BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95586
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13461 Pleno.  Sentencia  132/2020,  de  23  de  septiembre  de  2020.  Recurso  de 
amparo 184-2016. Promovido por don José de Jesús Aguirre Aguirre en 
relación con los autos de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional que declararon procedente su extradición a Colombia. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: extradición 
que no respeta el contenido absoluto del derecho pues no consta la renuncia 
inequívoca del acusado a estar presente en el juicio penal que lo condenó 
(STC 26/2014). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:132
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don 
Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 184-2016, promovido por don José de Jesús Aguirre 
Aguirre,  representado  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Pablo  José  Trujillo 
Castellano y bajo la dirección del letrado don Juan Ramón Ayala Cabero, contra el auto 
del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 3 de diciembre de 2015, por 
el que se desestima el recurso de súplica núm. 55-2015 interpuesto contra el auto de la 
Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 2 de noviembre 
de 2015, dictado en el rollo de sala núm. 24-2015, en el que se acuerda declarar 
procedente la extradición del demandante de amparo a Colombia. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  14  de  enero  de  2016,  el 
procurador  de  los  tribunales  don  Pablo  José  Trujillo  Castellano,  en  nombre  y 
representación de don José de Jesús Aguirre Aguirre, interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta 
sentencia.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: es
a)  La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante  w.
auto núm. 34-2015, de 2 de noviembre, recaído en el rollo de sala núm. 24-2015, acordó  461ww
ddeec llaa rRare pprúobcliecdae dnete ,C eonlo vmíab ijau ddiceila al,h lao reax dtreamdiacinódna snoteli cditea daam ppoarr ola s« paaurtao rciduamdpelsim juiednictioa ldees 
ulengaa lepse nma ednes u1a3le2s  mviegseenste sd,e  imprpivuaecsitóan  pdoer  lloibse rdtaedlit oys  mdeu lttará fdiceo  2d0e0 0d rsoaglaasri oys  cmonínciimerotos   BOE-A-cable e
para delinquir con fines de narcotráfico, en sentencia núm. 22, dictada el 6 de noviembre 
de 2009, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali».
En los razonamientos jurídicos segundo y tercero del auto se argumenta que, al 
haber afirmado el demandante de amparo que «consiente en ser entregado siempre y 
cuando se celebre un nuevo juicio, por haber sido celebrado el que dio lugar a la 
sentencia sobre la que se monta la presente extradición en su ausencia, se trata de 
analizar si, efectivamente, como solicita la defensa, se ha de acceder a la extradición 
condicionada a la garantía previa de celebración de nuevo juicio, o bien cabe acceder a 
ella, sin más, es decir, sin sujeción a garantía alguna». En relación con ello, se hace una 
extensa transcripción del auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
núm.  32/2015,  de  14  de  mayo,  en  la  que  se  resume  la  posición  relativa  a  las 
posibilidades de extradición a Colombia, para el cumplimiento de las sentencias dictadas 
en rebeldía, tras la STC 26/2014, de 13 de febrero. A esos efectos, se expone que el 
fundamento jurídico 3 de la citada STC 26/2014 afirma que hay una revisión con carácter 
general de la doctrina constitucional establecida en la STC 91/2000, de 30 de marzo, que 
no queda limitada a los supuestos de órdenes europeas de detención y entrega, sino que 
resulta de aplicación también a los procesos de extradición, conformando un canon único 
de  protección  respecto  al  derecho  de  defensa.  Se  concluye  que  en  los  términos 
expuestos en la citada STC 26/2014, FJ 3, no cabe considerar vulnerado el contenido 
absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) cuando se 
accede a una entrega extradicional sin condicionamientos para el cumplimiento de una 
pena impuesta en ausencia, siempre que se acredite que la falta de comparecencia en el 
acto del juicio ha sido decidida de forma voluntaria e inequívoca por un acusado, 
debidamente emplazado, y éste ha sido efectivamente defendido por letrado designado.
En el apartado A) del razonamiento jurídico cuarto del auto se expone que, para 
analizar el cumplimiento de las garantías reseñadas, se solicitó a las autoridades del 
país requirente información complementaria sobre el desarrollo del proceso. En concreto, 
por providencia de 22 de septiembre de 2015, se acordó recabar información en la que 
se  indicara,  entre  otros  aspectos,  (i)  si  el  reclamado  llegó  a  ser  oído  en  fase  de 
investigación; (ii) si el condenado en ausencia pudo ser citado al juicio en que se dictó la 
sentencia, o de qué otra manera tuvo conocimiento de su celebración; (iii) si en el juicio 
fue defendido por letrado, y si este fue elegido libremente o fue designado de oficio; (iv) 
si le fue notificada la sentencia y, en su caso, de qué manera; (v) si, visto que en la 
referida sentencia se hace constar que contra la misma cabe recurso de apelación, será 
susceptible de ser utilizado por el reclamado, caso de accederse a la entrega; y (vi) 
remita testimonio de la normativa que regule la posibilidad de celebración de juicios en 
ausencia y/o contumacia.
Se relata también que en el oficio remitido por las autoridades colombianas se 
explican  las  razones  por  las  cuales  se  celebró  el  juicio  en  ausencia,  avaladas 
documentalmente. En dicho oficio se destacan como aspectos relevantes que: (i) se 
agotaron los medios de notificación para poner en conocimiento del reclamado las 
actuaciones judiciales en su contra, librándose órdenes de captura; (ii) al no lograse su 
comparecencia, la fiscalía, mediante resolución de 7 de febrero de 2003, lo declaró 
persona ausente y designó un defensor de oficio para la defensa de sus intereses; y (iii) 
antes de dictarse la sentencia condenatoria, de 6 de diciembre de 2009, el ahora 
demandante de amparo fue detenido, el 25 de diciembre de 2008, en la terminal de un 
aeropuerto colombiano, y se le informó «en debida forma por la autoridad migratoria 
acerca del requerimiento judicial que reposaba en su contra, la naturaleza del delito y el  s
despacho del fiscal que estaba a cargo», figurando un acta de información de derechos,  oe.
en que el reclamado solicitó que se comunicara la captura a su madre. Finalmente fue  w.
puesto en libertad, debido a las dificultades para comunicar con el órgano judicial que  461ww
dcoenteorcmíain addeal sc asinos, taplraecvioian elas  fidrme a lad e puonli caíac taj uddeic icaol m«pcroomn iseol,  efinn  qduee  ssee gleu irc itacobna  eenl 
pErlo pcreodpiimo ierenctola mdea dpoo lirceícao jnuodcicióia el nd el ap ovinsetar  ae xdtirsapdoicsiiocnióanl  «dqeu lea,  aau tsour idlleagda qduae a llo a reerqoupieureer»to.   BOE-A-cable e
en Colombia, le informaron de que había un proceso abierto en su contra, que no le 
citaron para el juicio, que, aunque manifestó que su domicilio lo tenía en España, 
también dijo que su madre y su hermana vivían en tal sitio y que si querían notificarle 
algo lo podían hacer a través de ellas».
En  atención  a  esos  antecedentes  fácticos,  en  el  apartado  B)  del  razonamiento 
jurídico cuarto del auto se afirma: (i) que el reclamado estuvo asistido en todo momento 
de abogado en defensa de sus intereses, no constando que su representación hiciera 
ninguna alegación en relación con la ausencia de su patrocinado, que se desarrolló de 
conformidad con el ordenamiento colombiano; y (ii) que «si el reclamado no acudió al 
juicio, solo a él es imputable; primero porque, cuando se le puso en libertad tras la 
detención de que fue objeto, cuando el 25 de diciembre de 2008 llegó a Colombia 
procedente de Madrid, si no compareció en las instalaciones policiales en la fecha en 
que fue citado, fue por propia voluntad […] y, segundo, porque dejado un domicilio en 
Colombia a efectos de notificación, como fue el de su madre, hizo caso omiso a las que 
se hicieron en él».
b)  El demandante de amparo, mediante escrito registrado el 12 de noviembre 
de 2015, interpuso recurso de súplica alegando, entre otros extremos, que la doctrina 
constitucional  establecida  por  la  STC  26/2014,  de  13  de  febrero,  solo  resulta  de 
aplicación a los procedimientos de orden europea de detención y entrega, siendo de 
aplicación  a  los  procedimientos  de  extradición  la  jurisprudencia  establecida  en  la 
STC 91/2000, de 30 de marzo, por lo que resulta procedente condicionar la entrega a 
que se den garantías suficientes de que se celebre un nuevo juicio. También se alegó en 
el recurso que, aun estimando aplicable la doctrina establecida en la STC 26/2014, en 
este caso no se habría dado cumplimiento a las garantías del procedimiento en ausencia 
ya  que  «la  autoridad  judicial  colombiana  no  realizó  esfuerzo  alguno  para  oír  en 
declaración al acusado […], ni citó ni emplazó en forma, aunque les constaba a las 
autoridades judiciales el domicilio de su madre, el de su hermana y el suyo propio en 
España; y el otro motivo es porque no nombró por el desconocimiento de la existencia de 
su causa un letrado de confianza que le defendiera en el proceso y que en su caso, 
pudiera recurrir un fallo adverso».
c)  El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante auto núm. 
87-2015, de 3 de noviembre, desestimó el recurso de súplica, argumentando que la 
doctrina establecida en la STC 26/2014 es plenamente aplicable a los procedimientos de 
extradición y que, conforme a ella, la falta de comparecencia en el acto del juicio del 
recurrente fue voluntaria y contó con la debida defensa. Así, se expone que el recurrente 
fue debidamente citado el 25 de diciembre de 2008 «para acudir a la policía judicial para 
derivarlo al juzgado competente y, lo que es más importante, tenía noticia exacta de los 
hechos que se le atribuían (folio 122 del rollo) en relación a la orden de captura dictada 
por  la  fiscalía  especializada  de  narcóticos  (folio  105  del  rollo)»,  y  que  en  la 
documentación complementaria se pone de manifiesto que «el tribunal de juzgamiento 
haría lo necesario para notificar al acusado en el domicilio familiar la vista del juicio, 
puesto que se le trata de capturar por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas, para 
realizar el trámite correspondiente en el domicilio familiar». También se afirma que «en el 
juicio estuvo correctamente defendido por letrado del turno de oficio por su condición de 
reo ausente», y que «leída la sentencia, se objetiva que la asistencia letrada desempeñó 
sus obligaciones de manera que se satisfizo el derecho a la defensa».
El auto resolutorio de la súplica incluye un voto particular, emitido por tres de los 
magistrados del Pleno, en el que se hace constar la discrepancia, por un lado, con el  s
hecho de que se aplique la jurisprudencia de la STC 26/2014 a los procedimientos de  oe.
cooperación jurídica internacional fuera del ámbito de la Unión Europea; y, por otro, con  w.
que en este caso se hubiera dado cumplimiento a las garantías previstas en la citada  461ww
lSoTcaCl iz2a6c/i2ó0n1 4p,a ryaa  squu cei tancoi ócno on setam pqluaez aeml ieensttoa,d oe xrisetqieunirdeon tee lermeaelniztaorsa  pnairnag útenn earclteo  pdoer 
residente en España, ni tampoco que renunciara a su derecho de modo expreso e
inequívoco a estar en un juicio, que no puede inferirse del hecho de no comparecer ante 
la policía judicial.
3.  El recurrente alega que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado su 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haberse acordado la 
extradición para el cumplimiento de una pena privativa de libertad, impuesta en un 
procedimiento desarrollado en su ausencia, sin someter la entrega a la condición de que 
pueda impugnar dicha condena en salvaguarda de su derecho de defensa, en contra de 
la doctrina establecida en la STC 91/2000, de 30 de marzo. El recurrente pone de 
manifiesto que no resultaría de aplicación a este caso la nueva doctrina establecida en la 
STC 26/2014, de 13 de febrero, ya que es una jurisprudencia que solo resultaría de 
aplicación a los supuestos de orden europea de detención y entrega, lo que no es este 
caso, referido a una extradición a Colombia que no comparte el mismo sistema de 
garantías jurisdiccionales, propiciado por el Tribunal Europeo de derechos Humanos y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por último, afirma el recurrente que, incluso si 
resultara de aplicación la jurisprudencia de la citada STC 26/2014, en el presente caso 
no  concurre  la  exigencia  de  que  el  Estado  solicitante  agotara  los  esfuerzos  de 
localización para que pudiera intervenir en el proceso penal, ni la de que existiera una 
renuncia expresa e inequívoca a su participación en dicho procedimiento.
El demandante de amparo justifica que este recurso tiene especial trascendencia 
constitucional, porque las resoluciones impugnadas se han apartado de una consolidada 
doctrina constitucional sobre la necesidad de condicionar la entrega extradicional en los 
casos en que traiga causa de condenas impuestas en ausencia (así, SSTC 91/2000, 
de 30 de marzo; o 177/2006, de 5 de junio), sin que pueda resultar de aplicación la 
doctrina establecida en la STC 26/2014, de 13 de febrero, por haberse establecido en 
relación con un supuesto diferente al presente que respondía «a la primacía del Derecho 
europeo en virtud de las obligaciones contraídas por España y a la sumisión a la 
interpretación que realiza el tribunal para garantizar su correcta aplicación».
4.  La Sala Primera de este tribunal, por providencia de 11 de abril de 2016, acordó 
admitir  a  trámite  la  demanda  de  amparo,  apreciando  que  concurre  una  especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)] porque el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su 
doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]; 
y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir que se remitiera certificación 
o copia adverada de las actuaciones, y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte 
en el procedimiento, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el 
proceso de amparo. Igualmente, se acordó formar la correspondiente pieza separada de 
suspensión, en la que, tras los trámites oportunos, se acordó por ATC 91/2016, de 27 de 
abril, suspender la ejecución de las resoluciones impugnadas.
5.  El secretario de justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 10 de mayo de 2016, acordó tener por recibido el testimonio de las 
actuaciones y dar vista de las mismas al Ministerio Fiscal y al demandante de amparo, 
como única parte personada, por un plazo común de veinte días, para presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El  Ministerio  Fiscal,  por  escrito  registrado  el  16  de  junio  de  2016,  formuló 
alegaciones interesando la desestimación del recurso de amparo.
El  Ministerio  Fiscal  considera,  en  relación  con  las  vulneraciones  indirectas  de  e.
derechos fundamentales en el marco de los procedimientos de cooperación jurídica  w.
internacional, que la STC 26/2014, de 13 de febrero, ha modificado sustancialmente su  461ww
dcoonctfroinrma idraedsp ceocnto  lod ee sltaa belesctaidbole ceind ae le fnu nldaa SmTeCnt o9 1ju/2rí0d0ic0o,  4d ed e3 0la  dceit amdaar zSoT, Cy  2q6u/2e0, 1d4e, 
eensa  unnuae voar dlíneena  ejuurriospperuad ednec iadle htean dceió sne ry a pelnictraebglea ,n os insool ot aam labsié rne cala mlaasc iorencelsa mfuancdiaodnaess   BOE-A-cable e
fundadas en convenio o tratado de extradición. De ese modo, no vulnera el contenido 
absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), la imposición 
de  una  condena  sin  la  comparecencia  del  acusado  y  sin  la  posibilidad  ulterior  de 
subsanar su falta de presencia en el proceso penal seguido, cuando conste que la falta 
de comparecencia en el acto del juicio ha sido decidida de forma voluntaria e inequívoca, 
por un acusado debidamente emplazado, y éste haya sido efectivamente defendido por 
letrado designado.
Por otra parte, el Ministerio Fiscal afirma, en relación con la falta de cumplimiento de 
las  garantías  previstas  en  la  citada  STC  26/2014,  que  en  el  presente  caso  su 
incomparecencia fue «una decisión puramente voluntaria, inequívoca y precedida del 
debido conocimiento de la existencia del mismo», ya que por propia voluntad dejó de 
comparecer en las instalaciones policiales en la fecha para la que había sido citado y 
porque, habiendo designado un domicilio en Colombia a efectos de notificaciones, el de 
su madre, habría hecho caso omiso de las citaciones que se le habían efectuado en él. 
Por lo que se refiere a la exigencia de que hubiera sido defendido por letrado designado, 
el Ministerio Fiscal afirma que no resulta procedente hacer ningún pronunciamiento 
sobre el particular, al no ser un aspecto controvertido en la demanda de amparo.
7.  El  demandante  de  amparo,  en  escrito  registrado  el  19  de  mayo  de  2016, 
presentó su escrito de alegaciones, ratificándose en las formuladas en la demanda de 
amparo.
8.  Por providencia de 10 de mayo de 2017, el Pleno de este Tribunal Constitucional 
acordó, conforme establece el art. 10.1 n) LOTC, a propuesta de la Sala Primera, 
recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
9.  Por providencia de 22 de septiembre de 2020, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 23 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El objeto del presente recurso de amparo es determinar si las resoluciones judiciales 
impugnadas han vulnerado el derecho del demandante de amparo a un proceso con 
todas  las  garantías,  cuando  se  accedió  a  la  solicitud  de  extradición  solicitada  por 
Colombia para el cumplimiento de una pena de prisión que había sido impuesta en su 
ausencia, sin condicionar la entrega a la posibilidad de revisión de la condena o de 
celebración de nuevo juicio.
El recurrente fundamenta la vulneración de su derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), en el hecho de que la Audiencia Nacional no haya condicionado 
su entrega a la posibilidad de revisión o de celebración de nuevo juicio. Esta decisión 
sería contraria a la doctrina establecida en la STC 91/2000, de 30 de marzo, respecto de 
las  solicitudes  de  extradición  para  el  cumplimiento  de  penas  impuestas  en  juicios 
celebrados sin la presencia del condenado, y habría aplicado, en cambio, la doctrina 
establecida en la STC 26/2014, de 13 de febrero, siendo improcedente esta aplicación 
por tratarse de una jurisprudencia limitada a los supuestos de ejecución de una orden 
europea de detención y entrega. Esta parte alega asimismo que, incluso si resultara de 
aplicación la jurisprudencia de la citada STC 26/2014, no concurre en este caso la 
exigencia de que el estado solicitante hubiera agotado los esfuerzos de localización del  e.
recurrente en amparo, para que este pudiera intervenir en el proceso penal, ni tampoco  w.b
se ha verificado la concurrencia de la renuncia expresa e inequívoca a su participación  461ww
en dPicohro s pur opcaertdei,m eiel nMtoin.isterio Fiscal considera que no se ha vulnerado el derecho a un
upnroac epsaort ec,o lna  tjuordisapsr uladse ngcairaa netsíatasb l(eacrtid. a2 4e.n2  lCa ES)T dCe l2 d6e/2m0a1n4d aapnlitcea ddea  paomrp laarso r eysao qluuceio, npeosr 
judiciales impugnadas es de alcance general y aplicable, por tanto, con independencia
de que se trate de procedimientos de extradición o de ordenes europeas de detención y 
entrega y, por otra, la incomparecencia del demandante al juicio en el presente caso fue 
una decisión puramente voluntaria, inequívoca y precedida del debido conocimiento de la 
existencia del proceso abierto contra él.
2.  Especial trascendencia constitucional.
Este recurso ha sido admitido a trámite al apreciarse su especial trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC), en la medida en que ofrece al tribunal una ocasión para 
aclarar la doctrina constitucional sobre el tema que aborda [STC 155/2009, FJ 2 b)]. La 
doctrina que según el recurrente en amparo debe ser aclarada es la que se contiene en 
la STC 26/2014, entendiéndolo también así el Tribunal Constitucional que posee la 
facultad  de  apreciación  discrecional  respecto  de  la  concurrencia  de  la  especial 
trascendencia  constitucional  (por  todas,  STC  122/2019,  de  28  de  octubre,  FJ  2  y 
jurisprudencia allí citada). Esta doctrina fue aplicada en una sola ocasión hasta la fecha 
por la STC 48/2014, de 7 de abril, en un supuesto en que se acordó la ejecución de una 
orden europea de detención y entrega de un condenado en rebeldía, pero no se ha 
proyectado aún sobre las entregas resultantes de una solicitud de extradición para el 
cumplimiento de condenas impuestas en juicios celebrados en ausencia. Y si bien la 
STC  26/2014  se  cita  en  el  ATC  4/2019,  de  29  de  enero,  este  sí  relativo  a  un 
procedimiento  de  extradición,  no  se  aplicaba  a  un  supuesto  de  extradición  para 
cumplimiento de una condena dictada en rebeldía, sino que se limitaba a integrar una 
cita jurisprudencial en el marco de un procedimiento distinto al que ahora nos ocupa.
3.  La jurisprudencia de la STC 26/2014, de 13 de febrero sobre la orden europea de 
detención y entrega.
La STC 26/2014, de 13 de febrero, formula un parámetro de enjuiciamiento respecto 
del derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), que 
modifica  el  previamente  establecido  respecto  de  las  entregas  a  autoridades 
jurisdiccionales extranjeras de personas sujetas a las autoridades jurisdiccionales en 
España. Esta modificación se basó, en su momento, en la consideración de que la 
entrega en el marco de la Unión Europea se sujetaba a unos condicionantes particulares, 
que habían de ser tenidos en cuenta para garantizar la eficacia de la denominada orden 
europea  de  detención  y  entrega  o  euroorden,  regulada  por  la  Decisión  Marco  del 
Consejo de la Unión Europea núm. 2002/584/JAI. La STC 26/2014 resolvió el recurso de 
amparo núm. 6922-2008, en el curso de cuyo procedimiento se elevó al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea la que ha sido, hasta la fecha, la única cuestión prejudicial 
planteada por el Tribunal Constitucional (ATC 86/2011, de 9 de junio) y esa circunstancia, 
como  se  deduce  claramente  de  la  lectura  de  los  fundamentos  jurídicos  2  y  3  del 
pronunciamiento, condiciona la formulación del parámetro de análisis constitucional que 
elabora dicha sentencia y, por tanto, la revisión que el tribunal reconoce hacer de la 
jurisprudencia contenida en la STC 91/2000, de 30 de marzo.
La  jurisprudencia  previa  revisada  por  la  STC  26/2014  no  había  establecido 
diferencias  respecto  de  las  garantías  que  debían  aplicarse,  en  relación  con  la 
preservación de los derechos de defensa del art. 24.2 CE, en los procedimientos de 
entrega de una persona a autoridades de terceros estados, fueran estos procedimientos 
de  extradición  o  de  ejecución  de  una  euroorden.  Por  tanto,  se  habían  venido 
identificando las garantías respecto de la extradición y la euroorden. Tal equiparación se 
verifica en las SSTC 83/2006, de 13 de marzo, 177/2006, de 5 de junio y 199/2009,  e.
de  28  de  septiembre,  que  extienden  la  jurisprudencia  formulada  por  el  tribunal  w.
esencialmente en la STC 91/2000, de 30 de marzo, respecto de las solicitudes de  461ww
qeuxtera sdeic pióronn, uan lcoias  ssoubpruee lsat oesje dceu ceiónntr edgea u enna  oerjedceunc eióunr odpee ae udreo óerndterengeas .p Lreav SiaT dCe n8e3g/2a0c0ió6n, 
deext ruandaic ieóxnt randoic iópnro, daufciremna  eqlu ee f«elcatso  redseo luccoisoan esju zqguaed are syu,e lpveonr  lloos  tparnotcoe, dipmuieednetons  deen   BOE-A-cable e
determinados supuestos ser sustituidas por otras», lo que justificaba en aquel caso que 
la  resolución  denegatoria  de  la  extradición  fuera  sustituida  por  la  ejecución  de  la 
euroorden. A partir del razonamiento anterior, el tribunal sostuvo que el principio de 
legalidad extradicional recogido en el art. 13.3 CE no encuentra acomodo en el art. 25.1 
CE, sino que el quebranto de tal principio debe ser analizado desde el parámetro de 
enjuiciamiento que ofrece el art. 24.1 CE, como también desde este parámetro debe ser 
analizada la oposición a las resoluciones judiciales que ejecuten órdenes europeas de 
entrega, teniendo en cuenta además que «las leyes que regulan la extradición y la orden 
europea de entrega ni son leyes penales ni leyes sancionadoras, por lo que no resulta de 
aplicación  la  prohibición  constitucional  de  retroactividad  de  las  leyes  penales  no 
favorables al reo (art. 25.1 CE)» (STC 83/2006, FJ 6).
Por su parte, las SSTC 177/2006, FJ 7 b) y 199/2009, FJ 3 aplican a las solicitudes 
de entrega en ejecución de una euroorden la doctrina formulada en la STC 91/2000, 
afirmando que vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías acceder a la 
entrega, para el cumplimiento de la pena del condenado en ausencia, sin someter dicha 
entrega a la condición de que la resolución condenatoria sea recurrible o revisable. La 
STC 199/2009 reconoce expresamente que la doctrina sentada en la STC 91/2000 «ha 
sido  considerada  aplicable  […]  al  procedimiento  de  orden  europea  de  detención  y 
entrega,  que  en  los  estados  miembros  de  la  Unión  Europea  […]  sustituye  al 
procedimiento  de  extradición  establecido  en  el  Convenio  europeo  de  extradición 
de 1957» (FJ 3). En efecto, en la STC 177/2006, se había advertido que, siendo cierto 
«que ni la Decisión marco del Consejo relativa a la orden europea de detención y 
entrega  ni  la  Ley  3/2003  promulgada  en  aplicación  de  la  misma  establecen  la 
mencionada exigencia como condición sine qua non para que el estado de ejecución 
pueda proceder a la entrega solicitada», ello no significa «que quepa ignorar dicha 
exigencia, al ser la misma inherente al contenido esencial de un derecho fundamental 
reconocido en nuestra Constitución cual es el derecho a un proceso –en este caso 
extradicional– con todas las garantías, debiendo como tal ser respetada –implícita o 
explícitamente– por toda Ley nacional que se dicte al efecto» [FJ 7 b)].
Desde los pronunciamientos anteriores, y tras la sentencia del Tribunal de Justicia 
(Gran Sala) de 26 de febrero de 2013 (asunto C‑399/11 Stefano Melloni contra Ministerio 
Fiscal) en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional 
español, la STC 26/2014 analizó la previa caracterización del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE) en el marco de procesos de entrega en ejecución de 
una euroorden, que es el que resuelve la sentencia de amparo, concluyendo que «no 
vulnera el contenido absoluto del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 
CE) la imposición de una condena sin la comparecencia del acusado y sin la posibilidad 
ulterior de subsanar su falta de presencia en el proceso penal seguido, cuando la falta de 
comparecencia en el acto del juicio conste que ha sido decidida de forma voluntaria e 
inequívoca  por  un  acusado  debidamente  emplazado  y  éste  ha  sido  efectivamente 
defendido por letrado designado» (fundamento jurídico 4).
4.  Finalidad, naturaleza y procedimientos de la euroorden y de la extradición.
Si bien, como se ha expuesto en el fundamento previo, nuestra jurisprudencia no ha 
introducido diferencias hasta la fecha entre las garantías procesales aplicables a los 
procedimientos de extradición y a los procedimientos de entrega en ejecución de una 
euroorden, es preciso reconocer las diferencias de naturaleza existentes entre ambos 
institutos  jurídicos,  para  valorar  posteriormente  si  esas  diferencias  podrían  llegar  a  e
justificar la introducción de matices o aclaraciones en la doctrina jurisprudencial fijada en  bo
la STC 26/2014 respecto de la entrega en supuestos de ejecución de una euroorden. 461ww
sienLdao  oersdtean  leau reonptereag ad ea d eutne ntceiórcne ry  peanítsre gdae  yu lnaa  epxterrasdoicniaó,n  bcioeinn cpidaerna  epnr oscue dfienra laid asdu, 
ejundjuiciicaial mfirimenet.o ,A mbiebno s pianrsatr ueml ecnutmosp ldimei ecnotoop edrea cuiónna  jucorínddicean ain tiemrnpauceisotnaa lp roers psoenndteennc iaa 
demandas de auxilio judicial. Pero uno y otro se basan en distintos principios jurídicos
ajustándose a distintos procedimientos, ya que la tramitación que desarrollan los tratados 
o las normas nacionales o europeas para proceder a la entrega, en uno y otro caso, son 
manifestación procesal de los principios en que cada uno de ellos se sustenta.
a)  La  extradición  es  un  instrumento  de  auxilio  jurisdiccional  internacional 
(STC 222/1997, de 4 de diciembre, FJ 8), cuya finalidad es reducir los espacios de 
impunidad que pudieran beneficiar a quienes evaden la acción de la justicia penal de un 
Estado concreto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene, en términos 
similares a los expuestos, que «la extradición es un procedimiento que tiene como 
objetivo combatir la impunidad de una persona que se halla en un territorio distinto de 
aquel en que supuestamente ha cometido una infracción» (STJUE de 6 de septiembre 
de 2016, asunto Petruhhin, C-182/15, apartado 39). Desde la perspectiva constitucional, 
el procedimiento de extradición se ve condicionado por el respeto al principio básico de 
legalidad  extradicional,  que  actúa  a  su  vez  como  garantía  esencial  del  proceso 
extraditorio al exigir que «la entrega venga autorizada por alguna de las disposiciones 
que menciona el art. 13.3 C.E.: tratado o ley, atendiendo al principio de reciprocidad» 
(SSTC 141/1998, de 29 de junio, FJ 4).
Por lo que hace al procedimiento de extradición el tribunal ha dicho que constituye un 
«procedimiento mixto administrativo-judicial» (STC 141/1998, FJ 3), dividido en dos 
fases «una, que se suele denominar gubernativa, aunque […] requiere una intervención 
judicial, que tiene por objeto el aseguramiento del reclamado y la decisión del Gobierno 
español sobre si ha lugar o no a continuar el procedimiento» (STC 11/1985, de 30 de 
enero, FJ 1), y una segunda, de carácter estrictamente judicial, que «se sustancia, salvo 
asentimiento de la persona reclamada a la extradición, en un juicio contradictorio con la 
presencia  del  fiscal,  del  interesado  y  de  su  defensor,  debiendo  resolver  el  tribunal 
competente  mediante  auto  motivado»  (STC  11/1985,  FJ  1).  La  jurisprudencia 
constitucional exige la intervención judicial en ambas fases del procedimiento, en la 
primera para decretar la prisión del reclamado y para mantenerlo en esa situación 
cuando proceda legalmente con arreglo a las garantías del art. 17 CE y en la segunda 
para determinar la procedencia de la extradición. En este segundo momento el órgano 
judicial puede condicionar la entrega a una verificación de las garantías del sistema 
penal en el que ha sido o eventualmente será condenada la persona extraditable, 
variando la capacidad de verificación en función de si se está ante una extradición 
procesal o una extradición ejecutiva, pues las «posibilidades de que el Estado requirente 
restaure el derecho fundamental eventualmente vulnerado son mucho mayores cuando 
el proceso penal iniciado en dicho Estado no ha concluido todavía porque a lo largo de 
su  desarrollo  existen  oportunidades  de  alegar  la  lesión  por  el  interesado  y  de  ser 
restablecido en su caso por las instancias oportunas (STC 141/1998, FJ 1).
Cabe, por tanto, el ejercicio de un cierto control jurisdiccional sobre la actuación de 
autoridades no sujetas ni al ordenamiento ni a la jurisdicción nacional, por tratarse de 
autoridades extranjeras. Esta facultad, según la jurisprudencia constitucional, podrá ser 
más o menos extensa en función de la modalidad de extradición o en virtud de otras 
circunstancias, como la procedencia de la solicitud. En la STC 102/2000, de 10 de abril, 
llamado  el  tribunal  a  pronunciarse  sobre  los  límites  de  la  entrega  de  ciudadanos 
españoles, aceptó que los límites de las facultades de control por parte del juez español 
podían variar en virtud de la existencia o no de un tratado de extradición que diera 
cobertura a la entrega, al entender que la existencia de un tratado «constituye al menos 
un indicio de la presencia de la mínima homogeneidad constitucional y jurídico-penal que 
ha de estimarse necesaria a efectos de despejar posibles recelos ante la hipotética  e.
desigualdad  que  pudiera  producirse  a  un  nacional  como  consecuencia  de  su  w.b
enjuiciamiento bajo las leyes de otro estado» (STC 102/2000, FJ 8). Y, adicionalmente,  461ww
sCeo nessetajob ledceió  Equureo plaa ,e x«trnaod icpiuóend dee  snuasccioitnaar lesso sepne eclh áams bgiteon déeri claoss  pdaeís einsf rianctecgiórna ndtees  dloesl 
cdieubdeardeasn oess,t adtaadleos  qduee  sgea rtaranttaía dse  yp apírsoetse cqcuióen h adne  aldoqsu idriedroe cuhno cso mcopnrsotmituiscoio ensapleesc ífdiceo  ldoes 
respeto  de  los  derechos  humanos  y  que  se  han  sometido  voluntariamente  a  la
jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, garante en última instancia de 
los derechos fundamentales de todos con independencia de las diferentes culturas 
jurídicas de los países firmantes de dicho convenio» (STC 102/2000, FJ 8). En el mismo 
sentido se han manifestado, respecto del rigor del control del Tribunal Constitucional 
sobre la actuación jurisdiccional de instancia, las SSTC 87/2000, de 27 de marzo, FJ 5; 
181/2004, de 2 de noviembre, FJ 10, o 232/2012, de 10 de diciembre, FJ 4. Todas ellas 
reconocen que el juicio de razonabilidad sobre la decisión de los órganos jurisdiccionales 
de denegar una solicitud de extradición de un ciudadano español no puede ser igual de 
intenso en los supuestos en que exista convenio de extradición y en los que no exista, 
porque «en ausencia de tratado, la prohibición de extraditar nacionales contenida en la 
Ley de extradición pasiva cobraría su fuerza vinculante y, en consecuencia, su relevancia 
constitucional en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva, dado el taxativo tenor 
literal de su art. 3.1, pues difícilmente podría considerarse razonable o no arbitraria una 
resolución que a pesar del mismo acceda a la extradición de un nacional. Como se 
declara en la exposición de motivos de esta ley, dicha prohibición se sustenta en la 
propia soberanía estatal, de manera que tanto por razón de ello como porque los jueces 
están sometidos al imperio de ley, los órganos judiciales, encargados exclusivamente del 
control de la legalidad de la extradición, no pueden ir más allá de la legalidad que tienen 
obligación de aplicar» STC 232/2012, de 10 de diciembre, FJ 4.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se ha pronunciado sobre las 
garantías y el control aplicable a los procedimientos de extradición, en la medida en que 
la solicitud de un tercer Estado pueda suponer que un Estado miembro de la Unión 
entregue  a  un  ciudadano  nacional  de  otro  Estado  miembro.  El  hecho  de  que  la 
aceptación de una extradición en estos términos pueda suponer una restricción a la 
libertad de circulación, en el sentido del artículo 21 Tratado de funcionamiento de la 
Unión Europea, permite intervenir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha 
establecido que tal restricción solo puede justificarse si se basa en consideraciones 
objetivas  y  es  proporcionada  al  objetivo  legítimamente  perseguido  por  el  Derecho 
nacional  (véase,  en  particular,  la  sentencia  de  6  de  septiembre  de  2016,  Aleksei 
Petruhhin,  C‑182/15,  apartado  38  y  ss.).  Y  en  este  último  punto,  valora  la 
proporcionalidad de la restricción teniendo en cuenta si la Unión Europea tiene o no un 
tratado de extradición con el Estado tercero que ha solicitado la entrega, establece cuál 
es el modo más adecuado de proceder en este caso y por último exige al Estado 
miembro que recibe la solicitud de extradición que compruebe que la misma no vulnerará 
los derechos a que se refiere el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (por todas, STJUE de 6 de septiembre de 2016, Aleksei Petruhhin, 
C‑182/15, apartado 51 y ss.).
b)  La orden de detención europea, por su parte, se identifica como mecanismo de 
cooperación judicial sin intermediación ejecutiva entre los Estados miembros de la Unión 
Europea, dentro del marco de un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras 
(art. 3.2 Tratado de la Unión Europea). Tal y como establece el considerando quinto de la 
Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden de detención europea, siendo objetivo 
de la Unión llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia, ha de suprimirse la 
extradición entre los Estados miembros y sustituirse por un sistema de entrega entre 
autoridades judiciales, reemplazando el previo modelo de relaciones de cooperación por 
un sistema de libre circulación de decisiones judiciales en materia penal, tanto previas a 
la sentencia como definitivas. En la sentencia de 5 de abril de 2016, el Tribunal de 
Justicia  de  la  Unión  recuerda  que  la  «Decisión  Marco  pretende,  a  través  del  s
establecimiento de un nuevo sistema simplificado y más eficaz de entrega de personas  oe.
condenadas  o  sospechosas  de  haber  infringido  la  ley  penal,  facilitar  y  acelerar  la  w.
cooperación judicial para contribuir a que se logre el objetivo atribuido a la Unión de  461ww
lelelegvaard ao  sqeure u nd eebsep aecxiios tdire e lnibterert alods,  seesgtaudriodsa dm yie jmusbtricoisa» b (aSsTaJdUo Ee nd ee l 5g rdaed oa bdreil  cdoen f2ia0n1z6a, 
asuntos acumulados Aranyosi y Căldăraru, C404/15 y C659/15, apartado 76).
En el ámbito del Derecho penal este nuevo modelo de relaciones entre Estados se 
concreta en el principio de reconocimiento mutuo, que el Consejo Europeo calificó como 
«piedra angular» de la cooperación judicial (STJCE de 1 de diciembre de 2008, asunto 
Leymann y Pustovarov, C388/08, apartado 49). Este principio, que contempla diversas 
proyecciones,  implica  que  cualquier  Estado  miembro  de  la  Unión  reconocerá  una 
resolución dictada por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unión Europea 
solicitando la detención y entrega de una persona, y ello bien con el objeto de ejercer 
acciones  penales,  o  bien  con  la  finalidad  de  ejecutar  una  pena  o  una  medida  de 
seguridad privativas de libertad. El principio de reconocimiento mutuo de resoluciones 
judiciales se sustenta en un alto grado de confianza mutua entre los Estados y en la 
convicción  de  que  cada  sistema  de  justicia  penal  es  respetuoso  con  los  derechos 
fundamentales del justiciable (STJUE de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru, 
C-404/15 y C-659/15, apartado 78).
Dicho en otros términos, «el principio de reconocimiento mutuo en el que se sustenta 
el  sistema  de  la  orden  de  detención  europea  descansa  a  su  vez  en  la  confianza 
recíproca entre los Estados miembros en que sus respectivos ordenamientos jurídicos 
nacionales están en condiciones de proporcionar una protección equivalente y efectiva 
de los derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la Unión, en particular en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea» (STJUE de 1 de junio 
de 2016, asunto Niculaie Aurel Bob-Dogi, C-241/15, apartado 33 y jurisprudencia allí 
citada). En los apartados 35 a 38 de la sentencia de 16 de noviembre de 2010, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece, retomando su jurisprudencia previa, 
que la Decisión Marco 2002/584/JAI, tiene por objeto «sustituir el sistema de extradición 
multilateral  entre  Estados  miembros  por  un  sistema  de  entrega  entre  autoridades 
judiciales de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de sentencias 
o de diligencias, basado en el principio de reconocimiento mutuo», implicando este que 
«los Estados miembros están obligados a ejecutar toda orden de detención europea" 
(STJUE de 16 de noviembre de 2010, asunto Gaetano Mantello, C 261/09, apartado 36). 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que los Estados miembros solo 
pueden negarse a ejecutar una orden europea de entrega por los motivos establecidos 
en el art. 3 de la Decisión marco, y en los casos enumerados en el artículo 4 de la 
misma. La mera existencia de esos supuestos excepcionales implica que no concurre 
una  obligación  absoluta  de  ejecución  de  la  orden  dictada,  dejando  a  los  Estados 
miembros  la  posibilidad  de  permitir  que  sus  autoridades  judiciales  decidan,  en 
situaciones concretas que, por ejemplo, una pena deba cumplirse en el territorio del 
Estado miembro al que se solicite la ejecución de la euroorden (STJUE de 21 de octubre 
de 2010, asunto I.B., C-306/09). En consecuencia, la ejecución de la orden de detención 
europea constituye el principio, mientras que la denegación de la ejecución se concibe 
como una excepción.
Si bien la excepción ha de ser objeto de interpretación estricta, no por ello deja de 
ser una opción viable. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite que 
puedan limitarse los principios de reconocimiento y de confianza mutuos entre Estados 
miembros «en circunstancias excepcionales» [STJUE de 25 de julio de 2018, Minister for 
Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C216/18 PPU, apartado 43 y 
jurisprudencia citada y STJUE de 25 de julio de 2018, M.L., C220/18 PPU, apartado 57]. 
Esas circunstancias excepcionales se darán cuando dicha entrega entrañe el riesgo de 
que la persona buscada sea sometida a un trato inhumano o degradante, en el sentido 
del artículo 4 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión, siendo el órgano  s
judicial que tiene bajo su jurisdicción a la persona reclamada quien debe valorar el  oe.
riesgo, basándose, por ejemplo, en «resoluciones judiciales internacionales, como las  w.
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de resoluciones judiciales del  461ww
eósrgtaadnoo sm dieeml Cboron seemjois doer  oE udreo dpeac ois dioenl essis, tienmfoarm dees l aus o Ntraocsi odnoecsu mUennidtaoss  (eslaebnoternacdioas d peo 5r  ldoes 
aapbarilr taddeo  8290)1»6 (,S TAJrUaEny does i2 5y  deC ăjuldlioă rdaeru 2, 01C84, 0M4./L1.5,  Cy2 2C0/61589 P/1P5U  ,P aPpUar, taEdUo :6C0:)2.016:198,  BOE-A-cable e
c)  El análisis comparado de la extradición y la euroorden permite concluir que 
ambos institutos jurídicos coinciden en su finalidad, y difieren en su naturaleza por estar 
basados en principios jurídicos diversos (la extradición en la simple cooperación y la 
euroorden en la cooperación reforzada que se traduce en el reconocimiento mutuo), así 
como difieren en el procedimiento tendente a la entrega de la persona reclamada por las 
autoridades de otro Estado. El principio de reciprocidad, de contenido esencialmente 
político y presente en el sistema de extradición, no se identifica en la orden europea de 
entrega.  El  control  judicial  de  las  condiciones  de  entrega,  que  puede  llevar  a  su 
denegación y que actúa como regla general en la extradición, se opone a un principio 
general de ejecución de la euroorden, que admite algunas excepciones regladas, y cuya 
concurrencia deberán analizar las autoridades judiciales nacionales dentro de los límites 
definidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estas autoridades nacionales 
no pueden obviar que, respecto de los países que integran la Unión Europea, existe un 
compromiso integrado a nuestro ordenamiento por la vía de lo dispuesto en el art. 93 CE, 
de ofrecer a la ciudadanía «un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras 
interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con 
medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y 
de prevención y lucha contra la delincuencia» (art. 3.2 del Tratado de la Unión Europea).
Estos argumentos nos llevan a afirmar que la extradición y la orden de detención 
europea son herramientas de cooperación judicial internacional distintas. Más allá de las 
características que comparten y a las que se ha hecho referencia, no se basan en los 
mismos principios sustentadores y ello puede resultar determinante a la hora de fijar la 
valoración de las circunstancias que los órganos judiciales nacionales deben tomar en 
consideración en el marco del procedimiento tendente a ejecutar la entrega de una 
persona que está en territorio nacional, bajo la jurisdicción de las autoridades españolas, 
y es reclamada por otro Estado. Del mismo modo que pueden ser relevantes en el juicio 
que está llamado a realizar el Tribunal Constitucional, en el marco de un recurso de 
amparo en que se denuncie que las decisiones adoptadas por los órganos judiciales en 
la instancia no se ajustan a las garantías derivadas del art. 24.2 CE. Es decir, siendo 
posible el control por parte de los tribunales nacionales de actuaciones de poderes 
públicos no nacionales en los términos descritos, ese control debe tener en cuenta el 
nivel  de  riesgo  que  la  falta  de  control  proyecta  sobre  el  disfrute  de  los  derechos 
fundamentales invocados ante los tribunales llamados a resolver.
Nuestra jurisprudencia asume que el rigor de los tribunales ordinarios a la hora de 
revisar las decisiones de extradición no puede ser el mismo cuando se proyecta sobre 
una extradición ejecutiva o sobre una extradición procesal; ni cuando existe un tratado 
de extradición con el país solicitante frente a los supuestos en que no existen esos 
vínculos convencionales (SSTC 102/2000, de 10 de abril, FJ 8; 181/2004, de 2 de 
noviembre, FJ 10, y 232/2012, de 10 de diciembre, FJ 4); pudiendo variar, asimismo, en 
función de si el país solicitante se integra o no en el Consejo de Europa (STC 102/2000, 
de 10 de abril, FJ 8). En la misma línea cabe ajustar el rigor del control constitucional 
sobre las resoluciones tendentes a la entrega de una persona a otro estado por parte de 
los tribunales ordinarios, y ello teniendo en cuenta si está ante un proceso de extradición 
a un Estado con quien nos vincula o no un tratado bilateral, ante la extradición solicitada 
por un Estado miembro o no del Consejo de Europa, o ante la entrega acordada en 
ejecución de una euroorden. E incluso en este último supuesto, el control sigue siendo 
posible aunque esté sujeto a los principios del Derecho de la Unión porque, en la 
práctica, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la citada STJUE de 6 de  s
septiembre  de  2016  (asunto  Aleksei  Petruhhin,  C‑182/15),  entiende  que  es  posible  oe.
aplicar un rigor distinto cuando se pronuncia sobre los límites que los Estados miembros  w.
de la Unión Europea pueden oponer a la ejecución de una orden europea de entrega, y  461ww
cSuSaTnJdUoE s ed er e2fi5e rdee a  julalio e xdtera 2d0ic1ió8n,  aas utenrtcoe rMos.L .E st(aCd2o2s0. /1Y8  vPaP iUnc) luys oa smunátso  leMjoinsi setenr  lfaosr 
Justice and Equality (C216/18 PPU), cuando asume la posibilidad de que los órganos
judiciales efectúen un control material de las condiciones de entrega teniendo en cuenta 
el país en que se sitúa el órgano judicial que emite una euroorden.
En suma, el Tribunal Constitucional, como juez de los derechos fundamentales, 
mantiene plenitud de facultades para valorar la actuación de los órganos jurisdiccionales 
de instancia y su sujeción a las garantías previstas en el art. 24 CE, tanto en los 
supuestos  en  que  los  tribunales  ordinarios  resuelven  sobre  una  extradición,  como 
cuando lo hacen sobre la orden europea de entrega, con la única salvedad de que 
deberán  aplicar  la  interpretación  formulada  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión 
Europea respecto del Derecho de la Unión cuando este sea aplicable al caso. Pudiendo 
serlo, como hemos visto, tanto en supuestos de extradición, como en supuestos de 
ejecución de una orden europea de detención y entrega. Y esa facultad admite que el 
rigor del control se ajuste a la naturaleza del instituto bajo examen de los órganos 
judiciales de instancia, a la nacionalidad del individuo cuya entrega se solicita, o a 
circunstancias concomitantes al país que demanda la entrega. Exactamente del mismo 
modo que lo hace, tal y como se ha expuesto, en su ámbito propio de competencias, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
5.  Garantías generales aplicables a la extradición ejecutiva de un individuo juzgado 
en ausencia.
El recurrente alega, tal y como consta en los antecedentes, que las resoluciones 
judiciales impugnadas han vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE) al haberse acordado la extradición a Colombia, para el cumplimiento de 
una  pena  privativa  de  libertad,  impuesta  en  un  procedimiento  desarrollado  en  su 
ausencia, sin someter la entrega a la condición de que pueda impugnar dicha condena 
en salvaguarda de su derecho de defensa, tal y como este fue interpretado en la 
STC 91/2000, de 30 de marzo.
Independientemente de cuales hayan sido los términos en que la demanda ha 
formulado el debate principal relativo al respeto al derecho a un proceso con todas las 
garantías del recurrente en amparo, lo cierto es que este tribunal está llamado a valorar 
si se ha producido en este caso o no la lesión del derecho invocado al resolver sobre la 
entrega del recurrente, y no a valorar si el órgano judicial de instancia aplicó o no 
correctamente la jurisprudencia constitucional invocada por las partes. Para formular 
este juicio hemos de tener en cuenta, como se ha expresado en el fundamento anterior, 
una serie de elementos que nos permitirán valorar si la decisión judicial cuestionada ha 
venido a menoscabar o a limitar inadecuadamente el derecho del recurrente en amparo 
a un proceso con todas las garantías, en particular el hecho de que nuestro control deba 
efectuarse sobre la decisión de conceder la extradición de un ciudadano colombiano 
solicitada por Colombia, país con el que España tiene firmado, desde el 23 de julio 
de 1892, un Convenio de extradición cuya única actualización data del año 2005, en que 
se firmó el Protocolo modificativo del Convenio de extradición de 23 de julio de 1892 
entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho ad referendum en Madrid 
el 16 de marzo de 1999 (BOE núm. 219, de 13 de septiembre de 2005). Este convenio 
no contiene referencia expresa alguna a la entrega en el contexto de ejecución de penas 
recaídas en procesos penales celebrados en ausencia del sujeto extraditable, si bien su 
art.  3  establece,  en  líneas  generales,  que  «el  juzgamiento  o  enjuiciamiento  de  las 
personas  solicitadas  en  extradición  se  realizará  siempre,  de  conformidad  con  los 
procedimientos establecidos por la ley interna del Estado requirente».
Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, nuestro análisis debe responder a  e
una secuencia lógica que valore primero si el juicio en ausencia se celebró con las  bo
debidas garantías, y sólo después si una condena en ausencia respetando todas las  461ww
pgraoryaenctítaasrl,a  paule pdreo cdeadri mpiieen ato  lace elexbtrraaddioc ióenn  eCno loemstbei ac adseos.d eY  qeusea  nvuaelosrtarac iójunr isepsr updoesnibcilae 
pmríenvimiao a, saupmlicea,b tlea nato p reonc eldoism iseunptouse sntoos c edlee beraxdtroasd iecinó nte rcroitmoroio  dnea ceiounraolo, red einnt,e gurna dcoa npoonr 
los siguientes elementos: i) el derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí
mismo forma parte del núcleo del derecho de defensa, que ha de considerarse esencial 
desde la perspectiva del art. 24 CE; ii) el derecho del acusado a estar presente en el acto 
del juicio oral puede inferirse de los arts. 10 y 11 de la Declaración universal de derechos 
humanos, de 10 de diciembre de 1948, del art. 14, núms. 1 y 3, del Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966 y del art. 6.3 c) del Convenio 
europeo de derechos humanos (CEDH), en el que se reconoce el derecho "a defenderse 
por sí mismo o a ser asistido por un defensor"; iii) la condena in absentia, no inhabilita ni 
la  extradición,  ni  la  entrega  en  ejecución  de  una  euroorden,  pudiendo  admitirse 
constitucionalmente  en  determinadas  condiciones,  atendiendo  a  intereses  que  son 
dignos de protección.
En este último punto es donde debe centrarse nuestro examen, atendiendo a la 
denuncia del recurrente en amparo relativa al hecho de que el Estado solicitante asumió 
la celebración de un juicio en ausencia, sin haber agotado los esfuerzos de localización 
para que pudiera intervenir en el proceso penal, y sin que existiera una renuncia expresa 
e inequívoca a su participación en dicho procedimiento.
Esta alegación, tal como señala el Ministerio Fiscal, limita el análisis que puede 
realizar este tribunal al eventual incumplimiento de la garantía referida a que la ausencia 
del recurrente al acto del juicio haya sido decidida de forma voluntaria e inequívoca, 
garantía asumida por este tribunal ya en la STC 147/1999, de 4 de agosto. En el 
fundamento jurídico 4 de aquel pronunciamiento, relativo a una petición de extradición, 
se invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos 
Colozza c Italia (STEDH de 12 de febrero de 1985, apartado 30) y T. c. Italia (STEDH 
de 12 de octubre de 1992, apartado 30), para concluir que ni el sistema de notificaciones 
al acusado de la apertura del procedimiento seguido contra él, ni la presunción de 
renuncia a elegir letrado se adecuaban a las exigencias del art. 6.1 CEDH. La misma 
línea jurisprudencial asume la STC 26/2014, dedicada en este caso a una euroorden. En 
línea con la jurisprudencia establecida sobre la materia tanto por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se afirmó que 
«[e]l Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido incluido dentro del derecho a 
un proceso equitativo recogido en el artículo 6 del Convenio europeo para la protección 
de  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales,  el  derecho  de  las  personas 
condenadas en rebeldía a que un tribunal se pronuncie de nuevo sobre el fondo del 
asunto tras oír al acusado. Sin embargo, la inclusión de tal derecho dentro del recogido 
en el art. 6 CEDH se ha condicionado por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos a que estas personas, cuando hayan sido informadas de manera efectiva de 
las diligencias, no hayan renunciado de manera inequívoca a su derecho a comparecer 
[STEDH caso Sejdovic c. Italia, de 1 de marzo de 2006, § 82 y ss.]»; y se destacó que 
«[a]sí, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humano ha reconocido que la 
presencia del acusado en el juicio es un derecho básico de éste, pero no se infringe el 
art. 6 CEDH cuando el acusado, debidamente emplazado, decida libremente renunciar a 
su presencia en el juicio, y siempre que cuente durante el mismo con la asistencia de 
abogado para la defensa de sus intereses, pues de acuerdo con el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ‘el hecho de que un acusado, a pesar de haber sido debidamente 
citado, no comparezca, no puede, incluso aunque tal ausencia resulte injustificada, 
privarle de su derecho a ser defendido mediante un letrado’ (STEDH caso Pelladoah c. 
Países Bajos, de 22 de septiembre de 1994, § 40; y en el mismo sentido, SSTEDH caso 
Poitrimol c. Francia, de 23 de noviembre de 1993, § 35; caso Lala c. Países Bajos, de 22 
de septiembre de 1994, § 33; caso Van Geyseghem c. Bélgica, de 21 de enero de 1999,  s
§ 34)» (STC 26/2014, FJ 4). oe.
En cuanto a la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se exponía que  w.
este tribunal «ha afirmado que ‘en lo que atañe al alcance del derecho a la tutela judicial  461ww
deefe clati vdae fye nas uan g parroacnetiszoa deoqsu pitaotri veol  aprrteícvuisloto 4 e8n,  aepl aarrttaícduolo 2 ,4 7d ed ées ltaa ,c saert ah ay  ddee  plorse cdisearer cqhuoes, 
aeusennqcuiea l edle ld deererecchhoo  dae lu na cpursoacdeoso  ae qcuoitmatpivaore, caeqru eeln d eerle cjuhicoi on oc oenss atibtusyoelu tuon ( veélaesmee, neton   BOE-A-cable e
particular, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency, C-619/10, Rec. p. 
I-0000, apartados 52 y 55). El acusado puede renunciar a ese derecho por su libre 
voluntad, expresa o tácitamente, siempre que la renuncia conste de forma inequívoca, se 
acompañe de garantías mínimas correspondientes a su gravedad y no se oponga a 
ningún interés público relevante. Más concretamente, no se produce una vulneración del 
derecho a un proceso equitativo, aun si el interesado no ha comparecido en el juicio, 
cuando haya sido informado de la fecha y del lugar del juicio o haya sido defendido por 
un letrado al que haya conferido mandato a ese efecto’ (sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013, C-399/11, asunto Melloni, 
apartado 49)» (STC 26/2014, FJ 4). Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea sobre este particular se ha ido enriqueciendo desde la 
citada STC 26/2014 en cuanto a precisar el alcance de las garantías exigibles, en 
pronunciamientos como la STJUE de 24 de mayo de 2016, C-108/16 PPU, asunto 
Dworzecki.
En conclusión, la jurisprudencia de este tribunal sobre la eventual constitucionalidad 
de la entrega a un tercer país a efectos de cumplimiento de una pena impuesta en un 
juicio  celebrado  en  ausencia  y,  por  lo  que  respecta  únicamente  a  la  exigencia  de 
conocimiento y emplazamiento del condenado, puede concretarse en los siguientes 
aspectos relevantes: (i) la regla general desde la perspectiva del derecho a un proceso 
con todas las garantías (art. 24.2 CE) es que las personas condenadas en ausencia 
tienen derecho a que un tribunal se pronuncie de nuevo sobre el fondo del asunto tras 
ser oídas; (ii) sólo por vía de excepción se reconoce que no será necesario garantizar 
ese  derecho  de  revisión  cuando  se  constate  que  la  persona  condenada  ha  sido 
debidamente emplazada y ha decidido libremente renunciar a su presencia en el juicio, 
siempre que cuente durante el mismo con la asistencia de abogado para la defensa de 
sus intereses; (iii) el debido emplazamiento exige que el acusado, con la suficiente 
antelación, haya sido informado en persona de la fecha y el lugar del juicio o pueda 
establecerse por otros medios que sin lugar a dudas ha tenido un conocimiento efectivo 
de esos aspectos; y (iv) la renuncia a estar presente en el acto de juicio debe de constar 
de manera inequívoca mediante una expresión de voluntad expresa o tácita.
6.  Aplicación de las reglas de juicio al supuesto de hecho concreto.
En el presente caso, como se ha expuesto más ampliamente en los antecedentes, ha 
quedado acreditado que en el auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional se puso de manifiesto que se solicitó a las autoridades 
colombianas información complementaria sobre el desarrollo del proceso. En concreto, 
se requirió información, entre otros aspectos, sobre (i) si el reclamado llegó a ser oído en 
fase de investigación; y (ii) si fue citado al juicio en que se dictó la sentencia base de la 
ejecución, o de qué otra manera tuvo conocimiento de su celebración. En respuesta a 
ello, las autoridades colombianas remitieron un oficio en que se explican las razones por 
las cuales se celebró el juicio en ausencia, avaladas documentalmente, destacando que 
(i) se agotaron los medios de notificación para poner en conocimiento del recurrente las 
actuaciones judiciales en su contra, librándose órdenes de captura; (ii) el recurrente fue 
detenido  el  25  de  diciembre  de  2008  en  la  terminal  de  un  aeropuerto  colombiano 
documentándose que fue informado «acerca del requerimiento judicial que reposaba en 
su contra, la naturaleza del delito y el despacho del fiscal que estaba a cargo» y de que 
adquirió el compromiso de acudir a las instalaciones de la policía judicial «con el fin de 
seguir con el procedimiento de policía judicial de poner a disposición de la autoridad que  e
lo requiere», lo que no verificó. En atención a estos elementos, se razonó que la  bo
situación de ausencia del ahora demandante de amparo al juicio era solo imputable a él,  461ww
yvao luqnutea rciaumanednote  seen  lela sp uinssot aelanc liiobneertsa pdo elilc i2a5le sd ea  dlaicsi eqmueb rfeu ed ec it2a0d0o8 y, , dheajób iedned coo dmepjaadroe cuenr 
sdeo mhiicciielioro an  eenfe éctl opsa rdae  ancoutdifiirc aac jiuóinci,o c.omo fue el de su madre, hizo caso omiso a las que
Por su parte, en el auto resolutorio del recurso de súplica se insiste en que la falta de 
comparecencia en el acto del juicio del recurrente fue voluntaria, ya que el recurrente fue 
debidamente citado el 25 de diciembre de 2008 «para acudir a la policía judicial para 
derivarlo al juzgado competente y, lo que es más importante, tenía noticia exacta de los 
hechos que se le atribuían (folio 122 del rollo) en relación a la orden de captura dictada 
por  la  fiscalía  especializada  de  narcóticos  (folio  105  del  rollo)»  y  que  en  la 
documentación complementaria se pone de manifiesto que «el tribunal de juzgamiento 
haría lo necesario para notificar al acusado en el domicilio familiar la vista del juicio, 
puesto que se le trata de capturar por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas, para 
realizar el trámite correspondiente en el domicilio familiar».
En  atención  a  lo  expuesto,  debe  concluirse,  en  primer  lugar,  que  los  órganos 
judiciales españoles han desarrollado la actividad necesaria para poder obtener de las 
autoridades del país reclamante la información exigible que les permitiera ponderar 
adecuadamente  si  en  este  caso  el  juicio  celebrado  en  ausencia  cumplía  con  las 
necesarias garantías derivadas del contenido absoluto del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE). Pero también debe afirmarse que, a la vista de la 
información  complementaria  requerida  y  remitida  por  las  autoridades  del  país 
reclamante, las resoluciones judiciales impugnadas no han evaluado adecuadamente la 
concurrencia de las estrictas exigencias establecidas en la jurisprudencia constitucional 
para posibilitar la entrega de un condenado en ausencia sin condicionarlo a que se 
garantice  la  posibilidad  de  que  la  condena  pueda  ser  efectivamente  revisada 
judicialmente.
Por un lado, no colma las exigencias impuestas por la jurisprudencia el hecho de que 
el 25 de diciembre de 2008 el sujeto fuera detenido e informado verbalmente por la 
policía aduanera de que existía un procedimiento contra él e incluso se especificaran los 
hechos y los cargos que contra él se dirigían y de que, ante la imposibilidad de poder 
contactar con el órgano judicial que estaba desarrollando la investigación, incumpliera su 
compromiso de comparecer al día siguiente en una instalación policial para poder hacer 
dicha  comunicación.  Una  de  las  garantías  esenciales  para  considerar  por  vía  de 
excepción que la celebración de un juicio en ausencia no vulnera el contenido del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) es que el sujeto sea 
debidamente emplazado al juicio en el sentido de que sea informado de la fecha y el 
lugar de celebración. En el presente caso, el mero conocimiento de que se estaba 
desarrollando una investigación judicial contra él e incluso su actitud renuente o no 
colaborativa para que pudiera acceder al conocimiento de esa circunstancia no resulta 
relevante a los efectos pretendidos. En ningún caso las autoridades del país reclamante 
han acreditado que entre la información que se pretendía dar al investigado aquel día 
estaba el día y la fecha de la celebración del juicio que culminó con la sentencia 
condenatoria  de  6  de  diciembre  de  2009  para  cuya  ejecución  ahora  se  solicita  la 
extradición del demandante de amparo.
Por  otro  lado,  tampoco  puede  resultar  suficiente  el  hecho  afirmado  por  las 
resoluciones judiciales impugnadas de que las autoridades judiciales del país reclamante 
intentaron y efectuaron notificaciones al demandante de amparo en el domicilio de su 
madre en Colombia para acudir a juicio. Con independencia de la controversia sobre si 
ha quedado efectivamente acreditada esa circunstancia, la exigencia de que el sujeto 
sea debidamente emplazado al juicio implica, como ya se ha expuesto anteriormente, 
que lo sea directamente o que, al menos, si se hace por persona interpuesta, quede 
acreditado por cualquier medio admitido en derecho que hubo una efectiva entrega al  s
interesado o que tuvo un conocimiento efectivo del emplazamiento. En el presente caso,  oe.
el mero hecho de que el demandante de amparo hubiera designado como domicilio de  w.
notificaciones el de su madre en Colombia y de que a dicho domicilio se hubieran  461ww
eremmpitlaidzoa mideinvteor spaesr sonnoatl.if iNcaoc hioan qeuse datadmo paoccroe ditapduoe dceonn  lac coelmrteazr a nlaesc eseaxriiag eenxcigiaidsa  pdoer 
eefl eccotunatednai dop oar bslao luStTo Cd e2l 6d/e2r0e1c4h oq uae u n(i )p reolc ecsoon tceonnid oto ddaes  dlaicsh gaasr annotítaifsic aecnio lnae rse vfiuseiórna   BOE-A-cable e
comunicar la fecha y lugar de celebración del juicio, (ii) que esas notificaciones con dicho 
contenido fueran efectivamente entregadas y recibidas en dicho domicilio; y (iii) que esas 
notificaciones o su contenido fueran entregadas o puestas en conocimiento efectivo del 
ahora  demandante  de  amparo  por  las  personas  que  las  recibieron.  Con  estos 
antecedentes fácticos no puede admitirse que existiera un conocimiento efectivo por 
parte del demandante de amparo de que iba a desarrollarse una vista oral para su 
enjuiciamiento  por  el  delito  por  el  que  fue  finalmente  condenado  y  para  cuyo 
cumplimiento  se  ha  solicitado  la  extradición  ni,  en  consecuencia,  que  pudiera 
interpretarse  su  inasistencia  como  una  renuncia  inequívoca  a  estar  presente  en  el 
mismo.
En  conclusión,  las  resoluciones  judiciales  no  han  ponderado  adecuadamente, 
conforme a las exigencias derivadas de la jurisprudencia constitucional, que el juicio 
celebrado en ausencia del demandante de amparo hubiese respetado las garantías 
impuestas en el art. 24.2 CE, dado que no consta la renuncia inequívoca a estar 
presente del demandante en amparo, ni que hubiese tenido un conocimiento efectivo del 
día y lugar de su celebración.
Por  tanto,  debe  estimarse  el  amparo  solicitado  y,  conforme  a  ello,  anular  las 
resoluciones judiciales impugnadas y retrotraer actuaciones para que haya un nuevo 
pronunciamiento respetuoso con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don José de Jesús Aguirre Aguirre y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de 
amparo a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de 
la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 2 de noviembre 
de 2015, recaído en el rollo de sala núm. 24-2015, y del auto del Pleno de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional de 3 de diciembre de 2015, recaído en el recurso de 
súplica núm. 55-2015.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  hasta  el  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la primera de las citadas resoluciones para que el órgano judicial 
dicte una nueva que resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–
Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer 
Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Andrés Ollero Tassara en relación con la 
sentencia del Pleno de 23 de septiembre de 2020 dictada en el recurso de amparo a él 
avocado núm. 184-2016
Con el máximo respeto a la posición mayoritaria del resto del Pleno y en ejercicio de 
la facultad conferida por el art. 90.2 LOTC, formulo voto particular a la sentencia citada 
en el encabezamiento.
1.  Mi discrepancia arranca del, para mí sorprendente, fundamento jurídico 4 de la 
sentencia, dado que doy por admitido que los miembros de este tribunal saben distinguir 
entre los sistemas de extradición y la euroorden europea, basada en la sólida confianza 
mutua existente entre los Estados miembros de la Unión Europea que la suscriben; sin 
perjuicio de alguna que otra excepción, en lo que al Reino de España respecta. Además, 
varios  pasajes  de  ese  fundamento  jurídico  dan  a  entender  que  las  exigencias 
constitucionales pueden ser distintas según que estemos en el ámbito de la extradición o 
en el de la euroorden, en abierta contradicción con la posición razonada y aplicada 
después,  consistente  en  mantener  que  el  canon  constitucional  es  único,  tal  como 
resolvió la STC 26/2014, de 13 de febrero, sobre el popularizado caso Melloni.
2.  Mantengo  por  lo  demás  lo  ya  expresado  en  mi  voto  particular  a  la  citada 
STC  26/2014.  En  aquella  ocasión  se  dieron  cita  dos  actitudes,  a  mi  juicio,  poco 
afortunadas. Por una parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, optó, en ciega 
defensa de la primacía del Derecho europeo, por ignorar el artículo 53 de la europea 
Carta de derechos fundamentales, que no descarta que el alcance de su protección de 
los derechos sea superado por el sistema de protección de alguno de los Estados 
miembros. Por si fuera poco, este propio tribunal abandonó su supraprotectora doctrina 
sobre las garantías del artículo 24 de la Constitución Española, que venía aplicando en 
casos de extradición, para –por razones que sigo sin entender– extender orbi et orbe, 
universal y planetariamente como ahora ha vuelto a hacer, a toda extradición a países 
ajenos a la Unión Europea la doctrina de esta, al margen de lo previsto en posibles 
tratados de mutua vinculación interestatal o el grado de confianza que su sistema penal 
mereciera.
3.  Pienso, en resumen, que el tribunal ha perdido una óptima ocasión de llevar a la 
práctica el oportuno overruling que la STC 26/2014 merece.
En este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.–Andrés Ollero Tassara.–Firmado y 
rubricado.