BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Jueves 13 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 69287
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
9656 Orden DSA/789/2020, de 27 de julio, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 14 de julio de 2020, por el que se formalizan los 
criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos acordados 
por  el  Consejo  Territorial  de  Servicios  Sociales  y  del  Sistema  para  la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de 
los planes o programas sociales, para el ejercicio 2020.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de julio de 2020, y a propuesta del 
Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha adoptado un Acuerdo por el que se 
formalizan  los  criterios  de  distribución  y  la  distribución  resultante  de  los  créditos 
acordados  por  el  Consejo  Territorial  de  Servicios  Sociales  y  del  Sistema  para  la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de planes y 
programas sociales, para el ejercicio 2020.
Para general conocimiento se dispone la publicación como anexo a la presente 
orden.
Madrid, 27 de julio de 2020.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias Turrión.
ANEXO
Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se 
destinan a la financiación de los planes o programas sociales, para el 
ejercicio 2020
El artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
establece que la Conferencia Sectorial correspondiente fijará los criterios objetivos de 
distribución,  así  como  las  distribuciones  resultantes,  de  los  créditos  destinados  al 
cumplimiento  de  planes  y  programas  conjuntos  referidos  a  competencias  de  las 
comunidades autónomas.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, en la reunión celebrada el día 18 de junio de 2020, fijó los 
criterios de la distribución territorial, así como la distribución resultante, para el ejercicio 
económico de 2020 de los créditos correspondientes a los planes y programas sociales 
que figuran en el Anexo adjunto.
Con carácter previo a la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y 
del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia  y  de  acuerdo  a  lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
se recabó informe preceptivo y vinculante de la Secretaria de Estado de Presupuestos y 
Gastos  del  Ministerio  de  Hacienda,  sobre  cumplimiento  del  art.  20.3  de  la  Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  e
Financiera y de la Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de  bo
Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22  56ww
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objeto exclusivamente la distribución entre las comunidades autónomas de los créditos
presupuestarios, sin que en ningún caso pueda entenderse que el mismo implique su 
ejecución,  el  nacimiento  de  ningún  tipo  de  obligación  económica  con  cargo  a  los 
Presupuestos Generales del Estado a favor de las comunidades autónomas, ni en 
consecuencia, la existencia de ningún derecho de cobro de las comunidades autónomas 
frente a la Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o 
dependientes.
Con posterioridad a este Acuerdo, el órgano competente del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 aprobará las resoluciones a través de las cuales se formalizan 
los  compromisos  financieros  resultantes,  de  acuerdo  con  la  regla  cuarta  de  del 
artículo 86.2 de la citada Ley 47/2003 General Presupuestaria y la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por todo ello se somete a aprobación del Consejo de Ministros el presente Acuerdo.
ANEXO
1.  Distribución de los créditos destinados a las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y de Melilla para la realización del Programa de Protección a la 
familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales, aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.07 de los PGE vigentes para 2020 
dotado de 100.000.000 de euros
La distribución económica de este crédito en 2020 es la siguiente:
A)  Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil.
A.1  Protección  a  la  familia  y  atención  a  la  pobreza  infantil,  por  un  importe 
de 45.000.000 euros
Este crédito irá destinado a financiar proyectos de intervención social y prestaciones 
económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las 
familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o 
riesgo  de  pobreza  y  de  exclusión,  con  especial  atención  a  las  familias  con  tasas 
superiores a la media, como es el caso de las familias monoparentales, o aquellas que 
presentan necesidades singulares de protección, como pueden ser las familias del medio 
rural o las que han resultado especialmente afectadas por el impacto de la pandemia del 
COVID-19.
El programa se vincula a la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de 
febrero  de  2013:  «Invertir  en  la  infancia»:  romper  el  ciclo  de  las  desventajas 
(2013/112/UE), así como al cumplimiento de la Estrategia Europa 2020, de los Objetivos 
de  la  Estrategia  Nacional  de  prevención  y  lucha  contra  la  Pobreza  y  la  Exclusión 
Social 2019-2023 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 10 de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Los proyectos, que deberán ser promovidos –dentro del Sistema Público de Servicios 
Sociales– por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla o por las 
corporaciones locales y/o los entes públicos de carácter local, se seleccionarán de 
común acuerdo entre éstas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se 
enmarcarán en las siguientes tipologías de proyectos:
1.  Proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las 
familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y facilitando 
el acceso a otros servicios como los de salud, educación (material escolar, ayudas para  e.
comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda,  w.b
suministros, etc.) y de empleo, así como el acompañamiento y trabajo social con las  56ww
fami2li.a s.Proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos
idnefa inntsileersc,i ólan  astoecnicoi-ólanb doera nl iñcoons  yh injoiñsa as  cpaarrgao c tuablerisr  nceocmeos idgaadsetoss p duen tausailsetse ndceia c oan ecsilicauceiólans, 
los servicios de apoyo complementarios de los servicios normalizados educativos u otros 
que garanticen el derecho de los niños y niñas a una atención y desarrollo adecuados.
3.  Servicios de intervención y  apoyo familiar, entre  los que se encuentran los 
definidos en el apartado 1.3 del Catálogo de referencia de Servicios Sociales, aprobado 
el 16 de enero de 2013, por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (intervención y orientación socio-familiar, 
mediación familiar, puntos de encuentro familiar o atención socioeducativa de menores).
Las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  de  Melilla  deberán  incluir 
propuestas en los tres tipos de proyectos.
No se exigirá compromiso de cofinanciación de las comunidades autónomas o de las 
ciudades de Ceuta y de Melilla o de las corporaciones locales, si bien en las fichas de 
presentación  de  proyectos  y  en  las  memorias  de  evaluación  de  los  mismos  se 
consignará  la  cantidad  total  asignada  a  estos  programas,  desagregando  la  que 
corresponde al Ministerio y la aportada con cargo a fondos propios o de terceros.
Gastos financiados:
Los gastos que se financiarán con cargo a la dotación del Ministerio serán:
a)  Las prestaciones económicas y/o en especie que se proporcionen directamente 
a las familias. Los gastos en prestaciones económicas no podrán destinarse al pago de 
impuestos, tasas, cuotas, etc. de las administraciones públicas o de entidades privadas.
b)  Servicios proporcionados (diagnóstico de la necesidad, derivación y prestación 
de  servicios).  Estos  gastos,  que  podrán  consistir  en  gastos  de  personal  y  gastos 
corrientes de gestión, no podrán superar el 30% en cada uno de los proyectos de la 
tipología 1.
Criterios de distribución de los créditos:
La distribución económica de este año se realiza teniendo en cuenta la distribución 
de cantidades que se realizó en el ejercicio anterior en el reparto correspondiente al 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio de 2019, en el que se ponderó:
En un 80% según los siguientes criterios: 90% la población; 1,5% la dispersión, 0,7% 
grandes urbes (ciudades de más de 500.000 habitantes), 2,3% la población dependiente 
mayores de 65 y menores de 16, el 5% la superficie, 0,5% la Insularidad y una variable 
redistributiva de renta per cápita.
En un 20% según el siguiente criterio: indicador de pobreza y exclusión social 
(AROPE) utilizado por la Unión Europea como medida de cumplimiento de los objetivos 
en el ámbito de la reducción de pobreza y la exclusión social, y compuesto por los 
indicadores de pobreza relativa, privación material severa y baja intensidad de trabajo 
por hogar.
La distribución por Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla queda 
como sigue:
Comunidad Autónoma / Ciudad Euros % participación
Andalucía. 7.741.350 17,20
Aragón. 1.617.750 3,60 s
Principado de Asturias. 1.546.200 3,43 bo
Illes Balears. 1.131.750 2,51 56ww
Canarias. 2.295.900 5,10
Cantabria. 1.075.050 2,39
Castilla-La Mancha. 2.583.450 5,74 Bc
Comunidad Autónoma / Ciudad Euros % participación
Castilla y León. 3.182.850 7,07
Cataluña. 5.404.950 12,01
Extremadura. 1.986.750 4,42
Galicia. 3.411.000 7,58
Comunidad de Madrid. 4.421.250 9,82
Región de Murcia. 1.889.100 4,20
La Rioja. 712.800 1,58
Comunitat Valenciana. 4.162.500 9,25
Ciudad de Ceuta. 942.300 2,09
Ciudad de Melilla. 895.050 1,99
  Total. 45.000.000,00 100,00
A2. Programa específico para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y 
cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación 
de la vida familiar y laboral por un importe de 15.000.000 euros.
Tiene  como  finalidad  contribuir  a  hacer  efectivo  el  derecho  de  niños,  niñas  y 
adolescentes a la alimentación (artículo 27) y a actividades de esparcimiento, ocio y vida 
cultural (artículo 31) de la Convención sobre Derechos del Niño, la Recomendación de la 
Comisión Europea de 20 de febrero de 2013: «Invertir en la infancia»: romper el ciclo de 
las desventajas (2013/112/UE), la Estrategia Europa 2020, los Objetivos de la Estrategia 
Nacional de prevención y lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 10 de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas. Se pretende reforzar iniciativas que se están desarrollando desde comunidades 
autónomas y ayuntamientos, de forma que puedan ampliar la cobertura e incorporar más 
menores en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, con los siguientes 
objetivos:
Ampliar la oferta de recursos de ocio educativo con vocación inclusiva y facilitar su 
acceso a menores en situación de vulnerabilidad por incapacidad de hacer frente a 
matrículas  y  copagos,  teniendo  a  la  vez  en  cuenta  las  situaciones  excepcionales 
producidas por la crisis social y sanitaria por el COVID-19, especialmente en el caso de 
familias monoparentales y numerosas, así como las que cuenten con personas con 
discapacidad.
 Estos recursos deben fomentar el desarrollo de nuevas competencias, el disfrute de 
actividades de juego y esparcimiento, las experiencias de convivencia con iguales y el 
apuntalamiento de valores de ciudadanía, garantizando un equilibrio adecuado entre el 
componente educativo, de ocio, y actividad física, con incidencia en el refuerzo de 
competencias básicas, en particular las digitales.
Proporcionar  apoyo  socioemocional  y  detección  y  derivación,  en  su  caso,  de 
situaciones  de  riesgo  psicosocial,  mediante  actividades  de  expresión  emocional  y 
desarrollo  de  habilidades  sociales,  incluyendo  actividades  de  reflexión  sobre  la 
experiencia y las situaciones derivadas del confinamiento. s
Estas actividades se deberán desarrollar en un marco generalista, es decir, junto a  e.
niños y niñas que no sean beneficiarios de la subvención para participar de este tipo de  w.
programas en períodos no lectivos y/o vacacionales. Con ello se pretende evitar el riesgo  56ww
de eGstaigramnatitzizaar claió nc oyb deert ucroan cdeen utrnaac ióanlim deen ltaa cviuólnn eerqaubiilliibdraadd.a, saludable y adecuada a las
vnaeccaecsiiodnaadleess , sneuatr iicnitoengarláensd oplaa rean  lloas  pproobglraacmióans  oin cfaonmtiol  seenr vicpieor ícoodmosp lenmoe nlteacrtioiv.os  y/o  BOE-A-cable e
Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias económicamente 
vulnerables que no tienen recursos para sufragarse servicios generales de cuidados para 
sus hijos e hijas.
Los proyectos que podrán ser financiados son los siguientes:
Proyectos  dirigidos  a  la  cobertura  de  necesidades  básicas  como  alimentación 
saludable, equilibrada y apropiada a su edad.
Proyectos de fomento de actividades de ocio, tiempo libre, culturales y educativas.
Proyectos que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral de familias con 
hijos e hijas a cargo y en situación de vulnerabilidad social.
Todos los proyectos deberán garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas 
por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad y la salud de todas las 
personas  participantes.  Se  potenciarán  los  programas  de  proximidad  para  evitar  la 
movilidad innecesaria.
El Ministerio hará llegar a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 
recomendaciones prácticas para desarrollar programas inclusivos de ocio educativo de 
cara al verano en el actual contexto de pandemia.
Se priorizan líneas de financiación para servicios ya existentes que se propongan 
ampliar su oferta para incluir niños, niñas y adolescentes vulnerables desde un punto de 
vista  socioeconómico,  teniendo  a  la  vez  en  cuenta  las  situaciones  excepcionales 
producidas por la crisis social y sanitaria derivada del impacto del COVID-19.
Asimismo,  se  potenciará  la  coordinación  y  colaboración  entre  actores  públicos 
(especialmente entre servicios sociales y autoridades educativas), privados y tercer 
sector para maximizar la cobertura y la complementariedad de los programas.
No se exigirá compromiso de cofinanciación de las comunidades autónomas o de las 
ciudades de Ceuta y Melilla o de las corporaciones locales, si bien en las fichas de 
presentación de los proyectos y en las memorias de evaluación de los mismos se 
consignará  la  cantidad  total  asignada  a  estos  programas,  desagregando  la  que 
corresponde al Ministerio y la aportada con cargo a fondos propios o de terceros.
La distribución territorial por CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla se realiza de 
acuerdo con los mismos criterios utilizados para el subprograma A1 de Protección a la 
familia y atención a la pobreza infantil, dado el carácter complementario que tienen 
ambos subprogramas quedando como sigue:
Comunidad Autónoma / Ciudad Euros % participación
Andalucía. 2.580.188 17,20
Aragón. 539.542 3,60
Principado de Asturias. 515.171 3,43
Illes Balears. 376.974 2,51
Canarias. 765.562 5,10
Cantabria. 358.208 2,39
Castilla-La Mancha. 861.434 5,74
Castilla y León. 1.060.937 7,07
Cataluña. 1.801.739 12,01 oe.
Extremadura. 662.376 4,42 56ww
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Comunidad Autónoma / Ciudad Euros % participación
La Rioja. 237.600 1,58
Comunitat Valenciana. 1.387.326 9,25
Ciudad de Ceuta. 313.900 2,09
Ciudad de Melilla. 298.630 1,99
  Total. 15.000.000,00 100,00
B)  Prestaciones básicas de Servicios Sociales, por un importe de 40.000.000 euros.
Con el fin de mantener la Red de servicios sociales de atención primaria gestionada 
por  las  corporaciones  locales  y  proporcionar  a  la  ciudadanía  servicios  sociales 
adecuados  que  permitan  la  cobertura  de  sus  necesidades  básicas,  se  cofinancian 
proyectos para el desarrollo de las siguientes prestaciones básicas:
1.  Información y orientación
2.  Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia
3.  Alojamiento alternativo
4.  Prevención e inserción social
Cofinanciación de las CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla y/o de las corporaciones 
locales:
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla aportarán, para la 
financiación de los proyectos seleccionados, al menos, una dotación económica de igual 
cuantía que la que le corresponde en la distribución.
Las comunidades autónomas determinarán las aportaciones de las corporaciones 
locales  de  su  territorio,  responsables  de  cada  proyecto,  para  participar  en  la 
cofinanciación.
Gastos financiados:
Los proyectos a cofinanciar, seleccionados de común acuerdo por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla,  tendrán  como  finalidad  la  dotación  y  mantenimiento  de  cualquiera  de  los 
siguientes tipos de equipamientos desde los cuales se desarrollarán las prestaciones 
básicas: centros de servicios sociales y equipamientos complementarios (servicios de 
información, comedores, centros de día, pisos tutelados, mini-residencias), albergues y 
centros de acogida (de mujer, de menores y polivalentes). Los proyectos se vinculan al 
cumplimiento de la Estrategia Europa 2020, de los Objetivos de la Estrategia Nacional de 
prevención y lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023 y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 10 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Criterios de distribución de los créditos:
La distribución económica de este crédito en 2020 se ha realizado de acuerdo con 
los mismos criterios del pasado ejercicio económico 2019: Población (pondera al 90 %); 
Dispersión (pondera al 1,5 %); Grandes urbes –ciudades de más de 500.000 habitantes– 
(pondera al 0,7 %); Población dependiente mayores de 65 y menores de 16 (pondera  e
al 2,3 %); Superficie (pondera al 5 %); Insularidad: (pondera al 0,5 %), y una variable  bo
redistributiva: renta per cápita. A Rioja se le garantiza el 1,5 % y a Ceuta y Melilla el 0,5 %  56ww
ealdloesm.ás de lo distribuido en el ejercicio 2017 y 2018, de 200.000 euros a cada una de
La distribución por CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla queda como sigue:
Comunidad Autónoma / Ciudad Euros % participación
Andalucía. 7.797.636,00 19,691
Aragón. 1.372.140,00 3,465
Principado de Asturias. 1.242.648,00 3,138
Illes Balears. 764.676,00 1,931
Canarias. 1.732.500,00 4,375
Cantabria. 612.216,00 1,546
Castilla-La Mancha. 2.087.316,00 5,271
Comunidad de Castilla y León. 3.022.272,00 7,632
Cataluña. 5.632.308,00 14,223
Extremadura. 1.369.368,00 3,458
Galicia. 3.312.540,00 8,365
Comunidad de Madrid. 4.552.416,00 11,496
Región de Murcia. 1.170.576,00 2,956
La Rioja. 594.000,00 1,500
Comunitat Valenciana. 3.941.388,00 9,953
Ciudad de Ceuta *. 198.000,00 0,500
Ciudad de Melilla *. 198.000,00 0,500
  Total. 39.600.000,00 100,000
∗ En la tabla no están incluidos 200.000,00 € de incremento a cada una de las ciudades de Ceuta y de Melilla 
que se mantienen a consecuencia de los dos repartos realizados en el ejercicio 2017 (Acuerdos de 23 de 
junio de 2017 y de 27 de octubre de 2017) y al del 2018, atendiendo a los establecido en el ACM de 2-2-2007 
(100.000 euros de incremento en las distribución territorial que se realice de créditos para prestaciones 
básicas de servicios sociales por el que se adoptan medidas para la mejora del autogobierno de las ciudades 
de Ceuta y Melilla).
2.  Distribución del crédito para proyectos de intervención social integral para la 
atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano, con una dotación 
de 412.500,00€ en la aplicación 26.16.231F.453.01 (Plan de desarrollo gitano).
Este crédito tiene por finalidad atender las necesidades de las personas gitanas más 
desfavorecidas y promover el desarrollo de la población gitana, en el marco de los 
compromisos asumidos por el Gobierno en la Estrategia Nacional para la Inclusión de la 
población gitana en España 2012-2020.
Los  proyectos  deberán  ser  promovidos  y  gestionados  por  las  comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla, las corporaciones locales y los entes 
públicos de carácter local. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de 
Melilla, y/o las corporaciones locales aportarán a cada proyecto, al menos, dos tercios de 
la cantidad financiada por el Ministerio.
Los proyectos se seleccionarán de común acuerdo por el Ministerio de Derechos  e.
Sociales y Agenda 2030 y por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de  w.
Melilla, atendiendo a los siguientes criterios: 56ww
a)  El  carácter  integral  de  los  proyectos,  de  forma  que  en  ellos  se  realicen
caocntivteidmapdleásn dsoimseu ltpárneefearse dnete imnteenrvtee nlacsió nd es oacpiaol yeon  yla ss eágrueiamsi ednet oa cecsiócno lsaor–c,i adl,e e dfourcmaacicóiónn –-
empleo, de salud, y de vivienda y hábitat, coordinadas por la institución responsable de 
llevar a cabo el proyecto.
b)  La coordinación entre las propias instituciones y con otras organizaciones de 
carácter privado sin fin de lucro, evitando crear redes paralelas de atención y duplicación 
de recursos, con el objetivo de ir facilitando el acceso de la población gitana a los 
sistemas normalizados de protección social.
c)  La participación efectiva de los gitanos y de las gitanas o, en su caso, de las 
asociaciones y organizaciones implicadas en los proyectos, en el diseño, ejecución y 
evaluación de los mismos.
d)  La inclusión de los proyectos en planes o programas de bienestar, de desarrollo 
o de inclusión social, de mayor ámbito territorial o de ámbito europeo.
e)  La promoción de la convivencia ciudadana y de la interacción social, fomentando 
la incorporación de la población gitana a las distintas redes sociales.
La distribución del crédito entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y de Melilla realizada según criterios de población gitana estimada, es la siguiente:
Comunidad Autónoma / Ciudad Euros % Participación
Andalucía. 105.161,45 25,48
Aragón. 8.302,34 2,01
Asturias. 13.227,38 3,21
I. Balears. 9.939,97 2,41
Canarias. 2.083,54 0,51
Cantabria. 6.248,09 1,51
Castilla-La Mancha. 7.889,84 1,91
C. de Castilla y León. 35.799,59 8,68
Cataluña. 38.262,22 9,28
Extremadura. 21.023,84 5,10
Galicia. 28.411,72 6,89
C. de Madrid. 55.500,59 13,45
R. de Murcia. 29.232,59 7,09
La Rioja. 3.283,50 0,80
C. Valenciana. 44.008,34 10,67
Ciudad de Ceuta. 2.062,50 0,50
Ciudad de Melilla. 2.062,50 0,50
  Total. 412.500,00 100,00
3. Según lo previsto en la Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaria de 
Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de febrero de 2013, por el que se aprueban las instrucciones para la 
aplicación  del  artículo  86  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  e.
Presupuestaria (LGP), el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de  w.b
Resolución de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, una vez formalizada por el  56ww
Ccoomnsperojom isdoes  fMiniannisctireorso s lac ond isctardibau cuinóan  dtee rlraitso rciaolm  udnei dalodse s caréudtóitnoosm, afso rym acliiuzdaarádne s ldoes 
eCle cuotarr eys dpeo nMdeielinllate p eoxrp ceaddiean ptero dgera gmaas teon d eel  accuuael rpdaor ticcoipne lna,s t rmamenitcáionndaodsea sc oinns tarunctecriioonriedsa dy 
según lo establecido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los pagos correspondientes para hacer efectivos los créditos asignados a todos los 
programas del presente anexo, se efectuarán por cuartas partes en la segunda quincena 
natural de cada trimestre, sin más excepción que el correspondiente al primer trimestre, 
que se hará efectivo según el artículo 86 de la LGP tan pronto se haya efectuado el 
reparto territorial de los créditos. En este ejercicio, en el primer pago se acumularán los 
correspondientes a los tres primeros trimestres, efectuándose un pago del 75 por 100, 
mientras que el del 25 por 100 restantes se realizará en el último trimestre del ejercicio.
4.  Los proyectos se aprobarán de común acuerdo entre el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla, que deberán remitirlos al Ministerio para la tramitación del último pago del 
ejercicio junto con la relación certificada de los mismos, de la que se dará publicidad en 
el BOE. En esta relación certificada se recogerán los siguientes datos: denominación de 
cada  proyecto;  entidad  gestora/titular;  localización  desglosada  por  provincias  y 
municipios; usuarios y usuarias estimados; aportación del Ministerio Derechos Sociales y 
Agenda 2030; de la comunidad autónoma o ciudad y/o de las corporaciones locales, en 
su caso, y el total de la financiación. Igualmente se remitirá una ficha por cada proyecto 
de conformidad al modelo acordado por la Comisión Delegada de Servicios Sociales del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia.
Si alguna administración territorial (comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y de 
Melilla) no participara en alguno de los programas de referencia, deberá notificarlo al 
centro directivo competente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al objeto 
de no proceder al pago de los citados créditos. Dicha comunicación escrita deberá 
efectuarse a la mayor brevedad posible e inmediatamente después de la aparición de la 
circunstancia que motive la no participación, al objeto de no efectuar pago trimestral 
alguno.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la regla sexta, del número dos, del 
artículo  86  de  la  Ley  General  Presupuestaria,  las  comunidades  autónomas  y  las 
ciudades de Ceuta y de Melilla que hayan recibido créditos el pasado ejercicio para la 
realización de los proyectos citados en este anexo, finalizado el ejercicio económico, y 
no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente, deberán remitir al Ministerio de 
Derechos  Sociales  y  Agenda  2030  un  estado  de  ejecución  del  gasto  del  ejercicio 
(certificado de remanentes), indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, 
obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las 
aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado desde las que 
se realizaron las transferencias de créditos.
El referido estado de ejecución o certificado de remanentes será remitido por las 
comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  de  Melilla  que  participen  en  la 
financiación  de  los  programas  sociales,  al  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030, a través del centro directivo u organismo competente, de acuerdo con la 
regla sexta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley General Presupuestaria, sobre 
subvenciones gestionadas por las comunidades autónomas, por la que se establece que 
«los fondos no comprometidos resultantes al finalizar el ejercicio, que se encuentren en 
poder de las comunidades autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para 
el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de 
tesorería en el origen como remanentes que serán descontados de la cantidad que 
corresponda transferir a cada comunidad autónoma o a las ciudades de Ceuta y de 
Melilla». s
Si el gasto o actuación a la que corresponda el remanente resulta suprimida en el  oe.
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél, en primer lugar, a hacer efectivas  w.
las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el  56ww
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percibidos por el beneficiario. Para ello, las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y de Melilla informarán al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de la 
puesta en marcha de los proyectos financiados, así como de cualquier otra incidencia o 
modificación que afecte a su desarrollo o ejecución. De conformidad con lo establecido 
en la regla séptima del número 2 del artículo 86 de la Ley General Presupuestaria: 
«finalizado el ejercicio económico, y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente, 
las Comunidades Autónomas remitirán al departamento ministerial correspondiente un 
estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de 
créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una 
de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las 
que  se  realizaron  las  transferencias  de  fondos.  La  información  será  puesta  en 
conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los 
acuerdos  de  distribución  de  fondos».  Presentarán,  así  mismo,  una  memoria  de 
evaluación  financiera  y  técnica  de  cada  proyecto  en  los  6  meses  siguientes  a  la 
finalización del ejercicio presupuestario.
Ambas administraciones participarán en el seguimiento y evaluación de los proyectos 
financiados  a  través  de  la  Comisión  Delegada  de  Servicios  Sociales  del  Consejo 
Territorial  de  Servicios  Sociales  y  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la 
Dependencia.
Las administraciones, General del Estado y autonómicas, harán pública, a través de 
los correspondientes medios oficiales, la aplicación presupuestaria destinada a financiar 
los proyectos y la Administración General del Estado hará pública la resolución definitiva 
de los proyectos aprobados y financiados por cada comunidad autónoma y las ciudades 
de Ceuta y de Melilla.
Asimismo, en la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social 
sobre las actuaciones derivadas de estos programas se hará constar expresamente que 
éstos se llevan a cabo en virtud de la financiación establecida entre el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 y la comunidad autónoma o ciudad.
El estado de ejecución o certificado de remanentes, firmado por el o la titular del 
centro directivo que gestione la subvención y adverado por el interventor/a, se ajustará al 
modelo siguiente:
Aplicación  Asignación Compromiso de  Obligaciones  Pagos  Obligaciones 
Denominación  Denominación Remanentes
económica del  (euros) crédito reconocidas realizados pendientes de pago
programa social aplicación (1) – (2)
PGE (1) (2) (3) (4) (3) – (4)