BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 340  Miércoles 30 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 122960
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17266 Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto 
en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
de 31 de enero de 2020.
I
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») 
dejó de ser Estado miembro de la Unión Europea y pasó a tener la consideración de tercer 
país el 31 de enero de 2020, tras la ratificación del Acuerdo sobre la Retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo 
sucesivo, «Acuerdo de Retirada»).
El Acuerdo de Retirada entró en vigor al día siguiente. Su principal objetivo es 
garantizar una retirada ordenada del Reino Unido y proporcionar seguridad jurídica a los 
ciudadanos, operadores económicos y administraciones de la Unión Europea y del Reino 
Unido. El Acuerdo de Retirada ofrece protección a los ciudadanos de la Unión Europea y 
a los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido sus derechos al amparo del 
ordenamiento jurídico de la Unión antes del 31 de diciembre de 2020, e incluye tres 
protocolos con disposiciones específicas relativas a Gibraltar, a Irlanda/Irlanda del Norte y 
a las zonas de soberanía en Chipre.
El Acuerdo de Retirada preveía un periodo transitorio desde su entrada en vigor hasta 
el 31 de diciembre de 2020, durante el cual el Derecho de la Unión ha seguido aplicándose 
en y al Reino Unido, con determinadas excepciones. Su finalidad principal era ofrecer un 
plazo para la preparación de los ciudadanos, de los actores económicos y de las 
administraciones a la nueva situación, así como proporcionar un marco de estabilidad 
para la negociación de un acuerdo sobre la relación futura entre la Unión Europea y el 
Reino Unido.
Las negociaciones de dicho acuerdo se iniciaron formalmente el 2 de marzo de 2020 
y culminaron el pasado 24 de diciembre, tras alcanzarse un compromiso sobre un Acuerdo 
de Comercio y Cooperación, un Acuerdo sobre Seguridad de la Información y un Acuerdo 
relativo a cooperación sobre usos pacíficos de la energía nuclear entre la Unión Europea 
y Reino Unido.
Desde el inicio de las negociaciones, dada la incertidumbre sobre el resultado y el 
cambio sustancial que supone el que Reino Unido haya pasado a ser Estado tercero, el 
Consejo Europeo había venido trasladando a la Comisión y a los Estados miembros la 
necesidad de asegurar una adecuada preparación para las consecuencias de la retirada 
del Reino Unido en todos los ámbitos y para todos los escenarios.
La Comisión presentó el 9 de julio de 2020 una comunicación sobre preparativos para 
el final del período transitorio y ha hecho públicas más de ochenta comunicaciones 
preparatorias sobre materias muy diversas. En todas ellas, la Comisión se refiere a 
aquellas materias en las que se producirán cambios a partir del 1 de enero de 2021. e.
En dichas comunicaciones, la Comisión solicita a los Estados miembros, a las  w.
empresas y a la ciudadanía que realicen también, en el ámbito de sus respectivas  266ww
cinoemviptaebtelenmceianste y c ornelslepvoanrsáa ebl ifliind addeel sp,e ruiondao  ptrraenpsaitroarcioió pnr efvriesntote e nla esl  Accounesredcou deen cRieatsir aqduae, 
tlara Us neiló cnu Ealu erol pReeain, oa sUí nciodmo od eejanr láa sd ep oplaítrictiacisp ay rp erno gerla mmearsc addeo l aú nUicnoió yn ,l ay  udnei óbne naedfuicainaersrea  ddee   BOE-A-cable e
los acuerdos internacionales de la Unión.
En el marco de la Unión Europea también se han adoptado reglamentos de 
contingencia sobre transporte aéreo, transporte ferroviario, transporte por carretera y 
pesca, cuya finalidad es evitar trastornos que puedan suponer perjuicios graves para los 
intereses de la Unión Europea, en el caso de que finalice el periodo transitorio sin que se 
alcanzara un acuerdo sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido que 
pueda entrar en vigor el 1 de enero.
II
Desde el momento en que el Reino Unido comunicó su decisión de abandonar la 
Unión Europea, el Gobierno estableció un sistema de coordinación interministerial y con 
las administraciones territoriales de información y trabajo sobre el Brexit, a través de la 
Comisión Interministerial para el Seguimiento de la Retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea y los grupos de trabajo dependientes.
Como resultado de los trabajos desarrollados en el ámbito normativo a tal efecto, ya 
en 2019, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se 
adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el 
artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
La norma sometía en su disposición final sexta su entrada en vigor al momento en el 
que los Tratados de la Unión Europea dejaran de aplicarse al Reino Unido de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Tratado de la Unión Europea. No obstante, en el 
marco de las negociaciones iniciadas entre el Reino Unido y la Unión Europea, preveía 
asimismo que no entraría en vigor en el caso de que, previamente a dicha fecha, haya 
entrado en vigor un acuerdo de retirada formalizado entre la Unión Europea y el Reino 
Unido, de conformidad con el artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea, como 
finalmente ocurrió, por lo que dicha norma, publicada en el BOE de 2 de marzo de 2019, 
nunca entró en vigor.
Por ello, desde la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada se han venido desarrollando 
labores de preparación para el fin del periodo transitorio. En los últimos meses se han 
intensificado además las labores de preparación frente a un escenario de fin del periodo 
transitorio sin acuerdo sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Las comunidades autónomas han sido consultadas a través de la Conferencia de 
Asuntos Relacionados con la Unión Europea y se ha creado un sistema de coordinación 
interadministrativo mediante puntos focales para facilitar el flujo de información.
El plan de medidas de adaptación del Gobierno persigue minimizar, con carácter 
unilateral y temporal, y en ámbitos limitados, algunos de los efectos negativos producidos 
por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Para ello se han articulado tres líneas 
de actuación: normativa, logística y de comunicación.
III
Por lo que se refiere a las actuaciones de carácter normativo, y en línea con las 
orientaciones contenidas en las comunicaciones con la Comisión Europea, las medidas de 
adaptación adoptadas a todos los niveles deben atenerse a un conjunto de principios.
Han de ser de carácter temporal, con arreglo a plazos que pueden variar en función del 
sector específico de que se trate. Deben respetar el reparto de competencias establecido 
por los Tratados y han de ser compatibles con el Derecho de la Unión Europea. s
En el marco de estas directrices, las medidas contempladas en el presente real  oe.
decreto-ley se orientan a tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos que  w.
pueden verse afectados por el fin del periodo transitorio al pasar el Reino Unido a ser un  266ww
EstaLdaos  tmericsemroa sa s teo ddoirsig leons  ae fceocntotrsa.rrestar, en la medida de lo posible, y dentro de aquellos
ádemrbiviatodso sd ed ec ofimn dpeelt epnecriiaod eos ttraatnasl iqtoureio .se juzgan indispensables, los efectos indeseados  BOE-A-cable e
No obstante, ha de subrayarse que se trata de medidas de carácter temporal, cuya 
vigencia cesará cuando transcurra el plazo que en cada caso se indica, o antes, si se 
adoptan, a nivel interno o internacional, los instrumentos llamados a regular, con carácter 
permanente, las relaciones con el Reino Unido en las materias contempladas en la 
presente norma.
Adicionalmente, cuando así se establece, el mantenimiento en el tiempo de las 
situaciones jurídicas que el real decreto-ley regula se supedita al otorgamiento de un 
tratamiento recíproco por las autoridades del Reino Unido. Esta condición de reciprocidad 
habrá de verificarse necesariamente en un momento posterior a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, a través de los mecanismos singularmente habilitados al efecto.
IV
El capítulo I, titulado «Disposiciones generales», regula el objeto de la norma, la 
normativa aplicable y el carácter temporal de las medidas establecidas, cuando así se 
haya establecido, habilitando la posibilidad de prórroga, así como el mecanismo de 
reciprocidad exigible para algunas de las medidas.
En este sentido, se prevé, de un lado, que aquellas medidas sujetas a un plazo de 
vigencia dejarán de estar en vigor por el mero transcurso de dicho plazo, salvo que el 
Gobierno proceda a su prórroga. Por otro lado, algunas de las medidas reguladas en el 
real decreto-ley serán suspendidas por el Gobierno una vez transcurrido un plazo mínimo 
de dos meses desde su entrada en vigor, si las autoridades británicas competentes no 
conceden un tratamiento equivalente a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad 
española en cada uno de los ámbitos afectados.
El capítulo II establece las normas aplicables a las «Relaciones profesionales y 
laborales» y se divide en cinco secciones. La sección 1.ª, «Profesiones y función pública», 
regula el acceso y ejercicio de profesión, y las normas aplicables al acceso y mantenimiento 
de la condición de empleados públicos de los nacionales del Reino Unido al servicio de las 
administraciones públicas españolas.
El artículo 4 aborda diversas situaciones relacionadas con el acceso y ejercicio de 
profesiones para las que se haya obtenido, o quiera obtenerse, el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, sujetando el régimen recogido al principio de reciprocidad en 
la mayoría de los supuestos.
En este artículo se regula el régimen aplicable a los nacionales del Reino Unido que 
ejercen permanente una profesión o actividad profesional para cuyo acceso y ejercicio 
se exigiese ser nacional de un Estado miembro, así como el derecho a participar en la 
realización de las pruebas de aptitud para el acceso al ejercicio de determinadas 
profesiones, sin necesidad de solicitar el trámite de dispensa de nacionalidad cuando 
este fuera exigible y siempre y cuando estas se hayan convocado con anterioridad al fin 
de 2020.
Este artículo prolonga la aplicación del régimen jurídico vigente para las solicitudes de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidos en el Reino Unido o en cualquier 
otro Estado miembro que se presenten por nacionales del Reino Unido ante las autoridades 
españolas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley o dentro de los 
cinco años siguientes, siempre que la admisión al inicio de los estudios o actividades que 
conduzcan a su obtención se hubiera efectuado con anterioridad a 1 de enero de 2021.
Lo mismo se establece para las solicitudes de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales obtenidas por españoles o por nacionales de otro Estado miembro en el  s
Reino Unido que sean presentadas ante las autoridades españolas con anterioridad a la  oe.
eqhnuutebr iSaelader aa ar  eedegfmneu cilvsatiiug óaaonsdr i aomdl  ecisino meincso iato een  dntreee era islolo tredsid  epeacrsdrete ucatedol pi-1olte sody  eeo o l e a rndéceegtirnvimoitdr edoane dd  ea2esp0  ll2oiqc1sua. ebc liceno cano dl oausñz otcístau nslo iags u sdieuen  fotoebrstme, nasccieiióómnnp  dsreee    2020-17266n https://www.
reconocimiento automático, a quienes se encuentren ejerciendo en España una profesión
o actividad profesional de manera temporal u ocasional, a las sociedades profesionales y  Bc
a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría inscritos en el Registro Oficial de 
Auditoría de Cuentas.
El artículo 5 aborda la situación de los nacionales del Reino Unido que hubieran 
accedido a la condición de empleados públicos, y sus posibilidades de participación en 
procesos selectivos para el acceso a la función pública.
La sección 2.ª, titulada «Relaciones laborales», contiene dos artículos, uno sobre 
régimen transitorio aplicable en relación con los trabajadores desplazados temporalmente 
en el marco de una prestación de servicios y otro sobre comités de empresa europeos en 
empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria.
En materia de desplazamiento de trabajadores, debe tenerse en cuenta que la 
normativa comunitaria sobre desplazamiento de trabajadores –Directiva 96/71/EC del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios – viene a paliar los 
efectos indeseados que, sobre la libre competencia (dumping social) y la protección de los 
derechos de los trabajadores, puede tener el ejercicio de la libertad de prestación de 
servicios por empresas de la Unión Europea a través de trabajadores desplazados a otros 
Estados miembros de la Unión Europea.
Esta normativa, por tanto, únicamente tiene sentido cuando existe dicha libre 
prestación de servicios entre países, normalmente reconocida en el marco de acuerdos 
comerciales multilaterales o bilaterales.
En este sentido, el documento preparatorio de la Comisión Europea de 6 de octubre 
de 2020 sobre desplazamiento de trabajadores establece que, a partir de 1 de enero de 
2021, los trabajadores de empresas del Reino Unido o de la Unión Europea que ya se 
encontraran desplazados en el territorio de la Unión Europea o del Reino Unido, 
respectivamente, dejarán de estar comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996.
Esto supone que su derecho a seguir prestando servicios, una vez concluido el período 
transitorio, dependerá para los trabajadores desplazados al Reino Unido de la legislación 
nacional del Reino Unido; y para los trabajadores desplazados a la Unión Europea, de la 
legislación de la Unión Europea y el Derecho nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea, sin que, con carácter general, los trabajadores desplazados sean 
considerados beneficiarios del Acuerdo de Retirada.
En este sentido, los trabajadores desplazados a España por una empresa establecida 
en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 podrán, a partir del 1 de enero de 
2021, permanecer en España y continuar prestando sus servicios sin la obtención de una 
previa autorización para residir y trabajar con base en lo dispuesto en el artículo 6 de este 
real decreto-ley siempre y cuando el Reino Unido conceda un tratamiento similar a los 
trabajadores desplazados en el Reino Unido por una empresa establecida en España. No 
obstante, en caso de que sea necesaria una extensión de la duración de desplazamiento 
inicialmente prevista y comunicada a la autoridad laboral, será preciso solicitar la 
correspondiente autorización de residencia y trabajo sin que sea de aplicación la situación 
nacional de empleo, no siendo exigible la obtención de visado.
Los trabajadores de empresas establecidas en el Reino Unido que sean desplazados 
a España a partir del 1 de enero de 2021 deberán obtener los preceptivos visados o 
autorizaciones de residencia y trabajo previstas en la normativa de extranjería española 
sin perjuicio de los compromisos que se asuman en el marco de un eventual acuerdo en 
materia comercial.
Con respecto a los comités de empresa europeos, la Comunicación de la Comisión  es
Europea de 21 de abril de 2020 («Notice to stakeholders withdrawal of the United Kingdom  o
adaUfinne nnd aiitdv rl Eaoedn»Ul es.t  rlir« acupEinóleesnnrsn ,íc  aooloacdnnisoo s E nneduaocerlur om eeptsnraeatcsaani banesl, nei Wce cienóiodl  nrcaák,asm ss u eboCnni t od ocluea odn  qmDecui iillrestaeé»  lc io)ntd,si fveso au er memñ2ma0abl0crpaai9r ólqe/en3uss 8eay p/   Cl«eeaEUru tc inrnyooaaenp  nsventueoeolzst, as   faye idnau aea nnp lqilozloiuac ssead et ror áyac naebu  lam aepjlaps eRdtlraéoíeon rindye aaoosl      OE-A-2020-17266able en https://www.
establecido, dejará de estar sujeto a los derechos y obligaciones derivados de la aplicación
de la Directiva 2009/38/CE. Dicho comité de empresa podrá seguir funcionando en virtud 
de la legislación nacional pertinente».
La sección 3.ª aborda el ejercicio de actividades de investigación e innovación en un 
único artículo, el 8, que permite a los nacionales del Reino Unido, que a 31 de diciembre 
de 2020 estén ejerciendo en España estas actividades poder continuar ejerciéndolas en 
los mismos términos en que lo tengan reconocido, siéndoles de aplicación la legislación 
española vigente, siempre y cuando se reconozca un tratamiento recíproco a los 
nacionales españoles por parte de las autoridades británicas competentes.
La sección 4.ª, titulada «Seguridad Social», contiene, en un único artículo, el artículo 
9, las reglas para la determinación de la legislación aplicable en los mismos términos 
establecidos con anterioridad a la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. 
Esto permitirá a España seguir aplicando estas mismas reglas a aquellas personas sujetas 
a legislación de seguridad social británica, siempre que el Reino Unido actúe con 
reciprocidad con respecto a aquellas personas que están sujetas a legislación de seguridad 
social española.
En la sección 5.ª, el artículo 10 regula medidas que tienen como objeto que los 
nacionales del Reino Unido puedan acceder a las prestaciones por desempleo por los 
periodos cotizados hasta el 31 de diciembre de 2020 (finalización del período transitorio), 
en cualquier Estado miembro de la Unión Europea incluidos los periodos cotizados en el 
Reino Unido, siempre que las últimas cotizaciones se hayan realizado en España y se 
mantenga el derecho a residir legalmente en España.
Con las medidas incluidas en este artículo también se pretende que los nacionales de 
la Unión Europea puedan acceder a las prestaciones por desempleo por los periodos 
cotizados en el Reino Unido antes de la finalización del período transitorio siempre que las 
últimas cotizaciones se hayan realizado en España.
Por otra parte, en el apartado 3 de este artículo 10 se ha incluido una medida específica 
con el objetivo de mantener los derechos en materia de prestaciones por desempleo de los 
trabajadores fronterizos que se trasladan diariamente a trabajar a Gibraltar, que podrán 
acceder a dichas prestaciones, hasta el 31 de diciembre de 2022, en los términos previstos 
en este precepto.
Esta medida se justifica en un contexto de una elevada tasa de desempleo en la 
Comarca del Campo de Gibraltar y de unos trabajadores fronterizos no cubiertos por el 
Acuerdo de Retirada que podrían dejar de estar protegidos cuando, al dejarse de aplicar 
los Reglamentos comunitarios de coordinación. Se trataría de una medida que se aplicaría 
sin la exigencia del requisito de reciprocidad debido a las peculiaridades existentes en 
torno a los trabajadores fronterizos de la comarca del Campo de Gibraltar.
El capítulo III, contiene, por una parte, en el artículo 11, las reglas aplicables a la 
prestación de la asistencia sanitaria en defecto de instrumento internacional expreso, 
bilateral o multilateral, articulándose las mismas en torno a dos principios básicos: 
continuidad y reciprocidad.
Así, se prevé expresamente que, desde la entrada en vigor del real decreto-ley, y hasta 
el 30 de junio de 2021, España continuará prestando asistencia sanitaria en los mismos 
términos y con las mismas condiciones establecidas con anterioridad al 1 de enero de 
2021, siempre y cuando el Reino Unido garantice estas mismas condiciones a aquellas 
personas que tengan derecho a recibir asistencia sanitaria con cargo a España.
Asimismo, con el fin de asegurar la correcta prestación de la asistencia sanitaria, se 
aclara la validez de las tarjetas sanitarias expedidas, así como aquellos documentos que 
deberán ser aportados en defecto de estas para poder obtener la asistencia sanitaria en  es
España; se indican las características del procedimiento de facturación y reembolso, y se  o
acpaotr lroomibcsPpue poeydrreteoe  nscnatuecel  disIapni m adspretiatie terlunao,tt  soolea  sslN   igdsaaetercets íimatocicóunacnlasoe l d  sed1eode2  ula o,cl  aslpaa  rtp SieUvrevoongécsivue  deerdierldi smlar iRéddiegae nSidimnt ooeoecss niU paq nalua iñyepd o loasilc,ael  aq  Ipdbnuaelseerrt ai iptva uoee tdlnol ocr  ádsSune roas  cslolouiea  m2gal 0uqnd2iueor1 í sa -pl 2acryo0 e Mg2vai2ialésu rntemiondn.ano l asolaess     OE-A-2020-17266able en https://www.
mismos términos previstos para los alumnos procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que cumplan los requisitos académicos 
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.
El capítulo IV, titulado «Actividades económicas», se subdivide en 3 secciones.
En la sección 1.ª, el artículo 13 establece un marco para garantizar la continuidad de 
los contratos de servicios financieros prestados en España por entidades financieras 
establecidas en el Reino Unido. El fin del periodo transitorio establecido en el Acuerdo de 
Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea podría tener impacto sobre el sistema 
financiero español a la vista de la importancia de Londres como centro financiero global. 
Para evitar que el incremento de la incertidumbre y la pérdida del acceso al mercado 
europeo pudieran afectar a la estabilidad financiera o llegar a perjudicar a los clientes de 
los servicios financieros, se incluye una sección con medidas de adaptación relacionadas 
con los servicios financieros.
La pérdida del pasaporte comunitario implica que las entidades financieras establecidas 
en el Reino Unido tendrán que adaptarse a los regímenes de terceros países para seguir 
prestando servicios en España, incluyendo aquellos servicios que resulten de contratos 
suscritos con anterioridad, pero con vencimiento posterior al 1 de enero de 2021.
Con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, la protección del cliente y evitar 
cualquier riesgo para la estabilidad financiera, el artículo 13 garantiza que la vigencia de 
los contratos no se vea afectada por el fin del periodo transitorio. Además, se establece un 
régimen temporal para garantizar que la adaptación a los regímenes de terceros países no 
implique una disrupción en la prestación de servicios asociados a dichos contratos o, 
alternativamente, facilitar la terminación de los contratos si la entidad no desea continuar 
con su actividad en España. El régimen temporal se habilita para las actividades sujetas a 
autorización. Las actividades vinculadas a la gestión de los contratos de prestación de 
servicios financieros que no requieran autorización podrán seguir realizándose sin 
necesidad de acogerse al régimen temporal.
La sección 2.ª regula, en el artículo 14, la situación en que quedan los operadores 
económicos del Reino Unido en lo que se refiere a los procedimientos de contratación 
pública. Esta regulación tiene como objetivo proveer seguridad jurídica y no perjudicar a 
aquellos operadores económicos que participaron en procedimientos de contratación 
pública iniciados de manera previa a la finalización del periodo transitorio establecido en el 
Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea. De conformidad con este 
acuerdo, en estos casos los operadores económicos británicos tendrán la misma 
consideración que las empresas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea. 
Tal situación es además coherente con el derecho transitorio que ha venido rigiendo la 
contratación pública en España. No obstante, en el caso de los procedimientos negociados 
sin publicidad se opta por recoger la redacción establecida por el propio Acuerdo de 
Retirada, de cara a determinar la fecha de inicio de estos procedimientos de contratación.
La sección 3.ª regula el régimen aplicable a distintas autorizaciones y licencias. En 
este sentido, el objeto del artículo 15 es encontrar una alternativa adecuada a los 
ciudadanos residentes en España y titulares de un permiso de conducción británico que 
actualmente es válido para conducir en nuestro país, al tratarse de un permiso expedido 
por un Estado miembro de la Unión Europea, pero que dejará de serlo con la retirada del 
Reino Unido de la Unión Europea.
Por esta razón, se fija un periodo transitorio de seis meses, durante el cual los titulares 
de un permiso de conducción expedido por las autoridades británicas, que hayan obtenido 
la residencia en España, podrán seguir conduciendo en nuestro país a pesar de la retirada 
del Reino Unido de la Unión Europea, transcurrido el cual, se les aplicará la normativa  es
española prevista para los permisos de conducción expedidos por terceros países, siendo  o
nneeeuxsp ceeeosPlstr ortaRoarr  ceipsoiióuan en íospl   p.caUaartnrneaijd e meo dl  aeaqtleru tpreíicea urslm ledoi e se1 odn6 epc dfuoeeren cneslltaa rcr eaponr r evreeávsnilaip dsvoa inasgdl o ai1req  ndaute eel la elea nssfeep rcaaohuñ datooe l rdp i2zea0a r2cafii1n os anecleugizsyua oircd  oiceóor niingm dedpuneoc lyr iet padnecedrisóiootn idne oony     OE-A-2020-17266able en https://www.
transitorio, en aplicación del artículo 2 del Reglamento de control del comercio exterior de
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado 
por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto.
Para los productos y tecnologías de doble uso, declara igualmente válidas las 
autorizaciones de transferencias intracomunitarias que se encuentren en vigor a la fecha 
de finalización del periodo transitorio, en aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 
428/2009 del Consejo, de 5 de mayo, por el que se establece un régimen comunitario de 
control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de 
doble uso. Una vez finalizado el periodo de transición, las nuevas exportaciones de 
productos y tecnología de doble uso podrán acogerse a lo descrito en la Autorización 
General EU001 en aplicación del artículo 25 del Reglamento de control del comercio 
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble 
uso, y del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 
2009. En caso contrario necesitarán de la correspondiente licencia de exportación de 
acuerdo al artículo 3 y anexo I del Reglamento (CE) n.º 428/2009.
En cuanto al contenido del artículo 17 y dado que las autorizaciones y consentimientos 
previos de transferencias de armas, explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería, 
expedidos con anterioridad al 1 de enero de 2021, cumplen con los requisitos y condiciones 
de seguridad, al haber sido verificados los proveedores y los destinatarios, se considera 
adecuado permitir el mantenimiento de las autorizaciones hasta su expiración, siempre y 
cuando exista una reciprocidad por parte de las autoridades del Reino Unido.
Asimismo, se advierte que las Tarjetas Europeas de Armas de Fuego expedidas por el 
Reino Unido y España perderán su validez a partir del 1 de enero de 2021. Por último, se 
especifica que todo explosivo o artículo pirotécnico en cuyo procedimiento de evaluación 
de la conformidad haya participado un Organismo Notificado del Reino Unido, a partir de 
la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, no podrá ponerse en el mercado.
Por último, el artículo 18 garantiza que las autorizaciones de traslados de residuos que 
tengan su origen o destino en el Reino Unido, expedidos con anterioridad al 1 de enero de 
2021 por las comunidades autónomas, tendrán validez hasta la fecha de expiración del 
plazo fijado en dichas autorizaciones.
El capítulo V contiene un único artículo relativo a los servicios aeroportuarios.
Con respecto a los servicios aeroportuarios, la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea tiene un importante efecto en las prestaciones públicas que cobra Aena S.M.E., 
S.A., por cuanto la estructura tarifaria prevista en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aérea, prevé diferentes niveles tarifarios en función de si el país de destino del 
viajero se encuentra en el Espacio Económico Europeo o no.
El importe concreto de cada una de las tarifas a aplicar, por otra parte, se establece 
anualmente tras un proceso de consultas entre el gestor de las infraestructuras y los 
usuarios de las mismas (principales asociaciones de compañías representativas de los 
intereses del sector), con vigencia anual y entrando en vigor el 1 de marzo de cada año. 
Este proceso de consultas no es optativo, sino que la normativa europea de aplicación lo 
configura como necesario antes de modificar la estructura o niveles tarifarios aplicables.
El fin del periodo transitorio significaría que las tarifas aplicables a los pasajeros con 
destino al Reino Unido cambiarían de importe de forma automática a partir de enero, sin 
que dicho cambio haya sido objeto de consulta y acuerdo entre las partes interesadas.
A fin de poder graduar el efecto de este cambio, y minimizar el impacto negativo que 
tendría sobre la llegada de pasajeros británicos a España, sobre las compañías aéreas, y 
sobre los usuarios del transporte y la propia Aena S.M.E., S.A., el artículo 19 prevé la 
continuidad del régimen tarifario aplicable actualmente hasta que los usuarios de los  es
aeropuertos y el gestor de las infraestructuras decidan lo contrario. o
atdredalin cRELsioiaeltn o inrdareioilasea  Upsly o n dyusi ednifcocianiór  paednalite soraspa-d lo enliascyeiisco c sirneóeeasnl aal  cdcrpiieiareoirsmrnor egapesa ar actrcoa,oo r tnmieca on.eumirencnpaiadl elpoeta aser rc ntleoa c n fur ieenesgnaeutl a,lE a qclsauitósaen d i,moi n,ap cyslli íucl acay ocnemie olcnoaee ssus ind ddaaise dpd  ldioases pr ioeacsitpoiirocnayidóeaansr     OE-A-2020-17266able en https://www.
a las empresas españolas en este contexto, autoriza a ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E., M.P., para convocar ocho plazas de personal laboral, del grupo 
profesional técnico, adicionales a las correspondientes a su tasa de reposición de 
efectivos, que resultan necesarias para reforzar tanto la actividad del ICEX en España, 
como en la Oficina Comercial en Londres.
De forma análoga, la disposición adicional segunda autoriza una oferta de empleo 
adicional de cincuenta y seis plazas para las Autoridades Portuarias, con el fin de 
garantizar la seguridad en las operaciones portuarias, tanto a efectos de recabar la 
documentación correspondiente y específica, como del control de pasajes en líneas 
regulares o el control de las mercancías.
La disposición adicional tercera establece que no se requerirá la apostilla del Convenio 
de La Haya para las homologaciones, declaraciones de equivalencia y convalidación de 
títulos y estudios que hubieran sido presentadas antes del 1 de julio de 2021.
De acuerdo con la disposición adicional cuarta, en los supuestos en que sea preciso 
celebrar contratos en el ámbito del sector público para hacer efectivas las medidas 
contenidas en el presente real decreto-ley o para adaptar la situación a las consecuencias 
de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, podrán resultar de aplicación los 
artículos 119 y 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
en los términos establecidos en dichas disposiciones.
La disposición adicional quinta prevé que las medidas recogidas en este real decreto-
ley se financiarán de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, dentro de las disponibilidades presupuestarias.
En otro orden de cosas, este real decreto-ley incluye una disposición adicional sexta 
mediante la cual se prorroga la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, durante el periodo necesario 
para garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo social en la búsqueda, 
un año más, de un incremento pactado del salario mínimo interprofesional.
En este sentido, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27.1 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, acerca de la previa consulta con las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas, se entiende preciso garantizar la efectiva 
participación de los agentes sociales en la fijación del salario mínimo interprofesional, en 
un contexto social y económico de especial dificultad, dando así continuidad a la senda de 
crecimiento de esta variable en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito 
europeo e internacional.
Dado que el citado Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, dejará de producir efectos 
el próximo 31 de diciembre, concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad, que 
hacen ineludible mantener transitoriamente su vigencia a partir del 1 de enero. Se garantiza 
de este modo la seguridad jurídica y se da continuidad a la función del salario mínimo 
interprofesional de servir de suelo o garantía salarial mínima para las personas 
trabajadoras.
Esta disposición supone una prórroga del vigente salario mínimo interprofesional de 
carácter temporal, hasta tanto se apruebe el real decreto que lo fije para el año 2021, en 
el marco del diálogo social y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de 
los Trabajadores, según el cual este tipo de salario ha de tener en cuenta: el índice de 
precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del 
trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
Por razones de seguridad jurídica se incluye una disposición transitoria para aquellas 
personas a las que, antes de la finalización del período transitorio, se les hubiera autorizado  es
el desplazamiento al Reino Unido conservando su derecho a prestación durante tres  o
maqehunuaee tslsoot eaprsis rz eeS aylv de féiaornnv  a (illcasol i iodsnfe se Rcc  dloehaenga  esl Eadxidmmepe operfrialnnetartaoo cel siibnzó Cra neitco ásaimótnueniutc o cnodarisietsza lyoa rp i dsoleaaosr .l)pía odrmdóaoredr nootrtg aeqan ud sdeeie tbeo eslraitroa íea snxn ppo eeo hsrrsttuaoobcsnii eaómrsnaa  nyhna atae ssgnteoae t hrla oasdsbuo r s iíneeaslni scp  irmneipsreíccosriódeitnoos     OE-A-2020-17266able en https://www.
Asimismo se incluye una disposición derogatoria que deroga expresamente el Real 
Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante 
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin 
que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, el cual fue publicado en el BOE n.º 53 de 2 de marzo de 2019, pero nunca entró 
en vigor en virtud de lo dispuesto en su disposición final sexta.
La disposición final primera introduce determinadas modificaciones en la Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. En primer lugar, se modifica el 
artículo 59 suprimiendo determinadas condiciones y previsiones que en el momento 
actual no encuentran justificación en el ámbito de la seguridad aérea, tales como la 
nacionalidad o el disfrute de derechos civiles de una figura cuya designación 
corresponde y es responsabilidad únicamente de los operadores aéreos españoles, 
de acuerdo con lo dispuesto por la normativa europea. En segundo lugar, se modifica 
el artículo 88 de la citada ley, diseñando un sistema en el que se dé una autorización 
por un tiempo a un operador aéreo para realizar una serie de vuelos con unas 
condiciones determinadas, sin requerir una autorización en cada vuelo. Dado el grado 
de confianza en los sistemas de evaluación de la seguridad operacional que se ha 
establecido en los últimos años a nivel europeo se considera que no es necesario, 
como norma general, una aprobación de los servicios aéreos vuelo a vuelo, sino que 
esta aprobación, necesaria para regular las operaciones realizadas por operadores 
extranjeros en defensa de la soberanía nacional, puede adoptar otras modalidades 
más globales y ágiles, cuestión que cobra especial relevancia teniendo en cuenta el 
importante número de operaciones aéreas que se desarrollan en nuestro país con el 
Reino Unido.
La disposición final segunda introduce una modificación en el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante. Se modifica la definición n.º 22 del Anexo II sobre 
servicios marítimos de las autopistas del mar, incluyendo a los puertos del Reino Unido en 
la calificación, de forma que a partir del 1 de enero de 2021 sus tráficos puedan seguir 
manteniendo esta consideración. Así, los servicios portuarios al pasaje y de manipulación 
de mercancías con el Reino Unido podrán prestarse por las navieras en régimen de 
autoprestación utilizando también personal propio en tierra, manteniendo la competitividad 
de estos servicios con el Reino Unido.
Por su parte, la disposición final tercera dispone que las disposiciones reglamentarias 
que resulten modificadas por la presente norma podrán a su vez, ser modificadas por 
normas de rango reglamentario.
La disposición final cuarta contiene los títulos competenciales estatales, con 
especificación de los preceptos concretos que se dictan al amparo de las mencionadas 
habilitaciones.
La disposición final quinta autoriza al Gobierno y a las personas titulares de los 
departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real 
decreto-ley. Asimismo, autoriza al Gobierno para prorrogar mediante real decreto los 
plazos en él establecidos, y declara ex lege, a los efectos del artículo 27 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la urgencia en la tramitación de los 
proyectos de disposiciones generales que tengan por objeto el desarrollo del real 
decreto-ley, dando cuenta al Consejo de Ministros. En ese acuerdo de toma de 
conocimiento, el Consejo de Ministros establecerá, en su caso, el plazo en que habrá de  es
evacuarse el dictamen del Consejo de Estado, cuando resulte preceptivo. Los restantes  o
dcdaoeritcrcírctrPeáeusomtloopr se-oúl enn4ltyde,im  ise9e ol,n  d,1pt eí1lraas e y  1cdp d eiodseprepl   teoaeilvspn pioaecrsrrioóto acn ddhe efodain  ib22mar0 ldiá 2esen1nel  .txa oNdtr atdeoí ce  eou seubltovrsag tab1aecl4nenu tcceeaein,ar   s sleraeeel   cg eeauxnpscltoaroeadr pd dotaeúl op  aqeas ulnr aae  óve  ceirngaglt odr1aara n ddd oeuaes n lee  opnn cre dveoreisong ee osdnlrule todel st2e i.r0v el2ooa1ssl     OE-A-2020-17266able en https://www.
haya entrado en vigor un acuerdo de relación futura entre la Unión Europea y el Reino 
Unido que contemple expresamente las previsiones establecidas en dichos artículos.
Asimismo, se prevé que estos artículos entrarán en vigor igualmente si dicho Acuerdo 
fuese objeto de aplicación provisional y perdiese su vigencia al no ser ratificado por 
cualquiera de las partes, y que perderán su vigencia si en cualquier momento posterior al 
día 1 de enero de 2021, entra en vigor un Acuerdo de relación futura que contemple 
expresamente las previsiones establecidas en ellos.
En todo caso las salvedades previstas en relación con dichos artículos no serán de 
aplicación a Gibraltar.
V
Este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos 
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
De lo expuesto en los apartados anteriores resulta claro el cumplimiento de los 
principios de necesidad y eficacia. El real decreto-ley es asimismo acorde al principio de 
proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los 
objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad 
jurídica.
En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el trámite de consulta 
pública previa ni el de audiencia e información pública, tal y como autoriza el artículo 26.11 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
VI
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 
4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, 
de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia 
sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por 
razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve 
que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 
de julio, FJ 4)».
La retirada de la Unión Europea por parte de un Estado miembro invocando el 
procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea constituye un 
hecho sin precedentes en su historia. Además, ante el inminente fin del periodo transitorio 
previsto en el Acuerdo de Retirada, resulta necesario adoptar con urgencia las medidas  s
necesarias para minimizar las perturbaciones que necesariamente conllevará la salida del  oe.
mercado único y de la unión aduanera. w.
En este sentido, en línea con las Comunicaciones de la Comisión y con el Plan de  266ww
Aesctcaibólne caidmoiepntatod od ep olars l am Uedniidóans  Eduer oapdeaap taecl ioóbnj,e dtoe ndtreol  dperel sáemnbteit or edael  cdoemcrpeetote-nlecyia ess d eell 
Emsotdaod oc,o inmtrparrersecsitnadr,ib elens  lap amrae dfaidcail itdaer  ulon ap otrsaibnlsei,c ilóons  ae felac tnouse ivnad essiteuaadcioósn  dye ld efi ne sdteel   BOE-A-cable e
periodo transitorio, y tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos 
que ejercieron sus derechos al amparo de las libertades conferidas por los Tratados.
Dada la urgencia requerida en la aplicación de estas medidas, resulta claro que, 
de seguirse el procedimiento legislativo ordinario, aun utilizándose el trámite de 
urgencia, no se lograría adoptar a tiempo estas medidas destinadas a paliar los 
efectos derivados de la retirada tras el periodo transitorio, por la que los Tratados y la 
totalidad del acervo comunitario dejarán de aplicarse en las relaciones con el Reino 
Unido el 1 de enero de 2021.
En cuanto a la prohibición de afectación a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, una muy consolidada doctrina del 
Tribunal Constitucional la interpreta en los siguientes términos, que resume la STC 
139/2016, de 31 de julio (FJ 6):
«1.º  El artículo 86.1 CE impide que con el decreto-ley queden afectados los 
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I CE, pero este 
Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que supondría el 
vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo «inservible para regular con mayor 
o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el título 
I de la Constitución».
2.º  La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada 
la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se 
regule un régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra 
del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 
de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores).
3.º  El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el 
principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si 
ha existido «afectación» por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el 
título I CE, lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber 
o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional 
y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…).»
El presente real decreto-ley es respetuoso con la mencionada doctrina del Tribunal 
Constitucional, dado que no regula el régimen general de los derechos, deberes y 
libertades constitucionales, ni va en contra de su contenido o elementos esenciales, 
limitándose a preservar, con carácter temporal, los intereses de los nacionales del Reino 
Unido residentes en España, así como de sus familiares. La salvaguarda de estos 
intereses se concreta en el presente real decreto-ley en la adopción de una serie de 
medidas temporales y, en gran medida, condicionadas a que el Reino Unido garantice, en 
condiciones análogas, la protección de los intereses de los nacionales españoles, de 
acuerdo con el principio de reciprocidad.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y 
Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de las 
Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Defensa y de 
Hacienda, de los Ministros del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
de las Ministras de Educación y Formación Profesional, de Trabajo y Economía Social, 
y de Industria, Comercio y Turismo, del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
de las Ministras de Política Territorial y Función Pública, para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de los Ministros  e.e
de Sanidad, de Ciencia e Innovación, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y  w.b
de Universidades, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día  266ww
29 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Constituye el objeto de este real decreto-ley la adopción de medidas de adaptación del 
ordenamiento jurídico español, con el fin de hacer frente a las consecuencias de la retirada 
de la Unión Europea del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, 
Reino Unido), una vez finalizado el período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
Artículo 2.  Normativa aplicable y temporalidad de las medidas.
1.  A partir del 1 de enero de 2021, la normativa aplicable a los ciudadanos del Reino 
Unido será la propia de los ciudadanos de un Estado tercero salvo lo dispuesto en el 
Acuerdo de Retirada, en el presente real decreto-ley y su normativa de desarrollo, y en los 
futuros acuerdos internacionales que puedan celebrarse por España o por la Unión 
Europea.
2.  Las medidas previstas en el presente real decreto-ley sujetas a un plazo de 
vigencia dejarán de estar en vigor por el mero transcurso de dicho plazo, salvo que el 
Gobierno, mediante acuerdo, proceda a prorrogarlo.
Artículo 3.  Reciprocidad.
1.  Transcurrido un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, serán suspendidas las medidas reguladas en él, cuando así se prevea 
expresamente, si las autoridades competentes no conceden un tratamiento recíproco a las 
personas físicas o jurídicas de nacionalidad española en el Reino Unido o en Gibraltar en 
cada uno de los ámbitos afectados.
2.  La suspensión se hará efectiva mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a 
propuesta del titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previo informe del ministerio competente por razón de la materia, en el cual se especificará 
la fecha efectiva de la suspensión.
CAPÍTULO II
Relaciones profesionales y laborales
Sección 1.ª  Profesiones y función pública
Artículo 4.  Acceso y ejercicio de profesión.
1.  Los nacionales del Reino Unido que, a 31 de diciembre de 2020, estén ejerciendo 
de forma permanente en España una profesión o actividad profesional para cuyo acceso 
y ejercicio se exigiese ser nacional de un Estado miembro podrán continuar ejerciéndola 
en las mismas condiciones y sin necesidad de realizar trámites adicionales, cumpliendo en  e.
todo caso con el resto de requisitos a los que se encuentre sometido su ejercicio. w.b
2.  Los nacionales del Reino Unido podrán participar en la realización de las pruebas  266ww
dsoel icaiptatirt uedl  tpráamrai tee l daec cdeisspoe nasl ae jdeerc incaioc iodnea dlideatedr,m einn aadqause lplaros fepsruioenbeass,  dsein  anpetictueds ideand q duee 
ddiec h2o0 2tr1á.mite fuera exigible, y siempre que estas se hayan convocado antes del 1 de enero
3.  Las solicitudes de reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en el 
Reino Unido o en cualquier otro Estado miembro que se presenten por nacionales del 
Reino Unido ante las autoridades españolas con anterioridad a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley, así como dentro de los cinco años siguientes, se resolverán de acuerdo 
con el régimen jurídico vigente a 31 de diciembre de 2020, siempre que la admisión al 
inicio de los estudios o actividades que conduzcan a su obtención se hubiera efectuado 
con anterioridad al 1 de enero de 2021.
En el caso específico de las solicitudes de reconocimiento automático de títulos de 
formación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y siguientes del Real 
Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación 
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), 
que sean presentadas por nacionales del Reino Unido ante las autoridades españolas con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, así como dentro de los cinco 
años siguientes, podrán ser objeto de dicho reconocimiento, siempre que la admisión al 
inicio de los estudios que hayan conducido o conduzcan a la concesión de dichos títulos 
se hubiera efectuado con anterioridad al 1 de enero de 2021, con independencia de la 
fecha de expedición del título, salvo si el Reino Unido modificara la formación necesaria 
para la obtención de alguna de estas titulaciones, apartándose sustancialmente de las 
condiciones mínimas de formación establecidas a nivel europeo. Esta circunstancia se 
constatará mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
4.  Las solicitudes de reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas por 
españoles o por nacionales de otro Estado miembro en el Reino Unido, que sean 
presentadas ante las autoridades españolas con anterioridad a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley, así como dentro de los cinco años siguientes, se resolverán de acuerdo 
con el régimen jurídico vigente a 31 de diciembre de 2020 siempre que la admisión al inicio 
de los estudios o actividades que conduzcan a su obtención se hubiera efectuado con 
anterioridad al 1 de enero de 2021.
En el caso específico de las solicitudes de reconocimiento automático de títulos de 
formación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y siguientes del Real 
Decreto 581/2017, de 9 de junio, que sean presentadas por españoles o por nacionales de 
otro Estado miembro ante las autoridades españolas con anterioridad a la entrada en vigor 
de este real decreto-ley, así como dentro de los cinco años siguientes, podrán ser objeto 
de dicho reconocimiento, siempre que la admisión al inicio de los estudios que hayan 
conducido o conduzcan a la concesión de dichos títulos se hubiera efectuado con 
anterioridad al 1 de enero de 2021, con independencia de la fecha de expedición del título, 
salvo si el Reino Unido modificaran la formación necesaria para la obtención de alguna de 
estas titulaciones, apartándose sustancialmente de las condiciones mínimas de formación 
establecidas a nivel europeo. Esta circunstancia se constatará mediante acuerdo del 
Consejo de Ministros.
5.  Los nacionales del Reino Unido establecidos en el Reino Unido, o en un Estado 
miembro de la Unión Europea, así como los nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea establecidos en el Reino Unido, que ejerzan en España una profesión o actividad 
profesional de manera temporal u ocasional, en las condiciones previstas por el Título II 
del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, y en el resto de normativa vigente en la materia 
en España, podrán continuar ejerciéndola con la exclusiva finalidad de cumplir los  es
contratos vigentes celebrados con anterioridad al 1 de enero de 2021. o
dmpsioenarc n leLapelar orTaassíc  tituibpeóliemonlir d IsppIao orddenrea valdli  saRue  e  ecoarnocel m aDnEsopesiorvpceanraenacñtdilao,oi   dpn5cao8eosd1sn /r, 2eá v0snnisi1  etc7aemo, l  andpp terieáne j9rue r arqadcreuf eoe ejr uj  easnsrnuiecot i e,pé rdrrneiouodsfrreopa slenqaiótt ueeene nnl  ao  hl l avauaassbc li ctideidovereinadzmd nadid cáeei s oplfa nerc oecdofsteeun cspadliardoiecrnoavioa cisulni ótndeanaess,      OE-A-2020-17266able en https://www.
aplicables.
A tal fin, los nacionales del Reino Unido que se encontrasen en España con anterioridad 
al 1 de enero de 2021 podrán permanecer en España sin que sea necesario obtener una 
previa autorización de residencia y trabajo. Lo establecido en este párrafo se encuentra 
condicionado a la concesión de un tratamiento recíproco por las autoridades británicas 
competentes, en los términos previstos en el artículo 3.1.
6.  Hasta el 30 de junio de 2021, las sociedades profesionales constituidas de 
conformidad con la legislación del Reino Unido, cuyo domicilio, cuya administración 
central o cuyo centro de actividad principal se encuentre en el Reino Unido, que viniesen 
operando habitualmente en España con anterioridad a esa fecha al amparo de lo previsto 
en la disposición adicional séptima de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, podrán continuar ejerciendo en España la actividad que constituya su 
objeto social.
El ejercicio del objeto social por parte de las sociedades a que se refiere el párrafo 
anterior deberá realizarse por personas que estén colegiadas en España en el Colegio 
Profesional correspondiente.
7.  Durante 2021, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría inscritos en el 
Registro Oficial de Auditoría de Cuentas a 31 de diciembre de 2020 no quedarán afectados 
por el hecho de que el Reino Unido pase a ser considerado un país tercero a los efectos del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas.
8.  Lo establecido en este artículo, salvo su apartado 4, se encuentra condicionado a 
la concesión de un tratamiento recíproco por las autoridades británicas competentes, en 
los términos previstos en el artículo 3.1.
Artículo 5.  Normas aplicables al acceso y mantenimiento de la condición de empleados 
públicos de los nacionales del Reino Unido al servicio de las Administraciones Públicas 
españolas.
1.  El personal funcionario de carrera, interino y en prácticas nacional del Reino 
Unido, o que reúna las circunstancias personales previstas en el artículo 57.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que preste servicio en las Administraciones Públicas 
españolas, cuyo acceso o inicio de actividad se hubiera producido con anterioridad al 1 de 
enero de 2021, continuará prestando sus servicios en las mismas condiciones.
2.  Los nacionales del Reino Unido podrán participar en los procesos selectivos de 
personal funcionario de las Administraciones Públicas españolas, siempre que la fecha de 
expiración del plazo de presentación de solicitudes para participar haya sido anterior al 1 
de enero de 2021.
3.  Los nacionales del Reino Unido podrán mantener su condición de empleado 
público como personal laboral, de conformidad con lo previsto por el artículo 57.4 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
4.  Lo establecido en este artículo, se encuentra condicionado a la concesión de un 
tratamiento recíproco por las autoridades británicas competentes, en los términos previstos 
en el artículo 3.1.
Sección 2.ª  Relaciones laborales
Artículo 6.  Régimen transitorio aplicable en relación con los trabajadores desplazados  s
temporalmente en el marco de una prestación de servicios. oe.
1.  Las empresas establecidas en España que el 1 de enero de 2021 tengan  266ww
tlara Dbairjeacdtoivrae s9 6d/e7s1p/lCaEza, ddoesl  Pteamrlpaomreanlmtoe nEtuer oapl eRoe iyn od eUl nCidoon soe jGo,i bdrea lt1a6r  ddee  cdoicniefomrmbried,a sdo cboren 
edle dbeesrápnla zsaemguieirn taop dlicea tnradboa jlaad loergeiss laefceiócntu addeol  Rene ienlo m Uanrcidoo d dee u ntraa npsrepsotsaicciióónn  ddee  slae rvciictaiodsa, 
Directiva durante el periodo de desplazamiento de los mismos.
2.  Esta previsión solo será aplicable en caso de que se reconozca por parte de las 
autoridades competentes un tratamiento recíproco a los trabajadores que estén 
desplazados temporalmente a España por empresas establecidas en el Reino Unido o en 
Gibraltar de conformidad con la Directiva 96/71/CE.
3.  Los trabajadores de empresas establecidas en el Reino Unido o en Gibraltar que 
hayan sido desplazados a España en el marco de una prestación de servicios con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2020 podrán, a partir del 1 de enero de 2021, 
permanecer en España para la prestación de dicho servicio hasta que concluya la duración 
prevista del desplazamiento que fue comunicado a la autoridad laboral correspondiente. A 
tal fin, no será necesario obtener una autorización previa de residencia y trabajo.
Lo establecido en este apartado se encuentra condicionado a la concesión de un 
tratamiento recíproco por las autoridades competentes, en los términos previstos en el 
artículo 3.1.
4.  En aquellos supuestos en los que, habiéndose iniciado el desplazamiento 
antes del 31 de diciembre de 2020, se quiera extender la duración inicialmente prevista 
del desplazamiento, será necesario obtener una autorización previa de residencia y 
trabajo, conforme a lo previsto en la normativa de extranjería, no siendo exigible la 
obtención de visado. Esta autorización será solicitada por la empresa establecida en 
España a favor del trabajador desplazado y no será de aplicación la situación nacional 
de empleo.
5.  Los trabajadores de empresas establecidas en el Reino Unido o en Gibraltar que 
sean desplazados a España a partir del 1 de enero de 2021 deberán obtener los 
preceptivos visados o autorizaciones de residencia y trabajo previstas en la normativa de 
extranjería española sin perjuicio de los compromisos que se asuman en el marco de un 
eventual acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Artículo 7.  Mantenimiento de los comités de empresa europeos en empresas o grupos de 
empresas de dimensión comunitaria con el Reino Unido.
Los comités de empresa europeos o los procedimientos alternativos de información y 
consulta a los trabajadores constituidos, en los que participen trabajadores o empresas del 
Reino Unido y que tengan su dirección central en España, y que hayan sido acordados con 
anterioridad al 1 de enero de 2021, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/1997, 
de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las 
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, seguirán vigentes en los 
términos previstos en dicha ley, en tanto no se proceda a la modificación de los mismos en 
los términos previstos en la citada norma.
Sección 3.ª  Actividades de investigación e innovación
Artículo 8.  Ejercicio de actividades de investigación, desarrollo e innovación.
1.  Aquellos nacionales del Reino Unido, que a 31 de diciembre de 2020, estén 
ejerciendo en España actividades de investigación, desarrollo e innovación, 
entendidas estas como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para 
incrementar el volumen de conocimientos, en cualquiera de las áreas de la ciencia, 
incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, así como el uso de esos 
conocimientos para crear nuevas aplicaciones y servicios, su transferencia y 
divulgación, tanto en entidades de naturaleza pública como en aquellas de naturaleza  e.
privada, con o sin ánimo de lucro, podrán continuar ejerciéndolas en los mismos  w.b
términos en que lo tengan reconocido, siéndoles de aplicación la legislación española  266ww
veisgpeanñteol,e ssi epmorp prea ryte c duea nladso a sueto rreidcaodneosz ccao mupne ttreanttaems ieenn teol  rReeciínporo Ucnoi dao  loo se nn aGciibornaaltlaers.
2.  En todo caso, se entenderán también incluidos en lo dispuesto en el presente 
artículo los nacionales del Reino Unido que tengan la naturaleza de personal 
investigador de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación, así como el personal docente e investigador definido en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Sección 4.ª  Seguridad Social.
Artículo 9.  Determinación de la legislación aplicable en materia de Seguridad Social.
Con el fin de determinar la legislación aplicable en materia de Seguridad Social, 
siempre que las autoridades británicas actúen en reciprocidad, según lo establecido en el 
artículo 3.1 del presente real decreto-ley, España aplicará las siguientes reglas a aquellas 
personas que puedan estar sujetas a legislaciones de Seguridad Social de España y el 
Reino Unido:
1.  A tal efecto, las personas que perciben una prestación en metálico por el hecho o 
como consecuencia de su actividad por cuenta ajena o propia serán consideradas como si 
ejercieran dicha actividad. Esta regla no se aplicará a las pensiones de invalidez, de vejez 
o supervivencia, a las rentas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, ni a las 
prestaciones por enfermedad en metálico que sean de duración ilimitada.
2.  Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado 5:
a)  La persona que ejerza una actividad por cuenta ajena o propia en un Estado, 
Reino Unido o España, estará sujeta a la legislación de Seguridad Social de ese Estado.
b)  Los empleados públicos estarán sujetos a la legislación del Estado, Reino Unido 
o España, del que dependa la Administración que los ocupa.
c)  La persona llamada o vuelta a llamar al servicio militar o al servicio civil de un 
Estado, Reino Unido o España, está sujeta a la legislación de ese Estado.
d)  Cualquier otra persona a la que no le sean aplicables las disposiciones de los 
apartados a) a c) estará sujeta a la legislación del Estado, Reino Unido o España, en el 
que resida.
3.  A los efectos del presente artículo, una actividad por cuenta ajena o propia ejercida 
normalmente a bordo de un buque en el mar que enarbole pabellón de un Estado, Reino 
Unido o España, se considerará una actividad ejercida en dicho Estado. No obstante, la 
persona que ejerza una actividad por cuenta ajena a bordo de un buque que enarbole 
pabellón de un Estado, Reino Unido o España, y que sea remunerada por esta actividad 
por una empresa o una persona que tenga su sede o su domicilio en el otro Estado, estará 
sujeta a la legislación de este último si reside en el mismo. La empresa o persona que 
abone la remuneración será considerada como empresario a efectos de dicha legislación.
4.  La actividad de un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina en el marco de 
una prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros o mercancías se considerará 
una actividad realizada en el Estado, Reino Unido o España, en el que se encuentra la 
correspondiente base aérea.
5.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:
a)  La persona que ejerza una actividad asalariada en un Estado, Reino Unido o 
España, por cuenta de un empleador que ejerce normalmente en aquel sus actividades y  s
al que este envíe para realizar un trabajo por su cuenta en el otro Estado, seguirá sujeta a  e.
la legislación del primer Estado, a condición de que la duración previsible de dicho trabajo  w.
no exceda de veinticuatro meses y de que dicha persona no sea enviada en sustitución de  266ww
otrab p)e rsLoan pae.rsona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia en un Estado,
Rseeginuoir áU snuidjeota o a  Elas pleagñisal,a cyi óqnu ed evl apyraim ae rr Eeastliazdaor , uan cao andcticivióidna dde s qimueil alar  edunr aecl ioótnr op rEesvitsaidbole,   BOE-A-cable e
de esa actividad no exceda de 24 meses.
Sección 5.ª  Acceso a las prestaciones por desempleo
Artículo 10.  Acceso a las prestaciones por desempleo.
1.  Los períodos de seguro acreditados en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea hasta el 31 de diciembre de 2020, incluidos los realizados en el sistema de 
Seguridad Social británico, serán tenidos en consideración para el acceso y el cálculo de 
las prestaciones por desempleo o cese de actividad reguladas en los Títulos III y V del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por nacionales del Reino Unido, cuando se haya 
cotizado en último lugar en España y siempre que se mantenga el derecho a residir 
legalmente en España, de conformidad con lo previsto en los Reglamentos (CE) de 
coordinación de los sistemas de Seguridad Social.
2.  Los períodos de seguro acreditados en el sistema de Seguridad Social británico 
hasta el 31 de diciembre de 2020, serán tenidos en consideración para el cálculo y acceso 
a las correspondientes prestaciones por desempleo y cese de actividad reguladas en los 
Títulos III y V del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea, cuando se haya cotizado en último lugar en España, de 
conformidad con lo previsto en los Reglamentos (CE) de coordinación de los sistemas de 
Seguridad Social.
3.  Los ciudadanos de la Unión Europea que se desplazan diariamente a Gibraltar 
para realizar una actividad laboral y que mantienen la residencia en España y no se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de Retirada, podrán acceder, 
hasta el 31 de diciembre de 2022, a las prestaciones por desempleo, por los períodos de 
seguro acreditados en Gibraltar antes y después de la finalización del período transitorio, 
sin que sea necesario que hayan cotizado en último lugar en España.
En los supuestos de períodos de seguro acreditados o realizados en Gibraltar a partir 
del 1 de enero de 2021, se reclamará a las autoridades británicas correspondientes el 
reembolso de las prestaciones abonadas por España cuando se acuerde un instrumento 
internacional que establezca los mecanismos de colaboración necesarios para el 
reembolso y la concesión de prestaciones por desempleo a los trabajadores mencionados 
en este artículo.
CAPÍTULO III
Asistencia sanitaria y acceso a la Universidad
Artículo 11.  Acceso a la asistencia sanitaria.
1.  Hasta el 30 de junio de 2021 España aplicará las siguientes reglas en materia de 
acceso a la asistencia sanitaria:
a)  Las personas con derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o en Gibraltar 
a cargo de las entidades correspondientes, recibirán la asistencia sanitaria del Sistema 
Nacional de Salud español, en los mismos términos y con sujeción a las mismas 
condiciones establecidas con anterioridad al 1 de enero de 2021, siempre que el Reino 
Unido preste asistencia sanitaria a los españoles y nacionales de otros países con derecho 
a la asistencia sanitaria a cargo de España, en los mismos términos y condiciones  s
establecidos con anterioridad al 1 de enero de 2021, y reembolse a España los gastos  oe.
dlacooessrirs riventeasandpccooioisnan d dasieelae nnlsatie  taads.sreiials  tReeennci neiaol   sRUaenniiindtaoor  iUao n pcirdieuosd toaa ddGaai nbporoasrl  tedaler S  acis ucteaamlrqgauo i Nedrae co iltoarnosa  epl nadteíisd  Sacadoleunsd  d beersripteáacnñhiocola  aas    2020-17266n https://www.
b)  Las tarjetas sanitarias individuales expedidas a favor de los ciudadanos a los que 
se refiere el apartado anterior que residen en España seguirán vigentes y tendrán plena 
eficacia hasta el 30 de junio de 2021 para recibir asistencia sanitaria en los servicios del 
Sistema Nacional de Salud.
En los casos de estancia temporal y tratamientos programados, las personas a las que 
se refiere el apartado a) deberán aportar un documento acreditativo de la cobertura 
sanitaria a cargo de las entidades correspondientes, que será admitido por todos los 
centros sanitarios que integran el Sistema Nacional de Salud.
Cuando las personas a las que se refiere el apartado a) sean residentes en España y 
carezcan de tarjeta sanitaria individual, deberán presentar ante el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social el documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria a cargo 
de las entidades británicas correspondientes, emitido por estas a tal efecto.
c)  El  derecho  a  asistencia  sanitaria  a  cargo  de  las  entidades  británicas 
correspondientes de las personas a las que se refiere el apartado a), será prioritario 
respecto de cualquier posible derecho derivado de la residencia o estancia en España.
d)  España abonará a las entidades británicas correspondientes la asistencia sanitaria 
prestada en su sistema público sanitario a los ciudadanos españoles y nacionales de otros 
países que tengan derecho a la asistencia sanitaria a su cargo, en las mismas condiciones 
que regían con anterioridad al 1 de enero de 2021, siempre que dichas entidades actúen 
en reciprocidad.
e)  España facturará a las entidades británicas correspondientes los costes de la 
asistencia sanitaria prevista en el apartado a).
f)  Los procedimientos de facturación y reembolso de los costes de la asistencia 
sanitaria prestada conforme al presente artículo, así como los importes y los criterios de 
cálculo para su actualización y pago, serán los mismos que los seguidos hasta el 31 de 
diciembre de 2020.
g)  A partir del 1 de enero de 2021, la competencia en la gestión de los procedimientos 
previstos en el presente artículo, continuará correspondiendo al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
2.  La dispensación de recetas de medicamentos extendidas en el Reino Unido y en 
Gibraltar se mantendrá vigente en los términos previstos en el Real Decreto 1718/2010, de 
17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, siempre que el Reino 
Unido y Gibraltar actúen en reciprocidad.
3.  En el caso de que no se produzcan el trato equivalente o el reembolso de gastos 
que prevén los apartados 1 y 2, se procederá de la forma establecida en el artículo 3.1.del 
presente real decreto-ley.
Artículo 12.  Acceso a la Universidad.
Los alumnos y alumnas procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido podrán 
seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la Universidad española para el curso 
2021-2022 en los mismos términos previstos para los alumnos procedentes de sistemas 
educativos de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que cumplan los requisitos 
académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
CAPÍTULO IV
Actividades económicas e.e
Sección 1.ª  Servicios financieros 266ww
Artículo 13.  Continuidad de los contratos.
1.  Los contratos de prestación de servicios bancarios, de valores, de seguros u otros
servicios financieros en virtud de los que una entidad preste servicios en España estando
domiciliada en el Reino Unido, y autorizada o registrada por la autoridad competente del 
Reino Unido, y que se hayan suscrito con anterioridad al 1 de enero de 2021, mantendrán 
su vigencia en los términos previstos en los apartados 2 y 3 del presente artículo, así como 
en los términos previstos contractualmente mientras éstos no se opongan a lo previsto en 
dichos apartados.
2.  A partir del 1 de enero de 2021, a las entidades mencionadas en el apartado 
1, se les aplicará el régimen previsto en la legislación sectorial para entidades de 
Estados terceros para la prestación de servicios bancarios, de valores, de seguros 
u otros servicios financieros, debiendo obtenerse nueva autorización en los 
siguientes casos:
a)  Para la renovación de contratos suscritos con anterioridad al 1 de enero de 2021.
b)  Para la introducción de modificaciones en los contratos suscritos con anterioridad 
al 1 de enero de 2021, que supongan la prestación de nuevos servicios en España o que 
afecten a obligaciones esenciales de las partes.
c)  En aquellos supuestos en los que las actividades vinculadas a la gestión de los 
contratos requieran autorización.
d)  Para la celebración de nuevos contratos.
Las actividades derivadas de la gestión de contratos suscritos con anterioridad a 1 de 
enero de 2021 y que no incurran en ninguno de los supuestos señalados en las letras a) a 
c) no requerirán nueva autorización.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la autorización o registro 
concedido inicialmente por la autoridad británica competente a las entidades a las que se 
refiere el apartado 1 mantendrá provisionalmente su vigencia, hasta el 30 de junio de 
2021, para realizar las actividades que sean necesarias a efectos de llevar a cabo la 
ordenada terminación o cesión de los contratos suscritos antes del 1 de enero de 2021 a 
entidades debidamente autorizadas para prestar en España los servicios financieros en los 
términos previstos contractualmente.
En el supuesto de que se trate de entidades aseguradoras, el periodo previsto en este 
apartado se podrá extender hasta el 31 de diciembre de 2022, para gestionar aquellas 
carteras existentes de contratos de seguro en proceso de poner fin a sus actividades, 
siempre que la entidad aseguradora aporte un plan de contingencia y que se autorice 
expresamente por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
4.  El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su ámbito competencial, tendrán las 
facultades de supervisión correspondientes y, en particular, podrán requerir a las entidades 
a las que se refiere el apartado 1 para que aporten cualquier documentación o información 
o para que realicen cuantas actuaciones resulten necesarias.
En caso de que el requerimiento no fuera atendido satisfactoriamente dentro del plazo 
concedido, las autoridades supervisoras podrán también dejar sin efecto, en relación con 
la entidad correspondiente, la vigencia provisional. En dicho caso, se comunicará a la 
entidad afectada que está llevando a cabo una actividad reservada sin autorización, 
quedando sujeta al régimen sancionador de la normativa española aplicable en caso de 
ejercicio sin autorización de actividades reservadas.
5.  El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones adoptarán, dentro de sus respectivos ámbitos, 
cuantas medidas sean pertinentes para garantizar la seguridad jurídica y para salvaguardar 
los intereses de los usuarios de servicios financieros que pudieran verse afectados por la  e.e
salida del Reino Unido de la Unión Europea. w.b
Sección 2.ª  Contratación pública
Artículo 14.  Régimen jurídico aplicable a los procedimientos de contratación pública.
1.  A los operadores económicos del Reino Unido que participen en procedimientos 
de adjudicación sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero; al Real 
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de 
la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y 
fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; o a la Ley 24/2011, de 1 
de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la 
seguridad; y cuyo expediente de contratación se hubiera iniciado antes del 1 de enero 
de 2021, les seguirán siendo de aplicación las normas previstas en estas leyes y en sus 
normas de desarrollo para las empresas pertenecientes a Estados miembros de la 
Unión Europea.
A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados 
si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación 
del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, se considerará que 
el procedimiento se ha iniciado en el momento en que el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora se pongan en contacto con operadores económicos a propósito del 
procedimiento específico.
2.  Los operadores económicos del Reino Unido que participen en procedimientos de 
adjudicación sujetos a la normativa de contratación pública citada en el apartado anterior, 
cuyo expediente de contratación se hubiera iniciado tras la finalización del periodo 
transitorio a que se refiere el artículo 126 del «Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica», les será de aplicación el régimen previsto en dicha normativa para las 
Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Sección 3.ª  Autorizaciones y licencias
Artículo 15.  Permisos de conducción.
1.  Los permisos de conducción, válidos y en vigor, expedidos por las autoridades 
británicas habilitarán a sus titulares a conducir en nuestro país durante un plazo de seis 
meses, desde el 1 de enero de 2021.
2.  Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, el régimen de los permisos 
de conducción expedidos por las autoridades británicas será el previsto para los permisos 
expedidos en terceros países, en los términos regulados en la normativa vigente en 
materia de tráfico.
Artículo 16.  Importación y exportación de material de defensa y doble uso con el Reino Unido.
1.  Las autorizaciones de importaciones y exportaciones de material de defensa con 
origen y destino al Reino Unido que estén en vigor y que hubiesen sido autorizadas en 
aplicación del artículo 2 del Reglamento de control del comercio exterior de material de  es
defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real  bo
Decreto 679/2014, de 1 de agosto, que tengan como país de destino o país de  266ww
pSeexnreopercáoreor td nadeecenci oce2nis0aea2 ser1 ilea,    Rsilmeaeg pineúoomnr t aUilsocni óipoidnrnoe ed,vs eiss q etlouag e urc einrosáorpn rhee uscsibtpeoioen ansd edolani evs sn áaitldeiudo ta aoasruui zthtooaarrcisizizotaaancd eliaaóss n f d ecepoc ahncra oaa m ndateeeqr rucsioieuorl  ildceaaaxsddt enu arucilo ied1rv a ddadees.     OE-A-2020-17able en https://
material de defensa con terceros países. Las autorizaciones podrán revestir cualquiera de
los tipos descritos en el apartado 2 del artículo 20 del mencionado Reglamento, salvo la 
modalidad de Licencia General para Transferencias Intracomunitarias de Material de 
Defensa, prevista en el epígrafe g).
2.  Las autorizaciones de transferencias intracomunitarias de productos y 
tecnologías de doble uso que estén en vigor y que hubiesen sido autorizadas en 
aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo, 
por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la 
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso, que tengan como país 
de destino al Reino Unido seguirán siendo válidas en todo el territorio de la Unión 
Europea hasta la fecha de su caducidad. A partir del 1 de enero de 2021, las 
exportaciones de los productos contemplados en el Anexo IV del mencionado 
Reglamento serán autorizadas conforme a lo recogido en el apartado siguiente.
3.  Las exportaciones al Reino Unido de productos y tecnologías de doble uso 
recogidas en el Anexo I del Reglamento (CE) n.º 428/2009, requerirán de la correspondiente 
autorización para aquellas exportaciones que no hubiesen sido autorizadas con 
anterioridad al 1 de enero de 2021, según lo previsto respecto a las autorizaciones de 
comercio exterior de productos y tecnologías de doble uso con terceros países. Las 
autorizaciones podrán revestir cualquiera de los tipos descritos en el artículo 20 del 
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso.
4.  Todos aquellos productos y tecnologías de doble uso incluidos en la Autorización 
General EU001 podrán ser exportados de forma definitiva bajo esta autorización al Reino 
Unido a partir del 1 de enero de 2021. Será necesaria la inscripción previa del operador en 
el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de 
Doble Uso (REOCE) y la notificación a la Subdirección General de Comercio Internacional 
de Material de Defensa y Doble Uso en lo que respecta a la intención de acogerse a ella.
5.  Las importaciones de productos y tecnologías de doble uso desde el Reino Unido 
requerirán de la correspondiente autorización para todos los productos incluidos en el 
anexo III.3 del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro 
material y de productos y tecnologías de doble uso.
Artículo 17.  Autorizaciones sobre armas, explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería.
1.  Las autorizaciones y consentimientos previos de transferencias de armas, 
explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería expedidos con anterioridad al 1 de enero 
de 2021, tendrán validez hasta la fecha de expiración del plazo fijado en dichas 
autorizaciones o consentimientos previos.
2.  A partir del 1 de enero de 2021, dejarán de expedirse nuevas autorizaciones y 
consentimientos previos de transferencias, y se aplicará el régimen general de importación, 
tránsito y exportación de mercancías.
3.  Las Tarjetas Europeas de Armas de Fuego expedidas por el Reino Unido perderán 
su validez en España a partir del 1 de enero de 2021. Las expedidas previamente por 
España perderán su validez en el Reino Unido a partir de esa misma fecha, salvo 
disposición contraria de este último Estado.
4.  La aplicación de lo previsto en los apartados anteriores de este artículo estará 
condicionada a la adopción por las autoridades británicas competentes de un tratamiento 
recíproco, en los términos previstos en el artículo 3.1.del presente real decreto-ley.
5.  Todo producto explosivo o artículo pirotécnico en cuyo procedimiento de evaluación 
de la conformidad haya participado un Organismo Notificado del Reino Unido, no podrá  e.
comercializarse a partir del 1 de enero de 2021. w.
Artículo 18.  Autorizaciones de traslados de residuos.
ReinLoa sU anuidtoor iezxapceiodnideas sd ceo tnra asnlatedroiso rdidea dre asild 1u odse  qeunee rteon dgea n2 0s2u1 o priogre nla so  cdoemstuinnoid eand eesl 
autónomas, tendrán validez hasta la fecha de expiración del plazo fijado en dichas 
autorizaciones.
CAPÍTULO V
Servicios aeroportuarios
Artículo 19.  Prestaciones públicas por salida de pasajeros embarcados con destino a un 
aeropuerto en el Reino Unido.
Desde el 1 de enero de 2021 y hasta que se determine lo contrario en el proceso anual 
de actualización de las tarifas previsto en el artículo 34 de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, a los efectos previstos en los artículos 78 y 89.1.a) 1.5 de la Ley 21/2003, de 7 
de julio, de Seguridad Aérea, los importes aplicables al destino internacional Reino Unido 
serán idénticos a los aplicados al grupo de destinos Espacio Económico Europeo.
Disposición adicional primera.  Autorización adicional de plazas de ICEX España 
Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., previa autorización de los 
Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, a través de las 
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y Función Pública, 
podrá realizar ocho contrataciones indefinidas de personal laboral, del grupo profesional 
técnico, adicionales a las correspondientes a su tasa de reposición de efectivos.
Disposición adicional segunda.  Autorización adicional de plazas a Autoridades Portuarias.
Las Autoridades Portuarias tendrán en el año 2021 una oferta de 56 plazas, adicionales 
a las autorizadas en el Real Decreto de Oferta de Empleo Público, que podrán ser 
convocadas desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Disposición adicional tercera.  Homologación, declaración de equivalencia y convalidación 
de títulos y estudios.
1.  No se requerirá la apostilla del Convenio de La Haya en los documentos de las 
solicitudes de homologación y declaración de equivalencia de títulos procedentes de 
Universidades y otros Centros e Instituciones de educación superior del Reino Unido, que 
hubieran sido presentadas ante las autoridades españolas con anterioridad al 1 de julio de 
2021 al amparo del procedimiento previsto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación 
y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la 
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para 
determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la 
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
2.  Tampoco se requerirá la apostilla del Convenio de La Haya en los documentos de 
las solicitudes de homologación y convalidación de títulos y estudios no universitarios 
realizados en el sistema educativo del Reino Unido que hubieran sido presentadas ante 
las autoridades españolas con anterioridad al 1 de julio de 2021 al amparo del  e.
procedimiento previsto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación  w.b
y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria. 266ww
Disposición adicional cuarta.  Contratación pública en la ejecución de las medidas 
previstas.
En los supuestos en que sea preciso celebrar contratos en el ámbito del sector público 
para hacer efectivas las medidas contenidas en el presente real decreto-ley, o para adaptar 
la situación a las consecuencias derivadas de la retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea, sin la adopción de un Acuerdo de relación futura, podrán resultar de aplicación 
los artículos 119 y 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
en los términos establecidos en dichas disposiciones.
Disposición adicional quinta.  Créditos presupuestarios.
Las medidas recogidas en este real decreto-ley se financiarán de conformidad con lo 
previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dentro de las 
disponibilidades presupuestarias.
Disposición adicional sexta.  Prórroga de la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de 
febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.
Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para el año 2021 en el marco del diálogo social, en los términos 
establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, se prorroga la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.
Disposición transitoria única.  Beneficiarios de prestaciones por desempleo.
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en España que tuviesen 
autorizada la exportación de su derecho antes del 1 de enero de 2021 para realizar 
acciones de perfeccionamiento profesional o de búsqueda de empleo en el Reino 
Unido o en Gibraltar, podrán continuar percibiéndolas hasta la finalización del periodo 
inicial de tres meses por el que se les hubiese autorizado la exportación, no 
contemplando en estos casos la prórroga del mismo, siempre que los Servicios de 
Empleo británicos garanticen el mantenimiento de la inscripción de éstos hasta el final 
del derecho inicialmente concedido.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en el presente real decreto-ley.
2.  Queda derogado expresamente el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el 
que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en 
el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea. e
NavSUegena oicn. itóronSd Aeu écmreeonad :liafisc as igeul iaernttíecus lom ocdinifcicuaecnitoan eys n eune vlae ,L eely  c4u8a/l1 9p6a0sa,  dae  t2e1n edre l aju lsioig, usioebnrtee   2020-17266n https://www.
redacción:
«Artículo cincuenta y nueve.
El comandante de la aeronave es la persona designada por el operador para 
estar al mando y encargarse de la realización segura del vuelo.»
Dos.  Se modifica el artículo ochenta y ocho, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo ochenta y ocho.
Los servicios aéreos españoles para el tráfico internacional, de carácter regular, 
se establecerán mediante convenios con los Estados interesados. Los permisos o 
concesiones a empresas extranjeras para efectuar ese mismo tráfico se otorgarán 
normalmente bajo el principio de reciprocidad y sin perjuicio para los servicios 
nacionales.
Las aeronaves extranjeras de tráfico no regular necesitarán autorización para 
efectuar los servicios aéreos.»
Disposición final segunda.  Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 
de septiembre.
Se modifica la definición n.º 22 del Anexo II del Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 
5 de septiembre, que pasa a tener la siguiente redacción:
«22.ª  Servicio marítimo de autopistas del mar: aquel servicio marítimo regular, 
de alta frecuencia y regularidad, destinado a atender preferentemente tráfico de 
mercancías transportadas en elementos de transporte aptos para su circulación por 
carretera, que conecte los puertos españoles con puertos de otros países de la 
Unión Europea y del Reino Unido. Además, deberán formar parte integrante de las 
Autopistas del Mar de la Red Transeuropea de Transporte (con la salvedad de los 
puertos del Reino Unido), de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte 
y con el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo ‘‘Conectar Europa’’.»
Disposición final tercera.  Modificación de disposiciones reglamentarias.
Las disposiciones reglamentarias que resulten modificadas por este real decreto-ley 
podrán ser, posteriormente, modificadas por normas de rango reglamentario.
Disposición final cuarta.  Títulos competenciales.
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las siguientes competencias 
estatales:
Las previsiones contenidas en los artículos 4 y 5 y en la disposición adicional tercera 
se dictan al amparo del artículo 149.1.30.ª, 7.ª y 18.ª de la Constitución Española, que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones 
de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales; legislación  e
laboral, y régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones públicas,  bo
respectivamente. 266ww
1md4ea9l te.La1rar.ita7síc . ªdup edlroe e lve 6liags q iiCsoulnoaeenc sissó etnict u odlacnicibtóteoannrn aiE dlas,a lpss aaa eñmlvnoopl a alloa,r soqs   uapderre teaíl cvtariusirbltiooíucsnyu ee6los  a  ycl1  oE47n9s tst.ea1end. 2idod.i ªacl,ast  aq cenuon ema  llopa seatr tmiaebpnpuacayireratoa  a eddlxo ecEsll  us3atsa,ri tvd4íaco y u e lla5no     OE-A-2020-17able en https://
competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración y extranjería.
Las previsiones contenidas en el artículo 8 del capítulo II se dictan al amparo del 
artículo 149.1.7.ª y 15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación laboral y de fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica, respectivamente.
Las previsiones contenidas en el artículo 9 se dictan al amparo del artículo 149.1.17.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
Las previsiones contenidas en el artículo 10 se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de legislación laboral.
Las previsiones contenidas en el artículo 11 se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y 
coordinación general de la sanidad.
Las previsiones contenidas en el artículo 12 se dictan al amparo del artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre la regulación de 
las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Las previsiones contenidas en el artículo 13 se dictan al amparo del artículo 149.1.11.ª 
y 13.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en 
materia de bases de la ordenación de crédito, banca y seguros; y de bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Las previsiones contenidas en el artículo 14 y en la disposición adicional cuarta se 
dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas.
Las previsiones contenidas en el artículo 15 se dictan al amparo del artículo 149.1.21.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de tráfico y circulación de vehículos a motor.
Las previsiones contenidas en el artículo 16 se dictan al amparo del artículo 149.1.4.ª 
y 10.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en 
materia de Defensa y Fuerzas Armadas; y de comercio exterior, respectivamente.
Las previsiones contenidas en el artículo 17 se dictan al amparo del artículo 149.1.26.ª 
y 29.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en 
materia de régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; y de 
seguridad pública, respectivamente.
Las previsiones contenidas en el artículo 18 se dictan al amparo del artículo 149.1.23.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de legislación básica sobre protección del medio ambiente.
Las previsiones contenidas en el artículo 19 y en las disposiciones finales primera y 
segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.20.ª, que atribuyen al Estado las 
competencias exclusivas en materia de marina mercante y abanderamiento de buques; 
puertos de interés general; aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, 
tránsito y transporte aéreo.
Las previsiones contenidas en las disposiciones adicionales primera y segunda se 
dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva en materia de bases de régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.
Las previsiones contenidas en la disposición adicional sexta se dictan al amparo del  es
artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia  o
exclusiva en materia de legislación laboral. 266www.
Disposición final quinta.  Desarrollo reglamentario.
mini1s.t eriSaele sa,u etonr iezla á malb Gitoo bdiee rsnuos  yc oam plaeste pnecirasso,n aa sd itcittaurla crueas ndtaes  ldoiss pdoespicaiortnaems esnetaons   BOE-A-cable e
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
2.  A los efectos del artículo 27 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
la tramitación de los proyectos de disposiciones generales que tengan por objeto el 
desarrollo de este real decreto-ley tendrá carácter urgente en todo caso sin necesidad de 
que la urgencia se declare por Acuerdo del Consejo de Ministros, si bien se dará cuenta 
por parte del departamento ministerial proponente del inicio de la tramitación en el Consejo 
de Ministros inmediatamente posterior. En ese acuerdo de toma de conocimiento, el 
Consejo de Ministros establecerá, en su caso, el plazo en que habrá de evacuarse el 
dictamen del Consejo de Estado, cuando resulte preceptivo. Los restantes dictámenes 
preceptivos habrán de evacuarse por los órganos consultivos correspondientes por el 
procedimiento de urgencia regulado para cada uno de ellos.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor y vigencia.
1.  El presente real decreto-ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2021, salvo lo 
dispuesto en el apartado 2 de esta disposición.
2.  Los artículos 4, 9, 11 y el apartado 2 del artículo 14 no entrarán en vigor en el caso 
de que el 1 de enero de 2021 haya entrado en vigor un acuerdo de relación futura entre la 
Unión Europea y el Reino Unido que contemple expresamente las previsiones establecidas 
en dichos artículos. No obstante, si dicho Acuerdo fuese objeto de aplicación provisional y 
perdiese su vigencia al no ser ratificado por cualquiera de las partes, los artículos 4, 9, 11 
y el apartado 2 del artículo 14 entrarán en vigor en la fecha en que se produzca la pérdida 
de vigencia del Acuerdo.
3.  Los artículos 4, 9, 11 y el apartado 2 del artículo 14 perderán su vigencia si en 
cualquier momento posterior al día 1 de enero de 2021, entra en vigor un Acuerdo de 
relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido que contemple expresamente las 
previsiones establecidas en dichos artículos.
4.  Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de esta disposición final no será de aplicación 
a Gibraltar.
Dado en Madrid, el 29 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN