por  la  Unión  Europea,  la  gestión  administrativa  necesaria  para  que  el  máximo  de 
proyectos pueda beneficiarse de la financiación europea. Algunas de estas medidas, de 
carácter básico, son directamente aplicables en el ámbito de la comunidad autónoma de 
las Illes Balears, pero otras requieren una adaptación o un desarrollo legal autonómico 
que las armonice con las particularidades organizativas y normativas propias, lo que se 
lleva a cabo mediante este Decreto Ley.
Este Decreto Ley consta de veinticinco artículos, divididos en ocho capítulos, y 
también de diez disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria y seis disposiciones finales. El capítulo I regula las disposiciones generales, 
como por ejemplo el objeto y el ámbito de aplicación de la norma. El capítulo II hace 
referencia a los instrumentos de planificación, gestión y control; concretamente, al Plan 
Estratégico Autonómico que debe aprobar el Consell de Govern, y también a la Dirección 
de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, que es el 
órgano responsable de la planificación, la evaluación, la coordinación y el seguimiento de 
las inversiones estratégicas promovidas por el Govern y el resto de instituciones y 
agentes  sociales  de  las  Illes  Balears  susceptibles  de  financiarse  con  los  fondos 
integrantes del Instrumento Europeo de Recuperación.
Para adecuarse a las exigencias de la Unión Europea en la gestión de los fondos 
procedentes de este Instrumento Europeo de Recuperación, del que forman parte el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el REACT-EU, los capítulos siguientes lo 
que  hacen  principalmente  es  suprimir  algunos  trámites  que  no  se  consideran 
imprescindibles para garantizar la idoneidad del procedimiento o bien acortar los plazos 
de los trámites que se entienden ineludibles. Así, el capítulo III trata de agilizar el 
procedimiento  de  elaboración  de  normas  y  también  todos  los  procedimientos 
administrativos que comportan expedientes de gasto, con lo que se generaliza ex lege la 
tramitación por la vía de urgencia, y el capítulo IV establece determinadas normas 
especiales en materia de suscripción de convenios, en consonancia con la regulación 
estatal  en  este  punto.  El  capítulo  V  regula  algunas  especialidades  en  materia 
presupuestaria,  a  fin  esencialmente  de  facilitar  la  generación,  la  restitución  y  la 
incorporación  de  créditos,  y  el  capítulo  VI  establece  ciertas  normas  especiales  en 
materia de  subvenciones, también de  una manera  análoga a la establecida por el 
legislador estatal por medio del Real Decreto Ley 36/2020 de constante referencia. A su 
vez, el capítulo VII, en materia de contratación pública, prevé la aprobación de modelos 
de pliegos tipo, con la inclusión necesaria de determinados aspectos susceptibles de  s
estandarización, entre otras medidas que deben permitir una contratación más ágil y más  e.
eficaz en el marco de estos proyectos que deban financiarse con los mencionados  w.
fondos europeos. Finalmente, el capítulo VIII trata de un elemento capital, como es el  86ww
fruéngcimioenne sd dee  loloss  nreocmubrsraoms iheunmtoasn, olass q uceo nsteraatna cnioenceess ayri olsa sp aartari buuncaio andeesc uteamdap ogreasletisó nd ey 
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En cuanto a las disposiciones adicionales, se incluyen algunas medidas que se 
consideran necesarias y coherentes con las previsiones generales del Decreto Ley, como 
por ejemplo la que establece que las normas integrantes del articulado de este sean 
aplicables en el ámbito de proyectos que eventualmente se financien con otros fondos 
europeos, además del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU; 
previsión esta que se hace extensiva, en la parte del Decreto Ley aplicable al ámbito 
subvencional, a las actuaciones que resulten de la ejecución de la línea Covid de ayudas 
directas a empresarios y profesionales a la que se refiere el título I del Real Decreto 
Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Así mismo, se prevén medidas 
retributivas destinadas al personal que se ocupa de la ejecución de esta línea Covid del 
Real Decreto Ley 5/2021 mencionado, vinculadas al grado de cumplimiento de los 
objetivos de esta línea de ayudas. También se prevé la aplicación de determinadas 
normas del Decreto Ley a las administraciones insulares y locales de las Illes Balears, 
sin  perjuicio  de  que  las  entidades  mencionadas  lleven  a  cabo  las  adaptaciones 
organizativas  consiguientes,  y  la  extensión  temporal  de  algunos  preceptos  de  la 
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de 
la  actividad  económica  y  la  simplificación  administrativa  en  el  ámbito  de  las 
administraciones  públicas  de  las  Illes  Balears  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19, entre otras disposiciones que, por su especificidad, no 
encuentran acomodo en los diversos capítulos del Decreto Ley, como por ejemplo ciertas 
reglas excepcionales y temporales para la selección de personal funcionario interino 
cuando se hayan agotado las bolsas vigentes y la carencia de personal pueda suponer 
un perjuicio grave en la prestación de servicios esenciales para la Comunidad Autónoma 
o cuando concurra cualquier otro motivo que impida, dificulte o haga ineficiente la 
convocatoria de una nueva bolsa. También se establecen unas reglas con el fin de 
agilizar, tanto la selección y la provisión de personal funcionario –ya sea de carrera o 
interino–, como los nombramientos de personal funcionario interino. Concretamente, se 
prevé, por una parte, que en la tramitación de los procedimientos de selección y de 
provisión de personal se puedan hacer determinados trámites de manera telemática, y, 
por la otra, a pesar de que en este caso solo para el ejercicio de 2021, que los 
llamamientos para la ocupación efectiva de puestos de trabajo de personal funcionario 
interino, cuando sea necesario cubrir un grupo homogéneo de plazas, se puedan realizar 
con carácter colectivo y también de manera telemática.
En  materia  de  gestión  presupuestaria,  y  por  medio  de  la  disposición  adicional 
novena, se ha considerado oportuno introducir unas reglas con objeto de flexibilizar la 
gestión de los créditos necesarios para atender los expedientes de gasto originados 
como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia 
de la COVID-19, y a la vez poder realizar un seguimiento exhaustivo de la ejecución 
presupuestaria; todo ello sin perjuicio, evidentemente, de las normas sobre vinculación 
de créditos y modificaciones presupuestarias que se establecen en los artículos 5 a 8 de 
la  Ley  3/2020,  de  29  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 2021, y en la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, 
de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Estas reglas se completan 
con la disposición adicional décima y última, que contiene una norma específica y 
excepcional en relación con los límites ordinarios del gasto plurianual agregado de las 
diversas  secciones  presupuestarias,  con  objeto  de  facilitar  la  aprobación  de  los 
expedientes  de  gasto  plurianuales  correspondientes  a  los  proyectos  que  deban  s
financiarse con estos importantes fondos europeos. oe.
La disposición derogatoria única contiene la cláusula de estilo de derogación tácita  w.
de las normas que se opongan a lo dispuesto en el Decreto Ley, lo contradigan o  86ww
resuEltnetnre in lacos mdpisaptoibsliecsio cnoens  efiln maliessm soe. retoca en primer lugar un punto muy concreto de la
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tan solo las de cuantía inferior a esta cifra. Así mismo, se modifica puntualmente el 
artículo 36 de esta Ley 2/2020 por motivos meramente de ordenación presupuestaria y 
para armonizar la regulación de este precepto legal con el contenido de la disposición 
adicional novena de este Decreto Ley, antes mencionada. Mediante la disposición final 
segunda se modifica puntualmente un apartado del artículo 21 de la Ley 3/2020, de 29 
de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes 
Balears  para  el  año  2021,  en  relación  con  el  factor  variable  del  complemento  de 
productividad  del  personal  del  Servicio  de  Salud  de  las  Illes  Balears,  a  fin, 
principalmente, de garantizar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos y 
procurar una gestión más ágil y adecuada a las circunstancias actuales, en las que hay 
que hacer frente a un proceso de vacunación masiva ante la COVID-19, de manera 
paralela con la lucha contra la misma enfermedad y la gestión ordinaria de los servicios 
sanitarios. Para hacer frente a las necesidades de la población en estas circunstancias 
es imprescindible disponer de unos equipos de personal de enfermería que ejerzan las 
funciones de enfermeros de sustitución que den una respuesta inmediata a la cobertura 
de necesidades en los diferentes centros de salud, unidades básicas de salud o puntos 
de atención continuada de la Atención Primaria del Servicio de Salud de las Illes Balears, 
con el objetivo que no decaiga la continuidad asistencial y poder actuar de una manera 
rápida y eficaz. Así mismo, mediante esta modificación, se da cobertura al personal de la 
categoría de celador, que, para una mejor eficiencia y eficacia del servicio que se presta 
a la ciudadanía, debe cubrir las necesidades de este servicio en los periodos en los que 
se produce una mayor carencia de personal. De este modo no se mengua la calidad del 
servicio y la gestión de este se hace de una forma más adecuada y más ágil. A su vez, 
en la disposición final tercera se modifican los artículos 36 y 37 del Texto refundido de la 
Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, a 
fin  de,  por  una  parte,  establecer  el  régimen  de  comprobación  de  las  obligaciones 
tributarias ante la Comunidad Autónoma antes del pago de la subvención, de una 
manera análoga a la que resulta de la legislación estatal respecto de las subvenciones 
sujetas a la Ley general de subvenciones y al Reglamento de desarrollo de esta Ley, y, 
por la otra, incluir en el ámbito de aplicación del artículo 37, relativo a los pagos 
anticipados  de  subvenciones,  las  destinadas  a  financiar  proyectos  o  programas  en 
materia de vivienda. Se retoca también en un punto la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de 
régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
para atribuir a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa una nueva función 
relativa al análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras 
y  de  concesión  de  servicios,  y  de  determinados  acuerdos  de  restablecimiento  del 
equilibrio del contrato, a que hace referencia el artículo 333 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, lo que se entiende que va más allá de las 
funciones como órgano consultivo que configura el actual artículo 65 de la Ley 3/2003, y, 
por lo tanto, que requiere una previsión expresa en el mencionado precepto legal.
Finalmente, dado que hay proyectos declarados de interés autonómico en las Illes 
Balears cuya viabilidad depende absolutamente de que el cambio de adscripción del bien 
de dominio público se realice con la máxima celeridad, se modifica puntualmente la 
Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para 
introducir la figura de la mutación demanial interadministrativa en los bienes y derechos 
de dominio público de las entidades locales o sus organismos públicos dependientes, en 
la disposición final quinta de este Decreto Ley.
III o
Ciertamente, el decreto ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de  86ww
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es, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jurídico está condicionada a la 
ratificación parlamentaria correspondiente, mediante la denominada convalidación. Pues 
bien, de acuerdo con lo que se ha expuesto anteriormente, y en este difícil contexto de 
crisis  sanitaria,  social  y  económica  a  la  que  están  haciendo  frente  todas  las 
administraciones públicas, el Govern de les Illes Balears considera adecuado el uso del 
decreto ley para dar cobertura a todas estas medidas tendentes a la reconstrucción de la 
economía de las Illes Balears lo antes posible y por medio fundamentalmente de una 
correcta y ágil gestión y ejecución de los mencionados fondos europeos.
En efecto, el decreto ley autonómico constituye una figura inspirada en la prevista en 
el  artículo  86  de  la  Constitución  respecto  del  Gobierno  del  Estado,  cuyo  uso  ha 
producido una jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional. Así, este alto tribunal 
ha  declarado  que  la  definición,  por  los  órganos  políticos,  de  una  situación  de 
extraordinaria y urgente necesidad requiere ser explícita y razonada, y que debe haber 
una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y las 
medidas  que  se  pretenden  adoptar,  las  cuales  deben  ser  idóneas,  concretas  y  de 
eficacia inmediata; todo ello en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o 
por  los  procedimientos  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes, 
teniendo en cuenta que la aplicación en cada caso de estos procedimientos legislativos 
no depende del Gobierno. Así mismo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no debe 
confundirse la eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea, y, 
por lo tanto, debe permitirse que las medidas adoptadas con carácter de urgencia 
incluyan  posteriores  desarrollos  reglamentarios  o  actuaciones  administrativas  de 
ejecución de estas medidas o normas de rango legal.
En cuanto a los principios de buena regulación del artículo 49 de la Ley 1/2019, 
de 31 de enero, del Govern de les Illes Balears, este Decreto Ley se justifica por razones 
de interés general, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, en los términos 
expuestos a lo largo de este preámbulo. En virtud del principio de proporcionalidad, en 
este Decreto Ley se prevé la regulación imprescindible para agilizar las actuaciones y los 
procedimientos  administrativos,  de  tal  manera  que  se  cumplan  los  objetivos  del 
Instrumento Europeo de Recuperación con la celeridad y las garantías mínimas exigibles 
a toda actuación administrativa. De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, este 
Decreto Ley respeta la normativa autonómica, estatal y de la Unión Europea, y se integra 
en ellas, como no puede ser de otro modo. Así mismo, en cumplimiento del principio de 
transparencia, se han definido con claridad los objetivos de la norma. Y, en cuanto al 
principio de eficiencia, no se ha previsto ninguna carga administrativa innecesaria, sino 
que, por el contrario, se simplifican o se reducen determinadas obligaciones formales.
Para finalizar, y desde el punto de vista de las competencias por razón de la materia 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, hay que añadir que este Decreto Ley 
encuentra anclaje, desde este punto de vista sustantivo, en los puntos 1, 21, 28 y 36 del 
artículo 30 y en los puntos 1, 3, 5, 6 y 13 del artículo 31 del Estatuto de autonomía de las 
Illes Balears.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de autonomía, a propuesta 
conjunta de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, de la consejera de 
Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero de Fondos Europeos, Universidad y 
Cultura, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de día 12 de abril 
de 2021, se aprueba el siguiente Decreto Ley:
CAPÍTULO I e.
Disposiciones generales 86ww
Artículo 1.  Objeto.
El objeto de este Decreto Ley es establecer las medidas extraordinarias y urgentes
para  desarrollar  las  disposiciones  estatales  básicas  que  contiene  el  Real  Decreto
Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y fijar las especialidades organizativas y de 
procedimiento  necesarias  para  simplificar  y  agilizar  la  gestión  presupuestaria  y 
económica, los procedimientos de subvenciones y de ayudas, la contratación pública y el 
resto de actuaciones y procedimientos inherentes a la programación y la ejecución de los 
proyectos  que  deben  financiarse  con  fondos  procedentes  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia (MMR) y de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y 
los Territorios de Europa (REACT-EU) respecto de los cuales la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears sea responsable de su gestión y control.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Este  Decreto  Ley  es  aplicable  a  todas  las  actuaciones  que  lleven  a  cabo  la 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears  y  las  entidades 
integrantes de su sector público instrumental para la implementación, la gestión y el 
control de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del 
REACT-EU, así como también, si procede, del resto de fondos europeos a los que hace 
referencia la disposición adicional primera.
Artículo 3.  Principios de tramitación.
Las actuaciones y los procedimientos de gestión y ejecución presupuestaria, de 
subvenciones y ayudas, de contratación pública, de formalización de convenios y, en 
general, todas las actuaciones y los procedimientos relacionados con la programación, la 
gestión,  el  seguimiento  y  el  control  de  los  fondos  procedentes  del  Mecanismo  de 
Recuperación  y  Resiliencia  y  del  REACT-EU  deben  tramitarse  de  acuerdo  con  los 
principios de prioridad, preferencia y celeridad.
CAPÍTULO II
Instrumentos de planificación, gestión y control
Artículo  4.  Dirección  de  la  Oficina  de  Planificación  y  Coordinación  de  Inversiones 
Estratégicas.
1.  La  Dirección  de  la  Oficina  de  Planificación  y  Coordinación  de  Inversiones 
Estratégicas, adscrita a la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, es la 
encargada de realizar la planificación, el seguimiento estratégico, la evaluación y, en 
general, la coordinación de los proyectos que deban ejecutarse con los fondos a los que 
hace  referencia  el  artículo  2  de  este  Decreto  Ley,  de  acuerdo  con  la  normativa 
reglamentaria relativa a la mencionada Oficina.
2.  Al frente de las unidades en las que se estructura la mencionada Oficina puede 
haber  personal  funcionario  en  puestos  de  naturaleza  directiva  o  personal  directivo 
profesional, cuyas retribuciones deben asimilarse a las establecidas como regla general 
para los jefes de departamento, de acuerdo con las previsiones incluidas en la relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad 
Autónoma  de  las  Illes  Balears  y  en  las  leyes  anuales  de  presupuestos  generales, 
distribuidas  por  meses,  con  los  mismos  conceptos  retributivos  establecidos  para  el 
personal funcionario. e.
Artículo 5.  Plan Estratégico Autonómico, proyectos estratégicos y otros instrumentos de  86ww
planificación, coordinación y gobernanza.
Univ1e. rsiEdal dC yo nCsueltlul rad,e d eGboev aeprnro, baar  upnro Ppulaens tEas trdaet égciocnos Aejuetroon ódmei coF oonrideonsta dEou aro lpoegorasr, 
la transformación de las Illes Balears hacia un nuevo modelo económico y social, de
acuerdo  con  los  objetivos  generales  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia y los específicos que se fijen a instancia de la Oficina de Planificación y 
Coordinación de Inversiones Estratégicas.
Previamente a la aprobación del Plan Estratégico Autonómico, y con el objetivo de 
consensuar el contenido, el Consell de Govern, a propuesta del consejero de Fondos 
Europeos,  Universidad  y  Cultura  debe  constituir  una  Comisión  integrada  por  un 
representante de cada consejería del Govern, el director de la Oficina de Planificación y 
Coordinación de Inversiones Estratégicas, un representante de cada consejo insular y un 
representante de la FELIB.
2.  El Plan Estratégico Autonómico debe ejecutarse por medio de los proyectos, 
tanto  de  iniciativa  pública  como  privada  o  público-privada,  que  sean  declarados 
estratégicos por el Consell de Govern, también a propuesta de consejero de Fondos 
Europeos, Universidad y Cultura, y que pasarán a formar parte del Plan Estratégico 
Autonómico.
En cuanto a los proyectos estratégicos con incidencia en el territorio de cada isla, el 
consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, con antelación a la aprobación 
del Consell de Govern, debe someter los proyectos a una comisión mixta bilateral con 
cada uno de los consejos insulares, integrada por representantes del Govern de les Illes 
Balears y por un representante del consejo insular, con la asistencia de la Oficina de 
Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas. Los proyectos de alcance 
autonómico o interinsulares no deben ser objeto de las comisiones mixtas bilaterales.
Los proyectos que formen parte del Plan Estratégico Autonómico implicarán, en todo 
caso, la tramitación urgente y el despacho prioritario de los mismos, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 3 y 7 de este Decreto Ley.
Por consiguiente, además de la reducción de plazos que implica la tramitación de 
urgencia, estos proyectos deben tramitarse con celeridad por parte de los entes y 
órganos que deban intervenir en el procedimiento y con preferencia sobre todos los 
otros. Si las administraciones públicas de las Illes Balears y sus entes instrumentales no 
emiten,  en  los  plazos  máximo  establecidos,  los  informes  preceptivos,  estos  deben 
entenderse  favorables,  salvo  disposición  en  contra  en  aplicación  de  la  legislación 
sectorial.
3.  Así  mismo,  en  cuanto  a  los  proyectos  estratégicos  de  iniciativa  pública,  la 
aprobación de estos lleva implícita la autorización del Consell de Govern para contratar, 
para subscribir convenios, para ejercer las competencias en materia de autorización y 
disposición del gasto y, en general, para iniciar cualquier expediente de gasto, en el 
supuesto  de  que  estas  autorizaciones  sean  exigibles  de  acuerdo  con  la  normativa 
aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
4.  Los proyectos que formen parte del Plan Estratégico Autonómico pueden ser 
declarados de interés autonómico, por parte del Consell de Govern, a los efectos del 
capítulo II del título I de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el 
impulso de la inversión en las Illes Balears.
5.  Los  proyectos  estratégicos  que  sean  promovidos  por  órganos  de  las 
administraciones  públicas  o  sus  entidades  instrumentales  de  derecho  público, 
declarados también de interés autonómico, cuando impliquen actuaciones sujetas a 
licencia urbanística o comunicación previa, pueden ser aprobados por el Consell de 
Govern, a propuesta de consejero de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, aplicando 
las previsiones y con los efectos previstos en el artículo 149 de la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. s
6.  La ejecución de los proyectos que, siendo considerados estratégicos y/o de  oe.
interés autonómico, encajen en el ámbito de aplicación del Decreto Ley 1/2018, de 19 de  w.
enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de la red de equipamientos  86ww
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de las Illes Balears, deben tramitarse, respectivamente, al amparo de estas normas,
aplicando también la tramitación urgente y el despacho prioritario establecido en los 
artículos 3 y 7 de este Decreto Ley.
7.  Mediante  un  acuerdo  del  Consell  de  Govern,  a  propuesta  de  consejero  de 
Fondos Europeos, Universidad y Cultura, deben crearse los órganos colegiados de 
gobernanza, coordinación y seguimiento que se consideren adecuados para la adecuada 
implementación  y  ejecución  de  los  fondos,  y  también  el  resto  de  instrumentos  de 
planificación estratégica que sean necesarios.
CAPÍTULO III
Especialidades en materia de tramitación de procedimientos
Artículo 6.  Elaboración de proyectos normativos.
1.  Las normas que deban tramitarse en el marco de la ejecución de los fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU deben 
seguir el procedimiento de urgencia de la sección 3.ª del capítulo II del título IV de la 
Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears.
2.  Esta circunstancia debe hacerse constar en la resolución de inicio, de acuerdo 
con el artículo 61.3 de la mencionada Ley 1/2019, y debe justificarse la vinculación con 
los  fondos  europeos  a  que  hace  referencia  el  apartado  anterior,  o,  en  general,  a 
cualquiera de los fondos europeos a los que se refiere la disposición adicional primera de 
este Decreto Ley.
3.  Así  mismo,  la  vinculación  a  que  hace  referencia  el  apartado  anterior  será 
justificación suficiente a los efectos de lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 5/2010, 
de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
Artículo 7.  Tramitación de urgencia y despacho prioritario de los procedimientos que 
comporten expedientes de gasto.
1.  Mediante  este  Decreto  Ley  se  declara  que  a  todas  las  actuaciones  y  los 
procedimientos  administrativos  que  comporten  expedientes  de  gasto  que  deban 
financiarse con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
del REACT-EU se les debe aplicar la tramitación de urgencia y el despacho prioritario, en 
los términos previstos, respectivamente, en los artículos 33 y 71 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con esta declaración legal, la tramitación de urgencia y el despacho 
prioritario en cada caso no requieren ninguna motivación específica.
2.  En ningún caso deben reducirse los plazos correspondientes a la presentación 
de solicitudes y de recursos.
3.  En el ámbito específico de la contratación pública, debe aplicarse la tramitación 
urgente del expediente a la que se refieren el artículo 119 y el resto de disposiciones 
concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con 
las particularidades que se establecen en el artículo 50.1 del Real Decreto Ley 36/2020, 
y  también  el  despacho  prioritario  que  regula  el  artículo  50.2  del  mencionado  Real 
Decreto Ley.
CAPÍTULO IV
Especialidades en materia de convenios oe.
Artíc1u. lo L8a.  trTarmamitaitcaiócinó nd ed elo cso ncvoennvieonsi.os que se subscriban en el marco de la ejecución  2021-9286n https://ww
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aplicable.
No  obstante,  la  tramitación  de  los  convenios  que,  en  su  caso,  se  prevean 
expresamente en el Plan Estratégico Autonómico únicamente requiere el informe jurídico 
y el informe de la Dirección General de Presupuestos a los que hace referencia el 
artículo  17  del  Decreto  75/2004,  de  27  de  agosto,  de  desarrollo  de  determinados 
aspectos  de  la  Ley  de  finanzas  y  de  las  leyes  de  presupuestos  generales  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2.  Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios puede tener una 
duración inicial de hasta seis años, prorrogable por un periodo máximo de seis años 
más.
El  órgano  competente  debe  justificar  motivadamente  esta  excepción,  con  una 
mención especial que esta extensión no limita la competencia efectiva en los mercados.
3.  En los convenios a los que hace referencia este artículo, el acreedor de la 
Administración, en los términos que determine el convenio, puede recibir un anticipo por 
las operaciones preparatorias que resulten necesarias para llevar a cabo las actuaciones 
financiadas hasta un límite máximo del 50% de la cuantía total por percibir, con la 
garantía que, si procede, se establezca.
CAPÍTULO V
Especialidades en materia de gestión presupuestaria
Artículo 9.  Generación de créditos.
Se autoriza a la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores para que genere los 
créditos necesarios en las secciones presupuestarias correspondientes para la ejecución 
de las medidas previstas en este Decreto Ley, en el Real Decreto Ley 36/2020, y, en 
general, en el resto de instrumentos jurídicos normativos o no normativos que impliquen 
un gasto a cargo del presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
imputables  a  cualesquiera  de  los  fondos  integrantes  del  instrumento  europeo  de 
recuperación.
A estos expedientes se les debe aplicar lo establecido en las letras a) y e) del 
artículo 7.3 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021.
Artículo 10.  Afectación.
1.  De acuerdo con los artículos 42 y 80.4 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de 
finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y el artículo 44 del Real 
Decreto Ley 36/2020 tienen la consideración de gastos con financiación afectada los 
créditos  que  financien  proyectos  incluidos  en  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia.
A tal efecto, la Dirección General de Presupuestos debe establecer la codificación 
adecuada para el seguimiento de la ejecución de estos créditos.
2.  No  tienen  la  consideración  de  gasto  con  financiación  afectada  los  créditos 
destinados a financiar proyectos en el ámbito de los fondos REACT-EU, sin perjuicio que 
la Dirección General de Presupuestos establezca una codificación adecuada para el 
seguimiento de la ejecución de estos créditos.
3.  Las codificaciones a que hacen referencia los apartados 1 y 2 de este artículo 
deben aplicarse en los proyectos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este  es
Decreto Ley. o
sfiengaun4ic.m iaiedLnoats o Dc oidrnee crl eccigóuanrs stoGos e onerelderiagnlia brldieoe s .fiFnoanndcoiasd oE uororipgeinoasr iaemse netle  órcgoann oc arregsop onas acbrléed idtoesl   2021-9286n https://www.
Artículo 11.  Restitución de créditos.
1.  Cuando los proyectos elegibles que pueden ser financiados con los fondos 
REACT-EU o con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ya se hayan iniciado o 
ejecutado con cargo a créditos no vinculados a los fondos mencionados, la consejera de 
Hacienda y Relaciones Exteriores, con los informes previos del director general de 
Presupuestos y del director general de Fondos Europeos, puede restituir estos créditos 
para  financiar,  en  todo  caso,  proyectos  destinados  a  la  recuperación  y  resiliencia 
económica y social con motivo de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.
A tal efecto, corresponde a la Dirección General de Fondos Europeos seleccionar y 
aprobar los proyectos elegibles mencionados en el párrafo anterior susceptibles de ser 
financiados con los fondos REACT-EU, de acuerdo con la modificación que aprueben los 
órganos competentes de la Unión Europea de los programas operativos de los fondos 
europeos correspondientes. En todo caso, la Dirección General de Fondos Europeos 
debe determinar los requisitos específicos que debe satisfacerse en materia de pistas de 
auditorías y de publicidad y seguimiento, entre otros, para asegurar el cumplimiento 
efectivo  de  la  normativa  europea  aplicable  a  los  fondos  europeos,  y  estas 
determinaciones deben tenerse en cuenta en las tareas de control posterior que se 
puedan llevar a cabo.
2.  La Dirección General de Presupuestos debe establecer la codificación necesaria 
para poder hacer un seguimiento presupuestario diferenciado de los créditos restituidos.
3.  La vinculación de los créditos habilitados de acuerdo con lo establecido en el 
primer  párrafo  del  apartado  1  de  este  artículo  es,  para  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Agencia Tributaria de las Illes Balears, 
orgánica a nivel de sección, funcional a nivel de subprograma y económica a nivel de 
capítulo, con excepción del capítulo 6, que lo es a nivel de artículo; en cuanto al Servicio 
de Salud de las Illes Balears, la vinculación es orgánica a nivel de centro gestor, 
funcional a nivel de subprograma y económica a nivel de capítulo.
En el caso de tener financiación afectada, además de la regla general del párrafo 
anterior, la vinculación de los créditos es a nivel de fondo finalista.
Artículo 12.  Incorporaciones de crédito.
1.  Los créditos afectados que financien proyectos incluidos en el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia pueden ser objeto de incorporación al ejercicio siguiente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 14/2014 y el resto de normativa 
aplicable.
2.  Excepcionalmente, siempre que previamente los créditos hayan sido codificados 
por  la  Dirección  General  de  Presupuestos  y  se  pueda  acreditar  que  existe  una 
desviación  positiva  de  financiación,  se  pueden  incorporar  al  ejercicio  siguiente  los 
remanentes  de  crédito  de  los  proyectos  elegibles  de  los  fondos  REACT-EU  y  los 
remanentes de crédito de los proyectos financiados de acuerdo con lo establecido en el 
inciso final del primer párrafo del artículo 11.1 de este Decreto Ley.
Artículo 13.  Gastos plurianuales.
1.  En  el  caso  de  los  expedientes  financiados  con  fondos  procedentes  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el plazo máximo de ejecución puede llegar al 
año 2026, y, por lo tanto, se puede exceder el límite del número de ejercicios que fija el  s
artículo 65.1 de la Ley 14/2014. oe.
En caso de los expedientes financiados con fondos REACT-EU, el plazo de ejecución  w.
pnoos pi2bu.le edsLe ro ei rp emrosátgasrb aalmellcáai cddioeo ln eaenñs o de 2el 0 ea2jp3ea.crutacidóon , alanste criuoar ledse dbeeb eenn tseenrd oebrsjeet os dine  pinefrojurmiceio p rdeev iola sy   2021-9286n https://ww
favorable por la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, de acuerdo con
la normativa europea o estatal aplicable. Bc
3.  Así mismo, y en cuanto a los expedientes que deban financiarse con los fondos 
europeos  mencionados,  no  es  necesario  que  el  Consell  de  Govern  exceptúe  la 
aplicación del límite de los porcentajes de los gastos de alcance plurianual a los que se 
refiere la letra a) del artículo 65.5 de la Ley 14/2014.
Artículo  14.  Generación  de  créditos  por  ingresos  provenientes  de  los  programas 
operativos FEDER y FSE correspondientes al periodo 2014-2020.
1.  A pesar del carácter de gastos con financiación no afectada, excepcionalmente, 
se puede generar crédito en el presupuesto del ejercicio 2021 hasta el exceso de 
recaudación estimada de los fondos FEDER y FSE del programa operativo 2014-2020 
respecto de la previsión del presupuesto inicial de ingresos por estos conceptos.
2.  La Dirección General de Fondos Europeos debe calcular la estimación de este 
excedente, a partir de las previsiones de fondos que la Comunidad Autónoma debe 
recibir durante el ejercicio 2021, de acuerdo con los certificados de fondos elegibles 
emitidos.
3.  Los créditos que se generen deben destinarse a las finalidades que determine la 
consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, con el informe de la Dirección General 
de Presupuestos, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y los objetivos de 
estabilidad presupuestaría del ejercicio 2021.
4.  Si la recaudación efectivamente recibida a lo largo del 2021 no llega al crédito 
que se haya podido generar, este crédito deberá corregirse, mediante rectificaciones de 
crédito, con cargo a bajas en otros créditos.
CAPÍTULO VI
Especialidades en materia de subvenciones
Artículo 15.  Bases y convocatoria de las subvenciones.
1.  De  acuerdo  con  el  artículo  61.1  del  Real  Decreto  Ley  36/2020  las  bases 
reguladoras  de  las  subvenciones  que,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y del Plan Estratégico Autonómico al que hace referencia el 
artículo  4  de  este  Decreto  Ley,  deban  financiarse  con  fondos  europeos  pueden 
incorporar la convocatoria.
2.  En estos casos, la aprobación de las bases debe seguir exclusivamente los 
trámites siguientes: resolución de inicio, informe de los servicios jurídicos y, si procede, 
fiscalización previa de la Intervención General, que deben emitirse en el plazo máximo 
de diez días naturales.
La fiscalización previa de la Intervención General, cuando sea procedente, debe 
limitarse a los aspectos de la convocatoria susceptibles de fiscalización.
3.  Las bases reguladoras de las subvenciones a las que se refiere el apartado 1 de 
este artículo pueden:
a)  Exigir que la participación en el procedimiento de concesión de la subvención, 
así como también en las actuaciones de justificación y de comprobación, se realice 
exclusivamente de manera telemática.
b)  Eximir de la obligación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias 
y ante la Seguridad Social siempre y cuando la naturaleza de la subvención así lo  s
aconseje y no se trate de subvenciones establecidas por normas rango legal que exijan  e.
expresamente esta obligación. w.
c)  Limitar la comprobación formal de la cuenta justificativa para la liquidación de la  86ww
spuebrjvueicnioc iódne  alal  arneávliissiiósn d dee lol sre dsatoto dse y  dlaa tdoosc yu mdeoncutamcieónnt oqsu ee na  etal l pelafezcot od see l oess tcaubaletrzoc aa,ñ soins 
siguientes, la cual, a su vez, se podrá hacer en base a una muestra representativa.
4.  El Plan Estratégico Autonómico, respecto de los proyectos integrantes de este 
Plan cuya ejecución deba vehicularse total o parcialmente por la vía de subvenciones o 
ayudas, tiene la consideración de plan estratégico de subvenciones a los efectos del 
artículo 6.1 del Texto refundido de la ley de subvenciones, aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
Artículo 16.  Principios rectores para la concesión de subvenciones.
1.  Las ayudas y las subvenciones inherentes a la financiación de actuaciones 
vinculadas  con  proyectos  que  se  prevean  expresamente  en  el  Plan  Estratégico 
Autonómico  deben  gestionarse  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, eficacia, eficiencia en la asignación y 
la utilización de los recursos públicos y celeridad.
2.  En los proyectos que formen parte del Plan Estratégico Autonómico y que deban 
materializarse en la concesión de una subvención o ayuda a un beneficiario concreto, 
esta subvención o ayuda debe regirse por las normas aplicables a las subvenciones de 
concesión directa del Decreto Legislativo 2/2005, siempre que la selección de estos 
beneficiarios concretos se haya hecho bajo los principios de publicidad, concurrencia e 
igualdad.
Artículo 17.  Justificación de las subvenciones.
Para la justificación de la aplicación de las subvenciones vinculadas con proyectos 
integrantes  del  Plan  Estratégico  Autonómico,  se  establecen  las  siguientes 
especialidades:
a)  El límite para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social previsto en el párrafo segundo de la letra f) del artículo 11 del Texto 
refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 
de diciembre, se incrementa hasta diez mil euros.
b)  Para la justificación de los gastos imputables a subvenciones de un importe igual 
o inferior a seis mil euros, es suficiente presentar una declaración responsable de la 
persona  o  entidad  beneficiaria,  sin  perjuicio  de  las  actuaciones  posteriores  de 
comprobación y control que, en su caso, se establezcan.
c)  En  los  supuestos  en  que  se  deba  adjuntar  una  memoria  económica  a  las 
solicitudes, los compromisos que se plasmen pueden flexibilizarse en el sentido que se 
permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre y cuando se 
cumpla la finalidad de la subvención.
d)  En cuanto al contenido de la cuenta justificativa, no es necesaria la presentación 
de las facturas o documentos equivalentes de un importe igual o inferior a tres mil euros, 
sin perjuicio de las actuaciones posteriores de comprobación y control.
CAPÍTULO VII
Especialidades en materia de contratación pública
Artículo 18.  Aprobación de modelos de pliegos de contratación.
1.  El Consell de Govern, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones 
Exteriores, debe aprobar unos modelos tipo de cláusulas o de pliegos de cláusulas  e.e
administrativas, con el fin de agilizar y homogeneizar los procedimientos de contratación. b
2.  Estos modelos tipos de cláusulas o de pliegos, una vez aprobados por el Consell  86ww
pdúeb Glicoov earunt,o nsóomn icdoe  quuseo  teonbgliagna tloar icoo npsoird etoradcoisó nl odse  óardgmaninoiss trdaec iócno nptúrabtlaiccaió an  lodse l esfeeccttoosr 
dinec olam lpeagtisiblalec icóonn a lpal incaatbulrea leenz am daetel rciao ndtera ctoo.ntratos del sector público, excepto que resulte
3.  Los  modelos  tipos  de  cláusulas  o  de  pliegos  deben  contener  los  aspectos 
susceptibles de estandarización. En este sentido, deben contener las reglas sobre los 
criterios de solvencia exigida para licitar, los criterios de adjudicación o los aspectos que 
deben negociarse, y también las fórmulas para aplicar que pueden contener los pliegos 
de cláusulas particulares, las condiciones especiales de ejecución, la posibilidad o las 
condiciones y los requisitos para la subcontratación, las penalidades y las medidas para 
el control de la ejecución del contrato.
En particular, no debe incluirse la previsión de modificación del contrato a la que se 
refiere el artículo 204 de la Ley 9/2017.
4.  Como  regla  general,  en  los  modelos  tipos  de  cláusulas  o  de  pliegos  debe 
establecerse que, en caso de que se usen el procedimiento abierto o el procedimiento de 
licitación con negociación, estos procedimientos deben articularse por fases de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 146.3 de la mencionada Ley 9/2017.
Artículo 19.  Normas especiales en la tramitación del procedimiento de adjudicación.
1.  Sin perjuicio de todo lo previsto en el artículo 7.3 de este Decreto Ley, en el 
procedimiento abierto ordinario el plazo máximo para la valoración de los criterios de 
adjudicación sometidos a juicio de valor debe ser de diez días hábiles desde la fecha de 
apertura del sobre correspondiente.
A  tal  efecto,  se  puede  contar  con  la  colaboración  de  expertos,  también  en  el 
supuesto  en  que  los  criterios  sometidos  a  juicio  de  valor  no  tengan  atribuida  una 
ponderación más grande que la correspondiente a los criterios evaluables mediante 
fórmulas.
El  grupo  de  expertos,  que  puede  estar  formato  por  empleados  públicos  o 
profesionales externos, debe ser de un mínimo de tres, con calificación apropiada, 
elegidos por el órgano de contratación. El nombramiento del grupo de expertos debe 
publicarse en el Perfil del contratante, junto con la declaración responsable de ausencia 
de conflicto de intereses, que deben presentar antes del nombramiento.
2.  Así mismo, el plazo para la adjudicación del contrato o del acuerdo marco es de 
un mes desde la apertura de la oferta económica, salvo que en los pliegos se establezca 
un plazo diferente.
En caso de que no se adjudique en el plazo previsto, las empresas admitidas en el 
procedimiento pueden retirar su proposición sin ninguna penalidad.
3.  El órgano de contratación debe designar un responsable del contrato, el cual 
debe supervisar la ejecución. En los contratos de obras, las facultades del responsable 
del contrato debe ejercerlas el director facultativo.
Los modelos tipo de pliegos deben establecer herramientas organizativas, formales y 
materiales para llevar a cabo la función del responsable y determinar las facultades de 
inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del 
contrato, en los términos y con los límites establecidos en cada caso en la Ley 9/2017.
4.  El responsable del contrato debe contar con el apoyo necesario para el ejercicio 
de sus funciones, teniendo en cuenta la naturaleza y la complejidad del contrato.
A  tal  efecto,  puede  contar  con  la  colaboración  de  una  unidad  encargada  del 
seguimiento de la ejecución del contrato o con un comité técnico designado por el 
órgano de contratación y formato por tres miembros que, siempre que sea posible, 
deben ser funcionarios de carrera.
Así mismo, para las funciones de control de la ejecución y de resolución de las 
incidencias que surjan, se puede contratar una asistencia externa, en los términos  e.
establecidos en los modelos tipo de pliegos. w.b
CAPÍTULO VIII
Medidas específicas en materia de personal
Artículo 20.  Aprobación de proyectos temporales.
1.  La gestión y la ejecución de los proyectos que deban financiarse con fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU se pueden 
llevar a cabo mediante los proyectos temporales que regula este artículo, con una 
duración máxima de cuatro años, siempre y cuando no se puedan asumir los objetivos 
asignados al proyecto mediante la estructura orgánica y funcional de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o de su sector público instrumental 
dependiente.
2.  Estos proyectos temporales los deben aprobar los consejeros competentes por 
razón de la materia o los máximos órganos colegiados de los entes del sector público 
instrumental, con los informes preceptivos, previos y vinculantes de la Dirección General 
de Presupuestos y de la Dirección General de Función Pública cuando prevean el 
nombramiento de personal funcionario interino o la contratación de personal laboral 
temporal,  los  cuales  deben  pronunciarse  sobre  los  aspectos  presupuestarios  y  de 
sostenibilidad financiera y sobre los aspectos de legalidad aplicables, respectivamente, a 
solicitud  del  órgano  directivo  correspondiente,  motivada  por  la  referencia  a  las 
necesidades de recursos humanos inherentes al contenido del proyecto temporal y a la 
imposibilidad o la dificultad de cubrir estas necesidades con personal preexistente de la 
manera prevista en los artículos 21.1 y 22 del presente Decreto Ley.
En estos casos, a la solicitud de informe a la Dirección General de Presupuestos 
debe adjuntarse un certificado emitido por la Dirección de la Oficina de Planificación y 
Coordinación de Inversiones Estratégicas, en el que conste la duración del proyecto, la 
necesidad urgente e inaplazable de los nombramientos o las contrataciones que se 
propongan, y también que el gasto inherente a estos nombramientos o contrataciones 
disponen de una financiación mínima del 90% con fondos procedentes del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia o del REACT-EU durante todo el periodo temporal que se 
prevea para los nombramientos o los contratos.
Los informes de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de 
Función  Pública  mencionados  sustituyen  los  informes  a  que  hacen  referencia  los 
apartados 2 y 7 del artículo 19 de la Ley 3/2020 o las normas equivalentes de las 
sucesivas leyes anuales de presupuestos generales.
En los casos en que se verifiquen los supuestos de los apartados 3, 4, 5 o 6 del 
artículo 19 de la Ley 3/2020, no deben emitirse los informes mencionados y debe 
aplicarse lo previsto en estos apartados del artículo 19 de la Ley 3/2020 o las normas 
equivalentes de las sucesivas leyes anuales de presupuestos generales, con referencia 
al proyecto temporal correspondiente.
En todo caso, debe darse cuenta al Consell de Govern de la aprobación de estos 
proyectos temporales.
3.  En los proyectos temporales deben quedar consignados el objeto y la finalidad, 
las tareas que se derivan de los mismos, las necesidades de personal vinculadas y sus 
características, incluidas las asimilaciones a efectos de clasificación y retributivas que 
correspondan, la dirección de las actuaciones, la adscripción orgánica, la temporalidad, 
el coste y la financiación.
4.  Lo establecido en este artículo debe entenderse sin perjuicio de que, además, y  e
de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 14/2014, el gasto correspondiente  bo
a estos proyectos temporales se pueda imputar, si procede, a créditos de inversiones. 86ww
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Ley.
Artículo 21.  Personal para la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y del REACT-EU.
1.  La cobertura de las necesidades de personal de los proyectos para la gestión y 
la ejecución de las actuaciones financiadas con fondos procedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU debe llevarse a cabo, preferentemente, con 
el  personal  empleado  público  disponible  en  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma y en los entes del sector público instrumental responsables de la gestión, bajo 
criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2.  No obstante, excepcionalmente, la cobertura de estas necesidades se puede 
llevar a cabo mediante el nombramiento de personal funcionario interino o de personal 
estatutario  temporal,  o  mediante  la  contratación  de  personal  laboral  temporal,  con 
nombramientos o contratos de duración determinada que no excedan la fijada en el 
programa y, como máximo, de cuatro años improrrogables, de acuerdo, si procede, con 
lo previsto en el artículo anterior respecto de los proyectos temporales, o, si no, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 3/2020 o las sucesivas leyes anuales 
de  presupuestos,  y  de  conformidad,  en  todo  caso,  con  la  legislación  sustantiva 
administrativa o laboral aplicable en cada caso.
Los  procedimientos  de  selección  de  este  personal  temporal  deben  respetar  los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Artículo 22.  Comisiones de servicios de atribución temporal de funciones.
Las necesidades de personal para la gestión de los proyectos con los efectivos 
disponibles a los que hace referencia el apartado 1 del artículo anterior se pueden cubrir, 
en cuanto al personal funcionario o estatutario, mediante el sistema de comisión de 
servicios de atribución temporal de funciones, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, con las siguientes especialidades:
a)  El plazo para presentar solicitudes por parte del personal empleado público es 
de tres días hábiles desde el mismo día de la publicación de la convocatoria.
b)  Si la convocatoria se declara desierta, y visto el carácter prioritario y preferente 
de la gestión de estos fondos europeos, se puede atribuir directamente al personal 
funcionario la ejecución de tareas o funciones diferentes a las de su puesto de trabajo, 
siempre que sean propias de su cuerpo, escala o especialidad.
c)  La duración máxima de estas comisiones es de cuatro años.
d)  Cuando la atribución temporal de funciones tenga carácter parcial, no puede 
exceder el 50% de la jornada de trabajo principal.
Artículo 23.  Nombramiento de personal funcionario interino o de personal estatutario 
temporal y contratación de personal laboral temporal.
1.  La Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Presupuestos 
deben  priorizar  la  emisión  y  la  remisión  de  los  informes  que,  respecto  de  los 
nombramientos de personal funcionario interino o de personal estatutario temporal, o de 
las contrataciones de personal laboral temporal, deban emitir de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 20.2 de este Decreto Ley para los proyectos temporales que se aprueben, 
o, en otros casos, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 3/2020 o las sucesivas leyes 
anuales de presupuestos, en relación con el artículo 21.2 de este Decreto Ley. e.
2.  Así mismo, también deben priorizarse las emisiones y la remisión de los informes  w.b
que, de conformidad con el artículo 19 de la mencionada Ley 3/2020, deban emitirse  86ww
pteamrap olroasl,  on olmasb rcaomntireanttaocsio ndees  pdeer spoenrsaol nfauln lcaiobnoararilo t eimntpeorirnaol,  eon  dlaes  upneirdsaodneasl  qeuseta thuatayraion 
vpiasrttoe  ddiseml ipneuridsoo neal l npúrmopeiroo  ddee  eefsetcatsiv ousn ipdoard reasz óenn  deel  laá masbuitnoc idóen  dlaes  oatrcatsu afucinocnioens eos  ploosr 
proyectos objeto de este Decreto Ley.
3.  En particular, en la selección de personal funcionario interino del ámbito de los 
servicios generales, hay que ajustarse a lo establecido en la disposición adicional quinta 
de la mencionada Ley 3/2020, y también la disposición adicional quinta de este Decreto 
Ley.
En caso de que el llamamiento deba hacerse a un número elevado de personas para 
ocupar puestos de trabajo de un determinado cuerpo, escala o especialidad de las 
mismas características, se puede llevar a cabo mediante un llamamiento colectivo, que 
puede ser telemático.
Artículo 24.  Retribuciones variables por objetivos o resultados vinculados a la gestión 
de los fondos.
1.  El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma o de las 
entidades  instrumentales  que  realice  funciones  en  el  ámbito  de  la  planificación,  la 
programación, la gestión, la coordinación, el seguimiento, el control, la evaluación o 
ejecución de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del 
REACT-EU puede percibir, con carácter excepcional, retribuciones variables vinculadas 
con  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  o  resultados  de  los  proyectos 
correspondientes, de acuerdo con los parámetros de cumplimiento que se establezcan 
en estos proyectos.
2.  Mediante  un  acuerdo  del  Consell  de  Govern,  con  el  informe  previo  de  la 
Comisión Interdepartamental de Retribuciones y, si procede, con negociación colectiva 
previa, deben establecerse los criterios generales para la distribución y la aplicación de 
las retribuciones variables por objetivos o resultados a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 25.  Dirección de proyectos para la gestión de los fondos.
1.  Los  proyectos  cuya  ejecución  adecuada  lo  requiera  pueden  disfrutar  de  un 
director o directora de proyecto.
En todo caso, cada proyecto sólo puede contar con un único director o directora.
2.  La función de dirección de proyectos se puede encomendar a las personas que 
designen con este fin los consejeros correspondientes o los órganos competentes de las 
entidades  instrumentales,  y  debe  recaer,  con  carácter  preferente,  en  empleados 
públicos.
La resolución de nombramiento o la contratación de personal para llevar a cabo las 
funciones temporales de dirección de proyectos corresponde a la persona titular de la 
consejería  competente  o  al  máximo  órgano  unipersonal  del  ente  instrumental 
correspondiente.
3.  La atribución de la función directiva o la contratación del personal de naturaleza 
directiva debe vincularse al proyecto correspondiente y debe determinarse expresamente 
su duración, que debe ser de un máximo de cuatro años, y los objetivos temporales 
propios del proyecto que deben lograrse, así como también el compromiso de gestión 
que debe asumir la persona designada.
En caso de que el nombramiento recaiga en personal funcionario o estatutario, este 
se debe formalizar mediante una comisión de servicios o una atribución temporal de 
funciones, en un puesto temporal de naturaleza directiva.
En caso de una contratación laboral del personal directivo, esta debe formalizarse 
mediante una relación laboral especial de alta dirección y, si se trata de empleados con 
relación laboral al servicio del sector instrumental de la Administración de la Comunidad  es
Autónoma de las Illes Balears o de otra Administración pública de las Illes Balears, esta  bo
persona debe quedar, respecto de su lugar de origen, en la situación de excedencia  86ww
elfaonsrcz ooI4lmls.e ase. LnBada alrae taarir bspu,e craisó opnne ardsl eofu nnlaacl  ioefunsntaacrtiiuoót nad reido il raeo c Aatdi vmeam indpiselet raaudcnoi óspn r podúyebe llciact ooCs o ddmeetule nrsmiedcaintdoa rdA oiun tsóstneruo mmpueaen ddtaeel    OE-A-2021-92able en https://
autonómico también a tiempo parcial, con las condiciones establecidas en la letra d) del 
artículo 22 de este Decreto Ley.
5.  La selección del personal para la realización de la función de dirección de 
proyectos deber realizarse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y 
también con criterios de idoneidad, y debe llevarse a cabo mediante procedimientos que 
garanticen la publicidad y la concurrencia.
Para la designación de este personal deben tenerse en cuenta, en particular, los 
conocimientos  especializados  en  la  gestión  de  fondos  europeos,  la  experiencia 
profesional en funciones directivas y la acreditación de competencias sobre coordinación 
de equipos de trabajo.
Disposición adicional primera.  Aplicación de las medidas de este Decreto Ley a otras 
actuaciones.
1.  La regulación que contiene este Decreto Ley es aplicable a cualquier actuación, 
expediente o procedimiento administrativo derivado de la ejecución de otros fondos 
europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del 
Instrumento  Europeo  de  Recuperación  a  que  hacen  referencia  el  Real  Decreto 
Ley 36/2020 y la disposición adicional décima de la Ley 3/2020.
2.  Así mismo, los artículos 3, 7, 15 a 17 y 23 de este Decreto Ley son aplicables a 
las actuaciones que resulten de la ejecución de la línea Covid de ayudas directas a 
empresarios y profesionales a que se refiere el título I del Real Decreto Ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Los expedientes de concesión de subvenciones derivados de las convocatorias de 
ayudas directas a empresarios y profesionales a que hace referencia el párrafo anterior 
no deben someterse a la fiscalización previa de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, en ninguna de las fases de gestión y ejecución del presupuesto de gastos. 
Estos gastos deben ser objeto de control financiero, con el alcance material y temporal 
que determine la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos en el 
programa de control financiero correspondiente.
Disposición adicional segunda.  Productividad vinculada al grado de cumplimiento de la 
ejecución de las de ayudas directas a empresarios y profesionales.
Durante el año 2021 y 2022 el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma o de la entidad instrumental que realice funciones en el ámbito de 
la tramitación de expedientes de la línea Covid de ayudas directas a empresarios y 
profesionales a la que se refiere el título I de Real Decreto Ley 5/2021, puede percibir un 
complemento de productividad vinculado al grado de cumplimiento de los objetivos de 
esta línea de ayudas.
Disposición adicional tercera.  Disposiciones aplicables a los consejos insulares, a las 
entidades locales de las Illes Balears y a los entes de su sector público.
Las normas que contienen los artículos 3, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18 y 19, y también las 
medidas específicas en materia de personal que contiene el capítulo VIII, así como las 
disposiciones adicionales primera y quinta de este Decreto Ley, son aplicables, así 
mismo, a los consejos insulares, a las entidades locales de las Illes Balears y a los entes  s
integrantes  de  su  sector  público  instrumental,  aplicando  las  peculiaridades  de  su  oe.
organización, cuando ejerzan funciones relacionadas con la gestión y la ejecución de las  w.
actuaciones financiadas con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y  86ww
eRuersoilpieenocsi aa  lyo s dqeule  RhEacAeC rTe-fEeUre,n caiasí  lac doimspoo stiacmióbni éand,i cisoin aplr opcriemdeer,a .del  resto  de  fondos
Disposición adicional cuarta.  Aplicación de determinadas normas de la Ley 2/2020, 
de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad  económica  y  la  simplificación  administrativa  en  el  ámbito  de  las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19.
Las normas que contienen los artículos 11, 11 bis, 21, 22, 23, 23 bis, 27 y 32 de la 
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de 
la  actividad  económica  y  la  simplificación  administrativa  en  el  ámbito  de  las 
administraciones  públicas  de  las  Illes  Balears  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19, y el resto de normas de la mencionada Ley que no 
establezcan  expresamente  un  plazo  máximo  de  vigencia,  son  aplicables  a  las 
actuaciones y a los procedimientos de preparación, planificación, ejecución y control de 
los proyectos que deban financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan Estratégico Autonómico al que 
hace referencia el artículo 5 de este Decreto Ley durante el tiempo que sea necesario 
hasta agotar su objeto.
Disposición adicional quinta.  Selección de personal funcionario interino en caso de 
necesidad urgente e inaplazable.
1.  Durante los años 2021 y 2022, de manera excepcional y debidamente motivada, 
en caso de agotamiento de las bolsas vigentes de personal funcionario interino formadas 
por cualesquiera de los procedimientos previstos en el Decreto 30/2009, de 22 de mayo, 
por el que se aprueba el procedimiento de selección de personal funcionario interino al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cuando la 
necesidad de personal pueda suponer un perjuicio grave en la prestación de servicios 
esenciales para la Comunidad Autónoma, o cuando concurra cualquier otro motivo que 
impida, dificulte o haga ineficiente la convocatoria de una nueva bolsa, la persona titular 
de la consejería competente en materia de función pública, habiéndolo comunicado 
previamente a la Mesa Sectorial de Servicios Generales, puede resolver la aplicación de 
un procedimiento extraordinario de selección de funcionarios interinos de naturaleza 
simplificada en el que, como mínimo, deben valorarse los siguientes méritos:
a)  La  experiencia  profesional  en  la  realización  de  funciones  de  naturaleza  o 
contenido técnico análogos a las del cuerpo, la escala o la especialidad de la bolsa a la 
que se opta, que debe comprender solo los servicios prestados como empleado público 
en cualquier administración pública, siempre que se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado 
público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b)  El nivel de conocimientos de catalán superior al que se exige para el ingreso en 
el cuerpo o la escala de la Administración general o especial, y el grupo o subgrupo de 
adscripción correspondiente a la bolsa a la que se opta, además del certificado de 
conocimiento de catalán de lenguaje administrativo.
c)  La prestación de servicios mediante una comisión de servicios en atribución 
temporal de funciones o en la Unidad de Apoyo Coyuntural de la dirección general 
competente en materia de función pública, siempre que se hayan prestado en el mismo 
cuerpo, escala o especialidad al que se opta, de acuerdo con las previsiones contenidas 
en el artículo 88 bis de la Ley 3/2007. s
En caso de que las convocatorias de procedimientos extraordinarios de naturaleza  w.b
simplificada  deban  incluir  otros  méritos  diferentes  a  los  previstos  en  los  apartados  86ww
Ganetneeriroarleess,.  estas  deben  negociarse  previamente  en  la  Mesa  Sectorial  de  Servicios
2.  Al procedimiento extraordinario simplificado a que hace referencia el apartado 
anterior  le  es  aplicable  el  resto  de  disposiciones  contenidas  en  el  mencionado 
Decreto 30/2009 en relación con el procedimiento extraordinario.
Así mismo, también le es aplicable lo dispuesto en la disposición adicional séptima 
de este Decreto Ley.
Disposición adicional sexta.  Tramitación por medios electrónicos en los procedimientos 
de selección y de provisión de puestos de trabajo.
En los procedimientos de selección y en los procedimientos ordinarios de provisión 
de puestos de trabajo de funcionarios tramitados por la Escuela Balear de Administración 
Pública que convoque la persona titular de la consejería competente en materia de 
función pública se puede prever que las personas que quieran participar estén obligadas 
a llevar a cabo determinados trámites por medios electrónicos.
Esta  obligatoriedad  debe  establecerse  en  función  del  personal  y  del  colectivo 
destinatario.
Disposición  adicional  séptima.  Régimen  especial  de  llamamiento  colectivo  en 
determinados supuestos de nombramientos de personal funcionario interino.
Durante  el  año  2021,  en  los  supuestos  previstos  en  los  artículos  5  y  7  del 
Decreto 30/2009, cuando deba ocuparse con personal funcionario interino un número 
elevado de puestos de trabajo de un determinado cuerpo, escala o especialidad de las 
mismas características, se puede hacer un llamamiento colectivo, el cual puede ser 
telemático.
Disposición adicional octava.  Suspensión del artículo 80 de la Ley 12/1998, de 21 de 
diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears.
A los proyectos de obra pública financiados con fondos provenientes del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia o del REACT-EU no se les debe aplicar la obligación de 
reserva del 1% cultural a que hace referencia el artículo 80 de la Ley 12/1998, de 21 de 
diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears.
Disposición adicional novena.  Normas especiales para la gestión de los créditos para 
hacer frente a los expedientes de gasto originados por la crisis de la COVID-19.
1.  Los créditos que financien actuaciones sanitarias o educativas destinadas a 
hacer frente a los efectos directos provocados por la pandemia de la COVID-19 en el 
ámbito  sanitario  o  educativo  deben  imputarse  en  el  programa  presupuestario  de 
gasto 413G.
La  Dirección  General  de  Presupuestos  debe  identificar  el  resto  de  actuaciones 
tendentes a paliar los efectos de la pandemia, incluidas las actuaciones de recuperación, 
transformación  e  impulso  económico,  que  requieran  un  seguimiento  diferenciado 
mediante la imputación de los gastos correspondientes al programa de la clasificación 
funcional adecuada por razón del tipo de actuación y al subprograma CV que se habilite 
al efecto.
2.  La consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores debe habilitar los créditos 
necesarios en las secciones presupuestarias correspondientes para la ejecución de las 
medidas previstas en el Decreto Ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen  e.e
medidas  urgentes  en  materia  de  contratación,  convenios,  conciertos  educativos  y  w.b
subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente,  procedimientos  administrativos  y  86ww
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impliquen un gasto a cargo del presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears imputable al programa o subprogramas presupuestarios a los que se refiere el 
apartado anterior.
Estos créditos, para el ejercicio presupuestario de 2021, tienen la condición de 
ampliables, a los efectos previstos en la Ley 14/2014.
Los créditos referidos en los párrafos anteriores deben financiarse con cargo al fondo 
de  contingencia,  de  la  manera  prevista  en  el  apartado  3  del  artículo  38  de  la 
Ley 14/2014, o con la baja en otros créditos de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma.
Las aplicaciones del fondo de contingencia para esta financiación exclusiva debe 
aprobarlas la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores con el informe del director 
general de Presupuestos, sin necesidad de obtener la autorización previa del Consell de 
Govern.
3.  Excepcionalmente, se pueden aprobar transferencias de crédito que aminoren 
créditos para operaciones de capital en los casos en que los créditos incrementados se 
destinen a financiar operaciones corrientes con cargo al programa presupuestario 413G 
o a los subprogramas CV.
4.  Para la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y para la 
Agencia Tributaria de las Illes Balears se establecen, para el ejercicio presupuestario 
de 2021, los siguientes niveles de vinculación:
a)  Para el programa 413G la vinculación debe ser a nivel de sección y programa.
b)  Para los créditos habilitados en el subprograma CV, la vinculación debe ser a 
nivel de sección y subprograma.
No  obstante,  cuando  los  créditos  de  las  entidades  mencionadas  tengan  la 
consideración de fondos finalistas, el nivel de vinculación quedará fijado a nivel de 
sección, programa o subprograma, según corresponda, y fondo.
5.  Los  remanentes  de  crédito  correspondientes  al  programa  413G  o  a  los 
subprogramas CV, a pesar de que resulten de partidas que no se hayan codificado como 
fondos  finalistas,  se  pueden  incorporar  en  el  ejercicio  presupuestario  siguiente  al 
ejercicio en que se produjo el ingreso, siempre que deriven de actuaciones que cuenten 
con  desviaciones  positivas  de  financiación  al  cierre  del  ejercicio  por  razón  de 
aportaciones de terceras personas o entidades.
6.  Así mismo, no es necesario que el Consell de Govern exceptúe la aplicación de 
los límites de los gastos con alcance plurianual a los que se refiere la letra a) del 
artículo  65.5  de  la  Ley  14/2014  que  se  imputen  en  el  programa  413G  o  a  los 
subprogramas CV.
Disposición adicional décima.  Régimen excepcional en materia de gastos plurianuales.
Excepcionalmente, el Consell de Govern, a propuesta de la consejera de Hacienda y 
Relaciones Exteriores, y con el informe previo y favorable de la Dirección General de 
Presupuestos,  puede  autorizar  unos  límites  superiores  a  los  establecidos  en  el 
artículo 65.1 de la Ley 14/2014 para los expedientes de gasto plurianual que se tramiten 
durante el ejercicio de 2021, cuando, por causas objetivas y debidamente motivadas por 
el centro gestor, el gasto imputable a las secciones presupuestarias correspondientes 
haya superado los límites mencionados.
Disposición  transitoria  única.  Régimen  transitorio  de  determinados  supuestos  s
relacionados con el factor variable aplicable al personal estatutario. oe.
Las cuantías abonadas por los órganos competentes del Servicio de Salud de las  86ww
cIluleasl quBiaelreaa rdse  elons  seul peujeesrctoicsi oa  dloes  q2u0e2 1h aoc eenn r eefejerercnicciioas l aas nlteetrriaosr ebs) , qcu),e  ev) eor ifgiq) udeenl 
daep alart addisop 2o sdieciló anr tfíicnuallo s 2e1g udned laa  dLee ye 3st/e2 0D2e0c, reento l aL ereyd, adcecbióenn  deen teesntdaesr sleet rsaast iqsufeec hreassu dltea 
conformidad con la ley.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan 
a lo dispuesto en este Decreto Ley, lo contradigan o resulten incompatibles con el mismo.
Disposición  final  primera.  Modificaciones  de  la  Ley  2/2020,  de  15  de  octubre,  de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
1.  El apartado 5 del artículo 17 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas 
urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, queda modificado de la 
siguiente manera:
«5.  En el acuerdo de adquisición debe establecerse el procedimiento de 
aceptación o comprobación mediante el cual se verificará la conformidad de los 
medicamentos con lo dispuesto en el contrato, cuya duración no puede exceder de 
quince días hábiles a contar desde la fecha de recepción de los medicamentos.»
2.  El apartado 5 del artículo 18 de la Ley 2/2020 queda modificado de la siguiente 
manera:
«5.  En el acuerdo de adquisición debe establecerse el procedimiento de 
aceptación o comprobación mediante el que se verificará la conformidad de los 
medicamentos con lo dispuesto en el contrato, cuya duración no puede exceder de 
quince días hábiles a contar desde la fecha de recepción de los medicamentos.»
3.  El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 19 de la mencionada Ley 2/2020 
queda modificado de la siguiente manera:
«Después  de  la  comprobación  y  conformidad  por  parte  de  la  unidad 
responsable de las adquisiciones, que debe producirse en el plazo de quince días 
hábiles, la empresa debe enviar la factura por el importe determinado.»
4.  La letra f) del artículo 25.3 de la mencionada Ley 2/2020 queda modificada de la 
siguiente manera:
«f)  Permitir la justificación de gastos correspondientes a subvenciones de 
importe igual o inferior a seis mil euros mediante una declaración responsable de 
la persona o entidad beneficiaria, sin perjuicio de las actuaciones posteriores de 
comprobación y control.»
5.  El apartado 2 del artículo 36 de la mencionada Ley 2/2020 queda modificado de 
la siguiente manera:
«2.  Las aplicaciones que, en forma de proyectos o de líneas de gasto o 
inversión,  acuerde  el  Consell  de  Govern,  deben  imputarse  al  programa 
presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19) o a los 
subprogramas  CV  que  determine  la  Dirección  General  de  Presupuestos,  de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena del Decreto Ley de  e.
medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos  w.b
que  deben  financiarse  con  fondos  europeos  en  el  marco  del  Plan  de  86ww
Rdee cluaps eIrlalecsió Bn,a lTeraarnss, feo rmimapcliiócanr áyn R leas ailiuetnocriizaa, cdióenb epnr epvuiab lipcaarrase l ae na uBtoorlieztaínc ióOnf icdieall 
yg atastmo bpiéonr  epla órrag alan sou csocmrippceitóenn tdee al  cqounetr saeto r,e lafie srueb evle anrctíicóunl,o e 7l 2c.o2n dvee nlaio L oe ye l1 n4e/2g0o1c4io, 
jurídico  correspondiente  en  cada  caso,  en  los  casos  en  que  la  legislación 
presupuestaria o sectorial establezca la necesidad de esta autorización previa.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 
año 2021.
El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021, queda 
modificado de la siguiente manera:
«2.  Se  exceptúa  de  esta  suspensión  la  concesión  del  complemento  de 
productividad (factor variable), que se puede reconocer al personal estatutario en 
los siguientes casos:
a)  Jefe de guardia de la atención especializada.
b)  Indemnización  por  desplazamiento  de  personal  sanitario  a  Menorca, 
Eivissa o Formentera.
c)  Cualquier otra actividad que por razón de necesidad autorice o reconozca 
expresamente la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears, a 
propuesta motivada del órgano competente.
d)  Tareas  docentes  teóricas  o  prácticas  que  autorice  expresamente  la 
Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears, a propuesta motivada 
del órgano competente.
e)  Actividades  ligadas  al  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  en  los 
proyectos específicos y planes de actuación que apruebe el director general del 
Servicio de Salud de las Illes Balears.
f)  Indemnización por desplazamiento de facultativos especialistas de área a 
los diferentes hospitales públicos dentro de la isla de Mallorca, y también entre las 
islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, para garantizar la atención 
continuada y permanente de los usuarios en estos centros, cuando, por razones 
de  interés  público  e  índole  asistencial,  su  presencia  sea  autorizada  por  la 
Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears, a propuesta motivada 
de  la  Gerencia  Territorial  donde  se  deba  desarrollar  la  actividad.  Este 
complemento  es  adicional  a  la  percepción  del  complemento  de  atención 
continuada por la realización de la guardia. Se autoriza al director general del 
Servicio de Salud de las Illes Balears para que dicte las disposiciones que sean 
necesarias  para  implementar  esta  medida,  las  cuales  deben  reflejar  la 
especialidad  o  las  especialidades  profesionales  afectadas,  las  razones  de 
necesidad asistencial concurrentes, los criterios para cubrir la actividad sanitaria 
extraordinaria, la cuantía de las retribuciones que integran el complemento de 
productividad variable y el procedimiento de la concesión.
g)  La atribución de funciones de coordinación que supongan una actividad 
adicional a la propia del puesto de trabajo que se ocupa, incluidas las funciones o 
tareas correspondientes en puestos de jefatura orgánica mientras no se provea el 
puesto de trabajo.
La  atribución  de  funciones  de  coordinación  se  puede  llevar  a  cabo  para 
coordinar  programas  o  actuaciones  concretas,  para  coordinar  objetivos 
programados o para coordinar colectivos de trabajadores por razón del carácter  s
homogéneo de sus funciones, siempre que no impliquen funciones de naturaleza  oe.
estructural.» w.
Disposición final tercera.  Modificaciones del Texto refundido de la Ley de subvenciones, 
aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
1.  Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, en el artículo 36 del Texto refundido 
de  la  Ley  de  subvenciones,  aprobado  por  el  Decreto  legislativo  2/2005,  de  28  de 
diciembre, con la siguiente redacción:
«3.  Las unidades de gestión económica de las consejerías o las unidades 
equivalentes  de  las  entidades  instrumentales  de  derecho  público,  antes  de 
proponer el pago que corresponda de acuerdo con los apartados anteriores de 
este artículo o de acuerdo con el artículo siguiente, deben comprobar que el 
beneficiario  se  encuentre  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  ante  la 
Comunidad Autónoma, a fin de que, si procede, se tramite el procedimiento de 
compensación que corresponda.
No  obstante,  la  comprobación  mencionada  en  el  párrafo  anterior  no  es 
necesaria siempre que no hayan transcurrido más de seis meses desde la fecha 
de la declaración responsable o de la certificación que, a efectos de lo establecido 
en el artículo 11.f) de este Texto refundido, conste en el expediente en relación con 
las  deudas  tributarias  ante  la  Comunidad  Autónoma,  ni  tampoco  cuando  la 
normativa  reguladora  de  la  subvención  haya  eximido  los  beneficiarios  de  la 
obligación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y ante la 
Seguridad Social de acuerdo con el inciso final del primer párrafo del artículo 10.1 
del mencionado Texto refundido.»
2.  El apartado 2 del artículo 37 del mencionado Texto refundido queda modificado 
de la siguiente manera:
«2.  Así mismo, cuando lo prevean las bases reguladoras, o en los supuestos 
del artículo 7.1 de este Texto refundido, la resolución de concesión, también se 
pueden efectuar anticipos de pago de las subvenciones destinadas a financiar 
proyectos o programas en materia de servicios sociales, vivienda, cultura, sanidad, 
cooperación internacional o acción sociosanitaria que se concedan a entidades sin 
ánimo  de  lucro,  a  federaciones,  confederaciones  o  agrupaciones  de  estas 
entidades, y también de las subvenciones a entidades que no dispongan de 
recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad 
subvencionada, circunstancia que debe acreditarse ante el órgano gestor de la 
subvención. El anticipo del pago, con la exigencia, si procede, de las garantías 
correspondientes, debe ser como máximo del 75% del importe de la subvención, 
con excepción de los anticipos a favor de entidades que formen parte del tercer 
sector social, de acuerdo con la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de 
acción social, que pueden lograr hasta el 100% del importe de la subvención.
Sin perjuicio de todo ello, cuando el órgano gestor de la subvención acredite 
razones de interés público, el Consell de Govern, a propuesta del consejero 
competente por razón de la materia, puede autorizar el pago anticipado hasta 
el 100% del importe de cualquier subvención, con la exigencia de las garantías 
que correspondan.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen 
jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Se añade un nuevo párrafo en el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 3/2003, de 26  b
de marzo, de régimen jurídico la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes  86ww
Balearcso, ncot«rnaE tnloa s ts odigdeuo i ceconantesc oer,es idólean c ccdioeór nroe:bsrpaosn dye d ea ncaolinzcaer silóan  sdoes tesneirbviilcidioasd  yf inloasn caiceurae rddoes  ldoes   OE-A-2021-92able en https://
restablecimiento  del  equilibrio  del  contrato  en  los  términos  previstos  en  los
apartados 3 a 6 del artículo 333 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal 
y de régimen local de las Illes Balears.
El artículo 130 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de 
las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 130.  Mutación demanial.
1.  La  mutación  demanial  es  el  acto  en  virtud  del  cual  se  realiza  la 
desafectación de un bien o un derecho con afectación simultánea a otro uso o 
servicio  público  de  las  entidades  locales  o  de  sus  organismos  públicos 
dependientes. Las mutaciones demaniales requieren un acuerdo de la corporación 
local en el que se acredite la utilidad pública de la alteración.
2.  Los  bienes  y  derechos  demaniales  de  las  entidades  locales  y  sus 
organismos  públicos  podrán  afectarse  a  otras  administraciones  públicas  u 
organismos de derecho público dependientes para destinarlos a un determinado 
uso  o  servicio  público  de  su  competencia.  Este  supuesto  de  mutación  entre 
administraciones públicas no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter 
demanial.
3.  En los inmuebles calificados de dominio público se puede otorgar una 
calificación  jurídica  distinta  al  subsuelo  respecto  del  suelo,  mediante  la 
desafectación  parcial  del  subsuelo  para  calificarlo  como  bien  patrimonial 
diferenciado. En todo caso, debe acreditarse en el procedimiento la no existencia 
de perjuicio o merma en el servicio o uso público del bien demanial, y que no hay 
contradicción con el planeamiento urbanístico aprobado.»
Disposición final sexta.  Entrada en vigor y ámbito temporal de vigencia.
Este Decreto Ley entra en vigor al día siguiente de la publicación en «Boletín Oficial 
de las Illes Balears».
No obstante, la modificación normativa que contiene la disposición final primera 
produce efectos desde el 26 de enero de 2021.
Palma, 12 de abril de 2021.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–La 
Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido Rodríguez.–La 
Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez Grau.–El Consejero 
de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company i Pons.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 49, de 13 de abril de 2021. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 65, 
de 20 de mayo de 2021)