BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260 Jueves 1 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 83224
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE SANIDAD
11590 Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas 
en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por 
transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de 
fecha 30 de septiembre de 2020.
El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión 
de 30 de septiembre de 2020, ha aprobado el Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en salud 
pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada 
de infecciones causadas por el SARS-Cov-2.
A los efectos de dar publicidad y transparencia al mencionado Acuerdo,
Esta Secretaría de Estado de Sanidad ha resuelto disponer la publicación del mismo 
en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a esta resolución.
Madrid, 30 de septiembre de 2020.–La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia 
Calzón Fernández.
ANEXO
Acuerdo del Consejo Interterritoral del Sistema Nacional de Salud sobre la 
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante 
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 
causadas por el SARS-Cov-2
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió 
la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta crisis sanitaria sin 
precedentes y de enorme magnitud. En este sentido, el estado de alarma declarado 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer frente a la situación 
de emergencia sanitaria con medidas para proteger la salud y la seguridad de los 
ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de 
Salud.
El día 21 de junio finalizó el proceso de desescalada y la vigencia del estado de 
alarma, entrando el país en la etapa de nueva normalidad. En este escenario de control 
fue preciso adoptar una serie de medidas para seguir haciendo frente a la pandemia y 
evitar un nuevo incremento de casos. Con este objetivo se aprobó el Real Decreto-
ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y 
coordinación para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
donde se establecen las medidas generales de prevención y control que se deben  e
mantener durante esta nueva normalidad. bo
Asimismo, con el fin de intensificar las medidas de prevención, seguimiento y control  0w
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virus, minimizando su impacto en la salud y en la sociedad, las instituciones deben estar
preparadas  para  responder  a  cualquier  escenario  de  riesgo  para  la  salud  pública, 
asumiendo que es necesaria la coordinación y la toma de decisiones conjunta en función 
de los diferentes escenarios».
En este Plan de Respuesta se asumió el compromiso de garantizar una capacidad 
de detección y control suficiente para detectar el incremento de la transmisión en la 
población mediante el funcionamiento adecuado del sistema de alerta precoz y vigilancia 
epidemiológica, permitiendo una identificación y aislamiento precoz de las fuentes de 
infección.  Entre  otras  medidas,  en  dicho  Plan  se  acordó  garantizar  una  capacidad 
suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública y Atención Primaria 
dedicados  a  la  respuesta  de  COVID-19,  disponer  de  planes  de  contingencia  para 
asegurar una continuidad de la actividad de Salud Pública y Atención Primaria ante un 
posible incremento de la transmisión, identificar de forma precoz los contagios, buscar 
activamente los casos y aplicar medidas efectivas de aislamiento en los domicilios o en 
establecimientos designados por las autoridades.
Si bien es cierto que las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas han 
hecho y continúan haciendo importantes esfuerzos en el seguimiento y vigilancia de la 
epidemia,  con  grandes  avances  en  los  sistemas  de  detección  temprana  de  la 
enfermedad, el refuerzo de los servicios de salud pública y la adopción de diferentes 
medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios, es cierto que desde 
principios  de  agosto  comenzó  a  detectarse  un  incremento  de  la  incidencia  de  la 
enfermedad  en  todas  las  comunidades  autónomas  que  incluyó  un  componente  de 
transmisión comunitaria.
Con  la  finalidad  de  dar  respuesta  a  estas  situaciones,  el  Pleno  del  Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó, por consenso, con fecha 14 de 
agosto que fueran declaradas una serie de medidas como actuaciones coordinadas en 
salud pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento 
de casos positivos por COVID-19.
En concreto, se acordaron medidas de control en relación con los locales de ocio 
(cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas), con los establecimientos de 
hostelería y restauración (previsión de la 1:00 como hora máxima de cierre), respecto a 
los centros sociosanitarios de carácter residencial (limitación de las visitas a una persona 
por residente y limitación de las salidas de los residentes, entre otras), en relación con 
los  eventos  y  actividades  multitudinarios,  respecto  a  cribados  con  PCR  en  grupos 
específicos, en relación con el consumo de alcohol no autorizado en la vía pública 
(previsión de refuerzo de los controles y de aplicación de las sanciones) y el consumo de 
tabaco y asimilados (prohibición de fumar en la vía pública o espacios al aire libre 
cuando  no  se  pueda  respetar  una  distancia  mínima  interpersonal  de,  al  menos,  2 
metros).  Asimismo,  se  propusieron  tres  recomendaciones  en  la  línea  de  limitar  los 
encuentros  sociales  fuera  del  grupo  de  convivencia  estable,  así  como  realizar 
periódicamente pruebas  PCR a los  trabajadores de los centros sociosanitarios que 
estuvieran en contacto con residentes. Por último, se recogía una indicación con la 
finalidad de garantizar los medios y capacidades de los sistemas sanitarios para el 
cumplimiento de lo previsto en el Plan de Respuesta Temprana.
Posteriormente, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, acordó el 
pasado 27 de agosto, que fueran declaradas por el Ministro de Sanidad actuaciones 
coordinadas en salud pública frente al COVID-19, tanto para centros educativos durante 
el curso 2020-2021, como en relación con la vacunación frente a la gripe estacional. El 
primero de dichos Acuerdos fue adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial  s
de Educación, con el objetivo de retomar de forma prioritaria la actividad educativa  oe.
presencial, pero adoptando una serie de medidas de prevención, higiene y promoción de  w.
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sanitario y de las personas vulnerables, contribuye a captar mejor a la población diana
de la vacunación. De esta manera se pretende impulsar la consecución de los objetivos 
fijados para esta campaña.
Finalmente, el pasado día 9 de septiembre, el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud acordó que fueran declaradas nuevas actuaciones coordinadas para 
garantizar la aplicación correcta y equitativa de las medidas de prevención que estarán 
disponibles en los próximos meses, como la vacuna frente a la COVID-19, así como la 
realización de tres nuevas rondas del Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID. 
Asimismo, se acordaron actuaciones en relación con los cribados en asintomáticos, los 
cuales deben realizarse cuando se estime necesario y siempre bajo el criterio de la 
unidad de Salud Pública de la comunidad o ciudad autónoma, recomendándose que, 
siempre que sea posible, las pruebas a utilizar en los cribados sean aquellas en las que 
el proceso de validación se haya realizado en colaboración con el Instituto de Salud 
Carlos III y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Finalmente, 
se  acordaron  medidas  y  recomendaciones  para  reforzar  la  coordinación  con  las 
Entidades Locales.
La  necesidad  y  oportunidad  de  adoptar  estas  medidas  conjuntas  se  considera 
siempre a partir del seguimiento continuo que el Ministerio de Sanidad, en coordinación 
con las comunidades y ciudades autónomas, realiza de la evolución del virus y de su 
impacto en la capacidad de los sistemas sanitarios autonómicos, con el fin de detectar y 
actuar ante brotes o escenarios de transmisión comunitaria, y con el objetivo último de 
proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la 
enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud.
Dentro de esta tarea de seguimiento continuo de la evolución de la epidemia, se 
viene observando en las últimas semanas una situación de transmisión comunitaria en 
diversos  territorios  del  SARS-Cov-2  y  un  aumento  significativo  de  las  tasas  de 
hospitalización e ingresos en unidades de cuidados intensivos. Por este motivo, además 
de las medidas de prevención y protección individuales y colectivas ya establecidas, es 
necesario considerar la implementación de medidas más estrictas que permitan facilitar 
el control de la epidemia en aquellos territorios más afectados por la misma.
En ausencia de una vacuna segura y eficaz para proteger a la población, las medidas 
no farmacológicas o medidas de distanciamiento social son las intervenciones de salud 
pública más eficaces contra los riesgos del COVID-19. Para maximizar su efectividad 
deben  implementarse  conjuntamente  una  serie  de  medidas  de  forma  simultánea  y 
asegurar las capacidades que permitan detectar y actuar ante los casos.
El objetivo de las medidas de distanciamiento social, tanto en espacios públicos 
como privados, y de restricción de la movilidad es disminuir o interrumpir la transmisión 
del SARS-Cov-2 para proteger especialmente a aquellos grupos vulnerables con mayor 
riesgo y evitar superar la capacidad de atención del sistema sanitario.
Es recomendable que estas medidas más estrictas se dirijan específicamente a 
aquellos territorios o zonas geográficas con mayor propagación, en los que las medidas 
adoptadas en el marco del Plan de Respuesta Temprana y otros protocolos de actuación 
no han dado el resultado esperado. Todo ello con la finalidad de lograr el mayor beneficio 
para la salud pública y minimizar el impacto social y económico para el conjunto de la 
población.
Medidas similares ya fueron implementadas en el país en fases anteriores de la 
epidemia y se observaron útiles. Estas intervenciones son acordes con las orientaciones 
de la Organización Mundial de la Salud.
La incidencia de COVID-19 en España en la última semana ha superado los 250  s
casos  por  100.000  habitantes  (con  un  rango  entre  las  diferentes  comunidades  oe.
autónomas que oscila desde 107 a 784 casos por 100.000, a día 29 de septiembre), muy  w.
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melluays ,s uvipéenrdioorsees  eas ltaa  mtaesdai ain dfleu elan cCiaodmau, neidna md uAcuhtoósn ocmasao.s, por municipios con incidencias  BOE-A-cable e
Si bien es cierto que la incidencia de COVID-19 en un territorio no es el único 
indicador para valorar el riesgo poblacional y que las propuestas de actuación deben 
considerar  también  criterios  de  transmisión,  de  gravedad  de  la  enfermedad,  de 
capacidad de detección precoz y del sistema asistencial, de disponibilidad y aplicación 
de medidas de control de la transmisión y de protección de grupos vulnerables, también 
es cierto que la incidencia es un indicador prioritario, reconocido y recomendado por 
organismos internacionales, que permite valorar la efectividad de las medidas de control 
implementadas.
Una tasa de incidencia por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes puede 
considerarse un indicador de alto riesgo de transmisión descontrolada en el territorio 
afectado y, por lo tanto, se debe garantizar un alto nivel de capacidad de detección, 
control  de  la  transmisión  y  refuerzo  asistencial  para  evitar  un  gran  impacto  en  la 
población y, en particular, en los grupos más vulnerables. La concurrencia de una tasa 
superior a la señalada demuestra que tanto las medidas de control como las de refuerzo 
de capacidades, no han logrado alcanzar en los territorios afectados por esa incidencia 
el efecto deseado para hacer frente a la evolución ascendente de la curva epidémica. En 
particular, una tasa de incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, que 
duplica la considerada de alto riesgo, permite establecer un umbral significativamente 
elevado a partir del cual puede calificarse la situación como extrema, y da perfecta 
cuenta de la enorme gravedad de la propagación de la enfermedad en las unidades 
territoriales  que  la  experimentan.  A  partir  de  este  umbral,  resulta  imprescindible  la 
adopción con urgencia de medidas de choque dirigidas a tratar de controlar en el menor 
tiempo posible la situación extrema generada. Todo ello, sin perjuicio de recordar la 
conveniencia de actuar en todo caso con medidas proporcionales de intensidad variable 
desde el momento mismo en que la incidencia sobrepasa las tasas establecidas por los 
organismos internacionales en sus recomendaciones.
De esta manera, incidencias superiores a las mencionadas en el párrafo anterior en 
núcleos poblacionales grandes, con más volumen de intercambio de personas con otras 
zonas de la comunidad autónoma o del país, reducen substancialmente la capacidad de 
control  de  la  transmisión,  haciendo  necesaria  la  implementación  de  medidas  más 
severas. El control de la transmisión en estos núcleos poblacionales en situación de muy 
alto riesgo tendría además un impacto beneficioso importante en el resto del territorio.
En la actualidad hay en España 11 municipios de más de 100.000 habitantes, que 
incluyen 4.988.601 habitantes, con tasas de incidencia superiores a los 500 casos 
por  100.000  habitantes.  La  tasa  promedio  de  estos  municipios  es  de  892  casos 
por 100.000 en los 14 días valorados, más de tres veces la incidencia nacional, si bien la 
situación de estos territorios no es homogénea en términos de capacidad diagnóstica y 
asistencial. Esta incidencia representa un total de 44.518 casos notificados en estos 11 
municipios en un periodo de 14 días, aproximadamente un 33 % del total de casos 
notificados en toda España en ese periodo. Estas cifras no incluyen la transmisión que 
estos casos han podido generar en otros territorios.
Esta situación conlleva un impacto importante en los sistemas asistenciales tanto de 
atención primaria como hospitalarios, que ya tienen ocupaciones de camas en unidades 
de cuidados intensivos del 18% a nivel nacional, con cinco comunidades autónomas que 
superan ya el 25 % y una por encima del 40 %. Dado que el impacto en UCI se 
incrementa  y  mantiene  hasta  dos  y  tres  semanas  después  del  máximo  pico  de 
transmisión, el esfuerzo de control se debe mantener más allá del punto de inflexión de 
la curva epidémica para reducir suficientemente el impacto en el sistema sanitario. s
Otro de los indicadores que establece el Centro Europeo para la Prevención y  oe.
Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) como indicador de tendencia  w.
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descritas y evitar que la evolución de la epidemia en una parte del territorio pueda 
tener  un  efecto  negativo  en  otras  partes  del  mismo.  En  concreto,  aunque  es 
importante implementar medidas de control en todos los municipios con transmisión 
de SARS-Cov-2, sea cual sea su nivel, es especialmente urgente implementar las 
medidas necesarias para controlar la transmisión en los municipios con poblaciones 
mayores de 100.000 habitantes que presenten incidencias superiores a los 500 casos 
por 100.000 habitantes (salvo en los supuestos en que un porcentaje muy significativo 
de estos casos estén asociados a brotes bien identificados y controlados), con un 
porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección 
activa realizadas en las dos semanas previas superior al 10 %, y en los que la 
comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio presente una ocupación de 
camas por pacientes COVID-19 en unidades de cuidados intensivos superior al 35% 
de la dotación habitual (época pre-COVID-19) de camas de cuidados críticos en los 
centros hospitalarios existentes a la fecha de adopción del presente Acuerdo. Del 
mismo modo, se considera también conveniente que las autoridades autonómicas 
aprueben  planes  especiales  de  actuación  en  municipios  de  menos  de  100.000 
habitantes con una elevada incidencia acumulada de nuevos casos. Todo ello con el 
objetivo de proteger al máximo a las poblaciones afectadas, preservar la capacidad 
asistencial y minimizar el riesgo de exportación de una situación epidemiológica grave 
de un territorio a otro, tratando, en definitiva, de reducir las tasas de transmisión por 
debajo de los niveles de riesgo establecidos por los organismos internacionales.
El artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, prevé que la declaración de 
actuaciones  coordinadas  corresponde  al  Ministerio  de  Sanidad,  previo  acuerdo  del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades 
directamente afectadas.
En la Declaración de Actuaciones Coordinadas, habrán de incluirse únicamente las 
medidas que se consideran estrictamente necesarias e imprescindibles para atajar la 
situación de especial riesgo para la salud pública derivada del incremento de casos 
positivos por COVID-19, y que, por su naturaleza, se considera que tienen un impacto 
muy significativo en el objetivo de prevenir y controlar la expansión de la enfermedad.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 65.2.c) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
mediante esta Declaración se establecerán una serie de estándares mínimos que las 
comunidades autónomas deberán adoptar con el objetivo de intervenir sobre la situación 
de  salud  pública  existente.  Asimismo,  mediante  esta  Declaración  se  activará  una 
estrategia de actuación inmediata para afrontar la emergencia sanitaria en todas las 
comunidades autónomas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65.2.e).
El objetivo de minimizar el riesgo de exportación de una situación epidemiológica 
grave de un territorio a otro justifica la adopción de una serie de estándares mínimos 
para todas las comunidades autónomas.
En concreto, y con el objetivo de responder de forma efectiva a la situación de 
especial riesgo o alarma para la salud pública que se ha descrito, se establecerán nueve 
medidas de control y respuesta y dos recomendaciones.
Todas  estas  medidas  son  necesarias  para  alcanzar  el  objetivo  de  controlar  la 
expansión de la enfermedad y reducir la presión asistencial sobre el sistema sanitario, 
constituyen actuaciones proporcionales a la finalidad perseguida y están avaladas por 
razones y criterios de carácter epidemiológico y sanitario.
En  concreto,  la  limitación  del  contacto  social  entre  personas  que  residen  en 
diferentes municipios, pretende disminuir la probabilidad de transmisión entre zonas con  s
distinta situación epidemiológica. Es una medida de urgencia para evitar la cadena de  oe.
transmisión del virus y su expansión. w.
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La limitación de aforos en distintos ámbitos, pretende garantizar un distanciamiento 
interpersonal en los espacios en los que se concurra, siendo esta medida una de las más 
eficaces  para  evitar  la  transmisión  junto  con  la  higiene  de  manos  y  el  uso  de  la 
mascarilla. El horario de cierre de los establecimientos, locales comerciales y servicios 
abiertos al público forma parte también de las medidas preventivas de contención que 
persiguen reducir el riesgo de transmisión, evitando o reduciendo la posibilidad de 
contagio en contextos y situaciones sociales que han demostrado ser importantes focos 
de transmisión.
Por último, las capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, 
así como en el ámbito de la atención sanitaria, son indispensables para hacer frente a la 
situación de urgencia. Estas capacidades crean una estructura sólida para dar respuesta 
a escenarios de mayor transmisión. Un sistema sanitario capaz de hacer una actuación 
precoz frente a los casos y sus contactos a través de la coordinación entre los diferentes 
sectores y garantizando los recursos humanos asistenciales, sociales junto a recursos 
hoteleros o de estancia para personas que no tienen medios materiales, proporciona una 
respuesta adecuada que contribuye al control de la transmisión.
En definitiva, el objetivo final de las medidas propuestas es mantener un control 
suficiente  de  la  transmisión  del  SARS-Cov-2  que  evite  la  necesidad  de  imponer 
restricciones de mayor impacto con el consiguiente efecto negativo en la sociedad y en 
la economía del país.
La Declaración de Actuaciones Coordinadas vendrá referida a un ámbito material en 
el que la Administración General del Estado tiene atribuidas funciones de coordinación 
general  de  la  sanidad,  de  acuerdo  con  el  orden  constitucional  de  distribución  de 
competencias, incluirá a todas las comunidades y ciudades autónomas y surtirá los 
efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud.
A la vista de lo anterior, en su sesión de 30 de septiembre de 2020, el Pleno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acuerda:
Primero.
Que  sean  declaradas  como  actuaciones  coordinadas  en  salud  pública  para 
responder a la situación de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 
por COVID-19, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, las siguientes:
1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.1  La  declaración  de  actuaciones  coordinadas  obligará  a  las  comunidades 
autónomas a adoptar, al menos, las medidas que se prevén en el apartado 2 en los 
municipios de más de 100.000 habitantes que formen parte de su territorio, cuando 
concurran las tres circunstancias siguientes:
a)  El municipio presente una incidencia de 500 casos o más por 100.000 habitantes 
en 14 días (medida hasta 5 días antes de la fecha de valoración).
Este criterio no será de aplicación si al menos el 90% de los casos detectados en el 
municipio  se  corresponden  con  brotes  no  familiares  perfectamente  identificados  y 
controlados,  y  si  estos  han  sido  convenientemente  comunicados  al  Centro  de 
Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
b)  El municipio presente un porcentaje de positividad en los resultados de las  e.
pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 realizadas en las dos semanas  w.b
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superior al 35% de la dotación habitual (época pre-COVID-19) de camas de cuidados
críticos en los centros hospitalarios existentes a la fecha de adopción del presente 
Acuerdo.
1.2  La concurrencia de las circunstancias descritas en el apartado anterior se 
determinará por la comunidad autónoma en base a la información que esta posea y, en 
todo caso, a partir de los datos comunicados al Ministerio de Sanidad sobre evolución de 
la enfermedad por el coronavirus (COVID-19), que son la base de los informes diarios 
que publica.
1.3  Las medidas previstas en el apartado 2 constituyen un mínimo a aplicar por las 
comunidades autónomas, sin perjuicio de otras medidas que estas puedan aplicar en 
ejercicio de sus competencias. Asimismo, las comunidades autónomas podrán aplicar 
criterios más restrictivos en relación con las medidas previstas en el apartado 2.
2.  Medidas de obligado cumplimiento.
A)  Contacto social.
1)  Se restringirá la entrada y salida de personas de los municipios previstos en el 
apartado 1.1, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se 
produzcan por alguno de los siguientes motivos:
a)  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b)  Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.
c)  Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas 
de educación infantil.
d)  Retorno al lugar de residencia habitual.
e)  Asistencia  y  cuidado  a  mayores,  menores,  dependientes,  personas  con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f)  Desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse.
g)  Actuaciones  requeridas  o  urgentes  ante  los  órganos  públicos,  judiciales  o 
notariales.
h)  Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 
administrativos inaplazables.
i)  Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k)  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
La circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen los municipios 
previstos en el apartado 1.1, será posible, siempre y cuando tenga origen y destino fuera 
de los mismos.
La  circulación  de  personas  residentes  dentro  de  los  municipios  previstos  en  el 
apartado 1.1 será posible, siempre respetando las medidas de protección individual y 
colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes, sin perjuicio de lo 
previsto en la recomendación establecida en el apartado 3.1.
2)  La participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier 
actividad o evento de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios 
públicos y privados, se reducirá a un número máximo de seis personas, salvo que se 
trate de convivientes, y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en 
el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas.
B)  Aforo máximo, distancia y horario. oe.
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4)  Velatorios:
a)  Aforo máximo de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios 
cerrados, sean o no convivientes.
b)  La  participación  en  la  comitiva  para  el  enterramiento  o  despedida  para  la 
cremación de la persona fallecida se restringirá a un máximo de quince personas.
5)  Establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público:
a)  Aforo máximo del cincuenta por ciento.
b)  La hora de cierre no podrá superar las 22:00 horas, salvo las excepciones que 
se prevean.
6)  Establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas:
a)  El aforo máximo será del cincuenta por ciento en espacios interiores y del 
sesenta por ciento en espacios exteriores.
b)  El consumo en barra no estará permitido.
c)  Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al 
menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de 
mesas.
d)  La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas.
e)  No podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de 
cierre no podrá superar las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida 
a domicilio.
7)  Academias,  autoescuelas  y  centros  privados  de  enseñanzas  no  regladas  y 
centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real 
Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio:
El aforo máximo será del cincuenta por ciento.
8)  Instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior.
a)  El aforo máximo será del cincuenta por ciento en espacios interiores y del 
sesenta por ciento en espacios exteriores.
b)  La práctica deportiva en grupos se reducirá a un máximo de seis personas.
c)  En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las 
competiciones internacionales que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones 
deportivas españolas que se desarrollen en los municipios previstos en el apartado 1.1, 
será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de 
ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021, elaborado por el 
Consejo Superior de Deportes.
C)  Capacidades.
9)  Las  comunidades  autónomas  con  municipios  en  los  que  concurran  las 
circunstancias enumeradas en el apartado  1.1, reforzarán sus capacidades para la 
detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención 
sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el Plan de respuesta temprana en un escenario 
de control de la pandemia por COVID-19.
3.  Recomendaciones. b
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municipios de menos de 100.000 habitantes en los que concurra la circunstancia prevista 
en el apartado 1.1.a).
Segundo.
En  los  supuestos  en  que  la  ejecución  de  las  actuaciones  contempladas  en  la 
Declaración de Actuaciones Coordinadas requiera de la adopción, por parte de las 
comunidades autónomas, de algún acto o disposición, estas se adoptarán antes de que 
transcurran  48  horas  desde  que  se  tenga  conocimiento  de  la  concurrencia  de  las 
circunstancias previstas en el apartado 1.1.
En  este  sentido,  si  a  la  fecha  de  notificación  a  la  comunidad  autónoma  de  la 
Declaración de Actuaciones Coordinadas ya existieran municipios en los que concurren 
las circunstancias previstas en el apartado 1.1, la comunidad autónoma correspondiente 
adoptará los actos y disposiciones que resulten precisos para dar cumplimiento a lo 
establecido en dicha Declaración en un plazo máximo de 48 horas desde en el momento 
en el que se produzca dicha notificación.
Tercero.
Las  medidas  contempladas  en  la  Declaración  de  Actuaciones  Coordinadas  se 
adoptarán por las comunidades autónomas por un plazo limitado, podrán ser revisadas 
por éstas antes de la finalización de dicho plazo en los términos señalados en el párrafo 
siguiente, y, en su caso, prorrogadas si persistieran las circunstancias previstas en el 
apartado 1.1.
En este sentido, cada comunidad autónoma afectada y el Ministerio de Sanidad 
revisarán  semanalmente  de  manera  conjunta  la  situación  epidemiológica  de  los 
municipios a los que se aplique la Declaración de Actuaciones Coordinadas. En el marco 
de esta relación bilateral se valorará la modificación del ámbito de aplicación de las 
medidas contenidas en la Declaración, siempre y cuando se observe una reducción 
suficiente de la incidencia acumulada en los términos establecidos en esta y teniendo en 
cuenta también los factores de corrección que pudieran afectarla.
Cuarto.
Las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid 
y la ciudad autónoma de Ceuta han formulado voto particular negativo a este Acuerdo y 
la Región de Murcia ha formulado voto particular de abstención a este Acuerdo.
Conforme al segundo párrafo del artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dado que este Acuerdo viene referido a 
un ámbito material en el que la Administración General del Estado tiene atribuidas 
funciones de coordinación general de la sanidad, de acuerdo con el orden constitucional 
de distribución de competencias, este Acuerdo será de obligado cumplimiento para todas 
las  comunidades  y  ciudades  autónomas  integrantes  del  Consejo  Interterritorial  del 
Sistema Nacional de Salud, con independencia del sentido de su voto.
Quinto.
La Declaración de Actuaciones Coordinadas producirá efectos desde su notificación 
a las comunidades y ciudades autónomas y hasta que se apruebe por el Ministro de 
Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con  e.e
audiencia  de  todas  las  comunidades  y  ciudades  autónomas,  la  finalización  de  su  w.b
vigeMncaidar.id, 30 de septiembre de 2020. 2020-11590n https://ww