BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Miércoles 1 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 46047
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
7022 Resolución de 26 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y 
Caixabank SA, sobre cesión de información.
Suscrito el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y Caixabank, S.A., 
sobre cesión de información, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, procede la publicación en el 
«Boletín  Oficial  del  Estado»  del  citado  Convenio,  que  figura  como  anexo  de  esta 
Resolución..
Madrid,  26  de  junio  de  2020.–La  Secretaria  General  Técnica,  P.  S.  (Real 
Decreto 499/2020, de 28 de abril), la Vicesecretaria General Técnica, M.ª Elena San 
José Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y Caixabank, S.A., sobre 
cesión de información
Madrid, a 19 de junio de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Gerardo  Gutiérrez  Ardoy,  Director  General  del  organismo 
autónomo  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  O.A.,  nombrado  por  Real 
Decreto 846/2018, de 6 de julio, competente para la firma del presente Convenio según 
lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y en el artículo 6 del Real Decreto 1383/2008, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del 
Servicio Público de Empleo Estatal.
De otra parte, don Juan Antonio García Gálvez, Subdirector General de Servicios 
Bancarios, en representación de Caixabank, S.A., en virtud de los poderes otorgados en 
fecha 30 de junio de 2011 ante el Notario de Barcelona, don Tomás Giménez Duart, bajo 
el número 2.695 de su Protocolo.
Reconociéndose mutuamente la competencia y capacidad para la firma de este 
documento,
EXPONEN
Primero.
La pandemia de COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud el  s
pasado 11 de marzo, ha supuesto una emergencia sanitaria a nivel global cuyo impacto  oe.
está resultando muy superior al inicialmente esperado. Ante la situación de emergencia  w.
ddcreeis  smisa alusrzadon p,i túapbroilaric  eaol  cyqa upseaio nnsdaeed mdae iacp loainrr taee reln lCa ecOsioVtanIdaDol-,  1sd9ee.   aaLplaarsru melibama ip taeaclr aiRo nelaea slg  Deimsetcpióruenet osd te4a 6sla 3p /s2oi0rtu 2la0ac,  icódineta  1dd4ae    2020-7022n https://ww
norma suponen la paralización de la actividad en diversos sectores, lo que ha implicado
efectos negativos con un gran impacto económico y social. Bc
La situación epidemiológica ha generado una crisis sanitaria como consecuencia del 
COVID-19 que en España ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han 
alterado  la  normalidad  en  el  desarrollo  de  las  relaciones  sociales,  económicas  y 
productivas. La suspensión de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al 
desempeño de otras muchas han generado un importante aumento del desempleo 
coyuntural y una reducción de actividad de pymes y autónomos.
Para tratar de paliar los efectos negativos el Gobierno ha estado tomando diversas 
medidas en varios reales decretos-leyes con incidencia en la economía, la sociedad y el 
empleo.
Entre las medidas reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19; el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y  económico  para  hacer  frente  al 
COVID-19;  el  Real  Decreto-ley  15/2020,  de  21  de  abril,  de  medidas  urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, o el Real Decreto-ley 19/2020, 
de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos 
del COVID-19, hay varias que requieren que los solicitantes acrediten ser perceptores de 
prestaciones por desempleo:
A)  Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo;
B)  moratorias de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda 
habitual en situación de vulnerabilidad económica;
C)  moratorias  a  los  créditos  y  préstamos  no  hipotecarios  que  mantengan  las 
personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo;
D)  moratorias de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual;
E)  préstamos acogidos a la Línea de Avales Arrendamiento COVID-19, o
F)  ayudas  transitorias  de  financiación  a  arrendatarios  de  viviendas  habituales 
localizadas en todo el territorio español.
Con el presente Convenio se pretende agilizar, simplificar y facilitar la tramitación de 
estas  medidas,  tan  necesarias  en  el  momento  actual,  dadas  las  importantes 
consecuencias económicas, sociales y de empleo que está teniendo en nuestro país la 
pandemia del COVID-19.
Segundo.
El presente Convenio se tramita en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19, por lo que, de acuerdo al artículo 39 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, no resultan de aplicación las disposiciones 
contenidas  en  los  apartados  1  y  2  en  las  letras  a),  b)  y  c)  del  artículo  50  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban 
las instrucciones para la tramitación de Convenios.
Asimismo, se excluye de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de forma que el 
presente Convenio se perfecciona y resulta eficaz con el consentimiento de las partes, 
sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e  s
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el «Boletín  oe.
Oficial del Estado». w.
Tercero.
presCtaocriroensepso npdoer  dael sSeemrvpilceioo , Pdúeb laiccou edrdeo E cmopnl eloo  eEsstatabtlaelc ildao g eens tieóln a yrt íceul loco 1n8tr odl edl ete xlatos 
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23
de octubre, y el artículo 294 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Socia, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Cuarto.
La entidad financiera tienen por objeto, con la finalidad de facilitar el acceso al crédito 
de los particulares, la instrumentalización de líneas de financiación que cumplan las 
condiciones, generales y particulares tales como las previstas en el presente Convenio.
Por todo lo anterior, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 
utilización  de  medios  y  servicios  públicos  y  de  dar  una  inmediata  respuesta  a  las 
necesidades  de  la  sociedad,  reconociéndose  las  partes,  en  la  representación  que 
ostentan, capacidad suficiente para poder formalizar este Convenio,
ACUERDAN
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio es establecer la forma y condiciones en las que se 
desarrollará la colaboración entre el SEPE y CAIXABANK, para la instrumentación de la 
transmisión de la información sobre la situación de los perceptores de prestaciones por 
desempleo.
De esta forma, Caixabank facilitará la relación de personas en las que es necesario 
conocer su situación como posibles beneficiarios de prestaciones por desempleo en los 
términos y condiciones que se recogen en el presente Convenio.
La cesión de la información procedente de las bases de datos del SEPE tiene como 
exclusiva finalidad comprobar por parte de dicha Entidad bancaria, la información que 
dicha  entidad  reciba  de  sus  clientes  y  que  los  clientes  aportan  con  ocasión  del 
establecimiento  de  relaciones  de  negocio  o  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos en las diversas medidas aprobadas para paliar los efectos económicos y 
sociales derivados de la crisis del COVID-19, entre ellas se destacan:
A)  Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo regulada en el 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y el 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo.
B)  Moratorias de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda 
habitual  en  situación  de  vulnerabilidad  económica,  regulada  en  el  Real  Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
C)  Moratorias  a  los  créditos  y  préstamos  no  hipotecarios  que  mantengan  las 
personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo. 
Establecidos en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19.
D)  Moratorias  de  deuda  hipotecaria  para  la  adquisición  de  vivienda  habitual 
reguladas  por  el  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y en el  s
mencionado.Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas  e.
urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y  económico  para  hacer  frente  al  w.
COVID-19. 22ww
espeAc ilaals  paanrate rloiosr easc umeordraotso rdiaes ,m couraantodroia  caolrcraenszpaodnodsa ,e snetr ea plalicsa erán tiadsaíd mesis mproe setal mréigstimase ny 
sus clientes indicado en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se
adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo 
y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
E)  Préstamos  acogidos  a  la  Línea  de  Avales  Arrendamiento  COVID-19  del 
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.
F)  Ayudas reguladas en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se 
definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden 
acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Por lo tanto, la presente colaboración está destinada a facilitar el acceso a dicha 
información  por  parte  de  las  citadas  entidades  y  evitar  que  los  beneficiarios  de 
prestaciones se la tengan que aportar para lo cual deberán prestar su consentimiento 
previo.
Segunda.  Obligaciones de las partes.
1.  De la entidad financiera:
a)  Utilizar  los  datos  obtenido  únicamente  para  los  fines  establecidos  en  este 
Convenio.
b)  Las peticiones de información que se realicen al SEPE necesitarán siempre la 
autorización firmada por el interesado y se referirán exclusivamente a las medidas 
extraordinarias establecidos en los reales decretos-leyes mencionados con anterioridad. 
Las autorizaciones firmadas por los interesados tendrán que ser custodiadas por la 
entidad financiera adherida y entregadas al SEPE o a la Agencia de Protección de Datos 
cuando lo requieran, en un plazo de diez días a contar desde su solicitud.
c)  Cumplirán las obligaciones que adquieren al obtener la información y que se 
señalan en este Convenio, el uso adecuado de la información así como las medidas de 
seguridad necesarias
2.  Del SEPE: Poner a disposición de la entidad adherida, con una periodicidad que 
se acuerde, la información relativa a la condición de las personas como beneficiarios de 
prestaciones por desempleo, a la fecha en que se realiza la consulta.
Dicha información se facilitará mediante un procedimiento informático que permite 
establecer un proceso, con la periodicidad semanal o quincenal que se determine, de 
solicitud de datos por parte de la entidad financiera y de transmisión de información por 
el SEPE, cuyo objetivo es proporcionar la información relativa a la condición como 
beneficiario de prestaciones por desempleo.
Así, el SEPE se compromete a:
a)  Procesar los ficheros recibidos y contestar a los mismos en tiempo y forma.
b)  Para cada NIF localizado de los enviados por la entidad financiera, el SEPE 
informará a la fecha de la emisión del fichero sobre su situación como beneficiario de 
prestaciones por desempleo, sin que pueda derivarse responsabilidad alguna para el 
organismo  por  variación  en  la  situación  producida  con  posterioridad  a  la  fecha  de 
emisión del fichero.
El intercambio de información se realizará en el marco de este Convenio.
A  estos  efectos,  se  llevará  a  cabo  según  las  especificaciones  recogidas  en  el 
Formulario para la formalización del intercambio de ficheros entre el SEPE y la entidad  e.e
financiera a través de TCP/IP, mediante Editran. b
En todo caso, el intercambio de información se someterá a lo dispuesto en Ley  22ww
Olorsg dáenriceac h3o/s2 0d1ig8i,t adlees 5 y  deen  deicl iRemegblarem, ednet oP Groetencecraiól nd ed eP rDoatetocsc ióPne rdseo nDaaletoss y,  Rgeagralanmtíae ndtoe 
p(UreEs)e 2n0te1 6C/o6n7v9e dneio .14 de abril de 2016, y se destinará exclusivamente a la finalidad del
Tercera.  Régimen económico.
El presente Convenio no implica la asunción de coste alguno para la Administración 
Pública.
De la ejecución del presente Convenio no cabe derivarse reclamación alguna al 
SEPE.
Cuarta.  Naturaleza y jurisdicción.
El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y su régimen 
jurídico vendrá determinado por las estipulaciones previstas en el propio Convenio. El 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias que pudiesen surgir entre ambas partes en la ejecución o interpretación del 
presente Convenio. Por otra parte, no incluye prestaciones que revistan naturaleza 
contractual de ninguna índole.
Quinta.  Comisión de Seguimiento.
Se crea una comisión mixta de seguimiento que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
es el instrumento paritario acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y 
control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, y ejercerá sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada ley.
La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento del presente Convenio así 
como de los compromisos adquiridos por los firmantes, y resolverá, en su caso, las 
cuestiones de interpretación y posibles discrepancias que pudieran presentarse en la 
ejecución y desarrollo de este Convenio. Las decisiones de la Comisión de Seguimiento 
se adoptarán por unanimidad.
La  Comisión  de  Seguimiento  estará  formada  por  cuatro  representantes,  dos 
designados por Caixabank y otros dos por parte del SEPE, el Director General del SEPE 
o las personas en las que éste delegue. La Comisión se reunirá al menos una vez por 
año y siempre que cualquiera de las partes lo estime oportuno, con un plazo máximo 
de  15  días  tras  la  solicitud  de  convocatoria.  Las  reuniones  de  la  Comisión  de 
Seguimiento podrán celebrarse por medios electrónicos.
La Comisión de Seguimiento se regulará en lo no previsto por el presente Convenio, 
por lo establecido, para los órganos colegiados, en la Sección 3.ª del Capítulo II del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Sexta.  Protección de datos y confidencialidad.
Las partes se someten a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al resto de normativa vigente 
en materia de protección de datos personales en todos los supuestos en los que pueda 
darse tratamiento, cesión o comunicación de datos, entre las partes o a un tercero, en 
ejecución de lo dispuesto en este Convenio.
La cesión ordinaria de datos en el ámbito del pago de las prestaciones y subsidios 
por  desempleo  se  produce  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  6.1.a)  del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos  e.
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  w.b
Directiva 95/46/CE y cumple con las restantes disposiciones contenidas en el mismo. 22ww
GenEenra tl oddeo  Pcarostoe csceió cnu mdep liDráanto lso sd ep rilnac Uipnioiósn r eEguurloapdeoas  erenl aetilv aor taícl utlroa t5a mdieeln Rtoe gdlea mdeantotos 
persEonn aclaesso y d ael  preésrpdoidnas aob flueg dae dl em iinsfmorom.ación se notificará al SEPE.
Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener 
acceso con la finalidad indicada, a no utilizarlos para fines distintos de los previstos en 
este  Convenio  y  a  no  difundirlos  ni  cederlos  a  terceros,  en  cumplimiento  con  lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre.
La entidad financiera adherida a este Convenio serán responsables frente al SEPE y 
frente a terceros de cualquier reclamación derivada del uso indebido que se haga por los 
usuarios de los datos cedidos, eximiendo al SEPE de cualquier responsabilidad a este 
respecto.  El  SEPE  podrá  repetir  contra  las  Entidades  cesionarias  por  cualquier 
indemnización que deba satisfacer derivada de dicho incumplimiento.
La Entidad Financiera adherida al Convenio deberá realizar las actividades de control 
que  garanticen  la  debida  custodia  y  adecuada  utilización  de  los  datos  recibidos  y 
cualquier otra actividad encaminada a garantizar la correcta forma y justificación del 
acceso a los ficheros en que aquéllos figuren incluidos.
La Entidad cesionaria se compromete a que cada petición cursada al SEPE quede 
justificada con Ia causa o expediente que lo hubiera motivado.
Si como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de 
denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con Ia 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia 
gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo 
esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidad con traslado, si procede, 
a la autoridad judicial correspondiente.
Séptima.  Efectos y plazo de vigencia del Convenio.
El Convenio se perfecciona y resulta eficaz por la prestación del consentimiento de 
las partes, sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
El presente Convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 2020 pudiéndose 
prorrogar un año más tras acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio.
Octava.  Extinción, resolución y modificación.
La extinción y resolución del Convenio se regulará según lo establecido en los 
artículos 51 y 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
En los casos de incumplimiento el requerimiento será comunicado al responsable de 
la Comisión Mixta, que de acuerdo con el artículo 49.e) de la Ley 40/2019, de 1 de 
octubre determinará, en su caso, la posible indemnización que corresponda, o bien si 
transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución 
y comunicará su decisión de resolver el Convenio.
El  Convenio  podrá  ser  modificado  por  acuerdo  unánime  de  las  partes  que  se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos.
En prueba de conformidad con lo expresado en el presente Convenio, lo firman por 
duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Gerardo Gutiérrez Ardoy, 
Director General del organismo autónomo Servicio Público de Empleo Estatal.–Juan  s
Antonio García Gálvez, Subdirector General de Servicios Bancarios, de Caixabank, S.A. oe.