BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. I.   Pág. 102527
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
14545 Ley  3/2020,  de  27  de  octubre,  de  medidas  urgentes  de  carácter  social 
dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 
16/2019, de 2 de mayo, de servicios sociales de Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 3/2020, 
de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de servicios sociales de 
Canarias.
PREÁMBULO
El Gobierno de la nación aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. En el mismo se contemplan una serie de medidas dirigidas 
a  proteger  la  salud  y  seguridad  de  la  ciudadanía,  contener  la  progresión  de  la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Asimismo, ratifica en virtud de su 
disposición final primera todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por 
las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales 
con  ocasión  del  coronavirus  COVID-19,  que  continuarán  vigentes  y  producirán  los 
efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con ese real decreto.
Además, la crisis sanitaria se ha transmitido a la economía y a la sociedad a una 
velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al 
bienestar de la ciudadanía. Para atajar las consecuencias económicas en las familias, el 
Gobierno  estatal  aprobó  el  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
estableciendo, entre otras, medidas de apoyo a las personas trabajadoras, familias y 
personas en situación de riesgo de exclusión social.
A  través  de  este  real  decreto-ley  se  autorizó  la  aplicación  de  un  Fondo  de 
Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, por importe de 300.000.000 de euros. Este fondo se ha 
destinado a la financiación de proyectos y las contrataciones laborales necesarias para 
el desarrollo, entre otras prestaciones:
– Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a 
las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de 
urgencia o de inserción.
– Reforzar,  con  servicios  y  dispositivos  adecuados,  los  servicios  de  respiro  a 
personas cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente 
monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a  e.
su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes. w.b
– Otras medidas que las comunidades autónomas, en colaboración con los Servicios  545ww
Speorcsiaolneass d ees lpaesc eianltmideandtees  vlouclnaelerasb, lceosn sciodne remno itmivpor edsec inedsitbal ecsr iys isu,r gye nsteesa np adreab aidteanmdeenr tea 
justificadas.
Además, de acuerdo con lo señalado por la Comisión Europea en su Comunicación 
del 13 de marzo, la respuesta a este desafío conjunto debe ser coordinada, con el apoyo 
de las instituciones y del presupuesto comunitario a las medidas nacionales, dado que la 
pandemia del COVID-19 tiene una dimensión paneuropea.
El impacto final que la crisis sanitaria tenga para la economía y la sociedad europea 
dependerá  de  la  coordinación  de  las  autoridades  nacionales  y  comunitarias.  Estas 
últimas pueden y deben apoyar los esfuerzos individuales mediante la flexibilización de 
su normativa fiscal, la mutualización de los costes transitorios y la movilización de 
recursos comunitarios.
Teniendo en cuenta el impacto que esta situación de emergencia produce en la 
economía, unido al alcance de las medidas decretadas a nivel nacional, ha resultado 
necesario  adoptar  con  carácter  urgente  otras  medidas  que  permitieran  paliar  dicho 
impacto, aprobándose por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias el 
Decreto-ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
De otra parte, el estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, fue prorrogado en el Congreso de los Diputados, en las sesiones 
celebradas el 25 de marzo, 9 de abril, 22 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo y 3 de junio 
de 2020, finalizando el mismo el 21 de junio.
La evolución de la situación de emergencia sanitaria exigió la adopción de nuevas 
medidas concretas dirigidas a paliar su impacto social en la ciudadanía. En este sentido, 
se  establecieron  medidas  dirigidas  a  atender  situaciones  de  extrema  vulnerabilidad 
social, mediante Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, entre las que se incluyeron las 
relativas  al  establecimiento  con  carácter  excepcional  de  un  ingreso  canario  de 
emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las restricciones impuestas en la libre circulación de las personas para evitar la 
propagación del virus y contener la enfermedad se tradujeron inexorablemente en una 
perturbación evidente para la economía española que por ende afectó, y está afectando 
de  manera  muy  significativa,  a  las  familias  más  vulnerables.  En  este  contexto,  la 
prioridad absoluta en materia social radica en proteger y dar soporte al conjunto de la 
ciudadanía, pero especialmente a quienes son más vulnerables.
Ante esta situación de extrema gravedad, generada por la evolución del coronavirus 
COVID-19,  resultó  necesaria  la  adopción  de  medidas  de  carácter  extraordinario  y 
urgente de diversa índole, dando prioridad a aquellas que perseguían minimizar el 
impacto económico y social en la ciudadanía con menos recursos.
II
Las situaciones de vulnerabilidad en la población canaria se han visto agravadas de 
inmediato tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. La pérdida de puestos de empleo pone en peligro la 
subsistencia de un gran número de familias, cuando muchas de ellas aún no habían 
superado las consecuencias sociales de la anterior crisis, como lo pone de manifiesto la 
Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, según la cual 
Canarias  es  una  de  las  comunidades  autónomas  con  mayor  riesgo  de  pobreza  y 
exclusión social. En 2018 Canarias tenía un porcentaje de la población en riesgo de 
pobreza y exclusión social (Arope) del 36,4%, llegando la tasa de riesgo de pobreza 
según  la  misma  fuente  al  32,1%.  Otros  indicadores  sociales  que  nos  ofrece  dicha  s
encuesta  son  los  ingresos  medios  de  la  población,  de  los  más  bajos  del  territorio  e.
español, con 8.964 euros. w.
Por ello, se hace necesario dar respuesta a las necesidades sociales de las personas  545ww
mhaácse rf ráfgreilnetse  ecao ngóamsitcoasm  eenletem eyn tcaolens  mdaeyo rs unbesciessteidnacdia  dec opmroot eclocsió nd, eqruivea dtoiesn edne q ulae 
caolimn ednistcaacpióanc,i deal da loo jdaem mienetnoo, rleas  hdigei eendea,d o e ne l ucnu imdaisdmoo d ees ppearcsioo nhaasb mitaacyioonreasl., de personas  BOE-A-cable e
Hasta el momento, la carencia o insuficiencia de ingresos de las personas en las 
islas ha sido cubierta por la prestación canaria de inserción (PCI), que actúa como última 
red de protección social cuando se han agotado otros tipos de prestaciones, sean estas 
contributivas  o  no  contributivas.  No  obstante,  ante  la  situación  de  emergencia 
ocasionada por el COVID-19, la baja cobertura de la PCI se mostró insuficiente para 
proteger a las personas más afectadas por esta crisis, siendo muchas las personas y 
colectivos que quedan desprotegidos.
Es por ello que, en este contexto de emergencia ocasionada por el COVID-19, se 
estimó necesario y oportuno garantizar y ampliar la cobertura de la PCI, pero, a su vez, 
cubrir las necesidades básicas mediante un ingreso canario de emergencia (ICE) dirigido 
a todas aquellas personas que no estaban protegidas por ninguna prestación pública ni 
disponían de rentas derivadas del trabajo u otra actividad económica.
El  ingreso  canario  de  emergencia  tiene  como  objetivo  proporcionar  un  apoyo 
económico puntual destinado a cubrir las necesidades básicas para aquellas unidades 
de convivencia sin ningún tipo de ingreso, sean estos por rentas del trabajo, prestaciones 
o de otro tipo, a la entrada en vigor del citado decreto y durante el mes anterior. Se trata, 
por tanto, de una prestación económica dirigida a las familias de mayor vulnerabilidad, 
especialmente afectadas por la situación social producto de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y se concibe como una única prestación económica de 
urgencia,  siendo  además  un  recurso  puente  para  las  unidades  de  convivencia  en 
situación de vulnerabilidad, hasta que puedan acceder al ingreso mínimo vital, regulado 
recientemente en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
Por otro lado, el fuerte impacto social provocado por la situación de crisis sanitaria, y 
la vulnerabilidad económica que ello provoca en muchas familias de las islas, aconseja la 
suficiencia de la cuantía del ingreso canario de emergencia. El Decreto-ley 6/2020, de 17 
de abril estableció su cuantía en el 75% de las establecidas en ese mismo decreto para 
la  PCI.  Sin  embargo,  resulta  oportuno  actualizar  dicho  porcentaje  en  base  a  las 
circunstancias sociales descritas, fijándolo en el 150% del establecido en el artículo 14 
del Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, por el que se actualizaron las cuantías de la 
prestación canaria de inserción para 2020.
Dicha actualización de la cuantía, que no cambia el carácter de prestación única de 
la ICE, ni establece nuevos plazos de solicitud ni una revisión de los requisitos, servirá 
para ampliar la cobertura de las necesidades básicas, actuando como escudo social 
junto a otras prestaciones, como la destinada al alquiler, o las proporcionadas por los 
ayuntamientos y entidades del tercer sector, y mientras el ingreso mínimo vital, que se 
estima pueda cubrir a unas 49.000 familias de las islas, se vaya resolviendo.
La cobertura presupuestaria que marca el artículo 15 de la presente ley dotada con 
un importe de 16.220.059,66 euros, establece la suficiencia económica necesaria para 
asumir  esta  ampliación,  abonándose  en  un  nuevo  pago  a  aquellas  unidades  de 
convivencia que ya lo han recibido, y actualizándose para aquellas otras que a la entrada 
en vigor de esta ley no hubieran recibido la prestación.
Para nuestro ámbito de decisión, la prestación canaria de inserción (PCI) es una 
prestación económica que pretende incidir a nivel material sobre la falta de recursos de 
las familias en estado de vulnerabilidad, adoptando la perspectiva de la exclusión social, 
que va más allá de la carencia de recursos económicos, y que tiene que ver con un 
debilitamiento de los lazos sociales y de la participación de las familias en el acceso al 
empleo, a la salud, la educación, la participación en la comunidad, etc.
Tal como establece la propia Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la  s
prestación canaria de inserción (en adelante, la Ley de la PCI), esta ayuda tiene carácter  oe.
subsidiario, pues «su otorgamiento quedará condicionado a que el peticionario que tenga  w.
derecho  a  alguna  de  las  pensiones  mencionadas  en  el  apartado  anterior  acredite  545ww
tfreahtaac dieen ltae múletimntae  rheadb edrela psr ostoelciccitióand oq uaen tdei sepl oonrgeann liassm poe crsoorrneassp eonn dCieanntaer»ia. sP.or lo tanto, se
objeEtinvo e ld ceo nctoenxttroib aucirt uaa le, vlait aprr eusne nimtep laecyt oa mepcloían ópmueicso,  lparso lpornegsatadcoio mneáss  dael lála  dPeC Ila,  ccornis eisl   BOE-A-cable e
sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias más directamente afectadas, 
reforzando  la  protección  de  las  personas  trabajadoras,  las  familias  y  personas  en 
situación de riesgo de exclusión social.
Por ello, y de manera excepcional, el Decreto-ley 6/2020 permitió que durante el 
estado de alarma, y por causas objetivamente justificadas en el expediente por los 
servicios sociales de atención primaria mediante el correspondiente informe social, la 
PCI llegara a aquellas personas que constituyeran unidades de convivencia en las que, 
aun no cumpliendo todos los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2 del artículo 7 
de la Ley de la PCI, concurrieran circunstancias que las colocaran en situación de 
extrema necesidad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, por carecer de recursos económicos suficientes para subsistir.
A estos efectos, la situación de necesidad personal básica para acogerse a esta 
medida derivó de los efectos de la declaración del estado de alarma y sus prórrogas, y, 
como consecuencia de ésta, supuso la pérdida del empleo o dificultades a la obtención 
de rentas alternativas para las familias y demás unidades de convivencia, o la necesidad 
para estas de destinar mayor tiempo a los cuidados de menores a su cargo o de 
personas mayores en el mismo espacio habitacional. Es por ello que, habiendo finalizado 
el estado de alarma, la presente ley extiende la misma posibilidad de percepción de la 
PCI mientras persista la grave crisis sanitaria derivada del COVID-19 y el consiguiente 
impacto social de la misma en las unidades de convivencia en situación de especial 
vulnerabilidad social.
Asimismo,  y  en  este  marco  general  se  encuadran  las  medidas  conducentes  a 
procurar  la  moratoria  de  la  deuda  arrendaticia  para  las  personas  arrendatarias  de 
vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica, establecidas por el Real 
Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
En el mismo sentido procedió la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa como 
entidad arrendadora de los colectivos con menor capacidad económica y de acceso al 
trabajo, cuales son las personas adjudicatarias de viviendas protegidas, exonerando del 
pago de la cuota del alquiler a dichas personas adjudicatarias tal y cómo se recoge en el 
título III de la presente ley.
III
Por otra parte, esta ley proviene del Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, previamente 
convalidado  por  el  Parlamento  de  Canarias,  el  cual  constituye  un  instrumento 
constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5 11/2002, de 17 de 
enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3 68/2007, F. 10, 
y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del 
Gobierno.
En este sentido, la presente ley pretende actualizar diversas cuestiones contenidas 
en el Decreto-ley del que proviene, especialmente de cara a actualizar las cuantías del 
ingreso canario de emergencia, y se fundamenta en el interés general que supone  s
atender a las circunstancias sociales y económicas excepcionales derivadas de la crisis  e.
de salud pública provocada por el COVID-19, tanto en los sectores productivos como en  w.
los  colectivos  más  desfavorecidos,  siendo  este  el  momento  de  adoptar  medidas  545ww
adicionales para subvenir a estas necesidades.
IV
Para el desarrollo de las prestaciones aquí contenidas, y que provienen del Decreto-
ley 6/2020, se tuvo en cuenta el escenario de limitación de circulación impuesto por el 
estado de alarma, con la adopción por parte de aquel Decreto-ley, de una serie de 
medidas  extraordinarias  para  tramitación  de  las  solicitudes  realizadas  y  que  se 
mantienen  en  la  presente  ley.  Así,  en  primer  lugar,  se  pone  a  disposición  de  la 
ciudadanía la presentación a través de la sede electrónica. Pero, además, la posible 
brecha digital de las personas destinatarias del ingreso canario de emergencia hace 
necesario mantener la habilitación de otros canales excepcionales para garantizar que 
los  interesados  puedan  hacer  efectivo  el  derecho  a  la  prestación  aquí  regulado, 
estableciéndose la vía telefónica como forma subsidiaria de presentación de solicitudes, 
a través del número de atención a la ciudadanía del Gobierno de Canarias, dando con 
ello cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que exige que 
las administraciones públicas pongan a disposición de los interesados los canales de 
acceso que sean necesarios.
Además, para garantizar la identidad de las personas solicitantes, se mantiene en la 
presente  ley  una  previsión  para  permitir  la  comprobación  de  su  identidad  con 
posterioridad mediante la verificación de los datos suministrados por estas, así como la 
posibilidad  de  verificación  biométrica  del  registro  vocal,  todo  ello  al  amparo  del 
artículo 12.2 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, si bien requiere la 
identificación con el funcionario habilitado, no expresa que esta deba ser presencial o 
realizarse con carácter previo, como sí determina expresamente el artículo 11.1 de la 
misma.
Finalmente, se mantiene en la presente ley la habilitación de dos mecanismos para 
que  los  interesados  aporten  documentos  a  la  solicitud.  Por  un  lado,  el  artículo  9 
establece  la  verificación  de  datos  a  través  de  la  intermediación  electrónica  de  los 
obrantes  en  otras  administraciones  públicas,  dando  cumplimiento  al  deber  de  las 
administraciones que consta en el artículo 28 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, que 
impide solicitar a los administrados documentos que ya obren en poder de estas. Al 
mismo  tiempo,  se  permite  la  declaración  responsable  de  los  interesados,  que  fue 
grabada y registrada, y por tanto constando en documento tal y como requiere el 
artículo 69.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
V
La presente ley incluye además una modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, 
de  Servicios  Sociales  de  Canarias.  La  necesidad  de  acometer  dicha  modificación 
responde a los requerimientos de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico 
y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por los que se plantearon 
observaciones o discrepancias en relación a diversos artículos de la citada ley, en 
relación al cauce de cooperación previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal  Constitucional.  En  este  sentido,  la  Comisión  Bilateral  de  Cooperación 
Administración  General  del  Estado-Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  adoptó  el 
acuerdo de 25 de julio 2019, por el cual se instaba a iniciar negociaciones para resolver 
las  discrepancias  manifestadas  en  relación  con  los  artículos  7,  65.3,  66,  104.2  y 
disposición transitoria tercera de la citada Ley 16/2019, de 2 de mayo. De conformidad 
con  las  negociaciones  previas  celebradas  por  el  grupo  de  trabajo  constituido  en  e.e
cumplimiento de lo previsto en el citado acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación  b
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, ambas partes  545ww
econn esli dceitraadroon a scoulevrednot,a ddaes f odrimchaa sq udei sscir ebpieann ceians a elgnu nraozsó pnr eac elopsto cso dmep lrao mleiys o(sa ratíscuumloi d7o sy 
rdeisspoolvseicr iólons  trreapnasriotosr isau tsecrictaedrao)s,,  speo rp euld coo natlcraarnioz,a lra  uCno amcuuneirddaod  iAntuetrópnroemtaativ doe  qCuaen paerirams itsióe 
comprometió a promover la modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios
Sociales de Canarias, en relación a los artículos 63, 65, 66 y 104.2, lo cual explica la 
incorporación en la presente ley su modificación.
A ello cabe añadir que dicha modificación legislativa resulta también necesaria para 
que el Gobierno de Canarias pueda proceder a la aprobación del proyecto de decreto 
regulador  de  los  conciertos  sociales  regulados  en  el  capítulo  III  del  título  V  de  la 
Ley 16/2019, de 2 de mayo, en uso de la previsión del artículo 63.3 de la misma, que 
señala que el Gobierno de Canarias, en el marco de lo dispuesto en la ley, establecerá el 
régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados que 
participen en el sistema público de servicios sociales, determinando los requisitos de 
acceso, la duración máxima y las causas de extinción del concierto, así como las 
obligaciones de las partes.
VI
En lo relativo a su estructura, la presente ley se divide en tres títulos, distribuidos en 
dieciséis  artículos,  dos  disposiciones  adicionales,  una  disposición  transitoria,  una 
disposición derogatoria, y cuatro disposiciones finales.
El título I, destinado al ingreso canario de emergencia, está dividido en dos capítulos, 
conteniendo  el  primero  la  definición  y  las  personas  beneficiarias,  y  el  segundo,  el 
régimen económico y la tramitación de los expedientes.
Por  su  parte,  el  título  II  está  dedicado  a  las  medidas  de  flexibilización  en  la 
tramitación  de  la  PCI  durante  el  estado  de  alarma,  constando  de  tres  capítulos, 
regulando el primero el procedimiento extraordinario de tramitación de solicitudes de la 
PCI, el capítulo segundo la actualización de las cuantías de la ayuda básica de la PCI, y 
el capítulo tercero la cobertura presupuestaria.
El título III, regula la exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas, como 
medida  excepcional  para  las  personas  adjudicatarias  de  viviendas  en  régimen  de 
alquiler, titularidad del Instituto Canario de la Vivienda.
Por último, se lleva a cabo, a través de una disposición final una modificación puntual 
de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en lo que respecta 
al concierto social, en los términos planteados en esta exposición de motivos.
TÍTULO I
Ingreso canario de emergencia
CAPÍTULO I
Objeto y personas beneficiarias
Artículo 1.  Objeto.
Se  crea  una  prestación  económica  puntual  denominada  ingreso  canario  de 
emergencia (en adelante, el ICE) como instrumento de apoyo para aquellas personas 
que constituyan unidades de convivencia en las que concurran circunstancias que las 
coloquen en un estado de urgencia social, como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 2.  Incompatibilidad. es
1.  El ICE será incompatible con cualquier prestación, pensión o ayuda pública o  w.
privada  a  la  que  tuviera  derecho  cualquiera  de  los  integrantes  de  la  unidad  de  545ww
lceoyn v6i/v2e0n2c0ia,  ddee  l1a7  pdeers oanbari l,s odleic imtaendteid aa sl au rfegcehnate sd ed ela  ceanrtáractdear  esno cviaigl odr irdigeild aDse car eltaos-
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3.4 de la 
presente ley.
2.  No obstante lo anterior, podrán percibir el ICE aquellas personas que constituyan 
unidad de convivencia que reúnan los requisitos de los artículos 3 y 4 de la presente ley, 
y cuya solicitud de pensiones contributivas o no contributivas no haya sido resuelta a la 
fecha de la solicitud.
Artículo 3.  Personas beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias de dicha prestación aquellas personas que constituyan 
unidades de convivencia que, a la entrada en vigor del Decreto-ley 6/2020, de 17 de 
abril, y en el mes anterior:
a)  No obtengan rendimientos del trabajo o derivados del ejercicio de actividades 
económicas o profesionales.
b)  No obtengan prestaciones, pensiones o ayudas de cualquier tipo.
c)  No obtengan cualquier otro tipo de ingreso. A estos efectos no se tendrán en 
consideración los ingresos derivados de las ayudas contempladas en el apartado 4 de 
este artículo.
2.  A efectos de la determinación de la unidad de convivencia, se aplicarán los 
criterios que define el artículo 4 de la ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
3.  No  podrán  ser  beneficiarias  aquellas  personas  cuyo  patrimonio  o  el  de  los 
miembros de su unidad de convivencia, excluida la vivienda habitual, supere los 50.000 
euros, valorados de acuerdo con las reglas de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio.
4.  A efectos de la determinación de los requisitos previstos en este artículo, no se 
tendrán en cuenta las ayudas que con carácter finalista otorguen las administraciones 
públicas  o  entidades  sociales,  para  paliar  situaciones  de  necesidad  social,  becas, 
subvenciones de vivienda, prestación familiar por hijo a cargo o pensión alimenticia en 
casos de separación familiar.
5.  No  podrán  ser  beneficiarias  aquellas  personas  que  tengan  cubiertas  sus 
necesidades básicas de alojamiento y alimentación, por estar alojadas en centros o 
establecimientos  de  titularidad  pública,  o  aquellos  gestionados  en  colaboración  con 
entidades  del  tercer  sector  u  otro  tipo  de  entidad  privada,  salvo  en  los  casos 
exceptuados en el artículo 4.5 de la ley de la PCI.
Artículo 4.  Requisitos de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias deberán cumplir además con los siguientes requisitos:
a)  La persona titular de la prestación tiene que ser mayor de 18 años.
b)  Las personas destinatarias de la prestación deben residir de manera efectiva en 
cualquier municipio de Canarias.
c)  Las  personas  destinatarias  de  la  prestación  no  pueden  ser  titulares  y/o 
beneficiarias de la PCI como miembros de otro núcleo familiar.
Artículo 5.  Obligaciones de las personas solicitantes y beneficiarias.
Las personas beneficiarias deberán cumplir las siguientes obligaciones: s
a)  Es obligación de las personas solicitantes dar información veraz con respecto a  w.
la situación económica de la unidad de convivencia. 545ww
modbif)i caLcaiósn  pdeer sloansa sc irdceusntsintaantacriaiass  pdeers olan apleress toa cpióantr imtieonneianl eqsu qeu eco pmuuendicaanr  acfueactlqaur iearl 
derecho a la prestación o el importe, en el plazo de tres días hábiles.
c)  Las  personas  destinatarias  de  la  prestación  deberán  reintegrar  las  cuantías 
percibidas indebidamente por error o por carecer de los requisitos necesarios para 
adquirir la condición de beneficiarias del ICE.
CAPÍTULO II
Régimen económico y tramitación de los expedientes
Artículo 6.  Importe del ingreso canario de emergencia (ICE).
El importe de esta prestación será el 150% de las cuantías previstas en el artículo 14 
de esta ley, y se tendrán en cuenta las cuantías asignadas por número de personas 
integrantes de la unidad de convivencia para una mensualidad.
Artículo 7.  Duración.
El ICE se articulará a través de una prestación económica puntual, que se pagará en 
dos abonos y cuyos importes sumados serán el equivalente a la cantidad establecida en 
el artículo 6 de esta ley.
Artículo 8.  Inicio del procedimiento, forma y plazo de presentación de solicitudes.
1.  El  procedimiento  se  iniciará  a  instancia  de  parte  mediante  la  presentación 
telemática  de  la  solicitud,  ajustada  al  modelo  específico  que  se  apruebe  por  la 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a disposición de las 
personas interesadas en la sede electrónica de la citada consejería, accesible a través 
de la dirección electrónica: https://sede.gobcan.es/dsidj, mediante el sistema cl@ve o 
certificado de firma electrónica.
2.  En  el  supuesto  de  que  la  persona  interesada  no  disponga  de  los  medios 
electrónicos necesarios para realizar la presentación de la forma prevista en el apartado 
anterior, podrán gestionar, con carácter excepcional, la solicitud de manera telefónica, a 
través del número de atención a la ciudadanía del Gobierno de Canarias.
A efectos de prueba y registro, la llamada será grabada y se le pedirá a la persona 
solicitante los datos requeridos en el modelo normalizado a que se refiere el apartado 1 
de este artículo, así como declaración responsable del interesado o interesada de su 
identidad, la falta de disposición de medios electrónicos, la veracidad de los datos 
aportados vía telefónica y el cumplimiento de los requisitos establecidos, para acceder al 
ingreso canario de emergencia.
3.  La  solicitud  será  registrada  por  funcionarios  públicos  designados  por  la 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, tras la conformidad 
telefónica del interesado o interesada. La representación de la persona solicitante deberá 
desarrollarse en el marco de la asistencia en el uso de medios electrónicos a través de 
funcionarios habilitados establecida en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A tal efecto, 
se crea un registro de funcionarios habilitados de carácter excepcional, titularidad de la 
Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, en el que constarán los datos 
identificativos de la persona solicitante, así como del funcionario que le asiste, fecha y 
hora del consentimiento, así como la grabación a que se refiere el apartado 2 de este 
artículo.  En  el  registro  de  entrada  efectuado  por  el  funcionario  se  hará  constar 
expresamente la persona en cuyo favor se inscribe, el funcionario que lo realiza y que el  e.
asiento se efectúa al amparo de esta ley, así como referencia al registro de funcionarios  w.
habilitados. 545ww
prop4o. rciLoan aiddae nstiefi cllaecviaórná  dae  claab op emrseodniaa nsteo lilcai tavenrteifi cya claió na udteen ltoicsa dciaótno sd aep loar taindfoorsm paocri ólna 
misma a través del sistema de intermediación de datos. También podrá, en su caso,
acreditar la identificación con posterioridad de forma biométrica mediante comprobación 
de la grabación de voz.
5.  El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la entrada en 
vigor del Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social 
dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
6.  El orden de presentación de solicitudes será:
En los primeros 5 días hábiles del plazo de presentación de solicitudes, solo podrán 
presentar solicitud las unidades de convivencia con dos o más menores a cargo, y las 
monomarentales o monoparentales.
A partir del sexto día hábil y hasta el décimo día hábil del plazo de presentación solo 
podrán presentar solicitud, además de las anteriores, las unidades de convivencia con un 
menor a cargo.
A partir del undécimo día hábil siguiente del plazo de presentación de solicitudes, 
podrán  presentar  su  solicitud,  además  de  las  anteriores,  el  resto  de  unidades  de 
convivencia, tengan o no menores a cargo.
7.  Las entidades locales ayudarán a la identificación e información a las posibles 
personas beneficiarias de la prestación sobre los requisitos, cuantía y procedimiento 
para efectuar las solicitudes.
Artículo 9.  Comprobación de los requisitos.
1.  La  Consejería  de  Derechos  Sociales,  Igualdad,  Diversidad  y  Juventud 
comprobará los datos aportados por las personas solicitantes y el cumplimiento de los 
requisitos del solicitante y de los miembros de sus unidades de convivencia señalados 
en los artículos 2, 3 y 4 de esta ley, recabando la información obrante en otros órganos 
del Gobierno de Canarias u otras administraciones públicas a través de sus redes 
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
2.  El incumplimiento de los requisitos para ser persona beneficiaria del ICE dará 
lugar al régimen de reintegros que resulte de aplicación, que se realizará de acuerdo con 
el procedimiento previsto en la normativa reguladora de la PCI.
Artículo 10.  Resolución, notificación y pago.
1.  La Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración procederá a dictar 
resolución  estableciendo  la  cuantía  en  función  de  la  composición  de  la  unidad  de 
convivencia.
El procedimiento se resolverá en el plazo de un mes desde la entrada de la solicitud 
en el registro de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 
Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, la solicitud se 
entenderá desestimada.
2.  La notificación de las resoluciones se realizará en sede electrónica y en el 
Boletín Oficial de Canarias.  Además, se podrá comunicar individualmente a través del 
servicio  de  atención  telefónica  del  Gobierno  de  Canarias,  mediante  el  número  de 
referencia del expediente.
No  obstante  lo  anterior,  los  interesados  que  no  estén  obligados  a  recibir 
notificaciones  electrónicas,  podrán  decidir  y  comunicar  en  cualquier  momento  a  la  e.
Administración pública, a través de los modelos normalizados que se establezcan al  w.b
efecto,  que  las  notificaciones  se  practiquen  o  dejen  de  practicarse  por  medios  545ww
elec3tr.ó nEiclo IsC.E se abonará mediante dos pagos en la cuenta corriente, cuenta de ahorros
o tarjeta prepago, una vez resuelta la solicitud.
TÍTULO II
Medidas de flexibilización en la tramitación de la prestación canaria de inserción 
durante el estado de alarma
CAPÍTULO I
Procedimiento extraordinario de tramitación de solicitudes de la prestación canaria 
de inserción
Artículo  11.  Tramitación  de  solicitudes  de  la  prestación  canaria  de  inserción  (PCI) 
durante el estado de alarma.
1.  Las solicitudes de la PCI que, habiendo sido presentadas durante la vigencia del 
Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas  en  situación  de  vulnerabilidad  como  consecuencia  de  la  crisis  sanitaria 
ocasionada  por  el  COVID-19,  estuvieran  si  resolverse  a  la  entrada  en  vigor  de  la 
presente ley, serán resueltas favorablemente siempre que cumplan con los requisitos 
siguientes:
a)  Hayan sido registradas por los ayuntamientos en la aplicación informática de 
gestión de la PCI de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración a la fecha 
de entrada en vigor de este Decreto-ley.
b)  Cuenten con informe favorable emitido por los servicios sociales municipales y 
registrado en la aplicación correspondiente.
Para la determinación de los requisitos y carencia de recursos económicos se estará 
a lo dispuesto en el artículo 7.1.2.º y artículo 8 de la Ley de la PCI.
2.  La  Consejería  de  Derechos  Sociales,  Igualdad,  Diversidad  y  Juventud 
comprobará la suficiencia económica de dichas solicitudes de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 9 y 10 del Reglamento de la PCI
3.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en este precepto dará lugar al 
reintegro de acuerdo con lo previsto en la ley de la PCI.
4.  Mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de Derechos 
Sociales e Inmigración se motivarán las circunstancias descritas en este apartado y si se 
acreditara el cumplimiento de los requisitos resolverá la concesión de la prestación.
5.  En  la  tramitación  de  los  expedientes  referidos  en  este  artículo,  se  dejará 
constancia  de  que  la  resolución  se  realiza  de  conformidad  con  las  medidas 
extraordinarias dictadas en el presente título.
6.  La PCI será incompatible con el derecho a la obtención del ICE regulado en el 
título I de esta ley.
Artículo 12.  Verificación extraordinaria.
1.  Las personas beneficiarias de la PCI que hayan obtenido resolución favorable al 
amparo del Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social 
dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, podrán seguir percibiéndola una vez finalizado el 
estado de alarma o sus prórrogas, siempre que se verifique el cumplimiento de los 
requisitos de los artículos 7.1 y 2 de la Ley de la PCI. es
2.  A aquellas personas y miembros de las unidades de convivencia que se hubieran  bo
acogido al procedimiento previsto en el artículo 11 pero que no pudieran continuar en el  545ww
lPpseirCsset Ise,s tmeaorc aási ó epdn ole eur  snan apho lu ivccbeauizecm rifóapinnnlia  rr elieczl coapondrn ooaoc leceglidu dpinomlao uiz endonae td  ocleo u dsvae enr retriíefqaiciu nasitsuceiiptgóoernsor  i,dod eere n la3  a  clmarat íseqcosuu eleods  ed 7d e.ce1bos iendyrte ia2n nl uad a tecer o nlcnaeoc rbL edresaeyiónr enddc oeph  oollaar,     OE-A-2020-14able en https://
las cantidades recibidas indebidamente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá volver a instar la ayuda y 
concedérsela con posterioridad en el caso de que la unidad de convivencia cumpla con 
todos los requisitos señalados en la Ley de la PCI y su reglamento.
Asimismo, les será de aplicación el régimen de reintegro a aquellas personas y 
miembros de unidades de convivencia a las que se le hubiera reconocido la prestación, 
acogiéndose al procedimiento previsto en el artículo 11, si en el referido proceso de 
verificación se comprobara que los requisitos a que se refiere el citado artículo 11 no se 
cumplían por las personas beneficiarias desde el momento inicial de la solicitud.
Artículo 13.  Renovación de la prestación canaria de inserción (PCI).
Las solicitudes de renovación de la PCI durante el período de estado de alarma 
serán iniciadas de oficio por los servicios sociales municipales, salvo oposición expresa 
de los interesados. Las renovaciones posteriores a la finalización del estado de alarma y 
sus prórrogas se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley de la 
PCI, y 17 del reglamento aprobado por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo.
CAPÍTULO II
Actualización de las cuantías de la ayuda económica básica de la prestación 
canaria de inserción (PCI)
Artículo  14.  Actualización  de  las  cuantías  de  la  ayuda  económica  básica  de  la 
prestación canaria de inserción (PCI).
1.  Con efectos desde el 1 de enero de 2020, los importes de la cuantía básica 
mensual y del complemento mensual variable de la ayuda básica establecidos en la 
disposición  adicional  trigésima  tercera  de  la  Ley  19/2019,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2020, 
actualizados con el IPC de 2019, serán los siguientes:
a)  El importe de la cuantía básica mensual será de 489,35 euros.
b)  El complemento mensual variable tendrá las siguientes cuantías, en función de 
los miembros que formen la unidad de convivencia:
– Unidades de dos miembros: 64,38 euros.
– Unidades de tres miembros: 115,90 euros.
– Unidades de cuatro miembros: 148,10 euros.
– Unidades de cinco miembros: 173,83 euros.
– Unidades de seis o más miembros: 193,16 euros.
El importe mínimo de la ayuda económica básica mensual por unidad familiar no 
podrá ser inferior a 130,41 euros, cualquiera que sea la deducción que se efectúe por los 
ingresos y demás rentas con que cuente aquella.
2.  La percepción del complemento mensual variable no requerirá la aceptación del 
titular de participar en los programas específicos de actividades de inserción en los 
supuestos previstos en el artículo 12.5 de la ley de la PCI.
CAPÍTULO III
De la cobertura presupuestaria o
Artíc1u. lo L1a5 . coDnece las ióconb deert usroal ipcriteusduepsu edsetla IrCiaE.  en dos abonos previstas en el título I de  2020-14545n https://ww
plar espurpeuseensttaer iale 2y 3.s0e7 .2f3in1aI.n4c8i0a.r0á1n  Lc.Aon.  23e4l Gc0r8é0d0it oL epyr odcee dseenrtveic iodse  solac iaalepsli-cRaecniótna   BOE-A-cable e
ciudadana, y estará dotada con un importe de hasta 16.220.059,66 euros. El crédito 
remanente  procedente  de  la  aplicación  presupuestaria  23.07.2311.480.01  L.A. 
234G0800, no ejecutado, de la dotación prevista de hasta 16.220.059,66 euros, será 
incorporado como fondo a las ayudas de emergencia social de los ayuntamientos, 
distribuyéndolo entre los ayuntamientos que lo soliciten, según la normativa vigente.
2.  Las concesiones de solicitudes de la PCI previstas en el título II de esta ley se 
financiarán con el crédito procedente de la aplicación presupuestaria 23.07.231I.480.01 
L.A. 23409602 Ayudas a la integración social, y estará dotada inicialmente con un 
importe de 44.000.000 de euros.
TÍTULO III
Medidas en materia de vivienda
Artículo 16.  Exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas.
1.  Quedan exoneradas del pago de la renta de alquiler correspondiente a los meses 
de  abril  y  mayo  de  2020  las  personas  adjudicatarias  de  viviendas  protegidas  de 
promoción pública en régimen de arrendamiento, titularidad del Instituto Canario de la 
Vivienda, así como las adjudicatarias de las viviendas protegidas de promoción privada 
por la Sociedad Pública de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, SAU 
(Visocan),  que  hayan  sido  adjudicadas  en  el  mismo  régimen  y  por  el  mismo 
procedimiento en virtud de convenio suscrito por ambas entidades.
2.  Durante  dicho  período  no  se  podrá  resolver  el  contrato  de  arrendamiento, 
declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda, ni se devengarán 
intereses por causa del impago.
3.  El Instituto Canario de la Vivienda continuará abonando a Visocan la ayuda al 
alquiler de las viviendas protegidas en los términos previstos en su normativa reguladora.
4.  La exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas prevista en el 
apartado 1 de este artículo se financiarán con el crédito procedente de la aplicación 
presupuestaria 49.01.261C.48001 L.A. 49400004 «Ayuda a los alquileres de VPP» y 
estará dotada con un importe de hasta 2.000.000 de euros.
5.  La duración de esta medida se podrá ampliar por acuerdo del Gobierno del 
Canarias en función del impacto y evolución de la crisis económica que se genere como 
consecuencia del estado de alarma y de las circunstancias que lo han originado, así 
como de su repercusión en las personas beneficiarias de la medida.
El acuerdo del Gobierno de Canarias se publicará en el «Boletín Oficial de Canarias».
Disposición  adicional  primera.  Habilitación  a  la  Consejería  de  Derechos  Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud y a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda.
Corresponde  a  las  personas  titulares  de  la  Consejería  de  Derechos  Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud y de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda,  respectivamente,  dictar  las  resoluciones,  disposiciones  e  instrucciones 
interpretativas  que,  en  la  esfera  específica  de  su  actuación,  sean  necesarias  para 
garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta ley.
Disposición  adicional  segunda.  Programa  de  ayudas  directas  para  contribuir  a  s
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda  o
habitual. 545www.
limitDaeci ópnr oddeu clair scei rcuunlaac iósnit udaec iólans  dpee rseoxncaesp cqiounea lpiduaddie rdaenr ivsaedr aa ddoep tamdaesd idaanste  dlae 
ssiotulicaictuiódne sd, ere scorliuscisió ns ayn liata nrioat ifoiccaacsióionn addea a cptuoar cieoln eCsO pVoIrD p-a1r9t,e  dlae  lpar eAsdemnitnaicsitóranc idóen   BOE-A-cable e
de la Comunidad Autónoma de Canarias a las personas solicitantes de ayudas de 
alquiler de vivienda habitual, podrá realizarse conforme al procedimiento establecido 
en  los  artículos  8  y  siguientes  de  esta  ley  en  aquello  que  por  la  materia  o 
circunstancias se ajuste a dicho procedimiento. A efectos de lo dispuesto en esta 
disposición,  las  referencias  realizadas  a  la  Consejería  de  Derechos  Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud o sus centros directivos se entenderán realizadas al 
departamento,  centro  directivo  u  organismo  competente  en  la  tramitación  y 
resolución  de  dichas  ayudas.  Las  referencias  realizadas  al  ICE  se  entenderán 
hechas a las ayudas de alquiler de vivienda habitual.
Disposición  transitoria  única.  Aplicación  de  la  cuantía  del  ICE  a  solicitudes  ya 
presentadas.
Se aplicará el importe del ICE previsto por el artículo 6 de la presente ley a las solicitudes 
presentadas al amparo de lo dispuesto por el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas 
urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, resueltas o pendientes de 
resolución a la entrada en vigor de la presente ley, realizándose en consecuencia un nuevo 
pago por la diferencia para aquellos solicitantes que ya hubieran recibido la prestación en la 
cuantía que establecía el citado Decreto-ley, o abonándose por la cuantía dispuesta por la 
presente ley en el caso de que aún no la hubiera recibido, y sin que ello implique, en ningún 
caso, la apertura de un nuevo plazo de solicitudes.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones legales y reglamentarias se opongan a 
lo establecido en la presente ley.
2.  En particular, queda derogado el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas 
urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el 
Decreto-ley 9/2020, de 7 de mayo.
Disposición final primera.  Cláusula de salvaguardia para modificaciones de normas de 
rango inferior.
Se mantiene el rango de las normas modificadas por esta ley cuando las mismas 
sean de rango inferior.
Disposición final segunda.  Vigencia.
La presente ley mantendrá su vigencia hasta que una norma con rango de ley 
determine  en  el  futuro  la  desaparición  de  las  circunstancias  extraordinarias  que 
motivaron su aprobación.
No obstante lo anterior, se establece como regla particular de vigencia que aquellas 
medidas previstas en esta ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán 
al mismo.
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 
Sociales de Canarias.
Se modifica la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias en los 
siguientes términos:
Uno.  El artículo 63 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 
Canarias, queda redactado como sigue:
«Artículo 63.  Régimen de concertación en el sistema público de los servicios 
sociales con entidades de iniciativa social.
1.  Las  administraciones  públicas  canarias  competentes  en  materia  de 
servicios sociales, incluidos los cabildos y los ayuntamientos, podrán encomendar 
a personas o entidades privadas de iniciativa social la provisión de servicios y 
prestaciones  previstos  en  el  catálogo  de  servicios  y  prestaciones  mediante 
acuerdos de acción concertada.
2.  Las personas o entidades de iniciativa social que opten a un concierto 
para la gestión de servicios y prestaciones deberán contar con la acreditación o 
autorización administrativa, según proceda, de los centros y servicios de los que 
sean titulares, así como figurar inscritas en el registro de entidades, centros y 
servicios, según lo previsto en esta ley.
3.  El  Gobierno  de  Canarias,  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  esta  ley, 
establecerá el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros 
privados concertados que participen en el sistema público de servicios sociales, 
determinando  los  requisitos  de  acceso,  la  duración  máxima  y  las  causas  de 
extinción del concierto, así como las obligaciones de las partes.
En todo caso, en esta modalidad de provisión de los servicios sociales se 
deberán tener en cuenta los principios de publicidad y transparencia, así como los 
de igualdad de trato y prohibición de discriminación, con pleno respeto a las 
normas de libre competencia y la no aplicación de medidas que sean restrictivas 
de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de los servicios.
4.  La concertación en cada caso puede implicar la gestión integral o parcial 
de  los  servicios  y  prestaciones  contenidos  en  el  catálogo  de  servicios  y 
prestaciones.
5.  El  acceso  a  los  servicios  o  a  las  plazas  concertadas  con  entidades 
privadas  de  iniciativa  social  será  siempre  a  través  de  la  administración 
concertante».
Dos.  El artículo 65 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 
Canarias, queda redactado como sigue:
«Artículo 65.  Requisitos de las entidades.
1.  Podrán suscribir conciertos con las administraciones públicas competentes 
en materia de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias todas las 
personas físicas o jurídicas de carácter privado, sin ánimo de lucro.
2.  Para poder suscribir los conciertos, las personas y entidades solicitantes 
deberán reunir necesariamente los requisitos que se establezcan en esta ley y en 
su normativa de desarrollo, y en especial: e
dloe el ssbaet))a  rbvilEHceiscaotib daoeorb r i jeneonstboc ltr aedit naepis rdce ooes nnelac ne iteole rpr telooegr.yti usytn reaon  úa snuuitco norio zdramec aieótnnivt iado a dadece rdsee,d scitaearncrtoirólolnos . pya srear vlaic piorse,s staecgióúnn   2020-14545n https://www.
c)  Acreditar la solvencia técnica para prestar el servicio objeto del concierto.
d)  Acreditar  la  disposición  de  los  medios  y  recursos  suficientes  para 
garantizar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  previstas  en  el  acuerdo  de 
formalización del concierto.
e)  Aquellas entidades con las que se suscriban conciertos de ocupación o 
reserva  de  plazas  deberán  acreditar  la  titularidad  del  centro  o  tener  su 
disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un periodo no inferior al de 
vigencia  del  concierto  y  acreditar  que  el  mismo  cuenta  con  las  condiciones 
adecuadas para prestar el servicio».
Tres.  El artículo 66 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 
Canarias, queda redactado como sigue:
«Artículo 66.  Motivación para la suscripción de los conciertos y publicidad.
1.  Para  la  suscripción  de  los  acuerdos  de  concertación  social,  en  su 
tramitación será necesario que el procedimiento se acompañe de una memoria 
justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad mediante la justificación 
de los siguientes aspectos:
a)  La  carencia  de  recursos  personales  y  materiales  propios  de  la 
administración competente para la gestión directa de las prestaciones objeto de 
concertación, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en 
cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta ley.
b)  Que la naturaleza de la actuación admite su sometimiento al régimen de 
concertación por tratarse de actuaciones en las que el arraigo de la persona a su 
entorno, la vinculación terapéutica u otros criterios de necesidad asistencial o 
atención social justifican su provisión a través de este régimen.
c)  La conveniencia de acudir al régimen de concertación para la prestación 
del servicio a través de una persona o entidad sin ánimo de lucro.
d)  El desglose de los costes de los servicios a concertar y que se han tenido 
en cuenta para fijar el precio o tarifa a aplicar a la concertación, así como los 
criterios o parámetros que se consideran idóneos para establecer los parámetros 
de actualización de precios.
2.  Los conciertos sociales una vez suscritos serán objeto de publicación en el 
«Boletín  Oficial  de  Canarias»  o  en  el  «Boletín  Oficial  de  la  Provincia»,  según 
corresponda, así como en el Portal de Transparencia de la administración concertante».
Cuatro.  El apartado segundo del artículo 104 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias, queda redactado como sigue:
«2.  La sanción por la comisión de infracciones muy graves en centros y 
servicios  podrá  llevar  aparejada  la  imposibilidad  de  obtener  subvenciones 
públicas, de conformidad con la legislación general de subvenciones, el cierre 
temporal,  total  o  parcial  de  los  mismos  o  la  pérdida  de  la  autorización  o 
acreditación del centro o servicio, en los casos que proceda, así como la rescisión 
de los conciertos o convenios que pudieran existir con la entidad titular o gestora».
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial  e.
de Canarias». w.
CPoarn taar(niPatuosb,, l oic2ra7dd eadn eeon o  aecl  lt«auB bcorilueetd ídna eOd af2icn0iaí2al 0 dye. – aCE alaln sPa rraiaeusst»oi dnreiúdmnatedereo,  sÁ2 2qn6ug, eed ell a V4  cídcuetm onrop vTlaieonmr rbyer sela  dP heéa 2rg0ea2z0n.) cumplir. BOE-A-2020-14cable en https://