BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 205 Viernes 27 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 103976
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
14236 Ley 3/2021, de 6 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 3/2021, 
de 6 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La  doble  configuración  de  los  cabildos  insulares  establecida  en  el  Estatuto  de 
Autonomía  de  Canarias,  como  instituciones  de  la  comunidad  autónoma  y, 
simultáneamente, como órganos de gobierno, administración y representación de las 
islas, ha permitido que estas específicas instituciones de Canarias se las haya dotado de 
un  amplio  elenco  competencial  que  resulta  desconocido  para  las  diputaciones 
provinciales, con las que se ha pretendido asimilar en la legislación básica de régimen 
local.
La ampliación del ámbito competencial de los cabildos insulares, basado en su 
naturaleza de instituciones de la comunidad autónoma, con anterioridad a la vigente 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, determinó la necesidad de completar su 
organización administrativa con unos específicos órganos, por una parte, las direcciones 
insulares y las coordinaciones insulares, con una configuración de eminente carácter 
político, y otros órganos directivos, que carecen de esa naturaleza. De esta forma, en la 
organización administrativa de los cabildos insulares coexisten órganos directivos de 
naturaleza política y los órganos directivos de naturaleza y extracción funcionarial.
La  redacción  inicial  de  la  misma  Ley  de  Cabildos  Insulares  estableció  que  el 
nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos se hará libremente por 
el consejo de gobierno insular a propuesta de la presidencia del respectivo cabildo 
insular. Esta previsión ha sido interpretada en el sentido de que estos nombramientos 
deben hacerse conforme a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público 
para el personal directivo, confundiendo la caracterización del órgano como directivo con 
la condición que debe tener su titular, generando confusión e incertidumbre en los 
órganos de gobierno de los cabildos insulares.
Las  dificultades  surgidas  intentaron  solventarse  con  la  introducción  de  una 
disposición adicional tercera en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, 
llevada a cabo por la disposición final séptima de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018.
En la redacción inicial de la propuesta de modificación, con el consenso de los 
cabildos insulares, se atribuía la condición de alto cargo a cada titular de los órganos 
superiores y a determinados órganos directivos de la administración de los cabildos 
insulares, pero en la redacción finalmente admitida se califica como cargo público, salvo 
para los efectos establecidos en las normas de buen gobierno recogidas en la legislación  s
básica estatal, para los que sí se le atribuía la consideración de alto cargo. oe.
Sin  embargo,  la  ambigüedad  de  esa  configuración  finalmente  acogida  no  ha  w.
solventado las dificultades señaladas, en la medida en que permite sostener la aplicación  236ww
Edeml ppleraodceod Pimúibelnictoo  peasrtaa belle ncoidmo brpaamraie netlo  pdeer slaosn apl erdsiroencatisv oti tuelanr eesl  dEes ttaotduotos  loBsá sóircgoa ndoesl 
dloirse ccatibvoildso, sa li nnsou lcaorenss.iderarlas expresamente como altos cargos de la administración de  BOE-A-cable e
Con la modificación que se recoge en esta ley se pretende clarificar el régimen de 
nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos que coexisten en la 
organización  administrativa  de  los  cabildos  insulares,  distinguiendo  los  órganos 
directivos de naturaleza política –a sus titulares se les atribuye la condición de altos 
cargos– de los restantes órganos directivos. Esta distinción, lógica y consustancial a la 
naturaleza de los cabildos insulares como instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, resulta necesaria en orden a evitar discrepancias de interpretación.
Para ello, en primer término, se da nueva redacción a la disposición adicional tercera, 
recogiendo  la  redacción  que  cuenta  con  el  consenso  de  los  cabildos  insulares, 
atribuyéndoles expresamente la condición de altos cargos a las personas titulares de los 
órganos superiores y directivos de los cabildos insulares que se relacionan en la misma, 
a las que no es de aplicación el régimen jurídico del personal directivo previsto en el 
Estatuto Básico del Empleado Público, sino el previsto para los altos cargos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Y, en segundo lugar, mediante la introducción de una 
nueva disposición adicional, la cuarta, en la que los nombramientos de las personas 
titulares de los órganos directivos que no tengan la condición de altos cargos de la 
administración de los cabildos insulares se sujetan a lo previsto para la designación del 
personal directivo en la legislación reguladora de los empleados y empleadas públicas.
En cuanto a la determinación de la condición de altos cargos que se contiene en la 
mencionada disposición adicional tercera, no puede dudarse de que tienen ese carácter 
las personas que son miembros electos de la corporación insular, sea por su pertenencia 
al consejo de gobierno insular o por tener delegaciones específicas de la presidencia o 
de quien ostente la titularidad de una consejería de área del cabildo insular. Y, respecto 
al carácter de altos cargos de las personas titulares de las coordinaciones insulares y de 
las direcciones insulares, esa condición deriva de las responsabilidades y relevancia de 
las funciones que se les atribuyen. Se trata de funciones de un marcado carácter político, 
en cuanto les corresponde la dirección y coordinación de un sector material de las 
funciones o competencias de un área de gobierno del cabildo insular, las cuales pueden 
asumirse directamente por el consejero o consejera insular de área, que es por definición 
un órgano de dirección política y administrativa, o bien desconcentrarse en el respectivo 
coordinador o coordinadora insular o director o directora insular, que, por ello, tienen el 
mismo carácter político que el órgano del que se desconcentran las competencias y se 
someten al control tanto del pleno como de sus comisiones.
Siendo esa la consideración de las coordinaciones técnicas y de las direcciones 
insulares que se desprende de la Ley de Cabildos Insulares, también formalmente deben 
tener atribuida la condición de altos cargos, la cual debe establecerse expresamente por 
la misma ley, ya que es esta la que determina las responsabilidades y funciones que se 
les atribuyen. A mayor abundamiento, tratándose de órganos de estas instituciones de la 
comunidad autónoma y de órganos de la administración de los cabildos, y al no venir 
establecido en la legislación básica de régimen local quiénes tienen la condición de altos 
cargos, su determinación debe hacerse mediante la ley que desarrolla el régimen básico 
de los cabildos insulares.
Para ello, la comunidad autónoma cuenta con las competencias que se recogen en el 
Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, específicamente la competencia para regular la organización de los cabildos 
insulares (artículo 67 EAC) y la competencia para el desarrollo legislativo y de ejecución 
en materia de régimen local, que incluye, en todo caso, la regulación de la organización, 
el régimen jurídico y el funcionamiento de los cabildos insulares, en los términos del título  s
III del mismo estatuto y el régimen de los órganos complementarios de los entes locales  oe.
(artículo 105 EAC). w.
Por otra parte, recogida la condición de altos cargos de las personas titulares de las  236ww
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para los demás órganos directivos, sino también los requisitos de idoneidad exigibles 
para los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concordancia con su 
sujeción al régimen jurídico establecido para estos últimos.
Artículo único.  Modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Se modifica la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en los términos 
siguientes:
Uno.  El artículo 73 quedará redactado en la forma siguiente:
«Artículo 73.  Órganos directivos de las áreas o departamentos insulares.
Como  órganos  directivos  para  la  gestión  de  los  sectores  funcionales 
específicos que se atribuyen a las áreas o departamentos insulares, se podrán 
crear coordinaciones insulares y direcciones insulares.»
Dos.  El apartado 2 del artículo 74 quedará redactado en la forma siguiente:
«2.  Las personas titulares de las direcciones insulares serán nombradas y 
cesadas  libremente  por  el  consejo  de  gobierno  insular  a  propuesta  de  la 
presidencia del cabildo insular de entre quienes reúnan los requisitos previstos en 
el artículo 78.1, así como los requisitos de idoneidad exigibles para los altos 
cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias.»
Tres.  El artículo 76 quedará redactado en la forma siguiente:
«Artículo 76.  Coordinaciones Insulares.
1.  Las coordinaciones insulares, bajo la autoridad de la persona titular de la 
consejería respectiva, son los órganos directivos para la gestión de los servicios 
comunes del área o departamento insular de que se trate.
2.  Las personas titulares de las coordinaciones insulares serán nombradas y 
cesadas  libremente  por  el  consejo  de  gobierno  insular  a  propuesta  de  la 
presidencia del cabildo insular de entre quienes reúnan los requisitos previstos en 
el artículo 78.1, así como los requisitos de idoneidad exigibles para los altos 
cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias.»
Cuatro.  El artículo 77 quedará redactado en la forma siguiente:
«Artículo 77.  Competencias de las coordinaciones insulares.
1.  Las coordinaciones insulares, bajo la superior dirección de quien ostente la 
titularidad de la consejería del área o departamento insular respectivo, de acuerdo 
con las normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno y los órganos 
administrativos superiores del cabildo insular, dirigen y gestionan los servicios 
administrativos comunes del área o departamento insular.
2.  Corresponden a las coordinaciones insulares las competencias de gestión 
de  los  servicios  comunes  del  área  o  departamento  insular  que  determine  el 
reglamento orgánico del cabildo insular, y entre ellas, las siguientes:
a)  La gestión presupuestaria. e.
b)  La gestión e inventario de los bienes y medios materiales que tenga  w.
adscritos  o  sean  precisos  para  el  desarrollo  de  las  funciones  del  área  o  236ww
depac)r tamLae ngteos itniósnu ldaer.l personal del área o departamento y de los gastos derivados
de la misma.
d)  Las facultades de órgano de contratación en su ámbito funcional que se 
desconcentren.
e)  La autorización y disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones 
en su ámbito funcional y con los límites que se establezcan en las normas de 
gestión de gastos del cabildo insular.
3.  Asimismo, respecto de los servicios administrativos que tengan adscritos, 
corresponden a las coordinaciones insulares:
a)  El impulso de la ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos de 
gobierno y superiores de la administración del cabildo insular.
b)  La planificación y coordinación de actividades.
c)  La dirección del personal adscrito a los servicios comunes, sin perjuicio de 
la jefatura superior que corresponde a la presidencia y de las competencias de la 
persona que tenga atribuida la titularidad de la consejería insular del área o 
departamento.»
Cinco.  El apartado 1 del artículo 78 quedará redactado en la forma siguiente:
«1.  El  nombramiento  de  las  personas  titulares  de  las  coordinaciones 
insulares, direcciones insulares y demás  órganos directivos del cabildo insular 
deberá  efectuarse, de acuerdo a criterios de formación, competencia profesional 
y experiencia, entre el funcionariado de carrera del Estado, de las comunidades 
autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que 
pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el 
correspondiente  reglamento  orgánico  permita  que,  en  atención  a  las 
características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular 
pueda  ser  designado  de  entre  personas  que  estén  en  posesión  del  grado 
universitario que habilita para el acceso a los cuerpos y escalas clasificados en el 
mencionado subgrupo A1.»
Seis.  El apartado 2 del artículo 84 quedará redactado en la forma siguiente:
«2.  Contra los actos que no agoten la vía administrativa dictados por los 
consejeros  o  consejeras  titulares  de  áreas  o  departamentos  insulares,  los 
coordinadores o coordinadoras insulares y los directores o directoras insulares, 
cabe interponer recurso de alzada ante la presidencia del cabildo insular.»
Siete.  El apartado 4 del artículo 90 quedará redactado en los siguientes términos:
«4.  Las personas titulares de los órganos directivos de la administración del 
cabildo  insular  y,  en  todo  caso,  los  coordinadores  o  coordinadoras  insulares, 
directores  o  directoras  insulares  y  quien,  en  su  caso,  tenga  atribuidas  las 
funciones de presupuestación del cabildo insular podrán intervenir en las sesiones 
del pleno, con voz y sin voto, en asuntos estrictamente relacionados con su 
respectiva área y a requerimiento de la presidencia del cabildo insular.»
Ocho.  La disposición adicional tercera queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional tercera.  Altos cargos de los cabildos insulares.
1.  Tienen la condición de cargos públicos de la administración de los cabildos  oe.
insulares: w.
ab))   LEol sp rceosnidseenjetero os  por ecsoindseenjtear.as insulares titulares de áreas o departamentos
insucla) resL.os  consejeros  o  consejeras  insulares  que  ejerzan  competencias  por
delegación de la presidencia o de un consejero o consejera titular de área.
d)  Las personas miembros del consejo de gobierno insular.
e)  Las personas titulares de las coordinaciones insulares y de las direcciones 
insulares.
2.  El nombramiento de los altos cargos de los cabildos insulares que no 
reúnan la condición de miembros electos de la corporación insular se hará por:
a)  La presidencia del cabildo insular: las personas integrantes del consejo de 
gobierno insular, sean o no titulares de áreas o departamentos insulares, de entre 
quienes reúnan los requisitos de idoneidad exigibles para los altos cargos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
b)  El  consejo  de  gobierno  insular:  las  personas  titulares  de  las 
coordinaciones insulares y de las direcciones insulares, en la forma prevista en los 
artículos 74.2 y 76.2, sin que sea de aplicación el régimen jurídico del personal 
directivo previsto en la legislación reguladora de los empleados y empleadas 
públicas.
3.  A los altos cargos de los cabildos insulares les será de aplicación el 
régimen jurídico establecido para los altos cargos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias,  salvo  las  disposiciones  de  carácter  organizativo  y  los  órganos 
competentes, que se regirán por lo establecido en la legislación de régimen local, 
en esta ley y en los reglamentos orgánicos que se aprueben por los cabildos 
insulares.»
Nueve.  Se añade una disposición adicional cuarta con el contenido siguiente:
«Disposición adicional cuarta.  Nombramiento de personal directivo.
Los nombramientos de las personas titulares de los órganos directivos que no 
tengan la condición de altos cargos de la administración de los cabildos insulares 
se ajustarán a lo previsto para el nombramiento del personal directivo en la 
legislación reguladora de los empleados y empleadas públicas. No obstante, las 
personas titulares de los órganos directivos que tengan asignadas las funciones 
que legalmente están atribuidas al personal funcionario de administración local 
con habilitación de carácter nacional serán designadas conforme al procedimiento 
legalmente establecido para la provisión de los puestos de trabajo reservados a 
los mismos.»
Diez.  La actual disposición adicional cuarta pasa a ser quinta con el contenido 
siguiente:
«Disposición adicional quinta.  Normas organizativas en materia de resolución de 
discrepancias en los entes del sector público.
1.  En los consorcios adscritos a los cabildos insulares, cuando el órgano 
gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la 
función interventora, el conocimiento y resolución de la discrepancia corresponde 
a los órganos que determinen sus estatutos o normas de organización.
2.  En los organismos autónomos dependientes de los cabildos insulares, la 
competencia para el conocimiento y resolución de las discrepancias podrá ser 
desconcentrada en los órganos de aquellos a través de los reglamentos orgánicos  e.
o las normas de organización de dichos organismos. w.
3.  Todo ello se entiende sin perjuicio de la posibilidad de elevar la resolución  236ww
daed mlains isdtirsaccreiópna ncqiuaes  alt eónrggaan oa dtreib cuoidnatr oll ac omtupteeltae ntefin paonrc riaezraó,n  deen  la lomsa tetréiarm dien olas 
establecidos por la legislación aplicable.»
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan  derogadas  cuantas  normas  de  igual  o  inferior  rango  se  opongan  a  lo 
dispuesto en la presente ley.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir.
Canarias, 6 de julio de 2021.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 142, de 12 de julio de 2021)