BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Sábado 7 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 97554
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
13838 Orden DSA/1045/2020, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2020, por el que se autorizan 
los criterios de distribución, y la distribución resultante, aprobados por el 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las 
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, actividades 
de interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2020.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 13 de octubre de 2020, y a propuesta del 
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los criterios de distribución, y la 
distribución resultante, aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por 
parte de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, actividades 
de interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, para el año 2020.
Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la presente 
orden.
Madrid, 29 de octubre de 2020.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias Turrión.
ANEXO
Acuerdo por el que se autorizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante, aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, destinados a 
subvencionar, por parte de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto 
de autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 0,7 
por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2020
La  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  9/2017,  de  19  de  enero,  declaró 
inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas derivado del 
programa de la asignación tributaria del IRPF.
En orden a dar cumplimiento a esta sentencia, el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, en colaboración con las entidades del tercer sector social y previo acuerdo 
con las comunidades autónomas diseñó un nuevo sistema basado en la existencia de 
dos  tramos:  uno  estatal  y  otro  autonómico,  ajustado  al  orden  de  distribución  de 
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, en su sesión celebrada el 2 de octubre de 2020, adoptó el 
siguiente acuerdo: e
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La distribución de los créditos entre las comunidades autónomas y ciudades con 
estatuto de autonomía se realizará de acuerdo a los criterios de reparto aprobados por 
este Consejo Territorial.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la competencia para la convocatoria 
y concesión de las subvenciones del tramo autonómico corresponde a la administración 
autonómica correspondiente y deberá ajustarse a la legislación básica del Estado en 
materia de subvenciones, a la normativa autonómica que resulte de aplicación y a lo 
establecido en el mencionado Acuerdo del Consejo Territorial de 2 de octubre de 2020 y 
sus anexos.
2.  A tal fin, los aspectos centrales del régimen de las subvenciones destinadas a 
fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas a gestionar por las comunidades autónomas, serán los establecidos 
en el anexo I de este acuerdo.»
3.  El presente Acuerdo tiene vigencia para el año 2020.
4.  El régimen de gestión financiero-administrativa entre el Estado y las CC.AA y 
ciudades con estatuto de autonomía se regirá por lo establecido en el anexo II de este 
acuerdo.»
La recaudación de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, afecta a la subvención de actividades de interés general 
consideradas de interés social para el año 2020 ascendió a un total de 283.374.239,89 
euros. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de 26 de 
junio  de  2020  se  estableció  la  distribución  de  tramos,  correspondiendo  al  estatal 
el 14,86% de esta cuantía, por lo que el tramo autonómico asciende al 85,14% del total 
o,  lo  que  es  lo  mismo  241.264.827,84  euros.  Los  créditos  correspondientes  a  las 
comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía se distribuirán conforme 
a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, con cargo a la aplicación presupuestaria 26.16.231F.454.
Este acuerdo tiene por objeto autorizar los criterios de distribución y la distribución 
resultante  de  los  241.264.827,84  euros  correspondientes  al  mencionado  tramo 
autonómico, cantidad ésta que se reparte de conformidad con los criterios de distribución 
aprobados por unanimidad en la reunión del 2 de octubre de 2020 del Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
Dichos criterios de distribución son los mismos que los empleados en el año 2019 para los 
primeros 214.554.662,64 € euros, con el fin de que cada comunidad autónoma y ciudad 
con Estatuto de Autonomía percibiera, como mínimo, la misma cifra que el año 2019.
Los 26.710.165,20 euros restantes correspondientes al incremento de la recaudación 
asignada al tramo autonómico en 2020 respecto al de 2019 se ha distribuido, en primer 
lugar, incrementando a todas las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de 
autonomía  el  equivalente  al  4  por  cien  respecto  a  lo  percibido  en  el  año  2019  y, 
finalmente, la cifra restante tras este incremento global, 16.204.014,30 euros, se ha 
distribuido  de  acuerdo  con  los  criterios  señalados  a  continuación  entre  aquellas 
comunidades autónomas que se han considerado infra financiadas, entendiendo por 
tales aquellas a las que, si la distribución se hiciera exclusivamente en base a dichos 
criterios, percibirían más fondos de los que perciben con el actual sistema:
– Tasa AROPE (50 %).
– Población (12 %).
– Población dependiente (+65/-16) (12 %). e
– Dispersión (12 %). bo
– Superficie (4,5 %). 838ww
––  TTaassaa  ddee  ednisvceajpeacicmidieandt o(2 ( 3%,5). %).
––  RFaemntialia pse mr coánpoiptaa r(e1n,5ta %le)s. (0,17 %).
– Tasa de paro (0,17 %).
– Perceptores de rentas mínimas (0,16 %).
– Insularidad (1 %).
– Grandes urbes (1).
De este modo la distribución final por comunidades autónomas es la siguiente:
Importe
Comunidad Autónoma –
€
Andalucía. 52.351.635,30
Aragón. 9.340.733,46
Principado de Asturias. 5.503.659,94
Illes Balears. 4.689.320,52
Canarias. 9.363.321,12
Cantabria. 3.246.296,18
Castilla-La Mancha. 13.356.204,81
Castilla y León. 21.162.256,38
Catalunya. 32.789.226,92
Extremadura. 8.562.305,86
Galicia. 17.127.112,58
Madrid. 27.605.810,76
Región de Murcia. 8.467.103,70
La Rioja. 2.470.793,10
Comunitat Valenciana. 21.346.372,33
Ceuta. 1.925.293,33
Melilla. 1.957.381,55
      Total. 241.264.827,84
Las cuantías correspondientes a cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto 
de Autonomía se transferirán desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a 
cada administración autonómica teniendo la consideración de transferencia condicionada 
exclusivamente a la concesión real y efectiva de subvenciones destinadas a programas 
de  interés  general  para  atender  fines  de  interés  social,  con  cargo  a  la  asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la naturaleza y 
características de los financiados en 2019, dentro de la disponibilidad de fondos prevista 
en la legislación presupuestaria del Estado.
Las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía están obligadas 
a remitir en el primer trimestre del año siguiente a la concesión de las subvenciones un 
certificado acreditativo de dicha concesión para programas de interés general, emitido 
por el titular de la consejería competente en materia de servicios sociales y con informe 
de la Intervención de la comunidad autónoma. es
Las  comunidades  autónomas  y  ciudades  con  Estatuto  de  Autonomía  deberán  o
presentar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 un Informe de evaluación  838ww
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subvenciones previstas en este acuerdo.