BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Miércoles 27 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 130297
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17457 Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea 
General de la Organización Mundial del Turismo.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un organismo internacional que tiene 
por propósito promover el turismo, representando la principal institución internacional en 
ese campo. Desde 1976, la OMT es organismo de ejecución del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, en esa calidad, lleva a cabo en todo el 
mundo la gran mayoría de los proyectos de desarrollo turístico que financia el PNUD. 
Ese mismo año, la sede de la Secretaría General de la OMT se instaló en Madrid.
En el año 2003, la XV Asamblea General de la OMT, celebrada en Pekín (China), 
aprobó la transformación de la OMT en organismo especializado de las Naciones Unidas 
por la Resolución 453(XV), que fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas por su Resolución A/RES/58/232.
La OMT está formada por 154 Estados miembros, siete territorios y más de 400 
miembros  afiliados  que  representan  al  sector  privado,  entidades  internacionales, 
instituciones de enseñanza, asociaciones y autoridades locales.
España es Estado miembro de la Organización desde 1975, y desde 1976 Madrid es 
la sede de su Secretaría General.
Los  objetivos  principales  que  persigue  la  OMT  son  estimular  el  crecimiento 
económico y la creación de empleo, incentivar la protección del medio ambiente y del 
patrimonio de los destinos y promover la paz y el entendimiento entre todas las naciones 
del mundo a través del turismo.
Hoy, la OMT está firmemente comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Promueve también el Código Ético Mundial y desempeña un papel 
central y decisivo en la promoción del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y 
accesible para todos, prestando especial atención a los intereses de los países en 
desarrollo.
Según el Convenio de 10 de noviembre de 1975 firmado entre la OMT y el Reino de 
España,  el  Gobierno  español,  habida  cuenta  de  sus  recursos,  larga  experiencia  y 
competencia en materia de turismo, coopera con la OMT para que ésta pueda perseguir 
sus objetivos de la forma más eficaz y menos costosa posible. De este modo, asiste a la 
Organización en la celebración de las reuniones de sus órganos en territorio español y 
otras  reuniones  internacionales,  colabora  en  tareas  de  cooperación  y  consulta, 
investigación, intercambio de información sobre programas de formación profesional y 
metodología e intercambio de personal docente.
Además, el Gobierno español tiene cedido por tiempo indefinido el edificio de la sede 
a la Organización, quedando ésta autorizada a utilizar las instalaciones y equipos según 
sus necesidades.
II
Conforme al artículo 9 de los Estatutos de la OMT, la Asamblea General es el órgano  oe.
supremo de la Organización, y se compone de los delegados representantes de los  w.
miembros efectivos. La Asamblea se reúne en sesión ordinaria cada dos años, estando  457ww
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renuncia a actuar como anfitrión de dicha Conferencia.
Teniendo en cuenta sus compromisos con la OMT como país sede de su Secretaría 
General, España se ha ofrecido a albergar la XXIV reunión de la Asamblea General en 
Madrid, en las mismas fechas inicialmente programadas.
España muestra así su compromiso con la OMT y la comunidad internacional, como 
ya hizo, de forma exitosa, con la celebración de la organización en España de la 
XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre de 2019.
El traslado a Madrid de la XXIV sesión responde a un espíritu de responsabilidad 
solidaria entre los distintos miembros de la OMT, facilitando que la Asamblea pueda 
celebrarse sin retrasos.
Para España, el refuerzo de la cooperación en materia turística es clave, dado el 
carácter estratégico del sector para nuestro país. El sector turístico representaba antes 
de la pandemia, aproximadamente, el 12 % del Producto Interior Bruto de España, con 
un inigualable desarrollo y excelencia en hostelería y transporte. Además, este sector 
empleaba a principios de 2020 al 13,6 % del total de los afiliados a la Seguridad Social 
en nuestro país. En materia de creación de empleo, el turismo ha sido durante los 
últimos años motor y un sector especialmente integrador de colectivos con mayores 
problemas de inclusión laboral.
Se trata, por tanto, de un sector estratégico por su especial peso en el PIB y en el 
empleo, pero también, por su papel clave en la vertebración social y territorial del país y 
de  sus  comunidades  autónomas.  Fue  clave  para  la  recuperación  de  la  economía 
española después de la crisis de 2008 y lo volverá a ser tras los efectos de la crisis 
sanitaria de la pandemia de la COVID-19.
El impacto de la elevada incidencia de la COVID-19 y de las medidas adoptadas se 
ha dejado notar con intensidad sobre la contribución del turismo al PIB y el empleo del 
sector. España recibió 18,9 millones de turistas extranjeros en 2020, un 77,3 % menos 
que los 83,5 millones de 2019, en el peor año de la historia del sector, prácticamente 
paralizado en todo el mundo desde marzo pasado para tratar de frenar la expansión de 
la COVID-19.
Las cifras de ingresos que dejaron estos turistas sufrieron un recorte similar: De 
los 91.912 millones de euros que habían entrado en España por este concepto en 2019 
se pasó a 19.740 millones de euros en 2020, un 78,5 % menos, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).
Todo ello ha puesto en riesgo a un sector con alta incidencia de autónomos y 
micropymes y con una función económica y social esencial para la cohesión económica 
y social de nuestro país, dejando en una situación muy comprometida a numerosos 
destinos turísticos de España necesitados de recuperar los niveles de competitividad 
previos a la crisis.
En consecuencia, la recuperación del sector turístico a nivel mundial es clave para 
nuestro país, y una de las vías para ello es reforzar la cooperación a través de la OMT.
III
El cambio de lugar de celebración de la Asamblea General hace necesaria la puesta 
en marcha de un complejo operativo de organización por parte del Reino de España, en 
relación con los aspectos de la cumbre vinculados a su sede. Las dimensiones de una 
cumbre internacional de estas características, así como la inminencia en su celebración, 
hacen necesario adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para que dicho 
operativo se despliegue de manera ágil y efectiva. s
Tales medidas son adoptadas a través del presente real decreto-ley, que contiene  e.
dos artículos y dos disposiciones finales. w.
En primer lugar, la celebración de la Asamblea General en las fechas previstas exige  457ww
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los recursos propios y requieren, por tanto, ser desempeñadas por terceros a través de
la celebración de contratos públicos. La preparación del citado acontecimiento en el 
plazo disponible obliga a arbitrar medidas urgentes en materia de contratación.
En estas circunstancias, la aplicación del procedimiento de urgencia previsto en el 
artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no 
resulta suficiente para garantizar que los contratos necesarios puedan ser celebrados 
en  el  escaso  margen  de  tiempo  disponible.  Este  precepto  permite  agilizar  los 
procedimientos de contratación a través de la reducción de algunos de los plazos 
previstos para los supuestos ordinarios, pero la duración total de los procedimientos 
resultantes  seguiría  siendo  excesiva  para  hacer  frente  a  la  situación  a  la  que 
responde este real decreto-ley.
Por  todo  ello,  y  con  carácter  puntual  y  atendiendo  a  la  excepcionalidad  de  la 
situación a la que responde el presente real decreto-ley, el primer apartado del artículo 1 
del presente real decreto-ley procede a declarar la celebración de la citada Asamblea 
General como circunstancia que justifica la aplicación de la tramitación de emergencia 
prevista  en  el  artículo  120  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  a  los  contratos 
necesarios para la preparación y celebración de la citada cumbre. Los efectos de este 
precepto se despliegan igualmente sobre aquellos contratos que hubieran de celebrarse 
para atender las necesidades derivadas de la organización de la citada cumbre cuya 
tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley.
Por otra parte, el real decreto-ley, en aras de conseguir un mayor control en los 
fondos destinados a la organización de la XXIV sesión de la Asamblea General de la 
OMT, establece una unidad en la gestión de carácter obligatoria, a través del sistema de 
pagos a justificar. Esta figura tiene carácter potestativo en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, y se prevé con la finalidad de conseguir una mayor agilidad en la gestión, 
especialmente importante teniendo en cuenta el escaso plazo del que se dispone, y, al 
mismo tiempo, dotarle de un mayor control, ya que toda la gestión se va a reflejar en las 
cuentas que se tienen que rendir con motivo de la justificación de estos libramientos. 
Todo ello, sin perjuicio de que el sistema se complete mediante la adopción de las 
normas  de  rango  inferior  y  de  los  actos  administrativos  necesarios,  tales  como  la 
creación de cajas pagadoras, o la apertura de cuentas corrientes, entre otros.
En segundo lugar, el artículo 2 de este real decreto-ley designa al Secretario de 
Estado  de  Turismo  como  órgano  competente  para  la  contratación,  para  aprobar  y 
disponer  los  gastos  necesarios,  contractuales  o  no,  y  para  reconocer  las 
correspondientes obligaciones, con la finalidad de garantizar que las correspondientes 
gestiones se realizan de manera ordenada y eficiente bajo la autoridad de un único 
órgano administrativo.
IV
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito siempre que 
se respeten los límites previstos en el artículo 86 de la Constitución Española, referidos 
tanto al presupuesto habilitante de este tipo de norma jurídica, como a los límites 
materiales.
En  primer  lugar,  la  concurrencia  del  presupuesto  habilitante  de  extraordinaria  y 
urgente  necesidad  exige,  según  ha  reiterado  el  Tribunal  Constitucional  (por  todas,  s
STC 61/2018, de 7 de junio), el cumplimiento de dos requisitos. Por un lado, ha de existir  e.
una situación de urgencia, con justificación explícita y razonada de los motivos que han  w.
sido tenidos en cuenta por el Gobierno a la hora de aprobar la norma. De otra parte,  457ww
cdoenbcer ehtaab aedr oupntaad nae pcaersaa rsiuab cvoenneirx aió enl lean.tre la situación de urgencia definida y la medida
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que por razones difíciles de prever exige una acción normativa inmediata en un plazo 
más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, 
de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; y 189/2005, de 7 julio, FJ 3). 
Asimismo, ha indicado que «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las 
circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales 
circunstancias efectivamente concurran» (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6). Y ha 
descartado expresamente que «la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa 
extraordinaria  deba  circunscribirse  a  situaciones  de  fuerza  mayor  o  emergencia» 
(SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
La adopción de las medidas organizativas necesarias para la adecuada preparación 
y celebración de la XXIV reunión de la Asamblea General de la OMT constituye una 
necesidad sobrevenida que exige una respuesta normativa inmediata. Dicha respuesta 
normativa ha de tener rango de ley, porque las medidas que deben adoptarse afectan a 
normas vigentes con rango de ley (en concreto, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre). 
Habida cuenta de que buena parte de las actuaciones preparatorias a realizar deben 
acometerse con antelación al inicio de la Cumbre, resulta evidente que no es posible 
esperar a la tramitación parlamentaria de una ley.
En cuanto a la conexión de sentido entre la situación de extraordinaria y urgente 
necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, el Tribunal 
Constitucional atiende a un doble criterio: «el contenido, por un lado, y la estructura, por 
otro, de las disposiciones incluidas en el real decreto-ley» (SSTC 29/1982, de 31 de 
mayo, FJ 3; 1/2012, de 13 de enero, FJ 11; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9; y 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 4).
Las medidas contenidas en el presente real decreto-ley se encuentran claramente 
conectadas  con  la  situación  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que  justifica  su 
aprobación. Por una parte, se aprueba un precepto que permite la aplicación de la 
tramitación  de  emergencia  regulada  en  el  artículo  120  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, a los contratos que hayan de celebrarse para satisfacer las necesidades de 
organización  de  la  citada  Cumbre.  Así,  el  contenido  de  la  norma  se  limita  a  lo 
estrictamente indispensable para responder con eficacia a la situación de urgencia a la 
que  hace  frente,  pues  permite  garantizar  que  los  contratos  necesarios  para  la 
celebración  de  la  cumbre,  respectivamente,  puedan  ponerse  en  marcha  dentro  del 
margen de tiempo disponible, pero lo hace sin modificar con carácter general el marco 
normativo preexistente. Asimismo, se centralizan en el Secretario de Estado de Turismo 
las competencias relativas a la contratación, con la finalidad de garantizar que las 
correspondientes  actuaciones  se  realizan  de  manera  ordenada  y  eficiente,  bajo  la 
dependencia de un único órgano administrativo.
Los motivos que acaban de exponerse justifican ampliamente la concurrencia de los 
requisitos  constitucionales  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad,  que  habilitan  al 
Gobierno para aprobar el presente real decreto-ley dentro del margen de apreciación 
que, en cuanto órgano de dirección política del Estado, le reconoce el artículo 86.1 de la 
Constitución (STC 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3, y STC 61/2018, de 7 de junio, 
FFJJ 4 y 7).
En  segundo  lugar,  el  presente  real  decreto-ley  respeta  los  límites  materiales 
constitucionalmente establecidos para el uso de este instrumento normativo, pues no 
afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las  s
comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. oe.
En  la  elaboración  de  este  real  decreVto-ley  se  han  observado  los  principios  de  2021-17457n https://ww
necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia,
exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por una parte, resulta evidente el principio de proporcionalidad, toda vez que las 
medidas contempladas en esta norma se ajustan plenamente al objetivo que pretende 
conseguirse mediante este instrumento. Asimismo, cumple el principio de seguridad 
jurídica, ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la 
Unión Europea, asegurando su correcta incardinación y congruencia con la regulación 
vigente. Por lo demás, la norma es coherente con el principio de transparencia al definir 
claramente la situación que la motiva y sus objetivos, descritos en esta parte expositiva y 
en la memoria del análisis de impacto normativo. No se han realizado los trámites de 
participación  pública,  tal  y  como  excepciona  para  los  reales  decretos-leyes  el 
artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Por otra parte, las medidas contenidas en el real decreto-ley son adecuadas y 
proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, sin que a estos efectos quepa 
considerar que existan otras alternativas menos restrictivas o que impongan menos 
obligaciones a los destinatarios.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, del 
Ministro  de  Asuntos  Exteriores,  Unión  Europea  y  Cooperación  y  de  la  Ministra  de 
Hacienda  y  Función  Pública,  y  previa  deliberación  del  Consejo  de  Ministros  en  su 
reunión del día 26 de octubre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Contratación.
1.  A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
a todos los contratos que hayan de celebrarse para satisfacer las necesidades de 
organización de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del 
Turismo que se celebrará en Madrid les resultará de aplicación la tramitación prevista en 
su artículo 120.
2.  De conformidad con el citado precepto, el libramiento de los fondos necesarios 
para hacer frente a los gastos que genere la organización de la mencionada reunión se 
realizarán a justificar.
Artículo 2.  Órgano competente.
El Secretario de Estado de Turismo será el órgano de contratación para los contratos 
a los que se refiere el artículo anterior, siendo asimismo el órgano con competencias 
para aprobar y disponer los gastos necesarios, sean o no contractuales, y reconocer las 
correspondientes obligaciones.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley. s
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 26 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN