BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Lunes 28 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 81642
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11322 Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del  registrador  de  la  propiedad  de  Ibiza  n.º  1,  por  la  que  se  califica 
negativamente una escritura de pacto sucesorio con entrega de bienes por 
donante extranjero, al amparo del Derecho Civil de las Islas Baleares.
En el recurso interpuesto por doña María Eugenia Roa Nonide, notaria de Ibiza, 
contra la nota de calificación del registrador de la propiedad n.º uno de Ibiza, don Javier 
Misas Tomás, por la que se califica negativamente una escritura de pacto sucesorio con 
entrega de bienes por donante extranjero, al amparo del Derecho Civil de las Islas 
Baleares.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por la notaria de Ibiza recurrente, doña María Eugenia 
Roa Nonide, el día 28 de agosto de 2019, número de protocolo 2118/2019, don R. P., de 
nacionalidad italiana transmite a su hijo don A. L. P., de nacionalidad estadounidense, la 
nuda propiedad de las fincas registrales 21182 y 21186 de Ibiza sección 1.ª y unas 
participaciones de la sociedad «Soppoland, S. L.», mediante el otorgamiento de un pacto 
sucesorio al amparo de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares.
II
Presentada la indicada escritura en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Ibiza, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
Documento: Escritura de pacto con entrega de bienes, autorizada por el notario de 
Ibiza  D/D.ª  María  Eugenia  Roa  Nonide,  el  día  28/08/2019,  número  de 
protocolo 2118/2019.
Presentación: presentado a las 10:56 horas del día diecinueve de febrero del año dos 
mil veinte, asiento número 1622 del Diario 72.
El Registrador que suscribe, de conformidad con las funciones de calificación y 
control de la legal d que le confiere el artículo 18 Ley Hipotecaria, acuerda:
1.º  Hechos.
Presentada la escritura arriba referenciada, por la que don R. P., de nacionalidad 
italiana  transmite  a  su  hijo  don  A.  L.  P.,  de  nacionalidad  estadounidense,  la  nuda 
propiedad  de  las  fincas  registrales  21182  y  21186  de  Ibiza  sección  1.ª  y  unas 
participaciones de la sociedad «Soppoland, S. L».
2.º  Fundamentos de Derecho. s
Primero.  Vistos  los  artículos  18  Ley  Hipotecaria  y  98  Reglamento  Hipotecario,  w.b
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documentos de toda clase en cuya virtud se solicite la inscripción, las que afecten a la 
validez de los mismos, según las leyes que determinan la forma de los instrumentos, 
siempre que resulten del texto de dichos documentos o puedan conocerse por la simple 
inspección de ellos.
Segundo.  Visto el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 
y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos 
públicos  en  materia  de  sucesiones  mortis  causa  y  a  la  creación  de  un  certificado 
sucesorio europeo, en concreto los artículos 21 y siguientes señalan que en defecto de 
ley aplicable será de aplicación la ley de la residencia habitual del causante.
Tercero.  Y vistos artículos 66, 72 y siguientes del Decreto Legislativo 79/1990/de 6 
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación del Derecho 
Civil de las Isla§ Baleares, que regula los pactos sucesorios otorgados al amparo de las 
especialidades forales propias de las islas de Ibiza y Formentera.
Cuarto.  No  procede  el  otorgamiento  de  un  pacto  sucesorio  al  amparo  de  la 
Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares por extranjero residente, previa 
elección  expresa  de  la  legislación  balear  al  amparo  del  Reglamento  650/2012  y 
manifestación de tener su residencia establecida en la isla de Ibiza, conforme a las 
siguientes causas:
– En primer lugar, puesto que, conforme a la Resolución de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 24 de mayo de 2019, únicamente es admisible hacer 
una «professio iuris» en favor de cualesquiera de las leyes nacionales del causante en el 
momento de la elección o en el momento del fallecimiento, pero no en favor de una 
concreta ley foral. En todo caso, como señala esa misma resolución, no se trata de un 
problema jurídico de Derecho Conflictual, sino de Derecho material balear.
En relación con lo anterior, y en segundo lugar, puesto que los criterios de sujeción a 
la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares los determina la vecindad civil, 
conforme a los artículos 9.1 y 14 Código Civil (a los que se remite el propio artículo 2 de 
la Compilación), sin que quepa aplicar como criterio el de la residencia habitual del 9.10 
Código Civil, ya que únicamente es aplicable a los que carecieran de nacionalidad o la 
tuvieran indeterminada. Por tanto, siendo el único criterio previsto el de la vecindad civil:
1.  No hay mención expresa a la vecindad civil del otorgante, ya sea por elección o 
por residencia continuada. Manifestación que si es exigible a los españoles conforme al 
artículo 14 Código Civil. Así, conforme a la RDSJFP 25 de julio de 2017, en las escrituras 
se reflejará la vecindad civil cuando lo pidan los otorgantes o cuando tal dato afecte a la 
validez o eficacia del acto o contrato que se formaliza (artículo 159 Reglamento Notarial), 
añadiendo el artículo 160 RN que el reflejo de la vecindad se hará por lo que conste al 
notario,  o  por  lo  que  resulte  de  las  declaraciones  de  los  interesados  y  de  sus 
documentos de identidad.
No se acredita la manifestación expresa de optar por la vecindad civil balear ni su 
inscripción en el Registro Civil (artículo 14.5 C.c.).
En cuanto al requisito de residencia continuada durante 10 años para adquirir la 
vecindad civil (artículo 14.5 2.º C.c.), manifiesta únicamente que es residente legal en 
España y aporta un certificado histórico del padrón de habitantes que acredita el alta 
en  1999.  Conforme  a  la  Resolución  de  25  de  julio  de  2017,  la  vecindad  civil  es 
independiente de la vecindad administrativa o de la inscripción en el Padrón Municipal y  s
conforme a la STS de 14 de septiembre de 2009 y de 8 de marzo de 1983, «las  oe.
vecindades  administrativas  no  siempre  coinciden  con  el  efectivo  domicilio,  teniendo  2ww.
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cuenta la efectiva vivencia y habitualidad, con raíces familiares y económicas».
Conforme al Fundamento 7.º de la citada Resolución de 24 de mayo de 2019, «no es 
posible considerar que ciudadanos extranjeros posean vecindad civil... en cuanto es una 
cualidad reservada exclusivamente a españoles y por tanto no es la conexión que pueda 
resolver el problema planteado.»
Contra esta nota (…)
Eivissa, a 3 de marzo de 2020. El registrador. Fdo. Javier Misas Tomás.
III
Contra la anterior nota de calificación, don María Eugenia Roa Nonide, notaria de 
Ibiza, interpuso recurso, alegando, resumidamente que el pacto lo realiza en ejercicio del 
transmitente  de  su  derecho  a  elección  de  ley  que  le  confiere  el  Reglamento  (UE) 
650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, que rige las 
sucesiones internacionales en el ámbito de la UE, particularmente su artículo 22 que 
determina la libertad de elección de la ley aplicable que ha de expresarse por disposición 
mortis causa.; que la calificación negativa se funda esencialmente en la Resolución de la 
DGRN de 24 de mayo de 2019, en la que el Centro Directivo desestima un recurso 
gubernativo contra una calificación registral denegatoria de la inscripción de un pacto de 
definición otorgado por una ciudadana francesa, residente en Mallorca, a favor de sus 
hijos; Que el Registrador ahora en su calificación, incurren en falta de motivación, pues 
no puede entenderse justificada una decisión administrativa con la sola expresión de la 
decisión adoptada (por la Dirección General), sin expresar las razones lógicas y jurídicas 
que conducen a la misma.; Que la Dirección General sostiene que el artículo 50 de ley 
del Derecho Civil de las Islas Baleares no actúa como norma de conflicto, sino como ley 
que establece los requisitos materiales subjetivos aplicables, una vez que una norma de 
conflicto (en este caso el Reglamento Sucesorio Europeo) ha determinado cual es el 
Derecho aplicable: que en los artículos 72 y siguientes del mismo cuerpo legal donde se 
establece ese requisito subjetivo de validez material vinculado a la vecindad civil. Aquí, 
en la realidad jurídica regulada para las Islas de Ibiza y Formentera por los citados 
artículos 72 y siguientes de dicha ley foral, encontramos solo la norma de conflicto, el 
Reglamento sucesorio Europeo, que nos sitúa ante el Derecho civil pitiuso como norma 
material aplicable pero en esta no hay ningún requisito subjetivo similar al del artículo 50. 
Solo el artículo 77 se remite (en cuanto a los pactos de renuncia) a la regulación de la 
definición mallorquina pero esa remisión no puede fundamentar la exigibilidad de la 
vecindad civil pitiusa porque la remisión lo es solo en «lo no convenido por las partes» 
por lo que no puede estar refiriéndose a un requisito de validez; el artículo 72 aplicable a 
Ibiza y Formentera no exige vecindad civil, lo que no hace más que ratificar la voluntad 
del legislador de no considerar la vecindad civil requisito en estas islas, como tampoco 
que se trate de pactos entre ascendientes y descendientes, como ocurre en Mallorca. Y 
allá donde la norma no lo exige, ¿por qué se ha de exigir?.
Las leyes forales no hacen sino consagrar la costumbre, y en Ibiza y Formentera la 
institución del pacto, de honda y antigua tradición, no contemplaba ni contempla la 
exigencia de la vecindad civil, sino por el contrario el espíritu es de una gran libertad, 
como el propio artículo 72 consagra.–En el análisis concreto de la normativa aplicable al 
negocio jurídico objeto de recurso, se observa que trata de un pacto sucesorio otorgado 
al amparo del reglamento sucesorio europeo y de los artículos 72 y siguiente del libro 3.º 
de la compilación de derecho Civil de las Islas Baleares.
Y  como  el  argumento  del  Registrador  de  la  Propiedad  se  fundamenta  en  la  e.e
resolución de la DGRN del 4 de mayo de 2019, es en dicha resolución en la que se  b
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franceses residentes en Mallorca. Esa premisa está claramente constatada. Pero cuando
en la primera frase del punto tercero de los fundamentos de derecho de la resolución 
DRGN  habla  de  las  «soluciones  propias  del  reglamento  en  su  concurrencia  con 
conflictos inte regionales» está deslizando una perspectiva incorrecta: el reglamento no 
dice nada de los conflictos interregionales, pues no son objeto del mismo. La situación 
contemplada en cambio es una situación privada internacional.
Nada pasaría si la calificación del mismo no alterase el régimen jurídico, pero lo 
cierto es que no es así, y quizá por ello la DGRN termina señalando que el supuesto 
analizado «no supone un problema jurídico del derecho conceptual sino del derecho 
material  Balear»;  lo  cual  sorprende  ya  que  buena  parte  de  sus  argumentos  son 
analizando  el  reglamento  de  sucesiones  Europeo:  que  lo  que  el  órgano  directivo 
pretende es acotar el problema dentro del artículo 50 de la Compilación como si se 
tratase de un exclusivo problema de derecho material. Que sí se trata de una cuestión de 
derecho material balear en relación a una situación privada internacional y hace una 
matización,  y  es  que  las  respuestas  del  reglamento  para  los  problemas  de  la  ley 
aplicable  cuando  se  trate  de  un  estado  plurilegislativo,  España  es  el  único  país 
concernido,  según  la  repetida  resolución.  Pues  no,  no  es  España  el  único  país 
concernido, son todos aquellos en el que se aplica el Reglamento: Portugal, Francia, 
Italia etc. cuando sus autoridades tengan que aplicar la ley española o la de cualquier 
país donde exista pluralidad de leyes; que la verificación de la validez formal del pacto 
tras constatar que el reglamento contiene una reglamentación especifica tanto para sus 
aspectos sustantivos como aspectos formales; y esa reglamentación se orienta hacia 
«amplio favor en su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre partes».
La DRGN distingue entre la validez material y la validez formal y afirma que son 
elementos de validez formal la edad, nacionalidad... Al fin y al cabo esto lo dice el 
Artículo 27.3 del Reglamento «A los efectos del presente artículo, las disposiciones 
jurídicas que limiten las formas admitidas de disposiciones mortis causa por razón de 
edad, nacionalidad o cualesquiera otras condiciones personales del testador o de alguna 
de  las  personas  cuya  sucesión  sea  objeto  de  un  pacto  sucesorio,  tendrán  la 
consideración de cuestiones de forma. La misma regla se aplicará a la cualificación que 
han de poseer los testigos requeridos para la validez de las disposiciones mortis causa».
Dicha norma no es sino la consagración moderna de una vieja solución de más de 
medio siglo: la que dio el artículo 5 del convenio de la Haya sobre la ley aplicable a la 
forma de las disposiciones testamentarias en un sentido favor validitatis como todo el 
convenio;  como  el  propio  artículo  27  del  reglamento.  El  precedente  artículo  5  del 
Convenio tenía como objetivo sustraer tales aspectos de la ley rectora del pensado en 
determinadas prohibiciones presentes en el derecho comparado.
La premisa es que tenemos que estar ante cuestiones de forma de las disposiciones 
(en este caso del pacto sucesorio). Formas limitadas por las circunstancias del testador o 
condiciones personales del testador.... Pero siempre respecto de formas. Y en este caso 
no estamos ante eso. La afirmación de la resolución en su fundamento de derecho 
décimo  («Son  elementos  de  la  validez  formal  la  edad,  la  nacionalidad  u  otras 
circunstancias  personales  del  testador»)  es  sencillamente  errónea  por  discriminada. 
Saber si un menor puede testar no es una cuestión formal. Saber si un menor de x años 
puede testar en forma ológrafa sí. Solo una vez admitido el pacto de conformidad al 
artículo 25 del reglamento, entraría el 27 a regular su forma.
En definitiva, que ni siquiera en el derecho internacional privado (ni por supuesto el 
interregional ni el interlocal) la exigencia de una vecindad determinada para poderse 
acoger a un pacto sucesorio concreto puede entenderse sin más como una cuestión de  s
forma. oe.
Se solicita a la Dirección de General admita este recurso y disponga, si procede, lo  w.
siguTieenntiee:ndo en cuenta alguna de las posibles interpretaciones indicadas en el apartado  2020-1132n https://w
DCéivcili mdoe,  Bsael edaercelsa,r eenn  aspul icpaabrtlees s luosst aanrtti.v a7,2  ay  las igeusicernittuersa  ddee  lpaa Cctoom spuilcaecsióonri od eolt oDrgearedcah oy 
referenciada en el apartado a) de los Hechos, y en consecuencia, se reconozca como
plenamente  válido,  en  aplicación  del  derecho  vigente  en  la  isla  de  Ibiza,  el  pacto 
sucesorio celebrado entre don R. P y su hijo y la revocación de la calificación y la 
inscripción de la escritura calificada en el Registro de la Propiedad.
IV
El  18  de  marzo  de  2020  el  registrador  emitió  el  preceptivo  informe  y  elevó  el 
expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 14 y 149.1.8.ª de la Constitución Española; 20 y 21.1 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 81 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea; 1.2.k) y.l), 3.1.b), 20, 21, 22.2, 23, 25, 27, 30, 36, 38 y 83 y los 
considerandos 7, 23, 24, 40, 47, 48 a 53 y 80 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la 
ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la 
creación  de  un  certificado  sucesorio  europeo;  los  artículos  9  párrafos  8  y  10,  14 
párrafos 1 y 5; 15 párrafo 1 y 16 del Código Civil; 1.3.4.ª, 2, 50, 66, 72 y 77 del Decreto 
Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
compilación del derecho civil de las Islas Baleares; las Sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, Asunto C-218/16 (Kubicka), de 12 de octubre de 2017; 
Asunto C-80/19 (Lituania) de 16 de julio de 2020; Asunto C-565/16, (Saponaro), de 19 de 
abril de 2018; Resoluciones de 24 de enero y 30 de julio de 2018 de la Dirección General 
de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de junio y 4 de julio de 2016, 2 
de febrero y 10 de abril de 2017, 2 de marzo de 2018, 4 de enero, 14 de febrero y 24 de 
mayo de 2019; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Sala 
de lo contencioso, de 7 de mayo de 2019 y el Auto de la Audiencia Provincial de Palma 
de Mallorca, Sección cuarta, de 31 de octubre de 2019.
1.  El presente recurso tiene por único objeto analizar la calificación de una escritura 
pública que contiene un pacto sucesorio con entrega de bienes y definición, al amparo 
de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares.
El pacto en cuestión fue realizado entre extranjeros, previa manifestación de elección 
de ley a favor de la normativa balear por parte del donante, de nacionalidad italiana. 
Este,  declara  su  residencia  habitual  en  la  isla  de  Ibiza  y  manifiesta  optar  por  la 
legislación balear al amparo del R. 650/2012.
Tras esta manifestación, transmite a su hijo de nacionalidad estadounidense, la nuda 
propiedad  de  las  fincas  registrales  21182  y  21186  de  Ibiza  sección  1.ª  y  unas 
participaciones de la sociedad «S, S. L.» como pago de su legítima y obligándose a 
satisfacer la legitima futura de su hermana.
2.  El tema ya fue abordado por este Centro Directivo en la resolución de 24 de 
mayo de 2019 a cuya integra lectura cabe hacer remisión.
En esencia, entre otras consideraciones como la supeditación a la apertura de la 
sucesión del contenido de las disposiciones mortis causa, allí se decía que no es posible 
que un extranjero opte por un Derecho foral español -pues la vecindad civil corresponde 
solo a los españoles- y que, adicionalmente a lo anterior, como tema diferenciado, el 
pacto de definición con entrega de bienes del Derecho balear constituye una norma  e.
material de la Compilación, en la que sin perjuicio de su valoración, que afecta por igual  w.b
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ptrraintácnipdaols pea drea  edseptearñmoliensa.r la ley personal en el derecho interregional, la vecindad civil,
En el primer caso, –como fue puesto de relieve en la resolución de 24 de mayo 
de 2019– tanto la negociación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, como su resultado –no 
ofrece  lugar  a  duda  sobre  sus  soluciones  propias  en  concurrencia  con  conflictos 
interregionales.
Con ello, como en la citada resolución se indicó, se separa de la solución adoptada 
en otros instrumentos anteriores sobre la ley aplicable, que optan por la designación 
directa de la ley de la unidad territorial en caso de conflictos territoriales de leyes en 
Estados con más de un sistema jurídico. (Reglamento (CE) n.º 593/2008 (Roma I) –
artículo. 22– y del Reglamento (CE) n.º 864/2007 («Roma II») –artículo 25 y en lo que 
importa, Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo (Roma III).
La  solución  del  Reglamento  (UE)  n.º  650/2012  establece  una  solución  de 
compromiso para los Estados plurilegislativos (recordemos que es un instrumento de 
aplicación universal) para los que se forma un conjunto normativo integrado por el 
artículo 36, dedicado a los conflictos territoriales de leyes; artículo 37 a los conflictos 
interpersonales de leyes, y artículo 38 que recuerda su inaplicación a los conflictos 
meramente internos.
Esta solución, como es sabido, ha sido también la adoptada en los posteriores 
Reglamentos Parejas (UE) 2016/1103 del Consejo y (UE) 2016/1104 del Consejo, ambos 
de 24 de junio de 2016.
4.  Desde  la  perspectiva  nacional,  cabe  además  abundar,  que  la  reforma  del 
artículo 9 del Código Civil en sus párrafos 4.º, 6.º y 7.º, por el artículo 2 de la ley 26/2015, 
de 28 de julio de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, 
demuestra asimismo que el legislador, pudiendo hacerlo, no ha querido que se aplicara 
el Reglamento (UE) n.º 650/2012 directamente a los conflictos mixtos posibilidad, basada 
en decisiones del Derecho nacional que no impide el Reglamento.
Concretamente la ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por 
adopción, y al ejercicio de la responsabilidad parental, así como a la protección de niños 
se adaptó al criterio de la residencia habitual previsto en el Convenio de La Haya, de 19 
de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la 
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 
protección de los niños.
Criterio  seguido,  además,  por  el  Auto  de  la  Audiencia  Provincial  de  Palma  de 
Mallorca,  Sección  cuarta,  de  31  de  octubre  de  2019  que  tras  recordar  en  su 
razonamiento tercero que la definición o «definittio», regulada en el artículo 50 y 51 
Compilación Balear, es una renuncia pura y simple a su legítima o a todos los derechos 
sucesorios que le corresponden en la sucesión mortis causa de un ascendiente hecha 
por un descendiente, que tiene la condición de legitimario en contemplación, a una 
atribución patrimonial recibida en el momento de la renuncia o con anterioridad a ella, 
añade claramente que «el ascendiente o futuro causante ha de tener vecindad local 
mallorquina o menorquina y capacidad y poder de disposición para realizar la atribución 
patrimonial a favor del definido» remitiendo a la residencia habitual la ley aplicable del 
donatario menor. (Vid. en igual sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea  de  19  de  abril  de  2018  Saponaro,  C-565/16,  en  su  delimitación  con  el 
Reglamento (CE) n.º 2201/2003, Bruselas II bis)
5.  Por otra parte la resolución de 24 de mayo de 2019 puso de manifiesto la 
importancia y autonomía que el Reglamento concede a las disposiciones mortis causa 
(Vid en igual sentido las STJUE Kubricka y Lituania).
Desde esta perspectiva, cabe remitirse a la citada Resolución en las consideraciones  s
que realiza respecto de la admisión por el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del pacto como  oe.
disposición mortis causa, en una adaptación que se debe al indudable «favor pactum»,  w.
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disponente como, por ejemplo, su edad, se refiere a cuestiones formales. Esto no se ha 
de interpretar en el sentido de que la ley aplicable a la validez formal de una disposición 
mortis causa en virtud del presente Reglamento debe determinar si un menor tiene 
capacidad o no para efectuar disposiciones mortis causa. Esa ley solo debe determinar 
si una circunstancia personal como, por ejemplo, la minoría de edad, debe impedir que 
una persona efectúe una disposición mortis causa de una determinada manera. Y el será 
válida respecto de la forma una disposición mortis causa escrita si responde a la ley del 
Estado en que se realizó la disposición o se celebró el pacto sucesorio; del Estado cuya 
nacionalidad poseyera el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea 
objeto de un pacto sucesorio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en 
que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento; del Estado en el cual el 
testador,  o  al  menos  una  de  las  personas  cuya  sucesión  sea  objeto  de  un  pacto 
sucesorio, tuviera su domicilio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en 
que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento; del Estado en el cual el 
testador,  o  al  menos  una  de  las  personas  cuya  sucesión  sea  objeto  de  un  pacto 
sucesorio, tuviera su residencia habitual, bien en el momento en que se realizó la 
disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento, o 
respecto de los bienes inmuebles, del Estado en el que estén situados.»
Y el art. 27.3 que dispone «a los efectos del presente artículo, las disposiciones 
jurídicas que limiten las formas admitidas de disposiciones mortis causa por razón de 
edad, nacionalidad o cualesquiera otras condiciones personales del testador o de alguna 
de  las  personas  cuya  sucesión  sea  objeto  de  un  pacto  sucesorio,  tendrán  la 
consideración de cuestiones de forma…
Sin olvidar, como señala la resolución de 24 de mayo de 2019 que el Convenio 
formas  testamentarias  establece  a  sus  efectos  una  previsión  para  los  Estados 
multilegislativos  (artículo  1,  inciso  2.ª)  que  sirve  de  inspiración  al  artículo  36.3  del 
Reglamento.
6.  Por todo ello, siendo la presente, desde la perspectiva del Reglamento (UE) n.º 
650/2012,  una  cuestión  de  validez  formal  del  pacto  celebrado  que  conduce  a  la 
circunstancia personal del disponente, consistente en la exigencia de la condición de 
mallorquín (vecindad civil cualificada), y desde la perspectiva de la Compilación, como 
indica la jurisprudencia balear citada, una regla material, –basada en la tradición y 
antecedentes  históricos–,  ha  de  confirmarse  la  calificación  del  registrador  con 
desestimación íntegra del recurso presentado.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 10 de agosto de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
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