BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7718
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1117 Sala Primera. Sentencia 185/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 3544-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:185
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3544-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, de 21 de 
septiembre  de  2018,  que  inadmitió  por  extemporánea  la  oposición  a  la  ejecución 
formulada  por  dicha  mercantil,  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
292-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A., y contra el auto del mismo 
juzgado, de 23 de abril de 2019, que desestimó el recurso de reposición interpuesto 
contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte la entidad 
Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña María Claudia Monteanu y bajo la dirección del letrado don Alejandro 
Ingram Solis. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 6 de junio 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., interpuso  e
demanda de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento. b
los q2u. e sLeo sr ehfeiecrheo lsa  cdoenm raenledvaa pnrceias epnatarad ala,  sreosno llousc isóing udieeln pteress:ente recurso de amparo y a  2021-1117n https://w
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntcrao  ladse  mSearbcaadnetillle, sS E.Au.r,o iinnvteerrpsiuosnoe sd Ienmmaonbdilaia rdiaes  eCjeocsutac iSónu r,s Sob.Lr.e,   BOE-A-cable e
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca inscrita con el núm. 43.283 en el 
Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca. Reclamaba la cantidad de 149 651,12 € de 
principal del préstamo impagado, más intereses legales y costas, resultando la primera 
de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y 
disfrute sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 9 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  292-2018), 
ordenando a las ejecutadas efectuar el pago de las cantidades que se reclamaban. 
Asimismo se proveyó que dicho auto, junto con el decreto que debía dictar el letrado de 
la administración de justicia, fueran «notificados simultáneamente a la parte ejecutada, 
tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin citación ni 
emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se 
advirtió además que contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de 
que  la  parte  ejecutada  pueda  oponerse  al  despacho  de  ejecución  en  los  términos 
previstos en el artículo 695 LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace 
referencia fue dictado por el letrado de la administración de justicia del juzgado a quo en 
la misma fecha, ordenando la expedición de mandamiento de certificación relativa a la 
finca al registro de la propiedad competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Con fecha 11 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo un correo avisándole de que tenía 
una notificación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, relativa 
al proceso: EJH/0000292/2018; notificación que estaría disponible entre los días 11 de 
mayo y 26 de junio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba. 
Como información adicional se añadía que «si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable».
c)  La recurrente en amparo recibió el día 25 de junio, en la misma dirección 
electrónica habilitada, un «[a]viso de próxima caducidad», recordándole que el plazo 
para la recepción de la comunicación terminaba el día 26 de junio de 2018 a las 23:59 
horas.
d)  En  esta  última  fecha,  la  mercantil  recurrente  en  amparo  accedió  al  enlace 
remitido a la dirección electrónica habilitada, y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado  ejecutante,  en  relación  con  el  procedimiento  hipotecario  núm.  292-2018. 
Automáticamente, el servicio de notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre emitió un certificado electrónico haciendo constar que la notificación había sido 
enviada y aceptada con fecha de 26 de junio de 2018, a las 10:03:35 horas.
e)  La entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó con fecha 10 
de julio de 2018 escrito de oposición a la ejecución despachada.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca dictó auto, en 
fecha  21  de  septiembre  de  2018,  en  cuya  virtud  inadmitió,  por  extemporánea,  la 
oposición planteada. En dicha resolución se expone que «[e]n fecha 11 de mayo de 2018 
se notificó y requirió en legal forma a través de la sede judicial electrónica ambas 
ejecutadas,  y  en  fecha  10/07/2018  y  10/07/2018  se  ha  presentado  por  Penrei 
Inversiones, S.L., y por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., oposición a la 
ejecución hipotecaria», para luego fundar la inadmisión, en esencia, en que, conforme a 
la improrrogabilidad de los plazos y la preclusión que establecen los arts. 134 y 136 LEC,  s
en  relación  con  lo  dispuesto  en  el  art.  695  LEC,  la  oposición  habría  de  haberse  oe.
presentado dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto y decreto por el  w.
qpulaez gos)  ele gLdaael msspeoanccitheeód e asldat a mbeljeeerccciuadcnoiót,i lns e.r e Pdceoubrr reet aninnteato d,imn atietl irrph suausb oeo rprsoeesc iuocripsóuone  pdsoteor   releaxp toeesmjeicpciuoótrnaá dnaaele agp.aansaddoo,  eenl   2021-1117n https://w
dsíínat e1s1i sd, eq umea lyaos  daec t2u0a1ci8o,n seisn od ee ln 2o6ti fidcea cjuiónnio y  dree q2u0e1r8im, iye nqtuoe n loa  hcaobmíaunn isciadcoi órne arleizmaidtiadsa  eal   BOE-A-cable e
través de la dirección electrónica habilitada no podía entenderse nada más que como un 
aviso de puesta a disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado 
(en el caso desde el 11 de mayo al 26 de junio de 2018) y entenderlo de otro modo, 
además de infringir los arts. 135, 152, 160, 162 LEC, vulneraba el art. 24 CE.
h)  El recurso fue desestimado por auto de 23 de abril de 2019, señalando la 
condición de persona jurídica de la recurrente y la obligación que como tal tiene de 
relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, de conformidad 
con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de 
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, así como en los arts. 
14.2  a)  de  la  Ley  39/2015,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas, y 273.3 a) LEC. Determina el juzgado que la recurrente 
interpreta  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable,  considerando  que,  conforme  al 
art. 162.2 LEC, transcurridos tres días sin que el destinatario acceda al contenido de la 
comunicación,  se  entenderá  realizada  legalmente  la  notificación,  desplegando 
plenamente  sus  efectos.  En  función  de  esa  normativa  y  de  los  acuerdos  y 
pronunciamientos judiciales que cita, concluye el juzgado que «consta que la notificación 
se puso a disposición de las recurrentes en fecha 11/05/2018 no accediendo al contenido 
hasta el día 26/06/2018 (fuera de los tres días que establece la normativa procesal), 
presentando los escritos de oposición a la ejecución en fecha 9/10/2018 claramente 
fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días 
siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo que conforme 
al art. 136 LEC transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto 
procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el 
acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la 
consecuencia legal la inadmisión».
3.  En  la  demanda  de  amparo  la  sociedad  recurrente  alega  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente del 
respeto a un procedimiento con las debidas garantías, que no cause indefensión. La 
queja principal de la demanda de amparo se refiere a la falta de notificación personal de 
la demanda de ejecución hipotecaria, otorgándose efecto a la remisión de un correo 
electrónico  que  carece  de  los  requisitos  esenciales  para  considerarlo  un  acto  de 
notificación procesal, habiéndose vedado a la recurrente de este modo la posibilidad de 
ejercitar su derecho de oposición en un proceso de ejecución hipotecaria. La cuestión 
planteada se cifra en determinar si un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas es un acto de notificación procesal, que despliega los efectos 
propios de una notificación realizada con todas las garantías procesales o si no lo es, en 
cuyo caso habría que determinar si las decisiones adoptadas por el juzgador en la 
instancia son arbitrarias, irracionales o fruto de un error patente, y en consecuencia 
constituyen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el 
art. 24 de la Constitución Española.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de Justicia a través de 
medios  electrónicos,  según  dispone  el  art.  273  LEC,  cuando  se  trata  del  primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía aquella «aún no ha tenido ninguna relación con el 
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha 
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts. 
135, 152, 162 y 155 LEC. Este último precepto es categórico al respecto, ya que en su  e.
punto primero prevé que «cuando las partes no actúen representadas por procurador o  w.b
ssee  htRraaertáefin rdi épenol drp orresimem eiesrxi ópenrme apslal admzoaemmnitcieeil niaotl o da eou  tlocois tda leicti igó2an3n  adtele sd »ae.bmrial nddea 2d0o1, 9lo qsu aec dtoess edset imcoam eul nrieccaucrióson   2021-1117n https://w
adpel irceap onsoicrimóna,t ilvaa r edceurrirveandtae  edne al mpproacroe deimntiieenntdoe  qaudem einl isótrrgaatinvoo  jucdoimciaúln e, nq euset a nreos oreluscuióltna 
aplicable al procedimiento judicial civil, aun cuando pretenda ampararse en el art. 273
LEC o en la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, pues olvida la 
existencia de otro tipo de preceptos aplicables al caso, a las que se ha hecho previa 
referencia, en particular los referidos a la exigencia de presentación de documento en 
soporte papel en el primer acto de comunicación procesal (art. 273 LEC).
La entidad recurrente afirma, por último, que las resoluciones impugnadas no han 
«dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental,  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras  del  emplazamiento  debe 
hacerse  tratando  de  asegurar  que  el  acto  de  comunicación  cumple  su  finalidad 
constitucional, es decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la 
Constitución Española contiene un mandato no sólo dirigido al legislador, sino también al 
intérprete,  obligándole  a  promover  la  defensa  mediante  la  correspondiente 
contradicción».
En consecuencia, solicita la estimación del amparo, instando al tribunal para que 
acuerde la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordene reponer las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de otrosí el escrito de demanda solicitó la suspensión de la continuación 
del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  292-2018  seguido  ante  el  Juzgado  de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca.
4.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección Segunda 
de este tribunal, de fecha 3 de julio de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, para que remitiera, a la mayor brevedad posible, 
certificación acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna 
de las resoluciones dictadas, en las actuaciones principales o en alguna pieza separada, 
en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  seguido  en  ese  juzgado  con  el 
número 292-2018; y si hubiera recaído resolución, que se certifique sobre el contenido 
de la misma.
Por certificación de 11 de julio de 2019, la letrada de la administración de justicia hizo 
constar que en el procedimiento citado no se había interpuesto ningún recurso de 
apelación por las partes personadas.
5.  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  11  de  noviembre  de  2019,  y,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  88  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), se requirió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 
de  Lorca  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  remitiera  testimonio  de  la  ejecución 
hipotecaria 292-2018.
6.  Mediante providencia de 10 de febrero de 2020, la Sección Segunda del tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]».
En la misma providencia se acuerda dirigir comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, 
a fin de que se emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la  s
parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el  oe.
recurso de amparo, no siendo necesaria la remisión del testimonio de las actuaciones  w.
caol rrreecsuproson.dientes a la ejecución hipotecaria núm. 292-2018, al estar ya incorporadas ya  2021-1117n https://w
incid7e. nteL ad eS escucsiópne nascióonrd yó,  acsoinmfoisrmmoe  fao rlmo adri slpau oepstoor tuenna  epl ieazrta.  5p6a rLaO laT Ctr,a cmointacceiódnió  duenl   BOE-A-cable e
plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo 
que estimasen pertinente sobre dicha suspensión. A través de escrito presentado el 14 
de febrero de 2020, la parte demandante formuló sus alegaciones, reiterando lo dicho en 
el otrosí de su demanda y trascribiendo parte del ATC 287/2013, de 16 de diciembre. Por 
su parte, el Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 25 de febrero de 2020, interesaba 
que se acordase la anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad, 
aunque esta última medida no hubiera sido solicitada en el recurso de amparo.
El ATC 47/2020, de 15 de junio, acordó denegar la suspensión cautelar solicitada, y 
ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad 
de conformidad con el art. 56.2 LOTC.
8.  Mediante  escrito  registrado  el  25  de  marzo  de  2020,  doña  María  Claudia 
Munteanu, procuradora de los tribunales, y de Pera Assets Designated Activity Company, 
presenta escrito personándose como parte en el amparo, al haber sucedido en su 
posición procesal al Banco de Sabadell, S.A. Por diligencia de ordenación de 30 de abril 
de 2020, se tiene por personada y parte a la procuradora Maria Claudia Munteanu, en 
nombre y presentación de la mercantil Pera Assets Designated Activity Company, y a 
tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones 
recibidas al Ministerio Fiscal, a la parte recurrente en amparo, y a la parte personada por 
plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término pudieran presentar las 
alegaciones que a su derecho convinieran.
9.  El 3 de julio de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Tras reflejar 
los aspectos del procedimiento judicial y de la tramitación seguida ante este tribunal que 
consideró relevantes, recuerda que el presente recurso de amparo forma parte de una 
serie, cuyo denominador común son las idénticas vulneraciones que se atribuyen a las 
resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia e instrucción de Lorca, en 
diferentes  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  seguidos  contra  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L.
Al respecto, la fiscal pone de relieve que algunos de esos recursos ya han sido 
resueltos por el Tribunal Constitucional, en concreto por la STC 40/2020, de 27 de 
febrero, dictada por el Pleno, y las SSTC 43/2020, de 9 de marzo, de la Sala Segunda. 
En relación con las citadas sentencias, señala que recogen la doctrina establecida por la 
STC 6/2019, de 17 de enero, y la STC 47/2019, de 8 de abril, y añade que, en esta 
última sentencia, el tribunal por primera vez apreció la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por la inobservancia del emplazamiento 
personal de la entidad demandada, pues dicha diligencia se realizó a través de la 
dirección electrónica habilitada de la entonces demandante de amparo, sin tener en 
cuenta que el art. 155 LEC obliga a que el primer emplazamiento del demandando o 
ejecutado se realice de manera personal.
Seguidamente,  la  fiscal  transcribe  parte  de  la  fundamentación  jurídica  de  la 
STC 40/2020 y recuerda que la STC 43/2020 resuelve en el mismo sentido por remisión 
a la anterior. Asimismo, reproduce la parte de la argumentación de la STC 19/2020, 
de 10 de febrero, que recoge la doctrina establecida en las SSTC 6/2019 y 47/2019 ya 
indicadas. Finalmente, afirma que la doctrina expuesta resulta íntegramente aplicable al 
presente recurso de amparo, por lo que interesa su estimación al haberse vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
10.  En fecha de 9 de julio de 2020 presentó sus alegaciones la entidad demandante  s
de amparo. Como primera cuestión y a fin de evitar repeticiones innecesarias, se reiteró  oe.
en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de amparo. No obstante,  w.
Idrneemssutoaebclvialiea  lraiea lsS  TCreCoc su4tra0s /o2S 0u2dr,0e S,  .daLem.,  p2ea7nr  odu enn  faúesmbur.ne tro5o 3,p 7dr7áe-cl2 t0iPc1lae8mn, oe npdtreeo lm igTourviabidlu oan la pdl oeCrl o pnErseutsirteounicntiveoe nrraeslci,o uqnruesoes    2021-1117n https://w
de amparo, en el que el tribunal sostiene que, tratándose del primer emplazamiento o
citación al demandado, este ha de efectuarse en el domicilio del litigante, como impone
el artículo 155.1 LEC, pues de lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Por último, solicita que se dicte sentencia estimatoria, en los términos interesados en 
el escrito de interposición del recurso.
11.  Por providencia de 10 de diciembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto y contexto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se interpone contra los autos de 21 de septiembre 
de  2018  y  23  de  abril  de  2019,  dictados  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción  núm.  5  de  Lorca  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
292-2018. El primero de ellos inadmitió por extemporánea la oposición a la ejecución 
hipotecaria, mientras que el segundo confirmó la anterior decisión al desestimar el 
recurso de reposición interpuesto frente a ella. La constatación de la existencia del óbice 
de extemporaneidad se basa en que el órgano judicial toma como fecha de notificación 
el 11 de mayo de 2018, que es la fecha en la que se pone a disposición de la recurrente 
en  amparo,  en  la  sede  judicial  electrónica  (dirección  electrónica  habilitada),  la 
correspondiente  notificación,  a  pesar  de  que  la  mercantil  recurrente  no  abrió  la 
notificación, siguiendo las instrucciones contenidas en la propia comunicación, hasta 
el 26 de junio de 2018.
La  demandante  de  amparo  considera  que  la  notificación  fue  inadecuadamente 
realizada pues, al tratarse de la primera notificación, debió efectuarse de forma personal 
y  no  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  lo  que  le  habría  generado 
indefensión, y por tanto vulneración del art. 24.1 CE, al inadmitirse la oposición a la 
ejecución e impedirse la formulación del oportuno recurso. Por su parte, el Ministerio 
Fiscal,  con  sustento  en  las  razones  que  detalladamente  se  han  expuesto  en  los 
antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al considerar que se ha 
vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE).
El presente recurso de amparo se integra en la serie de recursos interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de 
Lorca,  los  cuales  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y de la dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, inadmitieron a trámite los escritos de oposición a la ejecución 
presentados por aquéllas, al considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de 
plazo realizado con arreglo a normas del procedimiento administrativo común.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 25 de febrero, ha tenido la oportunidad de resolver el recurso de 
amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de coincidente contenido con los 
que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí 
las partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún 
elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado 
entonces, procede, por tanto, que hagamos aplicación de la citada STC 40/2020. e.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice  w.b
qaprrutoe. c 2ere4ss.a1ul ,l CtsaEe d  adebe aoriprvdlaiacd aeacn idó eenl   aflaul  ncindaaasdmom elains tidoóo njcu tdrríeidnli ace ods ce3r  ieetols  etdexe at rmoibpeuonns adicle ipó llnaa  sqamu leaajd aea jd eeecn uf ocsniuódsno ,S  apSdoTvr Cilret is6éi/nó2dn0o 1ds9ee,l    2021-1117n https://w
ddee  187  ddee  aebnreilr,o ,F FJ J4 4  aa)),  (rieii)c, adídicata dean  epnro sceedseo  ddee  caumesptiaórno ,d e« einnc orenlsatcitiuócni ocnoanli dlaad ,g ya r4a7n/t2ía0 1d9e, 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia
por la LEC (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial 
competente, sin que pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser 
el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento 
personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación  en  papel  de  las  copias  de  los  escritos  y  documentos  para  ese  primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la 
conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en 
varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se 
especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de 
referencia.
Constata entonces la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como ha de hacerse 
también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la 
tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el 
proceso a quo a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su 
oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un emplazamiento electrónico a 
través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal, y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido de 
la notificación. Además, computó el plazo para presentar el escrito de oposición invocando 
normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas al ámbito jurisdiccional en el 
que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual 
determina la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de acceso al 
proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  al 
emplazamiento  de  la  actora  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  con 
retroacción de las actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los 
términos exigidos por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el 
derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la demanda de amparo promovida por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 21 de septiembre de 2018 y 23 de abril de 2019, 
dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el proceso de 
ejecución hipotecaria núm. 292-2018, así como de las actuaciones realizadas a partir del 
emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente, 
de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido. e.e
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». ww.
RivaDsa.–dAan derné sM aOdrlliedr, oa  Tcaastosracrea .–dSe adnitciaiegmob reM adretí ndeozs- Vmariel sv eiGntaer.c–íJau.–aAn lfJreodsoé  GMoonnztáolyeaz   2021-1117n https://w
rMueblrgicaar.d–oC.ándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y  BOE-A-cable e