BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 205 Viernes 27 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 104065
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14247 Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe  de 
fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo 
por  ayuntamientos  de  más  de  10.000  habitantes  de  las  comunidades 
autónomas sin órgano de control externo propio.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo 
por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin 
órgano de control externo propio, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar a los responsables de las entidades locales a:
– Culminar el proceso derivado de la adhesión a los compromisos de la Agenda 21 
Local,  mediante  el  diseño  de  una  planificación  medioambiental  que  conlleve  el 
diagnóstico de la situación medioambiental de su territorio y la definición de planes 
específicos de acción ambiental en los que se integren: líneas estratégicas de actuación, 
establecimiento de programas y proyectos específicos de actuación y el establecimiento 
de un plan de seguimiento de dichos planes de acción.
– Establecer sistemas globales de gestión medioambiental que permitan identificar 
los aspectos medioambientales de su actividad, los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables, fijar los objetivos y metas medioambientales, establecer programas para 
alcanzar dichos objetivos y metas, planificar el control y establecer una política ambiental 
adecuada a las circunstancias de la entidad que, además, puedan ser homologados y 
certificados de acuerdo con la normativa internacional y europea existente.
– Incrementar las actuaciones de inspección y control para detectar infracciones de 
la normativa vigente en materia de medioambiental, adoptando las medidas necesarias 
para agilizar la resolución de los procedimientos que se tramiten al efecto, dotándose de 
unidades o departamentos específicos integrados por personal técnico especializado.
– Dotarse de departamentos específicos en materia medioambiental integrados por 
personal técnico especializado.
– Adoptar, en su gestión, medidas para minimizar el impacto ambiental y la huella 
ecológica derivados de su propia actividad y de los servicios que presta.
– Llevar a cabo actuaciones y desarrollar actividades para concienciar y sensibilizar 
a los ciudadanos con objeto de difundir hábitos personales y sociales dirigidos a la 
defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico.
– Potenciar las actuaciones de inspección y control para detectar infracciones de la 
normativa vigente en materia medioambiental.
– Potenciar  las  actuaciones  de  planificación  medioambiental,  que  les  permitan 
utilizar  adecuadamente  los  recursos  puestos  a  su  disposición  por  Organizaciones  e.e
Internacionales. Asimismo, estudiar todos los procedimientos para acceder a un mayor  b
número de ayudas o subvenciones que les permitan contar con un mayor volumen de  247ww
recu–r sEoss tpaabrleac aebr oordbajer tpivroosy eec toinsd oicriaednotaredso sp are lsau mpueejosrtaa rdioesl  mpeadraio  ealm sbeiegnutiem lioecnatol. de los
resu–lt aIdnocrse dmee lnotsa rg eals ptorse seujepcuuetsatdoo dse esnti npardoote acc liaó np rdoetel cmceiódnio d aeml mbieednitoe .ambiente.
3.  Instar a los responsables de las entidades locales respecto a la contaminación 
acústica a:
– Delimitar sobre su territorio las áreas de sensibilidad acústica y fijar unos objetivos 
de calidad acústica de acuerdo con el uso predominante del suelo.
– Disponer en su territorio de estaciones o puntos de medición del ruido como 
elemento necesario para disponer de datos que les permitan evaluar la contaminación 
acústica del mismo y protocolos de actuación para los casos de superación de los 
objetivos de calidad acústica.
4.  Instar a los responsables de las entidades locales respecto a la contaminación 
atmosférica a:
– Aprobar ordenanzas reguladoras de la calidad del aire para la regulación de este 
factor contaminante en su territorio, así como planes y programas para la mejora de la 
calidad del aire de conformidad y en coordinación con los planes de protección de la 
atmósfera aprobados por sus respectivas comunidades autónomas de pertenencia, que 
incluyan, entre otras, medidas de restricción del tráfico, en especial para los vehículos 
más contaminantes.
– Establecer  la  zonificación  de  su  territorio  de  acuerdo  con  los  niveles  de 
contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire y contar 
con protocolos para los casos de superación de los objetivos de calidad atmosférica.
5.  Instar a los responsables de las entidades locales respecto a la contaminación 
lumínica a:
– Aprobar ordenanzas reguladoras del alumbrado exterior y para la protección del 
medio ambiente con objeto de regular este factor contaminante en su territorio.
– Llevar a cabo la zonificación lumínica de su territorio y establecer objetivos de 
calidad lumínica para cada una de ellas, así como declarar zonas de especial protección 
contra la contaminación lumínica y establecer protocolos de actuación para los casos de 
superación de los niveles de calidad lumínica establecidos para cada zona.
6.  Instar a los responsables de las entidades locales respecto a la recogida de 
residuos a:
– Impulsar la recogida separada de los distintos componentes de los residuos e 
intensificar las labores de separación de los mismos.
– Implantar en su territorio la recogida separada de los biorresiduos, susceptibles de 
ser utilizados para compostaje, respecto del resto de materia orgánica.
– Elaborar protocolos normalizados para la recepción y clasificación de los residuos 
en los puntos limpios de su titularidad para su reutilización, reciclado y valorización.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
N.º 1.335 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN 
MATERIA MEDIOAMBIENTAL LLEVADAS A CABO POR 
AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL 
EXTERNO PROPIO 
 
 
 
EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora 
establecida en los artículos 2.1), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la 
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en 
sesión de 25 de julio de 2019 el INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
EN  MATERIA  MEDIOAMBIENTAL  LLEVADAS A CABO POR AYUNTAMIENTOS DE 
MÁS DE 10.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO 
DE CONTROL EXTERNO PROPIO y ha acordado su elevación a las Cortes Generales 
para su tramitación parlamentaria, así como a los Plenos de las Corporaciones Locales, 
según lo prevenido en el art. 28 de la Ley de Funcionamiento. 
 
ÍNDICE 
I.  INTRODUCCIÓN.  
I.1  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO.  
I.2  ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN.  
I.3  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO.  
I.4  ANTECEDENTES.  
I.5  MARCO LEGAL.  
I.6  RENDICIÓN DE CUENTAS.  
I.7  TRÁMITE DE ALEGACIONES.  
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN.  
II.1  REFERIDOS A LA ACTIVIDAD GLOBAL DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL.  
II.2  REFERIDOS A LAS ACTUACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON 
LAS  CONTAMINACIONES  ACÚSTICA,  ATMOSFÉRICA  LUMÍNICA  Y  CON  LA 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.  
III. CONCLUSIONES.  
III.1  SOBRE  LA  ACTIVIDAD  GLOBAL  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  EN  MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL.  
III.2  SOBRE  LAS  ACTUACIONES,  EN  RELACIÓN  CON  LAS  CONTAMINACIONES 
ACÚSTICA,  ATMOSFÉRICA,  LUMÍNICA  Y  CON  LA  RECOGIDA  SELECTIVA  DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, LLEVADAS A CABO POR LOS AYUNTAMIENTOS.  
IV. RECOMENDACIONES.
IV.1  SOBRE  LA  ACTIVIDAD  GLOBAL  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  EN  MATERIA
MEDIOAMBIENTAL.  
IV.2  SOBRE  LAS  ACTUACIONES,  EN  RELACIÓN  CON  LAS  CONTAMINACIONES 
ACÚSTICA, ATMOSFÉRICA, LUMÍNICA Y A LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, LLEVADAS A CABO POR LOS AYUNTAMIENTOS.  
ANEXOS. 
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
EMAS  Reglamento  (CE)  no  1221/2009  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  25  de 
noviembre  de  2009,  relativo  a  la  participación  voluntaria  de  organizaciones  en  un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. 
EMAS II  Reglamento Comunitario nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. 
EMAS III  Reglamento Comunitario nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre  de  2009,  relativo  a  la  participación  voluntaria  de  organizaciones  en  un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. 
LCAPA  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 
LCSP  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
LOTCu  Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 
LR  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
LRBRL  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
LRSC  Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
OCEx  Órgano de Control Externo. 
PIB  Producto Interior Bruto. 
PGE  Presupuestos Generales del Estado. 
REEIAE  Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, aprobados por el Real Decreto 
1890/2008. 
SGM  Sistema de gestión medioambiental. 
TRLCAP  Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
TRLRHL  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
TRRL  Texto  Refundido  de  Disposiciones  Legales  vigente  en  materia  de  Régimen  Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.  e.
    247ww
RELACIÓN DE CUADROS 
 
Cuadro 1:  Número de ayuntamientos sobre los que se han llevado a cabo las actuaciones 
fiscalizadoras.  
Cuadro 2:   Rendición de cuentas y retraso medio.  
Cuadro 3:   Adhesión  de  los  ayuntamientos  a  agrupaciones  de  ciudades  con  objetivos 
comunes en materia medioambiental.  
Cuadro 4:   Existencia  en  los  ayuntamientos  de  unidades  o  departamentos  con 
competencias en medio ambiente.  
Cuadro 5:   Existencia en los ayuntamientos de técnicos especialistas en medio ambiente.  
Cuadro 6:   Canales de difusión de información y sensibilización medioambiental.  
Cuadro 7:   Ejecución  presupuestaria  del  Área  de  Gasto 1  y  Política  de  Gasto 17  por 
tramos de población.  
Cuadro 8:   Ejecución  presupuestaria  del  Área  de  Gasto 1  y  Política  de  Gasto 17  por 
comunidades autónomas.  
Cuadro 9:   Ejecución presupuestaria Grupo de Programa 172 por tramos de población.  
Cuadro 10:   Ejecución  presupuestaria  Grupo  de  Programa  172  por  comunidades 
autónomas.  
Cuadro 11:   Importancia relativa de los principales conceptos de gasto en medio ambiente.  
Cuadro 12:   Ayudas recibidas por las entidades durante 2017.  
Cuadro 13:   Ayudas recibidas por las entidades durante 2017 según el territorio.  
Cuadro 14:   Líneas de ayuda concedidas por las entidades.  
Cuadro 15:   Obligaciones  reconocidas  netas  por  las  entidades  en  los  Programas  1621. 
Recogida  de  residuos  y  1622.  Gestión  de  residuos  sólidos  urbanos  en  el 
ejercicio 2017.  
Cuadro 16:   Derechos reconocidos netos e importe recaudado por la tasa por la prestación 
del servicio de recogida de residuos en el ejercicio 2017.  
 
 
   
RELACIÓN DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1: Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 Local.  
 
 
 
   
I.  INTRODUCCIÓN 
I.1  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO 
La “Fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos 
de más de 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio” 
se incluyó, a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, en el Programa Anual de Fiscalizaciones 
para el año 2018, aprobado por el Pleno de la Institución en su sesión de 21 de diciembre de 2017. 
El inicio de las actuaciones se acordó por el Pleno el 26 de febrero de 2018. 
La relevancia del control medioambiental en las actuaciones fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas 
ha alcanzado rango normativo, tras la modificación de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas (LOTCu), por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la 
actividad económico-financiera de los partidos políticos, y otras medidas, que modifica el artículo 
9.1 de la LOTCu incluyendo en el ámbito de la función fiscalizadora el sometimiento de la actividad 
económico-financiera a la sostenibilidad ambiental (La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas 
se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios 
de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la 
igualdad de género). 
Esta fiscalización se enmarcó en el Documento Base que dio lugar a la aprobación por el Pleno, el 
25 de abril de 2018, del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 2018-2021, en concreto, en la 
medida 3 del Objetivo específico 1.1), esto es, la dirigida a contribuir a la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas mediante la realización de actuaciones 
fiscalizadoras específicas relativas al buen gobierno del sector público; así como en las medidas 1 
y 3 del Objetivo específico 1.2): el desarrollo de fiscalizaciones en las que se determinen las 
irregularidades y deficiencias detectadas en la organización, gestión y control de las entidades 
públicas fiscalizadas, así como de los progresos y buenas prácticas de gestión observadas y en la 
fiscalización de actuaciones económico-financieras de relevancia y actualidad.  
De igual forma, se encuadra la fiscalización en la medida 4 del Objetivo específico 1.3), esto es, en 
el  refuerzo  de  la  coordinación  con  los  OCEx  acerca  de  los  criterios  de  elaboración  de  los 
programas  anuales  de  fiscalización  en  lo  relativo  a  las  Entidades  Locales  y  Comunidades 
Autónomas; así como en las medidas 2 y 4 del Objetivo específico 1.4) el incremento de las 
fiscalizaciones operativas que contribuyan al buen gobierno y a orientar la toma de decisiones en la 
gestión de la actividad económico-financiera pública y la ejecución de los programas de ingresos y 
gastos  y  el  impulso  en  la  realización  de  fiscalizaciones  medioambientales.  Asimismo,  la 
fiscalización se enmarca en las medidas 1 y 3 del Objetivo específico 2.2) el intercambio de 
información con los OCEx sobre la programación anual de fiscalizaciones, teniendo en cuenta sus 
informes para la planificación y ejecución de la actividad fiscalizadora del Tribunal y en el impulso 
de la coordinación y colaboración con dichos órganos en el ejercicio de actuaciones fiscalizadoras y 
en el establecimiento de criterios, herramientas y técnicas comunes de fiscalización. 
Esta actuación ha sido desarrollada de forma coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los 
Órganos  de  Control  Externo  de  las  comunidades  autónomas  (OCEx)1,  siendo  esta  materia 
identificada como de interés prioritario para el desarrollo de fiscalizaciones conjuntas en 2018 por la 
Comisión de Coordinación en el ámbito local del Tribunal de Cuentas y los OCEx. Para ello se  s
establecieron unas líneas básicas para dar homogeneidad a los trabajos fiscalizadores. En el  e.
desarrollo  de  esta  fiscalización  han  sido  comunes  para  todas  las  entidades  fiscalizadoras  w.
partícipes: el ámbito subjetivo, objetivo y temporal, los objetivos específicos de la fiscalización, las  247ww
                                                
l1a Ps aIlrlteicsi pBaarloena rtso.d os los OCEx excepto la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Sindicatura de Comptes de
solicitudes base para pedir información y documentación –de modo que estas sean homogéneas y 
comparables-, y la estructura del informe. Cada OCEx ha llevado a cabo la misma sobre los 
ayuntamientos del ámbito territorial en el que desarrollan su competencia fiscalizadora, y el Tribunal 
de Cuentas sobre las entidades locales de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, que no disponen de órgano de control externo 
autonómico.  
La  actuación  de  los  ayuntamientos  en  materia  medioambiental  se  ha  desarrollado, 
fundamentalmente, en dos líneas. Por una parte, en el ejercicio de las competencias de carácter 
normativo que les corresponden, esto es: en el desarrollo y adaptación a su ámbito de la legislación 
estatal  y  autonómica  existente,  mediante  la  aprobación  de  reglamentos,  ordenanzas  u  otras 
disposiciones municipales; en la adopción de disposiciones para el ejercicio de sus competencias 
propias que afecten o conlleven efectos medioambientales; así como mediante la regulación de 
tasas, exacciones y medidas de naturaleza análoga para proteger y restaurar el medio, y la 
previsión de multas y sanciones para el caso de contravención de la normativa. 
La segunda línea de actuación de los ayuntamientos en materia medioambiental se dirige al 
desarrollo de sus competencias de gestión y a la supervisión y control de su ejecución, tanto en lo 
que se refiere a la actividad desempeñada en el municipio y para la prestación de los servicios 
municipales, como en lo relativo a la gestión llevada a cabo por los ayuntamientos en su propio 
desenvolvimiento interno. 
I.2  ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN 
 
El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por los 96 ayuntamientos de municipios de 
población superior a 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin OCEx propio. En el 
cuadro 1 se recoge el número de ayuntamientos de municipios de más de 10.000 habitantes, 
agrupados por provincia y comunidad autónoma, sobre los que este Tribunal de Cuentas ha llevado 
a cabo los trabajos de fiscalización. En el Anexo I se relaciona el detalle de las referidas entidades 
locales. 
Cuadro 1:  Número de ayuntamientos sobre los que se han llevado a cabo las actuaciones 
fiscalizadoras 
Nº Ayuntamientos con 
Comunidad  población  
Provincia 
Autónoma  superior a 10.000 
habitantes 
 
Cantabria    10 
Albacete  6 
Ciudad Real  13 
Cuenca  2 
 
Guadalajara  4 
Toledo  13 
Castilla-La Mancha  38 
Badajoz  9 
  Cáceres  4 
Extremadura   13 
     
La Rioja  4 
     
Región de Murcia  31 
TOTAL    96 
 
El ámbito objetivo se refiere a las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por las 
entidades que constituyen el ámbito subjetivo de la fiscalización, bien en el periodo al que se refiere 
su ámbito temporal, bien con anterioridad a este pero con vigencia en el mismo.  
 
El ámbito temporal comprende el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018 inclusive. Por su parte, los  w.b
ingresos y gastos se han analizado respecto del último ejercicio cuyas cuentas se han rendido, esto  247ww
eesje, rc2i0c1io7s.  aTnotdeori oerlelos,  csoinn  peel rfjiuni cdieo  cduem qpulier  asdee hcauyaadna mreeanlitzea cdoon c looms porbojebtaivcoiosn perse vyi satnoás.li sis referidos a
I.3  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO 
Esta fiscalización tiene carácter horizontal. Se trata de una fiscalización de cumplimiento, de 
acuerdo con la clasificación realizada en la Norma Técnica 6 de las Normas de Fiscalización del 
Tribunal de Cuentas, de 23 de diciembre de 2013, en cuanto que se ha verificado la aprobación por 
los ayuntamientos de normas en materia medioambiental. También es operativa, en la medida que 
se han realizado análisis de las medidas adoptadas y examinado la ejecución del programa o 
programas presupuestarios destinados a la protección y mejora del medio ambiente y, en su caso, 
de aquellos otros con posibles efectos en el mismo.  
Los objetivos generales de esta fiscalización, de acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas 
por el Pleno el 25 de abril de 2018, han sido los siguientes:  
  Referidos a las actuaciones de los ayuntamientos en materia medioambiental, de forma 
global: 
1)  Analizar  en  qué  medida  las  entidades  locales  desarrollan  actuaciones  en  materia 
medioambiental, si las mismas se llevan a cabo en el marco de una planificación específica, 
las principales áreas a las que afectan, la aprobación de normativa referida a la materia, así 
como las medidas más relevantes adoptadas para su ejecución. 
2)  Revisar  los  programas  presupuestarios  relativos  a  la  protección  y  mejora  del  medio 
ambiente, así como, en su caso, la existencia de objetivos e indicadores en los mismos.  
3)  Analizar  las  acciones  desarrolladas  en  el  seno  de  los  ayuntamientos  dirigidas  a  dar 
cumplimiento, en su propio funcionamiento interno, a la defensa y protección del medio 
ambiente y a mantener el equilibrio ecológico. 
4) Determinar la adopción por los ayuntamientos de medidas para la difusión entre la población 
de hábitos personales y sociales dirigidos a la defensa y protección del medio ambiente y a 
mantener el equilibrio ecológico.  
  Referidos a las actuaciones de los ayuntamientos en relación con las contaminaciones 
atmosférica,  lumínica  y  acústica  y  con  la  recogida  selectiva  de  residuos  sólidos 
urbanos (sobre muestras de ayuntamientos): 
5)  Verificar  el  efectivo  ejercicio  por  las  entidades  locales  de  las  obligaciones  legalmente 
establecidas  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  en  relación  con  la  contaminación 
atmosférica, contaminación lumínica, contaminación acústica y con la recogida selectiva de 
residuos sólidos urbanos.  
6) Examinar las actuaciones y medidas específicas adoptadas en materia medioambiental por 
las entidades locales para el desarrollo de la gestión del municipio y la prestación de los 
servicios públicos en relación con la contaminación atmosférica, contaminación lumínica, 
contaminación acústica y con la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos.  
7) Evaluar la ejecución de los programas presupuestarios destinados a la protección contra la 
contaminación  atmosférica,  contaminación  lumínica,  contaminación  acústica  y  con  la  e.e
recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, y en su caso, de aquellos otros con posibles  b
efectos en las mismas.   247ww
De acuerdo con los objetivos generales, la presente fiscalización se ha abordado desde una doble
paedrosppteacdtaivsa e. nP mora tuenriaa  mpaerdtieo,a mseb iehnat arle paolirz aladso  eunntid aedxaems elonc aglelosb qaul ed ceo nlassti tuaycetuna ecli oánmesb ityo  smuebdjeidtivaos 
y, por otra, sobre una muestra de ayuntamientos, se ha desarrollado un análisis concreto de las
actuaciones llevadas a cabo para la promoción, protección y restauración medioambiental respecto 
de  cuatro  áreas  específicas  de  actuación  medioambiental  (contaminación  atmosférica, 
contaminación lumínica, contaminación acústica y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos). 
En la presente fiscalización se han aplicado las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, 
aprobadas por su Pleno en sesión de 23 de diciembre de 2013, y para la consecución de los 
objetivos se han llevado a cabo todas las pruebas y actuaciones que se ha considerado precisas y 
empleado los procedimientos y técnicas de auditoría necesarias. 
I.4  ANTECEDENTES 
La repercusión sobre el medio ambiente de la actividad humana es cada vez mayor y la valoración 
y toma en consideración de su alcance e impacto es una necesidad. La sociedad se enfrenta a una 
situación generalizada de deterioro ambiental del planeta que le obliga a tomar conciencia del 
carácter finito de los recursos naturales y a buscar un nuevo modelo de relación entre el ser 
humano y su entorno dirigida hacia el desarrollo sostenible. 
Este  concepto,  acuñado  por  primera  vez  en  1987  (Informe  Brundtland),  alude  a  un 
desenvolvimiento económico que permita satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 
las  de  generaciones  futuras,  lo  que  implica  la  introducción  de  un  elemento  de  solidaridad 
intergeneracional y la exigencia moral de garantizar unos niveles mínimos de calidad de vida y de 
justicia social para todos. 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río 
de Janeiro en junio de 1992, aprobó la Declaración de Río con el objetivo de establecer una alianza 
mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 
Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos 
internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema 
ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la 
Tierra. 
En esta Conferencia también se aprobó el Programa XXI o Agenda 21, con objeto de promover el 
desarrollo  sostenible,  que  constituyó  un  plan  detallado  de  actuaciones  a  emprender  por  los 
gobiernos  de  los  estados  miembros  de  la  ONU  para  integrar  medio  ambiente  y  desarrollo 
económico y social en el horizonte del siglo XXI. 
Las consecuencias de la acción humana sobre el equilibrio ecológico del planeta ya se han puesto 
de manifiesto, lo que ha llevado a instituciones públicas y privadas a arbitrar medidas dirigidas a 
eliminar o siquiera paliar este deterioro y a concienciar a las personas de la necesidad de adquirir 
nuevos hábitos con la voluntad de intentar resolver o, al menos, minimizar, este problema.  
Los poderes públicos juegan un papel fundamental en esta coyuntura en la medida en que les 
corresponde la acción normativa y la puesta en práctica de medidas preventivas y restauradoras, 
en colaboración con las entidades privadas y con la ciudadanía, cumpliendo un papel ejemplificador 
ante estos.  
Han sido numerosos los tratados y protocolos internacionales que se han adoptado dirigidos a la 
protección del medio ambiente y a la asunción de compromisos por los Estados para hacerlo  es
posible. También es abundante la normativa dictada en el ámbito de la Unión Europea, que vincula  bo
a  las  instituciones  comunitarias  y  a  los  Estados  miembros,  habiendo  procedido  estos  a  su  247ww
tDrVreaielvancirtsii svpibaóoi nesa inclN, i óPºr nre1o s3gap8r ea6ltam/a2sna0 d 1rGoe3 s/eUplnoeEesc  rtadliívlem ald siPet e ansAr olcadrcmmeió aenntni vutdoaee ssE  tlrauno ra oUcppniloeaiónonna ey lte eadsn .e  ylm  RCeaelots enuArslictaeau jnode ,er dr deoMel e evd2dae0in o dt PeAeas mr níasbo, iv eeiaenspmtteorbo shrb eaae sddfteoaec   t22eo00ns12  30llaa,:     OE-A-2021-14able en https://
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y firmado a partir de la
Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, con objeto de sustituir al Protocolo 
de Kioto de 1997, a fin de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 
contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.  
Es fácil relacionar la prestación de los servicios municipales con posibles efectos medioambientales 
que conlleva y que con facilidad pueden originar algún tipo de contaminación. Así, por ejemplo, los 
servicios obligatorios de protección de la salubridad pública, cementerios y servicios funerarios, 
abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado público, limpieza viaria y recogida y tratamiento 
de residuos están directamente relacionados con algunos de los problemas medioambientales más 
comúnmente denunciados tales como la contaminación del aire derivada de emisiones nocivas, la 
contaminación  lumínica,  la  contaminación  acústica,  la  contaminación  de  los  acuíferos,  la 
contaminación por la generación de residuos y la necesidad de reducir la producción de estos, la 
contaminación de suelos, y la necesidad de ahorro y eficiencia en la utilización de recursos, tales 
como el agua y la energía. 
Los municipios deben ser proactivos, asimismo, en la difusión entre su población de hábitos 
personales y sociales surgidos de la voluntad de resolver los problemas generados en el equilibrio 
ecológico del planeta, a la vez que han de servir de modelo para aquellos llevando a cabo sus 
actividades propias con respeto a las normas medioambientales, empleando de forma eficiente los 
créditos  presupuestarios  dedicados  a  actuaciones  y  programas  de  protección  y  rehabilitación 
medioambiental, así como acordando y aplicando medidas y buenas prácticas que incentiven la 
protección y desincentiven las actuaciones que perjudican al medio ambiente. 
I.5  MARCO LEGAL 
 
La introducción de la protección y mejora del medio ambiente entre los objetivos de la política de 
las naciones e instituciones es un hecho relativamente reciente. Es a partir de la Conferencia de la 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, cuando los gobiernos 
empezaron a reconocer que la destrucción del entorno y el agotamiento de los recursos podrían 
interferir  con  las  perspectivas  de  desarrollo  económico  y  constituir  una  amenaza  para  la 
supervivencia de los habitantes de la tierra, acordándose, como resultado de dicha Conferencia, 
una declaración que contenía 26 principios sobre el medio ambiente y el desarrollo y un plan de 
acción con 109 recomendaciones. 
También, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, se celebró en 1992 en Río de Janeiro la 
Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre para la Tierra) 
en la que se suscribió por los países participantes un Plan de Acción de las Naciones Unidas en el 
que se establecieron de forma detallada las acciones a emprender por los gobiernos para integrar 
el medio ambiente y el desarrollo económico y social en el horizonte del siglo XXI. Esta Conferencia 
de Río fue el impulso definitivo para el desarrollo sostenible, lo que se materializó en una sucesión 
de reuniones internacionales que ha dado lugar a la aprobación de diversa normativa para la 
protección del medio ambiente. 
A nivel europeo, la protección del medio ambiente pasó a formar parte del Derecho Comunitario 
desde  la  entrada  en  vigor  en  1987  del  Acta  Única  Europea,  en  la  que  se  estableció  el 
fortalecimiento del sistema de cooperación política europea en varios campos, entre otros, el medio  s
ambiente, definiéndose a partir de este momento los objetivos de la Comunidad Europea en  e.
materia medioambiental y comprometiendo a los Estados miembros a la adopción de medidas.  w.
Posteriormente, en 1992, el Tratado de Maastricht supuso la incardinación de la protección del  247ww
mobejedtioiv oasm lab ipeontteen ccioamcioó nu dneal  ddees aprorloítlilcoa sso scteenntirbalele sd ed lea  elac oUnnoimónía  Ecuorno preesap eetsot adbelle mcieednidoo a menbtireen tseu.s 
A partir del reconocimiento de la protección del medio ambiente entre los objetivos comunitarios, la
Unión Europea ha dictado numerosos reglamentos, directivas, decisiones y dictámenes en relación
con el medio ambiente que los Estados miembros están obligados a respetar y ser transpuestos a 
sus legislaciones nacionales. Entre ellos hay que destacar por tener por objeto la protección 
general del medio los siguientes: 
−  Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 
−  Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 
2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. 
−  Reglamento (UE) no 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013, relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el 
Clima (LIFE) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 614/2007. 
−  Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.  
−  Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, 
por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. 
−  Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad  medioambiental  en  relación  con  la  prevención  y  reparación  de  daños 
medioambientales. 
−  Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente (modificada por Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 16 de abril). 
−  Decisión 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2020 “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”. 
Además de la normativa anterior, se puede encontrar en el derecho comunitario normativa general 
en relación con el uso de la energía y el cambio climático y el desarrollo sostenible, así como 
normativa de carácter sectorial con objeto de proteger aspectos específicos del medio ambiente, 
tales como la protección y gestión de las aguas, la protección de la naturaleza y la biodiversidad. 
Asimismo  se  ha  aprobado  normativa  específica  relativa  a  la  gestión  de  residuos  y  a  las 
contaminaciones  acústica  y  atmosférica,  aspectos  que  serán  desarrollados  en  los  epígrafes 
específicos en los que se analizan las actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos en dichas 
áreas. 
A nivel nacional, la defensa y restauración del medio ambiente se encuentra contemplada, de forma 
general, en la Constitución Española de 1978 cuyo artículo 45 establece que “todos tienen el 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 
deber  de  conservarlo”  configurando  al  medio  ambiente  como  un  derecho-deber  cuya  tutela 
corresponde a los poderes públicos, a los que en el apartado segundo se les confiere el mandato 
de velar por una utilización racional de todos los recursos naturales “con el fin de proteger y mejorar  e.e
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable  b
solidaridad colectiva”.   247ww
Acosnim lias mleog,i slala Ccioónns btitáuscicióan  pEasrpaa eñsotlaab aletrcibeur yloes e np rsinuc iapritoícsu fluo n1d4a9m ceonmtapleeste nqcuiea sd aelb Eersítaand oo besne rrevlaarc ilóans 
comunidades  autónomas  sobre  protección  del  medio  ambiente,  así  como  sobre  montes,
aprovechamientos forestales y vías pecuarias, sin perjuicio de las facultades de estas de establecer  Bc
normas  adicionales  de  protección  para  completar  la  normativa  estatal,  de  acuerdo  con  las 
competencias a ellas atribuidas en el artículo 148, en distintas materias relacionadas con el medio 
ambiente, como la ordenación del territorio, el urbanismo, las obras públicas, carreteras, montes y 
aprovechamientos hidráulicos, entre otras. 
De esta forma, en relación con la normativa estatal, y en virtud de dichas competencias, hay que 
citar como principales normas generales aprobadas en materia medioambiental las siguientes: 
−  Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 
−  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
−  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
−  Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
Además de la normativa anterior, se puede encontrar en el derecho nacional otra normativa general 
en relación con el uso de la energía, el cambio climático, la protección de las aguas, y de la 
biodiversidad y determinadas áreas naturales. Asimismo se ha aprobado normativa específica 
relativa  a  la  gestión  de  residuos  y  a  las  contaminaciones  acústica  y  atmosférica,  que  serán 
desarrolladas en los epígrafes específicos en los que se analizan las actuaciones llevadas a cabo 
por los ayuntamientos en dichas áreas. 
Por  su  parte,  las  comunidades  autónomas  han  dictado  normas  de  carácter  general  para  la 
protección del medio ambiente de acuerdo con las competencias en la materia que la Constitución 
y sus Estatutos de Autonomía les atribuyen. A estos efectos hay que destacar, en Cantabria, la Ley 
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, en Castilla-La Mancha, la Ley 
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación ambiental, en Extremadura, la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en La Rioja, la Ley 5/2002, 
de 8 de octubre, de protección del medio ambiente de La Rioja y la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de 
protección del medio ambiente de dicha Comunidad, que derogó la anterior, y en la Región de 
Murcia, la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 
Además de la normativa anterior, dichas comunidades han aprobado normativa específica de 
carácter sectorial y, en especial, relacionada con la gestión de residuos y con las contaminaciones 
acústica, atmosférica y lumínica, que serán desarrolladas en los epígrafes específicos en los que 
se analizan las actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos en dichas áreas. 
En relación con las entidades locales, sus competencias medioambientales se establecen en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que en su artículo 25 
establece como competencias propias de los municipios el medio ambiente urbano, en particular 
referido a parques y jardines, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, estableciendo en su artículo 
26 la obligatoriedad de la prestación de servicios en estas materias para los municipios de acuerdo 
con su población.  
De esta forma, todos los municipios deben prestar los servicios de alumbrado público, cementerio, 
recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, 
acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas; los de población superior a 
5.000  habitantes,  además,  deben  prestar  los  servicios  de  parques  públicos  y  tratamiento  de  s
residuos; los de población superior a 20.000 habitantes, además, la extinción de incendios, y los de  oe.
población superior a 50.000 el transporte colectivo urbano de viajeros y el medio ambiente urbano.  w.
Dlsaee r dviigipcuiuoatsal ,cf oiócrmonm ap ors oevla ien scrteiaacblo leogc ideea nq tiuyde a tdrea nte alqomusii evmanltueonn itcdeiep  iloars e qscuidoeun o cpsoo,o breldal icnaióabnraá si ntlaefe crpiimoreri esant at2oc0 ió.d0ne0  0da ehg audbaei ttaepnromtetaisnb aslede oráas    2021-14247n https://ww
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, la limpieza viaria, el acceso a los núcleos
de población, la pavimentación de vías urbanas y el alumbrado público.  Bc
Para la prestación de dichos servicios, las entidades locales disponen de capacidad reglamentaria, 
pudiendo ejercer sus competencias mediante la aprobación de ordenanzas generales para la 
protección  del  medio  ambiente  o  mediante  la  aprobación  de  ordenanzas  específicas  para  la 
prestación de los distintos servicios y la regulación de los distintos factores contaminantes. En el 
subepígrafe  II.1.2.2  se  analiza  la  aprobación  por  las  entidades  de  ordenanzas  en  materia 
medioambiental y en los epígrafes relativos a la gestión de residuos y a las contaminaciones 
acústica, atmosférica y lumínica, las aprobadas particularmente para dichas áreas.  
I.6  RENDICIÓN DE CUENTAS 
La sujeción al régimen de contabilidad pública establecida legalmente para las entidades locales en 
el artículo 114 de la LRBRL, desarrollado en el Capítulo III, Título VI del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales  (TRLRHL),  supone  la  obligación  de  rendir  cuentas  de  sus  operaciones, 
cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas, según establece el artículo 201 de dicho 
Real Decreto Legislativo. En iguales términos se manifiesta la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, vigente 
en  el  ejercicio  2017,  último  ejercicio  cuyo  plazo  legal  de  rendición  ha  concluido  a  fecha  de 
finalización de los trabajos de fiscalización.  
El plazo legal de rendición de las cuentas del ejercicio 2017 finalizó el 15 de octubre de 2018. En el 
Anexo II de este Informe se presentan los datos sobre el cumplimiento de la obligación de rendición 
de las cuentas generales de las entidades fiscalizadas2. De los 96 ayuntamientos fiscalizados, 
nueve no habían rendido su cuenta general del ejercicio 2017 al Tribunal de Cuentas, destacando 
por su población los Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Seseña y Villarrobledo que contaban con 
más de 20.000 habitantes. 
Por tramos de población, el nivel de cumplimiento de la obligación de rendición al Tribunal de 
Cuentas y el retraso medio de las rendidas fuera del plazo legal, considerando la fecha señalada en 
el TRLRHL y el 21/06/2019, era el que se indica en el siguiente cuadro:  
Cuadro 2:   Rendición de cuentas y retraso medio 
Número de Ayuntamientos  Retraso medio 
Ay(huanbtaitmanietensto) s  EntiNdaº des  En Plazo  21T/0o6ta/2l 0a1 9  end ela l ar eCnudeincitóan  
General 
Nº  %  Nº   % 
Nº días 
Más de 100.000  6  3  50  6  100  81 
Entre 50.001 y 100.000  10  5  50  10  100  61 
Entre 20.001 y 50.000  31  15  48  28  90  61 
Entre 10.001 y 20.000  49  21  43  43  88  70 
TOTAL   96  44  46  87  91  67 
 
  Fuente: Cuentas generales rendidas al Tribunal de Cuentas a 31 de marzo de 2019. 
El porcentaje de rendición de las entidades con población superior a 50.001 habitantes alcanzó el 
100%. El porcentaje más bajo de rendición se produjo entre las entidades comprendidas en el  e.e
tramo de entre 10.001 y 20.000 habitantes, en el que habían rendido el 88% de las mismas.  b
Epol srteetrriaosriod amd ead liao  feinna lilzaa creiónnd idceiól np ladzeo  sleug aclu eesnttaab lgeecnideor ael nd eel  TlaRsL RenHtLid,a fduees d, eq 6u7e  dloía sh.i cDieersotan caco enl 
                                                
2   Fuente: Cuentas generales rendidas al Tribunal de Cuentas a 21 de junio de 2019.
mayor retraso de los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes a causa de las fechas en que 
rindieron sus cuentas los Ayuntamientos de Badajoz y Guadalajara, con 155 y 157 días de retraso 
respectivamente.  
I.7  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
En cumplimiento del artículo 44 de la de Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas, el Anteproyecto de Informe se remitió a los representantes legales de las entidades de 
las Comunidades Autónomas de Cantabria (diez entidades), Castilla-La Mancha (38 entidades), 
Extremadura (trece entidades), La Rioja (cuatro entidades) y la Región de Murcia (31 entidades) 
sobre las que se han realizado actuaciones fiscalizadoras, para que alegasen y presentasen los 
documentos y justificantes que estimasen pertinentes. Además, el Anteproyecto se envió a los que 
fueron representantes legales de dichas entidades entre 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018 
cuando no coincidían con los actuales.  
Dentro  del  plazo  concedido,  se  recibieron  alegaciones de  los  actuales  representantes  de  los 
Ayuntamientos de Albacete, Cehegín, Consuegra, Fuente Álamo de Murcia, Lorca, Murcia, San 
Pedro del Pinatar, Socuéllamos, Torrelavega y Valdepeñas. Asimismo, ha formulado alegaciones 
quien había ocupado el cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Albacete. El plazo inicialmente 
concedido  fue  objeto  de  ampliación  a  solicitud  de  los  Ayuntamientos  de  Laredo,  Plasencia, 
Quintanar de la Orden, Santander y Totana, recibiéndose dentro del mismo alegaciones de todas 
ellas, excepto del Ayuntamiento de Plasencia.  
Todas las alegaciones han sido objeto de tratamiento, lo que ha dado lugar a que se hagan en este 
Informe  las  modificaciones  y  matizaciones  que  se  han  considerado  procedentes.  No  se  han 
valorado aquellas alegaciones que explican, aclaran o justifican determinados resultados sin rebatir 
su contenido; plantean opiniones sin soporte documental o normativo; tratan de explicar, aclarar o 
justificar determinadas actuaciones sin contradecir el contenido del Informe; o señalan que las 
deficiencias o irregularidades se han subsanado con posterioridad al periodo fiscalizado. 
II.  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1  REFERIDOS  A  LA  ACTIVIDAD  GLOBAL  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  EN  MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL 
En este apartado del Informe se exponen los resultados obtenidos del análisis de la actividad global 
de los ayuntamientos en esta materia. 
En primer lugar se muestran los resultados referidos a la evaluación de la planificación de la 
gestión medioambiental llevada a cabo por las entidades que, fundamentalmente, se ha concretado 
en la adhesión a la Agenda 21 Local y en la implantación de sistemas de gestión medioambiental 
que, en caso de cumplir los requisitos establecidos en reglamentos o protocolos internacionales, les 
han permitido obtener la certificación u homologación oficial de sus servicios o proyectos de 
protección  del  medio  ambiente,  así  como  en  la  adhesión  a  agrupaciones  de  municipios  con 
objetivos medioambientales específicos con la finalidad de impulsar actuaciones coordinadas para 
alcanzarlos. 
En  segundo  lugar  se  exponen  los  resultados  del  análisis  de  las  principales  actuaciones  o
medioambientales llevadas a cabo por las entidades derivadas de la planificación realizada, a partir  247ww
daeincvettae ivllraunid aooac yrdióg  lnaan n oedizrjeema cclaauiótscivn ióam nd, e eddd eieud  npaiirsdno asgepdrsaeepmcsec acoióís fn iscp earyersv s iculcleoipovnusate rdoseatls aspry ei aoc ssíc fariacneboclaosiot  invpcoaoosdnr  o aacr yaolau,m  npaptraseomítt eeicnecoccnimitóaon osm   deleeondls  im souraee mdsfuiubonli teacanimdotoanbslai,e  mndditeeee  n.s tluao    OE-A-2021-14able en https://
 
Como se ha señalado, las actuaciones de planificación medioambiental analizadas se han llevado a 
cabo, fundamentalmente, a través de la adhesión de las entidades a la Agenda 21 Local de la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas  y  a  la  realización  de  actuaciones  encaminadas  a  la 
implantación de sistemas de gestión medioambiental, en su caso, adaptados a reglamentos o 
protocolos internacionales, así como a través de la adhesión a redes de municipios con objetivos 
medioambientales.  
Asimismo, se exponen los resultados de otras actuaciones específicas encaminadas a la protección 
del medio ambiente llevadas a cabo por las entidades no enmarcadas en una planificación general. 
 
Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo son encuentros 
internacionales entre Jefes de Estado de los países del mundo con el fin de alcanzar acuerdos 
sobre el medio ambiente, desarrollo, cambio climático, biodiversidad y otros temas relacionados. En 
su segunda reunión, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, se aprobó el Programa XXI o 
Agenda 21, con objeto de promover el desarrollo sostenible. Dicho Programa XXI constituye un 
plan detallado de actuaciones a emprender por los gobiernos de los estados miembros de la ONU 
para integrar medio ambiente y desarrollo económico y social en el horizonte del siglo XXI.  
El Programa es un documento estructurado en 40 capítulos organizados en cuatro secciones y 
redactado en forma de plan de acción. En lo que respecta a las entidades locales hay que destacar 
el capítulo 28 de la Sección III, que establece las iniciativas de las autoridades locales en apoyo del 
Programa XXI y crea la institución llamada “Programa 21 Local” o “Agenda 21 Local” (en adelante 
Agenda 21). El programa de implantación de esta requiere que cada municipio, comarca o región 
elabore, con el apoyo de su respectivo gobierno, su propio plan de desarrollo sostenible a partir del 
análisis de sus recursos, otorgando a los municipios un papel esencial en el fomento e iniciativa de 
acciones y modelos de desarrollo sostenible.  
Como consecuencia de esta iniciativa mundial, el 27 de mayo de 1994, se celebró en la localidad 
danesa de Aalborg, la primera Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles y se aprobó la Carta 
de las Ciudades y Pueblos Europeos hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg), en la que se 
recogen los principios y recomendaciones que han de seguir los pueblos y ciudades de Europa 
para lograr los objetivos de la sostenibilidad. La adhesión de las entidades a dicha Carta de Aalborg 
supone el compromiso de éstas con el medio ambiente y el inicio del proceso de Agenda 21, como 
herramienta de planificación participativa de la gestión municipal que permita a los Ayuntamientos y 
a los distintos actores sociales trabajar conjuntamente para el avance hacia el desarrollo sostenible. 
Dicha Agenda 21 constituye un plan estratégico municipal basado en la integración con criterios 
sostenibles de las políticas ambientales, económicas y sociales de la entidad, que surge de la 
participación  y  toma  de  decisiones  consensuada  entre  los  representantes  políticos,  personal 
técnico municipal, agentes implicados y ciudadanía. 
Las sucesivas Conferencias Europeas de Ciudades Sostenibles celebradas posteriormente en 
distintas ciudades han ido madurando el proyecto y la iniciativa europea de la campaña original y 
evaluando  los  avances  producidos  en  el  camino  hacia  la  sostenibilidad  de  las  ciudades  y 
municipios desde los comienzos de la misma. La última Conferencia tuvo lugar en Bilbao en abril  s
de 2016.  e.
De las entidades analizadas, las primeras que se adhirieron a los compromisos de la Agenda 21  247ww
fpureordounjo l olas  Ainycuonrptaomraiecniótno sd dee 3 M8 uernctiaid ayd Teasl,a yv elaras  dúelt ilma aRse iinncao erpno eral caiñoon e1s9 f9u9e.r oEnn tlroes 2 A0y0u1n yta 2m0i0e5n toses 
dloes  Vcoillmanpuroemvais does  dlae  Slae rAegnean yd aV 2ill1a rdreo blale OdoN, Ue n6 12 0e1n2ti dya 2d0e1s 5d,e r elassp e9c6t ifvisacmaeliznated.a Es,n e tlo 6ta3l, 5s%us.c ribieron  BOE-A-cable e
Por el contrario, 35 entidades3 no se adhirieron a los compromisos de la Carta de Aalborg, como 
punto de partida para la creación y desarrollo de una conciencia medioambiental y para la asunción 
de compromisos hacia la sostenibilidad. La falta de adhesión se produjo, fundamentalmente, entre 
las entidades con población comprendida entre 10.001 y 20.000 habitantes, en las que el 55% no 
estaban adheridas. Por su tamaño, destaca la falta de interés en adherirse de dos de las entidades 
de mayor población analizadas, los Ayuntamientos de Badajoz y Logroño, que superan cada una 
los 150.000 habitantes. Tampoco se han adherido a dichos compromisos otras entidades de gran 
población, como los Ayuntamientos de Mérida y Cáceres, con casi 60.000 habitantes la primera y 
100.000 la segunda. 
Por comunidades autónomas, ninguna de las entidades de La Rioja han firmado los compromisos 
de la Agenda 21 y únicamente el 23% de las de Extremadura lo hicieron. Por su parte, la adhesión 
fue mayoritaria entre las entidades de Cantabria, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, 
destacando las de Cantabria, al encontrarse adheridas la totalidad de las entidades analizadas. En 
al Anexo III se indican las entidades que se han adherido y las que no a los compromisos de la 
Agenda 21. 
Una vez establecido el compromiso político por parte de las entidades y plasmado en la firma de 
los compromisos de la Carta de Aalborg, el proceso de implantación y desarrollo de la Agenda 21 
comienza con la necesidad de diagnosticar la situación específica y los problemas de sostenibilidad 
a los que se enfrenta cada entidad. Se trata de establecer los pasos necesarios para conocer la 
realidad del municipio, identificando sus fortalezas, debilidades y potencialidades, para poder definir 
un proceso adecuado de actuación en función de dicha realidad mediante el establecimiento de 
objetivos y estrategias. 
Por ello, el primero de los ejes en la implantación de la Agenda 21 lo constituye la realización de 
una auditoría medioambiental formada por un conjunto de estudios, análisis y propuestas de 
actuación que sintetizan el estado medioambiental de todo el ámbito territorial de cada entidad. 
Dicha auditoría debe incluir un diagnóstico de la situación del medio ambiente y una propuesta de 
acciones de mejora para la resolución de los problemas detectados, integradas en un plan de 
acción ambiental. Asimismo debe establecerse un plan de seguimiento de los resultados y la 
creación de un sistema de indicadores que permitan la medición y el control del mismo. 
El 39% de las 61 entidades adheridas a los compromisos de la Carta de Aalborg no llevaron a cabo 
o no finalizaron los trabajos de diagnóstico de su situación con objeto de conocer el estado inicial 
del medio ambiente del municipio. Destacaron por su población los Ayuntamientos de Ciudad Real 
y Torrelavega, ambas con más de 50.000 habitantes.  
Sin embargo, tres entidades (Alhama de Murcia, Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras) que no 
se habían adherido a la Agenda 21 Local y por tanto no habían asumido sus compromisos, 
realizaron una diagnosis de su situación medioambiental, en dos de ellas en cumplimiento del 
Pacto de los Alcaldes, y en la otra según su plan de ordenación urbana. 
En el Anexo III se indican las 24 entidades cuya adhesión a la Carta de Aalborg quedó limitada a la 
mera formalidad de su firma por no iniciar siquiera los trabajos de diagnosis de la situación 
medioambiental de sus municipios. 
                                                  w.
3   LdLSCaoeaesg nul ar t3oí J,O5ñ u oCraed,no neL,ntn oisdA,s uaSr endAageelncrdsatáo o,zq ,m auCBereoera arsndi,,aoa  S,M j osoDézecr,o ui adnBéda lalh,Ba riMgemrianeiogsirtsou,o ,ne, B S ltEaouo llrna lrosañCse,oa  csMcsa oao,dm rnTe, tp oiFjCrrooora,imrj oltNauisstan,ro vaaYsav,u  lamdnF,e cuo Coerlaasán  lcs yCdea Zaerlieadr tlsfaaar,, a   MdC.F eaau tlAeaana,h tloOebr ocraÁrag,ñl a aCfmu,a eoOlra olsdivnpee a lnarMzrsaau ,s,r  ciPCgiaulaa,im esHenpntaoecr soida:, e ,A L QlCacuá riiUznpattnaari nóndanaer,,     BOE-A-2021-14cable en https://
Por otra parte 34 de las 35 entidades que no se adhirieron a la Agenda 21 tampoco llevaron a cabo 
ninguna actuación de diagnóstico de su situación del medio ambiente, destacando por su tamaño y 
recursos, los Ayuntamientos de Badajoz, Cáceres, Logroño y Mérida, todas ellas con una población 
superior a 50.000 habitantes. 
A  partir  del  diagnóstico  inicial  del  medio  ambiente,  las  entidades  debían  definir  las  líneas 
estratégicas a seguir para la mejora ambiental local y la progresión hacia un modelo de desarrollo 
sostenible. El 19% de las entidades que se adhirieron a los compromisos de la Carta de Aalborg y 
llevaron a cabo dicha diagnosis inicial del estado del medio ambiente, no definieron posteriormente 
líneas estratégicas para la mejora del mismo a partir de las conclusiones y recomendaciones 
derivadas de esta4. Esto supuso que el compromiso adquirido por los Ayuntamientos de Cartagena, 
Cuenca,  Jumilla,  Talavera  de  la  Reina  y  Yecla,  todos  ellos  de  población  superior  a  25.000 
habitantes,  con  la  firma  de  dicha  Carta,  fue  suspendido  durante  las  primeras  etapas  de  su 
implantación, quedando sin valor el diagnóstico inicial realizado y los recursos empleados para ello. 
Por su parte el Ayuntamiento de Alovera desarrolló unas líneas que no se referían a la totalidad del 
municipio, cuya explicación se expone más adelante. 
El desarrollo de las líneas estratégicas definidas por las entidades para la mejora del medio 
ambiente requiere del diseño de programas de actuación para cada objetivo específico en ellas 
definido,  lo  que  se  produjo  en  el  83%  de  las  entidades  que  establecieron  dichas  líneas,  25 
entidades, de las que todas excepto los Ayuntamientos de Las Torres de Cotillas y Valdepeñas 
desarrollaron por escrito proyectos para cada uno de los programas de actuación. Sin embargo los 
Ayuntamientos de Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, Murcia, Puerto Lumbreras y San Pedro del 
Pinatar no definieron programas de actuación para los objetivos previstos en cada línea estratégica.  
Los programas del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas se hicieron en desarrollo de las líneas 
estratégicas y la diagnosis llevada a cabo en el marco del indicado Pacto de los Alcaldes. En el 
Ayuntamiento de Guadalajara los programas también se desarrollaron en el marco del citado Pacto, 
si bien la diagnosis y las líneas estratégicas se llevaron a cabo en relación con la Agenda 21 Local. 
La fase de planificación medioambiental debe culminar con el desarrollo de un Plan de Acción 
Ambiental  en  el  que  se  integran  las  líneas  estratégicas,  los  programas  de  actuación  y  los 
proyectos desarrollados para cada uno de ellos. Este Plan se establece a partir de las conclusiones 
y recomendaciones derivadas del diagnóstico medioambiental, constituye la hoja de ruta a seguir 
por la entidad e incluye un calendario de actuaciones a lo largo del tiempo de acuerdo con la 
priorización establecida.  
Todas  las  entidades  que  llevaron  a  cabo  el  diagnóstico  de  la  situación  medioambiental  del 
municipio, establecieron líneas estratégicas, programas y proyectos de actuación, han enmarcado 
estos instrumentos en Planes de Acción Ambiental estableciendo las líneas estratégicas para la 
mejora del medio ambiente local. Además, los Ayuntamientos de Las Torres de Cotillas y Murcia 
elaboraron Planes de Acción, aun cuando no dispusieron de proyectos para cada programa de 
actuación, por lo que el número de entidades que dispusieron de Planes de Acción ascendieron a 
26. A 31 de mayo de 2018, el 57% de las entidades que desarrollaron dichos Planes de acción no 
habían dado por finalizada la fase de planificación medioambiental (16 entidades5). El periodo 
medio desde que se inició el Plan de Acción en estas entidades fue más de 8 años por lo que se 
puede concluir que dichas entidades no van a disponer de él y que los recursos empleados no se 
han gestionado eficientemente.  es
                                                  bo
4   Las líneas estratégicas de las entidades de Las Torres de Cotillas y de Puerto Lumbreras se hicieron en desarrollo de  247ww
5   Llaa ds iadgiencoisséisis l leevnatiddaa dae csa qbuoe e dne esal mrroalrlacoro dne Pl lianndeicsa ddoe  PAacccitóon d pee lroos  nAolc haaldbeíasn.  dado por finalizada la fase de planificación
mGueaddioaalamjabriean, taIllle fsucearso,n  Lloorsc aA, yuMnotalinmai edneto sS edgeu rAaz, uqSuaenc aP edder oH edneal rPesin, aBtaern, ieSl,e sCeañma,a rTgool,e dCoa, udTeotme,e lCloiseoz,a ,T Dotaainmai ely, 
Villarrubia de los Ojos.
El proceso de revisión y actualización que permite comprobar periódicamente si el Plan de Acción 
se está desarrollando según lo previsto se recoge en un Plan de Seguimiento del mismo, que 
tiene por objeto detectar posibles desviaciones y plantear alternativas. Este Plan de Seguimiento 
debe basarse en indicadores cuantificables a través de los cuales se puedan medir los logros 
alcanzados. Para llevar a cabo este seguimiento es necesaria la creación de Comisiones de 
Seguimiento, pudiendo estar integradas únicamente por técnicos municipales o implicar también a 
agentes externos a las entidades. El 60% de los ayuntamientos que enmarcaron sus proyectos, 
programas  y  líneas  estratégicas  en  Planes  de  Acción  Ambiental,  no  crearon  Comisiones  de 
Seguimiento para la evaluación y control del desarrollo de dichos Planes. Los Ayuntamientos que 
no las crearon fueron los de Almansa, La Solana, Las Torres de Cotillas y Santa Cruz de Bezana. 
La composición de dichas Comisiones en cinco de las seis entidades que las constituyeron fue 
mixta de empleados municipales y otros agentes externos y en otra de ellas, el Ayuntamiento de 
Santander, estaba compuesta en su totalidad por empleados municipales.  
La valoración de los resultados de las actuaciones de los Planes de Acción Ambiental requiere del 
uso de sistemas de medida y evaluación estandarizados y coherentes con las acciones que se 
llevan a cabo. Para ello es conveniente la creación de un sistema de indicadores cuya función 
sea realizar un seguimiento eficaz de la aplicación del Plan de Acción Ambiental con objeto de 
proporcionar, a lo largo del tiempo, información sobre los avances en la protección del medio 
ambiente, así como de un programa sistemático y continuado en el tiempo de seguimiento que 
impulse el cálculo regular de los indicadores siguiendo las mismas pautas y unidades de medida 
con objeto de obtener datos comparables.  
Los Ayuntamientos de Las Torres de Cotillas y Santa Cruz de Bezana no crearon sistemas de 
indicadores para evaluar su cumplimiento, lo que limita el análisis que dichas entidades realizaran 
respecto del cumplimiento de los Planes, al no diseñar elementos que permitieran su evaluación. 
Por su parte, tres de las ocho entidades que diseñaron sistemas de indicadores, los Ayuntamientos 
de La Solana, Puertollano y Santander6, no crearon planes o programas para el seguimiento 
posterior de los indicadores establecidos, lo que limita la utilidad de los mismos al no disponer de 
datos comparables que permitan realizar un seguimiento eficaz de la aplicación del Plan de Acción 
Ambiental  y  evaluar  la  mejora  del  medio  ambiente.  Las  entidades  que  dispusieron  de  tales 
programas de seguimiento de los indicadores establecidos llevaron a cabo un cálculo periódico de 
los mismos, al menos cada tres años.  
Por  último,  para  la  implantación  y  desarrollo  de  la  Agenda  21  debe  elaborarse  un  Plan  de 
Participación Social que incorpore la participación ciudadana dentro de la gestión del medio 
ambiente local con la finalidad de obtener que las distintas partes implicadas se corresponsabilicen. 
Los grandes retos sociales, económicos y medioambientales actuales requieren de un amplio 
debate público y de voluntad de iniciar soluciones innovadoras en el marco del consenso, siendo 
los ciudadanos los receptores directos del estado medioambiental de los municipios y de la gestión 
que cada entidad realiza. El Plan de Participación Social permite un vínculo bidireccional entre los 
ciudadanos  y  las  entidades  y  define  claramente  los  cauces  e  instrumentos  para  promover  e 
incentivar la participación ciudadana como vía para alcanzar un plan de acción consensuado, 
debiendo representar a tantos sectores como sea posible. 
De esta manera, las entidades pueden conocer las necesidades e intereses de la población, 
información imprescindible para proponer acciones concretas que requieran la colaboración de los  s
ciudadanos, haciendo aumentar las posibilidades de que los proyectos propuestos alcancen sus  oe.
objetivos  y  contribuyendo  al  establecimiento  de  formas  y  estructuras  de  colaboración  de  las  w.
 6      E  l   A  y u  n t a  m  i e  n t o    d e    S  a n  t a  n d  e r   i n  formó en el trámite de alegaciones de la aprobación del “Plan Estratégico Santander
2te0m1p0o-2ra0l2, 0s”i nq ueem bcaorngtoie ndeic hlaos  Pplarinn cnipoa lteiesn elí npeoars  fidnea lidaacdtu anci iócno natie ndee suanrr oslleagr ueimni elnat oe netsidpaedc ífdicuor adnete l oess ein dhicoaridzoornetes 
establecidos.
entidades con sus ciudadanos para la consecución de objetivos de promoción y protección del 
medio ambiente que en una actuación separada no podrían alcanzarse.  
La ausencia de Planes de Participación Social fue significativa en las entidades adheridas a los 
compromisos de la Carta de Aalborg, entre las que casi la mitad de las mismas (el 44%) no 
consideró  necesario  establecer  dichos  planes  con  objeto  de  implicar  a  los  agentes 
socioeconómicos  en  el  conocimiento  y  resolución  de  los  problemas  medioambientales  de  los 
municipios,  a  pesar  de  que  la  participación  ciudadana  en  la  gestión  del  medio  ambiente  se 
establece como uno de los ejes fundamentales en relación con la implantación de la Agenda 21. 
Entre ellas destacan, por su población, los Ayuntamientos de Cartagena, Cuenca, Torrelavega y 
Torre-Pacheco, todas ellas con una población superior a 50.000 habitantes. En el Anexo III se 
indican las 26 entidades7 adheridas a los compromisos de la Carta de Aalborg que no establecieron 
dichos mecanismos de participación. 
La participación en las entidades que establecieron dichos planes de participación social se llevó a 
cabo, en el 65% de las entidades, mediante la creación de Consejos Municipales de medio 
ambiente.  Estos  Consejos  son  órganos  sectoriales  complementarios  incardinados  en  la 
organización local con funciones de consulta, información y propuesta, cuya finalidad es la de 
canalizar la participación, iniciativas, propuestas y demandas de los ciudadanos y sus asociaciones 
en asuntos relativos al medio ambiente. Su establecimiento es acordado entre los representantes 
políticos de cada entidad y su organización y regulación se lleva a cabo mediante un Reglamento 
que aprueba el Pleno de cada una de ellas. 
Por su parte, en el 35% de las entidades en las que se establecieron Planes de Participación 
Social, esta se llevó a cabo mediante la creación de Foros municipales de medio ambiente, 
constituidos como lugar para el debate, intercambio de ideas, opiniones y visiones, así como para 
la divulgación de información, en los que, una vez que las autoridades locales deciden su uso como 
instrumento de participación ciudadana, deben determinar su composición y constitución. Además, 
el 47% de las entidades en las que se establecieron dichos Planes aprobó Reglamentos de 
participación que regulaban la intervención de los ciudadanos en el desarrollo local, con el objetivo 
principal de implicar a los ciudadanos en el buen funcionamiento del municipio.  
En  el  desarrollo  de  estas  actuaciones,  se  requiere  la  creación  de planes  de comunicación 
concebidos  como  sistemas  ágiles  de  comunicación  que  permitan  a  las  entidades  aportar 
información comprensible para los ciudadanos y que sirva para estimular e impulsar la educación 
ambiental. Dichos planes, previstos en la Agenda 21 Local y necesarios para mantener un flujo de 
información continua sobre el medio ambiente entre las entidades y los agentes que muestren 
interés  o  estén  implicados  en  el  tema,  no  fueron  establecidos  por  el  25%  de  las  entidades 
adheridas a la Agenda 21. Entre ellas destacan, por su población, los Ayuntamientos de Cuenca y 
Torrelavega, ambas con una población superior a 50.000 habitantes, que no establecieron un plan 
de  comunicación  organizado  para  facilitar  información  de  carácter  medioambiental  a  sus 
ciudadanos.  
La mayor parte de las entidades que no establecieron planes de comunicación tampoco contaban 
con planes de participación social, excepto los Ayuntamientos de Caudete e Illescas, que si bien 
disponían de planes de participación social, no tenían establecidas líneas de comunicación con los 
ciudadanos para la transmisión de dicha información. En el Anexo III se indican las 15 entidades8 
                                                  es
7   Las entidades adheridas a los compromisos de la Carta de Aalborg que no establecieron dichos mecanismos de  w.b
participación fueron los Ayuntamientos de Abarán, Águilas, Alovera, Archena, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cartagena,  247ww
CMViaallsaztanrourr-eóUvnra,d  idMaelue llsaa, , S CPeeriéehlneaagg.ío ns, , CSuaenntcoañ,a ,E lS eAssetiñllear,o T, aLraa nRcóond,a ,T Loarr eSlaovlaengaa,,  LTaorrered-oP, aLcahse cToo, rrVeisll adfrea nCcao tidllaes ,l oMs aBdarirdreojso sy, 
8   Las entidades que no han establecido planes de comunicación estructurados para facilitar información de carácter  BOE-A-cable e
medioambiental a sus ciudadanos han sido los Ayuntamientos de Águilas, Alovera, Archena, Bullas, Caudete,
que no han establecido planes de comunicación estructurados para facilitar información de carácter 
medioambiental a sus ciudadanos. 
Las 40 entidades que establecieron planes de comunicación de carácter formativo han llevado la 
difusión, fundamentalmente, a través de medios tradicionales de comunicación (radio, prensa y 
televisión), el 85% de ellas, el 83% a través del portal web del Ayuntamiento, el 83% mediante 
redes sociales y el 63% a través de boletines divulgativos. 
Además, otra información medioambiental de carácter más técnico puede también ponerse a 
disposición de los ciudadanos interesados en la problemática medioambiental. El 58% de las 36 
entidades que establecieron planes de información activa y específica han dispuesto de centros de 
documentación e información de carácter técnico que ha permitido a los ciudadanos tener acceso a 
información en la materia -21 entidades-. Por su parte, el 97% de las entidades que establecieron 
dichos planes han contado además con sistemas de atención al ciudadano para informarles en 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente.  
Como culminación de las actuaciones anteriores, las entidades debían elaborar un documento 
resumen de carácter divulgativo a partir de las conclusiones extraídas del diagnóstico ambiental 
inicial, de las actuaciones establecidas en el Plan de Acción Ambiental y de los resultados más 
relevantes obtenidos. El objetivo principal de dicha declaración ambiental es su difusión por parte 
de la entidad para informar a la población en general, en aras de la transparencia, y a otras 
administraciones en particular, pudiendo esta llevarse a cabo por cualquier medio que permita su 
transmisión.  Únicamente  doce  entidades  han  emitido  dicha  declaración  ambiental,  los 
Ayuntamientos de Albacete, Almansa, Azuqueca de Henares, Cieza, Hellín, Illescas, La Solana, 
Lorca, Molina de Segura, Puertollano, Toledo y Totana, si bien tres de ellas (Ayuntamientos de 
Almansa, La Solana y Molina de Segura) no han llevado a cabo la difusión de la misma entre la 
población,  objetivo  principal  de  la  emisión  de  dicho  documento.  Las  nueve  entidades  que  si 
difundieron el mismo lo hicieron, fundamentalmente, a través del sitio web municipal, de medios de 
comunicación y en actos públicos. 
En resumen, de las 96 entidades analizadas, 61 se adhirieron a la Agenda 21 Local, de ellas. 24 no 
realizaron un diagnóstico de su situación medioambiental inicial por lo que la suscripción de los 
compromisos de la Carta de Aalborg se redujo a una declaración de intenciones. De las restantes, 
siete no definieron líneas estratégicas de actuación; y únicamente 25 de las 61 que suscribieron los 
compromisos identificaron las medidas a tomar para mejorar el medio ambiente en su ámbito 
territorial y de ellas solo cinco diseñaron sistemas de indicadores para el seguimiento de los planes 
de acción. En definitiva solo de doce9 entidades se puede afirmar que culminaron el procedimiento 
previsto en la Agenda 21 Local. En el gráfico siguiente se refleja el grado de cumplimiento de las 
distintas fases de la Agenda 21 Local por las entidades que se adhirieron a él.  
 
   
                                                                                                                                                                  b
CSeerheengaí.n , Cuenca, Illescas, La Roda, La Solana, Madridejos, Piélagos, Torrelavega, Torre-Pacheco y Villanueva de la
9   lEal  AAgyeunndtaam 2i1e nLtooc dael.  SNaon otabnsdtaenrt em, annoif eresatóli,z óe nla e cl otrráremsipteo nddei eanleteg adceicolnaerasc, ióhna bmeer dciuolamminbaiednot aell.  procedimiento previsto en  BOE-A-cable e
Gráfico 1: Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 Local 
Total de entidades 96
Adhesión Agenda 21 local 61
Diagnosis situación medioambiental 37
Definición de Líneas Estratégicas mejora medio ambiente 30
Programas de actuación objetivos definidos y Plan de Acción 26
Finalización fase de planificación ambiental 12
Creación de Comisiones de Seguimiento 6
0 20 40 60 80 100
Dentro  de  la  planificación  de  la  gestión  medioambiental,  las  entidades  han  dispuesto  de 
reglamentos  o  protocolos  internacionales  para  la  implantación  de  sistemas  de  gestión  cuyo 
cumplimiento les ha permitido obtener certificaciones u homologaciones oficiales de acuerdo con la 
norma UNE-EN ISO 14001 y el Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), 
que se desarrollan en el presente subepígrafe. 
La implantación de un sistema de gestión medioambiental (en adelante SGM) en una entidad 
supone el reconocimiento oficial del compromiso del Ayuntamiento respecto del medio ambiente y 
permite que la organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden 
causar algún impacto sobre el medio ambiente.  
El sistema debe estar capacitado para identificar los aspectos medioambientales de la actividad, de 
la entidad, identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables, fijar los objetivos y metas 
medioambientales, establecer programas para alcanzar dichos objetivos y metas, planificar el 
control y establecer una política ambiental adecuada para la entidad. 
La creación de una política medioambiental es el primer paso hacia la implantación de un SGM, al 
conformar el marco para el establecimiento de las metas y objetivos medioambientales de la 
entidad.  Se  trata  de  un  documento  transversal  en  el  que  deben  establecerse  los  objetivos, 
estrategias e implicaciones a asumir por la entidad en relación con el medio ambiente adaptada a la 
naturaleza de cada entidad. La política debe establecer los principios medioambientales básicos 
que orienten la actividad de la misma, correspondiendo a la dirección de la organización su 
aprobación y el establecimiento de una periodicidad para su examen y revisión. Su implantación 
requiere su comunicación a todos los empleados municipales y a los vecinos del municipio. 
Las dos normas internacionales homologadas existentes para la implantación de un SGM en una  e.
entidad son: la norma UNE-EN ISO 14001, estándar internacional, editada por primera vez en el  w.
año  1996,  y  revisada  por  última  vez  en  2015,  y  el  Eco-Management  and  Audit  Scheme  o  247ww
R19e9g3la ym reenvtios aCdoom puonsittearriioor mdee nEtec oegne sdtoiósn o yc aEscioonaeusd iptoarríaa  in(EcMorApoSr)a, rq luaes  mfuoed pifuicbalicciaodnoe si nqicuiea llma epnotleít iecan 
a76m1b/i2e0n0ta1l  ddeel  Plaa rlUamnióenn toE uEruorpoepae oi bya  dreel qCuoirniesnedjoo,,  dlae  1p9ri mdee rma aprozor  edle  R2e0g0l1a,m peonr toe l Cquoem suen itpaerirom inteº   BOE-A-cable e
que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS II), y la segunda por el Reglamento Comunitario nº 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS III). 
No obstante, desde la publicación del Reglamento Comunitario nº 761/2001 -EMAS II, la Unión 
Europea asumió como herramienta para la implantación del SGM la norma UNE-EN ISO 14001, si 
bien, a pesar de seguir ambas normas la misma filosofía, el reglamento EMAS es más exigente en 
cuestiones tales como el mayor grado de compromiso que toma el Ayuntamiento con la sociedad 
respecto a la protección del medio ambiente y el compromiso que asumen las entidades de realizar 
una declaración medioambiental anual. También difiere el ámbito de cada norma, en tanto que la 
UNE-EN  ISO  14001  es  de  aplicación  internacional,  el  reglamento  EMAS  es  de  aplicación 
únicamente a los miembros de la UE.  
Un SGM puede referirse a una entidad en su conjunto o a departamentos, áreas o servicios 
específicos dentro de la organización. De las seis entidades fiscalizadas de población superior a 
100.000 habitantes (Murcia, Cartagena, Albacete, Santander, Logroño y Badajoz), únicamente el 
Ayuntamiento  de  Santander  ha  dispuesto  de  SGM  y  referidos  solamente  a  dos  servicios 
municipales, el Servicio de parques y jardines y el Servicio de playas. 
El Servicio de Parques y Jardines había registrado su SGM en EMAS en septiembre de 2007 y 
certificado en UNE-EN ISO 14001 desde marzo 2007. Su política medioambiental fue aprobada por 
la Concejalía de Medio Ambiente y registrada en el Registro Comunitario de Gestión y Auditoría 
Medioambiental EMAS desde el 7 de septiembre de 2007. El Servicio de Playas se encontraba 
certificado en UNE-EN ISO 14001 desde julio de 2013 y registrado en EMAS desde noviembre de 
2008. Este servicio contaba además con el certificado “Q de calidad”, certificación voluntaria de 
servicios turísticos desde julio de 2016. Su política medioambiental fue aprobada por la misma 
Concejalía y también se encontraba registrada en el Registro Comunitario de Gestión y Auditoría 
Medioambiental EMAS desde el 20 de noviembre de 2008. 
Los SGM y las políticas medioambientales de ambos servicios han sido objeto de revisión y 
actualización con carácter anual por el Ayuntamiento. Asimismo, ambas políticas se encontraban 
documentadas e implantadas y han sido difundidas en aras de un objetivo de transparencia, entre 
la ciudadanía a través de la página web municipal y mediante folletos informativos, si bien no 
fueron comunicadas a los trabajadores de la entidad, pese a que establecen las responsabilidades 
de cada persona implicada en su implantación y contienen el compromiso de mejora continua de 
prevención  de  la  contaminación,  el  compromiso  de  cumplir  con  la  legislación  vigente  y  la 
reglamentación  ambiental  y  con  lo  dispuesto  en  los  convenios  a  los  que  está  suscrito  el 
Ayuntamiento en materia de medio ambiente.  
Dichas  políticas  conforman  el  marco  para  el  establecimiento  de  las  metas  y  objetivos 
medioambientales de los servicios implicados e incluyen el compromiso de tomar las medidas 
oportunas para que las empresas que contraten con el Ayuntamiento apliquen medidas y principios 
medioambientales equivalentes a las de éste.  
Respecto de las diez entidades con población comprendida entre 50.000 y 100.000 habitantes, 
entre las que están los Ayuntamientos de Lorca, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, Ciudad  s
Real o Molina de Segura, todos con más de 70.000 habitantes, ninguna de ellas ha contado con  oe.
SGM ni políticas medioambientales, ni referidas a la Entidad en su conjunto ni a servicios o  w.
departamentos específicos de las mismas, a pesar de que por su elevado tamaño disponían de un  247ww
mayor volumen de recursos para la protección ambiental de sus municipios. 
DSGelM re ys tpoo ldíteic ean mtideaddioeasm, bcoienn tpaol bella Aciyóunn teanmtriee n1to0 .d0e0 0L ayr e5d0o.0, 0q0u eh aab piteasnater sd,e ú cnoicnatamr ecnotne  pcoocnota mbaá sc odne   BOE-A-cable e
11.000 habitantes, disponía de un SGM adaptado a la UNE-EN ISO 14001 respecto de una playa 
del municipio, cuya aprobación se produjo el 8 de abril de 2008, y de política medioambiental, que 
fue aprobada por la Concejalía de Medio Ambiente. Dicha política se encontraba documentada e 
implantada en la Entidad, y había sido difundida entre la ciudadanía a través de la página web 
municipal y las redes sociales. Como en el Ayuntamiento de Santander, no se llevó a cabo la 
valoración con objeto de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos ni se preveía la 
realización de actualizaciones ni establecían las responsabilidades de cada persona implicada en 
su implantación. 
Para  poder  aplicar  adecuadamente  las  políticas  medioambientales  definidas,  un  SGM  debe 
establecer  procedimientos  para  la  determinación  de  los  aspectos  medioambientales  de  sus 
actividades y servicios que puedan producir impactos significativos sobre el medio ambiente. Estos 
impactos pueden ser directos, los derivados de la actividad y los servicios de la entidad sobre los 
que tiene el control de la gestión, o bien indirectos, los producidos por la actividad y los servicios 
sobre los que la entidad no tiene pleno control de la gestión, tales como el comportamiento 
ambiental de contratistas, subcontratistas y proveedores.  
Para la identificación de los aspectos medioambientales de las actividades y la evaluación de los 
impactos, las entidades deben identificar los servicios, instalaciones y actividades susceptibles de 
generar impacto ambiental con objeto de determinar cuáles resultan significativos. Debe valorarse, 
entre otras cosas, el riesgo de provocar daños medioambientales, la fragilidad del medio ambiente 
local, la amplitud, el número, la frecuencia y la reversibilidad del aspecto o impacto, así como la 
existencia y los requisitos de la legislación medioambiental. Los aspectos que resulten significativos 
tras  la  valoración  deberán  tener  prioridad  a  la  hora  de  establecer  los  objetivos  y  metas 
medioambientales. En todo caso, el objetivo final para las entidades debe ser establecer un registro 
de los aspectos relevantes que sirva para poder estudiar la evolución que tienen de acuerdo con la 
gestión que la entidad realiza de los mismos y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 
y metas medioambientales que sobre estos se marcaron.  
Una adecuada gestión ambiental requiere, además, que las entidades conozcan en todo momento 
la legislación medioambiental, tanto nacional como internacional de aplicación, así como aquellos 
otros requisitos voluntarios asumidos formalmente por cada entidad, tales como códigos de buenas 
prácticas o acuerdos, lo que requiere el establecimiento de un fondo documental que recoja los 
requisitos aplicables a sus actividades, productos y servicios. Dado que la legislación ambiental se 
encuentra  en  continuo  cambio,  deben  articular,  además,  un  sistema  que  permita  mantener 
actualizado el fondo documental, incorporando la nueva normativa que se vaya aprobando en la 
materia. 
Para  aplicar  adecuadamente  su  política  medioambiental  local,  las  entidades  deben  definir  y 
documentar los distintos objetivos, identificando los fines que la entidad local se proponga alcanzar 
de acuerdo con lo establecido en los principios generales de dicha política. Los objetivos fijados se 
concretan en metas que son actuaciones concretas en las que se desglosan los distintos objetivos. 
Los objetivos y las metas deben ser coherentes con la política medioambiental, alcanzables y ser 
revisados periódicamente. Su establecimiento debe partir de la decisión de los puntos débiles 
prioritarios para la organización y para su determinación se debe tener en cuenta la política 
medioambiental de la entidad, los resultados de la revisión medioambiental inicial, los aspectos 
ambientales  significativos  y  sus  impactos  asociados  y  los  requisitos  legales  aplicables.  Es 
recomendable  que  dichos  objetivos  y  metas  cuenten  con  indicadores  de  medida  que  sean  s
utilizados como base del sistema de evaluación del comportamiento medioambiental y del grado de  oe.
su cumplimiento y el progreso realizado.  247www.
Lcoans seencutidciaódne ds ed leobse onb jeestitvaobsle yc elar su mnoesta sp raongtrearmioaress ,d eq ugee csotinótne nmgeadni olaa mdebsiecnritpacl ióenn cdaem lainsa adcocsi oan elas 
específicas para cada objetivo y meta, las áreas afectadas, los responsables de llevar a cabo cada
acción,  las  principales  acciones  a  realizar,  el  calendario  para  su  consecución,  los  recursos  Bc
humanos y económicos necesarios y el método de revisión de su contenido. Los programas deben 
estar adecuadamente documentados, ser aprobados por el Pleno municipal u órgano equivalente y 
darse a conocer a todos los niveles de la organización implicados en su realización. 
Únicamente  los  Ayuntamientos  de  Santander  y  Laredo  han  dispuesto  de  políticas 
medioambientales mediante SGM para alguno de sus servicios, el Servicio de Parques y Jardines y 
el Servicio de Playas en al Ayuntamiento de Santander y el Servicio de playas del Ayuntamiento de 
Laredo. Asimismo han dispuesto de un fondo documental con los requisitos legales de aplicación a 
sus actividades con objeto de conocer en cada momento la legislación medioambiental europea, 
estatal, autonómica y local vigente, así como otros compromisos medioambientales asumidos. En 
dichos  servicios  se  habían  definido  objetivos  medioambientales  para  los  que  se  habían 
determinado metas concretas en las que se desglosan los mismos y disponían programas de 
gestión encaminados a la consecución de dichos objetivos y metas. 
Por último las organizaciones que implantan un SGM de acuerdo al Reglamento EMAS deben 
formular una Declaración medioambiental que es el documento mediante el cual dan a conocer a 
todas  las  partes  interesadas  la  información  sobre  el  impacto  ambiental  causado  y  el 
comportamiento ambiental de la entidad. Esta Declaración debe ser validada por un verificador 
medioambiental antes de su puesta a disposición del público y debe contener la indicación clara e 
inequívoca  del  registro  de  la  organización  en  el  EMAS,  la  política  medioambiental  de  la 
organización  y  una  breve  descripción  del  sistema  de  gestión  medioambiental,  así  como  la 
descripción  de  los  aspectos  medioambientales  significativos  que  tengan  como  consecuencia 
impactos medioambientales relevantes y los objetivos y metas sobre dichos aspectos e impactos 
medioambientales. Debe contener asimismo el resumen de la información disponible sobre el 
comportamiento  de  la  organización  respecto  de  sus  objetivos  y  metas  y  la  identificación  del 
verificador medioambiental y su fecha de validación. 
La Declaración constituye un requisito obligatorio para las entidades que implanten sistemas de 
gestión medioambiental adaptados al Reglamento EMAS, no teniendo este carácter para aquellas 
entidades que opten por la implantación de sistemas de acuerdo con la UNE-EN-ISO 14001. La 
organización deberá actualizar anualmente la información mínima requerida y hacer validar cada 
año por un verificador medioambiental los cambios que se produzcan, debiendo estar a disposición 
de las partes interesadas la información actualizada. 
De las dos entidades que han dispuesto de SGM con procedimientos certificados en algunos de 
sus Servicios o Áreas, únicamente el Ayuntamiento de Santander ha contado con Declaraciones 
Medioambientales para sus dos Servicios, el de Parques y Jardines y el de Playas, emitidas de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Comunitario nº 1221/2009 -EMAS III. La 
playa del Ayuntamiento de Laredo que contaba con SGM y política medioambiental certificada de 
acuerdo con la UNE-EN ISO 14001, no ha dispuesto de Declaración Medioambiental al no estar 
adaptada al Reglamento EMAS. 
Los  SGM  son  procedimientos  de  planificación  medioambiental  que  cuentan  con  sistemas 
homologados internacionalmente, protocolos en los que deben enmarcarse los objetivos y metas a 
alcanzar, programas de gestión a desarrollar, mecanismos de seguimiento de las medidas a 
ejecutar y métodos de evaluación de los resultados obtenidos. Constituyen por tanto instrumentos 
muy importantes para la planificación y ejecución de las políticas de mejora del medio ambiente. 
Sin  embargo  94  de  los  96  ayuntamientos  analizados  no  han  optado  por  esta  posibilidad  de  s
establecer un SGM en sus ámbitos territoriales, en el marco de reglamentos y procedimientos  oe.
internacionales que les hubieran posibilitado la certificación de sus proyectos y solamente dos  w.
entidades y para proyectos parciales han acudido a estos instrumentos de planificación.  2021-14247n https://ww
 
Los protocolos que se han analizado en los subepígrafes anteriores (la Agenda 21 local y los SGM) 
constituyen instrumentos de planificación medioambiental que establecen procedimientos en los 
que las entidades adheridas deben realizar un diagnóstico de su situación medioambiental, fijar los 
objetivos a alcanzar y desarrollar planes de acción en los que deben especificarse las medidas 
concretas  a  ejecutar.  Además  deben  dotarse  de  indicadores  de  seguimiento  de  los  hitos 
alcanzados y difundir entre los distintos agentes sociales y la ciudadanía información comprensible 
que sirva para estimular e impulsar la educación ambiental. 
Junto a estos protocolos, en el ámbito asociativo local se han constituido diferentes foros con 
objetivos comunes de protección del medio ambiente que han constituido instrumentos de difusión 
de políticas medioambientales, instrumentos de intercambio de experiencias entre las entidades 
locales adheridas y un medio para coordinar y difundir los objetivos de la política nacional en 
relación con el medio ambiente al ámbito local.  
A nivel nacional las asociaciones más relevantes son “Red Española de ciudades por el clima”, la 
“Red Española de Ciudades Saludables” y la “Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad”, creadas 
como secciones de la Federación Española de Municipios y Provincias para promover la lucha 
contra el cambio climático y los efectos que de este se derivan, para la promoción y protección de 
la salud y el bienestar de los ciudadanos, en concordancia con los principios de actuación de la 
Organización Mundial de la Salud y para la promoción de políticas locales para la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad y la conservación del patrimonio natural, respectivamente. 
La adhesión de las entidades a estas redes españolas no requiere el cumplimiento de mayores 
requisitos formales que la designación de representantes y el pago de unas cuotas anuales, pero 
no se establecen planes de actuación ni se exige el diagnóstico de la situación medioambiental de 
los ayuntamientos, ni la elaboración y ejecución de proyectos para la mejora del medio ambiente. 
Tampoco constan estudios sobre los resultados obtenidos para la mejora del medio ambiente por 
las entidades adheridas ni la red realiza un seguimiento de los logros obtenidos.  
Las 55 entidades, de las fiscalizadas, que se han integrado en ese tipo de redes lo han hecho, 
fundamentalmente, a la “Red Española de ciudades por el clima” y la “Red Española de ciudades 
saludables”, a las que se encontraban adheridas el 47% y el 44% respectivamente de las que 
participaban en este tipo de agrupaciones.  
A nivel europeo se destaca la iniciativa de la Comisión Europea denominada “Pacto de los Alcaldes 
para el clima y la energía”, en funcionamiento desde 2008. Esta red se constituyó con el propósito 
de reunir a los gobiernos locales que voluntariamente se comprometían a alcanzar y superar los 
objetivos de la UE en materia de clima y energía y de constituir una red permanente de intercambio 
de información para la aplicación de buenas prácticas con objeto de mejorar la eficiencia energética 
y reducir las emisiones de CO . Tras sucesivas ampliaciones a otros territorios y fusiones con otras 
2
iniciativas, desde junio de 2016 se integra en el “Pacto Mundial de los Alcaldes por el Clima y la 
Energía” de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con los principios de 
justicia  climática,  cuyos  objetivos  principales  están  constituidos  por  la  mitigación  del  cambio 
climático, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y el acceso universal a una 
energía segura, limpia y asequible. Al contrario que en las redes españolas no se exigían cuotas de 
adhesión.  s
De las 96 entidades fiscalizadas se adhirieron a esta red 36 ayuntamientos que se comprometían a  w.
actuar para respaldar la implantación del objetivo europeo de reducción de los gases de efecto  247ww
imnviteigrancaidóenr oy  lean a duanp t4a0c ió%n  apla craa m2b0i3o0 c lyim láat iacod.o pción de un enfoque común para el impulso de la
 El cuadro siguiente muestra, por tramos de población, la adhesión de entidades a agrupaciones de 
ciudades con objetivos comunes en materia medioambiental. 
Cuadro 3:  Adhesión de los ayuntamientos a agrupaciones de ciudades con objetivos 
comunes en materia medioambiental. 
% 
%  % 
Integración  Entidades 
Entidades  Entidades  % 
integradas en 
integradas en la  integradas en la   Entidades integradas en l
Ayuntamientos   Total  el Pacto de 
No  Sí  Red Española de  Red Española de  Red de Gobiernos  los Alcaldes 
ciudades por el  ciudades  Locales+Biodiversidad 
para el clima 
Nº  %  Nº  %  clima  saludables  y la energía  
Mayor de 100.001  6  0  0   6  100  67  83  50  83  
De 50.001 a 100.000  10  3  30   7  70  86  0  29  57  
De 20.001 a 50.000  31  8  26   23  74  57  48  26  52  
De 10.001 a 20.000  49  28  57   21  43  19  43  19 
52  
Total  96  39  41   57  59  47   44  26  63  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización 
Ha existido una relación directa entre el tamaño de las entidades y la integración en algún tipo de 
asociación de entidades con fines medioambientales, aumentando la proporción de entidades 
agrupadas a medida que aumenta el tamaño de las mismas, oscilando entre el 43% en las 
entidades  de  menor  población,  el  70  y  el  74%  de  las  comprendidas  entre  20.001  y  100.00 
habitantes y hasta el 100% en las de mayor población.  
A la vista de las actuaciones desarrolladas no se aprecia una relación directa entre la pertenencia a 
estos colectivos y las actuaciones de planificación desarrolladas para la mejora de las condiciones 
medioambientales. Estas redes han actuado como foros de difusión de medidas de protección 
medioambiental, de impulso a la concienciación sobre la necesidad de actuar coordinadamente en 
estas políticas y de puesta en común de objetivos medioambientales, aunque su mera pertenencia 
pudiera transmitir la idea de políticas activas en la materia.  
Por último hay que señalar que veinte de las 96 entidades no se encontraban adheridas ni a los 
compromisos establecidos en la Agenda 21 ni integradas en ninguna agrupación de ciudades con 
objetivos comunes en materia medioambiental ni firmado ningún acuerdo o convenio en materia 
medioambiental que permita avanzar hacia el desarrollo sostenible. En el Anexo III se indican las 
entidades que se encontraban en dicha situación. 
 
Algunas entidades locales llevaron a cabo actuaciones parciales de planificación medioambiental 
de  las  contempladas  en  la  Agenda  21  Local  o  a  los  de  los  procedimientos  o  protocolos 
internacionales descritos sin asumir formalmente los compromisos.  
Dos  entidades,  el  Ayuntamiento  de  Plasencia  y  el  de  Logroño,  desarrollaron  actuaciones 
establecidas en la Agenda 21 Local sin adherirse a la misma. El Ayuntamiento de Plasencia 
desarrolló todas las actuaciones de diagnóstico establecidas en la Agenda 21 Local y llevó a cabo 
el establecimiento de líneas estratégicas y programas de actuación, así como de un sistema de 
indicadores para su seguimiento. El Ayuntamiento de Logroño definió líneas estratégicas para la 
mejora del medio ambiente local y programas de actuación para los objetivos definidos en cada 
línea, que dieron lugar a la elaboración de un Plan de Acción ambiental y al establecimiento de un 
sistema de indicadores. 
Por lo que se refiere a los Planes de participación social, también previstos en la Agenda 21 Local, 
los  Ayuntamientos  de  Plasencia  y  Socuéllamos  que  no  suscribieron  la  carta  de  Aalborg 
establecieron este tipo de planes para implicar a los agentes socioeconómicos en el conocimiento y 
resolución de los problemas medioambientales del municipio. Ambos aprobaron Reglamentos de 
participación ciudadana, que regulaban la intervención de los ciudadanos en el desarrollo local, con 
el objeto principal de implicar a los ciudadanos en el buen funcionamiento de municipio, y crearon 
Consejos Municipales de Medio ambiente. 
Por otra parte, catorce entidades10 no adheridas a la Agenda 21 Local dispusieron de planes de 
comunicación con sus ciudadanos para estimular e impulsar la educación ambiental. La difusión se 
llevó a cabo, fundamentalmente, a través de medios tradicionales de comunicación (radio, prensa y 
televisión), del portal web del Ayuntamiento y de las redes sociales. De ellas, cuatro entidades 
dispusieron  de  centros  específicos  de  documentación  e  información  que  ha  permitido  a  los 
ciudadanos tener acceso a información en la materia y seis dispusieron de sistemas de atención al 
ciudadano para informarles en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 
Por lo que se refiere a los SGM, también algunas entidades fiscalizadas que no contaban con estos 
sistemas  ni  habían  definido  políticas  medioambientales,  han  dispuesto  de  algunos  de  sus 
elementos, como es el caso de fondos documentales sobre la materia de medio ambiente o la 
definición  de  objetivos  o  programas  medioambientales  en  su  ámbito.  Entre  las  entidades  de 
población  superior  a  100.000  habitantes,  el  Ayuntamiento  de  Murcia  disponía  de  un  fondo 
documental  y  los  de  Albacete  y  Logroño  habían  definido  objetivos  y  programas  de  gestión 
medioambientales.  De  las  entidades  entre  50.000  y  100.000  habitantes,  únicamente  el 
Ayuntamiento de Molina de Segura contaba con fondos documentales y había definido objetivos y 
programas y los Ayuntamientos de Cuenca, Guadalajara, Lorca y Toledo algunos de ellos. 
Por su parte, de las 31 entidades con población comprendida entre 20.001 y 50.000 habitantes, 
únicamente  el  Ayuntamiento  de  Camargo  disponía  de  procedimientos  escritos  para  la 
determinación de los aspectos medioambientales de sus actividades y servicios, seis entidades11 
disponían de un fondo documental completo y, en otras dos, dicho fondo recogía únicamente los 
requisitos legales de aplicación a sus actividades12.  
                                                 
10  Las catorce entidades no adheridas a la Agenda 21 Local que dispusieron de planes de comunicación con sus  s
ciudadanos para estimular e impulsar la educación ambiental fueron los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan,  e.
Arnedo, Badajoz, Calasparra, Coria, Fortuna, Fuensalida, Fuente Álamo de Murcia, La Unión, Logroño, Olivenza,  b
Plasencia, Santomera y Torrijos.  247ww
11  JLuams isllae,is S eesnetiñdaa,d Teso rrqeu-eP adcihspeocon,í aTno tdaen au yn  Vfoanlddeop edñoacsu.m  ental completo eran los Ayuntamientos de Castro-Urdiales,
12  Las dos entidades cuyo fondo documental recogía únicamente sus requisitos legales de aplicación a sus actividades
eran los Ayuntamientos de Las Torres de Cotillas y Villarrobledo.
 
Una vez analizadas las actuaciones adoptadas por las entidades en relación con la planificación 
medioambiental y el diagnóstico de su situación en la materia, se exponen en el presente epígrafe 
los  resultados  del  análisis  de  la  ejecución  de  sus  políticas  o  proyectos  medioambientales, 
fundamentalmente a través de su organización en relación con el medio ambiente, del ejercicio de 
su capacidad normativa y de las actividades de inspección y control llevadas a cabo para verificar 
su cumplimiento, así como de las acciones específicas llevadas a cabo para la protección del 
medio ambiente, tanto en el desarrollo de su propia actividad como para el fomento entre la 
ciudadanía del cambio de sus hábitos personales y sociales, y la concesión de ayudas a los 
distintos agentes económicos para la creación de una conciencia medioambiental. 
 
La capacidad de organización atribuida a las entidades locales por la LRBRL permite a cada 
Ayuntamiento  diseñar  la  mejor  estructura  con  objeto  de  dar  cumplimiento  a  las  facultades 
otorgadas por la citada ley en materia de protección del medio ambiente. La mayor parte de las 
entidades, el 59%, han creado unidades o departamentos específicos con competencias en materia 
de medio ambiente. El número medio de trabajadores adscritos a dichas unidades en las 56 
entidades que disponían de las mismas y aportaron dicha información13 ascendió a once personas, 
oscilando entre los 32 trabajadores de media en las entidades entre 50.001 y 100.000 habitantes y 
los 4 de media en las de población entre 10.001 y 50.000.  
Las  39  entidades  restantes  no  disponían  de  unidades  específicas  con  competencias 
medioambientales, si bien, el 62% contaba con personal con algún tipo de competencia en materia 
medioambiental, disponiendo de dos trabajadores con dichas funciones de media por entidad. El 
cuadro siguiente muestra, por tramos de población, la existencia de unidades o departamentos 
específicos con competencias en medio ambiente en las entidades, con indicación del número de 
trabajadores. 
Cuadro 4:   Existencia en los ayuntamientos de unidades o departamentos con 
competencias en medio ambiente 
Existencia de 
Entidades con unidad 
unidades con  Entidades sin unidad con competencias 
con competencias 
competencias  ambientales 
ambientales 
ambientales 
Ayuntamientos  
Aytos. con  Aytos. sin  Nº personal  Media 
Nº  Nº  Media de 
Nº   Sí  No  personal con  personal con  con  de 
Aytos.  trabjs.  trabjs. 
competencias  competencias  competencia  personal 
Mayores de 100.000  6  5  1  5  124  25  1  2  2 
De 50.001 a 100.000  10  10  10  322  32 
De 20.001 a 50.000  31  24  7  24  106  4  5  2  10  2 
De 10.001 a 20.000  49  18  31  18  74  4  18  13  40  2 
TOTAL  96  57  39  57  626  11  24  15  52  2 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización 
Por población, de las seis entidades con más de 100.000 habitantes la única que no disponía de  247ww
a 1 3l  g E u l  An  ya  u  n  ut a nm  id ie a n d t o    d o e    S d o e c pu  éa l rl at am  m o s e    nnot oa poerstóp iencfoírfmicaoc iócno dne l ncúommeproe dteen trcaibaasja deonre sm adesdciroito sa aml Dbeiepnarttea mheant o.s ido  el  BOE-A-2021-14cable en https://
Ayuntamiento de Badajoz que, a pesar de tener una población superior a 150.000 habitantes, 
únicamente contaba con dos trabajadores con alguna competencia en materia medioambiental 
destinados en otras unidades o servicios de la organización municipal, dotación insuficiente para 
una entidad de ese tamaño, frente a los 25 trabajadores de media de las otras entidades de dicho 
tramo de población que sí disponían de unidad o departamento específico con competencias en 
medio ambiente. Por su parte, todas las entidades con población comprendida entre 50.001 y 
100.000 habitantes contaron con unidades o departamentos específicos con competencias en 
medio ambiente. 
Las  entidades  con  población  comprendida  entre  20.001  y  los  50.00  habitantes  dispusieron 
mayoritariamente de unidades o departamentos específicos con competencias en la materia, no 
contando  con  ellas  el  23%  de  las  mismas,  los  Ayuntamientos  Plasencia,  Don  Benito,  Torre-
Pacheco, Águilas, Piélagos, Calahorra y Seseña. A pesar de no contar con dicha unidad específica, 
cinco de las siete entidades sí que dispusieron de personal con competencias en medio ambiente 
en otras unidades o servicios de la organización municipal. El número medio de trabajadores con 
competencias medioambientales en las entidades que disponían de unidades específicas duplicó al 
de aquellas que no contaban con dichas unidades, cuatro en las primeras respecto a dos en las 
segundas. 
Las entidades de menor población, comprendida entre 10.001 y 20.000 habitantes, han sido las 
que en menor proporción han dispuesto de unidades o servicios específicos con competencias 
medioambientales, careciendo de las mismas el 63% de ellas -31 entidades-. Aunque no contaban 
con  unidad  específica,  dieciocho  de  esas  31  entidades  sí  dispusieron  de  personal  con 
competencias medioambientales en otras unidades o servicios. Al igual que en las entidades del 
tramo poblacional anterior, el número medio de trabajadores con competencias medioambientales 
en las entidades que disponían de unidades específicas duplicó al de aquellas que no contaban 
con dichas unidades, cuatro en las primeras respecto a dos en las segundas. En el Anexo IV se 
indican las entidades que no han creado unidades o departamentos específicos con competencias 
medioambientales. 
Con independencia de la existencia en las entidades de unidades especializadas en materia 
medioambiental, 56% de las entidades fiscalizadas no contaba entre sus trabajadores con personal 
técnico especializado en medio ambiente, desempeñando las funciones otros trabajadores sin 
especialización en la materia. Esta situación se ha producido, fundamentalmente en las entidades 
de menos de 20.000 habitantes, en las que el 80% no ha dispuesto de este personal especializado. 
El cuadro siguiente muestra, por tramos de población, la existencia de técnicos especialistas en 
medio ambiente.  
Cuadro 5:   Existencia en los ayuntamientos de técnicos especialistas en medio ambiente 
Técnicos especialistas en medio ambiente 
Ayuntamientos   Total 
No  %  Sí  % 
Mayores de 100.000  6  2  33,33  4  66,67 
De 50.001 a 100.000  10  3  30,00  7  70,00 
De 20.001 a 50.000  31  10  32,26  21  67,74 
De 10.001 a 20.000  49  39  79,59  10  20,41  s
Total  96  54  56,25  42  43,75  bo
La existenciFau eennte l:a E olarbgoaranciizóan cpiróonpi ain at epranrtair  ddee l ala insf oermntaidciaónd easpo drtead uan eind alad feissca oliz daceiópna rtamentos específicos  2021-14247n https://ww
ctéocnn iccoosm peespteencciaialiss taesn  emne ldai om aamtebriiae,n pteu ensoto  hqau eg a1r8a netniztaiddaod eqsu ed el alas sm 5i7s mqause  hdaisypaonn ídains pduee sdtioc hdaes   BOE-A-cable e
unidades o departamentos específicos no contaban entre el personal adscrito a las mismas con 
ningún técnico especializado en medio ambiente, destacando, por su población los Ayuntamientos 
de Cáceres, Logroño, Mérida o Torrelavega, todas ellas con más de 50.000 habitantes. El personal 
técnico en materia de medio ambiente supuso el 22% del total en aquellas entidades que disponían 
de unidades especializadas (107 de 495 trabajadores14). La carencia de dicho personal técnico fue 
más acusada en las entidades que no disponían de dichas unidades especializadas, puesto que el 
93% de las mismas no dispusieron de personal especializado. En el Anexo IV se indican las 
entidades que disponían de unidades o departamentos específicos con competencias en medio 
ambiente y no disponían de personal técnico especializado en la materia. 
 
Para la prestación de los servicios atribuidos por el artículo 26 de la LRBRL, las entidades locales 
disponen de capacidad reglamentaria pudiendo ejercer sus competencias mediante la aprobación 
de ordenanzas, tanto de carácter general para la protección del medio ambiente como específico 
en relación con la prestación de los distintos servicios y la regulación de los distintos factores 
contaminantes.  
Por ello, la mayor parte de las entidades han aprobado algún tipo de normativa cuyo objeto es la 
protección del medio ambiente, bien mediante la aprobación de disposiciones específicas en la 
materia o bien incluida en otras disposiciones sectoriales en las que la regulación de la protección 
del medio ambiente no constituye su objetivo único ni principal. Únicamente tres entidades, los 
Ayuntamientos de Los Corrales de Buelna, Ocaña y Quintanar de la Orden15, no han aprobado 
ningún tipo de normativa con esta finalidad. 
Además de la regulación específica aprobada por las entidades relativa a las contaminaciones 
acústica, atmosférica y lumínica, así como a la recogida selectiva de residuos, cuyos resultados se 
exponen en los subepígrafes específicos relativos a las actuaciones llevadas a cabo por las 
entidades en relación con dichos factores contaminantes y con la prestación del servicio, todos los 
ayuntamientos han regulado, además, otros aspectos medioambientales en sus ordenanzas. De 
esta forma, la totalidad de las entidades disponían de normativa reguladora relativa a la limpieza 
viaria del municipio, a la red de alcantarillado y a la realización de vertidos a la red de saneamiento. 
Junto con las áreas anteriores, las entidades regularon en mayor proporción la administración 
electrónica y la gestión de los residuos de construcción y demolición. No obstante, el 55% de las 
entidades no dispuso de ordenanzas reguladoras de la administración electrónica que entre otras 
muchas ventajas contribuye a ahorrar un elevado volumen de papel en su gestión ordinaria, 
destacando la ausencia de tal regulación en los Ayuntamientos de Badajoz, Logroño y Santander 
todos ellos con población superior a 100.000 habitantes, y de Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, 
Mérida, Talavera de la Reina y Toledo, todos ellos con más de 50.000. Además, el 57% no aprobó 
normativa reguladora de los residuos de construcción y demolición, no disponiendo de ella, entre 
otros,  los  Ayuntamientos,  Cartagena  o  Logroño,  los  tres  con  población  superior  a  100.000 
habitantes, y de Ciudad Real, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Lorca y Talavera de la Reina, todos 
ellos con más de 50.000. 
Por su parte, el 61% de los municipios no han regulado mediante ordenanzas sus zonas verdes, 
parques y arbolado urbano, entre ellos los Ayuntamientos de Cáceres, Ciudad Real, Lorca y Molina 
de Segura, todos ellos con población superior a 70.000 habitantes. El 74% tampoco reguló las  s
radiaciones ionizantes procedentes de tecnologías de radiocomunicación y el 79% la protección de  oe.
                                                  247ww
14  CDoartoias  yd Sea 3n7ta nddee lra ns o3 h9a enn atipdoardtaedso c loons  dtéactonsic soosl iecistapdeocisa)l.i stas en las unidades especializadas (los Ayuntamientos de
15  Erel gAuylaudnotaram dieen ltao  lidmep Qieuzian tya neal vr adllea dlao  Oderd seonla, reens , esli  tbráiemn itneo  daec raeldeigtóa csiuo neexsis, temnacniaif.e stó tener aprobada una ordenanza  BOE-A-cable e
los caminos rurales y de las vías pecuarias, destacando, por su población, los Ayuntamientos de 
Cáceres, Ciudad Real y Lorca, todos ellos con más de 70.000 habitantes, y Molina de Segura, 
también con población superior a 70.000 habitantes pero únicamente respecto de la protección de 
los caminos rurales y de las vías pecuarias. 
Además, el 80% de los ayuntamientos no aprobó ordenanzas para la protección de la flora y fauna 
y los espacios naturales, entre los que destacaron cinco de las seis entidades con población 
superior  a  100.000  habitantes,  los  Ayuntamientos  de  Badajoz,  Cartagena,  Logroño,  Murcia  y 
Santander y los Ayuntamientos de Cáceres, Ciudad Real, Molina de Segura, Talavera de la Reina y 
Toledo, todos ellos con más de 70.000 habitantes. Por su parte, el 85% tampoco aprobó normativa 
referida a huertos ecológicos. 
En el Anexo V se detallan las entidades que han carecido de ordenanzas en estas materias. 
En los subepígrafes específicos relativos a las actuaciones llevadas a cabo por las entidades en 
relación con las contaminaciones acústica, atmosférica, lumínica, y con la recogida selectiva de 
residuos,  se  exponen  resultados  del  análisis  efectuado  sobre  la  aprobación  de  normativa 
reguladora en dichos ámbitos, en especial el establecimiento de tasas u otros tributos. 
 
Las Administraciones Públicas deben promover en su funcionamiento interno la protección del 
medio ambiente con objeto de minimizar la huella ecológica derivada de su actividad ordinaria, 
teniendo como punto de partida una adecuada formación de los trabajadores municipales que 
permita extender la concienciación colectiva sobre el objetivo de protección del medio ambiente 
como base para el éxito de las distintas medidas de ahorro de consumo de energía, agua, papel, 
etc.  
Veinte entidades de las fiscalizadas manifestaron no haber adoptado medidas para la protección 
del medio ambiente en el desarrollo de su propia actividad entre 1 de enero de 2017 y 31 de mayo 
de 2018. Entre ellas, destacaron los Ayuntamientos de Cáceres, Las Torres de Cotillas, Mérida y 
Villarrobledo, todos ellos con una población superior a 20.000 habitantes. Además, veinte de las 76 
entidades que indicaron haber adoptado tales medidas no justificaron su realización. En el Anexo 
IV se indican las entidades que no adoptaron medidas para la protección del medio ambiente en el 
desarrollo de su propia actividad y las que indicaron haber adoptado tales medidas, pero no 
justificaron su realización.  
De  las  56  entidades  que  justificaron  haber  adoptado  medidas  para  la  protección  del  medio 
ambiente en el desarrollo de su propia actividad, solo diez llevaron a cabo actividades de formación 
y concienciación en materia medioambiental entre sus trabajadores, destacando por su población 
entre las que no llevaron a cabo tal formación los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Logroño, 
Lorca, Santander16, Talavera de la Reina y Torrelavega, todos ellos con una población superior a 
50.000 habitantes. 
Las medidas más habituales llevadas a cabo por las entidades para la protección del medio 
ambiente en el desarrollo de su propia actividad han sido actuaciones encaminadas a la reducción 
del consumo de energía y a la mejora energética de los edificios e instalaciones municipales, que  s
fueron  adoptadas  por  42  y  33  entidades  de  las  fiscalizadas,  respectivamente.  Entre  ellas  e.
destacaron,  fundamentalmente,  actuaciones  para  la  mejora  de  la  eficiencia  energética  del  w.
alumbrado público de las entidades, así como la mejora del aislamiento térmico de los edificios y la  247ww
s  u  s  t i t u  c  ió  n      d  e     b  o  m   b  il l a  s     p  o  r    luminarias  led.  Respecto  de  las  entidades  que  no  desarrollaron
16  El Ayuntamiento de Santander, en el trámite de alegaciones, alude a la participación en actividades de concienciación
en materia medioambiental sin concretar la realización de ninguna actividad formativa destinada a sus trabajadores.
ninguno  de  los  dos  tipos  de  actuaciones  destacaron  por  su  tamaño  los  Ayuntamientos  de 
Almendralejo, Ciudad Real, Cuenca, Mazarrón, Molina de Segura y Talavera de la Reina, todos 
ellos con una población superior a 30.000 habitantes. 
Además 25 entidades de las 96 fiscalizadas adoptaron medidas para la reducción del consumo de 
papel y el fomento del reciclaje, mediante actividades de impulso de la administración electrónica y 
la incorporación a plataformas de gestión electrónica de expedientes administrativos que entre 
otras  ventajas  coadyuvan  a  la  minoración  de  estos  factores  contaminantes.  Respecto  de  las 
entidades que no desarrollaron ninguno de los dos tipos de actuaciones destacaron por su tamaño 
los Ayuntamientos de Badajoz, Cuenca, Hellín, Mazarrón y Santander17, todos ellos con una 
población superior a 30.000 habitantes. 
El 27% de las entidades fiscalizadas -26 entidades- adoptaron medidas para la reducción del 
consumo  de  agua,  fundamentalmente  actuaciones  de  renovación  de  elementos  de  la  red  de 
distribución para la reducción de pérdidas de agua. Entre las entidades que no desarrollaron tales 
actuaciones destacaron por su población los Ayuntamientos de Badajoz, Cuenca, Santander y 
Talavera de la Reina, todos ellos con una población superior a 50.000 habitantes. 
Por último hay que indicar que la contratación pública se configura actualmente como uno de los 
instrumentos básicos al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y sus 
políticas públicas, permitiendo la obtención de objetivos, entre otros, medioambientales mediante el 
establecimiento de distintas claúsulas al efecto. Esta situación ha quedado reforzada mediante la 
aprobación de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, y de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, y en transposición de las mismas, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, que estableció un nuevo marco jurídico en que se pretende una Administración más 
concienciada con el medio ambiente mediante la introducción de cláusulas medioambientales en la 
contratación  pública.  De  las  entidades  fiscalizadas,  solo  quince  entidades  emplearon  la 
contratación  pública  como  instrumento  para  la  realización  de  este  tipo  de  políticas,  al  incluir 
cláusulas medioambientales en los pliegos que rigieron su contratación administrativa durante el 
periodo, si bien no las incluyeron para la totalidad de contratos celebrados. Entre las entidades que 
no  incluyeron  claúsulas  medioambientales  en  los  pliegos  que  rigieron  sus  contrataciones 
destacaron  los  Ayuntamientos  de  Cáceres,  Cartagena,  Ciudad  Real,  Guadalajara,  Mérida, 
Torrelavega y Talavera de la Reina, todos ellos con una población superior a 50.000 habitantes. En 
el Anexo IV se indican las entidades que no incluyeron claúsulas medioambientales en los pliegos 
que rigieron sus contrataciones.  
En resumen la mayor parte de las entidades, 56 de las 96 fiscalizadas, justificaron la realización de 
actuaciones en su funcionamiento interno para la mejora del medio ambiente aunque no las 
desarrollaron de una forma generalizada y sistemática, sino con carácter puntual. 
 
El concienciar a los ciudadanos sobre los problemas medioambientales existentes con objeto de 
generar un cambio en sus hábitos personales y sociales para revertir o disminuir los impactos 
negativos que sus actos generan sobre el mismo contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
una entidad en relación con la protección del medio ambiente, atribuidas a los municipios en el  s
artículo 25 de la LRBRL.   oe.
 1 7     E  l   A  y u  n  t a m   ie  n  to    d  e    S  a n  t a n  d  e r ,    en el trámite de alegaciones, indicó, de forma genérica, haber reducido el uso de
preaapliezla, daossí  cnoi mapoo hrtaób jeurs taifvicaancziaódno d ee nlo lsa  mimispmlaonsta. ción de la administración electrónica, si bien no concretó los avances  BOE-A-cable e
Por ello, además de las acciones desarrolladas por los ayuntamientos en su funcionamiento interno 
para la protección del medio ambiente, las entidades deben impulsar otras con objeto de difundir 
entre la población hábitos personales y sociales dirigidos a la defensa y protección del medio 
ambiente y al mantenimiento del equilibrio ecológico. Se ha solicitado información relativa a estas 
actuaciones a todas las entidades fiscalizadas y el 33% de ellas ha manifestado que, entre 1 de 
enero de 2017 y 31 de mayo de 2018, no han llevado a cabo ninguna actuación de difusión entre la 
ciudadanía de información y sensibilización medioambiental con objeto de fomentar en ella hábitos 
personales y sociales para la protección del medio ambiente. Entre estas entidades destacaron por 
su población los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Camargo, Don Benito, Mérida y Torre-
Pacheco, todos ellos con una población superior a 30.000 habitantes.  
La  ausencia  de  dichas  actuaciones  de  difusión  en  aras  de  la  transparencia,  se  produjo, 
fundamentalmente, entre las entidades de menor población, el 53% de las mismas no las llevó a 
cabo, proporción que se fue reduciendo a medida que aumentó el tamaño de las entidades, el 16% 
entre las de 20.000 y 50.000 habitantes y el 10% en las de población comprendida entre 50.001 y 
100.000. Todas las de población superior a 100.000 habitantes las llevaron a cabo. Desde un punto 
de vista territorial, los ayuntamientos de La Rioja son los que en menor proporción realizaron estas 
actuaciones de difusión, información o sensibilización, solo un 50%. Por el contrario, el 81% de las 
entidades de la Región de Murcia ha puesto en marcha campañas de difusión o desarrollado tareas 
de formación. En el resto de comunidades estas actividades se realizaron entre el 60% y el 62% de 
las entidades. El Anexo IV se indican las 32 entidades que no han desarrollado actuaciones de 
difusión  de  información  y  sensibilización  medioambiental  entre  la  ciudadanía  con  objeto  de 
fomentar en ella hábitos personales y sociales para la protección del medio ambiente.  
Las actuaciones de difusión llevadas a cabo entre 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018 por 
las  64  entidades  que  realizaron  dichas  actuaciones  han  consistido,  fundamentalmente,  en 
campañas e información a través de medios masivos de comunicación, el portal web de las 
entidades, redes sociales y medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y televisión), el 
86%, el 72% y el 72% respectivamente de las mismas. En menor medida se han llevado a cabo 
campañas mediante el uso de boletines, folletos o revistas divulgativas, y actuaciones formativas 
específicas en materia medioambiental, en el 66% y el 39% de entidades respectivamente y a 
través del correo ordinario, en el 20% de las mismas. El cuadro siguiente muestra, por tramos de 
población,  los  medios  empleados  por  las  entidades  para  la  difusión  entre  la  ciudadanía  de 
información y sensibilización medioambiental con objeto de fomentar en ella hábitos personales y 
sociales para la protección del medio ambiente.  
Cuadro 6:   Canales de difusión de información y sensibilización medioambiental 
Nº entidades con 
difusión  %  %  %  %  % 
% 
Tramos población  información y  Portal  Medios  Redes  Boletines   Correo 
Formación 
sensibilización  web  comunicación  sociales  folletos  ordinario 
medioambiental 
Entre 10 001 y 20 000  23  87  39  78  61  17  13 
Entre 20 001 y 50 000  26  92  92  81  69  46  19 
Entre 50 001 y 100 000  9  67  100  56  67  44  33 
Mayores 100 000  6  83  83  33  67  83  33 
TOTAL  64  86  73  72  66  39  20  es
 Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización  w.
 Lmae duitoil izeamcpiólena ddeol  ppoorr tlaals w eenbti dmaudneisc idpea l topdaoras  rloesa ltizraamr loass  daec tpuoabcliaocnieósn  deex cdeipfutosi óenn  heal  dseid loa se el nptriidnacdipeasl   2021-14247n https://ww
cmoemdpiorse nddeid acso meunntriec a5c0ió.0n0 t1r ayd ic1i0o0n.a0l0e0s  (hparbeintasnat,e sra, deion  ye l teqlueev isuitóilniz)a. rDonic heons  mmaeydoiro sp rtorpaodricciioónna lleoss   BOE-A-cable e
fueron empleados en más del 83% de las entidades de todos los tramos, excepto en las entidades 
de menor población, utilizándola sólo el 39% de las mismas. Por su parte, el uso de redes sociales 
ha sido mayoritario en todos los tramos excepto en el de las entidades de mayor población, en el 
que únicamente el 33% de las mismas lo utilizó; el uso de boletines informativos ha sido empleado 
de forma homogénea por las entidades con independencia de su tamaño. 
Desde un punto de vista territorial, los ayuntamientos de La Rioja no han dado preferencia a la 
utilización de ninguno de los medios en particular, mientras que los de Cantabria y los de la Región 
de Murcia han priorizado por igual el uso de su portal web y de las redes sociales, 67% y 92%, 
respectivamente. Por su parte, las entidades de Extremadura han empleado mayoritariamente y por 
igual sus portales web y los boletines y folletos, el 75%, y en las de Castilla-La Mancha, el portal 
web ha sido el medio más empleado, lo que se produjo en el 91% de las entidades. 
Hay que destacar que tres de los ayuntamientos no han utilizado ninguno de los tres medios de 
comunicación  masivos,  Almendralejo  y  Logroño,  en  los  que  se  ha  utilizado  la  formación 
medioambiental exclusivamente o, en el caso del segundo de ellos, junto con campañas mediante 
documentos divulgativos tales como boletines, folletos o revistas. Por su parte, el correo ordinario 
ha sido el medio menos utilizado, y únicamente lo han usado entidades de Castilla-La Mancha, el 
26%, y de la Región de Murcia, el 28%, y siempre en concurrencia con otros medios adicionales. 
 
La LRBRL atribuye a las entidades locales potestad sancionadora en relación con la ordenación de 
las  relaciones  de  convivencia  de  interés  local  y  del  uso  de  sus  servicios,  equipamientos, 
infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. Dicha potestad se regula en los artículos 4.1.f y 
139 a 141, permitiendo a las entidades el establecimiento de los tipos de infracciones en defecto de 
normativa sectorial específica, y la imposición de sanciones por el incumplimiento de deberes, 
prohibiciones o limitaciones contenidos en sus correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los 
criterios establecidos el citado articulado.  
Esta  potestad  sancionadora  se  establece  como  complemento  necesario  a  la  competencia 
normativa  atribuida  a  las  entidades,  con  objeto  de  garantizar  su  cumplimiento,  a  través  del 
establecimiento de infracciones y sanciones. 
Para asegurar el cumplimiento de la normativa y detectar las infracciones de las ordenanzas 
vigentes,  es  necesario  desarrollar  por  las  entidades  las  correspondientes  actuaciones  de 
inspección y control medioambiental.  
El 56% de las entidades fiscalizadas no realizaron ninguna actuación de inspección y control 
medioambiental, entre 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018, con objeto de detectar posibles 
infracciones de la normativa vigente. Entre estas 54 entidades destacaron por su población los 
Ayuntamientos de Cáceres y Talavera de la Reina, ambos con una población superior a 50.000 
habitantes, y los de Águilas, Alcázar de San Juan, Almendralejo, Azuqueca de Henares, Camargo, 
Cieza, Don Benito, Hellín y Valdepeñas, con una población superior a 30.000 habitantes. Además, 
otras seis de las 42 entidades que manifestaron haber desarrollado tales actuaciones no aportaron 
ningún documento acreditativo de su realización a pesar de habérselo solicitado, los Ayuntamientos 
de Alhama de Murcia, Almansa, El Astillero, Fortuna, Tomelloso y Torre-Pacheco. En el Anexo IV 
se relacionan las 54 entidades que no desarrollaron ninguna actuación de vigilancia e inspección  s
medioambiental.   e.
Las entidades que llevaron a cabo actuaciones de inspección y control fueron las de mayor  247ww
p1o0b0l.a0c0i0ó,n f;r elan teto atal l2id5a%d  ddee  lalass  ddee p mobálasc dióen  1e0n0tr.e0 0100 .h0a0b1i tya n2t0e.s0 0y0  ehla b8i0ta%n tdees.  las de entre 50.001 y
Las entidades que llevaron a cabo dichas tareas de inspección y control contaron con una media de 
3 trabajadores con competencia en la materia18. Existió una relación directa entre el tamaño de las 
entidades  y  el  número  medio  de  trabajadores  dedicados  a  dicha  inspección,  desde  dos 
trabajadores de media en las entidades de hasta 50.000 habitantes, hasta los 6 trabajadores de 
media en las de más de 100.000 habitantes. Las entidades que mayor número de trabajadores 
dispusieron para la realización de actuaciones de inspección y control fueron los Ayuntamientos de 
Logroño, Cuenca y Toledo, con 8, 7 y 6 trabajadores respectivamente, si bien no aportaron datos 
sobre el número de sanciones totales acordadas ni su importe. Respecto de los resultados de las 
actuaciones  de  inspección  y  control  en  las  quince  entidades  que  aportaron  datos  de  los 
procedimientos sancionadores iniciados, el número de sanciones acordadas entre 1 de enero de 
2017 y 31 de mayo de 2018 ascendieron a 2.468, siendo los Ayuntamientos de Albacete y Ciudad 
Real, con 751 y 730 cada uno, los ayuntamientos en los que más sanciones se impusieron, el 60% 
del total de sanciones acordadas. 
En los subepígrafes relativos a las actuaciones llevadas a cabo por las entidades en relación con 
las contaminaciones atmosférica, lumínica, acústica, y con la recogida selectiva de residuos, se 
exponen resultados específicos del análisis efectuado sobre las actividades de inspección y control 
realizadas por las entidades en dichos ámbitos. 
 
Este subepígrafe tiene por objeto ofrecer magnitudes agregadas de los gastos realizados por las 
entidades en el ejercicio 2017 para la protección del medio ambiente y evaluar su importancia en 
relación con los gastos totales de cada una de ellas.  
La estructura presupuestaria establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que  se  aprueba  la  estructura  de  los  presupuestos  de  las  entidades  locales  establece  una 
clasificación por programas del gasto de acuerdo con la cual los créditos se ordenarán por su 
finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir, con arreglo a una división por áreas 
de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas establecidos. 
Los gastos efectuados por las entidades en relación con sus actuaciones medioambientales se 
incluyen, de acuerdo con dicha clasificación por programas, en el Área de Gasto 1 “Servicios 
Públicos Básicos”, área que comprende todos aquellos gastos originados por los servicios públicos 
básicos que, con carácter obligatorio, deben prestar los municipios, con arreglo al artículo 26 de la 
LRBRL. Dentro de dicha área de gasto, la Orden incluye cuatro políticas de gasto básicas, una de 
las cuales se refiere a la protección del medio ambiente, la Política de gasto 17 “Medio Ambiente”, 
en la que las entidades deben incluir todos los gastos relativos a la protección y mejora del medio 
ambiente así como, entre otros, los de inversión y funcionamiento de los servicios de protección del 
medio  natural,  repoblación  forestal,  para  lo  cual  se  tipifican  los  siguientes  tres  grupos  de 
programas: “170. Administración general del medio ambiente”, “171. Parques y jardines” y “172. 
Protección y mejora del medio ambiente”, y dentro de este último se tipifica, además, un programa 
relativo a la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
urbanas, el programa “1721. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en 
las zonas urbanas”.  
Los cuadros siguientes recogen los datos de las 87 entidades que a la finalización de los trabajos  s
de fiscalización, 21 de junio de 2019, habían rendido sus cuentas generales referidas al ejercicio  oe.
2017, agregados por tramos de población y por comunidades autónomas, de las obligaciones  w.
reconocidas netas del área de gasto 1 de “Servicios Públicos Básicos”, el porcentaje de ejecución  247ww
                                                
18  Dinastpoesc cdieó n1 y7  cdoen tlraosl.  31 entidades que aportaron información específica sobre el personal asignado a las tareas de  BOE-A-cable e
en dicha área, la importancia de las obligaciones reconocidas netas en dicha área respecto de las 
obligaciones reconocidas totales, las obligaciones reconocidas netas en la Política de gasto 17. 
“Medio ambiente” y su importancia respecto del Área de Gasto 1 y de las obligaciones reconocidas 
totales.  
Cuadro 7:   Ejecución presupuestaria del Área de Gasto 1 y Política de Gasto 17 por 
tramos de población 
(Euros) 
%   %  
Oblig Recon  %  
ORN   total Área gasto  Pol.17 / 
%  Política de gasto  Pol.17 / 
Tramos de entidades  Total Área  1 / Total  Total 
ejecución  17. Medio  Área 1 
gasto1  Liquidación  Liquidación 
ambiente  gasto  
Ppto  Ppto 
Más de 100.000  462.787.007,99  68  42  52.547.685,71  11  5 
De 50.001 a 100.000  296.097.115,27  76  47  57.297.862,84  19  9 
De 20.001 a 50.000  286.211.027,54  74  36  25.159.711,30  9  3 
De 10.001 a 20.000  183.267.874,96  82  38  12.134.160,74  7  2 
TOTAL   1.228.363.025,76  73  41  147.139.420,59  12  5 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas a este Tribunal 
 
Cuadro 8:   Ejecución presupuestaria del Área de Gasto 1 y Política de Gasto 17 por 
comunidades autónomas 
(Euros) 
%   % 
Oblig. Recon. 
ORN   total Área  %   Pol.17 / 
%   Política de gasto 
Comunidad Autónoma  Total Área gasto  Gasto 1 / Total   Pol.17 /  Total 
ejecución  17. Medio 
1  Liquidación  Área gasto 1  Liquidación 
ambiente 
Ppto.  Ppto. 
Cantabria  147.444.798,57  60  39  18.102.124,25  12  5 
Castilla-La Mancha  370.012.595,42  77  42  66.963.976,59  18  8 
Extremadura  161.703.588,14  73  41  17.411.331,96  11  4 
La Rioja  59.607.812,04  60  36  7.908.687,53  13  5 
Región de Murcia  489.594.231,59  77  41  36.753.300,26  8  3 
TOTAL   1.228.363.025,76  73  41  147.139.420,59  12  5 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas a este Tribunal 
El total de las obligaciones reconocidas netas por las 87 entidades que habían rendido sus cuentas 
generales en dicha Área de Gasto 1 ascendió a 1.228.363.025,76 euros, de los que el 38% 
correspondieron a las seis entidades con población superior a 100.000 habitantes. El nivel de  s
ejecución fue de un 73%, produciéndose una relación inversa entre el tamaño de las entidades y el  oe.
gpCy roaRabndeltaogac ibóidórniena  d.  yeeP j deMoecruu  Lrcccaioói amRn e,iu onndja ielda,s asedd nqee u lsaee sl  aa q6ulcu8taóe%nn úz onóemi ncea als lma7, s7el %and t.ee m  aemlncaoayrno zre ójpe eoclub 6cla0ióc%nió,  nfc roehrnartesest apa o elnald s8 iód2 e%a C  aleasnst  illleaans-L tidade aM dmeasne cndhoear    2021-14247n https://www.
El Área de gasto 1 supuso, de media, el 41% de las obligaciones reconocidas totales de los 
ayuntamientos seleccionados, siendo las entidades de población superior a 50.000 e inferior a 
100.000  habitantes  donde  dicha  área  tuvo  mayor  importancia,  el  47%  de  las  obligaciones 
reconocidas  totales,  y  las  de  población  comprendida  entre  20.001  y  50.000  las  de  menor 
importancia,  el  36%.  Por  comunidades,  en  las  entidades  de  Castilla-La  Mancha  tuvo  más 
relevancia, el 42% del total de gastos y en las de La Rioja solo el 36%. 
En esta área de gasto, el importe de las obligaciones reconocidas netas para la Política que recoge 
el gasto en medio ambiente ascendió a 147.139.420,59 euros, el 12% del total del Área 1, de los 
que el 39%, correspondieron a las entidades con población entre 50.001 y 100.000 habitantes. Se 
produjo una relación directa entre el tamaño de las entidades y la importancia de la Política de 
gasto 17 “Medio Ambiente” respecto del total del Área de gasto 1; desde el 7% para las entidades 
de menor población hasta el 11%, en las de población superior a 100.000 habitantes y el 19%, para 
las entidades con población entre 50.001 y 100.000 habitantes. 
Por comunidades autónomas, las entidades de Castilla-La Mancha fueron aquellas en las que 
mayor peso tuvo dicha política respecto del Área 1, el 18%, frente el 8% en las de la Región de 
Murcia. Comparando las obligaciones reconocidas netas de dicha Política de Gasto en Medio 
Ambiente respecto del total de obligaciones de la entidad, los gastos en dicho Programa supusieron 
el 9% de las obligaciones totales en las entidades de población entre 50.001 y 100.000 habitantes, 
el 5% en las de más de 100.000 habitantes y entre el 2 y 3% en el resto. 
Los cuadros siguientes recogen los datos en las 87 entidades que a la finalización de los trabajos 
de fiscalización habían rendido sus cuentas generales referidas al ejercicio 2017, agregados por 
tramos de población y por comunidades autónomas, de las obligaciones reconocidas netas del 
Grupo de programa 172. “Protección y mejora del medio ambiente”, el porcentaje de ejecución en 
dicho grupo de programas y la importancia de las obligaciones reconocidas netas en este grupo de 
programas respecto de las obligaciones reconocidas en la Política de gasto 17. “Medio ambiente” y 
en el Área de Gasto 1. 
Cuadro 9:   Ejecución presupuestaria Grupo de Programa 172 por tramos de población 
(Euros) 
%  % 
 Grupo de  Grupo de 
ORN Total Grupo  % 
Tramos de entidades  Programa  Programa 
de programa 172   ejecución 
172/ Total  172/ Total 
Política 17  Área 1 
Más de 100.000  6.426.320,71  48  12  1 
De 50.001 a 100.000 h  1.466.681,72  67  5  0 
De 20.001 a 50.000 h  3.423.723,05  68  14  1 
De 10.001 a 20.000 h  823.025,00  95  7  0 
TOTAL   12.139.750,48  56  10  1 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas a este Tribunal 
 
Cuadro 10:   Ejecución presupuestaria Grupo de Programa 172 por comunidades 
autónomas 
(Euros) 
%   % 
Grupo de   Grupo de 
Tramos de  ORN Total Grupo  % 
Programa  Programa 
entidades  de programa 172   ejecución 
172/ Total  172/ Total 
Política 17  Área 1 
Cantabria  924.132,12  26  5  1 
Castilla-La Mancha  2.345.667,35  55  6  1 
Extremadura  272.715,74  62  2  0 
La Rioja  1.432.525,88  86  18  2 
Región de Murcia  7.164.709,39  62  19  1 
TOTAL   12.139.750,48  56  10  1 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas a este Tribunal 
El grupo de programa 172 supuso el 10% del total del gasto ejecutado en relación con el medio 
ambiente en la Política de Gasto 17, siendo las entidades con población entre 20.001 y 50.000 y las 
mayores de 100.000 habitantes aquellas en las los gastos medioambientales tuvieron mayor peso 
en sus presupuestos, el 14% y el 12% respectivamente de las obligaciones reconocidas en dicha 
Política, frente al 5% y 7% que supuso en las de población entre 50.001 y 100.000 habitantes y en 
las de menor población, respectivamente. Por comunidades autónomas, el mayor peso se produjo 
en las entidades de la Región de Murcia y de La Rioja, en las que el gasto ejecutado en el grupo de 
programa 172 ascendió al 19% y al 18% respectivamente. 
El total de las obligaciones reconocidas netas por las 87 entidades que habían rendido sus cuentas 
generales en el Grupo de Programa 172 relativo a la protección y mejora del medio ambiente  e.e
ascendió a 12.139.750,48 euros, de los que más de la mitad -el 53%-, correspondieron a las seis  w.b
entidades con población superior a 100.000 habitantes. Por comunidades autónomas, las entidades  247ww
dpero lgar aRmeag.i óEns dpee cMiaulmrceian taeg lrluapmaartoivno e el s5 9e%l e dsecal stoot aiml dpeo roteb lidgea claiosn oebs lirgeaccoinoonceisd ares ceonn odcicidhaos G ernu pdoic dheo 
Gtrerucpeo e ndteid Pardoegsr ainmcalu ipdoars l,a lso  eqnuteid eavdiedse ndcei aE uxntrae minasduufircaie, nqcuiae  daesc reencduíras oas  2d7e2s.t7in1a5d,7o4s  eau lrao sp reontetrcec ilóans 
del medio ambiente por las entidades de dicha Comunidad Autónoma. 
El nivel de ejecución fue de un 56%, destacando el elevado nivel en las entidades de menor 
población –el 95%-, y produciéndose una relación inversa entre el tamaño de las entidades y el 
grado de ejecución, desde el 48% en las de mayor población hasta el citado 95% en las de menor. 
Por comunidades autónomas, las entidades de La Rioja fueron las que presentaron un nivel más 
elevado –el 86%-, frente a las de Castilla-La Mancha en las que la ejecución presupuestaria en el 
Grupo de Programa 172 apenas llegó al 55% y Extremadura con un 62%. 
Por último hay que poner de manifiesto la escasa importancia de los gastos medioambientales en 
relación con el total de gastos del Área 1 –Servicios Públicos Básicos- ya que los gastos imputados 
al grupo de programas 172 supusieron el 1% del total del Área 1. 
Además,  ninguna  entidad  a  excepción  del  Ayuntamiento  de  Murcia  definió  ni  objetivos 
presupuestaros ni indicadores para el seguimiento de los resultados de los gastos ejecutados en el 
grupo de programas “172. Protección y mejora del medio ambiente” (siete Ayuntamientos afirmaron 
haber definido objetivos o indicadores para dicho grupo de programas, pero no justificaron su 
establecimiento).  
Por otra parte, ante la escasa importancia relativa de los gastos medioambientales en el Programa 
172 y con objeto de realizar una estimación más ajustada de los realizados por las entidades para 
la protección del medio ambiente, se ha calculado, a partir de las cuentas rendidas a este Tribunal, 
la representatividad de los gastos incurridos relacionados con la protección del medio ambiente 
imputados  a  otros  programas  presupuestarios  en  el  ejercicio  2017  en  relación  con  el  gasto 
municipal total. Para ello se han tenido en cuenta las obligaciones reconocidas por las entidades 
para  la  gestión  de  residuos  y  limpieza  viaria19,  los  gastos  en  relación  con  la  contaminación 
atmosférica y acústica y con la protección y gestión del medio natural, los gastos en relación con la 
gestión  del  agua,  los  incurridos  en  jardinería  y  espacios  verdes,  para  el  fomento  del  ahorro 
energético y el uso de energías alternativas, para la mejora de la movilidad, para la formación 
ambiental y la investigación en medio ambiente, así como en la colaboración con otras instituciones 
de carácter supranacional y el gasto derivado de acciones vinculadas con la Agenda 21 Local y el 
desarrollo sostenible.  
El gasto total en los conceptos indicados anteriormente por las 87 entidades que rindieron sus 
cuentas a este Tribunal ascendió a 519.878.402,43 euros, lo que supuso, de media, el 17% del 
gasto total de las mismas. Las principales partidas de gasto fueron las relativas a la gestión de 
residuos,  243.309.072,01  euros,  que  supuso  el  46,80%  de  la  cuantía  calculada  para  las  87 
entidades y el 8% del gasto total ejecutado por las mismas, y los gastos ocasionados por la 
limpieza viaria y las actividades de jardinería y cuidado de espacios verdes, que supusieron 
104.258.591,66 y 96.309.735,68 euros, el 3,44% y 3,18%, respectivamente, del gasto total.  
La importancia de estos gastos respecto del gasto total incurrido por las entidades fue directamente 
proporcional a su tamaño, suponiendo el 15% del gasto total en las entidades de menor dimensión, 
aquellas con población entre 10.001 y 20.000 habitantes y entre 20.001 a 50.000 habitantes, y el 
18% en las de entre 50.001 y 100.000 habitantes. Por su parte, en las de mayor población el gasto 
en medio ambiente supuso el 19% del gasto total incurrido. Por comunidades autónomas, las 
entidades de Castilla-La Mancha fueron las que la ratio del gasto en medio ambiente fue menor, el 
15%, frente al 17% y 18% de Cantabria, La Rioja y Región de Murcia, y el 19% de Extremadura. 
El cuadro siguiente recoge los datos, por tramos de población y por comunidades autónomas, de la  s
importancia relativa de los principales conceptos de gasto respecto del gasto total de las entidades  oe.
1  9     Hom  ba el yid g  ia oq tau o mer i  ab t e,i e n an e  t ral o l e s nn  o q   c us uei e e  mns  etp a  r  deq e  ue d es ic   a laa  sn í .r eimcopgoirdtaan dtees  rreesciduursooss ,y  qluae l imsip bieiezna  vdieabriean  sgoens tsioenrvaicrsioes  cmonu ncicriitpeariloess  ddee  pprroetsetaccciióónn   BOE-A-2021-14cable en https://
en las 87 entidades que a la finalización de los trabajos de fiscalización habían rendido sus cuentas 
generales referidas al ejercicio 2017 
Cuadro 11:   Importancia relativa de los principales conceptos de gasto en medio 
ambiente 
Tramos de población  Comunidades Autónomas 
%  % 
Concepto  %  %  %  %  % 
De  %  %  Región 
Más de  De 50.001 a  De 10.001  Castilla La  La 
20.001 a  Cantabria  Extremadura  de 
100.000  100.000 h  a 20.000 h  Mancha  Rioja 
50.000 h  Murcia 
Gestión del agua  1  3  2  4  1  2  2  2  1 
Gestión residuos  11  5  7  6  5  3  9  5  12 
Limpieza viaria  3  5  3  2  6  4  3  5  2 
Jardinería y espacios 
4  4  2  2  4  3  4  4  2 
verdes 
Protección y gestión 
0  0  0  0  0  0  0  1  0 
medio natural 
Gasto total Medio 
19  18  15  14  17  12  19  17  18 
Ambiente 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas a este Tribunal y la información aportada durante la 
fiscalización 
Por tramos de población, el gasto en gestión del agua supuso el 4% del gasto total de la entidad en 
las entidades de población entre 10.001 y 20.000 habitantes, destacando la reducida importancia 
que tuvieron dichos gastos en las entidades de mayor población, las de más de 100.000 habitantes, 
en las que alcanzó el 1% de media. El importe gastado por los Ayuntamientos de dicho tramo de 
población en la gestión de residuos supuso, de media, el 11% del total de sus gastos, frente a una 
media del 6% en el resto de los tramos de población. Por su parte, los gastos de limpieza viaria 
tuvieron  mayor  peso  en  las  entidades  de  entre  50.001  a  100.000  habitantes,  en  las  que 
representaron, de media, un 5%, frente al 2 o 3% del resto de tramos. Por último, los gastos en 
jardines y espacios verdes supusieron, de media, un 4% en las entidades de población superior a 
50.000 habitantes y el 2% en el resto. 
Por comunidades autónomas, los gastos de gestión del agua supusieron entre el 1% y el 2% de 
sus gastos totales en todas en las entidades; los gastos de gestión de residuos oscilaron entre el 
12% del total del gasto de las entidades de la Región de Murcia y el 3% en las entidades de 
Castilla-La Mancha y los de limpieza viaria entre el 6% en las entidades de Cantabria frente al 2% 
en las entidades de la Región de Murcia. Por su parte, los gastos en jardines y espacios verdes 
supusieron, de media, entre un 2% y un 4%. 
 
Se  han  analizado  los  ingresos  obtenidos  por  las  entidades  vinculados  a  actuaciones 
medioambientales,  en  concreto,  la  percepción  de  ayudas  o  subvenciones,  fundamentalmente, 
provenientes de otras administraciones, destinadas a la financiación de proyectos de carácter 
medioambiental,  así  como  los  ingresos  obtenidos  por  las  entidades  en  el  ejercicio  de  su 
competencia sancionadora.  s
El 68% de las entidades no recibieron durante el ejercicio 2017 subvenciones u otras ayudas  w.
deTenostleitdidnaoad,de tasos dd aeass  etlaallca asfir nocaonnn cl opiasoc biAólayncu ióndntea  smpuirpeoenyrteoiocsrt  o7ds5e . 0mA0le0bd ahicoaeabtmieta,b niBetenastda.a l ejosz , eCn áscue retes,r riLtoorgioro. ñEon, tCrea retasgtaesn a6 5y   2021-14247n https://ww
De  las  31  entidades  que  recibieron  dichos  fondos,  las  de  población  entre  50.001  y  100.000 
habitantes fueron las que en mayor proporción dispusieron de ellos –el 50% de las mismas-, 
mientras que en el resto de tramos la proporción de entidades que recibieron ayudas osciló entre el 
33% en las de población superior a 100.000 habitantes y el 29% de las de menor tamaño. Las 
entidades de Cantabria y de Castilla-La Mancha fueron las que en mayor proporción recibieron 
ayudas para la financiación de proyectos medioambientales, suponiendo el 40% y el 37% de las 
mismas, respectivamente. En cambio, ninguna entidad de La Rioja recibió tales ayudas. En el 
Anexo IV se indican las entidades que recibieron durante 2017 ayudas destinadas a proyectos 
medioambientales. 
Las 31 entidades reconocieron derechos en el ejercicio 2017 por importe de 2.402.506,64 euros 
para la financiación de 42 proyectos, de los que se recaudaron el 92%, lo que supuso 2.219.297,88 
euros. La mayor parte de los mismos tuvieron su origen en fondos procedentes de la Unión 
Europea, el 27% de los derechos que se destinaron a la financiación de ocho proyectos. Por su 
parte, las Diputaciones Provinciales, comunidades autónomas y el Estado aportaron, casi a partes 
iguales, el 63% de los recursos para la financiación de 25 proyectos. Además, se reconocieron 
251.390,53 euros procedentes de otros agentes para la financiación de 9 proyectos. En el cuadro 
siguiente se indican, según su origen, los derechos reconocidos y las cantidades efectivamente 
recaudadas por las entidades durante 2017.  
Cuadro 12:  Ayudas recibidas por las entidades durante 2017 
(Euros)
Derechos reconocidos  Importe Recaudado 
Procedencia fondos  NºAytos.  NºProyectos 
Importe  %  Importe  % 
Unión Europea  5  8  652.464,55  27  652.464,55  29 
Estado  4  4  477.985,21  20  429.572,50  19 
Comunidad Autónoma  9  10  502.058,14  21  454.021,04  21 
Diputación Provincial  8  11  518.608,21  22  470.815,36  21 
Otros  6  9  251.390,53  10  212.424,43  10 
Total  32 (*)  42  2.402.506,64  100  2.219.297,88  100 
(*) El Ayuntamiento de Tomelloso recibió fondos procedentes tanto del Estado como de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización 
La mayor parte de los fondos anteriores, el 54%, fueron recibidos por entidades de Castilla-La 
Mancha. Las entidades de la Región de Murcia recibieron el 20% y las de Cantabria y Extremadura 
el 14% y el 12% respectivamente. En el cuadro siguiente se indica, por comunidad autónoma y 
según su procedencia, los derechos reconocidos por las entidades durante 2017. 
 
Cuadro 13:  Ayudas recibidas por las entidades durante 2017 según el territorio 
(Euros)
Derechos reconocidos  
Nº 
Comunidad Autónoma  Total  % 
Aytos.  Unión  Comunidad  Diputación 
Estado  Otros 
Europea  Autónoma  Provincial 
Cantabria  4  106.337,65  0,00  69.787,50  0,00  171.898,14  348.023,29  14 
Castilla-La Mancha  14  438.126,90  477.985,21  47.297,25  312.998,59  16.000,00  1.292.407,95  54 
Extremadura  4  0,00  0,00  15.206,25  205.609,62  55.597,40  276.413,27  12 
La Rioja  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0 
Región de Murcia  9  108.000,00  0,00  369.767,14  0,00  7.894,99  485.662,13  20 
Total  31  652.464,55  477.985,21  502.058,14  518.608,21  251.390,53  2.402.506,64  100 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización 
Respecto de los principales agentes financiadores en las entidades de cada comunidad autónoma, 
los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha recibieron fondos, fundamentalmente, del Estado y de la 
Unión Europea, representando el 37% y el 34% respectivamente del total de los recibidos. La 
mayor parte de los recibidos por los ayuntamientos de Extremadura provinieron de las Diputaciones 
Provinciales de su ámbito territorial –el 74%- y, por último, las entidades de la Región de Murcia 
recibieron el 76% de los fondos de su comunidad autónoma. 
Los proyectos para los que más ayudas se recibieron fueron tres referidos al ahorro y a la mejora 
de la eficiencia energética en las redes de alumbrado público: el Ayuntamiento de El Casar, que 
recibió 417.458 euros de la Unión Europea, el de Tomelloso, que recibió 337.369,83 euros del 
Estado y el de San Pedro del Pinatar, que recibió 177.076 euros de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  
Sesenta y cinco entidades no recibieron ayudas o subvenciones de otras administraciones u otras 
entidades, no utilizando la posibilidad de contar con un mayor volumen de recursos que les 
permitiera abordar proyectos para la mejora del medio ambiente local.  
Respecto de los ingresos derivados de las actuaciones de inspección y control realizadas, como se 
ha indicado en el subepígrafe en el que se han analizado las mismas, únicamente quince entidades 
facilitaron datos de los procedimientos sancionadores iniciados entre 1 de enero de 2017 y 31 de 
mayo de 2018, ascendiendo el importe de las 2.468 sanciones acordadas a 1.199.641,26 euros, de 
los que, al final del indicado periodo había recaudado tan solo 80.907,77 euros, lo que representa 
el 7%. En los subepígrafes relativos a las actuaciones llevadas a cabo por las entidades en relación 
con las contaminaciones atmosférica, lumínica, acústica, y con la recogida selectiva de residuos, se 
exponen resultados del análisis efectuado sobre los ingresos derivados de las actividades de 
inspección y control realizadas por las entidades en dichos ámbitos. 
 
Con objeto de crear entre los distintos agentes económicos una conciencia medioambiental y de 
motivar para que se conviertan en motores del desarrollo sostenible en cada territorio, dentro de 
sus competencias medioambientales, las entidades pueden establecer líneas de ayudas para la 
realización de distintos proyectos cuyo objetivo final sea la protección y mejora del medio ambiente.  e.e
Se ha solicitado información relativa a estas actuaciones a todas las entidades fiscalizadas y el  247ww
9am3%bi ednet ee lelanst rree s1p odned eión eqruoe  dneo  2e0s1ta7b lye c3ie1r odne  lmínaeyaos  ddee  s2u0b1v8e. nEcino ndeicsh poa prae rliao dporo, túencicciaómn ednetle m seiedtioe 
econnticdeaddieesro nd eta ledso slí neCaosm duen iadyauddeas  pAaruat óenl ofmomase,n toC adset illala -pLrao teMccaiónnch dae l ym elad ioR aemgbióienn tdee.  DMe uerllcaias,, 
casi la mitad fueron entidades de población superior a 100.000 habitantes, Albacete, Cartagena y
Murcia. Las otras cuatro fueron los Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Guadalajara, Jumilla y 
Manzanares.  En  el  cuadro  siguiente  se  indican  las  líneas  de  ayuda  otorgadas  por  las  siete 
entidades, su objeto e importe concedido, así como el régimen de concesión.  
Cuadro 14:  Líneas de ayuda concedidas por las entidades 
      (Euros) 
Importe  Régimen de 
Entidad  Objeto 
concedido  concesión 
Albacete  Actividades para la protección del medio ambiente   15.000,00  Concurrencia 
Alhama de Murcia  Proyectos de difusión y sensibilización ambiental  1.702,50  - 
Proyectos de promoción de actividades solidarias en el medio natural o 
Alhama de Murcia  496,10  - 
rural 
Ayudas al fomento de la protección del medio ambiente mediante la 
Cartagena  concertación de convenios para la realización de actuaciones y proyectos  9.000,00  Convenio 
específicos 
Mantenimiento de zonas urbanas de titularidad privada destinadas a uso 
Guadalajara  61.329,56  Concurrencia 
público 
Ayudas al fomento de la protección del medio ambiente mediante la 
Jumilla  concertación de convenios para la realización de actuaciones y proyectos  42.000,00  Convenio 
específicos 
Manzanares  Adquisición de bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico   100,00  Concurrencia 
Subvenciones destinadas al fomento de la movilidad sostenible y la 
Murcia  163.384,53  Concurrencia 
eficiencia energética 
Ayudas de fomento de la protección del medio ambiente mediante la 
Murcia  concertación de convenios para la realización de actuaciones y proyectos  97.598,00  Convenio 
específicos 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización y de la información disponible en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda 
Las entidades con mayor volumen de ayudas concedidas fueron los Ayuntamientos de Murcia y 
Guadalajara, que en el periodo indicado otorgaron subvenciones por 260.982,53 y 61.329,56 euros, 
respectivamente. El primero de ellos distribuyó el 63% del total concedido para el fomento de la 
movilidad sostenible y la eficiencia energética durante el ejercicio 2017 mediante un procedimiento 
de concurrencia competitiva. El 37% restante se concedió a través de la celebración de convenios 
con distintas asociaciones para la realización de proyectos específicos, tales como actividades de 
investigación y desarrollo y actividades de recuperación y de adecuación ambiental, la gestión de la 
custodia de fincas forestales municipales, la recuperación ambiental de un corredor fluvial o la 
realización de actividades de asesoramiento, divulgación, formación educación e información en 
materia de sostenibilidad ambiental, entre otras. El importe concedido por el Ayuntamiento de 
Guadalajara tuvo como finalidad proyectos relacionados con el mantenimiento de zonas urbanas 
verdes destinadas al uso público de titularidad privada, otorgadas mediante procedimientos de 
concurrencia competitiva. 
Por  su  parte,  los  Ayuntamientos  de  Jumilla  y  Albacete  distribuyeron  42.000  y  15.000  euros 
respectivamente en distintos proyectos específicos para la protección del medio ambiente, que se 
concedieron a distintas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro mediante la celebración de 
convenios en la primera de las entidades y de concurrencia competitiva en la segunda. El importe 
concedido por las otras tres entidades, Alhama de Murcia, Cartagena y Manzanares, no superó los  e.e
10.000 euros, destacando por su baja cuantía el otorgado por la última de ellas, 100 euros, para la  b
adquisición de bicicletas eléctricas.  247ww
En los subepígrafes relativos a las actuaciones llevadas a cabo por las entidades en relación con
elaxsp ocnoennta rmeisnualtcaiodnoess d ealt manoáslfiésrisic ae,f elcutmuaíndioca s,o abcreú slaticsa s,u yb vceonnc iloan eresc coognidcae dsidealesc tpivoar  ladse  erenstiiddaudoess,  esne 
dichos ámbitos.
II.2  REFERIDOS A LAS ACTUACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LAS 
CONTAMINACIONES  ACÚSTICA,  ATMOSFÉRICA  LUMÍNICA  Y  CON  LA  RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
En este epígrafe del Informe se exponen los resultados obtenidos del análisis de la actividad 
específica llevada a cabo por los Ayuntamientos en relación con las contaminaciones atmosférica, 
lumínica, acústica y a la recogida selectiva de residuos. Para ello se ha seleccionado una muestra 
compuesta por quince de las 96 entidades entre las que se han incluido a las seis de población 
superior  a  100.000  habitantes,  esto  es,  los  Ayuntamientos  de  Albacete,  Badajoz,  Logroño, 
Cartagena,  Murcia  y  Santander,  y  tres  entidades  de  cada  uno  de  los  restantes  tramos 
poblacionales,  teniendo  en  cuenta  para  ello  el  equilibrio  entre  los  distintos  territorios;  los 
Ayuntamientos de Lorca, Mérida y Toledo entre los de población comprendida entre 50.001 y 
100.000 habitantes, los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Plasencia y San Javier, entre los 
de población comprendida entre 30.001 y 50.000 habitantes y los Ayuntamientos de Illescas, 
Laredo y Tarancón entre los de menor población. 
Para cada factor contaminante y cada entidad se ha verificado el marco legal regulador y a las 
actuaciones llevadas a cabo por dichas entidades en el ejercicio de sus competencias.  
 
 
La Unión Europea tomó conciencia de la necesidad de homogeneizar el entorno normativo del 
ruido en 1996 a partir del Libro Verde de la Comisión Europea sobre "Política Futura de Lucha 
Contra el Ruido". Como consecuencia de ello se aprobó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que 
supuso un marco legislativo común para la gestión y control del ruido ambiental en todos los 
Estados miembros y les impuso la obligación de designar las autoridades y entidades competentes 
para elaborar mapas de ruido y planes de acción, así como la recopilación de información para ser 
transmitida por los Estados miembros a la Comisión y puesta a disposición de la población. 
Asimismo se aprobó el Reglamento (UE) nº 540/2014 sobre el nivel sonoro de los vehículos de 
motor y los sistemas de silenciadores de recambio. 
Derivada de la normativa anterior, se aprobó en el ámbito nacional la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido (LR), que determina sujetos a sus principios a la totalidad de emisores 
acústicos con independencia de su titularidad, excluyendo a las actividades domésticas o los 
comportamientos de los vecinos, cuando la contaminación acústica producida por aquéllos se 
mantenga dentro de los límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los 
usos locales. 
La citada Ley se complementa mediante el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que 
se desarrolló dicha LR en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, que creó el 
Sistema Básico de Información sobre la Contaminación Acústica, y el Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, que la desarrolló en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas que constituye la guía fundamental para la delimitación de las Áreas Acústicas.  s
Este segundo Real Decreto fue modificado posteriormente por el Real Decreto 1038/2012.  oe.
  w.
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complementario de la Ley 37/2003, del Ruido.
Por su parte, corresponde a las comunidades autónomas el desarrollo de la normativa estatal con 
el fin de satisfacer el interés territorial de la comunidad autónoma estableciendo una política propia 
y  adecuada  a  cada  una  de  ellas.  La  carencia  de  este  desarrollo  normativo  para  el  ámbito 
autonómico deja sin un marco de referencia, adaptado a las características de cada territorio, la 
protección frente a este factor contaminante. 
La normativa aprobada por las comunidades autónomas es la siguiente: 
  En  Cantabria  no  se  ha  aprobado  normativa  autonómica  específica  en  materia  de 
contaminación acústica, únicamente la Resolución de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de 19 de octubre de 2016 por la que se aprueban los Mapas Estratégicos de Ruido 
de los grandes ejes viarios de la red de carreteras autonómicas. 
  En Castilla-La Mancha no se ha aprobado normativa autonómica específica en materia de 
contaminación  acústica;  la  Resolución  de  24  de  abril  de  2002  de  la  Consejería  de 
Agricultura y Medio Ambiente aprobó el modelo tipo de ordenanza municipal sobre normas 
de protección acústica con objeto de que las entidades de dicho territorio dispusieran de un 
instrumento normativo homogéneo y promover el establecimiento de medidas preventivas y 
correctivas en otras disposiciones normativas. 
  En Extremadura se aprobó la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  que  contiene,  en  el  Capítulo  II  del  Título  II, 
prescripciones relativas a este tipo de contaminación, y el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, 
que aprobó la reglamentación de ruidos y vibraciones, y que fue aprobado con anterioridad 
a  la  legislación  comunitaria  y  estatal  vigente  en  el  periodo  fiscalizado  y  por  tanto  no 
adaptado a dicha normativa. periodo fiscalizado.  
  En  La  Rioja  no  se  ha  aprobado  normativa  autonómica  específica  en  materia  de 
contaminación acústica; la Resolución 1370/2012, de 27 de noviembre, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, aprobó los mapas estratégicos de ruido de la red 
Autonómica de La Rioja y la Resolución 1044/2016, de 20 de octubre, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, aprobó los Planes de Acción contra el ruido de 
los grandes ejes viarios de dicha Comunidad Autónoma. 
  En la Región de Murcia, el Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio 
Ambiente frente al ruido, fue aprobado con anterioridad a la legislación comunitaria y estatal 
vigente en el periodo fiscalizado y por tanto no está adaptado a dicha normativa. 
El marco legal para este tipo de contaminación se completa con las ordenanzas aprobadas por 
cada ayuntamiento de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 de la LR. Casi todas las 
entidades seleccionadas aprobaron normativa para la protección acústica de su territorio, la mayor 
parte de ellas mediante la aprobación de ordenanzas específicas para dicho factor contaminante –
once  entidades-  y  otras  tres  -Ayuntamientos  de  Albacete,  Plasencia  y  Toledo-  mediante  la 
aprobación  de  ordenanzas  de  carácter  general  en  las  que  se  incluía  la  regulación  de  dicha 
contaminación. El Ayuntamiento de Illescas fue la única, de las entidades seleccionadas, que no 
dispuso de dicho instrumento normativo para la regulación del ruido. La normativa aprobada por las 
catorce entidades que dispusieron de ella contenía, en general, regulación específica sobre las 
áreas acústicas, el establecimiento de objetivos de calidad acústica y límites máximos de ruido y el 
régimen de infracciones y el procedimiento sancionador. 
Las ordenanzas aprobadas en cuatro de las catorce entidades, los Ayuntamientos de Albacete,  e.e
Badajoz, Laredo20 y Lorca, no se habían actualizado para adaptarlas a dicha normativa, a pesar de  w.b
 2 0     E  l   A  y u  n  ta  m  i e  n t o    d  e   L  a  r e d  o   i n  f o r  mó, en el trámite de alegaciones, la actualización en el año 2005 de su Ordenanza
sMuupnuicsiop aslu  paadraap tlaac ipórno tae clac iLóeny  d3e7l/ 2m0e0d3i od eal mRbuiiednot.e  contra la emisión de ruidos y vibraciones. Tal actualización no  BOE-A-cable e
haber transcurrido más de trece años entre la aprobación de la normativa estatal y el comienzo del 
periodo fiscalizado. Las ordenanzas de estos cuatro ayuntamientos aunque establecían límites de 
ruido y vibraciones, estos no se ajustan a los procedimientos de medición y evaluación de los 
niveles de ruido y vibraciones ni a las especificaciones de la Ley 37/2003 del Ruido ni a los dos 
Reales Decretos que la desarrollaron.  
 
Con objeto de  medir, valorar  y  mejorar la  calidad acústica de las entidades, la LR contiene 
determinados preceptos en relación con la delimitación de áreas acústicas en sus territorios, el 
establecimiento de índices acústicos para la medición del impacto sonoro en cada una de ellas y la 
elaboración de mapas de ruido para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona 
determinada derivado de la existencia de distintas fuentes de ruido. También se deben determinar 
las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de los valores límite de emisión, inmisión 
o de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, deben dotarse de elementos para la 
medición del ruido para cada una de las áreas acústicas definidas y en su caso deben declararse 
zonas de protección acústica especial. 
a)  Zonificación acústica 
Las áreas acústicas se definen, en el artículo 3, como el ámbito territorial delimitado que presenta 
el mismo objetivo de calidad acústica, entendiendo por calidad acústica el grado de adecuación de 
las características acústicas de un espacio a las actividades que se realizan. La zonificación 
acústica es el procedimiento incluido en los instrumentos de planeamiento urbanístico por el cual se 
delimitan sobre el territorio áreas de sensibilidad acústica sobre las cuales se deben fijar unos 
objetivos de calidad acústica de acuerdo con el uso predominante del suelo. De acuerdo con el 
artículo 7, los tipos de áreas acústicas se determinarán por cada comunidad autónoma, debiendo 
prever, al menos, las categorías indicadas en el dicho artículo. Por su parte, el Real Decreto 
1367/2007por el que se desarrolla la LR en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas establece, para cada tipo de área acústica, los niveles a alcanzar o mantener 
y los valores límites a respetar por cada emisor acústico, que hagan posible el cumplimiento de los 
correspondientes objetivos de calidad acústica.  
El  artículo  6  de  la  LR  establece  la  obligatoriedad  para  los  ayuntamientos  de  adaptar  sus 
ordenanzas y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de la Ley y sus disposiciones de 
desarrollo, además, el artículo 13 del Real Decreto 1367/2007, establece que todas las figuras de 
planeamiento deben incluir de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación 
acústica de la superficie de actuación, así como que la zonificación del territorio que tienen que 
realizar las entidades debía estar terminada, con carácter general, en un plazo de cinco años desde 
la entrada en vigor del Real Decreto, esto es, antes de octubre de 2012. 
Todas las entidades de población superior a 100.000 habitantes llevaron a cabo la zonificación de 
su territorio en áreas acústicas de acuerdo con el uso predominante del suelo. Los Ayuntamientos 
de Albacete, Badajoz, Cartagena y Murcia llevaron a cabo la zonificación con anterioridad a octubre 
de 2012, como establecía el Real Decreto, mientras que los Ayuntamientos de Logroño y de 
Santander aprobaron su zonificación con posterioridad al plazo indicado, en los años 2014 y 2016, 
respectivamente.   s
Respecto de las nueve entidades restantes, que no llevaron a cabo la zonificación de su territorio  w.
en áreas acústicas, los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Mérida y Toledo contemplaban en  247ww
scuusa l onrod efunea nrezaasliz maduan.i cLiapsa loersd elan apnrezvaiss idóen  ldaes  sreeaisli zreasr tlaan tzeosn, ifloicsa cAióyunn dtaem sieun tteorsr itdoeri oIl,le as cpaess, aLra dreed olo, 
Lorca21, Plasencia, San Javier y Tarancón, no preveían la realización de la zonificación de sus 
territorios.  
Una vez realizada la zonificación acústica de sus territorios, corresponde a las entidades elaborar 
mapas de ruido de su término municipal con la finalidad de permitir la evaluación global de la 
exposición a la contaminación acústica de una determinada zona, la realización de predicciones 
globales  para  la  misma,  posibilitar  la  adopción  fundada  de  planes  de  acción  en  materia  de 
contaminación acústica y, en general, de las medidas correctoras adecuadas. La obligatoriedad de 
elaborar mapas de ruido para los municipios con una población superior a 100.000 habitantes se 
establece  en  el  artículo  14  de  la  LR,  que  exige  como  requisito  para  su  aprobación  el 
establecimiento de un trámite de información pública. 
Los mapas de ruido deben contener información, entre otros aspectos, sobre el valor de los índices 
acústicos existentes o previstos en cada una de las áreas acústicas afectadas, los valores límite y 
objetivos de calidad acústica aplicables a dichas áreas, la superación por los valores existentes de 
los  índices  acústicos  de  los  valores  límite  aplicables,  y  cumplimiento  o  no  de  los  objetivos 
aplicables de calidad acústica y del número estimado de personas, de viviendas, de colegios y de 
hospitales expuestos a la contaminación acústica en cada área acústica. 
De las quince entidades seleccionadas, han determinado la exposición al ruido ambiental mediante 
la aprobación de mapas de ruido de su territorio las de población superior a 100.000 habitantes: los 
Ayuntamientos  de  Albacete,  Badajoz,  Cartagena,  Logroño,  Santander  y  Murcia.  Todos  dieron 
cumplimiento  al  trámite  de  información  pública  y  dieron  difusión  a  dicha  aprobación, 
fundamentalmente, a través de sus páginas web y de los medios tradicionales de comunicación, y, 
en menor medida, de las redes sociales.  
Los mapas de ruido de los Ayuntamientos de Albacete y de Santander contenían delimitadas las 
zonas  de  servidumbre  acústica  para  los  sectores  del  territorio  afectados  al  funcionamiento  o 
desarrollo  de  las  infraestructuras  de  transporte  viario,  ferroviario,  aéreo,  portuario  o  de  otros 
equipamientos públicos de su término municipal, no existiendo tales zonas delimitadas en las 
cuatro entidades restantes. 
Los mapas de ruido del Ayuntamiento de Badajoz, por su parte, incumplieron el artículo 12 del Real 
Decreto 1513/2005 que establece la obligatoriedad, en el caso de zonas fronterizas con otro estado 
miembro de la UE, de remisión del borrador del mapa estratégico de ruido, antes de su aprobación, 
al Ministerio de Medio Ambiente para su remisión al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
con objeto de ser enviado a dicho Estado afectado para que emita una opinión al respecto. 
Los mapas de ruido aprobados por las seis entidades que los elaboraron contenían, al menos, la 
información exigida en el artículo 15 de la LR, que como se ha señalado, incluye, entre otras, el 
valor de los índices en cada una de las áreas acústicas, los valores límite y los objetivos de calidad 
acústica aplicables a dichas áreas.  
Por su parte, el artículo 16 de la citada Ley exige que los mapas de ruido sean revisados y, en su 
caso, modificados cada cinco años a partir de la fecha de aprobación. Se ha verificado la revisión 
llevada a cabo de tales instrumentos por las seis entidades que dispusieron de ellos, resultando 
que los Ayuntamientos de Badajoz, Albacete y Murcia no procedieron a la revisión de sus mapas a 
pesar de haber transcurrido más de cinco años desde su aprobación en abril, junio y diciembre de  s
2012, respectivamente. El Ayuntamiento de Logroño aprobó su mapa en diciembre de 2014, por lo  e.
que a la finalización de los trabajos de fiscalización no procedía haber realizado tal revisión. El  w.
 2 1     L  a   o  r d  e n  a  n z  a   d  e   p  r o  t e c  c i ó n    d  e l    medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Lorca
neon tipdraedv edíea  zloan zaosn difeic aecsipóenc igael nperoratel cdceiól nm. unicipio en áreas acústicas, aunque regulaba la posible delimitación por la  BOE-A-cable e
Ayuntamiento de Cartagena llevó a cabo la revisión aunque se excedió en diez meses del plazo 
establecido. Por su parte, el Ayuntamiento de Santander elaboró en 2001 un mapa de ruido, que 
estuvo vigente hasta agosto de 2017, fecha en la que se aprobó uno nuevo, incumpliendo por tanto 
la obligación de revisar los mapas de ruido establecida en la LR y en el Real Decreto 1367/2007. 
El Ayuntamiento de Toledo no aprobó mapas de ruido y dispuso de otros instrumentos para la 
determinación de la exposición al ruido en el municipio, mediante la elaboración de estudios de los 
niveles  sonoros  ambientales  en  determinadas  zonas  acústicas  con  incumplimiento  de  los 
correspondientes objetivos de calidad acústica. Si bien dichos estudios contenían gran parte de la 
información exigida en el artículo 15 de la LR para los mapas de ruido, el ayuntamiento no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones establecidas legalmente en esta materia. 
Entre las ocho entidades restantes, que no elaboraron y aprobaron de mapas de ruido, hay que 
destacar al Ayuntamiento de Mérida, en el que su ordenanza reguladora de la contaminación 
acústica preveía la aprobación de dicho mapa y no ha procedido a su elaboración, habiendo 
transcurrido más de 8 años desde la aprobación de la ordenanza. 
En definitiva, de las quince entidades de la muestra solo las de población superior a 100.000 
habitantes llevaron a cabo la zonificación acústica de su territorio y elaboraron los correspondientes 
mapas de ruido para evaluar la exposición a este factor contaminante y ninguna de las cinco 
entidades efectuó su revisión a los cinco años de su aprobación como establece la norma. Los 
Ayuntamientos  de  Azuqueca  de  Henares,  Mérida,  Toledo,  Illescas,  Laredo,  Lorca,  Plasencia, 
Tarancón y San Javier no llevaron a cabo la delimitación de las áreas acústicas y la aprobación de 
los mapas de ruido. 
b)  Planes de acción correctores 
Una vez delimitadas las zonas acústicas de los territorios, y con objeto de afrontar globalmente las 
cuestiones  concernientes  a  la  contaminación  acústica  en  la  correspondiente  área  o  áreas 
acústicas, determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de los valores límite 
de emisión o inmisión o de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica y de proteger a las 
zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto contra el aumento de la contaminación 
acústica, la LR prevé en su artículo 22, como mecanismos para la corrección de la contaminación 
acústica, la aprobación por las entidades de planes de acción, previo trámite de información 
pública, correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido.  
De las seis entidades que habían realizado la determinación de la exposición al ruido ambiental 
mediante mapas de ruidos, cuatro dispusieron durante el periodo fiscalizado de planes de acción 
aprobados en materia de contaminación acústica en los ámbitos territoriales de los mapas de ruido; 
el Ayuntamiento de Albacete, que lo aprobó en 2013, el de Murcia, que lo aprobó en 2014 y los de 
Cartagena22 y Logroño que los aprobaron durante el primer semestre de 2017. Al igual que en los 
mapas  de  ruido,  la  difusión  de  la  aprobación  de  los  planes  de  acción  se  llevó  a  cabo, 
fundamentalmente, a través de las páginas web de los ayuntamientos y de los medios tradicionales 
de comunicación, así como, en menor medida, de las redes sociales, boletines y publicaciones. Los 
planes aprobados identificaban, expresamente, las acciones a corto, medio y largo plazo y las 
actuaciones de carácter específico, y las de carácter general.  
De las cuatro entidades que dispusieron de planes de acción, únicamente el Ayuntamiento de  s
Cartagena dispuso de memorias u otros documentos que permitieran medir y valorar los resultados  e.
de la aplicación de la totalidad del plan de acción en materia de contaminación acústica en los  w.
ámbitos  territoriales  de  los  mapas  de  ruido.  Los  Ayuntamientos  de  Logroño  y  de  Murcia  no  247ww
                                                
22  Edel  2ru3i ddoe  dneo v2i0e1m3b. re de 2018, con posterioridad al periodo fiscalizado, el Ayuntamiento aprobó una revisión del mapa  BOE-A-cable e
dispusieron de dichos instrumentos y el de Albacete dispuso de ellos pero únicamente para algunos 
de los planes. 
La elaboración y aprobación de planes de acción en materia de contaminación acústica en los 
ámbitos territoriales de los mapas de ruido estaba prevista de forma expresa en las ordenanzas 
reguladoras de la contaminación acústica de los Ayuntamientos de Badajoz y de Santander, por lo 
que su ausencia supuso un incumplimiento tanto de sus propias ordenanzas reguladoras como de 
lo establecido en la LR y en el Real Decreto 1513/2005. 
c)  Estaciones para la medición del ruido 
La medición del ruido para valorar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos 
para cada una de las áreas acústicas requiere de estaciones o puntos de medición. De las quince 
entidades  seleccionadas  únicamente  cuatro  contaban  a  31  de  mayo  de  2018  con  puntos  o 
estaciones para la medición acústica. Los Ayuntamientos que dispusieron de más puntos de 
medición fueron el de Badajoz, que contaba con diecisiete y el de Toledo, que dispuso de seis, 
cuatro fijos situados en las zonas de protección acústica y dos móviles en las zonas de ocio de la 
ciudad.  Por  su  parte,  el  Ayuntamiento  de  Murcia  dispuso  de  cinco  puntos  móviles  que  se 
empleaban, fundamentalmente, en las zonas de ocio y el Ayuntamiento de Albacete contaba con 
dos puntos fijos que estaban ubicados de forma estable en las zonas de ocio de la ciudad.  
El resto de entidades no dispusieron de puntos o estaciones de medición acústica que permitieran 
evaluar la contaminación acústica en la entidad. En las tres entidades con población superior a 
100.000 habitantes, los Ayuntamientos de Cartagena, Logroño y Santander, que habían elaborado 
mapas de ruido y planes de acción correctores, la ausencia de puntos o estaciones de medición del 
ruido supuso una limitación a la actividad de evaluación del cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica establecidos. 
Respecto del proceso de recopilación y agregación de las mediciones realizadas, tres de las cuatro 
entidades con puntos de medición -los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz y Toledo- pusieron de 
manifiesto  la  realización  de  mediciones  periódicas  del  ruido  y  la  existencia  de  sistemas 
automatizados para su registro y agregación, no requiriendo el funcionamiento del sistema en los 
dos  primeros  Ayuntamientos  la  intervención  de  personal  especializado.  Por  su  parte,  el 
Ayuntamiento de Murcia no llevó a cabo mediciones periódicas sino que realizó mediciones en 
zonas de ocio durante periodos específicos de entre 3 y 6 semanas, y no ha dispuesto de un 
sistema automatizado para su registro. Los Ayuntamientos de Albacete y Toledo emitieron informes 
individualizados y recopilatorios de las mediciones realizadas.  
De  las  cuatro  entidades  que  dispusieron  de  puntos  o  estaciones  de  medición  acústica,  los 
Ayuntamientos de Murcia y Toledo contaban con protocolos específicos de actuación para los 
casos de superación de los objetivos de calidad acústica determinados en la normativa reguladora 
y el Ayuntamiento de Albacete tenía reguladas en una ordenanza municipal medidas para los casos 
de superación de los objetivos de calidad acústica.  
En algunas de las mediciones acústicas realizadas en dos de las entidades que dispusieron de 
puntos o estaciones de medición, los Ayuntamientos de Murcia y Toledo23, se superaron los límites 
establecidos, lo que supuso el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica determinados en 
la normativa reguladora, fundamentalmente en horario nocturno durante los días de jueves a 
domingo en zonas de ocio. La superación de los límites establecidos dio lugar a la aplicación de las  es
                                                  w.
23  meaEdscele pú Adeslyoitccuisciíonf oicnto aadebm esjed  iletaeoinvn sotst oeese rs nditodsearie bbeA lisellcib zcaaaailmlcic depiiaóeteednnr   tipooeaudsncs o údo lseaf tit  siaoczcmcaoai,nobl ia ziséda ine dd  beoldai .ee  oz nCmco ionoaloma nsd.oi  foi edncsaodttneoos  slsea ec as upuseopunreptcareiaadrca odirsóoe nn y  td adellia  cls houdospo slecí mrulaímmicteiieótsenn set a sscytea ió eblnllle e rvcjeuóifds ootarifsz ic cayaam tbeiivoel ai nn utconsu eamd  ecrpela lifmcmeorpiíneaatn rñtooaal     BOE-A-2021-14cable en https://
medidas establecidas en los protocolos existentes. En Murcia se llevaron a cabo campañas de 
concienciación y sensibilización entre la población sobre la problemática del ruido y se intensificó el 
control del orden público y de los locales de ocio y en Toledo se actuó sobre los horarios de las 
actividades y locales de ocio que dieron lugar a la superación de los límites acústicos, se denegó la 
autorización  sobre  actividades  y  se  modificó  el  tráfico  de  algunas  zonas.  No  obstante,  el 
Ayuntamiento de Toledo incumplió lo establecido en el artículo 14 de la LR en tanto que el 
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica debería haber dado lugar a la elaboración y 
aprobación de mapas de ruido para, al menos, dichas zonas acústicas. 
De  las  cuatro  entidades  que  dispusieron  de  puntos  o  estaciones  de  medición  acústica,  los 
Ayuntamientos de Albacete, Murcia y Toledo pusieron a disposición de la ciudadanía, en aras de la 
transparencia, la informaron de los resultados de las mediciones obtenidas en cada punto o 
estación de medición. El Ayuntamiento de Albacete lo hizo a través de asociaciones vecinales y 
afectados en la Mesa del Ruido del Consejo Social y de Sostenibilidad, el Ayuntamiento de Murcia 
lo hizo mediante su página web municipal con actualizaciones quincenales de los datos, notas de 
prensa y semestralmente a través del Consejo Sectorial de Ruido y el Ayuntamiento de Toledo a 
través de asociaciones vecinales, la página web municipal y de los Consejos de participación, 
especialmente en las sesiones del Consejo Municipal de Medio Ambiente. En las tres entidades los 
canales de difusión usados han sido gestionados por personal del Ayuntamiento.  
Resultó muy insuficiente, en definitiva, la dotación de puntos o estaciones de medición acústica por 
parte de las entidades analizadas, once de ellas no disponían de ninguno de estos instrumentos 
necesarios para evaluar la contaminación acústica: los Ayuntamientos de Cartagena, Santander, 
Logroño, Lorca, Mérida, Plasencia, Azuqueca de Henares, San Javier, Illescas, Tarancón y Laredo.  
d)  Zonas de protección especial 
Otro elemento para el control de la contaminación acústica a disposición de las entidades es la 
declaración de zonas de protección acústica especial, reguladas en el artículo 25 de la LR. De esta 
forma,  las  áreas  acústicas  en  las  que  se  incumplan  los  objetivos  de  calidad  acústica,  aun 
observándose por los emisores acústicos los valores límite aplicables24, serán declaradas zonas de 
protección acústica especial. La especial protección se plasma en la elaboración de planes zonales 
específicos para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar los objetivos de 
calidad acústica que les sean de aplicación, que contengan las medidas correctoras que deban 
aplicarse, con identificación de los responsables de su adopción y la cuantificación económica de 
aquéllas.  
Cuatro de las entidades seleccionadas han declarado en su territorio alguna zona de protección 
acústica  especial  por  incumplimiento  de  los  objetivos  aplicables  de  calidad  acústica;  los 
Ayuntamientos  de  Albacete  y  Lorca  declararon  una  zona  de  protección  acústica  especial,  el 
Ayuntamiento de Murcia declaró tres zonas, y el de Toledo, dos zonas. En todos los casos tal 
declaración se produjo con anterioridad al periodo fiscalizado. Las tres entidades elaboraron planes 
zonales  específicos  con  medidas  concretas  para  la  mejora  acústica,  si  bien,  únicamente  el 
Ayuntamiento de Toledo ha llevado a cabo una valoración del impacto de los planes mediante la 
elaboración durante el primer trimestre de cada año de informes de valoración de la mejora 
acústica producida.  
Además, en los Ayuntamientos de Cartagena, Murcia y Toledo existieron áreas en las que, como 
consecuencia del incumplimiento de los objetivos aplicables de calidad acústica hubiese procedido  e.
la declaración de zona de protección acústica especial pero no fue declarada, lo que supuso un  w.b
incumplimiento del citado artículo 25 de la LR. Esta situación se produjo en el Ayuntamiento de  247ww
C 2 4  a   rL t oa s g   oe b n j ea t i  v eo  sn    d  ue   nc  aa l  i dz a o d n  a a c  ú u s r ti bc  aa   nesat aeblne ceenl  peanrtao crineorta sd ezo nlaass  vcaalolrleess  inPferríinocreips ea  lodse l ímAistetus rgieanse, raJleims éapnleicza bdlees.  l a  BOE-A-2021-14cable en https://
Espada y Pintor Balaca, en el Ayuntamiento de Murcia en las principales arterias de tráfico con 
mayor intensidad y en el Ayuntamiento de Toledo en el área del casco histórico con concentración 
de actividades de ocio. 
En caso de que las medidas correctoras incluidas en los planes zonales específicos desarrollados 
en las zonas de protección acústica especial no consiguieran evitar el cumplimiento de los objetivos 
de calidad acústica, las entidades debían declarar dicha área acústica como zona de situación 
acústica  especial  y  aplicar  medidas  correctoras  específicas.  Ninguna  de  las  entidades  que 
declararon zonas de protección acústica especial realizó tal declaración.  
 
Además de la potestad sancionadora general atribuida a las entidades locales por la LRBRL, la LR 
dedica el Capítulo IV a la regulación de la inspección en materia de contaminación acústica. El 
artículo  30  de  la  citada  Ley  otorga  a  los  ayuntamientos,  con  carácter  general,  potestad 
sancionadora en materia de contaminación acústica, sin perjuicio de los supuestos atribuidos a las 
comunidades  autónomas  y  a  la  Administración  General  del  Estado  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias exclusivas. Por su parte, el artículo 28 relaciona, con carácter general y sin perjuicio 
de las infracciones que puedan establecer las comunidades autónomas y los ayuntamientos, una 
clasificación de las infracciones administrativas de acuerdo con su gravedad y el artículo 29 
establece las sanciones aplicables según la gravedad de la infracción cometida, que pueden ser 
tanto de tipo pecuniario como relativas a la clausura de instalaciones, precinto de equipos y 
máquinas o la prohibición de desarrollo de actividades. 
Todas las entidades seleccionadas llevaron a cabo entre el 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 
2018 actuaciones de vigilancia e inspección en materia de contaminación acústica para garantizar 
el cumplimiento de las prescripciones en dicha materia, con la única excepción del Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares en el que, a pesar de que su ordenanza reguladora de la protección 
contra la contaminación acústica, aprobada en 2009, regulaba dichas actuaciones en su articulado, 
no llevó a cabo tales actuaciones, incumpliendo su deber de garantizar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de dicha contaminación en el municipio.  
Las actuaciones realizadas por las catorce entidades restantes han consistido, fundamentalmente, 
en  la  vigilancia  y  control  de  las  actividades  de  restauración,  el  control  de  los  limitadores 
registradores instalados en algunos locales de ocio, la inspección y medición de los valores de 
inmisión  de  ruido  transmitido  por  otras  actividades  al  medio  ambiente  exterior  y  a  viviendas 
colindantes,  la  comprobación  del  aislamiento  en  nuevas  actividades  o  en  actividades  que 
previamente habían cometido infracciones, así como la puesta a disposición de información en la 
materia a los ciudadanos, la comprobación de denuncias e incidencias ambientales y la elaboración 
de informes o expedientes sancionadores. En concreto, los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, 
Laredo, Lorca, Logroño, Murcia, Santander y Toledo realizaron actuaciones de control del ruido 
provocado por el ocio nocturno mediante el reforzamiento de la vigilancia y control por parte de la 
policía  local  en  los  establecimientos  de  restauración  con  actividad  musical,  en  las  terrazas 
autorizadas y sobre el consumo multitudinario de alcohol en las vías públicas.  
El artículo 27 de la LR atribuye la realización de labores de inspección en materia de contaminación 
acústica a funcionarios a los que reconoce el carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de 
tales funciones y obliga a los titulares de los emisores acústicos a prestar toda la colaboración  s
necesaria. En nueve de las catorce entidades con actuaciones de vigilancia e inspección, las  oe.
funciones fueron llevadas a cabo exclusivamente por personal funcionario, bien por policías locales,  w.
inspectores  de  medio  ambiente,  ingenieros  o  técnicos  ambientales.  Sin  embargo,  en  los  247ww
Areyaulinztaarm diiecnhtaoss  fudnec Iiollensecsa esx, cLluasreivdaom ey nPtela pseernscoinaa sl ela binocruaml epnli óe l lpor iemsetarob ldeeci deoll oesn y  eple arsrotíncuallo e x2t7e,r naol 
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especializadas en el primero de ellos y, de forma eventual, por personal laboral en el segundo. En 
todos los casos, las actuaciones fueron llevadas a cabo a iniciativa del personal de las concejalías 
de medio ambiente o como consecuencia de denuncias presentadas.  
El total de expedientes sancionadores iniciados en el periodo fiscalizado por las entidades que 
realizaron tareas de inspección y control25 ascendió a 1.961, de los que el 71%, 1.391 expedientes, 
lo hicieron en el año 2017 y el resto, 570, se iniciaron entre 1 de enero y 31 de mayo de 2018. La 
mayor parte de los expedientes, el 86%, se iniciaron por denuncias, mientras que el 14% restante 
se iniciaron por los ayuntamientos de oficio. Los expedientes tramitados en los Ayuntamientos de 
Badajoz, Cartagena, Lorca, Murcia, Plasencia, Santander y Tarancón se iniciaron exclusivamente a 
través de denuncias, mientras que en el Ayuntamiento de Illescas se iniciaron exclusivamente de 
oficio. En el resto de entidades se llevaron a cabo tanto de oficio como por denuncias.  
Las entidades que más expedientes iniciaron fueron el Ayuntamiento de Murcia, que tramitó 904 
expedientes, lo que representa el 46% del total de los expedientes iniciados por las trece entidades 
que aportaron información, y el de Albacete, que tramitó 294 expedientes, el 15% del total de los 
iniciados. En el extremo contrario, los Ayuntamientos de Illescas, de Laredo y de Plasencia, 
únicamente iniciaron dos, cinco y un expediente, respectivamente. 
De los 1.961 expedientes iniciados en dicho periodo, se resolvieron el 81%, 1.581 expedientes, de 
los cuales 1.193 dieron lugar a la imposición de sanciones. El Ayuntamiento de Albacete resolvió la 
totalidad de los iniciados y también los de Illescas y Plasencia aunque estas dos entidades solo 
habían iniciado tres expedientes en total y ninguno dio lugar a sanción. El Ayuntamiento de Laredo, 
que inició cinco expedientes, resolvió dos y no dieron lugar a sanción. En el extremo contrario hay 
que destacar el Ayuntamiento de Tarancón, que no resolvió ninguno de los diez expedientes que se 
iniciaron en dicho periodo. 
Además, el 90% de los expedientes dieron origen a sanciones, el Ayuntamiento de Albacete, en el 
76% de sus expedientes iniciados, Lorca, en el 93%, Murcia, en el 72% y Santander en el 62%. 
De las entidades que tramitaron expedientes sancionadores todas obtuvieron ingresos relacionados 
con actuaciones en materia de contaminación acústica en 2017 provenientes de la imposición de 
sanciones por incumplimientos de la normativa municipal, excepto los Ayuntamientos de Illescas, 
Laredo, Plasencia y Tarancón. El importe total reconocido ascendió a 627.051,82 euros de los que 
únicamente  se  recaudó  el  18%,  un  total  111.471,26  euros.  Los  Ayuntamientos  de  Badajoz, 
Cartagena  y  Murcia  no  recaudaron  cuantía  alguna  referida  a  las  sanciones  impuestas  que 
totalizaban 178.639 euros y el Ayuntamiento de Toledo recaudó únicamente el 3% del total que 
ascendía a 4.203 euros. Por el contrario, los Ayuntamientos de Logroño, Mérida y Santander 
recaudaron la totalidad de las sanciones impuestas en dicho periodo. 
Por otra parte cuatro entidades resolvieron en el periodo fiscalizado expedientes iniciados con 
anterioridad al mismo. Los Ayuntamientos de Albacete y de Laredo resolvieron en 2017 cuatro y un 
expediente, respectivamente, iniciados todos ellos en el año anterior y que dieron lugar a la 
imposición de sanciones por un importe de 1.970 y 601 euros. En el Ayuntamiento de Illescas se 
resolvió un expediente en el que se impuso una sanción de 200 euros importe que, a la finalización 
del periodo fiscalizado, se encontraba pendiente de cobro. Además, durante dicho periodo, se 
produjo  la  caducidad,  archivo  o  prescripción  de  otros  catorce  expedientes  iniciados  los  años 
anteriores. El  Ayuntamiento  de  Badajoz  resolvió  cinco  expedientes  iniciados  en  los  ejercicios 
anteriores, que dieron lugar a la imposición de sanciones por importe de 138.100 euros que, a la  e.
finalización del periodo fiscalizado, se encontraban pendientes de cobro.  w.b
                                                
25  Enúl mAyeuron tdaem eiexnpteod dieen tSeasn in Jicaivaideor si nyd riceós ulae ltroesa.l ización de actividades de inspección y control pero no aportó datos del  BOE-A-cable e
Todas las entidades pusieron de manifiesto haber valorado el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de prevención de la contaminación acústica en la concesión de licencias. No obstante, 
de las quince entidades únicamente cinco denegaron licencias por incumplimiento de la normativa 
vigente en materia de contaminación acústica entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 
2018,  fundamentalmente,  referidas  a  licencias  de  actividad  de  locales  donde  se  desarrollan 
actividades del sector hostelero y de ocio. El número de licencias denegadas fue de cuatro en 
Logroño y dos en Toledo. Las tres entidades restantes, los Ayuntamientos de Laredo, Lorca y 
Murcia, no aportaron datos del número de licencias denegadas. 
Una vez concedidas las licencias para actividades calificadas y puestas en funcionamiento las 
mismas, resulta recomendable la realización de inspecciones posteriores con objeto de verificar el 
efectivo  cumplimiento  de  la  normativa  acústica  en  su  funcionamiento.  Dichas  actuaciones  de 
comprobación posterior fueron realizadas por todas las entidades excepto en los Ayuntamientos de 
Illescas, Mérida, Plasencia y Tarancón, en los que una vez valorado el cumplimiento de dicha 
normativa para la concesión inicial de las licencias, no se llevaron a cabo verificaciones posteriores 
con objeto de comprobar el cumplimiento de dicha normativa.  
Por último, además de los ingresos obtenidos por las entidades en el ejercicio de su potestad 
sancionadora,  se  ha  verificado  la  obtención  de  otros  ingresos  vinculados  a  actuaciones 
medioambientales,  los provenientes,  en  su caso,  de  ayudas  o  subvenciones, así  como  otros 
ingresos derivados del establecimiento de tasas por inspección.  
Respecto  de  posibles  ingresos  por  subvenciones  u  otra  línea  de  ayuda  en  relación  con  la 
contaminación acústica, ninguna entidad recibió durante 2017 ingresos por dichos conceptos.  
Por su parte, de acuerdo con el artículo 4 de la TRLRHL y la Disposición Adicional sexta de la LR, 
las  entidades  pueden  regular  el  establecimiento  de  tasas  por  la  prestación  de  servicios  de 
inspección para verificar el cumplimiento de la normativa sobre la contaminación acústica, con 
objeto de repercutir el coste de dichos servicios sobre el titular del correspondiente emisor acústico. 
De las quince entidades únicamente los Ayuntamientos de Cartagena y de Murcia han establecido 
alguna tasa por la prestación de servicios de inspección. No obstante, el Ayuntamiento de Murcia 
no liquidó dicha tasa en ninguna de las 54 actas emitidas durante 2017 que alcanzan 3.803,85 
euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena liquidó la tasa en catorce de las actas emitidas 
en dicho ejercicio, ascendiendo el importe reconocido por dicho concepto a 1.556 euros, si bien, a 
31 de diciembre de 2017 no se había recaudado nada.  
 
Además de velar por la protección acústica de las distintas zonas de su territorio, las entidades 
deben adoptar medidas para minimizar el impacto sonoro de sus actividades y de los servicios que 
prestan a los ciudadanos. Para valorar este aspecto, se han analizado las actuaciones específicas 
realizadas por éstas para la mejora acústica de sus inmuebles y las realizadas para la mejora del 
impacto sonoro de sus actividades. 
Respecto de las actuaciones para la mejora de la calidad acústica de sus inmuebles, únicamente 
los Ayuntamientos de Illescas y Santander de las quince entidades seleccionadas, desarrolló entre 
1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018 actuaciones de este tipo, dirigidas al aislamiento externo 
de algunos edificios municipales, fundamentalmente, mediante la sustitución de puertas y ventanas  s
para la reducción del efecto del ruido exterior y del ruido emitido al exterior. Dichas medidas se  e.
llevaron a cabo de forma aislada, no disponiendo los Ayuntamientos de ningún Plan de acción  w.
específico para la mejora de la calidad acústica general de sus instalaciones municipales ni de  247ww
neonr lmosa se diniftiecrionsa sm aupnriocbipaadleass.  p ara la prevención, control y/o diminución de la contaminación acústica
El resto de entidades no llevaron a cabo actuación alguna para la mejora de la calidad acústica de 
sus inmuebles, tanto en relación con el efecto del ruido exterior en ellas, como del ruido generado 
por  las  actividades  realizadas  en  dichas  instalaciones  municipales,  ni  han  aprobado  normas 
internas para la prevención, control y/o diminución de la contaminación acústica en los edificios 
municipales.  
Respecto a las actuaciones para la mejora del impacto sonoro de los servicios que prestan a los 
ciudadanos,  los  Ayuntamientos  de  Cartagena,  Laredo,  Logroño,  Lorca26,  Mérida,  Plasencia, 
Tarancón y San Javier no realizaron entre 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018 ninguna 
actuación para la reducción de la contaminación acústica derivada de estas actividades.  
Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Badajoz, Murcia, Santander y Toledo adoptaron 
medidas para el control del ruido generado por los vehículos de su servicio público de transporte -
autobuses, tranvía, etc.- como el adecuado mantenimiento de los vehículos y la sustitución de los 
vehículos antiguos por otros híbridos o de gas, así como la incorporación de microbuses para su 
circulación por el centro de algunas ciudades. 
Además, los Ayuntamientos de Albacete, Murcia, Santander y Toledo adoptaron medidas para 
reducir y controlar el ruido generado por la realización de eventos, conciertos, fiestas patronales, 
cabalgatas, etc., como la limitación de los horarios de las actividades y del número de actuaciones 
en  las  zonas  incluidas  dentro  de  las  Zonas  de  Protección  Acústica  Especial.  De  los  cuatro 
Ayuntamientos, los de Albacete y Toledo realizaron mediciones específicas cuando se llevan a 
cabo este tipo de eventos con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, y tan sólo 
el de Albacete ha llevado a cabo alguna acción correctora o sancionadora en caso de superación 
de los límites establecidos.  
Los Ayuntamientos de Badajoz, Murcia, Santander y Toledo adoptaron medidas para el control del 
ruido  generado  por  los  vehículos  pertenecientes  a  la  flota  municipal,  como  el  adecuado 
mantenimiento de los vehículos y la sustitución de los vehículos más antiguos por otros con menos 
emisión  acústica,  algunos  de  ellos  híbridos  o  eléctricos,  y  la  adquisición  de  bicicletas  para 
desplazamientos del personal funcionario. Por su parte, los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, 
Murcia y Santander adoptaron medidas para el control del ruido generado por los vehículos del 
servicio de limpieza, como la renovación del parque de vehículos y maquinaria y el replanteo de 
recorridos y de horarios de recogidas de los distintos residuos.  
Asimismo, los Ayuntamientos de Badajoz, Santander y Toledo adoptaron medidas para el control 
del ruido generado por la maquinaria empleada en la realización de obras públicas, mediante la 
renovación del parque de maquinaria, la sustitución de los elementos antiguos por otros con menos 
emisión acústica y el adecuado mantenimiento de los vehículos. El Ayuntamiento de Illescas 
procedió a la sustitución de algunas herramientas de mano de jardinería con motor de gasolina por 
otras eléctricas.  
Por último, ocho de las quince entidades han establecido canales de comunicación con los vecinos 
en materia de contaminación acústica -Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Logroño, Cartagena, 
Murcia, Laredo, Illescas y Toledo-. Los medios utilizados han sido el correo ordinario, las páginas 
web municipales y las redes sociales. Además, se emplearon otros canales de comunicación entre 
los que destacaron sistemas de sugerencias y reclamaciones en los Ayuntamientos de Albacete, de 
Logroño y de Murcia, el establecimiento de una Mesa del Ruido en Logroño, la realización de  s
reuniones temáticas con asociaciones de vecinos ante la celebración de eventos en la vía publica  oe.
potencialmente generadores de contaminación acústica en Cartagena o la posibilidad de realizar  w.
consultas al Servicio Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Illescas de forma presencial  247ww
                                                
26  dEel  Avyeuhníctaumlosie mnteon does  Lcoornctaa mjuisntaifnictóe,s  evnin eclu tlraádmoiste c odne  laal epgreasctioancieósn,  dceo ns eprovsicteioriso rmiduandic aipl apleersio. d o fiscalizado la adquisición  BOE-A-cable e
o por vía telefónica . De las ocho entidades que dispusieron de canales de comunicación con los 
vecinos, únicamente en los Ayuntamientos de Albacete, Logroño y Murcia el sistema diseñado 
permitía a los vecinos reportar incidencias en tiempo real. 
Además, los Ayuntamientos de Logroño y Murcia llevaron a cabo campañas de educación y 
sensibilización contra el ruido y los de Albacete y Murcia, crearon brigadas contra el ruido formada 
por una patrulla de la policía local en las zonas de ocio en horario nocturno. 
En definitiva, la mayor parte de Ayuntamientos realizó alguna actuación con objeto de mejorar la 
calidad acústica de sus municipios y la mejora en la incidencia de este factor contaminante, 
fundamentalmente, mediante la realización de actuaciones para la reducción de la contaminación 
acústica  generada  tanto  por  su  propia  actividad  como  por  la  ciudadanía.  No  obstante,  los 
Ayuntamientos de Lorca, Mérida, Plasencia, Tarancón y San Javier no llevaron a cabo ninguna 
actuación  para  la  mejora  de  la  calidad  acústica  y  la  reducción  de  la  contaminación  en  sus 
municipios.  
 
El presente subepígrafe tiene por objeto ofrecer magnitudes agregadas de los gastos realizados 
por las entidades en el ejercicio 2017 relacionados con la contaminación acústica y evaluar su 
importancia  en  relación  con  los  gastos  totales  de  cada  una  de  ellas.  Como  se  indicó  en  el 
subepígrafe III.1.2.6, los gastos efectuados por las entidades en relación con sus actuaciones 
medioambientales  se  encuentran  agrupados  en  el  programa  “1721.  Protección  contra  la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, incluida en el Área de Gasto 
1 “Servicios Públicos Básicos”.  
De las quince entidades, únicamente los Ayuntamientos de Cartagena y Murcia pudieron identificar 
los  gastos  relativos  a  contaminación  acústica  imputados  en  2017  al  indicado  programa 
presupuestario. La entidad que mayores recursos destinó fue el Ayuntamiento de Murcia, con un 
gasto total de 248.875,74 euros y fue la única entidad de las quince que estableció indicadores 
presupuestarios para dicho Programa 1721 en relación con la contaminación acústica. Por su parte 
el Ayuntamiento de Cartagena gastó 4.784,77 euros. 
Asimismo, cuatro entidades no pudieron delimitar los gastos relativos a contaminación acústica 
dentro del indicado programa (los Ayuntamientos de Albacete, Lorca, Tarancón y Toledo), otras 
ocho no imputaron gastos en dicho programa (Azuqueca de Henares, Illescas, Laredo, Logroño, 
Mérida, Plasencia, San Javier y Santander) y el Ayuntamiento de Badajoz, si bien imputó gastos en 
dicho programa, no realizó gastos en relación con dicha contaminación acústica. 
Además, los Ayuntamientos de Cartagena, Illescas, Logroño, Murcia y Toledo imputaron gastos 
relacionados con la contaminación acústica en otros programas presupuestarios. 
Por último se señala que ninguna entidad concedió durante 2017 subvenciones u otra línea de 
ayuda en relación con la contaminación acústica.  
 
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para la salud humana y el medio, y a obtener información sobre dicha calidad del aire y su
evaluación  en  los  Estados  miembros,  introduciendo,  además,  regulación  para  nuevos 
contaminantes. También deben citarse dos Directivas, la 2004/107/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente y la 2015/1480/CE, de la Comisión, de 28 
de agosto de 2015, por la que se modifican varios anexos de las dos Directivas anteriores, en los 
que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la 
ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 
Procede también citar la Directiva 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2015, sobre la limitación de las emisiones a la atmosfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, que forma parte del 
Programa “Aire Puro” para Europa, presentado el 18 de diciembre de 2013, y que estableció 
Valores Límite de Emisión tanto para las citadas instalaciones medianas nuevas, como para las 
instalaciones ya existentes y la Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de  diciembre  de  2016,  relativa  a  la  reducción  de  las  emisiones  nacionales  de  determinados 
contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 
2001/81/CE, que impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de adoptar 
antes del 1 de julio de 2018 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la propia Directiva y de presentar a la Comisión su primer 
Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica antes de 1 de abril de 2019.  
En  el  ámbito  nacional  destacan,  fundamentalmente,  tres  normas:  la  Ley  34/2007,  de  15  de 
noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmosfera (LCAPA), que tuvo como objetivo 
principal alcanzar unos niveles óptimos de calidad del aire para evitar, prevenir o reducir riesgos o 
efectos  negativos  sobre  la  salud  humana,  el  medio  ambiente  y  demás  bienes  de  cualquier 
naturaleza, y habilitó al Gobierno español para definir y establecer los objetivos de calidad del aire y 
los requisitos mínimos de los sistemas de evaluación de la calidad del aire, y sirvió de marco 
regulador para la elaboración de los planes nacionales, autonómicos y locales para la mejora de la 
calidad del aire. El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire, que transpuso al ordenamiento jurídico español el contenido de las mencionadas Directivas 
2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008 y 2004/107/CE, de 15 de diciembre de 2004; dicho Real 
Decreto ha sido modificado por el Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se alteran los 
criterios de ubicación de los puntos de medición y los métodos de referendo para la medición de los 
contaminantes, se actualizan los objetivos de calidad de los datos medidos, y se unifican los 
diferentes flujos de información de calidad del aire existentes en España. Por último, el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación. 
Asimismo, en desarrollo de lo previsto en el artículo 16 de la LCAPA se elaboraron a nivel estatal 
dos  planes  nacionales  de  calidad  del  aire,  estando  vigente  durante  el  periodo  fiscalizado  el 
segundo de ellos, el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II).  
Por otra parte, en el ámbito autonómico hay que destacar la siguiente normativa que regula 
aspectos específicos en la materia y Planes de Calidad del Aire en las Comunidades Autónomas de 
Cantabria, Extremadura, La Rioja y La Región de Murcia y su ausencia en la de Castilla-La 
Mancha. En concreto, la normativa aprobada y los planes indicados son los siguientes: 
  En Cantabria, el Decreto 50/2009, de 18 de junio, por el que se regula el control de la  e
contaminación atmosférica industrial en dicha Comunidad Autónoma y el Plan de Calidad  bo
del Aire de Cantabria 2006-2012, si bien dicho plan no fue actualizado, no existiendo  247ww
  nEinn gEuxntore vmigaednutrea ,d ular aLnetey  e1l6 p/2e0ri1o5d,o d feis c2a3l izdaed aob. r il, de protección ambiental de la Comunidad
Afisuctóanlizoamdao  ddee  uEn xPtrleamn addeu mrae.j oEras tdae  Clao cmaulindiadda dd eAl auitróen, oamprao bnáon ddoisspeu eslo 3  dduer aagnotes toe ld ep e2r0io1d8o.   BOE-A-cable e
  En La Rioja, la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de protección del medio ambiente de La Rioja, 
y la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de La Rioja, que derogó la 
anterior y el Plan de mejora de Calidad del Aire de La Rioja 2010-2015, si bien dicho plan 
tampoco fue actualizado, no existiendo ninguno vigente durante el periodo fiscalizado.  
  En la Región de Murcia, la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada y 
el Plan de Mejora de la Calidad del Aire para el periodo 2016-2018. 
El marco legal para este tipo de contaminación se completa con las ordenanzas aprobadas por 
cada entidad local, de acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 25 de la LRBRL y con 
lo establecido en el artículo 5 de la LCAPA. De las quince entidades, únicamente el Ayuntamiento 
de  Murcia  dispuso  de  una  ordenanza  específica  relativa  a  esta  materia,  que  se  encontraba 
adaptada  a  las  prescripciones  de  la  LCAPA  y  sus  normas  de  desarrollo.  Por  su  parte,  los 
Ayuntamientos de Albacete y Toledo dispusieron de ordenanzas generales que contenían algún 
tipo de regulación referida a la contaminación atmosférica. La del Ayuntamiento de Albacete fue 
aprobada en el año 1993 y aunque ha sido modificada en varias ocasiones, ninguna de ellas 
actualizó el contenido de la ordenanza a lo establecido en la citada LCAPA, misma situación en la 
que se encuentra el Ayuntamiento de Toledo, cuya ordenanza fue aprobada en 2005 y en ninguna 
de las modificaciones realizadas se adaptó a las prescripciones de la citada Ley.  
En definitiva, los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz, Cartagena, Illescas, 
Laredo,  Logroño,  Lorca,  Mérida,  Plasencia,  San  Javier,  Santander,  Tarancón  y  Toledo  no 
dispusieron, en el periodo fiscalizado, de instrumentos normativos específicos adaptados a las 
previsiones de la LCAPA y sus normas de desarrollo. 
 
Se exponen en el presente subepígrafe los resultados del análisis de las actuaciones desarrolladas 
por  las  entidades  para  la  protección  contra  la  contaminación  atmosférica  en  relación  con  la 
aprobación de planes y programas para la protección de la atmósfera y con la determinación de 
objetivos  de  calidad  del  aire  y  verificación  de  su  cumplimiento.  Asimismo,  se  exponen  los 
resultados del análisis del cumplimiento por las entidades del deber de suministro de información 
adecuada y oportuna al público acerca de la calidad del aire de sus territorios y de la concurrencia 
durante el periodo fiscalizado de eventos relacionados con la calidad del aire y la superación de los 
umbrales de información y de alerta en las mediciones realizadas. Por último, se exponen las 
principales medidas adoptadas por las entidades para la mejora de la calidad del aire en sus 
territorios. 
a)  Planes y programas para la protección de la atmósfera 
El artículo 16 de la LCAPA habilita al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a aprobar 
planes  y  programas  de  ámbito  estatal  necesarios  para  prevenir  y  reducir  la  contaminación 
atmosférica y sus efectos transfronterizos, así como para minimizar sus impactos negativos que 
contengan los objetivos específicos, las medidas necesarias para la consecución de los mismos y 
el procedimiento para su revisión. Su elaboración y actualización contará con la participación de las 
respectivas comunidades autónomas. Como se ha indicado, en desarrollo de lo previsto en dicho 
artículo estuvo en vigor durante el periodo fiscalizado el segundo Plan Nacional de Calidad del Aire  e
2017-2019 (Plan Aire II).   bo
oPbalriag alaci ócno npsaercau claiósn c doem luonsi doabdjeetsiv oasu tdóen ocmalaidsa dde d eald aoipreta, rd dicohso  taiprotísc udloe  1p6la dnee sla p LaCraA PlaA m eesjtoarbale dcee  llaa 
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más contaminantes regulados superen los objetivos fijados y, por otro lado, planes de acción a
corto plazo en los que se determinen medidas inmediatas y a corto plazo para las zonas y 
supuestos en que exista riesgo de superación de los objetivos de calidad del aire y los umbrales de 
alerta. Todas las comunidades autónomas a las que pertenecían los ayuntamientos seleccionados, 
excepto la de Castilla-La Mancha, dispusieron de planes regionales de calidad de aire aprobados27. 
Asimismo, dicho artículo 16 establece la posibilidad de que las entidades locales elaboren, además, 
sus propios planes y programas para la mejora de la calidad del aire, teniendo en cuenta los planes 
de protección de la atmósfera de sus respectivas comunidades autónomas de pertenencia, y prevé 
la  posibilidad  de  adopción  de  medidas  de  restricción  total  o  parcial  del  tráfico,  incluyendo 
restricciones a los vehículos más contaminantes, a ciertas matrículas, a ciertas horas o a ciertas 
zonas, entre otras. Además, establece la obligación para los municipios con población superior a 
100.000 habitantes y para las aglomeraciones de adoptar planes y programas para el cumplimiento 
y mejora de los objetivos de la calidad del aire. 
En ninguna de las quince entidades seleccionadas, excepto en el Ayuntamiento de Murcia, se 
elaboraron planes ni programas de protección de la atmósfera para la mejora de la calidad del aire 
en su territorio, lo que supuso el incumplimiento del indicado precepto por los Ayuntamientos de 
Albacete,  Badajoz,  Cartagena,  Logroño,  y  Santander,  al  tener  todos  ellos  unas  poblaciones 
superiores a 100.000 habitantes. Asimismo, el artículo 101 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección  ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  extendió  la  obligación  de 
elaboración de dichos planes a los ayuntamientos de su territorio con población superior a 25.000 
habitantes, lo que supuso el incumplimiento del citado precepto en los Ayuntamientos de Mérida y 
Plasencia. 
b)  Determinación de objetivos de calidad del aire y verificación de su cumplimiento 
De acuerdo con el artículo 9 de la LCAPA, el Gobierno, con la participación de las comunidades 
autónomas, debe establecer los objetivos de calidad del aire así como las condiciones y plazos 
para  alcanzarlos,  estableciendo  la  definición  de  dichos  objetivos  como  la  cuantía  de  cada 
contaminante en la atmósfera, aisladamente o asociado con otros, cuyo establecimiento conlleva a 
una serie de obligaciones conforme las condiciones que se determinen para cada uno de ellos. 
En cumplimiento de dicho precepto se aprobó el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, donde se 
definieron y establecieron objetivos de calidad del aire respecto a las concentraciones de los 
contaminantes de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 
benceno,  monóxido  de  carbono,  ozono,  arsénico,  cadmio,  níquel  y  benzo(a)pireno  en  el aire 
ambiente y se determinaron las fechas a partir de las cuales los valores límite28 y los valores 
críticos determinados no debían ser superados.  
La verificación del cumplimiento de los objetivos fijados de calidad del aire requiere la evaluación 
regular de la misma para determinar el cumplimiento de dichos objetivos y la superación de los 
valores límite y críticos establecidos. De acuerdo con el artículo 5 de la LCAPA, las comunidades 
autónomas evaluarán la calidad del aire y podrán establecer objetivos de calidad del aire y valores 
límite de emisión más estrictos que los que establezca la Administración General del Estado. 
Asimismo, el artículo 10 establece que las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades 
locales, tienen que llevar a cabo la evaluación regular del aire de su ámbito territorial y dispone, 
                                                  247ww
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además,  que  las  aglomeraciones29  deben  contar  por  sí  mismas  o  en  colaboración  con  las 
comunidades autónomas, con estaciones y redes de evaluación de la calidad del aire.  
Los resultados de las mediciones y evaluaciones realizados por las comunidades autónomas se 
integran por la administración estatal en el Sistema español de información, vigilancia y prevención 
de  la  contaminación  atmosférica,  a  los  efectos  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y 
compromisos comunitarios e internacionales según se establece en el artículo 27 de la LCAPA. 
Las mediciones de la calidad del aire para su evaluación se han realizado, fundamentalmente, por 
las comunidades autónomas a partir de la información obtenida en sus propias estaciones de 
medición y redes de evaluación, control y vigilancia de dicha calidad del aire. En este contexto, las 
comunidades han llevado a cabo una distribución de su territorio en unidades de gestión de calidad 
del aire o zonas en las que distribuyeron sus estaciones de medición. En doce de las quince 
entidades seleccionadas las comunidades autónomas dispusieron alguna de sus estaciones de 
medición de la calidad del aire, lo que se produjo en los términos municipales de los Ayuntamientos 
de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz, Cartagena, Illescas, Lorca, Logroño, Mérida, Murcia, 
Plasencia, Santander y Toledo. Además, el Ayuntamiento de Logroño dispuso desde 2016 de otra 
instalación de su propiedad de medición de los contaminantes indicados, que formaba parta de un 
proyecto  financiado  con  fondos  de  la  Unión  Europea30.  En  las  tres  entidades  restantes,  los 
Ayuntamientos de Laredo, San Javier y Tarancón, no estaba situada ninguna estación de la 
comunidad autónoma, por lo que las mediciones relativas a las mismas han sido las efectuadas por 
las estaciones situadas en municipios cercanos integradas en las mismas áreas en las que las 
comunidades autónomas dividieron su territorio. 
En definitiva, todas las entidades han dispuesto de la información sobre las mediciones realizadas 
por cada comunidad autónoma en sus estaciones referidas a las áreas o zonas en las que 
quedaron encuadradas. 
De acuerdo con las evaluaciones de la calidad del aire realizadas, el artículo 11 de dicha LCAPA 
establece que las comunidades autónomas, con la participación de las entidades locales, deben 
zonificar  su  territorio  de  acuerdo  con  los  niveles  de  contaminantes  para  los  que  se  hayan 
establecido objetivos de calidad del aire. Conforme a las mismas, se elaborarán listas diferenciadas 
de zonas y aglomeraciones. Las cinco comunidades autónomas de pertenencia de las entidades 
seleccionadas  han  llevado  a  cabo  la  zonificación  de  su  territorio,  sin  que  en  su  realización 
participase ninguno de los Ayuntamientos seleccionados. Además, ninguna de las quince entidades 
llevó a cabo ninguna zonificación específica de su territorio en relación con la contaminación 
atmosférica, ni ha elaborado protocolos para los casos de superación de los objetivos de calidad 
atmosférica31. 
                                                 
29  El artículo 3 de la LCAPA define las aglomeraciones como una “conurbación de población superior a 250.000 
habitantes o bien, cuando la población sea igual o inferior a 250.000 habitantes, con la densidad de población por km2 
que se determine por las comunidades autónomas”. 
30  Además, el Ayuntamiento de Albacete estaba desarrollando actuaciones para la implantación de un sistema municipal  s
de monitorización y evaluación de la calidad del aire compuesto por entre ocho y diez estaciones de medición,  e.
estando prevista su entrada en funcionamiento en el año 2020.  w.b
31  uEprml oAbtoyrcauolneltosa  mdeeise tnamtboele ddcideida Moss u arp caaiadr,ao e pdntae ert el drtmruárimannaittdeeo  dese p ciasoolendgtaioamsc iionenasenpstee,c spí,fu icssoio s b ddieee nm  cnaoonn itfadiemissiptnoua slcaoi ó andp erao tubmnao cspiófrénor tieocnaco  fpleoob rrp esaruorap d eleroa s2c 0ióc1na8 s dodese   ludones  
csuopneseraccuicóinó nd dee l odsic ohbojse toivbojest ivdoes c eanli deal dm uantmicoipsifoé.r ica en el que se incluyesen medidas a medio y largo plazo para la  BOE-A-cable e
c)  Información al público 
La información que las Administraciones deben poner a disposición del público se regula en el 
artículo 8 de la LCAPA, estableciendo el deber de tomar las medidas necesarias para garantizar 
que el público en general y las entidades interesadas reciban información adecuada y oportuna 
acerca de la calidad del aire, entre otros extremos, y que, además, esta información se suministre 
de forma clara y comprensible a través de medios de difusión fácilmente accesibles, incluido 
Internet.  Las  comunidades  autónomas  están  obligadas  a  comunicar  de  forma  periódica  a  la 
población el nivel de contaminación y, de forma específica, cuando se sobrepasen los objetivos de 
calidad del aire, y los municipios con población superior a 100.000 habitantes y los que formen 
parte de una aglomeración, de acuerdo con la definición de esta ley, deben disponer igualmente de 
datos para informar a la población sobre los niveles de contaminación y la calidad del aire. 
La mayor parte de las entidades llevaron a cabo la comunicación periódica a la población de los 
niveles de contaminación de forma adicional a la realizada por las comunidades autónomas. No 
obstante, los Ayuntamientos de Badajoz, Laredo, Mérida, Plasencia y Tarancón no establecieron 
canales de comunicación para la puesta a disposición del público de información en materia de 
contaminación  atmosférica,  destacando  la  ausencia  de  comunicación  en  el  Ayuntamiento  de 
Badajoz, que a pesar de contar con una población superior a 100.000 habitantes, no llevó a cabo 
tales actuaciones. 
Las diez entidades restantes difundieron la información sobre las mediciones realizadas por la 
administración autonómica en la materia o la obtenida por sus propios medios. En la mayor parte 
de ellos -los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Cartagena, Logroño, Murcia, 
Santander y Toledo- se realizó a través de su portal web municipal donde se enlazaban los 
distintos sitios web de los gestores medioambientales autonómicos, excepto el Ayuntamiento de 
Logroño, que publicaba los datos obtenidos en su estación de medición. En todos los casos, dichos 
canales fueron administrados por el personal municipal. 
En los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Illescas, Toledo y Murcia dicha información se 
publicó en sus perfiles en las redes sociales. Por su parte, los Ayuntamientos de Lorca y San Javier 
utilizaron para dicha comunicación otras páginas web, como la del Consejo de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de Agenda 21 y los de Illescas, Murcia y Toledo utilizaron, además, los medios 
tradicionales de comunicación. El Ayuntamiento de Logroño contaba, además, con una aplicación 
propia para móviles que facilitó a la población acceso en tiempo real de las mediciones que su 
estación propia de medición proporcionaba. 
d)  Concurrencia de eventos relacionados con la calidad del aire 
Respecto de la concurrencia de eventos relacionados con la calidad del aire y la superación de los 
umbrales de información y de alerta en las mediciones realizadas que debían dar origen a su 
comunicación  por  las  entidades  a  la  población,  durante  el  periodo  fiscalizado  únicamente  el 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares puso de manifiesto la superación de los valores de alguno 
de los contaminantes medidos y evaluados por encima del umbral de información a la población, 
episodio producido el 3 de agosto de 2017 respecto del ozono troposférico. La duración de dicho 
episodio fue de tres horas procediéndose a informar a la población a través de la web municipal y 
de las redes sociales del Ayuntamiento, a partir del aviso originado por la red de medición de la  s
Comunidad de Castilla-La Mancha.   e.
Licnoofnos tramAmayirunonantn atmeqsuie enl,o to dsqu uradene t heuA blebiela scpeee termi,o odCtoiv aarftdiasocg aellnaiza a,nd eoIcl,l eessncioda asds, e  Ldoehg arbinoífñaoonr, m saMurp uerdcreaia d,t oa Sl laocnisrt cauvnnadsleotrar ensyc  iadT eoa le ldosous    2021-14247n https://ww
población. No obstante, tanto el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares como en los de Murcia y
Toledo informaron de episodios con elevados valores de algunos de los contaminantes, si bien  Bc
estos se produjeron con posterioridad al periodo fiscalizado y no alcanzaron los límites establecidos 
en el Real Decreto 102/2011 que hubiesen motivado la necesidad de información a la población. 
Por último, los Ayuntamientos de Badajoz, Laredo, Lorca, Mérida, Plasencia, San Javier y Tarancón 
no disponían de información sobre la superación de dichos valores en sus ámbitos territoriales 
durante el periodo fiscalizado. 
De las quince entidades seleccionadas, el Ayuntamiento de Murcia es la única entidad que ha 
dispuesto en algún momento del periodo fiscalizado de un instrumento de planificación para los 
casos de riesgo de superación de los umbrales que requieran la adopción de medidas de acción 
inmediatas. Se trata de un Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de contaminación 
atmosférica por dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y partículas PM10, que fue aprobado 
23 de febrero de 2018 en el marco de los instrumentos autonómicos de planificación. Además, el 
Ayuntamiento de Santander informó, en el trámite de alegaciones, de la elaboración, en marzo de 
2017, de un borrador de protocolo municipal de información para casos de superación de umbrales 
de  información  o  alerta  a  la  población.  Dicho  protocolo,  a  la  finalización  de  los  trabajos  de 
fiscalización, no estaba aprobado. 
Por su parte, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a pesar de haber registrado episodios 
recurrentes de altos niveles de ozono troposférico, no dispone de ningún protocolo de medidas a 
adoptar durante episodios de contaminación atmosférica, lo cual se justificó en que estos episodios 
tienen su origen en otros componentes de la atmósfera que se localizan en áreas distintas del 
municipio, tales como cinturones de grandes ciudades y áreas rurales cercanas, recibiendo la 
entidad los gases emitidos en otros lugares, y cuya emisión es la que se precisaría disminuir. Esta 
situación se produce también en el Ayuntamiento de Toledo, que argumenta la falta de aprobación 
de dichos planes de acción inmediata por su ineficiencia en el corto plazo al depender de factores 
externos sobre los que no se podía actuar directamente. 
e)  Medidas adoptadas por las entidades para la mejora de la calidad del aire 
Se ha evaluado la adopción entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018 de medidas para 
la mejora de la calidad del aire y para favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
Real  Decreto  Legislativo  102/2011,  de  calidad  del  aire  y  para  la  reducción  de  dichas 
concentraciones. 
De las quince entidades, los Ayuntamientos de Badajoz, Laredo, Logroño, Mérida, San Javier y 
Tarancón no adoptaron medidas para la mejora en sus territorios de la calidad del aire y favorecer 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Real Decreto Legislativo 102/2011. Las otras 
nueve entidades -los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Cartagena, Illescas, 
Lorca,  Murcia,  Plasencia,  Santander  y  Toledo-  realizaron  medidas,  que  consistieron, 
fundamentalmente  en  el  establecimiento  de  exenciones  o  bonificación  en  el  Impuesto  sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (siete de los nueve Ayuntamientos), medidas para el fomento del 
uso del transporte público (siete entidades), la construcción, ampliación o mejora del carril bici 
(otras seis entidades) y la peatonalización de calles (cinco entidades). 
Respecto a la primera de las medidas, el establecimiento de exenciones o bonificación en el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, fue adoptada por los ayuntamientos de Albacete, 
Azuqueca de Henares, Illescas, Lorca, Murcia, Santander y Toledo y todos establecieron la máxima  s
bonificación, del 75%, menos los de Azuqueca de Henares e Illescas, que establecieron una única  e.
bonificación del 50% para determinados tipos de vehículos. Los Ayuntamientos de Cartagena y  w.
Plasencia no establecieron estas bonificaciones.  247ww
Por su parte los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Lorca, Murcia, Plasencia,
Santander y Toledo adoptaron medidas relacionadas con el fomento de una movilidad alternativa y
más sostenible en el municipio, mediante el incentivo del uso del transporte público a través de la  Bc
creación de bonos multiviaje o ayudas a determinados sectores de la población, llegando hasta la 
prestación gratuita del servicio para determinados colectivos en el Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares. 
Respecto de la tercera de las medidas, los Ayuntamientos de Albacete, Illescas, Lorca Murcia, 
Santander y Toledo procedieron durante el citado periodo a la construcción, ampliación o mejora 
del carril bici existente, y en los Ayuntamientos de Albacete, Lorca, Murcia, Plasencia y Santander 
se procedió a la peatonalización de determinadas calles de los municipios. 
Además de las anteriores, en menor proporción se aplicaron otras medidas tales como el fomento 
del uso de bicicletas, que se llevó a cabo en los Ayuntamientos de Albacete, Lorca, Murcia y 
Santander,  la  construcción  de  infraestructuras  reservadas  para  el  transporte  público,  en  los 
Ayuntamientos de Lorca, Plasencia y Santander y la ampliación de la flota de vehículos destinados 
al transporte público y el fomento del uso del vehículo eléctrico, instalando puntos de recarga en los 
Ayuntamientos  de  Lorca,  Murcia  y  Santander,  medidas  adoptadas  en  coordinación  con  las 
bonificaciones del impuesto anteriormente citado. 
Hay que destacar que únicamente el Ayuntamiento de Murcia aprobó un protocolo de actuación 
con medidas de restricción del tráfico en caso de situaciones de alta contaminación atmosférica, 
posibilidad establecida en el artículo 16 de la LCAPA. 
Por lo tanto, aun cuando todas las entidades dispusieran de la información sobre las mediciones 
realizadas por cada comunidad autónoma en sus estaciones, los Ayuntamientos de Badajoz, 
Laredo, Mérida, Plasencia, San Javier y Tarancón no llevaron a cabo el análisis y la gestión 
oportuna de dicha información con objeto de disponer de un conocimiento de la situación real de la 
calidad del aire de sus territorios, al no conocer de forma actualizada los datos de las mediciones 
realizadas y la existencia de episodios de superación de los niveles establecidos que determinaba 
su información a la población, no disponer de canales de comunicación con la población de 
información relativa a la calidad del aire, no disponer de instrumentos de planificación para los 
casos  de  riesgo  de  superación  de  los  umbrales  establecidos  que  requieran  la  adopción  de 
actuaciones inmediatas, ni establecer, excepto el Ayuntamiento de Plasencia, medidas de tipo 
fiscal o relacionadas con el fomento de una movilidad alternativa y sostenible, para la mejora en 
sus territorios de la calidad del aire y favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos.  
 
Además de la potestad sancionadora general atribuida a las entidades locales por la LRBRL, la 
LCAPA  regula  las  funciones  de  vigilancia,  control,  inspección  y  seguimiento  y  el  régimen 
sancionador.  Son  las  comunidades  autónomas  y,  en  su  caso,  las  entidades  locales,  las 
competentes para adoptar las medidas de inspección necesarias para garantizar el cumplimiento 
de la ley, y corresponde a las comunidades autónomas y, en su caso, a las entidades locales el 
ejercicio de la potestad sancionadora.  
La mayor parte de las entidades -los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Badajoz, Cartagena, 
Illescas, Laredo, Logroño, Lorca, Mérida, Plasencia, San Javier, Santander, Tarancón y Toledo- no 
llevaron a cabo entre 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018 actuaciones de inspección y 
control con objeto de verificar el cumplimiento de las prescripciones en materia de contaminación 
atmosférica. Únicamente los Ayuntamientos de Albacete y Murcia realizaron en dicho periodo tales  e.
actuaciones  de  vigilancia  e  inspección,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  sus  respectivas  w.b
ordenanzas reguladoras. En ambos casos, las actuaciones fueron llevas a cabo exclusivamente por  247ww
personal funcionario.
Einnfr aecl cAioynuenst adme ielan toor ddeen aMnuzrac iam usnei ctirpaaml idtaer opnr o1te4c8c ieóxnp deed ielan taetsm cóusyfeor ao rpigoer nq ufueemroans  adgerníuconlcaias sy  pdoer 
residuos, de los que 137 dieron lugar a la imposición de sanciones por un importe total de 
28.497,80 euros. El importe cobrado por la imposición de sanciones ascendió a 16.622,50 euros. 
Además de los ingresos obtenidos por las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora, se 
ha verificado que ninguna entidad recibió durante 2017 otros ingresos vinculados a actuaciones 
medioambientales provenientes, en su caso, de ayudas o subvenciones derivadas de dicho factor 
contaminante. 
 
Junto a las actuaciones desarrolladas por las entidades para la protección de la contaminación 
atmosférica  y  su  inspección  y  control,  algunas  entidades  desarrollaron  en  su  ámbito  interno 
actuaciones adicionales para la mejora de la calidad del aire en el desarrollo de su propia actividad.  
Los Ayuntamientos de Lorca, Murcia, Santander y Toledo adquirieron para su flota municipal 
vehículos menos contaminantes, híbridos o eléctricos, o bien de alta capacidad, para la sustitución 
de otros antiguos con mayores emisiones. 
Los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz, Cartagena, Illescas32, Laredo, 
Logroño,  Mérida,  Plasencia,  San  Javier  y  Tarancón  no  llevaron  a  cabo  durante  el  periodo 
fiscalizado actuaciones para la mejora de la calidad del aire derivada de su propia actividad.  
 
Como se indicó en el subepígrafe III.1.2.6, los gastos efectuados por las entidades en relación con 
sus actuaciones medioambientales se encuentran agrupados en el programa “1721. Protección 
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, incluida en el Área 
de Gasto 1 “Servicios Públicos Básicos”.  
De las quince entidades, únicamente el Ayuntamiento Murcia pudo identificar los gastos relativos a 
contaminación  atmosférica  imputados  en  2017  al  indicado  programa  presupuestario  para  la 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, que 
reconoció obligaciones por 230.340,25 euros y estableció indicadores presupuestarios para dicho 
Programa 1721 en relación con la contaminación atmosférica.  
Todas las entidades pusieron de manifiesto no haber imputado gastos relativos a contaminación 
atmosférica en otros programas presupuestarios.  
El Ayuntamiento de Murcia fue la única entidad que convocó un procedimiento de concesión de 
subvenciones  en  relación  con  la contaminación  atmosférica  durante  el  periodo  fiscalizado.  El 
presupuesto  máximo  de  dicha  convocatoria  ascendió  a  163.384,53  euros,  de  los  que  se 
concedieron 72.825,53 euros, que se destinaron a financiar la adquisición de vehículos eléctricos, 
53.855,41 euros, así como a actuaciones para dotar a los garajes comunitarios de infraestructuras 
de recarga de dichos vehículos y la realización de actuaciones para la mejora de la eficiencia 
energética  y  la  utilización  de  fuentes  de  energía  renovables  en  el  alumbrado,  calefacción  y 
climatización  de  edificios  residenciales,  18.970,12  euros.  Las  condiciones  de  la  convocatoria 
establecían el pago de la cantidad concedida previa realización y justificación de la actividad 
subvencionada, con un plazo máximo de ejecución de hasta el 31 de diciembre de 2018. A la 
finalización de los trabajos de fiscalización, las cantidades concedidas se encontraban pendientes  e.
de pago.  w.b
                                                  247ww
32  Ebecalalé btAceotyrr íuilacan o rtssaeu mcesa itheritgíunbatcrobiiód ledno,e s p a.I rsloleíg scrceoasmsivo, a,a   ldape e rsheaenrro rvdaaemc niieóonn t hadaseb lc epor anrr eqmauoliezt oadrd eco o vanecvhteíucnaucclioioosnn aemls ud ndeiu cgriapanastloeels ine acl o fpinsoc rma oloizttraoadrseo sd,  etde ecn oígana spsuromelivnoias et oplé olclret rvoicatorro  ays    BOE-A-2021-14cable en https://
 
 
En el ámbito de la Unión Europea hay que poner de manifiesto la ausencia de normativa específica 
en materia de contaminación lumínica, limitándose a la regulación de determinados aspectos 
relacionados con la eficiencia energética, sin que se establezcan disposiciones generales sobre 
este factor contaminante. Así, cabe citar el Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de 
marzo de 2009, por el que se aplicó la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en  lo  relativo  a  los  requisitos  de  diseño  ecológico  para  lámparas  fluorescentes  sin  balastos 
integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan 
funcionar con dichas lámparas. 
En el ámbito nacional la normativa se limita a lo establecido en la disposición adicional cuarta de la 
LCAPA, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que establece que 
las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben promover la prevención y 
reducción  de  la  contaminación  lumínica,  con  la  finalidad  de  promover  un  uso  eficiente  del 
alumbrado exterior, preservar las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la 
fauna, la flora y los ecosistemas en general, prevenir, minimizar y corregir los efectos de la 
contaminación lumínica en el cielo nocturno, y reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las 
que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios, así como en 
el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (REEIAE) y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, aprobado por el Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, con objeto de establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y 
mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior. 
En el ámbito autonómico no han aprobado normativa medioambiental específica en materia de 
contaminación lumínica las comunidades de Castilla-La Mancha y La Rioja y sí lo han hecho las de 
Cantabria, Extremadura y Región de Murcia: 
  En Cantabria, la Ley 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica y 
el Decreto 48/2010, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de dicha Ley. 
  En Extremadura, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que contiene, en el Capítulo III del Título II, prescripciones 
relativas a este tipo de contaminación. 
  En la Región de Murcia, la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, 
que contiene diversos preceptos relativos a la contaminación lumínica. 
El marco legal para este tipo de contaminación se completa en el ámbito local con las ordenanzas 
aprobadas por cada entidad, de acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 25 de la 
LRBRL. 
De las quince entidades, únicamente los Ayuntamientos de Santander y de Murcia aprobaron 
ordenanzas específicas relativas a esta materia. El primero de ellos aprobó en el año 2004 una 
ordenanza reguladora del alumbrado exterior y para la protección del medio ambiente, con el objeto  e.
de establecer las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones en el término municipal de  w.b
Santander, si bien dicha normativa no se encuentra actualizada a los preceptos establecidos en el  247ww
Rlaesa iln sDteaclarceitoon 1e8s9 y0 /a2p0a0r8a tyo sn od ein iclulumyien aacsiópne cptoosr  mtaoletsiv ocso mdeo  elafsic ipernecsiacr iepnceiorngeésti ctaé cyn ilcaass c eoxnidgiicbiloense as 
mínimas de mantenimiento y conservación de las instalaciones y aparatos de mantenimiento.
El Ayuntamiento de Murcia aprobó en 2010 y posteriormente modificó en 2011, una ordenanza 
reguladora  de  la  eficiencia  energética  y  de  la  prevención  de  la  contaminación  lumínica  del 
alumbrado exterior que estableció las condiciones que debía cumplir cualquier instalación de este 
tipo en el término municipal. Dicha normativa se encontraba adaptada al Real Decreto 1890/2008 y 
contiene la delimitación de las fuentes de luz prohibidas, de los niveles máximos de luminancia o 
iluminancia para  cada uno  de  los  usos  especificados,  las  prescripciones  técnicas  que  deben 
satisfacer las instalaciones y aparatos de iluminación para evitar la contaminación lumínica, las 
prescripciones técnicas exigibles a las instalaciones y aparatos de iluminación por motivos de 
eficiencia  energética,  las  condiciones  mínimas  de  mantenimiento  y  conservación  de  las 
instalaciones y aparatos de mantenimiento y las condiciones para la instalación y funcionamiento 
de alumbrados que funcionen en horario nocturno.  
Además, la normativa aprobada en los Ayuntamientos de Murcia y de Santander tenía en cuenta 
los focos emisores de alumbrado público en el planeamiento urbanístico.  
Los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz, Cartagena, Illescas, Laredo, 
Logroño, Lorca, Mérida, Plasencia, San Javier, Santander, Tarancón y Toledo no dispusieron, en el 
periodo fiscalizado, de instrumentos normativos específicos adaptados a las prescripciones del 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 
 
En el presente subepígrafe se exponen, en primer lugar, los resultados relativos a la verificación de 
la delimitación por las entidades de áreas lumínicas en sus territorios con objeto de fijar niveles de 
iluminación adecuados a los usos y necesidades de cada zona, en atención al uso predominante 
del suelo y, en segundo lugar, los resultados relativos a otras actuaciones llevadas a cabo por las 
entidades para promover la prevención y reducción de la contaminación lumínica, determinadas por 
la Disposición Adicional 4ª de la LCAPA y por el artículo 8 del REEIAE.  
De las cinco comunidades autónomas a las que pertenecían las quince entidades analizadas, 
únicamente la de Cantabria disponía de algún tipo de clasificación por zonas lumínicas en función 
del grado de vulnerabilidad de cada zona. La obligación de realizar tal clasificación en dicha 
Comunidad se recogía en el artículo 7 de la Ley 6/2006, de 9 de junio, y se llevó a cabo mediante el 
Decreto 48/2010 de 10 de agosto que aprobó el Reglamento por el que se desarrolló parcialmente 
la indicada Ley 6/2006, que estableció cuatro zonas diferenciadas, que incluían desde áreas 
urbanas que admiten un brillo alto hasta áreas pertenecientes a la Red de Espacios Naturales 
Protegidos según la legislación autonómica en materia de Conservación de la Naturaleza. Incluía 
también los denominados Puntos de referencia, definidos como puntos próximos a las áreas de 
valor astronómico o natural especial, para los que hay que establecer una regulación específica. 
Por su parte, la Comunidad Autónoma de La Rioja llevó a cabo una zonificación en el marco de la 
“Iniciativa Starlight”, campaña internacional en defensa de la calidad de los cielos nocturnos y el 
derecho general a la observación de las estrellas, en virtud de la cual se estableció la “Reserva 
Starlight”, que es un territorio destinado a la preservación de la calidad del cielo nocturno y de los 
diferentes valores asociados al mismo, así como al reconocimiento de los Valles de Leza, Jubera, 
Cidacos y Alhama por la Fundación Starlight como Destino Turístico Starlight, lo que en la práctica 
supone el establecimiento de una zona de especial protección lumínica en el territorio de la  e
comunidad autónoma, pero no una zonificación en sí del territorio.  b
Rraneoleuarsmmlipzbaeartcdaivtodoa o  dl aaeeu x ztltoaeon rnzióoiofmirnc, iiacfqicacuia,óe cn esi sóeltnua b mblalleíesnvcaiaci edaena nd d auoe n  cuasan ubca ol at cesplriaofrisirct ioafloirccisoiaó ,cAn ióe ycunsotn anetba nclm ercictieueidnariattoor sose  ,snz iú omnsniiualca saro emyrsd e reanen tsleaou nselt zlai amdn depro elaS gnuautnnalaatdad ondosdirv aeei srn idóh lenaal     OE-A-2021-14able en https://
del término municipal con tres áreas (áreas de bajo brillo, áreas de brillo medio y áreas de alto 
brillo).  
Además, el Ayuntamiento de Logroño elaboró, dentro del “Plan Director de Alumbrado Público 
Exterior de la Ciudad de Logroño”, un mapa lumínico de la ciudad, consistente en la proyección 
sobre un mapa de los niveles de iluminación producidos por el alumbrado público, dividiendo el 
municipio en 34 sectores diferenciados. 
La ausencia de zonificación del territorio y de establecimiento de objetivos de calidad lumínica por 
los Ayuntamientos, determinó que las entidades no declarasen zonas de especial protección contra 
la contaminación lumínica ni estableciesen protocolos de actuación para los casos de superación 
de los niveles de calidad lumínica establecidos para cada zona.  
La Disposición Adicional 4ª de la LCAPA establece cuatro objetivos que deben tener en cuenta las 
entidades en sus actuaciones en relación con la prevención y reducción de la contaminación 
lumínica, esto es, promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad 
a los peatones, los vehículos y las propiedades, preservar las condiciones naturales de las horas 
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general, prevenir, minimizar y 
corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno y, por último, reducir la 
intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos 
naturales e interior de edificios.  
Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares33, Plasencia, San Javier y Tarancón no llevaron a 
cabo durante el periodo fiscalizado actuaciones dirigidas a dar cumplimiento a ninguno de los 
objetivos establecidos en la citada Disposición Adicional. Por su parte, las once entidades restantes 
-los Ayuntamientos de Albacete34, Badajoz, Cartagena, Illescas, Laredo, Logroño, Lorca, Mérida, 
Murcia, Santander y Toledo- sí que llevaron a cabo actuaciones dirigidas a cumplir la totalidad o, al 
menos,  alguno  de  los  cuatro  objetivos  indicados.  Los  Ayuntamientos  de  Albacete,  Badajoz, 
Cartagena, Illescas, Mérida, Murcia y Santander fueron los únicos que adoptaron medidas en 
relación con los cuatro objetivos anteriores. Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño realizó 
actuaciones relativas a los objetivos primero y tercero, mientras que los Ayuntamientos de Laredo y 
Toledo  abarcaron  con  sus  actuaciones  los  tres  primeros  objetivos.  En  general,  las  medidas 
adoptadas consistieron en la sustitución del alumbrado público de las luminarias de descarga por 
luminarias LED, en ajustes de horarios de las instalaciones y en la reducción de puntos de luz.  
De las diez entidades que llevaron a cabo actuaciones dirigidas a cumplir los objetivos indicados, 
los Ayuntamientos de Albacete35, Cartagena, Murcia y Toledo, no efectuaron estudios posteriores 
de los gastos realizados y los ahorros derivados de sus actuaciones con objeto de determinar si, 
como resultado de las medidas que adoptaron, se apreció un ahorro efectivo. Únicamente los 
Ayuntamientos de Badajoz, Illescas, Laredo, Logroño y Santander realizaron dichos estudios. 
Se han analizado otras actuaciones llevadas a cabo por las entidades para promover la prevención 
y reducción de dicho factor contaminante y para dar cumplimiento a las prescripciones del REEIAE.  
El artículo 8 del REEIAE determina el régimen de funcionamiento al que deben ajustarse las 
instalaciones de alumbrado exterior con objeto de mejorar la eficiencia, el ahorro energético, 
                                                 
33  El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares justificó la ausencia de actuaciones en el periodo fiscalizado por haber  e.
procedido con anterioridad a la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED, llevando a cabo  w.b
únicamente, a partir de ese momento, tareas de reposición y mantenimiento de las mismas.  247ww
34  fEisl cAalyizuandtaom, eienn vtoir tudde  dAel buanc ceoten trpautsoo f odrme amlizaandifoie esnto r ehlaacbieórn  rceoanli zlaa dpore statalecsió na cdteula sceiornviecsio  cdoen a pluomstberraiodroid paúdb laicl op. eriodo
35  El Ayuntamiento de Albacete argumentó en el trámite de alegaciones la ausencia de dichos estudios al no haber
finalizado en su totalidad las actuaciones sobre las instalaciones de alumbrado exterior.
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el resplandor luminoso nocturno y 
reducir la luz intrusa o molesta. Dicho artículo establece que: 
a)  Los sistemas de accionamiento deben garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior 
se enciendan y apaguen con precisión cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 
b)  Se establecerán los correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de las 
instalaciones de alumbrado ornamental, anuncios luminosos, espacios deportivos y áreas de 
trabajo exteriores. 
c)  Las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de túneles y pasos inferiores, estarán 
en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de sol y su 
salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 
d)  Se establecerán, es casos específicos, niveles de iluminación diferentes en los alumbrados 
exteriores en periodo nocturno y en periodo diurno. 
e)  Se  podrá  variar  el  régimen  de  funcionamiento  de  los  alumbrados  ornamentales  en 
festividades y temporada alta de afluencia turística. 
f)  Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos nocturnos 
singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro energético 
con las necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados. 
Los Ayuntamientos de Logroño, Mérida, Tarancón y Toledo no adoptaron ninguna medida durante 
el periodo fiscalizado para adaptar el funcionamiento de sus instalaciones de alumbrado exterior al 
citado régimen establecido en el REEIAE. Por su parte, las once entidades restantes sí que 
llevaron a cabo acciones dirigidas a cumplir la totalidad o, al menos alguna, de las indicadas 
prescripciones del citado Reglamento. Los Ayuntamientos de Badajoz, Lorca, Murcia, Illescas y 
Santander realizaron actuaciones en relación con la totalidad de las prescripciones indicadas en el 
REEIAE que, fundamentalmente, consistieron en la instalación de sistemas de telegestión para el 
sistema de alumbrado público, la instalación de relojes astronómicos, el ajuste de los horarios de 
encendido y apagado en los centros de mando y la instalación de sistemas reductores de consumo 
y, en el caso del Ayuntamiento de Santander, la renovación total del alumbrado público en el año 
2017 mediante la sustitución de 23.000 luminarias por otras de tecnología LED. 
Las demás entidades adoptaron medidas encaminadas a cumplir parcialmente los citados objetivos 
del  REEIAE.  En  concreto,  los  Ayuntamientos  de  Albacete  y  Laredo  realizaron  actuaciones 
encaminadas a dar cumplimiento a los cinco primeros objetivos, mientras que el Ayuntamiento de 
Plasencia realizó actuaciones para dar cumplimiento a los objetivos a) y c). El Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares realizó actuaciones en relación con los objetivos a), c) y d) y, finalmente, el 
Ayuntamiento de Cartagena comunicó la realización de actuaciones para dar cumplimiento a los 
objetivos c), e), y f). Las actuaciones llevadas a cabo fueron, en su mayoría la instalación de relojes 
astronómicos y sistemas de telegestión, si bien el Ayuntamiento de Cartagena no identificó las 
medidas adoptadas. 
De las once entidades que llevaron a cabo dichas actuaciones, únicamente los Ayuntamientos de 
Santander, Badajoz y Lorca realizaron estudios de los gastos y los ahorros derivados de las 
actuaciones desarrolladas que, en los dos primeros casos, se enmarcaron dentro de las auditorías 
energéticas realizadas en ambos municipios, y en el Ayuntamiento de Lorca mediante la auditoría 
realizada para la renovación de un espacio urbano del municipio  
Los  Ayuntamientos  de  Azuqueca  de  Henares,  Cartagena,  Laredo,  Lorca,  Murcia,  Plasencia,   b
Tarancón y Toledo no contaron con canales de comunicación con los vecinos en materia de  247ww
cLoongtraomñoin, aMciéórnid alu, mSíannic aJ avyi epr oyr  Seal nctaonndtrearr idoi slpouss iAeryounn tdaem ideinchtooss  dcaen aAllebsa cqeutee , enB atdoadjoosz ,l oIsll ecsacsaoss, 
pene rmeli tAíaynu nretapmorietanrt oin dcied eLnocgiarosñ eon,  etine melp oq uree asle,  sllieevnód oa  gceasbtioo naa dtroasv épso rd ep eurnso cnoanl tmrauton idciep aal seisxtceenpctiao 
técnica.
 
Además de la potestad sancionadora general atribuida a las entidades locales por la Ley LRBRL, el 
Capítulo VI de la LCAPA regula las funciones de vigilancia, control, inspección, y seguimiento; en 
particular, el artículo 26 se refiere al control e inspección, estableciendo que serán las comunidades 
autónomas y, en su caso, las entidades locales, las competentes para adoptar las medidas de 
inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley 
La  mayor  parte  de  las  entidades,  los  Ayuntamientos  de  Albacete,  Azuqueca  de  Henares, 
Cartagena, Lorca, Plasencia, Santander, Tarancón y Toledo no llevaron a cabo entre 1 de enero de 
2017  y  31  de  mayo  de  2018  actuaciones  de  inspección  y  control  con  objeto  de  verificar  el 
cumplimiento de las prescripciones en materia de contaminación lumínica. Hay que destacar la 
ausencia de dichas actividades en el Ayuntamiento de Santander, en cuando que en su ordenanza 
reguladora de la contaminación lumínica regulaba expresamente el ejercicio de dichas actividades 
de control e inspección, por lo que la entidad incumplió las prescripciones aprobadas por ella 
misma en la materia.  
Por  su  parte,  las  siete  entidades  restantes  -los  Ayuntamientos  de  Badajoz,  Illescas,  Laredo, 
Logroño, Mérida, Murcia y San Javier- manifestaron haber desarrollado dichas tareas de inspección 
y control. En los de Badajoz, Logroño, Mérida y Murcia estas labores se desempeñaron por 
personal municipal y consistieron, fundamentalmente, en visitas periódicas, revisiones oficiales y 
controles mensuales de consumo y de los niveles de iluminación. En el Ayuntamiento de Illescas 
las actuaciones de inspección fueron realizadas tanto por personal municipal como por el personal 
de la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento del alumbrado público y consistieron, 
fundamentalmente, en el análisis de datos obtenidos a través del sistema de telegestión. Por su 
parte, en los Ayuntamientos de Laredo y de San Javier el control se realizó por los operarios de las 
empresas adjudicatarias de los contratos de mantenimiento del alumbrado público, por lo que no 
puede  considerarse  que  dichas  entidades  efectuasen  realmente  actuaciones  de  inspección  y 
control. 
El  único  Ayuntamiento  en  el  que  las  actuaciones  de  inspección  y  control  dieron  lugar  a  la 
tramitación de expedientes sancionadores fue el Ayuntamiento de Murcia en el que durante el 
periodo fiscalizado se iniciaron cinco expedientes, todos ellos referidos a locales comerciales, de 
los que ninguno dio lugar a la imposición de sanciones. El resto de entidades que desarrollaron 
actuaciones de inspección y control no inició ningún expediente sancionador.  
Por  otra  parte,  los  Ayuntamientos  de  Badajoz,  Cartagena,  Illescas,  Laredo,  Lorca,  Murcia  y 
Santander valoraron el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de la 
contaminación lumínica en la concesión de licencias, si bien únicamente los Ayuntamientos de 
Badajoz y Murcia llevaron a cabo con posterioridad a la concesión de las licencias inspecciones 
para verificar el cumplimiento de dicha normativa. 
En definitiva, el 47% de las entidades realizaron labores de control e inspección y de ellas, ninguna 
obtuvo  ingresos  derivados  de  sanciones  por  infracciones  de  la  normativa  en  materia  de 
contaminación lumínica. De las entidades que no llevaron a cabo actuaciones de inspección y 
control destacaron, por su tamaño, los Ayuntamientos de Albacete, Cartagena, Lorca, Santander y 
Toledo, todos ellos con población superior a 80.000 habitantes, que no realizaron dichas tareas 
manifestando, en general, falta de medios.  s
Por último, además de los ingresos obtenidos por las entidades en el ejercicio de su potestad  w.
sancionadora, se ha verificado que ninguna entidad recibió durante 2017 otros ingresos vinculados  247ww
ade a dcitcuhaoc ifoancetosr  mcoendtiaomaminbainetnet.a les provenientes, en su caso, de ayudas o subvenciones derivadas
 
Además de las actuaciones desarrolladas por las entidades para conocer las instalaciones de 
alumbrado  exterior  de  que  disponen  y  su  estado,  así  como  para  promover  la  prevención  y 
reducción de la contaminación lumínica y dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en el 
REEIAE en relación con las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben 
reunir dichas instalaciones y respecto del mantenimiento de los niveles de eficiencia energética en 
las mismas expuestas anteriormente, algunas entidades desarrollaron actuaciones en su ámbito 
interno para la mejora de la eficiencia energética en sus propias instalaciones. 
La mayor parte de las entidades no llevaron a cabo en el periodo fiscalizado actuaciones para la 
mejora  de  la  eficiencia  energética  en  el  ámbito  interno  del  Ayuntamiento.  Únicamente  los 
Ayuntamientos de Laredo, Lorca, Murcia, Plasencia y Santander desarrollaron algunas de ellas. En 
concreto, los Ayuntamientos de Laredo y Santander llevaron a cabo la sustitución de luminarias de 
sus edificios por otras más eficientes y el de Lorca, además de proceder a la sustitución de 
luminarias por otras más eficientes, llevó a cabo la implementación de instalaciones fotovoltaicas 
para  autoconsumo,  efectuó  adquisiciones  de  electrodomésticos  y  de  equipos  eléctricos  y 
electrónicos con determinada calificación energética, llevó a cabo contrataciones con criterios de 
eficiencia energética e impartió formación a su personal para el correcto uso de las instalaciones, 
actuaciones que se enmarcaron en un Plan de acción para la energía sostenible. Por su parte, el 
Ayuntamiento  de  Plasencia  sustituyó  la  iluminación  obsoleta  de  tubos  fluorescentes  de  sus 
instalaciones por paneles con tecnología LED, al igual que el Ayuntamiento de Murcia, que además 
instaló dispositivos para la reducción del consumo lumínico, como detectores de presencia o de 
apagado automático de luces según el horario programado. Ninguna de las entidades realizó un 
estudio individualizado de los costes y ahorros derivados de las actuaciones realizadas.  
Por su parte, los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz, Cartagena, Illescas, 
Logroño, Mérida, San Javier, Tarancón y Toledo no llevaron a cabo durante el periodo fiscalizado 
actuación alguna para la mejora de la eficiencia energética en su ámbito interno. 
 
El servicio de alumbrado público es un servicio de prestación obligatoria para todos los municipios 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la LRBRL y la prestación del servicio, según la 
normativa contractual aplicable en el periodo fiscalizado, podía llevarse a cabo mediante la gestión 
directa por la propia entidad local, a través de un organismo autónomo local o a través de una 
sociedad mercantil cuyo capital fuera íntegramente de titularidad pública; o bien mediante su 
gestión  indirecta  a  través  de  la  concesión  del  servicio,  su  gestión  interesada,  el  concierto  o 
mediante la creación de una sociedad de economía mixta. 
Las quince entidades fiscalizadas prestaron durante el periodo fiscalizado el servicio obligatorio de 
alumbrado público en su territorio. En cuatro de ellas, los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, 
Lorca y Plasencia el servicio se prestó exclusivamente de forma directa y en el Ayuntamiento de 
Toledo, el servicio se prestó de forma directa para determinados puntos de luz y para el resto de 
forma indirecta a través de dos contratos con empresas privadas. En el resto de las entidades la 
prestación del servicio se realizó mediante gestión indirecta, excepto el Ayuntamiento de San 
Javier, que no aportó información sobre la forma de prestación del servicio durante el periodo 
fiscalizado. Por su parte, en el Ayuntamiento de Cartagena el servicio se prestó en virtud de un  s
contrato con vigencia hasta el 30 de junio de 2014. A partir de esa fecha, el servicio continuó  oe.
prestándose por dicha empresa hasta la formalización, el 1 de marzo de 2018, de un nuevo  w.
contrato  para  la  prestación  del  servicio  de  mantenimiento  del  alumbrado  público  del  término  247ww
municipal de Cartagena, del que resultó adjudicataria esa misma empresa.
Leaxiss teenntteidsa yd essu  edsetbaedno , ccoonmooc eerl eamdeenmtoá sfu ncdoanm  eexnatactl itpuadr al alas  toinmstaa ldaec iodneecsis iodnee sa leunm rberlaadcoió ne xctoenr iolar   BOE-A-cable e
renovación y adaptación de las mismas a la normativa vigente, con objeto de mejorar la eficiencia y 
el ahorro energético y de limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica. Para ello 
deben contar con inventarios en los que consten los elementos de las instalaciones existentes y de 
sus luminarias. De las quince entidades, los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Cartagena, 
Laredo, Murcia36 y Tarancón, el 33%, no dispusieron en el periodo fiscalizado de ningún inventario 
de sus instalaciones de alumbrado exterior ni de sus luminarias. La ausencia de dicho instrumento 
supuso una importante limitación para la adecuada prestación del servicio obligatorio de alumbrado 
público, así como para dar cumplimiento a las distintas prescripciones establecidas en relación con 
los niveles de eficiencia energética y para la prevención y reducción de la contaminación lumínica. 
Los  diez  ayuntamientos  restantes  sí  dispusieron  de  dicho  inventario  aunque  los  de  Illescas, 
Logroño, Mérida, Plasencia, San Javier y Toledo no se encontraban integrados en el Inventario 
General de Bienes de las respectivas entidades como era procedente37. Además, a 31 de mayo de 
2018, únicamente las instalaciones de alumbrado exterior de los Ayuntamientos de Badajoz, Lorca, 
Mérida, San Javier y Santander se encontraban calificadas mediante una etiqueta de calificación 
energética de acuerdo con la instrucción técnica ITC-EA-01. 
Asimismo, para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético de las instalaciones de alumbrado 
exterior y su adaptación a la normativa vigente las entidades deben realizar estudios y auditorías 
energéticas o lumínicas respecto de dichas instalaciones para verificar realmente sus prestaciones, 
el estado de sus componentes, sus consumos energéticos y sus costes de explotación. La mayor 
parte de las quince entidades seleccionadas realizó auditorías energéticas o lumínicas de su 
alumbrado exterior, excepto los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Mérida y Tarancón.  
En el Ayuntamiento de Toledo este estudio se llevó a cabo por el personal de la entidad, que en 
mayo de 2018 realizó una auditoría energética del alumbrado vial. El Ayuntamiento de Albacete lo 
llevó a cabo a través de ISDEFE el 30 de diciembre de 2015 y se financió a través de un préstamo 
concedido por el Fondo de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía. Aunque este estudio 
solo incluía el alumbrado vial, ofrecía los datos generales de las instalaciones de alumbrado 
exterior del municipio, un análisis de consumos energéticos y del cumplimiento del REEIAE, un 
diagnóstico de las condiciones actuales y una propuesta de medidas de ahorro. También por 
ISDEFE se realizó el 8 de mayo de 2015 el estudio en el municipio de Illescas, que incluyó, además 
del alumbrado exterior, el alumbrado vial y el alumbrado de fachadas de edificios y monumentos.  
Los Ayuntamientos de Badajoz, Cartagena y Plasencia contrataron con empresas externas la 
realización auditorías energéticas en los municipios. En el primero de ellos el estudio se llevó a 
cabo en agosto de 2016 e incluyó el alumbrado vial, el de túneles y pasos inferiores y el de 
fachadas de edificios y monumentos. En el Ayuntamiento de Cartagena el estudio efectuó en 
diciembre de 2015 e incluyó únicamente el alumbrado vial y el alumbrado de túneles y pasos 
inferiores. Por su parte, en el Ayuntamiento de Plasencia se llevó a cabo en 2014 e incluyó el 
alumbrado vial y el de fachadas de edificios y monumentos.  
También se llevaron a cabo auditorías mediante su contratación con empresas externas en los 
Ayuntamientos de Laredo, Logroño, San Javier, Santander. En el primero de ellos el estudio se 
efectuó en junio de 2012 y se llevó a cabo como un estudio previo a la licitación del contrato para el 
suministro y sustitución de las luminarias existentes. En el Ayuntamiento de Logroño, la auditoría 
energética se formalizó a través de un contrato de asistencia técnica enmarcado en el Plan Director 
de Alumbrado Público Exterior de la Ciudad, documento que se elaboró el 1 de diciembre de 2017,  s
                                                  w.
36  Eitnalsl  tiAanlvyaeucnniottaanrmeiosi.e  dneto a lduem bMraudrcoi ae,x teenri oer,l  ntorá ombisteta ndtee  laal edgoaccuiomneenst,a ciinófno rjmusót ifdicea tilvaa  eaxpiosrtetandcaia n od ea curend iitnóv lean etaxriisot endcei as dues 
37  El Ayuntamiento de Albacete no aportó información sobre la integración en el Inventario General de Bienes del
Ayuntamiento de sus instalaciones de alumbrado exterior.
y que incluía el alumbrado vial y el de túneles y pasos inferiores. Por su parte, en el Ayuntamiento 
de San Javier se llevó a cabo en abril de 2016 e incluyó toda la infraestructura de alumbrado 
público,  tanto  el  alumbrado  vial  como  el  alumbrado  de  túneles  y  de  pasos  inferiores.  En  el 
Ayuntamiento de Santander se llevó a cabo en 2013 e incluyó el alumbrado vial, el alumbrado de 
fachadas de edificios y monumentos, así como el alumbrado en colegios y edificios municipales. 
El Ayuntamiento de Murcia también contrató la realización de un estudio energético que incluyó el 
alumbrado vial y alumbrado de túneles y pasos inferiores y el Ayuntamiento de Lorca realizó su 
auditoría energética en enero de 2017 a través de un convenio de colaboración con la Región de 
Murcia y en ella se analizó todo el alumbrado vial de la ciudad.  
En definitiva, el 80% de las entidades realizaron una auditoría energética del sus municipios 
fundamentalmente mediante la formalización de contratos externos. En general son estudios que 
analizaron  la  situación  de  la  entidad  y  las  posibles  mejoras  a  aplicar,  análisis  que  resulta 
imprescindible para una adecuada gestión de los recursos y de la prestación del servicio. De las 
entidades seleccionadas, únicamente los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y Tarancón no 
dispusieron de ningún instrumento para conocer la situación de sus instalaciones de alumbrado 
exterior, ni elaboraron de inventarios ni llevaron a cabo estudios o auditorías de las mismas.  
A partir de la realidad de la situación de sus instalaciones de alumbrado en cada una de las 
entidades  delimitada  en  los  instrumentos  anteriores,  éstas  debían  definir  sus  objetivos  y  las 
actuaciones  necesarias  en  relación  con  la  eficiencia  lumínica  y  la  reducción  de  dicha 
contaminación, mediante la elaboración de Planes Estratégicos y Planes de Acción específicos que 
establecieran las medidas a adoptar, su prioridad, coste, ahorro energético y económico previsto y 
detallasen las acciones concretas a llevar a cabo para la consecución de los objetivos definidos. 
De las doce entidades que llevaron a cabo estudios o auditorías energéticas y lumínicas de su 
alumbrado público, los Ayuntamientos de Badajoz, Logroño, Lorca y San Javier dispusieron de 
estos instrumentos con objeto de definir los objetivos generales y las acciones específicas a llevar a 
cabo para su consecución. El personal del Ayuntamiento de Badajoz elaboró en junio de 2015 un 
Plan para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado del municipio en el que se analizaron 
las instalaciones existentes y se propusieron actuaciones concretas para la mejora de la eficiencia, 
como la sustitución de lámparas y luminarias o la implantación de un sistema de telegestión. Se 
realizó, además, un seguimiento posterior respecto del cumplimiento de los objetivos establecidos 
en dicho Plan.  
En el Ayuntamiento de Logroño se elaboró en enero de 2018 un Plan Director de Alumbrado 
Público Exterior mediante la formalización de un contrato de asistencia técnica. Dicho Plan supuso 
un análisis exhaustivo de las instalaciones con el fin de evaluar la calidad del servicio e identificar 
posibles  modificaciones  y  mejoras  necesarias  para  optimizar  y  adaptar  las  instalaciones  de 
alumbrado exterior a la normativa vigente y estableció un programa de actuaciones para la mejora 
de  la  eficiencia  energética.  Como  consecuencia  del  reducido  tiempo  transcurrido  desde  su 
aprobación, a la finalización de los trabajos de fiscalización no se había llevado a cabo ningún 
seguimiento posterior sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo. 
En el Ayuntamiento de Lorca se aprobó en julio de 2013 el “Plan de Acción para la Energía 
Sostenible Lorca 2013-2020”, como desarrollo de los compromisos adquiridos por la entidad tras su 
adhesión al Pacto de los Alcaldes en el año 2011 y en el Ayuntamiento de San Javier se elaboró  s
por personal municipal en marzo de 2011 el “Inventario de Emisiones y el Plan de Acción para la  oe.
Energía Sostenible del Municipio de San Javier” que analizaba la situación del municipio y definía  w.
las actuaciones a desarrollar, de acuerdo con las características del municipio, y establecía una  247ww
eplsatnra dteeg iaac cgilóonb adl,e  uenn einrgveían tsaorsiote dneib llea sy  eumn ispiroongersa meaxi sdtee ndteessa errno lelol  my osmegeunimtoi ednet os ud eel laPblaonra. cAió pne, suanr 
dsue lc tuiemmppliom iteranntos.c urrido desde su aprobación, el Ayuntamiento no había realizado seguimiento de  BOE-A-cable e
Por otra parte, respecto del mantenimiento de los niveles adecuados de eficiencia energética en las 
instalaciones de alumbrado exterior, las entidades deben cumplir las prescripciones establecidas en 
el REEIAE en relación con las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que 
deben  reunir  dichas  instalaciones  y  respecto  del  mantenimiento  de  los  niveles  de  eficiencia 
energética en las mismas. En el artículo 4 del REEIAE, se establecen los requisitos que deben 
cumplir las instalaciones de alumbrado exterior. Casi la mitad de las entidades -Ayuntamientos de 
Albacete,  Cartagena,  Laredo,  Logroño,  Plasencia,  San  Javier  y  Tarancón-  no  garantizaron  el 
mantenimiento de los niveles de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior al 
no cumplir dichos requisitos. Además, los Ayuntamientos de Mérida y Lorca38 tampoco garantizaron 
el cumplimiento de alguno de ellos, en concreto el establecimiento de niveles de iluminación de la 
instalación de alumbrado exterior en niveles no superiores a los establecidos en la ITC-EA 02. 
Por su parte, los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Badajoz, Illescas, Murcia, Santander y 
Toledo dieron cumplimiento a los cuatro requisitos establecidos en el citado artículo 4 del REEIAE a 
través de diversas actuaciones, que fundamentalmente se refirieron a la sustitución de luminarias 
por otras con la calificación energética requerida, a la limpieza periódica de las instalaciones para 
optimizar su rendimiento y a la utilización de equipos estabilizadores de flujo. 
 
Como se indicó en el subepígrafe III.1.2.6, los gastos efectuados por las entidades en relación con 
sus actuaciones medioambientales se encuentran agrupados en el programa “1721. Protección 
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, incluida en el Área 
de Gasto 1 “Servicios Públicos Básicos”.  
De las quince entidades, únicamente el Ayuntamiento Murcia identificó los gastos relativos a 
contaminación lumínica imputados en 2017 al indicado programa presupuestario para la protección 
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, que reconoció 
obligaciones por 211.019,30 euros y estableció indicadores presupuestarios para dicho Programa 
1721  en  relación  con  la  contaminación  lumínica  y  fue  el  único  que  realizó  una  gestión 
presupuestaria de la materia, identificando los gastos imputados en materia de contaminación 
lumínica y elaborando los correspondientes indicadores de seguimiento. 
Por su parte, cinco entidades -los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Lorca, Tarancón y Toledo- 
no pudieron delimitar los gastos relativos a contaminación lumínica dentro del indicado programa -, 
otras ocho entidades no imputaron gastos en dicho programa -Ayuntamientos de Azuqueca de 
Henares, Illescas, Laredo, Logroño, Mérida, Plasencia, San Javier y Santander- y el Ayuntamiento 
de Cartagena, si bien imputó gastos en dicho programa, no realizó gastos en relación con la 
contaminación lumínica. 
Todas las entidades pusieron de manifiesto no haber imputado gasto relativo a contaminación 
lumínica en otros programas presupuestarios.  
Ninguna entidad concedió durante 2017 subvenciones u otra línea de ayuda en relación con la 
contaminación lumínica.  
 3 8     “sE n el u   Aie d yve ua n ns ti  tfai in cm sa t inae   lnla at cos i   o idn n ese  t sa L” lo  ac rc cu iaom  ,n  p ee lesn   n e e  nl  lo  lstar ásnm iqviueteele  ssd eed  epa rlioeludgmuajcioni oatanclei órsen  n daoefvi raamccióuó,en rs dninoi   ecal oppnoe rrltoiaosrd  eojus setatnifb ieclela cqciuidóeon s s neei n rde loaacl iIuzTómC. e-EntAa c0ió2,n ,s iq buiee nl ansi   BOE-A-2021-14cable en https://
 
 
En el ámbito de la Unión Europea hay que destacar, fundamentalmente, las Directivas 2008/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la 
que se derogan determinadas Directivas -recientemente modificada por la Directiva (UE) 2018/851 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018- y la Directiva 94/62/CE relativa a 
los envases y residuos de envases, -también modificada recientemente por la Directiva (UE) 
2018/852  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  30  de  mayo  de  2018-  y  la  Directiva 
2015/720/UE por la que se modificó la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del 
consumo de bolsas de plástico ligeras. 
Además, hay que citar la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, la 
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la Directiva 1999/31/CE 
del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, que ha sido recientemente 
modificada por la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018. 
En el ámbito nacional hay que destacar la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
contaminados  (LRSC),  que  supone  la  transposición  de  la  citada  Directiva  2008/98/CE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, que fue modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio y los 
preceptos no derogados de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases por 
la LRSC que derogó su régimen sancionador y estableció que el resto de preceptos que no se 
opusieran a dicha Ley permanecían vigentes pero con rango reglamentario y su Reglamento de 
ejecución y desarrollo, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 
Además  de  dicho  Reglamento,  procede  citar  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2016,  de  16  de 
diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, modificado por el Real Decreto 
710/2015, de 24 de julio y Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
Junto con la normativa anterior, hay que citar la existencia de diversos planes y programas de 
residuos: el Plan Estatal Marco de gestión de residuos 2016-2022, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, el Programa Estatal de Prevención de Residuos, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013 y la Resolución de 8 
de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración ambiental estratégica del Plan Estatal de Residuos. 
En el ámbito autonómico se ha aprobado, en todas las Comunidades excepto en la Región de 
Murcia, normativa medioambiental general que regula determinados aspectos en relación con los 
residuos y todas disponen de Planes de Residuos que complementan la normativa citada estatal de 
acuerdo con el siguiente detalle:  e.
  En Cantabria, el Plan de Residuos 2017-2023, aprobado por el Decreto 14/2017, de 23 de  247ww
marzo y la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado.
  E78n/ 2C0a1s6t,il ldae-L 2a0 M daen cdhicaie, melb Prela yn  ldae L Geye s4ti/ó2n0 0d7e,  dRee s8id dueo sm Uarrbzoa,n odse,  Eavparolubaacdióon p Aorm ebli eDnetacrl edtoe 
Castilla-La Mancha.
  En Extremadura, el Plan integrado de Residuos 2016-2022, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 28 de diciembre de 2016 y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
  En La Rioja, el Plan Director de Residuos 2016-2026, aprobado por el Decreto 39/2016, de 
21 de octubre y la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de protección del medio ambiente de La 
Rioja y la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de La Rioja, que 
derogó la anterior. 
  En la Región de Murcia, el Plan de Residuos 2016-2020, aprobado por Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 28 de diciembre de 2016. 
El marco legal para este tipo de contaminación se completa con las ordenanzas aprobadas por 
cada ayuntamiento. La competencia en relación con la recogida y tratamiento de residuos y la 
obligatoriedad de la prestación del servicio se atribuye a los municipios en virtud de los artículos 25 
y  26,  respectivamente,  de  la  LRBRL.  Asimismo,  la  LRSC  establece  en  su  artículo  12,  la 
competencia de las entidades locales para la prestación, como servicio obligatorio, de la recogida, 
el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y 
servicios  en  la  forma  en  que  establezcan  sus  respectivas  ordenanzas,  permitiendo  que  la 
prestación del servicio se lleve a cabo en cada uno de ellos de forma independiente o asociada 
mediante cualquier forma de gestión prevista en la legislación. Dicho artículo otorga a las entidades 
locales, además, capacidad para elaborar programas de prevención y gestión de los residuos. 
Todas las entidades seleccionadas aprobaron normativa en relación con la recogida selectiva de 
residuos que, con distinta profusión y detalle, regulan en parte o en su totalidad la gestión de 
residuos domésticos. Todas ellas regulaban la recogida de, al menos, las fracciones de papel y 
cartón, vidrio, envases ligeros y resto39, si bien, como se desarrolla en el subepígrafe II.2.4.2, en 
gran  parte  de  ellas  se  incluyeron  otras  fracciones,  tales  como  los  biorresiduos,  los  aparatos 
eléctricos y electrónicos, la ropa, pilas y acumuladores, muebles y enseres o residuos de obras 
menores, entre otras. El Ayuntamiento de Albacete, además, aprobó un Bando para regular el 
depósito de residuos en contenedores.  
La mayor parte de las entidades aprobaron ordenanzas que regulaban conjuntamente la gestión de 
residuos con otras materias, tales como el uso de espacios públicos o la limpieza viaria. La 
normativa  aprobada  por  las  quince  entidades  que  dispusieron  de  ella  contenía,  en  general, 
regulación sobre las tres fases de la gestión de residuos, el depósito de residuos y su recogida, el 
transporte y su tratamiento, con excepción de las ordenanzas de los Ayuntamientos de Azuqueca 
de Henares e Illescas, que regulaban únicamente la fase de recogida, remitiendo la regulación del 
resto de materias a la Mancomunidad y al Consorcio que les prestaba el servicio de recogida y 
transporte en sus territorios. 
No obstante, de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la LRSC las entidades debían 
aprobar sus ordenanzas adaptadas a la citada Ley antes de 31 de julio de 2013, si bien únicamente 
el Ayuntamiento de Toledo la aprobó en dicho plazo. A pesar del tiempo transcurrido desde la 
aprobación de dicha normativa, casi siete años respecto de la finalización del periodo fiscalizado, el 
resto  de  ayuntamientos  de  la  muestra  -Ayuntamientos  de  Albacete40,  Azuqueca  de  Henares, 
                                                 
39  La LRSC define los biorresiduos como el residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y otros,  oe.
susceptibles de ser utilizados para compostaje. Esto supone la necesidad de separación de los residuos susceptibles  w.
de ser utilizados para compostaje de la parte que no puede destinarse a tal fin, denominada como “fracción resto”,  247ww
40  cEol mApyuunetsatam pieonrt,o e ndter eA olbtraocse rtee,s iednu oesl,  teráxmcrietem deen toasle, gpaacñioanleess,,  tohaal liintafos rhmúamdeod qause,  cmoleilldaisa,n etetc l.a  revisión de la Ordenanza
raepgruolbaaddoara e nd e2 0lo1s3 ,e ssep aaccitousa lpizúabrolicno asl gduen olas  cdieu dloasd  apsapreac tfoosm reengtualra yd ogsa erann stiuz aOr rldae cnoannvziav emnucniaic cipiuadl addea mnae dyio e al mcibviiesmntoe,, 
en vigor desde 1993. Esta modificación   no supuso la actualización de dicha norma a la citada LRSC. 
Badajoz,  Cartagena,  Illescas,  Laredo,  Logroño,  Lorca,  Mérida,  Murcia,  Plasencia,  San  Javier, 
Santander y Tarancón- no habían procedido a actualizar sus ordenanzas para adaptarlas a dicha 
normativa. La mayor parte de ellas tenían sus ordenanzas referidas a la antigua normativa de 
residuos, aprobada por la Ley 10/1998, de 21 de abril, excepto los Ayuntamientos de Albacete y de 
Cartagena, cuyas ordenanzas vigentes en el periodo fiscalizado databan de una fecha incluso 
anterior, 1993 y 1984, respectivamente, cuando estaba en vigor la antigua Ley 42/1975, de 19 de 
noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos.  
Esta  ausencia  de  ordenanzas  actualizadas,  además  de  suponer  un  incumplimiento  de  sus 
preceptos, ha evidenciado la existencia de una normativa reguladora muy antigua que no recoge la 
realidad actual de las entidades y las nuevas circunstancias de cada una de ellas. 
 
En  el  presente  subepígrafe  se  exponen  los  resultados  del  análisis de  la  elaboración  por  las 
entidades de programas específicos de gestión de residuos de conformidad con lo establecido en la 
LRSC, a partir de la aprobación por sus comunidades de Planes autonómicos, así como de la 
elaboración por estas de informes de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los 
residuos. 
El apartado segundo del artículo 14 de la LRSC obliga a las comunidades autónomas a elaborar 
planes autonómicos de gestión de residuos que contengan análisis actualizados de la situación de 
la gestión de residuos en su ámbito territorial y la exposición de las medidas para facilitar la 
reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos y establecer objetivos de 
prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación, determinando su 
Anexo V los elementos específicos que deben contener. Asimismo, para su elaboración la ley prevé 
la posibilidad de consulta a las Entidades Locales. 
Como se ha puesto de manifiesto en el subepígrafe referido al análisis de marco legal específico de 
la  recogida  selectiva  de  residuos,  las  cinco  comunidades  autónomas  de  pertenencia  de  las 
entidades analizadas aprobaron Planes Autonómicos de Gestión de Residuos con vigencia entre 1 
de  enero  de  2017  y  31  de  mayo  de  2018.  Para  la  elaboración  de  dichos  planes  todos  los 
ayuntamientos analizados, excepto a los de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz y Mérida, 
manifestaron haber sido consultados por sus respectivas comunidades autónomas. 
Por su parte, el apartado tercero del artículo 14 establece la posibilidad para las entidades locales 
de elaborar programas específicos de gestión de residuos de conformidad y en coordinación con el 
Plan Nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos. Para ello, las entidades 
pueden  elaborar  estos  programas  individualmente  o  agrupadas.  Ninguna  de  las  quince  ha 
elaborado en su ámbito dichos programas específicos de gestión de residuos, en su mayor parte 
por no considerarlo necesario al disponer del plan autonómico, o bien por escasez de medios para 
su elaboración. 
Por otro lado, el artículo 10 establece la obligatoriedad de elaboración y la publicación por las 
entidades, como mínimo, cada año, de un informe de coyuntura sobre la situación de la producción 
y gestión de los residuos, incluyendo datos de recogida y tratamiento desglosados por fracciones y 
procedencia, debiendo garantizar las entidades los derechos de acceso a la información y de 
participación en materia de residuos en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por  s
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la  oe.
justicia en materia de medio ambiente.  247www.
ÚJanviciearm- eenltaeb ocrianrcoon  elnotsid aindfeosr m-Aesy unatnatmeriieonretoss,   dsei  bAilebna ceetl e,A  yCuanrttaamgeiennat,o  Lodger oMñoé,r idMaé rindoa   ya pSoratnó 
documentación justificativa de la realización de tales informes ni dio publicidad a los mismos
mediante su publicación en su página web municipal. Las diez entidades restantes (Ayuntamientos  Bc
de  Azuqueca  de  Henares,  Badajoz,  Illescas,  Laredo,  Lorca,  Murcia,  Plasencia,  Santander, 
Tarancón y Toledo) no emitieron anualmente los informes de coyuntura sobre la situación de la 
producción y gestión de los residuos en sus municipios. 
Por lo tanto, ninguna entidad dispuso de programas específicos de gestión de residuos y la mayor 
parte tampoco elaboraron informes de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de 
los  residuos  que  incluyeran  datos  de  recogida  y  tratamiento  desglosados  por  fracciones  y 
procedencia, lo que además de suponer un incumplimiento del artículo 10 de la LRSC, supuso que 
no contaran con este elemento fundamental en relación con la planificación de la gestión de 
residuos en sus ámbitos territoriales. 
 
En el presente subepígrafe se exponen los resultados del análisis de la forma de prestación del 
servicio de recogida selectiva de residuos en las quince entidades seleccionadas, con identificación 
del sistema establecido respecto de cada una de las fracciones y se analiza la existencia de 
instalaciones para la recogida separada de residuos con objeto de llevar a cabo su reciclaje. 
Con objeto de cumplir los objetivos de la LRSC y de avanzar hacia un reciclado con un alto nivel de 
eficiencia de los recursos, el artículo 22 establece objetivos específicos de preparación para la 
reutilización, reciclado y valorización de los residuos, a cumplir antes de 2020 en relación con la 
cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el 
reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones 
reciclables. 
Asimismo, como se ha indicado, la prestación del servicio de recogida de residuos domésticos 
generados  en  hogares,  comercios  y  servicios,  su  transporte  y  tratamiento,  es  una  de  las 
competencias obligatorias atribuidas a las entidades locales por la LRBRL y la LRSC, permitiendo 
que dicha prestación se lleve a cabo en cada una de ellas de forma independiente o asociada 
mediante cualquier forma de gestión prevista en la legislación.  
De acuerdo con la normativa contractual vigente durante el periodo fiscalizado, la prestación del 
servicio podía llevarse a cabo mediante su gestión directa por la propia entidad local, bien mediante 
un  organismo  autónomo  local  o  bien  mediante  una  sociedad  mercantil  cuyo  capital  fuera 
íntegramente de titularidad pública, o bien mediante su gestión indirecta a través de la concesión 
del  servicio,  su  gestión  interesada,  el  concierto  o  mediante  la  creación  de  una  sociedad  de 
economía mixta. 
Se ha verificado que las quince entidades prestaron, durante el periodo fiscalizado, el servicio 
obligatorio de recogida y transporte de residuos domésticos generados en hogares, comercios y 
servicios, establecido en los artículos 25 y 26 de la LRBRL. La prestación se llevó a cabo, 
mayoritariamente,  mediante  la  gestión  indirecta  de  los servicios  mediante  la  formalización  de 
contratos de concesión o de gestión de servicios públicos con empresas privadas, lo que se 
produjo en los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Mérida, Plasencia, Logroño, Murcia, San 
Javier, Laredo, Santander y Toledo. En el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el servicio se 
prestó a través de la Mancomunidad de municipios Vega del Henares, constituida junto con otros 
ocho ayuntamientos para la recogida de residuos, y en el Ayuntamiento de Illescas se formalizó un 
convenio para la prestación del servicio con un Consorcio de la Diputación Provincial de Toledo,  s
llevándose  a  cabo  dicha  prestación  por  una  empresa  en  la  que  dicho  Consorcio  tenía  una  e.
participación minoritaria.  w.
Pmourn iscuip apl ayr tee,n  eenl  Aeyl uAnytaumntiaemntioe ndteo  Cdaer tLaogrecnaa, , leal  sgeersvtiicóino  fsuee  pdreirsetcót ap oar  utrnaav éesm dpere suan ac oenmstpitrueidsaa 
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Provincial de Cuenca, una vez que asumió los compromisos adquiridos por el Consorcio de Medio 
Ambiente para la Gestión de los Residuos Sólidos en la Provincia de Cuenca como consecuencia 
de su liquidación. 
En todas las entidades se ha llevado a cabo, durante el periodo fiscalizado, la recogida selectiva de 
la mayor parte de residuos, en concreto de las siguientes fracciones: biorresiduos, vidrio, envases 
ligeros, papel y cartón, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, muebles y enseres, 
textiles,  aceites  usados  de  origen  doméstico  y  residuos  y  escombros  procedentes  de  obras 
menores de construcción y la fracción resto. El volumen total recogido en el año 2017 de las 
citadas fracciones en las quince entidades ascendió a 731.897,15 toneladas, con una ratio total de 
residuos por habitante de 0,43 toneladas.  
Además, y con objeto de valorar las ratios relativas a los residuos recogidos en las entidades 
seleccionadas se han comparado con las obtenidas en relación con la media nacional, a partir de 
los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las correspondientes al ejercicio 2016, último 
con datos disponibles del volumen de residuos.  
Se expone a continuación los resultados del análisis de la forma de prestación del servicio de 
recogida selectiva de residuos en relación con cada una de las fracciones indicadas y los datos de 
recogida en cada entidad y su comparación con los datos medios nacionales. Por su parte, en los 
Anexos VI y VII se indican, para cada una de las entidades, el volumen de residuos recogidos 
respecto de cada una de las fracciones, su importancia respecto del total de residuos y unas ratios 
indicativas de las toneladas de residuos por habitante recogidas en cada una de ellas. 
a)  Fracción biorresiduos y fracción resto 
La LRSC define los biorresiduos como el residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 
alimenticios y otros, susceptibles de ser utilizados para compostaje. Hasta la entrada en vigor de 
dicha ley, los biorresiduos se recogían conjuntamente con el resto de materia orgánica, si bien la 
posibilidad  de  su  utilización  para  compostaje  requiere  de  la  separación  de  ambas  clases  de 
residuos, agrupándose en la fracción resto aquella parte de los residuos orgánicos no aptos para 
compostaje, tales como excrementos, pañales, toallitas húmedas, colillas, etc. 
Únicamente en los municipios de Azuqueca de Henares, Laredo y San Javier se ha realizado algún 
tipo de recogida separada de biorresiduos y del resto de materia orgánica. En las doce entidades 
restantes no se llevó a cabo diferenciación alguna entre ambos tipos de residuos, recogiéndose 
conjuntamente. Hay que destacar que en ninguna de las nueve entidades con población superior a 
50.000 habitantes -los Ayuntamientos de Albacete, Cartagena, Badajoz, Logroño, Lorca, Mérida, 
Murcia, Santander y Toledo- se llevó a cabo la recogida selectiva de dichos residuos.  
En los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y San Javier la recogida separada se llevó a cabo, 
exclusivamente, respecto de las podas de arbolado. En el Ayuntamiento de San Javier el servicio 
se prestó por la empresa con la que estaba contratado el servicio general de recogida de residuos 
domésticos  y  se  realizó  mediante  su  recogida  en  contenedores  y  puntos  limpios.  En  el 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el servicio se prestó a través de la mancomunidad de 
municipios de la que el Ayuntamiento formaba parte y la recogida se realizó a través de puntos 
limpios.  
En el Ayuntamiento de Laredo el servicio se prestó mediante un sistema puerta a puerta y mediante  e.
la habilitación de lugares específicos para dichos residuos en los puntos limpios a través de una  w.
empresa pública del Gobierno de Cantabria dedicada a la gestión de los servicios ambientales  247ww
adsooccuimadeonsta caiól n mjuasntiftiecnaitmiviae ndteo  lay  remlaceijóonra c odne dl icmhae deimo praemsab ieyn nteo.  teEnlí a Acoynuonctaimmiieennttoo  denlo v oalupmoretón 
del residuo recogido.
El  volumen  de  biorresiduos  en  los  dos  Ayuntamientos  que  recogieron  separadamente  estas 
fracciones y aportaron sus datos ascendió a 598,59 toneladas, correspondiendo la mayoría a los 
recogidos en San Javier, 522,06 toneladas. 
El volumen total de las fracciones de biorresiduos y resto, en las quince entidades ascendió a 
627.212,57 toneladas lo que supuso, de media, el 86% del total de residuos recogidos en las 
mismas. Dicha media de residuos recogidos de ambas fracciones es la misma que la obtenida a 
nivel nacional, de acuerdo con los datos del INE referidos al ejercicio 2016 que, como se ha 
indicado, es el último con datos disponibles. El resto de residuos, recogidos de forma separada 
para su reciclaje significó únicamente el 14% del total, lo que supuso una proporción reducida 
respecto del total de residuos y unas cifras muy alejadas de los objetivos de reciclaje establecidos 
en la Unión Europea (el 50% de los residuos urbanos en 2020, el 55% en 2025, el 60% en 2030 y 
el 65% en 2035). 
No obstante, los datos de recogida en algunos de los ayuntamientos analizados excedieron dicha 
media, fundamentalmente los Ayuntamientos de Lorca, San Javier, Tarancón y Toledo, en los que 
los residuos de esta fracción significaron el 93 y el 90%, respectivamente, en los dos primeros, y el 
89% en los otros dos, y los de Badajoz y Cartagena, en los que supuso el 88%.  
Por lo que se refiere a la ratio de toneladas de estos residuos por habitante, esta fue de 0,37, 
destacando el Ayuntamiento de San Javier, con más del doble de la media, 0,75 toneladas por 
habitante y, en el extremo contrario, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con sólo 0,26 
toneladas por habitante. En el Anexo VI constan los datos detallados para cada una de las 
entidades.  
b)  Fracción vidrio 
La derogada Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, ya incorporaba la posibilidad de que 
los envasadores y comerciantes de productos envasados quedaran eximidos de la obligación de 
cobrar al consumidor final una cantidad por cada envase objeto de transacción, o bien de aceptar 
su devolución, cuando participasen en sistemas integrados de gestión de residuos de envases y 
envases usados.  
Según la LRSC, las empresas están obligadas a gestionar todos los residuos que generan los 
productos que ponen en el mercado, además de hacerse cargo de los costes de su tratamiento, 
según el principio de “quien contamina paga”. 
Para asegurar el tratamiento adecuado de los residuos, las empresas generadoras de los mismos 
pueden acudir a varias vías: realizar el tratamiento de los residuos por sí mismas; encargarlo a una 
entidad o empresa, registradas conforme a lo establecido en dicha ley, o entregar los residuos a 
una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economía social. 
La mayor parte de las empresas en España gestionan el tratamiento de sus residuos mediante 
entidades de economía social al ser el proceso de gestión más barato y los trámites administrativos 
más sencillos y rápidos. 
Las entidades de economía social son organizaciones sin ánimo de lucro que se encargan de los 
Sistemas Integrados de Gestión (SIG). Están participadas fundamentalmente por las empresas 
envasadoras y generadoras de los residuos y se financian con las cuotas que les abonan dichas  e.
empresas en función del tipo de material de los residuos que generan y su peso. Los ingresos que  w.
reciben los SIG deben destinarse a gestionar la recogida y el transporte de los residuos, el proceso  247ww
dseel erectcivicala djee  yre as idcureoasr  dcoammépsatñicaoss  dloes  sseisntseimbilaizsa ecxióisnt.e Entne sE espna lañ aa cptoura lliod aqdu es osne  droesfi,e uren oa  dlae srteincaodgoid aa 
papel, cartón y envases ligeros, y otro a envases de vidrio.
Las empresas generadoras de los envases están obligadas a suministrar a los SIG la información 
necesaria para el adecuado tratamiento y eliminación de sus residuos y a proporcionar a las 
entidades  locales  información  sobre  los  residuos  que  se  entreguen  cuando  presenten 
características especiales, que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o 
eliminación. 
Los SIG están representados por una entidad gestora y actúan mediante la firma de convenios con 
las Administraciones Públicas. Lo más habitual es que estas gestoras suscriban convenios con las 
comunidades autónomas en el marco de sus Planes de Gestión de Residuos y los ayuntamientos 
de su ámbito territorial se adhieran a dichos convenios. No obstante, en caso de ausencia de 
convenio con la respectiva comunidad autónoma o por su propia iniciativa, las entidades locales 
pueden formalizar directamente convenios de colaboración con las entidades gestoras de los SIG. 
Las entidades locales acogidas a estos convenios pueden optar por dos formas de gestión. Por un 
lado pueden llevar a cabo las tareas de recogida de los envases, incluyendo la limpieza, el 
mantenimiento y la reparación de los contenedores y su transporte hasta el punto de destino, lo que 
genera el derecho a ser compensadas económicamente por el SIG por los costes incurridos, o 
también pueden optar por el encargo de la prestación del servicio directamente al SIG, sin que este 
les repercuta coste alguno por dicho servicio. 
En las quince entidades seleccionadas, el servicio de recogida de residuos de la fracción vidrio se 
llevó a cabo mediante acuerdos con la entidad gestora del SIG. En las entidades de Cantabria, 
Extremadura y La Rioja el servicio se llevó a cabo mediante la adhesión de las seis entidades a los 
convenios suscritos por dichas comunidades autónomas, mientras que las cuatro entidades de la 
Región de Murcia, formalizaron individualmente convenios de colaboración ante la ausencia de 
convenio de la comunidad autónoma. Todas las entidades justificaron su relación con el SIG 
mediante  el  convenio  formalizado  excepto  los  de  Laredo  y  Santander,  que  no  acreditaron 
documentalmente su vinculación con el SIG para la prestación del servicio. 
Por su parte, en los Ayuntamientos de Albacete, Illescas y Toledo, el servicio también fue prestado 
por el SIG a partir de los convenios firmados por los consorcios dependientes de las Diputaciones 
Provinciales de Albacete y de Toledo, respectivamente41. De igual forma el SIG prestó el servicio 
en los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y de Tarancón, a partir de los convenios firmados, 
en  el  primer  caso,  por  la  Mancomunidad  de  municipios  Vega  del  Henares,  de  la  que  el 
ayuntamiento formaba parte y, en el segundo, de la Diputación Provincial de Cuenca. 
Respecto al sistema seleccionado por las entidades para la prestación del servicio, todas optaron 
por encargar la prestación al SIG, de forma que la recogida selectiva de vidrio no supuso coste 
para las entidades analizadas. 
El volumen de residuos de vidrio en las catorce entidades que aportaron datos42 ascendió a 
22.236,28 toneladas lo que supuso, de media, el 3% del total de residuos recogidos en las mismas. 
La representatividad de este residuo fue mayor en los Ayuntamientos de Santander y de Logroño, 
en los que los residuos de esta fracción significaron el 6% y el 5%, respectivamente, del total 
recogido en ellas. Por su parte, en los Ayuntamientos de Badajoz, Illescas y Mérida, el vidrio 
únicamente representó el 1% del total de residuos recogidos.  
                                                  b
41  Asfieedsleetmactsiáv sya , d “pepa ulraeasr te ailn  msat auplnuaieccriioptanio”e  ddse ed  eeAn lubvnaa cspeeutsne t,do ee l li vmCidporinioos  poeorncr  idode odtsee re mlmai npDariepdsuoatsas ce pisórtinav baPlderaocsvim.i niceinatlo esn hcoosmteelnedroós l ad ugreasntitóen l odse p lae rrioedcoosg iddae   2021-14247n https://ww
42  tEelr rAitoyurinot.a miento de Laredo no disponía de los datos de los residuos de esta fracción recogidos en 2017 en su  BOE-A-cable e
De acuerdo con los datos del INE, la media nacional de residuos de vidrio recogido por habitante 
en el ejercicio 2016 ascendió a 0,02 toneladas. De las entidades analizadas, se situaron por debajo 
de la media nacional, con 0,01 toneladas recogidas, diez de los quince ayuntamientos –Albacete, 
Azuqueca de Henares, Badajoz, Cartagena, Illescas, Lorca, Mérida, Plasencia, Tarancón y Toledo- 
en la media con 0,02 toneladas, Santander, Murcia y Logroño y por encima de la media nacional, 
con 0,03 toneladas, el Ayuntamiento de San Javier. En el Anexo VI constan los datos detallados 
para cada una de las entidades.  
c)  Fracción envases ligeros y de papel y cartón  
Al igual que ocurre respecto de la fracción vidrio, como se ha indicado existe en la actualidad un 
SIG mayoritario para la recogida selectiva de envases ligeros y de papel y cartón autorizado para 
dichas funciones por todas las comunidades autónomas del ámbito de la fiscalización, pudiendo 
adherirse los ayuntamientos a los convenios marco firmados entre la entidad gestora del sistema y 
estas  o  bien  formalizar  directamente  los  ayuntamientos  convenios  de  colaboración  con  dicha 
entidad gestora del SIG. 
No obstante, a diferencia de lo indicado para dicha fracción, el sistema encargado de la recogida 
selectiva de envases ligeros, papel y cartón no permite a los ayuntamientos elegir entre los dos 
sistemas  de  gestión,  exigiendo  en  todos  los  casos  el  primero  de  ellos,  encargándose  los 
Ayuntamientos de la recogida del residuo y su transporte hasta el punto de destino indicado por el 
sistema, recibiendo del SIG la compensación del coste incurrido en dicha actividad. 
Las quince entidades seleccionadas contaron de forma directa o indirecta con algún acuerdo con el 
indicado SIG en relación con la fracción de envases ligeros, papel y cartón. Las entidades de 
Extremadura, así como los Ayuntamientos de Cartagena, Lorca y San Javier de la Región de 
Murcia,  de  Toledo  en  Castilla-La  Mancha  y  de  Santander  en  Cantabria,  se  adhirieron  a  los 
convenios  marco  firmados  entre  el  SIG  y  sus  comunidades  autónomas.  Por  su  parte,  los 
Ayuntamientos de Murcia y Logroño formalizaron individualmente convenios de colaboración con el 
SIG a pesar de disponer sus comunidades autónomas de convenios marco. Todas las entidades 
justificaron su relación con el SIG mediante el convenio formalizado. 
En los Ayuntamientos de Badajoz, Cartagena, Mérida, San Javier y Santander, la prestación del 
servicio se contrató con empresas privadas, abonando estos los costes derivados la ejecución de 
dichos contratos. Posteriormente, los cinco ayuntamientos recibieron del SIG ingresos en concepto 
de compensación de dichos gastos. En los Ayuntamientos de Logroño, Murcia, Plasencia y Toledo, 
el  servicio  también  se  prestó  mediante  la  contratación  de  empresas  privadas,  si  bien  los 
ayuntamientos no abonaban a las mismas el coste derivado de la ejecución de dichos contratos, 
sino que dichas empresas eran directamente retribuidas por el SIG para la compensación de dichos 
gastos. Por último, en el Ayuntamiento de Lorca el servicio se prestó por una sociedad municipal, 
que fue la que recibió la compensación de los costes directamente del SIG. 
Por otro lado, en los Ayuntamientos de Albacete e Illescas el servicio se prestó a partir de la 
formalización de convenios con sendos Consorcios dependientes de las Diputaciones Provinciales 
de Albacete y de Toledo, para la recogida selectiva de determinados residuos, entre ellos los 
envases, el papel y el cartón. De igual forma, en el Ayuntamiento de Tarancón se prestó el servicio 
por la Diputación Provincial de Cuenca, una vez que asumió los compromisos adquiridos por el 
Consorcio de Medio Ambiente para la Gestión de los Residuos Sólidos en la Provincia de Cuenca  s
como consecuencia de su liquidación. En los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y de Laredo  oe.
se prestó en virtud de la integración de ambos Ayuntamientos en sendas mancomunidades de  w.
municipios. Estos cinco Ayuntamientos no formalizaron convenios con el SIG ni se adhirieron a los  247ww
dlaes  squuse  cfoormmuanliizdaardoens  paaurató neollom aasc,u esrindoo sq cuoen f ueel rSoInG  laesn  dreislaticnitóans  ceonnti dloasd eress pidrueostsa ddoer adsic hdae lf rsaecrcviiócnio. 
tAasnimtoi,s dmeov,e negsatorso nc einl cdoe raeycuhnot aam siue nctooms pneon sreagciisótnra proorn  egl aSsIGto.s  por la prestación del servicio ni, por  BOE-A-cable e
El volumen de residuos de papel y cartón en las quince entidades ascendió a 28.062,35 toneladas 
lo que supuso, de media, el 4% del total de residuos recogidos en las mismas. La representatividad 
de los residuos de papel y cartón fue mayor en los Ayuntamientos de Logroño y de Santander, en 
los que los residuos de esta fracción significaron el 8% y el 6%, respectivamente, del total recogido 
en ellas. En el extremo contrario, en los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Illescas, Laredo, 
San Javier y Tarancón, el papel y cartón únicamente representó el 2% del total de residuos 
recogidos.  
De acuerdo con los datos del INE, la media nacional de residuos de papel y cartón recogido por 
habitante en el ejercicio 2016 ascendió a 0,02 toneladas, similar a la obtenida en las quince 
entidades seleccionadas. No obstante, la recogida en algunos Ayuntamientos no alcanzó dichos 
niveles medios, como en los de Azuqueca de Henares, Badajoz, Illescas, Laredo, Lorca, Mérida, 
Plasencia, Tarancón y Toledo, en los que fue de 0,01 toneladas por habitante. En el extremo 
contrario, en el Ayuntamiento de Logroño dicha ratio ascendió a 0,03 toneladas por habitante. En el 
Anexo VI constan los datos detallados para cada una de las entidades.  
Por su parte, el total de toneladas recogidas de envases ligeros en las quince entidades ascendió a 
18.890,68,  que  supusieron  el  3%  del  total  de  residuos  recogidos  en  las  mismas.  La 
representatividad fue mayor en el Ayuntamiento de Logroño, en el que supusieron el 4% del total 
de residuos que se recogieron, frente al 1% que representó en los Ayuntamientos de Illescas, 
Laredo, Lorca y San Javier. De acuerdo con los datos del INE, la media nacional de residuos de 
envases y embalajes recogidos por habitante en el ejercicio 2016 ascendió a 0,01 toneladas, 
similar  a  la  obtenida  en  las  quince  entidades  seleccionadas,  recogiéndose  dicha  media  por 
habitante en todas ellas. En el Anexo VI constan los datos detallados para cada una de las 
entidades. 
d)  Fracción muebles y enseres 
Todas las entidades seleccionadas han llevado a cabo la recogida separada de muebles y enseres 
en sus territorios. En los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Laredo, Logroño, Mérida, Murcia, 
Plasencia, San Javier, Santander y Toledo se llevó a cabo mediante gestión indirecta por la 
empresa que realizó la recogida de residuos domésticos en el municipio, como parte del sistema 
general de recogida de estos residuos en el mismo. 
Por su parte, en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el servicio se prestó a través de la 
Mancomunidad  Vega  del  Henares,  en  el  de  Cartagena  se  prestó  a  través  de  una  empresa 
participada por dicho Ayuntamiento, en el de Illescas por un Consorcio de la Diputación Provincial 
de Toledo, en el de Lorca por una sociedad municipal y en el Ayuntamiento de Tarancón por la 
Diputación Provincial de Cuenca.  
En todos los Ayuntamientos el servicio de recogida se llevó a cabo a través de puntos limpios así 
como  mediante  un  servicio  puerta  a  puerta  con  recogida  programada,  excepto  en  los 
Ayuntamientos de San Javier que, además, dispuso de algunos contenedores y en el de Logroño, 
que no dispuso de dicho servicio y en el que la recogida se realizó únicamente a través de puntos 
limpios. 
El volumen de estos residuos en las entidades en las que se realizó su recogida separada ascendió 
a 19.960,19 toneladas lo que supuso, de media, el 3% del total de residuos recogidos en las  s
mismas. La representatividad de este residuo fue mayor en los Ayuntamientos de Mérida, Illescas y  e.
Badajoz, en los que dichos residuos significaron el 8%, el 6% y el 5%, respectivamente, del total  w.
recogido en ellas. Por su parte, en los Ayuntamientos de Albacete y Logroño, la recogida de  247ww
muebles y enseres no llegó ni al 1% del total recogido. 
tLoan erelacdoagsid pao rd hea bmituaenbtele, si nyfe reionrs ear eloss  edna tolass m qeudiniocse  neanctiiodnaadleess , s0e,0le2c ctoionnealaddaass  fpuoer,  hdaeb imtaendteia. ,D 0ic,h0a1   BOE-A-cable e
ratio fue 0,01 en la totalidad de las entidades, excepto en los Ayuntamientos de Mérida e Illescas, 
donde se recogieron 0,03 toneladas por habitante, y en el de Badajoz, donde la ratio ascendió a 
0,02. En el Anexo VII constan los datos detallados para cada una de las entidades. 
e)  Fracción textiles 
Todas las entidades seleccionadas han llevado a cabo la recogida separada de textiles en sus 
territorios excepto los Ayuntamientos de Mérida y Laredo, que no prestaron dicho servicio.  
En los Ayuntamientos de Badajoz, Murcia, Plasencia y Santander se llevó a cabo mediante gestión 
indirecta por la empresa que realizó la recogida de residuos domésticos en el municipio, como 
parte del sistema general de recogida de estos residuos en el mismo. En los dos primeros y en 
Santander se llevó a cabo a través de puntos limpios, mientras que en Plasencia se hizo mediante 
la instalación de contenedores en las calles del municipio. En el Ayuntamiento de Cartagena se 
prestó a través de la empresa participada por el mismo que participó en la recogida del resto de 
fracciones, realizándose tanto a través de contenedores como de punto limpio. 
Por su parte, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares formalizó un contrato con una cooperativa 
autorizando la instalación de contenedores de recogida de ropa en el municipio. Con idéntica 
finalidad se formalizaron convenios por los Ayuntamientos de Logroño, Lorca y San Javier, con una 
fundación el primero de ellos y una asociación los otros dos. En todas las entidades, además, se 
recogieron textiles en los puntos limpios, excepto en el Ayuntamiento de San Javier. El mismo 
sistema de recogida existió en el Ayuntamiento de Tarancón, en el que una fundación instaló 
contenedores en las vías públicas para la recogida, si bien no se formalizó para ello acuerdo o 
convenio alguno con el Ayuntamiento que regulara su instalación. A pesar de la ausencia de marco 
regulador, el Ayuntamiento no realizó actuaciones para quitar los contenedores de las vías públicas 
en las que fueron instalados ni para sancionar por ello a dicha fundación. 
En el Ayuntamiento de Albacete la recogida separada se llevó a cabo a través de la instalación de 
contenedores y a través de puntos limpios en virtud del convenio con un consorcio de la Diputación 
Provincial de Albacete. En el Ayuntamiento de Illescas se llevó a cabo mediante contenedores 
instalados por una empresa privada hasta junio de 2017 y, a partir de entonces, por una fundación, 
tanto en la vía pública como en el punto limpio existente en la entidad. 
El volumen de residuos textiles en las entidades en las que se realizó su recogida separada 
ascendió a 1.402,27 toneladas lo que supuso, de media, el 0,19% del total de residuos recogidos 
en  las  mismas,  destacando  los  Ayuntamientos  de  Tarancón  y  Albacete  en  los  que  la 
representatividad de este residuo fue del 0,70% y 0,63% del total de sus residuos. Analizando los 
datos por habitante, el volumen de residuos recogidos no alcanzó las 0,01 toneladas en ninguna de 
las quince entidades, magnitud similar a la media obtenida a nivel nacional. En el Anexo VII 
constan los datos detallados para cada una de las entidades.  
f)  Fracción aparatos eléctricos y electrónicos 
La recogida de esta fracción se regula en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuyo artículo 19 establece que las entidades, en el 
marco de sus competencias en materia de residuos domésticos, establecerán los sistemas que 
hagan posible la recogida separada, al menos, gratuitamente para el usuario, de sus aparatos  s
eléctricos y electrónicos domésticos. Por su parte, el artículo 20 impone a las instalaciones de  e.
recogida la delimitación de espacios específicos para dichos residuos, esto es, puntos limpios.  w.
Ty oedleacst rlóansi ceonsti deand seuss s teelrercitcoiroionsa,d eaxsc heapnto  lleelv Aayduon ata cmaibeon tloa  dreec Mogéirdidaa s, eqpuaer andoa a drteic auplóa rnaintogsú ne lésicsttreicmoas 
de recogida para dichos residuos, en contra de lo establecido en la normativa reguladora, teniendo
que acudir sus habitantes a una planta de recogida de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura existente en sus proximidades para el depósito de este tipo de residuos. 
En  siete  de  las  quince  entidades,  los  Ayuntamientos  de  Badajoz,  Laredo,  Logroño,  Murcia, 
Plasencia, Santander y Toledo, el servicio de recogida de los aparatos eléctricos y electrónicos se 
prestó por la empresa con la que estaba contratado el servicio general de recogida de residuos 
domésticos en el municipio, como parte del mismo. En todos ellos, además de contar para ello con 
puntos limpios, se articuló un sistema de recogida en el que los ciudadanos, previo aviso, podían 
concertar la recogida de los residuos en una fecha determinada, excepto en el Ayuntamiento de 
Laredo,  que  dispuso  de  contenedores  específicos  en  tiendas  y  centros  comerciales  para  la 
recogida de dichos residuos. 
En los Ayuntamientos de Albacete y San Javier la recogida se llevó a cabo a partir de la suscripción 
en el año 2014 de sendos convenios entre dichos Ayuntamientos y dos entidades titulares de SIG, 
prestándose el servicio mediante puntos limpios en el primero de ellos y mediante la recogida 
domiciliaria previo aviso en el segundo, sin que supusiera coste para el Ayuntamiento en ninguno 
de los dos. 
Por  su  parte,  en  los  Ayuntamientos  de  Azuqueca  de  Henares,  Cartagena,  Illescas,  Lorca  y 
Tarancón el servicio se prestó a través de la Mancomunidad Vega del Henares mediante un 
sistema de recogida domiciliaria y a través de punto limpio en el primero de ellos, a través de 
puntos limpios por una empresa participada por el Ayuntamiento de Cartagena y una empresa 
privada en el segundo; por un Consorcio de la Diputación Provincial de Toledo en el Ayuntamiento 
de Illescas; de forma directa por una sociedad municipal en el Ayuntamiento de Lorca mediante un 
sistema de recogida domiciliaria y a través de punto limpio y por la Diputación Provincial de Cuenca 
mediante punto limpio, en el Ayuntamiento de Tarancón.  
Todos los Ayuntamientos han acreditado su vinculación con las entidades prestatarias del servicio 
excepto  el  Ayuntamiento  de  Laredo,  que,  como  se  ha  indicado,  no  aportó  documentación 
justificativa del acuerdo con la empresa pública del Gobierno de Cantabria a la que encomendó la 
recogida de residuos. 
El volumen de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las doce entidades en que se 
realizó su recogida separada y aportaron sus datos43 ascendió a 1.387,56 toneladas lo que supuso, 
de media, el 0,19% del total de residuos recogidos en las mismas, destacando el Ayuntamiento de 
Lorca en el que la representatividad de este residuo fue de 1,61% del total de sus residuos. 
Analizando los datos por habitante, el volumen recogido de este tipo de residuo no alcanzó las 0,01 
toneladas en ninguna de las quince entidades, magnitud similar a la media obtenida a nivel 
nacional. En el Anexo VII constan los datos detallados para cada una de las entidades. 
g)  Fracción pilas y acumuladores 
Todas  las  entidades  seleccionadas  han  llevado  a  cabo  la  recogida  separada  de  pilas  y 
acumuladores en sus territorios. En los Ayuntamientos de Badajoz, Logroño, Murcia, Plasencia, 
Santander y Toledo se llevó a cabo mediante gestión indirecta como parte del sistema general de 
recogida de residuos domésticos en el municipio. 
En el Ayuntamiento de Albacete, el servicio lo prestó a partir de la formalización del convenio con el 
Consorcio dependiente de la Diputación Provincial para la recogida selectiva de determinados  e.e
residuos. En los Ayuntamientos de Cartagena y de San Javier se llevó a cabo la recogida de este  w.b
                                                
43  L2o0s1 7A eynu nstuasm tieernrittoosr iodse,  Laredo y Plasencia no disponían de los datos de los residuos de esta fracción recogidos en  BOE-A-cable e
tipo de residuo a partir de convenios formalizados entre dichos Ayuntamientos y sendos SIG 
autorizados por la Comunidad autónoma de La Región de Murcia. 
Por su parte, en el Ayuntamiento de Laredo se prestó por la empresa pública del Gobierno de 
Cantabria que tenía encomendada la gestión de los servicios asociados al mantenimiento y mejora 
del medio ambiente, en el de Azuqueca de Henares a través de la Mancomunidad Vega del 
Henares y en el de Illescas por un Consorcio de la Diputación Provincial de Toledo. 
En  los  Ayuntamientos  de  Lorca  y  Mérida  el  servicio  se  prestó  de  forma  directa  por  los 
Ayuntamientos mediante una sociedad municipal en el primero y por personal del Ayuntamiento en 
el segundo, mediante la recogida de los residuos depositados en los contenedores repartidos por el 
municipio en el segundo. Por su parte, en el Ayuntamiento de Tarancón el servicio fue prestado por 
la Diputación Provincial de Cuenca. 
En todos los ayuntamientos la recogida se ha realizado mediante la instalación de depósitos o 
contenedores en diversas ubicaciones de las entidades, así como mediante su recogida en puntos 
limpios, acreditando todos ellos su vinculación con las entidades prestatarias del servicio excepto el 
Ayuntamiento de Laredo, como ya se ha indicado. 
El volumen de residuos de pilas y acumuladores en las trece entidades en las que se realizó la 
recogida separada de este residuo y aportaron sus datos44 ascendió a 64,81 toneladas lo que 
apenas supuso el 0,01% del total de residuos recogidos en las mismas. Analizando los datos por 
habitante, el volumen de residuos recogidos no alcanzó las 0,01 toneladas en ninguna de las 
quince entidades, magnitud similar a la media obtenida a nivel nacional. En el Anexo VII constan 
los datos detallados para cada una de las entidades. 
h)  Fracción residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción   
El artículo 3 de la LRSC cataloga los residuos y escombros procedentes de obras menores de 
construcción  y  reparación  domiciliaria,  como  residuos  domésticos  incluidos  en  el  ámbito  de 
aplicación de la ley. La mayor parte de las entidades seleccionadas prestaron el servicio de 
recogida de este tipo de residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción, con 
excepción de los Ayuntamientos de Lorca, Mérida, Tarancón, San Javier y Santander que no 
prestaron el dicho servicio de recogida de este tipo de residuos en sus territorios45. 
Además, los Ayuntamientos de Plasencia y Murcia tampoco establecieron el servicio de recogida 
selectiva de este tipo de residuo, llevándose a cabo en dichos Ayuntamientos a través de gestores 
autorizados  por  sus  comunidades  autónomas,  debiendo  para  ello  contactar  directamente  los 
generadores de tales residuos con dichos gestores para la entrega de los mismos.  
En los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Cartagena, Laredo, Logroño y Toledo se llevó a cabo 
mediante su gestión indirecta por la empresa que realizó la recogida de residuos domésticos en el 
municipio, como parte del sistema general de recogida de estos residuos en el mismo. La recogida 
se realizó en los puntos limpios y en Toledo, además, mediante la recogida puerta a puerta con 
recogida programada por los servicios encargados de ello. En el Ayuntamiento de Illescas, la 
recogida se llevó a cabo de forma indirecta mediante un contrato formalizado con una empresa. 
Esta situación también se produjo en los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, donde el 
servicio se prestó a través de la Mancomunidad Vega del Henares mediante punto limpio. 
                                                  247ww
4445    rLAeo cpsoe gAsiayduro ndste ae mnq ui2ee0n 1dto7ics he dones s  AAuszy uuteqnrturaeitmocariei ondste,o  sH neon aprreess tya rPolna seel nsceiarv incoio  ddisep roencíoagni ddae  dloes e dsatotos sr edseid luooss r eesni dsuuo tse rdreito erisot,a e fnra tcocdióons   OE-A-2021-14able en https://
ellos existió algún punto limpio en el sus habitantes podían depositarlos.
El volumen de residuos procedentes de obras menores de construcción en las entidades en las que 
se realizó su recogida separada ascendió a 5.781,08 toneladas lo que supuso, de media, el 1% del 
total de residuos recogidos en las mismas. La representatividad de este residuo fue mayor en el 
Ayuntamiento de Illescas, en el que los residuos de esta fracción significaron el 12% del total 
recogido en ellas. Por su parte, en los Ayuntamientos de Badajoz, de Cartagena, de Logroño y de 
Toledo, los residuos de obras supusieron entre el 0,01% y el 0,03% del total de los recogidos46. En 
el Anexo VII constan los datos detallados para cada una de las entidades. 
i)  Fracción aceites usados de origen doméstico 
Todas las entidades seleccionadas han llevado a cabo la recogida separada de aceites usados de 
origen doméstico en sus territorios excepto los Ayuntamientos de Mérida y de Lorca, que no 
prestaron dicho servicio de recogida separada47.  
La recogida selectiva de este residuo se realizó en la mayoría de los Ayuntamientos integrado en el 
sistema general de recogida de residuos domésticos en el municipio, como en los Ayuntamientos 
de Badajoz, Logroño, Murcia, Plasencia, San Javier, Santander y Toledo donde el servicio se 
integró en dicho sistema general y se llevó a cabo mediante gestión indirecta a través de punto 
limpio. Además, en los Ayuntamientos de Badajoz y de San Javier, el servicio se prestó mediante la 
instalación de contenedores y en el de Plasencia mediante un sistema puerta a puerta, además de 
los dos anteriores. 
Esta situación también se produjo en los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, donde el 
servicio se prestó por una asociación a través de la Mancomunidad Vega del Henares mediante 
punto limpio y la instalación de contenedores para su recogida, en el de Illescas, donde el servicio 
se prestó mediante el sistema de punto limpio por un Consorcio de la Diputación Provincial de 
Toledo,  en  el  de  Cartagena  a  través  de  puntos  limpios  por  la  empresa  participada  por  el 
Ayuntamiento de Cartagena, y en el de Tarancón, en el que el servicio se prestó por la Diputación 
Provincial de Cuenca. 
La prestación del servicio no se llevó a cabo integrado en el sistema general de recogida de 
residuos domésticos en el municipio en los Ayuntamientos de Albacete y de Laredo. En el primero 
de ellos el servicio se prestó, a diferencia del sistema general de recogida de los residuos del resto 
de fracciones, por una empresa privada contratada a través de la colocación en la vía pública de 
contenedores para su recogida y mediante su recogida a través de punto limpio. La recogida de 
dichos residuos no supuso coste para el Ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Laredo el servicio se 
prestó por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria que se encargó también de la 
recogida de los residuos de otras fracciones. 
El volumen de residuos de aceites usados de origen doméstico en las doce entidades en las que se 
realizó su recogida separada y aportaron sus datos48 ascendió a 244,28 toneladas lo que supuso, 
de media, el 0,03% del total de residuos recogidos en las mismas, destacando el Ayuntamiento de 
Tarancón en el que la representatividad de este residuo fue del 0,72% del total de sus residuos. En 
el Anexo VII constan los datos detallados para cada una de las entidades. 
Por último, además de las fracciones anteriores, las entidades recogieron durante 2017 un total de 
1.043,16  toneladas  de  otros  residuos  tales  como  chatarra,  algas,  radiografías,  pinturas  y 
disolventes, fluorescentes o cartuchos de tinta, entre otros. 
                                                  es
46  No se ha tenido en cuenta los datos del Ayuntamiento de Laredo al no ser representativos por no aportar datos  w.b
respecto de la recogida de las principales fracciones de residuos.  247ww
47  eAl lpoes seaxri sdteió  qaulgeú dni cphuonst oA lyimunptiaom eine netlo ssu nso h apbreitsatnatreosn  peol dsíearnv idcieop doesi traercloosg.i da de estos residuos en su territorio, en todos
48  Etelr rAitoyurinot.a miento de Laredo no disponía de los datos de los residuos de esta fracción recogidas en 2017 en su  BOE-A-cable e
El análisis realizado ha evidenciado que las entidades llevaron a cabo la recogida separada de la 
mayor parte de residuos, no obstante no se ha llevado a cabo una recogida diferenciada de los 
residuos relativos a la fracción de biorresiduos y resto, recogiéndose ambos de forma conjunta, lo 
que ha limitado su reciclaje y la utilización de biorresiduos para la elaboración de compostaje 
j)  Instalaciones para la recogida separada de residuos 
Con objeto de ofrecer a los ciudadanos lugares para el depósito y la recogida de manera separada 
de los residuos que generen, y de acuerdo con las atribuciones realizadas en el artículo 21 de la 
LRSC para que las autoridades competentes promuevan, entre otras medidas, el establecimiento 
de  lugares  de  almacenamiento  para  los  residuos  susceptibles  de  reutilización  y  el  apoyo  al 
establecimiento de redes y centros para dicha reutilización, las distintas administraciones han 
creado instalaciones específicas en las que recoger de forma separada cada uno de los residuos, 
comúnmente conocidos como “puntos limpios”. 
El Plan Estatal Marco de Gestión de residuos 2016-2022 se refiere a los puntos limpios como una 
instalación de recogida de las distintas fracciones y establece la necesidad de que las entidades 
locales  dispongan  de  información,  en  general,  sobre  los  residuos  recogidos,  incluyendo  los 
procedentes  de  puntos  limpios  (cantidades,  frecuencias,  modalidad)  y  tratados  por  tipo  de 
instalación (cantidades recepcionadas, composición, rechazos, cantidades valorizadas, etc.). 
De las quince entidades analizadas, únicamente el Ayuntamiento de Tarancón dispuso de una 
ordenanza específica de los puntos limpios en el municipio, aprobada por el Pleno de la entidad en 
2012, con objeto de regular las condiciones de uso, administración de residuos y las características 
de  dichas  instalaciones  dependientes  del  Ayuntamiento,  estableciendo  de  forma  expresa  el 
funcionamiento  de  dichas  instalaciones.  Además,  el  Ayuntamiento  de  San  Javier  dispuso  de 
regulación respecto de los puntos limpios en una ordenanza que regulaba, de forma global, la 
higiene  urbana  y  la  gestión  de  residuos.  El  resto  de  entidades  no  dispusieron  de  normativa 
reguladora de los puntos limpios del municipio, destacando dicha ausencia en los Ayuntamientos 
de Albacete49, Badajoz, Cartagena, Logroño, Lorca, Mérida, Murcia, Santander y Toledo, todos 
ellos con una población superior a 50.000 habitantes.  
Todos los Ayuntamientos dispusieron en su término municipal de, al menos, un punto limpio. Los 
Ayuntamientos de Laredo, Mérida, Plasencia y Santander contaron con un punto limpio titularidad 
de las Comunidades Autónomas de Cantabria y Extremadura, respectivamente, de cuya gestión se 
encargaban sendas empresas públicas creadas por dichas administraciones autonómicas y en el 
municipio de Azuqueca de Henares existía un punto limpio fijo titularidad de la Mancomunidad de 
municipios Vega del Henares de la que el Ayuntamiento formaba parte. El resto de las entidades 
dispusieron de puntos limpios de titularidad de cada uno de los Ayuntamientos gestionados, en su 
mayor parte, de forma indirecta mediante contratos de concesión con empresas privadas, lo que se 
produjo en los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Cartagena50, Logroño, Murcia, San Javier y 
Toledo. Por su parte, en Lorca se gestionó de forma directa por una empresa municipal, en Illescas 
se gestionó por la empresa participada por el Consorcio de la Diputación Provincial de Toledo para 
la  prestación  del  servicio  de  recogida  selectiva  indicada  anteriormente  y  en  Tarancón  por  la 
Diputación Provincial de Cuenca.  
Además, los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Lorca y Mérida dispusieron de un punto limpio 
fijo  y  otro  móvil  para  la  recogida  selectiva  de  pilas  y  acumuladores,  aparatos  eléctricos  y  s
electrónicos, aceite, muebles y enseres, textiles y otros residuos; los Ayuntamientos de Illescas, y  oe.
                                                  247ww
49  loEarnsd  eecnlo apnnldizeiacgi ooq nudeees  r peergesusplcaerscipeífc icdioaens fe osdrm eté acf ugnneiccnaioesnr adalem el isectonent ottirp adot eodl  epm ainrisasmt alaola ,g ceisosi ntibeóisne. n d eell  pAuynuton tlaimmpieion tfoij od een  Aellb macuentiec ipciaor esceí are gduel auronan   OE-A-2021-14able en https://
50  La empresa privada gestora estaba participada en un 5% por el Ayuntamiento. 
Plasencia únicamente dispusieron de un punto limpio fijo y dos el de Toledo, para la recogida de 
dichos residuos. Por su parte, los Ayuntamientos de Cartagena, Logroño, Murcia y San Javier 
dispusieron de puntos limpios fijos y móviles; dos fijos y tres móviles en el Ayuntamiento de 
Cartagena, uno fijo y cuatro móviles en el de Logroño, uno fijo y doce móviles en el de Murcia y dos 
fijos y uno móvil en el Ayuntamiento de San Javier.  
El Ayuntamiento de Santander no tenía puntos limpios fijos en uso pero disponía de cuatro puntos 
móviles que iban recorriendo distintas ubicaciones de la ciudad con rutas planificadas según cada 
día de la semana. Por su parte, los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y de Tarancón 
dispusieron de varios puntos limpios fijos para todos los residuos y móviles para algunos de ellos, 
excepto para la recogida de pilas y acumuladores, muebles o enseres. Por último, el Ayuntamiento 
de  Laredo  no  aportó  información  sobre  la  existencia  de  otros  puntos  fijos  adicionales  al  de 
titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria indicado anteriormente.  
A pesar de disponer de puntos limpios en todas las entidades, cinco de ellas -Ayuntamientos de 
Azuqueca  de  Henares,  Illescas,  San  Javier,  Tarancón  y  Toledo-  no  contaron  con  protocolos 
normalizados  para  la  recepción  y  clasificación  de  los  residuos  en  dichos  puntos  limpios  que 
permitieran la adecuada valorización de los mismos de acuerdo art. 21 de la LRSC. Por su parte, 
en los Ayuntamientos de las Comunidades Autónomas de Cantabria y Extremadura, al pertenecer 
dichos puntos limpios a la red autonómica, correspondería a cada una de ellas su establecimiento.  
Cabe concluir que todas las entidades prestaron el servicio obligatorio de recogida y transporte de 
residuos  domésticos  generados  en  hogares,  comercios  y  servicios,  lo  que  se  llevó  a  cabo, 
mayoritariamente,  mediante  la  gestión  indirecta  de  los servicios  mediante  la  formalización  de 
contratos de concesión o de gestión de servicios públicos con empresas privadas. Además, en 
todas ellas se llevó a cabo durante el periodo fiscalizado la recogida selectiva de la mayor parte de 
residuos y dispusieron en su término municipal de, al menos, un punto limpio, aunque no en todos 
los casos de su titularidad.  
Sin embargo, únicamente se ha recogido de forma separada para su valorización y reciclaje el 14% 
del total de residuos generados, porcentaje situado en la media nacional pero muy alejado de los 
objetivos generales de reciclaje establecidos en la Unión Europea (el 50% de los residuos urbanos 
en 2020, el 55% en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035). 
 
Además de la potestad sancionadora general atribuida a las entidades locales por la LRBRL, la 
LRSC dedica el Título VII a la regulación de la vigilancia, inspección y control en materia de 
residuos. El artículo 12 de la citada Ley otorga a los ayuntamientos, con carácter general, potestad 
sancionadora en la materia, sin perjuicio de los supuestos atribuidos a las comunidades autónomas 
y a la Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias exclusivas. Por su 
parte, el artículo 46 relaciona, con carácter general y sin perjuicio de las infracciones que puedan 
establecer las comunidades autónomas una clasificación de las infracciones administrativas de 
acuerdo con su gravedad y el artículo 47 establece las sanciones aplicables que pueden ser tanto 
de tipo pecuniario como llegar a la clausura de instalaciones o la prohibición de desarrollo de 
actividades. 
Todas las entidades llevaron a cabo, entre 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018 actuaciones  s
de vigilancia e inspección con el fin de detectar infracciones de la normativa vigente en materia de  e.
gestión de residuos domésticos excepto los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y el de  w.
Laredo. De ellos, únicamente de Laredo contaba con una ordenanza reguladora que regulaba la  247ww
rgeaaraliznaticziaórn e dl ec udmicphlaims ielanbtoo rdees ,d aic hpae snaorr mdea tliov ac ureagl unloa dsoer all eevna erol nm au ncicaibpoio, .i ncumpliendo su deber de
Las actuaciones realizadas por las trece entidades restantes han consistido, fundamentalmente, en 
la revisión de la adecuada ubicación, limpieza y conservación de los contenedores, en el control del 
cumplimiento de las normas de depósito de residuos en los distintos tipos de contenedores, tales 
como el horario, la existencia de bolsas cerradas o el plegado de cartones, la revisión de los 
residuos  depositados  en  cubetas  de  escombros,  sacas  u  otros  recipientes  para  residuos  de 
construcción y demolición, control del estado higiénico-sanitario de los cuartos de basuras de 
actividades  como  supermercados,  establecimientos  de  hostelería,  así  como  la  detección  de 
vertidos  o  depósitos  incontrolados  de  residuos  en  terrenos,  la  comprobación  de  denuncias 
efectuadas y la elaboración de informes o expedientes sancionadores. 
El artículo 43 de la LRSC establece que las funciones de inspección deben ser llevadas a cabo 
mediante los cuerpos de inspección debidamente reconocidos para lo cual las entidades tienen que 
dotarse  de  los  medios  humanos  y  materiales  suficientes  para  dar  cumplimiento  a  dichas 
obligaciones de vigilancia, inspección y control. Estas funciones podrán ser llevadas a cabo con el 
apoyo de entidades colaboradoras debidamente reconocidas. 
Las labores de inspección fueron llevadas a cabo por personal funcionario en doce de las trece 
entidades. Por su parte, en el Ayuntamiento de Illescas se prestaron exclusivamente por personal 
laboral. En los Ayuntamientos de Plasencia y Tarancón, además de personal funcionario, también 
participó personal laboral y en el Ayuntamiento de Cartagena, junto con el personal funcionario y 
laboral, participó además personal de la empresa prestadora del servicio en el Ayuntamiento, que 
como se ha puesto de manifiesto estaba participada en un 5% por el Ayuntamiento. Por último, en 
los Ayuntamientos de Badajoz, Murcia, San Javier y Santander, además del personal funcionario, 
intervinieron en las labores de inspección personal de las empresas adjudicatarias de los servicios 
de recogida de residuos. 
A pesar de las actuaciones de vigilancia e inspección desarrolladas entre 1 de enero de 2017 y 31 
de mayo de 2018, en siete de las trece entidades en las que se llevaron a cabo no se incoaron 
expedientes sancionadores por infracciones en la normativa en materia de gestión de residuos, lo 
que  se  produjo  en  los  Ayuntamientos  de  Badajoz,  Cartagena,  Illescas,  Mérida,  San  Javier, 
Tarancón y Toledo. De acuerdo con la información aportada por las seis entidades restantes, se 
incoaron un total de 852 expedientes, la mayoría de ellos, 738, por el Ayuntamiento de Santander. 
Por su parte, en el Ayuntamiento de Murcia se incoaron 65, en el de Plasencia  y Lorca dieciséis y 
trece, respectivamente, y diez en los de Albacete y Logroño. Los expedientes anteriores dieron 
lugar a la imposición de 769 sanciones, en la totalidad de los incoados en los Ayuntamientos de 
Logroño y Santander y en la mayoría de los incoados en Albacete y Plasencia, siete y catorce 
respectivamente.  Por  su  parte,  ninguno  de  los  65  y  trece  expedientes  incoados  en  los 
Ayuntamientos de Murcia y Lorca dieron lugar a la imposición de sanciones. El importe recaudado 
ascendió a 10.458 euros en los catorce expedientes del Ayuntamiento de Plasencia, 1.000 euros 
en los diez de Logroño y 162,60 euros en los siete de Albacete, no aportando el Ayuntamiento de 
Santander el importe recaudado en sus 738 expedientes incoados.  
Por lo tanto, la mayor parte de las entidades desarrollaron actuaciones de vigilancia e inspección 
con el fin de detectar infracciones de la normativa excepto el Ayuntamiento de Laredo, lo que 
además supuso un incumplimiento de su propia ordenanza, y el Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares. En dichas labores participaron, de forma exclusiva o junto con otro personal, trabajadores 
funcionarios  de  las  entidades,  excepto  en  el  Ayuntamiento  de  Illescas,  donde  se  prestó 
exclusivamente por personal laboral. La mayor parte de los expedientes sancionadores incoados se  s
llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Santander, si bien no aportó información del importe  oe.
recaudado en ellos.  247www.
 
Además de la prestación del servicio obligatorio de recogida y tratamiento de residuos, atribuida a 
los municipios en virtud de los artículos 25 y 26 de la LRBRL, estos deben adoptar medidas para la 
disminución de los residuos generados en su actividad ordinaria, así como para la separación y 
recogida selectiva de los distintos residuos producidos en sus instalaciones. 
Han sido muy puntuales y escasas las actuaciones llevadas a cabo por las entidades analizadas 
para minimizar la generación de residuos en su actividad ordinaria y fomentar la recogida selectiva 
de  los  mismos.  Solamente  los  Ayuntamientos  de  Azuqueca  de  Henares  Lorca,  Santander 
realizaron algunas acciones en relación con el incentivo de dicha disminución en sus instalaciones 
municipales, tales como la instalación de contenedores específicos para el reciclaje de papel, de 
envases y pilas en sus edificios. 
Respecto a las tareas de información y sensibilización entre el personal de la propia entidad la 
difusión realizada se ha llevado a cabo, principalmente, a través de circulares informativas y se 
implantaron proyectos vinculados al desarrollo de la administración electrónica para favorecer el 
ahorro de papel.  
 
De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008por la que se aprueba la estructura de los presupuestos 
de las entidades locales, los gastos efectuados por estas en relación con la recogida selectiva de 
residuos, su  gestión  y  tratamiento,  se  encuentran  integrados  en  el  grupo  de programa  “162. 
Recogida, gestión y tratamiento de residuos”, incluida en el Área de Gasto 1 “Servicios Públicos 
Básicos”. A su vez el citado grupo de programa está compuesto por tres programas, el 1621 que 
recoge los gastos derivados únicamente de la recogida de residuos, el 1622 que incluye los gastos 
incurridos en su gestión y el 1623 que recoge los derivados del tratamiento de los mismos. 
El importe total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2017 por la recogida y la gestión de 
los residuos en las quince entidades ascendió a 124.724.989,52 euros. Las entidades que mayores 
recursos destinaron fueron el Ayuntamiento de Murcia, 50.630.728,46 euros, el Ayuntamiento de 
Cartagena, con 29.952.827,40 euros, y el Ayuntamiento de Badajoz, con 13.003.689,20 euros. 
Además, las quince entidades reconocieron otras obligaciones por 22.614.762,04 euros derivados 
del tratamiento de los residuos, si bien las actuaciones llevadas a cabo por estas en relación con el 
tratamiento de los mismos no son objeto de análisis en el presente Informe. El cuadro siguiente 
muestra  el  importe  de  las  obligaciones  reconocidas  netas  por  las  quince  entidades  en  los 
programas 1621. Recogida de residuos y en el 1622. Gestión de residuos sólidos urbanos en el 
ejercicio 2017 así como el ratio del coste por habitante.  
Cuadro 15:   Obligaciones reconocidas netas (ORN) por las entidades en los Programas 
1621. Recogida de residuos y 1622. Gestión de residuos sólidos urbanos en el 
ejercicio 2017 
Gasto  
Denominación  Población  Total ORN 
por habitante 
Albacete  172.816  5.150.896,85  29,81 
Badajoz  150.543  13.003.689,20  86,38 
Mérida  59.187  4.837.735,84  81,74 
Plasencia  40.360  1.465.750,61  36,32 
Tarancón  14.834  724.700,54  48,85 
Azuqueca de Henares  34.768  1.307.531,62  37,61 
Logroño  150.979  6.605.217,16  43,75 
Cartagena  214.177  29.952.827,40  139,85 
Lorca  92.299  2.683.386,55  29,07 
Murcia  443.243  50.630.728,46  114,23 
San Javier  31.695  3.405.753,96  107,45 
Laredo51  11.347  1.716.174,87  151,24 
Santander52  171.951  847,00  0,00 
Illescas  27.332  934.412,74  34,19 
Toledo  83.741  2.305.336,72  27,53 
TOTAL  -  124.724.989,52  73,40 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización 
Con objeto de comparar el gasto realizado por las entidades se ha calculado el importe de las 
obligaciones reconocidas netas por habitante en cada una de ellas. En cuatro entidades el importe 
del gasto incurrido por habitante en recogida y gestión de residuos en 2017 superó los 100 euros. 
El Ayuntamiento de Laredo fue aquel en el que dicha ratio fue mayor, destinando más de 151 
euros, de media, por habitante a la recogida y, sobre todo, a la gestión de residuos en el municipio. 
Las otras tres entidades con mayor gasto por habitante fueron Ayuntamientos de La Región de 
Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena, en el que el gasto ascendió a casi 140 euros por habitante, 
el de Murcia con algo más de 114 euros y el de San Javier con algo menos de 108 euros por 
habitante. En el extremo contrario hay que citar a dos Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, los de 
Toledo y de Albacete, en los que la media de gasto por habitante por la recogida y la gestión de 
residuos fue de algo más de veintisiete euros y medio en el primero y de casi treinta en el segundo, 
y el de Lorca, que tuvo una ratio similar a la del Ayuntamiento de Albacete. 
Hay  que  indicar  que  ninguna  entidad  a  excepción  de  tres  ayuntamientos  definió  indicadores 
presupuestaros para el seguimiento de los resultados de los gastos ejecutados en los programas 
1621. Recogida de residuos y en el 1622. Gestión de residuos sólidos urbanos: el Ayuntamiento de 
                                                  es
51  El Ayuntamiento de Laredo fue el único que imputó gastos tanto al programa 1621 Recogida de residuos como al  w.b
1622 Gestión de residuos por importes significativos.  247ww
52  ETatrsarl actAateamynmudieniieóntan taomto  6i de.d0ene0 to 2lor .es6d s1eri5d e,Sus7oia6dsn ue.t oauEsnr,old  secim roy n pnetooal r bcteloille iszvdtáeóen   pdaloao rssc  heaoa bbtboolii tdgaloaans ct esioe eanlplsoeacssre  anircnedidóceenorbí naidod eaca i md3loa5ess ne  tgueearn osd stdeo. i scf hoiornm cpuarr orcigdoronasjmu neatn a p loaer n r leoecsl o pgtrrieodsga r, acgmoenasc tei1óp6nt2o 3sy    BOE-A-2021-14cable en https://
Toledo definió indicadores para los dos programas, mientras que los Ayuntamientos de Logroño y 
Murcia los definieron, únicamente, respecto del primero de ellos.  
Además de los gastos llevados a cabo por las entidades, se ha verificado la obtención por las 
entidades de ingresos relacionados con la gestión de residuos, en concreto los derivados de tasas 
por la prestación del servicio de recogida, así como posibles ingresos provenientes de ayudas o 
subvenciones recibidas por las entidades y otros ingresos derivados de compensaciones previstas 
en los SIG por la firma de convenios con gestores autorizados respecto de la recogida selectiva de 
los residuos de determinadas fracciones. 
En todos los Ayuntamientos, excepto los de Badajoz y San Javier, estuvieron en vigor durante 2017 
ordenanzas reguladoras de tasas por la prestación del servicio de recogida de residuos y todos 
ellos obtuvieron ingresos por su liquidación, de acuerdo con sus cuentas rendidas a este Tribunal. 
El importe de los derechos reconocidos por dichas tasas ascendió a 88.633.244,71 euros en las 
trece entidades, de los que fueron recaudados el 88%, 78.029.379,71 euros. Las entidades que 
mayores  derechos  reconocieron  por  dicho  concepto  fueron  los  Ayuntamientos  de  Murcia, 
Cartagena, y Santander, que lo hicieron por 27.492.766,15, 14.882.583,75 y 13.070.189,01 euros, 
de los que cobraron el 97%, 92% y el 63%, respectivamente. El Ayuntamiento de Lorca fue el único 
que ingresó la totalidad de derechos que reconoció, por importe de 4.698.292,36 euros.  
En  todos  los  Ayuntamientos  el  importe  recaudado  superó  el  85%  del  total  de  los  derechos 
reconocidos, excepto en el citado Ayuntamiento de Santander y en los de Plasencia y Mérida, en 
los que se cobraron en 2017 únicamente el 67% y el 44% del total de derechos reconocidos por 
dicho concepto. El cuadro siguiente muestra el importe de los derechos reconocidos y los cobros 
realizados en cada entidad por la citada tasa en el ejercicio 2017.  
Cuadro 16:  Derechos reconocidos netos e importe recaudado por la tasa por la prestación 
del servicio de recogida de residuos en el ejercicio 2017 
 (Euros) 
%  
Importe Dchos.  Importe  Importe 
Ayuntamiento 
Reconocidos  Recaudado  Recaudado/ 
Importe DR 
Albacete  8.978.572,10  8.668.166,79  97 
Azuqueca de Henares  657.717,49  602.050,80  92 
Cartagena  14.882.583,75  13.683.661,22  92 
Illescas  732.879,69  625.539,47  85 
Laredo  1.184.278,57  1.155.439,76  98 
Logroño  7.273.845,45  7.063.514,68  97 
Lorca  4.698.292,36  4.698.292,36  100 
Mérida  3.601.412,92  1.599.468,70  44 
Murcia  27.492.766,15  26.716.576,66  97 
Plasencia   2.584.570,58  1.736.707,44  67 
Santander  13.070.189,01  8.219.951,61  63 
Tarancón  795.001,37  703.950,83  89 
Toledo  2.681.135,27  2.556.059,39  9 
TOTAL  88.633.244,71  78.029.379,71  88 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización 
Todas las entidades excepto el Ayuntamiento de Mérida, llevaron a cabo la adecuada imputación 
de dichos ingresos en sus presupuestos, al consignarlos en el artículo 30, que recoge las tasas por 
la prestación de servicios públicos básicos, en el concepto 302. Servicio de recogida de basuras. 
Dicho Ayuntamiento imputó estos ingresos en el artículo 31 destinado a recoger los ingresos 
derivados de tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente, en el 
concepto 312 de servicios educativos.  
Por otra parte, respecto de los ingresos por subvenciones u otra línea de ayuda en relación con la 
recogida  y  gestión  de  residuos,  ninguna  entidad  recibió  durante  2017  ingresos  por  dichos 
conceptos. 
Por último, en relación con las compensaciones del coste incurrido por los ayuntamientos recibido 
de las entidades gestoras de los SIG, en los casos en los que asumieron la organización del 
servicio de recogida selectiva de las fracciones, los Ayuntamientos de Badajoz, Mérida, San Javier 
y Santander obtuvieron ingresos como compensación del coste incurrido en la recogida de los 
residuos de la fracción de envases ligeros, papel y cartón. El importe de los derechos reconocidos 
por este concepto en 2017 por las cinco entidades ascendió a 2.397.228,71 euros, de los que fue 
recaudado el 78%, 1.863.264,64 euros.  
    es
III. CONCLUSIONES 
III.1  SOBRE  LA  ACTIVIDAD  GLOBAL  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  EN  MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL 
 
Las  actuaciones  de  planificación  medioambiental  analizadas  se  han  llevado  a  cabo  por  las 
entidades locales fundamentalmente mediante la adhesión a dos protocolos internacionales: la 
Agenda  21  Local  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  y  los  Sistemas  de  Gestión 
Medioambiental establecidos por la Unión Europea. 
1.  Las  entidades  locales  no  han  utilizado  adecuadamente  los  recursos  de  planificación 
medioambiental puestos a su disposición por Organizaciones Internacionales. 
1.a)  Un  número  considerable  de  entidades  se  adhirieron  a  La  Agenda  21  Local  que 
constituía un protocolo de planificación que obligaba a realizar un diagnóstico de la situación 
medioambiental del ámbito territorial de la entidad, a definir las líneas estratégicas de 
actuación, a identificar las medidas a tomar para corregir las deficiencias detectadas y a 
diseñar indicadores de seguimiento de la aplicación de dichas medidas. De las 61 entidades 
que suscribieron los compromisos de la Agenda 21 Local, en 24 de ellas la adhesión a este 
protocolo  fue  una  simple  declaración  de  intenciones  ya  que  ni  siquiera  realizaron  un 
diagnóstico de su situación medioambiental y de las 37 restantes, solo 12 culminaron el 
procedimiento previsto.  
1.b) Las entidades no han optado por establecer sistemas de gestión medioambiental en 
sus  ámbitos  territoriales,  lo  que  hubiese  supuesto  el  reconocimiento  oficial  de  su 
compromiso respecto del medio ambiente y permitido que la organización controlase todas 
sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio 
ambiente, en el marco de reglamentos y procedimientos internacionales, que les hubieran 
posibilitado la certificación de sus proyectos. Solamente los Ayuntamientos de Laredo y 
Santander  y  para  proyectos  parciales  de  Playas  y  Jardines  han  acudido  a  estos 
instrumentos de planificación y han culminado los procedimientos. 
2.  La adhesión a redes o agrupaciones de municipios, constituidas por la FEMP como foros 
con objetivos comunes de protección del medio ambiente para la difusión de políticas 
medioambientales o de intercambio de experiencias entre las entidades locales adheridas y 
un medio para coordinar y difundir los objetivos de la política nacional en relación con el 
medio  ambiente  al  ámbito  local,  no  han  resultado  instrumentos  de  planificación 
medioambiental o impulsores de políticas activas en la materia. 
3.  Los Ayuntamientos de Cartagena, Ciudad Real, Cuenca, Torrelavega y Talavera de la 
Reina, todas ellas con población superior a 50.000 habitantes, no desarrollaron actuaciones 
de planificación de sus políticas de protección del medio ambiente. 
 
  e.e
4.  De  las  96  entidades  fiscalizadas,  39  no  disponían  en  su  organización  de  unidades  247ww
edsisppeocnífíiacna sd ed eadligcúand apse ersxocnluasl ivqaume,e nptree sata lnad goe ssteiórvni cmioesd eiona motbraiesn tuanl.i dDaed eesll,a tse, n2ía4  eatnrtiibduaiddeass 
cnoi mpeprestoennacli acos ne nco mmapteetreian cmiaesd ieona mlab mieanttearli ay.  en las 15 restantes no existía unidad específica
5.  De las entidades de más de 100.000 habitantes, el Ayuntamiento de Badajoz, con una 
población de más de 150.000 habitantes, no contaba con ninguna unidad o departamento 
con competencias medioambientales y solo disponía de dos trabajadores que prestaban 
servicios en otras unidades. 
6.  La  disponibilidad  de  técnicos  especialistas  en  medio  ambiente,  en  las  entidades  que 
disponían en su organización de unidades o departamentos específicos en la materia, ha 
sido insuficiente. En 18 de las 57 entidades que en su organigrama crearon departamentos 
encargados de la protección del medio ambiente, no se contaba entre el personal adscrito a 
las  mismas  con  ningún  técnico  especializado  en  medio  ambiente  destacando,  por  su 
población, los Ayuntamientos de Cáceres, Logroño, Mérida o Torrelavega. 
7.  El personal técnico en materia de medio ambiente representó el 22% del total, en aquellas 
entidades que disponían de unidades especializadas y el 7% en las que no disponían de 
tales unidades en su organización. 
 
8.  La normativa reguladora, desarrollada en ordenanzas municipales, de las actividades con 
repercusión en el medio ambiente, fue insuficiente en un número considerable de áreas de 
actuación. Es el caso de la gestión de los residuos de construcción y demolición, del 
impulso en la implantación de la administración electrónica que contribuye a reducir el uso 
de papel en su gestión ordinaria, de las zonas verdes, parques y arbolado urbano, de las 
radiaciones ionizantes procedentes de tecnologías de radiocomunicación o de la protección 
de la flora y fauna y los espacios naturales. Esta carencia de ordenanzas municipales en las 
áreas mencionadas afectó desde el 55% de las entidades, en relación con la administración 
electrónica, hasta el 80% de las mismas, en el caso de la protección de la flora, la fauna y 
los  espacios  naturales,  destacando  por  su  importancia  los  Ayuntamientos  de  Badajoz, 
Cartagena, Logroño, Santander, Cáceres, Ciudad Real, Molina de Segura, Talavera de la 
Reina y Toledo. 
 
9.  Casi la mitad de las entidades no adoptaron ninguna medida encaminada a promover en su 
funcionamiento interno la protección el medio ambiente con objeto de minimizar la huella 
ecológica derivada de su actividad ordinaria y las que las adoptaron lo hicieron de forma 
puntual.  Además  el  90%  de  ellas  tampoco  llevó  a  cabo  actividades  de  formación  y 
concienciación en materia medioambiental para sus trabajadores; destacan por dimensión 
en  esta  falta  de  iniciativas  los  Ayuntamientos  Albacete,  Badajoz,  Cáceres,  Cartagena, 
Cuenca, Logroño, Lorca, Mérida, Santander, Talavera de la Reina, Toledo y Torrelavega. 
 
10. De las 96 entidades fiscalizadas, 32 no llevaron a cabo actuaciones para concienciar a sus 
ciudadanos  sobre  los  problemas  medioambientales  con  objeto  de  difundir  hábitos 
personales y sociales dirigidos a la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico. 
Destacan por su población los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Camargo, Don  e.e
Benito,  Mérida  y  Torre-Pacheco,  todos  ellos  con  una  población  superior  a  30.000  b
habitantes.  247ww

11. La mayor parte de las entidades fiscalizadas, el 56%, no realizaron ninguna actuación de
inspección  y  control  medioambiental  en  el  periodo  fiscalizado  con  objeto  de  detectar
posibles infracciones de la normativa vigente. Entre estas 54 entidades se señalan por el 
número de habitantes los Ayuntamientos de Cáceres, Talavera de la Reina, Alcázar de San 
Juan, Águilas, Almendralejo, Azuqueca de Henares, Camargo, Cieza, Don Benito, Hellín y 
Valdepeñas. 
12. Además, otras seis entidades de las 42 que manifestaron haber realizado actuaciones de 
inspección y control no justificaron su realización. Se destacan entre estas por su dimensión 
los Ayuntamientos de Tomelloso, Torre-Pacheco, Almansa y Alhama de Murcia. 
 
13. En la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de las entidades fiscalizadas, tuvieron 
escasa importancia los gastos medioambientales en relación con el total de gastos de los 
servicios públicos básicos ya que solo representaron el 1% de aquellos. 
14. Las  entidades,  a  excepción  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  no  definieron  ni  objetivos 
presupuestarios  ni  indicadores  para  el  seguimiento  de  los  resultados  de  los  gastos 
ejecutados para la protección y mejora del medio ambiente. 
 
15. La mayor parte de la entidades fiscalizadas, el 68%, no recibieron en el ejercicio 2017, 
ayudas o subvenciones de otras administraciones u otras entidades, por lo que no utilizaron 
la posibilidad de contar con un mayor volumen de recursos que les permitiera abordar 
proyectos para la mejora del medio ambiente local. 
 
16. Únicamente 7 entidades, de las 96 fiscalizadas, concedieron subvenciones o ayudas para la 
protección del medio ambiente en el periodo fiscalizado, fundamentalmente a entidades o 
asociaciones sin fines de lucro. 
III.2  SOBRE LAS ACTUACIONES, EN RELACIÓN CON LAS CONTAMINACIONES ACÚSTICA, 
ATMOSFÉRICA, LUMÍNICA Y CON LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, LLEVADAS A CABO POR LOS AYUNTAMIENTOS 
Las conclusiones obtenidas sobre la muestra de quince entidades seleccionada en relación con la 
actividad específica llevada a cabo respecto de las contaminaciones acústica, atmosférica, lumínica 
y a la recogida selectiva de residuos son las siguientes: 
 
 
17. De  las  quince  entidades  seleccionadas,  todas  excepto  el  Ayuntamiento  de  Illescas, 
aprobaron normativa para la protección acústica de su territorio que contenía, en general,  es
regulación específica sobre las áreas acústicas, el establecimiento de objetivos de calidad  o
acústica  y  límites  máximos  de  ruido  y  el  régimen  de  infracciones  y  el  procedimiento  247ww
sLneaoavnavreicleudiomaonc baiyór denLo, o rdrd. ceeSa l -iln oRe suse timndaio vbn eao(lrLregmRso a)  dteiyevn a  pr coueurird aaott ara onny t todev erinib ooerra  llacaa ijsolua ns -etplaosrdso  amqA uuayel ug lnaodtcsiaci ómhpnaire  odnLceteeo ydlsa i m yLd ieeeloy n Ast3o l7bsD/a 2edc0cee0r tee3mt,,o  edsBd eaiq cd1uióa7enj o d lzeay,     OE-A-2021-14able en https://
desarrollaron establecieron. 
 
18. Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Mérida, Toledo, Illescas, Laredo, Lorca, 
Plasencia, Tarancón y San Javier no llevaron a cabo una zonificación de su territorio en 
áreas acústicas, ni elaboraron mapas de ruido para evaluar la exposición a este factor 
contaminante en su territorio, ni aprobaron planes de acción en los ámbitos territoriales de 
dichos mapas de ruido. 
19. Solo seis entidades, de las quince de la muestra, todas de población superior a 100.000 
habitantes,  llevaron  a  cabo  dicha  zonificación  de  su  territorio  en  áreas  acústicas  y 
elaboraron los correspondientes mapas de ruido para evaluar la exposición a este factor 
contaminante. De ellas, únicamente dos revisaron dichos mapas, si bien excediendo el 
plazo de cinco años establecido en la LR y en el Real Decreto 1367/2007 para ello. De las 
otras cuatro entidades, los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz y Murcia incumplieron lo 
establecido en la LR respecto a la revisión de dichos mapas. 
20. Los Ayuntamientos de Badajoz y de Santander, que habían elaborado mapas de ruido, no 
elaboraron de planes de acción en materia de contaminación acústica en los ámbitos 
territoriales de los mapas de ruido, no estableciendo las medidas correctoras preceptivas, lo 
que supuso el incumplimiento tanto de sus propias ordenanzas como de la LR y del Real 
Decreto 1513/2005. 
21. Fue insuficiente la dotación de puntos o estaciones de medición acústica por las entidades 
seleccionadas. Once de ellas no disponían de ninguno de estos instrumentos necesarios 
para  evaluar  la  contaminación  acústica  -los  Ayuntamientos  de  Cartagena,  Santander, 
Logroño, Lorca, Mérida, Plasencia, Azuqueca de Henares, San Javier, Illescas, Tarancón y 
Laredo- y de las 4 restantes, que sí disponían de estos elementos, el Ayuntamiento de 
Badajoz no contaba con protocolos de actuación para los casos de superación de los 
objetivos de calidad acústica.  
22. Los Ayuntamientos de Cartagena, Murcia y Toledo no declararon zonas de protección 
acústica especial, de acuerdo con el artículo 25 de la LR, a pesar de ser procedente tal 
calificación en aquellas áreas en las que se habían incumplido los objetivos aplicables de 
calidad acústica. 
 
23. Todas las entidades seleccionadas llevaron a cabo en el periodo fiscalizado actuaciones de 
vigilancia e inspección en materia de contaminación acústica, excepto el Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares que no realizó tales actuaciones incumpliendo su propia normativa 
reguladora de dicha contaminación. 
 
24. La mayor parte de los ayuntamientos seleccionados realizó alguna actuación con objeto de 
reducir la contaminación acústica generada por su propia actividad o por la ciudadanía. No 
obstante, los Ayuntamientos de Lorca, Mérida, Plasencia, Tarancón y San Javier no llevaron 
a cabo ninguna actuación para la mejora de la calidad acústica.   es
  247www.
25. LDoer claas,  Tquairnacnec óenn tiyd aTdoelse dsoe lencoc iopnuaddiearso,n  cuidaetnroti fiecnatri dalodse sg,a lsotso sA yreulnattaivmoise nato sc odnet aAmlbinaacceióten, 
acústica imputados al ejercicio 2017, lo que evidencia el insuficiente seguimiento y control
presupuestario de este tipo de gastos.   Bc
 
 
26. De las 15 entidades seleccionadas, únicamente el Ayuntamiento de Murcia dispuso de una 
ordenanza específica relativa a esta materia; los de Albacete y Toledo dispusieron de 
ordenanzas generales que contenían algún tipo de regulación referida a la contaminación 
atmosférica.  
 
27. Los  Ayuntamientos  de  Albacete,  Azuqueca  de  Henares,  Badajoz,  Cartagena,  Illescas, 
Laredo, Logroño, Lorca, Mérida, Plasencia, San Javier, Santander, Tarancón y Toledo no 
dispusieron, en el periodo fiscalizado, de instrumentos normativos específicos adaptados a 
las previsiones de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y protección de 
la atmósfera (LCAPA) y sus normas de desarrollo. 
28. Ninguna de las quince entidades de la muestra, excepto el Ayuntamiento de Murcia, elaboró 
planes ni programas de protección de la atmósfera para la mejora de la calidad del aire en 
su territorio. Los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, Cartagena, Logroño y Santander 
incumplieron  el  artículo  16  de  la  LCAPA  que  establece  esta  obligación  para  los 
ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. 
29. Los Ayuntamientos de Mérida y Plasencia incumplieron el artículo 101 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 
extendió  la  obligación  de  elaboración  de  los  planes  y  programas  de  protección  de  la 
atmósfera a los ayuntamientos de su territorio con población superior a 25.000 habitantes. 
30. Ninguna  de  las  entidades  seleccionadas  llevó  a  cabo  la  zonificación  específica  de  su 
territorio en relación con la contaminación atmosférica, ni elaboró protocolos para los casos 
de superación de los objetivos de calidad atmosférica. 
31. Los Ayuntamientos de Badajoz, Laredo, Mérida, Plasencia y Tarancón no establecieron 
canales de comunicación para la puesta a disposición de los ciudadanos de la información 
en materia de contaminación atmosférica. 
32. De las quince entidades seleccionadas, el Ayuntamiento de Murcia es la única entidad que 
ha  dispuesto  de  un  Protocolo  de  medidas  de  adopción  inmediata  para  episodios  de 
contaminación  atmosférica,  aprobado  el  23  de  febrero  de  2018  en  el  marco  de  los 
instrumentos autonómicos de planificación.  
33. Los  Ayuntamientos  de  Badajoz,  Laredo,  Logroño,  Mérida,  San  Javier  y  Tarancón  no 
adoptaron medidas para una mejora generalizada de la calidad del aire en sus territorios en 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Real Decreto Legislativo 102/2011. 
34. Los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Cartagena, Illescas, Lorca, Murcia, 
Plasencia, Santander y Toledo adoptaron medidas para la mejora de la calidad del aire que 
consistieron, fundamentalmente, en el establecimiento de exenciones o bonificación en el  e.e
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (siete  de  los  nueve  Ayuntamientos),  w.b
medidas para el fomento del uso del transporte público (siete entidades), la construcción,  247ww
aemntpidliaadceiósn).  o mejora del carril bici (otras seis entidades) y la peatonalización de calles (cinco
 
35. Únicamente los Ayuntamientos de Albacete y Murcia realizaron en el periodo fiscalizado 
actuaciones  de  inspección  y  control  con  objeto  de  verificar  el  cumplimiento  de  las 
prescripciones en materia de contaminación atmosférica, de acuerdo con lo establecido en 
sus  respectivas  ordenanzas  reguladoras.  Las  trece  entidades  restantes  de  la  muestra 
seleccionada, no desarrollaron estas actuaciones.   
 
36. Los Ayuntamientos de Lorca, Murcia, Santander y Toledo, para la mejora de la calidad del 
aire en el desarrollo de su propia actividad, adquirieron para su flota municipal vehículos 
menos contaminantes, híbridos o eléctricos, o bien de alta capacidad, para la sustitución de 
otros antiguos con mayores emisiones. 
 
37. De las quince entidades seleccionadas, únicamente el Ayuntamiento Murcia pudo identificar 
los  gastos  relativos  a  contaminación  atmosférica  imputados  en  2017  al  programa 
presupuestario  1721  para  la  protección  contra  la  contaminación  acústica,  lumínica  y 
atmosférica en las zonas urbanas y estableció indicadores presupuestarios en relación con 
la contaminación atmosférica. 
 
 
38. De las quince entidades seleccionadas, únicamente los Ayuntamientos de Murcia y de 
Santander aprobaron ordenanzas específicas del alumbrado exterior y para la protección 
del medio ambiente en esta materia. Sin embargo la normativa aprobada en el segundo de 
ellos era anterior a la promulgación de Real Decreto 1890/2008 y no incluye aspectos tales 
como las prescripciones técnicas exigibles a las instalaciones y aparatos de iluminación por 
motivos  de  eficiencia  energética  y  las  condiciones  mínimas  de  mantenimiento  y 
conservación de las instalaciones y aparatos de mantenimiento.  
39. Los  Ayuntamientos  de  Albacete,  Azuqueca  de  Henares,  Badajoz,  Cartagena,  Illescas, 
Laredo, Logroño, Lorca, Mérida, Plasencia, San Javier, Santander, Tarancón y Toledo no 
dispusieron, en el periodo fiscalizado, de instrumentos normativos específicos adaptados a 
las prescripciones del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior.  
 
40. Solo el Ayuntamiento de Santander, de los quince de la muestra, llevó a cabo la zonificación 
lumínica de su territorio, estableciendo una clasificación en cuatro zonas y resultando una 
división del término municipal con tres áreas. Además, el Ayuntamiento de Logroño elaboró  s
un mapa lumínico de la ciudad dividiendo el municipio en 34 sectores diferenciados. La  oe.
ausencia de zonificación del territorio y de establecimiento de objetivos de calidad lumínica  w.
pplorosor t celaocscsoi ósAn dy ceuo nsntuatrpmae irelaanc tcioóosnn,  tdademe ltioensram cniiiónvnóe  lelqusum deíe n licacaasl  idneain deti sdlutaamdbeílnesic cinaeo see sndt aepbcrlloeatcroaidcsooelsno  spz adorean  acasac dtduaea z coieónsnap .ep  cairaal   2021-14247n https://ww
41. Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Plasencia, San Javier y Tarancón no llevaron 
a cabo durante el periodo fiscalizado actuaciones dirigidas a dar cumplimiento a ninguno de 
los objetivos establecidos en la Disposición Adicional 4ª de la LCAPA en relación con la 
prevención y reducción de la contaminación lumínica. De las once entidades que llevaron a 
cabo actuaciones dirigidas a cumplir los objetivos indicados, los Ayuntamientos de Albacete, 
Cartagena, Murcia y Toledo, no efectuaron estudios posteriores de los gastos realizados y 
los ahorros derivados de sus actuaciones. 
42. Los Ayuntamientos de Logroño, Mérida, Tarancón y Toledo no adoptaron medidas para 
adaptar  el  funcionamiento  de  sus  instalaciones  de  alumbrado  exterior  al  régimen  de 
funcionamiento establecido en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior con objeto de mejorar la eficiencia, el ahorro energético, disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el resplandor luminoso nocturno. De las 
entidades que llevaron a cabo dichas actuaciones, únicamente dos, los Ayuntamientos de 
Badajoz y Santander realizaron estudios de los gastos y los ahorros derivados de las 
actuaciones desarrolladas. 
 
43. La mayor parte de las entidades seleccionadas -los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca 
de Henares, Cartagena, Lorca, Plasencia, Santander, Tarancón y Toledo- no llevaron a 
cabo actuaciones de vigilancia e inspección en materia de contaminación lumínica, lo que 
supuso,  además,  un  incumplimiento  por  el  Ayuntamiento  de  Santander  de  su  propia 
normativa reguladora de dicha contaminación.  
 
44. Los  Ayuntamientos  de  Albacete,  Azuqueca  de  Henares,  Badajoz,  Cartagena,  Illescas, 
Logroño, Mérida, San Javier, Tarancón y Toledo no llevaron a cabo durante el periodo 
fiscalizado actuación alguna para la mejora de la eficiencia energética en su ámbito interno. 
 
45. De las quince entidades, los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y Tarancón no 
dispusieron  de  ningún  instrumento  para  conocer  la  situación  de  sus  instalaciones  de 
alumbrado exterior, al no elaborar inventarios de las mismas ni llevaron a cabo estudios o 
auditorías  de  dichas  instalaciones,  lo  que  supuso  una  limitación  para  la  adecuada 
prestación del servicio obligatorio de alumbrado público, así como para la mejora de los 
niveles de eficiencia energética. Además, los Ayuntamientos de Cartagena, Laredo y Murcia 
no  dispusieron  de  inventarios  de  sus  instalaciones  de  alumbrado  exterior  ni  de  sus 
luminarias  y  el  de  Mérida  tampoco  realizó  auditorías  energéticas  o  lumínicas  de  su 
alumbrado exterior. 
46. De las doce entidades que llevaron a cabo estudios o auditorías energéticas y lumínicas de 
su alumbrado público, únicamente los Ayuntamientos de Badajoz, Logroño, Lorca y San 
Javier dispusieron de Planes Estratégicos y de Acción específicos con objeto de definir los 
objetivos generales y las acciones específicas a llevar a cabo para su consecución. 
47. Los Ayuntamientos de Albacete, Cartagena, Laredo, Logroño, Lorca, Mérida, Plasencia,  e
San  Javier  y  Tarancón,  no  garantizaron  el  mantenimiento  de  los  niveles  de  eficiencia  bo
energética en las instalaciones de alumbrado exterior al no cumplir todos los requisitos  247ww
aelsutmabbleracdidoo es xetenr ioerl . a rtículo 4 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
48. A  31  de  mayo  de  2018,  únicamente  las  instalaciones  de  alumbrado  exterior  de  los
Ayuntamientos  de  Badajoz,  Lorca,  Mérida,  San  Javier  y  Santander  se  encontraban
calificadas mediante una etiqueta de calificación energética de acuerdo con la instrucción 
técnica ITC-EA-01. 
 
49. De las quince entidades seleccionadas, cinco -los Ayuntamientos de Albacete, Badajoz, 
Lorca, Tarancón y Toledo- no pudieron identificar los gastos relativos a contaminación 
lumínica imputados al ejercicio 2017, lo que evidencia el insuficiente seguimiento y control 
presupuestarios de este tipo de gastos.  
 
 
50. Todas las entidades aprobaron normativa en relación con la recogida selectiva de residuos 
que, con distinta profusión y detalle, regulan en parte o en su totalidad la gestión de 
residuos domésticos. Sin embargo, la normativa aprobada en todas las entidades, excepto 
en el Ayuntamiento de Toledo, era anterior a la promulgación de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio,  de  Residuos  y  Suelos  Contaminados  (LRSC)  lo  que,  además  de  suponer  un 
incumplimiento de sus preceptos, ha evidenciado la existencia de una normativa reguladora 
muy antigua que no recoge la realidad actual de las entidades y las nuevas circunstancias 
de cada una de ellas. 
 
51. Ninguna de las quince entidades ha elaborado en su ámbito programas específicos de 
gestión de residuos de conformidad y en coordinación con el Plan Nacional marco y con los 
planes autonómicos de gestión de residuos, previsión recogida en el artículo 14 de la LRSC.  
52. Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Badajoz, Illescas, Laredo, Lorca, Murcia, 
Plasencia, Santander, Tarancón y Toledo incumplieron el artículo 10 de la LRSC al no emitir 
anualmente los informes de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los 
residuos en sus municipios que incluyeran datos de recogida y tratamiento desglosados por 
fracciones y procedencia. 
 
53. Las quince entidades prestaron, durante el periodo fiscalizado, el servicio obligatorio de 
recogida y transporte de residuos domésticos generados en hogares, comercios y servicios, 
mayoritariamente, mediante la gestión indirecta de los servicios mediante la formalización 
de contratos de concesión o de gestión de servicios públicos con empresas privadas, lo que 
se produjo en diez Ayuntamientos. En los cinco ayuntamientos restantes se prestó a través 
de una Mancomunidad, de un Consorcio de la Diputación Provincial, por una empresa en la 
que el Ayuntamiento participaba de forma minoritaria, de forma directa en otro, y por la 
Diputación Provincial en el último de ellos. 
54. El Ayuntamiento de Mérida no llevó a cabo la recogida separada de textiles, aparatos  s
eléctricos y electrónicos, de aceites usados de origen doméstico y de residuos y escombros  oe.
procedentes de obras menores de construcción en su territorio. El Ayuntamiento de Lorca  w.
no llevó a cabo la recogida separada de residuos y escombros procedentes de obras  247ww
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eléctricos y electrónicos en su territorio, y los Ayuntamientos de Tarancón, San Javier y
Santander no llevaron a cabo la recogida separada de residuos y escombros procedentes 
de obras menores de construcción.  
55. Las entidades no han implantado, en general, una recogida separada de biorresiduos y del 
resto de materia orgánica. Únicamente en los municipios de Azuqueca de Henares, Laredo 
y San Javier se ha realizado algún tipo de recogida separada, sin que en ellos se lleve a 
cabo una recogida diferenciada generalizada de ambos tipos de residuos. 
56. El volumen total de las fracciones de biorresiduos y resto, en las quince entidades supuso, 
de media, el 86% del total de residuos recogidos en las mismas, suponiendo la recogida 
separada, únicamente, el 14% del total, lo que supuso una proporción reducida respecto del 
total de residuos y constituyen cifras muy alejadas de los objetivos de reciclaje del 50% de 
los  residuos  urbanos en  2020,  el  55%  en  2025,  el  60%  en  2030  y  el  65%  en  2035 
establecidos en la Unión Europea. 
57. Todos los Ayuntamientos dispusieron en su término municipal de, al menos, un punto 
limpio; los Ayuntamientos de Laredo, Mérida, Plasencia y Santander contaron con un punto 
limpio  titularidad  de  las  Comunidades  Autónomas  de  Cantabria  y  Extremadura, 
respectivamente, el de Azuqueca de Henares propiedad de la Mancomunidad de la Vega 
del Henares y en el resto de entidades dichas instalaciones eran de titularidad de cada uno 
de los Ayuntamientos. No obstante, cinco de las entidades, los Ayuntamientos de Azuqueca 
de  Henares,  Illescas,  San  Javier,  Tarancón  y  Toledo,  no  contaron  con  protocolos 
normalizados para la recepción y clasificación de los residuos en dichos puntos limpios que 
permitieran la adecuada valorización de los mismos y únicamente los Ayuntamientos de 
Tarancón y San Javier aprobaron normativa reguladora de los puntos limpios del municipio. 
 
58. La mayor parte de las entidades seleccionadas llevaron a cabo actuaciones de vigilancia e 
inspección, con el fin de detectar infracciones de la normativa vigente en materia de gestión 
de residuos domésticos, excepto los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares y Laredo. El 
Ayuntamiento de Laredo contaba con una ordenanza que regulaba la realización de estas 
actuaciones, lo que supuso, además, un incumplimiento de su propia normativa. En dichas 
labores participaron, de forma exclusiva o junto con otro personal, trabajadores funcionarios 
de las entidades, excepto en el Ayuntamiento de Illescas, donde se prestó exclusivamente 
por personal laboral. A pesar de las actuaciones de vigilancia e inspección desarrolladas 
entre 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018, en siete de las trece entidades en las que 
se  llevaron  a  cabo  no  se  incoaron  expedientes  sancionadores  por  infracciones  en  la 
normativa en materia de gestión de residuos. 
 
59. Únicamente los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Lorca y Santander realizaron 
algunas acciones en relación con la minimización de la generación de residuos en su 
actividad  ordinaria  y  el  fomento  de  la  recogida  selectiva  de  los  mismos,  que 
fundamentalmente han consistido en la instalación de contenedores específicos para el 
reciclaje de papel, de envases y pilas en sus edificios. 
  e
60. Únicamente  los  Ayuntamientos  de  Logroño,  Murcia  y  Toledo  definieron  indicadores  247ww
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61. En todos los Ayuntamientos, excepto los de Badajoz y San Javier, estuvieron en vigor 
durante 2017 ordenanzas reguladoras de tasas por la prestación del servicio de recogida de 
residuos y todos ellos obtuvieron ingresos por su liquidación, ascendiendo el importe de los 
derechos reconocidos a 88.633.244,71 euros en las trece entidades, de los que fueron 
recaudados el 88%, 78.029.379,71 euros. Todas las entidades llevaron a cabo la adecuada 
imputación de dichos ingresos en sus presupuestos, excepto el Ayuntamiento de Mérida 
que los consignó en el artículo 31 destinado a recoger los ingresos derivados de tasas por 
la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente, en el concepto 312 de 
servicios educativos. 
   
IV. RECOMENDACIONES 
IV.1  SOBRE  LA  ACTIVIDAD  GLOBAL  DE  LOS  AYUNTAMIENTOS  EN  MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL 
 
1.  Las  entidades  que  mostraron  su  compromiso  medioambiental  adhiriéndose  a  los 
compromisos de la Agenda 21 Local deberían culminar el proceso derivado de tal adhesión 
mediante la realización de un diagnóstico de la situación medioambiental de su territorio, la 
definición  de  planes  específicos  de  acción  ambiental  en  los  que  se  integren  líneas 
estratégicas de actuación, el establecimiento de programas y proyectos específicos de 
actuación y el establecimiento de un plan de seguimiento de dichos planes de acción. 
2.  Las entidades deberían dotarse de sistemas globales de gestión medioambiental que les 
permitan identificar los aspectos medioambientales de su actividad, los requisitos legales y 
reglamentarios  aplicables,  fijar  los  objetivos  y  metas  medioambientales,  establecer 
programas para alcanzar dichos objetivos y metas, planificar el control y establecer una 
política ambiental adecuada a las circunstancias de la entidad que, además, puedan ser 
homologados y certificados de acuerdo con la normativa internacional y europea existente. 
 
3.  Las  entidades  deberían  dotarse  en  su  organización  de  unidades  o  departamentos 
específicos en materia medioambiental integrados por personal técnico especializado que 
permita una mayor atención a los objetivos de mejora del medio ambiente. 
4.  Las entidades deberían adoptar en su gestión medidas para minimizar el impacto ambiental 
y la huella ecológica derivados de su propia actividad y de los servicios que presta. 
5.  Las  entidades  deberían  llevar  a  cabo  actuaciones  específicas  para  concienciar  a  sus 
ciudadanos con objeto de difundir hábitos personales y sociales dirigidos a la defensa del 
medio ambiente y el equilibrio ecológico. 
6.  Las entidades deberían potenciar las actuaciones de inspección y control para detectar 
infracciones de la normativa vigente en materia medioambiental y adoptar las medidas 
necesarias para agilizar la resolución de los procedimientos que se tramiten al efecto. 
7.  Las entidades deberían utilizar los instrumentos de la programación presupuestaria a su 
disposición con objeto de efectuar un correcto seguimiento y control presupuestario de los 
gastos realizados. Asimismo, deberían establecer objetivos e indicadores presupuestarios 
para el seguimiento de los resultados de los gastos ejecutados en la protección del medio 
ambiente. 
IV.2  SOBRE LAS ACTUACIONES, EN RELACIÓN CON LAS CONTAMINACIONES ACÚSTICA, 
ATMOSFÉRICA, LUMÍNICA Y A LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, LLEVADAS A CABO POR LOS AYUNTAMIENTOS 
8.  Las  entidades  deberían  velar  por  que  sus  ordenanzas  estén  adaptadas  a  las  nuevas  w.b
circunstancias que se van produciendo, así como a las novedades normativas en materia  247ww
medioambiental.
 
9.  Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Illescas, Laredo, Lorca, Mérida, Plasencia 
San Javier, Tarancón y Toledo, que no disponían de zonificación acústica de su territorio, 
deberían delimitar sobre el mismo las áreas de sensibilidad acústica y fijar unos objetivos de 
calidad  acústica  de  acuerdo  con  el  uso  predominante  del  suelo.  Asimismo,  deberían 
elaborar y revisar periódicamente mapas de ruido con la finalidad de permitir la evaluación 
global de la exposición a la contaminación acústica de cada zona, de realizar predicciones 
globales  para  las  mismas  y  posibilitar  la  adopción  de  planes  de  acción  con  medidas 
correctoras específicas. 
10. Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Cartagena, Illescas, Laredo, Logroño, Lorca, 
Mérida, Plasencia, Santander, San Javier y Tarancón, deberían disponer en su territorio de 
estaciones o puntos de medición del ruido como elemento necesario para disponer de datos 
que les permitan evaluar la contaminación acústica del mismo y protocolos de actuación 
para los casos de superación de los objetivos de calidad acústica. 
 
11. Los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz, Illescas, Laredo, Logroño, 
Cartagena, Lorca, Mérida, Plasencia, San Javier, Santander, Tarancón y Toledo deberían 
aprobar ordenanzas reguladoras de la calidad del aire para la regulación de este factor 
contaminante en su territorio. 
12. Los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz, Illescas, Laredo, Logroño, 
Cartagena, Lorca, Mérida, Plasencia, San Javier, Santander, Tarancón y Toledo deberían 
aprobar planes y programas para la mejora de la calidad del aire de conformidad y en 
coordinación con los planes de protección de la atmósfera aprobados por sus respectivas 
comunidades autónomas de pertenencia, que incluyan, entre otras, medidas de restricción 
del tráfico, en especial para los vehículos más contaminantes.  
13. Los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz, Illescas, Laredo, Logroño, 
Cartagena, Lorca, Mérida, Murcia, Plasencia, San Javier, Santander, Tarancón y Toledo 
deberían  llevar  a  cabo  la  zonificación  de  su  territorio  de  acuerdo  con  los  niveles  de 
contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire y contar con 
protocolos para los casos de superación de los objetivos de calidad atmosférica. 
14. Los Ayuntamientos de Badajoz, Laredo, Mérida, Plasencia y Tarancón deberían establecer 
canales de comunicación para la puesta a disposición de los ciudadanos de información 
adecuada y oportuna acerca de la calidad del aire en cada territorio. 
 
15. Los  Ayuntamientos  de  Albacete,  Azuqueca  de  Henares,  Badajoz,  Cartagena,  Illescas, 
Laredo, Logroño, Lorca, Mérida, Plasencia, San Javier, Tarancón y Toledo deberían aprobar 
ordenanzas reguladoras del alumbrado exterior y para la protección del medio ambiente con 
objeto  de  regular  este  factor  contaminante  en  su  territorio  y  el  de  Santander  debería 
actualizar la existente a los preceptos establecidos en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de  es
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones  o
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  247www.
16. CLoasrt aAgyeunnata, mLoierncato, sM déer idAalb, aMceutrec,ia A, zPulaqsueenccai ad,e S Haenn Jaarveise,r ,B Taadraajnoczó, nIl leys Tcoalse,d Loa dreedboe,r íLaong lrloeñvaor, 
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contaminación lumínica y establecer protocolos de actuación para los casos de superación 
de los niveles de calidad lumínica establecidos para cada zona. 
17. Los Ayuntamientos de Logroño, Mérida, Tarancón y Toledo deberían adoptar medidas para 
la mejora de la eficiencia y el ahorro energético en sus instalaciones de alumbrado exterior, 
así  como  para  la  disminución  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  la 
minimización del resplandor luminoso nocturno derivado de las mismas. 
18. Con objeto de disponer de un adecuado conocimiento de sus instalaciones de alumbrado 
exterior,  los  Ayuntamientos  de  Azuqueca  de  Henares,  Cartagena,  Laredo,  Murcia  y 
Tarancón deberían elaborar de inventarios de las mismas.  
19. Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Mérida y Tarancón deberían realizar estudios 
y  auditorías  energéticas  y  lumínicas  para  verificar  sus  prestaciones,  el  estado de  sus 
componentes, sus consumos energéticos y sus costes de explotación. Una vez realizados 
dichos  estudios  o  auditorías,  los Ayuntamientos  anteriores,  así  como  los  de  Albacete, 
Cartagena, Illescas, Laredo, Murcia, Plasencia, Santander y Toledo, deberían establecer 
objetivos en relación con la eficiencia lumínica y la reducción de dicha contaminación 
mediante la elaboración de planes estratégicos y de acción específicos que detallen las 
acciones a llevar a cabo para la consecución de los objetivos definidos. 
 
20. Los Ayuntamientos de Laredo, Lorca y Mérida deberían impulsar la recogida separada de 
los distintos componentes de los residuos e intensificar las labores de separación de los 
mismos con objeto de reducir los recogidos como fracción resto no susceptibles de su 
reutilización, reciclado y valorización posterior. 
21. Los Ayuntamientos de Albacete, Azuqueca de Henares, Badajoz, Illescas, Laredo, Logroño, 
Cartagena, Lorca, Mérida, Murcia, Plasencia, San Javier, Santander, Tarancón y Toledo 
deberían implantar en su territorio la recogida separada de los biorresiduos, susceptibles de 
ser utilizados para compostaje, respecto del resto de materia orgánica.  
22. Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Illescas, San Javier, Tarancón y Toledo 
deberían elaborar protocolos normalizados para la recepción y clasificación de los residuos 
en los puntos limpios de su titularidad para su reutilización, reciclado y valorización. 
 
Madrid, 25 de julio de 2019 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
Anexo I.  Entidades incluidas en el ámbito objetivo de la fiscalización. 
Anexo II.  Entidades que a fecha de 22 de marzo de 2019 no han rendido sus cuentas 
generales de los ejercicios 2016 y 2017 al Tribunal de Cuentas. 
Anexo III.  Niveles de cumplimiento de la Agenda 21 Local. 
Anexo IV.  Aspectos organizativos y carencias en las actuaciones medioambientales llevadas 
a cabo por los Ayuntamientos. 
Anexo V.  Ayuntamientos  que  han  carecido  de  ordenanzas  en  determinadas  materias 
medioambientales. 
Anexo VI.  Volumen de residuos de biorresiduos, papel y cartón vidrio, envases ligeros y 
fracción resto recogidos por las entidades en 2017. 
Anexo VII.  Volumen  de  residuos  de  muebles  y  enseres,  textiles,  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos,  pilas  y  acumuladores,  escombros  de  obras  y  aceites  de  uso 
doméstico recogidos por las entidades en 2017. 
Anexo I - 1/2 
Anexo I. Entidades incluidas en el ámbito objetivo de la fiscalización 
Comunidad Autónoma  Provincia  Entidad  Población 
Cantabria 
Camargo 30.556
CastroUrdiales  31.817
ElAstillero 18.120
Laredo 11.347
Los Corrales de Buelna  10.912 
Piélagos 24.574
Santa Cruz de Bezana  12.818 
Santander 171.951
Santoña 11.004
Torrelavega 52.819
Castilla-La Mancha  Albacete 
Albacete 172.818
Almansa 24.566
Caudete 10.010
Hellín 30.184
LaRoda 15.603
Villarrobledo 25.317
Ciudad Real 
Alcázar de San Juan  30.943 
Bolaños de Calatrava  11.882 
Campo de Criptana  13.763 
CiudadReal 74.641
Daimiel 18.176
LaSolana 15.640
Manzanares 18.206
Miguelturra 15.226
Puertollano 48.477
Socuéllamos 12.342
Tomelloso 36.281
Valdepeñas 30.224
Villarrubia de los Ojos  10.026 
Cuenca 
Cuenca 54.876
Tarancón 14.834
Guadalajara 
Alovera 12.478
Azuqueca de Henares  34.768 
ElCasar 11.792
Guadalajara 84.145
Toledo 
Bargas 10..030
Consuegra 10.146
Fuensalida 10.976
Illescas 27.332
Madridejos 10.637 e.e
Ocaña 10.733 bo
SSTQaeoulsnianesvtñeaeacnraaa rd dee la la R Oeirndae n  18213120....309909623286   2021-14247n https://ww
TToolreridjoos 8133..724915
Yuncos 10.827
Anexo I - 2/2 
Anexo I. Entidades incluidas en el ámbito objetivo de la fiscalización 
Comunidad Autónoma  Provincia  Denominación  Población 
Extremadura  Badajoz 
Almendralejo 33.540
Badajoz 150.543
DonBenito 36.924
Mérida 59.187
Montijo 15.649
Olivenza 11.977
Villafranca de los Barros  13.114 
Villanueva de la Serena  25.882 
Zafra 16.822
Cáceres 
Cáceres 95.917
Coria 12.729
Navalmoral de la Mata  17.297 
Plasencia  40.360
La Rioja 
Arnedo 14.756
Calahorra 23.737
Haro 11.305
Logroño 150.979
Región de Murcia 
Abarán 13.089
Aguilas 34.758
Alcantarilla 41.331
Alhama de Murcia  21.448 
Archena 18.771
Beniel 11.233
Bullas 11.546
Calasparra 10.214
Caravaca de la Cruz  25.633 
Cartagena 214.177
Cehegíin 15.193
Ceutí 11.472
Cieza 34.987
Fortuna 10.049
FuenteAlamo 16.180
Jumilla 25.672
LaUnión 19.764
Las Torres de Cotillas  21.420 
Lorca 92.299
LosAlcázares 15.349
Mazarrón 30.996
Molina de Segura  70.344 
Mula 16.713
Murcia 443.243 es
Puerto Lumbreras  15.020 oe.
SanJavier 31.695 w.
San Pedro del Pinatar  24.903  247ww
STTYooeatrcnarlteano-amPaecraheco 33134561....100399598284 OE-A-2021-14able en https://
Anexo II. Entidades que a fecha de 21 de junio de 2019 no han rendido sus Cuentas 
Generales de los Ejercicios 2016 y 2017 al Tribunal de Cuentas 
Ejercicio  Ejercicio 
Comunidad Autónoma  Provincia  Ayuntamiento  Población 
2016  2017 
Castilla-La Mancha 
Albacete 
Villarrobledo  25.317 X  X
Cuenca 
Tarancón  14.834 -  X
Toledo 
Fuensalida  10.976 -  X
Ocaña 10.733 X  X
Quintanar de la Orden  10.926  - X
Seseña 22.992 X  X
La Rioja 
Arnedo 14.756 -  X
Región de Murcia 
Alhama de Murcia  21.448  - X
Ceutí 11.472  X  X
 Anexo III –1/5 21 Local  Ayuntamientos Ayuntamientos no Ayuntamientos no adheridos a la adheridos a ninguna adheridos a la Agenda Agenda 21 agrupación con 21 local ni a ninguna Local sin fines agrupación con fines declaración medioambientales medioambientales ambiental  X - -  N/A - -  N/A - -  N/A - -  N/A X -  N/A X -  53-- X N/A - -  X--  N/A - -  - - -  - - -  X - -  - X -  N/A X -  N/A - -  n dos de sus servicios, si bien ni los identificó ni aportó obtenidas en los Servicios de playas y de parques y jardines oauditoría, lo que en ningún caso constituye una declaración 
Anexo III. Niveles de cumplimiento de la Agenda  Ayuntamientos Ayuntamientos Ayuntamientos Ayuntamientos Ayuntamientos adheridos a la adheridos a la adheridos a la adheridos a la no adheridos a Agenda 21 Local Agenda 21 Local Agenda 21 Agenda 21 Local la Agenda 21 sin Planes de sin diagnosis Local. sin Plan sin Planes de Local participación inicial de Acción comunicación   social   - - - - -  - X N/A X -  - X N/A X -  - X N/A X -  - X N/A - -  - X N/A X X  - - - - -  - X N/A X -  - - -- - - X N/A X X  - - - - -  - - - - -  - - - - X  - - - - -  - X N/A X X   - X N/A - -  Santander indicó, en el trámite de alegaciones, disponer de declaración ambiental eva de tal declaración constando, únicamente, acreditación de las certificaciones oficiales uerdo con la norma UNE-EN ISO 14001 y el Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ec
Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Cantabria     Camargo     Castro Urdiales     El Astillero     Laredo     Los Corrales de Buelna     Piélagos     Santander     Santoña     Santa Cruz  de Bezana     Torrelavega  Castilla-La Mancha  Albacete     Albacete     Almansa     Caudete     Hellín     La Roda     Villarrobledo  N/A: No aplicable  53 El Ayuntamiento de documentación justificatidel Ayuntamiento, de acambiental.  
Anexo III –2/5  Ayuntamientos no adheridos a la Agenda 21 local ni a ninguna agrupación con fines medioambientales  -  X  X  -  -  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
no una n  es 
Ayuntamientos dheridos a ningagrupación cofines medioambiental X  X  -  -  -  -  X  -  X  -  -  -  -  X  X  -  -  - 
a
1 Local  Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin declaración ambiental  N/A  N/A   N/A   N/A   X  -  X  N/A   -  N/A   X  N/A   X  N/A   N/A   N/A   -  N/A   X 
2
de la Agenda  Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin Planes de comunicación    N/A  N/A   N/A   -   -  X  -  N/A   -  N/A   -  -   -  X   -   X   -  -   - 
cumplimient Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin Planes de participación social   N/A  N/A   N/A   -   -  X  -  N/A   -  N/A   -  X   -  X X X    -  N/A   - 
Anexo III. Niveles d Ayuntamientos Ayuntamientos adheridos a la adheridos a la Agenda 21 Local Agenda 21 sin diagnosis Local. sin Plan inicial de Acción  N/A N/A  N/A  N/A   N/A  N/A   X N/A   - -  - -  - -  N/A N/A   - -  N/A N/A   - -  - -  - -  - X  X N/A   - X  - -  N/A N/A   - - 
yuntamientos o adheridos a a Agenda 21 Local  X  X  X  -  -  -  -  X  -  X  -  -  -  -  -  -  -  X  - 
Anl
Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Ciudad Real     Alcázar de San Juan     Bolaños  de Calatrava     Campo de Criptana     Ciudad Real     Daimiel     La Solana     Manzanares     Miguelturra     Puertollano     Socuéllamos     Tomelloso     Valdepeñas     Villarrubia de los Ojos  Cuenca     Cuenca     Tarancón  Guadalajara     Alovera      Azuqueca de Henares    El Casar     Guadalajara  N/A: No aplicable  
 Anexo III –3/5 Ayuntamientos no adheridos a la Agenda 21 local ni a ninguna agrupación con fines medioambientales  X  X  X  -  -  X  X  -  X  -  -  -  -  -  -  -  X  -  X  - 
no una n  es 
Ayuntamientos dheridos a ningagrupación cofines medioambiental X  X  X  -  X  X  X  X  X  X  -  -  -  -  -  -  X  -  X  - 
a
1 Local  Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin declaración ambiental  N/A  N/A  N/A  -  N/A  N/A  N/A  X  N/A  N/A  -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
2
de la Agenda  Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin Planes de comunicación    N/A   N/A  N/A  X  X  N/A  N/A  -  N/A  -  -  N/A  N/A  -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  - 
cumplimient Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin Planes de participación social   N/A   N/A  N/A  -  X  N/A  N/A  X  N/A   -  -  N/A  N/A  -  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  X 
Anexo III. Niveles d Ayuntamientos Ayuntamientos adheridos a la adheridos a la Agenda 21 Local Agenda 21 sin diagnosis Local. sin Plan inicial de Acción  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  - -  X N/A  N/A N/A  N/A N/A  - -  N/A N/A  - X  - -  N/A N/A  N/A N/A  X N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  X N/A 
yuntamientos o adheridos a a Agenda 21 Local  X  X  X  -  -  X  X  -  X  -  -  X  X  -  X  X  X  X  X  - 
Anl
Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Toledo     Bargas     Consuegra     Fuensalida     Illescas     Madridejos     Ocaña     Quintanar de la Orden     Seseña     Sonseca     Talavera de la Reina     Toledo     Torrijos     Yuncos  Extremadura  Badajoz     Almendralejo     Badajoz     Don Benito     Mérida     Montijo     Olivenza     Villafranca de los Barros  N/A: No aplicable  
Anexo III –4/5  Ayuntamientos no adheridos a la Agenda 21 local ni a ninguna agrupación con fines medioambientales  -  X  X  -  X  -  X  X  X  -  - -  -  -  -  -  -  -  - 
no una n  es 
Ayuntamientos dheridos a ningagrupación cofines medioambiental -  X  X  -  X  -  X  X  X  -  X X  -  X  -  X  -  -  - 
a
1 Local  Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin declaración ambiental  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  X  N/A  N/A  N/A 
2
de la Agenda  Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin Planes de comunicación    X  N/A  N/A   N/A  N/A   N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  - X  -  -  X  -  X  N/A  - 
cumplimient Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin Planes de participación social   X  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  X X -  -  X  -  X   N/A  X  
Anexo III. Niveles d Ayuntamientos Ayuntamientos adheridos a la adheridos a la Agenda 21 Local Agenda 21 sin diagnosis Local. sin Plan inicial de Acción  X N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A N/A  X N/A  X N/A  - X  - X  X N/A  - -  X N/A  N/A N/A  - X 
yuntamientos o adheridos a a Agenda 21 Local  -  X  X  X  X  X  X  X  X  X  -  -  -  -  -  -  -  X  - 
Anl
Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Badajoz (cont.)     Villanueva de la Serena     Zafra  Cáceres     Cáceres     Coria     Navalmoral  de la Mata     Plasencia  La Rioja     Arnedo     Calahorra     Haro     Logroño  Región de Murcia     Abarán     Águilas     Alcantarilla     Alhama de Murcia     Archena     Beniel     Bullas     Calasparra     Caravaca de la  Cruz  N/A: No aplicable  
 Anexo III –5/5 Ayuntamientos no adheridos a la Agenda 21 local ni a ninguna agrupación con fines medioambientales  -  -  -  -  X  -  -  X  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  X  -  -  - 
no una n  es 
Ayuntamientos dheridos a ningagrupación cofines medioambiental -  X  -  -  X  X  -  X  -  -  X  X  -  -  -  -  -  -  X  X  -  - 
a
1 Local  Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin declaración ambiental  N/A  N/A  N/A  -  N/A  N/A  N/A  N/A  X  -  N/A  N/A  -  N/A  X  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  -  N/A 
2
de la Agenda  Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin Planes de comunicación    -  X  N/A  -  N/A  N/A  -  N/A  -  -  N/A  -  -  -  -  -  -  -  N/A  X   -  - 
cumplimient Ayuntamientos adheridos a la Agenda 21 Local sin Planes de participación social   X X N/A  -  N/A  N/A  -  N/A  X  -  N/A  X   -  X   -  -  -  -  N/A  X   -  - 
Anexo III. Niveles d Ayuntamientos Ayuntamientos adheridos a la adheridos a la Agenda 21 Local Agenda 21 sin diagnosis Local. sin Plan inicial de Acción  - X  X N/A  N/A N/A  - -  N/A N/A  N/A N/A  - X  N/A N/A  - -  - -  N/A N/A  X N/A  - -  X N/A  - -  - X  X N/A  - X  N/A N/A  X N/A  - -  - X 
yuntamientos o adheridos a a Agenda 21 Local  -  -  X  -  X  X  -  X  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  X  -  -  - 
Anl
Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Región de Murcia (cont.)     Cartagena     Cehegín     Ceutí     Cieza     Fortuna     Fuente Álamo     Jumilla     La Unión     Las Torres de Cotillas     Lorca     Los Alcázares     Mazarrón     Molina de Segura     Mula     Murcia     Puerto Lumbreras     San Javier     San Pedro del Pinatar     Santomera     Torre-Pacheco     Totana     Yecla  N/A: No aplicable 
 Anexo IV –1/6 mientos.  Ayuntamientos que recibieron ayudas para la financiación proyectos medioambientales  -  X  -  X  -  X  -  -  -  X  -  X  -  -  -  -
r los Ayunta Ayuntamientos que no desarrollaron nguna actuación de vigilancia e inspección medioambiental  X  -  -  -  X  X  -  X  X  -  -  -  -  X  X  X 
o ni
p
evadas a cabo  Ayuntamientos sin actuaciones de difusión de información y sensibilización medioambiental entre la ciudadanía  X  -  X  X  X  -  -  -  -  -  -  -  X  -  X  X 
oambientales ll Ayuntamientos sin cláusulas medioambientales en pliegos que rigieron sus contrataciones  X  X  X  X  X  X  -  X  X  X  -  X  -  X  X  X 
tuaciones medi Ayuntamientos que no acreditaron medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  -   -  X   N/A  X  -  -  -  -  -  -  X  -  -  -   N/A 
c
cias en las a Ayuntamientos sin medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  -   -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  X 
n
ativos y car Ayuntamientos con Unidad medioambiental sin técnicos especialistas   -  -  -  X  -  -  -  X  -  X  -  -  -  -  -  - 
z
spectos organi Ayuntamientos sin Unidad específica con competencias medioambientales  -   -  X  -  X  X  -  -  X  -  -  -  -  -  -  - 
A es
V -  a/  na  na  boe.
Anexo I Comunidad Autónoma/ProvinciAyuntamiento  Cantabria     Camargo     Castro Urdiales     El Astillero     Laredo     Los Corrales de Buel    Piélagos     Santander     Santoña     Santa Cruz  de Beza    Torrelavega  Castilla-La Mancha  Albacete     Albacete     Almansa     Caudete     Hellín     La Roda     Villarrobledo  cve: BOE-A-2021-14247Verificable en https://www.
 Anexo IV –2/6 mientos.  Ayuntamientos que recibieron ayudas para la financiación proyectos medioambientales  -  -  -  X  X  -  X  -  X  -  X   -  -  -
r los Ayunta Ayuntamientos que no desarrollaron nguna actuación de vigilancia e inspección medioambiental  X  X  X  -  X  X  -  X  -  -  -  X  X  -   -  X 
o ni
p
evadas a cabo  Ayuntamientos sin actuaciones de difusión de información y sensibilización medioambiental entre la ciudadanía  -  -  X  -  -  -  -  X  -  -  -  -  X   -  -  - 
oambientales ll Ayuntamientos sin cláusulas medioambientales en pliegos que rigieron sus contrataciones  X  X  X  X  X  X  X  X  X  -  X  X  X  X  X  X 
tuaciones medi Ayuntamientos que no acreditaron medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  X  X   N/A  -  -  -  -   N/A  -  -  -  -  -  X  -  - 
c
cias en las a Ayuntamientos sin medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  -  -  X  -  -  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  - 
n
ativos y car Ayuntamientos con Unidad medioambiental sin técnicos especialistas  -  -  -  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  -  -  X 
z
spectos organi Ayuntamientos sin Unidad específica con competencias medioambientales  -  X  X  -  -  -  -  -  -  X  -  -  -  -  -  -  s
A e
Anexo IV -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Ciudad Real     Alcázar de San Juan     Bolaños  de Calatrava     Campo de Criptana     Ciudad Real  el    Daimi    La Solana     Manzanares     Miguelturra     Puertollano     Socuéllamos     Tomelloso     Valdepeñas     Villarrubia de los Ojos  Cuenca     Cuenca     Tarancón  Guadalajara     Alovera  
 Anexo IV –3/6 mientos.  Ayuntamientos que recibieron ayudas para la financiación proyectos medioambientales  -  X  X  X  X  X  X  X  -  -  -  -  X  -  -  -
r los Ayunta Ayuntamientos que no desarrollaron nguna actuación de vigilancia e inspección medioambiental  X  X  -  X  -  X  X  X  X  X  -  X  -  X  X 
o ni
p
evadas a cabo  Ayuntamientos sin actuaciones de difusión de información y sensibilización medioambiental entre la ciudadanía  X  X  -  X  X  X  -  -  X  X  -  -  -  -  X  X 
oambientales ll Ayuntamientos sin cláusulas medioambientales en pliegos que rigieron sus contrataciones  X  X  X  X  X  X  -  X  X  X  -  X  X  X  X  X 
tuaciones medi Ayuntamientos que no acreditaron medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  -   N/A  -  -  X  X  -   N/A   N/A   N/A  -  -  -  X   N/A   N/A 
c
cias en las a Ayuntamientos sin medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  -  X  -  -  -  -  -  X  X  X  -  -  -  -  X  X 
n
ativos y car Ayuntamientos con Unidad medioambiental sin técnicos especialistas  X  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
z
spectos organi Ayuntamientos sin Unidad específica con competencias medioambientales  -  X  -  X  X  X  -  -  X  X  X  X  -  -  X  X  s
A e
Anexo IV -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Guadalajara (cont.)     Azuqueca de Henares     El Casar     Guadalajara  Toledo     Bargas     Consuegra     Fuensalida     Illescas     Madridejos     Ocaña     Quintanar de la Orden     Seseña     Sonseca     Talavera de la Reina     Toledo     Torrijos     Yuncos  
 Anexo IV –4/6 mientos.  Ayuntamientos que recibieron ayudas para la financiación proyectos medioambientales  X  -  - -  X  -  -  -  -  -  -  X  X   -  -
r los Ayunta Ayuntamientos que no desarrollaron nguna actuación de vigilancia e inspección medioambiental  X  -  X -  X  X  -  X  X  X  X  X  -   X  X 
o ni
p
evadas a cabo  Ayuntamientos sin actuaciones de difusión de información y sensibilización medioambiental entre la ciudadanía  -  -  X X  -  -  -  -  X  -  X  X  -   X  - 
oambientales ll Ayuntamientos sin cláusulas medioambientales en pliegos que rigieron sus contrataciones  -  X  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
tuaciones medi Ayuntamientos que no acreditaron medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  -  -   N/A  X   N/A  -  X   N/A   N/A  -  -   X  X 
c
cias en las a Ayuntamientos sin medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  -  -  X  -  X  -  -  X  X  -   -  -   - 
n
ativos y car Ayuntamientos con Unidad medioambiental sin técnicos especialistas  -  -  -  X  X  -  X  -  -  X  -  -  -    -  - 
z
spectos organi Ayuntamientos sin Unidad específica con competencias medioambientales  -  X  X  -  -  X  -  -  X  -  -  X  X  X  X  s
Anexo IV - A Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Extremadura  Badajoz     Almendralejo     Badajoz     Don Benito     Mérida     Montijo     Olivenza    Villafranca Barros     Villanueva de la Serena     Zafra  Cáceres     Cáceres     Coria     Navalmoral de la Mata     Plasencia  La Rioja     Arnedo     Calahorra  e
 Anexo IV –5/6 mientos.  Ayuntamientos que recibieron ayudas para la financiación proyectos medioambientales  -  -    -  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  X  -  -  - 
r los Ayunta Ayuntamientos que no desarrollaron nguna actuación de vigilancia e inspección medioambiental  X  -   X  X  -  -  X  X  X  X  X  -  X  X  X  -  - 
o ni
p
evadas a cabo  Ayuntamientos sin actuaciones de difusión de información y sensibilización medioambiental entre la ciudadanía  X  -   X  -  -  -  -  -  X  X  -  -  -  X  -  -  - 
oambientales ll Ayuntamientos sin cláusulas medioambientales en pliegos que rigieron sus contrataciones  X  -  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
tuaciones medi Ayuntamientos que no acreditaron medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad   N/A  -    -  -  -  X  X  X  X   N/A  -  X   N/A  -  -   N/A  - 
c
cias en las a Ayuntamientos sin medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  X   -   -  -  -  -  -  -  -  X  -  -  X  -  -  X  - 
n
ativos y car Ayuntamientos con Unidad medioambiental sin técnicos especialistas  -  X   -  -  X  -  -  -  -  -  X  -  X  -  -  -  - 
z
spectos organi Ayuntamientos sin Unidad específica con competencias medioambientales  X  -   X  X  -  -  X  X  X  X  -  -  -  X  -  X  X  s
A e
Anexo IV -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  La Rioja (cont.)     Haro     Logroño  Región de Murcia     Abarán     Águilas     Alcantarilla     Alhama de Murcia     Archena     Beniel     Bullas     Calasparra     Caravaca de la  Cruz     Cartagena     Cehegín     Ceutí     Cieza     Fortuna     Fuente Álamo  
 Anexo IV –6/6 mientos.  Ayuntamientos que recibieron ayudas para la financiación proyectos medioambientales  -  -  -  X  -  -  X  -  X  X  -  X  X  -  X  -  
r los Ayunta Ayuntamientos que no desarrollaron nguna actuación de vigilancia e inspección medioambiental  -  X  -  -  X  -  -  X  -  X  -  -  -  -  -  -  
o ni
p
evadas a cabo  Ayuntamientos sin actuaciones de difusión de información y sensibilización medioambiental entre la ciudadanía  -  -  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  -  X  -  -  
oambientales ll Ayuntamientos sin cláusulas medioambientales en pliegos que rigieron sus contrataciones  X  X  X  X  -  -  -  X  -  X  -  X  X  X  -  X 
tuaciones medi Ayuntamientos que no acreditaron medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  -  -   N/A  -  -  -  -  -  -  -  -  X   N/A  X  -  -  
c
cias en las a Ayuntamientos sin medidas protección del medio ambiente en desarrollo de su propia actividad  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  -  -  X  -  -  -  
n
ativos y car Ayuntamientos con Unidad medioambiental sin técnicos especialistas  -  -  -  -  X  -  -  -  -  -  X  -  -  -  -  X 
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spectos organi Ayuntamientos sin Unidad específica con competencias medioambientales  -  X  -  -  -  -  -  X  -  X  -  -  X  X  -  -   s
A e
Anexo IV -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Región de Murcia (cont.)     Jumilla     La Unión     Las Torres de Cotillas     Lorca     Los Alcázares     Mazarrón     Molina de Segura     Mula     Murcia     Puerto Lumbreras     San Javier     San Pedro del Pinatar     Santomera     Torre-Pacheco     Totana     Yecla  
 
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Anexo V – ales  Huertos  ecológicos  X  -  -  X  -  -  X  X  X  -  -  X  X  X  X  X  X  X 
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amb a, la cios 
materias medio Protección de la florfauna y de los  espanaturales  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  - -  X  X  X  X  X  X 
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eterminad Radiaciones ionizantes y diocomunicaci -  -  X  X  X  X  -  X  X  X  -  -  X  X  -  X  X  X 
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ordena Zonas verques, jararbola X  X  X  X  X  -  -  X  X  -  -  -  -  X  -  X  X  - 
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an carecid Residuos de onstrucción y demolición  X  X  X  -  X  X  -  -  X  -  -  -  -  X  X  -  X  X 
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tos q nto de ación ca 
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Anexo V -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Cantabria     Camargo     Castro Urdiales     El Astillero     Laredo     Los Corrales de Buelna     Piélagos     Santander     Santoña     Santa Cruz  de Bezana     Torrelavega  Castilla-La Mancha  Albacete     Albacete     Almansa     Caudete     Hellín     La Roda     Villarrobledo  Ciudad Real     Alcázar de San Juan  OE-A-2021-14247able en https://www.boe.es
 
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V – s  os 
Anexo I ales  Huertoecológic X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  -  X  X  X  X  X  X  X 
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eterminad Radiaciones ionizantes y diocomunicaci X  X  X  X  -  X  X  X  -  X  -  X  X  X  X  X  X  X 
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Anexo V -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Ciudad Real (cont.)     Bolaños  de Calatrava     Campo de Criptana     Ciudad Real     Daimiel     La Solana     Manzanares     Miguelturra     Puertollano     Socuéllamos     Tomelloso     Valdepeñas     Villarrubia de los Ojos  Cuenca     Cuenca     Tarancón  Guadalajara     Alovera     Azuqueca de Henares     El Casar     Guadalajara  OE-A-2021-14247able en https://www.boe.es
 
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exo V – s  ertos  ógicos  -  X  X  -  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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Anexo V -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Toledo     Bargas     Consuegra     Fuensalida     Illescas     Madridejos     Ocaña     Quintanar de la Orden     Seseña     Sonseca     Talavera de la Reina     Toledo     Torrijos     Yuncos  Extremadura  Badajoz     Almendralejo     Badajoz     Don Benito     Mérida     Montijo  OE-A-2021-14247able en https://www.boe.es
 
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V – s  os 
Anexo I ales  Huertoecológic X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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materias medio Protección de la florfauna y de los  espanaturales  X  -  -  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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Anexo V -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Badajoz (cont.)     Olivenza     Villafranca de los Barros     Villanueva de la Serena     Zafra  Cáceres     Cáceres     Coria     Navalmora  de la Mata     Plasencia  La Rioja     Arnedo     Calahorra     Haro     Logroño  Región de Murcia     Abarán     Águilas     Alcantarilla     Alhama de Murcia  OE-A-2021-14247able en https://www.boe.es
 
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exo V – s  ertos  ógicos  X  X  X  -  X  X  X  X  -  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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materias medio Protección de la florfauna y de los  espanaturales  X  X  -  X  -  X  -  X  X  X  X  -  X  X  -  X  X  X  X  X  X 
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Anexo V -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Región de Murcia (cont.)     Archena     Beniel     Bullas     Calasparra     Caravaca de la  Cruz     Cartagena     Cehegín     Ceutí     Cieza     Fortuna     Fuente Álamo     Jumilla     La Unión     Las Torres de Cotillas     Lorca     Los Alcázares     Mazarrón     Molina de Segura     Mula     Murcia     Puerto Lumbreras  OE-A-2021-14247able en https://www.boe.es
 
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V – s  os 
Anexo I ales  Huertoecológic X  X  X  X  X  X 
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materias medio Protección de la florfauna y de los  espanaturales  -  X  -  -  X  X 
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eterminad Radiaciones ionizantes y diocomunicaci -  X  X  -  -  X 
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ordena Zonas verques, jararbola X  X  -  -  X  X 
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tamien ablecimieAdministrElectróni -  -  X  -  X  - 
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Anexo V -  Comunidad Autónoma/Provincia/ Ayuntamiento  Región de Murcia (cont.)     San Javier     San Pedro del Pinatar     Santomera     Torre-Pacheco     Totana     Yecla  OE-A-2021-14247able en https://www.boe.es
dos en 2017 ases ligeros  % Tm. fracción recog. s/ total por hab.  3 0,01  3 0,01  2 0,01  2 0,01  1 0,01  1 0,01  4 0,01  1 0,01  2 0,01  3 0,01  3 0,01  1 0,01  3 0,01  3 0,01  2 0,01  3 0,01  os recogidos por os.
o recogi Env Tm. recogidas  2.013,99  291,14  1400,06  2.396,84  200,60  114,10  2.011,00  479,40  602,00  5.688,42  531,92  294,74  2.058,45  141,00  667,02  18.890,68  otros residuos doméstic
esiduos de las fracciones biorresiduos, papel y cartón, vidrio, envases ligeros y rest Fracción resto + Biorresiduos Papel y cartón Vidrio Total Tm. toneladas  recog. Tm. recogidas % Tm. % Tm. % por Tm. Tm. Tm. recog. de fracción recog. fracción recog. fracción hab. recogidas recogidas recogidas por 54residuos  s/ total por hab. s/ total por hab. s/ total hab.  73.308,33 0,42 63.250,10 86 0,37 3.680,12 5 0,02 2.189,81 3 0,01  10.628,16 0,31 9.110,40 86 0,26 230,72 2 0,01 193,54 2 0,01  69.016,79 0,46 60.533,11 88 0,40 2138,22 3 0,01 999 1 0,01  104.417,26 0,49 92.262,99 88 0,43 2.753,48 3 0,01 2.537,58 2 0,01  14.213,46 0,52 10.991,57 77 0,40 225,20 2 0,01 155,24 1 0,01  7.619,62 0,67 N/D N/D N/D 150,57 2 0,01 N/D N/D N/D  55.406,00 0,37 46.221,97 83 0,31 4.237,00 8 0,03 2.545,00 5 0,02  37.823,61 0,41 33.833,42 89 0,37 1.232,70 3 0,01 888,64 2 0,01  25.037,76 0,42 21.544,26 86 0,36 458,00 2 0,01 365,00 1 0,01  196.904,38 0,44 169.550,32 86 0,38 6.834,36 3 0,02 6.833,06 3 0,02  16.322,72 0,40 14.057,36 86 0,35 582,43 4 0,01 330,00 2 0,01  25.578,17 0,81 23.670,77 93 0,75 597,41 2 0,02 860,88 3 0,03  59.279,61 0,34 49.947,36 84 0,29 3.812,25 6 0,02 3.383,93 6 0,02  5.463,00 0,37 4.909,33 90 0,33 119,00 2 0,01 164,00 3 0,01  30.878,28 0,37 27.329,61 89 0,33 1.010,89 3 0,01 790,60 3 0,01  731.897,15 0,43 627.212,57 86 0,37 28.062,35 4 0,02 22.236,28 3 0,01  neladas recogidas de residuos y la suma de las de las distintas fracciones contenidas en los Anexos VI y VII se refiere a algas, radiografías, pinturas y disolventes, etc., cuya recogida separada no se ha tenido en cuenta por no constituir residu
umen de r Población  172.816  34.768  150.543  214.177  27.332  11.347  150.979  92.299  59.187  443.243  40.360  31.695  171.951  14.834  83.741  1.699.272  e el total de toomo chatarra,  oe.es
Anexo VI. Vol Ayuntamiento  Albacete Azuqueca de Henares  Badajoz  Cartagena  Illescas  Laredo  Logroño  Lorca  Mérida Murcia  Plasencia  San Javier  Santander  Tarancón  Toledo  TOTAL  N/A: No Aplicable N/D: No disponible 54 La diferencia entrlas entidades tales c cve: BOE-A-2021-14247Verificable en https://www.b
éstico  Tm. recog. por hab.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  N/D  0,00  N/A  N/A  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
os de obras y  Aceites de uso dom % Tm. fracción recog. s/ total  54,51 0,07  10,30 0,10  25,72 0,04  8,89 0,01  1,90 0,01  N/D N/D  15,74 0,03  N/A N/A  N/A N/A  45,91 0,02  8,31 0,05  3,04 0,01  24,68 0,04  39,60 0,72  5,68 0,02  244,28 0  cogidos por 
duos de muebles y enseres, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, escombr aceites de uso doméstico recogidos por las entidades en 2017  Aparatos eléctricos y Muebles y enseres Textiles Pilas y acumuladores Escombros de obras electrónicos Tm. Tm. Tm. Tm. % % % Tm. % % recog. Tm. recog. Tm. Tm. recog. Tm. recog. Tm. recog. fracción fracción fracción recog. fracción fracción por recog. por recog. recog. por recog. por s/ total s/ total s/ total por hab. s/ total s/ total hab. hab. hab. hab.  250,96 0 0,00 458,85 0,63 0,00 159,07 0,22 0,00 5,6 0,01 0,00 535,62 0,7 0,00  435,29 4 0,01 43,98 0,41 0,00 6,00 0,06 0,00 N/D N/D N/D 305,48 2,9 0,01  3675,68 5 0,02 19,05 0,03 0,00 57,07 0,08 0,00 5,25 0,01 0,00 51,25 0,1 0,00  2877,82 3 0,01 438,51 0,42 0,00 85,36 0,08 0,00 12,86 0,01 0,00 192,27 0,2 0,00  822,96 6 0,03 10,70 0,08 0,00 44,55 0,31 0,00 0,71 0,00 0,00 1.708,77 12,0 0,06  151,02 2 0,01 N/A N/A N/A N/D N/D N/D N/D N/D N/D 2.307,33 30,3 0,20  85 0 0,00 10,04 0,02 0,00 127,56 0,23 0,00 9,4 0,02 0,00 71,24 0,1 0,00  619,36 2 0,01 150,68 0,40 0,00 610,73 1,61 0,01 1,48 0,00 0,00 N/A N/A N/A  2068,12 8 0,03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,38 0,00 0,00 N/A N/A N/A  7741,26 4 0,02 13,50 0,01 0,00 139,1 0,07 0,00 16,63 0,01 0,00 40,38 0,0 0,00  251,12 2 0,01 84,74 0,52 0,00 N/D N/D N/D 0,4 0,00 0,00 476,32 2,9 0,01  33,97 0 0,00 89,27 0,35 0,00 24,01 0,09 0,00 2,28 0,01 0,00 0,00 0,0 0,00  N/A N/A N/A 36,06 0,06 0,00 0,95 0,00 0,00 5,3 0,01 0,00 N/A N/A N/A  125,23 2 0,01 38,00 0,70 0,00 6,00 0,11 0,00 0,2 0,00 0,00 N/A N/A N/A  822,4 3 0,01 8,89 0,03 0,00 127,16 0,41 0,00 4,32 0,01 0,00 92,42 0,3 0,00  19.960,19 3 0,01 1.402,27 0 0,00 1.387,56 0 0,00 64,81 0 0,00 5.781,08 0,79 0,00  de toneladas recogidas de residuos y la suma de las de las distintas fracciones contenidas en los Anexos VI y VII se refiere a otros residuos re arra, algas, radiografías, pinturas y disolventes, etc., cuya recogida separada no se ha tenido en cuenta por no constituir residuos domésticos.
e resi Tm. recog. por hab.  0,42  0,31  0,46  0,49  0,52  0,67  0,37 0,41  0,42  0,44  0,40  0,81  0,34  0,37  0,37  0,43  el total mo chat
Anexo VII. Volumen d  nTotal óiAyuntamienttoneladas  o carecogidas de lbo55residuos  P Albacete172.816 73.308,33  Azuqueca 34.768 10.628,16 de Henares  Badajoz150.543 69.016,79  Cartagena 214.177 104.417,26  Illescas27.332 14.213,46  Laredo 11.347 7.619,62  Logroño150.979 55.406,00  Lorca 92.299 37.823,61  Mérida59.187 25.037,76  Murcia 443.243 196.904,38  Plasencia40.360 16.322,72  San Javier 31.695 25.578,17  Santander 171.951 59.279,61  Tarancón 14.834 5.463,00  Toledo83.741 30.878,28  TOTAL 1.699.272 731.897,15  N/A: No aplicable N/D: No disponible 55 La diferencia entre las entidades tales co